Source: http://jurisprudencia.tuabogado.com/sentencias/poder-judicial/inconstitucional-ley-de-reforma-de-ley-organica-del-tsj-7-4-16
Timestamp: 2019-01-21 18:19:45+00:00

Document:
El Presidente de la República planteó ante esta Sala susdudas acerca de la conformidad a derecho de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la base de los argumentos que se transcriben a continuación:
Quetanto de la lectura del artículo original, como del artículo con la redacción final, vigente, se coligen tres claras condiciones relativas a tres Poderes específicos (Judicial, Ciudadano y Electoral) y no se denota otra intención del constituyente que la de separar dichos supuestos del ejercicio genérico de la iniciativa legislativa.
Que la Constitución separó la potestad de ejercer la iniciativa legislativa, de la función legislativa de la Asamblea Nacional por lo que esta reserva constitucional a los Poderes Públicos establece un deber para el Poder Legislativo de discutir el proyecto de ley presentado por estos actores establecidos en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 204 constitucional. En el caso de que la Asamblea Nacional incumpla este deber constitucional, entonces se desencadena una consecuencia que transforma la iniciativalegislativa es una verdadera técnica de democracia directa, pues el proyecto se someterá a referendo aprobatorio de conformidad con la ley.
Una de las tareas fundamentales del Poder Judicial es la garantía jurisdiccional de la Constitución. Todos los órganos del poder público deben respetarla, pero los jueces o juezas tienen especialmente encomendada la protección jurisdiccional de la Constitución frente a cualquier intento de desconocerla o vulnerarla. Corresponde, pues, a todos los jueces o juezas de la República asegurar la integridad de la Constitución (art. 334 constitucional), de modo que todos los órganos jurisdiccionales, en el ámbito de sus competencias, están llamados a velar por la observancia de la normatividad constitucional, con ocasión del conocimiento de acciones o recursos ordinarios o de mecanismos específicos del Derecho Procesal Constitucional. Una mención particular merecen losinstrumentos procesales orientados a ofrecer una tutela judicial reforzada de los derechos humanos o de algunos de ellos, como el amparo constitucional o el habeas data, respectivamente. El Tribunal Supremo de Justicia desempeña un papel principal en el cumplimiento de ese cometido, ya que representa el último grado jurisdiccional en los distintos órdenes competenciales y debe garantizar “la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales” (art. 335 de la Constitución). Aunque esta es una misión general del Tribunal Supremo de Justicia, su Sala Constitucional ostenta la primacía en la interpretación de la Constitución, hasta el punto de fijar criterios o precedentes vinculantes para las otras Salas de este Tribunal y para los demás tribunales de la República. Las atribuciones de la Sala Constitucional repercuten sobre todas las instituciones del Estado. Ella no solo ejerce con exclusividad la jurisdicción constitucional, referida al control concentrado de constitucionalidad de las leyes u otros actos de igual rango normativo, sino que cuenta también con facultades dirigidas a procurar la recta interpretación de la Constitución por los distintos órganos jurisdiccionales y el adecuado funcionamiento de los procesos constitucionales.
El desarrollo de la jurisprudencia de la Sala Constitucional relativa a las facultades que esta ostenta para la interpretación y garantía de la Constitución respalda igualmente la decisión que estaLey pretende adoptar.
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales dela República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
Conviene, por último, observar que la Ley que presentamos no requiere ser admitido (sic) previamente con una votación calificada. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es una ley orgánica por calificación constitucional, a cuyos efectos, de conformidad con el artículo 203 constitucional, el proyecto respectivo no requiere ser previamente admitido por el voto calificado de las dos terceras partes de los y las integrantes presentes de la Asamblea Nacional antes de iniciarse su discusión; así como tampoco se exige esta votación para la modificaciónde las leyes orgánicas por calificación constitucional. No sólo la jurisprudencia constitucional venezolana confirma esta interpretación sino también la propia práctica constitucional de la Asamblea Nacional. En efecto, en la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 26 de enero de 2004 (Vestalia Sampedro de Araujo y otros: interpretación del artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), dicho Tribunal estableció el siguiente criterio con relación a la mayoría parlamentaria requerida para la aprobación y modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia:
Con base en los argumentos expuestos, esta Sala Constitucional reitera que, conforme al artículo 203 de la Constitución vigente,no es necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional para dar inicio a la discusión de los proyectos de leyes orgánicas investidas de tal carácter por calificación constitucional que pretendan modificar leyes orgánicas vigentes, entre los que se encuentra el proyecto deLey Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y, advertido el silencio en la norma contenida en el referido artículo 203, respecto de la mayoría parlamentaria requerida para la sanción de cualquier ley orgánica, esté o no investida con tal carácter por la Constitución de 1999, declara que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 209 de la Norma Fundamental y 120 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, cuya última reforma fue publicada en Gaceta Oﬁcial Extraordinario, n° 5.667,del 10.10.03, será necesaria la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional presentes en la respectiva sesión para la sanción de las leyes orgánicas contempladas en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cualquiera sea su categoría. Así se decide. (Resaltados y subrayados añadidos).
Cuando el Presidente oPresidenta de la República considere que la ley o alguno de sus artículos esinconstitucional solicitará el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma. El Tribunal Supremo de Justicia decidirá en el término de quince días contados desde el recibo de la comunicación del Presidente o Presidenta de la República. Si el Tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, el Presidente o Presidenta de la República promulgará la ley dentro de los cinco días siguientes a la decisión del Tribunal o al vencimiento de dicho lapso”.
En relación a la reforma de 2010, la Presidencia del Tribunal informó en la sesión de 18 de marzo de 2009, que le había sido “asignada a este Alto Tribunal de forma directa la propuesta de la reforma”, tomando la iniciativa de asumir la coordinación de este trabajo. En la sesión de fecha 25 de marzo de 2009, se aprobó que participara en la Coordinación de la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia una comisión de magistrados (conjuntamente con la Presidencia), designados para esa labor. El 10 de diciembre de 2009, la Presidencia informó que la Sala Constitucional se encontraba trabajando con la Asamblea Nacionalen el Proyecto de Ley Orgánica. A tales efectos, se realizaron varias reuniones con abogados especialistas de esta Sala.
En suma, la ley sometida a la valoración constitucional de esta Sala no cumplió con el presupuesto constitucional de la iniciativa legislativa que corresponde a este máximo Tribunal de la República, ni tampoco fue solicitada su intervención, la cual es imprescindible para el procedimiento de discusión y aprobación;por lo tanto, la misma desde un punto de vista constitucional resulta totalmente írrita. Así se decide.
2.DE LA VOTACIÓN CALIFICADA PARA MODIFICAR UNA LEY ORGÁNICA
Además, esta Sala debe advertir que en su sentencia N° 269 de 21 de abril de 2016, que está referida a la demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad intentada por el ciudadano JUAN CARLOS CALDERA y otros contra la Reforma Parcial del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.014 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010; acordó “(…) que el informe sobre el impacto e incidencia presupuestaria y económica, o en todo caso, el informe de la Dirección de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional que debe acompañar a todo proyecto de ley, a que se refiere el numeral 3 del artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, son requisitos esenciales y obligatorios sin los cuales no se puede discutir un proyecto de ley, y que los mismos, en previsión de los artículos 208, 311, 312, 313 y 314 de la Constitución, deben consultarse con carácter obligatorio por la Asamblea Nacional –a través de su Directiva- al Ejecutivo Nacional- por vía del Vicepresidente Ejecutivo- a los fines de determinar su viabilidad económica, aun los sancionados para la fecha de publicación del presente fallo, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal del régimen fiscal de la República, tomando en consideración las limitaciones financieras del país, el nivel prudente del tamaño de la economía y la condición de excepcionalidad económica decretada por el Ejecutivo Nacional (…)”.Esta exigencia fue ratificada por la Sala en su fallo número 327 de fecha 28 de abril de 2016, para motivar la nulidad parcial de la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados.
5.DE LA DESVIACIÓN DE PODER
No es necesario extenderse más sobre este punto, ya desarrollado en las páginas que anteceden. Por lo tanto, a manera de conclusión, debe insistirse en que las intenciones subyacentes al proyecto configuran una evidente desviación de poder, que añade otro vicio de inconstitucionalidad a los ya advertidos, vicio que ha sido ya señalado por esta Sala en sus sentencias números 259 del 31 de marzo de 2016 (caso: constitucionalidad deLey de Reforma Parcial del Decreto N° 2.179 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela) y264 del 11 de abril de 2016 (caso: Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional); y así se declara.
1)INCONSTITUCIONAL la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sancionada por la Asamblea Nacional en su sesión ordinaria del 7 de abril de 2016. En consecuencia, se preserva la vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 del 1 de octubre de 2010.

References: artículo 204
 artículo 203
 artículo 203
 artículo 203
 artículo 203
 artículo 203
 artículo 103