Source: https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=4705-D-2019
Timestamp: 2020-07-02 09:57:31+00:00

Document:
Expediente 4705-D-2019
Sumario: ANULESE LA RESOLUCION 845/2019 DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION, QUE CREA EL "PROGRAMA OFENSORES EN TRENES", HABILITANDO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD A VERIFICAR LA IDENTIDAD DE LOS PASAJEROS.
Art. 1°- Se anula la Resolución 845/2019 del Ministerio de Seguridad, publicado en el Boletín Oficial el día 3 de octubre del corriente, por medio de la cual se crea el “PROGRAMA OFENSORES EN TRENES”, que funcionará en la órbita del MINISTERIO DE SEGURIDAD, y que tendrá por finalidad la “prevención de delitos” en el sistema de transporte público de trenes de pasajeros.
Por medio de esta Resolución, el gobierno nacional ha habilitado a las fuerzas de seguridad (policía, gendarmería y prefectura), que cumplen funciones en las estaciones de trenes, a solicitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) por “presunción de sospecha” a cualquier persona que entre, salga o permanezca en la estación. La medida fue impulsada por la ministra Patricia Bullrich con el argumento de “prevenir” supuestos delitos en el transporte público y detener a personas que ya hayan cometido delitos en los trenes y hoy estén fugadas de la justicia. El mecanismo será similar al sistema que opera en Tribuna Segura en los estadios de fútbol. Las fuerzas de seguridad solicitarán el DNI para escanearlo con una aplicación de celular que mostrará los antecedentes de la persona.
El pedido de DNI por sospecha (o, lo que es lo mismo, por portación de rostro) es una grave política de persecución que tiene por blanco a los trabajadores que utilizan el transporte público. Los que amasan fortunas con el delito organizado no viajan en tren –lo que evidencia una vez más que lejos está este gobierno de tener la intención de atacar seriamente el problema. Por el contrario, estamos ante un reforzamiento de las atribuciones represivas de las fuerzas de seguridad del gatillo fácil, por parte de la ministra de la doctrina Chocobar, que les dio licencia para matar impunemente. Y, por supuesto, no dará un solo paso en el combate contra el crimen, que tiene como principal responsable a las propias fuerzas policiales, coludidas con el delito.
En sus considerandos, la Resolución indica que la decisión se enmarca dentro de la Ley de Seguridad Interior (25.059) y que “la interceptación de un ciudadano en la vía pública por parte de la Policía con fines de identificación, forma parte de su actividad, toda vez que tiene entre sus funciones la de ‘prevenir delitos”. Para justificar este accionar proporciona como fundamento el antecedente de un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño, el fallo “Vera”, que en 2016 avaló la facultad de la Policía para pedir documentos a peatones en lugares públicos con el mismo objetivo. Sin embargo, este fallo tuvo mucha repercusión porque allí se sostuvo que requerir la exhibición del documento de identidad sin que exista un motivo previo que lo justifique, era una facultad implícita (no escrita en la ley) de la Policía Federal Argentina. Pero no existe ninguna ley que obligue a las personas a llevar consigo su documento de identidad y por eso, las fuerzas de seguridad, no pueden detener a nadie solamente por no portar D.N.I.
La Resolución se escuda en el artículo 64 del Decreto Nº 6580/58 que dice “Por 'prevención del delito' debe entenderse toda actividad de observación y seguridad destinada a impedir la comisión de actos punibles”, pero no informa que en el mismo artículo del mencionado Decreto dice “sobre las actividades de las personas de quienes se suponga fundadamente intenten cometerlos o hagan del delito su profesión habitual.”. ¿Cuáles serían las “suposiciones fundadas” que utilizarían las fuerzas de Seguridad para solicitar el documento de identidad en forma masiva como ya está sucediendo en las estaciones de trenes?
La Resolución menciona no solo los fragmentos de los Decretos y Leyes a su gusto, sino que además no menciona los fallos que han puesto un límite a este tipo de actividades. El Estado argentino fue condenado, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de Walter Bulacio, el joven que falleció tras ser detenido cuando iba a un recital. Su caso es un emblema de la lucha contra los atropellos policiales. Walter fue detenido por una razzia policial en las cercanías del estadio Obras, durante un recital de los Redonditos de Ricota. Murió pocos días después, debido a los golpes recibidos en la comisaría.
Este tipo de Resoluciones no hacen más que profundizar la criminalización social y la orientación general de un Estado capitalista que refuerza cada vez más los aparatos represivos. Ya en el 2016 el Decreto Nº 228 que dictaba el Poder Ejecutivo Nacional declaró la Emergencia de Seguridad Pública, con el supuesto objetivo de combatir "la problemática del narcotráfico", que fue a todas luces impotente para detener el negociado capitalista de la droga en nuestro país. En el mismo sentido se dictaminó la resolución 598/2019, publicada en el Boletín Oficial el 16 de julio del corriente, mediante la cual se creó el "Servicio Cívico Voluntario en Valores" dirigido a jóvenes de 16 a 20 años de edad, que es coordinado por Gendarmería Nacional, buscando reemplazar la falta de trabajo y la expulsión del sistema educativo que viven miles de jóvenes en nuestro país, mediante el adoctrinamiento de los mismos por parte de las fuerzas represivas, que son responsables -sólo en el último tiempo- del asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
La política que expresa esta disposición no es ajena a los Fernández, que tienen como principal figura en la Provincia de Buenos Aires al defensor de la “mano dura” Sergio Massa. El candidato a intendente del Frente de Todos en La Matanza, Fernando Espinoza, lanzó como un eje de campaña el reclamo por el regreso del patrullaje de la Gendarmería en los barrios. O tenemos el caso de Berni, que ha recorrido la Provincia de Buenos Aires reivindicando la represión a los desocupados, la de los obreros de Enfer y Lear y el uso de la Taser.
Nuestro rechazo y el reclamo por la inmediata anulación de esta resolución parte, por el contrario, por defender a los trabajadores ante los agravios de las fuerzas policiales, y denunciar la impunidad de los verdaderos responsables del delito organizado.
Por todos estos motivos solicitamos a los Diputados y Diputadas que acompañen este proyecto de Ley.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 64
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