Source: https://beta.e-justice.europa.eu/371/ES/service_of_documents_official_transmission_of_legal_documents?ESTONIA&action=print&init=true
Timestamp: 2019-11-22 20:48:26+00:00

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La notificación y traslado de documentos judiciales consiste en la entrega de un documento a su destinatario de manera que le permita analizarlo con tiempo suficiente para ejercer y proteger sus derechos. En el capítulo 34 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se disponen varias formas de notificación y traslado, entre las que se incluyen la carta certificada, la notificación electrónica, a través de un agente judicial, a través de un representante del destinatario, mediante envío y mediante anuncio público en la Boletín Oficial, sección de Anuncios oficiales (Ametlikud Teadaanded). Se considerará que un acto de comunicación se ha practicado correctamente cuando la entrega del documento cumpla los requisitos legales formales y se documente en la forma prevista a ese propósito.
De conformidad con el artículo 306, apartado 5, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los siguientes documentos son notificados y trasladados por el órgano jurisdiccional a los intervinientes en el proceso: escrito de demanda, motivos del recurso y complementos, citaciones, sentencia judicial, sentencias interlocutorias y cualesquiera otros documentos judiciales previstos por la ley.
El órgano jurisdiccional se encarga de la notificación y el traslado de los documentos judiciales por medio de un prestador profesional de servicios postales, un agente judicial, un policía judicial o, de acuerdo con el reglamento interno del órgano jurisdiccional, otro funcionario competente. También se pueden practicar los actos de comunicación de cualquier otra manera que especifique la ley. Cualquier interviniente en un caso que haya presentado un documento para su notificación y traslado o que exija que se practique el acto de comunicación de otro documento judicial puede solicitar al órgano jurisdiccional que disponga la notificación y el traslado del documento de manera independiente. El interviniente en un proceso solo puede practicar actos de comunicación a través de un agente judicial. En tal caso, el acto de comunicación y su documentación se efectúan bajo las mismas condiciones que los realizados por el órgano jurisdiccional a través de un agente judicial. El órgano jurisdiccional valora si se puede considerar que el documento judicial se ha notificado y trasladado correctamente.
La institución que recibe el requerimiento [Justiitsministeerium (Ministerio de Justicia) u órgano jurisdiccional] también verifica, además de los datos existentes, si la persona está registrada en el Censo (Rahvastikuregister) o en el Registro Mercantil (Äriregister).
El Registro Mercantil lo puede utilizar todo el mundo gratuitamente, y en él se pueden ver las direcciones de las empresas. El Registro Mercantil se puede consultar en https://ariregister.rik.ee/.
Para establecer la dirección de una persona privada, se puede realizar una solicitud oficial para obtener los datos registrados en el censo. La solicitud debe justificar por qué son necesarios los datos de modo que los procesadores de datos puedan decidir si está justificada la expedición de la información. El censo lo gestiona el Centro de Tecnología de la Información y Desarrollo del Ministerio del Interior (Siseministeerium), cuya web contiene información sobre consultas y está disponible en https://www.smit.ee/.
Los órganos jurisdiccionales tramitan requerimientos internacionales de notificación y traslado de documentos y obtienen pruebas sobre el requerimiento: por ejemplo, los órganos jurisdiccionales están obligados a hacer todo lo posible para establecer la dirección del interesado.
La decisión de cómo notificar y trasladar el documento normalmente la toma el órgano jurisdiccional. Sin embargo, los órganos jurisdiccionales deberían, en primer lugar, notificar y trasladar los documentos de manera electrónica, ya sea a través del portal público de archivos electrónicos pertinente o por correo electrónico. El requisito de dar prioridad al acto de comunicación electrónico no lo establece la ley, pero ayuda a que el órgano jurisdiccional ahorre en tarifas postales. La tendencia general en los actos de comunicación es hacia un aumento constante de la notificación electrónica. Tras la notificación electrónica, el órgano jurisdiccional considerará otras alternativas, como el correo postal, un servicio de mensajería del órgano jurisdiccional u otras opciones que establezca la ley.
La notificación y el traslado electrónico están permitidos en todos los procesos.
En virtud del artículo 3111 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los documentos judiciales se notifican y trasladan electrónicamente a través del sistema de información indicado, enviando un aviso a las partes en el proceso para indicarles que el documento está disponible en el sistema. El órgano jurisdiccional pone inmediatamente a disposición de las partes en el proceso todos los documentos judiciales, incluso las sentencias, a través del sistema de información, independientemente de como se hayan practicado los actos de comunicación a las partes durante el proceso. Es necesario un documento de identidad para iniciar una sesión en el sistema de información. Se considerará que un documento judicial se ha notificado y trasladado correctamente cuando el destinatario lo abra en el sistema de información o confirme su recepción sin abrir el documento. Lo mismo se aplica si lo hace otra persona a la que el destinatario haya concedido acceso para ver los documentos en el sistema de información. El sistema de información registra la notificación y el traslado del documento de manera automática.
Si no cabe esperar que el destinatario pueda hacer uso del sistema de información utilizado para notificar y trasladar los documentos, o si hacerlo a través del sistema de información es técnicamente imposible, el órgano jurisdiccional también puede notificar y trasladar los documentos judiciales electrónicamente de otra forma. En dicho caso, se considerará que el documento se ha notificado y trasladado cuando el destinatario confirme la recepción del documento judicial por escrito, a través de fax o por medio electrónico. La confirmación debe incluir el día de la recepción del documento y llevar la firma del destinatario o de su representante. Las confirmaciones en formato electrónico deben llevar la firma digital del remitente o deben transmitirse de alguna otra forma segura que permita identificar al remitente y la hora a la que se envió, a no ser que el órgano jurisdiccional no tenga motivos para dudar de que el destinatario o su representante hayan enviado la confirmación sin firma digital. La confirmación debe enviarse al tribunal sin dilación. Los órganos jurisdiccionales pueden sancionar a un interviniente en un proceso o a su representante si incumplen esta obligación.
Los documentos judiciales solo se podrán notificar y trasladar a los abogados, notarios, agentes judiciales, administradores concursales y organismos públicos estatales o locales de una forma distinta al método electrónico si hay un buen motivo para ello.
Conforme al artículo 322, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si el destinatario de un documento judicial no puede ser localizado en su domicilio, se considerará también que el documento se ha notificado y trasladado si se entrega a una persona de al menos catorce años de edad que viva con el destinatario o esté al servicio de la familia del destinatario. El apartado 2 del mismo artículo establece que, en lugar de notificar y trasladar un documento judicial al destinatario, se puede hacer a la sociedad que gestiona el edificio en el que se encuentra el domicilio del destinatario o su negocio, al administrador de un condominio al arrendador del destinatario. Asimismo, el acto de comunicación se puede practicar al empleador del destinatario o a cualquier otra persona a la cual el destinatario preste servicio en virtud de un contrato. Se considerará que un documento judicial ha sido notificado y trasladado conforme al apartado 3, incluso si se hace a través del representante del destinatario de una de las formas especificadas en los apartados 1 y 2 del mismo artículo. De conformidad con el artículo 322, apartado 4, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, también se considerará que un documento ha sido notificado y trasladado a una persona que esté trabajando para las fuerzas armadas, que cumpla condena en prisión o que se encuentre ingresada en un centro sanitario o similar durante un periodo de tiempo prolongado, siempre que el documento se entregue al responsable de la institución o a alguien nombrado al efecto, salvo disposición legal en contrario.
El artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que, si se va a notificar y trasladar un documento a una persona física que ejerza una actividad económica o profesional, pero esa persona no se encuentra en el establecimiento comercial durante el horario laboral normal o no puede recibir el documento, este se entregará a un empleado que normalmente esté en el establecimiento comercial del destinatario o que normalmente preste servicio al destinatario con arreglo a un contrato similar. De conformidad con el apartado 2, se aplica el mismo criterio respecto de la notificación y el traslado de documentos a personas jurídicas, organismos administrativos, notarios y agentes judiciales, así como al representante de un destinatario o a cualquier otra persona a la que se pueda practicar el acto de comunicación en lugar de al destinatario.
De acuerdo con el artículo 326, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se considerará que se ha notificado y trasladado un documento judicial que no se haya podido entregar en el domicilio o en el establecimiento comercial del destinatario o a su representante, cuando se haya depositado en el buzón del correo del domicilio o del establecimiento comercial, o en un lugar similar que utilicen el destinatario o su representante para recibir el correo y que protegería el documento contra los elementos en circunstancias normales. De esta manera, se puede notificar o trasladar un documento judicial a la sociedad que gestiona el edificio en el que se encuentra el domicilio del destinatario o su establecimiento comercial, al administrador de un condominio o al arrendador del destinatario, así como al empleador del destinatario o cualquier otra persona a la que el destinatario preste servicio en virtud de de un contrato, en caso de que sea imposible notificar y trasladar el documento al destinatario o a su representante en persona. En virtud del apartado 2 de este artículo, se permite notificar y trasladar el documento de la forma descrita en el apartado 1 de ese mismo artículo si se han tomado las medidas necesarias para entregar el documento judicial al destinatario en persona en al menos dos ocasiones con un intervalo mínimo tres días entre ambas y en horas significativamente diferentes, y si también ha sido imposible notificar y trasladar el documento judicial a otra persona que esté en el domicilio o en el establecimiento comercial de conformidad con los artículos 322, apartado 1, o 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El artículo 327 de la Ley de Enjuiciamiento Civil también permite notificar y trasladar el documento judicial depositándolo en un lugar concreto. De conformidad con el artículo 217, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo las condiciones establecidas en el artículo 326 de la Ley, también se puede depositar un documento en la oficina de correos, el municipio rural o el gobierno local responsable del lugar de notificación y traslado del documento, o ante la oficina del tribunal provincial de la jurisdicción territorial donde se encuentre el lugar en el que debe notificarse y trasladarse el documento.
En virtud del artículo 317, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en base a una resolución judicial, se le puede notificar y trasladar un documento judicial a un interviniente en el proceso mediante anuncio público si:
la dirección del interviniente en el proceso no figura en el registro o la persona no vive en la dirección que figura en el registro y el órgano jurisdiccional no tiene otra forma de saber la dirección de la persona o el lugar en el que se encuentra, y el documento no se puede entregar a un representante de la persona o a una persona autorizada para recibir el documento o de cualquier otra forma contemplada en este artículo;
se considera que es imposible notificar y trasladar el documento en un estado extranjero de conformidad con el procedimiento establecido;
el documento no se puede notificar y trasladar porque el lugar en que se debe hacer es el domicilio de una persona extraterritorial.
En virtud del artículo 317, apartado 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se publica un extracto de un documento objeto de notificación en el Boletín Oficial (Ametlikud Teadaanded). El órgano jurisdiccional que conoce del asunto puede autorizar también la publicación del extracto en otras publicaciones.
Si un documento se notifica y traslada en virtud de los artículos 322 y 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se considerará que se ha practicado el acto de comunicación cuando se entregue al destinatario del documento, de acuerdo con los artículos 322 o 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Si se realiza un acto de comunicación mediante el depósito del documento en un buzón de correo postal de acuerdo con el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se considerará que se ha notificado y trasladado el documento cuando en efecto se haya depositado en el buzón.
Si se notifica y traslada un documento mediante depósito, en virtud del la sección artículo 327, apartado 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se considerará que se ha practicado el acto de comunicación cuando hayan transcurrido tres días desde el anuncio escrito especificado en el apartado 2 del mismo artículo. La fecha de la notificación y traslado se anota en el sobre del documento.
En caso de notificación, se considerará que un documento judicial se ha notificado o trasladado cuando hayan transcurrido treinta días desde la fecha en que se publicó el extracto en el Boletín Oficial (Ametlikud Teadaanded), de acuerdo con el artículo 317, apartado 5, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El órgano jurisdiccional que conoce del asunto puede fijar un plazo más largo para considerar que se ha notificado y trasladado un documento. En tal caso, el plazo se publicará junto con la comunicación pública del documento.
Si se notifica o traslada un documento judicial mediante depósito, en virtud del artículo 327, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha de dejar un aviso escrito al respecto en la dirección del destinatario o enviarlo a esa dirección. Si no fuese posible, se colocará el aviso en la puerta de la casa, del establecimiento comercial o del lugar donde resida el destinatario, o se entregará a una persona que viva en el vecindario para que lo remita al destinatario. El aviso debe indicar claramente que el documento depositado lo ha enviado el órgano jurisdiccional, que se considerará que se ha notificado y trasladado desde el momento que se haya depositado y que los plazos del proceso pueden empezar a contar desde ese momento.
7.4 Qué ocurre si el destinatario se niega a aceptar la notificación y el traslado de los documentos? ¿Se considera que los documentos han sido notificados y trasladados correctamente si la negativa es ilegítima?
Conforme al artículo 325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si una persona rehúsa aceptar un documento sin un buen motivo, se considerará que el documento se ha notificado y trasladado a la persona en el momento en el que se negó a aceptarlo. En dicha situación, el documento se deja en el domicilio o en el establecimiento comercial del destinatario, o se deposita en su buzón del correo postal. En caso de que no haya ningún establecimiento ni buzón de correo, el documento se devolverá al órgano jurisdiccional.
De acuerdo con el artículo 3161, apartado 5, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, y sobre la base de este Reglamento, los documentos se notifican y trasladan en Estonia en consonancia con el procedimiento establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para notificar y trasladar documentos judiciales. Los documentos no se pueden notificar ni trasladar mediante anuncio público.
De conformidad con el artículo 313, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cualquier documento que se notifique y traslade puede entregarse a una persona que no sea el destinatario solo en los casos previstos en la parte VI de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta persona deberá entregar el documento a su destinatario a la mayor brevedad posible. Solo podrá negarse a aceptar el documento para entregárselo al destinatario si prueba que no puede entregárselo. Deberá explicarse a la persona la obligación de entregar el documento. Se considerará que el documento se ha notificado y trasladado, independientemente de si se da esta explicación.
Por tanto, en virtud del Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, también se pueden aplicar las formas de notificación y traslado descritas en el apartado 2.1 anterior y contempladas en los artículos 322 y 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
Conforme al artículo 322, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si el destinatario de un documento judicial no puede ser localizado en su domicilio, se considerará también que el documento se ha notificado y trasladado si se entrega a una persona de al menos catorce años de edad que viva con el destinatario o preste servicio a la familia del destinatario. El apartado 2 del mismo artículo establece que, en lugar de notificar y trasladar un documento judicial al destinatario, se puede hacer a la sociedad que gestiona el edificio en el que se encuentra el domicilio del destinatario o su negocio, al administrador de un condominio o al arrendador del destinatario. Asimismo, el acto de comunicación se puede practicar al empleador del destinatario o a cualquier otra persona a la cual el destinatario preste servicio en virtud de un contrato. Se considerará que un documento judicial ha sido notificado y trasladado conforme al apartado 3, incluso si se hace a través del representante del destinatario de una de las formas especificadas en los apartados 1 y 2 del mismo artículo. De conformidad con el artículo 322, apartado 4, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, también se considerará que un documento ha sido notificado y trasladado a una persona que esté trabajando para las fuerzas armadas, que cumpla condena en prisión o que se encuentre ingresada en un centro sanitario o similar durante un periodo de tiempo prolongado, siempre que el documento se entregue al responsable de la institución o a alguien nombrado al efecto, salvo disposición legal en contrario.
En consonancia con la segunda frase del artículo 3161, apartado 5, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, non se puede hacer un anuncio público para notificar y trasladar un documento judicial de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Se puede notificar y trasladar un documento judicial depositándolo en el buzón, en virtud del artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o mediante su depósito, de acuerdo con el artículo 327 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
De acuerdo con el artículo 326, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se considerará que se ha notificado y trasladado un documento judicial que no se haya podido entregar en el domicilio o en el establecimiento comercial del destinatario o a su representante cuando se haya depositado en el buzón del correo del domicilio o del establecimiento comercial, o en un lugar similar que utilicen el destinatario o su representante para recibir el correo y que protegería el documento contra los elementos en circunstancias normales. De esta manera se puede notificar o trasladar un documento judicial a la sociedad que gestiona el edificio en el que se encuentra el domicilio del destinatario o su establecimiento comercial, al administrador de un condominio o al arrendador del destinatario, así como al empleador del destinatario o cualquier otra persona a la que el destinatario preste servicio en virtud de de un contrato, en caso de que sea imposible notificar y trasladar el documento al destinatario o a su representante en persona. En virtud del apartado 2 de esta sección, se permite notificar y trasladar el documento de la forma descrita en el apartado 1 de ese mismo artículo si se han tomado las medidas necesarias para entregar el documento judicial al destinatario en persona en al menos dos ocasiones con un intervalo mínimo de tres días entre ambas y en horas significativamente diferentes, y si también ha sido imposible notificar y trasladar el documento judicial a otra persona que esté en el domicilio o en el establecimiento comercial de conformidad con el artículo 322, apartado 1, o el artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Como el artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo establece que los documentos judiciales deben entregarse con acuse de recibo, es discutible si es admisible la notificación y el traslado en los casos contemplados en los artículos 326 y 327 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
De conformidad con el artículo 6, apartado 1, de los «Requisitos para los envíos certificados y los envíos con valor declarado en el marco del servicio postal universal» aprobados por el Reglamento n.º 57 del Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones, de 22 de junio de 2006, si el destinatario de un artículo de correspondencia no se encuentra en su lugar de residencia en el momento de la notificación y traslado, se dejará al destinatario un aviso de la oficina postal más cercana en el que se explique que se ha realizado la entrega.
Si el remitente no ha realizado ninguna otra anotación en el aviso de entrega sobre la notificación y traslado de otra forma, los documentos judiciales se depositarán en la oficina de correos durante 15 días desde el segundo intento de envío, a no ser que el remitente haya facilitado un plazo diferente. Una vez finalizado el plazo, los documentos judiciales se devuelven formalmente al remitente junto con los motivos de la devolución , y se expiden al representante del remitente quien los firma (Términos y condiciones de notificación y traslado de documentos judiciales de AS Eesti Post).
De conformidad con el artículo 306, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando se notifica y traslada un documento judicial, el acto de entrega debe cumplir los requisitos formales contemplados en la ley y se debe hacer en la forma establecida a ese propósito. En virtud del artículo 307, apartado 4, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el envío de un documento judicial que ha de notificarse y trasladarse debe consignarse en el expediente del órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 3111 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los sistemas de información indicados registran la notificación y el traslado de un documento judicial de manera automática (véase la descripción de notificación y traslado a través de un sistema de información en el apartado 6 anterior). De acuerdo con el artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la notificación y el traslado de un documento por correo certificado quedan probados con el aviso de entrega. Cuando se envía un documento por correo no certificado o fax, se considerará que se ha notificado y trasladado si el destinatario envía al órgano jurisdiccional una confirmación de la entrega del documento por carta o fax o por medio electrónico, a su elección. La confirmación debe incluir el día de la recepción del documento y llevar el sello del destinatario o su representante. De acuerdo con el artículo 315, apartado 5, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se prepara un aviso de entrega de la notificación y traslado de un documento judicial mediante un oficial de justicia, un agente judicial u otra persona o institución. Después del servicio, el aviso de entrega se devuelve al tribunal sin dilación.
Tras la notificación y el traslado de un documento judicial sobre la base del artículo 3141 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en caso de que el acto de comunicación se realice mediante envío, debe consignarse una nota en el expediente que establezca dónde y cuándo se envió el documento o la información sobre su puesta a disposición, a menos que se registre automáticamente el envío en el sistema de información creado a tal fin.
De acuerdo con el artículo 307, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si se entrega un documento a una parte en un proceso a la que se le tenía que notificar y trasladar o a la que se le podía notificar y trasladar de acuerdo con la ley, pero no es posible certificar el acto de comunicación, o si se incumple el procedimiento de notificación y traslado previsto en la ley, se considerará que el documento se ha notificado y trasladado al interviniente en el proceso solo a partir del momento en el que realmente llegue el documento al destinatario.
Después de la notificación y el traslado por correo certificado en virtud del artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el órgano jurisdiccional puede considerar que un aviso de entrega que no cumple los requisitos formales contemplados en los apartados 3 y 4 del mismo artículo es adecuado a efectos de notificación y traslado si esta aparece documentada de manera segura en el aviso de entrega. Si el órgano jurisdiccional no puede considerar que un documento judicial se haya notificado y trasladado adecuadamente porque el prestador de servicios postales no pudo hacerlo correctamente, puede entregar el documento judicial al prestador de servicios postales para que lo notifique y traslade de nuevo sin coste alguno para el órgano jurisdiccional. Algunos ejemplos de incapacidad para notificar y trasladar el documento correctamente incluyen: no utilizar todas las opciones previstas en la ley al notificar y trasladar el documento judicial por correo certificado; entregarlo a una persona a la que no se le debería haber entregado de acuerdo con lo dispuesto en este artículo; incumplir los requisitos establecidos en el artículo 326 de esta ley para notificar y trasladar un documento judicial depositándolo en el buzón postal, o en el artículo 327 de esta ley para notificar y trasladar un documento judicial mediante depósito, o incumplir la obligación de documentarlo correctamente, lo que significa que no se puede considerar que se haya llevado a cabo el acto de comunicación.
En base al Reglamento (CE) n.º 1393/2007, la notificación y el traslado de materiales es normalmente sin coste, excepto si se solicita el acto de comunicación a través de un agente judicial.
Si los documentos judiciales son notificados y trasladados a través de un agente judicial, la tasa que se ha de pagar al agente judicial por su notificación es, en virtud del artículo 48, apartado 2, de la Ley de los agentes judiciales, 30 EUR en caso de que los documentos se puedan notificar y trasladar al destinatario o a sus representantes legales: 1) a través de la dirección o los datos de telecomunicaciones registrados en el censo, o a través de dirección de correo electrónico: isikukood@eesti.ee, o 2) en una dirección registrada en el registro de empresas unipersonales y personas jurídicas de Estonia o a través de los datos de telecomunicaciones registrados en el sistema de información del registro mencionado anteriormente. De acuerdo con el apartado 3, si un documento judicial no se puede notificar ni trasladar, a pesar de los esfuerzos necesarios y razonables del agente judicial de acuerdo con el procedimiento previsto en la ley, el agente judicial tiene derecho a solicitar una tasa de 30 EUR mediante una decisión respecto a la tasa del agente judicial y el instrumento de notificación y traslado relativo a las medidas adoptadas por el agente judicial para realizar el acto de comunicación del documento. En casos distintos a los especificados en los apartados 2 y 3, la tasa que se ha de pagar al agente judicial por notificar y trasladar los documentos asciende a 60 EUR.
La cuantía de las tarifas postales figura en la lista de precios del proveedor de servicios postales, ya que no se ha regulado ninguna tasa fija a nivel legislativo. El precio lo determina el peso de la carta, el lugar donde se va a realizar la notificación y traslado, etc. El precio medio en 2014 era de 5,70 EUR por paquete de documentos. Si se usa un servicio de mensajería del órgano jurisdiccional, el coste por paquete de documentos es de 6,20 EUR.
Más información en: Ley de Enjuiciamiento Civil

References: artículo 306
 artículo 3111
 artículo 322
 artículo 322
 artículo 323
 artículo 326
 artículo 327
 artículo 217
 artículo 326
 artículo 317
 resolución 
 artículo 317
 artículo 326
 artículo 327
 artículo 317
 artículo 327
 artículo 325
 artículo 3161
 artículo 313
 artículo 322
 artículo 322
 artículo 3161
 artículo 326
 artículo 327
 artículo 326
 artículo 322
 artículo 323
 artículo 14
 artículo 6
 artículo 306
 artículo 307
 artículo 3111
 artículo 313
 artículo 315
 artículo 3141
 artículo 307
 artículo 313
 artículo 326
 artículo 327
 artículo 48