Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-0-06305-2016-00-00-22-05-2019-1523555
Timestamp: 2019-09-19 02:15:56+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 0/06305/2016/00/00, 22-05-2019 | Iberley
Núm. Resolución: 0/06305/2016/00/00
Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos (IPCNGRR). Constitucionalidad. Compatibilidad con normativa UE. Competencia sobre la decisión relativa a la constitucionalidad/legalidad de las disposiciones tributarias de carácter general.
PROCEDIMIENTO: 00-06305-2016; 00-06343-2016; 00-06344-2016; 00-06345-2016; 00-06346-2016
RECLAMANTE: CENTRAL NUCLEAR ..., - NIF ...
Se ha visto la presente reclamación contra las siguientes resoluciones dictadas por la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de Tarragona de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT):
Acuerdo de resolución de fecha 22 de agosto de 2016 por el que se desestima la solicitud de rectificación de autoliquidación y devolución de ingresos indebidos del Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica (en adelante IPCNGRR o Impuesto), correspondiente al ejercicio 2013 (periodo impositivo coincidente con el ciclo de operación 1 de la Central Nuclear), por importe de 17.587.337,22 euros. Acuerdo de resolución de fecha 22 de agosto de 2016 por el que se desestima la solicitud de rectificación de autoliquidación y devolución de ingresos indebidos del IPCNGRR, correspondiente al ejercicio 2013 (residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica), por importe de 233.420 euros. Acuerdo de resolución de fecha 22 de agosto de 2016 por el que se desestima la solicitud de rectificación de autoliquidación y devolución de ingresos indebidos del IPCNGRR, correspondiente al ejercicio 2014 (residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica), por importe de 380.600 euros. Acuerdo de resolución de fecha 22 de agosto de 2016 por el que se desestima la solicitud de rectificación de autoliquidación y devolución de ingresos indebidos del IPCNGRR correspondiente al ejercicio 2014 (periodo impositivo coincidente con el ciclo de operación 2) por importe de 41.014.870,61 euros. Acuerdo de resolución de fecha 20 de septiembre de 2016 por el que se desestima la solicitud de rectificación de autoliquidación y devolución de ingresos indebidos del IPCNGRR, correspondiente al ejercicio 2016, (periodo impositivo coincidente con el ciclo de operación 3 de la Central Nuclear) por importe de 53.788.231,92 euros.
Reclamación F. Inter. F. Entra.
00-06305-2016 22/09/2016 25/10/2016
00-06343-2016 22/09/2016 26/10/2016
00-06344-2016 22/09/2016 26/10/2016
00-06345-2016 22/09/2016 26/10/2016
00-06346-2016 22/09/2016 26/10/2016
SEGUNDO.- Consta en todo lo actuado, que en fechas 19 y 29 de julio de 2016, la reclamante presentó sendos escritos de solicitud de devolución de ingresos indebidos en relación con el citado Impuesto ante la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de Tarragona, mediante el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones.
Nulidad de la Orden HAP/538/2013, que aprueba el modelo de autoliquidación 584 del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica por omisión en su tramitación del dictamen del Consejo de Estado. Nulidad e Inconstitucionalidad de la Ley 15/2012, reguladora del Impuesto por carecer de la finalidad extrafiscal (carácter medioambiental) que se propugna en el Preámbulo de la misma, y por infringir los principios de generalidad, capacidad económica y no confiscatoriedad. Vulneración del Derecho Comunitario por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, por la que se regula este impuesto. El Impuesto constituye una ayuda de estado ilegal.
Consideraba, la entidad reclamante que tenía derecho a la devolución por ingresos indebidos a su favor, de conformidad con los procedimientos establecidos en los artículos 120.3 y 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 126 y siguientes del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, así como por los artículos 14 y siguientes del Reglamento General de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa, aprobado mediante el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
Las citadas solicitudes fueron objeto de resolución en fechas 22 de agosto y 20 de septiembre de 2016 desestimando las pretensiones de la interesada.
Disconforme con lo anterior, la reclamante interpuso en fecha 22 de septiembre de 2016 las presentes reclamaciones económico-administrativas que fueron registradas con números R.G.: 6305/2016, 6343/2016, 6344/2016, 6345/2016 y 6346/2016, reiterando lo ya señalado en la vía administrativa.
En los escritos de interposición formula la interesada sus alegaciones reiterando lo ya señalado en la vía administrativa.
En fecha 22 de marzo de 2019 el Abogado del Estado-Secretario de este Tribunal acordó la acumulación de los referidos expedientes, haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 230 de la Ley General Tributaria.
La adecuación a Derecho de los acuerdos dictados por la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de Tarragona de la AEAT.
En el caso objeto de la presente reclamación, la entidad interesada, es el obligado tributario, que solicitó ante la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de Tarragona, la devolución del IPCNGRR, correspondiente a los ejercicios 2013, 2014 y 2016.
Por tanto, conforme a lo dispuesto en los citados preceptos, debe reconocerse la legitimación de la entidad solicitante para instar la rectificación de su autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución, en su caso, como ingreso indebido, del IPCNGRR por ella ingresado, como obligado tributario que ha realizado el ingreso cuya devolución solicita.
Una vez realizadas las anteriores precisiones respecto del procedimiento, en relación con la cuestión de fondo, la reclamante alega la inconstitucionalidad del IPCNGRR, creado por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, por infracción de los principios de generalidad, igualdad, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la vulneración de la normativa comunitaria, en particular, de las Directivas 2011/70/EURATOM, 2004/35/CE, 2009/72/CE, 2008/118/CE y 2005/89/CE, y de los artículos 107, 108 y 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La reclamante funda su petición en una pretendida incompatibilidad entre la Ley 15/2012, que regula el IPCNGRR, y el Derecho de la Unión Europea, así como con determinados principios de la Constitución Española.
En cuanto al primero de estos motivos, constatándose la plena vigencia en el ordenamiento jurídico español, en el momento presente, de la Ley 15/2012, reguladora del IPCNGRR, y sin que resulte del análisis de la norma europea una evidente incompatibilidad que debiera conducir a la inaplicación de la norma patria, ha de rechazarse la pretensión de la parte reclamante.
En lo concerniente a la inconstitucionalidad de la Ley reguladora del Impuesto, así como la pretendida nulidad de la Orden HAP/538/2013, es preciso señalar que no es competencia de este Tribunal Económico-Administrativo Central decidir sobre la legalidad de las disposiciones tributarias de carácter general, puesto que el ámbito de la vía económico-administrativa está circunscrito al examen de los actos de aplicación de la normativa en vigor (artículo 229 de la Ley General Tributaria), con independencia de la legalidad intrínseca de las normas que las regulan, materia reservada a la jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 107.3 de la Ley 30/1992) o, en su caso, al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este sentido, cabe citar las resoluciones de 20 de octubre de 2010 (R.G. 7373/08), de 23 de junio de 2010 (R.G. 2160/08), 24 de marzo de 2009 (R.G. 912/08), 26 de septiembre de 2007 (R.G. 2379/05), 1 de junio de 2006 (R.G. 3529/03), 23 de abril de 2019 (R.G. 6859/16) entre otras.
Por lo tanto, deben desestimarse sus alegaciones.
Señala, asimismo la reclamante que el Impuesto constituye una ayuda de estado ilegal.
Pues bien, de lo dispuesto en los citados preceptos resulta que el análisis de si una Ley constituye una ayuda de estado ilegal no constituye una materia reclamable ante este Tribunal, debiendo acudir al efecto, si así lo considera, al procedimiento regulado al efecto en el artículo 24 del Reglamento 5015/1589, del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Criterio este que constituye doctrina de este Tribunal recogida en las resoluciones 00/04362/2015, de 25 de octubre de 2018 y 00/05131/2015, de 20 de noviembre de 2018.
Finalmente, la recurrente alega la nulidad de la Orden HAP/538/2013, que aprueba el modelo de autoliquidación 584 del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica por omisión en su tramitación del dictamen del Consejo de Estado.
El apartado 2 del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre establece que serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, siguiendo la línea tanto de la anterior regulación, como de la jurisprudencia relacionada con ella. Así, y como señala la TS, Sala de lo Contencioso, de 21/05/2010, Rec. 2463/2006: "(...) porque los vicios de los que adolecen las disposiciones generales son vicios de nulidad plena respecto de los cuales carece de fundamento la convalidación invocada. Y, finalmente, y ligado al anterior, se hace preciso recordar que los vicios de invalidez en que pueden incurrir estas disposiciones generales son únicamente supuestos de nulidad plena, como revela el artículo 62.2 de la Ley 30/1992 cuando sanciona que "serán nulas de pleno derecho la disposiciones administrativas que vulneran la Constitución, las Leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad (...)".
Como es sabido, corresponde a los Tribunales de la jurisdicción Contencioso-Administrativa el control anunciado por el apdo. 1 del Art. 106 ,Constitución Española: "Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifica". Dos son los "recursos" previstos a este respecto: el llamado "recurso directo" y el denominado "recurso indirecto": Ambos modos de impugnación se extraen de la consideración conjunta de los siguientes preceptos:
El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. (apdo.1 del Art. 25 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).
Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho (apdo.1 del Art. 26 ,Ley 29/1998, de 13 de julio). a) La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior (apdo. 2 del Art. 26 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).
Partiendo de la consideración de que una u otra vía de impugnación producen, en su caso, los mismos efectos erga omnes ("las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada", apartado 2 del Art. 72 ,Ley 29/1998, de 13 de julio) estas son las características que, según la doctrina más extendida, se pueden destacar de una y otra:
a) Impugnación directa o recurso directo:
La interposición del recurso directo se encuentra sometido a un plazo (2 meses desde su publicación), transcurrido el cual ya no será posible la impugnación por esta vía. Con el recurso directo se consigue, atacando directamente el Reglamento, la anulación general del mismo.
b) Impugnación indirecta o recurso indirecto:
La interposición del recurso indirecto no está sometida a ningún plazo, y es la única forma de atacar el Reglamento, aunque sea de forma indirecta, en el caso de que no sea ya posible interponer el recurso directo por haber transcurrido el plazo de interposición del mismo, o bien en el caso de que el recurso directo hubiese sido en algún momento anterior desestimado.
Aun cuando su objeto sean los actos en aplicación del Reglamento, a través del mismo también se puede conseguir la total anulación de aquel. A tal "punto de llegada" conduce lo dispuesto en el Art. 27 ,Ley 29/1998, de 13 de julio:
Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes.
Cuando el Juez o Tribunal competente para conocer de un recurso contra un acto fundado en la invalidez de una disposición general lo fuere también para conocer del recurso directo contra ésta, la sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición general. Sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma.
Al margen de lo expuesto, la legalidad del reglamento puede verse controlada no ya por la justicia ordinaria, sino por el Tribunal Constitucional. Así, y como dispone el apartado 2 del Art. 161 ,Constitucion Española, "El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas". En virtud de la cláusula abierta de la letra d) del Art. 161 ,Constitución Española también se ha ampliado esa potestad del Tribunal Constitucional para conocer de los recursos que se planteen respecto de conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas y de Comunidades Autónomas entre sí, cuando cualquiera de ellas dicte un Reglamento.
No es competencia de este Tribunal Económico-Administrativo Central decidir sobre la legalidad de las disposiciones tributarias de carácter general, puesto que el ámbito de la vía económico-administrativa está circunscrito al examen de los actos de aplicación de la normativa en vigor (artículo 229 de la Ley General Tributaria), con independencia de la legalidad intrínseca de las normas que las regulan, materia reservada a la jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 107.3 de la Ley 30/1992) o, en su caso, al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El reclamante considera inconstitucional el Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos (IPCNGRR) resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica (IPCNGRR), creado por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, por infracción de los principios de generalidad, igualdad, capacidad económica y no confiscatoriedad. También impugnaba la Orden HAP/538/2013.
Reitera criterio de RG 00/06859/2016 (23-04-2019)En el mismo sentidoRG 00/02010/2014 Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía EléctricaRG 00/07373/2008 Impuesto sobre SucesionesRG 00/00980/2009 IRPFRG 00/00912/2008 ITPAJDRG 00/02379/2005 IVA
Ley 15/2012 de 27 de Dic (Medidas fiscales para la sostenibilidad energética) VIGENTE
D.F. 4ª. Habilitaciones a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
D.F. 1ª. Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Orden HAP/538/2013 de 5 de Abr (modelos 584 -producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos- y 585 -almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas-) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 83 Fecha de Publicación: 06/04/2013 Fecha de entrada en vigor: 07/04/2013 Órgano Emisor: Ministerio De Hacienda Y Administraciones Publicas
D.F. 2ª. Modificación de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que pr...
D.F. 1ª. Modificación de la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación t...
Resolución de TEAC, 0/06859/2016/00/00, 23-04-2019
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 23/04/2019 Núm. Resolución: 0/06859/2016/00/00

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 Real Decreto 
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 artículo 47
 artículo 62
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