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Timestamp: 2018-01-23 12:41:42+00:00

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Publicado en BOC núm. 117 de 19 de Junio de 2009
La Orden de 7 de julio de 2004, de la Consejería de Economía y Hacienda estableció la cuantía de las deudas para cuyo aplazamiento o fraccionamiento no se exige garantía. El límite exento que fijaba la Orden de 7 de julio de 2.004 para la prestación de garantías en relación con aquellas deudas para cuyo pago se solicitase aplazamiento o fraccionamiento en los términos y plazos estipulados en su dispositivo segundo, era de 6.000 Euros.
Considerando el tiempo transcurrido desde la publicación de la Orden de 7 de Julio de 2.004 y la actual situación económica, resulta necesaria la actualización del importe de 6.000 Euros establecido por la mencionada Orden de 7 de julio de 2.004 con el objetivo de mantener la finalidad última de la exención prevista de aportación de garantías, que no es sólo la agilización del procedimiento de gestión de tales solicitudes, sino también otorgar facilidades al contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones ante la Hacienda Pública autonómica, cuando se encuentre ante una situación transitoria de iliquidez.
En materia de aplazamiento o fraccionamiento de deudas la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, establece en su artículo 13:
«1. Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de los derechos de naturaleza pública debidos a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma en los términos que reglamentariamente se determinen.
a) Cuando la deuda sea de cuantía inferior a la cifrada por la Consejería competente en materia de Hacienda.»
El precitado artículo 13 de la Ley de Cantabria 14/2006 de Finanzas de Cantabria en su apartado número dos prescribe la necesidad de regular la cuantía mínima a efectos de no exigencia de garantía en las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de dudas.
Siendo la Ley de Cantabria 14/2006 de Finanzas directamente aplicable a los tributos propios y otros derechos de naturaleza publica que constituyen la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Cantabria, queda por precisar el alcance de la dispensa regulada en la presente Orden respecto a otros ingresos de derecho publico cuya gestión y recaudación tiene atribuida la Comunidad Autónoma tales como los tributos cedidos de titularidad estatal y los tributos y otros recursos no tributarios de Entidades Locales que han delegado en la Comunidad Autónoma las facultades de gestión, recaudación e inspección de los mismos.
En cuanto a los Tributos Cedidos, el artículo 48.3 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía dispone que «En lo que se refiere al aplazamiento y fraccionamiento de pago de los tributos cedidos a que se refiere este artículo, corresponderá a cada Comunidad Autónoma la competencia para resolver de acuerdo con la normativa del Estado, incluso en el caso de autoliquidaciones que deban presentarse ante la Administración tributaria del Estado».
En el caso de dispensa de garantías en aplazamientos y fraccionamientos de deudas el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en su apartado número dos establece:
«2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de las garantías a las que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes:
a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa tributaria. Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en determinadas fases del procedimiento de recaudación.»
Por su parte, la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos habilita en su apartado numero uno al Ministro de Economía y Hacienda para establecer la cuantía por debajo de la cual no se exigirán garantías con motivo de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento del pago de deudas tributarias así como las condiciones para la dispensa total o parcial de garantías, por lo tanto, en el caso de los tributos cedidos habrá de atenderse a la normativa proveniente del Estado.
En relación con los tributos y otros recursos no tributarios de Entidades Locales, cuando las facultades de la recaudación tanto en periodo voluntario como ejecutivo hayan sido delegadas por las Entidades Locales en la Comunidad Autónoma de Cantabria, la dispensa de garantías regulada en esta Orden debe extenderse igualmente a la gestión recaudatoria de este tipo de ingresos.
Por consiguiente, el ámbito objetivo de aplicación de la presente Orden comprenderá a las deudas que tengan su origen en los tributos propios u otros recursos económicos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Cantabria y en las deudas correspondientes a los tributos y otros recursos de aquellas Entidades Locales cuya recaudación tenga encomendada la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Por todo lo expuesto, en virtud de las atribuciones del Consejero de Economía y Hacienda estipuladas en el artículo 33 f) de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y lo fijado en el artículo 112 de dicha norma,
1.- El ámbito objetivo de aplicación de la presente Orden comprenderá las deudas que tengan su origen en los tributos propios u otros recursos económicos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Cantabria y las deudas correspondientes a los tributos y otros recursos de aquellas Entidades Locales cuya gestión recaudatoria tenga encomendada la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2.- Se fija en 18.000 euros el importe máximo por el que no se exigirán garantías respecto a aquellas solicitudes de fraccionamiento y aplazamiento de pago de las deudas comprendidas en el ámbito objetivo de aplicación de esta Orden, y que se hallen tanto en periodo voluntario como ejecutivo.
3.- Cuando las deudas se encuentren en período ejecutivo de pago en el momento de la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se mantendrán las trabas existentes sobre bienes y derechos del deudor.
4.- A efectos de la determinación de la cuantía señalada en el dispositivo 2 de esta Orden, se acumularán en el momento de la solicitud, tanto las deudas a que se refiere la propia solicitud como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas.
Las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento en tramitación a la entrada en vigor de esta Orden continuaran rigiéndose por lo establecido en la normativa vigente a la fecha de presentación de la correspondiente solicitud.
A la entrada en vigor de la presente Orden quedará derogada la Orden de 7 de julio de 2004 de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se fija la cuantía de las deudas para cuyo aplazamiento o fraccionamiento no se exige garantía.

References: artículo 13
 artículo 13
 artículo 48
 artículo 82
 Real Decreto 
 artículo 33
 artículo 112