Source: http://www.adicae.net/semana-europea-2015-jornadas-zaragoza-1junio.html
Timestamp: 2019-07-22 06:05:18+00:00

Document:
LUNES 1 JUNIO MAÑANA
SITUACIÓN JUDICIAL ACTUAL DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIONES PREFERENTES Y OTROS PRODUCTOS TÓXICOS
“Ante abusos en masa a los consumidores, es necesaria una respuesta conjunta”
ADICAE ha presentado miles de demandas en toda España
Las Jornadas por la Defensa de los Consumidores Bancarios y Financieros organizadas por AICAR – ADICAE pusieron el primer plano la defensa de los consumidores en el plano judicial en sus sesiones de la mañana del lunes 1 de junio. A lo largo de tres mesas, abogados y profesores universitarios desgranaron la situación actual de los principales procesos judiciales en los que se dirimen abusos como los de las preferentes y las cláusulas suelo, además de analizarse los riesgos que pueden esconder los nuevos productos financieros. Entre el público hubo numerosos consumidores, abogados y también representantes de organizaciones sociales.
La primera de las ponencias dedicadas a la acción judicial frente a los abusos bancarios contó con la presencia de Francisco Llanos, director del Comité Jurídico de ADICAE y Antonio Castro, abogado colaborador de ADICAE y letrado del proceso por las subordinadas de Caja España. Llanos desgranó algunos de los obstáculos con los que se encuentra la acción judicial en defensa de los consumidores: “Cuando planteamos una demanda por preferentes, en cada juzgado nos plantean cuestiones completamente diferentes, lo que dificulta bastante el trabajo”. Mientras, señaló, las participaciones preferentes se siguen comercializando por la banca con muy pocas garantías de protección al consumidor, que a pesar de haber servido para estafar a miles de familias. Llanos citó varios casos en los que las acciones de cesación y la acumulación de demandas se ven entorpecidas por la disparidad de criterios de los tribunales.
Antonio Castro dejó clara la postura de ADICAE en defensa de la justicia colectiva. “Ante abusos en masa, es necesaria una respuesta conjunta”, recordó, para insistir en que de esta manera se evita la repetición de ligitios en casos que, en esencia, son iguales. Lograr con una demanda colectiva que una cláusula o práctica sea declarada abusiva revierte además en el conjunto de los consumidores, ya que la Ley de Consumidores y Usuarios insta a cesar en este tipo de conductas. En el caso de las acciones subordinadas de Caja España, ADICAE ha denunciado como abusivo el incumplimiento del deber de información en sus distintas fases, la omisión del riesgo y la publicidad engañosa. Todo ello está respaldado por pruebas y documentación, que lleva a pedir la cesación y reconocimiento de que ha habido prácticas abusivas.
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA ACCIÓN COLECTIVA Y DEMANDAS AGRUPADAS EN CLÁUSULAS SUELO
“Las demandas colectivas equilibran las fuerzas entre consumidores y entidades financieras”
Intenso debate sobre las cláusulas suelo
Las clásulas suelo y su situación procesal centraron la ponencia en la que participaron Alberto Lafuente, profesor de derecho procesal de la Universidad de Zaragoza; Silvia Huerta, abogada colabodora de ADICAE, y el abogado Alejandro Marín, del Departamento de Servicios Jurídicos de la asociación.
Alberto Lafuente arrancó señalando las carencias que presenta nuestro sistema jurídico en cuanto a las acciones colectivas. A pesar del paso adelante que supuso la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2011, la macrodemanda de cláusulas suelo presentada por ADICAE, la mayor hasta la fecha (9.415 hipotecados representados), demuestra que sigue habiendo un marco legal ineficaz.
El auto del 22 de abril de 2015 sobre la macrodemanda de cláusulas suelo desestimó la toma de medidas cautelares con “argumentos discutibles”. La jueza, para Alberto Lafuente, “no tiene en cuenta el riesgo de que los consumidores pierdan su vivienda, porque considera que este punto debería haberse incluido cuando se presentó la demanda... ¡Hace cinco años! Entonces, la situación no era la misma para los afectados”. “No hay por dónde coger el auto”, remarcó Lafuente.
Para Alejandro Marín, el planteamiento de la macrodemanda es correcto y necesario. Se puede decir que el consumidor pierde cierta independencia de actuación al sumarse a un proceso colectivo de este tipo, pero el beneficio es mayor, al equilibrar las fuerzas entre consumidores unidos y entidades financieras fuertes y con grandes medios para defenderse en los tribunales. Es un excelente instrumento de “economía procesal”, que además por parte de ADICAE se presenta no solo para que se reconozca la práctica abusiva, sino también como una acción para repara el dinero que han pagado de más los consumidores afectados.
ADICAE interpuso la macrodemanda en noviembre de 2010, y una vez se cerrada la adscripción de afectados, hubo que proceder a presentar posteriormente demandas agrupadas para aquellos consumidores que se quedaron fuera del proceso. Estas demandas agrupadas se han encontrado también con dificultades, derivadas en muchos casos de la actuación aleatoria de los juzgados mercantiles de cada territorio donde se han presentado. Un problema que, con más detalle, desgranó la abogada Silvia Huerta.
Desde el público, uno de los abogados asistentes aprovechó el turno de preguntas para criticar la sentencia del Tribunal Supremo de 9 mayo de 2013 no solo por no aplicar el artículo 1303 del Código Civil (que establece la devolución de cantidades desde la fecha en la que se contrató), sino por inclumplir la directiva europea que impide que una clásula abusiva produzca efectos en el consumidor.
LA ACTUALIDAD Y RIESGOS DE LOS NUEVOS PRODUCTOS DE AHORRO
“No existen los productos financieros de riesgo nulo, elevada rentabilidad y liquidez inmediata”
El numeroso público, muy participativo
Alfredo Bachiller, profesor de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza, fue el encargado de, tras repasar el panorama judicial provocado por los productos tóxicos y las hipotecas con cláusulas abusivas, adentrarse en el terreno práctico de la oferta actual de los productos de ahorro.
Para Bachiller, hay tres aspectos básicos a tener en cuenta por los ahorradores para considerar un producto: riesgo, rentabilidad y liquidez. “Un producto de riesgo nulo, elevada rentabilidad y con liquidez inmediata es imposible de encontrar, el activo ideal no existe”, señaló. Por eso, hay que ser consciente de que hay que poner en una balanza estos tres aspectos y valorar lo que más conviene, después de haber comprendido el tipo de inversión que nos ofrecen. Todo ello en una situación de tipos de interés muy bajos, que hace casi imposible encontrar remuneraciones interesantes a menos que conlleven riesgo.
Los depósitos, una inversión garantizada y de rentabilidad conocida, tienen como desventaja su escasa remuneración. Por eso, cuando vencen los plazos en los depósitos, los bancos ofrecen a sus clientes llevar su dinero a otros productos en los que les ofrecen algo más de interés a costa de mayor riesgo Los depósitos estructurados -”que no son depósitos como tales, a pesar de su nombre, ya que se construyen con productos derivados”- ofrecen más rentabilidad, pero lo hacen a costa de trasladar el riesgo de la entidad al consumidor. Lo mismo ocurre con los fondos de inversión, con los que el banco ejerce de mero comercializador, trasladando también el riesgo de pérdidas al usuario, y haciendo que este deba preocuparse por dónde y cómo invierte la gestora del fondo.
Ante este trasvase de riesgo de las entidades a los consumidores, Bachiller recordó que, en todo caso, en estos productos “hay que invertir el dinero que nos sobra, el que no necesitamos para afrontar las perspectivas de gasto a medio plazo”.
LUNES 1 JUNIO TARDE
LA REFORMA ELÉCTRICA Y LAS TELECOMUNICACIONES
“El 63% de lo que pagamos de la luz se corresponden a peajes que marca el Gobierno”, José María Yusta
Los consumidores aprendieron todo lo necesario sobre el mercado eléctrico para poder reclamar sus derechos
Durante la tarde del día 1 de junio, AICAR-ADICAE celebró la jornada titulada 'La reforma eléctrica y las telecomunicaciones' en donde se debatió con los asistentes, la mayoría técnicos de consumo y miembros de compañías eléctricas, además de numerosos consumidores preocupados por sus derechos, las medidas tomadas por la reciente reforma eléctrica, que en vez de solucionar los problemas existentes desde la liberalización del mercado ha tenido como única finalidad que los consumidores hagan frente a un cuanto menos cuestionable déficit de tarifa, además de hablar del mercado de las telecomunicaciones.
“El sector de las telecomunicaciones sigue siendo el más reclamado por parte de los consumidores”, así ha empezado su ponencia Lucia Germani, técnico en consumo de la asociación de consumidores Torrerramona. La teoría en materia de reclamaciones, como recordó Germani, está muy clara, pero sigue generando problemas. “Las empresas de telecomunicaciones están adheridas al arbitraje pero de manera limitada. Ellos deciden hasta que punto se someten. Casualmente, los puntos que más problemas generan a los consumidores, son los que excluyen del arbitraje.” No sólo se adhieren al sistema de arbitraje de manera limitada, sino que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se inhibe en muchos de los casos.
¿Qué le queda al consumidor en este caso? El procedimiento judicial. “Si la reclamación es de una cantidad suficiente, te lo puedes plantear, pero si estamos hablando de cantidades pequeñas, los consumidores no van a dedicar dos años para reclamar en un procedimiento judicial”, señala Germani. Esta situación ocasiona que en muchas ocasiones los consumidores desistan de reclamar estas cantidades, por lo que desde las asociaciones de consumidores se reclama un procedimiento eficaz y efectivo que permita a los consumidores poder reclamar sus derechos.
El sector de la energía no se queda atrás en cuanto a reclamaciones. José Maria Yusta, profesor titular de la Universidad de Zaragoza y experto en mercados energéticos, realizó una explicación a los asistentes sobre el funcionamiento de este mercado y cómo se traduce en la factura de la luz. “El 63% de lo que pagamos de la luz se corresponden a peajes que marca el Gobierno”, ha indicado el profesor Yusta. Por lo tanto, ¿quién es el culpable de que se pague una luz tan cara? La respuesta es clara: la parte regulada por el BOE. “La subida en la parte regulada ha sido tan alta que se traduce en que tenemos un coste fijo independientemente de cuál haya sido nuestro consumo”.
El consumidor cuenta con dos opciones de tarifas: la tarifa regulada por el Gobierno (PVPC) o acudir al mercado libre y seleccionar la mejor oferta. “En el mercado libre, el consumidor debe realizarse muchas preguntas a la hora de comparar ofertas”, Yusta recuerda que es muy difícil encontrar ofertas publicitarias donde indiquen si aplican los impuestos a pagar o, por ejemplo, donde especifiquen sobre qué precio se aplican los descuentos que anuncian. “Los consumidores cada vez tienen menos miedo a cambiar de compañía eléctrica”, indica Yusta, pero tienen que estar atentos a la hora de comparar ofertas.
Por su parte, Jesús Huertas, miembro de Atención al Cliente de Endesa, explicó los servicios con los que cuenta la compañía eléctrica para gestionar las reclamaciones de los consumidores y los mecanismos a los que deben dirigirse. Aprovechando que se encontraba un responsable de una compañía eléctrica, los consumidores no dejaron escapar la oportunidad de trasladar sus dudas, entre las que se encontraban errores en la facturación, dudas con la potencia contratada, tiempo de resolución de las reclamaciones, etc. Huertas resolvió todas las dudas y aclaró puntos de la legislación que no estaban claros para los consumidores.
Los asistentes se marcharon comprendiendo un poco mejor el funcionamiento del mercado eléctrico y conociendo los abusos que siguen cometiendo las empresas de telecomunicaciones. De ahora en adelante, cuando comprueben sus facturas, entenderán mejor los elementos que la componen y podrán reclamar sus derechos cuando los vean vulnerados.
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EXTRAJUDICIAL EN ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
“El sistema arbitral de consumo debe cambiar porque ya se ha quedado obsoleto”, Fernando Tirado
El arbitraje y el papel de las asociaciones de consumidores, principales temas de la segunda mesa de la tarde
El 1 junio, con motivo de las 'Jornadas por la defensa de los consumidores bancarios y financieros', AICAR-ADICAE organizó la ponencia titulada 'Resolución de conflictos extrajudicial en energía y telecomunicaciones' en la que contó con el jefe del Servicio de Información y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Tirado, y con el presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Olivan. En esta jornada, se debatió con los asistentes, entre los que se encontraban técnicos de consumo y numerosos consumidores preocupados por sus derechos, el papel que tiene en la resolución extrajudicial de conflictos el arbitraje y los motivos por los que es poco conocido entre los consumidores con problemas en consumo, además de el papel que juegan las asociaciones de consumidores como representantes de los ciudadanos que luchan por sus derechos.
Fernando Tirado centró su exposición en las luces y sombras del arbitraje de consumo. Para Tirado, el arbitraje de consumo es el método más eficaz para resolver los problemas de consumo de manera extrajudicial, además de que tiene la ventaja de ser gratuito, o casi, puesto que está pagado con los impuestos de todos los contribuyentes. A pesar de esto, el arbitraje sigue siendo el gran desconocido entre los consumidores. “Hace falta realizar unas campañas que den a conocer que existe un procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos que merece la pena”, indico Tirado. El principal problema que tiene el arbitraje es que es un procedimiento voluntario para las empresas, recordó Tirado, quien señaló que ni los bancos ni las empresas energéticas se adhieren a este sistema de resolución de conflictos. “Se debería establecer por ley algún tipo de obligatoriedad para que las empresas se sometan al arbitraje”.
La nueva Directiva ADR que se deberá transponer al ordenamiento español traerá novedades en cuanto a los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, donde se incluye el arbitraje. “El sistema arbitral de consumo debe cambiar porque ya se ha quedado obsoleto”, señalaba Tirado en su intervención. Para él, la administración pública debería favorecer el sistema de arbitraje, presionando y concienciando a las empresas para que se adhirieran a este sistema de resolución de conflictos, algo que actualmente no se hace. “El arbitraje es un servicio público gratuito que la administración pone al alcance de los ciudadanos y que favorece a los consumidores con menor poder adquisitivo”, ha terminado diciendo.
Por su parte, José Ángel Olivan, ha recordado que el sistema de arbitraje no sienta jurisprudencia y, por tanto, a las empresas les sale bien la jugada, puesto que aunque resuelvan algunos casos mediante arbitraje, no tienen la obligación de dejar de aplicar ese mismo abuso al resto de sus clientes.
Durante su intervención, Olivan ha repasado los más de 30 años de trabajo que han desarrollado las asociaciones de consumidores. “Las asociaciones de consumidores nacen a raíz de las quejas de los consumidores ante un determinado problema”, comienza explicando Olivan, “todos los ciudadanos somos consumidores y, por tanto, debemos conocer nuestros derechos y la importancia de reclamarlos”. Según marca la ley, las asociaciones de consumidores representan al conjunto de consumidores, es decir, a toda la ciudadanía, por lo que tienen un papel muy importante que, a juicio de Olivan, no han sabido desarrollar de manera eficaz.
“La administración pública ha usado a las asociaciones de consumidores como mano de obra barata”, dice Olivan. Las asociaciones de consumidores han desempeñado el mismo papel que las OMICS en lugar de su papel fundamental, que pasa por la reivindicación, denuncia y defensa de los derechos de manera colectiva. Para José Ángel Olivan, ésto se debe a que las asociaciones dependen mucho de las administraciones públicas, puesto que su financiación se basa en las subvenciones. “Se debe establecer un mecanismo directo entre los consumidores y las asociaciones de consumidores para dejar de depender de las administraciones públicas”, con estas palabras ha concluido su ponencia.

References: artículo 1303
 resolución 

RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución