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Timestamp: 2018-10-16 22:03:30+00:00

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Rafael Badell Madrid. "La ruptura del Estado de derecho en Venezuela. 1999-2018"
LA RUPTURA DEL ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA
Conferencia dictada en el II Encuentro Iberoamericano de Academias de Ciencias Morales y Políticas: “Desafíos de la Democracia en el siglo XXI: Fortalezas y riesgos políticos, económicos, sociales, culturales e internacionales”, celebrado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 7 de junio de 2018.
Exponemos la progresiva ruptura del orden constitucional en Venezuela producida a partir de 1999, cuando un militar que había intentado llegar al poder por vía de la fuerza, 1992, ganó las elecciones y cómo, desde las instituciones del estado democrático y de derecho, acabaron con él para regir ahora una oprobiosa dictadura, que pretende, sin éxito, tener fachada democrática.
We expose the progressive rupture of the constitutional order in Venezuela produced since 1999, when a military man who had tried, 1992, to come to power by force, won the elections and as from the institutions of the democratic state and the rule of law, ended with it to become an opprobrious dictatorship, which claims, without success, to have a democratic facade.
Palabras claves: Constitución, Estado de derecho, violación de derecho, militarismo, dictadura.
Key Word: Constitution, Rule of law, violation of the rights, militarism, dictatorship.
II. Inicio de la ruptura del Estado de derecho: Proceso constituyente de 1999 y legislación antidemocrática
2. Nueva Legislación
2.2 Delegación legislativa mediante leyes habilitantes (artículo 236.8 de la Constitución)
2.3 Delegación legislativa mediante legislación de emergencia (artículo 337 de la Constitución). La motivación desviada de la emergencia económica
III. La ruptura del estado de derecho
1. Poder Ejecutivo: El líder mesiánico, Chávez.
1.1 Intensificación del centralismo político y administrativo
1.1.1 Militarización de la administración
1.1.2 Politización de la administración
1.2 Intervención del Estado en la economía
1.2.2 Violación al derecho de propiedad
1.3 Violaciones a la libertad
1.3.1 Uso de la justicia militar para perseguir la disidencia
1.3.2 Persecución política
1.4 Política de aislamiento internacional
2. Ruptura del Estado de derecho por la Asamblea Nacional
3. Dictadura judicial
3.1 Desconocimiento de los poderes de control político de la Asamblea Nacional
3.2 Desconocimiento del poder de la Asamblea Nacional para legislar
3.3 Regulación del régimen interior y de debates de la Asamblea Nacional
3.4 Desconocimiento del poder de la Asamblea Nacional para improbar los estados de excepción decretados por el presidente de la República
3.5 Inconstitucionalidad de la sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional
4. Ruptura del Estado de derecho por el Consejo Nacional Electoral
5. Ruptura del Estado de Derecho por el Poder Ciudadano
6. Ruptura del Estado de derecho con el proceso constituyente de 2017
Me da mucho gusto representar a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela en este Encuentro Iberoamericano de Academias de Ciencias Morales y Políticas: “Desafíos de la Democracia en el siglo XXI: Fortalezas y riesgos políticos, económicos, sociales, culturales e internacionales”. Queremos unirnos a la celebración de los 80 años de la creación de esta prestigiosa Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina; ratificamos nuestros sentimientos de admiración, respeto y aprecio a la Sra. Presidenta Dra. Marita Carballo, al resto de los miembros de la Junta Directiva y a los señores Académicos que conforman esta Corporación.
Sabemos que los mayores enemigos de la democracia no son solo los externos, las dictaduras que la repudian, la degradan y la contrarían. No, en verdad el más peligroso de los adversarios de la democracia se gesta en su propio seno. Son quienes dicen vienen a mejorarla, a protegerla, a redimensionarla; vienen a rescatarla en favor del pueblo y, desde allí, acaban con ella.
Trataré de dar cuenta de cómo en Venezuela un grupo de militares golpistas, que no pudo hacerse del poder a través de la metralla, porque los mecanismos de defensa del estado democrático funcionaron, lo hizo mediante los votos, ayudados por el discurso populista desmedido y de reivindicación social y cómo, luego, desde los mecanismos que otorga el propio estado de derecho, acabaron con él, lo aniquilaron para perpetuarse en el poder.
Desde 1999, con la llegada de Hugo Chávez al poder, se ha producido en Venezuela el debilitamiento progresivo del estado de derecho y de la democracia. Cuando el discurso iba dirigido al rescate y fortalecimiento del estado de derecho, se desmontó paulatinamente y mutó a una dictadura, hoy censurada por casi toda la humanidad.[1]
El objetivo militar era, sin duda, terminar con los 40 años de vida civil y democrática en Venezuela. Los 40 años más prósperos, pacíficos y de desarrollo social, político y económico que ha tenido Venezuela en todo el siglo XX. Ese mismo había sido el objetivo del fallido intento de golpe de estado, liderado por Hugo Chávez Frías la madrugada del 4 de febrero de 1992.
Ya en el poder, desde el 2 de febrero de 1999, la primera misión fue dibujar una nueva historia, una nueva República. Para ello se ha pretendido acomodar la historia y borrar y confundir el pensamiento. Se viene a imponer un gobierno militar y a someter a los civiles, con la consigna de que se representa a Bolívar y su ideario.
Para situar lo militar por encima de lo civil era necesario, en primer lugar, satanizar el Pacto de Punto Fijo, pacto de gobernabilidad y de convivencia civil para hacer frente común en la defensa del gobierno constitucional[2]. El acuerdo político que sirvió para la aplicación práctica de la división de poderes y alternabilidad política en su ejercicio, mediante el compromiso de los partidos políticos de adecuar su acción y responsabilidad a los principios de defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral; gobierno de unidad nacional como instrumento de lucha contra la tiranía; de cooperación durante el proceso electoral y de colaboración durante el gobierno constitucional electo[3].
Consecuencia fundamental del Pacto de Punto Fijo fue la aprobación de la Constitución de 1961 y la sucesión ininterrumpida de 8 gobiernos democráticamente. La Constitución nacida del Pacto de Punto Fijo permitió por primera vez en la historia constitucional venezolana la sucesión ininterrumpida de presidentes en un lapso de casi 40 años, así como la posibilidad de que se juzgara a un presidente en funciones, se designara a un presidente interino y se pusiera en práctica el régimen de faltas absolutas en la presidencia, sin que se produjeran rupturas en el orden constitucional[4].
La democracia quedó indefensa frente a sí misma, hasta convertirse en una auténtica y vergonzosa dictadura: dictadura con Constitución, pero con derechos civiles, sociales, económicos y políticos disminuidos, bloqueados y limitados; dictadura con separación de poderes, pero todos ellos secuestrados en un único pensamiento y propósito: mantenerse en el poder.
Dictadura con Asamblea Nacional, destinada, cuando la revolución tuvo la mayoría, a dictar leyes antidemocráticas, restrictiva de los derechos, y a ceder sus facultades de legislación al mesías, quien solo, sin deliberar ni consultar, tendría mejor criterio para hacer la ley.
Dictadura con Asamblea Nacional, cuando en manos de la oposición, bloqueada por la acción del gobierno y por el juez constitucional.
Dictadura con jueces constitucionales comprometidos políticamente y destinados solo a garantizar la permanencia del gobierno, pero sin estado de derecho.
Dictadura con defensor del pueblo y Fiscal General, pero con perseguidos políticos, torturados y asesinados por los órganos de seguridad del estado y por grupos para militares creados y sostenidos por el estado.
Dictadura con cuerpos de seguridad del estado dedicados en exclusividad a torturar, reprimir y perseguir la disidencia política, pero que toleran e incentivan la inseguridad personal: robos, secuestros, asesinatos, son política del estado para atemorizar y paralizar a la población.
Dictadura con Consejo Nacional Electoral, ahora de rango constitucional, y muchas elecciones, pero todas ellas manipuladas, llenas de delitos electorales, con ventajismo, inhabilitados políticos, en las que no se ha respetado la voluntad popular.
Dictadura con petróleo y otras inmensas riquezas, usadas como instrumento de dominación. Dictadura que ha conseguido, en ejecución de una delictiva política de estado, llevar a la población a la miseria y ha logrado disminuir el umbral de la felicidad del venezolano al mínimo deseo de satisfacer el hambre y la enfermedad.
Dictadura que rechaza el imperialismo, pero que ha endosado su destino y ha concesionado la conducción del País a intereses extranjeros.
Dictadura que encuentra su sello de calidad en Bolívar y se muestra como continuadora de su obra. Después de Bolívar, Hugo Chávez y sus revolucionarios.
El primer año de gobierno del Presidente Chávez se utilizó, no para gobernar con respeto de la separación de poderes y de los órganos constituidos, antes y por el contrario el objetivo sería preparar las bases para crear el orden de cosas que le permitirían, luego, tomar verdaderamente todo el poder.
El uso del derecho a la medida y servicio de la revolución comenzó con Decreto No. 3 del 2 de febrero de 1999, dictado por el recién juramentado Presidente Chávez, por medio del cual solicitó referendo popular para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que tenía por finalidad “transformar el Estado”, para “consolidar el Estado de derecho” y crear una “base jurídica que permitiera la práctica de una democracia social y participativa”[5].
El 25 de abril de 1999 se convocó la ANC. El 25 de julio se eligieron sus miembros y el 15 de agosto se instaló.
Esa ANC que tenía por misión redactar un proyecto de constitución, no aceptó, desde el principio, someterse a derecho ni atender a límites. Desde el primer momento mostró su verdadero talante. No respetó las reglas del derecho existentes: Constitución y todo el bloque de legalidad.
La Corte Suprema de Justicia en Pleno, que ya comenzaba a cambiar su perfil de actuación, por virtud de la renuncia de su Presidenta, a través de la sentencia del 14 de octubre de 1999[6], declaró que las actuaciones de la ANC eran de carácter “supra constitucional”[7], que sus facultades eran “originarias, ilimitadas e indivisibles”.
Eso permitió que la ANC, se atribuyera el poder de limitar o hacer cesar las actividades de las autoridades que conformaban los órganos del Poder Público, reorganizar o intervenir los poderes constituidos, en usurpación de las funciones atribuidas al Congreso.
En efecto, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Cecilia Sosa Gómez, valiosa miembro de nuestra Corporación Académica, renunció en fecha 24 de agosto de 1999 a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, denunciando la muerte de la independencia del poder judicial luego que la ANC dictara, 14 de agosto de 1999, un decreto “supra-constitucional” de reorganización del poder judicial.
Ese decreto permitió a la ANC “reformar” estructuralmente el Poder Judicial, mediante la destitución de jueces y el nombramiento de los que venían preparados a complacer al gobierno. Con ello ya el nuevo gobierno acababa con los jueces independientes y comenzó un proceso, que se ha consolidado y prolongado hasta nuestros días, de sumisión de todos los poderes.
Otras actuaciones en ejercicio de la “supra-constitucionalidad” fueron el Decreto de Reorganización de todos los órganos del Poder Público del 13 de agosto de 1999, el Decreto de Regulación de las Funciones del Poder Legislativo del 25 de agosto de 1999 y el Decreto de Suspensión de las Elecciones Municipales del 28 de agosto de 1999.
El 17 de noviembre de 1999 la Constitución fue finalmente aprobada por la ANC y el 15 de diciembre sometida a la aprobación del pueblo, mediante referéndum. Finalmente fue publicada la nueva Constitución el 30 de diciembre de 1999.
Curiosamente la ANC siguió sesionando y ejerciendo funciones “supra constitucionales” hasta el 30 de enero del año 2000. En efecto, el 22 de diciembre de 1999 la ANC dictó un Decreto creando un Régimen Transitorio mediante el cual estableció, sin consulta popular, un régimen constitucional transitorio no dispuesto en el texto de la nueva Constitución.
Ese “Decreto del Régimen Transitorio” dispuso: la eliminación del Congreso y el nombramiento de una Comisión Legislativa Nacional; la disolución de las Asambleas Legislativas de los Estados y el nombramiento de Comisiones Legislativas Estadales; el control de Alcaldías y Concejos Municipales; la eliminación de la Corte Suprema de Justicia, la creación del Tribunal Supremo y de sus Salas, la designación de los Magistrados y la creación de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial; la designación de los titulares de los órganos del Poder Ciudadano; la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral[8].
El 24 de marzo del año 2000 se publicó nuevamente la Constitución en la Gaceta Oficial No. 5.453 extraordinario “por error material del ente emisor”. Nunca se dio cuenta de cómo ni quiénes cambiaron 182 artículos y13 disposiciones transitorias. Es decir, el texto finalmente en vigencia era distinto al aprobado por la ANC y por el pueblo mediante referéndum.
Fue esta la primera violación a la Constitución de 1999. El “pecado original” del chavismo. La junta directiva de la ANC decidió no vincularse a la Constitución. Se sintió con autoridad para acomodar el derecho a sus intereses. Nuevamente era claro que no se reconocerían límites ni formalidades. [9][10]
A propósito de esta nueva y modificada Constitución publicada fueron interpuestos dos recursos de interpretación ante el Tribunal Supremo de Justicia. El primero introducido el 12 de diciembre de 2000, por uno de los miembros de la ANC, Herman Escarrá, por medio del cual advirtió sobre 278 cambios en el texto constitucional. El segundo recurso fue interpuesto el 24 de enero de 2002 por Isaías Rodríguez, en su condición de Fiscal General de la República, por considerar que las modificaciones en determinados artículos que alteraban seriamente el sentido del texto constitucional[11]. Isaías Rodríguez había sido también miembro de la ANC. Fue su vicepresidente hasta el 29 de enero del 2000, cuando fue designado vicepresidente de la República.
Ahora bien, dichos recursos nunca fueron decididos satisfactoriamente por el Tribunal Supremo de Justicia y por el contrario, fueron desestimados sin resolver el fondo por la inactividad del recurrente, en el primero de los casos, y por “pérdida del interés procesal”, en el segundo.
El populismo sin medida del grupo gobernante aumentaba su popularidad y no había espacio para el disenso. El mesías preparaba un nuevo ordenamiento jurídico para salvar la democracia: “transformar el Estado”, para “consolidar el Estado de derecho” y crear una “base jurídica que permitiera la práctica de una democracia social y participativa”.[12]
Con fundamento en la nueva Constitución comenzó el período de hacer una nueva legislación a la medida de los deseos revolucionarios y desarmar toda la legislación que había sido dictada en los últimos 40 años, que correspondía a un período de respeto a los derechos y libertades.
En primer lugar, leyes elaboradas por la Asamblea Nacional y de otra parte, a partir del año 2000 y hasta diciembre del año 2015, las delegaciones legislativas al presidente de la República y recientemente, desde enero de 2016 y hasta ahora, cuando la Asamblea Nacional ya en manos de la oposición no aceptaría delegar sus funciones al presidente de la República, la figura de la declaratoria de emergencia económica, que permite al Presidente dictar decretos-Leyes.
2.1.Poder legislativo
A través del poder legislativo se ha ido construyendo el nuevo estado de derecho a la medida de los deseos de un poder político, cuyos fines adversan los valores y principios del Estado democrático de derecho, de la libertad y del bien común. Se han dictado leyes como amenaza a la libertad, producto de una legislación incontinente que nos cierra las puertas del progreso. Leyes que pretenden imponer un solo pensamiento político, un sesgado y deficiente modelo económico y que criminalizan el disenso y la pluralidad.
Leyes que invierten la carga de la prueba, leyes que niegan el derecho a la defensa, que legalizan los atropellos policiales, que consagran un régimen probatorio de carácter secreto, sin ningún control, sólo sometido a la discrecionalidad de los cuerpos policiales, en la actualidad habilitados para recabar elementos probatorios sin orden judicial, sin participación de la Fiscalía y sin posibilidad alguna de control y defensa.
Leyes que permiten a los cuerpos policiales científicos y políticos que repriman y persigan a la disidencia política, en entera restricción de las libertades públicas de pensamiento, de expresión y del pluralismo político e ideológico.
Leyes que niegan la libertad económica, el libre mercado, la libre competencia y la propiedad privada. Leyes que pervierten y suprimen la forma de estado “federal y descentralizado” de Venezuela e implantan el modelo de Estado centralizado y totalitario.
Además de la legislación antidemocrática y regresiva que la mayoría parlamentaria permitió dictar, Chávez pidió a la Asamblea Nacional que le otorgara facultades legislativas, de conformidad con lo que prevé el artículo 236.8. Asimismo, Maduro, desde que tomó el poder, hizo uso de la habilitación legislativa concedida por la Asamblea Nacional para ejercer funciones propias de la Asamblea Nacional.
Fueron otorgadas 4 habilitaciones legislativas durante el gobierno de Hugo Chávez[13] y 2 a Nicolás Maduro.
La sumatoria de la duración de todas las leyes habilitantes otorgadas al Presidente de la República, tanto a Chávez como a Maduro, desde el año 1999 hasta 2015, da un total de setenta y cinco (75) meses durante los cuales el Presidente estuvo legislando y fueron dictados aproximadamente doscientos noventa y nueve (299)[14] Decretos-Leyes en materias de organización del Poder Público, laboral, vivienda y hábitat, intervención del Estado en la economía, tributaria, turismo, salud y seguridad social, producción de bienes y prestación de servicios, arrendamiento inmobiliario, sistema financiero nacional, derecho marítimo y aeronáutico, hidrocarburos, tránsito terrestre, seguridad, misiones, desarrollo agrario, seguridad alimentaria, entre otras materias.
Esos decretos leyes fueron dictados con prescindencia todo procedimiento de deliberación o consulta, propio de la labor parlamentaria, irrespetando el derecho de las minorías e incluso en muchos casos fueron dictados fuera del plazo de vigencia de la delegación legislativa[15]. Hubo un uso inadecuado y distorsionado de la institución de la delegación legislativa.
Perdida la mayoría parlamentaria, en diciembre 2015, y ante la imposibilidad de seguir legislando por vía de delegación legislativa, desde enero de 2016 y hasta mayo de 2018 se han dictado 12 decretos por medio de los cuales se ha declarado, de manera inconstitucional, el Estado de Excepción y Emergencia Económica, con la finalidad de que el Presidente de la República pueda seguir dictando decreto-leyes.
Todas esas declaratorias de emergencia económica son inconstitucionales por cuanto:
- Fueron dictadas y prorrogadas por el presidente de la República sin autorización de la Asamblea Nacional[16].
- No determinan las circunstancias de orden económico que afectan gravemente la Nación, las instituciones y los ciudadanos; es decir, los hechos objetivos que justifiquen la declaratoria de estado de excepción y además otorgan al Ejecutivo Nacional una serie de poderes ilimitados sin especificar la regulación del ejercicio del derecho cuya garantía se restringe[17];
- Decretan indefinidamente en el tiempo la restricción de las garantías constitucionales[18];
Además de todo lo anterior, es necesario tener en cuenta que Chávez, para profundizar su proyecto totalitario, propuso una reforma constitucional en el año 2007, para la construcción de un modelo de Estado socialista, el llamado socialismo del Siglo XXI. Esa reforma fue rechazada por el pueblo en el respectivo referéndum consultivo. Sin embargo, el contenido de la propuesta de reforma constitucional fue luego introducido al ordenamiento jurídico a través de leyes, todas inconstitucionales.[19]
Algunas de ellas son: la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica del Consejo Federal del Gobierno, Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, Ley Orgánica de Contraloría Social, Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, y la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.
Todo ese nuevo ordenamiento jurídico, constitucional y legal, ha permitido de manera progresiva imponer un régimen de fuerza, arbitrario e inmensamente corrupto, que concentra todos los poderes, que viola los derechos subjetivos de los particulares y ha logrado eliminar todo control al ejercicio del poder, por parte del juez. Veamos algo de lo hecho por cada uno de los órganos del poder público, para que se cumpliera ese deseo revolucionario, indispensable para garantizar su permanencia.
A partir del año 2000 el Presidente Chávez se dispuso a eliminar todo límite a su actuación. Se intensificó el centralismo político y administrativo; se militarizó la gestión pública, y se estableció, hasta hoy, un proceso de intervención y control total de la economía, de la propiedad y de la sociedad en general.
El Presidente Chávez, a partir del año 2000, ya con su nueva Constitución, comenzó a concentrar todos los poderes y a centralizar, en el poder nacional, todas las actuaciones del Estado, no obstante que la nueva Constitución en su artículo 4 define al estado de Venezuela como un estado federal descentralizado; y a pesar que se describe al gobierno y a las entidades políticas que la componen como democrático, participativo y descentralizado…(artículo 6); y se favorece y promociona la descentralización político-administrativa (artículos 16 y 157), como política nacional para acercar el poder a la población y crear mejores condiciones, tanto para el profundo ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales (artículo 158).
El centralismo político y administrativo empezó con la creación de estructuras paralelas, distintas a los estados y municipios, para la prestación de los servicios públicos; estableciendo fondos fuera del presupuesto anual -presupuestos paralelos-; y se transforman organismos partidistas en sujetos de la descentralización y las transferencias de recursos a través de los consejos comunales. En definitiva comienza la “aparición de un conjunto de instituciones que dan forma al nuevo centralismo, el cual no tiene precedentes en ninguna época anterior de nuestra historia”[20].
Entre las estructuras paralelas para la prestación de servicios públicos, mencionamos en primer lugar el Plan Bolívar 2000, [21] por medio del cual se les dio a los militares el manejo de cuantiosos recursos para mercados populares, reparación de calles, atención médica y construcción de viviendas. Luego también la denominadas “misiones”, creadas como programas de prestación de servicios públicos en áreas determinadas y de transferencia de recursos públicos, creadas, primero, sin fundamento jurídico alguno y, posteriormente, fundamentadas en leyes de sospechosa constitucionalidad[22].
Esas misiones, en todo contrarias a la descentralización, dependen principalmente de las decisiones del presidente de la República, sin que en la dirección y gestión de ellas pueda detectarse ninguna conexión con los estados y municipios[23].
De otra parte, la creación presupuestos paralelos que permiten la afectación de gastos con fondos del Tesoro Nacional que no han sido aprobados en la Ley de Presupuesto, en violación del principio de legalidad del gasto público (artículo 314 de la Constitución), del principio de unidad presupuestaria, la obligación de contribuir al financiamiento de los gastos públicos (artículo 133 de la Constitución), el principio de la especificidad del presupuesto de gastos (artículo 315 de la Constitución), entre otros[24]. Tal es el caso, por ejemplo, de los fondos creados con motivo de los ingresos extraordinarios de PDVSA por concepto de hidrocarburos (FONDESPA, FONDEN, Fondo Social de PDVSA).
Así mismo, se han creado “organizaciones de base popular”, en “espacios comunitarios reducidos”, conocidos como consejos comunales sobre el fundamento de un ficticio “poder popular” (inexistente en el ordenamiento constitucional pero legislado in extremis por la Asamblea Nacional en estricto cumplimiento de las órdenes del Ejecutivo Nacional[25]).
Estos consejos comunales representan las “instituciones emblemáticas del nuevo centralismo”[26], puesto que sin estar amparados constitucionalmente, han sido dotados de competencias propias de los estados y municipios, pero son controlados enteramente por el Ejecutivo Nacional y financiados con inmensos recursos financieros desprovistos de todo control, para defraudar finalmente la forma de “Estado federal y descentralizado” venezolano.
De otra parte por medio de leyes se ha suprimido competencias constitucionales atribuidas a Estados y Municipios. Así pues, la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, revirtió, de forma inconstitucional, al poder nacional, competencias que habían sido transferidas a los Estados y Municipios, tales como la administración de puertos, aeropuertos y carreteras nacionales.[27]
La progresiva militarización de la sociedad y el Estado fue uno de los objetivos fundamentales del gobierno de Hugo Chávez. A partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, las Fuerzas Armadas dejaron de ser apolíticas, obedientes y no deliberantes, como la Constitución de 1961 establecía y dejó de atenderse al principio de que el poder militar se sometía al poder civil. Se ha implantado un nuevo sistema de administración con el protagonismo del estamento militar en la conducción y ejecución de las políticas fundamentales de lo que se ha llamado “revolución Bolivariana”, con fundamento en los cambios instaurados en la Constitución de 1999[28].
En la Constitución de 1999, se introdujeron cambios en la Fuerzas Armadas que redefinieron el papel de los militares dentro de la sociedad, permitiéndoseles el derecho al voto a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional[29] y conformando lo que el gobierno ha denominado un modelo cívico-militar[30].
Militares tanto activos como retirados han ocupado gran cantidad de cargos públicos, de todos los niveles y así mismo militares retirados han participado en elecciones para posiciones tanto en el poder legislativo nacional, como gobernaciones y alcaldías.[31]
El Presidente Maduro continuó con el mismo régimen militar. Ha nombrado a 14 militares como ministros, a quienes se les ha encargado principalmente el manejo del petróleo, transporte, vivienda, alimentación, obras públicas, energía eléctrica, entre otros, además de la gestión de gobierno, las políticas de seguridad ciudadana, la defensa nacional y justicia.
El Ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) es hoy un militar. También fue así durante el gobierno de Gobierno de Chávez.
Mediante Decreto No. 2.231[32], el Presidente autorizó la creación de una empresa del Estado, bajo la forma de Compañía Anónima, que denominó "Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG)", adscrita al Ministerio para la Defensa y que tiene por objeto la realización de toda actividad lícita de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera. Ello en total contravención con el régimen constitucional y legal que regula la actividad de hidrocarburos así como la organización y funcionamiento de la Administración Pública en Venezuela[33].
También a cargo del Ministerio de la Defensa, está el programa “Gran Misión Abastecimiento Soberano”, con lo que la producción, distribución, importación y comercialización de alimentos esta hoy controlada por militares.
De otra parte, 6 gobernaciones están dirigidas por militares. Entre ellos, el gobernador del estado Bolívar, quien además fue designado presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)[34], Instituto autónomo, y de la empresa del estado Siderúrgica del Orinoco (Sidor)[35].
A pesar de que el artículo 145 de la Constitución establece que los funcionarios “deben estar al servicio del Estado y no de parcialidad alguna”[36], y tienen prohibido realizar propaganda o coacción política, así como utilizar distintivos que los acrediten como miembros de un partido político, o favorecer electoralmente a algún candidato, grupo, movimiento o partido político, Hugo Chávez ejercía las funciones de Presidente de la República y a la vez que detentaba la titularidad activa de la jefatura de su partido político[37] (MVR), y sus ministros, gobernadores y otros altos funcionarios, comandaban abiertamente las campañas electorales del partido de gobierno.
La politización de la gestión administrativa se manifiesta a través de la obligación de los funcionarios públicos a inscribirse en el partido de gobierno (PSUV) y a situaciones de discriminación y violación de los derechos humanos como la ocurrida con los despidos motivados por la famosa “lista Tascón”:
“En el año 2003, diversos partidos políticos y miembros de la sociedad civil promovieron la realización de un referendo revocatorio al entonces Presidente Hugo Chávez Frías, que contó con más de 3 millones de firmas de respaldo. Antes de que el Consejo Nacional Electoral validara dichas firmas, el Presidente Chávez comisionó al diputado Luis Tascón Gutiérrez para que recibiera copias certificadas de las planillas. Los datos de los firmantes fueron publicados en una página web (luistascon), acusando a los firmantes de participar en “un megafraude”.[38]
Tras la publicación de dicha lista, “Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales internacionales y venezolanas documentaron denuncias de despidos y represalias a funcionarios que formaban parte de esta lista”.
En efecto, con carácter intimidatorio -que buscaba desincentivar la participación y la posibilidad de disidencias políticas- y en contravención con el derecho a la participación política y el derecho a la no discriminación, el Ejecutivo Nacional procedió a despidos masivos de funcionarios públicos. Así pues, “La finalidad real era, sin duda, generar una represalia en su contra por haber ejercido legítimamente un derecho de carácter político, lo que fue percibido por los funcionarios superiores como un acto de deslealtad política”[39].
A partir de 1999 comenzó un proceso de intervención, severa y sin límites, en la actividad económica de los particulares. Se ha incidido en la esfera de la libertad económica (artículo 112 de la constitución) con el propósito de disminuir y limitar la participación de los particulares en importantes sectores de la economía y también se utilizan las limitaciones a la economía como sanción por razones de intolerancia política. El modelo de economía mixta establecido en la Constitución (artículo 299), ha sido reemplazado por el de un Estado que no necesita de justificación para asumir de manera directa la gestión de actividades económicas, aun cuando ello suponga la violación del modelo de economía de mercado, la supresión de la libertad de empresa y la eliminación de la competencia.
A través de normas constitucionales y legales, y de actuaciones administrativas (de carácter sub legal), el Estado ha intervenido de forma total en la economía: hidrocarburos y minas; producción de bienes y servicios, sector bancario, seguros y títulos valores; sanidad; turismo; telecomunicaciones; servicios postales; servicio eléctrico, inversión extranjera, actividad de fomento, régimen monetario, la propiedad privada, tanto urbana como rural, la propiedad industrial, la propiedad intelectual, etc.
La intervención del Estado en la economía se han manifestado a través de distintas formas como son la regulación excesiva de las actividades económicas mediante leyes o decretos leyes; la reserva, la eliminación de la propiedad privada a través de la compras forzadas la expropiación y la nacionalización, o incluso mediante la apropiación a través de las vías de hecho; la creación de empresas públicas que han dejado al Estado como el principal actor económico colocando en un segundo plano a la libre iniciativa privada.[40]
Esas Leyes han influido en todas las áreas, pero principalmente han estado dirigidas a establecer el bloque de regulaciones económicas, con una vocación abiertamente socialista[41], violando el principio de menor intervención -el cual rige también para la actividad prestacional de la administración- junto al principio de subsidiariedad[42].
Muchas de esa leyes ¨se apartan de esta garantía al asumir una visión estatista de la economía, esto es, una visión en la cual el Estado es el principal actor económico, según corresponde al modelo socialista, colocando en un segundo plano a la libre iniciativa privada¨, siendo el rasgo común la clara preferencia por la iniciativa pública y la subordinación de la iniciativa privada a los objetivos políticos que la administración central ha asumido a través del llamado Plan de la Patria[43].
De esa forma, ¨Vemos entonces cómo el Estado venezolano demuestra, a través de estas nuevas leyes y acciones, su disposición de intervenir cada vez más en la economía, no sólo como ¨Estado regulador¨ o ¨Estado planificador¨, sino de forma más directa, incidiendo en la actividad económica de los particulares en un grado de intensidad cada vez mayor[44]¨[45].
Se ha eliminado el modelo de libre mercado, mediante el uso del poder regulatorio, la desbordada iniciativa pública en detrimento de la privada, la eliminación y falseamiento de la libre competencia por parte de la administración pública y la violación sistemática de la propiedad privada[46].
De este modo, los Decretos-Leyes contradicen la Constitución económica de Venezuela al configurarse como instrumentos de ordenación de la economía para tipificar delitos económicos y promover la visión estatista de la economía, en la cual el Estado es el principal actor económico, según corresponde al modelo socialista, colocando en un segundo plano a la libre iniciativa privada[47].
Además de una legislación regresiva la administración pública venezolana, en un sentido muy contrario a la libertad de empresa, ha limitado la libertad de industria y comercio, en sus aspectos fundamentales. El Estado de derecho exige la sujeción de las empresas públicas, que actúan en coiniciativa con los particulares, al principio de libre competencia[48], el cual implica la eliminación de las intervenciones excesivas del Estado, así como de los monopolios en manos públicas, y la disminución del abuso de la actividad de fomento.[49]
Sin embargo, en Venezuela, se ha desarrollado un fenómeno enteramente contrario al principio de libre competencia. El Estado venezolano ha “falseado la competencia”, o en otras palabras, ha competido deslealmente, en abuso del poder de la administración pública para el logro de sus objetivos empresariales y en detrimento de quienes le compiten.
En efecto, el gobierno ha incurrido en todas las prácticas desleales posibles[50], y en ese sentido: 1) ha abusado de su autoridad a través de la promoción de la actividad de sus empresas o de terceros por medio del ejercicio de las competencias públicas; 2) ha sacado partido del mercado al ejercer sus competencias; y 3) ha usado las ventajas propias o connaturales de su condición de administración en relación con la posición de sus competidores privados.
De esta forma, en materia de ayudas públicas, ha sido práctica común (y desestabilizadora económicamente) el rescate de empresas públicas fracasadas (v.g. bancos, siderúrgica, transporte aéreo, hoteles, etc.), mediante el aporte de fondos públicos[51]. Se ha abusado de la intervención de estas empresas en áreas de la economía servidas por la iniciativa privada, y que sólo a través de la ayuda pública pueden mantenerse en el mercado, todas cuestiones violatorias de la libre competencia[52].
En el marco de esa limitación de la libertad de competencia en Venezuela, fue dictado el precitado Decreto-Ley de Precios Justos, el cual estableció un control total de precios, costos y ganancias a cargo de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, como ¨órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria administrativa y financiera, adscrita a la Vicepresidencia Económica de Gobierno¨, y cuya primera atribución consiste en ¨Ejercer la rectoría, supervisión y fiscalización en materia de estudio, análisis, control y regulación de costos y determinación de márgenes de ganancias y precios¨ (artículo 11.1 de la Ley de Precios Justos).
Dicho Decreto-Ley elimina toda posibilidad de desarrollo de la libre competencia[53], puesto que asigna a un órgano estatal la fijación de los precios de todos los bienes y los servicios de carácter comercial, con facultades para incidir en los costos y controlar la ganancia, que pasaría a depender ya no del mercado sino del criterio burocrático y arbitrario del órgano estatal. A través de los controles de precios las autoridades administrativas imponen precios que no cubren costos, condenando a productores y distribuidores a trabajar a pérdida[54]. Esto vacía de contenido los derechos económicos previstos en la Constitución
Se han utilizado también las vías de hecho. A través de las fiscalizaciones realizadas por el órgano administrativo, SUNDDE, han ordenado de manera inmediata, sin procedimiento, ajustes o reducciones de precios.
Quedó siempre claro que el proyecto de Hugo Chávez no respetaría la propiedad privada garantizada en el artículo 115 de la constitución. Expropiaciones, intervenciones, rescate de tierras, confiscaciones, ocupaciones, cierres, invasiones, saqueos han sido generalizadas en este período revolucionario.[55]
El artículo 115 de la Constitución establece que todo particular, titular del derecho de propiedad, tiene la facultad de usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes; y para garantizar el ejercicio de los atributos del derecho, indica que “sólo por causa de utilidad pública o social, mediante sentencia firme y pago oportu­no de justa indemnización, podría ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.
Así, el mecanismo de tutela del derecho de propiedad está concretado en la garantía expropiatoria, que no es más que la manifestación del derecho a no ser desposeído de la propiedad sino mediante la expropiación, en los términos y condiciones consagrados en la Constitución[56], es decir, a través de la declaratoria de utilidad pública o de interés social del bien a expropiar, sentencia firme y el pago de una justa y oportuna indemnización.
No obstante la garantía al derecho de propiedad, ha habido muchas expropiaciones de hecho. Expropiaciones sin procedimiento y sin que medie indemnización. Especialmente expropiaciones sobre fincas agropecuarias, terrenos urbanos, hatos[57], fábricas de papel (Venepal), bancos[58], empresas telefónicas (CANTV), empresas de electricidad (ELECAR), centrales azucareros, cadenas de supermercados, galpones, centros comerciales (Sambil La Candelaria), productoras de café (Fama de América), universidades, sistema de transporte marítimo (Conferry), e inclusive marcas comerciales[59].
De otra parte, el Estado ha utilizado la figura de la reserva de actividades, no solo para excluir la libre iniciativa de los particulares, en determinadas actividades comerciales, sino para tomar posesión, sin procedimiento expropiatorio ni garantías judiciales, de empresas relacionadas con bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos[60]; de las empresas que operaban en el sector de transformación de hierro[61] y de empresas de la industria de fabricación de cemento.[62]
Una manifestación grotesca del desprecio a la propiedad privada, es el llamado del Presidente al pueblo a tomar las viviendas que no se encuentren ocupadas. En fecha 28 de mayo de 2018, el Presidente informó de la aplicación del Plan “ubica tu casa”, el cual, según sus propias palabras “será a partir de junio” y consistirá en apropiarse de “las casas que han dejado los apátridas que han dejado el país”, y del cual “será beneficiado” “todo el que tenga carnet de la patria”.
A los fines de lograr la dominación del adversario político se ha desarrollado un “derecho penal del enemigo”[63]. Se ha dictado una legislación penal dirigida a sancionar la disidencia política. Legislación contraria a lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución. Legislación que invierte la presunción de inocencia, que viola el principio del juez natural, y otras garantías. Legislación cada vez más frecuente que consagra normas penales en blanco y tipos penales indeterminados y no exhaustivos: traición a la patria (Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia), asociación para delinquir (Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo), delitos de odio, delitos cambiarios (Ley Contra los Ilícitos Cambiarios; Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos), usura (Ley de Precios Justos), contrabando (Ley Contra el Delito de Contrabando), monopolio ( Ley Antimonopolio), corrupción (Ley contra la Corrupción; Ley del Cuerpo Nacional contra la Corrupción).
Este nuevo derecho penal está hecho para perseguir y criminalizar a los empresarios, dirigentes políticos, estudiantes, abogados defensores, periodistas y, en general, todo aquel que disienta del régimen.
El poder judicial, especialmente la jurisdicción penal, se ha convertido en el instrumento perverso de criminalización de la disidencia. En lo muy pocos casos en que los órganos del estado no se han prestado a colaborar en la criminalización de la disidencia política, se ha utilizado la justicia militar, a pesar que de conformidad con lo establecido en el artículo 261 de la Constitución, esa justicia militar está limitada, exclusivamente, a los delitos de naturaleza militar, es decir, a las infracciones a los deberes de disciplina, obediencia y subordinación, a cargo de miembros activos de la Fuerza Armada y por lo tanto nunca de civiles.
La aplicación de la justicia militar a civiles configura una grave violación de los derechos constitucionales y humanos, al debido proceso, al juez natural, a la independencia e imparcialidad de la justicia y a la libertad e integridad personal. [64]
La persecución política comenzó muy pronto en el gobierno de Chávez. Presos políticos, perseguidos, población herida y asesinada, producto del desproporcionado e irracional uso de la fuerza pública en la represión de las manifestaciones, lo cual incluye el uso de armas de fuego, torturas y tratos crueles e inhumanos, además de la desaparición forzosa de personas (todos estos medios expresamente prohibidos en el ordenamiento jurídico venezolano)[65].
Desde el año 2002[66], la situación de los presos políticos es crítica y enteramente violatoria de los derechos humanos. En efecto, las circunstancias en las que se encuentran los presos políticos en Venezuela, están caracterizadas por irregularidades, abusos, torturas, tratos crueles e inhumanos por parte de los órganos coercitivos del gobierno.
Los presos políticos han sufrido todo tipo de vejaciones, excesos, abusos, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Han sido torturados física y mentalmente. Han sido privados de todo tipo de comunicación con sus abogados y familiares; del acceso a alimentos y ropa limpia, medicamentos y tratamientos médicos.
Se les ha privado del debido proceso, han sido objeto, por años, de retardos procesales como la falta de traslado a las audiencias y centros asistenciales de salud, el incumplimiento de las boletas de excarcelación dictadas por tribunales, tanto en los centros penitenciarios como en las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
La persecución política se manifiesta también a través del hostigamiento y persecución a través de medios de comunicación a políticos disidentes, destitución inconstitucional de cargos de elección popular, inhabilitación política, violación de la inmunidad parlamentaria, injerencia en funciones públicas, allanamientos irregulares a la propiedad privada etc.[67]
Como lo reseña la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 2016 estuvo caracterizado por una ola de detenciones y apertura de procesos contra miembros de partidos de la oposición, y en el 2017, esta situación se agravó hasta alcanzar niveles nunca antes vistos en Venezuela. En efecto, en el contexto de las manifestaciones públicas llevadas a cabo en el año 2017, un gran número de alcaldes, gobernadores y diputados de oposición fueron perseguidos, destituidos y privados de libertad[68], mediante decisiones emanadas de tribunales de la República en entera contradicción con el derecho al debido proceso y que han impedido el ejercicio de sus funciones[69].
En un reciente informe de la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela[70], las cifras que se reúnen de asaltos a los derechos humanos producto de la represión a la disidencia política son trágicas:
- 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos.
- 8.292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015.
- Más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013
- Más de 1.300 presos políticos: personas que han sido o aún están detenidas por su oposición al gobierno.
Asimismo, el informe identificó un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil en Venezuela.
Hace apenas unos días el Presidente, cuestionado mundialmente por las elecciones fraudulentas donde resultó electo, liberó gran cantidad de presos políticos, un total de 16[71].
Para evitar la reacción y protección de la comunidad internacional, se ha llevado adelante una política de aislamiento internacional. Alegando el “derecho del pueblo venezolano a decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación”, desde el año 2006, con la separación de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se inició un proceso de desvinculación política, económica y social de Venezuela con el resto del mundo, así como de estancamiento jurídico[72] y político.
Ejemplos del aislamiento de Venezuela en el ordenamiento jurídico-económico internacional son la denuncia del Convenio para el Estímulo y Protección Recíproca de las inversiones entre la República de Venezuela y el Reino de los Países Bajos, en el año 2008[73] y la denuncia del convenio por medio del cual se creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el 2012.
De otra parte, constituyen muestras de la desprotección internacional de las garantías de los derechos y libertades de los ciudadanos venezolanos, la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), Pacto de San José) en el año 2012[74], y el retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante la denuncia de la Carta de dicha Organización el 27 de mayo de 2017[75].
Ratificamos que esos convenios internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos por Venezuela, forman parte de la Constitución (artículo 23[76]), y que por ello, esas denuncias son inconstitucionales y no tienen efecto alguno.[77]
Además de la legislación contraria a derecho y de las habilitaciones legislativas otorgadas al Presidente de la República, desde la Asamblea Nacional se llevó adelante la trama destinada a acabar con el estado de derecho en Venezuela. La contribución más importante al régimen en el propósito de concentrar todos los poderes y la eliminación de todos los controles, se hizo a través de la designación de los miembros de los órganos del poder público: Poder Ciudadano, Electoral y Judicial. Se designaron, con prescindencia total del procedimiento constitucional, personas comprometidas políticamente con el régimen, con lo cual se eliminó toda posibilidad de que funcione el mecanismo de control y colaboración entre los poderes públicos, establecido en la Constitución.
La más flagrante violación en este sentido ocurrió en diciembre de 2015 cuando la Asamblea Nacional, a pocos días de finalizar el período constitucional, designó 13 Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esas designaciones fueron totalmente inconstitucionales por cuanto no se cumplió el procedimiento constitucional y legalmente establecido para ello y ninguno de los elegidos cumple con los requisitos establecidos por la constitución y la Ley.
Desde el Tribual Supremo de Justicia, y en especial desde su Sala Constitucional, se ha contribuido también al establecimiento de la dictadura que vive Venezuela desde 1999.
Hugo Chávez entendió que un poder judicial imparcial e independiente, con jueces comprometidos con la misión de hacer respetar la Constitución y la leyes y someter el ejercicio del poder a derecho, significaría un obstáculo insalvable para desarrollar su proyecto autocrático y totalitario, por lo cual era menester tener el control del poder judicial que sería quien legitimaría todo el desmontaje de las instituciones del Estado de Derecho[78].
De esta forma, el juez que es, conforme a la Constitución (artículos 334 y 335), el garante del Estado de derecho, y a quien corresponde defender la supremacía de la Constitución, ha sido el instrumento de facilitación de la actuación totalitaria del Gobierno.[79]
El Tribunal Supremo de Justicia, y en general toda la estructura del poder judicial, está compuesto, no por juristas, sino por personas totalmente comprometidos políticamente con la instauración del régimen totalitario que padece Venezuela.
Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia -muchos ellos elegidos sin cumplir con los requisitos constitucionales para su designación–[80] abiertamente militantes y defensores de la acción del Gobierno, han distorsionado y manipulado la interpretación de la Constitución en obsequio del ejercicio del poder sin límites por parte del poder ejecutivo. Se ha establecido una “…dictadura judicial con centro en la jurisdicción constitucional –al servicio del partido de gobierno, claro está– la cual, a partir del ejercicio del control constitucional sobre todos los poderes públicos y sobre la conducta de los ciudadanos y el apoyo de los demás poderes constitucionales subordinados al Ejecutivo, ha concentrado una masa de competencias y prerrogativas nunca vistas en la historia nacional.[81]
La dictadura judicial instaurada por el Tribunal Supremo de Justicia, desde diciembre de 1999, si bien ha demostrado su sujeción al gobierno y a las instancias que políticamente lo sostienen, ha actuado con mayor fuerza, descaro y despropósito desde diciembre de 2015, cuando ocurrió el triunfo de la oposición democrática, en la elección para la nueva conformación de la Asamblea Nacional.
Efectivamente, a partir del 6 de diciembre del año 2015, el gobierno pasó de tener el control absoluto del órgano legislativo nacional a una muy poca representación. Dentro del estado democrático y de derecho lo razonable habría sido que, después de 15 años de control absoluto de todos los poderes públicos, el gobierno hubiera propiciado la cohabitación política[82], lo que habría permitido la correcta separación de poderes y el adecuado ejercicio de las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los poderes públicos (Ejecutivo y Legislativo)[83].
Sin embargo, y esa fue la función de la Sala Constitucional, se escogió la vía de desconocer la voluntad popular y pocos días después de las elecciones del 6 de diciembre de 2015, comenzó una nueva etapa de la dictadura caracterizada por la utilización sistemática del Tribunal Supremo de Justicia “como instrumento primordial para intentar una falsa consolidación institucional, crear una engañosa y aparente fachada jurídica y violar abierta y sistemáticamente la Constitución haciéndole perder su efectiva vigencia”[84].
Así pues, la lucha política contra la Asamblea Nacional con mayoría opositora, pasó a protagonizarla la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a través de decisiones políticas y contrarias a la Constitución, que han tenido como fin último limitar, cercenar y suprimir las facultades constitucionales[85] de la Asamblea Nacional[86].
Esta “...demolición institucional del Parlamento, por obra de la colusión del Poder Ejecutivo Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, ha tenido múltiples vías o manifestaciones: la declaración de desacato permanente de la Asamblea Nacional, el bloqueo total de la potestad legislativa de la Asamblea Nacional, el socavamiento de las facultades constitucionales de control e investigación del órgano parlamentario, el asedio económico, el desconocimiento de la inmunidad de los diputados y de la inviolabilidad de la sede del Poder Legislativo”[87].
En efecto, desde el desconocimiento de los parlamentarios elegidos por el Estado Amazonas, por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia a través de unas medidas cautelares establecidas en sentencia del 30 diciembre de 2015 que ordenó -con el fin de evitar que la oposición tuviera mayoría calificada-[88] la suspensión “provisional” de la proclamación hecha por el Consejo Nacional Electoral de los candidatos electos en el estado Amazonas para la Asamblea Nacional, el Poder Judicial se ha encargado de disminuir la actuación de la Asamblea Nacional.
Posteriormente, la Sala Electoral en sentencia del 11 de enero del año 2016 ordenó a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional desincorporar inmediatamente a los diputados electos por el estado Amazonas, y además declaró “absolutamente nulos” los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de dichos ciudadanos, declarando en esta oportunidad en “desacato” a la Asamblea Nacional.
A partir de allí la Sala Constitucional ha dictado, durante los años 2016, 2017 y 2018, un gran número de sentencias enteramente inconstitucionales, todas dirigidas a limitar las competencias de legislación y control de Asamblea Nacional.
En usurpación y supresión de las funciones de control de la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
- Liberó a los ministros de la obligación de comparecer ante la Asamblea Nacional, restringió las potestades control político de la Asamblea Nacional sobre el gobierno y la administración pública sometiéndolo al control del Vicepresidente Ejecutivo y negó la potestad de la Asamblea Nacional sobre sus propios actos (sentencia N°9 del 1º de marzo de 2016);
- Aprobó el endeudamiento del Banco Central de Venezuela, sin la autorización de la Asamblea Nacional (sentencia N° 618 del 20 de julio de 2016);
- Autorizó al Presidente de la República, a rendir su mensaje anual, establecido en el artículo 237 de la constitución, ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional (sentencia n°03 del 11 de enero de 2017);
- Declaró inválidos y jurídicamente ineficaces los actos realizados en el marco de la investigación aprobada por la plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, con ocasión de supuestas irregularidades ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) (sentencia n° 88 del 24 de febrero de 2017);
- Declaró incompetente e inconstitucional a la Asamblea Nacional para recibir las memorias razonadas y suficientes del Vicepresidente Ejecutivo y de los ministros del gabinete ejecutivo sobre la gestión de sus despachos (sentencia n° 90 del 24 de febrero de 2017);
- Aprobó la constitución de empresas mixtas (Empresa Mixta PETROSUR, S.A.,), en los términos establecidos por el Presidente de la República, usurpando las funciones de la Asamblea Nacional (sentencia n°533 del 10 de julio de 2017)
La Sala Constitucional ha impedido la aplicación de todas[89] las leyes que, desde su nombramiento, ha sancionado la Asamblea Nacional en ejercicio de las competencias constitucionalmente y naturalmente atribuidas por el artículo 187, mediante las siguientes decisiones:
1) Sentencia N° 259 del 31 de marzo de 2016, que declaró inconstitucional la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.179 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela. La Sala declaró la nulidad de esa Ley al considerar que mediante ella se pretendía subordinar al Banco Central de Venezuela a la Asamblea (cuando lo que se hizo, en realidad, fue reproducir el contenido del Decreto-Ley de 2014).
2) Sentencia N° 264 del 11 de abril de 2016, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. La Sala Constitucional cuestionó la oportunidad de la amnistía, pese a que la amnistía es una competencia exclusiva de la Asamblea que no admite control judicial en cuanto a su oportunidad y mérito.
3) Sentencia N° 341 del 5 de mayo de 2016, por medio de la cual se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
4) Sentencia N° 343 del 6 de mayo de 2016, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros Programas Habitacionales del Sector Público
5) Sentencia N° 460, del 9 de junio de 2016, en la cual la Ley especial para atender la crisis nacional de salud fue declarada inconstitucional.
6) Sentencia n° 938 del 04 de noviembre de 2016, mediante la cual declaró nulidad del acto legislativo que sancionó la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y su contenido.
7) Sentencia n°939 del 04 de noviembre de 2016, donde declaró inconstitucional la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
8) Sentencia n° 1012 del 25 de noviembre de 2016, declaró la nulidad del acto que sancionó la Ley para la Protección de la Remuneración y Defensa del Salario del Docente al Servicio de las Instituciones Educativas Oficiales Dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal.
9) Sentencia n°1013 del 25 de noviembre de 2016, declaró la nulidad del acto legislativo sancionatorio de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena.
10) Sentencia n° 1014 del 25 de noviembre de 2016, declaró la nulidad del acto legislativo que sancionó la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, por desacato de decisiones judiciales.
11) Sentencia n°1, del 6 de enero de 2017, donde se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Ambiente, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2016.
12) Sentencia 383, del 31 de mayo de 2017, declaró la nulidad del acto legislativo sancionatorio de la Ley de Seguridad Social de los Funcionarios Policiales correspondiente al 21 de febrero de 2017.
La Sala Constitucional mediante la sentencia N° 269 de 21 de abril del 2016, suspendió distintos artículos del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (luego de más de cinco años después de que su nulidad fuese invocada por entonces diputados de la oposición), y además asumió la atribución privativa de la Asamblea de dictar su propio régimen de funcionamiento, al crear nuevas normas, cambiando el régimen de las sesiones de la Asamblea y el procedimiento de formación de Leyes, para lo cual incluso llegó a crear un control inexistente en la Constitución, cual es la necesidad de conciliar, con el Poder Ejecutivo, la viabilidad económica de los Proyectos de Ley[90].
La Sala Constitucional, en distintas ocasiones ha suprimido o desconocido el control de la Asamblea Nacional sobre los decretos de estado de excepción. Así pues, la Sala Constitucional:
- En sentencia N° 04 del 20 de enero de 2016, avaló la constitucionalidad del N° 2.184 del 14 de enero de 2016[91], mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, mientras que la Asamblea Nacional, en fecha de 22 de enero, improbó el mismo.
- En sentencia N° 07 de fecha 11 de febrero de 2016, “interpretó” el artículo 339 de la Constitución y declaró que el control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos del Ejecutivo Nacional que declaran estados de excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos, y que en cualquier caso, este control siempre puede ser objeto de revisión judicial por parte de dicha Sala[92].
- En la misma sentencia N° 07 de fecha 11 de febrero de 2016, declaró la nulidad del Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 22 de enero de 2016, mediante el cual se desaprobó el Decreto No. 2.184 de emergencia económica del 14 de enero de 2016 y ratificó la “legitimidad, validez, vigencia y eficacia” de este.
A partir de dichas decisiones la Sala Constitucional inició una larga lista de sentencias declaratorias de la constitucionalidad de los decretos de estados de excepción dictados por el presidente de la República desde enero de 2016 y hasta mayo de 2018, denegando las facultades de control sobre los mismos de la Asamblea Nacional[93].
En los días 27 y 29 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia publicó las sentencias Nos. 155 y 156, respectivamente, mediante las cuales se atribuyó a sí misma competencias legislativas de la Asamblea Nacional y la facultad de delegarlas en quienes y cuando lo considere conveniente; atribuyó competencias legislativas al Presidente de la República y le ordenó ejercerlas por encima de la reserva de las competencias del órgano legislativo; y limitó la inmunidad parlamentaria, mientras permaneciera la llamada “situación de desacato” y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional.
(i) se atribuyó a sí misma competencias legislativas de la Asamblea Nacional y la facultad de delegarlas en quienes y cuando lo considere conveniente;
En sentencia nro. 156, mediante un recurso de interpretación del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Sala Constitucional, asumió inconstitucionalmente el ejercicio de todas las competencias del parlamento[94], en los siguientes términos:
“mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho.”[95]
(ii) atribuyó competencias legislativas al Presidente de la República y le ordenó ejercerlas por encima de la reserva de las competencias del órgano legislativo;
En sentencia N° 155, la Sala Constitucional, a través de medidas cautelares acordadas[96] le otorgó al presidente de la República la facultad para implementar medidas generales de índole económica, militar, penal, administrativa, política, jurídica y social, ¨para evitar un estado de conmoción¨.
De otra parte, en la sentencia N° 156, la Sala Constitucional, le atribuyó la potestad de legislar al Poder Ejecutivo, en materias de la ley de Hidrocarburos, propias de la reserva legal (artículos 156.16 y 187.1), disponiendo que: “sobre la base del estado de excepción[97], el Jefe de Estado podrá modificar, mediante reforma, la norma objeto de interpretación, en correspondencia con la jurisprudencia de este Máximo Tribunal (ver sentencia N° 155 del 28 de marzo de 2017)”.
(iii) limitó la inmunidad parlamentaria, mientras permaneciera la llamada “situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional”.
En sentencia nro. 155, la Sala Constitucional declaró la nulidad absoluta de un acto parlamentario[98] de la Asamblea Nacional dictado en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente atribuidas, y determinó dicho acto como ¨traición a la patria¨, por lo que ordenó iniciar de oficio un proceso de ¨control innominado de la constitucionalidad¨, desconociendo por completo la inmunidad parlamentaria (artículo 200 de la Constitución), y violando claramente el derecho a la defensa y al debido proceso (artículo 49 de la Constitución).
Las sentencias 155 y 156, pretendieron otorgar al Presidente de la República toda clase de poderes, en violación del principio de separación de poderes. Se pretendió deshacer el sistema de controles y contrapesos establecidos en la Constitución.[99]
El asombro y rechazo, tanto a nivel nacional como internacional[100], que produjo la publicación de dichas sentencias nos. 155 y 156, ocasionó que en fecha de 31 de marzo el Consejo Nacional de la Defensa venezolano -en exceso de sus funciones consultivas en materia de defensa (artículo 323 de la Constitución)-, ¨exhortó¨ a los Magistrados de la Sala Constitucional a ¨revisar¨ sus decisiones (una medida que tampoco está respaldada en el ordenamiento jurídico venezolano), con el fin de resolver un pretendido ¨impase¨ suscitado entre la Fiscalía General de la República, quien se había pronunciado públicamente días antes sobre la ruptura del orden constitucional que presentaban las sentencias nos. 155 y 156[101], y el Tribunal Supremo de Justicia, con el propósito de mantener la estabilidad institucional y equilibrio de poderes[102].
Esta exhortación del Consejo Nacional de la Defensa, hizo notoria la injerencia flagrante de las competencias del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.
Sobre todo porque dócilmente la Sala Constitucional acató el exhorto del Consejo Nacional de Defensa (como lo indica la Gaceta Oficial Nro. 41.127 de fecha 3 de abril de 2017[103]) y mediante dos sentencias aclaratorias, números 157 y 158, de fecha 1 de abril de 2017, pretendió modificar las sentencias 155 y 156, respectivamente, y “corregir los excesos cometidos en ellas” (aunque sin enmendar los vicios estructurales que las afectan).
No es necesario enfatizar la violación del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil venezolano, el cual dispone que: ¨Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado…¨, y del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo al cual las sentencias del máximo tribunal de la República no son susceptibles de ser revisadas ni modificadas[104].
El Poder Electoral ha sido un factor fundamental para la demolición del estado de derecho. La más resaltantes característica del sistema electoral venezolano es que carece de autoridades l imparciales e independientes que aseguren el ejercicio efectivo del derecho al voto[105].
El Poder Electoral, desde el año 2000, ha estado conformado por rectores comprometidos políticamente con el régimen, sus autoridades han sido designadas con prescindencia del procedimiento establecido para ello en la Constitución.
Los actuales rectores del Consejo Nacional Electoral, fueron nombrados por sus vínculos políticos con el Gobierno, en completa contravención del artículo 296 de la Constitución[106], por un órgano incompetente para ello como lo es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia[107].
La actuación del Consejo Nacional electoral se ha encaminado, siempre, a garantizar el triunfo del gobierno en toda contienda electoral o a impedir, diferir u obstaculizar los procesos electorales en los que claramente se veía una mayoría determinante contra el gobierno. Ese fue el caso de la solicitud referéndum revocatorio contra el Presidente Chávez, que fue diferido y obstaculizado por el órgano electoral, que finalmente se llevó a cabo el 15 de agosto de 2004.
De la misma forma actuó cuando se solicitó el referendo revocatorio contra el Presidente Maduro en el año 2016, el cual si fue dramáticamente negado a través de argumentos inconstitucionales.[108]
Así mismo el poder electoral actuó en complicidad con el Presidente de la República en el llamado inconstitucional a una Asamblea Constituyente, desde que lo procedente era llamar a un referendo consultivo, previo a la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, a objeto de consultar al pueblo si estaba de acuerdo con ese llamado. Sin embargo, el poder electoral llamó a un proceso electoral, 30 de julio de 2017, para elegir los miembros de una Asamblea Constituyente.
Luego se sometió a esa Asamblea Constituyente y, finalmente, llevó adelante las elecciones inconstitucionalmente convocadas por la Asamblea Constituyente, el pasado 20 de mayo del 2018, para escoger Presidente de la República.
Otras actuaciones inconstitucionales del órgano electoral han sido el llamado a elecciones fuera del periodo indicado por la Constitución, como ocurrió con la elección de los gobernadores, demorada desde diciembre del año 2016 y realizada extemporáneamente el 15 de octubre de 2017.
Los órganos del poder ciudadano, que conforman el llamado Consejo Moral Republicano, han sido también parte de la colusión dirigida a desmontar el estado de derecho. Todos comprometidos políticamente: Defensor del Pueblo, Fiscal General y Contralor General, han actuado diligentemente para permitir que se afiance el estado totalitario y sin ningún control.
Ellos han permitido, y han sido parte, de la violación de los derechos humanos, de la persecución y represión de la disidencia política, de las violaciones a las libertades de industria y comercio, derecho de propiedad, de pensamiento, de expresión y del pluralismo político e ideológico.
Desde el inicio del Gobierno de Chávez la Fiscalía General ha demostrado su absoluta subordinación al gobierno. Ha sido utilizada como instrumento de persecución política. Ha realizado muchas investigaciones y acusaciones penales, de manera selectiva y subjetiva, contra los adversarios políticos o contra quienes han sido declarados enemigos de la revolución; empresarios, banqueros, líderes políticos, periodistas, dueños y directivos de los medios de comunicación, estudiantes, etc.
El Contralor General de la República no ha ejercido control fiscal alguno. No existe control fiscal y hoy Venezuela figura entre los primeros lugares en los índices de corrupción en todo el mundo[109]. Ha permitido, y formado parte, de la corrupción de la elite del gobierno, descarada, abierta y descomunal.[110]
En efecto, “la Contraloría General de la República no ha actuado como órgano contralor e incluso pareció querer convertirse en una especie de juez, alegando que nada había resuelto en los casos más conocidos y publicitados de corrupción pública y administrativa, porque no se le habían presentado pruebas, cuando en realidad, dirige un órgano de control fiscal que es un órgano de investigación y averiguación administrativa”[111].
El Defensor del Pueblo ha manifestado su complicidad, absteniéndose de llevar adelante sus funciones constitucionales que se dirigen a asegurar la defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y los tratados internacionales, sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos y difusos, de los ciudadanos (artículo 281 de la Constitución).
De esta forma, “tal es la paradoja que, hasta el propio “Defensor del Pueblo” se ha convertido en un defensor de las tropelías del régimen y partido de Gobierno y no de los derechos de la ciudadanía”[112]. En efecto, “se ha convertido en el órgano oficial para endosar la violación de esos derechos por parte de las autoridades del Estado, lo que se evidencia en la brutal represión al derecho a protestar, que todo el mundo ha estado presenciando por algún tiempo ya”[113].
Mediante Decreto N° 2.830 de fecha 1° de mayo de 2017[114], el Presidente de la República convocó una Asamblea Nacional Constituyente. Esta actuación fue inconstitucional desde que fue hecha en usurpación de la voluntad del pueblo, único depositario del poder constituyente originario, tal y como se desprende de los artículos 5 y 347 de la Constitución y en violación de los principios de democracia y soberanía establecidos expresamente en sus artículos 2 (el principio de la democracia), 3 (el ejercicio democrático de la voluntad popular), 5 (principio político de soberanía popular), 6 (el carácter democrático de las entidades políticas que componen el Estado), 19 (principio de progresividad de los derechos), 62 (derecho de participación libre en los asuntos públicos), 63 (derecho al sufragio), 70 (sobre los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía), 71 (derecho a consulta popular de las materias de especial trascendencia nacional), 347 (titularidad del poder constituyente originario y la facultad de convocar una Asamblea Constituyente) y 348 sobre la iniciativa de convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Esta Asamblea Constituyente, instalada el 4 de agosto de 2017, fue constituida en verdad para usurpar las facultades de la Asamblea Nacional, para destituir y designar altos funcionarios; para dictar decretos y leyes supraconstitucionales; y para eliminar, ahora por completo el estado de derecho en Venezuela. Esta Asamblea es inconstitucional por su origen, forma de convocatoria y elección de sus miembros, y por su desempeño, en el cual ha contrariado y violado sistemáticamente la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico venezolano, así como la voluntad del pueblo, único depositario de la soberanía y por ende, titular del poder constituyente.
Además, el presidente de la República impuso unilateralmente y sin consulta popular, las bases comiciales territoriales y sectoriales, sobre las cuales se llevó a cabo la elección de los constituyentes. De forma que esa Asamblea Constituyente es inconstitucional por cuanto fue electa con fundamento en unas bases comiciales que:
i) no fueron consultadas al pueblo de Venezuela, en violación de la soberanía popular y el derecho de participación ciudadana (artículos 5 y 70 de la Constitución);
ii) violaron el principio de universalidad del voto al determinar que los integrantes de la ANC serían elegidos en el ámbito territorial y sectorial (artículo 63 de la Constitución);
iii) violaron el principio de representación proporcional al disponer una asignación de los constituyentes sobre una base que no se correspondía con la población nacional del Estado venezolano sino sobre la base territorial de cada municipio (artículo 63 de la Constitución);
iv) excluyeron a los venezolanos por naturalización y con más de una nacionalidad (artículos 39, 40 y 42 de la Constitución); y
v) excluyeron a los partidos políticos del régimen de postulaciones (artículo 67 de la Constitución).
Esta Asamblea Constituyente fue convocada de esta forma inconstitucional por el presidente de la República con la complicidad de otros órganos de los poderes constituidos, principalmente: del Consejo Nacional Electoral y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En efecto el Consejo Nacional Electoral convocó el proceso para los integrantes de la Asamblea Constituyente, sin que previamente se convocara un referéndum que aprobara el llamado a una Asamblea Constituyente.
Además la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, avaló la acción inconstitucional del presidente de la República, de convocar una Asamblea Constituyente, mediante sentencia N°378 de fecha 31 de mayo de 2017, en la que dispuso que ¨no es necesario ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del Título IX.¨
La Asamblea Constituyente, desde su instalación el 04 de agosto de 2017, ha desnaturalizado con cada una de sus actuaciones las funciones básicas, exclusivas y excluyentes que debe tener una asamblea constituyente legítima y constitucionalmente convocada, como es la de redactar un proyecto de constitución.
En efecto, todas las actuaciones de la Asamblea Constituyente han excedido la competencia fijada por la Constitución a este órgano mediante “Decretos Constituyentes”, “Leyes Constitucionales” y “Acuerdos Constituyentes”. Veamos algunas de las actuaciones inconstitucionales de la Asamblea Constituyente:
- Ha dictado leyes de contenido nuevo y modificado las existentes[115][116];
- ha realizado actos de control e intervención de los poderes constituidos[117] a través de la designación, ratificación o remoción de sus titulares o funcionarios[118]; e inclusive,
- ha convocado procesos electorales para la elección popular de representantes de los poderes públicos (en todos sus niveles, local, regional o nacional[119]) y ha exigido juramentarlos[120].
El 23 de enero de 2018[121], la ANC convocó para la presidencia de la República.[122] Esa convocatoria a elecciones presidenciales fue inconstitucional por cuanto usurpó competencias propias y exclusivas del Poder Electoral[123], violó el principio de separación de poderes[124], violó el periodo presidencial constitucional[125] y violó los principios constitucionales de todo proceso electoral[126], especialmente el de imparcialidad[127].
Pese a su inconstitucionalidad, en fecha 20 de mayo de 2018 fueron realizadas las elecciones presidenciales, en las cuales resultó re electo Nicolás Maduro. Ese proceso electoral fue rechazado ampliamente por todo el País y estuvo rodeado todo tipo de violaciones en el acto electoral, falta de transparencia, legitimidad y garantías; políticos inhabilitados, presos y torturados. Incumplidos todos los plazos señalados por la Ley. El rechazo condujo a una abstención de más del 80 por ciento del electorado.
Las elecciones fueron además rechazadas por la comunidad internacional. Se pronunciaron en contra la Organización de Naciones Unidas (ONU)[128], el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR)[129], la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Grupo de Lima[130], bajo la denuncia de falta de transparencia, legitimidad y garantías.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en cumplimiento de sus funciones de ser orientadora y guía del pensamiento jurídico del País, ha actuado en contra de las violaciones constitucionales y legales llevadas adelante, de forma sistemática y concertadas, por parte de todos los órganos del poder público. En ese empeño, a través de pronunciamientos y comunicados públicos, así como en foros y eventos jurídicos, auspiciados con esa finalidad, ha exhortado a los órganos del poder público a mantener su actuación dentro de los límites establecidos en el ordenamiento jurídico y, en especial, ha exigido el respeto de los derechos humanos y de los derechos civiles, sociales, políticos y económicos. Ese propósito no será abandonado hasta lograr el restablecimiento total de las instituciones democráticas y del estado de derecho en Venezuela.
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RUAN SANTOS, Gabriel. “El secuestro del Tribunal Supremo de Justicia”, ponencia de Gabriel Ruan Santos, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en el I Encuentro Iberoamericano de Academias de Ciencias Morales, Políticas y Económicas, convocado por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid, realizado durante los días 16, 17 y 18 de octubre de 2017, bajo el título general “Democracia, Educación y Estado de Bienestar. Aporías y Alternativas Tras la Crisis, en la Doble Perspectiva Íbero-Americana”. Vid. www.acienpol.org.ve
SANQUÍRICO PITTEVIL, Fernando, “Las facultades (i)limitadas de la Asamblea Nacional Constituyente de acuerdo a la Constitución de la República”, en BREWER-CARÍAS , Allan y GARCÍA SOTO, Carlos (compiladores), “Estudios sobre la Asamblea Nacional Constituyente”, Editorial Temis, Editorial Jurídica Venezolana, Bogotá/Caracas, 2017.
SOSA GÓMEZ, Cecilia. “La ética como fundamento de la justicia”. Trabajo de Incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2017.
SIRA SANTANA, Gabriel, y SILVA ARANGUREN, Antonio, “Decretos Leyes dictados por el Presidente de la República con base en Ley Habilitante, en el año 2015”, en Revista de Derecho Público, N°143-144, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2016. Disponible en: http://cidep.com.ve/files/papers/habilitante2015.pdf
VECCHIO, Carlos, “Observatorio parlamentario. Balance legislativo 2006-2010. ¿Poder legislativo? SE BUSCA UN PODER”, en El Universal, Caracas, Septiembre 2010. Disponible en: http://images.eluniversal.com/2010/09/16/AN_balance_vecchio.pdf
* Conferencia dictada en el Encuentro Iberoamericano de Academias de Ciencias Morales y Políticas: “Desafíos de la Democracia en el siglo XXI: Fortalezas y riesgos políticos, económicos, sociales, culturales e internacionales”, celebrado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 7 de junio de 2018.
** Doctor en Derecho. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Ocupó la Cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford durante el año académico 1998-1999. Senior Associate Member de la Universidad de Oxford durante el año académico 2006-2007. Socio fundador del Despacho de Abogados Badell & Grau 1985. Foreign Legal Consultant, admitido por el Florida State Bar.
[1] ROMERO-MUCI, Humberto. “Desinstitucionalización y desigualdad desde el Estado: el caso venezolano”. Ponencia de Humberto Romero-Muci, vicepresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en el I Encuentro Iberoamericano de Academias de Ciencias Morales, Políticas y Económicas, convocado por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid, realizado durante los días 16, 17 y 18 de octubre de 2017, bajo el título general “Democracia, Educación y Estado de Bienestar. Aporías y Alternativas Tras la Crisis, en la Doble Perspectiva Íbero-Americana”. Disponible en: www.acienpol.org.ve
[2] El 31 de octubre de 1958, representantes de los partidos políticos Acción Democrática, Social Cristiano Copei y Unión Republicana Democrática, concertaron el denominado «Pacto de Punto Fijo», como un pacto de gobernabilidad y convivencia, para hacer frente común en la defensa del gobierno constitucional. El pacto de Punto Fijo encontró justificación en los sucesos que precedieron a la Constitución venezolana de 1961. En 1947 fue sancionada una nueva Constitución, bajo cuya vigencia fue electo presidente constitucional de Venezuela Rómulo Gallegos[2] . No obstante, a menos de un año de haber asumido la presidencia, se produjo su derrocamiento, conformándose una Junta Militar de Gobierno. En 1952, se realizó un proceso eleccionario para la conformación de un Asamblea Constituyente a fin de crear una estructura institucional para el régimen. El 15 de abril de 1953, se puso el ejecútese al nuevo texto constitucional, en el que si bien se establecía que el Presidente de la República sería electo mediante votación directa y secreta, nunca se aplicó, pues para el primer período constitucional se incluyó una Disposición Transitoria conforme a la cual la Asamblea Constituyente elegiría por mayoría absoluta al Presidente de la República, lo que condujo a la ratificación de unos de los militares de la Junta, Marcos Pérez Jiménez[2].
Tras el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, el Pacto de Punto Fijo, se constituyó en el acuerdo político que sirvió para la aplicación práctica de la división de poderes y alternabilidad política en su ejercicio, mediante el compromiso de los partidos políticos de adecuar su acción y responsabilidad a los principios de defensa de la constitucionalidad del derecho a gobernar conforme al resultado electoral; gobierno de unidad nacional como instrumento de lucha contra la tiranía; de cooperación durante el proceso electoral y de colaboración durante el gobierno constitucional electo[2]. Vid. BADELL MADRID, Rafael, “Crisis del Principio de la Separación de los Poderes en Venezuela”, Conferencia dictada en la Universidad de San Pablo-CEU de Madrid, en los V Cursos de Enero. España-Madrid 2003. Disponible en: http://badellgrau.com/?pag=11
[3] Véase texto del “Pacto de Punto Fijo” en: http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc22/22-10.pdf
[4] No obstante, a partir de 1993, durante el segundo período constitucional de Caldera comenzaron a debilitarse las bases sobre las cuales se había fundado el Pacto de Punto Fijo: alianzas parlamentarias circunstanciales para la repartición de cargos en la Junta Directiva del Congreso, tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y el indulto a los militares que encabezaron intentos de golpe contra Carlos Andrés Pérez en su segundo período presidencial, terminarían por disgregar el acuerdo político llamado Pacto de Punto Fijo. Un año antes de que culminara el período constitucional de Caldera se desarrolló una tensa y agresiva campaña electoral, en la que resultó ganador Hugo Chávez Frías, quien capitalizó el proceso de resquebrajamiento interno de los partidos políticos tradicionales para reunir sectores que, hasta esa fecha, habían permanecido dispersados y llevar a cabo su proyecto político mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La satanización del Pacto de Punto Fijo por parte de Chávez provocó un rechazo general de la población hacia los partidos políticos que lo firmaron y la Constitución de 1961, señalada como causante de los vicios que aquejaban a la democracia venezolana. Vid. BADELL MADRID, Rafael, “Crisis del Principio de la Separación de los Poderes en Venezuela”, Ob. cit.
[5] Gaceta Oficial Nro. 36.364 de fecha 2 de febrero de 1999.
[6] Caso del Recurso de nulidad interpuesto por Henrique Capriles Radonsky contra el Decreto de Regulación de las Funciones del Poder Legislativo
[7] Dicho criterio de la “supra constitucionalidad” de las actuaciones de la ANC fue reiterado en sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 180 del 28 de marzo del 2000; N° 445 del 23 de mayo del 2000 y N° 457 del 5 de abril del 2001.
[8]Vid. BREWER-CARÍAS, Allan, “Historial constitucional de Venezuela”, en “Tratado de Derecho Constitucional”, Tomo I, Fundación de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2013. Pp. 637 y ss.
[9] DELGADO, Francisco, “Chavismo y derecho”, Editorial Galipán, Caracas, 2017. Pp. 21-22
[11] Ibídem. pp. 18 y ss.
[12] Gaceta Oficial Nro. 36.364 de fecha 2 de febrero de 1999.
[13] Habilitaciones legislativas de Hugo Chávez Frías:
i. Ley orgánica que autorizó al Presidente de la República para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera requeridas por el interés público, del 16 de abril de 1999.
ii. Ley Habilitante del 13 de noviembre de 2000.
iii. Ley Habilitante del 01 de febrero de 2007.
iv. Ley Habilitante del 17 de diciembre de 2010.
[14] Ley Habilitante del 26 de abril de 1999, otorgada por un lapso de 6 meses mediante la cual se dictaron 53 Decretos-Leyes; Ley Habilitante del 13 de noviembre de 2000, otorgada por el lapso de 12 meses y mediante la cual se dictaron 49 Decretos Leyes; Ley Habilitante del 01 de febrero de 2007, otorgada por un lapso de 18 meses y mediante la cual se dictaron 66 Decretos Leyes; Ley Habilitante del 17 de diciembre de 2010, otorgada por un lapso de 18 meses y mediante la cual se aprobaron 54 Decretos-Leyes; Ley Habilitante del 19 de noviembre de 2013, otorgada por un lapso de 12 meses y mediante el cual se dictaron 56 Decretos-Leyes; y Ley Habilitante del 15 de marzo de 2015, comprendida en un lapso poco mayor a 9 meses y mediante la cual se dictaron 20 Decretos-Leyes. Vid. GRAU, María A., ¨Empresa Pública y Contratación Administrativa en Venezuela (desde un marco constitucional común al español, a una ilimitada acción empresarial del Estado en Venezuela¨, Tesis doctoral de la Universidad CEU-San Pablo, Madrid, 2015; y SIRA SANTANA, Gabriel, y SILVA ARANGUREN, Antonio, “Decretos Leyes dictados por el Presidente de la República con base en Ley Habilitante, en el año 2015”, en Revista de Derecho Público, N°143-144, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2016. Disponible en: http://cidep.com.ve/files/papers/habilitante2015.pdf
[15] Ibídem. pp.111-112.
[16] Los Decretos de Estado de excepción y emergencia económica son inconstitucionales por prescindir del requisito de aprobación por parte de la Asamblea Nacional, establecido en el artículo 339 de la Constitución. Si bien los Decretos de Estado de excepción han sido declarados constitucionales, en todas sus declaraciones y respectivas prórrogas, por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, ello no obsta para dispensar el control que ejerce la Asamblea Nacional al no aprobar dichos decretos y por ende rechazar la restricción temporal de las garantías consagradas en la Constitución. En efecto, el control de la Asamblea Nacional dispuesto en el artículo 339 de la Constitución así como en los artículos 26 al 31 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción , es un requisito sine qua non de los decretos de estados de excepción. Sin la aprobación de la mayoría absoluta de los diputados y diputadas presentes en sesión especial de la Asamblea Nacional, todo decreto que declare el estado de excepción, la solicitud de prórroga o aumento del número de garantías restringidas, es inconstitucional.(artículo 27 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción).
[17] Los decretos de estado de excepción han permitido inconstitucionalmente al presidente de la República adoptar cualquier restricción a las garantías constitucionales sin justificación alguna: no describen las circunstancias de orden económico que afecten gravemente la Nación, las instituciones y los ciudadanos -a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos- (artículo 337 de la Constitución), es decir, los hechos objetivos, sino que por el contrario utilizan expresiones arbitrarias que responden a la sesgada visión según la cual hay diversos ataques, complots, conspiraciones y confabulaciones en marcha. Así también, son inconstitucionales los Decretos en la medida en que otorgan al Ejecutivo Nacional una serie de poderes ilimitados sin especificar tampoco la regulación del ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, violando el artículo 339 de la Constitución. Aparte, disponen la facultad del Presidente de la República de dictar cualesquiera otras medidas de orden social, económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias.
[18] El carácter extraordinario y temporal debe interpretarse restrictivamente por cuanto los estados de excepción constituyen la única situación -extraordinaria, excepcional- del país en que la Constitución permite que puedan ser restringidas –temporalmente- las garantías consagradas en esta (salvo, claro está, las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles). En efecto, estos Decretos, por tener en todo el territorio de la República una vigencia ya dos años, pasaron de ser excepcionales a constituir una situación ordinaria en el país; y pasaron de restringir temporalmente las garantías consagradas en la Constitución a restringirlas indefinidamente (siendo que el estado de excepción parece, además, querer ser perpetuado en el tiempo), infringiendo lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución, que dispone que podrá decretarse el estado de emergencia económica solo cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. De otra parte, la Constitución expresamente señala que si bien el Presidente de la República tiene la facultad de dictar en primera instancia decretos de estados de excepción con la autorización de la Asamblea Nacional, es este último órgano quien tiene la potestad de declarar su prórroga, previa solicitud del Presidente de la República (artículos 337 y 338 de la Constitución). Sin embargo, el Presidente de la República Nicolás Maduro se ha encargado de prorrogar unilateralmente por vía de Decreto todos y cada uno de los Decretos de estado de excepción y emergencia económica dictados inconstitucionalmente por él y sin la aprobación de la Asamblea Nacional.
[19] DELGADO, Francisco, “Chavismo y derecho”, ob. Cit.
[20] RACHADELL, Manuel, “La centralización del poder en Venezuela”, en Provincia Nº 16, julio-diciembre 2006, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, 2006. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55501608 pp. 199-282.
[21] Ibídem. p.222
[22] Ibídem. p. 229
[23] Ibídem. p. 232.
[24] Ibídem. pp. 235 y ss.
[25] Entre estas leyes entendidas como “del Poder Popular”, mencionamos la Ley Orgánica de los Consejos Comunales;, la Ley Orgánica del Consejo Federal del Gobierno;, la Ley Orgánica del Poder Popular; la Ley Orgánica de las Comunas;, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal;, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular;, la Ley Orgánica de Contraloría Social:, la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal; la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública;, y la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Vid. GARCÍA SOTO, Carlos, “Cuarta parte: régimen de la economía Sección I: Régimen del modelo productivo socialista Principios del Poder Popular, del Estado Comunal y del modelo productivo socialista (A propósito de las “Leyes del Poder Popular”)”, en Revista de Derecho Público 130 (abril-junio) (2012), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2012. pp. 251-272.
[26] Ibídem. p. 256.
[27] En el mismo sentido, la Ley del Consejo Federal de Gobierno redujo las competencias y recursos a gobernadores y alcaldes; la Ley del Distrito Capital y otras suprimió competencias y recursos a la Alcaldía Metropolitana. Vid. VECCHIO, Carlos, “Observatorio parlamentario. Balance legislativo 2006-2010. ¿Poder legislativo? SE BUSCA UN PODER”, en El Universal, Caracas, Septiembre 2010. Disponible en: http://images.eluniversal.com/2010/09/16/AN_balance_vecchio.pdf
[29] Artículo 330. Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político.
[30] Vid. CÓRDOVA JAIMES, Edgar, “Administración Pública en Venezuela: Aproximaciones a los cambios y transformaciones”, en Revista de Ciencias Sociales v.12 n.3 Maracaibo sep. 2006. Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182006000300007
[32] Gaceta Oficial N° 40.845 de fecha 10 de febrero de 2016
[33] Vid. Pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales ante la reciente creación de la compañía anónima militar de industrias mineras, petrolíferas y de gas (Camimpeg), de fecha 07 de marzo de 2016. Disponible en: http://www.acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Pronunciamientos/ACADEMIA%20(EMPRESA%20PETROLERA%20MILITAR)-1110625-v1-CARDMS.pdf
[34] Vid. http://www.cvg.gob.ve/?q=node/97
[35] Vid. http://www.sidor.com/la-nueva-sidor-54/talento-humano/organigrama
[36] Artículo 145 de la Constitución.
[37] En este sentido, la norma del artículo 145 constitucional, “nunca se ha cumplido, pues Venezuela ha tenido un Presidente que ha actuado más como jefe de un partido político, que como jefe de gobierno y del Estado”. BREWER-CARÍAS, Allan, “Historia constitucional de Venezuela”, Tomo II, Editorial Alfa, Caracas, 2008. p.306.
[38] Vid. Comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CorteIDH_CP-20/18 Español, San José, Costa Rica, 30 de mayo de 2018. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_20_18.pdf .
[39] Es por ello que en reciente decisión (Sentencia de 8 de febrero de 2018), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se declaró la responsabilidad del Estado venezolano por la violación al derecho humano a la participación política, por la violación a la participación política, violación de la libertad de pensamiento y expresión en concordancia con el derecho a la no discriminación y la violación al derecho al trabajo, en el caso concreto de Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña. Vid. Sentencia de 8 de febrero de 2018 en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_348_esp.pdf
[40] Vid. BADELL MADRID, Rafael, “Intervención del Estado en la economía”. Conferencia dictada en las XIX Jornadas Centenarias Internacionales del Colegio de Abogados del Estado Carabobo. Valencia, 9 de diciembre de 2016. Publicada en el Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales Nro. 154, Año 2015, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2015. Disponible en: http://www.acienpol.org.ve/
[41] HARO GARCÍA, José V., ¨Los recientes intentos de reforma constitucional o de cómo se está tratando de establecer una dictadura socialista con apariencia de legalidad (A propósito del proyecto de reforma constitucional de 2007 y los 26 decretos leyes del 31 de julio de 2008 que tratan de imponerla) ¨, en Revista de Derecho Público N°115 julio-septiembre 2008, Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2009. pp.63 y ss.
[42] Conforme al principio de subsidiariedad el autor argentino Cassagne ha destacado que la intervención estatal en la economía debe restringirse exclusivamente a aquellos campos en los que la iniciativa privada sea insuficiente o, a lo sumo, para complementar ésta, sin que ello implique una minimización de la presencia del Estado en la economía y la vida social; por el contrario, lo que persigue es reafirmar la autoridad del Estado en sus funciones soberanas y la eficiencia de las actividades supletorias que lleve a cabo: el Estado se ve fortalecido pues su solidez se fundará no sobre el alcance o extensión de sus actividades, sino por su eficiencia en el cumplimiento de los cometidos que le son esenciales. Vid. CASSAGNE, Juan C. ¨La intervención administrativa¨. Edit. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996.
[43] HERNÁNDEZ, José Ignacio, ¨La Constitución económica y los decretos Leyes dictados en ejecución de la Ley Habilitante 2013¨, en Revista de Derecho Público n°140, octubre-diciembre 2014, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2014. p.198.
[44] NÚÑEZ MACHADO, Ana C., ¨Los 26 nuevos Decretos-Leyes y los principios que regulan la intervención del Estado en la actividad económica de los particulares¨, en Revista de Derecho Público N°115 julio-septiembre 2008, Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2009. P.216.
[45] En este sentido, entre otros, véase: Decreto N°5.999 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo se establece la posibilidad de que el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, conjuntamente con el Ministerio competente en materia de control de precios, fije las tarifas de los servicios turísticos; Decreto N° 6.069 Rango, Valor y Fuerza de Ley de Transporte Ferroviario Nacional se declaran de interés y utilidad pública las actividades relacionadas con la construcción, prestación, desarrollo y conservación del transporte ferroviario nacional y se elimina la posibilidad de que el Estado otorgue concesiones en materia ferroviaria bajo ninguna de sus modalidades de prestación de servicios (monopolio del Estado en la prestación de servicio); Decreto N° 6.071 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria se declara de utilidad pública e interés social los bienes que garanticen disponibilidad y acceso oportuno a los alimentos en cantidad suficiente a la población y las infraestructuras con las cuales se desarrollen esas actividades; Decreto N° 6.130 Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular; Decreto N° 6.240 Rango, Valor y Fuerza de Ley de Beneficios y facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas de Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, entre otros, se establece y se acentúa la propiedad social (empresas de propiedad social, directas e indirectas, unidades de propiedad social); Decreto N° 6.092 Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios se declaran de utilidad pública e interés social todos los bienes y servicios declarados de primera necesidad.
[46] GRAU, María A., “Los derechos económicos de los particulares como límite a la actividad empresarial del Estado”. Conferencia dictada en VI Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y IV Congreso de Derecho Administrativo en homenaje al Dr. Carlos Ayala Corao. Universidad Monteávila. Caracas, 11 de noviembre de 2016. Publicada en el Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales Nro. 155, Año 2016. Vid.; http://www.acienpol.org.ve/
[47] Esta visión estatista se ha presentado como un sistema de ordenación y limitación que viola el contenido esencial de la libertad de empresa, hace caso omiso del principio de subsidiariedad y margina el alcance de la libre iniciativa privada, todo ello en detrimento del Estado democrático y de derecho. ¨La actuación del poder legislativo y de las administraciones públicas es, en este sentido, una actuación de hecho, una conducta arbitraria. No se pueden dictar leyes y decretos que contraríen el modelo de economía a mixta consagrado en la Constitución¨ MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo, ¨El intento inacabado por establecer un modelo económico socialista¨, en Anuario de Derecho Público, Año 1, Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila, Universidad Monteávila, San Cristóbal, 2007. p.339.
[48] Reconocido constitucionalmente en el artículo 299 que prevé: ¨El régimen socio económico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad¨.
[49] La libre competencia no solo se contempla como uno de los principios fundamentales del régimen socio económico del país (precitado artículo 299), sino que es desarrollado de forma específica, además, en el artículo 113 de la Constitución, en el cual se prohíbe el establecimiento de monopolios así como la conducta de abuso de posición de dominio, es decir, aquella realizada por empresas que en determinado mercado disfrutan de una posición dominante donde podrían imponer, con absoluta independencia de sus competidores, precios y condiciones de comercialización supra competitivos a sus clientes y distribuidores . Véase GRAU, María A., ¨Empresa Pública y Contratación Administrativa en Venezuela…”. Ob. Cit. p. 126.
[50] González-Varas, cit. en GRAU, María A., ¨Empresa Pública y Contratación Administrativa en Venezuela…” Ob. Cit. p. 125.
[51] Sobre este tema véase DE LA RIVA, Ignacio M., “Ayudas públicas (incidencia de la intervención estatal en el funcionamiento del mercado)”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004.
[52] “En efecto, el Estado no sólo ha decidido intervenir directamente en la economía a través del ejercicio de actividades empresariales, sino que invocando el interés general de tales actividades, se ha valido de medios propios del fomento (beneficios fiscales, aportación de recursos económicos bajo la figura de la subvención, exclusión de regímenes de control cambiario, entre otros) para garantizar su sostenimiento en el mercado con respecto a los demás operadores privados”. Vid. GRAU, María A., “Los derechos económicos de los particulares como límite a la actividad empresarial del Estado”, ob. cit.
[53] Un sistema de control total de precios, es sin duda contrario a la libre competencia, más aún cuando también se controlan los costos y los márgenes de la ganancia. En este sentido: ¨La técnica de la defensa de la competencia supone no atribuir a la Administración la formulación de las conductas de las empresas del mercado. Es un sistema en el que la administración no tiene capacidad para configurar de forma previa la acción de los particulares, sino que únicamente ha de cuidar de la vigilancia de un amplio marco en el que son posibles distintas propuestas o soluciones (…) Los actores principales del mercando son los particulares, que desarrollan sus acciones dentro del marco establecido por el ordenamiento, mientras que la Administración permanece atenta vigilando el cumplimiento del marco configurado. La Administración se coloca, en consecuencia, en un segundo plano supervisor de la acción de los particulares, dirigiendo indudablemente con ello también el comportamiento de las empresas en el mercado¨. Vid. CASES PALLARES, Luis, ¨Derecho administrativo de la defensa de la competencia¨, Marcial Pons, Madrid, 1995, p.53. Cit. en GRAU, María A., ¨Empresa Pública y Contratación Administrativa en Venezuela…” ob. Cit. p.132.
[54] PALMA A., Pedro, ¨Controles de precios e inflación¨, en BALZA GUANIPA, Ronald (coordinador), ¨ Venezuela 2015, economía política y sociedad, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015, p.155. cit. en ABADI M. Anabella y GARCÍA SOTO, Carlos, ¨EL control de precios en Venezuela (1939-2015: De la Segunda Guerra Mundial a la ¨guerra económica¨, Universidad Monteávila, Universidad Católica Andrés Bello, Cedice, Caracas, 2016. Ejemplo de ello es la Providencia Administrativa N° 070/2015 dictada por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) publicada en la Gaceta Oficial N° 40.775 del 27-10-2015, en la cual se estableció un margen máximo de ganancia a los productores nacionales y prestadores de servicio de 30% para el caso de los productores sobre su estructura de costos; se estableció un margen máximo de ganancia a los importadores de bienes de hasta veinte por ciento (20%) sobre su estructura de costos; y se limitó el margen de intermediación hasta un sesenta por ciento (60%) para toda la cadena.
[55] Cfr. Página web del Observatorio de Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico: http://paisdepropietarios.org/propietariosve/
[56] Vid. BADELL MADRID, Rafael, “Algunas consideraciones sobre el derecho de propiedad y la jurisprudencia sobre la materia en Venezuela.”, conferencia dictada en las XI Jornadas Jurisprudenciales en Derecho Administrativo. Universidad de Yacambú. Barquisimeto. 15 Noviembre 2014. Disponible en: http://badellgrau.com/?pag=205&ct=1745
[57] Es el caso de la ¨intervención¨ del Ejecutivo Nacional de tierras del dominio público de la República que, al decir del Ejecutivo, están ocupadas ilegalmente por lo que no procede jurídicamente la expropiación (como procedería de tratarse de propietarios), sino la intervención para luego rescatar y destinar a fines agrarios.
Entre estos casos podemos mencionar, como lo hacen Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera Orellana y Karina Anzola Spadaro, la intervención de los hatos: 1) El Charcote (Estado Cojedes, 08-01-2005); 2) Hato Piñero (Estado Cojedes, 15.02.2005); 3) La Marqueseña (Estado Barinas, 18.09.2005); 4) Hato Guanayen-Los Guayeros (10.02.2016); 5) Hacienda Bucarito (Estado Lara, 29.06.2006); 6) Hato Calleja (Estado barinas, 12-07-2006); 7) Agropecuaria Buena Vista, Agropecuaria Montaña del Orinoco, Agropecuaria la Atascosa (Todos ubicados en el Estado Aragua e intervenidos en fecha de 25.03.2007); Hato La Yagüita, Hato El Caribeño, Hato las Mercedes, Hato Bartolero, Hato San Gregorio El Viejo, Hato Cabuyare, Hato Coronero (Estado Apure, 25.03.2007); Hatos Las Cunaguaras, Hato la Esperanza, Hato San Francisco (estado Apure, 25.03.2007); Hato La Viereña (Estado Apure, 25.03.2007), Fundo Agrobárbara (Estado Barinas 25.03.2007), Fundo Sucesión Bolívar (Estado Portuguesa), Fundo Arrecife Los González (Estado Guárico), (25.03.2007); Hato Caroní (Estado Barinas 09.03.2009); Hato Tamarindo (Estado Barinas, 09.03.2009), Hato El Piñal (Estados Lara y Portuguesa 06.03.2009); Finca El Maizal ( Estado Lara, 06.03.2009); Hato Santa Cruz (Estado Barinas, 25.03.2009); Hato Morichalito (Estado Apure, 11.05.2009); Hacienda Santa Clara (Estado Carabobo, 02.05.2009); Haras San Isidro (Estado Carabobo, 20.04.2009); Haras Gran Derby (Estado Carabobo, 20.04.2009), Haras La Primavera (Estado Carabobo 20.04.2009); Haras La Quebrada (Estado Aragua 20.04.2009); Hacienda Santa Teresa (Estado Aragua, 20.04.2009). Vid. CANOVA GONZÁLEZ, Antonio; HERRERA ORELLANA, Luis A.; y ANZOLA SPADARO, Karina, ¨ ¿Expropiaciones o vías de hecho? (La degradación continuada del derecho fundamental de propiedad en la Venezuela actual) ¨, Universidad Católica Andrés Bello, Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, Caracas, 2009. P.116
[58] BanPro, Banco Bolívar, Banco Canarias, Banco Confederado, BaNorte, Banco Comercial C.A; Central Banco Universal; Baninvest, Banco de Inversión C.A; Banco Real, Banco de Desarrollo; Bancoro C.A Banco Universal;
Banco del Sol, Banco de Desarrollo C.A, InverUnión Banco Comercial C.A, Helm Bank Venezuela S.A Banco Comercial; Banco Federal C.A; Banco Casa Propia; Casa Propia Entidad de Ahorros y Préstamo; Banvalor Banco Comercial C.A.
[59] Vid. DELGADO, Francisco, “Chavismo y derecho”, ob. Cit. Pp. 124 y 125.
[60] Mediante el artículo 2 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, y Resolución Nro. 054 del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, pasaron a manos del Estado, sin procedimiento expropiatorio alguno, 39 empresas del sector privado en la referida materia, que comprendía: 1. Inyección de agua, de vapor o gas que permitan incrementar la energía de los yacimientos y mejorar el recobro, 2. Compresión de gas, 3. Los vinculados a las actividades en el Lago de Maracaibo: lanchas para transporte de personal, buzos y mantenimiento, barcazas con grúas para transporte de materiales, diésel, agua industrial y otros insumos, remolcadores, gabarras planas, boyeras, grúas, de ripio, de tendido o reemplazo de tuberías y cables subacuáticos, de mantenimiento de buques en talleres, muelles y diques de cualquier naturaleza. Vid. GRAU, María A., ¨Empresa Pública y Contratación Administrativa en Venezuela…”. Ob. Cit.
[61] Los Decretos Nos. 695 y 697, declararon la afectación de dos empresas a los fines de su expropiación con base a la reserva previa de la actividad dispuesta en la Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas que desarrollan actividades en el sector siderúrgico en la Región Guayana, la cual reservó al Estado la industria de la transformación del mineral del hierro en dicha zona del país (a pesar de que dichas empresas ya habían sido ocupadas en el año 2009, mucho antes de su afectación y sin procedimiento expropiatorio ni pago de indemnización alguna). De esta forma, conformidad con el artículo 2 de la mencionada Ley se ordenó ¨… la transformación de la sociedad mercantil SIDOR C.A., sus empresas filiales y afiliadas, en empresas del Estado de conformidad con lo previsto en el artículo 100 de la Ley Orgánica de Administración Pública, con una participación estatal no menor del 60% de su capital social¨. De igual forma se declaró de utilidad pública y de interés social las actividades que desarrolla la sociedad mercantil SIDOR C.A., sus empresas filiales y afiliadas, así como las obras, trabajos y servicios que fueran necesarios para realizarlas. Cabe destacar que posteriormente dicha Ley fue utilizada para la apropiación de otras empresas del sector, entre las que se pueden mencionar Venprecar y Orinoco Iron, las cuales pasaron a manos estatales aun antes de haberse declarado su expropiación (e incluso a pesar de haber demandado la nulidad de tales actos por ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia)
[62] El Presidente de la República dictó el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas Productoras de Cemento, mediante el cual el Estado se reservó la industria de fabricación de cemento en la República, por razones de conveniencia nacional y ¨en virtud de su vinculación con actividades estratégicas para el desarrollo de la Nación¨. El artículo 2 de dicha Ley ordenó la transformación de las sociedades mercantiles CEMEX VENEZUELA, S.A.C.A. (Cementos Mexicanos), HOLCIM VENEZUELA, C.A. (empresa cementera suiza) y, C.A. FÁBRICA NACIONAL DE CEMENTOS S.A.C.A. (que era el GRUPO LAFARGE DE VENEZUELA, cementera francesa), sus empresas filiales y afiliadas, en empresas del Estado conforme al artículo 100 y siguientes de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con una participación estatal no menor del 60% de su capital social. Así también, se declaró de utilidad pública y de interés social de las actividades que desarrollan las mencionadas personas jurídicas.
[63] Vid. FERNÁNDEZ, Fernando, “Estado Dual o anómico: efectos corrumpentes Un caso, una lección: La justicia penal en Venezuela bajo el Estado Dual y el derecho penal del enemigo”, Editorial Académica Española, 2018.
[64] Pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la aplicación de la justicia militar a civiles, del 16 de mayo de 2017. Disponle en: http://www.acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Pronunciamientos/20052017171841_PRONUNCIAMIENTO%20SOBRE%20JURISDICCION%20MILITAR%202017.pdf
[65] Vid. Pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre la Resolución No. 008610 dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa del 23 de enero de 2015, disponible en: http://www.acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Pronunciamientos/comunicado-academia-FANB-manifestaciones.pdf; y Declaración de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
sobre la politización de la fuerza armada nacional y la amenaza del uso desproporcionado de la fuerza pública, de fecha 18 de abril de 2017, disponible en: http://www.acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Pronunciamientos/Pronunciamiento%20ACPS%2018042017%20def..pdf
[66] “En Venezuela hay presos políticos desde el año 2002. Los policías metropolitanos injustamente acusados por los sucesos del 11 de abril son los primeros presos políticos de este régimen”, vid. “Arube Pérez: En Venezuela hay presos políticos desde el año 2002”, en El Carabobeño, el Diario del Centro, 27 de mayo de 2018, disponible en: https://www.el-carabobeno.com/arube-perez-en-venezuela-hay-presos-politicos-desde-el-ano-2002/
[67] Informe “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela. Informe de país”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 2018. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf p. 94
[68] De acuerdo a la información disponible, al 11 de agosto de 2017, 39 de los 77 alcaldes de oposición habrían sido objeto de actos de persecución política por parte del Gobierno. Vid. “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela. Informe de país”, ob. cit. p.94
[69] En este caso, llama la atención que por el incumplimiento de dichas sentencias que restringen la libertad de expresión y el derecho a manifestar pública y pasivamente, se haya declarado en desacato y, posteriormente, se haya inhabilitado, destituido y ordenado la aprehensión de alcaldes y gobernadores, afectando seriamente además los derechos políticos de estos alcaldes, así como los de las personas que votaron para elegirlos.
[70] Vid. Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, Washington D.C., 29 de mayo de 2018. Disponible en: http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf
[71] De las 39 excarcelaciones que tuvieron lugar el día 1° de junio de 2018, fueron liberados 16 presos políticos. Vid. “VP calificó la liberación de presos políticos como “victoria del pueblo””: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/califico-liberacion-presos-politicos-como-victoria-del-pueblo_238257; “Conozca quiénes son los 16 presos políticos excarcelados este viernes #1Junio”: http://efectococuyo.com/la-humanidad/conozca-quienes-son-los-16-presos-politicos-excarcelados-este-viernes-1junio/
[72] La denuncia de la CAN no solo representó para Venezuela un retroceso en el proceso de integración y desarrollo económico establecido en el artículo 153 constitucional, sino que también constituyó una pérdida importante en la actualización y progresividad de la protección de derechos económicos. Ejemplo de ello lo es el régimen de la propiedad intelectual que, tras la salida de la CAN, volvió a estar regulado en Venezuela por una Ley que data del año 1956, sometiendo a los ciudadanos a las políticas públicas que se dictan de manera aislada –y a veces hasta arbitrarias- por el Poder Ejecutivo.
[73] Denuncia por medio de la cual se privó a los inversionistas extranjeros de la protección de dicho convenio en los bienes acciones, bonos, activos dinerarios y económicos, derechos de propiedad intelectual e industrial y derechos de concesión que fueren otorgados en Venezuela.
[74] La denuncia de la CADH, es un hecho de gravísimas repercusiones nacionales e internacionales, por afectar injustificadamente el derecho de todas las personas a su protección internacional (Corte Interamericana de Derechos Humanos ) y configura además una violación de las obligaciones de fortalecer los mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos asumidas por el Estado venezolano frente a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ante otros foros internacionales (Unasur, Mercosur). En efecto, conforme a la denuncia de la CADH, y a partir de su entrada en vigencia en el año 2013, las violaciones a los derechos humanos que pudieran ocurrir en Venezuela no podrían ser conocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que significa que, los habitantes de Venezuela perderían una instancia de protección de sus derechos humanos, quedarían más vulnerables a los abusos y tendrían menos recursos disponibles para defenderse. Vid. Pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre el retiro de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de fecha 14 de mayo de 2012. Disponible en: http://acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Pronunciamientos/Pronunciamiento%20ACADEMICA%20retiro%20CIDH%20(rev).pdf
[75] La denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos representa también un hecho de graves repercusiones nacionales e internacionales, ya que afecta, no solo todo un conjunto de instrumentos jurídicos, de organismos especializados interamericanos y de agencias interamericanas en las más variadas materias, que forman parte del ordenamiento jurídico de las naciones civilizadas y de la cooperación internacional, sino la privación de los ciudadanos venezolanos de sus derechos fundamentales. Vid. Pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre la inconstitucional e ilegítima denuncia realizada por el presidente de la república respecto de la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), de fecha 04 de mayo de 2017, disponible en: http://www.acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Pronunciamientos/Pronunciamiento%20sobre%20denuncia%20Carta%20de%20la%20OEA.%20(0317338xC4456).pdf
[76] Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.
[77] En efecto, la Carta de la OEA forma parte e integra el “bloque de la constitucionalidad”, por lo que no se puede derogar ni denunciar (artículo 333, Constitución) sino mediante la enmienda o la reforma de la propia Constitución.
[78] RUAN SANTOS, Gabriel. “El secuestro del Tribunal Supremo de Justicia”, ob. Cit.
[79] En este sentido, “Se ha desmontado el control jurisdiccional del poder con repercusiones nefastas sobre la seguridad jurídica, la legalidad, el Estado de derecho y la democracia. Desde los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia hasta el último tribunal de municipio han dejado de funcionar de forma independiente, objetiva y eficazmente. Los jueces están cooptados por el régimen y partido de Gobierno; al igual que la actual Fiscalía General de la República, los órganos de policías científica (CICPC) y política (SEBIN), articulándose únicamente como forma de represión y persecución de la disidencia política, en grave restricción de las libertades públicas de pensamiento, de expresión y del pluralismo político e ideológico. Tal es la paradoja que, hasta el propio “Defensor del Pueblo” se ha convertido en un defensor de las tropelías del régimen y partido de Gobierno y no de los derechos de la ciudadanía”, vid. ROMERO-MUCI, Humberto, “Desinstitucionalización y desigualdad desde el estado: el caso venezolano”. Ob. cit.
[80] Única forma que tiene el Ejecutivo para tomar el control absoluto de esa instancia judicial suprema.
[81] RUAN SANTOS, Gabriel, Ob. cit.
[82] La “cohabitación política”, según explica José Amando Mejía, “ es una delicada y complicada situación constitucional, típica de los sistemas presidenciales con una separación rígida de poderes, que, como lo ha señalado la doctrina y la experiencia internacional es muy difícil de manejar y requiere, por lo tanto, la presencia de hombres con envergadura política, experiencia en el manejo de los asuntos públicos, capaces profesionalmente y respetuosos del Estado de derecho, que actúen con lucidez institucional y realidad democrática. Vid. MEJÍA BETANCOURT, José A., “El reconocimiento internacional del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio”.
[83] Y que de haberse respetado, hubiera podido constituir el comienzo, dentro del Estado de derecho, de una transición política ordenada, ya que, el pueblo había decidido que se compartiera el ejercicio del poder político en Venezuela entre el gobierno y la oposición democrática. MEJÍA BETANCOURT, José A., Ob. Cit.
[84] MEJÍA BETANCOURT, José A., Ob. Cit.
[85] vid. RUAN SANTOS, Gabriel, “El secuestro del Tribunal Supremo de Justicia”. Ob. cit.
[86] Juntando más de cincuenta sentencias de la Sala Constitucional en estricta extralimitación de sus poderes jurisdiccionales para privar a la Asamblea Nacional de sus competencias constitucionales, pueden mencionarse las siguientes: 1.778/2015; 7/2016; 9/2016; 184/2016; 225/2016; 259/2016; 264/2016; 269/2016; 274/2016; 327/2016; 341/2016; 343/2016; 411/2016; 460/2016;473/2016; 478/2016;614/2016; 615/2016; 618/2016; 797/2016; 808/2016; 810/2016; 814/2016; 893/2016; 907/2016; 938/2016; 939/2016; 948/2016; 952/2016; 1.012/2016; 1.103/2016;1.014/2016; 1.086/2016; 2/2017; 3/2017; 4/2017; 5/2017; 6/2017; 7/2017; 88/2017; 90/2017 y 113/2017. Vid. Hernández, José I., ¨Sobre el inconstitucional exhorto del Consejo de Defensa Nacional al TSJ¨, en Prodavinci, 1 de abril de 2017, en http://prodavinci.com/blogs/sobreel- inconstitucional-exhorto-del-consejo-de-defensa-nacional-al-tsj-por-jose-ignacio-hernandez/..., cit. en BREWER-CARÍAS, Allan, ¨El golpe de Estado judicial continuado, la no creíble defensa de la Constitución por parte de quien la despreció desde siempre, y el anuncio de una bizarra “revisión y corrección” de sentencias por el juez constitucional por órdenes del Poder Ejecutivo (secuelas de las sentencias no. 155 y 15 6 de 27 y 29 de marzo de 2017”, p .7.
[88] En las elecciones de la Asamblea Nacional para el período 2016-2021, la coalición de oposición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo un total de 112 diputados, de un total de 167, equivalentes a las dos terceras partes de esa Asamblea. Cabe destacar, con esa mayoría calificada, la fracción parlamentaria de la MUD podía ejercer todas las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional.
[89] Respecto de la única Ley que, según la Sala, sí se ajusta a la Constitución, la Ley de bono para alimentos y medicinas a pensionados y jubilados, se anuló la disposición que ordenaba su entrada de vigencia inmediata (es decir, fue declarada "inaplicable" sentencia N° 327 de 28 de abril del 2016).
[90] De este modo, la Sala Constitucional no solo se sustituyó en la Asamblea al dictar sus normas internas de procedimiento, sino que además, pretendió subordinar la Asamblea al control político del Presidente, en violación del artículo 187, numeral 19, de la Constitución.
[91] Gaceta Oficial Nº 6.214 extraordinario de 14 de enero de 2016
[92] Vid. Pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre la decisión de la Sala Constitucional relativa al control parlamentario de los decretos de estado de excepción, de fecha 25 de febrero de 2016. Disponible en: http://www.acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Pronunciamientos/Pronunciamiento%20ACPS%20sobre%20sentencia%20No.%207%20de%20la%20Sala%20Constitucional%20del....pdf
[93] Entre ellas las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nos. 4/2016 de 20-1-16; 7/2016 de 11-2-2016; 184/2016 de 17-3-2016; 411 del 19-05-16; 615 del 19-07-2016; 810 del 21-10-2016; 952 del 21-11-2016; 04 del 19-01-17.
[94] Falta la cita
[95] Como lo refiere el académico Brewer-Carías, “sin referencia alguna a la materia de hidrocarburos, la Sala Constitucional ratificó, irónicamente que “para velar por el Estado de Derecho” cuyos remanentes cimientos fueron pulverizados con la misma sentencia, que todas las competencias que la Constitución y las leyes atribuyen a la Asamblea Nacional, serán ejercidas directamente por la Sala Constitucional; y no sólo eso, también “por el órgano que ella disponga,” auto atribuyéndose un poder universal de delegar y disponer de las funciones legislativas de la Asamblea, y decidir a su arbitrio cuál órgano del Estado va a legislar en algún caso, o cuál órgano va a controlar, en otro” . Vid. BREWER-CARÍAS, Allan, “El reparto de despojos: La usurpación definitiva de las funciones de la Asamblea Nacional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al asumir el poder absoluto del Estado. (Sentencia N° 156 de la Sala Constitucional)”, ob. cit. p. 299.
[96] Improcedentes de por más dada la naturaleza propia que la figura representa en un juicio de mero derecho, e inclusive en un juicio que ya había culminado con la declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad del acto impugnado. Vid. BREWER-CARÍAS, Allan, “La consolidación de la dictadura judicial: La Sala Constitucional, en un juicio sin proceso usurpó todos los poderes del Estado, decretó inconstitucionalmente un estado de excepción y eliminó la inmunidad parlamentaria, (Sentencia Nº 155 de la Sala Constitucional)”, en Revista de Derecho Público N° 149-150, enero – junio 2017, Editorial Jurídica Venezolana, Fundación de Derecho Público, Caracas, 2017. Pp. 276-291. Disponible en: http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2018/05/9789803654245-txt.pdf
[97] Decretado inconstitucionalmente por la propia Sala Constitucional en la sentencia citada N° 155 del día anterior, 28 de marzo de 2017.
[98] Acuerdo en apoyo de la Aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela, aprobado por la Asamblea Nacional en fecha 21 de marzo de 2017. Vid. http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_e2ec6cee39175e9e932f6c4b1ced4813999e3e01.pdf
[99] Declaración de las Academias Nacionales ante las Sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, de fecha 31 de marzo de 2017, Disponible en: www.acienpol.org.ve
[100] El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos también se pronunció con ocasión a las sentencias de la Sala Constitucional, en su Resolución 1078 del 3 de abril de 2017, declarando lo siguiente: “Las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y de arrogárselos a sí mismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela [y que]. A pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas decisiones, es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático¨. Vid: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-022/17
[101] Vid. Declaración de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre la posición de la Fiscal General de la República y las aclaratorias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 4 de abril de 2017, disponible en: http://www.acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Pronunciamientos/Pronunciamiento%20Sentencias%20155%20y%20156%20(1).pdf
[102] Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ¨Declaración sobre la posición de la Fiscal General de la República y las aclaratorias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia¨, de fecha 04 de abril de 2017, disponible en: http://www.acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Pronunciamientos/Pronunciamiento%20Sentencias%20155%20y%20156%20(1).pdf
[103] ¨El Tribunal Supremo de Justicia en consideración al exhorto efectuado por el Consejo de Defensa de la Nación ha procedido a revisar las decisiones 155 y 156, mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano, y en tal sentido, hoy son públicas y notorias sendas sentencias aclaratorias que permiten sumar en lo didáctico y expresar cabalmente el espíritu democrático constitucional que sirve de fundamento a las decisiones de este Máximo Tribunal¨
[104] Como bien lo afirma el Profesor Brewer-Carías, la Sala Constitucional no cumplió con ninguno de los requisitos esgrimidos en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, sino que los viola abiertamente, en ese sentido ¨con base en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el cual es aplicable supletoriamente a las causas que conoce este Máximo Tribunal, en concordancia con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala procede de oficio a aclarar¨, estamos en presencia de la prohibida reforma y revocación de sentencias, y por lo tanto de la violación al debido proceso así como de un fraude a la Ley. En palabras de Duque Corredor, “la irrevocabilidad de las sentencias o la prohibición de revocarlas o reformarlas por el tribunal que las haya pronunciado, establecida en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil,” necesariamente debe implicar que ¨los jueces agotan su jurisdicción y por ende nada pueden añadir o quitar a sus sentencias;” […] Por ello, nunca un tribunal, so pretexto de aclaratorias, puede revocar, transformar o modificar su fallo, lo que implica un fraude a la ley¨. Vid. DUQUE CORREDOR, Román J., ¨Fraude procesal de los magistrados de la Sala Constitucional¨ 4 de abril de 2017, en http://justiciayecologiaintegral.blogspot.com/2017/04/fraude-procesal-de-losmagistradosde.html?spref=fb&m=1. Cit. en BREWER-CARÍAS, Allan, ¨ La nueva farsa del Juez Constitucional controlado: La inconstitucional y falsa “corrección” de la usurpación de funciones legislativas por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. (Sentencias Nº 157 y 158 de 1° abril de 2017). Crónica actualizada al 5 de abril de 2017, 5 pm., ¨, en Revista de Derecho Público N° 149-150, enero – junio 2017, Editorial Jurídica Venezolana, Fundación de Derecho Público, Caracas, 2017. Pp. 313-325. Disponible en: http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2018/05/9789803654245-txt.pdf
[105] Vid. Dictamen de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre la necesaria independencia e imparcialidad del Consejo Nacional Electoral como garantía esencial para la realización de elecciones libres y democráticas, del 03 de maro de 2018.
[106] El artículo 296 de la Constitución determina que el Consejo Nacional Electoral “… estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos tres (3) de ellos postulados por la sociedad civil, uno por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de la Universidades nacionales y uno por el Poder Ciudadano”; y además que: “Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes”. Según el dicho artículo 296 constitucional, los rectores del Consejo Nacional Electoral, durarán siete (7) años en el ejercicio de sus funciones y “serán elegidos o elegidas por separado: los tres postulados o postuladas por la sociedad civil al inicio de cada período de la Asamblea Nacional, y los otros dos a la mitad del mismo”.
[107] En efecto, la arbitrariedad de la Sala Constitucional con el objeto de asegurar la permanencia del partido de gobierno en el poder, se ha auto atribuido en más de una ocasión, mediante sus propias decisiones la facultad constitucional y exclusivamente delegada a la Asamblea Nacional, de designar a los rectores del principal órgano del Poder Electoral. Vid. sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fecha 26 de diciembre de 2014 y del 13 de diciembre de 2016.
[108] Tal es el caso presentado en el año 2016, cuando conforme a la reglamentación vigente, los partidos políticos de oposición agrupados en el partido MUD solicitaron al CNE la activación de los instrumentos necesarios para la recolección de las solicitudes de los electores inscritos en el Registro Electoral Nacional, a fin de que este procediera a convocar un referendo revocatorio del mandato del Presidente de la República Nicolás Maduro. En ese momento se exigió el ejercicio de esta competencia obligatoria y, en tal virtud, el CNE en violación del contenido exacto del artículo 72, omitió realizar todos los trámites necesarios para que se convocara, de manera oportuna, el referendo revocatorio solicitado.
[109] BREWER-CARÍAS, Allan, “Venezuela: 17 años de desprecio a la Constitución, ¿Qué se puede esperar?”, Presentación, VAAUS (Asociación Venezolano-Americana de los EE.UU.), Nueva York, 31 de mayo de 2017. Disponible en: http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2017/06/1189.-conf.-Brewer.-Venezuela.-17-a%C3%B1os-de-desprecio-a-la-Constituci%C3%B3n-VAAUS.pdf
[110] Artículo 274. Los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo, de conformidad con esta Constitución y la ley, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo.
[111] BREWER-CARÍAS, Allan, “Historia Constitucional de Venezuela”, Ob. cit. p. 321.
[112] Vid. ROMERO-MUCI, Humberto, “Desinstitucionalización y desigualdad desde el estado: el caso venezolano”. Ob. cit.
[113] Ibídem. En efecto, “el Defensor del Pueblo muy poca o ninguna actuación ha desplegado en los casos más sonados de violación de derechos constitucionales; por el contrario, y pese a la amplitud de las atribuciones que la Constitución le ha otorgado (artículo 281), son los órganos de control internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los que han tenido que intervenir ante la carencia de la actuación del Defensor del Pueblo”. Vid. BREWER-CARÍAS, Allan, “Historia constitucional de Venezuela”, ob. cit. p.322.
[114] Publicado en Gaceta Oficial Nro. 6.295 extraordinario de fecha 1 ° de mayo de 2017.
[115] La lista de “Leyes Constitucionales” dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente, en contravención a su único objeto de redacción de un proyecto de constitución y usurpando las potestades legislativas exclusivas de la Asamblea Nacional, cada día se vuelve más larga. Así pues, hasta la fecha se han dictado un total de 11 leyes constitucionales: 1. Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública (Gaceta Oficial Nro. 6.323 extraordinario del 08 de Agosto de 2017); 2. Ley Constituyente que crea el conglomerado «Agrosur» (Gaceta Oficial Nro. 41.272 del 06 de Noviembre de 2017); 3. Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (Gaceta Oficial Nro. 41.274 del 08 de Noviembre de 2017); 4. Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.- (Gaceta Oficial Nro. 41.276 del 10 de Noviembre de 2017) (Se reimprime por fallas en los originales).- (Reimpresión G.O Nº 41.274); 5. Ley Constitucional de Precios Acordados.- (Véase N° 6.342 Extraordinario de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 22 de noviembre de 2017); 6. Ley Constitucional sobre la creación de la Unidad Tributaria Sancionatoria (Gaceta Oficial Nro. 41.305 del 21 de Diciembre de 2017); 7. Ley Constitucional del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero (Gaceta Oficial Nro. 41.310 del 29 de Diciembre de 2017); 8. Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva (Gaceta Oficial Nro. 41.310 del 29 de Diciembre de 2017); y 9. Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas. (Gaceta Oficial Nro. 41.318 del 11 de Enero de 2018); 10. Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Gaceta Oficial Nº 41.330 del 29 de enero de 2018); y 11. Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores (Gaceta Oficial Nº 41.336 del 6 de febrero de 2018).
[116] Decreto Constituyente para la participación en Procesos Electorales (Gaceta Oficial Nro. 41.308 del 27 de Diciembre de 2017).
[117] Entre ellos el Decreto Constituyente sobre la Emergencia y Reestructuración del Ministerio Público (Gaceta Oficial Nro. 6.322 extraordinario del 05 de Agosto de 2017); y el Decreto Constituyente mediante el cual se dictan las Normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los Poderes Públicos constituidos (Gaceta Oficial Nro. 6.323 extraordinario del 08 de Agosto de 2017).
[118] Como por ejemplo el Decreto Constituyente de la Remoción de la ciudadana Luisa Marvelia Ortega Díaz como Fiscal General de la República (Gaceta Oficial Nro. 6.322 extraordinario del 05 de Agosto de 2017); el Decreto Constituyente de la designación Provisional del cargo de Fiscal General de la República Tarek Wiilians Saab (Gaceta Oficial Nro. 6.322 extraordinario del 05 de Agosto de 2017); Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica al ciudadano Nicolás Maduro Moros, como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Jefe de Estado y de Gobierno, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para el cual fue electo por decisión del soberano Pueblo de Venezuela (Gaceta Oficial Nro. 6.325 extraordinario del 10 de Agosto de 2017); Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica a las ciudadanas Tibisay Lucena Ramírez, Sandra Oblitas Ruzza, Socorro Elizabeth Hernández y Tania D´Amelio Cardiet, como Rectoras del Consejo Nacional Electoral (Gaceta Oficial Nro. 6.326 extraordinario del 11 de Agosto de 2017); Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica en el ejercicio de sus funciones constitucionales a los Magistrados y Magistradas Principales del Tribunal Supremo de Justicia (Gaceta Oficial Nro. 41.214 del 15 de Agosto de 2017); Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica al ciudadano Luis Emilio Rondón González, como Rector Principal del Consejo Nacional Electoral (Gaceta Oficial Nro. 41.214 del 15 de Agosto de 2017); Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica en el ejercicio de sus funciones constitucionales a los ciudadanos Tarek William Saab, Fiscal General de la República y Presidente del Consejo Moral Republicano; Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General de la República y Alfredo Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo (Gaceta Oficial Nro. 41.216 del 17 de Agosto de 2017); el Decreto Constituyente que autoriza la designación del Presidente del Banco Central de Venezuela (Gaceta Oficial Nro. 41.265 del 26 de Octubre de 2017); y el Acto Constituyente mediante el cual se ratifican en el ejercicio de sus funciones Constitucionales a los Magistrados y Magistradas Principales del Tribunal Supremo de Justicia. (Marisela Valentina Godoy Estaba y Danilo Antonio Mojica Monsalvo). (Gaceta Oficial Nro. 41.355 del 07 de marzo de 2018).
[119] En este punto es preciso destacar, que en entera contradicción a los límites de la Asamblea Nacional Constituyente establecidos en el artículo 347, la Asamblea Nacional Constituyente ha dictado en tres ocasiones “Decretos Constituyentes” con el único objeto de determinar la convocatoria a procesos electorales de representantes de los poderes públicos. Así pues mencionamos: 1. El Decreto Constituyente mediante el cual se reprograma para el mes de octubre del 2017, el proceso electoral para la escogencia de gobernadoras y gobernadores de estados, en el marco del cronograma electoral ya anunciado por el Poder Electoral, en ejercicio de sus funciones constitucionales (Gaceta Oficial Nro. 6.327 extraordinario del 12 de Agosto de 2017); 2. Decreto Constituyente de convocatoria y programación de las elecciones de Alcaldesas y Alcaldes, para el mes de diciembre del año 2017 (Gaceta Oficial Nro. 41.265 del 26 de Octubre de 2017); 3. Decreto Constituyente sobre la convocatoria de las Elecciones para la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 6.361 extraordinario del 23 de enero de 2018); y 4. Decreto Constituyente sobre convocatoria a Elecciones en la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial Nro. 41.351 del 1° de marzo de 2018).
[120] Decreto Constituyente mediante el cual se declaran juramentados ante esta soberana Asamblea Nacional Constituyente las gobernadoras y gobernadores de cada estado a las ciudadanas y ciudadanos que en él se indican (Gaceta Oficial Nro. 41.259 del 18 de Octubre de 2017); Acto Constituyente mediante el cual se juramentan la Gobernadora proclamada y Gobernadores proclamados (Gaceta Oficial Nro. 41.262 del 23 de Octubre de 2017); Decreto Constituyente mediante el cual se Juramenta el Gobernador Proclamado del estado Zulia (Gaceta Oficial Nro. 41.300 del 14 de Diciembre de 2017); Decreto Constituyente mediante el cual se delega la Juramentación de las Alcaldesas Proclamadas y Alcaldes Proclamados (Gaceta Oficial Nro. 41.300 del 14 de Diciembre de 2017)
[121] Decreto Constituyente sobre la convocatoria de las Elecciones para la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 6.361 extraordinario del 23 de enero de 2018).
[122] Decreto Constituyente sobre convocatoria a Elecciones en la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial Nro. 41.351 del 1° de marzo de 2018).
[123] De conformidad con el artículo 293.5 de la Constitución y 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Poder Electoral tiene entre sus funciones la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos.
[124] Según los artículos 136 y 137, cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias y solo la
Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen.
[125] Como lo establecen los artículos 230 y 231 de la Constitución, el período presidencial es de 6 años y el presidente de la República que resulte electo tomará posesión el 10 de enero del primer año de su período constitucional (en este caso, el 10 de enero del año 2019).
[126] En efecto, de conformidad con los artículos 293 y 294 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, los órganos del Poder Electoral tienen el deber de garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional.
[127] El proceso electoral destinado a la elección del presidente de la República en el mes de mayo del año 2018, no tuvo otro fin que favorecer a cierta línea política presente en el poder en la actualidad y discriminar a otra -de oposición-. En efecto, el decreto constituyente de convocatoria para la elección del Presidente de la República dictado por la ANC, es marcadamente parcializado y lo demuestra de forma clara al asociar a la oposición venezolana con los mencionados por él “poderes imperiales y poderes fácticos” de Estados Unidos y de la Unión Europea, que “han desatado una campaña sistemática de odio contra el Pueblo venezolano mediante agresiones a su economía, linchamientos mediáticos contra la venezolanidad y guerras sicológicas para medrar la identidad nacional y generar zozobra”; poniéndola en una situación no solo desventajosa a la hora de participar políticamente a través de sus candidatos en el proceso electoral, sino hasta excluyente. Vid. BADELL MADRID, Rafael, “Inconstitucionalidad del llamado a elecciones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Conferencia dictada en el Foro: "Llamado a elecciones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente", celebrado en la Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Derecho. Caracas, 21 de marzo de 2018.”. Disponible en: http://badellgrau.com/?pag=11
[128] La jefa de la alta diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, aseguró que el proceso actual no garantiza transparencia ni elecciones creíbles. Vid. http://www.france24.com/es/20180519-elecciones-venezuela-maduro-comunidad-internacional
[129] Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronunció sobre el contexto político, económico y social que atraviesa Venezuela respecto del proceso electoral del 20 de mayo de 2018 expresando que “no se cumplen de ninguna manera las mínimas condiciones para unas elecciones libres y creíbles”. Vid. “Las irregularidades que manchan las elecciones presidenciales”, El Nacional, acceso el 20 de mayo de 2018, http://www.el-nacional.com/noticias/politica/las-irregularidades-quemanchan-las-elecciones-presidenciales_230214
[130] En la Declaración de Mandatarios del Grupo de Lima, de fecha 14 de abril de 2018, los ministros y representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Finanzas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, con la participación de España y por videoconferencia el Secretario de Estado de los Estados Unidos y altos funcionarios del Departamento del Tesoro de ese país, hicieron un llamado al Gobierno venezolano a suspender las elecciones generales previstas para el próximo 20 de mayo, por cuanto fueron convocadas por una autoridad ilegítima, sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional independiente y sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático. Vid. http://www.sre.gob.hn/portada/2018/Mayo/15-05-18/COMUNICADO%20DEL%20GRUPO%20DE%20LIMA.pdf; http://www.consulado.pe/es/Boston/Documents/ANEXO%201-Comunicado%20del%20Grupo%20de%20Lima.pdf

References: artículo 236
 artículo 4
 artículo 145
e contrario
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 49
 artículo 261
 artículo 237
 artículo 187
 artículo 339
 artículo 33
 artículo 252
 artículo 3
 artículo 296
 Resolución 
 artículo 339
 artículo 339
 artículo 339
 artículo 338
 Artículo 330
 Artículo 145
 artículo 145
 artículo 299
 artículo 299
 artículo 113
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 100
 artículo 2
 artículo 100
 Resolución 
 artículo 153
 Artículo 23
 artículo 187
 artículo 20
 resolución 
 Resolución 
 artículo 252
 artículo 252
 artículo 98
 artículo 252
 artículo 296
 artículo 296
 artículo 72
 Artículo 274
 artículo 347
 artículo 293
 artículo 3