Source: http://legislacion.derecho.com/real-decreto-297-2004-por-el-que-se-modifica-el-reglamento-de-ordenacion-y-supervision-de-los-seguros-privados-aprobado-por-el-real-decreto-2486-1998-de-20-de-noviembre-71568
Timestamp: 2016-10-22 22:52:42+00:00

Document:
REAL DECRETO 297/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre	REAL DECRETO 297/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre Mis Leyes
REAL DECRETO 297/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre Estado	:
297/2004	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE ECONOMÍA	REAL DECRETO 297/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre
La actual normativa sobre el margen de solvencia establecida por las directivas citadas se ha mantenido prácticamente sin cambios en la normativa comunitaria. No obstante, el artículo 25 de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida (Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) y el artículo 26 de la Directiva 92/96/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida (Tercera Directiva de seguros de vida), establecían un plazo de tres años desde su entrada en vigor 1 de julio de 1994 para que la Comisión Europea presentara un informe sobre la necesidad de una mayor armonización del margen de solvencia.
Se prevé también que en situaciones concretas en que se vean amenazados los derechos de los asegurados, las autoridades competentes estarán facultadas para intervenir con la suficiente antelación, si bien, en el ejercicio de estos poderes, las autoridades deben informar a las empresas de seguros acerca de las razones que motiven tal actuación supervisora, de conformidad con los principios de eficacia y legalidad. En tres pueden concretarse las medidas que a efectos de garantizar la solvencia futura prevén las directivas: la exigencia de un plan de recuperación financiera; obligar a las empresas de seguros a tener un margen de solvencia obligatorio más alto, a fin de garantizar que puedan cumplir en un futuro próximo los requisitos de solvencia, y revisar a la baja los elementos que pueden integrar el margen de solvencia disponible, en particular cuando se haya producido un cambio significativo en el valor de mercado de estos elementos desde el fin del ejercicio anterior.
Igualmente, resulta necesario modificar determinadas normas del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados tanto para un mejor desarrollo de las funciones de supervisión de los grupos de entidades aseguradoras como para incluir al seguro de crédito, junto con los riesgos actualmente contemplados de tormenta, pedrisco y helada, a efectos de considerar la carga media de la siniestralidad con referencia a los siete últimos ejercicios para el cálculo del margen de solvencia, lo que se justifica tanto por una completa adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la normativa comunitaria, como por el comportamiento cíclico del ramo. Asimismo, es necesario prever en el cálculo de la provisión para prestaciones pendientes de liquidación o pago la incidencia de la utilización de métodos estadísticos de cálculo.
Como consecuencia de las adaptaciones realizadas por la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida, se modifican los requisitos para la obtención de la autorización administrativa por las sucursales en España de terceros países no miembros del Espacio Económico Europeo, al objeto de exonerarlas de la presentación de los modelos de pólizas y bases técnicas como requisito previo. Ello sin perjuicio de la posibilidad de requerir su presentación.
Uno.Se añade un nuevo párrafo f) al apartado 1 del artículo 4, «Solicitud y autorización administrativa», con la siguiente redacción:
«f) Si la entidad pretende cubrir los riesgos del ramo de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, excluida la responsabilidad del transportista, deberá comunicar el nombre y dirección del representante designado en cada uno de los Estados del Espacio Económico Europeo distinto a España, encargado de la tramitación y liquidación de los siniestros ocurridos en un Estado miembro distinto al de residencia del perjudicado o en un país firmante del sistema de Carta Verde.»
Dos.Se introduce un último párrafo en el apartado 1 del artículo 5, «Modificación de la documentación aportada», con la siguiente redacción:
«Cualquier modificación de los representantes designados en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1.f) de este reglamento deberá ser comunicada al Consorcio de Compensación de Seguros.»
Tres.Se modifica el apartado 2 del artículo 5, «Modificación de la documentación aportada», que pasa a tener la siguiente redacción:
«2. Las modificaciones de la documentación aportada a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o, en su caso, al Consorcio de Compensación de Seguros cuando se trate de los representantes para la tramitación y liquidación de siniestros a que se refiere el artículo 4.1.f) de este reglamento, que determinen que la entidad aseguradora deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en la ley y en este reglamento para el otorgamiento de la autorización administrativa, darán lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación, sin perjuicio del posible trámite de subsanación prevenido en el artículo 25.3 de la ley.»
Cuatro.Se modifica el párrafo b) del apartado 1 del artículo 11, «Normas aplicables», que pasa a tener la siguiente redacción:
«b) Los resultados positivos, una vez constituidas las garantías financieras exigidas por la ley, incluso la reserva a que se refiere el artículo 19 de ésta, se destinarán en primer término a la devolución de las aportaciones reintegrables a socios o mutualistas realizadas para constituir el fondo mutual o a incrementar las reservas patrimoniales, y el exceso sobre dichas cuantías podrá distribuirse entre los mutualistas. Si los resultados fueran negativos, serán absorbidos por las derramas pasivas, por reservas patrimoniales y, en último término, por el fondo mutual. Todas estas operaciones quedarán totalmente ultimadas en el ejercicio siguiente al que se hayan producido los resultados.»
Cinco.Se modifica el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 39, «Provisión de prestaciones», en los siguientes términos:
«Dicho coste incluirá los gastos tanto externos como internos de gestión y tramitación de los expedientes, cualquiera que sea su origen, producidos y por producir hasta la total liquidación y pago del siniestro. Los recobros o cantidades a recuperar por el ejercicio de las acciones que correspondan al asegurador frente a las personas responsables del siniestro no podrán deducirse del importe de la provisión.
No obstante lo anterior, cuando la provisión para prestaciones se calcule utilizando métodos estadísticos de conformidad con lo indicado en el artículo 43 de este reglamento, los pagos podrán computarse netos de recobros.»
Seis.Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 40, «Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago», en los siguientes términos:
«1. Incluirá el importe de todos aquellos siniestros ocurridos y declarados antes del cierre del ejercicio. En el caso de que la entidad no utilice métodos estadísticos previstos en el artículo 43, incluirá, además, todos los siniestros ocurridos antes del cierre del ejercicio y declarados desde dicho cierre hasta el 31 de enero del año siguiente, o hasta la formulación de las cuentas anuales si esta fecha fuera anterior. Formarán parte de ella los gastos de carácter externo inherentes a la liquidación de siniestros y, en su caso, los intereses de demora y las penalizaciones legalmente establecidas en las que haya incurrido la entidad.»
Siete.Se añade un nuevo apartado 1 bis y se modifica el apartado 23 del artículo 50, «Bienes y derechos aptos para la inversión de las provisiones técnicas», que tendrán la siguiente redacción:
«1 bis. Activos financieros estructurados de renta fija, cuyos subyacentes cumplan también los principios y requisitos establecidos en los artículos 49 a 53 y 55 de este reglamento y en su normativa concordante y de desarrollo.»
«23. El Ministro de Economía podrá establecer las condiciones que hayan de reunir otros activos no enumerados anteriormente para su consideración como aptos para la cobertura de provisiones técnicas.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá excluir de la calificación de bienes y derechos aptos para la cobertura de las provisiones técnicas los activos subyacentes a los que
se refiere el apartado 1 bis cuando en la entidad aseguradora se registre una excesiva concentración de estas inversiones excediendo de los límites previstos en el artículo 53 o éstas no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 49.»
Ocho.Se modifica el artículo 59, que queda redactado en los siguientes términos:
1. El patrimonio propio no comprometido, a los efectos del margen de solvencia individual, a que se refiere el apartado 2 del artículo 17 de la ley, comprende las partidas que a continuación se relacionan, deducidos los elementos inmateriales que se señalan en el apartado 2 de este artículo:
Uno.Con carácter general, tendrán la consideración de patrimonio propio no comprometido las siguientes partidas:
1.o Las reservas que se constituyan en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79, norma 3.a, y 80.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
2.o El importe de las acciones propias o de la sociedad dominante adquiridas o aceptadas en prenda u otra forma de garantía, directamente por la entidad o indirectamente a través de persona o sociedad interpuesta, así como el importe de las financiaciones a terceros cuyo objeto sea la adquisición de acciones propias, en la medida en que no se hubiesen constituido las reservas a que se refiere el párrafo 1..o anterior.
3.o Las acciones propias adquiridas para reducción de capital.
4.o Las reservas que se correspondan con los recursos propios mínimos exigidos por la normativa reguladora de planes y fondos de pensiones.
5.o El importe de las diferencias negativas contabilizado en la cuenta Minusvalías procedentes de valores negociables de renta variable [artículo 33.2.b) del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados].
1.o Que los estatutos de la entidad prevean que su devolución no ocasione un descenso del patrimonio propio no comprometido por debajo de la cuantía mínima del margen de solvencia y que, en caso de liquidación de la entidad, sólo se harán efectivos después de liquidar todas las demás deudas de la empresa.
2.o Que su devolución se notifique a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con un mes de antelación a su pago, pudiendo prohibirlo mediante resolución motivada en el plazo de un mes desde que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones tuviera conocimiento de la notificación de la empresa.
3.o Que las disposiciones de los estatutos, así como sus modificaciones, referentes a esta partida sean aprobadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
1.o Existirá acuerdo vinculante por cuya virtud, a efectos de la prelación de créditos, los acreedores por este concepto se sitúen detrás de todos los acreedores comunes.
2.o Únicamente se tomarán en consideración los fondos efectivamente desembolsados.
3.o Cuando se trate de préstamos a plazo fijo, el plazo inicial será de cinco años, como mínimo. Si no hubiera sido fijada la fecha de su vencimiento, deberá haberse estipulado para su retirada total o parcial un preaviso de, al menos, cinco años.
4.o No podrán contener cláusulas de rescate, reembolso o amortización anticipada, sin perjuicio de que el deudor pueda proceder al reembolso anticipado si con ello no se ve afectada la solvencia de la entidad, previa autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
1.o No serán reembolsables a iniciativa del acreedor o sin el acuerdo previo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
2.o El contrato de emisión deberá dar a la entidad de seguros la posibilidad de diferir el pago de los intereses.
3.o Existirá acuerdo vinculante por cuya virtud, a efectos de la prelación de créditos, los acreedores por este concepto se sitúen detrás de todos los acreedores comunes.
4.o En el contrato de emisión se estipulará que la deuda y los intereses pendientes de pago podrán aplicarse a absorber las pérdidas de la entidad, sin necesidad de proceder a su disolución.
5.o Únicamente se tomarán en consideración los fondos efectivamente desembolsados.
Dos.Podrán computarse como patrimonio propio no comprometido las siguientes partidas:
2. A efectos de lo regulado en este artículo, se considerarán como elementos inmateriales a
deducir en el cálculo del margen de solvencia los elementos que carezcan de valor de realización o que, por su falta de permanencia, pueda fundadamente presumirse que no se ajustan a los fines de la ley y de este reglamento.
5. Por el Ministro de Economía podrán adaptarse las partidas que, conforme a este artículo deben considerarse en el cálculo del patrimonio propio no comprometido, a las modificaciones que por normativa comunitaria se introduzcan respecto de la relación de tales elementos y respecto de las condiciones o requisitos para su cómputo.»
Nueve.Se modifica el artículo 60, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 60. Patrimonio propio no comprometido de los grupos consolidables de entidades aseguradoras.
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 17.3 de la ley, el patrimonio propio no comprometido de los grupos consolidables de entidades aseguradoras comprende las partidas que a continuación se relacionan, deducidos los elementos inmateriales que se señalan en el apartado 2 de este artículo:
Uno.Tendrán la consideración de patrimonio propio no comprometido las siguientes partidas:
a) El capital social desembolsado o el fondo mutual de la sociedad dominante, con las mismas deducciones, en cuanto al capital social, establecidas en el artículo 59 anterior, cuando las circunstancias allí indicadas y relativas a socios no incluidos en el grupo concurran en relación con cualesquiera de las sociedades del grupo consolidable.
c)	El saldo acreedor de las reservas en sociedades consolidadas.
g) Los intereses minoritarios, con el límite, en lo que se refiere a la participación en los resultados de las sociedades dependientes, de la parte destinada a incrementar los recursos propios del grupo. La parte correspondiente a capital pendiente de desembolso se computará solamente por el 50 por ciento, siempre que se cumplan los requisitos contemplados en el apartado dos siguiente.
Dos.Las siguientes partidas podrán computarse como patrimonio propio no comprometido de los grupos consolidables de entidades aseguradoras, siempre que concurran los requisitos exigidos para su cómputo a nivel individual y se respeten a nivel consolidado los mismos límites que son exigibles a nivel individual:
c) Las minusvalías resultantes de la sobrevaloración de los elementos de activo computables para margen de solvencia o de la infravaloración de elementos de pasivo, con arreglo a lo dispuesto para el patrimonio individual no comprometido. Se
incluirán en esta partida las obligaciones, provisiones o deudas que puedan no haberse contabilizado en virtud de alguna disposición legal o reglamentaria.
5. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá ajustar la valoración de los elementos a que se refieren el apartado 1 cuando éstos dejen de tener, total o parcialmente, la condición de patrimonio propio no comprometido.»
Diez.Se da nueva redacción a los apartados 2, 3 y 4 y se crean tres nuevos apartados 4 bis, 4 ter y 6 en el artículo 61, «Cuantía mínima del margen de solvencia en los seguros distintos del seguro de vida»:
«2. Cuando las entidades cubran esencialmente uno o varios de los riesgos de crédito, tormenta, pedrisco y helada, se tendrán en cuenta los siete últimos ejercicios sociales como período de referencia del importe medio de los siniestros. Se entenderá que se da aquella circunstancia cuando las primas de dichos riesgos sean, al menos, el 75 por ciento del conjunto de las emitidas por la entidad.
4 bis. Cuando la cuantía mínima del margen de solvencia, calculada conforme a lo previsto en los apartados anteriores, resultara menor que la
del ejercicio anterior, la cuantía mínima se determinará multiplicando la del ejercicio anterior por el coeficiente resultante de dividir la provisión técnica para prestaciones netas de reaseguro constituida al cierre y la constituida al inicio del ejercicio, sin que el coeficiente así calculado pueda ser, en ningún caso, inferior a 1.
Once.Se da nueva redacción al párrafo c) del apartado 2 y se añade un nuevo apartado 5 al artículo 62, «Cuantía mínima del margen de solvencia en los seguros de vida», en los siguientes términos:
«2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los supuestos especiales que a continuación se indican, la cuantía mínima del margen de solvencia será la que para cada uno se determina:
c) En los seguros de vida vinculados a la evolución de activos específicamente afectos o de índices o activos que se hayan fijado como referencia, y para las operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación:
1.o En la medida en que la entidad asuma un riesgo de inversión, el cuatro por ciento del importe de las provisiones de seguros de vida a que se refiere el párrafo a) del apartado anterior.
2.o En la medida que la entidad no asuma ningún riesgo de inversión, pero el importe destinado a cubrir los gastos de gestión se fije para un período superior a cinco años, el uno por ciento de las provisiones de seguros de vida a que se refiere el párrafo a) del apartado anterior.
3.o En la medida que la entidad no asuma ningún riesgo de inversión y la asignación para cubrir los gastos de gestión no se fije para un período
4.o En la medida en que la entidad asuma riesgos para caso de muerte se le sumará, además, el 0,3 por ciento de los capitales en riesgo calculado en la forma prevista en el párrafo b) del apartado 1 de este artículo.
En todo caso, no se aplicará la reducción por reaseguro cuando de sus cuentas anuales se deduzca motivadamente que la solvencia actual o futura del reasegurador pueda verse afectada.»
Doce.El artículo 63 queda redactado como sigue: «Artículo 63. Fondo de garantía.
El fondo de garantía deberá estar constituido por los elementos que con carácter general tendrán la consideración de patrimonio propio no comprometido señalados en el apartado 1.uno del artículo 59 de este reglamento y por las plusvalías resultantes de las infravaloraciones de elementos del activo, previa deducción de todos los gastos que pudieran incidir en su importe final señaladas en el párrafo c) del apartado 1.dos de dicho artículo, siempre que respecto a este último elemento se haya obtenido, en su caso, autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.»
Trece.Se modifica el párrafo b) y se añade un nuevo párrafo c) al apartado 6 del artículo 67, «Grupo consolidable de entidades aseguradoras», que tendrán la siguiente redacción:
«b) Cuando la entidad dominante esté domiciliada en un Estado no perteneciente al Espacio Económico Europeo, el correspondiente grupo estará compuesto por las entidades de nacionalidad española y, en su caso, las filiales de estas últimas, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o naturaleza jurídica, y con independencia del Estado donde desarrollen sus actividades.
c) En todo caso, las entidades aseguradoras españolas dominantes de un grupo de sociedades estarán sujetas al deber de consolidación cuando sean a su vez dominadas por una entidad aseguradora domiciliada en un Estado del Espacio Económico Europeo.»
Catorce.Se añade un nuevo párrafo c) al apartado 5 y se crea un nuevo apartado 8 en el artículo 70, «Cesión de cartera», con la siguiente redacción:
«5. Serán admisibles cesiones parciales de cartera de un ramo en los siguientes casos:
c) Cuando comprenda la totalidad de las pólizas que, dentro de un ramo, puedan agruparse aten
diendo a un criterio objetivo, que habrá de quedar determinado claramente en el convenio de cesión.
En ningún caso se considerará que constituye un criterio objetivo la cesión de pólizas de seguros de las reguladas en el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, correspondiente a una empresa o grupos de empresas.»
«8. Lo dispuesto en el artículo 72.7 de este reglamento se entiende aplicable al procedimiento regulado en este artículo.»
Quince.Se da nueva redacción al apartado 7 del artículo 72, «Fusión de entidades aseguradoras», en los siguientes términos:
«7. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en materia de concentraciones económicas. En concreto, si la operación de fusión supera los umbrales previstos en los párrafos a) o b) del artículo 14 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, los partícipes habrán de notificar la operación en los términos previstos en el artículo 15 de la citada ley, comunicando al mismo tiempo a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones esta notificación. Consecuentemente, el procedimiento previsto en este artículo se suspenderá hasta la terminación del procedimiento eventualmente iniciado por los órganos de defensa de la competencia o, en su caso, hasta el levantamiento de la suspensión de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.»
Dieciséis.Se añade al artículo 73, «Escisión de entidades aseguradoras», un nuevo apartado 11 con la siguiente redacción:
«11. Cuando la escisión suponga el traspaso de la parte segregada a una entidad ya existente, se entenderá aplicable al procedimiento regulado en este artículo lo dispuesto en el artículo 72.7 de este reglamento.»
Diecisiete.El párrafo c) del artículo 75, «Estatutos», queda redactado en los siguientes términos:
«Los estatutos de las entidades aseguradoras, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 24 de la ley, deberán contener, en todo caso, los siguientes extremos:
c) El objeto de la entidad y el ámbito territorial en que se desarrollará su actividad.»
Dieciocho.El apartado 2 del artículo 97, «Cesión de cartera», queda redactado en los siguientes términos:
«2. En el plazo de un mes, a contar desde dicha publicación, los tomadores de aquellos seguros en los que España sea el Estado miembro del compromiso o de localización del riesgo, podrán ejercitar el derecho de resolución previsto en el artículo 50.3 de la ley. En todo lo demás, dicha cesión de cartera se ajustará a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley y 70 de este reglamento, teniendo en cuenta, que la apertura del período de información pública sólo procederá cuando España sea el Estado de compromiso o de localización del riesgo.»
Diecinueve.Se añade al párrafo f) del apartado 1 del artículo 105, «Deber particular de información en el caso de los seguros sobre la vida», un último inciso con la siguiente redacción:
«En los seguros en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión se especificará el importe, base de cálculo y periodicidad de todos los gastos inherentes a la operación».
Veinte.Se da nueva redacción al artículo 129:
«Artículo 129. Cesión de cartera.
3. Cuando España sea el Estado miembro del compromiso o de localización del riesgo, se exigirá a la entidad cedente que notifique individualmente a los tomadores el derecho a resolver los contratos de seguro que, suscritos en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, resulten afectados por la cesión o que, como consecuencia de ella, pasen a cualquiera de estos regímenes, así como el derecho al reembolso de la parte de prima no consumida. Una vez que la autoridad de supervisión del Estado miembro de origen de la cedente haya dado su autorización a la cesión, comunicándola a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con especificación de la fecha de efecto, ésta procederá a publicar en el Boletín Oficial del Estado la cesión autorizada, pudiendo ejercitarse el derecho de resolución de los contratos en el plazo de un mes a contar desde dicha publicación.»
Veintiuno.Se modifica el párrafo d) y se añade un nuevo párrafo j) al apartado 1 del artículo 136, «Establecimiento de sucursales», que tendrá la siguiente redacción:
«1. Con la solicitud de autorización prevenida en el apartado 1 del artículo 87 de la ley, se deberá presentar en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la documentación siguiente:
j) Si la entidad pretende cubrir los riesgos del ramo de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, excluida la responsabilidad del transportista, deberá comunicar el nombre y dirección del representante designado en cada uno de los Estados del Espacio Económico Europeo distinto a España, encargado de la tramitación y liquidación de los siniestros ocurridos en un Estado miembro distinto al de residencia del perjudicado o en un país firmante del sistema de Carta Verde.»
Veintidós.El apartado 3 del artículo 137, «Condiciones para el ejercicio de la actividad aseguradora», pasa a tener la siguiente redacción:
«3. Los modelos de pólizas, bases técnicas y tarifas de primas no precisarán aprobación administrativa previa.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá requerir la presentación de los modelos de pólizas, bases técnicas y tarifas de primas siempre que lo entienda pertinente, al objeto de controlar si respetan las disposiciones técnicas y sobre contrato de seguro.»
Veintitrés.Se añade un nuevo apartado 3 a la disposición adicional tercera, «Dotación de las provisiones técnicas. Cuantía mínima»:
«3. Se considerará que la provisión de prestaciones se ha calculado aplicando el método de valoración individual de siniestros cuando la provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago se determine de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 y la provisión de gastos internos de liquidación se determine conforme a lo establecido en el artículo 42, cualquiera que sea el método de cálculo de la provisión de siniestros pendientes de declaración.»
Disposición adicional única. Adaptación a la estruc
tura ministerial actual.
de los beneficios futuros del ramo de vida a efectos de su cómputo como patrimonio propio no comprometido.
El importe de los beneficios futuros que debe computarse se obtendrá multiplicando el beneficio anual esti-
mado por un factor que represente la duración residual media de los contratos, sin que dicho factor pueda ser superior a seis. El beneficio anual estimado no excederá de la media aritmética de los resultados de las cuentas técnicas en el ramo durante los últimos cinco ejercicios económicos.
REAL DECRETO 297/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre	Trámites

References: Real Decreto 
	REAL DECRETO 
 Real Decreto 

REAL DECRETO 
 Real Decreto 
	REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 25
 artículo 11
 artículo 19
 artículo 39
 artículo 43
 artículo 40
 artículo 43
 artículo 50
 artículo 53
 artículo 49
 artículo 59
 artículo 17
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 60
 artículo 17
 artículo 59
 artículo 61
 artículo 62
 artículo 63
 artículo 59
 artículo 67
 artículo 70
 Real Decreto 
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 73
 artículo 72
 artículo 75
 artículo 24
 artículo 97
 resolución 
 artículo 50
 artículo 22
 artículo 105
 artículo 129
 resolución 
 artículo 136
 artículo 87
 artículo 137
 artículo 40
 artículo 42

REAL DECRETO 
 Real Decreto