Source: http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2017/
Timestamp: 2017-10-17 09:27:50+00:00

Document:
Conflictus Legum: 2017
Ley 4/2017 de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.
Nota: En eta norma cabe destacar el art. 2.5, en relación con su ámbito de aplicación personal, en el que se establece que "las personas extranjeras con discapacidad accederán a los servicios, prestaciones y demás beneficios de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración".
[BOE n. 250, de 17.10.2017]
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-Asunto C-438/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 20 de julio de 2017 — Bundesrepublik Deutschland/Taus Magamadov
"1) ¿Se opone la disposición transitoria del artículo 52, párrafo primero, de la Directiva 2013/32/UE a la aplicación de una normativa nacional que, para transponer el artículo 33, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE, que contiene una ampliación de los límites de la autorización conferida por su predecesora, establece que no se admitirá una solicitud de protección internacional cuando al solicitante le haya sido reconocida protección subsidiaria en otro Estado miembro, en la medida en que, a falta de un régimen transitorio nacional, tal normativa nacional es aplicable también a las solicitudes presentadas antes del 20 de julio de 2015? ¿Se aplica en todo caso cuando la solicitud de asilo aún está íntegramente comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 343/2003, en virtud del artículo 49 del Reglamento (UE) n.o 604/2013?
2) ¿Permite la disposición transitoria del artículo 52, párrafo primero, de la Directiva 2013/32/UE a los Estados miembros, en particular, transponer con efectos retroactivos la ampliación de los límites de la autorización que resulta del artículo 33, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE, con la consecuencia de que las solicitudes de asilo presentadas antes de la entrada en vigor de la Directiva 2013/32/UE y de la transposición al Derecho interno de esta ampliación de los límites de la autorización y que en el momento de la transposición aún no han sido resueltas con carácter definitivo tampoco son admitidas?"
-Asunto C-478/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Cluj (Rumanía) el 9 de agosto de 2017 — IQ/JP
"1) Si la expresión «los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro competentes para conocer del fondo del asunto», utilizada en el artículo 15, se refiere tanto a los órganos jurisdiccionales que resuelven el litigio en primera instancia como a los que conocen de los recursos. Se pregunta si puede tener lugar, en virtud del artículo 15 del Reglamento n.o 2201/2003, una remisión del asunto a un órgano jurisdiccional mejor situado para conocer de él en el caso de que el órgano jurisdiccional competente al que se pide la remisión a un órgano jurisdiccional mejor situado sea de apelación, mientras que el órgano jurisdiccional mejor situado juzga en primera instancia.
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial ¿qué suerte debería reservar, en opinión del Tribunal de Justicia, el órgano competente que procede a la remisión del asunto a un órgano jurisdiccional mejor situado a la sentencia pronunciada en primera instancia?"
-Asunto C-483/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Irlanda) el 9 de agosto de 2017 — Neculai Tarola/Minister for Social Protection
Cuestión planteada: "Si un ciudadano de otro Estado miembro de la Unión, tras sus doce primeros meses de ejercicio del derecho a la libre circulación, llega al Estado de acogida y trabaja (en virtud de un contrato que no sea de duración determinada) durante un período de dos semanas por las cuales recibe una retribución y, a continuación, queda involuntariamente en paro, ¿mantiene este ciudadano la condición de trabajador durante un período adicional no inferior a seis meses a efectos del artículo 7, apartado 3, letra c), y del artículo 7, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/38/CE, de forma que tenga derecho a percibir prestaciones de asistencia social o, en su caso, prestaciones de seguridad social en las mismas condiciones que si fuera un ciudadano residente en el Estado de acogida?"
-Asunto C-491/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 14 de agosto de 2017 — Hoteles Piñero Canarias, S.L./Keefe (representado legalmente por Eyton)
"1) ¿Exige el artículo 11, apartado 3, que la demanda presentada por la persona perjudicada contra el tomador del seguro/asegurado afecte a cuestiones en materia de seguro, en el sentido de que plantee una cuestión sobre la validez o efecto de la póliza?
2) ¿Exige el artículo 11, apartado 3, que exista un riesgo de resoluciones judiciales contradictorias a menos que se permita la acumulación?
3) ¿Disponen los órganos jurisdiccionales de la facultad discrecional de autorizar o no la acumulación de una demanda que está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 3?"
-Asunto C-507/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 21 de agosto de 2017 — Google Inc./Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
"1) ¿Debe interpretarse el «derecho de retirada», según ha sido consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 13 de mayo de 2014 sobre la base de las disposiciones de los artículos 12, letra b), y 14, letra a), de la Directiva de 24 de octubre de 1995, en el sentido de que el gestor de un motor de búsqueda que estima una solicitud de retirada está obligado a efectuar dicha retirada respecto de la totalidad de los nombres de dominio de su motor, de tal manera que los vínculos controvertidos dejen de mostrarse independientemente del lugar desde el que se realice la búsqueda a partir del nombre del solicitante, incluso fuera del ámbito de aplicación territorial de la Directiva de 24 de octubre de 1995?
2) En caso de respuesta negativa a esta primera cuestión, ¿debe interpretarse el «derecho de retirada», según ha sido consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia antes citada, en el sentido de que el gestor de un motor de búsqueda que estima una solicitud de retirada solamente está obligado a suprimir los vínculos controvertidos de los resultados obtenidos como consecuencia de una búsqueda realizada a partir del nombre del solicitante en el nombre de dominio correspondiente al Estado en el que se considera que se ha efectuado la solicitud o, de manera más general, en los nombres de dominio del motor de búsqueda que corresponden a las extensiones nacionales de dicho motor para el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea?
3) Además, como complemento de la obligación mencionada en la segunda cuestión, ¿debe interpretarse el «derecho de retirada», según ha sido consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia antes citada, en el sentido de que el gestor de un motor de búsqueda que estima una solicitud de retirada está obligado a suprimir, mediante la técnica denominada de «bloqueo geográfico», desde una dirección IP supuestamente localizada en el Estado de residencia del beneficiario del «derecho de retirada», los resultados controvertidos obtenidos como consecuencia de una búsqueda realizada a partir de su nombre, o incluso, de manera más general, desde una dirección IP supuestamente localizada en uno de los Estados miembros sujetos a la Directiva de 24 de octubre de 1995, y ello independientemente del nombre de dominio utilizado por el internauta que efectúa la búsqueda?"
-Asunto C-514/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la cour d’appel de Liège (Bélgica) el 23 de agosto de 2017 — Ministère public/Marin-Simion Sut
Cuestión planteada: "¿Puede interpretarse el artículo 4, apartado 6, de la Decisión marco 2002/584 en el sentido de que no es aplicable a hechos respecto de los que un órgano jurisdiccional del Estado emisor ha dictado una pena privativa de libertad, desde el momento en que esos mismos hechos únicamente conllevan en el territorio del Estado de ejecución una multa, de modo que, de conformidad con el Derecho interno del Estado de ejecución, resulta imposible ejecutar la pena privativa de libertad en el Estado miembro de ejecución, en detrimento de la reinserción social de la persona condenada y de sus lazos familiares, sociales o económicos y demás vínculos?"
[DOUE C347, de 16.10.2017]
Etiquetas: Ciudadanía UE, D.Familia, D.Obligaciones, D.Penal, DOUE, DPCI, DPPI, Extranjería, Internet, Reglamento Bruselas I, Reglamento Bruselas II, TJUE
Bibliografía - El testamento en España de un no residente sobre sus bienes en territorio español
¿Sirve de algo el testamento en España de un no residente sólo para sus bienes en nuestro país?
Ricardo CABANAS TREJO, Leticia BALLESTER AZPITARTE, Notarios.
Diario La Ley, Nº 9061, Sección Doctrina, 16 de Octubre de 2017
Recientes pronunciamientos de la Dirección General de los Registros y del Notariado ponen en duda, no ya la conveniencia, sino la misma posibilidad de que un no residente otorgue en España un testamento, sólo para los bienes en nuestro país. Por el contrario, opinan los autores que estas disposiciones mortis causa, ni son incompatibles con el Reglamento 650/2012, ni deben ser erradicadas por sí mismas de nuestra práctica notarial, pero han de configurare claramente como una atribución a título particular o legado. De todos modos, la disposición española no podría desvincularse de lo hecho en el país de la residencia y por eso será necesario aportar determinada documentación extranjera. Además, tanto en el momento del otorgamiento del testamento, como después en el de la adjudicación, será necesario encajar esa disposición singular en la sucesión universal del causante en los términos de la única ley aplicable a la misma, punto en el que puede resultar problemática su coordinación con nuestra legislación registral, si aquella ley sólo reconoce al legado eficacia obligacional. Al margen de esto, la disposición española también puede facilitar los trámites sucesorios futuros.
Este artículo quiere llamar la atención sobre la posibilidad y conveniencia de que un ciudadano no residente otorgue en España un testamento sólo para sus bienes en nuestro país, en especial después de que la Dirección General de los Registros y de Notariado se haya mostrado, de forma no demasiado clara, en contra de esta opción testamentaria.
Nota: El TC acuerda levantar la suspensión del art. 3, en la parte por la que se da nueva redacción a los arts. 621-1 a 621-54 (contrato de compraventa) y a los arts. 621-56 y 621-57 (contrato de permuta); del art. 4, por el que se da nueva redacción a los arts. 622-21 a 622-42 del Código civil de Cataluña y del art. 9, en tanto que introduce una disposición transitoria primera en el libro sexto del Código Civil de Cataluña, de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
Véase el Recurso de inconstitucionalidad n.º 2557-2017, así como la entrada de este blog del día 14.6.2017. Véase, igualmente, la Ley 3/2017 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 15 de febrero, así como la entrada de este blog del día 8.3.2017.
[BOE n. 249, de 16.10.2017]
Etiquetas: BOE, D.Interregional, D.Obligaciones, TC
Bibliografía - La protección del personas laboral al servicio de las embajadas españolas
De la protección del personal laboral al servicio de las embajadas españolas.
Bitácora Millennium DIPr., nº 6 (Prepublicación)
SUMARIO: I. Introducción II. De la competencia judicial internacional. III. El Derecho aplicable y la (des) protección del personal laboral al servicio de la Administración española en el exterior IV. La extinción del contrato del personal laboral al servicio de embajadas españolas 1. Introducción 2. Del despido: de su posible calificación como norma imperativa y de su aplicación en Derecho Internacional Privado V. Conclusiones.
El presente estudio pretende analizar hasta qué punto el personal laboral de nacionalidad española que presta sus servicios en las embajadas españolas en el extranjero puede disfrutar o no de la protección que les confiere el Derecho español.
Etiquetas: Bibliografía, D.Obligaciones, DPCI, Reglamento Roma I
-Les Cahiers de Droit: 2016, núm. 1; 2016, núm. 2; 2016, núm. 3; 2016, núm. 4; 2017, núm. 1-2; 2017, núm. 3.
Se ha publicado la 27ª edición de la "Legislación básica de Derecho Internacional Privado", de los profesores Alegría Borrás, Nuria Bouza, Francisco J. Garcimartín y Miguel Virgós, editada por la Editorial Tecnos.
Dado el amplio volumen de normas que contiene, la estructura de la obra pretende hacer intuitiva su utilización. Así, partiendo de la Constitución española y de los Tratados de la Unión Europea, las normas más relevantes para el Derecho internacional privado se han agrupado en dos grandes bloques, consagrado el primero a las normas de carácter general, tanto procesales como en materia civil y mercantil, y el segundo a las normas específicas en los diferentes sectores (personas físicas, familia y sucesiones, sociedades, obligaciones y bienes), incluyendo también un apartado dedicado a las normas de Derecho concursal y , finalmente, un apartado dedicado al arbitraje y la mediación. En cada uno de estos sectores los textos se presentan siempre en el mismo orden, incluyéndose primero las normas de Derecho de la Unión Europea con incidencia en el ámbito del Derecho internacional privado, cuya importancia ha aumentado notablemente en los últimos tiempos, las del Derecho convencional y, finalmente, las normas internas. Este amplio conjunto de textos, actualizados hasta julio de 2017, está destinado a facilitar tanto la docencia universitaria como la labor de los profesionales del Derecho.
Introducción a la 27ª edición
VI. Derecho concursal
VII. Arbitraje y mediación
Legislación básica de Derecho Internacional Privado, 27ª ed.
Editorial Tecnos, 2017 - Biblioteca de Textos Legales n. 139
1696 págs. - 35,20 €
ISBN: 978-84-309-7187-9
Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea.
Nota: En la exposición de motivos de la norma se explica que las situaciones en que diferentes Estados miembros interpretan o aplican de modo diferente las disposiciones de los acuerdos y convenios fiscales bilaterales, o el Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas (90/436/CEE) («Convenio de Arbitraje de la Unión») pueden crear graves obstáculos fiscales para las empresas que operan a escala transfronteriza. Generan una carga fiscal excesiva a las empresas y pueden dar lugar a distorsiones e ineficiencias económicas e incidir negativamente en las inversiones transfronterizas y el crecimiento. Por esta razón, es necesario que existan mecanismos en la Unión que garanticen la resolución efectiva de los litigios relacionados con la interpretación y aplicación de tales tratados fiscales bilaterales y del Convenio de Arbitraje de la Unión, en particular los litigios que dan lugar a doble imposición.
Los mecanismos existentes previstos en los tratados fiscales bilaterales y el Convenio de Arbitraje de la Unión podrían no permitir resolver de modo efectivo dichos litigios en todos los casos de manera oportuna. El ejercicio de seguimiento efectuado en el marco de la aplicación del Convenio de Arbitraje de la Unión ha puesto de manifiesto algunas deficiencias importantes, en particular en lo que se refiere al acceso al procedimiento y en lo que se refiere a la duración y la conclusión efectiva del procedimiento. Con el fin de crear un marco fiscal más justo, es preciso mejorar las normas sobre transparencia y reforzar las medidas contra la elusión fiscal. Al mismo tiempo, en aras de un sistema fiscal justo, es preciso velar por que los mecanismos de resolución de litigios sean integradores, eficaces y sostenibles. Es menester asimismo mejorar los mecanismos de resolución de litigios para responder al riesgo de que aumente el número de litigios por doble o múltiple imposición en los que puedan estar en juego cuantías potencialmente elevadas como consecuencia de prácticas de auditoría más regulares y específicas establecidas por las administraciones tributarias.
La resolución de litigios debe aplicarse a las diferentes formas de interpretar y aplicar los tratados fiscales bilaterales y el Convenio de Arbitraje de la Unión, en particular a las diferencias de interpretación y de aplicación que dan lugar a doble imposición. Esto debe alcanzarse mediante un procedimiento que se inicia con la presentación del caso a las autoridades tributarias de los Estados miembros afectados con miras a la resolución del litigio por procedimiento amistoso. Debe alentarse a los Estados miembros a que recurran a formas de resolución de litigios alternativas no vinculantes, como la mediación o la conciliación, durante las fases finales del período del procedimiento amistoso. De no llegarse a un acuerdo amistoso en un plazo determinado, el caso debe someterse a un procedimiento de resolución de litigios. Debe haber flexibilidad en la elección del método para la resolución de litigios, bien mediante estructuras ad hoc, bien mediante estructuras más permanentes. Los procedimientos de resolución de litigios podrían adoptar la forma de una comisión consultiva compuesta por representantes de las autoridades fiscales afectadas y de personalidades independientes o podrían tener la forma de una comisión de resolución alternativa de litigios (esta última aportaría flexibilidad en la elección de los métodos de resolución de litigios). Por otro lado, en su caso, los Estados miembros podrían elegir, por medio de un acuerdo bilateral, utilizar cualquier otro procedimiento de resolución de litigios, como el procedimiento de arbitraje de la «oferta definitiva» (también conocido como arbitraje de «la última mejor oferta»), para resolver el litigio de manera vinculante. Las autoridades tributarias deben tomar una decisión vinculante definitiva por referencia al dictamen de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios.
La mejora del mecanismo de resolución de litigios debe basarse en los sistemas existentes en la Unión, incluido el Convenio de Arbitraje de la Unión. No obstante, el ámbito de aplicación de la presente Directiva ha de ser más amplio que el del Convenio de Arbitraje de la Unión, que se limita exclusivamente a los litigios en materia de precios de transferencia y a la atribución de beneficios a los establecimientos permanentes. La presente Directiva debe aplicarse a todos los contribuyentes sujetos al impuesto sobre la renta y el patrimonio cubierto por los tratados fiscales bilaterales y el Convenio de Arbitraje de la Unión. Al mismo tiempo, los individuos y las microempresas y pequeñas y medianas empresas deben tener una menor carga administrativa cuando acceden al procedimiento de resolución de litigios. Además, debe reforzarse la fase de resolución de litigios. En concreto, conviene delimitar la duración de los procedimientos de resolución de los litigios de doble imposición y establecer las condiciones del procedimiento de resolución de litigios para los contribuyentes.
Esta Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE, y será aplicable a toda reclamación presentada a partir del 1.7.2019 en adelante respecto de las cuestiones en litigio referentes a rentas o patrimonio obtenidos en un ejercicio fiscal que se haya iniciado el 1.1.2018 o con posterioridad a esa fecha. No obstante, los Estados miembros podrán acordar aplicar la presente Directiva a toda reclamación que se haya presentado con anterioridad a dicha fecha o a ejercicios fiscales anteriores (art. 23). Por su parte, los Estados miembros deberán haberla transpuesto a más tardar el 30.6.2019 (art. 22.1).
[DOUE L265, de 14.10.2017]
Etiquetas: DOUE, Fiscalidad, Mediación, RAL (ADR)
Jurisprudencia - Procedimiento diseñado para engañar por medios informáticos a una serie de empresas internacionales
Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia de 16 febrero 2017, Rec. 1245/2016: Condena por delito continuado de estafa en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil y un delito de participación en organización criminal. La sofisticación en el procedimiento diseñado para engañar por medios informáticos a una serie de empresas internacionales revela una organización criminal con estabilidad y reparto de tareas. Un conjunto de personas, actuando desde varios países, se aprovecharon del prestigio internacional de una empresa española dedicada a la explotación y comercialización de mercurio, para obtener un beneficio económico injustificado, a cuyo efecto crearon un dominio alojado en el Reino Unido. Desarrollaron una página web a la que se accedía a través de dicho dominio, imitando el estilo, diseño y contenido de la página de la empresa española, eliminando los datos de contacto auténticos y sustituyéndolos por otros; cuando los clientes de la empresa accedían por error a la página web alojada en el dominio creado, se les facilitaban teléfonos de contacto y direcciones de correo electrónico que correspondían a personas que actuaban en concierto con los que habían creado la falsa página web. Con dicha actuación, los clientes de la empresa contactaron con personas que nada tenían que ver con ella, quienes, actuando en colaboración con los que habían creado la falsa página web, ofrecían partidas de mercurio a precios ventajosos, exigiendo que se remitiera a las cuentas por ellos designadas cantidades en efectivo en concepto de señal o como confirmación de los pedidos.
Ponente: Conde-Pumpido Touron, Cándido.
Iustel - Diario Del Derecho, 13 octubre 2017, sección Jurisprudencia
[Texto en CENDOJ: STS 483/2017 - ECLI: ES:TS:2017:483]
Etiquetas: D.Penal, D.Sociedades/P.Jurídicas, Jurisprudencia
El Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Japón relativo al Programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas, hecho en Tokio el 5 de abril de 2017 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 67-1, de 13.10.2017).
Nota: Mediante el presente Acuerdo, cada parte contratante se compromete a facilitar la tramitación y expedición a los nacionales del otro país que residan en él de un visado para el programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas.
Juripsrudencia - Abogado que estafa a clientes extranjeros prometiéndoles permisos residencia sobre falsos contratos
Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 540/2017 de 12 Jul. 2017, Rec. 1621/2016: Concurso de delitos. Medial entre falsedad documental y estafa. Cometido por el Abogado que tramitó numerosos expedientes de extranjería en su despacho –a través de becarios- para la obtención de permisos de trabajo y residencia de extranjeros, aportando contratos de trabajo falsos y otros documentos confeccionados al efecto en sociedades o empresas inactivas, cobrando a los clientes a sabiendas de la denegación de los mismos. Continuidad delictiva. Nexo causal precedente entre el engaño, el error y el desplazamiento patrimonial en perjuicio de las víctimas. Falsedad en documento privado, en cuanto que la mendacidad en los sellos de entrada en oficina pública, no iba dirigida a incorporarse a expediente alguno, sino en simular tal entrada, para estafar a los perjudicados. Penalidad. Minoración de la pena a 3 años de prisión por absorción de la falsificación por la estafa. No puede mantenerse tampoco la estafa agravada por encima de 50.000 euros, por no existir datos concluyentes al respecto. Condena por delito continuado de estafa básico del art. 249 CP.
Nº de Sentencia: 540/2017
Nº de Recurso: 1621/2016
Diario La Ley, Nº 9060, Sección Jurisprudencia, 13 de Octubre de 2017
ECLI: ES:TS:2017:2871
Publicado por Federico Garau a las 12:13:00 0 comentarios
Bibliografía - El fraude del realquiler vacacional
El fraude del realquiler vacacional
Vicente MAGRO SERVET, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Doctor en Derecho
Diario La Ley, Nº 9060, Sección Doctrina, 13 de Octubre de 2017, Editorial Wolters Kluwer
Analiza el autor el fraude que se está produciendo en casos de alquiler vacacional de inmuebles llevado a cabo por inquilinos de inmuebles con contratos de larga duración, lo que provoca un importante beneficio económico y una estafa al arrendador que no conoce el destino de su propio inmueble. Se analizan la viabilidad de las vías civil y penal, y la forma de afrontar el arrendador este problema para obtener la inmediata recuperación de la posesión de su inmueble, evitando, también, caer en actuaciones que pueden constituir un ilícito penal o civil.
Se realiza un detallado estudio de la vía civil y penal para afrontar este problema, ofreciéndose del mismo modo una propuesta de reforma legislativa que resolvería este problema grave provocado por los grandes beneficios que está produciendo esta nueva figura del alquiler vacacional, pero, sobre todo, para evitar el retraso en la recuperación del inmueble por el propietario perjudicado.
Etiquetas: Bibliografía, D.Obligaciones, D.Penal
Bibliografía - La hipoteca inmobiliaria en el marco de la inversión extranjera para el desarrollo inmobiliario en Cuba
La hipoteca inmobiliaria en el marco de la inversión extranjera para el desarrollo inmobiliario en la República de Cuba
Lourdes DÁVALOS LEÓN, Abogada del Área de Derecho Mercantil de Uría Menéndez (Madrid), Licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana y la Universidad Complutense de Madrid; Amadeu BLASCO MUÑOZ, Responsable de la Asesoría Jurídica Procesal y Recuperaciones - RED de SAREB
Diario La Ley, Nº 9060, Sección Tribuna, 13 de Octubre de 2017, Editorial Wolters Kluwer
Los autores analizan en el presente trabajo la situación de la figura jurídica de la hipoteca en Cuba, centrándose exclusivamente en el régimen de la hipoteca voluntaria inmobiliaria. Abordan las posibles perspectivas de reforma para una correcta aplicación.
Publicado por Federico Garau a las 11:48:00 0 comentarios
Etiquetas: Bibliografía, D.Obligaciones, D.Reales, M.Capitales
-Actualización de la lista de permisos de residencia a que se refiere el artículo 2, apartado 16, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).
Véanse igualmente las listas de permisos de residencia publicados con anterioridad en DOUE C247, de 13.10.2006, p. 1; DOUE C153, de 6.7.2007, p. 5; DOUE C192, de 18.8.2007, p. 11; DOUE C271, de 14.11.2007, p. 14; DOUE C57, de 1.3.2008, p. 31; DOUE C134, de 31.5.2008, p. 14.; DOUE C207, de 14.8.2008, p. 12; DOUE C331, de 21.12.2008, p. 13; DOUE C3, de 8.1.2009, p. 5; DOUE C64, de 19.3.2009, p. 15; DOUE C239, de 6.10.2009, p. 2; DOUE C298, de 8.12.2009, p. 15; DOUE C308, de 18.12.2009, p. 20; DOUE C35, de 12.2.2010, p. 5; DOUE C74, de 24.3.2010, p. 13; DOUE C82, de 30.3.2010, p. 26; DOUE C103, de 22.4.2010, p. 8; DOUE C108, de 7.4.2011, p. 6; DOUE C157, de 27.5.2011, p. 5; DOUE C201, de 8.7.2011, p. 1; DOUE C216, de 22.7.2011, p. 26; DOUE C283, de 27.9.2011, p. 7; DOUE C199, de 7.7.2012, p. 5; DOUE C214, de 20.7.2012, p. 7; DOUE C298, de 4.10.2012, p. 4; DOUE C51, de 22.2.2013, p. 6; DOUE C75, de 14.3.2013, p. 8.; DOUE C77, de 15.3.2014, p. 4; DOUE C118, de 17.4.2014, p. 9; DOUE C200, de 28.6.2014, p. 59, DOUE C304, de 9.9.2014, p. 3; DOUE C390, de 5.11.2014, p. 12; DOUE C210, de 26.6.2015, p. 5; DOUE C286, de 29.8.2015, p. 3; DOUE C151, de 28.4.2016, p. 4; DOUE C16, de 18.1.2017, p. 5; DOUE C69, de 4.3.2017, p. 6; DOUE C94, de 25.3.2017, p. 3; DOUE C297, de 8.9.2017, p. 3.
[DOUE C343, de 13.10.2017]
(527º Pleno de los días 5 y 6 de julio de 2017)
-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La industria de los productos falsificados y pirateados» (Dictamen de iniciativa).
-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso».
-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Directiva 2002/58/CE (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas).
[DOUE C345, de 13.10.2017]
Etiquetas: CESE, D.Persona, DOUE, Extranjería, IP
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12.10.2017)
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 12 de octubre de 2017, en el asunto C‑218/16 (Kubicka): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (UE) n.º 650/2012 — Sucesiones y certificado sucesorio europeo — Ámbito de aplicación — Bien inmueble situado en un Estado miembro que no reconoce el legado vindicatorio — Denegación del reconocimiento de los efectos reales de dicho legado.
Fallo del Tribunal: "Los artículos 1, apartado 2, letras k) y l), y 31 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la denegación del reconocimiento por una autoridad de un Estado miembro de los efectos reales del legado vindicatorio, reconocido por el Derecho aplicable a la sucesión que el testador ha elegido con arreglo al artículo 22, apartado 1, del citado Reglamento, cuando la denegación se basa en que ese legado se refiere al derecho de propiedad de un inmueble situado en dicho Estado miembro, cuya legislación no reconoce la institución del legado con efecto real directo en la fecha de apertura de la sucesión."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 12 de octubre de 2017, en el asunto C‑278/16 (Sleutjes): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Directiva 2010/64/UE — Artículo 3, apartado 1 — Derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales — Traducción de “documentos esenciales” — Concepto de “documentos esenciales” — Resolución judicial de autorización de un decreto de propuesta de proposición de pena dictada tras un procedimiento unilateral abreviado y que condena a su destinatario a una multa por una infracción leve.
Fallo del Tribunal: "El artículo 3 de la Directiva 2010/64 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, debe interpretarse en el sentido de que un acto como una resolución prevista por el Derecho nacional para sancionar infracciones penales leves dictada por un juez tras un procedimiento unilateral abreviado constituye un «documento esencial» a los efectos del apartado 1 de dicho artículo, del cual deben recibir una traducción escrita que respete los requisitos formales que establece la referida disposición las personas sospechosas o acusadas que no comprendan la lengua del proceso de que se trate, con el fin de permitirles ejercer su derecho de defensa y de salvaguardar de este modo la equidad del proceso."
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(124º Pleno, 12-13 de julio de 2017)
-Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Migración en la ruta del Mediterráneo Central.
Nota: Véase el documento JOIN(2017) 4 final, COMUNICACIÓN CONJUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO EUROPEO Y EL CONSEJO. Migración en la ruta del Mediterráneo Central Gestionar los flujos, salvar vidas en el mar, así como su Anexo.
[DOUE C342, de 12.10.2017]
Jurisprudencia - Un extranjero sin permiso de residencia y de trabajo no tiene derecho a prestación por desempleo
Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 991, Sentencia de 31 enero 2017, Rec. 1153/2015: La prestación por desempleo no la puede obtener el extranjero que se encuentra en situación irregular en España, dada la ineficacia a efectos prestacionales que de la legislación de extranjería se deriva, que no se sana por el hecho de que haya regularizado posteriormente su situación, lo que únicamente le da derecho a las prestaciones que, en su caso, haya podido generar por ese periodo trabajado legalmente y cotizado. Votos particulares.
Ponente: Luelmo Millán, Miguel Ángel.
Nº de Recurso: 1153/2015
Iustel - Diario Del Derecho, 11 octubre 2017, sección Jurisprudencia
[Texto en CENDOJ: STS 656/2017 - ECLI: ES:TS:2017:656]
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Jurisprudencia - No cabe sustituir pena de prisión por la de expulsión de extranjero residente legalmente en España por hechos anteriores a la LO 1/2015
Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 514/2017 de 6 Jul. 2017, Rec. 2479/2016: Abusos sexuales. Cometidos por el acusado -de nacionalidad boliviana- sobre nieta de 10 años. Delito continuado. Penalidad. Se deja sin efecto la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional del penado, una vez que accediese al tercer grado, acordada en la instancia. Improcedencia de sustituir la pena de prisión por la expulsión del territorio español, respecto de extranjero residente legalmente en España, por hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la LO 1/2015. Las previsiones de la anterior regulación contenidas en el art. 89 CP sólo contemplaban la posibilidad de su aplicación a los extranjeros no residentes legalmente en España.
Nº de Sentencia: 514/2017
Nº de Recurso: 2479/2016
Diario La Ley, Nº 9058, Sección Jurisprudencia, 10 de Octubre de 2017
ECLI: ES:TS:2017:2741
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Jurisprudencia - Canje de permiso de conducir en fraude de ley para poder conducir en España tras la pérdida de todos los puntos
Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 612/2017 de 13 Sep. 2017, Rec. 1956/2016: Conducción sin permiso. Por pérdida de puntos. Canjes fraudulentos de permisos de conducir. Fijación de doctrina legal. Interés casacional. No pueden detentarse dos permisos, y usar el que convenga en cada momento, sobre todo cuando se circula por un Estado cuyas autoridades impiden tal conducción como consecuencia de las infracciones cometidas, que acarrean la caducidad de su vigencia por pérdida total de puntos. No cabe que el canje se haga en defraudación de una norma penal de un Estado miembro, ni puede impedir disposiciones sancionadoras, de tal manera pueda dejar de aplicarse una sanción de privación de la licencia de conducir por pérdida de puntos en uno de los Estados. Virtualidad del nuevo modelo único de permiso de conducción en todos los Estados miembros de la UE, cuyas características y plazos de vigencia han de ser armonizados de acuerdo a sus prescripciones. En el caso, las autoridades españolas habían dejado sin vigencia el permiso de conducción del acusado, nacional español, por pérdida de puntos, notificándoselo adecuadamente, no pudiéndose amparar en la tenencia de otro de canje portugués, so pena de fraude de ley. Confirmación de condena.
Nº de Sentencia: 612/2017
Nº de Recurso: 1956/2016
Diario La Ley, Nº 9058, Sección Reseña de Sentencias, 10 de Octubre de 2017
ECLI: ES:TS:2017:3250
Nota: Este Acuerdo entró en vigor el 10 de julio de 2017, es decir, hace tres meses (!!!). ¡Puntualidad la del MAEC a la hora de informar de estos actos!
[BOE n. 244, de 10.10.2017]
-Asunto C-287/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 20 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Fidelidade-Companhia de Seguros, S.A./Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira (Procedimiento prejudicial — Seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles — Directiva 72/166/CEE — Artículo 3, apartado 1 — Directiva 84/5/CEE — Artículo 2, apartado 1 — Contrato de seguro celebrado sobre la base de falsas declaraciones relativas a la propiedad del vehículo y a la identidad del conductor habitual de éste — Tomador del seguro — Falta de interés económico en la celebración de ese contrato — Nulidad absoluta del contrato de seguro — Oponibilidad a los perjudicados).
Nota: Véase la entrada de este blog del día 20.7.2017.
-Asunto C-386/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 27 de junio de 2017 — Stefano Liberato/Luminita Luisa Grigorescu
"1) ¿La infracción de las normas sobre litispendencia, contenidas en el artículo 19, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 2201/2003, incide exclusivamente en la determinación de la competencia judicial, con la consiguiente aplicación del artículo 24 del Reglamento n.o 2201/2003 o, por el contrario, puede constituir un motivo de denegación del reconocimiento, en el Estado miembro ante cuyos órganos jurisdiccionales se interpuso la primera demanda, de la resolución dictada en el Estado miembro ante cuyos órganos jurisdiccionales se presentó la segunda demanda, desde el punto de vista del orden público procesal, teniendo en cuenta que el artículo 24 del Reglamento n.o 2201/2003 sólo menciona las normas de determinación de la competencia judicial recogidas en los artículos 3 a 14, y no en el posterior artículo 19?
2) La interpretación del artículo 19 del Reglamento n.o 2201/2003 en el sentido de que es únicamente un criterio de determinación de la competencia judicial, ¿se opone al concepto europeo unitario de litispendencia y a la función y la finalidad de la normativa, que persigue establecer un conjunto de normas imperativas, de orden público procesal, en garantía de la creación de un espacio común caracterizado por la confianza y lealtad procesal recíproca entre los Estados miembros, dentro del cual pueda tener lugar el reconocimiento automático y la libre circulación de decisiones?
[DOUE C338, de 9.10.2017]
Etiquetas: D.Familia, D.Obligaciones, DPCI, Jurisprudencia, Reglamento Bruselas II, TJUE
Jurisprudencia - Planteada cuestión prejudicial sobre si los abogados de oficio son comerciantes o profesionales
Juzgado de lo Social N°. 2 de Terrassa/Tarrasa, Auto de 27 Jun. 2017, Rec. 189/2017: Honorarios de los abogados. Reclamación a beneficiaria de justicia gratuita por la abogada de oficio de unos honorarios que exceden el 50% de la anualidad de la prestación de la Seguridad Social, puesto que no se impusieron las costas a ninguna de las partes. Planteamiento de cuestiones prejudiciales al TJUE en relación a la regulación de los estipendios de los abogados del turno de oficio, pues entiende el magistrado que un régimen tarifario de honorarios del turno de oficio puede persuadir a las clases más desfavorecidas de ejercitar sus derechos ante los tribunales. Así como que el establecimiento de un baremo de honorarios por el Colegio oficial sin intervención de las autoridades del Estado puede ocasionar una desventaja competitiva. También plantea si los abogados de oficio son comerciantes o profesionales en los términos del art. 2. c) Directiva 93/13/CE y del art. 2 b) Directiva 2005/29/CE.
Ponente: Vegas Ronda, Carlos Antonio.
Nº de Recurso: 189/2017
Diario La Ley, Nº 9057, Sección La Sentencia del día, 9 de Octubre de 2017
ECLI: ES:JSO:2017:1A
[Texto de la resolución]
Etiquetas: DPCI, Jurisprudencia, UE
Bibliografía - El 'rechazo' de inmigrantes irregulares en las fronteras de Ceuta y Melilla
El «rechazo» de inmigrantes irregulares en las fronteras de Ceuta y Melilla
Daniel GRACIA PÉREZ DE MERGELINA, Doctorando en el Departamento de derecho Internacional «Adolfo Miajada de la Muela». Facultad de Derecho. Universidad de Valencia.
Diario La Ley, Nº 9057, Sección Doctrina, 9 de Octubre de 2017
En este trabajo el autor analiza la Disposición adicional décima, introducida en la Ley Orgánica de Extranjería por la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que ha supuesto la legalización de las conocidas como «devoluciones en caliente o automáticas» bajo la denominación legal de «rechazo en frontera». Su práctica, sin embargo, sigue planteando dudas de compatibilidad con la normativa internacional de Derechos Humanos y de protección internacional; así como su encaje dentro de la lógica operativa que disciplina el Acuerdo de readmisión de inmigrantes irregulares entre España y Marruecos de 1992. Incluso su conveniencia o necesidad queda en tela de juicio ante la entrada en vigor del nuevo Reglamento europeo 2016/1624 por el que se instituye una Guardia Europea de Fronteras y Costas.
Publicado por Federico Garau a las 11:45:00 0 comentarios
-Eucrim: the European Criminal Law Associations' fórum: 2017, núm. 2.
-Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly: 2017, núm. 3.
-Revista de Derecho Civil: 2017, núm. 2; 2017, núm. 3.
-Revista de Derecho Comunitario Europeo: núm. 57 (2017).
"XI Seminario de Derecho internacional privado" (Barcelona, 26 y 27 de octubre)
Los días 26 y 27 de octubre de 2017 tendrá lugar el "XI Seminario de Derecho internacional privado", dedicado a la “Regulación de la actividad económica en el ámbito internacional y libertad de establecimiento (cuestiones societarias, fiscales, de Derecho de la competencia, Derecho privado y arbitraje".
09:30. Inauguración.
10:00. Primer pánel: Establecimiento de Sociedades (perspectiva de DIPr):
11:30. Pausa café
12:00. Segundo pánel: Establecimiento de Sociedades (perspectiva de Derecho Mercantil):
13:30. Fin de la 1ª Sesión
16:30. Tercer pánel: Cuestiones fiscales.
18:15. Cuarto pánel: Derecho económico (libre competencia, competencial desleal y regulación administrativa de la actividad económica):
19:45. Fin de la 2ª Sesión
10:00. Quinto pánel: Libertad de establecimiento y Derecho privado:
12:00. Sexto pánel: Regulación de la actividad económica y Derecho privado fuera de la UE:
13:30. Fin de la 3ª Sesión
16:30. Séptimo pánel: Arbitraje:
Prof. Dr. José Carlos Fernández Rozas, Catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad Complutense de Madrid / Prof. Dr. Leonel Pereznieto Castro, Catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México
18:00. Ponencia conclusiva
18:30. Clausura del Seminario
La asistencia al Seminario es libre y gratuita; pero los organizadores ruegan confirmación de la participación a fin de tenerla en cuenta para la organización de la sala. Se ruega a quienes vayan a asistir que envíen un correo indicándolo así a 'rafael.arenas (at) uab.cat' indicando en el asunto “Asistencia al XI Seminario de DIPr”.
El Seminario se desarrollará en el Colegio de Abogados de Barcelona (Calle Mallorca, 283, Barcelona).
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-Recomendación (UE) 2017/1803 de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, relativa a la mejora de las vías legales para las personas que necesitan protección internacional.
Nota: De acuerdo con su exposición de motivos, este acto tiene como objetivo garantizar que la labor de reasentamiento continúe en el período comprendido entre el final de los programas de reasentamiento actuales de la UE y la puesta en marcha del Marco de Reasentamiento de la Unión y dar seguimiento al ejercicio de compromisos puesto en marcha el 4 de julio de 2017, a la luz de las nuevas necesidades adicionales expuestas en el informe mencionado en el considerando anterior (Cdo. 12). Su finalidad es apoyar los esfuerzos continuos de los Estados miembros para proporcionar vías legales y seguras, y mejorar las existentes, a las personas que necesitan protección internacional. Las acciones que lleven a cabo los Estados miembros mostrarán solidaridad con los terceros países en los que se halla un gran número de desplazados que necesitan protección internacional y contribuirán a las iniciativas internacionales y a una mejor gestión integral de la situación migratoria (Cdo. 13).
Por todo lo anterior, los Estados miembros deberán ofrecer al menos 50.000 plazas de reasentamiento para admitir, a más tardar el 31.10.2019, a personas que necesitan protección internacional procedentes de terceros países (núm. 1). Los Estados miembros que todavía no hayan presentado sus compromisos de reasentamiento en el marco del ejercicio puesto en marcha por la Comisión el 4.7.2017 deberán hacerlo a más tardar el 31.10.2017 y los que ya los hayan presentado deben plantearse aumentar sus compromisos para alcanzar el objetivo (núm. 2).
-Recomendación (UE) 2017/1804 de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, relativa a la aplicación de las disposiciones del Código de fronteras Schengen sobre la reintroducción temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores en el espacio Schengen.
Nota: La Comisión ha adoptado una propuesta de modificación de las disposiciones pertinentes del Código de fronteras Schengen. A la espera de la adopción de la modificación, resulta esencial que los Estados miembros que tengan intención de restablecer los controles en las fronteras interiores cumplan plenamente las condiciones establecidas por las disposiciones vigentes del Código, que ya exigen que los Estados miembros que pretendan recurrir a esta medida consideren previamente la aplicación de medidas alternativas a los controles fronterizos y cooperen con los Estados miembros vecinos.
Con arreglo al art. 26 del Código de fronteras Schengen, antes de tomar una decisión por la que se restablezcan o prolonguen los controles temporales en las fronteras interiores, el Estado miembro de que se trate debe valorar el grado en que una medida de este tipo puede remediar adecuadamente la amenaza al orden público o la seguridad interior y la proporcionalidad de la medida en relación con dicha amenaza, tomando en consideración, entre otras cosas, la incidencia probable de tal medida en la libre circulación de personas dentro del espacio sin controles en las fronteras interiores.
Debe permitirse a los Estados miembros afectados por el restablecimiento de los controles en las secciones fronterizas en cuestión expresar regularmente sus puntos de vista sobre su necesidad con el fin de organizar una cooperación mutua entre todos los Estados miembros afectados y de examinar periódicamente la proporcionalidad de las medidas con respecto a los acontecimientos que originaron el restablecimiento de los controles fronterizos y a la amenaza al orden público o la seguridad interior.
De conformidad con el art. 27.1.e) del Código, el Estado miembro que restablezca o prolongue los controles en las fronteras interiores debe suministrar, entre otras cosas, información sobre las medidas que deban adoptar los demás Estados miembros en el contexto de los controles fronterizos previstos. Por otro lado, con arreglo al art. 27.5 del Código, pueden celebrarse reuniones conjuntas entre el Estado miembro que prevea restablecer los controles en las fronteras interiores, los demás Estados miembros y la Comisión con el fin de organizar, cuando proceda, una cooperación mutua entre los Estados miembros.
Dado que solo cabe recurrir al restablecimiento de los controles en las fronteras interiores en circunstancias excepcionales y como medida de último recurso, los Estados miembros deben examinar en primer lugar si es posible la aplicación de medidas alternativas a los controles fronterizos para hacer frente de forma eficaz a la amenaza detectada y acordar el restablecimiento de controles en las fronteras interiores afectadas únicamente como medida de último recurso, cuando tales medidas menos restrictivas del tráfico transfronterizo no basten para responder de forma suficiente a las amenazas detectadas.
[DOUE L259, de 7.10.2017]
Nota: Mediante su artículo único se modifica el art. 285.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que pasa a tener la siguiente redacción:
"2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia."
[BOE n. 242, de 7.10.2017]
Access to Justice in the European Union (Madrid, 10 October 2017)
Access to Justice in the European Union
Tuesday 10 October 2017, 8.30 – 10.30 a.m.
Spanish National Bar
The UN Sustainable Development Goals Fund +
University of Navarra School of Law +
are honored to invite you to a breakfast dialogue on the role of the access to justice for the achievement of SDGs.
Head of Independence and Efficiency of Justice Division within the Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Council of Europe.
President. Spanish National Bar.
Director, UN SDG Fund.
Jorge Noval
Dean of the School of Law, University of Navarra.
-Decisión (UE) 2017/1792 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión, y a la aplicación provisional del Acuerdo bilateral entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre medidas prudenciales en materia de seguros y reaseguros.
Nota: Se autoriza la firma del Acuerdo bilateral entre la UE y los EEUU sobre medidas prudenciales en materia de seguros y reaseguros, a reserva de su celebración (véase abajo).
Sobre la modificación de este acto, véase la siguiente referencia de esta entrada.
-Decisión (UE) 2017/1793 del Consejo, de 15 de septiembre de 2017, por la que se modifica la Decisión (UE) 2017/1792 relativa a la firma, en nombre de la Unión, y a la aplicación provisional del Acuerdo bilateral entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre medidas prudenciales en materia de seguros y reaseguros.
-Acuerdo bilateral entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre medidas prudenciales en materia de seguros y reaseguros.
[DOUE L258, de 6.10.2017]
-Comunicación de la Comisión — Manual europeo para la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas.
Nota: El presente manual es una versión revisada del Manual europeo para la emisión de órdenes de detención europeas publicado por el Consejo en 2008 y revisado en 2010. Una vez finalizado el período transitorio de cinco años contemplado en el Tratado de Lisboa relativo a los denominados instrumentos jurídicos correspondientes al antiguo tercer pilar, incluida la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, la Comisión asumió la tarea de actualizar y revisar el manual. El presente manual tiene en cuenta la experiencia adquirida durante los últimos trece años de aplicación de la orden de detención europea en la Unión. Los objetivos de esta revisión son actualizar el manual y hacerlo más exhaustivo y accesible. Para preparar esta última versión del manual, la Comisión consultó a diversas partes interesadas y expertos, incluidos Eurojust, la Secretaría de la Red Judicial Europea y los expertos de las administraciones y autoridades judiciales de los Estados miembros.
[DOUE C335, de 6.10.2017]
Publicado por Federico Garau a las 16:09:00 0 comentarios
Etiquetas: D.Obligaciones, DOUE, DPPI
Bibliografía - Regular ya el convenio de gestación por sustitución
Antonio J. VELA SÁNCHEZ, Profesor Titular de Derecho Civil (Universidad Pablo de Olavide)
Diario La Ley, Nº 9056, Sección Tribuna, 6 de Octubre de 2017
La revisión de la radical prohibición del convenio de gestación por sustitución contenida en el art. 10,1 LTRHA es, precisamente, el problema de fondo que ha de ser afrontado en nuestro ordenamiento jurídico, tal y como está sucediendo en otros países de nuestro entorno, a través de la elaboración de una legislación razonable.
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Tribunal de Justicia de la Unión Europea (5.10.2017)
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 5 de octubre de 2017, en el asunto C‑341/16 (Hanssen Beleggingen): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Competencia judicial — Artículo 2, apartado 1 — Competencia de los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandado — Artículo 22, punto 4 — Competencia exclusiva en materia de inscripciones o validez de títulos de propiedad intelectual — Litigio cuyo objeto es determinar si una persona fue inscrita de forma justificada como titular de una marca.
Fallo del Tribunal: "El artículo 22, punto 4, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a los litigios que tienen por objeto determinar si una persona ha sido inscrita de forma justificada como titular de una marca."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. NILS WAHL, presentadas el 5 de octubre de 2017, en el asunto C‑473/16 (F): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de Szeged, Hungría)] Espacio de libertad, seguridad y justicia — Directiva 2011/95/UE — Requisitos mínimos para la concesión del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria — Artículo 4 — Valoración de hechos y circunstancias — Métodos de valoración — Exámenes psicológicos — Temor a ser perseguido por razón de la orientación sexual — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 1 — Dignidad humana — Artículo 7 — Derecho al respeto de la vida privada y familiar.
"El artículo 4 de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, interpretado a la luz del artículo 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no se opone a que las autoridades usen el dictamen pericial de un psicólogo, en particular para evaluar la credibilidad general de un solicitante de protección internacional, siempre que: i) el examen del solicitante se lleve a cabo mediando el consentimiento de éste y de una manera respetuosa con la dignidad y con la vida personal y familiar de dicho solicitante; ii) el dictamen se base en métodos, principios y nociones que sean suficientemente fiables y pertinentes en las circunstancias del caso, y puedan arrojar unos resultados suficientemente fiables y iii) las apreciaciones del perito no sean vinculantes para los órganos jurisdiccionales nacionales encargados de pronunciarse sobre la decisión relativa a la solicitud."
Publicado por Federico Garau a las 16:03:00 0 comentarios
Etiquetas: D.Persona, DPCI, Extranjería, IP, Jurisprudencia, Reglamento Bruselas I, TJUE
III Seminario de investigación 'Empresas y derechos humanos' (Tarragona, 19-20 octubre)
III Seminario de investigación
19-20 Octubre 2017
Sala de Vistas – Campus Catalunya URV – Tarragona
16:30h. Presentación del Seminario
16:40h. Dr. Agustín Viguri Perea (UJI): "Derechos de la persona, medio ambiente y empresas: Acciones de Defensa de Intereses Colectivos como solución a la encrucijada actual desde una perspectiva de Derecho comparado”
17:05h. Sra. Lorena Martínez Hernández (URV): “La democracia ambiental y el arbitraje inversionista Estado. Estudio del caso Pac Rim Ltd. v. El Salvador"
17:30h. Sra. María Cervera Vallterra (UV): "Impuesto Global e Inversión en Renovables Frente a Pobreza Extrema: Llamada al Debate".
17:55. Debate
18:15. Pausa café
18:45. Presentación del libro: Francisco Javier Zamora Cabot / Lukas Heckendorn Urscheler / Stéphanie De Dycker (eds), Implementing the U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights. Private International Law Perspectives, ISDC, 2017.
9:30h. Dr. Antoni Pigrau (URV): “La estrategia catalana de empresas y derechos humanos”
9:55h. Dra. Mª Chiara Marullo (UJI): " La protección de los derechos humanos en las cadenas de suministros: los informes de sostenibilidad"
10:20h. Dra. Lorena Sales Pallarés (UCLM): "Cadenas de suministro: Análisis de futuro a partir del caso Nestlé"
10:45. Debate
11:00. Pausa café
11:30h. Dr. Daniel Iglesias Márquez (URV) "La vía penal en relación con las vulneraciones de derechos humanos cometidas por empresas: un panorama de la práctica actual"
11:55. Sra. Nuria Reguart Segarra (UJI): "Posicionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas en las sentencias de 8 de octubre de 2015".
12:20h. Dr. Francisco.J. Zamora Cabot (UJI) / Dra. Victoria Camarero (UJI): “Persecución de la etnia Rohingya en Birmania: Otra perspectiva”.
12.45h. Debate
13:00h. Clausura del seminario
URV - Grupo de investigación “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat” (2014 SGR 294)
UJI - Grupo de Estudio sobre el Derecho Internacional Privado y los Derechos Humanos
Con la colaboración del Institut Català Internacional per a la Pau
Jurisprudencia - Indemnización del Estado a taekwondista francés al que se impidió participar en los campeonatos de España
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 21 Jun. 2017, Rec. 28/2016: Responsabilidad de la Administración del Estado. Deportes. Daños a nacional francés derivados de la resolución del CSD que autorizó a la Federación Española de Taekwondo a impedir la participación de deportistas extranjeros en los campeonatos de España, anulada definitivamente en vía judicial. Falta de razonabilidad de la resolución administrativa. Se dictó en virtud de la excepción recogida en la DA 2.ª de la Ley 19/2007, basándose en un presupuesto de hecho que no concurría (el ser determinante ganar el campeonato de España para ser seleccionado y formar parte del equipo nacional). Nexo causal entre el actuar de la Administración y la lesión antijurídica. Procedencia asimismo de la responsabilidad desde la perspectiva de los daños originados por la infracción del Derecho de la UE. INDEMNIZACIÓN. Perjuicio moral por la discriminación sufrida por razón de la nacionalidad. Cuantía. Fijación prudencial en 30.000 euros.
Ponente: Castillo Badal, Ramón.
Nº de Recurso: 28/2016
Diario La Ley, Nº 9055, Sección Jurisprudencia, 5 de Octubre de 2017
ECLI: ES:AN:2017:2698
Jurisprudencia - Empresa concesionaria que vende vehículo sujeto a una orden internacional de inmovilización
Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Sección 1ª, Sentencia 151/2017 de 30 Jun. 2017, Rec. 1057/2016: Estafa. Cometida por gerente y vendedor de empresa concesionaria de coches de alta gama. Venta de vehículo ocultando al comprador la vigencia de una orden internacional de localización e inmovilización por denuncia de sustracción del coche en Alemania. Engaño bastante. Omisión intencionada, con ánimo de lucro, de la obligación de comunicar una carga jurídica en el vehículo que limitaba su libre uso y disposición, y que era determinante para conformar la voluntad de compra. Agravación por la cantidad defraudada y por aprovechamiento de la credibilidad de la empresa, con más de 30 años de experiencia en el sector y un elenco de clientes de postín. Participación. Autoría del gerente y cooperación necesaria del vendedor. Exención de responsabilidad penal de la empresa, solicitada ex art. 251 y 31 bis CP. No se acredita por la acusación que el delito cometido por la persona física ha sido realizado o facilitado por la concurrencia de un defecto estructural de los mecanismos de prevención exigibles a toda persona jurídica para que los riesgos que se derivan de su actuar profesional se desenvuelvan dentro del riesgo permitido. Sí se la condena como responsable civil subsidiaria.
Ponente: Subijana Zunzunegui, Ignacio José.
Nº de Sentencia: 151/2017
Nº de Recurso: 1057/2016
ECLI: ES:APSS:2017:475
Etiquetas: D.Obligaciones, D.Penal, Jurisprudencia

References: artículo 52
 artículo 33
 artículo 49
 artículo 52
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 artículo 15
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 artículo 7
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 artículo 11
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 artículo 4
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