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Timestamp: 2013-06-20 06:10:54+00:00

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Sentencia que emiti� el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas
Mediante oficio número 8052 del 8 de diciembre de 2000, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas remitió a esta Sala Constitucional el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por los abogados Jesús Alberto Vásquez Mancera y Luis Alberto Siso, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 1.004 y 12.362, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de GRUPO INMENSA C.A., y CORPORACIÓN DE METALES Y ESMALTES VALENCIA C.A, (CORESMALT), contra las decisiones de 1� de febrero y 22 de septiembre de 2000, dictadas por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas y el laudo arbitral del 11 de agosto de 2000. Tal remisión se debe a la apelación ejercida por el abogado Enrique Troconis, actuando en su carácter de apoderado judicial de Soficrédito Banco de Inversión C.A., conforme lo dispone el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
El 12 de diciembre de 2000, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. NTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL AMPARO
El 11 de enero de 2000, los demandados hicieron oposición a la demanda de ejecución de hipoteca "alegando la falta de cualidad para sostener la solicitud de ejecución de hipoteca de los demandados CARMEN CECILIA LONGOBARDI DE YÁNEZ, GUILLERMO YÁNEZ PARÉS y ANIELLO LONGOBARDI PAZ, y la disconformidad del GRUPO INMENSA C.A., CORPORACIÓN DE METALES Y ESMALTES VALENCIA C.A., (CORESMALT) y ALODOM, C.A, con el saldo establecido por el acreedor en la solicitud de ejecución de hipoteca, alegando al efecto el pago parcial de intereses cuyo cobro les fue reclamado en la demanda". Mediante escrito del 20 de enero de 2000, Soficrédito Banco de Inversión, solicitó la declinatoria de jurisdicción por la existencia de una cláusula de arbitraje en el contrato de préstamo.
Por decisión del 1� de febrero de 2000, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas, declinó el conocimiento del asunto en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, remitiendo el expediente el 3 de ese mismo mes y año.
Contra las decisiones de 1� de febrero y 22 de septiembre de 2000, dictadas por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas y contra el laudo arbitral dictado el 11 de agosto de 2000, fue ejercida el 21 de noviembre de 2000, acción de amparo constitucional, por considerar los demandados del juicio principal que se les vulneró el derecho a la defensa, al debido proceso, a una justicia efectiva, imparcial, idónea, responsable, transparente y a ser juzgados por sus jueces naturales, consagrados en los artículo 26, 49 y 258, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
2.- Que, al haber ordenado, dentro de los actos de ejecución forzosa del laudo arbitral, el embargo general de bienes de los demandados, violó el derecho al debido proceso y a una justicia imparcial, transparente, idónea y responsable, ya que el juicio era de ejecución de hipoteca y las medidas ejecutivas sólo podían recaer sobre los bienes hipotecados y "excepcionalmente pueden embargarse y ejecutarse otros bienes en el caso de que aquellos resultasen en la definitiva insuficientes para satisfacer las obligaciones sentenciadas", conforme lo prevé el artículo 582 del Código de Procedimiento Civil. 3.- Que la causa principal se encontraba suspendida desde el 1� de febrero de 2000, oportunidad cuando el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas declaró su falta de jurisdicción y remitió el expediente al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, ya que dicho juzgado olvidó la consulta de ley, a la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, de la decisión por la cual declaró la falta de jurisdicción, obligación derivada del contenido de los artículo 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, por lo que con tal omisión, violó el derecho a ser juzgadas por sus jueces naturales (Sala Político Administrativa) y al debido proceso.
Mediante sentencia del 27 de noviembre de 2000, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas declaró con lugar la acción de amparo constitucional. Ejercido recurso de apelación por el abogado Enrique Troconis, actuando en su carácter de apoderado judicial de Soficrédito Banco de Inversión C.A., el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas, por auto del 8 de diciembre de 2000, oyó la apelación en un solo efecto y ordenó la remisión del expediente a esta Sala Constitucional para decidir la apelación del fallo antes referido, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
1.- Como punto previo, luego de analizar y comparar los conceptos de jurisdicción y competencia concluyó en que el auto del 1� de febrero de 2000, por el cual el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas remitió las actuaciones al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, "corresponde a una declinatoria de jurisdicción".
2.- Al entrar al fondo de las denuncias constitucionales estimó procedente la denuncia de infracción del derecho al debido proceso respecto a la decisión del 1� de febrero de 2000, por la cual el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas declinó la competencia (falta de jurisdicción a juicio del a quo), al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, ya que no ha podido hacerla de oficio sino a instancia de la parte demandante y bajo consulta obligatoria a la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia por mandato del artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, suspendiéndose el proceso hasta la decisión sobre la jurisdicción en los términos que se refieren los artículos 62 y 66 eiusdem, lo que no sucedió en la presente causa, en la que se limitó a declinar su competencia sin esperar la respectiva consulta de ley.
2.- Que operó la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por caducidad de la acción, ya que entre el 1� de febrero de 2000, oportunidad del auto por el cual el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas declinó la competencia en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, y al momento de interposición del presente recurso, transcurrieron más de nueve (9) meses.
Con ocasión de una demanda de ejecución de hipoteca ejercida por Soficrédito Banco de Inversión C.A., contra Grupo Inmensa C.A., Corporación de Metales y Esmaltes Valencia C.A., (CORESMALT), en condición de deudoras, contra Alodom C.A., como garante y contra los ciudadanos Aniello Ignacio Longobardi Paz, Guillermo Yánez Parés y Carmen Cecilia Longobardi de Yánez, como avalistas y fiadores, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas, por auto del 1� de febrero de 2000, declinó la "competencia" para conocer en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, vista la oposición de la parte demandante de una cláusula compromisoria contenida en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Seguidos los trámites contenidos en la Ley de Arbitraje Comercial, fue designado el árbitro respectivo y las partes hicieron valer sus derechos frente a éste, concluyendo el referido proceso el 11 de agosto de 2000, con un laudo arbitral, el cual condenó a pagar a las demandadas las cantidades de dinero allí indicadas.
Contra el auto del 1� de febrero de 2000, por el cual el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas declinó la "competencia" en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, el laudo arbitral del 11 de agosto de 2000 y el auto del 22 de septiembre de 2000, por el cual se decretó la ejecución forzosa del laudo arbitral, los apoderados judiciales de Grupo Inmensa C.A., y Corporación de Metales y Esmaltes Valencia C.A, (CORESMALT), ejercieron el 21 de noviembre de 2000 acción de amparo constitucional que correspondió conocer al Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas, el cual, por sentencia del 4 de diciembre de 2000, la declaró con lugar, reponiendo la causa al estado de evacuar la consulta ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia sobre la falta de jurisdicción a que hacen referencia los artículo 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, esta Sala, para pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento, estima que deberán ser analizados por separado, cada uno de los actos impugnados, por el hecho de ser actos distintos, dictados en fases distintas del proceso, con consecuencias particulares y denunciados por presuntas violaciones constitucionales también diferentes. 1.- Así las cosas, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la impugnación del auto del 1� de febrero de 2000, dictado por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas, por el cual declinó la "competencia" en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, respecto del cual han sido opuestas varias causales de inadmisibilidad, siendo una de ellas la relativa al consentimiento tácito de la acción de amparo, contenida en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que a decir de los apoderados judiciales de Soficrédito Banco de Inversión C.A., constan en autos todas las actuaciones que las accionantes en amparo constitucional realizaron en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, sin que hayan hecho denuncia alguna de esas supuestas violaciones, hasta cuando resultaron desfavorecidas por el laudo arbitral, momento en el cual ejercieron la presente acción de amparo constitucional.
d) Acta de constitución del Tribunal Arbitral, suscrita por ambas partes el 1� de junio de 2000. (folios 293)
De la lectura detenida realizada por esta Sala de cada una de las diligencias, escritos y actas levantadas y suscritas ante el centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas por los apoderados judiciales de Grupo Inmensa C.A., Corporación de Metales y Esmaltes Valencia C.A., (CORESMALT), en su condición de deudoras, por Alodom C.A., como garante y por los ciudadanos Aniello Ignacio Longobardi Paz, Guillermo Yánez Pares y Carmen Cecilia Longobardi de Yánez, como avalistas y fiadores, parte demandada en el juicio de ejecución de hipoteca, no se evidencia cuestionamiento alguno sobre la falta de jurisdicción que alegaron posteriormente ante esta sede constitucional. Antes por el contrario, lo que se evidencia es que participaron activamente en dicho proceso, estuvieron conformes con la designación del árbitro y con el procedimiento a seguir, ya que ellos mismos limitaron la controversia a la oposición realizada en sede judicial, motivo por el cual puede afirmarse que las violaciones constitucionales que hoy se denuncian, producidas por la omisión de consulta de la falta de competencia declarada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas mediante el auto del 1� de febrero de 2000, surgen una vez que el laudo arbitral les resultó adverso, lo que conduce a esta Sala a declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional por lo que respecta a la decisión del 1� de febrero de 2000 supra señalada, por existir signos inequívocos de consentimiento de la presunta lesión por parte de los hoy accionantes; ello por aplicación del numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.
Sin perjuicio de lo antes señalado, debe esta Sala pronunciarse sobre la confusión en que incurrieron tanto el Juez del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas, al declinar la "competencia" ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas en su decisión de fecha 1� de febrero de 2000, y el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas, al declarar que no era una declinatoria de "competencia" sino una falta de jurisdicción sujeta a consulta por mandato de los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, conceptos que, a pesar de ser básicos en el estudio de la carrera de Derecho, son desconocidos por los jueces de instancia.
Del anterior criterio jurisprudencial resulta evidente que al no pertenecer los árbitros a que hace referencia la Ley de Arbitraje Comercial, al poder judicial (a pesar de estar comprendidos dentro del sistema judicial como órganos alternativos de solución de controversias. Artículos 253 y 258 de la Constitución de 1999), mal puede plantearse un problema de competencia. En cuanto a la diferencia entre jurisdicción y competencia, el maestro Carnelutti expresa que la jurisdicción es el género y la competencia la especie, por lo que el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas, incurrió en un error al declinar la "competencia" en el Centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas.
Observa esta Sala que no es la primera vez que la Juez Elba Mejías, Juez del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas, incurre en la confusión entre los conceptos de jurisdicción y competencia, ya que consta en una consulta sobre jurisdicción resuelta por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia por sentencia N� 100, del 3 de marzo de 2001, que fue remitida a la Inspectoría de Tribunales copia del fallo a los fines de iniciar el respectivo proceso disciplinario, ya que dicha juez había incurrido en un error conceptual al declinar la jurisdicción por falta de competencia, lo que evidentemente se traduce en un gran desconocimiento de dicha operadora de justicia que oscurece el sistema judicial venezolano y que deplora enérgicamente esta Sala.
Ahora bien, respecto a la decisión apelada, esta Sala observa que el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas, acertadamente apreció que no se trataba de un problema de competencia sino de jurisdicción, pero aplicó incorrectamente los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil cuando ordenó la consulta ante la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal de la decisión del 1� de febrero de 2000, por la cual el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas declinó el conocimiento de la causa en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, ya que no se cumplen ninguno de los dos (2) supuestos taxativos que prevé el artículo 59 eiusdem para someter a consulta el fallo por el cual el juez advierte su falta de jurisdicción, a saber: 1) la falta de jurisdicción del juez respecto a la Administración Pública, y 2) la falta de jurisdicción del juez venezolano frente al juez extranjero.
"Artículo 43. Contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad. Este deberá interponerse por escrito ante el Tribunal Superior competente del lugar donde se hubiere dictado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente. El expediente sustanciado por el tribunal arbitral deberá acompañar al recurso interpuesto. La interposición del recurso de nulidad no suspende la ejecución de lo dispuesto en el laudo arbitral a menos que, a solicitud del recurrente, el Tribunal Superior así lo ordene previa constitución por el recurrente de una caución que garantice la ejecución del laudo y los perjuicios eventuales en el caso que el recurso fuere rechazado" (Subrayado de esa Sala).
"Es este contexto es menester indicar que la postura que sirve de fundamento al fallo apelado ha sido corregida progresivamente por esta Sala hasta el punto de considerar que la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria (vid sentencia de fecha 15 de febrero de 2000 entre otras); no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía �amparo- ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador". En el presente caso las accionantes no han expuesto motivo alguno que permita a esta Sala llegar al convencimiento de que el medio idóneo para lograr una efectiva tutela judicial era el amparo. Por el contrario, observa esta Sala que las accionantes disponían de una vía judicial ordinaria para atacar el laudo arbitral, como lo es el recurso de nulidad a que hace alusión el artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial, en cuyo caso el recurrente puede lograr la suspensión de los efectos del acto mediante el otorgamiento de caución, en razón de lo cual la acción propuesta debe declararse inadmisible respecto al laudo arbitral del 11 de agosto de 2000, dictado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, por cuanto las accionantes no agotaron la vía ordinaria, mediante el ejercicio del recurso de nulidad, de conformidad con el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide.
"Artículo 48. El laudo arbitral, cualquiera que sea el país en el que haya sido dictado, será reconocido por los tribunales ordinarios como vinculante e inapelable, y tras la presentación de una petición por escrito al Tribunal de Primera Instancia competente será ejecutado forzosamente por éste sin requerir exequatur, según las normas que establece el Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de las sentencias. La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá acompañar a su solicitud una copia del laudo certificada por el tribunal arbitral, con traducción al idioma castellano si fuere necesario" (Subrayado de esta Sala).
En el caso de autos, el laudo arbitral fue dictado el 11 de agosto de 2000 por el Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, remitido el 13 de septiembre de 2000 al Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas, el cual, a solicitud de los apoderados de Soficrédito Banco de Inversión C.A., decretó la ejecución forzosa del mismo el 22 de septiembre de 2000, sin que haya sido alegada, por la representación de ninguna de las partes, la existencia de alguna de las causales de denegación de ejecución contenidas en el artículo 49 de la Ley de Arbitraje Comercial. De lo antes expuesto, resulta evidente que el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas no violó el derecho a la defensa o al debido proceso de las accionantes, cuando ordenó la ejecución forzosa del laudo, pues se limitó a cumplir con el procedimiento para la ejecución de laudos arbitrales contenido en el artículo 48 de la Ley de Arbitraje Comercial, así se decide.
Respecto a la alegada violación del derecho al debido proceso por parte del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas, cuando supuestamente decretó la ejecución forzosa en general sobre bienes de las demandadas que no fueron hipotecados, esta Sala la declara igualmente improcedente, ya que, de la comparación entre el contrato de préstamo con garantía hipotecaria (folios 67 al 89) y del auto de comisión para la práctica del embargo ejecutivo (150 al 152 y 157 al 159), se evidencia claramente la identidad entre los bienes inmuebles dados en garantía hipotecaria y los bienes inmuebles objeto de la ejecución del fallo impugnado. Finalmente, respecto a los alegatos esgrimidos por el abogado Jesús Alberto Vásquez Mancera, actuando en su carácter de apoderado judicial de Grupo Inmensa C.A., y Corporación de Metales y Esmaltes Valencia C.A, (CORESMALT), en el escrito presentado el 31 de enero de 2001, donde se denuncia la supuesta parcialidad del árbitro por su nexo con un escritorio jurídico, dentro del cual existían abogados que eran apoderados de las accionantes en amparo, esta Sala los estima improcedentes, ya que en primer lugar el árbitro designado fue propuesto por la propia accionante, en segundo lugar la Ley de Arbitraje Comercial prevé un lapso para la recusación de los árbitros sin que esta se haya verificado, además de que el árbitro designado juró la independencia para conocer del referido asunto. En consecuencia, considera este alto Tribunal que lo que se pretende por esta vía es un pronunciamiento respecto de un asunto cuya oportunidad procesal precluyó, motivo por el cual el alegato formulado en este sentido resulta improcedente, y así se declara.
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: 1.- CON LUGAR la apelación ejercida por el abogado Enrique Troconis, actuando en su carácter de apoderado judicial de SOFICRÉDITO BANCO DE INVERSIÓN C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas el 4 de diciembre de 2000, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida por los abogados Jesús Alberto Vásquez Mancera y Luis Alberto Siso, actuando en su carácter de apoderados judiciales de GRUPO INMENSA C.A., y CORPORACIÓN DE METALES Y ESMALTES VALENCIA C.A, (CORESMALT), contra las decisiones de 1� de febrero y 22 de septiembre de 2000, dictadas por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas y el laudo arbitral del 11 de agosto de 2000.
2.- Se REVOCA la sentencia del Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas del 4 de diciembre de 2000. 3.- IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional ejercida por los abogados Jesús Alberto Vásquez Mancera y Luis Alberto Siso, actuando en su carácter de apoderados judiciales de GRUPO INMENSA C.A., y CORPORACIÓN DE METALES Y ESMALTES VALENCIA C.A, (CORESMALT), contra las decisiones de 1� de febrero y 22 de septiembre de 2000, dictadas por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas y el laudo arbitral del 11 de agosto de 2000.
Remítase copia del presente fallo a la Inspectoría de Tribunales para determinar la procedencia o no de iniciar el procedimiento administrativo disciplinario contra el Juez José Manuel Gilly Trejo, del Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en Caracas. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen dejándose copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 23 del mes de MAYO de dos mil uno. Años: 191� de la Independencia y 142� de la Federación.

References: artículo 35
 artículo 26
 artículo 582
 artículo 59
 artículo 35
 artículo 59
 artículo 6
 artículo 59
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 59
 artículo 43
 artículo 6
 artículo 49
 artículo 48