Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A103-07.htm
Timestamp: 2017-11-24 23:52:18+00:00

Document:
Auto 103/07
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA-Discrepancia sobre la naturaleza de la acción presentada
AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL-Naturaleza jurídica/AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL-Entidad descentralizada por servicios del orden nacional según Ley 489 de 1998
Referencia: expediente ICC-1104
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero de Menores de Bucaramanga y el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Sala Disciplinaria.
1. El 23 de agosto de 2006, la señora María Socorro Hernández Zúñiga, refiriendo ser desplazada por la violencia del municipio de San Alberto, Cesar, presentó acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación, solicitando protección a sus derechos fundamentales a la vida, vivienda digna, integridad personal, libre circulación y permanencia, educación, igualdad y trabajo, por presunta vulneración por parte de la entidad demandada al negarle la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada.
2. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Primero Penal Municipal de Bucaramanga, que decidió enviar a la Oficina Judicial la acción de tutela, “por razones de competencia”, al estimar que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la corporación Red de Solidaridad “es una entidad del orden nacional y cuya competencia radica en los Juzgados del Circuito –Reparto-, según el artículo 1° inciso 2°, del decreto 1382 del 2000”.
3. La Oficina Judicial de Bucaramanga la repartió entonces al Juzgado Primero de Menores, el cual mediante auto de agosto 29 de 2006 manifestó no ser competente, pues se trata de una tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, “creada mediante el Decreto 2467 de 2005, como establecimiento público, del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica; por lo que de conformidad con el num. 1° del art. 1° del Dcto. 1382 de 2000, la competencia radica en los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura”. En consecuencia, la devuelve a la Oficina Judicial, para que sea repartida entre esas corporaciones, “proponiendo desde ya colisión negativa de competencia en el evento que el Despacho que por reparto conozca de estas diligencias no comparta esta determinación” (f. 17 cd. inicial).
4. Llega entonces al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, donde la Sala de Decisión Número Dos decide, a través de auto de octubre 31 de 2006, abstenerse de avocar conocimiento por carecer de competencia, dado que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, por lo cual, de conformidad con el inciso 2° del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, al tratarse de una tutela contra una entidad del sector descentralizado del orden nacional, “la autoridad judicial competente para conocer de esta demanda son los JUECES DEL CIRCUITO o con CATEGORIA DE TALES de la ciudad, en este caso el JUZGADO PRIMERO DE MENORES DE BUCARAMANGA”, al cual ya le correspondieron las diligencias por reparto, “debiendo remitirse las diligencias en forma inmediata y previa comunicación a la interesada, a la CORTE CONSTITUCIONAL para que se dirima el conflicto de competencia planteado” (f. 23 ib.), donde en efecto se recibió.
Ese término de un año transcurrió, sin que para entonces se hubiese producido sentencia del Consejo de Estado en relación con las demandas de nulidad incoadas contra el Decreto 1382 de 2000. Finalmente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo dictó la sentencia de julio 18 de 2002, Consejero Ponente Camilo Arciniegas Andrade, declarando por mayoría la nulidad del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000” y del “inciso segundo del artículo 3º” del mismo Decreto, y denegando los demás cargos de las demandas a que se refieren los expedientes radicados en esa corporación bajo los números 6414, 6424, 6447, 6452, 6453, 6522, 6523, 6693, 6714 y 7057.
Esta corporación considera necesario entrar a dirimir directamente el conflicto provocado, en aras de preservar los intereses superiores de la República y garantizar, sin más dilación, el derecho de acceso a la administración de justicia de quien acciona en tutela, bajo un procedimiento que debe ser “preferente y sumario” y otorgar “protección inmediata” a derechos fundamentales (art. 86 Const.).
Encuentra la Corte que el llamado conflicto negativo de competencia que ahora se resuelve, es el resultado de una discrepancia sobre la naturaleza jurídica de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, contra la cual la señora María Socorro Hernández Zúñiga dirige su acción.
El artículo 38 de la Ley 489 de 1998 dispone:
Así mismo se observa en el artículo 68 de la Ley que se acaba de citar:
“Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, …”
De tal manera, debe volverse a lo descrito anteriormente y a lo previsto en el inciso 2° del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, en cuanto a los Jueces del Circuito o con categorías de tales “les serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental”.
Resaltada en negrilla la calidad concerniente a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, ha de procederse en consecuencia, por lo cual la Corte Constitucional, ejerciendo su función de guardián superior de la integridad y supremacía de la Constitución[2], para que la decisión procurada no sufra más retardos, remitirá de inmediato la presente acción de tutela al Juzgado Primero de Menores de Bucaramanga, despacho judicial al cual le había sido repartida en su momento.
Primero: REMÍTASE el expediente de la referencia al Juzgado Primero de Menores de Bucaramanga, para que en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, tramite y decida sin más dilación la acción de tutela instaurada por la señora María Socorro Hernández Zúñiga, contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social.
Segundo: ENVÍESE copia de esta providencia, para información, al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Sala de Decisión Número Dos.
SALVAMENTO DE VOTO DEL AUTO No. 103 DE 2007
Referencia: ICC-1104

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 38
 artículo 68
 artículo 1