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Timestamp: 2018-03-18 19:19:26+00:00

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Jurisdicción Social: RECOPILACIÓN DE RECIENTE DOCTRINA CASACIONAL (mayo 2017)
RECOPILACIÓN DE RECIENTE DOCTRINA CASACIONAL (mayo 2017)
AUTOR: MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO
Magistrado TSJ País Vasco
1.- STS de 21 de febrero de 2017 (RCUD 1253/2015).- Sra. Arastey
Doctrina: reconoce que concurre el requisito de afectación general del art. 191.3.b) LJS y, por ello, procede recurso de suplicación sin limitación de objeto si, como en el caso (diferencias en la base reguladora de la pensión de jubilación por haber completado lagunas con bases mínimas determinadas a tiempo parcial y no a tiempo completo en trabajador con vida laboral masivamente realizada a tiempo completo), aunque ni por la cuantía del litigio ni por su objeto procediera dicho acceso, se impugna una resolución del INSS que sigue un criterio general de actuación suyo.
NOTA: sigue el criterio de su sentencia de 28-Oc-14 (RCUD 79/2014) –nº 10 de mi resumen de febrero de 2015-, en caso análogo
**2.- STS de 28 de febrero de 2017 (RCUD 2698/2015).- Sr. Blasco
Doctrina: 1) para la contradicción exigida en el RCUD, cuando se denuncian infracciones procesales, basta que concurra identidad sustancial del debate procesal aunque, como en el caso, no exista en el objeto del litigio; 2) cuando el objeto del RCUD incide en un derecho fundamental (en el caso, se alega incongruencia extra petita), cabe salvar deficiencias técnicas del mismo si no genera indefensión (en el caso, no se cita la infracción de precepto legal, pero quedaba claro que se denunciaba ese tipo de incongruencia y fue objeto de impugnación por las otras partes); 3) reconoce que hay incongruencia extra petita, determinante de la nulidad de la sentencia del TSJ, si como en el caso, funda la confirmación de la sentencia recurrida por una razón no planteada por las partes.
NOTA: 1) la sentencia, en cuanto al punto 1, tiene el singular interés de señalar que es criterio fijado en pleno no jurisdiccional celebrado el 11-Fb-15; 2) respecto al punto 3, el Juzgado apreció caducidad de la acción ejercitada reclamando diferencias en la prestación de incapacidad temporal tras sentencias que reconocieron el derecho a cobrar un salario superior, considerando el TSJ mal apreciada la caducidad, pero confirmando el fallo desestimatorio por un argumento novedoso en el litigio, como era que los efectos de la solicitud retrotraían sus efectos sólo a los tres meses anteriores a la petición de abono de las diferencias
3.- STS de 8 de marzo de 2017 (RCUD 2376/2015).- Sra. Calvo
Doctrina: reconoce que es responsabilidad del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (antiguo INSALUD) y no de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León el pago de las diferencias en la pensión de jubilación de un trabajador, derivadas de haber cotizado indebidamente el INSALUD por él durante un período en el que, por haber cesado ya en la situación de pluriempleo en el sector público por su incompatibilidad, el INSALUD siguió cotizando por él aplicando la prorrata del pluriempleo, traspasándolo luego a la Comunidad Autónoma sin atender el deber de regularizar su situación conforme a lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico
4.- STS de 8 de marzo de 2017 (RCUD 3340/2015).- Sr. López García de la Serrana
Doctrina: confirma, aunque por fundamento distinto al del TSJ, que procede reponer las prestaciones por desempleo consumidas por situaciones de crisis arrastradas (en el caso, 198 días de suspensión por ERTE, repartidos en 2009, 2010, 2011 y 2012), a quien ve extinguido su contrato de trabajo por nuevo ERE, concursal, el 2-En-13, dado que es el primer día hábil posterior al 31-Dc-12 y, por ello, ha de entenderse que la extinción tuvo lugar antes del 1-En-13, conforme lo exigías las Leyes 27/2009 y 35/2010.
NOTA: sigue el criterio de sus sentencias de 16-Dc-15 (RCUD 439/2015) –nº 39 de mi resumen de marzo de 2016- y 28-Ab-16 (RCUD 356/2016) –nº 53 del resumen de junio de 2016-, haciendo ver la diferencia con los casos resueltos en sus sentencias de 24-Fb-16 (RCUD 762/2015) –nº 49 del resumen de abril de 2016) y 2-Dc-16 (RCUD 959/2015) –nº 25 del resumen de febrero de 2017-
5.- STS de 8 de marzo de 2017 (RC 70/2016).- Sr. Sempere
Doctrina: confirma que se ajusta a derecho la no renovación de la póliza de seguros concertada por el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) con la aseguradora CASER, en cumplimiento del art. 3 de la Ley autonómica 1/2012
6.- STS de 9 de marzo de 2017 (RCUD 3503/2015).- Sr. Moralo
Doctrina: reconoce que la no comunicación de rentas (en el caso, el salario del esposo de la demandante, en torno a los 2.000 euros/mes) incompatibles con el subsidio de desempleo (en el caso, por responsabilidades familiares) constituye la falta grave del art. 25.3 LISOS que determina, conforme al art. 47.1.b) LISOS, la extinción del derecho al subsidio y el deber de reintegro desde que se produjo la renta indebida, aún cuando desde la vertiente prestacional ésta únicamente determine la suspensión del subsidio durante esos ocho meses, sin que esa sanción ofrezca dudas de constitucionalidad desde la vertiente del principio de proporcionalidad.
NOTA: sigue el criterio de la STS de 19-Fb-16 (RCUD 3035/2014, de Sala General) –nº 42 de mi resumen de abril de 2016-
7.- STS de 9 de marzo de 2017 (RCUD 1727/2015).- Sr. Gilolmo
Doctrina: reconoce el derecho a causar pensión de viudedad del régimen Agrario sin que obste a ello que el causante estuviera al descubierto en el pago de sus cotizaciones a la fecha de su muerte (en el caso, veinte cuotas mensuales), dado que fueron abonadas por sus familiares, por propia iniciativa, antes de los tres meses.
NOTA: reitera el criterio aplicado en STS de 31-My-04 (RCUD 2343/2003, de Pleno) y las de 18-En y 26-Ab-05 (RCUD 5889/2003 y 2053/2004), que en el caso de esta última se citaba como sentencia de contraste
8.- STS de 9 de marzo de 2017 (RC 135/2016).- Sra. Arastey
Doctrina: confirma la nulidad del art. 16 del del convenio colectivo de Bebidas Gaseosas del Norte SA en cuanto establece un doble régimen jurídico del complemento de antigüedad en función de haber sido contratado indefinidamente antes o después del 1-En-01, eliminando el régimen previsto para los segundos, más perjudicial, por constituir un supuesto de doble escala salarial contrario al principio de igualdad de trato, carente de justificación
9.- STS de 9 de marzo de 2017 (Rev. 19/2015).- Sra. Segoviano
Doctrina: desestima demanda de revisión de una sentencia firme que declara improcedente el despido de un trabajador de un Consorcio UTELD y se pide que se declare nulo, dado que: 1) su acción revisora estaba caducada, al haber transcurrido más de tres meses desde la STS que se alega como factor que desvela la maquinación fraudulenta de la empresa; 2) el fraude o maquinación del art. 510.4º LEC que permite la revisión se refiere siempre al modo de obtener la sentencia la parte beneficiada por ésta y no al que pudo tener en la propia cuestión litigiosa, por lo que, en el caso, no lo constituye que el TS haya declarado nulos despidos análogos efectuados por el mismo empleador público.
NOTA: reitera el criterio de sus sentencias de 21-En-16 (Rev. 24/2015), dos del 20-Oc-16 (Rev. 17 y 26/2015) –nº 37 de mi resumen de diciembre de 2016- y 19-En-17 (Rev. 16/2015) –nº 34 de mi resumen de marzo de 2017-
10.- STS de 9 de marzo de 2017 (Rev 31/2014).- Sr. Gilomo
Doctrina: confirma la desestimación de la demanda de revisión de una sentencia que declaró procedente el despido disciplinario del ahora demandante por extemporánea y basarse en una sentencia penal que no encaja en ninguno de los supuestos del art. 510.1º y 2º LEC o art. 86.3 LJS
**11.- STS de 14 de marzo de 2017 (RCUD 1083/2015).- Sra. Calvo
Doctrina: confirma que cabe imponer un recargo por falta de medidas de seguridad del 50% aún cuando la calificación del incumplimiento preventivo empresarial, en el ámbito sancionador, haya sido sólo de falta grave, ya que el porcentaje del recargo se determina por los parámetros del art. 123.1 LGSS y no por la calificación dada al incumplimiento en el ámbito de la LISOS
**12.- STS de 14 de marzo de 2017 (RCUD 2714/2015).- Sr. Luelmo
Doctrina: confirma que constituye despido improcedente la extinción del contrato de relevo del relevista al pasar el jubilado parcial a jubilación anticipada al cumplir los 64 años, por cuanto que, conforme al art. 12.7.b) ET, la vigencia de ese contrato se ha de mantener, al menos, hasta la edad de jubilación ordinaria del jubilado parcial
13.- STS de 14 de marzo de 2017 (RCUD 2019/2015).- Sr. Blasco
Doctrina: reconoce que es despido nulo (y no improcedente), conforme al art. 122.2.b) LJS, el que se ampara en el art. 52.c) ET por causas productivas, pero el número de afectados supera los umbrales numéricos del despido colectivo, como sucede en el caso (auxiliar administrativo de Casteguill SL despedido en junio de 2012 por disminución de los servicios objeto de la contrata administrativa en la que prestaba sus servicios)
14.- STS de 14 de marzo de 2017 (RC 299/2014).- Sr. De Castro
Doctrina: confirma que las empresas públicas, fundaciones públicas, consorcios y corporaciones públicas de naturaleza local o autonómica y las sociedades mercantiles públicas incluidas en el ámbito de aplicación del VII convenio colectivo de la red de Hospitales Públicos y en el I convenio socio-sanitario y de salud mental están obligadas a aplicar la reducción de retribuciones de su personal laboral en los términos previstos en el RDL 20/2012, de 13 de julio, dado que éste las incluye en su ámbito de aplicación
15.- STS de 14 de marzo de 2017 (RC 140/2016).- Sr. Gullón
Doctrina: confirma: 1) el derecho del personal laboral de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA a que se les reintegre el 41,53% del 7,14% de sus retribuciones anuales deducidas en 2012, dado que la reducción salarial prevista en el RDL 20/2012, de 13 de julio, no puede aplicarse antes del 15-Jl-12, en que entró en vigor, y, por ello, tienen derecho a percibir la parte proporcional de la paga extra de Navidad del año 2012 en la parte devengada desde el 1 hasta el 14-Jl-12; 2) la condena al pago del recargo del 10% como interés por demora del art. 29.3 ET.
NOTA: reitera sus sentencias de 9, 11 y 23-Dc-15 (RC 12/2015, 13/2015 y 22/2015), 20 y 21-En-16 (RC 220/2014 y 277/2013) –las dos primeras, recogidas bajo el nº 29 de mi resumen de marzo de 2016-. El criterio se reitera en sentencia de 16-Mz-17 (RC 117/2016), si bien en ésta también se confirma que no tienen derecho a que se les reintegre la deducción de 1/14 de sus retribuciones anuales del año 2014 efectuadas ex Ley 1/2014, de 27 de enero, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2014, dado que esa reducción retributiva regía desde el 1 de enero de ese año ex Decreto 269/2013, de 23 de diciembre, de la Generalitat
16.- STS de 14 de marzo de 2017 (RCUD 229/2015).- Sra. Segoviano
Doctrina: confirma el despido improcedente de un trabajador no subrogado por Viajes Barceló SL al adquirir los activos de Viajes Baixa SA, a cargo de aquélla, pese a que el despido se formalizó por ésta por causas productivas, por constituir fraude de ley su exclusión junto a algún trabajador en la relación de trabajadores subrogados, bajo el argumento de reserva de la actividad on-line por la vendedora, ya que no constituye un centro de trabajo o unidad productiva que haya mantenido
17.- STS de 14 de marzo de 2017 (RC105/2016).- Sr. Sempere
Doctrina: confirma la nulidad del II convenio colectivo de Duna Tecnis SA que la Audiencia nacional había sustentado en que lo negoció sólo el comité de empresa de varios centros pero no de todos los de la empresa, incluido alguno con delegado de personal (cuestión no planteada en casación), dado que: 1) su impugnación por la autoridad laboral, ex art. 163.2 LJS, está reservada a que lo haga antes de su publicación y no impide, por ello, que una vez publicado, como en el caso, conforme al art. 163.3 LJS, pueda impugnarse por los sujetos legitimados del art. 165.1 LJS (aquí, CCOO y UGT como sindicatos más representativos); 2) no es preciso el previo intento de conciliación, aún cuando se siga la modalidad procesal de conflicto colectivo, dado que el art. 64.1 LJS excluye del trámite los litigios de impugnación de convenios y ha de entenderse que abarca también a los que se tramitan por esa modalidad; 3) en todo caso, no podría tener éxito porque la omisión de ese trámite no causa la indefensión exigida por el art. 207.c) LJS, dadas las posibilidades de transacción que ofrece el litigio.
NOTA: en cuanto al punto 2, recuerda su precedente de 2-Dc-15 (RC 326/2014) –nº 51 de mi resumen de febrero de 2016-.
18.- STS de 15 de marzo de 2017 (RC 159/2016).- Sr. Sempere
Doctrina: confirma la nulidad de la decisión de la Mutua Ibermutuamur de dejar de abonar a su personal, a partir del 1 de enero de 2016, el complemento de incapacidad temporal, dado que: 1) no puede ampararse en el art. 9 del RDL 20/2012, dado que su ámbito de aplicación es el personal al servicio de las Administraciones Públicas, lo que no incluye a las Mutuas, pese a que éstas son sector público estatal de carácter administrativo; 2) tampoco en las medidas de congelación o contención del gasto de las posteriores Leyes de Presupuestos, ya que éstas se determinan por comparación con las del período anterior y aquí no ha habido cambio de un período a otro; 3) e igualmente no puede sustentarse en las instrucciones de la comisión de seguimiento de la negociación colectiva, ya que su alcance se extiende a la nueva negociación colectiva, que aquí finalmente no se ha producido, manteniéndose la aplicación ultractiva del convenio sectorial
19.- STS de 16 de marzo de 2017 (RC 86/2016).- Sr. Agustí
Doctrina: confirma que el Instituto Andaluz de la Mujer de la CA de Andalucía no está obligado: 1) a convocar procesos de promoción interna a una categoría cuyas funciones se vienen atendiendo asignándolas a trabajadores de categoría inferior y a los que retribuye conforme a aquéllas si, como sucede en el caso (intérpretes informadores –grupo II- que realizan funciones de asesores de información –grupo III-), el convenio colectivo no establece ese deber de convocatoria (en el caso, el art. 21 del VI convenio del personal laboral de la Junta de Andalucía); y 2) a encuadrarles directamente en esa categoría superior, al amparo de un acuerdo de la comisión negociadora del VII convenio que se limita establecer que pueda analizarse esa reclasificación cuando concurran determinadas circunstancias, ya que no establece ningún derecho subjetivo a la reclasificación
**20.- STS de 16 de marzo de 2017 (RCUD 1871/2013).- Sr. Luelmo
Doctrina: reconoce que se ajusta a derecho el importe de la pensión (en el caso, de jubilación), determinado en función de una base reguladora calculada completando las lagunas de cotización en función del coeficiente de parcialidad del empleo inmediatamente anterior a cada laguna (y no como trabajador a tiempo completo), aún cuando la vida laboral del trabajador haya sido masivamente a tiempo completo (en el caso, treinta y tres años a tiempo completo y sólo veintitrés meses a tiempo parcial, inmediatamente anterior a una laguna de diez años, dado que el apartado b) de la regla 3ª del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la LGSS en su texto vigente al 1-Jn-11 así lo dispone y no han merecido el reproche del Tribunal Constitucional (sentencia 156/2014, de 25 de septiembre) ni del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia de 14-Ab-15, asunto C-527/2013).
NOTA: aún cuando en el caso no se debatía si, en estos casos, lo que procede es aplicar el coeficiente de parcialidad de toda la vida laboral del trabajador, está implícito en la posición del Tribunal Supremo que las lagunas se completan en función de la jornada del contrato inmediatamente precedente con independencia de si perjudica o beneficia al trabajador en comparación con el coeficiente de parcialidad de toda su vida laboral
21.- STS de 16 de marzo de 2017 (RC 93/2016).- Sra. Segoviano
Doctrina: confirma la validez del convenio colectivo estatal para empresas de seguridad privada con vigencia 2015/2016, dado que quienes lo negociaron reunían las legitimaciones inicial, deliberativa y plena previstas en los arts. 87.3, 88.2 y 89.3 ET
22.- STS de 17 de marzo de 2017 (RV 55/2015).- Sr. Luelmo
Doctrina: desestima la demanda de revisión de una sentencia firme estimatoria sobre derecho a reducción de jornada por hijo menor, dado que se ampara en un correo electrónico de la demandante a su abogado sobre la estrategia procesal a seguir en el asunto cuya obtención no consta que lo haya sido por cauces legales y, en todo caso, está amparado por el secreto profesional y no enerva el cumplimiento de los requisitos para el acceso a esa reducción de jornada
23.- STS de 21 de marzo de 2017 (RCUD 2863/2015).- Sr. Sempere
Doctrina: 1) reconoce que la carta de despido de un trabajador afectado por el despido colectivo adoptado por una empresa (en el caso, Alimerka SA), con acuerdo, es suficiente por expresar las causas del mismo (en el caso, las pérdidas de las cuatro tiendas que se seleccionaron para su cierre, entre ellas la de la demandante) y referenciar el acuerdo alcanzado; 2) sin embargo, confirma la improcedencia del despido, ya que el TSJ también lo confirmó por negar que concurriera causa y sobre esta cuestión no se ha planteado en el RCUD sentencia contradictoria.
NOTA: sigue el criterio de su sentencia, de Sala General, de 21-Fb-17 (RCUD 2859/2015) –nº 51 de mi resumen de abril de 2017-. Se reitera en otras cinco sentencias de la misma fecha (RCUD 2862/2015, 2865/2015, 2869/2015, 2877/2015 y 2959/2015), referidas a otros trabajadores de la misma empresa y con similar RCUD
**24.- STS de 21 de marzo de 2017 (RCUD 2935/2015).- Sra. Arastey
Doctrina: reconoce que no tiene derecho a pensión de viudedad del art. 174.1 LGSS-1994 la ex cónyuge del causante, divorciada de éste con convenio regulador que expresamente descarta el establecimiento de pensión compensatoria para ella por no establecer desequilibrio económico entre los cónyuges, aunque sí se establezca pensión alimenticia a favor de las dos hijas comunes, menores de edad, al no poderse calificar éstas como pensión compensatoria.
NOTA: la sentencia contiene un amplio compendio de las posiciones de la Sala en esta materia
**25.- STS de 21 de marzo de 2017 (RCUD 3810/2015).- Sr. De Castro
Doctrina: reconoce que el alcance del art. 71.4 LJS y de la jurisprudencia precedente sobre la mera caducidad de la instancia en el caso de interposición tardía de una reclamación previa no se extiende a las resoluciones del Servicio Público de Empleo Estatal que declaran extinguido el derecho a la prestación por estancia no autorizada en el extranjero, ya que se limita al reconocimiento/denegación/modificación de las prestaciones
26.- STS de 21 de marzo de 2017 (RC 80/2016).- Sr. Sempere. Voto particular
Doctrina: reconoce o confirma 1) el derecho de los trabajadores de ADIF a que sus vacaciones se retribuyan incluyendo la retribución normal o medio de los siguientes conceptos: reemplazo a cargo superior (clave 055), gratificación por actividad docente para los profesores en prácticas (clave 113), compensación por descanso para refrigerio trabajado (clave 153), gratificación conducción IIFF (clave 342), régimen de la gratificación por conducción personal V y O (clave 347), gratificación por polivalencias (clave 367); y 2) el de los trabajadores de ADIF procedentes de FEVE el de los complementos por Guardia Infraestructura Vía y Obras (clave R08), Guardia Infraestructura Servicio Eléctrico (clave R09), Guardia Inspector Principal de Movimiento (Clave R10) y Complemento de Incidencias (clave U97).
NOTA: la sentencia, a mi juicio, tiene un lapsus en su parte dispositiva, al no recoger que también incluye el Plus Movimiento Estaciones (clave 247), que la Audiencia Nacional había reconocido y en los fundamentos de la dictada por el Tribunal Supremo se dice que se ha de confirmar.
El voto particular del Sr. Luelmo defiende que no debieron incluirse los complementos de las claves 055, 113, 342, U97, R08, R09 y R10
27.- STS de 22 de marzo de 2017 (RC 127/2016).- Sra. Calvo
Doctrina: 1) reconoce que, conforme al art. 165.1.a) LJS, la CIG y ELA tienen legitimación para pedir la nulidad del art. 127 y cuadro del anexo II del I convenio colectivo del grupo AENA, dado que tienen algún representante unitario en ese ámbito, lo que resulta suficiente para dotarles de interés a tal efecto; 2) confirma la validez de ambos, aún cuando fije el salario de la hora ordinaria sin incluir todos los conceptos salariales, en tanto que lo hace como base de cálculo de determinados conceptos que el propio convenio fija en función de ese concreto salario, sin que en ningún caso conste que contravengan mínimos legales.
NOTA: la sentencia razona, en concreto, sobre las horas extraordinarias, dado que en el convenio se calculan con un recargo del 175% sobre ese precio de la hora ordinaria
28.- STS de 22 de marzo de 2017 (RC 126/2016).- Sr. Luelmo
Doctrina: confirma la nulidad del convenio colectivo de Partnetwork Solutions SL, dado que su ámbito es el de empresa y se negoció por una comisión negociadora integrada, en su banco social, por los tres representantes de uno de sus centros, por un trabajador de otro centro de ocho trabajadores, elegido en asamblea por éstos, y por un trabajador de otro centro en el que únicamente consta un preaviso electoral cursado meses antes.
NOTA: recuerda varios precedentes suyos sobre la necesaria correspondencia entre el ámbito del convenio de una empresa multicéntrica y el de los representantes de los trabajadores que han de negociarlo, citando como última de ellas la de 11-En-17 (RC 24/2016) –nº 29 de mi resumen de marzo de 2017-
29.- STS de 22 de marzo de 2017 (RCUD 3757/2015).- Sra. Virolés
Doctrina: reconoce que, conforme a los arts. 27.1.a) y 36.1 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, la situación de incapacidad permanente parcial por contingencias comunes no está protegida en el RETA.
NOTA: sigue su tradicional criterio, cuyo último exponente era su sentencia de 18-Oc-16 (RCUD 2367/2015) –nº 41 de mi resumen de mayo de 2016-
30.- STS de 22 de marzo de 2017 (RC 143/2016).- Sr. López García de la Serrana
Doctrina: confirma que el Servicio Andaluz de Empleo está obligado a suscribir la póliza de seguro prevista en el art. 36 del convenio colectivo de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, incluyendo todos los riesgos asegurados ahí previstos, dado que, al no incluir el precepto la contingencia de jubilación, no contraviene el art. 28 de la Ley 3/2012 de la Junta de Andalucía, sin que sea posible realizar una interpretación extensiva del alcance de éste
31.- STS de 23 de marzo de 2017 (RCUD 377/2016).- Sra. Virolés
Doctrina: confirma la nulidad del acuerdo de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo alcanzado en Ombuds, Cia. de Seguridad SA el 16-Jn-14 con sus propios representantes de los trabajadores al mes de asumir a los trabajadores de la contratista saliente de un determinado servicio de seguridad, cuyo objeto es modificar determinadas condiciones laborales de los trabajadores de ese servicio subrogados, cuyos representantes no intervinieron en esa negociación.
NOTA: recuerda tanto sus sentencias de 14-My-14 -2- (RCUD 2232/2013 y 2143/2013) –recogidas en el nº 58 de mi resumen de julio de 2014- y 11-Fb-15 (RCUD 2613/2013) –nº 47 del resumen de abril de 2015-, que se referían a un acuerdo anterior en la misma empresa, en relación a otro proceso de cambio de contratista en junio de 2012 sustancialmente análogo, como las de 15 y 21 -2- Dc-16 (RCUD 4177, 3245/2015 y 4010/2015) que ya se refieren a otros trabajadores afectados por el mismo acuerdo
**32.- STS de 23 de marzo de 2017 (RC 150/2016).- Sr. Blasco
Doctrina: confirma: 1) que es recurrible en casación ordinaria el auto que resuelve la reposición contra el que, en ejecución de sentencia de despido colectivo efectuado el 7-Mz-13, concreta el importe de los salarios de tramitación reconocidos en dicha sentencia que corresponde a cada trabajador afectado por dicho despido; 2) que, conforme al art. 245.1 LJS, no es exigible consignar la condena del auto recurrido dictado en ejecución de sentencia; 3) que es ejecutable ese pronunciamiento, aún cuando se haya pedido antes de la vigencia del RDL 11/2013, de 2 de agosto, dado que el despido colectivo lo fue bajo la vigencia de la Ley 3/2012 y, en consonancia con ello, ya condenó a readmitir a los despedidos y pagarles los salarios de tramitación; 4) que no cabe excluir el derecho a los salarios de tramitación por el hecho de que, al tiempo del despido colectivo, los despedidos tuvieran suspendido su contrato de trabajo por un ERTE, dado que su suspensión finalizó con el despido, sin que la declaración de nulidad del despido haga renacer la suspensión
33.- STS de 23 de marzo de 2017 (RCUD 1268/2015).- Sr. De Castro
Doctrina: reconoce que no cabe imponer condena en costas al Servicio Madrileño de Salud por disfrutar del beneficio de justicia gratuita.
NOTA: sigue la saga de sentencias en esta materia, referida a diversos Servicios de Salud autonómicos, recogiendo un gran número de precedentes
34.- STS de 23 de marzo de 2017 (RCUD 2663/2015).- Sr. Agustí
Doctrina: reconoce la nulidad de la sentencia del TSJ por incongruencia omisiva, al no haber dado respuesta a dos de las causas de inadmisión del recurso de suplicación planteadas en la impugnación de este recurso
**35.- STS de 23 de marzo de 2017 (RCUD 1602/2015).- Sr. Luelmo
Doctrina: reconoce que el procedimiento de conflicto colectivo no interrumpe la prescripción ex art. 160.6 LJS si, como en el caso, se invoca por un trabajador no incluido en el ámbito territorial en el que se suscitó ese conflicto colectivo, aunque sea de la misma empresa
36.- STS de 24 de marzo de 2017 (RCUD 85/2016).- Sala General.- Sra. Segoviano.- Voto particular
Doctrina: confirma el derecho a la prestación por desempleo de un extranjero (en el caso, peruano) al finalizar la relación laboral especial para formación de especialistas en Ciencias de la Salud por la que había cotizado para esa contingencia y disponía de autorización de estancia en España por estudios, por ser persona protegida ex art. 205.1 LGSS-1994, al no serle aplicable la exclusión de cotización a desempleo prevista en la disposición adicional decimosexta del Reglamento de Extranjería aprobado por R. Decreto 557/2011, de 20 de abril, dado que no precisaba autorización de trabajo para efectuar esa prestación de servicios ex art. 43 del Reglamento y, en la fecha de extinción del vínculo, disponía de autorización de residencia en España por estudios y antes de que ésta venciera obtuvo la condición de residente comunitario por cinco años como familiar de ciudadano de la Unión Europea.
NOTA: el voto particular del Sr. Luelmo y otros dos magistrados propugnaba la revocación del derecho por estimar indebida esa cotización a desempleo, al amparo de esa disposición adicional que sí consideran aplicable y sin que la autorización de residencia por estudios tenga eficacia una vez finalizado éstos
37.- STS de 28 de marzo de 2017 (RCUD 255/2015).- Sr. Blasco
Doctrina: confirma la procedencia de un despido por causas económicas al estar acreditada la falta de liquidez derivada de las mismas, alegada para no poner a disposición del trabajador la indemnización propia del mismo, al amparo del párrafo segundo del art. 53.1.b) ET, ya que no se necesita una prueba plena de esa imposibilidad por el empresario (que tiene la carga de esa prueba), bastando con aportar indicios que la presumen (como hizo), sin constar elementos que la desvirtúen.
NOTA: recuerda sus sentencias de 25 de enero y 21 de diciembre de 2005 (RCUD 6290/2003 y 5470/2004)
38.- STS de 28 de marzo de 2017 (RC 77/2016).- Sra. Arastey
Doctrina: confirma que constituye una recta interpretación del art. 17 del convenio colectivo de Agencia Efe SA la de entender que obliga a esta empresa a que la dotación presupuestaria anual para las promociones a nivel senior sea suficiente como para garantizar, al menos, tantas promociones como candidatos resultaron aprobados el año anterior y no progresaron de nivel por insuficiente asignación presupuestaria
39.- STS de 28 de marzo de 2017 (RC 83/2016).- Sr. Moralo.- Voto particular
Doctrina: reconoce que los trabajadores de Pull & Bear en la Comunidad de Madrid a tiempo completo no tienen derecho, cuando voluntariamente trabajan en domingo o festivo, a librar el sábado siguiente, ya que ni se pactó así en el acuerdo de 9 de julio de 2012 ni infringe el principio de igualdad de trato que esa compensación sí se otorgue a los trabajadores con contrato a tiempo parcial, dado el distinto régimen jurídico que ambos colectivos tienen en materia de jornada y descansos.
NOTA: el voto particular de la Sra. Virolés defiende que debió confirmarse la sentencia del TSJ que reconoció ese derecho, al no estar justificada la diferencia de trato
40.- STS de 29 de marzo de 2017 (RC 137/2016).- Sra. Calvo
Doctrina: confirma que entre los servicios prestados a las Administraciones Públicas computables para el perfeccionamiento de trienios, conforme al art. 66.6 del convenio colectivo del personal laboral del Departamento de Interior y del Organismo Autónomo Academia de Policía del País Vasco, no se incluye el tiempo correspondiente al servicio militar por no constituir período de relación laboral
41.- STS de 29 de marzo de 2017 (RC 133/2016).- Sr. De Castro
Doctrina: confirma el ajuste a derecho de la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que determinó la liquidación de la aportación económica a realizar por dicha empresa a consecuencia del despido colectivo que hizo mediante ERE iniciado el 18-Nv-11, al amparo del apartado 1.c) de la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, dado que tuvo beneficios en los dos ejercicios anteriores a aquél en que el ERE se inicia, siendo irrelevante que tuviera pérdidas el grupo de empresas del que formaba parte, posteriormente fusionadas.
NOTA: sigue el criterio de su sentencia de 17-Nv-16 (RC 51/2016) –nº 30 de mi resumen de enero de 2017-, referido a un período de liquidación anterior de la misma empresa (ahí 2012; en éste, 2013)
**42.- STS de 29 de marzo de 2017 (RCUD 1883/2015).- Sr. Gilolmo
Doctrina: reconoce que no ha prescrito la acción del art. 146 LJS ejercitada por el INSS para que se revise la cuantía de una prestación de seguridad social (en el caso, pensión de viudedad) si, como en el caso, la resolución a revisar se sustentó en un error material (en el caso, se fijó su cuantía inicial aplicando las revalorizaciones de pensiones habidas desde treinta años antes de la fecha correcta), no siendo aplicable al caso lo dispuesto en su apartado 3 (que sólo remite al apartado 1 y no al 2).
NOTA: aunque la sentencia cita como precedentes sus sentencias de 23-Nv-09 (RCUD 126/2009), 15-Fb-10 (RCUD 2054/2009) y 29-Mz-10 (RCUD 1130/2009, de Pleno), en ninguna de ellas se dirime acción de revisión de sus propios actos instada por el INSS
**43.- STS de 29 de marzo de 2017 (RCUD 2142/2015).- Sra. Virolés
Doctrina: reconoce que se ajustó a derecho la resolución del INSS que reconoció una pensión de jubilación parcial, sin que proceda revisarla a instancias de éste ex art. 146.1 LJS, aún cuando el jubilado parcial haya concentrado al inicio de esa situación, indebidamente (a tenor de la disposición adicional tercera del R. Decreto 1131/2002), la jornada reducida de todo el período de jubilación parcial (en el caso, el 15%), no pudiendo estimarse como fraude de ley, ya que no perjudica los intereses del relevista ni de la Seguridad Social.
NOTA: la sentencia recuerda su precedente de 19-En-15 (RCUD 627/2014) –nº 66 de mi resumen de marzo de 2015-, aunque lo que ahí se dirimía era la extinción del contrato de relevo del relevista por cuestionarse la validez del mismo debido a semejante circunstancia de concentración del período de trabajo del jubilado parcial
44.- STS de 29 de marzo de 2017 (RCUD 2536/2015).- Sra. Segoviano
Doctrina: reconoce que la responsabilidad subsidiaria del FOGASA en el pago de la indemnización pactada por despido improcedente en conciliación judicial ha de calcularse: 1) incluyendo el período de servicios inmediatamente anterior a un período de 29 días entre dos contratos en los que percibió prestación por desempleo, al no romper la unidad esencial del vínculo; 2) excluyendo el período anterior a los mencionados, dada la ausencia de contradicción en relación a la causa por la que FOGASA no lo tuvo en cuenta.
NOTA: recuerda su sentencia de 15-My-15 (RCUD 878/2015) –nº 60 de mi resumen de julio de 2015-
45.- STS de 29 de marzo de 2017 (RC 46/2016).- Sr. Blasco
Doctrina: reconoce el derecho de los trabajadores de Renfe Ancho Métrico procedentes de FEVE a que se convoquen los concursos de traslados previstos en el art. 14 del XVIII convenio colectivo de FEVE, ya que subsiste esa obligación de convocatoria tras la absorción conforme al art. 44.4 ET
46.- STS de 29 de marzo de 2017 (RC 61/2016).- Sr. López García de la Serrana
Doctrina: confirma que se ajusta a una adecuada interpretación del art. 56 del II convenio colectivo de los controladores de la navegación aérea: 1) la posibilidad de aplazar diez días, conforme a su apartado 3, el inicio del permiso previsto en los subapartados 2, 3 y 7 de su apartado 1 (fallecimiento y enfermedades o similares de parientes, y traslado de domicilio); 2) que no es necesario justificar la concurrencia del hecho causante durante todo el tiempo de vigencia del permiso previsto en el subapartado 3 del apartado 1 (enfermedad grave, accidente u hospitalización de parientes, cónyuges o similares); 3) que la asistencia a juicio laboral como demandante está amparada por el permiso retribuido del subapartado 10 de ese apartado 1 (cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público).
**47.- STS de 30 de marzo de 2017 (RCUD 961/2015).- Sala General.- Sr. Gullón
Doctrina: reconoce que constituye un despido nulo, por no haber seguido los trámites propios del despido colectivo, la extinción de contratos de trabajo de indefinidos no fijos en el Ayuntamiento de Los Barrios por amortización de plazas en su RPT en número que supera los umbrales propios del mismo, siendo irrelevante que la extinción contractual fuese anterior a la vigencia del RDL 3/2012 (concretamente, el 31 de enero de 2012), aplicando el cambio de doctrina iniciado en STS de 24-Jn-14 (RCUD 217/2013), sin que con ello se vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva del Ayuntamiento ni el principio de seguridad jurídica y sin que sea preciso plantear cuestión prejudicial al TJUE, dado que no se sustenta en la aplicación de la Directiva 98/59 (que, además, no afecta a las Administraciones Públicas).
NOTA: la sentencia, de amplia y rica fundamentación, sigue el criterio ya aplicado en caso análogo (sentencia de 9 de marzo de 2015, RCUD 2186/2014 -nº 18 de mi resumen de junio de 2015- y auto del 2 de noviembre siguiente que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones planteado contra aquélla), descartando, igual que lo hizo esa, que se oponga a ello la STS de 30-Mz-15 (RCUD 2276/2013), por ser mero fruto de la pretensión formulada en el caso en trámites del RCUD por los trabajadores indefinidos no fijos del mismo Ayuntamiento ahí demandantes, cuyos contratos se extinguieron en la misma fecha y por igual causa; sentencia que se limita a reconocerles derecho a la indemnización de ocho días de salario por año de servicio, siguiendo la doctrina de la STS de 21-En-14 (RCUD 1086/2013) –ahí citada de contraste (incluida en nota a la nº 30 de mi resumen de marzo de 2013)-.
Lo que tiene de novedoso la que ahora comento es la respuesta que da a la petición de planteamiento de cuestión prejudicial
48.- STS de 30 de marzo de 2017 (RC 41/2016).- Sr. Gullón
Doctrina: confirma que no corresponde a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sino a los Juzgados de lo Social de Madrid enjuiciar la demanda de conflicto colectivo cuando éste afecta al personal laboral del Ministerio de Asuntos Exteriores que presta servicios en otro país (en el caso, Bélgica), dado que su ámbito no es superior al de una Comunidad Autónoma, como exige el art. 8.1 LJS, y lo dispuesto en el último párrafo del art. 10.1 LJS.
NOTA: recuerda su precedente de 20 de diciembre de 2016 (RC 19/2016) –nº 13 de mi resumen de marzo de 2017-.
49.- STS de 30 de marzo de 2017 (RC 16/2016).- Sr. Moralo
Doctrina: reconoce que las limitaciones presupuestarias impuestas por las sucesivas Leyes de Presupuestos de la CA de Andalucía, al prohibir el incremento de la masa salarial, impiden reconocer la progresión de nivel y el correspondiente complemento salarial vinculado, que se contemplan en los arts. 19 y 22 del convenio colectivo de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales
50.- STS de 30 de marzo de 2017 (RC 109/2016).- Sra. Segoviano
Doctrina: confirma que la vacante producida en la Empresa de Transformación Agraria SA (TRAGSA) el 11 de diciembre de 2014 y las dieciocho nuevas plazas creadas el 1 de enero de 2015 han de cubrirse conforme al procedimiento previsto en el VI convenio colectivo de dicha empresa, con vigencia 2012/2017, aún publicado el 29-En-15, y no conforme al previsto en el V convenio
**51.- STS de 4 de abril de 2017 (RC 13/2016).- Sra. Arastey
Doctrina: 1) confirma que los trabajadores de las empresas contratistas del servicio de limpieza en los centros sanitarios públicos de Asturias tienen derecho, al amparo de la equiparación retributiva dispuesta en el art. 30 del convenio sectorial, a que se les incremente sus retribuciones del año 2015 en los mismos términos en que los trabajadores de esos centros recuperaron ese año 44 días de la paga de navidad de 2012; 2) reconoce que las empresas obligadas al pago son las empleadoras en 2015 y no las que lo fueron en la Navidad de 2012
52.- STS de 4 de abril de 2017 (RCUD 2227/2015).- Sra. Arastey
Doctrina: reconoce que, en la determinación del grado de discapacidad de un sujeto con dolencias diferentes, la valoración de éstas no resulta de la suma aritmética de sus valores individuales sino aplicando la tabla de valores combinados del anexo del R. Decreto 1971/1999.
NOTA: sigue el criterio de sus sentencias de 17-Dc-04 (RCUD 753/2004) y 28-En-10 (RCUD 1523/2009), citada de contraste
53.- STS de 4 de abril de 2017 (RCUD 2887/2015).- Sr. López García de la Serrana
Doctrina: confirma que los mandos intermedios de ADIF integrados voluntariamente, el 1-En-99, en el nuevo régimen normativo de ese grupo profesional y que accedieron, por ello, a un nuevo nivel salarial, no tienen derecho a las diferencias que reclaman en el complemento personal de antigüedad por llevar 20 años en el mismo nivel salarial previsto en el art. 121 del X convenio colectivo de RENFE, dado que no cumplen el requisito en cuestión, resultando irrelevante que lleven veinte años en la categoría.
NOTA: sigue el criterio de las SSTS de 15-Jl-15 (RCUD 2429/2014), 5-My-16 (RCUD 1431/2015) –recogida en el nº 32 de mi resumen de julio de 2016- y 15-Jl-16 (RCUD 595/2015) –nº 66 del resumen de octubre de 2016-.
**54.- STS de 4 de abril de 2017 (RCUD 3466/2015).- Sr. Blasco
Doctrina: reconoce que es nulo (y no improcedente), por vulneración del derecho a no ser discriminada por razón de sexo, el despido de una trabajadora sometida desde hacía años a tratamiento de fecundación in vitro que la empresa conocía, que ésta ampara en causas económicas, efectuado días antes de implantarle en el útero los óvulos ya fecundados por concurrir indicios suficientes de que obedece a ese tratamiento de fertilidad, no desvirtuados desde el momento en que la empresa reconoció en juicio su improcedencia.
NOTA: la sentencia de contraste es la dictada por el TJUE el 26-Fb-08 (asunto C-506/2006).
55.- STS de 4 de abril de 2017 (RCUD 1069/2015).- Sr. Gilolmo
Doctrina: reconoce que vulnera la cosa juzgada que se estime la excepción de caducidad de la acción de despido si, como en el caso, en una primera sentencia del TSJ dictada en el litigio –alegada acertadamente como contradictoria-, que declaró la nulidad de actuaciones, había desestimado previamente esa misma excepción planteada por la empresa al amparo del art. 197.1 LJS, pues ese pronunciamiento quedó firme
56.- STS de 5 de abril de 2017 (RCUD 268/2016).- Sr. Gilolmo
Doctrina: confirma que, de acuerdo con los arts. 191.2.g) y 192.3 LJS, no cabe recurso de suplicación contra la sentencia que dirime el ajuste a derecho de una resolución del Servicio Público de Empleo en el particular por el que tiene por consumidos 72 días de la prestación, debido a una suspensión anterior, cuya cuantía no rebasa los 3.000 euros55.- STS de 5 de abril de 2017 (RCUD 268/2016).- Sr. Gilolmo
Doctrina: confirma que, de acuerdo con los arts. 191.2.g) y 192.3 LJS, no cabe recurso de suplicación contra la sentencia que dirime el ajuste a derecho de una resolución del Servicio Público de Empleo en el particular por el que tiene por consumidos 72 días de la prestación, debido a una suspensión anterior, cuya cuantía no rebasa los 3.000 euros
**57.- STS de 5 de abril de 2017 (RCUD 694/2016).- Sr. Gilolmo
Doctrina: reconoce derecho a la prestación por desempleo en modalidad de pago único a quien, como en el caso, había sido despedida por su empresa, estaba realmente desempleada, tenía reconocida la prestación en pago periódico y trataba de continuar, como trabajadora autónoma, la misma actividad y en el mismo local de la empresa que le despidió, sin que esta última circunstancia enerve ese derecho por constituir un fraude de ley que no cabe deducir de esos hechos
58.- STS de 5 de abril de 2017 (RCUD 238/2015).- Sra. Calvo.- Voto particular
Doctrina: la fecha de efectos iniciales de la pensión de orfandad a favor de hijos discapacitados es, conforme al art. 43.1 LGSS-1994, desde tres meses antes de solicitarla y no desde la muerte del causante, aunque durante todo el período intermedio estuviera en trámite un expediente y un litigio destinado al reconocimiento de un grado de discapacidad del 65% al menos, ya que esta circunstancia no es determinante del derecho a la pensión.
NOTA: el voto particular de la Sra. Virolés defiende el derecho a la retroacción completa57.- STS de 5 de abril de 2017 (RCUD 238/2015).- Sra. Calvo.- Voto particular
NOTA: el voto particular de la Sra. Virolés defiende el derecho a la retroacción completa
59.- STS de 6 de abril de 2017 (RC 118/2016).- Sr. Moralo
Doctrina: 1) confirma que el personal laboral de administración y servicios de las Universidades Politécnica de Catalunya, Pompeu Fabra, Girona, Lleida y Rovira y Virgili sujeto al VI convenio colectivo para dicho personal, así como el docente e investigador de las mismas sujeto al I convenio colectivo para dicho personal tienen derecho a cobrar la parte de las pagas extras de 2013 y 2014 ya devengada a la vigencia del acuerdo de Gobierno de la Generalitat de 26-Fb-13 y de la Ley 1/2014, del Parlament, en el caso del personal de la primera de esas Universidades, y sólo de la paga extra de 2014 en el caso del personal del resto; 2) confirma que está prescrita la acción para exigir el reintegro de las cantidades deducidas en la paga extra de diciembre de 2013 respecto al personal de las cuatro últimas Universidades, al haberse abonado antes del 24 de diciembre de ese año y reclamarse ese reintegro el 30 de diciembre de 2014.
NOTA: sigue, en cuanto al punto 1, el criterio aplicado en sus sentencias de 6-Jn-16 (RC 202/2015) y 22-Nv-15 (RC 227/2015) –recogidas, respectivamente, en mis notas a las que figuran bajo los números 34 del resumen de julio de 2016 y 28 del correspondiente a enero de 2017-
Publicado por JpD Comisión Social en 11:29
Etiquetas: Recopilación doctrina

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