Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421214.html
Timestamp: 2019-03-23 10:44:26+00:00

Document:
as201421214
Auto Supremo: 214/2014
Expediente: CB-23-14-S
Partes: Jorge Mario Calvo Fanola. c/ Alcaldía Municipal de Cochabamba.
Proceso: Regulación de honorarios.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Jorge Mario Calvo Fanola de fs. 155 a 157, contra el Auto de Vista de 13 de enero de 2014 de fs. 152 a 153, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso de Regulación de Honorarios seguido por Jaime Ramiro Reyes Carvajal contra Alcaldía Municipal de Cochabamba; concesión de fs. 160, los antecedentes del proceso y:
El Juez Sexto de Partido en lo Civil, pronunció Sentencia Nº 42/2012 de 17 de octubre de 2012 cursante de fs. 137a 141, declarando IMPROBADA la demanda principal de fs. 15 a 16 y 19, interpuesto por Jorge Mario Clavo Fanola.
Contra la referida Sentencia, Jorge Mario Calvo Fanola por memorial de fs. 144 a 145, interpuso recurso de apelación.
En virtud a esos antecedentes, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista cursante de fs. 152 a 153, por el que CONFIRMA la Sentencia apelada.
Resolución que dio lugar al recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por parte de Jorge Mario Calvo Fanola, que se analiza.
1.- Que el Auto que resuelve la apelación fundaría en el hecho de que no se hubiera presentado iguala profesional suscrito con la Alcaldía Municipal, refiriendo una descripción de cómo no hubiera sucedido esa suscripción, mencionando que por nota de 3 de noviembre de 2005 se le había asignado como árbitro y no podía esperar la exhibición del documento.
2.- En el desarrollo del proceso había demostrado que fue designado por la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba como árbitro, señalando fojas y fecha, que si bien existe Sentencia Constitucional que ordenó la nulidad de laudo arbitral de 30 de noviembre de 2005 a fin de emitir uno nuevo, se le habría notificado para librar nuevo laudo arbitral, en el que hubiera sido de voto disidente con fundamentación, y con relación al pago de los honorarios había presentado notas para que suscriba la iguala, que nunca habría sucedido, además cursaría en obrados constancia que los trabajadores acudieron a un auxilio judicial para la ejecución de laudo arbitral.
3.- Que esas actuaciones demostrarían que desarrolló el trabajo encomendado de Juez árbitro, en el que hubiera sido disidente. Que la Constitución Política del Estado establecería que no existe trabajo gratuito, así como el Código de Abogacía, reconociendo que no pudo acompañar al no haber cumplido de su parte por parte de la Alcaldía con mala fe, pese a los reclamos, y que correspondería regulara los honorarios profesionales conforme al arancel de abogados.
Que el Ad quem no habría actuado a cabalidad indicando que nunca había presentado iguala profesional, y que ese documento estaba en manos de la Alcaldía Municipal, resultando imposible su exhibición, y que la alcaldía siendo parte del proceso nunca se habría pronunciado al respecto, que su reticencia su silencio demostraría su no intención de firmar, y que habiendo cumplido con su trabajo no podría estar sujeto a las circunstancias que se indicara, que no se valorará a cabalidad la prueba producida, y se habría violado el art. 46 inc. 3 de la Constitución Política del Estado.
Que asimismo conforme indica el art. 29 de la ley del ejercicio de la abogacía Nº 387 indicaría lo que transcribe, lo propio el art. 30, que de todo esto se colegiría que solo pretende el pago de sus honorarios profesionales por el servicio prestado en los arbitrajes.
Refiere que todos los argumentos que expone así como la errónea aplicación dela ley, los actuados que no se habrían valorado a cabalidad y que las tendría a bien citar conforme al art. 253 del Código de Procedimiento Civil, se habría violado e interpretado erróneamente y aplicado indebidamente la ley, así también se habría incurrido en error en la apreciación de la prueba, error de hecho y derecho que habrían sido individualizados.
Que por lo expuesto conforme indicaría el art. 250 del C.P.C. interpone recurso de casación en la forma y en el fondo contra el Auto de Vista señalado a fin de que se invalide y case el fallo aludido y la Sentencia.
En función al planteamiento realizado por el recurrente que propuso su recurso de casación, este Tribunal considerará en primer término los reclamos efectuados en la forma, en consideración a que si fueran evidentes los mismos, se tomaría la decisión de anular obrados o el Auto de Vista, aspecto que inviabilizaría la consideración de los argumentos de fondo, en ese sentido, se tiene que:
En los tres puntos que expone el recurrente los argumentos de su recurso, se avoca a describir el razonamiento del Auto de Vista y que, a él, se le había asignado como árbitro, asumiendo la labor sin esperar que se exhibiera el documento, en esa secuencia continua en el segundo punto con señalar que si bien existiera Sentencia Constitucional por el que se anularía, en el nuevo, sería asimismo partícipe y fuera de voto disidente, además alude al auxilio judicial al que hubieran acudido los trabajadores, razonando en un tercer punto que, no habría trabajo gratuito conforme a la Constitución Política del Estado y el Código de Abogacía.
Siendo esos los argumentos del recurso de casación en la forma, este Tribunal no encuentra denuncia de transgresión de norma legal alguna que amerite analizar de manera válida lo expuesto en sus tres puntos, en consideración a que no cumple con lo determinado por el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, no habiendo comprendido que cuando se formula un recurso de casación en la forma, se lo hace por errores de procedimiento y la fundamentación de agravios debe adecuarse a las causales contenidas en el art. 254 de la norma adjetiva civil, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo, lo primero sucede cuando la resolución recurrida contiene infracciones formales y, lo segundo cuando en la sustanciación del proceso se hubieren violado las formas esenciales del mismo y que se encuentre sancionados con nulidad por la ley y que para ese fin debe cumplir con la exigencia del art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, citando en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en que consiste la violación, falsedad o error, especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.
Al no cumplir en lo mínimo con la exigencia por la norma procesal para la consideración del recurso planteado en la forma, este Tribunal emite fallo en sujeción a lo previsto por el art. 271 núm. 1) del Código de Procedimiento Civil.
En relación a lo planteado como recurso de casación en el fondo, cabe señalar para entrar en contexto que cuando el recurso de casación se la interpone en esa vía, esto es por errores en la resolución de fondo o en la resolución de la controversia, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que en base a una correcta interpretación o aplicación de la ley sustantiva o eliminando el error de hecho o derecho en la valoración de la prueba, resuelva el fondo del litigio, y como requisito esencial habrá que cumplir asimismo con lo previsto por el art. 258 núm. 2) de la norma procesal civil.
Bajo ese antecedente, ya ingresando al análisis del recurso planteado en el fondo, corresponde decir que al igual que el recurso de casación en la forma analizado, se trata de mera descripción de antecedentes, que no se enmarcan en los requisitos que debe contener este tipo de recursos, que si bien se refiere que no hubo valoración a cabalidad de la prueba, concluye con señalar que existió violación del art. 46 inc. 3 de la Constitución Política del Estado, más revisado este precepto constitucional, no contiene el inciso señalado.
Cuando se hace referencia a la Ley del Ejercicio de la Abogacía, no queda sino en la mera mención, así como la alocución de que solo pretende el pago de sus honorarios profesionales, no existiendo denuncia de infracción a ninguna norma legal.
En el ultimo acápite, sin concreción alguna, señala errónea aplicación de la ley y que los actuados no se habrían valorado correctamente, y si bien señala el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, no concreta a cual de las causales de las que contiene la norma referida pudiera subsumirse su razonamiento, lo propio sucede cuando se pretende existió error en la apreciación de la prueba que presuntamente fuera de hecho y derecho, sin embargo no se individualiza a que pruebas refiere, sin explicación alguna de cómo hubiera sucedido el error de hecho y de derecho, que si bien dice individualizarlos, este aspecto no es evidente conforme a la revisión del recurso de casación.
Para concluir habrá que señalar la existencia de confusión en su petición, pues se pretende la invalidación y casación del fallo de segunda instancia y la Sentencia, no existiendo coherencia en aquello.
Consecuentemente, conforme lo analizado, corresponderá dar aplicación a lo previsto por el art. 271 núm. 1) de Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 núm. 1) y 272 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma y en el fondo contenido en el memorial de 27 de enero de 2014 que corre de fs. 155 a 157, contra el Auto de Vista d e 13 de enero de 2014 de fs. 152 a 153. Sin costas.

References: Resolución 
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 artículo 42