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Timestamp: 2019-10-14 18:37:32+00:00

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﻿ SENTENCIA 14491 DE OCTUBRE 18 DE 2005
SENTENCIA 14491 DE 18 DE OCTUBRE DE 2005
CONTENIDO:OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD. EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CLÍNICAS, HOSPITALES Y ENTIDADES DE ASISTENCIA MÉDICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIO DE SALUD, OBLIGACIONES EN EL SISTEMA DE SALUD, SUCESIÓN, ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTERIOR, DOMICILIO CONYUGAL, CLÍNICA, HOSPITAL, SEGURIDAD DEL USUARIO DEL SERVICIO DE SALUD, OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, NEGLIGENCIA DEL MÉDICO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:408 DE DICIEMBRE DE 2005, PG.1703
Sentencia 14491 de octubre 18 de 2005
En la prestación de servicios por clínicas, hospitales y entidades de asistencia médica.
Ref.: Expediente 14.491
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 14 de marzo de 2000, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario adelantado por María Elva Palacios Marín frente a Inversiones Médicas de Antioquia S.A.
1. Correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín, aprehender conocimiento de la demanda que María Elva Palacio Marín, quien dijo reclamar para sí y para la sucesión de Luis Eduardo Cárdenas Lalinde, instauró frente a Inversiones Médicas de Antioquia S.A., con miras a que se hiciesen los siguientes pronunciamientos: 1) que se declarara que la demandada, en cuanto propietaria del establecimiento de comercio Clínica Las Vegas, es civilmente responsable de todos los daños y perjuicios que le irrogó a Luis Eduardo Cárdenas Lalinde y María Elva Palacio Marín en razón de la actitud negligente de su personal que le causó, en últimas, la muerte al primero de ellos; 2) que se le condene a pagar a María Elva Palacio Marín, quien pide para la sucesión de su finado esposo, el equivalente en dinero a 1.000 gramos oro, como indemnización por los perjuicios morales que se le causaron a Luis Eduardo Cárdenas Lalinde; 3) que se condene a la sociedad demandada a pagar a María Elva Palacio Marín, una suma equivalente a 1.500 gramos oro, por concepto de perjuicios morales que se le causaron con la muerte de su esposo; 4) que se le ordene a la demandada pagar a la demandante la suma de $ 2.831.073, por concepto de daño emergente; 5) que se condene a la sociedad Inversiones Médicas de Antioquia S.A. a pagar a la actora, por concepto de lucro cesante, la suma de $ 45.000.000; 6) que las cantidades a las que se refieren las peticiones 4 y 5 sean indexadas desde el día de la muerte y hasta el momento de la sentencia.
Luis Eduardo Cárdenas Lalinde y María Elva Palacio Marín contrajeron matrimonio civil en Miami (Estados Unidos de Norteamérica), el 30 de junio de 1982, y luego de haber vivido en dicho país, los cónyuges fijaron su domicilio en Medellín, donde residieron juntos hasta el fallecimiento de aquel. El matrimonio derivaba su sustento económico de la pensión de jubilación que gozaba el señor Cárdenas Lalinde, la cual ascendía a la suma de US$ 842, que cada mes era depositada directamente por la “Social Security Administration” de los Estados Unidos de Norteamérica en la cuenta conjunta que ellos tenían en el Intercontinental Bank.
El doctor Alejandro Echavarría, médico de cabecera de Luis Eduardo Cárdenas Lalinde, le aconsejó un chequeo rutinario que comprendía un examen denominado TAC de nariz (estudio tomográfico TAC de senos nasales), para cuya realización se desplazó aquel, el 22 de junio de 1995, en pleno uso de sus facultades y conduciendo su propio vehículo, a la Clínica Las Vegas de Medellín, de propiedad de la sociedad demandada. Dicho examen apareja normalmente consecuencias especiales, tales como mareos, desmayos; en fin, es molesto y “puede afectar el normal desempeño de las funciones corporales y el equilibrio”, pero “de tales molestias no fue enterado Cárdenas Lalinde ni se le advirtió por los funcionarios de la Clínica Las Vegas”.
Según lo expresa su historia clínica, “ingresó a servicio de urgencias para estudio tomográfico TAC senos frontales... posterior al estudio se incorporó perdiendo el conocimiento, recibió trauma de luxación del 10% o 70% (no se entiende) C6 y C7...”, lo que indica “que durante el examen o la continuación del mismo, siempre dentro de las instalaciones de la clínica, mareado como secuela normal del examen que se le practicaba, Luis Eduardo Cárdenas Lalinde perdió el conocimiento y cayó ocasionándose un daño en las vértebras cervicales números 6 y 7”. Inmediatamente después de la caída, el paciente fue conducido a urgencias, donde lo encontró su cónyuge “en una camilla tirado”, abandonado, en “observación”, “y con suero (único tratamiento que se le había prestado)”.
“Tal espectáculo, sumado al dicho de su marido en el sentido de que ‘lo habían dejado caer por descuido’ y que ‘no podía mover los pies’ le causó enorme ira”, y debido a la expresión de su enojo, el médico de turno revisó al paciente y pudo percatarse del grave estado de salud en que se encontraba como consecuencia de la caída, pues le diagnosticó que había quedado “cuadrapléjico irreversible”, razón por la cual lo remitió a la unidad de cuidados intensivos de la misma clínica.
“Los veinte (20) días siguientes fueron de continuo padecimiento, de agravación y tristeza, en medio del enorme dolor causado por la injusticia y negligencia del personal de la Clínica Las Vegas”; veinte días de esfuerzos encaminados a que Colsanitas, se encargase de los gastos del tratamiento, al cabo de los cuales dicha entidad cubrió parcialmente los mismos, toda vez que el departamento de contabilidad de la mencionada clínica cobró a la viuda la suma de $ 2.338.573 por concepto de “transfusiones, pañales desechables y nutrición parenteral”.
Todo ese proceso terminó con la muerte de Luis Eduardo Cárdenas Lalinde, ocurrida el 12 de julio de 1995, como consecuencia directa de las graves lesiones que sufrió a causa de la referida caída, la cual se debió a negligencia del personal al servicio de la Clínica Las Vegas. De todos modos, este sufrió daños morales porque esos veinte días siguientes fueron de tormento, de dolores agudos e insoportables, durante los cuales padeció operaciones, inmovilidad, descontrol de esfínteres y, sobre todo, sufrió la angustia de ver su cuerpo reducido a la inutilidad total, daños que estimó la demandante en suma equivalente a mil gramos oro.
A su vez, la señora María Elva Palacio Marín sufrió los siguientes daños: daño moral consistente en la tristeza y el sufrimiento que le causaron la enfermedad y posterior fallecimiento de su esposo, perjuicio estimado por la actora en suma equivalente a mil quinientos gramos oro; lucro cesante (daño material) debido a que por el deceso de su cónyuge, dejó de causarse la pensión de jubilación que este devengaba mensualmente del Social Security de los Estados Unidos de Norteamérica, de la cual vivía la demandante y constituía para ella su único ingreso. Como el monto mensual de la pensión era de US$ 842, equivalentes a $ 1.050 por dólar, el total de este rubro de la indemnización corresponde a $ 45.000.000, ya que Cárdenas Lalinde, al momento de su muerte contaba con 69 años de edad, es decir, que tenía un promedio de vida probable de 9 años más.
Daño emergente que comprende la deuda de la viuda para con la clínica, por valor de $ 2.338.573, junto con los gastos funerarios por $ 492.500, pagados a la funeraria Betancur y Cía. Ltda.
3. A las referidas pretensiones se opuso la sociedad demandada en la contestación de la demanda, en la cual aceptó los hechos en que las mismas se sustentan, salvo los atinentes a que el examen radiológico practicado a Luis Eduardo Cárdenas Lalinde aparejase consecuencias especiales como mareos, desmayos, etc.; también negó que el deceso de aquel hubiese sobrevenido por causa de las lesiones que sufrió al caerse durante la realización del mentado examen.
4. La primera instancia culminó con sentencia desestimatoria de las pretensiones demandadas, decisión que el tribunal confirmó al resolver la apelación interpuesta por la parte actora.
Dijo el tribunal, en lo que es el núcleo de su raciocinio, que la doctrina y la jurisprudencia enseñan que dentro de las obligaciones principales a cargo de los hospitales, cuando celebran un contrato de hospitalización, se halla la de velar por la seguridad personal de los pacientes que ingresen a tales establecimientos, a fin de que no sufran daños mientras se encuentran allí, y que si se trata de centros que prestan servicios psiquiátricos, esa obligación de seguridad comprende además la de brindar custodia y vigilancia a sus pacientes, para evitar que se puedan causar daño, e incluso pueden quedar comprometidos a garantizar la seguridad total del enfermo y en determinados casos a prestar el servicio de enfermera permanente cuando el estado del paciente lo requiera, aserto que apuntaló en una sentencia de esta corporación.
Refiriéndose a la obligación que en este caso contrajo la demandada a través de la Clínica Las Vegas, acotó que la misma consistía en velar por la seguridad del paciente, pero sin que se tratase de una obligación de resultado, sino de medio, motivo por el cual, para cumplir la obligación a su cargo, debía ser diligente y prudente con respecto al paciente, actuar con diligencia y cuidado, poniendo los medios adecuados para ello, debiendo demostrar, justamente, el cumplimiento de esos deberes para exonerarse de la indemnización de perjuicios “por incumplimiento de su obligación”. Es decir, que en la clínica tenían obligación de garantizar un “mínimo de seguridad al paciente, brindarle la atención y la vigilancia que la prestación del servicio requería, para lo cual el personal encargado de este debía ser cuidadoso y previsivo, tener conocimiento de las medidas de prevención que debían tomarse y haberlas tomado en forma correcta y oportuna, pues cualquier negligencia o incumplimiento o cumplimiento tardío o deficiente podía hacerla responsable de los perjuicios que por tal comportamiento llegara a sufrir el paciente”.
No existe controversia en este caso, prosiguió, respecto a que el señor Luis Eduardo Cárdenas Lalinde llegó solo y por sus propios medios al centro hospitalario para que se le practicara un estudio tomográfico TAC de senos nasales, ordenado por el médico Alejandro Echavarría, el cual fue realizado por personal del departamento de radiología de dicha clínica, y que una vez practicado, se incorporó en la camilla y luego, cuando la persona que practicó el examen acababa de alejarse de su lado, cayo al suelo, habiendo sufrido daño en las vértebras cervicales 6 y 7, a causa de lo cual permaneció en la sección de cuidados intensivos durante los veinte días siguientes, al cabo de los cuales falleció.
El litigio gira, por consiguiente, en torno al cumplimiento de la obligación de seguridad contraído por la demandada para con el paciente Cárdenas Lalinde, pues la actora considera que la misma no se cumplió porque debiendo aquella actuar con diligencia y cuidado, poniendo los medios adecuados para ello, no probó haber procedido en tal forma; al paso que la demandada estima lo contrario, esto es, que sí cumplió a cabalidad esa obligación porque, con relación al simple riesgo teórico del mareo, el técnico tomó las medidas normales de cautela, como fueron acercarse al paciente, ayudarlo a sentarse en la camilla y preguntarle cómo se sentía, sin que éste hubiera manifestado alguna molestia o estar mareado, motivo por el cual, en tales circunstancias, no era previsible que pudiera caerse y por ello no pudo evitarlo; y que, en consecuencia, el deber razonable de diligencia y cuidado, en relación con una caída que pudiera originarse en un mareo, quedó cumplido en esa forma.
Agregó el sentenciador ad quem, que la demandante María Elva Palacio Marín aseveró que el estado de salud de su cónyuge era muy bueno; atestación corroborada por el médico Alejandro de Jesús Echavarría Restrepo, quien precisó, además, que dicho paciente había asistido a consulta por un problema de rinitis alérgica, por lo que le formuló tratamiento en dos ocasiones, sin mejoría, debido a lo cual le ordenó la aludida tomografía y que, con excepción de esa rinitis, gozaba de buena salud. Añadió que, dado el conocimiento clínico del paciente, el cual no había padecido hasta ese momento ningún fenómeno de mareo, síncope o enfermedad cardiovascular, “no era pensable, previsible o sospechable” que presentara alguno de esos cuadros clínicos después del TAC y que por esa razón en la orden que le dio para la práctica del examen no hizo ninguna advertencia sobre precauciones que debieran tenerse con este paciente, puesto que ese es un examen sin riesgo para una persona con las condiciones de salud que presentaba el aquejado. Advirtió, en todo caso, que la edad del paciente constituye un factor de riesgo en la aparición de enfermedades cardiovasculares, e igualmente, para que se presente la hipotensión postural, esto es, la disminución de la presión arterial sanguínea con los repentinos cambios de posición, como ponerse de pie con rapidez, anomalía que se presenta en algunos pacientes con alteraciones de los mecanismos de regulación vascular o que están recibiendo algún medicamento y que cuando se presenta, el paciente puede manifestar debilidad y mareo e inclusive, en casos severos, puede presentar síncope.
En fin, reseñó el tribunal, subrayando, incluso, aquellos aspectos que consideró relevantes, los testimonios de Rafael Guillermo Villavicencio Tirado, Sergio Alberto Vargas Vélez, Gabriel Jaime Isaza Sánchez, José Rodrigo Restrepo González, Omar de Jesús Castaño Quintero, Jorge William Uribe Ceballos, Darío Humberto Patiño Moreno y Luis Carlos de Jesús Cano Restrepo, al cabo de lo cual afirmó que de tales testificaciones se infería que la tomografía de senos paranasales no es un examen molesto; que no afecta el normal desempeño de las funciones corporales y el equilibrio del paciente; que en sí mismo no entraña riesgo para este y, por ende, si al incorporarse, después de terminado el examen se marea o pierde el equilibrio, tal suceso no constituye una secuela de la prueba. De ahí que quien en este caso practicó el examen no estaba obligado a enterar al paciente de unos efectos que no se derivan del mismo.
Puntualizó, seguidamente, que con excepción de la rinitis alérgica que padecía, Cárdenas Lalinde gozaba de buena salud, además que no había experimentado ningún fenómeno de mareo, síncope o enfermedad cardiovascular. Su caída no obedeció a la pérdida del conocimiento, porque lo que sufrió, según el tecnólogo que lo atendió, fue un mareo, punto sobre el cual el convaleciente nada le dijo a su esposa, como tampoco le comentó, según ella lo declaró, la razón por la cual no pudo impedir el accidente. Tampoco se pudo establecer claramente en el proceso la causa de ese mareo, amén que con el electrocardiograma que se le practicó después de la caída, quedó descartado que tuviera origen cardíaco.
De todas formas, añadió, no es normal que un paciente sano sufra de mareo cuando se incorpora después de una tomografía, situación que puede ocurrir cuando padece de trastornos cerebrales, afecciones cardíacas, presión alta o colesterol muy alto, o esté recibiendo medicamentos o sufra hipotensión postural, la cual consiste en la disminución de la presión arterial sanguínea debida a los cambios de posición, y como consecuencia de ella el paciente puede marearse o perder el equilibrio, debido a enfermedades tales como la arteriosclerosis, que disminuye la capacidad de suministro de sangre al cerebro. Además, la hipotensión postural tiene relación con el envejecimiento de la persona, por causa del deterioro progresivo de su capacidad de respuesta refleja y, especialmente, de la actividad del sistema nervioso automático de tipo simpático, la cual se requiere para el control adecuado de la presión arterial. Por lo demás, los síntomas de mareo al cambiar de posición se presentan en forma inmediata.
Por eso, acotó a continuación el fallador, cuando la tomografía de senos nasales se practica a una persona en buen estado de salud, sin antecedentes de haber sufrido alguna de las referidas enfermedades o de hipotensión postural, pero es de edad avanzada, como lo era Cárdenas Lalinde, para impedir que ello suceda, quien realiza el examen, una vez terminado el proceso, debe regresar la camilla a la posición inicial y tener la precaución de ayudar al paciente a incorporarse y, una vez sentado, preguntarle cómo se siente, cómo le pareció el examen. Si manifiesta sentir algún malestar o tipo de mareo, se le deja acostado mientras se recupera. Si dice sentirse bien, se le deja sentado, mientras él se calza y el tecnólogo revisa las tomas en la pantalla.
Es claro, entonces, que si un paciente de edad, que es totalmente asintomático, se incorpora después del examen y dice no sentir nada extraño, no es previsible que pueda repentinamente marearse o perder el equilibrio, porque no hay nada que alerte al paciente o al tecnólogo de que posteriormente va a tener uno de esos cuadros. Por consiguiente, dadas las condiciones generales de buena salud y la ausencia de antecedentes, solo era previsible que debido al proceso de envejecimiento y al “consiguiente deterioro de la actividad del sistema nervioso automático de tipo simpático que se requiere para el adecuado control de la presión arterial, pudiera marearse o presentar síntomas de mareo al incorporarse en la camilla”. Por ello el tecnólogo estaba obligado a tomar las medidas de precaución antes anotadas para impedir que al incorporarse sufriera mareo o perdiera el equilibrio. Y efectivamente así procedió, pues terminado el proceso de las tomas radiológicas, regresó la camilla a su posición inicial, “... ayudó al señor Cárdenas Lalinde a incorporarse y, una vez estuvo sentado le preguntó: ‘cómo se siente, cómo le pareció el examen’, y él respondió que se sentía bien y que le había parecido el examen más largo de lo que le había dicho que se iba a demorar. En vista de ello, como había pasado el momento anterior a la incorporación, que es cuando puede presentarse algún mareo, y no le manifestó que sentía algún malestar o tipo de mareo, lo dejó sentado en la camilla, mientras se calzaba y él se dirigió hacia la consola del tomógrafo para revisar las tomas en la pantalla, caminó por ahí cinco (5) pasos y alcanzó a observar que el señor Cárdenas Lalinde caía de espaldas contra el piso”.
Infirió, entonces, el juzgador, que el accidente ocurrió en circunstancias que lo hacían imprevisible, ya que habiéndose incorporado el paciente y habiendo afirmado que se sentía bien, e incluso, que el examen había durado más de lo estimado, no era previsible que le fuera a dar mareo, además que no se demostró la existencia de algún motivo que exigiera un cuidado diferente al que le brindó el tecnólogo que practicó el examen. Significa lo anterior, que este “sí fue diligente y cuidadoso en tomar correcta y oportunamente las medidas necesarias para evitar el riesgo de mareo por hipotensión que era lo previsible en dicho caso, dada la edad avanzada del paciente y que gozaba de buena salud y no tenía antecedentes de haber sufrido mareos, síncope o enfermedad cardiovascular”, motivo por el cual no es procedente deducir responsabilidad contra la demandada por los perjuicios sufridos por la actora a causa de la caída del señor Cárdenas Lalinde.
De los dos cargos contenidos en ella, la Corte se circunscribe a despachar el segundo que habrá de prosperar.
Con sustento en la causal primera de casación, acúsase la sentencia recurrida de ser indirectamente violatoria, como consecuencia del error de hecho manifiesto en la apreciación de las pruebas, del artículo 1604 del Código Civil, por aplicación indebida y, por falta de aplicación de los artículos 1602, 1603, 1605, 1606 del mismo texto; y de los artículos 822, 982 y 1003 del Código de Comercio, “además de las siguientes que las complementan para formar la proposición jurídica completa: 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1502, 1613, 1614, 1615 y 1616, 2236, 2237, 2240 y 2247 del Código Civil y del Código de Comercio los artículos 824, 825, 864, 871, 981, 992, 1000, 1003, 1005, 1170 y 1171”.
Para sustentar sus imputaciones, y luego de trasuntar algunos apartes de la decisión cuestionada, puntualizó el recurrente que de ella se puede inferir, aun cuando sin la necesaria claridad, que el fallador consideró probados los siguientes hechos: a) que es previsible que se presente un mareo como consecuencia del examen TAC; b) que ese vahído ocurre inmediatamente después de reincorporarse el paciente de la camilla y que por ello el técnico que lo practicó fue diligente y cuidadoso, porque inmediatamente después de la reincorporación le preguntó al paciente si estaba bien y, cuando recibió la respuesta de que sí lo estaba, se despreocupó y se alejó de él, y como en el caso concreto el mareo no se presentó inmediatamente después del cambio de posición, era imprevisible para quien realizó la prueba.
La primera de tales deducciones es acertada y responde a la prueba recogida, ya que todos los testigos técnicos indicaron que después del cambio de posición ocurrido en el TAC, pueden presentarse, en el 10% de los casos, mareos o síncopes. En cambio, la segunda es falaz y se finca en un error fáctico del tribunal, consistente en suponer como probado un hecho que no lo está y en haber omitido uno contrario que sí fue suficientemente demostrado. Concretamente, el fallador se equivocó al considerar que el mareo causado por la hipotensión postural tiene que aparecer inmediatamente después del cambio de posición.
Para demostrar su acusación, reparó, primeramente, en el testimonio del doctor Rafael Guillermo Villavicencio Tirado, médico especializado en anestesiología y cuidados intensivos, quien al respecto puntualizó que “... el mareo se presenta por una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro, particularmente en el oído interno y la respuesta individual es como impredecible, eso quiere decir que hay una variabilidad individual, entonces los síntomas no se presentan en la misma forma ni en la misma intensidad y hay individuos que ajustan mejor su presión arterial que otros... cuando se presentan los síntomas al cambiar de posición es de forma inmediata, sucede en los próximos segundos...”. Y al ser preguntado sobre el tiempo que es prudente esperar después de adoptarse la posición de sentado, para descartar el mareo, respondió que “se debe esperar por lo menos unos dos minutos”.
El testigo Alejandro de Jesús Echavarría Restrepo, médico internista y neumólogo, afirmó que “... el mareo que se presenta cuando hay hipotensión ortostática generalmente su aparición es inmediata, es percibida por el paciente, puede ser transitoria o prolongada, puede pasar rápidamente sin ninguna complicación o puede progresar hasta un síncope”.
Aunque el médico radiólogo Gabriel Jaime Isaza Sánchez no aludió específicamente al momento en que puede aparecer el mareo, el tribunal lo tergiversó de manera evidente, ya que aquel, al referirse a la alteración arterial como consecuencia del cambio de posición de un paciente, contestó que “eso es posible pero no me ha tocado”. Y al ocuparse de los efectos con los que se manifiesta ese cambio de presión arterial, replicó que “... puede ocurrir algo de mareo o situaciones extremas como la pérdida del conocimiento...”, los cuales, precisó más adelante, “... son inmediatos y pueden ser breves o prolongados...”.
Es evidente, señala el censor, que al ser interrogado sobre los efectos de la hipotensión postural, el testigo respondió que había dos posibles consecuencias: a) el mareo y, b) situaciones extremas de pérdida del conocimiento. “Y que la pregunta siguiente, le cuestionó exclusivamente sobre el momento en que debían ocurrir esas ‘situaciones... (extremas de pérdida del conocimiento)’”. Así pues que el testigo nunca se refirió al momento en que puede aparecer el mareo, el tribunal lo tergiversó en cuanto consideró erradamente que sí lo había hecho.
El declarante Alberto Vargas Vélez, luego de acotar que las posibilidades de mareo en una persona mayor de 50 ó 60 años es del 10%, subrayó que a estos pacientes debe preguntárseles por su estado y si se sienten bien y deambulan por sus propios medios se les puede dejar ir; y que cuando ya está incorporado y ha manifestado sentirse bien, la probabilidad de presentarse un mareo disminuye ostensiblemente, casi a cero, “... puede existir en un porcentaje del 0,5%...”.
El tribunal, se duele el impugnante, no se percató de que las hipótesis de respuesta de este médico siempre exigieron que se hubiera formulado la pregunta directa sobre si el paciente se sentía mareado, hecho trascendental en la averiguación y, aún así, indicó que después de la pregunta y del momento posterior al cambio de posición, es previsible la ocurrencia del mareo.
A su vez, el médico cardiólogo José Rodrigo Restrepo González precisó que el mareo podía ser “súbito o paulatino”.
“Los otros testigos no se refirieron directamente al momento temporal de aparición del mareo luego del cambio ortostático o postural. Así es evidente el yerro del tribunal, que consideró probado (aunque se guardó de decir cómo) que el mareo tenía que darse inmediatamente después del cambio de posición. Y que, en consecuencia, el mareo posterior a este momento exacto, era imprevisible. Por eso le bastó, que el técnico hubiera preguntado si se sentía bien, y ante la respuesta, se retiró dejando solo al paciente.
Es tan torpe la conclusión del tribunal que en su decir, el técnico preguntó que si se sentía bien para evitar el riesgo previsible del mareo, pero olvidó que el técnico que practicó el examen, dijo expresamente que no sabía qué era la hipotensión postural y que además ese examen TAC no producía mareos. Así, el tribunal es el único que se cree que el empleado de la clínica, que no sabía que el mareo era una consecuencia probable del examen, trató de evitarlo...
Además, el tribunal omitió considerar el testimonio del tecnólogo que practicó el examen TAC, que indicó claramente que no preguntó expresamente al paciente si se sentía mareado, que NO SABÍA que era la hipotensión postural, ni que podía marearse el paciente como consecuencia del cambio de posición corporal, que todos los testigos sabían que el mareo podía ocurrir con excepción de quien practicó el examen y que todos coincidieron en que todo el personal médico y paramédico tiene que estar enterado del mareo como riesgo previsible de la hipotensión postural que es consecuencia del cambio de posición del cuerpo”.
En fin, subraya el censor, el juzgador incurrió en el yerro evidente de haber tenido por demostrado algo que no lo estaba, es decir, haber concluido que la actividad de la demandada había sido diligente y cuidadosa, cuando en realidad tales calificativos nunca se demostraron, sumado al hecho de haber considerado que el mareo ocurrido momentos después del cambio de posición, era imprevisible, con lo que rompió uno de los elementos de la culpa, esto es, la previsibilidad.
1. No son pocos los contratos que presuponen la existencia de una obligación de seguridad a cargo de una de las partes, en virtud de la cual el deudor está obligado a cuidar de la integridad corporal del acreedor o la de las cosas que este le ha confiado, es decir, para definirla con palabras de la Corte, aquella por la cual “una de las partes en la relación negocial se compromete a devolver sanos y salvos —ya sea a la persona del otro contratante o sus bienes— al concluir el cometido que es materia de la prestación a cargo de dicha parte estipulada, pudiendo tal obligación ser asumida en forma expresa, venir impuesta por la ley en circunstancias especiales o, en fin, surgir virtualmente del contenido propio del pacto a través de entendimiento integral a la luz del postulado de la buena fe que consagran con notable amplitud los artículos 1501 y 1603 del Código Civil” (sent., feb. 1º/93).
Como acaba de decirse, ese deber puede encontrar válido origen en la expresa estipulación de las partes, las cuales, con fundamento en los dictados de la autonomía de la voluntad, se encuentran facultadas para convenir pactos de esa especie, en cuyo caso tal disposición podrá aludir tanto al contenido de la obligación, como a sus alcances, es decir, como adelante se puntualizará, podrán estas acordar que el deudor asuma simplemente una conducta ajustada a las exigencias genéricas de prudencia y diligencia o, por el contrario, subiéndole el punto a su obligación, que este se comprometa a garantizar que no acaecerá ningún accidente en el cumplimiento del contrato que lesione la persona o los bienes del acreedor, a menos que se derive de una causa extraña, a cuyos efectos exonerativos puede, en todo caso, renunciar voluntariamente.
Suele suceder, así mismo, que aun cuando el mencionado deber de seguridad no se encuentre explícita y abiertamente pactado por las partes, deba inferirse mediante la cabal interpretación del acuerdo negocial; o puede acontecer, igualmente, como ya se dijera, que sea la ley la que lo imponga: o, en fin, a falta de estipulación contractual o legal, que la misma finque su existencia en la naturaleza del contrato ajustado entre ellas, en cuyo caso, este debe inferirse del nexo existente entre la seguridad del contratante o la de sus bienes y las obligaciones a cargo del otro.
Al profundizar en el examen del contenido y los alcances del referido deber de seguridad, se advierte que el mismo puede consistir, como ya quedara establecido, en la “obligación determinada” del deudor por medio del cual este se compromete a evitar que el acreedor sufra cualquier accidente en el cumplimiento del contrato que lesione su persona o sus bienes, salvo, claro está, los originados en fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o de un tercero. En esta hipótesis, como es obvio, ocurrido el daño, se presume la culpa del deudor, a quien incumbirá, por consiguiente, para librarse de la subsecuente responsabilidad civil, demostrar alguna de las anteriores causales de exoneración, relativas a la ausencia de nexo causal. Esclarecedores ejemplos de una obligación de seguridad de este talante, se encuentran en el contrato de transporte (artículos 982, 1003 y 1880, entre otras, del Código de Comercio) y en el de depósito mercantil (art. 1171, ejusdem), en este último caso en cuanto dicha obligación está estrechamente ligada con la de restituir.
Empero, como igualmente ya quedara anunciado, el deber de seguridad puede trocarse, en un “deber general de prudencia y diligencia” encaminado a evitar la ocurrencia de cualquier percance. En este caso, incumbe al acreedor demostrar que el deudor desatendió el deber a su cargo y, por causa de su negligencia o imprudencia, causó el daño alegado por aquel.
La importancia de la distinción entre una y otra manifestación de la obligación de seguridad radica en que por razón de la misma se establecen, entre otros, los aspectos relativos al contenido del deber del deudor y la carga de la prueba en el proceso respectivo; empero, es preciso advertirlo, establecer dicha diferenciación es cuestión verdaderamente ardua cuando las partes o la ley no la han fijado expresamente. Para tal efecto suelen tomar en consideración, doctrina y jurisprudencia, diversos criterios, habida cuenta de la insuficiencia o complejidad de uno solo de ellos; afloran entonces pautas tales como la aleatoriedad del fin último perseguido por el acreedor, conforme a la cual suele considerarse la obligación de seguridad como un mero deber general de prudencia en aquellas hipótesis en las que la conducta del deudor se orienta a la “satisfacción de un interés de obtención incierta”, vale decir, cuando la consecución del desenlace deseado por el acreedor no depende ordinariamente, ni de manera exclusiva de la diligencia del deudor, pues puede acontecer que a pesar de su esmerado empeño no se obtenga el desenlace querido por aquel, por causa de la frecuente intervención de factores de distinta estirpe que se escapan a su control. Contrariamente, si son mínimas las circunstancias azarosas que pueden frustrar el propósito anhelado por el acreedor, ese “riesgo despreciable” permite atribuirle al deudor una obligación de seguridad determinada o de resultado.
Del mismo modo, y estrechamente ligada con lo anteriormente dicho, la participación más o menos activa del acreedor en el cumplimiento de la obligación a cargo del deudor ha sido otro de los criterios tenidos en cuenta para efectos de resaltar la anotada distinción, de modo que si aquel (el acreedor) juega un papel eminentemente pasivo en los hechos es posible entender que el deber de seguridad a cargo del deudor suba de punto, inclusive, hasta poder ser calificado como obligación determinada o de resultado, al paso que si interviene activamente, dado que disminuye el poder de control del deudor, se podría estar ante una obligación genérica de prudencia o diligencia. Más adelante se verá cómo este criterio ha sido tenido en cuenta por esta corporación en circunstancias similares a las de este asunto. En todo caso, valga la pena subrayarlo, suele decirse que si la obligación de que se trate no es susceptible de una graduación “de más o de menos”, no puede concebirse como de mera prudencia y diligencia.
En fin, dada la innegable dificultad de elaborar soluciones dogmáticas generales y abstractas e, inclusive, la de establecer un criterio único o uniforme, corresponderá al juzgador analizar las particularidades de cada caso con miras a adoptar cualquiera de tales pautas que considere idónea para distinguir si la obligación de seguridad a cargo del deudor contiene únicamente un deber genérico de diligencia o, por el contrario, el de evitar cualquier accidente en el cumplimiento del contrato que lesione a la persona del acreedor o a sus bienes, todo esto, claro está, cuando las partes o la ley no lo señalen expresamente.
2. Ya ha tenido oportunidad la Corte, en varias ocasiones, por demás, de señalar que dentro de las diversas obligaciones a cargo de clínicas, hospitales y entidades de asistencia médica de similar temperamento, a las cuales el paciente confía el cuidado de su persona para efectos de que aquellas cumplan los deberes a los cuales se han comprometido, existe la denominada de seguridad, cuyas características más sobresalientes acaban de exponerse.
Ha dicho esta corporación, que en los contratos relativos a la prestación de servicios asistenciales por parte de entes hospitalarios,
“... por fuerza del ameritado deber de procurar la seguridad personal del enfermo, el centro asistencial ha de tomar las medidas necesarias para que no sufra ningún accidente en el curso o con ocasión del cumplimiento de las prestaciones esenciales que por razón del contrato dicho centro asume, criterio que la Corte ha aceptado en sus lineamientos básicos al declarar que, de cara al denominado ‘contrato de hospitalización’, ‘el establecimiento contrae frente al enfermo una obligación de seguridad que le impone la de evitar que le ocurran accidentes con motivo o con ocasión del cumplimiento del contrato, obligación que comprende también la de custodia y vigilancia si se trata de establecimientos para enfermos con afecciones mentales, pues en tal caso se busca la propia seguridad personal...’ (G.J. T. CLXXX, pág. 421), identificándose así un imperativo de conducta que en el común de los casos, cuando el paciente no ha desempeñado función activa alguna en la producción del daño, constituye una obligación determinada o de resultado, mientras que en la hipótesis contraria, o sea cuando ha mediado un papel activo de la víctima en el proceso de causación del perjuicio, al establecimiento deudor tan solo le es exigible un quehacer diligente y técnicamente apropiado, deber que se estima satisfecho en tanto demuestre que el accidente acaecido no se debió a negligencia, imprudencia o impericia de su parte. Todo depende, pues, de los factores particulares que rodean cada situación, factores circunstanciales que no son siempre iguales y que, al fin de cuentas, son los llamados a fijar los deberes y graduar la diligencia exigible, siguiendo un método que antiguas legislaciones europeas formulaban diciendo que cuanto mayor sea el deber de actuar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que se desprenda de las consecuencias posibles de los hechos” (cas., feb. 1º/93).
3. Es palmario, por consiguiente, qué hipótesis hay en las que el paciente confía enteramente su cuerpo al centro clínico u hospitalario en el cual se interna o al que encomienda la práctica de diversos exámenes, y para cuya realización queda notoriamente reducida su libertad de obrar y, por ende, es mínima o nula su intervención activa en los actos que al efecto ejecuta el establecimiento, a la vez que los accidentes que entonces ocurran no pueden concebirse como acontecimientos cotidianos o frecuentes que conduzcan a pensar que, no obstante el diligente empeño del deudor, la seguridad del examinado constituya un álea que escapa a su control, de frente a situaciones de esta índole, se decía, es preciso inferir que la entidad asistencial asume de manera determinada el compromiso de evitar que el paciente sufra cualquier accidente, obligación de la cual solamente puede exonerarse demostrando que el mismo obedeció a una causa extraña.
Por el contrario, ocasiones habrá en las que, dada la injerencia activa del usuario en los hechos, o la frecuente intervención de sucesos azarosos, la actividad no esté enteramente sometida al control de la institución, supuestos estos en los cuales, subsecuentemente, la obligación de esta solamente se concreta en un deber de diligencia y prudencia.
Sin necesidad de entrar a precisar en cuál de estas hipótesis pueden enmarcarse los hechos que singularizan este caso, fundamentalmente porque a ello no se aplicó el recurrente en este cargo, advierte la Corte que sale avante la empresa en la que este se empeñó, y que consistió en demostrar que de las pruebas por cuya indebida apreciación se duele, bien podía colegirse que la demandada incurrió en culpa, inferencia a la cual no llegó el tribunal por causa de los errores de hecho que se le imputan.
3.1. Ciertamente, aseveró el sentenciador que la tomografía de senos nasales no es un examen riesgoso ni molesto para una persona en buen estado de salud, sin antecedentes de haber sufrido trastornos cerebrales, afecciones cardiacas, presión alta o colesterol elevado o de hipotensión postural, dolencia esta última a cuyas manifestaciones y causas aludió expresamente, habiendo reseñado que la misma guarda relación con la vejez del paciente, motivo por el cual, cuando este es de edad avanzada, como lo era Cárdenas Lalinde, para impedir las consecuencias nocivas de sus síntomas, quien realiza el examen, una vez terminado el proceso, debe regresar la camilla a la posición inicial y tener la precaución de ayudar al paciente a incorporarse y, cuando se ha sentado, preguntarle cómo se siente, cómo le pareció el examen. Si manifiesta sentir algún malestar o tipo de mareo, se le deja acostado mientras se recupera. Si dice sentirse bien, se le deja sentado, mientras él se calza y el tecnólogo revisa las tomas en la pantalla.
“Siendo ello así, resulta claro que si un paciente de edad, que es totalmente asintomático, después del examen se incorpora y dice no sentir nada extraño, no es previsible que pueda repentinamente marearse después o perder el equilibrio, porque no hay nada que alerte al paciente o al tecnólogo de que posteriormente va a tener uno de esos cuadros.
Por consiguiente, como en el caso a estudio se trataba de un paciente que gozaba de buena salud, que no había tenido mareo, síncope o enfermedad cardiovascular, que no hizo advertencia al tecnólogo de sufrir o haber sufrido alguna de estas dolencias y en la orden médica que presentó para la práctica del examen ninguna advertencia se hacía al respecto, pero contaba con 69 años de edad, solo era previsible que debido al proceso de envejecimiento y al consiguiente deterioro de la actividad del sistema nervioso automático de tipo simpático que se requiere para el adecuado control de la presión arterial, pudiera marearse o presentar síntomas de mareo al incorporarse en la camilla. Por ello el tecnólogo estaba obligado a tomar las medidas de precaución antes anotadas para impedir que al incorporarse sufriera mareo o perdiera el equilibrio.
Y efectivamente así procedió, pues terminado el proceso de las tomas tomográficas, regresó la camilla a su posición inicial, ayudó al señor Cárdenas Lalinde a incorporarse y, una vez estuvo sentado le preguntó: “Cómo se siente, como le pareció el examen”, y él respondió que se sentía bien y que le había parecido el examen más largo de lo que le había dicho que se iba a demorar. En vista de ello, como había pasado el momento anterior a la incorporación, que es cuando puede presentarse algún mareo, y no le manifestó que sentía algún malestar o tipo de mareo, lo dejó sentado en la camilla, mientras se calzaba y él se dirigió hacia la consola del tomógrafo para revisar las tomas en la pantalla, caminó por ahí cinco (5) pasos y alcanzó a observar que el señor Cárdenas Lalinde caía de espaldas contra el piso”.
Infirió, entonces, el juzgador, que el accidente ocurrió en circunstancias que lo hacían imprevisible, ya que habiéndose incorporado el paciente y habiendo afirmado que se sentía bien, e incluso, que el examen había durado más de lo estimado, no era previsible que le fuera a dar mareo, además que no se demostró la existencia de algún motivo que exigiera un cuidado diferente al que le brindó el tecnólogo que practicó el examen. Significa lo anterior, que éste “sí fue diligente y cuidadoso en tomar correcta y oportunamente las medidas necesarias para evitar el riesgo de mareo por hipotensión que era lo previsible en dicho caso...”.
Y justamente en estas deducciones del fallador radican los errores de facto trascendentes que la censura le atribuye, habida cuenta que no es cierto que el señor Luis Carlos de Jesús Cano Restrepo, quien practicó el examen al fallecido Cárdenas Lalinde, hubiese tomado todas las precauciones necesarias para impedirlo, pues es patente que ni siquiera estaba enterado de que, por razón de la edad del examinado, o cualquier otra predisposición originada en enfermedades de base, podía sufrir, al incorporarse, el desvanecimiento que, a la postre, padeció y que le produjo la caída cuyas secuelas son bien conocidas, motivo por el cual, se reitera, si desconocía que el paciente, por diversas causas, entre ellas, la vejez podía sufrir mareos al levantarse, mal podía haber adoptado las precauciones necesarias para prevenir sus consecuencias; amén que, contrariando la prueba testimonial que adelante se reseñará, consideró el sentenciador que preguntarle durante breves instantes al paciente por su estado era suficiente precaución contra las secuelas de la “hipotensión postural”.
3.2. En efecto, en la declaración rendida por el mencionado testigo (fls. 11 y ss., cdno. 4), relató que
“... en concreto con don Luis Eduardo hice toda la rutina como lo hago con todo el mundo, lo dejé sentado mientras se organizaba y él en ningún momento me expresó que tenía algún malestar o algún tipo de mareo, nunca me dijo a mi nada. Si él hubiera dicho hubiera tomado las precauciones del caso, lo hubiera dejado acostado mientras le pasaba el malestar; me fui a terminar el proceso en el aparato, como ya había finalizado de reconstruir finalizar (sic) el examen, caminé por ahí cinco pasos para ir a la consola del topógrafo (sic) y mi vista periférica me mostró que don Luis Eduardo se iba de espaldas, yo no pude hacer nada porque no alcanzaba. Ya lo vi en el suelo, le pregunté que qué le pasó y me dijo: ‘Me dio un mareo’; llamé a la gente, al médico, a la enfermera, y ya vinieron todos, lo levantamos, lo pusimos en una camilla y lo llevamos al servicio de urgencias”.
Al ser interrogado sobre la conversación que sostuvo con la víctima “al salir del tubo” donde se le practicaba el examen, respondió que “... le pregunté cómo se siente, cómo le pareció el examen, esa es la conversación de rutina cuando se hace este examen. Él me dijo: que se sentía bien, que le había parecido más largo de lo que yo le había dicho que se iba a demorar”.
Al ser preguntado sobre si había conocido de accidentes parecidos a este, contestó que “... no, nunca en los siete años que llevo trabajando en esto, ni a mí ni a ningún otro compañero”. Y al ser inquirido respecto de si en su capacitación profesional eran instruidos para evitar accidentes como este, respondió que “... es que eso no necesita capacitación, eso es una cuestión de criterio profesional, cada cual o nosotros los que trabajamos en la parte de salud debemos velar por la seguridad del paciente, la idea es esa”.
Cuando se le preguntó si recordaba haber indagado al paciente Luis Eduardo Cárdenas sobre si sentía mareos, contestó:
“yo nunca le pregunté eso, eso no hace parte de la rutina de ese examen... Este examen no tiene por qué producir mareos. Cuando hacemos exámenes con medios de contraste pueden haber algunos inconvenientes como el mareo pero el examen de don Luis Eduardo era sin medio de contraste. PREGUNTADO: han hablado otros testigos del fenómeno conocido en medicina como hipotensión postural sabe usted en qué consiste ese término? CONTESTA: “no, eso le corresponde es ya como a los médicos, no sé”.
Finalmente, se le preguntó si sabía que como consecuencia de los cambios de posturas, era posible una baja de presión, respondió: “Probablemente, no estoy seguro”.
Es palmario, entonces, que el técnico encargado de practicar el examen a Cárdenas Lalinde, desconocía que, por razón de su edad, o cualquier otra predisposición, el paciente podía sufrir mareos al incorporarse, motivo por el cual no es posible que hubiese adoptado las precauciones necesarias para impedir sus nefastas consecuencias. Y es que no puede olvidarse, y así lo infirió el juzgador ad quem, que conforme a la prueba recibida (v. gr., los testimonios de Sergio Alberto Vargas Vélez, Darío Humberto Patiño Moreno, José Rodrigo Restrepo González, Rafael Guillermo Villavicencio Tirado y Alejandro Echevarría Restrepo), que dada la edad de Cárdenas Lalinde (69 años), era previsible que sufriese mareos o, inclusive, síncope, al incorporarse una vez concluido el examen, motivo por el cual quien lo practicó debió adoptar las precauciones para impedir un accidente como el que, a la postre ocurrió, máxime si se tiene en cuenta que para la práctica de dicho estudio el paciente permanece acostado en la mesa del tomógrafo por espacio de 15 a 20 minutos, tiempo que dura la realización del mismo, según explicaron los médicos radiólogos que declararon en el proceso (fls. 5 vuelto, 8 y 21, cdno. 4 del exp.).
3.3. Si Cano Restrepo, quien fuera el técnico encargado de realizar el mencionado examen, desconocía las posibilidades concretas en las que se encontraba su paciente de sufrir mareos al incorporarse una vez concluido el examen, mal podría, a su vez, haber aguardado al lado de este el tiempo necesario para impedir sus secuelas. Al ser preguntado el doctor Rafael Guillermo Villavicencio Tirado (fl. 42, cdno. 3) sobre el tiempo que era prudente esperar luego de adoptar el paciente la posición de sentado para descartar el mareo, contestó: “Se debe esperar por lo menos unos dos minutos”. Más adelante precisó que, sufrido el mareo, el paciente tarda entre cinco a diez minutos para recuperarse.
Puesta en evidencia la culpa del referido técnico y estando claro que este presta su servicio a la entidad demandada, ineludible se impone concluir que esta responde por los actos negligentes de aquel.
Como tales aspectos fácticos fueron soslayados por el sentenciador, no obstante la trascendencia de los mismos, se impone casar la sentencia para, en su lugar, proferir la siguiente
1. Pidió la actora en el libelo incoativo del proceso, que se declarara a la sociedad demandada “civilmente responsable de todos los daños y perjuicios que le causó a Luis Eduardo Cárdenas Lalinde y María Elva Palacio Marín en razón de la actitud negligente de su personal”, lo que originó, a la postre, la muerte del primero de ellos; y que, en tal virtud, se le condenase a pagar a María Elva Palacio Marín, “quien pide para la sucesión de su finado esposo, una suma en moneda colombiana equivalente a mil (1.000) gramos oro, como indemnización por los perjuicios morales que se le causaron a Luis Eduardo Cárdenas Lalinde”. Así mismo, obrando ya la actora en su propio nombre, pidió que la demandada fuese condenada a pagarle la suma equivalente a 1.500 gramos oro, por concepto de perjuicios morales que se le causaron con la muerte de su esposo, junto con otros valores relativos al daño emergente y el lucro cesante derivados de la muerte de su cónyuge.
Como diáfanamente se advierte, la demandante reclama, de un lado, para la sucesión de Cárdenas Lalinde (iure hereditatis), la indemnización del perjuicio moral que su esposo padeció al verse postrado e impedido por causa del accidente, así como los sufrimientos y dolores que lo acongojaron hasta su fallecimiento, y de otro, para sí (iure proprio), el perjuicio que personalmente sufrió por causa del fallecimiento de aquel. Y no advierte la Corte, hay que decirlo sin ambages, que esa acumulación de pretensiones violente las reglas procesales que regulan la materia y, mucho menos, las sustanciales que gobiernan la responsabilidad civil.
No estas últimas porque si bien los hechos que soportan ambas reclamaciones fueron los mismos, los daños no lo son; la demandante está cobrando dos perjuicios distintos mediante sendas “acciones” de las cuales es titular; tampoco ha confundido el objeto de cada pretensión, toda vez que contractualmente está cobrando el perjuicio sufrido por su causante y extracontractualmente el personal.
Por lo demás, no se advierte que en asuntos como el de esta especie exista norma que impida esa modalidad de acumulación de pretensiones ni ella repulsa las prescripciones del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil que regulan la materia.
2. La responsabilidad de la entidad demandada quedó debidamente definida en los términos anotados precedentemente, esto es, al desatar el recurso de casación.
Relativamente a los perjuicios que se reclaman para la sucesión de Luis Eduardo Cárdenas Lalinde, se tiene lo siguiente:
2.1. Para probar la calidad de heredera aducida por ella, la actora aportó copia auténtica del registro civil de matrimonio (fl. 1, cdno.), documento que acredita que fue la cónyuge del causante, razón por la cual tiene vocación hereditaria conforme a la prescripción contenida en el artículo 1047 del Código Civil, modificado por el artículo 6º de la Ley 29 de 1982.
2.2. Está demostrado, así mismo, que la demandada es persona jurídica (fl. 24, ídem), propietaria de la Clínica Las Vegas (fl. 29), a través de la cual presta servicios médicos y hospitalarios, y a la cual compareció voluntariamente Cárdenas Lalinde con el fin de practicarse un examen denominado TAC de senos paranasales, el que, a la postre se practicó, hecho al cual aluden casi todos los testigos y es admitido por la demandada.
2.3. Colígese, por las mismas razones, amén que no fue negado por las partes, que la relación surgida entre el paciente y la demandada fue de estirpe contractual, y que esta última incumplió la obligación de seguridad que, en las precisas circunstancias en las que se desarrolló en este caso la prestación del servicio hospitalario, estaba a su cargo.
2.4. No cabe duda, de otro lado, que la deplorable situación a la que quedó reducido don Luis Ernesto debió provocarle un profundo dolor. Por supuesto que semejante condición causa una innegable aflicción a quien, como él, ingresó por sus propios medios y en buen estado de salud a la clínica, y por un deplorable descuido se ve parapléjico, a la vez que, dadas las múltiples consecuencias de su lesión, percibe cómo se le escapa rápidamente la vida, estando plenamente consciente de su estado.
Como el paciente falleció sin haber reclamado tal indemnización, transmitió ese derecho a sus herederos, en este caso su cónyuge (fl. 1, cdno. 1), quien pide para su sucesión. No advierte esta Sala reparo alguno respecto de la posibilidad de transmitir tal derecho, pues “el crédito a la reparación o compensación del daño a la actividad social no patrimonial y el del daño moral propiamente dicho, aceptando su transmisibilidad por no estar excluida ni tratarse de derechos ligados indisolublemente a la persona de su titular originario, no se trasladan a los herederos sino en cuanto el causante alcanzó a adquirirlos, es decir, cuando superviviendo alcanzó a padecer esas afectaciones. Que si la muerte fue instantánea o inmediata, el crédito no surgirá para el occiso, y no podría pronunciar condena a favor de la sucesión del mismo, y los herederos podrán entonces reclamar resarcimiento, pero solo por derecho propio, en la medida que demostraran quebranto de su individualidad y con él se hiciera presente su padecimiento afectivo o sentimental, habida consideración de los estrechos vínculos que los ataban al muerto (cas., oct. 20/42; LIV, bis, 189-194), justificativos de dicha aflicción y consiguiente derecho” (G.J. CXXIV).
Así las cosas, habrá de imponerse a la demandada la condena de pagar la suma de ocho millones de pesos por concepto del perjuicio moral padecido por el causante y quien, por no haberlo reclamado en vida, transmitió ese derecho patrimonial a sus herederos.
3. En punto de los perjuicios personales reclamados extracontractualmente por la demandante se tiene:
3.1. Reclamó esta el pago del lucro cesante, daño que hizo consistir en la pérdida de la ayuda económica que su fallecido cónyuge le proporcionaba y que este, a su vez, derivaba de la pensión que devengaba del Social Security de los Estados Unidos de Norteamérica, la cual, según lo sostuvo, dejó de causarse a raíz de su deceso.
La víctima devengaba una pensión del gobierno de los Estados Unidos y al fallecer terminó dicho beneficio, tal como emerge de los documentos que reposan a folios 19 y 21 del cuaderno 1 del expediente, cuyas traducciones fueron aportadas; igualmente, se tiene que la declarante María Eugenia Upegui González manifestó no constarle si la aludida pensión se la están pagando a María Elva Palacio Marín pero que lo cierto es que ella “está viviendo de lo que le manda la mamá de Bogotá, además, agregó, “no le conozco bienes ni rentas, ni acreencias, lo peor es que ella no trabaja ni hace nada”. Adicionalmente, advierte la Sala que los hechos relacionados con la referida pensión no fueron discutidos por la parte demandada.
Puestas así las cosas, procede reconocer la indemnización pedida por lucro cesante, para cuya cuantificación se practicó en primera instancia la experticia que obra a folios 57 a 66 del cuaderno 3, en la que los peritos tomaron como monto de la pensión devengada por el difunto la suma señalada en el libelo introductor, esto es US$ 842; empero, lo cierto es que conforme a la comunicación proveniente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos —Administración de Seguros Sociales— oficina de incapacidad y operaciones internacionales (F.19 C.-1), cuya traducción aparece a folio 30 del cuaderno 3 del expediente, la cuantía de la mesada pensional del señor Cárdenas Lalinde, ascendía solamente a US$ 796, razón por la cual la Sala desatenderá, en ese punto, el mencionado dictamen y en su lugar, procederá a elaborar la correspondiente liquidación, siguiendo muy de cerca, para tal efecto, los lineamientos que con el mismo fin se tuvieron en cuenta en las sentencias proferidas el 30 de junio de 2005 (Exp. 1998-00650 01), el 5 de octubre de 2004 (Exp. 6975) y el 7 de octubre de 1999 (Exp. 5002).
Para alcanzar el aludido cometido es oportuno precisar que la víctima falleció el 12 de julio de 1995, conforme se demostró con el certificado de defunción que obra a folio 22 del cuaderno principal. Igualmente, que el valor del dólar para el 12 de julio de 1995, a la tasa representativa del mercado, correspondía a $ 897,51. Es palpable, en ese orden de ideas, que la pensión mensual devengada por Cárdenas Lalinde, equivalía a $ 714.417,96 de esa época, monto este que actualizado, esto es, multiplicado por 2.803, guarismo determinado para tal fin por el Banco de la República, arroja como resultado la suma de $ 2.002.013,45, cantidad que representa el ingreso mensual actualizado de la víctima.
3.2. Por otra parte, y como quiera que, según se infiere del testimonio de María Eugenia Upegui González, la víctima destinaba su pensión para solventar sus gastos personales y los de su cónyuge, resulta prudente y equitativo estimar que aquel dedicaba el 50% de su mesada para atender las necesidades de la demandante, es decir, la suma de $ 1.001.006,72. Y como al final Luis Eduardo Cárdenas Lalinde tenía una esperanza de vida de 13,35 años (Resolución 497 del 20 de mayo de 1997, que modificó la Resolución 585 del 11 de abril de 1994, que obran a folios 1 al 8 del cuaderno 3 del expediente), ello significa que María Elva Palacios Marín dejó de percibir esa entrada hasta el 12 de noviembre de 2008.
3.3. Con miras a determinar el lucro cesante pasado, se multiplicará el valor del monto indemnizable por el factor correspondiente a 121 meses en la tabla que ha sido acogida en ocasiones anteriores por la Corte, lo que se expresa en la fórmula VA = LCM x Sn, en la que VA es el valor actual del lucro cesante pasado total, incluidos intereses del 6% anual; LCM es el lucro cesante mensual actualizado, y Sn el valor acumulado de la renta periódica de un peso que se paga “n” veces a una tasa de interés “i” por período.
Operación que arroja la cantidad de $ 164.429.568,75 en la cual estaría representada la condena por dicho concepto.
3.4. Y para establecer el monto de la indemnización a favor de la viuda, correspondiente al lucro cesante futuro, la fórmula utilizada en el procedimiento elegido, tiene como bases, de una parte, el monto indemnizable actualizado y, de otra, la deducción de los intereses por el anticipo de capital, obtenido a su vez mediante otra cuyo resultado reflejan las tablas financieras ya nombradas, expresándolo mediante un índice fijado en exacta correspondencia con el número de meses de duración del perjuicio reflejado en esa unidad de tiempo, prescindiendo para ello de las unidades decimales, mediante la aproximación o reducción a la unidad entera más cercana. La multiplicación de los dos indicados factores (monto indemnizable por el índice referido de deducción de intereses del 6% anual, por el anticipo de capital) arroja el monto buscado.
En tal orden de ideas se tiene que el tiempo de duración futura de la indemnización corresponde al número de meses (39) comprendido entre el 12 de agosto de 2005 y el 12 de noviembre de 2008, fecha probable de la defunción del señor Cárdenas Lalinde (calculada según la edad que tenía para el día del trágico suceso). Así, ese lucro cesante futuro obedecería a la fórmula VA = $ 1.001.006,72 x 36,2669 = $ 36.303.410,77.
La sumatoria del lucro cesante consolidado ($ 164.429.568,75) y el futuro ($ 36.303.410,77) equivale a la suma de $ 200.732.979,52. Empero, como la demandante limitó en la demanda la condena por estos aspectos a la suma de $ 45.000.000 monto este que debidamente indexado, como igualmente lo solicitó, corresponde actualmente a la cantidad de $ 126.103.500 la Corte, en aplicación del principio de la consonancia de la sentencia, a este último monto limitará la condena que habrá de imponerse a la demandada.
3.5. De otro lado, no obra en el expediente, relativamente al daño emergente reclamado en la demanda, elemento de convicción alguno que demuestre fehacientemente su existencia. Ciertamente, la fotocopia informal de la certificación expedida por el gerente de la Funeraria Betancur y Cía. Ltda., sobre la cancelación por la actora de los servicios fúnebres de la víctima, allegado con la demanda carece de valor probatorio, habida cuenta que está desprovista de autenticidad, pues no fue expedida con sujeción a lo dispuesto en el artículo 254, ibídem.
Y con relación a los gastos “adeudados” a la clínica, cuyo reconocimiento igualmente pretende la actora, resulta patente, de un lado, que en la demanda afirmó que aquella no había efectuado erogación alguna en tal sentido y, de otro, que de todas maneras en el transcurso del proceso no se aportó prueba alguna que conduzca a inferir que María Elva ya canceló tal obligación.
3.6. Por último, es innegable que el accidente sufrido por Luis Eduardo Cárdenas Lalinde y las funestas consecuencias que de él se desencadenaron, causaron gran aflicción a la demandante María Elva Palacio Marín, quien, por ende, debe ser resarcida del perjuicio moral subjetivo cuya indemnización igualmente solicitó. Al respecto no debe olvidarse que, conforme lo atestiguó María Eugenia Upegui González, a la víctima y a la actora no solo las unía el vínculo matrimonial sino una magnifica relación de pareja que intensificó el afecto entre ellos, por lo que es apenas natural que el padecimiento de su esposo, el gradual deterioro de su salud y su posterior óbito produjeron un perjuicio que debe ser indemnizado y que en el asunto de esta especie resulta particularmente agravado por las condiciones de soledad y desprotección en las que ella quedó; desde luego que la demandante, también persona de edad, estaba recién llegada al país, frecuentaba un muy reducido círculo social y dependía fundamentalmente en lo material y lo afectivo de su cónyuge.
En esas condiciones, se abre camino el resarcimiento del perjuicio moral subjetivo padecido directamente por la demandante, por lo que se condenará a la demandada a pagar por tal concepto la suma de quince millones de pesos ($ 15.000.000).
3.7. Resta por precisar que, conforme lo muestra el cuadro clínico, y lo aseveró el testigo doctor Rafael Guillermo Villavicencio Tirado la grave situación en la que quedó postrado el señor Cárdenas Lalinde por causa del accidente lo condujo a su fallecimiento. En efecto, expresó el referido testigo técnico
“quiero aclarar que la lesión de la columna cervical es una situación muy grave que deteriora el funcionamiento respiratorio, el funcionamiento cardíaco, el funcionamiento del tracto gastrointestinal, del tracto geniturinario, y expone al paciente a todas las complicaciones que se pueden originar del reposo prolongado en una cama. Quiero aclarar que secundariamente a su lesión de la columna y de la médula espinal, el paciente tenía muy limitada su capacidad respiratoria, su capacidad para toser y para expectorar las secreciones y que todos estos factores facilitaron que se presentase la infección del parenquimapulmonar (sic) o sea la neumonía. A partir de esta neumonía, el paciente evidencia una infección generalizada o sepsis y finalmente se altera el funcionamiento de todos los órganos vitales”:
En armonía con lo expuesto, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se acogerán las pretensiones de la parte actora en los términos antes referidos.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 14 de marzo de 2000, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario promovido por María Elva Palacio Marín contra Inversiones Médicas de Antioquia S.A., y en sede de instancia
REVOCAR la sentencia emitida, el 23 de abril de 1999, por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Medellín y, en su lugar, se DISPONE:
1. Declarar que la sociedad Inversiones Médicas de Antioquia, propietaria del establecimiento de comercio “Clínica Las Vegas”, es responsable de los daños y perjuicios causados a Luis Eduardo Cárdenas Lalinde y María Elva Palacio Marín, por los hechos que han quedado expuestos.
2. Condenar la sociedad demandada a pagar a la sucesión de Luis Eduardo Cárdenas Lalinde la suma de ocho millones de pesos ($ 8.000.000) m/cte., por concepto de los perjuicios morales que este padeció.
3. Condenar a la aludida sociedad a cancelar a la demandante María Elva Palacio Marín la cantidad de quince millones de pesos ($ 15.000.000) m/cte., como indemnización por los perjuicios morales que le fueron causados directamente en los hechos aquí debatidos.
4. Condenar a la sociedad demandada a pagar a la actora María Elva Palacio Marín la suma de ciento veintiséis millones ciento tres mil quinientos pesos ($ 126.103.500) m/cte., como indemnización por el daño material, en la modalidad de lucro cesante, que sufrió a raíz de los hechos en referencia.
5. Negar la cuarta pretensión de la demanda, esto es la condena al pago de los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, por las razones que se expusieron en la parte motiva de este fallo.
6. Condenar en costas de ambas instancias a la parte demandada. Tásense.
7. Sin costas en casación por la prosperidad del recurso.
Manuel Isidro Ardila Velásquez—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Pedro Octavio Munar Cadena—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete.

References: artículo 1604
 artículo 82
 artículo 1047
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 254