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REGISTRO DE MARCAS EN MEXICO® | Presunto Culpable y los Derechos de Autor
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Presunto Culpable y los Derechos de Autor
Publicado el 09/03/2011, Autor: admin	Categorias: Derechos de Autor,
¿Quien es el presunto culpable?
Mis amigos de Cinemas Lumiere me invitaron a la proyección privada del documental, el largometraje refleja vívidamente el sistema penitenciario mexicano actual, un homicidio, Antonio el presunto culpable señalado por un testigo ocular que presenta pruebas deficientes, el juez que mas que juzgador es ejecutor, varios agentes judiciales y el Lic. Rafael Heredia abogado defensor del inculpado, son los protagonistas de una novela real dramática y por demás deprimente, pero que sin lugar a duda muestran crudamente el deficiente Estado de Derecho Penal actual del país.
El Código Civil Federal protege la imagen personal en el artículo 1916 , al señalar que “estará sujeto a la reparación del daño, aquel que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona”. Por lo tanto solo existe si se captó de manera ilegítima y si esta causó daño.
Como es sabido a la semana que se había iniciado la proyección en cines se presentó una demanda por parte del testigo ocular, “intentando cazar al cazador” argumentando que la proyección era ilegal, pues él no dio autorización para publicar su imagen en el largometraje, la demanda a simple vista parecía tener fundamento, sin embargo no lo tiene pues el largometraje no es una película, sino un documental que muestra una realidad y en este sentido el testigo incómodo no tiene derechos sobre la proyección, pues no es una actuación sino como ya se dijo una situación real.
Presunta Censura: Después de varios intentos de cesar la proyección en las salas de cine como medida cautelar dictada por la Jueza Blanca Lobo Domínguez finalmente concluyó la controversia con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al argumentar que su proyección es legal, toda vez que el Estado debe garantizar el Derecho a la Información, un derecho constitucional consagrado en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la película queda mucho por decir, en principio los directores de la película están por la labor de que todos los juicios sean videograbados para dejar constancia de los actos y supongo que esta propuesta que además ya fue solicitada al Congreso de la Unión es adecuada y ojalá y fuera el remedio para tal problema, pero el documental muestra mas de un defecto en el sistema de justicia: – La rendición de la prueba testimonial del inculpado tras las rejas muestra la culpabilidad antes de ser juzgado; – La corrupción en el Reclusorio para preservar el bienestar de los reclusos; – La falta de preparación de los jueces; – La falta de imparcialidad del juzgador en el caso; – La falta de una base de datos confiable para evitar la usurpación de profesión y mas aún que el inculpado sea defendido por un abogado de profesión, entre otros.
La verdad sea dicha, la labor del Lic. Rafael Heredia plausible y valiente al colaborar no solo en la libertad que hoy goza Antonio, sino en la difusión de los hechos y exponer al sistema.
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21 Responses to “Presunto Culpable y los Derechos de Autor”
Miguel Angel Moreno Hernández. dice:
12/03/2011 a las 11:57 pm
La película presunto culpable a mi parecer queda fuera del contexto respecto de los atrasos en la aplicación de algo que ya está legislado desde 2008, en concreto de la reforma penal a nivel constitucional del 27 de junio del mencionado año. Dicha reforma representa un coctel de argumentos jurídicos para la defensa de un probable responsable y concreto de cualquier ciudadano.
En primer lugar tenemos la presunción de inocencia, dentro de la cual ahora se tiene que hacer todo a “contrario sensu” de como vemos en la película, es decir, ahora en vez de que sea el abogado el que demuestre la inocencia del inculpado, quien tiene que trabajar es el MP en acreditar el delito.
En segundo lugar está la aplicación de la Medios Alternos para la Solución de Controversias (MASC), mismos que sirven para tener una etapa de mediación-conciliación previa a llegar a una audiencia judicial oral. En esta audiencia de conciliación las partes se reúnen a dirimir su problema y se llega a un arreglo para resarcir el daño causado, en caso de que no se llegue a un acuerdo entonces se sigue el proceso de una manera normal.
En tercer lugar tenemos propiamente al juicio oral, donde todos los abogados en países como Chile ya vieron los resultados y están de acuerdo que con este tipo de juicios la justicia se imparte de manera más rápida, económica y expedita.
Entre otras cosas esos son los puntos torales de la reforma al sistema de justicia mexicano que se hicieron en 2008, por lo que para el año 2015 ya se tendrá que aplicar en toda la república mexicana. En teoría el DF ya tiene que estar aplicando esos juicios. El presidente del TSJDF el Mgdo. Elías Azar comentó en Foro TV en el programa Paralelo 23 que la película presunto culpable es una radiografía del sistema de justicia anterior (mismo que era inquisitivo), pero que está agotado. Ahora se vive dentro de la dinámica del juicio oral y no del proceso estrictamente escrito.
Si se sabe que la mencionada reforma es de orden Constitucional Federal, entonces ningún ordenamiento se puede oponer a lo dicho, por lo que en muchas entidades ahora se maneja un híbrido llamado juicio predominantemente oral.
Por otro lado si vemos el proceso que siguió la cinta en los tribunales administrativos del DF, al parecer no hay argumento más fuerte que el de la SCJN en relación al derecho a la información, y al estar los testigos filmados dentro de un lugar público no podría existir problema alguno en relación al daño moral.
Esa parte que envuelve a la película ya no está a discusión, lo que puede estar a discusión es el criterio judicial de la Jueza Lobo, pero como sabemos, los funcionarios que imparten la justicia (incluyendo a los Tribunales Administrativos aunque recaigan en el orden de un poder ejecutivo y no judicial) están ahí por buenas credenciales y que deben ser respetados en sus opiniones y resoluciones.
Antes de concluir quisiera que se note que la Constitucionalidad es fundamental para resolver casi cualquier controversia inclusive no estrictamente jurídica. La película muestra algo que ya no es válido al menos en la zona donde nos quiere mostrar algo, es decir, el DF, porque ya existe una REFORMA CONSTITUCIONAL que según el TSJDF ya se está aplicando. En segundo término el tema que se discute en los tribunales administrativos del DF, también se resuelve por CONSTITUCIONALIDAD por el acceso a la información, porque es justamente para lo que está la corte, no para ser especialistas en materia penal, civil, administrativa y laboral, sino para tener un control de la CONSTITUCIONALIDAD de cada caso que se tenga que resolver en esta máxima instancia judicial.
Para concluir quisiera hacer un comentario de corte político en relación a esta cinta, pero para no hacerlo de manera directa y que se pierdan los argumentos jurídicos, dejo la siguiente nota para consulta de los interesados, no estoy de acuerdo en la parte que habla estrictamente sobre la película, pero si con los datos en los que se ve relacionado al Partido de la Revolución Democrática.
Ivanna Molina dice:
13/03/2011 a las 7:04 pm
Si realizamos un análisis constitucional de lo visto en el documental nos podemos percatar de que muchos artículos constitucionales están siendo completamente violados, a pesar de que México logró un gran “avance” estableciendo en la Carta Magna, artículo 20 inciso B fracción I, que todo procesado tiene derecho a que se le presuma su inocencia en tanto no se decrete su responsabilidad penal mediante sentencia, en la práctica vemos como dicho “avance” no ha rendido sus frutos, Antonio es un ejemplo de tantos inculpables que son tratads como delincuentes desde el primer momento de la averiguación previa sin respetar esta garantía que en mi opinión es fundamental.
Por otro lado la Carta Magna establece en el mismo artículo 20 inciso A fracción IV que un juicio debe ser llevado a cabo frente a un juez que no haya conocido previamente del caso y esto evidentemente no sucedió debido a que el juzgador fue el mismo que en vez anterior.
Finalmente como bien fue mencionado el artículo el Derecho a la Información es una garantía básica de todos los mexicanos y habitantes del territorio nacional que no debe ser coartado de ninguna manera, y dicho documental es una gran oportunidad para que todos puedan conocer la realidad del sistema de justica de este país y por ende me crea gran satisfacción el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya protegido una garantía fundamental en la vida de cada uno de nosotros.
María Guadalupe Blanco dice:
13/03/2011 a las 10:49 pm
En cuanto al amparo que interpuso el ofendido (el primo ) se puede deducir que analizando nuestra carta magna en su artículo 20, inciso C, fracción V “…De los derechos de la víctima o del ofendido:…V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa…”, por lo que a contrario sensu el ofendido (el primo) no tenía razones para que su identidad sea resguardada.
En cuanto al proceso penal mexicano, con el filme en cuestión nos podemos dar cuenta que la práctica del buen proceso penal no se lleva a cabo ya que se puede ver con claridad las infracciones que se realizan a ciertos artículos, entre los que se encuentran: el artículo 6 del código penal para el DF y el artículo 20 CPEUM inciso B los cual señalan la presunción de inocencia y no la de culpabilidad, el artículo 19 del código penal para el DF en su último párrafo, en el cual se señala la sanción a los abusos contra los detenidos, el artículo 20 CPEUM inciso B párrafo III, el cual señala el derecho a que se le informe en el momento de la detención y en el momento de su comparecencia el motivo de su detención o el delio que se imputa, entre otros, como el del derecho a un abogado (al cual se debería de legislar para que en el momento en que el asesor jurídico se presente se tenga una forma más segura en la que se pueda identificar como profesionista del Derecho, además de con la cédula profesional) y el derecho a la recepción de pruebas, entre las que se encuentran las testimoniales, las cuales no fueron recibidas en el proceso de Antonio.
Con los anteriores análisis es más que demostrable que la justicia en México no siempre se lleva en la forma eficaz y eficiente en la que se debería de llevar.
26/05/2011 a las 8:21 am
oye espero recibas este comentario espero tu respuesta al parecer tu sabes de leyes kisiera saber si me puedes orientar en algo ke traigo pendiente mi esposo esta preso tiene ya casi tres anos alla y no le han dado centencia esta por supuestamente posesion de armas cuando no se le a encontrado nada se vieron contradicciones el dia del careo cn los aprensores pero una pregunta eran 4 aprensores y de esos solo se han presentado 3 kisiera saber s eso puede ser perjudicial para mi esposo??????? espero tu respuesta te lo pido por favor
Priscilla Ramos dice:
14/03/2011 a las 4:52 am
En nuestro país, todas las obras cinematográficas están reguladas bajo la Ley Federal de Cinematografía, por lo que en el artículo 24 de dicha ley habla sobre la distribución de las películas, lo cual su fin es poner a disposición de los exhibidores o comercializadores, las películas cinematográficas producidas en México o en el extranjero como Presunto Culpable, lo cual la película se sometida bajo una autorización y a una clasificación correspondiente ante la autoridad competente y para poder ser aprobada con los requisitos correspondientes en el reglamento. La autorización es dependiente de la Secretaria de Gobernación.
La película no puede ser excluida del cine, ya que existe el derecho público al libre acceso a la información basado en el artículo 6 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sobre todo a la libertad de expresión establecido en el artículo 6 de la CPEUM; son dos derechos que prevalecen dentro del derecho público. Se debe de tomar en cuenta el derecho de los productores a la libre expresión y el derecho de todo ciudadano al acceso a la información.
La libertad de expresión basada en lo anterior es un derecho fundamental que está consagrado en nuestra Constitución y también se encuentra estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Por últimos, cabe mencionar que el ofendido argumenta que la proyección era ilegal, pues él no dio autorización para publicar su imagen en el largometraje, lo cual puedo concluir dando mención al artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor: “El retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado, con su consentimiento expreso, o bien con el de sus representantes o los titulares de los derechos correspondientes. La autorización de usar o publicar el retrato podrá revocarse por quien la otorgó quién, en su caso, responderá por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar dicha revocación. Cuando a cambio de una remuneración, una persona se dejare retratar, se presume que ha otorgado el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior y no tendrá derecho a revocarlo, siempre que se utilice en los términos y para los fines pactados. No será necesario el consentimiento a que se refiere este artículo cuando se trate del retrato de una persona que forme parte menor de un conjunto o la fotografía sea tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos”.
Cabe rescatar del artículo anterior que los lugares donde se hizo la proyección de la película fueron en lugares públicos y la película fue hecha en relación a un documental que tiene como fin de informar y fines periodísticos.
GISELA HERNANDEZ PLATA dice:
14/03/2011 a las 2:46 pm
Es importante decir que la película “presunto culpable” se desarrolla en el sistema penal vigente en el 2005, es decir antes de la reforma del 2008, que es la que actualmente rige el nuevo sistema penal acusatorio, sin embargo, las garantías individuales que se violan a Antonio, son casi las mismas que en el sistema actual, esto es, lo establecido en el artículo 17, 18, 20, 21, pero sobre todo lo estipulado en el párrafo 7° del artículo 16 y el artículo 19 de la constitución vigente en ese año, en cuanto al primer precepto, establece que Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, y en ese plazo deberá ordenarse su libertado o ponerse a disposición de la autoridad judicial, y en cuanto al segundo, establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique sin auto de formal prisión el delito de que se trate, las circunstancias de ejecución, así como los datos que la averiguación previa arroje, garantías no preservadas en el proceso al que fue sujeto Antonio, pues en la investigación se establece que él no estaba entre los testigos y apareció hasta avanzada la averiguación.
La película cumple con su objeto, que es mostrar la ineficacia del sistema penal mexicano, y eso se logra analizando las incongruencias que se den desde la averiguación hasta el momento de dictar sentencia.
En cuanto al amparo promovido por el ofendido, en cuanto a violación de garantías individuales es necesaria para que se encuentre dentro de la fracción 1 del artículo 1 de la Ley de Amparo, que es: “controversia por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales”, por lo que es de naturaleza constitucional, el artículo 20 de la constitución vigente en el 2005 no contemplaba el derecho a la identidad del ofendido, la actual constitución sí lo prevé pero bajo circunstancias especiales, en las que no entra éste caso.
Para la suspensión definitiva, es necesario considerar lo establecido en la fracción IX del artículo 70 del ordenamiento en cita, pues se trata sobre la improcedencia del amparo y esta fracción se refiere a actos consumados de modo irreparable, como es el caso, pues se trata de actos que ya fueron consumados al momento en que la película fue proyectada, además se infiere que el ofendido aceptó tácitamente aparecer en el reportaje, ya que durante su desarrollo, éste nunca se negó a ser gravado en el momento de su comparecencia ni en el momento de los careos con el acusado, por lo que sería procedente atender también a la fracción IV del artículo 74, que estable: “Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto
Reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley.” Por tanto, si se prueba la inexistencia del acto, el amparo se sobresee.
Eunice Leyva dice:
14/03/2011 a las 4:59 pm
La película Presunto Culpable representa un gran número de garantías constitucionales violadas, que deben ser observadas en todo momento cuando se procesa a alguien. Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículos 7, 8, 10 y 11) , como la Convención Americana (Artículos 8, 24 y 25) en la misma materia, consideran el debido proceso legal y el derecho a un recurso efectivo como derechos básicos que garantizan la protección de los Derechos Humanos de cualquier individuo. Como lo indica la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en concordancia con la Convención, no basta con que en México exista legislación que “proteja” dichas garantías, sino que deben ser idóneos y garantizar el acceso a la justicia a las víctimas, como en este caso a Toño no le fue permitido.
El artículo 16 constitucional nos habla de la garantía que gozan todas las personas dentro del territorio nacional a no ser molestadas y a no ser víctimas de una orden de aprehensión si no hay datos suficientes que sugieran que se ha cometido un delito. En el caso de Toño, el protagonista en cuya situación legal se centra el documental, a pesar de no haberse comprobado que él cometió el delito, éste fue encarcelado injustamente.
Por su parte, al respecto de lo que nuestra Constitución establece en su artículo 17, con respecto a la administración de justicia imparcial e independiente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual México está integrado, establece en su jurisprudencia que cuando los órganos que dirigen las investigaciones están potencialmente implicados en alguna falta a los derechos humanos, la imparcialidad e independencia de los tribunales se ven seriamente comprometidas. En este documental, se ve claramente que los funcionarios públicos (judiciales) que estaban a cargo de la investigación del homicidio por el cual se acusó a Toño, fueron los que ilícita e injustamente levantaron la acusación contra el joven, violando así su garantía constitucional a que se le administrara justicia mediante un tribunal competente e imparcial. Los funcionarios mexicanos violaron, así, el principio no. 1 de Los principios Básicos de la Judicatura, reconocidos por el órgano internacional encargado de velar por los derechos humanos.
Además, el sistema mexicano de justicia se rige acusatoria (el MP debe probar la culpabilidad del procesado) y oralmente, actualmente. A pesar de que el caso hubiera sido planteado con el antiguo sistema donde el acusado debía probar su inocencia, este principio de legalidad fue violado en el momento en el que a Toño no se le permitió preparar una defensa adecuada. La jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, en su Observación General No. 13, destaca la importancia de tener tanto los medios como el tiempo adecuado para preparar una defensa, el cual implica no sólo la aplicación de la igualdad ante la ley que nuestra Constitución observa, sino también, el derecho a conocer los cargos que se le imputan al acusado, a alegar en su favor acerca de los hechos con los que se le relacionan para así disminuir o eliminar los que no sean verídicos, el derecho a accesar a los documentos y testimonios que se están utilizando en su contra, así como el acceso a una asistencia letrada que el Estado debe proveer en caso de insuficiencia económica por parte del inculpado.
Todos estos aspectos que representan el derecho a un recurso adecuado fueron perpetrados en el caso de Toño: el nunca supo de qué se le acusaba, el Estado no proveyó de asistencia jurídica cuando fue procesado por primera vez, no se le dio tiempo de preparar su defensa, ya que fue detenido inmediatamente, y nunca tuvo acceso al expediente de su caso.
Actualmente, nuestra constitución declara que un juez que ya ha conocido del caso, previamente, no es competente para conocer del mismo caso posteriormente, aspecto que no fue respetado en el segundo juicio que se le realizó a Toño.
Así mismo, las garantías constitucionales establecen el derecho a la presunción de inocencia en un procesado, el cual recae sobre el beneficio de la duda que tiene el presunto culpable.
Todo lo que puede observarse en este controversial documental se basa en los principios reconocidos universalmente acerca de derechos humanos y de las garantías constitucionales establecidas en el país. La impunidad contra los verdaderos autores del delito refleja una clara debilitación del sistema legal mexicano,
Esteban Berrelleza Aguilera dice:
14/03/2011 a las 5:48 pm
En esta película,observamos diversos puntos acerca del largo procedimiento de un juicio, sin ignorar la forma en la que se labora en un MP y los procesos corruptos que existen dentro de los penales.
En el primer punto,ademas de los procesos, vemos como los jueces y secretarios,en vez de buscar la justicia para ambas partes, parecen ser absorbidos por la corrupción que existe en nuestro país,agregando a los agentes que también,se mira el proceso interno dentro de la sociedad de estos agentes donde buscan el llevar a finalizar un proceso, donde solo quieren un inocente para poder inculparlo por un delito donde, ni siquiera físicamente se podría realizar por las situaciones que se exhiben y se explican en el transcurso de la cinta.
Y en el ultimo punto, la corrupción que existe dentro de los penales, pero también se exhibe el exceso de personas dentro de una celda, la vida que llevan y el pobre trato de estos, si es que no llegan con un billete en mano para poder sobrevivir y poder mantenerse en la “sociedad” que existe dentro de los penales.
Los primeros dos artículos de la Ley Federal de Cinematografía se relacionan para que siga en vista dicha película, ya que no se prohibirá la vista de la misma, y se busque promover su producción y procurando el estudio,gracias a la prohibición que hubo en un momento, a su vez estos se relacionan con el articulo 24 de la misma ley, donde serán sometidas a una autorización y clasificación por parte de la autoridad competente, una vez expuesta esta película por vez primera, debió seguir en proyección, ya que había superado la autorización de la autoridad y seguir expuesta, donde también el articulo 47, fracción I, menciona que se deberá prohibir la exhibición de la película, si es que no contara con la autorización de lo puesto en el articulo 24, pero una vez aprobada, otra vez, deberá seguir exhibiéndose normalmente.
También el articulo sexto que menciona que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado, pero considerando esta película como verdad de lo que sucede en el país, donde el productor solo expresa en el, los procedimientos del juicio y el falso cargo donde se inculpa a un inocente.
Para finalizar, desde mi punto de vista, se agradece que todavía existen personas que tratan de eliminar la corrupción y los malos tratos hacia las personas,y la poca educación que tienen el juez y su secretarios, así como al ignorancia de la abogada, personas que busquen que el derecho se cumpla con verdadera justicia y buscando el bienestar y el interés de las personas.
Priscila Cecilia Aguilar Buergo dice:
15/03/2011 a las 1:05 am
Se entiende perfectamente que el sistema penal mexicano no es del todo correcto, de hecho sabemos con claridad que es bastante deficiente, lo cual se muestra en el documental “Presunto Culpable”, pues podemos hablar de muchas de las fallas dentro del derecho que se aprecian, sin embargo me parece que ya estamos entrando en un proceso de transicion, que es de hecho bastante importante, aunque es obvio que sera bastante lento, pero hoy en dia el Ministerio Publico tiene una responsabilidad mas grande y se trata de que se dedique totalmente a acreditar que existio un delito.
Por otro lado podemos observar en el documental como la mayoria de los derechos de Antonio son violados, tanto sus garantias individuales y constitucionales como sus derechos durante el proceso, e incluso antes de comenzar el proceso; una violacion que me parecio bastante grave fue a la que le hicieron al articulo 16 constitucional, pues en el momento en que lo aprehenden no le dan explicacion alguna y obviamente sufre infinidad de violaciones pues lo sentencian aunque evidentemente y como notamos al final del documental, sale libre pues es absolutamente inocente.
Mientras tanto, hablando de la censura de algunas horas del documental, puedo argumentar juridicamente que, en Mexico, todos los ciudadanos y habitantes tienen el derecho de estar informados, por lo tanto no se debio de censurar.
Para que se logre la suspension definitiva del documental se debe considerar lo establecido en la fracción IX del artículo 70 de la Ley de Amparo, en donde trata de los actos que ya se consumaron, es decir la improcedencia del acto debido a actividades irreparables, como es el caso, pues ya fue proyectada la pelìcula. Asì mismo, durante el documental, en ningun momento se observa que el supuesto agraviado exprese su desacuerdo para ser gravado.
Eduardo Iniesta dice:
15/03/2011 a las 2:09 am
Este documental más allá de mostrar las deficiencias del Sistema Penal Mexicano en todo rubro con todos los ingredientes que conlleva, es decir, los jueces y su preparación, los Ministerios Públicos y su labor de investigación y acreditación del delito, así como los medios y recursos que se le brindan a los imputados o inculpados en un proceso penal, a nosotros como abogados nos muestra la vulnerabilidad y permeabilidad del sistema, que evidentemente no es algo nuevo para nadie, pero en sentido estricto nos muestra lo obsoleto que es, nos muestra que tan arcaicos se han vuelto los procesos en nuestro país.
Es cierto que existe la reforma penal que introduce y da pauta para este tipo situaciones casi de circo (en concreto los juicios orales) donde se exponen las flaquezas y miserias de la legalidad que supuestamente debe de haber en México.
Quisiera comenzar este análisis desde la óptica constitucional donde ésta es muy clara y establece en su artículo 16 en su párrafo tercero donde establece que sólo a través de una orden de aprehensión se podrá detener a una persona, además de que medien las pruebas suficientes calificar de imputado a una persona y que se encuentren presentes los elementos subjetivos y objetivos del delito. En razón de lo anterior, el documental es muy claro al que mencionar que la orden jamás fue presentada a Antonio, por lo que encontramos la primera violación a sus garantías individuales específicamente la de seguridad jurídica.
Algunos podrían argumentar que pudo ser algun caso de flagrancia o caso urgente pero me parece que queda fuera de contexto puesto que nunca existió alguna relación entre el lugar los hechos y el indiciado por lo que no podrían haber argumentado dicho supuesto. La siguiente hebra que desprende es del mismo artículo mencionado donde establece puntualmente que nadie puede ser retenido por mas de 48 horas, sin haber recibido un sujeción a proceso o una libertad por falta de elementos para procesar. Me queda muy claro que dicho plazo jamás se respetó por lo que fue inmediatamente consignado ante el juez.
Posteriórmente el artículo 19 de la carta Magna nos señala requisitos de lugar, tiempo, y circunstancias de ejecución del delito, y asumo que el abogado defensor no revisó dichos datos en la averiguación previa. Establecidas dichas violaciones en un primer plano, el artículo 21 de la misma norma establece que sólo la autoridad judicial puede imponer normas, lo que nos deja la interrogante de hasta que punto estaban(refiriéndome al sistema inquisitivo previo a la reforma) las autoridades ejecutivas y las judiciales coludidades. Toda vez que Antonio señaló que fue golpeado por el comandante de la polícia judicial.
En cuanto a la parte procesal se refiere el Código de Procedimientos Penales para el D.F. el artículo 122 puntualiza que el Ministerio Público tiene que cabalmente acreditar el cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad del inculpado. Es vergonzoso como la señora que dice ser la representante social, tiene la desfachatez de decir \”es mi chamba\” cuando se le cuestionan los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
Todo lo anterior es referente al mero contenido del documental que como comenté en un principio, no es nada nuevo, ni impactante para los que conocen hasta cierto punto del medio. Pero hoy en día los juicios orales nos presentan aparentemente una nueva ventana, para una mejora, o una evolución en nuestro sistema y en nuestra manera de impartir justicia y que en un futuro, específicamente para el 2015, haya cambios sustanciales en todo lo mencionado.
Pero refiriéndonos a la parte contextual de esta producción cinematográfica, es necesario decir que no se puede contraponer la libertad a la información y de cierta manera la libertad de expresión, a la publicidad, y me rifiero a ésta como uno de los valores o principios rectores del nuevo sistema, que sin duda es esencial para el cambio en nuestro sistema. Tanto es que se pretende violar o suprimir de cierto modo una garantía fundamental establecida en nuestra carta magna a través de un argumento que se podría considerar sin validez alguna, puesto que existe todo una exposición de motivos en cuanto a la materia penal se refiere.
Para finalizar me gustaría aplaudir y reconocer la tremenda labor del Lic. Heredia que sin duda es un ejemplo para muchos mexicanos y concretamente para nosotros como aspirantes a abogados y para muchos que hoy en día laboran como tal.
Cecilia López dice:
15/03/2011 a las 2:38 am
El documental Presunto Culpable es meramente una construcción de la realidad jurídica en materia penal en nuestro país que aunque fue grabado en el año 2005 no ha tenido grandes cambios, es insostenible todo el proceso que se ve reflejado en el documental, empezando por la violación al artículo 16 constitucional que nos fundamenta la invasión que sufrió Toño a su persona sin ningún fundamento o motivo de su detención por parte de las autoridades, se demuestra que el sistema de justicia penal no se lleva conforme a los principios del debido proceso del artículo 20 constitucional principalmente con el principio de legalidad.
Siendo aplicables los derechos inalienables a las personas como el derecho de libertad de expresión, como lo indica la Constitución en su artículo 6 al continuar todavía con el juicio sin una sentencia no se podía sacar la película hasta no tener una resolución , como se hizo a raíz de las contradicciones en los hechos narrados por el testigo, nos llevan a pensar que lo que el señor demandaba no era su autorización para difundir su imagen en el documental sino el hecho de que violaba artículos como el 311 y 315 del código penal del distrito federal ocasionando comentarios en su contra por parte del público que vio la película dañando su buena imagen.
Efectivamente lo que cabe en toda esta controversia es, como se ha venido mencionando, que se resguarde la protección a la información y datos personales del demandante Víctor, cubriendo su rostro en las escenas que aparezca como lo garantiza el artículo 6 constitucional, no obstante y en conjunto con lo mencionado en el artículo 87 de la ley federal de los derechos de autor se deduce que siendo para un bien y fin informativo al orden público prevalece sobre este particular caso de consentimiento del demandante. Cabe mencionar que no procedía amparo, sino juicio civil para poder reparar el daño ya que no fue ninguna violación por parte de alguna autoridad.
Con palabras del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia “El sistema de justicia del país es una máquina para condenar, no para juzgar” se resume el mensaje que la película trata de dar a conocer y como se dijo en la película en lugar de probarse la culpabilidad de los inculpados se tiene que probar la inocencia.
15/03/2011 a las 3:19 am
El documental Presunto Culpable muestra una cruda realidad en el sistema judicial mexicano, la cual muestra que nuestra Carta Magna puede ser violada por las mismas personas que están facultadas para dictar el derecho. Durante los ochenta y ocho minutos que dura el filme nos podemos percatar que existieron violaciones fuertes tanto en el debido proceso como en nuestra Constitución.
La primera violación fue que Antonio estuvo en estado de indefensión en su primer juicio, esto fue porque no tuvo el derecho de una defensa adecuada, de acuerdo al artículo 20, sección B, fracción VIII si una persona no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público, el cual como pudimos observar no contaba con los requisitos esenciales para poder litigar, hecho que dio pie a los abogados a iniciar un nuevo juicio, la segunda fue al artículo 16 de nuestra Constitución el cual menciona que ninguna persona puede ser molestada en su persona, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la razón de su detención, como vimos Antonio fue detenido sin ningún mandamiento por escrito y durante el documental no mencionan que lo hayan detenido flagrantemente además de que el artículo 20 sección B, fracción III menciona que desde el momento de su detención se le deberá informar los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, hecho que tampoco tuvo lugar durante el filme, la tercera es que de acuerdo al artículo 20 fracción V de nuestra constitución el juez que juzgara no puede tener conocimiento previo del caso, podemos ver que en este caso el H. Juez violó este precepto porque no obstante que sí conocía sobre el tema volvió a emitir el mismo fallo que en el juicio anterior, la cuarta va encaminada hacia la presunción de inocencia en la cual el artículo 20 sección B, fracción I menciona que toda persona imputada presumirá su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa y de acuerdo a lo que vimos Antonio no gozó de este derecho. De acuerdo con el artículo 20 sección B, fracción V constitucional, será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal y solamente podrá restringirse la publicidad en los casos exceptuados en la ley, por razones de seguridad nacional y seguridad pública; este precepto ampara el hecho de que se haya filmado la audiencia.
Selma Yoselen Uribe Campos dice:
15/03/2011 a las 3:34 am
Presunto culpable, una película muy interesante en donde no solo se intenta mostrar la ineficencia, la ineptitud y reflejan el pésimo sistema de justicia existente en nuestro país.
“Eres inocente, hasta que se muestre lo contrario” en la película pude darme cuenta que no existían suficientes pruebas para que Antonio siguiera preso, puesto que, existían contradicciones en el juicio, Victor (primo de la víctima) afirmaba que había sido Antonio quien había asesinado a su primo, y los judiciales argumentaban que habían detenido a Antonio solo por que el presunto culpable se llamaba así y lo apodaban el largo, y el apodo con su complexión, lo relacionaron, y solo detuvieron a Antonio por detenerlo.
La deficiencia de la policía como siempre, la clase de personas que están a cargo de nuestra seguridad, en lo personal es una basura, y que decir del mal sistema penal que hoy tiene México.
En cuanto al amparo emitido por Victor y otorgado por la juez, es de nuevo una muestra clara de lo mal que esta la justicia mexicana, en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que LAS AUDIENCIAS SERÁN PÚBLICAS y en ellas el inculpado podrá defenderse por si mismo o por su defensor. Conforme a este artículo el amparo que procedió en contra de la película y a favor de Victor, muestra de nuevo la falta de fundamentos e ineficiencia que existen por parte de quienes imparten justicia en nuestro país.No hay más formas de describir y mucho menos que decir acerca de la ineptitud, ineficiencia e imparcialidad que existe en el sistema penal mexicano, y que la ley siempre estuvo a favor del documental Presunto Culpable y que desde un principio ese amparo que causaba perjuicios a la víctima (Victor) fundamentando que él no había autorizado la gabración y mucho menos la difusión de su persona, cuando las mismas leyes promueven la audiencia pública.
Sarah Canino Hermosillo dice:
15/03/2011 a las 6:57 am
Ésta película nos permite ver la realidad del sistema penal que vivimos en México, por lo que a pesar de ser una realidad que duele, nos abre los ojos para darnos cuenta de las enormes deficiencias del mismo y nos impulsa a buscar una solución que aunque tome tiempo podamos ir logrando poco a poco. Los problemas van desde la poca preparación con la que cuentan jueces y abogados, las instalaciones que carecen los juzgados para realizar las audiencias, las garantías individuales violadas por las autoridades de las personas juzgadas, la poca propagación de las injusticias cometidas por las autoridades hacia las personas, la corrupción y el silencio de los inocentes y sus familias por miedo. En la película, al acusado de homicidio calificado se le violan sus derechos establecidos en los artículos 6 (libertad de expresión y derecho a la información, ya que ni le permiten expresarse, ni le explican el porqué deciden arrestarlo), 14, 16 (obligatoriedad para que las autoridades funden y motiven sus decisiones, como pudimos ver en la película nunca se acredita realmente el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad, al menos no basándose en los hechos), 17, 19 (prohibición de malos tratos) y 20 (derechos del inculpado y de la víctima) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una de las propuestas para evitar estos acontecimientos es grabar las audiencias para evitar lo más posible que los jueces tomen una decisión infundada y que en caso de que se llegara a tomar, se pudiera pedir revisar dicho video. De igual forma se debe de poner un lugar especial para que se realice de manera más formal la audiencia así como en los juicios orales. Sin lugar a dudas los requisitos para que una persona ejerza ya sea como abogado o juez debe basarse en una estricta evaluación realizada por el órgano que va a contratarlos, pero no sólo en el momento de contratación, debe hacerse una evaluación cada cierto periodo de tiempo evaluando no sólo conocimientos, también la ética de los mismos. Dicho procedimiento debe aplicar no sólo para abogados y jueces del mp sino para los policías quienes son los responsables de escoger a inocentes para cubrir los crímenes de alguien más. Estas disposiciones deberían estar escritas en la ley. Finalmente invitar a la población a quejarse cuando vean éste tipo de injusticias para contribuir al mejoramiento del procedimiento judicial.
Ruben Oliva dice:
15/03/2011 a las 12:48 pm
” Pues es mi chamba” es la frase que escuchamos por parte de la ministerio público en la película , y esa frase refleja la falta de interes por la justicia en México , ya que los servidores públicos del poder judicial (claro con sus excepciones ) trabajan solo por consignar y meter personas a la cárcel , que en muchas ocasiones estas personas inocentes salen peor , y con ello causan más daño que un delincuente debido a que tienen un rencor en contra de la sociedad .
Dicho rencor les pone una venda en los ojos que les permite hacer todo tipo de atrocidades , y que dichas acciones se pudieron haber evitado simplemente con llevar un debido proceso o simplemente presumir su inocencia.
Ahora bien , nuestra Carta Magna en su artículo 20 fracción B I nos dice que ” se presumirá su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa” pero desafortunadamente no es así ya que desde el momento que te detienen (sin las formalidades necesarias por cierto) tu debes probar que eres inocente cuando la misma ley te lo determina , lo que sucede en la realidad es totalmente diferente , se presume tu culpabilidad desde un inicio y debes de tratar de salvarte probando de una manera muy dificil que eres inocente.
A diferencia del sistema penal de Chile , que por cierto estaba igual o pero que el nuestro, el sistema chileno es inminentemente oral , y todos los casos son llevados de una manera pronta en un lapso de aproximadamente 10 días, todo este cambio se dio en alrededor de 5 años , pero surge la duda ¿ Porqué nosotros no podemos ? nuestro artículo 71 nos dice quienes están facultados para hacer y modificar leyes , lo que falta es un verdadero espíritu de trabajo que modifique todas estas lagunas en la ley , y no solo eso sino que no hagan leyes perfectas en escritura pero carentes en su ejecución , se debe llegar a una sinergia en ambas.
Por otro lado , me surge la duda ,¿ qué va a pasar? ya termino la película , Toño ya salió libre , pero que hay detrás , el hecho es que hay una persona muerta , y se intento inculpar a alguien inocente , ¿qué pasa con el verdadero culpable ? sigue suelto en las calle mientras nuestras autoridades jurisdiccionales se ocupan en dar sentencias a personas equivocadas. El hecho de que 1 caso de miles llame la atención no es razón para que dejen de perseguir al verdadero culpable ya que el crimen sigue impune.
En mi opinión , necesitamos hacer una limpia anti corrupción del sistema , tomando como modelo lo que hizo Estados Unidos en los años 60´s, en el cual , desligaron a todos las autoridades corruptas , aún sin importar que se quedaran con menos de la mitad de las mismas , pero ahora se ve claramente que les dio resultados , o por lo menos estan mejor que nosotros.
Ruth María Rosales Moreno dice:
15/03/2011 a las 5:14 pm
En nuestro sistema penal existen muchas deficiencias exhibidas en este documental, estos ya han sido enumerados cientos de veces; la falta de legalidad en el proceso, la deficiencia de la prueba testimonial, la evidente corrupción de la autoridad ministerial y del juez, las condiciones paupérrimas en las que habitan la carcel los condenados, la usurpación de profesión y en sí toda la red de fallas en el sistema que involucran desde los oficiales de policia como las autoridad judicial. Lo que hay que destacar, es la incisiva necesidad del testigo, supuesto primo de la persona asesinada, por suspender definitivamente el video.
Primeramente, la demanda de amparo interpuesta por esta persona, carece de fundamentos legales; se expreso que se violaba su derecho a la privacidad ya que no habia dado su consentimiento para que grabaran. Sin embargo, la garantia de la libertad de información y publicidad va mucho antes que esta especificación que se hace en la industria cinematográfica sobre el consentimiento, que cabe mencionar, que fue precisamente por ser un documental y no una pelicula que su petición de suspensión definitiva fue desechada.
Analicemos ahora, el fallo de la autoridad de censurar o sombrear al quejoso en el documental para que su identidad no sea perjudicada y no sufra más del “daño moral” que éste le ha causado. Es cierto que el quejoso tiene la libertad de expresar este tipo de injurias y de pedir respeto, sin embargo, esto del daño moral deberia quedar subsumido por el delito que cometio en el momento de rendir declaraciones falsas, pues esto ha perjudicado una de las garantias más importantes de una persona; la de la libertad y reconocimiento de sus derechos civiles.
Como es que puede el hablar de daño moral cuando ha dejado a una persona sin los derechos que la ley le reconoce como ciudadano de nuestro país por una declaración falsa.
Desde mi punto de vista, es precisamente esto lo que ha motivado a la compañia cinematográfica RTC a inconformarse con la resolución y buscar algún mecanismo para apelar dicha sentencia, pues como ya he mencionado, todos los mexicanos tenemos derecho a recibir la valiosa información que nos provee este documental, tanto así que si es necesario, debe ampliarse el criterio de los jueces para lograr el tan mencionado bienestar social.
Ahora, los motivos y la identidad de los abogados y demás personas interesadas en suspender definitivamente la pelicula son ignorados por el momento, pero debe haber alguna causa de fondo que obligue a estas personas a pugnar el documental que lejos de tener la intención de axhibir a una sola persona, tiene la intención de mostrar una realidad de forma tan cruda que no nos queda a los mexicanos que por fin cuestionarnos, criticar al sistema y actuar de forma proactiva para remediar nuestra situación.
Pamela Sandoval Jasso dice:
15/03/2011 a las 9:14 pm
En el documental “Presunto culpable” relata la historia real de un joven (Antonio ) quien es detenido y acusado de homicidio calificado (ventaja) , muestra el escenario real del sistema jurídico mexicano , un escenario de impunidad , donde observamos que los encargados de la administración de justicia no tienen la mínima preparación , ni el cuidado al respeto de las personas y de las leyes.
Dentro de las garantías que se violan por parte de la autoridad hacia Antonio, encontramos que dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20 fraccion : I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Desde el momento en que fue detenido Antonio fue declarado culpable por los policías que realizaron su detención .Asi mismo el articulo 20 fracción VIII. “El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado”(CPEUM:2011) , respecto de lo enunciado en este párrafo , el documental muestra las pruebas y los testigos de Antonio , todos estos afirmaban que él había estado trabajando como lo hacía de costumbre, todos lo vieron , las pruebas de pólvora que le realizaron salieron negativas. Nada condenaba a Antonio, no existen pruebas circunstanciales, por lo tanto es imposible que se haya dado el delito.
Otra de la garantía que le fueron violadas a Antonio esta contenida igualmente en el artículo 20 fraccion: VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. (CPEUM:2011). Este derecho está siendo violado porque el abogado defensor tenía una cedula profesional falsificada, por lo tanto esto no provee a Antonio de una defensa adecuada.
Respecto de la censura de este documental , El artículo 6 de nuestra Carta Magna establece lo siguiente: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; El derecho a la información será garantizado por el Estado.” El primo de la víctima argumento que respecto de este artículo se estaban violando sus garantías, sin embargo; el documental no está dañando a terceros , porque simplemente está representando y mostrando la realidad , nadie está difamando o perjudicando , simplemente es la exposición tal cual las cosas sucedieron. Aun así, Víctor tiene el derecho de que se resguarden sus datos, como lo expresa el mismo artículo.
Para concluir este con este análisis, dejo una frase que hace alusión a este documental:
” Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos. . . Son lo mejor de nosotros. Denles vida.”
Alejandro Torres dice:
15/03/2011 a las 9:20 pm
Por un lado la película es una muestra varios problemas en nuestro país, como son corrupción en el sistema penal, jueces no están debidamente preparados, imparcialidad en los juzgadores, falta de información para conocer la profesión e historial de los abogados.
Fuera del argumento que dio el inculpado sobre que no dio autorización para su publicación. El estado debe garantizar la protección a la información en este caso datos personales, imagen del inculpado. Es por ello que me puse a revisar la ley y encontré esto. Tengo 2 puntos de vista:
(Punto de vista del Inculpado)
El problema que conlleva la publicación del documental es hacia el inculpado, pues se ha llevado críticas por parte del público y ve dañada su imagen.
De acuerdo con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública art. 3 fracción II, son datos personales: La información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad; y según el art. 4 es el objeto de la ley garantizar la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Por lo cual el sujeto tiene derecho a la protección de estos datos, lo cual no se refleja en la película.
(Punto de vista del público)
Desde otro punto de vista la publicación de este documental debía hacerse debido al principio de transparencia que marca el IFAI en el art. 7 que obliga a poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61. Información marcada dentro del artículo.
La información debió haberse publicado, sin embargo se debió proteger los datos personales del sujeto. Pues presenta una violación hacia el derecho de protección de información del inculpado.
Emmanuel David dice:
15/03/2011 a las 10:40 pm
Como sabemos la justicia federal mexicana negó la suspensiòn que consistia en la petición para retirar de los cines el controvertido y exitoso documental “Presunto culpable”.
El testigo que incriminó falsamente al joven, primo del asesinado, quiso denegar el uso público de su imagen, aun cuando los directores del documental tenían permiso para grabar en los juicios y la prisión.
Pues segun Caballero, la suspensión del documental “Presunto Culpable” estaba mal otorgada con base a los de preceptos de la Ley Federal de Derecho de Autor, nada tiene que ver con la tutela o la protección de la imagen de las personas ya que las personas que aparecen la película tienen el carácter de artistas intérpretes cuando desempeñan un papel, en el caso de un documental lo que se está reflejando es la realidad de lo que está sucediendo en el momento y consecuentemente, quienes ahí aparecen no tienen ni el carácter de artistas intérpretes, ni tienen el carácter de extras para los efectos de la Ley Federal de Derecho de Autor.
Por lo tanto no es necesario la autorización correspondiente de los involucrados pues al ser permitido por el Tribunal Superior de Justicia la grabacion de la audiencia pública se podría filmar lo que en ella sucediera y posteriormente documentarlo.
En mi opinión lo unico que busca el quejoso en esta problematica es obtener un beneficio economico de cualquier forma, pues al ver que este documental a tenido un exito rotundo no quiere dejar a un lado la oportunidad de sacar ventaja. Sin embargo no ha sido bien asesorado para alcanzar su ambición.
27/03/2011 a las 1:41 am
en resumen que garantias individuales son violadas e toño??

References: artículo 1916
 resolución 
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 6
 artículo 20
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 24
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 87
 artículo 17
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 20
 artículo 70
 artículo 74
 artículo 155
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 70
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 122
 artículo 16
 artículo 20
 artículo 6
 resolución 
 artículo 6
 artículo 87
 artículo 20
 artículo 16
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 86
 artículo 20
 artículo 71
 resolución 
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 6
 Artículo 61