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Timestamp: 2019-01-16 23:05:26+00:00

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﻿ Sentencia 2005-00808 de marzo 16 de 2011
SENTENCIA 2005-00808 DE 16 DE MARZO DE 2011
CONTENIDO:VALORACIÓN DE PRUEBAS. LAS COPIAS NO AUTENTICADAS SOBRE DOCUMENTOS CONSTITUYEN MEDIO DE PRUEBA FEHACIENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN SOLO CUANDO LA CONTABILIDAD GOZA DE VERACIDAD Y EXACTITUD EN LOS VALORES DECLARADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, PROCESO TRIBUTARIO, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN, CONTABILIDAD
Sentencia 2005-00808 de marzo 16 de 2011
Rad.: 66001-23-31-000-2005-00808 - 01 (16522)
Asunto: Impuesto sobre las ventas cuarto (4) bimestre de 2000
Bogotá, D.C. dieciséis de marzo de dos mil once
En el caso materia de litis, se impugna la legalidad de la liquidación oficial de revisión 160642004000019 del 18 de marzo de 2004 y de la Resolución Confirmatoria 160772005000012 del 25 de febrero de 2005, actos a través de las cuales la administración local de impuestos y aduanas de Pereira, modificó la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al cuarto (4) bimestre de 2000, y le determinó la suma de $ 1.257.390.676 por impuesto y una sanción por inexactitud de $ 61.355.598.
— La investigación en la Fiscalía se inició con el despacho comisorio 006 del 9 de julio de 2002 dentro del proceso 435111-79 proferido por la coordinadora del grupo de investigaciones económicas y lavado de activos del cuerpo técnico de investigación seccional Pereira, por medio del cual se exhorta al jefe de la sección de investigación de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones de Bogotá, para que asigne un contador para que investigue a las sociedades importaciones, exportaciones y representaciones Latinoamericanas Ltda. con NIT 890.110.827-5, CI Importex S.A. con NIT 800.116.871-1, representaciones unidas Ltda. con NIT 860.004.042-8 y Ci Maresa de Colombia Ltda., con NIT 830.012.622-4.
Las transacciones por compras de bienes y servicios con las cuatro empresas mencionadas en los numerales 1 a 4 corresponden a transacciones irreales como quedó demostrado en los informes de los funcionarios adscritos al grupo de investigaciones económicas del CTI de Bogotá, quienes después de realizar las inspecciones judiciales en cada una de las cuatro empresas mencionadas concluyeron que en la contabilidad de las mismas no se encontró vinculo comercial con Cable Unión de Occidente S.A.
“Conclusiones del informe de policía judicial 188.
$ 68.007.525.oo
$ 1.408.195.164.oo
$ 1.493.290.262.oo
$ 817.441.903.oo
$ 3.786.934.854.oo
Se benefició a algunas personas naturales, tales como Rodrigo Humberto Patiño Cardona, Ligia del Socorro Giraldo Rico y Daniel Lopez Florián, pues en las cuentas bancarias de ellos se consignaron los dineros con los que aparentemente se cancelaban las facturas por las compras ficticias. Se encontró relación entre estos y los socios de la empresa que asesora Cable Unión de Occidente S.A. denominada servicio integral de apoyo fiscal SIAF de la cual son socios los señores Gustavo Adolfo Quintana y Rubén Darío Vélez Rico”.
— Factura 11109970 a nombre de Ci Importex S.A. de fecha 5 de septiembre de 2000 por valor de $ 121.630.693 y la 11109981 de fecha 8 de septiembre de 2000 por valor de $ 110.636.200.
— Comprobante de egreso 9500090 del 19 de noviembre de 1999 a nombre de Ci Importex S.A. por valor de $ 7.262.929 por cancelación de la Factura 11109970.
— Comprobante de egreso 3901097 a nombre de Ci Maresa de Colombia Ltda. por valor de $ 7.567.779 el cual fue cancelado con el cheque 6249789 del Banco de Bogotá.
El principal motivo por el cual se llegó a proponerle a la honorable asamblea el cambio de domicilio de la sociedad Cable Unión de Occidente S.A., es que nos hemos sentido demasiado acosados por la DIAN de Pereira, no descansan con sus visitas, requerimientos, creemos que con esta decisión se puede aliviar un poco la decisión, creemos que nos puede ayudar y la única forma de saberlo es haciendo el cambio, hay casos puntuales como el de la Rosa, Nicole y Suzuki, quienes cambiaron de domicilio y la situación les cambio un poco, esperemos que con la decisión que se pretende tomar se alivie un tanto la situación...Sometida a consideración de los asistentes la anterior proposición se aprueba por unanimidad. (fl. 1855 del tomo 3).
Observa la Sala que la contabilidad de la sociedad Cable Unión de Occidente S.A. no refleja la situación fiscal y económica del negocio, razón suficiente para no tenerla como prueba idónea para desvirtuar las modificaciones realizadas por la administración tributaria. En estos términos no puede aplicarse lo determinado por el artículo 772 del estatuto tributario(10) en cuanto a la capacidad probatoria de la contabilidad a favor del investigado, al quedar demostrado el incumplimiento de las normas contables y de los artículos 773 y 774 ibídem que establecen:
En estas condiciones no tiene soporte jurídico la manifestación del apelante en cuanto a “...quebranto del debido proceso, el desconocimiento del derecho sustancial y la vulneración del derecho a acceder a la administración de justicia, lo cual configura una vía de hecho, dando lugar a una inhibición por parte de los servidores públicos”, pues como se indicó la administración detectó inconsistencias en la contabilidad del año gravable 2000, lo que condujo a su desconocimiento como prueba fehaciente de los hechos glosados.
“ ...conforme a los artículos 772 y 774 del estatuto tributario, los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba suficiente a su favor, siempre que se lleven en debida forma, que estén registrados en la cámara de comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales, según si el contribuyente está obligado o no a llevar contabilidad; que se encuentren respaldados por comprobantes internos y externos; que reflejen toda la situación de la entidad o persona natural; que no se hayan desvirtuado por los medios probatorios permitidos en la ley, y que el contribuyente no se encuentre en las circunstancias del artículo 74 del Código de Comercio(11).
En caso de que exista desacuerdo entre los datos de la declaración de renta y los asientos de contabilidad que registran los libros, prevalecen los últimos (art. 775 ib.). Y, si las cifras registradas en dichos asientos respecto de costos, deducciones, exenciones especiales y pasivos, exceden del valor de los comprobantes externos, los conceptos correspondientes se entienden comprobados hasta concurrencia del valor de dichos comprobantes (art. 776, ib.(12) ).
Improcedencia del literal b) del artículo 651 del estatuto tributario - desconocimiento de impuestos descontables.
b) Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
Es de precisar que el proceso en el cual se determinó sancionar a la sociedad demandante por no enviar información, es totalmente independiente del que en este momento se controvierte. De manera concreta versa sobre las modificaciones de la declaración del impuesto sobre las ventas del cuarto (4) bimestre de 2000, en el cual se rechazan los impuestos descontables por las inconsistencias establecidas en la contabilidad del contribuyente.
Se reitera lo precisado por la Sala en la Sentencia del 26 de noviembre de 2009, C.P. Doctora Martha Teresa Briceño de Valencia, Rad. 16502:
El procedimiento que culmina con liquidación oficial de revisión, tiene por objeto modificar las declaraciones privadas, cuando la administración establezca que la determinación del impuesto hecha por el contribuyente, responsable o agente retenedor, no fue la correcta; por su parte el proceso sancionatorio pretende castigar las infracciones a las normas tributarias.
Improcedencia de la adición de ingresos por indebida valoración de la información exógena.
En la información exógena, la división de fiscalización encontró diferencias sustanciales(13) entre lo informado por la sociedad demandante y los terceros, posteriormente realizó cruces de información con los terceros en los cuales los valores reportados por el contribuyente no coincidían con los valores reportados por la sociedad Cable Unión de Occidente S.A.
IVAdescontable Inf. exógena
Considera la Sala que mal podía la Administración Local de Impuestos de Pereira, desestimar la información enviada por los terceros que reposan a folios 2410 a 2422 del tomo 5, precisamente porque esta era la adecuada para esclarecer los valores de las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, costos, impuestos descontables, gastos, deducciones; cuando era evidente la irregularidad en la contabilidad.
Al respecto la administración en el acta de inspección tributaria de fecha 16 de junio de 2003(14) señala:
Cruce con la comisión nacional de televisión.
Como puede apreciarse existen diferencias claras entre los valores reportados a la Comisión Nacional de TV y a la DIAN, lo que demuestra la falta de seguridad en la información presentada por la sociedad a los diferentes organismos de control, lo cual quedó evidenciado durante el desarrollo de la inspección tributaria en la cual fue imposible acceder a los auxiliares de la sociedad, ...”
El contribuyente presentó ante las oficinas de la Administración de Impuestos Nacionales una certificación de contador público, para acreditar sus costos, gastos y los impuestos descontables. Esta constancia constituye prueba contable de acuerdo con el artículo 777 del estatuto tributario(15).
Sobre el tema, se pronunció la Sala, en Sentencia del 25 de septiembre de 2008, C.P. Doctor Héctor J. Romero Díaz, Radicación 25000-23-27-000-2003-02203-01(15255)
“...Si bien el artículo 777 del estatuto tributario señala que la certificación de los contadores o revisores fiscales es suficiente para presentar en las oficinas de la administración pruebas contables, la jurisprudencia ha precisado que para que estos certificados sean válidos como prueba contable deben llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, con sujeción a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad; deben expresar si la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales; si los libros se encuentran registrados en la cámara de comercio; si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos, y si reflejan la situación financiera del ente económico(16).
Como lo precisó la Sala, deben contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse; no pueden versar sobre las simples afirmaciones acerca de las operaciones contables de que dichos funcionarios dan cuenta, pues “en su calidad de profesional de las ciencias contables y responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, está en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables donde aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus certificaciones(17)...”.
Observa la Sala en el anexo explicativo de la liquidación oficial de revisión(18) lo siguiente:
— Banco Ganadero Cta. Cte. 416170100002210 Vr consignaciones $ 706.698.209. Se corrigió error de suma ya que se llevaron valores doblemente (tirilla anexa al exp.)
— Davivienda de Medellín. Cta. Cte. 0360-6999-9823 Vr. consignaciones $ 16.048.730...”
Se colige, que de las 28 cuentas bancarias reportadas por las entidades financieras sólo se tomaron las dos (2) activas; en consecuencia no existe violación a los artículos 704 y 711 del estatuto tributario, por el contrario hubo correspondencia entre lo propuesto en el requerimiento especial y lo determinado en la liquidación oficial de revisión.
Para la Sala los argumentos del demandante no desvirtúan la adición de ingresos, pues se observa en los extractos que la sociedad Cable Unión de Occidente S.A. es la titular de las mismas(19). Ahora el solo hecho de no haberlas incluido en la contabilidad hace procedente la determinación de la renta presuntiva por el método de presunción de consignaciones bancarias.
En consecuencia, se configuran los supuestos fácticos que señala el artículo 755-3 del estatuto tributario para que opere la presunción, toda vez que está demostrado y, no han sido desvirtuados los indicios graves apreciados para no considerar que los valores consignados en las cuentas bancarias a nombre de la demandante corresponden a operaciones generadoras de ingreso, pues coinciden los números de cuenta y razón social reportados por las entidades financieras, lo que originó la adición de ingresos gravados con el 15% del total de las consignaciones realizadas en las cuentas corrientes 0360-6999-9823 de Davivienda [Medellín] y 416170100002210 del Banco Ganadero.
Es necesario precisar que en el informe parcial realizado por la división de investigaciones especiales de la subdirección de fiscalización tributaria de la DIAN, nivel central, como resultado del registro, se tiene la queja 1 que dice:
“...la señora Claudia Lorena Saldaña Montoya, Revisora Fiscal de la sociedad Cable Unión de Occidente S.A. con tarjeta profesional 59110 presenta renuncia al cargo a la asamblea general de Accionistas con fecha Diciembre 21 de 2.001, soportada entre otras, por las siguientes razones:
La anterior situación, aunada a las irregularidades de la contabilidad, así como al informe de revisoría fiscal, constituyen un indicio grave en contra del contribuyente.
Este hecho no constituye irregularidad para declarar la nulidad de la actuación, pues cuando la administración tributaria detecta un yerro dentro de las etapas de determinación o discusión puede corregirlo, sin que se enmarque dentro de las causales de nulidad del artículo 730 del estatuto tributario(20).
En el caso, la Sala observa que la administración tributaria en el fallo del recurso de reconsideración se pronunció(21) ante las pruebas solicitadas así:
"ART. 83.—Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas".
De todo esto queda claro, que quien violó el principio de la buena fe, no fue la administración tributaria, sino que por el contrario quien actuó con deslealtad, con intención negativa para evitar la actividad del ente investigador fue la sociedad demandante.
De otro lado, manifiesta el demandante que no fueron valoradas las 1679 copias allegadas con el recurso de reconsideración, en consideración a que estas no fueron autenticadas.
Precisa la Sala que el demandante no indica cual documento de las 1679 copias se debe valorar, por lo que el análisis se hará teniendo en cuenta la decisión adoptada por la administración, en cuanto las excluyó por no reunir los requisitos del artículo 178 del Código de Procedimiento Civil(22).
Por lo anterior concluye la Sala, que para darle valor probatorio a las 1679 copias debían estar respaldadas con la autenticación de notario, pues es la diligencia que da fe de que la copia que se sella corresponde al documento original.
1. CONFÍRMASE la sentencia del 15 de febrero de 2007 del Tribunal Administrativo de Risaralda dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Cable Unión de Occidente S.A. contra la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
2. RECONÓCESE personería a la doctora María Helena Caviedes Camargo como apoderada de la parte demandada, según poder que obra en el folio 418 del expediente.
(10) ART. 772.—La contabilidad como medio de prueba. Los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor, siempre que se lleven en debida forma.
(11) ART. 74 del Código de Comercio [...] Habrá doble contabilidad cuando un comerciante lleva dos o más libros iguales en los que registre en forma diferente las mismas operaciones, o cuando tenga distintos comprobantes sobre los mismos actos.
(12) Sentencia del 18 de marzo de 2010, Radicación 25000-23-27-000-2004-01388-01(16729) C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(13) Folio 3090 a 3091 del tomo 6.
(14) Folio 3104 tomo 6.
(15) ART. 777.—La certificación de contador público y revisor fiscales prueba contable. Cuando se trate de presentar en las oficinas de la administración pruebas contables, serán suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales de conformidad con las normas legales vigentes, sin perjuicio de la facultad que tiene la administración de hacer las comprobaciones pertinentes.
(16) Sentencias de 14 de junio de 2002, Exp. 12840. C.P. Ligia López Díaz y de 11 de septiembre de 2006, Exp. 14754, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
(17) Sentencias de 25 de noviembre de 2004 Exp.14155 C.P. María Inés Ortiz Barbosa y de 30 de noviembre de 2006, Exp. 14846, C.P. Héctor Romero Díaz.
(18) Folio 50 cuaderno principal.
(19) Folio 1011 a 1139 del tomo 7
(20) ART. 730.—Causales de nulidad. Los actos de liquidación de impuestos y resolución de recursos, proferidos por la administración tributaria, son nulos:
(21) Folio 22 del cuaderno principal
(22) Folio 28 del cuaderno principal

References: Resolución 
 artículo 772
 artículo 74
 artículo 651
 artículo 777
 artículo 777
 artículo 755
 artículo 730
 artículo 178
 resolución