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Timestamp: 2018-06-23 08:01:32+00:00

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4. Obligaciones impuestas al Estado por el derecho de acceso a la información - Comisión interamericana de derechos humanos
4. Obligaciones impuestas al Estado por el derecho de acceso a la información
El derecho al acceso a la información pública genera distintas obligaciones a cargo del Estado. En este aparte se explican algunas de las más importantes y se pone de presente la forma como se regulan en los distintos ordenamientos estudiados.
a. Obligación de responder de manera oportuna, completa y accesible a las solicitudes que sean formuladas
El Estado tiene la obligación de responder sustancialmente a las solicitudes de información que le sean formuladas. En efecto, el artículo 13 de la Convención Americana, al amparar el derecho de las personas a acceder a la información en poder del Estado, establece una obligación positiva para éste de suministrar de manera oportuna, completa y accesible, la información solicitada o, en su defecto, de aportar en un plazo razonable las razones legítimas que impiden tal acceso87. En este sentido, la doctrina interamericana ha precisado que, en caso de que existan excepciones, éstas “deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público”88.
Como se discute más adelante, los Estados deben garantizar la adecuada satisfacción del derecho de acceso a la información mediante la creación de un recurso sencillo y de fácil acceso para todas las personas que, inter alia, debe ser de bajo costo, de tal forma que no desaliente las solicitudes de información89. Al efecto, la mencionada Ley Modelo Sobre Acceso a la Información de la Asamblea General, prescribe que “el proceso para solicitar información deberá regirse por reglas justas y no discriminatorias que establezcan plazos claros y razonables, que provean de asistencia para aquél que solicite la información, que aseguren el acceso gratuito o con un costo que no exceda el costo de reproducción de los documentos y que impongan a los órganos públicos la justificación del rechazo a una solicitud de acceso dando las razones específicas de la negativa”90.
Todos los países objeto de estudio prevén en sus ordenamientos jurídicos la obligación de contestar las solicitudes de información que presentan los particulares. Para ello, prevén que los sujetos obligados tienen un plazo máximo para responder las solicitudes de información, término que varía entre los 7 días (como en el caso peruano) y los 30 días calendario (como en el caso panameño). En la mayoría de los casos se dispone que el plazo puede ser prorrogado, siempre y cuando exista una razón que lo justifique. En varios ordenamientos se dispone también que si la información ya ha sido publicada, a través de cualquier medio, la respuesta del sujeto obligado puede limitarse a indicarle al peticionario los datos que le permitan identificar la publicación.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en la mayoría de los países estudiados existe el silencio administrativo negativo, lo cual implica que cuando la Administración no responde en el término indicado se entiende que se ha denegado el acceso a la información solicitada.
Como ya se indicó en el aparte relacionado con la carga probatoria para el Estado, en caso de establecer limitaciones al derecho de acceso a la información Uruguay, Guatemala, México y Colombia prevén que cuando se ha omitido la respuesta a la solicitud en los términos legalmente previstos procede el silencio administrativo positivo, lo cual significa que el sujeto obligado tiene la obligación de entregar la información pedida.
En Uruguay, la Ley de Acceso a la Información exige que se dé respuesta a la solicitud dentro de los 20 días hábiles siguientes a su presentación, si no es posible proporcionar la información de manera inmediata. Este término es prorrogable en otros 20 días, pero es necesario que la entidad allegue al solicitante un escrito donde motive la necesidad de la prórroga (Art. 15). El artículo 18 de la Ley dispone que si se vence el término – o los términos en el caso de que hubiera habido una prórroga – sin que el interesado hubiera recibido respuesta, el interesado podrá acceder a la información respectiva91.
La Ley Federal de Transparencia de México también prevé esta figura cuando la entidad no da respuesta a la solicitud de acceso a la información en el término legal. El artículo 44 de la Ley dispone que la respuesta a la solicitud de información debe ser notificada al interesado en un término no mayor de 20 días hábiles, el cual puede ser ampliado hasta por un plazo igual por medio de acto motivado que debe ser notificado al solicitante92. Y luego, el artículo 53 establece que si la solicitud de acceso a la información no ha sido respondida dentro de los plazos fijados se entenderá que ha sido resuelta en sentido positivo93.
Una disposición muy similar se encuentra en Guatemala. El artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que la unidad de información ante la cual se presentó la solicitud debe dar respuesta dentro de los diez días siguientes y, a continuación, el artículo 43 determina que ese plazo puede ser prorrogado hasta por 10 días más, si el volumen y la extensión de la contestación así lo requiere94. Luego, el artículo 44 crea la figura de la afirmativa ficta, consistente en que si el sujeto obligado no responde dentro del término correspondiente tendrá la obligación de entregar la información al interesado dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo95.
En Colombia, el silencio administrativo positivo opera en relación con las solicitudes de consulta o copia de los documentos que reposen en las oficinas públicas. El artículo 25 de la Ley 57 de 1985 – que modificó el artículo 22 del Código Contencioso Administrativo – dispone que esas solicitudes deben resolverse en un término máximo de diez días y que si en ese plazo no se da respuesta al peticionario “se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada. En consecuencia, el correspondiente documento será entregado dentro de los tres (3) días inmediatamente siguientes”96.
Sin embargo, el marco legislativo colombiano no es tan exigente en relación con las simples solicitudes de información. Ciertamente, el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo establece que las solicitudes de información deben ser resueltas en un término de 15 días. Pero para aquellos casos en los que no fuere posible resolver la petición en ese término, se autoriza a la Administración para que informe de este hecho al interesado “expresando los motivos para la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. Con ello, se concede un amplio margen de discrecionalidad a la Administración para prorrogar el término legal para contestar las solicitudes de información, pues ni se prevén causas que justifiquen la ampliación, ni se establece un término máximo para ella97.
La Ley de Acceso a la Información de El Salvador presenta una característica especial en este sentido. El artículo 71 de la Ley dispone que la solicitud de acceso debe ser contestada en un plazo que no supere los diez días hábiles, siempre y cuando la información haya sido generada dentro de los cinco años anteriores. En el caso de que la información fuese más antigua, el plazo se puede extender hasta por otros diez días hábiles más. Y para los casos en los que se presenten complejidades especiales el plazo podrá extenderse, mediante resolución motivada, hasta por cinco días hábiles más. Luego, el artículo 82 prescribe que el peticionario puede impugnar ante el Instituto de Acceso a la Información Pública las decisiones en las que la entidad obligada niegue el acceso a una información determinada o niegue que ella exista, o las situaciones en las que el peticionario no esté de acuerdo con el tiempo transcurrido, los costos exigidos o el modo de entrega de la información. El trámite del recurso es regulado por los artículos 85 ss. y en el artículo 99 se dispone que “si el Instituto no hubiere resuelto el recurso de acceso a la información en el plazo establecido, la resolución que se recurrió se entenderá revocada por ministerio de la ley”98.
Como se advirtió ya, si bien los otros países no prevén el silencio administrativo positivo, sí establecen la obligación de contestar las solicitudes de información dentro de un término que, por lo general, es prorrogable mediante acto motivado.
Así, el inciso b) del artículo 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública de Perú prescribe que, una vez presentada la solicitud de información, el funcionario público deberá contestarla en un plazo no mayor de 7 días hábiles, con posibilidad de prórroga de 5 días hábiles más. En este caso es importante anotar que el inciso e) del mismo artículo 11 de la Ley establece que, si el interesado no ha recibido respuesta dentro de los plazos previstos, deberá considerar denegada la solicitud de información, con lo cual se agota la vía administrativa, salvo que se interponga el recurso de apelación99.
En 2003, el Tribunal Constitucional de Perú resolvió una acción de hábeas data en la que el demandante afirmaba que había solicitado información sobre los gastos efectuados por el ex Presidente Alberto Fujimori y su comitiva durante los 120 viajes que realizó al exterior en el transcurso de su mandato presidencial, y que la información que le había sido entregada era incompleta, imprecisa e inexacta. El Tribunal afirmó que el derecho de acceso a la información no sólo se afectaba cuando se negaban los datos solicitados, sino también cuando la información proporcionada era imprecisa, falsa, inoportuna o errada:
“A criterio del Tribunal, no sólo se afecta el derecho de acceso a la información cuando se niega el suministro, sin existir razones constitucionalmente legítimas para ello, sino también cuando la información que se proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada. De ahí que si en su faz positiva el derecho al acceso a la información impone a los órganos de la Administración Pública el deber de informar, en su faz negativa, exige que la información que se proporcione no sea falsa, incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa”100.
El Tribunal concluyó que, tal como lo alegaba el demandante, la información que le había sido entregada no era completa, actualizada y exacta. Por lo tanto, declaró fundada la acción de hábeas data y ordenó la entrega de la información en los términos establecidos en las consideraciones del fallo.
En Panamá, el artículo 7 de la Ley de Transparencia en la Gestión Pública establece que el funcionario que recibe la solicitud debe responderla dentro de los 30 días calendarios siguientes, plazo que podrá extenderse hasta en otro tanto cuando la solicitud verse sobre un tema complejo o la respuesta sea extensa. La respuesta puede brindarse en forma electrónica y, en el caso de que la información ya fuere accesible al público en forma impresa o electrónica, se le hará saber al peticionario “la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información previamente publicada”101.
En el año 2004, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá resolvió una acción de hábeas data promovida por el Defensor del Pueblo contra el Ministerio de Comercio e Industrias. El Defensor del Pueblo señalaba que desde hace varios meses había enviado al Ministerio una solicitud para conocer información relativa a los contratos por servicios profesionales extendidos por dicha institución durante los años 2002 y 2003. Sin embargo, no había recibido respuesta a su solicitud, razón por la cual solicitó que se le fijara al Ministerio un plazo perentorio para responder. Por su parte, el Ministerio afirmaba que la información solicitada se encontraba publicada en Internet, de manera que contestar la solicitud resultaba innecesario102.
Al respecto consideró la Corte que, incluso si la información solicitada había sido publicada previamente, a la entidad obligada le correspondía resolver la solicitud dentro de los treinta días calendario, indicando las razones por las que no proporcionaba la información y los datos necesarios para el que solicitante pudiera acceder a ella. Al respecto dijo la Corte:
“En el negocio sub-júdice, el Pleno no puede soslayar, que el Ministro de Comercio e Industrias no cumplió con su obligación de contestar, dentro del término de treinta días calendario, la petición del Defensor del Pueblo, ya sea suministrando la información requerida, o indicando dónde ésta podía obtenerse, tal como lo exige el artículo 7 de la Ley 6 de 2002, por lo que ha sido necesario que el Defensor del Pueblo utilice la acción de hábeas data, para obtener un pronunciamiento del funcionario requerido”103.
Además, la sentencia aclaró que en el portal de Internet referido no se encontraba la información solicitada por el Defensor, pues sólo aparecía la planilla regular del Ministerio de Comercio, pero no los contratos por servicios profesionales extendidos por el Ministerio de Comercio e Industrias en los años 2002 y 2003:
“Sin embargo, luego de la verificación a los sitios Web antes mencionados, el Pleno advierte que aunque en éstos aparece publicada la Planilla de Empleados o Planilla de Personal del Ministerio de Comercio e Industrias, en la cual se incluye el nombre del funcionario, su status (funcionario regular o de contrato), y el monto del contrato, dicha información es insuficiente y no satisface el requerimiento del señor Defensor del Pueblo, quien solicitó concretamente la información concerniente a los contratos por servicios profesionales extendidos por el Ministerio de Comercio e Industrias para los años 2002 y 2003, con detalles adicionales como la identificación de la persona contratada, el servicio contratado, y el tiempo que cubrió cada contrato”104.
En consecuencia, la Corte le ordenó al Ministro de Comercio e Industrias que suministrara la información solicitada dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la providencia.
En Chile, el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece un plazo máximo de 20 días hábiles para responder a las solicitudes de información. Este término puede ser prorrogado 10 días hábiles más, cuando existan dificultades para reunir la información solicitada. A renglón seguido, el artículo 15 aclara que cuando la información solicitada está publicada en formato impreso o electrónico, “se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar”105.
También en Ecuador, el inciso segundo del artículo 9 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el sujeto obligado tendrá un término máximo de 10 días para contestar las solicitudes de información, lapso que puede ser ampliado en 5 días más, mediante acto motivado del que se debe informar al peticionario106.
A su vez, en Nicaragua, el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece un plazo máximo de 15 días hábiles para contestar las solicitudes de información. De acuerdo con el artículo 29, este término es prorrogable por 10 días hábiles más cuando medie comunicación escrita con base en una de las siguientes cuatro circunstancias: “a. Que los elementos de información requeridos se encuentran en todo o en parte, en otra dependencia del Estado o se encuentre alejada de la oficina donde se solicitó; b. Que la solicitud, requiera de alguna consulta previa con otros órganos administrativos; c. Que la información requerida sea voluminosa y necesite más tiempo para reunirse; d. Que la información solicitada necesite de un análisis previo por considerarse que está comprendida en las excepciones establecidas de esta ley”107.
En el caso de Nicaragua es importante también destacar que, como se expresó anteriormente, el numeral 3 del artículo 3 de la Ley prevé que, de conformidad con el principio de multi-etnicidad “la información pública deberá proveérsele también en las distintas lenguas existentes en la Costa Atlántica de nuestro país”108.
En Jamaica, la sección 7(3) de la Ley de Acceso a la Información establece que la autoridad pública deberá “asistir al solicitante que lo requiera para identificar los documentos relacionados con su petición”; “acusar recibo de la misma”; y “conceder acceso al documento solicitado, siempre que no se trate de un documento exento”. La sección 7(4) de la misma Ley indica que la petición deberá responderse dentro del término de 30 días contados a partir de su recepción. Este plazo puede ser extendido hasta por 30 días más, siempre y cuando existan motivos razonables para hacerlo. Por su parte, la sección 7(5) establece que la respuesta de la autoridad deberá indicar su decisión respecto de la solicitud, y si decide negar la petición, aplazar el acceso al documento o extender el plazo de respuesta por hasta 30 días adicionales, deberá indicar las razones para ello y las opciones de que dispone el perjudicado por la situación109.
En Antigua y Barbuda, la sección 18 prescribe que el sujeto obligado deberá dar respuesta a una petición de información tan pronto como sea posible, pero dentro de un límite máximo de 20 días hábiles. La misma sección autoriza que, en casos excepcionales se conceda una prórroga de hasta otros 20 días. El numeral 2 de la sección 18 establece que cuando la información se relacione directamente con la protección de la vida o la libertad de una persona, la respuesta deberá proveerse dentro del término de 48 horas110.
En la República Dominicana, el artículo 8 de la LGLAIP establece que “[t]oda solicitud de información requerida en los términos de la presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles en los casos que medien circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En este caso, el órgano requerido deberá, mediante comunicación ﬁrmada por la autoridad responsable, antes del vencimiento del plazo de quince (15) días, comunicar las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional”111.
En Canadá, la sección 7 de la Ley de Acceso a la Información impone a la institución gubernamental la obligación de notificar al solicitante, dentro de un plazo de 30 días, si se niega el acceso al documento solicitado o a parte del mismo, o si se concede el acceso a la información. Asimismo, la sección 8(1) prescribe que si la institución que recibe la solicitud considera que otra institución gubernamental es la responsable del documento solicitado, el director de la institución deberá, dentro de un plazo de quince días, transferir la solicitud y notificar en forma escrita al solicitante sobre la transferencia112.
En los Estados Unidos de América, la FOIA, en su sección § 552 (a)(3)(A), prescribe que toda dependencia que reciba una solicitud de acceso conforme a la Ley deberá poner “rápidamente” los documentos a disposición de cualquier persona113. De acuerdo con la FOIA, las entidades gubernamentales tienen un plazo de 20 días hábiles para dar respuesta a las solicitudes de información, otorgando o negando el acceso114. La Ley prevé “circunstancias inusuales” frente a las cuales ese plazo se puede ampliar. Se entiende por “circunstancias inusuales” la necesidad de recolectar la información en oficinas rurales; la necesidad de buscar, recolectar y examinar una cantidad voluminosa de archivos separados y distintos; o la necesidad de consultar con otro organismo que tenga un interés sustancial en tal determinación115.
En algunas circunstancias —cuando el solicitante demuestre una imperiosa necesidad y cuando así lo determine la entidad pública- se prevé un procesamiento expedito de las solicitudes, en el cual la respuesta debe darse dentro de los 10 días siguientes a la petición. Los recursos administrativos en esos casos también deben ser resueltos en forma expedita. Por “imperiosa necesidad” se entiende que “la no obtención de la información de manera expedita puede representar una amenaza inminente para la vida o integridad física de algún individuo” o, “en el caso de solicitantes dedicados a la difusión de información, que exista una urgencia por informar al público sobre la actividad del gobierno federal”116.
Las entidades públicas deberán asignar un número a cada solicitud recibida que requiera más de diez días para ser procesada e informar sobre el mismo al solicitante. También deberán crear una línea telefónica o servicio de Internet para proporcionar información sobre el estado de cada solicitud, identificada por su número de seguimiento, en la cual se incluya la fecha en la que la entidad recibió la solicitud y la fecha estimada en la que se terminará de procesar.117
En Trinidad y Tobago la Ley establece que la autoridad pública deberá notificar al solicitante sobre la aprobación o denegación de su solicitud tan pronto como sea posible, pero en todo caso antes de cumplirse treinta días de ser debidamente presentada la solicitud118. Además, la sección 16 (1) dispone que cuando “(a) un peticionario formule debidamente una solicitud de acceso a un documento oficial ante una autoridad pública; (b) la solicitud sea aprobada por la autoridad pública; y (c) hayan sido pagados los costos previstos en la sección 17 de la Ley antes de que se conceda el acceso, la autoridad pública deberá inmediatamente dar al solicitante acceso al documento oficial”. En la sección 8(3) se prevé la obligación de dar acceso a versiones públicas de los documentos que hayan sido clasificados, siempre y cuando sea factible suprimir en ellos las partes reservadas119.
Por su parte, en Argentina, el artículo 12 del Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional establece que el sujeto requerido debe responder a la solicitud de información en un término no mayor de 10 días, el cual es prorrogable por un lapso igual, siempre que medie decisión motivada120.

References: artículo 13
 artículo 18
 artículo 44
 artículo 53
 artículo 42
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 25
 artículo 22
 artículo 6
 artículo 71
 resolución 
 artículo 82
 artículo 99
 resolución 
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 9
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 12