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Timestamp: 2020-08-09 22:59:32+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 9, de 14/02/2012
Año 2012 X Legislatura Núm. 9
Sesión plenaria núm. 8
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la continuidad de los centros especiales de empleo. (Número de expediente 172/000007.) ... (Página4)
Modificación del orden del día ... (Página4)
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre revisión del estatuto de los expresidentes del Gobierno y promoción de las iniciativas legislativas necesarias para garantizar la transparencia en su régimen de retribuciones y regular su régimen de incompatibilidades entre la percepción de retribuciones con cargo a fondos públicos y privados. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 11, de 3 de enero de 2012. (Número de expediente 162/000052.) ... (Página4)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el Plan de derechos humanos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 7, de 28 de diciembre de 2011. (Número de expediente 162/000037.) ... (Página11)
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cumplimiento del "Plan nacional de reserva estratégica de carbón 2006/2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras". (Número de expediente 173/000001.) ... (Página18)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de estabilidad presupuestaria del Gobierno para las administraciones públicas en desarrollo de las previsiones del artículo 135 de la Constitución española. (Número de expediente 173/000002.) ... (Página24)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página31)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página32)
Conforme a lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente semana del punto número 23, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), lo que se aprueba por asentimiento.
La Presidencia somete a la Cámara la modificación del orden del día de la presente semana, en el sentido de que el punto número 24, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, pase a debatirse antes del punto 22, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, lo que se aprueba por asentimiento.
Del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, sobre revisión del estatuto de los expresidentes del Gobierno y promoción de las iniciativas legislativas necesarias para garantizar la transparencia en su régimen de retribuciones y
regular su régimen de incompatibilidades entre la percepción de retribuciones con cargo a fondos públicos y privados ... (Página4)
Presenta la proposición no de ley el señor Martínez Gorriarán, en nombre del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Tardà i Coma y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto y Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sánchez Amor, del Grupo Parlamentario Socialista y Gómez de la Serna y Villacieros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Martínez Gorriarán.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el Plan de derechos humanos ... (Página11)
Presenta la proposición no de ley el señor Esteban Bravo, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Gil Lázaro, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista y Salvador Armendáriz y Urbina Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia; los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor Gil Lázaro solicita la palabra sobre la base del artículo 70, que no le es concedida.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Esteban Bravo.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página18)
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cumplimiento del "Plan nacional de reserva estratégica de carbón 2006/2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras" ... (Página18)
Defiende la moción el señor Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Álvarez Sostres y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia; Sánchez Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Yuste Cabello.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de estabilidad presupuestaria del Gobierno para las administraciones públicas en desarrollo de las previsiones del artículo 135 de la Constitución española ... (Página24)
Defiende la moción el señor Saura García, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia; la señora Romero Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; los señores Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Quevedo Iturbe y las señoras Jordà i Roura y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Saura García.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, sobre revisión del estatuto de los ex presidentes del Gobierno y promoción de las iniciativas legislativas necesarias para garantizar la transparencia en su régimen de retribuciones y regular su régimen de incompatibilidades entre la percepción de retribuciones con cargo a fondos públicos y privados, se rechaza por 26 votos a favor, 291 en contra y tres abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el Plan de derechos humanos, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 306 votos a favor, 14 en contra y una abstención.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cumplimiento del Plan nacional de reserva estratégica de carbón 2006/2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 127 votos a favor y 192 en contra.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de estabilidad presupuestaria del Gobierno para las administraciones públicas en desarrollo de las previsiones del artículo 135 de la Constitución española, se rechaza por 108 votos a favor, 180 en contra y 32 abstenciones.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA CONTINUIDAD DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. (Número de expediente 172/000007.)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 23, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto de referencia.
El señor PRESIDENTE: Asimismo, se propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 24, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, pase a debatirse antes del punto 22, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE REVISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS EX PRESIDENTES DEL GOBIERNO Y PROMOCIÓN DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN SU RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES Y REGULAR SU RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES ENTRE LA PERCEPCIÓN DE RETRIBUCIONES CON CARGO A FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. (Número de expediente 162/000052.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a sustanciar el punto I del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre revisión del Estatuto de los expresidentes del Gobierno y promoción de las iniciativas legislativas necesarias para garantizar la transparencia en su régimen de retribuciones y regular su régimen de incompatibilidades entre la percepción de retribuciones con cargo a fondos públicos y privados. Para la presentación de esta iniciativa tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Señor presidente, muchas gracias.
Señorías, la PNL que hemos presentado, relativa al régimen de retribuciones de los expresidentes, no es una cuestión que tenga que ver con la contabilidad nacional o con políticas de ahorro en momentos de crisis, sino que me gustaría dejar claro que para nosotros es ante todo una cuestión de ética pública que paso a explicar. En realidad, creo que es importante entender que esta propuesta se enmarca en la percepción de que lo que estamos atravesando no es una mera crisis económica; es también, sobre todo, una crisis social, una crisis política y una crisis, unido a todo ello, de valores. Para salir de la crisis actual en la que estamos metidos hace falta tomar reformas políticas de calado, profundas y ambiciosas. Una de ellas, que sin duda tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo, es la de promocionar medidas de regeneración de la ética pública. No queremos decir con esto que el régimen retributivo de los expresidentes sea un régimen inmoral o que ataque a la ética tal como se entiende o como una serie de creencias privadas, pero sí que realmente no es de recibo que en una situación como la actual en la que se están exigiendo e imponiendo a los ciudadanos que sostienen el sistema político con sus contribuciones e impuestos todo tipo de medidas restrictivas -subida de impuestos, congelación del salario mínimo interprofesional, retraso
de la edad de jubilación, etcétera-, sin embargo, queden al margen de todo este tipo de medidas eso que los medios de comunicación y también ya el lenguaje coloquial han dado en llamar la clase política, la casta política. Desde luego puede parecer injusto que se achaque en general a la clase política o a la casta política el estar al margen de estas medidas de austeridad que exige la crisis. Sin embargo, esa es la percepción que existe y realmente no es una percepción irreal como se percibe cuando uno recibe, por ejemplo, como respuesta de los medios de comunicación a la propuesta que estamos haciendo que 80.000 euros anuales son más o menos algo así como un dinero de bolsillo, una calderilla para gastos que los expresidentes deben afrontar.
Todos sabemos que en España el sueldo medio es de aproximadamente 22.500 euros anuales -la media, con grandes desigualdades-, que gran parte de los salarios en España están incluso por debajo de los 1.000 euros mensuales y que por lo tanto de lo que estamos hablando no es tanto de una cuestión de contabilidad -insisto-, de una cuestión de políticas de ahorro como de una cuestión de ética pública; es decir, de cómo entendemos los aquí presentes, esta Cámara y en general todos aquellos que tenemos cargos políticos representativos, cuál debería ser la respuesta de los cargos públicos y de los excargos -en este caso de los ex presidentes del Gobierno- a una emergencia como la que la actual crisis plantea. Me gustaría señalar, además, que si hemos escogido a los ex presidentes del Gobierno no es porque sean pocos o porque no sean de nuestro partido o cosas parecidas; es porque precisamente debido al alto cargo que han ostentado tienen un efecto de representatividad, de ejemplaridad pública, que es lo que buscamos. Lo que intentamos es enviar a la opinión pública un mensaje de que aquellos que tenemos cargos públicos y vamos a dejar de tenerlos estamos absolutamente convencidos de que en ningún caso debemos utilizar esta situación transitoria para acumular privilegios. Porque se quiera entender como se quiera entender, si al ciudadano corriente, es decir, al 99,99 por ciento de las personas de la sociedad se les prohíbe percibir simultáneamente retribuciones públicas y retribuciones privadas es porque es un privilegio, es porque es una norma excepcional que va en contra de la norma universal que dice que no debemos mezclar los intereses privados con los intereses públicos. Por lo tanto, si alguien recibe retribuciones públicas es porque no está empleando su cargo o su situación particular institucional al servicio de sus intereses privados. Este es el sentido que tiene decir que también a los ex presidentes del Gobierno -por pocos que sean, por modestas que a algunos les puedan parecer las retribuciones que perciben- se les aplique la ley general. Se trata ante todo de imponer el principio de igualdad ante la ley, que es el básico de la democracia. No hay excepciones a la idea de que todos debemos estar sometidos a un régimen de incompatibilidades en lo que se refiere a las retribuciones. O escogemos retribuciones públicas -y en ese caso nos retiramos de la actividad privada- o nos dedicamos con todo derecho a la actividad privada pero no aspiramos a retribuciones públicas.
Es fundamental además llamar la atención sobre el cambio que se está produciendo en la opinión pública respecto a la percepción de cuáles son estos privilegios de la llamada clase política. No es un tema banal. Los barómetros del CIS nos dan la información de que en el año 2008, al comienzo de la crisis, justo cuando comenzaba pese a que se negaba, solamente un 7 por ciento de los encuestados consideraban que la clase política, así en general, fuera un grave problema para este país. En el último barómetro -en el de diciembre, en el de enero exactamente no lo sé-, ese porcentaje había subido hasta casi el 20 por ciento. Lo que estamos diciendo es ni más ni menos que el 20 por ciento de las personas encuestadas por el CIS en España consideran que los partidos políticos, los que ocupan cargos, la clase política en general son en sí mismos un problema para este país. Y este es un problema sumamente grave que no debería ser ni ignorado ni despreciado ni minusvalorado. Tenemos experiencias históricas precedentes suficientemente alarmantes para recordar lo que pasó en Europa entre 1905 y 1939, cuando se unió una gran recesión, una gran depresión económica, con el auge de movimientos antisistema. Aunque ahora la situación no sea la misma -y no se trata de ser agoreros-, sí que hay que tener en cuenta que este crecimiento constante y permanente de la actitud de rechazo frontal a la clase política, que además, por cierto -les quiero subrayar- según el propio CIS viene de los sectores más politizados y no de los más despolitizados, es un problema que debería considerarse una emergencia política y no una cuestión banal.
Por tanto, lo que nosotros les proponemos es tratar esta cuestión como una cuestión de ética pública. ¿En qué consiste esta llamada a la ética pública? En que todos los ex altos cargos del Estado, comenzado por los ex presidentes del Gobierno -como decía- por el valor ejemplar que tienen, renuncien; es decir, hagamos que por ley sea incompatible la percepción simultánea de retribuciones públicas y privadas, y también de más de una retribución pública. Esto, por supuesto, se puede ir concretando y detallando más adelante, pero lo que nosotros ahora planteamos aquí, como un comienzo de esta regeneración del sistema, es que los ex presidentes del Gobierno tengan que elegir -como les decía- entre retribuciones privadas que les vengan por sus actividades profesionales, sean las que sean, o retribuciones públicas; que sea una o y no una y. Aquí la conjunción es absolutamente esencial y elemental. Se trata de enviar un mensaje a la sociedad de que a la clase política, así llamada, realmente le importa y le interesa la igualdad, y de que no son una especie de anfibios extraordinarios que, a diferencia de los ciudadanos corrientes, tienen la habilidad y la cualidad reconocida legalmente, que se prohíbe a todos los demás, de tener beneficios privados y beneficios públicos simultáneamente. Esa es la cuestión y eso es lo que nosotros queremos plantear con esta
proposición no de ley. Insisto, no es tanto una cuestión de montante económico, que tampoco es despreciable en una situación de crisis, porque a la zaga de los expresidentes se han ido apuntando, como no podía ser menos, ex presidentes autonómicos, exministros, ex consejeros autonómicos, ex presidentes del Congreso y del Senado, ex presidentes también del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, etcétera, y de lo que se trata es -como decía- de enviar ante todo un mensaje a la opinión pública de que hay una profunda preocupación por la moralización de la vida política. Eso es lo que nosotros les queremos proponer y ese es el sentido de nuestro proposición no de ley, no tanto como el ahorro, que sin duda no es importante, que se conseguiría con esta medida. Y eso es lo que sometemos a su votación.
Se han presentado enmiendas formuladas por algunos grupos. Interviene para su defensa, en primer lugar, por el Grupo Mixto el señor Tardà.
Señorías, en la pasada legislatura el Partido Socialista y el Partido Popular rechazaron una iniciativa parlamentaria de Esquerra Republicana de Catalunya para eliminar el sueldo vitalicio de los señores Aznar y González. Repito, el Partido Socialista y el Partido Popular nos la rechazaron, y blindaron la jubilación de oro al señor Aznar y al señor González; por cierto, impúdico, máxime en los tiempos que vivimos, y muy poco de izquierdas si miro al señor González y a los compañeros del Partido Socialista, porque además este sueldo vitalicio es compatible con otros ingresos de estos señores al servicio de las multinacionales y de empresas que acumulan muchos, muchos, muchos beneficios a costa de la ciudadanía. Luego no nos llevamos a engaño sobre esta propuesta de los compañeros de UPyD. Creo que es buena y la vamos a votar favorablemente. (Risas.) Rían, rían, la vergüenza fue que ustedes en la pasada legislatura rechazaron nuestra demanda. Vamos a votar a favor, por supuesto; cómo no vamos a votar a favor, cuando todos sabemos cuál es la visión que ciertamente tiene la ciudadanía, que creo muy injusta, aun cuando a veces parece que queremos darle razones para que pueda opinar francamente de una forma no demasiado favorable de los políticos, lo cual nos lleva a preocuparnos sobre los mismos fundamentos del sistema democrático.
Ahora bien, debo decir que para nosotros sería interesante que el grupo proponente aceptara dos enmiendas nuestras. Creo que son buenas. En una pretendemos que el Congreso de los Diputados manifieste la voluntad de crear una comisión de estudio para la eliminación de los privilegios de ciertos políticos. Además, para que podamos hacer un buen trabajo en esta Cámara, pedimos e instamos al Gobierno para que envíe a esta Cámara un completo y detallado informe respecto de todas las prerrogativas y demás beneficios existentes, tanto en la Administración General del Estado como en los órganos constitucionales. Entendemos que este informe lo debe incluir todo, desde las tarjetas de crédito y su disponibilidad hasta los regalos institucionales, pasando por todo aquello que hoy día es motivo de escándalo. Por ello, señorías, manifestamos nuestro voto favorable a la iniciativa de UPyD y les pedimos que acepten nuestras enmiendas porque creo que, dicho con toda humildad, mejoran su buena propuesta.
Por el mismo Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví.
Desde aquí voy a anunciar al grupo UPyD que Compromís Equo también va a apoyar esta propuesta en coherencia con la propuesta que ya hizo Compromís en el Parlamento valenciano, donde añadimos dos artículos al Estatuto de los expresidentes valencianos, en el sentido de: Los presidentes del Gobierno no podrán, desde el momento en que se produzca el cese, ejercer funciones directivas o de asesoramiento a ninguna empresa pública ni privada a excepción de empresas familiares o de titularidad propia y gozar al mismo tiempo de los derechos y prerrogativas recogidos en los artículos de esta ley. En el caso de que un expresidente acceda a funciones directivas o de asesoramiento de empresa pública o privada a que hace referencia el apartado anterior, cesaría inmediatamente en los derechos y prerrogativas antes enunciados. En la proposición que hicimos en el Parlamento valenciano quisimos introducir -y yo creo que también estaría bien que se introdujera aquí- un nuevo artículo que creo necesario a la vista de cómo están algunos expresidentes tanto en el País Valenciano como en las Islas Baleares y que hace referencia a presidentes imputados. En ese sentido, cuando un presidente o expresidente sea condenado por sentencia firme por un delito contra la Administración pública de los tipificados en el título XIX del Código Penal o norma que le sustituya, ocurrido durante su mandato, faltando así a la dignidad y al decoro de las altas funciones ejercidas, será desposeído de la consideración, atención y apoyo recogidos en los artículos antes referidos. Sería muy conveniente hacer caso de esta iniciativa, dada la situación dramática que pasan muchísimas familias. En la actualidad, el espectáculo de algunos expresidentes cobrando grandes cifras en la empresa privada y al mismo tiempo aceptando lo que les da la jubilación es un poco injurioso e insultante para muchas familias. Por cierto, ¿por qué hay tantos políticos en los consejos de administración de los grupos energéticos? Este sería el momento de dar ejemplo y es lo que la gente de la calle espera.
El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, tiene que ir acabando.
El señor BALDOVÍ RODA: Acabo, me queda una frase.
En todo caso, soy muy escéptico respecto de que vaya a prosperar esta iniciativa porque también en nuestro Parlamento el PP se opuso a que prosperara esta iniciativa.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, nuestro grupo va a apoyar esta propuesta en coherencia con lo que hemos venido defendiendo en anteriores legislaturas; eso sí, hemos presentado una enmienda que creemos que la mejora. En todo caso, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo porque es importante que esta Cámara dé hoy un paso hacia delante en unos tiempos en los que el verdadero fascismo no viene levantando el brazo ni marcando el paso de la oca, sino que viene en la ola del desprestigio de la política y de los políticos; en unos tiempos en los que es fundamental recuperar la ética pública; en unos tiempos en los que es fundamental recuperar el concepto de representatividad de los ciudadanos para que se sientan identificados con quienes los pueden gobernar. Por eso, esta iniciativa tiene un calado importante desde el punto de vista de las ideas, de la defensa de una transparencia y de una coherencia. Y no solamente porque estamos en crisis; esta propuesta tiene valor para siempre. No solamente porque estamos en crisis es fundamental que haya incompatibilidad entre un sueldo público y un trabajo privado, sino que aunque no haya crisis es fundamental que quien ha sido presidente del Gobierno después no trabaje en una empresa que ha sido privatizada. Es fundamental que los ciudadanos recuperen credibilidad y, aun a sabiendas de que puedan ser injustas o tendenciosas muchas de las críticas que se pueden hacer a la política y a los políticos, es clave que hoy aquí demos un paso hacia delante y marquemos la diferencia con un pasado que no es presentable, un pasado en el que después de ser presidente -y no es una frase nuestra- se pasaba a la categoría de jarrón chino pero se podía seguir ejerciendo en el trabajo privado. Queremos que los expresidentes sean jarrones chinos, pero que estén para eso, para ser cuidados y mimados, no para ser utilizados en el mercado.
Es muy importante que la ciudadanía hoy mire a esta Cámara y vea que sus representantes son conscientes de lo que hoy pide la mayoría de la población, y hoy la mayoría de la población nos pide que demos ejemplo de lo que tiene que ser defender la dignidad de un presidente, de un expresidente o de un ex alto cargo y de lo que tiene que ser una incompatibilidad regulada para administrar después empresas en cuya privatización ha podido intervenir él mismo, algo que nosotros no justificamos de ninguna manera. Pero no es solo que no lo justifiquemos nosotros -sé que eso para ustedes tiene un valor muy limitado-, sino que, como les digo, estamos alimentando valores contrarios a la democracia; estamos alimentando ese fascismo oculto, ese fascismo de rostro humano que quiere avanzar sobre la ola de acabar con el prestigio de la política, que quiere sacar a la ciudadanía de la política, que quiere sacar al ciudadano y a la ciudadana de la identificación con sus dirigentes.
Por eso, es muy importante que hoy aquí, en esta Cámara, seamos conscientes de lo que votamos, que sean ustedes conscientes de lo que votan; que sean conscientes de que si hoy aquí rechazamos esta propuesta estamos diciéndole a la gente que queremos constituir una casta política, que ustedes quieren hacer una clase política que nosotros rechazamos. Nosotros creemos que hoy aquí tendríamos que ser mucho más gente que políticos, tenemos que estar mucho más identificados con la ciudadanía que con lo que hoy puede ser el privilegio de unos dirigentes.
Por eso, como decía, la propuesta tiene más valor que lo que pueda representar su propia redacción; la propuesta tiene el valor de abrir un debate, de abrir una reflexión fundamentalmente sobre la diferenciación entre el representante político y el trabajador, el ciudadano normal de a pie. Y no tiene que haber ningún privilegio; tampoco tiene que haber ningún castigo. Nosotros rechazamos que se criminalice a la política, a los políticos; rechazamos cualquier ataque que pueda haber hacia la política porque, repito, eso esconde fascismo puro y duro, pero tampoco podemos darle pie, tampoco podemos en estos momentos servir para eso. Hemos criticado y seguiremos criticando que haya presidentes que dejen de ser presidentes y pasen a la Función pública. También hemos criticado que pueda haber privilegios que se utilicen después, cuando uno ya no ejerce el cargo. Por eso -repito-, los jarrones chinos tienen que ser cuidados y mimados, pero no pueden estar en El Corte Inglés o en un centro comercial para su venta al mejor postor. Tenemos que cuidar esta imagen de la política y hoy aquí tenemos esa oportunidad. No ha habido ni siquiera enmiendas para mejorar por parte de los grupos mayoritarios y nos consta que ustedes van a decir que no, pero hoy ustedes aquí asumen esa responsabilidad, que le criticaremos en esta Cámara y también cuando salgamos porque la gente tiene derecho a saber lo que ustedes van a votar hoy aquí.
Para exponer la fijación de posiciones de los grupos tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) el señor Esteban.
Me temo -esperaba que no- que, dadas las intervenciones de hoy, volvemos a la política espectáculo en este hemiciclo. Y lo digo por el mensaje que se ha querido enviar desde el proponente, ya que en mi opinión este ha sido un mensaje dirigido únicamente a la opinión pública, rodeado de moralina y de bastante demagogia, y porque además si lo unimos a la interpelación que se ha presentado, me parece que las iniciativas de su grupo van a ir por la política espectáculo, al menos en este inicio de la legislatura. Suscitar este tema, con el cual nosotros estamos a favor, es decir, creemos que se debería regular de una manera distinta al estatus de los expresidentes, al inicio de la legislatura llama la atención. Desde luego, llama la atención la enmienda presentada por el Grupo Esquerra Republicana, desde la simpatía que tengo al señor Tardà. Sinceramente, la propuesta que hacen me parece que es la intención de hacer un Hola de la política. Otra vez escarnio público y dar a entender que esto es un cachondeo y que todos los políticos tienen privilegios y se benefician. Y mire, no; más descrédito para la política, no. Eso no ayuda ni a la democracia ni a la transparencia que usted dice pretender, todo lo contrario.
Nuestra opinión ya fue explicitada dos veces en esta Cámara. Para nosotros los expresidentes deben gozar de un estatus lo suficientemente honorable, que les permita vivir correctamente y que también en cuanto a expresidentes les permita desempeñar labores, funciones en cargos que el Estado pueda entender en algún momento necesarios. Nos parece que mantener una retribución y un cierto estatus para los ex presidentes del Gobierno es algo correcto y que se debe hacer. Ahora bien, cosa diferente es que un expresidente opte por dejar aparcado el carácter público de su actividad, aunque no ejerza la Función pública, quiero decirlo claramente. Puede que no esté ejerciendo Función pública alguna, pero puede que su actividad sea únicamente relacionada con temas públicos. Si esto es así, mientras se mantenga eso, de acuerdo, que siga recibiendo unos honorarios, pero si abandona esta exclusividad o en su totalidad el carácter público de su actividad, parece lógico, parece claro que no es necesario que el Estado tenga que subvenir a su mantenimiento. Por lo tanto, creemos que debería haber una incompatibilidad y en este sentido coincidimos con lo que decía el señor Rubalcaba en la precampaña, exactamente el sábado 8 de octubre, que venía a decir que un político, un sueldo. Pues lo mismo con los ex presidentes del Gobierno, mientras estos sean políticos, un sueldo, pero si se dedican a otras cosas, pues no. Se dice que es una asignación para la oficina, que la retribución son dos años, que después desaparece. ¿Para qué la necesita si se dedica al lobby o si se dedica a actividades privadas? ¿Es que no tiene ya una secretaria y no tiene ya suficientes medios en el ámbito privado? Además, dinero público no vamos a poner para eso. Por tanto, como se suele decir: o a peras, o a Rolex; o a setas, o a Rolex; o estamos a una cosa, o estamos a otra; o se pretende ser lobbista y defender determinados intereses de algunos consejos de administración, o se pretende defender los intereses del Estado y, por tanto, en esta situación -únicamente en esta situación- sí estaría justificado ese estatus representativo y esa retribución.
La verdad es que nuestra intención era votar a favor de la propuesta que hacía UPyD, porque nos manifestamos también en este mismo sentido en la legislatura anterior. No estamos de acuerdo -ya lo dijimos entonces- con los límites temporales. Los límites temporales no tienen por qué existir si una persona no entra en actividades privadas. A nosotros nos parece que la dignidad de un excargo de estas características no estaría en absoluto en desacuerdo con que hubiera un sueldo político. Íbamos a votar a favor, insisto, pero no sé en qué va a quedar la transaccional, porque, sinceramente, la transaccional desvirtúa todo. ¿Cuál es la intención? ¿Mejorar la regulación existente o hacer política espectáculo, hacer una comisión, un informe respecto a todas las prerrogativas y demás beneficios que -esto lo digo yo- supuestamente reciben quienes ostentan cargos públicos? ¿Política-demagogia con medidas en lugar de tratar de encontrar la solución, política-espectáculo o verdadera intención de modificar la reglamentación existente? Pues dependiendo de eso, de cuáles sean sus intenciones y de cómo sea la propuesta que se eleve, será nuestro voto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Además, señor Esteban, se ha ajustado perfectamente a su tiempo.
Señorías, la primera propuesta que el Grupo de UPyD, como tal grupo parlamentario, plantea en esta X Legislatura es una propuesta en la que, dando prioridad a este asunto, podría parecer que es lo más urgente que en estos momentos debe o puede acordar el Pleno de la Cámara para instar al Gobierno a que presente un proyecto de ley; un proyecto de ley teledirigido a la figura de los ex presidentes del Gobierno, de sus llamados privilegios, de sus atribuciones. Se busca un objetivo, el objetivo de: vamos a estigmatizar de alguna manera a la clase política y lo vamos a focalizar en la figura de los ex presidentes del Gobierno. Esta es para su grupo parlamentario, señor Martínez, la primera propuesta que plantean ante el Pleno del Congreso de los Diputados en esta legislatura. Coincido con el señor Esteban en que es un cierto planteamiento de ir a buscar lo que en estos momentos puede vender ante un determinado sector de la opinión pública, de buscar una propuesta que puede ser oportunista, que puede perseguir esa política-espectáculo de la que Convergència i Unió quiere apartarse. Esta función, la función parlamentaria y la función política, o la dignificamos
entre todos los que estamos aquí o nadie nos la va a dignificar. Debemos defenderla entre todos los que estamos aquí, sabiendo como sabemos que hay disfunciones que debemos corregir. En la propuesta que ustedes presentan alguna disfunción hay, que yo comparto y que debemos corregir, pero debemos huir de planteamientos que pueden alejarse del rigor y de la seriedad y buscar ese oportunismo que algunos sectores fuera de aquí nos buscan, y si nos buscan habrá quien quiera que les encuentren, no Convergència i Unió. Mi grupo está para esa dignificación de la función parlamentaria, de la función política, de quienes han ejercido ese rol institucional importantísimo de haber sido presidentes del Gobierno.
Estamos hablando de unas figuras que son piezas claves en nuestro sistema parlamentario y democrático, la figura de un ex presidente del Gobierno, y cierto es que existe una normativa que establece que tras dos años en los que perciben una indemnización por tener incompatibilidad para realizar otras actividades, reciben una asignación para llevar a cabo una oficina de expresidente para ejercer ese rol que pueden y deben desempeñar. Convergència i Unió está a favor de que los ex presidentes del Gobierno puedan desempeñar ese rol institucional porque tienen mucho que aportar por su experiencia, por lo que han vivido, por las decisiones que han tenido que impulsar y adoptar, con sus luces y sus sombras en cada uno de sus mandatos. Pero no podemos despreciar esa labor, ese rol que pueden y deben realizar los ex presidentes del Gobierno jugando a corto, pidiéndole al Gobierno que con prontitud, en dos meses, replantee esa oficina del ex presidente del Gobierno, que entendemos que puede tener su utilidad. Otra cosa distinta -por eso le decía, señor Martínez, que hay aspectos de su propuesta que podemos entender- es cuando un ex presidente del Gobierno, legítima y lícitamente, decide llevar a cabo una actividad privada muy potente, una actividad privada empresarial muy importante, con importantes retribuciones privadas también, y hacer eso compatible con la asignación que se pueda recibir. Quiero citar a mi buen amigo y exdiputado Jesús Quijano que, pronunciándose sobre idéntico debate en la pasada legislatura, decía que esto puede ser legal y lícito, pero que en ocasiones no es estético o puede parecer menos ético y, por tanto, aquí quizá sí se abre una brecha de reflexión de futuro, brecha en la que también podríamos aprovechar que el propio Gobierno ha anunciado un proyecto de ley de transparencia en el ejercicio de los cargos públicos y de transparencia en el ejercicio de la utilización de todos los presupuestos públicos y, quizás en ese marco de la futura ley de transparencia, podamos entre todos, sin demagogia ni oportunismo, intentar regular mejor aquellas disonancias que se pueda entender, desde el consenso, que en ocasiones se dan. Pero, qué quieren que les diga...
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, tiene usted que acabar.
El señor JANÉ I GUASCH: Termino ya, señor presidente.
Otros países, que por suerte tienen un sistema democrático históricamente más consolidado que el nuestro, nos darían lecciones del rol, del prestigio y de la necesidad de dar ese papel institucional a quienes han sido sus presidentes de Gobierno. Me gusta saber preservar en nuestras leyes y en nuestro ordenamiento ese necesario rol institucional que estas personas que han servido al país y que de alguna manera tienen esa experiencia pueden y deben aportar.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sánchez Amor.
Hemos podido apreciar, con toda nitidez, en este rato de discusión esta tarde que, además de la habitual alineación ideológica izquierda-derecha en este Parlamento, además de las alineaciones que tienen que ver con lo territorial, hay otra perfectamente obvia, la de los partidos que han gobernado habitualmente, la de los partidos que han sentido el peso de lo institucional, y los que hacen política con esa perspectiva que, por decirlo en términos populares, tiene más que ver con predicar que con la de dar trigo. Además, una variante de esa política leve, que debo decir que a veces envidio por esa levedad, es sencillamente seguir miméticamente los estados de opinión que se detectan en las encuestas: ¿que el CIS detecta un malestar con la política?, se hace sencillamente un discurso antipolítica. ¿Que hay un cierto cansancio o reticencia hacia las comunidades autónomas?, pues se hace política antiautonómica. ¿Que se pretende una circulación acelerada de las élites?, pues se habla del exceso de la profesionalización de la política, por cierto, desde carreras políticas a prueba de bomba. Y cuando alguna encuesta no es capaz de determinar una posición clara de la opinión pública, ese tipo de política sencillamente se calla. Eso puede ser muy populista, pero ayuda muy poco a un examen crítico de nuestro sistema político que posiblemente sea muy necesario. Esa flexibilidad de nuestro sistema político, demostrada durante mucho tiempo, no puede ser un sometimiento a las modas intelectuales de un cierto experimentalismo irreflexivo. Hablaba el texto de UPyD de un problema de transparencia y, como el señor Martínez Gorriarán no ha hablado de ello, me lo evito. Tampoco parece un coste excesivo -no ha insistido el señor Gorriarán en ello- Tenemos afortunadamente una Ley Electoral, alegremente desprestigiada muchas veces, que cumple perfectamente una de sus mejores funciones, hacer gobiernos estables, y como efecto colateral de esa Ley Electoral tenemos muy pocos expresidentes, cinco desde 1977, mientras que Italia ha tenido en ese periodo quince.
Se habla en el texto de UPyD de la consideración y respeto y de la dignidad institucional, y así han hecho referencia a esa cuestión algunos de los intervinientes. A nadie nos gustó ver cómo un primer ministro -no se trata de un primer ministro español- pasó a ser administrador de una empresa de gas rusa. Precisamente, porque esas cosas no gustan, no son lógicas en un sistema democrático, se crean este tipo de sistemas, que evitan un paso precipitado desde el poder público a los intereses privados, porque todos sabemos que además de las habilidades personales de nuestros primeros ministros, seguramente sus contactos y su agenda tienen también algo que ver con esas ofertas. Los países Schengen, por eso, tienen todos un régimen similar al que tenemos nosotros.
Se ha hablado poco hoy aquí de una cuestión que me parece esencial. ¿Por qué la democracia española no ha sido capaz de sacarles mayor rendimiento a sus ex primeros ministros? ¿Por qué no se les ha utilizado más frecuentemente para misiones de Estado? Ha vuelto a salir aquí la expresión, yo diría que la perversa imagen del jarrón chino, que está llena de connotaciones peyorativas, -inútil, que sobra o molesta-, pero en otros países esos jarrones chinos están ejerciendo funciones en la ONU o en la Unión Europea -Sampaio, Giscard, Blair-; otros en funciones humanitarias, como Carter, como Oscar Arias; otros para sus propios gobiernos, como el señor Villepin en Libia, como el señor Primakov en Medio Oriente, como el señor Fitzgerald en la pacificación de Irlanda, como el señor Martens en las crisis belgas. A los nuestros parece que solo se les llama desde fuera y me parece que deberíamos revisar por qué eso es así.
Hoy solo está en cuestión aquí, aunque ha salido la cuestión de la pensión y la de la asignación, la retribución, la llamada dotación para gastos, señor Gorriarán. No es una retribución, no es un sueldo, no es una pensión, es una retribución para gastos que no tiene una contraprestación concreta. Y si no se entiende eso, estamos llevando a la gente a una confusión, porque se le está hablando a la gente de dos sueldos, cuando no existe tal doble sueldo; existe el sueldo que tenga cada expresidente y una asignación para gastos. Y sobre esa cuestión ustedes plantean dos cuestiones: la duración y la incompatibilidad. Sobre la duración, lo lógico es que ese régimen se mantenga mientras exista la condición que da lugar a ese régimen especial. ¿Cuándo dejan de ser expresidentes los expresidentes? Nunca, ¿verdad? Por tanto, lo lógico es que el régimen de los expresidentes se mantenga mientras ellos sean expresidentes, es decir, para siempre. Los expresidentes no lo son durante una temporada y luego pasan a ser ciudadanos anónimos. ¡Qué más quisieran! Por suerte o por desgracia, están sometidos a un escrutinio público -no hay más que ver cómo las conferencias del señor Aznar o las propiedades del señor González están en los periódicos-, pero sobre todo se va a requerir su presencia social, académica y política en la vida pública española. Por tanto, si se va a pedir esa presencia parece lógico que el régimen que les habilita para hacerlo dignamente se mantenga hasta el último día con la misma dignidad que el primer día. En relación con la incompatibilidad, reitero que no se trata de una retribución, por tanto no se puede poner el ejemplo de una retribución pública y una retribución privada. Señor Gorriarán, UPyD parte de un sofisma. Puesto que un expresidente acepta una responsabilidad privada remunerada, deja de ser expresidente y no debe tener a su disposición estos medios. Eso no es así. Con independencia del juicio que merezca a cada uno -lo han dicho aquí algunos de los intervinientes-...
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez Amor, tiene usted que acabar.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Termino, señor presidente.
Lo que quiero decirles es que esos expresidentes lo son irremediablemente y van a ser requeridos para nuestra vida pública. ¿Qué preferimos? ¿Que vengan a ejercer su actividad como expresidentes dependiendo económicamente de Gazprom, o preferimos que ese billete de avión, ese hotel, ese cuarto, esa secretaría esté dotada por las instituciones españolas? Desde ese punto de vista, esta dotación de gastos no es más que una garantía para una mejor separación de los intereses privados y los intereses públicos. Por estos motivos, señor Gorriarán, vamos a votar en contra de su proposición no de ley, diciéndole, para terminar: utilicemos más a los ex presidentes del Gobierno y, sobre todo, no utilicemos esta tribuna para seguir desprestigiando la política.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gómez de la Serna.
El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Gracias, señor presidente.
Señorías, señores de UPyD, es la tercera vez que presentan ustedes, solos o en compañía de otros, una iniciativa de estas características en el plazo de un año. Yo comprendo que esta iniciativa tiene su morbo periodístico, tiene su pegada, es efectista y además les confiere a ustedes un indudable protagonismo. Están en su derecho, no faltaba más, pero de ahí a que esta sea una iniciativa de regeneración democrática del país, perdonen, señorías, pero ahí no vamos a estar de acuerdo. (Aplausos.) Nosotros creemos, señorías, que la regeneración democrática es otra cosa; regeneración democrática es fortalecer la independencia del Poder Judicial, es fortalecer el Tribunal Constitucional, es fortalecer la Fiscalía General del Estado, es generar austeridad en las administraciones públicas, es hacer que los gestores públicos sean responsables de su gestión también ante
los tribunales, es que en momentos de crisis como la que atraviesa España las iniciativas parlamentarias, en este momento durísimo de nuestra realidad, se centren en los problemas de la ciudadanía, y es también regeneración, señor Tardà, eso tan español de desterrar el cainismo político y el resentimiento. Quiero decirles, señorías, que la regeneración democrática es incompatible con el populismo, que es incompatible con el efectismo, que es incompatible con al demagogia. Y señor Martínez Gorriarán, si a mí esta tarde usted me mezcla en su intervención los efectos demoledores de la crisis económica con la situación de dos ex presidentes de Gobierno, yo le diré que mientras ustedes se ocupan -porque es su primera iniciativa- de esas dos personas, nuestro grupo se está ocupando de 5.300.000 parados en España. (Aplausos.) Intentemos, por lo tanto, desterrar los planteamientos facilones e intentemos desterrar la demagogia de esta Cámara, como se ha dicho ya en alguna intervención anterior.
Lo que ustedes le solicitan a la Cámara y al Gobierno, señorías, es que se introduzcan tres reformas en tres aspectos muy claros del Estatuto de los expresidentes. En primer lugar, que las asignaciones sean temporales y no vitalicias; como si fueran vitalicias todas ellas. En segundo lugar, que se establezca un régimen de incompatibilidades; como si no existiera. Y en tercer lugar, que esas retribuciones se perciban en régimen de transparencia; como si fueran opacas. Empezando por el tema de la transparencia, yo les diré, señorías, que todas las asignaciones de los expresidentes del Gobierno están en los Presupuestos Generales del Estado y que, por lo tanto, ni son oscuras, ni son poco transparentes, ni son poco diáfanas, están clarísimas y están allí negro sobre blanco para todo el que quiera consultar los presupuestos. Le diré además que, siendo eso así, lo que no podemos hacer es trasladar a los ciudadanos la sensación de que la situación es la contraria, porque eso además de demagógico es falso.
En segundo lugar, señorías, en cuanto a la temporalidad y a la compatibilidad, no se puede mezclar todo, como ha hecho usted hoy en esta tribuna. Hay tres asignaciones que reciben los ex presidentes de Gobierno en España. En primer lugar, una indemnización equivalente al 80 por ciento de la retribución que percibían como presidentes del Gobierno, que no es una indemnización vitalicia, sino temporal, por dos años; por cierto, señor Tardà, la mitad que en la Comunidad Autónoma de Cataluña, tal y como ustedes aprobaron. La segunda percepción es la pensión de jubilación, que se percibe naturalmente a partir de la edad de jubilación y que además es incompatible con la anterior. Y en tercer lugar, que es donde parece que está el quid de la cuestión y el problema de regeneración democrática en España, la puesta a disposición de los medios en favor de los expresidentes, que son: un coche, un conductor, un servicio de seguridad, dos asistentes y la dotación de unos 80.000 euros brutos anuales, es decir, unos 6.000 euros brutos mensuales. Pues bien, señorías, yo creo que su propuesta se reduce a esto, a que esos 6.000 euros mensuales para gastos de oficina se perciban durante solo algunos años y que además esa cantidad impida a los expresidentes ejercer su profesión privada. Eso es todo. Es decir, ustedes pretenden que durante esos años los expresidentes que tengan oficina no puedan tener profesión y que, pasados esos años, además de quedarse sin profesión, se queden sin oficina. Es un planteamiento, pero ligar esto a la regeneración democrática, francamente, me parece demagógico. A los ciudadanos, si se les cuentan las cosas...
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez de la Serna, tiene usted que acabar.
El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Voy terminando, señor presidente.
Si a los ciudadanos se les cuentan las cosas como son, sin efectismos, entenderían perfectamente que en un país del nivel de España las personas que han sido ex presidentes del Gobierno no queden en situación de infrarrepresentatividad o de escasa dignidad institucional. Ni lo entenderían ni les gustaría ni lo aprobarían. Por eso, señorías, y porque el quid de la cuestión es cómo entre todos los españoles rentabilizamos al máximo el activo indudable que supone tener ex presidentes del Gobierno de la talla de los ex presidentes del Gobierno que tiene este país, mi grupo va a votar en contra de la proposición de UPyD.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez de la Serna.
Señor Martínez Gorriarán, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: No, señor presidente. Agradecemos a los grupos sus enmiendas, que son muy interesantes, pero preferimos que se vote en sus términos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL PLAN DE DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente 162/000037.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre el Plan de derechos humanos. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Mi grupo parlamentario presenta ante esta Cámara una propuesta para plantear en esta legislatura que ahora comenzamos un plan de derechos humanos que sirva de marco al
Gobierno en las actuaciones que vaya a llevar a cabo, y ello por la experiencia de años anteriores, de la legislatura anterior, en que un plan semejante fue puesto en marcha con participación interesante de la sociedad civil y progresivamente con mayor participación institucional, parlamentaria, que ciertamente supuso un importante paso para hacer frente al compromiso internacional adquirido por España a través de la Declaración Final de la Conferencia de Viena del año 1993. Esta propuesta que hacemos es compartida por centenares de organizaciones de derechos humanos de este país, que han visto también como interesante el desarrollo en los últimos años de este plan, un plan que, ciertamente, iba agotándose en los planteamientos y en los objetivos y que llegaba el tiempo de renovarse. ¿Por qué la necesidad de este plan? Más allá de que haya un catálogo de derechos en la Constitución española, de derechos fundamentales; más allá de que haya un catálogo de derechos humanos en diversos acuerdos internacionales, muchos de ellos ratificados por España y que precisamente en virtud de lo que dice la Constitución esos acuerdos internacionales pasan a formar parte del ordenamiento jurídico del Estado y por tanto es una obligación del Estado; más allá -digo- de la existencia en la letra de esos derechos, en el mismo momento en que estos dejen de promoverse por las instituciones, por los organismos públicos, los derechos comienzan a debilitarse. Evidentemente, dependen del compromiso cotidiano de todos, pero especialmente importante es el compromiso cotidiano de los poderes públicos para su desarrollo y su impulso. Cada Gobierno pone sus matices, pero es importante incidir en la igualdad, en la no discriminación, en la integración de las personas y en la garantía de los derechos humanos, tanto en el ámbito exterior como interior -dentro del Estado o fuera de él en la política internacional-, y que todo ello se haga de forma coordinada, que tenga un sentido único, un impulso único por parte del Gobierno. En el debate del estado de la Nación del 30 de junio de 2011 -hace medio año- se aprobó por unanimidad una resolución en la que se hacía un llamamiento a hacer una revisión del plan desarrollado hasta la fecha y a impulsar los trabajos necesarios para poder aprobar medidas que dieran continuidad y garantizaran que en todos los ámbitos los derechos humanos iban a poder ser impulsados.
Tengo que decirles claramente que hemos logrado un acuerdo con el grupo mayoritario, con el Grupo Parlamentario Popular, para reformular la proposición teniendo en cuenta que nuestro objetivo era lograr un compromiso del Gobierno en cuanto a las materias que he enunciado. Ambos grupos hemos coincidido en que hay suficiente terreno en común -y estoy seguro de que puede ser compartido por el resto de los grupos de la Cámara- para que esto pueda ser así. Por una parte, es evidente que la Constitución de 1978 es un referente y un instrumento jurídico fundamental en el que deben fijarse las instituciones del Estado en todas las decisiones que adopten. Además de este referente, están los convenios internacionales que, a través de la Constitución -como he dicho antes-, pasan a ser parte del ordenamiento jurídico del Estado, como cualquier otra norma aprobada por las Cortes. A partir de ahí, instamos al Gobierno a que realice una evaluación completa sobre cómo se desarrolló y qué consiguió el Plan de derechos humanos anterior y cuál es el punto al que hemos llegado, implementando a continuación -y leo literalmente- una estrategia con medidas concretas en política exterior e interior para la promoción y protección de los derechos humanos, a fin de cumplimentar el compromiso internacional adquirido por España a través de la Declaración Final de la Conferencia de Viena de 1993. Esto es, vamos a examinar qué es lo que se ha hecho y, a partir de ahí, el Gobierno hará un planteamiento para poder ir desarrollando medidas. No hay un plazo establecido para esto, pero entiendo que tampoco se puede dejar sine die. Los propios grupos parlamentarios seremos guardianes de ello y velaremos por que se vayan cumpliendo las resoluciones de esta Cámara. En un plazo de un año o poco más de un año es perfectamente posible realizar todo lo que supone el compromiso de esta proposición. En cualquier caso, valoramos muy positivamente que el grupo mayoritario que apoya al Gobierno haya podido llegar a un acuerdo con nosotros y que se comprometa en este sentido. Creemos que es un paso adelante muy importante.
En cuanto al resto de las enmiendas, agradezco al Grupo Parlamentario Socialista la que ha presentado. Pero entiendan que, siendo el objetivo fundamental el compromiso del Gobierno, queda superada la enmienda que proponen y, por tanto, no podemos aceptarla. Al representante de Unión del Pueblo Navarro tengo que decirle que al principio me ha dejado perplejo con su propuesta, porque esto de los deberes humanos, de verdad que no lo había oído nunca. No sabía a qué se refería, si a los diez mandamientos, a los deberes cívicos o a qué era. Luego he pensado que quizá se refería a los derechos fundamentales, pero eso es otro apartado y está dentro de la materia constitucional, que también se cita en el acuerdo al que hemos llegado, aunque evidentemente es mucho más amplio. Estamos hablando no solo de los derechos fundamentales sino también de los derechos humanos, con los que además hay un compromiso a través de los acuerdos internacionales y a través del artículo 10 de la Constitución del Estado.
En ese sentido -finalizo, señor presidente-, me congratulo del acuerdo al que hemos llegado.
Se han formulado enmiendas por los grupos y, en primer término, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda de modificación que no choca con el planteamiento de fondo de la iniciativa del Grupo Vasco, sino que por el contrario se inscribe en el sentido último de la misma; una enmienda que incorpora dos apartados sobre cuya base argumentaré brevemente la defensa de la misma. En primer lugar, esta enmienda trata de situar una declaración de principios generales que entendemos que no es ociosa precisamente porque enmarca debidamente la cuestión y el grado de compromiso auténtico de la misma y, en segundo lugar, formulamos a través de ella una consideración de eficacia en función de la garantía del mejor fin que persigue esta iniciativa. En la Comisión Constitucional del 17 de junio del año 2009 yo mismo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señalaba expresamente: la cultura de los derechos humanos es la mejor aportación doctrinal de la que se dotó el mundo libre tras el final de la Segunda Guerra Mundial. La Constitución española de 1978 se vertebró plenamente sobre esa cultura, y hemos dicho siempre que la Constitución es el auténtico plan de derechos humanos sobre el que se construye la arquitectura política, institucional y jurídica de la democracia española en tanto en cuanto su letra obliga a los poderes públicos y a los ciudadanos de manera expresa.
El 21 de octubre de 2010 en el seno de esa misma Comisión Constitucional de esta Cámara y en términos de doctrina general, señalaba también: la esencia de la cultura de los derechos humanos estriba en dar consistencia y efectividad hoy más que nunca a los derechos económicos y sociales, porque desde ahí se crece en calidad democrática, entendida como fortalecimiento de la autonomía individual para ser ciudadano y ejercer con plenitud todas las libertades que dimensionan esa condición. La cultura de los derechos humanos ni es ni puede ser una mera referencia discursiva para teorizar sin una exigencia cotidiana que se constata y perfecciona cuando la política de un Gobierno es eficaz y coherente. Por eso, también en el seno de esa misma Comisión Constitucional señalaba, a propósito de ese valor de eficacia que por tanto mueve la consideración segunda de nuestra enmienda de sustitución: no es verdad, como decía pretenciosamente el plan anterior, que cada medida de este plan sea una garantía en sí misma. Eso no es verdad. No lo es en términos dialécticos y desde luego no lo es en términos políticos ni desde el planteamiento auténtico de la realidad. La garantía real vendrá determinada por lo que haga o deje de hacer el Gobierno en la observancia de la Constitución y de las leyes. La garantía real vendrá determinada por el planteamiento de sus políticas sectoriales; la garantía real vendrá determinada por el respeto a la pluralidad intrínseca de la sociedad española; y la garantía real vendrá determinada por el servicio a los intereses generales y por su lealtad a la verdad.
Podría hacer mención de algunas de las consideraciones a modo de ejemplo que en ese mismo debate formulé para señalar precisamente que las medidas contenidas en el plan no eran, como decía el plan, una garantía en sí misma, sino que lo era precisamente a modo contrario la propia acción concreta del Gobierno y el cumplimiento real de sus compromisos con las leyes y con la Constitución. Decía a modo de ejemplo: puede considerarse que el plan ha cumplido con su espíritu esencial, que sería, porque no puede ser de otro modo en el orden interior, fortalecer la condición del ciudadano, cuando la política del Gobierno ha dejado entonces a casi 5 millones de españoles sin trabajo, a 1,5 millones de hogares con todos sus miembros en paro o a 10 millones de españoles viviendo al límite de la pobreza y de la exclusión social. ¿O puede considerarse que el plan ha contribuido a potenciar, como el plan preveía, los valores de la solidaridad y de la igualdad cuando la política del Gobierno ha hecho recaer el peso de la crisis sobre pensionistas y empleados públicos, ha debilitado sensiblemente las columnas del Estado del bienestar, ha generado mayores desequilibrios interterritoriales y, por tanto, una pérdida de cohesión interna en las bases de nuestra estructura social? Por eso, señor presidente, señorías, creemos fundamental señalar -ese es el sentido del primer punto de la moción- que es en verdad en nuestra Constitución, sin que eso deje sin efecto la conveniencia de otro tipo de estrategias en la línea de lo que señalaba la moción original del Grupo Parlamentario Vasco, donde con fuerza de obligar se impera claramente la promoción y la vertebración de todas las políticas del Gobierno y de todas las actuaciones de las instituciones del Estado, tanto en materia de política interior como en materia de política exterior desde el respeto a los derechos humanos.
Concluyo, señor presidente. Hace falta, y esa es la línea de nuestro segundo punto de la moción, un mecanismo previo de evaluación detallado que permita saber cuáles son los elementos sobre los cuáles de un modo real se puede constatar mejor una garantía de eficacia de esa estrategia a la que el señor Esteban se refería, que viene recogida en nuestro texto y que está inscrita -vuelvo a repetir- en el sentido mismo de la moción original. El entonces secretario de Estado de Asuntos Constitucionales señalaba, con toda la razón, el 21 de octubre de 2010 ante la Comisión Constitucional que una simple comparecencia del secretario de Estado en esa Comisión para dar cuenta de la ejecución del plan no podía cubrir todos los resultados de evaluación necesarios. Por eso nosotros introducimos en nuestro segundo punto de la moción un elemento que consideramos previo; un elemento de garantía, de análisis, de evaluación adecuado para desde ahí orientar las acciones de futuro.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro tiene usted que terminar.
El señor GIL LÁZARO: Concluyo celebrando que la aceptación de la enmienda signifique que todos juntos podemos comenzar a abordar en esta legislatura una
cuestión que es fundamental, que es importantísima: la preeminencia y la promoción de la cultura y de la doctrina de los derechos humanos que sin lugar a dudas está en el ánimo de la inmensa mayoría, de casi la totalidad -lamentablemente no puedo decir de la totalidad- de todas las formaciones políticas representadas en esta Cámara. Esa es la razón de ser de la acción política y del proyecto reformista de este Gobierno que en cincuenta días de ejercicio ha comenzado ya a avanzar notablemente en un conjunto de medidas, para que esos derechos económicos y sociales sean efectivos en nuestra realidad y permitan que cada individuo, que cada hombre, que cada mujer de España...
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro tiene que acabar.
El señor GIL LÁZARO: ... pueda ejercer su condición de individuo y de ciudadano.
Para presentar la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Muchas gracias, presidente.
Nuestro grupo va a apoyar la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Nacionalista Vasco, en primer lugar porque nuestro grupo fue, en nombre del Gobierno anterior, quien desarrolló el primer plan de los derechos humanos que estableció 170 medidas concretas que implementaron las políticas internas o internacionales del Gobierno en el desarrollo de una idea esencial que acordó en su momento la Convención europea de Naciones Unidas en Viena en el año 1993.
Señor Gil Lázaro, no se trata de que la Constitución lo diga y lo haga todo. Es la parte que más me preocupa de su discurso, que además de retórico desgraciadamente no compromete a nada y es la parte que me preocupa del acuerdo que ha alcanzado con el PNV. No, la Constitución establece unos principios pero el Plan de derechos humanos del año 2008 estableció una serie de compromisos que implementaban todas las políticas -todas- del Gobierno español en el ámbito interno, en el ámbito internacional, en el ámbito económico, en el ámbito de las empresas, etcétera. La Constitución lo dice todo, claro, pero se trata de que la cultura de los derechos humanos impregne la política concreta, y usted se empeña en reiterar que la Constitución ya lo dice. Entonces, ¿para qué hicieron en el año 1993 todos los países internacionalmente reunidos en Viena un compromiso de implementar planes especiales?, ¿para qué lo hicieron? Ya lo decían sus constituciones. Lo que importa es que cada gobierno haga un plan y que impregne de esa política sus acciones, su legislación interior, su política contra la no discriminación, su política de derechos sociales, su política para que las empresas internacionales de sus países cumplan los derechos humanos allá donde operen, etcétera; es algo más, es una cultura, que usted, sinceramente, no ha entendido o por lo menos no ha trasladado aquí en su intervención.
Es la parte que me preocupa del compromiso con el Partido Nacionalista Vasco, porque mi posición era apoyar esa propuesta, pero escuchando al Partido Popular, no sé si están convencidos de lo que hay que hacer. Este Gobierno lo hizo, hizo un plan y estableció 180 medidas que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos años. Toda la Cámara en el mes de junio del año pasado acordó que el nuevo Gobierno hiciera un nuevo plan, y es lo que traemos aquí hoy: que hagamos un nuevo plan, que implementemos las medidas para la acción del Gobierno de los próximos años. Voy a votar eso, porque es lo que este Gobierno, el Gobierno anterior, hizo, porque es lo que acordaron los países desarrollados, porque es lo que nos manda Naciones Unidas, porque es lo que acordó por unanimidad esta Cámara en el mes de junio del año pasado y porque es lo que las entidades y las asociaciones de los derechos humanos piden al Gobierno español.
Voy a apoyar la propuesta que ustedes han hecho no, señor Esteban, porque la enmienda del PP supere la que el Partido Socialista había hecho, porque no la supera para nada, no la supera; admito que es el grupo mayoritario, y yo soy pragmático como usted y quiero entender que hay un compromiso por parte del PP para que su Gobierno realice este plan. (El señor Esteban Bravo hace signos afirmativos.) Vale, hagámoslo, mandémosle -digamos- ese mandato de toda la Cámara, y yo me sumo a él; no puedo hacerlo de otra manera porque es mi grupo, es mi partido el que ha desarrollado esta política en España y quiere que se siga haciendo los próximos años; pero no porque su enmienda lo diga mejor, no; es porque compromete al grupo mayoritario y valga ese compromiso. Ya tendremos ocasión en los próximos meses para ver si esa política se lleva a la práctica, porque es muy importante para España que sus empresas, su política internacional, su legislación interior desarrolle una cultura democrática de ese suelo mínimo de dignidad humana que son los derechos humanos y que no está solo en la Constitución, sino en el desarrollo de una idea, de una concepción de la democracia y de la dignidad humana que más que nadie los gobiernos democráticos y los países con una economía desarrollada tenemos que establecer.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jáuregui.
Enmiendas presentadas por el Grupo Mixto. En tiempo compartido, en primer lugar, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Intervengo desde el escaño, señor presidente, por la brevedad.
Señor Esteban, me parece fantástico que debatamos sobre la defensa y la promoción de los derechos humanos. En fin, es bien cierto que no todos los grupos aquí representados coincidimos en el contenido que estos deban tener ni tampoco en el modo más ético para promover su defensa, es más, algún grupo no ha ocultado, ni oculta, la justificación del uso del terror supuestamente para defender derechos. Pero cuando hablamos de derechos humanos, por qué no vamos a hablar de deberes humanos o es que resulta que sí que existen derechos humanos y no existen deberes humanos? He pretendido con mi enmienda que si usted quiere que el Gobierno traiga aquí un plan de derechos humanos también pensemos en los deberes, porque tengo la sensación de que parte de lo que nos pasa, o gran parte de lo que nos pasa, nos pasa precisamente por haber menospreciado, haber minusvalorado o haber ignorado muchos de los deberes que deberíamos haber cumplido. Es verdad que hacer los deberes, o cumplir los deberes o respetar los deberes -mis hijas lo saben perfectamente- no es plato de buen gusto y tiene muchos menos defensores que el ejercicio de los derechos, la promoción de los derechos; pero ese es precisamente nuestro problema. En la Constitución española el título I y la sección 2.ª de ese título hablan de los derechos y de los deberes fundamentales; no es un concepto que me vaya a inventar. Simplemente quiero decirle que si se va a traer un plan y parece que puede ser eficaz, pensemos también en los deberes, abramos un debate sobre si no es importante que cumplamos nuestros deberes. Hagamos cumplir nuestros deberes como lo hacemos con nuestros derechos. Es únicamente eso. En todo caso, me agrada pensar que han llegado a un acuerdo el resto de los grupos, sobre todo grupos mayoritarios que en la pasada legislatura no era algo muy común. Me agrada, pero hubiera preferido mejorarlo con esa iniciativa. En todo caso, abro el debate para quien quiera coger el guante.
Tiene la palabra el señor Urbina.
El señor URBINA FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías.
En primer lugar, señor Esteban, Amaiur iba y va a votar favorablemente a su proposición de ley en tanto en cuanto no acepte la enmienda del Partido Popular, que modifica lo que venía a ser el planteamiento de la proposición no de ley. En cualquier caso, íbamos a votar favorablemente, remarcando que el Plan de derechos humanos debe suponer un verdadero compromiso por parte del Gobierno para respetar aquellos derechos humanos y no una mera declaración de intenciones, como se ha convertido en muchas ocasiones este tipo de textos. Este compromiso debería adquirir y debe adquirir especial trascendencia, a criterio de Amaiur, en relación con aquellas personas que en estos momentos por diferentes motivos son más vulnerables desde el punto de vista de los derechos humanos. Me estoy refiriendo a todas las personas que, por ejemplo, están sufriendo de manera intensa la crisis económica, que tienen que ver garantizado su derecho a mantener una vida digna, empezando por garantizar el derecho a la vivienda y a prestaciones sociales que les permitan vivir en condiciones humanas. Pero también me refiero a aquellas personas privadas de libertad, en prisión o en régimen de detención. A las primeras habrá que garantizarles el derecho a la libertad y el derecho a poder cumplir las condenas en centros penitenciarios cercanos a su lugar de origen. A las segundas habrá de garantizárseles, con especial intensidad, el derecho a la integridad física y a no recibir un trato inhumano. Ayer, 13 de febrero, en Euskal Herria, conmemorábamos el día contra la tortura con motivo de la muerte, hace treinta y un años, de José Arregi, en comisaría. Ayer, el presidente del Consejo General del Poder Judicial manifestaba que prácticamente no se daban casos de tortura. Desgraciadamente, en los últimos cuarenta años han sido más de 10.000 las personas que han denunciado torturas y malos tratos en comisaría; también en los últimos cuatro años, en los que estaba en vigor el Plan de derechos humanos anterior. Instancias internacionales tan significativas como el Relator Especial contra la Tortura, Amnistía Internacional o el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en numerables ocasiones han reiterado y recomendado al Gobierno y al Estado español que adopten medidas para erradicar la tortura. El Plan de derechos humanos al que se hace referencia hoy aquí es una buena opción. Por ello insistimos: Plan de derechos humanos sí, pero para mostrar un verdadero compromiso con el respeto de todos los derechos humanos y poner medios para erradicar. Con la enmienda del Partido Popular eso queda en entredicho.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Urbina.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Lozano.
Señorías, voy a ser muy breve, creo que el tema de los derechos humanos se presta a hacer muchos discursos floridos, mucha retórica y lo más importante es que en este caso especialmente, como decía José Martí: hacer es la mejor manera de decir, y de lo que se trata es de que hagamos y no de que digamos mucho.
Señor Esteban, nos parecía una buena proposición no de ley la suya, nos parecía que resultaba impecable, respaldábamos todos los puntos, sin hacer ningún juicio de intenciones, por cierto, acerca de los motivos que llevan al Grupo Vasco a presentarla; simplemente nos parecía justo, nos parecía razonable lo que planteaba.
Lamentamos que hayan eliminado la concreción que había en los plazos respecto a la presentación del plan. Creemos que ha quedado descafeinada la participación en la Cámara, que sí figuraba con claridad en su proposición no de ley. En resumidas cuentas, era mejor su proposición inicial que la posterior. También entiendo que a usted le importa obtener el apoyo del Gobierno; ya he visto que en su intervención le concedía incluso más plazo del que fijaba. En fin, la apoyaremos en cualquier caso, sobre todo porque pensamos que sobre esta cuestión hay un amplio consenso en la totalidad o, mejor dicho, en la práctica totalidad de los grupos de esta Cámara. Algunos defienden antes los derechos humanos de los terroristas que los de sus víctimas, como acabamos de escuchar, en todo caso, a pesar de que ese consenso político y social ha empeorado en la tramitación, le anuncio que apoyaremos su proposición no de ley.
Por el grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Nuet.
La intención de nuestro grupo cuando leímos la proposición no de ley del Partido Nacionalista Vasco era votarla favorablemente, entre otras razones porque en concreto hemos presentado una muy parecida, prácticamente en los mismos términos, en esta Cámara y por tanto coincidíamos plenamente con su desarrollo, pero nos hemos visto sorprendidos por una enmienda del Partido Popular que de forma importante adultera y modifica la propuesta que hoy se nos traía a esta Cámara; el Grupo Popular, el mismo que en la pasada legislatura estaba en la oposición y decía en la oposición cosas distintas de las que hoy dice en el Gobierno. Hay que recordar que en esta Cámara ustedes, diputadas y diputados del Partido Popular, votaron de forma unánime: impulsar de forma inmediata los trabajos necesarios para elaborar un segundo plan de derechos humanos que asegure su continuidad como garantía de que tales derechos se respetan y cumplan en todos los ámbitos.
Hoy se descuelgan ustedes con una enmienda que en un primer punto nos habla de la Constitución. Cuando la vicepresidenta del Gobierno intervino y compareció en la Comisión Constitucional y varios grupos le preguntaron sobre el Plan de derechos humanos y ella dijo: no, ya tenemos la Constitución, no sabíamos si había sido un lapsus linguae. Hoy vemos que no, que no fue un lapsus linguae; que es una intención política que hoy el Grupo Popular con la enmienda que nos plantea pone de largo en esta Cámara, por tanto, pelotas fuera hablando de la Constitución en la enmienda del PP y, por otro lado, ya no hablamos de un plan, ya no tenemos plan, y si no hay plan hay improvisación, señoras y señores diputados, y falta de voluntad política. Porque, si no, ¿por qué no volvemos a votar y a aprobar lo que esta Cámara ya ha aprobado?, ¿qué es lo que ha cambiado? Ustedes no lo han explicado aquí, ¿qué es lo que ha cambiado?, ¿el color del Gobierno?, ¿las intenciones políticas? Queremos saberlo.
La Constitución española no contiene, porque no es su finalidad ni objetivo, ninguna acción de gobierno, ningún plan, ni sobre derechos humanos ni sobre ninguna otra política pública. Insinuar que la Constitución es suficiente como plan de derechos humanos es tanto como decir que la Constitución es suficiente para planificar la educación secundaria sin necesidad de un plan, y ustedes saben perfectamente que eso no es así. Además, la Conferencia mundial de derechos humanos en Viena, en 1993, a la cual se han referido los distintos portavoces que aquí han intervenido, no habló de forma genérica, no habló de forma genérica; habló concretamente de un manual para elaborar un plan de acción nacional de derechos humanos y en ese manual hay un desarrollo concreto para hablar de planes nacionales de derechos humanos con contenidos concretos, y eso no está en la enmienda del Partido Popular; no está, hay otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Además, la petición que el 19 de enero 75 organizaciones no gubernamentales -hoy ya son más porque se han ido adhiriendo otras- le enviaron al presidente del Gobierno, el señor Rajoy, hablaba de un segundo plan de derechos humanos; no hablaba esa carta ni de la Constitución ni de buenas intenciones, por tanto, nosotros sí queremos mantener la idea que han defendido muchas organizaciones no gubernamentales, organizaciones que hacen un gran trabajo en el Estado español; luego no queremos que se pierda el espíritu que las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema de derechos humanos pidieron al presidente Mariano Rajoy.
Quiero decirles también que el ministro del Interior tome buena nota. ¿Por qué? Porque ante el previsible aumento de la conflictividad social, es uno de los ministerios que debe tomar nota y necesitaría también un buen plan de derechos humanos. -Voy acabando-. Derechos humanos. A veces alguien piensa, tal vez alguien que nos está escuchando, que estamos hablando de países lejanos. Sí, estamos hablando de países lejanos, por ejemplo, cuando hablamos de pena de muerte, un elemento importante, una lacra aún en muchos países del mundo, pero también hablamos de otros derechos humanos más cercanos, que están aquí en Madrid, que están aquí en nuestras ciudades. Hablamos de pobreza, hablamos de impunidad...
El señor PRESIDENTE: Señor Nuet, tiene usted que acabar.
El señor NUET PUJALS: Voy acabando, señor presidente.
... hablamos de racismo, hablamos de derecho a la vivienda, hablamos de derecho a la salud y hablamos de derecho al trabajo. En consecuencia, una lástima,
teníamos una buena propuesta del Partido Nacionalista Vasco y la hemos cambiado por una mala enmienda del Partido Popular.
El seño XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el parlamentarismo da pie y margen a la interpretación, y esta tarde estamos viendo cómo sobre este segundo punto del orden del día hay margen para la interpretación en función del portavoz del grupo parlamentario que fije la posición. El punto de partida del grupo proponente, de don Aitor Esteban, era instar al Gobierno a la presentación antes del 30 de junio del presente año de un nuevo plan de derechos humanos, recordando que en la anterior legislatura, el anterior Gobierno, de otro color político, aprobó el Plan de derechos humanos (Muestra un documento a la Cámara.) que en su última página, la 41, dice claramente que el periodo de vigencia del plan es la IX Legislatura de las Cortes Españolas, con lo cual en estos momentos no hay Plan de derechos humanos. El objeto pues era instar al Gobierno a la presentación del nuevo plan.
El grupo de la mayoría, coherente, tributario, consecuente y prisionero de sus palabras y de sus posiciones, en la anterior legislatura había venido manteniendo en la Comisión Constitucional que el catálogo y el plan de derechos humanos, único y exclusivo, es el catálogo de derechos humanos contemplado en la Constitución española. Pues bien, hemos encontrado un punto de transacción entre la propuesta inicial del Grupo Vasco y la propuesta del Grupo Popular. Es evidente que para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el catálogo de derechos humanos no queda reducido en pulcritud únicamente a la Constitución española porque tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos de la cual somos tributarios y herederos, que debemos vindicar y que ha formado y forma parte del ordenamiento jurídico interno. Hay otros instrumentos de derecho internacional ratificados por la Comisión de Asuntos Exteriores de ambas Cámaras y por el plenario que también se han incorporado y que forman parte de este catálogo de derechos humanos. Además, cabe recordar dos elementos más en esta tarde de interpretación. Uno, el año 1993 España participó en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena y el Gobierno español, viéndose obligado por las conclusiones de esta conferencia, formuló este primer Plan de derechos humanos. Segundo elemento a tomar en consideración, en el último debate de política general de la anterior legislatura, celebrado el día 30 de junio del año 2011, los grupos de esta Cámara aprobaron por unanimidad -con lo cual también el actual grupo de la mayoría- en su resolución número 42 culminar el actual Plan de derechos humanos de la anterior legislatura, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2008, y sobre esta base impulsar de forma inmediata los trabajos necesarios para elaborar un segundo plan de derechos humanos que asegure su continuidad como garantía de que tales derechos se respetan y cumplen en todos los ámbitos -fin de la cita de la resolución número 42 del debate de política general del año pasado.
Pues bien, con estos elementos llegamos a la aceptación de esta enmienda, y el señor Gil Lázaro -jurista fino y capaz de interpretaciones amplias- nos ha exhibido desde esta tribuna la voluntad de recoger el primer plan a partir de lo que podríamos denominar, especialmente en el punto número 2 de lo que vamos a votar -porque ha sido aceptado por el grupo de la mayoría- de un texto lleno de conceptos jurídicos indeterminados o de textura abierta, la evaluación del plan de la anterior legislatura. Hablamos de la evaluación, implementación y, a continuación, de una estrategia con medidas concretas. Y con lenguaje de derechos humanos una estrategia puede ser lo equivalente a un nuevo plan de derechos humanos.
Señores de la mayoría, señor Gil Lázaro, nosotros votaremos a favor de esta proposición no de ley con enmienda de sustitución interpretando claramente que la expresión "estrategia con medidas concretas" es interpretada por parte del Gobierno y del grupo de la mayoría como el planteamiento de un nuevo plan de derechos humanos. Además, no me corresponde pero en el capítulo de los consejos le diré que un plan de derechos humanos tiene que ser un plan que acoja transversalmente los valores compartidos por todos los demócratas. Si ustedes repasan las 172 medidas del anterior plan que ustedes vindican, en algunos extremos y en algunas consideraciones de tipo programático -por no decir ideológico- verán que les sería mejor hacer y aprobar su propio plan que reivindicarse como tributarios del plan formulado por el Grupo Socialista.
Vamos a votar favorablemente en este marco de interpretación abierta, interpretando que cuando votamos estrategia votamos el compromiso firme del grupo de la mayoría de presentar un nuevo plan de derechos humanos, que es lo más apropiado en nuestra sociedad democrática.
Muchas gracias. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, pido que me permita intervenir muy brevemente, un minuto, sobre la base del artículo 70, en función de que algún interviniente, en vez de defender su enmienda, lo que ha hecho ha sido contradecir la posición del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Comprendo lo que dice, señor Gil Lázaro, pero no me parece adecuado porque estamos en pleno debate y se han utilizado argumentos en pro y en contra de todo lo que se ha dicho, aunque tiene un punto de razón.
Señor Esteban, a pesar de que ya he oído sus planteamientos, quería que ratificara cuál es la postura de su grupo.
El señor ESTEBAN BRAVO: Aceptamos la enmienda del Partido Popular.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL "PLAN NACIONAL DE RESERVA ESTRATÉGICA DE CARBÓN 2006/2012 Y NUEVO MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS COMARCAS MINERAS". (Número de expediente 173/000001.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir ahora las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
En primer lugar, corresponde debatir la del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cumplimiento del Plan nacional de reserva estratégica de carbón 2006-2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras. Por este grupo, tiene la palabra el señor Yuste.
Señorías, una de las primeras decisiones del Gobierno Rajoy ha sido atacar el Plan para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras. ¿Por qué? Eso me pregunto yo desde el 30 de diciembre. ¿Porque al Gobierno del PP le parece innecesario ese plan? Pues no, o no lo dice. ¿Porque ha ido tan bien estos años que ya no hace falta? Pues tampoco es eso. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia.) Simplemente, eliminan este plan porque hay inversiones que se han ejecutado con retraso. Esa es la única razón que expuso largamente el ministro de Industria, Energía y Turismo durante la interpelación del pasado jueves en este Pleno: porque se había ejecutado con retraso, se habían ejecutado poco las inversiones y otros programas dentro del Plan Miner. Y ese es, a juicio de nuestro grupo, un argumento increíble, absolutamente increíble, porque con ese argumento podríamos eliminar varios ministerios enteros ya que ejecutan en un porcentaje muy alejado del cien por cien; probablemente, si no saben ejecutar el cien por cien de su presupuesto, ni el 90, ni el 80, habría que eliminarlos. Esa razón tan sólida es la que nos planteaba el ministro el pasado jueves. Excusas de mal pagador, se dice en mi tierra. Lo dije durante la interpelación y lo repito hoy: las comarcas mineras no tienen por qué ser castigadas por los errores o por los retrasos atribuibles exclusivamente a la Administración. Las administraciones públicas son lentas y los perjudicados por esa lentitud y por esos problemas burocráticos de los que hablaba el ministro son precisamente los municipios y los vecinos de las comarcas mineras; no les castiguemos además eliminando el Plan Miner, no les castiguemos doble. (Aplausos.)
Estamos inmersos en un proceso de reconversión energética, impulsados sobre todo por el desafío del cambio climático. La Unión Europea ha puesto fecha de caducidad a las minas del carbón deficitarias y en ese contexto, precisamente en ese contexto, es en el que se pusieron en marcha planes de la minería del carbón y para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras. El primer plan lo puso en marcha el Gobierno Aznar; con movilizaciones sindicales de la minería en las comarcas mineras y en las carreteras de esas comarcas, por supuesto, pero lo puso en marcha el Gobierno Aznar. Luego, el Gobierno Zapatero le dio continuidad con un segundo plan. Y todo eso termina abruptamente el 30 de diciembre cuando el señor Rajoy da por finalizado el Plan Miner de un plumazo y sin contar con nadie, sin convocar a la Comisión para el seguimiento del Plan Miner. Eso es lo que denunciamos en la interpelación de la semana pasada. Y digo que dio por finalizado este plan -lo podemos dar ya por finalizado- porque, después de la interpelación del otro día y vista la enmienda que hoy nos ha presentado el Grupo Popular, está más que claro. No solo no se rectifica la eliminación de la financiación de las infraestructuras, no solo se confirma que no se asumirán la inmensa mayoría de las inversiones pendientes de ejercicios anteriores, sino que también quedan bajo amenaza el resto de los programas del plan, el de atracción de proyectos empresariales generadores de empleo e incluso los programas de formación. Salvo las prejubilaciones, todo lo demás está en riesgo. Eso es lo que dijo el ministro, eso es lo que confirma hoy el Grupo Popular en su enmienda.
Esa posición del PP nos preocupa mucho. Ha causado alarma en las cuencas mineras de Asturias, de León, de Palencia, de Teruel, de Puertollano, de Córdoba, de Mequinenza o de Berga. A nuestro grupo parlamentario le preocupa mucho porque solo se garantiza el pago de las prejubilaciones, pero nada más. El Gobierno estudiará si se pagan algunas de las obras que están en marcha -igual sí, igual no-, pero del resto no se va a pagar nada. Y como el nivel de ejecución es bajo no solo en las infraestructuras sino también en los programas de formación y en los programas de atracción de proyectos empresariales generadores de empleo -a eso dedicó el ministro una batería de datos en el último Pleno-, evidentemente esta excusa, si les vale para eliminar los programas de infraestructura, les vale también para eliminar el resto, todo el Pan Miner, salvo las prejubilaciones.
Señores y señoras del Grupo Popular, diputados asturianos, leoneses, turolenses, castellano-manchegos, cordobeses, piensen bien lo que van a votar hoy y piensen bien cómo lo explican luego cuando vayan ante sus electores, a su circunscripción, porque el mensaje de hoy del Grupo Popular por fin empieza a ser claro: prejubilaciones sí, esto es, vía libre al cierre de las minas; pero desarrollo alternativo no, es decir, abandonar a su suerte a las comarcas mineras abocadas al cierre de minas y sin proyectos alternativos generadores de empleo. Esa es la apuesta que está haciendo el Grupo Popular, esa es la apuesta que está haciendo el Gobierno Rajoy. Queremos que el Parlamento se defina y que los grupos parlamentarios dejen blanco sobre negro cuál es su posición ante esta cuestión.
La moción que defiendo en nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural propone dejar sin efecto el recorte del Plan Miner aprobado el 30 de diciembre. Propone, asimismo, que se garantice la financiación comprometida y la ejecución de todas las inversiones del Plan Miner 2006-2012. Proponemos también que se busquen medidas, junto con los agentes implicados, para agilizar la tramitación de esos proyectos, con el fin de que se eviten los retrasos y la falta de ejecución que tanto preocupan al ministro, al menos esa fue la excusa que empleó para justificar la eliminación del Plan Miner. Finalmente, proponemos que se elabore, en el marco de la Comisión de seguimiento del plan de la minería del carbón, un nuevo plan de la minería y para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras que abarque el periodo 2013-2018, siendo consciente de que ese es precisamente el horizonte en el que en Bruselas han puesto la fecha de caducidad a las minas deficitarias de carbón. Por todo ello, pido el voto favorable a todos los grupos parlamentarios y a todos los diputados para esta moción.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Álvarez Sostres.
Señorías, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el pasado 30 de diciembre una serie de medidas urgentes con el fin de reducir el gasto y cumplir con los objetivos del programa de austeridad. Entre las catorce medidas de reducción del gasto acordadas se incluyen las relativas -y cito literalmente- a la eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación con el cese de la actividad de la minería del carbón. Esta decisión, que deja en suspenso el Plan Miner, supone la drástica eliminación de los conocidos como fondos mineros, resultado del esfuerzo de diálogo y consenso en defensa de las comarcas mineras de Asturias y del resto de España desarrollado entre los sindicatos y el Gobierno de Aznar y que se concretó en sendos planes de la minería. Los fondos mineros nacen, por tanto, para impulsar la reestructuración y recuperación económica de los territorios donde se han cerrado explotaciones mineras o donde se ha producido una disminución de la actividad extractiva. El recorte, señorías, contraviene flagrantemente las obligaciones garantizadas por el principio de solidaridad interterritorial amparado por el Tratado de la Unión Europea -ello con el mismo rango normativo que el de la estabilidad presupuestaria-, contraviene el artículo 138 de la Constitución española y contraviene la Lofca. En Asturias esto afecta a veintiún ayuntamientos, veintiún concejos, y esa eliminación supone un golpe definitivo para los intereses, perspectivas y desarrollo de este territorio de las cuencas mineras y del Principado de Asturias en su conjunto.
En la contestación a una pregunta mía en la primera comparecencia del ministro y a una interpelación del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, el 9 de febrero, el Gobierno nos confirmó que no solo no rectificaba el citado ajuste sino que se ratificaba en que no asumía absolutamente ninguno de los compromisos pendientes del Gobierno socialista anterior. En su intervención para justificar dicho ajuste ha recurrido a un argumento absolutamente propio de los sofistas griegos: nos traslada que las distintas líneas de ayuda que gestiona el Instituto para la minería del carbón han disminuido desde el año 2008. Consecuentemente el ajuste se ha concentrado en las ayudas de menor ejecución presupuestaria, y ello a pesar de reconocer que esa menor ejecución obedece a un factor multicausal: burocracia desvaída y desidiosa del Gobierno socialista, ciclo económico negativo y problemas de financiación exterior. Todo eso lo reconoce el ministro como causa de la disminución de la ejecución de los distintos proyectos empresariales y de infraestructuras, pero lo convierte todo, a pesar de reconocerlo, en un: hay que ajustar, es lo que hay. Y en ese ajuste entran precisamente esos veintiún convenios por valor de 185 millones de euros, que fueron correctamente tramitados por la Administración regional actual y que quedaron pendientes para su financiación de la firma final del secretario saliente del Ministerio de Industria, a los que se refiere mi enmienda de adición planteada a la moción que aquí estamos presentando y que no fue aceptada en sus términos como consecuencia de que al Grupo Socialista teórica o formalmente no le interesaba dicha enmienda de adición.
Para terminar, permítame aludir a las cuentas con Asturias, que son las siguientes a efectos de sus planes: convenios firmados y con ejecución, total de deuda 158 millones de euros; convenios firmados con el plazo sobrepasado por el propio ministerio en algunos casos, total de deuda 245 millones de euros...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Álvarez, tiene que terminar.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Termino, señora presidenta.
Convenios sin firmar, 290 millones de euros. Total, más de 700 millones de euros con nuestra comunidad, que hemos adelantado cuanto se ha podido. No sé si la cuantía del ajuste es inferior al grado de la ejecución de los proyectos correspondientes...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Álvarez, termine.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: ... lo que sí sé es que esta es la deuda del Estado con Asturias en esta materia. Lo demás es retórica y sofisma y por eso vamos a apoyar esa moción.
Por el mismo grupo, por tiempo de dos minutos, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
Intervengo desde el escaño para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego a favor de la moción que estamos debatiendo. La eliminación de la financiación de infraestructuras sin compensación del cese de actividad de la minería del carbón afecta muy negativamente a las comarcas gallegas del Eume y Cerceda, unas comarcas con alta dependencia de la minería y de la actividad de sus centrales térmicas, que sufren con esta medida un nuevo castigo que se viene a sumar a una serie de decisiones claramente perjudiciales para sus intereses. Hay que tener en cuenta que estas centrales destinaron buena parte de su producción a abastecer otros mercados sin apenas reinvertir sus beneficios en Galicia, mientras Galicia soportaba uno de los índices de contaminación por lluvia ácida más altos de la Unión Europea. No tengo tiempo, señora presidenta, señorías, de explicar pormenorizadamente las cosas relacionadas con estas centrales térmicas, pero quiero recordar que las comarcas mineras antes aludidas, estas comarcas gallegas, tan solo recibieron el 2,57 por ciento de los fondos, pese a que el porcentaje de pérdida de empleo de la minería gallega representó en ese periodo el 8,49 por ciento del total del Estado. Ahora, en plena vigencia del Plan 2006-2012, se suspende el programa de inversiones asociado al mismo, cuando además apenas se ha acometido alguna de las actuaciones comprometidas, una medida por tanto que dificulta la diversificación de la actividad económica de estas comarcas y convierte en papel mojado el objetivo del plan: hacer realidad un nuevo modelo de desarrollo de las comarcas mineras integral y sostenible. Por esas razones vuelvo a decir que el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fernández Davila.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señora presidenta, señores diputados, en primer lugar, quiero decir que nos entristece profundamente constatar que aquí lo que nos trae hoy es un fracaso; un fracaso doble: un fracaso del Partido Popular, que decide eliminar unas ayudas enmarcadas dentro de los fondos mineros que se crearon en 1998, en su Gobierno, y un fracaso también de La Izquierda Plural, que le interpela para que no lo haga, pero que, según nosotros, no asume sus propias responsabilidades en lo que en Unión Progreso y Democracia creemos que es un fracaso en la gestión de estos fondos. Es decir, dos temas: la existencia o no de esos fondos y cómo se han gestionado, dos cuestiones que para Unión Progreso y Democracia son igualmente importantes.
Más allá de las dificultades económicas que llevan al Partido Popular a aducir que están tomando esta decisión -si se me permite, demostrando una vez más cuáles son sus prioridades, es decir, quiénes merecen (por ejemplo, los bancos) dinero público y quiénes no, lo que por otra parte está bien porque nos van quedando claras las prioridades a todos los españoles-, a Unión Progreso y Democracia le parece importante hablar de cómo se ha gestionado una cantidad ingente de fondos, porque sin hacer ese diagnóstico nos parece inútil avanzar en esta discusión. Antes que nada, quiero adelantar que Unión Progreso y Democracia está a favor de estos fondos. No se puede -es evidente- exigir a trabajadores de diversas comunidades autónomas, como Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón o Galicia, que cambien de modelo productivo, que cambien de actividad, y no ayudarles con alternativas. Ese es nuestro trabajo. Y, por supuesto, tampoco podemos confiar en que solo mediante una ayuda que, como todos sabemos, acabará en 2018 solucionaremos el problema.
Señores diputados, como acabo de decir, tenemos que ofrecer alternativas y ahí es donde se vuelve a poner en evidencia la ineficiencia de muchos de nuestros cargos políticos a la hora de prestar servicio a nuestros ciudadanos. La valoración de cómo se han gestionado esos fondos no nos parece a Unión Progreso y Democracia un tema caprichoso. Según valoraciones del propio Ministerio de Industria, y a modo de ejemplo, en Asturias, tras seis años de tramitación, solo se han ejecutado obras por un valor de 32,3 millones de euros. Señorías, teníamos a nuestra disposición 431 millones de euros y solo hemos sabido aprovechar 32,3. Si me permiten, al hilo de lo que se ha hablado antes en esta
Cámara, son actuaciones como esta las que desacreditan a la clase política y no propuestas como las que ha traído nuestro partido a la Cámara. Debemos preguntarnos cómo es posible que hayamos fracasado así, porque no solamente es importante mantener esos fondos, sino que es fundamental utilizarlos y hacerlo bien. Lo demás sería fallar a la ciudadanía y debemos entonar en esto un mea culpa.
Pues bien, hablemos de esos fondos y de cómo se han utilizado. La mitad de los proyectos acordados ni arrancaron o están en fase de tramitación. Algunos convenios firmados han caducado sin llegar a iniciarse las obras. Señorías, es evidente que la mayor parte de estas ayudas han sido desaprovechadas por nosotros y en UPyD creemos que esto se debe al modelo implantado para gestionarlas. Vamos a hablar ahora de ese modelo. Las centrales sindicales -al ser parte importante de la consecución de esas ayudas-, las administraciones centrales y autonómicas y los ayuntamientos fueron los encargados de tramitar, gestionar y ejecutar esas obras y todos ellos estaban en las mesas regionales del carbón, donde se elegían los proyectos. En Unión Progreso y Democracia debemos denunciar de nuevo durante estos procesos algo que se ha venido repitiendo una y otra vez durante los últimos años en nuestro país: falta de diligencia, burocracia excesiva, obras inútiles, sobrecostes, funcionarios insuficientes para tramitar miles de expedientes. Señorías, el cambio que se ha provocado durante esta época con estos fondos ha sido superficial, no ha sido un cambio profundo. No existe modelo económico alternativo. El paro sigue subiendo en estas comarcas y los jóvenes emigran. El escaso atractivo que tienen estas comarcas para captar nuevos residentes y el saldo vegetativo negativo hacen que caiga la población en estas zonas. Por poner otro ejemplo, en la zona minera de Asturias existen 30.000 habitantes menos en los últimos veinte años. Se ha ido gente cualificada y la población ha envejecido notablemente. La cuestión, señores del Grupo Socialista o señores del Grupo Popular, no es aceptar implícitamente el fracaso de unas ayudas que ustedes pusieron en marcha o el porqué de su fracaso, sino adoptar alternativas. Tampoco es cuestión de indignarse sin haber sido capaces de gestionar todo ese caudal de dinero público. Por eso, nosotros hemos presentado dos enmiendas que creemos que mejoran la moción y esperamos que sean aceptadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cantó, vaya terminando.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señorías, estamos a tiempo de mantener esas ayudas y ofrecer un futuro digno a estas comarcas, de hablar en profundidad y no quedarnos en la superficie. Estamos a tiempo de corregir tantos desmanes e ineficacias.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Acabo.
Es importante, es esencial que diagnostiquemos el problema y ofrezcamos alternativas. Si se me permite, estamos a tiempo de hacer bien nuestro trabajo, señorías. Para eso se nos paga.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Sánchez Díaz.
El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, señor Yuste, los fondos mineros tienen un problema fundamental: su mala gestión desde 2007. Ese es el problema fundamental que tienen, que se han gestionado mal. Desde 2007 no se llevaron al Instituto del Carbón los fondos necesarios, los que había que llevar cada año para consignarlos en el presupuesto. No se llevaron y se decía aquí, en la Cámara, que de momento no hacían falta porque los proyectos estaban estancados. Voy a decirle más. El Partido Popular tiene una gran credibilidad en el tema de los fondos mineros. (Rumores.) ¿Sabe usted por qué? Porque lo hizo el Partido Popular. ¿Y sabe con quién lo hizo? No lo hizo con el Partido Socialista, lo hizo con los sindicatos mineros. Sobre todo eso que nos dice de grandes manifestaciones, repase un poco la prensa del momento. No es cierto; ni se hizo ninguna manifestación por los fondos mineros, porque la filosofía era mantener las cuencas mineras precisamente con el apoyo de los sindicatos mineros, ni se hizo ninguna huelga en la empresa pública de Hunosa mientras gobernó el Partido Popular -¿Le parece curioso? Eso es así, exactamente así-, ni se ha cerrado ningún pozo minero en ese tiempo. Por lo tanto hay un problema: que a partir de 2007 la gestión fue pésima. Fue pésima en España, pero también fue pésima en Asturias, señor Yuste. En Asturias,¿sabe quién estaba en ese Gobierno? Izquierda Unida. Ocho años estuvieron en ese Gobierno, con la boca callada, aceptando que los fondos mineros no se invertían debidamente. Dígaselo a sus compañeros de escaño, no nos lo diga a nosotros, que durante el tiempo de Gobierno creamos una gran credibilidad por los fondos mineros.
Dice usted que está en contra de los recortes del decreto del 30 de diciembre. Sin duda alguna todos los decretos de reforma que impulsen la economía tienen problemas de aplicación; este también los puede tener. No todo el mundo estará de acuerdo con él, pero convendrá conmigo y con el resto de esta Cámara en que es necesario tomar medidas para el saneamiento económico de nuestro país, porque si no hacemos la recuperación económica, señor Yuste, ¿sabe lo que pasará? Que en todos los polígonos industriales que podamos hacer en Asturias, en Castilla y León o en Aragón no habrá
empresas que se instalen allí. La filosofía de los fondos mineros era atraer un nuevo producto, una nueva empresa productiva para recolocar y colocar a los jóvenes de las comarcas mineras. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Por tanto es más sensato, más que oponerse a eso, aceptar la enmienda que yo le propongo. Garanticemos, en primer lugar, las prejubilaciones. Usted no les daba importancia. Decía: solo las prejubilaciones. Oiga, la mayor preocupación de las comarcas mineras y de los mineros son las prejubilaciones. Esa es la mayor preocupación que tienen porque es el sustento de cada día, y es su futuro, después de haber trabajado durante muchísimos años. Complementemos eso, terminemos las obras. Se lo dijo el ministro: Las obras de infraestructura se acabarán. Pero acabar las obras de infraestructuras, con lo que está en marcha, llevará el 2012 y el 2013. ¿Cree usted que estamos en situación de paralizar fondos públicos para que no se utilicen porque no hay capacidad en las administraciones -no la hubo, especialmente con el Gobierno socialista y con Izquierda Unida-; cree usted que nos van a permitir los ciudadanos que tengamos cantidades inertes, que no pueden funcionar porque no tienen firmados los convenios, porque no están tramitados? Lo que le dijo el ministro es de puro sentido común: Vamos a acabar las obras que están en marcha, y vamos a llegar a 2013. Sigamos con las becas. Estudiemos por qué fracasaron 180 convenios, por qué caducaron, por qué se abandonaron; estudiemos por qué. Y además unamos la comisión de seguimiento donde están los sindicatos para ver si los fondos mineros están cumpliendo el objetivo que nos habíamos marcado, y sobre esa reunión y sobre ese seguimiento poder seguir evolucionando y creando ilusión en las comarcas mineras. No se crea con discursos fáciles o populistas. Es muy fácil decir aquí: Que se cumpla todo. Se crea con discursos sinceros, porque el ciudadano sabe quién dice la verdad. El Partido Popular dice la verdad en el tema de la minería y tiene una gran credibilidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor Sánchez Díaz.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, anuncio que el Grupo Socialista va a votar a favor de esta moción y que además hemos presentado una enmienda que ha sido aceptada. ¿Por qué vamos a apoyar esta moción? Porque estamos seguros, señorías, de que el Gobierno necesita orientación en este tema. Como necesita orientación tenemos que orientarlo con la moción. El ministro de Industria, su ministerio, da la sensación de que no tiene un plan para este sector. A pesar de que estamos hablando del plan del carbón el Ministerio de Industria da la sensación de estar absolutamente desorientado en este sentido. Tres veces habló el ministro de la eliminación de la financiación en infraestructuras o en compensación del cese de la actividad de la minería. La primera vez habló en Zaragoza y dijo una cosa, que efectivamente tenía que hacer un ajuste de 1.100 millones de euros en su ministerio pero que lo haría de otras partidas, no de esta. La segunda vez, 31 de enero, habló en esta Cámara en la Comisión de Industria, donde compareció y nos dijo que no iban a llevarse a cabo ninguno de los convenios relativos a infraestructuras. Y la tercera vez, la pasada semana, en este mismo Pleno nos dijo una cosa diferente. Nos indicó que los convenios de infraestructuras, uno, los que estaban acabados los pagarían; dos, los que estaban en marcha se verían de uno en uno, y suponemos que con el carné en la boca; y, tres, los que no se habían empezado que perdieran toda esperanza. Esas son las tres posturas que tuvo el ministro de Industria, en las que vemos, en primer lugar, desorientación. En segundo lugar, nos da la sensación de que los avances que está haciendo el ministerio en el ámbito de la política energética son un auténtico peligro para las comarcas mineras, especialmente para algunas. Dense cuenta de que estas comarcas mineras han desarrollado energías renovables en los últimos años, por esa especialización que han ido adquiriendo en el ámbito de la energía; han desarrollado diferentes iniciativas. ¿Qué es lo que nos plantea el actual Gobierno para las energías renovables? Cambiarlas de la Champion y meterlas en las ligas menores. Al mismo tiempo está la supresión de los convenios para el desarrollo para las comarcas mineras, no solo de infraestructuras. El ministro nos hablo aquí de que también haría una disminución en los fondos destinados a que las empresas puedan seguir funcionando y explotando carbón; que haría asimismo una disminución -más importante que en los convenios de infraestructuras- en aquellos incentivos empresariales destinados a desarrollar estas comarcas de una forma mucho más plural, es decir a diversificar su economía. Eso sí, de lo único de lo que no nos habló fue de los fondos correspondientes a enseñanza y a educación; de los fondos que hay para formación -que son importantes- no nos dijo nada en ese momento.
Les decía que en la parte que corresponde a los convenios de infraestructuras lo que está haciendo el ministerio es achicar el espacio de los territorios mineros hasta dejarlos en su mínima expresión. Este es el objetivo real que creemos que persigue para los territorios mineros. ¿Por qué? Cuando se da el cerrojazo a la mejora del entorno urbano, rural y de infraestructuras llenando de incertidumbres el soterramiento del ferrocarril en Langreo que se estaba llevando a cabo; la electrificación rural en las aldeas de Fuenteovejuna en Andalucía; cuando no sabemos qué va a pasar con obras hidráulicas que son fundamentales para desarrollar en otros ámbitos la economía de zonas, como en Aragón con la elevación de aguas del Ebro-Andorra-Sierra de Arcos; cuando en los ámbitos en que el ministerio tiene decididas -firmado con los sindicatos- nuevas iniciativas
empresariales y se carga de un plumazo la posibilidad del desarrollo turístico en zonas de León imposibilitando el parador de Villablino, el Gobierno está achicando claramente el futuro de las comarcas mineras, y además lo sabe.
Señorías, este Gobierno ya nos ha avanzado dos cosas. Nos dicen algo en lo que podemos estar de acuerdo: hay que disminuir el déficit. ¿Cómo lo está haciendo? Por el ámbito de los ingresos aumentando la fiscalidad a asalariados, es decir a trabajadores y clases medias; y en el ámbito de los gastos dando el cerrojazo a las inversiones en aquellos territorios con más dificultades y más sensibles de este país, por ejemplo en aquellos en los que todos habíamos llegado al acuerdo -hasta el Partido Popular cuando gobernaba- de que era necesario un suplemento para que iniciaran un proceso de convergencia en el desarrollo económico y social con el resto del país. En eso ha empezado por los asalariados en cuanto a aumentarles sus cargas fiscales y quitando lo primero, los incentivos en las comarcas que más lo necesitaban para esa convergencia.
Acabo ya, presidenta. El último tema por el que queremos orientar al Gobierno es por una razón fundamental. En este mismo año, en los próximos meses, el Gobierno va a tener que afrontar un proceso muy importante: va a tener que volver a sentarse con los sindicatos mineros; va a tener que volver a sentarse con las comunidades autónomas y los ayuntamientos mineros, y el problema es con qué credibilidad el Gobierno irá a esa mesa; un Gobierno que al llegar se carga acuerdos, que es verdad que venían del Gobierno anterior del Partido Socialista...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Trevín, tiene que finalizar.
El señor TREVÍN LOMBÁN: ... pero un proceso que había iniciado él mismo. Llega este Gobierno con una falta de credibilidad que nos preocupa y por eso le pedimos que rectifique.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Trevín.
Turno de fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, con esta moción el señor Yuste, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, desea evitar que se paralicen o que se abandonen definitivamente los planes de impulso y revitalización de aquellas zonas y comarcas mineras en las que la explotación del carbón constituye una parte relevante de su actividad económica. Releyendo la interpelación de la pasada semana y analizando los argumentos del interpelante y del interpelado, cabe deducir que existe un acuerdo sobre la necesidad de impulsar infraestructuras y proyectos empresariales en dichas zonas, más allá de financiar las prejubilaciones de aquellos trabajadores que abandonen la actividad minera. El ritmo de ejecución de los proyectos en el pasado y la crisis económica actual con sus consecuencias en los recortes presupuestarios son a juicio del Gobierno los motivos de la ralentización de las iniciativas. No pretendo ni mucho menos justificar al Gobierno, pero considero que no es fácil impulsar proyectos compensatorios de la tradicional actividad económica de un territorio, como es el caso de la minería del carbón, y más difícil aún es que cuajen y se consoliden dichos proyectos. Los cambios productivos exitosos son lentos y no solo se consiguen con dinero. Es necesaria la experimentación, la formación e incluso la voluntad de cambio; no obstante, desde el Grupo Vasco creemos que es preciso hacer un esfuerzo en ese sentido, puesto que sería una gran irresponsabilidad política consentir que se deserticen las comarcas mineras con las consecuencias económicas y sociales que pudieran derivarse. Es por ello por lo que votaremos a favor de dicha moción, sin embargo no nos podemos engañar: el carbón no tiene futuro y mucho menos el carbón español, con baja calidad calorífica, con gran proporción de minas en el interior, con yacimientos profundos e irregulares. La presión social y las importantes ayudas al sector es lo que está manteniendo la actividad. Además, la utilización del carbón interior conlleva mayores emisiones de CO2 y la utilización menos eficiente de las centrales térmicas que si se utilizara carbón de importación u otras energías alternativas. Su obligado consumo distorsiona gravemente el funcionamiento del sector eléctrico. Además, el único camino posible para la solución económicamente eficiente y dentro de los límites de la legislación europea es el cierre paulatino de las minas. Asumamos la realidad, enfrentémonos a ella sin marear la perdiz ni demorar en exceso la toma de decisiones. Por ello instamos al Gobierno a que impulse las medidas compensatorias con el fin de evitar en las zonas afectadas los problemas económicos y sociales que de la inacción y del olvido pudieran derivarse.
En el mismo turno, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, debatimos la moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno, relativa al cumplimiento del Plan nacional de reserva estratégica del carbón 2006-2012 y el nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Déjenme, señorías, presidenta, hacer unas breves referencias al contexto del debate. El Plan nacional de reserva estratégica del carbón 2006-2012 y el nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de
las comarcas mineras aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de marzo de 2006, tuvo como objetivo contrarrestar el declive industrial y los efectos económicos negativos derivados de la reestructuración de este sector, así como también reducir el impacto social por la reducción de la actividad de las empresas mineras. Con este fin, y en aplicación de dicho plan, se han venido aprobando desde entonces una serie de ayudas dirigidas, por una parte, a las empresas que reunieran determinados requisitos y, por otra, a los propios trabajadores, facilitando su prejubilación. En esta línea, el Consejo de Ministros celebrado el 17 de julio de 2009 aprobó un real decreto que modificaba otro de 24 de agosto de 2007, por el que se establecía el régimen de ayudas al desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mineras del carbón. Hechas estas consideraciones, presidenta, señorías, desde la perspectiva de Convergència i Unió quisiera hacer otra serie de consideraciones respecto al contenido de la moción y a nuestro posicionamiento. En primer lugar, el carbón producido en España es de baja calidad y altamente contaminante por el elevado contenido de azufre que tiene. Ello implica que se debe importar carbón de más calidad, lo cual hace del carbón una energía claramente costosa e ineficiente. En segundo lugar, el carbón provoca importantes daños medioambientales al liberar contaminantes como óxido de azufre y nitrógeno y diferentes partículas de elementos pesados como el mercurio. En este sentido cabe recordar que las emisiones de CO2 crecieron el año pasado en España en torno al 6 por ciento, pese a que la crisis económica ha comportado el descenso de la actividad industrial y un menor consumo general de electricidad. El aumento del CO2, por tanto, se debe mayoritariamente al incremento de electricidad con carbón, cuyo uso se duplicó en 2011, creciendo un 96 por ciento. En tercer lugar, señorías, si bien es cierto que el carbón es una fuente de energía primaria importante, también lo es su falta de eficiencia y su elevado coste. Por ello, una apuesta acertada sería dejar de consumir esta reserva energética para que pueda ser usada en todo caso bajo circunstancias excepcionales y de extrema necesidad. Desde CiU, señorías, somos muy conscientes y muy sensibles acerca de la incidencia social que tiene sobre determinados territorios el Plan nacional de reserva estratégica y el nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, pero precisamente por ello creemos que la mejor forma de actuar no es financiando infraestructuras como medio de compensación, sino estableciendo programas de ayudas para reactivar y reorientar la actividad productiva de las zonas afectadas.
Señorías, compartimos muchas de las consideraciones realizadas por el ministro con ocasión de la interpelación, y el contexto económico- financiero nos obliga en todo caso a priorizar inversiones y a ser extremadamente exigentes con los recursos públicos, con su gestión y con su eficiencia. Al mismo tiempo, señorías, reiteramos que la situación en la que se encuentran zonas del Estado con una industria minera del carbón importante e histórica, que ha condicionado durante muchos años su desarrollo industrial, económico y social, obliga a establecer e impulsar programas específicos de ayudas para reactivación de las zonas afectadas, a impulsar su reindustrialización y hacer que se llegue a un desarrollo menos dependiente y más diversificado, apostando por la formación e impulsando nuevas actividades productivas, generadoras de ocupación en dichas zonas y que hagan menos dependientes del carbón a las mismas y permitan que dichas zonas afectadas encuentren su productividad, su competitividad, y su crecimiento y desarrollo social y económico en otros sectores. Este es, a nuestro entender, señorías, el plan que urge activar y el que deberíamos apoyar.
Señor Yuste a efectos de aceptación o rechazo de enmiendas.
No puedo aceptar las enmiendas del Grupo Popular ni del Grupo de UPyD por lo que he explicado en la intervención; he intentado llegar a una transacción a partir de la enmienda de Foro Asturias pero al final no ha sido posible, por lo que tampoco puedo aceptar su enmienda, y la única que puedo aceptar es la del Grupo Parlamentario Socialista.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN DESARROLLO DE LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 173/000002.)
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación urgente, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de estabilidad presupuestaria del Gobierno para las administraciones públicas en desarrollo de las previsiones del artículo 135 de la Constitución. Para la defensa de esta moción tiene la palabra el señor Saura.
Señorías, ¿por qué una moción relativa a la estabilidad presupuestaria en desarrollo del artículo 135 de la Constitución española? Voy a tratar de explicarlo de manera sintética. En primer lugar, porque el principal problema que tiene en este momento la economía espa
ñola es el crecimiento, es la generación de empleo, y el desarrollo del artículo 135 no puede ir contra ese crecimiento económico y la generación de empleo. Dicho de otra manera, el desarrollo de la Constitución no puede ahondar en la recesión, no puede ahondar en la pérdida de empleo, porque es el principal problema. Lo explicaba el otro día; en primer lugar el principal problema de las empresas es que no venden, en segundo lugar que no cobran lo que venden y después tienen también un problema de financiación. Por tanto, si se plantea una estabilidad presupuestaria de manera equivocada las empresas -la economía- van a tener un problema adicional. Por eso nosotros somos partidarios de hacer una senda de ajuste más laxa, porque eso evidentemente ayudará al crecimiento económico. De hecho, ya hay muchos economistas de referencia que vienen a decir que si no se hace una senda más laxa de consolidación fiscal vamos a ir no ya a un decrecimiento para este año del menos 1,5 sino a un decrecimiento del 3 por ciento, o a una tasa de paro del 26 por ciento, a prácticamente 6 millones de parados.
En segundo lugar, creemos firmemente que nuestra Constitución consagra la idea del equilibrio presupuestario pero no la idea del déficit cero. Creemos además que las leyes de estabilidad presupuestaria del Partido Popular, de déficit cero, no habrían permitido los superávits presupuestarios que se produjeron en 2005, en 2006 y en 2007. Incluso esa ley de estabilidad presupuestaria, de déficit cero, del Partido Popular habría provocado un ajuste de caballo en estos años de crisis y hasta una recesión y una pérdida de empleo muchísimo mayor. La estabilidad presupuestaria es lo que vienen a hacer las familias, las empresas, en definitiva las administraciones: ahorrar cuando las cosas van bien para invertir en los momentos más necesarios. Dicho de otra manera, la estabilidad presupuestaria tiene que ver con la política a favor del crecimiento económico y a favor de la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales.
En tercer lugar, creemos necesaria esta moción porque el PP en materia económica siempre tiene mala conciencia. Una cosa es lo que dicen, una cosa es lo que prometen, y otra bien distinta es lo que terminan haciendo cuando gobiernan. Hay muchísimas muestras en los gobiernos municipales y en las comunidades autónomas donde gobiernan. Hablan del déficit cero pero son las administraciones más endeudadas. Dicen que van a bajar los impuestos y cuando empiezan a gobernar provocan, generan, incrementan los impuestos como nunca en la democracia. Dicen que no van a abaratar el despido, pero la mayor agresión a los trabajadores y a sus derechos se ha producido con la reforma laboral en curso. No me extrañaría que hubieran inflado el déficit público, que hayan mentido también en esta cuestión, porque tiene mucho que ver con esa forma de decir una cosa y hacer otra bien distinta. Por tanto, no me extraña que hayan engañado, hayan inflado el déficit público de las cuentas públicas del año 2011.
Esta mala conciencia les lleva a ser más papistas que el Papa, por ejemplo, con la Ley de Estabilidad Europea, con el último pacto fiscal. Eso tiene que ver con el ratio de deuda pública con relación al PIB y con algo muy preocupante, el periodo de convergencia a 2020. Esos serán los años más complicados que vamos a vivir desde el punto de vista económico. No es verdad que la Ley de Estabilidad Europea, que el Tratado de estabilidad, que el nuevo pacto fiscal, diga que en 2020 tengamos que tener un 60 por ciento de deuda con relación al PIB; de ninguna manera. Que el Partido Popular lleve eso al anteproyecto tiene algunas consecuencias, y es que mete tanta rigidez que nos lleva a conclusiones que se dan de bruces con la racionalidad económica; me explico. En el año 2013 ó 2014 de acuerdo con este anteproyecto, con un crecimiento del 0,001, que evidentemente no es un crecimiento que genere empleo ni que se acerque al crecimiento potencial, habría que reducir directamente -no el déficit estructural, no el déficit cíclico, que es razonable reducirlo porque estaríamos en un crecimiento ligeramente positivo- el ratio de deuda con relación al PIB. Eso evidentemente ahondaría la recesión y el paro. Nosotros estamos planteando, como decía anteriormente, una senda más pausada a la hora de la consolidación fiscal, y eso también implicaría una ligera adaptación del tratado en lo que tiene que ver con el ritmo de descenso del ratio de deuda.
Les decía que esa fe del converso, esa mala conciencia, que les lleva a ser más papistas que el Papa, se recoge en el anteproyecto de ley que ha planteado el Partido Popular, de tal manera que también eligen la visión más restrictiva no solo del pacto fiscal europeo sino la visión más restrictiva del artículo 135 de la Constitución; por otra parte, lo que se recoge en el anteproyecto no coincide con lo acordado con el Partido Socialista, el acuerdo entre el PP y el PSOE, entre el PSOE y el PP. En ese caso de lo que estamos hablando, cuando cogen la parte más restrictiva del artículo 135 de la Constitución, es del déficit estructural; pero de lo que está hablando el PP es del déficit cero y nuevamente no está hablando del concepto de estabilidad presupuestaria, porque la Constitución lo que recoge es el principio de estabilidad presupuestaria y no el concepto de déficit cero. Evidentemente nos planteamos esta moción por una cuestión de confianza. El problema con el anteproyecto es doble, lo explicaba también el otro día en la interpelación al ministro. Si tenemos este anteproyecto hay que cumplirlo, porque si no se pierde credibilidad ante los actores económicos, ante los mercados.
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, tiene que ir acabando.
El señor SAURA GARCÍA: Termino ya, señor presidente.
Hay que cumplirlo para tener y no perder credibilidad ante los mercados y ante los actores económicos, pero si se cumple nos lleva a mayor recesión y mayor pérdida
de empleo; es decir doble problema. Por tanto, señor presidente, estabilidad presupuestaria sí, déficit cero no; una consolidación fiscal razonable sí pero no una consolidación fiscal que nos lleve a más recesión, a mayor pérdida de empleo y a una dificultad en la financiación de los servicios públicos fundamentales y la cohesión social; ajuste fiscal razonable sí pero no en un periodo corto de tiempo.
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, tiene usted que acabar.
Un pacto fiscal que sea compatible con el crecimiento económico y la generación de empleo, y de empleo de calidad.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Unión Progreso y Democracia, el señor Anchuelo.
Señorías, el punto 1 de esta moción nos solicita que la legislación que desarrolle el artículo 135 de la Constitución española se amolde al nuevo pacto fiscal de la unión económica y monetaria. El Gupo UPyD no puede estar más de acuerdo. Creemos que España tiene que ser un socio serio pero digno dentro de la Unión Europea y que el Gobierno actual y el anterior han caído en una carrera de intentar ser el mejor alumno de la clase cambiando la Constitución en 24 horas o poniéndose límites más estrictos que los que la Unión obliga a cumplir. Consideramos que esto es un error, deberíamos cumplir los límites de todos los socios, pero cumplirlos de verdad y no intentar ganar credibilidad por una vía que puede volverse en contra nuestra. Debemos ser, insisto, un socio serio, que cumple los compromisos, pero digno, que actúa como un gran país de la zona euro que es lo que somos.
En la segunda parte del punto 1 se nos habla de que hay que mantener la sostenibilidad económica y social en nuestro país -por supuesto- y la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales. Aquí querríamos realizar una pequeña matización porque la palabra sostenibilidad unida a servicios públicos suele ligarse a la bajada en los servicios públicos para hacerlos sostenibles. Los servicios públicos pueden ser sostenibles a niveles muy distintos, a un nivel muy bajo, o pueden ser sostenibles en una comunidad rica a un nivel alto y en una comunidad pobre a un nivel bajo. Por eso hemos introducido una matización en el sentido de que creemos que lo que hay que defender es la calidad de los servicios públicos, una calidad similar en toda España.
En el punto 2 se nos pide lo que parece el objetivo central de la política económica del PSOE al inicio de legislatura, que es una mayor pausa en la reducción del déficit. No tiene sentido en una economía en recesión como la nuestra recortar el déficit en 4 puntos de la noche a la mañana. Por tanto, estamos de acuerdo en una mayor pausa, pero no deja de ser paradójico que ustedes se indignen con el tamaño del recorte, ya que hay que hacer un recorte tan grande porque cuando estaban en el Gobierno no lo hicieron; eso sí, con cierta ayuda del Partido Popular en las comunidades que ellos gobiernan.
En el punto 3 se nos pide que los mecanismos preventivos y correctivos respeten el marco constitucional. Nos parece una obviedad. Esperamos que todo lo que salga de esta Cámara respete el marco constitucional. Y en particular -y esto es lo que nos sorprende- se centran en un único principio constitucional, que es el de autonomía financiera. Mi grupo, UPyD, está de acuerdo en que se respete la autonomía financiera, es un principio constitucional, en efecto, pero nos gustaría recordar que hay muchos otros principios constitucionales que también hay que respetar, por ejemplo, el principio de igualdad, el principio de solidaridad, el principio de planificación general de la actividad económica, el principio de coordinación, el principio de armonización. Todos esos principios también están en la Constitución y pueden matizar el principio de autonomía financiera de las comunidades. Por eso hemos presentado una segunda enmienda pidiendo que se respeten todos los principios que consagra la Constitución española, porque parece que se sacraliza un único principio olvidando todos los demás.
En el punto 4 se nos pide mantener los estímulos al crecimiento y el gasto en cohesión. Estamos de acuerdo, por eso siempre hemos planteado un recorte selectivo, pero nos gustaría que algún día los proponentes nos dijesen qué recortarían ellos, porque hay que mantener el gasto social, hay que mantener el gasto en infraestructuras, hay que mantener el gasto en esto y en lo otro. Nosotros proponemos recortes más fuertes en el gasto superfluo de las administraciones, en duplicidades, ayuntamientos, diputaciones. Si ustedes quieren mantener esos gastos, ¿qué recortarían?, ¿o no recortarían nada?
Por último, se nos pide buscar el consenso y de nuevo estamos totalmente de acuerdo, solo lamentamos que esa misma búsqueda del consenso no tuviese lugar no solo en el desarrollo de este artículo sino en la propia reforma constitucional.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Romero Rodríguez.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Señorías, señor presidente, quisiera que mis primeras palabras en
esta Cámara en nombre del Grupo Popular fueran una llamada al consenso, que retomemos la senda del diálogo y del acuerdo que el Grupo Popular y el Grupo Socialista iniciaron en la reforma del artículo 135 de la Constitución. Hemos presentado una enmienda porque el proyecto de ley sobre el que versa la moción ha de traerse por imperativo constitucional a esta Cámara, por cuanto el Grupo Popular espera que tenga el máximo consenso tanto de las fuerzas políticas aquí presentes como de las administraciones territoriales afectadas implicadas en su aplicación, para hacer coherente dicho desarrollo con una política presupuestaria ajustada al ciclo económico y con el establecimiento de estímulos al crecimiento, la inversión productiva y la generación de empleo. Señorías, estamos hablando de un anteproyecto y les pido que tengan visión de Estado, que no se obcequen en una posición cerrada que impida el acuerdo. Este anteproyecto tiene que pasar por las Cortes, así se legisla en democracia y para eso está la tramitación de las iniciativas legislativas, y es fundamental que se apruebe con el mayor de los apoyos posible. Trabajemos en esta Cámara para llegar a un acuerdo. Es fundamental para España. Todos los miembros de esta Cámara tenemos una gran responsabilidad. La situación económica y social del país lo requiere. Trabajar juntos y llegar a acuerdos reforzará la posición de este país. Tenemos un mandato constitucional que cumplir y hacer esta ley entre todos nos aportaría fuerza y credibilidad. Señorías, es imprescindible corregir cuanto antes los desajustes de nuestra economía. Hemos de actuar con celeridad y credibilidad para recuperar la posición que España nunca debió perder en Europa. En el euro y en el cumplimiento de las reglas que ello conlleva está buena parte de la solución de los problemas que hoy aquejan a la economía española.
El pasado 10 de febrero, el presidente del Banco Central Europeo afirmaba que España es el país de la eurozona que mayor restricción crediticia tiene y decía, asimismo, que era esencial para todos los países cumplir los objetivos de déficit público anunciados para 2012. Por ello, la solución no es evitar la reforma y los ajustes. No podemos titubear y seguir sembrando incertidumbre sobre nosotros mismos. Los más de 5.300.000 parados que hay en España necesitan que nos esforcemos para dar una salida a la dramática situación que están viviendo. Hay que sanear las cuentas. El sector público no puede consumir, con su déficit, los recursos que necesitamos para mantener el bienestar social y generar empleo y riqueza. Dar marcha atrás sería un error garrafal. Esos 20.000 millones que dice el señor Saura que no existían y sobre los que hemos mentido los detectó el interventor general de la Administración del Estado y esos 2 puntos de diferencia -que se suman y al final son 6 puntos con respecto a sus previsiones, señores del Grupo Socialista- no son el camino. ¿Es que acaso quieren volver a la laxitud presupuestaria? ¿Es que pretenden que cometamos sus errores? ¡Vaya papelón, señor Saura, dar recetas de economía aquí con 5.300.000 parados! Todos sabemos lo que pasó: presupuestos inflados, previsiones irreales y utópicas y decrecimiento que provocaron gastos descontrolados, sobrepasaron en los gastos todo lo que habían inflado, una situación perversa en la que las comunidades autónomas y ayuntamientos se vieron preparando sus previsiones sobre un cuadro macroeconómico falso -ya le avisamos que era falso-, y ahora se las ven y se las desean para poder devolver esos ingresos. Fue el anterior Gobierno socialista el que nos llamó, el que aprobó el programa de estabilidad. Fue dicho Gobierno con quien se comprometió con una cifra de déficit. Fueron los miembros del Grupo Socialista, los que ahora dicen que esto provocará crisis y paro, los que decían en el Pleno de 2 de septiembre de 2011 que no era cierto, que la estabilidad presupuestaria no conllevaba recortes; que no era cierto en absoluto, para nada, decía en la página 15 del "Diario de Sesiones" su entonces portavoz el señor José Antonio Alonso. Y ahora ¿qué pasa, que porque gobierna el PP sí conlleva la estabilidad presupuestaria déficit, crisis y paro? Señorías, lo que provocaría paro sería incumplir con nuestros compromisos y poner en cuestión nuestra credibilidad. Un escenario de estabilidad presupuestaria garantiza un marco eficiente para la actividad económica, mejora las condiciones de financiación de nuestra economía con un importante flujo de ahorro público y reduce el efecto de expulsión de la inversión privada, con la consiguiente generación de riqueza y empleo. Estas medidas, junto con las reformas ya emprendidas por el Gobierno, son las que nos devolverán a la senda del crecimiento y del empleo y al lugar que deberíamos de ocupar en Europa, que gracias a ustedes hoy en día no ocupamos.
Señores del Grupo Socialista, llegamos a un acuerdo para reformar el artículo 135 de la Constitución, por eso les pido sensatez. Ahora es el momento de pensar más en lo que nos une que en lo que nos separa, prestar el mejor servicio público que se pueda hacer, la mejor política social que nos pide España, que no es otra que esforzarnos todos para lograr el objetivo común de la creación de empleo. Queda todo el trámite del proyecto de ley en esta Cámara. Pongámonos a trabajar todos y busquemos un consenso para ello.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Romero Rodríguez.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Señor presidente, señoras y señores diputados, señor Saura, cuando en el pasado Pleno del día 9 de febrero presentó su interpelación en representación del Grupo Socialista, algunos de sus argumentos ofrecían pie a la esperanza. En algunos de los momentos de su intervención utilizó razonamientos en la línea de los que nuestro grupo había utilizado en la anterior legislatura para oponerse a la
reforma del artículo 135 de la Constitución. Hoy nos complace que el Grupo Parlamentario Socialista comparta con nosotros la impugnación de un concepto de estabilidad rígido y dogmático, que comparta con nosotros que el riesgo de rigidez en una política fiscal provoca una mayor caída de la economía y, en consecuencia, un mayor crecimiento del desempleo. Nos complace también comprobar que el Grupo Socialista comparta con nosotros que las políticas de estabilidad presupuestaria se apliquen de manera que no cercenen la recuperación económica; que las iniciativas legislativas de estabilidad presupuestaria regulen los mecanismos preventivos y correctivos de manera escrupulosa con el marco constitucional de ordenación del Estado; que las políticas de estabilidad presupuestaria se combinen con políticas de estímulo al crecimiento; que se busque el consenso de todas las fuerzas políticas de este Parlamento. Nos complace -nunca es tarde si la dicha es buena- que ustedes compartan con nosotros esas ideas.
Desgraciadamente, hay en su moción dos aspectos sustanciales que no podemos compartir. Su moción empieza no solo citando el artículo 135 de la Constitución reformado por el pacto Partido Socialista-PP, sino incluso condicionando toda ella como anclaje a un artículo que, quiero recordar, en su día fue aprobado rápidamente, con un cierto desprecio a la democracia participativa del pueblo español. Además, su moción plantea algo que tampoco podemos compartir, nos sitúa ante la necesidad de un ritmo en el proceso de consolidación fiscal que permita asumir los objetivos del pacto y que sea prudente, pero vuelve otra vez a situar como punto de referencia el pacto fiscal de la Unión Europea.
Señor Saura, creo que ustedes han perdido la oportunidad de ir por la senda que ha empezado, por ejemplo, el Partido Socialista francés y su candidato a la presidencia de la República cuando ha anunciado que va a poner en discusión el apoyo a ese pacto fiscal de la Unión Europea. Son estas discrepancias las que nos han llevado a presentar nuestras enmiendas que, en el caso de ser aceptadas, solo en el caso de ser aceptadas, comportarían nuestro voto favorable.
Señores del Grupo Parlamentario Socialista, hoy no solo estamos discutiendo cómo aplicar las políticas de estabilidad y de control del déficit, hoy saben ustedes que estamos discutiendo alguna otra cosa más; hoy ustedes tienen que decidir si quieren continuar del brazo de la política del PP, una política de déficit dogmática, rígida, que colapsa el crecimiento y que recentraliza el Estado -porque no se puede decir que se está en contra pero continuar votando a favor-, o bien si ustedes quieren construir una alternativa de izquierdas con un concepto de estabilidad presupuestaria al servicio de la ciudadanía y no de los mercados y respetuosa con el modelo descentralizado del Estado. Ese es el acuerdo que les brindamos a construir hoy. Señores del Grupo Parlamentario Socialista, señor Saura, hoy tienen un motivo más que la semana pasada.
Señores del Grupo Popular, si se confirman las informaciones que llegan de Bruselas que indican que el Gobierno español puede haber hinchado el déficit público de manera poco creíble con la realidad, estaríamos sin duda ante una situación extrema. Señor Rajoy, señora vicepresidenta del Gobierno, señor Montoro, sea donde sea que estén ustedes -señor Gallardón, si puede se lo comunica de mi parte- creo que es oportuno que hoy salgan del paso, porque cada vez más hay muchas personas en este país que están convencidas de que su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, está aprovechando de manera oportunista la crisis para imponer recortes sociales y un modelo social que no es el que la ciudadanía reclama. Por eso, señor Saura, señores del Grupo Parlamentario Socialista, no les ofrezcan ninguna cobertura, no den cobertura a esas políticas que en nombre del control del déficit y de la estabilidad practican aplicar políticas que se parecen más a la teología de los recortes que a un proyecto político serio para este país. Lo que hemos dicho, señor Saura, en su mano está el voto a nuestra moción y, sin duda, en su mano está que podamos compartir en el futuro un concepto de estabilidad y de déficit más propio de un país con políticas que atienden a sus ciudadanos y no a los intereses del mercado.
Por el Grupo Parlamentario Mixto y para presentar sus enmiendas tienen la palabra tres portavoces, se lo digo para que lo tengan en cuenta a efectos del tiempo. En primer lugar tiene la palabra el señor Quevedo.
Señorías, los nacionalistas canarios compartimos la preocupación esencial que subyace en la moción formulada por el Partido Socialista Obrero Español. También tenemos que recordar que en su momento nos opusimos con rotundidad a la reforma constitucional favorecida por un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, del cual se derivan los problemas que hoy tenemos encima de la mesa. Como no tengo demasiado tiempo para más disquisiciones, iré al grano.
Vamos a plantearles una enmienda de adición al punto 3 de su moción, ya que los nacionalistas canarios entendemos que no se pueden aplicar las mismas reglas de estabilidad a todas las comunidades autónomas sencillamente porque hay diferentes realidades. No es razonable que se trate igual a quien ha cumplido con el endeudamiento, a quien tiene una baja tasa de endeudamiento y además muy negativos indicadores sociales y laborales, como es el caso de la Comunidad canaria, que a quien ha hecho una utilización irresponsable de los fondos públicos. Por tanto, los nacionalistas canarios manifestamos que, si esta realidad no forma parte de su propuesta, difícilmente podremos apoyar una
propuesta que puede estar bien en el fondo pero que puede resultar discriminatoria. Debemos insistir en que una decisión como la que parece que va a tomar el Gobierno de España, más informada por razones ideológicas que por razones validadas por el análisis económico y social, puede conducir a un retroceso absolutamente histórico de las conquistas del denominado Estado del bienestar y sus políticas asociadas. En relación con esa medida, planteamos que es necesario que la estabilidad sea un objetivo razonable, siempre que no cuestione la calidad de vida de una sociedad determinada, siempre que no suponga un retroceso serio en la cohesión social, como creemos que puede ocurrir precisamente con las decisiones que se están tomando en estos inicios de legislatura. Volvemos a insistir en que la flexibilidad debe ser una característica, pero la tranquilidad, otra. No se pueden cumplir criterios de reducción del déficit de forma apresurada porque eso es contrario al desarrollo de la actividad económica, a la creación de empleo y claramente al desarrollo del gasto y de los servicios públicos.
Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señoras y señores diputados, aunque a alguien le sorprenda, parece que el camino que lleva de Moncloa a la silla de la oposición en el Congreso provoca extraños cambios de actitud en este lado del hemiciclo. También -tengo que decirlo- conlleva contradicción el camino que lleva de la oposición a La Moncloa. Mientras los reyes antirrebaja del despido presentan una reforma laboral que da barra libre a los empresarios, el PSOE parece que tiene ahora reparos a la enmienda que él mismo impulsó a la Constitución y que venía avalada por el neoliberalismo que reina en Europa. Partido Popular y Partido Socialista, pues, apoyaron una enmienda que, como todos sabemos, fue escrita en alemán y celebrada en francés por Merkozy, pero el debate ya es viejo y parece que el PSOE, en su intento de renovar sus principios de izquierdas, quiere ahora puntualizar la reforma del artículo 135. Más allá de la contradicción, más allá de las prisas y de una reforma exprés de la Carta Magna, todo indica que ahora compiten para ver quién aplica mejor el artículo, pero, señorías, el problema no es cómo se aplica dicho artículo, sino haberlo incluido en su día. En su momento, Esquerra se opuso al asalto neoliberal a la Constitución, no por compartir el respeto reverencial que ustedes tienen a la Carta Magna, sino porque era muy peligroso limitar el déficit con el cambio citado. Nos mostramos contrarios a un artículo que pretendía agradar los mercados y comprometer a las administraciones públicas del Estado español a no gastar más de lo que se ingresaba, unos límites que ya estaban garantizados y fijados previamente en las diferentes leyes de estabilidad presupuestaria. Ustedes hipotecaron de por vida para poder pagar una letra de la hipoteca del déficit, con un artículo que, a pesar de no ser demasiado concreto, concreta en extremo a través de la disposición adicional el calendario de su aplicación. En definitiva, ustedes defienden una moción que hace referencia a la ley reguladora que tenía que limitar el déficit a las diferentes administraciones públicas, pero sin contemplar que dependiendo de cómo se fijen esos límites y de cómo se distribuyan puede derivar en dos cosas. La primera sería una austeridad presupuestaria excesiva, que debilitaría la demanda y, a la vez, los diferentes programas públicos de promoción económica. En segundo lugar, puede esconder también una recentralización de facto por la vía de estrangular a las administraciones públicas territoriales y marginarlas en un ínfimo margen de endeudamiento, un margen mucho más pequeño que el que les corresponde por competencia.
El señor PRESIDENTE: Señora Jordà, le recuerdo que comparte usted su tiempo. Tiene usted que acabar.
Por tanto, para que pudiéramos votar a favor de esta moción deberían tenerse en cuenta en el desarrollo legislativo del artículo 135 los diferentes niveles del esfuerzo fiscal -un esfuerzo fiscal relativo a la hora de fijar los objetivos del déficit y sus planes de reajuste- y que en lo que se refiere a las administraciones autonómicas se contemplen también las balanzas fiscales de dichas comunidades autónomas. Es por ello que nos es imposible apoyar esta moción.
Señorías, la futura ley de estabilidad presupuestaria supone la ejecución de la reforma exprés de la Constitución acordada entre el PSOE y el PP. Fue una reforma constitucional negociada bilateralmente entre ambos partidos, que ninguno de los dos llevó en su programa y que no fue sometida a consulta popular. Dicha reforma pautaba el desarrollo legislativo del artículo 135 de la Constitución española bajo una óptica muy restrictiva en la concepción del déficit, así como en la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
El PSOE trata ahora de matizar su posición y marcar distancias con el Partido Popular con respecto al acuerdo que propició la reforma constitucional y sentó las bases de la futura ley que desarrollará el artículo 135. Fue un acuerdo realizado bajo el estricto dogma neoliberal relativo a la concepción del déficit y de la deuda pública. A tenor del discurso y acción del PSOE en el Gobierno
estos matices no resultan creíbles y, a pesar de que se tratan de criterios que matizan la concepción que propició la reforma constitucional, las propuestas contempladas en la moción se circunscriben al estricto marco que fijó dicho acuerdo. Se trata de una concepción que culpa al déficit y la deuda pública de la intensa crisis, que impide el uso de estos instrumentos clásicos de política económica y que limita sobremanera la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Por lo tanto, el Bloque Nacionalista Galego va a votar negativamente esta moción.
Por los grupos que van a fijar posiciones tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señores del Grupo Parlamentario Socialista, el encanto y la fuerza de la política económica que pudiera sospecharse del título de la moción sobre la política de estabilidad presupuestaria para las administraciones públicas en el desarrollo del artículo 135 de la Constitución española -tal y como aparece en el texto- desaparecen instantáneamente cuando analizamos el contenido de la misma o cuando releemos el "Diario de Sesiones" de la pasada semana en el que se reproduce el debate de la interpelación entre el señor Saura y el señor Montoro. Un tema de calado económico se convierte en intrascendente y de difícil comprensión. Con todos los respetos, parece un debate de alcoba sobre las discrepancias, infidelidades y supuestos incumplimientos de un compromiso del pasado. El debate gira en torno a si el anteproyecto de ley de estabilidad recoge o no fielmente lo pactado entre el señor Zapatero y el señor Rubalcaba por un lado y el señor Montoro y el señor Rajoy por otro. Señores del Grupo Socialista y señores del Grupo Popular, ese debate es hoy irrelevante y al menos a nosotros nos parece vacío y carente de interés. Nuestro grupo ya se manifestó en su día en contra de la reforma constitucional exprés que llevaron a cabo el PSOE y el PP porque entendíamos antes, y entendemos hoy, que no era en absoluto necesaria, al menos hacerlo con aquella rapidez para hacerle la pelota a la señora Merkel, demostrándole que somos los primeros en hacer la reforma constitucional.
Solo los juristas y algunos políticos de diferente formación -muy pocos economistas, que yo sepa- creen en el valor resolutivo de las leyes, aunque sea la propia Constitución. Por mucho que la Constitución impida el déficit público o reconozca el derecho a la vivienda de los ciudadanos, la realidad económica o social será la que se imponga. No era necesario el rango constitucional para establecer un marco a la estabilidad presupuestaria. Como señalaba el señor Montoro en la interpelación la semana pasada, sabíamos muy bien lo que estábamos votando y lo que significa realmente hacer esa reforma de la Constitución, y por eso precisamente votamos que no. Hoy el Grupo Socialista pretende con esta moción presentar una reclamación para que se cumplan los compromisos adquiridos con el Grupo Popular al reformar la Constitución, que se respete el marco competencial de las comunidades autónomas y corporaciones locales, que la ley de estabilidad sea coherente con las exigencias europeas y que se busque el máximo consenso en la aprobación de la ley de estabilidad. Eso, a nuestro juicio, no es decir casi nada. A pesar de no estar de acuerdo con la reforma constitucional, que ni siquiera se nos consultó -supongo que porque se entendía que era una cuestión de Estado en la que los nacionalistas no teníamos cabida-, votaremos favorablemente una moción cuyos contenidos son bastante inocuos y poco aportan, en nuestra opinión, al margen del rifirrafe político entre el PSOE y el PP.
Señores del Grupo Socialista, señores del Grupo Popular, si estamos preocupados por el crecimiento económico y por el empleo, si nos preocupa que las medidas de ajuste y las reformas estructurales que se están aprobando vayan a tener repercusiones negativas sobre el mercado de trabajo, sobre la ocupación y el paro, entonces tenemos que reorientar completamente el debate. Tenemos que mirar no solo hacia adentro, sino fundamentalmente hacia afuera para reclamar un periodo de ajuste más amplio, sí, pero sobre todo para exigir una política económica europea de impulso a la actividad económica y a la generación de empleo, para exigir la puesta en marcha de los eurobonos, que el Banco Central Europeo actúe como un auténtico banco central para exigir la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales que permitan financiar, junto con otros recursos comunitarios, una auténtica política anticíclica en pro del crecimiento y del empleo. De lo contrario, con mociones como la de hoy nos entretendremos, pasaremos el rato, pero no avanzaremos en el necesario debate económico para salir de la crisis económica.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista presenta ante esta Cámara una moción que va en la misma dirección política, en cuanto al fondo, que la proposición no de ley que debatimos hace aproximadamente una semana y que intenta cambiar el plan de estabilidad y todo el plan de ajuste que se ha planteado en los diferentes países de la Unión Europea para poder retrasar los objetivos del déficit en los próximos dos
años, dada la coyuntura negativa actual en el crecimiento de la economía española y que probablemente vamos a experimentar a lo largo de este año.
En primer lugar, me gustaría hacer un par de consideraciones al respecto. Me gustaría recordar al Partido Socialista -y también al Partido Popular, aunque es verdad que la pasada legislatura gobernaba el Partido Socialista- que ustedes fueron los responsables, conjuntamente y en una perfecta connivencia con el Partido Popular, de cambiar con premeditación y alevosía en una noche el artículo 135 de la Constitución. No solamente lo cambiaron consiguiendo un acuerdo relámpago entre las dos formaciones políticas, sino que al mismo tiempo tuvieron la osadía política de expulsar a partidos que habíamos colaborado y que habíamos sido padres de la Constitución. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Sánchez i Llibre, un momento. Por favor, ruego silencio para que se pueda oír al orador.
Continúe, señor Sánchez i Llibre.
Repito que tuvieron la osadía política, el valor político -yo lo defino como osadía política- de expulsar de este acuerdo a una serie de partidos que habíamos sido padres de la Constitución. Me refiero en este caso a Convergència i Unió y también a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que colaboramos en el año 1977 en la formalización de esta Constitución. Ustedes rompieron en aquella noche del mes de julio del año 2011 este pacto constituyente. Y ahora el Partido Socialista, que está en la oposición, paga en cierta manera el desaguisado que realizaron con el Partido Popular y nos quieren plantear una serie de modificaciones en las que en el fondo probablemente ustedes tienen absolutamente toda la razón. Es muy probable, casi seguro, que en función de la evolución de la economía y de la coyuntura económica a lo largo del año 2012 el partido que está en el Gobierno se vea obligado a modificar estos criterios en la evolución del déficit en los próximos dos o tres años, pero entendemos que en estos momentos los mercados internacionales esperan que exista una voluntad firme y segura de que los objetivos de déficit se van a cumplir. En esto nosotros estamos de acuerdo. También entendemos que hasta la fecha todos aquellos indicativos que han dado los diferentes mercados internacionales han sido positivos en función de la evolución y de las reformas que se han planteado. Por tanto, nosotros desde esta perspectiva vamos a ser consecuentes en la aplicación de nuestro voto. En el debate de la política europea que se formalizó el pasado miércoles nuestro presidente del grupo parlamentario, señor Duran i Lleida, ya fue en la misma dirección así como también lo fue la diputada Inma Riera, que en la moción hizo una intervención parecida a la que yo estoy haciendo. Por lo tanto, desde esta perspectiva vamos a ser consecuentes, objetivos con nuestros actos, estando de acuerdo en el fondo con que probablemente nos veamos abocados a corregir estos datos macroeconómicos. De entrada, creemos que es interesante tener la voluntad firme de conseguirlos y desde esa perspectiva vamos a abstenernos en esta moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Saura, ¿qué enmiendas acepta?
Vemos elementos bien interesantes en las enmiendas de UPyD, de Izquierda Unida y de Coalición Canaria-Nueva Canarias, pero entendemos que deberían concretarse en el debate, en el desarrollo del anteproyecto aquí, en el Parlamento. Vamos a rechazar, por tanto, todas las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de las proposiciones no de ley y de las mociones, se votará en cinco minutos. (Pausa.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE REVISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS EX PRESIDENTES DEL GOBIERNO Y PROMOCIÓN DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN SU RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES Y REGULAR SU RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES ENTRE LA PERCEPCIÓN DE RETRIBUCIONES CON CARGO A LOS FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. (Número de expediente 162/000052.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, sobre revisión del Estatuto de los ex presidentes del Gobierno y promoción de las iniciativas legislativas necesarias para garantizar la transparencia en su régimen de retribuciones y regular su régimen de incompatibilidades entre la percepción de retribuciones con cargo a fondos públicos y privados. Esta proposición no de ley se va a votar en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320, a favor, 26; en contra, 291; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el Plan de derechos humanos. Esta proposición se vota con la enmienda aceptada al Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 306; en contra, 14; abstenciones, una.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar a continuación las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. La primera moción, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cumplimiento del Plan nacional de reserva estratégica del carbón 2006/2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras. Se ha aceptado la enmienda del Grupo Socialista. En esas condiciones comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 127; en contra, 192.
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de estabilidad presupuestaria del Gobierno para las administraciones públicas en desarrollo de las previsiones del artículo 135 de la Constitución española. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 108; en contra, 180; abstenciones, 32.

References: artículo 135
 artículo 68
 artículo 70
 artículo 135
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 artículo 68
 resolución 
 artículo 10
 resolución 
 resolución 
 artículo 70
 artículo 138
 real decreto 
 ARTÍCULO 135
 artículo 135
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