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junio | 2009 | Matanza Riachuelo, un mito de la política pública argentina?
Una nueva oportunidad para el Riachuelo
Publicado el 10 junio 2009| 1 comentario
Finalmente fue aprobado el préstamo del Banco Mundial por 840 millones de dólares en su primer tramo. En un momento signado por la crisis económica, el principal escollo para ejecutar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental acaba de ser removido por la decisión del organismo financiero. Luego de más de dos años de trabajo intenso, el programa de préstamo, sin precedentes por su magnitud, se convierte en realidad y con ello se vuelven las miradas a la clase política en su conjunto. El indispensable respaldo político para ejecutar el Plan debe ser proporcionado en todas las instancias nacionales, provinciales y municipales para permitir que la causas de la contaminación puedan ser afrontadas cabalmente.
El rol de la Autoridad de Cuenca es determinante, naturalmente, para la adecuada ejecución del proyecto y para aunar esas voluntades político-institucionales en pos de un objetivo común, tal como lo exigió oportunamente la Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 8 de Julio de 2008 y más recientemente el Juzgado Federal de Quilmes en su resolución del 22 de Mayo de 2009. Es que el desafío institucional sigue ocupando un rol primordial en la estrategia de saneamiento del Riachuelo, aun a pesar de los pactos interjurisdiccionales, la ley marco 26.168 y sus adhesiones y las resoluciones dictadas por el Poder Judicial.
Habrá que tener presente que el Banco Mundial y en particular el préstamo otorgado, por sí solos, carecen de virtualidad para asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales del proyecto. Podrán ejecutarse obras de saneamiento básico, limpiarse márgenes y removerse basurales, promoverse la reconversión industrial con líneas de crédito blandas y donaciones, erigirse polos industriales y crearse nuevas sedes administrativas para descentralizar la acción de la autoridad. Nada de eso será eficaz sin la savia conductora de la decisión política encarnada sustancialmente en el ejercicio de una facultad indelegable de la Administración Pública: el ejercicio cabal y unificado del poder de policía ambiental.
Por eso es que concluimos con una obviedad. Existen dos maneras de ejecutar un crédito de magnitud inédita en la historia de la región para saneamiento de cuencas hídricas: a) ejecutarlo formalmente, con una visión aislada de sus módulos y propendiendo a un cumplimiento formal ó b) ejecutarlo consistentemente, haciendo jugar sus componentes de manera funcional a los objetivos de recuperación ambiental que inspiraron a quienes concibieron el programa de préstamo en respuesta a un reclamo social instalado ante el Máximo tribunal de la República.
En ese contexto, las variables de saneamiento cloacal, saneamiento de residuos y reconversión industrial constituirán aspectos centrales de la estrategia de saneamiento, donde corresponderá trabajar intensamente en la elaboración de indicadores consistentes, planes posibles y compromisos firmes y afianzados por todos los actores.
La crisis económica, al final del día, como principal sombra que acechaba al saneamiento del Riachuelo, encuentra en este programa un antídoto financiero. Una nueva oportunidad queda planteada para desmitificar el insondable misterio “institucional” del Riachuelo. Que así sea.
Alejandro Rossi, 10/6/09
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ACCION Y REACCION – PARTE II. La resolución del 22/5/09 y la presentación ACUMAR del 8/6/09
Publicado el 8 junio 2009| Deja un comentario
Preocupado por el transcurso del tiempo, el advenimiento de circunstancias electorales de público conocimiento y la gravedad de los desafíos que día a día se tornan más patentes y patéticos como los recientes episodios registrados en el predio de ACUBA (Lanús), el Juzgado Federal de Quilmes llama a la Autoridad de Cuenca “a ordenarse”, lo que sugiere una visión judicial no del todo “satisfecha” respecto al proceso de saneamiento pero, al mismo tiempo, constructiva.
A continuación comentamos sucintamente la resolución que pareciera marcar un punto de inflexión en la política judicial vinculada a la causa “Mendoza”, aun cuando la exigüidad de los plazos que establece pareciera sesgar el emplazamiento más hacia una modificación actitudinal que hacia un resultado puntual.
La presentación realizada por la Autoridad de Cuenca de fecha 8/6/2009 y a cuyo texto hemos accedido a través del sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirma este sesgo “simbólico” orientado a confirmar un rumbo de fortalecimiento signado por instrumentos y acuerdos en curso de aprobación.
El resolutorio CUARTO ordena a ACUMAR la presentación con fecha 08 de junio de 2009, de un “…informe que contenga las decisiones a las que hubiera llegado a través de su Consejo Directivo, a los fines del funcionamiento autónomo y efectivo de esa autoridad, conforme lo descripto en los Considerandos 11° y 12° de la presente resolución, debiéndose acompañar al efecto las actas y/o documentos respectivos, con los requisitos necesarios para su publicación y puesta en funcionamiento en forma inmediata”.
“Para ello…” –continúa la parte dispositiva–, “…las decisiones adoptadas deberán asegurar la existencia de ACUMAR como la única autoridad de aplicación y con competencia ambiental exclusiva y excluyente sobre la cuenca hídrica en cuestión, la existencia de un procedimiento único que abarque la actuación de la misma, la competencia exclusiva y excluyente de este Juzgado Federal de Primera Instancia en la revisión judicial de la actuación de esa autoridad”.
El Juzgado Federal de Quilmes viene de esta manera a funcionar como “caja de resonancia” de los distintos cuestionamientos planteados en ocasión de la reunión del Consejo Directivo que parecerían albergar dudas –en el mejor de los casos—respecto de las facultades de la ACUMAR para ejercer cabalmente su rol de autoridad. En tal sentido, el considerando SEGUNDO conceptualiza a la autoridad de cuenca como “ente interjurisdiccional autónomo y autárquico, que posee competencia y facultades superiores a la de los estados que la conforman” basando su conformidad al principio de legalidad en una “…ley-convenio…”cuya misma adhesión por ley al derecho provincial como expresión de derecho intrafederal, importa su prevalencia sobre “…por sobre todas las leyes locales…” , allanándose una vez más dentro y fuera de la causa “Mendoza” lo atinente a la constitucionalidad de la creación institucional para la gestión integrada de cuencas hídricas.
Es de notar en todo caso, la argumentación judicial respecto de la razonabilidad de tal construcción institucional, cimentada al entender del Juzgador –y con debida cita del debate parlamentario– tanto en la dispersión que caracteriza a la legislación ambiental de la cuenca, como en la subsidiariedad que exige de una Autoridad superior el apoyo y contribución al desarrollo de las finalidades propias de los estamentos locales.
En síntesis, tanto la legalidad como la razonabilidad de la norma en su contenido institucional han sido favorecidas en esta instancia con la fuerza de la cosa juzgada, y reiterada una vez más la doctrina según la cual debe tomarse el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia en fecha 8/7/2008 como “fuente legal, de incumbencia directa para la interpretación y aplicación de la Ley 26.168”.
b) Continuación de inspecciones y el objetivo del cese de vertidos
El resolutorio CUARTO ordena a la ACUMAR que “…continúe con las inspecciones de las empresas existentes en la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, y la adopción de todas las medidas necesarias que permitan comprobar fehacientemente que se haya cesado por completo el vertido de efluentes líquidos industriales, residuos peligrosos o especiales, emisiones contaminantes y/o sustancias de toda índole, que contaminen de cualquier forma el medio ambiente de la cuenca, por parte de los establecimientos allí existentes” manteniendo la exigencia de presentación de informes de avance quincenales, conforme lo ordenado en el punto III del resolutorio de fecha 22-10-08.
Si bien la cuestión no fue objeto de presentación expresa en el responde de la ACUMAR fecha 8/6/2009, pareciera que la cuestión del cese completo de vertidos puntuales (domésticos e industriales) seguirá siendo una asignatura pendiente de tratamiento hasta el momento en que se haya estructurado un plan de acción consistente, desde los usos y objetivos de calidad, hasta las efectivas posibilidades de los establecimientos radicados en la cuenca. Dicha estrategia requiere de arquitecturas de acuerdo complejas que deben basarse en un conocimiento preciso y sólido de la realidad.
c) Recomendación de pacto interjurisdiccional
El resolutorio SEXTO “recomienda” al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que “analicen” la necesidad de ajustar los mecanismos legales para la creación de un pacto interjurisdiccional que unifique y prevea las sanciones que deberá aplicar la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con el objeto de dar cumplimiento al fallo en ejecución, y lograr así el efectivo saneamiento y protección del todo el medio ambiente de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.
Dicha resolución no importa a nuestro criterio contradicción con lo expresado en el Resolutorio CUARTO, antes bien marcar un camino de futuro en el cual no es posible avanzar sin poderes sancionatorios y con un incidencia cierta en los procedimientos aprobatorios de las instancias locales.
La presentación realizada por ACUMAR en fecha 8/6/09 confirma el inicio del proceso de consultas internas con las áreas competentes de cada jurisdicción tendientes a concretar tales acuerdos interjurisdiccionales.
Como es de rigor, el resolutorio QUINTO conmina a la ACUMAR para cumplir con todo lo ordenado, bajo apercibimiento de aplicarse las multas diarias previstas, aclarando que esa sanción podrá ser aplicada en cualquier etapa del proceso. Ello y sin perjuicio de la responsabilidad concurrente que primariamente le corresponden al Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires -conforme lo expresado en el Considerando 16 del citado fallo- y la responsabilidad civil y penal que le correspondiere a los funcionarios intervinientes.
La recurrencia de este apercibimiento y la naturaleza de los emplazamientos que cada vez con mayor precisión formula el Juzgado Federal parece sugerir la oportunidad de considerar la mecánica que podría adoptar la Autoridad de Cuenca o, eventualmente, las autoridades de cada uno de las jurisdicciones para hacer frente a las sanciones que pudieran imponerse.
Así como la resolución comentada está cargada de mensajes hacia la Autoridad de Cuenca que fueron oportunamente debatidos con motivo de la reunión de su Consejo Directivo realizada el pasado 29 de Mayo, de la misma manera puede decirse que la la presentación realizada por la ACMAR en fecha 8/6/09 también tiene una fuerte carga de mensajes y anuncios, entre los cuales cabe destacar:
Una nueva organización administrativa para la ACUMAR plasmada en un nuevo reglamento de organización interna;
Diseño del procedimiento administrativo específico para los funcionarios afectados a la inspección de establecimientos.
Conformación de equipos capacitados para las inspecciones y revisiones administrativas
Soporte técnico externo para aplicar a los procedimientos de reconversión industrial
Nuevas sedes para la ACUMAR con un criterio de descentralización operativa;
Capacidad presupuestaria de corto, mediano y largo plazo
Modificación de la categoría de “agentes contaminantes” por la de “establecimientos sujetos a reconversión industrial”.
De esta manera, comienza a perfilarse un promisorio diálogo intrapoderes estructurado en torno a la decisión de la máxima instancia judicial de la República. Definitivamente, un caso paradigmático.
Alejandro Rossi, 8/6/2009.
Texto de la resolución comentada. Fuente: Centro de Información de la Corte Suprema de Justicia.
Juzgado Federal 22-5-09
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