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Timestamp: 2017-04-28 14:09:37+00:00

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Fallo de la SCJN en contra de las Controversias Constitucionales en Materia Indígena. (2002)DOCUMENTO 1. PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO. (1996) DOCUMENTO 2. PROPUESTAS CONJUNTAS. (1996)DOCUMENTOS 3.1 y 3.2. (1996)Acuerdo respecto a los Documentos. (1996)Los Acuerdos de San Andrés. Introducción y antecedentes históricos. (2001)Cronología de los Acuerdos de San Andrés. (2001)¿Qué son los Acuerdos de San Andrés?. (1996) Iniciativa de Reformas Constitucionales en materia de Derechos y Cultura Indígena presentada por la Comisión de Concordia y Pacificación. (1996)Preguntas frecuentes sobre la llamada Ley Cocopa. (2001)¿Qué propone la iniciativa de ley de la COCOPA?. (2001)Sobre la propuesta de Ley de la Cocopa. Conferencia de Prensa. 24 de enero de 1997Reflexiones sobre la importancia de la Ley Cocopa. (2001)Convenio 169 OIT. Convenio Sobre Pueblos Indigenas y TribalesLas Razones de la Iniciativa de la COCOPA. (Argumentos de un dirigente indio). (2001)El significado de los Acuerdos de San Andrés para la Sociedad Civil. (Una lectura de los Acuerdos desde la Selva de Concreto). (1996)El contexto del primer aniversario de la firma de los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena. (1997)Los Acuerdos de San Andrés: entre la paz y la guerra. (1998)Lo que el gobierno no quiere cumplir. Sí, a los Acuerdos de San Andrés sin interpretación. (1998)La Campaña Zenofóbica y Los Acuerdos de San Andrés. (1998)San Andrés: tres años, tres. (1999)Ley Indígena. Dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. 28 de abril de 2001El Dictamen del Senado, a favor del Plan Puebla Panamá y no de los derechos indígenas. (2001)La Casa de la Justicia a prueba. Controversias constitucionales en materia de derecho indígena. (2002) Los Pueblos Indígenas ante la coyuntura de las Controversias Constitucionales y posibles escenarios. (2002)Carta al EZLN de varios Municipios Indígenas de Morelos. (2002)La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó los recursos presentados por los Pueblos Indígenas contra la Reforma Constitucional. (2002)Resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación Controversias Constitucionales en Materia Indígena. (2002)Votación en los Congresos estatales del Dictamen de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena. (2001)Fallo de la SCJN en contra de las Controversias Constitucionales en Materia Indígena. (2002)El reconocimiento de los derechos y cultura indígenas y la incopetencia del sistema política mexicano. (2002)Los pueblos indígenas ante la Suprema Corte. (2002)Con su Resolución de la Corte cierra a los Pueblos Indígenas la última puerta del Estado. (2002)Acto enfrente de la SCJN después del Fallo declarando improcedentes las Controversias Constitucionales en Materia Indígena. (2002)¿Queda esperanza para los pueblos indígenas?. (2002)El Estado cierra todas las puertas a la paz. Rechazo a las Controversias Constitucionales. (2002)La necesidad de una reforma constitucional segura. Derechos indígenas y recursos naturales. (2002)San Andrés: los saldos de un incumplimiento. (2004)Los Acuerdos de San Andrés. Campaña Internacional por la Ley Indígena. (2001)
A continuación les presentamos una síntesis sobre las diferentes posiciones políticas que se dieron el viernes 6 de septiembre después que se dio a conocer el fallo de la Corte, consideramos importante conocer las primeras declaraciones que se hicieron para entender cuales son las diferentes posiciones al respecto.
A continuación damos a conocer las posiciones dadas a conocer a partir del fallo de la Corte de los diferentes actores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial responsables en este proceso y de la posición de representantes indígenas y de la sociedad civil, esperando contribuir de esta manera a entender el mapa político que se está dando en este momento en el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas.
Las declaraciones fueron recogidas específicamente el día viernes 6 de septiembre en los diferente medios de comunicación, después de que se conoció el fallo de la Corte. Consideramos importante tenerlas muy presentes, ya que en los posteriores días se han venido matizando las posiciones de los grupos más conservadores.
El día viernes 6 de septiembre de 2002, La Suprema Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer mediante un comunicado de prensa denominado RESUELVE LA SCJN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA INDÍGENA su fallo en el que se informa que el Pleno de la Suprema Corte resolvió por mayoría de 8 votos y tres en contra, declarar improcedentes las controversias constitucionales presentadas por diferentes municipios del país en contra del procedimiento de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena.
Tal determinación fue tomada por el Tribunal Pleno, según el criterio de que el artículo 105 constitucional, en su fracción I, no faculta a ese cuerpo colegiado a revisar los procedimientos de reforma constitucional promovidos por el "Órgano Reformador" (Congreso de la Unión; Cámara de Senadores y Diputados y las 31 legislaturas de los Estados). Por ello, no es susceptible de ningún tipo de control judicial.
Por consiguiente, como el Órgano Reformador no es sujeto en contra del cual se pueda promover la controversia constitucional, no procede la revisión de sus actos por ese Alto Tribunal
En síntesis, esto quiere decir que la Corte se declara incompetente constitucionalmente para revisar las controversias promovidas, por lo que declaró improcedentes 322 de los 330 recursos presentados en Contra de la Reforma conocida como Bartlett-Cevallos-Ortega promovidas por 11 Estados de la República: Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Michoacán y Jalisco.
Cabe señalar que la Corte tomo su decisión de manera encubierta y en sorpresiva sesión en viernes a las 11:00 horas, cuando regularmente sesionan martes y jueves regularmente después de las 12 :00 horas, sin convocatoria previa en la que no se le notificó a ninguno de los demandantes ni sus abogados, ni a ningún tipo de prensa.
Por otra parte, los municipios que interpusieron recursos de reclamación en el momento que no les fueron aceptadas testimoniales y pruebas en materia de derecho indígena, derecho constitucional e internacional, seguramente serán sobreseídas por haberse fallado ya al respecto.
Con todo lo anterior queremos remarcar que no se está validando jurídicamente la reforma indígena aprobada el 21 de agosto en el Diario Oficial de la Federación como se ha mencionado en algunas declaraciones oficiales y de legisladores del PAN y del PRI, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declaró constitucionalmente incompetente para revisar tanto el fondo como el contenido de la misma reforma, por lo que este órgano no puede avalar o descalificar el proceso de aprobación de la reforma indígena.
A continuación se presentan las declaraciones más importantes en base a la resolución de la Corte.
La Secretaría de Gobernación expreso su respeto absoluto a la resolución emitida por la Corte, precisó que el gobierno mantiene su disposición de contribuir a la plena observancia y también a la ampliación de estos derechos, mediante la reforma a la legislación federal y que el tema indígena seguirá siendo una prioridad en la agenda nacional.
Comisionado para el Diálogo y la Negociación en Chiapas
En declaración de Luis H. Alvarez expreso que respetuosamente toma nota de la resolución de la Corte y que el gobierno del presidente Fox mantiene su disposición a contribuir a la plena observancia y también a la ampliación de esos derechos mediante la reforma a la legislación federal y aplicar las disposiciones constitucionales a las leyes locales, de acuerdo a con las particularidades de los pueblos y comunidades indígenas de cada entidad.
Por otra parte mencionó que mantiene inalterable su disposición de reanudar las conversaciones con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.
Miembros de la COCOPA
El fallo de la Corte ante las controversias constitucionales, obligó a que dentro de la COCOPA se reabriera la discusión en el tema indígena y se convoque a una reunión urgente para analizar el fallo de la Corte y tener una participación más activa ante los diferentes escenarios que se presentan, entre las que se encuentra opiniones encontradas entre ellos mismos como se enumeran en seguida.
El presidente del Congreso del Estado de Chiapas y miembro de la COCOPA, el diputado perredista Jorge Antonio Morales Messner señaló que la decisión de la SCJN hace que se aleje la paz y la reconciliación en Chiapas, porque además se contravienen y violentan las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El Senador Demetrio Sodi declaró que en la COCOPA ya no podemos seguir en una actitud pasiva ; hay que actuar de inmediato si queremos que haya paz en Chiapas, y la mejor forma de lograrlo según Sodi, es impulsar lo que se ha llamado la reforma de la reforma para subsanar las lagunas e ineficiencias por lo que confirmo que tiene lista ya una iniciativa para modificar los artículos 2 y 115 constitucionales con el objetivo de realizar cambios en cinco puntos básicos.
El diputado perredista Emilio Ulloa expuso que todos los integrantes de la COCOPA tienen que replantearse que la reforma constitucional en materia indígena no logró el acercamiento buscado con el EZLN y los demás pueblos indios del país. Así que los más sano es reabrir la discusión en el Congreso de la Unión.
Sin embargo por su parte la senadora del PAN Luisa María Calderón afirmo que ya es imposible realizar una "reforma de la reforma", sino que procede impulsar las modificaciones a 17 leyes secundarias.
Oficina de la Presidencia para la Atención de los Pueblos Indígenas
La titular de ésta oficina, Xóchitl Galvez declaró que el fallo de la Corte complica el proceso para la paz en Chiapas, sin embargo expresó que si la Corte determinó que la ley es procedente, se pueden alcanzar algunas reglamentarias, como en el caso de las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión.
Gobierno del Estado Chiapas
Mediante un desplegado en el que se define la posición del Gobierno de Chiapas con relación a la resolución de la Corte, expresa que la declaración de improcedencia representa el fin de una etapa más en el proceso de búsqueda de la paz definitiva para el estado de Chiapas
Que la ratificación de la Ley sobre la Cultura y los Derechos Indígenas aprobada por el Constituyente Permanente como norma suprema del país implica la existencia de un nuevo escenario que obliga a replantear la posición de las partes involucradas y así mismo define que en el escenario que aparece en el horizonte chiapaneco exige al Gobierno Federal generar una nueva estrategia integral para establecer condiciones propicias para restablecer el diálogo con el EZLN y proponer nuevas alternativas para los pueblos indios de todo México.
El gobernador del Estado, José Murat expreso que las reformas a la Constitución en Materia de Derechos y Cultura Indígenas, es una reforma que de origen fue viciada por algunos integrantes del Senado de la República. Para ello consideró que predominaron más todo tipo de intereses que la ideología de quienes participaron en ésta, así como de las necesidades vitales de un gran sector de la población mexicana.
Por ello exhortó a las comunidades indígenas a seguir pugnando para que el derecho público no sea exclusivo de ciertas castas y determinados grupos. Ya que no existe razón alguna por la cual los habitantes de las comunidades indígenas del país continúen sometidos por carecer de un verdadero apoyo jurídico.
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN se mostró satisfecho por la resolución de la Corte que consideró improcedentes las controversias y puntualizó que se trata de un fallo resultado de un profundo análisis que se enmarca en el respeto y en la decisión de poderes vigente. Por lo que el fallo fue resultado de una correcta interpretación del marco legal y que favorece la aplicación de los avances alcanzados en torno al pleno respeto, reconocimiento y defensa de los derechos humanos en zonas indígenas.
En un comunicado de prensa, la dirigencia manifestó su esperanza de que la sociedad mexicana reconozca la decisión de que la SCJN por su legitimo ejercicio de interpretación de la ley y la resolución definitiva del conflicto.
El Coordinador de la fracción panista en la Cámara de Senadores Diego Fernández de Cevallos expresó que dicho tribunal dio la razón al Congreso en torno a la reforma indígena, pero ello no cierra la puerta a eventuales modificaciones o adiciones a la misma, incluso de carácter constitucional.
La senadora Luisa María Calderón informo que el senado se tendrán paneles especiales y seguiremos con la legislación secundaria que mandata la propia reforma.
El diputado Fernando Pérez Noriega planteó que lo que debe de hacer el Congreso son adecuaciones a diversas leyes secundarias, para verificar que ninguna de ellas contravenga el texto constitucional, así mismo descartó que su partido a acceder a rediscutir el tema pues esta agotado.
El senador Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, declaró que no se ve condiciones propicias para plantar cambios a la reforma aprobada, los cuales, en todo caso, deberán presentarse en las discusiones sobre la reforma del Estado.
Roberto Madrazo Pintado declaró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de declarar improcedentes las controversias constitucionales contra la reforma indígena, ratificó la validez se legisló para diez millones de indígenas, se cumple con los Acuerdos de San Andrés, pero no se legisló sólo para el EZLN, sino para beneficio de todas las 62 etnias de México, que están siendo protegidas por las modificaciones.
La fracción de senadores priistas emitió un comunicado en el que manifestó su más profundo reconocimiento al rigor jurídico de la Suprema Corte, cuya resolución fortalecerá el papel positivo del Congreso en la democracia mexicana.
El chiapaneco José Antonio Aguilar Bodegas, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, dijo que la Suprema Corte validó la legislación, por lo que se mantiene vigente y se debe de aprovechar en beneficio de los grupos étnicos.
El senador Humberto Roque Villanueva opino que veía favorable que la Corte haya resuelto favorablemente al Senado de la República y de hecho al Congreso de la Unión lo que tenía que ver con las reformas a la Constitución en materia de Derechos y Cultura Indígena.
Se manifestó por parte de ese partido que si bien respeta la resolución de la Corte, no comparte la decisión de los ministros porque estos no quisieron meterse a fondo para acotar el poder presidencial o ponerle un control al Congreso, que si bien es quien define nuestra Constitución y nuestras leyes, tampoco debe caer en excesos.
Rosario Robles exigió que se plantee una reforma indígena de acuerdo con este derecho a la autonomía y al reconocimiento de los pueblos indígenas.
El coordinador de los diputados del PRD, Martí Batres Guadarrama, manifestó que si había elementos para considerar inconstitucional el procedimiento por el que se aprobó la reforma indígena, en virtud de que el computo y el conteo de los congresos locales se hizo de manera inadecuada y que la decisión de la Corte no ayuda a la solución del conflicto en Chiapas ni hace justicia a los millones de indígenas del país.
El diputado José Narro, expreso su rechazo a la decisión judicial, y exigió que el presidente Vicente Fox, retome su responsabilidad y busque los acuerdos necesarios para salvar la condición de 10 millones de mexicanos.
Afirmó que la Corte tenía elementos suficientes para corroborar que se había violentado el procedimiento legislativo a la hora de aprobación por lo que ya no hay otro camino que el de volver a legislar.
En concordancia con esta declaración, por parte de 170 legisladores de todas las fuerzas políticas a excepción del PAN habían presentado en San Lázaro, la Iniciativa de la COCOPA para dar solución integral a una de las tres señales demandas por el EZLN para el reinicio del diálogo y lograr la paz justa y digna para Chiapas y que ante la decisión de la Corte, se piensa rediscutir su pertinencia para hincar su proceso legislativo.
Posición algunos representantes de los Pueblos Indígenas
Con este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se cierran los caminos políticos y legales a los pueblos indígenas del país ya que las leyes deberían avanzar para que velen por un desarrollo pacífico entre los pueblos de México.
Lo que se evidencio con el fallo de la Corte, fue una supremacía de la visión mestiza por sobre las demandas de reconocimiento constitucional de derechos por parte de los pueblos indígenas por lo que se cierra la posibilidad de alcanzar la paz a corto y mediano plazo al provocar que otros movimientos busquen caminos beligerantes en Estados de la República en donde de por sí la situación es conflictiva.
Aunque en parte era previsible este fallo dado que la Corte se negó a tomar en cuenta una serie de pruebas que se le quisieron presentar.
No nos queda mas que ejercer en la práctica cotidiana nuestros derechos como pueblos, como la libre asociación, autonomía, autogestión, defensa de nuestras raíces y de nuestros recursos naturales por las vías pacíficas aunque estas sean enmarcadas dentro de las leyes mestizas como ilegales.
Sin embargo pese al fallo emitido por la Corte, para el Gobierno de México el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas de acuerdo a los Acuerdos de San Andrés sigue siendo una asignatura pendiente dentro de la agenda nacional.
Por lo que la única opción jurídica que nos queda para inconformarnos a los pueblos indígenas, son las instancias internacionales como son; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo en donde se encuentra en revisión por un grupo especial, que determinará si el Estado violó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Posición de algunos sectores de la sociedad civil que han acompañado el proceso del movimiento indígena
En un pronunciamiento conjunto, más de cien organizaciones indígenas, defensoras de derechos humanos y personalidades, expresaron que con la decisión de la Corte demuestra su falta de voluntad y capacidad para ser verdadero garante de la Constitución, además de su carencia de autonomía frente a los demás poderes y que el camino de la legalidad esta agotado y el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas conforme a los Acuerdos de San Andrés y la COCOPA nuevamente han sido pisoteados.
La decisión de la SCJN cierra las puertas a la solución pacífica del conflicto armado en Chiapas ya que esta resolución de la Corte aleja la paz y la reconciliación en ese estado chiapaneco y cierra las puertas al EZLN para que luche por los derechos de los pueblos indígenas por la vía legal, con lo que se no se fortalecerá la gobernabilidad en este país sino todo lo contrario.
Por otra parte organizaciones civiles al manifestarse contra el fallo de la Corte, denunciaron que en la sesión para dar a conocer el dictamen de la Corte, no participó ninguno de los demandantes ni sus abogados, pues no fueron notificados, es decir, la decisión se tomó sin ellos lo supieran.
Así mismo expresaron que es nuevamente, la hora de la sociedad civil y las organizaciones sociales, pues no podemos ver pasivamente cómo otro de los poderes de la Unión, le da la espalda a las legítimas inconformidades de los indígenas.
Por lo que convocaron a una manifestación de repudio, afuera de la Corte ya que inicia una nueva etapa de lucha que sólo podrá prever resultados positivos si todos nos movilizamos y aportamos en lo posible.
Entre las diferentes declaraciones que vertieron por parte de organizaciones de derechos humanos encontramos las siguientes.
* La determinación del Poder Judicial es desilusionante porque esta vía era la ultima oportunidad de componer el proceso legislativo y de que finalmente se reconocieran los derechos de los pueblos originarios de México.
* Se considera que esta decisión deja ver las verdaderas políticas que tiene el Estado Mexicano en materia de derechos indígenas.
* Los caminos jurídicos se agotaron internamente, por lo que los pueblos tienen otras opciones para inconformarse con la resolución de la Corte, una de las más viables es presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, habrá que esperar la resolución de la OIT sobre las reclamaciones que presento un grupo de sindicatos aduciendo que el procedimiento para determinar la reforma indígena fue inadecuada, porque se violo el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, que establece el Convenio 169 de la OIT.
* Una vez más se confirma que en México no hay posibilidades de obtener justicia en materia de derechos humanos por lo cual ahora sólo queda recurrir a las instancias internacionales.
* Las la reforma constitucional, además de que está mal hecha, viola tratados internacionales, derechos civiles, políticos, sociales, culturales y humanos de los indígenas y eso, que es evidente, es sobre lo que solicitamos a la Corte pronunciarse.
* El hecho de que la Corte se haya ido por el camino más fácil pone a los defensores de los derechos humanos entre la espada y la pared, ya que siempre se pide a los afectados que tengan paciencia, que sus problemas deben resolverse vía el estado de derecho.
* Con este fallo la Corte evidenció que no hay ninguna instancia en el país que proteja los derechos indígenas.
http://www.laneta.apc.org/ceacatl/020906posiciones.htm Regresar El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche...

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