Source: https://justiciayprehistoria.blogspot.com/2014/03/
Timestamp: 2017-07-22 04:46:19+00:00

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No atendemos después de las dos: marzo 2014
Doctrina del Tribunal Supremo sobre la enervación del desahucio y el pago con retraso de la renta. Leemos en la STS, Sala 1ª de 18 de marzo de 2014 (Roj: STS 983/2014) lo siguiente: 1) En la resolución de contrato de arrendamiento urbano, que se examina en la STS Sala 1ª 673/2009, de 30 de octubre con cita de las anteriores de 24 de julio de 2008 y 26 de marzo de 2009, el simple retraso en el pago de la renta da lugar al desahucio e impide la enervación cuando ya se ha hecho uso de este derecho con anterioridad. Así en la STS de 24 de julio de 2008, tras casar la sentencia recurrida hizo el siguiente pronunciamiento: "2º. Declarar como doctrina jurisprudencial la de que el pago de la renta del arrendamiento de un local de negocio, fuera de plazo y después de presentada la demanda de desahucio, no excluye la aplicabilidad de la resolución arrendaticia, y ello aunque la demanda se funde en el impago de una sola mensualidad de renta, sin que el arrendador venga obligado a soportar que el arrendatario se retrase de ordinario en el abono de las rentas periódicas".
2) La enervación del desahucio, según la STS, Sala 1ª 193/2009, de 26 marzo (Rec. 507/2004) no puede entenderse ya como un "derecho procesal" que menoscabe el derecho sustantivo del arrendador a que se le pague la renta puntualmente, sino como una oportunidad que la propia ley administra cuidadosamente atendiendo a razones sociales de cada momento histórico, y de ahí que no quepa obligar al arrendador a interponer una demanda tras otra cuando resulta que no depende de él el momento en que sus reclamaciones vayan a ser conocidas por el inquilino y, en cambio, sí depende de éste el pago puntual de la renta.
3) La STS, Sala 1ª, número 729/2010, de 10 noviembre (Rec. 2161/2006) reitera que la Sala ya ha fijado como doctrina jurisprudencial que el pago total de la renta del arrendamiento de una vivienda, fuera de plazo y después de presentada la demanda de desahucio, no excluye la posibilidad de la resolución arrendaticia, y ello aunque la demanda se funde en el impago de una sola mensualidad de renta, sin que el arrendador venga obligado a que el arrendatario se retrase de ordinario en el abono de las rentas periódicas. 4) Como afirma la STS, Sala 1ª 193/2009, de 26 marzo (Rec. 507/2004) «el abuso de derecho estará no tanto en el arrendador que pretenda resolver el contrato por impago puntual de la renta cuanto en el arrendatario que persista en su impuntualidad....», lo que no constituye más que la aplicación concreta de una doctrina reiterada según la cual, como expresa la sentencia núm. 872/2011, de 12 diciembre (Recurso núm. 1830/2008) «la regla general consiste en que quien usa de su derecho, no ocasiona daño (qui iure sui utitur neminen laedit), aunque no obtenga una solución positiva a su demanda..»
Enervación,
Quiero mi sueldo, no más días de permiso. Como suele ser habitual cada vez que celebran un éxito huérfano de esfuerzo, las organizaciones sindicales más representativas han comunicado a la parroquia, por fax y gastando toner, la concesión de un quinto día de permiso por asuntos propios y, supongo que a este paso, en un par de años celebraremos la recuperación de los nueve días de permiso que en Justicia – y solo en Justicia- fueron un salario en especie. No me ocuparé de la comunicación del éxito, que me da igual, sino del salario y de su incautación que lleva produciéndose desde el año 1993 y a mayor gloria, por lo visto, del Estado Social, de los Servicios públicos esenciales y del bla, bla, bla y bla. No entraré en el jueguecito ese de comparar lo público y lo privado, ni en el hecho no discutido que lo privado sostiene a lo público o que los funcionarios, por el hecho de serlo, tengamos que soportar las meteduras de pata de gobernantes y parte de gobernados (salvo que bancos, constructoras y empresas varias de comunicación tengan una condición galáctica que desconozco). Y ya aclaro, por si acaso, que para quien redacta estas líneas la definición de funcionario solo comprende a los de oposición libre del Estado, porque no tiene justificación eso de meternos en el mismo saco al cuñado del Alcalde, que mira tú por donde se supo todas las preguntas del dificilísimo test de la Concejalía que prefieran; a la Consejera del ramo que muy capaz, compatibilizo la vocación política con la nota máxima en una oposición convocada por su propia consejería; o a los lugareños de una calle (sí una sola calle) convertidos de la noche a la mañana en profesionales sanitarios en una convocatoria de una Comunidad Autónoma con tres o más provincias. No, los funcionarios seguimos siendo los del Estado y somos muy pocos, cada vez menos, porque mientras igualen a la población por la mediocridad, el rebuzno y la pancarta, siempre se necesitará una clase política que nos ilustre sobre el camino a seguir, mirándonos por encima del hombro y del ladrillo. No habrá nadie que les tosa, pero sí mucha alfombra roja. Así que volviendo a mí asunto, no quiero ni un día más de permiso, quiero que me paguen y que me devuelvan el sueldo que me llevan incautando desde la primera nomina allá por el año 1993 y me da igual la forma y de dónde saquen el dinero, pero si les faltan ideas pueden, verbigracia, no dar dinero para ningún curso más de formación de esos que imparten las organizaciones sindicales que tanto se alegran de la recuperación del quinto día.
Modelo decreto adjudicacion from justiciayprehistoria Publicado por
A vueltas con el visado registral: una de vivienda habitual. Me decía un Registrador de la Propiedad hace un par de semanas delante de unas cervezas, que los decretos de los Secretarios Judiciales se habían convertido en una de las piezas claves del sistema registral de la adición y de la subsanación, porque a falta de mejor dedicación lo que antes no merecía esa rigurosísima atención, ahora se miraba con lupa. Y doy fe que es cierto, la pureza registral y lo bien que tira la cerveza el camarero que nos atiende: todo un profesional. No sé si esto último tocaba, pero ahí lo dejo, porque ya no hay gente así detrás de las barras. La introducción se explica por la reciente publicación en el BOE de 21 de marzo de 2014 de la Resolución de la Dirección General y del Notariado de 13 de febrero de 2014, que estima un recurso y revoca la nota de calificación del registrador. La calificación registral sobre la determinación de la vivienda habitual es de lo mejor que he leído en los últimos años y la verdad tampoco entiendo a qué viene la revocación que luego leerán, porque con la elasticidad que tiene el art.100 Reglamento Hipotecario según lustros (y mira que abulta poco el artículito de marras), lo extraño es que no nos caigan más como esta, que dice así:
La afirmación de no ser la vivienda habitual del deudor, además de ser impropia de un procedimiento de ejecución, pues esta circunstancia tan sólo se puede acreditar en el correspondiente juicio declarativo, se contradice con los pronunciamientos del Registro, puesto que en la propia hipoteca se señala como domicilio para notificaciones la finca hipotecada, en una anotación de embargo posterior a la hipoteca se señala como domicilio de L. F. G. la finca hipotecada. Y, además dicha persona está empadronada en dicho domicilio, por lo que conforme el art. 16 de la Ley de Bases de Régimen Local, constituye prueba del domicilio habitual de la persona empadronada. Sobre el citado y famosísimo art. 100 Reglamento dice esto otro la Resolución de 13 de febrero:
En cuanto a la competencia del registrador para calificar la suficiencia en cuanto al precio de adjudicación de la finca en un procedimiento de ejecución hipotecaria, es doctrina de este Centro Directivo que los registradores tienen el deber de colaborar con jueces y tribunales en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y de cumplir sus Resoluciones firmes (cfr. artículo 118 del Código Civil), pero no por ello ha de quedar excluida la calificación registral de aquellas que pretendan su acceso al Registro; las exigencias constitucionales derivadas del principio de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y de exclusión de la indefensión (cfr. artículo 24 de la Constitución Española), que tiene su específica aplicación en el ámbito registral en el criterio de salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria), determinará la supeditación de la inscripción de las resoluciones judiciales firmes, a la previa comprobación de que en el procedimiento en que se dictan, los titulares registrales que pueden ser afectados han tenido la intervención prevista por la ley y en las condiciones exigidas según el caso, a fin de garantizar que no sufran en el mismo Registro las consecuencias de una indefensión procesal. En estos términos ha de ser entendido el artículo 100 del Reglamento Hipotecario cuando determina el ámbito de la calificación registral a efecto de los documentos judiciales, de modo que no puede el registrador revisar la legalidad de aquellos trámites procesales prevenidos para el concreto procedimiento seguido que no estén directamente encaminados a hacer efectivo ese derecho de intervención conferido a los titulares registrales. Para los profanos en la materia les aclararé que cuando alguien saca a pasear el art.24 CE hay que meterse bajo la mesa o, localizar el refugio más cercano, porque no suele haber nada detrás, salvo la inmensidad del espacio. Es como entrar en una galaxia jurídica del todo vale o, del porque yo lo valgo. A lo que vamos, que me disperso. La ya citada Resolución de 13 de febrero revoca la calificación porque:
El criterio de que el domicilio señalado para notificaciones coincida con el de la vivienda habitual no puede ser mantenido ya que, como ya señaló esta Dirección General en Resolución de 26 de enero de 2004, la fijación de un domicilio para requerimientos y notificaciones en la escritura de constitución de hipoteca tiene únicamente por objeto la aplicación de las particularidades procesales previstas en los artículos 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativas a la ejecución directa sobre los bienes hipotecados. Tampoco es suficiente para entender atribuida a una vivienda la condición de habitual el hecho de que en un embargo anotado se haya señalado como domicilio de uno de los embargados la finca objeto de anotación, pues no es dicha reseña una declaración específica realizada al efecto por el titular registral afecto por la traba realizada con el propósito de dejar constancia en el Registro de la situación de vivienda habitual, sino tan sólo una circunstancia más –contingente y variable– relativa al domicilio, reflejada dentro de una determinada medida cautelar. Y, en fin, tampoco puede servir para considerar que una finca tiene la cualidad de ser vivienda habitual del deudor el que de consulta realizada al Padrón del municipio resulte que dicho deudor se encuentra empadronado en la finca hipotecada porque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria el registrador debe calificar por lo que resulte de los documentos presentados y de los asientos del Registro y, si bien es cierto (cfr. Resolución de 16 de febrero de 2012) que el registrador puede –en su función calificadora– consultar los Registros públicos de carácter jurídico, como es el Registro Mercantil, no puede equipararse a este Registro el Padrón Municipal, pues ni existe un medio oficialmente establecido para coordinar el Registro de la Propiedad y el Padrón para lograr una calificación más acorde con el principio de legalidad, ni son los asientos del Padrón asientos de Registro cuya titularidad competa al cuerpo de registradores ni, en fin, los asientos del Padrón tienen la eficacia propia de los asientos de los Registros jurídicos pues, según señala el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, tiene el Padrón condición expresa de Registro administrativo. Y si bien es cierto que según el propio artículo 16 los datos del Padrón constituyen prueba del domicilio habitual del empadronado, no lo es menos que dicha prueba, por la propia naturaleza administrativa del Registro del que emana, no puede ser considerada plena sino mera presunción que puede ser destruida por otros medios, entre los cuales no hay duda de que se incluye la manifestación en contra realizada tras la correspondiente investigación por el secretario judicial encargado de la tramitación del procedimiento de ejecución hipotecaria. Termina la resolución afirmando que no existiendo rectificación alguna del Registro carece de sentido la aplicación del art. 40 de la Ley Hipotecaria y será suficiente la manifestación del secretario judicial al respecto como base para la sustanciación del resto del procedimiento. Enigmático pronunciamiento que no termino de descifrar, pero que no nos llevará a nada bueno.
¿Donde se regulan las cesiones de créditos a los Fondos que nos inundan de papel? La cuestión que examinamos en esta ocasión es la siguiente: una entidad bancaria vende una masa de créditos a otra sociedad (e incluso ésta a otra tercera) y con posterioridad la sociedad compradora se persona en el proceso declarativo o en la ejecución con la misma representación procesal que la vendedora – cedente–, solicitando la continuación del proceso declarativo o de la vía de apremio y en ambos supuestos amparándose en los arts. 17 y 540 LEC. Por cierto, la personación del tercero deja abierto otro interrogante que no tiene solución. No hay revocación expresa del poder otorgado por el cedente y suscita dudas la tácita del art.30.1.1º LEC, habida cuenta que es el mismo procurador el que, sin solución de continuidad, intenta personarse por la cesionaria o, incluso, por la tercera cesionaria. Dejaremos al margen el proceso declarativo y que no puede confundirse esta especie de “cesión global” como sinónima de “plural” con la cesión global del activo y del pasivo de una sociedad a la ejecutante, trasmitiendo en bloque todo su patrimonio por sucesión universal, que comprende todos los bienes y derechos y obligaciones del cedente, de manera que el cesionario ocupe desde ese momento la posición jurídica del cedente, quedando como única persona legitimada para la titularidad, administración y disposición de cualquiera bien y derecho y, nos centraremos en el proceso de ejecución, porque la acreditación de la transmisión permite acudir en el caso del proceso declarativo al art.17 LEC y, por tanto, a disponer que el adquiriente ocupe en el juicio la posición que el transmitente tuviese en él. Pero en la ejecución no hablamos de lo mismo. Para empezar se han cedidos créditos en ejecuciones cuyo despacho se había anulado, en supuestos del art.579 LEC, en casos de pago del principal o, en otros, en los que solo faltaba por satisfacer una parte de la tasación de costas y el hecho tiene fácil explicación: se ha realizado la venta del crédito (o de miles de ellos) sin atender a la existencia del proceso o, peor aún, ignorándolo, porque tampoco han faltado supuestos de cesiones en monitorios inadmitidos o archivados. Ese supuesto no está previsto en el art. 17 LEC y basta su lectura para llegar sin mayores obstáculos a tal conclusión. El primer apartado del precepto comienza así: “cuando se haya transmitido, pendiente un juicio, lo que sea objeto del mismo, el adquirente podrá solicitar, acreditando la transmisión, que se le tenga como parte en la posición que ocupaba el transmitente” y bien ¿cómo puede transmitirse el “objeto del juicio” cuando se ignora su existencia?. Evidentemente ni puede hacerse, ni cabe una interpretación extensiva del mandato y lo único cierto es que estamos ante un proceso autónomo y diferente del proceso declarativo en el que se dictó el título judicial que sirvió de base al proceso de ejecución. Sentado esto, es obvio que tampoco puede ser de aplicación el art. 17 LEC, toda vez que no estamos ante un supuesto de sucesión procesal y que la cesión no se produce habiendo litispendencia (Vide AAP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Sección 5ª, 30 de abril de 2009 Roj: AAP GC 928/2009) O dicho de otra forma, esta clase de ventas ni estaban previstas en la LEC 2000, ni pueden ampararse en el tantas veces citado art. 17 LEC, que cederá ante lo dispuesto en el art. 540 LEC, obligando al segundo acreedor a mostrar la debida diligencia para acreditar la citada sucesión con “documentación fehaciente” y a decidir, en su caso, si puede acudirse a la comparecencia del apartado 3 del art. 540 LEC, para suplir la inactividad o la falta de diligencia de la parte. No hay ningún obstáculo legal para que un acreedor pueda vender su crédito a un tercero en cualquier momento, pero no nos ocupa esa venta, sino su proyección procesal, esto es, si cabe que el comprador sustituya al vendedor (ejecutante) en un proceso de ejecución en trámite. Pues bien si el ejecutante vende el crédito y lo comunica al juzgado, habrá de dictarse un decreto del art. 570 LEC sin otro acto intermedio. Nada podrá reclamarse en el proceso de ejecución dado que termina “con la completa satisfacción del acreedor ejecutante” y nuestro ordenamiento no regula, ni permite, el “apartamiento del proceso” hasta que el tercero (cesionario) tenga a bien el intento de personación en la ejecución. En el caso que sea el tercero el que sin solución de continuidad pretenda personarse, habrá de dictarse el mismo decreto del art. 570 LEC (el ejecutante tendrá satisfecho el título) y bajo el principio de especialidad, acudir al citado art.540 LEC (vide AAP MADRID, Sección 12ª, del 27 de junio del 2012, ROJ: AAP M 8781/2012). En este sentido importa destacar que en la documental que suele aportarse se ignora qué se ha ido pactando entre cedentes y cesionarios, salvo la venta, que debió ser por algún precio que permita al deudor reembolsar el precio que se pagó, con los intereses y las costas (art.1535 CC) y al juzgado continuar la vía de apremio, si procede, porque lo que se discute es el cumplimiento de los requisitos procesales que permitan continuar el proceso de ejecución.
Y una última acotación sobre el precio. Es palmario que por la cesión de créditos el cesionario pasa a ser el nuevo acreedor del deudor, para lo que no se exige ni el conocimiento ni, menos aún, la prestación del consentimiento por parte del cedido, el cual sólo permanece en el contrato como deudor, sin que la notificación a éste tenga otro alcance que el de obligarle con el nuevo acreedor ( SSTS de 7 de julio de 1958, 5 de noviembre de 1974, 11 de enero de 1983, 23 de octubre de 1984, 12 de noviembre de 1992). Tampoco se rebate el hecho que la cesión de créditos no requiere el consentimiento del deudor. Dice la STS Sala 1ª de 28 de noviembre de 2013 (Roj: STS 5821/2013) que una vez perfeccionada por la conjunción de los consentimientos de cedente y cesionario, la transmisión del crédito se produce y el cesionario se convierte en acreedor, sin necesidad de que el deudor cedido lo consienta, ni siquiera que lo conozca. Los arts. 1164 y 1527 del Código Civil no condicionan la eficacia de la cesión al conocimiento del deudor cedido, sino que protegen la buena fe del deudor que paga al acreedor original porque considera que sigue en posesión del crédito, esto es, protege al deudor frente a la apariencia de titularidad de quien recibe el pago, en la que pudo legítimamente confiar. En consecuencia, notificada al deudor la cesión del crédito, no es necesario que el antiguo acreedor dé una orden a su hasta entonces deudor para que pague al nuevo acreedor. La obligación de pagar a quien resulte acreedor resulta de la condición de deudor del notificado, y la notificación excluye que quede liberado de su obligación si paga al antiguo acreedor, el cedente. Y ¿qué lo que tiene que pagar el ejecutado?. Este es otro de los puntos esenciales de la clase de cesiones examinamos porque en no pocas ocasiones el cedente tenía satisfecho antes de la venta parte del título ejecutivo de lo que se concluye que en una cesión global como la que nos ocupa, adquiere singular relevancia la necesidad de identificar con exactitud el crédito (título) por el que se despachó ejecución con los documentos de venta para determinar no solo la legitimación, sino el importe por el que debe seguirse la vía de apremio o el que debe reembolsar el ejecutado ya que en otro caso deberá presentarse nueva demanda de ejecución y acudir a la vía del art. 540 LEC. En la documentación nunca se afirma que la cantidad por la que se sigue la vía de apremio se haya satisfecho por la cesionaria y, en las subsanaciones que se presentan o bien se formula una reducción por error material al importe por el que se despachó ejecución o, se indica el porcentaje correspondiente al crédito. Podemos darle muchas vueltas, pero eso no es un precio en los términos del Código Civil.
La realización de acciones o participaciones societarias que no coticen en Bolsa.
Dice el art. 635.2 LEC que si lo embargado fueren acciones o participaciones societarias de cualquier clase, que no coticen en Bolsa, la realización se hará atendiendo a las disposiciones estatutarias y legales sobre enajenación de las acciones o participaciones y, en especial, a los derechos de adquisición preferente. A falta de disposiciones especiales, la realización se hará a través de notario o corredor de comercio colegiado. Las «acciones, títulos o valores no admitidos a cotización oficial» (art. 592 LEC) se definen por la posible negociación en mercados primarios (art. 25 Ley 24/1988) o secundarios de valores (art. 31 Ley 24/1988). El Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos. considera valor negociable cualquier derecho de contenido patrimonial, cualquiera que sea su denominación, que, por su configuración jurídica propia y régimen de transmisión, sea susceptible de tráfico generalizado e impersonal en un mercado de índole financiera. No se considerarán valores negociables, entre otros: a) Las participaciones en sociedades de responsabilidad limitada. b) Las cuotas de los socios de sociedades colectivas y comanditarias simples. c) Las aportaciones al capital de las sociedades cooperativas de cualquier clase, salvo las que por su régimen jurídico específico tengan la consideración de valores negociables. d) Las cuotas que integran el capital de las sociedades de garantía recíproca. Acudimos, por tanto, a las normas que regulan la transmisión de esos valores en las Sociedades de Responsabilidad Limitada – que suele ser la traba más común– y así dispone el art. 109 Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital que el embargo de participaciones sociales, en cualquier procedimiento de apremio, deberá ser notificado inmediatamente a la sociedad, haciendo constar la identidad del embargante así como las participaciones embargadas. La sociedad procederá a la anotación del embargo en el Libro registro de socios, remitiendo de inmediato a todos los socios copia de la notificación recibida. Celebrada la subasta o, tratándose de cualquier otra forma de enajenación forzosa legalmente prevista, en el momento anterior a la adjudicación, quedará en suspenso la aprobación del remate y la adjudicación de las participaciones sociales embargadas. El juez o la autoridad administrativa remitirán a la sociedad testimonio literal del acta de subasta o del acuerdo de adjudicación y, en su caso, de la adjudicación solicitada por el acreedor. En esta subasta se aplicarán las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil (y no las del Código Civil) tal y como resuelve el AAP BADAJOZ, Sección 3ª, de 28 de abril de 2004. Advierte esta resolución que en el supuesto de participaciones que no coticen en bolsa, la Ley remite primeramente para su enajenación a las normas estatutarias específicas, y sólo de forma subsidiaria, la venta se realiza a través de notario o corredor de comercio colegiado, aunque sin establecer cuál es el procedimiento a seguir para la venta por parte de tales fedatarios. Tampoco prevé la LEC la posibilidad de fracaso de este tipo de enajenaciones y existiendo una laguna legal, deberá procederse siempre conforme ya indicaba el Tribunal Supremo en la Sentencia de 21 de noviembre de 2000 a la aplicación por analogía de «las normas que regulen la celebración de subastas públicas en procesos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales», lo que nos lleva a la observancia de aquellos preceptos de la LEC que disciplinan esta materia (Recurso 693/1997). El traslado de la venta desde el órgano judicial a lo que disponga la sociedad o al notario debería merecer algún mecanismo de control: nada hay que objetar a que la enajenación no se haga judicialmente, pero sí a que no se sepa cuándo y cómo puede obtenerse el mejor precio, que es lo que en definitiva busca el ejecutante. Pero dicho todo esto no podemos extraer ninguna conclusión práctica, porque en realidad nos encontramos ante un simple ejercicio teórico por dos razones: a) La eficacia de la traba mediante la anotación en el libro de socios es nula ya que en casi todos los supuestos los ejecutados son los administradores de la sociedad, lo que asegura la falta de colaboración ante los requerimientos del juzgado; actitud que, empero, tampoco justifica el incumplimiento del título ejecutivo y menos en el caso de simples defectos formales de fácil subsanación. En tal sentido consúltese el AAP Barcelona, Sección 16ª, de 22 de noviembre de 2007. La carencia por el demandado de título documentado es un obstáculo puramente formal que puede ser subsanado a la vista del reconocimiento manifestado de forma fehaciente en los autos, tanto por el transmitente como por el adquirente y ningún obstáculo hay para llevar a cabo la enajenación forzosa por la vía prevista en el art. 635.2 LEC. b) Una participación social carece de valor en una ejecución judicial y es muy dudoso que pudiera tasarse siguiendo el trámite de los arts. 634 y ss LEC.
Una crítica sobre el ensayo que, evidentemente, debo publicar para dar las gracias y digamoslo también, por pura vanidad de autor de reconocido desprestigio. @NievesFB @A_MdeSantos Lo prometido es deuda. Buen trabajo, ameno, divertido, fácil de leer, para reflexionar y para mí, para repasar.
— Jaime Borrego Raya (@Jaimejbr) marzo 8, 2014
@NievesFB @A_MdeSantos Recomendable leer, reflexionar y actuar, los operadores jurídicos que intervenimos.
Consulteando, que es gerundio. La respuesta que está semana recibía un compañero de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en una consulta sobre la tasa judicial, me lleva a insistir en un punto que no suele encontrar ningún eco en lo que se llama Cuerpo Superior y eso que he pegado algunos gritos. Cuando la tasa entró en vigor, en re vigor o se modificó – y ya no sé por dónde vamos- comencé en leer consultas sobre esto y aquello y a escuchar alegatos a favor y en contra, pero no sobre las consultas que debían o podían hacerse a los Secretarios Coordinadores, a los de Gobierno o al Secretario General; no que vá, sobre los interrogantes que se iban a despachar a la Agencia Estatal y ¿dónde pone que la Agencia Estatal tenga la competencia para interpretar la Ley de Enjuiciamiento Civil?. No contentos con ello y en pro de no sé qué derecho del justiciable, se formularon consultas que resolvió la todopoderosa Agencia en contra del sentido literal o galáctico –elijan el que prefieran- de la Ley de Enjuiciamiento Civil y no creo que haga falta, verbigracia, que les hable sobre la acumulación de acciones o, sobre el recurso de apelación y su impugnación, que no es, pero sí o que quizá o, mira tú que bien, paga quien primero recurre, aunque la parte contraria haga exactamente lo mismo. Estupendo camino el recorrido, porque la misma razón que sustenta este consulteo nos obligaría a consultear a la Dirección General de Registros sobre las adiciones en las anotaciones de embargo o, a los Registradores de Bienes Muebles para que nos presenten de una vez a la “posición jurídica del comprador” en las reservas de dominio, porque quien firma estas líneas no ha tenido todavía el gusto o el disgusto y, no puede formular opinión sobre dicha cita a ciegas: desde los romanos si hay reserva de dominio, no hay por definición embargo, ni subasta, ni nada. ¡Claro que andamos perdidos! y el primero yo, pero no creo que la solución sea consultarle a todo lo que se ponga a tiro y si nuestra organización jerárquica no mueve un dedo, que es la única competente para hacerlo, no veo problema a seguir haciendo cada uno la guerra por su cuenta, que es lo que hacíamos antes de la estupenda reforma del año 2003 y con unos resultados muy aceptables. Pero todavía me queda una última flecha – la incautación del sueldo me ha dejado sin balas- y es que el aprecio que le tengo al compañero que formuló la consulta, lo extiendo a un Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid que nos preparó a los dos y que en los callejones sin salida acudía siempre a la “teoría de la reducción al absurdo”. No me extenderé mucho y ya que nos gusta tanto el espejo: ¿Conocen a Fiscales, Inspectores de Hacienda, Notarios, Registradores de la Propiedad y Abogados del Estado consulteando al vecino o a nosotros sobre esto, sobre aquello o sobre lo del más allá?. Pues eso, los unos trabajan jerarquizados y nosotros, como diría el clásico, “semos Superiores”. Adjunto el resultado de la consulta de marras.
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