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Timestamp: 2019-11-13 23:47:00+00:00

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El recurso de alzada y los pasos para recurrir con éxito | Iuris NOW
Entre los recursos ordinarios del proceso administrativo, destaca el recurso de alzada, interpuesto contra actos administrativos y resoluciones expresas de diferentes órganos, que no pongan fin a la vía administrativa.
Una de las grandes características de este recurso, es que para su interposición no es necesaria la representación por abogado ni por procurador, aunque sí es conveniente para que lo que se recurre tenga éxito.
1 ¿Qué es el recurso de alzada?
2 Frente a qué actos o disposiciones se puede interponer recurso de alzada
3 Plazos para interponer el recurso de alzada
4 Requisitos para que nuestro recurso de alzada sea aceptado y tenga éxito
4.1 ¿Qué datos deben constar en el escrito de interposición del recurso de alzada?
5 ¿Qué sucede si no recibimos ninguna resolución a nuestro recurso de alzada?
5.1 Fin del procedimiento
Básicamente, el recurso de alzada es un recurso de carácter administrativo, mediante el cual el recurrente pretende conseguir que un órgano administrativo revise un acto que ha sido dictado por otro órgano. El órgano administrativo que dictó el órgano depende jerárquicamente del que lo revisa, que podrá enmendar los efectos de dicho acto, siempre conforme a derecho.
El recurso de alzada concluye la fase administrativa en aquellos casos en que los actos y resoluciones no la hayan agotado por sí mismos; de esta forma, la interposición de este recurso es una condición imprescindible para poder interponer un recurso contencioso-administrativo.
Frente a qué actos o disposiciones se puede interponer recurso de alzada
El recurso de alzada se puede interponer contra las resoluciones administrativas y los actos de trámite. Para que estos actos puedan recurrirse por esta vía, deben cumplirse algunos requisitos:
Que dichos actos decidan sobre el fondo del asunto.
Que los actos de trámite hacen imposible continuar con el procedimiento.
Que produzcan un perjuicio irreparable en los derechos e intereses legítimos de quien recurre.
A este principio básico anterior cabe oponer algunas excepciones, es decir, resoluciones administrativas que terminan directamente la vía administrativa, y por tanto no pueden recurrirse en alzada:
Las mismas resoluciones que deciden los recursos de alzada.
Las resoluciones que se dicen en los procedimientos de impugnación del artículo 112.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
Las resoluciones de aquellos órganos administrativos que no tengan superior jerárquico, excepto que una Ley establezca lo contrario.
Aquellos acuerdos, pactos, convenios y contratos a los que se les considere finalizadores de procedimiento.
Resoluciones administrativas en procedimientos de responsabilidad patrimonial.
Resolución de procedimientos complementarios en materia sancionadora.
Otras resoluciones de órganos administrativos, en caso de que una disposición de ámbito legal o reglamentario lo establezca.
El recurso, como hemos visto, se interpondrá ante el órgano superior del que dictó dicho acto administrativo que se recurre en alzada. Una vez que se agota la vía administrativa con este recurso, lo siguiente será el recurso judicial contencioso-administrativo.
Plazos para interponer el recurso de alzada
El plazo genérico para la interposición del recurso de alzada es de un mes cuando el acto sea expreso; si no es así, puede interponerse en cualquier momento desde que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
El plazo para que se resuelva el recurso de alzada es de tres meses. Pasado este período sin que se haya dictado resolución, el recurso podrá entenderse desestimado, salvo algún supuesto muy concreto.
Requisitos para que nuestro recurso de alzada sea aceptado y tenga éxito
Son dos los requisitos fundamentales para interponer el recurso de alzada:
Que sea interpuesto contra resoluciones y actos de trámite que no finalicen la fase administrativa.
Que el recurso sea interpuesto en el plazo legalmente establecido.
¿Qué datos deben constar en el escrito de interposición del recurso de alzada?
El nombre y apellidos del recurrente, adjuntándose copias de documentos de identificación personal.
El acto recurrido y la causa o razón para su impugnación.
El lugar, fecha, firma de quien recurre, así como la identificación del medio y lugar que se quiere señalar a efectos de futuras notificaciones.
El órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige el recurso.
Otras particularidades y datos exigidos por disposiciones específicas correspondientes.
¿Qué sucede si no recibimos ninguna resolución a nuestro recurso de alzada?
Cuando transcurren los tres meses sin que el recurrente haya obtenido ninguna notificación de resolución, ¿qué ocurre en ese caso? En el artículo 24 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se afirma que, en aquellos procedimientos iniciados por solicitud del interesado, dicho interesado podrá entender estimada la resolución a sus intereses. Siempre que otra ley o norma de la Unión Europea o derecho internacional no establezcan lo contrario.
En algunos casos, ante la falta de resolución expresa, puede entenderse desestimatoria por el recurrente:
Los procesos basados en el ejercicio del derecho de petición, del artículo 29 de la Constitución española.
Los procesos cuya estimación tenga la consecuencia de que el recurrente o terceros obtienen facultades de dominio o servicio público.
Cuando se trate de actividades susceptibles de dañar el medio ambiente.
Procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio, que han sido iniciados a solicitud de los interesados.
La estimación del recurso de alzada por silencio administrativo es considerada acto administrativo que finaliza el procedimiento, a todos los efectos. Por el contrario, la desestimación por silencio administrativo conlleva el derecho para los interesados de interponer el siguiente recurso administrativo, o el contencioso-administrativo que proceda.
Estos actos que se derivan del silencio administrativo pueden hacerse valer por el recurrente ante entes y organismos administrativos, así como ante cualquier persona física o jurídica, ya sea pública o privada. Además, pueden acreditarse a través de todo tipo de pruebas admitidas en Derecho, incluyendo un certificado que acredite el silencio administrativo que se ha producido.

References: resolución 
 artículo 112

Resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 artículo 29