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Timestamp: 2020-01-20 15:48:55+00:00

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C-449 de 2003
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020027078CC-SENTENCIAC449200303/06/2003CC-SENTENCIA_C_449__2003_03/06/2003200270782003Sentencia C-449/03 DERECHO AL DEPORTE, RECREACION Y AL APROVECHAMIENTO DE TIEMPO LIBRE -Significado actual DERECHO AL DEPORTE, RECREACION -Fundamental por conexidad con otros derechos de este rango DERECHO A LA RECREACION DEL NIÑO -Fundamental RECREACION -Relación con el libre desarrollo de la personalidad y el proceso educativo El fomento de la recreación y la práctica del deporte es uno de los deberes que corresponden al Estado dentro del marco del Estado social de derecho, en virtud de la función que dichas actividades cumplen en la formación integral de las personas, la preservación y el desarrollo de una mejor salud en el ser humano y que tal obligación se ve acentuada tratándose de los niños, respecto de quienes la Constitución ha previsto una protección especial en el artículo 44 donde se reconoció explícitamente la recreación como uno se sus derechos fundamentales RECREACION Y PRACTICA DEL DEPORTE -Fomento RECREACION Y DEPORTE -Desarrollo Debe desarrollarse de acuerdo con normas preestablecidas que, orientadas a fomentar valores morales, cívicos y sociales, faciliten la participación ordenada en la diferentes actividades recreativas y de competición y, a su vez, permitan establecer las responsabilidades de quienes participan en tales eventos. RECREACION Y DEPORTE -Estado debe asegurar que su práctica se lleve a cabo de conformidad con los principios legales DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD -Límites MEDIDAS DE PROTECCION -Legitimación Solamente bajo determinados supuestos las medidas de protección resultan legítimas. Así: i) una medida de protección no puede tener cualquier finalidad sino que debe estar orientada a proteger valores que tengan un sustento constitucional expreso, ya sea por cuanto la Carta los considera valores objetivos del ordenamiento, como sería la protección de la vida o de la salud, o ya sea porque se busca reforzar la propia autonomía de la persona, ii) el efecto protector de la medida en relación con el interés o valor que se quiere favorecer debe aparecer demostrado claramente, en tanto no parece legítimo que una hipotética protección a un interés de la propia persona autorice al Estado a coaccionar a los ciudadanos para que se abstengan de efectuar conductas que no afectan derechos de terceros, o para obligarlos a que realicen comportamientos que no benefician a los demás, iii) no debe resultar posible adoptar, en lugar de la medida de protección, otras medidas que resulten efectivas para lograr el objetivo buscado, menos lesivas de la autonomía individual, iv) el examen de proporcionalidad estricto sensu, debe tomar en cuenta a) la importancia de la carga que se impone al individuo en relación con los eventuales beneficios que la propia persona pueda obtener, pues sería irrazonable imponer obligaciones muy fuertes para el logro de beneficios menores, b) la medida específica no puede llegar a invadir el contenido esencial de la autonomía individual y del libre desarrollo de la personalidad y c) la sanción prevista por la vulneración de una medida de protección no puede ser exagerada en relación al interés que se pretende proteger. CONSTITUCION POLITICA -Incorporación de los derechos de las personas como valores DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD -Respeto MEDIDAS DE PROTECCION -Sustento constitucional CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE -Principios rectores /CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE -Seguridad de los usuarios CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE -Normas de comportamiento CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE -Circulación de los peatones CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE -Prohibición de invadir zonas destinadas al tránsito de vehículos CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE -Prohibición de transitar por zona vehicular con patines, monopatines, patinetas CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE -Sanciones ante incumplimiento y desconocimiento de prohibiciones DERECHOS FUNDAMENTALES -Disfrute no es absoluto El disfrute de los derechos fundamentales no es absoluto, pues como las demás garantías suponen la posibilidad de ser limitados siempre y cuando se respete su núcleo esencial. En este sentido, se ha puesto de presente que en tanto las restricciones a los derechos constitucionales propendan por una finalidad cimentada en un bien constitucional de igual o de superior jerarquía al que es materia de regulación legal y se cumpla con los requisitos de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, ellas no se oponen a la Constitución. DERECHO A LA RECREACION -Límites DERECHO A LA RECREACION -Prohibición de circular en patines, monopatines o similares por vías destinadas al tráfico de vehículos no vulnera núcleo esencial DERECHO A LA RECREACION DEL NIÑO -Debe examinarse en el contexto del deber de protección NORMA ACUSADA -Objeto de la limitación tiene un fin constitucionalmente legítimo NORMA ACUSADA -Prohibición no es absoluta CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE -Prevé utilización de vías públicas para actividades colectivas y deportivas NORMA ACUSADA -No constituye limitación ilegítima del derecho al libre desarrollo de la personalidad CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE -Prohibición no vulnera autonomía para determinar proyecto de vida como deportistas DEPORTE DEL PATINAJE -Ejercicio se encuentra sometido a reglas fijadas por el Estado Referencia: expediente D-4336
Aleida Patricia Lasprilla DíazCONSTITUCIONALIDADÁlvaro Tafur GalvisDemanda de inconstitucionalidad contra el primer inciso del artículo 58 de la Ley 769 de 2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.D4336Identificadores20020027079true43700Versión original20027079Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el primer inciso del artículo 58 de la Ley 769 de 2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.
Así las cosas, el Jefe del Ministerio Público señala que la demandante no demuestra por qué existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido del precepto acusado y las normas constitucionales citadas y pretende, a través de la acción pública de constitucionalidad, resolver el problema de la falta de estructuras recreativas adecuadas para el esparcimiento y la diversión, cuestión que no guarda relación con el contenido de la norma acusada ni con su espíritu -Cita la Sentencia C-1052 de 2002-.
"En todo caso, la apreciación del cumplimiento de tales requerimientos ha de hacerse en aplicación del principio pro actione de tal manera que se garantice la eficacia de este procedimiento vital dentro del contexto de una democracia participativa como la que anima la Constitución del 91. Esto quiere decir que el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo." [2]
v) la relación Estado-Persona, en el ámbito de las actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre, tiene como eje central la consideración de ser su ejercicio "un derecho de todas las personas", que al propio tiempo ostenta la función de formarlas integralmente y preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano;
"El deporte, al igual que la recreación, ha sido considerado por la Corte como una actividad propia del ser humano que resulta indispensable para su evolución y desarrollo, tanto a escala personal como social. La actividad deportiva cumple entonces un papel protagónico en la adaptación del individuo al medio en que vive, a la vez que actúa como mecanismo facilitador en su proceso de crecimiento, impulsando las bases de la comunicación y las relaciones interpersonales.[9]
La práctica deportiva, entendida como derecho constitucional fundamental, constituye entonces una actividad de interés público y social, cuyo ejercicio, tanto a escala aficionada como profesional, debe desarrollarse de acuerdo con normas preestablecidas que, orientadas a fomentar valores morales, cívicos y sociales, faciliten la participación ordenada en la competición y promoción del juego y, a su vez, permitan establecer las responsabilidades de quienes participan directa e indirectamente en tales eventos. Estas reglas, que son necesarias para conformar y desarrollar una relación o práctica deportiva organizada, se constituyen en fuentes de conducta obligatorias en tanto no comprometan el núcleo esencial de los derechos fundamentales consagrados y garantizados por la Constitución Política"[11]
" Después de la nutrición, salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social, la recreación es considerada unanecesidad fundamental del hombre que estimula su capacidad de ascenso puesto que lo lleva a encontrar agrado y satisfacción en lo que hace y lo rodea. En esta medida, puede afirmarse también, que la recreación constituye un derecho fundamental conexo con el libre desarrollo de la personalidad, con todas sus implicaciones y consecuencias."
(...)"La recreación es una actividadinherente al ser humano y necesaria tanto para su desarrollo individual y social como para su evolución. Consiste, en un sentido etimológico, en volver a crear."(…)
En el contexto constitucional, es claro que la recreación cumple un papel esencial en la consecución del libre desarrollo de la personalidad dentro de un marco participativo-recreativo en el cual el individuo revela su dignidad ante sí mismo y ante la sociedad" [12](subrayas fuera de texto).
"Estas políticas de protección también encuentran sustento en el hecho de que la Constitución, si bien es profundamente respetuosa de la autonomía personal, no es neutra en relación con determinados intereses, que no son sólo derechos fundamentales de los cuales es titular la persona sino que son además valores del ordenamiento, los cuales orientan la intervención de las autoridades y les confieren competencias específicas. Eso es particularmente claro en relación con la vida, la salud, la integridad física, y la educación, que la Carta no sólo reconoce como derechos de la persona (CP arts 11, 12, 49, y 67) sino que también incorpora como valores que el ordenamiento busca proteger y maximizar, en cuanto opta por ellos. Por ejemplo, en relación con la vida, esta Corporación señaló claramente al respecto:
La Carta no es neutra entonces frente a valores como la vida y la salud sino que es un ordenamiento que claramente favorece estos bienes. El Estado tiene entonces un interés autónomo en que estos valores se realicen en la vida social, por lo cual las autoridades no pueden ser indiferentes frente a una decisión en la cual una persona pone en riesgo su vida o su salud. Por ello el Estado puede actuar en este campo, por medio de medidas de protección, a veces incluso en contra de la propia voluntad ocasional de las personas, con el fin de impedir que una persona se ocasione un grave daño a sí mismo"[17].
"En tercer término, la medida se justifica pues se trata de un típico caso de "incoherencia", de "falta de competencia básica" o de "debilidad de voluntad", frente al cual las otras medidas alternativas, como las campañas educativas, si bien son importantes, y es deber de las autoridades desarrollarlas, no parecen suficientes. En efecto, la mayoría de las personas reconoce la importancia de la vida y la salud, acepta que el cinturón de seguridad es útil para proteger estos derechos, no tiene objeciones de fondo a utilizar ese dispositivo, pero se niega a hacerlo, por lo cual los analistas consideran que son casos típicos en los cuales se evidencia una incompetencia básica que justifica la medida de protección coactiva[18]. La multa opera aquí como un refuerzo de los mensajes educativos, pues la persona puede entender en abstracto la utilidad del cinturón, pero por imprudencia no logra asumir las implicaciones concretas del mensaje, por lo cual la amenaza más inmediata de la sanción le permite salvaguardar mejor sus intereses. Además, la eventualidad de la multa posibilita a muchas personas evitar presiones de terceros, que tienden a legitimar la conducta imprudente de no utilizar el cinturón de seguridad. Así, son usuales los casos en donde una persona no quiere asumir el riesgo derivado del no uso de ese dispositivo, pero no quiere tampoco enfrentar las críticas de aquellos que pueden burlarse de lo que consideran un exceso de prudencia. En tales eventos, la referencia a la posibilidad de la sanción permite a la persona utilizar el cinturón, tal y como en el fondo quería hacerlo, y enfrentar al mismo tiempo las presiones ajenas.
Esta protección frente a la temporal "debilidad de voluntad" es todavía más clara en relación con las personas que han obtenido su licencia de conducción, pero son todavía menores de edad, por cuanto no sólo frente a ellas en general las medidas de protección tienen mayor sustento, sino que es muy factible que en estos casos los individuos tengan mayores dificultades para asumir verdaderamente los riesgos de la conducción. Además, entre los adolescentes son igualmente más importantes las presiones grupales en contra de aquellos que son considerados excesivamente prudentes, pues es propio de estas edades desafiar imprudentemente el peligro. Por ello, la amenaza de la sanción juega un papel protector considerable. En ese mismo orden ideas, y si bien no es objeto del presente examen, ya que la norma acusada se refiere a los conductores, la Corte no puede dejar de destacar que en relación con los niños, la obligación de llevar el cinturón de seguridad, o en determinados casos los asientos protectores, es de una legitimidad indiscutible pues, debido a la falta de autonomía de la persona en esas edades, la vida e integridad personal priman claramente. Corresponde entonces a los mayores que se encuentren a cargo de los infantes velar por el cumplimiento de esas medidas de seguridad, ya que la infracción de ese deber puede implicar graves responsabilidades, incluso penales, para los mayores que hubiesen sido negligentes en este campo. En efecto, para la Corte es claro que en el evento de que un niño resultare lesionado por la imprudencia del mayor, la omisión de este último deja de ser una conducta que no afecta derechos de terceros, pues era su deber proteger al infante." (subrayas fuera de texto)
"el problema jurídico que se plantea en el presente caso radica en determinar si la prohibición contenida en el artículo impugnado, desconoce el núcleo fundamental del derecho a la recreación o sí, por el contrario, dicha norma desarrolla el espíritu de la Constitución en la medida que protege otros derechos de los menores.
Ahora bien: en la medida que la actividad recreativa perjudique la educación del menor, la recreación deberá ceder espacio para satisfacer las necesidades educativas por cuanto en caso de un eventual conflicto insoluble entre ambos derechos, habrá de prevalecer el de la educación. Tratándose de menores, ella satisface plenamente las exigencias propias de un desarrollo integral y armónico en una edad en la cual las experiencias están llamadas a dejar huella indeleble en el espíritu"[24].
En particular en el caso de los niños ha de considerarse además que la dificultad para la percepción del peligro y la "falta de competencia básica" o de "debilidad de voluntad" que se predica en circunstancias similares de los mayores[32] se acrecienta en su caso por lo que la obligación de protección que establece el artículo 44 justifica aún más la necesidad de proteger su derecho a la vida y a la integridad personal con la prohibición que se acusa.
DeclararEXEQUIBLE, por los cargos analizados, el primer inciso del artículo 52 de la Ley 769 de 2002 "por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".
Exequible por los cargos analizados (inciso 1 ) Artículo 52 LEY_769_2002_06/07/2002
[1]Si bien la disposición no se aplica exclusivamente al caso de los niños, pues no solo ellos pueden invadir la zona destinada al tráfico de vehículos o practicar el deporte del patinaje, cabe precisar que la Corte analizará la disposición acusada a partir del cargo planteado por la demandante.
[2]Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[3]Ver entre otras las sentencias C-005/93 M.P. T-383/94 M.P. Vladirmiro Naranjo Mesa, C-317/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, SU-479/97 M.P. José Gregorio Hernández Galindoy C-758/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[4]El texto aprobado en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue el siguiente:
[5]Al respecto, cabe señalar en este punto que una de las motivaciones que se expresan en las ponencias sustentatorias de la modificación constitucional contenida en el acto legislativo es la declaratoria de inconstitucionalidad del articulo 75 de la Ley 181 de 1995 que establecía destinación especifica del producto del IVA para ciertas actividades de apoyo al deporte. En efecto la Corte, en su sentencia C- 317 de 1998 encontró que esa destinación no podía ordenarse por ley ordinaria. El Congreso al estudiar el proyecto de acto legislativo optó por definir el punto mediante el acto legislativo y no dejarlo a la ley orgánica, con el fin de poner esa destinación al resguardo directo de un texto superior.
[6]Como se enfatiza en la ponencia para primer debate al Proyecto de Acto legislativo número 158 de 1999 Cámara 16 de 1999, Senado "Por el cual se modifica el artículo 52 de la Constitución Política", presentada por el Senador Luis Alfonso Gómez Gallo- Gaceta del Congreso miércoles 7 de junio de 2000, página 5.
[7]Sentencia C-758 de 2002 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[8]Sentencia T- 410 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[9]Cfr., entre otras, las sentencias T-466/92 y C-625/96.
[10]Cfr, entre otras, las sentencias T-466/92, C-625/96 y C-226/97.
[11]Sentencia T-410/99 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[12]Sentencias T-466/92 y C-005/93 M.P. Ciro Angarita Barón
[13]ARTICULO 44.Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
[14]Ver al respecto, entre otras, las sentencias C-013/97 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-309/97M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-355/03 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra´.
[15]Respecto del ámbito de protección la Corte señaló particularmente que "en la esfera pública, son necesarias regulaciones generales que permitan una coexistencia pacífica entre los colombianos, todo lo cual fundamenta el poder de policía que, tiene una posibilidad de ejercicio inversa al grado de afectación de las libertades, lo cual "explica que en ciertas materias -como la regulación de los sitios públicos- el poder policial sea mucho más importante que en otros ámbitos de la vida social, como el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio" (Sentencia C-024/94. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento Jurídico No 4.2.) Las políticas de protección coactiva de la propia persona adquieren entonces, en muchos casos, en estas esferas públicas, un sentido tutor de derechos de terceros que potencia su legitimidad" Ver Sentencia C-309/97 M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido ver la sentencia T-067/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[16]Sentencia C-239/97. MP Carlos Gaviria Díaz. Consideración de la Corte C-2.
[17]Sentencia C-309/97 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[18]Ver, por ejemplo, por Ernesto Garzón Valdés. Op-cit, p 372.
[19]Ver entre otras las sentencias T-523/92 y 065/93 M.P. Ciro Angarita Barón, T-067/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Ver igualmente las sentencias C-221/94 MP. Carlos Gaviria Díaz. T-477/95 MP. Alejandro Martínez Caballero; T-090/96 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-239/97 MP. Carlos Gaviria Díaz; C-309/97 MP. Alejandro Martínez Caballero.
[20]Ver ,entre otras, las sentencias C-093/01 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-142/01 M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, C-648/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra , C233/02 y C-421/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[21]Artículo 1°. Ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente Código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito.
[22]Artículo 58. Prohibiciones a los peatones. Los peatones no podrán:
[24]Sentencia C-005 de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón.
[25]Ver Sentencia SU-256/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Cabe recordar que en dicha sentencia la Corte señaló que no era razonable la carga impuesta a los alumnos de permanecer en una escuela apartada con riesgo de su vida, y que el deber de solidaridad -el cual también pesa sobre los menores- tiene su límite en la capacidad de éstos de asumirlo. Además, hizo énfasis en que dicha imposición desconocía abiertamente el postulado del artículo 44 de la Carta Política, según el cual los derechos de los menores prevalecen sobre los derechos de los demás., al tiempo que recalcó que, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario, debe propenderse a que los niños no padezcan los horrores de la guerra.
[26]Documento oficial elaborado con base en los datos suministrados por el Instituto de Medicina Legal, que figura en el expediente (folios 46 a 53) en su versión resumida como anexo de la intervención del apoderado del Ministerio de Transporte .
[27]Ver al respecto entre otras las Sentencias T-383/94 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa , T-067/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-758/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[28]Al respecto cabe recordar que: "Como se desprende de la autodefinición del Estado Colombiano como "Social de Derecho" según se expresa en el artículo 1º de la Carta, no puede limitarse la actividad de las autoridades públicas simplemente a deberes de abstención para que se ejerzan ciertos derechos de los particulares cual sucede con las libertades públicas, sino que se impone también para el Estado en su conjunto, la realización de actos y la formulación de políticas no negativas sino positivas, para que los derechos de contenido social y económico no sean de carácter meramente retórico sino que tengan, cada vez más, un mayor cubrimiento cuya meta debe ser que gocen de ellos todos los habitantes del país". Ver Sentencia C- 1165/00 M.P. Alfredo Beltrán Sierra A.V. Vladimiro Naranjo Mesa. En el mismo sentido ver la Sentencia C-671/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[29]Como lo explicó la Corte en la sentencia C-251/97 en la que declaró la exequibilidad de la Ley 319 del 20 de septiembre de 1996, "por medio de la cual se aprueba el Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988" ""El carácter progresivo del deber de realización de estos derechos no implica que los Estados pueden demorar la toma de las medidas necesarias para hacerlos efectivos. Por el contrario, el deber de adoptar todas las medidas posibles es inmediato, ya que los Estados "tienen la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de los derechos contenidos en el Pacto." Simplemente, teniendo en cuenta que en general los derechos sociales implican una prestación pública, la cual supone la existencia de unos determinados recursos y la necesidad de poner en marcha las instituciones prestatarias de los servicios, se reconoce que "la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales en general no podrá lograrse en un breve período de tiempo", por lo cual la obligación de garantizarlos no puede ser inmediata, a diferencia de lo que sucede con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual "incorpora una obligación inmediata de respetar y garantizar todos los derechos pertinentes". Esta norma "exige que los Estados partes actúan tan rápidamente como les sea posible en esa dirección", razón por lo cual "bajo ningún motivo esto se deberá interpretar como un derecho de los Estados de diferir indefinidamente los esfuerzos desplegados para la completa realización de los derechos."
[30]La Corte ha señalado en efecto que "El menor tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad y la familia, la sociedad y el Estado deben garantizar el goce efectivo de este derecho. Es deber primordial de los padres garantizar al hijo su desarrollo armónico y el goce efectivo de sus derechos. Sin embargo cualquier limitación que impongan los padres al derecho del niño al desarrollo de su personalidad debe estar acorde y tener en cuenta la prevalencia de los derechos del niño. Las limitaciones en este aspecto sólo deben buscar garantizar de manera más efectiva el desarrollo integral del menor. Por su parte como a la sociedad y al Estado también les corresponde la protección de los derechos de los niños, las limitaciones que impongan deben siempre encaminarse a garantizarle al menor el goce pleno de sus derechos".Ver Sentencia T-182/96 M.P. Alejandro Martinez Caballero. En el mismo sentido ver la Sentencia SU-642/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[31]Ver al respecto en idénticos términos la Sentencia C-309/97 M.P. Alejandro Martines Caballero.
[32]Ver la Sentencia C-309/97 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[33]Artículo 99.Actividades colectivas en vías públicas.La autorización de actividades colectivas en vías públicas debe ser solicitada con anticipación ante la autoridad competente. En todo caso, estas actividades no deben afectar la normal circulación de los vehículos. Para la realización de actividades deportivas en vías públicas, los responsables de ellas deben tomar las precauciones y suministrar los elementos de seguridad necesarios.
Artículo 100.Competencias deportivas en vías públicas. Las competencias deportivas que se desarrollen en vías públicas, serán coordinadas por las federaciones o ligas respectivas, quienes deberán formular la solicitud de permiso correspondiente ante la autoridad de tránsito competente, con una antelación no inferior a quince (15) días a la realización del evento deportivo. Las autoridades de tránsito correspondientes adoptarán las medidas de circulación, información y de seguridad que fueren indispensables para tales casos.

References: artículo 44
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 44
 artículo 52
 Artículo 52
 artículo 52
 artículo 44
 artículo 1

Artículo 100