Source: https://www.scribd.com/doc/54655905/Sentencia-y-Cosa-Juzgada-en-el-proceso-de-alimentos
Timestamp: 2016-08-24 08:57:07+00:00

Document:
Sentencia y Cosa Juzgada en el proceso de alimentos
UploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicEditors' Picks BooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks AudiobooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks ComicsHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsValiant ComicsZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreSENTENCIA Y LA AUTORIDAD DE LA COSA JUZGADA EN EL PROCESO DE ALIMENTOS (*).Renzo Cavani Brain
CAS. Nº 2784-06 LIMA. Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta. Lima, Nueve de abril de dos mil siete.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA, vista la causa número dos mil setecientos ochenticuatro - dos mil seis; el día de la fecha, producida la votación correspondiente de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Es materia del presente recurso de casación la resolución de vista de fojas treintisiete, su fecha veintiséis de abril de dos mil seis, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que confirmó el auto apelado que declaró improcedente la demanda, en los seguidos por José Domingo Choquehuanca Miranda con Karla Celmira Begazo Benavente sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta; FUNDAMENTOS DEL RECURSO Mediante resolución de fojas trece del cuadernillo de casación formado ante este Supremo Tribunal, su fecha dos de octubre de dos mil seis, se declaró procedente el recurso de casación propuesto por don José Domingo Choquehuanca Miranda, por la causal relativa a la contravención de normas que garantizan la observancia del debido proceso; CONSIDERANDO: Primero.- El recurrente sostiene que al declararse improcedente la demanda incoada se contraviene el numeral tercero del artículo ciento treintinueve de la Constitución, referido al derecho de tutela jurisdiccional, si se tiene en cuenta que ha cumplido con los requisitos del artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil. Alega que la presente acción la inició por haber estado impedido de ejercer su derecho al debido proceso en el proceso de alimentos número ciento treintitrés — dos mil cinco, en el cual se emitió la sentencia que le causa perjuicio por haber sido obtenida de manera fraudulenta; acota que toda sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada cuando no ha sido impugnada o ha sido resuelta en última instancia, no existiendo sentencia de alimentos que no tenga dicha calidad [sic], por lo que es procedente iniciar contra dicha sentencia el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Segundo.- En cuanto a los argumentos del recurrente, es necesario recordar las razones por las cuales se ha declarado improcedente, de plano, la incoada. En la resolución del doce de diciembre de dos mil cinco, el a quo sostuvo lo siguiente: a) En razón de que el proceso cuestionado es uno de alimentos, en el que se emite una sentencia de condena, por tanto, la demanda sería prematura porque la sentencia en el proceso cuestionado aún no se ha realizado; y b) Respecto de la afirmación del demandante de que el proceso de alimentos cuestionado se habría tramitado no obstante que existía una conciliación extrajudicial que regulaba dichos alimentos, se sostiene que el demandante olvida que en materia de alimentos no hay cosa juzgada en razón de la naturaleza de la pretensión contenida en dicha clase de procesos. De otro lado, el ad quem sostuvo en su resolución del veintiséis de abril de dos mil seis, lo siguiente: 1) que el transcurso del plazo previsto en el artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil sólo será objeto de análisis en tanto se presenten los demás presupuestos de este tipo de proceso (de nulidad de cosa juzgada fraudulenta); ii) que al no poderse predicar la cosa juzgada respecto de las sentencias emitidas en los procesos de alimentos, tampoco puede reclamarse dicha calidad para los acuerdos conciliatorios en dicha materia; finalmente iii) que, en consecuencia, se concluye que no existe sentencia con la calidad de cosa juzgada que anular. Tercero.- Que, el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional Publicado en Actualidad Jurídica, N° 178, septiembre 2008, pp. 93-96. Alumno del undécimo ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima.
efectiva se encuentran reconocidos, dentro de nuestro ordenamiento, en el inciso tercero del artículo ciento treintinueve de la Constitución Política del Estado. Cuarto.- Que, al respecto, se sostiene que el derecho al debido proceso es un derecho "continente", pues, comprende diversos derechos fundamentales de orden procesal, razón por la cual, su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, cuyo cumplimiento efectivo garantiza que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre comprendida una persona, pueda considerarse como justo. Por tanto, el derecho al debido proceso, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos, mientras que la tutela judicial efectiva, supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción. Quinto.- En atención a los argumentos expuestos en ambas instancias, es necesario recordar que el Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída en el expediente cuatro mil quinientos ochentisiete — dos mil cuatro — AA/TC, sostuvo que mediante la garantía de la cosa juzgada se instituye el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante nuevos medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó. Asimismo, en el expediente número tres mil setecientos ochentinueve — dos mil cinco — PHC/TC se señaló que la autoridad de cosa juzgada de una resolución judicial sólo se alcanza cuando ésta pone fin a un proceso judicial. Sexto.- Que, asimismo, es del caso precisar que, aun cuando no son instituciones diferentes, respecto de la cosa juzgada se advierten dos funciones diversas; así, según nos dice Eduardo Couture, (Fundamentos del Derecho Procesa/Civil, Cuarta Edición, Editorial B de f, Montevideo — Buenos Aires, 2002, páginas 341 y siguientes) determinadas decisiones judiciales tienen, aún agotada la vía de los recursos, una eficacia meramente transitoria. Se cumplen y son obligatorias tan sólo con relación al proceso en que se han dictado y al estado de cosas que se tuvo en cuenta al momento de decidir, pero no obstan a que, en un procedimiento posterior, mudado el estado de cosas que se tuvo presente al decidir, la cosa juzgada pueda modificarse. Esto es lo que la doctrina — según el citado autor — denomina cosa juzgada formal, siendo el ejemplo más frecuente de este género el referido a juicio de alimentos. Existe en cambio, cosa juzgada sustancial, cuando a la condición de inimpugnable en el mismo proceso se une la inmutabilidad de la sentencia aun en otro juicio posterior. Al respecto, citando a Rosenberg, se dice que la cosa juzgada formal es un presupuesto de la cosa juzgada sustancial, ya que constituye un antecedente necesario sin el cual no se puede llegar a ésta. Séptimo.- Aclarados los conceptos anteriormente referidos, resulta evidente que los pronunciamientos de ambas instancias contienen una indebida motivación, pues han proclamado que las sentencias emitidas en los procesos de alimentos no pueden adquirir la calidad de cosa juzgada, no obstante que, dada la especial naturaleza de dicho procesos, resulta evidente que las sentencias de ese tipo sí pueden llegar a adquirir la calidad de cosa juzgada, en su manifestación de cosa juzgada formal, en razón de que pueden ser objeto de modificación en un proceso de reducción, aumento o exoneración de alimentos. Octavo.- Que, el artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil no realiza distinción alguna respecto de si la sentencia cuya nulidad se pretende es una que deba gozar de la calidad de cosa juzgada formal o material, por tanto, en razón de que la norma no establece diferenciación alguna, el Juzgador no está autorizado a introducir ninguna sub — división, debiendo analizar ambos tipos de casos por igual. Noveno.- Que, el error conceptual incurrido en ambas instancias de mérito ocasiona que el recurso de casación deba ser amparado y, por tanto, debe procederse conforme a lo normado en el numeral dos punto tres del artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil, máxime si tenemos en
consideración que autores como Chiovenda, citado por Oscar Zorzoli (Cosa juzgada. Mutabilidad. Revista Peruana de Derecho Procesal, Lima, 1998, página 151) estiman que no es irracional la revisión de la cosa juzgada, dado que al res iudicata no es absoluta y necesaria, sino que se estableció por razones de oportunidad y utilidad, y tales fundamentos pueden, a veces, aconsejar un cambio, razón por la cual se afirma que, cuando existen situaciones especiales — vicio grave, modificación de circunstancias, notoria injusticia, etcétera —, los decisorios dejan de ser inmutables y necesitan de una modificación conveniente a las circunstancias a fin de que no se produzca una notoria injusticia que torne injusto el procedimiento. Por los fundamentos expuestos, siendo evidente la infracción procesal en los términos denunciados, en garantía del derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por don José Domingo Choquehuanca Miranda a fojas setentinueve por la causal de contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso y, en consecuencia, declararon NULA la resolución de vista de fojas treintisiete, su fecha veintiséis de abril de dos mil seis e INSUBSISTENTE el auto de fojas quince, su fecha doce de diciembre de dos mil cinco, ORDENARON que el a quo califique nuevamente la demanda, con arreglo a los considerandos precedentes; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano bajo responsabilidad; en los seguidos por don José Domingo Choquehuanca Miranda con Karla Celmira Begazo Benavente sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta; y los devolvieron; 'Vocal Ponente señor Miranda Canales.- SS. TICONA POSTIGO, PALOMINO GARCÍA, MIRANDA CANALES, CASTAÑEDA SERRANO, MIRANDA MOLINA
Sumario: § 1. El proceso como instrumento de tutela del derecho material y como mecanismo idóneo de composición de conflictos de intereses; § 2. Inmutabilidad de la sentencia y la trascendencia de la cosa juzgada en las relaciones sociales; § 3. La revisión de la sentencia con autoridad de cosa juzgada y la ponderación entre justicia y seguridad jurídica; § 4. La cosa juzgada en la sentencia que pone fin al proceso de alimentos; § 5. La sentencia casatoria en el caso concreto y la (obsoleta) distinción entre cosa juzgada formal y material.
El proceso como instrumento de tutela del derecho material y como mecanismo idóneo de composición de conflictos de intereses.
El proceso es, sin lugar a dudas, el mecanismo estatal idóneo – ejercido por el poder jurisdiccional – para la resolución de conflictos de intereses e incertidumbres con relevancia jurídica. Ello se deriva del derecho de todo ciudadano de contar con una serie de técnicas procesales eficaces para tutelar las más diversas situaciones jurídicas de derecho material. Y, como contrapartida a este derecho conocido como derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, existe el deber del Estado de proveer dichas técnicas, que no tienen por objetivo otra cosa que concretar los preceptos del derecho material en la realidad.
De esta manera, se superó la tradicional concepción que proclamaba con fervor la autonomía científica del proceso, al punto tal de desvincularlo del derecho material cuyas normas consagraban una inmensa cantidad de situaciones jurídicas que requerían concretarse en la realidad. Así, la escuela sistemática –con Giuseppe CHIOVENDA como precursor – se entregó a la exhaustiva labor de construir y desarrollar las principales categorías sobre las cuales se asentaron los cimientos de la moderna ciencia procesal (sobre todo la acción, jurisdicción y proceso), y no fue en absoluto una preocupación establecer la íntima e inescindible vinculación entre proceso y derecho material. Es decir, no se advirtió que el objeto de estudio de la ciencia procesal (el proceso) que con tanto ahínco se esmeraban en perfeccionar no era más que el instrumento que debía procurar concretar las normas de derecho material. La más palpable evidencia de la instrumentalidad del proceso respecto del derecho material reside, como hemos dejado entrever, en la creación de diferentes tipos de tutela para cada situación de derecho material. Y parte importante de esta diferenciación de la tutela procesal se encuentra en los distintos procedimientos diseñados para tal fin1. De ahí es entendible que la escuela chiovendiana de la primera mitad del siglo XX haya cultivado el estudio del proceso ordinario, sin que su atención se enfoque en la posibilidad de una diferenciación de tutela según la naturaleza y la importancia de los derechos materiales que eran invocados en un proceso2. En efecto, una vez más la realidad demostró que siempre estará por delante del Derecho, pues aparecieron derechos que sencillamente no podían soportar el tiempo de duración del cansino proceso ordinario sin que se extingan o que la vulneración perpetrada contra ellos sea irreparable. Tomemos un ejemplo que se emplea con frecuencia: no hace mucho que se ha reconocido al medio ambiente como un derecho fundamental constitucional, es decir, que posee el más alto rango de la jerarquía normativa en un ordenamiento jurídico. Entonces cabe preguntarse si una afectación al derecho al medio
Sin duda alguna, la creación de distintos procedimientos es fundamental para que el proceso sea eficaz. Pero es necesario advertir que este es sólo un aspecto entre muchos otros de la tutela que el Estado, a través del proceso, está en la obligación de brindar a sus ciudadanos. Así por ejemplo, tenemos la sumarización cognitiva (que promueve un juicio de probabilidades), la tutela preventiva, la técnica anticipatoria (que otorga tutela satisfactiva antes del pronunciamiento de mérito), la tutela específica, la actuación de la sentencia impugnada, entre otras. 2 Ciertamente, muchos fueron los factores ideológicos y jurídicos que impidieron a insignes figuras de derecho procesal tales como el mismo CHIOVENDA, LIEBMAN o CARNELUTTI advertir este aspecto tan sustancial. Fue Vittorio DENTI, ya bien entrada la segunda mitad del siglo pasado, quien advirtió esta alarmante situación, y quien colocó la primera piedra para superar lo que él denominó la “crisis de la ciencia del proceso”. Asimismo, además de ser considerado por muchos el jurista italiano más importante del último siglo, la monografía principal de Vittorio DENTI (Un progetto per la giustizia civile, Bologna, Il Mulino, 1982) aún sigue siendo tremendamente influyente en el pensamiento procesal de nuestros días.
ambiente por una fábrica que tiene como práctica echar sus relaves a un río en forma desmesurada, puede ser tutelada igual a la impugnación de un acuerdo societario o la cobranza de una deuda. Es obvio que la respuesta es negativa. Y así podemos encontrar una infinidad de situaciones que exigen una tutela jurisdiccional efectiva y oportuna por parte tanto del Estado–Legislador como del Estado–Juez, como por ejemplo los derechos del consumidor ante la venta masiva de un producto dañino para la salud. El proceso, en consecuencia, existe para hacer efectivo el derecho material, sea éste civil, constitucional o laboral3. No cabe pues, en nuestros días, volver a discutir y teorizar sobre el derecho de acción o sobre la esencia jurídica del proceso pues ya se ha escrito lo suficiente al respecto. De ahí que la doctrina procesal contemporánea –sobre todo aquella que ostenta la vanguardia en derecho procesal como es la brasileña – ha advertido esta problemática y centró sus esfuerzos en diseñar un proceso civil adecuado a las necesidades del derecho material. No debe extrañar, en consecuencia, que el Código de Processo Civil sea considerado como el cuerpo normativo más avanzado entre todos los adscritos al sistema del civil law. Por otro lado, la importancia del proceso no sólo se circunscribe en hacer efectivas las normas de derecho material. En efecto, el proceso –o más precisamente, la relación procesal – constituye un cauce en donde confluyen dos posiciones absolutamente antagónicas entre sí (como son los intereses contrapuestos del demandante y demandado), pero dichos intereses convergerán en un procedimiento ordenado cuya tramitación está a cargo de un órgano a cuya decisión las partes se han sometido, bajo un espacio donde se argumenta y se replica, en donde ambas partes ofrecen medios probatorios con la finalidad que su pretensión sea amparada y que, finalmente, desembocará en un pronunciamiento que decidirá la controversia en forma definitiva. Esto hace que el proceso sea un conjunto dialéctico y dinámico de actos concatenados entre sí cuya finalidad inmediata es componer el conflicto de intereses (y la incertidumbre) con relevancia jurídica, y la mediata es proveer paz social en justicia a los ciudadanos. Es innegable que los conflictos en la sociedad siempre existieron y existirán, pues aquellos son parte inherente del devenir histórico de ésta, y a lo largo de los siglos los mecanismos de solución de conflictos han tenido una importancia suprema. Así, desde la
Sin embargo, de ninguna manera debe entenderse que el proceso está “subordinado” al derecho material como muchos “juristas” en nuestro país no dudan en afirmar. Por el contrario, existe una intrínseca interdependencia, pues sin el proceso el derecho material queda desvalido si sus preceptos no son cumplidos espontáneamente. El caso de la prescripción es emblemático: si se extingue la pretensión pero no el derecho, éste queda sin tutela procesal (y no sin tutela jurisdiccional), lo cual casi equivale a no tener derecho pues no hay cómo hacerlo valer en el mundo de los hechos. Entonces, el acreedor tendrá su derecho de crédito intacto, pero sin poder efectivizarlo a través de la jurisdicción.
época de la autotutela o autodefensa en que cada sujeto hacía justicia por sus propias manos, hasta su proscripción y consiguiente reemplazo por la acción civil, siempre fue imprescindible que se llegue a un punto en que dicha controversia se zanje. Basta imaginar qué sucedería si el proceso no fuera capaz de ponerle fin a la discusión sobre un derecho: simplemente no existiría certeza alguna respecto de las titularidades sobre bienes de la vida de gran importancia –como por ejemplo, la propiedad – y, por tanto, el relacionarse jurídicamente se haría imposible. Entonces, siendo el proceso tan importante para la existencia y continuidad de la sociedad, así como para la tutela de los derechos, es de imprescindible necesidad que llegue en algún momento a su fin, de manera tal que la controversia se resuelva en forma definitiva, a través de un pronunciamiento que, ulteriormente, sea inmutable. § 2. Inmutabilidad de la sentencia y la trascendencia de la cosa juzgada en las relaciones sociales.
La sentencia es aquel acto jurisdiccional por excelencia que le pone fin al proceso la cual, en un momento dado, llegará a ser definitiva. En vista de ello es imprescindible que a toda sentencia se le dote de una protección que haga inmodificable e irrevisable, en tanto el principio de seguridad jurídica y la propia esencia de la jurisdicción imponen que las controversias resueltas por esta última lleguen a ser inmutables. Para ello, por una cuestión más política que jurídica, el ordenamiento jurídico le otorga a la sentencia la máxima protección que un acto de poder puede adquirir: la autoridad de la cosa juzgada4. Como es evidente, la cosa juzgada es tan importante que va más allá del umbral del derecho procesal para lograr un reconocimiento en todo el ordenamiento jurídico. Asimismo, vale decirlo, el prestigio y legitimación social del Poder Judicial –o más concretamente del poder jurisdiccional – radica en su inherente
El artículo 123 del nuestro CPC establece que una resolución (rectius: sentencia) adquirirá cosa juzgada cuando no sea impugnada en el plazo de ley (aquiescencia de las partes respecto de su contenido), o cuando no existan medios impugnatorios procedente contra ella (pronunciamiento del último grado jurisdiccional en determinados procedimientos). Respecto de dicha norma, podemos resaltar dos cuestiones: i) Cuando el CPC hace referencia a resolución debe entenderse como sentencia pues, en estricta teoría, la cosa juzgada sólo puede recaer sobre una sentencia; sin embargo, al referirse al término genérico resolución es porque el propio CPC, a través de una excepcional extensión normativa, contempla supuestos en los que resoluciones que no son sentencias pueden adquirir la autoridad de cosa juzgada, como es el caso del auto que declara fundada una excepción perentoria o el auto que aprueba el desistimiento de la pretensión. ii) Por otro lado, es necesario precisar que los medios impugnatorios son aquellos mecanismos ejercitados por las partes a través de los cuales se impugnan actos jurisdiccionales dentro de un proceso, y no cuando éste ha concluido; por ello, la posibilidad de rescindir una sentencia con autoridad de cosa juzgada mediante una demanda de NCJF (rectius: revisión civil por fraude procesal) o una demanda de amparo, al ser pretensiones autónomas, no resulta contradictoria con la norma del artículo 123 del CPC.
facultad de ser la última palabra, en un Estado de Derecho, respecto de la resolución de conflictos. De ahí proviene el vocablo autoridad. Toda sentencia está destinada a adquirir la autoridad de la cosa juzgada, porque ésta (al igual que la imperatividad) es una cualidad inherente a la primera, es decir, parte de la esencia de la misma 5. Por ello, no es exagerado afirmar que una sentencia que no es capaz de devenir en inmutable o que no puede ser impuesta a las partes, no puede ser concebida realmente como sentencia. En efecto, si a una sentencia se le sustrae la inmutabilidad que la cosa juzgada le proporciona, la controversia nunca llegará a su fin. Siendo la cosa juzgada la inmutabilidad de la sentencia y, a su vez, siendo ésta el acto por el cual se compone la controversia, es evidente la enorme trascendencia social que una sentencia con autoridad de cosa juzgada posee. § 3. La revisión de la sentencia con autoridad de cosa juzgada y la ponderación entre justicia y seguridad jurídica.
Ahora bien, cabe preguntarse lo siguiente: ¿la inmutabilidad de la sentencia es absoluta? Respuesta: dependerá de la normativa procesal de cada país. En el nuestro, por ejemplo, se regula una institución (mal) denominada “nulidad de cosa juzgada fraudulenta” (en adelante NCJF6), cuya finalidad es anular (rectius: dejar sin efecto) una sentencia en cuya producción se presentó un supuesto de fraude procesal7. No obstante ello, debe tenerse muy en cuenta que la revisión de una sentencia con autoridad de cosa juzgada se presenta en situaciones de extrema injusticia, que constituyen supuestos muy excepcionales que necesariamente deben encontrarse reconocidos de
Al respecto, es casi unánime que la teoría de LIEBMAN respecto de la distinción entre autoridad y eficacia de la sentencia es la que prevalece en doctrina comparada, así como el reconocimiento de las dos autoridades de la sentencia (cosa juzgada e imperatividad), sin que una tenga vinculación con la otra, salvo la de recaer sobre el mismo acto jurisdiccional. Sin embargo ello no parece ser compartido (a lo mejor solitariamente) por cierta doctrina nacional, que define a la cosa juzgada como “autoridad y eficacia de la sentencia” y coloca, dentro de sus rasgos esenciales, tanto a la imperatividad como a la coercibilidad (LEDESMA NARVÁEZ, Marianella, xxx en Diálogo con la jurisprudencia, No. 111, Lima, Gaceta Jurídica, 2008, p. ). 6 Al respecto, cabe resaltar que la NCJF responde a lo que en doctrina se denomina revisión civil por fraude procesal, siendo el primero una denominación absolutamente impropia. En efecto, la terminología aduce de tres defectos: a) no se trata de nulidad sino de rescisión (una categoría más amplia que implica dejar sin efecto un acto o negocio jurídico procesal); b) la cosa juzgada no se anula (rectius: se rescinde) sino la sentencia con autoridad de cosa juzgada; y c) la cosa juzgada no puede ser adjetivada, es decir, no puede llamársele justa, injusta, ilegal o fraudulenta, pues dicha característica incide en la sentencia misma. 7 V. CARNELUTTI, Francesco, Contra el proceso fraudulento en Estudios de derecho procesal, t. II, Buenos Aires, EJEA, 1982; VÉSCOVI, Enrique, Fraude procesal: sus características, configuración legal y represión, en MONTOYA, Segundo (comp.), El fraude procesal, Lima, Palestra, 1997.
manera expresa en la norma8. Y ello se justifica en tanto la cosa juzgada responde al principio de seguridad jurídica –de extrema trascendencia en nuestro sistema –, el cual puede admitir excepciones sólo en circunstancias muy especiales. De ahí que no compartimos la opinión de quienes afirman que el proceso debe aspirar, por sobre todas las cosas, a la justicia. Ello no quiere decir, sin embargo, que el proceso debe resignarse a convalidar injusticias muy graves. Ya hemos mencionado que los supuestos por los cuales debe proceder la revisión deben encontrarse expresamente establecidos por la norma procesal. Así, de todas las modalidades de la revisión civil, el CPC acoge únicamente la revisión civil por fraude procesal, denominándola nulidad de cosa juzgada fraudulenta que, como hemos visto, es un término equívoco. Ello quiere decir que debe haberse probado, en la tramitación del proceso o en la expedición de la sentencia, un supuesto de fraude procesal, para que la demanda de revisión sea estimada. La justificación de esta opción legislativa radica en que el proceso repugna la idea que en su interior se presente la figura del fraude procesal que, a su vez, implica diversos supuestos tales como colusión entre las dos partes para perjudicar a un tercero (fraude por el proceso), connivencia entre el Juez o un auxiliar judicial y una parte, dolo, falsedad en el medio probatorio, etc. En otras palabras, el proceso no puede consagrar, a través de la autoridad de cosa juzgada, una injusticia tan deleznable como es el fraude procesal; lo cual equivale decir que la ponderación –no se olvide que sólo nos referimos a este supuesto– entre justicia y seguridad jurídica concluye con la primacía de la primera. § 4. La cosa juzgada en la sentencia que pone fin al proceso de alimentos. En consecuencia, tenemos que toda sentencia (sea o no producto de cognición sumaria dicho sea de paso) está destinada a adquirir la autoridad de cosa juzgada y, asimismo, es pasible de ser impugnada a través de una demanda de revisión. No obstante, observamos cómo, en el caso materia de comentario, los jueces de primer y segundo grado negaron rotundamente que la sentencia de alimentos pueda adquirir la autoridad de cosa juzgada. La fundamentación para negar la premisa anterior –si bien la sentencia casatoria no lo menciona – es que en tanto la sentencia de alimentos establece un monto el cual, muchas veces, varía según las necesidades de los sujetos a quienes benefician los alimentos (y también los condenados a proveerlos), no puede hablarse de
Este problema se conoce en Brasil como relativización de la cosa juzgada material. Al respecto, v. MARINONI, Luiz Guilherme, O principio da segurança dos atos jurisdiccionais (A questão da relativização da coisa julgada material), en Revista peruana de derecho procesal, t. IX, Palestra, 2006, pp. 147–178.
inmutabilidad porque, en esencia, es mutable. Acorde con nuestra exposición, no estamos de acuerdo con semejante conclusión por diversas razones. Veamos. La primera razón ya fue mencionada: una sentencia que no es capaz de adquirir la autoridad de cosa juzgada es como un cuchillo sin mango y sin filo. En efecto, se cercena una característica esencial de la sentencia –su inmutabilidad –, se renuncia a resolver la controversia en forma definitiva, la hace vulnerable a sucesivas impugnaciones y, porqué no, a injerencias de otros poderes. Así, ¿por qué el Ejecutivo tendría que hacer cumplir una sentencia que no tiene autoridad de cosa juzgada? Asimismo, el órgano jurisdiccional que afirma que su sentencia no adquiere cosa juzgada está negando su propio poder jurisdiccional. Por ello nos preguntamos: ¿son conscientes aquellos que optan por negarle la cosa juzgada a la sentencia de alimentos, las terribles implicancias de este “descubrimiento”? Nos parece que no del todo. La segunda razón se sustenta en principios elementales de la teoría de la sentencia y la cosa juzgada que, por desgracia, en nuestro país poco se ha escrito al respecto. La cosa juzgada, al irradiar su protección sobre la sentencia, impone su autoridad sobre las circunstancias de hecho que fueron determinantes en la producción de la sentencia. En otras palabras, la cosa juzgada recae sobre la sentencia y ésta, a su vez, condensa la realidad que las partes expusieron en el proceso. Si se quiere realizar una analogía, es casi como si se tomara una foto de los hechos que motivaron la producción de la sentencia, y que dicha imagen no puede ser cambiada. Por consiguiente, el argumento contrario sensu no resulta difícil de ser formulado: si las circunstancias varían, es evidente que la cosa juzgada ni la sentencia las pueden comprender, por la sencilla razón que suscitaron con posterioridad a las mismas. Precisamente a través de un ejemplo en materia de alimentos se puede explicar con precisión: Si el padre pierde el proceso porque la madre no tenía trabajo y tenía que mantener al hijo, pero luego ésta se saca la lotería, está clarísimo que el monto de la pensión alimentaria debe disminuir, si no dejarse sin efecto. Entonces, ¿qué puede hacer el padre? Nuestra respuesta es demandar la reducción de la pensión alimentaria. Pero lo trascendente aquí es que se configurará un proceso distinto, con diferentes circunstancias de hecho, en donde nada tiene que ver la cosa juzgada recaída sobre la sentencia que fijaba el monto que el demandante pretende se reduzca. En efecto, la realidad ha cambiado. Queda en evidencia lo absurdo que resulta inferir que, en tanto la sentencia con autoridad de cosa juzgada consagra un monto y luego éste varía por alguna razón, se afirme que la sentencia nunca adquirió cosa juzgada. Cabe resaltar que los jueces que no comparten nuestra posición, es decir aquellos que sostienen que la sentencia de alimentos no adquiere cosa juzgada, como los jueces de primer y
segundo grado, al recibir demandas de revisión las declararon improcedentes pues, en un “brillante” análisis lógico, no se puede demandar la nulidad (rectius: rescisión) de una sentencia con autoridad de cosa juzgada, ¡cuando ésta no tiene cosa juzgada! Entonces, estos jueces, además de mutilar una cualidad esencial e inescindible de la sentencia, negaron la posibilidad de la comisión de un fraude procesal in limine. Así, por ejemplo, podría haber existido un medio probatorio falso que fue determinante para el pronunciamiento o, incluso, una connivencia entre el demandante y los auxiliares de jusiticia o el propio juez pero, según esta posición, no existe tutela procesal alguna por un brochazo teórico que, para colmo, es errático. Así, esta solución quizá sea peor que la causa que la motivó, pues ello no es otra cosa que una impune negación del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva o, lo que es lo mismo, rehusar a impartir justicia. § 5. La sentencia casatoria en el caso concreto y la (obsoleta) distinción entre cosa juzgada formal y material.
Corresponde aquí, finalmente realizar la crítica a la sentencia casatoria sub–examine. Al respecto, ésta afirma que la sentencia recaída en un proceso de alimentos sí adquiere cosa juzgada, pero la formal (pasible de ser revisión y, por tanto, no inmutable) y no la material (inmodificable, sin posibilidad que sea impugnada por cualquier vía). Así, la sentencia de alimentos adquiere la cosa juzgada formal “en razón de que pueden ser objeto de modificación en un proceso de reducción, aumento o exoneración de alimentos” (considerando séptimo). Acto seguido, la Sala Suprema determinó que había un defecto de motivación y anuló la resolución de segundo grado, así como declaró insubsistente el auto que declaró improcedente la demanda de revisión. Pues bien, con lo único que estamos de acuerdo es con la decisión. Está claro que existe, más allá que una indebida motivación –o condenable ignorancia –, una gravísima vulneración al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante, lo cual sólo puede ser subsanando con la nulidad de las resoluciones que denegaron la procedencia de la demanda. Sin embargo, consideramos que la fundamentación de la Sala estuvo muy lejos de ser la correcta, por las razones que pasaremos a exponer. i) La diferenciación entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material es muy popular en doctrina y ha sido asimilada por casi todos los países del civil law, entre ellos los que más han cultivado el estudio del proceso en Latinoamérica (hablamos sobre todo de Brasil y Argentina). Como bien dice la Sala Suprema –citando a Eduardo J. COUTURE y Leo ROSEMBERG – mientras la cosa juzgada formal está sujeta a la posibilidad de una revisión, la cosa juzgada material implica la verdadera inmutabilidad y, como es obvio, ningún proceso posterior podrá modificarla. Así, es correcto concluir que la cosa juzgada formal
es un paso previo para la formación de la cosa juzgada material, pues tendría que suceder que esta sentencia con autoridad de cosa juzgada (formal) no pueda ser impugnada, ni siquiera por una demanda de revisión. ii) Sin embargo, esta distinción, creemos, es baladí. En primer lugar debemos tener en cuenta –a pesar que suene tautológico – que la cosa juzgada, al ser la cualidad intrínseca de la sentencia que le da el carácter inmutable, también tiene efectos preclusivos, pues hace que la sentencia sea inimpugnable. Con razón se afirma que la cosa juzgada es “la preclusión máxima”. En ese sentido, ¿a qué hace referencia la cosa juzgada formal?: simplemente a la preclusión que toda sentencia con autoridad de cosa juzgada posee per se. Nada más. En segundo lugar, si se dice que la cosa juzgada formal puede ser modificada en un proceso posterior, ello quiere decir que es mutable. Es decir, si sólo vale para el proceso al que puso fin pero no tiene reconocimiento porque, in the cold light of day, no le pone fin a la controversia, entonces no puede hablarse de una verdadera cosa juzgada sino tan sólo de una mera preclusión. Así, si se habla de una cosa juzgada que no le otorga verdadera protección a una sentencia – o bien, que no es una verdadera autoridad – no cabe denominarla de esa manera, y menos aun cuando resulta lo mismo que los efectos preclusivos de una resolución impugnable que no fue impugnada, o que de plano era irrecurrible. En tercer lugar, se condena a la cosa juzgada formal a la posibilidad de ser modificada (en realidad lo que se modifica es la sentencia) en un proceso posterior –en tanto no procede medio impugnatorio alguno contra ella – el cual, en nuestro sistema, sólo puede ser uno de revisión por fraude procesal o uno de amparo. Entonces, si transcurre el plazo para interponer cualquiera de estas pretensiones autónomas (es decir, opera la prescripción), no queda otro remedio que afirmar que la cosa juzgada formal devino en cosa juzgada material, pues en este momento ya no cabe impugnación alguna contra la sentencia. En ese sentido, sería válido inferir que toda sentencia irrecurrible9 recibe siempre, en un primer momento, la cosa juzgada formal y, si no es impugnada, la cosa juzgada material. Entonces, ¿para qué sirve la cosa juzgada formal si la cosa juzgada material es la que realmente vale? ¿No es acaso lo mismo que afirmar que se suspende la adquisición de la autoridad de la cosa juzgada cuando sea inimpugnable en todo sentido?
Con el término irrecurrible pretendemos diferenciarlo del término inimpugnable puesto que, con el primero denotamos que no procede ningún recurso (medio impugnatorio) contra ella, pero sí es impugnable a través de una pretensión autónoma que podría generar un proceso de revisión. Recuérdese que impugnar significa atacar, con que concluimos que hay una relación género a especie entre impugnar y recurrir.
Finalmente, si aún se pretende justificar la distinción entre cosa juzgada formal y material en supuestos como el caso de la sentencia de alimentos en que, como indica la Sala, cabe la posibilidad de un proceso de reducción, modificación o extinción de la pensión alimentaria (por lo que sería una cosa juzgada mutable), se ignora un elemental análisis lógico que nos lleva a considerar que la cosa juzgada, al cubrir a la sentencia definitiva con su manto protector, recae sobre las circunstancias de hecho sobre las que dicha sentencia se pronunció. Es evidente que si esas circunstancias se modifican con posterioridad a la sentencia, no puede pretenderse que ésta o la cosa juzgada las contemplen. iii) Nuestra opinión es, en consecuencia, que la distinción entre cosa juzgada formal y material es a todas luces inservible. Además, nos preocupa sobremanera que la Sala Suprema, si bien acertó en anular las resoluciones viciadas, no haya precisado la importancia política y jurídica de la autoridad de cosa juzgada, ni tampoco sobre la gravedad que órganos jurisdiccionales a los que –en teoría – debe ilustrarlos con sus directrices, afirmen con peligrosa soltura que una sentencia no adquiere autoridad de cosa juzgada. En efecto, sólo le fue suficiente un brochazo teórico y perdió una gran oportunidad para reafirmar la importancia y el prestigio que la cosa juzgada le da a la jurisdicción.
More From This UserLa entrevista terapéutica en la terapia familiar sistémicaGino Cavani - No hay navegante sin brújulaRenzo Cavani - El amparo en los tiempos del TCRenzo Cavani - ¿Veinte años no es nada? Tutela cautelar, anticipación de tutela y reforma del proceso civil en Brasil y un diagnóstico para el PerúRenzo Cavani - Ejecución inmediata de la sentencia. Algunas precisiones conceptualesRenzo Cavani - Incoherencias del proceso de ejecuciónRenzo Cavani - Derecho Procesal Constitucional en el PerúRenzo Cavani - "Decisão justa"Renzo Cavani - Tres fases para decretar la nulidad procesalRenzo Cavani - Interpretación, justificación judicial y racionalidad en el V Pleno Casatorio CivilRenzo Cavani - ¿Tutela cautelar vs cosa juzgada?Renzo Cavani - Función del TC peruano, modelos de cortes de vértice y la "especial trascendencia constitucional"Renzo Cavani - No se debe dinamizar la carga de la prueba en la sentenciaEjecución anticipada en proceso civil (Sala Constitucional y Social del Cusco)Gino Cavani - Técnicas estructurales dirigidas hacia el cambio relacional - Síntesis y relaciones del modelo de Salvador MinuchinGino Cavani - Centro BatesonRenzo Cavani - Ejecuciones dinerarias en el Judicial y la eficiencia (La Ley - Septiembre)Renzo Cavani - Inexistencia y nulidad en el caso el Frontón 2Renzo Cavani - Inexistencia y nulidad en el caso "El Frontón 2"Riccardo Guastini - A propósito del neoconstitucionalismoHumberto Ávila - "Neoconstitucionalismo"PURCHASE ONLYArmisticio para la "Guerra de las Cortes" - Una propuesta de modificación de las competencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema frente al amparo contra resoluciones judiciales (Gaceta Constitucional, n. 66)Resolución cautelar - Ley del Servicio Militar VoluntarioVitor de Paula Ramos - Derecho Fundamental a La PruebaEntrevista a Renzo Cavani sobre la nulidad de cosa juzgada fraudulenta (artículo 178, CPC)
Sentencia y Cosa Juzgada en el proceso de alimentos by Renzo Cavani6.9K viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
RelatedLa nueva ideología en el proceso civil y el principio de inmediaciónby Renzo CavaniApostillas a la acumulación de procesosby Renzo CavaniMedida cautelar alimentosby Roberto Pantoja EsquivelNulidad de Los Actos Procesalesby solisenaccionExpediente liquidación por pensiones devengadas e intereses ALIMENTOSby Lui Inga CModelo de Demanda Peticion Herenciaby Omar RengifoNULIDAD DE ACTOS PROCESALES (MODELO)by Gerbert Agusto HUANCA QUISPENulidad procesal: ¿es realmente una sanción?by Renzo CavaniDemanda de Prorrateo de Alimentosby Victos Christiam Vicente AldanaContestacion Demanda de Violencia Familiarby Jesus Ricardo Arauzo TinocoDemanda de Alimentosby machincito01Hacia la construcción de una teoría de la ineficacia procesal para el proceso civil peruanoby Renzo CavaniSUBROGACIÓN DE ABOGADOS Y APERSONAMIENTOby Anghelo Martinez PerlecheCONTESTA Violencia Familiarby Edinson Varas RodríguezJurisprudencia Alimentosby Armandol LopezDEMANDA DE FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL - ALIMENTOSby Marco Antonio Armas SalinasVariacion en La Forma de Prestar Alimentosby Alex Vargas EscalanteDEMANDA NULIDAD DE ACTO JURÍDICO1by paolita_espinoza_1El Proceso de Alimentosby Roni Bazalar GanozaMODELO NCPP REQUERIMIENTOS ESCRITO DE LA DEFENSA EN CONTROL DE ACUSACIÓNby Monica Diaz SanchezALEGATOS ALIMENTOSby maxbasMedida Cautelar Fuera de Procesoby Jeny Judith Chilon CarrascoCasación Nº 3432 2014 Limaby La LeyAPELACIONby Miguel ArambuloModelos de Escritosby Jonathan Geomar Ortiz OjedaModelo de Incripcion de Partida de Nacimientoby Anghelo Martinez PerlecheDemanda de rectificación de áreas y linderosby Carlos Paz Aréstegui2010-509 CONFIRMAR -NULIDAD DE NOTIFICACIÓNby anon_877485208Similar to Sentencia y Cosa Juzgada en el proceso de alimentosLa nueva ideología en el proceso civil y el principio de inmediaciónApostillas a la acumulación de procesosMedida cautelar alimentosNulidad de Los Actos ProcesalesExpediente liquidación por pensiones devengadas e intereses ALIMENTOSModelo de Demanda Peticion HerenciaNULIDAD DE ACTOS PROCESALES (MODELO)Nulidad procesalDemanda de Prorrateo de AlimentosContestacion Demanda de Violencia FamiliarDemanda de AlimentosHacia la construcción de una teoría de la ineficacia procesal para el proceso civil peruanoSUBROGACIÓN DE ABOGADOS Y APERSONAMIENTOCONTESTA Violencia FamiliarJurisprudencia AlimentosDEMANDA DE FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL - ALIMENTOSVariacion en La Forma de Prestar AlimentosDEMANDA NULIDAD DE ACTO JURÍDICO1El Proceso de AlimentosMODELO NCPP REQUERIMIENTOS ESCRITO DE LA DEFENSA EN CONTROL DE ACUSACIÓNALEGATOS ALIMENTOSMedida Cautelar Fuera de ProcesoCasación Nº 3432 2014 LimaAPELACIONModelos de EscritosModelo de Incripcion de Partida de NacimientoDemanda de rectificación de áreas y linderos2010-509 CONFIRMAR -NULIDAD DE NOTIFICACIÓNusurpacion_de_nombre_demanda[1]modelo de demanda de filiación extramatrimonial peru

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 123
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 123
 resolución 
 resolución 
 resolución