Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2019/as201931107.html
Timestamp: 2019-11-19 08:30:25+00:00

Document:
as201931107
Auto Supremo Nº 107
Sucre, 20 febrero d e 2019.
Expediente: 576/2017
Demandante: Evelin Mariela Delgadillo Cañari
Demandado: Empresa CHROMART S.R.L.
Materia: Beneficios Sociales
Magistrada Relatora: María Cristina Díaz Sosa
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Jorge Antonio Zamora Tardío en representación legal de la empresa “CHROMART S.R.L.” (fs. 1665 a 1169 vta.), contra el Auto de Vista N° 601/2017 de 18 de octubre de 2017 (fs. 1659 a 1662) pronunciado por la Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el Auto N° 669/2017 de 20 de noviembre de 2017 (fs. 1684) que concedió el recurso, el Auto de 27 de febrero de 2018 (fs. 1696) que admitió el recurso y todo lo que ver convino y se tuvo presente en el proceso:
I.- ANTECEDENTES PROCESALES
Sentencia Nº 20/2017 de 8 de mayo de 2017
Cumpliendo la nulidad determinada por Auto de Vista Nº 161/2016 de 29 de marzo (fs. 1563 a 1565), que fue ratificado por Auto Supremo Infundado Nº 448 de 05 de diciembre de 2016 (fs. 1610 a 1612), la Juez Tercero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Sucre, emitió la Sentencia N° 20/2017 de 8 de mayo de 2017 (fs. 1619 a 1629), declarando PROBADA en parte la demanda y PROBADA en parte la excepción perentoria de pago documentado, ordenando la cancelación a favor de la demandante los siguientes conceptos: Desahucio, Indemnización, Aguinaldo, Bono de Antigüedad, Domingos trabajados, Feriados trabajados y Vacaciones, debiendo descontarse el pago a cuenta documentado de Bs. 14.510,17 (Catorce Mil Quinientos Diez 17/100 Bolivianos), ascendiendo el total final la suma de Bs. 110.285,61.­ (Ciento Diez Mil Doscientos Ochenta y Cinco 61/100 Bolivianos), más la actualización establecida en el art. 9 del D.S. N° 28699, a calificarse en ejecución de sentencia.
Auto de Vista N° 601/2017 de 18 de octubre de 2017.
Interpuesto el recurso de apelación por Jorge Antonio Zamora Tardío en representación legal de la empresa CHROMART S.R.L. (fs. 1632 a 1638), la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista N° 601/2017 de 18 de octubre de 2017 (fs. 1659 a 1662), CONFIRMÓ totalmente la Sentencia de primera instancia.
Contra esta determinación, el demandado interpuso recurso de casación y luego de la contestación presentada por la parte actora, el Tribunal de alzada emitió el Auto N° 669/201 7 de 20 de noviembre de 2017, concediendo el recurso.
II.- ARGUMENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN.
Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2017, Jorge Antonio Zamora Tardío, en representación de la empresa demandada, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, argumentando lo siguiente.
Recurso de casación en la forma:
Al amparo de los arts. 115-II y 117-I de la Constitución Política del Estado (CPE) y el art. 271-1-II del Código Procesal del Trabajo (cita equivocada al ser inexistente dicha norma), e invocando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales (SCP) números 0287/2015-S2, 0234/2015-S2, 819/2015-S2 y 801/2015-S2, acusó que el Auto de Vista N° 601/2017, incurrió en violación de la garantía jurisdiccional del debido proceso, en sus elementos de motivación y fundamentación y que incumplió los requisitos establecidos en el art. 218-I del Código Procesal Civil, por haber omitido pronunciarse sobre los siguientes agravios denunciados en su recurso de apelación:
a) La incongruencia de la Sentencia Nº 20/2017, por no pronunciarse sobre la inexistencia laboral entre la demandante y su representada antes del 9 de enero de 2012; en virtud a que los contratos de prestación de servicios de índole civil, no cumplían las condiciones establecidas en los arts. 47 y 53 de la Ley General del Trabajo (LGT).
b) No corresponde el pago del doble aguinaldo en la gestión 2014, por hallarse incluido en el depósito de los Bs. 14.540,17, monto que fue reconocido en la Sentencia Nº 20/2017.
c) No corresponde el pago de los feriados trabajados, debido a que la demandante ejerció el cargo de Coordinadora Regional, encontrándose comprendida en la excepción prevista en el segundo párrafo del art. 46 de la LGT, por ende, no estaba sujeta a la supervisión de nadie que la obligue a trabajar en días feriados.
Afirma que al haberse incurrido en tales omisiones, el Tribunal Ad quem vulneró los principios de congruencia verdad material y debido proceso, por cuanto sin otorgar una respuesta motivada a sus denuncias, se limitó a reproducir los antecedentes del proceso y reiterar los argumentos de la Juez A quo, sin considerar que los fallos judiciales no pueden ser evasivos; es decir, que las valoraciones jurisdiccionales no pueden basarse en lo que ya se expresó en los fallos de instancia, pues cada juzgador debe expresar sus propios razonamientos y argumentos que justifiquen su determinación.
Recurso de casación en el fondo:
1.- Denuncia la aplicación indebida de los arts. 2-IV de la Resolución Ministerial Nº 774/2013 y 2-III, de la Resolución Ministerial Nº 839/2014, toda vez que a la demandante no le asistía el derecho al pago del segundo aguinaldo, pues como Coordinadora Regional de CHROMART S.R.L., ocupaba un cargo de confianza y jerarquía en la ciudad de La Paz, encontrándose bajo su dependencia los promotores y percibiendo un sueldo elevado; sin embargo, el Tribunal ad quem, estableció arbitrariamente que este no es un cargo jerárquico y dispuso su cancelación; motivo por el que solicita se case parcialmente el Auto de Vista Nº 601/2017; y en consecuencia se declare improbada la demanda en relación al pago del doble aguinaldo correspondientes a las gestiones 2013 y 2014, debiendo considerarse además que ya se pagó este beneficio por la gestión 2014 por duodécimas, mediante cheque girado por el importe de Bs. 14.540,17; no correspondiendo el pago de los Bs. 5.564,00, ni la multa por su incumplimiento, determinados en la Sentencia y que fue confirmada por el Auto de Vista.
2.- Acusa la errónea interpretación del segundo párrafo del art. 46 de la LGT en la determinación del pago de días domingo y feriados trabajados, pues pese a que la empresa demostró que el cargo que ocupaba la demandante era el de mayor confianza y jerarquía para la ciudad de La Paz, el Tribunal ad quem ratificó la determinación del Juez A quo, sin considerar que la demandante se encontraba exceptuada de este derecho social, correspondiendo que se case parcialmente el Auto de Vista y se declare improbada la demanda en este aspecto.
Solicita que el Tribunal Supremo de Justicia ANULE obrados, disponiendo la emisión de un nuevo Auto de Vista, o alternativamente CASE el Auto de Vista recurrido en el fondo y como consecuencia declare improbada la demanda de fs. 36 a 39 vta. y 42, respecto del pago del doble aguinaldo, correspondiente a los años 2013 y 2014 y su multa, como también respecto al pago de días domingos y feriados.
III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO Y ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO:
En consideración a que los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto.
A este efecto, la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo, ha establecido que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, utilizada para invalidar una Sentencia o Auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una “cuestión de responsabilidad entre la Ley y sus infractores” pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el art. 274-3 del Código Procesal Civil (CPC-2013), en tanto se cumplan los requisitos establecidos, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes infringidas, violadas o aplicadas indebidamente o erróneamente interpretadas, especificando en que consiste la infracción, la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, no siendo suficiente la simple expresión de la voluntad de impugnar.
En este entendido, los recursos de casación en el fondo y en la forma representan dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica; pues a través del primero se impugna el error "in judicando", que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido; o sea, a sus fundamentos sustanciales; en cambio, el segundo, recae sobre el error “in procedendo”, esto es cuando la resolución recurrida hubiese sido emitida violando las formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, contenga errores de procedimiento y vicios que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público.
Consiguientemente, bajo éstos parámetros la resolución de cada uno de estos recursos son diferentes, pues cuando se plantea recurso de casación en el fondo, lo que se pretende es que el Auto de Vista CASE la resolución recurrida, conforme determina el art. 220-IV del CPC-2013, dejando sin efecto la resolución impugnada (total o parcialmente) y emitiendo una nueva resolución sobre el objeto de controversia; mientras que, cuando se plantea un recurso de casación en la forma, la impugnación busca que se determine se ANULE la Sentencia o resolución recurrida; o la nulidad de todo o parte del proceso, sea con o sin reposición de obrados, por haberse identificado que se incurrió en un error procesal que no puede ser soslayado por el Tribunal Supremo, todo conforme dispone el art. 274-III del mismo cuerpo legal.
Bajo este marco, en vista que en el caso de autos la empresa demandada ha interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, en virtud al objeto y efectos que conllevan cada uno de ellos, se procederá a verificar inicialmente la veracidad de los argumentos expuestos en el recurso de casación en la forma y en caso que no resultaren evidentes, se ingresaran a resolver las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo.
Casación en la forma:
a) Respecto de la presunta incongruencia de la Sentencia Nº 20/2017, por no pronunciarse sobre la inexistencia de la relación laboral alegada por la actora antes del 9 de enero de 2012, por existir contratos de índole civil que no se acomodaban a las previsiones de la Ley General del Trabajo; se establece que denuncia del recurso, correspondía que se la efectúe, respecto de la determinación asumida en el Auto de Vista, que absolvió los agravios del recurso de apelación; por consiguiente, no puede este Tribunal analizar esa presunta incongruencia alegada; más aún, si se advierte que el Tribunal de alzada, analizó este aspecto en el Auto de Vista, en el punto 2.2.1 respecto de la “relación laboral”, cuando estableció que en el caso presente “..,no existen elementos de juicio que desvirtúen lo afirmado por la actora, por lo que debemos añadir la posibilidad legal de celebrar contratos verbales según lo estipulado por el art. 6 LGT” (TEXTUAL).
Evidenciando que existió un pronunciamiento puntual sobre el particular, pues para resolver un agravió, conforme ha determinado la jurisprudencia constitucional, no es necesario que la exposición sea ampulosa, sino concreta y puntual; consiguientemente, se establece que no es evidente la imaginaria omisión en el Auto de Vista respecto de falta de fundamentación sobre este aspecto, pues si bien se alegó que presuntamente existía una relación civil, ésta debió ser acreditada por la empresa demandada, y en el recurso debió identificar este aspecto, respecto de los folios en los que cursan esta prueba, que demás constituye un aspecto que se referiría al fondo del caso y no así respecto de una presunta omisión o falta de pronunciamiento en el Auto de Vista.
b) Evidentemente el Auto de Vista, se pronunció sobre el aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”, correspondientes a las gestiones 2013 y 2014, liquidados a favor de la actora; sin embargo, ciertamente, no analizó que respecto del aguinaldo de navidad correspondiente a la gestión 2014, fue cancelado cuando se pagó una parte de los beneficios sociales, (Bs. 14.540,17); empero, en el recurso de apelación punto 1.4.2, solo se aludió que no se ha considerado ese pago a cuenta, sin identificar claramente cómo acreditó ese pago, sin haber identificado el folio de los documentos por los que se demuestran esos pagos, (fs. 1302 a 1304); no obstante este hecho, en mérito al principio de trascendencia, que regulan las nulidades, definitivamente no amerita determinar la nulidad del proceso, para ordenar una simple rectificación de cálculo, así se estableció en un similares casos por este Tribunal, cuando determinó:
“Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes. En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado. De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.” (sic)1.
Que, “…al momento de analizarse una nulidad por incongruencia, se deberá tener en cuenta la trascendencia de la misma, a efectos de evitar formalismos excesivos que únicamente han de tener consecuencias dilatorias en la causa y por ende perjuicio a las partes que van en búsqueda de una solución al conflicto jurídico, un entendimiento antagónico implicaría desconocer los principios que rigen la nulidad de obrados como ser el de trascendencia, criterio que también asumido por Tribunal Constitucional bajo el denominativo de -relevancia constitucional-, el cual orienta en sentido que la tutela constitucional en tema de infracciones procedimentales es acogida cuando: “…esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados” (SCP Nº1062/2016-S3 Sucre, 3 de octubre de 2016). En ese mismo sentido, la SC 1905/2010-R de 25 de octubre, sostuvo que: “…una problemática no tiene relevancia constitucional cuando la resolución de fondo que la jurisdicción ordinaria emitió no vaya a ser modificada o de resultado diferente, aun cuando se disponga subsanar los errores u omisiones de procedimiento incurridas por el demandado de amparo constitucional”.2
Por consiguiente, en concordancia a lo vertido párrafos anteriores, y aplicando el art. 271-II del CPC-2013, establece “No se considerarán como causales de casación los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva del auto de vista.”, pues solo se debe descontar ese monto cancelado por ese concepto y dejar sin efecto el porcentaje que corresponde a la multa, pues el pago del aguinaldo, no puede ser parcial, por consiguiente, la multa deberá liquidarse en ejecución de sentencia, imponiendo la multa respecto de la diferencia no cancelada oportunamente, en aplicación del art. 226-II del CPC-2013, que establece: “Los errores materiales, numéricos, gramaticales o mecanográficos, podrán ser corregidos aún en ejecución de sentencia”, aplicable al caso por la permisión contenida en el art. 252 del CPT.
c) Respecto del presunto no pago de los domingos trabajados y feriados trabajados, alegados en los puntos 1.6 y 1.7 del recurso de apelación, al tratarse de cuestiones similares, fueron resueltas en el punto 2.2.6 del Auto de Vista (fs. 1662), afirmando que no es suficiente alegar que los días de trabajo son de lunes a viernes, al no existir en el caso presente respaldo probatorio en relación a esta temática, como son los libros de asistencia y por ello concluye que no es posible aplicar las excepciones previstas en el art. 46-II de la LGT, citada en el recurso de apelación, respecto de los “feriados trabajados” que ha sido extrañada en su fundamentación por el recurrente.
Consiguientemente se establece que no son evidentes las causales de nulidad alegadas en el recurso de casación en la forma, pues si bien se identificó alguna falta de precisión, respecto de uno de los puntos argumentados, éste, en mérito al principio de transcendencia, no amerita la nulidad de obrados, sino únicamente la rectificación de la liquidación por un pago a cuenta que ha sido reconocido tanto en la Sentencia, como en el Auto de Vista, en aplicación de los arts. 272-II y 226-II del CPC-2013.
Casación en el fondo:
Resolviendo el recurso de casación en el fondo, respecto de los dos puntos alegados, se establece lo siguiente:
1.- Analizando detenidamente las Resoluciones Ministeriales (RM) Nº 774/2012 Nº 839/2014, ciertamente, estas no fueron analizadas en la Sentencia, sino únicamente consideró texto de los DS. 1802 y 1811, habiéndose ordenado el pago de este concepto a favor de la actora por las gestiones 2013 de manera íntegra y 2014 en duodécimas.
Al haber sido impugnado este aspecto en el recurso de apelación, el Tribunal de alzada, desglosó el contenido de los arts. 2-IV de la primera RM y 2-III de la segunda y estableció que el criterio asumido por la Juez a quo, fue el correcto, porque consideró que el cargo que ocupaba la actora, no se asimilaba al de presidente, vicepresidente, miembro del directorio, directora ejecutiva, gerente, subgerente, director general, directora, o sub director ejecutivo o cargos de igual jerarquía, con un nivel salarial acorde al cargo asignado; estableciendo de manera clara que el cargo de Coordinadora Regional, no se asimila a dichas características, tanto por la jerarquía del mismo como por el nivel salarial que percibía, estableciendo de manera clara que se encuentra excluida de esas normas.
En el recurso de casación se ha argumentado que no habría infringido dichas, aspecto que no es evidente, pues en el curso del proceso, la empresa demandada, no ha demostrado que la actora hubiese ejercido funciones que se asimilaban a las características de presidente, vicepresidente, miembro del directorio, directora ejecutiva, gerente, subgerente, director general, directora, o sub director ejecutivo o cargos de igual jerarquía, con un nivel salarial acorde al cargo asignado, tan solo cursan contratos que inclusive se pretendió asimilar las funciones encomendadas a tareas civiles o actos civiles que ya fueron analizadas por la Juez a quo y ratificadas por el Tribunal ad quem., por consiguiente, corresponde desestimar este argumento.
2.- La segunda parte del art. 46 de la LGT, establece que se exceptúa las previsiones de la jornada del trabajo, instituida en la primera parte de esta norma estableciendo que se exceptúan a los empleados y obreros que ocupen puesto de dirección, vigilancia o confianza; habiendo alegado el recurrente que la actora, en su condición de “coordinadora”, era una funcionaria de dirección y confianza donde desarrollaba sus actividades.
Verificando el objeto de la empresa demandada, (Testimonio Nº 69/1992 de 27 de junio de 1992, de constitución que cursa a fs. 1292 a 1297 vta., se establece que se dedica a realizar consultorías en las ramas de administración, marketing, publicidad, contabilidad, finanzas, producción y comercialización de anuncios publicitarios y estadística en todas sus variedades posibles, para empresas públicas y privadas, sean estas industriales, comerciales o de servicios, así como a personas naturales y jurídicas…etc., en ese sentido se contrató a la actora para realizar campañas de promoción de diferentes productos, actividad que de ninguna manera se acomoda a una de dirección, vigilancia, o confianza, como erróneamente argumentó el recurrente, por lo que se establece que no se incurrió en errónea interpretación de la aludida norma (art. 46 párrafo segundo de la LGT), por lo que la orden de pago de días domingo y feriados trabajados, determinada por la Juez a quo y confirmada por el Tribunal de alzada, fue correcta.
Consiguientemente al haberse advertido que no son evidentes las infracciones legales acusadas en el recurso, corresponde aplicar el art. 220-II del CPC-2013, por la permisión contenida en el art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184­1 de la CPE y 42­1­1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 1665 a 1669 vta., interpuesto por Jorge Antonio Zamora Tardío en representación de la empresa CHROMART S.R.L., contra el Auto de Vista Nº 601/2017 de 18 de octubre, de fs. 1659 a 1662 de obrados, emitido por la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de justicia de Chuquisaca, con costas en todo el proceso; con la aclaración que en ejecución de fallos, se debe descontar el pago a cuenta del aguinaldo de navidad correspondiente a la gestión 2014, acreditado a fs. 1302 a 1304, conforme se ha fundamentado en el inciso c) de la resolución del recurso de casación en la forma.
Se regula el honorario profesional del abogado patrocinante, en Bs. 1000.- que mandará pagar el Juez a quo.
1 Auto Supremo Nº 254/2014, de 27 de mayo, Sala Civil, Tribunal Supremo de Justicia.
2 Auto Supremo Nº 77 de 20 de febrero de 2019, Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.

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