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Timestamp: 2020-07-08 23:02:50+00:00

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Damos respuesta a tus dudas sobre gestión de entidades y COVID-19
¿CÓMO TE ACOMPAÑA FEDER?
Os recordamos que, en todo momento, como siempre vamos a manteneros informados por los canales habituales que tenemos establecidos: nuestra página web, boletín, de cómo os pueden afectar las diferentes normativas que se están publicando estos días en el marco del estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.
A su vez, también seguimos a vuestra disposición para resolver todas aquellas dudas que se os puedan generar en relación a todos aquellos temas que afecten a vuestra entidad. Podéis seguir planteando vuestras consultas a través de: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Para que dispongáis de información actualizada que puede afectar a vuestras entidades, en esta situación de estado de alarma, hemos desarrollado unos contenidos, a modo de preguntas frecuentes, que esperamos que os puedan ser de utilidad en estas circunstancias.
¿PUEDO REALIZAR LAS REUNIONES DE LA JD O ASAMBLEAS ONLINE EN ESTE PERÍODO DE ESTADO DE ALARMA?
La realización de reuniones de nuestros órganos de gobierno, y en consecuencia la adopción de acuerdos es primordial para cualquier entidad. Es por ello, que en el RDL 8/2020, de 17 de marzo ya se contemplaba esta cuestión, aunque se ha visto modificada por el RDL 11/2020, concretamente, de acuerdo al artículo 40 de la citada norma, mientras dure el estado de alarma, aunque no lo recojan los estatutos de la entidad:
Será posible la REUNIÓN de los órganos de la entidades y la adopción de acuerdos por medio DE VIDEOCONFERENCIA U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN<(b> (conferencia telefónica múltiple), siempre que todos los miembros dispongan de los medios necesarios, el secretario reconozca su identidad, y así se recoja expresamente en el acta, que será remitida de inmediato, a las direcciones de correo electrónico de cada una de las personas asistentes.
Estas mismas reglas se aplicarán al otro órgano de gobierno que es la asamblea.
Las reuniones se considerarán celebradas en la sede social de la entidad.
Por otra parte, será posible la ADOPCIÓN DE ACUERDOS, siempre que lo decida el presidente o que lo soliciten, al menos, 2 miembros del órgano, por medio de VOTACIÓN POR ESCRITO Y SIN QUE SE CELEBRE SESIÓN.
Esto mismo será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que estén constituidas. La sesión, igualmente, se entenderá celebrada en el domicilio social.
Una cuestión relevante y que cabe tener en cuenta, es que los plazos para la celebración de reuniones han quedado suspendidos para las reuniones que se convocaron antes de la declaración del estado de alarma. Estos pueden ser objeto de aplazamiento o de modificación en lo que se refiere al lugar, fecha y hora.
En este sentido, las decisiones que tome la entidad sobre reunirse y adoptar acuerdos durante esta situación de estado de alarma, dependerá de ella, de sus necesidades, sus características y de sus miembros. Si, a pesar de las circunstancias se opta por llevar a cabo estas reuniones, será fundamental que todas las personas que asistan a estas reuniones telemáticas, ya sean juntas directivas, asambleas generales (ordinarias/extraordinarias), lo hagan con todas las garantías, por tanto, deberán asegurarse que todas ellas cuentan con los medios necesarios para garantizar su identidad, y la autenticidad de los votos para que se alcancen acuerdos, por ello deberán asegurarse de que la conexión bilateral-multilateral de quienes asistan en remoto, es en tiempo real con imagen y sonido.
Para finalizar, una última cuestión que también recoge este Real Decreto, hace referencia a la presentación de CUENTAS ANUALES, si se trata de una entidad que tiene esta obligación, también se ha recogido la posibilidad de ampliar los plazos legales para su elaboración, aprobación y presentación, al igual que otros documentos que puedan ser exigidos legalmente.
En lo que se refiere a las cuentas anuales, se mantendrá la suspensión del plazo de 3 meses, a contar desde el cierre del ejercicio social para su formulación, mientras dure el estado de alarma, siendo de aplicación esta disposición a las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas. No obstante, puede darse la formulación de estas cuentas en el período de alarma, y es posible su verificación contable dentro del plazo que se ha establecido legalmente, aunque es posible también acogerse a la prórroga.
Se dará la misma situación en lo que se refiere a la extensión del plazo de auditoría de cuentas, que será a los 2 meses siguientes del estado de alarma.
¿QUÉ OCURRE CON LOS PLAZOS DE LAS SUBVENCIONES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA?
Tal como se recoge en las Disposición adicional tercera del Real Decreto Ley 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, concretamente en su apartado 1º, se establece: “la suspensión de términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.
El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”.
En relación a esta cuestión la Abogacía del Estado ha emitido un informe en relación a la interpretación de este precepto que puede prestarse a confusión, y que puede ser relevante a la hora de proceder una vez finalice el estado de alarma, en cuanto a los trámites administrativos que correspondan, como es el caso que aquí nos ocupa.
En primer lugar, establecer la diferencia entre suspensión e interrupción: “se suspenden los términos y se interrumpen los plazos”. Hablamos de términos, cuando se fija una fecha determinada. En cambio, el plazo se refiere al período de tiempo existente entre un día inicial y un día final.
Por otra parte, este mismo informe, también pone de manifiesto que los conceptos “suspensión” e “interrupción” no son sinónimos, ya que la suspensión de un plazo supone que este se detiene “se congela en el tiempo” por la circunstancia que se ha contemplado (en este caso, el estado de alarma), y se reanuda, cuando la circunstancia desaparezca. (Es decir, si un plazo es de 30 días se suspende en el día 15 y en el momento de reanudación quedarán solo 15 días para que expire).
Sin embargo, cuando nos referimos a la interrupción de un plazo, una vez que se da la circunstancia que lo interrumpe, el plazo vuelve a iniciarse, a contar desde cero (es decir, si el plazo estaba establecido en 30 días, y habían transcurrido 10, no empezará a contar desde ese 10º día, sino que volverá a iniciarse desde el principio).
En base a lo expuesto, a través del citado informe se pone de manifiesto que existe una contradicción entre la rúbrica de la disposición adicional 3ª “Suspensión de plazos administrativos”, y el texto que sigue a continuación: “Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de procedimientos”, ya que suspensión e interrupción son conceptos jurídicos diferentes y con consecuencias jurídicas también diferentes.
Establecida esta aclaración, respecto a la interpretación de este precepto se dará prioridad a la expresión contenida en la rúbrica del precepto, y en consecuencia prevalecerá la suspensión de plazos procedimentales y no la interrupción. Lo cual implica que “contará el tiempo que reste en el momento en que este hubiera quedado suspendido, sin que en ningún caso, vuelva a comenzar de nuevo el plazo”.
En conclusión, en cuanto a los plazos, lo que debemos tener en cuenta como entidad es que el citado informe de la Abogacía del Estado, concluye que: “el sentido del apartado 1 de la disposición adicional 3ª del RD 463/2020 es el de establecer que los plazos procedimentales a los que se refiere quedan suspendidos en el momento de la declaración del estado de alarma, reanudándose por el período que restare cuando desaparezca dicho estado de alarma, inicial o prorrogado, sin que en ningún caso vuelvan a empezar desde cero”.
¿CÓMO PUEDE AFECTAR EL ESTADO DE ALARMA A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS QUE MI ENTIDAD HA OPTADO?
El artículo 54 del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, establece que sus dos apartados, lo siguiente:
1.-En los procedimientos de concesión de subvenciones, las órdenes y resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas públicas, que prevé el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, que ya hubieran sido otorgadas en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 463/2020 (14 de marzo de 2020) podrán ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque esto no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladoras.
2.-También podrán ser modificadas, a instancia de beneficiario, las resoluciones y convenios de concesión de subvenciones previstas en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: las subvenciones concedidas de forma directa, sin necesidad de que sea modificado en su caso, el Real Decreto previsto por el artículo 28.2 de dicha Ley, en las mismas condiciones y con los mismos requisitos previstos en el apartado primero.
¿Cómo se articulará este procedimiento?
Se ampliarán los plazos de ejecución y justificación que corresponde cumplir a la entidad que ha optado a las subvenciones que se conceden por concurrencia competitiva y también a las subvenciones de concesión directa. Y en consecuencia, también se ampliarán los de comprobación y posterior pago que corresponden a la administración.
La entidad deberá justificar únicamente la imposibilidad de realizar la actividad subvencionada durante el estado de alarma o la insuficiencia del plazo que restaba tras su finalización para llevar a cabo, bien la propia actividad, o en su caso, su justificación o comprobación.
A la administración en cuestión le corresponderá dictar el instrumento que establezca esta ampliación.
El precepto 54.2 del citado decreto será de aplicación a las subvenciones de concesión directa (por lo que no debería afectar al Decreto de concesión directa de Programas pendiente de pago). Aunque cuando el objeto de la subvención sea la Financiación de gastos de funcionamiento de una entidad, el plazo de ejecución que se estableció inicialmente NO PODRÁ SER MODIFICADO.
**Importante: lo aquí recogido continuará vigente, hasta un mes después de que haya concluido el estado de alarma.
MI ENTIDAD HA TENIDO QUE SUSPENDER O REDUCIR SU ACTIVIDAD, Y NO PUEDE SEGUIR PRESTANDO SERVICIOS A TRAVÉS DEL PERSONAL CONTRATADO PARA ELLO ¿QUÉ MEDIDAS PUEDO APLICAR?
Son varias las medidas a las que puedes acogerte, para que la sostenibilidad de tu entidad no se vea comprometida, y puedas mantener los puestos de trabajo mientras dure esta situación, para que cuando pase, también sea más fácil recuperar tu actividad.
GESTIONAR UN ERTE
Esto va a representar que las empresas y autónomos, y en consecuencia también las entidades puedan prescindir, mientras dure el ERTE de sus empleados, quedando la empresa exenta de las obligaciones de abonar la nómina y la totalidad o parte de los seguros sociales. Leer más
OTRAS OPCIONES A LAS QUE PUEDES ACOGERTE
En los artículos 34 y 35 del Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se recogen dos medidas que pueden contribuir a paliar las consecuencias de esta crisis que afectan a pequeñas empresas y trabajadores autónomos, con lo cual, las entidades que tengan a personal contratado también podrían beneficiarse.
Dichas medidas son las que siguen:
1.- Se ha facultado a la TGSS, previa solicitud de la empresa/entidad interesada, a otorgar MORATORIAS por un plazo de 6 meses, sin intereses, para las cotizaciones de las empresas comprendidas entre los meses de abril y junio de 2020. La solicitud de moratoria deberá comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos de ingreso de los períodos afectados por la moratoria.
La concesión se comunicará en el plazo de los tres meses siguientes al de la solicitud y no es aplicable a los códigos de cuenta de cotización por los que las empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial así como en las cuotas de recaudación conjunta.
2.- APLAZAMIENTO EN EL PAGO DE LAS DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL: Las empresas/entidades podrán solicitar el APLAZAMIENTO en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo período de ingreso comprenda entre los meses de abril y junio de 2020, aplicándose un interés reducido el 0,5 %.
La solicitud de aplazamiento deberá efectuarse antes de que transcurran los 10 primeros días naturales del plazo de ingreso.
“Respecto de las cotizaciones correspondientes al mes de abril, sólo es posible solicitar aplazamiento de pago, pero respecto de las cotizaciones correspondientes a los meses de mayo y junio, se podrá optar entre solicitar una moratoria o el aplazamiento del pago, según convenga. Las cotizaciones correspondientes al mes de julio sólo podrán ser objeto de moratoria”.
Más información en el siguiente enlace: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/5e520087-dc2f-4375-9221-43a9fdb62658#020820Moratorias

References: artículo 40
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 54
 Real Decreto 
 artículo 22
 Real Decreto 
 artículo 22
 Real Decreto 
 artículo 28
 Real Decreto