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EL PAIS: Ni Blanco ni Negro, Todo lo Contrario | Estatutos de Autonomía
EL PAIS: Ni Blanco ni Negro, Todo lo Contrario
Por Narrador - 17 de Octubre, 2005, 5:35, Categoría: Información en la Prensa
Leyendo las informaciones del diario de PRISA no queda clara su posición. Intuimos que no quiere hacer una crítica explícita pero a la vez evita dar su apoyo. Limita los ‘obstáculos’ a cuatro puntos y ahí se queda la historia.
Barcelona - Federalistas, autonomistas e independentistas; centro derecha e izquierda, unieron ayer sus votos en el Parlamento catalán y aprobaron con una aplastante mayoría de 120 votos sobre 135 la propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía con el que, dentro del marco de la Constitución española, como subrayaron los líderes de los cuatro grupos parlamentarios que lo apoyan, pretenden sustituir el vigente desde 1979. Todos coinciden en que el proyecto, que define a Cataluña como una nación, plantea a España el reto del reconocimiento de su realidad plurinacional y el desarrollo del autogobierno en una perspectiva federal. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se mostró convencido de que el proyecto prosperará en el Congreso de los Diputados, reivindicó la definición de España como "nación de naciones" y afirmó: "la paz en Euskadi y el Estatuto de Cataluña son la prueba del fuego de la España de hoy. Y la ganaremos".
Los 120 votos representan el 88% de los escaños, que expresaban la unidad de los partidos procedentes del catalanismo histórico, que con el de ayer es el tercer Estatuto que aprueba en 75 años. Frente a ellos, el proyecto fue rechazado sólo por los 15 votos del PP, que representan el restante 12% de la Cámara.
La solemne sesión parlamentaria constó sólo de la votación del proyecto en voz alta por cada uno de los diputados y la intervención de los líderes de los cinco grupos parlamentarios: Joan Saura, de ICV; Josep Piqué, del PP; Josep Lluís Carod, de Esquerra Republicana (ERC); Manuela de Madre, del Grupo Socialista-Ciutadans pel Canvi: Artur Mas, de Convergència i Unió (CiU), y el presidente Maragall.
Un reto para Zapatero
Todos se mostraron muy conscientes de que el proyecto ha levantado ya muchas suspicacias en las otras comunidades autónomas y en el Gobierno y de que su negociación en las Cortes será ardua. Todos se esforzaron en presentarlo como una propuesta positiva también para España, salvo Piqué, que la calificó como "intento de alejamiento".
Contra esta tesis, el nacionalista Artur Mas afirmó que "Cataluña no ha dado nunca la espalda a España, tampoco en los últimos 25 años, y ahora reclamamos, en un momento trascendente, que no nos dé la espalda a nosotros". Reivindicó que Cataluña ha hecho en las últimas décadas suficientes aportaciones "no sólo a la gobernabilidad, sino a la consolidación de su matriz democrática como para reclamar ahora que se la escuche y la respete".
Incluso el independentista Carod Rovira presentó el nuevo Estatuto de Autonomía "sobre todo como una mano extendida a España". Recordó que su partido no ha renunciado a la independencia. Pero añadió: "Esperamos una mano tendida también en la otra parte". Si no hay correspondencia con esta voluntad, agregó, no sólo "se deshará una ilusión colectiva y perderá toda credibilidad el proyecto plural de que habla a menudo el presidente del Gobierno español", José Luis Rodríguez Zapatero. Se deshará también, continuó argumentando, "toda posibilidad de continuar pensando que hay, realmente, otra España, una España que quiere convivir con nosotros tal como somos y no en términos de imposición suya y subordinación nuestra".
Pero quienes más se juegan en esta apuesta son los socialistas catalanes, empezando por su líder, el presidente Maragall, que ha convertido la aprobación del nuevo Estatuto en el principal objetivo de su mandato. Presentó el proyecto catalán como una propuesta de cambio hacia la España federal, en la que "no nos pelearemos por los nombres; tanto da que la llamemos federal, diversa o plural". Un cambio que persigue alcanzar incluso a la noción de solidaridad interterritorial que se ha utilizado en las últimas décadas. Cataluña "ha llegado hasta donde ha podido", dijo Maragall, y actualmente "hay otras autonomías más pobres en renta probablemente mejor equipadas que nosotros". Llegado a este punto, dijo, "nuestro concepto de la equidad es: si tú te ayudas, yo te ayudo".
Pero fue Manuela de Madre, vicepresidenta del PSC, durante muchos años una de las voces del socialismo catalán que sintonizaba con Alfonso Guerra en el PSOE, la que más claramente afirmó la voluntad "fraternal" que anima el proyecto. Este Estatuto es, dijo, "una propuesta muy ambiciosa que dirigimos a todos los pueblos de España. Es una propuesta de fraternidad y no de separación. De mutua lealtad y solidaridad". Insistió también en que "es una propuesta para ser acordada". Y marcó la diferencia con los independentistas de Esquerra. Los socialistas y federalistas "aspiramos a continuar abrazándonos entre todos los pueblos de España", dijo dirigiéndose a Carod.
De Madre recordó que su partido ha visto rechazadas numerosas enmiendas durante la tramitación del proyecto. Las justificó asegurando que el PSC ha dado la batalla porque su objetivo es "ganar también el Estatuto en las Cortes". Lo que a su vez era un recordatorio de que la disputa sobre cada uno de los artículos puede ser muy controvertida.
El ecosocialista Joan Saura, que como consejero de Relaciones Institucionales del Gobierno catalán ha sido el encargado de impulsar el proyecto, afirmó, rotundo, que "el autogobierno de Cataluña no es una amenaza para nadie: las amenazas las hemos recibido nosotros". Y ahora, este Estatuto es, aseguró, una "oportunidad histórica" para modernizar "el modelo de Estado" de España.
La jornada tenía un cariz particular para Piqué, el líder del PP catalán, quien reconoció sin ambages la situación de minoría en que su partido ha quedado. Sostuvo que no hay "demanda social" para la reforma emprendida, que obedece sólo según su partido a "intereses de los políticos". Durante muchos de los 19 meses que ha durado la tramitación, el PP de Cataluña ha intentado que el proyecto se redactara en unos términos que le permitieron optar por la abstención, cosa que al final no le ha sido posible. Esto ha sido un revés para el intento de Piqué de sacar al PP de la periferia del escenario político catalán.
El miércoles, en el Congreso
La sesión, que tuvo la solemnidad de las grandes ocasiones, finalizó con el canto del himno nacional catalán, Els Segadors, por todos los diputados puestos en pie y por los 300 invitados que asistían al acto. Entre ellos se encontraba el ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que aplaudió también sin disimulo y se declaró "gozoso" por el pacto alcanzado por los cuatro grupos parlamentarios.
Entre ellos se contaban varios de los ex diputados que redactaron el vigente Estatuto de Autonomía, como Jordi Solé Tura, que fue también uno de los ponentes de la Constitución, Macià Alavedra, Dolors Calvet, Joan Subirats y Jaume Sobrequés. Todos apoyan hoy la reforma. También asistió, en silla de ruedas, uno de los más longevos políticos catalanes, el nonagenario Gregorio López Raimundo, ex dirigente del PSUC, en lo que es sólo un ejemplo de la expectación con que este proceso es seguido en los medios políticos.
El proyecto de nuevo Estatuto catalán será presentado el próximo miércoles al presidente del Congreso, Manuel Marín, por el presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach. Comenzará entonces una tramitación complicada, que incluye un debate para su toma en consideración en el que ha de ser presentado a las Cortes por tres diputados del Parlamento catalán. Serán, probablemente, Maragall, Mas y Carod. Si supera el trámite y los grupos parlamentarios le presentan enmiendas, serán debatidas en la Comisión Constitucional del Congreso, que preside Alfonso Guerra, con una delegación de diputados del Parlamento catalán.
Los recelos y suspicacias con que esta reforma ha sido acogida en otras comunidades no constituyen una sorpresa para los partidos catalanes. "Estamos acostumbrados", afirmó ayer mismo uno de los altos cargos del Departamento de Economía, respecto a la polémica que ha provocado ya la propuesta de financiación que incluye el proyecto. Maragall, que se autodefinió en su intervención como "un enamorado de las Españas", adelantó que habrá que llevar a cabo una amplia labor de explicación fuera de Cataluña.
El Ejecutivo anuncia "profundos recortes" durante la tramitación del texto en las Cortes
Madrid - El Gobierno central aceptará que el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña supere la votación de admisión a trámite en las Cortes españolas. Pero, a partir de ahí, respaldará que, durante la tramitación del texto en el Congreso, se someta a "profundos recortes" para adecuarlo a la Constitución, señalan fuentes gubernamentales. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, precisó tras el Consejo de Ministros: "Hay que garantizar que el texto final sea acorde con la Constitución de la A a la Z, con el interés general y el de todos los ciudadanos".
La vicepresidenta trató ayer de introducir serenidad y "normalidad democrática" a la "preocupación" que ha suscitado en el Ejecutivo socialista, en el PSOE y en la sociedad española la reforma del Estatuto de Cataluña por su "dudosa constitucionalidad", una vez que ha superado el trámite del Parlamento catalán, la "primera fase" de la tramitación del texto, según recalcó Fernández de la Vega, con una votación de casi el 90%.
El malestar del Gobierno central es patente porque el proceso final de la negociación de la reforma del Estatuto, esta semana en el Parlamento de Cataluña, entre el Ejecutivo tripartito catalán y CiU ha estado "descontrolado" y le ha quedado la sensación de que el PSC "ha aceptado demasiadas exigencias" en el texto. Esta situación originó ayer un debate en el seno del Consejo de Ministros en el que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, marcó las pautas ante la segunda fase que se abre a la reforma del Estatuto catalán: su tramitación en las Cortes españolas, empezando por su admisión.
En primer lugar, el Gobierno central distingue la reforma del Estatuto de Cataluña, cuya admisión a trámite respaldará, de la del Estatuto vasco, el llamado plan Ibarretxe, que rechazó el pasado febrero en su votación de admisión en las Cortes. La reforma del Estatuto catalán cuenta con el apoyo de casi el 90% del Parlamento de Cataluña, "dispone de un amplio consenso", según destacó ayer la vicepresidenta primera, frente al plan Ibarretxe, que dividió a la sociedad y al Parlamento vasco en un 50%.
Además del "amplio consenso" con que cuenta, la reforma del Estatuto catalán cumple otra condición que el Gobierno central ha tenido en cuenta para respaldar su admisión a trámite en las Cortes: su pretensión de constitucionalidad, que figura en su preámbulo, como fuente de legitimidad. El plan Ibarretxe no basaba su legitimidad en la Constitución sino en los derechos históricos vascos.
Por ello, Fernández de la Vega reclamó públicamente que la tramitación de la reforma se produzca "con respeto", aunque también anunció que el Gobierno central exigirá al texto el "máximo rigor constitucional". La vicepresidenta insistió en la rueda de prensa que el Gobierno no cederá en su papel de vigilante de la constitucionalidad del texto en su tramitación.
Cuatro asuntos del texto preocupan, prioritariamente, al Gobierno por su "dudosa constitucionalidad", que algunos ministros califican rotundamente de "inconstitucionalidad": el modelo de financiación; el blindaje de las competencias de Cataluña; la definición de Cataluña como nación y la asunción por la Generalitat de la autonomía local.
Pero el presidente del Gobierno también adelantó en la reunión del Consejo de Ministros un tercer criterio -además del alcance de su consenso y de su constitucionalidad- para evaluar el texto de la reforma del Estatuto: el interés general. "Hay que garantizar que el texto final sea acorde con la Constitución española, de la A a la Z, y con el interés general y de todos los ciudadanos", dijo Fernández de la Vega en la rueda de prensa.
Se refería, por ejemplo, a que no basta con que el texto termine por ajustar su modelo de financiación a la Constitución porque si sus parámetros no se adaptan a criterios solidarios y de cohesión social tampoco podrán ser respaldados por el Gobierno, señalan fuentes gubernamentales.
El Gobierno central no descarta que la admisión a trámite de la reforma se vote en el pleno del Congreso antes de las Navidades, pero preferiría "enfriar" el debate para apaciguar las tensiones políticas y aplazarlo a febrero, tras la aprobación de los Presupuestos y la tramitación de la reforma del Estatuto valenciano. En tal caso, dos meses después, en abril, pasaría el texto a negociarse en la Comisión Mixta Congreso-Parlamento catalán.
La vicepresidenta primera descartó ayer cualquier posibilidad de tramitar la reforma del Estatuto como si fuera una reforma constitucional, como reclamó ayer el secretario general del PP, Ángel Acebes. "Da la sensación de que el señor Acebes tiene un cierto desconocimiento de lo que es el funcionamiento normal de las instituciones democráticas y de las costumbres democráticas", dijo Fernández de la Vega.
Otra de las mayores preocupaciones del Gobierno y PSOE en la tramitación de la reforma del Estatuto es con qué partidos va a formar mayoría para aprobar las enmiendas que el PSOE introduzca al texto en las Cortes si se tiene en cuenta que tanto el PSC como sus socios -ERC e IU- van a defender el texto que el PSOE quiere enmendar.
Barcelona - Convencido de que el Estatuto aprobado ayer encaja plenamente en la Constitución, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, aseguró ayer que el nuevo texto no sólo servirá para dar más autogobierno y mejor financiación a Cataluña, sino que también ayudará a cambiar "un poco" la concepción de España hacia el federalismo. Por todos estos motivos, Maragall aseguró que el Estatuto también "será aceptado" en las Cortes. Pero antes, Cataluña tiene "el reto de seducir a España".
En un discurso que culminó con los aplausos de toda la Cámara, con excepción de los 15 diputados del Partido Popular, Maragall defendió el papel vertebrador de España que puede tener el nuevo texto si ayuda a mejorar el encaje de Cataluña en el seno de un estado "federal". Dirigiéndose a aquellos que temen que el proceso de reformas estatutarias iniciado derive en el desmembramiento de España, Maragall aseguró que el objetivo de Cataluña con este Estatuto es el de "hacer las españas", de las que se declaró "enamorado" y dispuesto a seguir ayudando.
Tras dejar claro ese punto, Maragall, dedicó la mayor parte de su intervención a explicar por qué Cataluña quiere un trato singular, y por qué necesita un nuevo sistema de financiación. La singularidad cultural de Cataluña, dijo el presidente catalán, es la que avala que pueda ser definida como "nación" en el nuevo Estatuto, un término que "por rigor y precisión" no debería ser aplicado a todas las comunidades autónomas. Y es que, en opinión de Maragall, sería "un error" dar libertad a todas las comunidades para que "se definan como quieran", puesto que cuando esto se ha hecho España ha "avanzado hacia el cantonalismo". Y cuando esto ha ocurrido y se ha optado por la "vía de la multiplicación de las identidades, lo que se ha intentado hacer es ahogar las diferencias".
Mucho más directo fue a la hora de decir por qué Cataluña necesita una mejor financiación. Tras recordar la "importante" aportación catalana al desarrollo de comunidades menos favorecidas, Maragall lamentó que Cataluña haya quedado ahora desfasada ante otras comunidades "mejor equipadas". "Cataluña ha agotado el margen que tenía para ser generosa", concluyó tras establecer un paralelismo entre la situación de esta autonomía y la de la República Federal Alemana. En resumidas cuentas: Cataluña no puede seguir prolongando durante mucho más tiempo su actual esfuerzo fiscal si no quiere salir perjudicada. "Ahora estamos en condiciones de decir [a las comunidades menos favorecidas] que vuelen solas".
Pero ello no debe interpretarse como la ruptura del pacto de solidaridad entre Cataluña y el resto de comunidades, defendió Maragall. "Nuestro concepto de solidaridad es distinto del foralismo, (...) nosotros defendemos un pacto de equidad según el cual si tú te ayudas, yo te ayudo, y si no, no".
Con estas argumentaciones y el convencimiento de que las peticiones de Cataluña son "justas", Maragall se mostró convencido del éxito de las negociaciones que se llevarán a cabo en Madrid durante los próximos meses. Y es que en opinión del jefe del Ejecutivo catalán y presidente del PSC, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene dos grandes retos ante sí. "La paz en Euskadi y el Estatuto catalán son las pruebas de fuego de la España de hoy, y las ganaremos, y nuestro pueblo lo celebrará", aseguró.
Pero el presidente de la Generalitat quiere hacer de la negociación del Estatuto en el Congreso un proceso ejemplar y no una excusa para aumentar la desconfianza mutua. Por ello, invitó a la clase política catalana a "ensayar una nueva cultura política" que a su entender se habría iniciado ya con el debate del Estatuto. "No se trata de inventar nada, sino de compaginar rigor y educación democrática", dijo. Y en cuanto a los métodos a utilizar no fue menos ambicioso: "No vamos a imponer nada, (...) nos moriríamos de aburrimiento si no tuviésemos delante el reto de convencer a España".
Barcelona - Sin querer dar muchas vueltas a los 19 meses de penosas negociaciones que el nuevo Estatuto ha necesitado para ver la luz, el líder de Convergència i Unió, Artur Mas, centró su intervención en los tiempos venideros, para los que considera indispensable que las fuerzas políticas catalanas formen un solo bloque para defender en las Cortes generales el redactado aprobado ayer. "Cataluña ha hablado con la voz clara y alta, ahora debemos hacerlo valer" en el Congreso. Allí los catalanes "debemos sabernos explicar y hacernos entender, pero también hacernos respetar", añadió.
Aunque ofreció toda su colaboración al PSC para que no ceda ante las presiones de los sectores del PSOE que rechazan el nuevo Estatuto, Artur Mas aseguró que "la responsabilidad" del proceso negociador que se abre ahora "recaerá en los socialistas".
Pero ayer, el líder de CiU no quiso entrar en el terreno de las desconfianzas apriorísticas ni dejarse llevar por el catastrofismo anticipado. Calificó el nuevo Estatuto como "el referente de futuro" del autogobierno catalán; aseguró que el voto afirmativo de su partido "es un sí comprometido y sin fisuras"; se declaró "especialmente satisfecho" con el conjunto del proceso e incluso tuvo palabras de "homenaje" para Pasqual Maragall, con quien dijo haber estrechado su relación "de forma franca y honesta" durante la recta final de las negociaciones. Estas palabras también desataron un aplauso dentro y fuera de la bancada nacionalista.
Barcelona - Más allá de un instrumento para avanzar en el autogobierno, el presidente de Esquerra Republicana (ERC), Josep Lluís Carod Rovira, adivina en el nuevo Estatuto "una mano tendida y un pacto con España", pero ni mucho menos el punto y final en el avance de Cataluña hacia la plena soberanía. En una intervención libre de estridencias, el líder republicano hizo autocrítica por las interminables negociaciones estatutarias en las que "quizás todos hemos exagerado demasiado la escenificación de nuestras divergencias".
Dicho esto, Carod se felicitó porque "al final se ha conseguido lo que quería la gente: país y no partidismo". Tras recordar que Cataluña y sus instituciones de autogobierno existían "desde mucho antes que este Estatuto y también de la Constitución", el líder republicano lamentó que "muchos" estén utilizando ahora la Constitución "no como un estímulo democrático sino como una amenaza". Una vez más, afirmó no sentirse acongojado por estos sectores y recordó que ERC "era y sigue siendo independentista".
Para reafirmarse en ello, Carod llamó a los catalanes a no cesar en sus reivindicaciones. "Para algunos, conseguir el Estatuto es el punto y final pero para nosotros sólo es un punto y seguido". También tuvo una advertencia para el PSOE y muy especialmente para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "Si Madrid no acepta nuestra voluntad se desvanecerá una ilusión colectiva, pero también quedará de entredicho el proyecto de España plural del Gobierno central".
Barcelona - El consejero de Relaciones Institucionales y presidente de Iniciativa Verds (ICV), Joan Saura, recalcó en su intervención de ayer que la reforma del Estatuto no se hubiera producido sin "un cambio político en Cataluña". "El Gobierno catalanista y de izquierdas -el tripartito- hizo del nuevo Estatuto un eje central de la legislatura", consideró. El consejero también añadió que tampoco hubiera prosperado el texto "si en Madrid no se hubiera producido un cambio político" ya que "la mayoría progresista en el Congreso permite hablar de oportunidad histórica".
El texto aprobado ayer es, según Saura, "un Estatuto de máximos", pero "no es una amenaza para nadie, sino una oportunidad para modernizar el Estado". La reforma "plantea un reto democrático al Gobierno central", que, dice Saura, es "el reconocimiento de la pluralidad del Estado y el desarrollo real del autogobierno desde una perspectiva federal". "El Estatuto es un pacto con el Estado donde decimos que queremos el reconocimiento nacional de Cataluña, una redistribución del poder político más favorable y una financiación justa", declaró.
El líder ecosocialista pronosticó que los próximos meses "no serán fáciles". "La alegría de hoy dará paso a dificultades", y especialmente, "todo tipo de acusaciones", por lo que pidió "unidad" a los partidos catalanes. "Cuando hemos ido unidos a Madrid hemos funcionado", concluyó.
Barcelona - Los ponentes del Estatuto catalán incorporaron en el último trámite en comisión las correcciones que recomendó el Consejo Consultivo de la Generalitat para limar así posibles dudas constitucionales en el articulado. Sin embargo, otros informes no institucionales, como uno encargado por el Ministerio de Administraciones Públicas, son marcadamente críticos con la reforma desde la perspectiva de la distribución territorial del poder y la ordenación competencial.
A continuación, se detallan los cuatro puntos más conflictivos del Estatuto aprobado ayer por el Parlamento catalán.
NACIÓN: Atribución de soberanía
El artículo primero del Estatuto señala que "Cataluña es una nación (...) constituida como comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el Estatuto". El Consejo Consultivo entendió que los términos "nación" y "nacionalidad" son conceptos "idénticos e intercambiables". Los juristas advirtieron de que el término utilizado en el Estatuto no debería ir relacionado con la "atribución de soberanía", porque entonces chocaría con el artículo 2 de la Constitución española que fija la "indisoluble unidad de la nación española". Sin embargo, admitieron que hay empleos del término "nación" que no son contradictorios con el uso constitucional. El Consultivo, sin entrar a analizar el concepto de "nación" que emplea el Estatuto, si jurídico o cultural, admite la constitucionalidad del mismo. Además, el informe recuerda que el artículo 147.2.a de la Constitución establece que cada comunidad podrá elegir en su Estatuto la "denominación mejor que se ajuste a su identidad histórica".
Otros expertos, en cambio, opinan que la Constitución sólo admite dos conceptos para definir a las comunidades autónomas -región y nacionalidad- en las que se divide la "nación" española, como proclama el artículo 2. Además, citan la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha delimitado claramente el significado jurídico que tienen en la Constitución por una parte el término "nación" y, por otra, los de "región" y "nacionalidad". De esta manera, concluyen que definir a Cataluña como una "nación" tiene "evidentes consecuencias jurídicas" y "favorece la confusión", pues el redactado del Estatuto no especifica qué significado tiene el término "nación" ni sus consecuencias jurídicas.
En el seno del Gobierno central y del propio PSOE no existe un criterio definitivo respecto al artículo del Estatuto catalán que define a Cataluña como "nación". El presidente del Gobierno consideró que el principio no debía ser problemático pero una mayoría cualificada de dirigentes entiende que el término "nación" "es un concepto jurídico fijado en la Constitución que va vinculado a la idea de soberanía" y que la inclusión de ese término en un Estatuto de Autonomía puede ser una reserva para la reclamación de la soberanía en un futuro.
COMPETENCIAS: Más poder
El Consejo Consultivo avaló la fórmula de detallar de forma pormenorizada los ámbitos de cada una de las competencias con el objetivo de blindarlas y evitar así posibles intromisiones del legislador estatal. Pero tumbó la pretensión de los ponentes de obligar a las Cortes a modificar determinadas leyes estatales para adecuarlas al articulado del Estatuto.
El Consejo Consultivo sostuvo que un estatuto no es el "instrumento constitucional adecuado para reformar leyes orgánicas", pues lo conveniente hubiera sido hacer una propuesta de reforma a las Cortes y tramitarla paralelamente al Estatuto.
El proyecto aprobado augura la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial; del Tribunal Constitucional; del Estatuto del Ministerio Fiscal; del Régimen Electoral General; de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado; Modalidades de referéndum; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; Banco de España; Comisión Nacional del Mercado de Valores; Mercado de las Telecomunicaciones y Tribunal de Cuentas.
La fórmula adoptada finalmente especifica que las competencias otorgadas a la Generalitat sólo entrarán en vigor cuando las Cortes modifiquen las correspondientes leyes del Estado cuyo contenido deberá adecuarse a lo establecido en el Estatuto. Es decir, Cataluña insta reformas legales, pero no puede obligar a ellas.
El mencionado informe encargado por el Ministerio de Administraciones Públicas a cuatro catedráticos concluía (antes de los retoques efectuados al texto por el pleno) que "la ampliación de competencias [en el Estatuto] es masiva, injustificada y claramente contraria a la Constitución por lo que se refiere a muchas de las técnicas que se utilizan y al resultado a que conducen".
Los catedráticos defendían la necesidad de emprender una "ordenación más racional" de los ámbitos competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas, pero rechazaban la fórmula de blindaje adoptada por el nuevo Estatuto catalán. El documento señala que una cosa es "blindar las competencias que ya se tienen" y otra muy distinta llevar a cabo una "redefinición de las competencias en el Estatuto que, sorprendentemente, va unida a una ampliación considerable, casi ilimitadamente, de ellas" sobre "la base de maniatar al Estado y de reducir al máximo el número de competencias estatales", lo que "puede convertirse en un grave problema para el funcionamiento del Estado".
Su informe hallaba sombras de inconstitucionalidad en el borrador previo al pleno: "La ampliación de competencias sin base constitucional, la reordenación de categorías competenciales con criterios contradictorios en su formulación interna y contrarios a la Constitución, la desconexión entre los ámbitos competenciales y las perspectivas financieras que son también objeto de reforma".
150.2: Traspaso de competencias
La Constitución española prevé en su artículo 150.2 la transferencia o la delegación a las comunidades autónomas de competencias reservadas al Gobierno central. El traspaso se realizará mediante una ley específica.
La disposición adicional tercera del nuevo Estatuto, en su redacción inicial, instaba al Gobierno central a efectuar el traspaso de hasta un total de 10 competencias, mediante una ley orgánica de transferencia. Entre estas competencias aparecían la gestión de puertos, aeropuertos, infraestructuras de telecomunicaciones y varias materias de inmigración.
El Consultivo estableció la constitucionalidad del artículo, pero advirtió de que el Estatuto no podía especificar el tipo de ley para realizar el traspaso de competencias, es decir, si mediante una ley de transferencia o de delegación de competencias. Esta decisión corresponde a las Cortes.
El informe encargado por el Ministerio de Administraciones Públicas consideraba una "técnica inadecuada" la incorporación en el Estatuto de competencias que no son autonómicas, sino "recibidas" por el artículo 150.2 de la Constitución.
FINANCIACIÓN: Un sistema propio
El Consultivo halló dos posibles inconstitucionalidades en el modelo de financiación pactado por el tripartito catalán. Establecía que la Generalitat carece de "la competencia" legislativa sobre los tributos estatales cedidos, aunque sí de "competencia". Y consideraba que el Estatuto no puede fijar el porcentaje -50%- de recursos que la Generalitat transferirá al Estado. Los ponentes introdujeron ambas correcciones en el texto definitivo. Los juristas avalaron la creación de una Agencia Tributaria catalana que recaudara y gestionara todos los impuestos en Cataluña, los propios y los cedidos. Sin embargo, advirtió de la inconstitucionalidad radical del modelo propuesto por CiU, basado en la fórmula del concierto económico foral, que fue arrumbado en el texto definitivo.
El Gobierno consideró inadecuado el sistema de financiación propio que se debía incluir en el nuevo Estatuto, aunque antes de su redacción definitiva. Los dos vicepresidentes, María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes, han repetido que Cataluña tiene que financiarse a través de la LOFCA, que rige para todas las autonomías excepto Navarra y el País Vasco.
Barcelona - El Estatuto aprobado ayer contiene artículos de gran calado político, como la definición de Cataluña como nación, la atribución de amplias competencias, un ambicioso sistema de financiación y la alusión a los derechos históricos. Pero más allá de esas cuestiones, en los 227 artículos del texto se alude también a otras cuestiones trascendentes.
- Lengua. El título preliminar afirma que "el catalán es la lengua propia y oficial de Cataluña" y que "también lo es el castellano". El artículo 6 explica que "todas las personas tienen el derecho de utilizar y el derecho y el deber de conocer las dos lenguas". El capítulo de derechos lingüísticos reconoce que no se producirá discriminación por razones lingüísticas y que los actos jurídicos realizados en cualquiera de los dos idiomas tienen plena validez, "sin que se pueda alegar desconocimiento" ni se exija la traducción de documentos. Para garantizar ese derecho, se afirma que los jueces, fiscales, notarios, registradores y funcionarios judiciales destinados en Cataluña "han de acreditar que tienen un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales". El artículo 35 establece que los alumnos no serán separados por su lengua y el 50 afirma que los poderes públicos han de "proteger el catalán en todos los ámbitos y sectores" y fomentar su uso. Todas las Administraciones públicas de Cataluña "han de utilizar el catalán en sus actuaciones internas (...) sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano si las piden".
- Laicidad. El artículo 21 precisa que en las escuelas públicas "la enseñanza es laica". Sin embargo, previamente explica que se garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban "la formación religiosa y moral que vaya de acuerdo con sus convicciones".
- Derechos, deberes y principios rectores. El artículo 20 reconoce que "todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad el proceso de su muerte" y a que las familias en situación de pobreza tengan "una renta mínima garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna". El artículo 26 también reconoce el derecho a acceder a una vivienda digna a quienes no dispongan de recursos y en el apartado de participación, se reconoce la capacidad a los ciudadanos para presentar iniciativas legislativas en el Parlament y promover referendos ante la Generalitat y los ayuntamientos. El Estatuto también reconoce el derecho a ser tratado por los poderes públicos "de una manera imparcial y objetiva". El 37 anuncia que el Parlamento aprobará una "Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña".
Dice el artículo 40 que los poderes públicos han de garantizar "la protección jurídica, económica y social de las diversas modalidades de familia", así como promover la conciliación de la vida laboral y familiar "y a tener descendencia". También se favorecerá "la emancipación de los jóvenes", así como "la igualdad de las diferentes uniones estables de pareja", con independencia de su orientación sexual. El Estatuto proclama que los poderes públicos fomentarán las políticas desde una "perspectiva de género" y emprenderán las acciones necesarias "para establecer un régimen de acogida de las personas inmigradas". También se afirma que los poderes públicos "han de velar por el conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica de Cataluña" y porque ésta "se convierta en símbolo permanente de tolerancia y dignidad de los valores democráticos".
- Justicia. El artículo 102 establece que "el conocimiento suficiente del catalán y del derecho propio de Cataluña" será un requisito para obtener una plaza en un concurso de traslado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) "culmina la organización judicial en Cataluña" en todas las jurisdicciones y al Tribunal Supremo se le reserva la unificación de doctrina. El TSJC también resolverá los recursos contra las sentencias firmes dictadas en Cataluña. El presidente del TSJC es "el representante del poder judicial en Cataluña". El artículo 97 asegura que el Consejo de la Justicia de Cataluña es el órgano del poder judicial en Cataluña y "actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial". El Estatuto crea la figura del fiscal superior de Cataluña, que representa al ministerio fiscal en Cataluña. Lo nombra el Gobierno español a partir de una terna propuesta por el Gobierno catalán. La Generalitat tiene competencia legislativa sobre el personal judicial, incluidos los secretarios y forenses y competencia exclusiva en medios materiales.
- Relaciones Generalitat-Estado. El artículo 180 determina que la Generalitat ha de participar en la designación de magistrados del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. También "designa" representantes en los órganos de dirección del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otros organismos reguladores, pero ello siempre "en los términos que establece la legislación aplicable". La Comisión Bilateral Generalitat-Estado es el marco permanente de relación, pero también se afirma que la Generalitat "puede colaborar con el Estado por medio de órganos o procedimientos multilaterales".
Acebes afirma que estamos ante otro 'plan Ibarretxe', ahora "azuzado por el presidente"
Madrid - La dirección nacional del PP mantiene que el Estatuto de Cataluña "no sólo es claramente inconstitucional, sino que es una reforma de la Constitución española". Cree que es peor que el plan Ibarretxe, porque "ha sido azuzado por el presidente del Gobierno y votado por el PSOE". Por eso pedirá que se tramite como una reforma constitucional, lo que exige convocar elecciones, tal como prevé el artículo 168 de la Constitución. Si el PSOE se niega, el PP reclama elecciones inmediatas, porque "nadie llevó algo así en su programa electoral y los españoles tienen derecho a opinar sobre la separación de España".
"No estamos ante una reforma estatutaria. Esto es una Constitución para Cataluña y para, desde Cataluña, reformar la Constitución de todos los españoles", aseguró ayer Ángel Acebes, número dos del PP, al anunciar que su partido reclamará la convocatoria de elecciones inmediatas en el caso de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no ordene al Grupo Socialista frenar el Estatuto catalán de la misma forma que se paró el plan Ibarretxe.
"El Estatuto catalán es más preocupante que el plan Ibarretxe", mantuvo Acebes. Aseguró que ambos buscan "la separación de España", pero "lo más grave es que el Estatuto catalán ha sido azuzado por el presidente del Gobierno y votado por el PSOE. Además, incluye en el articulado, por decisión del presidente del Gobierno, que Cataluña es una nación".
Con esta argumentación, el PP actuará como con el plan Ibarretxe y reclama al PSOE que también lo haga. Primero pedirá que no sea siquiera admitido a consideración en el Congreso. El proyecto vasco lo fue con el voto en contra del PP porque los socialistas defendieron la conveniencia de tumbarlo en el Pleno del Congreso. Esta opción también sería aceptable para los populares. Eso sí, Acebes rechazó que el Estatuto pueda admitirse a trámite como si fuera una reforma estatutaria para después, en la Comisión Constitucional, corregir "sus más de 50 inconstitucionalidades". Según Acebes, "eso es un engaño pues ya dijeron que iban a corregir las inconstitucionalidades en Cataluña y ahí están". La solución, según él, sería convocar elecciones porque "ningún partido en su programa electoral ofreció una reforma constitucional tan grave como la que se pretende con este Estatuto". La convocatoria de elecciones es también necesaria si el texto, como pide el PP, se tramitara como una reforma constitucional como fijan los artículos 167 y 168 de la Constitución.
"Satisfacción" en Euskadi
Por otra parte, el Estatuto fue acogido con "satisfacción" por el Gobierno vasco. Su portavoz, Miren Azkarate, pidió que el texto se respete "en su integridad" en las Cortes, como expresión de la voluntad de la sociedad catalana, informa Isabel C. Martínez. Azkarate añadió que también deberán respetarse "las futuras decisiones que adopte el Parlamento vasco". El plan Ibarretxe fue rechazado el pasado febrero por una mayoría abrumadora en el Congreso en el trámite de su toma en consideración.
Madrid - El Consejo General del Poder Judicial aprovechó ayer el acaloramiento político causado por la aprobación en Cataluña del nuevo Estatuto para hacer una inmersión en el debate y no exactamente técnica. El portavoz del Consejo, el conservador Enrique López, rechazó el proceso abierto, que entiende encaminado a reformar y "obviar" la Constitución. Equiparó el Estatuto catalán al descartado para el País Vasco, el denominado plan Ibarretxe, y despreció el hecho de que llegue avalado por una gran mayoría parlamentaria. López afirmó primero que era "necesario e importante" que se conociera su opinión contra el estatuto y luego precisó, ante las críticas recibidas, que sería "conveniente y recomendable" que el Consejo estudie el estatuto, si el Parlamento así lo considera, aunque ese paso es algo no preceptivo.
El vocal de la minoría progresista Juan Carlos Campo tachó de "vergüenza" que López actuara de portavoz en un asunto no estudiado por todo el consejo y que repitiera el discurso exacto del secretario general del PP, Ángel Acebes.
Córdoba - El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (PSOE), sostuvo ayer en Córdoba que no está "de acuerdo" con el Estatuto aprobado por el Parlamento catalán. Chaves no se quiso extender mucho en sus comentarios pero sí dijo que "la soberanía nacional que radica en el Congreso de los Diputados es la garantía máxima de que todos los estatutos que están siendo objeto de reforma en España (...), serán constitucionales y solidarios y que están en la línea de garantizar la cohesión y los equilibrios territoriales en España".
- Guerra: "Complicado y largo". El presidente de la comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, aventuró ayer que la negociación será "complicada y larga" porque ve "muchos artículos" con "dificultades de encaje constitucional". Entre los aspectos "problemáticos" que deberán ser "observados" y "probablemente modificados" intuye el concepto de Cataluña como "nación" o el sistema de financiación. Guerra evitó "dramatizar" el problema y precisó que lo aprobado "no es un estatuto, es una proposición de ley" y esas "se aprueban en el Parlamento de España, no en los autonómicos".
- Simancas: "Inaceptable". El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Rafael Simancas, aseguró ayer tajantemente y con gran preocupación que el nuevo Estatuto es para él "inaceptable", y expresó su confianza en que al final el Parlamento español "garantice el respeto a los derechos constitucionales por encima de otros intereses políticos". Simancas indicó que el Estatuto aprobado "vulnera los principios constitucionales de solidaridad, cohesión e igualdad entre los españoles" y abre "la senda del separatismo" al "negar competencias irrenunciables del Estado, como la capacidad para legislar y recaudar tributos en una parte del territorio español".

References: artículo 2
 artículo 147
 artículo 2
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 6
 artículo 35
 artículo 21
 artículo 20
 artículo 26
 artículo 40
 artículo 102
 artículo 97
 artículo 180
 artículo 168