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Timestamp: 2019-10-22 09:41:57+00:00

Document:
RESOLUCIÓN 200 DE 27 DE JULIO DE 2006
CONTENIDO:PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. ASIGNA FUNCIONES A LOS PERSONEROS MUNICIPALES PARA ACTUAR ANTE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1294 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2006, PG.292
“Por medio de la cual se les asignan funciones a los Personeros Municipales para actuar ante los Jueces Administrativos”.
(Nota: Modificada en lo pertinente por la Resolución 48 de 2009 artículo 4° de la Procuraduría General de la Nación)
(Nota: Derogada parcialmente por la Resolución 440 de 2008 artículo 6º de la Procuraduría General de la Nación)
(Nota: Modificada por la Resolución 227 de 2006 de la Procuraduría General de la Nación)
Que mediante la ley estatutaria de la administración de justicia (L. 270/96), dentro de la estructura orgánica de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se crearon los juzgados administrativos, entre otras cosas, con la finalidad de colocar a la justicia administrativa más cerca del administrado como expresión garantista del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia;
Que por su parte, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en armonía con las previsiones presupuestales adoptadas para tal efecto, ha venido implementado una serie de medidas tendientes a poner en funcionamiento los juzgados administrativos, los cuales iniciarán actividades el 1º de agosto de 2006;
Que el artículo 118 de la Constitución Política, dispone: “El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los Derechos Humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”;
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 277, numerales 1º, 3º y 7º de la Constitución Política; 35 de la Ley 446 de 1998; 37 y 44 del Decreto 262 de 2000, corresponde al Ministerio Público como función misional esencial la de intervenir, como sujeto procesal especial, cuando sea necesario, en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en defensa del interés público, del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales;
Que acorde con lo previsto en el artículo 7º, numerales 2º y 7º del Decreto 262 de 2000, corresponde al Procurador General de la Nación establecer los criterios obligatorios de intervención procesal que deben orientar la actuación de los agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción contencioso administrativa, con miras a asegurar una participación oportuna y eficaz en las diferentes etapas de los procesos que se tramitan ante dicha jurisdicción, para que la misma se ejerza y desarrolle con estricta sujeción a los términos y normas legales de carácter procesal, sin que por ello se afecte la imparcialidad y autonomía;
Que en el contexto de sus funciones en relación con la rama judicial del poder público, de la cual forma parte la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a la Procuraduría General de la Nación se le han asignado específicas e importantes atribuciones en desarrollo de la alta responsabilidad que le compete en su condición de Ministerio Público y de órgano de control especial, en aras d e la protección de los intereses generales de la comunidad;
Que la intervención judicial del Ministerio Público se ha venido cumpliendo ante los tribunales contencioso administrativos y ante el Consejo de Estado, y es absolutamente obligante extenderla a los juzgados administrativos;
Que en los términos del artículo 180 del Decreto 262 de 2000, son agentes del Ministerio Público el viceprocurador general, los procuradores delegados, los procuradores judiciales y los personeros distritales y municipales;
Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 168, dispone: “Las personerías municipales y distritales son las entidades encargadas de ejercer el control administrativo en el municipio y cuentan con autonomía presupuestal y administrativa. Como tales, ejercerán las funciones del Ministerio Público que les confieren la Constitución Política y la ley, así como las que les delegue la Procuraduría General de la Nación”;
Que el artículo 178 ibídem, señala: “El personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del Procurador General de la Nación, las funciones de Ministerio Público, además de las que determinen la Constitución, la ley, los acuerdos y las siguientes: (...) 5. Intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General de la Nación en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales (...)”;
Que en aras de continuar realizando la intervención del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en los mismos niveles de eficiencia y eficacia que la han caracterizado, resulta conveniente designar personeros municipales que actúen como agentes del Ministerio Público ante los juzgados administrativos radicados en municipios donde existe un solo procurador judicial para asuntos administrativos o no exista dicho cargo;
Que la anterior determinación se toma sin perjuicio de que los procuradores judiciales II para asuntos administrativos conserven legitimación para actuar ante los juzgados administrativos en los que se delega la intervención judicial de los personeros municipales, eventualmente y por designación que les haga el despacho del Procurador General de la Nación o el coordinador de agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en desarrollo de lo dispuesto por el parágrafo del artículo 7º y por el artículo 36 del Decreto 262 de 2000;
En mérito de lo expuesto, el Procurador General de la Nación
ART. 1º—(Derogado).* Delegar la representación del Ministerio Público en los personeros municipales que más adelante se señalan, quienes intervendrán en los procesos que se tramitan ante los juzgados administrativos que entran a detallarse, y ejercerán sus funciones de agentes del Ministerio Público de manera eventual y cuando sea necesaria, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales:
Distrito Ciudad Circuito Funcionario que intervendrá como agente del Ministerio Público
Antioquia Turbo Juzgado 241 administrativo de Turbo Personero municipal de Turbo
Arauca Arauca Juzgados 1 y 2 administrativos de Arauca Personero municipal de Arauca
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina San Andrés Juzgado Único Administrativo de San Andrés Personero municipal de San Andrés
Boyacá Santa Rosa de Viterbo Juzgado Único Administrativo de Santa Rosa de Viterbo Personero municipal de Santa Rosa de Viterbo
Caquetá Florencia Juzgados 1 y 2 administrativos de Florencia Personero municipal de Florencia
Casanare Yopal Juzgados 1 y 2 administrativos de Yopal Personero municipal de Yopal
Cundinamarca Facatativá Juzgado Único Administrativo de Facatativá Personero municipal de Facatativá
Girardot Juzgado Único Administrativo de Girardot Personero Municipal de Girardot
Leticia Juzgado Único Administrativo de Leticia Personero municipal de Leticia
Zipaquirá Juzgado Único Administrativo de Zipaquirá Personero municipal de Zipaquirá
La Guajira Riohacha Juzgados 1 y 2 administrativos de Riohacha Personero Municipal de Riohacha
Putumayo Mocoa Juzgado Único Administrativo de Mocoa Personero municipal de Mocoa
Norte de Santander Pamplona Juzgado Único Administrativo de Pamplona Personero municipal de Pamplona
Santander Barrancabermeja Juzgado Único Administrativo de Barrancabermeja Personero Municipal de Barrancabermeja
San Gil Juzgado Único Administrativo de San Gil Personero Municipal de San Gil
Valle del Cauca Buenaventura Juzgado Único Administrativo de Buenaventura Personero municipal de Buenaventura
Buga Juzgado Único administrativo de Buga Personero municipal de Buga
(Nota: Derogado por la Resolución 226 de 2006 de la Procuraduría General de la Nación)
(Nota: Modificado por la Resolución 250 de 2007 de la Procuraduría General de la Nación)
(Nota: Modificado en lo pertinente por la Resolución 49 de 2007 de la Procuraduría General de la Nación)
ART. 2º—La delegación que se confiere a los personeros municipales será exclusivamente para efectos de su intervención judicial ante los juzgados administrativos, en la medida en que las conciliaciones extrajudiciales en asuntos de lo contencioso administrativo de que trata el artículo 23 de la Ley 640 de 2001, seguirán siendo de competencia de los procuradores judiciales II para asuntos administrativos que actúen en la respectiva capital de departamento, quienes quedan habilitados para actuar como agentes del Ministerio Público ante los jueces administrativos para el control de legalidad de las mismas, en los términos del artículo 4º del Decreto 2511 de 1998.
PAR.—Los procuradores judiciales II para asuntos administrativos también tendrán legitimación para actuar ante los juzgados administrativos en los que se delega la intervención judicial de los personeros municipales señalados en el numeral 1º de esta resolución, eventualmente y por designación que les haga el despacho del Procurador General de la Nación o el coordinador de agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en desarrollo de lo dispuesto por el parágrafo del artículo 7º y por el artículo 36 del Decreto 262 de 2000.

References: Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 118
 artículo 7
 artículo 180
 artículo 168
 artículo 178
 artículo 7
 artículo 36
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 23
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 36