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﻿ AUTO 11507 DE NOVIEMBRE 29 DE 2000
AUTO 11507 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2000
CONTENIDO:FUERO PENAL. CONGRESISTAS QUE HAN CESADO EN EL EJERCICIO DE SU CARGO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONGRESISTA, FUERO DEL CONGRESISTA, PROCESO PENAL, FUERO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:351 DE MARZO DE 2001, PÁG.469
Auto 11507 de noviembre 29 de 2000
CONGRESISTAS QUE HAN CESADO EN EL EJERCICIO DE SU CARGO
EXTRACTOS: «3. Los artículos 186 y 235 de la Carta Política establecen a favor del órgano legislativo y en garantía de la independencia y continuidad de sus funciones constitucionales, un fuero especial para sus miembros, según el cual, los delitos que éstos cometan serán conocidos “en forma privativa” por la Corte Suprema de Justicia, autoridad que tiene como una de sus atribuciones constitucionales propias, “investigar y juzgar a los miembros del Congreso” pudiendo adelantar dichas actuaciones en todo momento.
De la preceptiva constitucional se establece que la garantía de que se viene hablando, es plena mientras los funcionarios cobijados con ella permanezcan en el cargo, ya que compete a la Corte conocer de las conductas punibles en que hayan incurrido antes de posesionarse como congresistas, y por los eventuales delitos que éstos cometan durante el período de su desempeño; de donde se deriva, entonces, que durante el ejercicio del cargo la competencia del órgano limite de la jurisdicción ordinaria no cubre únicamente los hechos punibles vinculados al ejercicio de sus funciones como parlamentarios, sino también los realizados como ciudadanos comunes.
Pero si los miembros del congreso han cesado en el cargo, la Constitución establece que el fuero se limita a las conductas punibles ”que tengan relación con las funciones desempeñadas” cuando ejercieron la actividad oficial, de acuerdo con los establecido por el artículo 235 de la Carta Política.
Se nota pues una diferencia sustancial con el anterior sistema de privilegio consagrado en la Carta Política de 1886 y que establecía la inmunidad parlamentaria de juzgamiento, según la cual ningún miembro del Congreso de la República, mientras permaneciera en el cargo, podía ser aprehendido ni sometido a juicio criminal sin autorización previa de la respectiva Cámara, y señalaba que la competencia para conocer de las conductas punibles atribuidas a los congresistas, no descansaba de la Corte Suprema, como acontece ahora, sino en la jurisdicción ordinaria, regida por la doble instancia, con lo cual, siempre se entendió, se pretendía evitar que mediante el ejercicio abusivo del derecho de acceder a la justicia, se impidiera el normal desarrollo de las funciones legislativas.
Este cambio de sistema obedeció a la necesidad de armonizar la autonomía e independencia de los distintos órganos estatales, bajo el entendido de no constituir una división tajante y excluyente de las funciones que caracterizan a cada uno de ellos, sino de colaboración armónica en la realización de sus fines, y corregir al tiempo ciertos abusos y desviaciones que se habrían presentado al punto de convertir la prerrogativa constitucional de la inmunidad parlamentaria en un privilegio, casi absoluto, de los miembros del Congreso, en detrimento del interés general de lograr reales posibilidades de realización de los fines sociales con una justicia cierta, eficaz u oportuna, que no excluyera de su alcance a ninguno de los miembros del conglomerado social y político.
Como antecedentes de la actual esquema, cabe citar la exposición de motivos sobre el proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia Nº 13, bajo el título “ampliación de la democracia” presentado por la constituyente María Teresa Garcés Lloreda, quien en el acápite destinado a “La inviolabilidad de los congresistas. Supresión de la inmunidad”, señaló: “En el proyecto se precisa más la inviolabilidad de los congresistas en cuanto se consagra únicamente para su voto o sus opiniones dentro del parlamento, exceptuando las ofensas de carácter calumnioso. Por eso se suprime la inmunidad parlamentaria por haberse prestado en nuestro país para innumerables abusos” (G.C. Nº 10, pág. 19), opinión que reiteró en el discurso del 22 de febrero de 1991 ante la asamblea constituyente (Gaceta Nº 15, pág. 12).
En la ponencia sobre “Control de constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado” presentada por los constituyentes María Teresa Garcés Lloreda y José María Velasco Guerrero, se señaló:
“En relación con el juzgamiento de los altos funcionarios, parece importante resaltar el hecho de suprimir la acusación previa del Senado para el juzgamiento de delitos comunes, acusación que debe subsistir en el caso de juzgamiento por motivos de responsabilidad en el ejercicio del cargo. Teniendo en cuenta que en varios proyectos de reforma al Congreso de la República se termina con la inmunidad parlamentaria, parece lógico que el juzgamiento de los congresistas por delitos comunes, se haga también por la Corte Suprema de Justicia” (Gaceta Nº 36, pág. 16).
Y en el informe de ponencia para primer debate en plenaria, sobre la “rama legislativa del poder público”, que reúne las ponencias individuales presentadas por los constituyentes Álvaro Echeverry Uruburu, Hernando Yepes Arcila, Alfonso Palacio Rudas, Luis Guillermo Nieto Roa y Arturo Mejía Borda, respecto de la inmunidad e inviolabilidad se precisa:
“Estas dos instituciones, creadas para garantizar la independencia del congresista al actuar, fueron analizadas para decidir si sería necesario mantenerlas o suprimirlas. Se decidió recomendar a la asamblea la supresión de la inmunidad y su sustitución por un fuero especial, igual al de los altos funcionarios del Estado, para que los miembros del Congreso solamente puedan ser detenidos por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (salvo casos de flagrante delito) y juzgados por este mismo tribunal” (Gaceta 79, pág. 16).
Son entonces el cargo, o las funciones discernidas, los factores que determinan la aplicación del fuero constitucional y el rango del tribunal al que le compete conocer del asunto, independientemente de la persona individualmente considerada o de la existencia en contra suya de otras investigaciones o procesos penales; por ello se le caracteriza como funcional e impersonal y, su origen se radica en la conveniencia de sustraer a éstas específicas dignidades de las reglas generales que gobiernan la competencia judicial, para garantizar, como ha sido visto, de una parte la dignidad del cargo y de las instituciones que representan, y, de otra, la independencia y autonomía de algunos órganos del poder público a fin de que sus actuaciones no se vean entorpecidas por el ejercicio abusivo del derecho de acceso a la justicia o la injerencia de otras autoridades.
En ésta la razón por la cual dicha garantía no se extiende para cobijar conductas punibles desvinculadas de la función oficial cuando se ha hecho dejación del cargo, dado que cuando ello ocurre, ninguna posibilidad de entrabamiento de la función del órgano a que pertenecieron, o de injerencia indebida, subsiste.
De ahí resulta claro que cuando los congresistas hubieran cesado en el ejercicio de su cargo, la competencia para conocer de los delitos que no guardan nexo alguno con las funciones oficiales cometidos mientras eran miembros del Congreso o con anterioridad a su vinculación al órgano legislativo, deja de corresponder a la Corte y se determinará por los factores que señala el Código de Procedimiento Penal, ya que sólo si los hechos imputados tienen relación con las funciones desempeñadas, el fuero del congresista se mantiene una vez ha hecho dejación del cargo, pues la garantía de ser investigado y juzgado por un juez colegiado constitucionalmente predeterminado por hechos vinculados funcionalmente a su condición de servidor oficial, se conserva.
Ahora, si el artículo 3º de la Constitución establece que todos los poderes constitutivos derivan sus competencias de la Carta Política, indica ello, en primer lugar, que como expresión de un Estado social de derecho las competencias de los distintos órganos que lo componen, son regladas, y, en segundo término, que con el fin de precaver la arbitrariedad y permitir el control de los actos de las autoridades públicas, es en el marco constitucional en el que primero ha de observarse cuáles son las facultades atribuidas a las diferentes autoridades constituidas, incluidas, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia.
Y si se toma en cuenta que el artículo 4º de la Carta Política establece que la Constitución es norma de normas, con lo cual consagra el principio de la supremacía constitucional, ha de concluirse que no todas las disposiciones jurídicas del ordenamiento ostentan igual jerarquía, de suerte que la expedición o aplicación de normas de inferior rango debe ajustarse a las superiores, y con mayor razón a los preceptos ubicados en la cuspide.
Y si se considera que de conformidad con los dispuesto por el artículo 230 del estatuto superior los jueces en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, siendo ésta fuente obligatoria, entendiéndose por tal, no en su sentido formal atendiendo al órgano que la expide, sino en el sentido de comprender dicho concepto las normas vinculantes de carácter general, ha de concluirse que la primera de ellas que ha de merecer observación rigurosa, es la Constitución Política, como ha sido visto.
Se tiene entonces, que de conformidad con el parágrafo del artículo 235 de la Carta Política, la pérdida de la investidura del congresista, y el fuero determinante de la competencia para ser investigado y juzgado por la Corte, quedan ligados exclusivamente a la naturaleza de la infracción, pues el precepto constitucional no da lugar a la posibilidad de interpretación extensiva o analógica para prorrogar la competencia de la Corte por hechos atribuidos al ex congresista y no vinculados a la función oficial, no solamente por tratarse de una excepción a las reglas generales que gobiernan la competencia judicial, por ende de alcance restringido aplicable sólo al supuesto fáctico allí contemplado, sino porque la misma ostenta rango constitucional de aplicación prevalente frente a cualquier otra de inferior jerarquía que disponga lo contrario.
4. En este caso, evidentemente, como se anuncia en el escrito y se establece de la documentación allegada, en contra del doctor J... se tramitan dos juicios penales a saber: el radicado en esta corporación bajo el número 11507 por el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, y el identificado con el número 99-0942 (33320) por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares a cargo de juzgado segundo penal del circuito especializado de Cali (Valle) cuyas resoluciones de acusación se encuentran ejecutoriadas.
Ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal, en razón al estado en que se encuentran los procesos que se siguen contra el doctor J... haría procedente disponer la acumulación de juicios, como lo demanda la representación del Ministerio Público que actúa en el proceso ventilado en el juzgado segundo penal del circuito especializado de Cali; no obstante, por principio de prelación normativa, la aplicación de la disposición invocada por el peticionario ha de ceder el paso a otra de rango superior de obligatorio cumplimiento (el art. 235 de la C.P.), ya que al no ostentar en la actualidad el doctor J... el cargo de congresista, el fuero determinante de la competencia de la Corte para conocer de procesos que se sigan en su contra sólo se conserva “para las conductas que tengan relación con las funciones desempeñadas”, sin que la Constitución establezca la posibilidad de extenderlo a actuaciones judiciales por hechos no vinculados con la función de representante de la Cámara.
Si bien la acumulación de juicios tiene por finalidad garantizar la celeridad y eficacia de la administración de justicia, y conceder ventajas sustanciales y procesales al acusado de manera que, a partir de su declaración, éste concentre su gestión y estrategia defensiva en un solo trámite hasta obtener que el proceso termine en una única sentencia, que de ser de condena, impida la imposición de penas acumuladas aritméticamente, estos beneficios no pueden autorizar la extensión del instituto más allá de los marcos normativos establecidos en la Constitución, ni permiten el desconocimiento de los ritos inherentes a cada uno de los trámites cuya acumulación se demanda.
Por mandato constitucional de carácter absoluto, se insiste, la cesación en el ejercicio del cargo de congresista por renuncia a la investidura o la pérdida de ella por cualquier otra circunstancia, despojan de competencia a la Corte para conocer de los procesos que se sigan en contra de los miembros del Congreso de la República, a menos que la conducta punible materia de imputación guarde relación con las funciones desempeñadas, evento en el cual la competencia de la Corte se conserva, no siendo este el caso por el que el juzgado segundo penal del circuito especializado de Cali juzga al doctor J..., dado que ha sido acusado por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, según hechos que por su propia naturaleza se hallan desvinculados de la función oficial cuando ejerció el cargo de representante a la Cámara.
En orden a la definición del asunto que se somete a consideración de esta colegiatura, tampoco puede dejar de considerarse que el proceso penal que constitucionalmente compete adelantar a la Corte contra los miembros del Congreso de la República, mientras permanezcan en el ejercicio del cargo o con posterioridad a el cuando la conducta punible imputada guarda relación con las funciones desempeñadas, es de naturaleza especial y de única instancia, siendo este organismo el único constitucionalmente facultado para ordenar la detención de los congresistas, en tanto que la investigación que compete adelantar a la fiscalía según las normas que reglan su competencia y le otorgan el ejercicio de la acción penal estatal, es de tendencia materialmente acusatoria, adquiriendo dicho organismo la condición de parte durante la etapa de juzgamiento (CPP, art. 444), con la carga de intervenir en el juicio (CPP, arts. 128 y 452) sea para demandar el recaudo de pruebas (art. 249 ib.) o para invocar la cesación de procedimiento o la absolución del procesado (art 129 ejusdem), incluso con facultad para impugnar las decisiones que se adopten por el juez de conocimiento, siendo éstas otras de las razones que impiden aplicar procedimientos diferentes en la misma actuación, ya que de proceder de modo contrario tornaría el trámite en una mixtura atentatoria del debido proceso constitucional, y daría paso a entrabar, dificultar y demorar la tramitación conjunta de los asuntos sobre los cuales se demanda la acumulación, contrariando los fines de celeridad y eficacia para los cuales ha sido establecida la figura.
La pretensión expuesta por el peticionario resulta aún más improcedente si se tiene en cuenta que el fuero constitucional de los congresistas descarta cualquier posibilidad de intervención de la Fiscalía General de la Nación en los procesos que constitucionalmente compete investigar y juzgar a la Corte.
También es de resaltarse, que en la forma como ha sido concebido dicho instituto por el órgano constituyente y declarado por el juez de constitucionalidad “el fuero no es un privilegio y se refiere, de manera específica, al cumplimiento de un trámite procesal especial, cuyo propósito es el de preservar la autonomía y la independencia de aquellos funcionarios a los que ampara. Por ello, es posible que como consecuencia de su naturaleza —proceso especial—, algunas de las medidas que se adopten en ellos no correspondan con los procedimientos ordinarios, sin que ello implique discriminación alguna, o desconocimiento de disposiciones constitucionales, pues es la propia Carta la que concibe el fuero especial que cobija a los altos funcionarios del Estado” (se destaca) (C. Const., Sent. C-245/96) y de modo expreso establece la autoridad judicial llamada a conocer de los hechos que les sean imputados, y que se hallen vinculados al cargo o las funciones oficialmente discernidas.
Entonces ante la necesidad evidente de optar entre aplicar disposiciones de carácter legal, como las aducidas por el peticionario, y de rango constitucional que demarcan la competencia de la Corte y el trámite que le corresponde cumplir, en la definición del asunto han de preferirse éstas respecto de aquellas, como se establece del artículo 4º de la Carta Política, según el cual “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”, pues si bien a igualdad de trato jurídico constituye un derecho fundamental, también lo es que la excepción en este caso es de rango constitucional y, por lo mismo, resulta de imperativo acatamiento por las autoridades a quienes se dirige, con cuya aplicación al caso ningún menoscabo al principio de igualdad u otra garantía podría resultar configurado, pues también es principio de derecho constitucional que entre las disposiciones de la Carta Política no se concibe contradicción o prevalencia, ya que se parte del supuesto que éstas guardan coherencia interna en el estatuto que las contiene.
Estos razonamientos llevan a concluir a la Corte que siendo improcedente la acumulación de los juicios que se siguen al doctor J... no sólo por mandato constitucional, como se deja visto, sino también por las marcadas características diferenciadoras que le son propias a cada trámite las cuales impiden su unificación, corresponde perseguir separadamente los respectivos diligenciamientos, como así se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído».
(Auto de noviembre 29 de 2000. Radicación 11.507. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

References: artículo 235
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 230
 artículo 235
 artículo 91
 artículo 4