Source: https://es.scribd.com/doc/132452331/la-justicia-federal-en-la-confederacion-argentina
Timestamp: 2017-03-26 21:00:30+00:00

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la justicia federal en la confederación argentina
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INSTITUCIONES ESTATALES Y ORDEN POLÍTICO. DISEÑO, PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES DE LA JUSTICIA FEDERAL EN LA `CONFEDERACIÓN´ (1854-1861) Ana Laura Lanteri
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Lanteri, Ana Laura. Instituciones estatales y orden político.
INSTITUCIONES ESTATALES Y ORDEN POLÍTICO. DISEÑO, PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES DE LA JUSTICIA FEDERAL EN LA “CONFEDERACIÓN“ (1854-1861)1
RESUMEN El artículo estudia algunos avatares de la organización y el funcionamiento de la justicia federal en la “Confederación” (1854-1861). El análisis contempla problemas que han sido soslayados por los estudios existentes. El enfoque escogido vincula la problemática con las redeﬁniciones del rol y de los vínculos político-institucionales de los poderes provinciales y el nacional y relaciona al poder judicial con los otros dos poderes estatales. En primer lugar se analiza la ley que, al disponer los requisitos de habilitación de los “abogados nacionales”, permitió la conformación de la justicia federal. Luego, se examina su dinámica desde el accionar de las provincias y de la Cámara Superior de Justicia (que suplió a la Corte Suprema de Justicia). Finalmente, se realizan algunas consideraciones ﬁnales en las que se proyecta la experiencia hacia el período abierto en 1862. Palabras clave: justicia federal - “Confederación”- provincias - poderes estatales ABSTRACT The article studies some vicissitudes in the organization and functioning of the federal justice in the “Confederación” (1854-1861). We take into consideration problems that had not been considered in other studies. The problematic is linked with the redeﬁnitions of the role and the political - institutional relations between the provincial powers and the central one and between the judicial power and the other two states powers. First we analyze the law that, on having arranged the requirements of the “national lawyers”, allowed the conformation of the federal justice. Then, we examine its dynamics considering the action of the provinces and of the “Cámara Superior de Justicia” (that replaced the Supreme Court of Justice). Finally, in our conclusions we project the experience to the period opened in 1862. Keywords: federal justice - “Confederación”- provinces - states powers
RECIBIDO: 30/06/10 ACEPTADO: 01/03/11
Población & Sociedad, ISSN 0328-3445, Vol. 18, Nº 1, 2011, pp. 49-78 49
Población & Sociedad, ISSN 0328-3445, Vol. 18, Nº 1, 2011, pp. 49-78
En las últimas décadas en América Latina, una serie de estudios centró el análisis de los sistemas judiciales dentro del proceso más amplio de conformación y consolidación de los Estados nacionales, conﬁriendo una historicidad mayor a esquemas y conceptos del derecho (entre otros Zimmermann, 1999 a; Salvatore, Aguirre y Joseph Gilbert, 2001; Palacio y Candioti , 2007). En este marco, la historiografía argentina ha avanzado notablemente con investigaciones sobre diversos períodos, que articularon la historia del derecho con la social, cultural y política y desplazaron la mirada desde el marco normativo a la administración de justicia (reciente estado de la cuestión en Barriera, 2010). A pesar de estos sustanciales avances, el rol y el accionar de la justicia federal en la construcción del orden político para el período de la “Confederación” (1852-1862) requiere ser profundizado.2 Sobre las décadas posteriores –entre 1860 y 1880– se ha dado un importante y detallado cuadro sobre su conformación y dinámica, algunas de cuyas líneas problemáticas recuperamos en este artículo (Zimmermann 1998 y 2010; sobre el diseño judicial Tanzi, 1997). Por el contrario, el único estudio especíﬁco sobre el poder judicial en la Confederación –realizado por Beatriz Bosch– está centrado en su diseño y discusiones legislativas. Además, se examinó el debate sobre la ley orgánica de la justicia federal dictada en 1858 y, en el marco de un estudio más amplio, se exploró el desarrollo general de la Corte Suprema de Justicia y el perﬁl de sus jueces (respectivamente Bosch, 1964; Pérez Gilhou, 1983 y Zavalía, 1920). Pese a brindar un marco general, estos estudios dieron una imagen incompleta sobre la la justicia federal en el período. Ello es porque su papel como poder estatal e institución para la nacionalización de las provincias no fue debidamente contemplado. Por una parte, el accionar concreto que tuvo la Cámara Superior de Justicia (que como expondremos suplió a la Corte Suprema de Justicia) no fue atendido. Bosch (1964) describió algunos casos en los que actuó sin avanzar en su explicación mientras que Zavalía (1920) caracterizó el período como un “interregno” de poca actividad en contraste con la “organización deﬁnitiva” alcanzada durante la presidencia de Mitre, restándole así trascendencia. Por otro lado, pese a ser destacados los puntos centrales de los debates legislativos en materia judicial, no se focalizó en la legislación sancionada como parte de la puja de poder que se dio al interior del Congreso nacional. En un contexto de lucha con el Estado porteño por obtener la unidad y supremacía nacional y de conformación estatal como el de la
se estudia su dinámica desde el accionar de las provincias y de la Cámara Superior de Justicia. nuestro análisis contempla entonces problemas que fueron soslayados por los estudios existentes. Ana Laura. El decreto fue lo suﬁcientemente amplio como para intentar saldar la escasez de recursos humanos y permitir al ejecutivo nacional mostrarse respetuoso del nuevo ordenamiento federal. dado lo incipiente de la conformación estatal? En vistas de integrar la Corte Suprema pero también de regularizar la administración general nacional de justicia. se realizan algunas consideraciones ﬁnales en las que se proyecta la experiencia de la Confederación hacia el período abierto en 1862. El enfoque escogido vincula la problemática con las redeﬁniciones del rol y de los vínculos político-institucionales de los poderes provinciales y el nacional y relaciona al poder judicial con el ejecutivo y legislativo. Pero ¿qué signiﬁcaba dicha denominación y cómo podrían tenerse los años de antigüedad requeridos. Su fundamento principal fue el escaso número de abogados que las provincias habían informado tener (Entre Ríos declaró dos. Luego. Urquiza estuvo atento a las necesidades de reproducción y conformación del aparato estatal y legitimó su accionar en las leyes españolas. Intentó dar muestras del fortalecimiento y la acentuación de la unión nacional. mientras la que más acreditó fue Córdoba con unos veintidós). permitió conformar la justicia federal. que le permitían habilitar personas para cubrir las diﬁcultades del foro. al disponer los requisitos de habilitación de los “abogados nacionales”.
LAS PATENTES DE LOS JUECES FEDERALES: LA LEY SOBRE ABOGADOS NACIONALES DE 1854
La Constitución nacional estableció en su artículo 94 que entre los requisitos para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia se debía ser “abogado de la Confederación con ocho años de ejercicio”. En primer lugar se analiza la ley que. Instituciones estatales y orden político.
Confederación. Se examinan algunos avatares de la organización y el funcionamiento de la justicia federal. prestando especial atención a la retroalimentación y contribución de las provincias al sistema judicial y a los vínculos entre los tres poderes estatales nacionales. Para terminar. al reconocer y equiparar a las provincias e incorporar a los que habían
. el ejecutivo nacional tuvo la preocupación temprana –el 15 de septiembre de 1854– de dictar un decreto por el que estipuló los requisitos y las formas de habilitación de dichos abogados.Lanteri.
tanto su naturaleza como la atribución que se había dado el poder ejecutivo al dictarlo fueron objetadas en el Congreso. Vol. Respecto del primer punto. 49-78
tenido que abandonar sus estudios o terminarlos en el extranjero por las tensiones políticas pasadas. Esta votación ajustada fue fruto de un largo debate en el que surgieron posturas a favor y en contra de la injerencia del ejecutivo nacional y puntos encontrados sobre las atribuciones de las esferas de poder nacional y provincial. Fueron reconocidos como “abogados de la Confederación Argentina” los recibidos en las Cámaras de letrados que existían y habían existido en la Confederación (los de Buenos Aires. los que no habían podido recibirse porque los acontecimientos políticos hubieren interrumpido sus estudios. Finalmente se contemplaba la designación de abogados españoles o de países hispanoamericanos que presentaran sus títulos. sin haberse recibido hubiesen hecho estudios sobre derecho civil y ejercido por cinco años sin interrupción la profesión de abogados o por los mismos años y con interrupción empleos forenses en alguna provincia sin Cámara de Justicia. otros legisladores adujeron –y lograron que su postura
. Sin embargo.Población & Sociedad. A pesar de que no se exigía en todos los casos el grado universitario. 18. con la mera extensión y regularización de los títulos habilitantes. Mendoza. Salta y Córdoba) y los habilitados hasta la fecha del decreto por el poder ejecutivo o por ley especial de su respectiva provincia. la comisión destinada a evaluarlo directamente sugirió que fuese dejado sin efecto. el ejecutivo nacional había atentado contra el sistema republicano por haber pretendido legislar. Las posiciones de los legisladores revelan diversos argumentos sobre la naturaleza que debía tener el Estado. lo que remite al pacto federal constitucional. En un marco donde la tradición y el orden normativo vigente no exigían el recurso al carácter diplomado que Urquiza quería darle a la esfera judicial. pp. que daba por aquel entonces sentido a la acción e ingeniería política de la Confederación. especialmente.3 La instauración del poder judicial surgía como una decisión política y mostraba al ejecutivo nacional como una autoridad soberana que se adjudicaba la facultad de legislar. en ambos casos aunque no tuviesen el grado universitario requerido por el derecho español. Nº 1. 2011.4 A pesar de que el decreto fue aprobado y convertido en ley en junio de 1855. la cuestión es reveladora del peso creciente que la imagen de una justicia profesional iba adquiriendo. ISSN 0328-3445. Y. Urquiza daba un tratamiento formal a la ﬁgura del abogado. Y los que. Esto fue porque consideró que a pesar de coincidir en sus ﬁnes.
y Luque. Los vínculos entre la justicia provincial y federal también estuvieron en la base de las discusiones. lo que colaboró en la votación. se produjo en junio de 1855 en la Cámara de Diputados un “plan de ataque”. Muchos cordobeses vieron en la decisión del ejecutivo nacional resentida su condición de abogados diplomados y. Gil Navarro al notarlo y saber que eran de “los suyos” se lo advirtió al Ministro de Justicia Culto e Instrucción Pública y ambos planearon ir a buscarlos. dado que ganaron por cuatro votos. Según este legislador. por lo que el poder ejecutivo nacional había obrado conforme al presentarlo a aprobación. Tensiones políticas entre las propias provincias incidieron en la resolución. lograron que prevaleciera su postura de restringir algunos artículos que resentían los intereses de los abogados de la provincia. Para revertir la situación. fue la “embestida” de algunos representantes de Córdoba contra las provincias del interior. se emprendió el “plan de ataque” al que aludió Gil Navarro. Instituciones estatales y orden político. destinado a lograr su aprobación. por lo que ambos faltaron a la sesión. Estas últimas no contaban con su misma tradición administrativa ni con recursos como para afrontar la formación universitaria de su personal. a la vez. Diputado por Córdoba que era médico la auxilió. Las anotaciones en el diario privado del Diputado riojano Ramón Gil Navarro. En el segundo día del debate. nos permiten avistar las controvertidas negociaciones que llevaron al desenlace de este asunto.Lanteri. El debate duró tres sesiones. se mostraron preocupados porque la Universidad de Córdoba –que había sido nacionalizada en mayo de 1854– perdiese legitimidad.6
. Ana Laura. Al principio.que el decreto se había sancionado más de un mes antes de que el Congreso nacional iniciara sus sesiones el 22 de octubre de 1854. Sin embargo no todos votaron igual. pero tenían sus mismos derechos y atribuciones. algunos Diputados cordobeses tras desarrollar largos discursos. lo que más irritó a Gil Navarro y al bloque de Diputados que se orientaron en su favor. se había enfermado la hija de Achával -un cordobés que por el momento representaba a Catamarca. En efecto. El mismo ilustra sobre la manera en que el pragmatismo político del debate parlamentario y la puja de poder que se dio al interior del recinto legislativo deﬁnieron la votación.5 La conformación de la justicia federal fue así modelada por la puja de poder que se dio al interior del Congreso. El núcleo del debate fue la distinta situación en que se encontraban los espacios provinciales como para materializar el decreto.
sirvió de antecedente a la sancionada con posteridad. 1999 b). la ley fue funcional para la administración y conformación estatal. Por una parte. los legisladores reﬂexionaron sobre un conjunto de temas articulados. casi un tercio pasó luego a desempeñar
. en su poder moderador frente a la población. la votación fue respaldada por el poder ejecutivo nacional a través del Ministro del Interior Santiago Derqui. Por otro lado y en este mismo sentido. hemos advertido que en las discusiones que le dieron vida se articuló la injerencia del ejecutivo nacional –a partir del accionar de los Ministros de Justicia. la de organización de la justicia federal dictada en 1858. como observaremos. quien fue al recinto legislativo a exponer su parecer. pese a que la ley sobre abogados de 1854 sí fue implementada. aﬁrmó que como hasta el momento no estaba en vigencia una ley nacional. Al igual que esta ley. Por entonces. La ley de 1858 ﬁnalmente no pudo ser aplicada pero. estuvo modulada por el proceso más amplio de cambio y conﬁguración del orden político-jurídico. la evidencia empírica sugiere que la ley operó en la práctica como un elemento efectivo de conformación de solidaridades políticas.Población & Sociedad. la escasez de abogados continuó siendo un problema que se extendió a las décadas siguientes (Zimmermann. Cuestiones todas que fueron funcionales para la conformación de una dirigencia nacional y que materializaron una ley centralizadora pero que no resentía a las autonomías provinciales. Por su parte. etc. pp. Nº 1. 7 Por ejemplo. por así considerarlo sus autoridades. en su rol para la uniﬁcación política y en la importancia de su función de control de los otros poderes estatales. Vol. A juzgar por los datos existentes. de los veintidós abogados residentes que como señalamos la provincia informó tener en 1854 (Pavoni 1993:113). se conformó una red de personas e información intra y extra provincial y se cristalizaron tensiones provinciales. algunas provincias con “perfecto derecho” habían señalado como abogados a los que consideraban idóneos por diversos motivos (sea por rendir un examen ante las Cámaras de Justicia provinciales. ISSN 0328-3445. 49-78
Además. La justicia federal fue parte del reparto de cargos implementado para seleccionar e integrar a las elites provinciales al Estado nacional. Entre otras cuestiones.). Sin embargo. los contactos personales actuaron como principios de inﬂuencia para las designaciones de los “abogados nacionales”. 2011. Culto e Instrucción Pública y del Interior–. 18. Los mismos pueden reseñarse en el consenso de la necesidad de conformar a la justicia como el tercer poder estatal y de limitar sus funciones. por seguir con el caso de Córdoba.
En el marco de las designaciones políticas para los cargos judiciales que se sucedieron en el período. La relación entre la esfera judicial y la composición de las elites políticas se hizo visible -al igual que en otros períodos y otros espacios latinoamericanos. Finalmente. Instituciones estatales y orden político.Lanteri. fue señalada por los propios Gobernadores. el estudio de Pavoni (1993) ha mostrado que el poder judicial en Córdoba estuvo muy condicionado por los enfrentamientos entre los otros dos poderes y por la injerencia de los Gobernadores (algunos de ellos. alrededor del 40 % lo eran. como de la Peña. se originó un reclamo a la justicia federal de un camarista provincial removido de su cargo a ﬁnales de 1854. quien informó que la remoción había sido legal porque el carácter de su cargo era interino y que la Legislatura estaba de acuerdo. Y ello revela una demanda temprana de la intervención activa de la justicia federal para dirimir un conﬂicto provincial. dieron muestras de su aparente preocupación por el tema). Ana Laura. lo interesante es que el Camarista cordobés había librado la resolución del asunto a la Corte Suprema de Justicia. Asoció su falta de independencia y profesionalización a la gratuidad de la función y a la simultaneidad de funciones de su personal. Mariano Fragueiro aﬁrmó que la “protección especial” con que contaba la Abogacía en función de otras profesiones debía ser saldada con mayores exigencias de idoneidad para ocupar los cargos.
cargos en la administración nacional. el Congreso y el ejecutivo nacional aﬁrmaron no tener las competencias suﬁcientes como para resolver el asunto. Pidieron previamente explicaciones al Gobernador cordobés. Hacia ﬁnales de la década. Creía que solamente de esa manera se alejarían “las inﬂuencias pasajeras y los favores especiales del Estado”. el Camarista consideró que era la Corte Suprema de Justicia quien debía resolver el asunto. Sin resultar suﬁciente para realizarlo.9 Aunque el caso no tuvo resolución en el período. fue de todos modos funcional para la administración estatal
. Su sucesor en la gobernación –Félix de la Peña– continuó destacando esta peculiaridad sobre la justicia provincial. Si bien el conﬂicto remitía al contexto político cordobés.en el hecho de que un gran porcentaje del personal político federal eran abogados. La búsqueda de conformación de intereses y lealtades entre la administración nacional y provincial cordobesa que acabamos de referir. Según una reconstrucción propia de un corpus de 203 personas que ocuparon entre 1852 y 1862 los puestos estatales más importantes. La ley sobre “abogados nacionales” había surgido con la intención de instalar los tribunales federales.8 En efecto.
Esta última provincia aceptó conformarlo porque al igual que las demás. Así. un Diputado nacional le propuso al Gobernador correntino hacer lo mismo entre Santa Fe. tuvieron lugar en diversas ocasiones. 18. 2011. las causas de responsabilidad contra los miembros del Tribunal a la Corte Suprema de Justicia. En mayo de 1856. no obstante las diﬁcultades en institucionalizar la justicia federal –sobre las que volveremos enseguida–. En este marco.
LA JUSTICIA FEDERAL COMO REFERENTE DE LAS PROVINCIAS Y LA ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA SUPERIOR DE JUSTICIA COMO POSIBILIDAD
Los datos con los que contamos permiten pensar que. en última instancia. ISSN 0328-3445.10 Al elevar casos conﬂictivos para su resolución. Gestos como el del Camarista cordobés que acabamos de citar. Como ilustración vale la pena citar. Las provincias apelaron en este caso a la justicia federal ante posibles problemas que pudieran surgir con sus funcionarios judiciales y no para dirimir un conﬂicto puntual. en el período surgió una tendencia en las provincias a priorizarla como un árbitro de poder externo. entre los casos disponibles.Población & Sociedad. 49-78
nacional y para discutir y modelar el alcance republicano y federal del nuevo sistema político. Salta y Tucumán celebraron un tratado con la voluntad de “unirse en un solo círculo o distrito judicial” y de incorporar en éste a Santiago del Estero y Catamarca. Le informó además que ya había evaluado la opinión entre sus pares y que era
. Y que sometiera –por vía de prórroga de jurisdicción–. entendía que era útil y conveniente para sus propios intereses (sobre todo económicos). Jujuy. sobre la base de las atribuciones del artículo 104 de la Constitución nacional –que permitía a las provincias celebrar tratados parciales para ﬁnes de administración de justicia y otras materias–. Corrientes y Entre Ríos. se dieron argumentos contundentes en este sentido. Vol. La propuesta era crear. Nº 1. un “Tribunal Superior Común de Justicia” que resolviese. uno que es de suma importancia para visualizar la manera en que la pertenencia a una entidad política-judicial mayor iba calando en los sistemas políticos provinciales. La iniciativa tuvo buena recepción en otros espacios provinciales. la justicia federal comenzó además a ser reconocida por las provincias como una institución que las articulaba en dicho sistema. pp. todas las causas civiles y criminales de sus jurisdicciones.
que la clave regional que se planteó en la conformación del Tribunal de las provincias del norte no era propia de la década. en tanto la nación como proyecto había pervivido antes de 1853 en elementos como los numerosos pactos interprovinciales –entre los que fue central para la unión el “Pacto Federal” de 1831– y el ensayo constitucional de 1826 (Bragoni y Míguez.14 Lo novedoso parecía residir entonces en la solicitud de que la Corte Suprema de Justicia entendiese en las causas de responsabilidad contra los miembros del Tribunal y.
positiva. En este sentido. debe ser destacado.12 Asimismo. El análisis de sus trayectorias revela que habían participado de ésta desde décadas atrás y que contaban por ello con un bagaje de experiencia e información que fue puesto al servicio de la nueva realidad federal. pero que también fue señalada una y otra vez en los distintos espacios provinciales. Pese a ello. Aludimos ya a la carencia de abogados. 2010). acciones de este tipo realzaban y daban sustancia al carácter federal de la formación estatal. quien había estado en total acuerdo. por ende. A ello se sumaba la falta de independencia de los funcionarios judiciales y las limitaciones en el ejercicio efectivo de la justicia.11 Por su parte. Instituciones estatales y orden político. que se había materializado entre estas provincias en alineaciones como el “Protectorado de Heredia” en los 30´ y la “Coalición del Norte” de 1840. Y ello no llama la atención si se tiene en cuenta el precario estado de sus administraciones. era positiva para sus propios intereses. Es interesante ver que las provincias proyectaron que la asociación entre ellas en primer lugar y luego con una institución nacional. que apuntamos para el caso de Córdoba.Lanteri. aunque ﬁnalmente la iniciativa no se concretó. Ana Laura.13 Pero que además había sido común entre los diversos espacios provinciales.
. El Gobernador lo autorizó para accionar en dicho sentido. no eran personas ajenas a la vida política nacional ni provincial. en la función integradora y reguladora dada a la justicia federal. Incluso. Se proyectó una práctica anterior de institucionalización de vínculos y referencias regionales. Función que estaba delineada por el nuevo marco constitucional y que quedaba efectivizada en este tipo de situaciones. aﬁrmó que había podido conversar con Urquiza al respecto. la conformación del Tribunal se vio facilitada porque tanto los Gobernadores de las provincias signatarias como sus representantes. el “Tribunal Superior Común de Justicia” de las provincias del norte sí se conformó pero funcionó por poco tiempo.
Esta resolución remite a otro elemento de importancia para aprehender la naturaleza del sistema político nacional: la difusión y adopción del modelo constitucional norteamericano.16 Como se observa. el Congreso decidió aprobar la conformación del Tribunal. Los legisladores manifestaron no tener la competencia suﬁciente para expedirse sobre el accionar del poder judicial. las soberanías provinciales se verían resentidas y se pondría a las provincias en desigualdad de condiciones. si daban dicha atribución a la Corte Suprema. pero negó la atribución conferida a la Corte Suprema de Justicia de entender sobre la responsabilidad de sus miembros. pp. Nº 1. La intención fue lograr entonces una jurisprudencia uniforme que tuviera como último intérprete de la legalidad a la Corte Suprema de Justicia. Más allá de que adujeron que en este caso eran las propias provincias las que por su “voluntad” lo solicitaban. Y con ello se reconoció el carácter uniﬁcador de dicha justicia federal llamada a actuar como “custodio” de la Constitución. esta solución dada a la conﬁguración judicial fue parte constitutiva de dicho proceso. Nuevamente aquí los legisladores estuvieron preocupados por el vínculo entre las esferas de poder nacional y provincial. 18. se estipuló formalmente la facultad del poder judicial de interpretar la Constitución nacional que era un pilar del sistema norteamericano. Vol. pensaban que hasta la próxima reforma constitucional no podrían hacerlo. ISSN 0328-3445. Al igual que la ley sobre abogados nacionales. También consideraron que sería injusto permitirlo dada la objeción que se les había hecho a algunas constituciones provinciales – como las de Salta.Población & Sociedad. Dos años después. La relación esbozada en este ejemplo en particular entre los poderes estatales y entre las esferas nacional y provincial. Ello era porque implicaba “un desprendimiento de poder o sumisión en negocios del fuero provincial”. el análisis del debate que tuvo lugar en el Congreso con motivo del permiso que se le solicitó para conformar el Tribunal. 49-78
Con respecto a esto último. Si por entonces habían sido “escrupulosos” debían mantenerse en la misma actitud. en la ley orgánica de justicia federal de 1858 que mencionamos.15 Luego de una votación ajustada –en principio empatada y luego deﬁnida por dos votos–. ilustra también sobre la relación efectiva entre los poderes estatales. A su entender. Jujuy y Córdoba– de que los miembros de sus respectivas Cámaras de Justicia fueran juzgados por la Corte Suprema. tuvo
. las provincias debían adecuarse a un Estado con una soberanía mayor a las suyas particulares y hallaron en el Congreso nacional un marco institucionalizado en el que construir y ejercer su poder. 2011.
Instituciones estatales y orden político. Según la normativa de 1856 y 1859. Por su parte. Sin especiﬁcaciones. se agregaba que ello se haría “en la parte en que fuese compatible con las leyes prácticas y con la Constitución nacional”. antes de presentarlos. Ana Laura. dado que actuó hasta ﬁnales del período.Lanteri. Culto e Instrucción Pública. deben partir todas las reformas a las provincias confederadas”. el Fiscal de Estado era parte legítima en todos los negocios criminales y en los civiles en los que se interesaba la causa pública o la jurisdicción nacional. La Cámara surgía como la realización posible y se dio así un paso tendiente al establecimiento del poder judicial nacional. En 1856. En su mensaje de apertura del Congreso en 1855 Urquiza señaló el rol que la Cámara tenía para la Confederación: “de la que. Urquiza había designado el día 27 de octubre de 1854 para la instalación de la Corte Suprema de Justicia pero por entonces fue imposible lograr que todos sus miembros se reunieran en Paraná. Pero. hasta que se pudiera reunir. Ello quedó estipulado en junio de 1855 en el reglamento interno que dictó la Cámara que fue aprobado por el Ministro de Justicia. 1920:49). como un centro. es necesario referirnos brevemente a la conformación de la Cámara Superior de Justicia.17 Se construyó así una esfera de acción para la justicia federal acorde a las posibilidades reales de la Confederación y se fueron estableciendo las capacidades en que ésta podría decidir. funcionó como Tribunal de Apelaciones de la Confederación en causas de hacienda y marítimas y tuvo además jurisdicción sobre todos los casos de justicia del Territorio Federalizado. Y. su alcance territorial y sus atribuciones. el orden y la forma de sus procedimientos se regían por las leyes españolas heredadas del período colonial. en los
. el Presidente regía a la Cámara en las concurrencias públicas y ejercía las funciones dadas a los antiguos Regentes. Dispuso en cambio por un decreto el mismo día que.18 El reglamento estableció que por turno uno de los miembros de la Cámara sería juez semanero. El personal. Inicialmente la conformaron tres miembros de la Corte Suprema y un Fiscal. se crease una Cámara Superior de Justicia. se decidió incorporar dos miembros más.
en otros casos que hemos podido reconstruir distintos pormenores y vicisitudes. cuyas funciones eran las mismas que le estaban prescriptas por la Recopilación de Indias. porque se encontraban desempeñando otros cargos públicos (Zavalía. ante el crecido número de tareas que debió cumplir.
18. Además. 2011. la Cámara funcionó como Tribunal de Apelaciones de la Confederación en causas de hacienda y marítimas y tuvo además jurisdicción sobre todos los casos de justicia del Territorio Federalizado. el Gobernador Francisco Díaz de San Juan citando como legitimación de su accionar un decreto del poder ejecutivo nacional por el que los Gobernadores eran Vice-Patronos de las Iglesias fundadas en sus territorios. con una Cámara Superior de Justicia que suplía a la Corte Suprema pero que no tenía sus mismas atribuciones constitucionales. Con relación a estas ambigüedades y a juzgar por los pocos datos existentes. una ley orgánica con sanción tardía y sin implementación. de valerse de dicha situación para obtener réditos políticos. ISSN 0328-3445. en el reglamento se designó un escribano y un portero y se intentó un mejor ordenamiento de la administración al estipularse que la Cámara se reuniría todos los días hábiles por tres horas y que todos los lunes publicaría una lista de las causas. 49-78
recursos de fuerza y en los extraordinarios o de competencias entre diversas jurisdicciones. En el caso del Camarista cordobés y en algunos otros.19 Finalmente. claro también.24 Comenzamos por examinar dos casos ilustrativos de la interdependencia entre los poderes estatales nacionales.21 escasos recursos humanos y económicos22 y otras diﬁcultades que enseguida ampliaremos. Y. Vol.
.20 Las ambigüedades provocadas por el complejo funcionamiento de la justicia federal. Nº 1. según la normativa de 1856 y 1859. la conducta del poder ejecutivo nacional fue dispar.
EL ACCIONAR DE LA CÁMARA SUPERIOR DE JUSTICIA
Poderes estatales en interdependencia En abril de 1855.Población & Sociedad. pidió la anuencia del Provisor de la Diócesis de Cuyo Timoteo Maradona para nombrar curas para nuevos curatos que se habían establecido. En el siguiente apartado analizamos entonces cuál fue el accionar efectivo de dicha Cámara. dejaban al ejecutivo nacional en la posibilidad de intervenir en los asuntos contenciosos que enfrentaban a las provincias.23 En otros casos intervino activamente y legitimó sus decisiones en las recomendaciones de la Cámara Superior de Justicia. El Provisor desconoció el decreto y aﬁrmó que el poder eclesiástico tenía prioridad en presentar a los candidatos. pp. el ejecutivo (y/o el Congreso) directamente aludió a la falta de ejercicio del poder judicial.
Instituciones estatales y orden político. Además buscó que el problema trascendiese las fronteras provinciales y para ello elevó diversas notas. Nazario Benavídez.25 El conﬂicto llegó a su punto más álgido en febrero de 1856 cuando el Ministro de gobierno sanjuanino le escribió a Urquiza haciéndole saber que no debía demorar la ocupación del cargo de Obispo de la Diócesis. desconoció su autoridad. se precipitó su derrota política en la provincia. Según los relatos. este último hizo uso de su cargo de Comandante de División Militar para tejer su juego de poder local. el Gobernador lo acusó de aprovechar la situación de tensión con Maradona para desprestigiar su gobierno yendo “de casa en casa” a incitar a la población en su contra y mostrar la resolución que el gobierno nacional había dado al caso. Culto e Instrucción Pública que estaban trabando la nueva designación. Antes de conocer el fallo de la Cámara Superior de Justicia. Ana Laura. conviene remarcar la articulación de intereses entre la administración nacional y la provincial. el Gobernador depuso a Maradona. lo mandó preso y lo enjuició en la justicia ordinaria. Su preocupación era la supuesta connivencia de Maradona con algunos funcionarios del Ministerio nacional de Justicia. A pesar del recelo que mostró el Gobernador sanjuanino sobre su atribución de Vice-Patrono. Ello puso al ejecutivo nacional en una posición de mayor amplitud para intervenir. Como ésta se declaró inhibida por la naturaleza del asunto. A comienzos de agosto de 1856 se comunicó con el gobierno mendocino –dado que Mendoza también formaba parte del Obispado de Cuyo– que le recomendó esperar la resolución por parte del gobierno nacional. la forma en la que ﬁnalmente se reﬁrió al ejecutivo nacional da cuenta de que lo que más le molestaba era la inﬂuencia que Maradona había ganado en gran parte de la población y su relación con el ex Gobernador y por entonces Comandante de la División Militar del Oeste de la Confederación.27
.Lanteri.26 A pesar de las recomendaciones del gobierno mendocino. En efecto. A su vez. se elevó el caso a la justicia federal y Maradona fue remitido a Paraná. Tras el fallo que ﬁnalmente dio el gobierno nacional. dado que dicho ejercicio era una de sus atribuciones constitucionales. Maradona no sólo tenía vínculos que lo respaldaban en el Ministerio nacional sino que contaba además con el apoyo de Benavídez.
El Gobernador aprovechó para exigirle sus títulos habilitantes y como Maradona se los negó. Paradójicamente el Gobernador desencadenó una reacción adversa a sus objetivos. El marco del conﬂicto fue entonces el ejercicio del Patronato.
preso. ¿Qué había recomendado el Fiscal de la Corte Suprema? Que Maradona fuera repuesto en su cargo previo juramento de obediencia a las leyes relativas al ejercicio del Patronato por el gobierno nacional y dejar a ambas partes en derecho de remitirse a los tribunales judiciales para resolver cuestiones pendientes. 49-78
¿Cuál fue entonces dicha resolución?28 El Vicepresidente decretó en febrero de 1857 “de acuerdo con la vista del Fiscal de la Corte Suprema de Justicia y demás piezas de su referencia”. el dictamen fue sumamente rígido con la decisión que tomó el Gobernador Díaz de encarcelar a Maradona. que se hiciese lo que éste había recomendado. depuesto.haciéndose juez y parte y pretende por contrario la condena y falla. pues dice en su nota. 18. etc. que se enviara al Congreso un proyecto de ley para reglamentar los pagos y el funcionamiento del Obispado.Población & Sociedad. Llegados a este punto resulta interesante detenernos brevemente en los argumentos brindados por el Fiscal en dicho informe. todo el que pisa el territorio hasta el más infeliz. Y además. No sólo los Ciudadanos y Magistrados sino todos los habitantes de la Confederación. que no debiendo quedar impune de tales injurias personales. 2011. goza de las garantías de la Constitución nacional artículo 18: `ningún habitante de la Confederación puede ser procesado sin juicio [y citaba el artículo completo]. Lo acusó de invadir la jurisdicción del poder judicial y de violar el artículo 18 de la constitución nacional que prohibía la pena sin juicio previo y el arresto sin la orden de autoridad competente (y el Gobernador no lo era en este caso). Adujo que el Gobernador directamente debía haber elevado el asunto al gobierno nacional a quien correspondía su resolución. Había aplicado las penas más fuertes del Derecho Canónico como era la deposición del cargo. Vol.
. Agregó además el Fiscal que el Gobernador se había dado facultades en el orden eclesiástico que no poseía. Nº 1. como Gobernador y Vice Patrono manda se le ponga. Aleccionaba a los demás Gobernadores al marcar la conducta improcedente de su par sanjuanino:
¿Cómo se abroga facultades de este poder [reﬁriéndose al poder judicial]. que ni el Concilio de Trento ni los canonistas más importantes autorizaban. las infringe tan bruscamente?
En deﬁnitiva. incomunicado. pp.? Ni la Policía más activa con los presos que se tema a la fuga hubiese hecho tanto. al destituir al sacerdote de su beneﬁcio eclesiástico. ISSN 0328-3445. ¿Y cómo siendo el Gobernador agente natural para cuidar y velar que no se viole la Constitución ni se turbe el goce de las garantías.
Pero además.29 Tal como lo ha señalado Buchbinder (2004:77) los jefes de las Divisiones Militares de la Confederación se convirtieron en respaldos efectivos del gobierno nacional por encima de los Gobernadores. doctor don Nicaror Molinas”. Claro que en ninguno de ellos se refería a que Benavídez contaba con el apoyo de Urquiza para la próxima elección a Gobernador y que había enviado a un Senador a la provincia. el conﬂicto sanjuanino fue leído por el gobierno nacional como un caso de disputa por la soberanía.
Sostuvo que tampoco había obrado conforme al Derecho Civil. No sólo actuó como árbitro con la intención de favorecer a Benavídez. Incluso aﬁrmó que el acto de haber invitado a las demás provincias a contrariar una atribución que residía en el ejecutivo nacional podía ser caliﬁcado de sedición.Lanteri. el ejecutivo nacional resolvió publicar en el periódico oﬁcial el informe del Fiscal. el ejecutivo nacional intervino en la situación sanjuanina y basó su accionar en la resolución del poder judicial. movimiento que caracterizó como “una revuelta espontánea del pueblo por su recelo ante los sucesos de Maradona”. su carta al Gobernador sanjuanino comunicando su decisión y la respuesta de Maradona en la que le agradecía por haber mediado entre los poderes. Entre todas las notas oﬁciales y la correspondencia privada. sino que aprovechó y acentuó la debilidad del gobernador Díaz para sentar precedentes que trascendieran el conﬂicto en cuestión. gesto que Benavídez tomó como una muestra de apoyo. El 17 de marzo de 1857 Benavídez fue cabeza de un movimiento que derrotó al Gobernador. Instituciones estatales y orden político. 2009). Algunos de estos jefes como Benavídez. la que fue renovada al calor de su ejercicio de la representación del nuevo estado central. Por un lado.30 Como queda expuesto. Ante dicha revuelta el gobierno nacional decidió la intervención de la provincia y para ello decretó “comisiónase omnímodamente al Ministro de la Corte Suprema de Justicia. El poder ejecutivo ejercía el Patronato nacional y recordarlo a los Gobernadores en casos como el referido permitía su reposicionamiento como autoridad nacional (Martínez. Ana Laura. actuando además sobre tres jurisdicciones provinciales porque el Provisor pertenecía a la Diócesis de Cuyo y no al territorio sanjuanino. resolvió el conﬂicto provincial argumentado sobre lo recomendado por la Corte Suprema de Justicia -así denominada en
. para que tomara las medidas convenientes que se le recomendaban en un detallado instructivo. contaban con una cuota notable de inﬂuencia en las provincias por su trayectoria anterior.
los documentos. Analizamos además su papel como vocero principal de Urquiza en el Congreso (Lanteri. 2011. Scobie.Población & Sociedad. pp. Como anticipamos. Además involucra el accionar del Congreso nacional. la correspondencia privada y la intervención nacional a la provincia se orientan en dicho sentido. Y. Los sucesos posteriores han sido reiteradamente destacados por la historiografía del período y su análisis excede los objetivos de este artículo.31 Pese a dicho control de las elecciones de los legisladores nacionales.
. Si bien no podemos aﬁrmar con certeza que el proceder del Fiscal estuvo bajo su órbita.33 Si bien el tener que hacer frente a una política opositora en la propia Entre Ríos complejiza la imagen de autoridad indiscutida de Urquiza. 1964: 223-236). El asesinato de Benavídez un año después -en octubre de 1858. Por otro lado. lograron ﬁnalmente que Carriego fuese elegido.tensó las relaciones al interior de la Confederación y con el Estado porteño (entre otros. la resolución que tuvo el caso muestra la manera en que se logró neutralizar a los estudiantes y a Carriego accionando en distintos planos. Urquiza había recomendado a Benavídez como Gobernador y envió al Interventor Molinas a ﬁscalizar la elección que sin embargo dio como ganador a Gómez.y se encargó de señalar la legitimidad de su acto basado en la “autoridad de la ley”. 2010). Al ver resentida su autoridad. también envió a uno de sus miembros para intervenir la provincia. quien se desempeñaba como juez de primera instancia en la provincia desde 1857. Victorica emprendió un ataque en la prensa que los estudiantes respondieron con escritos que hicieron publicar en Buenos Aires. 18. Vol. un liberal opuesto a Benavídez.32 El contar con legisladores adeptos era fundamental para Urquiza en momentos en que las relaciones con Buenos Aires se habían tensado por la elección de Valentín Alsina como Gobernador y por el fracaso de las alianzas formales con Brasil y Paraguay para lograr apoyo en su lucha contra dicho Estado porteño. En otro trabajo hemos analizado la manera en que el poder ejecutivo nacional intervino en la designación de diversos legisladores y la participación activa de Benjamín Victorica en dicha situación. Nº 1. ISSN 0328-3445. Postularon en cambio como candidato a Evaristo Carriego. en 1858 algunos estudiantes del Colegio del Uruguay se opusieron a su elección como Diputado nacional por el Territorio Federalizado. Vale la pena extendernos ahora sobre un caso que implicó a una persona del propio personal judicial estatal y que revela la injerencia del poder ejecutivo nacional en la esfera judicial con una transparencia mayor.
Aprovechó la condena que Carriego había realizado de un preso. Ello pudo haber sido facilitado porque Victorica también desempeñó funciones judiciales en la provincia. Por otra parte.34 Finalmente Carriego apeló el fallo.
Por una parte. Pasados tres meses. Victorica había forjado un vínculo con Larroque durante su exilio en 1853 y tenía injerencia directa en el accionar del Colegio. por lo que el asunto fue resuelto por la Cámara Superior de Justicia. que el gobierno nacional había establecido para atender al problema de escasez de abogados y fortalecer la justicia letrada. Instituciones estatales y orden político. Ana Laura. Para ello Victorica cargó las tintas sobre su accionar como juez de primera instancia en Entre Ríos. Incitó su encarcelamiento y juzgamiento por “abuso de autoridad”. cuestiones que deben haber pesado en su entender como agravantes del caso. Apeló a su inmunidad parlamentaria para revertir su situación. Carriego envió una nueva nota al Congreso por la que se quejaba de la demora
. quedó perdida para Carriego y sus seguidores la posibilidad de ocupar su banca de Diputado nacional.35 se lo destituyó de su cargo de juez. de donde participaban muchos de los estudiantes en conﬂicto. Separado del cargo de juez y encarcelado. se trabajó sobre la exclusión de Carriego del Congreso nacional. para destacar en la prensa que pertenecía a una “buena familia” y que había declarado que “quería morir entre los federales”. se lo inhabilitó para el ejercicio de la magistratura judicial por tres años y se conﬁrmó su prisión. Sentenciado por el máximo tribunal. Además. se suprimieron los Cursos de Jurisprudencia que se dictaban desde 1854 en el Colegio del Uruguay. jugó su última carta. Sorprende que la misma se haya ejercido sobre un área indispensable para la misma institucionalidad estatal como la formación en derecho. Si bien no contamos con el informe. aunque Urquiza recibió a los alumnos en su residencia en San José y se mostró condescendiente. se vio así frenado con una señal de autoridad y escarmiento. se hostilizó desde la prensa a su Director el francés Larroque y al funcionamiento general de la institución. sabemos que ratiﬁcó la sentencia y que fue por lo demás concluyente. Escribió a la Cámara de Diputados aﬁrmando que la Cámara Superior de Justicia había obviado todo procedimiento legal: lo había encarcelado a pedido de un funcionario del gobierno y sin pedir informes y había recusado su ﬁanza de excarcelación. El impulso institucional que se le había dado al Colegio en los primeros años. Se lo obligó a pagar una multa de 1000 pesos como indemnización.Lanteri.
37 Pero antes. según la Constitución nacional quedaba anulada su inmunidad parlamentaria y –tal como había sucedido– Carriego podía ser arrestado. como señalamos. Sin embargo. Nº 1. en un acto de salvaguarda de la investidura legislativa. Sin embargo. No se manifestó siempre bajo estricta órbita del poder ejecutivo nacional. Al haber cometido un delito que mereció una “pena infamante”. muestran que la división de poderes surgía como producto de una decisión política. 2011. muchos conservaron ambos cargos y ello condujo a algunos reclamos en el Congreso.39 Como adelantamos.
. había sido el principal factor que impidió la instalación de la Corte Suprema de Justicia en 1854). pp. era también Diputado nacional y otra de las personas de conﬁanza de Urquiza en el Congreso. Por entonces el Fiscal. la Cámara de Diputados ﬁnalmente decidió rechazar su diploma.40 Con todo. dicha superposición de funciones a nivel provincial fue percibida como un obstáculo a la administración de justicia en Córdoba. En esta coyuntura en la que aﬂoraron tensiones y solidaridades políticas. en 1856 se sancionó la incompatibilidad entre el cargo de Ministro y de Diputado o Senador y en 1858 la ley orgánica de justicia federal extendió la incompatibilidad entre los cargos legislativos y judiciales. ISSN 0328-3445. atentó contra el principio republicano de diferenciación e independencia de las funciones judiciales. Las situaciones descriptas y los siguientes asuntos. 36 Ante el reclamo. este enlace entre los procesos constitucionales formales y las circunstancias políticas concretas. Eusebio Ocampo.Población & Sociedad. En la Confederación. Se mostraba “sorprendido”. El argumento fue que su condena le había hecho perder su calidad de ciudadanía en ejercicio que era un requisito para ser Diputado. Victorica logró que sus compañeros en la Cámara de Diputados excluyesen a Carriego.38 Esta superposición de funciones –que aquí ilustramos con Ocampo y Victorica pero que fue un rasgo distintivo del personal político federal–. para evitarle “mortiﬁcaciones mayores” a Carriego. facilitó en la práctica la conectividad de la dirigencia federal y el funcionamiento estatal general. porque nunca se había tardado más que “un cuarto intermedio o unos pocos días” en dichos tratamientos. 49-78
del tratamiento de su diploma. decidió por unanimidad que la parte referida a la discusión no fuese publicada en el periódico oﬁcial. 18. Vol. ello no implicó que la Cámara Superior de Justicia se mostrase recelosa en otros casos en que se sintió privada en sus atribuciones. Además afectó en ocasiones el funcionamiento general de la Cámara (y. logró volcar en su favor el dictamen de la Cámara Superior de Justicia. Además.
. Su conocimiento de la realidad provincial y nacional por sus diversas funciones –Ministro de gobierno en Salta. a la que empezarán a despreciar y burlar. Dijo:
producirá un pésimo resultado en estas Administraciones ya por la morosidad de las ejecuciones teniendo que consultarse y apelarse a la Corte de Justicia del Paraná. en 1856 se facultó a los Administradores nacionales de Rentas y Aduanas a entender en primera instancia en materia de contrabando y demás causas contenciosas de Hacienda. Victorino Solá a pesar de su honradez y prolijidad. delegar servicios y legitimar el poder del nuevo Estado. Ana Laura. Las palabras que al respecto tuvo Juan de Dios Usandivaras – quien había conformado el “Tribunal Común de Justicia” del norte– son más ilustrativas que cualquier otro comentario. se reacomodaron así las relaciones y atribuciones de los agentes judiciales. Poderes estatales en tensión En clara sintonía con otras leyes que apuntaron a conformar un orden económico-ﬁnanciero estable que pudiera hacer frente a la precaria economía de la Confederación. para nada es menos bueno que para Administrador porque todo se vuelve compasión y miramientos con gente que debe manejarse de modo distinto. Operaba así como un ámbito de aprendizaje federal y republicano.Lanteri. Esta centralización en materia judicial fue objetada por algunas personas que señalaron que la falta de hábitos administrativos y el comportamiento de los comerciantes irían en detrimento del objetivo inicial.
El diseño y actividad de la justicia federal cristalizaron conﬂictos y juegos de alianzas provinciales y nacionales que evidencian la manera en que se iba desarrollando su institucionalidad. mientras no la encuentren sostenida y ejercida directamente por los Gobiernos. Aquí estos motivos son aún de más bulto porque nuestro amigo D. ya porque se aﬂojan demasiado los resortes del respeto de los comerciantes a la actividad ﬁscal.41 Ante la necesidad de asegurar competencias. Diputado nacional por la provincia y Administrador de Hacienda y Crédito– revela un cuadro de un observador agudo. Solo éstos conservan algún prestigio y se hacen temer algún tanto en fuerza de las tradiciones del pasado: las demás autoridades no pueden contar con la misma ventaja. Como adelantamos. Instituciones estatales y orden político. la Cámara Superior de Justicia quedó autorizada a contestar cualquier duda que pudiera surgir en la materia y a conocer en segunda instancia en las causas que le fuesen elevadas en apelación o remitidas en consulta.
En un sentido similar de entramado entre las instancias de poder provincial y nacional al de Benavídez. por el alto valor de las mercaderías en cuestión. Por un lado. Según sabemos por los estudios de Megías (2005). ISSN 0328-3445. Como la evidencia no permite hacer aﬁrmaciones concluyentes sobre el impacto de dicho decreto. en contraste con los casos tratados hasta aquí. 18. sugirió que se habían visto contrariadas las garantías al comercio. El abogado defensor destacó en sus fundamentos lo nocivo que ello era para la imagen pública del gobierno nacional. Ello ilustra como el peso de las prácticas políticas pasadas era otra diﬁcultad en la administración de justicia. Rosario era sede de los proyectos nacionales económicos más importantes y. Por otra parte.Población & Sociedad. 49-78
El pasaje citado muestra la falta de conﬁanza que Usandivaras tenía en la obediencia de los comerciantes a los funcionarios nacionales y la preeminencia de los Gobernadores por sobre ellos. la industria y la propiedad que habían hecho de Rosario una “ciudad privilegiada por las leyes liberales de la Confederación”. el Administrador de
. por ello. A diferencia de la ratiﬁcación de las condenas por contrabando realizadas por los Administradores nacionales en Salta y Corrientes en 1856. Vol. 2011. Destacó además la improcedencia legal del juicio al aﬁrmar que todas las pruebas que había presentado habían sido rechazadas sin ser vistas. Nº 1. La estrategia de la compañía fue entonces destacar como un agravante del caso el vínculo de la ciudad con la nación. la propia Cámara Superior de Justicia reconoció ilegalidades en su proceder y su Fiscal falló inicialmente en contra de los intereses nacionales. Los juicios surgidos durante la vigencia del decreto de los que disponemos datos son sólo tres. el Fiscal de la Cámara decidió echar atrás la sentencia de un juicio iniciado por el Administrador de Aduanas de Rosario en 1858. pp. aludía a que la complacencia del Administrador nacional en Salta actuaría en detrimento de la pretendida racionalidad administrativa. Por todo ello solicitó que la sentencia fuera revocada porque había habido un “complot preparado con destreza” por el Administrador de Aduanas. Lo haremos porque.43 El Administrador había fallado en primera instancia contra una compañía comercial a la que le decomisó mercadería y obligó a pagar una recompensa. Solá no ajustaría la disciplina sobre los comerciantes locales a los que conocía desde décadas. nos permitimos destacar brevemente algunas cuestiones sobre uno de ellos. la compañía creía no merecer una sanción porque colaboraba con el desarrollo nacional.
falta de conocimientos jurídicos y coexistencia de legislación y favoritismos políticos. que sumada a la falta de conocimientos jurídicos de los Administradores llamados a actuar como jueces. se suscitó un largo juicio y un denso cruce de correspondencia que ﬁnalizó un año después. el Fiscal mantuvo su postura que aﬁrmó basada en los mandatos de “la ley y su conciencia”. el Fiscal de la Cámara Superior de Justicia citando en su informe a diversos tratadistas. La resolución del Fiscal ilustra que. Finalmente la Cámara Superior de Justicia decidió ratiﬁcar la nueva sentencia que condenó a la compañía rosarina. porque en toda causa que alegara contrabando vería una ofensa a sus capacidades personales y públicas. Precisamente dicho entramado fue base de una nueva objeción por parte de la compañía rosarina. a su entender habían agravado el desarrollo del caso. En este caso la denuncia recayó sobre el tribunal federal. Dispuso -tal como lo había solicitado el abogado de la compañía. A pesar de ser objetado su informe. al menos en este caso puntual. Ante esta situación. pero ésta volvió a apelar el fallo. Señaló que bastaba con que cualquier Administrador nacional de Rentas o Aduanas escuchase las sugerencias de la Cámara Superior de Justicia y con que los jueces de dicha Cámara no cometieran más errores en la respuesta y traslado de los escritos.Lanteri. para que no sucediesen más problemas. Solicitó entonces su recusación. Instituciones estatales y orden político. reconoció la insuﬁciencia de las leyes en la materia. Contra lo que podría pensarse.
Aduanas articuló cadenas de mando y obediencia a las autoridades nacionales y sacó rédito de su cargo. Recomendó además algunos procedimientos que se debían seguir en el nuevo juicio. Ana Laura. Por lo que creía que era “subalterno y dependiente” de este último y “antes que juez era parte”. Su abogado aﬁrmó que el tribunal conformado por la Cámara Superior de Justicia de Paraná que había ratiﬁcado la sentencia era ilegal. Ello porque se había suprimido la aceptación recíproca de los jueces y porque uno de ellos era vista de Aduana en Entre Ríos y había sido designado por una carta “sin validez legal” por el propio presidente del tribunal. resolvió volver atrás con la decisión tomada por sus colegas de Cámara.recusar al juez y conformar un nuevo tribunal para que de su sentencia. el Fiscal de la Cámara reconoció nuevas irregularidades en el proceder del juez de primera instancia
. En esta ocasión. Y con ello aludió a otras diﬁcultades concretas en la administración de justicia nacional: desobediencia de los funcionarios judiciales a los rangos superiores. No obstante. la Cámara no actuó como una entidad homogénea sino que hubo falta de acuerdo entre sus miembros.
Vol. la Cámara desconoció el decreto y postuló que continuaría en ejercicio. éste mostró cierta autonomía en su acción. sin embargo. Fue ﬁrme en reprobar el proceder de sus pares y en volver atrás –aunque ﬁnalmente la compañía rosarina fue condenada– en un caso que obraba a favor de los intereses económicos del estado nacional y. Los términos en que se expidió denotan un nuevo resguardo de sus atribuciones. Una vez conocida la resolución. El presidente de la Cámara elevó una nota por la que manifestó que con ello “rompía la unidad de la administración de justicia”. de las que se ha manifestado siempre celoso guardador”. 18. en supuesta conveniencia con las autoridades porteñas. a un proyecto para su derogación
. Más allá de que desconocemos las motivaciones que pueden haber obrado en el accionar del Fiscal. vale la pena citar dos protestas que elevó la Cámara Superior de Justicia al poder ejecutivo nacional.44 Cuatro años después. ISSN 0328-3445. la Cámara Superior de Justicia dio por cerrado el caso. 2011. el ministro del ramo con decoro contestó que al tomar la medida no había pensado “menoscabar en un ápice las atribuciones del alto tribunal. en líneas generales. Nº 1. el caso fue ﬁnalmente resuelto por la ﬁrma de un documento público por el que la compañía hizo un pago en onzas de oro –del que desconocemos si el monto fue equivalente al de la sentencia inicial– y se reconoció la “falta de dolo y la legalidad del acto”. El reclamo no mereció respuesta del poder ejecutivo. Argumentando con base en la Constitución nacional pero sobre todo en el accionar que había desarrollado hasta entonces y en la extensión de su jurisdicción a la Confederación en algunas materias. Ante su dilación. al disolverse la Corte Suprema ésta se vio resentida porque. en octubre de 1860. Y. Dentro del Congreso condujo.Población & Sociedad. 49-78
quien no había prestado debida atención a sus recomendaciones. Si bien el decreto dejaba en pie a la Cámara. estaba compuesta por parte de sus integrantes. La Cámara ﬁjó un límite al avance del ejecutivo nacional y con ello mostró –al menos en este caso– su participación en el juego político como un ente independiente. Derqui dejó sin efecto las designaciones de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. pp. En septiembre de 1856 este último dictó un decreto por el que mandó a los Juzgados del Territorio Federalizado a pasar mensualmente a la Cámara una razón estadística de las causas judiciales. en la imagen de unidad general de su administración. Con respecto a esto último y para ﬁnalizar. como señalamos. a raíz de las reformas introducidas a la Constitución nacional.
Lanteri. una legislatura bicameral. estudios más recientes aludieron a la justicia federal como una de las creaciones de Mitre (Gorostegui De Torres. Por otra parte.45 En deﬁnitiva.
En la Constitución nacional sancionada en 1853 como marco jurídico. Aunque éste tampoco prosperó porque las conﬂictivas relaciones con el Estado porteño subsumieron los debates. Creemos que lo analizado en este artículo y su proyección luego de 1862 permiten realizar un balance matizado. 1972:87). Zavalía (1920:62-63) aﬁrmó que con la voluntad de destacar los avances de Urquiza en la organización nacional.no dan una idea tan precisa sobre la “poca erudición y laboriosidad” que Zavalía (1920:51) le ha adjudicado. Asimismo. más allá de su mayor o menor erudición y actividad. pese a la sanción de la ley orgánica en 1858 no pudo implementarse y la pervivencia de hábitos político-institucionales de la primera mitad del siglo XIX diﬁcultó la racionalización administrativa. Instituciones estatales y orden político. La coexistencia de
. Según hemos examinado. formaban un equilibrio teórico de poderes. Al respecto. exigieron un trabajo que nos remite a la diversidad de recursos. Ejemplos como los examinados. un ejecutivo sin posibilidad de reelección y un poder judicial.
donde además se pedía la puesta en funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. el poder judicial distó de convertirse en el órgano moderador y orientador que los mandatos constitucionales le adjudicaron. la ley de 1854 no pudo saldar la escasez de abogados y los recursos destinados a la esfera judicial fueron magros como para aceitar su funcionamiento. Ana Laura. autores como Julio Victorica –colaborador en su gobernación en los 60´ y hermano de Benjamín– no reconocieron las diferencias entre lo mucho que se proyectó en la esfera judicial y lo que efectivamente se pudo concretar. la apelación de las provincias a la justicia federal y el juego político que surgió en la resolución de los casos son de por sí sugerentes. Por su parte. lo analizado hasta aquí nos lleva a pensar que estos años no fueron tan “deslúcidos y vacíos” para la Corte Suprema y que la actuación de sus miembros en la Cámara Superior de Justicia -si bien dejó pocos rastros. porque existieron serias diﬁcultades en su instauración y funcionamiento. Entre otras cuestiones. vínculos y objetivos que se debían atender y orientar al calor del pragmatismo y de las tensiones y adaptaciones propias de una coyuntura de metamorfosis político-institucional.
los debates en torno a su conformación. En efecto. ISSN 0328-3445. Finalmente. 1920:56. 18. Vol. más allá de las diﬁcultades señaladas y de que el relato de Victorica está teñido por la exaltación de la ﬁgura de Urquiza. Ello es porque ilustraron sobre las conveniencias. estuvieron al menos once personas que habían desarrollado funciones entre 1852 y 1862 (datos en Zavalía.Población & Sociedad. no es menos cierto que los esfuerzos por institucionalizar la justicia federal realizados en la Confederación. la continuidad con la Confederación no se dio sólo en el plano legislativo sino también en el del personal. Aunque en el nuevo Congreso nacional del que ahora participaba Buenos Aires no se lo mencionó. 47 Por otra parte. 2011. Pérez Gilhou. Las provincias tuvieron registro de que la justicia federal era una institución que las contenía y se mantuvieron relaciones de connivencia pero también se fueron delimitando esferas entre los poderes estatales. pp. creemos que conviene más destacar que. que la Confederación no tuvo el tiempo ni los recursos necesarios para que la ordenación judicial federal proyectada y construida cristalizara. 1964:20. dicha justicia federal se fue asentando como una parte constitutiva del proceso de aprendizaje y conformación políticoinstitucional nacional que se inició en el período y se consolidó desde entonces. algunos de los cuales habían sido habilitados como “abogados nacionales” por la ley de 1854. son otras circunstancias a considerar. 1997. Sobre el punto. Nº 1. Zimmermann. pero que estos elementos revelan su
. 49-78
avances y retrocesos en la institucionalización de la justicia federal plantea la pregunta sobre el peso relativo de ambos. fueron capitalizados por Bartolomé Mitre desde su asunción como Presidente. Puede pensarse entonces. 2010). la tendencia de las provincias a recurrir a esta institución y el accionar efectivo de la Cámara Superior de Justicia durante el período. el proyecto de ley sobre justicia federal de 1862 tomó casi textualmente algunos artículos de la ley de 1858. Entre los designados para componer la Corte Suprema y para ocupar los Juzgados de Sección. en el hiato entre lo normado y lo realizado.46 La Comisión encargada de preparar el proyecto de ley adujo la falta de antecedentes y de práctica pero esta suerte de “tábula rasa” con el pasado tuvo más que ver con la justiﬁcación del nuevo orden político que con la realidad. Bosch. 1983). dicha cuestión no resulta rara si se tiene en cuenta que Mitre puso la administración de justicia federal en manos de muchos de los funcionarios de la Confederación. aunque redujo el articulado a la mitad (Tanzi. tensiones y adaptaciones entre los poderes estatales y entre el poder nacional y los provinciales. En efecto.
Ha publicado artículos en revistas especializadas y ha participado en calidad de ponente en diversos encuentros académicos. lo prometí y lo cumplo.Lanteri.com NOTAS
Este trabajo forma parte de mi tesis doctoral “De lo ideal a lo posible. También debo agradecer la lectura atenta y las sugerencias del Prof. Apuntó en su diario: “Doctores de Córdoba. Universidad de San Andrés. Valentina Ayrolo y Eduardo José Míguez en el marco de una Beca de Posgrado del CONICET. Bartolomé Mitre comenzó en 1862 una nueva etapa de conformación estatal nacional con personas que tenían información. argumentos sólo para los ignorantes. donde fue Diputado nacional por La Rioja y Catamarca y Ministro de gobierno en la primera y desarrolló diversas comisiones nacionales (Academia Nacional de la Historia. Tomo VI: 25-41. regresó a la Confederación en 1855. las provincias se habían conformado desde la sanción de la Constitución nacional en 1853 en un estado federal aunque el período sea conocido como “Confederación”. Solo servís vosotros para enredar las cuestiones a título de Dres y sois todos más
. Tras su exilio en Chile y Estados Unidos por la posición antirosista de su padre. Su investigación versa sobre la historia política e institucional de la Confederación (18521862). Correo electrónico: analauralanteri@gmail. sobre Buenos Aires se ha destacado que en el período 1853-1874. La extensión de la frontera política hacia la campaña al instalarse en ésta los Juzgados de Primera Instancia y la conformación de la frontera del poder judicial con los otros dos poderes con acciones como la formación técnica de los Magistrados y la fundamentación legal de las sentencias (Corva. ideas y prácticas para efectivizarla. Jornadas de discusión sobre el delito. Y. Ana Laura. Al respecto. El decreto y la discusión en el Congreso nacional que analizamos en adelante en Cámara de Diputados de la Nación. No prevalecereis con vuestros soﬁsmas de Universidad.
Ana Laura Lanteri es doctora en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Profesora y Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como José Carlos Chiaramonte ha llamado la atención. Dirigencia e instituciones nacionales en la ‘Confederación’ (1852-1862)” dirigida por los Dres. 2005:262). 1937. Eduardo Zimmermann y de los miembros del grupo de discusión respectivamente. Pertenece al Grupo de Investigación “Problemas y Debates del siglo XIX” (Centro de Estudios Históricos-FH/ UNMDP). Juan Pablo Fasano. Una primera versión fue discutida en “Fuera de la Ley.
importancia y funcionalidad tanto para la propia estructura estatal como para la posterior. 2009). En adelante utilizamos el término sin comillas. Actualmente (2011-2013) es Becaria interna Posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (CONICET). Instituciones estatales y orden político. policía y justicia en perspectiva histórica (siglos XIX y XX)”. en el marco de la producción de una nueva legitimidad y consenso sociopolítico. se produjo un doble proceso. Desde ya cualquier error es de mi exclusiva responsabilidad. Ramón Gil Navarro nació en La Rioja en 1827. con instituciones estatales como el Congreso nacional y la justicia federal que habían ido incorporando a las provincias en un sistema de poder más amplio. 17 al 19 de junio de 2010. Agradezco los valiosos comentarios del Dr.
Beatriz Bosch (1964) presentó esta discusión pero no desde el enfoque que aquí nos interesa destacar. 42-7-11: Departamento de Justicia. Tomo VI: 49-50. VII. Sobre la Universidad de Córdoba y los ámbitos educativos en la provincia ver Ayrolo. Mensajes de los Gobernadores Mariano Fragueiro y Félix de la Peña a la Legislatura Córdoba 1/4/1859 y 16/5/1860. 2005: 263. 1996: 114 y 125. el Ministerio de Justicia. Una reconstrucción propia de los gastos nacionales para los cinco Ministerios. En Academia Nacional de la Historia. 1852 – 1880”. año 1856. Juan de Dios Usandivaras –sobre quien volveremos luego.y Salustiniano Zavalía. Al respecto ver Lanteri. 3131: Diputado al Congreso federal. Carta de Manuel Antonio Durán a Benjamín Victorica. Por su parte. Debo esta advertencia al Dr. 1983. Esta cualidad no fue propia de estos actores sino que. Tomo II:391-392. 1911. Flavia Macías. Nº 1. 19 y 20 de abril de 2007 y “Jornadas de Historia Política “De la periferia al centro. la escasez crónica de recursos de la Confederación sumada a las prioridades estatales en el contexto de guerra con el Estado porteño y de diversas tensiones provinciales. Eduardo Zimmermann. 1937. Ver su trabajo Zimmermann. Valga como muestra que José Benito Bárcena. IEHS – UNCPBA. 2011. Por ejemplo. Sobre las diﬁcultades en la administración de justicia y el personal político en las provincias ver De la Fuente.Población & Sociedad.148 y Pérez Gilhou. que obtuvo siempre más del 44% del total. Tomo VI. citados en Ferreira. Fondo Benjamín Victorica. En materia económica. los tres representantes que ﬁrmaron el Tratado habían desempeñado funciones políticas y /o judiciales con anterioridad a 1851 e incluso Zavalía había conformado la “Coalición del Norte” en 1840. Tomo III: 385 y Tomo IV: 185 respectivamente. 49-78
ignorantes que un muchacho de nuestra escuela hoy. 1937. 2008. en Cámara de Diputados de la Nación. Facultad de Derecho. Sala X. 12 /7/ 1856 y respuesta. 3. Tomo VI: 338-347. San Juan 15/2/1856. en Pujol. La formación del sistema político nacional.99 % y el 16. Buenos Aires. Por cuestiones de espacio no desarrollaremos sus biografías. en prensa. Datos de las designaciones en Archivo General de la Nación (en adelante AGN). 18. Cámara de Diputados de la Nación. Culto e Instrucción Pública recibió entre el 12. en AGN. Universidad Nacional del Centro. la amplia mayoría del personal político que ocupó los puestos militares. 2010. Esta idea fue discutida por los participantes de las Jornadas “La formación del sistema político nacional. Al respecto ver su Tesis Doctoral inédita Macías. Hemos tratado este tema en Lanteri. 2007. Universidad Nacional de Cuyo. 1937. Os saqué de las Siete Partidas y no sabréis entonces ni hablar vuestro idioma”. “Reglamento Interior provisorio del Tribunal Superior de Justicia. 2009. 1937. el Ministro de gobierno de San Juan y Diputado nacional por la provincia comunicaba que: “cada empleado exige y si no se le concede apela a su arma favorita: una renuncia. mostró que la gran mayoría en todo el período fue para el Ministerio de Guerra y Marina. Sobre las continuidades en el marco normativo en el siglo XIX y la coexistencia de legislación en materia penal en Buenso Aires. Culto e Instrucción Pública. Mendoza. 2007. Tandil. 1998: especialmente 147. Cámara de Diputados de la Nación.98 % de las partidas ministeriales totales y por ello alternó entre el tercer y el cuarto lugar con el
. pp. Paraná. ISSN 0328-3445. ver Yangilevich. En adelante debate en Cámara de Diputados de la Nación. Paraná 22/6/1855. y como los hombres son pocos y menos los capaces y el gobierno dice amén”. llevó a que las partidas asignadas a la justicia federal fuesen reducidas. Vol. según hemos constatado. Tomo VI: 51-55. judiciales y legislativos más importantes de la Confederación se había iniciado en política con bastante anterioridad a 1852. años 1854-1860. 1852-1880”. Agradezco esta idea a la Dra. Carta de Vicente Quesada al Gobernador Pujol. 4 y 5 de julio 2008. Registro Oﬁcial de la República Argentina que comprende los documentos expedidos desde 1810 hasta 1873 (1879).
Citado en Irigoyen. Instituciones estatales y orden político. Desempeñó también.representaba a unos herederos que habían recurrido al gobierno salteño. 13/11/1856. dentro del Ministerio. Cabe ser referido el tono condenatorio a la ﬁgura de Urquiza y Victorica de esta obra. 2007: 307-309 y 313-314. 1829. en notas aquí publicadas. Hemos analizado el tratamiento de los diplomas de los legisladores nacionales en torno a la problemática de la conformación de solidaridades y polarizaciones al interior del Congreso en Lanteri.Ana-. entre otros cargos al servicio de la Confederación. 2004. Instituto de Investigaciones de Historia Regional y Argentina “Profesor Héctor Domingo Arias”. los de redactor del periódico oﬁcial El Nacional Argentino desde 1856. Tomo VI: 393. Sobre el punto cabe ser destacado el problema de la dispersión de fuentes. Cartas de Evaristo Carriego al Presidente de la Cámara de Diputados. Incluso en algunos que trascendieron el período. Tras su participación en el “Sitio de Lagos” Urquiza lo nombró su secretario personal. 1867:54-55. Mendoza. Este último había resuelto que el reclamo pasase al gobierno nacional. Ana Laura. En adelante todas las referencias hasta la sentencia de la Cámara Superior de Justicia sobre este documento. Fondo Benjamín Victorica. Cámara de Diputados de la Nación. 17/2/1857. el Departamento de Justicia fue el menos atendido durante todo el período (Lanteri. VII. Abogado nacido en Entre Ríos en 1828 era hijo del Diputado al Congreso Constituyente de 1824 y asesor y Gobernador delegado en Entre Ríos en 1836 del mismo nombre. X. Tomo II: 831-832. 1937. En adelante citas. Sobre la conformación del liderazgo de Urquiza y de un entramado identitario en torno a elementos como los “servicios a la patria” ver Schmit. Los casos que hemos podido rastrear son insuﬁcientes como para hacer conclusiones categóricas. Benjamín Victorica era un abogado nacido en Buenos Aires en 1831.
de Hacienda. antes de 1855 había sido Gobernador interino en los años 1828. Ambas en Instituto de Investigaciones de Historia Regional y Argentina “Profesor Héctor Domingo Arias”. años 1854-1860 y discusión en el Congreso en Cámara de Diputados de la Nación. 1837 y 1843 y ministro general de Nazario Benavídez. Diario El Nacional Argentino (Paraná). Por ejemplo.
. Además. 3131-3135: Diputado al Congreso federal) y ampliaremos el caso con otra fuente. Culto e Instrucción Pública. 1937. Timoteo Maradona era hijo de un patricio sanjuanino. en prensa. incluido el informe del Fiscal. Unas breves referencias a distintos valores para tener un marco comparativo: en 1855 se estipuló que un Senador y un Diputado nacional ganarían 200 pesos mensuales cada uno y los gastos anuales de oﬁcina para cada Cámara legislativa eran calculados en 250 pesos. en 1867 en un escrito en el marco de una polémica en la que sostuvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia en las demandas promovidas contra las provincias. en 1857 se casó con una de las hijas de Urquiza. Instituto de Investigaciones de Historia Regional y Argentina “Profesor Héctor Domingo Arias”. 42-7-11: Departamento de Justicia. Paraná 10/5/1858 y 16/8/1859 en AGN. 2007: 48-50. Diputado nacional por Entre Ríos entre 1856 y 1861 y juez en Concepción del Uruguay. que sin embargo no invalida la información que brinda: la injerencia de Victorica en los comicios fue señalada por él mismo en su correspondencia privada (en AGN. situación que reforzó los vínculos entre ambos. 2008). San Juan 14/2/1856 y Carta del Gobernador Moyano al Gobernador Díaz. Nota de Manuel Antonio Durán a Nicolás Aldazor. Para una biografía ver Bosch. Citado en Coronado. 1866: 31-41. Sin embargo. 2007: 48-50. Desde entonces había recurrido al ejecutivo y al Congreso nacional en diversas ocasiones sin tener siquiera respuesta clara sobre a quién competía el asunto.Lanteri. 1994. Bernardo de Irigoyen aﬁrmó que hacía más de una década -desde 1856. sin embargo presentan elementos contundentes para pensar la problemática.
1937. Reclamos en Congreso en Cámara de Diputados de la Nación. 2. 44-8-4: Justicia. en Biblioteca del Congreso de la Nación (1981). AYROLO. En la Confederación además de sus funciones en la Corte Suprema. jueces y culturas jurídicas en el siglo XIX rioplatense”. años 1853-1859. BOSCH. Paraná. lo que realineó la constitución al modelo norteamericano. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia. 18. personajes y prácticas educativas. Tomo III : 262-264. 1998:146.Población & Sociedad. Paraná 7/4/1857. X. Fondo Hacienda Serie IX Administración de Justicia. org/59252. 1937. Juicio en Archivo General de Entre Ríos. Archivo del doctor Juan María Gutiérrez. 3.
1. Culto e Instrucción Pública. Buenos Aires: BCN. 44-8-4: Justicia. ISSN 0328-3445. Al respecto ver Zimmermann. años 1857-1858.revues. Valentina (en prensa). pp. Subserie A. por Corrientes entre 1858 y 1861 y por el Territorio Federalizado entre mayo y diciembre de dicho año. Darío (2010). Consultado en mayo de 2010 desde http://nuevomundo. la exclusión de la jurisdicción federal de la libertad de imprenta y los recursos de fuerza y la ampliación de las facultades de las justicias provinciales respecto a la justicia federal en numerosas materias. Beatriz (1964). Beatriz (1949). fue Oﬁcial Mayor del Ministerio del Interior en 1857. Departamento de. Tomo III: 211. 1863: 441-447. se recibió de abogado en de dicha provincia donde hizo fortuna como comerciante. Nº 1. Instituciones. Juzgado en lo criminal. 24/2/1857. “El Poder Judicial en la Confederación Argentina (18541861)”. Ello supuso en la esfera judicial cambios como el cese de las facultades de la Corte Suprema de Justicia de decidir entre los conﬂictos públicos de una provincia y entre las causas de una provincia y sus vecinos.”. En adelante todas las referencias son de este juicio. Tomo VI:56-58. BOSCH. Así por ejemplo se le pedía a Manuel Lucero que regresara con urgencia a Paraná porque Nicaror Molinas había sido enviado en una comisión nacional y no había miembros para que funcionase la Cámara. 49-78
Ocampo nació en Córdoba en 1825. Junto a esta continuidad debe ser destacado que la reforma constitucional de 1860 tuvo entre sus objetivos la eliminación del texto constitucional de una serie de instrumentos centralizadores dados al gobierno nacional. 6. Culto e Instrucción Pública al presidente de la Cámara Superior de Justicia. en AGN. Congreso Nacional. Revista del Instituto de Historia del Derecho Dr Ricardo Levene. X. México: IISUE-UNAM. Carta de Juan de Dios Usandivaras a Juan María Gutiérrez. Nuevo Mundo Mundos Nuevos (en línea). en AGN. Culto e Instrucción Pública a Manuel Lucero. Paraná 9/11/1860. Carta del ministro de Justicia. Buenos Aires: Peuser. Tomo III. BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN (1981). Memorias de una sociedad criolla. 5. El Colegio del Uruguay.) Iglesia y educación en Hispanoamérica colonial. 4. “Los ámbitos de la educación como enclaves de poder.
. Tomo II: 11181119. Registro Oﬁcial de la República Argentina que comprende los documentos expedidos desde 1810 hasta 1873 (1879). Departamento de. “Justicias. Salta 21/5/1855. ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIAUNIÓN ACADÉMIQUE INTERNATIONALE (2005). Buenos Aires. Carta del Presidente de la Cámara de Justicia al Ministro de Justicia. Córdoba del Tucumán entre la colonia y la Independencia. subsecretario del Ministerio de Hacienda en 1859 y Diputado por Santiago del Estero en 1857. BARRIERA. años 1857-1858. El diario de Ramón Gil Navarro 1845-1856. 15. Epistolario. Vol. Cámara de Diputados de la Nación. En: Rodolfo Aguirre Salvador (comp. Carta del Ministro de Justicia. 2011.
LANTERI. 23. 20.
. 17. 12. Buenos Aires: Imprenta del Orden. pp. Ana Laura (en prensa). Ignacio (2009). doctor y general: 1831-1913. pp. “La justicia federal en la „Confederación” argentina (1854-1861). Tesis Doctoral. ﬁscales y escribanos: trayectorias profesionales dentro y fuera de la justicia penal (Buenos Aires. Actas de las Sesiones del año 1862. Haydeé (1972). Tensiones jurisdiccionales en la construcción del estado y la Iglesia en Argentina. edición electrónica. 125-139. Río de Janeiro. política y derechos en América Latina. Instituto de Ciências Humanas e Sociais de la Universidad Federal de Mato Grosso (ICHS/ UFMT). Universidad Nacional de La Plata. De la periferia al centro: la formación de un sistema político nacional. Revista del Departamento de Historia. FASANO. Alicia (2005). Benjamín Victorica. Eduardo (Coords. Beatriz (1994).1. Universidad del Litoral. Santa Fe. 1852-1880. Archivo del Brigadier general Nazario José Benaví-
dez. 16. Ana Inés (1996). Los hijos de Facundo. CORONADO. Rosario: Prohistoria. PALACIO. Provincias y Estado Nacional. 1. IRIGOYEN. Ariel (2007). pp.Lanteri. Buenos Aires: Imprenta de la Sociedad Topográﬁca. 8. Buenos Aires: Emecé. Vol. Juan Manuel y Candioti. Escenas de la vida del general Justo José de Urquiza. “La conformación de una dirigencia nacional. Universidad de Buenos Aires. MEGÍAS. En: Barriera. Buenos Aires: Prometeo. En prensa. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN (1937). aceptado para su publicación en agosto de 2010. 19. Representación política y acción legislativa en el Congreso de Paraná en la “Confederación” (1854-1861)”.
7. Murcia: Universidad de Murcia Servicio de Publicaciones. 24. Beatriz y Míguez. Flavia (2007). En: Valentina Ayrolo (comp. “Las provincias en un ámbito de poder institucionalizado. GOROSTEGUI DE TORRES. 1852-1880”.) Economía. Tomos II y VI. Notas sobre la dinámica legislativa del congreso de Paraná (1854-1861)”. Los Magistrados de la provincia de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX”. 147-169. Brasil. Estudios sobre la historia de justicia en el Ríos de la Plata (Siglos XVI –XIX). 26-50. Bernardo de (1867). 1808-1865. Eduardo (2010). Secularización y Patronato. DE LA FUENTE. Estudios Sociales. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE HISTORIA REGIONAL Y ARGENTINA “PROFESOR HÉCTOR DOMINGO ARIAS” (2007). Tesis Doctoral. Instituciones estatales y orden político. Brasil. BOSCH. CORVA. “Introducción. Sociedad y Política en el Río de la Plata del Siglo XIX. Apuntes sobre la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia.) (2007). Misterios de San José.9-28. FERREIRA. Ana Laura (2010). El poder Legislativo de la Nación Argentina. San Juan: Universidad de San Juan. Juan (1866). “Jueces. Justicia. Armas y política en el norte argentino. 179-205. 15. LANTERI. 22. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 11-14 de junio de 2009. pp. 11. Mar del Plata. 21. Justicia Nacional. BRAGONI. Territórios e Fronteiras. CONGRESO NACIONAL (1863). LANTERI. Magdalena (Comps. 9. Córdoba: CE. Ana Laura. Buenos Aires: Biblios. MARTÍNEZ. por Carlos Alberto Silva. Buenos Aires: Imprenta de la Sociedad Tipográﬁca Bonaerense. Tucumán en tiempos de la organización nacional. “Santa Fe después de Caseros: representantes. 14. Ana Laura (2008). Buenos Aires: Prometeo. Facultad de Filosofía y Letras. Tomo II. Apuntes sobre un intento de articulación entre nación y provincias”. Tomo I. N° 1 . inédita. Problemas y debates. pp. Juan Pablo (2009). 13. 1840-1880). 10. Buenos Aires. La organización nacional. Cámara de Senadores. En: Bragoni.) Un nuevo orden político. Buenos Aires: Paidós. explicadas y comentadas por Juan Coronado. inédita. 18. Beatriz y MÍGUEZ. 25. Darío (Comp. María Angélica (2009) “`Íntegros y competentes´.) Justicias y Fronteras. parientes y políticos”. Mensajes de los Gobernadores de Córdoba a la Legislatura. MACÍAS.Jan/Jun 2008. Tomo V. Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos.
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30. 18521880. 49-78
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