Source: http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-transfiere-el-sistema-nacional-de-re-decreto-legislativo-n-1299-1468962-6/
Timestamp: 2017-07-24 18:35:25+00:00

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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: Que, mediante Ley N° 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, por el término de noventa (90) días calendario; Que, en este sentido, el literal b) del numeral 2 del artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la facultad de legislar a efectos de reestructurar la política penitenciaria, optimizar los procedimientos de extradición y traslado de condenados; y modificar las normas sobre tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal y mecanismos alternativos para el cumplimiento de penas en general;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 866, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano se transfirió a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, las funciones relacionadas con la rehabilitación para la reinserción en la sociedad de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal; Que, mediante Resolución Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial N° 539-CME-PJ, se elaboró y aprobó el Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal, modificado mediante Resolución Administrativa N° 075-SE-TP-CME-PJ; documento técnico jurídico especializado en el tratamiento del adolescente infractor; Que, resulta necesario para un eficaz tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal, la transferencia del Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal del Poder Judicial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; es así que la administración del sistema a cargo del Poder Ejecutivo fortalecerá una política efectiva de reinserción del adolescente infractor a través de la mejora de los niveles de tratamiento, de la atención especializada y de la mejor ejecución de las medidas socioeducativas;
De conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú; Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
La propuesta normativa tiene como objeto transferir el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal –SINARSAC, que se encuentra actualmente a cargo del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Artículo 2. - Transferencia de Centros Juveniles y órganos desconcentrados
b) Defensa jurídica del Estado. c) Acceso a la justicia.
d) Política Penitenciaria. e) Regulación notarial y registral y supervisión de fundaciones..
a) Asesorar jurídicamente al Poder Ejecutivo emitiendo opinión sobre proyectos normativos. b) Promover la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico nacional, siempre que no corresponda a materias propias de otros sistemas administrativos o funcionales.
c) Promover el respeto de los derechos humanos en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, así como elaborar planes nacionales en dicho ámbito. d) Formular las políticas públicas de acceso a la justicia para la inclusión de personas de escasos recursos y en condición de vulnerabilidad, a través de los servicios de defensa pública, asesoría legal gratuita y los medios alternativos de solución de conflictos. e) Orientar y contribuir con el establecimiento de la política criminal y formular la política penitenciaria del Estado, así como implementar la política de reinserción social de las y los adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
g) Ejercer la rectoría del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. h) Ejercer la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, a que se refiere la Ley 29733. i) Establecer el criterio dirimente para resolver las opiniones jurídicas discordantes formuladas por las oficinas de asesoría jurídica de las entidades del Poder Ejecutivo. j) Sistematizar la legislación e información jurídica de carácter general y promover su estudio y difusión, así como disponer su edición oficial. k) Hacer uso de los mecanismos constitucionales correspondientes cuando se identifique violación del ordenamiento jurídico. l) Estudiar y proponer la dación y reforma de la legislación. m) Supervisar el funcionamiento de las fundaciones, la función notarial, las políticas en materia registral y el Servicio Civil de Graduandos - SECIGRA Derecho. n) Intervenir, conforme a las normas de la materia, en los procedimientos de extradición y otros actos de cooperación judicial internacional. o) Evaluar las solicitudes en materia de indultos, conmutación de penas y derecho de gracia a internos procesados.
p) Mantener las relaciones del Poder Ejecutivo con las entidades religiosas, conforme a la ley de la materia. q) Diseñar, establecer, ejecutar y supervisar el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000.
“Artículo 4. Mandatos y atribuciones El Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria tiene los siguientes mandatos y atribuciones:
2. Diseñar, aprobar y supervisar la ejecución del Programa Nacional de Política Criminal, a partir de la información de la realidad nacional, de las conclusiones del Diagnóstico Nacional sobre las causas del delito y los factores que inciden en su expansión, y asumiendo con carácter vinculante las recomendaciones de los convenios internacionales en materia de prevención del crimen y justicia penal. 3. Formular políticas y directrices criminológicas que deberán ser propuestas a los diversos sectores y entidades involucradas en el sistema de control social, y, en particular, por aquellas que de manera directa se vinculan a la prevención, investigación y represión del delito, a la justicia penal y a la ejecución de penas y medidas de seguridad, con la finalidad de establecer líneas de trabajo orientadas hacia un mismo objetivo. 4. Realizar evaluaciones periódicas del sistema penal, así como del Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal y de las instituciones que lo componen para proponer su adecuación a los objetivos del Programa Nacional de Política Criminal. 5. Establecer, junto con las diversas instancias y sectores involucrados, indicadores verificables con relación a la prevención y sanción de la criminalidad. 6. Contribuir con las autoridades regionales y locales en la elaboración de planes de política criminal. 7. Participar en los congresos de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos u otros organismos internacionales, sobre prevención del crimen y justicia penal. 8. Evaluar el grado de cumplimiento del Estado peruano de los compromisos establecidos por los convenios internacionales en materia de prevención del crimen y justicia penal, y, de ser el caso, coordinar las acciones que sean necesarias para su total adecuación. 9. Elaborar propuestas legislativas vinculadas con el sistema penal y de control social en general para que, a través de los procedimientos constitucionales, sean debatidas y aprobadas en el Congreso de la República. 10. Emitir, a través de la Secretaría Técnica, informes técnicos no vinculantes sobre toda propuesta legislativa en materia de justicia penal, ejecución penal y sistema penitenciario con el fi n de analizar su grado de adecuación al Programa Nacional de Política Criminal. 11. Emitir informes anuales en los que se analice el avance y la eficacia de las políticas y directrices aprobadas y sustentarlos ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. En dicha sesión se debatirá el informe y se realizarán las preguntas aclaratorias necesarias. El informe anual será sustentado ante el pleno del Congreso de la República en la primera sesión posterior a la sustentación a la que se contrae el párrafo anterior. 12. Suscribir y ejecutar convenios con universidades e instituciones, nacionales e internacionales, para estimular y promover la investigación de estudios criminológicos que sirvan de sustento a la labor del Consejo Nacional de Política Criminal. 13. Absolver consultas y emitir opiniones sobre materias relacionadas con el Programa Nacional de Política Criminal. 14. Otras que por ley se establezcan.”

References: artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 104
 Artículo 2