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Timestamp: 2020-01-27 04:16:00+00:00

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﻿ SENTENCIA 1998-15856/26400 DE FEBRERO 12 DE 2015
SENTENCIA 1998-15856 DE 12 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO EN UNA ACTIVIDAD PELIGROSA. LAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN SIEMPRE DEBEN RESPONDER EN CASO DE DAÑOS EN RAZÓN DE ACTIVIDAD PELIGROSA. NO SE REQUIERE PARA ESTO DEMOSTRAR SINO EL DAÑO Y EL NEXO CAUSAL DE ESTE CON LA ACTIVIDAD PELIGROSA Y SE LE APLICA EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR RIESGO EXCEPCIONALPARA EXCLUIRSE DE RESPONSABILIDAD, LA AUTORIDAD DEBE PROBAR UNA CAUSA EXTRAÑA, VERBI GRATIA, LA FUERZA MAYOR, EL HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA O EL HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD POR RIESGO EXCEPCIONAL
Sentencia 1998-15856/26400 de febrero 12 de 2015
Radicación 25000-23-26-000-1998-15856-01(26400)
Actor: Edilberto Carrillo Aldana y otros
Bogotá, D. C., doce de febrero de dos mil quince.
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 7 de octubre de 2003, mediante la cual se decidió:
“PRIMERO: Declárase la falta de legitimación en la causa por activa, respecto de los demandantes Judith Carrillo Aldana, Herminda Carrillo Aldana y Oneida Carrillo Aldana, conforme a las consideraciones precedentes.
SEGUNDO: Declárase administrativamente responsable al Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Gobierno Distrital - Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, por la lesión sufrida por el señor Edilberto Carrillo Aldana, conforme a los hechos y consideraciones expuestos en esta sentencia.
TERCERO: Declárase administrativamente responsable al Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Gobierno Distrital - Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, por los perjuicios materiales ocasionados a la señora María Luisa Novoa de Guerrero, conforme a los hechos y consideraciones expuestos en esta sentencia.
CUARTO: Condénese en consecuencia al Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Gobierno Distrital - Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, a reconocer y pagar las siguientes indemnizaciones:
Por concepto de perjuicios morales:
Para Edilberto Carrillo Aldana (lesionado): la suma correspondiente a veinte (20) salarios mínimos mensuales vigentes para la fecha de esta sentencia.
Para Blanca Sonia Beltrán Rojas (esposa): la suma correspondiente a diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes para la fecha de esta sentencia.
Para Edwin Alexander y Jefferson Carrillo Aldana (hijos): la suma correspondiente a diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes para la fecha de esta sentencia, para cada uno.
Para Carmen Rosa Aldana (madre): la suma correspondiente a diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes para la fecha de esta sentencia.
Por concepto de perjuicio fisiológico:
Para Edilberto Carrillo Aldana, la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes para la fecha de esta sentencia.
Por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante):
Para Edilberto Carrillo Aldana, la suma de ochocientos veinticuatro mil novecientos noventa y cuatro pesos ($824.994,oo).
Para María Luisa Novoa de Guerrero, la suma de diez millones seiscientos dos mil setecientos treinta y cinco pesos ($10.602.735,oo).
QUINTO: Para el cumplimiento de esta sentencia se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo”.
Fue presentada, el 4 de diciembre de 1999, por los señores Edilberto Carrillo Aldana y Blanca Sonia Beltrán Rojas, quienes actúan en nombre propio y en representación de sus hijos menores Edwin Alexander Carrillo Beltrán y Jeferson Carrillo Beltrán; Carmen Rosa Aldana, María Judith Carrillo Aldana, Herminda Carrillo Aldana, Oneida Carrillo Aldana, Elías Carrillo Aldana, Jakeline Arias Aldana y María Luisa Novoa de Guerrero.
Las personas antes mencionadas, actuando en ejercicio de la acción de reparación directa enderezada en contra del Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Gobierno Distrital y Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital de Bogotá, D.C., solicitaron que, previos los trámites de ley y con citación y audiencia de la parte demandada, se declarara a éstas administrativamente responsables por todos los daños que les fueron causados con ocasión de los hechos sucedidos el 9 de agosto de 1996 en los que resultó lesionado el señor Edilberto Carrillo Aldana y averiado el vehículo de servicio público de placa SUC-257.
Consecuencialmente solicitaron que se condenara a la demandada a pagar en su favor indemnización en la siguiente forma:
A título de indemnización de perjuicios morales pidió la demanda para el lesionado, la esposa, la madre y los hijos la suma equivalente a 1000 gramos de oro a favor de cada uno de ellos. Para cada uno de los hermanos la suma equivalente a 500 gramos de oro
Por indemnización de perjuicios fisiológicos solicitó la demanda a favor del lesionado la suma equivalente a 2000 gramos de oro.
Por concepto de indemnización de perjuicios materiales en lo que tiene que ver con las lesiones sufridas por el señor Edilberto Carrillo Aldana, solicitó la demanda se reconozca en su favor lo que se logre probar durante el trámite del proceso y en relación con la destrucción del vehículo se solicitó por daño emergente la suma de $50.775.880,96 y por lucro cesante $50.667.562,22.
Como fundamentos fácticos de las pretensiones se expusieron los que la Sala se permite resumir de la manera que sigue:
El día 9 de agosto de 1996, al ir a prestar un servicio, el vehículo de bomberos distinguido con la sigla M60, adscrito a la Estación de Bomberos de la Avenida 27 Calle 20 sur de Bogotá, arrolló una buseta de servicio público causándole lesiones al señor Edilberto Carrillo Aldana y destruyendo totalmente el vehículo de servicio público(1).
La demanda así formulada fue presentada el 4 de diciembre de 1997(2) y, una vez fue admitida(3), se notificó la providencia al Ministerio Público(4) y a las entidades demandadas(5).
El Distrito Capital de Bogotá se opuso a las pretensiones de la demanda aduciendo que los hechos invocados no constituyeron un daño antijurídico que se haya causado por acción u omisión de dicha entidad, razón por la cual consideró que no se encuentra llamada a responder; en el mismo escrito presentó como eximente de responsabilidad el caso fortuito al considerar que la falla de los frenos es un hecho imprevisible y extraño a la voluntad humana(6).
Posteriormente el proceso se abrió a pruebas(7) y, mediante providencia del 3 de abril de 2002, se dio traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que presentara concepto de fondo(8), término en el cual las partes hicieron un recuento de las pruebas recaudadas y reiteraron lo manifestado en la demanda y su contestación(9). Por su parte el Ministerio Público guardó silencio.
II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 7 de octubre de 2003, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda(10) y sustentó su decisión en los siguientes términos:
“Analizado el material probatorio que se allegó a este proceso, la Sala concluye que a la entidad demandada le es imputable la causación del hecho dañoso alegado, teniendo en cuenta sobre todo, que en estos eventos de accidentes de vehículos automotores se presume la responsabilidad de la entidad pública, por ser la conducción una actividad peligrosa; además, en este caso no está demostrada ninguna de las eximentes de responsabilidad que exonerarían a la entidad demandada, esto es, no está probado que el hecho generador del daño reclamado fue producido por fuerza mayor, por la actividad de un tercero, o debido a la culpa exclusiva de la víctima.
En el presente caso, es procedente declarar la responsabilidad del Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Gobierno - Cuerpo de Bomberos de Bogotá, por la lesión corporal sufrida por el señor Edilberto Carrillo Aldana, y por el perjuicio patrimonial sufrido por la señora María Luisa Novoa de Guerrero, consistente en la destrucción del vehículo de su propiedad, lo anterior, pues está suficientemente probado que el accidente fue originado por una falla en el sistema de frenos de la máquina de siglas M-60, que en ese momento era conducida por el bombero Carlos Eduardo Vela Urrego, en cumplimiento de una función propia del servicio, pues se disponía a prestar atención a una emergencia originada por un accidente en la vía que de Bogotá conduce a la localidad de Granada.
Sobre la excepción del caso fortuito
Los apoderados de la entidad pública demandada, alegaron como medio de defensa el caso fortuito como eximente de responsabilidad a favor de la actuación del Cuerpo de bomberos de Bogotá, explicando que la falla de los frenos de la máquina M60, era un típico “hecho imprevisible incalculable que sobreviene de sorpresa para provocar un resultado que aún con las precauciones ordinarias no podría evitarse”, que rompe el nexo causal para este caso.
Al respecto, debe indicar esta Sala que en eventos en los cuales la Administración en desarrollo de una actividad peligrosa como la conducción de vehículos, causa algún daño a particulares, la responsabilidad del ente público se presume, y únicamente se aceptan como eximentes de responsabilidad, los eventos de fuerza mayor, hecho de un tercero y culpa exclusiva de la víctima.
El alegato de defensa de los apoderados de la entidad demandada, no alcanza a desvirtuar la responsabilidad que se le endilga a la Secretaría de Gobierno de Bogotá - Cuerpo de Bomberos de Bogotá, como Consecuencia de los perjuicios causados directamente por el accidente de tránsito ocasionado con un vehículo oficial, en cumplimiento estricto de una orden de servicio.
Dicho lo anterior, y probado como está en el presente caso, la efectiva causación de un daño antijurídico a los actores, por causa de una actividad peligrosa desarrollada por la Administración corresponde a esta Sala, entrar a estudiar las solicitudes de perjuicios de la parte actora”(11).
III.RECURSO DE APELACION
Inconforme con lo resuelto, la parte demandada y la señora Luisa Novoa de Guerrero demandante dentro del proceso interpusieron sendos recursos de apelación(12), que fueron concedidos por el a quo el 11 de diciembre de 2003(13) y 10 de noviembre de 2004(14); el 20 de febrero de 2004 esta Corporación corrió traslado a la parte demandada para que sustentara el recurso interpuesto, y, mediante providencia de 26 de marzo siguiente, se admitió el recurso presentado por ésta y con auto del 4 de marzo de 2005 se admitió el interpuesto por la actora(15).
La parte demandada solicitó la revocatoria de la sentencia impugnada y que en su lugar se negaran las pretensiones de la demanda; petición que fue sustentada en los siguientes términos:
“… los hechos denunciados por el demandante en su libelo y que fueron objeto de valoración probatoria, no configuran medio legal valido para ser objeto de una sanción indemnizatoria y menos aún en la cuantificación dada por el juzgador de conocimiento, en contra de mi representada ya que estamos frene a la figura legal de CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, como exoneración de responsabilidad, en circunstancias ajenas a él, por lo que no puede ser de recibo la decisión tomada por el a quo, por cuanto no existe el elemento sine qua non se da la responsabilidad patrimonial del Estado, como es, el NEXO CAUSAL entre la falla, falta, omisión del Ente Público con el daño causado”(16).
Por su parte la demandante María Luisa Novoa de Guerrero, solicitó la modificación de la sentencia impugnada para que, en su lugar, se reconociera indemnización del perjuicio material solicitado en la demanda, por considerar que se encuentra debidamente probado(17).
En esta instancia se le dio el trámite de rigor a los recursos. Durante el término concedido para alegar de conclusión y rendir concepto de fondo(18), el Distrito Capital de Bogotá insistió en que se debía revocar la sentencia impugnada, porque existía un eximente de responsabilidad que no fue declarado. Por su parte la demandante insistió en que se debía reconocer el perjuicio material negado porque se encontraba debidamente probado en el plenario(19).
IV.- CONSIDERACIONES.
Corresponde a esta Sala decidir el recurso de apelación dado que la providencia recurrida fue proferida en un proceso con vocación de doble instancia, puesto que la demanda se presentó el 4 de diciembre de 1997(20) y la pretensión mayor se estimó en $24´218.500(21), por concepto de perjuicios fisiológicos a favor del señor Edilberto Carrillo Aldana, mientras que el monto exigido para el año 1997 para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de segunda instancia era de $13´460.000(22).
2.Ejercicio oportuno de la acción
De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984(23), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir “del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa.”
En el presente caso la pretensión resarcitoria se origina en los daños sufridos por los demandantes con ocasión de las lesiones sufridas por el señor Edilberto Carrillo Aldana y los daños causados al vehículo de propiedad de la señora María Luisa Novoa de Guerrero, en hechos sucedidos el 9 de agosto de 1996, lo que significa que tenían hasta el día 10 de agosto de 1998 para presentarla y, como ello se hizo el 4 de diciembre de 1997, resulta evidente que la acción se ejercitó dentro del término previsto por la ley (Art. 136 del CCA).
En el presente asunto, se estudiará la responsabilidad de la entidad demandada, así como la viabilidad para reconocer los perjuicios materiales solicitados por la demandante María Luisa Novoa de Guerrero, al haber sido destrozado un vehículo de servicio público por una máquina de bomberos de propiedad de la entidad demandada.
En ese contexto y para efectos de entrar a resolver de fondo el asunto, procede la Sala a valorar el material probatorio obrante en el expediente, y con el cual resulta demostrado lo siguiente:
Que el día 9 de agosto de 1996, en la vía que de Bogotá conduce a Girardot, una máquina de bomberos de propiedad del Distrito Especial de Bogotá, identificada con la placa M-60, chocó a un vehículo de servicio público de la empresa Cootransfusa Ltda., identificado con la placa SUC-257; hechos que quedaron consignados en el informe de accidente presentado al Comandante General del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en los siguientes términos:
“Comedidamente me permito informar al señor Teniente Coronel, Comandante General, que de acuerdo a la orden impartida por la Central de Comunicaciones, aproximadamente a las 12:30 horas del día de hoy, nos dirigimos por la vía a Silvania, a la altura del Municipio de Granada (Cundinamarca), a atender una emergencia por accidente de tránsito en dicho lugar. El desplazamiento se hizo en forma normal, a velocidad moderada, hasta 1 kilómetro antes del lugar ya mencionado, cuando la máquina M-60, conducida por el Bombero VELA URREGO CARLOS EDUARDO, al mando del Cabo QUIROGA VELASCO LUIS FELIPE y tripulada por los bomberos DUEÑAS PERALTA JOSE GONZALO y MONTOYA ANDUQUIA JOSE OMAR, presentó fallas notorias en el sistema de frenos los cuales perdieron totalmente su efectividad siendo inútiles las maniobras realizadas por el maquinista para detener o aminorar la marcha del vehículo en ese terreno de alta pendiente, trayendo como resultado su desplazamiento de casi 1 kilómetro, controlado por el maquinista quien obró permanentemente y en forma acertada logrando evitar arrollar a las personas y vehículos que se encontraban en el recorrido, pasando por el lugar del accidente que había ocurrido antes, impactando posteriormente contra una Camioneta Vans de la empresa Cootransfusa de placas SUC-257, número de orden 553, conducida por el señor ARISTOBULO SIMBAQUEBA, la cual llevaba aproximadamente 14 pasajeros, de los cuales salieron heridos: LIBARDO ESQUIVEL VELASCO, 55 años de edad, HERIBERTO RIOS, 35 años, EDILBERTO CARRILLO, 34 años, ESPERANZA CELIS MARTINEZ y el conductor arriba mencionado, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de Fusagasugá. La colisión del vehículo descrito produjo daños en los mismos y en tres vehículos más que se encontraban en la fila de espera…”(24) (se resalta).
Estos mismos hechos se consignaron en el informe de tránsito, en el que se dice que el accidente se produjo el 9 de agosto de 1996, a la una y quince minutos de la tarde, en el kilómetro 96 de la vía que de Bogotá conduce a Girardot, en un sector rural, residencial y comercial, que el tiempo era normal, la vía era recta y pendiente, de tres carriles, en buen estado y con buena iluminación.
El mismo documento consignó que la máquina M-60 pertenecía a los bomberos de Bogotá y que según el relato del conductor de la misma, el accidente sucedió porque “se le dañaron los frenos del vehículo que conducía”(25).
Estos mismos hechos fueron informados por el Comandante General del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá a la Oficina de Juicios Fiscales de la Contraloría Distrital, en los siguientes términos:
“Comedidamente me permito informar, a su Jefatura lo relacionado con el accidente de la Máquina M-60 del Cuerpo Oficial de bomberos de Santafé de Bogotá, D.C., conducida por el señor Carlos Eduardo Vela Urrego, asignada a la Estación Kennedy B-5.
Siendo aproximadamente las 12:30 P.M. del día 9 de Agosto del presente año, la máquina se dirigía a un rescate, quedando sin frenos a la altura del municipio de Granada (Cundinamarca), chocando con la camioneta Vans afiliada a la Empresa Cootransfusa, placas SUC-257, No. orden 533”(26).
Así mismo la Central de operaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá remitió comunicación al Comandante General de dicha institución, informándole sobre el servicio solicitado y el accidente presentado; en esa oportunidad se dijo:
“Con toda atención me permito informar a mi Coronel de un servicio solicitado por la Policía Vial y autorizado por el Comando General, siendo aproximadamente las 11:50 horas para la vía que de Bogotá conduce a Silvania a la altura de la población de Granada, consistente en efectuar el lavado de la carretera por derrame de combustible originado por un accidente de tránsito ocurrido en las horas de la mañana.
Siendo las 12:20 horas se ordenó el desplazamiento de la M-60 de la Estación de Kennedy, la cual salió conducida por el Bro. Carlos Vela y como tripulantes los Bros. Omar Montoya y Gonzalo Dueñas al mando del Cabo Felipe Quiroga.
Aproximadamente a las 13:15 horas recibimos comunicación de la máquina informando que habían colisionado contra una Aerovans afiliada a la empresa Cootransfusa Ltda. de placas SUC-257 resultando 5 personas heridas las cuales fueron trasladadas al hospital de Fusa. La tripulación de la máquina no sufrió ningún tipo de lesión”(27).
Por su parte el Comandante General del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, el 20 de agosto de 1996, certificó que el señor Carlos Eduardo Vela Urrego-conductor de la máquina que provocó el accidente-, laboraba en esa entidad:
“Que el señor CARLOS EDUARDO VELA URREGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.327.704 de Bogotá, labora en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Santafé de Bogotá D.C., en el cargo de Bombero IV C desde el dieciséis (16) de mayo de mil novecientos setenta y siete (1977), y actualmente se desempeña como Maquinista de la máquina M-60 asignada a la Estación Kennedy”(28).
Según dictamen pericial que le fue realizado a la máquina de bomberos M-60, el 27 de agosto de 1996, se determinó que “revisado detenidamente el sistema de órganos de control y seguridad se estableció que el sistema de frenos no funciona”(29).
Antes de continuar con el desarrollo de la providencia, la Sala considera necesario recordar que en sentencia de 19 de abril de 2012(30), esta sección unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un específico título de imputación. Por ello se concluyó en la mencionada sentencia:
“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”(31).
Ahora bien, se tiene que el Distrito Capital de Bogotá se encontraba en ejercicio de una actividad peligrosa como lo es la conducción de vehículos automotores, en casos como el presente se ha aplicado el régimen de responsabilidad objetiva del riesgo excepcional(32), en atención a que el factor de imputación es el riesgo grave y anormal al que el Estado expone a los administrados(33).
Así las cosas, en los casos de conducción de vehículos la Administración debe responder siempre que produzca un daño con ocasión del ejercicio de esa actividad peligrosa o por la utilización de elementos de la misma naturaleza, como lo es el uso de vehículos automotores, lo anterior teniendo en cuenta que el Estado asume los riesgos a los cuales expone a la sociedad con la utilización de tales elementos peligrosos.
En virtud de ese título de imputación objetivo, el demandante tiene la obligación de probar el daño y el nexo causal entre éste y la actividad peligrosa desarrollada por la Administración, para que se pueda deducir su responsabilidad patrimonial, sin entrar a analizar la licitud de la conducta del Estado que, para el efecto, resulta irrelevante. A su vez, la Administración, para excluir su responsabilidad deberá acreditar la presencia de una causa extraña: el hecho exclusivo de la víctima, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de un tercero.
Conforme a lo anterior, la Sala encuentra claramente demostrado el daño antijurídico invocado por la parte actora, consistente en las lesiones sufridas por el señor Edilberto Carrillo Aldada y los daños ocasionados al vehículo de servicio público placas SUC-257, el 9 de agosto de 1996 en horas de la tarde, cuando una máquina de bomberos asignada a la estación de Kennedy en la ciudad de Bogotá, al desplazarse por la vía que de Bogotá conduce a la ciudad de Girardot impactó con el vehículo referenciado.
La Sala considera igualmente demostrada la imputación jurídica del daño al Distrito Capital de Bogotá, en razón a que los daños se produjeron como consecuencia del accidente de tránsito padecido por el lesionado y el vehículo de servicio público, cuando se encontraban parados en la vía que de Bogotá conduce a Girardot y fue impactado por la máquina de bomberos M-60, vehículo oficial de propiedad del Distrito Capital de Bogotá, que se encontraba en horas de servicio y en el ejercicio del mismo.
Es decir, en el expediente se encuentra debidamente acreditado el daño antijurídico sufrido por los actores y el nexo causal de dicho daño con la actividad de la Administración –Distrito Capital de Bogotá-, elementos necesarios para la aplicación del título de imputación objetivo de riesgo excepcional. Con lo cual, el Estado queda obligado a reparar los perjuicios derivados del mismo y solo puede eximirse de tal obligación, si rompe el nexo de causalidad entre su actividad y el daño producido, en virtud de la comprobación de una causa extraña.
En el caso de estudio, el Distrito Capital de Bogotá señaló que el accidente en el cual resultó lesionado el señor Edilberto Carrillo Aldana y averiado el vehículo de servicio público de placas SUC-257, se presentó debido a que la máquina de bomberos perdió los frenos, considerando que se configuró la eximente de responsabilidad consistente en caso fortuito o fuerza mayor.
En relación con el tema se debe tener en cuenta que por ser éste un hecho generado en el marco de la actividad de conducción de vehículo, ha de entenderse que se trata de un caso fortuito al que la jurisprudencia reiterada de la Sala ha señalado no tiene la virtualidad de ser eximente de responsabilidad en lo que tiene que ver con el ejercicio de actividades peligrosas(34).
Ha de decirse con claridad que ese daño le es imputable a la entidad demandada porque el ejercicio de la actividad peligrosa, con ocasión de la cual se produjo el accidente lo fue con un vehículo de propiedad del demandado, conducido por uno de sus servidores y en cumplimiento de una misión oficial.
Vistas las circunstancias que se dejan indicadas forzoso resulta concluir que la sentencia apelada habrá de ser confirmada en relación con la responsabilidad de la entidad demandada y, por lo mismo, se procederá a revisar lo concerniente a los perjuicios materiales que le fueron negados a la demandante María Luisa Novoa de Guerrero.
4.La indemnización de perjuicios.
La apelación interpuesta por la demandante María Luisa Novoa de Guerrero gira en torno al perjuicio material que le fue negado en sentencia de primera instancia.
4.1.Indemnización de Perjuicios materiales
4.1.1. Daño emergente
La señora Novoa de Guerrero solicita se reconozca por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la suma de $55´000.000 correspondiente al valor que pagó por el vehículo.
Se encuentra plenamente demostrado que la señora María Luisa Novoa de Guerrero, para el momento del accidente, 9 de agosto de 1996, era la propietaria del vehículo de servicio público de placas SUC-257, marca chevrolet, modelo 1993(35), que había comprado a Internacional de Vehículos el 10 de marzo de 1993 por un valor de $23´695.000,oo(36), para lo cual había tramitado un crédito con la Compañía de Financiamiento Comercial por un valor de $14´686.000,oo(37) y que, para el momento del accidente, ya había cancelado.
Junto con el escrito de apelación la parte demandante allegó una prueba que denominó “anticipada”(38), consistente en la inspección judicial del vehículo de placas SUC-257, diligencia realizada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sibaté(39), a la cual asistieron tanto la parte demandante como la demandada. En dicha oportunidad se dejó claro que el vehículo había sufrido destrucción total y no había podido continuar con la labor que desarrollaba.
Teniendo en cuenta que en la constitución de la prueba estuvieron presentes las partes de este proceso y no hubo oposición de la entidad demandada, se hará uso de la misma, con la cual se llega a la conclusión de que el vehículo de servicio público de propiedad de la ahora demandante quedó totalmente destruido después del accidente. Se tiene entonces que con el accidente se le causó un daño a la propietaria del vehículo de servicio público el cual debe ser resarcido.
Ahora bien, se debe tener en cuenta que para el momento en que sucedió el accidente -1996- el vehículo solamente tenía tres años de uso, pues se había comprado nuevo y se encontraba en plena actividad, así se deduce de los documentos aportados junto con la demanda(40).
Así las cosas se tomará el valor de la compra del vehículo $23´695.000,oo, a la anterior suma se le descontará un 30% correspondiente al valor de la depreciación(41), así:
4.1.2. Lucro Cesante
En relación con el lucro cesante la parte demandante, en el escrito de apelación, solicita la liquidación por este concepto hasta la fecha de esta sentencia, petición que riñe con lo consignado en la demanda en donde la delimitó a 18 meses, contados desde la fecha del accidente hasta la presentación de la demanda y así lo hizo el tribunal de primera instancia, por lo que la solicitud presentada con el recurso de apelación no puede ser tenida en cuenta, pues de hacerlo se estaría violando el principio de congruencia que debe regir toda decisión judicial.
Resulta necesario recordar que el principio de congruencia de las decisiones judiciales constituye uno de los pilares fundamentales sobre los cuales reposa la actividad del juez, tal como lo determina el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:
“ARTÍCULO 305. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
“No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.
“Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.
“En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”.
Esta Corporación, ha desarrollado el anterior precepto, en numerosos pronunciamientos, en los que se ha afirmado que:
“Este marco normativo describe el principio de congruencia de la sentencia, en sus dos acepciones: como armonía entre la parte motiva y la resolutiva del fallo (congruencia interna), y como conformidad entre la decisión y lo pedido por las partes en la demanda y en la contestación (congruencia externa).
“El principio así concebido, persigue la protección del derecho de las partes a obtener una decisión judicial certera sobre el asunto puesto a consideración del juez, al igual que la salvaguarda del debido proceso y del derecho de defensa del demandado, cuya actuación procesal se dirige a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda.
“Igualmente, trae consigo los conceptos de fallo ultra y extrapetita, como decisiones que van más allá de lo pedido, ya sea porque se otorgan cosas adicionales a las solicitadas en la demanda (sentencia ultrapetita), o porque se reconoce algo que no se solicitó (sentencia extrapetita)”(42).
Así mismo esta Sección ha señalado:
“De acuerdo con el principio de congruencia de las sentencias, consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el artículo 1° numeral 135 del Decreto 2282 de 1989), la decisión del juez debe resultar armónica, consonante y concordante con los hechos y las pretensiones formuladas en la demanda, por lo tanto el juez debe pronunciarse con fundamento en las pretensiones expresamente planteadas en la demanda y los hechos descritos en la misma, debiendo existir una adecuación o perfecta simetría entre lo pedido y lo resuelto, que resulta afectada cuando el juez concede más allá de lo pedido (ultra petita); o cuando concede puntos no sometidos al litigio (extra petita), o cuando deja de pronunciarse sobre cuestiones sujetas al proceso (infra o citra petita)”(43).
Por su parte la Corte Constitucional, ha delimitado el alcance del principio de congruencia, el cual se enmarca dentro del derecho fundamental al debido proceso, en relación con el punto ha manifestado:
“3. Vía de hecho y principio de congruencia
3.1. El principio de congruencia se encuentra consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil …
“Este es un concepto nuclear dentro del derecho procesal civil, en virtud del cual, el juez, en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita); de no ser así, con su actuación estaría desbordando, positiva o negativamente, los límites de su potestad. Sin embargo, en el plano constitucional y, específicamente, en el marco de la acción de tutela, la apreciación del vicio de incongruencia atribuible a determinada acción u omisión judicial, no puede ejercerse con la intensidad y extensión que le son propias a la legislación civil (y que en esa misma medida puede ser objeto de impugnación ante la jurisdicción ordinaria), pues lo que está en juego ahora, en sentido estricto, no es la revisión del proceso ordinario y la materia concreta sobre la que este versa (asunto que siempre será competencia del juez ordinario), sino la presunta violación de derechos fundamentales que se traducen en el desconocimiento de las garantías básicas de los sujetos que acuden a la administración de justicia, y que convierten a los actos judiciales en ejercicios arbitrarios e irrazonables de poder.
“3.2. En la ya extensa jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la noción de vía de hecho, no existen muchos antecedentes que aludan a la violación del principio de congruencia como elemento desencadenante del juicio encomendado al juez de tutela; no obstante, es posible establecer ciertos criterios a partir de los cuales se puede apreciar si una actuación judicial en la que se reconocen derechos más allá de lo demandado configura o no una violación del Ordenamiento Superior.
“3.3. Así, la incongruencia que es capaz de tornar en de vía de hecho la acción del juez (reflejada en una providencia), es sólo aquella que ‘subvierte completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso, generando una alteración sustancial, dentro de la respectiva jurisdicción, que quiebra irremediablemente el principio de contradicción y del derecho de defensa’. De esta forma, cuando se realice un juicio sobre la actividad del juez, para establecer si la violación del principio de congruencia constituye o no una vía de hecho, se deberá tener en cuenta (1.) la naturaleza de las pretensiones hechas -lo pedido- y el campo de aplicación de los derechos en juego; (2.) si la sentencia o providencia judicial recae sobre materias no demandadas, debatidas o probadas en el proceso; y, (3.) si el proceso conservó, desde su apertura hasta su culminación, un espacio abierto y participativo para las partes en contienda, de modo que se asegure la existencia del debate y de la contradicción -que le son consustanciales y que son el presupuesto de una sentencia justa- sobre una base de lealtad y de pleno conocimiento de sus extremos fundamentales.
“Estos criterios de análisis deben llevar a la conclusión de que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado es protuberante (…) De lo contrario, el grado y el tipo de desajuste entre la sentencia y lo pedido, lo debatido y lo probado en el proceso, será insuficiente para que se configure una vía de hecho judicial, así pueda existir una irregularidad dentro del proceso.
“3.4. Y ¿cuál es la razón que justifica, en sede de tutela, la aplicación de un examen sobre la congruencia de un fallo judicial, en los términos referidos? Sin duda, la justificación se encontrará en la función encomendada al juez de amparo de proteger los derechos fundamentales de los individuos: es evidente que la incongruencia, además de sorprender a las partes del proceso, las sitúa (sic) en una situación de indefensión que, de subsistir, pese a la interposición de los recursos, y con mayor razón cuando éstos no caben o se han propuesto infructuosamente, ‘se traduce inexorablemente en la violación definitiva de su derecho de defensa (artículo 29 C.P.)’. Además, el principio de congruencia es una manifestación concreta de un valor constitucional supremo que limita el ejercicio de todo poder público. En una democracia constitucional, quien es investido de autoridad no detenta un poder nudo y propio, sino que adquiere la responsabilidad de servir a los asociados y contestar a sus demandas dando razones que demuestren que su acción no es caprichosa, arbitraria o desviada (artículos 1 y 2 de la C.P.). Cuando esa autoridad es jurisdiccional la exigencia que pesa sobre el funcionario, por las facultades que tiene de afectar derechos individuales y por su misión de garante del Estado Social de Derecho, es mayor en la medida en que las razones que debe dar para justificar sus decisiones deben ser construidas y articuladas de manera mucho más rigurosa que la de los órganos políticos. Ese esfuerzo de construcción y articulación está delimitado por el debido proceso. El principio de congruencia es, entonces, un elemento del debido proceso (artículo 29 C.P.) en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó” (negritas de la Sala)(44).
En el mismo sentido, en sentencia posterior la Corte Constitucional afirmó:
“Con respecto al principio de la congruencia es claro que dicho postulado debe ser advertido por Jueces y Magistrados al proferir sus providencias, so pena, en los eventos que la incongruencia por extralimitación u omisión sea manifiesta pueda conducir la decisión judicial a una ineluctable vía de hecho. Se requiere, debe insistirse, que la disparidad entre lo pedido, lo probado y lo debatido sea notoria”(45).
En el presente caso, se tiene que en la demanda se solicitó liquidar el lucro cesante por 18 meses, contados desde la fecha del accidente hasta la presentación de la demanda y bajo estos parámetros se desarrolló todo el proceso, es decir, se contestó la demanda y se constituyó el acervo probatorio, mal podría la Sala en esta oportunidad acoger la petición realizada en el recurso de apelación para extender dicha liquidación hasta la fecha de esta sentencia, pues se estaría reconociendo lo que no había sido pedido en la demanda, configurándose así en un fallo extra petita y además se estaría desconociendo el principio de congruencia que debe inspirar el actuar del juez en la expedición de las providencias, razón por la cual se mantendrá incólume la liquidación realizada por el a quo en relación con los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, actualizando dicha suma hasta la fecha de esta providencia.
MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B el 7 de octubre de 2003, la cual quedará así:
PRIMERO. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa, respecto de los demandantes Judith Carrillo Aldana, Herminda Carrillo Aldana y Oneida Carrillo Aldana, conforme a las consideraciones precedentes.
SEGUNDO: Declarar administrativamente responsable al Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Gobierno Distrital - Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, por la lesión sufrida por el señor Edilberto Carrillo Aldana y por los perjuicios materiales ocasionados a la señora María Luisa Novoa de Guerrero, conforme a los hechos y consideraciones expuestos en esta sentencia.
TERCERO: Condenar en consecuencia al Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Gobierno Distrital - Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, a reconocer y pagar las siguientes indemnizaciones:
Por las lesiones sufrida por el señor Edilberto Carrillo Aldana
Para Edilberto Carrillo Aldana, la suma de un millón trescientos dos mil seiscientos dieciséis pesos ($1´302.616,oo).
Por la destrucción del vehículo de placas SUC-257
Por concepto de perjuicios materiales
Para María Luisa Novoa de Guerrero, la suma de dieciséis millones setecientos cuarenta y un mil ochenta y seis pesos ($16´741.086,oo).
Para María Luisa Novoa de Guerrero, la suma de cincuenta y seis millones ciento ochenta y un mil novecientos un pesos ($56´181.901,oo).
QUINTO: Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Decreto 01 de 1984(46) –Código Contencioso Administrativo-, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
SEPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.
Magistrados; Hernán Andrade Rincón—Carlos Alberto Zambrano Barrera
1 Folios 5 a 29 del Cuaderno No. 1.
2 Folio 29vto. del Cuaderno No. 1.
3 Mediante providencia proferida el 5 de febrero de 1998, visible a folio 32 del cuaderno No. 1.
4 Se notificó al Ministerio Público el 26 de febrero de 1988, Folio 32 vto.
5 A la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital de Bogotá el 30 de marzo de 1998, folio 34, al Distrito Capital de Bogotá el 30 de marzo de 1998, folio 38 del Cuaderno No. 1.
6 Folios 40 a 42 del Cuaderno No. 1.
7 Mediante providencia del 7 de septiembre de 1998, visible a Folios 54 y 55 del Cuaderno No. 1.
8 Folio 122 del Cuaderno No. 1.
9 Folios 123 a 141 del Cuaderno No. 1.
10 Folios 217 a 238 del Cuaderno No. 6.
11 Folios 217 a 238 del Cuaderno No. 6.
12 Folios 240, 248 a 252 y 253 a 255 del Cuaderno No. 6.
13 Folio 242 del Cuaderno No. 6.
14 Folio 379 del Cuaderno No. 6
15 Folio 342 del Cuaderno No. 3.
16 Folios 248 a 252 del Cuaderno No. 6.
17 Folios 253 a 255 del Cuaderno No. 6.
18 Mediante auto del 26 de enero de 2006, visible a Folios 398 y 399 del Cuaderno No. 6.
19 Folios 400 a 405 del Cuaderno No. 6.
20 Folio 29 vto. del Cuaderno No. 1.
21 El valor del gramo oro para el 4 de diciembre de 1997, fecha en que se presentó la demanda ascendía a $12.109,25.
22 Decreto 597 de 1988.
23 Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”
24 Folio 44 y 45 del Cuaderno No. 2.
25 Lo anterior se deduce del informe de accidente de tránsito No. 94-076125, visible a Folios 8 a 10 del Cuaderno No. 2.
26 Folio 183 del Cuaderno No. 2.
27 Folio 185 del Cuaderno No. 2.
28 Folio 48 del Cuaderno No. 2.
29 Folio 65 del Cuaderno No. 2.
30 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 19 de abril de 2012. Exp 21515.
32 Al respecto ver entre otras sentencias la proferida el 27 de julio de 2000, Exp. 12099 y el 3 mayo de 2007, Exp. 25020.
33 En el caso de colisión, donde intervienen dos actividades peligrosas cuando solo existe un perjuicio, el Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes términos: “Es cierto que la víctima se desplazaba en una motocicleta y que ésta también constituye una actividad peligrosa, pero en este caso concreto no hay lugar a considerar una “neutralización de presunciones” porque sólo se pretende la reparación de los perjuicios causados en relación con uno de los intervinientes en el hecho”. Sentencias de 31 de agosto de 1999, Exp. 10865 y del 10 de marzo de 1997, Exp. 10.080, entre otras.
34 “...debe tenerse en cuenta la distinción que doctrina y jurisprudencia han hecho entre la fuerza mayor y el caso fortuito, que ... adquiere su mayor interés dentro del marco de la responsabilidad por riesgo excepcional. Se ha dicho que la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho del demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquél, y puede ser desconocido, permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño.” Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 19 de julio de 2000, expediente 11.842.
35 Licencia de tránsito 95-25000034689, visible a folio 2 y vto. del cuaderno No. 2.
36 Copia auténtica de la factura No.0004773, visible a folio 5 y vto. del Cuaderno No. 2. .
37 Así se hizo constar en certificación visible a folio 7 del Cuaderno No. 2.
38 Artículos 294 y 300 del Código de Procedimiento Civil.
39 Folios 256 a 297 del Cuaderno No. 6.
40 Factura de compra del vehículo, certificación de afiliación del vehículo a la Cooperativa de Transportes de Fusagasugá Ltda., informe de accidente.
41 En esa oportunidad se aplicó la disposición contenida en la Resolución No. 4240 de junio 2 de 2000 expedida por la DIAN, que a la letra dispone: “Por cada año completo de uso del vehículo, maquinaria o equipo, se descontará un 10% de depreciación sobre el saldo anterior, hasta un máximo del 70%”.
42 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 16 de septiembre de 2010, Exp. 16605, C.P. Carmen Teresa Ortíz de Rodríguez.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de diciembre de 2011, Exp. 20410, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
44 Corte Constitucional, sentencia T-450 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda.
45 Corte Constitucional, sentencia T-560 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
46 Normatividad aplicable al asunto de la referencia por expresa disposición del artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

References: artículo 136
 artículo 305
 artículo 305
 artículo 1
 artículo 305
 artículo 115
 artículo 308
 Resolución 
 artículo 308