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Timestamp: 2020-02-27 16:51:44+00:00

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Jurisprudencia. Sintesis. - La Causa Laboral
SINTESIS DE JURISPRUDENCIA
Ley 27348. Caducidad. Declaración de inconstitucionalidad.
“Guarnera, Miriam Gabriela c/ Experta ART S.A. s. Ordinario - Enfermedad - Accidente (Ley de riesgos)”. Juzgado de Conciliación 1 Nom., Córdoba. 13/06/2019.
El instituto de la caducidad se corresponde con una exigencia de seguridad jurídica que, en el caso, encuentra su límite en el derecho al reconocimiento y goce de las prestaciones del sistema de riesgos del trabajo por parte del trabajador. En el escrutinio constitucional del art. 3, Ley 10456 de Córdoba, debe privilegiarse la realización del derecho reparatorio que cuenta con explícita tutela (arts. 14 bis y 19, Constitución Nacional). Por ende, el plazo de caducidad de 45 días hábiles judiciales para interponer la acción laboral ordinaria, contando desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica establecido en la normativa provincial, en tanto subvierte ese orden, deviene en inconstitucional por irrazonable, vulnerando el art. 28, Constitución Nacional.
Acción Contractual de Reparación por Daños Laborales. Competencia del Fuero del Trabajo.
“Del Prette, Juan Telesforo c/ Steelcote Fábrica de Pinturas S.A. y Otro s/Despido. Exte. Nº 21774/2015/Ca2”. C.NA.T., Sala I. 09/08/2019.
Los argumentos recursivos esgrimidos por la empleadora chocan con la postura adoptada por la Corte Suprema en los casos “Faguada c/Alushow SA y otros” (sent. del 9/5/17) y “Aquino c/Cargo Servicios Industriales” (sent. del 21/9/04, Fallos 327:3753) Por el primero se aceptó que el fuero laboral fuese competente para entender en reclamos siniestrales apoyados en la presunta violación del deber de prevención que es la situación que nos ocupa en autos pues estamos ante un trabajador que adquirió una enfermedad –dermatitis- que se adjudica a solventes de pintura, constituyendo dicha sustancia la cosa riesgosa detonante de responsabilidad; por el segundo caso, precisamente, se admitió la posibilidad de que tales reclamos prosperasen aun mediando contrato asegurativo, lo que sella la suerte de la mayoría de los agravios vertidos por la empleadora frente al valor convictivo que, el fallo de primera instancia, atribuye a la pericial médica, …lo que justifica una condena dineraria que comprenda tanto el daño patrimonial como el extrapatrimonial, es decir el moral, causado por una dolencia que afecta la vida en relación de la víctima.
“Petruccelli, Exequiel Mariano c/ Asociart ART SA s/ accidente- acción civil s/ conflicto de competencia. Expte. nº 16551/19”. Superior Tribunal de Justicia de la C.A.B.A. 7/10/2019.
…para el caso resulta aplicable la doctrina sentada por ese mismo Tribunal que establece que corresponde declarar la competencia del fuero laboral cuando la demanda no se basa exclusivamente en normas civiles, sino que el actor también invoca como fundamento de su pretensión normas laborales, teniendo en cuenta que es el fuero especializado en la resolución de cuestiones laborales que asegura un piso mínimo de garantías que hacen a la especial tutela de los derechos del trabajador, tales como el impulso de oficio y el beneficio de gratuidad (conf. sentencia dictada en “Faguada”, “Munilla” y “Jaimes”, Fallos: 340:620, 321:2757 y 324:326, respectivamente), por lo que correspondería establecer que en estas actuaciones debe entender el Juzgado Nacional del Trabajo n° 24.
Accidente de Trabajo. Resolución de Contrato de Afiliación entre la ART y la Empleadora. Falta de responsabilidad. Condiciones.
“Acosta, Ariel Alfredo c/Industrias Propar S.R.L. y otros s/ accidente - acción civil, Expte. Nº 2011/2/RH1”. C.S.J.N. 22/08/2019.
…el art. 18 del decreto 334/96 establece el procedimiento que deben seguir las aseguradoras para dar por resuelto el contrato de afiliación por falta de pago del empleador e impone a aquellas notificar tal extinción a la citada superintendencia y a la entidad sindical de los trabajadores pertinentes, mas no dispone •que el incumplimiento de este último recaudo provoque los efectos que el a quo le asignó. Por el contrario, el mencionado art. 18 en su inc. 3 solo prevé que a partir de la extinción la aseguradora deberá otorgar las prestaciones en especie de la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo pero únicamente en relación con las contingencias ocurridas dentro de los dos meses (tres meses conforme con la actual ley 27.348) posteriores a aquella siempre que el trabajador denunciara la contingencia hasta transcurridos diez días de vencido dicho plazo, circunstancia que tampoco se da en el presente caso. En tales condiciones, con el alcance indicado, corresponde dejar sin efecto lo decidido de acuerdo a la conocida doctrina del Tribunal relativa a la arbitrariedad de sentencias.
Accidentes y Enfermedades de Trabajo. Tasa de Interés Aplicable. Inconstitucionalidad Decreto 669/2019.
“Fernández, Miguel Ángel c/ Experta ART S.A. s/ Accidente – Ley Especial. Exte. N° 55.802/2016. Juzgado Nacional de Trabajo N° 41. 9/10/2019”.
La disposición así como está, de ser aplicada, constituye una flagrante violación al principio de progresividad de los Derechos sociales (entre los que contamos los laborales), produciendo una innovación de carácter legislativa de ese carácter. El Estado, ya lo hemos dicho, es el responsable (si la hubiere) de “…la perjudicial asimetría de tratamiento entre los pasivos y activos de las compañías de seguros…” y a él le es atribuible la posibilidad de “…provocar un riesgo sistémico que la presente medida busca evitar…” Para que se entienda bien: si hay riesgo (riesgo empresario) en primer lugar la responsabilidad recae sobre la empresa (estoy enunciando un principio propio del capitalismo), esa ha sido la decisión estatal cuando se creó el sistema de la LRT. El segundo lugar para paliar ese riesgo, por el principio de subsidiariedad, recae en el Estado que, como hemos dicho varias veces, optó por un sistema privado de atención de los riesgos de trabajo poniendo en cabeza de empresas con fines de lucro, la tutela y prevención de la salud de lxs trabajadorxs. Lo que es imposible de sustentar es que el riesgo recaiga sobre estos últimos. Que las personas que trabajan y haciéndolo se enferman o accidenten paguen “los platos rotos” por el riesgo empresario y el des/manejo estatal de “las variables macroeconómicas” es un acto de injusticia proverbial muy difícil de presentar. De acuerdo todo lo que he venido expresando, el DNU es inconstitucional e inconvencional por violar cuatro aspectos que hacen a su validez y correlato con el BCF: a) por haberse dictado mientras el Congreso está sesionando, lo que le resta su carácter necesario y urgente; b) no constituye una “ley en sentido general” ya que se dirige a privilegiar un sector minoritario de la comunidad en detrimento de todos, todas y todes les personas que trabajan; c) viola el principio de progresividad de los derechos contenido en el enunciado profético del art. 14 bis, CN y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que expresamente lo prevé en su art. 9 y d) es retroactiva afectando la garantía constitucional de protección del trabajo en sus diversas formas. … Declaro formalmente que el DNU 669/2019 no resulta aplicable al presente caso por inconstitucional e inconvencional.
Despido Indirecto. Falta de registración. Intimación luego de cierre del establecimiento. Procedencia de la acción.
“Veyrat Durbex, Héctor c/ Antonio Abdenur e Hijos S.H. y/o Confitería del Hotel Crystal s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado”. CSJ 4764/2015/RH1. 03/09/2019.
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó el reclamo de indemnización por despido, promovido por un trabajador que se desempeñó durante más de veintisiete años como encargado de la confitería de un hotel sin haber sido registrado por considerar extemporánea la intimación del actor por haber transcurrido algo más de 20 días desde el cierre del establecimiento, dado que la decisión del a quo no cuenta con sustento jurídico expreso, defecto que no logra suplir la dogmática afirmación relativa a que el tiempo que se dejó transcurrir "excede todos los criterios, incluso los más elásticos", sin realizar referencia a norma alguna. Además, lo resuelto tampoco se compadece con una adecuada ponderación del caso en el que el trabajador, cuyo vínculo laboral se extendió durante más de 27 años fuera de todo registro, tuvo que intimar formalmente a su empleador ante el sorpresivo cierre del establecimiento.
Intermediación Art. 30. Responsabilidad Solidaria. Interpretación restrictiva.
“Payalap, Marcelo Adrián c/ Sernaglia, Raúl y otro s/ reclamo”, CSJ 1494/2016/RH1. 29/08/2019.
…para sustentar la condena solidaria de la recurrente el a quo sostuvo que el distribuidor no recibía "un producto terminado" sino que participaba del proceso productivo correspondiente al editor, aserción que hizo derivar del simple hecho de que quedaba a cargo de aquel acomodar las distintas secciones del periódico para proceder después a su reparto. Es a partir de esa circunstancia que entendió configurada en el caso la hipótesis de prestación por un tercero de una "actividad normal y específica propia" del establecimiento del editor, conclusión que solo encuentra apoyo en una extensión desmesurada del ámbito de aplicación del artículo 30 de la LCT de un modo que su texto no consiente, desnaturalizando su contenido al asignarle un significado que excede inaceptablemente sus fines y que por ello debe ser descartada. En tales condiciones lo resuelto guarda nexo directo e inmediato con las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas (art. 14 de la ley 48), por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional en los términos de conocida doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad.
Despido Discriminatorio por Actividad Sindical. Acción de Amparo. Reinstalación.
“Sánchez, Omar David c/ Transportes Atlántida S.A.C. s/ acción de amparo”, CNT 24871/2011/1/RH1. C.S.J.N. 22/08/2019.
El tribunal decidió que el despido del actor motivado en el ejercicio de su actividad sindical es nulo en los términos de la ley 23.551. En particular, la sentencia apelada se apoyó en el artículo 4 de la mencionada ley, que reconoce los derechos sindicales de los trabajadores, y en el artículo. 47, que dispone que "[tlodo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente L . .J a fin de que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical". De este modo, la decisión recurrida encuentra sustento en la interpretación realizada por el a qua de normas de derecho común… sin que la impugnante haya acreditado arbitrariedad, sino una mera discrepancia con lo decidido, lo que no habilita la instancia extraordinaria federal. Al respecto, cabe recordar que esa doctrina es de carácter excepcional y no tiene por objeto corregIr fallos meramente equivocados, sino aquellos en los que las deficiencias lógicas del razonamiento o la total ausencia de fundamento normativo impiden considerar el decisorio como sentencia fundada en ley, a la que aluden los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. Por todo ello, corresponde desestimar el recurso extraordinario interpuesto y confirmar la sentencia” (del Dictamen de la Procuración General de la Nación, a cuyos fundamentos remiten los Dres. Maqueda y Rosatti; la mayoría del Tribunal, en cambio, invoca el art. 280 CPCCN para denegar el recurso).
Relación de Dependencia. Presunción del art. 23 LCT. Desactivación.
“Morón, Humberto José c/ Grupo Asegurador La Segunda y otros s/ recurso extraordinario de inconstitucionalidad”. CSJ 68/2017/RH1. 22/10/2019.
…el hecho de que un productor asesor de seguros (PAO) tuviera que respetar ciertas directivas emanadas de la compañía de seguros -en el caso, las instrucciones de las que dan cuenta los correos electrónicos, o los límites a los reintegros por gastos de publicidad-, no resulta indicativo de un vínculo de subordinación laboral, debido a que ciertas exigencias responden al orden propio de toda organización empresarial y pueden estar presentes tanto en el contrato de trabajo como en una relación de carácter comercial (conf. Fallos: 312:1831). En el caso, además, esas comunicaciones tuvieron un carácter singularmente coloquial, lo cual no condice con la modalidad que normalmente caracteriza la comunicación en el plano laboral entre un superior jerárquico y su subordinado. En el mismo orden de ideas, se advierten claramente sobrevalorados hechos tales como el reintegro de gastos de oficina, la atribución frente a terceros de la calidad de "gerente regional" del grupo, la actuación en juicios contra las demandadas y el otorgamiento de mandatos especiales para actuaciones concretas -básicamente para participar de licitaciones públicas para contratación de seguros-. En igual sentido, el énfasis puesto en la asunción del riesgo económico de la actividad por parte de las compañías de seguros se desvanece como argumento frente al hecho de que el actor solo cobraba comisiones si las compañías efectivamente percibían las primas por parte de los clientes o asegurados. Asimismo, la facturación del actor exclusiva en favor de las codemandadas pierde la entidad que se le intentó atribuir como indicador de un fraude laboral ante la circunstancia de su inscripción a título personal en todos los impuestos, tanto nacionales (IVA -del cual llevaba los libros de compras y de ventas-, ganancias y bienes personales) como provinciales (ingresos brutos), a lo que se suma su inscripción también como empleador y el llevado del libro del art. 52 de la LCT debidamente rubricado (confr. 618). Lo mismo ocurre con las facturas por comisiones anuales complementarias que, en el contexto descripto, bien pudieron responder a una forma de retribución por servicios que no necesariamente hay que asimilar a una remuneración diferida como lo es el sueldo anual complementario de un empleado en relación de dependencia. … Que las circunstancias señaladas, infundadamente subestimadas por el a quo resultaban, en principio, hábiles para encuadrar el caso en la hipótesis del último párrafo del art. 23 de la LCT según el cual la presunción derivada de la prestación de tareas no rige cuando "sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio", disposición que, además, resulta compatible con las previsiones de la norma específica de la actividad (art. 11 de la ley 22.400). En tales condiciones, ha quedado claramente configurado en el caso el nexo directo e inmediato entre lo debatido y resuelto y las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas (art. 15 de la ley 48), por lo que corresponde descalificar el fallo recurrido como acto jurisdiccional válido en los términos de la doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad, sin que ello importe emitir juicio sobre la solución que en definitiva, quepa otorgar al litigio.
Despido por Embarazo. Reparación No Pecuniaria.
“R. L. S. vs Sanatorio 9 de Julio S.A./Cobro de Pesos.”, Juzgado del Trabajo de la III Nom., San Miguel de Tucumán. 28/05/2019.
En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte, sumado al reconocimiento del empleador del estado de gravidez de la actora, acreditado a su vez por los certificados médicos de fs. 54 y 55, y con el acta de nacimiento de V. F. S.(que acredita que la actora se encontraba dentro de la franja temporal protegida por la normativa de fondo), y habiendo sido declarado nulos los contratos a plazo fijo (invocados por el demandado como causa del distracto) es que considero que la extinción de la relación laboral se produjo por despido injustificado del empleador por causa del embarazo de la Sra. R. L. S. en fecha 21/10/2014, correspondiéndole en consecuencia la indemnización prevista en el art. 178 LCT. Así lo declaro. … Comparto la postura en cuanto las mujeres tienen el derecho fundamental de trabajar sin miedo. …En este orden de ideas, la protección de la mujer en contra de cualquier tipo de discriminación laboral, sea en el ámbito público como el privado, debe ser una principal preocupación de los magistrados del trabajo. … En consecuencia, corresponde además de la indemnización del art. 178 LCT, imponer con carácter de obligatorio a Sanatorio 9 de Julio S.A., en la persona de su Presidente, Dr. C. I. P., DNI nº ., de la Sra. Z. M. L., DNI ., Jefa de Personal y demás funcionarios que tengan a su cargo responsabilidades vinculadas al personal del sanatorio mencionado, incluida el área de Recursos Humanos (datos que deberán ser proporcionados oportunamente por la demandada) la asistencia al taller que se brindará en la “OFICINA DE LA MUJER” dependiente de nuestra CSJT sobre “Sensibilización y capacitación en perspectiva de género” el que se llevará a cabo en sede de este Poder Judicial, los días y horas a determinar por la mencionada Oficina, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias a favor de la parte actora, en caso de incumplimiento.
Licencia por co-maternidad, Interpretación y Aplicación de la Ley. Principio de Progresividad.
“Pasarin, Yanina Beatríz c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP -PAMI) s/Medida Autosatisfactiva”. Expte. N° FLP 28498/2019/CA1”. Cámara Federal de la Plata. Sala I. 27/06/2019.
…ante la ausencia de una regulación expresa para el otorgamiento de la licencia por co-maternidad, y ante la obligación de los magistrados de expedirse, aun ante las lagunas de la ley, corresponde evaluar la solución del caso de conformidad con situaciones semejantes, o en su defecto acudir a los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias de cada caso… La equiparación de la situación planteada en autos con la de la adopción, encuentra sustento en las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, toda vez que el art. 558 establece la igualdad de efectos para la filiación, sin distinguir los diferentes supuestos (por naturaleza, por técnicas de reproducción asistida o por adopción), a la par que el art. 562, establece la voluntad procreacional como fuente de filiación, independientemente de quien haya aportado los gametos… El rechazo a la solicitud de licencia por maternidad de la actora, fundado en la ausencia de regulación -cuando el artículo 60 la prevé, sin perjuicio de que sólo la otorga a la persona gestante- se presenta como una respuesta arbitraria que implica el desplazamiento de los derechos de quienes integran la categoría de “madre no gestante” que resulta prima facie discriminatorio y, por ende, inconstitucional. En función de ello y acreditada la urgencia debido a la fecha probable de parto, corresponde confirmar lo resuelto por el a quo a fs. 60/65 haciendo lugar a la medida autosatisfactiva que reconozca el derecho de la actora a la obtención de una licencia por maternidad por el plazo de setenta (70) días.
Despido sin causa. Pago efectuado en detrimento de la mujer trabajadorea. Resolución en sentido protectorio.
"Bruno, Johana Jacqueline c/ Naldo Lombardi S.A. s/ Despido, Expte. N°37676”. Tribunal de Trabajo de Junin. 03/09/2019.
Conforme lo estatuye el art. art. 47 de la ley 11.653 y 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, corresponde determinar a la luz de los hechos reconocidos por las partes, la normativa legal aplicable. Partiendo desde tal directriz, la cuestión jurídica central, radica en torno a la naturaleza jurídica de la percepción mediante el sistema SUAF, de la asignación por maternidad (durante 3 meses) y la asignación por maternidad down (los siguientes 6 meses), período en el cual, claramente la actora gozó de las licencias respectivas -es decir, sin prestar servicios-, y su reingreso en jornada reducida a partir del 13 de agosto de 2018 hasta su desvinculación el 29/01/2019 (del voto de la Dra. De Tomaso). …En tanto las medidas encaminadas a que hombres y mujeres puedan compaginar sus obligaciones laborales y familiares son la consecuencia lógica del principio de igualdad, por todos aceptado, el Convenio nro. 156 y la Recomendación nro. 165 deben ser considerados elementos indispensables del objetivo general de garantizar que todo hombre y toda mujer tengan la posibilidad de llevar a cabo plenamente sus funciones en la vida social, económica, pública, familiar y laboral. Así, las preocupaciones fundamentales para la organización han sido permitir que las mujeres combinen de manera exitosa sus funciones reproductivas y productivas, e impedir que, debido a su función reproductiva, reciban un trato desigual a la hora de conseguir y de conservar un empleo. … Tal como lo afirman todos los instrumentos internacionales como nacionales incumplir con el principio de igualdad y no discriminación es una clara forma de violencia contra la mujer. En el plano de las decisiones judiciales de los casos de violencia de género, la transversalización a la que se viene aludiendo supone “el derecho de acceso a justicia, entendido como el derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y a un juicio imparcial, y como elemento fundamental de la protección de los derechos humanos. …los derechos de la madre trabajadora, a la licencia por maternidad, y su extensión a seis meses más por el nacimiento de un bebé con síndrome de down termina siendo una trampa a su derecho a la indemnización plena e integral en el caso del distracto laboral. Y me refiero como una trampa o ahogo del sistema porque por la simple circunstancia de haber ejercido su derecho a la licencia extendida por seis meses, el empleador (debe recordarse que si bien la ruptura del vínculo laboral se encuentra permitida por la ley, en mérito a la estabilidad impropia del trabajador, mas no pierde el distracto su carácter de ilícitud contractual, razón por la cual existe una fórmula tasada para reparar el daño a quien se desvincula de la relación de trabajo) sortea la indemnización agravada, y cae en el abuso de poder de señalar la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada, aquella que convino por la jornada reducida tres meses antes (art. 7, 9, 10, 11, 23, 90, 177, 178, 245 de la L.C.T.). Sin embargo, considero que la respuesta adecuada al conflicto litigioso, bajo el marco del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, la mirada transversal y judicial con perspectiva de género imponen una solución diferente a la interpretación gramatical y exegética planteada por la accionada (del voto de la Dra. Rodríguez Traversa al que adhiere su colega el Dr. Ortega).
Accidente Inculpable. Despido Discriminatorio por razones de incapacidad.
“Armanini, Alvaro Benjamin c/ Monsanto Argentina S.A. s/Diferencias indemnizatorias - M.E. Nº 457/17”. Juzgado de Trabajo de S.M. de Tucumán. 21/09/2019.
Es sabido que uno de los problemas que presentan los actos de discriminación emanados de particulares se encuentra en la dificultad probatoria. Por ello, y teniendo en cuenta que el derecho a la no discriminación arbitraria no sólo está tutelado por normas de jerarquía constitucional y supralegal, sino que ha ingresado en el dominio del jus cogens, cuando el trabajador se considera injustamente discriminado, debe producirse un desplazamiento de las reglas tradicionales de distribución de la carga de la prueba. Es decir, esta especìfica mecánica probatoria responde a las exigencias de tutela de los derechos fundamentales del trabajador (en el presente caso: el derecho a no ser discriminado por motivos de discapacidad) y a las serias dificultades de la prueba del hecho discriminatorio o lesivo del derecho fundamental … Está probado en autos que desde la reincorporación del actor, luego del accidente inculpable que sufriera en agosto de 2011, la empleadora realizó actos, relativos a su facultad de organización y dirección, que tuvieron como finalidad la degradación jerárquica y personal del trabajador. Si bien en un primer momento le asignaron un vehículo adaptado a su incapacidad, luego se lo retiraron. Estos actos, a los que en el escrito de demanda el actor los titula como "discrimiación funcional", son los típicos actos que la doctrina laboralista denomina "acoso laboral o sicológico" (también algunos autores lo llaman "sicoterror laboral", "mobbing", etc.), los cuales son sutiles, permanentes, persistentes, ascendentes y que tienen por finaldiad última la separación del trabajador del ámbito laboral. Hecho que finalmente sucedió en el caso … Surge de autos que la accionada tenía cabal conocimiento del estado de incapacidad del trabajador. Por lo que tengo por acreditado que la empleadora obró con negligencia y violó el deber de previsión y de seguridad, pues permitió y realizó actos que configuran el "acoso laboral" e inclusive puesto en conocimiento de estas situaciones, despidió al trabajador sin expresión de causa. Esta conducta da cuenta de que la empresa no tuvo intención de adoptar las medidas necesarias de seguridad que todo empleador debe proveer a sus dependientes, a fin de que cesaran dichos actos … Ante la ausencia de prueba que demuestre que el accionar de la empleadora se debió a una causa distinta ala mencionada no queda mas que tener por cierto, que el despido resuelto por la demandada obedeció a la incapacidad del actor (parapléjico que debe desplazarse en silla de ruedas), incurriendo con su accionar en la figura del despido discriminatorio comprendido en los términos de la ley 23.592.
Mobbing. Violencia laboral por Condición Sexual. Responsabilidad refleja de la Empleadora.
“S.A.M. c/M. C. R. y Otro”. C.N.A.T. Sala I. 19/07/2019.
En tal terreno hipotético, los hechos así concatenados constituirían actos ilícitos de carácter extracontractual de innegable afectación a la dignidad personal del trabajador y generarían, en forma refleja, (en este último caso, por el obrar del personal jerárquico dependiente de ella) la responsabilidad de la empleadora (arts. 1109 y 1113 del Código Civil de Vélez Sarsfield y arts. 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788, 732, 1520, inc. b), 1753, 1763, 1243, 1286, 1685, 1757, 1758, 1769, 1768 y 1973 del Código Civil y Comercial de la Nación). Ello autorizaría al reconocimiento de una reparación autónoma por el daño moral causado, al margen del sistema tarifario previsto con relación a las infracciones de naturaleza contractual… De conformidad con todo lo apuntado, considero que de las constancias de la causa resulta debidamente acreditado que el actor padeció una situación de violencia por parte un empleado que, en ocasiones se desempeñaba como su superior... y que éste, abusando de su cargo, lo sometió a diferentes formas de violencia laboral que se manifestaron en maltrato verbal, hostigamiento y acoso, ante la presencia y participación de la empleadora… En razón de todo ello, propongo revocar lo decidido en grado sobre el punto y receptar el reclamo en concepto de daño moral por el mobbing comprobado… Por lo demás, en lo relativo a los estándares ya mencionados, no observo que la demandada haya demostrado que la desvinculación del actor haya obedecido a otra causa diversa a su condición sexual.
Acoso Psicológico en el Trabajo. Enfermedad profesional. Responsabilidad de la ART.
“Embiglio, Yésica Paola c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente”, CUIJ: 13-02062324-6((010404-150591)”. Cuarta Cámara del Trabajo. Primera Circunscripción de Mendoza. 21/06/2019.
Siguiendo esta lógica puedo decir que en el caso hay una “presunción ideal o polibásica” , constituida por el expediente penal , del cual surge la persecusión penal a Yésica Embiglio, los testimonios rendidos en esta causa laboral coincidentes en que desde el hecho la actora presentó angustia y depresión, los certificados médicos emitidos por Padín, médico psiquiatra de la actora, la prueba aportada por la coadyuvante Control médico a cargo de la psiquiatra Hernández , que detectó la angustia de la actora y recomendó que no podía volver a trabajar, y por último la explicación de la coadyuvante que expresamente dijo que Embiglio no fue sancionada y que no tuvo responsabilidad por la entrega errónea del medicamento. Todo ello me lleva a concluir que el cuadro de trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado depresivo consolidado en un 20% , fue generado por el ambiente laboral creado a raíz de la denuncia penal que efectuó Nancy Magadalena Frank Lavagnino por el expendio erróneo de un medicamento a una menor que le ocasionó estar internada en el Hospital Humberto Notti.
…el art. 75 de la LCT que pone en cabeza del empleador el asegurar las condiciones dignas de labor y el deber de seguridad y memora que enfermedad de trabajo es aquella que aun cuando específicamente no sea laboral, puede ser provocada, agravada o disparada por las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo… el mobbing puede ser considerado como causa, agente, que lleve eventualmente al trabajador a un accidente de trabajo (ocasionado por un trastorno psíquico) o a la configuración de enfermedades profesionales (estén estas últimas incluidas o no en el listado actual). Dicho de otro modo, a más del ataque contra la dignidad de la persona, el acoso psicológico puede derivar en enfermedad, en virtud de los daños causados como resultado de dicha contingencia …Para este caso en concreto y siendo que la empleadora no ha sido demandada, sino que está en este proceso como tercero coadyuvante , independientemente de las acciones de repetición que le pudiese corresponder a Asociart ART SA, declaro la inconstitucionalidad del art. 6 apartado 2 , por todas las razones ut-supra expuestas.
Empleo Público. Contratación Temporal Fraudulenta. Desviación de Poder.
“Gutiérrez Elena Mercedes c/ EN-M. Defensa – FAA -Comando Personal – Círculo Personal Civ. y otro s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg.” Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II. 13/08/2019.
En tales condiciones, entiendo que el comportamiento de la FAA tuvo aptitud para generar en la señora Gutiérrez una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el “despido arbitrario”. Por ese motivo, cabe concluir que la demandada ha incurrido en una conducta ilegítima, que genera su responsabilidad frente a la actora y justifica la procedencia del reclamo indemnizatorio (conf. -en este sentido- CSJN, “Ramos”, ya citado). Es así que, a diferencia de lo sostenido por la señora magistrada de grado, cabe tener en cuenta que la actora se vio obligada a someterse al régimen como única vía posible para acceder al ejercicio de su actividad, encontrándose probada la desviación de poder -al contratar en forma sucesiva para cubrir una función habitual y normal por un período prolongado de tiempo-, como así también que se vio privada arbitrariamente de su empleo. X. Dicho ello, si bien la actora se encuentra imposibilitada de obtener por este medio la estabilidad en el empleo, es dable resaltar que ello no fue solicitado. Ahora bien, conforme fue desarrollado en el considerando que antecede, se entiende que, en circunstancias fácticas como la de autos, donde se encuentra probada la desviación de poder de la demandada, la figura de la contratación sucesiva importa un supuesto ilegal en el actuar de la administración y la ruptura de tal continuidad da derecho a su reparación. Se reconoce, en ese sentido, un derecho indemnizatorio aplicable analógicamente de preceptos de la ley de empleo público para los empleados de planta, pero no se emplaza a la actora en tal calidad ni se reconocen otros derechos propios de tal estado. Por lo que, vale reiterar, mal puede exigírsele a la actora que -a efectos de que proceda la demanda- haya oportunamente cuestionado el régimen, pues se vio obligada a someterse al mismo como única vía posible para acceder al ejercicio de su actividad (conf. CSJN, “Pérez Ortega”, ya citado).
Acción de Amparo. Estabilidad para el Personal del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la C.A.B.A.
“A.T.E. c/ G.C.B.A. s/ Acción de Amparo – Empleo Público – Otros. Exte. 9712/2019”. Juzgado de 1 Instancia en lo Contenciosos Administrativo y Tributario N° 6 Secretaría N° 12. 01/11/2019.
… Ahora bien, de acuerdo al sustento fáctico antes reseñado, el presente caso se relaciona con el derecho a trabajar y con la protección que debe brindársele al trabajador. Básicamente con el principio de legalidad en la sujeción del GCBA a las normas laborales ... En primer lugar, sabido es que el derecho al trabajo tiene basamento constitucional y se garantiza su ejercicio en condiciones dignas (artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional). Por su parte, la Constitución de la Ciudad refuerza su protección en todas sus formas mediante la pauta rectora de tratamiento e interpretación de las leyes laborales conforme los principios del derecho del trabajo y considera las recomendaciones de la OIT (artículo 43) ... Así, entre las obligaciones internacionales asumidas, se encuentra el Convenio OIT n° 15514 –ratificado por Argentina el 13/01/2014– en el cual se busca promover la seguridad y salud en el trabajo y las mejoras en sus condiciones. A su vez, la recomendación n° 16415 establece entre las obligaciones que incumben a los empleadores para lograr el objetivo de dicho convenio la de proporcionar, sin ningún costo para el trabajador, las ropas de protección individual y los equipos de protección adecuados que parezca necesario exigir cuando no se puedan prevenir o limitar los riesgos de otra forma …También, el Convenio OIT n° 18716–ratificado por Argentina el 13/01/2014– promueve una cultura de prevención en materia de riesgos laborales y de la salud a través del desarrollo y la aplicación de políticas, sistemas y programas nacionales sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores. Al respecto, la recomendación n° 19717 impulsa medidas de especial protección a los trabajadores de los sectores de alto riesgo y los grupos vulnerables de trabajadores, entre ellos los trabajadores de la economía informal ... Por su parte, en el orden local, la ley nº 2.54019, en el marco del acuerdo celebrado entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y el GCBA, estas jurisdicciones hace hincapié en la necesidad de promover el "trabajo decente"; y se comprometen a ejecutar en forma articulada acciones tendientes a instaurar el empleo de calidad que garantice un trabajo digno, el cumplimiento de las condiciones legales y convencionales, la eliminación de toda forma de trabajo que implique una clara y absoluta violación de los derechos de los trabajadores y de sus condiciones de salud y seguridad … Asimismo, se comprometen fomentar la disminución de los riesgos del trabajo. Ello en concordancia con el concepto desarrollado por la OIT para establecer las características que debe reunir una relación laboral acorde con los estándares internacionales, de manera que el trabajo se realice en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Trabajo decente es trabajo seguro … Los Agentes de Tránsito son seres humanos que a través de su presencia permanente en la vía pública tienen a su cargo el control del tránsito vehicular, la educación vial y velan por la seguridad y cuidado tanto de los peatones como de los conductores. Pero… ¿quién cuida de ellos? … Vale decir, el GCBA deberá con carácter urgente proteger de forma inmediata la vida, la salud y mejorar las condiciones de trabajo en las cuales estos trabajadores desempeñan las funciones de Agentes de Tránsito –es decir, sobre aquellos que no revistan en la planta permanente– y garantizarles la prevención y cobertura de prestaciones frente a riesgos de trabajo, lo cual incluye la reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo, la cobertura de enfermedades profesionales y en su caso, la indemnización por invalidez sobreviniente. Todo ello hasta tanto cada uno de los agentes contratadas pase a integrar la planta transitoria de la Administración…

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 30
 artículo 4
 artículo 60
 Resolución 
 artículo 14