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Timestamp: 2018-10-21 21:02:21+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/3251/2005, 18-04-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3251/2005 de 18 de Abril de 2007
Núm. Resolución: 00/3251/2005
Existe prescripción del acuerdo de derivación de responsabilidad en que se declara responsable subsidiario de las deudas tributarias pendientes de una entidad declarada fallida. El momento de inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de las deudas tributarias ya liquidadas a los responsables subsidiarios no puede ser otro que cuando se produce la declaración de fallido del deudor principal, puesto que es entonces cuando la Hacienda Pública tiene la posibilidad de dirigirse contra los administradores de la sociedad y entre la declaración de falencia de la entidad deudora principal y la notificación del acto de audiencia previa en la iniciación del procedimiento de derivación de responsabilidad había transcurrido el plazo preceptivo de cuatro años señalado en el artículo 64.b) de la LGT (Ley 230/1963 redacción Ley 1/1998), sin que conste la existencia de ningún acto interruptivo de la prescripción.
En la Villa de Madrid, a 18 de abril de 2007, en el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, promovido por D. ... y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 17 de marzo de 2005 (Reclamación ...), en asunto referente a responsabilidad subsidiaria de Administrador y procedimiento de apremio. Importe: 2.031.203,68 € (principal).
PRIMERO: La Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con fecha 28 de septiembre de 2001 dicta acuerdo por el que declara a D. ... responsable subsidiario de las deudas tributarias pendientes de ..., S.A., declarada fallida en 16 de junio de 1995, con fundamento en el artículo 40.1 párrafo segundo de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963), por haber sido administrador de dicha Sociedad, y por importe de total, sin recargo de apremio, de 337.963.856 pesetas (2.031.203,68 €), por los conceptos de I.R.P.F.-1991 a 1994; I.V.A.-1991 a 1994; intereses de demora; Recargos autoliquidación, según el desglose que se señala en dicho acuerdo. Contra este acuerdo y las correspondientes liquidaciones del mismo, notificado el 2 de enero de 2002, el interesado interpuso recursos de reposición que fueron desestimados por Resolución de 29 de mayo de 2002 (nº recurso ... expedientes nº ... y ...) de la Unidad Regional de Procedimientos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en ...
Notificadas las Providencias de apremio correspondientes a las liquidaciones derivadas, contra las mismas se interpone recurso de reposición el 3 de mayo de 2002 que es desestimado por Resolución de 24 de mayo de 2002 (nº de recurso ...-Expediente nº ...) de la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en ...
SEGUNDO.- Contra las citadas Resoluciones de 24 y 29 de mayo de 2002 se interpone reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., que dicta acuerdo de fecha 17 de mayo de 2005 (Reclamación ...) órgano el que declara "desestimar la reclamación confirmando el acto administrativo impugnado".
TERCERO.- Contra el citado acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., notificado el 14 de junio de 2005, el interesado interpone el presente recurso de alzada para ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, a través del Servicio de Correos el día 13 de julio del mismo año, reiterando las alegaciones expuestas tanto en vía administrativo como en primera instancia, consistentes en la prescripción de la acción para la derivación de la responsabilidad, no proceder la misma y defectos en el procedimiento; solicitando se anule el acuerdo de derivación de responsabilidad y el procedimiento de apremio.
CUARTO: Analizado el expediente administrativo, constan los siguientes datos y documentos:
1).- Declaración de falencia de la Sociedad deudora principal el día 16 de mayo de 1995.
2).- Notificación del acto de audiencia previa al procedimiento de derivación de responsabilidad el 7 de mayo de 2001. Presentación de alegaciones el 15 de junio de 2001.
3).- Notificación del acuerdo de derivación de responsabilidad de 28 de septiembre de 2001, el 2 de enero de 2002.
PRIMERO: Concurren en el presente recurso de alzada los requisitos de competencia, legitimación y plazo que constituyen presupuesto para la admisión a trámite del mismo, en el que la cuestión que se plantea, es la de la adecuación o no a derecho del acuerdo recurrido y, en consecuencia de la imputación de responsabilidad subsidiaria antes referida al Administrador de la entidad deudora y la iniciación del correspondiente procedimiento de apremio.
SEGUNDO: Comenzando por el examen de la posible prescripción alegada por el interesado, por tratarse de una cuestión de orden público procesal, hemos de señalar que el 64 de la Ley General Tributaria (Ley 230/63) establece que tanto el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, como la acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas, prescriben a los cinco años; este plazo se reduce a cuatro, a partir del 1 de enero de 1999, de conformidad con la redacción dada por la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes.
En este caso nos encontramos ante una acción de la Hacienda Pública para exigir el pago de deudas tributarias ya liquidadas. Y en virtud del artículo 65 de la Ley General Tributaria, el plazo de prescripción de esta acción comenzará a contarse desde la fecha en que finalice el plazo de pago voluntario. Esto, no obstante, se refiere al obligado principal, y sólo secuencialmente a los responsables, puesto que es el sujeto pasivo el primer obligado al pago. Los responsables tienen frente a la Hacienda Pública una obligación distinta a la del deudor principal, aunque accesoria a la misma, lo que implica que han de estar pendientes las deudas tributarias de este último para poder exigirles a aquellos algún tipo de responsabilidad; asimismo, interrumpida la prescripción respecto del deudor principal, esta interrupción será también eficaz respecto de los demás obligados al pago (artículos 62.2 y 10.2 Reglamento General de Recaudación ).
El artículo 37 de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963) dispone que para que la Administración pueda dirigirse contra los responsables subsidiarios es necesaria la previa declaración de fallido del deudor principal y de los demás responsables solidarios, así como un acto administrativo que declare la responsabilidad y determine su alcance.
Respecto de los responsables subsidiarios, la declaración de falencia del deudor principal y, en su caso, de los responsables solidarios, y la derivación de la acción administrativa se configuran como una conditio iuris para la exigibilidad de la deuda, pero la obligación ex lege de aquellos surge con la realización del presupuesto de hecho de la responsabilidad establecida por la Ley.
En consecuencia, el momento de inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de las deudas tributarias ya liquidadas a los responsables subsidiarios no puede ser otro que cuando se produce la declaración de fallido del deudor principal, puesto que es entonces cuando la Hacienda Pública tiene la posibilidad de dirigirse contra los administradores de la sociedad -principio de la actio nata (artículo 1969 Código Civil).
En el caso cuestionado, respecto del interesado recurrente, tal y como se ha recogido en el Hecho Cuarto de este acuerdo, la declaración de falencia de la entidad deudora principal tuvo lugar el 16 de mayo de 1995; la notificación del tramite de audiencia previa a la derivación de responsabilidad el 7 de mayo de 2001; la presentación de alegaciones por el interesado el 15 de junio de 2001 y la notificación del acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria el 2 de enero de 2002. De estos datos se deduce que cuando se notificó al interesado el 7 de mayo de 2001 el acto de audiencia previa en la iniciación del procedimiento de derivación de responsabilidad había transcurrido el plazo preceptivo de cuatro años, a contar desde la declaración de falencia (el 16 de mayo de 1995), por lo que procede, estimando el recurso de alzada, anular el acuerdo recurrido y el acuerdo de derivación de responsabilidad de 28 de septiembre de 2001.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en resolución al recurso de alzada interpuesto por D. ..., contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 17 de marzo de 2005 (Reclamación ...), en asunto referente a responsabilidad subsidiaria de Administrador y procedimiento de apremio. Importe: 2.031.203,68 € (principal). ACUERDA: Estimarlo, anulando el acuerdo recurrido, el acuerdo de derivación de responsabilidad de 28 de septiembre de 2001 y el correspondiente procedimiento de apremio.
Orden: Administrativo Fecha: 24/02/2016 Tribunal: Tsj Murcia Ponente: Rubio Berna, Pilar Num. Sentencia: 120/2016 Num. Recurso: 320/2013

References: Resolución 
 artículo 64
 resolución 
 artículo 40
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 65
 artículo 37
 resolución