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Timestamp: 2019-01-22 12:57:16+00:00

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SENTENCIA 2008-00625 DE 06 DE MARZO DE 2013
CONTENIDO:NO SE PUEDE SANCIONAR LA ENMIENDA, HECHA OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ, DE UN ERROR QUE NO TRASCENDIÓ A LA AFECTACIÓN DE UN DEBER FUNCIONAL. CUANDO LOS FUNCIONARIOS HACEN USO DE LOS MECANISMOS DE LEY PARA ENDEREZAR EL RUMBO DE SUS ACTUACIONES, DEJANDO SIN EFECTOS UNA DECISIÓN PROFERIDA ANTERIORMENTE, ES UN COMPORTAMIENTO CONFORME A DERECHO. PUES LA CONDUCTA NO ESTÁ DESCRITA EN LA LEY COMO FALTA DISCIPLINARIA, SE REITERA QUE CUANDO LOS FUNCIONARIOS, PESE A UNA EQUIVOCACIÓN, DECIDEN LUEGO CONFORME A DERECHO, ES UN COMPORTAMIENTO ACORDE A SU FUNCIÓN Y, EL DERECHO DISCIPLINARIO SE ENCARGA DE VELAR POR EL CORRECTO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:FALTAS DISCIPLINARIAS, NULIDAD, ERROR DEL JUEZ
Sentencia 2008-00625 de marzo 6 de 2013
Rad. 680011102000200800625 – 01
Registro de Proyecto: 20 de febrero de 2013
Aprobado según acta de Sala Nº 016 de la fecha
Bogotá. D.C. Seis de marzo de dos mil trece
Resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del disciplinado, contra el proveído del 29 de junio de 2012, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander(1), mediante el cual se resolvió sancionar al doctor Luís Eduardo Montero Niño juez único administrativo de San Gil, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes, al encontrarlo disciplinariamente responsable de la comisión de la falta al deber descrito en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.
Dio origen a la presente actuación el escrito de queja signado por el señor Rigoberto Rodríguez Almeida en su calidad de alcalde del municipio de Suaita (Santander), en el cual expuso que para el año 2004 el ciudadano Alfredo Pradilla Pradilla interpuso demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra ese ente territorial, correspondiéndole al Juzgado Único Administrativo de San Gil. Narró que dentro del citado proceso se dictó sentencia el 23 de octubre de 2007 anulando un acto administrativo y ordenando al demandado reliquidar y reajustar la pensión del demandante, sin condenar, sin embargo a pagar alguna suma liquida de dinero.
Manifestó que en febrero de 2008 el nuevo apoderado del municipio solicitó se surtiera el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia, petición que hasta el 19 de mayo de la misma anualidad no había sido resuelta, informando además que el proceso estaba archivado desde diciembre 11 de 2007, resultando extraño que antes de cumplirse los 18 meses para la ejecutoria del fallo judicial, el apoderado de la parte demandante instaurara proceso ejecutivo y se librara por parte del Juzgado Administrativo de San Gil, mandamiento de pago en contra del ente ejecutado, por lo que considera se está cometiendo un fraude por el funcionario judicial y el abogado del demandante.
Indagación preliminar. Así puesta la queja con sus anexos, fue sometida al reparto en el seccional de instancia, que mediante proveído del 3 de septiembre de 2008(2) avocó el conocimiento de la misma y de conformidad con el artículo 150 del CDU ordenó la indagación preliminar y consecuentemente la práctica de pruebas.
Calidad de funcionario. Se acreditó la condición de sujeto disciplinable del doctor Luís Eduardo Montero Niño, quien fue nombrado por medio de Acuerdo 012 del 3 de abril de 2008 como juez único administrativo de San Gil, en provisionalidad, a partir del 6 de mayo de 2008(3).
— Mediante providencia del 17 de noviembre de 2009(4) se decretó el archivo de las diligencias a favor del doctor Carlos Augusto Rueda y la apertura de investigación disciplinaria contra el doctor Luís Eduardo Montero Niño.
Por medio del despacho comisorio 345 dirigido al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sal Gil, se notificó personalmente al disciplinable del proveído anterior.
Pliego de cargos: En providencia del 6 de diciembre de 2010(5), se procedió con esta fase en contra del doctor Luís Eduardo Montero Niño en su condición de juez único administrativo de San Gil, para la fecha en que se profirió la decisión cuestionada por esta vía disciplinaria del 8 de mayo de 2008, por el presunto incumplimiento al deber de respetar la ley, consagrado en el artículo 153 numeral 1º de la ley estatutaria de la administración de justicia, al desconocer la previsión dada en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, calificada la falta como grave y a título de culpa.
Lo anterior toda vez que en el proceso ejecutivo 2008-0118 se presentó demanda el 11 de abril de 2008 y se libró mandamiento de ejecución el 8 de mayo de 2008, siendo el título ejecutivo que dio origen a la acreencia la sentencia del 23 de octubre de 2007, la cual no fue apelada, por lo que se dejó constancia de su ejecutoria para el día siete de noviembre de 2007, lo cual supone una omisión a lo ordenado en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, en el sentido de no respetar el plazo de 18 meses, otorgado por la norma para poder ejecutar las condenas a la Nación y/o entidades descentralizadas territorialmente.
El 28 de junio de 2011 se notificó personalmente al defensor del disciplinado, quien el 18 de julio allegó escrito dando contestación al pliego de cargos, para poner de presente que a su representado en el pliego de cargos, no se le formuló haber “omitido” dictar una determinada providencia, ni se le enrostra lo contrario, es decir, el hecho de haber “proferido” una providencia y tampoco una mora en la producción de la decisión, sino que se le acusa de haber tomado una determinación judicial en un sentido concreto, lo que considera va en contravía del principio de independencia de los jueces, pues se cuestionó con carácter de falta disciplinaria la decisión adoptada por un funcionario judicial en ejercicio de las funciones que le son propias.
Agregó además que en esta oportunidad, el funcionario disciplinado (y más seguramente su sustanciador auxiliar), simple y llanamente pasó por alto que la sentencia aún no era ejecutable y de (buena fe) libró el mandamiento ejecutivo, lo lógico entonces, era que el afectado ejerciera su derecho de contradicción mediante la interposición de los recursos de ley o las defensas a su alcance, advirtiéndose además, fue el mismo disciplinado quien al darse cuenta que se había dictado un mandamiento de pago a pesar de la falta de exigibilidad de la obligación, tomó la determinación de dejar sin efecto su propia decisión mediante providencia del 11 de julio de 2008.
Alegatos de conclusión: Mediante escrito del 10 de abril de 2012, el defensor expuso sus argumentos de defensa, dando a conocer en primer lugar el grave estado de salud actual de su representado, le ha obligado a dejar de lado asuntos que no se refieran a su recuperación.
Por otro lado, manifestó que apoya sus alegatos en los mismos argumentos expresados al momento de dar respuesta al pliego de cargos, siendo en esencia una imputación al funcionario bajo una estimación subjetiva de haber tomado una determinación judicial en un sentido concreto, que se consideró equivocado, es decir, la decisión adoptada por el juez administrativo se puso en tela de juicio, cual si se tratará de establecer la tipificación de un delito de prevaricato por acción, cuestionando la legalidad de la decisión de un funcionario judicial, en contra del principio de independencia de los jueces, de la presunción de buena fe, de la legalidad de las providencias y del derecho de contradicción que le asiste a las partes dentro de un proceso judicial, además existía una constancia secretarial de ejecutoria de la sentencia.
Se allegó memorial del disciplinado confiriendo poder a un abogado de confianza, quien el 7 de mayo del 2012, presentó alegatos de conclusión, los cuales sustentó en que el asunto por el cual estaba siendo investigado su defendido, obedecía a un flagrante abuso del derecho por parte del quejoso, por un lado pretendía, que se le reviviera el proceso radicado bajo el número 2004-2207, o de nulidad y restablecimiento del derecho y por otro, que se le invalidara el mandamiento de pago ordenado en el proceso ejecutivo administrativo radicado bajo el número 2008-0118.
Adujo que no se cumplieron los presupuestos esenciales para la configuración del error judicial y el acto abusivo del quejoso solo reportó beneficios a él mismo, utilizando la queja como una intimidación al juez de conocimiento, argumentando además, no existir fundamento alguno para imponer sanción a su representado, pues su actuar se adecuó siempre al debido proceso y si cometió algún yerro no fue de mala fe e incluso no era irremediable, pues los recursos a interponer, tenían por finalidad corregir las equivocaciones en que pudo haber incurrido el funcionario.
Concepto del Ministerio Público: En escrito allegado el 14 de mayo de 2012, la Procuradora Judicial 54 II Penal de Santander, emitió su concepto en el asunto y solicitó que al momento de dosificar la sanción se tuviera en cuenta que, si bien era cierto el disciplinado había incurrido en falta disciplinaria al proferir mandamiento de pago, la misma fue corregida el 11 de julio de 2008, porque el proceso ordinario se fue en consulta, y el ejecutivo en apelación al Tribunal Administrativo de Santander, quien resolvió el problema jurídico presentado y corrigió los errores en los cuales había incurrido el funcionario, pues se estaría frente a la ilicitud sustancial y no material, por ser corregida en tiempo y oportunidad, dándole a las partes en litigio la razón que les asistía a cada una de ellas.
— Decisión de primera instancia: El 29 de junio de 2012 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, resolvió sancionar al doctor Luís Eduardo Montero Niño, en su condición de Juez Único Administrativo de San Gil para la época de los hechos, con suspensión de un mes en el ejercicio del cargo, por haber incurrido en la falta al deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en cuanto desconoció el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
Adujo la Sala de instancia que el Juez investigado, emitió una providencia desconociendo el requisito de orden legal establecido en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, pues cuando la condenada al pago de una suma de dinero sea la Nación, una entidad descentralizada o genéricamente una entidad pública, no puede ser ejecutada sino superados los 18 meses de que trata el artículo ya citado y lo manda el artículo 336 Código de Procedimiento Civil, asunto desarrollado nutridamente por la jurisprudencia constitucional, debido a que debe ajustarse esa condena al respectivo presupuesto.
Lo antes expuesto, llevó a la Instancia a plantear dos conclusiones, de una parte que el proceder funcional del investigado, más concretamente frente al hecho de haber librado mandamiento de pago al interior del proceso ejecutivo, sin tener en cuenta que la sentencia aún no se encontraba ejecutoriada.
De otra parte observó el a quo, ese solo hecho, tendría la virtualidad de constituirse en falta disciplinaria merecedora de sanción, por cuanto era bien sabido la obligación de guardar el tiempo en que judicialmente no se puede intentar la ejecución forzada de las obligaciones, por cuanto dicho lapso tiene por objeto permitir que las entidades públicas incluyan en sus presupuestos las partidas a cumplir por condenas, y es frente a este tema que el investigado desconoció los preceptos legales impuestos a las autoridades sobre las cuales recae la responsabilidad de adelantar trámites específicos, y bajo ese entendido la providencia del juez cuestionado viene a ser una omisión de su tarea jurídica.
Por lo anterior, llegó el seccional al grado de convencimiento de la responsabilidad del investigado, y agregó, que si bien sobresale en su actuar una conducta no intencional, una vez advertido el yerro intentó resarcir lo actuado, dicha situación por sí sola alcanzó a violar las garantías de legalidad y debido proceso que deben predominar en toda las actuaciones judiciales, realidad que por demás resquebrajaba todo un esquema procesal trazado por el legislador y constituyó una conclusión inequívoca de culpabilidad.
Respecto a la sanción, tuvo en cuenta para la dosificación el juzgador de instancia, que la falta cometida se calificó como grave culposa y la ausencia de sanciones fiscales o disciplinarias dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investigó.
Recurso de apelación: En escrito allegado el 18 de julio de 2012, el defensor del disciplinado interpuso la alzada, en la cual adujo el recurrente, que las conductas desplegadas por el disciplinado no debían ser objeto de sanción, pues aseveraciones hechas en la providencia no correspondían a la verdad y no se tuvo en cuenta que la providencia con la cual desatendió lo preceptuado en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, fue revocada por el mismo funcionario, sin mediar solicitud alguna del representante legal de la entidad ejecutada —quien funge como quejoso en la presente actuación-, decisión a la postre confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander.
Agregó, que el quejoso contaba con los recursos de ley para impugnar el mandamiento de pago, son esas las herramientas de los administradores de la justicia para enderezar o enmendar errores cuando se llegaren a cometer.
La responsabilidad disciplinaria no puede ser tomada por desconocerse las leyes o los reglamentos de manera formal o por el simple desconocimiento de los deberes impuestos a los servidores públicos, es absolutamente necesario que la conducta lesione, quebrante o ponga en peligro el bien jurídico de la administración de justicia, análisis que debe hacer el operador disciplinario, lo cual no sucedió en el fallo impugnado.
No acepta además la exclusión que se hizo del análisis de la “antijuridicidad material” en la conducta del investigado, toda vez que se daría paso a la superada “Antijuridicidad Formal”, a la cual solo le interesa la confrontación de la norma con la conducta, sin importar análisis de la efectividad de la lesión o la puesta en peligro de bien jurídico alguno.
Competencia. Conforme al artículo 116 de la Constitución Política, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria tiene la facultad de administrar justicia y conforme al artículo 256-3 Ibídem conocer de las faltas en que incurran los funcionarios judiciales con excepción de quienes gozan del fuero constitucional, tema desarrollado por la Ley 270 de 1996, artículo 112-4 para resolver en apelación de algunas decisiones emitidas por los consejos seccionales de la judicatura, normas estas en consonancia con los artículos 3º y 194 del Código Disciplinario Único y el Acuerdo 075 del 28 de julio de 2011 —reglamento interno de la Sala—.
El caso. Como se viene anunciando desde el comienzo, se trata de resolver por vía de apelación, respecto de la sentencia emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, mediante la cual le impuso sanción de un (1) mes de suspensión en el ejercicio del cargo al Juez Único Administrativo de San Gil, doctora Luís Eduardo Montero Niño, por desconocer en forma grave y a título de culpa, el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por la presunta irregularidad de librar mandamiento ejecutivo de pago contra el municipio de Suaita, teniendo como título una sentencia de la misma jurisdicción, pero que no había cumplido el requisito temporal contemplado en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, esto es, los 18 meses previstos en tanto el fallo sobre la acción de nulidad y restablecimiento de derecho cobró ejecutoria el 7 de noviembre de 2007 y, ante la ejecución presentada por el acreedor, emitió el auto cuestionado el 14 de mayo de 2008.
Solución. Ab initio, se anuncia decisión favorable a los intereses del disciplinado, en razón de encontrarse la Sala frente a situación atípica para el derecho disciplinario, que como custodio del deber funcional inherente a los administradores de justicia —con exclusión de los magistrados de Altas Cortes y el Fiscal General de la Nación—, se interesa por aquellos comportamientos desbordantes en forma grosera de ese compromiso constitucional al cual juraron lealtad y apego.
Los cuestionamientos de esta naturaleza no pueden ni abarcan la totalidad de las decisiones judiciales, solo aquellas donde sea manifiesto el apartamiento de la normatividad rectora del caso, pero que además sea burdo y conlleve una real ilicitud sustancial, sin que este último elemento esté condicionando la ocurrencia de un resultado concreto, pues sería exigencia extraña al derecho disciplinario, pero tampoco por cuestionar actos de mera conducta pueda afirmarse la actualización de la responsabilidad objetiva.
Este derecho, pero sobre todo el juez disciplinario, debe ser cuidadoso en sumo grado de no actuar a manera de instancia en las diferentes decisiones judiciales, aparte de venir reconociendo esta misma colegiatura superior, el derecho a la autonomía funcional consagrada en la Constitución Política de 1991 a favor de quienes administran justicia, apenas obvio y razonable, en cuanto la única presión para decidir los casos la ejerce la ley y el acervo probatorio legal y oportunamente aportado, sin que esta posición implique el desconocimiento de la jurisdicción y competencia asignada por la norma de normas al Consejo Superior de la Judicatura y los respectivos seccionales en salas jurisdiccionales disciplinarias, en cuyo ejercicio y potestad revisa no la legalidad de las decisiones cuestionadas, sino el comportamiento funcional desplegado por quien responde en juicio disciplinario.
Por ello es reiterativa la Sala en afirmar que cuando se trata de meras valoraciones, donde la posición de unos no concuerde con la de otros, el juez disciplinario no debe tomar partido e inclinarse a manera de otra instancia superior a favor de alguno de los contendores al interior de litigio, pero tratándose de desbordamientos que de bulto o a simple vista contrarían la función y el ordenamiento jurídico, es preciso actualizar las previsiones disciplinarias consagradas en deberes y prohibiciones por la ley estatutaria en la administración de justicia, incluso las faltas gravísimas del artículo 48 del Código Disciplinario Único.
Lo anterior, porque cuando uno de los deberes funcionales, es respetar la Constitución y las leyes, es apenas obvio que tal tipicidad de conducta debe ser valorada o desvalorada por el juez disciplinario en pleno ejercicio de la potestad que le asignó el Estado en aras de hacer cumplir los fines que le son inherentes, no en vano la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 153-1 de la Ley 270 de 1991 —C-037 de 1996—, deber que a su vez fue elevado a falta disciplinaria por el artículo 196 de la Ley 734 de 2002; por ende, mal haría la Colegiatura en darle carácter de absoluto a una autonomía funcional que por obvias razones debe tener restricciones por las formalidades mismas de la función.
Aterrizando en el caso en concreto, ha de tenerse en cuenta, como no lo hizo el a-quo, situaciones tan relevantes como determinantes en el rumbo de la declaración de responsabilidad disciplinaria, como el hecho de que si bien profirió un auto de mandamiento de pago, desconociendo lo normado en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, referente a los 18 meses que deben transcurrir entre la ejecutoria de la sentencia emitida por la justicia contenciosa administrativa y la ejecución de la misma, en aras de la efectividad de las condenas contra entidades públicas, también lo es que el derecho ha previsto formas e instrumentos pertinentes para enmendar y corregir los vicios que puedan presentarse el interior de un proceso, veamos:
La sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho fue proferida el 23 de octubre de 2007 y en ella se condenó al municipio de Suaita al pago de la reliquidación de la pensión del señor Alfredo Pradilla.
El interesado presentó ejecutivo el 17 de abril de 2008, a lo cual respondió el juez acá investigado, con auto del 8 de mayo de igual anualidad resolvió librar mandamiento de pago, previo paso al despacho donde el secretario del juzgado hizo constar “Al despacho del señor juez con el atento informe que:
“1. Se encuentran reunidos los presupuestos para librar mandamiento de pago con base en sentencia judicial (...).
2.- El valor adeudado es por la suma de... $ 481.649.719,70...”.
El 11 de julio de 2008, la secretaria —ya no es el mismo secretario de la constancia anterior- con paso al despacho, le puso de presente al señor juez “1—. Que debe dejar sin efecto el auto de fecha 8 de mayo de 2008 mediante el cual se libró mandamiento ejecutivo de pago con ocasión de la obligación contenida en sentencia Judicial.
2.- Que vista la demanda no cumple con los requisitos exigidos para que se libre mandamiento ejecutivo de pago.
3.- Que se hace necesario inadmitir la demanda” y, le advierte además que no hace falta tramitar la consulta del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para que quede en firme.
Con esa puesta de presente, procedió en forma inmediata el juez disciplinado, a emitir auto ese mismo día —11 de julio de 2008— por cual dejó sin efecto el proveído de mandamiento de pago librado el 8 de mayo de ese año, haciendo uso de la normativa que así se lo permitía, tal como motivó esa providencia: “Así las cosas este despacho dejará sin efectos la providencia en mención en aplicación al principio ´los errores procesales no atan al juez”, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 3º del artículo 37 del estatuto procedimental civil , en concordancia con los dispositivos 148 y 310 ibídem, y, 29 de la Constitución Política´”(6).
Entonces, esa actuación oficiosa del juez, sin apremio de ninguna naturaleza, es permisión legal de la cual echó mano para corregir lo que ahora se le reprocha, ni la entidad territorial lo solicitó antes de esa providencia que dejó sin efectos el citado auto de mandamiento de pago, tampoco fue presionado por el Ministerio Público, órgano de control que actuó en revisión del citado ejecutivo el 22 de julio de igual año, es decir con posterioridad a la fecha de haber sido enmendado el error judicial advertido de oficio por el mismo juez acá cuestionado disciplinariamente.
Reprochar por ese actuar, es traer a la actualidad la proscrita responsabilidad objetiva, pues ha de significarse que está prohibido valorar el comportamiento por el solo hecho de su ocurrencia, por el contrario, debe hacerse conforme a los compromisos que son consustanciales tanto a la tarea encomendada como a los fines del Estado, precisamente es esa relación entre la función y los fines lo que ata o vincula al servidor en el grado de sujeción antes aludido.
No es el hecho por sí de haber proferido el auto de mandamiento de pago sin reunir el título ejecutivo los requisitos de ley, lo que desvalora el derecho disciplinario, pues de operar en ese sentido lato y sin reflexión adicional de tipo subjetivo respecto de la conducta, de seguro se está en presencia de aquella responsabilidad objetiva desterrada del derecho sancionador.
Máxime cuando la trascendencia de esa conducta, a la luz de lo sustancial de la ilicitud, -se repite, sin hacer relevancia alguna a la exigencia de un resultado como condicionador de la antijuridicidad-, fue ninguna, pues advirtió y corrigió el error antes de proferirse alguna medida cautelar o perjudicar a la administración municipal, tampoco trascendió al interior del proceso, por el contrario lo hecho por el juez, fue el fiel cumplimiento a su deber funcional, para ello la normatividad procesal civil, le tiene previsto instrumentos jurídicos habilitantes del comportamiento que realizó posterior al error por el cual se le viene sancionando, incluso, de no corregirlo, bien podían los interesados en una jurisdicción rogada como esa, proceder conforme a los recursos de ley y convertirse en una situación del resorte y propia de las instancias.
Así las cosas, no puede imponerse el personal criterio del seccional de instancia que da por desconocimiento del deber funcional en forma sustancial, el error corregido en forma inmediata por el funcionario investigado, pues ante la confrontación del hecho respecto de esa afectación, se encuentra esta superioridad con ninguna ilicitud de tal carácter que permita enjuiciar o reprochar a través del derecho disciplinario.
Es en casos como éstos, donde se sostiene que la autonomía funcional debe respetarse, en tanto no se le puede criticar la enmienda que a tiempo hizo del error cuestionado pero que no trascendió a la afectación del deber funcional. Cuando los funcionarios judiciales hacen uso de los mecanismos de ley para enderezar el rumbo de las actuaciones, es comportamiento conforme a derecho y el ejercicio pleno de ese autonomismo para actuar, precisamente las nulidades son un instrumento al alcance para impedir trámites posteriores que vicien el procedimiento y evitar en lo posible afectación a garantías de los sujetos procesales o intervinientes según el caso.
Lo anterior implica la inexistencia de comportamiento disciplinable, en consecuencia, esta Sala considera que habrá de revocarse la decisión proferida por el seccional de primera instancia, por cuanto la conducta descrita no está consagrada por la ley disciplinaria como falta, pues cuando los funcionarios, pese a una equivocación normal en conductas humanas —condición que ostentan los funcionarios judiciales— deciden luego conforme a derecho sin repercusiones de ninguna naturaleza, es comportamiento acorde a la función y, el derecho disciplinario se encarga de velar por el correcto ejercicio de la función pública.
En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
REVOCAR la sentencia apelada por la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, impuso sanción de un (1) meses de suspensión en el ejercicio del cargo al Juez Único Administrativo de San Gil, doctor Luís Eduardo Montero Niño, para en su lugar absolverlo del cargo irrogado, conforme a las razones dadas en esta providencia.
Notifíquese personalmente esta sentencia, para lo cual se comisiona al Consejo Seccional a-quo, de no ser posible, previa citación, se realizará la notificación subsidiaria de ley.
Magistrados: Wilson Ruíz Orejuela—José Ovidio Claros Polanco— María Mercedes López Mora—Julia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera— Pedro Alonso Sanabria Buitrago—Henry Villarraga Oliveros—Leonidas Bello Arévalo.
(1) Con ponencia del doctor Juan Pablo Silva Prada, integrando Sala con el doctor Carmelo Tadeo Mendoza Lozano.
(2) A folio 15 se tiene el auto que avocó conocimiento y ordenó pruebas.
(3) Folio 31 C.O. según diligencia de posesión de la alcaldía municipal de San Gil, Acuerdo 12 del 3 de abril de 2008 expedido por el Tribunal Administrativo de Santander y constancia del área de recursos humanos de la dirección ejecutiva seccional de la rama judicial.
(4) Folio 37 C.O.
(5) Folio 79 C.O.
(6) Folios 12 y siguientes del cuaderno de acción ejecutiva anexa.

References: artículo 153
 artículo 150
 artículo 153
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 153
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 336
 artículo 177
 artículo 116
 artículo 256
 artículo 112
 artículo 153
 artículo 177
 artículo 48
 artículo 153
 artículo 196
 artículo 177
 artículo 37