Source: https://suelosolar.com/newsolares/newsol.asp?id=1336
Timestamp: 2018-12-14 14:57:03+00:00

Document:
Antes de Febrero de 2010 se promulgará la Ley de Economía Sostenible.
Se fija el objetivo nacional de una reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y de un consumo del 20% de energías renovables sobre el total de consumo de energía bruto, para el año 2020.
Como ya adelantabamos en anteriores noticias publicadas:
¿En qué beneficiará al Medioambiente la Ley de Economía Sostenible?
A punto de concluir "la Ley de Economía Sostenible".
ponemos a disposición de nuestros lectores el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible como archivo adjunto, destacando como novedades que incorpora el presente Proyecto en relación a las energias renovables las siguientes:
Artículo 36. Sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas
d) Incluir en sus procesos de contratación, cuando la naturaleza de los contratos lo permita, condiciones de ejecución referentes al nivel de emisión de gases de efecto invernadero y de mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecución del contrato. Asimismo en los criterios de adjudicación de los contratos, cuando su objeto lo permita, se valorará el ahorro y el uso eficiente del agua y de la energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de la vida, los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados y reutilizados o de materiales ecológicos.
e) Optimizar el consumo energético de sus sedes e instalaciones celebrando contratos de servicios energéticos que permitan reducir el
consumo de energía, retribuyendo a la empresa contratista con ahorros obtenidos en la factura energética.
Artículo 96. Principios de la política energética
1. La política energética estará orientada a garantizar la seguridad del suministro, la eficiencia económica y el respeto al medio ambiente. En especial, el modelo de consumo y generación de energía debe ser compatible con los compromisos asumidos por España de reducción de los gases de efecto invernadero y los esfuerzos internacionales en la lucha contra el cambio climático.
2. A dichos efectos, en esta Ley se fijan objetivos nacionales de ahorro y participación de las diversas tecnologías, se establece el marco procedimental para la elaboración de una planificación integral del modelo energético, se sientan las bases para la elaboración de los Planes de ahorro y eficiencia energética y se fomentan las condiciones adecuadas para la existencia de un mercado energético competitivo.
3. Con tal finalidad, el Gobierno impulsará la diversificación de las fuentes de suministro, el desarrollo eficiente de las infraestructuras, la transparencia y competencia de los mercados, la suficiencia de las retribuciones, la creciente incorporación de las energías renovables y las políticas de ahorro y eficiencia.
Artículo 97. Objetivos nacionales en materia de ahorro y eficiencia energética y energías renovables
1. Se establece un objetivo nacional de energías renovables del 20% en el consumo de energía final bruto en 2020, que deberá alcanzarse con, al menos, el 10% de energías renovables en el consumo del sector transporte.
2. Del mismo modo, se adoptarán las estrategias y las medidas necesarias para lograr un objetivo general de reducción de la demanda de energía primaria, sobre el escenario tendencial en ausencia de políticas activas de ahorro y eficiencia energética, coherente con el objetivo establecido para la Unión Europea del 20% al 2020 y con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos por España.
3. Los objetivos anteriores deberán orientar el diseño y aprobación de las políticas públicas y, en especial, los incentivos públicos al desarrollo de las diversas fuentes de energía.
4. A tal efecto, el Gobierno aprobará planes nacionales de ahorro y eficiencia energética y planes de energías renovables, que contemplarán medidas de orientación y fomento de la oferta y el consumo energético que hagan posible el cumplimiento de los objetivos señalados en esta Ley.
Artículo 98. Planificación energética indicativa: generación
1. El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, previo informe de la Conferencia Sectorial de Energía y tras el correspondiente proceso de información pública, aprobará un documento de planificación, que establecerá un modelo de generación de energía acorde con los principios recogidos en el artículo 96.
3. Dicha planificación y las posteriores actuaciones de ordenación del sistema energético se orientarán a la consecución, bajo diferentes escenarios de demanda, de los siguientes objetivos para el año 2020,:
a) Maximizar la participación de las energías renovables en la cesta de generación energética y, en particular en la eléctrica.
b) Reducir la participación de las energías con mayor potencial de emisiones de CO2 en la cesta de generación energética y, en particular, en la eléctrica c) Mantener, de conformidad con la normativa vigente, el calendario de cumplimiento de los 40 años de vida útil de las centrales del parque nuclear existentes, de acuerdo con su vida de diseño, incorporando en todo caso a dicha normativa el cumplimiento de requerimientos medioambientales y de seguridad específicos en los casos de renovación extraordinaria de las concesiones por encima de dicho plazo, derivadas del desarrollo de nuevas tecnologías y de la necesidad de garantizar el mantenimiento del suministro.
d) La participación de las diferentes tecnologías en el largo plazo tenderá a reflejar la competitividad relativa de las mismas, entendiendo por ésta una medida comprensiva de los costes y beneficios de cada una de las tecnologías que abarque, entre los costes, los relativos a toda la cadena de generación, incluyendo los costes medioambientales y los intergeneracionales, y entre los beneficios, la aportación a la seguridad del suministro energético, incluyendo las contribuciones en términos de autosuficiencia, gestionabilidad y predictibilidad de las fuentes.
4 Esta planificación, en el marco de la Ley, ordenará los incentivos públicos necesarios para satisfacer los objetivos fijados en el apartado anterior, de acuerdo con los siguientes principios:
a) Garantía de un retorno de las inversiones en las tecnologías del régimen especial, que incentive un volumen de instalación compatible con los objetivos establecidos en los planes de energías renovables,
b) Consideración de las curvas de aprendizaje de las distintas tecnologías hasta alcanzar la paridad de red o punto de competitividad con el coste del consumo de la energía, con el fin de fomentar los cambios tecnológicos que mejoren la estabilidad de la aportación de energía al sistema eléctrico por las energías renovables.
c) Progresiva internalización de los costes que asume el sistema energético para garantizar la suficiencia y estabilidad en el suministro, fomentando además la sustitución de tecnologías que resulten obsoletas, siempre que ello suponga un ahorro general del sistema.
d) Priorización en la incorporación de instalaciones que incorporen innovaciones tecnológicas, que optimicen la eficiencia de la producción, el transporte y la distribución, que aporten una mayor gestionabilidad a los sistemas energéticos y que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, estableciendo en particular su ritmo de incorporación en el tiempo.
Artículo 99. Planificación energética vinculante: Redes de transporte e infraestructuras.
1. La planificación vinculante de las redes de energía establecida en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, se realizará bajo criterios que contribuyan a desarrollar un sistema energético seguro, eficiente y respetuoso con el medioambiente.
2. La planificación vinculante se realizará de conformidad con la prevista en el artículo anterior y deberá tenerse en cuenta en el resto de instrumentos de planificación.
3. Los documentos de planificación se aprobarán por el Consejo de Ministros, y se remitirán posteriormente a las Cortes Generales.
Artículo 100. Cooperación entre Administraciones Públicas 1. La Conferencia Sectorial de Energía es el órgano de coordinación entre el
Estado y las Comunidades Autónomas en materia de preparación, desarrollo y aplicación de la planificación estatal sobre energía.
b) Coordinación, gestión y seguimiento de la aplicación por las Comunidades Autónomas de la política energética definida en la normativa estatal y en los correspondientes planes
c) Intercambio de información y estadísticas energéticas
d) Formulación, financiación y gestión de proyectos y actuaciones concretas..
Artículo 101. Fomento de la I+D+i en el ámbito de energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética
1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de interés en el campo de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética, potenciando el desarrollo de aquellas tecnologías que utilicen fuentes limpias y, en especial, las de secuestro y almacenamiento o carbón limpio. Igualmente fomentarán el desarrollo de aquellas tecnologías que incorporen una mayor gestionabilidad, innovación y eficiencia al sistema.
2. El Gobierno aprobará programas y tomará las medidas necesarias para favorecer el desarrollo de redes inteligentes y microrredes integradas que mejoren y faciliten la gestión del sistema, acerquen los puntos de generación de energía eléctrica a los puntos de consumo, incorporando, preferentemente, energía de origen renovable y/o de sistemas de cogeneración de alta eficiencia.
Todo ello con el objetivo de disminuir las pérdidas en transporte y distribución eléctrica, mejorar la garantía, estabilidad y rendimiento del sistema eléctrico e incrementar la aportación térmica de origen renovable.
3. El Gobierno aprobará programas y adoptará las medidas necesarias para favorecer el desarrollo de los vehículos eléctricos, incluyendo medidas de fomento y gestión de la demanda y de la oferta y de desarrollo de las infraestructuras necesarias para su recarga.
Artículo 102. Empresas de servicios energéticos
1. Se entiende por Empresa de servicios energéticos a los efectos de esta Ley toda aquella persona física o jurídica que proporcione servicios energéticos, en la forma definida en el párrafo siguiente, en las instalaciones o locales de un usuario y afronte cierto grado de riesgo económico al hacerlo.
Todo ello, siempre que el pago de los servicios prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la obtención de ahorros de energía por introducción de mejoras de la eficiencia energética y/o utilización de fuentes de energía renovable y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos.
2. El servicio energético prestado por la empresa de servicios energéticos será la utilidad derivada de la incorporación de tecnologías eficientes y/o de la utilización de fuentes de energía renovable. Este servicio energético deberá prestarse basándose en un contrato que deberá llevar asociado un ahorro de energía y/o el suministro de energía renovable verificable, medible o estimable.
3.El Gobierno desarrollará un plan especifico de impulso a las empresas de servicios energéticos que incluirá medidas para impulsar la creación de estas empresas, eliminará las barreras y los obstáculos que pudieran impedir su desarrollo y creará las líneas de financiación que posibiliten su actividad. Este plan contemplará, de forma particular, un programa para las Administraciones Públicas.
Artículo 103. Transparencia e información a los consumidores
1. El Gobierno establecerá los instrumentos necesarios para asegurar la información de los usuarios sobre los costes del modelo de suministro energético y su composición.
2. Igualmente, las Administraciones Públicas se asegurarán de que los consumidores dispongan de información completa, clara y comprensible sobre el consumo de energía y el impacto medioambiental de los productos y equipos que utilizan energía que adquieren de manera que puedan incorporar tales elementos a sus decisiones de consumo.
Artículo 104. Simplificación de procedimientos administrativos
1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, eliminarán las barreras técnicas, administrativas y de mercado para el desarrollo de las energías renovables y la promoción del ahorro y la eficiencia energética.
Artículo 105. Ahorro energético de las Administraciones Públicas
1. Todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias incorporarán los principios de ahorro y eficiencia energética y de utilización de fuentes de energía renovables entre los principios generales de su actuación y en sus procedimientos de contratación.
2. La Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados dependientes, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las sociedades mercantiles estatales definidas en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, las fundaciones del sector público estatal definido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y las demás entidades de derecho vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos, establecerán programas específicos de ahorro y eficiencia energética y de utilización de fuentes de energía renovables que, con carácter general, anticipen el cumplimiento de los objetivos generales fijados con el horizonte 2020, de modo que, de acuerdo con el Plan de Ahorro y eficiencia energética, se alcance en 2016 el objetivo previsto de un ahorro energético del 20% respecto al escenario tendencial en ausencia de medidas.
Dentro de esos programas se establecerán los requerimientos mínimos de calificación energética que deberá cumplir la adquisición de bienes y derechos etiquetados energéticamente, y la calificación mínima de los edificios y vehículos que integran el patrimonio de las Administraciones Públicas.
Artículo 106. Seguimiento
a) La planificación indicativa del modelo de generación de energía
c) Los planes de energías renovables;
d) Los planes nacionales y programas de ahorro y eficiencia energética
Artículo 107. Inversión del factor de agotamiento en el régimen de la minería.
“f) Actuaciones comprendidas en los planes de restauración previstos en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.”
Artículo 108. Objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
Artículo 109. Aumento de la capacidad de absorción de los sumideros españoles
1. Las administraciones públicas, en el marco del Consejo Nacional del Clima, adoptarán las acciones oportunas para incentivar la participación del sector privado en el aumento de la capacidad de captación de carbono de los sumideros españoles. Con el fin de conocer y determinar el carbono absorbido por las actividades de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y selvicultura en España, el Gobierno, en colaboración con el resto de administraciones públicas, diseñará y desarrollará un sistema de información ágil, exhaustivo,
preciso y eficaz.
2. Especialmente, las administraciones públicas promoverán la creación de sumideros vinculados al uso forestal, que se evaluarán a partir de la información suministrada por el Inventario Forestal Nacional. Para ello fomentarán acciones que den valor tanto a las producciones inmediatas, como a las externalidades positivas que las áreas naturales producen y, en especial, las siguientes:
a) La planificación y ordenación forestal a través de los planes y proyectos de gestión forestal.
b) La agrupación de propietarios forestales para el desarrollo de explotaciones forestales como unidades de gestión planificada.
c) La producción y comercialización de productos forestales procedentes de explotaciones con certificado de gestión forestal sostenible, así como productos derivados con certificación en su proceso productivo.
e) La prevención de los incendios forestales y su impacto sobre el patrimonio natural y la biodiversidad.
f) Las iniciativas y proyectos dirigidos a la prevención de incendios forestales que agrupen agentes económicos y sociales, habitantes de las zonas rurales, empresas y organismos públicos.
g) El desarrollo y utilización de nuevas tecnologías para la prevención y extinción de incendios forestales.
Artículo 110. Compensación de emisiones
Artículo 111. Constitución de un Fondo para la compra de créditos de carbono
1. Se crea un Fondo de carácter público, adscrito a la Secretaría de Estado de Cambio Climático, con el objeto de generar actividad económica baja en carbono y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto asumidos por España mediante actuaciones de ámbito nacional.
2. El Fondo se dedicará a la adquisición de reducciones certificadas de emisiones y unidades de reducción de emisiones derivadas de proyectos realizados o promovidos por empresas en el marco de los Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo de Kioto, con la finalidad de incentivar la participación de las empresas españolas en dichos mecanismos.
4. Las reducciones certificadas de emisiones y las unidades de reducción de emisiones adquiridas por el Fondo se constituirán en activos del Estado y podrán enajenarse, en particular si resultan innecesarias para atender los compromisos de reducción de España en el marco del Protocolo de Kioto, permitiendo la autofinanciación del Fondo.
Artículo 112. Incremento de la deducción por inversiones medioambientales.
1. Las inversiones realizadas en bienes del activo material destinadas a la protección del medio ambiente consistentes en instalaciones que eviten la contaminación atmosférica o acústica procedente de instalaciones industriales, o contra la contaminación de aguas superficiales, subterráneas y marinas, o para la reducción, recuperación o tratamiento de residuos industriales propios, siempre que se esté cumpliendo la normativa vigente en dichos ámbitos de actuación pero se realicen para mejorar las exigencias establecidas en dicha normativa, darán derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra del 8 por ciento de las inversiones que estén incluidas en programas, convenios o acuerdos con la Administración competente en materia medioambiental, quien deberá expedir la certificación de la convalidación de la inversión.»
«2. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2011 quedan derogados los artículos 36, 37, apartados 4, 5 y 6 del artículo 38, apartados 2 y 3 del artículo 39, artículos 40 y 43 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
Artículo 128. Fines comunes de las políticas públicas para un medio urbano sostenible
1. Los poderes públicos, de acuerdo con los principios de cohesión territorial y social, eficiencia energética y complejidad funcional formularán y desarrollarán las políticas de su respectiva competencia al servicio de un medio urbano sostenible que ,
a) Posibilite el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto urbano seguro, salubre y adecuado, libre de ruidos y otras inmisiones contaminantes que excedan de los límites legalmente permitidos en cada momento y provisto del equipamiento y los servicios que eliminen o, en todo caso, minimicen, por aplicación de la mejor tecnología disponible en el mercado a precio razonable, las emisiones contaminantes, reduzcan el consumo de agua y energía y mejoren la producción y gestión de residuos.
Disposición Final vigésimoctava. Energías renovables
El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, remitirá a las Cortes Generales un proyecto de Ley de Energías Renovables, que adopte las medidas necesarias para vanzar en el cumplimiento de los objetivos previstos en esta Ley
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References: Artículo 36

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98
 artículo 96

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106

Artículo 107
 Real Decreto 

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110

Artículo 111

Artículo 112
 artículo 38
 artículo 39
 Real Decreto 

Artículo 128