Source: http://derechoynormas.blogspot.com/2010_07_01_archive.html
Timestamp: 2015-04-28 00:31:16+00:00

Document:
Lo cierto es que el titular con el que el medio que ha dado a conocer las sentencias es a todas luces exagerado si analizamos el contenido de las mismas, ya que el Supremo en ningún caso ha "revolucionado el marco de Protección de Datos en España", los cambios para los ciudadanos son importantes, sobre todo en relación a sus derechos y la inclusión de sus datos en laos ficheros de solvencia patrimonial, pero esa expresión es desorbitada. En las 3 sentencias (1, 2 y 3 .doc)se da respuesta a varias cuestiones planteadas por empresas relacionadas con los servicios de información comercial y de gestión de información sobre solvencia patrimonial.
Así, la Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo, en recurso 25/2008 solicitaba:1.- Declarar la nulidad de pleno derecho del Real Decreto 1720/2007, nulidad que resulta de lo dispuesto en los artículo 23.2 de la Ley 50/1997 y 62.2 de la Ley 30/1992, dada la infracción de los preceptos legales y constitucionales mencionados en el cuerpo de este escrito, en particular la infracción grave y generalizada del procedimiento de elaboración de Reglamentos previsto en el artículo 24 de la Ley 50/1997.
2.- Subsidiariamente, declarar la nulidad de pleno derecho de los artículos .5.1 q), 49, 47, 12.1 2º, 8.5, 18, 20.1, 10.2 a) y b), 45.1 b), 46.2, 46.3, 46.4, 13.4, 42, Artículo 38, apartado 1a) (la frase "y respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero"), y apartado 1 b), 38.2 y 38.3 RLOPD, así como los artículos 41,15 y 83 de la LOPD3. -El planteamiento de 3 cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.Por su parte la empresa EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, S.A., en recurso 26/2008, solicitaba la declaración de nulidad de:A) El inciso "cumplimiento o"; en la rúbrica de la Sección 2ª del Capítulo I del Título IV.B) El inciso; cumplimiento o; en el artículo 39.C) El inciso "o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero.D) El artículo 41.1, párrafo segundo.E) El inciso "por escrito" del párrafo primero del art. 42.2 y todo el párrafo segundo del art. 42.2."Y la Asociación Nacional de establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), en recurso 23/2008 pidió:La nulidad del artículo 5.1.q) inciso "aunque no lo realizase materialmente". artículo 8.5 3º, 10.2.a) 1º, 10.2.b) 1º, 11, 12.2, 13.4, 18.1, 18.2, 21.2 a), 23.2 c), 24.3 1º y 2º, Enunciado de la Sección 2ª, del Capítulo I del Título IV, en cuanto se refiere también al "cumplimiento" de obligaciones dinerarias, 38 en sus apartados 1.a) (en el inciso "y respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero") y b) (en el inciso "o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico"), 2 y 3, 39. en el inciso "en el momento en que se celebre el contrato", 40.2, 41.1, 41.2,en el inciso "o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico", 42.2 inciso "por escrito" del párrafo primero y todo el párrafo segundo, 44.3 1º en el inciso "en el plazo de siete días", 45.1 b) en el inciso "habiéndose informado a los interesados sobre los sectores específicos y concretos de actividad respecto de los que podrá recibir información o publicidad", 46.2 b) y c), 46.3, 47, 49.2, 49.4, 69.1 b) inciso "o no van a adoptar en el futuro", 70.3 c) inciso "o no serán respetadas", o inciso "o no serán" y 70.3 d), 123.2 inciso "o a funcionarios que no presten sus funciones en la Agencia."Como se ve son muchos los artículos que han sido objeto de impugnación por parte de estas asociaciones y empresas y el fallo únicamente ha declarado, entre las 3 sentencias, la anulación de los artículos 11, 18, 38. 2, y 123.2 así como la frase del artículo 38.1.a) que dice así: "... y al respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos previstos en el reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero"
- Artículo 11, Fundamento Jurídico Sexto: Recurso 23/2008[Texto anulado] Artículo 11. Verificación de datos en solicitudes formuladas a las Administraciones públicas.
Cuando se formulen solicitudes por medios electrónicos en las que el interesado declare datos personales que obren en poder de las Administraciones públicas, el órgano destinatario de la solicitud podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar la autenticidad de los datos.La razón para la anulación es que supone un tratamiento o cesión de datos sin consentimiento y sin la habilitación legal exigida por los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica. Lo curioso de este caso es que la inclusión en el RD 1720/2007 de este precepto provenía del Ministerio de Administraciones Públicas, pero con una redacción diferente que en salvaba el problema al reconocer el consentimiento tácito del solicitante, pero en la redacción posterior esto se modificó y no se incluyó, por lo que con esa redacción se habilitaba una cesión de datos al margen de los supuestos autorizados (consentimiento del titular o habilitación legal).
- Artículo 18.1, Fundamento Jurídico Noveno: Recurso 25/2008[Texto anulado] Artículo 18. Acreditación del cumplimiento del deber de información.
2. El responsable del fichero o tratamiento deberá conservar el soporte en el que conste el cumplimiento del deber de informar. Para el almacenamiento de los soportes, el responsable del fichero o tratamiento podrá utilizar medios informáticos o telemáticos. En particular podrá proceder al escaneado de la documentación en soporte papel, siempre y cuando se garantice que en dicha automatización no ha mediado alteración alguna de los soportes originales.La razón es que por el RD 1720/2007 se impone una obligación de constancia documental que no se impone en el artículo 5 de la LOPD, que consagra la libertad de forma en la recogida del consentimiento (verbal, escrita, etc.). Por lo tanto entiende que el legislador se ha extralimitado en la exigencia de este requisito.
- Artículo 38.1.a Fundamento Jurídico Decimocuarto: Recurso 23/2008 y Fundamento Jurídico Cuarto: Recurso 26/2008[Texto modificado, versión final] Artículo 38. Requisitos para la inclusión de los datos.
[Texto eliminado] Artículo 38.1.a “y respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero.La supresión del párrafo final supone un golpe duro a los ciudadanos que nos vemos muchas veces indefensos ante las prácticas de empresas que ante una deuda nos incluyen en un fichero de morosos por deudas en las que podemos tener razones para discrepar.
- Artículo 38.2, Fundamento Jurídico Decimocuarto: Recurso 23/2008[Texto anulado] Artículo 38.Requisitos para la inclusión de los datos.
2. No podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales sobre los que exista un principio de prueba que de forma indiciaria contradiga alguno de los requisitos anteriores.Este párrafo es eliminado por que según el Tribunal, si bien la prueba indiciaria es una prueba admitida en nuestro derecho, pero no es equiparable a la prueba de presunciones.“Sin duda juega un papel relevante en el ámbito cautelar, pero ha de reconocerse que la redacción de la norma al no concretar qué principio de prueba exige (documental, pericial, testifical, etc.), junto a la dificultad de apreciación del grado exigible de la prueba indiciaria, origina en efecto una inseguridad jurídica que debe corregirse.”En este caso parece confundirse el principio de prueba con los medios de prueba. Es decir, el principio de prueba es el derecho a valerse de los medios de prueba existentes y aceptados, pero mientras sean estos vale cualquiera de los medios, con independencia de que se indiquen o no. Y el medio es el instrumento concreto reflejo de la realidad.
- Artículo 123.2, Fundamento Jurídico: Recurso 23/2008[Texto anulado] Artículo 123. Personal competente para la realización de las actuaciones previas.
2. En supuestos excepcionales, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá designar para la realización de actuaciones específicas a funcionarios de la propia Agencia no habilitados con carácter general para el ejercicio de funciones inspectoras o a funcionarios que no presten sus funciones en la Agencia, siempre que reúnan las condiciones de idoneidad y especialización necesarias para la realización de tales actuaciones. En estos casos, la autorización indicará expresamente la identificación del funcionario y las concretas actuaciones previas de inspección a realizar.Esta es una cuestión que afecta a las capacidades de contratación por parte del director de la Agencia, y que al referirse a supuestos excepcionales no delimitados, entiende el Tribunal Supremo que por su falta de concreción supone la apertura de un amplio campo para la designación que está reñida con el limitado y específico de la encomienda de gestión de los artículos 35, 37 y 40 de la LOPD.
Sobre las cuestiones prejudiciales planteadas al TJCE habrá que esperar a su resolución por parte de este tribunal para poder valorar como afectan al contenido y aplicación del RD 1720/2007 Publicado por
Entre los personajes objeto de esa crítica se encontraban Fernándo Sánchez Dragó y su programa "Dragolandia" y la presentadora Curry Valenzuela y su programa "Alto y Claro". Evidentemente, para poder desarrollar la crítica el programa de Telecinco hizo uso de imágenes de los programas de Telemadrid en los que aparecían las personas precitadas. Y al igual que Telecinco hizo con la Sexta, TeleMadrid interpuso una demanda por infracción de su propiedad intelectual contra Telecinco ante los juzgados de lo mercantil de Madrid.
Así la demanda solicitaba:"se declare que Gestevisión Telecinco S.A y la Fábrica de la Tele S.A, han infringido los derecho de propiedad intelectual Televisón autonomía de Madrid S.A, al utilizar en el programa G 20 emitida por la primera y producido por la segunda imágenes o secuencias audiovisuales de los programas " Alto y Claro" y "Dragolandia", productos emitidos por Televisión Autonomía Madrid S.A y en s consecuencia se condene a las demandada a A) cesar en la actividad infractora, dejando de utilizar en el programa " G 20", que emite Gestevisión Telecinco S.A y produce la Fábrica de la Tele S.A, imágenes producidas o emitidas por Televisión Autonomía Madrid S.A, resarzan solidariamente a Televisión Autonomía Madrid S.A de los daños morales ocasionados quese cifran en la suma de 70.000 euros y publiqien a su costa la sentencia estimatoria que en su día se dicte en dos diarios de los de mayor tirada nacional, todo ello con condena en costas."En principio, de ese petitum pueden verse cuestiones habituales en las demandas por infracción de la propiedad intelectual (acción de cesación, solicitud de indemnización, publicación, etc.), pero cuando se examina por la sentencia la petición económica, aspecto que fundamentaría una petición racional por un aprovechamiento de la obra ajena o de los derechos ajenos, se ve que no había otra voluntad más allá de impedir la difusión de imágenes.
En este caso, como en el de La Sexta hicieron los abogados de esa cadena, los abogados de Telecinco trataron de justificar la inclusión de las imágenes en el artículo 33.1, sobre los trabajos sobre temas de actualidad:Los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por cualesquiera otros de la misma clase, citando la fuente y el autor si el trabajo apareció con firma y siempre que no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir la remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa.Fallando al igual que hizo su contraparte de La Sexta en el otro asunto porque no se cumplen los requisitos, y también en el resto de alegaciones como aquella de que el uso de las imágenes era muy poco o residual.
La primera cuestión a resolver es donde se encuentra la ilicitud en la conducta realizada por la tienda de fotocopiadoras, que no realiza copias para si mismo, sino que generalmente estas copias son efectuadas a solicitud de un tercero que suele ser un particular. Vista esta como la conducta más habitual parecería que encaja en el ámbito de la copia privada del artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual:"2. No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, que deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a las que se refiere el artículo 161. Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a, los programas de ordenador."Aparentemente toda la conducta de cualquier persona física que quiera una copia de un libro podría obtenerla sin mayores problemas amparándose en este derecho. Pero he aquí que el legislador preve que en el caso de que esa copia se realice en un establecimiento especializado abierto al público la misma no será copia privada, para ello se establece en el Real Decreto 1434/1992 (la norma primeramente encargada del canon analógico), en el artículo 10.1 que:"A los efectos de lo dispuesto en el presente título, no tiene la consideración de reproducciones para uso privado del copista, en el sentido del apartado 2 del artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual: a) Las efectuadas en establecimientos dedicados a la realización de reproducciones para el público, o que tengan a disposición del público los equipos, aparatos y materiales para su realización. b) Las que sean objeto de utilización colectiva o de distribución mediante precio."Como se ve en estos establecimientos en ningún caso se pueden realizar copias privadas. Supongo que las máquinas que adquieren esas empresas tampoco llevarán ningún tipo de canon, pero esa es otra historia, así como la opinión que pueda tener de que se imposibilitase el ejercicio de un derecho de una manera tan absurda. Si bien, con el acceso de los particulares a sus propios medios de reproducción y copia en la actualidad tendría algo más sentido esta norma, y no tanto en el año 1994.
Pero además, y como no es cuestión de perder negocio y enfrentarse con la tozuda realidad se incluía una obviedad en el apartado segundo del mismo artículo. "2. Para poder efectuar las reproducciones a que se refiere el número anterior, deberá obtenerse la previa autorización de los titulares de los derechos." Evidentemente, sin autorización del titular no puede reproducirse la obra, no era necesario repetirlo en este Real Decreto. ¿o sí? De esta forma no se amenazaba tanto a las tiendas de fotocopiadoras y se les indicaba claramente que podrían obtener licencia para la reproducción, contactando con la persona adecuada.
El problema es que dentro de las licencias que ofrece CEDRO unicamente se admite la reproducción de un 10% del total de un libro. Cuando se produce un exceso de ese porcentaje en la reproducción CEDRO aplica lo que se denomina indice CORSA (coeficiente de reproducción sin autorización) y que supone multiplicar por las tarifas generales por un valor que se obtiene de la siguiente manera:"fórmula que consiste en restar del porcentaje de obra efectivamente reproducida (100% si la reproducción es íntegra), el porcentaje de reproducción autorizado (o si el usuario no tiene autorización) y dividirlo entre el máximo de reproducción que permita la licencia que le corresponde al usuario que la tiene suscrita o que le correspondería si no la hubiera suscrito.
Como se puede apreciar, el índice Corsa permite ajustar la indemnización al porcentaje de reproducción efectivamente realizado considerando las tarifas, el porcentaje de reproducción autorizado al usuario y el máximo porcentaje permitido por la licencia de reproducción en cada caso concreto (10% para el caso de la licencia general que se concede a establecimientos reprográficos)." Cuando CEDRO detectaba y acreditaba que en un establecimiento se fotocopiaban libros completos lo que hacía era demandar al mismo optando por uno de los dos criterios posibles según el artículo 140 LPI:Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.
El Tribunal Supremo sistematiza los criterios seguidos por las diferentes audiencias y señala que:"En la actualidad se decantan por admitir la cuantificación de la indemnización con aplicación de las tarifas, índice Corsa incluido, las siguientes Audiencias Provinciales: Albacete, Sección 2.ª, Gijón, Sección 7.ª, Barcelona, Sección 15,ª especializada en propiedad intelectual ; Cantabria, Sección 2.ª; Ciudad Real, Sección 2.ª, Córdoba, Sección 3.ª, La Coruña, Sección 4.ª, Gerona, Sección 1.ª, Gijón, Sección 7.ª, Granada, Sección 3.ª, León, Sección 1.ª, Lugo, Sección 1.ª, Madrid, Sección 9.ª, Sección 11.ª, Sección 28,ª, esta última especializada en propiedad intelectual , Málaga, Sección 7.ª, Navarra, Sección 3.ª, Orense, Sección 2.ª, Palma de Mallorca, Sección 5.ª, Salamanca, Sevilla, Sección 6.ª, Valencia, Sección 9.ª, Valladolid, Sección 1.ª, Zamora y Zaragoza, Sección 1.ª."
"No admiten la fórmula de cálculo de indemnización que Cedro interesa (índice Corsa) las siguientes Audiencias Provinciales: Alicante, Oviedo, Burgos, Castellón, Cuenca, Guadalajara, Murcia, Palencia, Pontevedra, Segovia y Vizcaya."Así mismo realiza un análisis de las razones que tienen las diferentes Audiencias citadas para mantener o no el criterio de aplicación del CORSA.
Formulado el recurso en interés casacional, el Tribunal Supremo establece que:"Se fija la siguiente doctrina: la indemnización que debe fijarse al amparo del artículo 140 LPI por reproducción sin autorización por medio de fotocopias en establecimientos abiertos al público con arreglo a las tarifas generales de la sociedad demandante CEDRO, cuando ésta se acoge a la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación, debe fijarse en el importe de la tarifa general aprobada para la autorización de reproducciones del 10% de las obras, multiplicado por cinco. Si se prueba de manera suficiente que el porcentaje de promedio de reproducción de todas las obras fotocopiadas es inferior o superior al 50% de las obras la tarifa podrá multiplicarse por un coeficiente superior o inferior, y no podrá exceder de diez veces su importe."Es decir que ante la facilidad de prueba de que CEDRO había gozado hasta la actualidad, ya que con acreditar una obra fotocopiada (mediante acta notarial, etc.) ya tenía legitimación para denunciar infracción de propiedad intelectual y cobrar la tarifa general multiplicada por10, la situación ahora varía ya que según esta doctrina se establece como criterio automático el del 5 y si quiere percibir un porcentaje mayor deberá practicarse prueba adicional que acredite el mismo.

References: Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 24
 Artículo 38
 Real Decreto 
 artículo 39
 Real Decreto 
 artículo 41
 artículo 5
 artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 38
 Real Decreto 
 Artículo 11
 Artículo 11
 Artículo 18
 Artículo 18
 artículo 5
 Artículo 38
 Artículo 38
 Artículo 38
 Real Decreto 
 Artículo 38
 Artículo 38
 Artículo 123
 Artículo 123
 resolución 
 artículo 33
 artículo 31
 artículo 25
 artículo 161
 artículo 99
 Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 31
 artículo 140
 artículo 140