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Timestamp: 2019-02-22 19:08:43+00:00

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REAL DECRETO 44/1996, de 19 de Enero, por el que se adoptan medidas para garantizar la Seguridad general de los Productos puestos a Disposicion del Consumidor. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15387610
REAL DECRETO 44/1996, de 19 de Enero, por el que se adoptan medidas para garantizar la Seguridad general de los Productos puestos a Disposicion del Consumidor.
Marginal: BOE-A-1996-4026
Artículo 3. Obligaciones de los productores y distribuidores.
Artículo 4. Valoración de la seguridad de un producto.
Artículo 6. Facultades para garantizar la seguridad de los productos.
Artículo 7. Notificación ordinaria de las medidas adoptadas
Artículo 8. Transmisión rápida de información.
Disposición transitoria única. Plazo de información de las autoridades de control designadas.
Norma citada en: 101 sentencias, 15 artículos doctrinales, 31 resoluciones administrativas
La Directiva 92/59/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 29 de junio, que se traspone al ordenamiento jurídico interno mediante este Real Decreto, tiene como objetivo adoptar medidas destinadas a garantizar que los productos puestos en el mercado sean seguros. Lo dispuesto en la citada Directiva se alinea con múltiples disposiciones similares que, con el mismo objeto, se encuentran presentes en el ordenamiento español y que tienen cobertura en los artículos 51 y 43 de la Constitución que prevén, respectivamente, el derecho a la seguridad y salud de los consumidores y usuarios y a la protección de la salud.
En la tramitación del presente Real Decreto se han recabado los informes pertinentes del Consejo de Consumidores y Usuarios y del resto de los sectores afectados y ha informado la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
Las disposiciones del presente Real Decreto resultarán de aplicación, sin perjuicio de lo establecido en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos.
Las disposiciones del presente Real Decreto se aplicarán en los supuestos en que no existan disposiciones específicas que recojan una norma comunitaria que regule la seguridad de determinados productos.
Lo dispuesto en los artículos 2 a 4 de este Real Decreto no se aplicará, en particular, cuando disposiciones específicas que recojan normas comunitarias establezcan requisitos de seguridad para los productos que regula.
El presente Real Decreto no se aplicará en los aspectos que se regulen por una normativa específica que recoja una norma comunitaria y que contenga disposiciones por las que sólo se regulen determinados aspectos de la seguridad o categorías de riesgos de los productos de que se trate. En este supuesto, se aplicará en los restantes aspectos no contemplados en tales disposiciones específicas.
Lo dispuesto en el presente Real Decreto no se aplicará a los productos usados suministrados como antigüedades o como productos que deban ser reparados o reacondicionados antes de su utilización, siempre que el proveedor informe de ello claramente a la persona a la que suministre el producto.
Por producto: cualquier producto destinado al consumidor o que pueda ser utilizado por el consumidor, que se suministre, a título oneroso o gratuito, en el marco de una actividad comercial, ya sea nuevo, usado o reacondicionado.
Por producto seguro: cualquier producto que, en condiciones de utilización normales o razonablemente previsibles, incluida la duración, no presente riesgo alguno o únicamente riesgos mínimos, compatibles con el uso del producto y considerados admisibles dentro del respeto de un nivel elevado de protección de la salud y de la seguridad de las personas, habida cuenta, en particular, de los siguientes elementos:
Presentación del producto, etiquetado, instrucciones de uso y eliminación cuando sea necesario, así como cualquier otra indicación o información por parte del productor.
Categorías de consumidores que estén en condiciones de mayor riesgo en la utilización del producto, en particular los niños.
Por producto peligroso: cualquier producto que no responda a la definición de producto seguro del apartado 2 del presente artículo.
Por productor:
El fabricante de un producto, cuando esté establecido en la Unión Europea; y toda persona que se presente como fabricante poniendo en el producto su nombre, marca o cualquier otro signo distintivo, o toda persona que proceda al reacondicionamiento del producto.
El representante del fabricante cuando éste no esté establecido en la Unión Europea o, a falta de representante establecido en la Unión Europea, el importador del producto.
Por distribuidor: cualquier profesional de la cadena de comercialización cuya actividad no afecte a las características de seguridad de los productos.
Artículo 3 Obligaciones de los productores y distribuidores.
En cumplimiento de la obligación de comercializar únicamente productos seguros, los productores estarán obligados a tomar medidas apropiadas para mantener informados a los consumidores de los riesgos que los productos que comercialicen podrían presentar.
En cumplimiento de la obligación general de distribuir productos seguros, los distribuidores se abstendrán de suministrar productos cuando sepan o debieran conocer, sobre la base de los elementos de información que posean y en tanto que profesionales, que los mismos no cumplen con dicha obligación.
La inobservancia de las obligaciones establecidas en este artículo supondrá una infracción administrativa leve, grave o muy grave conforme a lo previsto en el artículo 35-A), 3, 35-B), 2 y 35-C), 2, respectivamente, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, atendiendo para su clasificación a los criterios recogidos en su artículo 34. Serán, asimismo, infracciones a la salud de los consumidores en base a lo establecido en los apartados 1 y 7 del artículo 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores.
Artículo citado en: 40 sentencias, 2 artículos doctrinales, 24 resoluciones administrativas
Artículo 4 Valoración de la seguridad de un producto.
Artículo citado en: 42 sentencias, un artículo doctrinal, 3 resoluciones administrativas
Artículo 5 Autoridades competentes.
Las autoridades encargadas de controlar la obligación de comercializar productos seguros serán las que designen las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad y Consumo en los supuestos previstos en el artículo 6.4 de este Real Decreto. Cada Comunidad Autónoma notificará el órgano que designe a tal efecto al Ministerio de Sanidad y Consumo, al objeto de que proceda a comunicarlo a la Comisión Europea.
La Conferencia Sectorial de Consumo, a través de la Comisión de Cooperación de Consumo, en el caso de los productos no alimenticios, y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por medio de la Comisión de Coordinación y Cooperación de Salud Alimentaria, en lo que se refiere a los productos alimenticios, serán los instrumentos de colaboración y coordinación de las actuaciones desarrolladas por el Estado y las Comunidades Autónomas para garantizar la seguridad de los productos puestos en el mercado en el ámbito del presente Real Decreto.
Las Corporaciones locales en el marco de lo dispuesto en el artículo 42.3 d) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, podrán controlar el cumplimiento de las obligaciones de los distribuidores previstas en el apartado 2 del artículo 3.
Se constituye una Comisión Técnica para la Seguridad General de los Productos. Su función consistirá en informar, previa solicitud de las autoridades encargadas del control, acerca de la eventual existencia de riesgos en los productos. En la emisión de sus dictámenes se tendrán en cuenta únicamente criterios técnico-científicos.
Un representante designado por el titular de cada uno de los siguientes órganos, que deberá tener rango de Subdirector general y que podrá delegar la asistencia en funcionarios de su Subdirección con nivel mínimo de Jefe de Servicio.
Ocho expertos que deberán ser designados para cada sesión, atendiendo a su preparación y conocimiento de los asuntos a tratar.
Dos expertos provenientes de la comunidad científica designados por el Presidente o por los órganos previstos en el párrafo a) que sean competentes por razón de la materia a tratar. Para su designación se tendrán en cuenta, de forma prioritaria, los expertos que proponga el Secretario general del Plan de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Uno designado por el Consejo General de Colegios Profesionales que sea designado por el Presidente o por los órganos previstos en el párrafo a) que sean competentes por razón de la materia.
Uno designado por la organización empresarial más representativa.
Dos designados por el Consejo de Consumidores y Usuarios.
Uno designado por la Asociación Española de Normalización.
Uno designado por la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación.
Artículo 6 Facultades para garantizar la seguridad de los productos.
Las autoridades encargadas del control adoptarán las medidas necesarias con el fin de garantizar la seguridad de los productos puestos en el mercado. Su aplicación se hará de manera proporcional al riesgo presentado.
Organizar a escala apropiada controles adecuados acerca de las características de seguridad de los productos, incluso después de haber sido comercializados como seguros, hasta la fase de utilización o de consumo.
Organizar de manera eficaz e inmediata la retirada de un producto o un lote de productos peligrosos ya comercializados.
Si fuere necesario, proceder a la destrucción, en condiciones adecuadas, de los productos peligrosos.
Las medidas que adopten las autoridades de control, citadas en el apartado anterior, se dirigirán, según el caso:
Dentro de los límites de sus respectivas actividades, a los distribuidores y, en particular, al responsable de su distribución inicial en el mercado nacional.
Si fuera necesario, a cualquier otra persona, con vistas a la colaboración en las acciones emprendidas para evitar los riesgos derivados de un producto.
Las autoridades autonómicas encargadas del control deberán asimismo adoptar medidas urgentes para impedir, restringir o someter a condiciones particulares en su territorio la comercialización o utilización de un producto o lote de productos debido a un riesgo grave e inminente para la salud y la seguridad de los consumidores.
Si el Ministerio de Sanidad y Consumo tuviera conocimiento de la existencia de un riesgo grave e inminente para la salud y la seguridad de los consumidores, al que sólo pudiera hacerse frente de manera apropiada adoptando medidas aplicables en el ámbito nacional, podrá adoptar alguna medida en el marco de lo previsto en el apartado 1, cuya ejecución corresponderá a las Comunidades Autónomas. Las medidas se adoptarán procurando evitar divergencias desproporcionadas en el mercado; su duración se ajustará a la del supuesto que las motivó y, en todo caso, no superará el plazo de un año.
La obstrucción al ejercicio de las facultades previstas en este artículo supondrá una infracción administrativa leve, grave o muy grave conforme a lo previsto en el artículo 35-A), 3, 35-B), 5 y 35-C), 5, respectivamente, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, atendiendo para su clasificación a los criterios recogidos en su artículo 34. Serán, asimismo, infracciones a la salud de los consumidores en base a lo establecido en los apartados 1 y 7 del artículo 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud.
Artículo citado en: 55 sentencias, 2 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
Si las autoridades autonómicas encargadas del control adoptasen medidas de restricción de la comercialización de un producto o de un lote de productos o de imposición de su retirada del mercado del tipo de las establecidas en los párrafos d) a i) del apartado 1 del anterior artículo, las comunicará al Ministerio de Sanidad y Consumo. La comunicación deberá realizarse en el plazo más breve posible y, en todo caso, en el máximo de quince días, precisando las razones que hayan motivado su adopción.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del punto de contacto que corresponda de los mencionados en el apartado anterior, notificará a la Comisión Europea las medidas que le sean comunicadas en la forma prevista en el apartado anterior, salvo cuando su incidencia se limite al territorio español y la comunicación no sea requerida por la legislación específica.
Las posibles discrepancias del Ministerio de Sanidad y Consumo con las medidas adoptadas, se resolverán en el seno de los órganos previstos en el apartado 2 del artículo 5.
Artículo citado en: 25 resoluciones administrativas
Artículo 8 Transmisión rápida de información.
Se crea un sistema de intercambio rápido de información para los casos en que se haya detectado un riesgo grave e inmediato en un producto. Dicho sistema dispondrá de dos redes de conexión, una para productos alimenticios y otra para productos no alimenticios, cuyos puntos de contacto a nivel nacional estarán ubicados en los órganos del Ministerio de Sanidad y Consumo, indicados en el artículo 7 del presente Real Decreto.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de los referidos puntos de contacto, comunicará a la Comisión Europea, por escrito, preferentemente por télex o telefax, la existencia de un riesgo grave e inmediato, así como las medidas que adopte en base a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 6, cuyos efectos puedan extenderse más allá del territorio nacional.
Las autoridades autonómicas encargadas del control, utilizando dichos medios, comunicarán a tal fin, según el tipo de producto, a los puntos de contacto establecidos en el Ministerio de Sanidad y Consumo, las medidas que se adopten en base a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 6.
Las comunicaciones a que se refieren los apartados anteriores, serán realizadas, en la medida de lo posible, previo requerimiento de información al fabricante o distribuidor del producto y deberán incluir las precisiones disponibles, en particular por lo que respecta a:
El riesgo corrido y los resultados de toda prueba o análisis que permita evaluar su importancia.
El carácter de las medidas tomadas o decididas.
La información sobre las cadenas de comercialización, cuando tal información pueda obtenerse.
Artículo citado en: 9 sentencias, 25 resoluciones administrativas
Con carácter previo a la adopción de una decisión que aplique lo dispuesto en la presente disposición que suponga alguna limitación a la comercialización de un producto o que obligue a su retirada del mercado, será necesario instruir un procedimiento en el que se cumplimentará el trámite de audiencia a las partes interesadas que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Cualquier decisión adoptada en virtud de este Real Decreto, que restrinja la comercialización de un producto o que obligue a retirarlo del mercado, no prejuzga en modo alguno la responsabilidad penal que pueda corresponder en virtud de la legislación de esta naturaleza.
Artículo 10 Confidencialidad.
El presente Real Decreto tiene la condición de norma básica en el sentido previsto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución y desarrolla lo establecido en los artículos 24, 25.2 y 3 y 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Disposición transitoria única Plazo de información de las autoridades de control designadas.
Dado en Madrid a 19 de enero de 1995.
Real Decreto sobre Seguridad General de los Productos (Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre)
Decreto 61/2000, de 28 de diciembre, por el que se asumen y distribuyen funciones y servicios de la Administración General del Estado en materia de ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos

References: REAL DECRETO 

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 3
 artículo 35
 artículo 34
 artículo 34

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 6
 artículo 42
 artículo 3

Artículo 6
 artículo 35
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 5

Artículo 8
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 6

Artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 149

Real Decreto