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Timestamp: 2019-08-26 06:49:04+00:00

Document:
Personal Sanitario - Área temática de salud. Informe anual 2010
Denegación sistemática de permiso por antigüedad ya reconocido judicialmente
Adaptación o reubicación de puesto de trabajo por razón de discapacidad
Revocación Resolución por la que acordaba la exención de guardias al interesado.
En este apartado del informe vamos a dar cuenta de aquellas quejas que se han dirigido a esta Institución, en el año 2010 a instancias del personal sanitario incluido en el ámbito de gestión del Servicio Andaluz de Salud.
Los temas que durante este año 2010 han generado más conflictividad, o que por su temática o por el número de personas afectadas merecen ser destacados, son los siguientes: reconocimiento de servicios prestados durante la baja maternal; no baremación como mérito en los procesos selectivos de los cursos impartidos por los sindicatos; situación de los hospitales ante la no cobertura de las bajas y vacantes; baremación como mérito de la experiencia docente en hospitales de la UE; irregularidades en el funcionamiento de la bolsa única; irregularidades en el desarrollo de los procesos selectivos a los distintos cuerpos sanitarios; denegación sistemática de permiso por antigüedad reconocido ya judicialmente; adaptación de plaza a personal discapacitado; revocación de resolución por la que se autorizaba a un funcionario la exención de guardias...
De entre los asuntos citados, por su interés, nos vamos a detener en el examen de los siguientes:
Errores en la gestión de la Bolsa de Contratación –Categoría Celador-conductor, Turno minusválido- del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
La queja 07/2700 fue presentada por una persona minusválida, incluida en la Bolsa de Contratación del Servicio Andaluz de Salud, en la categoría Celador-Conductor, que consecuencia de los errores imputables a los gestores de la Bolsa, le habían impedido acceder a una contratación temporal, en beneficio de otros trabajadores con una menor puntuación.
De la completa y detallada información facilitada por la Dirección de Gestión Económica y Desarrollo Profesional, del Distrito Sanitario de Málaga, del Servicio Andaluz de Salud, se constata se constata el reconocimiento por parte de la Administración de haber incurrido en un error administrativo al no contratarse, en primer lugar, al promotor de esta queja, por la reserva de discapacitado, debido a la falta de actualización de los listados de la Bolsa temporal de celadores conductores.
En consecuencia, procedimos a trasladar a la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, del Servicio Andaluz de Salud, recordatorio de deberes legales sobre el cumplimiento de lo establecido al respecto sobre subsanación de errores y en su caso, reparación de perjuicios causados al interesado por la Administración, de conformidad con lo previsto por la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, al mismo tiempo, Recomendamos la necesidad de adoptar las medidas oportunas para subsanar los errores reconocidos.
La citada Dirección General en su respuesta entiende que de verificarse que efectivamente se produjo una lesión de los derechos al interesado, dos son las vías que debió adoptar:
“1) Impugnación ante el orden jurisdiccional competente. Siendo el hecho causante del daño un acto administrativo, resalta la circunstancia de que el mismo no fue, tras la desestimación por silencio administrativo, impugnado por el reclamante, ante la jurisdicción competente; esta falta de impugnación del acto administrativo determina la ficción de que el acto ha sido consentido por el interesado y éste viene obligado a soportar las consecuencias de sus propios actos.
2) Resarcimiento por la vía de la Responsabilidad Patrimonial. Si el Sr.-- entendía que el daño era susceptible de resarcimiento pudo ejercer la acción de responsabilidad patrimonial al amparo de lo dispuesto en el art. 139 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común “los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En todo caso, el daño alegado ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”. Conforme a este artículo y ss. se exige la concurrencia de determinados presupuestos para concluir que existe responsabilidad patrimonial de la Administración, entre ellos, el plazo como prevé el art. 142.5 de la misma Ley cuando establece que “En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.”
Finalmente, por el titular de la Dirección General se justificaba la no aceptación de la resolución formulada amparándose en el instituto de la prescripción. Así, señala:
“Procede, en primer lugar, determinar si en el presente supuesto ha operado o no el instituto de la prescripción. A este respecto, el propio interesado en su escrito de reclamación de 16 de Septiembre de 2004, ante la Bolsa de Contratación de la Delegación Provincial de Salud de Málaga, reconociendo las irregularidades administrativas que originan su denuncia, sitúa el inicio del cómputo del plazo prescriptivo, debiendo concluir que la acción para reclamar por la vía de responsabilidad patrimonial ha prescrito. Cabe añadir que el fundamento de la acción de responsabilidad patrimonial en la ilegalidad de una resolución de la administración que ha devenido firme por haber sido consentida por el administrado también impide apreciar la presencia del elemento de la antijuricidad, presupuesto asimismo concurrente para determinar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración “.
Fiel reflejo de la problemática que ilustra este apartado lo es la queja 09/6183.
En su escrito de queja la interesada exponía que prestaba sus servicios como médico en un hospital sevillano, (...) con plaza en propiedad como personal estatutario.
Manifestaba la interesada que en base a lo establecido en el art. 48.2 de la Ley 7/2007 de 12 de Abril del Estatuto Básico del Empleado Público, solicitó al Servicio Andaluz de Salud,(en adelante SAS) en Junio de 2008, la concesión de los seis días adicionales de permiso que por su antigüedad le corresponden.
No obstante, contaba la interesada que el SAS denegó dicho permiso obligándola a presentar recurso contencioso-administrativo.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso de la interesada.
En consecuencia, explicaba la interesada que el SAS, en cumplimiento de la referida sentencia le concedió el permiso que tenía solicitado.
Comentaba la interesada que en el último año se habían producido numerosas sentencias de los distintos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por recursos similares de otros compañeros a los que también el SAS les había negado dicho permiso y todas ellas habían sido favorables a los recurrentes.
A pesar de ello, denunciaba la interesada que al año siguiente –2009- solicitó al SAS los mismos días adicionales de permiso correspondientes, si bien, igualmente le fueron denegado le fueron denegados.
Dicha denegación, exponía la interesada, no le dejaba otra opción que volver a recurrir ante el juzgado de lo Contencioso- Administrativo.
Finalmente, manifestaba la interesada que actitud denegatoria del SAS se repetía sistemáticamente (...).
La presente queja se admitió a trámite, solicitando el preceptivo informe de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos.
En nuestra solicitud de información dirigida al mentado Centro Directivo, interesamos del mismo que se nos indicarán los motivos que justificaban o avalaban la posición mantenida por la Administración del SAS, en el sentido de denegar sistemáticamente los permisos solicitados por su personal en base a la antigüedad reconocida, cuando el derecho a su disfrute ya había sido declarado, si bien en periodos anteriores por los juzgados de los contencioso administrativo.
Pues bien, en su informe la Dirección General afectada, nos comunicaba los siguiente:
“A la vista de la mayoría (que no unanimidad) de sentencias que estimaban los recursos planteados en vía judicial, esta Dirección General ha adoptado el criterio judicial rectificando el criterio hasta entonces mantenido, y mediante Resolución de 2 de Febrero del presente año ha incorporado al Manual normas y procedimientos en materia de vacaciones, permisos y licencias del personal de centros e instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud este controvertido beneficio de días adicionales por razón de antigüedad, con lo que se debe poner fin a la situación de conflicto generada”.
De la información recibida cabía deducir que el asunto plantado en queja se encontraba en vías de solución. En consecuencia, procedimos decretar el archivo provisional de las actuaciones.
Ilustra la problemática comentada la queja 09/6218. En esta queja la interesada exponía que había solicitado a la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir de Montilla, la necesidad de que se le concediese la plaza de minusvalía de su misma categoría, que al parecer, estaba vacante.
Exponía la interesada que con posterioridad a su ingreso como trabajadora indefinida en la citada Empresa Pública se le diagnosticó una discapacidad del 42%, por lo que estaba realizando tareas impropias de las patologías que padezco. Este hecho, consideraba la interesada que suponía una vulneración de los derechos que la ley le reconocía en atención a su discapacidad, principalmente, la adaptación en su puesto de trabajo, a la que tan siguiera, denunciaba la interesada, los órganos de la Empresa se había pronunciado para denegar o conceder lo solicitado, sometiéndola a un silencio administrativo, en su opinión, inaceptable.
Esta queja fue admitida a trámite, solicitándose la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir la información necesaria sobre la cuestión denunciada.
Recibido el informe de la citada Empresa Pública, observamos que dicho organismo había llevado a cabo una exhaustiva investigación, en la que habían intervenido el Área de Prevención de Riesgos Laborales y el Área de Medicina Preventiva.
Dada la extensión del mentado informe, a continuación procedemos a transcribir los aspectos más destacados del mismo:
“(...) Se puede afirmar que a la trabajadora se le ha realizado un seguimiento contínuo de su estado de salud, y de la adecuación de su puesto de trabajo, tanto por el Área de Medicina Preventiva como por el de Prevención de Riesgos Laborales de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, siguiendo incluso, como sucede con cualquier minusvalía que es comunicada a la empresa Pública el procedimiento establecido en la misma para la Protección de Personal Especialmente Sensible. Han sido valoradas las secuelas que presentaba la trabajadora a nivel de miembros inferiores consecuencia de proceso sufrido en la infancia. Además, se han tenido en cuenta las tareas que realiza en el puesto de trabajo de celador en Consultas Externas, y la evaluación específica de riesgos por carga física realizada por el Área de Prevención de Riesgos Laborales (en el que se objetiva el puesto de Celador de Consultas externas como el puesto de celador de menor carga física y bipedestación existente en el centro), y se ha concluido que dicha trabajadora es apta para el puesto de trabajo que ocupa en el área de Consultas Externas, no estimándose la necesidad de restricción o readaptación del puesto de trabajo, siempre que se sigan las recomendaciones generales dadas para el puesto con objeto de minimizar y prevenir los riesgos de carga física como el empleo de transfer, los medios mecánicos de transporte, así como la solicitud de ayuda a compañeros para la movilización de pacientes más dependientes.
Debe advertirse que, dentro del entorno jurídico laboral en que se desenvuelve el trabajo en la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, la totalidad del seguimiento que ha sido descrito, se ha llevado a cabo con pleno conocimiento de la trabajadora, procediendo a la contestación de las solicitudes que la misma ha realizado por parte de los distintos responsables de las Áreas implicadas, así como sus responsables inmediatos directos (supervisores, directores de enfermería, etc.) quienes directamente la han atendido siempre que ha sido solicitado, o ha sido considerado conveniente o preceptivo de oficio a la luz de los hechos de los que la Empresa Pública tenía conocimiento.
En el seguimiento realizado a la trabajadora han intervenido las siguientes Áreas.
- Área de Medicina Preventiva de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
- Director de Recursos Humanos.”
Finalmente tras un análisis detenido de cuanto se nos trasladaba por la Empresa Pública afectada, hubimos de concluir que de acuerdo con los estudios realizados por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y por el Servicio de Medicina Preventiva el puesto que ocupaba la interesada resultaba adecuado y compatible con la discapacidad que en un porcentaje del 42% tenía reconocida.
Entendía esta Institución que no existían argumentos que viniesen a restar validez a la información que se nos había trasladado por parte de la Empresa Pública. Pero es que además, esta Institución carecía de los medios personales y materiales necesarios en aras a cuestionar los dictámenes emitidos al respecto por los servicios especializados en la materia.
En consecuencia, informamos a la interesada que si era su intención continuar su reclamación en defensa de su pretensión de reubicación de puesto de trabajo en atención a su discapacidad, debía dirigirse a la jurisdicción de lo social, toda vez que es sede jurisdiccional dónde podría valerse de los medios de prueba documentales, testificales y periciales que resultasen necesarios en aras a acreditar su situación, desvirtuando así la posición mantenida por su empresa.
La presente queja fue archivada al no apreciarse irregularidad en la actuación de la Empresa Pública Sanitaria en relación con los hechos que motivaban la queja de la interesada ante esta Institución.
La problemática que ilustra este epígrafe es fiel reflejo de la queja 09/159. En esta queja el interesado denunciaba que presentó solicitud de exención de jornada complementaria (guardias médicas) con motivo de alcanzar en el año 2009 la edad de 55 años, solicitud que fue atendida favorablemente dictándose Resolución por la que se concedía la exención de jornada complementaria y se le eximía de la obligación de realizar la misma con la consiguiente pérdida de retribuciones por este concepto, con efectos del día 5/8/2009, fecha en la que cumplía la edad de 55 años.
Sin embargo, contaba el interesado que por Resolución de fecha (...) se procedió de forma unilateral a revocar la anterior concesión, fundando dicha revocación en necesidades asistenciales y organizativas en base al número de facultativos con que contaba el servicio, la reducción de jornada de otros facultativos con posterioridad a su exención y la falta de disponibilidad de personal en la categoría profesional, lo que en modo alguno justificaba, en opinión del interesado, la resolución dictada.
Citaba el interesado en su queja el Decreto 21/2000, de 31 de Mayo, artículo primero que regula la exención de guardias médicas, del tenor literal que a continuación se reproduce:
«Los facultativos de atención especializada del Servicio Andaluz de Salud mayores de 55 años podrán optar entre seguir o no realizando guardias médicas, con la consiguiente pérdida de retribuciones por este concepto en el segundo de los supuestos. Esta exención será autorizada siempre que las necesidades del servicio así lo permitan».
No obstante, manifestaba el interesado que tales necesidades asistenciales habían de condicionar la autorización cuando se solicitaba inicialmente, lo que no cabía era que una vez autorizada por la administración la exención de la jornada, se actuase en contra de sus propios actos, revocando dicha resolución.
En su escrito, el interesado, dejaba señalada la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia Sala de lo Contencioso Administrativo, S 22-7-2009 «las exenciones de guardias no pueden quedar supeditadas a la modificación de las necesidades asistenciales, las cuales deben ser contempladas en el momento de resolver acerca de la concesión o no de la exención, pero que no afectan su subsistencia una vez reconocida” aduciendo además, que el reconocimiento del derecho a la exención por la resolución administrativa no se hace de forma temporal ni supeditada a ninguna condición revocatoria implícita, lo cual además no está previsto en las normas que la regulan»
Admitida a trámite la queja, nos dirigimos a la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud solicitando de dicho organismo la emisión del perceptivo informe en relación con la cuestión planteada. Y en particular solicitábamos conocer que amparo legal encontraba la revocación de una Resolución administrativa, en virtud de la cual se acordaba una reducción de jornada a un funcionario, y que ya había surtido sus efectos.
En respuesta a nuestra solicitud de información, el citado Centro Directivo, nos remite su informe, del que merecen ser destacados los siguientes aspectos.
“En el derecho 21/2000, de 31 de Enero, sobre régimen jurídico de las guardias médicas (BOJA núm.1, de 5 de Enero) y en la Orden de 10 de Mayo de 2000, sobre guardias médicas en los centros Hospitalarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 65, de 6 de Junio), en sus respectivos art. 1 y art. 2, se confirió la opción de hacerlas o no a los facultativos mayores de 55 años, regulándose el procedimiento, y condicionando la autorización de la exención a que las necesidades del servicio así lo permitieran.
Subsiste, por tanto, la aplicabilidad de los referidos Decretos 21/2000 y complementaria Orden de 10 de Mayo de 2000. Ahora bien, basta una simple lectura de dicha Orden y más concretamente de su artículo 2 para verificar que el simple cumplimiento de la edad de 55 años no genera un derecho absoluto por parte del profesional para la exención de la realización de guardias médicas, hoy de jornada complementaria, sino que para acceder a ello la Dirección Gerencia del Hospital debe tener en cuenta las necesidades del servicio. Y han sido tenido en cuenta estas necesidades para revocar su concesión.
(...) A la vista de lo expuesto, y teniendo en cuenta las necesidades asistenciales y organizativas del Servicio de Radiología del Hospital de la Línea (Cádiz), en uso de las competencias atribuidas por el punto 2 del Acuerdo de 30 de Diciembre de 2003 anteriormente citado, en su intento de asegurar una mayor calidad en la prestación de los servicios que integran la misma, así como una mayor eficiencia en el uso de los recursos asignados, se revocó con fecha 18 de Diciembre de 2009 la exención que había concedido al Sr. (...) concurrir distintas circunstancias en la situación organizativa del servicio que reclamaban su presencia en jornada de guardia.”
En estos momentos, el informe recibido se encuentra en fase de estudio y valoración.
No obstante podemos avanzar que, en principio, la normativa que se cita por la Administración sanitaria para justificar la revocación de la Resolución por la que se concede al interesado la exención de guardias, resultaría de aplicación a los efectos de la admisión o no de la solicitud de exención, si bien no parece que dicha normativa contemple la posibilidad de revocación de oficio de dicha exención, una vez reconocido el derecho, aunque existan problemas de personal.
Entendemos que en estos casos, existen otros mecanismos para cubrir la falta de personal en momentos determinados, que no supongan la lesión de un derecho ya reconocido a un funcionario.
En todo caso, antes de dictar un resolución en la queja, procede realizar un examen exhaustivo de la normativa aplicable, así como de la doctrina jurisprudencial existente sobre el asunto controvertido.
Dada la relevancia que este asunto podría tener, nos comprometemos a dar cuenta a esa Cámara en el próximo Informe de la Resolución que finalmente se adopte.
URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

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