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Timestamp: 2018-12-19 14:19:31+00:00

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﻿ SENTENCIA SU-355 DE MAYO 25 DE 2017 UNIFICACION
SENTENCIA SU-355 DE 25 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:CONCURRENCIA DE LOS DEFECTOS PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO Y FÁCTICO. SE PRECISA QUE SE VULNERAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CUANDO NO SE DA PREVALENCIA AL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, ES INNEGABLE LA INTRÍNSECA RELACIÓN ENTRE EL EXCESO RITUAL MANIFIESTO Y LOS DEFECTOS FÁCTICO Y SUSTANTIVO, CUANDO SE TRATA DE ERRORES EN LA VALORACIÓN DE ELEMENTOS PROBATORIOS. DE TAL SUERTE QUE EL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO ES EL RESULTADO DE LA APLICACIÓN RIGORISTA DE LAS NORMAS PROCESALES, LO QUE EN RELACIÓN CON EL DEFECTO FÁCTICO INCIDEN EN LA INTERPRETACIÓN DEL ACERVO PROBATORIO CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE Y PROVOCA UNA VISIÓN DISTORSIONADA DE LA REALIDAD PROCESAL, QUE A SU VEZ, AFECTA GRAVEMENTE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, POR LO QUE SU CONFIGURACIÓN HACE PROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. ESTA FIGURA NO AFECTA LA AMPLIA LIBERTAD PARA VALORAR EL ACERVO PROBATORIO QUE TIENEN LOS JUECES, PERO SI EXIGE QUE ESTA POTESTAD SEA EJERCIDA EN CONSIDERACIÓN A LA JUSTICIA MATERIAL Y A LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, PUESTO QUE SU DESCONOCIMIENTO INCIDE EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y EN LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PREVALENCIA DE LAS NORMAS DEL DERECHO SUSTANCIAL, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHOS FUNDAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRUEBA, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Sentencia SU-355 de mayo 25 de 2017
Ref.: Expediente T-5.750.738
Mediante escrito radicado el 22 de octubre de 2013 en la Secretaría de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la señora Belkis Tapiero García(1) —y otros— interpuso acción de tutela contra la Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado, invocando el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Lo anterior, porque en la sentencia del 24 de julio de 2013, proferida dentro del proceso de reparación directa, radicado Nº 73001 23 31 000 2000 00685 01 (28317), se revocó el fallo de primera instancia y se absolvió a la Policía Nacional, al considerar que no se acreditó la muerte del señor Fermín Cerquera Camacho, en tanto no se allegó el registro civil de defunción.
A través de auto del 27 de septiembre de 2016, el presente asunto fue seleccionado para revisión por la Sala Novena de Selección(2) de la Corte Constitucional. En la sesión del 23 de noviembre, la Sala Plena decidió asumir el conocimiento del caso conforme con lo previsto en el artículo 61 del reglamento interno y se suspendieron los términos en auto del 15 de diciembre del mismo año. El 28 de febrero de 2017 la Corte en pleno ordenó la suspensión de los términos por tres (3) meses.
Esta decisión fue recurrida en apelación por el apoderado de la demandada; no obstante, el 7 de febrero de 2008, en audiencia de conciliación, las partes llegaron a un acuerdo, comprometiéndose el Ministerio de Defensa a efectuar el pago de los perjuicios. A través de providencia del 10 de abril de 2008, la Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado(3), aprobó el acuerdo conciliatorio y declaró terminado el proceso.
1.4. Por su parte, el 3 de marzo de 2000, la cónyuge y la compañera permanente de Fermín Cerquera Camacho, señoras Esther Camacho de Cerquera y Belkis Tapiero García, y los hijos Elmer Eduardo y Jorge Andrés Cerquera García, así como Luis Fernando Tapiero García y el padre del occiso, incoaron la acción ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima(4). Mediante sentencia del 28 de abril de 2004 se condenó a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a pagar a los demandantes los perjuicios materiales y morales.
El apoderado de la demandada recurrió en apelación la sentencia, así como de manera parcial por el mandatario de los accionantes. Mediante fallo del 24 de julio de 2013, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado(5), revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la parte demandante no demostró el daño, ya que no aportó el registro civil de defunción del señor Fermín Cerquera Camacho, el cual “es necesario para acreditar la ocurrencia de la muerte, habida consideración de que ningún hecho o acto relacionado con el estado civil de las personas, que sea sujeto a registro, hace fe ante alguna autoridad si no ha sido debidamente inscrito” (fl. 167 y 168 cdno. reparación directa).
Asimismo se indicó que si bien en otros eventos, de manera excepcional, se admitió el protocolo de necropsia y el acta de levantamiento para demostrar la defunción de una persona, “lo cierto es que, en el presente asunto, tampoco obra ninguno de esos elementos probatorios” (fl. 168 expediente de reparación).
Así entonces, consideraron que al ignorar las pruebas citadas se incurrió por la accionada en violación del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil cuyo precepto señala “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.
A través de auto del 25 de noviembre de 2013, la Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela y ordenó dar traslado a la entidad accionada, a los terceros con interés —Ministerio de Defensa y Policía Nacional—, para que ejercieran el derecho de defensa, concediéndoles para ello dos días.
3.1. El consejero de Estado Carlos Alberto Zambrano Barrera consideró que la tutela no “está llamada a prosperar”, puesto que si bien es cierto que la muerte de una persona debe inscribirse mediante orden de autoridad judicial, no es menos que la carga de denunciar el fallecimiento está en cabeza del cónyuge y los parientes más cercanos de la víctima, según lo establece el artículo 74 del Decreto 1260 de 1970. Además, el artículo 75 expresa que cuando no se puede registrar dentro de los 2 días siguientes, “sólo se procederá mediante orden del inspector de policía... para lo cual, en todo caso, se requerirá”...previa solicitud escrita del interesado...” (fl. 37, cdno. de tutela, 1ª instancia).
Con relación a la no demostración del daño, se acogió a lo expuesto en el fallo cuando señaló que no se allegó el registro civil de defunción, cuya prueba debió ser aportada por la parte demandante y “si bien se tiene copia de un escrito firmado por quien afirma ser el director (E) del Hospital María Inmaculada, en el que se certifica que el cadáver del señor Fermín Cerquera Camacho tenía varios impactos por arma de fuego, lo cierto es que para la Sala tal escrito no merece credibilidad, toda vez que el mismo resulta contradictorio, pues al inicio de él se afirma que al señor Cerquera Camacho se le practicó necropsia, pero, al concluir, se consigna que ‘No se realizó necropsia por no contar con la dotación requerida y necesaria para tal fin’, afirmación que corrobora el oficio remisorio obrante a folio 16 del cuaderno 2 y que resulta suficiente para descartar su valoración probatoria” (fls. 36 y 37 Exp. 1ª instancia de tutela).
Aunado a lo anterior, resaltó que cuando no existen causales de procedibilidad genéricas o específicas, la acción de tutela no es el mecanismo para desconocer una sentencia judicial definitiva, ya que de lo contrario se atentaría contra la seguridad jurídica “al pervertirse el proceso ordinario y permitir que un juez ajeno al debate, mediante un procedimiento informal y sumario entre a compartir con el competente la decisión final, punto del litigio” (fl. 46 cdno. 1ª instancia de tutela).
Por último, aseveró que a pesar de que la accionante allegó con la acción de tutela el registro civil de defunción “conviene precisar que dicho medio de convicción no existía al momento en que se dictó el fallo acusado, luego no puede servir para dejarlo sin efecto” (fl. 72 cdno. ppal. de tutela).
4.2. A través de escrito del 8 de junio de 2016, el apoderado de la accionante impugnó la decisión. Criticó que el fallo de primera instancia solo hubiese examinado la sentencia atacada sin detenerse en el análisis de los diversos medios de convicción allegados a la acción de reparación. Igualmente reprochó que no se tuvieron en cuenta los artículos 5º y 106 del Decreto 1260 de 1970. Asimismo, indicó que el registro civil de defunción aportado con la demanda de tutela tenía como finalidad demostrar que el mismo no existía, en tanto sólo en el año 2013 se ordenó la inscripción de la muerte de Cerquera Camacho, lo que equivale a decir que el documento era inexistente.
Consideró, igualmente, que no se aplicó el precedente judicial, puesto que en el caso del señor Humberto Ortiz Bermúdez —fallecido en los mismos hechos— el mismo Consejo de Estado, Sección Tercera, en segunda instancia aprobó el acuerdo conciliatorio, para lo cual se señaló que “la muerte del señor Humberto Ortiz Bermúdez se produjo a causa de la omisión, por parte de la entidad demandada”, fallecimiento que se fundamentó en el mismo “conjunto probatorio aportado en esta tutela”.
Por su parte, mediante oficio S-2016 del 23 de junio de 2016, el Secretario General de la Policía Nacional reiteró el argumento en torno a su falta de legitimidad por pasiva, por no tener en sus competencias la emisión de decisiones judiciales, así como la de negar el amparo porque no existen causales para su procedencia (fls. 119 a 120 cdno. ppal. de tutela).
5.1.1. Fotocopia de la demanda de reparación directa, con los respectivos poderes de los demandantes (contenidos en un cuaderno anexo entre fls. 1 y 23).
5.1.2. Fotocopia de registro civil de nacimiento de Fermín Cerquera Camacho (fl. 25 cdno. anexo).
5.1.3. Fotocopia del oficio Nº 240 del 2 de diciembre de 1998, suscrito por el Inspector de Rioblanco, el cual hace referencia al envío de las actas de levantamiento, pero que no se logra identificar con claridad los nombres de los occisos (fl. 39, cdno. anexo).
5.1.4. Fotocopia del oficio Nº 200, del 25 de noviembre de 1998, a través del cual el Comandante de la Estación Rioblanco informa al Personero Municipal de esa población, sobre la captura de Fermín Cerquera Camacho y Humberto Ortiz Bermúdez, por encontrarse “sindicados por el delito de homicidio agravado”.
5.1.5. Fotocopia del oficio Nº 202 del 26 de noviembre de 1998 suscrito por el Comandante de la Estación Rioblanco, dirigido al Secretario Judicial Fiscalía General de la Nación de Chaparral, por el cual se deja a disposición a los capturados, quienes serán “custodiados” por dos patrulleros “en traje de civil” (fl. 42, cdno. anexo).
5.1.6. Fotocopia del oficio Nº 271 firmado por el Comandante de Estación Rioblanco, dirigido a su homólogo del Distrito Cinco de Policía Chaparral, a través del cual le da a conocer lo sucedido el 26 de noviembre de 1998, con el desplazamiento de los capturados Cerquera Camacho y Ortiz Bermúdez (fl. 44, cdno. anexo).
5.1.7. Fotocopia del informe Nº 4799 del 26 de noviembre de 1998, enviado al Comandante del Departamento de Policía Tolima por parte del Comandante del Batallón de Infantería No. 17 Gral. Caicedo, en el que da a conocer sobre la muerte de los señores Fermín Cerquera Camacho y Humberto Ortiz Bermúdez (fl. 45, cdno. anexo).
5.1.8. Fotocopia de tres folios del libro de anotaciones, en el cual se observan constancias sobre (i) la salida de los capturados el 26.11.98, a las 04:30 a.m. en cumplimiento de orden del Comando del Distrito Nº 5 con destino a la Fiscalía de Chaparral; (ii) el mismo día, a las 06:00, en la que se indica que de la Estación El Limón se informó que los agentes que conducían a los retenidos se presentaron allí e indicaron que fueron interceptados por unos hombres que les quitaron la munición y asesinaron a los detenidos. (fls. 46 a 47, cdno. anexo).
5.1.9. Fotocopia del auto emitido el 31 de marzo de 2000 por el Tribunal Administrativo del Tolima (Rad. 0685/2000), a través del cual se admite la demanda de reparación directa promovida por los familiares cercanos de Cerquera Camacho (fl. 49, cdno. anexo).
5.1.10. Fotocopia del oficio 742-29040 de la Registradora del Estado Civil de Chaparral dirigido al Secretario del Tribunal Administrativo de Ibagué, en el que se le da a conocer que “revisado el archivo de esta oficina en lo relacionado a defunciones se buscó desde el 28 de Noviembre de 1998 hasta el mes de junio de 1999 y no se encontró registro de defunción de FERMÍN CERQUERA CAMACHO” (fl. 53, cdno. anexo).
5.1.11. Fotocopia del acta de audiencia de recepción de testimonios del 25 de octubre de 2000 por el Magistrado instructor. En ella se advierte la declaración del Agente Carlos Arturo Bernal Arroyave —uno de los encargados de conducir a los occisos a Chaparral— (fl.54 y 55, cdno. anexo).
5.1.12. Copia del escrito con fecha del 29 de septiembre de 2000, firmado por el Jefe Administrativo H. María Inmaculada, con destino al Secretario del Tribunal Administrativo del Tolima, por el cual envía copia del oficio del 1º de diciembre de 1998 “donde se comunica que no se realizó necropsia a FERMÍN CERQUERA CAMACHO, por no contar con la dotación requerida y necesaria para tal fin”. A este escrito fue adjuntado el documento suscrito por el médico director encargado en el que se da cuenta de los 18 orificios de entrada y 15 de salida, así como que la causa probable de la muerte fue “Laceración cerebral”, por heridas ocasionadas con proyectil de arma de fuego.
5.1.13. Fotocopia de la decisión del 1º de agosto de 2000, por medio de la cual se archivó la investigación disciplinaria impulsada por el Comando del Departamento de Policía del Tolima, respecto de los Agentes Carlos Bernal Arroyave y Rigoberto Suárez Ibáñez (fls. 68 a 71, cdno. anexo).
5.1.14. Fotocopias de las actas de testimonios vertidos por Marco Evelio Cárdenas Lasso, Ferney de Jesús Vinasco Gómez, Edgar Ramírez Ariza, Alfonso Carvajal y Jairo Gutiérrez. Los dos primeros dieron fe del parentesco de Fermín Cerquera Camacho con los demandantes. Los dos siguientes eran pasajeros del bus y el último era el conductor. Estos de manera uniforme aseveraron que tanto los uniformados como los detenidos fueron obligados a descender del vehículo y una vez en el piso “mataron” a los reclusos (fls. 81 a 88, cdno. anexo).
5.1.15. Fotocopia del auto del 10 de agosto de 2000 emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima, a través del cual decreta las pruebas pedidas por la parte demandante (fls. 90 y 91, cdno. anexo).
5.1.16. Fotocopias de los oficios Nos. 5771 y 5772 del 25 de noviembre de 1998, suscrito por el secretario judicial II de la Unidad de Fiscalías de Chaparral. El primero dirigido al Comandante de la Estación de Policía Rioblanco, solicitando dejar a su disposición a los capturados, y el segundo, al Director del Centro de Rehabilitación Social de Rioblanco, pidiendo “mantener encarcelados en esas instalaciones a disposición de la Fiscalía 26 de esta Unidad, a FERMÍN CERQUERA CAMACHO y HUMBERTO ORTIZ BERMÚDEZ, quienes se encuentra (sic) imputados del delito de HOMICIDIO AGRAVADO... Así mismo solicito se sirva ordenar lo pertinente para que los antes mencionados, sean trasladados bajo las estrictas medidas de seguridad, hasta las instalaciones del centro de Rehabilitación Social de esta localidad...toda vez que los mismos serán escuchados en injurada el día veintiséis de los cursantes a partir de las 2:00 y 4:00 de la tarde” (fls. 92 y 93, cdno. anexo).
5.1.17. Fotocopia de informe de policía, mediante el cual el Comandante Quinto del Distrito Chaparral da a conocer a su homólogo del Departamento de Policía del Tolima los hechos relacionados con la muerte de los señores Cerquera Chaparro y Ortiz Bermúdez (fls. 94 y 95, cdno. anexo).
5.1.18. Fotocopia de las actas de testimonios del Capitán José Patrocinio Sánchez Reyes —Comandante Distrito Chaparral—, Jairo Gutiérrez —conductor del bus— y de los agentes Carlos Arturo Bernal Arroyave, Rigoberto Suárez Ibáñez (fls. 96 a 98, cdno. anexo).
5.1.19. Fotocopia del informe suscrito por los agentes Rigoberto Suárez Ibáñez y Carlos Arturo Bernal Arroyave enviado al Comandante del Distrito Quinto Chaparral, poniendo en su conocimiento los hechos ocurridos en la madrugada del 26 de noviembre de 1998 y donde perdieron la vida los capturados (fls. 104 a 105, cdno. anexo).
5.1.20. Fotocopias de los oficios dirigidos por el Secretario del Tribunal Administrativo del Tolima al Comandante de Policía Tolima, al Fiscal 27 de Chaparral y Fiscal Regional ante la Sijín del Tolima, para que remitan copias de las investigaciones disciplinaria y penales que se impulsen en cada una de esas oficinas con ocasión del fallecimiento de los señores Fermín Cerquera Camacho y Humberto Ortiz Bermúdez (fls. 106 a108, cdno. anexo).
5.1.21. Fotocopias de los oficios Nos. 8576 y 8577 del 5 de septiembre de 2000 mediante los cuales el secretario del tribunal instructor solicita al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como al Hospital de Rioblanco la copia del protocolo de necropsia sobre el cadáver de Cerquera Camacho (fls. 111 y 112, cdno. anexo).
5.1.22. Fotocopias de los oficio Nº 8591 y 8592 del 5 de septiembre de 2000, firmados por el Secretario del Tribunal Administrativo del Tolima solicitando al Registrador del Estado Civil copia del registro civil de defunción del occiso Cerquera Camacho (fls. 113 y 114, cdno. anexo).
5.1.23. Fotocopia de la sentencia emitida el 28 de abril de 2004 por el Tribunal Administrativo del Tolima, radicado 0685/00, en la que se declaró “Administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por la muerte causada al señor FERMÍN CERQUERA CAMACHO, en hechos acontecidos el 26 de noviembre de 1998, en la vía que de Rioblanco conduce al Municipio de Chaparral Tolima” (fls. 122 a 141, cdno. anexo).
5.1.24. Fotocopia de la sentencia de segunda instancia del 24 de julio de 2013 proferida por la Subsección A, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de la cual se revoca la sentencia del 28 de abril de 2004 y, en su lugar, niega “las pretensiones de la demanda” (fls. 157 a 165, cdno. anexo).
5.1.25. Fotocopia del Registro civil de defunción serial Nº 06112177 a nombre de Fermín Cerquera Camacho. En el documento se advierte que su registro se produjo el 7 de junio de 2013 autorizada por la Fiscalía 56 Seccional de Chaparral Este documento aparece expedido en la misma fecha de inscripción (fl. 174, cdno. anexo).
5.1.26. Fotocopia de respuesta a un derecho de petición, con fecha del 6 de junio de 2013, dirigida a la señora María Reyes Cerquera Camacho, suscrita por la Asistente de la Fiscalía 56 de Chaparral. En ella le informa que la investigación por la muerte del señor Fermín Cerquera Camacho se impulsó por la Fiscalía 4ª Especializada de Ibagué y fue enviada al Juzgado Penal del Circuito de Chaparral con resolución de acusación en contra de Desiderio Soria Daza y Edilberto Rubio García (fl. 175, cdno. anexo).
1.1. Al Tribunal Administrativo del Tolima se le solicitó remitiera en calidad de préstamo y con destino a este trámite, el expediente contentivo del proceso de Reparación Directa, interpuesta por Belkis Tapiero García y otros, contra la Nación –Ministerio de Defensa – Policía Nacional, radicado Nº 730012331000200000685-01. En igual sentido, se solicitó al Consejo de Estado, puesto que al parecer allí reposó el expediente.
2.1. Los accionantes, por intermedio de apoderado, solicitaron el amparo constitucional, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad con la sentencia proferida el 24 de julio de 2013 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa, radicado Nº 730012331000200000685-01, promovido contra la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Sentencia a través de la cual se revocó la emitida el 28 de abril de 2004 por el Tribunal Administrativo del Tolima, en la que se declaró administrativamente responsable a las demandadas por la muerte del señor Fermín Cerquera Camacho.
2.2. De acuerdo con la situación fáctica planteada y las decisiones de instancia, corresponde a la Sala Plena determinar si en el asunto sub júdice procede la acción de tutela para controvertir la providencia proferida en segunda instancia por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, el 24 de julio de 2013, dentro del proceso de reparación directa que adelantó la familia del señor Fermín Cerquera Camacho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional con ocasión de su muerte. Si la Sala encuentra que la acción de amparo resulta procedente, pasará a determinar si la autoridad judicial demandada incurrió en una violación del derecho al debido proceso, particularmente en los defectos procedimental y fáctico, al proferir la decisión acusada, en la que revocó la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima que había accedido a las pretensiones de la demanda, bajo el argumento que no se demostró el daño, es decir, que no se acreditó el fallecimiento del causante.
f. Que no se trate de sentencias de tutela(11). Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”(12) (resalto añadido).
i. Violación directa de la Constitución”. “Se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto(15); o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución(16)”(17).
3.5. La Corte ha dicho que no existe un límite indivisible entre estas causales, de suerte que una misma situación dentro del proceso judicial puede derivar en varios defectos. Por ejemplo, el irrespeto por los procedimientos legales y, de forma simultánea, vulnerar directamente la Constitución o impedir una correcta apreciación de las pruebas(18).
3.6. Entre las causales de procedibilidad de la acción tuitiva contra providencias judiciales encontramos el defecto procedimental, que se puede estructurar a partir de dos formas: (i) la absoluta, que se presenta en los eventos donde el funcionario judicial sigue un procedimiento diferente al establecido en la ley, u omite alguna de las principales fases del proceso y quebranta los derechos de defensa y contradicción de las partes; y (ii) por exceso ritual manifiesto, el cual se manifiesta cuando el fallador desconoce el contenido del artículo 228 de la Constitución Política, en tanto le impide a las personas el acceso a la administración de justicia(19) y el deber de dar prevalencia al derecho sustancial.
En ese sentido, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta en los casos donde el juez o magistrado obstaculiza “la efectividad de los derechos constitucionales por motivos formales”(20), es decir, el procedimiento es una barrera para la eficacia del derecho sustancial y en ese sentido, deniegan justicia, por “(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva y que en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas”(21).
Igualmente, esta corporación ha reiterado que el funcionario judicial “incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales”(22).
Para la procedencia de la tutela por defecto procedimental, en cualquiera de sus dos formas, se precisa la concurrencia de los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional: “(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de [vulnerar] derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada [dentro] del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración [de] derechos fundamentales”(23).
3.7. El defecto fáctico, por su parte, se estructura a partir de una dimensión negativa y otra positiva. La negativa surge de las omisiones o descuido de los funcionarios judiciales en las etapas probatorias, verbi gratia, (i) cuando sin justificación alguna no valora los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso objeto de análisis; (ii) resuelve el caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión(24); y (iii) por no ejercer la actividad probatoria de oficio, es decir, no ordenar oficiosamente la práctica de pruebas, cuando las normas procesales y constitucionales así lo determinan.
La dimensión positiva, como su nombre lo indica, se refiere a acciones positivas del juez, por lo tanto, se incurre en ella (i) cuando se evalúa y resuelve con fundamento en pruebas ilícitas, siempre que estas sean el fundamento de la providencia(25); y (ii) decidir con pruebas, que por disposición de la ley, no es demostrativa del hecho objeto de la decisión(26).
3.8. En algunos eventos la Corte ha considerado que existe concurrencia entre el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y el defecto fáctico en su dimensión negativa, por ejemplo, (i) cuando no se valora la prueba aportada en copias, a pesar de que las partes la conocieron y no la controvirtieron; (ii) por no hacer uso de la potestad para decretar pruebas de oficio a fin de allegar los originales de los documentos aportados en copia simple o no practicar las pruebas sugeridas en el proceso y se precisan para determinar la verdad de lo ocurrido(27).
3.8.3. Del mismo modo, en Sentencia SU-915 de 2013 se ventiló el caso de un estudiante que apareció “ahorcado” en las instalaciones de la Sijín Bogotá. La familia demandó en reparación directa a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, solicitaron como prueba las copias de la investigación penal y así fueron requeridas, pero no las remitieron en su debida oportunidad.
3.8.5. En Sentencia T-535 de 2015 la Sala Octava de Revisión analizó el caso de un joven que en la madrugada del 1º de julio de 2007 cuando se dirigía a su vivienda, acompañado por un amigo, fue interceptado y obligado a abordar un vehículo al parecer de la brigada y, posteriormente, aparecieron muertos en la vereda Brazuelos del municipio de Chaparral (Tolima). Según los accionantes, los autores del homicidio fueron miembros de la VI Brigada del Batallón Nº 17, quienes adujeron que fueron dados de baja en combate, puesto que se encontraban delinquiendo.
La primera instancia condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, al considerar que se presentaron graves irregularidades en la muerte de los jóvenes, de quienes se supo se dedicaban a lavar los carros y a hacer mandados en el parque del municipio. En torno a los testimonios de los uniformados se dijo que eran cuestionables porque provenían de quienes dieron de baja a aquellas personas y “en ese sentido, lo más lógico es que buscaran una coartada”. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Tolima, revocó la sentencia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, puesto que en su sentir no se encontraba probada la falla en el servicio por parte del Ejército Nacional, quienes “... en cumplimiento de un deber legal, atendida una zona de alto riesgo, la existencia de información de que había gente uniformada en el sector, procedió a dirigirse a la vereda ‘Brazuelos’, siendo recibidos con disparos y la activación de una granada de fragmentación, por lo que procedieron a hacer uso de las armas”.
Esta corporación al conocer en sede de revisión la acción de tutela interpuesta por las madres de los occisos, concedió el amparo, por lo tanto, dejó sin valor ni efectos la sentencia de segunda instancia y mantuvo en firme la de primera, puesto que el Tribunal Administrativo del Tolima desestimó el nexo de causalidad, sobre la única base de no hallar probado que el vehículo en el que presuntamente fueron transportados los jóvenes Lozada García y Bravo Montiel perteneciera al Ejército Nacional. Así se expresó: “En cuanto ninguna de las declaraciones indican que la persona o el carro en el que fueron vistos en la madrugada de los hechos pertenecían a instituciones del Estado”. Esa inferencia, en sentir de la Corte, “comporta la ocurrencia de un defecto fáctico en dimensión negativa, por indebida valoración probatoria, ya que no es razonable la conclusión a la que arriba el juzgador de segunda instancia, si se tiene en cuenta el análisis del conjunto de las pruebas que obran en el proceso, las cuales fueron integralmente valoradas por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Ibagué”.
Señaló la Sala de Revisión que en el trabajo de construir la prueba indiciaria se debe acatar la máxima de legalidad, es decir, que en la argumentación se muestre el hecho indicado, el indiciario, la conclusión y las reglas de la experiencia que determinan la inferencia entre las premisas y la aserción(28), y conforme con los parámetros de la sana crítica, valorar el grado de convicción que ofrece cada medio de prueba. Análisis que no realizó el Tribunal accionado.
3.8.6. Esta corporación en Sentencia SU-636 de 2015 se pronunció sobre el caso en que el Frente 19 de las FARC penetró a unas fincas preguntando por el padre de los accionantes y, tras proferir amenazas y acusaciones, le incendiaron las instalaciones, destruyeron las construcciones e implementos de trabajo. El Tribunal Administrativo del Magdalena condenó a la Nación al hallar acreditados los elementos de la falla en el servicio por el Ministro de Defensa – Ejército y Policía Nacional. En segunda instancia, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado revocó el fallo, porque en su sentir hubo deficiencia probatoria, ya que los demandantes no acreditaron ser los propietarios de las fincas destruidas y saqueadas, constituyéndose esto en una falta de legitimación por activa. Y no se podían considerar como poseedores porque ello implicaría cambiar la causa petendi, ya que lo hicieron en calidad de propietarios.
En este caso, la Corte concluyó que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presentaba “cuando el funcionario jurisdiccional no acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, situación que lo lleva a denegar o vulnerar el derecho al acceso a la administración de justicia”. Así mismo se indicó que “si bien la actuación judicial se presume legítima, se torna en vía de hecho cuando el actuar del juez se distancia abiertamente del ordenamiento normativo, principalmente de la normatividad constitucional, ignorando los principios por los cuales se debe regir la administración de justicia”(29). En ese orden, consideró que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto “se encuentra estrechamente relacionado con problemas de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba y, por tanto, se estructura en concurrencia con un defecto fáctico. A este respecto, cabe precisar que entre uno u otro defecto material “no existe un límite indivisible, pues tan solo representan una metodología empleada por el juez constitucional para facilitar el estudio de la alegación iusfundamental formulada en el escenario de la acción de tutela contra providencias judiciales”(30).
En esta decisión, la corporación reiteró que en eventos donde se involucran “graves violaciones de derechos humanos y frente a la dificultad que, en muchos casos, representa para las víctimas probar la existencia del daño antijurídico, el principio de equidad impone al juez administrativo el deber de flexibilizar las normas procesales y, en particular, las exigencias probatorias, de modo que, para formar su convencimiento, acuda a otros elementos de juicio, tales como: “los hechos notorios (art. 177, CPC); (ii) al juramento estimatorio (art. 211, CPC); (iii) en el caso de violaciones masivas a los derechos humanos, la cuantificación de las reparaciones puede adoptar modelos baremo o diferenciados ‘esto es, a partir de la demostración del daño acaecido a ciertas personas, podrá deducirse también y hacerse extensiva tal cuantificación a quienes se encuentren en situaciones similares pero no hubieren orientado adecuadamente su labor a acreditar el quantum de los perjuicios sufridos’; (iv) a las presunciones, que invierten la carga de la prueba a favor de las víctimas; (v) a las reglas de la experiencia, entre otros, bajo la guía interpretativa del principio pro homine”(31). Esta orientación también la ha seguido el Consejo de Estado(32).
3.8.8. Finalmente, en Sentencia SU-454 de 2016 la Corte conoció del caso del señor Hernando Pinilla Pacheco, quien presentó por intermedio de apoderado, acción de tutela contra las Subsecciones B, Secciones Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, al considerar que mediante los fallos judiciales proferidos dentro del proceso de reparación directa contra el Invías, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con las determinaciones meramente formales que emitieron. Ello, por cuanto no dieron prevalencia al derecho sustancial sobre el formal, al exigirle prueba de posesión de un inmueble cuando acreditó la propiedad sobre el mismo.
“La idea de que el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado fuera de creación básicamente jurisprudencial, obedeció a dos circunstancias históricas determinantes. En primer lugar, hasta principios del siglo XX, la tradición clásica de soberanía que imperaba en el campo jurídico y político, reforzaba y justificaba la idea de la potestad absoluta del Estado en el ejercicio del poder, y su correspondiente “irresponsabilidad”, por daños a terceros. En segundo lugar, ni en la ley, ni en la Carta Política anterior, se establecía una cláusula expresa que consagrara este tipo de responsabilidad(33), —en gran parte por la razón previamente enunciada—, lo que exigió respuestas de los jueces, al actuar en casos concretos.
En consecuencia, bajo reglas de derecho privado, la Corte Suprema de Justicia desarrolló entonces la jurisprudencia inicial en estas materias, y tal y como lo destacó la Sentencia C-644 de 2011 de esta corporación, con la providencia del 22 de octubre de 1896, la Corte Suprema de Justicia sostuvo por primera vez, que “ a pesar de que las entidades estatales eran personas jurídicas, y por tanto, irresponsables penalmente por los daños que ocasionaran a los ciudadanos, sí se encontraban obligadas a las reparaciones civiles por los perjuicios que resultaren de una conducta punible imputable a los funcionarios públicos”(34).
A partir de este momento, se fue consolidando paulatinamente una jurisprudencia por parte de esa Corporación, que puede describirse en tres etapas distintas, en las que el concepto de responsabilidad estatal fue evolucionando paulatinamente, así: (a) el de la responsabilidad indirecta del Estado, —que suponía que las personas de derecho público respondían por las acciones u omisiones de sus agentes, bajo el entendido de que se trataba del hecho de otro, ante el daño causado—(35); (b) el de la responsabilidad directa, —que admitía que quien provocaba el daño finalmente, era la persona natural al servicio del Estado, lo cual implicaba en últimas, que el verdadero causante del daño era la entidad pública de manera directa(36)—, y (c) el de la falla del servicio(37)”.
4.2. Posteriormente, al Consejo de Estado, a través de la Ley 167 de 1941, se le otorgó competencia para conocer de acciones reparatorias contra las entidades públicas, lo cual se hizo realidad con el Decreto 528 de 1964. A partir de allí, elaboró su propia jurisprudencia pero con base en los principios constitucionales de legalidad, la garantía de la propiedad privada y derechos adquiridos con justo título, así como con el deber del Estado de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Es decir, la responsabilidad del Estado se constituyó en el “principio autónomo de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”(38).
El Consejo de Estado centrado en la idea de la falta o falla del servicio, “derivó la responsabilidad estatal del acto administrativo, de la expropiación u ocupación de inmuebles en caso de guerra, de trabajos públicos, del almacenaje, de las vía s de hecho y del daño especial”(39). En ese orden de ideas, antes de la constituyente de 1991, al Estado se le atribuía responsabilidad básicamente, “no por el hecho de otro, sino por el hecho propio, en razón a que las acciones u omisiones de los agentes del Estado se consideraba inescindiblemente vinculadas a la función pública que desempeñaban(40)”.
4.3. Con la Constitución Política de 1991, en el artículo 90(41), se estableció, por primera vez, el principio general de la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos ocasionados con la acción u omisión de las autoridades públicas, puesto que los derechos y libertades de las personas no sólo se protegen con solicitar a los agentes estatales que actúen legalmente, sino que se precisa de la reparación integral de los daños que se han ocasionados por los mismos(42). En torno a esta disposición la Corte, al conocer de una demanda de inexequibilidad contra el artículo 50 —parcial— de la Ley 80 de 1993, se pronunció en los siguientes términos:
“Como se ve, el actual mandato constitucional es no sólo imperativo —ya que ordena al Estado responder— sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad patrimonial al campo extracontractual sino que consagra un régimen general, por lo cual la Corte no considera de recibo el argumento de uno de los intervinientes, según el cual la noción de daño antijurídico no es aplicable en el ámbito contractual. Por el contrario, para esta corporación el inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no sólo la responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual”(43).
En el precepto del artículo 90 Superior se compendian dos premisas distintas pero que se relacionan entre sí. La primera se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado y el deber de responder por el daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes estatales o autoridades públicas. La segunda, se relaciona con la responsabilidad de los servidores públicos por ese daño antijurídico ocasionado con su conducta dolosa o gravemente culposa y el deber del Estado de demandar en repetición(44).
Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, la Corte ha señalado que ese mandato es “imperativo”(45), ya que obliga al Estado a responder patrimonialmente por los daños imputables al mismo y a su vez, se genera la protección a los derechos de los ciudadanos(46).
Así mismo se ha establecido que la responsabilidad es institucional, ya que comprende las actuaciones de todas las autoridades públicas “sin importar la rama del poder público a que pertenezcan, lo mismo cuando se trate de otros órganos autónomos e independientes creados por la Constitución o la ley para el cumplimiento de las demás funciones del Estado”(47).
4.4. El Decreto 01 de 1984 (CCA) en el artículo 86 estableció la acción de reparación directa como uno de los mecanismos que efectiviza la responsabilidad patrimonial del Estado, en tanto le permite a los ciudadanos demandar de manera directa el resarcimiento de los daños ocasionados por “un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.
4.5. Actualmente la Ley 1437 de 2011 (CPACA) mantuvo la figura de la reparación directa como un medio de control para obtener la indemnización del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado, de ahí que en el artículo 140 estableciera que el “Estado responderá, ente otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma”.
Según el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, documento público es el “otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención”, por el contrario, el documento privado, es el que no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, señala el artículo 252 ibídem.
5.3.4. En similar sentido se refiere el Código General del Proceso a la actividad probatoria, ya que como medios de prueba consagra, en el artículo 165, los mismos que fueron reseñados en el Código de Procedimiento Civil y, en el artículo 176. Expresamente señala que “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”. Así mismo, los artículos 168, 169 y 170 autorizan al juez para rechazar de plano las pruebas ilícitas, las impertinentes, inconducentes y superfluas, y para decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia.
Por su parte, esta corporación señaló que el sistema de la sana crítica o persuasión racional, es aquel en que el “juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia”. Sistema que igualmente, requiere motivación, la cual consiste en la exposición de las razones que el juez ha tenido para determinar el valor de cada una de las pruebas, con fundamento en las reglas citadas(49).
“Evidentemente, si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (CPC, art. 187 y CPL, art. 61), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a éste desiderátum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Se aprecia la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y valores constitucionales”(50).
5.3.7. En cuanto a la excepción consagrada en el artículo 176 del Código General del Proceso, “sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”, se debe observar que los actos jurídicos, según la manera como se conforman, son consensuales o formales. En ese sentido se ha afirmado que “Los primeros se perfeccionan por la sola voluntad de los operadores jurídicos, sin que sea necesario su expresión mediante una forma predeterminada, conforme a la vieja regla “solus consensus obligat”; mientras que los segundos requieren el cumplimiento de ciertas formalidades prescritas por la ley para su existencia y validez, conforme a la regla “forma dat esse rei” (art. 1.500 del C.C.)(51).
Igualmente, los actos formales se dividen en solemnes (ad solemnitatem o ad substantiam actus) y formales (ad probationem). Esta Corporación ha indicado que “La existencia de los actos solemnes está supeditada a la observancia de las formas prescritas en la ley o determinadas por las partes, es decir, la voluntad de los agentes debe expresarse a través de un preciso cauce legal o convencional, de tal manera que su inobservancia hace que el acto se repute inexistente, o que se transforme en otro acto (teoría de la conversión de los actos jurídicos). La institución de los actos solemnes se debe a que la ley, inspirada en los criterios de seguridad e interés social, ha exigido ciertos requisitos con la finalidad de asegurar, precisar y conservar ciertos hechos u operaciones que repercuten en el ámbito social. Tratándose de los actos formales, por el contrario, a pesar de que se requiere de una determinada solemnidad jurídica, la inobservancia de la misma no afecta la existencia o la validez del acto jurídico, sino su prueba”(52).
5.4. En conclusión, el sistema probatorio en la jurisdicción contencioso administrativa, al igual que el Código de Procedimiento Civil y —hoy— en el Código General del Proceso, se fundamenta en la libertad probatoria. Ambos estatutos conservan similitud en sus normas, se mantienen los mismos medios de convicción, el mismo sistema de admisibilidad y el mismo método para apreciar las pruebas, esto es, el de la sana crítica. De igual manera, se faculta a los jueces y magistrados para decretar pruebas de oficio cuando adviertan la presencia de aspectos oscuros o difusos.
6.1. De acuerdo con el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970(53) “el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determinada su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley”. Y conforme con el artículo 2º el estado civil de las personas deriva de los hechos, actos y providencias que lo determinan y de la calificación legal de ellos.
Los hechos y actos como el nacimiento, el reconocimiento de hijos, las adopciones, el matrimonio, el divorcio, cambio de nombres, defunciones y presunción de muerte, entre otros, deben ser inscritos en el registro civil competente, según lo establecen los artículos 5º y 6º del Decreto 1260 de 1970 y ninguno de estos hechos, actos y providencias sujetos a registro, dice el artículo 106, “hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación”. No obstante, esta norma tiene una excepción, cuando advierte: “salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro”. Es decir, que existen hechos que pueden demostrarse por otros medios de convicción, como los documentos y el testimonio, entre otros.
Sin embargo, obra la copia auténtica del certificado de defunción A030300 y la necropsia clínica 09-98, practicada el 10 de septiembre de 1998, ambos documentos suscritos por funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de San Andrés Islas. Si bien, de conformidad con el artículo 106 del Decreto 1260 de 1970(54), el medio idóneo para probar la muerte de una persona es el respectivo registro civil de defunción, los documentos acabados de mencionar serán tenidos en cuenta para acreditar la del señor McLean Martínez, en virtud de que son documentos públicos, de los que se presume su autenticidad, al haber sido suscritos por funcionarios públicos, en ejercicio de su cargo. Al respecto, la Sección Tercera de esta corporación ha dicho:
“... el documento público, es decir aquel que es expedido por funcionario de esa naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su intervención (art. 251 CPC), se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil(55)”.
Postura reiterada en sentencia del 2 de mayo de 2016 dentro del expediente radicado 47001-23-31-000-2005-01061-01 (36541)(56):
— Del protocolo de necropsia.
En el sistema procesal penal, la necropsia se ubica dentro de la categoría de la prueba pericial que deben cumplir los médicos forenses. La diligencia como tal se divide esencialmente en tres partes que corresponden al (i) examen exterior, (ii) el interior y (iii) la conclusión. El primero se relaciona con los datos de la persona y, en general, “los signos recientes de trauma, en su localización y extensión; los miembros superiores y con particular atención las manos, son examinadas minuciosamente para buscar heridas de “defensa” que tendrán gran valor en el proceso para clarificar homicidios en riñas”(57), así como todas las cicatrices que presente el cadáver.
Y la conclusión, es la parte que contiene la causa de la muerte, el nexo de causalidad ente las lesiones recibidas y el deceso, el tipo de arma o instrumento que ocasionó la muerte, extraer proyectiles y el cálculo de supervivencia. “Es la etapa más importante de la autopsia, ya que las conclusiones llevarán al juez a tomar una determinada conducta. Decir la causa de la muerte es obligatorio dentro de las conclusiones. Debe recordarse que esta constancia constituye el “certificado de defunción”, con el cual se autoriza la inhumación del cadáver” (subraya fuera de texto)(58).
7.1.1. Como se señaló en la parte dogmática de esta decisión, si bien la norma que permitía la acción de tutela contra providencias judiciales fue declarada inexequible, la jurisprudencia de la Corte excepcionalmente la admite en eventos donde el funcionario incurre en ostensibles y graves actuaciones de hecho. La acción de tutela es procedente(59) siempre que se satisfaga los (i) requisitos generales de procedibilidad, a través de las cuales se establece si la decisión atacada puede ser examinada por el juez constitucional; y (ii) las causales específicas o especiales, que definen la suerte de la decisión demandada, en la medida que permiten establecer si se violaron o no los derechos presuntamente vulnerados.
(i) La acción objeto de este fallo es de relevancia constitucional en tanto a través de ella se debate la presunta vulneración de los derechos fundamentales constitucionales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, concretamente por no dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal dentro de un proceso de reparación directa —exceso ritual manifiesto—, por parte del Consejo de Estado, lo cual determina que el debate jurídico se oriente a establecer si se respetaron los artículos 29, 228 y 229 de la Carta. Esa circunstancia faculta a la Corte para establecer si se presentó o no causal específica de procedencia de la acción.
(ii) Los accionantes no cuentan con otros medios de defensa judicial, puesto que la decisión que denegó sus pretensiones se emitió en el trámite de la segunda instancia por parte del Consejo de Estado al revisar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por lo tanto, no tenía a su alcance la posibilidad de recurrir en apelación la decisión, como tampoco era susceptible del recurso extraordinario de revisión, porque no se estructura causal alguna de las previstas en el Estatuto Contencioso Administrativo(60).
En efecto, el numeral 1º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 consagra como una de las causales de revisión el que con posterioridad al fallo se encuentren “documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”. Esta realmente no se muestra idónea ni eficaz en este caso, puesto que la causal como tal parte de la hipótesis de que en el trámite del proceso hubo diligencia, mediante el decreto y práctica de las pruebas; mientras que en el asunto objeto de decisión surge de un presupuesto atribuible al juez, el cual aplicando principios como la prevalencia del derecho sustancial (art. 228, C.P.) y el derecho a una pronta y efectiva justicia (art. 229, Superior) le era posible advertir la existencia de la prueba y con un mayor grado de diligencia probatoria verificarla o comprobarla.
Aunado a lo expuesto, tampoco puede afirmarse que en este evento la prueba del certificado civil de defunción surgió con posterioridad a la sentencia, porque el documento ya existía como tal en la Registraduría Nacional del Estado Civil, oficina de Rioblanco (Tolima), desde el 7 de junio de 2013 —cuando la Fiscalía 56 Seccional ordenó su inscripción— y el fallo acusado fue proferido el 24 de julio del mismo año, por lo tanto, si el funcionario administrativo lo consideraba necesario para emitir el fallo, sólo bastaba reiterar la petición a la autoridad respectiva y, en ese sentido, allegarlo al expediente antes del fallo. Así las cosas, el requisito de subsidiariedad se encuentra acreditado en la actuación.
(vii) Finalmente, debe advertirse que no hubo negligencia de parte de los accionantes en la presentación del certificado civil de defunción, porque desde la demanda advirtieron la inexistencia del mismo y, por esa razón, solicitaron como prueba que se pidiera a la Registraduría del Estado Civil y a la notaría el citado documento, como a las autoridades penales y disciplinarias copias de las actuaciones de esa naturaleza. La defunción del señor Cerquera Camacho solo se registró el 7 de junio de 2013 autorizado por la Fiscalía 56 Seccional de Chaparral (fl. 174, cdno. anexo).
7.2.1. Corresponde ahora a la Sala establecer si la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, al expedir la sentencia del 24 de julio de 2013, vulneró los derechos fundamentales del debido proceso de los accionantes, al revocar el fallo del 19 de diciembre de 2000 emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima(61), al considerar que no se demostró el daño, por no acreditarse la muerte del señor Fermín Cerquera Camacho.
7.2.2.1. Oficio Nº 200 del 25 de noviembre de 1998, a través del cual el Comandante de la Estación Rioblanco informa al Personero Municipal de esa población, sobre la captura de Fermín Cerquera Camacho y Humberto Ortiz Bermúdez, por encontrarse “sindicados por el delito de homicidio agravado” y, además, haber recibido dos llamadas anónimas preguntando por los retenidos y si iban a ser trasladados a otro sitio (fl. 40, cdno. anexo).
7.2.2.2. Fotocopias de los oficios Nos. 5771 y 5772 del 25 de noviembre de 1998, suscrito por el secretario judicial II de la Unidad de Fiscalías de Chaparral. El primero dirigido al Comandante de la Estación de Policía Rioblanco, solicitando dejar a su disposición a los capturados, y el segundo, al Director del Centro de Rehabilitación Social de Rioblanco, pidiendo “mantener encarcelados en esas instalaciones a disposición de la Fiscalía 26 de esta Unidad, a FERMÍN CERQUERA CAMACHO y HUMBERTO ORTIZ BERMÚDEZ, quienes se encuentra (sic) imputados del delito de HOMICIDIO AGRAVADO... Así mismo solicito se sirva ordenar lo pertinente para que los antes mencionados, sean trasladados bajo las estrictas medidas de seguridad, hasta las instalaciones del centro de Rehabilitación Social de esta localidad...toda vez que los mismos serán escuchados en injurada el día veintiséis de los cursantes a partir de las 2:00 y 4:00 de la tarde” (fls. 92 y 93, cdno. anexo).
7.2.2.3. Oficio Nº 202 del 26 de noviembre de 1998 suscrito por el Comandante de la Estación Rioblanco, dirigido al Secretario Judicial Fiscalía General de la Nación de Chaparral, por el cual deja a disposición a los capturados, quienes serán “custodiados” por dos patrulleros “en traje de civil” (fl. 42, cdno. anexos).
7.2.2.4. Oficio Nº 271 firmado por el Comandante de Estación Rioblanco, dirigido a su homólogo del Distrito Cinco de Policía Chaparral, a través del cual le da a conocer sobre la pérdida del material de guerra (42 cartuchos calibre 38 largo) el 26 de noviembre de 1998 y lo sucedido con el desplazamiento de los capturados Cerquera Camacho y Ortiz Bermúdez. En efecto, señaló que cuando estos eran trasladados en un bus adscrito a la “empresa contrasur (sic), línea de las 04:30 horas el día de hoy 26.11.98, los cuales fueron interceptados sobre la vía Rioblanco el Limón en el sitio los Naranjos por al pareser (sic) 10 bandoleros en traje de civil, utilizando armamento de diferentes calibres, al parecer por miembros del 21 frente de las FARC, fueron posteriormente bajados del vehículo aduciendo que solo querían a los retenidos, los cuales momentos después fueron asesinados sobre la vía” (fl. 44, cdno. anexos).
7.2.2.5. Informe Nº 4799 del 26 de noviembre de 1998, enviado al Comandante del Departamento de Policía Tolima por parte del Comandante del Batallón de Infantería No. 17 Gral. Caicedo, en los siguientes términos:
“Con el presente me permito informar a ese comando los hechos ocurridos en la vereda Los Mandarinos jurisdicción del Municipio de Rioblanco en donde bandoleros al parecer de las 21 cuadrilla de las ONT-FARC ultimaron con arma de fuego a los señores FERMÍN CERQUERA CAMACHO Y HUMBERTO ORTIZ BERMÚDEZ quienes se encontraban a disposición de la Fiscalía 50 de Rioblanco y eran transportados por dos agentes de la Policía... Este comando no fue enterado del desplazamiento de las personas asesinadas, por parte de las autoridades correspondientes. El presente con el propósito de que se adelanten las diligencias que ese Comando estime convenientes” (fl. 45, cdno. anexo).
(ii) “261198, 06:00. Informa la estación de Policía del limón que se presentaron los ag... manifestando q (sic) en el bus Nº WYG-368 de No interno 232 donde movilizaban junto con los retenidos Fermín Cerquera y Humberto Ortiz Bermúdez los cuales eran sindicados por el delito de homicidio agravado, se subieron unos sujetos de traje de civil a la altura del sitio los mandarinos y ...hicieron parar el bus y bajaron a los policías junto con los retenidos, despojándolos de los revólveres para sacarle la munición y luego devolviéndoselos, informándoles que ellos no tenían o no querían nada con los policías y que se subieran nuevamente al bus, posteriormente fueron al parecer asesinados cerca a los naranjos vía al limón”.
(iii) “261198, 10:00 HS. Levantamiento. A la hora indicada Inspolicia de esta localidad practicó levantamiento cadáveres de los srs Fermín (sic) Cerquera Camacho...el cual presenta varios impactos diferentes partes cuerpo producidos con arma de fuego al parecer pistola calib 7,65. Humberto Ortiz Bermudez (sic)... el cual presenta varios impactos diferentes partes cuerpo al parecer con arma de fuego pistola calib 7,65. Los antes mencionados se encontraban a disposición fisc. seccional chpl bajo custodia esta unidad, ya que el director del centro carcelario de este municipio hizo caso omiso a la orden impartida de la fiscalía en referencia sobre la custodia de los retenidos en este centro carcelario. Siendo las 04:30Hs. del día de hoy los retenidos fueron trasladados hacia la fiscalía en mención los cuales eran custodiados por los agts Suárez Ibañez Rigoberto, Bernal Arroyave Carlos Arturo. Traje civil, portando armamento corto alcance revolver dotación oficial, en el bus nro. Int. 232, placas wyg-368 adscrito a la empresa cointrasur y a la altura del sitio los naranjos entre Rioblanco y el Limón, fueron interceptados por aproximadamente 10 sujetos en traje civil utilizando arma diferentes calibres ente los cuales cuatro (4) de los anteriores viajaban dentro del vehículo, quienes se identificaron como miembros del 21 Frente de las FARC, posteriormente fueron bajados del vehículo intimidándolos con sus armas, como resultado de ella el homicidio de los mencionados”. (fls. 46 a 48 anexos).
“cuando fuimos encañonados con armas de juego (sic) por la parte de atrás a la altura de la cabeza por dos sujetos que manifestaron ser guerrilleros y otros dos que se encontraban en las sillas de adelante nos apuntaban a la altura del pecho, en ese momento otro sujeto de traje de civil le hizo el alto al conductor del bus, se subió y posteriormente encañonó al conductor para que este detuviera la marcha, fuimos despojados por los dos que nos apuntaban a la cabeza del armamento que portábamos y al tiempo que nos decían que no nos moviéramos Policías porque nos dejaban fríos que con nosotros ellos no tenían ningún problema que a los que necesitaban eran a ese par de pájaros que hacían días los estaban esperando como pan al desayuno, luego nos ordenaron descender del bus junto con los retenidos a los cuales les hicieron tender boca a bajo (sic) al lado derecho de la vía junto a la puerta de descenso del vehículo, uno de ellos nos dijo que los Policías al otro lado de la vía frente al capó del bus y ahí nos volvieron a decir que con nosotros no tenían nada que estábamos trabajando bien, que sigamos así que aunque hay unos civiles que son una porquería que no se dejaban manejar por las buenas, que eso lo tenían ellos en cuenta; en ese momento se escucharon varios disparos, uno de los supuestos guerrilleros que estaban con los retenidos fue donde nosotros y os pidió las llaves de las esposas, se las entrejamos (sic), la tomó, se retiró y luego volvió y nos dijo que las quitaramos (sic) nosotros porque el (sic) no había podido, entregaron una de las dos llaves y quitamos las esposas a uno de los retenidos ya muerto, al otro no fue posible ya que la otra llave la extraviaron y son de otro tipo de esposas” (fls. 104 y 105, cdno. anexo).
“Fue así como se coordinó el traslado de los capturados para el día 26-11-98 en horas de la madrugada por medidas de seguridad y a las 04:50 horas del día 261198 a escasos 10 minutos de la localidad de Rioblanco fueron interceptados los Policías por varios sujetos que dijeron manifestar pertenecer a la Guerrilla y los despojaron de sus armas (revólveres), procediendo a bajar a todos los pasajeros que venían en el Bus No. interno 232 afiliado COINSTRASUR y dieron muerte a los dos capturados y le dijeron a los Policiales que con ellos no era la cuestión y que estaban trabajando bien y procedieron a dar muerte a los capturados. Posteriormente le devolvieron los revólveres a los Agentes sin la munición y huyeron”...Los uniformados instauraron la correspondiente denuncia ante la autoridad competente” (fls. 94 y 95, cdno. anexo).
7.2.2.9. Oficio Nº 240 del 2 de diciembre de 1998, suscrito por el Inspector (E) de Rioblanco, dirigido a la Fiscalía de la misma localidad, en el cual informa que “Revisado el escritorio del señor Inspector Municipal se encontraron las actas de levantamiento de los señores HUMBERTO ORTIZ BERMÚDEZ, FERMÍN CERQUERA CAMACHO y LIDIA LOPEZ SALAZAR”, practicados los dos primeros el 26 de noviembre de ese año en el sitio Los Naranjos y, el segundo, en la vereda Bocas de Rioblanco. Igualmente dejó constancia que “se envían en el estado que se encontraron” (fl. 39, cdno. anexo). En el mismo folio se observa un sello de recibido de la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Rioblanco Tolima con fecha del 02 de diciembre de 1998.
• Uno en región parieto occipital
• Uno en región occipital
• Dos en región dorsal derecha de tercio superior
• Seis en región dorsal izquierda de 2/3 inferiores
• Tres en dorso lumbar izquierda
• Uno en región hombro derecho
• Uno en región de cara anteromedial de brazo derecho, tercio medio.
• Uno en región de cara anterior de antebrazo derecho, tercio medio
• Dos en región de cara anterior de antebrazo derecho, tercio distal.
• Uno en región frontal central
• Uno en región parietal
• Uno en región clavicular derecha, tercio medio
• Uno en región de cara lateral, tercio proximal, brazo derecho
• Uno en región de cara anterior, tercioi proximal, brazo derecho
• Uno en región de cara lateral, tercio medio, brazo derecho.
• Dos en región de cara posterior, tercio medio de antebrazo derecho
• Uno en región de cara posterior, tercio distal de antebrazo derecho
• Uno en región axilar anterior derecha.
• Tres en región tórax anterior, t4ercio medio, con línea para esternal derecha.
• Dos en región toraco-abdominal derecha.
• Laceración cerebral
• Heridas por proyectil de arma de fuego múltiple.
7.2.3.1. El uniformado Carlos Arturo Bernal Arroyave, en testimonio vertido cinco días después de lo ocurrido, esto es, el 1º de diciembre de 1998 dentro del proceso disciplinario adelantado en la Policía Nacional – Departamento de Policía Tolima – Oficina de Asuntos Disciplinarios, señaló que para el 26 de noviembre de ese año le ordenaron desplazarse con los retenidos en el bus de las cuatro y media de la mañana junto con el compañero Rigoberto Suárez Ibáñez y luego de abordar el carro, “como a los diez minutos después de haber salido el vehículo...dos señores que iban en la parte de atrás de nosotros nos pusieron de apistola (sic) en la cabeza en ese mismo instante se pararon dos señores que iban al pie de la puerta quienes también (sic) nos encañonaron con pistolas, el señor que se subió al bus iba armado e hizo parar el bus, en ese instante uno de los que nos encañaron dijo quietos policías no hagan ningún mobimiento (sic) por que (sic) los dejamos frios (sic) a ustedes no les vamos (sic) a hacer nada apuntandonos (sic) nos desarmaron y nos dijeron (sic) solo necesitamos estos pajaros (sic) que mantienen robando y matando gente inocente, nos hicieron parar y nos digeron (sic) somos Guerrilleros y nos digeron(sic) que nos bajaramos (sic) del Bus (sic) a los dos retenidos y a nosotros dos (sic) hicieron tender en el piso a los detenidos los cuales estaban por cuenta de la fiscalía seccional de chaparral por el Delito de Homicidio al parecer eran Paramilitares, anosotros nos hicieron por laparte izquierda del Bus y de nuevo nos digeron (sic)que tranquilos que nosnos ibana ahcer nada..... en ese mismo instante le hicieron varias descargas a los detenidos ocasionándole la muerte.... En el Limón le informamos al comandante de guardia del Limón y así mismo al Comandante del distrito y de Rioblanco, quedo (sic) la respectiva denuncia en la fiscalía 27 de chaparra (sic)” (fls. 100 a 101 anexo).
Casi dos años después de los hechos, es decir, el 25 de octubre de 2000 ante el magistrado instructor del proceso de reparación directa, el testigo, en lo esencial, dijo lo mismo: “fue así como diez minutos después de haber arrancado el bus, aproximadamente faltando diez minutos para las cinco de la mañana, no me acuerdo muy bien la fecha pero creo que fue el veintiséis de noviembre del noventa y ocho y en una hondanada de la carretera se subió un sujeto e hizo parar el bus, así mismo nos dijeron unos sujetos que venían en la parte de atrás del bus, encañonándonos en la cabeza con pistola quietos policías, no hagan nada porque los dejamos fríos....Dijeron solo necesitamos a estos pájaros que mantienen robando y matando gente inocente.... Fue así como uno de ellos dijo a tierra y nos hicieron bajar a los dos retenidos y a nosotros los dos policías. Primero de (sic) bajó uno de los retenidos entonces le dijeron contra el piso, yo iba enseguida y me iba a tirar al piso también entonces uno de los guerrilleros que iba en la parte de atrás dijo no los policías no, los policías la frente (sic) del bus, fue así como nos prestaron seguridad, nos tenían ahí y nos estaba hablando un guerrillero y así mismo se escucharon varios impactos de bala y fue cuando mataron a los dos muchachos” (resalto fuera del texto obrante en los fls.54 y 55 anexos).
7.2.3.2. En igual sentido, el 1º de diciembre de 1998 se pronunció el agente Rigoberto Suárez Ibáñez (fls. 96 a 98 anexos), cuando indicó que efectivamente salieron a las 4:30 de la mañana del 26 de noviembre de 1998 con destino a Chaparral a cumplir con la orden dada y, luego de salir, aproximadamente a los diez minutos, dos hombres que venían de la parte de atrás del bus “nos colocaron pistolas en la cabeza por la parte de atrás diciéndonos (sic) quietos policias (sic) o los dejamos frios (sic) cuando yo observe (sic) la parte delantera había otro sujeto con una pistola apuntandome (sic) a la altura del pecho y otro le estaba apuntando a mi compañero BERNAL también con pistola a la altura de la cabeza también por la parte de atrás...uno de civil que se encontraba sobre la via (sic) le hizo alto al conductor del bus y cuando el paro para recoger el supuesto pasajero, también (sic) fue encañonado, con el fin que el bus no siguiera la marcha...nos quitaron las armas de dotación que eran revólveres, cuando desendimos (sic) del vehículo ordenaron tirarse boca abajo al piso...cuando bajamos del vehículo uno de ellos dijo ese par son pajaros (sic) y se la pasan matando y robando...después nos mandaron a la parte contraria del bus donde estaban los retenidos y uno de ellos que ya se había identificado como guerrilleros nos dijo, ustedes tranquilos policías (sic) con ustedes no tenemos nada ahí ya se escucharon unos impactos de armas de fuego...el que os estaba custodiando nos dijo estos pajaros (sic) mataron a un aguacatero en puerto Saldaña....a éstos no los podemos dejar pasar por que (sic) en ocho días están por fuera y vuelven a hacer las mismas” (fls. 102 y 103, cdno. anexo).
7.2.3.3. Por su parte, el conductor de la empresa Cointrasur Jairo Gutiérrez, en declaración entregada el 1º de diciembre de 1998, también dentro del proceso disciplinario, de manera similar a lo expuesto por los uniformados indicó que le correspondió salir a las 4:30 de la madrugada de Rioblanco con destino Chaparral-Ibagué y a los diez minutos fue obligado por un hombre armado a detener el carro y apagar el radio de comunicación. Posteriormente, advirtió que bajaron a unos pasajeros, entre ellos los policías y “otros señores que lo botaron sobre la carretera y escuché unos disparos, no se (sic) que conversaciones tuvieron con los Agentes, duramos como unos diez minutos y de ahí le dijeron a los agentes que siguieran la marcha y a mi también con la ruta que llevaba (sic) no presencie más” (fls. 99, cdno. anexo).
El 6 de diciembre de 2000 ante el Juez Civil del Circuito de Chaparral, por comisión del Tribunal Administrativo del Tolima, el señor Gutiérrez hizo la misma presentación de los hechos, al afirmar que luego de salir de Rioblanco con destino a Ibagué “como a los 15 minutos de recorrido un señor abrió la puerta del bus de división. Me dijo señor pare el bus un momento encañonándome a mí, vamos a bajar unos señores aquí, y lo primero que yo vi bajaron (sic) dos agentes de la policía, que estaban de civil, y después bajaron otros dos señores, los dos señores los botaron en el piso bocaabajo (sic) y los agentes los colocaron en la parte adelante del bomper del bus con las luces encendidas, dos sujetos les dispararon a los que estaban boca abajo en varias ocasiones, sin conocer los muertos ni los nombres de ellos, a los agentes les quitaron las armas y volvieron se las entregaron a ellos luego de haber matado a las dos personas que bajaron, las cuales estaban esposadas y a los policías los hicieron entrar al bus y seguimos la marcha quedando los dos muertos ahí y los que los mataron también....los agentes se bajaron en El Limón” (fls. 87 y 88 cdno. anexos).
7.2.3.4. Los pasajeros Edgar Ramírez Ariza y Alfonso Carvajal, escuchados en la misma audiencia del 6 de diciembre de 2000 por el Juez Civil del Circuito de Chaparral, afirmaron que tanto los uniformados como los detenidos fueron obligados a descender del vehículo y una vez en el piso “mataron” a los reclusos (fls. 81 a 88 anexos). En efecto, el primero, advirtió que cuatro años atrás conocía a Fermín Cerquera Camacho en Rioblanco donde lo veía con frecuencia “borracho”, pero “no era persona problemática”. Sobre lo ocurrido expresamente señalo: “ese día de su muerte, salimos de Rioblanco hacia aca (sic) – Chaparral, y como a unos 15 o 20minutos observe (sic) que el bus paro (sic), pense (sic) que era una falla mecanica (sic), pero me di cuenta que lo habían hecho parar unos señores, y entonces en el bus venían dos policias (sic) de civiles y traían a dos detenidos esposados, y los hicieron bajar, y los agentes entregaron las armas, no hicieron nada para evitar cualquier suceso, y fue así como procedieron y mataron al señor FERMÍNA (sic)” (fls. 84 y 85 anexo).
7.2.3.5. Alfonso Carvajal, por su parte, luego de señalar que conoció al señor Cerquera Camacho, expuso que iba dormido en el bus cuando escuchó “el alboroto de unos hombres armados, y entonces todos nos pusimos asustados y vi cuando los policías o los civiles le pasaron las armas a las personas que se subieron en el bus, y sacaron a don FERMÍN CERQUERA y al otro señor, los sacaron y los policia (sic) no hicieron nada, y en la carretera los mataron” (fl. 86 anexo)
Nombre SMLMV Total ($)
VICTORINO CERQUERA (padre) 70 25’060.000
ESTHER CAMACHO DE CERQUERA (madre) 70 25’060.000
BELKIS TAPIERO GARCÍA (Compañera permanente) 75 26’850.000
ELMER EDUARDO CERQUERA TAPIERO (Hijo) 70 25’060.000
JORGE ANDES CERQUERA TAPIERO (Hijo) 70 25’060.000
LUIS FERNANDO TAPIERO GARCÍA (Hijo Póstumo) 70 25’060.000
Señaló el a quo que, en el caso concreto, se hallaba de cara a una falla en el servicio: “en razón a la perdida de la vida de los señores Cerquera Camacho y Ortiz Bermúdez, en momentos en que se encontraban bajo la custodia, protección y cuidado del estado, más concretamente, de la Policía Nacional, razón por la cual, debió la institución armada, desplegar los medios y mecanismos suficientes para preservar la integridad de quienes en ese momento se encontraban a su cargo, más aun cuando como lo anota el mismo Comandante de Estación de Rioblanco, se habían recibido llamadas amenazantes anónimas” (fls. 132 y 133).
Ahora, si bien en la demanda se solicitó “...Librar oficios a la Registraduría del Estado Civil de Rioblanco Tolima y al Notario único de ciudad (sic) Chaparral, pidiendo copia del Registro Civil de defunción correspondiente a FERMÍN CERQUERA CAMACHO...”, lo cierto es que, decretada esa prueba por el a quo, la Registraduría informó que, en sus archivos, no encontró el solicitado registro civil de defunción, mientras que la Notaría guardó silencio ante el mismo requerimiento. Frente a esto, la parte actora se mostró conforme, habida cuenta de que nada dijo al respecto” (fls. 163 y 164, cdno. anexo).
“Si bien se tiene copia de un escrito firmado por quien afirma ser el director (E) del Hospital “María Inmaculada”, en el que se certifica que el cadáver del señor Fermín Cerquera Camacho tenía varios impactos por arma de fuego, lo cierto es que para la Sala tal escrito no merece credibilidad, toda vez que el mismo resulta contradictorio, pues al inicio de él se afirma que al señor Cerquera Camacho se le practicó necropsia, pero, al concluir, se consigna que “...No se realizó Necropsia (sic) por no contar con la dotación requerida y necesaria para tal fin”, afirmación que corrobora el oficio remisorio obrante a folio 16 del cuaderno 2 y que resulta suficiente para descartar su valoración probatoria (fls. 16, 17 y 18, cdno. 2)”.
7.2.8. Al respecto considera la Corte que el documento excluido por la accionada ciertamente revela, sin discusión alguna, que la diligencia practicada por el médico del Hospital “María Inmaculada” de Rioblanco en el cadáver de quien en vida respondía al nombre de Fermín Cerquera Camacho, así no observe algunos requisitos formales para una adecuada necropsia (ausencia del examen interno) sí abriga el valor probatorio necesario como documento público(62) que acredita la muerte violenta. En efecto, el libelo se encuentra suscrito por el Dr. Diego Germán Charry, quien fungía como director encargado del citado centro hospitalario y en el da fe no sólo de la muerte sino de que se produjo por proyectil de arma de fuego, es decir, se trata de un verdadero documento público, en los términos citados por los Códigos de Procedimiento Civil y General del Proceso.
7.2.12. De igual manera, si la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado consideraba que el documento público emitido por el Médico del Hospital de Rioblanco, como tampoco el material probatorio analizado le era suficiente para dar certeza de la muerte de Cerquera Camacho, debió acudir a la facultad oficiosa de decretar pruebas (arts. 185, CCA y 213 L. 1437/2011). En efecto, las citadas normas autorizan al funcionario judicial para que, aún al momento de emitirse sentencia, en el caso de advertir “puntos oscuros o difusos de la contienda” ordene las pruebas que considere necesarias, en este evento, insistir en el certificado civil de defunción y/o arrimar las actas de levantamiento, toda vez que se trataba de documentos axiales en el proceso de reparación.
1. REVOCAR las sentencias proferidas el veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciséis (2016), por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en primera instancia, y el cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016), por la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, por las cuales negaron la acción de tutela formulada por la señora Belkis Tapiero García y otros. En su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia —por no dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal— de los actores.
2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del veinticuatro (24) de julio de dos mil trece (2013), proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, a través de la cual revocó el fallo del veintiocho (28) de abril de dos mil cuatro (2004) emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del proceso de reparación directa instaurado por la señora Belkis Tapiero García y otros.
3. ORDENAR al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A que, en el improrrogable término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva sentencia de fondo, en la que deberá tener en cuenta lo expuesto en esta sentencia.
Magistrados: Luis Guillermo Guerrero Pérez, Presidente—Alejandro Linares Cantillo, vicepresidente—Carlos Libardo Bernal Pulido—José Antonio Cepeda Amarís (e)—Iván Humberto Escrucería Mayolo (e)—Antonio José Lizarazo Ocampo—Gloria Stella Ortiz Delgado—Cristina Pardo Schlesinger—Alberto Rojas Ríos.
2 Conformada por los magistrados Aquiles Arrieta Gómez (e) y Jorge Iván Palacio Palacio.
3 C.P. Mauricio Fajardo Gómez, acompañado por los consejeros Miriam Guerrero de Escobar y Ramiro Saavedra Becerra, los otros dos estuvieron ausentes.
4 M.P. Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, en Sala con los magistrados José Arleth Ruiz Castro y José Manuel Santana Murillo.
5 C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Lo acompañaron los consejeros Hernán Andrade Rincón y Mauricio Fajardo Gómez.
6 Sentencia T-173 de 1993.
7 Sentencia T-504 de 2000.
8 Ver entre otras Sentencia T-315 de 2005.
9 Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de 2000.
10 Sentencia T-658 de 1998.
11 Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001.
12 Sentencia T-590 de 2005.
13 Sentencia T-522 de 2001.
14 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625de 2000 y T-1031 de 2001.
15 Dice la Corte en la Sentencia C-590 de 2002 que se deja de aplicar una disposición iusfundamental en los casos en que, “... si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”.
16 En la Sentencia C-590 de 2005 se reconoció autonomía a esta causal de procedibilidad de la acción de tutela, y se establecieron algunos criterios para su aplicación.
17 Sentencia SU-198 de 2013.
18 Ver sentencias T-120 de 2014 y T-214 de 2012.
19 La Corte ha señalado que el derecho al acceso de la administración de justicia, supone la garantía de obtener respuestas definitivas a las controversias planteadas, así que los jueces se encuentran obligados adoptar todas las medidas pertinentes para evitar los pronunciamientos inhibitorios, bien sea de forma manifiesta, o de forma implícita, cuando una decisión es solo en apariencia de mérito. Cfr. Sentencias T-134 de 2004 y T-1017 de 1999.
20 Sentencia T-264 de 2009.
21 Sentencia SU-636 de 2015.
22 Sentencia T-429 de 2011.
25 Sentencia SU-159 de 2000.
26 Sentencia T-1082 de 2007.
27 Sentencias SU-774 de 2014 y 636 de 2015.
28 Cargas Probatorias Dinámicas, Jorge W. Peyrano, Inés Lepori White, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires.
29 Cfr. T-1306 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). En esta misma providencia, la Corte estableció que “(...) si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho material (art. 228)”.
30 Sentencia T-591 de 2011.
31 Sentencia T-926 de 2014.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. 28 de agosto de 2014, Rad. 32988: “el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas”.
33 Sentencia C-832 de 2001.
34 Sentencia C-644 de 2011.
35 Sentencia C-832 de 2001. El sostén original de esta tesis parte de la idea de culpa en contra de la persona jurídica, pues se supone que ésta ha debido de elegir bien a sus agentes (culpa in eligiendo) o ha debido vigilarlos diligentemente (culpa in vigilando).
36 Cfr. Sentencia C-832 de 2001.
37 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del junio 30 de 1962, M.P. José J. Gómez. La tesis de falla del servicio público o culpa de la administración, se estructuró bajo el supuesto de que “entre los deberes sociales del estado sobresale el de prestar a la colectividad servicios públicos eficientes, así que fallando éstos, deja de cumplir el ordenamiento constitucional y debe reparar el daño”. Como lo reconoció esta Corte previamente en la Sentencia C-285 de 2002, la responsabilidad indirecta del Estado se sustentó por la Corte Suprema de Justicia básicamente, en los artículos 2347 y 2349 del Código Civil, mientras que la responsabilidad directa, lo hizo en el artículo 2341 de ese mismo estatuto, incorporando la teoría de la culpa de la administración a la explicación de los fundamentos de la responsabilidad patrimonial del Estado
38 Sentencia T-926 de 2014.
39 Sentencia C-957 de 2014.
40 Sentencia C-832 de 2001, citada en Sentencia C-957 de 2014.
41 “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
42 Sentencia C-832 de 2001.
43 Sentencia C-333 de 1996.
44 Sentencia C-957 de 2014.
45 Sentencia C-043 de 2004.
46 Sentencia C-333 de 1996.
47 Sentencia C-484 de 2002.
48 Couture, Eduardo J. Fundamentos del derecho procesal civil, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1962.
49 Sentencia C-202 de 2005.
50 Sentencia T-442 de 1994.
51 Sentencia SU-1185 de 2001.
53 “Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas”.
54 Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas.
55 Sentencia del 11 de agosto de 2010, Exp. 19056, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Así mismo, sentencia del 18 de julio de 2012, Rad. 24.963.
56 C.P. Danilo Rojas Betancourth.
57 Medicina forense, Giraldo G. César Augusto. 10ª edición, 2001, Señal Editora, págs. 250 a 259.
58 Medicina legal, criminalística y toxicología para abogados, Solórzano Niño, Roberto. Ed. Temis, 2009, pág. 372.
59 Sentencia C-590 de 2005. En esa ocasión, la Corte Constitucional declaró inexequible una norma en la cual se disponía que contra los fallos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los que se declarara fundada una causal propuesta, no procedía recurso “ni acción”. Esta corporación sostuvo entonces que sí procedía acción de tutela, con determinados requisitos.
60 Arts. 185 Código Contencioso Administrativo y 250 de la Ley 1437 de 2011.
61 A través del cual se declaró administrativamente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de los perjuicios ocasionados a los demandantes.
62 No fue tachado por las partes dentro del proceso de reparación directa. La Nación – Mindefensa – Policía Nacional al responder la demanda se opuso a las pretensiones, toda vez que a su juicio no se demostró la falla del servicio y, por el contrario, dio por probado el daño al advertir que este “ocurrió por fuerza mayor a manos de terceros ajenos a la administración. Ver fl. 159, cdno. anexo.

References: artículo 61
 artículo 174
 artículo 74
 artículo 75
 resolución 
 artículo 228
 artículo 90
 artículo 50
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 86
 artículo 140
 artículo 251
 artículo 252
 artículo 165
 artículo 176
 artículo 176
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 106
 artículo 106
 artículo 252
 artículo 250
 artículo 2341