Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-no-vinculante-dgt-0206-01-06-02-2001-224441
Timestamp: 2020-07-15 10:32:29+00:00

Document:
Resolución No Vinculante de DGT, 0206-01, 06-02-2001 | Iberley
Ley 37/1992 arts 20-Uno-9º, 78, 92, 94 , Ley 40/1998 art 26, Ley 43/1995 art 10
1ª. A efectos de practicar las correspondientes liquidaciones del IRPF y del IVA ¿Puede suprimirse todo lo percibido de la Administración por las citadas subvenciones?
2ª. A efectos de cuantificación de ingresos/gastos en función de alumnos matriculados y/o aprobados, pueden excluirse de la relación a los provenientes del aludido Plan?
Por Real Decreto 631/93, de 3 de mayo, se publicó el "Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional", que alcanzó en su aplicación al sector de la Enseñanza de la Conducción (Autoescuelas). En virtud del mismo, las escuelas de conductores de vehículos (autoescuelas), además de impartir las enseñanzas necesarias para la obtención de los permisos de conducción de los vehículos de motor, actúan como centros colaboradores del Instituto Nacional de Empleo, impartiendo cursos de formación profesional ocupacional. La Administración entrega unas subvenciones para gastos derivados de tal enseñanza.
En primer lugar, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, deben hacerse las siguientes precisiones:
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, apartado uno, número 9º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, están exentas de dicho impuesto las prestaciones de servicios relativas a "la educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, la enseñanza escolar, universitaria y de postgraduados, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesional, realizadas por Entidades de derecho público o entidades privadas autorizadas para el ejercicio de dichas actividades".
En relación con lo previsto en el citado precepto legal, el artículo 7 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, establece que tendrán la consideración de entidades privadas autorizadas aquellos centros educativos cuya actividad esté reconocida o autorizada por el Estado, las Comunidades Autónomas u otros Entes competentes en la materia.
2.- El apartado 1 del artículo 30 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, establece lo siguiente:
3.- El Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, comprensivo, según el artículo 1º del Real Decreto, del conjunto de acciones de formación profesional ocupacional dirigidas a los trabajadores desempleados, para proporcionarles las cualificaciones requeridas por el sistema productivo e insertarles laboralmente, cuando los mismos carezcan de formación profesional específica o su cualificación resulte insuficiente o inadecuada.
b) Las organizaciones empresariales o sindicales, los organismos paritarios de formación de
ámbito sectorial estatal, y las organizaciones representativas de la economía social, previa suscripción de un contrato-programa de carácter trienal, siempre que las acciones se desarrollen a través de sus propios centros colaboradores, autorizados conforme a lo establecido en el artículo 9.
El artículo 18 del Real Decreto 631/93 dispone que "el Gobierno establecerá los itinerarios formativos y los conocimientos mínimos en cada especialidad que conduzcan al certificado de profesionalidad que, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, será expedido por las Administraciones laborales competentes para gestionar las acciones del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, a los alumnos que hayan superado las evaluaciones correspondientes al respectivo nivel profesional".
4.- El Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, establece las directrices sobre los certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de la formación profesional ocupacional.
Una parte del contenido de los módulos formativos relativos a determinados certificados de profesionalidad (por ejemplo, y según la regulación vigente, el certificado de profesionalidad de la ocupación de conductor de camión pesado, aprobado por Real Decreto 2001/1996, de 6 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 2 de octubre, o el certificado de profesionalidad de la ocupación de conductor de autobús, aprobado por Real Decreto 1998/1996, también de 6 de septiembre y publicado en la misma fecha que el anterior), coincide objetivamente con las enseñanzas que imparten las escuelas de conductores a que se refieren el artículo 275 del Código de la Circulación, aprobado por Decreto de 25 de septiembre de 1934, los artículos 5 y 60 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y el Real Decreto 1753/1984, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de las Escuelas Particulares de Conductores de Vehículos a Motor, enseñanzas estas últimas que es necesario cursar para poder presentarse a las pruebas de aptitud para la obtención de los permisos o licencias administrativas para la conducción de vehículos a motor.
R> No obstante, como ya se ha señalado, dicha coincidencia es únicamente parcial, dado que el contenido de los cursos relativos a los citados certificados de profesionalidad está constituido por el conjunto integrado de conocimientos necesarios para el desempeño de una determinada profesión (por ejemplo, conductor de camión pesado o conductor de autobús), lo que confiere a dichos cursos, además de una mayor amplitud en sus contenidos, una naturaleza propia y distinta de la que tienen las enseñanzas que imparten las referidas escuelas de conductores.
7.- El artículo 78, apartados uno y dos, de la Ley 37/1992, establece lo siguiente:
1º. Los gastos de comisiones, portes y transporte, seguros, primas por prestaciones anticipadas y cualquier otro crédito efectivo a favor de quien realice la entrega o preste el servicio, derivado de la prestación principal o de las accesorias a la misma.
2º.- ……
5º. Las percepciones retenidas con arreglo a derecho por el obligado a efectuar la prestación en los casos de resolución de las operaciones sujetas al Impuesto.
6º. El importe de los envases y embalajes, incluso los susceptibles de devolución, cargado a los destinatarios de la operación, cualquiera que sea el concepto por el que dicho importe se perciba.
7º. El importe de las deudas asumidas por el destinatario de las operaciones sujetas como contraprestación total o parcial de las mismas".
8.- El derecho a deducir en el Impuesto sobre el Valor Añadido está esencialmente regulado en
el Capítulo I del Título VIII de la Ley 37/1992.
En relación con las cuestiones expresamente planteadas en el escrito de consulta, cabe resaltar lo siguiente de entre lo dispuesto en el citado Capítulo I del Título VIII de la Ley 37/1992:
a) Según lo previsto en los artículos 92 y 94 de la Ley 37/1992, los empresarios o profesionales sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido podrán deducir, de las cuotas de dicho Impuesto devengadas por las operaciones gravadas que realicen, las cuotas del referido Impuesto que hayan soportado con ocasión de la adquisición de bienes o servicios, en la medida en que tales bienes y servicios sean utilizados por los mismos en la realización de las siguientes operaciones que originan el derecho a deducir:
3º. Las operaciones de seguro, reaseguro, capitalización y servicios relativos a las mismas, así como las bancarias o financieras, que estarían exentas si se hubiesen realizado en el territorio de aplicación del Impuesto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20, apartado uno, números 16º y 18º de esta Ley, siempre que el destinatario de tales prestaciones esté establecido fuera de la Comunidad o que las citadas operaciones estén directamente relacionadas con exportaciones fuera de la Comunidad y se efectúen a partir del momento en que los bienes se expidan con tal destino, cualquiera que sea el momento en que dichas operaciones se hubiesen concertado.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas o entidades que no tengan la condición de empresarios o profesionales se considerarán no establecidas en la Comunidad cuando no esté situado en dicho territorio ningún lugar de residencia habitual o secundaria, ni el centro de sus
intereses económicos, ni presten con habitualidad en el mencionado territorio servicios en régimen de dependencia derivados de relaciones laborales o administrativas".
b) Los artículos 101 y siguientes contienen las reglas a aplicar para determinar el importe de las cuotas a deducir por aquellos empresarios o profesionales que en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional realizan tanto operaciones que les originan el derecho a deducir de las enumeradas en el artículo 94 como operaciones que no les originan el referido derecho, operaciones estas últimas entre las que se encuentran, salvo las excepciones contenidas en dicho artículo 94, las operaciones exentas por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 de la propia Ley.
Como consecuencia de todo lo anterior, esta Dirección General de Tributos considera ajustada a derecho la siguiente contestación a la consulta planteada:
1.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 20, apartado uno, número 9º, de la Ley 37/1992, están exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido, los cursos de formación profesional impartidos en el marco de los programas de formación profesional del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional por las empresas a que se refiere el escrito de consulta, que actúan en la impartición de tales cursos como centros colaboradores del Instituto Nacional de Empleo.
No resulta aplicable a dichos cursos el supuesto de exclusión de la referida exención contenido en la letra c) del tercer párrafo del número 9º del apartado uno del artículo 20 de la Ley 37/1992, dado que el contenido de los mismos está constituido por un conjunto integrado de conocimientos necesarios para el desempeño de una determinada profesión, lo que confiere a dichos cursos, además de una mayor amplitud en sus contenidos, una naturaleza propia y distinta de la que tienen las enseñanzas que imparten las mismas empresas en otros casos en los que actúan en su condición de escuelas de conductores de vehículos (autoescuelas).
2.- En virtud de lo dispuesto en la letra c) del tercer párrafo del número 9º del apartado uno del artículo 20 de la Ley 37/1992, no resulta aplicable la exención prevista en dicho número a los servicios prestados por las empresas a que se refiere el escrito de consulta cuando actúen en su condición de escuelas de conductores de vehículos (autoescuelas).
3.- Según se desprende del escrito, las empresas a que el mismo se refiere realizarían tanto operaciones que les originan el derecho a deducir en el Impuesto sobre el Valor Añadido (prestaciones de servicios sujetas y no exentas del Impuesto, efectuadas en el desarrollo de su actividad de escuelas de conductores de vehículos (autoescuelas), como operaciones que no les originan el referido derecho (impartición de cursos de formación profesional en el marco del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, en su condición de centros colaboradores del Instituto Nacional de Empleo), servicios que estarían exentos del Impuesto por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20.uno.9º de la Ley 37/1992), por lo que las citadas empresas deberán aplicar lo dispuesto en los artículos 101 y siguientes de la Ley 37/1992 para determinar en qué medida resultan deducibles las cuotas soportadas por dichas empresas con ocasión de la adquisición de los bienes y servicios utilizados por las mismas en la realización de las citadas operaciones.
En particular, los importes percibidos por las referidas empresas por la impartición de los citados cursos de formación profesional, según lo dispuesto en el Real Decreto 631/93, deberán computarse únicamente en el denominador de la fracción a que se refiere el artículo 104 de la Ley 37/1992, a efectos de calcular el porcentaje de deducción a que dicho artículo se refiere, dado que tales importes forman parte de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los referidos servicios de impartición de cursos de formación profesional, exentos del Impuesto y que no originan el derecho a deducir en dicho Impuesto.
En segundo lugar, en cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, debe señalarse lo siguiente:
El artículo 26 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece que el rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este artículo, en el artículo 28 de esta Ley para la estimación directa, y en el artículo 29 de esta Ley para la estimación objetiva".
Por su parte, el apartado 3 del artículo 10 de la ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades establece que "en el régimen de estimación directa la base imponible se calculará corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en la presente Ley, el resultado contable establecido de acuerdo con las normas previstas en el Código de comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas".
Precisamente, una de estas normas de desarrollo se contiene en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, que contempla la clasificación tradicional de las subvenciones en dos categorías:
Por un lado, las subvenciones de capital, que son aquellas concedidas "para el establecimiento o estructura fija de la empresa, cuando no sean reintegrables".
Por otro, las subvenciones de explotación, que constituyen ingresos del ejercicio y que tienen por objeto "por lo general, asegurar una rentabilidad mínima o compensar déficites de explotación".
A la vista de lo anterior, debe señalarse que las subvenciones percibidas por las autoescuelas para subvenir a los gastos derivados de la enseñanza integrada en el citado "Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional" tendrán la consideración de subvenciones de explotación, constituyendo por tanto un ingreso más a imputar en la base imponible del ejercicio.

References: Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 30
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 18
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 275
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 78
 resolución 
 artículo 20
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 104
 artículo 26
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 10
 Real Decreto