Source: http://activismolgbtiespiritual.blogspot.com.es/2013/06/
Timestamp: 2017-07-22 10:37:09+00:00

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Considerando la creciente diversidad religiosa y moral en el seno de las sociedades actuales y los desafíos que los Estados modernos encuentran para favorecer la convivencia armoniosa; considerando igualmente la necesidad de respetar la pluralidad de las convicciones religiosas, ateas, agnósticas, filosóficas y la obligación de favorecer, por diversos medios, la deliberación democrática pacífica; considerando, en fin, que la sensibilidad creciente de los individuos y de los pueblos hacia las libertades y los derechos fundamentales incita a los Estados a velar por el equilibrio entre los principios esenciales que favorecen el respeto de la diversidad y la integración de todos los ciudadanos a la esfera pública, nosotros, universitarios, académicos y ciudadanos de diferentes países, proponemos a la reflexión de cada uno y al debate público, la siguiente declaración: Principios fundamentales:
Artículo 1. Todos los seres humanos tienen derecho al respeto de su libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva. Este respeto implica la libertad de adherirse a una religión o a convicciones filosóficas (incluidos el ateísmo y el agnosticismo), el reconocimiento de la autonomía de la conciencia individual, de la libertad personal de los seres humanos y su libre elección en materia de religión y de convicción. Esto implica igualmente el respeto por parte del Estado, dentro de los límites de un orden público democrático y del respeto de los derechos, a la autonomía de las religiones y de las convicciones filosóficas. Artículo 2. Para que los Estados estén en condiciones de asegurar un trato a los seres humanos y a las diferentes religiones y convicciones (dentro de los límites indicados), el orden político debe tener la libertad para elaborar normas colectivas sin que alguna religión o convicción particular domine el poder y las instituciones públicas. La autonomía del Estado implica entonces la disociación entre la ley civil y las normas religiosas o filosóficas particulares. Las religiones y los grupos de convicción pueden participar libremente en los debates de la sociedad civil. Sin embargo, no deben de ninguna manera dominar esta sociedad e imponerle a priori doctrinas o comportamientos. Artículo 3. La igualdad no es solamente formal; debe traducirse en la práctica política en una vigilancia constante para que no sea ejercida alguna discriminación en contra de seres humanos en el ejercicio de sus derechos, particularmente de sus derechos ciudadanos cualquiera que sea su pertenencia o no pertenencia a una religión o a una filosofía. Para que sea respetada la libertad de pertenencia (o de no pertenencia) de cada uno, pueden hacerse necesarios acomodos razonables” entre las tradiciones nacionales surgidas de grupos mayoritarios y las de grupos minoritarios. La laicidad como principio fundamental del Estado de Derecho:
Artículo 5. Un proceso de laicización emerge cuando el Estado ya no está legitimado por una religión o por una corriente de pensamiento particular y cuando el conjunto de los ciudadanos puede deliberar pacíficamente, en igualdad de derechos y de dignidad, para ejercer su soberanía en el ejercicio del poder político. Respetando los principios indicados, este proceso se lleva a cabo en relación estrecha con la formación de todo Estado moderno que pretende asegurar los derechos fundamentales de cada ciudadano. Elementos de laicidad aparecen entonces necesariamente en toda sociedad que quiere armonizar relaciones sociales marcadas por intereses y concepciones morales o religiosas plurales. Artículo 6. La laicidad, así concebida, constituye un elemento clave de la vida democrática. Impregna inevitable-mente lo político y lo jurídico, acompañando de esa manera el avance de la democracia, el reconocimiento de los derechos fundamentales y la aceptación social y política del pluralismo. Artículo 7. La laicidad no es el patrimonio exclusivo de una cultura, una nación o un continente. Puede existir en coyunturas donde el término no ha sido tradicionalmente utilizado. Procesos de laicización han tenido lugar, o pueden tener lugar, en diversas culturas y civilizaciones, sin ser forzosamente denominados como tales. Debates de la laicidad:
Artículo 8. La organización pública del calendario, las ceremonias fúnebres oficiales, la existencia de “santuarios cívicos” ligados a formas de religión civil, y de manera general el equilibrio entre lo que ha surgido de la herencia histórica y lo que se atribuye al pluralismo actual en materia de religión y de convicción en una sociedad dada, no pueden considerarse resueltos de manera definitiva y arrojarse al terreno de lo inimaginable. Esto constituye, por el contrario, lo central de un debate laico pacífico y democrático. Artículo 9. El respeto concreto a la libertad de conciencia y a la no discriminación, así como la autonomía de lo político y de la sociedad frente a normas particulares, deben aplicarse a los necesarios debates que conciernen a las cuestiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad, la enfermedad y la muerte, la emancipación de las mujeres, la educación de los niños, los matrimonios mixtos, la condición de los adeptos de minorías religiosas o no religiosas, los “no creyentes” y aquellos que critican la religión. Artículo 10. El equilibrio entre los tres principios constitutivos de la laicidad constituyen igualmente un hilo conductor para los debates democráticos sobre el libre ejercicio de culto, la libertad de expresión, de manifestación de convicciones religiosas y filosóficas, el proselitismo y sus límites por respeto al otro, así como las interferencias y las distinciones necesarias entre los diversos campos de la vida social, las obligaciones y los acomodos razonables en la vida escolar o profesional. La laicidad y los desafíos del siglo XXI:
Artículo 11. Los debates en torno a estas diferentes cuestiones ponen en juego la representación de la identidad nacional, las reglas de salud pública, los conflictos posibles entre la ley civil, las representaciones morales particulares y la libertad de decisión individual, en el marco del principio de compatibilidad de las libertades. En ningún país y en ninguna sociedad existe la laicidad absoluta; tampoco las diversas soluciones disponibles en materia de laicidad son equivalentes. Artículo 12. La representación de los derechos fundamentales ha evolucionado mucho desde las primeras proclamaciones de derechos (finales del siglo XVIII). La significación concreta de la igual dignidad de los seres humanos y de la igualdad de derechos está en juego en las soluciones propuestas. El marco estatal de la laicidad se enfrenta hoy a problemas provenientes de estatutos específicos y de derecho común, de divergencias entre la ley civil y ciertas normas religiosas y de , de la compatibilidad entre los derechos de los padres y aquello que las convenciones internacionales consideran como derechos del niño, así como del derecho a la “blasfemia” o la libertad de expresión. Artículo 13. En diversos países democráticos, para numerosos ciudadanos el proceso histórico de laicización parece haber llegado a una especificidad nacional, cuyo cuestionamiento suscita temores. Y entre más largo y conflictivo ha sido el proceso de laicización, en mayor medida se manifiesta el miedo al cambio. No obstante, en la sociedad tienen lugar profundas mutaciones y la laicidad no podría ser rígida e inmóvil. Es necesario por lo tanto evitar crispaciones y fobias, para saber encontrar respuestas nuevas a los nuevos desafíos. Artículo 14. Allí donde han tenido lugar, los procesos de laicización han correspondido históricamente a una época en la cual las grandes tradiciones religiosas dominaban los sistemas sociales. El éxito de dichos procesos ha engendrado una cierta individualización de lo religioso y de lo concerniente a las convicciones, lo cual se transforma en una dimensión de la libertad de decisión personal. Contrariamente a lo que se teme en ciertas sociedades, la laicidad no significa la abolición de la religión sino la libertad de decisión en materia de religión. Esto implica hoy todavía, allí donde es necesario, desconectar lo religioso de lo que se da por sentado en la sociedad y de toda imposición política. Sin embargo, quien habla de libertad de decisión se refiere igualmente a la libre posibilidad de una autenticidad religiosa o de convicción. Artículo 15. Las religiones y convicciones filosóficas constituyen entonces socialmente lugares de recursos culturales. La laicidad del siglo XXI debe permitir articular diversidad cultural y unidad del vínculo político y social, de la misma manera que las laicidades históricas tuvieron que aprender a conciliar las diversidades religiosas y la unidad de este vínculo. Es a partir de este contexto global que es necesario analizar el surgimiento de nuevas formas de religiosidad, así se trate de combinaciones entre tradiciones religiosas, de mezclas entre lo religioso y lo que no lo es, de nuevas expresiones espirituales, pero también de formas diversas de radicalismos religiosos. Es igualmente en el contexto de la individualización que se debe comprender por qué es difícil reducir lo religioso al sólo ejercicio del culto, y por qué la laicidad como marco general de la armoniosa es más que nunca deseable. Artículo 16. La creencia en que el progreso científico y técnico podía engendrar progreso moral y social se encuentra actualmente en declive; esto contribuye a volver el futuro más incierto, a hacer su proyección más difícil y a hacer menos legibles los debates políticos y sociales. Después de las ilusiones del progreso se corre el riesgo de privilegiar unilateralmente los particularismos culturales. Esta situación nos incita a ser más creativos, en el marco de la laicidad, para inventar nuevas formas del vínculo político y social capaces de asumir esta coyuntura inédita y de encontrar nuevas relaciones con la historia que construimos en conjunto. Artículo 17. Los diferentes procesos de laicización han correspondido a los distintos desarrollos de los Estados. Las laicidades, por otra parte, han tomado formas diversas según el Estado fuese centralista o federal. La construcción de grandes conjuntos supra estatales y el relativo pero real desprendimiento de lo jurídico respecto a lo estatal generan una nueva situación. El Estado, sin embargo, se encuentra quizás más en una fase de mutación que de verdadero declive. Tendencialmente, actúa menos en la esfera del mercado y pierde, por lo menos de manera parcial, el papel de Estado Benefactor que ha tenido en mayor o menor medida en muchos países. En cambio, interviene en esferas hasta ahora consideradas como privadas, léase íntimas, y responde quizás todavía más que en el pasado a demandas sobre seguridad, algunas de las cuales pueden amenazar las libertades. Necesitamos por lo tanto inventar nuevos vínculos entre la laicidad y la justicia social, así como entre la garantía y la ampliación de las libertades individuales y las colectivas. Artículo 18. Al mismo tiempo que se vigila que la laicidad no tome en este nuevo contexto aspectos de religión civil o se sacralice de alguna forma, el aprendizaje de sus principios inherentes puede contribuir a una cultura de paz civil. Esto exige que la laicidad no sea concebida como una ideología anticlerical o como un pensamiento intangible. Por lo demás, en contextos donde la pluralidad de concepciones del mundo se presenta como una amenaza, ésta debe aparecer más bien como una verdadera riqueza. La respuesta democrática a los principales desafíos del siglo XXI llegará a través de una concepción laica, dinámica e inventiva. Esto le permitirá a la laicidad mostrarse realmente como un principio fundamental de convivencia.
CONSULTA CONTINENTAL “LAS IGLESIAS Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS”.
22 días del mes de
• Consideramos que el tratamiento de las temáticas de Salud Sexual y Reproductiva debe ser asumido desde el marco de los derechos humanos y estar garantizados por los Estados-pero bajo el principio de la laicidad- , en particular la prevención de la violencia de género y la violencia sexual; la maternidad; la educación de la sexualidad, la prevención y atención de las personas con VIH-SIDA, y el respeto del cuerpo; la planificación de la familia; asuntos que son necesarios y pertinentes para una verdadera transformación de nuestras sociedades. • Después de un intenso trabajo investigativo, hoy, contamos con instrumentos que facilitan este proceso, resumido en la Guía de Capacitación “Las Iglesias y los Derechos Sexuales y Reproductivos”, para Comunidades de Fe, Organizaciones Ecuménicas y Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil.
• América Latina y el Caribe con 148 millones de jóvenes entre 15 y 29 años de edad, tiene el mayor número de jóvenes en la historia de la región. Estopresenta desafíos inmediatos y amerita respuestas urgentes ya que actualmente uno de cada doce jóvenes entre 15 y 24 años de edad no ha finalizado la enseñanza primaria y carece de competencias para encontrar trabajo; y cerca de un tercio de los jóvenes viven en pobreza. • La mortalidad materna sigue siendo un tema de alta preocupación en la región, a pesar de que ha experimentado un descenso (la tasa promedio es de 85 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos); la disparidad entre países es muy importante. Uruguay reporto en el 2012 una tasa de mortalidad materna de 6,4 muertes materna por 100.000 nacidos vivos y Guatemala 158,2 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. En el Caribe inglés, en Guyana la tase es de 280 muertes materna por cada por 100.000 nacidos vivos. En contraste Haití, representa la tasa más alta de la región, 350 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Alrededor del 95% de la mortalidad materna registrada en América Latina y el Caribe pueden evitarse.
• Garantizar la plena participación de las y los jóvenes como líderes en nuestras comunidades de fe, estando a la vanguardia del desarrollo, apoyando políticas públicas y promoviendo sus derechos y necesidades en todas las esferas de la vida, incluida la Salud Sexual y Reproductiva, la diversidad sexual, la afectividad y educación de la sexualidad y acceso a servicios apropiados de salud. • Fomentar en las Iglesias, familias y la sociedad en general, la construcción de ambientes y espacios formativos sobre las nuevas masculinidades y de respeto hacia las mujeres y jóvenes, para disminuir el impacto que tiene sobre ellas la violencia generalizada, la violencia basada en género y la violencia sexual.
Situarme ideológicamente en este tema me costó años de querer entenderlo en profundidad y me costo reflexionar muchos los tópicos y
los enormes prejuicios que le rodean. Solemos prejuzgar este duro y
controvertido asunto desde unas coordenadas supuestamente morales que nos
llevan, en muchos casos, como en tantas otras cosas, a considerar el árbol y
negar la existencia del bosque. El asunto es mucho más complejo y más profundo
que el rechazo inicial que suele producir en personas que dan los tópicos por
buenos, rechazando entrar en el problema de fondo.
Y el problema de fondo es la vida, la vida humana,
no sólo en forma de cigoto, sino también en forma de seres humanos que viven
sin recursos, sin educación, sin atención, y muchos de ellos en la marginalidad
y en la miseria. ¿Se ocupan de esas vidas los que se echan a la calle a
defender a capa y espada a los cigotos? ¿Se preocupan de ofrecer educación
afectiva y sexual a los/as jóvenes para evitar esas trágicas situaciones?
¿Enseñan a las mujeres a tener autoestima y dignidad? ¿Ofrecen la posibilidad
de una vida digna a esas criaturas que nacen de embarazos no deseados? La
Y precisamente porque se trata de la vida, nada más
y nada menos que de la vida, es necesario profundizar en el problema y no
dedicarse a repetir como loros los eslóganes que vierten los que dicen, sólo
dicen, preocuparse tanto por ella. El aborto es un problema sanitario, humano y
social. Y es una verdadera tragedia para muchas mujeres, de toda extracción
social y condición. Y es una tragedia para esas mujeres porque hacen una
durísima elección en su vida personal, elección motivada por diversos factores
en su contra, como la pobreza, la falta de recursos, el rechazo familiar o
social, el miedo, la indefensión o la miseria, la enfermedad, la incapacidad o
La moralina católica condena de plano y sin
miramientos la interrupción voluntaria del embarazo desde el momento mismísimo
de la fecundación, pero, a su vez, promueve la desinformación sexual y prohíbe
el uso de los anticonceptivos, dos de los grandes motivos que llevan a las
mujeres a embarazos no deseados y a la decisión de abortar. Defienden a
ultranza la vida de una célula fecundada, e ignoran la vida de la mujer que la
porta. Por otra parte, esa misma retrógrada moral, a través de una visión del
mundo rígida, intolerante e inhumana, ha incentivado per secula seculorum el
desprecio a las madres solteras, inyectando en vena a las mujeres el miedo a la
maternidad fuera de sus cuadriculados preceptos, a saber, la sacrosanta familia
cristiana. Es decir, crean la enfermedad y condenan a los que caen en ella;
obteniendo, además, jugosos créditos de la indefensión que alientan. Y es que,
para algunos, la infancia desvalida es un perfecto escaparate y un suculento
Las mujeres abortan con o sin regulación legal. Con
regulación legal y asistencia médica mueren menos mujeres, sin ella mueren
muchas más, desatendidas y en la clandestinidad. Efectivamente, la vida humana
está en juego, no sólo la de los cigotos de las primeras catorce semanas de
gestación (que es la única que parece preocupar a los/as políticos/as y al clero).
En Venezuela no tenemos una Ley del Aborto,
equiparable a las de algunos países del mundo de mayor tradición democrática.
Mientras algunos y algunas políticos/as se preocupan por sus propios intereses
en general, legislar en cuanto al Aborto se adecúa a los intereses y a la
ideología de la Iglesia católica; e implica un cambio hacia atrás que inhibirá
a la mujer de su derecho de decisión y la dejará absolutamente indefensa ante
un problema tan grave de salud pública y de salud humana y social.
Actualmente el aborto en Venezuela es ilegal salvo
en casos de amenaza a la vida o salud de la mujer. La pena para una mujer que
tiene un aborto es de 6 meses a dos años de prisión y la pena por un médico u
otra persona que realiza el procedimiento es de uno a tres años. Se pueden imponer penas más duras si la mujer
embarazada muere como resultado del procedimiento. ¿Y alguien se imagina peor
tortura para una madre que tener un hijo con discapacidad y que el Estado le
niegue cualquier terapia, o centro asistencial, o recurso técnico o cualquier
ayuda específica para que su hijo pueda sobrevivir con dignidad? Así están las
cosas en este país. Los que nos gobiernan defienden los derechos de los no
nacidos, para una vez nacidos, arrebatarles todos los derechos.

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3

Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7

Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10

Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18