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BOE.es - Documento BOE-A-2017-9682
Documento BOE-A-2017-9682
«BOE» núm. 192, de 12 de agosto de 2017, páginas 81471 a 81481 (11 págs.)
BOE-A-2017-9682
En el recurso interpuesto por don Héctor Ramiro Pardo García, notario de Santiago de Compostela, contra la negativa de la registradora de la Propiedad de Santiago de Compostela número 1, doña María del Pilar Rodríguez Bugallo, a inscribir una escritura de extinción de comunidad.
Mediante escritura otorgada el día 26 de mayo de 2016 ante el notorio de Santiago de Compostela, don Héctor Ramiro Pardo García, con el número 707 de protocolo, se formalizó la extinción de la comunidad existente sobre determinada finca entre don D. M., doña I. (viuda según se expresa en la comparecencia), doña M. J. y don J. F. R., dueños por iguales partes indivisas de la citada finca, en cuanto a una participación indivisa de la misma con carácter privativo por confesión de sus respectivos consortes.
Presentada la citada escritura pública en el Registro de la Propiedad de Santiago de Compostela número 1, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Calificado el documento que precede, que fue presentado a las nueve horas y cincuenta y un minutos del día 7 de marzo de 2017, bajo el asiento 67 del Diario 132, por la que se solicita la inscripción de la finca 45.375, mediante la extinción de condominio de la misma: Hechos: 1.º En el título presentado se extingue la comunidad existente entre don D. M., doña I., doña M. J. y don J. F. R., dueños por iguales partes indivisas de la citada finca, en cuanto a una participación indivisa de la misma con carácter privativo por confesión de sus respectivos consortes, no resultado de la presente el nombre de los mismos a efectos de determinar si se trata de los cónyuges confesantes, ni de los herederos forzosos de don J. B. S., esposo confesante de doña I. (hoy viuda). Tampoco consta la vecindad civil de los confesantes. Fundamentos de Derecho: Artículo 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de su Reglamento y Artículo 1324 del Código Civil y 95-4.º del Reglamento Hipotecarlo; RDGRN 13-06-2003 y 15-10-2003. 2.º–En base a los hechos y fundamentos de derecho expresados, se suspende la práctica de la inscripción solicitada por los siguientes defectos subsanables: 1.º–No resultar del título presentado las circunstancias personales de los cónyuges de los comparecientes casados a efectos de constatar su coincidencia con los que en su día fueron confesantes y su vecindad civil. 2.º–No constar el consentimiento en su caso de los herederos forzosos de don J. B. S., esposo que fue de doña I. F. R., o bien, en ambos casos, no resulta el carácter privativo del bien de la liquidación de gananciales o de la partición de la herencia. Contra la expresada calificación puede (…) Santiago, 28 de marzo de 2017.–La registradora (firma ilegible) Firmado: doña María del Pilar Rodríguez Bugallo».
Contra la anterior nota de calificación, don Héctor Ramiro Pardo García, notario de Santiago de Compostela, interpuso recurso el día 25 de abril de 2017 con los fundamentos de Derecho que, a continuación, se transcriben en lo pertinente: «(…) 1.º Resulta curioso, aunque la Dirección General reiteradamente nos recuerda la autonomía de los registradores al calificar, que argumentos no usados por un registrador para suspender una inscripción sean utilizados por el que le sustituye en un ejercicio muy cercano a la reformatio in peius rechazada por el derecho administrativo. 2.º Admitida con reticencia, pero admitida, la postura de la Dirección General tenemos dos calificaciones de la escritura autorizada por mí el 26 de mayo de 2016, n.º 707 de protocolo y ambas se acompañan a este recurso para poner de manifiesto la calificación que el segundo registrador hace de la calificación del primer registrador, si bien, como es lógico ante la postura de la Dirección General criticada al principio, el recurso solo se dirige contra la segunda calificación. Dice la registradora como segundo argumento, que analizaremos en primer lugar, que no consta el consentimiento de los herederos forzosos de don J. B. S., esposo que fue de doña I. F. R. y dice que no consta «en su caso» y añade «o bien, en ambos casos, no resulta el carácter privativo del bien de la liquidación de gananciales o de la partición de la herencia. (…) Pide el consentimiento de los herederos forzosos «en su caso» pero no aclara cual es «su caso» si bien hay que presuponer que se refiere al caso de que la legítima de la herencia del confesante sea de esas que llaman «parsbonorum» o «parshereditatis», es decir de esas que atribuyen a los herederos forzosos un derecho sobre los bienes relictos, quedando fuera del «en su caso» de la registradora las legitima-valor, esas que atribuyen al legitimario el derecho a un valor en la herencia del causante. No ignora la registradora que en los casos de la legítima-valor, el art. 95.4 RH queda sin juego alguno y sólo podría ser aplicado dicho precepto si la legítima es parshereditatis o parsbonorum. Tampoco ignora la registradora que la legítima gallega es de las que se llaman parsvaloris, pues no atribuye al legitimario acción real sobre los bienes hereditarios, tal y como proclama el art. 249 de la Ley de Derecho Civil de Galicia. Siendo así las cosas, es claro que si la legítima de la herencia de que hablamos fuera la gallega en ningún caso sería necesario el consentimiento de los herederos forzosos del cónyuge del confesante, como tampoco lo es si la legítima es catalana y bien nos recuerdan las resoluciones de 13 de junio y 15 de octubre de 2003 o de 12 de mayo de 2007. Pero, a mayor abundamiento, si la legítima fuera parsbonorum, la registradora se limita a los números de un artículo del Código Civil y de otro del Reglamento Hipotecario. En cuanto al artículo del Código Civil, (…) dicho precepto se limita a establecer el valor de una prueba; la confesión de un cónyuge sobre el carácter privativo de un bien, diciéndonos que: «la confesión por sí sola, entre cónyuges, basta para determinar el carácter privativo del bien», y si basta la confesión por sí sola eso quiere decir que si el cónyuge confiesa el bien deja de presumirse ganancial y pasa a presumirse privativo, rompiéndose de ese modo la presunción de ganancialidad del art. 1361 del Código Civil. Rompiéndose para siempre. Desde el momento en que se rompe el bien se presume privativo y el cónyuge del confesante podrá disponer de él sin ninguna limitación, claro que, si dispone, la disposición, al igual que la confesión, no perjudicará por sí sola a los herederos forzosos del confesante ni a los acreedores, que podrán ejercer los derechos que les correspondan. Nada más dice el art. 1324 del Código Civil, por eso no se entiende por qué lo invoca la registradora, porque si dijera que el bien es ganancial es lógica la necesidad de disposición conjunta y si dijera que es privativo seria lógica la disposición individual. El art. 1324 no habla de disposición de los bienes. Solo del valor de una confesión, y de que la confesión por sí sola no perjudica a los herederos forzosos del confesante ni a los acreedores lo cual, hay que entender, podrán ejercitar las acciones que les correspondan si la confesión fue hecha en fraude de sus derechos, de la misma manera que las pueden ejercitar ante una donación fraudulenta, por ejemplo, pero sin que puedan atacar aquella confesión si el confesante la hizo sin fraude alguno. Sí habla de disposición el art. 95.4 del RH, y lo hace excediéndose de sus posibilidades, porque de nuestra Constitución resulta que las restricciones al derecho de propiedad deben establecerse por Ley y que un reglamento no puede crear ni desarrollar una prohibición de disponer no establecida por una ley, por lo que la cita que hace la registradora del RH, aparte de no estar explicada ni fundamentada, no es aplicable al caso, pues el Reglamento es claramente ilegal en este punto y los funcionarios tenemos la obligación de no aplicar los reglamentos ilegales. Pero, además, la registradora, (…), no nos dice si el negocio recogido en la escritura que se califica, es un negocio de disposición al que el rigor registral tendría que aplicar la dicción literal del art. 95.4 RH. De esto ni habla la registradora, cuando la propia Dirección General ha afirmado más de una vez la discutible naturaleza de las extinciones de condominio. Discutible pero resuelta por numerosa jurisprudencia civil y registral que acredita el carácter determinativo de derechos y no dispositivo de dicha extinción de condominio, por lo que la aplicación del art. 95.4 RH quedaría excluida puesto que solo se refiere a actos de disposición (fundamento de derecho 2. De la Resolución de 1 de mayo de 2016, por ejemplo). Por último, nos queda el tema de la vecindad civil. Dice la registradora, dentro de esa autonomía calificadora de que hablábamos al principio, algo que el registrador no dijo en su primera calificación: que no resulta la vecindad civil ni las circunstancias personales de los cónyuges que permitan determinarla. Si la Dirección General aceptara los argumentos precedentes, o alguno de ellos, ya no sería necesario entrar en este tema, pero por si no los aceptara cabe decir que para el primer registrador es evidente la vecindad civil gallega de los otorgantes y por eso no la invoca como un defecto. Tal vez (…) porque el domicilio de los otorgantes en el momento de la confesión era Galicia y se presume que tienen vecindad civil gallega los que viviendo en Galicia otorgan un documento en Galicia. Pero, sin perjuicio de compartir, solidariamente, con el primer registrador el defecto apuntado por la registradora en su calificación, me parece importante hacer algunas reflexiones en sede de vecindad civil. La primera se refiere al momento de determinar la vecindad civil.–(…) Hay tres escrituras en el iter de este recurso: una primera de partición y constitución de renta vitalicia, en la que unos hijos y una viuda gallega parten la herencia de un causante gallego y los hijos constituyen a favor de la madre gallega una renta vitalicia. Una segunda escritura de confesión en la que de ocho otorgantes gallegos que viven en Galicia y otorgan su escritura en Galicia, cuatro confiesan la privatividad del dinero. Una tercera escritura en que tres de los hijos (que viven en Galicia y otorgan la escritura en Galicia) de aquel padre y de aquella madre y los nietos de uno de los hijos premuerto, extinguen el condominio de la finca y se la adjudican a uno de los hijos (que vive y otorga en Galicia) que abona a los demás el exceso en dinero. La registradora querrá saber la vecindad civil del confesante fallecido para determinar cuál es la legislación aplicable a la sucesión, aunque no nos lo diga Pero tampoco nos dice a qué vecindad civil se refiere: a la del momento en que el causante hizo la confesión o a la del momento en que su viuda hace la extinción de condominio que seria, lógicamente, la del momento de la muerte del confesante. En principio deberíamos de entender que la cuestión no puede dejarse al arbitrio del confesante. Si el confesante tenía, por ejemplo, vecindad catalana al tiempo de la confesión, el favorecido por la confesión tendría la certeza de que en vida del confesante y después de la muerte de éste podría disponer de la finca sin necesidad de la intervención de los herederos forzosos del confesante pues la legítima catalana es parsvaloris. Y esa certeza no debería poder variar según los caprichos del confesante que simplemente con cambiar su vecindad civil y someterse al derecho de Castilla, por ejemplo, podría hacer aparecer ex novo la necesidad del consentimiento de sus herederos forzosos. La propiedad no puede hacerse depender de las veleidades del confesante y para evitarlo hay que entender que la vecindad civil a tener en cuenta es la del momento de la confesión pues es el momento en que la confesión empieza a desplegar sus efectos y una vez iniciados no deben de poder cambiar por las veleidades del confesante y la vecindad civil del causante al tiempo de la confesión se presume gallega pues en Galicia vivía y en Galicia hizo la confesión. Para acabar, (…) he de resaltar que la registradora no cita ni un solo precepto legal en apoyo de su petición de datos personales ni de la necesidad constatar la vecindad civil (…), por lo que me limito a recordar que las reglas hermenéuticas, basadas en la historia, en el lugar del otorgamiento y en la costumbre también deben ser aplicadas, especialmente en Galicia, donde el art. 1 de la Ley de Derecho Civil de Galicia cita a la costumbre como fuente del derecho en defecto de ley gallega aplicable y el art. 2 dice que los usos y costumbre notorios no requerirán prueba y que el derecho gallego se interpretará e integrará desde los principios generales que lo informan así como las leyes, los usos, las costumbres, la jurisprudencia emanada del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y la doctrina que encarna la tradición jurídica gallega. Además, art. 3 de dicha Ley dice que «el derecho civil gallego tendrá eficacia en el territorio de la comunidad autónoma». Y la función integradora que a los usos atribuye el art. 1.3 del Código Civil debería ser aprovechado por el registrador para llenar las lagunas de la ley aplicando en sus calificaciones lo que es usualmente aceptado en el territorio donde ejerce sus funciones. Supliendo la omisión de las cláusulas que, de ordinario, suelen establecerse. La equidad que ha de ponderarse en la aplicación de las normas y las reglas de interpretación a que alude el art. 3 del Código Civil deberían ser tenidas en cuenta por la registradora. Por todo ello solicito: –que se revoque la calificación de la registradora y se le ordene inscribir la escritura cuya inscripción ha suspendido. –que, en el supuesto de que no se revoque, se declare su nulidad y se tenga por no efectuada dado que carece de los requisitos exigidos por la legislación vigente tanto en cuanto al fondo como a la forma en que ha sido efectuada y supone, además, una reformatio in peius de otra calificación anterior».
Mediante escrito, de fecha 27 de abril de 2017, la registradora de la Propiedad elevó el expediente, con su informe, a este Centro Directivo.
Vistos los artículos 18 y 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 14, 1068, 1324 y 1361 del Código Civil; 249 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia; 68 y 96 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957; 68 y 92 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, pendiente de entrar en vigor; 53 y 56.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria; 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 93, 95 y 98 del Reglamento Hipotecario; 159, 160 y 209 del Reglamento Notarial; las Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 1951, 28 de octubre de 1965, 8 de marzo de 1983, 12 de abril de 2007, 14 de septiembre de 2009 y 25 de febrero de 2011, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 6 de abril de 1962, 23 de junio de 1964, 3 de julio de 1967, 13 de febrero de 1999, 16 de octubre de 2003, 2 de enero de 2004, 28 de junio de 2007, 15 de junio de 2009, 5 de marzo y 4 de octubre de 2010, 13 de abril y 20 de diciembre de 2011, 29 de febrero, 9 y 13 de marzo, 4 de abril, 8 y 22 de mayo y 8 de junio de 2012, 22 de febrero, 7 de marzo, 3 de abril y 24 de junio de 2013, 24 de junio y 30 de noviembre de 2013 y 1 de julio, 2 de agosto, 29 de septiembre y 6 y 26 de octubre de 2016.
1. Mediante la escritura cuya calificación es objeto del presente recurso, se extingue la comunidad existente sobre una finca entre los cuatro propietarios, dueños por iguales partes indivisas de la citada finca, habiendo adquirido cada uno de ellos, en estado de casados, una octava parte indivisa por herencia y otra octava parte con carácter privativo, respecto de ésta por confesión de sus consortes, mediante cesión a cambio de renta vitalicia.
2. Como cuestión previa, respecto de las alegaciones del recurrente sobre el criterio de otro registrador en su calificación del mismo documento, cabe recordar que el registrador, al ejercer su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores, como tampoco lo está por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos (cfr., por todas, las Resoluciones de 9 y 13 de marzo, 4 de abril y 8 y 22 de mayo de 2012 y 22 de febrero, 7 de marzo, 3 de abril y 24 de junio de 2013).
3. Para resolver el presente recurso conviene realizar algunas precisiones sobre la vecindad civil, por la incidencia que tiene en relación con las cuestiones planteadas.
4. Respecto de la aplicación al caso de los artículos 1324 del Código Civil y 95.4 del Reglamento Hipotecario, debe tenerse en cuenta que, según la reiterada doctrina de esta Dirección General (cfr. las Resoluciones de 13 de febrero de 1999, 4 de octubre de 2010, 13 de abril de 2011 y 29 de febrero y 8 de junio de 2012, entre otras), la confesión de privatividad no aparece configurada en nuestro ordenamiento como una declaración de voluntad que fije frente a todos el carácter privativo del bien al que se refiere (sin perjuicio de su posible impugnación si se efectúa en fraude o perjuicio de terceros o no se corresponde con la realidad), sino como un simple medio de prueba de esta circunstancia, que opera en la esfera interconyugal y que carece de virtualidad para desvirtuar por sí sola la presunción de ganancialidad recogida en el artículo 1361 del Código Civil (cfr. artículo 1324 del Código Civil). Aunque también es cierto que esta presunción de ganancialidad tampoco es un título de atribución legal de esa cualidad a los bienes del matrimonio en tanto no conste que pertenecen privativamente a uno u otro cónyuge –o a ambos pro indiviso–, sino uno más de los medios de prueba (cfr. artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Según la Resolución de este Centro Directivo de 8 de junio de 2012 «…la confesión de privatividad se configura como un negocio de fijación de la verdadera naturaleza del bien, cuando existe incertidumbre sobre su partencia a una u otra masa patrimonial. En resumen, respecto de los cónyuges, la confesión de privatividad se configura como un medio de prueba especialmente hábil para acreditar que la adquisición del bien se realizó por el patrimonio privativo de cónyuge del confesante. En definitiva, destruye el juego de las presunciones de los artículos 1361 y 1441 del Código Civil, creando otra presunción de privatividad que puede ser destruida, a su vez por una prueba fehaciente y suficiente de la ganancialidad o privatividad del cónyuge confesante…», «…una vez disuelto el matrimonio tendrá los efectos propios que le otorga la Ley de Enjuiciamiento Civil, un efecto limitado ya que dispone que tendrá eficacia probatoria si no lo contradice el resultado de las demás pruebas».
5. Alega el recurrente que en el presente caso no es aplicable la regla del artículo 95.4 del Reglamento Hipotecario porque se refiere a actos de disposición y la extinción de la comunidad no tiene carácter dispositivo.
6. Hechas las anteriores consideraciones, debe ponerse de relieve que, tanto registradores de la Propiedad como notarios, complementariamente, desempeñan un papel fundamental en la seguridad jurídica preventiva, por lo que el instrumento público así como la inscripción deben procurar reflejar de forma cierta todas aquellas circunstancias referentes a la capacidad de los otorgantes, como edad o circunstancias modificativas de la capacidad, estado civil, nacionalidad, vecindad civil, o régimen económico matrimonial que incidan de presente o de futuro en la validez del negocio jurídico o de la relación jurídico real constituida. Por lo que, indudablemente, no solo hubiera sido conveniente, sino necesario de todo punto, que el notario autorizante hubiera realizado unas mínimas precisiones tanto sobre la vecindad civil como sobre la ley que reguló la sucesión del confesante fallecido.
No obstante, se considera innecesaria la exigencia expresada en el defecto primero de la calificación recurrida en orden a que se indiquen las circunstancias personales de los cónyuges de los comparecientes casados, a efectos de constatar su coincidencia con los que en su día fueron confesantes y su vecindad civil, toda vez que, tal y como dispone el artículo 159 del Reglamento Notarial, si el otorgante fuere casado y el acto o contrato afectase o pudiese afectar en el futuro a las consecuencias patrimoniales de su matrimonio actual, se hará constar el nombre y apellidos del cónyuge a quien afectase o pudiese afectar, así como el régimen económico matrimonial. Ahora bien, si lo que hubiera eventualmente existido, por ejemplo, es una disolución del respectivo matrimonio en vida, es irrelevante quiénes sean los cónyuges de los titules registrales; asimismo, si alguno de los restantes cónyuges confesantes hubieran fallecido, el problema se plantearía en los mismos términos que respecto de la otorgante viuda, pero según el estado civil que de los comparecientes se expresa no hay base para llegar a esa conclusión por parte de la registradora. Cuestión distinta es que hubiera exigido que constara la vecindad civil del confesante ya fallecido, habida cuenta de la trascendencia que tal circunstancia tiene para determinar la ley que rige su sucesión y, por ende, los derechos de los legitimarios de tal confesante, pues, como ya se ha expresado anteriormente, el artículo 156.4.º el Reglamento Notarial establece que en la comparecencia de la escritura «se expresará la vecindad civil de las partes (…) cuando afecte a la validez o eficacia del acto o contrato que se formaliza…»; pero tal cuestión no se ha planteado en la calificación impugnada.

References: Artículo 18
 Artículo 1324
 Resolución 
 artículo 1361
 artículo 1324
 artículo 385
 Resolución 
 artículo 95
 artículo 159
 artículo 156