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Sentencia A.P. Cádiz 263/2010 de 31 de mayo. Modificación de medidas. Pensión compensatoria - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Cádiz 263/2010 de 31 de mayo
Modificación de medidas: Pensión compensatoria. Se alega mejora de la fortuna de la excónyuge por adquisición de vivienda por herencia. Doctrina jurisprudencial para acoger modificación de medidas. No desaparece el desequilibrio económico.
SENTENCIA N.º 263/2010
Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de los de Jerez de la Frontera
Juicio de Modificación de Medidas Matrimoniales n.º 516/2.008
Rollo Apelación Civil n.º 77/2.010
En la ciudad de Cádiz, a día 31 de Mayo de 2.010.
Vistos en trámite de apelación por la Sección Quinta de esta Iltma. Audiencia Provincial de Cádiz los autos del Recurso de Apelación Civil de referencia del margen, seguidos por Juicio de Modificación de Medidas Matrimoniales, en el que figura como parte apelante DON Luciano, representada por el Procurador Doña Inmaculada González Domínguez, y defendida por el Letrado Don Juan Manuel Delgado Camacho, y como parte apelada DOÑA Zaida, representada por el Procurador Doña María Fernández Roche y defendida por el Letrado Don Manuel González Gamero, no habiendo intervenido el Ministerio Fiscal y actuando como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado DON ANGEL LUIS SANABRIA PAREJO.
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de los de Jerez de la Frontera, en el procedimiento civil de Modificación de Medidas Matrimoniales anteriormente referenciado al margen, se dictó sentencia de fecha 23 de octubre de 2.009 cuyo fallo literalmente transcrito dice: "Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Rodríguez Peñero contra Zaida con condena a la actora al pago de costas y expresa declaración de temeridad."
Segundo.-Contra la antedicha sentencia por la representación de DON Luciano se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación que fue admitido a trámite en ambos efectos por el Juez "a quo", quien dio traslado a las demás partes por un plazo de diez días a fin de que pudieran presentar los correspondientes escritos de oposición o impugnación, y una vez presentados dichos escritos se remitieron los autos originales a esta Audiencia Provincial de Cádiz.
Tercero.-Recibidas las actuaciones y repartidas a esta Sección Quinta, se formó el correspondiente rollo, turnándose la ponencia, y no habiéndose practicado prueba alguna en esta segunda instancia, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo para el día 31 de Mayo de 2.010, tras lo cual se hizo entrega al Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, para el estudio y dictado de la presente resolución.
Primero.-Basa la apelante su recurso, conforme alegó su dirección jurídica en el escrito de interposición del mismo que consta unido a las actuaciones, en una errónea apreciación de la prueba practicada por el Juez "a quo", lo que debe conectarse con la infracción del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás normas relativas a la carga de la prueba. En este sentido son muchas las Sentencias del Tribunal Supremo, y por ello huelga su cita concreta y específica al ser sobradamente conocidas, las que nos dicen que el recurso de apelación es de los llamados de plena jurisdicción, por lo que permite a la Sala entrar en el debate de todas las cuestiones controvertidas, tanto procesales como de fondo, y dentro de éstas tanto la comprobación de la adecuación e idoneidad de la fundamentación jurídica que se contiene en la resolución recurrida, como la revisión de todas aquellas operaciones relativas a la valoración global y conjunta de la prueba practicada, pudiendo llegar a idénticas o discordantes conclusiones a las mantenidas por el Juez "a quo" en la sentencia apelada.
Sentado cuanto antecede ya habida cuenta de que en el escrito de interposición del recurso que consta unido a las actuaciones se habla de determinados hechos que afectan al apelante tales como su situación profesional, o la de su madre o hermanos, y con ello, viene a alegarse en el recurso motivos no se formularon en demanda inicial de la primera instancia si lo comparamos con el ordinal quinto de los hechos correspondientes a la misma, que por su carácter de cuestiones nuevas han de merecer pleno rechazo ante la situación de indefensión que con ello se sitúa a los apelados. Se dice en la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Febrero de 1.997 que el recurso de apelación es una nueva instancia, con plenitud de cognición para el Tribunal sin más límites que la "reformatio in peius" y el consentimiento de la resolución. Sin embargo, la transferencia que del conocimiento de la cuestión litigiosa, que se hace al Tribunal de apelación como consecuencia del efecto devolutivo del recurso, se limita a una revisión del conocimiento de la cuestión por el órgano judicial "a quo", salvo cuando se trata de hechos sobrevenidos o ignorados que pueden permitir el recibimiento de las actuaciones a prueba. Por ello, el Tribunal Supremo ha señalado que el recurso de apelación en nuestro ordenamiento jurídico, aunque permite al Tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza aquél a resolver cuestiones o problemas distintos a los planteados en la primera instancia, dado que a ello se opone el principio general de Derecho "pendente apellationis, nihil innovatur" (Sentencia de 6 de Marzo de 1.984), porque no cabe mutación extraordinaria del objeto del proceso con indefensión para la contraparte (Sentencia de 27 de Julio de 1.994).
Pero es que, a mayor abundamiento, los hechos relatados ya habían sido traídos a un anterior procedimiento de Modificación de Medidas Matrimoniales.
Segundo.-Frente a la sentencia desestimatoria dictada por el Juez "a quo" se alza la apelante reproduciendo su dirección jurídica en esta alzada la pretensión articulada en el escrito rector del procedimiento y que fue rechazada por la sentencia de instancia relativa a la supresión de la pensión compensatoria establecida en pro de la apelada y en apoyo de tal pretensión revocatoria, la dirección letrada de dicho litigante esgrime, en el trámite del artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la situación de la apelada actualmente ha mejorado al haber heredado una vivienda de sus difuntos padres, lo que supone una mejora de su fortuna.
Definido el debate litigioso en el presente momento y trámite procesales, pues la contraparte interesa la íntegra confirmación de la sentencia de instancia, procede analizar la problemática suscitada a la luz de la doctrina emanada de la vigente legalidad en la materia, en su proyección sobre las circunstancias concurrentes en el caso, según pone manifiesto el contexto alegatorio y probatorio sometido a nuestra consideración. A los fines de ofrecer una adecuada, en cuanto ajustada a derecho, respuesta judicial a la problemática así suscitada, parece conveniente recordar que la misma se desenvuelve en el marco, procesal y sustantivo, regulado por los artículos 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 90 y 91, in fine, 100 y 101 del Código Civil. No habilitan dichos preceptos anómalos cauces de revisión, esto es al margen del sistema ordinario de recursos, de pronunciamientos judiciales que hayan alcanzado definitiva firmeza, a especie de derogación, o atenuación, en el ámbito de los procedimientos matrimoniales, del principio de cosa juzgada en el que, conforme a lo prevenido en los artículos 207 y 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se asienta nuestro sistema procesal. El fundamento de la cosa juzgada radica en la necesidad de evitar la reproducción indefinida de litigios y de conseguir la estabilidad y seguridad jurídica, en cuanto en un anterior proceso haya quedado satisfecha la misma pretensión que se propone en el siguiente, pues la mera posibilidad de que se produzcan sentencias firmes discrepantes y opuestas entre sí, vulnera la legítima expectativa de los justiciables de obtener una respuesta única e inequívoca de los órganos encargados de impartir justicia, e implica, en consecuencia, una quiebra del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva (Sentencias del Tribunal Constitucional 77/1983, 221/1984 y 242/1992, entre otras muchas).
Y es lo cierto que los referidos artículos 90 y 91 se muestran plenamente respetuosos con dicho precepto, dado que tan sólo permiten la modificación de los efectos complementarios sancionados en una sentencia firme en el supuesto de que se hayan alterado sustancialmente los factores que condicionaron su inicial adopción. Por lo cual, y conforme a una reiterada y pacífica interpretación doctrinal y judicial de tales normas, se exige, en orden al posible acogimiento de la acción modificativa, la concurrencia de los siguientes requisitos:
1.º-Un cambio objetivo, en cuanto al margen de la voluntad de quien insta el nuevo procedimiento, de la situación contemplada al tiempo de establecer la medida que se intenta modificar.
2.º-Que dicho cambio tenga suficiente entidad, en cuanto afectando a la esencia de la medida, y no a factores meramente periféricos o accesorios.
3.º-Que la expresada alteración no sea meramente coyuntural o episódica, ofreciendo, por el contrario, unas características de cierta permanencia en el tiempo.
4.º-Que el repetido cambio sea imprevisto, o imprevisible, lo que excluye aquellos supuestos en que, al tiempo de establecerse la medida, ya fue tenida en cuenta una posible modificación de las circunstancias.
Con carácter más especifico, y en lo que se refiere a la pensión por desequilibrio, el artículo 100 contempla la posibilidad de su modificación cuantitativa en el supuesto de alterarse sustancialmente la fortuna de uno u otro cónyuge, en tanto que el siguiente precepto regula la extinción del derecho por el nuevo matrimonio, o convivencia marital, del beneficiario con un tercero, o por el cese de la causa que motivó el reconocimiento de la pensión, lo que, en su necesaria conexión con el artículo 97, implica la desaparición del desequilibrio económico que, en su momento, determinó la sanción judicial de dicha prestación económica.
Tercero.-Partiendo de tales condicionantes legales y en su cumplida aplicación al supuesto de autos, el hecho que se somete a la consideración de la Sala consiste en determinar si la herencia de los padres de la apelada, consistente en una vivienda, ha supuesto un aumento de su fortuna de tal consideración que nos obligue al replanteamiento de la ordenación de las medidas matrimoniales del convenio regulador, y, en especial, la supresión de la pensión compensatoria establecida a su favor. Ciertamente que la respuesta ha de ser negativa, y ello porque, en definitiva, no ha desaparecido la causa que motivó el otorgamiento de la pensión que no es otra cosa que el desequilibrio económico que existe entre los litigantes si valoramos, como ya se hizo en nuestra anterior sentencia, que se trata de un matrimonio de larga duración en el que la esposa dedicó su tiempo al cuidado de la familia, por todo lo cual la desestimación del recurso d apelación interpuesto por la representación de DON Luciano.
Cuarto.-Desestimado el recurso de apelación interpuesto por la representación de DON Luciano y confirmada en su integridad la resolución recurrida, conforme al principio objetivo del vencimiento regulado en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede imponer al apelante las costas del recurso.
Desestimando, como desestimamos, el recurso de apelación interpuesto por la representación de DON Luciano contra la sentencia de fecha 23 de Octubre de 2.009 dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de los de Jerez de la Frontera en los autos de que este rollo trae causa, y en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la misma, todo ello con imposición al apelante de las costas de esta alzada.
Notifíquese la presente resolución a las partes conforme a los artículos 208 n.º 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 248 n.º 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, con certificación de la misma, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia para la ejecución de lo resuelto.

References: artículo 217
 resolución 
 artículo 458
in fine
 artículo 100
 artículo 97
 resolución 
 artículo 398
 resolución