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BOE.es - Documento BOE-A-2003-2101
Documento BOE-A-2003-2101
Real Decreto 104/2003, de 24 de enero, por el que se aprueban los Estatutos generales de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales y de su Consejo General.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 28, de 1 de febrero de 2003, páginas 4318 a 4331 (14 págs.)
BOE-A-2003-2101
https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/01/24/104
El Pleno del Consejo General de Colegios de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, en su reunión de 12 de mayo de 2001, aprobó los Estatutos generales de los
Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales y de su Consejo General.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de enero de 2003,
ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y DE SU CONSEJO GENERAL
1. El Consejo General y los Colegios se regirán en lo sucesivo por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, modificada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre ; por la Ley 7/1997, de 14 de abril, y por el Real Decretoley 6/2000, de 23 de junio, y demás legislación aplicable, así como por los presentes Estatutos y sus Reglamentos de régimen interior y por la normativa relativa a los Colegios profesionales que aprueben las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivos territorios.
De los fines y funciones de los Colegios
1. Los Colegios tendrán los fines propios de estos órganos corporativos profesionales y como finalidad últi ma la tutela del correcto ejercicio de la profesión como garantía de los derechos de los ciudadanos. En particular:
a) Velarán para que se remueva cualquier obstáculo jurídico o de otra índole que impida el ejercicio por los peritos e ingenieros técnicos industriales de las atribuciones integradas en su actividad profesional que legalmente tienen reconocidas.
b) Igualmente velarán por que se reconozca el carácter privativo de la actuación profesional de los peritos e ingenieros técnicos industriales en las atribuciones que legalmente tienen reconocidas, promoviendo, en su caso, las actuaciones administrativas o judiciales que en su ámbito territorial correspondan, contra el intrusismo profesional.
a) Ordenar, en el ámbito de su competencia y de acuerdo con lo previsto en las leyes, la actividad profesional de los colegiados.
b) Ejercer la potestad disciplinaria en el orden profesional y colegial sobre los colegiados.
c) Asesorar a las Administraciones públicas y colaborar con ellas en la realización de estudios e informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con la ingeniería técnica industrial que puedan serles solicitadas o acuerden formular por propia iniciativa.
d) Facilitar a los Tribunales, conforme a las leyes, la relación de colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en los asuntos judiciales, o designarlos directamente, según proceda.
e) Ejercer cuantas funciones le sean encomendadas o delegadas por las Administraciones públicas.
f) Ostentar en su ámbito competencial la representación y defensa de los derechos e intereses de la profesión ante toda clase de Instituciones, Tribunales, Administraciones públicas, entidades sociales y particulares.
g) Perseguir ante las Administraciones públicas o ante los Tribunales de Justicia todos los casos de intrusismo en que se pretenda ejercer la profesión de ingeniería técnica industrial por persona no colegiada.
h) Recoger y encauzar las aspiraciones de la profesión, elevando a los organismos oficiales competentes cuantas sugerencias guarden relación con el perfeccionamiento y con las normas que rijan la prestación de servicios propios de la ingeniería técnica industrial.
i) Participar en la formulación del perfil profesional del perito e ingeniero técnico industrial.
j) Realizar el visado de proyectos, informes, dictámenes, valoraciones, peritaciones y demás trabajos que lleven a cabo los colegiados.
k) Encargarse del cobro de las remuneraciones y honorarios devengados en el ejercicio libre de la profesión en los términos previstos en el artículo 21.
l) Informar y dictaminar en los procedimientos administrativos o judiciales en que se discutan cuestiones relacionadas con los honorarios profesionales de los colegiados.
m) Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones que por motivos profesionales se susciten entre los colegiados o entre éstos y sus clientes.
n) Fomentar y promocionar los servicios de la Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.
ñ) Cualquier otra función que redunde en beneficio de los intereses de los colegiados o de la ingeniería técnica industrial.
a) Haber obtenido el correspondiente título oficial, expedido, homologado o reconocido por el Estado.
b) No estar legalmente sujeto a incapacidad que le impida la colegiación.
c) Tener la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, o la de los Estados parte o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados internacionales ratificados por el Estado español y publicados en el "Boletín Oficial del Estado".
d) No estar sujeto a pena de inhabilitación para el ejercicio profesional por sentencia firme, ni encontrarse impedido para tal ejercicio por una anterior sanción disciplinaria firme.
e) Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente.
2. Las Juntas de Gobierno de los Colegios resolverán, previos los informes oportunos, las solicitudes de colegiación, en el plazo de dos meses, mediante acuerdo
motivado, contra el que cabrán los recursos establecidos en estos Estatutos.
a) La condena por sentencia firme que lleve consigo la pena principal o accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
b) La expulsión disciplinaria acordada por resolución firme del Colegio correspondiente o del Consejo General.
La sanción de expulsión disciplinaria producirá efectos desde que sea firme y el Colegio o Consejo lo notificará al Consejo Autonómico correspondiente y al Consejo General que lo comunicará a los demás Colegios.
c) La baja voluntaria del colegiado, que sólo se admitirá previa manifestación del cese de la actividad profesional, y tendrá efectos desde su solicitud si bien no eximirá del pago de las cuotas y otras deudas vencidas.
d) El fallecimiento del colegiado.
2. La falta de pago de cuotas y otras aportaciones colegiales, por importe mínimo de un trimestre, previo requerimiento de su abono, no producirá la pérdida de la condición de colegiado pero sí la suspensión de todos sus derechos corporativos ; si el descubierto alcanza las cuotas correspondientes a una anualidad como mínimo, no se procederá al visado de los trabajos del colegiado en tanto no abone todas las cuotas pendientes más sus intereses legales, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Título IV de estos Estatutos y del alzamiento de la suspensión de los derechos tan pronto como el colegiado se ponga al corriente de sus pagos.
a) Los colegiados tienen derecho a las consideraciones debidas a su profesión reconocidas por la legislación y las normas estatutarias.
b) Los colegiados tienen derecho al libre ejercicio de su profesión sin que por la Administración ni por terceros se limiten las atribuciones profesionales que tengan reconocidas en las leyes.
c) Los colegiados tienen derecho al cobro de honorarios profesionales por los servicios prestados a sus clientes en los términos previstos en estos Estatutos y demás disposiciones vigentes.
a) Cumplir con las prescripciones legales que sean de obligada observancia en los trabajos profesionales que realice.
b) Someter a visado del Colegio correspondiente toda la documentación técnica o facultativa, proyectos, informes o cualesquiera otros trabajos que suscriba en el ejercicio de su profesión, cualquiera que sea el cliente o destinatario de aquéllos.
a) De sufragio activo y pasivo en relación a todos los cargos electivos de los Colegios y del Consejo General, en los términos previstos en el artículo 35 y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44.
b) A participar en la vida colegial, según los términos fijados en estos Estatutos o en los de los Colegios.
c) A dirigir sugerencias y peticiones por escrito a los órganos de gobierno de los Colegios.
d) A solicitar el amparo del Colegio correspondiente cuando consideren lesionados o menoscabados sus derechos e intereses profesionales o corporativos o no se respete la consideración y el trato que les está reconocido.
e) A participar en el uso y disfrute de los bienes del Colegio y de los servicios que éste tenga establecidos, en la forma reglamentariamente prevista.
f) A ostentar las insignias y distintivos propios de la profesión.
g) A conocer la contabilidad colegial en la forma que se determine por cada Colegio, pero sin que en ningún caso pueda privarse de real efectividad a este derecho.
h) A disponer de una guía profesional con la dirección de las oficinas y despachos de los colegiados correspondientes y con sujeción a lo previsto en la legislación sobre protección de datos personales.
a) Cumplir las prescripciones legales en materia de previsión social.
b) Cumplir las resoluciones de los órganos de gobierno del Colegio y del Consejo General.
c) Desempeñar los cometidos que le encomienden los órganos de gobierno del Colegio a que pertenezcan.
d) Pagar las cuotas y derechos que hayan sido aprobados por el Colegio para su sostenimiento y para fines de previsión y mutuo auxilio.
e) Hacer respetar el ejercicio profesional y el de las instituciones colegiales.
f) Guardar el secreto profesional.
g) Guardar respeto a los miembros de los órganos de gobierno de la corporación y a los demás compañeros.
De la ordenación del ejercicio de la profesión
a) La identidad y habilitación legal del técnico autor, que el proyecto es de quien lo firma y que éste es el técnico debidamente colegiado, encontrándose en el ejercicio legítimo de la profesión.
b) La observancia de la normativa de obligado cumplimiento, de pertinente aplicación en cada caso, en relación con el ejercicio de la profesión.
c) La corrección e integridad formal de la documentación integrante del proyecto de acuerdo con la legislación vigente al caso.
a) Los honorarios son libres y los colegiados podrán pactar su importe y las condiciones de pago con su cliente, si bien deberán observar las prohibiciones legales relativas a la competencia desleal.
b) El Consejo General podrá acordar baremos orientativos de honorarios profesionales, teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación vigente.
4. La Junta General celebrará sesión extraordinaria previa convocatoria decidida por el Decano, o por acuerdo de la Junta de Gobierno o a petición de un número de colegiados que fijen los Estatutos de cada Colegio ; la convocatoria expresará los asuntos concretos que hayan de tratarse en ella. La Junta habrá de celebrarse en el plazo máximo de un mes contado desde el acuerdo del Decano o de la Junta de Gobierno, en los dos primeros casos, o desde la presentación de la solicitud en el tercero.
1.o La duración del mandato de los candidatos elegidos, que no podrá ser superior a cuatro años, sin perjuicio de la posibilidad de reelección con arreglo a los propios Estatutos.
2.o El ejercicio efectivo de los derechos reconocidos a los colegiados en el artículo 13 de estos Estatutos.
3.o La comunicación de las propuestas electorales de los candidatos.
4.o La transparencia y objetividad del proceso electoral, la igualdad de las candidaturas y la imparcialidad de la Junta de Gobierno saliente.
5.o Las vías de recurso para la defensa de los derechos electorales.
6.o La celeridad en la resolución de los recursos.
1.o Entre Colegios de distintas Comunidades Autónomas.
2.o Entre Colegios de la misma Comunidad Autónoma, con autorización del Consejo Autonómico.
Se reunirá, con carácter ordinario, una vez al año para aprobar los presupuestos del Consejo General y sus cuentas y para diseñar las estrategias y líneas generales de actuación del Consejo General, en los asuntos que afecten con carácter nacional o internacional a la profesión en sus distintas modalidades ; y con carácter extraordinario, cuando lo decida el Presidente, por sí o a requerimiento del Pleno o de Decanos de Colegios que representen, al menos, el porcentaje del total de colegiados de España que se determine en los Reglamentos del Consejo.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, con excepción de los que tienen previsto un quórum especial en estos Estatutos o en su Reglamento correspondiente.
El Presidente tendrá voto dirimente en caso de empate.
Los miembros de la Junta Ejecutiva serán elegidos por el Pleno y su mandato será de cuatro años, si bien los vocales cesarán si pierden la condición de Decanos.
Dicha elección y la cobertura de sus vacantes se sujetarán a lo dispuesto en el correspondiente Reglamento.
El cargo de Presidente del Consejo, para cuyo desempeño se exigirá ser colegiado con una antigüedad mínima de diez años, o Decano de un Colegio y encontrarse en el ejercicio de la profesión en cualquiera de sus formas, se podrá ostentar por un máximo de dos mandatos consecutivos ; a tal efecto sólo se computarán los mandatos obtenidos a partir de la entrada en vigor de los presentes Estatutos.
Del régimen jurídico de la actividad y del patrimonio de los entes colegiales
Del régimen jurídico de la actividad
a) En los supuestos de denegación de la colegiación.
b) Los actos de proclamación de candidatos y de proclamación de candidatos electos.
c) La denegación del visado colegial.
d) Las sanciones disciplinarias, según lo dispuesto en el artículo 58.
e) Los acuerdos aprobatorios de normas reglamentarias que afecten directamente al ejercicio profesional y cuya aprobación no corresponda al Consejo General.
f) Los demás supuestos señalados en estos Estatutos generales.
3. Sin perjuicio de los recursos corporativos señalados en los apartados anteriores, todos los actos y disposiciones de las corporaciones colegiales dictados en el ejercicio de potestades administrativas podrán ser objeto de recurso contencioso-administrativo ante los órganos jurisdiccionales competentes.
a) Los derechos de incorporación al Colegio.
b) Las cuotas periódicas a cargo de los colegiados.
c) Las cuotas por visado de trabajos profesionales.
d) Los ingresos procedentes de las rentas de su patrimonio.
e) Las contraprestaciones o subvenciones por servicios o actividades del Colegio.
a) Las cuotas o derramas que puedan ser aprobadas en una Junta General extraordinaria convocada al efecto, necesitando para ello de la aprobación de los dos tercios de los asistentes.
b) Las subvenciones y donativos a favor del Colegio.
c) Cualquier otro ingreso que se pueda obtener lícitamente.
b) Son sanciones graves: la suspensión de la colegiación o de los derechos colegiales hasta seis meses ; la inhabilitación para el ejercicio de cargos corporativos hasta un año.
c) Son sanciones muy graves: la suspensión de la colegiación o de los derechos colegiales hasta dos años ; la inhabilitación para el ejercicio de cargos corporativos hasta cinco años y la expulsión del Colegio, o en su caso del Consejo General.
2. Las faltas que guarden relación con obligaciones colegiales se consideran corporativas y se sancionarán, según su gravedad, con amonestación privada o apercibimiento por oficio del Decano con anotación en el expediente personal, si son leves ; suspensión de los derechos colegiales hasta seis meses e inhabilitación para cargos colegiales hasta un año, si son graves, y suspensión de la colegiación e inhabilitación para cargos colegiales hasta cinco años, si son muy graves.
3. Las faltas que entren dentro de la esfera de las obligaciones profesionales serán sancionables, con amonestación privada, si son leves ; con la suspensión de la colegiación hasta seis meses si son graves, y con la suspensión de la colegiación hasta dos años o la expulsión si son muy graves.
1. Las resoluciones de los Colegios que impongan sanciones leves serán susceptibles de recurso ante el propio órgano sancionador, salvo lo dispuesto en la legislación autonómica correspondiente en cuanto a las resoluciones de los Colegios ; las que impongan sanciones graves o muy graves serán recurribles ante el Consejo General o ante el Consejo Autonómico, según resulte de la legislación aplicable o de los Estatutos del Colegio, en el plazo de un mes desde su notificación.
4. La resolución de los recursos contra las resoluciones sancionadoras deberá producirse en el plazo de tres meses, teniendo el silencio efectos desestimatorios.
Contra las resoluciones de estos recursos sólo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.
2. Las sanciones prescribirán, de no haberse hecho efectivas por la entidad colegial sancionadora, en los mismos plazos que las infracciones según su clase, salvo la expulsión del Colegio, que prescribirá a los cinco años.
El plazo comenzará a contarse desde el momento en
que hubiere adquirido firmeza en vía colegial la resolución sancionadora y se interrumpirá la prescripción por la iniciación, con conocimiento del interesado, de su ejecución, reanudándose si ésta se paraliza más de un mes por causa no imputable al infractor.
En lo no previsto en el presente título y en los Estatutos particulares de los Colegios regirán como supletorios la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ; el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y demás disposiciones concordantes.
Designación y capitalidad: Álava (Vitoria) Designación y capitalidad: Albacete. Albacete.
Designación y capitalidad: Almería. Almería Designación y capitalidad: Aragón (Zaragoza).
Designación y capitalidad: Cantabria. Santander Designación y capitalidad: Ciudad Real (Puertollano).
Designación y capitalidad: A Coruña. A Coruña Designación y capitalidad: Cuenca. Cuenca Designación y capitalidad: Girona. Girona.
Designación y capitalidad: Santa Cruz de Tenerife.
Designación y capitalidad: Vilanova i la Geltrú.
Colegio de Cantabria. Provincias que abarca:
Santander y toda su provincia.
Colegio de Guadalajara. Provincias que abarca:
Guadalajara y toda su provincia.
Colegio de Guipúzcoa. Provincias que abarca:
Guipúzcoa y toda su provincia.
Colegio de Lleida. Comarcas que abarca: l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, les Garrigues, la Noguera, el Pallars Jussá, el Pallars Sobira, el Pla d'Urgell, La Segarra, el Segriá, el Solsonés, L'Urgell i Era Val d'Aran.
Colegio de Salamanca. Provincias que abarca:
Salamanca y toda su provincia.
Colegio de Valladolid. Provincias que abarca:
Valladolid y toda su provincia.
Colegio de Vilanova i la Geltrú. Comarcas que abarca:
Garraf i l'Alt Penedés.
En el plazo de seis meses desde la publicación de estos Estatutos en el "Boletín Oficial del Estado", se convocarán elecciones para cubrir los cargos de la Junta Ejecutiva del Consejo General, salvo que procediesen antes en función de la duración de los mandatos vigentes.
SE DEROGA, por Real Decreto 132/2018, de 16 de marzo (Ref. BOE-A-2018-5616).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 4.2 sobre cambio de denominación del Consejo General: Real Decreto 143/2016, de 8 de abril (Ref. BOE-A-2016-3650).
SE MODIFICA los arts. 20 y 43.1, por Real Decreto 901/2007, de 6 de julio (Ref. BOE-A-2007-14233).
SE DECLARA nulo el art. 43.1, párrafo 2, por Sentencia del TS de 14 de junio de 2005 (Ref. BOE-A-2005-16316).
DEROGA los estatutos aprobados por Real Decreto 331/1979, de 11 de enero (Ref. BOE-A-1979-5885).

References: Real Decreto 
 artículo 21
 resolución 
 artículo 35
 artículo 44
 artículo 13
 resolución 
 artículo 58
 resolución 
 resolución 
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