Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/1996/S43-96.html
Timestamp: 2015-07-07 17:54:20+00:00

Document:
v. México,
Caso 11.430, Informe No. 43/96, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.95 Doc.
7 rev. en 485 (1996).
INFORME Nº 43/96
CASO 11.430
MÉXICO 15 de octubre de 1996 I. HECHOS DENUNCIADOS 1. Según la información proporcionada en la denuncia presentada
por los peticionarios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante la Comisión) el 25 de enero de 1995, el General Brigadier
del Ejército mexicano José Francisco Gallardo Rodríguez ha sido víctima
desde 1988, después que fuera ascendido a General Brigadier, de amenazas,
hostigamientos e intimidaciones por parte de altos mandos de la Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA). Asimismo, señalan que mediante la fabricación
de delitos y responsabilidades, nunca probados, se le ha sometido a procesos
judiciales y encarcelamientos injustos. Que la persecución se sustenta
en la apertura de 15 averiguaciones previas en su contra, la instrucción
de 9 causas penales (una en 1983) y el decreto de 7 autos de detención.
Que la SEDENA, a través de funcionarios del Ejército mexicano, emprendió
una campaña de difamación y descrédito en su contra, y que el día 9 de
noviembre de 1993 fue detenido arbitrariamente y encarcelado por falsas acusaciones. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 2. El 6 de febrero de 1995, la Comisión recibió una petición
en la que se denuncia la responsabilidad del Estado mexicano por la presunta
violación de los derechos humanos consagrados en los artículos 5, 7, 8,
11, 13, 25 y 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante la Convención Americana). 3. El 16 de febrero de 1995 la Comisión, de conformidad con el
artículo 34 de su Reglamento, transmitió al Gobierno mexicano las partes
pertinentes de la denuncia y le solicitó información sobre los hechos denunciados
y en relación a cualquier otro elemento de juicio que le permitiera apreciar
si en el caso se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna,
para lo cual le concedió un plazo de 90 días. 4. En fecha 22 de febrero de 1995, la Comisión recibió información
adicional de los peticionarios. 5. El 30 de marzo de 1995, la Comisión transmitió al Gobierno
mexicano las partes pertinentes de la información adicional suministrada
y le solicitó que informase al respecto en un plazo de 60 días. 6. En nota de fecha 26 de mayo de 1995, el Gobierno solicitó
una prórroga de 30 días, a efectos de reunir la documentación para dar
la respuesta adecuada; la Comisión accedió a lo solicitado el 31 de mayo
de 1995. 7. Mediante nota recibida el 2 de junio de 1995, el Gobierno
presentó su respuesta en relación al caso en trámite. 8. Los peticionarios presentaron sus observaciones a la respuesta
del Gobierno el 10 de agosto de 1995. 9. Habiendo sido trasladados los argumentos de los peticionarios
al Gobierno mexicano, éste presentó sus observaciones finales el 13 de
noviembre de 1995. 10. En fecha 29 de noviembre de 1995, los peticionarios informaron
estar dispuestos a iniciar un proceso de solución amistosa con el Gobierno
de México. 11. El 12 de enero de 1996, el Gobierno mexicano respondió negativamente
a la propuesta de solución amistosa. 12. En comunicación de fecha 29 de abril de 1996, el Gobierno
mexicano solicitó a la Comisión requerir a los peticionarios ideas concretas
en torno a la posibilidad de iniciar un procedimiento tendiente a alcanzar
una solución amistosa; en esa misma fecha los peticionarios informaron
no estar dispuestos a iniciar dicho proceso 13. En fecha 29 de abril de 1996, durante su 921 Período Extraordinario
de Sesiones, la Comisión aprobó el informe Nº 16/95, en base al artículo
50 de la Convención Americana. III. AVERIGUACIONES PREVIAS Y PROCESOS JUDICIALES 14. En el caso bajo análisis, de conformidad con lo expresado
y demostrado por las partes, en el lapso comprendido desde 1989 hasta el
presente (con excepción del caso Nº 1860/83), se han abierto en contra
del General José Francisco Gallardo 15 averiguaciones previas e instruido
9 causas penales, las cuales se señalan a continuación: a. El 21 de agosto de 1983 se inició proceso Nº 1860/83 en contra
del entonces Teniente Coronel de Caballería José Francisco Gallardo Rodríguez
como presunto responsable del delito de abuso de autoridad, cometido en
agravio del Cabo de Caballería Bernardino Mancio Catzin. El 7 de septiembre
del mismo año se giró orden de aprehensión a la Policía Judicial Federal
Militar en contra del Teniente Coronel Gallardo Rodríguez. La causa fue
sobreseida el 10 de octubre de 1983, en virtud de que el alto mando otorgó
al indiciado el retiro de la acción penal. b. Como consecuencia de la denuncia de los delitos de malversación
y destrucción de lo perteneciente al Ejército, deducida de la averiguación
previa 28/89, la cual fue archivada con las reservas de ley por falta de
elementos para ejercitar la acción y reactivada en septiembre de 1993,
previo análisis de la indagatoria, se inició la causa penal 2949/93 la
cual se instruye actualmente ante el Juzgado Segundo Militar, proceso por
el cual se encuentra actualmente el General Gallardo interno en la Prisión
Militar, sin derecho a libertad provisional bajo caución, en virtud de
que el delito de destrucción de lo perteneciente al Ejército es considerado
un delito grave que no permite la libertad condicional bajo caución. c. Por la denuncia presentada por el Mayor de Caballería Roberto
Félix González Ruiz en contra del entonces Director de la Escuela de Equitación
General José Francisco Gallardo, por conductas que el quejoso consideró
como atentatorias a su dignidad militar, el 8 de mayo de 1989 se inició
la averiguación previa No. 30/89. Esta averiguación previa fue archivada
el 7 de agosto de 1989 con las reservas de ley. d. Como derivación de la actuación del General Gallardo como
comandante del Criadero Militar de Ganado en Santa Gertrudis, Chihuahua,
de la cual se desprendió la probable responsabilidad en los delitos de
malversación, fraude, daño en propiedad de la nación y abuso de autoridad,
en el mes de noviembre de 1989 se inició la averiguación previa No. 85/89.
El 14 de mayo de 1990, el juez castrense de la Séptima Zona Militar le
dictó auto de formal prisión bajo la causa penal No. 1140/90 por los delitos
de malversación, fraude y daño en propiedad de la nación. En relación al
delito de abuso de autoridad, se le abrió la causa penal No. 1120/91 en
la cual se le dictó al General Gallardo sentencia de dos meses y veinte
días de prisión ordinaria por considerarlo culpable de ese delito. Sin
embargo mediante amparos dictados por la justicia federal se le absolvió
de tres de los delitos, habiendo las autoridades castrenses desistido del
otro. e. Con motivo de diversos faltantes que resultaron de la entrega
y recepción de la Villa Ecuestre del Estado Mayor de la SEDENA, el 17 de
mayo de 1991 se inició la averiguación previa 42/91. En esta indagatoria
se determinó el archivo con las reservas de ley, pues no se satisfacían
los requisitos para el ejercicio de la acción penal correspondiente. f. Como resultado del escrito que Enrique Gallardo Rodríguez,
hermano del General José Francisco, envió al Secretario de la Defensa Nacional,
el 22 de mayo de 1992 se inició la averiguación previa No. 39/92 por el
supuesto delito de abandono de plaza. Bajo esta averiguación, el 10 de
junio de 1992 fue instruida la causa penal Nº 1196/92 por el Juez Cuarto
Militar adscrito a la Primera Zona Militar, dictando auto de formal prisión
en contra del General Gallardo Rodríguez por el delito de deserción en
su modalidad de abandono de plaza. Inconforme por tal situación, interpuso
juicio de amparo ante el Juez Noveno de Distrito en Materia Penal del D.F.,
quien le concedió la protección de la justicia federal, lo cual fue confirmado
por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito,
acordando libertad en favor del General Gallardo. g. En la causa penal No. 93/93 la justicia federal protegió y
amparó al General Gallardo Rodríguez, según consta de la resolución del
21 de enero de 1993 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal en el
Distrito Federal. h. A consecuencia de la denuncia presentada por el Director General
de Archivo e Historia de la SEDENA, consistente en que el General Gallardo
Rodríguez se había presentado a las instalaciones de dicha dirección y
había ordenando al teniente archivista Rogelio Castellanos Arroyo le proporcionara
información que sólo el titular de la dependencia podía facilitar, el 17
de abril de 1993 se inició la averiguación previa 54/93. Esta indagatoria
se archivó en virtud de que la conducta del General Gallardo no resultaba
constitutiva de delito alguno contra la disciplina militar. i. Como efecto de un escrito presentado por el General Gallardo
al Secretario de la Defensa Nacional, donde lo responsabiliza de su seguridad
física, así como la de su familia, el 17 de septiembre de 1993 se inició
la averiguación previa SC/143/93/I, por el presunto delito de difamación
al Ejército, infracción de deberes comunes a todos los que están obligados
a servir en el Ejército y contra el honor militar. Bajo esta averiguación
se dictó auto de formal prisión el 6 de diciembre de 1993 dentro de la
causa penal No. 3079/93, la cual fue instruida por el Juzgado Segundo Militar.
El Tribunal absolvió posteriormente al General Gallardo de los cargos que
se le imputaban. j. Como resultado del escrito de Enrique Gallardo Rodríguez,
hermano del General José Francisco, enviado al Presidente de la República,
acusándolo de realizar diversas conductas delictivas durante su gestión
como Comandante del Criadero Militar de Ganado No. 2 en Santa Gertrudis,
Chihuahua, el 10 de octubre de 1993 se inició la averiguación previa 157/93;
resultando durante la indagatoria que se actualizaba el tipo penal correspondiente
al delito de enriquecimiento ilícito, razón por la que fue instruida la
causa penal 2389/94 ante el Juzgado Primero Militar adscrito a la Primera
Zona Militar, lo cual ha motivado que en la actualidad se encuentre interno
en la prisión militar de esa plaza, sujeto a dicho proceso. k. Con motivo de la publicación del artículo "las
necesidades de un ombudsman militar en México" en la revista FORUM, el 22 de octubre de 1993 se abrió la averiguación previa
No. SC/167/93/II como presunto responsable de los delitos de injurias,
difamación y calumnias en contra del Ejército mexicano y de las instituciones
que de él dependen y contra el honor militar. Bajo esta averiguación se
le dictó auto de formal prisión el 18 de diciembre de 1993 en la causa
penal No. 3188/93. Mediante la resolución constitucional No. 336/94 del
7 de octubre de 1994 fue protegido y amparado por la justicia federal. l. A raíz de tres actas levantadas por la Policía Judicial Militar
sobre diversas quejas formuladas en contra del General Gallardo Rodríguez
por personal del Criadero Militar de Ganado No. 2 en Santa Gertrudis, Chihuahua,
el 29 de septiembre de 1993 se inició la averiguación previa 04/93-E. Esta
averiguación previa se encuentra actualmente pendiente de determinar. m. Por causa de los alegatos que ofreció el General Gallardo
Rodríguez ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa
en el Distrito Federal en contra de actos del Titular del Ramo y otras
autoridades militares, el 20 de octubre de 1993 se inició la averiguación
previa SC/168/93/I. Ésta se encuentra archivada por haberse considerado
que un escrito presentado ante un Tribunal, utilizando frases injuriosas
y difamatorias, no es sancionable. n. Con motivo de la nota periodística que se publicó en la revista
PROCESO No. 893 del 13 de diciembre de 1993, relativa a las declaraciones
hechas por el General Gallardo Rodríguez sobre los derechos humanos en
el Ejército, el 17 de diciembre de 1993 se inició la averiguación previa
SC/194/93/II. Esta averiguación previa fue archivada el 8 de abril de 1995. o. En fundamento al acta informativa levantada el 25 de enero
de 1994 por el Teniente de Infantería José Manfred Castillejos Santiago,
Oficial de Cuartel de la Prisión Militar de la 1ra Zona Militar, denunciando
hechos en los que resultó lesionado el interno Mario Enrique González Gutiérrez
por los también internos General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez
y Tenientes Coroneles Ingenieros Constructores Abel Vega Cortés y Héctor
Miguel Bretón y Alba, en febrero de 1994 se inició la averiguación previa
SC/49/94/I, la cual se encuentra pendiente de determinar. p. Como consecuencia de una credencial de Policía Judicial Militar
que se le decomisó cuando fue detenido, a principios de 1994 se inició
la averiguación previa SC/21/94/I. Se ignora la situación actual de la
misma. q. Con motivo de un escrito que se le recogió a la señora Leticia
Rodríguez de Gallardo cuando concurrió a visitar a su esposo el General
Gallardo Rodríguez, en marzo de 1994 se inició la averiguación previa SC/59/94/VI.
Dicha indagatoria se encuentra pendiente de determinar, existiendo un probable
proceso por delito de injurias. IV. POSICIÓN DE LAS PARTES A. Posición de los peticionarios 15. Las primeras comunicaciones de los peticionarios señalan
en síntesis, que el General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez
ha sido objeto por parte de altos mandos de la SEDENA de amenazas, hostigamientos
e intimidaciones, sometiéndosele a procesos judiciales y encarcelamientos
injustos, mediante la fabricación de delitos y responsabilidades nunca
probados. Asimismo, que la SEDENA, a través de funcionarios del Ejército
mexicano, ha emprendido una campaña de difamación y descrédito en su contra,
la cual se realiza por medio de conferencias de prensa y entrevistas dadas
por las autoridades de la Justicia Militar, acusándolo sin prueba alguna
de delincuente, indisciplinado y deshonrador de la Institución (folio 8).
Que como parte de esta campaña, en dos ocasiones el General Gallardo ha
sido encarcelado, sujeto a proceso injustamente y liberado al comprobarse
su inocencia. Igualmente, ha sido sometido a múltiples averiguaciones previas
e incriminado en actuaciones en las cuales nunca tuvo participación. Que la campaña persecutoria encuentra su motivación en
la posición crítica que el General Gallardo ha mantenido con respecto a
los hechos de corrupción y violación de los derechos humanos por parte
del Ejército mexicano. Que la persecución se incrementó como consecuencia
de dos hechos puntuales: la carta dirigida al Secretario de la Defensa
Nacional, Antonio Riviello Bazan, responsabilizándolo a él y a otras autoridades
militares por la violación de la integridad física y moral de su persona
y la de su familia, y la publicación por la revista mexicana FORUM, en
el mes de octubre de 1993, de una síntesis de la tesis que el General Gallardo
tituló "Las necesidades de un Ombudsman Militar en México". Que en represalia por la carta dirigida al Secretario de la Defensa y la publicación
de su tesis, la SEDENA en noviembre de 1993, reactivó un expediente archivado
desde 1989 por falta de pruebas, imputándosele el delito de malversación.
Adicionalmente, fue acusado por destrucción de lo perteneciente al Ejército,
delitos contra el honor militar, difamación, injurias y calumnias en perjuicio
del Ejército mexicano, por lo que el día 9 de noviembre de 1993 Gallardo
fue detenido arbitrariamente y encarcelado en el campo militar Nº 1 de
la Ciudad de México. 16. Asimismo, los peticionarios señalan que el 22 de septiembre
de 1994, Gallardo fue notificado de una nueva denuncia en su contra por
enriquecimiento ilícito. Que la arbitrariedad es tal, que sin siquiera
solicitar su comparecencia el 24 de noviembre, el Supremo Tribunal Militar
le dictó auto de formal prisión por dicha denuncia. Que paradójicamente
esta nueva denuncia, al igual que otras anteriores, se produce en el mismo
momento en que el General Gallardo obtiene pronunciamientos de la justicia
civil que lo amparan de las arbitrariedades que se cometen en el fuero
militar. 17. Agregan, que la evidente pretensión de coartar la libertad
de expresión del General Gallardo queda de manifiesto con las denuncias
en contra de la revista FORUM y en contra de su director Eduardo Ibarra
Aguirre, publicación en la que han aparecido diversos artículos del General
Gallardo. Que el hecho de que el General Gallardo haya tenido a su alcance
la protección de la justicia federal, no le ha garantizado el cese de la
persecución y hostigamiento de que ha sido objeto durante más de cinco
años, ni tampoco la seguridad jurídica y moral para él y su familia. 18. Añaden que la campaña contra el General Gallardo constituye
un medio de restricción de su libertad de expresión e información. Que
el derecho de libertad de expresión supone que una persona no esté sujeta
a un castigo penal por el legítimo ejercicio del derecho. Que es evidente
que la expresión de críticas respecto a los funcionarios públicos es una
de las acciones que típicamente se encuentran en el núcleo de las acciones
protegidas, y que la sujeción, actual o eventual a innumerables procesos,
el inicio de una averiguación previa al Director de la revista FORUM, la
campaña de desprestigio y hostigamiento, constituyen una desmedida represalia
por el ejercicio del legítimo derecho de expresión, así como un directo
ataque a la honra y dignidad del General Gallardo. 19. Mediante escrito de fecha 22 de febrero de 1995, los peticionarios
proporcionaron información respecto a nuevas persecuciones en contra del
General Gallardo. En este sentido, señalaron que el 3 de febrero de 1995,
el General Gallardo fue notificado de una nueva averiguación previa en
su contra por delitos contra el honor militar y por difamación por una
publicación en la Revista Proceso el 13 de diciembre de 1993 que alude
a la campaña de hostigamiento y persecución en su contra. Que esta averiguación
previa fue abierta el 17 de enero de 1993 por el General Mario Guillermo
Fromow García, Procurador de Justicia Militar en ese momento. Sin embargo,
recién dos años más tarde se notificó de la misma al General Gallardo. 20. El 10 de agosto de 1995, los peticionarios presentaron sus
observaciones a la respuesta del Gobierno, en las cuales expresan que el
General Gallardo, destacado militar y universitario, ha tenido que defender
su integridad moral y honor durante siete años ante la intolerancia de
los altos mandos militares y la parcialidad de la justicia castrense, quienes
se han abocado a imputarle delitos queriéndolo hacer aparecer como un delincuente
vulgar. Intolerantes por su postura inquisitoria al reprimir a quienes
hacen la más mínima crítica o cuestionan los actos y conductas negativas
del mando castrense, y parciales en cuanto que el aparato de justicia militar
depende directamente del Secretario de la Defensa Nacional, toda vez que
el código de Justicia Militar vigente desde el año de 1933 le otorga poderes
supraconstitucionales. 21. Asimismo agregan que la feroz persecución que ha sufrido
el General Gallardo a partir de 1988 se sustenta en lo siguiente: se han
abierto 15 averiguaciones previas en su contra, se le han imputado 9 causas
penales y dictado 7 autos de formal prisión que abarcan delitos de diversa
naturaleza, le han negado rotundamente el derecho a obtener su libertad
bajo fianza, se han instrumentado acciones y campañas para desprestigiarlo
y difamarlo a nivel nacional ante todos los miembros del Ejército y ante
la opinión pública mediante la exhibición y distribución de volantes, oficios,
cartas y fotografías, declaraciones tendenciosas y falsas en la prensa,
radio y televisión que siempre buscaron manchar su imagen ante la opinión
pública y sus compañeros militares. B. Posición del Gobierno 22. En su primera comunicación de fecha 16 de febrero de 1995,
el Gobierno de México realizó una enumeración de las distintas averiguaciones
previas practicadas y procesos penales instruidos en contra del General
Gallardo, así como una explicación del estado en que se encuentran las
mismas. 23. Asimismo, agrega que la SEDENA ha manifestado categóricamente
que en el caso del General Brigadier José Francisco Gallardo nunca ha existido
una campaña de hostigamiento en su contra, sino que de lo expuesto se puede
concluir que el General Gallardo, conocedor de la verticalidad de la Legislación
Militar y de los órganos del Fuero de Guerra, ante quienes enfrenta diversos
procesos, ha promovido apoyos en su caso en instancias nacionales e internacionales,
gubernamentales y no gubernamentales, buscando desprestigiar al Instituto
Armado mediante la utilización de medios de comunicación masivos, instrumentando
una campaña que oculta su verdadera responsabilidad en la comisión de ilícitos
penados por la justicia militar. 24. Igualmente expresa el Gobierno que la denuncia presentada
por los peticionarios no expone hechos violatorios de los derechos reconocidos
en la Convención Americana y en su caso, no se han agotado los recursos
de la jurisdicción interna. Que como los peticionarios indican, en todos
los procedimientos se han respetado debidamente las garantías fundamentales
que establece la Constitución, por lo que, en los casos en que se ha procedido
conforme a derecho, se le ha absuelto. Asimismo agrega que en los casos
aún pendientes, resulta totalmente improcedente alegar violación alguna
a los derechos humanos, pues además de que los procesos se llevan a cabo
conforme a derecho, aún no se determina si es o no responsable penalmente.
En su caso, el peticionario cuenta con los recursos que la Ley pone a su
disposición para impugnar todo acto que estime contrario a derecho, incluido
el amparo, cuyo procedimiento es ampliamente conocido. 25. En este sentido, expresa el Gobierno, tampoco puede resultar
procedente argumento alguno del peticionario respecto a la ineficacia,
sencillez e imparcialidad de los recursos de la jurisdicción interna puesto
que ellos mismo lo reconocen y afirman, "es cierto que... ha tenido a su alcance la protección de la justicia federal,
mediante los múltiples amparos interpuestos", y "ha sido absuelto por resolución constitucional en cinco amparos en materia penal,
y ha obtenido a su favor más de 8 amparos en materia administrativa". 26. Mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 1995, el Gobierno
presentó sus observaciones finales, expresando que el General Gallardo
Rodríguez se encuentra actualmente procesado dentro de las causas penales
números 2949/93 y 2389/94, que se instruyen en los Juzgados Segundo y Primero
adscritos a la Primera Zona Militar, por los delitos de Malversación y
Destrucción de los perteneciente al Ejército y Enriquecimiento Ilícito,
respectivamente, situación que no obedece a ninguna consigna o detención
arbitraria, como lo aseveran los reclamantes, sino al cumplimiento de una
orden de aprehensión fundada y motivada, materializada el 9 de noviembre
de 1993 en el Cuartel General de la 4/a Zona Militar, derivada de autoridad
judicial legalmente competente, por lo cual se encuentra sujeto a prisión
preventiva. 27. Con respecto a la supuesta violación a la Libertad de Expresión,
el Gobierno señala que las aseveraciones de los peticionarios son falsas,
pues de autos se desprende que se le consignó por los delitos de Injurias,
que de él dependen, en virtud de los conceptos negativos, falsos e injuriosos
proferidos en contra del Instituto Armado y no por haber propuesto la creación
de un Ombudsman. 28. Asimismo expresó el Gobierno con respecto al agotamiento
de los recursos, que las gestiones ante las autoridades militares donde
se le negó su solicitud de acudir al mando Supremo y no se atendió su denuncia
por extorsión contra el Juez Militar y el Secretario de Juzgado adscrito
a la 7a Zona Militar, son ajenos al hecho de su detención y a su situación
jurídica actual, lo cual es del todo insubsistente e inaplicable a la pretensión
de los peticionarios, pues ninguna de esas instancias es idónea para la
restricción de su libertad que impugna, por lo cual, fuere cual fuere el
resultado de estas gestiones, no son recursos idóneos que con haberse intentado
no atienden a las violaciones de garantía que aducen. Igualmente, agregan
que el recurso idóneo es la conclusión del proceso que se sigue ante los
tribunales militares. V. CONSIDERACIONES GENERALES A. Consideraciones con respecto a la competencia de la Comisión 29. La Comisión es competente para conocer del presente caso
por tratarse de alegatos sobre derechos reconocidos en la Convención Americana:
artículo 1.1, relativo a la obligación de respetar los derechos humanos;
artículo 5, derecho a la integridad personal; artículo 7, derecho a la
libertad personal; artículo 8, derecho a las garantías judiciales; artículo
11, derecho a la protección de la honra y de la dignidad; artículo 13,
derecho a la libertad de pensamiento y expresión; y el artículo 25, derecho
a la protección judicial, tal como lo dispone el artículo 44 de la citada
Convención, de la cual México es parte desde el 3 de abril de 1982. B. Consideraciones respecto a los requisitos formales de admisibilidad 30. La presente petición reúne los requisitos formales de admisibilidad
previstos en el artículo 46.1 de la Convención Americana y en los artículos
32, 37, 38 y 39 del Reglamento de la Comisión. En efecto, la misma contiene
los datos de los peticionarios, una descripción de los hechos presuntamente
violatorios de derechos humanos protegidos por la Convención Americana
e identificación del Gobierno considerado responsable de la presunta violación.
Asimismo, la denuncia no se encuentra pendiente de otro procedimiento de
arreglo internacional, ni es la reproducción de una petición ya examinada
por la Comisión. 31. En relación al procedimiento previsto en el artículo 48.1.f
de la Convención Americana, no obstante que los peticionarios declararon
estar dispuestos a llegar a un arreglo amistoso con el Gobierno, éste rechazó
el mismo. 32. El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que
para que una petición o comunicación presentada a la Comisión conforme
a los artículos 44 y 45 sea admitida por la Comisión, es necesario que
se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme
a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos. 33. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha expresado que "la regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver
el problema según su derecho (doméstico) antes de verse enfrentado a un
procedimiento internacional...".[1] 34. Sin embargo, este derecho del Estado de remediar por sus
propios medios una presunta violación de derechos humanos en el ámbito
de su jurisdicción conlleva la obligación de proporcionar tales recursos
de conformidad con los principios de derecho internacional generalmente
reconocidos.[2] 35. En su inciso 2, el mismo artículo dispone que este requisito
no se aplicará cuando: a. no exista en la legislación interna del Estado de que se trata
el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se
alega han sido violados; b. no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los
recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y, c. haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 36. Los peticionarios han alegado que la campaña de hostigamiento
hacia el General José Francisco Gallardo desde 1989 lo ha obligado a defenderse
ante la Procuraduría de Justicia Militar y el Supremo Tribunal Militar,
a interponer múltiples amparos tanto en materia penal como administrativa,
y quejas y denuncias ante diferentes autoridades, pero sin lograr que la
sucesión de falsas imputaciones y la campaña en su contra cesen. 37. Para el Gobierno los recursos de la jurisdicción mexicana
no se han agotado, pues considera que ninguna de las instancias a las que
ha acudido el presunto agraviado es idónea para el restablecimiento de
los derechos que denuncia. Asimismo considera que el recurso idóneo es
la conclusión del proceso que se sigue ante los Tribunales Militares. 38. Del expediente ante la Comisión resulta que fueron concedidos
en favor del General José Francisco Gallardo 5 amparos en materia penal
y 2 amparos en materia administrativa. 39. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado: Que el artículo 46.1.a de la Convención Americana remite "a
los principios de derecho internacional generalmente reconocidos". Esos principios no se refieren sólo a la existencia formal de tales recursos,
sino también a que éstos sean adecuados y efectivos, como resulta de las
excepciones contempladas en el artículo 46.2.[3] 40. Que sean adecuados significa que la función de esos recursos,
dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación
jurídica infringida.[4] 41. Que sean efectivos quiere decir, capaces de producir el resultado
para el que han sido concebidos.[5] 42. Al aplicar estos principios al caso en cuestión, la Comisión
observa que si bien el General Gallardo ha tenido a su alcance la protección
de la justicia federal, mediante los diversos amparos concedidos, ello
no ha logrado que cesen las reiteradas y continuas denuncias e investigaciones
en su contra que configuran una conducta de persecución y hostigamiento
por parte de autoridades militares, por lo que considera que ha carecido
de un recurso adecuado para el restablecimiento de sus derechos, en los
términos de la Jurisprudencia de la Corte. Asimismo, observa que la conclusión
del proceso en el contexto del caso que nos ocupa, no es el recurso idóneo
para proteger la situación jurídica infringida, pues si lo que se denuncia
es una actitud persecutoria en contra del antes citado General Gallardo,
que se traduce en la apertura en su contra desde 1988 de 15 averiguaciones
previas y 9 causas penales en forma cronológica, mal pudiera esperarse
una decisión final como en los anteriores casos, pues aunque se le declarase absuelto, como ha ocurrido en previas decisiones,
no se estarían restableciendo sus derechos; al contrario, se estaría consumando
una "desviación de poder", mediante una cadena interminable de denuncias y decisiones que únicamente agravaría
la situación. 43. Asimismo, la Comisión observa que en el presente caso la
desviación de poder con efectos lesivos a los derechos humanos denunciados
también se evidencia del retardo injustificado en la decisión de los dos
juicios pendientes, pues la causa penal No. 2949/93, además de haber sido
instruida más de 5 años después de cometido el presunto hecho, lleva dos
años y medio pendiente de decisión, y la causa penal No. 2389/94 lleva
un año y medio en la misma situación. 44. Por los motivos antes expuestos, la Comisión concluye que
las excepciones al agotamiento de los recursos internos establecidas en
los artículos 46.2.a y b de la Convención Americana son aplicables a este
caso y por lo tanto exime a los peticionarios de cumplir con este requisito
de admisibilidad. C. Consideraciones sobre el fondo del asunto 45. En el presente caso, hay que verificar si han existido acosos
y hostigamientos en perjuicio del General Gallardo por parte de autoridades
del Estado mexicano. En este sentido, hay que señalar que de autos se desprende
que desde 1989 hasta el presente se han abierto en contra del General Gallardo
15 averiguaciones previas[6] y 9 causas penales,[7] sobre hechos en su
mayoría ocurridos con considerable anterioridad a las aperturas de las
averiguaciones, y como consecuencia, de la instrucción de las causas. Asimismo
se demuestra que el General Gallardo hasta el momento ha sido absuelto
de todas las acusaciones imputadas por las autoridades castrenses que no
se encuentran pendientes de decisión.[8] 46. En relación a esto, la Comisión observa que no es razonable
el que se abran de manera continuada y sucesiva en el período de 7 años
el número de averiguaciones previas y causas penales mencionadas, más aún,
cuando como ha quedado evidenciado, el General Gallardo ha quedado absuelto
de todo cargo en las causas decididas hasta el momento. En este sentido,
la Comisión considera que ha existido una actitud anómala por parte del
Estado mexicano, que configura una desviación de poder, la cual se traduce
en indudables acosos y hostigamientos en contra del antes citado General.
Lamentablemente el hecho que la justicia federal lo haya amparado en reiteradas
oportunidades, más que atenuar la actitud hostigadora del Estado, la ha
evidenciado y agravado, al nivel de encontrarse desde 1993 detenido preventivamente
esperando decisión en dos causas penales.[9] 47. La Comisión asimismo considera que el hecho de que se hayan
abierto la cantidad de averiguaciones previas y de causas penales señaladas,
que haya existido una sucesión de juicios seguida a una declaración de
inocencia, que los mismos afecten a una misma persona, y que esa persona
haya sido absuelta en todas las causas que hasta el momento se han decidido,
hace igualmente presumir que han existido acosos y hostigamientos por parte
de autoridades del Ejército mexicano en perjuicio del General Brigadier
José Francisco Gallardo. 48. En este sentido, los peticionarios solicitan a la Comisión
que establezca que el Estado mexicano ha violado en el caso del General
José Francisco Gallardo los derechos establecidos en los artículos 5, 7,
8, 11, 13, 25 y 1.1. de la Convención Americana. En ese respecto, la Comisión
debe pronunciarse sobre la violación de los mismos: a. Derecho a las Garantías Judiciales y a la Protección Judicial 49. Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana confieren
a todas las personas el derecho de tener acceso a recursos, a ser procesadas
y oídas en procedimientos judiciales y a una decisión adoptada por autoridad
competente. 50. El artículo 25.1 de la Convención Americana señala que: Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación
sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 51. La Convención Americana requiere que los Estados ofrezcan
recursos efectivos a las víctimas de violaciones de sus derechos humanos.
En el presente caso el General Gallardo no ha contado con un recurso de
este tipo que lo ampare contra los acosos y hostigamientos de que ha y
está siendo víctima, pues a pesar de haber sido favorecido por la Justicia
federal en numerosas oportunidades, la efectividad de estas decisiones
ha sido mínima, ya que no han logrado que cesen las denuncias e investigaciones
en su contra. 52. Asimismo, el artículo 8.1 establece el derecho que tiene
toda persona de ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente. 53. El derecho a un proceso "dentro
de un plazo razonable" que prevé la Convención Americana se fundamenta, entre otras razones, en la
necesidad de evitar dilaciones indebidas que se traduzcan en una privación
y denegación de justicia en perjuicio de personas que invocan la violación
de derechos protegidos por la referida Convención.[10] 54. A pesar que la Convención no ha aclarado el alcance de la
expresión "plazo razonable"[11] existen muchísimos antecedentes en la jurisprudencia de órganos internacionales
de acuerdo con los cuales se ha considerado, a la luz de las circunstancias
particulares de cada caso, los siguientes criterios: la complejidad del
litigio; la conducta de los demandantes y de las autoridades judiciales
y la forma como se ha tramitado la etapa de instrucción del proceso.[12] 55. Con respecto a la complejidad del litigio, los delitos que
se le imputan al General Gallardo son los de malversación, destrucción
de lo perteneciente al Ejército y enriquecimiento ilícito. En relación
a esto el Código de Justicia Militar establece en su artículo 616 que: La instrucción se practicará a la brevedad posible, a fin de
que el procesado sea juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos
cuya pena no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la pena
excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. 56. Los delitos de malversación, de destrucción de lo perteneciente
al Ejército y de enriquecimiento ilícito, son de aquellos que su pena excede
de dos años de prisión, por lo que de conformidad con el citado artículo
el General Gallardo ha debido ser juzgado en el lapso de un año, pues de
autos no consta que éste haya solicitado mayor plazo para su defensa. 57. La Comisión observa que la misma legislación mexicana de
una manera objetiva ha establecido los parámetros de complejidad de los
casos, colocando como criterio de distinción la gravedad de la pena. Sin
embargo, aunque esta Comisión analizase la complejidad de los casos de
manera individual, se estima que dos años y medio sobrepasa el plazo razonable. 58. En relación a la conducta de los demandantes, en el presente
caso al General Gallardo lo han tenido en todo momento en circunstancias
de expectativa y de inseguridad jurídica, pues luego de haberse declarado
cerrada la averiguación No. 28/89, la misma fue reabierta años más tarde
e instruida la causa, y encontrándose detenido en el campo militar No.
1 de la Ciudad de México, se le instruyó otra, razones por las cuales se
encuentra actualmente detenido. Asimismo de autos se desprende que el General
Gallardo ha aportado en el curso de los procesos en mención la debida colaboración
para el esclarecimiento de los mismos. 59. Con respecto a la conducta de las autoridades judiciales,
la Comisión considera que el comportamiento del tribunal no ha sido diligente,
pues en la causa penal No. 2949/93, instruida luego de 5 años de cometido
el presunto hecho, han pasado 2 años y medio sin obtenerse una decisión,
y en la causa penal No. 2389/94, instruida encontrándose éste detenido,
ha pasado un año y medio sin tampoco obtenerse alguna decisión. 60. En consideración al último punto, es decir a la tramitación
de los litigios en la etapa de instrucción, como ya se ha señalado en los
puntos 6 y 7, la instrucción debe realizarse a la brevedad posible para
que, como en este caso, el procesado sea juzgado en un plazo de un año.
Si el plazo establecido por el Código de Justicia Militar para que se decidan
las causas de este tipo es de un año, el plazo para la tramitación de la
etapa de instrucción debe ser mucho menor; sin embargo, en las últimas
informaciones que ha obtenido la Comisión consta que las dos causas por
las que se encuentra procesado el General Gallardo todavía se encuentran
en esta etapa. Asimismo, tampoco se ha obtenido información sobre complicaciones
anormales de las causas durante su instrucción. 61. Asimismo, el artículo 8.2 de la Convención Americana señala
que "toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...". 62. En este sentido, como ya bien se ha señalado, el hecho de
que se hayan abierto una cantidad considerable de averiguaciones y de causas
penales, que haya existido una sucesión de juicios seguida a una declaración
de inocencia, que los mismos afecten a una misma persona, que esa persona
y que actualmente se encuentre detenido, hace presumir a la Comisión que
se ha violado el derecho a la presunción de inocencia del General Gallardo,
mediante la utilización de los órganos de la justicia militar. 63. En conclusión, la Comisión considera que al General José
Francisco Gallardo se le han violado los derechos a las garantías y a la
protección judicial estipulados en los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana. b. Derecho a la Libertad Personal 64. El artículo 7.2 de la Convención Americana establece que
nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en
las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de
los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 65. El artículo 16 de la Constitución Política de México establece: No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad
judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado
que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa
de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el
tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado...en los casos de
delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo
sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma
prontitud, a la del Ministerio Público... 66. Tal y como lo expresa el jurista mexicano Carlos Francisco
Sodi, "el artículo 16 constitucional faculta no sólo al representante de la autoridad,
sino a cualquier persona, para aprehender al delincuente sorprendido en
flagrante delito, y cuando no se ha sorprendido al responsable en tal flagrancia,
entonces no se le podrá aprehender sino mediante orden de la autoridad
judicial...".[13] 67. Los peticionarios han señalado que el 9 de noviembre de 1993,
el General Gallardo fue detenido arbitrariamente y encarcelado en el campo
militar No. 1 de la Ciudad de México, víctima de falsas acusaciones producidas
por miembros del Ejército mexicano. (Folio 7). 68. En este sentido, el Gobierno ha expresado que nunca se ha
practicado en contra del General José Francisco Gallardo una detención
arbitraria, pues su aprehensión se debió a un mandato judicial, emanado
de un Tribunal Militar competente, quien en uso de sus facultades constitucionales
giró la orden en su contra. (Folio 41). 69. Sobre esto, la Comisión observa que los peticionarios en
ningún momento controvierten que haya mediado orden de aprehensión dictada
por un Tribunal Militar en contra del General José Francisco Gallardo,
ya que simplemente expresan lo anteriormente señalado, sin detallar ni
fundamentar los hechos alegados. 70. En consideración a esto, la Comisión estima que si bien en
principio el General Gallardo fue aprehendido luego de ser dictada la respectiva
orden de detención por un Tribunal competente, es evidente que dicha potestad
pública fue utilizada para fines distintos a los establecidos en el ordenamiento
jurídico mexicano, configurándose así una desviación de poder, mediante
actos sucesivos y encadenados, tendientes a privar de su libertad personal
al General José Francisco Gallardo, a través de actos con apariencia legal.
Por lo cual, dicha conducta de las autoridades militares mexicanas determina
una utilización de las formas jurídicas para conseguir un fin distinto
al establecido en el ordenamiento jurídico, cual es la privación indebida
de la libertad mediante actos que revisten una formalidad legal. 71. Analizado el caso, la Comisión considera que el General Gallardo
ha sido víctima de irrespeto a su libertad personal, por medio de actos
que revisten una formalidad jurídica. En consecuencia, la Comisión concluye
que el Estado mexicano violó el derecho a la libertad personal del General
José Francisco Gallardo consagrado en el artículo 7 de la Convención Americana. c. Derecho a la Protección de la Honra y de la Dignidad 72. El artículo 11 de la Convención Americana establece que: 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento
de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni
de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias
o esos ataques. 73. Los peticionarios han señalado que en contra del General
Gallardo se han instrumentado acciones y campañas para desprestigiarlo
la opinión pública, mediante la exhibición y distribución de volantes,
oficios, cartas y fotografías, declaraciones tendenciosas y falsas en la
prensa, radio y televisión. (Folio 98). 74. En este sentido, la Comisión observa que en el trascurso
del trámite se han presentado documentales en los que se prueban declaraciones
producidas por miembros del Ejército mexicano en donde acusan al General
Gallardo de haber cometido distintos delitos tipificados en la legislación
mexicana[14] y de estar planeando desestabilizar al país para luego dar
un golpe de estado.[15] Asimismo, se han presentado pruebas de comunicados
emitidos por la SEDENA en donde se señala que "Gallardo mostró siempre una conducta reprochable y en diversas ocasiones ha sido
sujeto a procesos por los delitos de abuso de autoridad, malversación,
contra el honor militar, difamación, injurias e infracciones de deberes
militares, acciones que lo llevaron a ser sometido en varias ocasiones
a la acción de la justicia militar, demostrándose con esto que el militar
actúa fuera de la ley".[16] 75. El artículo 8.2 de la Convención Americana establece que
toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad 76. De lo expresado anteriormente, la Comisión observa que se
encuentra debidamente probado en autos que autoridades del Gobierno mexicano
han dado declaraciones y emitido comunicados en los que se culpa al General
Gallardo de hechos que no han sido demostrados, por lo que se considera
se ha atentado contra su dignidad y su honra, ya que se ha lesionado directamente
su fama y reputación, y más cuando existen decisiones judiciales que lo
han declarado absuelto, lo cual demuestra una actitud de hostigamiento
público en su contra. 77. Del análisis realizado se concluye que el Estado mexicano
ha violado en perjuicio del General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez
el derecho a la dignidad y la honra, el cual se encuentra consagrado en
el artículo 11 de la Convención Americana. d. Derecho a la Integridad Personal 78. El artículo 5 de la Convención Americana señala que: Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,
psíquica y moral. 79. Habiéndose concluido anteriormente que ha existido una actitud
de acosos y hostigamientos por parte de autoridades del Ejército mexicano
en perjuicio del General Gallardo, hay que analizar si, como consecuencia
de esos acosos y hostigamientos, se ha irrespetado al General Gallardo
su integridad física, psíquica o moral. Sobre este respecto, la Comisión
estima que el mantener a una persona que ejerce un alto rango dentro de
las Fuerzas Armadas en la constante molestia de defenderse ante los Tribunales
(en este caso militares), a la degradación de ser detenido en varias oportunidades
y a la humillación de ser centro de ataques de autoridades castrenses a
través de los medios de comunicación mexicanos, además de constituir un
grave daño patrimonial para su persona, constituye una lesión grave a su
integridad psíquica y moral, pues afecta su normal desenvolvimiento en
la vida diaria y causa grandes desequilibrios y desconciertos en él y en
su familia. La severidad de los hostigamientos se verifica asimismo en la constante incertidumbre sobre su futuro en que se encuentra
el General Gallardo, que se traduce en 7 años de constante acoso y más
de 2 en prisión. 80. Analizado el caso, esta Comisión considera que el General
José Francisco Gallardo Rodríguez ha sido víctima de irrespeto a su integridad
moral y psíquica por parte de funcionarios de las Fuerzas Armadas mexicanas.
En consecuencia, la Comisión concluye que el Estado mexicano violó en perjuicio
del General José Francisco Gallardo el derecho a la integridad personal
consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana. e. Derecho a la Libertad de Pensamiento y Expresión 81. El artículo 13 de la Convención Americana establece que: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y
de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente
no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores,
las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás,
o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o
la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o
medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares
de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera otros
medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas
y opiniones. 82. En el presente caso, los peticionarios han señalado que el
objetivo principal de los ataques en contra del General Gallardo es coartar
su libertad de expresión y pensamiento, para impedir que exprese su posición
en relación al respeto a los derechos humanos de los militares. (Folio
97). 83. En este sentido, con motivo de la publicación el 22 de octubre
de 1993 en la revista FORUM del artículo "Las necesidades de un ombudsman militar en México", se le abrió la averiguación previa No. SC/167/93/II, como presunto responsable
de los delitos de injurias, difamación y calumnias en contra del Ejército
mexicano y de las instituciones que de él dependen y contra el honor militar.
Bajo esta averiguación se le dictó auto de formal prisión el 18 de diciembre
de 1993 en la causa penal No. 3188/93, y mediante la resolución constitucional
No. 336/94 del 7 de octubre de 1994 fue protegido y amparado por la justicia
federal, absolviéndosele de todo cargo. 84. En relación a esto, el Gobierno ha expresado que el Órgano
del Fuero de Guerra consideró que dentro del contenido de dicho artículo
existían actos constitutivos del delito de infracción a la disciplina militar,
motivo por el cual se ordenó se llevaran las investigaciones pertinentes
y en su caso ejercitar la acción penal en contra del autor del mismo. (Folio
110). 85. En consideración a lo esgrimido por las partes, la Comisión,
independientemente de las consideraciones que puedan hacerse en relación
a los límites razonables a la libertad de expresión que puedan establecerse
por razones de disciplina y seguridad a los funcionarios al servicio de
las fuerzas armadas en el marco de una sociedad democrática, observa que
si bien se ha determinado en los puntos anteriores que ha existido una
actitud persecutoria y hostigadora por parte del Estado mexicano en contra
del General Gallardo, no comparte la opinión de los peticionarios en relación
a que la privación de su libertad de expresión y pensamiento ha sido el
objetivo principal de los ataques, pues aunque la averiguación previa y
la causa penal abierta e instruida en su contra se engloban dentro del
contexto hostigador del Gobierno, y en su momento obstruyeron la libertad
de pensamiento y expresión del General Gallardo, las mismas se dieron mucho
después que esta actitud hubiese comenzado, y así lo señalan los peticionarios en su denuncia inicial, al expresar que "desde diciembre de 1988, 15 días después que José Francisco Gallardo fuera ascendido
al grado de General Brigadier, ha sido objeto, por parte de altos mandos
de la SEDENA, de amenazas, hostigamientos e intimidaciones...". (Folio 8). 86. Asimismo, la Comisión estima que a pesar de la averiguación
previa, la causa penal y la orden de detención que se acordaron en contra
del General Gallardo por expresar su opinión, éste fue declarado absuelto
de todo cargo por la justicia federal mexicana, por lo que esta Comisión
estima que los recursos internos en este caso han permitido al Estado mexicano
resolver el problema según su derecho interno, y más cuando consta en el
expediente que las averiguaciones abiertas por el Estado mexicano al General
Gallardo luego de la finalización de este juicio no son como consecuencia
de opiniones dadas por el General, lo que indica que no ha existido una
actitud hostigadora fundamentada exclusivamente en privar a Gallardo de
su libertad de expresión, sino que la misma es generalizada. 87. En consecuencia, la Comisión concluye que en el presente
caso el Estado mexicano no ha violado el derecho a la libertad de pensamiento
y expresión del General José Francisco Gallardo, consagrado en el artículo
13 de la Convención Americana. f. Obligación de Respetar los Derechos 88. Las conductas descritas en los puntos a., b., c. y d. de
este capítulo, constituyen una falta de cumplimiento por parte del Estado
mexicano del compromiso asumido en el artículo 1.1 de la Convención Americana
de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y de garantizar
su libre y pleno ejercicio, con respecto a toda persona que esté sujeta
a su jurisdicción. g. Compensación de los daños y perjuicios 89. Las violaciones a los derechos humanos en perjuicio del General
José Francisco Gallardo en que ha incurrido el Estado mexicano deben ser
debidamente resarcidas, pues en caso contrario se estaría permitiendo que
los daños y perjuicios ocasionados a la víctima, en este caso el General
Gallardo, persistan en el tiempo. Por otro lado, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos ha señalado al respecto lo siguiente: Es un principio de Derecho Internacional, que la jurisprudencia
ha considerado "incluso una concepción general de derecho", que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño
comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su
parte, constituye la forma más usual de hacerlo. (Factory at Chorzow, Jurisdiction,
Judgment Nº 8,1927, P.C.I.J., Series A, Nº 17, pág. 29; Reparation for
Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion,
I.C.J. Reports 1949, página 184).[17] 90. Es indudable, asimismo, que la doctrina del derecho internacional
le da mucha importancia a la cuestión de la reparación cuando un Estado
es responsable internacionalmente por la infracción de una obligación emanada
de un Tratado. Así, José Pastor Rigruejo, al referirse al tema lo hace
en estos términos: "La función esencial y más importante de la responsabilidad internacional es la
reparatoria...Lo que persigue la institución es la reparación de los daños
causados por un Estado en violación del Derecho Internacional".[18] 91. Por lo antes considerado, la Comisión concluye que el Estado
mexicano debe compensar al General Brigadier José Francisco Gallardo los
daños ocasionados como consecuencia de la violación a sus derechos humanos. VI. OBSERVACIONES DEL GOBIERNO AL INFORME Nº 26/96 92. Con fecha 29 de abril de 1996, durante su 921 Período Extraordinario
50 de la Convención Americana. En consecuencia, se dio traslado en forma
reservada al Gobierno, conforme lo dispone el citado artículo en su apartado
segundo. 93. El Gobierno mexicano envió sus observaciones respecto a dicho
informe el 12 de agosto de 1996. 94. En sus observaciones el Gobierno señaló que la afirmación
hecha por la Comisión en relación a la noción de desviación de poder es
inadmisible jurídicamente, ya que de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 13 y 21 Constitucionales, 11, 37, 76 y 435 del Código de Justicia
Militar, tal criterio es improcedente pues dicha determinación sólo puede
emitirse por los Tribunales Militares, quienes tienen la facultad exclusiva
de declarar la inocencia o culpabilidad de una persona, y decretar en consecuencia,
la imposición de una pena o su libertad y en cambio, ninguna norma de Derecho
nacional e internacional dispone que un órgano no jurisdiccional esté facultado
para ordenar la libertad de un procesado fuera del procedimiento judicial. 95. Asimismo, expresó que el motivo esgrimido por los peticionarios
para fundamentar la campaña de hostigamiento en contra del General Gallardo,
ha sido la de coartar la libertad de expresión de éste. Que la Comisión
concluyó en su informe 26/96 que no existió la causa o motivo argumentada
por los peticionarios, por lo que se considera que de conformidad al artículo
35, inciso c, del Reglamento de la Comisión, la petición carece de motivación
y fundamentación. 96. Que en relación al retardo injustificado en la decisión de
las causas, ha sido el propio procesado quien ha solicitado, en varias
ocasiones, mayor plazo para su defensa, renunciando expresamente al término
normal para la instrucción de sus procesos que consagra en su favor la
Constitución Política de México. 97. Manifestó que tienen la más firme voluntad de impulsar el
pronunciamiento de los tribunales militares en las causas pendientes, siempre
y cuando el General Gallardo no presente más dilatorias en su defensa. 98. También señaló que la Comisión ha manejado de manera poco
consistente el argumento del principio de la presunción de inocencia, ya
que el General Gallardo se encuentra detenido cumpliendo con todos los
requisitos y formalidades que exige la ley y por ende en todo momento se
le ha respetado su presunción de inocencia. 99. Asimismo, expresó que el número exacto de averiguaciones
previas abiertas y de causas penales instruidas son 16 y 8 respectivamente.
Que la apertura de las averiguaciones previas no son prueba suficiente
para presumir que existe una campaña de hostigamiento, puesto que al llenarse
los requisitos para abrirse, el Ministerio Público tiene la obligación
de hacerlo. Que de los 8 asuntos en que se ejerció acción penal, 2 fueron
sobreseidas, por lo que no puede decirse que el General Gallardo ha sido
declarado absuelto en todas las causas que hasta el momento se han decidido. VII. CONSIDERACIONES SOBRE LAS OBSERVACIONES DEL GOBIERNO 100. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fundada
en el análisis realizado en el presente informe, y teniendo en cuenta las
observaciones presentadas por el Gobierno de México al informe preliminar
Nº 26/96, hace las siguientes consideraciones: 101. El Estado mexicano ha cuestionado la primera recomendación
realizada por la Comisión, en la cual se le solicita la liberación del
General José Francisco Gallardo. En este sentido señalan que dicha recomendación
es inadmisible jurídicamente, ya que de conformidad con los artículos 13
y 21 Constitucionales, 11, 371, 76 y 435 del Código de Justicia Militar,
dicha determinación sólo puede emitirse por los Tribunales Militares, quienes
tienen la facultad exclusiva de declarar la inocencia o culpabilidad de
una persona, y decretar en consecuencia la imposición de una pena o su
libertad; y en cambio, ninguna norma de Derecho nacional e internacional
dispone que un órgano no jurisdiccional esté facultado para ordenar la
libertad de un procesado fuera del procedimiento judicial. 102. En relación a este planteamiento del Estado mexicano, la
Comisión debe señalar que si bien en principio serían los órganos jurisdiccionales
nacionales los únicos competentes conforme al Derecho interno para absolver
o condenar al General Gallardo, la Comisión es competente de conformidad
con el artículo 41.b de la Convención Americana, de la cual México es parte
desde el 3 de abril de 1982, en casos en los cuales concluya que existe
una violación de los derechos humanos consagrados en la Convención, para
formular recomendaciones, cuando lo estime procedente. En este sentido,
la Comisión concluyó que la detención del General Gallardo viola su derecho
a la libertad personal, y en consecuencia recomendó al Estado mexicano
cesar dicha situación, mediante su liberación. Todos los órganos de los
Estados Partes tienen la obligación de cumplir de buena fe las recomendaciones
emitidas por la Comisión, no pudiendo ésta establecer el modo de ejecutarlas
a nivel interno. Siendo por tanto el Estado mexicano, de acuerdo a sus preceptos constitucionales y legales, el que debe determinar
la forma de cumplir con las mismas. El Poder Judicial como uno de los órganos
del Estado se encuentra igualmente vinculado a la obligación de respetar
la Convención. No puede el Estado alegar la división de poderes como excusa
para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. 103. En cuanto al contenido de la segunda recomendación, en la
que se plantea que se tomen las medidas necesarias para que cese la campaña
de persecución, difamación y hostigamiento en contra del General Gallardo
Rodríguez, el Gobierno ha señalado que la prueba con la que trata de sustentar
la Comisión su recomendación, no es suficiente para demostrar la señalada
campaña. Agregan que la única prueba presentada por los peticionarios y
aceptada por la Comisión, fueron las diversas averiguaciones previas y
causas penales radicadas en contra del General Gallardo como probable responsable
de varios delitos, y no como señalan los peticionarios el de coartar la
libertad de expresión del indiciado. Señalan que siendo la causa que alegan
los peticionarios como fundamento jurídico para la citada campaña de hostigamiento,
el intento de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de coartar
la libertad de expresión del General Gallardo, el motivo de la comunicación
ha dejado de existir o subsistir, al concluir la Comisión que no fue violado el derecho a la libertad de expresión
del General Gallardo por el Estado mexicano. 104. En este sentido la Comisión quiere destacar, como ya lo
dijo en su informe preliminar, que el motivo principal de la campaña de
acosos y hostigamientos de la cual está siendo víctima el General José
Francisco Gallardo, no es la privación de la libertad de expresión. Si
bien los peticionarios han señalado que la campaña persecutoria encuentra
su motivación en la posición crítica que el General Gallardo ha mantenido
con respecto a los hechos de corrupción y violación de los derechos humanos
por parte del Ejército mexicano, el argumento por ellos presentado en relación
a la violación del derecho a la libertad de expresión, así como de los
otros derechos que se alegan han sido violados, son una consecuencia de
los hostigamientos de los cuales está siendo víctima el General Gallardo.
En su informe preliminar, la Comisión no se pronunció sobre los motivos
que han originado esta campaña, puesto que los mismos pudieran ser variados
y no se encuentran suficientemente demostrados; sin embargo, sí encontró pruebas suficientes que demuestran objetivamente la veracidad de la campaña
de persecución y hostigamiento de que está siendo víctima el ya citado
General. 105. Asimismo, respecto al argumento planteado por la Comisión,
de que Ano existe constancia en autos en el sentido que el General Gallardo
haya solicitado mayor plazo para su defensa en las causas que se le instruyen", el Gobierno ha planteado que la realidad de los hechos muestra que ha sido
el propio procesado en ambas causas quien ha solicitado, en varias ocasiones
y por escrito, mayor plazo para su defensa, renunciando expresamente al
término normal para la instrucción de sus procesos que consagra en su favor
la Constitución Política de México, al pedir la revocación de los autos
que han declarado concluida dicha etapa, lo que se ha traducido en la imposibilidad
material para que los aludidos juzgadores declaren concluida y cerrada
la instrucción de las causas, con objeto de que se puedan formular conclusiones
y en su caso convocar a un Consejo de Guerra que conozca y falle en definitiva
de los citados procesos, y para que dicten en éstos la sentencia definitiva
que en derecho corresponda. 106. En este sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos en
el caso Toth sostuvo que "aunque el caso era complejo y el peticionario apeló en diversas oportunidades,
la prolongada duración de los trámites no podía atribuirse directamente
a dicha causa. Por el contrario, la demora se habría debido a las reglas
de procedimiento de las cortes austriacas, que tuvieron efecto suspensivo
sobre las investigaciones en diversas oportunidades". La Corte sostuvo que los procedimientos que ocasionaban el retraso de la liberación
del acusado no eran compatibles con el derecho a la libertad garantizado
por la Convención Europea en la materia.[19] En conclusión, a pesar de
que pareciera que la conducta del detenido ha dilatado el proceso, la misma
no es directamente proporcional al largo tiempo que ha transcurrido sin
obtenerse sentencia, por lo que la Comisión considera que en el presente
caso el Estado mexicano se ha excedido en su obligación de brindar las
garantías necesarias para que se realice un proceso rápido y sin dilaciones
en los términos establecidos por la Convención. 107. Asimismo, la Comisión considera que los nuevos elementos
aportados no han sido promovidos en su debida oportunidad. En efecto, el
Reglamento de la Comisión establece en su artículo 34 que: 1. La Comisión, actuando inicialmente por intermedio de su Secretaría,
recibirá y tramitará las peticiones presentadas a la misma. ... 5. La Comisión solicitará al Gobierno aludido que suministre
la información solicitada dentro de los 90 días a partir de la fecha del
envío de la solicitud. ... 7. Si la Comisión lo estima conveniente para mejor informarse
acerca del caso: a. transmitirá al peticionario o a su representante la respuesta
y los documentos suministrados por el Gobierno, invitándole a presentar
sus observaciones y las pruebas en contrario de que disponga, en el plazo
de 30 días. b. de recibirse la observación o la prueba solicitadas, se transmitirán
al Gobierno, facultándole a presentar sus comentarios finales en el plazo
de 30 días. 8. Toda información adicional que se reciba fuera de las oportunidades
establecidas en este artículo, serán comunicadas a la contraparte. 108. En consecuencia, si el Gobierno no informó de los hechos
correspondientes dentro de su oportunidad procesal, en este estado del
proceso la Comisión no puede valorarlos, pues dichos alegatos y pruebas
han sido promovidos en forma extemporánea. Las partes tienen la carga de
probar sus alegatos en las oportunidades que se les dan dentro del procedimiento.
Si no lo hacen, los mismos no pueden ser considerados. Esta regla sobre
la oportunidad y la preclusividad de las oportunidades procesales se fundamenta
en los principios de seguridad jurídica, debido proceso y certeza jurídica
de las partes. 109. En relación a la aplicación del principio de la presunción
de inocencia, el Gobierno ha señalado que la Comisión lo ha aplicado de
manera poco consistente. A este respecto, expresan que el General Gallardo
se encuentra detenido cumpliendo con todos los requisitos y formalidades
que exige la ley y por ende en todo momento se le ha respetado su presunción
de inocencia. Que en ningún momento se ha visto afectado por el hecho de
que los Tribunales Militares no lo hayan declarado culpable antes de terminar
el juicio, y si se encuentra detenido es porque la tipificación del delito
denunciado por el querellante está incluido en los que por ley, el juez
no tiene la potestad de declarar la libertad bajo caución. 110. En referencia a los argumentos del Gobierno, la Comisión
observa que si bien es cierto que el General Gallardo se encuentra detenido
preventivamente en espera de decisión de dos causas que se le siguen por
los delitos de malversación y destrucción de los bienes pertenecientes
al Ejército, también es cierto, como ya se ha dicho, que no es razonable
cuando como ha quedado evidenciado, el General Gallardo ha sido absuelto
de todo cargo en las causas hasta el momento decididas. En este sentido,
la Comisión reitera que el hecho de que hayan ocurrido los hechos narrados,
sin duda que viola el derecho a la presunción de inocencia de que todo
individuo debe gozar, ya que no solamente se viola este derecho en forma
expresa cuando se declara culpable a una persona antes de haber terminado
el juicio, sino que también se puede violar en forma tácita cuando del contexto de las acciones se desprende una actitud de indudables acosos y
hostigamientos que prejuzgan sobre la responsabilidad del individuo. Ello,
independientemente de las consideraciones en torno a la reiterada doctrina
sentada por la Comisión, en el sentido de que las detenciones preventivas
prolongadas sin justificación, violan igualmente el derecho a la presunción
de inocencia. 111. Asimismo, la Comisión quiere expresar que durante la visita
in-loco realizada a México en el mes de julio de 1996, gracias a la colaboración
obtenida por parte de las distintas autoridades del Estado mexicano y en
particular del Secretario de la Defensa Nacional, pudo entrevistarse por
el General José Francisco Gallardo, constatando las aceptables condiciones
de detención en las cuales se encuentra. 112. También expresó el Gobierno en su respuesta que se han iniciado
16 averiguaciones previas, incluyendo la 02/83, correspondiente a la causa
penal 1860/83, que se le instruyó por el delito de abuso de autoridad,
indagatoria que los peticionarios omitieron mencionar en la relación que
hicieron ante la Comisión. Asimismo, que hasta la fecha se han iniciado
únicamente 8 causas penales al citado General. Que la apertura de las averiguaciones
previas no son pruebas suficientes para presumir que existe una campaña
de hostigamiento en contra del General Gallardo, toda vez que en la mayoría
de los sistemas jurídicos internos, y por ende en el mexicano, el inicio
de una averiguación previa necesita reunir ciertos requisitos de ley, como
lo dispone el artículo 118 del Código Federal de Procedimientos Penales,
a saber: a) la denuncia de oficio o por querella y b) descripción de los
hechos delictivos. Agrega que en el caso que nos ocupa todas las averiguaciones
previas presentadas por el General Gallardo ante la Comisión como medios de pruebas de la presunta campaña de hostigamiento
en su contra se abrieron por denuncia de parte ante el Ministerio Público,
por lo que esa institución pública de procuración de justicia tiene la
obligación jurídica, para no incurrir en responsabilidad administrativa
y/o penal, de iniciar la averiguación previa e integrarla y si llegaren
a existir elementos jurídicos suficientes, la autoridad ministerial tiene
la obligación de actuar y consignar al indiciado, depurándose ésta en la
acción penal correspondiente. 113. Asimismo señaló el Gobierno, que de los 8 asuntos en que
se ejerció acción penal, dos fueron sobreseidos, uno por extinción de la
acción penal por perdón del ofendido y otro por retiro de la acción penal.
Por lo cual, no puede decirse que el General Gallardo ha sido declarado
absuelto en todas las causas que hasta el momento se han decidido. La Comisión
observa que son precisamente los 16 procesos abiertos, algunos cerrados,
otros sobreseídos, los que evidencian una sucesión ilógica de causas, configurando
una situación irrazonable de "desviación de poder", para perseguir la finalidad de mantener procesado al General Gallardo, privándolo
de su libertad personal, y violándole los demás derechos humanos que han
sido establecidos por esta Comisión 114. Los ilustres juristas don Eduardo García De Enterría y Tomás
Ramón Fernández, han señalado que "toda actividad administrativa debe dirigirse a la consecución de un fin, determinado
siempre, expresa o tácitamente (y, por tanto, elemento necesariamente reglado),
por la norma que atribuye la potestad para actuar. Si la autoridad u órgano
de la Administración se apartan de ese fin que condiciona el ejercicio
de su competencia, el acto o la decisión que adopten en consideración a
un fin distinto deja de ser legítimo...".[20] Asimismo Alibery ha dicho que "la desviación de poder es el hecho del agente administrativo, que realizando
un acto de su competencia y respetando las formas impuestas por la legislación,
usa de su poder en casos, por motivos y para fines distintos de aquellos
en vista de los cuales este poder le ha sido conferido. La desviación de
poder es un abuso de mandato, un abuso de derecho. Puede un acto administrativo
haber sido realizado por el funcionario competente con todas las apariencias
de regularidad y, sin embargo, este acto discrecional realizado, que el
funcionario cualificado tenía el derecho estricto de realizar, puede estar
afectado de ilegalidad si su autor ha usado de sus poderes para un fin
distinto de aquel en vista del cual le han sido conferidos, o, para retener
la fórmula de la jurisprudencia, para un fin distinto que el interés general
o el bien del servicio".[21] En este sentido, la Comisión debe señalar que si bien pareciere que en
todos los procedimientos a través de los cuales se ha detenido al indiciado
se han abierto las averiguaciones previas mencionadas y se han ejercido
las acciones penales correspondientes se han realizado conforme a derecho,
el Ministerio Público mexicano, ordinario o militar, órgano administrativo
encargado junto a la Policía Judicial de la persecución de los delitos,
de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política mexicana,
de iniciar las averiguaciones previas, ya sean de oficio o por querella
de parte, y de ejercer las respectivas acciones penales, ha utilizado dicha
potestad pública para fines distintos a los establecidos en el ordenamiento
actos sucesivos y encadenados, tendientes a confluir en la privación de
la libertad personal al General José Francisco Gallardo, a través de actos
con apariencia legal, lo que se ha traducido, como expresa el Gobierno, en la apertura desde 1988 de 15 averiguaciones previas y en el inicio
de 7 causas penales, de las cuales hasta ahora no se desprende responsabilidad
alguna, pues el hecho de haber sido sobreseido en dos causas no implica
su probable responsabilidad; al contrario, como se expresa en el Diccionario
de la Lengua Española, sobreseimiento es "el que por ser evidente la inexistencia de delito o la irresponsabilidad del
inculpado, pone término al proceso con efectos análogos a los de la sentencia
absolutoria". VIII. CONCLUSIONES 115. Que a través de la detención y sometimiento del General
José Francisco Gallardo a 16 investigaciones y 8 causas penales de manera
continuada y sin propósito razonable lógico y justificable, el Estado mexicano
ha dejado de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos
a la integridad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, y protección
judicial del mencionado General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez,
de conformidad con los artículos 5, 7, 8, 11 y 25 de la Convención Americana,
por los reiterados hechos ocurridos en México desde 1988. 116. Que en virtud de los hechos denunciados el Estado mexicano
no ha cumplido con las obligaciones de respeto de los derechos humanos
y garantías impuestas por el artículo 1.1 de la Convención Americana. IX. RECOMENDACIONES Por todo lo expuesto, LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ACUERDA: 117. Se libere inmediatamente al General Brigadier José Francisco
Gallardo, 118. Se tomen todas las medidas necesarias para que cese la campaña
de persecución, difamación y hostigamiento en contra del General Brigadier
José Francisco Gallardo. 119. Se investigue y sancione a los responsables de la campaña
José Francisco Gallardo. 120. Adopte las medidas necesarias para que se decidan lo antes
posible las causas pendientes. 121. Se le pague una justa indemnización al General José Francisco
Gallardo como reparación por las violaciones de las cuales ha sido víctima. 122. Publicar el presente informe en el Informe Anual a la Asamblea
General de la OEA, en virtud de los artículos 48 del Reglamento de la Comisión
y 51.3 de la Convención, toda vez que el Gobierno de México no adoptó las
medidas para solucionar la situación denunciada, dentro de los plazos concedidos. --------------------------------------------------------------------------------
[1] Corte I.D.H., caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29
de julio de 1988, página 15, párrafo 61. [2] Antonio A. Cançado Trindade, "A
Aplicação da Regra do Esgotamento dos Recursos Internos no Sistema Interamericano
de Proteção dos Direitos Humanos", Derechos Humanos en las Américas, Washington, CIDH, 1984, p. 217. [3] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29
de julio de 1988, página 16, párrafo 63. [4] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29
de julio de 1988, página 16, párrafo 64. [5] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de
julio de 1988, página 16, párrafo 66. [6] Las averiguaciones previas son las siguientes: 28/89, 30/89,
85/89, 42/91, 39/92, 59/93, SC/04/93.II, SC/143/93.I, SC/157/93.III, SC/167/93.II,
SC/168/93/I, SC/194/93/II, SC/21/94/I, SC/49/94/VII y SC/59/94/VI. [7] Las causas penales son las siguientes: 1860/83, 1140/90,
1120/91, 1196/92, 93/93, 2949/93, 3079/93, 3188/93 y 2389/94. [8] Causas penales: 1860/83, 1140/90, 1120/91, 1196/92, 93/93,
3079/93 y 3188/93. [9] Causas penales: 2949/93 y 2389/94. [10] Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
caso 11.219 (Nicholas Chapman Blake), 3 de agosto de 1995, p. 32. [11] Tampoco lo ha hecho la Convención Europea, cuyo artículo
6.1 dispone que "toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente,
y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial,
establecido por la ley...". [12] Véase por ejemplo: CIDH, Resolución Nº 17/89 Informe Caso
Nº 10.037 (Mario Eduardo Firmenich), en Informe Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos 1988-1989, página, 38; Tribunal Europeo de Derechos
Humanos: Caso "Konig", sentencia de 28 de junio de 1978, Series A Nº 27, páginas 34 a 40, párrafos
99, 102-105 y 107-111; Caso Guincho, Sentencia de 10 de julio de 1984,
Serie A, Nº 81, página 16, párrafo 38; Unión Alimentaria Sanders S.A.,
Sentencia de 7 de julio de 1989, Serie A, Nº 157, página 15, párrafo 40;
Caso Buchholz, Sentencia de 6 de mayo de 1981, Serie A Nº 42, página 16,
párrafo 51, páginas 20-22, párrafos 61 y 63; Caso Kemmache, Sentencia de
27 de noviembre de 1991, Serie A Nº 218, página 27, párrafo 60. [13] El Procedimiento Penal Mexicano, Carlos Francisco Sodi,
Editorial Porrua, S.A. México, 1957, pp. 13. [14] Véase, la entrevista realizada por los periodistas de los
diarios El Sol de México y La Reforma al Procurador General de Justicia
Militar del instituto armado, Mario Fromow García, el 24 de diciembre de
1993. [15] Véase, declaraciones dadas el 23 de diciembre de 1993 por
el Secretario de la Defensa Nacional Antonio Riviello Bazán, publicadas
el 27 de ese mismo mes y año en la revista Proceso. [16] Véase, artículo publicado en el diario El Universal el 16
de agosto de 1994. [17] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria,
Sentencia del 21 de julio de 1989, página 20, párrafo 25. [18] José A. Pastor Ridruejo, Curso de Derecho Internacional
Público, Ed. Tecnos, Madrid 1986, página 483. [19] Toth, sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos
de 12 de diciembre de 1991, Vol. 224, párrafo 77, pág. 21. [20] Eduardo García De Enterría y Tomás Ramón Fernádez, Curso
de Derecho Administrativo. Madrid, Civitas, 1991, Tomo I. [21] Alibert, Le controle jurisdictionnel de l'Administracion,
París, 1926, p.236 Inicio || Tratados || Busca || Enlaces

References: artículo 34
 artículo
50
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 

artículo 1

artículo 5
 artículo 7
 artículo 8
 artículo
11
 artículo 13
 artículo 25
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 48
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 616
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 7
 artículo 11
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 13
 resolución 
 artículo
13
 artículo 1
 artículo
35
 artículo 41
 artículo 34
 artículo 118
 artículo 21
 artículo 1
 artículo
6
 Resolución