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Timestamp: 2016-05-24 17:36:55+00:00

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Español English El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón. En este artículo presentaremos y analizaremos las principales políticas que se diseñaron e implementaron para las universidades durante el Proceso, considerando las sucesivas gestiones del Ministerio de Educación. Veremos que las políticas de “redimensionamiento” diseñadas entre 1976 a 1980, introducían una nueva modalidad de ingreso a la universidad, la reducción del cupo de estudiantes por carreras, el arancelamiento de diversos trámites administrativos y la supresión o fusión de casas de estudios y carreras. En suma, se trataba de políticas destinadas a recortar el número de universidades y el porcentaje de estudiantes inscriptos.
Seguidamente, observaremos que tras la aprobación de la ley universitaria en abril de 1980, el gobierno nacional tuvo escasos márgenes para introducir nuevos cambios en el sistema universitario, en un contexto político y social que comenzaba a transformarse. El Estado nacional instauró ese año el cobro de arancel a los estudiantes universitarios y se organizaron en forma masiva concursos docentes para consolidar en sus cargos a profesores activos entre 1974 y 1976, pero señalaremos cómo estas medidas merecieron fuertes críticas de actores antes silenciados, como los estudiantes.
The 24th of March of 1976, the Armed Forces overthrew the government of president María Estela Martinez de Perón. In this article we will present and analyze the main policies that were designed and implemented for the universities during this dictatorship, considering the successive directions of the Ministry of Education. We will see that the designed policies of redimensionamiento from 1976 to 1980, introduced a new modality for entering the university, the reduction of the quotas of students per curriculum, the taxation of diverse administrative acts and the suppression or fusion of student halls and of disciplines. To sum up, the policies were aimed at trimming the number of universities and the percentage of registered students.
Next, we will observe that after the approval of the university law in April of 1980, the national government had little leeway to introduce new changes in the university system, in a political and social context that began to change. The national State restored that year the collection of tuition for university students and set up mass hiring exams for faculty members to consolidate in their positions professors who had been active between 1974 and 1976, but we will indicate how these measures attracted strong criticism from actors who had been previously silenced, like the students.
Keywords :dictatorship, ministers of education, universities, university policies
Palabras claves :dictadura militar, educación, políticas universitarias, universidadHaut de page
La primera “normalización” universitaria: sanciones disciplinarias a los alumnos y reordenamiento de las universidades
Catalán y el reordenamiento (frustrado) del sistema universitario Llerena Amadeo: el reordenamiento efectivo y el cierre de Luján
La sanción de la Ley Universitaria: “cerrar el activismo subversivo”
¿La segunda “normalización”? Las gestiones de Burundarena y Licciardo
1 El Proceso de Reorganización Nacional será citado en adelante como “el Proceso”. Novaro, M. y Pale (...)
2 Águila, G. Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1076/1983. Un estudio sobre la represión y (...)
1El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón, quien había sido electa vice-presidente por la fórmula Perón-Perón que triunfó en las elecciones de septiembre de 1973. Ese golpe de Estado dio inicio al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que delimitó un período de la historia del país -entre 1976 y 1983- signado por el accionar del terrorismo de Estado y por la implementación de una profunda reestructuración del Estado, la economía y la estructura social de la Argentina.1 Como han señalado algunos analistas, el acceso al poder de las Fuerzas Armadas se produjo enfrentando la resistencia activa de algunas organizaciones políticas, armadas y sindicales del peronismo y organizaciones de izquierda, pero también contó con el consenso inicial de otros grupos sociales y el apoyo explícito de partidos políticos e instituciones como la Iglesia Católica.2
3 Buchbinder, P. Historia de las Universidades Argentinas. Buenos Aires, Sudamericana, 2005; Buchbin (...)
4 Debe tomarse en consideración que en las universidades argentinas los estatutos reformistas vigent (...)
5 Buchbinder P. op. cit., 2005; Soprano G. y Garatte L. “Política y grupos académicos universitarios. (...)
2A su vez, si hiciéramos una somera revisión de las historia de las relaciones entre el Estado nacional y las universidades públicas de la Argentina del siglo XX, registraríamos la existencia de extensos períodos en los que se desplegaron fuertes tensiones entre, por un lado, las autoridades gubernamentales y los funcionarios estatales y, por otro lado, los profesores, científicos y estudiantes universitarios.3 Esas relaciones han sido comprendidas destacando la presencia de hitos que delimitan restricciones al concepto de autonomía en el gobierno y el ejercicio de las actividades académicas de investigación, docencia y extensión que fundamentan la vida de las universidades argentinas, al menos desde la sanción de nuevos Estatutos tras los sucesos de la Reforma Universitaria de 1918.4 Al analizar la historia de esas relaciones se evidencia que los años 1974 a 1983 comprendieron el período en que se impusieron mayores restricciones a la autonomía universitaria y se practicó sistemáticamente el ejercicio de la violencia sobre sus autoridades, profesores, investigadores, estudiantes, graduados y empleados, muchos de los cuales fueron objeto de exoneraciones, exilio o se contaron entre las personas asesinadas o “desaparecidos”, primero por el accionar de organizaciones armadas como la Triple A entre 1974 y 1976 y, luego, por el terrorismo de Estado de la última dictadura.5
6 Kaufmann, C. (dir.) Dictadura y Educación.Universidad y Grupos Académicos argentinos (1976-1983), (...)
7 Buchbinder destaca que del poco más de medio millón de estudiantes universitarios de 1976 se pasó (...)
3Ahora bien, los estudios sobre historia reciente realizados en la última década, nos demuestran en forma contundente el escaso conocimiento que disponemos sobre el diseño e implementación de políticas universitarias entre 1976 y 1983. Trabajos precursores de investigadores reunidos por Carolina Kaufmann ofrecen análisis de distintas dimensiones y situaciones de aplicación de las políticas represivas en diferentes casas de estudio y unidades académicas, observando fundamentalmente su impacto en las trayectorias de profesores e investigadores universitarios.6 Más recientemente, un estudio comprehensivo de Pablo Buchbinder sobre la historia de la universidad en la Argentina presenta un sintético panorama sobre la orientación de las políticas en esos años, refiriendo así al control político-ideológico sobre el gobierno y la enseñanza; la reducción de la matrícula en las universidades públicas grandes y el crecimiento de la matrícula del sector privado universitario y del ámbito de la enseñanza superior no universitaria; el desplazamiento de la investigación hacia ámbitos extra-universitarios y la sanción de la nueva ley universitaria.7
4Las autoridades gubernamentales del Proceso pretendieron que con la sanción de la nueva ley universitaria de abril de 1980 se produciría la “definitiva normalización” de las universidades públicas. Para ello, como observaremos en este artículo, los ministros civiles y militares del área educativa nacional venían diseñado y aplicando desde marzo de 1976 políticas que promovían explícitamente el “reordenamiento” del sistema. Esos programas de “redimensionamiento” eran definidos por los funcionarios del Proceso por oposición al plan formulado entre 1968 y 1970 desde el Ministerio de Educación de la Nación por Alberto Taquini (h), quien impulsó una política de reestructuración del sistema durante el gobierno dictatorial del general Juan Carlos Onganía, buscando favorecer su expansión a través de la creación de nuevas casas de estudio más pequeñas y regionalizadas, el incremento de la matrícula por esa doble vía, la diversificación de la oferta de carreras y el fomento a la investigación científica en la universidad. En el razonamiento de los ministros del Proceso, la “masificación” de la universidad desplegada desde mediados del siglo XX había alimentado el proceso de radicalización política de estudiantes y profesores, un fenómeno que había terminado instalando la “subversión” en sus aulas. En consecuencia, las políticas de “redimensionamiento” de 1976 a 1980 introducían una nueva modalidad de ingreso a la universidad, la reducción del cupo de estudiantes por carreras, el arancelamiento de diversos trámites administrativos y la supresión o fusión de casas de estudios y carreras. En suma, se trataba de políticas destinadas a recortar el número de universidades y el porcentaje de estudiantes inscriptos.
8 Quiroga H. op. cit., 2004; Novaro M. y Palermo V. op. cit., 2003.
9 Cabe recordar que en algunas universidades nacionales y, particularmente, en algunas unidades acad (...)
5Tras la aprobación de la ley universitaria de abril de 1980 el gobierno nacional tuvo escasos márgenes para introducir nuevos cambios en el sistema universitario. A partir de marzo de 1981 el escenario político y social se modificó sustancialmente durante la presidencia del general Roberto Viola debido al desprestigio de la política económica gubernamental, la ausencia de liderazgo político y el creciente aumento de la protesta social.8 El Estado nacional instauró ese año el cobro de arancel a los estudiantes universitarios y se organizaron en forma masiva concursos docentes para consolidar en sus cargos a profesores activos entre 1974 y 1976, pero estas medidas merecieron fuertes críticas de actores antes silenciados, como los estudiantes.9 Habiendo encontrado una oposición no prevista, los ministros de educación debieron revisar y flexibilizar algunas decisiones de política pública tomadas anteriormente. 10 Queremos manifestar nuestro agradecimiento a dos evaluadores anónimos que formularon comentarios y (...)
6A continuación, entonces, presentaremos y analizaremos las principales políticas que se diseñaron e implementaron para las universidades durante el Proceso, considerando las sucesivas gestiones del Ministerio de Educación. Para dar cuenta de esta cuestión, hemos recurrido a un relevamiento de la normativa educativa nacional vigente en el período, al análisis de dos periódicos de circulación nacional –La Nación y La Prensa- y uno de circulación provincial de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires –El Día- entre 1976 y 198310. La primera “normalización” universitaria: sanciones disciplinarias a los alumnos y reordenamiento de las universidades
11 La cartera se denominaba Ministerio de Cultura y Educación, pero la llamaremos solamente Ministeri (...)
12 Suasnábar, C. Universidad e intelectuales. Educación y política en la Argentina (1955-1976). Buenos (...)
7El Ministerio de Cultura y Educación fue uno de los más inestables del gobierno del Proceso y los sucesivos ministros estuvieron subordinados a las decisiones siempre cambiantes de los integrantes de la Junta Militar al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Estuvo ocupado por cinco ministros de educación civiles y durante dos períodos breves por el ministro del interior, el general Albano E. Harguindeguy, uno de los principales responsables de la desaparición forzada de personas durante esos años.11 Los ministros fueron: Ricardo Pedro Bruera (marzo 1976- abril y mayo 1977); Albano Harguindeguy (mayo-junio 1977); Juan José Catalán (junio 1977-agosto 1978); Harguindeguy (agosto a noviembre 1978); Juan Rafael Llerena Amadeo (noviembre 1978-marzo 1981); Carlos A. Burundarena (marzo 1981-diciembre 1981) y Cayetano Licciardo (diciembre 1981- diciembre 1983). Observando sus trayectorias profesionales, los cinco funcionarios civiles tenían en común que estaban relacionados con el ámbito universitario –eran egresados de universidades públicas- y cultivaban vínculos con círculos católicos tradicionales. Tras la caída del peronismo en 1955, algunos pedagogos e intelectuales católicos cambiaron de estrategia respecto al Estado; después de habérsele enfrentado durante los últimos años de la presidencia de Perón, comenzaron a ocupar cargos estratégicos dentro de su estructura y fueron los principales impulsores de reformas educativas en los años sesenta.12
13 Poder Ejecutivo Nacional, El terrorismo en la Argentina. 30 noviembre 1979, pp. 369-372. 8En un documento escrito por el general Albano Eduardo Harguindeguy en 1979, se sostenía que “por las características particulares del nivel universitario, la edad del estudiantado y la trascendencia política de la actividad, la subversión accionó y acciona en él con sentido prioritario y con tácticas adaptadas al medio”.13 Según el escrito, los denominados “terroristas” se podían identificar porque hacían reclamos “alrededor del comedor para los estudiantes, las bibliotecas, las actitudes excesivamente rigurosas o exigentes de algún profesor, la autonomía universitaria, el ingreso irrestricto y a favor del gobierno tripartito con participación estudiantil”.
9Del 24 al 29 de marzo estuvo al frente del Ministerio de Educación en forma interina un oficial de la Armada, el contraalmirante César Augusto Guzzetti. Durante ese breve lapso se definieron resoluciones y leyes importantes que orientaron la gestión del siguiente mandatario, Ricardo Pedro Bruera. El día 26 de marzo, en base al diagnóstico de que “el problema de la subversión encontró en las universidades un campo propicio para su desenvolvimiento”, el presidente de facto -el teniente general Jorge Rafael Videla- dispuso que las universidades quedaran bajo el control del Poder Ejecutivo Nacional y se dictaminó la potestad del presidente para la designación de rectores y decanos. La Ley N°21.276 -“Prioridad para la normalización de las universidades Nacionales”- establecía que las universidades se regirían por la mencionada norma y la ley N°20.654 con una serie de artículos modificados. Se aclaraba que el ministro ejercía las atribuciones que los Estatutos universitarios otorgaban a la Asamblea Universitaria: esto es, dictaba las pautas generales de política universitaria en materia académica de las casas de estudio, procedía al redimensionamiento, reordenamiento y no duplicación de carreras en el ámbito regional, y establecía las normas administrativas y presupuestarias generales. Prohibía las actividades de “adoctrinamiento”, “propaganda”, “proselitismo” o “agitación de carácter político o gremial”. Y derogaba artículos de la Ley N°20.654, sustituyéndose un párrafo del artículo 11 que establecía que eran incompatibles con el ejercicio de la docencia universitaria todas las actividades que se apartaran de los objetivos del Proceso. Tomando como referencia esta normativa, las universidades disponían nuevas resoluciones para reincorporar a profesores que se habían alejado o habían sido desplazados de sus cargos después del 25 de mayo de 1973.
14 Resolución N° 7/76 y 8/76.
15 Ministerio de Cultura y Educación. Resolución N°11, Boletín de Comunicaciones, N°1, 15 Abril 1976. (...)
10El 26 de marzo, las Fuerzas Armadas designaron a sus Delegados Militares en las Subsecretarías, Direcciones Nacionales y Generales. La Fuerza Aérea nombró un oficial en la Secretaría de Cultura; la Armada en la Secretaria de Estado de Educación; el Ejército en la Subsecretaría de Asuntos Universitarios y en la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología.14 Esta distribución institucional del poder no permaneció inmutable, pero dificultó a lo largo del tiempo el funcionamiento gubernamental, en tanto los máximos responsables de sus dependencias respondían a diferentes jefes políticos. También se distribuyeron el control sobre las universidades nacionales. El 29 de marzo se publicó una resolución que disponía el cese en sus funciones de los Rectores, Consejos y demás cuerpos colegiados directivos. Se designaron veinticuatro Delegados Militares al frente de las Universidades Nacionales (de las 26 que existían) siguiendo un criterio de distribución que era coherente con el control territorial que cada Fuerza poseía o se atribuía sobre el territorio nacional. La Armada controlaba: Buenos Aires, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Sur, y Patagonia. La Fuerza Aérea: Córdoba, Río Cuarto, Cuyo, San Luis y en la Tecnológica. Y el Ejército: Tucumán, Jujuy, Catamarca, Salta, La Pampa, Luján, Rosario, Comahue, Entre Ríos, Nordeste, Misiones, Centro de Buenos Aires y Litoral.15 Estos Delegados debían designar a los encargados de las universidades, tenían todas las atribuciones y competencias que legalmente correspondían a los titulares, podían nombrar interventores y veedores según consideraran conveniente. Entre agosto y septiembre de 1976 esos delegados fueron reemplazados por rectores civiles. Algunos de estos últimos gozaron de una estabilidad institucional excepcional y permanecieron en sus cargos por dos períodos (seis años) e inclusive un poco más, como los rectores de las universidades de La Plata, Rosario, Centro de la Provincia de Buenos Aires y San Luis. Es decir, se mantuvieron en la gestión pública más que los presidentes de facto del Proceso y que cualquier ministro de la cartera educativa en ese período. Cabe aclarar que muchos rectores integraban los cuerpos docentes de las casas de estudio antes de 1976, de modo que –en esos casos- su presencia no resultaba ajena a los profesores universitarios. 16 Resolución N° 118/76.
17 Resolución Nº 112/76.
18 Resolución Nº 152/76.
11El 29 de marzo fue nombrado ministro de educación Ricardo Pedro Bruera, quien era profesor de la Universidad Nacional del Litoral. Entre 1970 y 1973 fue ministro de educación de la provincia de Santa Fe y había sido secretario del comité ejecutivo del Consejo Federal de Educación desde su creación en junio de 1972 hasta el 25 de marzo de 1973. En mayo de 1976 Bruera restringió la autonomía de las universidades nacionales impidiéndoles crear nuevas carreras, Facultades o unidades académicas equivalentes sin la previa autorización del Ministerio.16 En junio resolvió que los delegados militares debían dictar en el término de diez días los reglamentos internos adecuados para preservar la disciplina general de los alumnos en las universidades. Entre las faltas disciplinarias se debían tipificar las que se cometieran afuera de la universidad y que constituyeran una amenaza a la seguridad nacional; para éstas tenía que preverse la pena máxima que era la expulsión.17 De manera similar, se les pedía a los rectores de universidades privadas y provinciales que remitieran en el plazo de 30 días la nómina completa de las personas integrantes de los órganos de gobierno y de todo el personal, con indicación de su documento personal, títulos, cargos, antecedentes y dedicación.18 El cumplimiento de estas medidas redundó en la cesantía de cientos de profesores.
19 El Día, 12 octubre 1976, p. 1. 12Entre agosto y septiembre se sustanciaron nombramientos de rectores civiles que reemplazaban a los delegados militares, entre ellos estaba uno de los portavoces más importantes del Proceso en materia universitaria: el rector de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el médico veterinario Guillermo G. Gallo, quien era graduado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la misma universidad (en 1949) y había sido decano de esa Facultad en la década de 1960. Unos días después se aprobó la ley de creación del Consejo Nacional de Rectores (CRUN), organismo que debía asesorar al ministro en temas de enseñanza universitaria, coordinaría la ejecución de las políticas del Ministerio para el sector, y promovería la intercomunicación y coordinación de los asuntos científicos, académicos y culturales.19 El rector de la UNLP fue nombrado presidente de la CRUN en 1976 y permaneció hasta octubre de 1983. La Junta Militar y el ministro de educación buscaban a través de la CRUN dar una imagen ante la opinión pública de que la política universitaria no era decidida una forma vertical o inconsulta, sino que era producto de acuerdos consensuados entre los rectores.
20 En los comentarios de la prensa escrita de la época se afirmaba frecuentemente que la UBA jugaba “u (...)
21 El Día, 14 septiembre 1976, p. 1.
13Para esos días, Bruera hizo circular el documento “Sistema Nacional de Enseñanza Superior” que provocó un enfrentamiento público –el primero de varios- entre un ministro y un rector de la UBA.20 El recientemente nombrado rector de esa casa, el ingeniero Alberto Constantini, al concluir una reunión de rectores con el ministro, dio a conocer el texto de su renuncia a la prensa pues consideraba que la autonomía académica y la libertad de cátedra eran principios irrenunciables y que el ministro “pretendía erigir un sistema de rígida centralización que convertía a las casas de altos estudios en simples unidades de ejecución”. Y concluía: “casi la totalidad de las atribuciones legalmente reconocidas a los órganos de gobierno de las universidades pasaría a mano de ese Ministerio: régimen de ingreso, desarrollo de sistemas, redimensionamiento, planes de estudio, carreras, presupuesto, construcciones, control de gestión, supervisión académica, entre otros”.21
22 Soprano G. y Garatte L. op. cit. en prensa.
14En septiembre Bruera también anunció un importante cambio en la implementación del examen de ingreso e imponía nuevos cupos de estudiantes por carrera, dos medidas que estaban vigentes en algunas universidades desde 1975 con la gestión del ministro peronista Oscar Ivanissevich en 1975 (por ejemplo en la UNLP). Poco tiempo después, Bruera anunció que el redimensionamiento de las universidades nacionales se haría en base a un ingreso anual de tres alumnos por cada mil habitantes, buscando disminuir la matrícula estudiantil que, por entonces, había ascendido a 25 por mil. Bruera explicó que a partir del conocimiento de cupos de admisión y número de aspirantes a determinadas disciplinas se podía definir la supresión de algunas carreras. Dando un paso más adelante, el presidente de la CRUN –Gallo- señaló que estaba a favor de imponer cupos en el acceso a las llamadas “carreras tradicionales”; así pues, decía que si durante cinco años se cerraba la inscripción en Ciencias Económicas, Derecho y Medicina “en el país no pasaría nada, absolutamente nada”. Sin embargo, contrariamente a estos dichos, las carreras que Gallo efectivamente ordenó cerrar en la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, fueron las vinculadas con las Humanidades –Psicología- y Bellas Artes - Cinematografía, Canto, Violoncello, Piano, Violín, Guitarra y Pintura Mural- y clausuró el ingreso a la Licenciatura en Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales.22
23 El Día, 19 octubre 1976, p. 1. 24 El Día, 30 octubre 1976, p.1.
15En octubre se dieron a conocer más detalles sobre el ingreso a las universidades. Los aspirantes debían rendir dos materias consideradas básicas dentro de la carrera elegida y someterse a una prueba de comprensión de un texto -vinculado o no a las asignaturas que rendían.23 Según el presidente de la CRUN, el criterio que fundaba la decisión del ministro Bruera para implementar los cupos de ingreso era la “desmasificación”, teniendo en cuenta la capacidad de las unidades académicas y la cantidad de docentes con que se contaba.24 Con respecto a los estudiantes extranjeros, en su mayoría procedentes de países vecinos e hispanohablantes del Cono Sur, dijo que había un “exceso” y muchos se radicaban en el país “restando fuentes de trabajo a los profesionales argentinos”. Sobre la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, así como el gobierno tripartito (profesores, estudiantes y graduados), aseguró que podían ser el ideal “pero no dejamos de reconocer que ese sistema llevó prácticamente al caos y la paralización de la universidad argentina”. Gallo aclaró que los exámenes no podían seguir siendo mensuales, y que se organizarían en turnos trimestrales o cuatrimestrales. También sostuvo que se consideraría como alumno regular de una unidad académica aquel que hubiese aprobado durante el año 1976 una materia o bien cursado o aprobado trabajos prácticos; en tanto que los alumnos que no estaban en esas condiciones serían separados de los padrones estudiantiles; asimismo, propiciaba un sistema de correlatividad de materias que obligaba a los estudiantes a rendir con cierta periodicidad sus exámenes finales de algunas asignaturas para quedar habilitados a cursar otras. Por último, establecía que los alumnos que ingresaban a la universidad debían presentar al comenzar el ciclo lectivo 1977 un certificado de buena conducta extendido por la policía.
16El 21 de abril de 1977 Bruera elevó su renuncia por diferencias con los integrantes de la Junta Militar, siendo la primera producida en el gabinete nacional desde 1976. El ministro había reclamado un mayor presupuesto para el área y los nuevos colaboradores que propuso no fueron aprobados para su designación. Bruera se ofreció públicamente a continuar colaborando como ministro renunciante hasta que nombraran a otro. Sus declaraciones ocurrieron simultáneamente con versiones periodísticas que aseguraban que existían “discrepancias o desentendimientos en los más altos niveles de la conducción política” del Poder Ejecutivo Nacional acerca de quién sería su sucesor. El 28 de mayo fue reemplazado por el general Albano Harguindeguy, quien era además ministro del interior. Catalán y el reordenamiento (frustrado) del sistema universitario 25 El Día, 14 diciembre 1977, p. 3.
17En junio de 1977 asumió Juan José Catalán, oriundo de Tucumán, abogado, católico, había sido ministro de economía en su provincia entre 1967 y 1968. Era miembro de la “Fundación para el Avance de la Educación”, una institución creada en la ciudad de Buenos Aires en 1974 y de la cual dependía el Instituto de Investigaciones Educativas. Catalán estaba relacionado con el ex ministro de justicia Jaime Perriaux, conocido como uno de los “ideólogos del Proceso”. En septiembre de 1977 Catalán manifestó que era excesivo el número de universidades -26 estatales y 24 privadas; señalaba que el país no tenía los recursos materiales, humanos y el nivel académico suficiente como para sostener tantas. Había que adecuar el sistema universitario a las “actuales posibilidades de enseñanza” y a las “verdaderas necesidades del país”. Por su parte, la perspectiva que Guillermo Gallo tenía sobre las universidades públicas no era más favorable. En una conferencia en el Rotary Club dijo: “No podemos admitir que los padres que mandan sus hijos a estudiar, corran el riesgo de que les devuelvan guerrilleros o cadáveres”.25En esos días el Arzobispo de La Plata, Antonio José Plaza, también advertía que los enemigos de la Patria desplegaban sus “satánicos planes” y su “accionar apátrida” en la Universidad, “cuna y foco de la guerrilla organizada”.
26 El Día, 8 septiembre 1977, p. 1.
27 El Día, 22 septiembre 1977, p. 6. 18A principios de septiembre de 1977 se hablaba con insistencia de la crisis económica de las universidades, especialmente de las de grandes dimensiones. Gallo admitía que si no se aumentaba el presupuesto, la situación se complicaría “en extremo” a partir de octubre de ese año.26 Esta explicación le sirvió para justificar el aumento en la UNLP -en algunos casos en más de cinco veces- de los aranceles para la tramitación de variados documentos como los certificados finales de estudio, libretas de estudiantes, diplomas, títulos, autenticación de firmas, legalización de fotocopias de diplomas, copias de certificados o documentos de estudios existentes en los archivos de la universidad, entre otros, argumentando que así se paliarían las necesidades financieras.27
19A fines de ese año, Catalán decidió reducir en un 24 por ciento el número de vacantes para el ingreso a las 26 universidades. El cupo afectó sobre todo a la UBA, adonde de cada cuatro aspirantes, solo uno podía entrar. En el resto de las universidades grandes como La Plata, Rosario y Córdoba se vieron perjudicados especialmente los aspirantes a entrar a carreras como Medicina, que era una de las más demandada de todas. Lo cierto fue que las clases medias continuaron eligiendo las orientaciones tradicionales para sus hijos, a pesar de la intención de las autoridades de re orientar la matrícula hacia otras carreras. En el resto de las universidades del país no hubo mayores inconvenientes. 20Catalán también anunció que sería reformado el sistema educativo con el aval de la Junta Militar. Para el ámbito universitario se implementaría un plan de “reorganización, regionalización y redimensionamiento del sistema universitario” con la creación de nueve regiones. En cada región funcionaría un Consejo Regional Universitario constituido por los rectores de las universidades nacionales y privadas de la región, presididos por el rector de la universidad nacional más antigua. El Consejo Regional debía aconsejar al Ministerio de Educación la apertura o el cierre de carreras, proceder al control y supervisión académica de los servicios universitarios y aprobar los proyectos de presupuesto de las universidades, destacando que los presupuestos de las universidades privadas no estarían sujetos a la supervisión de este Consejo. Los estudios iban a comprender un ingreso (sistema de admisión único) y cuatro ciclos: básico (común a varias carreras afines); superior (licenciaturas y carreras profesionales); de especialización; y académico (maestría y doctorado). Los dos primeros estarían en todas las universidades y los dos últimos constituirían un “nivel cuaternario” que sólo sería impartido en las cabeceras de cada región. La reforma contemplaba el arancelamiento en las universidades nacionales, pues se consideraba que era necesario para “obtener recursos para el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento universitario” que debía alcanzar un nivel de competencia con las mejores universidades del mundo.
21El 9 de agosto se dio a conocer la resolución Nº 1006 “Pautas para la Organización Académica de las Universidades Nacionales” que disponía su regionalización. Promovía la eliminación de las Facultades y las carreras que se superponían en cada una de las nueve regiones del país. La comunicación provocó reacciones en contra del presidente del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales Privadas (CRUP) y del rector de la Universidad de Buenos Aires, doctor Luis Carlos Cabral. El 21 de agosto este último se reunió con todos sus decanos y resolvieron por medio de un acta, que esa institución quedaba eximida de la obligación de dar cumplimiento a la resolución, apoyándose en la vigencia de la autonomía universitaria. Pocos días después el ministro lo acusó de “lesión y desconocimiento público de su autoridad” y le pidió la renuncia. Cabral se negó y Catalán procedió a “limitar sus funciones”, lo que equivalía a dejarlo cesante. El presidente de la nación, el teniente general Jorge R. Videla se entrevistó con ambos y en vez de avalar públicamente al ministro y su plan (como lo hiciera originalmente), le pidió la renuncia el 26 de agosto y posteriormente despidió a Cabral. Por su parte, el presidente de la CRUN; Guillermo Gallo, dijo que él y sus otros colegas estaban a favor de la resolución, declaró su apoyo a Catalán y señaló que la conducta del rector Cabral había sido “equivocada y poco meditada”. Por segunda vez volvió a asumir la cartera el ministro del interior, el general Albano Harguindeguy durante casi dos meses.
Llerena Amadeo: el reordenamiento efectivo y el cierre de Luján
22En noviembre de 1978 la Junta Militar nombró como nuevo ministro de educación al abogado Juan Rafael Llerena Amadeo, miembro de una tradicional familia de San Luis, profesor de la Universidad Católica Argentina y la Universidad del Salvador. Se había desempeñado como subsecretario de Educación del ministro José Mariano Astigueta (1967-1969). Colaboraba con notas periodísticas en el diario La Nación y figuraba como secretario de la corporación de abogados católicos “San Alfonso María de Ligorio”, que contaba con la membresía de varios funcionarios del Proceso. De todos los ministros fue quien más permaneció en el cargo –dos años y casi cuatro meses- y bajo su gestión se concretó el cierre de la Universidad Nacional de Luján y la tan anunciada sanción de la Ley Universitaria. 28 La Nación 14 diciembre 1978, p. 10.
29 La Nación, 15 febrero 1980, p. 9.
23En diciembre, Llerena Amadeo se reunió con los integrantes de las universidades privadas –CRUP- dado que el sector se hallaba “sensibilizado” por el plan de regionalización.28 El ministro les aclaró que la medida sería revisada, al mismo tiempo que les hacía algunas “recomendaciones” a los rectores que daban cuenta de las deficiencias que exhibían las casas de estudio privadas. A lo largo del año 1980, Llerena Amadeo firmó resoluciones que pretendían implementar de hecho el reordenamiento universitario tan anunciado. El resultado fue una serie de conflictos que fueron ampliamente cubiertos por la prensa. En la ciudad de Paraná, el ministro suprimió la Facultad de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Entre Ríos afirmando que tenía un “bajo nivel académico”, como consecuencia el rector dimitió y esa casa estuvo durante diez meses acéfala. Los padres de los alumnos presentaron un recurso de amparo que fue rechazado por el juez federal. En San Juan se sancionó la resolución N° 1.232 por la cual se creaba la carrera de Ingeniería Civil en Mendoza y se eliminaba la de San Juan, con la explicación de que no podía haber dos iguales en la región, lo que generó la renuncia del rector. Cuando en febrero de 1980 el ministro viajó a esa ciudad, el comercio local mantuvo cerradas sus puertas durante media hora en señal de protesta por su presencia.29
24La medida más resonante fue sin dudas la disposición del 20 de diciembre de 1979 que ordenaba cerrar la Universidad Nacional de Luján por “falta de nivel académico y la inutilidad de algunas de sus carreras”. Se buscaba poner en marcha un plan “destinado a revertir el proceso de expansión del sistema universitario iniciado alrededor de los años de 1970”. La polémica duró varios meses. El 21 de febrero de 1980 Llerena Amadeo dio a conocer el decreto N°22.167 que derogaba la ley 20.031 de 1972 de creación de la Universidad Nacional de Luján. El ministro clausuró todas sus carreras excepto la Ingeniería en Alimentos que continuó dictándose desde 1981 en Luján, pero administrada por la UBA. Los alumnos de Luján fueron reubicados en otras universidades, declarando prescindibles a algunos docentes y cesantes al resto. Todos los bienes inmuebles y muebles, equipos y servicios se transfirieron a la UBA. 30 Buchbinder, op. cit., 2005, p. 200.
25Una vez sancionada la ley, nuevas y variadas voces se hicieron escuchar en contra, entre ellas la del ex decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, el doctor Alberto Taquini (h.) que había impulsado un proyecto de “redimensionamiento” entre 1968 y 1970 que procuraba “compatibilizar el proceso de expansión de la matrícula universitaria, la conformación de una Universidad científica, las necesidades derivadas del desarrollo regional y la despolitización”.30 En su opinión, era paradójico que para redimensionar el sistema universitario se sobredimensionara a la UBA.
31 Ley N° 22173.
32 La Nación, 6 diciembre 1980, p. 8.
26El cierre de Luján coincidió con la creación el 25 febrero de 1980 de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, resultado de la unificación de la Universidad de la Patagonia, de 1963 y la Universidad Nacional de la Patagonia, de 1974.31 Unos meses después Llerena Amadeo mandó a cerrar tres subsedes de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) ubicadas en Bernal, Quilmes y Capital, una decisión que derivó en un intercambio de acusaciones con el Arzobispo de La Plata, Antonio José Plaza, quien le advirtió que por esta medida “deberá rendir cuentas en ésta o en la otra vida”. Finalmente Plaza recurrió a la justicia y la sala de la cámara federal de La Plata ordenó a Llerena Amadeo “no innovar”. Hacia diciembre de 1980, un año después de iniciado el conflicto en Luján, la prensa continuaba ocupándose del tema, alegando que éste era el problema “más grave que haya debido enfrentar el ministro” y se esperaba que éste diera una explicación “más convincente”, ya que los argumentos del pasado seguían siendo seriamente cuestionados.32La nota finalizaba con una dura crítica que denunciaba que la acción del Ministerio no se fundaba en “política universitaria alguna, ni en un plan orgánico ni en estudios conocidos”. La sanción de la Ley Universitaria: “cerrar el activismo subversivo”
33 La Nación, 22 abril 1980, p. 1.
27A principios de 1979 el ministro Llerena Amadeo hizo circular un documento de base o anteproyecto de ley universitaria, que había sido elaborado por la Secretaría de Planeamiento de la Presidencia de la Nación e inició una etapa de consultas entre los universitarios. Desde ese momento se publicaron en la prensa una serie de comentarios acerca de esta propuesta. A pesar de las consultas, el 22 de abril de 1980 el ministro anunció la sanción de la nueva ley con un texto casi idéntico al original -con fecha del 11 abril, y el número 22.207. Llerena Amadeo volvió a decir que el ámbito universitario era uno de los “sectores de la vida del país en donde con mayor intensidad actuó la subversión apátrida”.33 El objetivo principal de la nueva norma era “erradicar totalmente del régimen universitario la subversión” y producir la definitiva “normalización” del sistema. 28La ley regía hasta el artículo 4, tanto para las universidades privadas como para las nacionales. Los puntos más importantes establecían que continuaba la designación de rectores y decanos por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del Ministerio. Los cargos de rector, vicerrector, decano, vicedecano y secretarios de Universidad, Facultad o Departamento “eran de desempeño incompatible con el ejercicio de cargos directivos, político- partidarios o gremiales”. Se establecía la posibilidad de fijar aranceles a la enseñanza, se ratificaba la vigencia de los exámenes eliminatorios para entrar a las Facultades y de los cupos de admisión. Habilitaba la creación de “carreras cortas” –de menos de cinco años de duración. Los profesores estaban representados en la Asamblea Universitaria y Consejos Superiores y Consejos Económicos. Dentro de los treinta días de la vigencia de la ley se debía constituir en cada casa un “Consejo Asesor”. En el curso de los 120 días los rectores tenían que elevar un proyecto de Estatuto de sus respectivas universidades y luego de su aprobación, debían comenzar con la organización de los concursos y la posterior designación de profesores ordinarios. 29Poco después, el presidente del CRUN confirmó que se arancelarían todas las universidades en el ciclo lectivo 1981 y Llerena Amadeo anunció que a causa de estos “ingresos extra” se reducirían los gastos de personal en un 2 por ciento y un 6,5 los de inversión universitaria. En contra de la ley se hicieron oír distintos actores sociales, como la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), la Federación Universitaria Argentina (FUA), el especialista en derecho de la educación Héctor Félix Bravo y varias organizaciones de profesionales e integrantes de la Unión Cívica Radical que aseguraban que era contraria al “espíritu de la reforma” de 1918.
34 El Día, 12 enero 1979, p. 3.
30El tema del arancelamiento de los estudios universitarios estaba vinculado a la necesidad de profundizar aún más el achicamiento del sistema. Nadie creía seriamente – más allá de los discursos- que esta medida iba a lograr remediar la falta de recursos que sufrió el área durante todo el período. Esta realidad fue denunciada por los propios simpatizantes del Proceso a través de la prensa y por los mismos mandatarios, quienes, por un lado, apoyaban el principio de subsidiariedad del Estado pero a la vez creían que había que aumentar el gasto destinado a la educación pública. Según una nota publicada en 1979, entre 1970 y 1971 se otorgó a la educación dentro de los gastos generales del Estado el 14, 7 por ciento; en 1972 el 14,1 por ciento; en 1973 el 14,6 por ciento; en 1974 el 15,7 por ciento y en 1975 el 13,1 por ciento. En el año 1976 las autoridades militares redujeron el gasto educativo al 6,9 por ciento; en 1977 al 7,3 y en 1978 al 9 por ciento. De acuerdo con un artículo de prensa esos tres años correspondían a los “presupuestos educativos más bajos de la década”.34 Unos meses después se anunció que el presupuesto para 1979 se incrementaría en un 1,3 por ciento, representando un 10,1 del total. Los años siguientes se mantuvieron similares porcentajes. 35 El Día, 23 octubre 1980, p. 4. 36 El Día, 23 octubre 1980, p. 4. 31En octubre de 1980 Llerena Amadeo advertía públicamente que la situación financiera en el ámbito educativo nacional era crítica. Gallo aseguraba que los rectores no sabían cómo pagarían los gastos de los servicios públicos; y si bien “creía que lo más coherente del gobierno había sido la política universitaria” –dado que estuvo definida con “un plan que tuvo como base la fijación de cupos de admisión y la selección a través de exámenes de competencia”- pensaba que el escaso presupuesto “podía provocar un rebrote subversivo”.35 Gallo estaba preocupado porque si no se revertía a corto plazo las dificultades presupuestarias sería muy difícil conducir la universidad”.36
32Luego de estos reclamos, a principios de 1981 se anunció que asumiría la presidencia el teniente general Roberto Eduardo Viola y cambiaría el titular de la cartera educativa. Pocos días antes de dejar el cargo, Llerena Amadeo declaró que las restricciones financieras condicionaron su gestión; y que, si bien había solicitado en reiteradas oportunidades que se revisaran las partidas presupuestarias asignadas a su cartera, el presidente Videla había decidido sostener un “presupuesto de mantenimiento”, mientras que el ministro creía que la educación argentina necesitaba uno “de despegue”. ¿La segunda “normalización”? Las gestiones de Burundarena y Licciardo
37 La Nación, 4 noviembre 1981, p. 8
33El general Roberto Viola nombró como ministro al ingeniero en telecomunicaciones egresado de la UBA, Carlos Burundarena, quien había sido funcionario del Ministerio. Oriundo de la ciudad bonaerense de Adrogué, católico anti-peronista (había defendido la Catedral Metropolitana de los “ataques de militantes peronistas” en 1955), era profesor titular de la UBA y desde julio de 1976 interventor del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET). En 1980 Llerena Amadeo lo había designado rector de la Universidad Tecnológica Nacional, por lo que también integraba la CRUN. En abril, el flamante ministro dijo que -aunque se iban a arancelar los estudios universitarios- consideraba que el presupuesto educativo en general y el de las universidades en particular eran “muy escaso” y sólo alcanzaba para pagar salarios. Burundarena se declaraba “confiado” en que Viola reconsideraría la ley de presupuesto. Su gestión ministerial fue la más corta del período (sin contar la de Harguindeguy) y se desplegó en un escenario político y social en el que se produjo un resurgimiento de las protestas estudiantiles en la UBA, La Plata, Rosario y Córdoba. Una nota periodística de la época resaltaba que se habían registrado en ese año las primeras acciones públicas de los centros estudiantiles universitarios, que “hasta el día de hoy estaban prácticamente desaparecidos de los claustros y de todo tipo de acción pública”. No obstante, mencionaba con preocupación que los estudiantes se estaban realineando, lanzaban declaraciones y anunciaban “su decisión de salir a la calle cuando sea necesario”.37
34En diciembre de 1981 el general Leopoldo F. Galtieri asumió la presidencia. Su nuevo ministro fue Cayetano Licciardo, nacido en Ensenada y egresado de la UNLP como contador público nacional. Militante activo de la Acción Católica Argentina, fue ministro de hacienda y finanzas durante la presidencia del general Agustín Lanusse (1971-1972). Desde 1979 era decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y había sido propuesto por Burundarena para rector de esta última universidad. En enero de 1982 Galtieri dio a conocer una nueva Ley de Ministerios, por la cual la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) pasaban a depender de la Secretaría de Planeamiento de Presidencia de la Nación, al igual que la Subsecretaría de Cultura que también quedó en la misma órbita con el rango de Secretaría. De esta manera, las dos Subsecretarías y el CONICET dejaron de pertenecer al Ministerio de Cultura y Educación, recortándose las competencias y recursos de la cartera educativa. 38 La Nación 6 enero 1982, p. 8.
39 El Día, 12 septiembre 1982, p. 5. 35El primer discurso de Licciardo fue objeto de críticas de parte de la prensa. En una nota se afirmaba que el ministro no había hecho mención a “los actuales problemas de la universidad”: el presupuesto, los deficientes exámenes de ingreso, los cupos cerrados de admisión, la existencia de casas hiper e hipodimensionadas y el reconocimiento de competencias y atribuciones profesionales sobre carreras nuevas, “por no citar sino algunas pocas y difíciles cuestiones”.38 Si la política universitaria había sido calificada por Gallo como lo más coherente de todo el gobierno, hubo que admitir que después de la sanción de la ley, el panorama había cambiado y hubo medidas que debieron rectificarse, como por ejemplo la del cupo. El cupo nacional había ido bajando durante los primeros años: a fines de 1977 el ministro Catalán lo redujo a un 24 por ciento, quedando en 68.742 plazas; en 1978 fue de 52.372 y en 1979 de 50.845. Entre 1980 y 1981 casi no se modificó y acorde a los nuevos tiempos y al calor del resurgimiento de las protestas estudiantiles, en 1982 el cupo aumentó a 56.506 vacantes y en 1983 se incrementó un poco más. Del mismo modo, había problemas con el arancel. Hablando de la UNLP, Gallo admitió que los aranceles se estaban abonando por debajo de los cálculos previstos y esto le generaba varios inconvenientes porque con lo percibido se atendían los créditos educativos, la concesión de 825 becas, los compromisos con la obra social provincial IOMA y la Caja de Ahorros que cubría los seguros de vida y por accidente del personal universitario.39 El problema, según Gallo, era que la UNLP no tenía cláusulas punitivas como otras universidades y, por eso, los estudiantes “especulaban un poco con los pagos”, los que se acentuaban en fechas próximas a los exámenes. En el caso de que un estudiante no cumpliera con los pagos, no podía rendir exámenes. Aclaraba también que en el cobro del arancel se habían realizado más de 3.000 excepciones. 40 El Día, 12 septiembre 1982, p. 5. 41 Soprano G. y Garatte L. op. cit. en prensa.
36Cuando a comienzos de 1983 el último presidente de facto, el general Reynaldo Bignone, anunció que el Proceso llegaba a su fin ese año, Licciardo se limitó a declarar que no haría ningún cambio en el sistema educativo “hasta que no asumieran sus responsabilidades las próximas autoridades”. Recordemos que la ley universitaria de 1980 había dispuesto que se sancionaran los nuevos Estatutos de las casas de estudio 120 días después de su publicación. Lo concreto fue que la mayoría de los rectores no lo hizo, y recién entre 1982 y 1983 se aprobaron en tiempo récord varias de estas normas con la finalidad de encarar la segunda “normalización” con la organización de los concursos docentes. Éstos recibieron duras críticas de los colegios profesionales. En un reportaje que buscaba contestar los cuestionamientos realizados, Gallo admitió que según los Estatutos, el decano podía reveer lo dispuesto por el jurado de los concursos pues tenían “potestad absoluta para decidir”, pero que “siempre” había sido así porque la ley le otorgaba esas atribuciones.40 En las universidades grandes como la UBA y La Plata se impugnaron varios de estos concursos y una vez en democracia fueron reconsiderados y algunos anulados.41
37En este trabajo hemos presentado y analizado las políticas universitarias diseñadas e implementadas por el Ministerio de Educación de la Nación en la Argentina durante la última dictadura militar. Ahora bien, por los avances de investigaciones propias y las de otros autores mencionados en la introducción, sabemos que estas políticas no tuvieron el mismo impacto en todas las universidades, Facultades y carreras. Por ejemplo, las políticas de exámenes de ingreso y de cupo tuvieron repercusiones diferentes en la UBA, la UNLP o en universidades de menor matrícula. En este sentido, para poder determinar este procesamiento diferenciado a nivel institucional, sería necesario avanzar en el estudio localmente situado de estas políticas y de otras comprendidas en este trabajo, tales como las de arancelamiento, la disciplinaria, de concursos docentes, presupuestaria, de reordenamiento institucional y del sistema universitario, o la sanción de nuevos Estatutos tras la aprobación de la ley universitaria de 1980. Asimismo, nos parece importante destacar que debido al papel relevante que tuvieron los rectores de las universidades públicas en la orientación de estas políticas, cabe establecer también cuáles eran sus perfiles académicos, profesionales y políticos y en qué redes sociales participaban a nivel nacional, provincial y/o local. Avanzar en el reconocimiento de las singularidades locales de estas políticas universitarias, permitirá construir una historia más compleja y diversa y por esa razón, menos homogénea de lo que todavía hoy estamos presentando. Haut de page
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1 El Proceso de Reorganización Nacional será citado en adelante como “el Proceso”. Novaro, M. y Palermo, V. La dictadura militar. (1976- 1983). Del golpe de Estado a la restauración democrática. Buenos Aires, Paidós, 2003; Quiroga, H. El tiempo del ‘Proceso’. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares. 1976-1983. Rosario, Homo Sapiens, 2004; Pucciarelli, A. Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura. Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2004.
2 Águila, G. Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1076/1983. Un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en dictadura. Buenos Aires, Prometeo, 2008; Lvovich, D. “Burócratas, amigos, ideólogos y vecinalistas: el reclutamiento de funcionarios municipales de Morón durante la dictadura militar (1976–1983)”, en E. Bohoslavsky y G. Soprano (comps.) Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (de 1880 a la actualidad). Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento (en prensa); Rodríguez, Laura Graciela. “Gobierno municipal, descentralización educativa y funcionarios en la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar”, en E. Bohoslavsky, y G. Soprano. (comps.) Un Estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en la Argentina (1880 a la actualidad), Universidad Nacional de General Sarmiento, 2009 (en prensa); Quiroga, H. op. cit., 2004; Novaro, M. y Palermo, V. op. cit., 2003. 3 Buchbinder, P. Historia de las Universidades Argentinas. Buenos Aires, Sudamericana, 2005; Buchbinder, P. y Marquina, M. Pasividad, heterogeneidad y fragmentación. El sistema universitario argentino 1983-2008. Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2008.
4 Debe tomarse en consideración que en las universidades argentinas los estatutos reformistas vigentes, por un lado, entre los años 1918-1921 y 1943-1946 y, por otro lado, entre 1955 y 1973-1974, prescribían el gobierno autónomo de las casas de estudio respecto del Estado nacional, el cual recaía en manos de los profesores ordinarios o concursados, los estudiantes, y en algunos casos los graduados.
5 Buchbinder P. op. cit., 2005; Soprano G. y Garatte L. “Política y grupos académicos universitarios. Un análisis comparado de su historia reciente en Facultades de Ciencias Naturales y Humanas (Argentina. 1966-1986)”, en: E. Bohoslavsky, M. Franco, M. Iglesias, D. Lvovich (eds.). Historia reciente en el Cono Sur. Universidad Nacional de San Martín / Universidad Nacional de General Sarmiento (en prensa).
6 Kaufmann, C. (dir.) Dictadura y Educación.Universidad y Grupos Académicos argentinos (1976-1983), Buenos Aires. Miño y Dávila, 2001; C. Kaufmann, (dir.) Dictadura y Educación.Depuraciones y vigilancia en las universidades nacionales argentina, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2003. 7 Buchbinder destaca que del poco más de medio millón de estudiantes universitarios de 1976 se pasó a 402.000 en 1981. La disminución de la matrícula fue más acentuada en las universidades grandes como la UBA, adonde en 1974 hubo 40.285 ingresantes y por la política de cupos, este número se redujo en 1977 a 13.312. Asimismo, en 1976 el sistema universitario privado concentraba a unos 58.000 estudiantes, en 1982 esa cantidad llegó a 75.000 y luego esa tendencia se revirtió. Entre 1983 y 1989, el peso del sector privado en la matrícula universitaria volvió a disminuir de un 19 % a un 10 %. Ver Buchbinder, op. cit., 2005 y Buchbinder y Marquina, op. cit. 2008. 8 Quiroga H. op. cit., 2004; Novaro M. y Palermo V. op. cit., 2003.
9 Cabe recordar que en algunas universidades nacionales y, particularmente, en algunas unidades académicas, las intervenciones del Estado nacional promovidas desde 1974 a marzo de 1976 durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón y, tras su muerte, por María Estela Martínez de Perón, así como las persecuciones y asesinatos de la denominada Triple A, produjeron una notable discontinuidad en las trayectorias político institucionales y en la de profesores, investigadores y estudiantes, que anticipó el desarrollo de las políticas represivas del Proceso. Soprano G. y Garatte L. op. cit. en prensa.
10 Queremos manifestar nuestro agradecimiento a dos evaluadores anónimos que formularon comentarios y orientaciones que permitieron mejorar los argumentos expuestos en el presente artículo.
11 La cartera se denominaba Ministerio de Cultura y Educación, pero la llamaremos solamente Ministerio de Educación, ya que no haremos ninguna referencia a la política cultural. 12 Suasnábar, C. Universidad e intelectuales. Educación y política en la Argentina (1955-1976). Buenos Aires, Flacso-Manantial, 2004; Krotsch, P. “Política educativa y poder social en dos tipos de regímenes políticos: hipótesis acerca del papel de la Iglesia Católica argentina”, en Propuesta educativa. Buenos Aires, FLACSO, 1989.
13 Poder Ejecutivo Nacional, El terrorismo en la Argentina. 30 noviembre 1979, pp. 369-372. 14 Resolución N° 7/76 y 8/76.
15 Ministerio de Cultura y Educación. Resolución N°11, Boletín de Comunicaciones, N°1, 15 Abril 1976. No disponemos de los datos correspondientes a las Universidades Nacionales de San Juan y Santiago del Estero.
16 Resolución N° 118/76.
19 El Día, 12 octubre 1976, p. 1. 20 En los comentarios de la prensa escrita de la época se afirmaba frecuentemente que la UBA jugaba “un papel protagónico” en la vida del país, tanto “por su cantidad de alumnos como por su prestigio”. Debido a su singularidad, se resaltaba que sus rectores siempre habían estado enfrentados a los ministros de educación y al resto de los rectores. De hecho, durante todo el período fue una de las universidades que cambió con más frecuencia su conducción. 21 El Día, 14 septiembre 1976, p. 1.
25 El Día, 14 diciembre 1977, p. 3.
27 El Día, 22 septiembre 1977, p. 6. 28 La Nación 14 diciembre 1978, p. 10.
30 Buchbinder, op. cit., 2005, p. 200.
35 El Día, 23 octubre 1980, p. 4. 36 El Día, 23 octubre 1980, p. 4. 37 La Nación, 4 noviembre 1981, p. 8
38 La Nación 6 enero 1982, p. 8.
39 El Día, 12 septiembre 1982, p. 5. 40 El Día, 12 septiembre 1982, p. 5. 41 Soprano G. y Garatte L. op. cit. en prensa.Haut de page
Laura Graciela Rodríguez et Germán Soprano, « La política universitaria de la dictadura militar en la Argentina: proyectos de reestructuración del sistema de educación superior (1976-1983) », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Questions du temps présent, mis en ligne le 09 mai 2009, consulté le 24 mai 2016. URL : http://nuevomundo.revues.org/56023 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.56023 Haut de page
(CONICET- Universidad Nacional de General Sarmiento; Universidad Nacional de La Plata); laura.rodrig[at]speedy.com.ar
(CONICET-Universidad Nacional de Quilmes; Universidad Nacional de La Plata); gsoprano[at]unq.edu.arHaut de page
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