Source: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/ruedas/Paginas/2017/cmrp20170224.aspx
Timestamp: 2020-01-21 03:28:55+00:00

Document:
La Moncloa. 24/02/2017. Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, y del ministro de Fomento, después de la reunión del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/Transcripción rueda de prensa]
Sr. de la Serna.- Tal y como ha dicho el Ministro Portavoz, efectivamente, el Consejo de Ministros, en su primer punto del orden del día, ha aprobado el Real Decreto Ley sobre el régimen de los trabajadores de la estiba. Como ustedes ya conocen, el sistema de la estiba en este país funciona a través de la SAGEP, las sociedades de gestión de trabajadores portuarios, y está marcado por la situación de que cualquiera de las empresas estibadoras que trabajen tienen la obligación de ser accionistas de la SAGEP y, además, tienen la obligación de contratar estibadores que pertenezcan a la SAGEP. Por lo tanto, es el único sector económico en el que no existe libertad de contratación en este país.
Esto ha motivado la sentencia del 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena al Reino de España a realizar una modificación de la Ley de Puertos del año 2010, fruto también del requerimiento que se hizo al Reino de España en el año 2011. Fundamentalmente, lo que traslada es que la modificación legal que tiene que llevar a cabo el Gobierno permita que las empresas no tengan que participar obligatoriamente del capital de la SAGEP y puedan contratar libremente a sus trabajadores.
Esta sentencia, al no haberse dado cumplimiento a la misma, es decir, al no haberse aprobado una reforma legal, entre otras cuestiones, fruto del período en funciones del Gobierno, que no tenía capacidad legal para poder llevar a cabo esa modificación, va a dar lugar de manera inminente a una segunda sentencia condenatoria propuesta por la propia Comisión Europea, que consiste en pagar una cantidad, que en estos momentos asciende a unos 21,5 millones de euros y, a partir de la sentencia, una multa coercitiva de 134.107,2 euros todos los días, cada día, hasta que se lleve a cabo la reforma legal. Es decir, no hay fecha fin para seguir pagando esta cantidad de una manera permanente.
Por lo tanto, estamos ante una situación en la que el Gobierno de España está obligado al cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Real Decreto Ley, que plantea y que ha aprobado el Gobierno en su reunión del Consejo de Ministros, se ciñe, única y exclusivamente, al cumplimiento de la sentencia; es importante señalarlo. Se ciñe, única y exclusivamente, al requerimiento que lleva a cabo la Comisión Europea para el cumplimiento de esta sentencia.
Para llegar a este Real Decreto Ley el Gobierno lleva cerca de dos años negociando y dialogando con los sindicatos y con la patronal. Han sido numerosísimas las reuniones que se han mantenido para intentar formular un Real Decreto Ley que tuviera el acuerdo, tanto de patronal, como de sindicatos, y ese diálogo ha existido y ese diálogo nos ha permitido llevar a la Comisión Europea… Es la garante del cumplimiento de la sentencia y, por lo tanto, la que tiene que dar el visto bueno a ese cumplimiento o que, en su caso, puede desistir de la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hemos ido incorporando todos los requerimientos, solicitudes, que nos iban trasladando los sindicatos hasta el límite que la propia Comisión Europea nos ha permitido incorporar, puesto que la propia Comisión ha establecido una serie de criterios que, desde luego, no iba a admitir y que, por tanto, entendía que no daban cumplimiento a la sentencia.
Por eso, me interesa señalar que el Real Decreto Ley, cumpliendo la sentencia, otorga la máxima flexibilización posible a favor de los trabajadores que se puede dar con los límites que nos ha marcado la propia Comisión.
Esta propuesta contempla una serie de requisitos entre los cuales está la regulación de lo que se conocen como los Centros Portuarios de Empleo; Centros Portuarios de Empleo que vienen a ser unas ETTs especializadas en las zonas portuarias, en donde se establecen los trabajadores, los estibadores, que pueden formar parte del mismo, pero que la Comisión ya nos deja claro: no pueden tener un tratamiento jurídico diferenciado de lo que pueda ser otra ETT. Es decir, no tienen capacidad estos Centros Portuarios de Empleo de ser centros a los que haya que acudir de forma restrictiva u obligatoria por parte de las empresas.
Además, en esos Centros se puede dar acceso a través de una serie de requisitos y exigencias de profesionalidad y capacitación de los trabajadores, añadiendo entre ellos la posibilidad de que, dentro de esos requisitos, sea suficiente con acreditar más de cien jornadas de trabajo en el servicio portuario de manipulación de mercancías en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Es decir, que la totalidad de los trabajadores que en estos momentos están realizando las funciones en el marco de la estiba van a poder cumplir con este requisito, aun cuando no tengan acreditada otra formación.
Por otra parte, se contempla un período transitorio --ésta era otra de las condiciones que nos habían formulado los sindicatos-- que será de tres años finalmente, y no puede ser de más porque, aunque se ha solicitado a la Comisión que fueran inicialmente siete años y, posteriormente, cuatro años, la Comisión ha debajo bien claro, por escrito, que no puede superar los tres años, porque entiende que desde la primera sentencia ha transcurrido ya un año en el que el sistema ha seguido funcionando de la misma manera.
En ese período transitorio, las empresas tendrán que contratar, en el primer año, el 75 por 100 de la SAGEP; en el segundo, el 50 por 100; en el tercero, el 25 por 100, y después ya podrán también contratar libremente a otros trabajadores, tal y como sucede en cualquier otro sector económico en este país.
Finalmente, se establece un sistema de compensaciones a través de cual las propias autoridades portuarias se hacen cargo de los derechos pasivos de los propios trabajadores, de tal forma que esto es un estímulo para la contratación de estas personas que en estos momentos están desarrollando esa tarea, porque no tienen que hacer frente a esos pasivos laborales que tienen los trabajadores y pueden estar en igualdad de condiciones que otras empresas que puedan acudir al mercado y ejercer como operadores en los puertos. Esta asunción de las indemnizaciones o de los pasivos laborales por parte de las autoridades portuarias es un paso muy importante de cara a las empresas y de cara a los propios trabajadores.
A partir de la aprobación de este Real Decreto Ley, que, insisto, es una obligación como consecuencia de la sentencia que tenemos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, comienza otro proceso, que es muy importante, que es el proceso de la negociación colectiva. En ese proceso, que puede durar hasta un año --es decir, el Real Decreto Ley contempla el plazo de un año para adaptar los convenios colectivos a lo que dice que el Real Decreto Ley--, se pueden acordar otro tipo de cuestiones que no pueden figurar en una ley, porque en sí no pueden figurar o porque, además, la Comisión nos prohíbe que figuren. Póngase el ejemplo de la subrogación de un trabajador, que no puede ser de obligado cumplimiento legal, pero sí puede formar parte del acuerdo que haya entre empresa y sindicatos.
Es éste el marco en el que se puede y se debe alcanzar acuerdos para garantizar la estabilidad en el empleo y las condiciones sociales. Para ello, lo que ha ofrecido el Gobierno es un mediador y es lo que en estos momentos está sucediendo, con dos reuniones ya celebradas; un mediador imparcial en la negociación entre sindicatos y patronales, que está dirigiendo ese proceso.
Por eso, me gustaría resaltar, para concluir, tres cuestiones que considero importantes: la primera, la del diálogo. El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo de diálogo y el Gobierno ha estado permanentemente en contacto con sindicatos y patronal para alcanzar ese diálogo. Es cierto que, finalmente, los sindicatos han mantenido posiciones inamovibles en algunos aspectos, por ejemplo, la creación de un registro o lista contingentada, que sabemos a ciencia cierta, porque así nos lo ha trasladado la propia Comisión, que no es posible incorporarlo en un Real Decreto Ley; pero, existiendo como existen esas posiciones inamovibles en esos aspectos concretos, sí creo que puedo decir que se ha flexibilizado al máximo, insisto, y la balanza claramente cae del lado de los trabajadores.
Esto lo demuestra el hecho de que la propia patronal nos planteaba en la negociación que se eliminara el período transitorio o que se eliminaran los centros portuarios de empleo y otra serie de cuestiones que se han incluido en el Real Decreto Ley a petición de los propios trabajadores. Es decir, hemos ido hasta el límite máximo que nos ha permitido al propia Comisión para favorecer a los trabajadores.
En segundo lugar, el convenio colectivo. Quisiera decir que valoramos el Gobierno muy positivamente que sindicatos y patronal estén en estos momentos sentados en la mesa de negociación, y estamos agradecidos por que se haya iniciado ese proceso. Es en este campo en el que hay margen más que suficiente para llegar a acuerdos. Es en esa mesa de negociación colectiva donde hay la capacidad plena de poder llegar a un entendimiento que garantice la estabilidad en el empleo y que garantice los derechos sociales de los trabajadores. Por eso, queremos hacer un llamamiento a sindicatos y a patronal para que intensifiquen las reuniones que tienen que mantener en los próximos días en el marco de este Real Decreto Ley, porque estamos convencidos de que pueden alcanzar un acuerdo. Si hay voluntad de las partes, van a llegar a un acuerdo; si realmente quieren y tienen ánimo constructivo para conseguir un punto de encuentro, estamos convencidos de que lo van a poder hacer.
Por eso, queremos decir que el Gobierno va a estar ahí, por supuesto, presente; pero hay un mediador, que es el que va a intentar que ese acuerdo pueda alcanzarse también en el menos tiempo posible.
Por último, una mención también al resto de grupos políticos, para también hacer un llamamiento a la responsabilidad, teniendo en cuenta que estamos ante la necesidad de cumplir con una sentencia contra el Reino de España; que, además, de no hacerlo, sería el primer incumplimiento del Reino de España de un tratado de la Unión. Consideramos que esto es algo que daña gravemente la imagen del país; pero que supondría, por encima incluso de eso, una multa coercitiva de 134.000 euros todos los días, que saldría del bolsillo de todos los españoles. Estoy convencido de que ningún grupo quiere que se vayan acumulando los millones de euros como deuda del Gobierno de España. Por lo tanto, tenemos que cumplir esa sentencia y se entendería de forma difícil que no se facilitara por parte de los grupos políticos el cumplimiento de esa sentencia.
Me gustaría que la responsabilidad todavía fuera más allá, en el sentido de colaborar y ayudar a favorecer esa negociación colectiva, porque es el marco en el que se pueden alcanzar esos acuerdos: favorecer el que exista un clima de diálogo sereno y tranquilo en estos momentos entre la patronal y los sindicatos, porque el acuerdo será más fácil, evidentemente, cuanto menos ruido político haya y, evidentemente, cuanta menos presión sobre cualquiera de las partes exista. En esto me refiero puntualmente, y debo hacerlo, a la convocatoria de la huelga, que, evidentemente, aporta inestabilidad y presión a una mesa de negociación colectiva en la que hay que intentar mantener ese clima de normalidad.
Por eso, quiero decir que el Gobierno hoy, con esta aprobación, ha cumplido con su obligación, como no podía ser de otra manera, de acatar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; pero que esto no es el final de nada, sino el principio de lo que corresponde ahora, que es la garantía de los derechos de los trabajadores y de la estabilidad en el empleo. Creo que en esto todos tenemos y compartimos los mismos objetivos y, por supuesto, en el proceso el Gobierno va a continuar estando ahí.
P.- Mariano Calleja, del diario "ABC". Al Ministro Portavoz le quería preguntar por los contactos del Gobierno y sus diferentes posibles socios. En concreto, con el PNV, ¿cómo va la negociación presupuestaria? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno? ¿Es una negociación presupuestaria que se queda ahí o al Gobierno le gustaría que el PNV fuera un socio de legislatura, digamos, que fuera mucho más allá?
Respecto al PSOE y Ciudadanos, ha habido un parón en los acuerdos con el Partido Socialista respecto a lo que había en diciembre, por ejemplo, esos acuerdos de diciembre. ¿A qué atribuye ese distanciamiento? Ese distanciamiento se ha producido también con Ciudadanos esta última semana, a raíz de lo de Murcia. ¿Cómo está la situación, el estado general, con los posibles aliados?
Al ministro de Fomento, por este asunto también del diálogo y el Real Decreto Ley que se ha aprobado. Pide responsabilidad pero ¿con quién ha hablado y qué apoyos espera tener? ¿Confía en que el Partido Socialista le convalide este Real Decreto Ley?
Portavoz.- En relación con los Presupuestos, me han oído decir muchas veces en estas ruedas de prensa que el Gobierno tiene firme propósito de presentar los Presupuestos Generales del Estado, y ello porque cree que beneficia a todo el mundo, especialmente a los ciudadanos. Por tanto, estamos trabajando en ello, es un compromiso del presidente del Gobierno y estamos, como es lógico, hablando con todas las fuerzas políticas para saber cuál es su voluntad.
Yo creo que es el momento de pensar más allá de los intereses partidistas, de mirar al horizonte y de ver que esos Presupuestos nos darán, no sólo estabilidad interna, sino credibilidad también en Europa. Por tanto, creo que es una buena cosa desde el punto de vista político la aprobación de esos Presupuestos.
El ministro de Hacienda y la Vicepresidenta están llevando a cabo contactos. Puesto que pregunta usted por el Partido Nacionalista Vasco y la posibilidad de llegar a otro tipo de acuerdos, el Gobierno desde el primer momento hizo una oferta para tener una amplia mayoría parlamentaria; por tanto, la hizo a todos con los que comparte principios y valores. Pero cada día tiene su afán y el afán en estos momentos son los Presupuestos Generales del Estado, y es sobre lo que estamos hablando, sin pensar en otros afanes posteriores.
Yo no creo que haya habido un parón en las negociaciones, ni con el Partido Socialista ni con Ciudadanos. Toda negociación es un proceso y hay momentos más álgidos y menos álgidos; pero yo creo que existe una buena voluntad, desde luego, con Ciudadanos, con quien hay un acuerdo para la investidura, y un acuerdo que se traduce también en puntos presupuestarios, y con el que queremos llegar a ese acuerdo. Y con el Partido Socialista nosotros creemos, y lo he dicho ya en alguna ocasión, que no tendría mucho sentido aprobar el "techo de gasto" y los objetivos de déficit, y luego no aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Eso es difícil de entender.
Creo, insisto, en que esos Presupuestos Generales del Estado, cuyo 70 por 100 va destinado al gasto social, que muchísimo de ello es competencia de las Comunidades Autónomas donde el Partido Socialista, que está, de una manera u otra, presente en doce Comunidades Autónomas, tiene que tener el mismo interés que tiene el Gobierno en aprobar esos Presupuestos Generales del Estado.
Pero, insisto, dos ideas: primera, la voluntad del Gobierno de presentarlos y de seguir hablando y de seguir escuchando, y esperando llegar, finalmente, a un acuerdo sobre los mismos.
Sr. De la Serna.- Yo estoy convencido de que cualquiera de los grupos políticos, si hubiera tenido responsabilidad del Gobierno, habría hecho exactamente lo que está haciendo el Gobierno, es decir, abrir un proceso de diálogo permanente, como lo hemos hecho; en segundo lugar, acatar la sentencia y evitar un daño al conjunto de los españoles.
A partir de ahí, sí estamos teniendo contactos con todos los grupos, que están solicitando diálogo, y es lo que está haciendo el Gobierno: solicitar diálogo en donde en estos momentos corresponde, que es en la mesa de negociación colectiva y en donde se pueden alcanzar los acuerdos que sabemos, a ciencia cierto, porque así está documentado, que no se permiten incorporar en el Real Decreto Ley. Por tanto, creo que a nadie le gustaría llegar al escenario en que, no aprobándose este Real Decreto Ley, entremos en un bucle sin fin que no evitara la sentencia y comenzáramos a tener que pagar esos 134.000 euros al día todos los días.
Esta mañana he tenido la oportunidad de escuchar la posición de la presidenta de la Junta, cuando trasladaba a los estibadores y a la patronal que, uno, hay que cumplir la Ley; dos, hay que respetar el derecho de los trabajadores. Y yo no puedo decir otra cosa que no sea que hay coincidencia plena con el Partido Socialista en este caso. Estamos cumpliendo la Ley y hay esa posibilidad cierta de que se respeten todos y cada uno de esos derechos de los trabajadores en el marco de la negociación colectiva, que es donde se puede dar esa garantía, que no puede, insisto, y así está determinado por parte de la Comisión, figurar en el contenido de la Ley.
P.- Carmen del Riego, de "La Vanguardia". Siguiendo con el diálogo, si hoy abrimos todos los periódicos o vemos cualquier informativo, está lleno de informaciones judiciales imbricadas con la política. ¿Teme el Gobierno que pueda perjudicar a ese diálogo, ya sea presupuestario, ya sea territorial o en otros ámbitos, el hecho de esa judicialización que está afectando a la política?
Me gustaría saber también sobre el PDeCAT, al que el ministro de Hacienda ha dicho que también contactará para intentar llegar a un acuerdo presupuestario, si cree el Gobierno que, dada la situación en Cataluña, está en disposición de poder negociar algo con él.
Y ha dicho usted que se presentarán los Presupuestos a finales de marzo o principios de abril ¿aunque no haya la garantía de que van a salir adelante?
Portavoz.- En relación con su primera pregunta, yo creo que los temas judiciales a los que usted se ha referido lo que demuestran es que en España la Justicia funciona, que hay un Poder Judicial independiente y que aquellos casos que tienen que dirimirse en la Justicia acaban dirimiéndose ante los Tribunales, y hay sentencias de los Tribunales. Por lo tanto, ése es el funcionamiento normal del Estado de Derecho y es bueno que así sea.
Yo lo que haría es un llamamiento a la contención de todos a la hora de valorar las sentencias judiciales, y especialmente de los políticos, que tenemos que tener un comportamiento ejemplar, pero también a la hora de valorarlas. Lo que hagamos los políticos, al final, influye mucho en lo que hagan los demás.
Yo, por tanto, me quedo con eso, que es lo importante: el Estado de Derecho funciona, las sentencias están ahí y tenemos un Poder Judicial independiente.
Yo creo que en los acuerdos presupuestarios no hay que excluir en principio a nadie y es verdad lo que dice usted, que el PDeCAT… El PDeCAT tiene una tradición pactista en este Parlamento; antes era Convergència i Unió, y Convergència y Unió ha apoyado Presupuestos de signo popular o de signo socialista. Desde luego, el Gobierno está abierto al diálogo con absolutamente todo el mundo; pero ya me lo han oído decir muchas veces, que el diálogo es cosa de dos y, sobre todo, los acuerdos son cosa de dos. Lo importante es ver si ese diálogo se traduce o no en acuerdos. A nosotros nos gustaría. Nosotros estamos hablando con todo el mundo y estoy seguro de que también en el Real Decreto Ley al que se ha referido el ministro de Fomento hemos hablado con todos los Grupos, porque es nuestra obligación y porque nuestra obligación es llevarlo a buen puerto, lo cual, tratándose de estibadores, me parece que es una buena figura.
¿Garantías? Teniendo el partido que sustenta al Gobierno 137 diputados, garantías son pocas; pero nosotros tenemos una obligación con los españoles y la obligación que tenemos con los españoles, que tiene el Gobierno, es resolver sus problemas, y creemos que unos Presupuestos Generales del Estado resuelven los problemas de los ciudadanos, en términos de financiación, en términos de servicios sociales, en términos de pensiones o en términos de Oferta Pública de Empleo. Por lo tanto, como creemos que es lo que favorece a los españoles, en eso estamos y nos gustaría que con el resto de las fuerzas políticas --y muchas de ellas, tengo que decirlo, lo están-- que hubiera un amplio consenso a favor de esos Presupuestos Generales del Estado.
Nosotros, lo reitero, estamos dialogando y estamos dispuestos a llegar a acuerdos; pero no nos gustaría que la posición de algunos fuera la de decir: no hay posibilidad de llegar a acuerdos porque no queremos llegar a un acuerdo. Eso, además, yo creo que la ciudadanía no lo entendería.
P.- Javier Casqueiro, de "El País". Ministro, insistiendo en esta línea, y por abundar en el tema de lo que pasó ayer, que yo creo que se le ha olvidado en el repaso detallado que ha hecho de la semana, quería la valoración política de una situación que es bastante inédita, en lo que todos los medios hemos coincidido, que es una especie de retrato de una época que ha habido en España: dos sentencias muy contundentes de dos casos que han escandalizado de una manera brutal a la sociedad española, y que han coincidido, además, en el tiempo con una renovación bastante amplia de toda la cúpula fiscal en distintos aspectos. Yo quería saber si, al margen de que ya sé, sólo faltaba, que se respeta la Ley y que hay independencia, hay una conclusión política de lo que pasó ayer, de estas sentencias. ¿Al Gobierno le llaman la atención en algo? ¿Tiene alguna enseñanza que extraer? ¿Hay alguna conclusión en este sentido?
Sobre el tema catalán también quería insistir. Usted habla de diálogo y de ese llamamiento. Hemos conocido esta semana que ha habido una reunión secreta, que no ha sido desmentida y que ha sido ratificada luego, no oficialmente. ¿Podríamos deducir que esa cita pendiente que tienen el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat está descartada o sigue en agenda?
Portavoz.- La enseñanza, respecto al primer punto, que es al que se refiere usted, es muy simple, pero muy importante: en España el Estado de Derecho funciona, la Ley es igual para todos y, por tanto, aunque en ocasiones tarde en llegar la sentencia más de lo que quisiéramos todos, al final llega y, al final, la sentencia es la que jueces independientes establecen qué comportamientos se han ajustado a Derecho y cuáles no. Eso es enormemente importante en un país, porque es uno de los elementos de la convivencia. Allí, cuando hay un conflicto, es la autoridad judicial independiente la que decide y la que decide, además, con conocimiento de causa, con conocimiento de los expedientes y con conocimiento del Código Penal o del Código Civil. Por tanto, a mí me parece eso muy importante y creo que eso es un factor muy positivo de nuestro Estado de Derecho.
A mí me han oído decir ustedes, aquí, en esta mesa, que el diálogo siempre ha existido, siempre se ha mantenido. Es lógico que así sea, es bueno que así sea y vamos a seguir manteniéndolo. Y yo lo reitero: el diálogo no tiene fecha de caducidad. Y la única operación que yo conozco de este Gobierno es la "operación diálogo"; por tanto, vamos a continuar con ello.
He anotado algo que antes decía el ministro de Fomento, hablando del Real Decreto Ley; decía que "cuanto menos ruido haya y menos presión haya, mejor". Yo creo que también eso es bueno. Yo creo que el restablecimiento de la confianza es bueno que se hable y que se hable sin la presión mediática de tener que salir luego a contar exactamente qué ha pasado.
Por lo tanto, dejemos que las cosas vayan y, sobre todo --es el interés que tiene el Gobierno-- apelemos a la sociedad catalana, porque son los catalanes los que tienen, al final, que decidir qué es lo que les interesa: si les interesa que haya un Gobierno que se ocupe de sus problemas; que haya un Gobierno de todos, no solamente de una parte; y si hay un Gobierno que está dispuesto a hablar, a negociar y a llegar a acuerdos.
P.- Estefanía Molina, de "El Nacional". Portavoz, quisiera una valoración del Gobierno sobre la acusación del secretario tercero de la Mesa del Parlamento, don Josep Nuet, quien ha dicho que hay una discriminación ideológica en el hecho de que sus compañeros independentistas de la Mesa hayan sido querellados por la Fiscalía y él no, pese a que el Tribunal Constitucional advirtió a los cinco de delitos por permitir las votaciones sobre la hoja de ruta y el referéndum.
Portavoz .- Como sabe usted, el Gobierno no opina sobre opiniones.
P.- Aizpea Zearreta, de Euskal Telebista. Esta mañana el ministro Catalá ha llevado a esa mesa del Consejo de Ministros el nombramiento de los nuevos fiscales, unos fiscales que esta semana han llenado titulares. Ayer escuchábamos las acusaciones o las denuncias del fiscal de Murcia. No sé si esas denuncias han llegado a esa mesa y si el Gobierno está preocupado por las palabras, tanto del fiscal de Murcia, como de las que hoy ha hecho precisamente el fiscal Horrach.
Y una segunda pregunta: ¿el Gobierno accederá a las peticiones, por parte de la oposición, de que comparezcan en el Congreso, tanto el ministro Catalá, como el ministro del Interior, para dar explicaciones en torno a este asunto?
Portavoz.- El nombramiento de fiscales está tasado en la Ley, con un procedimiento que además es totalmente transparente. En España, como saben ustedes, hemos tenido una situación en la cual un Gobierno en funciones… Con el Gobierno en funciones cesaba también el fiscal general del Estado y no se podía producir ningún nombramiento. Ha habido que esperar a que hubiera Gobierno en activo y que éste llevara a cabo el nombramiento del fiscal general del Estado; nombramiento que ha seguido los procedimientos establecidos que, como saben ustedes, incluye el paso por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Por lo tanto, una vez que se han cumplido esas fases procedimentales y una vez que hay un fiscal general del Estado, éste ha reunido al Consejo Fiscal, donde se reúnen fiscales, todos fiscales de carrera, nombrados o designados por sus propios compañeros, y esos hacen una propuesta. Estas plazas son plazas de concurso; por tanto, que cualquier fiscal puede pedir. Habrá, claro está, varios pretendientes a la misma plaza y al final es el Consejo Fiscal, insisto, formado por los propios fiscales, elegidos por ellos, quien hace una propuesta al fiscal general del Estado. Esa propuesta la convierte en una propuesta al ministro de Justicia y el ministro de Justicia ha elevado la propuesta del fiscal general del Estado al Consejo de Ministros, que la ha aprobado. Por tanto, procedimiento tasado, procedimiento transparente y procedimiento normal.
Respecto a las declaraciones, yo creo que las declaraciones de unos y de otros tienen que tener contención también, y los fiscales muchas veces dicen, con razón, que se les presiona o que hay una presión mediática sobre los mismos. Creo que, si saben de alguna conducta delictiva o de algún tipo de presión, lo que tienen que hacer es denunciarlo, ponerlo en conocimiento por escrito de la Fiscalía. Y, desde luego, los fiscales, que son los que más en contacto están con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, saben cómo éstas cumplen escrupulosamente lo establecido por la Ley.
Por lo tanto, ninguna duda sobre el procedimiento, mérito e idoneidad, que son los criterios que se han utilizado --nadie ha puesto en duda el mérito y la idoneidad de los candidatos--, procedimiento tasado y transparente, y acuerdo del Consejo de Ministros.
P.- Josep Capella, de Televisión de Cataluña. Ministro, dice usted que el diálogo y el acuerdo no tienen fecha de caducidad. Yo le quería preguntar si ese diálogo tiene condiciones, tras el fracaso de la reunión del día 11, y de sus palabras y de las del Presidente se deduce que, sobre el paquete de 46 temas, si no se renuncia a uno, ¿no se puede hablar de los otros 45? ¿O ustedes condicionan que se renuncie al referéndum para seguir hablando de lo otro y hacer otra reunión entre los dos Presidentes?
Portavoz .- La posición del Gobierno sobre ese referéndum que pretende la Generalitat o pretende el presidente de la Generalitat es clara, neta. Desde el primer momento, el presidente del Gobierno no ha variado un ápice sobre su posición. Ese referéndum es un referéndum ilegal, va contra nuestra Constitución y, por tanto, no se puede celebrar.
A partir de ahí, estamos dispuestos a hablar de todo y yo insisto en un punto --me he referido antes a él, pero quiero volver a recalcarlo--: hay que hablar, hay que seguir hablando, hay que seguir dialogando y hay que ver cómo se recuperan la confianza y la credibilidad. Muchas veces, como usted sabe, en las negociaciones hay eso que se llama la exploración: vamos a ver, vamos a tentar… Hay que seguir hablando. Por eso, el mensaje que yo envío a los catalanes es que el Gobierno no pone caducidad al diálogo, quiere diálogo para tratar de los temas que de verdad importan a los catalanes. Y a eso es a lo que se refiere el Gobierno una y otra vez y lo que quiere trasladar al conjunto de la ciudadanía. Eso es lo que en estos momentos nos parece importante.
P.- Noemí San Juan, de Aragón Televisión. Ministro, yo quería preguntarle sobre esta oferta de compra del grupo francés PSA sobre Opel. Ha habido otros Gobiernos europeos que ya se han referido a esto y yo no sé cuál es la postura, la opinión, del Gobierno de España. También, el presidente del PSA, Carlos Tabares, dice que "si el Gobierno español quiere que hablemos, estaremos encantados". Dos preguntas: ¿cuál es su postura? ¿Se plantean, a lo mejor, una reunión con PSA?
Portavoz.- Pues, mire usted, me pilla usted en que no sé nada de eso. En el Consejo de Ministros no se ha hablado de ese tema, el ministro de Industria no nos ha comentado nada y la verdad es que no tengo noticia de ello. Y como yo soy un personaje, probablemente, extraño en este país, que no habla de aquello que no conoce, le aseguro que me voy a enterar y le daré una respuesta. Discúlpeme.
P.- Pablo Montes, de la Cadena SER. En primer lugar, al ministro De la Serna le quería preguntar si cree que puede haber peligro de desabastecimiento si los estibadores, después de la aprobación de este Real Decreto Ley, se ponen en actitud de una huelga encubierta hasta el día que comience la huelga, que está oficialmente convocada. ¿Cree que puede haber algún tipo de problemas de desabastecimiento?
Y al ministro Méndez de Vigo le quería preguntar dos cuestiones que no tienen nada que ver entre sí. La primera es sobre la convocatoria de plazas de maestros, la convocatoria de oposiciones. ¿Es cierto que las Comunidades Autónomas no pueden ni convocarlas, siempre y cuando los Presupuestos Generales no hayan sido aprobados? Porque hay unas Comunidades Autónomas que están diciendo una cosa, Andalucía, y hay otras, como Galicia, que están apuntando la contraria. ¿Pueden hacerlo o no? Y en caso de que lo hagan, si la respuesta es que no, ¿el Gobierno, qué haría? ¿Tomaría algún tipo de represalias?
Una última que le quería preguntar es si, aprovechando la proposición no de ley que ha hecho Ciudadanos sobre la regulación de la reventa on-line, el Gobierno se ha planteado hacer una regulación estatal que haga homogénea lla regulación, más allá de las distintas regulaciones autonómicas que ya existen en algunas Comunidades Autónomas.
Sr. De la Serna.- En relación con la huelga, me gustaría volver a insistir: la huelga, desde luego, no ayuda nada, sino todo lo contrario, al proceso de negociación que en estos momentos está abierto. Es un elemento de presión sobre la negociación que no favorece el clima que debe reinar de entendimiento. Dicho lo cual, ante la convocatoria de la huelga es nuestra responsabilidad establecer una serie de servicios mínimos que garantizan que no se produzca ese desabastecimiento, como es, por ejemplo, el que se tenga que cubrir el cien por cien de las necesidades de transporte de productos perecederos, de transporte de mercancías peligrosas y de abastecimiento cien por cien a las islas. Eso es una garantía, siempre y cuando, evidentemente, se cumplan, como es obligado, esos servicios mínimos.
Es cierto que las situaciones pre-huelga han dado lugar, y ya lo hemos vivido en los días anteriores, a problemas importantes en algunos puertos de funcionamiento de los mismos y a numerosas denuncias que han puesto de manifiesto los empresarios, la patronal, sobre las consecuencias de esa situación.
Pero sí me gustaría decir dos cosas: una huelga de estas características es indudable que produce un daño importante al conjunto de la economía del país y al conjunto de los españoles, y también tiene algunos efectos colaterales que me gustaría señalar, sólo uno, que es importante: cuando aparece un aviso de estas características, las empresas toman, como lo están haciendo ya, decisiones en cuanto al transporte de mercancías. Esas decisiones pueden ser decisiones de carácter temporal para poder dar salida o entrada a sus productos. El problema es que, ante una situación de huelga y en función de la propia huelga, esas decisiones temporales de utilización de otros puertos puedan convertirse en situaciones definitivas. Esto generaría un daño colateral muy importante al propio sistema de la estiba, pero también al conjunto de la economía.
Portavoz.- En relación con la primera pregunta, la que se refiere a la Oferta Pública de Empleo, eso, como usted sabe, es una competencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En estos momentos es el Ministerio de Hacienda el que está negociando los Presupuestos Generales del Estado; está hablando con las Comunidades Autónomas, que son, evidentemente, las más afectadas y, por tanto, son debates, diálogos, negociaciones, que van en paralelo.
Pero yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad y de seguridad a los opositores, a la gente que está opositando: vamos a ver cómo resolvemos ese tema. Es evidente que, si hubiera Presupuestos Generales del Estado, sería mucho más sencillo; pero el Gobierno está trabajando en ello. Tranquilidad y seguridad, porque vamos a encontrar una solución.
En relación con el segundo tema que me pregunta usted, precisamente con motivo de lo que hemos visto, las declaraciones de algunos cantantes y demás, he pedido un informe al servicio jurídico de mi ministerio, que me dice lo que usted en su pregunta ya señalaba: es que se trata de una competencia de las Comunidades Autónomas. Estamos viendo, con otros Ministerios, por vía protección de consumidores, no tanto de cultura como de protección de consumidores, qué es lo que podemos hacer. Estamos trabajando en ello y me parece que éste es un tema sobre el que merece la pena darle una vuelta.
Nuestro sistema de distribución territorial del poder tiene estas cosas y por eso es muy importante hablar, es muy importante dialogar y es muy importante también saber que ésta no es una cuestión o no es una competencia del Gobierno, sino de los sectores vinculados, y hablar con ellos para ver cómo podemos encontrar una solución. Pero estamos en ello, estamos trabajando en ello.
Permítanme que les recuerde --que se lo recuerde no, porque ustedes lo saben-- que este fin de semana comienzan los carnavales, tradición muy española, ya sea desde Canarias, pasando por Cádiz, el Teatro Falla, hasta el carnaval rural del pueblo navarro de Lans. Aprovechen los carnavales. Que en Madrid está ARCO, que es una gran feria; que en Barcelona comienza el Mobile World Congress la semana que viene y que, puesto que hoy hemos dado la nacionalidad española a Héctor Abad Faciolince, no dejen ustedes de leer su novela…, todas sus novelas, pero una que se titula "El olvido que seremos". Es una magnífica novela, que trata de los terribles tiempos en que había terrorismo en Colombia y que yo creo que estamos superando también con el diálogo y en la búsqueda de la paz.
"El olvido que seremos" es un verso de Borges. Yo voy a acabar con otro: "En el futuro pasarán todas las cosas". Espero que ustedes, yo y aquellos que nos ven por televisión, y, por supuesto, el ministro de Fomento, lo veamos juntos.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto