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Timestamp: 2017-07-25 14:34:52+00:00

Document:
Telecomunicaciones y Sociedad: 2014
en México hubiera capacidad de reconocer errores y asumir responsabilidades, evolucionaríamos.
¡Imagínese que el presidente Enrique Peña Nieto renunciara para ser congruente
con su discurso de combate a la corrupción y la señora Angélica Rivera pidiera
disculpas por tratar de ofender la inteligencia de los mexicanos y se inscribiera
en un curso de Ética!
Congreso de la Unión reconocería su error de haber incluido en la Constitución
la ocurrencia del expresidente Felipe Calderón de que el apagón analógico fuera
el 31 de diciembre de 2015 con el costo al dinero público de entre 26 y 33 mil
millones de pesos por regalar televisores y en pleno proceso electoral. También
el Congreso aceptaría que incluir en la Carta Magna que se licitaran
concesiones de TV abierta con cobertura nacional, privó de alternativas locales
y regionales, así como incumplió con lo resuelto por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en cuanto a que el criterio económico no debe ser el que
defina a los ganadores. Los
senadores que condenaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones por cumplir
con el mandato de ley de expedir las Reglas de Portabilidad y establecer, como
en cualquier implementación un periodo de ajuste de sistemas y procesos, les
pedirían disculpas a los comisionados que hasta los amenazaron con que podría
ser causa de remoción. Además, ¿fue casualidad que los legisladores se
pronunciaran justo 2 días después de que Televisa lanzó su marca izzi y con la
que pretende atraer clientes de América Móvil? O sólo apoyan a izzi que mandó al
IFT a su Vicepresidente Adolfo Lagos para hacer el show, perdón, para presentar
un escrito contra Telmex que normalmente cualquier pasante entregaría. Y
mientras México resurge o se hunde más, el IFT sometió a consulta pública un
anteproyecto de Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y
“Justicia” (comillas de la autora). El proyecto se consultó con autoridades y
empresas, pero nunca con las organizaciones de derechos humanos. ¿Por qué?
punto más álgido para la sociedad en el proceso de reforma de ley fue
precisamente el capítulo de Colaboración con la “justicia” que prevé la
geolocalización y la conservación de datos de nuestras comunicaciones, lo cual
debe equipararse a la intervención de comunicaciones, porque fácilmente
reflejan nuestras costumbres, estado de salud, preferencias sexuales, afiliación
política o sindical, etc.
propuesta presidencial definía como instancias de seguridad al CISEN, Policía
Federal, Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, y las facultaba para
pedir la geolocalización de equipos móviles y los datos de nuestras
comunicaciones para producción de “inteligencia”. Esta es “el conocimiento
obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación
de información, para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional”
(Ley de Seguridad Nacional), por lo que cualquier cosa puede avalar la
geolocalización y ni siquiera tienen que estar persiguiendo un delito, ni tener
evidencia de riesgos a la seguridad nacional. El proyecto del IFT dice que son
instancias de seguridad: la PF, CISEN “y las demás instancias”. ¿Regresamos a
la discusión inicial?
geolocalización la SCJN avaló una versión light
en comparación a lo que quedó en la nueva ley. Uno de sus argumentos fue que la
geolocalización era sólo en tiempo real. Ahora debieran ver el monstruo en el
proyecto: la geolocalización durará el tiempo que especifique la autoridad. ¿Y
los derechos ciudadanos? Negados.
el Congreso, ni el IFT pueden identificar un catálogo de leyes, autoridades y
supuestos en los que geolocalizarán nuestros equipos móviles, ¿por qué esperan
que los ciudadanos lo podamos hacer? ¿O es deliberado dejar en indefensión a la
sociedad? No se sorprenda si en una ley cualquiera de repente el SAT tiene
facultades para pedir sus datos de comunicaciones o geolocalizar su celular,
para cualquier razón sin que sea por delito grave. En
países democráticos para una rendición de cuentas y para combatir abusos de
autoridad, se debe informar a las personas cuando fueron objeto de
geolocalización o cuando fueron proporcionados sus datos de a quién llaman,
quién les llama, duración, fecha y hora de sus comunicaciones. ¿Existe algo
similar en el proyecto IFT? No y además permite que se borren nuestros datos
personales “una vez cumplido el fin” y esto lo decide la propia autoridad. El
IFT puede evitar cometer errores si al emitir los Lineamientos finales pone los
derechos humanos como su objetivo, mas aún cuando México está en una crisis de
credibilidad y respeto a derechos humanos. ¿Se pronunciará al respecto la
Comisión Nacional de Derechos Humanos?
organizacione,
“(…) hay un reconocimiento creciente
que los conflictos entre intereses privados y las funciones públicas de los
servidores públicos, si se maneja de manera inadecuada, pueden resultar en
corrupción” OCDE
Ética está tan ausente en México que los funcionarios públicos parecen no
comprender lo que debe ser la integridad y la imparcialidad. Tenemos a Ramírez
Stabros que no vio problema con ser Coordinador de Vinculación de la oficina
del Presidente Enrique Peña Nieto y al mismo tiempo ser consejero independiente
de Iberdrola, empresa líder del sector energético de España y que podrá ser una
de las beneficiarias de las recientes reformas. Los
escándalos de conflictos de intereses sobran: Francisco Gil Díaz que de
Secretario de Hacienda y Crédito Público pasó a ser consejero del corporativo
HSBC, Fernando Sánchez Ugarte creador del IETU que sale de la SCHP para entrar
a TMM e impugnar la constitucionalidad de su impuesto, Juan Camilio Muriño y
contratos de familia con Pemex, Alejandra Sota exvocera del Presidente Felipe
Calderón y los contratos a amistades, Purificación Carpinteyro y la llamada que
trascendió durante el proceso de reforma en telecomunicaciones, Javier Lozano actor
clave para la aprobación de la ley de telecomunicaciones con grandes favores a
las televisoras comerciales y su esposa trabajando en la Fundación Televisa, el
actual Secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell con negocios familiares
desde hace varias décadas en el sector energético y su rol en la reforma de
éste, los legisladores de la telebancada
o casos como el de Diego Fernández de Cevallos, etcétera.
hechos ilegales los arriba mencionados? Algunos sí, algunos no y en otros casos
depende de las circunstancias. El tráfico de influencias es un ilícito. El
tener un cónyuge como empleado de un agente regulado no necesariamente. El dar
desde el cargo público información confidencial a un particular sí es un
ilícito. El tener acciones en una empresa no por sí mismo crea un conflicto de
intereses insuperable. En algunos supuestos la persona tendrá que renunciar a
sus intereses privados o al cargo público, pero no puede tener ambos; en otros
bastará con excusarse de participar en los asuntos en que su imparcialidad pueda
verse comprometida; y habrá algunos más en los que la simple declaración de
intereses sea suficiente para que la ciudadanía exija una rendición de cuentas
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
tiene elementos para atender los conflictos de interés y prohibe al servidor
público desempeñar un cargo hasta 1 año en ciertas circusntancias, el esquema
anticorrupción mexicano es obsoleto. Desde que el encargado de las quejas
contra servidores públicos es el Secretario de la Función Pública que es
nombrado por el Presidente de la República y éste también nombra a aquellos
–directa o indirectamente-, algo anda mal. En el ancién régime era una estructura adecuada para garantizar la
fidelidad del clan y que éste supiera
que al caer de la gracia del tlatoani, inmediatamente la artillería estaría en
su contra. Pero ¿es aplicable al México de hoy? No.
el México de la corrupción y de la impunidad la sociedad quizá se conforma con
combatir los ilícitos, dejando el combate a los conflictos de interés como algo
aspiracional. Esa visión no debe seguir. Si los conflictos de interés no se
resuelven de manera adecuada, “tienen el potencial de menoscabar el
funcionamiento apropiado de gobiernos democráticos” (OCDE). ¿Por qué los
conflictos de interés deben aflorar sólo tras una investigación periodística
como la del equipo de Carmen Aristegui en el caso Ramírez Stabros? Debemos
exigir que los servidores públicos publiquen una delcaración de interés que es
el documento público con un listado de las personas con las cuales él/ella, su
pareja e hijos menores de edad, tienen intereses, actividades o relaciones
personales, familiares o de negocio, lo cual comprende incluso la participación
en asociaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y sin fines de
lucro. La declaración de interés es complementaria a la declaración patrimonial
que en México no es pública según lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. La declaración de interés debe ir de la mano de una cultura de
promoción de valores éticos, de reglas para la identificación y atención de los
posibles conflictos de interés. Estancada la creación de la Comisión Nacional
Anticorrupción, el compromiso hoy del Presidente de la República, los
Secretarios de Estado, el Jefe de Gobierno del DF y los legisladores puede ser
la publicación de sus declaraciones de interés, ¿se atreverán a hacerlo?
DE LAS REDES Y LOS
específicas para el servicio de radiodifusión,
televisión y audios
161. En el caso de canales de
televisión deberán cumplir con lo siguiente, en los términos que fije el
II. Contar con servicios de subtitulaje o doblaje al
español y lengua de señas mexicana para accesibilidad a personas con debilidad
auditiva. Estos servicios deberán estar disponibles en al menos uno de los
programas noticiosos de mayor audiencia a nivel nacional.
Artículo 199. El Ejecutivo Federal y el Instituto,
en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán que los usuarios con
discapacidad, tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones, en igualdad
de condiciones con los demás usuarios.
Artículo 200. Además de los derechos previstos en
esta Ley y con el objeto de que exista una igualdad real de oportunidades, los
usuarios con discapacidad gozarán de los siguientes derechos: I. A solicitar y recibir asesoría de
los concesionarios sobre el uso de los servicios de telecomunicaciones;
II. A contratar y conocer las
condiciones comerciales establecidas en los modelos de contrato de adhesión,
registrados ante la PROFECO, a través de medios electrónicos, incluyendo la
página electrónica del concesionario o autorizado, la cual deberá contar con
formatos que tengan funcionalidades de accesibilidad de conformidad con los
lineamientos que emita el Instituto, sin perjuicio de recibirlas por otros
III. A contar, previa solicitud del
usuario, con equipos terminales que tengan funcionalidades, programas o
aplicaciones que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad
motriz, visual y auditiva a los servicios de telecomunicaciones;
IV. Al acceso a un número telefónico
para servicios de emergencia, armonizado a nivel nacional y, en su caso
mundial, que contemple mecanismos que permitan identificar y ubicar
geográficamente la llamada y, en su caso, mensajes de texto; en los términos y
condiciones que determine el Instituto en coordinación con el Sistema Nacional
de Seguridad Pública; V. A no ser discriminado en la
contratación y en la provisión de los servicios de telecomunicaciones;
VI. A que las instalaciones o centros de
atención al público de los concesionarios o autorizados cuenten con
adaptaciones, modificaciones o mecanismos para que las personas con
discapacidad puedan recibir atención, siempre y cuando dichas adaptaciones no
impongan una carga desproporcionada o indebida al concesionario o autorizado,
de conformidad con los lineamientos que emita el Instituto;
VII. A que las páginas o portales de
internet, o números telefónicos de atención al público de los concesionarios o
autorizados cuenten con funcionalidades de accesibilidad, siempre y cuando no
implique una carga desproporcionada al concesionario o autorizado, y
VIII. A recibir de los concesionarios o
autorizados atención a través de personal capacitado.
Artículo 201. Los portales de internet de las
dependencias de la Administración Pública Federal, así como de organismos
públicos descentralizados, empresas de participación estatal, del Congreso de
la Unión, del Poder Judicial Federal, de los órganos constitucionales autónomos;
así como de las dependencias de la Administración Público, de los poderes
legislativo y judicial de las entidades federativas y del Distrito Federal
deberán contar con funciones de accesibilidad para personas con discapacidad. En el caso de la Administración Pública
Federal, los portales deberán atender a las disposiciones establecidas en el
marco de la Estrategia Digital Nacional conforme a las mejores prácticas internacionales, así como a las
actualizaciones tecnológicas. El
Ejecutivo promoverá la implementación de dichas funciones de accesibilidad en
los sectores privado y social.
Artículo 202. El Ejecutivo Federal de conformidad
con la Estrategia Digital Nacional y el Instituto, en el ámbito de sus
respectivas competencias, promoverán el acceso de las personas con discapacidad
a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones,
incluido Internet y de conformidad con los lineamientos que al efecto emitan.
Artículo 203. Para la definición de los
lineamientos a cargo del Instituto en materia de accesibilidad para personas
con discapacidad deberá atender a la normatividad y celebrar convenios con
Instituciones públicas y privadas especializadas en la materia.
Artículo 257. El Ejecutivo Federal y el Instituto,
en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán condiciones para que las
audiencias con discapacidad, tengan acceso a los servicios de radiodifusión, en
igualdad de condiciones con las demás audiencias.
Artículo 258. Además de los derechos previstos en
esta Ley y con el objeto de que exista una igualdad real de oportunidades, las
audiencias con discapacidad gozarán de los siguientes derechos:
I. Contar con servicios de subtitulaje,
doblaje al español y lengua de señas mexicana para accesibilidad a personas con
debilidad auditiva. Estos servicios deberán estar disponibles en al menos uno
de los programas noticiosos de mayor audiencia a nivel nacional;
II. A que se promueva el reconocimiento
de sus capacidades, méritos y habilidades, así como la necesidad de su atención
III. A contar con mecanismos que les den
accesibilidad para expresar sus reclamaciones, sugerencias y quejas a los
defensores de las audiencias, siempre y cuando no represente una carga
desproporcionada o indebida al concesionario, y
IV. Acceso a
la guía de programación a través de un número telefónico o de portales de
internet de los concesionarios en formatos accesibles para personas con
CUADRAGÉSIMO TERCERO. Dentro
de un plazo que no excederá de 36 meses a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, las señales de los concesionarios de uso comercial que
transmitan televisión radiodifundida y que cubran más del 50 por ciento del
territorio nacional deberán contar con lenguaje de señas mexicana o subtitulaje
oculto en idioma nacional, en la programación que transmitan de las 06: 00 a
las 24:00 horas, excluyendo la publicidad y otros casos que establezca el
Instituto Federal de Telecomunicaciones, atendiendo a las mejores prácticas
internacionales. Los entes públicos federales que sean concesionarios de uso
público de televisión radiodifundida estarán sujetos a la misma obligación.
CUADRAGÉSIMO CUARTO. En
relación a las obligaciones establecidas en materia de accesibilidad para
personas con discapacidad referidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión para los defensores de las audiencias, los concesionarios
contarán con un plazo de hasta noventa días naturales a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto para iniciar las adecuaciones y mecanismos que

References: in fine

Artículo 199

Artículo 200

Artículo 201

Artículo 202

Artículo 203

Artículo 257

Artículo 258