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¿Hacia un Nuevo (Des) Orden Internacional? El Caso de Crimea | En Letra Digital
¿Hacia un Nuevo (Des) Orden Internacional? El Caso de Crimea
07/18/2014 ·	por Ezequiel Jimenez ·	en En Letra
[Una version más extensa y detallada de este ensayo será publicada en el segundo número de la revista digital de En Letra]
La invasión, y posterior anexo, de la región de Crimea por parte de tropas Rusas abre un panorama político, económico, militar y cultural que todavía queda por ver su resultado final. Desde la óptica de las relaciones internacionales y el estudio de la geopolítica, el anexo de la región de Crimea, territorio soberano de Ucrania, pone en tela de juicio la efectividad de la diplomacia al frente de proyectos expansionistas. De la misma manera, el avance ruso sobre la península, el posicionamiento naval en el Mar Negro y los esfuerzos desestabilizadores en el Este de Ucrania, llaman a replantear el rol del derecho internacional en la mediación entre Estados como garante de la convivencia pacífica. La situación de Crimea y sus efectos en la región del Este de Ucrania son episodios que tienden hacia una misma explicación: la falta de voluntad política para aplicar el derecho internacional como norma viva entre Estados soberanos.
Quizás, las intenciones del Presidente Putin son revivir el viejo imperio Soviético a partir de conflictos que funcionen como proxies para posicionar tropas estratégicamente cercanas a fronteras de países ex integrantes de la Unión Soviética. Dicho movimiento militar y político, como ejemplifica el despliegue en Crimea y el Mar Negro, es un claro caso en violación del derecho internacional como se estipula en de la Carta de las Naciones Unidas. Dentro de este contexto, con el avance de la globalización y la interrelación entre mercados y pueblos, las normas internacionales toman un sentido de importancia crítica para la convivencia pacífica entre Estados soberanos (Finnemore and Sikkink, 1998). Pero, como afirma el eminente catedrático Antonio Cassese, normas internacionales pueden existir en un estado puro y concluso, pero lo que realmente condiciona su poder normativo, es en definitiva, la voluntad política de someterse a tales normas. Dependiendo la ley y el interés estratégico de cada país o región, diversas normas internacionales de importancia para la convivencia pacífica o el normal desarrollo de relaciones económicas, son respetadas o voluntariamente violadas. Este es el contexto en el que este ensayo intenta analizar la situación en Crimea. Entendiéndose como un conflicto que afecta las variables políticas, económicas y culturales del sistema internacional, la situación en Crimea repercute tanto en la teoría de las relaciones internacionales como también en la efectividad del derecho internacional como garante de la convivencia pacífica entre Estados. Una vez establecida la teoría de las relaciones internacionales, la importancia del derecho internacional y, en particular, la situación en Crimea, este comentario busca analizar el impacto político y legal de esta situación en vistas a futuro.
De Maidan a Crimea
A casi cinco meses de la invasión Rusa en Crimea, la situación en el Sur y Este de Ucrania siguen cobrándose víctimas, en un escenario que se podría calificar como guerra civil. Un Estado soberano que en Noviembre 2013 apostaba a una integración económica y energética de alto valor estratégico con Rusia, liderada por el presidente pro-ruso de turno, Viktor Yanukovich, ahora afronta un conflicto a tres frentes.
Dicho acuerdo, que en una siguiente fase también integraría a Bielorrusia y a Kazakstán, tenía como objetivo potenciar la colaboración energética entre estos tres países y la gigante rusa Gazpron. Teniendo en cuenta que gran parte de las exportaciones de gas líquido desde Rusia hacia Europa transitan por Ucrania, y en menor medida por Bielorrusia, Angela Merkel, Canciller de Alemania, y el Presidente de la Comisión Europea, Barroso no dudaron en ofrecer a Yanukovich un acuerdo de libre comercio y asociación con la Unión Europea. Para la diplomacia europea, el control de facto de Putin sobre las exportaciones energéticas en Ucrania ponía en serio riesgo las economías de Alemania, Francia, Holanda y toda la región de los Balcanes.
Dado este contexto puramente de materia energética, el Presidente pro-ruso Yanukovich se ve acorralado entre dos frentes. Por un lado, Putin y su intención de promover a Ucrania como un aliado estratégico en la relación con Europa. Y por el otro, la Unión Europea reconociendo la importancia de Ucrania para el proyecto Europeo y la excusa de la integración de los pueblos para garantizar la matriz energética. El acuerdo ofrecido por la representante de la diplomacia europea, Catherine Ashton, se enfocaba en seis ejes. De los denominados como temas “duros” o “estratégicos”, dos ejes se centraban exclusivamente en materia energética y de comercio. Para Ashton, si Ucrania mostraba voluntad para cooperar en estas dos áreas, esto sería tomando en cuenta a futuro para un posible ingreso de Ucrania al bloque Europeo.
Ante la expectativa de tal acuerdo que acerque al país ex Soviético hacia Europa, el veredicto de la opinión pública favorecía un alejamiento de Rusia. Tal es así que el gobierno de Kiev, en Noviembre de 2013, recibe un ultimátum por parte de Ashton para finiquitar detalles y firmar el pre-acuerdo en Bruselas, como corresponde en el oeuvre diplomático. Pero, como es sabido, el acercamiento económico, energético y financiero entre el Presidente Yanukovich y Putin, terminan por desestimar los esfuerzos europeos, favoreciendo la integración económica y energética con Bielorrusia y Kazakstán. El 21 de Noviembre de 2013, Yanukovich anuncia el abandono de las negociaciones con la Unión Europea. El primero de Diciembre, escasos días después del anuncio, 300,000 personas se manifiestan en la plaza de la independencia, Maidan, en contra de la decisión y prometen no levantar la protesta hasta la reiniciación de las rondas de negociación con Catherine Ashton (Al Jazeera, 2014).
En los meses de Diciembre a Febrero del 2014, la oposición acampada en Maidan logra influenciar a la diplomacia europea para generar un cambio de gobierno, una transición ordenada desplazando a Yanukovich del poder por un gobierno tecnocrático de unidad y transición. Hacia el 20 de Febrero, con 88 muertos y graves acusaciones de tortura y ejecuciones ilegales por parte de la policía militar, los ministros de relaciones exteriores de Alemania, Polonia y Francia, junto con el líder de la oposición, Oleksandr Turchinov y Yanukovich radican un acuerdo para aplacar la violencia y formar un gobierno de unidad (Al Jazeera, 2014). En el acuerdo, Yanukovich transfería la mayoría de sus poderes ejecutivos al presidente del Senado, Turchinov, mientras una comisión investigaría su responsabilidad criminal en las protestas en Maidan. Pero, contrario a lo acordado, el 22 de Febrero, el Parlamento Ucraniano decide remover a Yanukovich del cargo de Presidente con prisión preventiva. Dicho suceso desata la crisis que actualmente sigue afectando a Ucrania. Yanukovich al verse acorralado, escapa Kiev con destino a Rusia, donde su protector político, Vladimir Putin le otorga asilo (Al Jazeera, 2014).
En consecuencia, en un país donde la gran mayoría de los habitantes en el Sur y Este del país son de ascendencia rusa, estallan protestas en Crimea y Donetsk en contra del nuevo régimen en Kiev. Dado que algunos elementos de las protestas en Maidan llamaban a luchar contra “el enemigo ruso”, las movilizaciones en Crimea en contra de Kiev tornan un carácter étnico al acusar al nuevo régimen como fascista y neo-nazi (Al Jazeera, 2014). En la ciudad portuaria de Sevastopol, la capital de la región de Crimea, marchas contra el régimen en Kiev se intensifican al pasar de los días. El 25 de Febrero, el pro-ruso Aleksey Chaly, miembro del parlamento local, se auto proclama gobernador de Crimea y organiza una avanzada armada en contra de las tropas navales Ucranianas en el Mar Negro. A partir de esta fecha, tal como reporta Al Jazeera, The Guardian y el New York Times, la aparición sospechosa de elementos de inteligencia ruso alimentan las protestas de los separatistas al mismo tiempo que se refuerza el posicionamiento militar en la bahía de Sevastopol (Vaux et al., 2014). El primero de Marzo sería una fecha decisiva del levantamiento pro-ruso en Crimea. El Parlamento Ruso autoriza a Putin a utilizar medidas de fuerza para proteger a ciudadanos y descendientes rusos en Ucrania, incluido Crimea. En los días siguientes buques rusos bloquearían las fuerzas navales Ucranianas mientras soldados pro-rusos (apoyados por el aparato de inteligencia de Moscú) controlarían todo el territorio de la península de Crimea expulsando a las fuerzas armadas de Ucrania (Vaux et al., 2014). El 6 de Marzo, mediante un referéndum de carácter ilegal, Crimea decide su independencia y pide a la Federación Rusa su anexo, la cual toma efecto el 18 de Marzo (Al Jazeera, 2014).
Este racconto de los eventos más importantes en la situación de Crimea deja en claro tres cuestiones para resaltar. Primero, de lo narrado anteriormente, el actuar político de la Unión Europea, en especial de la diplomacia encabezada por la representante Ashton, solo precipitó aún más la crisis social y política de Ucrania. El ultimátum dado en las negociaciones bilaterales solo acelero la crisis política sin considerar algún plan de contención al descontento y volatilidad de los protestantes. En segundo lugar, es evidente la falla de estrategia militar y cultural al no entrever que una confrontación a Rusia sería interpretada como agresión en las regiones rusas étnicas del Sur y Este de Ucrania. La falta de previsión estratégica en cuanto al recibimiento de cambio de régimen en Kiev, sin dudas, colaboró en la sucesión de Crimea y el actual conflicto en el Este del país. Por último, y en mayor importancia, la inacción política por parte de los líderes de la Unión Europea, Estados Unidos y en gran parte el Consejo de Seguridad dejan en evidencia la falta de coordinación en materia de seguridad internacional. Amén de las débiles sanciones económicas erigidas, estos actores dieron prácticamente vía libre al expansionismo liderado por Putin.
El Derecho Internacional como Estructura y Sistema
Desde el estudio de las relaciones internacionales, y con la ayuda de la Ciencia Política, existen formas de calificar la estructura del sistema internacional y describir sus componentes principales. El debate histórico sobre cual sistema describe mejor el comportamiento entre Estados soberanos se divide, a grandes rasgos, en dos teorías. Una de ellas corresponde a las ideas del politólogo estadounidense Kenneth Waltz. Partiendo del contexto histórico de la Guerra Fría, a Kenneth se le reconocen las directrices de la teoría realista de las relaciones internacionales. En breve, la teoría afirma que el objetivo principal de cualquier Estado soberano es sobrevivir y sobreponerse a situaciones de competencia y destrucción inminente (Kocs, 1994). Teniendo en cuenta la preocupación de la época en torno al uso militar de los arsenales nucleares y los conflictos armados correspondientes al choque entre las ideologías soviética y liberal, Kenneth asegura que el Estado soberano tiene como máxima sobrevivir el estado de anarquía en el sistema internacional.
Este concepto de anarquía que aparece en la teoría de realismo político es importante de destacar porque presupone la ausencia de otro principio directriz que califique a la relación entre Estados. En otras palabras, si el sistema internacional fuese solamente entendido por su carácter anárquico en donde la regla máxima es sobrevivir y sobreponerse a desafíos militares, políticos y económicos, la posibilidad de que existan acuerdos entre Estados que regulen la convivencia se ve reducida en gran parte (Wendt, 1987). El sistema que plantea el realismo es uno donde la competencia por recursos y posicionamientos estratégicos (como el económico) está pensada para maximizar las capacidades militares con el fin de garantizar la existencia del Estado. De todas maneras, como lo marca la historia contemporánea del sistema internacional, el realismo ha servido más que nada como ideología política durante la Guerra Fría y en los primeros años de la guerra contra el terror iniciada por el ex Presidente George W. Bush. Pero más allá de estos periodos históricos, el sistema internacional se ha caracterizado por una creciente armonía en términos del desarrollo de normas de carácter internacional (Finnemore and Sikkink, 1998, Cassese, 2004, Müllerson, 2014).
Por ello, la segunda teoría que busca conceptualizar el sistema internacional tiene como elemento principal el desarrollo y aplicación de normas globales como principio ordenador del sistema internacional (Kocs, 1994). En otras palabras, el comportamiento entre Estados está altamente regulado por normas que delimitan los recursos de un Estado soberano en cuanto a alguna normal internacional en disputa. Por ejemplo, tomando en cuenta normas que sancionan crímenes contra la humanidad, conocidas como jus cogens, la piratería o el crimen de genocidio o la explotación de esclavos no son recursos legítimos del estado en el contexto del derecho internacional contemporáneo (Sikkink, 2011). Por ello, entendiendo la legalidad y el fin de proteger al ser humano de estos crímenes, Estados soberanos en el sistema internacional conducen su política exterior e interior de manera que respeten estas normas (Müllerson, 2014). Documentos del derecho internacional claves como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, (1947), la Convención en Contra de la Tortura (1948), Convención Contra el Genocidio (1948), los Pactos internacionales en cuanto a derechos civiles, políticos, económicos y culturales (1977) y la creación de la Corte Penal Internacional (1998) son algunas de las normas más importantes que hoy por hoy rigen la convivencia entre Estados soberanos (Ghandi, 2012).
En un influyente artículo, Stephen Kocs plantea que a diferencia de la teoría realista de las relaciones internacionales, el sistema internacional no se sustenta en la anarquía pero en la re-interpretación de normas que posibiliten el actuar estratégico de determinado país. En otras palabras, en contraste con Kenneth, Kocs sostiene que Estados en el sistema internacional toman el derecho internacional como principio ordenador en la relación entre Estados pero lo que lleva a nuevos conflictos es la re argumentación, y posterior acción, de la norma que se disputa (Kocs, 1994). En este sentido, la situación de Crimea es un claro ejemplo. La Federación Rusa, miembro de las Naciones Unidas y firmante de diversos tratados en cuanto a seguridad internacional, invade Crimea argumentando la legalidad del Parlamento Ruso para proteger a sus ciudadanos, al mismo tiempo, que incumple con sus responsabilidades legales en la Carta de las Naciones Unidas de la no-interferencia y el respeto a la integralidad territorial entre Estados. Tropas rusas invaden la península de Crimea y las posiciones navales en la Mar Negro con el pretexto de proteger las minorías rusas en Ucrania. Pero dicha acción va en contra del derecho internacional poniendo en jaque su importancia como principio ordenador en el sistema internacional.
Dentro de la historia de la diplomacia y la Carta de Naciones Unidas, los principios de no interferencia en los asuntos internos y el respeto por la integridad territorial de un estado son claves para el funcionamiento del sistema internacional. Si un estado se atiene a las normas internacionales y a su vez respeta la legitimidad de otros Estados, su existencia no debería estar en tela de juicio (Kocs, 1994). Pero para que el derecho sea aplicado en su totalidad, líderes políticos deberían asignar más recursos a esfuerzos diplomáticos que restauren la convivencia pacífica entre Estados, lo cual no ocurre actualmente. Más allá de Crimea, la situación actual que mejor ejemplifica la ausencia de voluntad política de implementar normas internacionales es el deterioro en Siria, y por consecuente, Irak.
En este contexto, el estudio de las relaciones internacionales deja en claro el rol del derecho internacional como principio ordenador en la relación entre Estados soberanos. También despeja dudas sobre la responsabilidad política de actuar sobre las normas en disputa, ya que, en caso contrario, como afirma Cassese, el derecho internacional sería un simple papel. En el contexto de Crimea, la rama estructural-legal explica el porqué de la seriedad de la invasión rusa al mismo tiempo que demuestra el porqué del deterioro y el posterior anexo de Crimea. La invasión rusa en el Sur y Este de Ucrania, en este sentido, corresponden a una lectura cercana al realismo político. Sin tener en cuentas los principios del derecho internacional y mediante el uso de la re-argumentación de normas establecidas, Rusia anexa la región de Crimea en un intento de absorber su territorio histórico y posicionar sus fuerzas navales de forma estratégica en la puerta hacia Europa (Müllerson, 2014, Sachs, 2014). Siguiendo este análisis, la clave del conflicto está en la acción y respuesta del sistema internacional en cuanto al desorden creado por la Federación Rusa. En este sentido, diversos instrumentos del derecho internacional violados en Crimea exponen el peligro de descartar al derecho internacional como principio ordenador en las relaciones internacionales.
El Derecho Internacional y la Situación de Crimea
La situación de Crimea se puede estudiar desde tres ángulos dentro del derecho internacional. El primero corresponde a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas sobre la no-interferencia y el respeto a la integralidad territorial entre Estados soberanos. En segundo plano, en el ámbito multilateral, el Memorándum de Budapest de 1994 entre Ucrania, la Federación Rusa, Estados Unidos y Gran Bretaña. Por último, con foco en el referéndum de Crimea, las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas despejan interrogantes sobre su legitimidad.
Si bien la Carta de Naciones Unidas no es una norma vinculante entre Estados soberanos, los principios establecidos en sus artículos, como también las facultades asignadas a sus instituciones internas, sirven como parámetro de acción en el derecho internacional. Como documento de membrecía en las Naciones Unidas, cada Estado promete someter su actuar en torno a los principios de dialogo, cooperación, derechos humanos y seguridad internacional (ONU, 1945). De igual manera es importante destacar la creación y potestad del Consejo de Seguridad. El consejo tiene como responsabilidad salvaguardar la paz internacional mediante resoluciones vinculantes entre Estados soberanos, incluido medidas de fuerza militar. Entre los artículos más importantes de la Carta de Naciones Unidas en relación con el Consejo de Seguridad, se encuentra el artículo 2, inciso 4.
Tal articulo afirma que la naturaleza de las relaciones internacionales, dentro del marco de las atribuciones del Consejo de Seguridad, se caracterizan por la no interferencia en los asuntos internos y el respeto por la integridad territorial de un estado soberano (ONU, 1945). En el caso de Crimea, la violación del artículo 2(4) no requiere un análisis exhaustivo más que recordar la decisión del Parlamento Ruso autorizando a Putin a invadir Ucrania y el posterior anexo de la península de Crimea. El movimiento de fuerzas navales al puerto de Sevastopol horas después del referéndum ilegal del 16 de Marzo de 2014 y la anterior presencia de tropas pro-rusas de origen dudoso, pero posiblemente de la inteligencia militar rusa, son dos ejemplos claros en violación de la Carta de Naciones Unidas (Vaux et al., 2014, Bachmann, 2014, Solana, 2014).
El Memorándum de Budapest
En el contexto de tratados multilaterales, hay que recordar que estos tienen la misma fuerza que el derecho internacional siempre y cuando los firmantes sean Estados soberanos y dichos tratados sean ratificados por sus respectivos parlamentos. El Memorándum de Budapest se trata de un acuerdo entre Ucrania, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Federación Rusa en el contexto del tratado internacional contra la proliferación de armas nucleares. Con el apoyo del gobierno pro-liberal de Boris Yeltsin, Rusia se compromete a destruir, en cooperación con Estados Unidos, Gran Bretaña y Ucrania, los complejos militares con capacidad nuclear en el territorio Ucraniano. Al mismo tiempo, como lo estipula el artículo segundo del memorándum, para garantizar la seguridad de Ucrania, los tres países restantes (y poderes nucleares actuales), afirman su responsabilidad en la Carta de Naciones Unidas de no interferir o atacar Ucrania, salvo en un contexto de defensa propia (Memorándum de Budapest, 1994). De la misma manera, en caso de que Ucrania se vea involucrada en un conflicto bélico con alguno de estos tres países, el memorándum estipula que debe ser el Consejo de Seguridad quien resuelva la situación, velando los intereses del acuerdo y la Carta de Naciones Unidas (Memorándum de Budapest, 1994).
De esta manera la invasión en Crimea por parte de elementos de inteligencia militar rusa y, posteriormente al referéndum, tropas navales, constituye la violación a lo estipulado en el Memorándum de Budapest (Sachs, 2014). Si bien la razón del memorándum corresponde a la reducción de armas nucleares en la Unión Soviética, el requisito de no violar la seguridad de Ucrania va más allá del uso de armas nucleares. En contraste, como se trata de un acuerdo de seguridad multilateral, queda claro en el texto del memorándum que las tres potencias firmantes se comprometen a respetar la integridad territorial de Ucrania, incluida la península de Crimea (Synovitz, 2014).
Auto-determinación de los Pueblos
Por último, es necesario contextualizar el análisis legal del referéndum de Crimea en Marzo 2014 dentro de la tradición de las normas regulando la auto-determinación de los pueblos. Teniendo en cuenta que el sistema internacional se basa en los principios de soberanía y no-interferencia, el proceso por el cual una región de un determinado Estado puede ganar independencia depende caso por caso. En el derecho internacional no hay una norma en concreto que estipule los pasos a seguir para la sucesión de los pueblos, ni tampoco existe un marco legal o institucional específico para evaluar los méritos de sucesión. La razón por el cual la comunidad de Estados soberanos no ha codificado dichas normas es obvia ante la amenaza que esto supone a la desintegración del mismo Estado que propone una norma de tal carácter. Este sentido tautológico del Estado en el sistema internacional complica la determinación clara y fija de la legalidad de un movimiento independista. De todas maneras, existen ejemplos históricos y otras normas internacionales, como por ejemplo aquellas de derechos humanos, que tienden a explicar posibles formas de garantizar la sucesión de un territorio de forma pacífica y en acorde con el principio de soberanía. Por ello, la resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1970 es de suma importancia.
Conocida como la Declaración de los Principios de Amistad entre Naciones y el Respeto por el Derecho Internacional, el contexto histórico del proceso de descolonización, especialmente en el continente Africano, entre 1960-1980 es clave. Ante la multiplicidad de conflictos armados, la Asamblea General decide garantizar el derecho de cada pueblo a vivir en paz y en una comunidad cohesiva (Cassese, 1979). Por ello, desde los derechos humanos, la resolución provee el reconocimiento de diversos pueblos a vivir en armonía y constituir una sola unidad siempre y cuando esas comunidades sean homogéneas, con un territorio y una cultura en común (ONU, 1970). En 1970 éste era el caso de la mayoría de los países luchando por su independencia en Asia y África. Es así, la resolución utiliza el derecho internacional para autorizar la auto-determinación en situaciones de colonización para pueblos homogéneos con un territorio delimitado (Cassese, 1979).
En este sentido el movimiento de descolonización entre 1960-1980 garantizo la independencia a pueblos dentro de países sin garantizar lo mismo a etnias dentro de un pueblo reconocido como independiente. Esta diferencia es importante de recalcar en la situación de Crimea porque en la península no solo habitan ciudadanos Ucranianos o rusos étnicos pero también una minoría Tátara proveniente del viejo imperio Otomano (Bilych et al., 2014). Por lo tanto, para que la resolución aplique en el caso de Crimea, la región tendría que ser habitada por un pueblo homogéneo y, con mayor dificultad, ser declarado como pueblo por parte del estado Ucraniano (como poder colonizador), lo cual nunca sucedió.
La situación en Crimea se puede declarar como ilegal desde la invasión rusa hasta el referéndum y el posterior anexo. Las acciones de los separatistas y las autoridades rusas violan la Carta de las Naciones Unidas, el Memorándum de Budapest y las normas relacionadas con la auto-determinación de los pueblos. De igual manera, la invasión rusa en Crimea carece de total legitimidad en el sistema internacional. Por ello, la inacción política por parte del Consejo de Seguridad, como también la comunidad internacional en su totalidad, llaman a replantear el rol del derecho internacional como garante de las relaciones pacíficas entre Estados. Como he expuesto en esta sección del ensayo, las normas internacionales en cuestión, por más débiles que parezcan, son claras en su carácter punitivo. Aun así, las acciones llevadas a cabo por los diversos actores en la crisis de Crimea y actualmente en el Este de Ucrania, van en contra del espíritu de la Carta de Naciones Unidas y el propósito del derecho internacional.
Parte del problema es el balance de poder en instituciones creadas en 1945. Caso concreto es el Consejo de Seguridad donde sus cinco miembros permanentes son los poderes que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Los restantes diez miembros rotativos, al no tener poder de veto, tienen una escasa participación y poder en las deliberaciones. A medida que países como Rusia, China y Estados Unidos no logren consensuar medidas para afianzar la paz internacional, más conflictos como el de Crimea son posibles en el futuro. Por mencionar un ejemplo, la situación de disputa territorial en el Mar Amarillo en el Océano Pacifico entre China, Japón, Tailandia, Filipinas, Indonesia y Camboya puede en un futuro representar un desafío para el derecho internacional. De la misma manera la región del Oriente Medio también plantea difíciles años por venir con el deterioro de Siria, la ocupación de Palestina, las tensiones sectarias en Iraq y la persecución política en Egipto. En otro plano, la amenaza que supone el cambio climático en cuanto a patrones de migración y sustentabilidad macro-económica puede poner en jaque a todo el sistema internacional. Por ello, el rol del derecho internacional a futuro es crucial para poder resolver desafíos comunes.
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References: artículo 2
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