Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-864-12.htm
Timestamp: 2019-09-21 21:52:17+00:00

Document:
T-864-12
Sentencia T-864/12
PROTECCION CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Caso de menores y adultos que padecen discapacidad cognitiva y solicitan terapias a sus respectivas EPS
PROTECCION REFORZADA DEL SERVICIO DE SALUD A MENORES DE EDAD-Reiteración de jurisprudencia/DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD-Protección constitucional
El artículo 44 de la Constitución Política determina varios derechos, entre ellos el de la salud de los niños, cuya protección en el caso de los niños son de carácter ‘fundamental’, y debe ser protegido en forma inmediata por el juez constitucional en los eventos en que sea vulnerado en razón a que el Constituyente quiso rodear a la niñez, dada su natural indefensión y la esperanza que simboliza para la sociedad, de una especial protección. Al respecto, es importante señalar que las personas que se encuentran en situación de discapacidad tienen una protección especial reforzada del Estado, así en el artículo 13 superior dispone que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se comentan. Al igual el artículo 47 superior consagra que el Estado debe adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.
Surge en algunos casos previamente diagnosticados por especialistas médicos la necesidad de someter a los discapacitados a una serie de terapias alternativas con el fin de lograr estímulos de diverso tipo, que intervienen positivamente en la adquisición de funciones o capacidades que se han visto mermadas por problemas acaecidos a lo largo del desarrollo infantil. Esta Corporación ha protegido en varias ocasiones a niñas, niños, adolescentes y adultos que deben recibir un tratamiento alternativo cuando padecen de algún tipo de enfermedad o discapacidad cognitiva, siendo obligadas las empresas promotoras de salud a prestar los servicios de salud necesarios, inclusive cuando los procedimientos, medicamentos o los tratamientos no estén cubiertos por el plan obligatorio de salud.
DERECHO A LA SALUD DEL MENOR DISCAPACITADO-Orden a EPS de realizar terapias integrales como neurodesarrollo, hipoterapia, acuaterapia, miofuncional orofacial, estimulación multisensorial integral entre otras
DERECHO A LA SALUD DE PERSONA CON DISCAPACIDAD-Orden a EPS de realizar terapias integrales como neurodesarrollo, hipoterapia, acuaterapia, miofuncional orofacial, estimulación multisensorial integral entre otras
Acciones de tutela instauradas por Martha Eugenia Valencia Molina, contra Salud Total E.P.S. (T-3526617), Maria Lilia Pérez de Calderón contra Ecoopsos E.P.S. (T-3526618), Bárbara Lozano Mendoza contra Ecoopsos E.P.S. (T-3526619) y Maria Margarita Caicedo Córdoba contra Ecoopsos E.P.S. (T-3526620).
Bogotá D.C. veinticinco (25) de octubre de dos mil doce (2012).
En el trámite de revisión de las decisiones adoptadas en los expedientes T-3526617 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San José del Guaviare el veintiséis (26) de abril de dos mil doce (2012) y por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare el cinco (05) de junio de dos mil doce (2012), en el expediente T-3526618 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San José del Guaviare el veintitrés (23) de abril de dos mil doce (2012) y por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare el cinco (05) de junio de dos mil doce (2012), en el expediente T-3526619 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San José del Guaviare el veintitrés (23) de abril de dos mil doce (2012) y por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare el cinco (05) de junio de dos mil doce (2012) y por último el expediente T-3526620 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San José del Guaviare el veintitrés (23) de abril de dos mil doce (2012) y por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare el cinco (05) de junio de dos mil doce (2012).
El pasado 11 de abril de 2012, la ciudadana Martha Eugenia Valencia Molina, actuando en nombre y representación de su menor hijo Camilo Andrés Gómez Valencia, interpuso acción de tutela, contra SALUD TOTAL E.P.S con el fin de proteger los derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal, y a la vida digna de su menor hijo.
1. Asegura que su hijo Camilo Andrés Gómez Valencia, está vinculado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, régimen subsidiado a la E.P.S. SALUD TOTAL.
2. Que el menor tiene seis (6) años y presenta un cuadro clínico de RETARDO PSICOMOTOR y DE LENGUAJE, CRANEOSINOSTOSIS y RETARDO DE ESTATURA. Por lo que el médico tratante prescribió un tratamiento integral consistente en: Neurodesarrollo, Hipoterapia, Acuaterapia, Miofuncional Orofacial, Estimulación Multisensorial Integral, Área de Lenguaje, Musicoterapia, Terapia Comportamental ABA, Terapia Asistida con Perros, Terapia Ocupacional, Integración Sensorial, Aptitud Vocacional, Neuropedagogia, Valoración y Control por Fisiatría. Atención que es prestada en el Centro de Rehabilitación Sonrisas I.P.S. del Guaviare.
3. Sin embargo, asegura que ha solicitado mediante derecho de petición a la E.P.S. desde el 17 de febrero de 2012 y no ha obtenido respuesta alguna.
“2. Como consecuencia de esto se ordene al Gerente de SALUD TOTAL E.P.S. , o quien haga sus veces autorizar el inicio del programa de intervención que promueva el desarrollo de las habilidades afectadas, que están inscritos en el formato de orden de servicio tales como: Neurodesarrollo, Hipoterapia, Acuaterapia, Miofuncional Orofacial, Estimulación Multisensorial Integral, Área De Lenguaje, Musicoterapia, Terapia Comportamental Aba, Terapia asistida con perros, Terapia Ocupacional, Integración Sensorial, Aptitud Vocacional, Neuropedagogia, Fisiatría Valoración y control. GASTOS DE TRANSPORTE que se ocasionen en virtud de estas terapias y TODO EL TRATAMIENTO INTEGRAL que requiera mi menor hijo para brindarle una mejor expectativa de vida.
4. Ordenar a SALUD TOTAL E.P.S., autorizar de manera inmediata los tratamientos anteriormente relacionados en el CENTRO DE REHABILITACIÓN SONRISAS DEL GUAVIARE ya que además de contar con los programas, equipos y profesionales con la capacidad de promover el desarrollo de la habilidades afectadas de mi hijo, es el único centro de rehabilitación que presta el servicio de atención especializada en nuestro domicilio, lo que nos facilitaría que el tratamiento sea recibido diariamente, evitándonos así el traslado a otros sitios causándonos con esto inconvenientes y retraso en la prestación del servicio.”
Aseguró que la solicitud de la accionante no busca la protección del derecho a la salud del menor por el contrario se trata un problema de derecho a la educación, teniendo en cuenta que lo que se pretende son una serie de terapias para educar y agudizar la parte cognitiva del paciente. Por lo tanto considera que, la competencia es de la Secretaria de Educación del Guaviare.
En consecuencia, pidió se deniegue la presente acción de tutela y en este sentido se declare que Salud Total E.P.S. no ha vulnerado ningún derecho fundamental al menor Camilo Andrés Gómez Valencia pues se trata de un servicio de tipo educativo que no corresponde asumir a Salud Total E.P.S. y “se vincule y ordene a la Secretaria Municipal de Educación de Guaviare y departamental de Guaviare a quien le corresponde asumir los servicios solicitados vía acción de tutela.”
En igual sentido, se pronunció la Alcaldía del Guaviare asegurando que la responsabilidad en la prestación de los servicios complementarios recae exclusivamente en Salud Total E.P.S.
· Fotocopia de la historia clínica de Camilo Andrés Gómez Valencia (fl. 3-5)
En igual sentido, hizo un análisis de la respuesta allegada por parte de la accionada y de lo expuesto por el juez ad-quo, y concluyó que al menor no se le han vulnerado sus derechos fundamentales, comoquiera que los tratamientos que le han sido prescritos por los médicos adscritos a la E.P.S SALUD TOTAL le han sido autorizados. En cuanto, al tratamiento integral que recomienda el Dr. Nelson Alfredo Maine del Centro de Rehabilitación Sonrisas del Guaviare I.P.S. si bien tiene la finalidad de mejorar la discapacidad del menor no puede el Juez ordenar las terapias recomendadas por un médico que no hace parte de la red de servicios contratado por la E.P.S SALUD TOTAL. Por ello, confirmó la sentencia de primera instancia.
El pasado 17 de abril de 2012 la ciudadana María Lilia Pérez, actuando en nombre y representación de sus hijos Efrén Guarín Pérez y Rito Antonio Guarín Pérez interpuso acción de tutela contra ECOOPSOS E.P.S. con el fin de proteger los derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal y a la vida digna de sus hijos mayores.
1. Asegura que sus hijos Efrén Guarín Pérez y Rito Antonio Guarín Pérez, están vinculados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, régimen subsidiado a la E.P.S. ECOOPSOS.
2. Que Efrén Guarín Pérez tiene treinta y ocho (38) años y que presenta un cuadro clínico de SECUELA DE MENINGITIS y DISCAPACIDAD COGNITIVA SEVERA. De otro lado, Rito Antonio Guarín Pérez tiene treinta y tres (33) años y sufre de PARALISIS CELEBRAL y DISCAPACIDAD COGNITIVA SEVERA. Por lo que el médico tratante ha prescrito un tratamiento integral consistente en: Neurodesarrollo, Hipoterapia, Acuaterapia, Miofuncional Orofacial, Estimulación Multisensorial Integral, Área de Lenguaje, Musicoterapia, Terapia Comportamental ABA, Terapia Asistida con Perros, Terapia Ocupacional, Integración Sensorial, Aptitud Vocacional, Neuropedagogia, Fisiatría. Atención que es prestada en la I.P.S. Centro de Rehabilitación Sonrisas del Guaviare.
4. De igual manera ORDENAR QUE LA ATENCIÓN SE PRESTE EN FORMA INTEGRAL es decir todo lo que requiera en forma oportuna y permanente, con el fin de evitar la presentación de nuevas tutelas por cada evento.”
La entidad demandada sostuvo que los servicios de terapias requeridos tales como: hipoterapia, acuaterapia, músico terapia, terapia asistida con perros, educación especial, entre otros, que oferta la IPS Centro de Rehabilitación Sonrisas del Guaviare, no se encuentran cubiertos por el Acuerdo 029 del 2011, por lo tanto, estos deben ser prestados por la Secretaria de Salud del Guaviare tal como lo dispone la Resolución 5334 de 2008.
Por último, reiteró “que como entidad aseguradora hemos respondido a sus necesidades al alcance de nuestras posibilidades y de lo permitido por las normas que nos regulan, que ECOOPSOS ESS EPS-S siempre ha tenido la mejor disposición y ha realizado las gestiones respectivas con el ánimo de garantizarle a nuestros afiliados el adecuado tratamiento y recuperación de la salud.” En consecuencia, requirió declarar improcedente la presente acción de tutela en contra de ECOOPSOS EPS-S por falta de objeto actual o hecho superado ya que la entidad no ha vulnerado ningún derecho fundamental.
· Fotocopia del derecho de petición enviado a ECOOPSOS EPS-S en el que se solicita la práctica de las terapias alternativas a favor de Efrén Guarín Pérez. (fl.1)
· Fotocopia de la orden de servicio y descripción de las terapias ordenadas por el medico tratante especialista en Medicina Física y Rehabilitación para Efrén Guarín Pérez (fl. 2)
· Fotocopia de la historia clínica de Efrén Guarín Pérez (fl.3-5)
· Fotocopia de la cédula de ciudadanía de Efrén Guarín Pérez (fl. 6)
· Fotocopia de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen subsidiado de Efrén Guarín Pérez. (fl. 6)
· Fotocopia del derecho de petición enviado a ECOOPSOS EPS-S en el que se solicita la práctica de las terapias alternativas a favor de Rito Antonio Guarín Pérez (fl.1 del cuaderno #2)
· Fotocopia de la orden de servicio y descripción de las terapias ordenadas por el medico tratante especialista en Medicina Física y Rehabilitación para Rito Antonio Guarín Pérez (fl. 2 del cuaderno #2 )
· Fotocopia de la historia clínica de Rito Antonio Guarín Pérez (fl.3-5 del cuaderno #2)
· Fotocopia de la cédula de ciudadanía de Rito Antonio Guarín Pérez (fl. 6 del cuaderno #2)
· Fotocopia de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen subsidiado de Rito Antonio Guarín Pérez. (fl. 6 del cuaderno #2)
En igual sentido, hizo un análisis de la respuesta allegada por parte de la accionada, y de lo expuesto por el juez ad-quo, y concluyó que a los hermanos Guarín Pérez no se le han vulnerado sus derechos fundamentales, comoquiera que los tratamientos que le han sido prescritos por los médicos adscritos a la EPS Ecoopsos le han sido autorizados. En cuanto, al tratamiento integral que recomienda el Dr. Nelson Alfredo Maine del Centro de Rehabilitación Sonrisas del Guaviare I.P.S. si bien tiene la finalidad de mejorar la discapacidad que sufren no puede el Juez ordenar las terapias recomendadas por un médico que no hace parte de la red de servicios contratado por la EPS Ecoopsos Por ello, confirmó la sentencia de primera instancia.
El pasado 11 de abril de 2012 la ciudadana Bárbara Lozano Mendoza, actuando en nombre y representación de su menor hijo Emerson Barichello Roa Lozano, interpuso acción de tutela contra ECOOPSOS E.P.S. con el fin de proteger los derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal y a la vida digna de su hijo.
1. Asegura que su hijo Emerson Barichello Roa Lozano, está vinculado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, régimen subsidiado a la E.P.S. ECOOPSOS.
2. Que tiene nueve (9) años y que presenta un cuadro clínico de DISCAPACIDAD COGNITIVA MODERADA. Por lo que el médico tratante ha prescrito un tratamiento integral consistente en: Miofuncional Orofacial, Estimulación Multisensorial Integral, Área de Lenguaje, Musicoterapia, Terapia Comportamental ABA, Terapia Asistida con Perros, Terapia Ocupacional, Integración Sensorial, Aptitud Vocacional, Neuropedagogia y Fisiatría. Atención que es prestada en el Centro de Rehabilitación Sonrisas del Guaviare I.P.S.
ECOOPSOS E.P.S. reiteró que ha prestado los servicios de atención médica requeridos por el paciente de conformidad con el Acuerdo 029 de 2011. En relación con las terapias especializadas que requiere el menor, menciona que actualmente la reglamentación legal al respecto establece que los servicios NO POS-S deben ser cubiertos por los entes territoriales, en este caso por la Secretaría de Salud del Guaviare.
· Fotocopia de la historia clínica de Emerson Barichello Roa Lozano (fl.3-4)
El Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare, analizó los presupuestos de la jurisprudencia en cuanto a la agencia oficiosa frente a menores de edad, así como la solicitud de la accionante y decidió confirmar el fallo proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Guaviare. En igual sentido, reiteró que la E.P.S. no se ha negado a prestar la atención médica requerida, sin embargo por ello no puede concluirse que la E.P.S. se encuentra obligada a proporcionar terapias especiales ordenadas por un médico que no hace parte de la red de servicios contratado por la EPS accionada.
El pasado 11 de abril de 2012 la ciudadana María Margarita Caicedo Córdoba, actuando en nombre y representación de su menor hija Helen Daniela Zambrano Caicedo, interpuso acción de tutela contra ECOOPSOS E.P.S. con el fin de proteger los derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal, y a la vida digna de su hija.
1. Asegura que su menor hija Helen Daniela Zambrano Caicedo, está vinculada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, régimen subsidiado a la E.P.S. ECOOPSOS.
2. Que tiene seis (6) años y que presenta un cuadro clínico de SINDROME DE DOWN. Por lo que el médico tratante ha prescrito un tratamiento integral consistente en: Neurodesarrollo, Hipoterapia, Acuaterapia, Miofuncional Orofacial, Estimulación Multisensorial Integral, Área de Lenguaje, Musicoterapia, Terapia Comportamental ABA, Terapia Asistida con Perros, Terapia Ocupacional, Integración Sensorial, Aptitud Vocacional, Neuropedagogia y Fisiatría. Atención que es prestada en el Centro de Rehabilitación Sonrisas del Guaviare I.P.S.
Reiteró que ha prestado los servicios de atención médica requeridos por el paciente de conformidad con el Acuerdo 029 de 2011. En relación con las terapias especializadas que requiere la menor, menciona que actualmente la reglamentación legal al respecto establece que los servicios NO POS-S deben ser cubiertos por los entes territoriales, en este caso por la Secretaría de Salud del Guaviare.
· Fotocopia de la historia clínica de Helen Daniela Zambrano Caicedo (fl.3-4)
· Fotocopia del registro civil de Helen Daniela Zambrano Caicedo. (fl.7)
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro de las acciones de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
En el caso del expediente T-3526618, Rito Guarín Pérez de treinta y tres (33) años y Efrén Guarín Pérez de treinta y ocho (38), vinculados al sistema General de seguridad Social en salud al régimen subsidiado a la E.P.S. ECOOPSOS padecen de Secuela de Meningitis, Discapacidad Cognitiva Severa y Parálisis Cerebral, Discapacidad Cognitiva Severa respectivamente.
En cuanto al expediente T-3526619, se trata del menor Emerson Barichello Roa Lozano, vinculado al sistema General de seguridad Social en salud, régimen subsidiado a la E.P.S. ECOOPSOS tiene nueve (9) años y sufre de Discapacidad Cognitiva Moderada.
Y finalmente en el expediente T-3526620 se estudia el caso de Helen Daniel Zambrano Caicedo una niña de seis (6) años con Sindrome de Down, igualmente vinculada al sistema General de seguridad Social en salud al régimen subsidiado a la E.P.S. ECOOPSOS
(iv) La entidad accionada se niega a prestar los servicios pues considera que las terapias solicitadas son de tipo educativo y en consecuencia corresponden su prestación a la Secretaría de Educación, expediente T-3526617. En el caso de los expedientes T-3526618, T-3526619, T-3526620 la entidad accionada asegura que el costo de las terapias debe ser asumido por la Secretaria de Salud del Guaviare pues es la entidad encargada de satisfacer los servicios no POS.
Por consiguiente y de acuerdo con la situación fáctica expuesta le corresponde determinar a esta Sala si la E.P.S. Salud Total (T-3526617) y ECOOPSOS E.P.S. (T-3526618, T-3526619, T-3526620), al no acceder a la práctica de terapias alternativas no POS denominadas: neurodesarrollo, hipoterapia, acuaterapia, miofuncional orofacial, estimulación multisensorial integral, área de lenguaje, musicoterapia, terapia comportamental Aba, terapia asistida con perros, terapia ocupacional, integración sensorial, aptitud vocacional, neuropedagogia y valoración de fisiatría bajo la consideración de que (i) se encuentran excluidas del POS y no han sido ordenadas por un médico tratante adscrito a las citadas entidades, (ii) no hay contrato entre la I.P.S encargada de prestar los servicios de terapias alternativas y las E.P.S a las que se encuentran afiliados los actores y (iii) por último que son servicios que deben ser prestados por la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud del Guaviare; han vulneraron los derechos de los menores discapacitados en su calidad de sujetos especialmente protegidos por la Constitución Política.
El artículo 44 de la Constitución Política determina varios derechos, entre ellos el de la salud de los niños, cuya protección en el caso de los niños son de carácter ‘fundamental’[1], y debe ser protegido en forma inmediata por el juez constitucional en los eventos en que sea vulnerado en razón a que el Constituyente quiso rodear a la niñez, dada su natural indefensión y la esperanza que simboliza para la sociedad, de una especial protección.
En consecuencia, el artículo 12, PIDESC, contempla ámbitos de protección específicos del derecho a la salud, los cuales son precisados por el Comité en su Observación General N°14 (2000). Así, se pronuncia sobre lo que implica (1) garantizar ‘la salud infantil, materna y reproductiva’,[2]
En igual sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General N° 14 (2000) acerca ‘el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud’. De manera clara y categórica, la Observación General N° 14 (2000) establece que ‘la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos’.
En cuanto a la protección y las medidas especiales las disposiciones internacionales el numeral e) del artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, ratificado por Colombia mediante la Ley 319 de 1996 es contundente cuando determina que “se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales”. El artículo 18 de esa misma disposición señala que “toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados Partes se comprometen a… c) incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo”[3]
A su vez, el artículo 11 de la Ley 1306 de 2009 se encargó de dictar las normas para la protección de personas con discapacidad mental, incluyendo el régimen de la representación legal de incapaces emancipados, en dicha normatividad dispone que “Ningún sujeto con discapacidad mental podrá ser privado de su derecho a recibir tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, adiestramiento, educación y rehabilitación física o psicológica, proporcionales a su nivel de deficiencia, a efecto de que puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida, de acuerdo con los lineamientos y programas científicos diseñados o aprobados por el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación de que trata la Ley 361 de 1997. La organización encargada de prestar el servicio de salud y de educación en Colombia adoptará las medidas necesarias para obtener que ninguna persona con discapacidad mental sea privada del acceso a estos servicios desde la temprana edad.” (Negrita y subraya fuera de texto)
Sobre este particular, en la providencia T-650 de septiembre 7 de 2009, se afirmó que “ningún sujeto con discapacidad mental podrá ser privado de su derecho a recibir tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, adiestramiento, educación y rehabilitación física o psicológica, proporcionales a su nivel de deficiencia, a efecto de que puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida, así como aquellos relacionados con la salud sexual y reproductiva de manera gratuita salvo que puedan ser asumidos de su propio peculio”.
De la misma forma, en sentencia T-392 de 2011, la Corte concedió la protección del derecho a la salud de unos menores con diagnóstico de discapacidad cognitiva y ordenó en todos los casos a las E.P.S. accionadas a autorizar la práctica de la terapias en hidroterapia, animalterapia, musicoterapia y equinoterapia, en la institución en la que se preste ese servicio e igualmente brindar un tratamiento integral que se derive de las enfermedades padecidas. Dentro de sus consideraciones se refirió a la protección especial a favor de los niños en virtud de los mandatos constitucionales y precisó: (…) “La procedencia de la tutela es mucho más evidente si se advierte que está en juego también el mandato constitucional de proteger a aquellas personas que se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (Art. 13, C.P), por razón de su edad, su condición económica, física o mental, y por tanto se hacen sujetos de especial protección. El discapacitado se encuentra en una situación de excesiva vulnerabilidad frente a prejuicios sociales que no puede, por sí mismo y por su propia voluntad, eludir, máxime si se trata de menores de edad, razón por la que merecen un trato especial, con el fin de permitirles estar en igualdad de condiciones con las personas que no lo son. (…)”[7]
“(…) el concepto de un médico que trata a una persona, puede llegar a obligar a una entidad de salud a la cual no se encuentre adscrito, si la entidad tiene noticia de dicha opinión médica, y no la descartó con base en información científica, teniendo la historia clínica particular de la persona, bien sea porque se valoró inadecuadamente a la persona o porque ni siquiera ha sido sometido a consideración de los especialistas que sí están adscritos a la entidad de salud en cuestión. En tales casos, el concepto médico externo vincula a la EPS, obligándola a confirmarlo, descartarlo o modificarlo, con base en consideraciones de carácter técnico, adoptadas en el contexto del caso concreto.”[9]
(ii) fueron evaluados por el Centro de Rehabilitación Sonrisas del Guaviare I.P.S. y por recomendación del doctor Nelson Alfredo Maine especialista en medicina Física y Rehabilitación, se considera necesario efectuar las terapias integradas y permanentes. En este caso se cuenta con soporte científico que acredita la necesidad de las terapias.[10]
(iii) las entidades demandadas negaron la autorización de los tratamientos integrales e intensivos solicitados por los accionantes, al considerar que: (i) no tienen contrato con la IPS Centro de Rehabilitación Sonrisas esto es, que no hace parte de la red contratada por las Entidades Promotoras de Salud accionadas, (ii) el servicio requerido por las accionantes no se encuentra incluido en el POS, es decir no hacen parte de los servicios autorizados en el Acuerdo 029 de 2011 (iii) no hacen parte de los servicios de salud brindados por la EPS Salud Total, pues estos hacen parte de actividades de tipo educativo (T-3526617) y (iv) finalmente al encontrarse por fuera del POS deben ser asumidos por la Secretaría de Salud del Guaviare.
Las Empresas Promotoras de Salud (T-3526617, T-3526618, T-3526619, T-3526620 ) se negaron a la prestación de los servicios médicos argumentando que las terapias de neurodesarrollo, hipoterapia, acuaterapia, musicoterapia, estimulación sensorial integral, área de lenguaje, neuropedagogia, terapia asistida con perros, terapia comportamental ABA ordenadas por el médico tratante se encuentran por fuera de las coberturas autorizadas en el Acuerdo 029 de 2011 y que dichos servicios deben estar a cargo de la Secretaría de Salud del Guaviare en virtud de la Resolución 5334 de 2008.
De esta manera, debe concluirse que se encuentran acreditados los presupuestos jurisprudenciales para inaplicar el POS en cuanto aquellos servicios que se encuentran excluidos y prescritos tales como: Neurodesarrollo, Hipoterapia, Acuaterapia, Miofuncional Orofacial, Estimulación Multisensorial Integral, Área de Lenguaje, Musicoterapia, Terapia Comportamental ABA, Terapia Asistida con Perros. Pues del análisis de las pretensiones formuladas en la tutela en relación con las terapias solicitadas por las accionantes algunas de estas se encuentra incluidas en el POS por virtud de los acuerdos 003,004 y 008 de 2009, 011 de 2010 y 029 del 2011[13] (Terapia Ocupacional, Integración Sensorial, Aptitud Vocacional, Neuropedagogia, Fisiatría Valoración.) en consecuencia, estos servicios deben ser asumidos por la E.P.S. en estricto cumplimiento del Plan Obligatorio de Salud.
Sin embargo, en el caso particular del expediente (T-3526617) la entidad accionada fundó la decisión de negar las autorizaciones de las respectivas terapias bajo el argumento que son de carácter educativo y no referente a mejorar la salud del menor. En cuanto a este argumento no es de recibo por la Sala de Revisión, toda vez que las terapias fueron ordenadas por un médico especialista en medicina física y rehabilitación quien luego de hacer una valoración médica y no educativa al menor resaltó la importancia de realizar las terapia alternativas que son indispensables para optimizar la estimulación de la función motora, en coordinación y equilibrio estático y dinámico, sensorial y cognoscitiva, asunto concerniente a la salud del menor en consideración a la discapacidad[14] padecida. En efecto, el menor sufre de discapacidad en el aspecto cognitivo, la cual involucra aspectos del pensamiento y más concretamente es una fase de retraso mental[15]
Otra de las razones argumentada por las Empresas Promotoras de Salud esta dirigida a argumentar que la I.P.S. Centro de Rehabilitación Sonrisas del Guaviare no tiene contrato con Salud Total E.P.S. sin embargo, no es por sí misma una razón constitucionalmente suficiente para negar el servicio de salud por cuanto puede convertirse en una barrera para el acceso a los servicios de salud requeridos y más en consideración al sujeto de especial protección constitucional que lo necesita.
Ahora bien, en los expedientes T-3526618, T-3526619 y T-3526620 la entidad accionada mencionó que tiene contrato con la I.P.S JD Odontomedic Plus con sede en Puerta de Entrada, entidad que puede prestar los servicios especializados requeridos por los pacientes, sin embargo de las pruebas aportadas en el expediente no se puede concluir que dicha I.P.S. pueda prestar las terapias especializadas requeridas (equinoterapia, animalterapia, hidroterapia y musicoterapia) aunado a que las accionantes y sus hijos tienen su domicilio en el municipio de Guaviare, y carecen de recursos económicos para hacer el respectivo traslado de su residencia. En efecto, estos servicios y apoyos dirigidos a la persona, deben estar disponibles en sitios próximos a su residencia, y ofrecerse de forma que cubran las necesidades personales de la manera más normalizada posible.
En este orden de ideas, se protegerán los derechos fundamentales a la salud, vida digna e integridad personal de Camilo Andrés Gómez Valencia (T-3526617), Efrén Guarín Pérez y Rito Antonio Guarín Pérez (T-3526618), Emerson Barichello Roa Lozano (T-3526619) y Helen Daniela Zambrano Caicedo (T-3526620), y en consecuencia se ordenará a SALUD TOTAL EPS y ECOOPSOS E.P.S. autorizar a los accionantes las terapias integrales requeridas para tratar las patologías padecidas preferiblemente a través de la IPS Centro de Rehabilitación Sonrisas del Guaviare ya que la misma se encuentra en la municipalidad del domicilio de los actores, con la salvedad de que en el evento de no existir contrato con este organismo, podrán ser prestadas en otro siempre y cuando no implique una carga desproporcionada o un obstáculo para acceder al servicio de salud de los peticionarios.
(i) el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare en providencia de cinco (05) de junio de dos mil doce (2012) expediente T-3526617;
(ii) el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare en providencia de cinco (05) de junio de dos mil doce (2012) expediente T-3526618;
(iii) el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare en providencia de cinco (05) de junio de dos mil doce (2012) expediente T-3526619;
(iv) el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare en providencia de cinco (05) de junio de dos mil doce (2012) expediente T-3526620
Y en su lugar se concederá la tutela en relación con los derechos fundamentales a la salud y a una vida en condiciones dignas de Camilo Andrés Gómez Valencia (T-3526617), Efrén Guarín Pérez y Rito Antonio Guarín Pérez (T-3526618), Emerson Barichello Roa Lozano (T-3526619) y Helen Daniela Zambrano Caicedo (T-3526620), para lo cual se ordenará a SALUD TOTAL E.P.S. y ECOOPSOS E.P.S. que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia inicie los trámites pertinentes para que los actores reciban el tratamiento integral permanente requerido, en terapias Neurodesarrollo, Hipoterapia, Acuaterapia, Miofuncional Orofacial, Estimulación Multisensorial Integral, Área de Lenguaje, Musicoterapia, Terapia Comportamental ABA, Terapia Asistida con Perros para el manejo de la discapacidad que padecen de acuerdo con las prescripciones de su médico tratante. En cuanto a las restantes terapias que se encuentran incluidas en el POS por virtud de los acuerdos antes mencionados tales como: Terapia Ocupacional, Integración Sensorial, Aptitud Vocacional, Neuropedagogia, Fisiatría Valoración se ordenara que inicie los tramites para autorizar la práctica de las mismas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia.
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare el cinco (05) de junio de dos mil doce (2012), para en su lugar ACCEDER a la protección constitucional solicitada para el menor Camilo Andrés Gómez Valencia. (T-3526617)
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare el cinco (05) de junio de dos mil doce (2012), para en su lugar ACCEDER a la protección constitucional solicitada para Efrén Guarín Pérez y Rito Antonio Guarín Pérez (T-3526618)
TERCERO.- REVOCAR la sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare el cinco (05) de junio de dos mil doce (2012), para en su lugar ACCEDER a la protección constitucional solicitada para el menor Emerson Barichello Roa Lozano (T-3526619)
CUARTO.- REVOCAR la sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare el cinco (05) de junio de dos mil doce (2012), para en su lugar ACCEDER a la protección constitucional solicitada para la menor Helen Daniela Zambrano Caicedo (T-3526620)
QUINTO.- ORDENAR a SALUD TOTAL E.P.S. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia practique a Camilo Andrés Gómez Valencia las terapias de Neurodesarrollo, Hipoterapia, Acuaterapia, Miofuncional Orofacial, Estimulación Multisensorial Integral, Área de Lenguaje, Musicoterapia, Terapia Comportamental ABA, Terapia Asistida con Perros, Terapia Ocupacional, Integración Sensorial, Aptitud Vocacional, Neuropedagogia, Valoración y Control por Fisiatría que requiere con necesidad, para lo cual deberá realizarse previamente una valoración por parte de médicos adscritos a dicha entidad con el fin de determinar la periodicidad, cantidad y tipo de procedimiento concreto que debe realizarse. (T-3526617)
SEXTO.- ADVERTIR a SALUD TOTAL E.P.S. que las terapias ordenadas al menor Camilo Andrés Gómez Valencia preferiblemente deberán realizarse en el Centro de Rehabilitación Sonrisas I.P.S. del Guaviare que se encuentra en el municipio de Guaviare, donde esta ubicada la residencia del demandante, con la salvedad de que en el evento de no existir contrato con este organismo, podrán ser prestadas en otro siempre y cuando no implique una carga desproporcionada o un obstáculo para acceder al servicio de salud.
SÉPTIMO.- ORDENAR a ECOOPSOS E.P.S. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia practique a Efrén Guarín Pérez y Rito Antonio Guarín Pérez (T-3526618), Emerson Barichello Roa Lozano (T-3526619) y a Helen Daniela Zambrano Caicedo (T-3526620) las terapias de Neurodesarrollo, Hipoterapia, Acuaterapia, Miofuncional Orofacial, Estimulación Multisensorial Integral, Área de Lenguaje, Musicoterapia, Terapia Comportamental ABA, Terapia Asistida con Perros, Terapia Ocupacional, Integración Sensorial, Aptitud Vocacional, Neuropedagogia, Valoración y Control por Fisiatría que requieren con necesidad, para lo cual deberá realizarse previamente una valoración por parte de médicos adscritos a dicha entidad con el fin de determinar la periodicidad, cantidad y tipo de procedimiento concreto que debe realizarse.
OCTAVO.- ADVERTIR a ECOOPSOS E.P.S. que las terapias ordenadas a Efrén Guarín Pérez, Rito Antonio Guarín Pérez (T-3526618), Emerson Barichello Roa Lozano (T-3526619) y a Helen Daniela Zambrano Caicedo (T-3526620) preferiblemente deberán realizarse en el Centro de Rehabilitación Sonrisas I.P.S. del Guaviare que se encuentra en el municipio de Guaviare, donde están ubicadas las residencias de los demandantes, con la salvedad de que en el evento de no existir contrato con este organismo, podrán ser prestadas en otro siempre y cuando no implique una carga desproporcionada o un obstáculo para acceder al servicio de salud.
NOVENO.- PREVENIR a SALUD TOTAL E.P.S. y a ECOOPSOS E.P.S. para que repitan hasta por la mitad del valor de las terapias ordenadas en esta sentencia ante el Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA-, en tanto se cumplen los presupuestos establecidos en la sentencia C-463 de 2008.
DECIMO.- Por Secretaría LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
[2] Ibídem. El Comité señala que deben incluirse “(i) los servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el acceso a la planificación de la familia, (ii) la atención anterior y posterior al parto, (iii) los servicios obstétricos de urgencia y (iv) el acceso a la información, así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa información.” (Observación General N°14).
[5] T-478 de mayo 15 de 2008, M. P. Marco Gerardo Monrroy Cabra.
[9] En la sentencia T-500 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), por ejemplo, la Corte consideró que el concepto emitido por un médico contratado por la accionante, según el cual era necesario practicar un examen diagnóstico (biopsia) para determinar la causa del malestar que sufría la persona (un brote crónico que padece en la frente que le generaba “una picazón desesperante”), obligaba a la EPS, que había consideró la patología en cuestión como de ‘carácter estético’ sin que hubiera ofrecido argumentos técnicos que fundamentaran dicha consideración, a evaluar la situación de la paciente adecuadamente, “(i) asignando un médico que tenga conocimiento especializado en este tipo de patologías y (ii) realizando los exámenes diagnósticos que éste eventualmente llegare a considerar necesarios”.
[10] Folio 2-5 valoración médica realizada por el especialista en medicina Física y Rehabilitación, historia clínica del paciente.
[14] Folio 2-4 diagnóstico de retardo psicomotor y de lenguaje, craneosinostosis, retardo de estatura.
[15] Sentencia T-067 de 1994 y T-478 de 2008: “Así pues, el retardo mental constituye una condición de debilidad manifiesta que, desde la perspectiva constitucional, exige que la persona afectada sea objeto de medidas de protección especiales. Por lo anterior, cuando alguien que padece retardo mental encuentra afectada su salud física y acude a solicitar atención ante la entidad de seguridad social a la que se encuentra afiliado y de quien legalmente puede demandar protección, ésta debe dispensarle un tratamiento preferencial. Preferencia que se concreta en el derecho a reclamar aquella atención que requiera para reestablecer su salud física, independientemente de si la prestación se encuentra o no incluida en el Plan obligatorio de salud que le corresponda.”

References: artículo 44
 artículo 13
 artículo 47
 Resolución 
 artículo 44
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 11
 Resolución 
 artículo 36