Source: https://amatraba.org.ar/nota/jurisprudencia/250
Timestamp: 2020-07-07 16:56:55+00:00

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Reinstalación en periodo de prueba Amatra BA
Reinstalación en periodo de prueba
En la Ciudad de San Miguel, en la fecha y hora indicada en la constancia de la firma digital, se reunieron los Sres. Jueces del Tribunal del Trabajo Nro. 1 de esta Ciudad, en la Sala de Acuerdos, Dres. Gonzalo Barciela, Miguel Ángel Méndez y Adrián Aníbal Ramírez, a fin de pronunciar sentencia interlocutoria en la causa Nro. 22.970, caratulada: " GONZÁLEZ CONTRERAS CAMILA ALEJANDRA C/ CENTRO INTEGRAL DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES LOBOS S.R.L S/ REINSTALACION (SUMARISIMO)". Practicado el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Dres. BARCIELA-MÉNDEZ-RAMÍREZ. Estudiados los autos se resolvió plantear y votar la siguiente:
Se presenta la Sra. Camila Alejandra González Contreras junto a su letrada, Dra. María Fernanda La Camera, iniciando demanda contra CENTRO INTEGRAL DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES LOBOS S.R.L a efectos de obtener la reinstalación en su puesto de trabajo.
Manifiesta que ingresó a prestar servicios a las órdenes de la accionada el día 13 de enero de 2020 en el establecimiento sito en Avenida Presidente Perón 1778 de San Miguel.
Denuncia que el día 7 de abril de 2020 recibió una comunicación postal de parte de su empleadora por la cual prescindía de sus servicios, cuyo texto expresa:
Ciudad de Morón, abril 6 de 2020
Me dirijo a Ud. en mi carácter de apoderado de CENTRO INTEGRAL DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES LOBOS S.R.L (CIDI S.R.L) conforme escritura pública nº 184 de fecha 19 de marzo de 2010 pasada por ante el notario titular del registro nº 3 del Partido de Lobos con el objeto de comunicar a Usted que encontrándose en período de prueba y no habiendo satisfecho las aptitudes mínimas para el desempeño de la tarea que le fuera encomendada se ha resuelto prescindir de sus servicios. Liquidación final y certificado artículo 80 de la LCT a su disposición en plazos legales.
Solicita se disponga la reinstalación en su puesto de trabajo por considerar nula la decisión extintiva de su empleadora en los términos del DNU 329/20.
II.	EXAMEN DE PROCEDENCIA DEL ANTICIPO DE JURISDICCIÓN SOLICITADO POR LA PARTE ACTORA.
II.a. MEDIDA INNOVATIVA Y MEDIDA AUTOSATISFACTIVA. SU DISTINCIÓN EN CUANTO A SUS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y SU TRÁMITE.
De forma preliminar cabe poner de resalto que este Tribunal ha impreso a las presentes actuaciones el trámite sumarísimo en los términos del art. 321 inciso 1) CPCC (conf. art. 63 Ley 11.653), toda vez que la accionante invoca la acción sancionada por el art. 4 del Decreto 329/2020, cuyo conocimiento es de competencia privativa de los Tribunales del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (conf. art. 2 inc. a) de la Ley 11.653), acción distinta del amparo, el cual se encuentra regulado en esta jurisdicción bajo las previsiones de la Ley 13.928.
II.b. LA VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO.
La categoría de verosimilitud stricto sensu, al quedar acotada a la mera "apariencia", transforma la estimación del juez en una tarea independiente y preliminar respecto de la actividad probatoria (Giannini, Leandro J., "Verosimilitud, apariencia y probabilidad. (Los estándares atenuados de prueba en el ámbito de las medidas cautelares)", en Jorge A. Rojas (Director), Romina S. Moreno (Director), Derecho procesal y Teoría general del derecho, Rubinzal-Culzoni editores, Santa Fe, 2015, pág.179).
El carácter verosímil del derecho invocado en su defensa por la accionante no refiere aquí a la sola contrastación de su hipótesis fáctica con un criterio o regla de normalidad, sino al carácter plausible, es decir, admisible o atendible, de la interpretación de la norma que alega asistirle.
Tal como sostenía el maestro Carlos Cossio, si interpretar es una manera de conocer, esto significa que el problema jurídico de la interpretación simplemente está modalizando el problema filosófico del conocimiento (véase COSSIO, Carlos; El derecho en el derecho judicial, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 3ª edición, 1967, pág. 14).
Idéntica inteligencia a la expuesta precedentemente se desprende del considerando 4º) de Fallos: 332:170, allí la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó:
este Tribunal no advierte bajo qué acción o acto intelectivo podría establecerse jurídicamente el contenido de una norma legal que no fuese, precisamente, el de la interpretación de ésta. Hace ya tiempo, a su vez, que ha sido demostrado que el aforismo, según el cual, la ley clara no requiere interpretación (in claris non fit interpretatio), encierra una inequívoca falacia. Incluso, tal como lo expuso Luis Recasens Siches "sin interpretación no hay posibilidad alguna ni de observancia ni de funcionamiento de ningún orden jurídico" (Tratado General de Filosofía del Derecho, México, 20. ed., 1961, Porrúa, p. 627).
Como indica Carlos Santiago Nino:
La tarea de establecer qué regla subyace a una regularidad de conductas o a una frase lingüística, se plantea en forma acuciante cuando hay que decidir, por un "sí" o un "no", la aplicabilidad de la norma a un caso concreto (NINO, Carlos Santiago, Introducción al análisis del derecho, Buenos Aires, Astrea, 2ª edición ampliada y revisada, 12ª reimpresión, 2003, pág. 246).
Ahora bien, llamamos interpretaciones objetivamente posibles a aquellas que no son incompatibles con las reglas semánticas, sintácticas y pragmáticas de nuestro lenguaje. Es decir que la tarea del intérprete no responde al mero capricho o arbitrario, sino que se le impone aplicar las reglas de la razón para lograr una decisión intersubjetivamente válida y justificable.
A partir de su dictado, el mencionado decreto ha suscitado una gran cantidad de publicaciones y actos jurisdiccionales, algunos de ellos, en particular, enfocados al examen de su alcance con relación a los contratos de trabajo que se encuentran transitando el período de prueba y que dan cuenta de posiciones encontradas tanto en la opinión de los autores como en la jurisprudencia. Esto pone en evidencia la existencia de una verdadera zona de penumbra en torno a las proposiciones normativas que emergen de aquél acto del Poder Ejecutivo nacional.
No obstante, tal como observara Genaro Carrió en su polémica con Sebastián Soler, la indeterminación de la zona de penumbra de los enunciados normativos no implica la ausencia de un área clara de significado que resulte cognoscible:
en una habitación hay un foco de luz que gradualmente va transformándose en penumbra, sin que pueda decirse con precisión dónde concluye la luz y dónde empieza la penumbra. La persona que afirma eso está negando la distinción entre zona de luz y zona de penumbra y está sumiendo en penumbra toda la habitación (CARRIÓ, Genaro R.; Notas sobre derecho y lenguaje, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 5ª edición, 2011).
Respecto de los pronunciamientos judiciales contrarios a considerar que el período de prueba se encontraría alcanzado, prima facie, por las previsiones del Decreto 329/20, cabe mencionar la sentencia interlocutoria pronunciada el día 16 de junio de 2020 en la causa: Salazar, Jesús Gabriel c/25 Horas S.A y otro s/medida cautelar por la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde sostuvo:
Que el citado instituto, denominado también período de carencia por la doctrina clásica (cfr. Deveali, Período de prueba y permanencia, DT 1946, 505), constituye un tiempo establecido en el sistema jurídico laboral por el legislador, que debe transcurrir para hacerse efectiva, en principio, la indeterminación del plazo en el vínculo. En otras palabras, se trata de un espacio temporal destinado a satisfacer las expectativas que las partes han puesto en su relación y así acceder el trabajador al estándar total de protección que el ordenamiento ha fijado para el empleo privado.
Que en este marco de apreciación, donde no se observa la evidencia palmaria de la verosimilitud del derecho que se enarbola
En similar inteligencia, Santiago Sfeir ha afirmado:
En conclusión, los despidos que ocurran en virtud del art. 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, a pesar del texto de la norma, no son realizados sin expresión de causa alguna, sino que, muy por el contrario, son realizados en virtud de no haber cumplido con las expectativas del empleador en cuanto a aptitudes para desarrollar las tareas en el puesto requerido, o bien, porque no se considera conveniente el desarrollo de la relación laboral, para cualquiera de las dos partes.
Habiendo arribado a este puerto, resulta indispensable considerar que, al tratarse de un despido fundado en el art. 92 bis, LCT, este mismo se encuentra debidamente justificado y no puede ni debe ser limitado por el dec. 329/2020 toda vez que este prohíbe las recisiones de contrato de trabajo injustificadas o bien, aquellas que se amparen en la falta o disminución de trabajo o la fuerza mayor, toda vez que el despido por período de prueba guarda como justificación esencial el no cumplimiento de las expectativas o la falta de conveniencia para las partes de la continuidad del vínculo laboral (SFEIR, Santiago L., La aplicación del art. 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo en tiempos de COVID-19: La validez del DNU 329/2020 como norma de emergencia, DT, 2020 (mayo), 29. Cita en línea: AR/DOC/1163/2020).
Asimismo, Agustín Meilán observa:
III.2. En lo que respecta al período de prueba, éste no ha sido expresamente derogado, con lo cual no cabe presumir su abrogación a partir de una norma general dictada en un contexto de emergencia. Pensar lo contrario esto es, que, como "donde la ley no distingue no debemos distinguir", el período de prueba ha perdido virtualidad no brinda adecuada respuesta al caso de los contratos sujetos a plazo cierto o incierto.
III.3. Asimismo, una norma de inferior jerarquía que instaura un régimen transitorio de estabilidad, orientada a mitigar las consecuencias de una crisis sanitaria, no podría doblegar un derecho derivado de una ley anterior y especial art. 92 bis, LCT que es la reglamentación razonable de normas fundamentales como la "libertad de contratar" y "ejercer toda industria lícita" (art. 14, CN).
En este sentido, cabe preguntarse si los fines perseguidos por el decreto presidencial "paz social", "preservación de los puestos de trabajo" y "seguridad en los ingresos" justifican la afectación del derecho a disponer la extinción de un contrato de trabajo dentro del período de prueba (MEILÁN, Agustín; El período de prueba y la prohibición de despedir, LA LEY 21/04/2020. Cita en línea: AR/DOC/1165/2020).
Cabe precisar, en primer lugar, que la condición del trabajador no es estatutaria, sino contractual, en tanto su posición se define por haber sido señalado como tal por la relación misma. La persona, en tanto artificio jurídico, es ese vacío que señalan las relaciones jurídicas que lo tienen por centro de imputación. El sujeto de la relación se constituye por la posición de término de una relación jurídica y esta relación jurídica halla su sentido como efecto de estructura.
Así, la fuente inmediata de los derechos y obligaciones es el contrato, cuyos contenidos se integran en forma mediata, sea en forma supletoria o imperativa, por la ley, las convenciones colectivas y otras normas con vocación de integrarlo y que son enumeradas por el art. 1 LCT.
El argumento de corte lógico-sistemático que se dirige a establecer el alcance del art. 2º del Decreto 329/20 a partir del análisis del instituto del período de prueba regulado por el art. 92 bis LCT, carece de sustento. Ello es así, toda vez que descansa en una lectura equívoca sobre el referido instituto del período de prueba: no es que el trabajador carece de estabilidad hasta tanto no transcurra un plazo de 3 meses y 1 día o que, aún peor, la indeterminación del plazo se perfeccione a partir del momento ya indicado. La decisión rescisoria exteriorizada durante el período de prueba no tiene, en principio, consecuencias resarcitorias, no obstante lo cual, la omisión de otorgar el correspondiente preaviso hace nacer el deber de reparar. Es decir, que no se verifica una ausencia absoluta de consecuencias indemnizatorias de contenido pecuniario.
Llevados al absurdo, estos argumentos deberían reconocer que durante el período de prueba se instaura una suerte de estado de excepción (Ausnahmezustand) donde se suspende todo derecho que pueda invocar el trabajador, extremo que la propia proposición normativa emergente del apartado 4 del art. 92 bis LCT echa por tierra.
Desde hace tiempo la jurisprudencia ha entendido que el hecho de que la trabajadora se encuentre transitando el período de prueba, no obsta a que se encuentre alcanzada, por ejemplo, por la presunción legal prevista por el art. 178 LCT y que, eventualmente, resulte acreedora de la indemnización prevista por el art. 182 LCT:
Durante el período de prueba, la mujer trabajadora, conserva la garantía de estabilidad por maternidad consagrada en la LCT. La contemporaneidad entre la comunicación del estado de gravidez y la ruptura dispuesta por el empleador, brinda un indicio y, es el mismo empleador quien debe producir la prueba de que el despido obedeció a la falta de aptitudes del trabajo u otra causa, y no lo fue como consecuencia de un acto discriminatorio (en el caso, el embarazo); CNAT Sala VII, autos: P. C., E. M. del V. vs. Golman, Christian Ezequiel s. Despido, sentencia del 25/07/2008.
Si se produce el despido sin causa de la trabajadora embarazada, dentro del período de prueba, pero con posterioridad a la comunicación al empleador, no es imprescindible que la trabajadora acredite que se trató de una discriminación originada en su maternidad, porque tiene garantizada una estabilidad temporalmente limitada cuya vulneración supone, per se, la configuración de un acto discriminatorio que no necesita ser especialmente demostrado porque fue presumido por el legislador (precisamente para evitar que se configure) al instituir la referida garantía de estabilidad; CNAT Sala VII, autos: Buitron, Patricia vs. Aqualine S.A. s. Despido, sentencia del 11/07/2001.
A lo expuesto, se suma que el examen de verosimilitud del derecho invocado se encuentra informado por el carácter de sujeto de preferente tutela constitucional que reviste la accionante (Fallos: 327:3677; 327:3753; 332:2043; 333:1361; 336:672). Así, se ha señalado que: ningún discurso que se precie de integrar esta disciplina puede prescindir de justificar una acción o decisión sin explicar su postura en términos de lo que protege (AMBESI, Leonardo Jesús; Constitución, ley y derecho del trabajo: el sistema jurídico laboral en la teoría y en la práctica, Buenos Aires, La Ley, 2017, pág. 256).
Se trata, entonces, del argumento protectorio o tuitivo que reviste la nota de inevitabilidad, ya que una vez que la cuestión jurídica transita, o resulta factible que lo haga, el sendero laboral: la discusión sobre el alcance de la protección al sujeto trabajador se impregna en el diálogo y condiciona todos los discursos, presentes y futuros (op. cit., pág. 257).
Así también, el referido argumento presenta a la permanencia como otra de sus características, en tanto subyace durante la totalidad del proceso de decisión.
Finalmente, la conectividad del argumento tuitivo conlleva que la decisión que haya de pronunciarse deba asumir, sea de forma directa o indirecta, que el mismo se ensambla con otros argumentos jurídicos laborales, jurídicos generales y no jurídicos.
De esta forma, cabe poner de resalto que la mentada tutela constitucional que se proyecta sobre la persona del trabajador, no se encuentra ceñida a un lapso de tiempo específico durante la ejecución del programa contractual ni, aún menos, que la misma cobre operatividad a partir de verificarse el transcurso de un determinado lapso de tiempo.
El Decreto 329/2020 integra el orden público de protección laboral, es decir, constituye un arreglo institucional de orden heterónomo en cuyo marco se desenvuelven la libertad contractual y el ejercicio de los poderes exorbitantes al régimen común de los contratos de los cuales resulta titular el empleador, en el contexto de la pandemia de la enfermedad COVID-19.
Nada obsta a que el legislador o, en este caso, el Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio de facultades constitucionalmente conferidas (art. 99 inc. 3º CN), pueda sancionar una obligación resarcitoria donde el trabajador que resulta acreedor de la misma no obtiene una compensación, es decir, algo que representa la ausencia producida por el daño, sino un remedio, léase, aquello mismo de lo cual se vio desprovisto o privado (Fallos: 333:2306).
Las normas emergentes del Decreto 329/2020 se incorporan al orden público de protección laboral e integran los contenidos de los contratos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor.
De esta forma, no es posible sostener que nos encontramos frente a una norma de inferior jerarquía que instaura un régimen transitorio de estabilidad, la cual no puede doblegar un derecho derivado de una ley anterior y especial (art. 92 bis LCT), desde que el orden público de protección opera por prelación normativa y no por jerarquía.
De modo sugerente, Daniel Pérez entiende que: el período de prueba es un instituto del derecho laboral y su utilización, en los términos legales, no lo puede convertir ipso facto en un acto ilícito (PÉREZ, Daniel G.; La prohibición de despidos y suspensiones. Alcances y efectos, ERREPAR - Liquidación de Sueldos, N° 169, Tomo XII, junio de 2020, pág. 611. Cita en línea: EOLDC101512A).
No comparto tal temperamento, la prohibición dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional, que el autor no pone en cuestión, respecto de aquellos despidos que carezcan de una expresión de causa debidamente expuesta y justificada, conlleva para el caso de la causal de extinción prevista por el art. 247 LCT, o para el ejercicio de la facultad de suspensión sancionada por el art. 221 LCT, a que se les haya restado causa de justificación, lo cual los ha convertido, durante la vigencia del decreto, en actos contrarios a derecho, es decir, antijurídicos, tal como sostiene Patricio Garza Bandala: la ilicitud y la antijuridicidad son lo mismo (GARZA BANDALA, Patricio; Sobre la ilicitud y la antijuricidad, en Ángel Gilberto Adame López, Homenaje al doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez por el Colegio de profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho  UNAM, México, 2016, pág. 153).
Pongo de resalto lo expuesto respecto de la llamada indemnización sancionada por el art. 247 LCT, desde que, acreditada la causal allí prevista, lo que obtiene el trabajador, por razón de estructura y función, no es un resarcimiento, sino una prestación de la seguridad social dirigida a responder a la contingencia social disvaliosa acaecida por la extinción del vínculo. Existen, de hecho, otras prestaciones con causa en la seguridad social como las de los párrafos segundo y cuarto del art. 212 LCT o la del artículo 248 LCT.
Se observa también el uso del argumento literal, en virtud de la ausencia de expresa mención al período de prueba en el artículo 2º del Decreto 329/2020, el cual vale, precisamente, para delimitar cuáles son las interpretaciones posibles de un término o expresión normativa, no para justificar la elección de una de ellas. El argumento literal enmarca la interpretación, delimita el campo de juego de la interpretación.
El mismo se complementa con un argumento a contrario, el cual es una forma de interpretación declarativa o gramatical, porque el intérprete excluye del ámbito de aplicación del texto legal todos los casos que el texto no trata explícitamente
En una de sus dos vertientes, el argumento a contrario es un argumento puramente interpretativo que atribuye a las disposiciones su significado literal y excluye los significados que no estén comprendidos textualmente en la disposición.
La interpretación restrictiva tiene lugar en tres casos: si el texto, entendido en el modo general como fue redactado, viene a contradecir otro texto de la ley; si la ley contiene en sí misma una contradicción, y si el principio aplicado sin restricción va más allá del fin para el que fue ordenado.
En cuanto al primero de los supuestos, ya observamos que la prohibición prevista por el art. 2º del Decreto 329/2020 no contradice el art. 92 bis LCT. Respecto del segundo, no se advierte contradicción alguna entre las distintas proposiciones normativas que integran el mencionado decreto. Con relación al tercer caso, corresponde examinar el argumento teleológico.
Respecto del mencionado argumento, la Corte Federal ha establecido expresamente que:
El argumento teleológico justifica la elección de aquella interpretación, de las posibles, que provoque una aplicación de la norma interpretada en la que el fin de la norma se cumpla mejor o en mayor medida que en las otras interpretaciones posibles y posee la siguiente estructura:
Por las razones Rf1, Rf2Rfn, el fin de N es F y por las razones Rc1, Rc2Rcn, se estima que la norma N, interpretada en sentido S2, verá mejor cumplido su fin que si se interpreta en sentido S1.
Para determinar los fines perseguidos por la ley nos debemos dirigir a la exposición de sus motivos, como lo ha hecho la Corte Suprema en Fallos: 327:4607 para analizar la adecuación de medios a fines en relación a una determinada solución normativa o, para el caso de un decreto, a la lectura de los considerandos que justifican su dictado.
Entre las razones que justificaron el dictado del Decreto 329/2020, y que integran sus considerandos, el Poder Ejecutivo nacional señaló:
Aún en el prieto marco del examen de procedencia de una medida innovativa se desprende de su lectura que, entre los fines perseguidos por el citado decreto, se destaca nítidamente el de: garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable.
Entonces, ¿cuál resulta ser la interpretación que permite que, prima facie, se cumpla mejor el fin propuesto por el Decreto 329/20? Aquí se impone la respuesta que afirma que resulta verosímil que el período de prueba se encuentra alcanzado por la proposición normativa emergente del art. 2º del citado decreto.
La interpretación ensayada es pragmática, toda vez que, con relación al texto de la expresión incorporada al artículo 2º del Decreto 329/20, propone una solución especificadora que se decide por la elección de una posibilidad semántica entre varias razonables (véase BACQUÉ, Jorge Antonio y NINO, Carlos Santiago; El tema de la interpretación de la ley en Alf Ross ejemplificado en dos fallos argentinos, en Lecciones y Ensayos, Nro. Extraordinario  60 años de Lecciones y Ensayos, 2016, pág. 321).
Finalmente, cabe poner de resalto un conjunto de pronunciamientos jurisprudenciales y de artículos de doctrina que propugnan una solución análoga a la aquí propuesta.
En las actuaciones: Melo, Macarena Soledad vs. Geriátrico Años Felices S.R.L. s. Acción de nulidad de cosa juzgada, el Juzgado Laboral N° 6 de la ciudad de Rosario se pronunció el día 26/04/2020 en los siguientes términos:
No puede soslayarse que el DNU no efectúa distinciones, limitándose a prohibir los "despidos sin justa causa", tal como el que aconteció en los presentes. Y es sabido que donde la ley no distingue, el juzgador no debe distinguir. Éste es el razonamiento que se impone, contrario al que formula la demandada cuando aduce que la resolución del contrato prevista en el art. 92 Bis de la LCT no fue prohibida por el DNU. Y es la interpretación que corresponde a la luz del art. 14 bis de la CN, en tanto establece que el trabajo gozará de la protección de las leyes y consagra al trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional.
El Juzgado Laboral 4ª Nominación de Santa Fe en el marco de la causa: Yori, Melisa c/Adecco Argentina S.A. s/Medidas cautelares y preparatorias, pronunció sentencia del 28/04/2020, entendiendo que:
La previsión del art. 92 bis, LCT -en este contexto- es una norma de carácter general plasmada en la LCT, aplicable para todos los casos ocurridos en tiempos normales. Mientras que el DNU 329/2020, con plena vigencia y jerarquía equivalente a las leyes -conforme art. 17, Ley 26122- califica como especial frente a la Ley de Contrato de Trabajo. De su espíritu no quedan dudas "no porque no haya distinguido entre contratos nuevos de contratos antiguos" sino porque en el marco de la crisis económica que el país venía arrastrando y las distintas normas que se venían sancionando destinadas a la preservación del empleo, el DNU es sin lugar a dudas una Norma Especial y obviamente posterior destinada a paliar los terribles efectos de la pandemia sobre el ya golpeado mercado de trabajo. Y su finalidad no refiere a cuestiones sanitarias (generales) sino justamente a la protección del empleo en estas especiales condiciones que afectan al mundo del trabajo. Porque si bien, la crisis económica y la desocupación son situaciones normales en nuestro país, semejante contexto no se había atravesado jamás.
El día 4 de mayo de 2020, en la causa: Ayala, Gustavo Daniel c/Manzano, Juan Carlos s/Demanda autosatisfactiva, el Juzgado Laboral 5ª Nominación de Santa Fe, afirmó:
El DNU 329/2020 tanto en su letra como en sus fundamentos no contiene elementos que permitan colegir una distinción jurídicamente relevante entre relaciones de empleo que, en virtud del paso del tiempo, hayan alcanzado el régimen de estabilidad relativa impropia y aquellas que no gozan de estabilidad por encontrarse transitando el período de prueba.
En autos: Bierman Gerben, Christiaan c/La Agrícola S.A. s/Media precautoria o cautelar, sentencia del 11/05/2020, la 2ª Cámara del Trabajo de Mendoza sostuvo:
El DNU 329/2020 es una regla dirigida a evitar la pérdida de las fuentes de trabajo, con correlato en otras medidas del MTEySS de la Nación dirigidas a apoyar el pago de salarios durante este plazo de crisis; así surge textualmente de sus considerandos. Por lo tanto, de dos interpretaciones posibles se impone la de mantener el contrato durante el período de prohibición (art. 14 bis, Constitución Nacional y arts. 9, 10 y 11, LCT).
La Sala en Feria de la Cámara de Nacional de Apelaciones del Trabajo, en las actuaciones: Grasso Viola, Melisa Daniela vs. Chevron Bussines Support Center S.R.L. s. Acción de amparo, afirmó, en la sentencia interlocutoria del día 13/05/2020:
En efecto, más allá de lo que pueda decirse en derredor de la cuestión de fondo en cuanto a la extensión del Decreto 329/2020 a las relaciones que se encuentran en el período previsto por el art. 92 bis de la LCT, lo cierto es que se está, de acuerdo a la forma en la que ha llegado la causa a esta alzada, en el limitado marco de cognición que propone una cautelar, con una trabajadora despedida, en épocas de pandemia y de aislamiento social preventivo y obligatorio, sin otra fuente de recursos.
La 4ª Cámara del Trabajo de Mendoza, en los autos: Cufre Gazal, Laura Julieta C/Mediterránea Clean S.R.L. s/Acción de reinstalación en el trabajo, en fecha 14/05/2020 resolvió:
Denuncia la actora que en fecha 21/04/2020 la empleadora le comunicó verbalmente despido sin causa aduciendo que había terminado el periodo de prueba, razón por la cual remitió comunicación postal intimando a dejar sin efecto el despido y solicitando que le otorgara efectiva ocupación en el lugar y horario habitual de trabajo. Ante el silencio de la empleadora, inició la presente acción a fin de que se declare la nulidad del distracto y se imponga a la empleadora su inmediata reinstalación. Oportunamente, la accionante adjuntó digitalmente el recibo de haberes y certificación emitida por la empresa accionada donde se expresa que la actora se desempeña como operario de limpieza en un hospital, siendo considerada personal esencial ante la Emergencia Sanitaria y misiva laboral por la cual rechazó despido sin causa manifestado verbalmente y se la emplazó a la dación de tareas. Estas circunstancias permiten encuadrar, con un alto grado de intensidad en la verosimilitud, en la prohibición dispuesta por el art. 2, DNU 329/2020.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 23, en los autos: Quiñonez Menezes, Andrés Eduardo vs. 25 Horas S.A. y otro s. Medida cautelar, dictó sentencia interlocutoria el día 27/05/2020. Entre sus fundamentos, sostuvo:
La demandada, de estar a los términos de las epistolares, dispuso la extinción del vínculo durante la vigencia del período de prueba (cfr. art. 92 bis LCT). En efecto, más allá de que el actor entiende que las accionadas no han registrado en momento alguno el vínculo laboral, razón por la cual considera que han renunciado al período de prueba (cfr. art. 92 bis inc. 3 LCT), lo cierto es que la epistolar rescisoria, cuyo texto obra en la demanda, vulnera prima facie las disposiciones del Dec. 329/2020 en tanto la intención de la norma es garantizar la estabilidad en el puesto de todos los trabajadores y no solo de una parte de ellos durante su vigencia. En otras palabras, a mi juicio, el art. 4to. del Dto. 329/2020 tiene como objetivo directo evitar la destrucción de todos los puestos de trabajo, en el marco de la situación de emergencia que provocó su dictado.
El 2 de junio de 2020, en autos: Orellana, Maximiliano Andrés c/Aberturas de Aluminio SA s/medidas cautelares, la Cámara del Trabajo de la 4º Circunscripción de la ciudad de Cipolletti, afirmó:
Cabe, pues concluir en definitiva que a los trabajadores comprendidos dentro de las prescripciones del artículo 92 bis LCT, como afirmara este Tribunal in re Quintana, Rubén Alfredo y otros s/Medidas cautelares, expediente 19.691-CTC-20- aunque referida dicha casuística a los comprendidos dentro del régimen particular de la ley 22.250-, también los alcanza la protección de estabilidad propia temporaria establecida por el DNU 329/20; siendo aplicable al caso ante la falta de expresa exclusión normativa- la regla imperativa que consagra el art. 9 de la L.C.T. en cuanto dispone que En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador.
En cuanto a las opiniones de la doctrina juslaboralista, cabe destacar lo expuesto por Julio Lalanne:
La solución más razonable, a nuestro modo de ver, la proporciona el ya citado principio teleológico según el cual toda norma debe ser interpretada en el sentido que mejor responda a la realización de sus fines. De acuerdo con este criterio, parece claro que si el DNU 329/2020 apunta a evitar el desempleo, preservar las fuentes de trabajo y garantizar los ingresos de los sectores asalariados, el mejor modo de hacer realidad esos propósitos es evitar, también, los despidos en período de prueba. Pero, además, se arriba a igual conclusión, por aplicación de la regla in dubio pro operario establecida por el art. 9º de la LCT y por aplicación del principio protectorio, fundamento y razón de ser del Derecho del Trabajo (conf. art. 14 bis, CN). Por lo tanto, en nuestra opinión, los despidos del personal que está en período de prueba también están prohibidos (LALANNE, Julio E., Prohibición de despedir: análisis jurídico del DNU 329/2020, LA LEY 12/05/2020. Cita en línea: AR/DOC/1501/2020).
Juan Ignacio Orsini sostiene que:
En tanto la norma no los excluye, deben considerarse comprendidos los trabajadores regidos por todas las modalidades reguladas en el Tít. III de la LCT. También deben juzgarse protegidos por el DNU 329/2020 los trabajadores que estén atravesando el período de prueba establecido en el primer párr. del art. 92 bis de ese texto legal, porque -de un lado- tampoco fueron excluidos en forma expresa ni tácita de su ámbito de aplicación y -del otro- también aquí el DNU 329/2020 desplaza a la LCT por su triple condición de norma de emergencia, posterior en el tiempo y más favorable al trabajador (ORSINI, Juan Ignacio,; El despido en los tiempos del coronavirus. Análisis del régimen de estabilidad absoluta regulado en el Decreto 329/2020, Doctrina Laboral ERREPAR (DLE), Tomo XXXIV, mayo de 2020).
El profesor Ricardo Francisco Seco se pronuncia por la subsunción del período de prueba dentro del ámbito de aplicación del art. 2º del Decreto 329/2020, agregando que:
sería contradictorio con los objetivos de la norma, dictada en el marco de la emergencia sanitaria (la conservación de las fuentes de trabajo), admitir la posibilidad de que en estos 60 días sea eximido de la prohibición el empleador que despide a un trabajador en período de prueba (SECO, Francisco F.; Prohibición de despedir sin justa causa. Estabilidad absoluta o propia pro tempore, Doctrina Laboral ERREPAR (DLE), Tomo XXXIV, mayo de 2020).
Finalmente, Diego Javier Tula entiende como una solución plausible, invocando el principio interpretativo donde la ley no distingue, no debemos distinguir, que:
Los jueces pueden interpretar una norma legal cuando la misma es oscura o sus dictados son insuficientes para resolver un caso determinado, pero en modo alguno pueden sustituir un texto claro, cuyo imperio tiene que prevalecer en todas las circunstancias; más aun cuando el bien jurídico protegido es la preservación y conservación del empleo. No obstante, si alguna duda generase el escenario planteado, la solución final la brindaría el art. 9 de la LCT (TULA, Diego Javier; Preguntas prácticas (y sus respuestas) sobre los alcances de la prohibición de despedir en forma incausada y por fuerza mayor y falta o disminución de trabajo impuesta por el DNU 329/2020, Boletín de emergencia sanitaria de Rubinzal Culzoni, cita en línea: RC D 1576/2020).
Arribados a este tramo, no cabe duda que la garantía de la petición de la actora radica en la verosimilitud de su derecho invocado y que la misma encuentra respaldo en el conjunto de pronunciamientos de diversas jurisdicciones de los poderes judiciales locales y nacionales, como así también, de la doctrina mayoritaria, que determinan la corrección o vigencia de la regularidad sobre la que se funda el juicio de verosimilitud (véase TOULMIN, Stephen; Los usos de la argumentación, Madrid, Marcial Pons, 2019, págs. 126 y sigs.).
Así también, se constata de visu que la expresión de causa expuesta por la demandada en su comunicación rescisoria reviste la nota de vaguedad, es decir, la ausencia de precisión exigida por el art. 243 LCT, sin haberse cursado preaviso, y que la comunicación de la desvinculación de la actora se produjo unos pocos días antes de que venza el plazo previsto por el art. 92 bis LCT y a poco tiempo de la entrada en vigencia del Decreto 329/20 (véase el pormenorizado estudio de GUIRADO, Diego Rodrigo;  Despido con causa y el requisito de 'claridad suficiente' - La necesidad de obturar una vía de escape a la prohibición temporal de despedir, en Boletín de emergencia sanitaria de Rubinzal Culzoni. Cita en línea: RC D 1739/2020).
Lo expuesto permite inferir, prima facie, que la hipótesis fáctica esgrimida por la accionante (haber sido objeto de un despido prohibido por el Decreto 329/20) resulta verosímil.
II.c. PELIGRO EN LA DEMORA Y PELIGRO EN EL DAÑO
El recaudo del peligro en el daño se encuentra configurado, toda vez que la actora, por su condición de mujer, integra un colectivo históricamente relegado y sometido a prácticas asimétricas en el acceso al mundo del trabajo que goza de tutela constitucional para garantizar su derecho al trabajo (artículo 11 apartado 1 inciso a) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer).
Por lo expuesto, propongo hacer lugar a la medida innovativa solicitada por la Sra. Camila Alejandra González Contreras (arts. 232 CPCC y 63 Ley 11.653) y, en consecuencia, disponer el cese de los efectos del despido dispuesto por la demandada CENTRO INTEGRAL DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES LOBOS S.R.L en fecha 7 de abril de 2020, hasta tanto recaiga sentencia definitiva, conservando la Sra. Camila Alejandra González Contreras idéntica situación de revista a la que se encontraba con anterioridad al referido acto o, para el caso de verificarse sus presupuestos, se disponga la prestación de servicios acorde a los términos de la Resolución 279/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, bajo de apercibimiento de astreintes (conf. arts. 204 CPCC y 63 Ley 11.653; 804 Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26.994-).
1)	Hacer lugar a la medida innovativa solicitada por la Sra. Camila Alejandra González Contreras (arts. 232 CPCC y 63 Ley 11.653).
2)	Disponer el cese de los efectos del despido dispuesto por la demandada CENTRO INTEGRAL DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES LOBOS S.R.L en fecha 7 de abril de 2020, hasta tanto recaiga sentencia definitiva, conservando la Sra. Camila Alejandra González Contreras idéntica situación de revista a la que se encontraba con anterioridad al referido acto o, para el caso de verificarse sus presupuestos, se disponga la prestación de servicios acorde a los términos de la Resolución 279/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, bajo de apercibimiento de astreintes (conf. arts. 204 CPCC y 63 Ley 11.653; 804 Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26.994-).
Funcionario Firmante: 22/06/2020 13:13:31 - BARCIELA Gonzalo
Funcionario Firmante: 22/06/2020 13:17:30 - MÉNDEZ Miguel Ángel
Funcionario Firmante: 22/06/2020 13:23:45 - RAMIREZ Adrián Aníbal
Funcionario Firmante: 22/06/2020 13:46:23 - COLOTTA Juan Alberto

References: artículo 80
 artículo 248
 artículo 2
 artículo 2
 resolución 
 artículo 92
in dubio
 Resolución 
 Resolución