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Timestamp: 2019-11-18 04:16:59+00:00

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Recurso de reconsideracion en materia aduanera no requiere de presentación personal porque el Decreto 2150 de 1995, que eliminó esa exigencia en las actuaciones ante la administración
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RECURSO DE RECONSIDERACION - En materia aduanera no requiere de presentación personal porque el Decreto 2150 de 1995, que eliminó esa exigencia en las actuaciones ante la administración, prima por su especialidad sobre el Estatuto Aduanero / ESTATUTO ADUANERO - No tiene la categoría de código porque no fue expedido por el Congreso de la República
Frente a la contradicción existente entre el Decreto 2150 de 1995 y el Decreto 2685 de 1999, respecto del tema específico de la exigencia de presentación personal de los recursos en la vía gubernativa, la Sala considera que el presente caso no se puede resolver solamente con la aplicación del criterio de la jerarquía normativa, como se propone en la demanda, sino que es necesario combinar este criterio con el de la especialidad de cada una de las normas involucradas, esto es, decreto de ley marco y decreto ley. El tema específico de la presentación personal de los recursos en la vía gubernativa no es de aquellos aspectos centrales de la ley marco de aduanas ni de los decretos que expida el presidente de la República en desarrollo de dicha ley. La presentación personal de los recursos en la vía gubernativa es un aspecto propio de las actuaciones administrativas que se implementó en el Decreto 01 de 1984, y que se retomó en estatutos como el aduanero y el tributario. El Decreto ley 2150 de 1995, que se expidió con el propósito de simplificar los trámites ante toda la administración pública, señaló que no podía exigirse la presentación personal como requisito para el estudio de los recursos como una regla de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Estado, en procura de prestar un mejor servicio de atención a los usuarios de la función administrativa. En ese contexto, entonces, prima, por su especialidad, el Decreto Ley 2150 de 1995. De otra parte, conviene agregar que el Decreto 2150 de 1995 prohibió la exigencia de presentación personal en las actuaciones que se adelanten ante la Administración, pero hizo la salvedad de aquellas presentaciones personales previstas en los códigos. Aunque no existe una definición legal del término “código”, lo cierto es que a partir de la expedición de la Constitución de 1991, solamente el Congreso de la República puede expedir códigos. Así lo establece el numeral 2 del artículo 150 de la Constitución Política, que contempla como función del Congreso la de expedir códigos en todos los ramos de la legislación, norma que se debe armonizar con lo dispuesto en el numeral 10 del mismo artículo 150, que prohíbe de manera expresa que el Congreso le dé facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir códigos. En otras palabras, como bien lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-340 de 2006, en virtud del principio de libertad de configuración legislativa, es el Congreso de la República el que tiene la potestad de determinar cuándo una ley que regule de manera integral y sistemática una materia determinada, tiene la naturaleza de “código”. Pero es evidente que el Decreto 2685 de 1999, conocido como Estatuto Aduanero, no puede pertenecer a esa categoría, ya que no fue expedido por el Congreso de la República. En consecuencia, no se está en presencia de la excepción a la regla establecida en el artículo 33 del Decreto 2150 de 1995.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2150 DE 1995 - ARTICULO 33 / DECRETO 2685 DE 1999 - ARTICULO 516
NOTA DE RELATORIA: La síntesis del asunto es la siguiente: Almacenes Generales de Depósito Mercantil S.A. ALMACENAR pidió la nulidad de unas liquidaciones oficiales de corrección, de los actos que rechazaron los recursos de reconsideración que interpuso contra aquéllas -porque no se presentaron en forma personal-, y de los actos que rechazaron los recursos de queja que formuló contra las resoluciones de rechazo de la reconsideración. La Sala revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto anuló los actos que rechazaron los recursos de reconsideración y la confirmó respecto de la denegación de las demás pretensiones de la demanda. Lo anterior, porque concluyó que si bien, en materia aduanera, dicho recurso no requiere de presentación personal, lo cierto es que los actos que lo rechazan no son definitivos, sino meramente procesales, en la medida que no afectan la validez del acto principal, por lo que no son demandables ante esta jurisdicción. Precisó que, en materia aduanera, frente al tema de la presentación personal de los recursos de la vía gubernativa, prima por su especialidad el Decreto 2150 de 1995, de simplificación de trámites ante la administración pública, que eliminó dicha exigencia.
VIA GUBERNATIVA - Agotamiento / AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA EN MATERIA ADUANERA - Se produce con la interposición del recurso de reconsideración
[…] el agotamiento de la vía gubernativa es un presupuesto procesal de la acción. Es decir, se trata de un requisito necesario para que el juez pueda oír al demandante. Es un requisito que el juez debe examinar ab initio y que en caso de no cumplirse, puede conducir al rechazo de la demanda o, posteriormente, a sentencia inhibitoria. El agotamiento de la vía gubernativa se produce con la interposición de los recursos contra el acto administrativo, con la salvedad de los de reposición y queja, que no son obligatorios. En materia aduanera, el agotamiento de la vía gubernativa se produce con la interposición del recurso de reconsideración.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2685 DE 1999 - ARTICULO 516
DECRETOS EXPEDIDOS EN DESARROLLO DE LEYES MARCO - Desde el punto de vista material tienen las mismas características de la ley / LEY - Es una de las expresiones de la función reguladora del Estado / FUNCION REGULADORA DEL ESTADO - Es el género de la competencia del Estado para expedir normas jurídicas y de ella hace parte la función reglamentaria / FUNCION PUBLICA NORMATIVA - La ley y el reglamento son sus instrumentos más notorios, pero no son los únicos
Los decretos que se expiden en virtud de la ley marco participan, desde el punto de vista material, de las mismas características de la ley. En efecto se trata de normas obligatorias de carácter general, impersonal y abstracto. Algunos califican a dichos decretos como reglamentarios, aunque con la aclaración de que no se trata de la potestad reglamentaria ordinaria, sino de una potestad reglamentaria especial o ampliada. Conviene aquí hacer una precisión de tipo conceptual relativa a los términos “reglamentación” y “regulación”, sobre los cuales existe discusión en cuanto a su naturaleza y características. La producción de normas jurídicas de carácter general hace parte de la función pública normativa del Estado que, para la consecución de sus fines, se ve precisado a expedir. La ley, desde el punto de vista formal, esto es, la expedida por el Congreso, es una de las expresiones de esa actividad o función “reguladora” del Estado. Pero existen otras. El presidente de la República, las asambleas departamentales, los concejos municipales, las comisiones de regulación, y otras entidades estatales, expiden también normas que tienen las mismas características de generalidad y que igualmente son abstractas e impersonales, tal cual la ley formal. Así pues, se puede decir que la regulación o, con mayor precisión, la función reguladora, es el género de la competencia del Estado de imponer normas jurídicas. Y de esa categoría general hacen parte, en un primer nivel, la Constitución misma, luego las leyes del Congreso en sus diferentes categorías (leyes orgánicas, estatutarias, leyes marco y leyes comunes). Como ley también funge el producto de la potestad legislativa extraordinaria del Presidente de la República, esto es, los decretos leyes. Pero la regulación no solo se da por virtud de las leyes o de la función legislativa propiamente dicha, puesto que una función parecida también contribuye a la regulación, esto, es, la función reglamentaria que encabeza el Presidente de la República y que desciende y se extiende hacia y por otros órganos como las comisiones de regulación, las asambleas, los concejos, los organismos autónomos, etc. De hecho, la regulación puede darse a nivel particular y concreto, como cuando al conferir una licencia o una concesión, la autoridad regula las condiciones específicas de esa licencia o concesión. La ley y el reglamento son los instrumentos más notorios de la función pública normativa, así la ley sea propia de la función tradicionalmente conocida como función legislativa y el reglamento sea parte de la función administrativa. Ley y reglamento comparten muchas características, pero no se pierda de vista que el reglamento le debe subordinación a la ley, en mayor o en menor grado, según las materias y el entendimiento de las normas constitucionales que asignen competencias normativas a los distintos órganos que esa misma Constitución establece. De hecho, hay materias que no pueden ser reguladas por el Congreso puesto que la Constitución directamente asignó la competencia a otros órganos.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 150 NUMERAL 19 LITERAL C / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 189 NUMERAL 25
DECRETOS EXPEDIDOS EN DESARROLLO DE LEYES MARCO - Aunque participan de las mismas características de la ley no se pueden clasificar como decretos reglamentarios comunes ni como decretos extraordinarios / DECRETOS EXPEDIDOS EN VIRTUD DE LEYES MARCO - Pueden derogar leyes preexistentes siempre que regulen las mismas materias a que se refiere la ley marco
[…] la Sala considera que, independientemente de la calificación que se dé a dichos decretos, es claro que los mismos reúnen ciertas características que los diferencian tanto de los decretos reglamentarios comunes (art. 189-11, C.P.), como de los decretos extraordinarios (art. 150-10, C.P.). En efecto, no se pueden considerar como decretos reglamentarios comunes, es decir aquellos que expide el Presidente de la República “para la cumplida ejecución de las leyes”, porque cuando se trata de la potestad reglamentaria, el Congreso de la República determina, de manera autónoma, hasta dónde quiere legislar, es decir, hasta qué grado de detalle decide, mediante la ley, hacer uso de la cláusula general de competencia de la que es titular como cuerpo legislativo. En la medida en que el Congreso sea más exhaustivo en la redacción de la ley, el campo de acción del ejecutivo se verá reducido. Y viceversa, a una mayor generalidad de la ley, corresponderá más espacio de desarrollo para el reglamento. Eso es el principio de necesidad, que gobierna la función reglamentaria. En cambio, cuando se trata de leyes marco, la Constitución determina hasta dónde puede llegar el Congreso de la República y hasta dónde el Presidente. El numeral 19 del artículo 150 dispone que corresponde al Congreso: i) dictar la ley marco, ii) señalar en ella los objetivos de dicha norma, y iii) señalar los criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno al momento de expedir el reglamento. Es decir, la misma Constitución delimita el ámbito de acción del Congreso. La norma constitucional también fija el campo de acción del gobierno nacional, dentro del cual debe mantenerse la reglamentación que expida. Los literales a) a f) describen las materias que pueden ser objeto de reglamentación. De manera que la discrecionalidad con que cuenta ordinariamente el Congreso de la República para regular las materias, se ve reducida en el caso de las que deben ser reglamentadas mediante leyes marco y sus respectivos decretos. Como consecuencia de esto, no resulta extraño afirmar que los decretos expedidos para regular esos temas, desde el punto de vista material, tienen las mismas características de una ley. En lo único en que se diferencian de la ley es en que al gobierno nacional le está vedado: i) expedir dichos decretos sin que haya sido expedida previamente la ley marco, y ii) salirse del marco señalado por el legislador, esto es, no podría el Presidente fijar objetivos diferentes o desviarse de los criterios enunciados por el Congreso. Ahora bien, respecto de los decretos extraordinarios, debe decirse que a pesar de que los decretos expedidos para desarrollar una ley marco comparten las características de una ley expedida por el Congreso, no pueden asimilarse a los decretos extraordinarios a que alude el artículo 150-10 de la Constitución Política. Estos últimos son expedidos como consecuencia de una autorización directa y expresa que hace el Congreso de la República al Presidente, para que expida normas sobre materias cuya competencia ordinaria es del Congreso. Los decretos que expida el Presidente en ejercicio de tales facultades, por expresa disposición constitucional, tienen fuerza y categoría de ley. Es decir, no se trata de potestad reglamentaria alguna, ya que el Congreso faculta al gobierno para expedir la legislación sin más límite que el temporal y que el señalamiento de las materias precisas sobre las cuales puede hacerse. Por ende, no hay ley alguna que reglamentar. En cambio, los decretos que desarrollan una ley marco no son expedidos en virtud de facultades ad hoc otorgadas por el Congreso, sino que es la Constitución la que le da al Presidente, para siempre, dicha competencia. En consecuencia, en las leyes marco no es que el Congreso revista al Presidente de facultades para legislar, sino que dicha facultad proviene directamente de la Constitución. Se trata de una especial colaboración del legislativo y el ejecutivo en la regulación de las materias específicas objeto de ley marco. Ahora bien, a pesar de que los decretos expedidos para desarrollar una ley marco no pueden calificarse como decretos extraordinarios, sí tienen la capacidad de derogar leyes preexistentes. Esa capacidad derogatoria está, sin embargo, restringida a aquellas leyes que regulan las mismas materias a que alude la respectiva ley marco. Es decir, se trata de casos en que es imposible hacer uso de la facultad presidencial sin producir dicho efecto derogatorio. Así, por ejemplo, cuando se fijaron los criterios para que el gobierno modificara la estructura de los ministerios, era inevitable dejar sin efecto leyes anteriores que establecían dicha estructura, entre otras razones porque las disposiciones constitucionales sobre la materia, expresamente lo permiten en ciertos casos.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 150 NUMERAL 10 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 189 NUMERAL 11
PRESENTACION PERSONAL DE RECURSOS - Su finalidad es que la administración constate la identidad de quien los presenta, verificación que se debe hacer al momento del recibo del respectivo documento / PRESENTACION PERSONAL DE RECURSOS - Si la administración omite constatar la identidad de quien los presenta, en aplicación de la presunción de buena fe se concluye que quien firma el documento es quien lo presentó. Reiteración jurisprudencial
Ahora bien, respecto del argumento planteado por la DIAN, que consiste en que los escritos que contenían los recursos de reconsideración fueron recibidos por el funcionario de la DIAN, con lo que, dice, se habría acatado lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 2150 de 1995, la Sala precisa que la prohibición del Decreto 2150 busca que aquellos trámites puramente formales no se conviertan en obstáculos para el ciudadano que actúa ante la Administración. De manera que la simple recepción de un documento, si a dicho documento no se le da el trámite que corresponde, no satisface la finalidad de la actividad administrativa ni el principio de eficacia que la debe gobernar. En todo caso, también es pertinente reiterar la posición de la Sala en el sentido de que la presentación personal de un recurso en la vía gubernativa tiene por finalidad la de que la Administración constate la identidad de quien lo presenta. En consecuencia, esa verificación debe hacerla el funcionario encargado de recibir el documento respectivo en el momento de la presentación del mismo en la oficina respectiva. Y es a ese funcionario a quien le corresponde dejar constancia de la forma en que fue presentado el escrito, esto es, si fue o no presentado por la persona que lo firma. Si el funcionario omite hacer dicha verificación, o la hace pero no deja constancia escrita de lo sucedido, dicha omisión no puede generar consecuencias adversas para el administrado. En consecuencia, cuando en el documento respectivo no obra una constancia escrita de presentación personal, debe asumirse que esa ausencia se debe a error de la Administración por no haber hecho la constatación a la que estaba obligada. En estos casos, debe aplicarse la presunción de buena fe y concluirse que, salvo prueba en contrario, quien aparece como firmante del documento, es quien lo presentó ante la Administración.
NOTA DE RELATORIA: Sobre el alcance del requisito de la presentación personal de recursos ante la administración se reitera la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta de 16 de junio de 2011, Radicación 25000-23-27-000-2005-00630-01(16754), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
ACCION IMPUGNATORIA - Definición / ACCION IMPUGNATORIA - Actos demandables. Sólo lo son los actos administrativos definitivos / ACTO DEFINITIVO - Es el que resuelve de fondo la cuestión planteada / ACTO QUE RECHAZA RECURSO - No es un acto definitivo y, por ende, no es demandable ante la jurisdicción / ACTO QUE RECHAZA RECURSO - Es de trámite pero no hace imposible continuar la actuación / ACTO QUE RECHAZA RECURSO - Como no es un acto de fondo la consecuencia de su ilegalidad no es la anulación sino que se tenga por agotada la vía gubernativa y que el afectado pueda acudir al juez para que resuelva sus pretensiones impugnatorias contra el acto definitivo
Las acciones impugnatorias, es decir, aquellas acciones mediante las cuales se ventilan pretensiones dirigidas a atacar la validez de un acto administrativo particular (el acto general o reglamento también se puede impugnar, pero no requiere de ningún agotamiento de vía gubernativa o cosa parecida), parten de un presupuesto fundamental que consiste en que no todos los actos de la Administración son actos administrativos propiamente dichos y, por ende, susceptibles de cuestionamiento por la vía jurisdiccional. Dicho de otro modo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se ha de dirigir contra los actos jurídicos definitivos, que son los verdaderos actos administrativos, y no contra actos de impulso de un procedimiento. Así, por ejemplo, los actos preparatorios, los actos de simple ejecución y los actos de trámite, no son demandables mediante este tipo de acciones. Solamente los actos definitivos pueden ser demandados. Y por acto definitivo se entiende aquel que resuelve de fondo la cuestión planteada ante la Administración. En otras palabras, acto definitivo particular es el que comúnmente niega o concede el derecho reclamado ante la autoridad y que, por ende, crea, modifica o extingue una situación jurídica, con efectos vinculantes para el particular. No todo lo que la Administración dice o hace se traduce en un acto administrativo demandable, de ahí que se hable de los actos de la Administración para diferenciarlos de los actos administrativos propiamente dichos. Bajo la anterior premisa, es evidente que el acto mediante el cual la Administración, luego de examinar los requisitos de forma y de fondo para la tramitación de un recurso en la vía gubernativa, decide rechazarlo porque falta alguno de dichos requisitos, no es un acto definitivo. Ese es un acto de trámite, ya que se limita a disponer que el recurso interpuesto por el administrado no puede ser estudiado de fondo. Como no se trata de un acto definitivo, no es susceptible de demanda ante la jurisdicción. De hecho, en ese caso ya hay un acto definitivo, que es el que se pretendía impugnar mediante el recurso y que ahora se intentará demandar ante los tribunales. No puede confundirse la situación que se acaba de plantear con la de aquellos actos que, sin resolver todavía de manera expresa la cuestión, impiden continuar con el trámite de la actuación, como por ejemplo cuando se ordena el archivo de la petición por abandono. En efecto, dice el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo: “ART. 50.-Recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos: (…) Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla”. La norma dispone que los actos que ponen fin a la actuación administrativa no son solamente aquellos que deciden de fondo la cuestión planteada, sino también los actos de trámite que hacen imposible que la actuación siga su curso. Estos últimos son actos que, a pesar de no contener una decisión de fondo, pueden ser demandados ya que, por hacer imposible que la actuación prosiga, equivalen en la práctica a una denegación del derecho del particular. Esos actos de trámite que funcionan como definitivos se producen obviamente antes de que la Administración resuelva expresamente el fondo de la cuestión. Ahora bien, debe reiterar la Sala que el acto mediante el cual la Administración rechaza un recurso que fue interpuesto contra el acto que decidió de fondo, no puede calificarse como acto de trámite que haga imposible continuar la actuación, pues en esta hipótesis la actuación ya concluyó con la decisión de fondo. Es decir, la voluntad jurídica de la Administración ya fue expresada y quedó plasmada en el acto definitivo. La suerte que corra la interposición del recurso es una cuestión meramente procedimental, que no incide de ninguna manera en la situación jurídica creada, modificada o extinguida como consecuencia del acto definitivo ya expedido. Es decir que, una vez interpuesto el recurso, este puede ser rechazado. La decisión de rechazar el recurso no es un acto administrativo propiamente dicho, es un acto de trámite, de procedimiento, pero que se dicta luego de proferido el real acto administrativo. Si el recurso es decidido por la Administración, significa que el acto definitivo podría estar contenido tanto en el acto inicial como en el que resuelve el recurso. De hecho, si la Administración revoca el acto inicial, queda como definitivo el acto de revocación. Si el acto mediante el cual la Administración rechaza un recurso incoado contra la decisión definitiva resulta ilegal, la consecuencia es que el juez tenga por agotada en debida forma la vía gubernativa y que, por ende, pueda el particular afectado acudir a la vía jurisdiccional para que se resuelvan las pretensiones impugnatorias que tenga en contra del acto definitivo. Así lo dispone el inciso final del artículo 135 del Código Contencioso Administrativo […] El rechazo indebido del recurso que sí era procedente, es una forma de impedir que se tramite y decida dicho recurso, esto es, significa que la Administración no dio oportunidad de que se agotara la vía gubernativa o, ahora, el recurso de impugnación, según el numeral 2 del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por el contrario, si el juez estima que la Administración rechazó correctamente el recurso, significará que no se agotó la vía gubernativa puesto que el particular habría incumplido las normas de interposición del recurso. No resulta adecuado, pues, decretar la nulidad del acto que rechazó erróneamente un recurso en la vía gubernativa, pues la declaración de nulidad debe estar reservada a las decisiones de fondo y no a los actos de trámite, con la salvedad ya anotada, relativa a los que impiden continuar la actuación administrativa y que equivalen a una decisión negativa.
FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 50 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 135
FUNCION ADMINISTRATIVA - Control jurisdiccional. Objeto / ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO - El control de legalidad que se ejerza en su contra controla a la vez el procedimiento administrativo dentro del cual se dictó / ACTO QUE RECHAZA RECURSO - En vigencia del Decreto 01 de 1984 la discusión sobre su legalidad se decide en la sentencia pero solo para establecer el agotamiento o no de la vía gubernativa / ACTO QUE RECHAZA RECURSO - En la Ley 1437 de 2011 la discusión sobre su legalidad se debe resolver en la audiencia inicial al decidir las excepciones previas / ACTO QUE RECHAZA RECURSO - Su ilegalidad no justifica la anulación del acto porque no conduce al restablecimiento de derechos subjetivos
[…] el objeto primordial del control jurisdiccional de la función administrativa es asegurar que se haya cumplido el principio de legalidad mediante el juzgamiento de los elementos del acto administrativo (competencia, formas y procedimientos, motivos, finalidad, debido proceso, contenido sujeto a la ley), y ese control se ejerce por parte del juez respecto del acto definitivo, así los vicios, en un momento dado, aparezcan en la etapa de formación del acto, como los vicios de procedimiento. De hecho, la vía gubernativa o la etapa de la impugnación del acto está para que la propia Administración controle exactamente lo mismo pero antes de que el interesado ocurra a la jurisdicción. No existe entre nosotros un control separado sobre cada una de las etapas o fases previas y posteriores a la decisión administrativa, cosa que, por demás, sería contraria a los principios de economía y eficiencia, pues, desde un punto de vista práctico, no parece tener sentido ejercer control judicial sobre cada uno de los actos que van configurando las etapas del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo sirve para dictar cabalmente un acto administrativo. El resultado del procedimiento administrativo es el acto administrativo definitivo. El control del resultado controla el procedimiento. Por todo lo anterior, la Sala considera que, al menos bajo la vigencia del Decreto 01 de 1984, cuando en la demanda se plantea como parte de la discusión la posible ilegalidad del acto que rechazó el recurso en la vía gubernativa, ese tema puede ser analizado y resuelto en la sentencia, pero solo con el propósito de establecer el cumplimiento de uno de los presupuestos procesales de la acción, el llamado agotamiento de la vía gubernativa. Así las cosas, si del análisis se concluye que la vía gubernativa se agotó en regular forma, se abre para el juez la posibilidad de entrar al estudio de fondo de los cargos de nulidad. (En el nuevo procedimiento se supone que este punto debe resolverse en la audiencia inicial, que sirve para resolver las excepciones previas). No hay razón alguna que justifique la anulación del acto que rechazó el recurso, nulidad que, además, no produciría ningún efecto práctico desde el punto de vista del derecho material invocado por el demandante, toda vez que dicha anulación, per se, no conduce al restablecimiento de derechos subjetivos. No se entablan procesos contencioso administrativos para tener “derecho a la apelación en sede administrativa”. De manera que resulta un contrasentido que se declare en la sentencia, como ocurrió en este caso, que es nulo el acto por el cual se rechazó el recurso de reconsideración si esta nulidad no implica ninguna satisfacción de los auténticos derechos patrimoniales que supuestamente fueron violados por los actos acusados. La nulidad del acto que rechazó el recurso implicaría el mero y absurdo derecho procesal y precario a que se tramite la apelación, lo que no es objeto de la jurisdicción, puesto que la jurisdicción lo que juzga son los actos que crean, modifican o extinguen las situaciones jurídicas materiales que reclamó en su momento la parte actora. Los actos de trámite como el que acepta la petición, el que acumula la petición, el que decreta pruebas, el que corre imputaciones o cargos o hace requerimientos, son actos que tienen un valor jurídico meramente procesal y que, dependiendo de la etapa en que se dictan, podrían constituir elementos para hallar vicios de procedimiento. Una vez dictado el acto administrativo, los actos procesales subsiguientes son posteriores y generalmente no afectan la validez del acto ya dictado, como el que rechazó ilegalmente el recurso interpuesto.
LEGITIMACION EN LA CAUSA - Presupuestos
La DIAN alegó que ALMACENAR S.A. carece de legitimación para proponer el cargo relacionado con la falta de vinculación de LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA., ya que si esta sociedad hubiera considerado que los actos acusados afectaban sus intereses, era dicha sociedad la que tenía legitimación para alegarlo y no ALMACENAR S.A. Al respecto, la Sala precisa que, en estricto sentido no se trata de una excepción, sino de un defecto de la pretensión, que debe enmarcarse dentro de lo que la doctrina procesal ha denominado tradicionalmente como la falta de legitimación en la causa. Dicha legitimación, que es un presupuesto material para la sentencia de fondo, consiste, desde el punto de vista del demandante, en que exista identidad entre quien alega la pretensión y quien, de acuerdo con el derecho sustancial, tiene la titularidad del derecho que invoca y, desde el punto de vista del demandado, en que este sea la persona que conforme al derecho sustancial pueda discutir válidamente las pretensiones de la demanda.
ARANCEL DE ADUANAS - Aplicación de la regla 1 de las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura común Nandina 2002 / APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION - Aunque se puedan conectar a computadores personales para fungir como monitores si la función propia del producto es recibir señales de televisión se clasifican en la partida arancelaria que corresponda a esa función / APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION - Se clasifican en la partida arancelaria 85.28.21.00.00 /
En esencia, la regla 1 establece que la clasificación de un producto se debe determinar, en primer lugar, con fundamento en el texto de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. Es decir que, antes de acudir a otras reglas de interpretación, se debe verificar sin con el texto de esas partidas y notas se posible o no hacer la clasificación. Solo en caso de que la respuesta sea negativa, se podrá acudir a las demás reglas interpretativas. En otras palabras, la posibilidad de acudir a la regla de interpretación descrita en el numeral 3b) solamente queda abierta cuando se llega la conclusión de que el texto de las partidas y notas de sección o capítulo no es suficiente para hacer la clasificación arancelaria del producto respectivo. En el caso bajo estudio, la Sala encuentra que del simple análisis del texto de las partidas 84.71 y 85.28 se deduce sin mayor dificultad cuál es aquella a la que corresponden los productos importados por ALMACENAR. En efecto, la partida 84.71 se refiere de manera concreta a los siguientes productos: - Máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades. - Lectores magnéticos u ópticos. -Máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos. Respecto de los lectores magnéticos u ópticos, es evidente que no encaja con la descripción del producto importado por ALMACENAR. En dicha descripción no se menciona que las pantallas tengan la capacidad de leer medios magnéticos (como disquetes, memorias USB, tarjetas SD o similares), u ópticos (como discos compactos, discos láser, DVD o parecidos). También es evidente que no se trata de máquinas que sirvan para registrar datos en forma codificada, tales como un lector de códigos de barras, ni que tengan la capacidad de leer o interpretar datos previamente codificados de ese tipo. En consecuencia, cabe preguntarse si dichos productos pueden encajar dentro de la definición dada como “máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades”. Esta es una partida que tiene carácter general que se refiere, en realidad a dos definiciones. Una es la máquina que procesa datos y la otra está definida como “sus unidades”, es decir aquellos elementos periféricos a la máquina procesadora de datos, tales como impresoras, escáneres, teclados, etc. Es decir, en principio, dichos periféricos pueden considerarse como “sus unidades”, pero bajo ciertas condiciones, que se encuentran explicadas en las notas de capítulo de la partida 84.71 […] Según dichas notas cuando una máquina desempeña una función propia, aparte de la del procesamiento de datos, se debe clasificar en la partida que corresponda a dicha función. Dicha nota explicativa es congruente con el texto de la partida 84.71, cuya parte final dice que los productos allí descritos se clasifican en esa partida siempre que no se encuentren “expresados ni comprendidos en otra parte”. En el caso bajo estudio se evidencia que los productos eran aptos para recibir señales de televisión. Ello se deduce, en primer lugar, del indicio que señaló el Tribunal en la sentencia de primera instancia, que fue la consulta hecha en la página web de la empresa LG, fabricante del producto, en la que se clasifica el mismo equipo como televisor y no como monitor de computador. En segundo lugar, en la descripción del producto hecha en las declaraciones de importación, se indicó que los aparatos admiten señales de entrada NTSC y PAL. Estos últimos son sistemas de codificación y transmisión de televisión abierta (es decir no de televisión por cable o satelital). Normalmente los monitores para computador no están habilitados para recibir dicho tipo de señales, sino que requieren para ello de aditamentos agregados específicamente para tal efecto. En tercer lugar, el tamaño de la diagonal de pantalla, que no es usual en los monitores para computador, de 42 pulgadas. En cuarto lugar, según se lee en el manual del usuario obrante en el cuaderno de antecedentes administrativos y que también obra en la página web del fabricante, el aparato cuenta con control remoto, que tampoco es de uso común en los monitores para computador. Posiblemente cada uno de dichos elementos, individualmente considerado, no sea completamente determinante para concluir que el producto es un aparato receptor de televisión. Pero todos ellos considerados en su conjunto, y sumando el hecho de que no existe una prueba indicativa de lo contrario, esto es, de que se trata de un monitor para computador, sí llevan a la conclusión de que tales productos no podían ser clasificados en la subpartida 84.71.60.90.00. Es posible, como ya se había advertido, que dichos televisores pudieran también ser conectados a computadores personales para fungir como monitores. Pero el hecho de que cumplieran también la función de recibir señales de televisión, hace que deban clasificarse en la partida correspondiente a dicha función, es decir en la de aparatos de televisión. Así las cosas, la Sala llega a la conclusión de que la clasificación arancelaria que determinó la DIAN en la partida 85.28.21.00.00 fue acertada, ya que dicha partida se refiere, de manera específica a “Aparatos receptores de televisión”.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2800 DE 2001
SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACION Y CODIFICACION DE MERCANCIAS - Elementos / SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACION Y CODIFICACION DE MERCANCIAS - Las notas explicativas son un criterio auxiliar de interpretación sin fuerza vinculante
[…] la Sala considera conveniente precisar que el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, que no es más que una clasificación de productos, técnicamente organizada, está compuesto por varios elementos, que se pueden describir de la siguiente manera: a) La nomenclatura, esto es, la descripción de las diferentes mercancías, que se compone, a su vez, de: Secciones, capítulos, partidas y subpartidas, en orden de generalidad. Es decir, cada sección se divide en capítulos, cada capítulo se divide en varias partidas, y muchas de las partidas se dividen en subpartidas. b) Las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado. Son reglas aplicables a la clasificación de las mercancías y que establecen criterios que son válidos para todas las partidas y subpartidas. En esencia, tales reglas interpretativas buscan solucionar los problemas que se puedan presentar cuando existan dudas sobra a cuál de varias partidas o subpartidas corresponde una mercancía determinada. c) Las notas legales. Que pueden ser notas de sección, de capítulo o de subpartida. Estas notas buscan precisar el alcance de determinada sección, capítulo o subpartida. Ahora bien, adicionalmente existen otros elementos auxiliares del sistema armonizado, que han sido elaborados con posterioridad. Uno de ellos es el que se conoce como notas explicativas, que es un documento que contiene una explicación más detallada de cada mercancía, del alcance de la clasificación, en muchos casos con ejemplos, y en el que se hacen algunas veces limitaciones o exclusiones de ciertas mercancías o productos específicos. Es cierto que las notas explicativas se consideran como un criterio auxiliar de interpretación, es decir, sin fuerza vinculante pero que puede servir como simple ilustración del sentido de una partida o subpartida específica. Es decir, cumple un papel similar al que desempeña la doctrina como fuente de derecho, que sin tener la fuerza obligatoria de la ley, sin embargo puede aportar luces en la solución de casos específicos.
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA - En los trámites de importación responde ante la administración
Dijo la demandante que las sociedades de intermediación aduanera no son expertas en los temas relacionados con los productos y mercancías que son de propiedad de sus clientes. En ese aspecto, dichas sociedades de intermediación deben confiar en la información que en cada caso suministre el importador. Por lo anterior, no se puede desconocer la necesidad de que sea el importador el que intervenga en la actuación en la que se discutan aspectos técnicos relativos a los productos importados, pues ello sería violatorio del artículo 3 del Decreto 2685 de 1999. Lo anterior, dijo la demandante, se corrobora con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 1066 de 2006, según la cual en asuntos cambiarios y aduaneros se debe aplicar la misma solidaridad y subsidiariedad que se aplica en materia tributaria. En consecuencia, en el presente asunto la DIAN ha debido notificar a LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA. los actos acusados. La Sala no discute el hecho de que son las empresas importadoras quienes tienen la mejor información sobre las actividades comerciales que adelantan y sobre las calidades técnicas de los productos que importan. Sin embargo, ello no exonera de responsabilidad a las sociedades de intermediación, frente a las autoridades administrativas. Precisamente, una de las razones de ser de las sociedades de intermediación aduanera es la de garantizar seriedad en los trámites de importación y por ese motivo las sociedades de intermediación deben ser empresas profesionales dedicadas de manera permanente y exclusiva a dicha actividad. Si eventualmente el importador, que es a su vez mandante en su relación con la sociedad de intermediación aduanera, entrega información equivocada a su mandataria, y como consecuencia de ello se deriva una sanción para esta última, podría configurarse un caso de responsabilidad civil que debería ventilarse ante la jurisdicción correspondiente. Pero frente a la Administración, debe responder la sociedad de intermediación (art. 27-2 del Estatuto Aduanero).
FUENTE FORMAL: DECRETO 2685 DE 1999 - ARTICULO 27-2
INDEBIDA O DEFECTUOSA NOTIFICACION DE ACTO ADMINISTRATIVO - No genera la nulidad del acto sino su inoponibilidad o la pérdida de su fuerza ejecutoria / CAUSAL DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO - Para que se configure alguna el acto debe nacer viciado
Afirmó la demandante que la Administración violó el debido proceso por haber publicado las resoluciones que resolvieron los recursos de queja en el periódico El Tiempo, ya que ALMACENAR había informado en varias oportunidades su domicilio fiscal. En consecuencia, era obligación de la DIAN intentar dicha notificación en tal dirección antes de proceder a la publicación mencionada. Invocó la sentencia del 6 de diciembre de 2006, expediente 15.889, en tal sentido. Al respecto, la Sala debe señalar que los defectos o irregularidades que se pudieran presentar en el trámite de la notificación de los actos administrativos, o en la notificación de los actos que resuelvan o rechacen recursos contra los mismos, no constituyen motivo para la anulación de los mismos. Las causales de nulidad del acto administrativo son las que se encuentran contempladas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (hoy en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), y todas ellas se refieren a hechos o circunstancias que están presentes desde en el momento mismo de la expedición del acto. Es decir, para que se configure una causal de nulidad, el acto debe nacer viciado. Por el contrario, los problemas que se presentan con la ausencia de notificación, o con las notificaciones defectuosas del acto administrativo, son obviamente posteriores al acto mismo y, lejos de producir su anulación, pueden eventualmente ocasionar su inoponibilidad o su pérdida de fuerza ejecutoria.
FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 84 / LEY 1437 DE 2011 - ARTICULO 137
Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil catorce (2014)
Catálogo: Repositorio%20PwC -> Word -> Jurisprudencia -> Consejo%20de%20Estado -> 2014
Consejo%20de%20Estado -> Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo
Consejo%20de%20Estado -> Consejera Ponente: martha teresa briceño de valencia
Consejo%20de%20Estado -> Sección cuarta
2014 -> Cooperativas de trabajo asociado validez de su afiliación voluntaria a las

References: artículo 150
 artículo 150
 artículo 33
 artículo 150
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 artículo 33
 artículo 50
 artículo 135
 artículo 161
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 84
 artículo 137