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LOS PLAZOS EN EL PROCESO DE DESPIDO DISCIPLINARIO - PDF
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Roberto San Martín Fidalgo
1 LOS PLAZOS EN EL PROCESO DE DESPIDO DISCIPLINARIO FRANCISCO JAVIER SAN MARTÍN RODRÍGUEZ PROLÓGO DE JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
2 1 ABREVIATURAS AA: AA. VV.: AC: AEDTSS: AJA: AL: art.: AS: ASEC: ATCo: ATS: ATSJ: Revista Actualidad Administrativa Autores varios Revista Actualidad Civil Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Actualidad Jurídica Aranzadi Actualidad Laboral artículo Repertorio de jurisprudencia Aranzadi Social Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos Auto del Tribunal Constitucional Auto del Tribunal Supremo Auto del Tribunal Superior de Justicia CC: CC. AA: CE: CEE: CGPJ: cit.: Cont.-Admtvo.: Coord./s.: CP: Código Civil Comunidades Autónomas Constitución Española Comunidad Económica Europea Consejo General del Poder Judicial citado Contencioso-Administrativo Coordinador/es Código Penal D: Decreto Dir./s: Director/es DGT: Dirección General de Trabajo DL: Revista Documentación Laboral DO: Revista Droit Ouvrier Ed.: Edición
3 2 ET: Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores FGS: Fondo de Garantía Salarial IEAL: IEP: INAP: INSS: Instituto Laboral de Administración Pública Instituto de Estudios Políticos Instituto Nacional de Administración Pública Instituto Nacional de la Seguridad Social JUR: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi LAJG: Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita LCoop: Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas LEC de 1881: Real Decreto, de 3 de febrero de 1881, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Civil LEC de 2000: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil LECr: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal LGSS: Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social LISOS: Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social LJCA: Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa LO: Ley Orgánica LOLS: Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical LOPJ: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial LOTC: Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
4 3 LPL: LPRL: LRJAP y PAC: Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común MT: MTAS: MTSS: Ministerio de Trabajo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Ministerio de Trabajo y Seguridad Social núm.: número O(M): OIT: OM: OSHT: Orden (Ministerial) Organización Internacional del Trabajo Orden Ministerial Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo pág./s.: PJ: página/s Revista Poder Judicial RATC: RD: RDLeg : RDPr.: RDPriv.: RDS: REDA: REDT: RGD: REP: Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional Real Decreto Real Decreto Legislativo Revista de Derecho Procesal Revista de Derecho Privado Revista Derecho Social Revista Española de Derecho Administrativo Revista Española de Derecho del Trabajo Revista General de Derecho Revista de Estudios Políticos
5 4 RGDPr: RGLJ: RJ: RJC: RIT: RL: RMTAS: RPS: RSP: RT RTC: RTCT: RTSS (CEF): Revista General de Derecho Procesal Revista General de Legislación y Jurisprudencia Repertorio Aranzadi del Tribunal Supremo Revista Jurídica de Cataluña Revista Internacional del Trabajo Relaciones Laborales Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Revista de Política Social Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención Revista de Trabajo Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional Repertorio Aranzadi del Tribunal Central de Trabajo Revista de Trabajo y Seguridad Social del Centro de Estudios Financieros s/a: sin año s/e sin editor s/p.: sin página ss.: siguientes SAN: Sentencia Audiencia Nacional S.A.: Sociedad Anónima S. L.: Sociedad Limitada SMAC: Servicio de Medición, Arbitraje y Conciliación STC: Sentencia del Tribunal Constitucional STCT: Sentencia del Tribunal de Trabajo STCo: Sentencia del Tribunal Constitucional STEDH: Sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos STJCEE: Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas STS: Sentencia del Tribunal Supremo STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia T.: TC: Tomo Tribunal Constitucional
6 5 TJCEE: TL: TR: TS: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Revista Temas Laborales Texto Refundido Revista Tribuna Social UE: UNED: Unión Europea Universidad Española de Educación a Distancia Vol/s.: Volumen/es
7 6 ÍNDICE I.- BREVE REFERENCIA A LA CALIFICACIÓN DEL PLAZO PARA ACCIONAR POR DESPIDO A LO LARGO DE LA HISTORIA IMPLICACIONES DERIVADAS DE CONSIDERAR DE CADUCIDAD EL PLAZO PARA IMPUGNAR EL DESPIDO REGLAS PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO: DÍAS (Y HORAS) HÁBILES Efectos del art LOPJ en el cómputo del plazo de caducidad de la acción de despido. _ La consideración específica del mes de agosto El transcurso del plazo de quince días desde la presentación de la solicitud de conciliación sin que se haya celebrado como límite máximo de suspensión de la caducidad El dies ad quem: el juego del art. 45 LPL complementado por el art LEC EL INICIO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA IMPUGNAR JUDICIALMENTE EL DESPIDO Despido comunicado por escrito Despido informal El despido verbal El despido tácito Manifestaciones del despido tácito. Supuesto general: incumplimiento empresarial de sus obligaciones fundamentales de proporcionar ocupación efectiva y abonar el salario _ Otras manifestaciones singulares de despido tácito 80 A.- Irregularidades en materia de Seguridad Social 80 B.- Cierre o abandono de la empresa 82 C.- Sucesión de empresas. Sobre el efecto Lázaro o la eventual resurrección de acciones de despido caducadas en los supuestos de extinción en fraude de lo dispuesto en el art. 44 ET. 85 a) Doctrina general 86 b) Sucesión de contratas y transmisión de empresas 87 c) El efecto Lázaro o la eventual resurrección de acciones de despido caducadas en supuestos de extinción en fraude de lo dispuesto en el art. 44 ET. 92 D.- La falta de llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos al inicio de la campaña o temporada 95 E.- Negativa clara, terminante e indubitada al reingreso del trabajador excedente 109 F.- Negativa a la reincorporación tras incapacidad temporal o, cuando existe tal obligación, tras incapacidad permanente SUPUESTOS CON ESPECIALIDAD EN EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE CADUCIDAD 124
8 SUCESIÓN DE CONTRATOS TEMPORALES GRUPOS DE EMPRESAS EL ERROR EN LA IDENTIFICACIÓN DEL EMPRESARIO SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN EN EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE CADUCIDAD CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA (O CONVENCIONAL) PREVIA La obligatoriedad de este requisito preprocesal (o intraprocesal ) Admisión provisional de la demanda de despido sin acreditación del acto de conciliación. De nuevo sobre el plazo de quince días para la subsanación Solicitud de despido nulo por vulneración de derechos fundamentales Segunda demanda y ampliación de la demanda original Procedimiento de conciliación. El efecto de suspensión de la caducidad de la acción de despido Efectos de la Admisión de la papeleta de conciliación Presentación ante órgano territorialmente incompetente Presentación ante la Oficina de Correos, otros Registros de las Administraciones y el Juzgado de Guardia Errores en el acta de conciliación Error en la denominación o identificación del empresario e indicación de domicilio erróneo de la empresa Celebración del acto de conciliación Citación Comparecencia e incomparecencia de los interesados 163 A.- Comparecencia del solicitante a través de representante 163 B.- Incomparecencia del solicitante 165 a) Incomparecencia por falta de citación o citación defectuosa 165 b) Presencia o ausencia de causa para la incomparecencia 166 C.- Incomparecencia del pretendido Impugnación de la avenencia alcanzada en conciliación RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA El fundamento o finalidad de la reclamación administrativa. Su aval constitucional como cuestión de mera legalidad Lugar, tiempo, forma y contenido de la reclamación previa Lugar de presentación Tiempo Contenido Forma La incidencia en el plazo de caducidad de las notificaciones defectuosas del despido o de la resolución de la reclamación administrativa 180
9 Sobre la subsanación, o no, de la falta de presentación de la reclamación administrativa y la apreciación, o no, de oficio de la ausencia de tal requisito preprocesal. Elementos de flexibilidad a partir de la relación entre reclamación previa y conciliación La falta de presentación de la reclamación previa como defecto subsanable Apreciación de oficio de la ausencia del requisito preprocesal La excepcional posibilidad de sustituir la reclamación administrativa por la conciliación previa Duración de la suspensión. Silencio administrativo, reclamación posterior a la demanda, resolución expresa tardía y desistimiento de la primera demanda El efecto suspensivo de la reclamación en el cómputo de plazo de caducidad Denegación por silencio administrativo Reclamación tardía respecto a la demanda Resolución expresa tardía Desistimiento de la demanda SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISO ARBITRAL SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DE ABOGADO DE OFICIO ESTIMACIÓN DE DECLINATORIA EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA COOPERATIVA PREVIA COMO CAUCE ESPECIAL PARA LA SUSPENSIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE DESPIDO LOS PLAZOS DE SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA POR DESPIDO EN EL TRÁMITE DE ADMISIÓN LA REITERACIÓN DEL DESPIDO INEFICAZ INTRODUCCIÓN LA SUBSANACIÓN DEL DESPIDO IRREGULAR DEL ARTÍCULO 55.2 ET Naturaleza y fundamento de la posibilidad conferida al empleador de reiterar el despido improcedente antes del pleito Requisitos para la aplicación del artículo 55.2 ET: reincorporación, puesta a disposición de los salarios devengados en los días intermedios y mantenimiento del alta en la Seguridad Social Reincorporación del trabajador Puesta a disposición de los salarios devengados en los días intermedios Mantenimiento del alta en la Seguridad Social El plazo para reproducir el despido antes de la sentencia La naturaleza jurídica del plazo La virtualidad operativa de los veinte días cuando antes de su transcurso ha sido presentada la demanda de impugnación del primer despido Incidencia del segundo despido sobre la prescripción de las faltas Efectos del cumplimiento o incumplimiento del plazo El tiempo muerto para la revocación del despido 258
10 LA REITERACIÓN DEL DESPIDO CON DEFICIENCIAS FORMALES TRAS LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE IMPROCEDENCIA Naturaleza y finalidad Condiciones para el ejercicio de la reiteración post sententiam del despido El aspecto temporal en el despido del art LPL La naturaleza del plazo Efectos sobre la prescripción de faltas Incidencia de la necesidad de tramitar un expediente contradictorio o cumplimentar otros requisitos procedimentales Dies a quo y dies ad quem para el cómputo, con algún apunte sobre ciertos problemas de singular trascendencia Reiteración del despido transcurrido el plazo de siete días EL SEGUNDO DESPIDO POR HECHOS DISTINTOS. EL DESPIDO AD CAUTELAM 274 BIBLIOGRAFÍA 280
11 10 PRÓLOGO En el Ábside del Evangelio de la Iglesia de San Juan del Mercado (in atrio domus Hospitalis Benavento) cabe leer: lo más fácil es, a menudo, lo más difícil; lo más común puede ser excepcional. Después de cientos de monografías y miles de artículos de los más prestigiosos autores, poco, salvo cuanto derivara de novedades normativas, debería quedar para una investigación realmente original sobre el despido disciplinario. Sin embargo, cuando hace ya casi cinco años discutía con el hoy Doctor SAN MARTÍN RODRÍGUEZ sobre su tema de Tesis, descubríamos, con sorpresa, la ausencia de un estudio exclusivamente dedicado a los plazos tanto en la modalidad procesal especial, como en vía de recurso (materia común) o ejecución, ya voluntaria, ya provisional o definitiva (sea in natura, sea por equivalente). Fruto de su profundo trabajo en este campo específico es el ensayo que hoy se ofrece al lector, centrado, por razones evidentes de extensión, únicamente en su fase declarativa. El mismo arranca de una regla de orden harto compleja: los veinte días y medio (arts. 135 LEC y 45 LPL) concedidos para demandar contra el despido deben ser considerados de naturaleza sustantiva, y no procesal, lo cual no empece que, dado el carácter atípico y sui generis del plazo en cuestión, no serán computados de fecha a fecha, sino hábiles (lo cual supone, desde 2003, excluir los sábados, pero manteniendo como tales los del mes de agosto), pudiendo, además, suspenderse (aun cuando el legislador utilice de manera incorrecta el término interrupción) por las causas previstas expresamente, sin margen alguno para recibir una separación de dos fases (la administrativa, hasta la cumplimentación de los actos preprocesales imprescindibles; y la judicial, desde su materialización), motivo por el cual debe extenderse tal pauta hermenéutica desde la misma extinción unilateral de la relación laboral acordada por el empresario. Sobre este alambicado punto de partida, no puede extrañar que en el desarrollo de la pauta principal todo sean matices. Así aparecen reflejados en la obra que tengo el honor de prologar, a partir de un apoyo selecto de doctrina científica y un concienzudo análisis de más de tres mil pronunciamientos judiciales.
12 11 El primero de ellos radica en la exigencia de que el despido tenga lugar a través de un acto receptivo en el cual figure fecha de efectos. Cuando tal requisito falla habrá lugar a un problema manifiesto, ora cuando se deba a una discordancia entre la data indicada en la carta y la cesación efectiva de servicios (si la última ha lugar con posterioridad, y cuando cupiera corroborar una conformidad expresa o tácita en la continuación de la prestación, ésta última será la determinante; si, al contrario, a resolver por la teoría de la emisión, y no de la recepción), ora por obedecer a un despido verbal (correspondiendo al trabajador la labor de acreditar el hecho mismo de la extinción --que no alcanza el grado de probatio diabólica, pero puede exigir el recurso a métodos indirectos--, y al empleador, cuando quiera hacer valer la caducidad, hacer lo propio respecto a su acaecimiento en la fecha más lejana en el tiempo), ora, en fin, en el culmen de la informalidad, a partir de cuanto ha sido calificado como un despido tácito. En su expresión más característica, dada por el incumplimiento empresarial de sus obligaciones fundamentales de proporcionar ocupación efectiva y abonar el salario, la tarea para el trabajador es ardua, en tanto habrá de discernir entre un verdadero despido y meros incumplimientos contractuales, que sólo le permitirán exigir la satisfacción de lo inobservado, pero no ejercitar aquélla acción; a la par, no podrá permanecer inactivo, bajo el riesgo de que el empleador contrargumento en un futuro con la excepción de caducidad o, incluso, con la existencia de abandono o dimisión tácita. Al lado de esta manifestación fundamental, para cuya solución el Doctor SAN MARTÍN RODRÍGUEZ propone la acumulación del art. 32 LPL, o la exigencia de que el empleador sea quien demuestre el abandono, bastando al empleado con aportar indicios del despido tácito, el autor va desgranando otras conductas variadas, consideradas en ocasiones como también constitutivas de tal, en cuanto supone el intento más acabado de sistemación que quien suscribe conoce de un fenómeno abonado, las más de las veces, a una enumeración de ejemplos sin abordar sus variados vericuetos jurídicos. El discurso fluye claro, sistemático y pragmático, para abordar tres supuestos peculiares: de un lado, la sucesión de contratos temporales, dando cuenta de la
13 12 rectificación, primero, de la tesis jurisdiccional clásica (por mor del aviso que supuso la doctrina del TSJCEE), confirmada, más tarde por el legislador, de modo que el transcurso entre contratos de un plazo superior al contemplado en el art ET no rompe la unidad intrínseca de un vínculo trabado al margen o prescindiendo de la ley). De otro, la jurisprudencia sólida destacando que la unidad de un grupo de empresas no puede disociarse a fin de individualizar los efectos del despido, y muy especialmente de la caducidad de la acción ejercitada frente a cada una de ellas, con la inadmisible conclusión de que los veinte días hábiles operen de manera distinta para una u otras, en tanto media una voluntad conjunta e inescindible, de poner fin al contrato laboral. En último lugar, la aplicación del art LPL y sus exigencias de error invencible e inexcusable, de entidad suficiente para confundir a cualquier persona diligente, sobre la identidad del verdadero empresario, que aquél no pueda serle imputado a título de dolo o culpa, en fin, que ese error in contemplatione domini se constate en el juicio, literal absolutamente definitivo en un tránsito desde una interpretación extensiva a otra que pondera con mayor acierto las distintas fases en la impugnación del despido y las diferentes vías solutorias que abren alternativas a cuanto previene el precepto mentado. Al destacar la peculiaridad derivada de un plazo de caducidad que admite la suspensión por las causas tasadas en la Ley, menester resultaba revisitarlos a conciencia en su dimensión temporal, pero también en su proyección sustantiva aneja. Lúcida perspectiva que pone en evidencia las cuestiones trascendentales atinentes a conciliación y reclamación administrativas previas, la rara eventualidad de suscripción de un compromiso arbitral en este ámbito, la solicitud de designación de Abogado de oficio (calificada por quien más ha aportado al Derecho del Trabajo como verdadera deriva introducida con calzador en este contexto ), la estimación de la excepción declinatoria y --en supuesto específico y no general-- la necesidad de agotar la vía cooperativa previa. Mención específica debe merecer cuanto con toda justicia ha sido considerada como la mayor contradicción conceptual derivada de reconocer que el despido pone fin a la relación laboral y continuar, acto seguido, admitiendo una segunda decisión extintiva sobre un vínculo roto. Sin embargo, legislador y jurisprudencia se encargan de demostrar cómo en Derecho casi todo es factible (que no admisible), mostrando dos supuestos claros, y ya casi tradicionales, relacionados con la reiteración del despido
14 13 ineficaz por razones formales (incluso cabría un tercero, a partir de la posibilidad de admitir un nuevo despido por causas distintas a las imputadas en el primero, cuya efectividad viene condicionada al fracaso de aquél), con el resultado, claramente asimétrico, dado por la repetición del acto extintivo sin necesidad de esperar al juicio de su impugnación (art. 55 ET) y la reproducción ex post del declarado improcedente; en medio queda el tiempo muerto entre la presentación (antes) y los veinte días concedidos (como tope, al parecer, ahora), inhábil para reparar las carencias formales, al resultar inevitable la indefensión del trabajador en otro caso. Panorama ciertamente sugerente (que cierra el pertinente acercamiento al trámite de subsanación de errores del art. 81 LPL), donde la reflexión jurídica viene acompañada de la amplia experiencia profesional de quien por algo ostenta el cargo de Presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Graduados Sociales de España, que proporcionará a cuantos se acerquen a estas páginas pautas sólidamente cimentadas en pronunciamientos judiciales y análisis teóricos, merecedoras de la máxima calificación académica de sobresaliente cum laude por el Tribunal de Tesis conformado por los Doctores. BARREIRO GONZÁLEZ, MARTÍNEZ GIRÓN, GOÑI SEIN, ARUFE VARELA Y TASCÓN LÓPEZ. Baste remitir a su prestigioso aval para invitar a la lectura del libro (y agradecer, como director, las lecciones prácticas recibidas), pues, según aparece en la Portada sur de la Colegiata de Santa María la Mayor (que fundatur in Tauro), cuando creas que lo sabes todo, mira y piensa. En Santovenia del Esla a 3 enero de 2010 JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León
15 14 I.- BREVE REFERENCIA A LA CALIFICACIÓN DEL PLAZO PARA ACCIONAR POR DESPIDO A LO LARGO DE LA HISTORIA Si bien varias generaciones de juristas se han formado asociando automáticamente los conceptos de acción de despido y plazo de caducidad, tal binomio dista de ser una constante a lo largo del tiempo; antes bien, y como ponen de relieve --con los matices oportunos-- cuantos se han acercado al estudio de la evolución histórica de plazo para ejercitar la pretensión por despido, en un primer momento éste, como el resto de los previstos para cualquier acción nacida del contrato de trabajo, era considerado de prescripción 1. Fue necesario esperar al RD de 30 julio de 1928 para que, al hilo de reconocerse la indemnización por despido injustificado, el ministro-legislador quisiera atemperar lo avanzado de la reforma y la reacción que había de producir, limitando los casos de aplicación 2. A tal fin, mientras el plazo de prescripción quedaba situado --entonces-- en tres años, cuando un obrero sea despedido antes del plazo del contrato por alegar el patrono alguna de las causas que justifican el despido o sin indicar motivo alguno, el obrero podrá acudir al Comité paritario en un plazo de cuarenta y ocho horas, si reside en la misma población, ampliable por otras cuarenta y ocho horas si reside fuera, reclamando contra el despido. Previsión que, nadie dudó, aludía a un sumario y particularismo término de prescripción. Igual idea persistirá durante más de dos décadas, aun cuando el margen para la reacción procesal fuera alargado, sucesivamente, en dos normas. Por una parte, el art. 47 en la Ley de Jurados Mixtos del Trabajo Industrial y Rural de 27 de septiembre de 1931 contempló que cabía impugnar en un plazo máximo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se hubiera producido el despido, ampliado en dos días más, asimismo hábiles, si el trabajador residiera fuera de la localidad donde tuviese su sede el Jurado. Por otra, el Decreto de 29 de agosto de 1935, destinado a aprobar el 1 Sobre los fundamentos para tal calificación, por todos, GARCÍA OVIEDO, C.: Tratado elemental del Derecho Social, Madrid (Librería General de Victoriano Suárez), 1934, págs. 256 y GALLART FOLCH, J.: Derecho español del Trabajo, Barcelona (Labor) 1936, pág. 88.
16 15 Texto Refundido de la legislación sobre Jurados Mixtos, procedió (en su art. 55) a una nueva extensión del término, pasando a ser de diez o quince en función del domicilio del empleado. Sin que el legislador expresara en ningún caso la naturaleza de tal plazo, seguía entendiéndose que, al igual de los previstos para cualquier otra acción derivada del contrato de trabajo, era de prescripción. Y así continuó hasta que el Tribunal Supremo 3, interpretando el art. 47 de la Ley de 27 de noviembre de 1931, y en cuanto cabe calificar de hito fundamental 4, modifica su doctrina, estableciendo que no es de prescripción, sino de caducidad o decadencia del derecho ( ), que tiene carácter propio y se distingue sustancialmente de la primera porque esta forma extintiva nace exclusivamente de la voluntad del legislador que, sin atender a la del sujeto del derecho, condiciona subjetivamente la existencia de éste por la idea de tiempo de ejercicio. Un cambio tan significativo no podía dejar indiferente a los laboristas, y menos cuando venía acompañado de un voto particular de considerable enjundia que discutía sus premisas fundamentales de partida 5 ; sin embargo, sirve para que el legislador reaccione, y en el art. 82 del Texto Refundido de la Ley de Contrato de Trabajo de 26 de enero de 1994 recoja cuanto era nueva doctrina judicial, indicando a tal efecto cómo la acción por despido injustificado caducará a los quince días siguientes de aquél en que se hubiera producido, prorrogables por otros tres días si el lugar del trabajo fuera distinto de la localidad en que la Magistratura de Trabajo resida. Lejos, por tanto, de limitarse a regular la duración del plazo para ejercitar la pretensión, la primera norma sustantiva que incorpora una previsión expresa al efecto lo califica expresamente de caducidad, aun cuando en su afán olvida recordar que los días concedidos eran hábiles; carencia 3 STS 7 enero 1944 (RJ 22). 4 Así considerado, con perspectivas no obstante diferentes, por SUÁREZ GONZÁLEZ, F.: La prescripción y caducidad en el contrato de trabajo, RPS, núm. 85, 1970, págs. 73 a Ideas que desarrolla quien lo emitió, asentadas en que vulnera constante jurisprudencia sin haber sido modificada la norma, como reacción que debería haberse producido de haber querido modificar un criterio constante y conocido, regulando expresamente un aspecto tan difícil de determinar como cuándo comienza el dies a quo en su cómputo; no existía en el ordenamiento español una base sólida para aplicar la caducidad a la pretensión por despido; y, tercero --y más curioso--, por cuanto la caducidad constituiría un obstáculo para la amplia cordialidad social, pues, al no admitir interrupciones, induce a reclamar en todo caso, con la consabida acritud que supone toda intervención judicial entre empresarios y obreros. El discurso completo en MARTÍNEZ SÁNCHEZ-ARJONA, J.: Acción por despido. Caducidad o prescripción para ejercitarla? Interpretación del artículo 47 de la Ley de 27 de noviembre Sentencia de 7 enero de 1941, Revista de Derecho Privado, 1941, págs
17 16 que, sin embargo, no impide seguir, en este caso sí, la constante histórica de así continuar manteniéndolo 6, y se rectifique adecuadamente en el primer Texto de Procedimiento laboral de 4 de julio de 1958, cuyo art. 94 reconoce expresamente su carácter procesal y la necesidad de proceder a su cómputo considerándolo como tal. Tras estos avatares 7, pocas novedades cabe apuntar, persistiendo en idénticos términos en los textos procesales de 17 de enero de 1963, 21 abril 1966 y 17 agosto 1973; también en el art. 35 RD Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo. El último dato a destacar viene dado por el art de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, que reguló cuanto desde entonces se conoce como Estatuto de los Trabajadores, aumentando de quince a veinte días el plazo para impugnar las decisiones extintivas del empresario, sostenido en las sucesivas reformas del mismo, así como en las subsiguientes normas de ritos hasta llegar al art del vigente Texto Refundido de la Ley Procedimiento Laboral. Sucinto análisis, el expuesto, que sirve para alcanzar una doble certeza: el plazo para impugnar ha variado, y de forma considerable, a lo largo del tiempo; pero, sobre todo, ha cambiado su naturaleza jurídica, pasando de ser uno de prescripción a otro de caducidad. II.- IMPLICACIONES DERIVADAS DE CONSIDERAR DE CADUCIDAD EL PLAZO PARA IMPUGNAR EL DESPIDO La caducidad actúa como un límite temporal interno del derecho subjetivo 8 y, por tanto, afecta a su propia subsistencia, y no sólo a la posibilidad de actuarlo 9. 6 Recordándolo, la STS 10 mayo 1950 (J 1032). Sobre tan importante cambio cabe remitir, entre más, al brillante ensayo de PÉREZ SERRANO, J.: Caducidad o prescripción en la acción por despido, RT, núm. 1, 1945, págs. 6 y 7. 7 Descritos con pulcritud sintética en GIL Y GIL, J. L.: La caducidad de la acción de despido, en AA.VV.: Estudios sobre el despido disciplinario, 2ª ed., Madrid (ACARL), 1992, págs. 711 y 712 o, con gran amplitud, en BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: La caducidad en el Derecho Laboral, Elcano (Aranzadi), 1997, págs ; más reciente, ALEGRE NUENO, M.: La impugnación del despido, Valencia (Tirant lo Blanch), 2007 págs OJEDA AVILÉS, A.: La asimilación por el ordenamiento laboral de la caducidad de derechos, RPS, núm. 95, 1972, pág STS 22 octubre 1990 (RJ 7706).
18 17 Bajo tales premisas, tantas veces repetidas, constituye un instituto calificado como de orden público 10, con un doble resultado elemental: de un lado, resulta indisponible tanto para la autonomía individual 11 como para la colectiva 12, y sólo el legislador puede hacerlo, en tanto afecta a una parcela donde el ordenamiento jurídico deja aflorar un interés social de carácter primordial 13 ; de otro, y con fundamento en el necesario sometimiento de los poderes públicos a la Constitución, que garantiza la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), habrá de ser apreciada de oficio por los órganos jurisdiccionales, al haberse sobrepasado el tiempo que constriñe la vida de determinados derechos para los cuales se ha establecido expresamente un plazo a fin de que puedan ser ejercitados eficazmente, transcurrido el cual sin haberlo hecho valer dejan de existir. Así habrá de ocurrir tanto en instancia como en vía de recurso; eso sí, siempre y cuando lo hayan puesto de manifiesto a las partes, a fin de que éstas tengan la oportunidad de alegar y probar todo cuando a su derecho convenga, evitando así cualquier rastro de indefensión 14. A partir de este rasgo será muy difícil llegar a una afirmación tan contundente como aquélla que aseveraba que la caducidad no es, como la prescripción, una excepción 15, por cuanto en un porcentaje abrumador de las ocasiones se presentará y actuará como tal 16 ; pero sirve, sin embargo, para trazar elementos de diferenciación 10 A diferencia de cuando ocurre en el ordenamiento civil, donde puede ser consecuencia de la voluntad de las partes; por todos, PUIG BRUTAU, J.: Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, Barcelona (Bosch), 1988, pág Según hicieran ver las veteranas SSTCT 21 enero y 7 junio 1988 (RTCT 926 y 4379) o STSJ Aragón 8 febrero 1995 (AS 471). 12 STCo 201/1992, de 19 noviembre, cuando, asentado tal carácter, afirma rotundamente cómo no puede caber resquicio alguno a la intervención del poder normativo que ostentan los representantes de los trabajadores. 13 Sobre los argumentos que muestra BLASCO PELLICER, A.: El régimen procesal del despido, Valencia (Tirant lo Blanch), 2000, pág En un panorama pacífico en la doctrina científica y jurisprudencial [baste remitir, por su contundencia, a la STCo 211/1999, de 29 noviembre o a las SSTS 20 febrero 1991 (RJ 1274) y 21 julio 1997 (RJ 5872)], la opinión en contrario de BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: La caducidad en el Derecho Laboral, cit., pág STS 21 diciembre 1984 (RJ 6477). 16 Incluso no falta quien afirma tajantemente que es siempre una excepción a invocar por quien tiene interés, no debiendo ser apreciada de oficio por el juzgador público, ALEGRE NUENO, M.: La
19 18 entre ambas instituciones, cuyo núcleo fundamental (ontológica y funcionalmente inexistente, dependiendo solo de la decisión del legislador 17 ), viene siendo puesto de relieve por los Tribunales (siempre con el déficit de una sólida y asentada regulación sobre el significado, cómputo y efecto de la prescripción, tanto adquisitiva como extintiva --esta última en el art CC--). Así ha sido reiteradamente señalado por el Tribunal Supremo al declarar que la prescripción descansa en la necesidad de poner término a la incertidumbre de los derechos y en la presunción de abandono por parte del titular, al paso que la caducidad se funda exclusivamente en la necesidad de dar seguridad al tráfico jurídico y opera por el transcurso del tiempo, siendo la prescripción estimable sólo a instancia de parte y la caducidad también de oficio por el Tribunal, susceptible la prescripción de interrupción por actos del que por ella puede resultar perjudicado, al paso que la caducidad no admite en ningún caso la interrupción del tiempo cuyo simple transcurso la origina 18. Quedan, con tales cimientos, asentados los pilares que permiten elevar la separación de los institutos, sintetizados por quien ha dedicado muchas horas a tal tarea en tres fundamentales: a) la caducidad no admite supuestos de interrupción --frente a la prescripción, que puede soportar un número ilimitado de ellos--, aun cuando puede suspenderse de permitirlo expresamente la ley; b) es irrenunciable una vez sobrevenida; y c) puede ser apreciada de oficio 19. impugnación del despido, cit., pág. 173; ampliamente, en este sentido, BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: La caducidad en el Derecho Laboral, cit., págs. 295 y ss. 17 GIL Y GIL, J. L.: La caducidad de la acción de despido, cit., págs. 712 y El discurso, de hondas raíces, prosigue significando cómo, así mismo tiene reiteradamente declarado el Más Alto Tribunal que en la prescripción extintiva, a diferencia de lo que ocurre en la caducidad de derechos, acciones o exigencias, el factor tiempo señalado por la Ley puede ser detenido en su marcha, tendente a la extinción de relaciones jurídicas, si median determinados actos obstativos al designio prescriptivo, que no siempre producen los mismos efectos, pues unas veces suspenden el curso del plazo liberatorio --praescriptio dormit-- sin anular el transcurrido anteriormente, el cual será unido, en el cómputo del plazo prescriptivo al que transcurra después de cesar la causa de suspensión, y otras veces no sólo paralizan el curso del plazo mientras dicha causa actúa, sino que interrumpen en sentido jurídico o invalidan el tiempo pasado anterior, comenzando a correr de nuevo la prescripción al cesar el acto obstativo, como si hasta ese momento no hubiera existido la inactividad, silencio o no ejercicio del derecho que por razones de interés social, no avenido con una prolongada incertidumbre jurídica, constituye el fundamento de la prescripción ; recordando el tenor de las SSTS, Civil, 25 septiembre y 22 diciembre 1950, recogido luego --entre muchas-- en STS 30 marzo 1983 (RJ 1653), para así mostrar su actualidad, SSTSJ Navarra 29 febrero 2000 (AS 275) y 20 enero 2006 (AS 1083). 19 GIL Y GIL, J. L.: La prescripción y caducidad en el contrato de trabajo, Granada (Comares), 2000, pág. 20.
20 19 A ellos procedería añadir cuanto ha quedado expuesto sobre la dualidad entre incertidumbre de los derechos y seguridad del tráfico jurídico 20 --por momentos muy difusa 21 --, que en este segundo lugar exige la pronta estabilidad y certidumbre de situaciones jurídicas pendientes de modificación, imponiendo para ello la decadencia de determinados derechos o facultades por el mero transcurso del tiempo 22. Es indudable que, bajo tal punto de vista (que proviene de una tendencia histórica ya reseñada), la caducidad de la acción de despido ha sido establecida a favor del empresario (sin ignorar el interés del empleado en el caso en concreto 23 ; ni tampoco el de terceros, y no sólo por razón de su incidencia en materia de Seguridad Social y protección de la pérdida de empleo 24 ), ordenada a salvarlo de la incertidumbre derivada de permanecer expuesto, durante un largo período, a una eventual demanda contra su decisión extintiva de la relación laboral, con el consabido riesgo de tener que readmitir al despedido o abonar una importante indemnización 25. Por consiguiente, será él quien habrá de demostrarla (y para muchos también alegarla, como verdadera excepción, al contestar la demanda --art LPL--, aun cuando esta tesis se enfrente a doctrina consolidada 26 ) en juicio; criterio de distribución 20 Si no hay automaticidad en la eliminación de posiciones jurídicas inocuas, si la purificación del entramado jurídico se deja a la voluntad de los particulares, no cabe hablar de defensa de la seguridad jurídica, OJEDA AVILÉS, A.: La asimilación por el ordenamiento laboral de la caducidad de derechos, cit., pág Según muestra, acudiendo al ejemplo --puntual-- de los despidos en los cuales el demandado es una Administración Pública que ha indicado erróneamente el plazo para impugnar, GODINO REYES, M.: Caducidad del despido, en AA.VV. (GIL Y GIL, J. L. y DEL VALLE VILLAR, J. M., Coords.): El despido disciplinario (Homenaje al Profesor Juan Antonio Sagardoy Bengoechea), Madrid (Cinca), 2009, págs. 312 y El literal, luego tantas veces repetido, en SSTS 21 abril 1986 (RJ 2213), 22 enero 1987 (RJ 109) o 9 febrero y 24 mayo 1988 (RJ 598 y 4287). 23 Que de manera bastante simple quedó situada sólo en que así el despedido puede buscar nuevo empleo [STS 9 abril 1990 (RJ 2438)], ignorando otras pretensiones, como las derivadas de volver a ocupar su puesto u obtener la indemnización debida. 24 Paradigmática, aun cuando ignora otros intereses en presencia, bastando con mentar, por ejemplo, el del FGS o el de otros acreedores del empresario, FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.: Expediente judicial de regulación de empleo en empresas en situación de concurso (y II), en AA.VV (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J., Dir.): Expedientes de regulación de empleo, Cizur Menor (Civitas/Thomson), 2009, pág Una acertada exposición en RODRÍGUEZ SANTOS, B. y CEBRIÁN BADÍA, F. J.: Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, T. IV, Valladolid (Lex Nova), 1991, pág Firme, una vez más, en este postulado, BEJARANO HERNÁNDEZ, A.: Excepciones procesales y subsanación de defectos, RL, núm. 9, 1995, pág. 17; de lo cual se subsigue que cabe perfectamente la

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 ARTÍCULO 55
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 artículo 47