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Timestamp: 2018-12-19 12:06:15+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 1999-00565/31356 DE MAYO 27 DE 2015
SENTENCIA 1999-00565 DE 27 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARA EL RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN POR PERJUICIOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN. LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA ES UN PRESUPUESTO PROCESAL NECESARIO PARA OBTENER UNA DECISIÓN DE FONDO, PUESTO QUE LE OTORGA LA CALIDAD A UNA PERSONA PARA FORMULAR O CONTRADECIR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. ES DE ELLO QUE SEA DEBER DEL JUEZ DETERMINAR SU LA PARTE ACCIONANTE ESTÁ LEGITIMADA PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO Y SI LA ENTIDAD DEMANDADA ESTA LLAMADA A RESPONDER. ANTE LA FALTA DE PRUEBA SOBRE ALGUNO DE TALES PRESUPUESTOS, HABRÁ LUGAR, INDEFECTIBLEMENTE DE NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. CUANDO SON LOS FAMILIARES QUIENES FORMULAN DICHAS PRETENSIONES ESTOS DEBEN ACREDITAR SU CALIDAD Y LA PRUEBA IDÓNEA PARA ESTO ES EL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO DOCUMENTO QUE EN CASO DE NO SER ALLEGADO IMPLICA UNA DEFICIENCIA PROBATORIA QUE NO PUEDE SER SUPLIDA EN ESTA INSTANCIA PROCESAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, PARENTESCO POR LEGITIMACIÓN, DAÑO, LEGITIMACIÓN PROCESAL, LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA, VALOR PROBATORIO DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, LEGITIMACIÓN EN LA RECLAMACIÓN DEL DAÑO, EFECTOS JURÍDICOS DEL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO
Sentencia 1999-00565/31356 de mayo 27 de 2015
Rad.: 200012331000199900565-01 (31356) Acumulados
Actor: Luz Dary Restrepo Loaiza y otros
Extraxtos «II. Consideraciones
El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, indica que en los aspectos no regulados por dicho Estatuto se debe aplicar el Código de Procedimiento Civil en todo aquello que resulte compatible con la naturaleza de los procesos y de las actuaciones que correspondan a esta Jurisdicción.
De la norma en cita se desprende que en materia de aclaración, corrección de errores aritméticos y adición de la sentencia, resultan aplicables los artículos 309 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. En relación con los aludidos mecanismos y, concretamente, en lo atinente a la aclaración de pronunciamientos judiciales definitivos, ha sostenido la doctrina que tal posibilidades,
“… en sí misma un derecho otorgado a las partes o a terceros reconocidos en el proceso (…). Para que pueda aclararse una sentencia es menester que la parte resolutiva de ella se encuentren conceptos que se presten a interpretaciones diversas o que generen incertidumbre, o que esos conceptos estén en la parte motiva pero tengan directa relación con lo establecido en la resolutiva”(8).
Ahora bien, en cuanto tiene que ver con la adición de la sentencia, la misma resulta procedente en los eventos en los cuales el juez dejó de resolver parte de las solicitudes que fueron sometidas a su consideración o, en otros términos, cuando “la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento”, tal como lo prevé el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil.
Y en lo relativo a la corrección de las sentencias, el artículo 310 del Estatuto Procedimental Civil, preceptúa lo siguiente:
“ART. 310.—Corrección de errores aritméticos y otros.
Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará en la forma indicada en los numerales 1º y 2º del artículo 312.
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella” (negrillas de la Sala).
La anterior disposición legal le permite al juez corregir —de oficio o a petición de parte— toda providencia en la cual se hubiere incurrido en errores aritméticos o por omisión y cambio de palabras, siempre que se encuentren contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella. Así pues, el mencionado precepto, en su inciso final, consagra una vía expedita y clara para los eventos en los cuales se requiera efectuar enmiendas en la parte resolutiva del pronunciamiento de fondo, derivadas de errores aritméticos u omisiones o alteraciones en las palabras que se incluyan en la misma.
1. Ahora bien, en el sub lite, se tiene que mediante sentencia fechada el 12 de abril de 2013 esta Subsección del Consejo de Estado declaró la falta de legitimación en la causa por activa de algunos de los demandantes en los procesos 1999-0623-00 - Lesiones de Osiris Brochero Ramírez, 1999-0585-00 - Lesiones de la menor Rosa Elvira Brochero Ramírez y 1999-0732-00 - Muerte de la señora Rosa Minerva Brochero Ramírez, así:
a) Proceso 1999-0623-00 - Lesiones de Osiris Brochero Ramírez
“…. Josefa María Ramírez Flores, Lacio Latere, Juan Bautista, Roberto, Lisandro Antonio, Manuel Antonio, Petrona, Milagro de Jesús, Olga Patricia Brochero Ramírez y Rosa Elvira Brochero Ramírez, quienes dijeron acudir en su condición de compañera permanente, hermanos y sobrina del señor Osiris Brochero Ramírez, respectivamente, solicitaron el reconocimiento de los perjuicios morales para cada uno de los demandantes, sin embargo, en este proceso ninguno de los actores probó su legitimación en la causa para actuar, toda vez que no allegaron sus correspondientes registros civiles de nacimiento, necesarios para acreditar su parentesco, ni en el proceso obra prueba documental o testimonial que permita inferir su condición de afectados por la lesiones padecidas por el señor Osiris Brochero Ramírez en los hechos ocurridos el 4 de julio de 1998” (negrilla fuera de texto).
b) Proceso 1999-0585-00 - Lesiones de la menor Rosa Elvira Brochero Ramírez
“Respecto de los señores Josefa María Ramírez Flores, en su condición de madre, Lacio Latere, Juan Bautista, Roberto, Lisandro Antonio, Osiris, Manuel Antonio, Petrona, Milagro de Jesús, Olga Patricia Brochero Ramírez, en su condición de hermanos y la menor Rosa Elvira Brochero Ramírez, en su condición de afectada directa, solicitaron el reconocimiento de los perjuicios morales para cada demandante, materiales, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante que resultaran demostrados en el proceso, así como por concepto de “perjuicio fisiológico” a favor de la menor Rosa Elvira Brochero Ramírez, no obstante, ninguno de los actores probó su legitimación en la causa para actuar, toda vez que no allegaron sus correspondientes registros civiles de nacimiento, necesarios para acreditar su parentesco, ni en el proceso obra prueba documental o testimonial que permita inferir su condición de afectados por la lesiones padecidas por la menor Rosa Elvira Brochero Ramírez en los hecho ocurridos el 4 de julio de 1998” (negrilla fuera de texto).
c) Proceso 1999-0732-00 - Muerte de la señora Rosa Minerva Brochero Ramírez.
“…los señores Josefa María Ramírez Flores, Rosa Elvira Brochero Ramírez, Lacio Latere, Juan Bautista, Roberto, Lisandro Antonio, Osiris, Manuel Antonio, Petrona, Milagro de Jesús y Olga Patricia Brochero Ramírez, quienes acudieron en calidad de hermanos, solicitaron el reconocimiento de los perjuicios morales irrogados con ocasión de la muerte de la señora Rosa Minerva Brochero Ramírez, no empero, respecto de ellos no obran en el proceso sus respectivos registros civiles de nacimiento que permita tener por acreditado el grado de parentesco aducido, ni prueba testimonial alguna de la que se pueda inferir su condición de damnificados” (negrilla fuera de texto).
La anterior declaración oficiosa, como puede observarse, tuvo su fundamento en el hecho de que los referidos demandantes —en su mayoría hermanos de las víctimas— no aportaron al proceso sus correspondientes registros civiles de nacimiento, con el fin de demostrar su parentesco con las víctimas y, por lo tanto, no lograron establecer su legitimación en la causa por activa, cuando esta circunstancia constituía una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a sus pretensiones.
Sobre este presupuesto procesal necesario para obtener una decisión de fondo, esta Subsección del Consejo de Estado(9) ha dicho:
“La legitimación en la causa es un elemento sustancial que corresponde a la calidad o al derecho que tiene una persona para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda, como sujeto de la relación jurídica sustancial; de esta manera, la parte demandante tiene la posibilidad de reclamar el derecho invocado en la demanda —legitimación por activa— frente a quien fue demandado —legitimación por pasiva—. En ese sentido, se entiende que la primera (la legitimación por activa) es la identidad que tiene el demandante con el titular del derecho subjetivo quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, al paso que la segunda (la legitimación por pasiva) es la identidad que tiene la parte accionada con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado.
“Así las cosas, es deber del juez determinar si la parte accionante está legitimada para reclamar la indemnización del daño y si la entidad demandada es la llamada a responder por aquélla. Ante la falta de prueba sobre alguno de tales presupuestos, habrá lugar, indefectiblemente, a negar las pretensiones de la demanda”.
Ahora bien, según se afirmó en la solicitud de adición, dicha omisión se debió a que, las copias de los folios de registro civil de nacimiento de los referidos demandantes, se aportaron a otro proceso que por los mismos hechos se instauró ante el mismo Tribunal a quo, instancia ante la cual se pidió oportunamente su acumulación, pero la cual no accedió a su solicitud, sino que lo envió a la Sala de descongestión de los Tribunales de Santander, Cesar y Norte de Santander, la cual despachó desfavorablemente sus pretensiones por falta de pruebas sobre el fondo del asunto.
Así las cosas, los fundamentos sobre los cuales se pretende lograr que se incluyan a los referidos demandantes en la indemnización de perjuicios a que fue condenada la entidad demandada, no tienen acogida para la Sala, pues en estos casos la prueba idónea para acreditar dicha legitimación es el registro civil, de manera que ante la ausencia de esta prueba, habrá que concluirse que los demandantes antes relacionados no están legitimados en la causa para acudir al proceso en procura de una resolución favorable de sus pretensiones, a lo que debe sumarse que tampoco solicitaron su incorporación al proceso en el acápite de pruebas de sus respectivos libelos, deficiencia probatoria que no puede ser suplida en esta instancia procesal a través de una solicitud de adición de la sentencia, puesto que la misma, como reza el artículo 311 del estatuto procesal civil, procede sólo “Cuando la sentencia omita la resolución de cualquier extremo de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento…” circunstancia que, como es evidente, no ocurrió en el presente caso, en el que dicha situación se ventiló tanto en primera como en segunda instancia, con los mismos resultados.
— En lo que respecta a la solicitud de que se incluya a la señora Josefa María Ramírez Flores, Proceso 1999-0732-00 —muerte de la señora Rosa Minerva Brochero Ramírez— en la indemnización de perjuicios morales reconocida en la sentencia de segunda instancia, estima la Sala que tal solicitud resulta procedente, habida cuenta de que en la liquidación de dicho concepto se tomó a la referida señora como hermana de la víctima, cuando en realidad se trataba de su señora madre, condición debidamente acreditada con la copia del registro civil de nacimiento obrante a folio 4 del cuaderno principal del mismo Proceso 1999-732-00.
Precisado lo anterior y teniendo en cuenta los parámetros jurisprudenciales sostenidos por la Sección, la Sala accederá al reconocimiento de indemnización por los perjuicios morales reclamados por la señora Josefa María Ramírez Flores, en su calidad de madre de la víctima, por un monto de cien (100) salarios mínimos mensuales legales en tanto que, hallándose probado como ya se dijo el grado de parentesco aducido, resulta procedente entender que frente a ella se presume que se trata de un evento en el que la muerte de su ser querido acarrea un sufrimiento en su máxima intensidad.
— En lo que hace al Proceso 1999-0585-00 -—lesiones de la menor Rosa Elvira Brochero Ramírez— debe decirse que, una nueva revisión minuciosa del expediente acumulado, permite ratificar los argumentos aducidos en la sentencia de segunda instancia, referentes a que ninguno de los actores probó su legitimación en la causa para actuar, toda vez que no allegaron sus correspondientes registros civiles de nacimiento necesarios para acreditar su parentesco, ni en el proceso obra prueba documental o testimonial que permita inferir su condición de afectados por la lesiones padecidas por la menor Rosa Elvira Brochero Ramírez, de quien, contrario a lo expuesto en la solicitud de adición, se omitió igualmente dicha prueba, circunstancia que impide acceder al reconocimiento deprecado por la señora Josefa María Ramírez Flores, quien dijo acudir al proceso en su condición de madre de la víctima.
— Ahora bien, frente a la menor Rosa Elvira Brechero Ramírez, a quien en la sentencia de segunda instancia se negó el reconocimiento de la indemnización de perjuicios materiales, morales y “fisiológicos”, al considerar que no se encontraba igualmente legitimada por activa para demandar en el presente proceso por las lesiones que dijo haber padecido, debe decirse que a folios 92 y 93 del cuaderno principal del proceso 1999-0585-00, obra el dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que determinó para su caso una incapacidad médico legal de 42 días, prueba que, si bien no se agregó en la correspondiente etapa procesal, debió ser valorada para efectos de calcular el monto indemnizatorio por perjuicios morales y “fisiológicos” —daño a la salud—, en su condición de afectada directa.
En lo que a la indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, representados —según se afirmó en la demanda— en los gastos que ocasionaron la recuperación de la víctima por la atención médico quirúrgica recibida durante 42 días, debe decir la Sala que no obra prueba alguna en el plenario sobre su causación, razón por la cual debe negarse dicho pedimento.
Lo mismo debe predicarse de la solicitud de reconocimiento de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, toda vez que, en el plenario no se demostró que la menor percibiera suma de dinero alguna por el desarrollo de alguna actividad productiva.
Ahora bien, acerca de los daños causados por las lesiones que sufre una persona, resulta necesario precisar que si bien éstas pueden dar lugar a la indemnización de perjuicios morales, su tasación dependerá, en gran medida, de la gravedad y entidad de las mismas, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales, se definirá en cada caso por el juez, en proporción al daño sufrido y a las circunstancias particulares de las causas y consecuencias de la lesión.
Así pues, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, y más cuando la lesión sufrida sea de tal entidad que pueda poner en riesgo la integridad personal de alguien, tal y como ocurrió en el sub lite, pues, de conformidad con lo probado en el proceso, se tiene que con ocasión de la explosión, la menor Rosa Elvira Brechero Ramírez sufrió —como secuela— una deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, toda vez que presenta cicatrices notorias que alteran la simetría corporal en el abdomen y en la cara externa tercio proximal del antebrazo derecho, que le determinaron una incapacidad médico legal de cuarenta y dos (42) días, según el reconocimiento médico legal practicado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Igualmente, resulta claro que el reconocimiento de indemnización por este perjuicio de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino de carácter compensatorio, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para lo cual debe tener en cuenta las circunstancias, la naturaleza, la gravedad de las lesiones sufridas y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.
Ha entendido la Sección que en casos de lesiones corporales, sin importar que estas sean graves o leves, es procedente el reconocimiento del perjuicio moral para las personas directamente afectadas, razón por la cual la Sala tasará la indemnización del perjuicio moral teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones y las especiales circunstancias en las cuales se produjo dicha lesión.
En el caso concreto y comoquiera que de conformidad con lo probado en el proceso se tiene que con ocasión de la explosión del artefacto explosivo, la menor Rosa Elvira Brechero Ramírez sufrió una lesión en el abdomen y en uno de sus miembros superiores, todo lo cual, como resulta apenas natural, causó una aflicción que debe ser indemnizada y, en consecuencia, se ordenará el pago de 50 SMLMV a su favor.
Lo anterior en virtud de que a pesar de que no se tiene certeza en este caso del porcentaje de invalidez y si la incapacidad médico legal definitiva —42 días—, lo cierto es que para la Sala si se probó el daño que fundamentó la presente acción y, en consecuencia, —según se indicó—, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas.
— Por concepto de perjuicios “fisiológicos”, la menor Rosa Elvira Brechero Ramírez solicitó la suma equivalente en dinero a 1000 gramos de oro.
Para la reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en las sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, expedientes 19031 y 38222, proferidas por esta misma Sala, en el sentido de que la regla en materia indemnizatoria, es de 10 a 100 SMMLV, sin embargo en casos de extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 SMMLV, siempre que esté debidamente motivado(10).
Ahora bien, para el caso sub examine, si bien no se cuenta con el porcentaje exacto de la pérdida de capacidad laboral de la menor Rosa Elvira Brechero Ramírez, lo cierto es que teniendo en cuenta las lesiones sufridas y su repercusión en sus actividades diarias, dado que sufrió una lesión en su abdomen y en una de sus extremidades superiores, la Sala, considera razonable, imponer al Estado la obligación de reparar el daño antijurídico que causó, aun cuando resulta altamente improbable —por no decir que materialmente imposible— recaudar elementos demostrativos que permitan cuantificar de forma técnica, con apoyo en elementos matemáticos y/o estadísticos, el monto del perjuicio a indemnizar.
Establecido lo anterior, procede la Sala, como ya se señaló, a reconocer la suma de 50 SMLMV para la menor Rosa Elvira Brechero Ramírez.
2. En el Proceso 1999-0734-00 —lesiones de Ambrosio Antonio Torres Villero— se solicitó adicionar la sentencia de segunda instancia, en el sentido de incluir en la condena por perjuicios morales a los menores Kelys Yaneth Torres Castro y Darwin José Torres Fuentes, quienes acudieron al proceso en calidad de hijos del lesionado Ambrosio Antonio Torres Villero.
En la sentencia de segunda instancia se consideró que no sería estudiado lo referente a los perjuicios morales solicitados por los menores Kelys Yaneth y Darwin José Torres Villero, en su condición de hijos del señor Ambrosio Torres Villero, toda vez que no se solicitó indemnización alguna por dicho concepto en el acápite de pretensiones de la demanda.
Como explicación de dicha omisión, adujo la parte actora que, si bien no se enlistó a dichos menores de edad en el acápite pertinente de pretensiones y condenas, lo cierto es que al inicio del libelo introductorio y en el acápite de fundamentos facticos si se hizo, razones que considera suficientes para proceder a su inclusión en la indemnización de perjuicios morales a que se hace alusión.
En ese orden de ideas, estima la Sala que tal solicitud de adición resulta procedente en el presente asunto, habida cuenta de aun cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene un carácter rogado, lo que implica para el fallador la obligación de decidir el fondo del asunto dentro del marco trazado desde el inicio del proceso por las pretensiones de la demanda, al juez administrativo también le asiste la obligación de interpretar la demanda cuando ésta no ofrezca claridad para poner en marcha el proceso, en consideración a los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de acceso a la administración de justicia.
En el caso en estudio, la parte demandante señala en el encabezado de la demanda, lo siguiente (se transcribe el texto tal cual aparece en el expediente):
“….Ambrosio Antonio Torres Villero, Elvia Mercedes Urieles Navarro, cónyuge del Anterior y de sus Hijos Menores Kelys Yaneth Torres Castro y Darwin José Torres Fuentes e igualmente de su madre Francisca Dolores Villero picasa y de sus hermanos Ana Francisca Torres Villero, Arecelia María Torres Villero, Martha Delfina Torres Villero, Dimas María Torres Villero, Arcelio Alfonso Torres Villero, Luis Alberto Torres Picazza Gregorio Manuel Torres Picazza y Rafael Antonio Díaz Villero, todos domiciliados en Valledupar, igualmente mayores de edad, respetuosamente les manifiesto que estoy recurriendo en demanda de reparación directa contra la Nación (Ministerio de Defensa - Ejército Nacional), a fin de que por el procedimiento ordinario se hagan las siguientes declaraciones y condenas:
— En el acápite de pretensiones de la demanda, en el que se omitió relacionar a los referidos menores, se dijo:
“La Nación colombiana (Ministerio de Defensa - Ejército Nacional) es administrativamente y patrimonialmente responsable con ocasión de los sucesos ocurridos el 4 de julio de 1998, en los que resultó lesionado el señor Ambrosio Antonio Torres Villero, por el atentado perpetrado por la guerrilla consistente en la explosión de una bomba con metralla en un lugar entre los municipios de El Copey y Bosconia, en la carretera que comunica a estas dos poblaciones, en el departamento del Cesar. En consecuencia, se le condene a pagar perjuicios materiales y morales en favor de Ambrosio Antonio Torres Villero y Morales en Beneficio de Elvia Mercedes Urieles Navarro, Francisca Dolores Villero Picasa, Ana Francisca Torres Villero, Arecelia María Torres Villero, Martha Delfina Torres Villero, Dimas María Torres Villero, Arcelio Alfonso Torres Villero, Luis Alberto Torres Picazza Gregorio Manuel Torres Picazza y Rafael Antonio Díaz Villero. Las condenas correspondientes se actualizarán con base en el índice de precios al consumidor del DANE…”
En los hechos de la demanda, se indicó que (se transcribe el texto tal cual aparece en el expediente):
“Son sus familiares los atrás señalados, quienes actúan como demandantes en este libelo. Estos, como su cónyuge, Elvia Mercedes Urieles Navarro, han sido afectados emocional y afectivamente con la consiguiente tristeza y aflicción que genera un acontecimiento como el narrado, especialmente con las secuelas físicas y fisiológicas derivadas de la lesión”.
Pues bien, en atención a los señalados principios y no obstante, como se dijo, el carácter rogado de la jurisdicción contencioso administrativa, nada impide en el presente caso que se interprete la demanda en un sentido útil, en aras a resolver de fondo las pretensiones puestas a consideración de esta Sala, pues sumado a lo anterior, la prueba documental y testimonial recaudada en el proceso, es indicativa de la calidad de hijos del señor Ambrosio Antonio Torres Villero con la que concurrieron los menores Kelys Yaneth Torres Castro y Darwin José Torres Fuentes.
En efecto, a folios 23 y 24 del cuaderno principal Proceso 1999-0734-00 obran las copias del registro civil de nacimiento de los citados menores, en las que se puede constatar que efectivamente se trata de los hijos del señor Ambrosio Antonio Torres Villero, circunstancia que también se demostró con la declaración que rindió ante el Tribunal A quo, la señora Herminia María Arrieta de Tonzón(11), quien aseguró que reconocía a los menores como hijos del señor Ambrosio Antonio Torres Villero.
Declaración de Herminia María Arrieta de Tonzón (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):
“Conozco a Ambrosio Torres Villero, lo conozco desde pequeños porque somos vecinos, también conozco a su familia, a su mama que se llama Francisca Villero, sus hermanos que se llaman Martha, Ana, Rafael, Gregorio, Arcelia, Arcelio, la esposa se llama Elvia Mercedes Urieles y tiene dos hijos que se llaman Kely y Darwin José”.
En consecuencia, de conformidad con lo probado en el proceso se tiene que con ocasión de la explosión del artefacto explosivo, el señor Ambrosio Antonio Torres Villero sufrió una lesión que le generó como secuela estética una deformidad física que afectó su cuerpo de carácter permanente y como secuelas de carácter funcional una perturbación funcional de los miembros inferiores de carácter permanente, perturbación funcional del sistema nervioso periférico de carácter permanente y una perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente, todo lo cual, como resulta apenas natural, causó una aflicción y, en consecuencia, se ordenará el pago de 80 SMLMV para cada uno de sus hijos Kelys Yaneth Torres Castro y Darwin José Torres Fuentes, tal como se hizo en la sentencia de segunda instancia con sus familiares más cercanos madre.
— En el Proceso 1999-0720-00. Lesiones del señor Antonio María Rojano Roca- se solicitó que se corrija la sentencia de segunda instancia en el sentido de que la señora Lilia Raquel Rojano Roca a quien se asignó la suma de 40 s.m.l.mv, en su condición de hermana del lesionado Antonio María Rojano Roca, se identifica realmente como Lilia Raquel Rojano de Fiminaya, solicitud que resulta procedente en el presente asunto, habida cuenta de que, si bien en el registro civil de nacimiento figura como Lilia Raquel Rojano Roca, prueba que fue tenida en cuenta por esta instancia para liquidar la indemnización de dicho perjuicio, la nota de presentación personal del poder indica que acudió al proceso como Lilia Raquel Rojano de Fujiyama, oportunidad en la que tuvo que exhibir su cedula de ciudadanía ante el Notario ante quien se realizó dicha diligencia, documento que en definitiva determina su verdadera identidad, sin que se necesario en este momento solicitarle prueba diferente alguna para acreditar dicha situación.
3. En el Proceso 1999-0942-00 —Lesiones de Guillermo Augusto Estrada Beltrán— se formuló solicitud de adición de la sentencia en el sentido de incluir al referido señor como uno de los “beneficiados con el fallo proferido por su Despacho, el mismo que hace parte de las personas que instauraron el respectivo recurso”.
Sobre este pedimento debe reiterarse lo dicho en la sentencia de segunda instancia, referente a que no será objeto de estudio la indemnización de perjuicios solicitados por las lesiones padecidas por el señor Guillermo Augusto Estrada Beltrán, siendo igualmente demandantes la señora Azucena Cordero Hernández y sus hijos menores de edad Joan Pierre Estrada Cordero y Jhon Emerson Cordero Hernández, toda vez que si bien interpuso oportunamente el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia(12), el mismo no fue sustentado como lo exige el artículo 212 del CCA.
En este punto cabe precisar que si bien el entonces magistrado de esta Corporación a quien correspondió el conocimiento del presente asunto, omitió correr traslado para sustentar el recurso de apelación así interpuesto, el apoderado de este grupo demandante nada dijo al respecto, al punto que renunció(13) al poder que le había sido otorgado y, solo hasta este momento intervino otro mandatario en aras de que sean incluidos sus poderdantes en la condena que por los hechos del 4 de Julio de 1998 se determinó en la sentencia de segunda instancia, situación está que al tenor del artículo 140 del Estatuto procedimental civil tampoco constituye una causal de nulidad, razón suficiente para negar dicha solicitud de adición.
4. En el Proceso 1999-0565-00 —Muerte del Señor Humberto Alfonso Vélez Vásquez— se solicitó la corrección de la sentencia de segunda instancia en el sentido de que se incurrió en un error en los apellidos de los hermanos del fallecido Humberto Alonso Vélez Vásquez, a quienes se asignó para cada uno una suma de 50 SMLMV por concepto de perjuicios morales.
En efecto, en la sentencia de segunda instancia se mencionan como Alejandro Antonio Vélez Restrepo, Luis Fabián Vélez Restrepo, Mario Hernán Vélez Restrepo y María Gloria Vélez Restrepo, cuando lo correcto es, una vez revisados sus correspondientes registros civiles de nacimiento: Alejandro Antonio Vélez Vásquez(14), Luis Fabián Vélez Vásquez(15), Mario Hernán Vélez Vásquez(16) y María Gloria Vélez Vásquez(17), circunstancia que hace procedente la anterior solicitud, como en efecto se hará.
— En el mismo proceso se aduce que se incurrió en un error aritmético en cuanto a los valores tomados para efectos de liquidar los perjuicios materiales, por concepto de lucro cesante, a favor de los hijos de la víctima, María Alejandra y Juan Camilo Vélez Restrepo, pues se tomó la suma de $ 96.250 como la cifra deducida de los ingresos de la víctima con destino a sus dos hijos menores, cuando —según se afirma— lo correcto era tomar la suma de $ 144.379.
En efecto, una revisión de la liquidación efectuada por la indemnización de dichos perjuicios, permite evidenciar el error involuntario en que se incurrió, circunstancia que obliga a que se realice nuevamente teniendo como base el valor indicado en la presente solicitud, así:
Para María Alejandra Vélez Restrepo (hija de la víctima)
Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $144.375
n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 4 de julio de 1998 hasta la fecha de la sentencia, esto es, 195 meses.
S= $144.375 (1 + 0.004867)195 - 1
S= $46.790.701
Para la liquidación de la indemnización futura o anticipada que corresponde al período comprendido entre el día siguiente de la fecha de esta sentencia y la fecha en que María Alejandra Vélez Restrepo cumpla los 25 años —24 de septiembre de 2021— teniendo en cuenta que para la fecha de esta providencia tiene 18 años, 1 mes y 18 días, de manera que el periodo a indemnizar corresponde a 82,7 meses.
Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $144.375
n= Número de meses que comprende el período indemnizable: 82.7
S= $144.375 (1 + 0.004867) 82,7 - 1
0.004867 (1+0.004867)82,7
S= $9.809.939
Total perjuicio material: $56.600.640
Para Juan Camilo Vélez Restrepo (hijo de la víctima)
S= $144.375 (1 + 0.004867) 195 - 1
— En el Proceso 200-559-00 —Lesiones de Alexis Rafael Bolaño Cervantes— se solicitó la corrección del nombre del señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes, quien resultó lesionado como consecuencia de los hechos sucedidos el 4 de julio de 1998, toda vez que por error del apoderado judicial se mencionó como Alexis Rafael Bolaño Cervantes, cuando lo correcto es Alexi Rafael Bolaño Cervantes, pedimento a lo que se procederá, después de confrontar efectivamente dicho pedimento con el registro civil de nacimiento del referido actor que obra a folio 4 del cuaderno principal del Proceso 200-559-00.
1. Adicionar el numeral sexto de la sentencia del 26 de noviembre de 2014, proferida por la Sección Tercera - Subsección A del Consejo de Estado, el cual quedará así:
“Proceso 1999-0732-00. Muerte de la señora Rosa Minerva Brochero Ramírez.
— Por concepto de indemnización de perjuicios morales:
Elkin de Jesús Rivera Brochero (hijo) 100 SMMLV
Jeiner David Rivera Brochero (hijo) 100 SMMLV
Josefa María Ramírez Flores (madre) 100 SMMLV
2. Adicionar el numeral sexto de la sentencia del 26 de noviembre de 2014, proferida por la Sección Tercera - Subsección A del Consejo de Estado, el cual quedará así:
“Condenar igualmente a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, a pagar las siguientes sumas:
“Proceso 1999-0585-00. Lesiones de la menor Rosa Elvira Brochero Ramírez.
“— Por concepto de indemnización de perjuicios morales, una suma equivalente a cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Rosa Elvira Brochero Ramírez.
“— Por concepto de indemnización por daño a la Salud, una suma equivalente a cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de Rosa Elvira Brochero Ramírez del señor Osiris Brochero Ramírez”.
3. Adicionar el numeral sexto de la sentencia del 26 de noviembre de 2014, proferida por la Sección Tercera - Subsección A del Consejo de Estado, el cual quedará así:
Proceso 1999-0734-00. Lesiones de Ambrosio Antonio Torres Villero.
Francisca Dolores Villero Picasa (madre) 80 SMMLV
Ana Francisca Torres Villero (hermana) 40 SMMLV
Arcelia María Torres Villero (hermana) 40 SMMLV
Martha Delfina Torres Villero (hermana) 40 SMMLV
Dimas María Torres Villero (hermano) 40 SMMLV
Arcelio Alfonso Torres Villero (hermano) 40 SMMLV
Luis Alberto Torres Picassa (hermano) 40 SMMLV
Gregorio Manuel Torres Picassa (hermano) 40 SMMLV
Rafael Antonio Díaz Villero (hermano) 40 SMMLV
Kelys Yaneth Torres Castro (hija) 80 SMMLV
Darwin José Torres Fuentes (hijo) 80 SMMLV
4. Corregir el numeral sexto de la sentencia del 26 de noviembre de 2014, proferida por la Sección Tercera - Subsección A del Consejo de Estado, el cual quedará así:
Proceso 1999-0720-00. Lesiones del señor Antonio María Rojano Roca.
Antonio María Rojano Roca (afectado) 80 SMMLV
Luis Carlos Rojano Vargas (hijo) 80 SMMLV
José Antonio Rojano Vargas (hijo) 80 SMMLV
Pedro Rojano Pimienta (padre) 80 SMMLV
María Margarita Vargas Prado (compañera permanente) 80 SMMLV
Lilia Raquel Rojano de Fuminay (hermana) 40 SMMLV
Pedro Luis Rojano Roca (hermana) 40 SMMLV
5. Corregir el numeral sexto de la sentencia del 26 de noviembre de 2014, proferida por la Sección Tercera - Subsección A del Consejo de Estado, el cual quedará así:
Proceso 1999-0565-00. Muerte del Señor Humberto Alfonso Vélez Vásquez.
Luz Dary Restrepo Loaisa (compañera permanente) 100 SMMLV
María Alejandra Vélez Restrepo (hija) 100 SMMLV
Juan Camilo Vélez Restrepo (hijo) 100 SMMLV
Catalina Vélez Palacio (hija) 100 SMMLV
Josefina Marcela Vélez Palacio (hija) 100 SMMLV
Andrés Humberto Vélez Arias (hijo) 100 SMMLV
Alejandro Antonio Vélez Vásquez (hermano) 50 SMMLV
Luis Fabián Vélez Vásquez (hermano) 50 SMMLV
Mario Hernán Vélez Vásquez (hermano) 50 SMMLV
María Gloria Vélez Vásquez (hermana) 50 SMMLV
Amalia Vélez de Restrepo (hermana) 50 SMMLV
Sor Amanda Vélez de Restrepo 50 SMMLV
6. Corregir el numeral sexto de la sentencia del 26 de noviembre de 2014, proferida por la Sección Tercera - Subsección A del Consejo de Estado, el cual quedará así:
“Proceso 1999-0565-00. Muerte del Señor Humberto Alfonso Vélez Vásquez.
“— Por concepto de indemnización de perjuicios materiales
“Para María Alejandra Vélez Restrepo (hija de la víctima), la suma de cincuenta y seis millones seiscientos mil seiscientos cuarenta pesos ($56.600.640)”.
“Para Juan Camilo Vélez Restrepo (hijo de la víctima), la suma de cuarenta y seis millones setecientos noventa mil setecientos un pesos ($46.790.701)”.
7. Corregir el numeral sexto de la sentencia del 26 de noviembre de 2014, proferida por la Sección Tercera - Subsección A del Consejo de Estado, el cual quedará así:
Proceso 2000-0559-00. Lesiones del señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes.
“— Por concepto de indemnización de perjuicios morales:
Alexi Rafael Bolaño Cervantes (afectado) 70 SMMLV
Rosa María Bolaño Brochero (hija) 70 SMMLV
Rosa María Cervantes Vizcaíno (madre) 70 SMMLV
Milagro de Jesús Brochero Ramírez (compañera permanente) 70 SMMLV
— Por concepto de indemnización por daño a la Salud, una suma equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del señor Alexi Rafael Bolaño Cervantes.
— Por concepto de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de un millón trescientos ochenta y ocho mil seiscientos noventa y siete pesos ($1.388.697), a favor del señor Alexi Rafael Bolaño Cervantes.
8. Negar las demás solicitudes.
9. Notificar esta providencia y continuar con el trámite correspondiente.
(8) López Blanco, Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Tomo I, Parte General, Novena Edición, Dupre Editores, Bogotá, 2001, pág. 651.
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 1º de octubre de 2014. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Expediente 33767.
(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 27 de agosto de 2014, Expediente 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz
(11) Folios 72 a 74 del cuaderno principal proceso 1999-0734-00.
(12) Folio 265 del cuaderno del Consejo de Estado.
(13) Folio 314 del cuaderno del Consejo de Estado.
(14) Folio 21 del cuaderno principal proceso 1999-0565-00
(15) Folio 22 del cuaderno principal proceso 1999-0565-00
(16) Folio 23 del cuaderno principal proceso 1999-0565-00
(17) Folio 25 del cuaderno principal proceso 1999-0565-00

References: artículo 267
 resolución 
 artículo 311
 artículo 310
 artículo 312
 resolución 
 artículo 311
 resolución 
 artículo 212
 artículo 140