Source: http://luisdallanegra.bravehost.com/Regimen/capit16.htm
Timestamp: 2017-08-18 02:50:15+00:00

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La comunidad internacional, toda vez que un sistema y su orden han desaparecido, necesita de un nuevo marco jurídico institucional que contemple sus nuevas tendencias organizativas.
El sistema jurídico-institucional actual, ha perdido capacidad y consenso, como para operar frente a los problemas y los conflictos que se presentan. Los conflictos ya no se basan en la "guerra fría", a la vez que, mayoritariamente, tienen raíz transnacional.
Existe una gran tendencia por parte de Estados Unidos a operar como "policía mundial" -es su ventaja comparativa y competitiva frente al resto de los Estados del orbe- para desarmar al resto de los Estados, particularmente los que tiene capacidad de desarrollo de armas atómicas y químicas y sistemas políticos hostiles a Estados Unidos. Además, a buscar de imponer un sistema político que el gobierno norteamericano llama democrático, pero que en realidad, debe, por lo menos ser amistoso con Estados Unidos.
Países como Arabia Saudita, aliado con Estados Unidos en el Medio Oriente frente a Irak, o Kuwait, no son considerados en este planteo. Mientras que Estados Unidos demanda un multipartidismo de Cuba como una de las condiciones para la democracia, jamás observó a México con su histórico PRI (Partido Revolucionario Institucional) ahora partido hegemónico, pero durante décadas partido único. Desde ya, impuso o apoyó o promovió gobiernos que terminaron siendo dictaduras civiles o militares en América Latina que atentaron contra los derechos humanos, pero fueron funcionales a sus intereses de seguridad en el conflicto Este-Oeste, fueron considerados como dictadura necesarias e tránsito hacia la democracia, a diferencia de la URSS y Cuba que eran totalitarismos irrescatables (226).
Estas dos situaciones -armamentismo y procesos políticos- son las dos principales fuentes de tensión para EUA y los dos motivos por los que principalmente genera presiones internacionales e incluso se moviliza bélicamente.
Al no existir un organismo internacional operativo -Naciones Unidas parece inoperante e incapaz de resolver pacífica o militarmente estos temas (227)- y con capacidad de ser árbitro supremo, EUA está cumpliendo esta función, acompañado por otros países miembros del G7. Esto genera la imagen de que es la "comunidad internacional" la que está operando en bien del orden mundial pero, en realidad, es EUA el que establece las reglas y pautas.
No obstante ello, está emergiendo, aunque no con el apoyo de EUA u otros actores importantes a nivel mundial, un nuevo sistema de resolución de conflictos que, podría modificar las pautas de comportamiento, no sólo en el orden internacional, sino también al interior de los Estados.
El área de los derechos humanos, ha mostrado grandes novedades a partir de la creación del Tribunal Penal Internacional, y de la resolución del caso Pinochet.
Existe una evolución paulatina hacia la conformación de un marco institucional que genere una jurisdicción global.
La creación de un Tribunal de Justicia Internacional de la ONU, continuación de la Corte Permanente de Justicia Internacional de la Sociedad de las Naciones; el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Penal Internacional; etc.; constituyen avances lentos hacia una institucionalización, aunque sin poder de policía para el logro de los objetivos de resolución pacífica de los conflictos y una justicia internacional.
Su antecedente es la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI) creada en virtud del artículo 14 del Pacto de la Sociedad de las Naciones. El Consejo encargó a un comité de juristas la redacción del anteproyecto del Estatuto y lo adoptó con algunas enmiendas junto con la Asamblea General, en 1920. Incorporado a un protocolo, el Estatuto de la CPJI fue abierto a la firma. Durante su existencia fue firmado por 59 Estados y ratificado por 50, entre ellos por todas las grandes potencias, con excepción de los Estados Unidos y de la URSS.
De acuerdo con el artículo 92 de la Carta, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) o Corte Internacional de Justicia (CJI) es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, y funciona con arreglo a un Estatuto anexo a la Carta.
Todos los miembros de la ONU son partes en el Estatuto. Los demás Estados pueden acceder a él de acuerdo con las condiciones que determine en cada caso la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad (art. 93).
Pero de la Carta no puede derivarse ni una competencia general del TIJ ni tampoco una competencia limitada, para resolver litigios. Antes bien, es necesaria, para ello, una sumisión, ya sea formal, o tácita, de las partes, al procedimiento del TIJ (art. 36 del Estatuto). Por el contrario, el TIJ tiene directamente poder, en virtud de la Carta, para emitir dictámenes a petición de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad o de otros órganos y organizaciones de la ONU, autorizados por la Asamblea General (art. 96 de la Carta y arts. 65 y 68 del Estatuto).
El TIJ se compone de quince jueces elegidos en votaciones separadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, y con mayoría simple, de una lista preparada por el Secretario general de la 0UN, (sobre la base de propuestas de los grupos nacionales), durando sus funciones nueve años y siendo reelegibles.
A consecuencia de una consulta de Suiza de 26 de octubre de 1946, se establecieron tres condiciones: 1) aceptación del Estatuto, 2) participación en los gastos y 3) reconocimiento del artículo 94 de la Carta de la ONU sobre la ejecución de las sentencias del TIJ.
El Art. 94 de la Carta de la ONU dice:
"Cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia e todo litigio en el que sea parte. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo."A diferencia de los miembros de los restantes órganos resolutivos de la ONU, los. jueces del TIJ no son representantes de los Estados, sino que son independientes (art. 2° del Estatuto). No pueden recibir instrucciones ni de su país ni de otros órganos de la 0NU.
A diferencia de otros tribunales internacionales, la competencia de la CIJ en razón personal es de carácter universal con respecto a los Estados, es decir que cualquier Estado miembro o no miembro de la ONU puede comparecer ante ella; y su competencia es también de carácter general ya que puede resolver todo tipo de controversias que las partes le sometan (art. 36,1 del Estatuto).
Lamentablemente persisten casos de Estados que desconocen los alcances jurídicos del precepto del art. 36 par. 6 del Estatuto que dice:
"En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá".El caso más serio de rebeldía es cuando el Estado persiste en su rebeldía después que la CIJ determinó que posee jurisdicción, como ocurrió con Islandia en su controversia por pesquerías con el Reino Unido y Alemania, y por EUA en el caso promovido por Nicaragua.
Es el Tribunal creado por las Comunidades Europeas por el tratado del 25 de marzo de 1957, para resolver controversias entre Estados relacionadas con el derecho comunitario. Pueden concurrir ante él los Estados Miembros (competencia personal), losórganos comunitarios y los particulares.
La competencia material comprende las controversias jurídicas que puedan surgir de la aplicación del derecho comunitario, como las relacionadas con su infracción; control de legalidad de la actividad o inactividad de los órganos comunitarios; de cuestiones relativas a la interpretación del derecho comunitario, o a la validez de los actos comunitarios; responsabilidad extra-contractual de las comunidades.
Tiene su sede en Estrasburgo y fue creado por el tratado de Roma de 1957. Su competencia personal comprende sólo a los Estados miembros de la Convención Europea sobre Salvaguarda de los Derechos del Hombre y Libertades Fundamentales. Las partes en el proceso sólo pueden ser la Comisión y los miembros de la Convención. Esa competencia personal parece haberse ampliado a partir del Protocolo firmado el 6 de noviembre de 1990 que permite al individuo recurrir ante la Corte. En razón de su competencia material arregla las controversias y conoce los asuntos que le plantean los Estados en cuanto a la aplicación e interpretación de la Convención, pero sólo se abre la instancia a la Corte cuando la Comisión ha ejercido sus funciones, a los 3 tres meses de que la Comisión presenta su informe al Consejo de Ministros.
Con sede en San José de Costa Rica, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Se trata de una "institución judicial autónoma" cuyo objetivo es la aplicación e interpretación del Pacto.
Está abierta a todos los integrantes de la OEA. El acceso a la Corte por parte de los individuos, por el momento sigue siendo imposible, porque se interpreta que lo que se juzga en esa jurisdicción es una violación de los derechos humanos por un Estado (cuestión internacional). El individuo debe agotar los recursos internos.
El siglo XX, que se caracterizó por los grandes contrastes. Un alto desarrollo tecnológico, guerras y genocidios, finaliza, luego de muchos intentos y tropiezos, con la creación de una corte internacional en condiciones de juzgar a criminales de guerra, pero no es apoyada por una de las potencias más importantes: Estados Unidos.
El individuo es sujeto pasivo del derecho internacional cuando es susceptible de ser sometido a la jurisdicción internacional por haber cometido un delito internacional cuyo juzgamiento debe ser tratado por un Tribunal Penal Internacional (TPI).
Hay que remontarse a la Declaración de los Derechos Humanos adoptada hace medio siglo por Naciones Unidas para encontrar antecedentes de igual naturaleza. El Tribunal de Nuremberg, que fue constituido para juzgar a los jerarcas nazis, fue la respuesta de los ejércitos aliados, vencedores de la segunda guerra mundial, no una respuesta universal para juzgar a los vencidos, por sus crímenes de guerra y contra la humanidad. Fue la única y la última vez que los mayores responsables de regímenes criminales fueron sometidos a un juicio internacional.
El trabajo realizado por los Tribunales Internacionales ad hoc para Yugoeslavia y Ruanda, con fundamento en el Capítulo VII -medidas coercitivas- de la Carta de la ONU, ha constituido un precedente relevante, que ayudó a decidir la creación del TPI.
La materia de su competencia es el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Su actuación se debe basar en la cooperación que le brinden los tribunales nacionales y los Estados participantes. Debe garantizar los derechos de los procesados, de las víctimas, de los acusados y de los testigos.
Su propósito, sin embargo, no es la persecución y el castigo penal para los responsables de estos crímenes impunes, sino la disuasión para que tales crímenes no se repitan en un futuro.
La idea sería que hubiera un tribunal supremo que juzgara a todos.
La creación de un Tribunal Penal de Justicia, fuertemente resistida por Estados Unidos y otros Estados, es también, desde esta perspectiva, el producto de la pérdida de control hegemónico de las grandes potencias militares que deja paso a un mayor protagonismo de la sociedad civil (228).
Entre los mecanismos preventivos, creo que es destacable el de la "diplomacia vía dos", que está implementando la Fundación Carter, frente al tradicional "vía uno" de acercamiento y negociación gobierno a gobierno (229).
La "vía dos" se complementaría por abajo, tomando contacto con la sociedad civil.
Lo relevante son las estrategias de paz no gubernamentales.
El sistema incluye los funcionarios especializados en la solución de conflictos en la vía uno (el gobierno) y la vía dos (no gubernamental) y reconoce, además, la influencia de otras siete vías: empresas, ciudadanos, investigación y educación, activismo, religión, filantropía y medios de información.
La vía dos, particularmente cuando se utiliza un enfoque de vías múltiples, no sólo brinda apoyo a los esfuerzos que se llevan a cabo en la vía uno, sino que desempeña una función importante por sí misma. Los proyectos, a nivel popular, estimulan el potencial de paz de abajo hacia arriba.
Además, la vía uno se emplea más frecuentemente como una forma de intervenir en casos de emergencia, en tanto que las otras vías pueden utilizarse en cualquier momento, particularmente en su carácter de diplomacia preventiva.
Esta metodología se está aplicando en situaciones de conflicto como el de Chechenia con Rusia, en Somalía, Etiopía, Ruanda, entre otros casos.
Tiende a ser una nueva metodología, en la que la sociedad civil tiene participación activa en la resolución de sus propios conflictos, sin depender de mecanismos gubernamentales o de organismos internacionales gubernamentales.
(226) Ver la tesis de Kirkpatrick, Jeane J., Dictadura y Contradicción, (Bs. As., Sudamericana, 1983), donde expone su racionalidad sobre las dictaduras apoyadas por EUA y los totalitarismos.
(227) En el caso Irak (enero de 1991), a través del CS de la ONU pidió al gobierno norteamericano que cumpla con la función militar que el CS no podía; en 1999 realizó una intervención militar unilateral. En el caso Haití (octubre de 1994), fue el gobierno norteamericano el que terminó invadiendo para "restablecer" la democracia en ese país.
(228) Ver El Tribunal Penal internacional, Diario Clarín, 23 de julio de 1998.
(229) John McDonald y Louise Diamond, del Instituto para la Diplomacia de Vías Múltiples de Washington (IMTD) acuñaron la frase "diplomacia de vías múltiples", que abarca nueve "vías" diferentes y en conjunto forman un sistema para establecer la paz a nivel internacional.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 artículo 92
 artículo 94
 resolución