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Timestamp: 2017-10-20 05:19:49+00:00

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Capítulo 12: El laberinto de la cultura.
El laberinto de la cultura:
políticas culturales en la Región de Murcia
Patricio Hernández Pérez, Francisco Jarauta Marión,
César Oliva Olivares y Caridad de Santiago Restoy
La cultura y sus correspondientes políticas ha pasado a ser, a lo largo de las últimas
décadas, uno de los capítulos preferentes de todo programa político. El contexto histórico para
entender este fenómeno no es otro que las transformaciones sociales y culturales ocurridas en las
sociedades avanzadas, tal como señaló en su día el sociólogo Daniel Bell. Estas transformaciones se caracterizan por una demanda y una sensibilidad nuevas, que proporcionan a la cultura la
capacidad legítima de expresar las expectativas individuales y colectivas de los sujetos que viven
en dichas sociedades.
Hoy, el debate se establece como un dilema entre dos tipos de políticas culturales: por
un lado, aquellas que están atentas a la formación de los nuevos sujetos sociales; por otro lado,
aquellas otras más atentas a los intereses de la llamada “cultura del espectáculo”. De entrada,
puede decirse que a lo largo de estos últimos años se ha impuesto una creciente polarización hacia
esta segunda opción. El empobrecimiento consecuente, la instrumentalización obvia a favor de
intereses políticamente administrados, ha hecho que nos encontremos ante una situación definitivamente crítica. Como el profesor Vicens Navarro ha comentado (Bienestar insuficiente, democracia
incompleta, Premio Anagrama de Ensayo 2002), cada vez hay un mayor distanciamiento entre lo
que consideran importante las élites políticas y mediáticas y lo que preocupa a la mayoría de la
población, en parte debido a las diferencias de experiencia y de percepción que se dan en la realidad social. En este contexto general, que admite muchas matizaciones, hay que situar el debate
sobre la llamada “política cultural” de la Región de Murcia.
De las dos alternativas citadas, en la Región de Murcia se ha optado por la más primaria
y de más larga tradición, a saber, la que resulta de combinar una práctica intensamente populista
(mezcla de seguidismo televisivo, manifestaciones de la religiosidad católica más conservadora y
elementos casticistas) y un uso “espectacular” de la cultura como fuente de legitimación a través
de la gestión de proyectos de “prestigio”, los llamados “grandes proyectos e iniciativas”, cuyo
brillo aparente pretende hacer creer que nuestros gobernantes son sensibles, a la vez que prudentes
y sabios e incluso modernos. Pero, también en este campo, la retórica y las promesas sustituyen
a las realizaciones.
Nuestros responsables políticos hablan sin pudor de “cultura”, “medio ambiente” y “desarrollo sostenible”, al tiempo que impulsan una política ferozmente depredadora del patrimonio
natural y cultural. En todos estos casos, cometen un manifiesto abuso del lenguaje, como cuando
PATRICIO HERNÁNDEZ PÉREZ, FRANCISCO JARAUTA MARIÓN, CÉSAR OLIVA OLIVARES,
Y CARIDAD DE SANTIAGO RESTOY
hablan de “política cultural” y dicen que “el Gobierno y el PP tienen una política cultural sólida,
definida y capaz de conseguir los logros que se están alcanzando” (declaraciones de Valcárcel al
diario La Opinión, 24/11/2002).
Teniendo en cuenta esta contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, puede explicarse lo que ocurre en nuestra Región: por un lado, el confuso y más bien disparatado organigrama de la administración cultural regional (un Consejero de Educación y Cultura, un Secretario
Sectorial de Cultura, un Director General de Cultura, una Directora General de Proyectos e
Iniciativas Culturales, una empresa pública de naturaleza mercantil llamada “Murcia Cultural
S.A.” y que gestiona casi todo sin que se entere casi nadie, a todo lo cual hay que sumar el buscado
protagonismo personal del Presidente de la Comunidad); por otro lado, la ausencia, en el discurso
político vigente, de todos aquellos aspectos básicos de la política cultural que afectan a la calidad
de vida de los ciudadanos (acceso a bibliotecas y centros culturales, apoyo a los creadores de la
Región, calidad de las programaciones, políticas relacionadas con la investigación, preservación y
difusión de nuestro patrimonio cultural, programas destinados a la educación ética y estética de los
ciudadanos, apertura a nuevos lenguajes creativos, intervención en el debate multicultural, etc.).
La reducción de la política cultural regional al populismo y a la búsqueda de prestigio
tiene otros efectos colaterales de enorme trascendencia que le son consustanciales: la impermeabilidad a la crítica, la ausencia de mecanismos de participación, el abuso de la retórica y la propaganda, la falta de un diagnóstico o análisis de la situación y de una planificación estratégica, y,
por último, el exceso de improvisación. El resultado inocultable de todo esto, a pesar del reiterado
ejercicio propagandístico, es un aumento del retraso relativo con respecto al resto de comunidades
autónomas y una mala posición para afrontar los grandes retos del presente y del futuro, que no
hará sino aumentar este retraso en los años venideros. En el recientemente publicado Anuario
Social de España (Fundación Caixa, 2003), sobre la Calidad de Vida de los ciudadanos en las
distintas Comunidades Autónomas, la Región de Murcia, en materia de cultura y ocio, suspende
con un 4 junto a otras tres comunidades.
Cuando el Partido Popular llegó al gobierno de la Región, era fácil atribuir todas las
deficiencias, carencias y fracasos a la herencia de más de quince años de gobierno socialista. Este
inapelable argumento ha perdido —después de ocho años de gobiernos populares— toda su eficacia: la usura del tiempo ha hecho su trabajo y reiterar el argumento, además de ineficaz, llega a
producir irritación y acaba volviéndose contra quienes lo esgrimen para cubrir sus propias carencias. También en materia de gestión cultural, es hora de asumir las propias responsabilidades.
2.1. La gestión de los museos y del patrimonio histórico y cultural
Acaba de aparecer la publicación anual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
que pretende recoger los datos actualizados sobre la situación de la cultura en España (Las cifras
de la cultura en España. Estadísticas e indicadores, 2002) y no deja lugar a dudas sobre la situación de la Comunidad de Murcia en comparación con el resto de Comunidades Autónomas.
Comencemos por la asistencia a actividades culturales: por cada 1.000 habitantes, el
ciudadano de la Región de Murcia va a actividades teatrales mucho menos que el español medio
(177 en Murcia por 245 en el conjunto de España); lo mismo que ocurre con la música clásica
(81,1 frente a 141); y con la danza (18,2 frente a 44,4). En cambio, sí superamos la media cuando
se trata de determinar el porcentaje de quienes nunca van al teatro (82,1% frente al 75,4% nacio-
EL LABERINTO DE LA CULTURA: POLÍTICAS CULTURALES EN LA REGIÓN DE MURCIA
nal) o no van casi nunca al cine (53,7% frente al 49,3%). En cuanto a la programación de ópera,
según el informe publicado por la Sociedad General de Autores de España (SGAE) en diciembre
de 2002, durante el año 2001 sólo hubo en la Región 21 representaciones operísticas, frente a las
436 de Madrid o 390 de Cataluña.
Ocupamos el último lugar, entre las diecisiete Comunidades Autónomas españolas, en
fondos bibliotecarios (libros y publicaciones periódicas) por cada 1.000 habitantes; el penúltimo
en bibliotecas por cada 100.000 habitantes; el penúltimo, igualmente, en número de archivos en
el conjunto de la Comunidad; el antepenúltimo en librerías por cada 100.000 habitantes; el mismo
lugar en difusión de diarios por cada 1.000 habitantes (63,2 frente a los 100,2 nacionales); en
cambio, ocupamos el sexto lugar y superamos la media nacional en minutos diarios de televisión
por habitante (234 frente a los 224 nacionales), lo que supone una media de casi 4 horas diarias
de televisión por ciudadano (esto debería considerarse como un factor de riesgo para la salud
mental de los murcianos). Añadamos a todo esto el dato sobre acceso a Internet que facilitaba
recientemente el Instituto Nacional de Estadística: sólo el 11,5% de los hogares murcianos tienen
acceso a Internet (el antepenúltimo lugar entre las Comunidades Autónomas) frente al 17,4% de
Sin embargo, en el citado anuario ministerial, cuando se recogen los datos aportados por
la propia Comunidad Autónoma murciana en los cuadros comparativos de la evolución de los
museos y colecciones por Comunidades Autónomas, observamos que en nuestra Región el número
de museos era de 25 en el año 1994, mientras que en el año 2000 ascendía a 46, ¡casi el doble
de museos en sólo seis años! Pero, ¡sorpresa!, en el Anuario Estadístico de la Región de Murcia
(2001), leemos que en ese mismo año 2000 había en la Región 39 museos y colecciones, 7 menos
que en el anuario ministerial.
En cualquier caso, casi ninguno de esos 46 o 39 o 25 museos cumple con la Ley de
Museos de la Región de Murcia. Según esta ley, para que una colección cualquiera pueda denominarse “museo”, tiene que tener: un horario estable, una colección, unos fondos para la investigación, disfrute y enseñanza, una exposición ordenada, un inventario, un personal cualificado, un
presupuesto fijo, etc. Así, pues, de acuerdo a nuestra ley regional, apenas existen 10 museos que
reúnan estos requisitos.
Además, de los 25, 39 o 46 museos que nominalmente hay en la Región, sólo el Museo
de San Juan de Dios, el Museo Regional de Arte Moderno (MURAM), el Centro HistóricoFotográfico y el Etnográfico de Barranda son de titularidad de la CARM, y algunos de ellos
no cuentan con una gestión regularizada: el director del Museo de San Juan de Dios es a la
vez director del Museo Salzillo, el MURAM no tiene responsable, y en cuanto al Museo de
Murcia, Secciones de Arqueología y Bellas Artes, todavía no sabemos quién es su responsable. Exceptuando algunos museos arqueológicos municipales (Cartagena, Cieza, Yecla, Lorca,
Jumilla…), los demás museos públicos no están abiertos con periodicidad, su único personal
estable es el conserje que los abre y sus responsables son los propios concejales de cultura o los
arqueólogos municipales.
Naturalmente, todos los datos mencionados hasta ahora nada dicen sobre la calidad de
las programaciones culturales, la situación real de los museos y otras infraestructuras, el estado
del patrimonio cultural, las inversiones, etc. Un repaso sumario de todas estas cuestiones nos permitirá completar la radiografía de la situación cultural de la Región y comprobar, una vez más, la
situación de atraso comparativo en que nos encontramos.
Pasados ocho años de gobiernos conservadores y ante la proximidad de un nuevo ciclo
electoral, parece legítimo preguntarse por los logros de este periodo en el campo de la gestión
cultural pública.
Lo primero que salta a la vista es la ausencia de realizaciones significativas que merezcan ser destacadas. Lo más llamativo es que las principales inversiones y realizaciones se han
orientado a financiar y promocionar programas que han tenido y tienen a la iglesia católica como
protagonista, y que tienden a exaltarla con un manifiesto afán propagandístico. Citemos sólo dos
ejemplos: la exposición “Huellas” y la invención del turismo religioso con ocasión del Año Jubilar
Caravaqueño. ¿Cómo se explica que una gran parte de la Catedral vuelva a estar cerrada, cuando
nos dijeron que se había quedado perfecta gracias a la inversión que se hizo en “Huellas”? Por otra
parte, después de la gran cantidad de dinero invertido en la “restauración” del Palacio Episcopal
por las principales entidades financieras de la Región, nos preguntamos por qué no es visitable ni
se han celebrado siquiera unas jornadas de puertas abiertas.
La situación no es mejor en el terreno de la más evidente y tradicional responsabilidad
pública: las llamadas “instituciones de la memoria”. Nos referimos a aquéllas que se ocupan de
la protección, como interés general, de los valores y realizaciones comunes, y que tienen que ver
con la propia identidad y singularidad histórica: los archivos, las bibliotecas y los museos. Aquí,
no debería existir ninguna reserva ideológica para un gobierno de orientación conservadora. Sin
embargo, la situación —que era muy deficiente— no ha mejorado: carecemos de un Plan Regional
de Bibliotecas que establezca una red regional, atienda las necesidades culturales de los ciudadanos
y eleve el bajísimo porcentaje de la población inscrita en las bibliotecas (11% frente al 16% de
Las expectativas creadas por la Ley de Museos de la Región de Murcia, que el Gobierno
regional anunció como el fin de la lamentable situación de nuestros museos, se han frustrado
completamente. Seis años después de su aprobación, la ley no se ha desarrollado y sus previsiones y plazos no se han cumplido. La situación de los archivos —excepción hecha de las obras en
marcha de la nueva sede del Archivo Regional, realizada por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte— continúa sumida en la precariedad y el abandono, de forma que es imposible hablar
con rigor de un Sistema de Archivos de la Región de Murcia comparable al que existe en otras
Un segundo campo de la política cultural, muy próximo al primero y que depende sólo de
la iniciativa pública, es el del Patrimonio Histórico: tampoco aquí encontramos motivo alguno de
satisfacción. Si exceptuamos algunas actuaciones singulares (Catedral de Murcia, Teatro Romano
de Cartagena, Centro de Interpretación de Villa Vieja en Calasparra), casi siempre sustentadas
por la iniciativa ministerial (con el Plan de Catedrales) o por la primera entidad financiera de la
Región, la situación general no ha encontrado el nivel de compromiso público que requiere un
patrimonio tan rico y tan valioso como descuidado y maltratado, un patrimonio que parece condenado a esperar su hora con paciencia mineral. No hay más que revisar las Leyes de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de los últimos años, para comprobar que la inversión en el Patrimonio
Histórico es mínima. No existe nada que se parezca a un Plan de Bienes Culturales (como existe
en Andalucía), en el que se determinen las necesidades, se establezcan las prioridades y se ordenen las inversiones; ni tampoco un programa serio y libre para la intervención en los conjuntos
Por otra parte, aún es pronto para evaluar los resultados de las operaciones de “turismo cultural” en marcha (Lorca, Caravaca y Cartagena), pero parecen más orientadas a objetivos
puramente economicistas que al desarrollo cultural de las zonas donde se ubican: se pretende
beneficiar al sector terciario más que al propio patrimonio histórico, aunque éste sea el reclamo,
pero sin abordar los problemas que plantea la gestión de la elevada dotación económica asignada
a estas propuestas. Un ejemplo: en un principio, la inversión asignada al Castillo de Lorca era
para poner en marcha el Taller del Tiempo, pero ahora le quita la mitad del terreno un Parador
de Turismo dudosamente legal desde el punto de vista patrimonial. Un enfoque del Patrimonio
Histórico y Cultural en el que se prima su aspecto de recurso económico no está exento de peligros: baste recordar las conclusiones del Foro de Sri Lanka de 1993, que alertaba sobre el riesgo
de trivialización del Patrimonio, e incluso de su desaparición física, como consecuencia de las
masas de visitantes.
En cuanto al llamado Museo Regional de Artes y Costumbres Populares y Centro de
Investigaciones Etnológicas, sigue siendo una muestra de la famosa política de “la alcayata”, a la
que también podemos denominar como política del “boletinazo”, ya que tanto este museo como
el MURAM sólo existen en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Sabemos, por el Decreto
de su creación (BORM nº 280 de 3 de diciembre de 2002), que estará en el término municipal de
Caravaca, pero en la prensa se anuncia que estará en Barranda. La Consejería de Presidencia atribuye a dicho museo unos fondos del Museo de Murcia que pertenecen al Ministerio de Cultura y
prevé para más adelante un acuerdo con dicho ministerio: ¿es que nadie se avergüenza de publicar
esto en un decreto oficial y crear un museo sin fondos?
Si leemos con detenimiento las dos páginas del BORM, comprobaremos que su redactor
no sabe lo que es el patrimonio etnológico: la expresión “artes y costumbres populares” está completamente obsoleta y aún no hemos visto en ningún lugar que un museo etnológico sólo tenga
fondos “artísticos”. Nuevamente, se ha trivializado el tema de la etnografía sin abordarla como
corresponde: la etnografía no puede estar sólo en un museo, puesto que sigue viva y en la calle.
Sólo el Centro Histórico Fotográfico, aún en ciernes, es a nuestro juicio un verdadero acierto, lo
cual muestra que a veces sólo hay que escuchar a quienes tienen las ideas y la capacidad para
desarrollarlas. Pero, una vez más, ¿por qué la fotografía la gestiona Presidencia y el cine lo gestiona Cultura?
Sin entrar a fondo en el laberinto de la cultura regional, no nos podemos resistir a poner
otro ejemplo de la descoordinación (por no decir la rivalidad interna) que caracteriza a la política
cultural del Partido Popular en nuestra Región. En el BORM nº 177 de 1 de agosto de 2002, parece
que vamos a encontrar la respuesta a muchas de nuestras preguntas. En este Boletín, la Consejería
de Educación y Cultura publica una Resolución donde se hace constar el acuerdo de encomienda
de gestión entre la citada Consejería y la Empresa Pública Regional “Murcia Cultural S.A.”, para
la gestión del Centro Histórico-Fotográfico de la Región de Murcia. En esta Resolución se nos
explica que la Consejería de Educación y Cultura es el departamento de la Comunidad Autónoma
de la Región que tiene atribuidas las competencias en materia de Cultura, según el Decreto de
transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma de 1983. También se nos explica el estatuto
de Murcia Cultural: “Murcia Cultural S.A. es una Empresa Pública Regional, creada por Decreto
65/1990 de 31 de julio, para el funcionamiento y la gestión de actividades musicales y las propias
de una compañía mercantil. Mediante Decreto 54/1998, de 1 de octubre, se amplió el objeto de
dicha mercantil a la gestión de actividades culturales en su más amplio sentido y concretamente,
entre otras, la gestión de instituciones dedicadas a la promoción y difusión cultural”.
Entre los acuerdos suscritos, encontramos que la Consejería de Educación y Cultura encomienda a Murcia Cultural la gestión del Centro Histórico-Fotográfico; pero, “conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el presente acuerdo no implica cesión de
titularidad de competencias alguna”; además, “el plazo de vigencia de la presente encomienda
será de 5 años, siendo eficaz desde su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
¡Al fin nos hemos enterado!: la Consejería de Educación y Cultura es la competente en Museos
(véase el artículo 18 de la Ley de Museos) y Murcia Cultural sólo gestiona, pues la Consejería no
cede la titularidad de las competencias. Pero, cuando parece que todo está en claro, tenemos que
hacernos nuevas preguntas: ¿Qué hace Murcia Cultural en la Consejería de Presidencia, gestionando museos, artes plásticas, etnografía, música y artes escénicas, si la responsable de todo esto
es la Consejería de Cultura? ¿Dónde están los funcionarios que deben ser responsables de que se
cumpla la Ley de Museos, si en Murcia Cultural sólo hay contratados laborales (que, por cierto, y
a la vista de los presupuestos de la CARM para 2003, se van a ver incrementados “digitalmente”
en casi 20 personas)? ¿Sería lógico que Murcia Turística S.A. dependiera de otra consejería que
no fuera la de Turismo? Sinceramente, creemos que ya es hora de profesionalizar los museos y la
gestión cultural regional, con un personal cualificado y no cautivo por sus contratos.
Recomendamos estudiar a fondo el Decreto nº 116/2002 de 13 de septiembre, de atribución de funciones y establecimiento de estructura orgánica de la Dirección de Proyectos e
Iniciativas Culturales. En este Decreto, parece que Presidencia se hace cargo de los museos, pero
a través de una Disposición Adicional que nos resulta incomprensible, pues las atribuciones a que
se refiere el artículo 4 de la Ley de Museos no deben ser confundidas con lo que dice el artículo
18 de esa misma ley: “La creación de museos dependientes de la Comunidad Autónoma se hará
por decreto del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a propuesta de la Consejería competente en materia de Cultura y, en su caso, además, de la Consejería de la que el centro vaya a
depender”.
Finalmente, creemos que ni la propia Administración regional se aclara, pues en el catálogo editado con motivo de la presentación del MURAM se dice textualmente: “Desde la Dirección
de Proyectos e Iniciativas Culturales, pensamos que la constitución y consolidación de las infraestructuras museísticas de la Región de Murcia pasa no sólo por la atención a la salvaguarda y
difusión del valioso patrimonio histórico-artístico que nos han legado las edades pasadas, sino
también a las muestras de la vitalidad creativa que nuestros creadores han ido demostrando en la
historia reciente y en la actualidad. El volumen y la calidad de las obras atesoradas por la CARM
debían contar con una institución propia que, como señala la definición del ICOM, facilitase su
correcta exhibición, investigación y conservación, con criterios actuales y con los ojos puestos
en las futuras generaciones”. Si esto es así, la señora Avellá se confunde de papel: debería firmar
como Consejera Delegada de Murcia Cultural o como Directora del Museo de Murcia y no como
Directora de Proyectos e Iniciativas Culturales, ya que la gestión del MURAM se la encomendó
la Consejería de Cultura a Murcia Cultural y no a la Consejería de Presidencia. Además, ella
misma reconoce que la CARM no recoge las recomendaciones del ICOM (International Council
El MURAM es un museo fantasma, creado sin criterios, ni colección, ni proyecto, sino
sólo gracias a un depósito de obras que en cualquier momento pueden ser reclamadas por su
propietario, como ha ocurrido con la Fundación Miró en Mallorca. Además, no se puede crear
un Museo Regional partiendo de una colección depositada temporalmente, ya que todo él girará
en torno a la cronología y los autores representados en dicha colección. El proyecto museológico
debe estar claramente definido de antemano, sólo así se sabrá qué obras exponer y comprar. Se ha
de tener en cuenta que, tras el traslado al Museo del Prado (a instancias del Ministerio de Cultura)
de los cuadros depositados en el Museo de Bellas Artes de Murcia, no será fácil abrir estos dos
museos sin un gran esfuerzo económico, político e intelectual. Por otra parte, ya hemos perdido la
memoria respecto al tiempo que llevan cerrados los museos de Arqueología y Bellas Artes, cuando
nos prometieron que se inaugurarían entre los años 2001 y 2002.
En cuanto al Centro Párraga, parece que tiene un estatuto especial. Aunque ha recibido
un tratamiento parecido al del MURAM y la Consejería de Cultura ha encomendado su gestión a
Murcia Cultural, la encomienda especifica que al frente del mismo estará un “funcionario”. Pero
éste ha sido trasladado obligatoriamente a otro centro (la Red de Espacios Públicos Expositivos
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), al estilo “boletinazo”, con el fin de que
su puesto de trabajo fuera ocupado por un gestor… ¡buscado a través de la prensa! El concurso
para la construcción de este nuevo centro ha sido publicado recientemente en el BORM de 16 de
enero de 2003. Para calcular el retraso que lleva la puesta en marcha del Centro Párraga, hemos
de recordar que la Universidad de Murcia ya ha inaugurado su museo en un pabellón del Cuartel
de Artillería, cedido al mismo tiempo que le fue cedido a la CARM el pabellón 6 para instalar el
Centro Párraga. Parece que “las cosas de palacio van más despacio”.
En cualquier caso, ni el MURAM ni el Museo de Artes y Costumbres han tenido la
misma suerte: ni se ha convocado la plaza de director/a, ni ha salido a concurso su construcción,
ni sabemos cuándo van a empezar las obras.
Tras este breve y sinuoso recorrido por el laberinto de la administración regional de la
cultura, vamos a dejarlo de momento. Esperemos que, tras las elecciones de mayo de 2003, los
responsables de la política cultural de la Región de Murcia se aclaren entre ellos y así podamos
aclararnos todos los ciudadanos. Pero no podemos resistirnos a mencionar un último recoveco de
este laberinto: ¿sabían los murcianos que las “obras atesoradas por la CARM” -y que son citadas
en el catálogo del MURAM- son responsabilidad de la Consejería de Economía y Hacienda?
Terminemos este apartado recordando a nuestros actuales gobernantes las siguientes
palabras: “El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos,
músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el
conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que
expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos
históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas” (Definición elaborada por
la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural, celebrada en México en el
año 1982).
2.1. Las artes escénicas y musicales
Ya nos hemos referido a las preocupantes cifras de asistencia a los espectáculos de artes
escénicas y musicales. Sólo añadiremos que es patente la apuesta por criterios conservadores, con
unas programaciones convencionales que parecen incluir una renuncia implícita a ganar nuevos
públicos o abrir circuitos y salas alternativas. Una excepción la constituyen los grandes festivales
musicales especializados del verano, con una “programación de aluvión”, surgidos de iniciativas
municipales que han demostrado sobradamente su acierto (Cartagena, San Javier, La Unión), así
como algunas notables experiencias locales en municipios gobernados por la izquierda (Ceutí y
Cehegín).
En este campo de la política cultural, lo más significativo es la escasez de espacios donde
mostrar los espectáculos escénicos creados en Murcia e incluso programados en diversos centros
de producción cultural. La ciudad de Murcia tiene menos teatros que algunas capitales con menos
de la mitad de habitantes (Gerona, Granada, Las Palmas...), lo cual la obliga a centrar sus posibilidades de exhibición en un único y “gran” teatro, el Romea, cuya programación representa también
una única sensibilidad y está dirigida a un público muy limitado.
Este efecto se repite en la mayoría de las localidades de la Región, obsesionadas por
ofrecer sólo programaciones “como las del Romea”. ¿Acaso hay algún importante grupo de teatro
o de música en las diversas ciudades de la Región? Esta situación es esperpéntica en el caso de
Cartagena, lugar de enorme tradición teatral: quizá sea la única ciudad española de su tamaño que
no tenga un teatro de titularidad pública.
En cuanto al Auditorio Regional, dirigido con inteligencia y en el que los políticos consiguen financiación de empresas privadas, se ha consolidado como un lugar para el prestigio social,
pero no como espacio para la promoción.
En resumen, es necesario que se plantee un plan de futuro para las Artes Escénicas en la
Región de Murcia, ya que poseemos escuelas y conservatorios que aportan personal cualificado y
a los que se debe dar las primeras oportunidades dentro de su propia Comunidad.
2.3. Las artes plásticas
En materia de artes plásticas, se ha perdido la vitalidad y la capacidad de interpelación
que pudo existir en algún momento. También desaparecieron las bienales del pasado y parece
difícil que se pueda recuperar un arte vivo cuando las cosas se hacen como se están haciendo
en torno al Centro Párraga (donde la responsabilidad es detentada en exclusiva por los políticos,
incómodos con los proyectos que no controlan plenamente). Como un ejemplo más de la esquizofrenia que afecta a la gestión cultural en nuestra Región, observamos que en las últimas invitaciones a los actos del Centro Párraga, éste aparece dependiendo directamente de la Dirección de
Proyectos e Iniciativas Culturales; en cambio, Murcia Cultural no figura como la sociedad gestora
De manera análoga, tampoco sabemos si es Murcia Cultural o las Grandes Iniciativas
Culturales quien programa en la Casa Díaz-Cassou, centro de exposiciones cedido por la empresa
El Pozo sólo por dos años. Pero lo cierto es que las exposiciones se realizan con el único fin de
justificar la existencia de un departamento de artes plásticas que no llega al público y que además
es incapaz de realizar una programación a largo plazo o por lo menos darla a conocer con suficiente antelación1.
Los ciudadanos mantenemos un paciente silencio, esperando que este desaguisado se
resuelva o que al menos el Presidente regional decida cuáles son los Grandes Proyectos Culturales
(que, según el Decreto de remodelación de la Consejería de Presidencia de enero de 2002, deben
ser definidos). En el Informativo de la Comunidad Autónoma “Murcia en Comunidad”, de
diciembre de 2002, gacetilla que se distribuye gratuitamente con la prensa regional, y bajo el
título “Cultura para todos” (aunque más bien debería titularse “Cultura para el pueblo pero sin el
pueblo”), hay ocho páginas con ocho fotos del presidente Valcárcel, y en ellas se nos explica lo
que podríamos suponer que son las “Grandes Iniciativas Culturales”: el Museo Salzillo, el Museo
Regional de Arte Moderno (MURAM), el Centro Histórico-Fotográfico de la Región de Murcia
(CEHIFORM), la Casa Díaz-Cassou, el Museo de Artes y Costumbres Populares, el Centro de Arte
José María Párraga, la Red de Espacios Públicos Expositivos y el Teatro Romano. Efectivamente,
puede que estos sean los proyectos del Presidente, ya que su fotografía sale en todas las páginas,
pero hay un pequeño problema: la gacetilla la hemos pagado todos los murcianos y no el Partido
Popular. Nunca ha estado la cultura más politizada e instrumentalizada. Se han olvidado de los
archivos, de la recuperación del patrimonio más delicado, de las bibliotecas, de los teatros, del
cine, de la danza, de la música...
La única iniciativa relacionada con las Bellas Artes que el Gobierno regional ha tenido en
estos últimos ocho años, ha sido la creación de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de
la Arrixaca (Murcia). Por cierto, una denominación nuevamente centralista y católica: ¿por qué no
Una vez redactado este capítulo del Informe 2003, la prensa regional del día 5/02/03 publica la programación de artes plásticas y las becas del Centro Párraga. Es un poco sospechoso que, tras ocho años de gobierno y tres meses
antes de las elecciones, se presente por fin la tan demandada programación y las ayudas a favor de los artistas plásticos.
la Virgen del Rossel (Cartagena) o la de Huertas (Lorca) o tal vez la de las Maravillas (Cehegín)?
Cuando leemos el artículo 1 del Decreto de creación de la citada Real Academia, no podemos
dejar de preguntamos si sus redactores viven en el siglo XXI: “El objeto de la Academia de Bellas
Artes lo constituye promover el estudio, crítica, cultivo e investigación de las artes en general y
particularmente de la pintura, escultura, arquitectura, música y artes de la imagen, procurando el
estímulo a su ejercicio y difundiendo, por los medios a su alcance, el placer por todas las ramas
del arte con el ejemplo y la doctrina” (BORM nº 252 de 30 de octubre de 1999).
Es importante recordar que la Consejería de Educación y Cultura fue la creadora de la
Academia y que los diez primeros académicos los nombró el Consejo de Gobierno. Pues bien, en
tres años de funcionamiento, aún no se ha organizado ningún acto de la Academia que no consista
en el nombramiento de nuevos académicos. En esta única actividad, ha demostrado ser tan misógina como todas las Academias, ya que poquísimas mujeres han conseguido ser nombradas académicas (en la de Alfonso X, sólo hay una mujer). Creemos que hubiera sido mejor y más beneficioso
socialmente crear un organismo más dinámico, similar al Círculo de Bellas Artes de Madrid.
2.4. El libro y el cine
Poco podemos decir de las políticas públicas relacionadas con el libro y el fomento de la
lectura, o con el cine y los medios audiovisuales, dada su lamentable situación. Hay que esperar a
ver qué dará de sí la nueva etapa de la Editora Regional, tras años de práctica clausura, aunque las
experiencias acumuladas son suficientes para alimentar nuestro escepticismo. Y lo del cine es de
pena: mientras otras Comunidades Autónomas están creando ciudades del cine, “Films Comission”
o Fundaciones y Comisiones Audiovisuales, aquí aún estamos sin Filmoteca Regional.
2.5. Los archivos
Los archivos han sido tradicionalmente conocidos por su condición de custodios de las
fuentes documentales para la investigación histórica y la cultura, pero eso ha hecho olvidar su
otra función principal: ser centros dinámicos para la gestión administrativa y el servicio a los
ciudadanos. El predominio de la primera función ha llevado a que estén integrados habitualmente
en Consejerías y Concejalías de Cultura, cuando orgánicamente los archivos deberían estar integrados en consejerías y concejalías de tipo transversal, para que todas las unidades administrativas
gestionaran bien su propia documentación.
Durante los años noventa se ha avanzado en la organización de archivos municipales, se
ha comenzado la construcción del edificio para el Archivo General de la Región y se han desarrollado algunas actuaciones de dinamización cultural de los archivos. En cuanto los temas que
consideramos pendientes, citaríamos:
Tras 12 años desde su aprobación, bastantes de los aspectos de la Ley de Archivos no
se han desarrollado. No se ha constituido la Comisión Regional Calificadora de Documentos
Administrativos. El Consejo Asesor Regional de Archivos, Bibliotecas y Museos no funcionó, y
tampoco ha funcionado el Consejo Consultivo creado después.
Los dos centros archivísticos principales, Archivo General de la Región y Archivo
Histórico Provincial, no han podido cumplir algunas de las funciones encomendadas en la Ley,
por falta de recursos humanos, económicos y materiales, si bien la construcción del nuevo edificio
del Archivo General solventará los problemas de espacio e infraestructuras sufridos hasta ahora.
En el ámbito autonómico, solo tres Consejerías (Educación y Cultura, Agricultura, Agua
y Medio Ambiente, y Turismo y Ordenación del Territorio) tienen archivero propio, careciendo del
mismo el resto de consejerías. No están desarrollados los archivos centrales de las Consejerías, que
son el órgano archivístico intermedio entre los archivos de oficina y el archivo histórico.
Para que podamos hablar de un auténtico sistema regional de archivos, con una adecuada colaboración e integración para el trabajo de los investigadores, es necesaria la integración de
archivos importantes como el de la Universidad de Murcia y el de la Asamblea Regional, así como
archivos de instituciones privadas (empresas) e instituciones religiosas (la iglesia católica), con
fuentes importantes para la investigación histórica regional.
Numerosos Ayuntamientos de la Región no tienen archivero, y algunos que sí lo tienen
le obligan a compatibilizar sus tareas con otras funciones (bibliotecario, arqueólogo...). Los pueblos sin archivero —y, por tanto, con una falta de organización de su fondo documental—, son:
Abanilla, Albudeite, Aledo, Alguazas, Beniel, Campos del Río, Ceutí, Fortuna, Lorquí, Moratalla,
Ojós, Pliego, Puerto Lumbreras, Ricote, Santomera, Torre de Cotillas, Torre Pacheco, Ulea y
Según el Anuario Estadístico de la Región de Murcia, 2001, sólo están organizados los
fondos de los archivos de Beniel, Blanca, Cartagena, Librilla, Lorca, Lorquí, Mazarrón, Murcia,
Ojós, Pliego, Ricote, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Totana, Ulea, La Unión, Villanueva y
Yecla. De éstos ya organizados, debe tenerse en cuenta que bastantes no tienen archivero, como
ya hemos indicado antes, lo que impede su uso y consulta. La falta de personal es evidente, lo
cual redunda no sólo en una insuficiente organización sino también en unos horarios de apertura y
disponibilidad muy reducidos en los archivos municipales de las localidades menores. Además, las
categorías funcionariales o de contratación del personal de archivos son bajas, con muchos casos
de personal remunerado con categoría de auxiliar (D) o administrativo (C), realizando las tareas
de único responsable del archivo e incluso otras funciones ajenas.
La principal actuación de apoyo a los archivos municipales son unas subvenciones para
organización de archivos, que dan lugar usualmente a unas becas temporales y a unos trabajos
que no siempre tienen continuidad. El nivel de automatización y digitalización de los archivos es
bajo, lo cual implica la limitación de las posibilidades de difusión y uso de los archivos con fines
didácticos y de investigación.
2.6. Las bibliotecas
Respecto a las bibliotecas públicas, éstas han tenido avances considerables durante los
años noventa, especialmente con la creación de la Biblioteca Regional, que ha concentrado la
mayor parte de las inversiones, llegando a ser seleccionada como una de las 6 mejores bibliotecas
públicas europeas en el 2000. Esta biblioteca ha tenido un fuerte incremento de colecciones, personal, actividades culturales y dotación tecnológica, y ha destacado en la prestación de servicios a
través de Internet (por ejemplo, Biblioteca Digital y Servicio “Pregunte” de información electrónica). En el conjunto de la Región, se han construido y mejorado infraestructuras en numerosos
Ayuntamientos y se han automatizado los catálogos de las bibliotecas.
Pero la situación de partida era —y es todavía— muy negativa. A pesar de haber sido,
durante los años noventa, la Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de incremento de los
volúmenes disponibles (59% entre 1992 y 1998), la realidad es que la Región de Murcia tenía en
1998 sólo 0,62 volúmenes por habitante, cuando la media nacional en ese año estaba en 0,97 volúmenes por habitante, situándonos en el penúltimo lugar del Estado español, según el estudio Las
bibliotecas públicas españolas, una realidad abierta, editado por la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez (Hernández, 2001). De acuerdo al Anuario Estadístico de la Región de Murcia de 2001
(CARM, 2002), la Región contaba en 2000 con 809.905 vols., para una población de 1.149.328
personas, lo que nos sitúa en 0,7 vols. por habitante, frente al 1,07 de España, según el Estudio
del desarrollo de las colecciones en las Bibliotecas Públicas en España, que también toma datos
de 2000 (FGSR, 2002). Por tanto, estamos todavía lejos de la media española en volúmenes por
habitante; además, España está en la mitad de la media europea, que es de 2,1 volúmenes por
habitante (FGSR, 2002).
En cuanto al uso, el estudio ya citado (Hernández, 2001) situaba a la Región de Murcia
en el penúltimo lugar en cuanto a ciudadanos inscritos en las bibliotecas (11 de cada 100), frente
a una media en España de 19. Estos datos nos tienen que hacer recapacitar sobre la necesidad de
fomentar las prácticas culturales activas de los ciudadanos, a través de las bibliotecas y los centros
culturales públicos. Los problemas que subsisten son los siguientes:
1. Aunque se han creado bibliotecas públicas en la mayor parte de los municipios, son
insuficientes principalmente en los núcleos urbanos menores, donde tienen escasez de personal, de colecciones, de horarios de apertura, de recursos tecnológicos.
Localidades como Albudeite, Aledo, Ulea y Ojós no tienen biblioteca. En los municipios de más de 50.000 habitantes, como Cartagena y Lorca, debería ampliarse la red
bibliotecaria con puntos de servicio en barriadas o pedanías que actualmente carecen
de servicio bibliotecario, y en Murcia se carece de una biblioteca central, forzando a
la Biblioteca Regional a hacer de biblioteca pública para los habitantes de la ciudad
2. La Ley de Bibliotecas de 1990 no se desarrolló en diversos aspectos: el retraso en
la aprobación de unas normas técnicas y un reglamento que hubiera ayudado a su
desarrollo y al compromiso de la Administración Local en su financiación, la falta de
funcionamiento del Consejo Asesor Regional de Archivos y Bibliotecas, sustituido
por otro Consejo Consultivo que tampoco ha funcionado...
3. La mayor parte de las bibliotecas públicas municipales no tienen página web. Sin
embargo, para ser el centro local de referencia de acceso a Internet y a la sociedad de
la información, como recomiendan las normas nacionales e internacionales, deberían
dotarse de acceso a Internet y de más terminales para uso público. No ha habido la
debida conexión entre los planes de fomento de la sociedad de la información y las
bibliotecas municipales, que a veces han quedado al margen de la dotación de telecentros.
4. Las categorías de personal bibliotecario no están bien reguladas, tienen escasa remuneración y en el plano municipal no se exige habitualmente una titulación universitaria para el ejercicio de bibliotecario. De hecho, sólo Águilas, Caravaca, Cartagena,
Cehegín, Cieza, Jumilla, Mula, Murcia, Puerto Lumbreras y Yecla tienen en la dirección de la biblioteca a un funcionario de grupo A o B; en los demás municipios, se
recurre a contrataciones de personal remunerado como C o D. La escasez de personal
(en 16 bibliotecas municipales de la Región sólo hay un único empleado) lleva a la
insuficiencia de los nuevos servicios que los ciudadanos demandan de las bibliotecas:
colecciones multimedia, alfabetización digital y uso de la información, promoción
lectora, programación cultural estable, etc.
5. Los horarios y periodos de apertura de las bibliotecas sufren los problemas de escasez
de personal, llevando a faltas de servicio en horarios de mediodía o periodos vacacionales, en los que los ciudadanos podían utilizar las bibliotecas como fuente de ocio,
aprendizaje, lectura o información.
3. LA CULTURA COMO CREACIÓN DE CIUDADANÍA
Por último, queda un aspecto aún no mencionado pero capital en una sociedad democrática: el papel de la cultura como creación de ciudadanía. Si falta este aspecto, resulta difícil
imaginar de qué manera puede formarse una ciudadanía libre y responsable, sobre todo cuando se
le hurtan cada vez más los instrumentos críticos necesarios para comprender los acontecimientos
de su propia época y para intervenir activamente en ellos.
La globalización, una de cuyas expresiones es la estandarización y homogenización
cultural, está provocando un efecto de reacción que otorga un nuevo papel a la cultura vinculada
al territorio, ya que ésta incorpora la función ideológica de soporte de identidades colectivas,
restableciendo —como auténtica argamasa social— los vínculos comunitarios. De aquí arrancan,
además, dos de los grandes debates de nuestro tiempo: el debate multicultural, es decir, la compresión de una complejidad creciente de las formas y tradiciones culturales que se mezclan hoy
en nuestras sociedades, y el debate acerca de las identidades nacionales y culturales, empeñadas
en restaurar y proteger la propia historia. La globalización y sus epifenómenos se han introducido
así en las políticas culturales.
Por no tener, en nuestra Comunidad no tenemos ningún departamento responsable de la
protección y la salvaguarda del patrimonio etnográfico, antropológico e industrial. Pese a ser una
de las obligaciones legales que establece la Ley del Patrimonio Histórico Español, se funciona sin
planificación ni coordinación y, sobre todo, sin tener en cuenta que son los bienes patrimoniales
más delicados y los que están desapareciendo a pasos agigantados. Recientemente, por medio de
un convenio entre la Universidad de Murcia y la Comunidad Autónoma, se ha creado un centro
regional de estudios etnográficos, pero la dotación y los recursos con que ha nacido son mínimos,
por lo que no puede decirse que se haya producido un cambio de política en este terreno.
Frente a otras políticas sectoriales (educativas, sanitarias, industriales), la política cultural
de los Estados democráticos, y en España con más razón —por ser históricamente más reciente—,
va con mucho retraso en la adopción de las decisiones fundamentales sobre su planificación y
gestión. Paradójicamente, este retraso abre oportunidades que debemos aprovechar para no tener
que lamentarnos después.
Desde 1977, nuestro país se embarcó en la construcción de un Estado de Bienestar que
hoy se nos aparece como muy imperfecto e insuficiente respecto de los modelos europeos, si
tenemos en cuenta las actuales políticas de redistribución de rentas y de acceso universal a determinados bienes y servicios.
En este contexto, lo que los analistas llaman el “sector cultural” (que incluye las industrias del ocio y la cultura junto con el sector de la comunicación y la información, además de los
sectores tradicionalmente considerados de la cultura, incluido el sector público cultural) ha mostrado en España un dinamismo extraordinario desde el punto de vista económico (los efectos sociales
hay que discutirlos aparte), con tasas de crecimiento medio del PIB cultural del 20%, aunque muy
desigual territorialmente (Madrid se lleva el 40% del PIB cultural español, mientras que Murcia
está próxima al 0,5%, una posición muy periférica y casi marginal). Esta fuerte variación territorial
en los datos de la economía de la cultura, mucho mayores que las diferencias de renta, amenazan
con trasladarse a ésta a partir de la especialización de algunos territorios en sectores de alto valor
añadido cultural e informacional.
Algunos autores (Ramón Zaíllo y otros, Comunicación y cultura en la era digital.
Industrias, mercados y diversidad en España. Gedisa, 2002) han señalado que el éxito relativo
del Estado de las Autonomías en paliar las diferencias interterritoriales en el ámbito general no
se ha trasladado, con la transferencia de las competencias culturales, al sector cultural. La razón
hay que encontrarla justamente en la falta de consideración de lo cultural e informacional como
Un primer apunte de este retraso, referido a la Región de Murcia, lo encontramos en el
trabajo de la Fundación Autor, La evolución de la Industria de la Cultura y el Ocio en España por
Comunidades Autónomas. 1993-1997, publicado el año 2001 y considerado el único estudio existente sobre gasto público cultural regional. Al analizar con detalle el caso de Murcia (los datos que
ofrece son de bastante interés), señala el fuerte dinamismo general del sector cultural en la Región,
pero establece y cuantifica una diferencia de comportamiento entre el sector privado —con un alto
crecimiento— y el sector público —con una tendencia decreciente— frente a la demanda creciente
de bienes y servicios culturales, para concluir de forma contundente que la evolución de Murcia
“muestra la ausencia de una política cultural activa” y que “esta situación exige un cambio de
actitud por parte de las autoridades públicas con el fin de considerar a las actividades culturales
y de ocio como una actividad productiva generadora de riqueza y empleo sobre la que merece la
pena incidir. Se respondería, así, a las exigencias demandadas por los ciudadanos, incrementándose
su nivel de bienestar”.
Esto exigiría, en primer lugar, otorgar a la cultura un carácter estratégico entre las políticas públicas, entendiéndola como principal agente de cambio y transformación social. Quienes
así lo están entendiendo —por ejemplo, el Plan Estratégico del Sector Cultural, impulsado por el
Ayuntamiento de Barcelona— están rompiendo las fronteras clásicas de las artes y el patrimonio,
para incorporar un sector más amplio que incluye a las universidades, a los sectores vinculados a
la investigación y el desarrollo, a los sectores económicos vinculados al conocimiento y las tecnologías, y también a las industrias y empresas culturales, a las asociaciones y ONG´s, a los propios
creadores y a las administraciones en sus distintos niveles.
Pero no se trata de un enfoque “economicista” de la cultura. Es mucho más. Estamos ante
una “nueva generación de políticas culturales”, fundamentadas en el reconocimiento del derecho
de los ciudadanos a la participación en la vida cultural (recogida en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)
y basadas en la cooperación y el diálogo. Así, en la elaboración del Plan barcelonés, han participado durante meses más de 300 personas del ámbito cultural, social, educativo y económico de
En Murcia, por el contrario, nada de esto se plantea. Antes bien, ya hemos mencionado
anteriormente que la mera coordinación entre departamentos de la administración regional resulta
una quimera inalcanzable. No digamos ya con los municipios —que, no se olvide, son el primer
agente público de la cultura, pues el peso de los municipios en el gasto cultural español está en
torno al 45%, frente al 26% de las comunidades autónomas, el 20% de la administración central y
el 9% de las diputaciones—, o con los distintos agentes económicos y sociales.
La voluntad de diálogo, de concertación y de participación democrática se ha quedado en
el camino, víctima de las mayorías absolutas y de una cierta falta de modestia e inteligencia para
saber optimizar nuestras posibilidades. Los muy criticados “consejos asesores” de la anterior etapa
socialista han dejado paso a la supresión de toda vía institucional de participación. Aquí, resulta
realmente un sarcasmo apelar al objetivo de la “democracia cultural” defendido por el Consejo
de Europa. No existe tampoco ni se propicia el debate público —innecesario a lo que se ve— y
se desconoce el valor de la planificación (ni participativa ni centralizada) como instrumento para
determinar las necesidades, fijar los objetivos y ordenar los recursos disponibles. No hay más
que leer el Decreto nº 82/2002 de 10 de mayo (BORM nº 114 de 18 de mayo de 2002), en el que
se regula la composición y funciones del Consejo Asesor Regional de Cultura de la Región de
Murcia, máximo órgano de asesoramiento y consulta de la Administración regional en materia de
política cultural. De los 20 vocales, sólo 4 son representantes de asociaciones de ámbito regional
relacionadas con el arte, la música, el patrimonio, el voluntariado cultural —que además tienen
que ponerse de acuerdo entre ellas para elegir a su representante—; el resto son representantes
de las administraciones públicas y, ¿cómo no?, de la Diócesis y de la Universidad Católica. Está
claro que la ciudadanía —en especial, la de los diversos sectores relacionados con la cultura— no
cuenta, así que no creemos que sea un Consejo representativo, ni competente, ni ágil, para asesorar
sobre la política cultural que conviene a nuestra Región.
Necesitamos, pues, una nueva política cultural activa, que tome iniciativas en distintas
direcciones: abriendo procesos de reflexión colectiva para definir prioridades propias y para orientar a otros agentes culturales; buscando la concertación y la complementariedad entre los distintos
actores del sector cultural; corrigiendo las tendencias no deseables del mercado y asegurando los
valores culturales que éste no considera rentables; promoviendo la vertebración cultural de los
territorios y la cohesión social; apoyando a los creadores y a las pequeñas industrias culturales de
la Región; elevando y cualificando la demanda cultural de los ciudadanos y su capacidad crítica;
mejorando las infraestructuras y las programaciones; y, por último, impulsando el acceso a nuevos
lenguajes y soportes y a la innovación cultural.
Frente a la lamentable situación que hemos descrito en el apartado 2, y ante el reto de
potenciar la cultura como creación de ciudadanía, según hemos propuesto en el apartado 3, es
urgente y necesario un cambio cualitativo en la política cultural de la Región de Murcia. Hay que
crear las condiciones que posibiliten unas estrategias y unos programas próximos a las exigencias
culturales de nuestra época, y hay que ser muy conscientes de que su realización va a depender
de la participación activa de los ciudadanos, enfrentados a una complejidad social creciente. Esta
nueva política cultural debe concentrarse en los siguientes programas básicos:
Gestación de un Plan Estratégico de la Cultura para la Región de Murcia, con la participación de todos los agentes culturales que trabajan en la Región: ayuntamientos,
fundaciones, asociaciones, universidades, entidades privadas, colegios profesionales, gestores culturales.
2. Apertura de espacios de comunicación, debate y asesoramiento que fomenten la
participación ciudadana en el diseño de la política cultural.
3. Profesionalización de la Gestión Cultural.
4. Planificación de las actividades culturales y coordinación con otras entidades.
5. Descentralización de las actividades culturales.
6. Fomento de la multiculturalidad en doble dirección: todas las personas tienen
derecho al cultivo de su identidad cultural y todas tienen también el deber de abrir
canales de comunicación con las personas de otras culturas.
7. Programación cultural para la juventud en su propio ambiente.
8. Recuperación de los Consejos Asesores especializados y competentes en los diversos sectores culturales.
9. Coordinación con las políticas culturales privadas, en lugar de competir con ellas.
10. Protección de la cultura realmente autóctona.
11. Potenciación de las prácticas culturales innovadoras y alternativas.
Además de estas propuestas generales de política cultural, creemos necesario sugerir las
siguientes propuestas específicas:
1. En relación con el patrimonio cultural, es necesario: a) Elaborar una Ley de Patrimonio
Histórico regional y un Plan de Bienes Culturales; b) Crear un cuerpo de inspectores de patrimonio histórico; c) Crear la Unidad de Etnografía; d) Crear la Unidad
de Patrimonio Industrial; e) Crear en los ayuntamientos con Centros Históricos una
Unidad especializada en Patrimonio Cultural, formada por historiadores del arte,
arqueólogos, arquitectos e ingenieros.
2. En relación con los museos, es necesario: a) Unificar orgánicamente todo lo relacionado con museos en un solo departamento; b) Crear un cuerpo superior de museólogos; c) Crear gabinetes didácticos; d) Finalmente, y dado que todos los museos
regionales están actualmente cerrados, proponemos la creación de un museo virtual
3. En relación a las artes escénicas, proponemos: a) Crear nuevos locales para el teatro,
la danza y la música; b) Establecer para los espectáculos una política de precios asequibles para grupos y colectivos; c) Descentralizar los actos culturales, extendiéndolos a barrios, pedanías y municipios; d) Facilitar el acceso de todos los ciudadanos a
la utilización de los espacios culturales públicos; e) Procurar que la política cultural
de las universidades públicas promueva las actuaciones descuidadas por el resto de
los agentes sociales, ya que es el lugar idóneo para el mestizaje.
4. En cuanto a las artes plásticas, son varias las acciones que deben emprenderse: a)
Traspasar las fronteras tradicionales del arte y sacar el arte a la calle; b) En la sociedad actual hay una gran demanda de empleo creativo, por lo que es preciso apoyar el
autoempleo en este terreno; c) Incentivar la labor cultural de las entidades privadas
(Cámaras de Comercio, Colegios Profesionales, Fundaciones, etc.), para que lleven a
cabo un servicio público y enriquezcan la oferta cultural de la Región; d) Planificar las
actuaciones, teniendo en cuenta los equipamientos que se poseen, los recursos técnicos y económicos de que se dispone, los apoyos institucionales, sociales y empresariales con que se cuenta, y, por último, los artistas y profesionales que pueden participar
5. En cuanto a los archivos, son necesarias las medidas siguientes: a) Modificar la Ley
de Archivos y Patrimonio Documental, o redactar una nueva que incluya la integración real del patrimonio documental de la Región y sustituya a la caduca Ley regional
de Archivos de 1990; b) Crear los archivos centrales de las Consejerías; c) Elaborar
un plan de dotación de personal para los archivos, atribuyendo al personal archivero
como mínimo la categoría de técnico B; d) Crear una unidad de apoyo archivístico
centralizada, para que apoye a los archivos de los municipios menores que no pueden contratar archiveros a tiempo completo, y para que asesore en el tratamiento de
los documentos, reglamentación, etc.; e) Crear la Comisión Regional Calificadora
de Documentos Administrativos; f) La construcción de la nueva sede del Archivo
General de la Región de Murcia, que permitirá mejoras en el sistema archivístico
regional, debe ir acompañada de un plan de dotación de personal y equipamiento para
el nuevo edificio; g) Por último, debe ponerse en marcha un plan de difusión social
de los archivos, incluyendo la conclusión de su automatización, la dotación de página
web, la digitalización de documentos históricos significativos, y un plan de difusión
cultural de los archivos.
6. En cuanto a las bibliotecas y al fomento de la lectura, es necesario emprender las
siguientes acciones: 1) Diseñar y aplicar un programa regional que lleve rápidamente
al aumento de las colecciones hasta la media nacional de volúmenes por habitante;
b) Desarrollar un plan de apoyo a los municipios para la ampliación y promoción
del personal de las bibliotecas públicas; c) Dotar a todas las bibliotecas públicas con
una red de acceso a Internet gratuita y de alta velocidad y con terminales de acceso
público; d) Integrar las bibliotecas en los programas de alfabetización tecnológica;
e) Desarrollar un plan de coordinación de las bibliotecas públicas y las escolares; f)
Desarrollar un plan regional de fomento de la lectura y promoción de las bibliotecas;
g) Crear un plan de apoyo para el desarrollo de servicios de las bibliotecas públicas
a los colectivos inmigrantes en proceso de integración social.
7. Finalmente, en cuanto al cine y los audiovisuales, hay que suplir las graves carencias
que sufre la Región, mediante las siguientes medidas: 1) Creación de una Filmoteca
Regional; 2) Apoyo a los jóvenes creadores; 3) Creación de un centro multidisciplinar
de medios audiovisuales, destinado a promover el estudio, el debate, la divulgación y
la innovación artística, tecnológica y cultural.
En resumen, todas nuestras propuestas se resumen en cuatro palabras clave: coordinación,
planificación, gestión y participación.
— Acuerdo de encomienda de gestión entre la Consejería de Turismo y Cultura y la empresa pública regional “Murcia
Cultural S. A.” para la gestión del centro de arte libre “José María Párraga”. BORM nº 5, lunes 7 de enero de 2002.
— Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Dirección General de Economía y Estadística (2002). Anuario
Estadístico de la Región de Murcia 2001. http://www.carm.es/chac/dgep/econet/publica/anuario/a01/ae.htm
— Corrección de errores de la publicación del Acuerdo de encomienda de gestión entre la Consejería de Turismo y
Cultura y la Empresa Pública Regional “Murcia Cultural, S. A.” para la gestión del Museo Regional de Arte Moderno
(MURAM). BORM nº 19, miércoles 23 de enero de 2002.
— Decreto 120/1988, de 1 de diciembre, por el que se crea la Orquesta de la Región de Murcia. BORM, 2 de diciembre
— Decreto 126/2002, de 18 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y
Cultura. BORM, 7 de noviembre de 2002.
— Decreto 38/1996, de 13 de junio, por el que se crea el Consejo Técnico Consultivo de Museos y Artes Plásticas. BORM,
24 de junio de 1996.
— Decreto 66/1982, de 3 diciembre, por el que se establece la atribución a la Consejería de Cultura y Educación de funciones y servicios transferidos por el Estado en materia de cultura. BORM, 27 de enero de 1983.
— Decreto n.º 81/2001 de 9 de noviembre de 2001, de creación del Museo Regional de Arte Moderno. BORM 20
— Decreto N.º 90 de 2001, de 14 de diciembre, por el que se regula la composición y funciones del Consejo Asesor
Regional de Cultura de la Región de Murcia. BORM, 24 de diciembre de 2001.
— Decreto nº 77/2002, de 19 de abril, por el que se regula el título de Cronista Oficial de la Región de Murcia. BORM,
27 de abril de 2002.
— FRESNEDA COLLADO, R. (2001), “La gestión de los archivos en la Región de Murcia. Una política desde Cultura”,
en Los Sistemas de Archivos de las Comunidades Autónomas. Toledo. Archivo de Castilla-La Mancha.
— FUNDACIÓN GERMAN SÁNCHEZ RUIPÉREZ (2002), Estudio del desarrollo de las colecciones en las Bibliotecas
Públicas en España. Avance de resultados. http://www.bibliotecaspublicas.info/coleccion/avance.pdf
— HERNÁNDEZ, H. (dir.) (2001), Las bibliotecas públicas en España. Una realidad abierta. Madrid. Fundación GSR,
Dirección General de Libro, Archivos y Bibliotecas. http://www.fundaciongsr.es/bp
— LEY 4/1990, de 11 de abril, de Medidas de Fomento del patrimonio Histórico de la Región de Murcia. BORM, 22 de
— Ley 5/1996, de 30 de julio de Museos de la Región de Murcia. BORM, 12 de agosto de 1996.
— Ley 6/1990, de 11 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Región de Murcia. BORM, 22 de mayo de
— Ley 7/1990, de 11 de abril, de Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico de la Región de Murcia. BORM de 22 de mayo
— Orden de 16 de noviembre de 2001, de la Consejería de Turismo y Cultura, por la que se crea el Centro HistóricoFotográfico de la Región de Murcia. BORM, 27 de noviembre de 2001.
— Orden de 30 de marzo de 1993, por la que se modifica la composición del Patronato y Comisión Ejecutiva del “Museo
Salzillo”. BORM, 6 de mayo de 1993.
— Real Decreto 3031/1983, de 21 de septiembre, de traspaso de funciones, servicios y medios en materia de cultura.
— Decreto nº 116/2002 de 13 de septiembre, de la Consejería de Economía y Hacienda, de atribución de funciones y
establecimiento de estructura orgánica de la Dirección de Proyectos e Iniciativas Culturales. BORM nº 218 de 19 de
— Resolución de 3 de febrero de 2003, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, por la que se hace público
el acuerdo de encomienda de Gestión entre la Consejería de Presidencia y la empresa pública regional “Murcia Cultural
S.A.” para la gestión del Museo Regional de Artes y Costumbres Populares y Centro de Investigaciones Etnológicas.
BORM nº 38 de 15 de febrero de 2003.
el acuerdo de encomienda de gestión entre la Consejería de Presidencia y la empresa pública regional “Murcia Cultural,
S.A.”, para la gestión de las actuaciones necesarias para la adecuación de las instalaciones de la “Casa del Niño”, futura
sede del Centro Histórico-Fotográfico de la Región de Murcia. BORM nº 38 de 15 de febrero de 2003.
JORNADA INFORMATIVA: REDES SOCIALES PARA MUSEOS DE
MISIÓN COMERCIAL INVERSA RUSIA Sector: MUEBLE Del 7 al 9

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 15
 artículo 18
 artículo 4
 artículo
18
 artículo 1
 Real Decreto 
 Resolución