Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A109-00.htm
Timestamp: 2017-11-21 12:04:29+00:00

Document:
A109-00
Auto 109/00
Referencia: expediente ICC-136. Conflicto de competencia entre el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila y el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- en la acción de tutela promovida por Elizabeth Puentes Rodríguez.
Tribunal Contencioso Administrativo del Huila y el Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en la acción de tutela promovida por Elizabeth Puentes Rodríguez.
1. La ciudadana Elizabeth Puentes Rodríguez, en escrito presentado el 26 de julio del año en curso, promovió acción de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, en solicitud de amparo a los derechos fundamentales de petición y de defensa, que, según su afirmación, le fueron vulnerados en el trámite de un proceso disciplinario que contra ella se seguía por presunta violación a sus deberes profesionales como abogada, conforme a los preceptos contenidos en el Decreto 196 de 1971.
2. El Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, en auto de 28 de julio de 2000, con invocación para el efecto del numeral 2º del inciso 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, se declaró incompetente para conocer de esta acción de tutela y ordenó enviar la actuación al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, para que conociera de la misma.
3. El Consejo Superior de la Judicatura, en auto de 7 de septiembre de 2000, decidió la inaplicación del Decreto 1382 de 2000, artículo 1º, por considerarlo contrario a la Constitución Política y, en consecuencia, ordenó la devolución de las diligencias adelantadas en esta acción de tutela al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, para la tramitación de la misma.
4. El Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, en auto de 27 de septiembre de 2000, insistió en su falta de competencia para conocer de esta acción de tutela y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto así suscitado con el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-.
1. A propósito de este conflicto de competencia, estima la Corte que ha de reiterar la "excepción de inconstitucionalidad" respecto de las normas sobre competencia para conocer de la acción de tutela contenidas en el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, en relación con las cuales en auto ICC-118 de 26 de septiembre del año en curso, se expresó por esta Corporación que:
"Siendo ello así, surge de bulto que el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, fue mucho más allá de la usurpación al Congreso de la República para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículos 374 a 379)".
2. A lo anteriormente expuesto, ha de agregarse que el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, resulta igualmente inconstitucional, pues al establecer que el conocimiento de acciones de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura corresponde a la misma Corporación, priva al accionante de la segunda instancia en caso de que la decisión le resulte desfavorable, pese a que el artículo 86 de la Constitución le garantiza el derecho a impugnar, lo resuelto por el juzgador inicial.
Así mismo, si la acción de tutela se dirige contra una de las seccionales del Consejo Superior de la Judicatura, es claro que al aplicar en ese punto el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, le correspondería la competencia al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, lo que significa que esa acción de tutela resultaría igualmente de única instancia, en abierta contradicción con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta que, para abundar en garantías, instituyó como regla ineludible que, siempre, lo resuelto en relación con una acción de tutela podrá ser objeto de impugnación ante el superior jerárquico, principio este que en ese punto desconoce abiertamente el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, en casos como el que ahora ocupa la atención de la Corte.
Primero. INAPLICAR, en relación con la acción de tutela a que se refiere esta providencia, el artículo 1º, numeral 2º, del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, por ser contrario a la Constitución Política conforme a lo expuesto en la parte motiva de este auto.
Segundo. DIRIMIR el conflicto de competencia suscitado con ocasión de la acción de tutela promovida por la ciudadana Elizabeth Puentes Rodríguez, a que se refiere la parte motiva de este auto, en el sentido de que su conocimiento corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, al que será enviado el expediente para su tramitación inmediata.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 86
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