Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1194535
Timestamp: 2020-04-06 11:42:57+00:00

Document:
Turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas turísticas
Decreto ley 1/2020 de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas turísticas (BOCAIB de 23 de enero de 2020) Texto completo.
Para muchos grupos, especialmente los comprendidos en edades más tempranas, el ocio en general y especialmente el ocio nocturno se produce mayoritariamente asociado al consumo abusivo, entre otros, de bebidas alcohólicas. Pero, además, entre aquellos que practican estos estilos de vida se observa una baja percepción del riesgo asociado. Hay que señalar que son los adolescentes y los jóvenes menores de edad quienes más participan en los denominados “consumos recreativos”.
En este sentido, se tienen que mencionar los informes enviados por el Ayuntamiento y la Policía Local de Calvià; la Policía Local de Palma; la Policía Local de Llucmajor; la Delegación del Gobierno en las Illes Balears y la Consejería de Salud y Consumo, en cuanto a las incidencias sanitarias en las zonas turísticas afectadas por este Decreto ley y al gasto sanitario ocasionado. En estos informes se pone de manifiesto que hay razones urgentes y de interés general para que se disponga de un marco regulador autonómico que permita homogeneizar y dotar de una mayor eficacia a las diversas administraciones en la consecución de un modelo turístico sostenible y de calidad.
Todo ello se encuentra diametralmente en contra del objetivo de Gobierno de las Illes Balears, que va encaminado a mejorar la competitividad del sector turístico por medio de un turismo sostenible, responsable y de calidad en nuestras islas, objetivo que, por otra parte, es el que condujo a la aprobación del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears, mediante la Ley 2/2016, de 30 de marzo .
3. Por otra parte, dado que se incide sobre actividades de servicios (comercios y establecimientos turísticos) se tiene que hacer referencia a que la Ley 20/2013, de 9 de diciembre , de garantía de la unidad de mercado (en adelante LGUM), establece unos principios sobre el libre acceso en las actividades de servicios y el ejercicio de estas, que se tienen que aplicar en cualquier actividad económica que se tenga que desarrollar en el territorio nacional, y a ciertas limitaciones que se establecen en el ejercicio de actividades económicas en este Decreto ley que podrían afectar el principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones recogido en el artículo 5 de la LGUM.
4. En cuanto a salud pública y consumo, el artículo 30.48 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, aprobado por la Ley orgánica 1/2007 , atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de promoción de la salud en todos los ámbitos, en el marco de las bases y la coordinación general de la sanidad. También el artículo 31.4 del Estatuto atribuye a la Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de salud y sanidad.
De otra parte, el artículo 58.3 indica que en las competencias que los consejos insulares han asumido como propias el Gobierno de las Illes Balears puede establecer los principios generales sobre la materia garantizando el ejercicio de la potestad reglamentaria de los consejos. En este sentido, el artículo 70. 3 dispone que son competencias propias de los consejos: “Información turística. Ordenación y promoción turística”.
5. El artículo 49 del Estatuto de autonomía permite al Gobierno dictar medidas legislativas provisionales, en forma de decreto ley, en casos de necesidad extraordinaria y urgente, las cuales no pueden afectar materias determinadas. Se trata de una figura inspirada en la que prevé el artículo 86 de la Constitución española, el uso de la cual ha producido una jurisprudencia extensa del Tribunal Constitucional. El alto tribunal ha insistido en que la definición, por los órganos políticos, de una situación de extraordinaria y urgente necesidad tiene que ser explícita y razonada, y que tiene que haber una “conexión de sentido” o relación de adecuación entre la situación excepcional y las medidas que se pretenden adoptar, que tienen que ser idóneas, concretas y de eficacia inmediata. Es exponente de esta doctrina constitucional la Sentencia 12/2015, de 5 de febrero, en la cual se recogen los pronunciamientos reiterados del alto tribunal sobre la utilización de este instrumento normativo.
1. Se prohíbe la publicidad, por cualquier medio, que tenga como objetivo y finalidad incentivar el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos y hacer cualquier oferta en este sentido, como por ejemplo barra libre, free bar, happy hour, 2x1, 3x1 u otros análogos.
2. En cualquier establecimiento en el que haya venta de bebidas alcohólicas, tanto para consumo en el local como para venta, el precio de las bebidas alcohólicas tiene que ser el que figure en la lista de precios unitarios que esté expuesta, sin que se pueda hacer ningún tipo de oferta como, por ejemplo barra libre, free bar, happy hour, 2x1, 3x1 u otras análogas. Los establecimientos de restauración pueden incluir hasta un máximo de tres unidades de bebida alcohólica en la oferta de sus menús de comida o cena. Esta limitación queda exceptuada, si se integra en un contrato comercial con el establecimiento con motivo de seminarios, congresos, conferencias, convenciones o ferias y, asimismo, si se llevan a cabo acontecimientos o celebraciones de bodas, comuniones o bautizos, siempre que el número mínimo de asistentes supere las veinte personas y se alquile para la celebración un espacio del establecimiento, como salas o restaurantes.
4. El procedimiento sancionador se tiene que instruir y resolver de acuerdo con el régimen sancionador que se contiene en la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y los principios y disposiciones que se contienen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre , de régimen jurídico del sector público.
No se pueden presentar nuevas declaraciones responsables por las empresas titulares de embarcaciones de transporte marítimo de carácter turístico o recreativo que organicen fiestas o bailes a bordo, a las cuales hace referencia el artículo 147 del Decreto 20/2015, de 17 de abril, de principios generales y directivos de coordinación en materia turística; de regulación de órganos asesores, de coordinación y de cooperación del Gobierno de las Illes Balears, y de regulación y clasificación de las empresas y de los establecimientos turísticos, dictado en desarrollo de la Ley 8/2012, de 19 de julio , de turismo de las Illes Balears.

References: artículo 5
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 58
 artículo 70
 artículo 49
 artículo 86
 artículo 147