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Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional | Transparencia Venezuela
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Publicado en 04/02/2016 por Comunicaciones
No hay comentarios ↓	A continuación la versión actualizada del proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional presentado en la Asamblea Nacional el jueves 4 de febrero de 2016.
La amnistía ha tenido además una especial importancia en nuestra historia constitucional. Ha sido empleada en distintos momentos de nuestra evolución política como manifestación de un espíritu de tolerancia hacia los adversarios, que mediante esta condonación legal pueden volver a la vida pública y recuperar el ejercicio de sus derechos. Ha estado presente desde la etapa fundacional de la República. La utilizó el Congreso General de Venezuela respecto de la sublevación de Valencia, tal como se obligaría después a concederla el gobierno español en atención a lo dispuesto en la capitulación de Miranda. La decretó Bolívar frente al movimiento de la Cosiata, así como lo haría después el Congreso de Venezuela, bajo el impulso de Soublette, en relación con la Revolución de las Reformas. La lista de situaciones en las que se acudió a la amnistía en el siglo XIX es muy extensa, siendo también digna de mención la decretada por la Asamblea Constituyente de 1864, tras la Guerra Federal, la cual se fundó en que “para destruir todos los odios convenía dar un gran ejemplo de magnanimidad nacional”. La sucesión de alzamientos o revoluciones característica del siglo XIX y la reacción que suscitaban desde el poder instaurado estuvieron acompañadas con frecuencia de medidas de clemencia adoptadas por los vencedores para facilitar la naciente gestión oficial o la recuperación de la normalidad institucional. Las consideraciones prácticas se conjugaban con el respeto a las razones políticas que animaban las luchas libradas.
f.- Otros delitos previstos en el artículo 22 y siguientes del Proyecto de Ley, que guardan relación con protestas o manifestaciones o que se incluyen en la amnistía porque la persecución penal ha implicado violación de garantías judiciales o de otros derechos humanos
Por otro lado, la utilización indebida en varios casos de las facultades sancionatorias contra jueces, fiscales del Ministerio Público u otros funcionarios públicos, en el ámbito disciplinario, ha motivado la causal de amnistía prevista en el artículo 32 del Proyecto de Ley. Igualmente, dado el uso político que se ha hecho de la facultad del Contralor General la República de imponer inhabilitaciones, se incluyen en la amnistía las infracciones administrativas señaladas en el artículo 34 del Proyecto de Ley.
Los artículos 35 y siguientes del Proyecto de Ley se refieren al alcance y efectos de la amnistía, así como al procedimiento para su aplicación. El Proyecto de Ley precisa que el disfrute de la amnistía no está condicionado a que las personas presuntamente responsables de los delitos respectivos se encuentren o hayan estado a derecho en los procesos correspondientes. Establece igualmente las consecuencias de la amnistía y la forma en que deben proceder las autoridades o funcionarios para darle cumplimiento. La regulación sobre esta materia contenida en el Proyecto de Ley se ajusta a la naturaleza de la amnistía, ya que esta produce la extinción de la acción penal y hace cesar la ejecución de la condena y todas las consecuencias penales de la misma (art. 104 del Código Penal), lo cual implica, respecto de los procesados, el cese de cualquier medida de coerción personal (art. 29 del Código Orgánico Procesal Penal).
Finalmente, los artículos 41 y siguientes prevén medidas complementarias a la amnistía que pueden contribuir a la reconciliación nacional, las cuales presuponen la participación de todos los sectores del país en la construcción de la paz, con especial mención a las organizaciones de víctimas de la violencia en todas sus formas y de las dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos.
Habiendo cumplido con lo establecido en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, y en uso de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 204, numeral 3, de la Constitución, los Diputados que suscribimos este Proyecto de Ley lo presentamos a la Asamblea Nacional para su discusión y sanción.
Disposiciones Generales Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto sentar las bases para la reconciliación nacional y la paz social mediante la amnistía de los hechos considerados delitos, faltas o infracciones que se señalan en esta Ley y otras medidas aquí contempladas.
De los hechos relacionados con manifestaciones, ideas, informaciones o pronunciamientos con fines políticos Artículo 4.- Se concede la amnistía de los hechos considerados delitos o faltas que se indican a continuación, cuando se hayan cometido o puedan haberse cometido por la participación en manifestaciones o protestas o en reuniones que hayan tenido una finalidad política, o por su organización o convocatoria; por la expresión de ideas o difusión de informaciones con móviles políticos; o por la realización o promoción de acciones, proclamas, acuerdos políticos o pronunciamientos que se estime hayan estado dirigidos a cambiar el orden institucional o el gobierno establecido, acompañados o no de acciones consideradas conspirativas. En estas circunstancias se otorga amnistía de los siguientes hechos punibles:
22 Los hechos relacionados con la presunta cedulación de extranjeros para participar en las protestas y manifestaciones en el Estado Táchira. 23 Los hechos que dieron lugar o fueron invocados como justificación para las detenciones masivas y el desmantelamiento de los Campamentos de ciudadanos instalados en todo el país, practicados en el mes de mayo.
De los hechos relacionados con procesos o sentencias penales que hayan quebrantado la confiabilidad en la administración imparcial de la justicia Artículo 16.- Además de los hechos punibles previstos en el capitulo anterior, se concede amnistía de los hechos punibles previstos en el Código Penal y en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, u otras leyes penales, cuando la persecución penal del supuesto responsable se haya producido en circunstancias que hayan restado confiabilidad en la administración imparcial de la justicia. Se entiende que se ha menoscabado la confiabilidad en la administración imparcial de la justicia cuando algún funcionario de cualquiera de las ramas del Poder Público haya sido imputado o acusado penalmente con motivo de una decisión adoptada en cumplimiento de sus funciones, luego de alguna declaración, exhortación o solicitud efectuada públicamente por alguna alta autoridad de los organismos de rango constitucional con funciones políticas, en la cual se requiriera el encarcelamiento o condena del funcionario.
De otros hechos punibles comprendidos por la Amnistía Artículo 22.- Se concede amnistía de los hechos punibles previstos en el Código Penal y en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción o la legislación que le precedió, Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo u otras leyes penales, cuando en la persecución penal de dirigentes políticos de la oposición, funcionarios públicos u otras personas supuestamente responsables, ya sea que hayan o no mantenido posiciones críticas frente al gobierno nacional, se haya verificado alguno o varios de los siguientes supuestos:
a. Cuando la investigación o el proceso penal se hubiera iniciado, reabierto o reimpulsado luego de alguna declaración, exhortación o solicitud, efectuada públicamente por el Presidente de la República u otra alta autoridad de los organismos de rango constitucional con funciones políticas, en la cual se exigiera, pidiera o requiriera el encarcelamiento o condena de un dirigente político determinado de la oposición o de otras personas que hayan mantenido posiciones críticas frente al gobierno nacional, incluso de aquellas ya investigadas o imputadas.
b. Cuando los supuestos enriquecimientos ilícitos que hayan dado lugar a la imputación o la acusación con fines de persecución penal en contra de la disidencia política, hayan tenido como sustento el inconstitucional procedimiento de verificación patrimonial efectuado por la Contraloría General de la República.
c. Cuando la investigación se hubiere iniciado con motivo del ejercicio de funciones de representación indígena, sindical, gremial, laboral o profesional.
Artículo 30.- Se concede amnistía de los hechos considerados delito de tráfico de drogas de menor cuantía, tipificado en los artículos 149, segundo aparte, y 151, primer aparte, de la Ley Orgánica de Drogas, cuando su supuesta comisión se hubiere producido en campamentos o cualquier tipo de reunión de manifestantes que se hayan congregado con algunos de los fines previstos en el artículo 6 de la presente Ley.
Artículo 31.- Se concede amnistía de los hechos presuntamente constitutivos de los delitos de fraude, estafa y usura vinculados a la actividad privada de la construcción de viviendas, cuando haya existido una actuación desproporcionada de los organismos administrativos facultados para la defensa de las personas en el acceso a bienes y servicios, y el Ministerio Publico y los órganos jurisdiccionales hayan actuado vulnerando la presunción de inocencia mediante actos de persecución y medidas de coerción personal o de restricción de la libertad que no guardaran relación con la colaboración de los imputados en el desarrollo de las investigaciones o del proceso.
Artículo 32.- Quedan amparados por la presente Ley las personas que hayan sido objeto de investigación, imputación, acusación o condena por cualesquiera de los hechos a que se refieren los artículos precedentes, si el proceso iniciado al efecto se sustentó o consideró el testimonio o los informes rendidos por sujetos cuya identidad no se haya acreditado expresamente o en pruebas obtenidas mediante grabación, interceptación o difusión de las comunicaciones privadas, sin la previa autorización judicial, si se creó una jurisdicción especial para el conocimiento de los hechos o existieron otras violaciones graves al debido proceso o actos de persecución por motivos políticos reconocidos formalmente por cualquier órgano del sistema de justicia o mediante hechos comunicacionales públicos y notorios.
Artículo 33.- La amnistía decretada por la presente Ley se extiende a las infracciones disciplinarias supuestamente cometidas por Jueces, Fiscales del Ministerio Público u otros funcionarios públicos con ocasión del desempeño de sus funciones, cuando en el procedimiento correspondiente, o en la imposición de la sanción, concurran circunstancias que hayan restado confiabilidad en la aplicación de la normativa disciplinaria judicial o funcionarial, tales como la vinculación de la sanción del funcionario con casos que tengan una connotación política o la apertura del procedimiento administrativo o disciplinario a raíz de la toma de decisiones o de la expresión de ideas por el funcionario contrarias a la posición o intereses oficiales.
Artículo 34.- A los efectos de verificar la existencia de las circunstancias que restan confiabilidad en la aplicación de la normativa disciplinaria judicial o funcionarial, la autoridad judicial competente tendrá especialmente en cuenta que la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o los Comités, Comisiones, Relatorías o Grupos de Trabajo del Sistema de Naciones Unidas hayan declarado la violación de algún derecho con motivo del procedimiento disciplinario correspondiente.
Artículo 35.- La amnistía decretada por la presente Ley se extiende a las infracciones administrativas siguientes:
Los actos, hechos u omisiones relacionados con la administración financiera del Sector Público, ocurridos entre los años 1999 a 2015, en los cuales no haya habido recepción, apoderamiento o sustracción de bienes o fondos públicos en beneficio particular y que, en sus elementos constitutivos, coincidieren o pudieren coincidir con los supuestos generadores de responsabilidad administrativa previstos en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como en las disposiciones legales que contenían los mismos supuestos en la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995.
Artículo 36.- La amnistía otorgada en la presente Ley no está condicionada a que las personas consideradas autores, determinadores, cooperadores inmediatos y cómplices de los hechos punibles respectivos estén o hayan estado a derecho en los procesos penales correspondientes. Únicamente en los casos contemplados en los artículos 17 y 18 de la presente Ley, el órgano jurisdiccional competente para verificar los supuestos de la amnistía podrá tener en cuenta si el imputado o procesado ha estado a derecho, a fin de evaluar la justificación de la demora en el desarrollo del proceso penal.
Artículo 37.- Los efectos de la amnistía concedida por esta Ley se extienden a todos los autores, determinadores, cooperadores inmediatos y cómplices en los hechos punibles correspondientes, hayan sido o no imputados, acusados o condenados.
Artículo 38.- En virtud de la amnistía decretada en esta Ley, se extinguen de pleno derecho las acciones penales surgidas por la comisión de los delitos o faltas que aquella comprende, así como las penas que hayan podido imponerse y cuya ejecución esté en curso. En consecuencia, cesan las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público o la Fiscalía Penal Militar, y los procesos que actualmente cursan por ante los tribunales penales, sean estos ordinarios u especiales, incluidos los de la jurisdicción militar, que se correspondan exclusivamente con los delitos a que se refiere la presente Ley. Asimismo, se condonan las penas principales y accesorias que se hayan impuesto a sus autores y partícipes.
Artículo 39.- En aquellos procesos penales que se encuentren en fase preparatoria, el Ministerio Público procederá a solicitar el sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley. El tribunal competente deberá pronunciarse en un lapso no mayor de tres días hábiles a partir de la solicitud fiscal.
En cualquiera de los casos referidos, quien se considere beneficiado por la presente Ley, en su condición de investigado, imputado, acusado o condenado, podrá solicitar directamente por ante el órgano judicial competente el sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal, o, de ser el caso, la extinción de la pena. Si el investigado, imputado o acusado no está a derecho, o si el condenado se ha sustraído del cumplimiento de la pena, la solicitud podrá presentarla también su representante judicial, su cónyuge o persona con quien mantenga relación estable de hecho, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. La tramitación de la solicitud del interesado no excluye la responsabilidad en que haya incurrido el juez por no haber actuado de oficio dentro del plazo antes fijado.
Las decisiones que adopten los jueces competentes sobre la verificación de los supuestos de la amnistía serán apelables o recurribles en casación, según corresponda. La interposición del recurso respectivo no suspenderá los efectos de las sentencias en las que se haya constatado que el procesado o condenado está amparado por la amnistía.
Artículo 40.- Los organismos administrativos, judiciales, militares o policiales en los cuales reposen registros o antecedentes sobre personas amparadas por la presente Ley, deberán eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas, en lo que atañe a los hechos punibles o infracciones comprendidos por esta Ley. Si las autoridades o funcionarios correspondientes no lo hubieren hecho de manera oportuna, el interesado en dicha supresión podrá exigirlo ante el órgano respectivo, con base en el artículo 28 de la Constitución, y luego ante el tribunal competente en materia de habeas data, sin perjuicio de las responsabilidades en que aquellos incurran por la demora o denegación.
Artículo 41.- Los funcionarios del Poder Judicial o del Ministerio Público que incurran en retardo u omisión de pronunciamiento oportuno y motivado, o en omisión de cumplimiento de las normas previstas en los artículos anteriores, serán castigados con prisión de 2 a 5 años.
Artículo 42.- La amnistía decretada por la presente Ley se extiende a las infracciones o faltas supuestamente cometidas por empleados o trabajadores de los entes de la Administración Publica Central o Administración Publica Descentralizada, de carácter Nacional, Estadal o Municipal, incluyendo a las Empresas del Estado y sus Empresas Filiales y demás Personas Jurídicas vinculadas al Estado venezolano, cuando el despido, destitución o remoción correspondiente haya obedecido a razones políticas.
Artículo 43.- Con el propósito de lograr una plena reconciliación, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos, los tribunales y demás órganos del poder público darán estricto cumplimiento a las sentencias, medidas u otras decisiones que hayan dictado los organismos internacionales encargados de la protección de los derechos humanos desde la entrada en vigor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativas a las acciones u omisiones del Estado venezolano que se hayan traducido en la vulneración de tales derechos, en conformidad con lo dispuesto en los respectivos tratados, pactos o convenciones ratificados por el Estado venezolano y a las demás obligaciones internacionales de la República.
Artículo 44.- La Asamblea Nacional creará una Comisión especial para la Reconciliación, de composición políticamente plural, que haga seguimiento a la aplicación de la presente Ley y que identifique, en consulta con todos los sectores políticos y sociales del país, los principales obstáculos para lograr la más amplia reconciliación nacional, delibere sobre las medidas necesarias para superarlos y formule, en atención a las conclusiones obtenidas, las correspondientes propuestas o recomendaciones, las cuales serán sometidas a la consideración de la plenaria de la Asamblea Nacional en el informe respectivo, en los términos establecidos en su Reglamento Interior y de Debates. Esta Comisión oirá especialmente la opinión de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, de las organizaciones de las víctimas de la violencia en todas sus formas, de las organizaciones populares, de las Universidades y de las Iglesias, e incluso promoverá en cada uno de estos ámbitos sociales una discusión sobre el tema señalado, cuyos resultados se incorporen a la consulta pública.
Artículo 45.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los _______días del mes de______ de dos mil dieciséis. Año 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
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References: artículo 22
 artículo 32
 artículo 34
 artículo 204
 Artículo 1
 Artículo 4
 Artículo 16
 Artículo 22

Artículo 30
 artículo 6

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35
 artículo 91

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40
 artículo 28

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45