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Timestamp: 2020-01-22 23:40:03+00:00

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﻿ SENTENCIA C-1066 DE OCTUBRE 10 DE 2001
SENTENCIA C-1066 DE 10 DE OCTUBRE DE 2001
CONTENIDO:CONTRABANDO Y EVASIÓN FISCAL. LA CORTE SE DECLARA INHIBIDA PARA FALLAR DE FONDO EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 67, 69, 70. 71, 80 Y 131 DE LA LEY 488 DE 1998, POR QUE SE ENCUENTRAN DEROGADOS Y POR ENDE NO ESTÁN LLAMADAS A PRODUCIR EFECTOS JURÍDICOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRABANDO, EVASIÓN TRIBUTARIA
Sentencia C-1066 de octubre 10 de 2001
Sentencia C-1066/2001
Ref.: Expediente D-3467.
Bogotá, D.C., 10 de octubre de 2001.
A continuación se transcribe el texto de las disposiciones acusadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 43.480, del 28 de diciembre de 1998, y se resalta lo demandado:
ART. 67.—Contrabando
“El artículo 15 de la Ley 383 de 1997 quedará así:
PAR. 3º—La legalización de las mercancías no extingue la acción penal. Cuando la mercancías decomisadas por contrabando sean objeto de remate o venta al público, la primera oferta de remate no podrá ser inferior al ochenta por ciento (80%) del valor comercial promedio.
ART. 69.—Favorecimiento de contrabando.
PAR. TRANS.—Quien detente mercancías en las condiciones anteriormente descritas dispondrá de un plazo improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley para la legalización de las mercancías, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 383 de 1997.
ART. 70.—Favorecimiento por servidor público.
ART. 71.—Responsabilidad penal por no consignar el impuesto sobre las ventas.
ART. 80.—Creación de la policía fiscal y aduanera.
Créase en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la oficina nacional de policía fiscal y aduanera, como un aparato armado que además de soportar las funciones propias de investigación y determinación de acuerdo con las competencias propias de fiscalización que le asigna la ley a la entidad, ejercerá funciones de policía judicial.
ART. 131.—Responsabilidad penal por violación al monopolio de licores destilados. El que fabrique, distribuya o de cualquier forma comercialice sustancias, licores destilados o bebidas alcohólicas destiladas, sin la debida autorización incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años.
PAR.—No se aplicará lo dispuesto en este artículo, a quien produzca para el consumo doméstico bebidas alcohólicas de carácter artesanal”.
Las disposiciones acusadas de la Ley 488 de 1998 hacen parte del capítulo III que establece algunas reglas relacionadas con las actividades de contrabando y evasión fiscal (arts. 67, 69, 70 y 71), del capítulo IV que trata del fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera (art. 80) y, por último, del capítulo VI que regula sobre los impuestos territoriales (art. 131 ).
La censura expuesta por el demandante se concreta a la vulneración del principio de unidad de materia (C.P., art. 158), ya que cuestiona qué normas pertenecientes al ámbito penal hayan quedado incluidas dentro de una normatividad tributaria “por naturaleza de índole civil”, toda vez que las disposiciones demandadas “no se pueden asimilar ni sistemática ni temáticamente a la materia general”. Efectivamente, el accionante deduce la naturaleza penal de las normas impugnadas del hecho de que no castigan la falta de tributación sino el fraude a la ley y que de ser así, podrían llegar a vulnerar el artículo 28 constitucional, que prohíbe la prisión por deudas. A partir de la fundamentación principal de la acusación del actor con base en la eventual vulneración del artículo 158 superior, se sustenta la violación de los demás preceptos constitucionales enunciados (2º, 4º, 6º, 13, 29, 123, 228, 229, 230 y 243), así como del preámbulo de la Carta Política.
En opinión generalizada de los representantes de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y del Derecho, de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, al igual que en el concepto del Procurador General de la Nación, en el presente caso no existe quebranto del principio de unidad de materia, pues consideran que existe conexidad entre el contenido de las normas acusadas y la finalidad de la ley. Señalan que se trata de instrumentos sancionatorios que aseguran la eficacia del sistema impositivo del Estado, con el fin de proteger la legalidad de las importaciones y de las exportaciones. Adicional a esto, las representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Fiscalía General se pronuncia a favor de un fallo inhibitorio por parte de la Corte, dada la carencia actual de objeto, pues los artículos acusados relacionados con el contrabando fueron subsumidos por el nuevo Código Penal.
Planteada en esos términos la controversia constitucional, corresponde a la Corte establecer si efectivamente se desconoce por el legislador el principio de la unidad de materia cuando al expedir una normatividad en materia tributaria consigna reglas de orden penal que sancionan determinadas actuaciones relacionadas con el contrabando y la evasión fiscal, crean una oficina nacional de policía fiscal y aduanera y establecen una responsabilidad penal por violación al monopolio de licores destilados. Sin embargo, el estudio así enunciado deberá efectuarse una vez determinada la vigencia actual de las disposiciones acusadas, como se procederá a realizar enseguida.
3. La vigencia de las disposiciones demandadas: presupuesto esencial del estudio de fondo de constitucionalidad.
3.1. Criterio general para la declaración de un pronunciamiento inhibitorio.
En los siguientes artículos 71, 80 y 131, también demandados de esa normatividad, se tratan aspectos atinentes a la actuación del agente retenedor o responsable del impuesto a las ventas que no consigne dicho impuesto y que luego extinga en su totalidad la obligación tributaria (art. 71), a la creación en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la oficina nacional de policía fiscal y aduanera (art. 80) y a la responsabilidad penal por violación al monopolio de licores destilados (art. 131).
Por lo tanto, dentro de ese preciso ámbito, resulta inconducente un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte en relación con los preceptos legales impugnados que ya hayan perdido vigencia jurídica, bien sea como resultado de una derogatoria en forma expresa o tácita o por la subrogación o modificación a la cual hayan sido sometidos por la voluntad del legislador. Sin embargo, es de resaltar que la derogatoria de la norma enjuiciada no impide a la Corte volver sobre su contenido normativo en los casos en los cuales se predica una vigencia material de la misma, es decir cuando a pesar de su separación del ordenamiento jurídico continúa produciendo efectos hacia el futuro “lo cual generaría un grave perjuicio para la juridicidad si tales efectos devienen contrarios a los mandatos superiores que gobiernan el Estado social de derecho” (1) .
(1) Sentencia C-1144 de 2000.
En este orden de ideas, solamente en el evento de que las disposiciones acusadas hayan perdido vigencia y no sean susceptibles de producir efectos jurídicos, procede la inhibición para resolver de fondo por parte de la Corte, dada la carencia de objeto para pronunciarse (2) . En efecto, esta corporación así lo ha señalado: “sólo en la medida en que la forma enjuiciada haya desaparecido del ordenamiento jurídico y no se encuentre produciendo efectos jurídicos, puede la Corte acudir a la figura de la sustracción de materia y, en consecuencia, abstenerse de adelantar el respectivo juicio de inconstitucionalidad. Como lo ha sostenido la reiterada jurisprudencia constitucional, precipitar una decisión inhibitoria sin que previamente se haya determinado la ocurrencia de estos dos supuestos, “podría hacer viable la efectiva aplicación de la norma contraria a la Carta” (3) ” (4) .
(2) Vid. Sentencias C-228 y C-406 de 1998, C-1046 y C-1144 de 2000, C-049 y C-328 de 2001.
(3) Sentencia C-397 de 1995.
(4) Sentencia C-1144 de 2000.
3.2. Vigencia y producción de efectos en las normas acusadas.
3.2.1. Artículos 67, 69, 70 y 131 de la Ley 488 de 1998.
Ley 488 de 1998 Ley 599 de 2000(5)
ART. 67.—Contrabando.
“ART. 15.—Contrabando. El que en cuantía entre cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte desde él, por lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa equivalente a doscientos por ciento (200%) del valor CIF de los bienes importados o del valor FOB de los bienes exportados.
Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor supere los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se impondrá una pena de cinco (5) a ocho (8) años de prisión y la misma pena pecuniaria establecida en el inciso anterior.
PAR. 3º—La legalización de las mercancías no extingue la acción penal. Cuando las mercancías decomisadas por contrabando sean objeto de remate o venta al público, la primera oferta de remate no podrá ser inferior al ochenta por ciento (80%) del valor comercial promedio. ART. 319.—Contrabando.
Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor supere los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se impondrá una pena de cinco (5) a ocho (8) años de prisión y multa de mil quinientos (1.500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor CIF de los bienes importados o del valor FOB de los bienes exportados. El monto de la multa no podrá superar el máximo de la pena de multa establecido en este código.
ART. 321 (L. 599/2000). Defraudación a las rentas de aduana. El que declare tributos aduaneros por un valor inferior al que por ley le corresponde, en una cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa equivalente a veinte (20) veces lo dejado de declarar por concepto de tributos aduaneros. El monto de la multa no podrá superar el máximo de la pena de multa establecido en este código.
PAR.—(L. 599/2000, art. 321) Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando el menor valor de los tributos aduaneros declarados corresponda a controversias sobre valoración, error aritmético en la liquidación de tributos o clasificación arancelaria, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas establecidas en la ley.
PAR. 2º—La legalización de las mercancías no extingue la acción penal.
“ART. 16.—Favorecimiento de contrabando. El que en cuantía superior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, posea, tenga, transporte, almacene, distribuya o enajene mercancía introducida al territorio colombiano por lugares no habilitados, u ocultada, disimulada o sustraída de la intervención y control aduanero, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
PAR. TRANS.—Quien detente mercancías en las condiciones anteriormente descritas dispondrá de un plazo improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley para la legalización de las mercancías, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 383 de 1997. ART. 320.—Favorecimiento de contrabando.
“ART. 18.—Favorecimiento por servidor público. El servidor público que colabore, participe, transporte, distribuya, enajene o de cualquier forma facilite la sustracción, ocultamiento o disimulo de mercancías del control de las autoridades aduaneras, o la introducción de las mismas por lugares no habilitados, u omita los controles legales o reglamentarios propios de su cargo para lograr los mismos fines, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años, multa hasta del doscientos por ciento (200%) del valor CIF de los bienes involucrados, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. ART. 322.—Favorecimiento por servidor público.
El servidor público que colabore, participe, transporte, distribuya, enajene o de cualquier forma facilite la sustracción, ocultamiento o disimulo de mercancías del control de las autoridades aduaneras, o la introducción de las mismas por lugares no habilitados, u omita los controles legales o reglamentarios propios de su cargo para lograr los mismos fines, cuando el valor de la mercancía involucrada sea inferior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incurrirá en multa de trescientos (300) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor CIF de los bienes involucrados, e inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas de tres (3) a cinco (5) años.
ART. 131.—Responsabilidad penal por violación al monopolio de licores destilados.
El que fabrique, distribuya o de cualquier forma comercialice sustancias, licores destilados o bebidas alcohólicas destiladas, sin la debida autorización incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años.
PAR.—No se aplicará lo dispuesto en este artículo, a quien produzca para el consumo doméstico bebidas alcohólicas de carácter artesanal. ART. 312.—Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.
El que de cualquier manera o valiéndose de cualquier medio ejerza una actividad establecida, como monopolio de arbitrio rentístico, sin la respectiva autorización, permiso o contrato, o utilice elementos o modalidades de juego no oficiales incurrirá en prisión de tres (3) años y cinco (5) años y multa de cien (100) a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(5) Diario Oficial Nº 44.097 del 24 de julio de 2000.
Es evidente el efecto derogatorio que produjo la Ley 599 de 2000 sobre los artículos 67, 69, 70 y 131 de la Ley 488 de 1998, como se puede deducir de la información presentada. En efecto, la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal, desde el momento que se señala en su artículo 476 (6) , hizo que esos artículos de la Ley 488 fueran subsumidos por la nueva regulación integral y sistemática expedida en materia penal, como oportunamente lo advirtieron algunos de los intervinientes.
(6) ART. 476.—Vigencia. Este código entrará a regir un (1) año después de su promulgación.
Por una parte, según lo señala el mandato del artículo 3º de la Ley 153 de 1887:
“Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería” (negrilla fuera del texto original).
Por otra parte, en concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional (7) , siguiendo el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, ha manifestado en varias oportunidades (8) que “el ejercicio de la facultad legislativa consistente en expedir códigos, estatutos orgánicos o regímenes legales integrales implica la derogación de las normas incorporadas a éstos para integrar un solo cuerpo normativo (9) (...)”.
(7) Sentencia C-328 de 2001.
(8) Ver, entre otras, las sentencias C-558 de 1992, C-308 de 1994 y C-558 de 1996.
(9) De la Corte Suprema ver, entre otras, las siguientes sentencias: 85 de octubre 12 de 1989, Exp. 1958, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein, Sentencia 198 de octubre 18 de 1990, Expediente 2124, M.P. Fabio Morón Díaz; Sentencia 165 de noviembre 15 de 1990, Expediente 2152, M.P. Rafael Méndez Arango.
Adicionalmente, cabe resaltar que el artículo 474 (10) de la Ley 599 de 2000, en forma expresa, ordena derogar el Decreto 100 de 1980, así como todas las demás normas que lo modifican y complementan, en lo que tiene que ver con la consagración de prohibiciones y mandatos penales. A este mandato se subordinan los artículos acusados de la Ley 488 de 1998, pues en los mismos se establecen disposiciones de índole penal relacionadas con la actividad de contrabando, el favorecimiento al mismo por cualquier persona y por servidores públicos y la responsabilidad penal por la violación al monopolio de los licores destilados (arts. 67, 69, 70 y 131).
(10) ART. 474.—Derogatoria. Deróganse el Decreto 100 de 1980 y demás normas que lo modifican y complementan, en lo que tiene que ver con la consagración de prohibiciones y mandatos penales.
Ahora bien, frente a la eventual producción de efectos jurídicos por los artículos de la Ley 488 de 1998 analizados, la Corte encuentra que las nuevas normas contenidas en el Código Penal mantienen en su mayoría la conducta punible casi en forma idéntica a las normas derogadas de la Ley 488 de 1998. La diferencia entre esas dos normatividades opera, más bien, en el ámbito del establecimiento de las consecuencias jurídicas de la conducta punible regulada; es decir, en lo que respecta a la fijación de las penas pecuniarias o multas, ya que en algunos casos éstas aumentan, a diferencia de lo que sucede con las penas de privación de la libertad que en su mayoría comparten los mismos mínimos y máximos de la pena de prisión establecida y en otros la nueva norma del Código Penal aparece con una regulación mucho más leve y en consecuencia favorable (arts. 312 y 322),
En consecuencia, la Corte concluye que en el presente caso deberá declararse inhibida para pronunciarse de fondo con respecto de los artículos 67, 69, 70 y 131 de la Ley 488 de 1998, por carencia de objeto, ya que la eventual producción de efectos que estas normas pudieren producir en el futuro, frente a circunstancias pasadas, se circunscribe al posible conflicto que podría darse entre la vigencia de penas principales de mayor o menor beneficio, lo que introduce la discusión al ámbito de la aplicación de la vigencia material del principio constitucional de favorabilidad de la ley penal, contenido en el artículo 29 de la Carta Política de 1991, que establece que “[e]n materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”, así como en el artículo 6º del Código Penal, situación ésta que por las razones mencionadas aleja el presente estudio de la finalidad y parámetros del juicio abstracto de constitucionalidad.
3.2.2. Artículos 71 y 80 de la Ley 488 de 1998.
Ley 488 de 1998 Ley 633 de 2000(11)
PAR. 2º—Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable para el caso de las sociedades que se encuentren en procesos concordatarios, o en liquidación forzosa administrativa, o en proceso de toma de posesión en el caso de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, en relación con el impuesto sobre las ventas y las retenciones en la fuente causadas. ART. 42.—Responsabilidad penal por no consignar las retenciones en la fuente y el IVA.
Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable para el caso de las sociedades que se encuentren en procesos concordatarios, en liquidación forzosa administrativa, en proceso de toma de posesión en el caso de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, o hayan sido admitidas a la negociación de un acuerdo de reestructuración a que hace referencia la Ley 550 de 1999, en relación con el impuesto sobre las ventas y las retenciones en la fuente causadas.
PAR.—La Policía Fiscal y Aduanera ejercerá sus funciones de policía judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. ART. 53.—Policía Fiscal Aduanera y naturaleza jurídica del servicio prestado por la DIAN.
PAR.—Para los efectos de la aplicación del inciso 1º del artículo 56 de la Constitución Política el servicio público prestado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se define como servicio público esencial, cuyo objetivo es coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior.
(11) “Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la rama judicial”. La ley fue publicada en el Diario Oficial Nº 44.275 del 29 de diciembre de 2000.
Frente al artículo 80, tampoco puede señalarse que el mismo siga produciendo algún efecto jurídico en situaciones anteriores, a pesar de su derogación, por cuanto el artículo 53 de la Ley 633 de 2000 lo que hizo fue suprimir una dependencia de la administración nacional, la oficina nacional de Policía Fiscal y Aduanera, para crear otra nueva —la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera—, dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, con la misma finalidad y funciones.

References: artículo 15
 artículo 28
 artículo 158
 artículo 476
 artículo 3
 artículo 474
 artículo 29
 artículo 6
 artículo 56
 artículo 80
 artículo 53