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Timestamp: 2018-04-25 18:51:21+00:00

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DECRETO Nº LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: I.- Que los Arts.
53, y 54, de la Constitución de la República establecen que el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión, para lo cual el Estado organizará el Sistema Educativo y creará las instituciones y servicios que sean necesarios. II.- Que el Art. 60 de la Constitución de la República, establece que para ejercer la docencia se requiere acreditar capacidad en la forma que la ley disponga. III.- Que por Decreto Legislativo Número 665 de fecha 07 de marzo de 1996, publicado en el Diario Oficial Número 58, Tomo 330 de fecha 22, de marzo de 1996, se promulgó La Ley de la Carrera Docente. IV.- Que la legislación que actualmente regula el sector magisterial debe promover la educación nacional como instrumento que facilite el pleno desenvolmiento de la personalidad de los educandos y el desarrollo social y económico del país. POR TANTO, En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del señor Presidente de la República por medio del señor Ministro de Educación Ad Honorem. DECRETA la siguiente: LEY DE LA CARRERA DOCENTE Capítulo I: Objeto y Campo de Aplicación de la Ley. Art. 1.- Objeto de la ley La presente ley tiene por objeto regular la carrera docente la cual comprende el ingreso al ejercicio de la docencia, su desarrollo profesional, establecer los derechos y obligaciones, su régimen disciplinario, lo concerniente a su escalafón.
Art. 2.- Campo de aplicación La presente Ley se aplicará:
1) A las y los docentes que desempeñen funciones pedagógicas, administrativas y técnicas al servicio del Ministerio de Educación o pagados con fondos del Ministerio de Educación. 2) A las y los docentes que presten servicios en instituciones educativas privadas y municipales, así como en otras instituciones del Estado, sólo para efectos de registro y clasificación escalafonaria para el ejercicio de la docencia. 3) Al Ministerio de Educación, Organismos de Administración Escolar de los centros educativos oficiales. 4) A los organismos que administran centros educativos no oficiales, en lo referente a su integración, funcionamiento y todo aquello que esté relacionado en la presente Ley en materia educativa.
Art. 3. Principios Rectores.Para la aplicación e interpretación de la presente ley, se observarán los principios que se detallan a continuación: a) Principio de Legalidad: Todo proceso deberá tramitarse ante las instancias previamente establecidas en esta Ley y conforme a las disposiciones establecidas en la misma, las que no podrán ser alteradas por ninguna de las partes. b) Principio de Igualdad, no discriminación y equidad: Todas las personas son iguales ante la Ley. Por tal razón, no podrá justificarse ninguna distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en criterios tales como sexo, raza, color, edad, idioma, religión, culto, opinión, opción política, afiliación o no afiliación sindical, filiación, origen nacional, étnico o social, posición económica, necesidades especiales, discapacidad física o mental, nacimiento o cualquier otra condición de las personas, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos fundamentales. Igualdad en el trato para las y los servidores públicos, sin discriminación de género, sexo, edad, raza, religión, discapacidad, orientación sexual u otras. c) Principio de Igualdad Procesal: Las partes dispondrán de los mismos derechos, obligaciones, cargas y posibilidades procesales durante el desarrollo del proceso. d) Principio de Oficiosidad: Se refiere a la obligación que tienen las Juntas de la Carrera Docente para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario
cuando tengan conocimiento de alguna infracción a la Ley de Carrera Docente. e) Principio de Concentración: Los actos procesales se realizarán con la mayor proximidad temporal entre ellos, debiendo el aplicador concentrar en una misma sesión todos los actos que sea posible realizar; así mismo, procurará decidir en una misma resolución todos los puntos pendientes.
f) Obligación de Resolver: El aplicador de la Ley, no podrá, bajo ningún
pretexto, dejar de resolver, ni aplazar, dilatar o negar la decisión de las cuestiones debatidas en el proceso.
g) Principio de Motivación: El aplicador de esta Ley deberá en todo momento razonar sus resoluciones, invocando las normas o principios del derecho en que se haya fundado, y la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del hecho. h) Principio del Interés Superior del Menor: En la interpretación, aplicación e integración de esta Ley, es de obligatorio cumplimiento el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, en lo relativo a asegurar su desarrollo integral y el disfrute de sus derechos y garantías, entendiéndose por interés superior de las niñas, niños y adolescentes toda situación que favorezca su desarrollo físico, espiritual, psicológico, moral y social para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad. i) Principio de Inocencia: Ninguna persona puede ser considerada ni tratada como culpable en tanto no exista en su contra una resolución en firme, dictada en un proceso regular y legal que lo declare como tal. Es así como a la persona se le presumirá inocente mientras la autoridad respectiva no demuestre su culpabilidad y sin que exista duda alguna sobre ella.
j) Principio de Gratuidad de la Justicia: Toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia gratuitamente. De modo particular se deberá privilegiar la observancia de los siguientes principios que inspiran la función pública:
a) Sometimiento pleno al derecho, de modo particular al respeto a los derechos fundamentales; b) Transparencia, objetividad e imparcialidad como garantías para un ejercicio profesional de la función pública; c) Buen trato, basado en el respeto a la dignidad inherente a toda persona. En todo caso, las disposiciones de esta Ley deberán de interpretarse de tal modo que se procure la protección y eficiencia de los derechos de las personas y la consecución de los fines que consagra la Constitución, dentro del respeto al principio de legalidad. En consecuencia, sus aplicadores deberán evitar el ritualismo y las interpretaciones que supediten la eficiencia del derecho a aspectos meramente formales.
Art. 4.- Definiciones. Para efectos de la presente ley, se utilizarán las definiciones siguientes: 1. MAGISTERIO NACIONAL: Conformado por las educadoras y educadores inscritos en el Registro Escalafonario del Ministerio de Educación a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley y las y los que posteriormente lo hagan con arreglo a la misma. 2. PERSONAL DOCENTE: Es el constituido por el director (a), los subdirectores (as), coordinadores (as) y profesores (as), legalmente nombrados, que por la índole de sus funciones los colocan en contacto directo con los alumnos (as). 3. DOCENTE: Todo aquel educador (a) inscrito en el Registro Escalafonario que desempeñe funciones pedagógicas, técnicas o administrativas. 4. FUNCIÓN PEDAGÓGICA: La más relevante, vinculada al quehacer en el aula sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, y extracurricularmente como agente de cambio y transformación social; 5. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA: Funciones de Director (a), Subdirector (a), Coordinador (a) y otras vinculadas a la administración de los Centros Escolares. 6. FUNCION TÉCNICA: Es la que realiza un educador (a) en apoyo al quehacer docente en materia de evaluación, asistencia técnica, asesoramiento, investigación, currículo, materiales didácticos, tecnologías, capacitación y otras asociadas a las necesidades del sistema.
CAPITULO II CARRERA DOCENTE SECCION A FORMACION DEL DOCENTE. Art. 5.- Objetivos Es deber del Ministerio de Educación planificar y normar de manera integral la formación de los docentes (as) para lograr los objetivos siguientes: 1. Formar de manera adecuada, científica y ética, a los docentes para los distintos niveles y especialidades educativas; promoviendo y fomentando la investigación para mejorar la calidad del proceso enseñanzaaprendizaje. 2. Estimular la superación y eficiencia de los docentes (as), mediante un sistema de remuneración acorde con su formación académica y antigüedad. 3. Preparar docentes (as) en el número suficiente y necesario para cubrir las necesidades educativas de la población. 4. Proporcionar y garantizar, en lo posible, plena ocupación a los docentes (as) que se formen y un buen nivel de vida de acuerdo a la dignificación de la profesión docente.” 5. Garantizar que la docencia sea ejercida por educadores inscritos en el Registro Escalafonario del Ministerio de Educación, asegurándoles su estabilidad laboral, como medio para lograr una educación de calidad. Art. 6.- Instituciones formadoras El Ministerio de Educación tiene dentro de sus objetivos la formación y especialización de profesionales en el área de la docencia a fin de elevar la calidad del ejercicio para lo cual podrá crear las instituciones de educación superior o especializadas a fin de poder acreditar la formación profesional docente.
SECCION B REGISTRO ESCALAFONARIO DE DOCENTES
Art. 7- Trámites de Escalafón Para efectos de la administración del escalafón magisterial se establece el Registro Escalafonario, como control sistemático, actualizado y confiable del magisterio nacional del cual será responsable el Ministerio de Educación. El escalafón magisterial podrá ser administrado en forma descentralizada. Art. 8- Inscripción en el Registro Escalafonario En el Registro Escalafonario se inscribirá a los educadores (as) que de conformidad con esta Ley cumplan con los requisitos para el ejercicio de la docencia, formándose para cada uno un expediente que contenga los datos, documentos personales y profesionales siguientes: 1. Solicitud con nombres, apellidos, sexo, estado familiar, edad, nacionalidad y fotografía; 2. Documento Único de Identidad para el caso de los docentes nacionales o el respectivo documento de identificación para los extranjeros; 3. Título docente y su respectiva certificación global de notas; 4. Tiempo de servicio; 5. Cargos desempeñados; 6. Ascensos obtenidos; 7. Cursos de especialización y actualización; 8. Resultados de las evaluaciones al desempeño docente; 9. Premios, reconocimientos u otra clase de estímulo recibidos; y 10. Certificación de las sanciones de que haya sido objeto el educador impuestas por autoridad competente.
Para iniciar la formación del expediente de un docente bastará con que éste haya presentado su correspondiente solicitud y los documentos con que compruebe la veracidad de los datos en ella vertidos, así como los señalados en los numerales 2) y 3) de este artículo. La documentación requerida en los restantes numerales deberá agregarse a dicho expediente cuando fuere proveida por el (la) docente. Si los documentos a que se refiere el presente artículo fueren emitidos por autoridad extranjera, deberán ser incorporados de conformidad a las leyes y procedimientos administrativos establecidos.
Art. 9- Comunicación sobre agregación de documentos El Ministerio de Educación estudiará los documentos presentados y si fuere procedente, los agregará al expediente del educador interesado, haciéndoselo saber a éste, por escrito, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que tales documentos fueron presentados.
Art. 10 Prevención en caso de denegar la agregación de documentos. Si la agregación de los documentos no fuere procedente se le comunicará al educador (a) interesado dicha situación, dentro del plazo señalado en el artículo anterior, para que presente los documentos correspondientes o se corrijan los defectuosos. Aun cuando no fuere procedente hacer la agregación de los documentos presentados al expediente, y así se le hubiere comunicado al docente de la manera señalada en el inciso que antecede, podrá éste presentar los documentos que se requieran en todo tiempo y la inscripción se efectuará hasta que la documentación hubiese sido completada.
Art. 11.- Informe sobre la situación escalafonaria Agregados que hubieren sido al expediente los documentos presentados, el Ministerio de Educación le asignará al docente su respectivo Número de Identificación Profesional (NIP) y resolverá sobre la situación escalafonaria que corresponda, dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles contados desde la fecha en que le hubiere comunicado la agregación de los documentos al expediente, y notificará esta resolución al educador interesado.
Art. 12.- Efectos de la inscripción en el registro El Número de Identificación Profesional constituye la prueba indispensable de que su titular está inscrito en el Registro y se produce los efectos siguientes: a. Otorgará la aptitud legal para el ejercicio de la docencia; b. Permitirá la obtención de los ascensos escalafonarios regulados en esta Ley, para los docentes en servicio y
c. Permitirá el derecho al goce de las remuneraciones que según la Ley correspondan a su nivel o categoría escalafonaria, tratándose de los docentes (as) al servicio del Estado. Art. 13.- Inconformidad del educador con el Registro Escalafonario Cuando el educador no estuviere conforme por la no inscripción en el Registro Escalafonario, así como del manejo de su expediente profesional podrá denunciar por dichas causas a la Dirección Departamental de Educación del Ministerio de Educación ante la Junta correspondiente. Art. 14- Prohibición de nombrar educadores no inscritos Se prohíbe el nombramiento y la contratación en los centros educativos oficiales, las instituciones autónomas, municipales o privados, de educadores que no se encuentren inscritos previamente en el Registro Escalafonario. Cuando los centros privados de educación, o pertenecientes a instituciones autónomas o municipales, contraten educadores en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior, se les aplicará el procedimiento del régimen disciplinario establecido en la Ley General de Educación. Art. 15- Tiempo de servicio activo. Se reconoce, para efectos escalafonarios, la antigüedad de todos los docentes por el tiempo que hayan estado en servicio activo anterior a la vigencia de esta Ley. Para los efectos de esta Ley, se entiende por tiempo de servicio activo todo aquel que el educador en calidad de tal hubiere desempeñado cargo docente en una institución oficial, privada, autónoma o municipal, inclusive el tiempo que duren las suspensiones de labores sin responsabilidad del educador, establecidas en los numerales 1), 2) y 3) del artículo 40 de esta Ley.
SECCION C EJERCICIO DE LA DOCENCIA REQUISITOS
Art. 16.- Sobre el Ejercicio Docente La docencia es una carrera profesional y para ejercerla en centros educativos del Estado o privados en cualquiera de los niveles educativos es necesario no estar condenado por delito, ni estar impedido, inhabilitado o incapacitado para el ejercicio de la misma.
Art. 17.- Educador con título obtenido en el extranjero Los educadores con título de educación superior, obtenido en el extranjero debidamente autenticado o apostillado, podrán también ejercer la docencia en el país, previa incorporación profesional de conformidad con la ley de la materia, debiendo reunir además los otros requisitos establecidos por esta Ley.
Art. 18.- Ejercicio de la docencia por otros profesionales Las personas que posean título de educación superior distinto al de Profesor, Licenciado, Máster o Doctor en Educación, podrán ejercer la docencia según el nivel educativo a que se asimile su título en el área de su especialidad o en un área afín, cursando y aprobando estudios con una carga académica en formación pedagógica no menor de treinta y dos unidades valorativas, lo cual debe incluir práctica docente. Tales cursos serán impartidos por el Instituto Especializado de Educación Superior “Escuela Superior de Maestros” y por las instituciones de educación superior que para tal efecto autorice el Ministerio de Educación o por las instituciones especializadas con las cuales aquéllas hayan celebrado convenios. Se exceptúan de cursar dichos estudios pedagógicos y podrán ejercer la docencia de la manera antes prescrita, los Licenciados, Máster y Doctor, cuyos programas de estudio contengan una carga académica en formación pedagógica equivalente a treinta y dos unidades valorativas. El Ministerio de Educación establecerá las condiciones y requisitos para que las instituciones de educación superior, o las instituciones autorizadas por el Ministerio para tal efecto, puedan realizar estas convalidaciones y asimilaciones.
SECCION D INGRESO A LA DOCENCIA Art. 19- Procedimiento de Selección de Docentes
1) Los aspirantes a una plaza vacante presentarán al Presidente del Organismo de Administración Escolar o quien lo sustituya, la solicitud respectiva y la documentación que lo acredita como docente debidamente inscrito; 2) Transcurridos diez días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de haberse publicado la existencia de la plaza, el Organismo de Administración Escolar deberá remitir, dentro de los tres días hábiles siguientes, al Tribunal Calificador, la solicitud del o los aspirantes, la documentación respectiva y la petición de que se realice el proceso de selección previsto en esta Ley; 3) Para efectos de lo anterior, cuando se trate de plazas y partidas vacantes la Dirección Departamental de Educación hará saber al Tribunal Calificador la disponibilidad de plazas y partidas para la publicación de las mismas, en un periódico de circulación nacional y además por otros medios de comunicación que estime conveniente. En todo proceso de selección, el Tribunal Calificador, deberá adjudicar la plaza a los docentes que cuenten con la especialidad requerida por el Centro Educativo. Además de la especialidad, deberá de tomar en consideración, en su orden, los siguientes criterios: el derecho a traslado, la antigüedad en la graduación, el lugar de residencia, el reingreso por cualquier causa que no sea la jubilación y las pruebas de selección cuando hubiere igualdad de condiciones; los docentes salvadoreños tendrán prioridad sobre los demás centroamericanos y éstos sobre los demás extranjeros. También podrá considerarse el traslado para realizar estudios de especialización o universitarios; para mejorar en las condiciones de trabajo o por razones de conveniencia familiar y siempre que el docente solicitante haya cumplido tres años, por lo menos, de laborar en el centro educativo de procedencia y que dicho traslado no afecte el desarrollo normal del proceso educativo; Además se deberá tomar en cuenta la afinidad religiosa del aspirante, cuando los nombramientos fueren en instituciones públicas administradas por religiosos o religiosas.
CAPITULO III: ESCALAFÓN DOCENTE. Art. 20.-Sistema escalafonario Los cargos dentro de la carrera docente estarán estructurados en niveles, de acuerdo con la formación académica y en categorías según el tiempo de servicio activo, previa inscripción en el registro correspondiente. Art. 21.- Niveles Son grados académicos válidos para la inscripción y ascenso en el nivel de escalafón, los siguientes: 1. 2. 3. 4. Profesor; Licenciado; Master; y Doctor.
Los docentes de acuerdo con su nivel académico, se clasifican así: Docente Nivel Uno; Docente Nivel Dos; Docentes Nivel Tres. Para escalafonarse como Docente Nivel Uno se requiere poseer cualquiera de los grados académicos señalados en los numerales 3) y 4) del inciso primero; para los del nivel Dos, se requiere poseer el grado señalado en el numeral 2); y para el nivel tres se requiere el grado académico señalado en el numeral 1), del inciso primero. Los educadores ejercerán su cargo docente en el nivel educativo y área de especialidad de su título o la acreditada en el Registro Escalafonario. Art. 22.- Categorías Los docentes (as) de acuerdo con su tiempo de servicio activo, se clasifican en las siguientes diez categorías: Categoría Uno: Los docentes (es) con más de veintisiete años de servicio y hasta treinta años de servicio activo; Categoría Dos: los docentes (as) con más de veinticuatro años de servicio activo y hasta veintisiete años de servicio activo;
Categoría Tres: los docentes (as) con más de veintiún años de servicio activo y hasta veinticuatro años de servicio activo; Categoría Cuatro: los docentes (as) con más de dieciocho años y hasta veintiún años de servicio activo; Categoría Cinco: los docentes (as) con más de quince años de servicio activo y hasta dieciocho años de servicio activo; Categoría seis: los docentes (as) con más de doce años de servicio activo y hasta quince años de servicio activo; Categoría siete: los docentes (as) con más de nueve años y hasta doce años de servicio activo; Categoría ocho: los docentes (as) con más de seis años de servicio activo y hasta nueve años de servicio activo; Categoría nueve: los docentes (as) con más de tres años de servicio activo y hasta seis años de servicio activo; Categoría diez: los docentes (as) con cero años a tres años de servicio activo.
Art. 23.- Ascenso de Nivel Los docentes podrán ascender de un nivel de docencia a otro en el escalafón docente y para ello el Ministerio de Educación tomará en cuenta: 1) Los grados académicos obtenidos con posterioridad por el docentes, que sustituyan al del título inscrito con anterioridad; y, 2) Los resultados de las pruebas de suficiencia ante el Tribunal Calificador, quien dispondrá de treinta días hábiles para emitir fallo. Para obtener el ascenso de nivel docente se requerirá la solicitud previa del docentes (a) ante el Tribunal Calificador y haber cumplido con los requisitos antes mencionados. Art. 24.- Ascenso de Categoría
En el escalafón docente el ascenso de categoría por tiempo de servicio activo del docentes será de pleno derecho.
CAPITULO IV EVALUACION DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA Art. 25.-Objeto de la Evaluación. El ejercicio de la carrera docente estará sometido a evaluación permanente, a fin de conocer méritos, detectar necesidades de capacitación e innovación en nuevas teorías de la educación, modelos pedagógicos y tecnología para el aprendizaje. La evaluación estará a cargo de las unidades técnicas del Ministerio de Educación. Al menos, cada tres años los docentes deberán acceder a un programa de actualización pedagógica o de especialidad a través de las instituciones de educación superior o institutos especializados sean estatales o privados. Art. 26.- Aspectos Profesionales Calificables. La evaluación comprenderá especialmente los aspectos siguientes: 1) Preparación profesional; 2) Aplicación al trabajo; y, 3) Aptitudes acordes a la profesión docente. Las evaluaciones realizadas al sector docente deberán comunicarse siempre por escrito al evaluado. CAPITULO V. Art. 27.-Reconocimientos, becas y bonificaciones Los docentes además de su remuneración contarán con reconocimientos, becas y bonificaciones aportadas en base a sus méritos académicos y profesionales.
Art. 28.- Reconocimientos El Ministerio de Educación a través de las Direcciones Departamentales reconocerá públicamente a los docentes más destacados al finalizar el año escolar; para ello el Ministerio de Educación elaborará bases oficiales para
otorgar dicho reconocimiento anualmente, modalidades de reconocimientos. Art. 29.- Becas
Las becas aprobadas por el Ministerio de Educación para realizar estudios superiores dentro del país o en el extranjero, en los casos que fuere aplicable, se adjudicarán con base en la selección que realice el Tribunal Calificador. Los docentes que gocen de becas recibirán su salario mientras dure el tiempo de la misma, sólo si se comprueba la selección por parte del organismo donante o por el Tribunal Calificador. La asignación de becas se hará tomando como base los resultados de la evaluación docente.
Art. 30.- Bonificaciones Se establece una bonificación al desempeño de los docentes de centros educativos oficiales, debiendo otorgar a todos los docentes, un bono en el mes de junio y un segundo bono en el mes de diciembre. El Ministerio de Educación aplicará y regulará todo lo relativo a dicho bono, pero en ningún caso podrán otorgarse cuando se encontraren suspendidos o inhabilitados por sanciones impuestas por la Junta de la Carrera Docente, debido a faltas graves o muy graves establecidas en esta ley.
CAPITULO VI REGIMEN DE LA RELACION DE SERVICIO DERECHOS DE LOS DOCENTES
Art. 31.- Son derechos de los docentes: 1. Gozar de estabilidad en el cargo; en consecuencia no podrá inhabilitárseles, despedírseles o suspendérseles, sino en los casos y de conformidad con los procedimientos establecidos en esta Ley;
2. Asociarse libremente en organizaciones gremiales de docentes constituidas legalmente para defender sus intereses económicos, profesionales y sociales, así como difundir su pensamiento;
3. Tener participación consultiva, directamente o por medio de las organizaciones gremiales de docentes, legalmente constituidas, en la elaboración de los planes de estudio, programas y proyectos concernientes a la mejora de la Educación Nacional.
4. Hacerse representar en los organismos paritarios y administrativos establecidos en esta Ley;
5. Gozar de ascenso de nivel y categoría; 6. Devengar el sueldo, viáticos y emolumentos que tuvieren asignados en la Ley de Salarios en el cargo para el que han sido nombrados(as) pudiendo retenérseles únicamente las cuotas gremiales o sindicales aceptadas voluntariamente y las demás autorizadas por la Ley;
7. Gozar de vacaciones, licencias, asuetos y aguinaldo en la forma y cuantía que señalan las leyes respectivas y el reglamento de la presente Ley en lo referente a la finalización del año escolar;
8. Gozar de licencia sin derecho a sueldo cuando desempeñen cargos de directivos gremiales o sindicales, por el tiempo necesario para el que fueren electos, así como para que integren las comisiones indispensables en el ejercicio de su cargo;
9. Gozar de indemnización en la cuantía que fija esta Ley en caso de supresión de la plaza, exceptuando los casos en que el docente acepte su reubicación; 10. Gozar de una pensión económica igual al importe de devengado por los últimos doce salarios, en caso que reúnan los requisitos legales y decidan pensionarse. Que es esto----11. Examinar por sí o por medio del representante de la organización gremial o sindical a que pertenezca, su expediente en el Registro Escalafonario; enterarse de los resultados de las evaluaciones que le hagan y hacer, en su caso, los reclamos pertinentes;
12. Gozar de libertad para orientar el aprendizaje de acuerdo a las necesidades del alumnado, respetando los fines, objetivos, lineamientos curriculares del sistema educativo nacional; y los objetivos de los programas oficiales de estudio;
13. Optar al sistema de incentivos, reconocimientos, becas y otras prestaciones establecidos en esta Ley. 14. Gozar de traslados o permuta, considerando lo siguiente:
El traslado será voluntario de acuerdo al procedimiento establecido en la presente Ley, salvo el caso de riesgo a la vida, integridad física o su salud por enfermedades limitantes que comprometan la actividad física o mental de los docentes. El Ministerio de Educación establecerá por Acuerdo Ministerial los procedimientos para el referido traslado. Ningún docente podrá permutar con otro sino concurriendo las circunstancias siguientes: a. Que los docentes interesados(as) en la permuta tengan la misma especialidad y nivel educativo; o b. cuando tengan ambos la preparación profesional para desempeñarse en niveles educativos diferentes. Los cargos de Director(a) o Subdirector(a) no serán permutables Los docentes que resultaren electos para ocupar cargos directivos nacionales en organizaciones gremiales de docentes legalmente constituidas, serán trasladados al municipio de la sede de la organización o a un lugar circunvecino, si así fuere solicitado por la respectiva organización. Los directivos a trasladarse no excederán de cuatro por cada organización y ocuparán plazas vacantes las cuales no podrán ser de dirección en centros educativos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el organismo de administración escolar deberá autorizar toda permuta voluntaria realizada por un directivo nacional gremial electo, con cualquier otro docente, que signifique el acercamiento de aquél a la sede de la organización; y, 15) Los demás que establezca esta Ley.
Art. 32- Son obligaciones de los docentes: 1) Desempeñar el cargo con diligencia y eficiencia en la forma, tiempo y lugar establecidos por el Ministerio de Educación;
2) Asistir puntualmente al desempeño de sus labores y cumplir con los doscientos días lectivos del calendario escolar;
3) Participar en el Consejo de Maestros y, si corresponde, en el Organismo de Administración Escolar;
4) Asumir las instrucciones que reciba de sus superiores en lo relativo al desempeño de sus labores;
5) Observar buena conducta en los centros educativos y lugares de trabajo;
6) Guardar consideración y respeto a sus superiores, alumnos, padres de familia y demás docentes;
7) Conservar en buen estado los materiales didácticos y demás implementos o bienes que se le entregaren o encomendaren para el servicio de la docencia o por motivo de su cargo. En ningún caso responderá del deterioro causado por el uso natural de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de su mala calidad o defectuosa fabricación;
8) Prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesite cuando por siniestro o riesgo inminente, peligren las instalaciones o las personas que se encuentren dentro del centro educativo en que trabaja el docente;
9) Observar todas las prescripciones concernientes a higiene y seguridad establecidas por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas;
10) Guardar discreción sobre asuntos sensibles de que tengan conocimiento por razón del cargo que ocupa;
11) Actualizarse profesionalmente según el cargo que desempeñe; 12) Respetar el debido proceso, la dignidad, derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes en la imposición de medidas disciplinarias. 13) Fomentar los valores éticos, morales y ciudadanos. 14) Fomentar el conocimiento y respeto del idioma castellano, la identidad cultural y de otras manifestaciones culturales autóctonas. 15) Estimular en todos los niveles de enseñanza el desarrollo de la inteligencia y del pensamiento autónomo, crítico y creativo, respetando la iniciativa y las características individuales de cada niña, niño o adolescente. 16) Denunciar ante las instancias correspondientes cualquier hecho constitutivo de falta que, por razón de su cargo, tenga conocimiento y en especial cualquier hecho de violencia sexual que sufran los alumnos (as) o demás miembros de la comunidad educativa. 17) Aceptar y desempeñar con diligencia el cargo para el que fuere electo en el Organismo de Administración Escolar. 18) Las demás que le imponga esta Ley.
Art. 33.- Prohibiciones a los docentes. 1. Abandonar las labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o licencia de sus superiores; 2. Realizar propaganda política partidista o religiosa dentro de los centros educativos o lugares de trabajo; 3. Aplicar a los alumnos(as) cualquier forma de maltrato físico o psíquico que atente contra su dignidad, su integridad personal o el desarrollo de su personalidad;
4. Influir en las decisiones políticas de alumnos(as), o personal subalterno, así como tomar represalias o imponerles sanciones por su filiación en actividades políticas, gremiales o religiosas;
5. Coartar el derecho de libre asociación de los demás docentes y estudiantes; 6. Efectuar colectas obligatorias o exigir pronunciamientos o adhesiones de cualquier naturaleza; 7. Usar el local de los centros educativos para vivienda o actividades no propias de la enseñanza, sin la autorización correspondiente;
8. Cobrar cuotas sociales o de cualquier naturaleza o vender objetos o mercancías dentro del centro educativo en beneficio propio; y,
9. La aplicación de sanciones corporales, colectivas y las que tengan por causa la discriminación por embarazo o maternidad de la estudiante.
10. Portar armas de cualquier clase durante el desempeño de sus labores o dentro de los centros educativos, o durante actividades extra escolar. 11. Las demás que establezca la ley y su reglamento.
SUELDOS, SOBRESUELDOS Y HORAS CLASE. Art. 34.- Salario El Magisterio contará con una política salarial que comprenderá sueldos y sobresueldos acordes a su desempeño docente.
Art. 35.- Régimen salarial (Sueldos, sobresueldos y horas clase) El salario de los docentes se fijará teniendo en cuenta el sueldo base de su nivel y categoría y conforme a los siguientes sobresueldos: 1. El sobresueldo correspondiente al cargo que desempeña; 2. El sobresueldo por trabajar en áreas rurales distantes y de difícil acceso; 3. El sobresueldo por atender doble sección; u horas clase; tomando en cuenta la demanda estudiantil y el número de alumnos(as) por grado y
sección, pudiendo asignarlas en cualquier caso al centro educativo donde exista la necesidad; y, 4. El sobresueldo por haber desempeñado satisfactoriamente el cargo de director(a), subdirector(a), por un tiempo de diez años. 5. El sobresueldo por ejercer el cargo de coordinador educativo. 6. Los sobresueldos u horas clase que por necesidades del servicio creados por el Ministerio de Educación y se requieran para la atención de programas educativos que tiendan a cumplir la cobertura, calidad y equidad de los servicios educativos.
Los sobresueldos establecidos en los numerales 1), 2), 3) y 5) estarán asignados al centro educativo de conformidad con la población escolar que atienda o a las necesidades del servicio educativo y con su ubicación geográfica previa calificación por el Ministerio de Educación. Los docentes tendrán derecho a ellos, mientras laboren en esa institución. El sueldo base corresponde al docente, el cual se le asigna de conformidad al nombramiento en un centro educativo de acuerdo a las necesidades objetivas de matrícula. Sin embargo, cuando las necesidades que originaron el nombramiento en el Centro Educativo desaparezcan, la Dirección Departamental de Educación, podrá trasladar al docente a otro Centro Educativo en donde exista la necesidad del recurso. Art. 36.- Incremento salarial Todo incremento salarial decretado para el sector público, deberá aplicarse al sector docente independientemente de cualquier aumento obtenido de conformidad con el artículo anterior. (Que paso con la revisión salarial)
Art. 37.- Diferenciación del Salario El salario base será diferenciado atendiendo al nivel docente y categoría a que pertenezca el docente. A cada ascenso de categoría le corresponderá un aumento porcentual del l0%. Art. 38.- Indemnización por supresión de plazas Si el docente cesare de sus funciones por supresión de plaza, tendrá derecho a una indemnización equivalente al sueldo mensual correspondiente a dicha plaza, por cada año o fracción que exceda de seis meses de servicios prestados en la proporción siguiente:
a) Si el sueldo mensual fuere de hasta cuatro salarios mínimos urbanos, la indemnización será hasta de un máximo equivalente a doce sueldos mensuales. b) Si el sueldo mensual fuere superior a los cuatro salarios mínimos urbanos, hasta un máximo de ocho salarios mínimos urbanos, la indemnización será de doce meses hasta un máximo de sesenta mil colones o su equivalente en colones. c) Si el sueldo mensual fuere superior a los ocho salarios mínimos urbanos, la indemnización no podrá exceder del equivalente a seis sueldos mensuales.
Las indemnizaciones a que se refieren los literales anteriores se pagarán por mensualidades iguales, consecutivas a partir de la supresión del empleo o cargo. Se suspenderá el pago de la indemnización desde el momento que el beneficiado(a) entrare a desempeñar cualquier otro cargo de la Administración Pública o Municipal. En caso de nueva supresión de plaza, el monto de la indemnización por el tiempo de servicio en el nuevo cargo o empleo, y según convenga al interesado(a), se sumará al monto de las mensualidades correspondientes a la supresión anterior y que dejaron de pagarse de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior. Si el nuevo cargo o empleo cuya plaza se ha suprimido, no le correspondiere derecho a ninguna indemnización por no haber cumplido el tiempo que estipula la Ley, tendrá el derecho a gozar de las mensualidades de indemnización que dejaron de pagársele por haber entrado a desempeñar el nuevo cargo. El cambio de denominación del cargo o empleo no implica supresión de la plaza y quien lo desempeñe tendrá derecho a ocupar el de nueva denominación que corresponda a sus funciones.
CAPITULO VII Art. 39.- Casos Especiales de Suspensión. Sin perjuicio de los demás derechos u obligaciones que emanen del nombramiento del educador(a) para el desempeño de un cargo docente, la obligación de éste de prestar sus servicios al Ministerio de Educación y la del Estado de pagarle el sueldo, se suspenderán:
1) Por prestar el servicio militar obligatorio;
2) Por ejercer un cargo público que sea incompatible con el ejercicio de la docencia;
3) Por ejercer un cargo directivo gremial que le impida dedicarse al normal desempeño de su cargo docente; 4) Por gozar de licencia sin goce de sueldo legalmente concedida; y,
5) Por padecer de enfermedad que le incapacite para el ejercicio de la docencia.
La suspensión de que tratan los primeros dos numerales de este artículo operan sin necesidad de declaratoria alguna, pero para invocar la causal 3) del mismo artículo, el docente deberá dar aviso por escrito al Consejo Directivo Escolar y al Ministerio de Educación con diez días de anticipación por lo menos, de su deseo de interrumpir las labores. El docente tiene derecho a que se le reinstale en su cargo inmediatamente que haya cesado la causa que motivó la suspensión, siempre que se presente a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a esa fecha, excepto en el caso de la causal 5) que deberá presentar certificación médica de que la enfermedad ha desaparecido. Art. 40.- Nombramiento de docentes interinos. El Organismo de Administración Escolar realizará el procedimiento de selección de docentes para cubrir las plazas vacantes de manera interina que por cualquier causa se produzcan entre el personal docente del respectivo centro educativo, solicitando la disponibilidad de plazas y partidas a la Unidad de Desarrollo Humano del Ministerio de Educación, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley para el proceso de selección de docentes. Pero en cuanto a la publicidad de la plaza vacante, esta se hará mediante avisos tanto en el Centro Educativo como en la Dirección Departamental de Educación respectiva u otras instituciones relacionadas con educación.
En caso que la vacante sea la de la Dirección, esta será asumida por el Subdirector(a) en propiedad; cuando hubiere más de uno corresponderá al Consejo de Profesores elegirlo de entre los Subdirectores en propiedad; o cuando no existiere subdirector(a) en propiedad, corresponderá al Consejo de Profesores realizar dicha elección. Así mismo, cuando no hubiere subdirector(a) en propiedad corresponderá al Consejo de Profesores la elección del Subdirector(a) interino(a). Para optar al cargo de director y subdirector interino, los docentes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 44 de la presente Ley y tener un nombramiento en propiedad en el mismo Centro Educativo. En ningún caso podrá nombrarse como docente interino(a) a quien se encuentre ocupando una plaza permanente en la misma jornada de trabajo docente, ni a quienes no tuvieren la especialidad que el desempeño de la plaza requiera, ni cumplan con los requisitos para ser nombrados en propiedad. La interinidad de los directores(as), subdirectores(as) y docentes terminará el 31 de diciembre de cada año o en su caso cuando tome posesión de su cargo quien la desempeñará en propiedad, sin responsabilidad para el Organismo de Administración Escolar ni para el Ministerio de Educación. Si existiere aun la vacante, se aplicara lo dispuesto en el presente artículo. Para poder desempeñar la plaza en propiedad, los docentes interinos deberán someterse al procedimiento de selección previsto en esta Ley. Quienes desempeñen cargos de Director(a) o Subdirector(a) en forma interina devengarán los sobresueldos establecidos en esta Ley. No obstante lo anterior, facúltase al Ministerio de Educación para realizar nombramientos de Docentes, Subdirectores(as) y Directores(as) interinamente, cuando no se logre acuerdo entre el Consejo de Profesores o los miembros del Organismo de Administración, en su caso; así como sustituirlos cuando se comprueben circunstancias que revelen anomalías en el orden interno, funcionamiento administrativo y educativo de los centros escolares oficiales.
CAPITULO VIII – ORGANISMOS DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA DOCENTE Art. 41.- Administración de la Carrera Docente La carrera docente será administrada conjuntamente por los siguientes organismos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. La Dirección del Centro Educativo; Organismo de Administración Escolar. Dirección Departamental de Educación. El Tribunal Calificador; Las Juntas de la Carrera Docente; y, El Tribunal de la Carrera Docente.
Art. 42.- Estructura Administrativa de los Centros Educativos Oficiales. La estructura administrativa de los centros educativos oficiales la integran los Directores, Sub- Directores y el Organismo de Administración Escolar. Art. 43.- Requisitos para el cargo de Directores y Subdirectores Para desempeñar el cargo de Director o Subdirector en instituciones de educación inicial, parvularia, básica, media y especial se requiere: a) Estar inscrito en el registro escalafonario y tener cinco años de experiencia docente en al menos uno de los niveles que imparta el centro educativo en el que aspira o está laborando;
b) Haber aprobado como mínimo un diplomado o curso, reconocidos por el Ministerio de Educación, de por lo menos ciento cincuenta horas en áreas de dirección escolar o su equivalente. Para los que no tienen titulo de grado
c) No haber sido condenado por el cometimiento o participación dolosa en la comisión de cualquier delito;
d) No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves durante los últimos cinco años a la elección; y las gravísimas e) Ser de moralidad y competencia notorias;
f) No tener irregularidades administrativas en el manejo de fondos ante las autoridades del Ministerio de Educación, o hallazgos de auditoría no superados durante los dos años anteriores a su postulación, debiendo la autoridad respectiva brindar las solvencias necesarias para tal efecto. g) Haber obtenido un resultado favorable en la prueba de suficiencia correspondiente. Art. 44- Selección de Directores y Subdirectores. Los docentes inscritos en el Registro Escalafonario podrán optar y desempeñar cargos de Director o Subdirector, de conformidad al procedimiento siguiente: Para la provisión de las plazas vacantes de Director o Subdirector, el Ministerio de Educación lo hará saber al magisterio nacional y a los Organismos de Administración Escolar correspondientes, mediante publicación en un diario de circulación nacional, para que los interesados en aplicar a tales plazas así lo soliciten al organismo del respectivo centro educativo. Después de transcurridos diez días hábiles, contados a partir de la publicación de la plaza, el Organismo de Administración Escolar deberá remitir, dentro de los tres días hábiles siguientes, al Tribunal Calificador, la solicitud del o los aspirantes, la documentación respectiva y la petición de que realice las correspondientes pruebas de selección. El Tribunal Calificador emitirá el fallo correspondiente con base a los resultados de dichas pruebas y a los requisitos que cita el Art. 44 de esta Ley. El jefe de servicio o Director Departamental de Educación, en los casos que corresponda, deberá dar la toma de posesión de acuerdo a dicho fallo, sin perjuicio que los legítimamente interesados manifiesten su inconformidad ante la Junta de la Carrera Docente competente de la forma prevista en el Art. 96 de esta Ley. De la resolución de la Junta de la Carrera Docente no habrá recurso alguno.
Art. 45.- Período de los Cargos de Director y Subdirector. Los cargos de Director o Subdirector tendrán una duración de cinco años, pudiéndose postular por un periodo más. El Director o Subdirector que tuviere interés en continuar fungiendo en el cargo por otro período igual, deberá así solicitarlo por escrito, por lo menos seis meses
antes a la expiración del plazo de su cargo, al Tribunal Calificador, para que éste proceda a hacer las evaluaciones de la labor realizada por aquéllos durante el desempeño del cargo hasta ese momento. La evaluación deberá incluir un informe de gestión por parte del Director o Subdirector en su caso, y la valoración de la labor que éstos hubieren desempeñado por parte del Consejo de Profesores, Organismo de Administración Escolar y Consejo de Alumnos. Sobre la base del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el Art. 98 de esta Ley y de los resultados de dicha evaluación, el Tribunal Calificador decidirá si es pertinente o no la prórroga del cargo, para lo cual deberá emitir el fallo correspondiente.” Para desempeñar cargos de director o subdirector en instituciones educativas de hasta tres docentes, la Dirección Departamental de Educación deberá remitir los respectivos curriculum vitae al Tribunal Calificador para su correspondiente evaluación y selección. En caso de prórroga, éstos deberán someterse a lo dispuesto en el artículo que antecede. Todas las instituciones educativas en que trabajen más de una jornada diaria con distintos grupos de alumnos y diferente personal docente, serán administrados por un solo director. En las instituciones de educación básica y media podrá nombrarse un subdirector por cada jornada de trabajo, en atención a las necesidades del servicio.
Art. 46.- Del Coordinador Técnico Educativo. Cuando las necesidades del servicio así lo requieran, podrá nombrarse previa verificación presupuestaria hasta dos coordinadores técnicos educativos, el cual debe de reunir los siguientes requisitos: 1. Ser docente en el área curricular que coordinará. 2. Tener experiencia docente en las áreas requeridas en los últimos tres años. 3. Tener expediente escalafonario libre de sanciones por faltas graves o muy graves, durante los últimos cinco años. Son funciones del coordinador técnico educativo:
1. Coordinar la planificación didáctica de los docentes del área a su cargo. 2. Integrar el equipo pedagógico del centro educativo. 3. Monitorear, dar seguimiento y establecer acuerdos entre los docentes para mejorar el rendimiento académico y la asistencia estudiantil. 4. Dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos del Proyecto Curricular del Centro (PCC). 5. Coordinar la autoevaluación y heteroevaluación del desempeño docente, en el área de su competencia. 6. Coordinar el proceso de evaluación de los aprendizajes del área de su competencia. 7. Implementar estrategias de desarrollo profesional docente y técnico. 8. Orientar el ambiente pedagógico del área de su competencia. 9. Gestionar recursos y materiales para el desarrollo curricular del área a su cargo. 10. Participar colaborativamente en el diseño del Proyecto Educativo Institucional y del Plan Anual Escolar. 11. Coordinar el desarrollo de actividades institucionales de apoyo curricular del área a su cargo. 12. Rendir cuentas del desempeño de sus funciones ante la Dirección y el Consejo de Profesores. 13. Coordinar el horario para el desarrollo de talleres y prácticas vocacionales, tratándose del bachillerato técnico que ofrezca la institución educativa. 14. Otras que por delegación le sean encomendadas. El cargo de coordinador técnico educativo iniciará el uno de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año lectivo, y será electo por el Consejo de Profesores y ratificado por el Organismo de Administración Escolar, pudiendo ser reelecto.
En todo caso, será responsabilidad del Organismo de Administración Escolar hacer del conocimiento de la Dirección Departamental correspondiente tal elección, la cual someterá al Tribunal Calificador el currículo del docente seleccionado para su respectiva evaluación y nombramiento.
Art. 47.- Del Director. El(la) Director(a) de la institución educativa velará por la integración y funcionamiento del Organismo de Administración Escolar en la gestión administrativa, Consejo de Profesores(as) en la gestión pedagógica y en cuanto al Consejo de Alumnos(as) en las gestiones propias de su sector, para el buen
funcionamiento del centro educativo, respetando los procedimientos legales establecidos. El subdirector(a) que se desempeñe como suplente del Director lo sustituye en casos de ausencia, excusas o impedimentos. Art. 48.- Organismo de Administración Escolar. En todo centro educativo oficial existirá un organismo de administración escolar con personería jurídica que se constituirá para la gestión y administración de los servicios educativos, gobernabilidad, promoción de la participación en la toma de decisiones, rendición de cuentas y para coadyuvar a la calidad educativa. Dicho organismo estará integrado por miembros de la comunidad educativa. Los miembros del Organismo de Administración Escolar no devengarán ningún sueldo ni emolumento, ni podrán ser parientes entre sí hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. El Ministerio de Educación conferirá al Organismo de Administración Escolar la personería jurídica mediante acuerdo ejecutivo que se llevará en el registro correspondiente.
Art. 49.- Atribuciones del Organismo de Administración Escolar. Son atribuciones del Organismo de Administración Escolar: 1º. Planificar, presupuestar y administrar los recursos económicos y materiales destinados al centro educativo por diferentes fuentes de financiamiento, y elaborar el presupuesto anual del centro escolar y rendir cuentas de ello; 2º. Solicitar las plazas y cargos necesarios a la Dirección Departamental de Educación con su debida justificación para ser considerados en los respectivos concursos;
3º. Iniciar ante la Junta de la Carrera Docente correspondiente los procesos necesarios para la aplicación de sanciones y cumplir con los requerimientos que aquella le haga; 4º. Hacer uso del sistema de recursos previstos en esta Ley en las diferentes instancias;
5º. Agotada la vía administrativa prevista en esta Ley, ejercer las acciones correspondientes en la jurisdicción contencioso administrativa; 6º. Coordinar con los agentes e instituciones de la comunidad educativa, mediante la suscripción de Convenios para la consecución de los fines educativos; mala redacción 7º. Las demás que determina la presente Ley y su Reglamento. Art. 50.- Dirección Departamental de Educación. La Dirección Departamental de Educación será la responsable de la administración y ejecución de facultades que competen al Ministerio en el departamento correspondiente. El la) Director(a) Departamental de Educación será el superior jerárquico de los Directores de los centros educativos. La Unidad de Desarrollo Humano departamental administrará el escalafón magisterial y el registro escalafonario a nivel departamental en coordinación con la Unidad de Desarrollo Humano del nivel central. El Director Departamental de Educación, para la consecución de los fines que persigue el Ministerio de Educación, creará mecanismos de coordinación con instituciones públicas y privadas con incidencia local que coadyuven a la calidad, la cobertura, la transparencia en las comunidades educativas, de acuerdo a los lineamientos que reciba del Ministerio de Educación; organizará territorialmente los centros educativos y creará los organismos consultivos de administración, a efectos de eficientizar los recursos, de acuerdo a las políticas que para tal efecto dicte el Ministerio de Educación. La Asistenta Técnica Pedagógica de la Dirección Departamental de Educación, tendrá las siguientes funciones: qué es esto 1) Participar con la comunidad educativa en la identificación y formulación del diagnóstico del entorno escolar para la planificación escolar. 2) Potenciar la integración del Centro Educativo y la Comunidad en una relación colaborativa entre los actores del hecho educativo que posibilite los mejores resultados en bien del estudiantado. 3) Asistir al personal directivo en aspectos técnicos pedagógicos en momentos y espacios previamente convenidos. 4) Promover el desarrollo de estrategias de innovación y creación de espacios de participación para compartir experiencias pedagógicas.
Art. 51.- El Tribunal Calificador. El Tribunal Calificador es un organismo de administración de la carrera docente, con autonomía técnica, y estará integrado por tres miembros propietarios(as), así: a) Uno nombrado por los docentes como resultado de una votación, cuya forma se especificará en el Reglamento de esta Ley y quien deberá ser docente Nivel I debidamente inscrito en el Registro Escalafonario, con diez años de experiencia docente y no haber sido sancionado(a) por faltas graves o muy graves durante los últimos cinco años anteriores a la elección, y b) Dos nombrados por el Ministerio de Educación: uno(a), que deberá ser educador(A) y reunir los mismos requisitos establecidos para el nombrado(a) por el sector docente y otro(a), Abogado de la República autorizado por lo menos cinco años antes de su nombramiento.
Tendrán sus respectivos suplentes nombrados(as) en la misma forma y deberán reunir los mismos requisitos que para los propietarios(as), cuya función será sustituir a éstos(as) en los casos de ausencia, excusa, impedimento, renuncia o cualquier otra causa justificada. Los miembros del Tribunal Calificador deberán ser salvadoreños(as) y con título de educación superior. El Tribunal Calificador tomará sus decisiones por mayoría o unanimidad, las cuales serán recurribles ante la Junta de la Carrera Docente correspondiente. El voto negativo deberá ser razonado. Los (las) integrantes del Tribunal Calificador laborarán a tiempo completo y devengarán el salario que les fije la ley de la materia, y tendrán su sede en la ciudad de San Salvador. Art. 52.- Atribuciones del Tribunal Calificador. El Tribunal Calificador tendrá las atribuciones siguientes: 1º. Elaborar y administrar las pruebas correspondientes en todo proceso de selección;
2º. Calificar el expediente profesional y las pruebas de suficiencia de quienes aspiren al cargo de director(a) o subdirector(a) enviados por la Dirección Departamental de Educación; 3º. Calificar el expediente estudiantil y profesional y suministrar las pruebas de selección de quienes aspiren a ocupar una plaza docente vacante; 4º. Calificar el expediente profesional y suministrar pruebas de selección en el caso de traslado, cuando se presente más de un aspirante a ocupar una plaza vacante; 5º. Calificar el expediente profesional y la prueba de suficiencia a quienes aspiren a ascenso de nivel; y, 6º. Calificar el expediente profesional y las pruebas de selección para el otorgamiento de becas a docentes, en los casos en que fuere aplicable. 7º. Calificar el expediente profesional de educativos y emitir el fallo correspondiente. los coordinadores técnicos
El proceso de selección para ocupar plazas vacantes de maestros, director o subdirector, deberá realizarse a solicitud de la Dirección Departamental de Educación. Los procesos de selección y calificación de los expedientes y las pruebas sustentadas por los aspirantes a ocupar las vacantes de docentes, no podrán exceder de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud correspondiente. Cuando se tratare de los procesos de director y subdirector, este plazo no podrá exceder de los noventa días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud correspondiente. Los integrantes del Tribunal Calificador pueden estar impedidos para conocer en determinado proceso de selección y excusarse y ser recusados con justa causa, en la forma y casos previstos para los integrantes de las Juntas y Tribunal de la Carrera Docente. Además, los miembros del Tribunal Calificador podrán ser removidos por las mismas causas para quienes integran las Juntas y el Tribunal de la Carrera Docente. Art. 53.- Juntas de la Carrera Docente y Tribunal de la Carrera Docente.
Para la imposición de sanciones establecidas en esta Ley, por la comisión de faltas menos graves, graves y muy graves, y las gravísimas, son organismos competentes las Juntas de la Carrera Docente y el Tribunal de la Carrera Docente.
Art. 54.- Atribuciones de la Junta de la Carrera Docente. Corresponde a las Juntas de la Carrera Docente: 1º. Conocer en primera instancia de las acciones, excepciones y recursos que se ejerciten en los procedimientos para la imposición de sanciones, en los casos establecidos en la ley y de las reclamaciones que se hicieren en contra del Organismo de Administración Escolar y el Ministerio de Educación por faltas o violación de derechos conforme a la presente Ley;
2º. Conocer de las inconformidades que se interpusieren de las resoluciones emitidas por el Tribunal Calificador, en los procedimientos para la selección de Docentes, Directores(as) o Subdirectores(as);”
3º. Conocer de los casos de impedimentos para el ejercicio de la docencia contemplados en la presente ley; 4º. Propiciar la conciliación en los casos previstos en esta Ley;
5º. Capacitar sobre los procedimientos de la Ley de la Carrera Docente y su Reglamento, a docentes, alumnos(as), padres y madres de familia de su circunscripción territorial, lo cual se hará de acuerdo a la programación de actividades que presenten anualmente al Ministerio de Educación; 6º. Iniciar el procedimiento de oficio cuando cualquier miembro de la Junta tenga conocimiento por sí o por cualquier medio, del cometimiento de las infracciones previstas en esta Ley. 7º. Los demás casos que determine la presente Ley.
Art. 55.- Integración de las Juntas de la Carrera Docente.
Cada Junta estará integrada por tres miembros propietarios, nombrados por el Ministerio de Educación así: Uno(a) designado(a) por el Titular de Educación, uno(a) electo por los docentes y un tercero propuesto por la Corte Suprema de Justicia, quien asumirá la Presidencia del Tribunal. Habrá tres suplentes, quienes se nombrarán en la misma forma que los propietarios(as), cuya función será sustituir a éstos(as) en los casos de ausencia, excusa, impedimento o de renuncia, asumirán la propiedad de plaza por el tiempo que restaba al propietario(a). Los integrantes de las Juntas de la Carrera Docente laborarán a tiempo completo y devengarán el salario que fije la ley de la materia. Los miembros de las Juntas, serán juramentados por el Tribunal de la Carrera Docente y tomarán sus decisiones por mayoría o unanimidad. El voto negativo deberá ser razonado.
Art. 56.- Requisitos para ser miembro de la Junta de la Carrera Docente. Para ser integrante de la Junta de la Carrera Docente se requiere: 1º. En los casos de integrantes propietarios y suplentes que se nombren por el Ministerio de Educación: a) Ser salvadoreño(a), por nacimiento; b) Ser Abogado(a) de la República y haber obtenido su autorización por lo menos tres años antes de su nombramiento; c) Ser de moralidad y competencia notorias; d) Encontrarse laborando en el mismo Departamento; y, e) Estar en el goce de los derechos de ciudadanía y haberlo estado en los tres años anteriores al desempeño de su cargo. 2º. En los casos de integrantes propietarios y suplentes que se nombren por los docentes:
a) Ser salvadoreño(a), por nacimiento; b) Ser Abogado(a) de la República y haber obtenido su autorización, por lo menos tres años antes de su nombramiento;” c) Encontrarse laborando en el mismo Departamento; d) Ser de moralidad y competencia notorias; y,
e) Estar en el goce de los derechos de ciudadanía y haberlo estado en los tres años anteriores al desempeño de su cargo. 3º. En los casos de integrantes propietarios y suplentes que se nombren a propuesta de la Corte Suprema de Justicia:
a) Ser salvadoreño(a), por nacimiento; b) Con residencia en el Departamento donde desarrollará sus funciones; c) Abogado(a) de la República y haber obtenido su autorización, por lo menos cinco años antes del nombramiento; d) De moralidad y competencia notorias; y, e) Estar en el goce de los derechos de ciudadanía y haberlo estado en los tres años anteriores al desempeño de su cargo.
Art. 57.- Atribuciones del Tribunal de la Carrera Docente. Corresponde al Tribunal de la Carrera Docente: 1º. Resolver los recursos que se interpusieren contra las resoluciones de las Juntas de la Carrera Docente; y, 2º. Dirimir las competencias que se susciten entre las Juntas de la Carrera Docente; y, 3º. Las demás atribuciones que esta ley le señale. Art. 58.- Integración del Tribunal de la Carrera Docente.
El Tribunales de la Carrera Docente estará integrados por tres miembros propietarios(as) nombrados(as) y juramentados(as) por el Ministerio de Educación, así: uno designado por el titular de Educación, uno electo por los docentes docentes y un tercero propuesto por la Corte Suprema de Justicia, quien asumirá la Presidencia del Tribunal. Habrá tres suplentes, quienes se nombrarán en la misma forma que los propietarios, cuya función será sustituir a éstos en los casos de ausencia, excusa, impedimento, renuncia o cualquier otra causa justificada.
Los integrantes de los Tribunales de la Carrera Docente laborarán a tiempo completo y devengarán los salarios que les fije la ley de la materia. Los miembros del Tribunal en pleno, tomarán sus decisiones por mayoría o unanimidad. El voto negativo deberá ser razonado.
Art. 59.- Requisitos para ser Miembro del Tribunal de la Carrera Docente.
Para ser integrante del Tribunal de la Carrera Docente, se requiere: 1º. Ser salvadoreño(a), por nacimiento; 2º. Mayor de treinta años de edad; 3º. Abogado(a) de la República; además, en el caso del representante de los docentes deberá ser maestro(a); 4º. De moralidad y competencia notorias; y, 5º. Estar en el goce de los derechos de ciudadanía y haberlo estado en los cinco años anteriores al desempeño de su cargo.
La autorización de los abogados(as) propuestos por los docentes y el Ministerio de Educación, deberá haber sido otorgada por lo menos tres años antes de su nombramiento, excepto en el caso del propuesto por la Corte Suprema de Justicia que será de cinco años. La sede del Tribunal de la Carrera Docente será la ciudad de San Salvador.
Art. 60- Personal Asociado a las Juntas y Tribunales de la Carrera Docente.
El trabajo ordinario de las Juntas y de los Tribunales estará a cargo de un secretario o secretaria de actuaciones nombrado por el Ministerio de Educación a propuesta de aquéllos. El cargo de secretario o secretaria de actuaciones será de carácter permanente e incompatible con cualquier otro cargo de la administración pública, deberá ser abogado(a) de la República y haberse autorizado por lo menos dos años antes de su nombramiento. Habrá también el personal subalterno que sea necesario, el cual será nombrado(a) por el Ministerio de Educación a propuesta de las Juntas o el
Tribunal respectivo. Dicho personal deberá tener conocimientos en el área jurídica. El Ministerio de Educación hará las previsiones y asignaciones presupuestarias para garantizar el funcionamiento de las Juntas y de los Tribunales.
Art. 61.- Impedimentos, Excusas y Recusaciones. Los miembros de las Juntas y del Tribunal de la Carrera Docente en caso de tener impedimento para conocer en determinado procedimiento deben excusarse y pueden también ser recusados con justa causa. Son causas legítimas de recusación, excusa o impedimento las previstas en el Código Procesal Civil y Mercantil y la comisión de cualquiera de las faltas previstas en esta Ley. Para la sustanciación y resolución se observarán los trámites prescritos en el mismo en lo que fueren aplicables. Cuando el impedido sea integrante de las Juntas o de los Tribunales, conocerán del incidente los restantes miembros propietarios con el suplente en funciones. Si estuviesen impedidos(as) todos los miembros propietarios(as) conocerán del incidente los suplentes.
Art. 62.- Duración de Funciones. Los miembros propietarios del Tribunal Calificador, de las Juntas de la Carrera Docente, del Tribunal de la Carrera Docente, desempeñarán sus funciones durante un período de cinco años contados desde la fecha de su respectivo nombramiento. Los miembros Propietarios y Suplentes del Tribunal Calificador, las Juntas de la Carrera Docente y Tribunal de la Carrera Docente, designados por el Titular del Ministerio de Educación, deberán entenderse estos como cargos de confianza. Los miembros propietarios no podrán ser electos, nombrados o designados para ningún otro periodo posterior.
Art. 63.- De la Remoción y su Procedimiento. Los miembros de las Juntas y Tribunales podrán ser removidos por el Titular del Ministerio de Educación, o a quien éste designe, por las siguientes causas:
1º. Ineptitud o ineficiencia manifiestas en el desempeño de su cargo; 2º. Abuso de autoridad, atribuyéndose funciones que la Ley no le confiere; 3º. La inasistencia sin causa justificada al desempeño de sus labores durante ocho días consecutivos o la inasistencia a las labores sin causa justificada, por diez días hábiles no consecutivos en un mismo mes calendario; 4º. Haber sido condenado(a) por delito; 5º. Ejercer el cargo no obstante carecer de los requisitos legales para su desempeño; 6º. Solicitar o recibir dádivas, promesas o favores de los interesados en los procesos, ya sea en forma directa o por interpósita persona; 7º. Asesorar en asuntos que conociere por razón de su cargo; 8º. Hacer constar en diligencias hechos que no sucedieron o dejar de relacionar los que sucedieren; y, 9º. Presentarse a ejercer sus funciones en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas alucinógenas, estupefacientes o enervantes. 10º. Pérdida de confianza. Y para el electo por el sector docente
El procedimiento para la remoción podrá ser iniciado de oficio o por denuncia, para lo cual el Titular mandará a oír al interesado, por el término de tres días hábiles contados a partir de la notificación respectiva. Transcurrido el término de la audiencia, habiendo comparecido el interesado, o en su rebeldía, se abrirá el proceso a pruebas por el término de ocho días hábiles, la prueba podrán recabarse de oficio, y su valoración quedará sujeta a las reglas de la sana crítica. Concluido el término probatorio, se emitirá la resolución correspondiente, que se notificará a la parte interesada. De la resolución que se emita en los casos de remoción por el Tribunal de la Carrera Docente, se admitirá recurso de revisión ante la autoridad que lo dicto, dentro de los tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación. El recurso será resuelto por la autoridad competente, con solo la vista del expediente en el plazo máximo de diez días hábiles.
Art. 64- Colaboración. Los jefes(as) de las oficinas públicas y de los organismos a que se refiere esta Ley, tendrán la obligación de permitir el acceso a dichas dependencias a los miembros de las Juntas y Tribunales de la Carrera Docente y Tribunal Calificador previa identificación, y resolución motivada en la cual la Junta o Tribunales hayan ordenado realizar tal diligencia, y estos estarán obligados a suministrarles la información que les pidan en los asuntos de que conozcan, bajo pena de multa equivalente a dos salarios mínimos urbanos mensuales.
Cuando la oficina o institución o Jefe(a) sean del Ministerio de Educación, deberá ser competencia del Tribunal realizar el proceso para la imposición de la misma a petición de la Junta de la Carrera Docente o de oficio cuando fuere éste el requirente; y si fuere otra dependencia pública, la Junta o el Tribunal deberán informar a la instancia correspondiente.
Art. 65.- Disposición Común. Las Juntas de la Carrera Docente, Tribunal de la Carrera docente y Tribunal Calificador son organismos paritarios que deben renovarse cada cinco años. Cuando uno de sus miembros sea sustituido antes de finalizar el periodo de cinco años que dura su nombramiento, el (la) suplente será nombrado(a) por el período que le faltaba al propietario para cumplir el plazo. En el caso de los (las) designados de forma directa por el Titular del Ministerio de Educación podrán ser removido(a) de su cargo de conformidad al inciso tercero del Art.219 de la Constitución de la República, no siendo necesaria la tramitación previa del procedimiento establecido en la Ley de Garantía de Audiencia para los Empleados Públicos no comprendidos en la Carrera Administrativa, en virtud de ser un cargo de confianza.
CAPITULO IX REGIMEN DISCIPLINARIO SECCION A INFRACCIONES FALTAS Art. 66.-Clasificación de las faltas. Las faltas se clasifican en: menos graves, graves, muy graves y gravísimas.
Art. 67.- Faltas Menos Graves. Son faltas menos graves:
1º. La impuntualidad injustificada de su horario de trabajo durante tres días en el mes.
2º. El uso inadecuado de los materiales didácticos y demás implementos o bienes destinados al servicio del centro educativo. 3º. Fumar durante la jornada de trabajo, tanto dentro de las aulas como fuera de éstas cuando desarrolle actividades pedagógicas o recreativas con los alumnos. 4º. Realizar actividades distintas de la labor educativa durante su jornada de trabajo. Art. 68.- Faltas Graves. Son faltas graves: 1º. La inasistencia injustificada y continuada a sus labores durante cinco días hábiles. 2º. La comisión de actos que perturben el normal desarrollo de las labores dentro de los centros educativos. 3º. La desobediencia a los superiores jerárquicos en asuntos relacionados con el quehacer educativo o con el desempeño laboral, o la falta de respeto a dichos superiores, a sus compañeros de trabajo, a los educandos y a los padres de familia de éstos, sea en su presencia, en escrito que se les dirija o con publicidad. 4º. La realización de cualquier otra clase de actividades político-partidistas dentro de las instalaciones de los centros educativos; el procurar influir en las decisiones gremiales de sus subalternos(as) y educandos; o la ostentación o colocación de distintivos, emblemas u otros objetos que los acrediten como integrantes o simpatizantes de un partido político, dentro de las instalaciones del centro educativo o lugar de trabajo. 5º. La utilización de la infraestructura de los centros educativos para actividades ajenas a la labor educativa, sin previa autorización del Consejo Directivo Escolar. 6º. El laborar en otro centro educativo durante su jornada de trabajo oficial. 7º. El incumplimiento reiterado de cualquiera de las obligaciones señaladas en esta Ley, siempre que no constituyan faltas menos graves o muy graves. 8º. El coartar el derecho de libre asociación gremial de los docentes y alumnos(as). 9º. El cobro o establecimiento de cuotas a cualquier título, para beneficio personal o de terceros, en los centros oficiales de educación.
10º. Negarse a participar en cursos, seminarios u otras propuestas de desarrollo profesional. 11º. Cometer por segunda vez, en un mismo año escolar una falta menos grave por lo cual fue sancionado anteriormente.
Art. 69.- Faltas Muy Graves. Son faltas muy graves:
1º. Destruir, dañar o vender el material didáctico y demás implementos o bienes destinados al servicio del centro educativo. 2º. Incitar o permitir la comercialización, distribución o la ingestión de bebidas embriagantes o el uso de drogas alucinógenas, estupefacientes o enervantes dentro de los centros educativos o fuera de éstos con ocasión de la realización de actos, actividades o paseos escolares, educativos o que formen parte de sus labores y en que los educandos se hallan bajo la responsabilidad del docente. 3º. Dar, ofrecer, prometer, exigir o recibir dinero, o cualquier otra ventaja, servicio o bien, con la finalidad de gestionar, influir, obtener o conceder nombramientos, pruebas, calificaciones, títulos, certificados de promoción, inscripciones, ascensos escalafonarios, equivalencias de estudios y cualquier otro documento necesario para la obtención de un nombramiento o ascenso, así como el uso de constancias o certificaciones falsas o cuyos datos hayan sido falsificados para la obtención de un cargo docente o ascenso escalafonario. 4º. Destruir, mutilar, sustraer, alterar o extraviar registros escolares o de cualquiera otra naturaleza, así como el consignar en ellos datos falsos o falsificarlos. 5º. Sustraer, apropiarse o disponer de fondos o bienes destinados al servicio del centro educativo, o de las instituciones que con él cooperen, así como de los intereses que aquellos hubieren generado, y el contraer deudas o efectuar colectas para fines personales a nombre del centro educativo o para cualquier otra finalidad no autorizada. 6º. Permitir, facilitar o explosionar bombas de propaganda político-partidista o cualquier otro artefacto con fines de la misma naturaleza, dentro de los centros educativos o en sus alrededores contiguos, o conocer de tales planes y no denunciarlos al Director(a) de dicho centro educativo o al
Ministerio de Educación, o indoctrinar o manipular ideológicamente a los estudiantes a favor de algún partido político. 7º. Portar armas de cualquier clase durante el desempeño de sus labores o ejecutar actos, u observar conductas, que pongan o puedan poner en peligro la seguridad de los alumnos(as) y demás compañeros(as). 8º. Negar sin justa causa la toma de posesión a cualquier docente que haya sido seleccionado por el Tribunal Calificador para ocupar una plaza vacante” 9º. La aplicación de cualquier forma de maltrato físico o psíquico a los alumnos(as), que atente contra su dignidad, su integridad personal o el desarrollo de su personalidad. 10º. No denunciar las violaciones a la presente Ley y demás Leyes de la República, que tenga conocimiento en razón de su cargo. 11º. Cometer por segunda vez, en un mismo año escolar una falta grave por lo cual fue sancionado anteriormente.
Art. 70. Faltas Gravísimas.
1. Acosar sexualmente a compañeros o compañeras de trabajo, alumnos o alumnas, o a los padres o madres de éstos, así como cometer otras agresiones o ataques contra la libertad sexual de las mismas personas, tanto dentro del centro educativo como fuera de este, cuando desarrolle actividades de carácter pedagógico o recreativas. 2. No realizar las liquidaciones de los fondos transferidos por el Ministerio de Educación, indistintamente de la fuente de financiamiento, en los plazos establecidos para ello. 3. Ingerir, encontrarse o presentarse al desempeño del cargo en estado de ebriedad, bajo la influencia de tales drogas u otros barbitúricos, o comercializarlas o distribuirlas dentro de los centros educativos o fuera de éstos con ocasión de la realización de actos, actividades o paseos escolares, educativos o que formen parte de sus labores y en que los educandos se hallan bajo la responsabilidad del docente. 4. Dejar de asistir injustificada y continuadamente a sus labores durante ocho días hábiles consecutivos, o diez días hábiles no consecutivos, en un mismo mes calendario.
SECCION B SANCIONES Art. 71.- Sanciones. Por las faltas disciplinarias cometidas por los educadores(as) se podrá imponer las siguientes sanciones: Sanciones principales: 1º. 2º. 3º. 4º. Amonestación escrita; Suspensión sin goce de sueldo de tres a treinta días Suspensión sin goce de sueldo de treinta y un días a sesenta días; y, Despido.
Sanción accesoria: Es la inhabilitación para el ejercicio de la docencia. Además, los superiores en jerarquía podrán hacer al personal subalterno las prevenciones verbales o escritas que consideren oportunas ante aquellas acciones que no sean constitutivas de faltas, con el objeto de promover la armonía y el respeto entre el personal docente, alumnos y padres de familia.
Art. 72.-Amonestación Escrita. La amonestación escrita deberá ser aplicada en los casos de faltas menos graves. La amonestación consistirá en la reclamación al infractor por la falta cometida, exposición de las consecuencias perjudiciales de la misma a la buena marcha de las labores y la conminación a que no vuelva a repetirse su comportamiento, bajo pena de considerarse en caso de reincidencia como de mayor gravedad.
Art. 73.- Suspensión sin goce de sueldo. La suspensión en el desempeño de su cargo, sin goce de sueldo, de tres a treinta días, deberá ser aplicada en los casos de faltas graves. La suspensión en el desempeño de su cargo, sin goce de sueldo, de treinta y un días a sesenta días, deberá ser aplicada en los casos de faltas muy graves.
La suspensión sin goce de sueldo consistirá en la separación temporal del docente del cargo que desempeñe, por un lapso enmarcado en los límites mínimos y máximos previstos en el inciso anterior, durante el cual no devengará sueldo ni emolumento alguno.
Art. 74.- Suspensión Previa. También podrá ordenarse la suspensión en el desempeño del cargo, sin goce de sueldo, en los casos siguientes: 1º. Por el cometimiento de cualquier falta gravísima; y. 2º. Por la detención provisional o el arresto domiciliario del docente decretados por autoridad competente;
En ambos casos, la suspensión podrá ordenarse por la autoridad, superior jerárquico o jefe, el director del centro educativo, o el Organismo de Administración Escolar sin ningún trámite, pero estarán en la obligación de presentar la denuncia correspondiente ante la Junta de la Carrera Docente respectiva dentro de los diez días hábiles siguientes a la de la suspensión del docente, debiendo expresar, bajo pena de inadmisibilidad, la suspensión previa del docente, debiendo la Junta resolver sobre la validez o invalidez de la sanción. La suspensión previa es una medida cautelar tendiente a salvaguardar la institucionalidad, seguridad jurídica e integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa y el normal desarrollo de las labores educativas; así mismo, garantizar al docente el pago del salario en caso que resulte absuelto mediante sobreseimiento definitivo de carácter judicial, con excepción del numeral 1 que se refiere a sentencias pronunciadas por las Juntas de la Carrera Docente. La suspensión previa durará hasta que se pronuncie sentencia definitiva condenatoria, en cualquiera de los casos previstos. Pero si la sentencia definitiva fuere absolutoria, se le pagará al docente el sueldo que corresponda al lapso de suspensión, excepto si se hubiere acordado a consecuencia de auto de detención provisional o de arresto domiciliario, y será reintegrado(a) al cargo que desempeñaba anteriormente, siempre que se presente a más tardar dentro de los cinco días hábiles subsiguientes a la fecha en que cesaron las causas que motivaron la suspensión.
En los casos que la suspensión previa se aplique a los directores de centros educativos, el Ministerio de Educación deberá nombrar interinamente directores de conformidad a lo dispuesto en esta Ley.
Art. 75.- Despido. El despido consiste en la cancelación del nombramiento y la terminación de la relación jurídica que une al docente con su empleador(a) y, consecuentemente, conlleva la separación definitiva del cargo que desempeña el(la) infractor(a), y procederá en el caso de las faltas gravísimas. También procederá el despido en el caso que incurra por tercera vez en la comisión de la misma falta menos grave, grave y muy grave, habiéndose impuesto las sanciones contempladas en esta Ley.
Art. 76.- Inhabilitación por Sanción. El despido llevará inherente la inhabilitación para el ejercicio de la docencia y será procedente únicamente para los casos de despido por acoso sexual y cometimiento de delitos, debiéndose armonizar el plazo para su habilitación con el de la LEPINA, el cual es de cinco años, Transcurrido dicho plazo el docente quedará rehabilitado de pleno derecho para el ejercicio de la docencia, si no estuviere pendiente rehabilitación judicial. En caso de despido por las otras causales, no se inhabilitará para el ejercicio de la docencia, pero se limitará su participación en los procesos de concurso de plaza vacante promovidos por el Ministerio de Educación, durante un plazo de un año contado a partir del despido. El docente despedido(a) continuará inscrito en el Registro Escalafonario.
Art. 77.- Inhabilitación por Estado de Salud. En cualquiera de los casos a que se refiere el numeral 5) del Art. 40, la declaratoria de incapacidad del(la) docente mediante el procedimiento previsto en esta ley, producirá también la inhabilitación del docente para el ejercicio de la docencia.
Art. 78.- Inhabilitación Judicial. Toda pena de prisión impuesta al(la) docente mediante sentencia ejecutoriada pondrá fin a la relación jurídico-laboral que une al docente con el Estado, bastando para tales efectos el aviso correspondiente del Juez respectivo,
comunicado al Organismo de Administración Escolar del centro educativo en donde aquél labore y a la Unidad de Desarrollo Humano y Junta de la Carrera Docente del departamento respectivo. En estos casos la inhabilitación se extenderá por todo el tiempo que dure la pena hasta que el condenado(a) obtenga su rehabilitación por orden de autoridad judicial.
Art. 79.- Efectos de la Inhabilitación. La inhabilitación para el ejercicio de la docencia tiene carácter permanente, pero el docente podrá, previos los trámites y requisitos establecidos en esta misma Ley, lograr su rehabilitación, demostrando fehacientemente, el desaparecimiento de las causas que motivaron tal inhabilitación.
CAPITULO X PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES SECCION A PROCEDIMIENTO COMUN INICIACION DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Art. 80.-Iniciación del Procedimiento. El procedimiento para la aplicación de sanciones previstas en esta Ley podrá ser iniciado de oficio cuando los miembros de la Junta tengan conocimiento por sí o por cualquier medio, del cometimiento de las infracciones previstas en esta Ley, o mediante denuncia verbal o escrita. Si la denuncia fuere verbal deberá constar en acta que se levantará para tal efecto.
Art. 81.- Requisitos de la Denuncia. La denuncia escrita deberá reunir los requisitos siguientes:
1º. Nombre, edad, apellido y demás generales del(la) denunciante y en su caso los del agraviado, si denunciare en representación de otra persona; 2º. Nombre, apellido y demás generales, cargo y lugar de trabajo del denunciado(a); 3º. Relación circunstanciada del hecho acaecido, mención de la prueba pertinente y señalamiento de la forma y demás circunstancias para obtenerla; y, 4º. Lugar, fecha y firma del (la) denunciante o de la persona que lo hace a su ruego o su representante legal. Si la denuncia no reuniere cualquiera de los requisitos anteriores, se prevendrá al denunciante para que dentro del tercero día subsane las omisiones. En todo caso deberá iniciarse de oficio el procedimiento.
Art. 82.-Deber de Denuncia. Deberán denunciar la comisión de las infracciones previstas en esta Ley el Ministerio de Educación por medio del titular o a través de las Direcciones Departamentales de Educación, en cualquiera de sus niveles de organización jerárquica administrativa, los directores o subdirectores de los centros educativos, las organizaciones gremiales de docentes legalmente constituidas, los docentes(as), el Organismo de Administración Escolar y los padres y madres de familia que tengan hijos(as) matriculados en la institución y los alumnos(as) de la misma. Tratándose de alumnos(as) menores de edad, se estará a lo previsto en el procedimiento especial establecido en esta Ley. Cuando la denuncia se interponga en representación de otra persona, el (la) compareciente deberá legitimar la personería con que actúa.
Art. 83.- Impulso Oficioso. Iniciado el procedimiento será impulsado de oficio, el denunciante tendrá facultad para presentar las pruebas pertinentes al hecho que se investiga dentro del término fijado para la recepción de las mismas, para cuyo efecto deberá notificársele la resolución que ordene la apertura del término para la recepción de pruebas. Asimismo, podrá interponer los recursos establecidos en esta ley.
Art. 84. Actos Iniciales.
La resolución que admita la denuncia o que ordene iniciar el procedimiento por vía oficiosa, será notificada inmediatamente por la Junta a las partes legítimas contradictoras, haciéndoles entrega de una copia del auto que ordenó inicio del procedimiento, anexando al mismo copia de la denuncia o del acta donde conste la misma. La notificación se realizará siguiendo las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, para el emplazamiento, so pena de nulidad. Una vez se haya realizado la respectiva notificación, se otorgará un plazo de seis días hábiles para que comparezca a ejercer su derecho de defensa por sí o por medio de mandatario, representante legal o responsable. La notificación de dicha resolución equivale al emplazamiento. Pueden comparecer por otro: 1º. Los abogados(as); 2º. La persona que al efecto designe el Ministerio de Educación que tenga facultades para procurar, cuando éste sea el denunciado; y 3º. Los representantes legales o responsables de los menores de 18 años de edad. La designación del mandatario podrá hacerse por escritura pública, escrito presentado personalmente, escrito con firma autenticada del denunciado o verbalmente ante la Junta o Tribunal, en cuyo caso se levantará el acta correspondiente en la que conste tal designación. Para poder intervenir como tal, el mandatario deberá comparecer ante la Junta para aceptar el cargo conferido. En los casos de suspensión previa, el docente deberá presentarse ante la Junta de la Carrera Docente dentro de los tres días hábiles siguientes de ocurrida la suspensión y si aún no se hubiere iniciado procedimiento en su contra dejará consignado el lugar en que deba notificársele la resolución antes dicha. Si no se presentare se le notificará por edicto.
Art. 85.- Audiencia Conciliatoria. En los procedimientos instruidos por la comisión de faltas menos graves y graves, la resolución que admita la denuncia o que ordene iniciar el procedimiento por vía oficiosa, deberá incluir la convocatoria a una audiencia de conciliación dentro del plazo de seis días hábiles. El día y hora señalados, la Junta de la Carrera Docente respectiva propiciará la conciliación entre las partes.
El logro de la conciliación extinguirá la responsabilidad en que hubiere incurrido el docente en consecuencia, deberá ordenarse el archivo de las diligencias instruidas hasta ese momento. Si no se alcanzara la conciliación, el procedimiento continuará su trámite legal. De todo lo acontecido en la audiencia conciliatoria se levantará un acta, la cual deberá ser firmada por los miembros de la Junta, el denunciado, el denunciante y el secretario(a) de la Junta.
Art. 86.- Audiencia para la Recepción de Pruebas. Transcurrido el término previsto en el tercer inciso del Art. 84 y del inciso primero del Art. 85 en su caso, con la comparecencia del denunciado o sin ella, en cuyo caso la Junta deberá dentro de los tres días hábiles siguientes nombrarle defensor de oficio, so pena de nulidad, la Junta, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ordenará una audiencia de recepción de pruebas la cual notificará a las partes. En dicha audiencia se recibirán las pruebas que aporten el(la) denunciante, el denunciado(a), su defensor(a) y las que la Junta estime producir de oficio. Toda recepción de prueba constará en acta. A efectos de garantizar la igualdad procesal, cuando alguna de las partes ejerza sus derechos a través de carga o defensa técnica, la Junta garantizará que la otra parte cuente con las mismas posibilidades procesales, so pena de nulidad. Concluida la audiencia, y en el mismo acto la Junta pronunciará el fallo que corresponda. La no observancia de este procedimiento conllevará nulidad de los actos.
Art. 87.- Sentencia. La sentencia definitiva deberá contener: 1º. La mención de la Junta, el lugar, día y hora en que se ha dictado, el nombre de los miembros, el del(la) denunciante, el del defensor(a), las generales del denunciado(a) y la enunciación de los hechos que han sido objeto del procedimiento; 2º. La determinación precisa y circunstanciada del hecho denunciado; 3º. La parte dispositiva con mención de las normas aplicables, con exposición precisa de los motivos de hecho y de derecho en que los fundamentan; 4º. El fallo correspondiente; y, 5º. La firma de los miembros de la Junta.
En la fundamentación de la sentencia, la Junta valorará la prueba producida en base a las reglas de la sana crítica y tomando en cuenta las formalidades establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil.
Art. 88.- Recursos. De las resoluciones proveídas por las Juntas de la Carrera Docente, procederá el recurso de revocatoria y el de apelación. El recurso de revocatoria deberá interponerse por escrito fundado, ante la misma Junta, dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación respectiva. Admitido el recurso, la Junta resolverá lo pertinente, con la sola vista de los autos, a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes. El recurso de apelación para ante el Tribunal de la Carrera Docente deberá interponerse por escrito fundado dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la notificación de la sentencia o de la resolución que resuelve la revocatoria. Dicho recurso se interpondrá ante la junta sentenciadora y en él se expresarán, bajo pena de inadmisibilidad, los motivos que se tengan para fundamentar el agravio que cause la sentencia. Interpuesto el recurso de apelación la Junta resolverá inmediatamente sobre su admisión y si fuere procedente, lo admitirá y con noticia de partes remitirá los autos al Tribunal de la Carrera Docente en el mismo día, sin otro trámite ni diligencia. Las partes deberán, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la admisión del recurso, deberán comparecer por escrito ante el Tribunal de la Carrera Docente, para hacer sus alegaciones y aportar las pruebas que se estimen pertinentes. El Tribunal después de recibidos los alegatos y las pruebas que hubieren sido ofrecidas, resolverá el recurso dentro de los tres días hábiles siguientes. La sentencia que dicte el Tribunal se concretará a confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia, dictando en su caso la que corresponda. La parte que se considere agraviada por la sentencia proveída por el Tribunal de la Carrera Docente en el incidente de apelación, podrá ejercer sus derechos mediante la acción contencioso administrativa ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. La tramitación de los recursos de revocatoria y de apelación no podrá exceder de cinco y treinta días respectivamente, bajo pena de multa equivalente a entre quince y treinta salarios mínimos urbanos diarios, que se impondrá a cada uno
de los miembros de los respectivos organismos de administración de la carrera docente, que incurrieren en el retardo.
Art. 89.- Nulidades. Los actos procesales serán nulos, cuando no se hayan observado los procedimientos establecidos en esta Ley, o cuando se violen derechos y garantías individuales previstas en la Constitución de la República, los tratados internacionales ratificados por El Salvador. En este caso, el(la) perjudicado(a) tendrá derecho a pedir la declaratoria de nulidad ante la Junta o Tribunal. La nulidad de un acto procesal, cuando sea declarada, invalidará todos los actos consecutivos que de él dependan. Las sanciones impuestas por procedimientos diferentes a los previstos en esta Ley serán nulas. En estos casos la Junta o el Tribunal deberá ordenar que se le cancelen, a costa de la autoridad responsable, los sueldos y emolumentos dejados de percibir, los que no podrán exceder de lo correspondiente a tres meses, y a que se le restituya en su cargo, para lo cual la Junta o Tribunal remitirá certificación al funcionario responsable a efecto de que, dentro del plazo de diez días hábiles, cumpla con lo proveído, bajo pena de multa de un salario mínimo urbano mensual.
Art. 90.- Ejecución de Sentencias. Las sentencias impuestas se ejecutarán por las Juntas de la Carrera Docente, tres días hábiles después de notificada la sentencia sin que se haya recurrido de ella. Si un funcionario(a) responsable no cumpliere con la sentencia en el término indicado, será multado(a) con quince a treinta salarios mínimos urbanos diarios que hará efectiva la autoridad superior en grado, sin perjuicio de las responsabilidades penales. La certificación de la sentencia de las Juntas y del Tribunal de la Carrera Docente tendrá fuerza ejecutiva.
Art. 91.- Notificaciones y Citaciones. Las notificaciones y citaciones se harán a todos los que intervengan como parte en los procedimientos previstos en esta Ley, para lo cual las partes en su primer escrito deberán consignar una dirección para recibirlas dentro de la circunscripción del tribunal, o un medio técnico o electrónico, magnético o de
cualquier otra naturaleza, que posibilite la constancia y ofrezca garantía de seguridad y confiabilidad. Las notificaciones se realizarán de conformidad con las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, bajo pena de nulidad.
Art. 92.- Prescripción de la Acción. La acción para iniciar el procedimiento para la imposición de sanciones, prescribirá transcurridos noventa días después de ocurrido el hecho constitutivo de la infracción. Transcurrido ese tiempo es nula cualquier acción que dé inicio a un procedimiento. No obstante por la falta contenida en el numeral 1) del artículo 70 de la presente Ley, la acción prescribirá en el plazo de cinco años.
Art. 93.- Sanción por Incumplimiento de Términos. Todo incumplimiento de los términos establecidos en esta Ley por culpa imputable a los organismos encargados de la administración de la carrera docente será sancionado con una multa equivalente a entre quince y treinta salarios mínimos urbanos diarios, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
Art. 94.- Características del Procedimiento. La tramitación del procedimiento para la aplicación de sanciones no podrá exceder de noventa días para las Juntas de la Carrera Docente y la tramitación de los recursos de apelación ante los Tribunales de la Carrera Docente, de treinta días, bajo pena de multa equivalente a entre quince y treinta salarios mínimos urbanos que se impondrá a cada uno de los miembros de la Junta o del Tribunal que se hubieren excedido de dicho término. No habrá lugar a reconvenciones en los procedimientos sancionatorios de que conozcan las Juntas de la Carrera Docente. Tendrán acceso a los respectivos expedientes solamente el(la) denunciante y el(la) denunciado(a), o el(la) apelante y el apelado en su caso, y sus representantes legales. Asimismo, podrá tener acceso a todo expediente sentenciado el Ministerio de Educación, a través de los miembros de la Unidad correspondiente, a efecto de que pueda practicar auditorías técnicas sobre el desempeño de las Junta y los Tribunales, así como al cómputo de los términos.
ART. 95.- Procedimiento Especial en Caso de Inconformidad del Educador con el Registro Escalafonario.
Admitida la denuncia, la Junta de la Carrera Docente, emplazará al Director Departamental de Educación o su Apoderado y al educador (a) para que concurra a la audiencia que señalará dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del último emplazamiento. En dicha audiencia la Junta recabará la prueba que se le presente, la que produzca de oficio y oirá los alegatos del denunciante y denunciado (a). Concluida la audiencia, inmediatamente resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la denegatoria de inscripción en el Registro Escalafonario y comunicará tal resolución en los próximos cinco días hábiles. De dicha resolución no se admitirá recurso alguno.
Art. 96.-Procedimiento de Amonestación. Cuando el hecho que origina el procedimiento esté sancionado con amonestación escrita, la junta en una sola audiencia que señalara para tal efecto, recabará toda la prueba pertinente, dejando constancia de ello en acta que elaborará para tal efecto, inmediatamente pronunciara la sentencia que corresponda.
Art. 97.- Procedimiento para la Declaración de Incapacidad para el Ejercicio de la Docencia. La declaratoria de incapacidad de un educador para el ejercicio de la docencia deberá solicitarse a la Junta de la Carrera Docente competente, por cualquiera de las personas nominadas en el Art. 77 de esta Ley, mediante escrito fundado, exponiendo las razones para pedir la declaratoria de tal incapacidad y la consiguiente separación del cargo, acompañando la prueba documental si la hubiere o pidiendo que se practique la prueba pericial correspondiente.
La Junta resolverá sobre la incapacidad del docente dentro del plazo de tres días hábiles con sólo la vista de la prueba documental presentada y con la pericial en caso la haya considerado necesaria o no fuere suficiente la documental. En todo caso, remitirá certificación de su resolución a la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, en el plazo de tres días hábiles para su cumplimiento y anotación en el Registro Escalafonario. La declaratoria de incapacidad por estado de salud o falta de razón produce los efectos de la suspensión sin responsabilidad para el docente prevista en el Art. 52 de esta Ley. Sin embargo, cuando la enfermedad o la discapacidad física fuere de carácter permanente, la Junta de la Carrera Docente deberá ordenar la cancelación del nombramiento del docente, sin que esto implique el cese del derecho de asistencia por parte del Estado que se le hubiere otorgado de conformidad con la Ley del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. En el caso del numeral 5) del Art. 40, la declaratoria de incapacidad por contravención a la ley producirá la terminación de la relación jurídico laboral sin responsabilidad para el Estado. Para estos efectos la Junta de la Carrera Docente, ordenará la cancelación del respectivo nombramiento. Será nulo cualquier nombramiento que se hiciese en contravención a lo dispuesto en esta Ley; pero los actos del educador nombrado indebidamente que hubiere desempeñado sus funciones, serán válidos si estuvieren ajustados a la Ley y al Reglamento. El educador deberá reintegrar los sueldos o emolumentos percibidos, en caso se le comprobare malicia. Si la malicia se le comprobare al funcionario responsable, deberá éste pagarle de su peculio personal los sueldos o emolumentos que al educador le correspondiere.
Art. 98.- Procedimiento para Obtener la Rehabilitación. El educador(a) que hubiere sido inhabilitado para el ejercicio de la docencia de conformidad a la parte primera del inciso cuarto del artículo que antecede, podrá solicitar a la Junta de la Carrera Docente correspondiente su rehabilitación desde el momento que desaparezcan las causas que motivaron la declaratoria. Dicha solicitud deberá presentarse por escrito fundado en el que se expongan las razones que el docente considere que le asisten, para ser rehabilitado(a), acompañándolo con la prueba pertinente o señalando el lugar donde se encuentre, so pena de declarar inadmisible dicha solicitud.
De la anterior solicitud, la Junta dará conocimiento al Ministerio de Educación y al Organismo de Administración Escolar que administre el centro educativo donde laboraba el docente para que, si lo creyere conveniente, se presenten dentro de los quince días siguientes oponiéndose a la rehabilitación, aduciendo las razones que tengan para tal oposición Transcurrido el término previsto anteriormente, la Junta ordenará la recepción de la prueba en la forma prevista para el procedimiento común. Concluida la audiencia para recepción de pruebas, la Junta resolverá lo que fuere procedente en el término de cinco días.
Art. 99.- Denuncia Interpuesta por Estudiantes Menores de Edad. Cuando fuere interpuesta denuncia en contra de un docente, por un alumno(a) menor de edad, podrán intervenir en los procesos establecidos por esta Ley, su madre, su padre y otros representantes, y en su caso el Procurador General de la República por medio de sus agentes debidamente facultados para ello, en este último caso la Junta, le notificará a la Procuraduría General de la República del departamento respectivo a efecto que se muestre parte.
Art. 100.- Procedimiento para la Imposición de Multas. Para la imposición de una multa en los casos previstos en esta Ley serán competentes las Juntas de la Carrera Docente. Cuando la infracción que origina la multa haya sido cometida por las Juntas, será competente para imponer la sanción el Tribunal de la Carrera Docente. Si éste fuere el infractor, la sanción la impondrá la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Para hacer efectiva la multa, las Juntas, el Tribunal o la Sala notificarán la respectiva resolución al infractor, quien podrá presentar la prueba de descargo pertinente dentro del término de tres días hábiles. Presentada o no la prueba ofrecida, se resolverá lo conveniente dentro del término de veinticuatro horas.
Art. 101.- Ingreso por Multas. El monto de las multas que se impusieren como consecuencia de las sanciones establecidas en la presente Ley, ingresarán al Fondo General de la nación.
Art. 102.- Desacuerdo con las Decisiones del Tribunal Calificador. Cualquiera de las personas nominadas en el Artículo 82 que estuviere en desacuerdo con la decisión emitida por el Tribunal Calificador en un proceso de selección, podrá concurrir a la Junta correspondiente para mostrar su inconformidad dentro de los tres días hábiles siguientes, exponiendo las causas que le motivan y ofreciendo la prueba que estime pertinente. Admitida la inconformidad, la Junta, dentro del tercero día, solicitará informe sobre el caso al Tribunal Calificador, quien a partir de la recepción de la solicitud, tendrá un plazo de tres días hábiles para proporcionarlo. Transcurrido ese plazo, con el informe o sin él, dentro de los tres días siguientes señalará fecha y hora para la verificación de una audiencia en que recibirá la prueba ofrecida por el denunciante, debiendo resolver sobre la procedencia o improcedencia de la decisión inmediatamente de finalizada dicha audiencia. Dicha resolución no admite recurso alguno y su trámite no deberá ser obstáculo para nombrar al Director, Subdirector o docente seleccionado; estándose a lo que la junta resuelva. CAPITULO XII DISPOSICIONES GENERALES, TRANSITORIAS, DEROGATORIA Y VIGENCIA SECCION A DISPOSICIONES GENERALES Art. 103.- Cargos de Administración Superior y Organismos Administrativos de la Carrera Docente. El(la) educador(a) que se encuentre ejerciendo un cargo docente y acepte un cargo de administración superior, o de miembro de Juntas o Tribunales tendrá derecho a gozar de licencia sin goce de sueldo por todo el tiempo que funja en el cargo aceptado y a regresar al mismo cargo anterior al terminar sus funciones, excepto los cargos de Director(a) o Subdirector(a) de centros educativos. Son cargos de administración superior, los de directores, gerentes, jefes y subjefes de departamento o sección al servicio del Ministerio de Educación.
Art. 104.- Docentes que gozan de Becas. A los docentes que gocen de becas dentro o fuera del país con fines de superación en la docencia, previa aceptación del Ministerio de Educación, se les
computará el tiempo de duración de la misma como tiempo de servicio válido para ascenso de categoría. Art. 105.- Docentes Escalafonados que laboran en Instituciones de Educación Superior, Centros Educativos Privados y Programas Especiales. A los docentes escalafonados(as) que laboran en instituciones de Educación superior deberán ejercer labores docentes y sus plazas deberán ser a tiempo completo o medio tiempo, debiendo estar dichas instituciones oficialmente reconocidas por el Ministerio de Educación; de igual manera los docentes que laboren en centros educativos privados deberán ejercer labores docentes a tiempo completo y el centro educativo deberá estar oficialmente reconocido por el Ministerio de Educación, o en programas especiales reconocidos por el Ministerio de Educación, todos ellos cuando se incorporen al servicio del Estado para efectos de ascenso de categoría, se les tomará en cuenta el tiempo servido en ellos. Los docentes que presten sus servicios en instituciones de educación superior, conservarán su situación escalafonaria y se les reconocerá el tiempo servicio en ella para efectos de antigüedad. Art. 106.- Educadores al Servicio de Centros Educativos Administrados por Religiosos. Los docentes que presten sus servicios en centros educativos religiosos, con cargos técnico-administrativos o docente, serán administrados por las autoridades de dichos centros. Pero si tienen nombramiento por Ley de Salarios, estarán sujetos a la presente Ley Art. 107.- Casos y Procedimientos no previstos. Las disposiciones de esta ley, por su especialidad prevalecerán sobre cualquiera otra de carácter general o especial que regule la misma materia; y en lo no previsto en la misma, deberá de tomarse en cuenta las reglas del derecho público, principios generales del derecho administrativo, leyes administrativas y el Código Procesal Civil y Mercantil, en este último caso solamente para la parte procesal y probatoria. Art. 108.- Ascenso de Nivel. Los docentes escalafonados(as) en el Nivel DOS, que obtuviesen un título de Educación Superior diferente a los establecidos en los numerales 2, 3 y 4 del Art. 21 de esta Ley, tienen derecho a ascender al nivel uno; cumpliendo con lo requerido
en el Capítulo III de la misma. En todo caso, ese título de Educación Superior no podrá ser inferior a una Licenciatura. SECCION B DISPOSICIONES TRANSITORIAS Art. 109.- Incorporación al nuevo Escalafón. Al entrar en vigencia la presente Ley, los docentes actualmente escalafonados(as) se incorporarán automáticamente al nuevo escalafón. Se incorporarán como Docente Nivel Uno, a docentes en servicio que posean el grado de Máster o Doctorado en Educación. Se incorporarán como Docente Nivel Dos, a todos los docentes en servicio que se encuentren inscritos en el Registro Escalafonario con el grado de Licenciado y como nivel tres los que tengan el grado de profesor. Art. 110.- Directores y Subdirectores. Los docentes que al entrar en vigencia la presente Ley se encuentren desempeñando cargos de Director(a) o Subdirector(a) en Instituciones de Educación Parvularia, Básica, Especial, y Educación Media podrán continuar en el desempeño de esos cargos hasta que concluya el proceso de selección y se verifique el nombramiento de la respectiva plaza. Este proceso deberá completarse a más tardar el primer trimestre del año dos mil catorce. Sin embargo, si quieren continuar en sus cargos podrán participar en el respectivo concurso; y en caso de que no resulten seleccionados, conservarán el sueldo base propio de su nivel y categoría. Si hubiere disponibilidad de continuar en el mismo centro educativo, el (la) depuesto(a) pasará a ocupar una plaza de profesor(a) de aula. En caso de que no hubiere grado disponible, la respectiva Unidad Departamental de Recursos Humanos propondrá al docente por lo menos tres instituciones en igualdad de condiciones, para que éste(a) seleccione su nueva plaza. En ningún caso estas propuestas serán para desmejorarle. Art. 111.- Docentes con Título de Educación Superior distinto a los especificados en el Escalafón. El docentes escalafonados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, que posea un título de Educación Superior distinto a los especificados en los numerales 2, 3 y
4 del Art. 22 se incorporará en el nivel y área de énfasis de su Título y en la categoría correspondiente. Art. 112.- Juntas y Tribunales. Al entrar en vigencia la presente Ley, quienes actualmente integran las Juntas de la Carrera Docente, el Tribunal Calificador y el Tribunal de la Carrera Docente continuarán en sus funciones hasta concluir el período para el que fueron nombrados. Art. 113.- Solicitud de Inscripción en el Escalafón. Los docentes(as) que al entrar en vigencia la presente Ley no se encuentren en servicio activo en carácter oficial y deseen estar inscritos en el Registro Escalafonario, deberán presentarse a solicitar su incorporación al nuevo escalafón en el nivel y categoría que les corresponda.
Art. 114.- Potestad Reglamentaria. El Presidente de la República deberá emitir el Reglamento de la presente Ley; SECCION C DEROGATORIA Y VIGENCIA Art. 115.-Derogatoria. Se deroga en todas sus partes la Ley de la Carrera Docente promulgada por Decreto Legislativo Número 665 de fecha 07 de marzo de 1996, publicado en el Diario Oficial Número 58, Tomo 330 de fecha 22, de marzo de 1996, se promulgó La Ley de la Carrera Docente. Así como todas aquellas disposiciones o decretos que se opongan a la presente Ley. Art. 116.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los del mes de de dos mil doce. días
ClasificadorCarrerasEducacionSuperior y TecnicoProductivas
EXPECTATIVAS Y CAMPO LABORAL DE
Convocatoria 2011 Dos
Pasamanos CONFECh
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