Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016i/as201632156.html
Timestamp: 2019-03-20 17:30:58+00:00

Document:
as201632156
Auto Supremo Nº 156/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.342/2015.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 321 a 324 interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), Regional Cochabamba representado por Wilmer Sanjinéz Lineo contra el Auto de Vista Nº 289/2014 de 10 de diciembre de 2014, cursante de fs. 317 vta. a 319, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; dentro del trámite de calificación de compensación de cotizaciones instaurado por Nora Violeta Iriarte Terán contra la Entidad recurrente, el Auto a fs. 328 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y;
CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite administrativo de cálculo de Compensación de Cotizaciones iniciado por Nora Violeta Iriarte Terán, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, por Resolución Nº 01513 de 25 de enero de 1999 de fs. 105 a 106, resolvió declarar improcedente la solicitud de otorgar renta de vejez en favor de Nora Violeta Iriarte Terán.
Luego, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 0009317 de 21 de agosto de 2008 a fs. 219, resolvió otorgar a favor de Nora Violeta Iriarte Terán, la constancia de aportes correspondiente al sector varios, considerando un salario cotizable de Bs.2.313,20.-, correspondiente a octubre del año 1996 y una densidad de aportes de 15,00 años, documento válido para tramitar su certificado de compensación de cotizaciones por procedimiento manual.
Que, al recurso de Reclamación interpuesto por Nora Violeta Iriarte Terán, por memorial a fs. 232 y vta., la Comisión de Reclamación, por Resolución Nº 0265/10 de 25 de junio de 2010, cursante de fs. 256 a 261, confirmó la Resolución Nº 9317 de 21 de agosto de 2008, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, por encontrarse de acuerdo a los datos del expediente y normativa en vigencia.
En grado de apelación interpuesta por la solicitante Nora Violeta Iriarte Terán a fs. 269, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 289/2014 de 10 de diciembre, cursante de fs. 317 vta. a 319, revocó la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 265/2010 de 25 de junio, cursante de fs. 256 a 261, disponiendo que SENASIR incluya en el cálculo de compensación de cotizaciones de la asegurada, el periodo comprendido de enero de 1978 a diciembre de 1987 conforme a los fundamentos que contiene dicha resolución.
El referido auto de vista, motivó que el SENASIR de la Regional Cochabamba, representado por Wilmer Sanjinez Lineo, formule recurso de casación en el fondo de fs. 321 a 324, en el que luego de realizar una relación de los antecedentes del proceso, acusó que los fundamentos del auto de vista recurrido, son contradictorios e incongruentes, pues en los numerales 5 y 6 del considerando, el a quo, sustentó jurídicamente con la enunciación normativa que vulnera lo establecido en la Resolución Ministerial (RM) Nº 498 de 7 de septiembre de 2005, asimismo, en aplicación de la Resolución Administrativa (RA) Nº 0774 de 20 de octubre de 2009, en la cual se indica que es imposible evidenciar los aportes por el Estudio Matemático Actuarial (EMA), al no figurar el nombre de la trabajadora en la nómina de trabajadores incluidos en el EMA complementario.
En este sentido adujo que, no se aplica normativa supletoria o extraordinaria, ya que para calificar aportes en el sector banca únicamente se certifica con el EMA y en el respaldo del Manual de Procedimiento; pues en el caso de que el interesado no figure en dichos estudios, se procede a la certificación de aportes con estudios complementarios, en aplicación de la RA Nº 618/01 de 6 de noviembre de 2001, citando también lo previsto en el art. 1 de la RA Nº 0774 de 20 de octubre de 1999.
Por otra parte, sostuvo que si el EMA no le reconoce los periodos recurridos, se podrá evidenciar que mucho menos se realizó la transferencia de los fondos de la Banca Privada al Fondo de Pensiones, por ende el Estado Plurinacional de Bolivia, no puede asumir deudas, que en su momento no se hayan cancelado, aclarando que el SENASIR, no es el ente que realiza el EMA.
Señaló que, las certificaciones de aportes a largo plazo, se realizan en base a dichos estudios a nivel nacional de conformidad a la RA Nº 213/11 de 26 de octubre de 2011 y que si bien la RA Nº 774 de 20 de octubre de 1999, dispone que la calificación de prestaciones jubilatorias del sector de la banca privada debe hacerse en base a los aludidos estudios; que en forma posterior a dichas resoluciones, se promulgó el Decreto Supremo (DS) Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, del cual citó lo previsto en sus arts. 1 y 14.
En este contexto, denunció que el tribunal de alzada incurrió en trasgresión y mala aplicación del art. 14 del DS Nº 27543; utilización de documentos que cursan en el expediente, norma que no regula los trámites de compensación de cotizaciones toda vez que sólo procede para trámites del SENASIR y no así para los trámites de compensación de cotizaciones tal como lo establece la RM Nº 550 de fecha 28 de septiembre de 2005. Que el DS Nº 27543 en su art. 18 establece que: “Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13,16 y 17 del presente Decreto Supremo”.
Que dicho artículo corrobora que no corresponde la aplicación del art. 14 del DS Nº 27543, en trámites de compensación de cotizaciones, sino cuando de forma previa el SENASIR, hubiera procedido a la certificación de aportes cumpliendo los procedimientos establecidos en las normas que rigen el Sistema de Reparto, como la verificación de planillas.
Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia que deliberando en el fondo dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista Nº 289/2014 de 10 de diciembre de 2014 y se confirme la Resolución Comisión de Reclamación Nº 0265/10 de 25 de junio de 2010 y Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas Nº 9317 de 21 de agosto de 2008 emitidos por el SENASIR.
CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, ingresando a su análisis, en relación a los actos del proceso y las disposiciones legales, cuya transgresión se acusa, se establece lo siguiente:
En cuanto a la denuncia de indebida aplicación por parte del tribunal de alzada, del art. 14 del DS Nº 27543 (Utilización de documentos que cursan en el expediente), al revocar la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 265/2010 de 25 de junio, disponiendo efectuar nuevo cálculo para el solicitante, se ingresa a dilucidar si lo denunciado es o no evidente.
Al efecto es preciso referir que, la problemática traída en casación está vinculada a la aplicabilidad o no del art. 14 del DS Nº 27543; debido a que la parte recurrente sostiene que la mencionada disposición normativa no es aplicable en los trámites de Compensación de Cotizaciones, sino sólo para el antiguo sistema de reparto.
Que, al respecto, el citado Decreto Supremo en su art. 14, señaló: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción iuris tantum. Los documentos serán uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. Concordante con su art. 18, “Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo".
Se puede observar así que, dicha normativa amplía la apertura para dar mayor facilidad a los asegurados y beneficiarios para que puedan acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; así también, podemos advertir, respecto a la utilización de documentación supletoria, en el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), al disponer, como regla general y sin hacer discriminación respecto a si es en el sistema de reparto o compensación de cotizaciones, que, cuando por algunos periodos de tiempo, no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales.
En tal sentido, el DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, al prever en sus capítulos II y III el tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al Sistema de Reparto y los trámites relacionados con el seguro social obligatorio de largo plazo, debe entenderse que no solo lo hace para el Sistema de Reparto sino también para la determinación de montos en la modalidad de Compensación de Cotizaciones, conforme se interpretó y quedó establecido como jurisprudencia ya en varios fallos emitidos por este máximo Tribunal de Justicia, así como por la extinta Corte Suprema de Justicia, en los autos supremos Nº 442 de 2 de agosto de 2013, 03/2013 de 18 de febrero, 401/2013 de 16 de julio, 275/2013 de 3 de junio, 685 de 15 de diciembre de 2010, y 85 de 11 de abril de 2011, entre otros; interpretación que la institución recurrente no tuvo en cuenta al momento de emitir sus resoluciones y presentar el recurso de casación, no siendo en consecuencia evidente que la aplicación de documentación supletoria prevista en el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, sea sólo para trámites en el Sistema de Reparto, sino también corresponde su consideración en los trámites de Compensación de Cotizaciones, conforme se puede inferir de la parte considerativa de la Resolución Ministerial (RM) Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, cuando en su tercer párrafo señala: "Que la Resolución Ministerial Nº 436 de 12 de junio de 2012, en su artículo 5 inciso 2), determina que para la certificación de aportes en la Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, se utilizarán los mismos procedimientos del Sistema de Reparto"(sic), normativa reglamentaria emitida por el Ministerio de Hacienda a fin de efectivizar el derecho instituido por toda la normativa citada.
Así, sólo a manera de ejemplo de la jurisprudencia, el Auto Supremo Nº 685 de 15 de diciembre de 2010, señaló: "En relación al ámbito de aplicación del tratamiento extraordinario dispuesto por el art. 14 del DS 27543, la Corte Suprema tiene sentado que: el Ministerio de Hacienda ejerciendo la tuición que tiene sobre el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, en uso de sus atribuciones, revisando las planillas del SENASIR, verificó que muchos asegurados no se encuentran consignados en las mismas, sin embargo, cuentan con documentación que acredita que han prestado servicios en empresas e instituciones sujetas a la seguridad social de largo plazo, por ello, en beneficio de los asegurados del sistema de reparto, emitió la RM Nº 559 de 3 de octubre de 2005, complementando y ampliando los alcances del art. 14 del DS Nº 27543, sin imponer limitaciones sobre alguna de sus determinaciones" (Auto Supremo Sala Social II, Nº 22/2009). Asimismo, la resolución ministerial aludida y que es posterior a la RS Nº 550 de 28-09-05, en la parte in fine de su único artículo establece de manera concreta que se debe dar cumplimiento a las condiciones y procedimientos contenidos en el D.S. 27543..." (sic).
Debe quedar anotado que, cuando el art. 18 del referido Decreto Supremo, establece que para la certificación de aportes en Compensación de Cotizaciones por procedimiento manual, es posible utilizar los medios previstos en los arts. 13, 16 y 17, y no limita al SENASIR utilizar también el art. 14, puesto que el art. 18 simplemente es enunciativo respecto a la posibilidad de utilizar los artículos anotados, al señalar “se podrán”, y no así limitándolo como “sólo se podrán”.
Lo anotado hace clara la conclusión sostenida ut supra por este Tribunal de casación, en sentido de que la normativa extrañada por la parte recurrente, es aplicable tanto para los casos de Compensación de Cotizaciones como para las del Sistema de Reparto.
Por otra parte, y en cuanto a la posibilidad de utilización de documentación supletoria sólo ante la inexistencia de planillas en el SENASIR, conforme entiende la entidad recurrente; debe considerarse que dicha interpretación no es adecuada al ser restrictiva del derecho de los asegurados, para que en su favor se considere la documentación con la que cuenten en su expediente, conforme el mandato del art. 14 del DS Nº 27543, y de esa manera se certifiquen aportes bajo presunción juris tantum, aún en la circunstancia de que en las planillas no figure el nombre del asegurado, ya que la documentación que el artículo mencionado refiere, hace presumir válidamente la existencia de una prestación de servicios por el trabajador asegurado a favor de un empleador, aspecto que no puede ser desconocido por el Estado y por lo cual precisamente hace la razón de ser de la certificación con documentación supletoria; ahora en correcta aplicación de los principios bajo los cuales se presta la seguridad social y contenido en el art. 45.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Pues bajo el entendimiento del SENASIR, se estaría negando ab initio y sin posibilidad de reclamo alguno, el derecho a considerar documentación supletoria para aquellos casos en los que dicha entidad cuenta con planillas y no obstante el nombre del trabajador no figure en ellas, pero se cuente con documentación supletoria que demuestra una real y efectiva prestación de servicios a favor de un empleador, sea a través de finiquitos, certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud respectivas, record de servicios o Calificación de años de Servicio, contratos de trabajo, memorando de designación y despido, liquidación de internación de minerales, para el caso de cooperativistas mineros u otros documentos equivalentes para estos cooperativistas; afectando con tal interpretación a la característica esencial de la irrenunciabilidad de los derechos consagrado en el art. 48.III de la CPE concordante con el art. 13.I de la norma suprema, cuando el propósito de tal procedimiento, es precisamente su real reconocimiento, admitiendo por supuesto, prueba en contrario.
Así, en el caso de análisis, se estableció que la asegurada Nora Violeta Iriarte Terán, acompañó en instancia administrativa documentación supletoria que demuestra su relación laboral con el Banco Industrial y Ganadero del Beni S.A. por los periodos reclamados por la asegurada en apelación, es decir, enero del año 1978 a diciembre del año 1987, consistentes en finiquitos y certificados de trabajo cursantes de fs. 2 a 10 y de 238 a 242, conforme lo señaló claramente el Tribunal de apelación en el fallo impugnado; documentos que no fueron en ningún momento desvirtuados o enervados por el SENASIR, que sólo se limitó a fundamentar que la documentación supletoria no es aplicable en los trámites de Compensación de Cotizaciones sino sólo en el Sistema de Reparto, supuestamente al no haberse adjuntado el correspondiente EMA, al igual que, sostener que de la revisión de las planillas el asegurado no figure en las mismas, sin establecer pronunciamiento alguno sobre el valor legal de los documentos supletorios presentados por el asegurado que demuestran la prestación de servicios por los periodos negados por el SENASIR, sin considerar que tal documentación presentada tenía todo el valor legal respectivo y que correspondía a la entidad aseguradora desvirtuar la misma.
Con respecto a la falta de presentación del EMA por parte de la asegurada, no se constituye en un óbice legal, para no reconocer lo que por ley le corresponde, puesto que esta no es una obligación del trabajador o asegurado, sino de la institución bancaria donde trabajaba, además, el ente gestor tiene la potestad para pedir o solicitar dichos estudios, lo que consta no hizo, aclarándose que la asegurada presentó toda la documentación solicitada, como se manifestó ut supra, con la cual deberá otorgarse la compensación de cotización en la forma solicitada por la asegurada, conforme se dispuso en justicia en el auto de vista.
Bajo tales antecedentes, se evidencia en obrados que el tribunal ad quem fundamentó y basó su fallo en función al análisis correcto de la documentación presentada por la asegurada, sustentando acertadamente su resolución en lo prescrito por el art. 14 del DS No 27543 de 31 de mayo de 2004 y sobre todo disposiciones constitucionales, como las contenidas en los arts. 158 y 162 de la CPE, que establecen que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios además que se ratifican en los arts. 35.I y 45.II.IV, de la CPE, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.
Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido no transgredió ni aplicó indebidamente la normativa legal acusada por la parte recurrente, como la analizada ut supra, y las relacionadas, normas últimas que además tienen un carácter general y no fueron referidas como fundamento por el tribunal de alzada en el fallo recurrido, siendo innecesario su análisis para el presente fallo, dada la fundamentación expuesta en el contenido de la presente resolución; se advierte en contrario, que el fallo impugnado se ajusta a las disposiciones legales en vigencia; por lo que corresponde resolver el recurso de casación, conforme prescribe los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud a la facultad conferida por el arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 321 a 324, interpuesto por el Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR) Regional Cochabamba, a través de su representante legal.
Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 (SAFCO) de 20 de julio de 1990 y art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

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