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Tema 2. El código civil español. La descodificación. - Apuntes de Derecho Civil - Docsity
clara-murillo 14 de marzo de 2017
Tema 2. El código civil español. La descodificación., Apuntes de Derecho Civil. Universidad de Zaragoza
Prof. Sofía de Salas Murillo
Asignatura: civil 1, Profesor: Sofía de Salas Murillo, Carrera: Derecho, Universidad: UniZar
Tema 2. El código civil español. La descodificación. 1. Codificación y código.
Por medio del código se pretende agrupar en un único cuerpo legal lo que ante todo tiene carácter estable y permanente de la materia que se quiere codificar. Mas se trata de hacerlo desde un determinado periodo histórico, con vocación de permanencia, con pretensiones de plenitud, y con fundamento en unos principios propios de la época en que se codifica y que transcienden a la regulación de las diferentes instituciones y figuras que en el código se complementan.
Por tanto la codificación como técnica de producción legislativa surge con la aspiración de presentar al código como un cuerpo legal, que mediante un articulado que contiene las reglas generales y claras, ofrece el cauce que permite dar una solución jurídica a los supuestos que, en relación con las materias que regula, se presenta en un futuro. Y ello de forma directa, porque el código contiene algún precepto referible el supuesto de que se trata, o bien de forma indirecta, porque el código ofrece un sistema de integración al que recurrir para poder dar una solución al supuesto no contemplado expresamente. A la vista de lo anterior, nada tiene de extraño que en los códigos se contenga alguna norma que imponga a los jueces el deber de resolver los asuntos de que conozca y de hacerlo atendiéndose al sistema de fuentes establecido. ARTICULO 1.7 CODIGO CIVIL.
Por lo demás el fenómeno de la codificación, tanto por su significado político, cuanto por razón de utilidad, ha tenido un alcance casi universal.
2. Significado político de la codificación civil.
La codificación se presenta en su origen como uno de sus postulados políticos de la revolución francesa. La constitución de 1971 la contempla como uno de sus principales designios: incluye el mandato de redactar un código de leyes civiles comunes a todo el reino junto a los preceptos que ratifican y refuerzan la declaración de derechos del hombre y del ciudadano y entre las disposiciones fundamentales garantizadas por la constitución. El código se concibe, pues, como una suerte de prolongación de la constitución misma y su elaboración como una tarea que compete al mismo poder constituyente.
Puede decirse, entonces, que los códigos aparecen destinados a plasmar en lo jurídico, el mismo ideal que representan, en lo político, las constituciones de inspiración revolucionaria: la garantía a los ciudadanos de zonas exentas al poder y reservadas, en cambio, a la libertad. El código es, en definitiva, el instrumento previsto para hacer real la igualdad jurídica, creando un nuevo y verdadero derecho común dirigido a un sujeto unitario, abrogando privilegios y excepciones.
En España, la constitución de Cádiz de 1812 responde a un planteamiento similar al originario francés, pero en ella y también en las constituciones posteriores, al menos hasta la del 69, la codificación se concibe como instrumento para la unificación legislativa. En realidad, los avatares políticos de la época, con la permanente pugna entre liberales y partidarios del antiguo régimen, así como el retraso que sufrió la codificación civil, hizo que los principios jurídicos de la revolución francesa que pudieron incorporarse a nuestro ordenamiento lo hicieran, no sin titubeos y retrocesos, a través de leyes distintas del código civil, el cual cuando finalmente entra en vigor, aparece notablemente devaluado en su significado y función política. Buena prueba de ello es que el código, que se presentaba a sí mismo como continuador del derecho histórico español, no consiguiera siquiera la pretendida unificación legislativa, dejando subsistentes los derechos forales.
Más, aun con estas deficiencias, no careció el código civil de 1889 de un importante significado político. Reducida entonces la constitución, cual ocurre en la de 1876, en ese momento en vigor, a una declaración de principios de escaso valor jurídico real, el código ocupa en buena medida su lugar en la determinación de algunas de las reglas básicas del ordenamiento.
LA CODIFICACION CIVIL EN ESPAÑA
3. El inicio y los proyectos de código civil.
El comienzo del movimiento codificador en España trae causa de las constituciones del siglo XIX. Y a pesar de la existencia de territorios con derecho propio, en las constituciones españolas se recibe la aspiración de codificar unida a la pretensión de hacerlo mediante la elaboración de un código único que regiría en toda la nación. El artículo 258 de la constitución de Cádiz de 1812 que preveía la elaboración de un código civil, así como penal y de comercio, para toda la monarquía.
Se inician en España los trabajos orientados a la redacción de un código civil que se manifestarían en la elaboración de ciertos proyectos que no llegaron a convertirse en ley. Y es que hasta 1889 no se culminará la labor de codificación con la promulgación del código civil español. Ello a pesar de que la codificación del derecho civil ya se había llevado a cabo en otros países con bastante antelación. Y a pesar también de que en España se había llevado a cabo la codificación de otras ramas del derecho con bastante anterioridad a 1889.
Son diversas las causas que motivaron el retraso en la culminación de las labores dirigidas a promulgar un código civil español. De entre tales razones cabe apuntar las siguientes: en un principio, la ligazón de las labores codificadoras a las ideas reformadoras que conllevará la paralización de las mismas en algunos períodos absolutistas; en otros momentos, la alternancia entre moderados y progresistas en el gobierno, además de otros avatares políticos; y, a partir sobre todo de un determinado período histórico, las dificultades para elaborar el código civil vienen determinadas por la oposición de los representantes de los territorios forales a la existencia de un cuerpo legal de carácter único para toda la nación.
Sea por la razón que fuere lo cierto es que con anterioridad a la promulgación del código civil vigente de 1889 se elaboraron diversos proyectos que no llegaron a convertirse en ley. Así, además de proyectos de iniciativa particular, el código civil va precedido del proyecto de código civil de 1821, el proyecto de 1838 y el proyecto de 1851. De entre ellos tiene una importancia singular el proyecto de código civil de 1851, o proyecto de GARCIA GOYENA, en cuanto que será la base sobre la que se redacte el código civil vigente.
4. De las leyes especiales al código civil.
El fracaso de la codificación civil motivada por el hecho de que el proyecto de 1851 no prosperara da lugar a la promulgación en años posteriores de ciertas leyes que, aplicables a todo el territorio nacional, suplen la inexistencia de un código civil regulando determinadas materias. Corresponden a este periodo histórico, entre otras, la Ley Hipotecaria, 1861, la Ley del Notariado, 1862, y la Ley del Registro Civil, 1870.
Las labores orientadas a la codificación civil serán retomadas a partir de 1880. Este reinicio se lleva a cabo aceptando ya la realidad de las dificultades existentes para hacer un código único y la necesidad de resolver el modo en que el citado cuerpo legal habría de incidir en los territorios con derecho foral. Por medio del real decreto del 2 de febrero de 1880 se reordena la composición de la comisión de codificación dando entrada en la misma a representantes de cada región foral.
Así las cosas, con el fin de propiciar la aprobación del futuro código civil eludiendo la discusión en los órganos parlamentarios de cada uno de los artículos del mismo, se recurrió al sistema de ley de Bases. Deberían aprobar una ley que recogiera las condiciones y bases a las cuales tendría que acomodarse la redacción del código civil. El gobierno quedaría autorizado para publicar un código civil que con sujeción a las bases aprobadas, se llevaría a cabo por la sección del derecho civil de la comisión de códigos.
Publicado el código civil, el gobierno debería dar cuentas a las cortes, cuy función consistirá propiamente en controlar el ajuste entre el texto elaborado y las bases que previamente habían aprobado los propios órganos parlamentarios. A tales efectos se presentó un proyecto de ley de bases en 1881, que no fue aprobado. Hasta que por fin se promulga una ley del 11 de mayo de 1888, por la que se autoriza al gobierno para publicar un código civil con arreglo a las condiciones y bases establecidas en la misma.
Lo cierto es que el código ya estaba redactado con anterioridad a la ley de bases. Solo así se puede explicar que, pocos meses después, por real decreto de 6 de octubre de 1888 se ordene por el gobierno la publicación en la Gaceta de Madrid del texto del código civil. Esta primera edición del código se publica entre el 9 de octubre y el 8 de diciembre de 1888.
Una vez comunicada a las cortes de la publicación del código civil comenzó la deliberación por los órganos parlamentario sobre el ajuste entre el citado cuerpo legal y las bases conforme a las cuales debía haberse redactado. En realidad, la consiguiente discusión entre las cortes constituyó ocasión para que además se pusieran de manifiesto ciertas lagunas, imperfecciones o discrepancias en orden al tratamiento otorgado por el código a diversas materias o aspectos de las mismas, así como deficiencias de estilo y erratas en el texto publicado.
Como consecuencia de lo anterior las cortes resolvieron que el gobierno hiciera una nueva edición del código civil, con las enmiendas y adiciones, que teniendo en cuenta la discusión parlamentaria, fuera necesario introducir a juicio de la sección de lo civil de la comisión general de codificación. Realizadas las modificaciones pertinentes, por real decreto del 24 de julio de 1889 se dispuso la publicación de la edición reformada y definitiva del código civil.
Así pues, solo a finales del siglo XIX se consigue publicar el código civil. El código penal ya existía antes de 1889. El código de comercio en 1829. En 1881 se había promulgado la ley de enjuiciamiento civil. En 1882 la ley de enjuiciamiento criminal.
5. La codificación y los derechos civiles forales. Apéndices y compilaciones.
El artículo 19176 del CC derogó “todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituyen el derecho civil común”, pero esta derogación se limitaba al derecho civil llamado de Castilla, y no comprendía las leyes especiales declaradas subsistentes por el propio código ni, tampoco, los ya entonces denominados derechos forales.
A raíz de la conquista surgen en la península ibérica diversos reinos o entidades que gozan de instituciones propias y en definitiva de plena autonomía política. El hecho de que,
paulatinamente, por conquista o por matrimonio, las mismas acaben bajo el cetro de unos mismos reyes, no impidió en un principio que mantuvieran esas instituciones y esa autonomía, las cuales sin embargo, por diversos avatares históricos, acabaron perdiendo.
Pese a ello, al afrontarse el proceso codificador, estaban en vigor los derechos civiles de que, a través de sus propias instituciones, se habían dotado, cuando aun las conservaban algunos de estos territorios, concretamente los de Aragón, Cataluña, Mallorca, Navarra y Vizcaya.
EL CODIGO CIVIL ESPAÑOL.
El código civil comprende 1976 artículos y se ordena y distribuye siguiendo el modelo del código civil francés, es decir, en libros, capítulos, títulos, secciones y artículos.
De los cuatro libros en que se divide internamente el código civil, el primero se refiere a las personas. El libro segundo regula los bienes, la propiedad y las modificaciones. En el libro tercero se contemplan los diferentes modos de adquirir la propiedad. En el ultimo libro se dedica a las obligaciones y contratos. El artículo 1976 contiene una disposición final derogatoria que afecta al derecho civil anterior al código civil, el llamado derecho civil de Castilla, y que no trasciende, además de a los derechos forales, a las leyes que en el código se declaran subsistentes, ley de Aguas, ley Hipotecaria, ley del Registro Civil.
Además, al libro primero le precede un titulo preliminar, con el que comienza el código civil, referete a las normas jurídicas, su aplicación y eficacia. Y junto con lo anterior el articulado del código civil va seguido de trece disposiciones transitorias y tres adicionales.
El código tiene al derecho civil como referencia básica de regulación y siguiendo una sistematica diferente y con una intensidad desigual, el citado cuerpo legal trata las diferentes partes de lo que es objeto de estudio en la disciplina “derecho civil”.
Por lo tanto, de entrada: el derecho civil como referente y objeto de la regulación del código. También: el código civil como el cuerpo legal en el que se contiene el régimen jurídico básico de las instituciones tradicionales del derecho civil. Asimismo: el código civil como el ámbito general y subsidiario en el que acomodar las materias que, formando parte del derecho civil, sin embargo se encuentra contenidas en leyes ajenas al código.
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(URJC) Derecho Civil I -> Tema 3: El Código Civil español: estructura ...
tema 3 las cortes generales I
derecho penal parte general tema 1
Derecho Mercantil(8305)

References: artículo 258
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 19176
 artículo 1976