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Timestamp: 2014-11-23 20:54:06+00:00

Document:
Acción de Nulidad contra la Resolución 0017 de 2001 del Consejo Nacional de Estupefacientes - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Miércoles 15 de junio de 2005, por Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" Acción de Nulidad contra la Resolución 0017 de 2001 del Consejo Nacional de Estupefacientes
Consejeros. CONSEJO DE ESTADO. Ciudad.
Referencia: Acción de Nulidad contra la Resolución 0017 de 2001 del Consejo Nacional de Estupefacientes. ALIRIO URIBE MUÑOZ, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad en mi calidad de presidente del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Organización No Gubernamental de Derechos Humanos, presento Acción de Simple Nulidad consagrada en el art. 84 del Código Contencioso Administrativo, contra la Resolución 0017 de 2001, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes cuyo presidente es el señor Ministro de Justicia FERNANDO LONDOÑO HOYOS, basándome en los siguientes:
Se propone este cargo ya que se considera que el órgano que expide el acto demandado carece de competencia para hacerlo. La ley 30 de 1986 determina las funciones del Consejo Nacional de Estupefacientes en su artículo 91, sin embargo, en ninguno de sus ordinales concede competencia a este organismo para establecer mecanismos de indemnización a los administrados por perjuicios causados en casos de fumigaciones cual es el objeto de la anterior resolución. En su literal los artículos 91 y 92 de la ley 30 de 1986 expresan:
“ARTICULO 91. Son funciones del Consejo Nacional de Estupefacientes: a) Formular, para su adopción por el Gobierno Nacional, las políticas y los planes y programas que las entidades públicas y privadas deben adelantar para la lucha contra la producción, comercio y uso de drogas que producen dependencia. Igualmente el consejo propondrá medidas para el control del uso ilícito de tales drogas; b) Conforme al ordinal anterior, señalar a los distintos organismos oficiales las campañas y acciones específicas que cada uno de ellos debe adelantar; c) Dictar las normas necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones y proponer al gobierno la expedición de las que fueren de competencia de éste; d) Supervisar la actividad de las entidades estatales y privadas que se ocupan de la prevención e investigación científica y de policía judicial, control y rehabilitación en materia de drogas que producen dependencia; e) Mantener contactos con gobiernos extranjeros y entidades internacionales en asuntos de su competencia y adelantar gestiones ante los mismos con el fin de coordinar la acción del gobierno colombiano con la de otros Estados, y de obtener la asistencia que fuera del caso; f) Disponer, de acuerdo con los indicios graves, que posea, proveniente de los organismos de inteligencia, sobre actividades de personas, aeronaves, embarcaciones, vehículos terrestres y uso de aeródromos o pistas, puertos, muelles o terminales marítimos, fluviales o terrestres, vinculados al tráfico de estupefacientes, la suspensión de las licencias para personal aeronáutico, marítimo, fluvial y terrestre, certificados y permisos de operación. Para tal efecto, impartirá a las autoridades correspondientes las instrucciones a que haya lugar, y g) Disponer la destrucción de los cultivos de marihuana, coca y demás plantaciones de las cuales se puedan extraer sustancias que produzcan dependencia, utilizando los medios más adecuados, previo concepto favorable de los organismos encargados de velar por la salud de la población y por la preservación y equilibrio del ecosistema del país. ARTICULO 92. Las resoluciones que dicte el consejo para el ejercicio de las funciones señaladas en el artículo anterior son de obligatorio cumplimiento.”
Los apartes subrayados constituyen el sustento legal de la resolución demandada y como se puede observar, de ninguno de los dos artículos se desprende concretamente que el Consejo Nacional de Estupefacientes tenga la función específica de determinar, mediante resoluciones, mecanismos administrativos para la indemnización de perjuicios causados a los ciudadanos por causa de fumigaciones a cultivos ilícitos, que es el objeto y la esencia de la resolución demandada. Cuando la norma habla de políticas, por ejemplo, planes y programas para terminar con actividades como la producción comercio y uso de drogas que producen dependencia, se refiere a asuntos totalmente ajenos a los daños que por tales actividades se pueda causar a terceros. Numeral a) del artículo 91 de la ley 30 de 1986. El literal g) de la misma norma precisa sobre la destrucción de los cultivos ilícitos, fijando como única obligación la salud de la población, la preservación y el equilibrio del ecosistema, en igual sentido, nada se dice sobre los daños causados a terceros con estas actividades. Además de lo anterior, es importante decir que no existe otra norma que dote de funciones al Consejo Nacional de Estupefacientes. Es sabido que una entidad como el CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES no puede mediante una resolución modificar lo establecido en un código como el Contencioso Administrativo, en especial en lo referente al procedimiento con que cuentan los ciudadanos para lograr indemnizaciones por parte del Estado. Los directivos del CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES no tienen la competencia requerida para modificar el Código Contencioso Administrativo que establece un mecanismo genérico, cuyo procedimiento garantiza la participación de las partes, las pruebas que se requieran para establecer la responsabilidad estatal y la cuantía de la indemnización que debe ser cancelada por parte de la entidad responsable. La elaboración de dicho mecanismo mediante la Resolución 017 de 2001, consti

References: Resolución 
 Resolución 
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 artículo 91
 resolución 
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