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Timestamp: 2019-08-25 01:32:33+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 48
MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 12 DE REGLAMENTO DE PERSONAL DEL SENADO
MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA
CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES SOBRE DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE PROPIEDAD EN COBRANZAS JUDICIALES
AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN SIN RECETA MÉDICA DE LENTES CONTRA PRESBICIA
INFORME DE DELEGACIÓN CHILENA EN 112ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA
RAZONES DE SENADOR SEÑOR FERNÁNDEZ PARA NO INVESTIGAR CASOS DE DETENIDOS DESAPARECIDOS DURANTE GOBIERNO MILITAR
PROBLEMAS QUE ENFRENTAN HABITANTES DE SECTOR "PROYECTO CIUDAD SATÉLITE DE ALERCE" EN DÉCIMA REGIÓN. OFICIOS
INSTALACIÓN DE PLANTA DE REVISIÓN TÉCNICA EN RENGO Y SUPRESIÓN DE NUEVOS COBROS A USUARIOS QUE REQUIEREN SEGUNDA O TERCERA REVISIÓN. OFICIO
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
FALTA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CRUCE HACIA ILLAPEL Y SALAMANCA EN RUTA 5 NORTE. OFICIO
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA MATTHEI Y SEÑOR ESPINA MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONFIERE CARÁCTER DE TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO A LAS CARRERAS DE KINESIOLOGÍA, FONOAUDIOLOGÍA, ENFERMERÍA, OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, TECNOLOGÍA MÉDICA Y TERAPIA OCUPACIONAL (3849-04)
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR GARCÍA MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES PARA ESTABLECER PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN APROBACIÓN DE PLANES REGULADORES INTERCOMUNALES (3852-14)
Sesión 48ª, en martes 3 de mayo de 2005
(De 16:20 a 19:36)
Proyecto de acuerdo que modifica el artículo 12 del Reglamento del Personal del Senado (S 759-12) (se aprueba en general y particular).................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (3222-03) (vuelve a Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura)......................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para limitar cobro de intereses, regular subasta hipotecaria y enmendar recurso de revisión (3606-03) (se aprueba en general)................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite la venta de lentes para la presbicia, sin receta médica (2903-11 y 3310-11) (se aprueba en general)...................................................................................................
Informe de delegación chilena en 112ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (intervención del señor Prokurica)................................
Razones de Senador señor Fernández para no investigar casos de detenidos desaparecidos durante Gobierno Militar (observaciones del señor Fernández)........
Problemas que enfrentan habitantes de sector "Proyecto Ciudad Satélite de Alerce" en Décima Región. Oficios (observaciones del señor Stange)................
Instalación de planta de revisión técnica en Rengo y supresión de nuevos cobros a usuarios que requieren segunda o tercera revisión Oficio (observaciones del señor Chadwick)...........................................................
Falta de condiciones de seguridad en cruce hacia Illapel y Salamanca en Ruta 5 Norte. Oficio (observaciones de la señora Matthei).................................
Concurrieron, además, los señores Ministros de Economía , Fomento y Reconstrución y Presidente de la Comisión Nacional de Energía; de Educación y de Justicia.
El señor ROMERO ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 45ª, ordinaria, en 19 de abril; 46ª., especial, y 47ª, ordinaria, ambas en 20 de abril, todas del año en curso, se encuentran en secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ROMERO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
Con los cuatro primeros retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley.
1) El que moderniza el servicio militar obligatorio (boletín Nº 2.844-02).
2) El que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior (boletín Nº 3.223-04).
3) El que establece un mecanismo transitorio para compensar los menores ingresos municipales producidos con ocasión de una nueva determinación de los coeficientes anuales de distribución del Fondo Común Municipal (boletín Nº 3.830-05).
4) El que modifica la ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial; el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y faculta a los municipios para otorgar condonaciones que indica (boletín Nº 2.892-06).
Con el quinto hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto del proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de las Naciones Unidas", suscrito en Santiago el 19 de junio de 2003 (boletín Nº 3.624-10).
Con los dos primeros comunica que ha otorgado su aprobación a los siguientes proyectos de ley:
1) El que autoriza la erección de un monumento en la ciudad de Copiapó en memoria de Monseñor Fernando Ariztía Ruiz, Obispo Emérito de esa ciudad (boletín Nº 3.564-04)..
2) El que fusiona los Escalafones Femenino y Masculino de Oficiales de Carabineros de Chile (con urgencia calificada de "simple") (boletín Nº 3.694-02).
El señor ROMERO ( Presidente ).- La Comisión de Defensa Nacional me pidió recabar la autorización de la Sala para que dicha iniciativa sea estudiada en general y particular en el primer informe.
El señor ROMERO (Presidente).- Continúa la Cuenta.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Con los dos oficios siguientes, la Cámara de Diputados informa que otorgó su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado a los siguientes proyectos de ley:
1) El que crea juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y previsional en las comunas que indica (boletín 3.368-13), y
2) El que modifica la ley Nº 17.322, el Código del Trabajo y el decreto ley Nº 3.500, de 1980, sobre cobranza judicial de imposiciones morosas (boletín Nº 3.369-13).
Con el quinto comunica que dio su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Civil en lo relativo a la exigencia de presentación de antecedentes para dar curso a la demanda de reclamación de maternidad o paternidad, y a la valoración de los medios de prueba sobre el particular (boletín Nº 3.043-07).
Con el sexto informa que desechó algunas de las modificaciones propuestas por el Senado al proyecto de ley que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior (con urgencia calificada de "suma") (Boletín Nº 3.223-04),. a la vez que comunica la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República.
--Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para que integren la referida Comisión Mixta.
El señor ROMERO ( Presidente ).- El señor Presidente de la Comisión de Educación me solicitó recabar autorización para que el referido organismo pueda funcionar paralelamente con la Sala.
El señor ROMERO (Presidente).- Prosigue la Cuenta.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Oficio de la Excelentísima Corte Suprema mediante el cual emite su parecer acerca del proyecto de ley que modifica el sistema de nombramiento y calificaciones de los ministros, jueces, auxiliares de la administración de justicia y empleados del Poder Judicial (boletín Nº 3.788-07).
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada de la sentencia dictada en los autos Rol Nº 437, referidos al requerimiento formulado en contra del proyecto que modifica normas del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones, relativo a la calidad de la construcción (boletín Nº 3.418-14).
Del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, con el cual da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Honorable señor Espina, relativo al funcionamiento de la reforma procesal penal en la provincia de Malleco.
Con el primero contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Cantero, respecto de los problemas que afectan a la Policía de Investigaciones de Chile.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre de los Honorables señores Sabag, Adolfo Zaldívar y Andrés Zaldívar, acerca de la posibilidad de presentar a trámite legislativo una iniciativa que autorice la desafiliación del sistema de pensiones creado por el decreto ley Nº 3.500, de 1980.
Con el primero contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Prokurica, sobre problemas de los agricultores de la provincia de Huasco por defectuoso funcionamiento del canal Buena Esperanza.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, relativo al proyecto Vicuña-Yendegaia, en Tierra del Fuego , Duodécima Región.
Con el tercero contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Cantero, acerca del proyecto "Mejoramiento Avenida Salvador Allende", en la comuna de Antofagasta.
Con el cuarto responde un oficio dirigido en nombre del Honorable señor Ruiz-Esquide, relativo a obras de reparación y mejoramiento del camino Quiapo-Lebu.
Con el quinto contesta un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Chadwick y Moreno, respecto de la instalación de una central termoeléctrica de ciclo combinado en la localidad de Monte Lorenzo, comuna de San Vicente de Tagua Tagua.
Con el sexto da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Honorable señor García, sobre el proyecto de pavimentación de la Ruta Internacional CH-119, sector Curarrehue Paso Mamuil Malal, Novena Región.
Con el séptimo contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Moreno, relativo a la ampliación de bermas en los sectores Cruce Los Boldos-Cruce La Mina, en la Ruta I-72; Cruce La Mina-Cuesta Lajuela, y camino Rancagua-Puquillay, de la comuna de Santa Cruz.
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Ruiz-Esquide, sobre una nueva política de protección a la infancia.
Con el segundo contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a la contaminación derivada del consumo de leña como combustible para calefacción.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, por medio del cual responde un oficio dirigido en nombre del Honorable señor Cantero, relativo a la situación del comité de allegados Nuestro Hogar Soñado, de la comuna de Antofagasta.
De la señora Ministra de Bienes Nacionales, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, sobre comodato de un inmueble para oficinas del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, de la Sexta Región.
Dos del señor Subsecretario de Pesca , mediante los cuales contesta igual número de oficios dirigidos en nombre del Honorable señor Horvath, referidos, el primero, al establecimiento de zonas contiguas de pesca entre la Décima y Undécima Regiones, y el segundo, a la situación de los pescadores artesanales independientes no incorporados en el Registro Pesquero Artesanal de la Décima, Undécima y Duodécima Regiones.
Del señor Subsecretario de Planificación , por medio del cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor García, relativo al Programa Multifase de Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas, denominado "Programa Orígenes".
De la señora Subsecretaria de Previsión Social, con el que contesta un oficio dirigido en nombre de la Honorable señora Frei, sobre la posibilidad de enviar a tramitación legislativa un proyecto de ley que recoja las ideas contenidas en una moción presentada por el Senador señor Ruiz-Esquide para permitir a las personas con discapacidad titulares de una pensión asistencial mantener dicho beneficio cuando realicen un trabajo remunerado.
Dos de la señora Subsecretaria Directora Nacional del Instituto Nacional del Deporte de Chile:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre de los Honorables señores Chadwick y Espina, relativo a la aplicación de las normas de la ley Nº 19.712, Ley del Deporte.
Con el segundo contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Moreno, sobre el proyecto "Construcción Complejo Deportivo, Recreacional, Cultural y Artesanal de la Comuna de Doñihue".
Del señor Intendente de la Tercera Región, por medio del cual responde un oficio dirigido en nombre del Honorable señor Horvath, acerca del proyecto "Pascua-Lama".
Dos del señor Intendente de la Sexta Región:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relativo al proyecto denominado "Construcción de la Red de Agua Potable y Alcantarillado del Comité de Viviendas Ramón Sanfurgo", en la comuna de Santa Cruz.
Con el segundo responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Chadwick, sobre el proyecto de alcantarillado de la comuna de Pumanque.
Del señor Intendente de la Novena Región , mediante el cual contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor García, tocante al proyecto "Construcción del Cuartel de la 7ª Compañía de Bomberos Millaray de Temuco, segunda etapa".
Del señor Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Undécima Región , con el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en relación con socavones en las riberas del río Simpson, y particularmente en la sur.
Dos del señor Alcalde de Lumaco , mediante los cuales responde igual número de oficios enviados en nombre del Honorable Senador señor Espina, referidos a las deficiencias de la Posta Municipal de la Villa Pichi-Pellahuén y a los problemas de salubridad derivados del escurrimiento de las aguas servidas de la escuela de esa localidad.
Del señor Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos , a través del cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Chadwick, en cuanto a limitación de entrega del Formulario 22 para la declaración de impuesto a la renta.
Del señor Gerente del Proyecto IV Etapa de la empresa Merval, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la construcción de diversas obras viales.
De la Comisión de Régimen Interior, con la cual informa que acordó, por unanimidad, volver a la Sala el proyecto de acuerdo, iniciado en moción de los Senadores señores Larraín y Gazmuri, que modifica el artículo 12 del Reglamento del Personal del Senado, en los mismos términos en que fue despachado en su nuevo primer informe (Boletín Nº S 759-12).
Segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización; informe de la Comisión de Hacienda, e informe complementario de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial; el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y faculta a los municipios para otorgar condonaciones que indica (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 2.892-06).
Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales en lo relativo a la designación de notario alterno o adjunto (boletín Nº 3.259-07).
De la delegación de parlamentarios que concurrió a la 112ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, efectuada en Manila, Filipinas, entre los días 3 y 8 de abril de 2005.
De los Senadores señora Matthei y señor Espina, mediante la cual inician un proyecto de ley que confiere carácter de título profesional universitario a las carreras de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional (boletín Nº 3.849-04).
Del Senador señor García, mediante la cual inicia un proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para establecer la participación de la comunidad en la aprobación de los planes reguladores intercomunales (boletín Nº 3.852-14).
Del señor Jorge Segundo Olavarría Maldonado, mediante la cual, de conformidad con lo dispuesto en el Nº 2) del artículo 49 de la Constitución Política de la República, pide el pronunciamiento del Senado sobre si ha o no lugar a la admisión de acciones judiciales respecto de las personas que indica (boletín Nº S 791-02).
De los señores Rafael Salvá Fulin y Reginio Aníbal Araya Padilla, a través de las cuales piden la rehabilitación de su ciudadanía (boletines S 790-04 y S 792-04, respectivamente).
El señor ROMERO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).- Los Comités, en sesión celebrada esta tarde, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Permitir a la Comisión Mixta que debe proponer el modo de resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto sobre financiamiento de la educación superior funcionar simultáneamente con la Sala (el señor Presidente informó al respecto durante la Cuenta de esta sesión).
2.- Tratar hoy, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de acuerdo que modifica el artículo 12 del Reglamento del Personal del Senado.
3.- Tomar conocimiento de que la Comisión de Senadores y Diputados designada por los Comités a los efectos de proponer una fecha adecuada para conmemorar la Amistad y la Paz entre Chile y Argentina sugiere el 29 de noviembre de cada año.
4.- Autorizar al Honorable señor Prokurica para que, al inicio de Incidentes de esta sesión, dé cuenta de la participación parlamentaria chilena en la 112ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, efectuada recientemente en Filipinas.
Por acuerdo de Comités, corresponde analizar en primer lugar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de acuerdo, iniciado en moción de los Honorables señores Larraín y Gazmuri, que modifica el artículo 12 del Reglamento del Personal del Senado, con nuevo informe de la Comisión de Régimen Interior.
S 759-12
Régimen Interior, sesión 28ª, en 18 de enero de 2005.
Régimen Interior (nuevo), sesión 43ª, en 12 de abril de 2005.
Sesión 30ª, en 19 de enero de 2005 (vuelve a Comisión).
Cabe recordar que, en sesión de 19 de enero último, se acordó enviar de nuevo el proyecto de acuerdo a la Comisión de Régimen Interior, la cual acogió el criterio manifestado en dicha oportunidad en cuanto a la conveniencia de que el cargo de Edecán sea ocupado por un oficial elegido por la Sala, a proposición del Presidente .
Esa decisión fue adoptada por la unanimidad de los miembros de dicho órgano, Honorables señores Gazmuri, Larraín, Naranjo, Novoa, Páez, Romero y Zurita.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, la Comisión de Régimen Interior propone al señor Presidente que el proyecto sea discutido por la Sala en general y en particular a la vez.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
Proyecto, iniciado en mensaje y en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, con segundo informe, informe complementario de éste y nuevo informe complementario de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, e informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3222-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Intereses Marítimos, sesión 42ª, en 29 de abril de 2003.
Intereses Marítimos (segundo), sesión 7ª, en 20 de octubre de 2004.
Hacienda, sesión 7ª, en 20 de octubre de 2004.
Intereses Marítimos (complementario de segundo), sesión 24ª, en 5 de enero de 2005.
Intereses Marítimos (complementario nuevo de segundo), sesión 37ª, en 16 de marzo de 2005.
Sesiones 51ª, en 14 de mayo de 2003 (se aprueba en general); 45ª y 46ª.en 19 y 20 de abril de 2005 (queda pendiente su discusión particular).
Señores Senadores, en la sesión de 19 de abril último, el Honorable señor Ruiz formuló indicación para volver el proyecto a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura con el fin de que efectuara un análisis a fondo sobre el estado de los recursos pesqueros y estableciera un plazo a los efectos de presentar indicaciones.
La Sala celebró una sesión especial al día siguiente con el objeto de evaluar la conveniencia de reenviar la iniciativa a dicha Comisión para un nuevo segundo informe, y durante ella se determinó que la resolución definitiva sobre la materia se adoptara cuando el proyecto fuera debatido de nuevo en el Orden del Día de una sesión ordinaria.
En consecuencia, se debe decidir si la iniciativa vuelve a Comisión o continúa su trámite en la Sala.
¿Me permite señor Presidente ?
Sólo deseo fundamentar mi voto, señor Presidente .
--(Durante el fundamento de voto).
Señor Presidente , el límite máximo por armador sobre la base de la presencia histórica y la capacidad de bodega ha precipitado una dramática reducción de la biomasa y el colapso de algunas pesquerías, como la de la merluza común.
Con el apoyo de algunos gráficos que se proyectarán, quiero dar a los señores Senadores una visión de lo que estoy señalando.
En el primero, relativo a la merluza, se aprecia con toda claridad la línea que marca el descenso sostenido de cada una de sus especies: merluza común, merluza de cola y merluza del sur.
En el segundo, correspondiente al jurel, observamos que, de 6 millones de toneladas, hemos pasado a algo más de 550 mil. Por lo tanto, se puede determinar que el modelo aplicado en la actualidad ha precipitado una situación completamente insostenible.
El tercer gráfico se refiere al langostino colorado, cuya biomasa, al igual que en las especies ya señaladas, ha descendido hasta el punto indicado por el término de la línea amarilla.
También, como es lógico suponer, este tipo de situaciones ha hecho proliferar prácticas nocivas como el descarte y el subreporte.
El actual modelo induce a falsear los datos relativos, entre otros, a subreporte de la captura, descarte de especies no comerciales por calibre y trasgresión de las cuotas, agotamiento de stock, etcétera.
El modelo, con las consecuencias que hemos observado en estos gráficos, y a la luz de una fiscalización que se ha tornado completamente insuficiente, sólo amenaza con agravar el problema en el futuro.
La razón por la cual el proyecto debe necesariamente volver a Comisión estriba en que los antecedentes que conocimos recién al finalizar la discusión en ella encienden un foco de alarma que, por supuesto, no puede pasar desapercibido para el Senado. Si este mismo esquema se intenta aplicar a otras pesquerías, obtendremos los mismos resultados de ahora.
Por eso, no podemos sino alertar acerca de la pobre fiscalización que hoy día ejercen los organismos respectivos. Actualmente, la actividad es fiscalizada con una dotación de sólo 442 personas: 336 de planta y a contrata, y 106 a honorarios. De ella, no más de 80 funcionarios son inspectores de pesca de terreno para las labores de extracción, desembarque, procesamiento, producción de centros de cultivo, etcétera.
Pues bien, en el sector pesca se ha instalado una suerte de mundo darwiniano donde, por cierto, prevalece la ley del más fuerte. Si a eso agregamos la muy precaria capacidad de fiscalización, se dan todas las condiciones para que se reproduzca en esta actividad lo que hoy está presente en toda la sociedad chilena: una vergonzosa distribución de la riqueza, cada vez en menos manos. La pesca, por supuesto, no escapa a esa lógica, a ese cuadro dramático que afecta a todos los sectores de la economía.
Si nosotros perseveramos en ese modelo, y a la luz de lo que hemos conocido de las pesquerías, nos encontraremos en una situación bastante crítica.
En razón de ello, votaré a favor de que el proyecto sea devuelto a Comisión para un análisis indispensable, a juzgar por los antecedentes referidos.
Antes le corresponde hacerlo al Honorable señor Horvath , y sólo para fundar su pronunciamiento.
Advierto a Sus Señorías que no cabe discusión sobre esta materia. El Senado celebró una sesión especial para tratarla, y se acordó votarla al inicio de la sesión siguiente.
Por supuesto, la Mesa no puede negar la posibilidad de que se funde el voto.
Para tal efecto, tiene la palabra el Senador señor Horvath.
Señor Presidente , antes de fundar mi voto, le pido que recabe la anuencia de la Sala, aprovechando que está el señor Ministro de Economía , sector que le compete...
En verdad, el señor Ministro debiera comprometer, por parte del Ejecutivo, algunas soluciones para el mundo pesquero. De hecho, las organizaciones de pescadores artesanales -desgraciadamente, bastante divididas- plantearon una mesa de negociaciones para tratar de llegar a acuerdos lo más amplios posible sobre la base de las indicaciones que se presenten.
Por otro lado, en la Comisión se aprobó una instancia de investigación objetiva, real, que pueda sustentar las distintas medidas administrativas y, también, el análisis de la iniciativa en debate.
Con esos parámetros -es decir, si el Ministro de Economía , en nombre del Gobierno, en este minuto se compromete a analizar las indicaciones que han tratado de concordar las diversas organizaciones de pescadores artesanales y a despachar, en paralelo a este proyecto, una instancia de investigación bien sustentada, objetiva y transparente-, nosotros estaríamos contestes en volver la iniciativa a Comisión.
Creo que dicha instancia debiera ser conocida por la Sala antes de tomar una decisión.
Ruego a los presentes en las tribunas no hacer manifestaciones, porque el Reglamento no las permite.
Pido al Senador señor Horvath que anuncie la forma como votará, en cuanto a si el proyecto vuelve a Comisión o permanece en tabla.
Señor Presidente, solicito que se recabe la unanimidad de la Sala para escuchar al señor Ministro, al menos por cinco minutos, sobre la materia.
¿Sabe qué ocurre, señor Senador?
En una sesión especial -no correspondía efectuarla, pero se celebró, porque así lo resolvió la Sala-, todos los señores Senadores que pidieron la palabra intervinieron para dar a conocer sus argumentaciones.
Y ahora se está dando cumplimiento a un acuerdo.
Quienes deseen fundamentar el voto, lo pueden hacer. La Mesa no puede negarles ese derecho.
Perdón, señor Presidente . Pero todavía me restan algunos minutos.
Tiene razón, señor Senador . Continúa con el uso de la palabra.
La vez pasada se analizaron las razones de la drástica disminución de diversas especies hidrobiológicas. Sin embargo, desde esa oportunidad ha transcurrido tiempo -al menos la semana regional- y hay hechos nuevos. Las organizaciones de pescadores artesanales nos han señalado que en mesas de trabajo e instancias de resolución han concordado indicaciones que pueden ser bien sustentadas en la Sala.
Por consiguiente, antes de votar, pido al señor Presidente recabar el asentimiento unánime del Senado para que el señor Ministro se comprometa o dé a conocer directamente su parecer respecto de esas nuevas indicaciones, que en buena medida son factibles de recogerse, permitiéndonos reafirmar en la Sala la instancia de investigación. Asimismo, podrá dar a conocer las razones que estime convenientes para llegar a acuerdos.
No hay apuro en despachar la iniciativa. Yo creo que merecemos esa atención en la Sala.
Si le parece a la unanimidad de la Sala -el Reglamento no norma esta situación-, escucharemos la opinión del señor Ministro acerca del planteamiento del Honorable señor Horvath , en el sentido de que se comprometa a conocer en la Comisión, en su oportunidad, el proyecto que está tramitándose en paralelo a éste, sobre la pesca artesanal, consideradas las indicaciones que favorecerían a dicho sector.
El señor RODRÍGUEZ ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).-
Señor Presidente, el Gobierno es partidario de que este proyecto de ley siga su curso y no vuelva a la Comisión.
Los argumentos en torno a las crisis de las pesquerías aludidas aquí se discutieron durante varios meses en la Comisión...
Perdón, señor Ministro . Ése no es el punto, sino lo relativo a si el Gobierno estaría de acuerdo con el proyecto que hoy día se encuentra en la Comisión; no éste...
¿Éste? No le entiendo, señor Senador .
Como el señor Ministro no estaba presente en la Sala cuando Su Señoría hizo el planteamiento, dispone de 20 segundos para explicarlo de nuevo.
Señor Presidente , la idea es que el proyecto sea analizado nuevamente en la Comisión en conjunto con la instancia de investigación y que en esa revisión se consideren las indicaciones surgidas de las mesas de trabajo de las organizaciones de pescadores artesanales a nivel nacional, que recién se nos hicieron llegar.
El señor RODRÍGUEZ ( Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).-
Señor Presidente , no estamos dispuestos a que el proyecto se siga debatiendo en la Comisión de Pesca. Creemos que se ha analizado suficientemente in extenso.
Estimamos que lo mejor es que el Senado vote la iniciativa, pues quedarán en el trámite legislativo otras etapas donde podrá seguir perfeccionándose. Consideramos realmente un abuso del tiempo legislativo volverla una vez más a la Comisión para incorporarle nuevas propuestas.
Así que nosotros, al menos, somos partidarios de que la Sala vote. Y ojalá el proceso legislativo continúe como corresponde.
¿Podría precisar cómo se votará, señor Presidente?
Para que el proyecto vuelva a la Comisión, "sí"; en caso contrario, "no".
Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Senador señor Ruiz.
Señor Presidente , en la sesión especial que se pidió para analizar el estado de los recursos, desgraciadamente, aparte el Senador que habla y uno o dos colegas más, nadie se refirió a este tema. Se habló sobre otras cosas.
Aquí se plantearon antecedentes irrebatibles, que provienen de la propia autoridad y demuestran que, a partir de la aplicación de los límites máximos de captura, los recursos han ido disminuyendo en forma importante, variando la curva según la pesquería de que se trate.
Empero, el debate no se hizo. Y ésa fue la razón por la cual en noviembre surgió un problema aquí, en el Senado. Porque toda la discusión de este proyecto se sustentó sobre dos bases. Primero, la de que las pesquerías se hallaban en buen estado de salud. Sin embargo, no se encontraban sanas. Las estadísticas oficiales existentes hoy día demuestran que los recursos están seriamente deteriorados.
Segundo, se planteó el descarte, que es uno de los factores que más dañan ahora a las pesquerías, pues miles de toneladas de recursos muertos son devueltos al mar, no le sirven a nadie y afectan a las pesquerías. Y también hay subreporte; es decir, lo que se desembarca supera lo registrado en las nóminas. Porque las operaciones son controladas por empresas privadas pagadas por quienes serán fiscalizados. ¡Es el sistema más inteligente que se puede poner en práctica en cuanto a control de los desembarques! ¡Se trata de empresas privadas a las que se paga directamente...!
Esos dos elementos, más la falta de antecedentes fidedignos respecto de muchas situaciones a las que hoy día no tenemos acceso, hacen que sea absurdo seguir discutiendo este proyecto de ley, en circunstancias de que lo más importante, antes de repartirlo, es saber si hay o no pescado. Con esta iniciativa una vez más estamos entregando atribuciones, tanto a la Subsecretaría de Pesca como al Consejo Nacional de Pesca, para que nuevas pesquerías se incorporen al sistema de límite máximo de captura; pero no hemos evaluado el resultado de la aplicación de este sistema.
Señor Presidente , yo no pedí que este proyecto volviera a Comisión, sino, según los documentos que entregué, que se desglosaran de él los artículos referidos a la pesca artesanal, si bien algunos de ellos la benefician. No obstante, las dos organizaciones que agrupan a este sector no están de acuerdo con el texto despachado. Por ello, se ha tratado de buscar una solución vía conversaciones directas, las que, por desgracia, no han fructificado.
En vista de que no tengo alternativa, voy a votar que sí. Creo que no tiene ningún sentido seguir discutiendo mientras las pesquerías están desapareciendo. Por lo tanto, pido a los Honorables colegas que en esta oportunidad den su respaldo a la posibilidad de debatir a fondo esta materia. Porque -digamos las cosas por su nombre-, si se termina el pescado, los industriales no operan sus buques (hoy día tienen la mitad de la flota parada), despiden a la gente y se acabó el problema. Pero cuando se terminan los recursos, los pescadores artesanales se quedan sin comer. ¡Ésa es la diferencia!
En consecuencia, solicito que el proyecto vuelva a la Comisión y que se abra un debate a fondo, a la luz de los antecedentes existentes hoy día.
Me pronunciaré afirmativamente.
Están inscritos los Senadores señores Núñez , Moreno , Boeninger , Carmen Frei y Ríos.
Insisto: se están repitiendo prácticamente los mismos argumentos que escuchamos en la sesión especial.
Tiene la palabra el Honorable señor enador señor Núñez .
Tiene razón, señor Presidente . Entiendo que la mayor parte del Senado tuvo la oportunidad de expresar sus opiniones respecto de esta iniciativa. Pero quisiera ahondar un poco más, a propósito de las intervenciones del Ejecutivo.
Reitero: aquí hay una contradicción.
En enero de este año ingresó un proyecto de ley que da cuenta del hecho de que el Gobierno acepta que existe grave peligro de colapso de un conjunto de pesquerías, fundamentales para esta tan importante actividad económica. Está dicho en la introducción del mensaje enviado por el Presidente de la República . Es una iniciativa particularmente interesante, que estamos dispuestos a estudiar y a trabajar, como Senado, lo más rápido posible.
Aquí no se trata de dilatar innecesariamente el despacho de la llamada "Ley Larga de Pesca". Nadie está pensando en ello.
Y si hay un nuevo proyecto, que el propio Gobierno nos envió para hacer factible una instancia de investigación científica que permita conocer con exactitud el nivel de colapso de las pesquerías o los potenciales de desarrollo de cada una de ellas, parece altamente necesario, en particular para el sector artesanal, que ocupa un importante contingente de mano de obra, debatir nuevamente la que ahora nos ocupa, a la luz de la iniciativa remitida por el Ejecutivo .
Por esa razón, votaré positivamente, para los efectos de que este proyecto vuelva a la Comisión.
Tiene la palabra el Honorable señor señor Boeninger.
Señor Presidente , a diferencia de los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, creo que el análisis ha sido muy exhaustivo. También pienso que los antecedentes aportados, tanto en la Comisión especializada como en la sesión especial celebrada hace quince días, demuestran que la discusión está agotada.
Lo que ocurre es que en alguna de las intervenciones que hemos escuchado ahora se atribuye a los límites individuales de captura el empeoramiento de la situación de un conjunto de pesquerías.
La verdad es que el sistema lleva más o menos dos años de vigencia y ha significado una reducción del esfuerzo pesquero expresado en tonelajes de barcos en explotación. En consecuencia, es evidente que eso apunta a que, o no cambia nada la situación de la biomasa, o la cambia para mejor.
En segundo lugar, sucede que ha aumentado el empleo. Se terminó la carrera olímpica, de modo que hay trabajo estable. Se ha incrementado en forma apreciable el empleo de trabajadores en el sector industrial...
¡Pero no hay pescado!
...y, por consiguiente, nada puede atribuirse al límite individual de captura, que es el argumento más utilizado.
Además, con relación a las pesquerías, hay una -la de la merluza común, me parece- que está en situación delicada a raíz de un episodio específico ocurrido en 2004, que ha sido explicado de manera lata en la Sala. Y el resto de las pesquerías, alguna de las cuales muestran déficit en relación con el óptimo histórico, se hallan leve o significativamente mejor, según el caso, que hace dos o tres años.
Por todas esas razones, votaré que no.
¡Era que no...!
Señor Presidente , de las fundamentaciones de voto que hemos escuchado, más los argumentos dados en la sesión especial y los recogidos en las distintas oportunidades en las cuales el Senado ha conocido esta materia, se desprende que estamos en presencia de un punto muy controvertido: las mismas cifras entregadas por las autoridades son interpretadas con criterios diametralmente opuestos.
Pocas veces uno se encuentra con argumentaciones en que al fina, por muy objetivo que pretenda ser, deba preguntarse dónde está la verdad.
Por lo tanto, en atención a que un importante sector de esta actividad, constituido por la gente más modesta, trabaja en las caletas y pesqueras y con razón se siente vulnerado en sus derechos, no veo motivo -lo digo sinceramente- para negarse a que en la Comisión se busque la posibilidad de hacer coherentes las cifras proporcionadas con las opiniones de las personas.
No se trata de retrasar ni de boicotear el proyecto. Soy partidario de que vuelva a Comisión porque el sentido común indica que debemos escuchar ese tipo de planteamientos.
Anuncio que me pronunciaré porque el proyecto vuelva a Comisión.
Se hallan inscritos a continuación, para fundar su voto, los Senadores señores Ríos, Carmen Frei y Ruiz-Esquide.
Señor Presidente , las informaciones entregadas por el Senador señor Ávila -sin duda, son muy importantes- reflejan un hecho que las gráficas mostradas por Su Señoría permiten, en alguna forma, llegar a comprender.
El que las pesquerías exhiban hoy una captura muy baja podría atribuirse a dos razones: o las cosas se están haciendo bien o no hay peces. Pensamos que son ambas. Efectivamente, hay muy pocas especies. Y confiamos en que se esté haciendo una buena administración, a fin de cuidar ese patrimonio fundamental, que nos pertenece a todos.
Sin embargo, es preciso señalar que la Ley de Pesca no resuelve ésa ni otras situaciones. Ellos deben solucionarse a través de organismos científicos y técnicos que finalmente determinen cuál es la capacidad del mar chileno para soportar la captura de las distintas pesquerías. Esto es así.
Ocurre lo mismo con relación al descarte y otros problemas, respecto de los cuales la normativa legal es severa, aunque su aplicación termina siendo aparentemente débil. Incluso, de pronto se expresan duras opiniones acerca de los inspectores de las naves que evidencian un descarte muy alto y que en definitiva no entregan la información adecuada.
Nosotros hemos visto filmaciones donde se demuestra que el descarte es bastante alto. Y en esas embarcaciones va un inspector del Servicio Nacional de Pesca. El Senado ha aprobado todas las partidas relativas a esa entidad en los proyectos de Ley de Presupuestos. Debemos suponer, entonces, que falta más personal para efectuar una exacta y adecuada fiscalización.
Pero hay algo más, sobre lo cual conversábamos antes de que el señor Presidente ingresara esta tarde a la reunión de Comités. Existe otra iniciativa legal, sobremanera relevante, que comprende casi todos los problemas atinentes a investigación que se están planteando aquí y los deja en manos del Instituto de Fomento Pesquero. Esperamos que este organismo sea lo suficientemente autónomo a fin de que no haya presión política, administrativa ni económica alguna para que determine la cantidad de recursos por explotar.
Como la situación de las pesquerías no es adecuada y existen elementos significativos que se traducen en acuerdos de dos federaciones del sector, se nos presenta la siguiente alternativa. Primero, que la Sala apruebe el proyecto para que en la Cámara de Diputados se produzcan todos los acuerdos y se realicen los análisis que se han propuesto. Incluso, la nota de ambas organizaciones está dirigida a esa rama legislativa -no al Senado-, suponiendo que la iniciativa seguirá su tramitación y se resolverá allá. Son cinco los puntos controvertidos y tengo respuesta para todos ellos.
Y segundo, que el Senado examine otra comunicación, que conocimos recientemente, donde algunas organizaciones manifiestan juicios distintos, referidos a acuerdos que han alcanzado, los cuales me parecen interesantes. Nosotros podemos examinarlos y formular observaciones, por cuanto hemos estudiado la materia durante mucho tiempo -ya llevamos dos años- y la premura por despachar la ley en proyecto no es tan extrema.
En mi opinión, pretender discutir ahora, por ejemplo, sobre el límite máximo de captura por armador no resulta pertinente, porque existe una normativa legal con vigencia hasta el año 2012 y no habrá modificaciones en ese aspecto.
Si la idea es que la iniciativa retorne a Comisión para que se analice conjuntamente con el proyecto que señalé, el cual regula la investigación en el sector, no tengo problema en dar mi acuerdo. Esa fórmula permitiría trabajar mejor dichos textos, con la paz y tranquilidad que se requiere,
sin premuras. Pero si se pretende que la iniciativa vuelva a la Sala en dos meses más, no daré mi aprobación.
Si ese último fuera el caso, propondría que se citara a una sesión especial destinada a conocer exactamente el patrimonio que representa el mar chileno y la capacidad de captura que involucra, tema país muy trascendente. De esa forma todos los sectores podrían intervenir.
En resumen, entendiendo que volver el proyecto a Comisión significa incorporar en el debate la iniciativa que regula la investigación a través del Instituto de Fomento Pesquero y estudiar la materia con el tiempo, la calma y la paz necesarios, votaré favorablemente.
Señor Presidente, yo no comparto el apuro del Ejecutivo en despachar un proyecto de tanta trascendencia.
Nuestra costa es muy larga y, sin duda, todo lo relativo a la pesca, reserva y protección de los recursos del mar resulta fundamental.
Por eso, no tengo prisa en despachar un articulado que no nos deja conformes, por las razones que esgrimió el Senador señor Ruiz . Sería mucho más positivo -y Su Señoría lo propuso en la pasada sesión especial- que el Gobierno desglosara todas las normas referidas a la pesca artesanal y las incorporara en una nueva iniciativa. Porque estamos frente a dos realidades distintas, aunque legítimas: la de los grandes empresarios, que tienen diversas posibilidades de explotación, y la de los pescadores artesanales. Y como es esencial que ambas funcionen bien y en forma armónica, queremos un proyecto que responda a las necesidades de los dos sectores interesados. Desgraciadamente, en el texto que debatimos esta tarde no se ha escuchado la voz de los pescadores artesanales.
Tal vez los números reflejen que la actividad de los grandes empresarios pesqueros es primordial para la economía del país, etcétera. Sin embargo, creo que ha llegado el momento de que, de una vez por todas, humanicemos la economía. Todos recordamos el funeral de Juan Pablo II , cuya muerte lamentamos mucho; pero nadie tiene presente que él dijo que vivíamos en un mundo afectado por un capitalismo salvaje. ¡Eso es lo que yo espero que resuelva la ley en proyecto!
Muchas familias viven del esfuerzo de los pescadores artesanales, y la economía también debe mirar a ese sector. Tal vez su aporte sea menor para las cifras que se manejan en ella. Sin embargo, me importa más que los pescadores de la Segunda Región -que represento- cuenten con un trabajo digno y sujeto a una legislación adecuada.
Por eso, deploro que el Ejecutivo sostenga que el proyecto lleva mucho tiempo en el Senado y que no llegamos a soluciones. Pienso que hemos avanzado bastante en estos dos años y que debemos darnos la flexibilidad suficiente para acoger otras alternativas (hoy se nos han hecho llegar nuevos antecedentes). De lo contrario, ¿cómo vamos a legislar solidariamente para que ambos sectores trabajen bien? ¡Para eso es esta normativa!
Por lo expuesto, ruego a los Honorables colegas apoyar la vuelta del proyecto a Comisión, con el propósito de examinar ahí las nuevas informaciones y buscar un equilibrio en las cifras, porque hasta ahora pueden interpretarse como uno quiera.
Es indispensable legislar bien para que todos trabajen tranquilos, sin temor de que les cambien las leyes a cada rato. Para eso, es fundamental que el proyecto retorne a Comisión.
En consecuencia, votaré que sí.
Señor Presidente , me pronunciaré favorablemente respecto de la indicación planteada por el Senador señor Ruiz para que el proyecto regrese a Comisión.
Es del caso señalar que éste ha sido un problema histórico en el país. Hace poco tiempo se agudizó, pero es de larga data. Y siempre que hemos legislado ha quedado la sensación de que no se asumieron algunos aspectos.
En estas condiciones, habiendo una controversia bastante fuerte acerca de cómo elaborar la ley en proyecto -algunos estiman que debe favorecer a las grandes pesqueras, y otros, a los pescadores artesanales-, creo que debemos conceder el beneficio de la duda y llevar el estudio de ella a su máxima posibilidad, sin perjuicio del tiempo que esto involucre.
El Ejecutivo ha sostenido que sería positivo contar pronto con la ley, lo cual comparto; pero pienso que es mejor tener la certeza de que ella se confecciona tomando en cuenta todas las opiniones.
En esas circunstancias, aun cuando el punto pudiera ser controvertible, soy partidario de que el proyecto vuelva a Comisión, porque, como eventualmente afecta la situación de los pequeños trabajadores del mar -los pescadores artesanales-, me preocupa que no despachemos una buena normativa.
--Se resuelve que el proyecto vuelva a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura para un nuevo segundo informe (26 votos contra 8, 2 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Ávila, Cantero, Chadwick, Cordero, Espina, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Horvath, Martínez, Matthei, Moreno, Naranjo, Núñez, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Silva, Stange y Vega.
Votaron por la negativa los señores Boeninger, Canessa, Fernández, Muñoz Barra, Novoa, Romero, Viera-Gallo y Zurita.
Se abstuvieron los señores Coloma y Larraín.
En consecuencia, aprobada la indicación del Senador señor Ruiz para reenviar la iniciativa a la Comisión señalada.
¿Desea plantear una moción de orden, señor Senador?
Señor Presidente , solicito que se recabe el acuerdo de la Sala con el objeto de prorrogar el plazo para formular indicaciones al proyecto que establece un impuesto al gas, por cuanto venció hoy día y el Ejecutivo tiene lista una indicación. Existe urgencia en despachar la iniciativa, porque aborda un tema muy importante.
La idea es extender ese término por 24 horas, a fin de que el Gobierno pueda presentar la indicación en la sesión que dicho órgano técnico convocó para mañana a las 11 y media.
Si le parece a la Sala, se accederá a esa petición.
--Se acuerda prorrogar por 24 horas el plazo señalado.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para limitar el cobro de intereses, regular la subasta hipotecaria y enmendar el recurso de revisión, con primer informe y nuevo primer informe de la Comisión de Economía.
(3606-03)
Ver informativo Nº 81
--Los antecedentes sobre el proyecto (3606-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Bombal).
En primer trámite, sesión 11ª, en 13 de julio de 2004.
Economía, sesión 35ª, en 9 de marzo de 2005
Economía (nuevo), sesión 44ª, en 13 de abril de 2005.
El objetivo principal de la iniciativa es asegurar, en lo que respecta a las cobranzas judiciales, el efectivo cumplimiento de las garantías constitucionales sobre debido proceso y derecho de propiedad.
Cabe señalar que, una vez que se dio cuenta del primer informe de la Comisión de Economía, la Sala, en sesión celebrada el 15 de marzo próximo pasado, acordó remitir el proyecto a dicho órgano técnico para nuevo primer informe. En este último se aprobó en general por la unanimidad de sus miembros presentes -Senadores señores Bombal, García y Orpis-, en los mismos términos acordados en el primer informe, teniendo en consideración los nuevos antecedentes aportados durante el debate respecto de la aplicación del artículo 30 de la ley Nº 18.010.
El texto que la Comisión propone aprobar en general se transcribe en la parte pertinente del nuevo primer informe.
Debe tenerse presente que la letra e) del artículo 2º reviste carácter orgánico constitucional, por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Finalmente, es preciso recordar que, por acuerdo de la Sala, con ocasión del segundo informe la iniciativa será examinada también por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Señor Presidente , intervendré en representación del autor de la moción, Senador señor Bombal , quien no se encuentra en este momento.
La iniciativa busca dar equidad a las relaciones jurídico-comerciales. Es un hecho que la norma que permite la llamada "cláusula de aceleración", contenida en la Ley sobre Letras de Cambio y Pagarés, se ha traducido en el cobro de intereses superiores a los legalmente permitidos -sin duda, no fue ésa la intención del legislador al dictarla-, lo que daña severamente el patrimonio de los deudores.
Ése es el primer orden de ideas que aborda la moción del Honorable señor Bombal.
El segundo apunta a que las normas sobre procedimiento ejecutivo, contenidas en el Código de Procedimiento Civil, y las relacionadas con el procedimiento hipotecario, que se encuentran contempladas en el Título XII de la Ley General de Bancos, han llevado a la venta de bienes en subasta pública a precios inferiores a su valor comercial -eso tampoco fue intención del legislador, sea conforme a la historia fidedigna del establecimiento de ese cuerpo legal o a su espíritu general-, todo con grave daño tanto para los deudores como para los propios acreedores, quienes no han podido cobrar íntegramente sus acreencias.
A continuación me referiré al detalle de la iniciativa.
Tal como manifesté, el primer orden de ideas tiene que ver con la cláusula de aceleración. Al respecto -y aquí viene lo importante-, se pretende introducir una reforma a esa cláusula, permitida en virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la ley Nº 18.092, sobre Letras de Cambio y Pagarés . Es necesario destacar que dicha norma se refiere exclusivamente a la exigibilidad anticipada de la obligación adquirida, sin innovar en materia del interés máximo convencional, estipulado en la ley Nº 18.010.
Por lo anterior, a juicio del autor de la moción y conforme al criterio unánime de la Comisión, resulta indispensable interpretar el artículo 105 de la ley Nº 18.092 en orden a que por "monto total insoluto" debe entenderse el monto de la deuda recalculada al nuevo plazo, porque se parte de la base de que sin plazo no existe interés. Esto, por lo demás, es de toda justicia. Y la ley -no hay que olvidarlo- debe ser siempre una expresión de lo justo.
Sobre el particular -y esto se enlaza con una iniciativa presentada por el Honorable señor Ávila ; porque este caso se halla estrechamente vinculado a lo ocurrido con la Financiera Eurolatina-, y a raíz de esta moción, se invitó a participar al Ejecutivo . Ello, porque años atrás el señor Senador mencionado y otros Parlamentarios aprobaron un proyecto que introdujo una enmienda al artículo 30 de la ley Nº 18.010, que contempla la cláusula de aceleración sobre operaciones de crédito hipotecario. Esa cláusula debió haber tenido un alcance general. Pero no ha sido así. Por eso ahora surge esta norma interpretativa.
Es pertinente destacar que ley Nº 19.951, de 10 de junio de 2004, que modificó la ley Nº 18.010, sobre operaciones de crédito de dinero, establece una norma especial para el caso de compraventa de bienes muebles e inmuebles con cláusula de aceleración, a través de un artículo 30, nuevo (en eso consistió la moción).
Ese precepto que se agregó a la ley Nº 18.010 se circunscribe estrictamente a las operaciones de crédito de dinero a que se refiere el artículo 26 de ese cuerpo legal, o sea, "a las obligaciones de dinero constituidas por saldos de precio de compraventa de bienes muebles o inmuebles", y en las que se hubiere pactado una cláusula de aceleración.
Para ese caso especial, la ley Nº 19.951 señala que tales operaciones "deberán liquidarse al momento de pago voluntario o forzado o de su reprogramación con o sin efecto novatorio", conforme a las reglas que pasa a indicar y que, en esencia, se refieren a la agregación, al capital inicial, de los intereses hasta la fecha del pago o reprogramación. En consecuencia, no se devengan intereses por los plazos no corridos en virtud de la aceleración que se hace valer.
La norma citada se circunscribía sólo a las obligaciones de dinero constituidas por saldos de precio en compraventa de bienes muebles o inmuebles. La moción, en cambio, propone una norma interpretativa del artículo 105 de la ley Nº 18.092, sobre letras de cambio y pagarés, al establecer que en este otro caso especial de cláusula de aceleración -pagarés con cláusula de aceleración- los intereses se devengan hasta la fecha de pago efectivo del documento; y aprovecha de señalar el principio general de que los intereses suponen siempre un plazo efectivamente transcurrido.
Como puede apreciarse, ambos casos son especiales y distintos. Uno se refiere a las compraventas de bienes muebles o inmuebles con cláusula de aceleración por los saldos de precios; y el otro, al título en que se contiene la obligación, que es el pagaré con cláusula de aceleración.
Pero -más importante aún- por ser una norma interpretativa, opera con efecto retroactivo.
Recordaba hace unos minutos que el Ejecutivo , en la Comisión, hizo ver que el artículo 30 de la ley Nº 18.010 -que era el motivo de la moción- tenía alcance general. Pues bien, la Comisión realizó un informe complementario. Fue a los tribunales y allí pudo constatarse que no se estaba aplicando con ese alcance. Se recurrió solamente a un juzgado del crimen y se pudo advertir que respecto de los pagarés se estaba aplicando la cláusula de aceleración -es decir, se cobraban intereses por sobre el plazo vencido-, lo cual llevó a la Comisión a convencerse de la necesidad de dictar la norma interpretativa del artículo 105 ya mencionado.
Hasta aquí el primer orden de ideas de la moción del Senador señor Bombal.
En una segunda parte, Su Señoría propone las siguientes modificaciones al Código de Procedimiento Civil y a la Ley General de Bancos.
En primer lugar, en la historia del Código de Procedimiento Civil de 1902 consta que fue voluntad del legislador que los bienes muebles se vendieran en su valor comercial. Pero, confiando en la probidad de los martilleros y en su responsabilidad, se optó por no exigir la tasación previa de estos bienes, como lo establecía la ley sobre juicio ejecutivo de 1837, hasta entonces vigente. La reforma viene a recordar ese deber y responsabilidad de los martilleros, depositarios y corredores.
En segundo término, la modificación del artículo 499 del Código de Procedimiento Civil se explica por "el pleno respeto de los derechos y garantías" a que la Constitución obliga en su artículo 1º. Adjudicar en los dos tercios del valor de tasación o reducir dicha tasación en un tercio resulta excesivo si se atiende al "pleno respeto" de la garantía constitucional del derecho de dominio. Se parte de la base de que la tasación es, de por sí, un promedio de lo que cada cosa puede valer, y debe oscilar, entonces, entre 20 por ciento más y 20 por ciento menos. Por ello, reducir en ese porcentaje resulta sobradamente suficiente para asegurar un justiprecio hasta el límite de lo constitucionalmente tolerable, dentro de criterios de mínima prudencia.
Según el orden de ideas en estas modificaciones al procedimiento procesal, la reforma restablece el recurso de injusticia notoria en el artículo 810 del Código de Procedimiento Civil, ante lo ocurrido últimamente en materia de subastas públicas, cuando, por defecto de las leyes o por su errónea aplicación, se ha causado un gravísimo perjuicio a deudores y acreedores, aumentando, además, a tres años el plazo de impugnación en el artículo 811 del mismo Código.
Esto se hace particularmente necesario si se considera que, ante el excesivo formalismo del recurso de casación, se ha olvidado lo más esencial, que es la justicia.
Desde otra perspectiva, en lo concerniente a la Ley General de Bancos -materia de la que se ocupa el artículo 3º del proyecto-, se tienen en cuenta las dificultades que ha suscitado la aplicación del procedimiento de cobro contenido en su Título XIII, el que básicamente se refiere al cobro de letras de crédito hipotecario.
Por de pronto, en cuanto a la excepciones, el legislador no pudo haber restringido el derecho de defensa del deudor, pues violaría la garantía constitucional del racional y justo procedimiento. De allí que la reforma propuesta en la letra a) del artículo 3º coloca a tal tipo de deudores en un plano de igualdad respecto de los demás deudores.
Por otra parte, la ley debe ser racional, porque tiene que establecer las bases de un orden jurídico; y, de manera racional, no se entiende que se impida oponer excepciones que en lo objetivo sí son o pueden ser perfectamente oponibles.
La letra b) del artículo 3º mantiene la actual disposición referida a esa excepción.
En la letra c) se incluye una enmienda relativa al mínimo para las posturas, que debe ser el valor de tasación del bien hipotecado, pues nada tiene que ver el saldo de la deuda con el precio de las propiedades. Aquí se ven claramente la irracionalidad de la norma vigente y la absoluta necesidad de su cambio en los términos planteados en la iniciativa, a fin de salvaguardar debidamente el pleno respeto de la garantía constitucional del dominio, como ordena expresamente la Carta Fundamental vigente.
En síntesis, lo que persigue la moción del Senador señor Bombal apunta a dos grandes elementos.
Por una parte, a hacer extensivo, con carácter general, que los intereses no se pueden cobrar más allá de la fecha de su vencimiento o por plazos no corridos. Hoy en día sólo está acotado a un aspecto -como señalaba-, que es el artículo 30 de la ley Nº 18.010. Mediante esta norma interpretativa ello se amplía a los pagarés, por ejemplo.
Por otro lado, el conjunto de modificaciones propuestas por el Honorable señor Bombal plantea un mayor equilibrio en el evento de que se produzca la liquidación de los bienes del deudor, tanto respecto de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil como de las de la Ley General de Bancos.
Conforme a lo que me ha manifestado, el Senador señor Bombal no se cierra a la posibilidad de perfeccionar el presente proyecto y entiende que existen múltiples aristas que debemos observar para que efectivamente sea una herramienta que haga mejor el sistema.
Señor Presidente , la duda que surgió en algún minuto respecto de esta iniciativa se refería a cómo estaba operando el pago de intereses en el caso de aceleración del pago de créditos conforme a una norma legal aprobada por el Congreso hace aproximadamente un año. En cierto momento tuvimos la sensación de que no era necesario volver a legislar, pues ya lo habíamos hecho, y que, por lo tanto, no deberían cobrarse intereses más allá de la fecha en que tiene que producirse el pago efectivo.
¿Por qué cobrar intereses hasta el final del período que originalmente se pactó si se exige el pago anticipado, probablemente por incumplimiento de la cancelación de una cuota?
Sin embargo, el Senador señor Bombal entregó en la Comisión abundante información -la tengo en mi poder- que demuestra cómo hasta el día de hoy los tribunales emiten fallos que obligan al deudor a pagar el ciento por ciento de los intereses pactados en uno, dos y tres años antes del vencimiento total de la deuda.
Por ejemplo, en un juzgado de Santiago , una persona suscribió un pagaré por 2 millones 271 mil 795 pesos en capital más intereses, y se obligó a pagar esa suma en 48 cuotas mensuales y sucesivas, venciendo la primera de ellas el 10 de octubre de 2003. ¡El 10 de octubre de 2003! Pues bien, el jueves 19 de agosto de 2004 -prácticamente un año después del vencimiento de la primera cuota- el juez la requiere de pago por la suma de 2 millones 936 mil 399 pesos, más intereses y costas. Es decir, ordena que se pague ese monto como si el plazo original hubiese terminado, lo que evidentemente no había sucedido.
Por los antecedentes jurídicos que nos proporcionó el Honorable señor Bombal , hemos llegado a la conclusión de que es necesario efectuar ahora esta modificación a la Ley de Letras de Cambio y Pagarés. Porque, curiosamente, por no haberse enmendado en su minuto dicho texto legal, los tribunales están dictaminando que igualmente deben pagarse intereses por el tiempo no transcurrido y sin que, obviamente, se hubiesen originado.
Por las razones expuestas, en la Comisión de Economía aprobamos por unanimidad la moción en debate y recomendamos a la Sala hacer lo mismo, porque con ello no sólo se corrige una profunda distorsión, sino que además se hace justicia a modestos deudores que están sufriendo daños patrimoniales por el cobro de intereses antes del vencimiento de los créditos.
Señor Presidente , un principio fundamental de nuestra Constitución Política se refiere a la observancia de las normas que regulan el debido proceso y, además, en el ámbito de las cobranzas judiciales, el respeto irrestricto y sin trabas al ejercicio del derecho de propiedad. Sin embargo, en muchos casos de la práctica jurídica, ese principio se vulnera. Por ello, este proyecto de ley es absolutamente pertinente.
La iniciativa propone, en primer término, limitar el cobro de intereses en el ámbito de la aplicación de la cláusula de aceleración establecida en el inciso segundo del artículo 105 de la Ley Nº 18.092, en lo referido a las letras de cambio o pagarés. La práctica ha demostrado que dicho cobro en lo que respecta a esos documentos mercantiles excede muchas veces los máximos legales y, en ciertos casos, se configura el delito de usura.
El proyecto, interpretando ese artículo 105, postula que es necesario precisar que los intereses se aplican por el monto total insoluto, ya que la deuda se recalcula a un nuevo plazo, admitiendo que éste no lleva intereses.
Otro tema abordado por la iniciativa consiste en regular la liquidación de los bienes en un juicio ejecutivo respecto de las obligaciones de dar, como en la subasta hipotecaria regulada por la Ley General de Bancos.
La normativa en análisis impone a los martilleros vender los bienes muebles en su valor comercial, haciendo extensiva esta obligación y responsabilidad a los depositarios y corredores. En la actualidad, aquéllos se venden en subasta sin previa tasación, lo que constituye normalmente un serio daño al deudor.
Asimismo, establece que en el caso de que no se presenten postores a la subasta, el acreedor queda facultado para pedir que se adjudiquen los bienes no subastados en los dos tercios de su tasación o que en su defecto el tribunal reduzca prudencialmente el avalúo aprobado, sin que exista la posibilidad de disminuirlo a menos de un tercio.
La modificación propuesta por la iniciativa dispone que el acreedor puede solicitar que los bienes embargados se subasten en el 80 por ciento de su tasación o que se reduzca una parte del avalúo, siempre que no supere el 20 por ciento de éste.
La moción se funda en la obligación de respetar las garantías constitucionales, ya que se daña el derecho relativo al dominio.
Estimo de la mayor importancia las modificaciones propuestas sobre procedimiento de cobro establecido en el Título XIII de la Ley General de Bancos. El proyecto plantea que las causales para excepcionarse del pago deben aumentar. Como se sabe, las causales tradicionales son el pago de la deuda, la prescripción de ésta y el hecho de no empecer el título al ejecutado.
La normativa en estudio valora estas excepciones y las califica de fuertemente restrictivas al derecho de defensa del deudor, lo que violaría la garantía constitucional del racional y justo procedimiento.
Por otra parte, debe considerarse que el mínimo de las posturas en el remate debe responder al valor de tasación de la propiedad en subasta. El mínimo es fijado por el juez a propuesta del banco, teniendo en cuenta que no puede ser inferior al monto del capital que se debe y otros gastos. Sin embargo, el proyecto sostiene que el mínimo no tiene por qué guardar relación con el capital adeudado, sino más bien con el valor de la propiedad. Asimismo, establece que los arrendamientos vigentes sobre el bien inmueble subastado deben ser respetados.
En cuanto al recurso de revisión, se da un nuevo enfoque, ya que éste puede ser interpuesto por cuatro causales. No obstante, aquí se insiste en que exista una quinta, que permita recurrir en contra de la sentencia por injusticia notoria, aumentándose el plazo para imponer el recurso de revisión de uno a tres años.
Creo que la iniciativa en debate responde a una concepción moderna y más humana del Derecho, que permite mejorar la situación de los deudores que se hallan en estado de indefensión. En la mayoría de los casos, éstos no tienen posibilidades económicas para contratar un abogado que los defienda. Normalmente, no saben cómo hacerlo y a veces caen en manos inexpertas que terminan perjudicándolos.
En mi opinión, cada vez son más necesarias este tipo de normas, que ayudan a aliviar la situación de miles de chilenos que se encuentran agobiados por las deudas.
Votaré a favor del proyecto en general.
Señor Presidente , el proyecto en debate tiene varios aspectos de gran interés. Comparto algunos de ellos.
En lo que dice relación a los intereses y a la aceleración, parece de toda justicia que aquéllos no se cobren si no ha transcurrido el tiempo pactado. Ello resulta evidente y, en ese sentido, la iniciativa constituye un avance muy importante.
Sin embargo, en lo concerniente a otras materias, creo que va a ser necesario que la Comisión las analice con mayor detenimiento.
Parece bien que para los efectos del remate no se considere el monto de la deuda, sino el precio del bien. Pero debemos tener cuidado de no caer en el extremo contrario y hacer ilusorias las garantías, en el sentido de que deba venderse el bien -como se señala en el proyecto- en porcentajes de la tasación, la que puede no corresponder al valor de mercado.
Por ejemplo, establecer el 80 por ciento del valor comercial puede hacer imposible la venta del bien y, por ende, la garantía sería ilusoria. Todo esto, en último término, iría en perjuicio de los propios deudores, porque, en la medida en que se entraben o dificulten las garantías, el crédito se vuelve más caro.
Por lo tanto, no se trata de dar protección a unos en beneficio de otros, sino simplemente de evitar menoscabar a los deudores, para lo cual se requiere contar con una norma que permita la realización efectiva y justa de las garantías.
De ahí que, si bien participo del concepto de que no debe fijarse el monto de la subasta en función de la deuda, es necesario posibilitar la rebaja del valor comercial del bien si no existen postores en un primero, segundo o tercer remate, o todos los que fueren necesarios.
Estimo conveniente introducir algún tipo de modificación en ese aspecto. En todo caso, constituye un avance el considerar el valor del bien y no el de la deuda.
Con respecto a las enmiendas efectuadas al recurso de revisión, pienso que requieren mayor análisis en la Comisión, porque en la forma como están planteadas, pueden resultar muy inconvenientes y traducirse en una absoluta inseguridad de todo nuestro sistema jurídico, dado que la causal de injusticia notoria es demasiada amplia, vaga, y se prestaría para todo tipo de maniobras tendientes a demorar el pago, o bien para entrar a revisar una sentencia.
El de revisión es, por su naturaleza, un recurso extraordinario, que está severamente restringido, precisamente para no atentar contra la cosa juzgada -en el fondo, eso es lo que hace-; pero en la medida en que se facilite su interposición mediante una causal tan amplia como es la injusticia notoria, creo que todos los fallos serán cuestionados. Y puede producirse -como ya se señaló- lo mismo que ocurrió con el recurso de queja en el pasado, que, en definitiva, era la tercera instancia ante la Corte Suprema, y todos recurrían de queja por falta o abuso. De manera tal que será menester prestar especial atención y preocupación por este aspecto.
Del mismo modo, la derogación de nuevas excepciones al procedimiento ejecutivo también amerita una revisión con mayor detenimiento, por cuanto no debe olvidarse que los juicios ejecutivos, para ser realmente eficaces, requieren restringir las posibilidades existentes respecto de los recursos ordinarios. En el juicio ordinario se admite toda clase de excepciones; en el juicio ejecutivo, por su naturaleza y construcción, los recursos son más limitados. Y hay que evitar correr el riesgo de eliminar la existencia del juicio ejecutivo y transformarlo en una especie de juicio ordinario.
Todas estas materias, me parece que deberán ser analizadas exhaustivamente en la Comisión, pues, si bien comparto la idea fundamental del proyecto en lo que dice relación a los intereses -lo considero un acierto, y por eso lo votaré a favor, dado que hay abuso y perjuicio respecto de los deudores-, en otros aspectos habrá que revisarlo con más cuidado, para evitar que algo que supuestamente puede ir en beneficio de estos últimos, en definitiva se transforme en mayor costo para quienes pidan nuevos créditos.
Por lo tanto, teniendo en consideración las observaciones que he formulado, las que traduciré en indicaciones cuando corresponda en la Comisión, me pronunciaré favorablemente.
Señor Presidente , deseo formular una moción.
Señor Presidente , conforme a lo señalado por el señor Senador que me precedió, podría enviarse la iniciativa a la Comisión de Constitución, a fin de corregir los aspectos mencionados.
Según me dice la Secretaría, hay acuerdo de la Sala para que en la discusión particular el proyecto pase a dicho órgano técnico de todas maneras.
La verdad es que respecto de esta iniciativa se ha discutido nada más que la idea de legislar. Y en la discusión particular entraremos a fondo en el tema, con sus implicancias en la Ley General de Bancos, y analizaremos lo planteado por el Senador señor Bombal .
Está inscrito a continuación el Honorable señor Ávila.
Señor Presidente , este proyecto era esperado con ansias por mucha gente que ha sido víctima de estafas, fundamentalmente cometidas por las denominadas "financieras informales". La aceleración de intereses es el instrumento que utilizan para, por un lado, obtener una ganancia ilegítima, y por otro, rematar las viviendas que respaldan los créditos. Esto último es lo que, en realidad, persiguen.
Al efecto, dichas financieras elaboran unos pagarés que, debido a las cuotas establecidas, mucho más altas de lo que la capacidad de pago de las personas permite, logran que rápidamente los deudores caigan en mora. En ese instante, les aplican la cláusula de aceleración de intereses. Y estos últimos, de un escenario que han convenido al momento de contratar el crédito, pasan a otro en el cual les es absolutamente imposible llegar a cumplir la nueva deuda pactada, dado que ésta se incrementa exponencialmente como consecuencia del hecho de que al capital original se agrega todo lo concerniente a los intereses del saldo insoluto. En consecuencia, la nueva suma adeudada se multiplica a veces por dos o por tres. Y ése es el instante en que la víctima cae rendida ante estos estafadores.
Paralelamente, se inicia un proceso judicial, muy expedito, el cual culmina con el remate definitivo de las viviendas. A raíz de este procedimiento, miles de familias modestas perdieron el único capital que habían logrado adquirir después de muchos años de esfuerzo.
La razón por la que las referidas financieras pueden, al borde de la ley, llevar a cabo estas acciones, radica precisamente en que no existe una norma como la que ahora se debate. Felizmente, una vez aprobado este proyecto, se hará impracticable un procedimiento de esa índole, ya que se establece, de un modo definitivo, que no podrá cobrarse intereses por el saldo insoluto. En la medida en que así quede definido, entonces ya no será posible cometer las estafas que se venían efectuando hasta ahora.
En razón de ello es que sin ninguna duda, por tratarse de un avance que hacía mucha falta, consigno que votaré favorablemente la iniciativa.
Se tomará debida nota de sus observaciones, señor Senador.
Señor Presidente , la verdad es que ya han sido mencionadas muchas de las inquietudes que quería plantear.
En lo fundamental, creo que la línea central del proyecto es correcta en cuanto permite hacer realidad ciertos derechos fundamentales concernientes a los procedimientos de cobranza judicial. Y todo lo que permita mayor transparencia y que estos últimos sean más abiertos ciertamente facilitará y favorecerá los derechos de los deudores, y, también, de los propios acreedores. Lo anterior es algo que da certeza y eficiencia a nuestro marco jurídico en un ámbito como el que nos ocupa, que es de la mayor importancia.
Sin embargo, es preciso tener cuidado en el caso de normativas de esta naturaleza, sobre la base de que, por un lado, pueden romper ciertos equilibrios incorporados en el sistema jurídico -algunos de ellos forman parte de la esencia de la certidumbre en el ámbito de la justicia, como el principio de la cosa juzgada-, y de que, por el otro, las propias medidas contempladas no sirvan para terminar encareciendo el crédito, en definitiva.
Por tal motivo, creo que el articulado en estudio debe ser aprobado en general, pero para poder examinarlo con cierto detenimiento en la discusión particular. Y más todavía cuando esta última será realizada no solamente por la Comisión de Economía, sino también por la de Constitución, algo que iba a sugerir, pero que me pude percatar que había sido acordado por la Sala en su momento. Y eso hará posible que ciertos aspectos muy específicos sean revisados con cierto cuidado.
Para precisar qué tipo de inquietudes me despierta el texto, mencionaré únicamente algunas. Por ejemplo, respecto de la determinación del valor de los bienes, se propone la derogación del inciso primero del artículo 486 del Código de Procedimiento Civil y que se elimine la tasación que figura para el pago del impuesto territorial, y se obliga a que en el caso de un inmueble sea establecida por peritos. Ello, que presenta un atractivo aparente, puede hacer más engorroso, sin embargo, el procedimiento ejecutivo y, además, encarecer de nuevo la cobranza, lo que irá en perjuicio del deudor.
Lo relativo al recurso de revisión, como lo observaba mi Honorable colega Fernández , me parece digno de la mayor preocupación. Pienso que ese aspecto sí puede generar una incertidumbre jurídica inconmensurable. Ya se dijo: se trata de un recurso extraordinario y debe ser aceptado siempre, por lo tanto, sólo por vía excepcionalísima. Pero si se introduce una causal como la de la injusticia notoria y, además, como propone el proyecto, se aumenta de uno a tres años el plazo para la interposición, en realidad la certidumbre jurídica puede verse finalmente vulnerada.
La propia Corte Suprema ya lo ha representado y ha manifestado su inquietud sobre el particular, que comparto.
He escuchado también, en algunos ámbitos docentes, expresar preocupación por la modificación que puede originarse a propósito de la medida en estudio.
Y por ese camino -como ya lo recordaba alguno de los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra- se podría volver a transformar al Máximo Tribunal, como ocurrió en el caso del recurso de queja, en una tercera instancia, con lo cual descuidaría, entonces, sus labores propias en el ámbito de la casación.
Tendremos la oportunidad de revisar dicha cuestión en la discusión particular, pero, tal cual está el proyecto, en lo personal no soy partidario de aprobar esa parte. Y, según lo que he podido apreciar de varias opiniones que he recogido, pareciera que ella se podría modificar.
Y, por último, igualmente estimo importante corregir en la discusión particular algunas de las modificaciones al procedimiento ejecutivo de la Ley General de Bancos . Por ejemplo, el aumento a diez días del plazo para oponer excepciones puede significar la conversión de un procedimiento judicial como el de un juicio hipotecario especial en un juicio ejecutivo común y corriente, lo que cambia la naturaleza de algo hecho en beneficio del deudor y del acreedor, y, por lo tanto, de las operaciones hipotecarias, en este caso, que son relevantes para el funcionamiento de una parte sustancial del sistema crediticio.
En consecuencia, deseaba simplemente dejar constancia de mis inquietudes sobre algunos aspectos del proyecto, reconociendo que, en lo fundamental, existe una buena propuesta en la iniciativa del Honorable señor Bombal. Por ello, la apoyaremos en general, para introducirle luego los cambios particulares correspondientes.
Le solicita una interrupción el Senador señor Orpis , Su Señoría .
Se la concedo, señor Presidente, con su venia.
Quería hacer una aclaración, señor Presidente . En primer lugar, a lo que di lectura es un texto que me entregó el Senador señor Bombal , como autor del proyecto, quien se encuentra fuera del país.
Y sobre el particular, en seguida, al menos deseo dar en algunos segundos mi opinión personal. Creo que el articulado constituye un gran avance en cuanto a la cláusula de aceleración, pero, sin duda, se le deben efectuar importantes correcciones en lo referente al procedimiento, lo que ha sido latamente expuesto por mi Honorable colega Larraín. Existe plena disposición en la Comisión para realizarlas. E incluso el propio autor de la moción, en el texto mencionado, señala que se encuentra abierto a introducir todas las que sean necesarias. Pero se ha dado aprobación a la iniciativa porque contiene avances significativos en importantes aspectos, especialmente en relación con los intereses, y ello amerita que se legisle.
Se encuentran presentes 24 señores Senadores y se requieren 27 para aprobar el proyecto, que exige quórum orgánico constitucional.
Están sonando los timbres, porque se autorizó el funcionamiento de una Comisión Mixta.
Señor Presidente , sugiero que se tome votación nominal, lo que permitirá disponer de tiempo, y se avise a los integrantes de esa Comisión Mixta.
Señor Presidente , acojo plenamente la idea de legislar, pero coincido con la observación del Honorable señor Larraín en cuanto a la improcedencia de asignar un contenido tan amplio al recurso de revisión. Este último es excepcionalísimo y no procede en los términos planteados en la iniciativa.
Señor Presidente , adhiero a lo expresado por el Honorable señor Silva , porque constituye un verdadero disparate la letra e) del ARTÍCULO 2º, que dice: "En el inciso primero del artículo 810 suprime en el número 3º la conjunción "y", substituye el punto final del número 4º por un punto y coma, agregándole al final la conjunción "y" y adiciona el siguiente número: "5º Si la sentencia firme" -¡firme!- ha sido pronunciada con injusticia notoria. No obstará a la interposición de este recurso por esta causal el que haya sido declarado inadmisible un recurso de casación en el fondo por adolecer de manifiesta falta de fundamento.".
¡Quiere decir que se crea una supercasación...!
Por otro lado, desearía que alguien me señalara cuándo se descubre que una sentencia adolece de injusticia notoria si el recurso de casación no lo ha hecho.
Apruebo en general el proyecto, señor Presidente, pero me reservo el derecho de presentar una indicación para suprimir la letra referida.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
Votaron los señores Boeninger, Canessa, Cantero, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Naranjo, Núñez, Ominami, Orpis, Parra, Pizarro, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Stange, Valdés y Zurita.
Sugiero que sea de 20 días.
Mejor de treinta, señor Presidente.
Si le parece a la Sala, se fijará el lunes 6 de junio, a las 12.
Algunos señores Senadores me han solicitado destinar mayor tiempo al debate del proyecto signado con el número 3 en la tabla, que regula la investigación científica en el ser humano, su genoma y prohíbe la clonación humana.
Solicito el asentimiento de la Sala para suspender el tratamiento de dicha iniciativa hasta la próxima sesión ordinaria y, en los veinticinco minutos que restan del Orden del Día, analizar el proyecto sobre adquisición sin receta médica de lentes contra la presbicia, informado por la Comisión de Salud.
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite adquirir sin receta médica lentes contra la presbicia, con informe de la Comisión de Salud.
2903-11 y 3310-11 refundidos
--Los antecedentes sobre el proyecto (2903-11 y 3310-11 refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 13ª, en 19 de noviembre de 2003.
Salud, sesión 42ª, en 6 de abril de 2005.
El objetivo principal de la iniciativa es autorizar la fabricación, venta y entrega gratuita de lentes contra la presbicia sin el requisito de presentación de receta médica en los establecimientos de salud, ópticas, farmacias y otros registrados por la autoridad sanitaria.
La Comisión de Salud discutió en general y particular el proyecto, por ser de artículo único, y lo aprobó en general por cuatro votos a favor (Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Espìna y Viera-Gallo) y uno en contra (Honorable señor Ruiz-Esquide).
En cuanto a la discusión en particular, sustituyó el artículo único despachado por la Honorable Cámara de Diputados, aprobando sólo por mayoría de votos la idea de señalar algunas características básicas que deben reunir los lentes y su adquisición en establecimientos de salud, ópticas, farmacias y otros que estén registrados ante la autoridad sanitaria, y la de que se advierta sobre la conveniencia de una evaluación oftalmológica.
La Comisión de Salud propone al señor Presidente que la iniciativa, cuyo texto se contiene en el informe, sea discutida en general y particular a la vez, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei. Luego, los Senadores señores Fernández y Larraín.
Voy a intervenir después, señor Presidente .
En ese caso, tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
Señor Presidente , comparto la idea general de la iniciativa en cuanto a apoyar a las personas que tienen necesidades oftalmológicas pero no están en situación de afrontar el costo de satisfacerlas.
Sin embargo, he tomado contacto con especialistas de mucha categoría que hacen presente la imposibilidad de, en el caso que nos ocupa, eludir la realización del examen pertinente, porque a través de él pueden detectarse males muy graves que afectan a la vista.
Prescindir de ese examen significa que diversas enfermedades, como el glaucoma y alteraciones provocadas por la diabetes, no sean detectadas y atacadas oportunamente. Y un porcentaje no menor de personas que padecen dolencias de tal tipo ignoran su existencia debido a la carencia de las evaluaciones de rigor. En el caso del glaucoma, por ejemplo, puede no saberse de su presencia al no existir síntomas externos o de otra naturaleza.
Por lo tanto, la idea contenida en el proyecto, que me parece digna de consideración, debe ser complementada con la obligación de realizar los exámenes respectivos y con la asignación de recursos para tal efecto, a fin de permitir la detección de enfermedades como las señaladas y otras, que son gravísimas. El glaucoma, por ejemplo, puede llevar en definitiva a la ceguera.
La entrega de lentes contra la presbicia, señor Presidente, no puede significar que esas dolencias tan delicadas no sean descubiertas nunca.
No concurriré a la aprobación del proyecto, porque, si bien puede favorecer a un grupo importante, existe un porcentaje no menor de personas que podrían estar padeciendo los graves males que he señalado.
Anuncio mi voto negativo.
Señor Presidente , este proyecto de ley viene a llenar un vacío social en extremo relevante.
Como se sabe, la presbicia, más que una enfermedad a la vista, es una condición fisiológica que surge como consecuencia del transcurso de los años.
A partir de los 40, personas como Su Señoría y todos los aquí presentes -puesto que para ser Senador se requiere haber cumplido el requisito de edad: tener 40 años el día de la elección- empiezan a sufrir los efectos del paso del tiempo. Y ese solo hecho motiva que el ojo pierda la capacidad de enfocar los objetos que se encuentran a escasa distancia -es decir, a corta vista-, generando en el individuo una limitación extraordinariamente grande.
Corregir tal defecto, sin embargo, es muy fácil y sencillo. Y la experiencia internacional demuestra que los lentes que corrigen la presbicia están al alcance de la mano en cualquier país. En los supermercados, en los quioscos, en la calle, en todo lugar a lo largo del mundo se pueden adquirir los lentes que corrigen esa limitación, que -como expresé- no es una enfermedad, sino simplemente -al igual que las canas...
O la calvicie.
...o la calvicie de algunos de los ilustres Senadores que nos acompañan- una señal de que el tiempo no pasa en vano.
Pero eso está teniendo en Chile una consecuencia social, porque las restricciones existentes hasta ahora, en cuanto a que únicamente las ópticas pueden vender lentes contra la presbicia y siempre que medie receta médica, generan que sólo algunas personas solucionen su problema, en circunstancias de que a nivel mundial la situación se ha resuelto por completo, máxime si se ha acreditado que, como no se trata de una enfermedad, aquéllos no provocan lesiones secundarias. Es decir, los lentes tienen efecto de lupa, aumentan la visión en grados diferentes -ello depende de la intensidad de la presbicia y de la edad de cada persona-, con lo cual se facilita la lectura o la visión de cerca sin dañar los ojos, según lo acreditan médicos expertos en la materia. Aparte dolores de cabeza o tensiones visuales, no hay efectos secundarios graves.
En consecuencia, facilitar el acceso a ese tipo de lentes tiene un objetivo social muy importante.
Ciertamente, cuando se trata de enfermedades a la vista, son los médicos oftalmólogos quienes deben extender las recetas del caso.
Por lo demás, los lentes no pueden ser vendidos en forma masiva, porque dichas afecciones dependen de situaciones individuales específicas. Muchas veces, no sólo afectan de distinta manera a una persona respecto de otra, sino también a un ojo con relación al otro en un mismo individuo. En consecuencia, resulta perfectamente posible que dos personas con una dolencia similar necesiten tratamientos, operaciones o lentes por completo diferentes.
No podemos, entonces, asimilar aquellas enfermedades a otras en que ciertamente debe seguirse el camino tradicional de la medicina y de las ópticas. En todo caso, no son las que se intenta corregir mediante esta iniciativa.
En lo personal, desde hace muchos años he estado atendiendo las demandas de la gente sobre la materia. Por ejemplo, durante diversos talleres que realizamos advertimos que señoras que trabajaban en ellos no podían realizar sus labores manuales debido a que carecían de lentes contra la presbicia (así descubrimos que el acceso a ellos está vedado para ciertos sectores sociales, particularmente del ámbito rural). Y el tenerlos y corregir tal anomalía constituyó para muchas una experiencia notable, porque fue como recuperar la vista, algo que creían imposible, por tratarse, según ellas, de un mal incorporado de modo irreversible en su condición personal.
Así hemos logrado ayudar a mucha gente. Y, a lo largo del país, diversos parlamentarios y otras personas están colaborando a cerrar una brecha que al final sólo se justifica por razones, o culturales (debido al desconocimiento de cómo se accede a la solución), o sociales (de carácter económico).
En consecuencia, me parece necesario aprobar esta iniciativa. Los fundamentos -como ya señalé- son que no se trata de una enfermedad, sino de un deterioro generado por la edad; que el problema se ha resuelto internacionalmente, y que la medida no provoca problemas médicos.
Además, la oftalmología en Chile, atendido el reducido número de especialistas -por ejemplo, en mi Región toma meses acceder a un médico de esa área-, debería estar reservada para quienes padecen enfermedades de la vista.
El alto costo de los lentes constituye un elemento adicional. Además, su uso no provoca consecuencias secundarias, y en el extranjero es de común ocurrencia adquirirlos en aeropuertos, supermercados y, por cierto, ópticas sin que se exija receta médica (estoy seguro de que los señores Senadores que han viajado al exterior han podido hacerlo).
Todo lo anterior, señor Presidente, deja en claro la absoluta conveniencia de aprobar esta iniciativa, para cerrar en Chile la referida brecha social, que -repito- perjudica a quienes poseen menos recursos y acceden en menor medida a los diversos niveles culturales.
¡Espero que ningún señor Senador tome como personales las acotaciones de Su Señoría...!
Señor Presidente , comparto plenamente el razonamiento del Senador que me precedió en el uso de la palabra. En consecuencia, también voy a aprobar el proyecto.
Creo entender, sí, que la observación del Honorable señor Fernández puede ser conciliable con lo que se está planteando aquí. Aun cuando concluye señalando su rechazo a la idea de legislar, Su Señoría echa de menos una especie de información oftalmológica general que de alguna manera establezca un examen como requisito habitual, esencial.
En el fondo, observamos que en nuestro sistema médico hay una fuerte omisión tanto en esta materia como en otras que se echan de menos y que están siendo objeto de planteamientos que justifican la necesidad de una enmienda que, curiosamente, hasta el momento no ha sido tratada en todos los planes relacionados con la reforma del sistema de salud.
Sin embargo, pienso que eso no llega al punto de desconocer el indiscutible contenido social del proyecto, que -como muy bien planteó el Senador señor Larraín - justifica en términos plenos una iniciativa de esta índole.
Por lo tanto, anuncio que aprobaré la iniciativa, sin perjuicio de dejar constancia de que considero muy atendible la observación del Senador señor Fernández en cuanto a que hace falta que los sistemas de exámenes oftalmológicos en Chile se completen para que esto, que debe ser de ordinaria ocurrencia, se cumpla por la autoridad.
Señor Presidente , le ruego solicitar el asentimiento del Senado para que la Comisión de Pesca funcione paralelamente con la Sala.
Quedan trece minutos para el término del Orden del Día, señor Senador. Pero si la Sala accede a su petición, no veo ningún problema.
No queremos privarnos de tan augusta persona.
Se le pide encarecidamente que nos siga acompañando, Su Señoría, aunque sea por trece minutos.
Me temo que no voy poder satisfacerlo, señor Presidente .
Se lo pedimos encarecidamente, señor Senador. De lo contrario, no habría ningún incentivo para seguir debatiendo...
Si Su Señoría tiene ganas de seguir trabajando, dejémoslo.
Corresponde el uso de la palabra al Honorable señor Coloma, quien no está en la Sala.
Señor Presidente , en la Comisión de Salud escuchamos a representantes de la Sociedad Chilena de Oftalmología, quienes plantearon que, dentro de lo posible, no se vendan lentes contra la presbicia sin un examen previo. Y nos mostraron una serie de estadísticas donde se indica que las personas, a medida que avanzan en edad, tienen alguna probabilidad de padecer enfermedades como, básicamente, cáncer y glaucoma, que hacen perder visión hasta, en último término, provocar ceguera.
Yo diría que todos coincidimos en que, ojalá, a partir de cierta edad exista un examen oftalmológico regular; eso sería ideal en nuestro país y en cualquier otro. El problema estriba en que, en mi Región, el tiempo de espera para conseguir hora con un oftalmólogo es de más o menos dos años y medio. Ésa es la verdad. Y si una persona, por su edad, no tiene un músculo ocular capaz de enfocar bien y necesita lentes porque de lo contrario no puede leer, ni enhebrar una aguja, ni, en definitiva, llevar a cabo su vida cotidiana, me parece un poco absurdo hacerla aguardar más de dos años, hasta que se realice un examen oftalmológico, para realizar esas simples tareas.
Debo señalar que, por lo demás, en la gran mayoría -80, 85, 90 por ciento de los casos- no sufre de alguna enfermedad en los ojos. Ninguna. Se trata simplemente de menor capacidad para enfocar, producto de la edad.
Y lo más importante, señor Presidente , es que ponerse o no lentes contra la presbicia carece de consecuencia sobre el curso de una enfermedad, si es que se padece alguna. Para nada: son más inocuos que una aspirina. Si siguiésemos el razonamiento de los señores oftalmólogos, deberíamos prohibir también el consumo de aspirina cuando duela la cabeza, porque podría ser consecuencia de un cáncer al cerebro. Sin embargo, tal síntoma, por lo general, no se debe a esta enfermedad, sino sencillamente a la tensión, al exceso de luz, al cansancio, etcétera. Una aspirina, entonces, basta para arreglar la vida.
Por lo tanto, señor Presidente, estando de acuerdo en que lo deseable es hacerse un examen a la vista, sobre todo a partir de cierta edad, la verdad es que nuestra realidad no da para ello.
El lente contra la presbicia es lo mismo que la lupa, que puede comprarse en cualquier librería o ferretería. Usar uno u otra produce exactamente el mismo efecto. Lo único diferente es que resulta más incómodo enhebrar una aguja con una lupa en la mano.
Hay que terminar con el mito de que esta facilidad puede agravar la situación, porque no la agrava en absoluto.
Desgraciadamente, desde hace mucho tiempo tenemos dificultades con la oftalmología. Yo recuerdo que cuando era Diputada ya se presentaban: anualmente sólo había dos cupos para ese campo de la medicina. O sea, el acceso a esa especialidad estaba sumamente restringido en Chile. Tan grave era la situación, que los Diputados pedimos al Ministerio de Salud que enviara a España a un grupo de veinte a treinta alumnos de medicina para adquirir especialización oftalmológica, porque la falta de profesionales de tal índole era gravísima y sigue siéndolo. Éstos le echan la culpa al Ministerio; el Ministerio, a las universidades; las universidades, a los oftalmólogos. Al final, yo no sé quién tiene la culpa. Pero el punto es que el número de oftalmólogos continúa siendo irracionalmente bajo en nuestro país.
También es cierto que mucha gente opina -en forma errada o injusta, o bien, justa- que de alguna manera se ha protegido el bolsillo de ciertas especialidades médicas cuidando que haya pocos que las ejerzan. Ésa es la verdad.
Quisiera señalar, señor Presidente , que, a propósito de este proyecto de ley y de otro en estudio, he conocido más de cerca la carrera de tecnología médica. Ésta se imparte exclusivamente en universidades; dura cuatro o cinco años, y prepara profesionales con formación científica muy potente. Lo que yo no sabía era que una de las cuatro especialidades de los tecnólogos médicos es justamente oftalmología. O sea, con equipos no muy caros ni muy sofisticados, se hallan en condiciones de practicar screening para detectar algunas patologías de los ojos.
Por ello, creo que es hora de romper el monopolio de los oftalmólogos y permitir a los tecnólogos médicos hacer ese tipo de exámenes. A quienes no presenten síntomas de alguna enfermedad, pueden recetarles los lentes respectivos; y los demás, derivarlos al oftalmólogo.
Mientras los pocos oftalmólogos de Chile estén preocupados de autorizar el uso de lentes contra la presbicia, no podrán dedicarse a tratar las afecciones realmente graves.
En obstetricia, por ejemplo, las matronas y enfermeras matronas, si las cosas van bien, pueden hacer gran parte del trabajo; si se presentan complicaciones o se deben practicar ciertos exámenes, interviene el médico. Lo mismo podría suceder en el caso de la oftalmología: los tecnólogos médicos con especialización en esta área podrían llevar a cabo gran parte de las evaluaciones y controles, alivianando así la tarea de los oftalmólogos y disminuyendo el número de pacientes que esperan ser atendidos.
Ése sería un uso racional de los recursos humanos en el sistema de salud.
Sin embargo, señor Presidente , se ha ejercido oposición para la venta de lentes contra la presbicia sin receta médica; oposición muy fuerte para que los tecnólogos médicos actúen en el campo de la oftalmología, y oposición cerrada para crear otras carreras, como la de optometrista, cuyos profesionales ejercen, por ejemplo, en Estados Unidos.
Aquí se ha pretendido que cualquier enfermedad a los ojos sea tratada necesariamente por los médicos especialistas. Pero ello no se ajusta a un buen uso de los recursos humanos. No se actúa así ni en Estados Unidos ni tampoco en Chile en otros campos de la medicina.
Señor Presidente , el proyecto es absolutamente razonable. Se trata de lentes que no son más que lupas con marco y no agravan ninguna enfermedad. Es posible que la necesidad de usarlos disfrace una patología. Pero lo mismo sucede si se toman remedios para aliviar el dolor de cabeza cuando se padece de cáncer.
Y esto puede ocurrir en muchos ámbitos de la salud. Según la posición de los oftalmólogos, sin antes consultar a un traumatólogo no sería factible comprar un bastón cuando duelen las rodillas.
Si se razona al límite, se cae en el absurdo.
Propongo aprobar la iniciativa y legislar pronto para ampliar el campo de competencia de los tecnólogos médicos con especialidad en oftalmología, habilitándolos para hacer screening a todas las personas a partir de cierta edad. Y si se detectan síntomas que impliquen un problema mayor, se las deriva a oftalmólogos. De ese modo, éstos se abocarían sólo a los casos donde realmente se requieren médicos especialistas, quienes ya no destinarían su escaso y precioso tiempo a recetar lentes contra la presbicia, los que, en cualquier otro país -como decía el Senador señor Larraín -, se pueden comprar en supermercados y aeropuertos.
Conforme a lo recién expuesto, pido que se vote en forma separada la parte final del primer inciso del artículo 128 bis, que empieza diciendo: "Autorízase la fabricación, venta y entrega, sin receta médica, de lentes con fuerza dióptrica sólo esférica e igual en ambos ojos, sin rectificación de astigmatismo, destinados a corregir problemas de presbicia en personas mayores de cuarenta años". Sugiero que el inciso termine aquí y que se elimine la frase final, relativa a que los anteojos para présbitas se vendan únicamente en establecimientos de salud, ópticas, farmacias y otros registrados ante la autoridad sanitaria. En Estados Unidos se pueden comprar en aeropuertos y supermercados. Y si hoy día la gente los está adquiriendo incluso en las ferias, yo prefiero que se expendan en aquellos lugares, donde por lo menos la seriedad es mayor que la de un vendedor de cuneta.
Por lo tanto, solicito formalmente que se vote aparte la frase final que individualicé.
Señora Senadora y señores Senadores , se nos presenta la siguiente dificultad: hay cinco oradores inscritos y quedan exactamente seis minutos para el término del Orden del Día. Por lo tanto, sugiero aprobar el proyecto en general, dejando pendiente el debate particular, porque, de acuerdo con la propuesta de la Senadora señora Matthei , tendríamos que abrir plazo para presentar indicaciones.
Votemos en general el proyecto, señor Presidente.
Claro. Nos pronunciamos sobre la idea de legislar y dejamos pendiente la votación particular.
Yo la había pedido antes.
No se encontraba en la Sala cuando se la ofrecí.
Yo también la solicité.
Ya están inscritos.
Señor Presidente , deseo hacer una observación.
El Honorable señor Larraín le está pidiendo una interrupción.
Discúlpeme, señor Senador.
Quiero plantear una proposición distinta que podría facilitar el acuerdo.
Como hay cinco inscritos,...
...obviamente en cuatro minutos no concluiremos el debate. Y no me parece lógico -es el problema de siempre- que los primeros hablen durante diez o quince minutos y los últimos, para apretar la conclusión, lo hagamos en dos o tres.
En mi opinión, lo más razonable es dejar pendiente el proyecto para mañana y punto.
Señor Senador , la sesión de mañana la ocuparemos en el proyecto de Ley de Rentas Municipales II, cuyo despacho, por tener urgencia calificada de "suma", se antepone al de cualquier otra iniciativa.
La Mesa propone una cosa diferente: extender la hora de término del Orden del Día para que funden el voto los inscritos.
Entiendo el Reglamento, pero ésta es una de sus disposiciones que tendremos que modificar. Siempre al final del Orden del Día se aprieta la discusión de tal manera que no se puede hablar.
Yo voy a votar en contra del proyecto y, por lo menos, quiero disponer de tiempo suficiente para fundamentar mi decisión.
¿Señor Presidente , me permite plantear una cuestión de orden?
Señor Presidente , sugiero prorrogar el Orden del Día de manera que los cinco Senadores inscritos puedan intervenir. Luego, votamos la iniciativa.
Hay una propuesta del Honorable señor Larraín .
El señor CANTERO .-
Unos podrán hablar menos que otros.
Se trata de ampliar el plazo de término del Orden del Día, a fin de que los inscritos hagan uso de la palabra conforme al tiempo normal que les corresponde.
Muy bien. Yo no tengo problemas.
Si le parece a la Sala, procederemos en los términos sugeridos.
Señor Presidente , votaré en contra del proyecto que nos ocupa porque, a mi juicio, resulta inadecuado para la salud ocular de las personas. La argumentación básica alude a la carencia de atención oftalmológica, la cual, de acuerdo con las normas del Código Sanitario, debe corresponder a facultativos especialistas en esta área de la medicina.
Se propone que, en condiciones específicas y en determinado momento de la vida, cierto tipo de lentes puedan ser vendidos por distintas personas e instancias de la sociedad chilena; esto es, en la cuneta, en el supermercado, en el gasómetro, en cualquier parte.
Y lo que se está haciendo es, lisa y llanamente -perdónenme la forma en que lo voy a expresar-, aplicar la teoría de la venta del sofá para resolver un tema: como no tenemos oftalmólogos, entonces que cualquiera expenda estos lentes. Sin embargo, cuando se agrega una norma que restringe la referida venta a determinados establecimientos cercanos a la práctica médica, también se la quiere suprimir, a pesar de que en la Comisión -así lo da cuenta su informe- hubo unanimidad para incorporar esta materia.
Por mi parte, propuse algo mínimo: que, antes de la entrega de estos lentes, se practicara, al menos, una evaluación oftalmológica, lo que fue rechazado.
¿Cuál es el tema de fondo entonces? ¿Es factible la venta de este tipo de anteojos en estas condiciones? ¿Hay seguridad de que detrás de la presbicia no se desarrolla alguna enfermedad, que no será descubierta ni en la cuneta ni en la venta libre que se propone? Ninguna, absolutamente ninguna.
Se podrá decir que lo propuesto es mínimo. Conforme. Pero bastaría un caso en un millón para entender que estamos exponiendo a la ceguera a personas con el objeto de resolver un problema sin los cuidados propios en materia de salud.
En Chile, señor Presidente , se acaba de terminar el estudio de una larga lista de proposiciones que apuntan a reformar la salud en el sentido de permitir que todos accedan a ella en iguales condiciones. Por lo tanto, la racionalidad de las cosas en un país como el nuestro -sobre todo con las reformas que pretendemos introducir- indica que, primero, debemos abordar el fondo de la cuestión y, después, abocarnos a las situaciones aleatorias.
En definitiva, soy partidario de rechazar el proyecto. Creo que no tiene seriedad. La argumentación de que esto se hace en países desarrollados -en Estados Unidos y en no sé en qué otros- y también en los muy pobres, como en África, no me parece suficiente, porque en éstos no hay posibilidad alguna de mejorar su situación y porque en aquéllos las personas, que tienen otro nivel de vida y de preocupación por su salud ocular, habitualmente se someten a controles oftalmológicos. Son situaciones no comparables.
Lo que lógicamente corresponde es buscar fórmulas para superar el problema de fondo. Y se han propuesto algunas a la luz de lo que ahora estamos haciendo en materia de salud.
La primera -y aquí se han hecho otras sugerencias, como la de la señora Senadora que me precedió en el uso de la palabra, y que yo comparto-, surge de la pregunta, no resuelta, sobre si es suficiente o no la cantidad de oftalmólogos. Algunos la estiman suficiente, pero con mala distribución. Otros hacen presente la necesidad de aumentarla porque faltan. Por lo tanto, lo prioritario es analizar seriamente si el número de estos médicos especialistas es razonable. Para el Gobierno -así lo ha sostenido mediante el Ministerio de Salud-, no existe tal carencia.
Segundo: permitir actuar a otros profesionales, como los tecnólogos médicos y optometristas, en determinadas prácticas oftalmológicas -como indicó la señora Senadora Matthei - representa un paso sustancial, por cuanto se diferencia de lo que propone la moción, que autoriza la venta de este tipo de lentes en cualquier lugar, a cualquier precio y en cualquier condición.
Tercero. Entre las fórmulas consideradas en la reforma de salud se encuentra la que privilegia la atención primaria. Por lo tanto, es perfectamente lógico y permisible plantear la exigencia de una adecuada distribución de oftalmólogos y de tecnólogos médicos, lo que obviamente requiere hacer esfuerzos por contar con más recursos. Me parece que este aspecto también debería ser considerado.
En resumen, señor Presidente , para no alargar el debate y lograr cierta atención sobre el punto, solicito a la Sala no votar la iniciativa y recoger las propuestas aquí formuladas. Se ha dicho que deberá volver a Comisión. ¿Por qué no desechamos en definitiva la idea de legislar, que, insisto, es una lamentable manera de aplicar el criterio de don Otto, quien, por no tener una solución de fondo, vende el sofá?
Hagamos un proyecto que considere, seriamente, todos los elementos señalados.
Alguien sostuvo aquí que estamos frente a una especie de privilegio inadecuado de los oftalmólogos. Ese es un juicio de valor respecto de un grupo determinado de profesionales. Yo no soy oftalmólogo y no estoy en esta Sala como defensor corporativo de los médicos. Pero, sí, vuelvo a manifestar que lamento que se planteen proyectos de este tipo, que terminan siendo de un populismo extraordinario y ponen en riesgo la salud de las personas.
Es correcta la argumentación -no lo niego- en orden a que con este criterio no sería posible realizar ninguna acción médica espontánea porque se podría oscurecer el diagnóstico; pero es bastante distinto tomar una aspirina, como aquí se ha señalado -la sintomatología puede llevar de inmediato, o en forma relativamente rápida, a control en un consultorio-, de lo que se establece en el proyecto.
El inciso final del artículo que se propone agregar me parece impropio de una ley. Expresa: "La venta o entrega de dichos lentes deberá acompañarse de una advertencia sobre la conveniencia de una evaluación oftalmológica que permita prevenir riesgos para la salud ocular.". ¡Esto es una tomada de pelo, inadmisible en una ley! Le quita seriedad.
El Senado no puede aprobar una cosa como ésa, donde se dice: "Mire, compre lo que quiera, pero tenga cuidado porque le puede producir una gravísima enfermedad.".
Resolvamos el problema; hagamos las cosas bien, como corresponde a un país civilizado, con una reforma de la salud, con 5 mil dólares per cápita, con una distribución del ingreso inadecuada aunque mejorando en el fondo. No debemos dictar una ley que exponga a los pacientes a un eventual daño por el simple hecho de no haber sido atendidos. Se les pide que se preocupen porque les podrían pasar cosas tales como quedar ciegos. Y por ello se pone en la norma.
Señor Presidente, eso no es serio.
Honestamente, a mí no me gusta demeritar las propuestas de nadie, ni despreciar las opiniones ajenas, pero creo que esto sobrepasa el límite de falta de seriedad tolerable en un cuerpo legal.
Si existe la opción de que el proyecto vuelva a Comisión, aprovechémosla para intentar mejorarlo. Por de pronto, pediría que el inciso final del artículo 128 bis -que voté en contra- se elimine, por considerarlo inadecuado para una ley.
Mi propuesta de fondo es que nos reunamos con personeros del Ministerio de Salud para encontrar una solución concreta en un plazo de 2 a 3 años. No debemos legislar en materia de salud con esta liviandad, por mucho que sea algo que ocurre en Estados Unidos o que haya 10 personas que compran anteojos en la calle. ¡No! En salud, o se busca lo mejor o no estamos en condiciones de hacer bien las cosas.
Ahora, que los médicos oftalmólogos sean una casta especial, es probable y he reclamado sobre ello. Pero hay otras formas de resolver el problema.
Como no deseo gastar más tiempo, pido al Senado, no que rechace la iniciativa, para que nadie se moleste, sino postergar su tratamiento y reenviarla a Comisión, a fin de que allí trabajemos en conjunto una solución más razonable, más de fondo, más seria y sin esa advertencia, que nos expone, como se dice en el campo, a la risión del pueblo.
Respecto de la petición de Su Señoría, le hago presente que hasta el momento el acuerdo es escuchar a los Senadores inscritos y después votar en general el proyecto. Sin embargo, como todo acuerdo, es susceptible de ser modificado; pero ése es el que estaba vigente cuando pasé a dirigir la sesión y lo respetaré hasta que la Sala diga otra cosa.
Señor Presidente, comparto plenamente lo expresado por la Senadora señora Matthei en tres aspectos.
Primero, en el impacto social que una iniciativa de esta naturaleza puede provocar. Al parecer, éste es el típico proyecto de ley donde se tiende a mirar más bien al Chile que tiene recursos, medios económicos, posibilidades de ir a un oftalmólogo a través de las isapres, que al Chile popular, que es aquel donde se presentan las dificultades con mucho mayor agudeza.
Como bien decía un Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra, la presbicia, más que una enfermedad, es un problema a la vista que surge sobre los 40 años de edad. Y la verdad es que actualmente el sistema público no está en condiciones de ofrecer una solución porque no cuenta con oftalmólogos para prestar esa atención, y éstos se oponen de modo terminante a que los tecnólogos médicos cumplan esa función. Además los hospitales del Estado no disponen de lentes adecuados.
Por lo tanto, esta normativa puede producir un impacto social gigantesco. Son cientos de miles las personas que viven en zonas rurales o en ciudades pequeñas a las cuales les cambia su calidad de vida cuando acceden a lentes apropiados, pues les permiten efectuar en sus hogares trabajos que hoy no pueden realizar, sobre todo las mujeres. ¡Les transforma la vida! Y cuando la entrega de anteojos se hace a través de instituciones como el Club de Leones o el Rotary, se cumple una labor social espectacular.
Lo que el proyecto hace es, simplemente, permitir algo que ocurre en países europeos y en Estados Unidos -tan rigurosos en lo relativo a normas de control de salud-, posibilitando que la gente modesta acceda sin obstáculos a los lentes que necesita.
Deseo agregar otro antecedente. Los representantes del Colegio Nacional de Ópticos apoyaron la iniciativa, y los de la Sociedad Chilena de Oftalmología no se opusieron a ella. Sí, como se señala textualmente en el informe, "aconsejaron definir en el Código las siguientes características del lente: esférico, positivo, de igual fuerza dióptrica y entre 1 y 3 dioptrías de aumento. Recomendaron que los fabricantes de dichos lentes estén acreditados ante el Instituto de Salud Pública y que los lentes se entreguen con una advertencia sanitaria en el sentido de que el examen médico permite detectar a tiempo otras dolencias.".
El segundo tema dice relación a las advertencias. No comparto en nada la opinión del Senador señor Ruiz-Esquide . Desde luego, tratándose del tabaco -en la actualidad se estudia un proyecto sobre él- existe, y se va a mantener, un aviso expreso respecto del riesgo que significa consumirlo.
Por lo tanto, me parece absolutamente razonable que haya una advertencia en cuanto a la necesidad de practicarse controles de oftalmología para detectar otras enfermedades.
Y, en tercer lugar, me parece inconveniente la norma que establece la obligatoriedad de que ese tipo de lentes se entregue o venda en establecimientos de salud o en ópticas y farmacias. ¡Eso implica no vivir en el Chile popular, en el Chile real! ¡Díganme Sus Señorías dónde hay una óptica o una farmacia en el campo! Y los servicios de salud no cuentan con ese producto.
¿Cómo obtiene los anteojos la gente ahora? Los centros de madres o las juntas de vecinos se organizan y realizan distintos eventos para conseguir dinero; con él compran los lentes y luego los distribuyen entre las personas que padecen el problema. ¿Vamos a pedir a éstas que vayan a adquirirlos a una farmacia o a una óptica? Desde ese punto de vista, la parte final del inciso primero del artículo 128 bis propuesto por la Comisión no tiene sentido.
En resumen, soy partidario de aprobar la idea de legislar y de abrir plazo para la presentación de indicaciones, de manera que la iniciativa pueda convertirse en ley lo antes posible y, de este modo, ayudar a mucha gente modesta a cambiar su calidad de vida permitiéndole ejecutar quehaceres diarios que hoy, lamentablemente, no puede efectuar.
Solicito autorización de la Sala para abrir la votación.
Señor Presidente , yo pedí votar en forma separada la última parte del inciso primero.
Eso se verá después, en la discusión particular, señora Senadora .
Se dijo que el proyecto iba a quedar despachado esta tarde.
No. Se acordó votar en general hoy día y abrir un plazo para formular indicaciones.
Entonces, se abrirá la votación, comenzando con los oradores inscritos que no han intervenido.
Señor Presidente, en realidad la mayor parte de los argumentos ya se ha entregado.
Es evidente que hay escasez de atención oftalmológica en el ámbito público, pero esta situación no tiene que ver con la disponibilidad de esos especialistas en el país.
Un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra se refirió al número o inventario de oftalmólogos en Chile. En realidad, esa información no es preponderante. Lo importante es si se presta o no atención oportuna en esa especialidad en el ámbito público. Y lo concreto es que en éste no existe una respuesta adecuada, ni servicios de oftalmología eficientes. En consecuencia, allí radica el problema.
Estamos hablando de la presbicia, dificultad a la vista que surge con el envejecimiento de las personas. Esto cobra particular relevancia cuando se observa que se está invirtiendo la pirámide poblacional del país; es decir, cada día hay más gente de la tercera edad. Por lo tanto, esta situación se agudiza y ejercerá una fuerte presión, aún mayor que la actual, en el sistema de salud pública.
Me referiré a otro elemento que considero interesante. Resulta positivo que se posibilite la fabricación de lentes de esas características, o sea, con igual fuerza dióptrica en ambos ojos y entre 1 y 3 dioptrías de aumento. ¿Por qué? Porque hay una interpretación restrictiva del artículo 128 del Código Sanitario que limita, no sólo la venta, sino también la fabricación de esos lentes, requiriendo para ello receta médica, lo que parece del todo inconveniente.
A mi juicio, el proyecto resuelve el problema, particularmente del segmento socioeconómico más pobre, el cual tendrá una solución al menos paliativa mientras se concreta lo que esperamos y que señaló un señor Senador: que el sector de la salud pública responda, al menos con un mínimo de eficiencia, oportunidad y respeto a la dignidad de las personas, a los requerimientos de salud óptica de la población. Nada de eso existe hoy día.
Por lo tanto, voto entusiastamente a favor de la iniciativa.
Señor Presidente, los argumentos se repiten, pero el proyecto es bastante simple.
Muchos de nosotros compramos ese tipo de lentes en el aeropuerto, en la Óptica Rotter y Krauss o en Valparaíso, donde son más baratos. Y no sé si se venden en la calle, como alguien acota.
Dicen que está prohibido, pero lo podemos hacer. A la gente pobre no le es posible adquirirlos. Ésa es la verdad: hay discriminación social.
Es una lástima que no escuche esto mi gran amigo el Senador señor Ruiz-Esquide . Los inspectores deberían requisar todos los lentes ópticos que se venden sin receta. La realidad supera a la ley. En cambio, la gente pobre debe esperar una consulta oftalmológica, la cual, como aquí se ha indicado, puede demorar meses, si no años.
¿A qué lleva todo eso? A cosas como la siguiente.
Días atrás recibí una oferta que decía: "Para su próxima campaña parlamentaria. Si usted regala lentes, el par vale equis pesos". Evidentemente, esto constituye una distorsión total de la situación.
Lo que se pretende con la iniciativa es muy sencillo: que todos los chilenos que sufren presbicia -mal corriente con el paso de los años- puedan comprar sus anteojos o que los servicios de salud se los entreguen gratuitamente sin necesidad de consultar a un oftalmólogo. Es cierto que se corre un riesgo; pero hoy ocurre lo mismo porque la gente modesta no recurre a esos especialistas. Y, además de no tener acceso a ellos, las mujeres de la tercera edad se encuentran en la imposibilidad de coser, cocinar, bordar; y los hombres, de jugar, leer, en fin. Entonces, el castigo es doble: no los examina el oftalmólogo y no pueden desarrollar una vida normal.
El raciocinio del Senador señor Ruiz-Esquide en ese sentido sería perfecto si tales profesionales atendieran a esas personas. Pero como no es así, proponemos que al menos no se las castigue con una inhabilidad fácil de resolver comprando lentes.
Asimismo, no me parece que se denigre la ley por el hecho de advertir a la gente que antes de comprar anteojos debe consultar a un especialista. Si puede ir, que lo haga. Pero no es tan simple. Para quienes tenemos dinero sí lo es porque este hecho nos permite reservar una hora. Sin embargo, el que no lo posee, ¿qué hace?, ¿cuánto deberá esperar para que lo atiendan?
Por consiguiente, lo que ha planteado la Senadora señora Matthei representa una línea de solución: que el optometrista -que podría ser un tecnólogo médico- realice el primer examen al afectado, para determinar si sólo se trata de presbicia o tiene algún otro problema. Pero hasta ahora eso es imposible, por una serie de circunstancias que prefiero no entrar a detallar.
Es verdad que la Sociedad Chilena de Oftalmología ha implementado dos planes piloto: uno en Santiago y otro en Concepción. Sin embargo, como su nombre lo indica, son "planes piloto". Me parece que el de Concepción opera en dos consultorios. Pero, ¿qué pasa en Chiguayante, en Talcahuano, en Coronel, etcétera?
A mi juicio, el proyecto se enmarca perfectamente dentro de la realidad social de Chile. Además, debemos promover que los oftalmólogos se abran a que haya más cupos; que el FONASA y los servicios de salud permitan contratar mayor número de esos profesionales, y, sobre todo, que se dé cabida a que el optometrista pueda ser un tecnólogo médico, que puede cumplir una buena función.
Otra pregunta que aquí ha surgido es dónde se deberían vender los lentes. La Comisión agregó una frase que, si se lee bien, es bastante genérica. Al referirse a los establecimientos que vendan anteojos de este tipo se establece que deberán encontrarse "registrados ante la autoridad sanitaria.".
No es mucho pedir. Podría ser también un quiosco o un supermercado. El único requisito es que se registre ante la autoridad sanitaria.
La señora Senadora mencionada señaló que no es necesario ese registro. Bueno, ésta es una cosa tan opinable que uno puede pensar que sí o que no.
Por mi parte, estimo que el Senado debería aprobar el proyecto por inmensa mayoría, a fin de que todos los chilenos, por igual, tengan acceso a lo que hacemos los Senadores: comprar esos lentes sin receta del oftalmólogo.
Señor Presidente , comparto plenamente lo dicho por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Reconozco que me sorprendió el giro que tomó el debate en las últimas intervenciones. Uno de los oradores sostuvo que el proyecto sobrepasaría la seriedad, que era demagógico, y sugirió postergarlo para hacer algo bueno. Y digo que me sorprendió porque no puedo estar más en desacuerdo con cada una de esas apreciaciones.
Ante todo, ésta es una iniciativa seria, real, que tiene que ver con un tema que interesa a la gente en una dimensión mucho más profunda de la que uno pueda imaginar.
Aquí no estamos hablando de determinados individuos que presentan algún problema a la vista, ni de miles, decenas de miles o cientos de miles, sino de millones de personas que, cumplida cierta edad, a la cual muchos hemos llegado, no tienen posibilidades económicas para resolver -y aquí viene el segundo problema- conforme a la actual institucionalidad su dificultad visual. Porque cuando se señala que la alternativa es someterse a un examen para la entrega de una receta, se habla de lentes que cuestan 30 mil, 40 mil o 50 mil pesos, versus otros que valen ochocientos, mil o mil doscientos y que facilitan la vida a innumerables compatriotas.
Señor Presidente , quiero aprovechar la oportunidad para transmitir la emoción que he sentido -tal vez como muchos otros- al entregar, aparentemente al margen de la ley, esa clase de lentes. A raíz de ello he vivido situaciones muy conmovedoras cuando, en la vía pública, algunas personas me declaran que han podido trabajar de nuevo gracias a ese simple instrumento que cuesta alrededor de mil pesos; o mamás que dicen haber vuelto a tejer, o papás que se han reencontrado con la lectura, lo cual les ha permitido conversar con sus hijos.
No puedo olvidar a una persona que, con lágrimas en los ojos, me decía que iba a poder volver a ser tesorero de su club deportivo -lo que más le gustaba en su vida-, labor a la que había renunciado por no ser capaz de ver los números.
Entonces, me cuesta imaginar un proyecto más importante que éste, pues abre la puerta a millones de personas para lograr una calidad de vida mejor, sin tener que desembolsar cantidades de dinero que, desde el punto de visa de su poder económico, actualmente son inabordables.
La ausencia de efectos secundarios no solamente se consigna en los libros, pues también se puede apreciar personalmente.
Muchas personas a las que en determinado momento les entregamos lentes todavía nos lo agradecen.
Y creo que tratar de vincular esto con la necesidad de más estudios y llevarse a cabo exámenes físicos -entiendo la buena disposición de tal sugerencia- implica, técnica y objetivamente, postergar una legislación que va a generar un tremendo beneficio social.
En una oportunidad, el servicio pertinente clausuró el lugar en que se hacía entrega de lentes. Se me dijo que eso era gravísimo. Ese mismo día, ante una fila muy grande de personas, se decidió poner en marcha un procedimiento especial para esa finalidad en el hospital respectivo. Se invitó a todos los que estaban esperando recibir el beneficio. Se entregaron veinte lentes y se acabó el programa. Y quedaron miles aguardando.
Entonces -lo digo con la mejor voluntad-, en mi opinión, si hay algo que los Parlamentarios podemos hacer para ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas es aprobar sin demora un proyecto de esta naturaleza que, como Sus Señorías pueden apreciar, tiene además un grado de apoyo bastante transversal en su origen. Pienso que, de alguna manera, nos hace sentir más útiles el modificar una norma que técnicamente ha impedido que mucha gente pueda ver adecuadamente.
Por cierto, esto es mejorable, como todo tipo de iniciativas. Si en una sociedad es factible que todo el mundo acceda a exámenes físicos, oculares y de otra naturaleza, estaríamos en un país en desarrollo, con la posibilidad de rever una norma semejante, si así procediera; pero yo creo que no es así. Claramente, según lo explicado latamente, ésta es una legislación adecuada.
Por eso, pocas veces, a diferencia de lo que planteó un señor Senador, he tenido más esperanzas de que el proyecto se apruebe lo antes posible, porque estoy convencido de que va a generar un tremendo beneficio.
Voto entusiastamente a favor.
Señor Presidente , ¿qué es la presbicia? ¿Es una enfermedad?
¡Justamente! ¡No es una enfermedad! Es una condición fisiológica que surge como consecuencia del proceso natural de envejecimiento, alrededor de los cuarenta años, y que consiste en la pérdida gradual de elasticidad del cristalino, lo que provoca una disminución de la capacidad del ojo para enfocar los objetos que se encuentran a poca distancia.
Eso es la presbicia; y afecta fundamentalmente a personas con más de 40 años de edad. Muchas veces los sectores campesinos y los más pobres de la población no pueden concurrir a un oculista, porque les cuesta conseguir hora y porque los lentes son muy caros. Es decir, se encuentran en condiciones absolutamente desventajosas.
Por eso, los programas realizados por algunos Parlamentarios, como el Senador señor Coloma, son muy beneficiosos. Lo bueno hay que apoyarlo y estimularlo, evidentemente.
Ahora bien, el fundamento de la proposición radica en el alto costo de los lentes. Todos sabemos lo estricto que es Estados Unidos en lo que respecta a la salud y a la entrada en vigencia de los medicamentos -¡cómo cuidan al ser humano en todos los aspectos!-; pero allá la venta de anteojos ópticos es libre; o sea, ellos, que están tan avanzados en esta materia, la permiten. Los países europeos, también. Ésa es la experiencia internacional.
En cuanto a los efectos secundarios, si por el uso de un lente inadecuado a una persona le pudiera sobrevenir una tremenda enfermedad, entendería las inquietudes; pero no es así.
Las eventuales consecuencias de lentes no recetados son prácticamente inexistentes. A lo más, se limitan a dolor de cabeza o a tensión visual, sin provocar problemas mayores. Tampoco se empeora la presbicia u otra dolencia.
Por eso, en mi opinión, se trata de una iniciativa práctica y de gran sentido social. De modo que, lógicamente, también la votaré a favor con mucho agrado. Ojalá la podamos despachar en esta oportunidad.
Señor Presidente , quiero rectificar mi voto. Estoy pareado con el Honorable señor Ruiz De Giorgio , quien no se encuentra en la Sala.
Dicho señor Senador no votó.
Tengo un pareo permanente con él.
Nosotros lo autorizamos a votar.
Su Señoría tiene derecho a mantener el pareo.
--Se aprueba en general el proyecto (20 votos a favor, 1 en contra y un pareo).
Votaron por la afirmativa los señores Canessa, Cantero, Coloma, Cordero, Espina, Gazmuri, Horvath, Larraín, Matthei, Núñez, Orpis, Páez, Prokurica, Romero, Sabag, Silva, Stange, Valdés, Viera-Gallo, y Zurita.
Propongo el 24 de mayo como plazo para presentar indicaciones; esto es, dos semanas.
Propongo hasta el martes 10 de mayo.
No, señor Presidente: hasta el lunes, para que el martes lo podamos tratar.
Hay que ser razonables, señor Presidente . La Comisión se reúne los martes también.
Si le parece a la Sala, se fijará como plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 9 de mayo, a las 12.
Al señor Subsecretario de Transportes , planteándole solicitud de LIBERACIÓN DE PAGO A PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS DE SEXTA REGIÓN POR REPETICIÓN DE REVISIÓN TÉCNICA RECHAZADA.
Al señor Ministro de Obras Públicas , demandándole la ejecución de obras de PAVIMENTACIÓN EN COMUNA DE VILCÚN y de REPARACIÓN EN CANAL LA VICTORIA, COMUNA DE VILCÚN.
Al señor Ministro de Salud , solicitándole información sobre SITUACIÓN DE HOSPITAL DE COMUNA DE VICTORIA.
Al señor Director General de la Policía de Investigaciones , planteándole aplicación de MEDIDAS PARA ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE CUARTEL DE PREFECTURA DE MALLECO Y COMISARÍA DE LA BICRIM DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE ANGOL.
Al señor Presidente del BancoEstado , pidiéndole INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO EN COMUNA DE VILCÚN.
Al señor Presidente del BancoEstado y al señor Intendente de la Región de la Araucanía , dándoles a conocer lo concerniente a REMODELACIÓN DE MERCADO DE LA COMUNA DE VICTORIA.
Al señor Director del Servicio de Salud Araucanía Norte , recabándole la iniciación de SUMARIO POR HECHOS QUE INDICA EN HOSPITAL DE ANGOL.
Al señor Director de Vialidad de la Novena Región , solicitándole información acerca de CONSERVACIÓN DE RUTA QUE UNE TRAIGUÉN CON LOS SAUCES.
Al señor Jefe de la Prefectura de Carabineros de Malleco , pidiéndole MAYOR VIGILANCIA POLICIAL EN COMUNA DE VICTORIA (todos de la Novena Región).
A los señores Ministro del Interior y de Economía , y al señor Subsecretario de Pesca , dándoles a conocer SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE SUBSECRETARIO DE PESCA EN RELACIÓN CON PRECIO DE MERLUZA AUSTRAL (Undécima Región).
A los señores Ministros del Interior y de Transportes y Telecomunicaciones, y al señor Intendente de la Undécima Región , haciéndoles saber lo relativo a REDISEÑO DE CONDICIONES PARA FUNCIONAMIENTO DE TRANSPORTE MARÍTIMO SUBVENCIONADO EN UNDÉCIMA REGIÓN.
Al señor Ministro de Obras Públicas , requiriéndole antecedentes sobre QUIEBRA DE FIRMA MENDES JUNIOR Y ASOCIADOS EN RELACIÓN CON OBRAS DE PROYECTO MERVAL (Quinta Región).
Al señor Subsecretario de Pesca , solicitándole información sobre RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA TENDIENTE A BAJAR TALLA DE ERIZO PARA SU EXTRACCIÓN EN UNDÉCIMA REGIÓN.
Al señor Subsecretario de Pesca y al señor Director del Servicio Nacional de Pesca , pidiéndoles antecedentes acerca de APLICACIÓN DE ACUERDO SOBRE CONSERVACIÓN DE ALBATROS Y PETRELES.
Al señor Director Ejecutivo de CONAF , y al señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, solicitándoles que informen en cuanto a TRASLADO DE HUEMULES DESDE UNDÉCIMA REGIÓN A REGIÓN DE LOS LAGOS.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , pidiéndole antecedentes en cuanto a ESTADO DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE ANTENA REPETIDORA DE TELEVISIÓN EN COMUNA DE COMBARBALÁ (Cuarta Región).
Al señor Fiscal Nacional, poniendo en su conocimiento el MALESTAR POR DESEMPEÑO DE NUEVA JUEZA DE GARANTÍA EN GRANEROS (Sexta Región).
Al señor Ministro de Educación y al señor Alcalde de la Comuna de Maullín , dándoles a conocer CARENCIA DE PROFESORES EN ESCUELA BÁSICA RURAL "ANA BÓRQUEZ", EN COMUNA DE MAULLÍN.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, solicitando su atención respecto de HIGIENE AMBIENTAL EN POBLACIÓN "VILLA LOS POETAS", COMUNA DE CALBUCO;
Al señor Intendente de la Décima Región , requiriéndole información sobre SITUACIÓN LABORAL DE TRIPULANTES DE NAVES ESPECIALES EN COMUNA DE PUERTO MONTT (todos de la Décima Región).
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Los Comités acordaron que al inicio de la hora de Incidentes el Senador señor Prokurica informara a la Sala sobre el viaje de la delegación chilena que participó en la 112ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, desarrollada en Manila.
Señor Presidente , paso a dar cuenta de la labor desarrollada por la delegación de Parlamentarios que concurrió a la 112ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, efectuada en la ciudad de Manila, Filipinas, entre el 3 y el 8 de abril pasado.
El Congreso Nacional de Chile estuvo representado por los Senadores señores Edgardo Boeninger , Roberto Muñoz Barra y el que habla ( Presidente de la delegación) y por los Diputados señora Isabel Allende y señores Guillermo Ceroni , Pablo Lorenzini , Fernando Meza , Nicolás Monckeberg , Iván Norambuena y Gonzalo Uriarte .
Se presentaron ocho solicitudes para incorporar puntos de emergencia, los cuales versaron en torno de los desastres naturales. Fueron formuladas por Sri Lanka , Argelia , Japón , Hungría , Turquía , Indonesia , República Islámica de Irán y Chile.
Nuestro país presentó una solicitud denominada "Creación de un fondo parlamentario en la UIP para ir en ayuda de países devastados por catástrofes naturales".
Las solicitudes fueron refundidas en una propuesta única titulada "Desastres naturales: el rol de los Parlamentos en la prevención, rehabilitación, reconstrucción y protección de los grupos vulnerables", donde se formularon variadas consideraciones, entre las cuales se puede destacar la que compromete a la comunidad internacional para reafirmar la voluntad de prevenir los efectos de las catástrofes en la medida de lo posible y de reducir al máximo sus efectos inevitables, aprovechando las experiencias del pasado, a fin de evitar pérdidas humanas.
También se hizo un llamado a los países para instaurar sistemas de coordinación destinados a la prevención, a compartir experiencias, tecnologías e información, con la finalidad de poner en práctica un sistema de alerta rápida para el caso de los tsunamis, como el ocurrido recientemente en la región del Océano Índico.
Desde otro punto de vista, se recalca además la necesidad de instaurar planes de protección y supervivencia para niños; de adoptar medidas tendientes a la reunificación de las familias en casos de pérdida de vidas humanas; de crear albergues temporales para las familias monoparentales; de contar con apoyo psicológico y de programas contra enfermedades infecciosas y relativos a ayuda alimenticia.
Asimismo, se sugiere practicar las reformas judiciales necesarias para hacer frente a este tipo de catástrofes, como pueden ser los procesos de adopción y, en general, el apoyo financiero por parte de las principales instituciones financieras para que éste sea otorgado en forma rápida y oportuna, velando por que los fondos sean usados para los fines pertinentes dentro de un marco de transparencia.
La resolución invita a los Parlamentos miembros de la Unión Interparlamentaria a adoptar todas las iniciativas que ella enumera, especialmente en períodos de extrema urgencia, a fin de preservar el carácter sacro de la vida, de atenuar los sufrimientos humanos y de defender la dignidad de todos.
El tema objeto del debate general fue la "Incidencia de las políticas nacionales e internacionales en la situación de las mujeres". En él participó la Diputada señora Isabel Allende , quien en su alocución se refirió a los avances experimentados por nuestro país en cuestiones relativas al género, donde la adopción de políticas públicas ha jugado un rol preponderante en esta evolución, pese a lo cual queda todavía un largo camino por recorrer.
Asimismo, la señora Diputada entregó algunos datos estadísticos. Por ejemplo, que el 70 por ciento de las mujeres menores de 25 años realizan trabajos no remunerados y las que tienen uno remunerado reciben un 30 por ciento menos del ingreso que perciben los hombres por la misma labor, cifra que aumenta en 70 por ciento en casos de mayores exigencias.
Concluyó que la tabla de empleo de las mujeres es más baja que la de los hombres.
En otro orden de materias, la señora Allende afirmó que más de la mitad de las mujeres en Chile señala haber sido víctima de violencia doméstica, ya sea psíquica o física. Más aún, se ha comprobado que las cifras relativas a muerte de mujeres por parte de sus maridos o parejas ha aumentado. Ello da cuenta de la gravedad del problema que conlleva la violencia doméstica, el que se encuentra lejos de ser solucionado, pese a la legislación existente y a los esfuerzos realizados.
La primera Comisión Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional, encargada del tema "El rol de los Parlamentos en el establecimiento y funcionamiento de mecanismos para asegurar el juicio y la condena de los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, el genocidio y el terrorismo, con el fin de evitar su impunidad", contó con la participación de los Diputados señores Ceroni y Uriarte , y con la asistencia, además, de los Senadores señores Muñoz Barra y Prokurica.
La Segunda Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible y Financiamiento y Comercio analizó "El rol de los Parlamentos en la puesta en marcha de los mecanismos de financiamiento y de comercio internacional innovadores preparados para permitir la regulación del problema de la deuda y la realización de los objetivos del milenio". La delegación chilena fue representada por el Senador señor Boeninger y por el Diputado señor Monckeberg .
El Honorable señor Boeninger presentó una propuesta de enmienda para el proyecto de resolución destinada a conciliar las discrepancias que surgieron entre los relatores.
En su intervención, el señor Senador se refirió a la situación de Chile; destacó que la deuda externa es muy baja, la balanza de pagos es sólida; las tasas de inversión son altas, y se mantiene un importante superávit fiscal, todo lo cual tiene su base en políticas económicas adecuadas y sostenidas en el tiempo por instituciones democráticas que funcionan bien, con bajos niveles de corrupción. En definitiva, estas condiciones definen el buen gobierno.
En cuanto a medidas para obtener soluciones, enumeró los siguientes aspectos:
1.- Que los países desarrollados cumplan efectivamente con los compromisos adquiridos; es decir, alcanzar al menos 0,7 por ciento del producto interno bruto.
2.- Fortalecer los mecanismos de financiamiento internacional y buscar nuevos instrumentos de mayor eficacia, como la propuesta del Reino Unido tendiente a crear un fondo especial de largo plazo.
3.- Que los países desarrollados contribuyan efectivamente a un desenlace exitoso de la ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio, eliminando sus subsidios a la agricultura y otras barreras no arancelarias que dificultan el acceso a sus mercados de los productos de las naciones en desarrollo.
Cabe hacer notar que este costo puede ser mayor que el que los países reciben por concepto de asistencia internacional.
También, es necesario recalcar que se trata no sólo de resolver la actual crisis de la deuda, sino de evitar que una situación similar se vuelva a producir en el futuro.
La Tercera Comisión Permanente de la Democracia y los Derechos Humanos se abocó a analizar el tema "¿Cómo los Parlamentos pueden promover y hacer respetar los derechos del hombre en las estrategias de prevención y de gestión en el tratamiento de la pandemia del VIH/SIDA?".
La resolución formula una serie de recomendaciones que dicen relación al ejercicio de los derechos humanos de quienes sufren o están expuestos a esta pandemia, en cuanto a las discriminaciones que pueden sufrir en torno de áreas como el trabajo, la educación y otro tipo de servicios.
La delegación chilena estuvo representada por los Diputados señores Meza y Lorenzini.
El Diputado señor Meza presentó una indicación al texto del proyecto de resolución para solicitar a los Parlamentos que intercedan ante sus Gobiernos, con el objeto de reforzar las políticas de prevención y tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como también de implementar medidas para la reinserción social y laboral de los enfermos aptos, incluyendo el apoyo psicológico a través de los profesionales.
Durante su intervención, el señor Diputado formuló diversas apreciaciones basadas en su vasta experiencia como especialista en la materia, para luego concluir en cuatro propuestas.
La primera de ellas apunta a que todos los Parlamentos miembros intercedan ante las compañías americanas, con el objeto de que éstas cedan en cuanto a sus pretensiones en lo que concierne a las patentes que se aplican a los fármacos antirretrovirales de carácter genérico, como se ha hecho en países como Brasil e India, en los cuales se ha fabricado este tipo de medicamentos para atender a sus enfermos.
En segundo lugar, planteó la necesidad de trabajar en programas de reinserción laboral y social para todas aquellas personas que tienen controlada la enfermedad, a la vez que instó por la creación de las condiciones para que puedan recibir asistencia psicológica.
En tercer plano, también consideró necesario que los países pongan en práctica un sistema tendiente a instaurar la especialidad médica en dicho mal, dados el alto número de pacientes -según algunas estimaciones, alcanzaría a 70 millones de personas- y la necesidad de recibir atención integral.
Por último, instó a los Parlamentos para intensificar las conversaciones con el Grupo de los 8, a fin de que se dé cumplimiento al aporte de 10 mil millones de dólares que comprometieron para ir en ayuda de las personas afectadas por esta pandemia, contribución que a la fecha sólo ha alcanzado a 3 mil millones de dólares y que se halla muy lejos de ser suficiente para atacar este problema.
Finalmente, y a mayor abundamiento, deseo señalar que el informe contiene in extenso el trabajo desarrollado por cada una de las Comisiones, como también por otros órganos de la Unión Interparlamentaria.
Asimismo, agradezco a la señora Jacqueline Peillard , quien actuó como secretaria de la delegación.
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
Señor Presidente , frente a comentarios y crónicas en relación con las razones que supuestamente yo habría tenido para no realizar determinadas investigaciones respecto de ciertos casos de detenidos desaparecidos, deseo puntualizar lo siguiente:
1º. No estaba dentro de las facultades que de acuerdo con la Constitución y la ley me correspondían como Ministro del Interior el efectuar investigaciones sobre casos de detenidos desaparecidos.
2º. Por su parte, ni las personas ni los organismos que han aparecido vinculados a los casos de detenidos desaparecidos dependían o estaban subordinados al Ministerio del Interior.
3º. En atención a lo anterior, realizar una investigación por mi parte habría constituido una vulneración del ordenamiento vigente, pues habría actuado más allá de mis atribuciones y de mi competencia.
4º. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cuando se me pidió por el Comité Episcopal que investigara ciertos casos de detenidos desaparecidos, hice lo que correspondía conforme a la legislación vigente y a mis atribuciones: envié los antecedentes a la Policía de Investigaciones para que ella realizara las pesquisas correspondientes. Todo ello, por cierto, sin perjuicio de las acciones que llevaban adelante los tribunales de justicia.
5º. Toda mi gestión como Ministro del Interior , que el país sin duda conoce, demuestra que jamás dejé de atender las solicitudes de información que se me formularon tanto en este como en otros temas, aplicando siempre y de manera invariable el mismo principio: conducirlas mediante los cauces institucionales vigentes.
6º. Es en este contexto que se enmarca la afirmación que he planteado en el sentido de que mi duración en el cargo habría sido efímera si hubiera investigado por mi parte, pues habría intentado realizar una actividad para la cual no tenía atribuciones ni competencia, lo que la hacía ilegal y, además, imposibilitaba alcanzar con ella algún resultado positivo.
Señor Presidente , días difíciles están viviendo los habitantes del sector "Proyecto Ciudad Satélite de Alerce" en la Décima Región de Los Lagos, especialmente quienes fueron destinados a la zona perteneciente a la comuna de Puerto Varas llamada "Alerce Norte", a raíz de la mala construcción de sus viviendas, de las deficiencias en los diferentes servicios, de la falta de oportunidades de trabajo y espacios de recreación.
Dicho proyecto fue ideado como uno de los más grandes del país y está ubicado entre las comunas de Puerto Montt y Puerto Varas. Tuvo su origen en un Convenio de Programación, firmado el 5 de marzo del año 2000 por los señores Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Obras Públicas, de Educación y de Defensa Nacional y por el Gobierno Regional de Los Lagos. Ellos se comprometieron a ejecutar, por el monto de 51 mil 252 millones de pesos, proyectos de vivienda, de equipamiento, de infraestructura educacional, de salud y seguridad y de infraestructura vial y urbanización, con el objeto de erradicar campamentos de sectores urbanos.
Dichas obras se realizarían a través de un programa de inversiones de siete años, comprendidos entre 2000 y 2007, con recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Regional y aportes sectoriales. El convenio planteaba, entre otras faenas, la construcción de un colector de alcantarillado, pozos de captación y matriz de agua potable, cuyos proyectos debían ser diseñados sobre la base de una población futura de 50 mil habitantes; la creación de una zona industrial para la generación de fuentes de trabajo; la construcción de liceos, escuelas básicas, jardines familiares, complejo deportivo, juegos infantiles, cuartel de bomberos, cuartel de carabineros, consultorio de salud, multicanchas y centros comunitarios.
Sin embargo, la realidad que sobrellevan los habitantes de este sector debe considerarse negativa.
Tanto quienes habitan en el sector denominado "Villa Jardín Alerce " como los beneficiados con las viviendas de reserva ministerial, e incluso aquellas destinadas a personas de la tercera edad, están enfrentando una compleja situación por la mala construcción de las casas y la deficitaria calidad de los materiales empleados, lo cual ha ocasionado que éstas se encuentren en nefastas condiciones. Asimismo, el tan anunciado plan de mantención de dichas obras no ha sido eficiente.
Basta mencionar que, contra toda lógica, las puertas de entrada de las viviendas quedaron orientadas hacia el norte, y las lluvias que provienen precisamente de esta dirección reblandecen las paredes por la mala calidad de las maderas empleadas.
A ello se debe sumar el problema suscitado con las aguas servidas, por cuanto la instalación de las cámaras no se hizo a una profundidad adecuada. En efecto, éstas se construyeron a no más de un metro de la superficie, lo que obviamente no permite la correcta evacuación de residuos y, por ende, emergen por los artefactos domésticos.
Asimismo, se ha presentado el problema de la anegación de calles y patios, pues en muchos lugares no se efectuó el relleno necesario ni se utilizó el material apropiado, lo cual conlleva a que las casas se inunden, deteriorándose el piso y enseres familiares.
Años antes, cuando se dio a conocer el referido proyecto, se habló de la construcción de sedes sociales, multicanchas y de otros lugares de esparcimiento. Todo ello mantenía el optimismo de las personas que se trasladaron al sector, no necesariamente por voluntad propia, sino en virtud de una designación del Ministerio de Vivienda, a través del SERVIU. Sin embargo, en la actualidad no cuentan con ninguno de los recintos mencionados. Esto ha significado que un importante número de jóvenes y de pobladores en general no dispongan de áreas de recreación, ni mucho menos de fuentes laborales, lo que se está traduciendo en un foco de delincuencia importante.
A lo anterior se suma el hecho de que a un grupo de personas no se les ha indicado la forma ni el lugar donde deben pagar sus dividendos, lo cual ha dado motivo para especular que sus créditos habrían sido derivados a la banca privada. Sin embargo, los pobladores no tienen certeza al respecto, por cuanto nadie les ha entregado una respuesta satisfactoria.
En el área de la educación también se han producido deficiencias, ya que después de iniciado el año escolar hubo que ingresar al establecimiento educacional de Alerce Norte a un número importante de niños que llegó a este sector. Por ello, en este momento 394 estudiantes no están recibiendo alimentación.
Tampoco esta población de 8 mil personas dispone de una posta o policlínico. Para cualquier consulta médica, sus habitantes deben concurrir a Puerto Varas o a Puerto Montt -ubicados a 8 y 10 kilómetros de distancia, respectivamente-, lo cual les significa pagar, sólo en pasaje de movilización colectiva, la suma de 800 pesos cada vez.
Consecuente con lo anterior, solicito que se oficie en mi nombre a la Ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Sonia Tschorne , con el objeto de que informe al Senado acerca del proyecto original de la Ciudad Satélite de Alerce, de las obras que aún se encuentran pendientes y de los plazos existentes para concluir los diferentes programas. Del mismo modo, deseo que precise la forma como dicha Cartera puede intervenir para solucionar los problemas de construcción y mejorar o reparar la deficiente instalación del sistema de alcantarillado. Y, finalmente, que aclare si es efectivo que las deudas habitacionales se habrían traspasado a la banca privada.
Asimismo, pido oficiar al Ministro de Educación , don Sergio Bitar , para que informe sobre la no entrega de alimentación a 394 alumnos de la escuela de Alerce Norte y la forma como se subsanará esta situación.
Restan trece minutos y veinte segundos al Comité UDI.
Señor Presidente , el viernes recién pasado entró en funcionamiento en la Sexta Región el nuevo sistema de plantas de revisión técnica automatizadas. Esta nueva implementación ha generado dos problemas, los cuales quiero exponer en esta oportunidad para luego solicitar que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones.
El primero de ellos es el siguiente. A Rengo y Pichilemu, dos ciudades importantes de la Región, que operaban plantas de revisión técnica con el antiguo sistema, se les ha impedido disponer de plantas de revisión automática. En Rengo, cuya población sobrepasa los 55 mil habitantes, se contaba con una planta que prestaba dicho servicio incluso a comunas vecinas, como Quinta de Tilcoco, Malloa y Requínoa , y que atendía a más de tres mil usuarios mensualmente. Sin embargo, hasta ahora no ha existido justificación ni fundamento algunos para que no se le permita tener una planta de revisión técnica automática. Este hecho, obviamente, genera un mayor costo a los usuarios, por concepto de traslado, de gasto de bencina, de pago de peaje, de pérdida de tiempo, etcétera.
La comunidad de Rengo, a través de su alcalde y concejales y de los dirigentes del transporte colectivo, se reunió ayer con el SEREMI de Transportes y el Gobernador, quienes le señalaron que existiría la posibilidad técnica y jurídica de instalar una de las plantas de Rancagua en dicha comuna, pero ello -se indicó- implicaría un costo mayor para los usuarios de Rengo estimado en mil 200 pesos por cada revisión.
Lo anterior, a mi juicio, como lo dijo el propio señor alcalde , es una solución inaceptable desde la perspectiva de que se generaría una desigualdad ante la ley, por cuanto al interior de una misma Región y, más aún, dentro de una misma provincia, habría usuarios de una planta de revisión, la de Rancagua, que pagarían menos que los que acuden a otra, la de Rengo, lo cual carece de toda justificación. Lo que sí ha quedado claro -Qy deseo conocer la opinión del señor Ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones al respecto- es que existe la posibilidad jurídica y técnica de establecer una planta automatizada en esta última ciudad. Por consiguiente, se trata sólo de ajustar los costos.
El segundo problema que se ha presentado es que la nueva planta va a generar un mayor gasto para todos los usuarios. El antiguo sistema permitía un solo cobro por revisión técnica y, en caso de ser rechazada, la persona disponía de quince días para hacer las reparaciones correspondientes y no volvía a pagar por la nueva revisión. Hoy día, con el nuevo sistema, si el vehículo es rechazado en la primera revisión, hay que corregir los desperfectos y volver a pagar, y el costo incluso puede ser superior a los 21 mil pesos en caso de llegarse a una tercera revisión.
El SEREMI de Transportes que anteriormente ejercía el cargo en la Sexta Región, públicamente y en nombre del Gobierno, se comprometió en que este nuevo servicio de planta de revisión técnica automática no significaría ningún costo adicional cuando se tratara de una segunda o tercera revisión, sino que mantendría las mismas condiciones de la revisión técnica antigua. Sin embargo, conforme a la nueva licitación, se estableció la posibilidad de aplicar estos nuevos cobros que, obviamente, los planteros están haciendo efectivos a partir del viernes recién pasado.
En consecuencia, señor Presidente , pido que se oficie en mi nombre al señor Ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándole, por un lado, que nos informe acerca de la posibilidad cierta de instalar en Rengo una planta de revisión técnica sujeta a los mismos valores que se cobran por este servicio en la ciudad de Rancagua, y, por otro, que tenga a bien arbitrar los medios necesarios para poner término a los cobros de las segundas o terceras revisiones técnicas y mantener al respecto el sistema anterior, en cumplimiento de los compromisos que el Gobierno adoptó públicamente en la Sexta Región, a fin de no seguir recargando los costos a los usuarios y, muy en especial, a quienes cuya única fuente de trabajo es su vehículo, como ocurre con el transporte colectivo.
En el tiempo que resta al Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
Señor Presidente , en la Ruta 5 Norte, el cruce para acceder hacia Illapel y Salamanca es un absoluto desastre. No existe ningún tipo de iluminación. Por ejemplo, si una persona que viene de Illapel quiere tomar la carretera hacia el sur, debe cruzarla entre el flujo de automóviles que transitan de sur a norte, sin que existan luminarias, señalización ni pista adicional algunas, y, lo peor de todo, en un sector donde muchas veces hay una neblina arrastrada, muy densa.
En dicho lugar, ubicado en la zona de Los Vilos, históricamente ha habido numerosos accidentes automovilísticos, y varios de ellos fatales.
Lo curioso es que cuando uno viaja por dicha autopista, que por lo demás está muy bonita, existen pasos, sobre nivel y bajo nivel, para acceder a caminos laterales mucho menos importantes que el que lleva a Illapel y Salamanca .
Por lo expuesto, solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas, para que informe acerca del porqué en otros cruces de menor importancia ha habido una buena solución y, en cambio, en este caso no se ha tomado medida alguna en tal sentido, ni siquiera hay luces que permitan efectuar ese cruce con mayor seguridad.
Sometemos a vuestra consideración el presente proyecto de ley que busca modificar el artículo 52 de la ley Nº 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza que terminó con la exclusividad universitaria de las carreras de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica, y Terapia Ocupacional, lo que ha permitido a los institutos profesionales abrir y dictar estas carreras que son esencialmente universitarias y profesionales.
Las profundas diferencias entre la instrucción universitaria y técnica llevan a concluir que la carreras indicadas, que tienen una profunda raíz profesional, no pueden ser dictadas por instituciones educacionales que no entreguen el título universitario.
Es más, quedaría en completo entredicho la fe pública de estas profesiones, ya que por una parte la gran parte de sus profesionales tendría una carrera universitaria de 5 años, mientras que los que egresen de una carrera impartida por un instituto profesional sólo lo harán en 4 años.
Por otra parte, el artículo 112 del Código Sanitario exige un título otorgado por alguna Universidad reconocida por el Estado para que puedan desempeñar cualquier actividad propia de la conservación y restablecimiento de la salud.
De todo lo anteriormente señalado, se colige que el espíritu de nuestra legislación ha sido siempre reconocer la importancia del carácter eminentemente universitario de estas profesiones, por lo que permitirle a institutos profesionales dictar carreras técnicas con el mismo nombre, aunque la malla curricular sea distinta, es un error que mediante esta modificación legal debemos enmendar.
Por las razones expresadas, venimos en proponer el siguiente
"Artículo único.- Agréguese las siguientes letras al artículo 52 de la ley Nº 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza:
q) Título de Kinesiólogo: Licenciado en Kinesiología.
r) Título de Fonoaudiólogo: Licenciado en Fonoaudiología.
s) Título de Enfermera: Licenciado en Enfermería.
t) Título de Matrón: Licenciado en Obstetricia y Puericultura.
u) Título de Nutricionista: Licenciado en Nutrición y Dietética.
v) Título de Tecnólogo Médico: Licenciado en Tecnología Médica.
w)Título de Terapeuta Ocupacional: Licenciado en Terapia Ocupacional.
(Fdo.): EVELYN MATTHEI F. SENADORA ALBERTO ESPINA O. SENADOR
La planificación territorial, que puede ser entendida, en términos generales, como el proceso que se efectúa para orientar y regular el desarrollo de los centros urbanos en función de una política nacional, regional y comunal de desarrollo socio-económico, se lleva a cabo mediante el uso instrumentos de planificación territorial que tienen un ámbito de acción propio, tanto con relación a la superficie del territorio que abarcan como a las materias y disposiciones que contienen: Plan regional de desarrollo urbano; Plan regulador intercomunal o metropolitano; Plan regulador comunal; Plan seccional, y Límite urbano. Para entrar en vigor, los instrumentos de planificación territorial, sus modificaciones o enmiendas, debe darse cumplimiento de las formalidades y procedimientos que en cada caso señala la ley.
Dada la trascendencia que los instrumentos de planificación urbana, en especial el plan regulador comunal y los planes reguladores intercomunales, tienen en la forma de vida de los integrantes de la comunidad afectada, particularmente por el impacto que sus normas pueden tener en la valorización y posibilidades de uso de sus propiedades, es fundamental que existan adecuados mecanismos de participación de los afectados durante su confección y aprobación. Ello reviste especial importancia si se considera que estos instrumentos de planificación territorial regulan el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales determinando, entre otros aspectos, el uso del suelo o zonificación, localización de equipamiento comunitario, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, etc., todo lo cual afectará en forma permanente a los vecinos involucrados.
Atendiendo a esta circunstancia, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en sus artículos 41 y 51, establece un procedimiento para la aprobación de los reguladores comunales que consulta instancias de participación de la comunidad involucrada, destinadas a difundir las medidas que se pretende imponer y ofrecer espacios para que los interesados planteen sus observaciones. En síntesis, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el proyecto de plan regulador comunal debe ser preparado por la municipalidad y, una vez elaborado, antes de iniciar su discusión, el concejo, deberá:
1.Informar a los vecinos afectados, a las organizaciones territoriales involucradas y a través de un aviso de prensa en un medio de amplia difusión en la comuna que la información está a disposición de los interesados para su retiro gratuito;
2.Realizar una o más audiencias públicas en los barrios o sectores más afectados para exponer el proyecto a la comunidad;
3.Consultar la opinión del consejo económico y social comunal, en sesión citada expresamente para este efecto;
4.Dar inicio al proceso de aprobación del plan regulador, exponiendo el proyecto a la comunidad por un plazo de 30 días;
5.Vencido dicho plazo se consultará a la comunidad por medio de una nueva audiencia pública y al Cesco, en sesión convocada especialmente, y
6.Los interesados podrán formular, por escrito, observaciones hasta 15 días después de celebrada la audiencia pública anterior.
Cumplidos estos trámites, y resuelta la evaluación de impacto ambiental, el alcalde deberá presentar el proyecto de plan regulador para la aprobación del concejo, junto con las observaciones que hayan hecho llegar los interesados en un plazo no inferior a 15 ni superior a 30 días, contado desde la última audiencia pública.
Finalmente, el concejo deberá pronunciarse, analizando las observaciones recibidas, no pudiendo pronunciarse sobre materias no contenidas en el proyecto, salvo que él se exponga nuevamente a la comunidad.
En contraste con dicho procedimiento de amplia participación, en el caso de los planes reguladores intercomunales la ley omitió consultar mecanismos destinados a difundir el proyecto y posibilitar la participación de los afectados durante el proceso de su elaboración y aprobación. En efecto, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el procedimiento de aprobación del plan regulador intercomunal, el cual es confeccionado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, contempla únicamente su consulta a las municipalidades, cuyo territorio esté comprendido o sea vecino al del plan, las que deben pronunciarse dentro del plazo 60 días, vencido el cual, el silencio es considerado como aprobación.
La comunidad afectada queda completamente marginada de toda posibilidad de información y menos de participación, no obstante la importancia que para ella tendrá el plan regulador intercomunal, una vez aprobado. Aún más si se considera, por ejemplo, que en conformidad al artículo 38 del cuerpo legal que citamos, las disposiciones de los planes reguladores intercomunales que constituyan alteraciones de las normas de los planes reguladores comunales existentes, se entenderán automáticamente incorporadas a éstos como modificaciones, y en aquellas comunas que carezcan de plan regulador comunal, harán los efectos de tal las disposiciones del plan regulador intercomunal.
En atención a las graves consecuencias que la ausencia de instancias formales y adecuadas de información y participación en la aprobación de los planes reguladores intercomunales puede acarrear a las comunidades afectadas, y no pudiendo atribuir este hecho sino a una involuntaria omisión del legislador, estimamos que es preciso llenar a la brevedad el vacío legal, mediante una modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuyo objeto será precisar que, tratándose de la aprobación y modificación de dichos planes intercomunales, las municipalidades respectivas deberán pronunciarse sobre ellos una vez completado el procedimiento de información y consultas previsto por la misma ley para la aprobación de los planes reguladores comunales. Al mismo, tiempo, propone ampliar el plazo de 60 días actualmente contemplado para que los municipios emitan su pronunciamiento, y suprimir la presunción de aprobación que se atribuye a la falta de pronunciamiento oportuno.
Por las razones expresadas, tengo el honor de proponeros el siguiente:
Artículo único.- Sustituyese el inciso segundo, del artículo 36°, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de 13 de abril de 1976, por los siguientes, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:
"Elaborado un Plan Regulador Intercomunal, las Municipalidades respectivas deberán pronunciarse sobre dicho Plan. El pronunciamiento deberá producirse dentro del plazo de 90 días, contados desde el conocimiento oficial del Plan, y se sujetará al mismo procedimiento de participación de la comunidad previsto en el artículo 43° para la aprobación de los Planes Reguladores Comunales.
Lo dispuesto en el inciso precedente será aplicable a lo establecido en el inciso siguiente, así como a las actualizaciones o modificaciones de los Planes Reguladores Intercomunales.".
(Fdo.): José García Ruminot Senador

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 artículo 1
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 artículo 811
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 artículo 105
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 artículo 486
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