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Timestamp: 2020-06-04 12:23:36+00:00

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Decreto-Ley de Medidas Complementarias del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban Medidas Urgentes en materia de Reordenación del Sector Público de Andalucía (Decreto-Ley 6/2010, de 23 de noviembre) - Normativa de Andalucía - Legislación - VLEX 230128289
Decreto-Ley de Medidas Complementarias del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban Medidas Urgentes en materia de Reordenación del Sector Público de Andalucía (Decreto-Ley 6/2010, de 23 de noviembre)
Publicado en: BOJA Nº 232
CAPÍTULO I. Normas generales de organización - arts. 1 y 2
SECCIÓN 1ª. Medidas de organización en el Sistema Andaluz del Conocimiento - arts. 3 y 4
SECCIÓN 2ª. Medidas de organización en el Sector de la Obra Pública - arts. 5 a 7
SECCIÓN 3ª. Medidas de organización en materia de Empleo - art. 8
SECCIÓN 4ª. Medidas de organización en el sector Sanitario - arts. 9 y 10
SECCIÓN 5ª. Medidas de organización del sector Agrario y Pesquero
SUBSECCIÓN 1ª. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía - arts. 11 y 12
SUBSECCIÓN 2ª. Instituto Andaluz de Reforma Agraria - art. 13
SUBSECCIÓN 3ª. Cámaras Agrarias - arts. 14 a 17
SECCIÓN 6ª. Medidas de organización en el sector de los Servicios Sociales - arts. 18 y 19
SECCIÓN 7ª. Medidas de organización en materia de Cultura - arts. 20 y 21
SECCIÓN 8ª. Medidas de organización en relación con el Medio Ambiente y el Agua - arts. 22 a 24
SECCIÓN 1ª. De los bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria adjudicados en concesión administrativa a particulares, y de las medidas para facilitar el acceso a la propiedad
SUBSECCIÓN 1ª. De las personas concesionarias sin derecho de acceso a la propiedad - arts. 25 a 29
SUBSECCIÓN 2ª. De las personas concesionarias con derecho de acceso a la propiedad - arts. 30 a 32
SECCIÓN 2ª. De la finalización de las adjudicaciones vigentes y recuperación de bienes del IARA - arts. 33 y 34
SECCIÓN 3ª. De los bienes no ocupados por terceras personas propiedad del Instituto Andaluz de Reforma Agraria - arts. 35 y 36
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Configuración de las agencias públicas empresariales
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Autorización singular
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Aprobación de estatutos y conclusión de operaciones jurídicas
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Régimen de integración del personal
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Medios propios
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Enajenación de bienes inmuebles adquiridos por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Reapertura del plazo del Decreto 293/2002, de 3 de diciembre
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. División de las explotaciones agrarias comunitarias
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Venta con precio aplazado
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Régimen transitorio de operaciones de crédito
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Régimen transitorio de las entidades instrumentales públicas que se extinguen
Norma citada en: 110 sentencias, 7 artículos doctrinales, 16 disposiciones normativas, 2 noticias
Decreto-Ley 6/2010, de 23 de noviembre desarrollado por la Orden de 30 de diciembre de 2010, por la que se desarrolla el Decreto-Ley 6/2010, de 23 de noviembre, de medidas complementarias del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, en relación con las medidas para la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 10 de Enero de 2011.
La Junta de Andalucía, con la finalidad de acomodar el sector público andaluz a las nuevas circunstancias económicas y financieras, ha llevado a cabo una serie de medidas que tenían como objetivo básico mejorar la gestión del gasto manteniendo, al mismo tiempo, la calidad en la prestación de los distintos servicios públicos.
Dentro de estas medidas se encuentra el Decreto-ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público. Dada la especial repercusión de sus medidas, el Gobierno andaluz considera que la configuración del citado Decreto-ley puede ser adecuadamente complementada en una serie de aspectos, de forma que su aplicación sea expresiva de un elevado grado de consenso, y en ejercicio de las competencias que el artículo 47.1.1.ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma sobre la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos, así como de sus entidades instrumentales.
En este sentido, el Gobierno de la Junta de Andalucía, en el marco del diálogo social permanente, alcanzó el día 29 de octubre de 2010 un acuerdo con las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores de Andalucía y Comisiones Obreras de Andalucía. Posteriormente, en la reunión de la Mesa General de Negociación del Empleado Público de la Administración de la Junta de Andalucía, celebrada el día 18 de noviembre de 2010, se adoptó un acuerdo con el mismo contenido, que entre otras actuaciones contempla la propuesta de modificación de determinados aspectos del Decreto-ley 5/2010, de 27 de julio, con objeto de concretar los procedimientos de integración del personal funcionario y laboral que pudiera verse afectado por la aplicación de las medidas contempladas en la citada norma.
Las cuestiones más importantes de dicho Acuerdo están relacionadas con las garantías de salvaguarda de los derechos de los empleados públicos, reforzando la voluntariedad del proceso de integración. Asimismo, queda garantizada la aplicación del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario y la aplicación del Convenio Colectivo de la Administración de la Junta de Andalucía al personal laboral de dicha Administración hasta que exista un nuevo convenio colectivo. De igual forma, se indica que se mantiene la condición de personal funcionario o laboral, con independencia de su integración en alguna de las nuevas agencias.
Asimismo, queda reforzada la garantía de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad para el acceso a la condición de personal funcionario o laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. De este modo, se establece expresamente que no existirá ningún procedimiento de acceso a dicha condición distinto al establecido para la ciudadanía en general, para el personal laboral que se integra en las nuevas agencias, procedente de entidades instrumentales que se extinguen o se transforman.
Como consecuencia de lo indicado, se modifica la disposición adicional cuarta del Decreto-ley 5/2010, de 27 de julio, en los términos indicados. Igualmente, se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 69 de la Ley 9/2007, 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en lo que se refiere al personal funcionario y laboral que se integre en las agencias públicas empresariales.
Por último, se indica que el presente Decreto-ley opta por la reproducción del Decreto-ley 5/2010, de 27 de julio, integrando en el mismo las modificaciones que se realizan, procedentes del Acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación del Empleado Público de la Administración de la Junta de Andalucía. Con ello se pretende lograr una mejor comprensión de las medidas adoptadas así como facilitar su aplicación, dando preponderancia a su carácter didáctico sobre la mayor extensión del mismo.
Por todo ello, en ejercicio de la facultad concedida por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de noviembre de 2010,
CAPÍTULO I Normas generales de organización Artículos 1 y 2
ARTÍCULO 1 Modificación de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
ARTÍCULO 2 Modificación de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 88.bis.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la autorización por parte del Consejo de Gobierno para la enajenación de los citados bienes les atribuye la condición de bienes patrimoniales y resultan alienables, sin necesidad de previa declaración de alienabilidad. Se exigirá autorización por norma con rango de ley cuando el importe del bien sea superior a veinte millones de euros.
CAPÍTULO II Medidas sectoriales de organización Artículos 3 a 24
SECCIÓN 1ª Medidas de organización en el Sistema Andaluz del Conocimiento Artículos 3 y 4
ARTÍCULO 3 Modificación de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento.
ARTÍCULO 4 Subrogación.
De conformidad con la disposición transitoria única de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, la Agencia Andaluza del Conocimiento, desde la entrada en vigor de sus Estatutos, quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de los que es titular el organismo autónomo Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. La extinción de esta última entidad tendrá efectos a partir de la referida fecha.
A la Agencia Andaluza del Conocimiento, desde la entrada en vigor de sus Estatutos, se le adscribirán las acciones de la Sociedad para el Impulso del Talento, Talentia, S.L.U., y del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía, S.A.U.; y quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que son titulares las citadas entidades.
La extinción de la Sociedad para el Impulso del Talento, Talentia, S.L.U., y del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía, S.A.U., se tramitará de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
SECCIÓN 2ª Medidas de organización en el Sector de la Obra Pública Artículos 5 a 7
ARTÍCULO 5 Adaptación y transformación de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía adoptará la configuración de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y se denominará Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, debiendo entenderse actualizadas con la nueva denominación todas las disposiciones normativas que se refieran a la citada entidad pública.
Se regirá por lo dispuesto en el presente Decreto-ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, por sus Estatutos, por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobada por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y por la demás normativa de aplicación.
Se atribuye a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía:
Sobre las infraestructuras viarias y ferroviarias que determine la persona titular de la Consejería competente en materia de obras públicas, las competencias de construcción, conservación, mantenimiento y explotación, pudiendo llevarse a cabo mediante la celebración de los contratos previstos en la legislación de contratos del sector público, incluidos los modelos de colaboración público-privada en la financiación de infraestructuras públicas.
La tramitación y aprobación de los estudios de viabilidad, estudios, documentos técnicos y proyectos de carreteras y ferrocarriles que hayan sido atribuidos conforme al párrafo a) anterior, salvo que otra cosa se establezca por la persona titular de la Consejería competente en materia de obras públicas en la Orden de atribución.
El desarrollo y gestión de actividades y de infraestructuras de obra pública y equipamiento público que le fueran encomendados por las distintas Consejerías, rigiéndose por la normativa sectorial aplicable en cada caso.
ARTÍCULO 6 Subrogación.
La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que es titular Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., desde la fecha en que se acuerde su disolución.
El proceso de adaptación de los Estatutos de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía se tramitará simultáneamente a la extinción de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
ARTÍCULO 7 Modificación de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.
SECCIÓN 3ª Medidas de organización en materia de Empleo Artículo 8
ARTÍCULO 8 Adaptación del Servicio Andaluz de Empleo.
El Servicio Andaluz de Empleo adoptará la configuración de agencia de régimen especial de las previstas en el artículo 54.2.c) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
Se regirá por lo dispuesto en este Decreto-ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo, y por sus Estatutos, en lo que no se opongan a aquélla, por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y por la restante normativa de aplicación.
El Servicio Andaluz de Empleo se adscribirá a la Consejería que se establezca por el Consejo de Gobierno.
El personal del Servicio Andaluz de Empleo se mantendrá con el carácter de personal laboral o funcionario que en la actualidad ostenta.
Los bienes del Servicio Andaluz de Empleo se incorporarán al Patrimonio de la Comunidad Autónoma. Sin perjuicio de lo anterior, para la mejor gestión de dichos bienes se podrán adscribir al Servicio Andaluz de Empleo una vez se transforme en agencia de régimen especial.
El Servicio Andaluz de Empleo quedará subrogado en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que es titular la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo desde la fecha en que se acuerde su disolución.
El proceso de adaptación de los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo se tramitará simultáneamente a la extinción de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
SECCIÓN 4ª Medidas de organización en el sector Sanitario Artículos 9 y 10
ARTÍCULO 9 Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
La Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol adoptará la configuración de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y se denominará Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, debiendo entenderse actualizadas con la nueva denominación todas las disposiciones normativas que se refieran a la citada entidad pública.
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol se regirá por el presente Decreto-ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por las disposiciones de su ley de creación y por sus Estatutos, en lo que no se opongan a aquélla, por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y por la restante normativa de aplicación.
El objeto de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol será:
La coordinación de la gestión de los servicios sanitarios de las agencias públicas empresariales que se le adscriban.
La gestión del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga).
La gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución que se establezcan en la provincia de Málaga, coordinando sus servicios y recursos con los de los restantes centros sanitarios pertenecientes al Sistema Sanitario Público de Andalucía.
ARTÍCULO 10 Adscripción de empresas públicas sanitarias.
SECCIÓN 5ª Medidas de organización del sector Agrario y Pesquero Artículos 11 a 17
SUBSECCIÓN 1ª Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía Artículos 11 y 12
ARTÍCULO 11 Personalidad, adscripción, régimen jurídico, fines y recursos económicos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Se autoriza la creación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía como agencia de régimen especial de las previstas en el artículo 54.2.c) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
La Agencia se adscribirá a la Consejería o Consejerías que se establezca por el Consejo de Gobierno.
La Agencia se regirá por lo dispuesto en este Decreto-ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por los Estatutos de la entidad, por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y por las demás normas generales aplicables a las agencias de régimen especial.
Son fines generales de la Agencia la ejecución de las políticas orientadas a alcanzar los objetivos básicos previstos en el artículo 10.3.1.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que le sea asignada por la Consejería a la que quede adscrita, así como la gestión, en el marco de la planificación, dirección y control de ésta, de programas y acciones de fomento; de vigilancia e inspección; de prestación y gestión de servicios públicos, y de asistencia técnica, en materias agraria y pesquera; para lo que quedará habilitada con las competencias, funciones y potestades administrativas para el ejercicio de las funciones que impliquen ejercicio de autoridad, que le confieran sus Estatutos y las demás normas habilitantes que le puedan ser de aplicación.
Los recursos económicos de la Agencia serán los que se determinen en la normativa aplicable a las agencias de régimen especial.
ARTÍCULO 12 Subrogación.
La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía desde la entrada en vigor de sus Estatutos, quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que es titular la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
El proceso de aprobación de los Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía se tramitará simultáneamente a la extinción de la sociedad mercantil Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A., de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
SUBSECCIÓN 2ª Instituto Andaluz de Reforma Agraria Artículo 13
ARTÍCULO 13 Supresión del Instituto Andaluz de Reforma Agraria.
El organismo autónomo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), creado por Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria, queda extinguido, con efectos desde la fecha indicada en la disposición adicional tercera.
La Administración de la Junta de Andalucía, desde dicha fecha, queda subrogada en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de las que es titular el Instituto Andaluz de Reforma Agraria. Las competencias asignadas a la Presidencia del Instituto serán ejercidas por la persona titular de la Consejería con competencias en materia de agricultura.
Los bienes titularidad del IARA se incorporarán al Patrimonio de la Junta de Andalucía y se adscribirán a la Consejería competente en materia de agricultura. Tales bienes continuarán rigiéndose por su normativa específica, además de por lo dispuesto en la presente norma.
SUBSECCIÓN 3ª Cámaras Agrarias Artículos 14 a 17
ARTÍCULO 14 Extinción de las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ARTÍCULO 15 Liquidación del patrimonio y relaciones jurídicas de las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ARTÍCULO 16 Destino del patrimonio de las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El resultante de la liquidación del patrimonio de las Cámaras Agrarias Provinciales será objeto de traspaso, en los términos que se fijen por la comisión liquidadora que se cree al amparo del artículo anterior, y con carácter preferente, a las organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía para su aplicación a fines y servicios de interés general agrario.
El resultante de la liquidación del patrimonio del resto de las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía será objeto de traspaso, en los términos que se fijen por la comisión liquidadora que se cree al amparo del artículo anterior, para su aplicación a fines y servicios de interés general agrario.
ARTÍCULO 17 Asunción de derechos y obligaciones.
SECCIÓN 6ª Medidas de organización en el sector de los Servicios Sociales Artículos 18 y 19
ARTÍCULO 18 Personalidad, adscripción, régimen jurídico, fines y recursos económicos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
Se crea, con la denominación de Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, una agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
La Agencia se rige por lo dispuesto en este Decreto-ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por los Estatutos de la entidad, por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y por las demás normas generales aplicables a las agencias públicas empresariales.
Son fines generales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía:
La promoción, desarrollo y gestión de recursos de atención social a las personas, a las familias y a los grupos en que éstas se integran para favorecer su bienestar, así como la gestión de recursos y el desarrollo de actuaciones en materia de protección a la infancia.
La atención a las drogodependencias y adicciones; y la incorporación social para la atención a colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social.
Los recursos económicos de la Agencia serán los que se determinen en la normativa aplicable a las agencias públicas empresariales.
ARTÍCULO 19 Subrogación.
El proceso de aprobación de los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía se tramitará simultáneamente a la extinción de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y de la Fundación para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social, de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
El Decreto de aprobación de los Estatutos establecerá el régimen de subrogación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía en las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que son titulares la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social.
SECCIÓN 7ª Medidas de organización en materia de Cultura Artículos 20 y 21
ARTÍCULO 20 Personalidad, adscripción, régimen jurídico, fines y recursos económicos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Se crea la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales como agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
La Agencia se rige por el presente Decreto-ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por sus Estatutos, por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y por las demás normas generales aplicables a las agencias públicas empresariales.
Son fines generales de la Agencia:
La investigación, gestión, fomento, formación y divulgación de las artes plásticas, las artes combinadas, las letras, el teatro, la música, la producción fonográfica, la danza, el folclore, el flamenco, la cinematografía y las artes audiovisuales y el desarrollo, comercialización y ejecución de programas, promociones y actividades culturales, por sí o mediante la colaboración o cooperación con otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
La programación, ejecución y seguimiento de inversiones en materia de infraestructuras y equipamientos culturales.
El establecimiento de mecanismos de cooperación y colaboración con otros entes públicos o privados para el impulso y promoción de la cultura.
Las demás funciones que se le atribuyan en sus Estatutos, o que le sean encomendadas por la Consejería a la que se adscriba la Agencia, en relación con las instituciones, equipamientos e instalaciones culturales.
ARTÍCULO 21 Extinción y subrogación.
Queda extinguido el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, con efectos desde la fecha de constitución efectiva de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
El Decreto de aprobación de los Estatutos establecerá el régimen de subrogación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de los que es titular el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.
SECCIÓN 8ª Medidas de organización en relación con el Medio Ambiente y el Agua Artículos 22 a 24
ARTÍCULO 22 Personalidad, adscripción, régimen jurídico y fines de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
Se crea la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía como agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
La gestión y puesta en valor de toda clase de equipamientos, instalaciones, bienes muebles o inmuebles, incluidos montes públicos y redes de información, vigilancia y control ambiental, que le sean puestos a su disposición con motivo de las encomiendas de gestión que reciba o le sean adscritos.
La realización de toda clase de programas, ejecución de equipamientos e instalaciones y, en general, de actuaciones ambientales en el medio natural y urbano, así como en relación con el cambio climático; la colaboración en la gestión de los programas de ayuda; la prestación de servicios relacionados con emergencias ambientales, incluidos los de prevención y extinción de incendios, en los términos que se establezcan en sus Estatutos.
La adquisición, construcción, conservación, mantenimiento y mejora de obras, equipamientos e instalaciones hidráulicas con motivos de las encomiendas de gestión que reciba.
La gestión y mantenimiento de las redes de información, vigilancia y control, así como la realización de actuaciones relacionadas con el dominio público hidráulico y la calidad del medio hídrico en los términos que se establezcan en sus Estatutos.
ARTÍCULO 23 Recursos económicos.
Sin perjuicio de aquellas actuaciones que se financien mediante transferencias de financiación u otros modos de financiación establecidos en las sucesivas leyes del Presupuesto de la Junta de Andalucía, el importe de las actuaciones que la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía lleve a cabo por encomienda de gestión se podrá determinar aplicando a las unidades ejecutadas con sus propios medios las tarifas correspondientes, que deberán ser objeto de aprobación por la Consejería competente en materia de medio ambiente y agua. Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de los trabajos realizados.
ARTÍCULO 24 Extinción de entidades y subrogación.
Queda extinguida la Agencia Andaluza del Agua, con efectos desde la fecha de constitución efectiva de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, desde la entrada en vigor de sus Estatutos, quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de los que es titular la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. El régimen de subrogación de la Agencia en las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que es titular la Agencia Andaluza del Agua se establecerá en el Decreto de aprobación de los Estatutos.
El proceso de aprobación de los Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía se tramitará simultáneamente a la extinción de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y a la modificación de la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente para integrar en la misma las funciones de la Agencia Andaluza del Agua no asumidas por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
CAPÍTULO III Medidas para la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía Artículos 25 a 36
SECCIÓN 1ª De los bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria adjudicados en concesión administrativa a particulares, y de las medidas para facilitar el acceso a la propiedad Artículos 25 a 32
SUBSECCIÓN 1ª De las personas concesionarias sin derecho de acceso a la propiedad Artículos 25 a 29
ARTÍCULO 25 Del acceso a la propiedad.
Aquellas personas adjudicatarias de explotaciones agrarias constituidas por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, en adelante IARA, que se encuentren en régimen de concesión administrativa, otorgada al amparo del artículo 57 de la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria, podrán acceder a la propiedad sobre las mismas, en el plazo y con las condiciones que se establecen en los artículos 26 y 27.
Será requisito indispensable para el acceso de las personas concesionarias a la propiedad que las tierras adjudicadas tengan un uso agrario, quedando expresamente excluidas de lo dispuesto en el presente capítulo aquellas parcelas que, por encontrarse acogidas a la retirada de cultivo, por haber sido forestadas, o encontrarse en proceso de forestación, por estar afectadas por un cambio de clasificación en el planeamiento urbanístico actualmente vigente o en proceso de aprobación, o por cualesquiera otras circunstancias, sufrieren una alteración, actual o potencial, de su destino agrícola.
ARTÍCULO 26 Solicitantes.
Podrán solicitar el acceso a la propiedad las personas físicas o jurídicas, titulares originarios de la concesión administrativa, o sus causahabientes.
Las solicitudes se presentarán preferentemente ante la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de agricultura en cuyo ámbito territorial se encuentre ubicado el bien, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que procederá a tramitar el correspondiente procedimiento, y remitirlo junto con la propuesta a los servicios centrales de la Consejería competente en materia de agricultura para su resolución.
El plazo de presentación de solicitudes será de doce meses, a contar desde el día siguiente al de la entrada en vigor del presente Decreto-ley.
Las entidades asociativas adjudicatarias habrán de acompañar a su solicitud la documentación acreditativa de su personalidad jurídica, así como de su composición actual.
En los supuestos del apartado anterior, si el número de miembros de las entidades asociativas concesionarias hubiere disminuido con respecto a la composición originaria, la Consejería competente en materia de agricultura requerirá a la entidad asociativa para que, en el plazo que al efecto se les otorgue, integren nuevos socios, hasta completar el número inicial. Estos nuevos socios deberán poder justificar su condición de persona agricultora al menos en los cinco años anteriores. De no verificarse dicha integración, la Administración queda facultada para disminuir la superficie de la explotación, adaptándola a la composición actual.
La competencia para resolver el procedimiento corresponderá a la persona titular de la presidencia del IARA, y cuando se produzca la extinción de la citada entidad, a la persona titular de la Consejería competente en materia de agricultura, a propuesta de la Delegación Provincial de la referida Consejería, que corresponda.
ARTÍCULO 27 Condiciones del acceso a la propiedad.
Para el acceso a la propiedad se concederá un plazo máximo de tres años, a partir de la notificación de la resolución reconociendo el derecho, durante los cuales las personas concesionarias habrán de amortizar el precio de la adjudicación abonando un interés del 3,5 por ciento durante el segundo y tercer año.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las personas concesionarias que así lo deseen podrán obtener el título de propiedad en cualquier momento desde el reconocimiento del derecho, mediante la liquidación anticipada del precio.
Las personas concesionarias a quienes se otorgue el derecho de acceso a la propiedad, quedarán autorizadas para constituir hipoteca sobre las fincas objeto de la enajenación.
ARTÍCULO 28 Valor de enajenación.
El valor de enajenación se determinará por el sistema de capitalización del rendimiento atribuido a las mismas.
Al valor de enajenación calculado conforme al apartado anterior le será aplicada una reducción en función de criterios de antigüedad, según los distintos tipos de ocupación de los lotes, generación de empleo cuantificada en unidad de trabajo agrario por encima de unos mínimos, así como esfuerzo inversor efectuado por el solicitante, excluidas las ayudas públicas recibidas.
Del precio a liquidar así determinado, se descontarán los cánones abonados por las personas adjudicatarias durante el periodo en que se hubiere mantenido la concesión administrativa sin derecho de acceso a la propiedad.
ARTÍCULO 29 Limitaciones a la libre disposición de los bienes.
La enajenación, división o segregación inter vivos de la explotación, en el plazo de veinticinco años a contar desde la firma de la escritura pública de transmisión de la propiedad, conllevará la pérdida del derecho a las reducciones del valor de enajenación que fueron contempladas en el apartado 2 del artículo anterior.
Las cantidades que, en aplicación del párrafo anterior, debieran ser ingresadas a la Hacienda Pública lo serán incrementadas en el interés legal del dinero por el plazo transcurrido desde la entrega del Título de Dominio del bien a la persona interesada hasta la fecha de modificación de este Título de Dominio.
Quedarán excluidas de la limitación establecida en el presente artículo, las aportaciones al capital, o la disposición por cualquier otro título, de los bienes transmitidos por el IARA, a favor de entidades asociativas, en las que se integren como socios las personas titulares de aquéllos, siempre que, en la escritura pública de transmisión de la propiedad que al efecto se otorgue, la entidad que adquiera los bienes se subrogue expresamente en la obligación de devolución a la Hacienda Pública de las reducciones del valor de enajenación, con los intereses legales, consignada en los dos apartados anteriores, cuando tenga lugar alguno de los hechos contenidos en los mismos dentro de los veinticinco años de la transmisión a que se refiere el apartado 1.
SUBSECCIÓN 2ª De las personas concesionarias con derecho de acceso a la propiedad Artículos 30 a 32
ARTÍCULO 30 Bonificaciones para la liquidación anticipada de lotes.
Aquellas personas adjudicatarias de explotaciones agrarias u otros bienes del IARA, que tuvieran reconocido el derecho de acceso a la propiedad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 118/1973, de 12 de enero, que aprueba el Texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, o del artículo 59 de la Ley 8/1984, de 3 de julio, y liquidasen las cantidades adeudadas al IARA dentro del año siguiente a contar desde la entrada en vigor de la presente disposición, quedarán exentas del abono de los gastos notariales devengados por el otorgamiento de la correspondiente escritura de compraventa, que serán asumidos por el IARA.
ARTÍCULO 31 Supresión de la tutela administrativa.
Las adquisiciones de bienes del IARA por parte de las personas adjudicatarias quedarán exentas de la aplicación del régimen de autorizaciones que establecen los apartados 1 y 3 del artículo 28 del Decreto 118/1973, de 12 de enero, que aprueba el Texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, con la modificación introducida por la disposición final segunda de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, de forma que las personas adquirentes podrán disponer libremente de sus explotaciones, sin más limitaciones de las que resulten de la aplicación de la normativa en materia de régimen de unidades mínimas de cultivo o de las cargas que se establezcan en garantía de las cantidades que pudieran quedar pendientes de pago, por razón de la enajenación o de la ulterior liquidación de obras.
ARTÍCULO 32 Transmisión mortis causa de la explotación.
SECCIÓN 2ª De la finalización de las adjudicaciones vigentes y recuperación de bienes del IARA Artículos 33 y 34
ARTÍCULO 33 Bienes no solicitados por las personas concesionarias.
Las concesiones administrativas sin derecho de acceso a la propiedad, cuyos titulares no se acojan a lo dispuesto en la Subsección 1.ª de la Sección 1.ª del presente Capítulo dentro de los plazos conferidos al efecto, o que no pudieran acceder a la propiedad por no cumplir los requisitos para ello, o por motivos no imputables a la Administración, no hayan podido finalizar el procedimiento acorde a sus intereses, no podrán acogerse a beneficios futuros para el acceso a la propiedad de la explotación agraria, pudiendo la Administración iniciar actuaciones para el rescate de la concesión administrativa.
En el supuesto en que se comprobase el incumplimiento de sus obligaciones por parte de las personas concesionarias, la Administración iniciará de inmediato los correspondientes expedientes de caducidad, indemnizando a las personas adjudicatarias por las mejoras realizadas útiles y autorizadas por la Administración, siempre que aquéllas subsistan y se justifique su importe, deducidas las ayudas y subvenciones recibidas, así como las deudas pendientes, procediéndose a continuación a su desalojo.
Si el plazo inicial por el que tales concesiones fueron otorgadas, se hubiere cumplido, sin que hubiere mediado prórroga expresa, y transcurrido el plazo previsto, la Administración competente procederá a requerir a las personas adjudicatarias para que desalojen las fincas, indemnizando, en su caso, a aquéllas, por las mejoras realizadas útiles y autorizadas por la Administración, siempre que subsistan y se justifique su importe, deducidas las ayudas y subvenciones recibidas, así como las deudas pendientes.
ARTÍCULO 34 Bienes no solicitados por sus ocupantes no concesionarios.
Las adjudicaciones en cultivo provisional, otorgadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 23.3 del Decreto 118/1973, de 12 de enero, que aprueba el Texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, vigentes a la entrada en vigor del Decreto-ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, cuyos titulares no se hayan acogido a lo dispuesto en el Decreto 192/1998, de 6 de octubre, por el que se regula el régimen de disposición de bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, o que no pudieran acceder a la propiedad por no cumplir los requisitos para ello, no serán renovadas, requiriéndose a las personas cultivadoras para que procedan al desalojo, previa indemnización, en su caso, por las mejoras útiles realizadas en la finca por aquéllas, siempre que subsistan y se justifique su importe, una vez deducidos los gastos originados por sus ocupantes sufragados por el IARA.
Asimismo, a las personas arrendatarias históricas de bienes del IARA que no ejercitaron en plazo el derecho de acceso a la propiedad que les concedía el artículo 2.2 de la Ley 1/1992, de 10 de febrero, de Arrendamientos Rústicos Históricos, la Administración agraria les concederá un plazo para solicitar la enajenación a su favor al amparo de lo dispuesto en el Decreto 192/1998, de 6 de octubre.
SECCIÓN 3ª De los bienes no ocupados por terceras personas propiedad del Instituto Andaluz de Reforma Agraria Artículos 35 y 36
ARTÍCULO 35 Del destino de los bienes no ocupados por terceras personas propiedad del IARA.
Las tierras, bienes y derechos propiedad del IARA que no estuviesen ocupados por terceras personas y los que puedan quedar en esa situación en lo sucesivo, se podrán destinar a potenciar aquellas actuaciones que permitan su puesta en valor, mediante la cesión a entidades públicas para fines de interés general o enajenación a entidades públicas o personas físicas y jurídicas de carácter privado, conforme al procedimiento previsto en el Decreto 192/1998, de 6 de octubre, para destinarlos tanto a fines agrarios como a aquellos otros fines y usos compatibles que permitan la modernización y mejora del medio rural y las condiciones de vida de la población, así como aquellos fines que favorezcan el empleo en el medio rural. Ello incluye devolver al tráfico jurídico el patrimonio rústico cuyo uso hubiere devenido urbano en virtud de los correspondientes instrumentos de planeamiento, aprobados por los órganos competentes en la materia.
ARTÍCULO 36 De la explotación provisional de las tierras vacantes.
La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Los Estatutos de las entidades instrumentales y la modificación de las estructuras orgánicas de las Consejerías a las que afecta este Decreto-ley deberán aprobarse y publicarse antes del 31 de diciembre de 2010. Antes de seis meses a partir de la entrada en vigor del Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre habrán de concluirse todas las operaciones jurídicas derivadas del mismo.
La constitución efectiva de las agencias públicas empresariales creadas mediante el presente Decreto-ley, así como de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de sus respectivos Estatutos.
Disposición Adicional Tercera apartado 1 modificado por Disposición Final Tercera del Decreto-Ley 7/2010, del 28 de Diciembre, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 31 de Diciembre de 2010.
Disposición Adicional Tercera, apartado 1, modificado en cuanto a que el plazo establecido será de seis meses a partir de la entrada en vigor del Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre, por la Ley 4/2011, de 6 de junio, de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico para andalucía y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 17 de Junio de 2011.
Al personal funcionario que se integre orgánicamente en una agencia de régimen especial o se adscriba funcionalmente a una agencia pública empresarial, le será de aplicación el Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de la Junta de Andalucía.
La integración del personal funcionario en una agencia pública empresarial será voluntaria. El personal funcionario que se integre como laboral quedará en sus Cuerpos en la situación administrativa de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público andaluz. En caso contrario permanecerá en servicio activo.
El personal laboral procedente de las entidades instrumentales suprimidas se integrará en la nueva entidad resultante de acuerdo con las normas reguladoras de la sucesión de empresas, en las condiciones que establezca el citado protocolo de integración, y tendrá la consideración de personal laboral de la agencia pública empresarial o de la agencia de régimen especial. El acceso, en su caso, de este personal a la condición de personal funcionario o laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, solo podrá efectuarse mediante la participación en las correspondientes pruebas selectivas de acceso libre convocadas en ejecución de las ofertas de empleo público.
La integración del personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía en una agencia pública empresarial será voluntaria. Este personal mantendrá su condición de personal laboral de dicha Administración, siéndole de aplicación el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía hasta que exista un nuevo convenio colectivo. En dicho momento pasará a la situación del tipo de excedencia que determine el convenio colectivo de procedencia.
El personal laboral de las agencias de régimen especial procedente de la Administración General de la Junta de Andalucía mantendrá su condición de personal laboral de dicha Administración, siéndole de aplicación el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía hasta que exista un nuevo convenio colectivo. En dicho momento pasará a la situación del tipo de excedencia que determine el convenio colectivo de procedencia.
Los convenios colectivos, así como los acuerdos derivados de la interpretación de los mismos, aplicables a las entidades extinguidas o transformadas y a la Administración General de la Junta de Andalucía seguirán rigiendo los derechos y obligaciones del personal laboral procedente de dichas entidades o de la citada Administración, en tanto se apruebe un nuevo convenio aplicable al mismo.
La masa salarial del personal laboral al servicio de la nueva entidad no podrá superar, como consecuencia de la reordenación regulada por este Decreto-ley, la del personal de las entidades que se extingan o se transformen.
El referido protocolo de integración se aprobará previa consulta y negociación con los órganos de representación del personal y se someterá a informe de los órganos correspondientes de la Consejería competente en materia de Hacienda.
Una vez extinguida la Agencia Andaluza del Agua, el personal funcionario y laboral que presta servicios en la misma se integrará en la estructura de la Consejería de Medio Ambiente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA Medios propios
Las agencias creadas o transformadas de acuerdo con el presente Decreto-ley son medio propio de la Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de que también puedan serlo de otras Administraciones Públicas cuando así se disponga en sus estatutos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.6, párrafo tercero, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, las agencias tienen la consideración de medio propio instrumental y servicios técnicos de la Administración de la Junta de Andalucía y de los poderes adjudicadores dependientes de ella, estando obligadas a realizar los trabajos que éstos les encomienden en las materias propias de su objeto y fines, de acuerdo con el régimen legal de las encomiendas de gestión establecido por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dichos trabajos podrán realizarse mediante modelos de colaboración público-privada en la financiación. Las agencias no podrán participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores dependientes de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA Enajenación de bienes inmuebles adquiridos por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Reapertura del plazo del Decreto 293/2002, de 3 de diciembre
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA División de las explotaciones agrarias comunitarias
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA Venta con precio aplazado
Las enajenaciones que se realicen al amparo de lo dispuesto en la presente Ley, así como por aplicación de los Decretos 192/1998, de 6 de octubre, por el que se regula el régimen de disposición de bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, y 293/2002, de 3 de diciembre, gozarán de la posibilidad prevista en el apartado 3 del artículo 34 del Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba el Texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, así como en el artículo 177 del Decreto 402/1986, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Reforma Agraria, pudiendo quedar aplazado el pago de las cantidades que se fijen en concepto de precio, garantizándose aquél mediante hipoteca a favor de la Hacienda Pública, previa autorización por resolución del órgano correspondiente de la Consejería competente en materia de agricultura.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Régimen transitorio de operaciones de crédito
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA Régimen transitorio de las entidades instrumentales públicas que se extinguen
Quedan sin efecto todos los preceptos contenidos en otras normas y cuyo tenor se reproduce en el presente Decreto-ley, así como cuantas normas contradigan o se opongan a lo dispuesto en el mismo.
Al tiempo de la constitución efectiva e inicio de las actividades de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía quedarán derogadas las siguientes disposiciones:
El artículo 67 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras Entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros.
El artículo 34 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Agricultura y Pesca para el desarrollo reglamentario, mediante Orden, de lo dispuesto en la Subsección 3.ª de la Sección 5.ª del Capítulo II, referida a las Cámaras Agrarias, y en el Capítulo III, relativo a las medidas para la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía, del presente Decreto-ley, en lo que concierne a los aspectos procedimentales.
Decreto-Ley por el que se aprueban Medidas Urgentes en materia de Reordenación del Sector Público de Andalucía (Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio)
Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía (Ley 1/2011, de 17 de febrero)
Decreto 30/2011, de 13 de abril, de primera modificación del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. [Cód. 2011-08884]
ORDEN de 16 de septiembre de 2014, por la que se regula el régimen de gestión presupuestaria, contable y de control de los Fondos sin personalidad jurídica.
DECRETO 250/1987, de 14 de octubre, por el que se distribuyen competencias en orden a la tramitación y resolución de expedientes sancionadores en materia de sanidad y consumo.

References: artículo 47
 artículo 69
 artículo 110

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

Artículo 88

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4
 artículo 50

ARTÍCULO 5
 artículo 68
 artículo 31

ARTÍCULO 6
 artículo 50

ARTÍCULO 7
 Artículo 8

ARTÍCULO 8
 artículo 54
 artículo 50

ARTÍCULO 9
 artículo 68
 Resolución 

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11
 artículo 54
 artículo 10

ARTÍCULO 12
 artículo 50
 Artículo 13

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18
 artículo 68

ARTÍCULO 19
 artículo 50

ARTÍCULO 20
 artículo 68

ARTÍCULO 21

ARTÍCULO 22
 artículo 68

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24
 artículo 50

ARTÍCULO 25
 artículo 57

ARTÍCULO 26
 artículo 38

ARTÍCULO 27
 resolución 

ARTÍCULO 28

ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 30
 artículo 34
 artículo 59

ARTÍCULO 31
 artículo 28

ARTÍCULO 32

ARTÍCULO 33

ARTÍCULO 34
 artículo 23
 artículo 2

ARTÍCULO 35

ARTÍCULO 36
 artículo 24
 artículo 34
 artículo 177
 resolución 
 artículo 67
 artículo 34
 resolución