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Timestamp: 2018-08-16 06:20:50+00:00

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﻿ Sentencia 35809 de noviembre 4 de 2009
SENTENCIA 35809 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:NO EXISTE TARIFA LEGAL PARA ACREDITAR LA CONVIVENCIA EN EL CASO DE UNA UNIÓN MARITAL DE HECHO PARA APLICAR A PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. SE TIENE QUE NO EXISTE UNA TARIFA LEGAL, PUES EL ARTÍCULO 61 DEL ESTATUTO ADJETIVO LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, ESTABLECE EL PRINCIPIO DE LIBRE FORMACIÓN DEL CONVENCIMIENTO, AUTORIZANDO A LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES A ANALIZAR LAS PRUEBAS RECAUDADAS CON BASE EN LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA Y LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA, ES DECIR, LIBRE DE CUALQUIER TIPO DE TARIFA LEGAL, CON LA SALVEDAD, ESO SÍ, DE LOS ASUNTOS QUE REQUIEREN UNA PRUEBA SOLEMNE, QUE SÓLO PODRÁN ACREDITARSE EN LA MANERA QUE LO ESTABLEZCA LA LEY. ADEMÁS, SE ADVIERTE, CON RELACIÓN AL TEXTO DEL APARTE A) DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 100 DE 1993, MODIFICADO POR EL 13 DE LA LEY 797 DE 2003, QUE SI BIEN EXIGE AL CÓNYUGE, COMPAÑERA O COMPAÑERO PERMANENTE, UNA CONVIVENCIA CON EL FALLECIDO DE 5 AÑOS CONTINUOS ANTES DEL DECESO, NO DEL TODO PUEDE AFIRMARSE, CATEGÓRICAMENTE, QUE ESE LAPSO DEBE SER ININTERRUMPIDO, PORQUE HABRÁ CASOS EN QUE LAS CIRCUNSTANCIAS IMPONGAN LA INTERRUPCIÓN, QUE NO HACEN PERDER LA INTENCIÓN DE CONVIVIR, Y POR ELLO NO IMPLICA, ENTONCES, PER SÉ, LA PÉRDIDA DEL DERECHO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE INVALIDEZ, ISS, UNIÓN MARITAL DE HECHO, RECURSO DE CASACIÓN, SUSTITUCIÓN PENSIONAL, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, MESADA PENSIONAL, PLAN OBLIGATORIO DE SALUD, CÓNYUGE SOBREVIVIENTE, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, SUSTITUCIÓN PENSIONAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES
Sentencia 35809 de noviembre 4 de 2009
Radicación 35809
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por Gonzalo Antonio Trejos Franco contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 6 de marzo de 2008, dentro del proceso ordinario laboral que el recurrente le promovió al Instituto de Seguros Sociales.
Gonzalo Antonio Trejos Franco demandó al Instituto de Seguros Sociales, para que, previos los trámites de un proceso ordinario laboral, se le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes de la causante María Aurora Vargas de Trejos, a partir del 18 de junio de 2006; las mesadas adicionales de junio y diciembre; intereses moratorios; indexación sobre las condenas y costas (fls. 3 y 4).
En sustento de las pretensiones expuso que con fecha 18 de junio de 2006, falleció, su cónyuge, la señora María Aurora Vargas de Trejos, quien disfrutaba de la pensión por invalidez del Instituto de Seguros Sociales; que contrajo matrimonio católico con la causante el 13 de noviembre de 1960; que dicha unión se mantenía vigente al momento del deceso; que solicitó al ISS la pensión de sobrevivientes, que fue negada por medio de Resolución 1176 de 2007, con el argumento de que no se había acreditado debidamente la convivencia en los últimos cinco años antes del fallecimiento de la pensionada.
El Instituto de Seguros Sociales al contestar la demanda (fls. 26 a 31), se opuso a todas y cada una de las pretensiones; manifestó que el demandante no convivía con María Aurora Vargas en la fecha de su deceso; en cuanto a los hechos, aceptó la calidad de pensionada de aquella, la fecha de su fallecimiento y el matrimonio contraído por ella y el actor; de los documentos presentados para el trámite de la pensión de sobrevivientes coligió que el demandante no hacía vida marital con la causante desde hacía 25 años. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación demandada, falta de causa, prescripción e inexistencia de mora en el pago de la pensión y la genérica.
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, mediante sentencia del 25 de enero de 2008, absolvió al Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones incoadas y condenó en costas a la parte demandante (fls. 56 a 63).
Apeló el actor, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, mediante la sentencia del 6 marzo de 2008 (fls. 8 a 14, cdno. tribunal.), confirmó la decisión del a quo y no impuso costas.
Para lo que interesa al recurso, el sentenciador de alzada, afirmó:
“El motivo de apelación que expone la censara, tiene que ver con la valoración probatoria efectuada por la juez de primer grado, con miras a determinar la existencia o no del derecho de sustitución pensional solicitado.
“Lo que debe decirse entonces, en primera medida, es que la normatividad vigente en materia de sustitución pensional, establece unos requisitos para que los beneficiarios puedan acceder a la gracia pensional por el fallecimiento del afiliado o del pensionado.
“Así mismo, la ley es la encargada de señalar quiénes, en qué orden y bajo qué condiciones son beneficiarios de la pensión. Este listado se encuentra en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que fue modificado por el artículo 13 de la 797 de 2003, que a tenor literal expresa, en el aparte pertinente, lo siguiente:
En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte (negrillas para destacar).
En cuanto a las pruebas aportadas al proceso el tribunal señaló:
“De este texto legal, se deriva una carga probatoria que debe cumplir el cónyuge o compañero supérstite para acceder a la pensión de sobrevivencia, como lo es el hecho de acreditar que estuvo conviviendo con el de cujus, por lo menos en los 5 años anteriores a su deceso.
“Y para la acreditación de dicho requisito, es posible acudir a cualquier tipo de prueba, teniendo en cuenta el principio de libertad probatoria que impera en materia procesal laboral y de seguridad social. No obstante esa posibilidad, es claro que la más conveniente probanza para acreditar dicho lapso de convivencia, es la prueba testimonial, en la cual, terceras personas que tuvieron la posibilidad de percibir directamente la unión sobre la cual se declara, dan cuenta de dicha situación, así como de las circunstancias que la rodearon.
“Ahora, en la valoración de dichas pruebas, se tiene que no existe una tarifa legal, pues el artículo 61 del estatuto adjetivo laboral y de seguridad social, establece el principio de libre formación del convencimiento, autorizando a los funcionarios judiciales a analizar las pruebas recaudadas con base en las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, es decir, libre de cualquier tipo de tarifa legal, con la salvedad, eso sí, de los asuntos que requieren una prueba solemne, que sólo podrán acreditarse en la manera que lo establezca la ley.
“Ahora, el hecho de que se diga que los testimonios son el medio probatorio más idóneo para acreditar la convivencia de una pareja, no quiere decir que no se pueda, a través de otros medios, la acreditación de tal situación. “En efecto, si existen, por ejemplo, documentos que puedan dar ciertos indicios de la permanente convivencia de una relación de pareja, los mismos serán bienvenidos y se les valorará, como ya se dijo, en forma conjunta con los demás medios de convicción que obren en el juicio.
“Con estas consideraciones previas, tenemos que en el caso de marras, la juez elaboró una juiciosa valoración de las pruebas arrimadas al plenario, de lo cual dedujo que en los últimos cinco años de vida de la señora María Aurora Vargas de Trejos, no se presentó convivencia con el actor o, por lo menos, la misma no tuvo el carácter ininterrumpido o continuo que exige la norma.
“A dicha conclusión arribó, luego de estudiar las declaraciones vertidas en el plenario (fls. 50 a 53) y la investigación administrativa allegada con la contestación de la demanda (fls. 32 a 35).
“En efecto, tenemos que la entidad accionada, una vez recibida la petición de sustitución pensional, inició una investigación de carácter administrativo, la cual fue elaborada por una psicóloga del ISS, teniendo como objetivo verificar la convivencia entre el solicitante y la causante. Para tal efecto se entrevistó con Yermen Trejos Vargas, hija de la pareja, quien afirmó que su papá hacía 23 años no vivía con ellos, pues se fue de la casa y se “organizó”(sic) con otra compañera, con la cual tiene hijos.
“También se recepcionó, en aquella oportunidad, entrevista al señor Gonzalo Trejos Franco, quien aquí aparece como demandante, en la cual se afirma que se separaban por períodos de 2 o 3 meses, pero volvían, que siempre vio por la obligación. Finalmente manifestó que vivía en otro hogar, y que tenía hijos menores.
“Estas versiones, concuerdan con lo dicho por el declarante Fernando García Restrepo (fl. 50), quien si bien se veía poco con el actor, sí da cuenta con claridad absoluta de que el matrimonio conformado por la señora María Aurora y Gonzalo Antonio no convivían juntos.
“Y es que si bien existen otros tres testimonios —Rodrigo de Jesús Ruiz Tabasco, Albeiro Antonio Marín Soto y Carmen Amparo Marín Urrea—, que dan cuenta de la permanencia en el tiempo de la relación de la pareja varias veces mencionada, debe decir esta Sala que concuerda en la valoración probatoria efectuada por la juez de primer grado, pues no se puede ignorar la contundencia de la otra versión allegada y de la investigación de carácter administrativo que adelantó la entidad, medios estos que, informan claramente, que existía una separación entre las partes y que el actor había conformado otro hogar, situaciones estas que enervan el derecho de sustitución pensional pretendido, incluso, aceptando la versión que narró en la indagación el actor, en el sentido de que eran separaciones de corto tiempo y que después volvían a rehacer el hogar, pues el espíritu de la norma, no es otro que premiar la convivencia permanente, la ayuda y el bienestar que se prohíjan las parejas, situaciones todas que no tienen ocurrencia, cuando nos encontramos ante una relación interrumpida por una separación, así la misma tenga el carácter de temporal.
“Y no puede decirse que aceptar como prueba idónea la investigación administrativa que realizó el ISS para determinar la convivencia, es una situación que afecte la garantía fundamental de contradicción, propia del debido proceso, pues si la parte actora consideró que dicho documento no cumple con algún requisito, bien pudo proponer su tacha, pero ningún reparo le mereció. Además, las entidades están legalmente autorizadas para adelantar las investigaciones que sean necesarias tendientes a verificar si quien solicita un derecho pensional, cumple o no con los presupuestos legales.
“Es claro para la judicatura, que el derecho a la pensión de sobrevivientes que aquí se solicita, no nació a la vida jurídica, pues no se acreditó el cumplimiento del presupuesto de convivencia por al menos los 5 años anteriores al fallecimiento, exigido por la Ley, por lo que la decisión de primer grado, deberá ser confirmada”.
Fue interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por esta corporación, se procede a resolver, previo el estudio de la demanda que lo sustenta.
Pretende el recurso que la Honorable Corte case totalmente la sentencia impugnada y en sede de instancia, revoque la proferida por el Juzgado, para que en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda.
Con fundamento en la causal primera, el impugnante formula un solo cargo, que fue replicado.
Dice: “Denuncio en la sentencia gravada, por la vía directa, interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 46, 50, 141, 142 de la Ley 100 de 1993, 61 del CPL artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional”.
En la demostración del cargo la censura estimó que aunque el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, consigna que cuando la pensión de supervivientes se cause por muerte del pensionado, es necesario que se acredite la convivencia con él por lo menos en los cinco años anteriores al deceso, dijo que ello no es absoluto, pues aludió que cuando los cónyuges no convivan bajo el mismo techo para el momento del deceso del pensionado, habrá que examinar la razón de tal disociación, y si se trata de una razón atendible (de trabajo, de salud, etc.), no puede perderse la pensión para los causahabientes so pretexto de la no convivencia, por cuanto, asegura que el vínculo familiar subsiste.
Dijo que la convivencia puede tener lapsos de interrupción por razones ajenas a la naturaleza del ser humano, pero ello no es óbice para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, dado que la norma no dice expresamente que la convivencia deba ser ininterrumpida, atendiendo precisamente las dificultades que conlleva la vida de pareja y que puede generar, separaciones temporales que no son definitivas.
Adujo que fue evidente la convivencia entre el demandante y a la causante, que nunca liquidaron la sociedad conyugal, ni se divorciaron, por lo tanto, el simple hecho de tener ausencias temporales del hogar no es motivo para que se niegue el derecho a la pensión solicitada.
Finalmente, dijo que para la decisión de instancia debe analizarse el conjunto de la prueba recaudada como sigue: se refirió a algunas pruebas documentales como el carné del plan obligatorio de salud (fl. 16), de la señora María Vargas Trejos, en la que se indica como beneficiario al señor Gonzalo Antonio Trejos Franco, lo que, conforme a lo consignado en el artículo 11 del Decreto 1889 de 1994, hace presumir la condición de cónyuge invocada y que dispone expresamente “ART. 11.—Prueba de la calidad de compañero permanente. Se presumirá compañero o compañera permanente, quien haya sido inscrito como tal por el causante en la respectiva entidad administradora. Igualmente se podrá acreditar dicha calidad por cualquier medio probatorio previsto en la ley...”. Adicionalmente, se refirió a la investigación administrativa adelantada por el ISS, obrante a folios 32 a 35, que dice: “(...) EI señor Trejos Franco Gonzalo Antonio no vivía bajo el mismo techo y de forma permanente con la causante ya que esta se encontraba viviendo con sus hijos...,” lo que denota que sí vivía con ella aunque no de manera permanente y por ende la vida en común no se había terminado.
Para reforzar los anteriores argumentos transcribió varias jurisprudencias de la Corte Suprema, entre ellas las sentencias del 10 de mayo de 2007, radicación 30141 y del 25 de octubre de 2007, radicación 24235.
Dijo que la censura confundió su ataque, toda vez que lo dirige con argumentos de tipo fáctico, que no buscan censurar lo que exclusivamente sirvió de soporte a la sentencia, que fue que el demandante y la causante no convivían desde hace 23 años, pues el recurrente vivía con otra compañera.
Observa la Sala que el cargo adolece de ostensibles y protuberantes fallas técnicas que lo hacen inestimable.
No obstante que la acusación se dice orientada por el sendero de puro derecho, el impugnante hace alusión a pruebas documentales como el carné del plan obligatorio de salud (fl. 16), y la investigación administrativa adelantada por el ISS, obrante a folios 32 a 35, conceptos incompatibles con la vía directa. Esto deja ver una gran confusión de la censura sobre las formas previstas por el legislador para controvertir una sentencia valiéndose del recurso extraordinario de casación.
Así mismo, el recurrente presentó sus argumentos sin desarrollar un discurso coherente y lógico, y no cuestionó en forma adecuada la razón esencial del tribunal para desestimar la pretensión, que dice: En efecto, tenemos que la entidad accionada, una vez recibida la petición de sustitución pensional, inició una investigación de carácter administrativo, la cual fue elaborada por una psicóloga del ISS, teniendo como objetivo verificar la convivencia entre el solicitante y la causante. Para tal efecto se entrevistó con Yermen Trejos Vargas, hija de la pareja, quien afirmó que su papá hacía 23 años no vivía con ellos, pues se fue de la casa y se “organizó”(sic) con otra compañera, con la cual tiene hijos”.
Es necesario para la Sala reiterar el carácter extraordinario del recurso de casación e insistir que “este medio de impugnación no le otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el juez observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia, no quienes actuaron como contrapartes en las instancias”.
En efecto el recurrente no desarrolló un planteamiento adecuado a las formalidades legales, y si acusó el fallo de violar directamente la ley, su argumentación debió encaminarse por consideraciones de índole jurídica y no fáctica. Sin embargo, aun cuando pudiera superarse el defecto técnico que adolece, tampoco el cargo estaría llamado a prosperar, dado que de los argumentos expuestos, no se infiere en manera alguna la ocurrencia de los errores mal denunciados por la vía directa, toda vez, que de los medios de prueba analizados en la sentencia, no es posible extraer una conclusión contraria a la emitida por el tribunal.
Pese a lo dicho, no sobra advertir, con relación al texto del aparte a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, que si bien exige al cónyuge, compañera o compañero permanente, una convivencia con el fallecido de 5 años continuos antes del deceso, no del todo puede afirmarse, categóricamente, como lo sostuvo el tribunal, que ese lapso debe ser ininterrumpido, porque habrá casos en que las circunstancias impongan la interrupción, que no hacen perder la intención de convivir, y por ello no implica, entonces, per se, la pérdida del derecho.
En consecuencia, el cargo no se estima.
Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente, dado que hubo réplica.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 6 de marzo de 2008, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Gonzalo Antonio Trejos Franco en contra del Instituto de Seguros Sociales.
No comparto lo decidido por la Sala porque en mi opinión el cargo estuvo correctamente planteado y atacó, por la vía adecuada, el fundamento esencial del fallo del tribunal, de tal suerte que han debido estudiarse de fondo los argumentos expuestos por el recurrente.
En efecto, el tribunal asentó que hubo separación entre el actor, quien había conformado otro hogar, y la causante y que “... incluso, aceptando la versión que narró en la indagación el actor, en el sentido de que eran separaciones de corto tiempo y que después volvían a rehacer el hogar, pues el espíritu de la norma, no es otro que premiar la convivencia permanente, la ayuda y el bienestar que se prohíjan las parejas situaciones todas que no tienen ocurrencia, cuando nos encontramos ante una relación interrumpida por una separación, así la misma tenga el carácter de temporal”. Ello lo llevó a concluir que “... el derecho a la pensión de sobrevivientes que aquí se solicita, no nació a la vida jurídica, pues no se acreditó el cumplimiento del presupuesto de convivencia por al menos los 5 años anteriores al fallecimiento, exigido por la ley”.
Del aparte trascrito del fallo impugnado se desprende que el tribunal fundó su decisión en una intelección de la norma legal que consagra los requisitos para el derecho a la pensión de sobrevivientes, cuestión que es, desde luego, de naturaleza jurídica.
Por su parte, el recurrente no cuestionó la conclusión fáctica del fallador, sino que, admitiendo que la norma legal, que lo es el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, exige como requisito para acceder a la pensión de sobrevivientes 5 años de convivencia con el causante en los años anteriores al deceso, denunció su interpretación errónea porque estima que ese precepto no puede ser interpretado estrictamente y en abstracto, sino que deben ser auscultadas las razones por las cuales los cónyuges no hacían vida en común al morir el asegurado o pensionado. Señaló, además, que son admisibles los lapsos de interrupción en la convivencia, porque “... la norma no dice expresamente que la convivencia deba ser ininterrumpida, atendiendo, precisamente, las dificultades que conlleva la vida de pareja y que puede generar, por obvia ración (sic), separaciones temporales que no son definitivas”.
Con ello, en mi sentir, así no tenga razón en su argumento, cuestionó el que fue el principal fundamento del fallo impugnado y lo hizo por la vía adecuada, que es la directa y por la modalidad de violación de la ley pertinente, la interpretación errónea, porque, insisto, el tribunal se fundó en la hermenéutica de un precepto legal. Así las cosas, es mi criterio que no le asiste razón a la mayoría en las glosas efectuadas al cargo, el cual ha debido ser estudiado, con mayor razón si para la Sala existen casos en que las circunstancias imponen la interrupción de la vida en común, “... que no hacen perder la intención de convivir, y por ello no implica, entonces, per se la pérdida del derecho”.
En los anteriores términos, dejó expresado mi salvamento de voto.

References: ARTÍCULO 61
 ARTÍCULO 47
 Resolución 
 artículo 47
 artículo 13
 artículo 61
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 11
 artículo 47
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