Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1180947&nl=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=25/9/2018
Timestamp: 2019-08-17 11:39:21+00:00

Document:
Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés
EDICIÓN DE 25/09/2018
Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés (BOPA de 24 de septiembre de 2018). Texto completo.
1. Esta Ley tiene por objeto regular tres materias estrechamente relacionadas entre sí, la transparencia en la actividad pública, el buen gobierno y los grupos de interés, las dos primeras en el marco de lo que con carácter básico establece la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia y Buen Gobierno, y la tercera, carente aún de regulación estatal, en línea con otras Comunidades Autónomas.
3. El Título I está dedicado a la transparencia de la actividad pública, en la doble vertiente de publicidad activa, generada de oficio, y publicidad rogada, a través del derecho de acceso a la información pública, que ha implantado la citada la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia y Buen Gobierno, y respecto de la que aporta un valor añadido, del que cabe destacar los siguientes aspectos:
b) La adición, a los ya establecidos en la repetida Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de más contenidos preceptivos para la publicidad activa, de entre los que ha de subrayarse el relativo a las Cuentas Abiertas, en virtud del cual la Administración del Principado de Asturias y su sector público deben publicar información sobre sus cuentas bancarias, y el referido a los textos normativos consolidados que, aunque carentes de valor oficial, resultan sumamente útiles.
4. El Título II se ocupa del buen gobierno, conjunto de reglas y principios a los que debe acomodarse la actuación de los altos cargos del Principado de Asturias, con especial atención a los conflictos de intereses y el régimen de incompatibilidades, extremo este último acerca del cual la Comunidad Autónoma ya contaba con la Ley del Principado de Asturias 4/1995, de 6 de abril , de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos, a la que la nueva regulación, más completa y exigente, reemplaza. La disciplina de buen gobierno que contiene el Título II opera en el marco de las disposiciones básicas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia y Buen Gobierno, incorpora, adaptándolas, previsiones establecidas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, incluidas las que tienen que ver con las denominadas coloquialmente “puertas giratorias”, e introduce medidas de cuño propio, de las que cabría destacar:
d) La disposición final primera, que modifica la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio , del Presidente y del Consejo de Gobierno, con el fin de precisar en esa Ley que, habida cuenta de lo que dispone el artículo 32.4 del Estatuto de Autonomía, es la sede normativa adecuada para hacerlo, que el Presidente del Principado tiene la consideración de alto cargo a efectos de transparencia, buen gobierno y grupos de interés, lo que no significa que quede enteramente equiparado a los demás altos cargos, ni siquiera a los demás miembros del Consejo de Gobierno, particularmente en el ámbito sancionador y sobre todo porque, así como la nueva Ley ordena que los altos cargos sancionados por infracción muy grave de sus reglas de transparencia o buen gobierno, si no dimiten, sean destituidos, incluidos los Consejeros, esa orden legal no se reproduce cuando el sancionado sea el Presidente del Principado porque afectaría a la forma de gobierno que predetermina el Estatuto de Autonomía, con arreglo a la cual el título habilitante del Presidente es la confianza de la Junta General, que solo esta puede retirar a través de los procedimientos previstos a tal efecto en el Estatuto de Autonomía, la cuestión de confianza y la moción de censura.
- Los gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total, especificándose los relativos al personal directivo y eventual, además de los correspondientes a las personas que gozan de dispensa total o parcial de asistencia al trabajo, expresando en todos los casos su porcentaje sobre el gasto de personal y sobre el gasto total.
- Gastos e ingresos en concepto de arrendamientos de bienes inmuebles.
- Los gastos realizados en campañas de publicidad, promoción y comunicación institucional, desglosando los distintos conceptos de la campaña, contratos celebrados e importe contratado con cada medio.
- El importe de la deuda pública actual de la Comunidad Autónoma y su evolución a lo largo de los cinco ejercicios anteriores, recogiendo el endeudamiento público por habitante y el endeudamiento relativo.
- Las operaciones de préstamo, crédito y emisiones de deuda pública en todas sus modalidades realizadas por los sujetos del artículo 2.1 a).
- Los avales y garantías prestadas en cualquier clase de crédito por los sujetos del artículo 2.1 a).
- Las operaciones de arrendamiento financiero formalizadas por los sujetos del artículo 2.1 a).
- El gasto total efectuado en concepto de ayudas o subvenciones para actividades económicas y para familias y personas especialmente vulnerables. En particular, se incorporará información relativa al gasto destinado a atención a la dependencia, acción social y cooperación, mayores, menores y personas con discapacidad.
- La inversión realizada por habitante en la Comunidad Autónoma.
- La proporción que representa el déficit/superávit público de la Comunidad Autónoma sobre el PIB regional.
- Los ingresos fiscales por habitante.
- Los gastos en las distintas políticas y su porcentaje sobre el gasto total.
- El gasto por habitante en la Comunidad Autónoma.
- Clase de cuenta o de caja.
- Radicación e identificación.
- Entidad bancaria, financiera o de crédito y sucursal, en su caso, y número de la cuenta e identificación fiscal.
- Saldo global.
3. Por acuerdo de sus órganos de gobierno, los sujetos obligados por la publicidad activa prevista en este Capítulo podrán publicar cualesquiera otras informaciones que consideren de interés general, insertándola dentro de su portal de transparencia en una sección específica denominada “Transparencia complementaria”.
1. El derecho de acceso a la información pública corresponde a toda persona física o jurídica, y se ejercerá mediante solicitud previa, en los términos y de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El régimen de impugnaciones será el establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, siendo competente para conocer de la reclamación del artículo 24 de esa Ley el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias y debiendo comunicarse sus resoluciones, además de a quienes el citado artículo 24 señala, a la Consejería competente en materia de transparencia.
3. En el ámbito del artículo 2.1 a), los altos cargos sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen, y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo durante un período de entre cinco y diez años. Si el sancionado fuese Consejero, sin perjuicio de la inhabilitación para un nuevo nombramiento, se estará al procedimiento establecido en el Código de conducta y a lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio , del Presidente y del Consejo de Gobierno, en su artículo 34.1 c).
2. Todos los altos cargos deberán adecuar su comportamiento a las estipulaciones del Código de conducta .
b) Condenados por sentencia firme por la comisión de delitos de falsedad; contra la libertad; contra el patrimonio y orden socioeconómico, la Constitución , las instituciones del Estado, la Administración de Justicia, la Administración Pública y la Comunidad Internacional; de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional; y contra el orden público, en especial, el terrorismo, hasta que los antecedentes penales hayan sido cancelados.
c) Inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio , Concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
6. Por ley podrán establecerse requisitos adicionales para acceder a determinados cargos de la Administración del Principado de Asturias para los que sean precisas especiales cualificaciones profesionales, respetando, en todo caso, el principio de igualdad consagrado en la Constitución .
8. Se excluye de lo dispuesto en este artículo al Presidente del Principado de Asturias y demás miembros del Consejo de Gobierno, cuyo nombramiento y desempeño se ajustarán a las previsiones contenidas en el Estatuto de Autonomía y la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio , del Presidente y del Consejo de Gobierno.
1. El alto cargo deberá suscribir una declaración responsable en la que manifestará, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, especialmente la ausencia de causas que impidan la honorabilidad requerida y la veracidad de los datos suministrados, que dispone, cuando sea susceptible de ello, de la documentación que así lo acredita, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo que ocupe el puesto. Asimismo, la declaración incluirá el compromiso de cumplimiento de los principios de buen gobierno y de los estipulados en el Código de conducta .
5. Se excluye de lo dispuesto en este artículo al Presidente del Principado de Asturias y demás miembros del Consejo de Gobierno, cuyo nombramiento y desempeño se ajustarán a las previsiones contenidas en el Estatuto de Autonomía y la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio , del Presidente y del Consejo de Gobierno.
2. Los altos cargos que tengan la condición de autoridad se abstendrán de intervenir en el procedimiento administrativo correspondiente cuando, por afectar a sus intereses personales, definidos en el artículo 33 , concurran las causas previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, podrán ser recusados en los términos previstos en dicha Ley.
La entidad con la que contraten efectuará la administración con sujeción exclusivamente a las directrices generales de rentabilidad y riesgo establecidas en el contrato, que será suscrito de acuerdo con las previsiones del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores , aprobado por el Real Decreto-Legislativo 4/2015, de 23 de octubre , sin que pueda recabar ni recibir instrucciones de inversión de los interesados.
Si el sancionado fuese el Presidente del Consejo de Gobierno, este únicamente perderá su condición de tal por los procedimientos previsto en el Estatuto de Autonomía y en la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio , del Presidente y del Consejo de Gobierno.
3.º El compromiso de aceptar y cumplir las medidas adoptadas en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Título o por el propio Código de conducta .
4.º Un sistema de control y fiscalización de los establecidos en este Título y en el propio Código de conducta .
c) El incumplimiento reiterado por parte de los grupos de interés de los compromisos del contenido mínimo del Código de conducta . Se entenderá que existe reiteración cuando el incumplimiento se haya producido más de dos veces en un período de referencia de dos años.
b) El incumplimiento puntual por parte de los grupos de interés de los compromisos del contenido mínimo del Código de conducta .
3. Es infracción leve el incumplimiento por parte de los grupos de interés de los contenidos adicionales del Código de conducta .
Para la presentación de las denuncias a que se refiere este Título, se habilitará en el Portal de Transparencia de la Administración del Principado de Asturias un canal electrónico denominado “Canal de Lucha contra la Corrupción”, cuya gestión corresponderá a la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción.
d) Elaborar la propuesta de Código de conducta .
2. Las referencias previstas en la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo , de la Sindicatura de Cuentas, y en la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre , del Consejo Consultivo, al artículo 4 de la Ley del Principado de Asturias 4/1995, de 6 de abril, de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos, en lo que respecta al régimen de incompatibilidades de las personas titulares de los puestos de Síndicos, Presidente y vocales del Consejo Consultivo, y las personas titulares de las respectivas Secretarías Generales, se entenderán referidas al régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses del Título II de esta Ley.
1. Se deroga la Ley del Principado de Asturias 4/1995, de 6 de abril , de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos.
Primera. Modificación de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio , del Presidente y del Consejo de Gobierno
El Presidente tendrá la consideración de alto cargo a los efectos de la legislación vigente en materia de transparencia, buen gobierno y grupos de interés”.
Segunda. Modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre , de Ordenación de la Función Pública
“Artículo 55 bis
2. El traslado previsto en el apartado anterior será igualmente aplicable cuando la denuncia se realice ante el Ministerio Fiscal o ante el Juez desde que la denuncia haya sido admitida a trámite y hasta tanto se sustancien las actuaciones jurisdiccionales a que dé lugar”.

References: artículo 32
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 2
 artículo 34
 artículo 33
 artículo 4