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Timestamp: 2018-06-24 08:37:49+00:00

Document:
Estado de situación de los Entendimientos Provisorios | Secretaría de Relaciones Exteriores | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
1. Medidas de confianza en el ámbito militar
2. Conservación de recursos pesqueros en el Atlántico Sur
3. Exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental
Plan de acciones legales del Estado Nacional contra las actividades de exploración y explotación ilícitas de hidrocarburos en el Atlántico Sur
4. Comunicaciones aéreas y marítimas entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas
5. Acceso de titulares de pasaportes argentinos a las islas
6. Construcción de un monumento a los Caídos argentinos en las Islas Malvinas
7. Delimitación exterior de la plataforma continental
8. Análisis de la toponimia de las Islas Malvinas
9. Realización de un estudio de factibilidad sobre desminado en las Islas Malvinas
Las medidas de confianza en el ámbito militar en aplicación en el área disputada, fueron adoptadas inicialmente como anexos a la Declaración Conjunta de Madrid del 15 de febrero de 1990. Luego fueron revisadas y progresivamente simplificadas a través de las Declaraciones Conjuntas del 25 de septiembre de 1991 y del 12 de julio de 1993 y del Comunicado Conjunto del 19 de julio de 1994.
Entre las medidas de confianza más relevantes, cabe mencionar:
a) “Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíproca”.
b) “Sistema de Comunicación Directa”.
c) Reglas de comportamiento recíproco para las unidades militares que operen en proximidad.
d) Procedimientos para búsqueda y salvamento marítimo y aéreo (SAR -search and rescue).
e) Sistema de intercambio de información sobre seguridad y control de la navegación marítima y aérea.
f) Grupo de Trabajo sobre Asuntos del Atlántico Sur.
En virtud de la “Declaración Conjunta sobre Conservación de Recursos Pesqueros” del 28 de noviembre de 1990, los Gobiernos argentino y británico asumieron el compromiso de cooperar respecto del mantenimiento y la conservación de cinco poblaciones ictícolas en el Atlántico Sur. Cabe señalar que no existe ningún entendimiento provisorio bajo fórmula alguna que permita actividades conjuntas referidas a la administración conjunta de los recursos pesqueros de los espacios marítimos circundantes de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, debido a que la República Argentina no reconoce al Reino Unido como Estado ribereño del Atlántico Sur.
Sin perjuicio de las acciones de cooperación bajo fórmula de soberanía en materia de conservación de recursos pesqueros, la República Argentina ha venido protestando los sucesivos actos unilaterales británicos en esta materia, incluyendo el establecimiento de pretendidas jurisdicciones marítimas alrededor de las Islas Malvinas en 1986 y 1990, y alrededor de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur en 1993, la venta de licencias de pesca desde 1987, el levantamiento unilateral en 1994 de la prohibición total temporaria de pesca estipulada en el área descripta en el Anexo de la Declaración Conjunta del 28 de noviembre de 1990 y en el área al Oeste de aquélla y la instauración en 2005 de un régimen de cuotificación de los recursos pesqueros en aguas circundantes a las Islas Malvinas. Esta medida constituye una forma de disposición ilícita y unilateral a largo plazo de recursos pesqueros en los espacios marítimos disputados.
La Argentina había advertido al Reino Unido en numerosas oportunidades que rechazaría nuevas medidas unilaterales británicas, en particular las que tuvieran por intención disponer a largo plazo de recursos pesqueros que se encuentran sometidos a una disputa de soberanía. También le había advertido que la adopción de una medida de este tipo afectaría gravemente la cooperación en el seno de la CPAS. El rechazo argentino a dicha medida se vio reflejado en el Comunicado de Prensa Conjunto de la XXVII Reunión de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS) realizada el 15 de julio de 2005 en Londres. Por otra parte, nuestro país notificó al Reino Unido, los días 3 y 29 de junio, su formal protesta ante la intención de adoptar esta medida. Finalmente, una vez adoptada la medida británica fue rechazada y protestada formalmente por la Argentina el 27 de octubre 2005.
El Gobierno argentino, ejerciendo las acciones que le ofrece el marco legal aplicable a esta situación, el 20 de junio de 2008 promulgó la ley 26.386 para actuar en relación con las empresas que explotan recursos pesqueros en la zona económica exclusiva argentina sin la autorización correspondiente. La República Argentina continuará realizando los mayores esfuerzos en aras de la conservación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur.
Las acciones unilaterales británicas descriptas precedentemente fueron desvirtuando los objetivos y propósitos de la misma Declaración Conjunta y de la propia Comisión. Además, ninguno de los reclamos de la Argentina, reflejados en los Comunicados Conjuntos de Prensa de la CPAS ha sido objeto hasta el presente, de una respuesta adecuada por parte del Reino Unido.
Estas medidas unilaterales británicas, rechazadas y protestadas por la República Argentina, son contrarias, en particular, a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a las dos Partes en la controversia a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales en la situación mientras está pendiente la solución de la disputa y les pide la reanudación de las negociaciones bilaterales en cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y demás resoluciones pertinentes de esa Organización.
Por este motivo, el Gobierno argentino propuso para la XXVIII Reunión de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), un proyecto de agenda orientado a analizar el mandato de la CPAS y la medida en que éste se ve afectado por la prolongada serie de medidas unilaterales británicas. La reunión se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2005. Sin embargo, no hubo acuerdo con la Delegación británica para la adopción de la agenda propuesta por la Delegación argentina. Luego de dicho desacuerdo entre las Partes sobre la agenda, la CPAS no ha vuelto a reunirse hasta el presente y se hallan suspendidos todos los mecanismos de cooperación previstos por la Declaración Conjunta del 28 de noviembre de 1990.
Los días 6 y 7 de septiembre de 2006 tuvo lugar en Londres una Reunión Diplomática Especial entre la República Argentina y el Reino Unido con el objeto de analizar el mandato de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS). El 14 y 15 de marzo de 2007 tuvo lugar en Buenos Aires una Segunda Reunión Diplomática Especial, sin alcanzarse un acuerdo.
El 27 de marzo de 2007, el Gobierno argentino comunicó al del Reino Unido, a través de una nota del Sr. Canciller a la Secretario de Asuntos Exteriores británica, la decisión de dar por terminada la Declaración Conjunta sobre “Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental”, suscripta por la Argentina y el Reino Unido el 27 de septiembre de 1995 bajo fórmula de salvaguardia de soberanía, y referida a la exploración y explotación de hidrocarburos en el área sujeta a la disputa de soberanía.
La divergencia sustancial entre las partes se refirió al ámbito espacial de cooperación para la exploración y explotación de hidrocarburos que la Declaración Conjunta establecía que debía realizarse en las “áreas marítimas del Atlántico Sudoccidental sujetas a una disputa de soberanía y jurisdicción” (el área de las Islas Malvinas de 430.000 km2). El Reino Unido por el contrario, pretendía limitar la cooperación con nuestro país a un “área de cooperación especial” creada por el acuerdo de sólo 21.000 km2 y reservar para sus actividades unilaterales todo el resto del área disputada en torno a las Islas Malvinas.
En la última reunión de la Comisión de Hidrocarburos del Atlántico Sudoccidental creada por la Declaración Conjunta que se celebró en julio del año 2000, ambas partes dejaron reflejada en un comunicado, la subsistencia de sus interpretaciones divergentes sobre esa Declaración y acordaron abrir una pausa de reflexión para intentar solucionarlas.
Las reiteradas actividades unilaterales del Reino Unido en la zona disputada, incluyendo la adjudicación de bloques de exploración hidrocarburífera así como su renuencia a mantener un diálogo abierto sobre todos los entendimientos provisorios llevó al Gobierno argentino a considerar agotado el ejercicio de reflexión abierto en el año 2000 y a comunicar que daba por terminado el entendimiento.
Además, en el marco de las medidas concretas destinadas a desalentar y evitar la explotación ilegítima de sus recursos naturales, el Gobierno argentino dictó el Decreto N° 256/2010, de aplicación a la circulación de los buques y artefactos navales entre los puertos continentales y los de las islas en disputa, cuyo Reglamento de Aplicación fue publicado el 26 de abril de 2010 en el Boletín Oficial, encontrándose actualmente en aplicación.
Con relación a este tema cabe tener presente la Ley N° 26.659 sancionada el 16 de marzo de 2011 y publicada el 13 de abril de 2011, que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, siendo la Secretaría de Energía de la Nación la autoridad de aplicación de la norma.
Esta ley prohíbe, bajo pena de inhabilitación por el plazo de cinco a veinte años, a toda persona física o jurídica habilitada para realizar actividades en la República Argentina, desarrollar actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina, así como tener participación directa en personas jurídicas que desarrollen tales actividades, o que presten servicios para dichos desarrollos. Prohíbe, asimismo, contratar y/o efectuar transacciones con personas físicas o jurídicas para que desarrollen tales actividades sin la correspondiente habilitación.
El 27 de noviembre de 2013 se sancionó la Ley N° 26.915, que modifica la Ley N° 26.659, que incorpora la responsabilidad penal en que incurrirán las personas físicas y jurídicas que, sin autorización del organismo competente, realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en el lecho o en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentinos.
Con esta modificación, la ley incrimina a las personas físicas (directores, gerentes, síndicos, representantes, etc.) que interviniesen en la comisión de las conductas punibles y establece sanciones a las personas de existencia ideal en cuyo nombre, con cuya intervención o en cuyo beneficio se hubiesen ejecutado los delitos prescriptos. Finalmente, la ley dispone la competencia de la Justicia Federal para la instrucción y el juzgamiento de las conductas indicadas, sin perjuicio de los derechos y competencias provinciales en la materia.
La norma prevé penas privativas de la libertad de cinco a quince años, inhabilitación especial para realizar actividades comerciales y elevadas penas pecuniarias, así como el decomiso de equipos y la extinción de todo permiso de exploración/concesión, de licencias otorgadas por el Estado y la caducidad de beneficios impositivos que hayan sido acordados en favor del autor del hecho delictivo.
Plan de acciones legales del Estado Nacional contra las actividades de exploración y explotación ilícitas de hidrocarburos
A partir de su anuncio por el Sr. Canciller el 15 de marzo de 2012, la República Argentina implementa un plan de acciones legales en el país y de gestiones en el exterior dirigido a proteger los recursos naturales bajo su soberanía y jurisdicción, y a rechazar las actividades de exploración y explotación ilícitas de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
Como parte de este plan de acciones, se remitieron a través de las representaciones diplomáticas argentinas un total de 213 notas de advertencia y asunción de riesgo en las que se señala que la participación en las referidas actividades hace pasibles a las empresas directa o indirectamente involucradas en ellas de las acciones administrativas, civiles y penales previstas en las normas en relación con tales actividades, incluyendo las relativas a la protección del medio ambiente.
Asimismo, el Sr. Canciller remitió sendas notas al Director Ejecutivo de la Bolsa de Valores de Nueva York y al Presidente de la Bolsa de Valores de Londres, informando sobre las compañías que se encuentran ilegítimamente realizando tareas de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, exponiéndose a sanciones administrativas, civiles y penales. También se comunicó a ambos entes bursátiles que la República Argentina ha tomado conocimiento de que analistas financieros habrían omitido o bien informado de manera incompleta al público inversor acerca de los eventuales riesgos inherentes a la ilegítima exploración hidrocarburífera llevada a cabo por las empresas en la plataforma continental argentina.
La Comisión Nacional de Valores, en tanto, remitió notas a las autoridades de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), al Director de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (FSA, por sus siglas en inglés) y a la Secretaría del Tesoro británica (en tanto autoridad reguladora del mercado de valores londinense), informando sobre las violaciones al derecho argentino perpetradas por las empresas petroleras involucradas y sobre las sanciones administrativas, civiles y penales previstas en el derecho argentino en tales casos.
En cuanto a las empresas petroleras ya involucradas en las actividades ilícitas de exploración de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, - Argos Resources Limited, Borders & Southern Petroleum PLC, Desire Petroleum PLC , FOGL, Rockhopper Exploration PLC y Premier Oil PLC - la Secretaría de Energía dictó resoluciones declarando clandestinas a dichas empresas e ilegales a sus actividades, por operar sin la autorización de la autoridad argentina competente.
Como resultado de las actuaciones administrativas llevadas adelante por la Secretaría de Energía en aplicación de la Ley N° 26.659, este organismo inhabilitó a tales empresas por el término de quince y veinte años para realizar actividades en todo el territorio de la República Argentina.
Actuaciones administrativas similares se llevan adelante contra otras empresas involucradas en actividades ilícitas de exploración de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
Por otra parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos tramita actuaciones administrativas en el ámbito de su competencia contra las empresas mencionadas.
El 9 de abril de 2015 la Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con el patrocinio de la Procuradora del Tesoro de la Nación, presentaron ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) una denuncia penal contra las empresas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA, y sus directores, gerentes, síndicos o representantes, por llevar adelante actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin haber obtenido la correspondiente autorización de la Secretaría de Energía, en violación de la Ley N° 26.915. El 22 de abril la jueza federal de Río Grande se declaró competente y ordenó formar causa con la denuncia y proveyó medidas.
El día 24 de abril la Cancillería emitió un comunicado de prensa expresando su preocupación ante fallos en el funcionamiento de la válvula de seguridad (“blow-out preventer” –BOP-) de la plataforma hidrocarburífera Eirik Raude, que opera en plataforma continental argentina cercana a a las Islas Malvinas. Este mecanismo actúa preventivamente ante la circunstancia de un eventual derrame líquido o gaseoso en caso de influjo de gas, petróleo o agua, permitiendo el manejo del incidente y evitando la contaminación del medio ambiente marino.
La República Argentina ha obtenido respaldos regionales a su posición, en relación con las ilegítimas actividades de exploración de hidrocarburos en su plataforma continental. En particular, foros tales como el MERCOSUR y Estados Asociados, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y el Grupo de los 77 y China han reconocido el derecho de nuestro país para adoptar acciones legales contra las actividades no autorizadas de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
La Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999 estableció un vuelo regular semanal operado por la empresa chilena LAN AIRLINES entre Punta Arenas y las Islas Malvinas con dos escalas mensuales, una en cada dirección en Río Gallegos. Éste es el único vuelo comercial entre el territorio continental y las islas, establecido por un entendimiento provisorio bajo fórmula de salvaguarda de soberanía con el Reino Unido y que se realiza en el marco de los acuerdos aerocomerciales vigentes entre la República Argentina y Chile.
Esto significa que, como Chile reconoce a las Islas Malvinas como territorio argentino, los tramos entre Punta Arenas y Río Gallegos y entre Punta Arenas y las Islas Malvinas configuran vuelos internacionales entre la Argentina y Chile, mientras que el tramo entre Río Gallegos y las Islas Malvinas es considerado de cabotaje dentro del territorio argentino, por lo cual LAN Chile cuenta por Decreto 1179/2002 con una excepción a la reserva del tráfico de cabotaje para aerolíneas de bandera argentina.
Por otro lado, durante las temporadas estivales (noviembre a marzo) de 1999 a 2003, la Argentina autorizó la realización de vuelos no regulares entre terceros países (principalmente Chile) y las Islas Malvinas operados por empresas de terceras banderas (principalmente LAN Chile). Durante casi todo ese período se le reiteró a la Parte británica la dificultad creciente para la Argentina de continuar autorizando este tipo de vuelos y la necesidad de iniciar conversaciones sobre las comunicaciones aéreas entre el territorio continental y las Islas Malvinas. Dichos vuelos no regulares no se hallan contemplados por ningún entendimiento provisorio con el Reino Unido y su autorización constituye un acto propio de la Argentina sobre la base de su consideración caso por caso.
En ese marco, el 3 de noviembre de 2003 se comunicó al Reino Unido y a los demás países involucrados, que la República Argentina no autorizaría en adelante vuelos no regulares entre terceros países y las Islas Malvinas operados por empresas de terceras banderas. Dicha medida no alcanza a los vuelos regulares amparados por la Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999, ni a los privados cubiertos por el Acuerdo por Canje de Notas del 23 de febrero de 2001, ni a los de evacuación sanitaria, ni tampoco a las situaciones de emergencia.
También, el 3 de noviembre de 2003, la República Argentina le propuso al Reino Unido alcanzar un entendimiento provisorio bajo fórmula de soberanía sobre “el establecimiento de servicios aéreos regulares directos entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas operados por empresas argentinas”. El 7 de noviembre de 2003 la República Argentina y el Reino Unido acordaron intercambiar puntos de vista acerca de la propuesta argentina y otras ideas para el desarrollo de conexiones aéreas entre las Islas Malvinas y el territorio continental.
El 17 de febrero de 2004 el Sr. Canciller y el entonces Secretario Parlamentario del Foreign Office, Bill Rammell, acordaron una serie de pautas a las que debería ajustarse una negociación futura sobre este tema. Sin embargo, el 2 de marzo de 2004 se conoció una propuesta británica que no respondía a esos lineamientos y que fue inmediatamente rechazada por la Parte argentina. Desde entonces, se está a la espera de una nueva propuesta británica consistente con las pautas acordadas.
En abril de 2012, la República Argentina remitió al Reino Unido la propuesta de analizar bilateralmente la aplicación de los instrumentos existentes y las perspectivas que se presentan en materia de comunicaciones aéreas entre la Argentina continental y las Islas Malvinas, con el propósito de revisar la situación vigente y establecer servicios regulares directos operados por Aerolíneas Argentinas.
Por la Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999, se restableció el acceso de los argentinos continentales a las Islas Malvinas mediante la presentación de pasaportes válidos de su nacionalidad. A su vez, por el Acuerdo por Canje de Notas del 3 de mayo de 2002, se restableció el acceso de los argentinos continentales a las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur en las mismas condiciones aplicables para el caso de las Islas Malvinas.
Por la Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999 los dos Gobiernos acordaron la construcción en el cementerio de Darwin, Islas Malvinas, de un monumento a los miembros de las Fuerzas Armadas argentinas caídos en acción durante el conflicto de 1982. Dicha obra fue un emprendimiento privado de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, viabilizado por medio de negociaciones diplomáticas. El monumento fue construido entre febrero y abril de 2004 y en marzo de 2005 los directivos de la Comisión de Familiares de Caídos efectuaron una visita a las Islas Malvinas para verificar el final de obra.
El 3 y el 10 de octubre de 2009 se realizaron sendos viajes de familiares de Caídos a las Islas Malvinas, con el objeto de inaugurar el Monumento a los miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas caídos en acción en 1982, que se erige en el cementerio de Darwin y que había sido construido en 2004 en cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por la Argentina y el Reino Unido a través de la Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999.
En total, viajaron 320 familiares y 55 acompañantes, que utilizaron el vuelo regular semanal que desde 1999 la empresa chilena LAN AIRLINES realiza entre Punta Arenas (Chile) y las Islas Malvinas, con dos escalas mensuales en Río Gallegos, una en cada dirección.
En el cementerio de Darwin existen 237 tumbas, 123 de las cuales son de soldados no identificados que están marcadas con la frase "Soldado Argentino Solo Conocido Por Dios". En vistas a hacer efectivo el derecho que asiste a familiares y allegados de los fallecidos, el 30 de marzo de 2012 la Sra. Presidenta de la Nación envío una carta al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja solicitando el inicio de las acciones necesarias para proceder a la búsqueda e identificación de los soldados caídos e inhumados en territorio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, con motivo del conflicto armado de 1982.
La Convención de Derecho del Mar de 1982 prevé la creación de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, ante la cual las Partes deben someter su propuesta de delimitación exterior de la plataforma continental.
Cabe recordar que, al momento de ratificar la Convención de Derecho del Mar, el 1° de diciembre de 1995, la República Argentina efectuó una declaración por la cual hizo expresa su reserva sobre la Cuestión de las Islas Malvinas.
Por Ley 24.815 fue creada la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, que elaboró la propuesta definitiva del límite exterior de la plataforma continental. La República Argentina ejerce derechos de soberanía sobre su plataforma continental, la cual constituye un reservorio de recursos energéticos y minerales de gran importancia estratégica y económica. Dentro de esa plataforma continental hay aproximadamente 1.000.000 de km2 que se encuentran más allá de las doscientas millas náuticas.
El 8 y 20 de junio de 2001 la República Argentina y el Reino Unido concluyeron un Acuerdo por Canje de Notas bajo fórmula de soberanía, sobre intercambio de información acerca de las actividades preparatorias de las respectivas presentaciones ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. A este respecto, se realizaron dos reuniones en Buenos Aires, en junio de 2001 y en diciembre de 2004.
En el marco de dicho Acuerdo, en noviembre de 2004 se realizó la primera campaña de recolección de datos científicos al noroeste de las Islas Malvinas.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Declaración Conjunta argentino-británica bajo fórmula de salvaguarda de soberanía del 14 de julio de 1999, que establece que el Gobierno argentino está dispuesto a analizar la cuestión de la toponimia en las Islas Malvinas y que con dicho propósito continuará las consultas con las instituciones nacionales apropiadas; por Resolución Conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de Defensa del 10 de noviembre de 2000, se creó la “Comisión Interministerial para el Análisis de la Toponimia en las Islas Malvinas”, integrada por el Director General de Malvinas y Atlántico Sur, el Director del Instituto Geográfico Militar y el Jefe del Servicio de Hidrografía Naval.
En este marco, el Instituto Geográfico Militar (reemplazado por el Instituto Geográfico Nacional) le cedió al Servicio de Hidrografía Naval un segmento del Sistema de Información Geográfica (SIG), al cual dicho Servicio agregó datos geográficos e hidrográficos adicionales, y se efectuó el relevamiento de las fuentes documentales históricas, geográficas y cartográficas que fundamentan la imposición y la utilización de cada nombre geográfico argentino y la determinación de las coordenadas exactas de cada accidente geográfico nominado en las Islas Malvinas.
La Dirección de Geografía del Instituto Geográfico Nacional, en conjunto con el área de Toponimia del Servicio de Hidrografía Naval confeccionó el nomenclátor normalizado de la toponimia de las Islas Malvinas a partir de cartografía a escala 1 500 000 que contiene entre otros datos, término específico, término genérico, coordenadas geográficas y ubicación. Dicho nomenclátor ha sido incorporado, para su difusión, en las páginas web de ambos organismos (www.ign.gob.ar y www.hidro.gov.ar).
Está en desarrollo la ampliación del nomenclátor de las Islas Malvinas a escala 1:250 000 y la incorporación de la toponimia ya validada en la cartografía oficial, trabajo que realiza el Instituto Geográfico Nacional en conjunto con el área de toponimia del SHN.
Tras un complejo proceso negociador que culminó el 11 de octubre de 2001, cuando la Argentina y el Reino Unido concluyeron un Acuerdo por Canje de Notas bajo fórmula de salvaguarda de soberanía para la realización de un estudio de factibilidad sobre desminado en las Islas Malvinas, dirigido al cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Argentina en la Convención de 1997 sobre la prohibición del uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (Convención de Ottawa).
El estudio de factibilidad fue realizado por ambos Gobiernos a través de un Grupo de Trabajo Conjunto (GTC). Los dos Gobiernos se hicieron cargo de los costos que irrogó la realización del estudio de factibilidad, en proporción con las minas terrestres y municiones sin explotar atribuibles a cada uno.
El 3 de agosto de 2006 se firmó el Acuerdo por Canje de Notas bajo fórmula de salvaguarda de soberanía, adicional al del 11 de octubre de 2001, estableciendo la inclusión de la munición sin explotar que se halla dentro de las áreas minadas en el objeto del Estudio de Factibilidad y un procedimiento para contratar a una empresa privada a efectos de que realizara determinadas tareas previstas en la fase Estudio Principal, incluyendo un trabajo de campo en las Islas Malvinas. Dicho contrato, celebrado en cumplimiento de los Acuerdos de 2001 y 2006, fue firmado con la Universidad de Cranfield en noviembre de 2006.
En diciembre de 2006, los expertos del contratista monitoreados por dos expertos militares por cada país, realizaron trabajos de campo en las Islas Malvinas. Durante las siguientes reuniones del GTC, éste y la Universidad de Cranfield avanzaron en la redacción de un informe que satisfizo los requisitos fijados por los dos Acuerdos por Canje de Notas bajo fórmula de salvaguarda de soberanía y por el contrato de 2006. El 5 de octubre de 2007 la Argentina y el Reino Unido intercambiaron notas aprobando los documentos acordados en el ámbito del GTC.
En el marco de la Octava Reunión de los Estados Parte de la Convención de Ottawa (Jordania, 17 al 22 de noviembre de 2007), las delegaciones de la Argentina y del Reino Unido presentaron separadamente en sesión plenaria, el informe final que resultó de los trabajos del GTC.
Durante la Segunda Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa, celebrada en Cartagena (Colombia), entre el 29 de noviembre y el 4 de diciembre de 2009, el plenario aprobó la solicitud de prórroga por diez (10) años, oportunamente presentada por la República Argentina, de acuerdo a lo previsto por el artículo 5° de la Convención de Ottawa.
En el informe nacional conforme al artículo 7 de la Convención de Ottawa correspondiente al año 2009, presentado en abril de 2010 ante la Oficina de Desarme de las Naciones Unidas en Ginebra, la Argentina reiteró que no puede implementar el artículo 5 de la Convención en las zonas minadas en las Islas Malvinas porque “no ejerce el control territorial sobre el terreno que debe ser desminado”.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 5