Source: https://books.google.com.ec/books?id=5XY0AQAAMAAJ&pg=PA33&vq=legislaci%C3%B3n&dq=editions:UOM35112104564689&output=html_text&source=gbs_search_r&cad=1
Timestamp: 2020-06-03 16:49:59+00:00

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les el conocimiento do las infracciones de la disciplina interior de sus buques mercantes, cometidos por individuos de la tripulación, siempre que no se haya comprometido la tranquilidad del puerto donde se halla el buque; pero esta excepción, ¡por su naturaleza y objeto, por las razones en que se funda, y por la más autorizada declaración de la jurisprudencia francesa, no puede interpretarse para sustraer de la jurisdicción local los crímenes comunes que debe castigar. Siguiendo la doctrina francesa, Italia y el Perú pactaron con el Imperio esta excepción, verificándolo aquella en el artículo 8o de la Convencion ('onsular de 4 de Febrero de 1852, reproducido en los artículos 12 y 13 de la de 26 de Julio de 1862, y realizándolo éste en el artículo 34 de la que se celebró en 9 de Marzo de 1851. El Perú y la Italia lo estipularon también, en el artículo 17 de la Convención canjeada en 28 de Octubre de 1864. (1) En ninguna se habla de crímenes, sino de la policía interior de los buques y de las controversias ó diferencias existentes entre los capitanes, oficiales y marineros, y en todas se establece, por el contrario, que las autoridades locales intervendrán ó conocerán cuando á bordo de los buques ocurran desórdenes que pertuben la tranquilidad ó el órden público en tierra ó en el puerto. Cuanto se puede decir de más fundamental, para que no quede duda alguna, si fuese posible que la hubiese, en los límites de la disciplina y policía interior de un buque mercante, que son los únicos de la jurisdicción consular, se encierra en una de las consideraciones que tuvo la Corte de Casación del mismo Imperio francés, para declarar, en 25 de Febrero de 1859, que Jalli, 2o del buque americano «Tempest», y culpable de asesinato en la persona del marinero ()"Brien, estaba sujeto, no á la jurisdicción onsular, sino á la jurisdicción francesa. «Todo Estado, dijo, es« tá interesado en la represión de los crímenes y delitos que se cometen en los puertos de su territrio, á bordo de los buques mercantes extranjeros aunque no intervengan otros individuos que los de la tripulación; ya sea que el hecho pueda por su naturaleza comprometer la tranquilidad del puerto, ó sea cuando el hecho constituya un crímen de derecho común, cuya gravevedad no permite á ninguna nación dejarlo impune, sin atentar contra los derechos de soberanía jurisdiccional y territorial, porque el crímen es por sí mismo la violación más manifiesta como la más flagrante de las leyes que cada Nación está encargada de hacer respetar en todas las partes de su territorio». El homicidio en la persona del marinero Matcarens, que aparece á bordo de la barca italiana «Rondanini», muerto á pu
ñnladas por la (espalda y después que navegando como bueno en las aguas del Perú fué perseguido y llevado á la barca, este crímen se halla previsto en el inciso 29, artículo 232, del Código Pe— nal, y es de tal naturaleza grave que no soto compete su conocimiento {i la jurisdicción peruana, respecto de los marineros que han quedado detenidos. sino que podrá pedirse la extradición del rco si resultase serlo alguno de los individuos que se han ido en aquel buque.
El Fiscal no halla, pues, atendible la solicitud del H. Encargado de Negocios de Italia, ni conforme al derecho convencional, ni al derechos de Gentes, ni al derecho patrio.
Lima, 22 de Enero de 1869.
Ministerio de Pwlacioncs Exteriores.
Una riña que tuvo lugar {t bordo de ln barca italiana mercante «Emilio Rondanini», surta en las aguas de las islas de Chincha, el 23 de Agosto último, entre individuos de la tripulación, y que dió por resultado heridas graves y aún la muerte de uno de ellos, ha motivado una reclamación del Honorable señor Encargado de Negocios de Italia, para que las autoridades del
país no conozcan del hecho en cuestión. Pedidos los informes ‘
necesarios,’ y oído al señor Fiscal de la Excma. Corte Suprema, ha opinado este funcionario por el mantenimiento de la jurisdicción nacional.v Como en este asunto se ventila una gravísimo cuestión internacional, creo que ha llegado el caso de que V. E. fije el sentido de la Convención vigente entre el Perú é Italia, y las reglas que deben servir de norma á las autoridades del país, no solo en el presentecaso, sino en todas las cuestiones idénticas que se pueden presentar.
La insuficiencia y la falta de fijeza del Derecho Internacional, se hacen sentir, sobre todo, en las cuestiones del Derecho Marítimo. El progreso de la ciencia es lento y solo en largos períodos llegan las Naciones á formular principios fijos que sirvan de norma al mundo civilizado. Muy á menudo se divide éste en dos escuelas que profesan principios contrarios. Por eso se mul. tiplican los Tratados y las Convenciones, á fin de dar autoridad y sanción á los principios del Derecho Natural. La cuestión presente, como toda cuestión jurídica, debe ser resuelta ante todo conforme á la letra de la ley que es e Tratado vigente entre las dos Naciones; después, atendiendo al espíritu de los contra
tantes, á las costumbres y, en fin, á los principios del Dere. clio.
Es evidente que, según la Convención Consular vigente entre el Perú é Italia, todo delito cometido á bordo de un buque mercante italiano, por personas de la tripulación contra otras de ella misma, con tal de que no se haya tur-bado la tranquilidad del puerto, es justiciable únicamente por las autoridades italianas. . ‘
Sin embargo, el señor Fiscal de la Excma. Corte Suprema ha opinado de distinta manera. La alta posición de este funcionario, la circunstancia de haber opinado á favor de la jurisdicción nacional,‘ conforme á las ideas dominantes del país, y la reconocida ilustración del señor Ureta, me obligan á examinar detenidamente la cuestión. El razonamiento del señor Fiscal se pineda resumir así. El territorio de un Estado comprende no so
mente el suelo, sino también el mar que baña sus c istas. So— bre él se extiende la soberanía del Estado, y las leyes de policía y seguridad obligan, no solo á los nacionales, sino también á los extranjeros. La ficción de la territorialidad no comprende á los buques mercantes, y por consiguiente todos los delitos cometidos en el territorio de un Estado, aún á. bordo de dichos buques, quedan sujetos á la jurisdicción de él. El señor Fiscal cree que la convención entre el Perú é Italia, formulada conforme á la doctrina que sobre el particular se profesa en Francia, no habla de crímenes, sino únicamente de las faltas y desórdenes que no alteren la tranquilidad del puerto. En apoyo de su opinión el se. ñor Fiscal cita la. opinión de Wheaton, la doctrina de los tribu
nales ingleses, y el caso del buque americano Tempest, juzgado
En todo rigor los principios verdaderos son siempre absolutos y sin excepción: pero es preciso no solo comprenderlos bien lino, además, no darles un alcance mayor del que deben tener. Por otro lado, es preciso tener en cuenta la armonía de los difo— rentes principios que rigen en la humanidad y no abusar como le hace á menudo de las palabras principios absolutos. Cuando varias reglas suelen hallarse en contradicción, hay siempre un principio superior que las domina y que reviste un carácter más absoluto que ellas. El principio de la jurisdicción nacional sobre todo el territorio, así como el de la. exterritorialidad, no son ilimitades; y la aparente contradicción en que suelen encontrarse, se halla subordinada á un principio más absoluto, el de que la jurisdicción criminal no tiene otro objeto que restablecer el órden turbado por los delitos. Este principio limita el de la exterritorialidad y el que señala también el alcance de la jurisdicción territorial. Un buque mercante extranjero, si no goza de la misma exterritorialidad de un buque de guerra, no se encuentra, bajo el aspeccto de la jurisdicción, en las mismas
condiciones que los particulares, ó que los buques mercantes nacionales. La tripulación de un navío, (dice Heffter, párrafo 78, libro 1o) «forma una sociedad especial que goza de la protección del Estado á que pertenece, y que continúa regida por sus leyes aún durante su permanencia en aguas extranjeras.». Mas aún, los hijos de los nacionales nacidos, á lo rdo de un navío, son mirados como súbditos del Estado á que éste pertenece. Así, aún cuando las leyes de policía y seguridad obligan en todo el territorio, tanto á los nacionales como á los extranjeros, las meras faltas de policía, cometidas, á bordo de un buque mercante extranjero, no son justiciables sino por las autoridades del país á que el buque pertenece, según la opinión del mismo señor Fiscal, conforme en esto con los principios, los Tratados, las prácticas, y, en fin, el Derecho Universal. Las cuestiones sobre enganche de marineros y otras idénticas, no son juzgadas por las autoridades nacionales. Los desertores de un buque mercante son siempre entregados; de modo que la extradición tiene en el mar un alcance mucho mayor que en tierra. Hé aquí, pues, limitado el principio de la jurisdicción y reconocido cierto carácter de exterritorialidad á los buques mercantes extranjeros. Efectivamente, no se puede considerará un buque mercante, ni á su tripulación, en lo que tiene relación con la policía y la seguridad como á las personas aisladas, que viajan ó permanecen en país extranjero, y que, por esta razón, se hal'an completamente sometidas á las leyes y á las autoridades del país donde se encuentran. Aunque un buque mercante no puede ser asimilado á un buque de guerra, aunque no expresa el poder del Estado á que pertenece, ni es continuación de su territorio y no goza, por consiguiente, de todos los privilegios de la exterritorialidad, es evidente que encierra una reunión de personas, organizada y dirigida, conforme á las leyes de dicho Estado, que la tripulación está enrolada bajo la autoridad y vigilancia del país á que pertenece el buque, que el jefe de éste se halla públicamente reconocido y autorizado como tal é investido de cierto poder que se deduce de la naturaleza de las cosas, y que es indispensable, para la existencia misma del navío, y para que éste pueda llenar su fin. Existe, pues, (como dice Ortolan libo2o cap. 10) una situación intermediaria, que si no es la de los buques de guerra, tampoco es la de los simples particulares, y que deja su respectiva parte de atribuciones á dos soberanías diferentes: por una parte, la de las aguas territoriales en que se encuentra el navío, y por otra, la del Estado á que pertenece. De aquí resulta que si los buques mercantes están sometidos á las leyes y á las autoridades locales, es solo en parte, según los objetos de que se trata, bajo ciertas restricciones esenciales, y con ciertas condiciones secundarias. Así como no se puede decir que todos los hechos que pasen á bordo de un buque mercante de
ben ser tenidos como si se hubiesen realizado en el territorio del Estado á que pertenece, así tampoco se puede asegurar que todos ellos se hallen sujetos á, la jurisdicción del país, en cuyas
aguas se encuentra dicho buque. En resumen: los buques mer-.
cantes gozan para ciertos hechos del beneficio de la exterritorialidad, y para‘ otros no. Esta distinción no puede tener lugar para el caso de que se trata, sino subiendo al origen y al objeto de la jurisdicción en materia penal. Siempre que el órden del país sea turbado, sus ‘autoridades deben restablecerlo; cuando no lo sea, las autoridades locales no deben impedir su jurisdiccion.
Estos son los principios generales, cuya aplicación presenta á menudo contradicciones y dificultades. Para evitarlas ó resolverlas, se dán leyes y se celebran Tratados, así como sucede con todos los principios del Derecho Natural. Esas reglas sc van generalizando en el mundo. Francia comenzó a definirlas, de un modo preciso, en 1806, y no ciertamente bajo un poder débil, ni incapaz. Basta observar que imperaha entonces Napoleón l, celoso como el que más de la dignidad del gran pueblo que gobernaba, y organizador de la más sabia administración de los tiempos modernos. Es muy conocida la resolución del Consejo
de Estado francés, dictada el 20 de Noviembre de dicho año, '
definiendo, de acuerdo con la opinión del gran Juez Ministro de Justicia, los límites de la jurisdicción territorial y la de los (‘ónsules de los Estados Unidos de América, á propósito de lo acaecido en los puertos de Marsella y de Amberes, en los buques mercantes uNevetonn y «Sally.» Aunque se trataba de heridas graves, se declaró que la jurisdicción territorial no estaba expedita, ¡respecto de los delitos cometidos a bordo del buque neutral, por hombres de la tripulación neutral, contra hombres de la misma tripulacióm» se declaró que la jurisdicción de los Estados Unidos debía ser respetada, puesto que la cuestión era de disciplina interior de un buque, en la que no debía ingerirse la autoridad local; a no ser que se reclamase su intervención, ó que se turbase la. tranquilidad del puerto. Esta distinción apuntada por el gran Juez, se declaró que era. conforme á los usos, y la única regla que debía seguirse en la materia. En consecuencia, se acogió la reclamación de los Estados Unidos y se prohibió á los Tribunales franceses el conocimiento de los dos asuntos pendientes. Esta decisión, lejos de ser aislada, ha servido de base á lr legislación y á la política internacional de la Francia. La ordenanza de 29 de Octubre. de 1833, sobre las funciones de los Cónsules, en sus relaciones con la marina mercante, dice, en su artículo 23, tít. 39, lo siguiente: — «Cuando se hayan cometido a
bordo de un buque francés, en rada ó cn el puerto, vías de he

References: artículo 8
 artículo 34
 artículo 17
 artículo 232
 resolución 
 artículo 23