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DERECHO Y HUMANIDADES, No 16 vol. 2, 2010, pp. 101-117
María Asunción de la Barra Suma de Villa / Breve análisis normativo sobre uniones de hecho en la legislación chilena: ...
BREVE ANÁLISIS NORMATIVO SOBRE UNIONES DE
HECHO EN LA LEGISLACIÓN CHILENA: POSIBILIDAD DE
APLICACIÓN A PAREJAS HOMOSEXUALES
MARÍA ASUNCIÓN DE LA BARRA SUMA DE VILLA*
RESUMEN: Las uniones de hecho son una realidad social creciente. En nuestro ordenamiento jurídico
no existe un reconocimiento expreso a estas relaciones, pero sí existen diversas normas que reconocen, de
modo más o menos explícito, el estado de conviviente para asignar algún efecto jurídico. Sin embargo,
ninguna de ellas entrega un concepto de convivencia de hecho, ni de sus requisitos ni de un supuesto estado civil de conviviente. Ante tal vacío, han sido la doctrina y la jurisprudencia las encargadas de delimitar
el concepto y los requisitos de las uniones de hecho, partiendo de la premisa, al parecer indiscutible, de
que debe tratarse de la unión entre un hombre y una mujer. Los cambios sociales, la diferenciación conceptual entre matrimonio y uniones de hecho, la aplicación de normativa constitucional y la ausencia de
pronunciamiento legal nos permiten, al menos, plantear una duda razonable en torno a la exigibilidad de
diferencia de sexo en las uniones de hecho.
Palabras clave: Uniones de hecho, Convivencia homosexual, Artículo 5 Ley Violencia Intrafamiliar.
ABSTRACT: De facto unions are a growing social reality. In our legal system there is no recognition of
these relationships, but there are various norms that recognize the status of de facto spouses that confer
legal effects upon theses couples. Nevertheless, the norms that provide recognition to these unions do not
recognize the civil status or common household’s to de facto unions. The concept and requirements of
these unions have been limited by jurisprudence and relevant doctrines of heterosexual partnerships.. Social changes, contrasts between marriage and de facto unions, constitutional law, and the absence of legal
rulings raise questions regarding the enforceability of curent jurisprudence and doctrines upon de facto
Key words: De facto unions, homosexual convivency, art. 5 of the Ley de Violencia Intrafamiliar.
Según el último censo poblacional practicado por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2002, el número de personas que contraen matrimonio disminuyó de 51% a
46,2% en relación con el censo practicado el año 1992. Asimismo, el número de convivientes aumentó de 5,7% al 8,9% y el de hogares monopaternales tuvo un aumento de 25,3% a
31,5%1. Como se puede apreciar, las relaciones mantenidas al margen del régimen matrimonial han aumentado. De esta forma, nuestra sociedad tiende a ampliar el concepto tradicional
de familia hacia las uniones de hecho y las familias monopaternales, sin que se puedan plan*
Egresada de Derecho Universidad Austral de Chile, Ayudante de la Cátedra de Derecho Procesal II, correo electrónico asunció[email protected]
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA XVII Censo Nacional de población y VI de vivienda. Santiago, Chile: 2002.
tear dudas sobre la legitimidad o aceptación social de estas relaciones. En el plano normativo,
esta situación se refleja, primeramente en la propia Constitución Política de la República que,
al consagrar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, no nos entrega un concepto de esta de modo tal que pueda adaptarse a los diversos cambios sociales. Además, la nueva
Ley de Matrimonio Civil, promulgada en mayo de 2004, establece en su artículo 1° que “El
matrimonio es la base principal de la familia”, donde se admite –en la expresión principal– la
posibilidad de que las familias se generen de una forma diversa al matrimonio. Ahora bien,
pese a que las uniones de hecho son una realidad social creciente, existe gran controversia en
torno a cuál debe ser la postura de la legislación frente al tema. No siendo pertinente en esta
sede involucrarnos en el debate valórico que implica esta situación, solo baste señalar que
en la actualidad nuestro derecho no entrega un estatuto uniforme que regule las uniones de
hecho, sino que reconoce de forma aislada algunos efectos jurídicos a las relaciones de convivencia a través de normas dispersas en varios ámbitos de nuestra legislación. Sin embargo,
carecemos de un concepto legal de conviviente y de los requisitos para que estas relaciones se
configuren, quedando entregada al intérprete la labor de delimitar los campos de aplicación
de estos preceptos. Así las cosas, estamos autorizados para preguntarnos si la legislación nacional admite a las uniones de hecho homosexuales en la escasa regulación que entrega sobre
las relaciones de convivencia, pese a admitirse por la generalidad de la doctrina que solo se
generan efectos jurídicos para las uniones de hecho heterosexuales. Es precisamente sobre este
punto que versarán las siguientes líneas.
Para el desarrollo de esta exposición se analizarán, brevemente, los aspectos generales
sobre las uniones de hecho en nuestro país, de modo tal de entregar un marco teórico que
permita una mejor comprensión del tema. Seguido a esto, se intentará esbozar un concepto
de unión de hecho y sus requisitos fundamentales, a partir de los planteamientos de la doctrina nacional. Finalmente, tomando como referencia el punto anterior, se abordará la posibilidad de aplicar las normas que reconocen algún efecto jurídico a la calidad de conviviente
a las parejas de hecho homosexuales. Para este cometido se planteará el ejercicio de analizar, a
modo ejemplar, el artículo 5 de le ley de violencia intrafamiliar (en adelante ley de VIF) que
reconoce como sujetos, tanto activos como pasivos de esta, a los convivientes.
2. ASPECTOS GENERALES SOBRE LAS UNIONES DE HECHO EN CHILE
Antes de comenzar el análisis, es preciso mencionar que existen diversos términos
utilizados para denominar la situación de dos personas que mantienen una relación, por
voluntad propia o por impedimentos legales, al margen del régimen matrimonial. Tradicionalmente se le ha denominado concubinato, término acuñado desde la antigüedad, con una
carga peyorativa innegable2, que alude a la relación marital entre un hombre y una mujer sin
estar casados3. En la actualidad se utiliza la expresión unión de hecho, pues se entiende que
este concepto abarca de modo más preciso la situación de dos personas que, en ejercicio de su
libertad, mantienen una relación basada en el hecho de la convivencia. Este es el término que
utilizaré en el desarrollo de esta exposición, sin desconocer la existencia, un tanto arraigada,
de los conceptos de concubinato, convivencia, relaciones extramatrimoniales, matrimonio de
hecho, etc.4.
Las razones que llevan a una pareja a mantenerse al margen del régimen matrimonial
para conformar una unión de hecho son diversas y han variado a lo largo de la historia. La
doctrina actual cita razones económicas, culturales, sociales, legales e ideológicas5. Sin embargo, es importante mencionar que en Chile, a partir de la Nueva Ley de Matrimonio Civil, los
argumentos para mantenerse en una relación de convivencia por existir un vínculo matrimonial anterior no disuelto han perdido fuerza al consagrarse la institución del divorcio vincular. Aunque se debe reconocer que, especialmente en personas de bajos recursos, las relaciones
desformalizadas se mantienen por los costos que implica un matrimonio y, ahora, por los
costos involucrados en un divorcio para regularizar las situaciones de hecho.
BREVE REFERENCIA AL TRATAMIENTO LEGISLATIVO DE LAS UNIONES DE HECHO A TRAVÉS DE
Con anterioridad a la vigencia del Código Civil, nuestra legislación sancionaba como
ilícitas las relaciones de convivencia entre dos personas que no fueran solteras. En tanto, respecto de aquellas parejas que mantenían una relación de convivencia siendo ambos integrantes solteros6, el derecho no las sancionaba, pero tampoco regulaba su situación. En este orden
de ideas, podemos sostener que las primeras regulaciones de las uniones de hecho denotaban
un carácter sancionatorio por parte del legislador, lo que responde a las concepciones sociales
propias de la época en torno a lo pernicioso de estas relaciones y la fuerte valoración positiva
asignada a la institución matrimonial.
Concubinato proviene del latín cum cubare, cuyo significado es dormir con. Se puede apreciar desde el origen del vocablo
una carga emotiva que se ha generalizado a través de la historia.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua Española. <En línea>. 22a Edición. [Citado en septiembre de 2009].
Disponible en World Wilde Web: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=concubinato>
Para mayor información respecto de la terminología utilizada para denominar a las uniones de hecho ver: MESA, Carolina. Las
uniones de hecho. Análisis de sus relaciones económicas y sus efectos –2a Edición–Navarra, España: Editorial Aranzadi, 2000, p. 28.
DONOSO, Florencia y RIOSECO, Andrés. El concubinato ante la jurisprudencia Chilena. Santiago, Chile: Editorial LexisNexis, 2007, pp. 4-5.
Cfr. BARRIENTOS, Javier. De las uniones de hecho: Legislación, doctrina y jurisprudencia. Santiago, Chile: Editorial LexisNexis, 2008, pp. 5-6.
El Código Civil, vigente a partir del 1 de enero de 1857, no regulaba específicamente
la situación de los concubinos, si bien existía un reconocimiento implícito del mismo al reconocerse la existencia de los hijos naturales que se derivan de una relación de concubinato. Sin
embargo, aun cuando el Código Civil no sancionaba estas relaciones, la jurisprudencia siguió
castigándolas cuando causaban un escándalo público7, en lo que se reflejaba que, pese a la posición abstencionista del legislador en torno al tema, la sociedad continuaba reprochándolas.
Ahora bien, el Código Penal de 1875, tipificó el delito de amancebamiento respecto
del marido que mantenía una cierta relación de convivencia con una persona casada, ya sea
dentro de la casa conyugal o fuera de esta con escándalo. Junto a esto, se contemplaba el
delito de adulterio respecto de la mujer que yacía con hombre distinto del marido, con una penalidad más elevada que el delito de amancebamiento8. Estos delitos fueron derogados por la
ley N° 19.335 de septiembre de 1994. Además, la jurisprudencia tendía a castigar otros tipos
de relaciones de convivencias que no se encontraban contempladas por el tipo penal anterior,
aduciendo la infracción al pudor o las buenas costumbres, aplicando el tipo residual del art.
373 del Código Penal, aún en vigor9.
Así, se evidencia una reticencia del legislador a regular las uniones de hecho a lo largo
del siglo XIX. Esta tendencia se mantiene hasta mediados del siglo XX, cuando distintas leyes
comienzan a reconocer algunos efectos aislados a estas relaciones, sin entregar un estatuto
uniforme que las regule. De esta forma, podemos encontrar normas que se refieren a ellas en
el derecho de familia, en sede procesal penal, en derecho laboral, en materias de seguridad
social y en derecho penal.
JURISPRUDENCIA NACIONAL FRENTE A LAS UNIONES DE HECHO
Las uniones de hecho generan ciertos efectos para las partes y para terceros que el
derecho no puede desconocer. Sin embargo, ante la carencia de un estatuto legal que regule
las relaciones generadas a partir de una unión de hecho, ha sido la jurisprudencia nacional
la encargada de resolver los conflictos que se generan en esta, recurriendo, principalmente,
a normas generales de derecho civil o a los principios generales como el enriquecimiento sin
causa10. La jurisprudencia ha conocido, mayormente, de conflictos patrimoniales que se derivan del término de la relación de convivencia y la necesidad de distribuir los bienes que se
han adquirido durante la vigencia de esta. Así, se ha recurrido a las figuras de la sociedad de
hecho, de la comunidad de bienes, y el principio general de enriquecimiento sin causa. Además, se han presentado grandes controversias en torno a la legitimación activa para reclamar
Véase Código Penal 1875, artículo 381.
BARRIENTOS, Javier, op. cit. (n. 6), p. 8.
RAMOS, René. Derecho de familia. Tomo II –6a Edición– Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2007, pp. 646-647.
indemnización por daño moral en caso de ilícito que causa la muerte del conviviente, las que
se fundan en la relación afectiva generada en la convivencia11.
De esta forma, se puede sostener que la jurisprudencia acepta a las uniones de hecho
como una realidad social a la que el derecho debe dar respuesta sin sancionarles. Claro es que
esta respuesta viene dada únicamente en el ámbito patrimonial, por lo que no se puede aventurar cuál será la postura de nuestros tribunales frente a los efectos personales que se generan
en estas relaciones, pues son situaciones que aún no han llegado a su conocimiento.
3. CONCEPTO Y REQUISITOS DE LAS UNIONES DE HECHO
Debemos recordar, como ya mencioné con anterioridad, que la legislación nacional no
nos entrega un concepto legal de conviviente ni los requisitos necesarios para que estas relaciones se configuren o para que se apliquen los efectos que la ley prevé para los convivientes.
Ante este vacío, la jurisprudencia ha entregado un concepto en los diversos casos que le ha correspondido conocer. Así ha sostenido que se trata de “la unión de un hombre y una mujer que
mantienen relaciones sexuales y que comparten una vida en común”12. Por su parte la doctrina
nacional señala que “la unión de hecho no matrimonial entre personas de distinto sexo puede
ser entendida como una unión lícita entre un hombre y una mujer, fundada en un hecho que
consiste en la convivencia afectiva y a la que el derecho reconoce ciertos efectos”13. Otros señalan que “se entiende por pareja de hecho la situación de aquellas personas que conviven en
forma libre y pública, y se encuentren vinculadas en forma estable por un periodo de tiempo
determinado”14. Por su parte, René Ramos indica, a propósito del concubinato, que este se
caracteriza por “el hecho que la pareja mantenga relaciones sexuales fuera del matrimonio, con
cierto grado de estabilidad y duración, realizando un género de vida semejante a las unidas por
vínculo matrimonial”15. Al margen de las definiciones doctrinales, es importante mencionar
que la convivencia en Chile, con o sin reconocimiento legal, ha obtenido ya una amplia legitimación social y se ha convertido en una vía sumamente atractiva para ciertas parejas que no
pueden o no quieren contraer matrimonio, pero que desean llevar una vida afectiva común16.
Para mayor información sobre el tratamiento jurisprudencial a los aspectos patrimoniales de las uniones de hecho ver: DOFlorencia y RIOSECO, Andrés, op. cit. (n. 5).
CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO. Bejarano y otros con Araya. 15 de septiembre de 1997.
BARRIENTOS, Javier, op. cit. (n .6), p. 28.
ARANCIBIA, Karina. Parejas de hecho y matrimonios homosexuales. Legislación comparada. <En línea>. Valparaíso, Unidad de
análisis jurídicos Congreso Nacional, 2006, p. 1 [Citado en septiembre de 2009]. Disponible en World Wide Web:<http://www.
bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2006-11-29.9047758692/documentos_pdf.2006-11-29.5455861918>
RAMOS, René. op. cit. (n. 10), p 627.
FIGUEROA, Gonzalo. “El pacto de convivencia: una alternativa al pacto de matrimonio”, en Estudios de Derecho civil. Jornadas nacionales de Derecho Civil, Valdivia. Santiago, Chile: Editorial LexisNexis, 2005, pp. 444-445.
Ahora bien, de los conceptos anteriores se pueden extraer los requisitos que configuran
una unión de hecho, los que examinaremos brevemente a continuación:
Vivir juntos y cohabitar: La convivencia se genera a partir de un hecho concreto cual
es, vivir juntos. Solo en la medida que la pareja comparte un hogar común, durante
cierto tiempo, se puede entender que conviven. Además, a partir de la convivencia,
viene dado otro rasgo esencial: la mantención de relaciones sexuales. Estos rasgos, sin
duda, distinguen a las uniones de hecho de meras relaciones circunstanciales. Es más,
se sostiene que sin el domicilio común el derecho no puede atribuir efectos jurídicos
a la relación, pues a partir de este elemento es que este puede reconocer este tipo de
uniones17.
Estabilidad y permanencia en el tiempo: Para que la cohabitación genere una relación
de convivencia se requiere que esta se mantenga por cierto tiempo y con algún grado
de estabilidad. No podemos sostener que nos enfrentamos a una relación de hecho si
dos personas viven juntas durante algunos días o lo hacen solo de forma accidental. Su
relación debe ser duradera, solo de esta forma se generan los efectos propios del hecho
Publicidad o notoriedad: El hecho de la convivencia debe ser manifestado externamente. El derecho solo puede atribuir efectos en la medida que esta relación se conoce. Si
se mantiene en la clandestinidad el derecho no puede, ni debe, ocuparse de ella18.
Relación entre un hombre y una mujer: Gran parte de la doctrina estima que las uniones
de hecho solo pueden generarse cuando la relación se da con personas de diferente
sexo19. En Chile, esto se sustenta por analogía con el estatuto matrimonial. Es decir,
como no se permite matrimonio entre personas del mismo sexo, y las uniones de hecho son relaciones que tienen una apariencia de matrimonio, entonces las uniones de
hecho deben respetar ese requisito. Sobre este punto volveré, someramente, más adelante.
Comunidad de vida: A mi juicio el elemento fundamental de las uniones de hecho, que
nos permite diferenciarlo de otro tipo de relaciones, viene dado por la comunidad de
vida. Entenderemos, siguiendo a Barrientos, que la convivencia no se trata solo de vivir juntos bajo un mismo techo, cohabitar, sino que implica “hacer una vida en común
con el otro”20. Esta comunidad de vida nace a raíz de las relaciones de afectividad que
BOSSERT, Gustavo. Régimen jurídico del concubinato. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea, 2007, p. 35.
BARRIENTOS, Javier, op. cit. (n. 6), p. 44.
Ver, entre otros, AZPIRI, Jorge. Uniones de hecho. Buenos Aires, Argentina: Editorial Hammurabi, 2003.
BARRIENTOS, Javier, op. cit. (n. 6.)
BOSSERT, Gustavo, op. cit. (n. 17).
BARRIENTOS, Javier, op. cit. (n. 6), p. 40.
se generan y que se encaminan, como su nombre lo indica, a tener una vida en común,
planes de vida que convergen para alcanzar los fines que la pareja se proponga, diversos
a los queridos por cada uno de sus integrantes. En este sentido, existe un ánimo de
mantenerse en una relación de convivencia, que implica la “voluntad mutua de ambas
partes de formar una pareja y compartir el mismo proyecto de vida”21, Pareciera que el
legislador también entiende este elemento como necesario para la configuración de las
uniones de hecho, pues el artículo 369 del Código Penal establece que “en caso de que
un cónyuge o conviviente cometiere alguno de los delitos previstos en los artículos 361
y 366 n° 1 en contra de aquel con quien hace vida en común, se aplicarán las siguientes
reglas (…)”22 (la cursiva es propia). Asimismo, encontramos jurisprudencia en este
sentido: Por ejemplo, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en el considerando
7° de su sentencia del 28 de octubre de 1999, sostiene que “la relación de pareja o
convivencia, si bien no está unida por el vínculo matrimonial, significa una vida en
común”23 (la cursiva es propia). De esta forma, como ya mencioné, estimo que este
es el requisito fundamental en toda unión de hecho, que nos permite diferenciarlo de
otro tipo de relaciones.
4. LA DIFERENCIA DE SEXO COMO REQUISITO CONSTITUTIVO DE LAS
Como se evidencia en el punto anterior, la doctrina y jurisprudencia exigen diferencia
de sexo para la configuración de las uniones de hecho, pese a que ya no se discute la licitud de
las relaciones sexuales entre adultos libremente consentidas. De esta forma, las convivencias
homosexuales estables, permanentes, notorias y con ánimo de formar una comunidad de vida
no serían uniones de hecho a las que el derecho chileno reconoce ciertos efectos jurídicos.
Así, se genera una controversia que ha cobrado importancia en los últimos tiempos24, pues se
discute sobre cuál sería el estatuto legal aplicable a las uniones de hecho homosexuales, con-
FIGUEROA, Gonzalo, op. cit. (n. 16), p. 435.
Ver artículo 369 Código Penal Chileno.
CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, en: Gaceta Jurídica, N° 232, pp. 196-197, Santiago, Chile. Octubre de 1999.
La relevancia de este asunto se ha trasladado al ámbito político, ya que la regulación de las uniones homosexuales forma
parte de la llamada agenda valórica de los debates presidenciales, siendo bastante diversas las posturas de los candidatos presidenciales en torno al tema. Además, existen en trámite tres proyectos de ley que pretenden regular las uniones de hecho y dos de
estos abarcan las uniones homosexuales. El primero “establece una regulación para las uniones de hecho”, N° boletín 4153-18,
ingresado el 12 de abril de 2006 y se encuentra en etapa de primer trámite constitucional, sin urgencia. El segundo “regula la celebración del contrato de unión civil y sus consecuencias patrimoniales”, aplicable a las uniones homosexuales, N° boletín 562307, ingresado el 19 de diciembre de 2007 y se encuentra en etapa de primer trámite constitucional, sin urgencia. Por último,
existe un proyecto que “regula la unión civil entre personas del mismo sexo”, N° boletín 5774-18, ingresado el 19 de marzo de
2008 y se encuentra en etapa de primer trámite constitucional, sin urgencia.
juntamente con la discusión en torno a la regulación de las parejas de hecho heterosexuales.
Así, algunas teorías se oponen a la protección de las relaciones afectivo sexuales entre personas
del mismo sexo de manera absoluta25, y otras la propician, pero en menor medida que respecto de uniones entre un hombre y una mujer. Por su parte, otras teorías argumentan a favor
de una protección máxima de las parejas formadas por personas del mismo sexo26. En Chile
hay quienes sostienen que las uniones afectivas formadas por personas del mismo sexo no son
legítimas ni moral ni socialmente. En el primer sentido –moral– las relaciones homosexuales
estarían en contradicción con la vocación de complementariedad de los sexos masculino y
femenino (que se encuentra radicada en la misma ontología de la persona humana) en tanto
en el sentido social ellas impiden el desarrollo normal de las sociedades a través del tiempo, al
frustrar la procreación27. Por su parte, otros abogan porque la diversidad de sexo no debe ser
exigida a los efectos de proteger las uniones homosexuales, por cuanto tal exigencia atentaría
contra varios principios constitucionales, básicamente la igualdad, la libertad de intimidad, el
libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la diversidad28.
La intención de esta exposición no es analizar los diversos argumentos que apoyan o se
oponen a la regulación de las uniones de hecho homosexuales. Considero que ese es un tema
valórico que, como tal, no tiene mayor sentido discutir en esta sede ya que depende de las
concepciones propias que cada persona tiene respecto al matrimonio, el concepto de familia y
la función de ambos en la sociedad. Sin embargo, hay un punto que merece especial atención
y dice relación con los requisitos para configurar las uniones de hecho. Como mencioné, existe doctrina que exige diferencia de sexo para la formación de las uniones de hecho. Podemos
separar sus argumentos en tres grupos: Primero, los que dicen relación con la equiparación al
régimen matrimonial, pues si el matrimonio exige diferencia de sexo, y las uniones de hecho
son una institución que tiene, de facto, una apariencia de matrimonio, entonces también
deben cumplir con este requisito. Segundo, los que se relacionan con la exigencia de la jurisprudencia nacional de diferencia de sexo al definir el concepto de convivientes. Finalmente,
un argumento que se apoya en la letra de la ley, pues existirían normas legales que hacen referencia expresa a este requisito29. Analicemos separadamente estos argumentos:
v. RATZINGER, Joseph. “Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales”, en: Ius Publicum, número 13, pp. 235-241. Santiago, Chile: Escuela de Derecho Universidad Santo Tomás. 2004.
v. HERNÁNDEZ, Gabriel. “Uniones afectivo-sexuales y matrimoniales entre personas del mismo sexo en el estado democrático de derecho”, en: Estudios de derecho civil III: Jornadas nacionales de derecho civil, p. 183. Valparaíso, Chile: Editorial LexisNexis, 2007.
v. CORRAL, Hernán. “Uniones homosexuales y matrimonio”, en: Diario El Mercurio, edición 24 de octubre de 2005, pp.
A-2. Santiago, Chile.
HERNÁNDEZ, Gabriel, op. cit. (n. 26), p. 191.
Cfr. BARRIENTOS, Javier, op. cit. (n. 6), p. 29.
El matrimonio exige diferencia de sexo, por tanto, las uniones de hecho también lo requieren30: Este argumento solo tiene sentido en la medida que entendemos que las relaciones de hecho deben ser medidas con los mismos requisitos del matrimonio. A primera
vista esto tiene mucho sentido, pues las uniones de hecho son una situación que se
genera por exclusión del matrimonio, o sea, cada vez que las parejas mantienen una
relación de convivencia sin estar casados. Si a esto agregamos que muchos autores entienden y definen a las uniones de hecho como matrimonios de facto, entonces arribar
a la conclusión que deben cumplir con los mismos requisitos no parece ser algo irrazonable. A mi parecer, este razonamiento es algo apresurado. Primero, hay que considerar
la diferencia jurídica existente entre el matrimonio y las uniones de hecho, esto es que
el primero es un negocio jurídico en tanto el segundo es un hecho al que el derecho
atribuye ciertos efectos. Si bien ambos se fundamentan en el hecho de la convivencia, el
matrimonio se ha formalizado, el derecho se ha encargado de regularlo, lo que hace que
tome su identidad como régimen matrimonial. Es en este paso de formalización donde
el legislador adopta la política que estime pertinente en torno a quiénes pueden ampararse en su regulación, no antes. Es decir, al momento de regular el matrimonio es que
se opta por exigir la diferencia de sexo en la convivencia, pero esto no es algo que sea
inherente al hecho de la convivencia en cuanto tal, por lo que mal podemos predicar a
este respecto igualdad de requisitos para el matrimonio y las uniones de hecho. Distinta
sería la situación si el legislador optara por entregar un estatuto específico a las uniones
de hecho, donde debería realizar el mismo ejercicio que con el régimen matrimonial,
es decir, adoptar una política determinada en cuanto a la regulación de parejas heterosexuales u homosexuales. Una objeción recurrente a la idea de que las uniones de hecho
no requieren diferencia de sexo es que estas se consideran dentro del concepto de familia como “núcleo fundamental de la sociedad”31 y las uniones de hecho homosexuales
no pueden contribuir al fin que la Constitución Política encarga a la familia, pues no
pueden preservar la sociedad al estarles impedida la procreación32. Si bien nadie puede
desconocer que naturalmente les está impedida la procreación, esta es una finalidad que
no se puede predicar, ni siquiera, respecto de parejas heterosexuales, pues perfectamente
pueden existir parejas que estén impedidas de concebir naturalmente o que no quieran
tener descendencia y respecto de estas no se les puede desconocer el carácter de uniones
de hecho e, incluso, si han contraído matrimonio, no se puede desconocer tal vínculo.
Ver, entre otros, LÓPEZ, Carlos. Manual de Derecho de Familia y Tribunales de Familia. Tomo I. Santiago, Chile: Librotecnia, 2005, p. 87
RAMOS, René, op. cit. (n.10), p. 627.
Artículo 1°, Constitución Política de la República.
CORRAL, Hernán, op. cit. (n.27), p. A-2
Retomando el tema que nos ocupa, solo queda decir que existe doctrina nacional que
sostiene que carece de sentido replicar legislativamente el estatuto matrimonial para
las uniones de hecho, pues sería consagrar una duplicidad de regímenes a dos situaciones de presupuestos idénticos. En cambio, la creación de un estatuto regulado de las
uniones de hecho debería utilizarse para aquellas parejas que, por ser del mismo sexo
no pueden contraer matrimonio33. Sin duda, esta postura cobra especial relevancia a la
hora de determinar cuál será la opción de nuestro legislador en torno a regulación de
Exigencia de diferencia de sexo por parte de la jurisprudencia: la jurisprudencia nacional
también aboga por la diferencia de sexos en las uniones de hecho. Así, diversos fallos,
al definir uniones de hecho, parten de la premisa de que debe tratarse de la unión entre un hombre y una mujer34. El problema radica en que no se evidencia en los fallos
una fundamentación para esta tesis, es decir, la premisa sobre la que trabajan se asume
exenta de cuestionamientos. Efectivamente, hubo una época en nuestra sociedad en la
que todos concordaban en que lo natural eran las relaciones entre un hombre y una
mujer, de modo tal que se asumía, con bastante propiedad, que la mención de la diferencia de sexos como un requisito en la configuración de las uniones de hecho no era
más que una constatación fiel de la realidad social y las creencias que esta arraigaba.
Pues bien, definitivamente la situación ha cambiado. No podemos asumir en la sociedad actual que lo natural y obvio es que las relaciones afectivas sean heterosexuales ni
menos predicar esto como una constatación de la realidad. De modo tal que si se exige
diferencia de sexos en las convivencias debe, al menos, justificarse mientras no exista
una legislación que respalde el planteamiento.
Existencia de argumentos de texto para exigir diferencia de sexos: Existe doctrina que sostiene que nuestra legislación contempla la exigencia de diferencia de sexos como requisito de las uniones de hecho. Esto se desprende de dos normas, a saber, el artículo 210
del Código Civil y el artículo 24 de la ley n° 15.38635. Analicemos estas normas.
El artículo 210 del Código Civil dispone que:
“El concubinato de la madre con el supuesto padre, durante la época en que ha
podido producirse legalmente la concepción, servirá de base para una presunción
judicial de paternidad. Si el supuesto padre probare que la madre cohabita con otro
Cfr. TURNER, Susan “Uniones de hecho y su regulación legal”, en: Estudios de derecho civil III: Jornadas nacionales de derecho
civil, pp. 172 y ss., Valparaíso, Chile: Editorial LexisNexis, 2007.
Por ejemplo: Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, en el considerando 8° de una sentencia de 15 de septiembre de
1997 sostiene “el concubinato se define como la unión de un hombre y una mujer que mantienen relaciones sexuales y que
mantienen una vida en común (…)”
BARRIENTOS, Javier, op. cit. (n. 6), p. 29
durante el período legal de la concepción, esta sola circunstancia no bastará para
desechar la demanda, pero no podrá dictarse sentencia en el juicio sin emplazamiento de aquel”.
El artículo 24 de la ley N° 15.386 sobre revalorización de fondos de pensiones dispone:
“La madre de los hijos naturales del imponente, soltera o viuda, que estuviere viviendo a las expensas de éste (…), tendrá derecho a una pensión de montepío equivalente al 60% de la que le habría correspondido si hubiera tenido la calidad de
cónyuge sobreviviente. Este derecho se extinguirá por matrimonio o fallecimiento
de la beneficiaria (…)”.
De la lectura de los artículos anteriores se desprende que el requisito de la diferencia de
sexo viene dado por la referencia explícita que se hace a la calidad de madre de uno de los integrantes de la relación de convivencia. Evidentemente, no se puede desconocer que la única
forma para que estas normas tengan efecto es que la pareja involucrada sea heterosexual, pues
solo así pueden procrear y haber una madre –consiguientemente un hijo– respecto de la cual
se apliquen los efectos previstos. Sin embargo, creo que esta afirmación merece dos consideraciones. Primero, estas normas reconocen la calidad de conviviente para un fin específico,
cual es la protección de los hijos que se derivan de esta relación o del núcleo familiar. Así, en
el caso de la presunción de paternidad se busca facilitar el proceso de filiación a partir de un
hecho conocido, cual es la cohabitación. Obviamente, esta norma solo cobra sentido cuando
existe un hijo derivado de la relación y no por la existencia de la relación propiamente tal.
En el caso de la pensión, los fundamentos son similares, pues se entrega ayuda económica
solo en la medida que exista un hijo, no bastando la mera existencia de la convivencia. De
este modo, estas normas atienden más a la protección de los hijos que a la existencia de una
relación de convivencia entre los padres. Ahora, bien se puede decir que si el legislador regula
esta situación es porque supone que de las relaciones de convivencias nacen hijos, lo que supone, a su vez, la relación heterosexual. Esta es la segunda consideración: no se puede negar
que el legislador supone la existencia de una relación heterosexual para el caso de las dos normas mencionadas, pero ello no se puede generalizar. Sobre todo si consideramos el objeto de
protección de la norma, como se explicó anteriormente, la época de dictación de las mismas y
la aplicación de otras normas que reconocen la calidad de conviviente que no aluden a la existencia de hijos. A mi parecer, estas normas solo reflejan una respuesta a una situación fáctica
que requiere atención por parte del derecho, pero no indican un espíritu del legislador en el
sentido de cerrar el campo de aplicación de estas normas a las parejas homosexuales. Al menos si ello es así, no ocurre por la extracción de una regla general a partir de estos artículos.
Habiendo analizado los argumentos planteados para exigir la diferencia de sexo como
requisito en las uniones de hecho queda, a lo menos, planteada una duda acerca de la razonabilidad de esta exigencia dada la configuración de la legislación actual y los cambios sociales. Pues bien, si descartamos la exigencia de heterosexualidad en las relaciones de hecho,
podemos sostener que las parejas homosexuales pueden configurar una unión de hecho en
la medida que cumplan con los demás requisitos, es decir, que mantengan una relación de
convivencia con cierta estabilidad, permanencia en el tiempo, publicidad y formando una
Algunas precisiones respecto a este último requisito. Como mencioné en su oportunidad, considero que se trata del núcleo fundamental de la unión de hecho, pues solo en la
medida que la pareja esté dispuesta a hacer vida en común, que exista un ánimo determinado
que se fundamenta en los lazos de afectividad, podemos establecer con claridad que nos encontramos ante una unión de hecho. Esta visión refuerza aún más la idea de que las uniones
homosexuales configuran uniones de hecho, pues dos personas del mismo sexo no tienen impedimento alguno para vivir una vida en común basada en una relación afectiva.
Ahora, asumiendo la existencia de las uniones de hecho homosexuales, debemos determinar si estas relaciones generan efectos a los que el derecho debe atender. En este sentido, existen sentencias aisladas que aplican la noción de conviviente a parejas homosexuales,
particularmente en relación a la aplicación de la Ley de Violencia Intrafamiliar36. Además, se
ha sostenido por alguna doctrina que es posible plantear la pretensión de indemnización por
daño moral causado por repercusión a la persona supérstite de una unión afectiva entre personas del mismo sexo, debido a la muerte de aquella con la cual convivía y de la cual resultare
responsable un tercero, pues la jurisprudencia basa sus razonamientos en el hecho afectivo
que se encuentra en el origen de las convivencias37. Pues bien, si existen diversas normas que
otorgan ciertos efectos jurídicos a la calidad de conviviente, pero dicho concepto y los requisitos no se encuentran definidos legalmente, planteo que es posible realizar una interpretación de dichas normas que abarque a los convivientes homosexuales. Propongo para ello que
intentemos el ejercicio de analizar una norma que reconoce explícitamente un efecto jurídico
a la calidad de conviviente para determinar si se puede aplicar a parejas homosexuales. De
este cometido me encargaré en el apartado siguiente.
VIERA, Christian. “El concepto de familia y la unión civil de personas del mismo sexo: comentarios de jurisprudencia a la
aplicación de la ley de violencia intrafamiliar”, en: Nomos revista de Derecho Universidad de Viña del Mar, número 1, pp. 199200. Viña del Mar, Chile: Universidad de Viña del Mar, 2008.
BARRIENTOS, Javier, op. cit. (n .6), p. 136.
5. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A
El art. 5 de la ley n° 16.774 sobre violencia intrafamiliar dispone:
“Artículo 5º. Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo
maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya
tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea
pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta
el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente
ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad o
discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar”.
La definición de la violencia intrafamiliar en el art. 5° de la Ley N° 20.066 se compone
de un elemento objetivo y de uno subjetivo. Objetivamente, debe tratarse de un maltrato que
afecte la vida o la integridad física o psíquica de la víctima. Subjetivamente, debe existir entre
el autor y la víctima alguna de las relaciones que el mismo art. 5° establece. Ambos elementos
son constitutivos de la violencia intrafamiliar, pero es el último de ellos –la relación entre autor y víctima– lo que le da a la violencia un carácter distintivo en este ámbito. Desde el punto
de vista objetivo, la definición adoptada por el legislador es tan amplia que comprende la en
la práctica la “totalidad de las posibles formas de maltrato a otra persona”38.
A la luz de la distinción entre la faz objetiva y subjetiva de la violencia intrafamiliar, cabe
preguntarse si una persona integrante de una unión de hecho homosexual puede satisfacer ambos elementos, es decir, ¿puede ser víctima de una conducta que implique un maltrato físico o
síquico de su pareja? De ser así, ¿es este maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar?
A lo primero. La norma exige una conducta que implica una actividad por parte del
sujeto activo39, que se puede desplegar de modo físico o sicológico. A su vez, esta actividad
debe ocasionar un efecto determinado, cual es la afección de la vida o la integridad física
o síquica del otro. En este sentido, la conducta exigida no dice relación con alguna calidad
especial de los implicados sino con un resultado determinado. Así, esta conducta no deja de
ser tal por el sexo de la persona que la comete o la sufre. Puede cometer este tipo de violencia
Cfr. VAN WEEZEL, Alex. “Lesiones y violencia intrafamiliar”, en: Revista Chilena de Derecho, vol. 35 N° 2, pp. 223-259.
Santiago, Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008.
Actividad en sentido amplio, pues también constituye violencia intrafamiliar ciertas omisiones por parte de la pareja, tales
tanto un hombre como una mujer, así como pueden ser víctimas de la misma un hombre o
una mujer. Ahora, si la cuestión no se determina por la conducta que debe desplegarse para
causar el daño previsto por la norma, entonces dependerá del segundo factor, es decir, si la relación existente entre el sujeto activo y pasivo se contempla en la misma. Acá cobra relevancia
el análisis realizado anteriormente respecto al concepto y los requisitos para configurar una
unión de hecho. Dado que esta norma no hace mención alguna al sexo de los integrantes de
la convivencia, no existe impedimento legal para aplicarla a parejas homosexuales. Aún más,
si consideramos la especial relevancia de la comunidad de vida para configurar las uniones
de hecho, encontramos en las normas de violencia familiar un instrumento de protección a
este elemento. La Ley de Violencia Intrafamiliar busca mantener los deberes de respeto que
se generan en las relaciones de afectividad al interior del núcleo familiar. En este sentido no
existen razones para dejar fuera del ámbito de protección de esta norma a las parejas homosexuales, pese a las objeciones planteadas en torno a considerar que esta norma está destinada
a la mantención de las relaciones de familia y que las parejas de hecho homosexuales no caben en el concepto de familia. Ahora, dejando de lado las concepciones que sostienen que la
familia se constituye únicamente por el matrimonio40, adhiero a la idea de que la familia se
constituye por los lazos de afectividad de sus componentes. Así, la Ley de Violencia Intrafamiliar, en sentido amplio, pretende proteger la sana convivencia que se genera a partir de los
lazos de afectividad que surgen en la familia, del que se sigue un especial deber de respeto.
Desde esta perspectiva, en la medida que estemos en presencia de una relación de afecto entre
los miembros de la unión de hecho, podemos afirmar que nos encontramos ante una familia,
con independencia del sexo de estos, pues para excluirlos tendríamos que afirmar que no son
capaces de formar lazos afectivos entre sí, lo que claramente está fuera de discusión.
Aún más, si atendemos al tenor literal de la norma, esta se refiere a la relación de convivencia sin restringir el sexo de las personas involucradas en esta relación. En este sentido,
atendiendo a la máxima de que si el legislador no distingue no le cabe al intérprete distinguir,
no tiene fundamento restringir la aplicación a parejas heterosexuales. Lo que la norma exige
es una relación de convivencia, es decir, una situación de hecho entre dos personas –para que
se dé la relación– cual es mantener una comunidad de vida con cierta permanencia y estabilidad en el tiempo. Esta posición ha sido apoyada por un fallo de la Corte de Apelaciones de
La Serena que en su considerando sexto consagra:
“El concepto de conviviente incluye en forma extensiva, a aquel unido a otro en una
relación de convivencia homosexual, a quien se considera además como integrante
del grupo familiar. La ley no distingue si quien tenga o haya tenido la calidad de con40
En las sociedades actuales ya no es posible sostener esto, desde el momento en que el colectivo social admite como familias,
por ejemplo, a las conformadas por un solo padre y sus hijos, o, incluso, a las convivencias heterosexuales. Esto se refleja también en la propia legislación, en el art. 1 de la Nueva Ley de Matrimonio Civil.
viviente con el autor del maltrato familiar ha de ser una persona de distinto sexo del
ofendido, o puede ser del mismo sexo, por lo que no corresponde al intérprete desatender el tenor literal de la norma so pretexto de consultar su espíritu” 41.
En este momento estimo pertinente hacerme cargo de una objeción plausible en contra
de este postulado, en el sentido de que la inclusión de las parejas homosexuales en la voz relación de convivencia de la norma en comento implica una interpretación extensiva de un tipo
penal, lo cual está prohibida por nuestra Constitución. A primera vista parece un argumento
fuerte, sin embargo estimo que parte de un presupuesto erróneo que le hace perder validez,
pues para transgredir la prohibición de interpretación extensiva –derivada del principio de legalidad– se requiere, efectivamente, realizar una analogía o interpretación que incluya dentro
del tipo penal más supuestos de los que él mismo permite. Si el legislador no hace la distinción, entonces para interpretar se debe recurrir al sentido natural y obvio de las palabras42.
Así, como en este caso el legislador no distingue entre convivientes homosexuales y heterosexuales, no procede hacer la distinción. Aun si existiesen dudas sobre el alcance de la voz
conviviente, se debe recurrir al sentido natural de las palabras y, como ya mencioné, hoy no es
posible sostener que se entiende por convivientes únicamente a las parejas heterosexuales.
Finalmente, siempre es necesario hacer un análisis consistente con los derechos fundamentales que nuestra Constitución consagra. Así, en respeto al principio de igualdad, de
autodeterminación y de no discriminación no podemos dejar fuera del ámbito de protección
de esta ley a las parejas homosexuales. ¿Por qué el derecho entregaría un estatuto especial de
protección a una mujer si es golpeada por su pareja solo cuando esta es hombre y no cuando
es mujer? ¿Acaso no se valida de la misma forma la estabilidad, permanencia y afectividad
que generan una relación de convivencia entre ellas? A mi parecer no existen respuestas muy
convincentes para sostener que se deben dejar fuera del ámbito de protección de la ley de
Luego de este breve análisis, se puede concluir lo siguiente:
Las uniones de hecho son una realidad social que hoy cobran especial relevancia, pues
se puede constatar su aumento progresivo y su aceptación y validación social. Este fenómeno produce efectos a los que el derecho no puede desatender.
CORTE DE APELACIONES DE LA SERENA, Sentencia recurso de nulidad, causa Rol n° 373-2006, 8 de enero de 2007.
Cfr. POLITOFF, Sergio; MATUS, Jean Pierre y RAMÍREZ, María Cecilia. Lecciones de derecho penal Chileno, parte general –2a
Edición Actualizada– Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp. 110-111.
La legislación chilena no establece un estatuto regulatorio para las uniones de hecho.
Tampoco nos entrega un concepto legal de estas uniones ni los requisitos para configurarla, pese a existir diversas normas que atribuyen efectos jurídicos determinados a la
calidad de conviviente.
No existe consenso en la doctrina en torno a un concepto para las uniones de hecho,
sin embargo la generalidad de los autores está conteste en los requisitos que deben
concurrir para la configuración de una unión de hecho: Cohabitación, comunidad de
vida, estabilidad, permanencia, publicidad y diversidad de sexos.
La comunidad de vida que se genera a partir de la relación afectiva se transforma en el
carácter distintivo de las uniones de hecho respecto de otro tipo de relaciones.
La exigencia doctrinal de diversidad de sexo en las uniones de hecho no se encuentra
justificada en la legislación nacional, pues no existen normas que establezcan específicamente este requisito. Tampoco se justifica a nivel doctrinal, pues la homologación
con el estatuto matrimonial asume que las convivencias se mantienen solo entre hombre y mujer, desconociendo que esto no es un requisito de la convivencia propiamente
tal, sino que es un requisito que el derecho impone a la hora de regular el estatuto matrimonial.
Se puede aplicar el artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar a las convivencias
homosexuales, sin incurrir en una interpretación extensiva del tipo penal, pues la norma abarca todo tipo de convivencias, dado que su finalidad no implica una distinción
entre los sexos de los convivientes. Además, con esta interpretación se respetan plenamente las garantías fundamentales.
ARANCIBIA, Karina. Parejas de hecho y matrimonios homosexuales. Legislación comparada. <En línea>. Valparaíso,
Unidad de análisis jurídicos Congreso Nacional, 2006, p. 1 [Citado en septiembre de 2009]. Disponible
en World Wide Web: <http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2006-11-29.9047758692/documentos_pdf.2006-11-29.5455861918>
AZPIRI, Jorge. Uniones de hecho. Buenos Aires, Argentina: Editorial Hammurabi, 2003.
BARRIENTOS, Javier y NOVALES, Aránzazu. Nuevo Derecho Matrimonial Chileno. Santiago, Chile: Editorial LexisNexis, 2004.
BARRIENTOS, Javier. De las uniones de hecho: Legislación, doctrina y jurisprudencia. Santiago, Chile: Editorial LexisNexis, 2008.
BOSSERT, Gustavo. Régimen jurídico del concubinato. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea, 2007.
CORRAL, Hernán. “Concepto y reconocimiento legal de la familia de hecho”, en: Revista Chilena de Derecho, vol.
17 (1). Santiago, Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 1990.
“Familia sin matrimonio ¿modelo alternativo o contradicción excluyente?”, en: Revista Chilena de
Derecho, vol. 21(2). Santiago, Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 1994.
“UNIONES HOMOSEXUALES
Y MATRIMONIO”,
en: Diario El Mercurio, edición 24 de octubre de 2005, pp. A-2.
DONOSO, Florencia y RIOSECO, Andrés. El concubinato ante la jurisprudencia Chilena. Santiago, Chile: Editorial
FIGUEROA, Gonzalo. “El pacto de convivencia: una alternativa al pacto de matrimonio”, en: Estudios de Derecho
civil. Jornadas nacionales de Derecho Civil, Valdivia. Santiago, Chile: Editorial LexisNexis, 2005.
HERNÁNDEZ, Gabriel. “Uniones afectivo-sexuales y matrimoniales entre personas del mismo sexo en el estado
democrático de derecho”, en: Estudios de derecho civil III: Jornadas nacionales de derecho civil. Valparaíso,
Chile: Editorial LexisNexis, 2007.
LÓPEZ, Carlos. Manual de Derecho de Familia y Tribunales de Familia. Tomo I. Santiago, Chile: Librotecnia,
MESA, Carolina. Las uniones de hecho. Análisis de sus relaciones económicas y sus efectos –2a Edición– Navarra, España: Editorial Aranzadi, 2000.
NOVELLINO, Norberto. La pareja no casada. Buenos Aires, Argentina: Ediciones La Rocca, 2006.
POLITOFF, Sergio; MATUS, Jean Pierre y RAMÍREZ, María Cecilia. Lecciones de derecho penal Chileno, parte general,– 2a Edición Actualizada– Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2006.
RAMOS, René. Derecho de familia. Tomo II –6a Edición– Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2007.
RATZINGER, Joseph. “Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales”, en: Ius Publicum, número 13. Santiago, Chile: Escuela de Derecho Universidad Santo
Tomás, 2004.
TAPIA, Mauricio. “Del derecho de familia hacia un Derecho de las familias”, en: Estudios de Derecho Civil III: Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Valparaíso, Chile: Editorial LexisNexis, 2007.
TRONCOSO, Hernán. Derecho de familia. Santiago, Chile: Editorial LexisNexis, 2007.
TURNER, Susan “Uniones de hecho y su regulación legal”, en: Estudios de derecho civil III: Jornadas nacionales de derecho civil. Valparaíso, Chile: Editorial LexisNexis, 2007.
VAN WEEZEL, Alex. “Lesiones y violencia intrafamiliar”, en: Revista Chilena de Derecho, vol. 35 N° 2. Santiago,
Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008.
VIERA, Christian. “El concepto de familia y la unión civil de personas del mismo sexo: comentarios de jurisprudencia a la aplicación de la ley de violencia intrafamiliar”, en: Nomos Revista de Derecho Universidad de
Viña del Mar, No 1. Viña del Mar, Chile: Universidad de Viña del Mar, 2008.
Solicitud Uniones de Hecho - Ayuntamiento de Arganda del Rey
Registro Parejas de Hecho - Policia local de Astorga
LA ADOPCION POR PAREJAS DEL MISMO SEXO NO ES UN

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 artículo 210
 artículo 24
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