Source: https://supremo.vlex.es/vid/blanqueo-capitales-pertenencia-302-24285039
Timestamp: 2020-06-02 20:38:03+00:00

Document:
STS 506/2006, 10 de Mayo de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 24285039
STS 506/2006, 10 de Mayo de 2006
Número de Recurso: 128/2005
Número de Resolución: 506/2006
"BLANQUEO DE CAPITALES. AGRAVANTE DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. La actuación investigadora del servicio de vigilancia aduanera como policía judicial, no ha supuesto una indefensión al acusado. La prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia puede ser de carácter indiciario, circunstancial o indirecta. Se está en presencia de una prueba indiciaria compuesta por varios hechos-base acreditados, no desvirtuados por indicios de signo adverso que han permitido a la Sala de instancia, constituir su juicio de injerencia, y llegar al hecho consecuencia que se quería acreditar y que se describió en el factum como juicio de certeza alcanzado por el Tribunal. No se está ante una insuficiencia probatoria. No se exige un conocimiento preciso del delito previo, sino que basta con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito grave. No ha podido quedar superado en el orden probatorio la justificación de la existencia de una organización dedicada al blanqueo del dinero, proveniente del ilícito tráfico de esa droga, por lo que no concurre el subtipo previsto en el art. 302.1 C.P. En primera instancia se condena al imputado.Se estima parcialmente el recurso de casación. "
Sentencia citada en: 71 sentencias, 5 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de casación por infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por Benito, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz con Sede en Ceuta, Sección 6ª, que condenó al acusado, por un delito de receptación de capitales; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente representado por el Procurador Sr. Galán Padilla.
El Juzgado de Instrucción número dos de Ceuta, incoó Diligencias Previas con el número 891 de 2002, contra Benito, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta, cuya Sección Sexta, con fecha 10 de noviembre de 2004, dictó sentencia , que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: Que del conjunto de la prueba practicada, apreciada en conciencia, se considera probado y así se declara que con ocasión de las investigaciones realizadas por funcionarios de vigilancia aduanera, se comprobó que Benito, mayor de edad y sin antecedentes penales computables por razón de esta causa, careciendo de ingresos económicos suficientes y bastantes, adquirió entre los años 1997 y 2000, una serie de bienes por valor de 129.692'10 euros aproximadamente (en concreto, embarcación "Cubana", matrícula 7ª-CT- 4-456-99, marca Picton Boats LTD, provista de un motor fueraborda, marca Yamaha, de 150 c.v., con numero de serie núm. 7010113; embarcación semirigida "Halligator", marca Valiant, matrícula 7ª-CU-1-053-00, pertrechada con un motor fueraborda de 200 c.v. y numero de serie núm. 5081115; embarcación semirigida "Marian", marca Narwhal, matrícula 7ª-CU-1-030-00, con numero de casco ESNWL131XKL998, dotada de un motor Mercury, modelo 200 XL Optimax, con numero de serie TO14928; motor marca Suzuki modelo DT 250, con numero de serie núm. NUM000; vehículo Opel Calibra, matrícula DU-....-DS; vehículo Hyundai Excell Coupe, matrícula QA-....-Q; motocicleta Yamaha XC-125-TR, matrícula TA-....-X; motocicleta Honda CBR 600, matrícula DA-....-D; y motocicleta Honda NX250, matrícula TA-....-X, y todo ello teniendo conocimiento de que el dinero utilizado para efectuar tales operaciones procedía de una organización dirigida a introducir en España por mar, importantes cantidades de sustancias estupefacientes.
Asimismo aparece también debidamente acreditado en autos que la segunda y la tercera de las indicadas embarcaciones denominada "Halligator" y "Marian" fueron intervenidas en Málaga y Cádiz, respectivamente por el grupo GIFA y el SVA. con 1.000 kgrs. de hachís cada una de ellas, hechos por los que se siguen diligencias previas ante los Juzgados de Instrucción número diez y seis de Ceuta.
FALLO: Que debemos condenar y condenamos a Benito, como autor criminalmente responsable de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una organización, sin la concurrencia de circunstancias modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 4 años, 7 meses y 15 días de prisión, y multa de 129.692'10 euros, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de las costas procesales.
Asimismo decretamos el comiso de los siguientes bienes que figuran a nombre del referido condenado y que le han sido intervenidos en el presente procedimiento (embarcación ""Cubana", matrícula 7ª-CT-4-456-99, marca Picton Boats LTD, provista de un motor fueraborda, marca Yamaha, de 150 c.v., con numero de serie núm. 7010113; embarcación semirigida "Halligator", marca Valiant, matrícula 7ª-CU-1-053-00, pertrechada con un motor fueraborda de 200 c.v. y numero de serie núm. 5081115; embarcación semirigida "Marian", marca Narwhal, matrícula 7ª-CU-1-030- 00, con numero de casco ESNWL131XKL998, dotada de un motor Mercury, modelo 200 XL Optimax, con numero de serie TO14928; motor marca Suzuki modelo DT 250, con numero de serie núm. NUM000; vehículo Opel Calibra, matrícula DU-....-DS; vehículo Hyundai Excell Coupe, matrícula QA-....-Q; motocicleta Yamaha XC-125-TR, matrícula TA-....-X; motocicleta Honda CBR 600, matrícula DA-....-D; y motocicleta Honda NX250, matrícula TA-....-X,Cubana)", que serán adjudicados al Estado con destino al fondo creado por la Ley 36/1995 de 11 de diciembre y posterior Reglamento que la desarrolla aprobado por R.D. 864/1997 de 6 de junio , para su utilización en programas de prevención, rehabilitación y reinserción social de los drogodependientes.
Para el cumplimiento de las penas impuestas, abónesele al condenado todo el tiempo que haya estado privado de libertad por razón de esta causa y que no le haya sido de abono, lo que se acreditará en ejecución de sentencia.
Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de Ley, por Benito, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
Al amparo del art. 849.1 LECrim . por vulneración de los arts. 113.1 y 2 Ley General Tributaria .
Al amparo del art. 849.1 LECrim . por vulneración del art. 24.2 CE . (presunción de inocencia).
Al amparo del art. 849.1 LECrim . por aplicación indebida del art. 301 CP .
Al amparo del art. 849.1 LECrim . por aplicación indebida del art. 201.1 y 2 CP .
Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día veintisiete de abril de dos mil seis.
El primer motivo, como cuestión previa, denuncia infracción de Ley por vulneración de lo preceptúado en el art. 113.1 y 2 Ley General Tributaria , vigente a la fecha de los hechos imputados, que preceptúaba que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones, tiene carácter reservado y solo podían ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto la investigación o persecución de delitos públicos por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal, en el art. 18.1 CE , derecho fundamental a la intimidad y del acuerdo del Pleno de esta Sala Segunda de 14.11.2003, que si bien consideró que el servicio de vigilancia Aduanera constituía policía judicial en el sentido genérico del art. 283.1 LECrim . lo fue en un ámbito de competencia muy restrictivo y siempre bajo la dependencia de Jueces y/o Ministerio Fiscal. En el supuesto que se analiza se comprueba que existe un informe de vigilancia ordinaria que principia las actuaciones y a tenor del cual se instruye un atestado por funcionarios de dicho servicio para la investigación de un presunto delito de blanqueo de capitales, informe que tiene fecha de 20.5.2002, y que es presentado ante el Juzgado de guardia que incoa diligencias previas el 11.7.2002, esto es, mas de un mes mas tarde de la elaboración del informe, en el que se recogen todo tipo de datos tanto patrimoniales como económicos del acusado, de los que podría desprenderse la comisión de un delito de blanqueo de capitales por el acusado, datos obtenidos de las propias bases de datos de la Agencia Tributaria, en el curso de una investigación realizada por autoridad que no tiene la condición de Policía Judicial en sentido estricto, y sin la coordinación con otros cuerpos policiales, ni bajo la dependencia de Jueces y/o Ministerio Fiscal, por cuanto no existía aún ningún procedimiento judicial abierto, tal es así que después de haber hecho el informe, tratan de subsanar ese actuar sin amparo judicial, pidiendo al Juez de Guardia que permita el aporte de los datos contenidos en las distintas bases o registros a que tengan acceso los funcionarios actuantes en razón de su puesto de trabajo.
Consecuentemente el motivo solicita la nulidad del Informe de Vigilancia Aduanera, obrante al folio 1 a 8 de las actuaciones, así como de todas aquellas pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos fundamentales y que dimanen y deriven de dicho informe ( art. 11 LOPJ.). Esta cuestión ha sido analizada por esta Sala en los recurso de casación 20/4/2004y 2418/2004, substancialmente idéntico al presente que dio lugar a la sentencias 1426/2005 de 13.12 y 202/2006 de 2.3 , cuyo contenido podemos reproducir:
Ciertamente los intereses públicos perjudicados por un hecho sospechoso de resultar delictivo determinan que el Estado establezca un sistema encargado de su investigación, depuración y sanción a quien resulte autor de la acción lesiva típica constitutiva de delito. Este sistema se estructura con la diferenciación de los órganos encargados de la investigación, de la acusación y del enjuiciamiento de manera que quien actúe en una de las fases del sistema aparece inhabilitado para la actuación en otra, exigencia derivada de la vigencia de nuestro ordenamiento del principio acusatorio.
Los artículos de la Constitución 126, para la Policía Judicial, 124 para el Ministerio Fiscal y 117 y ss. para el Poder Judicial , delimitan las funciones encomendadas respectivamente a cada órgano configurando un sistema de represión de las conductas antisociales típicas constitutivas de delito y sobre las que la Ley, informada en los principios y derechos contenidos en la Constitución y en los principios recogidos en Tratados Internacionales, hacen que el sistema funcione como un instrumento de control social formalizado, característico del Estado de Derecho que asegura el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular.
Es patente -decíamos en la STS. 25.9.2003 - que la legislación española no ha desarrollado, de forma integral, el art. 126 de la Constitución con una legislación, cada vez mas necesaria, que articule la policía judicial, su posición en el sistema penal y las funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente con dependencia de los Jueces, Tribunales y del Ministerio fiscal.
En efecto, el art. 126 de la Constitución dispone la existencia de una policía judicial con la finalidad de averiguar el delito y descubrir y asegurar al delincuente. El desarrollo legislativo del precepto lo encontramos en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado L.O. 2/86 de 13 de enero , y el Real Decreto 769/87, de 19 de junio, con su modificación operada por el R.D. 54/2002, de 18 de febrero para incorporar a las Comisiones de coordinación de Policía Judicial las Comunidades Autónomas con competencia en esta materia.
Del desarrollo normativo del precepto constitucional, destacamos, además de las citadas, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En la primera merece especial relevancia las disposiciones que atribuyen al funcionario de policía judicial la condición de "comisionado" poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes (con similar redacción el antiguo art. 786 LECrim., actual art. 770 redactado por Ley 38/2002 de 24.10 , que entró en vigor el 28.4.2003; y 443 LOPJ.
Como señalamos al inicio de este Fundamento corresponde al Estado, a través del legislativo, la determinación de los órganos a los que se encomienda la función de policial judicial, sin que los Jueces de instrucción puedan atribuir funciones de policía judicial a cualquier funcionario o trabajador por cuenta de empresa privada, las funciones de policía judicial, sin perjuicio del deber de colaboración que a todos corresponde.
La Ley atribuye la función de policía judicial a las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dependientes del Gobierno Central y de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales ( art. 443 LOPJ ), precepto que, como vimos es concretado en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (art. 29 y ss .) que organiza el modelo de policía judicial respecto a la policía dependiente del Gobierno Central, y en las Leyes emanadas de los órganos legislativos de Comunidades Autónomas (Ley 4/92 de 17 julio del País Vasco, Ley 10/94 de 11 de julio de Cataluña ), que han desarrollado el art. 126 CE . en el ámbito de sus competencias, en relación a sus respectivas policías con funciones de investigación de hechos delictivos.
Los Policías locales son órganos de colaboración de la policía judicial.
Igualmente debemos recordar que la atribución de policía judicial no es cuestión meramente nominal. Supone, en primer lugar, la integración en el sistema penal de reprensión de hechos delictivos, con especificas posibilidades de actuación, coordinación y control en las respectivas Comisiones de Coordinación, Nacional y Provinciales, diseñadas en el RD. 769/87 , además de los que el propio Juez de instrucción o Tribunal o el Ministerio Fiscal puede realizar en el ejercicio de sus respectivas funciones, durante la investigación que realizan, y entre ellas la verificación y depuración de los posibles abusos y extralimitaciones que eventualmente pudieran producirse en su actuación (STC. 55/90 de 28.3 ), y que la pertenencia al sistema penal posibilite a través del contacto permanente entre Jueces y Policías.
Por ello, la STS. 942/2004 de 22.7 , señala al respecto que efectivamente son Policía Judicial quienes resultan competentes por su propia autoridad para investigar, sin necesidad de acudir inicialmente al Juez, siendo esta materia en principio reservada a la Ley Orgánica.
Además, el acceso a determinadas bases de datos, antecedentes policiales, reclamaciones judiciales, etc., necesario en la investigación, por enmarcarse en el derecho a la intimidad de los ciudadanos debe estar limitado a aquellos funcionarios de policía judicial pertenecientes al sistema penal de depuración de hechos delictivos, pues ese contenido de la información ha de estar encomendado y controlado por los agentes que lo utilizan para las finalidades de investigación de hechos delictivos.
Con respecto al servicio de vigilancia aduanera debemos tener en cuenta el acuerdo de la Sala General de 14.11.2003, según el cual:
"1º El art. 283 LECrim . no se encuentra derogado, si bien debe ser actualizado en su interpretación.
El servicio de Vigilancia no constituye Policía Judicial en sentido estricto, pero si en el sentido genérico del art. 283.1 LECrim . que sigue vigente. Conforme establece la Disposición adicional primera de la LO. 12/95 de 12.12 , sobre Represión del Contrabando, en el ámbito de los delitos contemplados en el mismo tienen encomendadas funciones propias de Policía Judicial que debe ejercer en coordinación con otros cuerpos policiales y bajo la dependencia de los Jueces de Instrucción y del Ministerio Fiscal.
Las actuaciones realizadas por el servicio de vigilancia aduanera en el referido ámbito de competencia son procesalmente válidas".
Por tanto, según la Ley de contrabando, el servicio de Vigilancia Aduanera, en su ámbito si constituye Policía Judicial en el sentido que se deriva de la aplicación del art. 383.1 LECrim . y nada obsta a entender el termino colaborar en relación con la función desarrollada por aquel Servicio y no con los demás Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en sentido estricto o subordinado, pues esta colaboración debe darse por supuesto, al igual que la coordinación entre todos los cuerpos. En síntesis, conforme a la Disposición adicional primera de la LO. de Reprensión del Contrabando 12/95 , el Servicio de Vigilancia Aduanera, en la investigación, persecución y represión de los delitos de contrabando actuará como Policía Judicial bajo la dependencia del Juez de Instrucción y del Ministerio Fiscal, actuando coordinadamente con los demás cuerpos policiales.
No obstante esta equiparación a la Policía Judicial lo es en referencia a la investigación y reprensión de los delitos de contrabando, esto es a un tipo delictivo concreto, pudiendo cuestionarse que quepa realizar una interpretación extensiva de su actuación respecto a otras actividades de investigación que no tienen previstas, dado que el ordenamiento jurídico prevé una distribución de competencias, en este caso de investigación de hechos delictivos, sin que quepa una extensión de las competencias sin un amparo legal que así lo disponga.
Ahora bien, en el concreto caso que nos ocupa los Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, como miembros de la agencia tributaria se limita a iniciar una investigación de datos fiscales y tributarios, y al detectar una posible actuación delictiva en el acusado, ponen en conocimiento del Juez de Guardia los datos obtenidos, tal como preceptúa el art. 262 LECrim ., no olvidemos, de una parte que dichos Agentes por su incardinación funcional en el Ministerio de Hacienda, tienen acceso licito a los datos de ese Departamento, sin conculcar la legislación tributaria, el art. 113 de la antigua Ley General Tributaria, en sus apartados 1 y 2 señalaba que los datos de la Administración Tributaria, no pueden ser cedidos o comunicados a terceros con la excepción prevista de la investigación de un delito público, y el art. 95.3 III de la actual LGT. 58/2003 de 17.12 , establece que "cuando se aprecie la posible existencia de un delito no perseguible únicamente a instancia de persona agraviada, la Administración Tributaria deducirá el tanto de culpa o remitirá al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito", y de otra, para ratificar la ausencia de vulneración alguna de principios constitucionales el art. 94 de la vigente Ley establece que la cesión de datos de carácter personal que debe efectuar la Administración Tributaria, no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito no será de aplicación de lo dispuesto en el art. 21.1 LO. 15/99 de 13.12 de Protección de Datos de Carácter Personal .
Por último la actuación de los funcionarios de vigilancia aduanera no nos podría haber conducido a la nulidad pretendida.
instruido por los referidos funcionarios se limitan a poner en conocimiento del Juzgado de guardia las investigaciones que se han llevado a cabo en las distintas unidades operativas de dicho organismo en orden al cambio importante producido a partir del año 1999, en los medios de transporte utilizados por las organizaciones contrabandistas dedicadas al trafico de estupefacientes, utilizándose embarcaciones neumáticas semirigidas dotadas de motores que les permiten desarrollar velocidades superiores a 50 nudos, embarcaciones que se matriculan en su mayoría a nombre de "hombres de paja", y como dichas investigaciones se ha detectado que Benito es titular , titular de:
1) embarcación ""Cubana", matrícula 7ª-CT-4-456-99, marca Picton Boats LTD, provista de un motor fueraborda, marca Yamaha, de 150 c.v., con numero de serie núm. 7010113 con un valor de compra de 24.000.000 euros;
2) embarcación semirigida "Halligator", marca Valiant, matrícula 7ª-CU-1-053-00, pertrechada con un motor fueraborda de 200 c.v. y numero de serie núm. 5081115, con un valor de compra de 27.045,54 euros;
3) embarcación semirigida "Mariam", marca Narwhal, matrícula 7ª-CU-1-030-00, con numero de casco ESNWL131XKL998, dotada de un motor Mercury, modelo 200 XL Optimax, con numero de serie TO14928 con un valor de compra de 27.646,56 euros;
4) motor marca Suzuki modelo DT 250, con numero de serie núm. NUM000, con un valor de compra aproximado de 12.000 euros;
5) vehículo Opel Calibra, matrícula DU-....-DS, con un valor de compra aproximado de 15.000 euros;
6) vehículo Hyundai Excell Coupe, matrícula QA-....-Q, con un valor aproximado de 6.000 euros;
7) motocicleta Honda, modelo CBR 600, matricula DA-....-D. con un valor de compra aproximado de 5.000 euros;
8) motocicleta Yamaha XC-125-TR, matrícula XA-....-X, con un valor de compra aproximado de 2.000 euros ;
9) motocicleta Honda CBR 600, matrícula TA-....-X, con un valor de compra aproximado de 4.000 euros; cuyo valor total asciende a 129.692,10 euros, sin que el referido haya percibido ingresos durante los años 1997 a 2000, salvo 1.687,07 en 1.999, por lo que podría considerarse justificadamente el origen ilícito de los bienes adquiridos y la comisión de un delito de blanqueo de capitales, por lo que sin perjuicio de las responsabilidades fiscales por el incremento del patrimonio detectado, se ponen las diligencias a disposición del Juzgado, con expresas peticiones al Juez para que oficie a distintos organismos, Inem, Tesorería General Seguridad Social, jefatura Provincial de Trafico para la remisión de certificaciones relativas a los bienes y vida laboral del acusado, e incluso a la propia Agencia Tributaria para permitir el aporte de los datos contenidos en sus distintas bases o registros a que tengan acceso los funcionarios actuantes en razón a su puesto de trabajo.
Recibido el atestado por el Juez de Instrucción, éste dicta auto de fecha 11.6.02 , en el que acuerda entre otras, medidas concretas: la de incorporar los antecedentes penales del hoy recurrente, oírle en declaración, y librar los oficios solicitados en el atestado inicial por el Servicio de Vigilancia Aduanera, y posteriormente en providencia 23.2.2004, librar oficio a la Comandancia de la Guardia Civil para que informara si el imputado o los bienes que figuran a su nombre, han estado implicados o relacionados con delitos de tráfico de drogas o algún otro delito grave, informe que obra en las actuaciones (folios 108 a 191), de fecha 24.3.2004 y que fue ratificado en el plenario.
Por ello, la nulidad pretendida extensiva no solo a aquel informe inicial de vigilancia aduanera, sino también a las declaraciones prestadas por los agentes que lo suscriben, así como la declaración judicial y en el juicio oral del acusado a quien se le pregunta tomando como base dicho informe y el informe de la Guardia Civil que se centra en la investigación llevada a cabo por el Servicio de Vigilancia Aduanera, al igual que la declaración que presto en el juicio oral el agente de la Guardia Civil que lo elaboró, sería totalmente desproporcionada. hemos declarado que cualquier omisión o un quebrantamiento de algún presupuesto o requisito procesal no es bastante para dar lugar a la nulidad, siendo necesario atender, en cada caso, a la importancia, a la transcendencia de la omisión o quebrantamiento y las consecuencias producidas y su incidencia en derechos del justiciable.
El art. 238.3 LOPJ . requiere que se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales del procedimiento y la producción de efectiva indefensión. La encomienda al servicio de vigilancia aduanera de funciones propias de la policía judicial no puede integrar el presupuesto de la nulidad "que se prescinde total y absolutamente", pues, ciertamente, el ordenamiento jurídico no es lo preciso que debiera, subsistiendo normas -nos dice la STS. 25.9.2003 - que dan lugar a actuaciones equivocas apoyadas, incluso, en pronunciamientos de esta Sala (SSTS. 139/2002 de 18.8, 624/2002 de 10.8 y 120/2003 de 28.2 ).
Estas Sentencias transcriben un Auto de esta Sala por el que se archivaron unas actuaciones procesales de investigación por un hecho denunciado contra un Juez y un Fiscal de la Audiencia Nacional que habían encomendado, precisamente, al servicio de vigilancia aduanera atribuciones de policía judicial. En este Auto, al tiempo de archivar la causa con desestimación de la querella por no ser constitutivo de delito, se afirma la condición de policía judicial del servicio de vigilancia aduanera, sobre la base normativa prevista en la Ley procesal, art. 283 LECrim .
Por otra parte, la actuación investigadora del servicio de vigilancia aduanera como policía judicial, tampoco ha supuesto, como ya hemos indicado, una indefensión al acusado quien ha visto respetados sus derechos.
El motivo, consecuentemente se desestima, al no concurrir, con la claridad precisa, el presupuesto de la nulidad -que se prescinda total y absolutamente de normas esenciales- ni la indefensión requerida.
El motivo segundo al amparo de lo dispuesto en el art. 849.1 en relación con el art. 5.4 LOPJ , por infracción del derecho a la presunción de inocencia, sancionado en el art. 24.2 CE , al basarse la sentencia condenatoria en una prueba indiciaria que no desvirtúa tal principio fundamental.
El desarrollo argumental del motivo hace necesario recordar que ciertamente la prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia puede ser de carácter indiciario, circunstancial o indirecta ( SSTS. 11.12.2000, 29.10.2001, 15.3.2002 ), debiendo recordarse que la función del Tribunal casacional en los casos en que la condena se fundamenta en prueba indiciaria, consiste en controlar el respeto al derecho constitucional a la presunción de inocencia sin invadir las facultades valorativas del Tribunal de instancia. Por ello, es necesario como dice nuestra sentencia 1453/2002 de 13.9 , constatar que en la resolución impugnada se cumplan una serie de requisitos, formales y materiales, exigiblemente jurisprudencialmente como son:
que estén interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuerzan entre si ( ssTS. 515/97 de 12.7, 1026/96 de 16.12, 29.10.2001 ).
Y en cuanto a la inducción o inferencia es necesario que sea razonable, es decir que no solamente no sea arbitraria, absurda e infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, de manera que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un "enlace previo y directo, según las reglas del criterio humano" ( ss.ST 1015/95 de 18.10, 1/96 de 19.1, 807/96 de 13.7 ).
Ahora bien esta labor de control casacional tiene también dos limites, como destaca la sTS. de 25.9.92 , el primero se refiere a la acreditación de los indicios o hechos base, que la Sala ha declarados probados, pues si lo han sido mediante prueba directa no es posible su cuestionamiento, ya que tanto el principio de inmediación, como lo dispuesto en el art. 741 de la LECrim . y la propia naturaleza del recurso de casación impiden que se pueda entrar en el ámbito valorativo propio del Tribunal de instancia. Puede criticarse que la Sala considere indicio al que no lo es, así como la racionalidad de la inferencia, pero no la valoración que de la prueba testifical, por ejemplo ha realizado el Tribunal sentenciador para declarar que un determinado hecho base se estima acreditado.
Con estas consideraciones generales el motivo del recurso no puede prosperar como esta Sala ha dicho en Sentencia 266/2005 de 1.3 , en un caso muy similar al presente, las Sentencias núm. 649/96, de 7 de diciembre ("Caso Nécora"), núm. 356/1998 de 15 de abril y núm. 1637/2000, de 10 de enero , entre otras, el art. 546 bis f), antecedente del actual art. 301 del CP 95 , fue introducido en nuestra legislación como novedad rigurosa por la L.O. 1/88 de 24 de marzo , "con el objetivo de hacer posible la intervención del Derecho Penal en todos los tramos del circuito económico del tráfico de drogas", pretendiendo "incriminar esas conductas que vienen denominándose blanqueo de dinero de ilícita procedencia", como literalmente señalaba la Exposición de Motivos.
Esta voluntad de ampliación de la punición penal a conductas antes atípicas, a fin de disponer de una nueva arma en la lucha contra el tráfico de drogas, puesta de manifiesto de modo unánime por nuestra doctrina penal y también por la jurisprudencia de esta Sala que tuvo ocasión de pronunciarse sobre el delito definido en el art. 546 bis f), ( Sentencias de 4 de septiembre de 1991, 5 de octubre de 1992, 27 de diciembre de 1993, 16 de junio de 1993, 21 de septiembre de 1994 y 28 de octubre de 1994 ), ofrece un criterio de amplitud en la interpretación de esta norma penal, que debe ser aplicado, en cualquier caso, dentro de los límites que impone el respeto al principio de legalidad.
Esta inicial punición del blanqueo seguía la tendencia internacional y, entre otras, las Recomendaciones del Consejo de Europa de 27 de junio de 1980 y del Parlamento Europeo de 9 de octubre de 1996. Asimismo, tras la Convención de las Naciones Unidas hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, cuyo artículo 3 , imponía a los Estados firmantes la obligación de introducir en sus ordenamientos penales preceptos que castigaran el blanqueo o lavado de dinero procedente del narcotráfico se incorporaron los arts. 344 bis h) e i). Y, tras la Convención del Consejo de Europa de 9 de noviembre de 1990 , se amplía la tipología de delitos de los que puede provenir el dinero ilícito (siguiendo asimismo la Directiva 91/308 del Consejo UE ), dando lugar a los actuales arts 301 a 304 del Código Penal de 1995, reformado en parte por LO. 15/2003 de 25.11 , no aplicable a los presentes hechos dada la fecha de su comisión.
Este conjunto de Convenciones Internacionales y normas de derecho interno tiene por finalidad impedir la conversión o transformación de bienes cuya generación se produce extramuros de la legalidad al ser ilícita la actividad que los genera, pero no se pretende con la punición de estas conductas castigar directamente el delito base o delito de origen (aquél que genera los bienes que luego se tratan de transformar en el mercado lícito) que tiene una respuesta penal distinta y autónoma. Se trata, fundamentalmente, de dificultar el agotamiento de dichos delitos en lo que se refiere a la obtención de un beneficio económico extraordinario (auténtica finalidad perseguida con su ejecución), conseguido por no tener que soportar los costes personales, financieros, industriales y tributarios que se exigen a la ganancia obtenida lícitamente, con desestabilización de las condiciones de la competencia y el mercado, de ahí que el blanqueo se ubique sistemáticamente en el Título XIII del Libro II del Código Penal , dedicado a los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.
Y debe recordarse asimismo que según reiterada y constante doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como de esta Sala de Casación el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria - STC números 174/85 y 175/85 de 17 de diciembre, así como las de fecha 1 y 21 de diciembre de 1988 -, siempre que existan indicios plenamente acreditados, relacionados entre sí y no desvirtuados por otras pruebas o contraindicios y se haya explicitado el juicio de inferencia, de un modo razonable -SSTS de 22 de noviembre de 1990, 21 de mayo de 1992, 18 de junio de 1993, 5 de marzo de 1998 y 26 de octubre de 1999 -, entre otras.
A ello debe añadirse, como reflexión criminológica y siguiendo siempre a la referida Sentencia núm. 1637/2000 de 10 de enero , que en delitos como el de blanqueo, lo usual será contar sólo con pruebas indiciarias por lo que el cuestionamiento de su aptitud para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia sólo produciría el efecto de lograr la impunidad respecto de las formas más graves de delincuencia entre las que debe citarse el narcotráfico y las enormes ganancias que de él se derivan, que se encuentran en íntima unión con él como se reconoce expresamente en la Convención de Viena de 1988 ya citada.
Pues bien hay que señalar que en los hechos probados se recogen estos datos determinantes para el enjuiciamiento de la conducta del recurrente:
La adquisición por su parte, careciendo de ingresos económicos suficientes y bastantes, entre los años 1997 y 2000 de una serie de bienes por valor de 129.692,10 euros. En concreto:
1) embarcación ""Cubana", matrícula 7ª-CT-4-456-99, marca Picton Boats LTD, provista de un motor fueraborda, marca Yamaha, de 150 c.v., con numero de serie núm. 7010113;
2) embarcación semirigida "Halligator", marca Valiant, matrícula 7ª-CU-1-053-00, pertrechada con un motor fueraborda de 200 c.v. y numero de serie núm. 5081115;
3) embarcación semirigida "Marian", marca Narwhal, matrícula 7ª-CU-1-030-00, con numero de casco ESNWL131XKL998, dotada de un motor Mercury, modelo 200 XL Optimax, con numero de serie TO14928;
4) motor marca Suzuki modelo DT 250, con numero de serie núm. NUM000;
5) vehículo Opel Calibra, matrícula DU-....-DS;
6) vehículo Hyundai Excell Coupe, matrícula QA-....-Q;
7) motocicleta Yamaha XC-125-TR, matrícula TA-....-X;
8) motocicleta Honda CBR 600, matrícula DA-....-D; y
9) motocicleta Honda NX250, matrícula TA-....-X.
Que el acusado tenia conocimiento de que el dinero utilizado para efectuar tales operaciones procedía de una organización dirigida a introducir en España, por mar, importantes cantidades de sustancias estupefacientes.
Retomando por tanto, la prueba indiciaria en relación a estos hechos los indicios más frecuentes de que los capitales proceden del trafico de drogas, consistirán, según doctrina consolidada de esta Sala que se inicia en la sentencia de 23.5.87 y se reitera en las de 14.5.98, 10.1.2000, 9.5.2001, 18.9.2001, 6.6.2002, 14.4.2003 y 29.6.2005 entre otras muchas, en:
en primer lugar en el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias.
en segundo lugar en la inexistencia de negocios ilícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y,
en tercer lugar, en la constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con las mismas.
En el caso presente la Audiencia analiza la concurrencia de tales indicios, destacando en primer lugar, ese incremento del patrimonio del acusado derivado de la adquisición de tres embarcaciones, cuatro motores fueraborda, dos vehículos y tres motocicletas. Adquisiciones que por su elevada cuantía ponen de manifiesto operaciones contrarias a las practicas comerciales ordinarias, máxime cuando aquellas embarcaciones por su alta velocidad, maniobrabilidad y elevado consumo, en la practica suelen ser utilizadas para el narcotráfico y además el recurrente carece de cualquier tipo de titulación náutica.
En segundo lugar y en relación a la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen dicho incremento patrimonial así como las adquisiciones y gastos realizados, señala que sus únicos ingresos debidamente acreditados no pueden justificar la adquisición de tales bienes y la nula credibilidad que le merece lo señalado por el acusado en orden a que trabajaba en la frontera traficando con mercancías. Manifiesta inverosimilitud de estas manifestaciones exculpatorias que pueden ser valoradas por la Sala, sin que implique invertir la carga de la prueba, ni vulnerar el principio "nemo tenetur", dado que existen otras pruebas de cargo que, por si mismas permiten deducir, razonablemente su intervención en los hechos.
En estos casos se trata únicamente de constatar que existiendo prueba directa de los elementos objetivos del delito y de la participación en el hecho del acusado, no se le contrapone una explicación racional y mínimamente verosímil sino que, por el contrario, las manifestaciones de este, por su total ausencia de explicación alternativa plausible, refuerzan la convicción racionalmente deducida de la prueba practicada ( SSTS. 5.6.93, 9.6.99, 17.11.2000 y 15.3.2002 ).
Y finalmente infiere la existencia de un vehículo o conexión con actividades de trafico de estupefacientes y con personas o grupos relacionados con las mismas del dato que aparece reflejado en los hechos probados, en base al informe elaborado por la Guardia Civil, ratificado en el plenario de que dos de las embarcaciones del recurrente, las denominadas "Halligator y Marian" fueron intervenidas en Málaga y Cádiz respectivamente por el Grupo GIFA y el SVA, con 1000 kgs de hachís cada una de ellas. Hechos por los que se siguen las correspondientes diligencias previas ante los Juzgados de Instrucción 10 y 6 de dichas localidades.
El recurrente se limita a impugnar cada uno de estos indicios, pero esta Sala considera que la denuncia que se efectúa sobre la base de falta de consistencia de los indicios para justificar una sentencia condenatoria, no es tal. Se está en presencia de una prueba indiciaria compuesta por varios hechos-base totalmente acreditados, no desvirtuados por indicios de signo adverso que en una global y conjunta valoración han permitido a la Sala de instancia, constituir su juicio de injerencia, y llegar al hecho consecuencia que se quería acreditar y que se describió en el factum como juicio de certeza alcanzado por el Tribunal.
No se está ante una insuficiencia probatoria alguna, como se dice en el motivo, antes bien, la conclusión surge de forma natural del encadenamiento de los indicios analizados fruto de un juicio inductivo totalmente acorde con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, por lo que con toda claridad se está extramuros de toda decisión arbitraria o infundada.
El motivo tercero por infracción del art. 849.1 LECrim . al aplicarse de forma incorrecta el art. 301 CP . ya que no se dan los elementos del tipo, pues además de la necesidad de que el acusado sepa que los hechos tienen su origen en un delito grave es necesario que exista una intencionalidad y su dolo para la comisión del delito.
Considera el recurrente que la finalidad de la adquisición de las embarcaciones no es la de blanquear dinero sino servir de instrumento para la comisión de un delito como pasar droga o inmigrantes que determinaría la responsabilidad de su propietario como cooperador necesario una vez fuera aprehendida la embarcación con droga o con emigrantes, esto es la finalidad de la adquisición está clara: elemento para la comisión del delito y nunca "el lavado" del dinero.
El artículo 301 del Código Penal en su redacción anterior LO. 15/2003 de 25.11 , describe una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo:
- Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave ( art. 301.1 CP ).
- Realizar actos que procuren ocultar o encubrir ese origen (núm. 1, art. ya citado).
- Ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos a sabiendas de su procedencia ilícita ( núm. 2 del art. 301 CP ), (STS: 2410/2001 de 18.12 ).
El comportamiento sancionado se configura, tras una enumeración ejemplificadora con una fórmula amplia al decir: "o realice cualquier otro acto" para ocultar o encubrir su origen ilícita o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Como dice la STS. 1070/2003 de 22.7 " El denominado blanqueo equivale a encubrir o enmascarar el origen ilícito de los bienes y así el artículo 301.1 C.P . describe y castiga aquellas conductas que tienen por objeto adquirir, convertir, transmitir o realizar cualquier acto semejante con bienes que se sabe que tienen su origen en un delito (ya no necesariamente grave desde la LO. 15/2003), con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos. En relación con los bienes debemos significar que no se trata de los que constituyen el objeto material del delito antecedente grave, sino de aquéllos que tienen su origen en el mismo. Por ello los bienes comprenden el dinero o metálico así obtenido.
En los delitos de tráfico de drogas, por ejemplo, no se trata de las sustancias tóxicas, sino del dinero o bienes entregados a cambio de aquéllas. Por ello el recurrente desenfoca la cuestión cuando se refiere al tipo objetivo olvidando que los bienes blanqueados no son los adquiridos - en este caso embarcaciones- por el mismo, sino el dinero entregado por el autor de un delito contra la salud pública para su adquisición, de forma que dicho metálico de procedencia ilícita se convierte merced a la directa intervención del acusado en otros bienes con la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero. Por ello el destino ulterior o que se dediquen esos bienes adquiridos resultará irrelevante y si éste es la comisión de cualquier otro delito, se producirá el correspondiente concurso.
Es cierto que pueden solaparse estas conductas con las previstas en el número segundo del citado precepto y es que la distinción entre ambos no está tanto en la clase de operación realizada como en la fase sucesiva en que se produce el blanqueo de bienes, pues de lo que se trata es de hacer posible la intervención del derecho penal cualquiera que haya sido el destino ulterior de dichos bienes, de forma que en supuestos de sucesivas operaciones de blanqueo es aplicable el número segundo. Siendo ello así cabe una autoría independiente de este delito de la que corresponde a la primera operación si fuesen personas distintas las que interviniesen en las distintas fases.
Por último y en lo que se refiere al supuesto delito previo del que se deriven los bienes que se dicen blanqueados, la STS. 575/2003 de 14.4 , 4 es clara al señalar que: "Pudiera pensarse, desde una óptica interpretativa estrictamente formalista, que sin condena por delito o en general, sin declaración judicial de la existencia de delito, no puede aplicarse el art. 301 C.P . Sin embargo, la doctrina de esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse. Recordemos la S. nº 1704 de 29 de septiembre de 2001, que pone de manifiesto que ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la forma genérica de receptación "se exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan. La ausencia de semejante requisito en el tipo cuestionado es, por lo demás, rigurosamente lógica desde una perspectiva de política criminal puesto que, tratándose de combatir eficazmente un tráfico de drogas en todos los tramos del circuito económico generado por dicha delincuencia, carecería de sentido esperar, en la persecución penal de estas conductas, a que se declarase la responsabilidad de quien en el tráfico hubiera participado".
Respecto al conocimiento del origen ilícito viene indicado en las expresiones "sabiendo", "para" y "a sabiendas" que usa el art. 301 en sus párrafos 1 y 3. Este conocimiento exige certidumbre sobre el origen, si bien no es necesario el conocimiento de la infracción precedente en todos sus pormenores o con todo detalle ( STS. 1070/2003 de 22.7 ), aunque no es suficiente la mera sospecha. Tal conocimiento debería alcanzara la gravedad de la infracción de manera general, y en su caso, y de la misma forma genérica, a la procedencia del tráfico de drogas, cuando se aplique el subtipo agravado del art. 301.1.2.
Sobre el conocimiento de que el dinero procediera del narcotráfico, el referente legal lo constituye la expresión "sabiendo" que en el lenguaje normal equivale a tener conciencia o estar informado. No implica, pues, saber (en sentido fuerte) como el que podría derivarse de la observación científica de un fenómeno, o de la implicación directa, en calidad de protagonista, en alguna realización; sino conocimiento práctico, del que se tiene por razón de experiencia y que permite representarse algo como lo más probable en la situación dada. Es el que, normalmente, en las relaciones de la vida diaria permite a un sujeto discriminar, establecer diferencias, orientar su comportamiento, saber a que atenerse respecto de alguien ( sTS. 2545/2001 de 4.1 ).
En definitiva en el plano subjetivo no se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo (que, de ordinario, solo se dará cuando se integren organizaciones criminales amplias con distribución de tareas delictivas) sino que basta con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito grave (ahora ya de cualquiera, aunque no sea grave) por ejemplo por su cuantía, medidas de protección, contraprestación ofrecida, etc. Así, la STS. 1637/2000 de 10.1 destaca que el único dolo exigible al autor y que debe objetivar la Sala sentenciadora es precisamente la existencia de datos o indicios bastantes para poder afirmar el conocimiento de la procedencia de los bienes de un delito grave( STS. 2410/2001 de 18.12 ), o del trafico de drogas, cuando se aplique el subtipo agravado previsto en el art. 301.1, habiéndose admitido el dolo eventual como forma de culpabilidad (STS. 1070/2003 de 22.7, 2545/2001 de 4.1 ).
El motivo consecuentemente, debe ser desestimado.
El motivo cuarto por infracción de Ley, por aplicación incorrecta del art. 301.1 y 2 CP . pues no está acreditado (aunque fuera por indicios), que el dinero procediera del narcotráfico y no de otro delito como pudiera ser la inmigración o el contrabando. El informe de Vigilancia Aduanera, en su folio 3, expone que se ha constatado un notable incremente del uso de este tipo de embarcaciones por parte de organizaciones dedicadas al trafico de estupefacientes.
La cuestión planteada, falta de constancia de que la embarcación fuese adquirida con capital procedente del trafico de drogas, es reiteración de los motivos anteriores, y por ello debe ser desestimado, al no poder tacharse de ilógica la conclusión de la Audiencia en tal sentido, siendo correcta la aplicación del subtipo del art. 301.2 CP .
El motivo quinto por infracción de Ley al existir una aplicación incorrecta del art. 302: pertenencia a una organización, ya que la prueba testifical practicada en el acto del juicio oral tanto de los miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera, como del agente de la Guardia Civil arroja el resultado de desconocer a que organización pertenece el acusado, a efectos de aplicar el tipo del indicado art. 302 CP. El motivo, debe ser estimado.
En efecto, el concepto de organización dedicada a las actividades de blanqueo que tipifica el art. 302 tiene evidente relación con el subtipo agravado del art. 369.6 CP . aun cuando en esta se precisa más para incluir también a las organizaciones que tengan "carácter transitorio".
Sobre el concepto de organización la STS. 864/96 de 18.11 "Conforme a la misma, la organización implica todos aquellos supuestos en los que dos o más personas programan un proyecto, un plan o un propósito para desarrollar la idea criminal, mas no precisa la existencia de una organización más o menos perfecta, más o menos permanente, incluso ha de añadirse que no es de apreciar tal agravante por la sola circunstancia de que exista una simple coordinación entre varios partícipes para la ejecución del hecho, tampoco, obviamente, puede confundirse con la autoría o con la participación directa o indirecta, en los actos delictivos. Lo único exigible para la supervivencia del subtipo es que el acuerdo o plan se encuentre dotado de una cierta continuidad temporal, o durabilidad, más allá de la simple u ocasional "consorciabilidad para el delito". Entonces la organización lleva consigo, por su propia naturaleza una distribución de cometidos y de tareas a desarrollar, incluso una cierta jerarquización".
La STS. 19.9.2002 precisa que en nuestro código no se dice qué ha de entenderse por organización o asociación a los efectos de la concurrencia de esta agravación. Según doctrina de esta sala basta al efecto cualquier red estructurada, cualquiera que sea la forma de tal estructuración, que agrupa a una pluralidad de personas, ordinariamente con una jerarquización y un reparto de papeles entre ellas, y siempre que haya alguna duración en el tiempo, bien porque hayan sido varios los hechos delictivos realizados con la misma o similar estructura, bien porque, aunque sólo se haya acreditado un hecho, en éste hayan quedado de manifiesto unas características que revelen una cierta vocación de continuidad. Así las cosas, todas las partícipes en el delito integrados en tal estructura ("perteneciera") incurren en este subtipo agravado.
Pues bien, en el caso enjuiciado, es similar a los que han sido objeto de estudio en las SSTS. 137/2005 de 2.2, 190/2005 de 16.2, y especialmente en la 798/2005 de 29.6. y 1426/2005 de 13.12. En efecto si las pruebas indiciarias pueden descubrir la existencia de una organización dedicada a la importación de hachís, no ha podido quedar superado en el orden probatorio la justificación de la existencia de una organización dedicada al blanqueo del dinero, proveniente del ilícito tráfico de esa droga.
El Fundamento Jurídico segundo, en el sentido de justificar y razonar la decisión judicial ( art. 120.3 CE .), no dice: "La realidad de tal organización viene dada por la necesidad de que las operaciones anteriormente descritas (tráfico de drogas) cuya finalidad era la de blanquear capitales de origen ilícito, hayan sido realizadas por un grupo de personas, de forma coordinada, con distribución de tareas y vocación de continuidad y permanencia".
Con esta sola base, es lo cierto que la injerencia resulta excesivamente abierta y con una inocultable debilidad probatoria, si no ausencia de pruebas. Se puede presumir que existe otra persona o personas que han facilitado el capital al acusado, pero nada más. Deducir de ahí que exista una organización destinada al blanqueo de capitales hay una gran distancia que las reglas de la lógica y la experiencia no cubren.
Parece ser que existe una confusión sobre qué clase de organización es la que debe operar en este caso como cualificativa: la prevista en el art. 369.6 CP . o la del art. 302 del mismo Texto legal . Habría datos para entender concurrente la primera, pero aunque así fuera, no tendría efecto alguno, al faltar la imputación de un tipo delictivo básico previsto en el art. 368 CP ., al único que se remite el art. 369 CP .
En este caso, debe estimarse parcialmente el recurso, bien por el motivo segundo, vulneración presunción de inocencia, bien por este motivo quinto, pues aun respetando en todo su orden, sentido y significación, el relato de hechos probados, como exige el art. 849.1 LECrim ., en él no se describen los datos necesarios para estimar esta figura cualificada, es más, en el factum se describe la confusión que no cabe duda medio al valorar los hechos, dadas las conexiones e interrelación existentes entre los arts. 369.6 y 302 CP .
En el apartado segundo de los hechos probados se dice: " Benito.... careciendo de ingresos economicos suficientes y bastantes, adquirió entre los años 1997 y 2000 una serie de bienes por valor de 129.692,10 Euros, todo ellos teniendo conocimiento de que el dinero utilizado para efectuar tales operaciones procedía de una organización dirigida a introducir en España por mar, importantes cantidades de sustancias estupefacientes"
Podemos comprobar perfectamente que al acusado se le adscribe, por tener conocimiento a una organización criminal que estaba dirigida a introducir en España por mar, importantes cantidades de sustancias estupefacientes y especialmente hachís.
Es patente que la organización es la prevista en el art. 369.3 CP . que no es aplicable en este caso.
El motivo debe, por tanto, estimarse en este particular aspecto. Con ello -concluye la sentencia citada 798/2005 - puede corregirse en parte, la discordancia o incongruencia apuntada por el recurrente de castigar con mayor pena al receptador que el autor de un delito del tráfico de drogas (hachís) en cantidad de notoria importancia.
Las costas deben declararse de oficio en aplicación del art. 901 LECrim .
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación, interpuesto por la representación del acusado Benito, por estimación parcial de los motivos segundo y quinto, y con desestimación del resto de los alegados por el mismo, y en su virtud casamos y anulamos la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 6ª), con sede en Ceuta, con fecha 10 de noviembre de 2004 , en esos particulares aspectos, con declaración de oficio de las costas ocasionadas en el recurso.
En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Ceuta con el número 891 de 2002, y seguida ante la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, Sección 6ª, por delito de receptación de capitales, contra Benito, mayor de edad, con DNI. NUM001 y domiciliado en la BARRIADA000 numero NUM002 de esta Ciudad Autónoma; la Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, hace constar lo siguiente:
Se admiten y se dan por reproducidos los que se contienen en la sentencia revocada y anulada dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con fecha 20 de octubre de 2.004 .
Los de la mencionada sentencia de instancia se dan por reproducidos salvo en aquello que contradigan los argumentos de esta Sala de la sentencia precedente en los concretos extremos relacionados con los motivos que se estiman parcialmente.
Para la individualización de la pena hemos de partir del marco punitivo señalado en el apartado 1 del numero primero del art. 301 del CP . que la establece entre 6 meses y 6 años de prisión, a su vez el párrafo segundo de ese numero obliga a imponerla en su mitad superior, por lo que el recorrido penológico se reduce entre tres años y tres meses a seis años.
Pues bien, acogiendo los criterios individualizadores de la Audiencia se imponen la mínima pena, serán tres años y tres meses de prisión la procedente, manteniendo la misma pena de multa que se asigna, 129.692,10 E, que lo es en su grado mínimo, el tanto del valor de los bienes que se trató de encubrir, y señalando en caso de que el condenado no satisficiera, voluntariamente o por vía de apremio, dicha multa una responsabilidad personal subsidiaria, conforme art. 53.1 y 3 CP . de 3 meses.
Que debemos condenar y condenamos al acusado Benito, como autor responsable de un delito de receptación de capitales, procedentes de delito de tráfico de drogas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de tres años y 3 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 129.692,10 E, con responsabilidad personal subsidiaria de 3 meses y pago de las costas.
ATS 1600/2016, 17 de Diciembre de 2015
STSJ Comunidad de Madrid 115/2009, 23 de Febrero de 2009
SAP Alicante 873/2002, 19 de Diciembre de 2002
STSJ Comunidad de Madrid 652/2007, 12 de Abril de 2007

References: resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 301
 artículo 301