Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2015/07/no-comparecencia-ante-el-servicio.html
Timestamp: 2017-02-22 06:13:01+00:00

Document:
EL BLOG DE EDUARDO ROJO: No comparecencia ante el Servicio Público de Empleo de un perceptor de la renta Activa de Inserción. Sanción. Aplicación de la LISOS y no de la normativa reguladora de dicha prestación (RD 1369/2006). Una breve nota a la sentencia del TS de 23 de abril, dictada en RCUD. EL BLOG DE EDUARDO ROJO
empleo estatal”. 2. El supuesto
litigioso encuentra su origen en la inasistencia del perceptor de la RAI a la
oficina del SPEE para efectuar un “control de presencia”, siendo infructuosos
los intentos posteriores de notificación de la citación mediante correo con
acuse de recibo, procediéndose finalmente a dicha citación mediante edictos. El
SPEE dictó resolución acordando excluir al perceptor del percibo de la RAI, y
desestimó más adelante la reclamación previa efectuada contra la decisión
administrativa. Es importante destacar, para situar correctamente el conflicto,
que se trata de un perceptor de nacionalidad no española que poco antes de la
resolución dictada por el SPEE había solicitado autorización para desplazarse
al extranjero por un período no superior a quince días, que le fue concedida y
con la posterior obligación (según los datos disponibles en la sentencia de
instancia) “de presentarse en la Oficina del SEPE en el periodo máximo desde el
primer día siguiente hábil al del cumplimiento de los 15 días desde la fecha en
que se autorizó la salida al extranjero, es decir, el día 3-8-2011,
personándose en dicha fecha cumpliendo con la obligación”. El control de presencia se fijó para el día
22 de agosto. Interpuesta
demanda contra la resolución administrativa fue estimada parcialmente por el
Juzgado de lo Social núm. 1 de Castellón por sentencia de 17 de junio de 2013,
revocando la exclusión del demandante del programa de la RAI y fijando la
suspensión por un mes en dicho programa. La sentencia fue confirmada en
suplicación por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de laComunidad Valenciana, en sentencia de 4 de febrero de 2014, que es contra la
que se interpuso Recurso de Casación para Unificación de Doctrina por la Abogacía
del Estado, recurso que será desestimado en contra de criterio mantenido por el
Ministerio Fiscal en su informe. El litigio tiene
una vertiente teórica doctrinal importante, en cuanto que se aborda la
naturaleza jurídica de la RAI y su inclusión dentro del concepto de prestación
pública por desempleo, con las consecuencias que se anudan, al dar una
respuesta positiva el TSJ, confirmada por el TS, de aplicación de la Ley General de Seguridad Social y de la
LISOS, en concreto de la infracción y sanción a un perceptor de prestaciones
por no comparecer a una citación del SPE, y no siendo de aplicación la
normativa específicamente reguladora de la RAI, el citado RD 1369/2006 “que
desarrolla la regulación legal y no puede oponerse a la misma, sin que quepa
atribuirle el carácter de norma especial, sino integrada en la regulación de
las prestaciones por desempleo y en su régimen sancionador”. Para el TSJ la
decisión de instancia fue acertada, debiendo interpretarse el RD 1369/2006, y
más exactamente sus arts. 3.3 d) (“Los trabajadores, para su incorporación y
mantenimiento en el programa, deberán cumplir las obligaciones que implique el
compromiso de actividad y aquellas que se concretan en el plan personal de
inserción laboral, así como las siguientes:… comparecer cuando sea previamente
requerido ante el Servicio Público de Empleo Estatal o ante los servicios
públicos de empleo”) y 9.1 b) (“Causarán baja definitiva en el programa los
trabajadores en los que concurra alguno de los hechos siguientes: … No
comparecer, previo requerimiento, ante el Servicio Público de Empleo Estatal o
ante los servicios públicos de empleo…”) con arreglo a lo dispuesto en los
arts. 24.3 a) (“Son infracciones leves … 3. En el caso de los solicitantes o
beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o
asistencial, o de trabajadores por cuenta propia solicitantes o beneficiarios
de la prestación por cese de actividad:… a) No comparecer, previo
requerimiento, ante los servicios públicos de empleo o las agencias de
colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con
aquellos, salvo causa justificada. …”) y 47.1 a) (“1. En el caso de los
solicitantes y beneficiarios de pensiones o prestaciones de Seguridad Social,
incluidas las de desempleo y la prestación por cese de actividad de los
trabajadores autónomos, las infracciones se sancionarán: a) Las leves, con
pérdida de la pensión o prestación durante un mes. En el caso de las
prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, las
infracciones leves tipificadas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 24 se
sancionarán conforme a la siguiente escala: 1.ª infracción. Pérdida de un mes
de prestaciones. 2.ª infracción. Pérdida de tres meses de prestaciones. 3.ª
infracción. Pérdida de seis meses de prestaciones. 4.ª infracción. Extinción de
prestaciones”) de la LISOS. La sanción de un mes fue jurídicamente acertada al
tratarse de la primera ocasión en que se producía el incumplimiento de
comparecer, no pudiendo tal incumplimiento “dar lugar a una sanción más grave
que la prevista para los demás beneficiarios de la prestación por desempleo”. 3. El RCUD interpuesto
por la Abogacía del Estado aportó como sentencia de contraste la dictada por el
TSJ de Andalucía (sede Granada) de 13 de septiembre de 2012, que estimó el
recurso de suplicación interpuesto por el SPEE contra la sentencia de instancia
y ratificó la decisión administrativa de excluir al demandante de su condición
de perceptor de la RAI a consecuencia de
no haber renovado su demanda en la forma y plazos previstos en el RD 1369/2006.
La tesis del TSJ
andaluz es contraria a la defendida por
el TSJ valenciano, ya que el primero, que acoge la tesis del SPEE, considera
que el programa de la RAI, si bien no se cuestiona que forma parte de la
protección por desempleo, “tiene un carácter específico y diferenciado de las
prestaciones de nivel contributivo y asistencial y se rige por normas
especiales, dictándose el RD 1369/2006 de 24 de noviembre, que es la normativa
específica aplicable al actor…”. La existencia de contradicción es clara e
indubitada entre ambas sentencias, por lo que concurren los requisitos que el
art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social requiere para que puede
interponerse el RCUD. No afecta a la posibilidad de interponer recurso y a su
admisión, conocimiento y resolución por el TS, el hecho de que los supuestos
que dieron origen a la exclusión de la prestación en cada caso no fueran
idénticos (en la sentencia recurrida se trata de una incomparecencia en un
control de presencia, mientras que en la sentencia de contraste la
incomparecencia se produce en un supuesto de obligada renovación de la
demanda), ya que, como bien razona el TS, “ambos supuestos (están) incluidos en
el artículo 9.1.b) RD 1369/2006, e igualmente, ambos (son) incardinables, en su
caso, en los artículos. 24.3.a) y 47.1.a) LISOS”. 4. Delimitados
correctamente los términos del litigio sobre los que debe pronunciarse el alto
tribunal, la aplicación de una u otra norma, de la LISOS (en relación con la
LGSS) o del RD 1369/2006 según que se considere o no la RAI como una prestación
de carácter específico, con normativa propia, y diferenciada de las
prestaciones contributivas y asistenciales, la Sala afirma de entrada, y
argumenta después de forma muy rigurosa y detallada su posición, que la
respuesta correcta es la de la sentencia recurrida. Para el TS, es
importante subrayar que la RAI forma parte de la acción protectora por
desempleo del régimen público de Seguridad Social, y que ello es así se
desprende tanto de la LGSS, en concreto de su disposición final quinta (“4. Se
habilita al Gobierno a regular dentro de la acción protectora por desempleo y
con el régimen financiero y de gestión establecido en el capítulo V del Título III
de esta Ley el establecimiento de una ayuda específica denominada Renta Activa
de Inserción, dirigida a los desempleados con especiales necesidades económicas
y dificultad para encontrar empleo que adquieran el compromiso de realizar
actuaciones favorecedoras de su inserción laboral”) y del art. 206.2 que
incluye el subsidio por desempleo dentro de la acción protectora por desempleo
en el nivel asistencial, como del propio programa de la RAI regulado por el RD
1369/206, cuya introducción destaca que “La renta activa de inserción forma
parte así de la acción protectora por desempleo del régimen público de
Seguridad Social, si bien con carácter específico y diferenciado del nivel
contributivo y asistencial, a los que se refiere el apartado 1 del artículo 206
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, pero a la que es
de aplicación el apartado 2 del citado artículo 206, cuando establece que esa
acción protectora comprenderá acciones específicas de formación,
perfeccionamiento, orientación, reconversión o inserción profesional en favor
de los trabajadores desempleados”, y también de su art. 1 que dispone que la norma “tiene por objeto la regulación
del programa al que se refiere el apartado 4 de la disposición final quinta del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que permite establecer, dentro de
la acción protectora por desempleo, una ayuda específica denominada renta
activa de inserción, dirigida a los desempleados con especiales necesidades
económicas y dificultad para encontrar empleo, a los que se refiere el artículo
2, que adquieran el compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de su
inserción laboral, al que se refiere el artículo 3”. A partir de este planteamiento previo, la Sala pasa
revista a la normativa general aplicable en materia de obligaciones, infracciones
y sanciones de los perceptores de prestaciones, esto es la LGSS, arts. 231 y
232 (remitiéndose este último a la LISOS) y la LISOS, arts. 2.2, 20.1 y 24.3.
La aceptación de la tesis de la inclusión de la RAI como prestación incluida
dentro de la protección por desempleo lleva a concluir que la normativa
aplicable es justamente la ley general sancionadora en materia laboral y no la
específicamente reguladora de la RAI, acudiendo en defensa de esta tesis al
cumplimiento de los principios de legalidad y de tipicidad por parte de la
Administración en los estrictos términos contemplados en los arts. 127 (“1. La
potestad sancionadora de las Administraciones públicas, reconocida por la
Constitución, se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una
norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su
ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este título…) y 129 (“1. Sólo constituyen infracciones
administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como
tales infracciones por una Ley… 2. Únicamente por la comisión de infracciones
administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán
delimitadas por la Ley. ..”) de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En conclusión, debe
por ello aplicarse la normativa legal y no la reglamentaria, es decir ha de
aplicarse el art. 47.1 de la LISOS, en relación el art. 24. 3 a), y suspender
la prestación por período de un mes, no siendo de aplicación el art. 9.1 del RD
1369/2006 que prevé la exclusión del programa en un supuesto idéntico al
contemplado en la LGSS y en la LISOS. Una buena noticia para los perceptores de
la RAI, cuyos incumplimientos leves de las obligaciones impuestas por la
normativa de aplicación deben ser sancionados en los mismos términos que los realizados por los perceptores de
prestaciones contributivas y (otras) asistenciales por desempleo. Buena lectura de
Elvira Granadino Cruz
Podría tener solución informar después de 6 meses el cobro de herencia, además de sancionarme me han sacado del programa. Qué puedo hacer?
Hola Elvira, buenos días. En efecto, la normativa vigente dispone que el trabajador quede fuera del programa cuando incumpla los requisitos previstos para su participación en el mismo. Si cree que la sanción es injustificada, así como el haber sido apartada del programa, deberá demostrar, mediante recurso en vía administrativa, y después en su caso en vía judicial, que la tesis del servicio público de empleo no es correcta. Saludos cordiales. 22 de octubre de 2015, 7:41
Gracias! 24 de octubre de 2015, 0:01

References: resolución 

resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 artículo 9
 artículo 206
 artículo 206
 artículo
2
 artículo 3