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Timestamp: 2019-12-10 08:03:30+00:00

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Ley para la protección de sujetos que intervienen en el procedimiento penal del estado de oaxaca - Página 2
DEL PROGRAMA ESTATAL DE SUJETOS PROTEGIDOS
Artículo 14. El Programa deberá aplicarse exclusivamente a aquellos casos en los que se encuentren relacionados sujetos que estén en riesgo o peligro por su participación de forma directa o indirecta en un Procedimiento Penal o que pueda verse en situación de riesgo o peligro, por su relación afectiva o vínculo de parentesco con la persona que interviene en aquél.
Artículo 15. El Programa establecerá los lineamientos generales para regular los requisitos de incorporación, separación, medidas de protección a implementar, su mantenimiento, modificación o terminación, así como la forma para otorgar los apoyos que solventen necesidades personales básicas, cuando sea el caso y se requiera por su intervención en el Procedimiento Penal. El Programa será completamente ajeno al Procedimiento Penal, en el que interviene o ha intervenido el Sujeto Protegido, por lo que, todo lo concerniente con la evaluación de su situación de riesgo o peligro, así como, la tramitación de la solicitud de Medidas de Protección, es competencia del personal de la Unidad.
Además del Agente del Ministerio Público que conozca del Procedimiento Penal, podrá conocer la información relacionada con el mismo exclusivamente el Agente Especializado.
Artículo 16. Para efectos de incorporación al Programa, se deberá tener la calidad de Sujeto Protegido, dentro de los que se podrán encontrar los siguientes:
I. Victimas u Ofendidos;
II. Testigos;
III. Peritos;
IV. Agentes Estatales de Investigación y demás integrantes de las instituciones policiales del Estado de Oaxaca;
V. Agentes del Ministerio Público;
VI. La autoridad judicial;
VII. Quienes colaboren y/o participen en el Procedimiento Penal, y
VIII. Las demás personas cuya relación con las enunciadas en las fracciones anteriores, sea por afecto o parentesco, conforme a lo establecido en el Código Civil para el Estado de Oaxaca, y dicha relación o vínculo les genere situaciones de riesgo o peligro.
Artículo 17. Las Medidas de Protección previstas en el Programa, serán de dos tipos:
I. De asistencia social: Tendrán como finalidad, brindar apoyo a los Sujetos Protegidos del Programa. Estas medidas se realizarán a través de los servidores públicos adscritos al Subprocurador, de acuerdo a la problemática a abordar, procurando asegurar a la persona que, su intervención en el Procedimiento Penal no significará el agravamiento de su situación personal o un daño adicional o patrimonial, y
II. De seguridad: Tendrán como finalidad primordial, brindar las condiciones necesarias de seguridad, para preservar la vida, la libertad y/o la integridad física de los Sujetos Protegidos.
Todo lo anterior, sin perjuicio de que el Agente del Ministerio Público pueda dictar y ejecutar Medidas de Protección, a través de sus auxiliares o del personal de la Unidad, en términos del artículo 14, de la presente Ley.
Artículo 18. Las Medidas de Protección, podrán aplicarse en cualquier Procedimiento Penal, en forma indistinta y serán dictadas por:
I. El Subprocurador cuando se trate de medidas con carácter permanente, las cuales se determinarán conforme al Análisis de riesgo, así como, la incorporación del Sujeto Protegido al Programa;
II. Los Agentes Especializados cuando las medidas tengan carácter de provisionales, previo acuerdo con el Subprocurador, conforme a la normatividad penal aplicable, y
III. Los Agentes del Ministerio Público en los demás casos distintos a los previstos en la fracción anterior, cuando se considere necesario.
La Unidad podrá sugerir al Subprocurador el mantenimiento, modificación o terminación de todas o alguna de las Medidas de Protección durante el Procedimiento Penal, cuando exista la solicitud del Sujeto Protegido o se produzcan hechos o circunstancias que así lo ameriten, conforme al Análisis de riesgo que al efecto se elabore.
Artículo 19. Las medidas de asistencia social podrán ser:
I. El tratamiento psicológico, médico y/o sanitario a los Sujetos Protegidos en forma regular y necesaria, a través de los servicios de asistencia y salud pública, velando en todo momento por el resguardo y protección de las mismas;
II. El asesoramiento jurídico gratuito al Sujeto Protegido, a fin de asegurar el debido conocimiento de las medidas de protección y demás derechos previstos por las disposiciones aplicables;
III. Asistir al Sujeto Protegido para la gestión de trámites.
IV. En la medida de lo posible, apoyo económico para el alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda o demás gastos indispensables, dentro del país, mientras el Sujeto Protegido se encuentre imposibilitado de obtenerlos por sus propios medios.
El apoyo económico provendrá de los recursos del Fondo y subsistirá por el tiempo exclusivamente necesario que determine el Subprocurador, conforme al Análisis de riesgo que se realice, así como, a la evaluación de la subsistencia de las circunstancias que motivaron su apoyo, o
V. Implementar cualquier otra medida de asistencia social, que de conformidad con la valoración de las circunstancias, se estime necesario adoptar, con la finalidad de garantizar la integridad física y psicológica del Sujeto Protegido, incorporado al Programa.
Artículo 20. Las medidas de seguridad que salvaguardan la integridad personal en los aspectos físico, psicológico, familiar o patrimonial, además de las previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos legales aplicables, podrán consistir en alguna de las siguientes:
I. Vigilancia;
II. Modo y mecanismos para el traslado de los Sujetos Protegidos a distintos lugares, asegurando en todo momento el resguardo de los mismos;
III. Custodia policial a los Sujetos Protegidos, que estará a cargo de los elementos de la Unidad; salvo en los supuestos de urgencia establecidos en el artículo 23 de la presente Ley, en los cuales, el Agente del Ministerio Público, podrá solicitar el apoyo de sus auxiliares;
IV. En la medida de lo posible, suministrar al sujeto Protegido alojamiento temporal;
V. En la medida de lo posible, facilitar la reubicación, entendida como el cambio de domicilio o residencia;
VI. Durante el desarrollo del Procedimiento Penal ante la autoridad judicial, el Agente del Ministerio Público o, en su caso, el Agente Especializado podrán solicitar la aplicación de las siguientes medidas procesales, con el objeto de que dicha autoridad determine su forma de instrumentación, así como la forma de desahogo de las pruebas respectivas que garanticen la protección del Sujeto Protegido:
a). La reserva de su identidad, el domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que lo determine o lo ponga en evidencia, en las diligencias en que intervenga el Sujeto Protegido, la cual se presentará en sobre cerrado y tendrá acceso únicamente el imputado y la defensa a dicha información;
b). En la medida de lo posible, el uso de métodos que imposibiliten la identificación visual o auditiva del Sujeto Protegido, en las diligencias en que intervenga, siempre y cuando no se vulnere la debida defensa del imputado en el proceso penal;
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO.
c). En la medida de lo posible, la utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos que permitan la participación del Sujeto Protegido a distancia, siempre y cuando no se vulnere la debida defensa del imputado en el Procedimiento Penal;
d). Se fije como domicilio del Sujeto Protegido el de la Procuraduría General, u
e). Otras que a juicio de la Unidad, sean procedentes para garantizar la seguridad del Sujeto Protegido.
Las medidas previstas en los incisos anteriores se aplicarán en tanto no se vulnere la debida defensa del imputado conforme a las disposiciones aplicables;
VII. Tratándose de Sujetos Protegidos, que se encuentren recluidos en prisión preventiva o en ejecución de sentencia, se tomarán las medidas siguientes:
a) Separarlos de la población general de la prisión;
b). Trasladarlos a otro centro penitenciario con las mismas o superiores medidas de seguridad, cuando exista un riesgo fundado que se encuentra en peligro su integridad física, u
c). Otras que la Unidad considere necesarias y acuerde con el Subprocurador, para garantizar la protección de los Sujetos Protegidos incorporados al Programa.
La Procuraduría General, se coordinará con las autoridades penitenciarias, para la aplicación de las medidas previstas en la presente fracción.
Cuando el Sujeto Protegido se encuentre recluido en algún centro penitenciario administrado por la federación o en otras entidades federativas, el Subprocurador, con apoyo de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca, podrá suscribir los convenios necesarios para garantizar su protección, o
VIII. Implementar cualquier otra medida de seguridad que de conformidad con la valoración de las circunstancias, se estime necesario adoptar, con la finalidad de proteger la vida o la integridad física del Sujeto Protegido.
(ADICIONADO [N. DE E. CONTIENE LAS OBSERVACIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO], P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2013)
El Agente del Ministerio Público deberá notificar a la Unidad todos los requerimientos para la práctica de diligencias judiciales, en las que el Sujeto Protegido intervenga, con el objeto de garantizar la seguridad del mismo, mediante la ejecución de las Medidas de Protección previstas en el presente artículo. En caso de existir algún impedimento o que no existan las condiciones de seguridad adecuadas para cumplimentar las diligencias antes referidas, la Unidad lo hará de conocimiento al Subprocurador, para que éste a su vez lo haga del conocimiento de la autoridad que corresponda y, en su caso, solicite una prórroga para su cumplimiento, que le deberá ser otorgada.
Tratándose de diligencias ministeriales, las solicitudes deberán ser presentadas por el Agente del Ministerio Público a la Unidad, la cual actuará conforme lo previsto en el párrafo anterior.
Artículo 21. Las Medidas de Protección, deberán ser viables y proporcionales a:
I. La vulnerabilidad del Sujeto Protegido;
II. La situación de riesgo o peligro;
III. La relevancia del caso;
IV. En su caso, la trascendencia e idoneidad del testimonio;
V. La capacidad del Sujeto Protegido para adaptarse a las condiciones del Programa;
VI. La capacidad del posible generador del riesgo o peligro de hacer efectivo el daño, y
DE LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA
Artículo 22. La solicitud de incorporación al Programa, la deberá realizar el Agente del Ministerio Público que lleve el Procedimiento Penal o, en su caso, el Agente Especializado cuando tenga conocimiento de que en un Procedimiento Penal pueda (sic) suscitarse situaciones de riesgo o peligro en términos de la presente Ley, la cual será resuelta por el Subprocurador, a través de la Unidad.
Cuando se niegue la incorporación de un sujeto al Programa, se podrá reevaluar la solicitud de incorporación, siempre que se aleguen hechos nuevos o supervenientes.
La autoridad judicial que conozca del Procedimiento Penal en los que intervenga el sujeto a proteger podrá ordenar al Ministerio Público su incorporación al Programa. En este caso, el Subprocurador resolverá conforme al Análisis de riesgo las Medidas de protección a ejecutar dentro de los diez días naturales siguientes, sin que pueda negarse la incorporación al Programa del sujeto a proteger.
Artículo 23. Si el Agente del Ministerio Público o, en su caso, el Agente Especializado, advierte que un sujeto se encuentra en riesgo o peligro por su intervención en un Procedimiento Penal, deberá dictar medidas provisionales de seguridad necesarias, y remitirá inmediatamente cuando proceda, por cualquier medio idóneo, la solicitud de incorporación al Programa al Subprocurador, para que se inicie el Análisis de riesgo correspondiente.
La autoridad judicial que conozca del Procedimiento Penal y tomando en consideración cuando menos, lo señalado en el párrafo anterior, podrá ordenar que el sujeto sea incorporado al Programa.
En tanto el Subprocurador autoriza la incorporación de un sujeto al Programa, o bien, resuelve el tipo de medidas a ejecutar conforme al artículo 22, último párrafo de la presente Ley, se podrán mantener las Medidas de Protección provisionales.
En la solicitud de incorporación del sujeto a proteger en el Programa, el Agente del Ministerio Público o, en su caso, el Agente Especializado, informará al Subprocurador la importancia de la intervención de dicho sujeto en el Procedimiento Penal.
Artículo 24. La solicitud de incorporación al Programa del sujeto, deberá contener como elementos mínimos, los que permitan realizar el Análisis de riesgo, siendo de manera enunciativa no limitativa, los siguientes:
I. Nombre completo del candidato a ser Sujeto Protegido, su dirección o lugar de ubicación;
II. Datos acerca de la investigación o Procedimiento Penal en el que interviene;
III. Papel que detenta en la investigación o en el Procedimiento Penal, así como, la relevancia que reviste su participación;
IV. Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo o peligro, en su integridad física o de las personas cercanas a él, y
V. Cualquier otro que el Agente del Ministerio Público o, en su caso, el Agente Especializado, estime necesarios para justificar la necesidad de su protección.
No obstante que la solicitud no contenga toda la información requerida, no impide iniciar el Análisis de riesgo, pudiéndose recabar los datos necesarios para su elaboración en breve término.
DEL ANÁLISIS DE RIESGO
Artículo 25. El Subprocurador deberá contar con el Análisis de riesgo, que le permita decidir sobre la procedencia de incorporación o no de un sujeto al Programa, elaborado por el personal de la Unidad, salvo lo previsto en el artículo 22, último párrafo de la presente Ley.
Artículo 26. Recibida la solicitud de incorporación al Programa a través de la Unidad, el Subprocurador dentro del término de quince días naturales a fin de determinar su procedencia, tomará en consideración el resultado del Análisis de riesgo, el cual deberá de contener por lo menos los siguientes aspectos:
I. Que exista un nexo entre la intervención del sujeto a proteger en el Procedimiento Penal, con los factores de riesgo o peligro en que se encuentre.
En los casos en que se haya concluido la participación del Sujeto Protegido en el Procedimiento Penal, se realizará un estudio a fin de determinar si subsisten las condiciones de riesgo o peligro, para determinar su continuidad o su terminación de las medidas de protección;
II. Que el sujeto otorgue su consentimiento y proporcione información fidedigna y confiable para la realización del Análisis de riesgo, apercibido que la falsedad en su dicho pudiere tener como consecuencia la no incorporación al Programa;
III. Que el sujeto a proteger no esté motivado por interés distinto, al de colaborar con la procuración y administración de justicia;
IV. Que las Medidas de Protección, sean las idóneas para garantizar la seguridad del sujeto a proteger;
V. Las obligaciones legales que tenga el sujeto a proteger con terceros;
VI. Los antecedentes penales que tuviere, en su caso, y
VII. Que la admisión del sujeto, no sea un factor que afecte la seguridad del Programa o de la Procuraduría General.
(ADICIONADO, P.O. 7 DE MAYO DE 2015)
En tanto se resuelve la solicitud de incorporación al programa de candidato a sujeto protegido, el Subprocurador ordenará de inmediato las medidas de protección provisionales necesarias, en caso de que el Ministerio Público no las haya ordenado.
Artículo 27. Una vez concluido el Análisis de riesgo, el Subprocurador con auxilio de la Unidad, determinarán si procede la incorporación del sujeto al Programa y las Medidas de Protección que se le aplicarán. Esta determinación no podrá ser contravenida, salvo lo previsto en el artículo 22, último párrafo de la presente Ley.
Artículo 28. Cuando se determine incorporar a un sujeto en el Programa, se deberá suscribir un Convenio de Entendimiento entre el Subprocurador y el Sujeto Protegido, el cual, contendrá:
I. La manifestación del Sujeto Protegido, que su incorporación al Programa es de manera voluntaria, con pleno conocimiento, sin coacción y que las Medidas de Protección a otorgar no serán entendidas como pago, compensación o recompensas por su intervención en el Procedimiento Penal;

References: Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 artículo 14

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20
 artículo 23

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23
 artículo 22

Artículo 24

Artículo 25
 artículo 22

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 22

Artículo 28