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Timestamp: 2018-11-21 08:13:23+00:00

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﻿ SENTENCIA 2005-00904/43740 DE JULIO 19 DE 2017
SENTENCIA 2005-00904 DE 19 DE JULIO DE 2017
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD EL ESTADO POR IMPOSICIÓN DE UNA PENA AL CONDENADO CUANDO YA ESTABA PRESCRITA. SE CONSTITUYE UN DAÑO SUSCEPTIBLE DE SER REPARADO CUANDO SE LE REVOCA A UNA PERSONA EL BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICIONAL DEL QUE GOZABA Y SE ORDENA SU CAPTURA, UNA VEZ QUE LA PENA IMPUESTA AL CONDENADO SE ENCONTRABA PRESCRITA. ASÍ, UNA VEZ SE ENCUENTRE PROBADO QUE EFECTIVAMENTE LA PENA ESTABA PRESCRITA, SE ESTABLECE QUE LA CAPTURA Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DEL SINDICADO ES ABIERTAMENTE ILEGAL E INCONSTITUCIONAL, INCURRIÉNDOSE ASÍ EN UNA FALLA DEL SERVICIO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN. DE ESTA MANERA, SE ENCUENTRA PROBADA LA FALLA EN EL SERVICIO, PUES AL AFECTADO LE BASTÓ DEMOSTRAR QUE LE FUE IMPUESTA UNA MEDIDA, QUE CONDUJO A LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD, DURANTE TODO O PARTE DEL PROCESO PENAL, CUANDO YA HABÍA OPERADO LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA, LO QUE CONDUCE A IMPUTARLE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL EN CABEZA DE LA NACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PRESCRIPCIÓN DE LA PENA, PRESCRIPCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, DAÑO MORAL EN LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
Sentencia 2005-00904/43740 de julio 19 de 2017
Rad.: 17001233100020050090401 (43740)
Demandante: Jaime Omar Martínez Guerrero y Otros
Dr. Jaime Enrique Rodriguez Navas
Referencia: Acción de reparación directa (D. 01/84). Falla del servicio - Privación injusta de la libertad una vez ocurrida la prescripción de la pena de la condena impuesta - Delito cometido por agente de la policía - Decreto 2550 del 12 de diciembre de 1998 (Código Penal Militar).
Contenido: Descriptor: Se confirma la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda porque hubo prescripción de la condena impuesta al condenado y ello constituye un caso de privación injusta de la libertad. Restrictor: Presupuestos de la responsabilidad del Estado en el evento de prescripción de la acción penal o de la pena impuesta, unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad.
Resuelve la Subsección el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas —Sala de Decisión—, el once (11) de noviembre de dos mil once (2011), por medio de la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
El departamento de policía de Caldas en su condición de Juzgado de Primera Instancia, condenó al señor Jaime Omar Martínez Guerrero - agente activo de la Policía Nacional, a la pena principal de dos (2) años de prisión, por el delito de concusión, negándosele al sindicado el beneficio de la condena de ejecución condicional. El Tribunal Superior Militar al desatar el recurso de apelación, confirmó la sentencia, revocando el numeral sentencia de aquella y en su lugar, concedió a Martínez Guerrero el beneficio de condena de ejecución condicional, previa suscripción de acta de compromiso. El juzgado de primera instancia, posteriormente, revocó el beneficio otorgado y ordenó hacer efectiva la condena impuesta, librándose la boleta de captura correspondiente, la cual se hizo efectiva el 5 de junio de 2002 y recluido en el centro de reclusión piloto del departamento del Valle. A la postre el mismo juzgado —20 de marzo de 2003— declaró la prescripción de la pena impuesta al condenado Martínez Guerrero y ordenó su libertad inmediata e incondicional, la cual recobró el 21 de marzo de 2003.
Jaime Omar Martínez Guerrero —víctima directa—, María Nancy Gómez de Martínez, quien actúa en su condición de cónyuge del antes citado y en representación de su hijo menor Andrés Felipe Martínez Gómez, John Jaime Martínez Gómez, Andersón Jair Martínez Gómez, Deisy Nathaly Martínez Gómez, Blanca Izaura Martínez Guerrero y Blanca Guerrero de Martínez, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor Jaime Omar Martínez Guerrero, por intermedio de apoderado judicial, el 18 de marzo de 2005, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional - Juzgado de Primera Instancia Penal Militar de Caldas, con el propósito de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
“1. Declarase administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional - Juzgado de Primera Instancia Penal Militar de Caldas, por los perjuicios causados a los demandantes, por causa de la privación injusta e ilegal de la libertad y la tortura moral de que fue objeto el señor Jaime Omar Martínez Guerrero, desde el día 5 de junio de 2002 (fecha de captura) hasta el día 21 de marzo de 2003 (fecha de libertad), por una evidente falla en el servicio y error judicial.
2. “Como consecuencia lógica de la anterior declaración, condenar a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional - Juzgado de Primera Instancia Penal Militar de Caldas a pagar a título de perjuicios morales, por la deshonra, descrédito y vulneración del derecho fundamental a la libertad y dignidad por causa de ilegal e injusta privación de la libertad del señor Jaime Omar Martínez Guerrero, a cada uno de los demandantes, el valor equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que se profiera sentencia (…) smlmv, vigente a la fecha de la sentencia.
“Las anteriores sumas se ajustaran como lo estipula el Código Contencioso Administrativo en su artículo 178 hasta el día en que se haga efectivo el pago”.
“Ordenar que la sentencia con que termine este proceso, se le dé cumplimiento conforme a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo”.
“Condenar a las entidades demandadas a pagar los intereses que se causen a cado uno de los demandantes o a quien o quienes sus derechos representaren al momento del fallo, a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia. De conformidad en lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil, todo pago se imputará primero a intereses”.
“Se pagarán intereses comerciales desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia y transcurridos seis (6) meses los de mora”.
“Condenar en costas a la parte demandada”.
En apoyo de las pretensiones formuladas, las partes demandantes, afirmaron que el señor Jaime Omar Martínez Guerrero, perteneció a la Policía Nacional en calidad de agente, desde el año 1980 hasta el día en que se le dio la baja. Que en esa condición, fue investigado, procesado y condenado por el delito de concusión, a la pena de dos (2) años. El Tribunal Superior Militar, el 27 de noviembre de 1996, confirmó la sentencia y le concedió aquél, el beneficio de condena de ejecución condicional, previa suscripción de acta de compromiso. El Juzgado Penal Militar, por auto de 15 de diciembre de 1998, revocó el beneficio otorgado y como consecuencia de lo anterior, ordenó hacerle efectiva la condena impuesta, librándose la boleta de captura correspondiente, la que se hizo efectiva el 5 de junio de 2002 y recluido en el centro de reclusión piloto del departamento del Valle. Que el mismo juzgado, el 20 de marzo de 2003, profirió auto declarando la prescripción de la pena impuesta al condenado Martínez Guerrero y ordenó su libertad inmediata e incondicional, la cual recobró el 21 de marzo de 2003.
Que para la fecha en que se produjo la captura —5 de junio de 2002—, ésta había perdido vigencia, en razón a que la condena impuesta estaba prescrita, según lo establecido en el Código Penal Militar; “por lo que se considera que al darse la prescripción a favor de su mandante, se adquiere automáticamente el derecho fundamental de libertad, y en consecuencia, no podía ser recluido y perder su libertad. Advierte que al estudiar y analizar las consideraciones de la providencia de fecha 20 de marzo de 2003 (…) se pudo constatar que hubo un evidente error judicial, configurándose una falla en el servicio de la Justicia Penal Militar. Que por el error judicial en que incurrió la Justicia Penal Militar, el señor Jaime Omar Martínez Guerrero y su grupo familiar, se vieron obligados a soportar todas las inhumanas condiciones socio-económicas, sicológicas y morales durante todo el tiempo que estuvo recluido o en prisión sin justa causa”.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas, mediante providencia del 17 de mayo de 2005, admitió la demanda(1) y ordenó su notificación personal a la entidad demandada y al Ministerio Público.
La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional contestó la demanda(2), aceptando unos hechos y negando otros; oponiéndose a las pretensiones de la demanda, diciendo que “(…) que efectivamente el señor Jaime Omar Martínez Guerrero, fue enjuiciado por el Juzgado de Primera Instancia del departamento de policía de Caldas, por el delito de concusión (…) con fecha 6 de septiembre de 1996, lo condenó a la pena principal de dos (2) años de prisión sin beneficio alguno, debido al descontento del enjuiciado, apeló la providencia ante el Tribunal Superior Militar, donde confirmaron la sentencia impuesta, pero revocaron la negativa del subrogado penal, concediéndolo en los términos del artículo 62 del Código Penal Militar, es decir, que la condena impuesta comenzó a correr a partir del 27 de noviembre de 1996. Ahora bien, el condenado incumplió con los deberes impuestos al concedérsele la condena de ejecución condicional, como era la de presentarse cada mes al despacho judicial que le fuera asignado, además de informar el cambio de su residencia y observar buena conducta (…) por lo que se hizo acreedor a la suspensión del beneficio y su consecuente detención en un centro carcelario, lo que ocurrió el 6 de junio de 2002, cuando habían transcurrido cinco (5) años seis (6) meses nueve (9) días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia proferida por el honorable Tribunal Superior Militar, el día 27 de noviembre de 1996, en contravía del término prescriptivo tipificado en el artículo 80 de la Ley 2550 de diciembre 12 de 1998 Código Penal Militar (…) hasta donde tenemos visto, al parecer el actor tiene toda la razón en reclamar ante la administración por los perjuicios ocasionados con su detención arbitraria, pero éste concepto cambia al leer el artículo 83 del Código Penal (L. 599/2000) en cuanto si un “…servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en una tercera parte…”, es decir, que por la calidad de servidor público, por la ingerencia (sic) que podía tener el empleado público en la consumación de la prescripción, éste se castiga con el incremento de la prescripción (…)”. Propuso como excepción de fondo la que denominó: “hecho exclusivo y determinante de la víctima”, lo cual fundamentó diciendo, en “haber sido el actor quien provocó las consecuencias que generaron su privación de la libertad, para luego haber sido beneficiado con la condena de ejecución condicional, la cual el actor incumplió (…) situación ésta que generó su revocatoria y posterior detención”.
Por auto del 26 de noviembre de 2007, se abrió a pruebas el proceso(3).
Tras haberse corrido el término para alegar de conclusión en primera instancia(4), el 27 de febrero de 2009,(5) la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional presentó sus alegaciones finales, en los que reiteró, los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, insistiendo, que la pena para un servidor público, se aumenta hasta una tercera parte según el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, por lo que solicitó, se desestimen las pretensiones de la demanda y en su lugar, se absuelva de toda responsabilidad administrativa y pecuniaria a la entidad demandada.
La parte actora y el ministerio público guardaron.
2.3. Sentencia apelada.
Surtido el trámite de rigor y practicadas las pruebas decretadas, el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, dictó, el once (11) de noviembre de dos mil once (2011), fallo de primera instancia(6), en el que declaró a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, administrativamente responsable, por los perjuicios morales causados a los demandantes, como consecuencia de la privación de la libertad del señor Jaime Omar Martínez Guerrero, ocurrida entre el 6 de junio de 2002 hasta el 21 de marzo de 2003 y la condenó a pagar por concepto de perjuicios morales, los siguientes rubros: (i) víctima directa, el equivalente a diez (10) smmlv y (ii) para los hijos, esposa, madre y hermana, el equivalente a tres (3) smmlv. Negándose las demás pretensiones de la demanda.
El tribunal para decidir la controversia sometida a su consideración, se planteó el siguiente problema jurídico: “¿Si en el caso bajo examen, se configuró respecto del señor Jaime Omar Martínez Guerrero, una situación de privación injusta de la libertad, luego de habérsele hecho efectiva una pena que, conforme a la ley penal vigente, había prescrito? El a quo, luego de analizar la prueba documental y testimonial, traída al proceso, resolvió el problema jurídico, diciendo, que como el daño irrogado, lo hizo consistir la parte demandante, por el tiempo que permaneció privado de la libertad de manera injusta, esto es, desde el 6 de junio de 2002 hasta el 21 de marzo de 2003, “privación de la libertad cuya materialización se puede constatar con la consulta de la “boleta de encarcelamiento 01054/COMAN-DECAL” que obra en el folio 36 del cuaderno 3, y de la “boleta de libertad 0477/DECAL” del 20 de marzo de 2003 (fl. 12, cdno. 2) en concordancia con la constancia secretarial visible a folio 35 del cuaderno 1. Con lo anterior se comprueba que el hoy accionante permaneció privado de la libertad un total de nueve meses y quince días, todo el tiempo, en centro carcelario”. Agregó el tribunal que, teniendo en cuenta que la captura del señor Jaime Omar Martínez Guerrero tuvo lugar el 6 de junio de 2002, como consecuencia de la pena privativa de la libertad, impuesta por el comandante del departamento de policía de Caldas mediante sentencia del 6 de septiembre de 1996, confirmada por el Tribunal Superior Militar el día 27 de noviembre del mismo año, la normatividad vigente para la época, referente al tema de la prescripción de la condena, era el Decreto-Ley 2550 del 12 de diciembre de 1998 (Código Penal Militar); por lo que procedió a transcribir algunos artículos de ese estatuto. A continuación, el a quo, hizo referencia a los distintos pronunciamientos efectuados por la Sección Tercera del Consejo de Estado, “sobre el tema de la indemnización que pudiere originarse en virtud de la materialización de un evento de privación injusta de la libertad”, y a renglón seguido, procedió a transcribir apartes de las distintas posiciones asumidas por la corporación sobre la materia, para finalizar diciendo, que en “pronunciamientos más recientes del Consejo de Estado, en torno al régimen de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, permiten concluir que, en cada caso en particular, el Juez de lo Contencioso Administrativo ha de valorar la situación concreta y que se debe evitar la aplicación de criterios rígidos o absolutos en la solución de asuntos como el que aquí se debate”. A renglón seguido, trajo a consideración, la sentencia proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, el 2 de mayo de 2007, rad. 15989 y con base en ella, entró a analizar el problema jurídico que se planteó en el sub lite, afirmando que, “del texto transcrito, se pueden individualizar los siguientes elementos relevantes para el análisis del tema en cuestión: (i) Corresponde al juez, frente a cada caso concreto analizar la legalidad teleológica o finalistica de la medida de detención preventiva, para examinar la tensión entre el interés general de una pronta y cumplida administración de justicia y, de otra parte, el derecho fundamental a la libertad (…) cuya salvaguarda también debe comprenderse en el interés general; (ii) Un análisis de tal naturaleza sólo puede efectuarse una vez se ha establecido, con carácter definitivo dentro del proceso penal, la ausencia de responsabilidad del imputado preventivamente despojado de su libertad, o la extinción de la condena de conformidad con el ordenamiento legal vigente y (iii) Se debe estudiar si, en el caso particular, el daño irrogado va más allá de lo que normalmente y sin compensación de índole alguna, debe soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto solidario. En fin: el juicio que lleva a cabo el Juez para dilucidar si la medida de aseguramiento puede comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, es un juicio que trasciende la legalidad meramente formal —es decir, si se reunieron los requisitos formales para ordenar la medida de privación de la libertad— para ocuparse, desde una perspectiva eminentemente teleológica, de determinar si esa decisión constituyó un elemento idóneo, necesario y ponderado en la finalidad de la misma. Este análisis debe ocuparse de la manera en que debe resolverse en el caso concreto, la tensión entre el interés general de la pronta y cumplida justicia y el derecho fundamental a la libertad (…) Estos cuestionamientos de fondo frente a la captura y consecuente privación de la libertad del demandante llevan a concluir, finalmente, que, de un lado, la tensión entre el interés general de una pronta y cumplida administración de justicia y el derecho fundamental a la libertad (…) ha de resolverse a favor de estos últimos, en cabeza del demandante, pues queda establecido que a él, con la privación de su libertad más de nueve meses, le fue irrogado un daño que no tenía el deber jurídico de soportar toda vez que la condena para ese entonces ya había prescrito y que, por tal razón resulta desproporcionado, en frente de su derecho constitucional a la libertad personal, y ha de ser resarcido, tal como se decide en la presente sentencia y atendida la duración efectiva de la privación de la libertad y las circunstancias que rodearon, en el caso presente, la génesis, desarrollo y culminación del proceso penal militar —mediante providencia en la cual se declara la prescripción de la pena impuesta al señor Jaime Omar Martínez Guerrero y se ordenó la libertad inmediata e incondicional del referido ex agente—, en observancia de los parámetros establecidos en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, condenará al resarcimiento de los perjuicios morales, previo estudio de la prueba del parentesco existente entre las víctimas directas e indirectas”. Para cuyo efecto, afirmó, que dentro del expediente reposan los registros civiles de nacimiento de Jhon Jaime Martínez Gómez, Anderson Hair Martínez Gómez, Deisy Nathaly Martínez Gómez y Andrés Felipe Martínez Gómez, con los cuales se acredita la condición de hijos de Jaime Omar Martínez Guerrero y María Nancy Gómez Gómez, obrantes a folios 9 a 12 del cuaderno 1; registro civil de nacimiento(7) del señor Jaime Omar Martínez Guerrero, con el que se acredita su condición de hijo de la señora Blanca Isaura Guerrero Noguera y registro civil de nacimiento(8) de Blanca Isaura Martínez, con el que se demuestra su condición de hermana del señor Jaime Omar Martínez Guerrero. Que además de los registros civiles, se recepcionó el testimonio(9) de María Gladys Salas Chilito, la que da fe, de la buena calidad de la relación de la familia, integrada por Jaime Omar Martínez Guerrero y María Nancy Gómez Gómez; recalcando los rasgos de afecto y entendimiento existente entre ellos y el impacto que en ellos produjo, la privación de la libertad que fue objeto el padre, hijo, hermano y esposo.
Sin embargo, consideró el a quo, “que si bien en el presente caso, hay lugar a una condena por perjuicios morales, en contra de la entidad demandada, por la privación injusta de la libertad del señor Jaime Omar Martínez Guerrero, comoquiera, que al momento de éste ser capturado, ya se encontraba prescrita la condena impuesta por la justicia penal militar (…) también lo es que el perjuicio moral, en el sub júdice, debe ser valorado en el contexto en que ocurrieron los hechos puestos a consideración de la Sala, vale decir, se debe tener presente, que al condenado, le fue concedido el beneficio de ejecución condicional por el delito de concusión, beneficio que, posteriormente, fue revocado ante el incumplimiento de los deberes que le incumbían al hoy demandante, frente a las obligaciones propias que aquélla conllevaba (fls. 22 a 24, cdno. ppal.), razón por la cual, se libró la orden de captura, para hacer efectiva el excedente de la pena impuesta. A juicio de la Sala, la conducta asumida por el demandante durante el período de vigencia de la ejecución condicional de la condena, no puede ser ajena a la valoración del perjuicio moral cuyo reconocimiento se invoca en este proceso (…)”; por lo que con base en estas consideraciones, tasó los perjuicios morales en el monto que arriba se relacionó.
Inconforme con la anterior decisión, la entidad demandada, en escrito presentado el 7 de diciembre de 2011(10), interpuso recurso de apelación.
La parte demandada, fundamentó la apelación, reiterando lo dicho en su escrito de contestación de demanda y alegatos de conclusión, diciendo que, “el disentimiento con el sentido del fallo radica en el término de prescripción que amplía el artículo 82 del Código Penal, el cual no se refiere solamente al empleado oficial que ha cometido el delito sino a todos los que con él, han colaborado en la consumación del delito, pues la norma no establece distinción alguna, sobre el tema (…)”. A renglón seguido, transcribe algunos apartes de jurisprudencia de la Sala Penal Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Manizales, para terminar solicitando, la revocatoria de la sentencia apelada y en su lugar se absuelva administrativa y pecuniariamente al ente demandado.
2.5. El trámite de segunda instancia.
El recurso así interpuesto fue admitido con auto de fecha nueve (9) de mayo de dos mil doce (2012)(11) y el treinta (30) de mayo del mismo año,(12) se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto, oportunidad aprovechada por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, dogmatizando, que para que la acción resarcitoria prospere, es preciso que el actor pruebe adecuadamente los siguientes elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual del Estado: La existencia del hecho dañoso (falla del servicio), por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de la que se trata no es la personal del agente administrativo, sino la funcional, anónima o del servicio a cargo de la administración. En este caso, se presenta el cumplimiento de un deber legal, como causal de exoneración para la institución demandada y está constituida, por el hecho de que los miembros de la Policía Nacional, actuaron de conformidad con los preceptos legales, pues se encuentra en el plenario, que los miembros policiales, se encontraban realizando labores de Justicia Penal Militar, donde los administradores de justicia preceptuaron de la vigencia de la orden de captura. No se encuentra establecido en el expediente allegado al proceso Contencioso, que hoy nos ocupa, que se haya incurrido en arbitrariedad alguna, no hay prueba que determine responsabilidad objetiva o de resultado, por lo que se concluye que no es aplicable al caso en mención la indemnización por privación injusta de la libertad(13).
El proceso ingresó para dictar sentencia el 22 de junio de 2012(14).
La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los Tribunales Administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía.
La acción de reparación directa se ejerció oportunamente, al momento de presentación de la demanda, pues la providencia que declaró la prescripción de la pena, impuesta al condenado Jaime Omar Martínez Guerrero y ordenó su libertad inmediata e incondicional, está fechada 20 de marzo de 2003(15) y la demanda que dio origen a este proceso, se presentó el 18 de marzo de 2005(16), luego, entre aquella y esta no transcurrió un lapso superior a dos (2) años.
El señor Jaime Omar Martínez Guerrero es la víctima directa, de la privación de la libertad que dio origen a este proceso; los señores de Jhon Jaime Martínez Gómez, Anderson Hair Martínez Gómez, Deisy Nathaly Martínez Gómez y Andrés Felipe Martínez Gómez, acreditaron su condición de hijos; la señora Blanca Isaura Guerrero Noguera, acreditó su condición de madre y Blanca Isaura Martínez, su condición de hermana del inicialmente nombrado, tal como se anotó en otro aparte de esta providencia, por lo que están legitimados en causa por activa, para intervenir en este asunto. Respecto a la señora María Nancy Gómez Gómez, quien no acreditó debidamente la condición de cónyuge del señor Jaime Omar Martínez Guerrero, en razón a que no se aportó el registro civil de matrimonio, sino que se allegó la partida de matrimonio eclesiástica(17) expedida por la Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza “La Macarena”, la cual carece de eficacia probatoria, para acreditar ese hecho, porque a partir de la expedición de la Ley 92 de 1938, derogada con posterioridad por el Decreto 1260 de 1970, se reguló todo lo concerniente al Registro del Estado Civil de las personas y de los funcionarios encargados de llevar el mismo. La Corte Constitucional refiriéndose a este tema, ha precisado que “a través de Ley 92 de 1938 “por la cual se dictan algunas disposiciones sobre el registro civil y cementerios” se reguló lo concerniente al Registro Civil de las personas y dispuso lo relacionado con las autoridades competentes de emitir el mencionado documento público. Antes de entrar en vigencia la mencionada ley, las funciones del registro civil de nacimiento las venían realizando, hasta ese entonces, las actas de bautismo emitidas por párrocos locales. Por esa razón, las autoridades encargadas de expedir el registro civil no anulaban las actuaciones llevadas a cabo por la iglesia católica.
En virtud de lo anterior, la misma Ley en sus artículos 18 y 19 reguló lo atinente a las pruebas del estado civil de las personas y dispuso, que para ello, se expiden las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil. Sin embargo, indicó que ante la falta de este documentos se podrá allegar como instrumento probatorio, en caso de que sea necesario, otro documento auténtico.
De este modo, quedaban con validez las partidas de bautismo emitidas por los Curas Párrocos antes de 1938, documento que se asimilaba al registro civil que emiten los Notarios pues, prestaban un servicio de fe pública respecto de las circunstancias de una persona.
Al respecto la Corte ha indicado que “dentro de las funciones especiales de los Curas Párrocos de dar fe de los actos de los particulares, está en especial la de la celebración del bautismo; ya que, la partida de bautismo con anterioridad al año de 1938, era el único documento que demostraba el estado civil de una persona”(18)
Sin embargo, con posterioridad a la Ley 92 de 1938 se expidió el Decreto 1260 de 1970, el cual en su artículo 123 derogó en su totalidad a la mencionada ley. Por su parte, el Decreto “Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas” define en su artículo 1º, que “El estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley”. Y en su artículo 2º, agrega que “El estado civil de las personas deriva de los hechos, actos y providencias que lo determinan y de la calificación legal de ello”.
A su vez, en su artículo 101, determina que el estado civil debe constar en el Registro del Estado Civil y que el registro es público y los libros, tarjetas, así como copias y certificados que con base en ellos se expidan son instrumentos públicos, regulados por el derecho administrativo colombiano.
A partir de la vigencia de este Decreto, se concluye que el estado civil y sus alteraciones deben constar en el registro civil, el cual es llevado por funcionarios especiales del Estado. Todos los nacimientos, matrimonios, defunciones, separaciones de cuerpos o de bienes, interdicciones jurídicas, etc., deben inscribirse en el registro civil.(19)
Como consecuencia de lo anterior, se ha reconocido que, de acuerdo con la regulación de la materia, para las personas nacidas a partir de 1938, el estado civil sólo puede probarse mediante el correspondiente registro civil según el Decreto 1260 de 1970. Este nuevo estatuto introdujo innovaciones con respecto al antiguo sistema de la Ley 92 de 1938, que distinguía entre pruebas principales y pruebas supletorias del estado civil. Las primeras se vinculaban al registro civil, no así las segundas (partidas eclesiásticas de matrimonios, bautismos y defunciones).(20)
Ahora bien, en lo concerniente a los documentos que se requieren para tramitar el registro civil, se ha indicado que si la solicitud se realiza un mes después del nacimiento, se podrá con la presentación de la partida de bautismo acompañada de la certificación de la competencia del párroco que celebró el bautismo, diligenciar el registro civil de nacimiento y obtener el documento pertinente a través del cual se demuestra el estado civil (…) Advierte la Corte que, en el ordenamiento jurídico colombiano, toda persona debe contar con su registro civil, en la medida en que es la base del sistema de identificación y es la prueba única del estado civil de las personas. Como se ha visto, la obtención del documento no debe ofrecer mayores problemas para quienes no cuenten con el mismo desde el momento de su nacimiento, y constituye una carga para todas las personas adelantar las diligencias necesarias para ese efecto.
Por tal razón, y como la Corte lo ha puesto de presente en otras oportunidades, no es de recibo la pretensión de pretermitir ese documento y acreditar el estado civil por medio probatorio diferente”(21).
Estas consideraciones nos llevan a concluir, que si bien es cierto, que en este caso la señora María Nancy Gómez Gómez, acudió al proceso en calidad de “cónyuge” de la víctima directa, lo cierto es que no acreditó esa condición en las condiciones antes expuestas, no obstante a partir del testimonio recaudado en el proceso, la Sala procede a tenerla como tercera damnificada y hacerle el correspondiente reconocimiento resarcitorio.
En efecto, en el expediente se recibió la declaración(22) de la señora María Gladys Salas Chilito, quien entre otras cosas, manifestó que, “(…) Hace 10 años somos amigas del matrimonio Nancy y Don Jaime…Nancy me comentó lo sucedido llorando y me decía que los niños no querían ir a estudiar, se desmotivaron moralmente, que les daba pena ir al colegio entonces Nancy lloraba y decía que se ponía hacer y yo les di la mano económicamente para ellos pagar el arriendo, los servicios, la alimentación (…) Estaban super unidos, mucho amor, mucha unión comprensión, lo que le dolía a uno le dolía al otro, tanto el amor de Nancy con los hijos y con su papá era comprensión y amor (…)”; testimonio que la Sala da crédito y, por lo tanto, tendrá a la citada señora como tercera damnificada para efectos del reconocimiento de los perjuicios morales.
De otro lado, es oportuno recalcar, que el recurso de apelación fue interpuesto única y exclusivamente por la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional —parte demandad—, por lo que la ley procesal establece, que en este caso opera el principio de la no reformatio in pejus, es decir, que en los asuntos cuestionados, no se puede hacer más gravosa la situación del apelante único, en los términos del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. De la misma manera, debe quedar claro —desde ahora— que en todo caso la competencia de la Sala, se circunscribirá a los aspectos o temas apelados, es decir —según acontece en el proceso—, que de la infinidad de pretensiones que hicieron parte de la demanda —algunas de las cuales concedió el a quo— la Sala sólo se ocupará de revisar los aspectos que fueron objeto de inconformidad en el recurso de apelación. Por ende, lo que la parte no planteó como motivo de diferencia con él a quo no será revisado en la segunda instancia (…) Los demás temas o decisiones, aunque le hayan sido desfavorables, no los apeló ni los sustentó, de manera que se entiende que quedó conforme con la decisión que se adoptó sobre ellos, actitud que es perfectamente posible, cuando la providencia convence a la parte que litiga sobre la suerte de sus pretensiones(23).
La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a la entidad demandada y en cuya virtud le imputa la responsabilidad que pide, sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria que esa parte soportaba, y por tanto, el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.
El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hizo consistir la parte demandante, en el hecho de la afrenta que padeció Jaime Omar Martínez Guerrero en su libertad física, en su nombre o imagen pública, en su derecho al sosiego y a la paz interior, por causa de la captura que se produjo cuando la pena impuesta al condenado Martínez Guerrero ya estaba prescrita. Los hechos en los que concretó la parte actora este daño, los probó de la siguiente manera:
3.2.1.1. La afrenta a la libertad física del señor Jaime Omar Martínez Guerrero.
Las pruebas documentales que a continuación se relacionan, demuestran la privación efectiva de la libertad sufrida por Martínez Guerrero:
— El comando del departamento de policía Caldas, en su condición de Juez de Primera Instancia, profirió la Sentencia el 6 de septiembre de 1996, por medio de la cual condenó al AG. Jaime Omar Martínez Guerrero a la pena principal de dos (2) años de prisión por el delito de Concusión, sin beneficio de la condena de ejecución condicional y asignó como sitio de reclusión para el condenado el Centro de Reclusión para la Policía Nacional de Facatativá.(24)
— El Tribunal Superior Militar de las Fuerzas Militares de Colombia, el 27 de noviembre de 1996, decidió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión relacionada en el numeral precedente, confirmando la Sentencia del 6 de septiembre de 1996, revocando el numeral tercero de la parte resolutiva y en su lugar, concedió al agente Jaime Omar Martínez Guerrero, el beneficio de la condena condicional, de acuerdo a lo expresado en el artículo 62 del Código de Juzgamiento de militares.(25)
— El comando del departamento de policía Caldas, en su condición de Juez de Primera Instancia - Auditoria de Guerra Auxiliar 38, el 15 de diciembre de 1998, revocó el beneficio de la suspensión de la ejecución de la condena otorgado al Agente ® Jaime Omar Martínez Guerrero y consecuente con lo anterior, se ordenó hacer efectiva la condena impuesta y se libraron las boletas de captura correspondientes.(26)
— El señor Jaime Omar Martínez Guerrero fue capturado y recluido en la Cárcel del Circuito Judicial de Chiquinquirá, el 06 de junio de 2002.(27)
— El Comando del Departamento de Policía Caldas, en su condición de Juez de Primera Instancia—, el 20 de marzo de 2003, profirió auto, por medio del cual declaró la prescripción de la pena impuesta al condenado AG ® Jaime Omar Martínez Guerrero, de dos (2) años de prisión, por el punible de Concusión y en consecuencia, ordenó su libertad inmediata.(28). Se anotó en la citada providencia que “(…) esta instancia procede a revisar el expediente encontrando que efectivamente desde el 22/01/02, la pena impuesta a el plurimencionado ex policial prescribió, teniendo en cuenta que la prescripción de la pena comienza a contarse desde la ejecutoria del fallo que ponga fin al proceso (D. 2550/88, art. 80), para el caso sub examine el fallo de segunda instancia, que si bien es cierto, tiene fecha de 27 de noviembre de 1996, sólo cobro ejecutoria hasta el 22/01/97, toda vez, que el Honorable Tribunal Superior Militar cierra sus Despachos por vacaciones colectivas, de manera que la prescripción iniciaba a partir del 22 de enero de 1997, y como se le condenó a dos (2) años de prisión, según las voces del artículo precitado la prescripción no puede ser inferior a cinco (5) años, lo que quiere decir que a partir del 22/01/97 de debían contar esos cinco (5) años cumpliéndose la misma el 22 de enero de 2002, y no como equivocadamente se valoró por el Juez (…) en que la prescripción comenzaba a contar a partir del auto que revocó el beneficio de la condena de ejecución condicional, o sea el 15/12/98 (…) Es menester aclarar, que el artículo 82 de la norma ibídem, señala que la prescripción de la pena se interrumpe cuando el condenado fuere aprehendido; lo que no ocurrió el caso sub judice (sic), pues el señor Martínez Guerrero, fue capturado mucho después de haber prescrito la pena, por ende, no se interrumpió la mencionada prescripción (…)”
La prueba documental antes relacionada, son documentos públicos, en los términos del inciso 3º del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 264, ídem —hoy art. 243 inciso 2º y 257 del Código General del Proceso— por lo que es claro, que aquellos dan cuenta, de la privación efectiva que de la libertad experimentó Jaime Omar Martínez Guerrero, suficientes para que la Sala tenga por acreditado el daño.
3.1.1.2. Sobre el daño moral.
— Para probarlo se recepcionó el testimonio(29) de la señora María Gladys Salas Chilito, quien entre otras cosas, manifestó que, “(…) Hace 10 años somos amigas del matrimonio Nancy y Don Jaime… Nancy me comentó lo sucedido llorando y me decía que los niños no querían ir a estudiar, se desmotivaron moralmente, que les daba pena ir al colegio entonces Nancy lloraba y decía que se ponía hacer y yo les di la mano económicamente para ellos pagar el arriendo, los servicios, la alimentación (…) Estaban super unidos, mucho amor, mucha unión comprensión, lo que le dolía a uno le dolía al otro, tanto el amor de Nancy con los hijos y con su papá era comprensión y amor (…).
3.2.2. Sobre la imputación.
Como prueba de los hechos relativos a la imputación que hace la parte actora, aparecen las pruebas documentales que se relacionaron en el numeral 3.2.1.1., cuando se hizo relato a “la afrenta a la libertad física del señor Jaime Omar Martínez Guerrero”.
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a declarar o no la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional por la privación de la libertad, a la que se vio sometido el señor Jaime Omar Martínez Guerrero, ocurrida cuando la pena impuesta al condenado se encontraba prescrita?
Demostrado el daño causado a la persona que integra la parte actora en este proceso, es procedente determinar, si hay lugar a imputarle responsabilidad al ente demandado, por la privación de la libertad que fue objeto el señor Jaime Omar Martínez Guerrero, ocurrida una vez, que la que la pena impuesta al condenado se encontraba prescrita o si por el contrario, se debe revocar la decisión del a quo. En caso de encontrar mérito para tal imputación, procederá la Sala a la liquidación de los perjuicios a que haya lugar.
De conformidad con los medios de prueba aportados al expediente, concluye la Sala, que el daño padecido por el señor Jaime Omar Martínez Guerrero, consistente en la privación de su libertad, al habérsele revocado el beneficio de libertad condicional de que gozaba y ordenada su captura, una vez que la pena impuesta al condenado se encontraba prescrita, tal como lo reconoció el mismo ente demandado, en la providencia que así lo dispuso y ordenó la libertad inmediata, es un hecho que le es imputable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
— Al ente acusador le es atribuible la privación de la libertad de la que fue objeto el demandante, toda vez que está probado, que el comando del departamento de policía Caldas, en su condición de Juez de Primera Instancia, condenó al AG. Jaime Omar Martínez Guerrero a la pena principal de dos (2) años de prisión por el delito de Concusión, sin beneficio de la condena de ejecución condicional. Que el Tribunal Superior Militar de las Fuerzas Militares de Colombia, decidió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión antes relacionada, confirmando la sentencia, pero revocó el numeral tercero de la parte resolutiva y en su lugar, concedió al agente Jaime Omar Martínez Guerrero, el beneficio de la condena condicional de acuerdo a lo expresado en el artículo 62 del Código de Juzgamiento de Militares. Posteriormente, el Comando del Departamento de Policía Caldas, en su calidad de Juez de Primera Instancia — Auditoria de Guerra Auxiliar 38, revocó el beneficio de la suspensión de la ejecución de la condena impuesta al Agente ® Jaime Omar Martínez Guerrero y consecuencialmente, ordenó hacer efectiva la condena impuesta, librando boleta de captura en su contra, la cual se hizo efectiva el 06 de junio de 2002 y recluido en centro carcelario. Finalmente, el mismo juez de primera Instancia —, profirió auto, por medio del cual, declaró la prescripción de la pena impuesta al condenado AG ® Jaime Omar Martínez Guerrero, de dos (2) años de prisión, por el punible de Concusión, ordenando su libertad inmediata, considerando, que al momento de revocársele el subrogado de condena de ejecución condicional a Martínez Guerrero la pena impuesta al condenado estaba prescrita.
Para efectos de la imputación jurídica, la Sala toma en consideración que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos, no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquéllos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible. Comoquiera, que a favor de la víctima, se profirió una decisión de prescripción de la pena impuesta por el delito que fue investigado y condenado, se advierte que el título de imputación aplicable al caso sub examine es el de falla del servicio, la cual corresponde al régimen de responsabilidad subjetiva, donde el elemento fundamental para atribuir responsabilidad al Estado es la “culpa de la administración” o mejor la falla en el servicio, que puede ser por acción o por omisión, por extralimitarse en sus funciones o por no cumplirlas. Si bien es cierto, que la tesis actual de esta Corporación, referente al título de imputación, para los casos específicos de la privación injusta de la libertad, es el del daño especial u objetivo; en este caso, como se parte del supuesto, que en contra del señor Jaime Omar Martínez Guerrero, existía una sentencia condenatoria, de la cual gozaba del beneficio de la condena de ejecución condicional, proferida en cumplimiento de las normas del procedimiento establecido en el Decreto 2550 del 12 de diciembre de 1998 (Código Penal Militar); sin embargo, está probado, que cuando se revocó el subrogado de la condena de ejecución condicional, que se le había otorgado a aquel, con el consecuente cumplimiento de la condena y la captura de Martínez Guerrero, ya la pena impuesta al sindicado, se encontraba prescrita, tal como lo reconoció la misma entidad demandada, al dictar la providencia del 20 de marzo de 2003, donde declaró la prescripción de la pena y ordenó la libertad inmediata e incondicional de Martínez Guerrero. Lo que demuestra, que la decisión que revocó el subrogado penal y ordenó la captura del antes mencionado, era abiertamente ilegal e inconstitucional, incurriéndose de esta manera en una falla del servicio por parte de la administración.
Por consiguiente, en el caso objeto de estudio, está probada la falla en el servicio, porque al afectado le bastó demostrar, que le fue impuesta una medida, que condujo a la privación de su libertad, durante todo o parte del proceso penal, cuando ya había operado la prescripción de la pena impuesta al condenado Jaime Omar Martínez Guerrero, lo que conduce a imputarle responsabilidad extracontractual en cabeza de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y de esta manera, surge la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por los actores, tal como lo consideró el a quo. Por otra parte, no se probó dentro del expediente, alguna causal de eximente de responsabilidad, más concretamente, que el comportamiento de la víctima, enervara el plano fáctico de la imputación, porque su conducta hubiese sido determinante para la producción del daño, requisito necesario para la configuración del eximente de responsabilidad y para no imputar el daño al ente demandado.
En ese orden de ideas, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por los daños irrogados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Jaime Omar Martínez Guerrero.
3.5. Análisis de la Sala sobre los perjuicios.
El a quo reconoció en la Sentencia de primera instancia, como consecuencia de la privación de la libertad del señor Jaime Omar Martínez Guerrero, ocurrida entre el 6 de junio de 2002 hasta el 21 de marzo de 2003, por concepto de perjuicios morales, los siguientes rubros: (i) víctima directa, el equivalente a diez (10) smmlv y (ii) para los hijos, esposa, madre y hermana, el equivalente a tres (3) smmlv. Negando las demás pretensiones de la demanda. Sin embargo, la parte demandante, no apeló la sentencia de primera instancia y ante esa lamentable realidad procesal, como ya se anotó, en otro aparte de esta sentencia, a la Sala solo es posible analizar, los motivos de inconformidad del apelante, en este caso, los esgrimidos por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, en aplicación del principio de la no reformatio in pejus, porque como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala, “debe quedar claro —desde ahora— que en todo caso la competencia de la Sala se circunscribirá a los aspectos o temas apelados, es decir —según acontece en el proceso—, que de la infinidad de pretensiones que hicieron parte de la demanda —algunas de las cuales concedió el a quo— la Sala sólo se ocupará de revisar los aspectos que fueron objeto de inconformidad en el recurso de apelación. Por ende, lo que la parte no planteó como motivo de diferencia con él a quo no será revisado en la segunda instancia (…) Los demás temas o decisiones, aunque le hayan sido desfavorables, no los apeló ni los sustentó, de manera que se entiende que quedó conforme con la decisión que se adoptó sobre ellos, actitud que es perfectamente posible, cuando la providencia convence a la parte que litiga sobre la suerte de sus pretensiones.(30)
3.5.1. De los perjuicios morales.
En la sentencia de primera instancia, se reconoció por concepto de perjuicios morales, los siguientes rubros: (i) víctima directa, el equivalente a diez (10) smmlv y (ii) para los hijos, esposa, madre y hermana, el equivalente a tres (3) smmlv. Si bien es cierto, que La Sección Tercera del Consejo de Estado dispuso en Sentencia proferida el 28 de agosto de 2014, las reglas para determinar el monto de los perjuicios morales, causados como consecuencia de la privación Injusta de la libertad, determinable en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad Víctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidad Parientes en el 2º de consanguinidad Parientes en el 3º de consanguinidad Parientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2º Terceros damnificados
smmlv smmlv smmlv smmlv smmlv
Superior 18 meses 100 50 35 25 15
Superior a 1 e inferior a 3 35 17,5 12,25 8,75 5,25
Para los niveles 1º y 2º se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3º y 4º es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5º sólo se exige la prueba de la relación afectiva.
En el sub examine, como la parte actora no cuestionó, ni apeló la tasación de los referidos perjuicios, no es posible que la Sala modifique el quantum de los mismos, porque lo anterior conduciría a la violación del principio de la no reformatio in pejus, lo que se traduce, en que no es posible jurídicamente hacer más gravosa la situación del apelante único, por lo que la se confirmará la condena impuesta por el a quo por este concepto, en los términos aquí anotados.
En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República y por autoridad de la ley,
1. CONFIRMAR la Sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, esto es, el once (11) de noviembre de dos mil once (2011), por las razones anotadas en la parte motiva de esta sentencia.
3. EXPÍDASE copia auténtica que preste mérito ejecutivo de la sentencia a favor de la parte actora, de conformidad con la ley procesal.
(1) Folios 55 y 56, cdno. 1.
(2) Folios 67 a 78, id.
(3) Folios 92 a 95, id.
(4) Folio 106, id.
(5) Folios 107 y 108, id.
(6) Folios 112 a 135. C. Consejo de Estado.
(7) Folio 8, cdno. 1.
(8) Folio 13, id.
(9) Folios 102 a 104, cdno. 2.
(10) Folios 138 a 141. C. Consejo de Estado.
(11) Folio 175, id.
(12) Folio 177, id.
(13) Folios 178 a 181, id.
(14) Folio 189, id.
(15) Folios 30 a 33. Cdno. 1.
(16) Folio 54, id.
(17) Folio 21, id.
(18) Corte Constitucional, Sentencia T-822 de 21 de julio de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo.
(19) Artículo 105 del Decreto 1260 de 1970.
(20) Sentencia T-584 de 12 de noviembre de 1992 M.P. Alejandro Martínez Caballero y Sentencia T-822 del 21 de julio de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo.
(21) Corte Constitucional, Sentencia T-501/2010.
(22) Folios 102 a 104, cdno. 2, pruebas parte demandante.
(23) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección C, Sentencia de 19 de octubre de 2011, exp. 18082.
(24) Folios 2 a 18, cdno. pruebas de oficio 3.
(25) Folios 19 a 30, id.
(26) Folios 32 a 35, id.
(27) Folio 36, id.
(28) Folios 37 a 40, cdno. 3 y 12, cdno. 2.
(29) Folios 102 a 104, cdno. 2, pruebas parte demandante.
(30) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección C, sentencia de 19 de octubre de 2011, exp. 18082.

References: artículo 178
 artículo 1653
 artículo 62
 artículo 80
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 16
 artículo 82
 artículo 123
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 101
 artículo 357
 artículo 62
 artículo 82
 artículo 251
 artículo 264
 artículo 62
 artículo 68
 artículo 90
 Artículo 105