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Timestamp: 2020-02-29 06:35:16+00:00

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La adhesión de la España democrática al Consejo de Europa (1977) - España y la construcción europea. Vectores de convergencia, factores de cohesión y paradigmas cambiantes - CVCE Website
A la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 le sucede en la Jefatura del Estado español el Rey Juan Carlos I. Ábrese a partir de entonces un período de transición en el que las progresivas reformas y transformaciones del sistema político español permitirán la reinserción del país en el entorno democrático de Europa occidental y el acceso a las organizaciones de integración europea: la Comunidad Europea y el Consejo de Europa.
Como es sabido, el Consejo de Europa había mantenido una actitud de crítica y vigilancia hacia el Régimen franquista, que se había plasmado en relaciones fluidas con la oposición democrática y una serie de declaraciones y resoluciones sobre la España de Franco. Tras la coronación de Juan Carlos I, la oposición contará en Estrasburgo con una tribuna desde la que analizar las acciones del Gobierno de Carlos Arias Navarro y censurar su falta de voluntad democratizadora (en diciembre de 1975 son recibidos en la Asamblea Parlamentaria José María Gil-Robles, Joaquín Ruiz-Giménez o Felipe González, entre otros militantes antifranquistas). Los miembros de la Asamblea Parlamentaria Giuseppe Reale, democristiano italiano autor de dos informes sobre España desde 1974, y Walter Hofer, liberal suizo, se reúnen con el nuevo Ministro español de Asuntos Exteriores, José María de Areilza, el 18 de diciembre de 1975, en el marco de las visitas que este realiza por Europa para dar a conocer las intenciones del Gobierno español.
El 29 de enero de 1976 comparecen ante la Asamblea Parlamentaria delegaciones separadas de las Cortes franquistas y de la oposición democrática. Por las Cortes intervienen Manuel Escudero Rueda, Jesús Esparabé de Arteaga y Juan Pablo Martínez de Salinas. Por la oposición, Fernando Álvarez de Miranda, Gabriel de Zubiaga, María Teresa de Borbón, Eugenio del Río, Ignacio Camuñas, Santiago Carrillo, Rafael Calvo Serer, José Vidal-Beneyto, Rodríguez de Aragón, Emmanuel Riera Clavillé, Antonio García Borrajo y Jesús de Leizaola. Además, la Asamblea debate un tercer informe sobre España presentado por Reale, junto con un dictamen propuesto por el relator de la Comisión de Asuntos Políticos, el laborista británico Dickson Mabon, y valora la alocución televisiva de Arias Navarro de la víspera. Según Reale, el 90% de los españoles desea la democracia pero el poder de los ultras sigue siendo fuerte y la actitud del Ejército es una incógnita. La mayoría de los parlamentarios no aprecia cambios significativos en el sistema político español y desconfía especialmente de Arias Navarro. Al término de los debates la Asamblea aprueba la Resolución 614, que toma nota de la «voluntad manifestada por el Gobierno español de realizar la reforma de las instituciones del país», pero llama la atención asimismo sobre la falta de medidas concretas en cuanto a la libertad de asociación, de reunión y de expresión, y recuerda la condición indispensable para la admisión de España en el Consejo del respeto de los derechos humanos, el restablecimiento de la libertad para todas las corrientes políticas y la elección de instituciones democráticas por sufragio universal y secreto.
El cambio de Gobierno y el nombramiento de Adolfo Suárez como Presidente en julio de 1976 son acogidos con optimismo por el Consejo de Europa. El nuevo Ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, había trabado amistad con Reale con ocasión de la visita de este a España en 1974 para la elaboración de su primer informe. A principios de julio, el Secretario General del Consejo, Georg Kahn-Ackermann, se entrevista con varios ministros españoles y en septiembre Reale y Hofer visitan Madrid y Barcelona, esta vez acompañados del socialista francés Claude Delorme y de Roger Massie, Secretario de la Comisión Política de la Asamblea Parlamentaria. Tras entrevistarse con varios miembros del Gobierno y de la oposición y visitar la redacción de la revista Cambio 16, afirman percibir un nuevo clima político en España, que les permite esperar la pronta celebración de elecciones y la inmediata adhesión de España al Consejo de Europa. Portugal, entre tanto, es admitido en el Consejo el 22 de septiembre.
El 21 de septiembre la Asamblea debate el nuevo informe de Reale, que esta vez constata la voluntad democratizadora del Gobierno Suárez y propone una resolución favorable a los trabajos de este (Delorme, más crítico en principio, renuncia a presentar su dictamen a la Comisión de Asuntos Políticos). Reale se felicita de que el Gobierno español haya dado pasos como la concesión de la amnistía (si bien censura que no se haya extendido a todos los presos y exiliados políticos), así como los contactos con la oposición y la próxima celebración del referéndum sobre la Ley para la Reforma Política. Junto con ello, critica las dificultades para la legalización de los partidos, que dejan fuera de toda opción al Partido Comunista de España (PCE). Tras un debate en que los parlamentarios se inclinan en general por apoyar a España en su proceso democratizador, la Asamblea aprueba su Resolución 640, que pone de manifiesto que España se encuentra en una fase ya irreversible de transición política, que califica de predemocrática, al tiempo que lamenta que los partidos políticos y sindicatos aún no puedan expresarse y organizarse normalmente. Ese mismo día un grupo de representantes de partidos de oposición, principalmente de izquierda y democristianos (además del PCE), firman en Estrasburgo un manifiesto en el que piden más dureza al Consejo de Europa en su enjuiciamiento del Gobierno de Suárez, y que reclame con firmeza, más allá de la celebración de elecciones, el reconocimiento de todos los partidos políticos, el restablecimiento de todos los derechos y libertades públicas (como la libertad de prensa y la libertad sindical) y la participación de las fuerzas políticas y sociales reales del Estado en el proceso electoral. La diplomacia española se aplicó para evitar que las demandas de la oposición modificaran la resolución de la Asamblea.
En los meses previos a las elecciones la cuestión más candente es la legalización del Partido Comunista de España. Precisamente en abril de 1977 se crea por primera vez un grupo comunista en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y coincidiendo con ello Walter Hofer insta en un nuevo informe al Gobierno español a proceder a la legalización del PCE, que finalmente tiene lugar durante la Semana Santa.
El 15 de junio se celebran en España las primeras elecciones democráticas tras la dictadura, con la victoria de la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez. El Consejo de Europa expresa al Gobierno español, a través de José Luis Messía (Cónsul en Estrasburgo entre 1962 y 1970, Embajador Especial Observador en Estrasburgo desde principios de 1976), su felicitación por haber culminado con éxito el proceso, y comienzan entonces las gestiones de cara a la adhesión de España. Una comisión de parlamentarios se reúne en Amberes del 6 al 9 de julio para estudiar la cuestión y dos magistrados españoles, Fernando Martínez Ruiz y José María Morenilla, son enviados a Estrasburgo a estudias las implicaciones jurídicas de la adhesión.
Los miembros de la Asamblea Hofer, Delorme y Paul Channon (conservador británico que sustituye a Giuseppe Reale) visitan Barcelona y Madrid entre el 12 y el 18 de septiembre y, tras entrevistarse con el Rey, Suárez y otras personalidades, redactan una ponencia para la Asamblea en la que recogen la normalidad del proceso electoral. El 6 de julio la Asamblea aprueba su Resolución 656, que se felicita de la «madurez política demostrada por el pueblo español», toma nota del deseo de los partidos representados en las nuevas Cortes de estrechar lazos con las organizaciones de Europa occidental y encarga a su Presidente que invite a una delegación de observadores españoles a participar en la próxima sesión plenaria de la Asamblea en octubre.
La cuestión a dilucidar en relación con una inmediata adhesión de España al Consejo de Europa es si existe o no el requisito de aprobar previamente una Constitución que sancione y asegure los principios y valores que defiende la institución, aspecto que Channon pone de manifiesto en un nuevo informe tras visitar de nuevo España en septiembre. Una vez que las Cortes elegidas el 15 de junio adquieren carácter constituyente, se hace evidente que la redacción de la Constitución se prolongará durante meses o años. Por ello, el canciller austriaco Bruno Kreisky (compañero de partido de Karl Czernetz, Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo) sugiere a Oreja que los parlamentarios españoles aceleren el proceso adoptando por escrito el compromiso de que tales principios serán respetados en el texto que finalmente se apruebe. Así, el 8 de octubre de 1977 los representantes de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados (Leopoldo Calvo-Sotelo por UCD, Felipe González por el PSOE, Manuel Fraga por AP, Francisco Ramos Molins por los socialistas catalanes, Miquel Roca por la Minoría Vasco-Catalana, Santiago Carrillo por el PCE y Raúl Morodo por el Grupo Mixto) emiten una declaración formal en que dejan constancia ante el Consejo de Europa de «su firme decisión de garantizar constitucionalmente la preeminencia del Derecho, el respeto de los ideales consagrados en el Estatuto del Consejo de Europa y en especial los derechos humanos y las libertades fundamentales recogidos en la Convención Europea firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950». Con esta decisión esperan que «pueda llegarse cuanto antes a resolver las cuestiones formales que pudiera plantear la inmediata adhesión de España al Estatuto del Consejo de Europa».
En respuesta, el 12 de octubre la Asamblea Parlamentaria aprueba una última resolución sobre España, presentada por Hofer y Channon, que viene a cerrar el ciclo de la transición española al afirmar que acoge con satisfacción la declaración del 8 de octubre y expresa su esperanza de que la adhesión se produzca efectivamente en breve. De hecho, en esta ocasión la Resolución 820 adquiere el más solemne formato de recomendación, y en ella la Asamblea insta al Comité de Ministros a que invite a España a adherirse al Consejo sin demora. En esta sesión está presente como invitada una delegación de parlamentarios españoles, integrada por Fernando Álvarez de Miranda (Presidente del Congreso de los Diputados), Antonio Fontán (Presidente del Senado), Felipe González, Santiago Carrillo, José Pedro Pérez Llorca, Federico Silva Muñoz, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, Joaquín Satrústegui, Antón Canyellas, Miguel Unzueta, Josep Benet Morell, José Federico de Carvajal, Joaquín Muñoz Peirats y José María Suárez Núñez.
Al día siguiente, 13 de octubre, el Gobierno español, por medio del Embajador Especial Observador en Estrasburgo, José Luis Messía, presenta al Secretario General del Consejo de Europa, Georg Kahn-Ackermann, la solicitud formal de adhesión. El día 18, el Comité de Ministros aprueba la Resolución 77 (32), mediante la cual, tomando nota de la voluntad de España y de la intención del Gobierno español de firmar la Convención Europea de Derechos del Hombre y del parecer favorable de la Asamblea Parlamentaria, invita a España a la adhesión. El 30 de octubre Kahn-Ackermann se desplaza en visita oficial a España para ultimar los preparativos.
El 16 y el 18 de noviembre el Congreso y el Senado españoles aprueban por unanimidad el proyecto de Ley para la ratificación del instrumento de adhesión al Estatuto del Consejo de Europa. Así, la entrada oficial de España en el Consejo de Europa se produce el 24 de noviembre de 1977; ese día Marcelino Oreja entrega al Secretario General los instrumentos de adhesión. Acto seguido, Oreja firma en nombre de España el Convenio Europeo para la Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales de 1950, y por la tarde participa por primera vez en el Comité de Ministros (en su 61ª sesión), que, junto con la adhesión española, trata temas relacionados con la cooperación europea, el acta de Helsinki y la práctica de la tortura en el mundo.
En los meses siguientes, España completa las formalidades para confirmarse como el vigésimo miembro del Consejo de Europa. Así, es designada la delegación oficial de las Cortes españolas en la Asamblea de Estrasburgo, integrada por diez titulares y diez suplentes (doce a partir de 1978) entre congresistas y senadores, con José Manuel Otero Madrigal (UCD) como Presidente y Gregorio Peces Barba (PSOE) como Vicepresidente. Junto a ellos, son miembros de la Asamblea José Pedro Pérez Llorca (UCD), Luis Yáñez Barnuevo (PSOE), Gregorio López Bravo (AP), Fernando Baeza (PSOE), Donato Fuejo Lago (Grupo Mixto), Joaquín Satrústegui (PSI), José Luis López Henares (UCD), Alejandro Cilici Pellicer (Entesa), Ricardo León Herrero (UCD), Javier Arzallus (Minoría Vasca), Joaquín Muñoz Peirats (UCD), Manuel Marín (PSOE), José Federico de Carvajal (PSOE), Baldomero Fernández Calviño (UCD), Carlos Calatayud Maldonado (UCD), Gregorio López Raimundo (PSUC) y Antón Canyellas (Minoría Catalana). El 25 de abril de 1978 Eduardo García de Enterría es elegido primer juez español en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, cargo en el que permanecerá hasta 1986. Asimismo, España se va haciendo parte de los diversos acuerdos y Tratados promovidos por el Consejo de Europa, como el Estatuto Jurídico del Trabajador Migrante, el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo o la Carta Social Europea. El 8 de octubre de 1979 es invitado a dirigirse a la Asamblea de Estrasburgo el Rey Juan Carlos I, que ensalza los valores de la institución y agradece que esta permitiera el acceso de España antes de la aprobación de su Constitución (que finalmente tendría lugar en diciembre de 1978).
Desde su adhesión, España se ha mostrado un miembro activo y eficaz del Consejo de Europa. Al término de 2009 había firmado y ratificado 111 convenciones y otras 18 estaban en proceso de ratificación. También ha aportado dirigentes a las instituciones de Estrasburgo, como los Presidentes de la Asamblea Parlamentaria José María de Areilza (1981-1983) y Miguel Ángel Martínez (1992-1996), el Secretario General Marcelino Oreja (1984-1989) o el primer Comisario de Derechos Humanos, Álvaro Gil-Robles. En la actualidad, España aporta al Consejo de Europa el 6,5% de su presupuesto.

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