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20111026.CARLOS MALPICA FAUSTOR PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA | Blog de Carlos MALP ICA FAUSTOR
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20111026.CARLOS MALPICA FAUSTOR PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA
Publicado el 2011/11/04	por cnmalpica
“ASOCIACIÓN CIVIL
PRESIDENTE RAMÓN CASTILLA – ACPRC” www.arcastilla.org
III CONFERENCIA ANUAL
“REFORMA DEL ESTADO Y
“CAREMA 2011”
“REFORMA DEL ESTADO”
PONENTE: CARLOS
MALPICA FAUSTOR (ACPRC)
PONENCIA: “PROPUESTAS PARA IMPLEMENTAR LA REFORMA DEL SERVICIO CIVIL Y SU CARRERA ADMINISTRATIVA BASADA EN LA MERITOCRACIA Y REMUNERACIONES ADECUADAS”
El Estado Peruano necesita desarrollar una Función Pública de vocación, Profesional, de calidad, eficaz y libre de corrupción, para poder cumplir con sus altos deberes y responsabilidades a nivel nacional e internacional, lo que implica tareas especializadas de gran escala y complejidad. Para ello debe impulsar las Carreras Públicas, por constituir ellas la mayor garantía de atraer, formar, desarrollar, promover y retener en la Función Pública a los profesionales más idóneos y eficaces.
En el Perú al ingresar al Siglo XXI abolimos una dictadura; pero en la primera década del nuevo siglo y durante tres sucesivos gobiernos constitucionales y democráticos, las condiciones laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores privados y públicos no mejoraron al ritmo del alto crecimiento económico del país, acentuándose las desigualdades y la informalidad. Tampoco se pudo aprobar una nueva “Ley General del Trabajo”, ni se impulsó el desarrollo de la “Carrera Administrativa” de los servidores del Estado, a partir de la Ley 11377 (de 1950), según lo ordenado por la Constitución de 1979, el Decreto Legislativo 276 (de 1984), la vigente Constitución (de 1993), la Ley 27658 (del 2002), y la Ley 28175 (de 2004).
A la pregunta: ¿existe y está vigente la “Carrera Administrativa”?, podemos responder ¡sí!; pero a la pregunta: ¿se cumplen las leyes que ordenaron la implementación y el desarrollo de esa “Carrera Administrativa”?, debemos responder ¡no! Para tratar de encontrar una explicación, no una justificación, y, sobre todo, para explorar soluciones, valdría la pena analizar las decisiones y eventos que han afectado e influido en ese largo proceso y algunos de sus aspectos colaterales (principalmente el Servicio Civil, la Función Pública y los sistemas de planificación, de presupuesto, de remuneraciones, de clasificación de cargos y de capacitación),
en los órdenes normativo, institucional y político, a lo largo de los diecisiete
períodos gubernamentales de las últimas ocho décadas.
Esto podría servir de base para fundamentar nuestros aportes al nuevo Gobierno 2011-2016, que en sus “Lineamientos centrales de política económica y social para un gobierno de concertación nacional” ha presentado al país, antes de la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales, entre sus propuestas de políticas, las siguientes:
“Por un Estado más seguro, eficiente, transparente y descentralizado:
“Implementar la reforma de la carrera de servicio civil de la administración pública basada en la meritocracia y remuneraciones adecuadas”.
“Creación de una Escuela Nacional de Administración Pública como responsable de la formación y capacitación de los funcionarios públicos de la administración de los tres niveles de gobierno”.
“Capacitación del personal para el empoderamiento de la capacidad de gestión de las regiones y gobiernos locales”.
“Fortalecer la descentralización del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y dotarlo de equipos profesionales calificados y adecuadamente remunerados”.
Período 1933-1939 (Segundo Gobierno de Óscar Benavides)
En 1938 se inicia el proceso de institucionalización de lo que hoy es el Servicio Civil, cuando se crea, por la Ley 8801 (promulgada el 26 de diciembre), en el Ministerio de Hacienda, la Dirección General del Escalafón Civil y Listas Pasivas. En 1940, por la Ley 9144 (promulgada el 14 de junio), dicha Dirección General del Escalafón Civil y Listas Pasivas pasa a ser una dependencia del Ministerio de Justicia.
Período 1939-1945 (Gobierno de Manuel Prado)
Período 1945-1948 (Gobierno de José Luis Bustamante)
En 1947 la Ley 10818 (promulgada el 1 de marzo) , Ley del Presupuesto de la República introduce por primera vez una escala general de 27 categorías de haberes básicos (Oficiales, Auxiliares y Ayudantes, con nueve grados en cada categoría). Esto pone las bases de un sistema de carrera en el que se asciende por la jerarquía de los cargos.
Período 1948-1956 (Gobierno de Manuel A. Odría)
En 1950 el Decreto Ley 11377, “Ley del Estatuto y Escalafón del Servicio Civil” (promulgado el 29 de mayo), crea en el Perú la “Carrera Administrativa”, “…estableciendo la forma de ingreso a ella, las pautas a que deben sujetarse los ascensos y promociones”… de la clase “empleados de carrera”; norma sobre su “Cuadro de Categorías” (de Oficial 1º a 9º, de Auxiliar 1º a 9º y de Ayudante 1º a 9º) y su ingreso y ascensos (por concurso); norma el “Escalafón General del Servicio
Civil” y crea la “Libreta de Servicios”; crea, además, el “Consejo Nacional del
Servicio Civil” y la “Orden del Servicio Civil del Estado”, y establece el 29
de mayo como el “Día del Empleado Público”. Fue una Ley de avanzada para su
tiempo, rigió plenamente solamente durante sus primeras décadas, aunque sus más
importantes principios y criterios siguen teniendo validez y vigencia hasta
Período 1956-1962 (Segundo Gobierno de Manuel Prado)
En 1958 se crea el Instituto Peruano de Administración Pública – IPAP, valiosa experiencia de una década y antecedente de la ESAP.
Período 1962-1963 (Gobierno Institucional de la Fuerza Armada)
En 1962 se crea el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Económico y Social y el Instituto Nacional de Planificación – INP, por el Decreto Ley 14220 promulgado el 19 de octubre de 1962, señalando como uno de su fines…”que
oriente y haga más eficaz la acción pública”… “propender a una adecuada descentralización”… “promover u organizar la capacitación del personal de la administración pública”. El INP cumplió una importante tarea hasta su desactivación en 1992.
Período 1963-1968 (Gobierno de Fernando Belaúnde)
En 1964, se promulga la extensa y detallada Ley 14816 (publicada el 16 de enero), Ley Orgánica del Presupuesto Funcional de la República. Se norma, por primera vez en detalle, sobre el Presupuesto de Personal que para cada Unidad de Asignación debe formularse “ordenado por jerarquía administrativa y remuneraciones básicas y complementarias”. En el Capítulo X de Disposiciones Generales y Complementarias, incluye una Sección I sobre “Cargos y Empleos Públicos, Haberes Básicos, Asignaciones y Pensiones”, un verdadero Sistema de Remuneraciones implementado en las Leyes Anuales de Presupuesto, basado en que “Conforme al artículo 123 de la
Constitución, inciso 9, corresponde al Congreso crear y suprimir empleos públicos, y asignarles la correspondiente dotación”. Deroga la Ley 4598, Ley Orgánica del Presupuesto General de la República y sus leyes ampliatorias y modificatorias 5591, 6475 y 11539, y declara sin fuerza ni efecto legal alguno el Decreto Ley 14260.
En 1964, por Decreto Supremo del 1 de abril se crea la Oficina Nacional de Racionalización y Capacitación de la Administración Pública – ONRAP, que el mismo año publica los importantes documentos: “Diagnóstico Preliminar de la
Administración Pública” y (el 15 de agosto) “Plan de Acción de Reforma de
la Administración Pública”. En 1966, por convenio con el Ministerio de Hacienda
y Comercio, publica el “Estudio de bases normativas de remuneraciones, pensiones y clasificación de cargos en la Administración Pública”. La ONRAP se incorpora al INP en 1968.
En 1967, por el Decreto Supremo 006-67-SC (de 11 de noviembre), se aprueba el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, el primero de su género en el Perú.
Período 1968-1975 (Gobierno de Juan Velasco)
En 1968 se crea la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, por el Decreto Ley 17297 (publicado el 11 de diciembre), “como organismo auxiliar,
dependiente de la Presidencia de la República”, fijándole como su objetivo
fundamental: “la capacitación y perfeccionamiento, en sus diferentes niveles, de los servidores del Estado y la promoción de la formación de profesionales en el campo de la Administración Pública, a través de las Universidades y demás Centros Superiores de Enseñanza del país”. El Decreto Ley 17297 fue modificado en 1969, por el Decreto Legislativo 17726 (publicado el 2 de julio). La ESAP cumplió una proficua labor hasta 1995, año en que fue desactivada.
En 1968 por la Ley 17289 (publicada el 11 de diciembre) se reorganizan el INP y la
ONRAP, se incorpora la ONRAP al INP, y se le encarga al INP “la formulación de la política de Reforma de la Administración Pública para el desarrollo económico y social” y el Proyecto de Acción Prioritaria “Reforma de la Administración Pública”.
En 1969 se crea la Oficina Nacional de Administración de Personal – ONAP, que 1973 se incorpora al INAP.
En 1969 el INP publica el “Anteproyecto de Ley de Bases de la Administración Pública”.
En 1969 se establece por el decreto Ley 17876 (publicado el 7 de noviembre) el Sistema de Remuneraciones que se aplicará a Servidores del Sector Público Nacional. Fue el primer sistema único de remuneraciones para todos los servidores del Sector Público al nivel nacional. Establece Remuneraciones: Básica (escala porcentual ascendente de 8 Grados, de 7 Sub-grados cada uno, con base máxima 100% para el Grado I, Sub-grado 1), Personal (5% de la Remuneración Básica por quinquenio), al Cargo (máximo 25% de la Remuneración Básica) y Especiales (Aguinaldos, Directorios, Horas Extraordinarias, Servicios Excepcionales, Riesgos de Vida, Propinas, Retardo en el Ascenso, Enseñanza, Remplazo, Reenganche y Licenciamiento). Norma la homologación de las remuneraciones existentes. Responsabiliza por el Sistema de Clasificación de Cargos (que entraría en vigencia el año 1971), a la Oficina Nacional de Personal – ONAP, en coordinación con el Instituto Nacional de Planificación – INP. Establece el Clasificador por Objeto del Gasto del Presupuesto Funcional de la República, en lo referente a Remuneraciones.
En 1970 el Decreto Ley 18160 establece el Sistema Nacional de Clasificación de Cargos en todas las dependencias públicas, cuyas normas de aplicación fueron aprobadas en 1971 por el Decreto Ley 18931 y ampliadas en 1973 por el Decreto Ley 20009.
En 1972 el INP publica su “Modelo de la Administración Pública”.
En 1972 se aprueba por el Decreto Ley 19847 (publicado el 28 de diciembre; pero para entrar en vigencia el 1 de abril de 1973) un nuevo Sistema de Remuneraciones (relacionado con la Clasificación de Cargos) para empleados (civiles, excluidos los de regímenes especiales) del Sector Público, que sustituye al creado por el Decreto Ley 17876. Reclasifica las Remuneraciones; clasifica las Remuneraciones Básicas para 7 Grados, con 7 Sub-Grados cada uno.
En 1973 se crea el Instituto Nacional de Administración Pública – INAP, por el Decreto Ley 20316 (publicado el 12 de diciembre), Ley Orgánica del INAP, que absorbe a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP y a la Oficina Nacional de Administración de Personal – ONAP. Se declara de urgencia “profundizar y acelerar el proceso de la reforma de la Administración Pública para lograr la eficacia administrativa que exige la dinámica del proceso revolucionario”; “se crea una base institucional destinada a orientar y conducir el proceso permanente de la Reforma de la Administración Pública”; “crear y desarrollar las
condiciones necesarias para lograr la mayor valoración y el mejor desempeño de
la función pública”. El Jefe del INAP depende directamente del Primer Ministro. La creación del INAP fue sustentada en el Informe Final de la Comisión para la Evaluación e Implementación de la Reforma de la Administración Pública, publicado en agosto de 1973. El INAP desarrolló una larga e importante labor hasta su disolución en 1995.
En 1974 el INAP publica el “Estudio de la Administración Pública”.
Período 1975-1980 (Gobierno de Francisco Morales)
En 1975, por el Decreto Supremo 006-75-PM/INAP (publicado el 28 de octubre), a iniciativa del INAP, se establece y se norma la aplicación del “Fondo de Asistencia y Estímulo”, a cargo de Comités y Sub-Comités (Regionales, Departamentales, Zonales, Provinciales y Locales) denominados CAFAE y SUB-CAFAE. El Fondo se establece “en base a los descuentos por tardanzas e inasistencias y las multas por faltas de carácter disciplinario impuestas a sus trabajadores, por incumplimiento de las disposiciones legales, cualquiera sea el régimen laboral bajo el cual prestan
servicio”, y puede ser “incrementado también mediante transferencias provenientes de fondos presupuestales, y por donaciones, aportes o erogaciones”. Todos los montos son depositados en cuentas específicas en el Banco de la Nación. En el caso de utilizarse el Fondo para financiar inversiones, ellas “pasarán a constituir propiedad de los trabajadores de la Administración Pública, a través de las Asociaciones Civiles que los representen para dicho fin”. El “Fondo de Asistencia y Estímulo” ha tenido un extraordinario desarrollo beneficiando a amplios sectores de los servidores del Estado, con múltiples variaciones y modificaciones, en sus ya casi cuatro décadas de existencia, y sigue en plena vigencia.
En 1977 el Decreto Ley 21779 (publicado el 26 de enero) modifica el Decreto Ley 19847, ampliando algunas limitaciones y decretando aumentos en las Remuneraciones.
En 1978, por el Decreto Ley 22404 (publicado el 28 de diciembre) se establece el régimen de remuneraciones (básicas, complementarias del trabajador, complementarias del cargo y especiales) de todos los trabajadores de la Administración Pública. Es muy importante señalar que en en su artículo 10 se incluye, entre las “remuneraciones complementarias del trabajador”, la “Remuneración por Promoción” que “se otorga anualmente hasta el 25% del personal empleado nombrado, a aquellos trabajadores que en el año anterior, de acuerdo con las respectivas Evaluaciones del Comportamiento Laboral, se hay distinguido por el cumplimiento de la función. Su monto se calculará por la relación porcentual con la Remuneración Básica del empleado y su otorgamiento podrá ser ampliado en los años subsiguientes en forma progresiva, sin que el monto acumulado por el empleado pueda exceder del equivalente al 75% de la diferencia entre el nivel remunerativo del Grado y Sub-grado en el que se encuentra y el inmediato superior. Dicha Remuneración se considera incluida en el nuevo nivel remunerativo”. La experiencia de estas “promociones dentro del mismo nivel
de carrera” (que en el Sistema de Remuneraciones de Naciones Unidas se denomina
“pasos”) valdría la pena recuperarla, como incentivo ligado a las evaluaciones
anuales de desempeño, sobre todo en los casos de carreras de pocos niveles.
El 12 de julio de 1979 se aprobó la nueva Constitución elaborada por el Congreso Constituyente. Ella contiene Capítulos específicos sobre el trabajo y sobre la Función Pública. En este último establece que “Los funciones y servidores públicos están al servicio de la Nación”, que “La ley regula lo relativo al ingreso, derechos y deberes que corresponden a los servidores públicos, así como los recursos contra las
resoluciones que los afectan”; menciona, por primera vez en un texto constitucional, la “Carrera Administrativa” y norma que “Un sistema único homologa las remuneraciones, bonificaciones y pensiones de los servidores del Estado”. En la Décimo Séptima de sus Disposiciones Generales y Transitorias “Se ratifica el Convenio 151 de la Organización Internacional de Trabajo sobre protección del derecho de sindicación y procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública”.
En 1980, por Decreto Ley 23103 (publicado el 4 de julio) se restablece el Ministerio de Justicia, al que se incorpora el Consejo Nacional del Servicio Civil.
Período 1980-1985 (Segundo Gobierno de Fernando Belaúnde)
En 1984 las normas establecidas por la Ley 11377 fueron complementadas y actualizadas por el Decreto Legislativo 276 (publicado el 24 de marzo), “Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público”, que, en desarrollo de la Constitución de 1979, declara que “los servidores públicos están al servicio de la Nación”; y sin derogar la Ley 11377, fija los principios de la Carrera Administrativa, su estructura por grupos ocupacionales (profesionales, técnicos y auxiliares) y niveles (14); normas de ingreso y ascenso (por concurso); crea el autónomo Tribunal del Servicio Civil (en remplazo del Consejo Nacional del Servicio Civil) y Consejos Regionales del Servicio Civil, y reconoce los derechos colectivos sindicales y de huelga. Si bien es solamente una Ley de Bases, el Decreto Legislativo 276 es la piedra angular del actual Servicio Civil y de la Carrera Administrativa.
En las Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales de esa Ley de Bases se reconoce y legitima la existencia de regímenes especiales, dentro de la “Carrera Administrativa”:
Los funcionarios y servidores públicos comprendidos en regímenes propios de Carrera, regulados por Leyes específicas, continuarán sujetos a su régimen privativo, no obstante lo cual deben aplicárseles las normas de la presente Ley en lo que no opongan a tal régimen.
Dichos regímenes especiales fueron creados como Carreras Especiales y han evolucionado (cosa que no ha sucedido con el régimen “general” de la “Carrera
Administrativa”) a su propia manera y ritmo, a lo largo de la historia, generando así un conjunto de Carreras Públicas Civiles, como se ve en este cuadro:
1.- CARRERA MAGISTERIAL: Ley del Presidente Ramón Castilla, del 23 de febrero de 1861 que crea a Carrera Magisterial (“Que la enseñanza pública es la profesión creadora de todas las demás que existen en la sociedad; que por consiguiente los que se dedican a ella deben gozar de todos los derechos y prerrogativas que las leyes acuerdan a las carreras públicas más ilustres”; Constitución de 1920 (“Art. 54º.- El profesorado es carrera pública en los diversos órdenes de la enseñanza oficial y da derecho a los goces fijados por la ley”); Constitución de 1933 (Art. 81º); Ley 15215 del Estatuto y Escalafón del Magisterio Nacional, de 1964; Constitución de 1979 (Art. 41º); Decreto Ley 22629 (“La Carrera Pública del Maestro se establecerá en la Ley del Magisterio”), de 1979; Ley 24029 del Profesorado, de 1984 (modificada por la Ley 25212, de 1990) que sigue vigente; Constitución de 1993 (Art. 15º); Ley 28044 General de Educación (“Art. 57.- …Una ley específica establece las características de la carrera pública docente”); Ley 29062 que “modifica la Ley del Profesorado en lo relativo a la Carrera Pública Magisterial” (en evaluación para revisión).
2.- DIPLOMÁTICA: Ley 6602 de la Carrera Diplomática (promulgada el 1 de abril de 1929); Decreto Legislativo 894, (publicado el 25 de diciembre de 1996) Ley del Servicio Diplomático de la República; Ley 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República (publicada el 19 de octubre del 2003), modificada (en algunos artículos) por la Ley 29318 (publicada el 20 de enero del 2009)
3.- DE LOS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO: Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, publicada el 18 de marzo de 1981.
4.- DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD: Ley 23536, publicada el 25 de diciembre de 1982, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la Carrera de los Profesionales de la Salud. Ley 23728, publicada el 15 de diciembre de 1983, que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud que prestan servicios asistenciales y administrativos en el Sector Público, bajo el régimen de la Ley 11377.
5.- DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: Ley 23733, Ley Universitaria, publicada el 17 de diciembre de 1983, y modificatorias.
6.- JUDICIAL: Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
aprobado por el Decreto Supremo 017-93-JUS, publicado el 2 de junio de 1993, Sección Quinta “La Carrera Judicial”. Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial (publicada el 7 de noviembre del 2008); modificada por la Ley 29354 (publicada el 7 de mayo del 2009).
También el Decreto Legislativo 276 normó el proceso de la incorporación del personal en servicio, al régimen genérico de la nueva Carrera Administrativa:
Los servidores públicos en actual servicio serán incorporados a la Carrera
Administrativa, en los términos de la presente Ley, en un proceso gradual que
tome en cuenta los títulos adquiridos, los estudios realizados, la experiencia
reconocida, la evaluación de la actividad laboral, el cargo que desempeña y el
tiempo de servicios al Estado.
Período 1985-1990 (Gobierno de Alan García)
En 1989 la Ley del Instituto Nacional de Administración Pública (Decreto Legislativo 534, publicado el 15 de setiembre) otorga en su artículo 4º. al INAP competencia en materia de: “a) Carreras Públicas, remuneraciones, pensiones y responsabilidades”. El Jefe del INAP “Tiene categoría equivalente a la de Ministro de Estado y asiste con voz a las sesiones del Consejo de Ministros”
En 1990 se aprobó el Reglamento General del Decreto Legislativo 276, por el Decreto Supremo 005-90-PCM, publicado el 18 de enero.
Período 1990-1995 (Gobierno de Alberto Fujimori)
En 1992, el Decreto Ley 25548 (publicado el 14 de junio), ordena se desactive el Instituto Nacional de Planificación.
En 1993 la vigente Constitución, en su Título I “De la Persona y de la Sociedad”, incluye un Capítulo IV “De la Función Pública”, y un artículo que, en términos equivalentes a la Constitución de 1979, se refiere específicamente a la Carrera Administrativa:
Artículo 40°.- La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza.
Período 1995-2000 (Segundo Gobierno de Alberto Fujimori)
En 1995, por la Ley 26507 (publicada el 19 de julio) se declara en disolución el Instituto Nacional de Administración Pública – INAP, hasta su desactivación, y se declara en reorganización a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, hasta su adscripción al Ministerio de Trabajo y Promoción Social.
En 1996 se aprueba la Ley 26703 (publicada el 10 de diciembre), Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. Deroga la Ley 26199; el Decreto Ley No 25875; el Decreto Supremo No 253-91-EF; algunos Capítulos de la Ley No 14816; la Ley No 15257; algunos artículos de la Ley No 16360. En 1997 la Ley 26703 es modificada por la Ley 26884 (publicada el 2 de diciembre).
En 1999 se promulga la Ley 27209 (publicada el 3 de diciembre) Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. Deroga las Leyes 26703 y 26884.
Período 2000-2001 (Gobierno de Valentín Paniagua)
En 2001 se expide el Decreto Supremo 004-2001-TR que nombra una Comisión
Multisectorial encargada de estudiar la situación del personal de la Administración Pública Central. Entre las Conclusiones y Recomendaciones del Informe de la Comisión se destaca:
“7. Frente a este tratamiento desarticulado e inorgánico del personal del sector público, tanto a nivel contractual como remunerativo, la Comisión recomienda:
La formulación de un nuevo régimen de carrera administrativa para los funcionarios y profesionales en la que se mantengan los requisitos de ingreso por concurso público de oposición, que ponga el debido énfasis en la profesionalización y se otorguen garantías de permanencia, pero adecuando las normas remunerativas y sancionatorias a un esquema más acorde con sistemas modernos de relaciones laborales. Dentro del nuevo esquema, los funcionarios y trabajadores de confianza de la Alta Dirección deben ser de libre contratación y remoción, y
el personal técnico y auxiliar debiera estar sujeto a un sistema flexible de ingreso y salida, semejante al del régimen laboral de la actividad privada. La carrera debería estar orientada al sector profesional”…
Período 2001-2006 (Gobierno de Alejandro Toledo)
En el 2001, por Ley 27556 (publicada el 23 de noviembre) se autoriza la creación del Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos, en el Ministerio de Trabajo y Promoción Social.
En el 2001, por la Ley 27557 (publicada el 23 de noviembre) se restablece las modalidades de desplazamiento de personal de la Administración Pública previstas en el Decreto Supremo 005-90-PCM.
En el 2001 se aprueba la Ley 27588 (publicada el 13 de diciembre) que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos.
En el 2001 se promulga la Ley 27594 (publicada el 14 de diciembre) que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de Funcionarios Públicos.
En el 2002 se publica (el 30 de enero) la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, una de cuyas principales acciones es: “la revalorización
de la Carrera Pública”. En la Cuarta de sus Disposiciones Complementarias y Finales dispone que el Poder Ejecutivo remita al Congreso de la República un
Proyecto de nueva Ley de Carrera Pública. Su Reglamento fue aprobado por el
Decreto Supremo 030-2002-PCM.
En el 2002, por la Ley 27680 (publicada el 7 de marzo) de reforma constitucional, se modifica el Capítulo XVI “De la Descentralización”, del Título IV “De la Estructura del Estado”, de la Constitución; no se incluye disposiciones relativas a la Carrera Administrativa. Se da así inicio a los procesos de Descentralización y de Regionalización, actualmente en curso.
En julio del 2002 el Acuerdo Nacional fijó como Gran Objetivo un “Estado Eficiente,
Transparente y Descentralizado”, “al servicio de las personas”, “que fomente la
participación ciudadana y respete la autonomía de las organizaciones sociales”,
“que faciliten el control ciudadano, erradicando toda forma de corrupción o de
utilización proselitista del Estado”, “mediante la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública”:
“Acuerdo Nacional. Vigésima Cuarta Política de Estado “Afirmación de un Estado eficiente y transparente”:
… Con este objetivo el Estado: … (h) revalorará y fortalecerá la carrera pública promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y solvencia moral”.
En el 2002 se promulga la Ley 27815 (publicada el 13 de agosto) que aprueba el Código de Ética de la Función Pública.
En 2004 la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público (publicada el 29 de febrero) establece la clasificación del “personal del empleo público”; aprueba normas de acceso y gestión del empleo y de deberes y derechos de los empleados públicos; crea el Consejo Superior del Empleo Público y el Tribunal del Empleo Público. Su clasificación del personal del empleo público, actualmente vigente, es la
– Empleado de Confianza
– Servidor Público: (incluido en la “Ley de Carrera del Servidor Público”):
a) Directivo Superior: “desarrolla funciones administrativas relativas a la dirección de un órgano, programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la elaboración de políticas de actuación administrativa y la colaboración en la formulación de políticas de gobierno. A este grupo se ingresa por concurso de méritos y capacidades de los servidores ejecutivos y especialistas, su porcentaje no excederá del 10% del total de empleados de la entidad. La ineficiencia en este cargo da lugar al regreso a su grupo ocupacional. Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo anterior puede ser designada o removida libremente por el titular de la entidad”.
b) Ejecutivo: “desarrolla funciones administrativas, entiéndese por ellas al ejercicio de autoridad, de atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría legal preceptiva, supervisión, fiscalización, auditoría y, en general, aquellas que requieren la garantía de actuación administrativa objetiva, imparcial e independiente a las personas. Conforman un grupo ocupacional”.
c) Especialista: “que desempeña labores de ejecución de servicios públicos. No ejerce función administrativa. Conforman un grupo ocupacional”.
d) De apoyo: “que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o complemento. Conforman un grupo ocupacional”.
En las Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales de la Ley 28175 del Empleo Público se ordena:
1.- Ley de la Carrera del Servidor Público.
2.- Ley de los funcionarios públicos y empleados de confianza.
3.- Ley del sistema de remuneraciones del empleo público.
4.- Ley de gestión del empleo público.
5.- Ley de incompatibilidades y responsabilidades.
El Poder Ejecutivo cumplió (tardíamente) con enviar esos proyectos al Poder Legislativo; pero siete años después de publicada la Ley Marco del Empleo Público, ninguno de esos proyectos se ha convertido en Ley. Los proyectos pueden consultarse en el portal de la Presidencia del Consejo de Ministros:
http://www.pcm.gob.pe/InformacionGral/sgp/2005/proyecto_ley_empleo_publico/proyecto_ley_empleo_publico.htm
En el 2004 se aprueba la Ley 28212 (publicada el 27 de abril) de desarrollo del artículo 39 de la Constitución, que se refiere a la jerarquía y remuneración de los altos funcionarios y autoridades del Estado.
En el 2004 se aprueba la Ley 28411 (publicada el 8 de diciembre), Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En sus Disposiciones Transitorias establece un conjunto de normas “de cumplimiento hasta la implementación de las normas que regulen el Sistema de Remuneraciones del Empleo Público, conforme a lo dispuesto en la Ley Marco del Empleo Público – Ley 28175 y la Ley que desarrolla el artículo 39 de la Constitución Política en lo que se refiere a la jerarquía y remuneraciones
de los altos funcionarios y autoridades del Estado – Ley 28212”. Dichas normas se refieren: a los Presupuestos Analíticos de Personal – PAP; al Cuadro de Asignación de Personal – CAP; a la Planilla Única de Pagos – PUP; al Pago de Remuneraciones, Bonificaciones, Asignaciones, Otros Beneficios y Pensiones (“Las escalas remunerativas y beneficios de toda índole, así como los reajustes … se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas a propuesta del Titular del Sector”). Regula también “las transferencias de fondos públicos al CAFAE, en el marco de los Decretos Supremos números 062-97-EF y 025-93-PCM y el Decreto de Urgencia 088 – 2001”, para el financiamiento de Incentivos Laborales; fuera de los beneficios contemplados en el Plan Anual del CAFAE que “se financian, íntegramente, con cargo a los recursos propios del CAFAE provenientes de los descuentos por tardanza o inasistencia al centro de
labores, donaciones y legados, rentas generadas por los activos propios y/o
bajo su administración, e ingresos que obtengan por actividades y/o servicios”.
Deroga la Ley 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas (el único Ministerio que figura en el texto constitucional) se refuerza como rector de varios Sistemas Administrativos.
En 2005 se crean el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, por la Ley 28522 (publicada el 25 de mayo); pero no fueron implementados, a pesar de que se aprobó su Reglamento de Organización y Funciones, por el Decreto Supremo 054-2005-PCM (publicado el 28 de julio de 2005) y que se le consignaron créditos para su funcionamiento en los sucesivos Presupuestos de la República.
En 2005 el Poder Ejecutivo remite al Congreso el texto y la exposición de motivos del Proyecto No. 1 “Ley de Carrera del Servidor Público”, elaborada con sujeción a la Constitución de 1993 y a la Ley del Empleo Público:
http://www.pcm.gob.pe/InformacionGral/sgp/2005/proyecto_ley_empleo_publico/PyLeyCarreradelServidorPublico.pdf
El Proyecto fija como criterios básicos: “desempeño”, “igualdad de oportunidades” y “desarrollo continuo de los servidores”. Da prevalencia a las normas propias de las “carreras especiales” (“Las normas de la presente Ley son aplicables como régimen general a todos los servidores públicos comprendidos en regímenes especiales de carrera administrativa creadas por Ley, salvo en los casos que contravengan disposiciones específicas propias de la estructura de dichas carreras”). Estructura la Carrera en cuatro grupos ocupacionales y en diez niveles profesionales escalonados (“a cada nivel profesional, le es inherente, un grupo de cargos compatibles con el
nivel respectivo”). Establece los derechos individuales y colectivos del personal en Carrera; las normas de las negociaciones y pactos colectivos, y sus obligaciones. Se establecen también las atribuciones correspondientes del Consejo Superior del Empleo Público y del Tribunal del Empleo Público respecto a la Carrera Administrativa. Fija las normas de ingreso y nombramiento (incluyendo un
período de prueba e inducción); sobre el desarrollo profesional y la progresión
en la Carrera; acerca de los concursos, y la capacitación. Crea la Escuela
Nacional de Administración Pública como ente rector de las actividades de
capacitación del Sector Público. Norma la evaluación del desempeño en la
Carrera, premios y sanciones, y el término de la Carrera. Crea un Subsistema de
Alta Gerencia Pública. Crea el Tribunal del Empleo Público. Como crítica
general debe señalarse que el Proyecto es muy extenso, desborda las normas
generales propias de la Carrera Administrativa al entrar en detalles propios
del Estatuto de un régimen laboral y subordina el régimen general a las normas
de los regímenes especiales. Es importante incluir aquí la lista de las disposiciones
que el Proyecto propone derogar expresamente:
Ley Nº 11377, Estatuto y Escalafón del Servicio Civil.
Decreto Supremo Nº 522, Reglamento del Estatuto y Escalafón del Servicio Civil.
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Ley Nº 24241.
Ley Nº 27674.
Decreto Ley Nº 22867.
Decreto Ley No. 17297 y el Decreto Supremo. No. 064-2003-PCM.
Decreto Supremo Nº 018-85-PCM, Reglamento inicial del Decreto Legislativo No. 276, Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa.
Decreto Supremo Nº 001-77-PM-INAP, Normas sobre Procesos Técnicos de Personal.
Decreto Supremo Nº 057-86-PCM.
Decreto Supremo Nº 022-90-PCM.
Decreto Supremo Nº 017-96-PCM.
Decreto Supremo Nº 052-98-PCM.
Decreto Supremo Nº 089-2003-PCM.
R. J. Nº 052-80-INAP-DNP, que aprueba las Normas del Sistema de Personal.
Las Normas Técnicas de Control Interno Nº 400-02, 400-03, 400-04, 700-03 y 700-09 aprobadas por la Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG y sus modificatorias.
Período 2006-2011 (Segundo Gobierno de Alan García)
En 2006 la Ley 28939 (publicada el 22 de diciembre) crea, como Actividad del Ministerio de Economía y Finanzas, el “Fondo para el Fortalecimiento del Capital Humano”.
En 2008 la Ley 29244 (publicada el 18 de junio) establece la implementación y el funcionamiento del “Fondo para el Fortalecimiento del Capital Humano”.
En 2008 se publica (21 de junio) el Decreto Legislativo 1023 que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) como Organismo Técnico Especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, rectora del sistema administrativo de gestión de recursos humanos (sistema creado por la Ley 29158 Orgánica del Poder Ejecutivo). No se modifica las normas de Carrera, si bien se reconoce que la gestión de personal “comprende a los regímenes de carrera”; pero esas competencias no son explícitas en el actual marco legal de SERVIR, pues el Decreto Legislativo 1023 entre las atribuciones normativas de SERVIR solamente hace una referencia a “políticas de ascenso” (en el artículo 12), y en el artículo 17 señala, al referirse al Tribunal del Servicio Civil, que “Conoce recursos de apelación en materia de: (…) c) “evaluación y progresión en la carrera”. Entre las funciones de la Autoridad destacan: “Proponer la política remunerativa, que incluye la aplicación de incentivos monetarios y no monetarios vinculados al rendimiento” y “Administrar el Registro Nacional de Personal del Servicio Civil” En la Tercera de sus Disposiciones Complementarias y Finales se anuncia una nueva “Ley del Servicio Civil”
En la misma fecha se publica el Decreto Legislativo 1024 que crea y regula el “Cuerpo de Gerentes Públicos”, al que se incorporarán profesionales calificados para altos puestos de dirección y gerencia en la Administración Pública, y define para ellos un régimen laboral y un sistema de remuneraciones propios. Llama la atención la Quinta de las Disposiciones Complementarias Finales que dispone: “Progresivamente, el financiamiento del sistema creado por el Decreto Ley 25650 será asignado al financiamiento del Cuerpo de Gerentes Públicos”, ya que en dicho Decreto Ley (publicado el 12 de agosto de 1992) se crea el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público, “destinado a compensar adecuadamente el asesoramiento calificado que se brinde a las diferentes reparticiones del Estado” que “permitirá
financiar los gastos de personal que preste servicios técnicos y profesionales
altamente calificados de carácter temporal”.
También se publica en la misma fecha el Decreto Legislativo 1025 que “establece
las reglas para la capacitación y para la evaluación del personal al servicio del Estado, como parte del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos”. En la Primera de sus Disposiciones Complementarias Modificatorias modifica la finalidad del “Fondo para el Fortalecimiento del Capital Humano”, precisando que …“es el fortalecimiento del capital humano de las entidades públicas, especialmente en la promoción de un programa de financiamiento de becas que permitan realizar estudios de postgrado conducentes a la obtención de un grado académico en universidades nacionales y del extranjero, previamente acreditadas, para la mejora permanente de la calidad del servicio civil a través de la capacitación, a efectos de incrementar el nivel del servicio al ciudadano”. Y, paradójicamente, en su Única Disposición Complementaria Modificatoria, deroga el Decreto Ley 17726 que crea la Escuela Superior de Administración Pública, “asumiendo la Autoridad las
funciones y atribuciones de la Escuela Superior de la Administración Pública –ESAP”, quebrándose así una línea de trabajo, de profesionalización de la
Administración Pública, cuyo primer antecedente histórico tuvo lugar en el Perú
en 1872, cuando por Ley del Presidente Manuel Pardo y Lavalle se crea la
Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, a propuesta del Dr. Pablo Pradier-Foderé, su primer
Los Decretos Legislativos 1023, 1024 y 1025 fueron promulgados en uso de las facultades legislativas delegadas mediante la Ley 29157; el Poder Ejecutivo pudo haber utilizado dichas facultades para promulgar, entre otras, la “Ley de la Carrera del Servidor Público”, dispuesta por la Ley Marco del Empleo Público; pero no lo hizo.
En el mismo 2008 el Decreto Legislativo 1088 (publicado el 28 de junio) deroga la Ley 28522 y reformula el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, “orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho”
En 2010 SERVIR formula el TUO “Texto único ordenado de la normativa del Servicio Civil”, aprobado mediante el Decreto Supremo 007-2010-PCM (publicado el 14 de enero), integrando las normas del Decreto Legislativo 276, sus modificatorias y ampliatorias. Tal título resulta en realidad excesivo, pues hay muchas otras normas legales que desarrollan la Función Pública que establece la Constitución en su Título I, Capítulo IV “De la Función Pública”; asimismo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948 y en los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Perú, como es el caso del “Convenio número 151 DE LA O.I.T. sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración Pública”.
El referido “Texto único ordenado de la normativa del Servicio Civil” norma la “Carrera Administrativa” en su TÍTULO III “DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA”, sus artículos del 52 al 67, contenidos en su CAPÍTULO I “GENERALIDADES”; su CAPÍTULO II “DE LA ESTRUCTURA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA”; su CAPÍTULO III “DEL INGRESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA”; su CAPÍTULO IV “DEL ASCENSO EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA” y su CAPÍTULO V “TÉRMINO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA”.
En 2010, en la Ley 29626 (publicada el 9 de diciembre), Ley del Presupuesto de la República, en sus Disposiciones Complementarias Finales dispone:
“VIGÉSIMA QUINTA.- Constitúyese una comisión evaluadora de la situación de los incentivos laborales CAFAE a nivel del sector público, con el objeto de proponer dentro de ciento ochenta (180) días un proyecto de ley, debidamente financiado, del ordenamiento de los incentivos laborales, que se otorgan a los servidores y funcionarios públicos en los gobiernos regionales, el mismo que será aplicable de manera progresiva y ordenada, en el marco de las leyes anuales de presupuesto del sector público. El proyecto tendrá en cuenta los principios constitucionales de equilibrio y programación presupuestaria, las reglas macrofiscales y las reglas para la estabilidad presupuestaria para cada año fiscal. Asimismo, la propuesta de la comisión incluirá los proyectos de escalas de incentivos laborales CAFAE, los cuales se sujetan a las disposiciones legales vigentes y tendrán en cuenta las funciones sectoriales, ámbito de competencia y nivel remunerativo correspondiente, sujeto a las disposiciones legales vigentes, debiendo considerar aquellos casos en donde el personal percibe menores montos por dicho concepto”.
Período 2011-2016 (Gobierno de Ollanta Humala)
Del Proceso de Elecciones Presidenciales del 2011 podemos destacar las propuestas del nuevo gobierno contenidas en los tres documentos públicos más importantes, en los aspectos relacionados con la Función Pública y con la Carrera Administrativa. (Extractos más relevantes).
Propuestas en el Plan de Gobierno 2011-2016 del Partido Nacionalista Peruano. (Presentado al Jurado Nacional de Elecciones, antes de la Primera Vuelta de las Elecciones Presidenciales)
En el subcapítulo 1.3.3, “Las propuestas para la Gran Transformación del país”:
“Moralizando la política bloquearemos la corrupción. Dirigiremos una cruzada nacional para sancionar a los corruptos, a los funcionarios que roban, para recuperar la autoestima nacional. La conducta de los políticos, de los funcionarios públicos y de los contratistas del Estado debe guiarse por el objetivo de bienestar de
todos. La lucha anticorrupción debe ser parte de un contrato social para construir en paz la nación”.
En el Capítulo 2 “Construir Nación y un Estado pluricultural:
“6. El Estado peruano necesita establecer e institucionalizar la carrera pública de
los funcionarios del Estado e impulsar el desarrollo de una eficiente gerencia
pública para que realicen una gestión de calidad”.
En el subcapítulo 2.2 “Una nueva República Democrática, Pluricultural y Descentralizada”:
“Que las más altas autoridades políticas y funcionarios del Estado nacional (civiles
y militares) tengan conocimientos básicos de los idiomas y de las diversas
culturas existentes en el país”.
“Es indudable que existen serias limitaciones para la formulación y ejecución de
proyectos de inversión en los gobiernos subnacionales. La respuesta centralista
del sistema del SNIP ha sido recortar al máximo la capacidad de decisión al
respecto. Es un absurdo. La única forma de optimizar el uso de los recursos de
inversión de las regiones y municipios es que su amplia capacidad de decisión
sea acompañada de asistencia técnica para la formación de sus respectivas
oficinas de inversión, de capacitación del personal de carrera pública especializada y de seguimiento con indicadores de desempeño en una autorregulación asistida y constante, en concursos de proyectos, coparticipación y otras modalidades. La recentralización del Estado se opone a todo esto”.
En el subcapítulo 2.5.1, “Reforma Judicial”:
“Se impulsará una nueva carrera judicial”
“Se convocará a concurso nacional para los niveles iniciales de la Carrera Judicial
(secretarios y jueces de paz letrados), entre los graduandos que ocupen los
primeros lugares en las facultades de Derecho de las universidades del país”.
En el subcapítulo 2.5.2, “Reforma del Poder Ejecutivo”:
“Se modificará la escala de remuneraciones del sector Público. Esta fijará un tope
máximo, que será la remuneración que percibirá, por todo concepto, el presidente de la República. Ningún funcionario público percibirá una remuneración superior a dicha cifra”.
En el subcapítulo 2.6, “Cruzada nacional contra la corrupción y para moralizar la política”
“La lucha contra la corrupción será preventiva y la ley será aplicada con rigor
para sancionar actos de corrupción. Todos los funcionarios públicos estarán
afectos a la presentación de declaraciones juradas de patrimonio e ingresos”.
“La imprescriptibilidad de los delitos en agravio del Estado e inhabilitación a
perpetuidad contra sus autores o cómplices para el ejercicio futuro de
cualquier función pública”.
“Regulación o eliminación de los beneficios penitenciarios a los que cometan ilícito de corrupción de funcionarios, con el objetivo de evitar las corruptelas de convertir en teóricas las condenas penales y dejar al libre albedrío a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario”.
En el Capítulo 4.1, “La nacionalización de actividades estratégicas”:
“Este gobierno, en su continuismo neoliberal, ha impuesto un ilegal marco normativo de privatización desnacionalizadora. Anula las potestades de políticas
públicas, de soberanía, de las empresas estatales reduciéndolas a sociedades
mercantiles para saquearlas y privatizarlas. Excluyen a las empresas estatales
de ser titulares de los bienes de dominio y de uso público (en puertos, gestión
del agua, aeropuertos, servicios, electricidad, etc.). Las privatiza, obligando
a ofertar acciones en bolsa desde un mínimo de 20% hasta el total. Abre la
venta total de las empresas estatales a través del «aporte de capital» privado
a su vida empresarial. Traba la carrera de servidores públicos en ellas, para
imponer a los representantes privados en sus directorios, mientras diseña
Fonafe como holding burocrático privatizado, sujeto al poder económico. Ahoga
las empresas estatales de los gobiernos regionales y municipales”.
En el subcapítulo 4.4.2, “Propuestas de políticas en mejoramiento de ingresos”:
“Revisar la política de remuneraciones del Estado, buscando mejorar los actuales bajos niveles de remuneraciones de maestros, personal de salud y fuerzas policiales. Propiciar la unificación de escalas y eliminar gradualmente los denominados contratos por servicios no personales”.
En el subcapítulo 4.6.2, “La situación de la ciencia, tecnología e innovación”:
“La administración de la política científica y tecnológica pública está en manos de
científicos peruanos que están dedicados a la investigación básica pero que tienen poco conocimiento de las interacciones requeridas para transferir los resultados de la investigación básica al sector productivo. A nivel institucional, los institutos tecnológicos y de investigación públicos creados durante la década de los años setenta y ochenta (IMARPE, INIA, INGEMET, INEN, INICTEL, etc.) con el objetivo de proveer soporte a las ramas industriales, se han vuelto instituciones burocratizadas y vegetativas, salvo alguna excepción.
La liberalización de la economía, la privatización de las empresas públicas y
la desaparición de los planes de desarrollo industrial, les quitaron piso e
hicieron perder el paso acerca de su función. No existe tampoco una carrera del
funcionario investigador público que premie el mérito e incentive a los
investigadores, lo cual retendría a los mejores y más productivos”.
En el subcapítulo 4.6.4, “Creación de conocimientos e investigación y desarrollo”:
“Crear las condiciones organizacionales y económicas que permitan la creación de la carrera del funcionario investigador público y su respeto y apreciación por la
ciudadanía en general. Una especie de patricio dedicado al engrandecimiento de
la patria, que ve recompensado sus esfuerzos y crece de acuerdo al mérito y su
En el subcapítulo 4.6.6, “Habrá un Ministerio con competencias en ciencia, tecnología e innovación”:
“Establecer, la carrera de ciencia y tecnología, las ramas de investigación, de tecnología y de gestión, respectivamente. Para lograr instituciones científicas y
tecnológicas competitivas a nivel internacional, en esa Ley debe asegurarse
ingresos remunerativos igualmente competitivos a nivel internacional”.
“Seleccionar por concurso, mediante la Ley de la Carrera de Ciencia y Tecnología, profesores investigadores de universidades privadas o estatales que deseen dedicarse a la investigación en la Universidad, en colaboración con los OPIs y la Empresa”.
“Fortalecer el sistema de becas de posgrado, priorizando las carreras de ciencia y
tecnología que se llevan en el extranjero”.
Propuestas en la “Carta de Ollanta Humala de Compromiso con el Pueblo Peruano”. (Leída públicamente el 29 de marzo del 2011, antes de la Primera Vuelta de las Elecciones Presidenciales)
“Esta inclusión social implica que el Estado sirva como promotor no solo del
crecimiento, sino también del progreso social. Priorizando educación y salud,
mejorando las condiciones de trabajo y de estudio de la población. Invirtiendo
en infraestructura, en escuelas, en postas médicas, en Cunas y mejorando el
salario básico. Un Estado que utiliza sus recursos para ayudar a regularizar la
informalidad, que ofrece crédito ventajoso para los pequeños y medianos
empresarios y que facilita el espíritu emprendedor del peruano que desea abrir
su negocio y prosperar”.
“Esto exige comenzar por restablecer los principios de la ética pública combatiendo
la corrupción y el despilfarro del dinero público”.
Propuestas en los “Lineamientos Centrales de Política Económica y Social para un Gobierno de Concertación Nacional”. (Presentados públicamente el 13 de mayo del 2011, antes de la Segunda Vuelta de las Elecciones Presidenciales)
“Implementar de la reforma de la carrera de servicio civil de la administración pública basada en la meritocracia y remuneraciones adecuadas”.
“Creación de una Escuela Nacional de Administración Pública como responsable de la formación y capacitación de los funcionarios públicos de la administración de
Anuncios y decisiones formales del nuevo gobierno:
En el Discurso del Presidente Ollanta Humala ante el Congreso, el 28 de julio del 2011,
“Nuestra administración será un gobierno para todos”.
“Las características de este gobierno pueden resumirse en los siguientes términos:
reforma, democracia, libertades, inclusión, redistribución, crecimiento, paz con justicia, seguridad, descentralización, transparencia, soberanía y concertación”.
“Nuestra voluntad no es la de copiar modelos, queremos, como Basadre que el Perú deje de ser el espacio problemático que era y sigue siendo, queremos para ello
construir un camino propio, un modelo peruano de crecimiento con estabilidad,
democracia e inclusión social. Tomaremos como ejemplo lo bueno de otras
experiencias, pero como decía el amauta José Carlos Mariátegui, no habrá calco
ni copia sino creación heroica”.
“Esto implica que el Estado sirva como promotor no solo del crecimiento, sino también del progreso social. Priorizando educación, salud y nutrición infantil,
mejorando las condiciones de trabajo, particularmente los CAS y Servicios No
Personales. Invirtiendo en infraestructura, en escuelas, en postas médicas, en
Cunas y mejorando el salario básico”.
“La corrupción es para nosotros un elemento que debilita al Estado y afecta su desarrollo. Es, por lo tanto, un problema de seguridad. En tal sentido, defiendo la
imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en agravio del Estado y la
inhabilitación a perpetuidad contra sus autores o cómplices para el ejercicio
futuro de cualquier función pública; propongo la supresión de las penas
condicionales en las condenas por corrupción para que la prisión se cumpla de
manera efectiva; y defiendo la eliminación de los beneficios penitenciarios en
los casos de corrupción”.
En la Exposición del Presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso, el 25 de agosto del 2011
“Nuestro modelo de crecimiento con inclusión social en democracia supone una reforma profunda y gradual del Estado, de sus relaciones con la sociedad y una reforma política”
“Sobre la base de SERVIR vamos a institucionalizar el Centro Nacional del Empleo
Público en el Ministerio de Trabajo, con la finalidad de ordenar los múltiples
regímenes públicos y propiciando la creación del servicio civil basado en
meritocracia”.
“Propondremos a través de iniciativas legislativas la ampliación de la presencia femenina en la representación política nacional, regional y municipal y los cargos de la administración pública, así como en los espacios de representación de
democracia participativa”.
“Las 1,320 redes para las escuelas rurales propuestas por el Consejo Nacional de
Educación, constituirán el punto de partida de la construcción del Estado para
todos los peruanos en las zonas en donde, según el PNUD, existe una baja o nula
densidad del aparato estatal. En estas zonas, en coordinación con los gobiernos
locales y regionales, se instalará un modelo de gestión de Estado Móvil para el
“Al equipo de acompañamiento de la red de profesores de las escuelas rurales se sumarán otros equipos encargados de organizar y coordinar los servicios estatales
móviles de la salud, la justicia, la seguridad y la nutrición que se organizarán y operarán también a través de sus respectivas redes para llegar directamente a los ciudadanos. Particular énfasis se le dará a las redes desplegadas en las fronteras”.
“Crearemos el Servicio Social Voluntario que permita que técnicos, profesionales,
estudiantes de institutos y universidades, licenciados de las fuerzas armadas y
civiles y, en general, todo ciudadano que desee contribuir voluntariamente con su experiencia y especialidad al desarrollo del país cuente con un instrumento institucional que permita cristalizar su aporte”.
“Democratización del Estado y Reforma Política.”
“El gobierno iniciará una Reforma Democrática del Estado. Nos proponemos
desprivatizar, modernizar, democratizar y gerenciar eficazmente el aparato del
Estado, organizándolo para todos los ciudadanos haciendo que funcione con eficacia, que la justicia y políticas lleguen al país, e impulsar el desarrollo de la carrera pública de calidad”.
“Adoptaremos medidas para la modernización de la Presidencia del Consejo de Ministros”.
“El gobierno impulsará la carrera pública administrativa porque el país necesita funcionarios públicos calificados, relativamente autónomos en sus decisiones y responsables”.
“Se propondrá la imprescriptibilidad de la persecución penal para los delitos de corrupción cometidos por los altos funcionarios que contempla el artículo 99º de la Constitución, y la inhabilitación perpetua para ejercer función pública para quienes delinquen dolosamente en graves casos de corrupción”.
La Carrera Administrativa fue creada en el Perú en 1950; pero su implementación y el desarrollo de sus principales disposiciones, han sufrido “recortes” (incluso de experiencias valiosas), “retrocesos” (por falta de una visión global y de largo alcance), “desatenciones” (por falta de voluntad política), “congelaciones” (habitualmente por las leyes anuales de presupuesto) y “postergaciones” (por falta de acuerdos políticos en la Presidencia del Consejo de Ministros y en el Congreso de la República),
especialmente durante las tres últimas décadas. Esto es, evidentemente, una de
las causales principales de la diversidad, el desorden y la crisis del empleo público, y del deterioro de las condiciones laborales y remunerativas de los empleados públicos, que alcanza hoy niveles tan deficientes que el Estado ocupa un alto lugar en la lista de quienes incumplen e infringen las disposiciones laborales. Históricamente tuvimos políticas y normas legales avanzadas para su tiempo, desde el año 1950, y mejoras e innovaciones importantes en su implementación en las cuatro décadas subsiguientes; no podemos decir lo mismo de los altos y bajos experimentados en las tres últimas décadas. Hoy estamos casi en los mismos niveles de subdesarrollo e insatisfacción que los oficialmente diagnosticados y reconocidos por el gobierno del año 2001, y enfrentamos impases y tensiones que, de no ser atendidas oportuna y adecuadamente, pueden convertirse en conflictos sociales de gran escala.
La Administración Pública ha crecido, se ha diversificado y ha aumentado en complejidad, afrontando serias dificultades de capacidades y de eficacia, problemas que no ha podido solucionar por déficit de voluntad política, de planificación, de racionalización, de capacitación y de financiamiento. Los procesos de descentralización y regionalización, iniciados en marzo del año 2002, y sus lentos y desequilibrados avances y retrocesos, han complicado más el ejercicio de la Función Pública y la implementación de las carreras públicas civiles, generado descoordinaciones y desigualdades entre los tres niveles de gobierno.
En la “Asociación Civil Presidente Ramón Castilla – ACPRC” se ha conformado un Grupo de Trabajo “Función Pública y Carrera Administrativa” (del cual forma parte el autor) que por varios meses estudia los temas y los problemas reseñados en este documento, y ha preparado un conjunto de Recomendaciones, ya aprobadas por el Consejo Directivo de la ACPRC, que serán transmitidas al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministro de Trabajo. Se adjunta, como colofón de esta ponencia, un resumen de dichas Recomendaciones:
ACPRC. “GRUPO FUNCIÓN PÚBLICA Y CARRERA ADMINISTRATIVA”
RESUMEN DE LA PROPUESTA DE UNA CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Implementación de los anuncios del Presidente del Consejo de Ministros en su exposición ante el pleno del Congreso (el 25 de agosto del 2011), relativos a la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y la Carrera Pública Administrativa.
Extractos pertinentes de los anuncios del Presidente del Consejo de Ministros:
(…)“Sobre la base de SERVIR vamos a institucionalizar el Centro Nacional del Empleo Público en el Ministerio de Trabajo, con la finalidad de ordenar los múltiples regímenes públicos y propiciando la creación del servicio civil basado en meritocracia”.
(…)“Adoptaremos medidas para la modernización de la Presidencia del Consejo de Ministros”
(…)“El gobierno impulsará la carrera pública administrativa porque el país necesita funcionarios públicos calificados, relativamente autónomos en sus decisiones y responsables”
I.- Que SERVIR sea inicialmente adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE
SERVIR fue creada por el Decreto Legislativo 1023 como “Organismo Técnico Especializado rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado” y por lo tanto su adscripción se puede hacer efectiva por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – LOPE. El MTPE, como responsable político, puede reorganizar a SERVIR.
II.- Que SERVIR sea la base para la pronta creación de un Viceministerio del Empleo Público.
Para ello se modificaría la Ley de Organización y Funciones del MTPE, explicitando las competencias del Viceministerio del Empleo Público, en materias tales como:
a) El “Texto único ordenado de la normativa del Servicio Civil” aprobado mediante Decreto Supremo 007-2010-PCM. Dicho TUO debería evolucionar ampliándose hacia un “Estatuto de la Función Pública”, como ley de desarrollo del Título I, Capítulo IV “De la Función Pública”, de la Constitución Política del Perú, concordado con la normatividad de los procesos de modernización de la gestión del Estado, de descentralización y regionalización, y de implementación de la LOPE, e incluyendo las normas generales de las Carreras Públicas.
b) Las Carreras Públicas Civiles existentes (Magisterial, Diplomática, de los
Profesionales de la Salud, de la Docencia Universitaria, Judicial) y por crear,
entre éstas, la “Carrera Administrativa” que contempla el artículo 40 de la
vigente Constitución Política del Perú;
c) La implementación de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público y sus leyes de desarrollo pendientes; y
d) La “Creación de una Escuela Nacional de Administración Pública como responsable de la formación y capacitación de los funcionarios públicos de la administración de los tres niveles de gobierno”, propuesta contemplada en los “Lineamientos Centrales de Política Económica y Social para un Gobierno de Concertación Nacional” (Hoja de Ruta anunciada al país el 13 de mayo pasado).
III.- Que el Viceministerio del Empleo Público sirva de base para la creación de un futuro Ministerio de la Función Pública.
Para ello se modificaría la LOPE, previa promulgación de la Ley del Estatuto de la Función Pública. El Ministerio de la Función Pública daría un nuevo impulso a la Reforma del Estado y la Modernización de la Administración Pública, asumiendo en su Ley de Organización y Funciones, responsabilidades políticas en relación con:
a) Los Capítulos “De la Función Pública” y “De la Descentralización” de la
b) El Convenio número 151 DE LA O.I.T. sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la
c) El Decreto-Ley 11377, el Decreto Legislativo 276, la Ley 28175 y los Decretos
d) La Ley 26300 de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos;
e) La Ley Nº 26771 que establece la prohibición de ejercer la facultad de
f) La Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General:
g) La Ley Nº 27482 que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado;
h) La Ley Nº 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de
funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual;
i) La Ley Nº 27594 que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos;
j) La Ley 27658 Marco de Modernización de la Gestión del Estado:
k) La Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública:
l) La Ley 27815 del Código de Ética de la Función Pública:
m) La Ley 28024 que Regula la Gestión de Intereses en la Administración Pública:
IV.- Que la Carrera Administrativa (General) se norme en una ley específica.
La “Carrera Administrativa” que contempla el artículo 40 de la vigente Constitución Política y la “Ley de la Carrera Administrativa del Servidor Público” que ordena
la Ley Marco del Empleo Público en la Segunda de sus Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales, debería desarrollarse en una ley específica de la “Carrera Administrativa General”, como es el caso de las otras carreras públicas civiles que, con sujeción a la normatividad general (que se desarrollará en el Estatuto de la Función Pública), tienen regímenes especiales fijados por ley específica.
V.- Que se realice estudios especiales sobre condiciones laborales, remuneraciones y pensiones del personal del Servicio Civil.
Se requiere estudios complementarios sobre la homologación de los regímenes y sistemas relativos a las condiciones laborales, a las remuneraciones y a las pensiones del personal del Servicio Civil en general y de las carreras públicas civiles en particular, incluyendo la normatividad general de la “Carrera Administrativa” y las normas de las Carreras Públicas Civiles que tienen regímenes especiales; además, sobre su tratamiento en el Presupuesto General de la República y en el proceso de descentralización.
Una respuesta a 20111026.CARLOS MALPICA FAUSTOR PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA
CIRO YARUPAITAN PERALTA dijo:
2015/11/07 en 10:44
Excelente resumen de la historia de la administración pública

References: artículo 123
 artículo 10
 artículo 4

Artículo 40
 artículo 39
 artículo 39
 Resolución 
 artículo 12
 artículo 17
 artículo 99
 artículo 28
 artículo 40
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