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Timestamp: 2018-12-19 10:10:05+00:00

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﻿ AUTO 23701 DE JUNIO 22 DE 2005
AUTO 23701 DE 22 DE JUNIO DE 2005
CONTENIDO:CASACIÓN PENAL. FASES QUE INTEGRAN SU TRÁMITE.
TEMAS ESPECÍFICOS:APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, APLICACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, EFECTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:405 DE SEPTIEMBRE DE 2005, PG.1243
Sentencia 23701 de junio 22 de 2005
Aprobado acta 51
Bogotá, D.C., veintidós de junio de dos mil cinco.
Se pronuncia la Corte sobre el recurso de queja propuesto por el defensor de Rodrigo José Morales Reyes y el procesado Jacobo Enrique Bermúdez Fula contra la decisión mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta no concedió el de casación interpuesto por los mismos sujetos procesales contra la sentencia de 13 de diciembre de 2004.
1. El 14 de marzo de 2003, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Santa Marta falló varias causas acumuladas seguidas contra Edgardo Plutarco Vives Campo, Emma Nigrinis Torres, Hipólito Guerra Toncel, Pascual Forero Bustamante, Luis Ignacio Diazgranados Villarreal, María Delfina Guerrero de Aarón, Arnulfo Mercado De La Hoz, Carlos Bermúdez Lozano, William Zawady Leal, Gala Esther González Varela, Jacobo Bermúdez Fula, Rodrigo Morales Reyes y Mario Estrada Salas, por delitos contra la administración y la fe pública.
En el ordinal décimo noveno de la parte resolutiva de dicho fallo, el juzgado condenó a los procesados Jacobo Enrique Bermúdez Fula y Rodrigo José Morales Reyes a la pena principal de 7 años y 6 meses de prisión, la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, y multa equivalente al valor de lo apropiado ($ 260.429.197) “como determinadores intervinientes de los delitos de peculado por apropiación agravado por la cuantía, cometidos en concurso de hecho punibles”.
2. Apelado este fallo por varios de los procesados y sus defensores, el Tribunal Superior de Santa Marta, mediante el suyo de 13 de diciembre de 2004, confirmó varias de las decisiones tomadas por el juez, modificó otras, y en relación con la contenida en el ordinal décimo noveno (condena de Jacobo Enrique Bermúdez Fula y Rodrigo José Morales Reyes), la revocó, para decretar en su lugar la nulidad del juzgamiento, a partir de la audiencia pública, por errónea calificación de la conducta.
3. Contra el fallo en cuestión interpusieron recurso de casación los defensores de Edgardo Plutarco Vives Campo, Luis Ignacio Diazgranados Villarreal y Rodrigo José Morales Reyes, y el procesado Jacobo Enrique Bermúdez Fula. El tribunal, por auto de 10 de febrero de 2005, ordenó correr traslado para la presentación de las demandas, decisión que luego revocó en relación con Rodrigo José Morales Reyes y Jacobo Enrique Bermúdez Fula, por considerar que respecto de ellos no procedía el recurso, dado que habían sido cobijados por la nulidad.
4. El defensor de Rodrigo José Morales Reyes y el procesado Jacobo Enrique Bermúdez Fula interpusieron recurso de reposición y en subsidio el de queja contra dicha decisión, petición que fundamentaron argumentando que el tribunal no podía revocar directamente la concesión del recurso en la forma como lo hizo, y que además la competente para decidir sobre su admisibilidad era la Corte. El tribunal, por auto de 29 de abril de 2005 rechazó el recurso de reposición por improcedente, y ordenó expedir copias para el trámite del de queja.
Fundamentos de la impugnación.
El recurso solo fue sustentado por el procesado Jacobo Enrique Bermúdez Fula. Sostiene que los argumentos que el tribunal expuso para negar el recurso de casación, en el sentido de que la decisión de 13 de diciembre de 2004 no es una sentencia, son equivocadas, porque, hasta donde tiene entendido, en derecho procesal una sentencia se afecta, revoca, o varía mediante otra sentencia, y la providencia recurrida en casación es una sentencia de segunda instancia. Pide a la Corte, por tanto, revocar el auto que negó la admisión del recurso, y en su lugar dar paso al trámite respectivo.
Dos aspectos se impone precisar en este caso, en el camino a establecer la procedencia del recurso de queja: (1) es si el tribunal tenía competencia para pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por los procesados Jacobo Enrique Bermúdez Fula y Rodrigo José Morales Reyes, o si carecía de ella como lo sostiene el primero en los escritos de impugnación; y (2) si la decisión recurrida es susceptible de ser impugnada por vía extraordinaria. Separadamente serán estudiados los dos aspectos:
1. Competencia del tribunal en el trámite casacional.
Con ocasión de la declaración parcial de inexequibilidad de los artículos 6º de la Ley 553 de 2000, y 210 de la Ley 600 de 2000 (Sent C-252/2001), que regulaban lo atinente a la oportunidad para la interposición de la casación en materia penal, la Corte acogió la tesis de la reviviscencia de los contenidos normativos derogados, siguiendo al efecto la doctrina constitucional dominante, con el fin de prevenir los vacíos que pudieran presentarse, y garantizar el acceso al recurso (Cfr. queja 18631, octubre 22 de 2001, Magistrado Ponente Dr. Carlos Augusto Galvez Argote; y Casación Discrecional 18582, octubre 22 de 2001, Magistrado Ponente Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).
Las conclusiones a las que se llegó en aplicación de esta tesis, fueron básicamente las siguientes: (1) Que revivían los artículos 223 y 224 del Decreto 2700 de 1991, que regulaban la manera de interponer y conceder la casación como recurso extraordinario; y (2) que revivían también los artículos 207 a 210 ejusdem, que reglamentaban el recurso de hecho (queja) como mecanismo para acceder a la casación cuando el tribunal de apelación negaba su concesión (Cfr. decisiones citadas y queja 18862, marzo 6 de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jorge Córdoba Poveda).
De la interrelación de estas normas con los preceptos que lograron superar el examen de constitucionalidad, principalmente con el inciso último del artículo 210 de la Ley 600 de 2000, que establece que “si la demanda se presenta extemporáneamente, el tribunal así lo declarará mediante auto que admite el recurso de reposición”, la Corte concluyó que el examen sobre la procedencia del recurso era de competencia exclusiva de la Corte, y que el tribunal solo podía negar su concesión por razones relacionadas con su interposición extemporánea. En todos los demás casos, debía concederlo.
Precisó igualmente que la decisión del tribunal que niega el trámite casacional por extemporaneidad de la impugnación solo admite el recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 210 de la Ley 600 de 2000, y que el de queja tiene cabida cuando el tribunal decide negarlo por razones distintas a las de su competencia, es decir, por motivos diferentes de su interposición extemporánea, como cuando aduce para negar su concesión el quantum punitivo (summa poenae), la cuantía del interés para recurrir (summa gravaminis), la capacidad para actuar en el proceso (legitimatio ad processun), la naturaleza de la providencia impugnada o su origen, entre otros.
Este criterio, ha sido y sigue siendo el que rige el procedimiento aplicable en el trámite casacional (consultar adicionalmente recursos de queja 21010, de julio 3 de 2003, Magistrado Ponente Dr. Édgar Lombana Trujillo, y 23087 de 19 de enero de 2005, Magistrado Ponente Dra. Marina Pulido de Barón, entre otros). Sin embargo, la Sala estima oportuno retomar el punto, con el fin de replantearlo, pues considera que el procedimiento que viene siendo aplicado no responde a la estructura lógica del proceso casacional, ni consulta el contenido de las normas en las cuales se sustenta, fundamentalmente los artículos 223 y 224 del Decreto 2700 de 1991, y 210 de la Ley 600 de 2000.
El proceso casacional, como cualquier proceso, se divide en etapas, fases o compartimentos, que se rigen por el principio de preclusión, de acuerdo con el cual, los estadios de que se compone la actuación se agotan progresivamente, convirtiéndose cada una de ellas en condición necesaria de la siguiente, y en estanco que impide el retorno a fases ya superadas. Se busca con ello no solo dar orden al proceso, sino ir concretando progresivamente su objeto, y dar certeza a las partes sobre los momentos en los cuales deben hacer uso de sus derechos.
En el sistema procesal que regía antes de la entrada en vigencia de la Ley 553 de 2000, el trámite casacional se integraba de cuatro fases claramente diferenciadas: (1) la de interposición y concesión del recurso, (2) la de sustentación, (3) la de calificación de la demanda, y (4) la decisión (D. 2700/91, arts. 223, 224, 226 y 229). Las dos primeras se cumplían en el tribunal de apelación, y las últimas en la Corte, siendo cada una de ellas presupuesto necesario de la siguiente, pues la lógica del proceso casacional enseña que primero debe interponerse el recurso, luego concederse, después sustentarse, posteriormente calificarse la demanda, y finalmente decidirse.
La primera etapa se compone de dos subfases, la de interposición del recurso y la de concesión. La interposición es el acto mediante el cual el sujeto procesal expresa al tribunal su decisión de llevar el caso a casación. Puede hacerse en el acto de la notificación, o por escrito dentro de los 15 días siguientes a la última notificación de la sentencia (art. 223 ejusdem). La concesión, es el acto por el cual el tribunal decide si otorga el recurso interpuesto o lo niega, lo cual implica examinar los presupuestos de procedibilidad de la impugnación, o lo que es igual, las condiciones de admisibilidad del recurso.
No se trata de un acto formal, de simple mecánica procesal, como ha venido siendo entendido después de la declaratoria de inexequibilidad de los dos primeros incisos del artículo 210 de la Ley 600 de 2000, sino de una decisión de contenido material, que implica examinar si se cumplen o no los presupuestos que la ley impone para declarar en trámite la impugnación. Esta noción es unánime a nivel de doctrina, y además la que impone la teoría de la casación, pues de no ser así se incurriría en el contrasentido de tener que correr traslado para la presentación de una demanda que de antemano se sabe improcedente, con pérdida de tiempo para los sujetos procesales, desgaste innecesario para la administración de justicia, y dilación perniciosa del procedimiento.
Reputados casacionistas nacionales, como Fabio Calderón Botero y Humberto Murcia Ballén, coinciden en esta conceptualización. El primero sostiene que la determinación referida a la concesión o negación del recurso, implica estudiar si fue incoado en la oportunidad debida, si fue formulado por quien tenía derecho a hacerlo, y si la sentencia impugnada está sujeta a casación. El segundo afirma que el tribunal solo puede optar por la concesión del recurso cuando ha sido interpuesto en tiempo, contra sentencia susceptible de ser atacada por esta vía, y por quien está legitimado para hacerlo, debiendo negarlo en caso contrario.
El temor de que el derecho de los sujetos procesales a acceder al recurso pueda verse comprometido por la decisión que pueda tomar el tribunal en el remate de esta primera fase del trámite casacional, se disipa por previsión de la misma ley, que históricamente ha consagrado la posibilidad de que contra la decisión que niega la casación pueda interponerse el recurso de hecho (o de queja), para que sea el juez de casación el que decida en últimas sobre su procedencia, cualquiera sea el motivo, incluido el relativo a su interposición extemporánea, que no debe confundirse con la extemporaneidad de la demanda, que corresponde, como se verá más adelante, a una fase superior, en donde no es admitida la impugnación de hecho.
La segunda fase se integra también de dos momentos. El de presentación de la demanda (sustentación del recurso propiamente dicho), y el de aportación de los alegatos de los sujetos procesales no recurrentes. La presentación de la demanda es necesaria para poder acceder a la tercera fase, mas no así la aportación de alegatos apreciatorios. Si el impugnante presenta demanda en tiempo, el tribunal debe remitir el proceso a la Corte para el cumplimiento de la tercera fase. Si el recurso no es sustentado, o lo es fuera de tiempo, debe declararlo desierto mediante decisión que solo admite recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 224 inciso último del Decreto 2700 de 1991, y 210 último inciso de la Ley 600 de 2000.
No puede confundirse el acto de declaración de extemporaneidad de la interposición del recurso, que es propia de la primera fase, y contra el cual procede el recurso de queja, con el de declaración de extemporaneidad de la demanda, que pertenece a la segunda fase, y solo admite recurso de reposición. Ambas decisiones competen al tribunal, pero pertenecen a momentos procesales diferentes, y están referidos a objetos distintos. Esta aclaración resulta importante, porque fue con ocasión de la simbiosis de estos dos conceptos que la Sala terminó postulando la tesis que hoy se replantea.
La tercera fase comprende también dos momentos. La calificación de la demanda por parte de la Corte, y el traslado al representante del Ministerio Público para concepto. La calificación de la demanda supone doble análisis, (1) la verificación del cumplimiento de las exigencias requeridas para la procedencia del recurso (presupuestos de admisibilidad), y la calificación propiamente dicha, o acto por el cual se establece si la demanda cumple los presupuestos mínimos de forma y contenido que permitan su estudio de fondo, según las exigencias de la ley, y los requerimientos de la técnica casacional.
En la práctica, el primer examen abarca la revisión de los presupuestos requeridos para la admisibilidad del recurso, que se supone fueron analizados por el tribunal en el momento de decidir sobre su concesión, y la verificación de aquellos que solo pueden ser establecidos frente al contenido de la demanda, como el interés para recurrir en razón del tema planteado (unidad temática entre los aspectos de la apelación y la casación), o el interés para hacerlo en razón de la pretensión (si lo buscado es la nulidad, la variación del sentido del fallo, o la reparación de perjuicios, según se trate o no de sentencia anticipada, o del sujeto procesal que recurre), pues dependiendo de lo que se esté alegando podrá o no existir interés para recurrir.
Si la Corte encuentra reunidos los requisitos de admisibilidad del recurso, y la demanda en forma, la admite y ordena correr traslado al representante del Ministerio Público para que emita concepto, cumplido lo cual entra a decidir el recurso. Si no encuentra cumplidos los requisitos de admisibilidad, lo declarará improcedente, y se abstendrá de calificar la demanda. Si los presupuestos de admisibilidad concurren, pero la demanda no reúne las exigencias mínimas requeridas para que pueda adelantarse un estudio de fondo, la inadmitirá, sin perjuicio de que oficiosamente pueda habilitar el trámite casacional si advierte violación de derechos fundamentales.
Con la entrada en vigencia de la Ley 553 de 2000, la estructura del proceso casacional sufrió sustanciales modificaciones en su primera parte, pues se eliminó la fase de la interposición del recurso, para reducir el trámite casacional a tres fases, (1) la de presentación de la demanda, (2) la de calificación de la demanda, y (3) la de decisión. La primera se cumplía ante el tribunal, y las dos últimas en la Corte. Al desaparecer la fase de la interposición, desaparecía por sustracción de materia el acto de concesión, y consecuencialmente el recurso de queja previsto como mecanismo supletorio para intentar el acceso a la casación cuando era negada por el ad quem, siendo estas las razones por las cuales las leyes 553 y 600 de 2000 omiten hacer alusión a dichos institutos.
La primera fase comprendía la presentación de la demanda y el traslado a los sujetos procesales no recurrentes. Una vez agotada, el expediente debía ser remitido a la Corte para el cumplimiento de la segunda fase, que abarcaba el examen de los requisitos de admisibilidad del recurso y la calificación formal de la demanda, ambas por parte de la Corte. Bajo este régimen, el tribunal carecía de competencia para pronunciarse sobre la procedencia de la impugnación, facultad que quedaba privativamente asignada a la Corte.
La única decisión que el tribunal podía tomar en el curso del trámite casacional tenía que ver con la declaración de extemporaneidad de la demanda, cuando era presentada en destiempo, decisión contra la cual procedía el recurso de reposición exclusivamente, según lo preceptuado en los artículos 6º de la Ley 553 de 2000 y 210 de la Ley 600 de 2000, cuyos incisos finales, textualmente idénticos, son del siguiente tenor: “Si la demanda se presenta extemporáneamente, el tribunal así lo declarará mediante auto que admite el recurso de reposición”.
Si la Corte encontraba reunidos los requisitos de procedencia del recurso y la demanda satisfacía los requerimientos formales y técnicos exigidos para su estudio de fondo, la admitía y ordenaba correr traslado al procurador para concepto. En caso contrario, declaraba improcedente el recurso, o inadmitía la demanda, según se tratara del incumplimiento de los presupuestos de procedencia del recurso, o de admisibilidad formal del libelo. La segunda fase concluía con la obtención del concepto del procurador, y se iniciaba la tercera, en la cual la Corte entraba a decidir el recurso.
La declaratoria de inexequihilidad de las normas de la leyes 553 y 600 de 2000 que regulaban el nuevo procedimiento casacional, llevó a la Corte, como ya se dejó visto atrás, a proclamar la tesis de la reviviscencia o restauración ipso iure de los contenidos de las normas derogadas, concretamente de los artículos 223 y 224 del Decreto 2700 de 1991, que regulaban el procedimiento anterior, donde se preveían como fases del procedimiento casacional, (1) la interposición y concesión del recurso, (2) la sustentación, (3) la calificación de la demanda y (4) la decisión, y donde el acto de concesión del recurso, entendido en su comprensión dogmática casacional, es decir como decisión en la que se estudian los requisitos de procedencia de la impugnación, se erigía en presupuesto necesario para poder acceder a la fase de la sustentación.
Siendo ello así, la conclusión a la que se llega, y que hoy acoge la Sala, es que el acto de concesión del recurso no es una decisión carente de contenido (en blanco), como ha venido siendo entendido, sino un acto dotado de sustancialidad, en el que el tribunal debe analizar los distintos presupuestos requeridos para la procedencia del recurso, con el fin de determinar si debe o no concederlo, excepción hecha de aquellos que solo pueden ser determinados frente al contenido de la demanda, como sería el caso del relacionado con la unidad temática, o del interés para recurrir en razón de la pretensión, o en razón de sujeto procesal que impugna. En estos supuestos, la llamada a pronunciarse sobre el cumplimiento del requisito de procedencia del recurso es la Corte, en el momento de analizar la demanda.
La tesis de la Sala, consistente en que el tribunal solo podía pronunciarse sobre la extemporaneidad de la interposición del recurso, y que contra esta decisión no procedía el recurso de queja, sino el de reposición, parece haberse sustentado en la lectura del único fragmento del artículo 210 de la Ley 600 de 2000 (L. 553, art. 6º) que logró superar el examen de constitucionalidad, donde se establece que “si la demanda se presenta extemporáneamente, el tribunal así lo declarará mediante auto que admite el recurso de reposición”, pero esta norma se refiere a la inobservancia de los términos para presentar la demanda, no a la inobservancia de los términos para la interposición del recurso, como terminó entendiéndose, sin advertir que se trataba de situaciones disímiles, claramente diferenciadas, pertenecientes a fases diferentes del trámite casacional, que implicaban consecuencias procesales distintas.
Sintetizando, puede decirse que en tratándose de casación común, que no deba regirse por la Ley 906 de 2004 (sistema acusatorio), el trámite a seguir comprende los siguientes pasos. (1) El de interposición, que debe cumplirse dentro de los 15 días siguientes a la última notificación de la sentencia (D. 2700/91, art. 223). (2) El acto de concesión, que corresponde al tribunal, e implica el análisis de todos los requisitos de procedencia del recurso, con excepción de los que solamente pueden establecerse a partir del contenido de la desmanda. Debe adoptarse mediante auto de sustanciación (art. 224 ejusdem), y es susceptible del recurso de queja en los términos previstos en los artículos 207 y siguientes del referido estatuto cuando es denegado. (3) El de sustentación y presentación de alegatos apreciatorios, en la forma y plazos previstos en el artículo 224. Si el recurrente no presenta demanda, el tribunal debe declarar desierto el recurso. Si es presentada por fuera de término, debe declararla extemporánea mediante auto contra el cual procede el recurso de reposición (L. 600/2000, art. 210). (4) El de calificación de la demanda y traslado al Ministerio Público, de competencia privativa de la Corte, y (5) el de decisión.
En tratándose de casación discrecional o excepcional, el trámite a seguir es el mismo. El recurso debe interponerse dentro de los 15 días siguientes a la última notificación de la sentencia, con la indicación de que se utilizará la vía discrecional, precisión que resulta importante a efectos de determinar si se cumplen o no las exigencias de procedencia. Dentro de los tres días siguientes el magistrado, mediante auto de sustanciación, debe decidir sobre su concesión, para lo cual debe analizar los requisitos de procedencia del recurso cuya concreción no requieran el análisis del contenido de la demanda (como interposición en tiempo, capacidad procesal del impugnante, naturaleza de la providencia impugnada, etc.). Si la decisión es de rechazo, procede el recurso de queja, en los términos ya indicados. De lo contrario, se ordenarán los traslados. Agotada esta fase, se remite el expediente a la Corte para verificación de los requisitos de procedencia del recurso y calificación de la demanda. Si el recurrente no presenta demanda, compete al tribunal declarar desierto el recurso, y si es presentada pero en destiempo, debe declararla extemporánea mediante auto que solo admite recurso de reposición.
Oportuno es precisar que en el nuevo código (L. 906/2004), el trámite casacional comprende cuatro fases: (1) De interposición motivada del recurso, que debe cumplirse dentro de los 60 días siguientes a la última notificación de la sentencia. El acto de concesión desaparece, y por ende, el recurso de queja. El ad quem debe limitarse a remitir el escrito de interposición (demanda) a la Corte, junto con los antecedentes del caso, para su estudio. (2) De admisión del recurso, que corresponde a la Corte, y comprende la constatación de los requisitos de procedencia, y el cumplimiento de las exigencias de sustentación mínima. Contra la decisión que inadmite el recurso por falta de interés, motivación insuficiente, o inidoneidad sustancial, procede el recurso de insistencia por parte del Ministerio Público o de cualquiera de los magistrados de la Sala. (3) De sustentación en audiencia. Si el recurrente no comparece, ha de entenderse que desiste del recurso (art. 199 ejusdem), y se impondrá por tanto la declaración de deserción. (4) de decisión, dentro de los 60 días siguientes.
2. Procedencia de la impugnación en el caso concreto.
En el caso analizado, el tribunal negó la concesión del recurso por considerar que la decisión contra la cual se dirigía, carecía de la connotación de sentencia, y que en las referidas condiciones, la impugnación devenía improcedente. Esta decisión, de acuerdo con lo que se ha dejado visto, pertenece al ámbito de su competencia, pues está directamente relacionada con el cumplimiento de uno de los requisitos exigidos para la procedencia del recurso (naturaleza de la providencia impugnada), que no requiere del análisis del contenido de la demanda para su determinación.
En punto a la corrección de la decisión impugnada, debe decirse que las consideraciones del tribunal en torno a la improcedencia del recurso son inobjetables. La casación en el sistema procesal penal colombiano solo procede contra sentencias, entendidas por tales el acto jurisdiccional que pone fin al proceso o resuelve definitivamente el asunto, condenando o absolviendo al procesado (art. 170). Si la decisión que se impugna no cumple estas condiciones básicas, es decir, si no contiene un pronunciamiento expreso sobre la responsabilidad penal de quien está siendo sometido a juzgamiento, carecerá de tal carácter (sentencia), y no tendrá recurso extraordinario.
La providencia 13 de diciembre de 2004, que el procesado recurre en casación, tiene doble naturaleza: la de sentencia respecto de los procesados que fueron condenados o absueltos por los hechos objeto de juzgamiento, y la de decisión interlocutoria en relación con Jacobo Enrique Bermúdez Fula y Rodrigo José Morales Reyes, pues en relación con estos últimos el tribunal no hizo pronunciamiento de responsabilidad penal. Simplemente decretó la nulidad del juzgamiento por vicios de procedimiento, en decisión que hace parte de la sentencia, pero que no tiene dicho carácter (de sentencia).
En las anotadas condiciones, la pretensión del impugnante Jacobo Enrique Bermúdez Fula, orientada a que la Corte revise en casación la nulidad decretada por el tribunal, resulta improcedente. De una parte, por no tener la decisión contra la cual se dirige el recurso la condición de sentencia, y de otra, porque no le es dado impetrar la revisión de las decisiones de fondo tomadas en la misma providencia, que sí tienen dicho carácter, por carecer de interés para hacerlo. Por tanto, se declarará bien denegado el recurso de casación interpuesto.
Como quiera que Rodrigo José Morales Reyes, ni su defensor, sustentaron el recurso de queja en los términos indicados en el artículo 197 del estatuto procesal penal, respecto de este sujeto procesal se desechará la impugnación.
En mérito ele lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
1. Desechar el recurso de queja interpuesto por el defensor del procesado Rodrigo José Morales Reyes.
2. Declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto por el procesado Jacobo Enrique Bermúdez Fula contra la decisión de nulidad de 13 de diciembre de 2004.
Magistrados: Marina Pulido de Barón—Sigifredo Espinosa Pérez—Herman Galán Castellanos—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro O. Pérez Pinzón—Jorge L. Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla.

References: artículo 210
 artículo 210
 artículo 210
 artículo 210
 artículo 224
 artículo 197