Source: http://bazica.org/comisin-interamericana-de-derechos-humanos-v3.html?page=29
Timestamp: 2019-03-24 02:52:09+00:00

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Los Estados deben consagrar el derecho a la revisión judicial de la decisión administrativa que niega el acceso a la información a través de un recurso que resulte sencillo, efectivo, expedito y no oneroso, y que permita controvertir las decisiones de los funcionarios públicos que niegan el derecho de acceso a una determinada información o que simplemente omiten dar respuesta a la solicitud200. Dicho recurso debe: (a) resolver el fondo de la controversia para determinar si se produjo una vulneración del derecho de acceso, y (b) en caso de encontrar tal vulneración, ordenar al órgano correspondiente la entrega de la información. En estos casos, los recursos deben ser sencillos y rápidos, pues la celeridad en la entrega de la información suele ser indispensable para el logro de las funciones que este derecho tiene aparejadas201.
La Corte Interamericana ha establecido que los recursos judiciales son compatibles con las exigencias de la Convención Americana, siempre que sean adecuados y efectivos202, es decir, que sean idóneos para proteger la situación jurídica infringida203, y capaces de producir el resultado para el cual han sido concebidos204. De lo contrario, la inexistencia de efectividad en el recurso constituirá una transgresión a la Convención Americana205.
Asimismo, la Corte Interamericana ha establecido que la garantía de un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de los derechos fundamentales “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio [e]stado de [d]erecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”206.
Los países analizados cuentan con distintos tipos de recursos judiciales para controvertir las respuestas u omisiones de la administración frente a las solicitudes de acceso a la información pública. Sin embargo, en la práctica, no en todos los casos el recurso es verdaderamente efectivo para satisfacer el derecho pues en algunas oportunidades el mismo no se resuelve en un plazo razonable de forma tal que resulte idóneo para proteger el derecho de manera efectiva. En algunos Estados el recurso consiste en un mecanismo especial para la garantía del derecho de acceso a la información (como ocurre en Uruguay, Jamaica, Chile y Ecuador), en una acción constitucional (como el recurso de amparo o tutela en Colombia), o en un recurso contencioso administrativo que suele ser el que se resuelve en un plazo más largo. En algunos ordenamientos el interesado puede seleccionar qué recurso instaura entre los distintos que están a su alcance.
La Ley de Acceso a la Información Pública de Uruguay crea la acción de acceso a la información pública207, la cual permite controvertir en sede judicial la negación al acceso a la información, o el silencio de la Administración frente a solicitudes debidamente tramitadas. El procedimiento de la acción está regulado en el capítulo V de la Ley. Allí se establece que la acción puede ser entablada directamente por el interesado o a través de un abogado y que el juez, a petición de parte o de oficio, “subsanará los vicios de procedimiento, asegurando, dentro de la naturaleza sumaria del proceso, la vigencia del principio de contradictorio”208. Además, la Ley establece términos muy cortos para citar a audiencia pública y para fallar209. La sentencia puede ser apelada y la decisión de segunda instancia debe ser pronunciada en un término muy breve210.
La Ley de Acceso a la Información de Chile dispone que contra las resoluciones del Consejo para la Transparencia procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante. En el caso de que el Consejo hubiere ordenado permitir el acceso a la información, la medida se suspenderá hasta que la Corte decida de fondo. Los términos para la resolución del recurso son cortos y contra la decisión de la Corte de Apelaciones no cabe ningún recurso. En caso de que la sentencia ordene permitir el acceso a la información, se establecerá el tiempo máximo en que ello debe ocurrir y se decidirá si es necesario abrir una investigación disciplinaria211.
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Ecuador creó, en su artículo 22212, el recurso de acceso a la información213. El recurso se puede interponer ante cualquier juez civil o tribunal de instancia del domicilio del sujeto obligado que posee la información. Procede siempre que se niegue el acceso a la información de forma tácita o expresa -incluso si la negación se sustenta en el carácter reservado o confidencial de la información solicitada-, y cuando la información entregada esté incompleta, alterada o sea falsa. Las formalidades del recurso son mínimas214 y los plazos para su resolución son cortos215. El juez podrá dictar medidas cautelares y si concluye que se debe entregar la información solicitada, ordenará la entrega en un término no mayor de 24 horas. La autoridad administrativa podrá impugnar la decisión ante la Corte Constitucional. Es importante resaltar que el recurso de acceso a la información no limita la posibilidad de entablar una acción de amparo constitucional, característica que también se encuentra en otros ordenamientos jurídicos.
Para el caso de Jamaica, la Ley de Acceso a la Información, en su Anexo 2, establece las condiciones para la creación de un tribunal especializado para el conocimiento de las apelaciones relativas a la ley. Dicho tribunal se encuentra en funcionamiento desde 2004216. El recurso de apelación que se puede interponer ante el tribunal está regulado en la sección 32 de la Ley, y es aplicable a las solicitudes que han sido sometidas a revisión interna y a ciertas decisiones señaladas por la Ley217. En relación con las decisiones tomadas dentro de los procesos de revisión interna, se prevé la posibilidad de apelación tanto contra la decisión de la autoridad revisora como contra la omisión de la notificación de la respuesta de esta última dentro del plazo establecido por la ley. El plazo para presentar la apelación es de 60 días a partir de la notificación de la decisión de la autoridad o del vencimiento del plazo de respuesta cuando ésta no se realice. El término de 60 días puede ser extendido por el tribunal siempre que se justifique el retraso del solicitante. En el trámite, la carga de la prueba reside sobre la autoridad pública que tomó la decisión. El tribunal podrá tomar cualquier decisión que pudiera haber sido adoptada respecto de la solicitud original, siempre que no anule un acto que clasifique un documento como reservado, de conformidad con la sección 23 de la misma ley. El tribunal tendrá la potestad de inspeccionar los documentos exentos, conservando siempre su confidencialidad218. Sin embargo, la ley no establece un plazo obligatorio dentro del cual el tribunal deba adoptar la decisión correspondiente.
En Canadá, la Ley de Acceso a la Información establece, en los artículos 41 a 53, el procedimiento de revisión judicial ante la Corte Federal. De acuerdo con el artículo 41, toda persona que haya recibido una negativa de acceso a un documento o a parte del mismo puede, si ha interpuesto una queja ante el Comisionado de la Información, presentar una solicitud de revisión ante la Corte Federal dentro de los 45 días siguientes a la notificación de los resultados de la investigación sobre la queja219.
En Colombia, el artículo 21 de la Ley 57 de 1985 prevé que, cuando la Administración niega la consulta o la entrega de la información solicitada, el interesado puede instaurar el recurso de insistencia. En estos casos, ante la presentación del recurso por parte del peticionario, el sujeto obligado debe enviar la documentación al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentre la información solicitada, el cual decidirá en única instancia, en un término no superior a los 10 días hábiles siguientes220.
En Colombia, la decisión de la Administración puede ser también impugnada judicialmente mediante la acción constitucional de tutela, cuyo fin es la protección de los derechos fundamentales. La tutela es una acción célere, pues en primera instancia debe decidirse en un plazo máximo de 10 días. Además, es gratuita e informal - puede ser presentada incluso en forma verbal ante cualquier juez del domicilio del demandado - y no requiere de abogado221. Sin embargo, en su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha manifestado que cuando la Administración niega el acceso a la información por cuanto ésta ha sido clasificada como reservada por la ley, el interesado tiene primero que agotar el recurso de insistencia, antes de acudir a la acción de tutela. En los casos en los que la Administración ha negado el acceso a la información por razones distintas (por ejemplo, invocando la Constitución), o simplemente no ha contestado la petición de información o ha tardado en hacerlo, el interesado sí puede acudir directamente a la tutela222.
El artículo 17 de la Ley para la Transparencia en la Gestión Pública de Panamá dispone que todas las personas están legitimadas para iniciar una acción constitucional de hábeas data cuando la información que solicitaron les ha sido negada o les ha sido proporcionada en forma incompleta o inexacta. La acción se entabla ante los Tribunales Superiores que conocen de la acción de amparo, cuando el funcionario demandado tenga jurisdicción a nivel provincial o municipal, o ante el mismo Pleno de la Corte Suprema de Justicia, cuando su jurisdicción se extienda sobre dos o más provincias o a nivel nacional223. De acuerdo con el artículo 19, el procedimiento es sumario, no requiere del acompañamiento de un abogado y se rige en distintos aspectos por las reglas de la acción de amparo de garantías constitucionales224. Sobre los requisitos de la acción de hábeas data se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia:
“[…] Se advierte que la acción de Hábeas Data, como mecanismo que garantiza el derecho de acceso de la información no está sujeto a formalidades técnicas rigurosas que condicionan su procedencia. No obstante, esto no significa que deba desatenderse requerimientos básicos como: 1) La aportación del documento original en que se solicita la información, con su respectivo sello de recibido por la autoridad correspondiente; 2) el cumplimiento del plazo que tiene la autoridad para atender la solicitud y 3) que se trate de una información de acceso libre o público”225.
En Argentina, el artículo 14 del Reglamento del Poder Ejecutivo Nacional dispone que cuando la solicitud de acceso no ha sido respondida oportunamente, o la contestación fuere ambigua, parcial o inexacta, procede el amparo por mora de la Administración, previsto en el artículo 28 de la Ley Nº 19.459 y modificatorias, o Ley de Procedimiento Administrativo226. No obstante, en estos casos el juez no suele resolver el fondo de la solicitud, pues solo puede ordenar que se libre orden de pronto despacho. Por eso, para la protección del derecho al acceso a la información se utiliza fundamentalmente la acción constitucional de amparo, la cual es admisible “contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el hábeas corpus”227.
En Guatemala, el artículo 54 de la Ley establece que contra las decisiones del sujeto obligado sobre las solicitudes de acceso a la información cabe el recurso administrativo de revisión ante la máxima autoridad del sujeto obligado. El inciso segundo del artículo 60 dispone que con el agotamiento del recurso de revisión concluye la vía gubernativa, quedando habilitado el interesado para “interponer la acción de amparo respectiva a efecto de hacer prevalecer su derecho constitucional, sin perjuicio de las acciones legales de otra índole”228. La acción de amparo está contemplada en la misma Constitución que, en su artículo 265, dispone que el amparo tiene por fin “proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan”229.
La Ley de Transparencia de Perú dispone, en el literal g) del artículo 11, que, luego de agotada la vía administrativa, el interesado que no hubiere obtenido la información solicitada puede “optar por iniciar el proceso contencioso administrativo, de conformidad con lo señalado en la Ley Nº 27584 u optar por el proceso constitucional del Hábeas Data, de acuerdo a lo señalado por la Ley Nº 26301”230. La acción contencioso administrativa la puede interponer cualquier persona a la que se le haya negado el acceso a la información de forma expresa o tácita231. Es competente para conocerla el juez del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la acción impugnable y el proceso cuenta con términos cortos232.
Por otro lado, el Código Procesal Constitucional, dictado mediante la Ley 28.237 de 2004, regula, en su Título IV, el proceso de hábeas data.233 Allí, el artículo 61 establece que toda persona puede acudir a este proceso para “acceder a información que esté en poder de cualquier autoridad pública” o para “conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información o datos referidos a su persona” que se encuentren registrados en las entidades públicas o en instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. De acuerdo con el artículo 65, el procedimiento del hábeas data es el mismo previsto para el proceso de amparo. Los artículos 53 y 58 de la Ley establecen un proceso sumario tanto para la primera como para la segunda instancia234.
La Ley de Acceso a la Información Pública de Nicaragua prevé, en su artículo 37, que la persona a la que le sea negado el acceso a la información o que no obtenga respuesta dentro de los términos previstos puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La demanda debe cumplir los requisitos y el procedimiento previsto en la ley sobre la materia235. En este sentido, la Ley 350 de 2000 o Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece un procedimiento que no es fácil de satisfacer para los ciudadanos comunes dado que requiere de asesoría especializada en la materia al establecer requisitos de forma cuyo incumplimiento por parte del quejoso puede resultar en la pérdida del derecho236. Al ser un recurso administrativo ordinario, el mismo tampoco se resuelve de manera expedita.
En El Salvador, la Ley de Acceso a la Información se limita a establecer que “los particulares podrán impugnar las respuestas negativas a sus pretensiones ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia”237. El proceso se rige por las normas establecidas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 1979238.
En México, el juicio de amparo es la última instancia para impugnar los actos de autoridad considerados como violatorios de los derechos fundamentales, entre los cuales pueden encontrarse las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) que niegan el derecho de acceso a la información. Los recursos de amparo son conocidos por el Poder Judicial de la Federación239.
La normativa de los Estados Unidos de América determina que si el organismo gubernamental no responde el recurso administrativo en un plazo de 20 días, o confirma la negativa, el peticionario tiene el derecho de entablar una demanda ante las Cortes de Distrito y el organismo gubernamental tiene la obligación a notificar al peticionario de este derecho240.
La Sección 39 de la Ley de Libertad de Información de Trinidad y Tobago instituye la posibilidad de impugnar ante la Corte Suprema (High Court) la denegación de una solicitud de acceso a la información241. Este recurso deberá ser conocido y sustanciado por el Juez de turno, a menos que la Corte, con el consentimiento de las partes, instruya otra cosa. La revisión judicial se rige por lo previsto en la Ley de Revisión Judicial242.
La Ley General de Acceso a la Información Pública (LGLAIP) de la República Dominicana establece que si el solicitante de información no estuviere satisfecho con la respuesta obtenida puede recurrir la decisión ante la “autoridad jerárquica superior”. La decisión del último puede ser impugnada judicialmente ante el Tribunal Contencioso Administrativo. El ciudadano también puede ejercer el recurso constitucional de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en todos los casos en que el organismo o la persona a quien se le haya solicitado la información no satisfaga el pedido en el tiempo establecido para ello, o el órgano o ente superior jerárquico no fallare el recurso interpuesto. Dicho recurso debe especificar las gestiones realizadas y el perjuicio que la demora le pudiere ocasionar. Además, se debe presentar copias de los escritos mediante los cuales se solicitó la información o se interpuso el recurso jerárquico. Si el Tribunal encuentra procedente el recurso, requerirá que el órgano correspondiente de la administración pública informe sobre la causa de la demora y “fijará un término breve y perentorio” para la respuesta. Una vez contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo, el Tribunal dictará la resolución que corresponda, en amparo del derecho lesionado, en la cual fijará un término al órgano de la Administración Pública para que resuelva sobre la petición de información de que se trate243.
Finalmente, en el caso de Antigua y Barbuda, la sección 45 de la Ley de Acceso a la Información establece que el peticionario o la entidad pública o privada obligada podrá, dentro del término de 28 días, impugnar la decisión del Comisionado para la Información ante la Suprema Corte (High Court). Si dentro de dicho término no se interpusiere dicho recurso, la sección 46 dispone que la decisión del Comisionado para la Información se vuelve vinculante y su incumplimiento será tratado como desacato a una decisión judicial244.

References: resolución 
 artículo 22212
 resolución 
 artículo 41
 artículo 21
 artículo 17
 artículo 19
 artículo 14
 artículo 28
 artículo 54
 artículo 60
 artículo 265
 artículo 11
 artículo 61
 artículo 65
 artículo 37
 resolución