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Timestamp: 2019-10-17 01:16:26+00:00

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﻿ Sentencia C-14 de enero 23 de 2014
SENTENCIA C-14 DE 23 DE ENERO DE 2014
CONTENIDO:CONSTITUCIONAL ACUERDO DE COOPERACIÓN MUTUA EN MATERIA JURÍDICA FIRMADO POR MÉXICO Y COLOMBIA. EL ACUERDO SE CIÑE A PRINCIPIOS DE RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN Y LA SOBERANÍA, FIJADOS EN EL ARTÍCULO 9º DE LA CONSTITUCIÓNEL DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y ECOLÓGICAS, ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 226 Y 227Y LOS RELACIONADOS CON LA FISONOMÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EL DERECHO A SU ACCESO, ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 228 Y 229. SE DECLARA EXEQUIBLE EL CONVENIO MODIFICATORIO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE ASISTENCIA JURÍDICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITO EN CIUDAD DE MÉXICO EL 1º DE AGOSTO DE 2011. Y SE DECLARA EXEQUIBLE LA LEY 1590 DE NOVIEMBRE 19 DE 2012, POR MEDIO DE LA CUAL SE APROBÓ.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROYECTO DE LEY, ACUERDO INTERNACIONAL, ENMIENDA AL CONVENIO INTERNACIONAL
Sentencia C-14 de enero 23 de 2014
Ref.: Expediente LAT -402
Revisión de constitucionalidad: “El Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho”, suscrito en ciudad de México, el 1º de agosto de 2011 y la Ley 1590 de noviembre 19 de 2012, aprobatoria del mismo.
Los textos del “Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho”, firmado en ciudad de México, el 1º de agosto de 2011 y de su Ley Aprobatoria 1590 de noviembre 19 de 2012, son los siguientes:
“LEY 1590 DE 2012
“'Por medio de la cual se aprueba el “Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho”, suscrito en ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
Visto el texto del “Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho”, suscrito en Ciudad de México, el 10 de agosto de 2011.
La República de Colombia y los Estados Unidos adelante denominados “las Partes”;
7. La presencia y participación de representantes deberá estar previamente autorizada por la Parte Requerida, misma que informará con antelación a la Parte Requirente sobre la fecha, hora y lugar de la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica.
“ARTÍCULO XII BIS ~
d) al término de la audiencia, la autoridad competente de la Parte Requerida levantará un acta, indicando la fecha, hora y lugar de la misma, la identidad de la persona a la que se tomó declaración, su contenido, así como las identidades y calidades de las demás personas que hayan participado en la audiencia. Este documento será transmitido a la Parte Requirente”.
2. La Parte que proporcione la información podrá, de conformidad con su legislación interna, sujetar su utilización por la Parte destinataria 1(sic) a determinadas condiciones. La Parte destinataria estará obligada a respetar esas condiciones.
“ARTÍCULO XVIIF BIS
El presente acuerdo no impedirá a las. Partes prestarse otras formas de cooperación o asistencia jurídica en virtud de acuerdos específicos, de entendimientos o de prácticas compartidas, de ser acordes con sus respectivas legislaciones internas y con los tratados internacionales que les sean aplicables”.
6. Cuando el valor de los bienes o activos decomisados convertidos en dinero o la asistencia jurídica prestada por la Parte Requerida fuere considerada menor por ambas Partes, estas podrán acordar no realizar la compartición de bienes”.
A menos que las Partes acuerden lo contrario, ninguna podrá imponer condiciones en cuanto al uso del resultado de la compartición de bienes.
“ARTÍCULO XX B4S(sic)
Que, la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa del “Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho ", suscrito en Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
Dada en Bogotá, D.C., a los doce (11)(sic) días del mes de enero de dos mil doce (2012).
Bogotá, D.C., 9 feb. de 2012
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la 7ª Ley de 1994, el “Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho”, suscrito en Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Bogotá, D.C., 19 feb. 2012
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto artículo 10 de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho”, suscrito en Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
“Por medio de la cual se aprueba el “Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho”, suscrito en Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
EJECÚTESE, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241 - 10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D.C., a los 10 nov. 2012.
(Fdo.) Luz Stella Cortés Palacio”.
1.2. Sobre las enmiendas a los tratados internacionales, dado que pueden implicar la modificación del contenido y alcance del instrumento internacional(2), puede conducir a que se asuman obligaciones contrarias a la Carta Política, por lo que es indispensable la revisión previa por parte de la Corte.
“... esta corporación concluye que cuando la Carta habla de tratados también hace referencia a las enmiendas. En tales condiciones, mutatis mutandi, las enmiendas están sometidas al mismo procedimiento de aprobación y control constitucional que los tratados, por lo cual la Corte, conforme al numeral 10 del artículo 241 superior, es competente para pronunciarse de manera automática y previa sobre las leyes que aprueban enmiendas a un tratado. Y, como lo ha señalado en repetidas ocasiones esta corporación, este es un control completo de constitucionalidad, por razones de fondo y también de forma”(3).
3.3. El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que como consecuencia de lo anterior, no fueron expedidos plenos poderes por parte del señor Presidente de la República, conforme al literal a) del numeral 2º del artículo 7º de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados”, del año 1969, que al efecto dispone: “En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: (a) los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; (...)” (resaltados añadidos).
3.4. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 189 numeral 2º de la Constitución Política, señaló la Cancillería que el Presidente de la República, señor Juan Manuel Santos Calderón impartió la aprobación ejecutiva, el día 9 de febrero de 2012, autorizando y ordenando someter a consideración del Congreso de la República el convenio modificatorio en ciernes.
4. El proceso de formación del proyecto de ley en el Congreso de la República(4).
El proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República, por el Gobierno Nacional, por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Justicia y del derecho, el 23 de marzo de 2012, de conformidad con la Constitución (art. 154) que ordena la iniciación de tales procedimientos legislativos en el Senado de la República.
Aparecen publicados en la Gaceta del Congreso 96 de marzo 23 de 2012, cumpliéndose así el requisito de hacerlo antes de darle curso en la comisión respectiva (C.P., art. 157, num. 1º).
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República fue presentada en sentido favorable, por el senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, el día 18 de abril de 2012 y publicada en la Gaceta del Congreso 158 del 18 de abril de 2012(5).
El Proyecto de Ley 250 de 2012 Senado fue anunciado previamente en la sesión del 8 de mayo de 2012, para ser discutido y aprobado en primer debate, en la próxima sesión, la cual se llevó a cabo el 9 de mayo, según consta en acta 22(6), publicada en la Gaceta del Congreso 547 del 23 de agosto de 2012(7).
El proyecto de ley fue discutido y aprobado en la sesión del día 9 de mayo de 2012, según consta en el acta 23(8) de la citada fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 548 del 23 de agosto de 2012(9) y conforme a certificación emitida por el secretario general de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto de ley fue aprobado por los trece (13) senadores que conforman la comisión, sin que se presentaran votos en contra, los cuales fueron aprobados conforme al artículo 129 del reglamento y artículo 1º de la Ley 1431 de 2011(10).
Habiendo sido aprobado el proyecto de ley en primer debate de Senado el día 9 de mayo de 2012 e iniciado el debate en la correspondiente plenaria el 23 de mayo de 2012, se cumple el requisito constitucional del término mínimo de ocho (8) días entre uno y otro momento legislativo (C.P., art. 160).
La ponencia para segundo debate en el Senado fue presentada por el senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda y publicada en la Gaceta del Congreso 256 de 22 de mayo de 2012(11).
El proyecto de ley fue anunciado en la sesión ordinaria del día 22 de mayo de 2012, según consta en el acta 48(12) de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 414 del 10 de julio de 2012(13), para ser discutido y votado en la siguiente sesión.
El proyecto de ley fue discutido y aprobado en la sesión del 23 de mayo de 2012, según consta en el acta 49 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 415 del 10 de julio de 2012, mediante votación ordinaria señalada en el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, y un quórum de 93 senadores, según certificación expedida por el secretario general del Senado de la República(14).
“(...) Se abre segundo debate
Por secretaría se da lectura al título del Proyecto de Ley 213 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 7 de diciembre de 1998, suscrito en Ciudad de México el 1º de agosto de 2011.
La presidencia indica a la secretaría continuar con el siguiente punto del orden del día (...)”.
El texto definitivo del proyecto de ley aprobado en la plenaria de Senado de la República fue publicado en la Gaceta del Congreso 292 del 31 de mayo de 2012(15).
Habiendo sido aprobado el proyecto en segundo debate de Senado el día 23 de mayo de 2012, e iniciado el primer debate en la Cámara de Representantes el día 28 de agosto de 2012, se cumple el requisito constitucional del término mínimo de quince días entre uno y otro momento legislativo (C.P., art. 160).
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada por el representante a la Cámara Eduardo José Castañeda Murillo y fue publicada en la Gaceta del Congreso 512 del 14 de agosto de 2012(16).
El proyecto de ley fue anunciado el día 22 de agosto de 2012, según consta en el acta 6(17) de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 653 de septiembre 28 de 2012(18), en los siguientes términos: “Anuncio de proyecto de ley en sesión de comisión del día 22 de agosto de 2012, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 para ser discutido y votado en la próxima sesión donde se discutan y aprueben proyectos de ley”.
En la sesión del 28 de agosto de 2012, acta 7(19), se le dio primer debate y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria el Proyecto de Ley 240/2012 Cámara, 213/2012 Senado “por medio de la cual se aprueba “el Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho” con la presencia de 15 honorables representantes, publicada en la Gaceta del Congreso 692 de octubre 12 de 2012(20).
Lo anterior, ratificado por la certificación expedida por la secretaria general de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, del 19 de diciembre de 2012, radicada en esta corporación el 11 de enero de 2013(21).
Habiendo sido aprobado el proyecto en primer debate en Cámara de Representantes el día 28 de agosto de 2012 e iniciado el segundo debate el 10 de octubre de 2012, se cumple el requisito constitucional del término mínimo de ocho (8) días entre uno y otro momento legislativo (C.P., art. 160).
La ponencia para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada por el representante Cámara Eduardo José Castañeda Murillo y publicada en la Gaceta del Congreso 651 del 28 de septiembre de 2012(22).
El proyecto fue anunciado en la sesión plenaria del día 9 de octubre de 2012, según consta en el acta 159(23) de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 81 del 12 de marzo de 2013.
El proyecto fue aprobado por la plenaria de la Cámara el día 10 de octubre de 2012, por unanimidad con el voto de los 140 representantes presentes, acorde a certificación(24) allegada por el secretario general de la Cámara Representantes y según consta en el acta 160(25) de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 82 del 12 de marzo de 2013.
En la Gaceta del Congreso 705 de 2012 se publicó el texto definitivo del Proyecto Ley 250 de 2012 Cámara, 115 de 2012 Senado.
El Presidente de la República sancionó la ley “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho”, firmado en Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011, convirtiéndose en la Ley 1590 de 19 de noviembre de 2012, la cual fue debidamente publicada en el Diario Oficial 48619 de 19 de noviembre de 2012.
Mediante oficio recibido el día 20 de noviembre de 2012, la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta corporación copia auténtica del convenio y de la ley aprobatoria, dentro del término de seis días contados a partir de la sanción de esta, en cumplimiento del artículo 241 numeral 10 de la Constitución.
El proyecto de la ley “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho”, firmado en Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011, (i) surtió los cuatro debates de aprobación con el quórum exigido y las mayorías necesarias; (ii) contó con las publicaciones del proyecto y las ponencias para cada debate; (iii) recibió los anuncios previos a cada votación; (iv) cumplió los términos que deben existir entre las votaciones en comisión y plenaria de ambas cámaras y entre Senado y Cámara de Representantes, y v) su trámite no excedió dos legislaturas (mar. 23/2012 - oct. 10/2012). Por lo anterior, la Corte concluye que no hay vicio alguno de Constitucionalidad en el trámite de este proyecto.
Las relaciones exteriores de Colombia se basan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por el Estado (C.P., art. 9º) y la celebración de tratados internacionales, lo cuales deben edificarse sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (C.P., arts. 150.16, 226 y 227).
3.2.1. El 7 de noviembre de 1998, se suscribió en la Ciudad de México, el “Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”, el cual fue aprobado por el Congreso de la República, mediante la Ley 569 de 2000 y revisado por la Corte Constitucional en Sentencia C-1334 de 2000.
3.2.2. La Corte en la citada providencia declaró exequibles el “Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos” y su ley aprobatoria, tras considerar que el tramite surtido en el Senado de la República y la Cámara de Representantes, se respetaron el procedimientos previstos en la Constitución y la ley, y por cuanto su contenido no viola la Constitución porque: “(...) en nada se opone a las disposiciones constitucionales en general, ya que se ajusta a los principios previstos, especialmente, el artículo 9º de la carta, y, la otra, existe a lo largo del articulado, la previsión permanente de que cualquier desarrollo del contenido del acuerdo, debe hacerse con base en el respeto por la legislación interna de cada uno de los países que lo suscriben”.
3.2.3. El acuerdo precitado está conformado por XXIII artículos, entre los que se encuentran: Artículo I. Ámbito de aplicación; Artículo II. Definiciones; Artículo III. Alcance de la asistencia; Artículo IV. Limitaciones en el alcance de la asistencia; Artículo V. Autoridades centrales; Artículo VI. Ley aplicable; Artículo VII. Confidencialidad; Artículo VIII. Solicitudes de asistencia jurídica; Artículo IX. Asistencia condicionada; Artículo X. Denegación de la solicitud; Artículo XI. Ejecución de la solicitud de asistencia; Artículo XII. Comparecencia ante la parte requirente; Artículo XIII. Garantía temporal; XIV. Traslado del detenido; Artículo XV. Productos o instrumentos del delito; Artículo XVI. Medidas provisionales o cautelares; Artículo XVII. Ejecución de órdenes de decomiso; Artículo XVIII. Intereses de terceros de buena fe sobre los bienes; Artículo XIX. Gastos; Artículo XX. Exención de legalización; Artículo XXI. Consultas; Artículo XXII. Solución de Controversias, y Artículo XXIII. Entrada en vigor y denuncia.
En este orden de ideas, a través del convenio modificatorio se busca crear procedimientos que permitan dinamizar y asegurar la pronta respuesta a las solicitudes recíprocas de cooperación judicial en materia penal, que con pleno respeto al ordenamiento jurídico interno de los mismos, faciliten una administración de justicia pronta y eficaz, tendiente a fortalecer la lucha contra el problema mundial de drogas, a evitar el incremento de cualquier manifestación delictiva, y a facilitar la obtención de elementos materiales probatorios y documentos útiles para las investigaciones penales adelantadas en el territorio de los dos Estados(26).
El “Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos” suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011, está compuesto por un preámbulo y seis (6) artículos, que modifican o adicionan nuevos preceptos al acuerdo inicial, entre los que se encuentran: El artículo 1º que prescribe un nuevo texto del artículo XI, sobre la “Ejecución de la solicitud de asistencia”; el artículo 2º que señala la adición de los artículos XII Bis, sobre la “Audiencia por videoconferencia”, XII TER sobre “Transmisión de medios de prueba y de información”; el artículo 3º que estipula la inclusión de los artículos XVIIIF sobre “Otros instrumentos de cooperación”, XVIII TER sobre “Devolución de bienes o activos decomisados”, XVIII QUATER sobre “Solicitudes para la compartición de bienes y activos decomisados”; XVIII QUINTUS sobre “Pago de bienes o activos compartidos” y XVIII SEXTUS sobre “Imposición de condiciones”; el artículo 4º que señala el remplazo del texto del artículo XX sobre “Exención de legalización”; el artículo 5º que estipula la inserción del artículo XXB4S sobre “Mecanismo para facilitar la cooperación jurídica en materia penal” y por último el artículo 6º que establece la entrada en vigor del convenio modificatorio y su vigencia.
3.3.1.1. La República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos —las partes— reafirman a través de las declaraciones iniciales, el deseo de fortalecer los lazos de cooperación existentes, en especial en aspectos de asistencia jurídica mutua en materia penal, cooperación que se desarrollará conforme la legislación interna de cada Estado y con el pleno respecto a los principios universales de derecho internacional y expresan la conveniencia de adicionar el Acuerdo de Cooperación jurídica suscrito en 1998, declaraciones que se avienen a la Constitución, al fundarse en el respeto de la autodeterminación y la soberanía de cada Estado (C.P.., art. 9º), expresada en el acatamiento de su legislación interna.
3.3.2. Artículo 1º.
Sobre este aspecto, la Corte encuentra que las medidas que se adoptan en el acuerdo modificatorio, tienen por objeto la agilización de los trámites entre los dos Estados Parte, para el suministro de pruebas e información dentro de los procesos penales, los cuales en sí mismos, no constituyen violación de la Constitución, por el contrario, permiten realizar el principio de eficiencia en la administración de justicia (C.P., art. 228).
De igual manera, el acceso a las pruebas necesarias dentro de un proceso, permite a la fiscalía ejercer su función de investigar la comisión de delitos, garantizando a su vez, el derecho al debido proceso de las personas (C.P., arts. 29 y 250), permitiéndole el acceso a pruebas que se encuentren fuera del territorio nacional.
3.3.3. Artículo 2º.
3.3.3.2. Para la Corte, el texto del artículo XII BIS, al disponer la posibilidad de que quien deba prestar declaración ante autoridades judiciales o Ministerio Público de la Parte Requirente, y que se encuentre en territorio de la Parte Requerida, solicite su realización a través de video conferencia, es decir, mediante la utilización de tecnologías que permitan la comunicación simultánea bidireccional de audio y video entre el emisor y el receptor, sin necesidad de trasladarse físicamente al sitio donde deba prestarse declaración, no contraviene la Carta Política, en tanto constituye la aplicación de un avance tecnológico que así lo permite, haciendo posible la cooperación judicial, sin los costos y riesgos que implican el traslado de los testigos o peritos de un país a otro y la demora que ello puede significar para las investigaciones y los procesos judiciales.
En este sentido, el artículo XII que suponía que la asistencia jurídica tenía por objeto la citación de un testigo, o un perito ante la autoridades de la Parte Requirente, y que significaba su traslado, se pone a tono con los avances logrados con el Internet y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, sin que con ello se vulnere ningún postulado constitucional.
Además de lo anterior, la aceptación de la audiencia por la Parte Requerida, estará sujeta a que dicho método no resulte contrario a su legislación interna y a la posibilidad de que en caso de no contar con los medios tecnológicos necesarios, la Parte Requirente pueda suministrarlos, lo que implica el respeto por la soberanía de los Estados y su libre autodeterminación (C.P., art. 9º).
Tampoco riñe con los postulados de la Constitución, las reglas previstas que se aplicarán a la audiencia, en la medida que se dirigen a que en su desarrollo además de la Parte Requirente que realizará la audiencia, participe una autoridad de la Parte Requerida, a quien le corresponderá velar por el respecto de los derechos de la persona a quien se le toma la declaración y a garantizar su protección, pudiendo incluso suspender la audiencia; lo que significa la garantía de los derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa, a no ser obligado a declarar contra sí mismo, o contra su cónyuge o compañero permanente o parientes, a la libertad de expresión, entre otros derechos, que pudiesen verse amenazados o presuntamente vulnerados (C.P., arts. 20, 29, 33).
Si bien la transmisión de la información referida, está sujeta a la legislación que cada Estado Parte tenga al respecto, y que además está en la posibilidad de sujetar su uso a condiciones determinadas, las cuales deberán ser respetadas por la parte receptora, cabe resaltar que conforme al artículo 15 de la Constitución Política, todas las personas tienen el derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre correspondiéndole al Estado respetarlos y hacerlos respetar y que en la recolección tratamiento y circulación de información se deberán proteger la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.
El buen nombre ha sido definido por la jurisprudencia(27) como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas. Este derecho de la personalidad “es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. El derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”(28).
Por su parte el derecho a la honra, ha sido definido como la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan. Puso de presente la Corte que, en este contexto, la honra es un derecho “... que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad”(29).
3.3.3.4. En consecuencia, no obstante las disposiciones sub examine consagran el respeto por la legislación interna y la facultad de las autoridades emisoras de condicionar el uso de la información transmitida, en respeto de las disposiciones constitucionales sobre soberanía y autodeterminación de los Estados (C.P., art. 9º), las autoridades colombianas deberán siempre garantizar el derecho a la protección de los datos personales cuando ellos sean parte de la esfera íntima de las personas y como tal no puedan ser divulgados o utilizados sin su autorización o sin orden judicial previa, el derecho al hábeas data —derecho a conocer, actualizar y rectificar la información recogida en bancos de datos públicos y privados— y la salvaguarda de las garantías constitucionales en el manejo, almacenamiento y circulación de la información de las personas (C.P., art. 15).
3.3.4. Artículo 3º.
3.3.4.1. El artículo 3º incluye otros artículos después del artículo XVIII del Acuerdo de Cooperación, así: artículo XVIII BIS prevé otros instrumentos de cooperación, artículo XVIII TER señala el momento procesal para poder devolver bienes o activos decomisados; artículo XVIII QUATER alude a las solicitudes para la compartición de bienes o activos decomisados; artículo XVIII QUINTUS señala la moneda y la forma de pago de bienes o activos compartidos y el artículo XVIII SEXTUS establece la imposición de condiciones, en cuanto al uso del resultado de la compartición de bienes o activos decomisados.
3.3.4.2. El artículo XVIII BIS, dispone que el presente acuerdo no impedirá a las Partes prestarse otras formas de cooperación o asistencia jurídica, en virtud de acuerdos específicos, de entendimientos o prácticas compartidas, que sean acordes con su legislación nacional y con los tratados internacionales aplicables, precepto que no riñe con la Carta Política; por el contrario, reafirma la soberanía del Estado colombiano en la celebración de tratados y acuerdos internacionales en desarrollo del mandato de internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (C.P., arts. 9º y 226).
3.3.4.3. Frente al decomiso de bienes, el acuerdo inicial en sus artículos XVI a XVIII, contempla el procedimiento en cuanto al producto o los instrumentos del delito, las medidas provisionales o cautelares de bienes y el decomiso de los mismos, resaltando que los Estados tomaran conforme a su legislación interna, las medidas necesarias para proteger los intereses y derechos de los terceros de buena fe.
El acuerdo modificatorio en sus artículos XVIII TER, XVIII QUATER, XVIII QUINTUS y XVIII SEXTUS, señala los procesos, la forma y el momento en que han de darse la devolución de los bienes decomisados, la solicitud sobre la compartición de los mismos, el pago de los bienes o activos compartidos y la no imposición de condiciones, normas que si bien se encontraban en el acuerdo inicial, carecían de desarrollos específicos.
3.3.5. Artículo 4º.
Esta corporación no encuentra reparo de constitucionalidad alguno, frente al contenido del artículo 4º del convenio modificatorio, que remplaza el artículo XX del acuerdo y que dispone que los documentos previstos en el acuerdo, estarán exentos de toda legalización consular o formalidad análoga.
Por el contrario, con ellas se garantiza la realización de los principios de eficacia, economía y celeridad consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y resultan consonantes con “La Convención sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 455 de 1998, y declarada constitucional por esta corporación, en Sentencia C-164 de 1999.
3.3.6. Artículo 5º.
El artículo 5º incluye un artículo XX BIS al acuerdo de cooperación que prescribe otros mecanismos para facilitar la cooperación jurídica en materia penal.
Al respecto, dispone que las partes cooperarán adicionalmente, en: i) el intercambio de experiencias sobre “... investigación criminal, terrorismo, corrupción, tráfico de personas, estupefacientes e insumos químicos, lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos conexos, entre otros”; ii) el intercambio sobre modificaciones a sus sistemas judiciales y nuevos criterios jurisprudenciales en las materias relacionadas con el instrumento y iii) capacitación y actualización de funcionarios encargados de la investigación y procesamiento penales.
Para la Corte estas disposiciones no entrañan violación de ningún postulado constitucional, en la medida que consagran aspectos de cooperación judicial, que apuntan a compartir conocimientos y experiencias, que persiguen el perfeccionamiento de la formación y la experticia de las personas que se encargan de la investigación y procesamiento judiciales; a compartir modificaciones a nivel normativo y jurisprudencial, que coadyuvarán a un mejor desempeño de las instituciones judiciales de los Estados, favoreciendo su fortalecimiento, la garantía del ejercicio de una justicia más rápida y eficaz, y la internacionalización de las relaciones del Estado colombiano, en la lucha conjunta contra las diversas modalidades de delincuencia internacional (C.P., arts. 226, 227 y 228).
3.3.7. Artículo 6º.
Las estipulaciones sobre la entrada en vigor de las modificaciones, previo el cumplimiento de los requisitos del ordenamiento jurídico de cada Estado, y la vigencia de las mismas, armonizan con la Constitución Política, al ser una expresión de la libertad y autonomía que le asiste al Estado colombiano para suscribir convenios, adherirse a ellos, proponer modificaciones, cuando lo considere conveniente, de acuerdo con el artículo 9º constitucional que determina que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional y en el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
4.1. El examen de validez formal del “El Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho”, suscrito en Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011 y la Ley 1590 de noviembre 19 de 2012, aprobatoria del mismo, arroja para la Corte que: (i) es válida la firma, aprobación y ratificación del convenio y (ii) se observaron las reglas propias del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis.
4.2. Así mismo, revisado el contenido de las disposiciones del “El Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho”, suscrito en Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011, la Corte encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la soberanía nacional y a la autodeterminación (C.P., art. 9º), el mandato de internacionalización de las relaciones económicas, sociales y ecológicas de la nación con otras naciones (C.P., arts. 226 y 227), al fortalecimiento de la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229), así como la protección de las víctimas (C.P., art. 250).
4.3. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional declarará exequible el contenido del “El Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho”, suscrito en Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011 y la Ley 1590 de noviembre 19 de 2012, aprobatoria del mismo.
1. Declarar EXEQUIBLE el “El Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho”, suscrito en Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
2. Declarar EXEQUIBLE la ley y la Ley 1590 de noviembre 19 de 2012 por medio de la cual se aprobó el “El Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho”, suscrito en Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
(2) Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados, artículo 39.
(3) Sentencia C-176 de 1997, C-991 de 2000,
(4) En lo relativo a la realización de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, la Corte aprecia que el objeto del acuerdo es establecer vínculos de cooperación estratégica y operativa entre la República de Colombia y la Oficina Europea de la Policía, con el fin de combatir la delincuencia internacional, mediante el intercambio de información y el manejo de la misma, la realización de contactos periódicos, disposiciones que no implican una regulación para las comunidades étnicas que como tal pueda afectarlas de manera directa, sino que prevé normas generales que pueden tener incidencia en todas las personas. En conclusión, estima la Sala que las disposiciones del acuerdo no constituyen ni contienen medidas que afecten de forma directa a las comunidades indígenas y afrodescendientes colombianas y, en consecuencia, su consulta previa no se torna obligatoria. Lo anterior, en tanto la afectación que se puede derivar del mismo frente a estos grupos no difiere de la que se produce para los demás habitantes del territorio colombiano, la cual proviene del efecto general que, en principio, tienen las leyes y los tratados internacionales.
(5) Folios 5 a 8.
(6) “(...) Siendo las 10:00 a.m. del día martes ocho (8) de mayo del año dos mil doce (2012) (...) Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley. Por instrucciones de la presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003).
4. Proyecto de Ley 213 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho” suscrito en Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
Proyecto de ley: Gaceta del Congreso 96 de 2012.
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 158 de 2012.
Agradece al Senador ya con esta intervención del senador Carlosama, levantamos la sesión y citamos para el día de mañana a las 10:00 de la mañana...”.
(7) Folios 30, 52 y 53.
(8) “El secretario da lectura al proyecto de ley: Proyecto de Ley 213 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México, el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho”, suscrito en Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
Dese primer debate al Proyecto de Ley 213 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México, el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho”, suscrito en Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
La señora presidenta, senadora Alexandra Moreno Piraquive, somete a consideración de los senadores de la comisión el informe final leído por la secretaría, al Proyecto de Ley 213 de 2012 Senado ¿Lo aprueba la Comisión?
El secretario de la Comisión Segunda, doctor Diego González González, le informa a la presidente que ha sido aprobado por los senadores de la comisión, el informe final de la ponencia del Proyecto de Ley 213 de 2012 Senado, presentado por el senador Carlos Emiro Barriga.
La señora presidenta, senadora Alexandra Moreno Piraquive, informa que a solicitud de omisión de la lectura del articulado. ¿Aprueba la comisión la omisión de la lectura del articulado y el bloque del articulado del Proyecto de Ley 213 de 2012 Senado?
El secretario de la comisión, doctor Diego Alejandro González González, le informa a la presidenta que ha sido aprobado por los senadores de la comisión la omisión de la lectura del articulado y el bloque del articulado del Proyecto de Ley 213 de 2012 Senado.
El secretario de la comisión, doctor Diego Alejandro González González, da lectura al título del Proyecto de Ley 213 de 2012 Senado. Título: por medio de la cual se aprueba el “Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México, el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho”.
La señora presidenta, senadora Alexandra Moreno Piraquive, somete a consideración de los senadores de la comisión el título del Proyecto de Ley 213 de 2012 Senado, leído por el secretario de la comisión. ¿Aprueba la comisión el título leído?
El secretario de la comisión, doctor Diego Alejandro González González, informa a la presidencia que ha sido aprobado por los senadores de la comisión, el título del Proyecto de Ley 213 de 2012 Senado.
El secretario, doctor Diego Alejandro González González, le informa a la presidenta, que los senadores de la comisión sí quieren que este Proyecto de Ley 213 de 2012 Senado, tenga segundo debate en la plenaria del Senado”.
(9) Folios 1, 12 y 13.
(10) Certificación a folio 2 del cuaderno de pruebas.
(11) Folios 7 a 11.
(12) “(...) Anuncio de proyectos
¿Proyecto de Ley 213 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el convenio modificatorio del acuerdo de cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 7 de diciembre de 1998, suscrito en ciudad de México el 1º de agosto de 2011
Están leídos y anunciados los proyectos de ley y actos legislativos para la próxima sesión (...)”.
(14) Certificación a folios 151 - 153 del cuaderno principal.
(15) Folio 30.
(16) Folios 4 a 6.
(17) “(...) Continuemos con el orden del día señora secretaria.
Anuncio de proyecto de ley en sesión de comisión del día 22 de agosto de 2012, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 para ser discutido y votado en la próxima sesión donde se discutan y aprueben proyectos de ley.
Proyecto Ley 240 de 2012 Cámara, 213 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Suscrito en la Ciudad de México el 7 de diciembre de 1998, suscrito en Ciudad de México el 1º de agosto de 2011.
Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso 96 de 2012
Publicación: Ponencia primer debate Gaceta del Congreso 512 de 2012 (...).
Se levanta la sesión a las 3:35 p.m.”.
(19) “(...) Hace uso de la palabra el señor presidente, honorable representante Óscar de Jesús Marín:
Con mucho gusto señor presidente. Por medio de la cual se “Aprueba el Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la Ciudad de México el 7 de diciembre de 1998, suscrito en Ciudad de México el 1º de agosto de 2011.
Gracias presidente. Nuevamente para agradecerle a los honorables representantes por el apoyo para que este proyecto continúe su curso en la Cámara de Representantes, muchas gracias presidente”.
(20) Folios 1 a 22
(21) Certificación a folios 59 y 60 del cuaderno principal.
(22) Folios 19 a 22.
(23) “(...) Dirección de la sesión por la presidencia, doctor José Ignacio Mesa Betancurt:
Se anuncian proyectos para el día miércoles 10 de octubre del 2012 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 de 2003, en su artículo 8º.
Proyecto de Ley 240 de 2012 Cámara, 213 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mejicanos”, suscrito en la Ciudad de México el 7 de diciembre de 1998 y suscrito en Ciudad de México el 1º de agosto de 2011 (...).
Dándole gracias a Dios por otro día de trabajo exitoso, se cita para mañana a las 3:00 a votación de proyectos de ley. Muchas gracias”.
(24) “Que en la sesión plenaria de la H. Cámara de Representantes del día 10 de octubre de 2012, que consta en el acta 160, a la cual se hicieron presentes ciento cuarenta (140) honorables representantes a la Cámara, fueron considerados y aprobados por unanimidad en votación ordinaria, la ponencia para segundo debate, el articulado, titulo del Proyecto de Ley 240/2012 Cámara, 213/2012 Senado, hoy Ley 1590 de 2012 “por medio de la cual se aprueba “el Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho”, suscrito en Ciudad de México el 1º de agosto de 2011”.
(25) “(...) Dirección de la presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Título. Por medio de la cual se aprueba el “Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, suscrito en Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
Aprobado y así lo quiere señor presidente (...)”.
(26) Exposición de motivos. Gaceta Congreso 96 de 2012.
(27) Sentencias T-977 de 1999, C-498 de 2002.
(28) Sentencia C-489 de 2002. En la Sentencia SU-082 de 1995, la Corte hace una relación de la jurisprudencia en torno al concepto y los alcances de los derechos al buen nombre y a la honra.
(29) Sentencia 411 de 1995. En la Sentencia C-063-1994 la Corte precisó el alcance que dentro del derecho a la honra tiene el concepto del honor y señaló que “[a]unque honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos, existe una diferencia de uso entre ellos. El honor se refiere a la conciencia del propio valor, independiente de la opinión ajena; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno —el sentimiento interno del honor—, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros —honra—”. En similar sentido la Sentencia T-322 de 1997.

References: ARTÍCULO 9
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 artículo 10
 artículo 241
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 artículo 7
 artículo 189
 artículo 129
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 artículo 129
 artículo 8
 artículo 241
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e contrario
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 Artículo 5
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 artículo 8
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