Source: https://abogadolonghi.wordpress.com/2011/03/29/modelo-de-excepcion-de-inhabilidad-de-titulo-ejecutivo-falsedad-y-nulidad-de-notificacion-del-mandamiento-de-ejecucion/
Timestamp: 2015-10-04 11:04:13+00:00

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MODELO DE EXCEPCION DE INHABILIDAD DE TITULO EJECUTIVO, FALSEDAD Y NULIDAD DE NOTIFICACION DEL MANDAMIENTO DE EJECUCION | Estudio Longhi & Cia.
> ESCRITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES.	> MODELO DE EXCEPCION DE INHABILIDAD DE TITULO EJECUTIVO, FALSEDAD Y NULIDAD DE NOTIFICACION DEL MANDAMIENTO DE EJECUCION	MODELO DE EXCEPCION DE INHABILIDAD DE TITULO EJECUTIVO, FALSEDAD Y NULIDAD DE NOTIFICACION DEL MANDAMIENTO DE EJECUCION
CONTESTA DEMANDA. PLANTEA NULIDAD. OPONE EXCEPCIONES. SE LEVANTE MEDIDA CAUTELAR. SUBSIDIARIAMENTE APELA-
Señor Juez: MODELO DE EXCEPCION DE INHABILIDAD DE TITULO Y NULIDAD DE NOTIFICACION DEL MANDAMIENTO DE EJECUCION.DOC
HUMBERTO MARIO EDUARDO PONCE, por su propio derecho, con Documento Nacional de Identidad número 18.513.999, casado en segundas nupcias con doña Marcela Lucía López, con domicilio real en calle Venezuela número 552 de la ciudad y partido de Ensenada, y constituyendo el procesal juntamente con su letrado patrocinante Dr. IRIBARNE, T°XLIX F°480 del C.A.L.P. en calle 47 número 815 de La Plata, en los autos caratulados “BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/PONCE Humberto Mario Eduardo s/Cobro Ejecutivo” (Expediente 559) a V.S. muy respetuosamente me presento y digo:
Que vengo por el presente en legal tiempo y forma, a contestar la demanda, plantear nulidades y oponer las excepciones que hacen a mi derecho y a solicitar como conclusión la admisibilidad de las mismas, lo que conlleva el rechazo del escrito en responde, con costas.-
II.- PLANTEA NULIDAD.
Antes de ingresar en el análisis de las defensas que opone esta parte, y como justificación preliminar de las mismas, planteo la nulidad de todo lo actuado y especialmente del auto de fojas 64, fechado el 23 de octubre de 2002, conforme los hechos y el derecho que se expondrán seguidamente.-
A fojas 11, específicamente en la Solicitud de Préstamo (a la que también nos referiremos en los apartados siguientes), se infiere que el domicilio del deudor se encontraría en calle Venezuela N°345 de Ensenada. A pesar de ello, y sin reparo alguno, el Banco de la Provincia deduce demanda contra el Señor PONCE con domicilio en calle Sidoti N°552 (ver fojas 38).-
A fojas 54 luce una cédula de notificación librada a calle Sidoti N°522 (ver fojas 54).-
Pese al “fárrago” de direcciones acusadas, la actora denuncia, según expresas palabras, el “verdadero domicilio” de la demandada, esto es en calle Sidoti N°551 (ver fojas 56).
A fojas 62 se encuentra la cédula de notificación que, bajo responsabilidad de parte, la actora librara contra el ejecutado. En la misma, V.S. observará claramente que figura como domicilio donde se practicara la diligencia la calle Sidoti al número 551, suscribiendo el Oficial de Justicia que el demandado no se encontraba en el lugar y que en consecuencia procedía a fijar la cédula en la puerta.-
Cuatro eran los domicilios denunciados por el Banco, no consistiendo ninguno en el real del demando. No contento con ello, a fojas 76 la actora denuncia un nuevo domicilio, ahora en Sidoti N°559.
El obrar de buena fe, que debería guiar al proceso y a las partes, parece olvidado por la institución financiera. Con un abanico de seis direcciones, el Banco NUNCA podría haber requerido la notificación bajo responsabilidad a menos que oficiara al Juzgado Federal con competencia electoral o al Destacamento de Policía de Ensenada en forma previa.-
El Oficial de Justicia don Ernesto Huguenin, quien practicara la diligencia con croquis adjunto, (ver foja sin folio anterior a fojas 80) percibe que el domicilio denunciado como vivienda del demandado (esto es, “al lado de un supermercado”) y donde se había practicado la anterior notificación para el reconocimiento de la firma NO ES TAL. Así las cosa la actora denuncia el nuevo domicilio del ejecutado, ésta vez en el mismo “supermercado” (que en realidad es un modesto almacén) donde me notifican por encontrarme coyunturalmente trabajando allí.-
Como comprobará Usía con la documental que se anexa con el presente, mi domicilio real desde el 30 de diciembre de 2001 es el mismo consignado ut supra, esto es Venezuela 345 de Ensenada. Veamos.
a) Con fecha 15 de julio de 1986 (como demuestra la copia de asiento registral ya agregada en autos y el testimonio de escritura de compraventa que se acompaña) adquirí la casa sobre calle Venezuela (hoy calle Presidente Illia), la cual lleva la chapa municipal 345, constituyendo desde aquel día mi única vivienda asiento de mi familia.-
b) Con fecha 26 de noviembre de 1999 suscribí un contrato con el matrimonio González-Cotignola por cual alquilaba la vivienda ubicada en calle 25 de Mayo número 278 de Ensenada, que contaba con mayores comodidades que la anterior, mudando allí mi domicilio real (ver claúsulas 6º y 15º del contrato de locación acompañado). Asimismo el día 29 de diciembre del mismo año di en locación la propiedad de calle Venezuela N°345 a los señores Guillermo Pozone y Sandra Mendez.
c) Producido el vencimiento de los precitados contratos, volví a habitar la casa de calle Venezuela (ver constancias en Documento Nacional de Identidad, fotocopia de Padrón Electoral y recibos de servicios)
Con un simple oficio al Juzgado Federal con competencia electoral, la actora podía haber notificado bajo responsabilidad de parte en mi domicilio real, pero no lo hizo, abusando de la confianza que los Administradores de Justicia ponen en cabeza de los letrados cuando se denuncia un domicilio.
Como fácilmente se colige, la parte actora ha obrado de mala fe y por lo tanto no cabe otra sanción que la nulidad de todo su obrar, conforme lo establece el artículo 543 inciso 2 del CPCC. Así lo tiene entendido también la jurisprudencia.
“La notificación bajo responsabilidad presupone que la parte ha logrado establecer que el demandado tiene su domicilio en el lugar denunciado y probada la inexactitud de la afirmación del accionante, corresponde anular todo lo actuado a partir de la notificación viciada” (CC0201 LP, A 41927 RSD-194-91 S 31-10-91, Juez Sosa (SD) Carátula: B. de H., N.N. c/H., A. s/Alimentos)”.-
“Cuando se solicita librar cédula bajo responsabilidad de la parte, es porque se han agotado acabadamente las diligencias para determinar que la requerida reciba la notificación del traslado de la demanda, para que se avenga a estar a derecho, porque la parte solicitante tiene la certeza absoluta que el demandado “vive allí” y toma bajo su responsabilidad cualquier nulidad que tal acción acaree. (CC0001 LM 579 RSI-47-I 6-4-2004. Carátula: Puches Maria Esther s/Incidente de nulidad de notificación)”.-
Sin perjuicio de lo expuesto, notará V.S. que aún de las constancias obrantes en autos antes de esta presentación también se podía inferir que el domicilio denunciado, al cual se me librara la cédula de fojas 62, era incorrecto. Así lo manifiesta el Oficial de Justicia a fojas 79.-
Asimismo, la actora ofreció y luego produjo el testimonio de las señoras Mónica Guarino y Laura Torres para que reconozcan la firma del señor Penovi. ¿Qué valor probatorio acordaría Usía a las declaraciones de las empleadas dependientes del Banco de la Provincia, quienes simplemente manifiestan conocer la grafía del demandado por tener acceso al Registro de Firmas? Sin intentar adelantarse al elevado criterio del Señor Juez, se concluye palmariamente que ninguno. Un empleado del banco de los bonaerenses, el cual cuenta con miles (por no decir millones) de clientes, no puede reconocer a simple vista la firma de uno de ellos sin un cuidadoso, metódico y objetivo trabajo de comparación.
Del análisis de la normativa procesal surge claro que:
A) Artículo 518: El juicio ejecutivo requiere: 1) título que traiga aparejada ejecución; y 2) cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables.
B) Artículo 521 inc.2: Los instrumentos privados para traer aparejada ejecución deben ser reconocidos por el obligado o deben tener firma certificada.
C) Artículo 523 inc.1: Se preparará la vía ejecutiva pidiendo previamente que sean reconocidos los instrumentos que NO traigan aparejada ejecución.
D) Artículo 524: Al demandado se lo debe citar por cédula al domicilio real bajo pena de nulidad.
E) Artículo 543: Se podrá declarar la nulidad de la ejecución por el incumplimiento de las normas establecidas para preparar la vía.
En conclusión, esta parte solicita a V.S. decrete la nulidad de todo lo actuado hasta el momento, especialmente al auto de fojas 64, por vicios en la notificación, así como la nulidad de la ejecución entablada por la actora, atento a lo que prescriben los artículos 524 y 540 del C.P.C.C. que requieren examen de la letra, cosa que no ha acontecido en autos.-
Solicito asimismo se apliquen costas por este incidente.-
En el caso que V.S. crea conveniente bajo los términos del artículo 547 del CPCC, solicito se produzca la siguiente prueba:
1.- Informativa: A) Se libren oficios a fin de que se informe el último domicilio del demandado Humberto Mario Eduardo Penovi, DNI 10.513.999 y desde que fecha obra el mismo dato en sus registros, a las siguientes dependencias:
a) Juzgado Federal con competencia electoral.
b) Registro Nacional de las Personas.
c) Policía de la Provincia de Buenos Aires, Seccional Primera de Ensenada.
B) Se libren oficios a fin de que informe domicilio del usuario don Humberto Mario Eduardo PONCE, DNI 18.513.999 y/o su cónyuge doña Marcela Lucía López, DNI 12.427.394 a:
a) Aguas Bonaerense S.A., calle 56 N°534 de La Plata
b) Edelap S.A., Sucursal Ensenada, calle Marqués de Avilés N°373
c) Telefónica de Argentina S.A.
C) Se libre oficio a la Notaria Viviana Adela, titular del Registro Veintidós de La Plata fin de que remita copia certificada de acta de requerimiento N°170, folio 170 del Libro de Certificaciones de Firmas N°12
Se cite a los siguientes testigos, quienes depondrán de acuerdo al interrogatorio que se acompañará oportunamente:
a) Anahí Herrera, DNI 33.286.299, domiciliada en calle Venezuela N°343 de Ensenada.
b) Elizabeth De Arte, DNI 26.733.234, domiciliada en calle Venezuela N°370 de Ensenada.
c) Pablo Jalamina, DNI 25.163.632, domiciliado en calle Presidente Perón (antes Colombia) N°367 de Ensenada
III.- NEGATIVA EXPRESA DE DEUDA. Niego inequívocamente que adeude suma alguna en relación al crédito reclamado en autos el que adolece de los graves vicios que a continuación se expondrán.
IV.- OPONE EXCEPCION DE FALSEDAD DE TITULO. NIEGA FIRMAS.
Sin perjuicio de lo expuesto ut supra, y en mérito del principio de economía procesal pasaré a oponer las excepciones que hacen a mi derecho.
Destaco a priori que esta parte recién tuvo conocimiento de que existiera un reclamo de la parte actora por incumplimiento de un contrato de mutuo en oportunidad de tomar intervención en estas actuaciones.-
Es decir, que antes de esta circunstancia, jamás fui notificado por la actora de ningún reclamo, ni se me intimó en ningún sentido, ni se me comunicó resolución alguna.-
El reconocimiento ficto de fojas 64 (del que igualmente se pide su nulidad) no puede oponerse frente a esta excepción. La tesis amplia de la doctrina (que siguen entre otros Podetti y Bustos Berrondo) entiende que a los efectos de garantizar la defensa en juicio “cuando se tuviera por reconocida la firma del ejecutado en razón de su incomparecencia a la citación que prevé el artículo 524 del CPCC, ello no puede dar fundamento, sin más, a la desestimatoria de la excepción de falsedad interpuesta por el ejecutado cuando se lo intima de pago y cita, precisamente, para que oponga excepciones”.-
El título que se ejecuta, se encuentra adulterado. La ejecución me sorprende porque jamás he suscripto con el Banco de la Provincia un contrato de mutuo ni he solicitado su respectiva refinanciación. Niego, en consecuencia, que adeude suma alguna en relación al crédito reclamado en autos.
Es más el contrato de mutuo de celebrara con el Banco de la Provincia de Buenos Aires en oportunidad de comprar mi única vivienda fue cancelado conforme surge de la escritura de cancelación de hipoteca que se acompaña.-
La firma que obra en el convenio de refinanciación de fecha 4 de abril de 1997 (a fojas 7 vta.) no es mi firma. Tampoco reconozco como trazo perteneciente a mi caligrafía la firma que luce en la Solicitud de Préstamo (a fojas 11). Fácilmente notará V.S. la claridad de mis suscripciones con la firma del presente escrito y el que aparece en el contrato de locación que acompaño. Evidentemente hay signos que hacen inequívoco mi trazo, como ser el punto de la letra “i” de “Mario” y la forma inclinada que ofrece la “p” de mi apellido.
Tampoco son características de mi letra las frases ilegibles que aparecen el la Solicitud de Préstamo de fojas 11 y 12. En cada cuadro de la Solicitud de cláusulas predispuestas aparece un texto en manuscrito que evidentemente nunca he realizado.
Asimismo, Usía comprobará que las firmas que obran a fojas 7 vta. y a fojas 11 son totalmente disímiles y con caracteres bien diferenciados.
Otro efecto de la adulteración en el documento lo constituye la fecha. ¿La solicitud de Préstamo es fechada el 2 de abril de 1997 o el 4 ABR 1997?
V.- OPONE EXCEPCION DE INHABILIDAD DE TITULO.
El título que se ejecuta no es hábil ni autosuficiente. No obra en la causa ningún elemento que permita valorar el título como hábil para un proceso de esta naturaleza, que por ser de conocimiento acotado requiere de un cumplimiento estricto de los recaudos formales a los fines de no vulnerar el principio constitucional de defensa en juicio. Por ende, deviene insostenible la pretensión de adjudicarle existencia, exigibilidad y liquidez al crédito supuesto que se pretende ejecutar.-
Ha dicho con razón el Dr. Gómez Leo en su obra “Tratado del Pagaré Cambiario” (2ª Edición. Buenos Aires. Desalma, 2004. pág. 967) que “desde un punto de vista genérico (la excepción de inhabilidad de título) puede ser referida a la falta de idoneidad jurídica del documento en el cual se pretende fundar la ejecución, v.gr. por no estar enumerado entre los títulos ejecutivos, o no reunir los requisitos extrínsecos necesarios para tener fuerza ejecutiva…”
Y si nos atenemos al rigor del artículo 521 del CPCC notaremos que ninguno de los siete supuestos se da en autos. Los instrumentos acompañados por la actora, ya sea la Solicitud de Préstamos y el Convenio de Refinanciación como documentos privados no pueden considerarse como títulos que traigan aparejada ejecución, por cuanto sus firmas (característica esencial en todo instrumento privado) no han sido reconocidas judicialmente ni tampoco fueron certificadas por escribano ni mucho menos registradas en el Protocolo ni en el libro de Requerimientos.
No sólo no constituyen los documentos presentados títulos hábiles para abrir la vía ejecutiva sino que tampoco contienen en forma clara el monto total de la supuesta deuda. De la demanda interpuesta surge que el monto reclamado es de Dólares seis mil cuatrocientos ocho (U$ 6.408), en virtud del “convenio de refinanciación de deuda celebrado con fecha 4 de abril de 1997, con más los intereses (…) pactados en dicho convenio y en las condiciones generales para todos los préstamos (solicitud de préstamo nº1806)”. Sin embargo, y aquí la confusión que genera en esta parte por cuanto en los documentos acompañados el monto “aparentemente adeudado” asciende a la suma de U$7.344. Veamos en detalle.
B) Mutilación del título que se pretende ejecutar que lo tornan inhábil.
Queda al descubierto en las cláusula sexta y séptima del convenio de refinanciación, donde se expresa que queda formalizada la supuesta refinanciación el día 04/04/1997 y las partes ratifican y confirman en todos sus términos la vigencia, obligatoriedad del cumplimiento de las cláusulas y condiciones expresadas en la solicitud de crédito “subscripta oportunamente por el deudor” y solicitud de refinanciación de fecha 02/04/1997. Usía notará que nos encontramos ante inconsistencias que despojan hacia la nada, mejor expresado, hacia la inhabilidad de título lo consignado ut supra: ¿Que significado tiene la cláusula sexta de dicho convenio cuando dicta “…solicitud de crédito oportunamente suscripta por el deudor”? Aquí la incompletitud del título es manifiesta. Pues la cláusula preliminar describe que el deudor (en realidad supuesto deudor) adquirió un préstamo mediante solicitud de crédito de fecha 13/10/1994 por la suma de $ 6700 quedando instrumentado el contrato de mutuo con fecha 17/10/1994, (como reseña es necesario apuntar que en el escrito de preparación de vía ejecutiva Apartado 2 “Hechos” la ejecutante confunde las fechas diciendo que el contrato de mutuo se suscribió el 04/04/1997, es decir, tres años después de lo que establece la cláusula preliminar del convenio de refinanciación.
También confunde la fecha de la solicitud N°1.806 al expresar que se firma con fecha 11/04/1997, cuando la propia solicitud agregada al expediente tiene la fecha 02/04/1997 y a su izquierda 04/04/1997 o 24/04/1997 (no se distingue esto último por ser un manchón). Se equivoca nuevamente en la demanda ejecutiva en el Apartado 2 “Hechos” con el mismo error de fechas pero con la suma de dólares 6.408. ¿En que quedamos?, tanto esa oportuna solicitud de crédito supuestamente suscripta por el deudor del 13/10/1994 como la instrumentación del contrato de mutuo el 17/10/1994 no se encuentran agregados al expediente. Sin embargo en el sumario de la demanda, específicamente en “Documentación Acompañada” punto B) Contrato de Banco Provincia, se lo refiere como que “se acompaña”, no obstante que en el Apartado 6 “Prueba” no se agrega, contradiciendo todo. ¿En qué quedamos? Es flagrante como el Banco Provincia afecta el derecho de defensa del demandado.
Ahora bien ¿dónde está el contrato de mutuo instrumentado de 17/10/1994 y esa oportuna solicitud de crédito subscripta por el supuesto deudor el 13/10/1994 que menciona la ejecutante y que simultáneamente no menciona en el mismo expediente? No sabemos. Entonces no debe pasar inadvertida la cláusula preliminar que sí se refiere a esa documentación faltante (solicitud de préstamo 13/10/1994 y contrato de mutuo 17/10/1994), que repito no están en autos. Por consiguiente nos encontramos ante un TITULO MUTILADO que lo vuelve inhábil para gozar del proceso ejecutivo.
C) Divergencias de las sumas que obran en el expediente e iliquidez de las mismas.
Las divergencias de sumas de dinero que existen en autos, por un lado tanto la solicitud de crédito 1806 como el convenio de refinanciación, nos informan que la supuesta suma adeudada es de dólares 7344. No se entiende por qué en el expediente figuran en la preparación de la vía ejecutiva y en la demanda ejecutiva las sumas de $ 6.700 y dólares 6.408 ¿En qué quedamos?
La ejecutante tampoco acompañó los comprobantes de pago, (obvio porque el demandado jamás tomó ese crédito del Banco Provincia), donde podríamos saber de donde surgen esas dos sumas (recordemos la confusión señalada mas arriba a propósito de las fechas). Es decir que tenemos tres sumas de dinero: dólares 7.344 del convenio de refinanciación y solicitud de crédito 1806; $ 6.700 de la preparación de la vía ejecutiva y dólares 6.408 de la demanda ejecutiva. ¿Qué suma se reclama? Esto torna ilíquida las sumas de dinero que se pretenden ejecutar. Reina el desconcierto en el Banco Provincia. No sabe que reclama. No tiene ni idea de donde surgen “esas sumas de dinero”. Esto también torna inhábil el título para ejecutar.
D) Inexistencia del crédito supuestamente otorgado.
Por último y antes de concluir con este capítulo debo decir, amén de resultar reiterativo, que el demandado no es deudor del Banco Provincia, así como tampoco existió el otorgamiento del crédito que se pretende ejecutar. En efecto, de la propia solicitud de crédito 1806 surge que el crédito no se otorgó. Evidentemente la entidad crediticia no lo sabe, no quiere saberlo o se encaprichó con un crédito inexistente. Ello es así ya que abajo del cuadro donde se detalla la operación de la solicitud 1806 dice: “Destino de los fondos. En caso de acordarse la operación su importe será acreditado en la cuenta corriente N°….” ¿…? ¿…? Está en blanco. ¡Sí, hay espacios en blanco! Esto se deduce pues no hay forma de saber que el supuesto crédito que se reclama en autos haya sido otorgado. Los espacios en blanco permiten inferir que el crédito reclamado en autos es inexistente. Como diría Jean Paul Sartre, “tiene una nada de ser, es un vacío total. No existe”.
En conclusión: confusión de fechas; mutilación del titulo que se pretende ejecutar; divergencias de sumas de dinero; inexistencia del otorgamiento del crédito. Son demasiadas fallas para que pasen inadvertidas. Fallas extrínsecas que tornan inhábil el titulo para ejecutar.
Solicito se rechace la demande. Pido costas.-
VI.- MANIFIESTA.-
Para el hipotético e improbable caso que V.S. no hiciera lugar a los argumentos vertidos en los apartados anteriores, y a los efectos de ser tenido en cuenta en el estadío procesal oportuno, manifiesto un total rechazo al pedido de aplicación de intereses desde el 4/2/98, solicitado por la actora. No sólo resulta antojadiza la fecha referida sino que aparece como contraria a derecho. Veamos.
Suponiendo que fuera válidos los documentos que se ejecutan, aún con todas esas deficiencias señaladas y sin un monto determinado, se establece en la cláusula segunda y tercera del “Convenio” la forma de pago de la obligación, no estableciéndose en el mismo el lugar de pago; ello nos remite al Principio General establecido en el artículo 747 del Código Civil.
Esa norma dispone que cuando no se establece un lugar de pago para la obligación, ha de entenderse que la misma se cumplirá en el domicilio del deudor. En esa lógica, le correspondía presentarse a cobrar las sesenta cuotas en el domicilio del “obligado” o sea, en Venezuela número 345 de Ensenada.
Ahora pretende, que su mora como “acreedor” es responsabilidad del “deudor”, conducta que está en pugna con el principio de buena fe y lo establecido en el mencionado artículo del Código Civil.
Asimismo, la propia conducta de la parte actora corrobora lo expuesto. Obsérvese que no hay a lo largo de este tiempo la menor constancia de una intimación o requerimiento de pago, el que habría correspondido de existir la deuda y mediar la mora.
La Carta Documento CD32523713842 que luce a fojas 8/9 ha sido enviada a una dirección que no es ni mi domicilio a esa fecha (ver contrato de locación) ni el domicilio de suscripción del mismo. Asimismo, es firmada por alguien que aclara aparentemente “LONGAI”.-
Como refiere Llambías: “No obstante la regla contenida en el art. 509, primer párrafo, cabe concluir que no se opera la mora del deudor por el sólo vencimiento del plazo: a) cuando juegue un factor impeditivo de mora, por ejemplo, el incumplimiento del acreedor de sus propias obligaciones correlativas, o la ausencia de cooperación de parte de dicho acreedor, para que el deudor pueda cumplir, por ejemplo cuando siendo el domicilio del deudor el lugar de cumplimiento de la deuda, no acude el acreedor a recibir el pago” (Tratado de Derecho Civil, Obligaciones I, Editorial Abeledo Perrot, edición año 1978, pág. 129).
VII.- PLANTEA REVOCATORIA. APELA EN SUBSIDIO.
A todo evento, y a pesar de no haber sido notificado (cuando así lo prescribe el Código de Procedimiento y fuera ordenado a fojas 73 el 11 de noviembre de 2002 –casi tres años después-) de que pesaba sobre mi propiedad un embargo preventivo, vengo a notificarme personalmente de la medida cautelar y a plantear formal recurso de revocatoria contra la providencia que la concede.
La institución procesal de las medidas cautelares, contenida en el Capítulo III del Código Procesal Civil y Comercial, ha sido creada con la finalidad de evitar que la tardanza de la sentencia atente contra su oportunidad y aún contra la propia justicia. Es así que se pueden decretar inaudita parte. Sin embargo, y dado el carácter dialéctico del procedimiento judicial adquieren una naturaleza mutable, pudiendo levantarse en cualquier momento.
El derecho presupuesta tres requisitos: a) verosimilitud del derecho, b) peligro en la demora, c) caución suficiente. De acuerdo a las constancias de autos, ¿puede considerarse que se dan las condiciones para aplicar tal medida? Evidente, que con las argumentaciones y pruebas aportadas por ésta parte, difícilmente se configuren. La parte actora, además no ha prestado la contracautela necesaria para estos casos. Tan siquiera la “juratoria” (cuestionada por toda la doctrina) ha prestado el Banco de la Provincia.
Asimismo, presenta para justificar el embargo, dos testigos que abonen la firma como prescribe el 209 del CPCC, las cuales son tachadas de parcialidad, tal cual se dijera en el apartado II.-
Subsidiariamente apela.-
Fundo mi derecho en los artículos 135, 149, 169, 172, 198, 199, 209, 220, 518, 521, 523, 524, 540, 542, 543 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia y artículos 502, 747 y concordantes del Código Civil, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso.-
Ofrezco la siguiente prueba que hace a mi derecho:
a) Fotocopia certificada de Título de propiedad, inmueble sobre calle Venezuela N°345 de Ensenada;
b) Fotocopia certificada de escritura de cancelación de hipoteca;
c) Contrato de locación, inmueble sobre calle Venezuela N°345 de Ensenada;
d) Contrato de locación, inmueble sobre calle 25 de Mayo N°278 de Ensenada;
e) Certificado de Matrimonio, debidamente repuesto;
f) Fotocopias de los D.N.I. del Señor PONCE y la Señora López.
g) Recibos del servicio de salubridad (ABSA S.A.), período 10/2005
h) Recibos del servicio de energía eléctrica (Edelap S.A.), período 02/2004
i) Recibos del servicio telefónico (Telefonica de Argentina S.A.), período 07/2005
j) Comprobante de número telefónico en “Páginas Doradas”;
k) Fotocopia de foja pertinente en Padrón Electoral.
2- Informativa y Testimonial:
Estése a la ofrecida en el apartado II.-
X.- PETITORIO:
1) Se me tenga por presentado, parte y constituido el domicilio procesal.
2) Se tenga por contestado en tiempo y forma el traslado ordenado.
3) Se decrete la nulidad de todo lo actuado, con costas.
4) Se haga lugar a las excepciones planteadas y en consecuencia se rechace la acción, con costas.
5) Se tenga por agregada la prueba documental y se produzca la restante.
6) Se reserve en Caja de Seguridad los originales que se acompañan como documental.
7) Se proceda al levantamiento del embargo trabado y en subsidio se conceda el recurso de apelación.
Sírvase V.S. proveer de conformidad que,
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 Artículo 518
 Artículo 521
 Artículo 523
 Artículo 524
 Artículo 543
 artículo 547
 resolución 
 artículo 524
 artículo 521
 artículo 747