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Timestamp: 2020-06-02 15:17:13+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 185, de 23/11/1995
CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1995 V Legislatura Núm. 185 PRESIDENCIA DEL EXMC. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 183 celebrada el jueves, 23 de noviembre de 1995
--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con el Diputado don José Barrionuevo Peña (número de expediente 240/000003) (Página 9835)
--Proyecto de Ley Orgánica sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 125.1, de 25 de julio de 1995 (número de expediente 121/000109) (Página 9835)
--Proyecto de Ley Orgánica de contrabando. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Seria A, número 93.1, de 5 de diciembre de 1994 (número de expediente 121/000078) (Página 9850)
--Proyecto de Ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 113.1, de 27 de abril de 1995 (número de expediente 121/000095) (Página 9855)
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--Proyecto de Ley sobre la creación de un fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 118.1, de 10 de junio de 1995 (número de expediente 121/0000102) (Página 9858)
--Protocolo por el que se modifica el Tratado de Extradicion y asistencia mutua en materia penal entre el Reino de España y los Estados Unidos Mejicanos de 21 de noviembre de 1978, firmado en la Ciudad de Méjico el 23 de junio de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 225.1, de 25 de septiembre de 1995 (número de expediente 110/000185) (Página 9861)
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto, para tratar del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con el Diputado don José Barrionuevo Peña (Página 9835)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 9835)
Proyecto de ley orgánica sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo En nombre del Gobierno, presenta el proyecto de ley la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán). Destaca el dato importante de que hace escasos días se aprobó definitivamente por este Congreso el nuevo Código Penal, hecho que además de su indudable trascendencia tiene mucho que ver con el debate que ahora se inicia en la Cámara. Recuerda que en el nuevo Código Penal se mantiene en vigor la regulación sobre la punición de la interrupción voluntaria del embarazo practicada con consentimiento de la mujer, dejando en vigor la Ley 9/1985, de 5 de julio, que incorpora el artículo 417 bis al todavía vigente Código Penal.
Expone la señora Ministra que a la vez que se adecua el ordenamiento penal a la Constitución, el Gobierno ha estimado preciso proponer al Parlamento una despenalización más amplia de la interrupción voluntaria del embarazo, sin ceder un ápice en cuanto a la tutela de la vida en formación. El modelo que se presenta está inspirado en otros de nuestro entorno cultural y político, acudiéndose a una ley específica fuera del Código Penal para evitar que una cuestión tan compleja como ésta quedara enmarcada en un cuerpo estrictamente punitivo, ya que parecía razonable que se contemplase también desde los aspectos sanitarios y sociales de orientación y asesoramiento.
Respecto a la posición de algunos que afirman que la ampliación del aborto no responde a una demanda social mayoritaria, el Gobierno considera que se trata de un proyecto necesario e importante, que resuelve un problema real de nuestra sociedad y que define una determinada política criminal en esta materia, ayudando a perfilar un modelo de convivencia democrática no sólo por su objetivo, de por sí importante, sino por su trascendencia social.
Se refiere seguidamente la señora Ministra a la necesidad de la ley, la oportunidad de su presentación, las razones del modelo elegido y el acierto de su contenido afirmando que se trata de un proyecto de ley que no es abortista, como no lo son ninguno de los existentes en nuestro entorno, puesto que no se trata de favorecer la interrupción voluntaria del embarazo, ni de incrementar el número de éstas, sino que se trata únicamente de afrontar una situación de conflicto grave que es hoy real en nuestra sociedad y buscar soluciones que pasan por dar apoyo, ayuda, información, y capacidad de prevención a la mujer para que pueda resolver su conflicto de la forma más responsable y serena posible, aunque reconociendo a la mujer la capacidad de decisión que le corresponde ante el conflicto.
Cree que esta propuesta despenalizadora disfruta de un amplio consenso social, como confirman las encuestas, y, aunque no fuese así, la oportunidad y la legitimidad de su aprobación se mantendrían, porque el consenso social no es exigible para la discriminalización de conductas que sólo merecen su desaprobación intensa por un determinado sector social que ni siquiera es mayoritario.
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Se trata, en definitiva, de una propuesta que el Gobierno considera realista, que apuesta por un alto grado de seguridad jurídica, que respeta la intimidad y la dignidad de la mujer y que reconoce su capacidad de decisión, seria, responsable e informada, en relación con la interrupción voluntaria del embarazo.
La señora Fernández González defiende la enmienda de totalidad de devolución del Grupo Popular. Expone que después de diez años de vigencia de la denominada coloquialmente ley del aborto, presenta hoy el Gobierno un proyecto de ley por el que se pretende modificar la actual legislación para ampliarla y variar su configuración legal.
Como reflexión de carácter general señala que, cuando se plantea la modificación de una ley, suele motivarse por su inadecuación a la realidad social española o bien por sus valoraciones objetivas y evidentes que aconsejan la modificación. Deberían, por tanto, preguntarse como cuestión previa qué razones han llevado al Gobierno a aprobar un proyecto de ley de modificación de la ley del aborto vigente, cuya respuesta, a su juicio, no es fácil. En España no se ha establecido un gran debate social a la hora de modificar esta legislación, por lo que no se podrá invocar ese debate en la sociedad española como motivo para la modificación propuesta por el Gobierno. Piensa, por el contrario, que existe una disociación total entre el debate en la sociedad española y un Gobierno que se hace eco de determinadas pretensiones que no se plantean de forma generalizada en la sociedad en estos momentos. Tampoco se ha producido una gran polémica o conflicto en la sociedad ni ha habido ningún caso espectacular que haya aconsejado modificar los planteamientos vigentes.
Alude asimismo al acuerdo de 26 de septiembre de 1994 del Consejo General del Poder Judicial, informando negativamente de forma mayoritaria en relación con este proyecto de ley, así como a los resultados de la aplicación de la ley de 1985 en nuestro país, agregando que el texto del proyecto es, en su opinión, desde el punto de vista técnico y legislativo, absolutamente deficiente, incoherente en su construcción normativa y apresurado, para solventar seguramente algún planteamiento de estrategia electoral.
Es un proyecto que piensa que no da satisfacción a casi nadie, ni siquiera a todos los socialistas, lo cual lleva al Grupo Popular a pedir su devolución al Gobierno.
Interviene la señora Ministra de Sanidad y Consumo, replicando la señora Fernández González.
El señor Cardona i Vila defiende la enmienda de totalidad de devolución presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Aclara que su Grupo parlamentario está constituido por la colición de dos grupos políticos y que en temas de conciencia como el aborto y su tratamiento jurídico-penal tienen establecido que cada partido pueda actuar de conformidad con su propia especificidad, estando previsto, por tanto, la exclusión de ajustarse en estos casos a la disciplina de voto de Grupo.
Como motivos para justificar la enmienda de totalidad la fundamenta sólo en razones de oportunidad, aunque ello no significa que no puedan existir otras.
Menciona la elaboración de la ley vigente y la sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional en relación con la misma, dando lugar, en cierta manera, a una especie de acuerdo tácito de todo el arco parlamentario sobre la doctrina emanada de dicho Tribunal, como no podía ser de otra manera, así como la aceptación de dicha legislación vigente, lo que les lleva a considerar que no existen circunstancias que revelen la necesidad de modificar esa normativa.
Tampoco se ha creado una gran conflictividad política, social o judicial respecto a la aplicación de dicha normativa ni, por otra parte, existe una demanda social acuciante o mayoritaria en relación con una nueva legislación, por todo lo cual no consideran adecuado reabrir ahora un debate con introducción de supuestos distintos a los ya previstos en el artículo 417 del antiguo Código Penal, al no existir el necesario consenso social y político sobre el particular. No entra en este momento en otras cuestiones, que en su caso abordarán en el debate de las enmiendas individuales, si no son aprobadas las enmiendas de totalidad.
En turno en contra de las enmiendas de totalidad interviene, en nombre del Grupo Socialista, la señora Del Campo Casasús, refiriéndose en primer lugar a la intervención de la portavoz del Grupo Popular. Expone que el proyecto de ley presentado por el Gobierno no es ningún cúmulo de deficiencias ni de incoherencias, sino el resultado de un trabajo paciente, detallado, que busca compaginar mejor que la ley vigente la obligación del Estado de tutelar la vida con la defensa de los derechos de la mujer. El resultado de ese trabajo es el proyecto que hoy debaten y que les parece francamente plausible.
Se ha aludido por los enmendantes a la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, y sobre la misma el Grupo Socialista opina que se permite al legislador establecer, para la vida del feto, una tutela no penal que en determinados momentos puede sustituir a la penal con idéntica o similar eficacia, como afirma el Consejo General del Poder Judicial.
No ven, por tanto, problemas de constitucionalidad en el proyecto de ley y, por otra parte, no quieren mantener diferencias con los países que garantizan
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de una forma más efectiva la protección de la vida del feto y la dignidad y la libertad de la madre. En cambio, ven en la postura del Grupo Popular la pretensión de que el aborto siga siendo un hecho perseguible penalmente, aunque puedan concurrir causas de justificación o de exculpación. Dicha postura supone dejar a las mujeres que interrumpen el embarazo, en los supuestos previstos en la ley, expuestas al dramático riesgo de ser perseguidas de oficio y a instancia de parte hasta que el juez determine si de verdad concurrían o no causas de justificación o de exculpación.
En definitiva, se encuentran ante una ley constitucional y una ley necesaria, ya que no es cierto que el texto vigente resuelva de forma adecuada los supuestos conflictos. Tampoco ven que haya razones de falta de oportunidad ni de falta de consenso social y político para aprobar la ley, ya que disenso político mucho más fuerte que el actual lo hubo en el debate de 1983 en torno a la ley vigente. En cambio, la opinión de la sociedad es desde hace tiempo mayoritariamente favorable a la pretensión fundamental de este proyecto de ley, de no perseguir a quienes en los supuestos legales interrumpan el embarazo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista se opondrá a las dos enmiendas de totalidad.
Replica el señor Cardona i Vila, duplicando la señora Del Campo Casasús.
En turno de fijación de posición interviene el señor Olabarría Muñoz (del Grupo Vasco, PNV) y la señora Urán González (del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya).
Sometidas a votación, son rechazadas las enmiendas de totalidad debatidas por 150 votos a favor, 170 en contra y seis abstenciones.
Enmiendas del Senado (Página 98)/50)
Proyecto de Ley Orgánica de Contrabando (Página 9850)
Para fijación de posiciones, en relación con las enmiendas del Senado a este proyecto de ley, intervienen los señores Mardones Sevilla (del Grupo de Coalición Canaria), González de Txábarri Miranda (del Grupo Vasco, PNV), Andreu Andreu (del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya), Robles Orozco (del Grupo Popular) y Rodríguez Zapatero (del Grupo Socialista).
Proyecto de Ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos (Página 9855)
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla (del Grupo de Coalición Canaria), López Garrido (del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya), Trillo- Figueroa Martínez-Conde (del Grupo Popular) y Mohedano Fuertes (del Grupo Socialista).
Proyecto de Ley sobre la creación de un fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados (Página 9858)
Para fijación de posiciones en torno a las enmiendas del Senado a este proyecto de ley hacen uso de la palabra los señores Mardones Sevilla (del Grupo de Coalición Canaria), Vázquez Romero (del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya), Robles Orozco (del Grupo Popular) y señora Romero López (del Grupo Socialista).
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado a la Ley Orgánica de Contrabando.
En votación de conjunto, se aprueba el proyecto de Ley Orgánica de Contrabando por 301 votos a favor, 14 en contra y una abstención.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos, aprobándose por 316 votos a favor.
Asimismo se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre creación de un fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, aprobándose por 316 votos a favor.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales (Página 9861)
Protocolo por el que se modifica el Tratado de Extradición y asistencia mutua en materia penal entre el Reino de España y los Estados Unidos Mejicanos, de 21 de noviembre de 1978, firmado en la Ciudad de Méjico el 23 de junio de 1995 (Página 9861)
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 316 votos a favor.
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DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS ACERCA DEL SUPLICATORIO FORMULADO EN RELACION CON EL DIPUTADO DON JOSE BARRIONUEVO PEÑA (Número de expediente 240/000003)
--PROYECTO DE LEY ORGANICA SOBRE REGULACION DE LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (Número de expediente 121/000109)
El señor PRESIDENTE: Antes de entrar a tramitar el punto séptimo del orden del día, comunico que las votaciones correspondientes al carácter de ley orgánica de los puntos 39, 43 y 44 del orden del día, tendrá lugar a la una o en el momento posterior en que el estado del debate lo permita.
Punto séptimo. Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
Debate de totalidad relativo al proyecto de ley orgánica sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Se han presentado enmiendas de totalidad que postulan la devolución al Gobierno por parte del Grupo Popular y del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Para presentar el proyecto, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en nombre del Gobierno y por ausencia del Ministro de Justicia e Interior, primer proponente de esta ley, me dirijo a SS. SS. para presentar el proyecto de ley orgánica sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, que fue remitida a esta Cámara hace ya algunos meses. Para hacerlo, no se puede prescindir hoy del dato de que han transcurrido escasos días desde que el Congreso aprobó definitivamente el texto del nuevo Código Penal, hecho que, además de su indudable trascendencia, tiene mucho que ver con el debate que ahora se inicia en esta Cámara.
Como saben perfectamente SS. SS., en el nuevo Código Penal se mantiene la actual regulación sobre la punición de la interrupción voluntaria del embarazo practicada con consentimiento de la mujer, dejando en vigor la Ley 9/1985, de 5 de junio, que incorporó el artículo 417 bis del todavía vigente Código Penal. Por todo ello, a la vez que se adecua el ordenamiento penal a la Constitución, el Gobierno ha estimado preciso proponer al Parlamento una despenalización más amplia de la interrupción voluntaria del embarazo sin ceder un ápice en punto a la tutela de la vida en formación.
Efectivamente, señorías, el Código Penal de 1995 ha dejado de referirse a los supuestos no delictivos de interrupción voluntaria del embarazo a expensas de que una ley posterior, ésta que hoy comienza a debatirse formalmente, regulara esta materia.
La decisión no era arbitraria. El Gobierno, como proponente del Código, y los grupos parlamentarios que han dado su voto favorable al mismo entendíamos que esta era una materia que debía abordarse con una mayor autonomía en el debate, que presumiblemente disfrutaba de un menor consenso que el que se daba respecto de otras materias de dicho texto.
El modelo que se presenta es un modelo inspirado en otros de nuestro entorno cultural y político, como más adelante expondré.
Se ha acudido a una ley específica, fuera del Código Penal, evitando que una cuestión tan compleja como esta, que deriva de un conflicto grave en que puede encontrarse la mujer ante un embarazo no deseado, quede enmarcada en un cuerpo estrictamente punitivo cuando es absolutamente razonable que sea contemplado necesariamente también desde los aspectos sanitarios y sociales de orientación y asesoramiento. Sólo de esta forma obtendremos una visión conjunta de los problemas reales que plantea la interrupción voluntaria del embarazo, que contemple globalmente todos los aspectos relacionados con la misma, los cuales naturalmente exceden del ámbito propio de un Código Penal, porque, señorías, pese a la opinión de algunos que afirman que la ampliación del aborto no punible no responde a una demanda social mayoritaria, nosotros consideramos que este es un proyecto verdaderamente necesario, importante, que resuelve un problema real de nuestra sociedad y que define una determinada política criminal en esta materia, en definitiva, que ayuda a perfilar un modelo de convivencia democrática, no sólo por su objetivo, que por sí mismo ya merecería ese calificativo, sino por su trascendencia social. Eso es, señorías, precisamente lo que me gustaría exponer ante ustedes: la necesidad de esta Ley, la oportunidad de su presentación, las razones del modelo elegido y, en mi opinión, el acierto de su contenido.
Hace ya más de diez años que las Cortes Generales aprobaron la Ley de 5 de junio de 1985, que despenalizó ciertos supuestos de interrupción voluntaria del embarazo. La decisión adoptada mayoritariamente por las Cámaras, pese a la oposición de algún grupo que felizmente ha cambiado de opinión, fue meditada y correcta. La sociedad española en ese momento demandaba
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una opción firme pero a la vez prudente en favor del reconocimiento legal de ciertos casos de interrupción del embarazo con consentimiento de la mujer. Las encuestas lo confirmaban entonces y lo confirman ahora. Esta regulación supuso un gran avance en orden a adaptar la punibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo a los requerimientos constitucionales. Fue, señorías, una decisión firme y meditada porque con ella se superó una insólita situación de soledad, en el marco del panorama legislativo de nuestro entorno cultural, porque estaba vedada a la mujer cualquier posibilidad legal de interrupción voluntaria de su embarazo. Firme, además, porque reconoció tres supuestos de entidad considerable y que permitieron resolver muchas situaciones conflictivas graves. Pero reconozcamos, tras los años de experiencia, que fue también una opción prudente, limitada en su respuesta, frente a la complejidad de las situaciones en que se encuentran muchas mujeres. En todo caso, parece que fue la mejor de las leyes posibles en aquel momento. Sin embargo, tanto desde la perspectiva del reconocimiento de los derechos de la mujer, como desde la tutela de la vida en formación, esta regulación aparece hoy como insatisfactoria. Ni los derechos de la mujer quedan debidamente amparados, si se establece una suerte de «numerus clausus», de situaciones de no punibilidad, intentando limitar lo que de suyo no es susceptible de limitación, ni la tutela de la vida embrionaria abandonada a la suerte del discutible efecto intimidante de la amenaza penal resulta satisfactoria.
La decisión de ser madre no es hoy, ni desde luego ha sido nunca, un acontecimiento insignificante en la vida íntima de una mujer.
Puede representar a veces una inmensa satisfacción y otras una carga insoportable. El ordenamiento jurídico democrático no puede limitarse a reconocer la inexigibilidad de la continuación del embarazo sólo en los tres supuestos hoy previstos, porque tales límites resultan inadecuados y alejados de la realidad social.
Hay más situaciones, distintas de las legalmente previstas, en las que la continuación de un embarazo no deseado supone para la mujer conflictos tan graves que exigirle que lo haga por medio de la coacción que la amenaza penal representa resulta impropio de un orden jurídico democrático. ¿Acaso es posible, señorías, proteger la vida del concebido y no nacido contra o sin la colaboración de la gestante? Sinceramente creo que no es posible, y esta creencia informa buena parte del espíritu con que este proyecto de ley está redactado.
Venimos repitiendo insistentemente, y hoy aquí quiero recordarlo, que aborto y tratamiento penal del aborto son dos cuestiones bien distintas que es preciso no confundir. Las opiniones sobre el aborto son y serán dispares, responden a diferentes apoyaturas ideológicas y todas merecen ser respetadas. Por contra, entendemos que la penalización del aborto, el hecho de tratar como delincuente y pensar en llevar a la cárcel a la mujer que aborta, ante una situación de grave conflicto personal, familiar o social, concita ya en nuestra sociedad un consenso social generalizado en contra.
El proyecto de ley que se presenta no es abortista. Ninguno de los existentes en nuestro entorno lo es y por ello, y por convicción, el nuestro no podría serlo tampoco. No se trata de favorecer la interrupción voluntaria del embarazo ni de incrementar el número de éstas. Se trata únicamente de afrontar una situación de conflicto grave, que es hoy real en nuestra sociedad, y buscar soluciones que pasan por dar apoyo, ayuda, información y capacidad de prevención a la mujer para que pueda resolver su conflicto de la forma más responsable y serena posible, pero reconociendo, eso sí, a la mujer la capacidad de decisión que le corresponde ante el conflicto.
Estamos convencidos, señorías, y las encuestas así nos lo confirman, de que esta propuesta despenalizadora disfruta de un amplio consenso social. Pero quiero decir algo más: aun cuando esto no fuera así, aun si no hubiera una mayoría social que demandase estos cambios, la oportunidad y legitimidad de su aprobación se mantendría, porque el consenso social, seño- rías, es exigible para la criminalización de nuevas conductas, no para la descriminalización de conductas que sólo merezcan su desaprobación intensa para un determinado sector social, aunque eventualmente pudiera ser mayoritario, que ya hemos visto que no lo es.
La exposición de motivos de la ley recuerda que mediante al recurso a la pena, por encima de lo que resulta razonable acudir a ella, no se consigue una tutela adecuada del embrión humano. Al contrario, la desmesura de la reacción penal frente a la madre, empleada para tutelar un bien jurídico que en las primeras semanas depende tan exclusivamente de ella que forma una unidad con su cuerpo y es conocido sólo en el ámbito más íntimo, introduce un factor de rechazo, privando al embrión de la única protección eficaz, la que procede de la madre, y generando en ella y en quienes la rodean un menosprecio por el derecho del que no derivan para la vida embrionaria, y más aún para la comunidad jurídica, sino consecuencias indeseables. Los hechos, señorías, vienen a confirmar esta apreciación. La represión penal, la coerción que supone la penalización, no ha evitado, nunca, la continuación y la proliferación de la práctica de abortos clandestinos.
Por todo ello, el Gobierno entiende que la solución legislativa más adecuada a nuestro modelo constitucional, contando con la interpretación que de él ha hecho el Tribunal Constitucional al reconocer la debida protección del bien jurídico «nasciturus» y exigir el respeto y la efectividad de los derechos de la mujer es la que en el texto presentado se propone. Las razones son diversas, pero pueden resumirse en las dos siguientes. En primer lugar, puede reconocerse un nuevo supuesto despenalizador de la interrupción del embarazo en tanto que el propio Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de nuestra Constitución, no cerró, antes al contrario dejó abierta, la posibilidad de
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que existieran otros conflictos entre los derechos de la madre y el «nasciturus», semejantes a los que justifican los tres supuestos actuales.
En segundo lugar, el Estado puede garantizar la protección del no nacido, así como los derechos de la madre, sin que ninguno prevalezca absolutamente sobre el otro, mediante la exigencia de un requisito cual es el de que la mujer reciba previamente asesoramiento e información suficientes para tomar su decisión con responsabilidad. La mujer es, sin duda, quien mejor puede defender al no nacido.
He de señalar que en una perspectiva de Derecho comparado, lo único que el proyecto hace es acercarnos a las legislaciones de nuestro entorno político y cultural, normalizando la regulación penal de la interrupción voluntaria del embarazo.
Varias son, señorías, las soluciones normativas que los países europeos han ido adoptando en el proceso de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, aunque la mayor parte de los países democráticos occidentales han ido evolucionando hacia un sistema en el que prima la decisión de la mujer; por ejemplo, las legislaciones de Gran Bretaña, Alemania, Italia, Austria, Bélgica, Suiza, Noruega, Islandia o Finlandia. La diversidad de países expresada se halla gobernada por mayorías de muy diferente configuración ideológica, lo que pone de relieve que este asunto va mucho más allá de las cuestiones estrictamente ideológicas. Lo cierto es que hoy dos tercios de la población mundial y el 90 por ciento de la población europea tienen regímenes legales de despenalización, es decir, han optado por no resolver por vía penal el conflicto personal que toda interrupción de embarazo plantea.
Recientemente, señorías, en la IV Conferencia Mundial sobre las mujeres de Naciones Unidas, celebrada en Pekín, se dice textualmente, en su declaración final: Todos los gobiernos deben revisar sus legislaciones para eliminar la penalización a las mujeres que deciden abortar. Ciento veinte países, señorías, de los más diversos entornos culturales, sociales y políticos, suscribimos esta afirmación.
En definitiva, existe una concurrencia de factores que determinan y conforman la decisión de afrontar un nuevo paso en esta materia. El Gobierno ha remitido una propuesta que considera realista, que apuesta por obtener un alto grado de seguridad jurídica, deficitaria hoy en el tratamiento legal del aborto, que respeta la intimidad y la dignidad de la mujer y que reconoce su capacidad de decisión seria, responsable e informada, si ésta se inclina por resolver su grave conflicto mediante la interrupción voluntaria del embarazo. Es realista, señoría, por dos tipos de razones: la primera, que ha transcurrido un espacio de tiempo dilatado desde la aprobación de la Ley de 1985 para analizar y debatir sus aciertos y errores, por lo que no puede afirmarse seriamente, como se ha hecho por algunos, que se trata de una propuesta apresurada. La segunda es que contamos con una referencia ineludible a la hora de lanzar, de presentar una nueva propuesta sobre interrupción legal del embarazo. Se trata, fundamentalmente, de la jurisprudencia constitucional, sobre todo española, pero también del ámbito europeo, cultural y políticamente tan próximo.
No puede afirmarse, señorías, seria y reflexivamente, que el ordenamiento jurídico debe limitarse a reconocer hoy la justificación de la interrupción del embarazo sólo cuando exista riesgo para la vida o la salud de la madre, o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación, o se presuma que el feto haya de nacer con graves taras. ¿Qué respuestas damos, señorías, ante el resto de situaciones distintas de las mencionadas, que las hay, en las que la continuación no deseada de un embarazo supone para la mujer conflictos tan graves que exigirle que lo haga por medio de la coacción penal resulta impropio de un orden jurídico democrático? La exigencia del previo asesoramiento por parte del Estado a la mujer embarazada constituye la principal garantía de protección del «nasciturus», en absoluto menos eficaz que la que consigue la intimidación punitiva que, como sabemos, no ha conseguido que la cifra de abortos ilegales descienda en las estimaciones sociológicas. A la vez, permite a la mujer la adopción de cualquier decisión de forma responsable, consciente e informada.
Ante la existencia de un conflicto grave se diseña un sistema que trata de ofrecer asistencia a la mujer, antes de su toma de decisión, proporcionándole toda la información precisa sobre las posibilidades de resolución de su conflicto y respetando siempre su decisión final.
La opción por el asesoramiento como medio de tutela comporta la renuncia a someter los motivos de la mujer a la ulterior valoración de un tercero y, por consiguiente, la renuncia a utilizar sanciones cuando esos motivos puedan no ser aceptados, que, además, en ningún caso, podrían, de forma constitucionalmente legítima, invadir la esfera de la intimidad de la mujer. Pero rechazamos la idea de que el hecho de que sea la mujer la que tenga la capacidad de decidir cuándo se encuentra en situación de conflicto y cuál sea la mejor forma de resolverlo suponga que el conflicto no existe o que la solución decidida sea irreflexiva, infundada y no contratable. Porque quienes defienden esto afirman a la vez que, cuando es un tercero ajeno a un conflicto tan personal, tan profundamente íntimo quien tiene la posibilidad de decidir, entonces dicha decisión sí tiene la presunción de veracidad.
La información y el asesoramiento deben estimular, no intimidar; deben propiciar el entendimiento, no la confusión; deben contribuir a reforzar el sentido de responsabilidad de la mujer en vez de reprimirlo. En definitiva, señorías, deben colaborar a que sea posible la adopción de cualquier decisión de forma libre y consciente.
Me gustaría terminar, señorías, haciendo una apelación a la reflexión de todos y, especialmente, a la de
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uienes se oponen sin matices a la propuesta que el Gobierno formula. Con esta propuesta, señorías, se pretende resolver una situación real de conflicto, y se pretende hacerlo de forma racional, eficaz, y me atrevo a defender que, sobre todo, legítima desde el punto de vista de la defensa constitucional de los intereses en juego. Cuando se rechaza sin alternativas su contenido, se está rechazando implícitamente una parte de la Constitución, y esto quiero decirlo públicamente. Reconozcan quienes niegan virtualidad a la defensa de los derechos de la mujer, oponiendo para ello como valor absoluto la vida del «nasciturus», que eso, señorías, no lo admitió el Tribunal Constitucional. Desde entonces han aceptado los tres supuestos actualmente vigentes, pero no quieren saber nada, ni tan siquiera debatir sobre una posible ampliación que procura una mayor seguridad jurídica, que tiende a evitar fraudes en el uso de la ley, que pretende, también, defender los derechos del no nacido y que es profundamente respetuosa con la dignidad y la intimidad de las mujeres. La renuncia a una inadecuada e inútil tutela penal se compensa precisamente mediante la tutela a través del asesoramiento y la información.
En definitiva, señorías, esta ley pretende ser coherente con las sensibilidades dominantes en la sociedad española de hoy, que busca fórmulas alternativas a la simple penalización ante las situaciones de grave conflicto en que pueda hallarse la mujer por razón de un embarazo no deseado. Es, por tanto, el tiempo de ponerse de acuerdo, de debatir, de acercar posiciones y de definir no sólo los principios aplicables en esta materia, sino la forma de conciliar los mismos. El aborto es una cuestión de conciencia en la que nadie es neutral. Es un asunto serio, muy serio, que afecta a las convicciones más profundas del ser humano.
Yo quiero expresar aquí mi respeto ante todas las posturas de fondo que se mantengan sobre el aborto, pero recabo también el mismo respeto para las que ante esta Cámara hoy defiendo. La trascendencia del problema exige que las distintas y legítimas concepciones posibles en una sociedad democrática sobre la interrupción voluntaria del embarazo hayan de discutirse racionalmente, sin acudir a fáciles demagogias, argumentando con responsabilidad y mediante el debate y la dialéctica en busca de soluciones razonadas y ampliamente aceptadas. De ese debate profundamente democrático ha de surgir el texto que regule esta materia. Con esta pretensión, señorías, y con esa esperanza se somete hoy a la consideración de SS. SS. el proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Ministra.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández González.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, la Ley Orgánica de 5 de julio de 1985 incorporaba al Código Penal español el artículo 417 bis, que despenalizaba ciertos supuestos en la realización de abortos en España. Ello se hacía de acuerdo y conforme a la sentencia de 11 de abril de 1985 de nuestro Tribunal Constitucional. En aquella sentencia, conocida por todas SS. SS., se declaraba la disconformidad del artículo 417 bis del Código Penal español con las exigencias constitucionales derivadas de la tutela que, según el criterio del Tribunal, se derivan de la reinterpretación del artículo 15 de la Constitución española de 1978.
Son, pues, señorías, diez años de vigencia de la denominada coloquialmente Ley del aborto. Hoy, a través de un proyecto del Gobierno aprobado en Consejo de Ministros y remitido a las Cortes Generales el pasado 7 de julio, se pretende modificar la actual legislación para ampliarla y variar su configuración legal.
Yo introduciría una reflexión de carácter general. Cuando se plantea la modificación de una ley, suele motivarse por su inadecuación a la realidad social española o bien por valoraciones objetivas y evidentes que aconsejen la modificación.
Por tanto, deberíamos preguntarnos --y ésta sería una cuestión previa para el Grupo Parlamentario Popular-- qué razones han llevado al Gobierno a aprobar en Consejo de Ministros y presentar a las Cortes Generales la modificación de la Ley del aborto vigente hoy en España. Créanme, señorías, si les digo que responder a esta pregunta no resulta en absoluto sencillo, no resulta en absoluto fácil. Yo voy a tratar de aventurar algunas hipótesis y, finalmente, sacar algunas conclusiones acerca de los criterios de oportunidad que en opinión del Grupo Parlamentario Popular, han llevado al Gobierno socialista a presentar el 7 de julio este proyecto de ley para su posterior debate parlamentario.
En España, señorías no se ha establecido un gran debate social, como ha sucedido en otros países, a la hora de modificar una legislación, la legislación del aborto. Por tanto, en ningún caso se podrá invocar que un debate en la sociedad española han motivado una modificación en los criterios del Gobierno y un posterior debate en el Parlamento de la nación. Hay una disociación total entre el debate en la sociedad española y un Gobierno que se hace eco de determinadas pretensiones que no se plantean de forma generalizada en la sociedad española en estos momentos.
Tampoco ha habido, señorías, una gran polémica que haya removido la conciencia de los españoles o de las españolas y haya dado razones al Gobierno, a este Parlamento, fundamentadas en esa piedra de toque, para avalar la modificación de una ley. No se ha producido ese conflicto en la sociedad, ni ha habido ningún caso espectacular que hayan aconsejado modificar los planteamientos vigentes; yo diría que hasta tal punto señorías, no ha interesado ni al Gobierno ni al Grupo Parlamentario Socialista una valoración general de la vigencia y las conclusiones, diez años después, de la Ley del aborto que ni siquiera las comparecencias solicitadas
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por diversos grupos parlamentarios han sido toleradas de buen grado por el Grupo Parlamentario Socialista (Rumores.) por cierto, interesantísimas para las personas que creemos que no lo sabemos todo y que se puede aprender de los expertos, de los profesionales, de las personas que representan a academias, institutos o universidades. Para las personas que estamos en esa disposición de hacer una valoración seria, veraz y rigurosa, créanme, señorías, que las comparecencias que pidieron el Grupo Parlamentario Popular y otros grupos parlamentarios representados en esta Cámara, yo diría que casi en su totalidad, han resultado tremendamente útiles para nuestro Grupo Parlamentario.
También ilustra tremendamente, aunque no se trató de una comparecencia, como SS. SS. recordarán, el acuerdo de 23 de septiembre de 1994, donde el Pleno del Consejo General del Poder Judicial motivaba negativamente, con siete votos en contra, seis a favor y dos abstenciones, el informe que, en base a la Ley Orgánica que lo regula, debe remitir respecto a esta ley.
Nosotros creemos que el debate hay que enfocarlo de una forma sensata, serena, con la legitimidad que tenemos todos para plantear los debates, con los argumentos que cada uno entiende que son más bondadosos para ilustrar los debates. A través de estas comparecencias y a través del mínimo debate social que se ha producido esta vez en España, muy distinto del que se produjo hace diez años, hemos llegado a una serie de conclusiones o de consideraciones que SS. SS. me permitirán que refiera hoy aquí.
En primer lugar, el prototipo de mujer española --generalizando-- que ha abortado en los últimos años en España es una mujer soltera, es un mujer con formación media, es una mujer asalariada, es una mujer con pareja estable, es una mujer cuya pareja también es asalariado, y a la que en una inmensa mayoría de los casos no le habían practicado abortos anteriormente.
En segundo lugar, el número de abortos que se ha practicado en España en los últimos diez años no ha cumplido --y lo digo con satisfacción-- aquellas cifras espectaculares que en el anterior debate, cuando se hablaba de la modificación del Código Penal, algunos, de forma interesada y sesgada, querían introducir como pieza clave del debate en la sociedad española.
En tercer lugar, aumentan de forma preocupante, señorías, los abortos realizados en adolescentes. Este es un motivo de preocupación para todos. Así, en el años 1994 el dato estadístico del que disponemos es que el 13,99 por ciento del total de abortos practicados en España han sido realizados a adolescentes.
En cuarto lugar --y es un dato muy importante--, más del 72 por ciento de las mujeres a las que se ha realizado un aborto en los últimos años no han pasado previamente por los centros de asesoramiento o planificación familiar.
En quinto lugar --y lo digo con especial satisfacción--, no hay en estos momentos ninguna mujer española en la cárcel por haber realizado un aborto.
El 98 por ciento de los abortos que se practican en nuestro país, señorías, se hacen al amparo del supuesto referido a la salud psíquica de la madre. Afortunadamente --y lo enlazo con los avances de la ciencia médica--, el 0,21 por ciento es por riesgo fetal y el 0,06 por ciento --y creo que también es motivo de satisfacción, aunque podría introducirse algún otro tipo de reflexión-- es por haber mediado violación.
Este es, señorías, a grandes rasgos, el panorama que se presenta en España después de diez años de legislación en materia de aborto. Frente a ello, ¿qué se hace? Frente a ello, el Grupo Parlamentario Popular cree que, analizados los tremendos problemas --y me refiero especialmente al de las adolescentes--, el perfil que ofrece la mujer española, las inadecuaciones en servicios de planificación familiar o de métodos de anticoncepción, una vez establecido el diagnóstico de la realidad social española, el Grupo Parlamentario Popular cree que hay que trabajar para erradicar esos presupuestos y esos condicionantes.
¿Qué es lo que nosotros creemos que hacen el Gobierno, a través de la presentación de este proyecto de ley, y el Grupo Socialista que apoya el proyecto del Gobierno? Lo que creemos es que se trata de un problema de auténtica inhibición por parte del Gobierno; es decir, ante los problemas: pasotismo; ante los problemas detectados: inhibición; y, en último término, señorías, soluciones irreversibles: se añade un cuarto supuesto que, sinceramente, creo que no es en absoluto solidario. No corre suerte pareja con los tiempos actuales que un Gobierno que en ocasiones se califica como progresista presente un proyecto para debatir en la Cámara que pretenda, ante el diagnóstico y ante la situación, inhibirse y dar como solución la ampliación a través de un cuarto supuesto para que pueda haber abortos en España al amparo de nuevos parámetros de valoración.
Creemos, en definitiva, que, el proyecto del Gobierno, a través de su concepción global, a través del concepto que presenta de los centros de asesoramiento donde la mujer acudiría para obtener un recital de las escasitas ayudas que hoy existen en España para cubrir necesidades sociales, cae en su propia trampa. Y voy a tratar de explicarme.
Se ha dicho por la Ministra que ha presentado este proyecto de ley --por cierto, leyó sin demasiado entusiasmo los papeles que le facilitaron del Ministerio de Justicia... ( Varios señores diputados: ¡Juicio de valor!--Un señor diputado del Grupo Popular: ¿Y por qué no va a hacerlo?--El señor Martínez Martínez (Miguel Angel): Tiene razón.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Continúe, señora Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Sí, voy a tratar de continuar y de seguir enjuiciando aquello que
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creo que tengo que enjuiciar. ¡Naturalmente! (Rumores.-- Aplausos.) Decía, señorías, que el texto del proyecto, a nuestro juicio --y vaya otro juicio más a añadir a la colección--, es desde el punto de vista técnico y legislativo absolutamente deficiente; absolutamente incoherente en su construcción normativa y absolutamente, si se me permite, apresurado, para solventar, seguramente, algún planteamiento de estrategia electoral.
En uno de sus artículos se establece la necesidad, señorías, de realizar unas estadísticas, que se evaluarán a través de los centros de asesoramiento que se crean y conciben en el proyecto de referencia, y se establece la utilidad de, a través de estadísticas, conocer los abortos realizados y la situación de la mujer que aconseja su realización. Yo me pregunto por qué no interesa a efectos estadísticos --y todos mostramos nuestra satisfacción-- otra tabla a continuación que ponga de manifiesto los abortos que, deseándose en un momento inicial, no se han practicado «in fine». Si ustedes creen, señora Ministra, señorías, que los centros de asesoramiento son tan estupendos y maravillosos y que van a llevar a una ponderación que permita de forma sosegada establecer un juicio por parte de la mujer en un plazo de tiempo determinado, sinceramente entiendo que considerar que del asesoramiento solamente se van a derivar prácticas de aborto es negarles esa bondad que ustedes postulan.
Lo decía la Ministra de Asuntos Sociales en su comparecencia y creo que es importante subrayarlo. Ante una pregunta del Grupo Popular, la señora Ministra decía de los centros de asesoramiento: Deben tener un concepto de neutralidad --y lo subrayó muy enfáticamente--. Señorías, nos plantea serias dudas que desde la neutralidad se pueda defender la tutela que la Constitución y nuestro Tribunal Constitucional exigen en defensa del «nasciturus», del concebido y no nacido.
Decía también en otro momento la Ministra: No hay prevalencias absolutas. Y no dijo eso la sentencia del Tribunal Constitucional. Es bien cierto: no hay prevalencias absolutas ni de los derechos de la mujer ni de los derechos del «nasciturus», pero no es menos cierto, señora Ministra, que en un fundamento jurídico de la sentencia del propio Tribunal Constitucional también se establece con nitidez que se trata en los tres supuestos regulados y vigentes hoy en España de unos conflictos de naturaleza especial.
Créame que tengo serias dudas de que el criterio de la analogía pueda ser aplicado e interpretado en el marco de la Constitución en el cuarto supuesto que ustedes plantean. Pero es que esas dudas, señoría, no las tenemos sólo en el Grupo Parlamentario Popular. Le voy a leer un fragmento chiquitito de un «Diario de Sesiones» de 24 de marzo de 1992. Se estaba debatiendo en ese Pleno la sesión de control anual al Presidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández, vaya concluyendo.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Voy terminando, señor Presidente.
Y ante una pregunta, o recriminación tal vez, de una diputada, hoy en los bancos socialistas y entonces situada en el Grupo Mixto, que pedía al Presidente de Gobierno que se ampliase o modificase la Ley del aborto, el señor González decía lo siguiente: «Me ha pedido usted que modifiquemos la legislación sobre el aborto. Sólo le quiero introducir la reflexión de cuáles son los límites constitucionales. No queremos crear un problema de constitucionalidad que nos obligue a dar un paso atrás, señorías, en este terreno». Y que sepamos, señora Ministra, señorías, no ha habido modificación del texto constitucional. Lo que ha habido es modificación en los planteamientos del Gobierno Socialista, que presenta un proyecto que no demanda la sociedad española de forma mayoritaria, que no da satisfacción a casi nadie, ni siquiera a todos los socialistas. Y les voy a dar mi impresión, compartida, creo, por un buen número de españoles: ustedes políticamente han perdido el rumbo. (Rumores.) Pero es patético y lamentable que escojan y entresaquen como estrategia electoral un proyecto de ley de ampliación del aborto. (Rumores.) Por las razones apuntadas, señorías, de inoportunidad, de falta de demanda social mayoritaria, de ruptura de un importante consenso político y social en la materia, consideramos que es adecuado, desde el planteamiento del Grupo Parlamentario Popular, solicitar la devolución del proyecto de ley al Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias.
Muy brevemente, señoría, para hacer una puntualización acerca de una afirmación que la señora representante del Grupo Popular ha hecho, en la que ha puesto especial énfasis. Usted sí ha puesto especial énfasis cuando ha dicho que quiere poner de manifiesto ante la Cámara que le produce especial satisfacción que en este momento no haya ninguna mujer en la cárcel por delito de aborto.
Le quiero explicar por qué no hay ninguna mujer en la cárcel. No porque con la legislación actual no tuviera que haber mujeres en la cárcel, sino porque este Gobierno ha seguido una política de indultos, indultando la pena cada vez que se ha producido una condena para una mujer. Es el Gobierno el que evita caso a caso la entrada de una mujer en la cárcel.
A mí me gustaría saber si S. S. está especialmente satisfecha porque sea el Gobierno quien tenga esta responsabilidad de tomar esas decisiones --y, por tanto, los demás están muy cómodos--, o si de verdad está satisfecha por el hecho de que no haya mujeres en la cárcel. Si la
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satisfacción le viene a S. S. y a su grupo del hecho de que no haya mujeres en la cárcel, lo coherente es aprobar esta ley, que va a impedir que las mujeres vayan a la cárcel y no por decisión del Gobierno caso a caso, sino porque una ley aprobada en esta Cámara lo diga. Si la satisfacción le viene del hecho de que sin tener que corresponsabilizarse con la solución de ese problema que existe sea el Gobierno el que tiene que decidir en cada caso si una mujer ingresa o permanece en la cárcel, entonces lamento que eso sea motivo de satisfacción.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández, tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, con la misma brevedad, yo quisiera hacerle alguna puntualización.
Yo sabía que usted iba a fijar su atención en ese debate porque es el debate que les interesa, el debate de si hay o no hay mujeres en la cárcel en España. Sin despreciarlo, señoría, he de decirle que yo creo que ése no es el debate que conviene a este proyecto de ley, y le voy a poner un ejemplo.
Conforme al flamante Código Penal que ustedes han presentado y aprobado, felicitándose durante días y días por su aprobación en esta Cámara, conforme al Código Penal socialista... (Rumores.--El señor Valls García: ¡El Código Penal español!--La señora Fernández Sanz: ¡Y de la mayoría de la Cámara!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Según el Código Penal, el abandono por una madre de un incapaz o un menor de 16 años lleva aparejado la prisión de 18 meses a 3 años. Si establecemos el debate de la cárcel, señorías, creo que desde el punto de vista jurídico --y usted lo sabe-- no es un debate serio, riguroso ni atenido a Derecho. Pero aún le diré más. Usted leía la consecuencia de una de las declaraciones de la Conferencia de Pekín, y usted debería haber concluido poniendo de manifiesto las consecuencias penales --puesto que le gusta tanto este debate-- que se pueden derivar de este proyecto de ley --que el Ministro remitió y hoy no está presente-- y que usted ha defendido desde esa tribuna.
Muchas gracias. (Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien!--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para defender la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), que propugna también la devolución al Gobierno, tiene la palabra el señor Cardona.
Señoras y señores Diputados, voy a defender la enmienda a la totalidad al proyecto de ley sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo --solicitando, por tanto, su devolución al Gobierno-- que ha presentado el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. He de recordarles, señor Presidente, señorías, que nuestro Grupo Parlamentario está constituido por la coalición de dos grupos políticos. Convergència Democrática de Cataluña y Unió Democrática de Cataluña.
En estos temas de conciencia, como el aborto y su tratamiento jurídico-penal, tenemos establecido que cada partido pueda actuar de conformidad con su propia especificidad, estando prevista, por tanto, la exclusión en estos casos de ajustarse a la disciplina de voto de grupo. He de significar también que los Diputados de Convergència Democrática de Cataluña tienen reconocida la libertad de voto en esta cuestión, ejerciendo el voto de acuerdo a su propia conciencia y criterios respecto del tema que nos ocupa.
Los motivos que justifican nuestra enmienda a la totalidad solicitando su devolución al Gobierno se fundamentan sólo en razones de oportunidad --y no es porque no pudiera haber otras--, pero yo intentaré explicarlo. Recordemos todo el proceso que supuso la elaboración de la actual legislación vigente sobre la materia. Efectivamente, en el año 1983 se presenta un proyecto de ley de modificación del Código Penal que se debate y se aprueba por las Cortes Generales, modificación que es motivo de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Esta alta instancia dicta, el 11 de abril de 1985, su Sentencia 53/85, y es debatida y aprobada por las Cortes Generales nuevamente y de acuerdo a la misma, la Ley Orgánica 9/85, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal, actualmente en vigor.
La adaptación de esta Ley a la sentencia del Tribunal Constitucional --aunque abre otras posibilidades y modificaciones--, entendemos que supone un respetuoso acatamiento del Legislativo a la interpretación que hace el Tribunal Constitucional del artículo 15 de la Constitución Española.
Por otra parte, no podía ser de otra forma, pero, en cierta manera, representa una especie de acuerdo tácito de todo el arco parlamentario sobre la doctrina que emana de la sentencia del Tribunal Constitucional. También ha representado una aceptación social de la legislación vigente, y debe interpretarse así porque los estudios actuales sobre las circunstancias de despenalización no revelan la necesidad de modificar la normativa y no se ha creado una gran conflictividad política, social o judicial en su aplicación.
La demanda social tampoco parece acuciante o mayoritaria, si nos atenemos a los datos que nos ha facilitado, precisamente en la comparecencia del 26 de octubre, el propio Fiscal General del Estado, puesto que dijo que actualmente no hay ninguna mujer que cumpla
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condena por delito de aborto. Después se ha suscitado aquí cuál es la razón, si ha sido por la ley vigente --artículo 417 bis-- o, como ha manifestado la señora Ministra, se debe a los indultos. Yo, aprovechando la ocasión, me atrevería a preguntar cuántos indultos se han tenido que dar a ese respecto. Lo mismo puede decirse de los datos facilitados sobre los recursos de casación resueltos por el Tribunal Supremo --como decía el Fiscal General del Estado en su comparecencia-- desde el año 1988 hasta la fecha y los procedimientos con resultados condenatorio a las mujeres embarazadas, las causas incoadas por delito de aborto desde el año 1985 o los propios datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, como también decía el Fiscal General del Estado --y nos parece una cuestión que no tiene una importancia menor--, es de resaltar que, con los estudios estadísticos en la mano, desde que entró en vigor la reforma de 1985 entendemos que se ha producido un cambio sustancial en cuanto a los abortos que han conocido los tribunales de justicia. Si, antes, la mayoría eran abortos clandestinos, en los que se ponía, por tanto, en riesgo la vida de la madre, a partir de 1985 se produce una inversión en los supuestos y de los que llegan a los tribunales de justicia ya casi desaparecen los abortos clandestinos.
No consideramos adecuado reabrir ahora el debate con la introducción de supuestos distintos a los ya previstos en el artículo 417 bis del antiguo Código Penal, dado que no responde al necesario consenso social y político sobre esta materia y, atendiendo a la propia redacción del proyecto de ley presentado por el Gobierno, también podría plantear --digo podría-- problemas de inconstitucionalidad y, sin duda, puede abrir una fractura jurídica entre los supuestos ya establecidos en los que el aborto no se considera delito, lo que no redundaría en beneficio de la necesaria pacificación de toda la problemática social que genera esta materia.
Por otra parte, yo me atrevería a someter a la consideración de SS. SS. lo siguiente: ¿No les parece que hay otras cuestiones que seguramente están en el centro de la preocupación de nuestra sociedad en la actualidad y a las que también deberíamos dirigir nuestros esfuerzos con el mismo ardor? La magnitud y el calado político y social provocado por la interrupción voluntaria del embarazo debe debatirse con el necesario, y yo diría que inexcusable, sosiego, tranquilidad y consenso político --no olvidemos que es un asunto con rango de ley orgánica--, sosiego, tranquilidad y consenso político difíciles de obtener en el tramo final de una legislatura que no se ha caracterizado precisamente por eso, sino todo lo contrario --la prueba la tuvimos en este mismo Pleno hace un par de días-- y cuando encaramos el horizonte de unas próximas elecciones generales, anunciadas ya para el mes de marzo de 1996. Nosotros entendemos que todo esto impide plantear el debate parlamentario con el rigor imprescindible e inexcusable que el tema merece.
Al principio de mi intervención decía que nuestro Grupo responde a una coalición de dos partidos políticos: Convergencia Democrática de Cataluña, que, al considerarlo una cuestión de conciencia, lo deja a criterio personal, y Unión Democrática de Cataluña, que mantiene una clara postura contraria al mismo, como es de dominio público y bien conocido por SS. SS. Por tanto, no voy a entrar en el fondo de la cuestión de si responde a una pretendida inseguridad jurídica, como se argumenta, y que esta propia inseguridad jurídica justifique la cuarta indicación que puede representar una ley de plazos encubierta, indicaciones con plazos, plazos con indicaciones, yo diría una ley del aborto a petición o a la demanda hasta las doce semanas. No voy a entrar.
Tampoco en si se ajusta desde nuestro punto de vista, a los fundamentos jurídicos de la sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional, si hace falta para sustituir un derecho constitucionalmente protegido, de acuerdo con el Derecho Penal, sustituirlo por otras medidas de tipo social; ni si la institución del asesoramiento, núcleo central del proyecto de ley, es simplemente una formalidad sin base social y, por tanto, tiene o no el sustrato de medidas sociales necesarias y suficientes; ni en las diferencias con la Ley alemana que se alega desde el punto de vista del Derecho comparado pero también desde el de las ayudas sociales que en ella se presentan y en la misma forma de la elaboración de esta Ley alemana.
Finalmente, tampoco voy a entrar en cuestiones que pudieran no estar resueltas de la mejor forma posible, como son, a nuestro entender, el derecho de la objeción de conciencia, lo que se contempla --creo recordar-- en el artículo 4 sobre la reproducción asistida no consentida, difícilmente comprensible, o las prestaciones del Sistema Nacional de la Salud, donde unos casos sí entran en el catálogo de prestaciones y otros, no.
Tiempo habrá en el debate de las enmiendas individuales, si no prosperan las enmiendas a la totalidad. Nosotros en este trámite invocamos sólo, como he dicho, los criterios de inoportunidad que hemos citado para pedir su devolución al Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cardona.
Para un turno en contra, tiene la palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a tratar de responder simultáneamente a las dos enmiendas de totalidad que se han presentado a este proyecto de ley y voy a responder desde una afirmación primaria.
Señora Fernández, el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno a esta Cámara no es una muestra de
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pasotismo, ni de inhibición, no es ningún cúmulo de deficiencias ni de incoherencias. El proyecto de ley es el resultado de un trabajo paciente, detallado, de un trabajo que busca compaginar, mejor que la ley vigente, la obligación del Estado de tutelar la vida con la defensa de los derechos de la mujer. El resultado de ese trabajo es el que nosotros tenemos aquí hoy y es un resultado que nos parece francamente plausible.
Se han alegado por los distintos grupos, con más o menos fuerza, con cierta intensidad por parte de la señora Fernández, con más suavidad y colateralmente por parte del señor Cardona, algunos reproches a la constitucionalidad del texto de este proyecto.
Creo que, antes de pasar a hablar de otras cuestiones, es preciso fijar con toda claridad la postura del Grupo Socialista en cuanto a la constitucionalidad del proyecto de ley.
Señoría, la sentencia 53/1985, del Tribunal Constitucional --tan recordada en estos momentos--, establece con toda claridad que la protección que la Constitución dispensa al «nasciturus» implica para el Estado la obligación de establecer un sistema legal de defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que incluya también como última garantía --y recalco esta frase-- las normas penales. Mi Grupo opina, señorías (y en esta opinión no estamos solos, sino que tenemos algún apoyo que al menos a nosotros nos parece cualificado, como el del informe del Consejo General del Poder Judicial), que esta sentencia permite al legislador establecer, para la vida del feto, una tutela no penal, que, en determinados momentos, pueda sustituir a la penal con idéntica o similar eficacia, como afirma el Consejo General del Poder Judicial. Pero yo quiero ir aún más lejos que esta afirmación. Voy a hacer mías las palabras del Tribunal de Karlsruhe, las palabras de una sentencia, la de 28 de mayo de 1993, a la que el propio informe del Consejo atribuye un gran valor orientativo. Esta sentencia estima constitucional, legítimo, e incluso más efectivo --sigo subrayando-- que la protección penal, un sistema de tutela que, en los primeros meses de embarazo, descanse en la idea de asesoramiento, tras el que la mujer pueda tomar una decisión libre y responsable. Un sistema que, en definitiva, corresponde exactamente al que propone el proyecto de ley. Además, esta afirmación que hizo en su día el Tribunal Constitucional alemán se basa en un hecho innegable que no podemos, en esta Cámara, cometer la hipocresía de pasar por alto: El hecho de que en los primeros meses de un embarazo el Estado tiene ante sí una tarea de dificilísima realización, defender una vida cuya existencia desconoce por completo. De ahí que encomendar esa protección al Derecho penal en todo caso haya dado siempre resultados tan poco satisfactorios. A mayor represión penal, señorías, mayor número de abortos clandestinos, no aquí y ahora, sino en todo país y en todo tiempo. De ahí también que el asesoramiento a la mujer que se encuentra en una situación de grave conflicto tenga muchas más posibilidades de éxito para el mantenimiento de esa vida no nacida. Creemos, por tanto, que no tiene ningún problema de constitucionalidad que el Estado arbitre fórmulas alternativas a la protección penal de la vida no nacida y, por ello, creemos también que es posible, constitucionalmente hablando, hacer lo que hace esta ley: destipificar los supuestos legales de interrupción de embarazo.
Así lo entendemos nosotros, señorías, así lo entiende la sentencia del Tribunal Constitucional y así lo entiende el derecho de los países europeos. No olvidemos que estamos tratando de un proyecto de ley que no hace otra cosa que adaptar la legislación española a lo que es común en el ámbito jurídico europeo democrático. No queremos mantener diferencias -- diferencias injustificables en nuestra opinión-- con los países que garantizan de una forma más efectiva la protección de la vida del feto, la protección de la vida, de la dignidad y la libertad de la madre. Por ello no vemos problema de constitucionalidad.
Sí que vemos una cuestión de gran trascendencia práctica en la postura del Grupo Popular, una cuestión que no podemos ocultar.
Ustedes pretenden que el aborto siga siendo un hecho típico, que siga siendo un hecho perseguible penalmente, aunque puedan concurrir causas de justificación o de exculpación. Aceptar su tesis, señorías, no es una mera discusión jurídica, no es una cuestión de pura teoría. Es una cuestión que tiene una gran trascendencia en la práctica y la sociedad española tiene que saber cuál es esa trascendencia. Supone dejar a las mujeres que interrumpen el embarazo, en los supuestos previstos en la Ley, expuestas al dramático riesgo de ser perseguidas de oficio y a instancia de parte hasta que el juez determine si de verdad concurría o no una causa de justificación o de exculpación.
Señorías, tener que llegar a una decisión tan grave como la de abortar es un trance sumamente doloroso para cualquier mujer. La cuestión que tenemos que decidir, aquí y ahora, es si queremos que a ese dolor siga añadida la angustia que provoca la amenaza de un procedimiento penal, que a ese dolor siga añadida la posibilidad de una condena, o no lo queremos. Desde luego, en el Grupo Socialista lo tenemos claro: no queremos que la situación continúe así. Por ello, de entre las opciones constitucionalmente posibles, hemos recurrido a la destipificación.
Han acusado también al proyecto de que la redacción del cuarto supuesto que se configura en él, que la continuación del embarazo suponga a la mujer un conflicto personal, familiar o social, de gravedad semejante a los descritos en el apartado anterior, es sumamente imprecisa. Se ha hablado de un atentado contra la seguridad jurídica; incluso, el señor Cardona ha mencionado que el hecho de que la decisión final se confíe a la propia embarazada puede configurar este texto como una ley de plazos o, al menos, como un sistema mixto de plazos.
Yo, ante el primer aspecto, que ha sido planteado por el Grupo Popular, quisiera manifestar algo, y es
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que, señorías, en su Grupo existe una loable preocupación por la precisión lingüística. Ya la manifestaron en el año 1983, al presentar el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 417 bis del Código Penal. Si ustedes lo recuerdan, aducían como uno de los fundamentos de la pretendida inconstitucionalidad del precepto, que la vaguedad de términos como «necesario», «probable», «grave», era incompatible con la seguridad jurídica.
Creo que también recordarán SS. SS. que esta alegación fue tajantemente rechazada en la sentencia de 1985, como estamos seguros de que sería tajantemente rechazada cualquier alegación basada en la vaguedad de este supuesto.
Señorías, estamos claramente ante un supuesto que configura una situación de grave conflicto de la mujer por circunstancias que, efectivamente, pueden tener un origen muy diverso. Tengan en cuenta, y recurro, una vez más, a la legislación comparada, porque es interesante, que este tipo de configuración del cuarto supuesto es el normal en los países de nuestro entorno. A mí me resultaría muy interesante saber si el Grupo Popular considera que fórmulas como la utilizada en Italia, que habla de serio peligro para las condiciones económicas, sociales o familiares, o las de Francia y Bélgica, que hablan de situación de angustia producida por el embarazo, son más precisas que las que contiene el proyecto de ley. En mi opinión, desde luego, no. Son, posiblemente, menos precisas, pero estoy segura de que todas ellas encuentran cabida en el marco constitucional de sus respectivos países y también en el de la Constitución española.
Por otra parte, en cuanto a la cuestión de si confiar a la mujer, debidamente asesorada, la determinación de continuar o no el embarazo hace de este texto una ley de plazos, nosotros tenemos claro que no hay tal ley de plazos, señoría. Un sistema de indicaciones, con decisión final de la mujer, es el habitual en el ámbito cultural y jurídico europeo; un sistema que respeta la intimidad de la gestante y que es el que mejor garantiza la obligación del Estado de proteger la vida.
A este respecto, yo quisiera citarle --y ahora sí lo voy a hacer literalmente-- una expresión que se contiene en la sentencia del Tribunal de Karlsruhe, una expresión que fue glosada y recogida también por el Consejo General del Poder Judicial al emitir su informe. Dice: Cuantos más terceros penetren en el ámbito más íntimo de una mujer, tanto mayor será el peligro de que ésta escape de ellos, alegando otras razones o huyendo hacia la ilegalidad. En este caso, se habrá perdido de antemano toda posibilidad de sondear el conflicto, mediante un asesoramiento comprensivo y experto, y de ayudar a la mujer a superarlo.
Precisamente, la decisión final de la mujer debidamente asesorada es la que, a nuestros ojos, garantiza la mayor protección por el Estado de esa vida en gestación.
Por tanto, señorías, estamos ante un ley constitucional y ante una ley necesaria. No es cierto que el texto vigente resuelva de forma adecuada los supuestos conflictivos. Dicen ustedes que, en estos momentos, no hay en España ninguna mujer cumpliendo condena por delito de aborto. Ya hemos hablado de por qué no hay ninguna mujer cumpliendo condena y yo no reabriré ese debate, pero quiero decir algo de lo que sí habló el Fiscal General del Estado en esas útiles comparecencias, en las que, al menos, la señora Fernández estuvo en nombre de su Grupo. Dijo el Fiscal General que, desde 1988, el Tribunal Supremo ha resuelto 29 recursos de casación en los que existe condena por delito de aborto; que, desde la entrada en vigor del artículo 417 bis, se han incoado 210 causas por delito de aborto; que, desde 1989 hasta hoy, el número de diligencias penales alcanza las 820. Señorías, ha habido a lo largo de estos años, o sigue habiendo, más de 1.000 mujeres y médicos con la espada de Damocles de un procedimiento penal sobre sus cabezas y a nosotros ello nos parece motivo suficiente para modificar esta ley.
Tampoco compartimos la desconfianza que se ha expresado hacia los centros de asesoramiento. No hay ningún mero trámite, señorías, en el asesoramiento que configura la ley, que, como muy bien decía el señor Cardona, es el núcleo del sistema que se propone.
Hay una atención seria y eficaz a los aspectos económicos, sociales, jurídicos y médicos del conflicto de la embarazada; una atención capaz de cumplir con creces el carácter de mecanismo compensador de la tutela punitiva.
Los requisitos que el artículo 5.º del proyecto establece para la apertura y funcionamiento de los centros --personal especializado, material informativo, prohibición de comunidad de intereses con los que hacen abortos-- garantizan la eficaz protección de la vida del no nacido.
Y no recurramos al argumento de que no existen prestaciones sociales sobre las que esos centros puedan informar. Señorías, en España las prestaciones sociales han crecido en los últimos años muchísimo y van a seguir creciendo, pero tengamos en cuenta dos cosas. Primero, no todos los conflictos que llevan a la mujer a plantearse la decisión de abortar son conflictos de carácter económico, y además, aunque, como decíamos, estas prestaciones -- que no son sólo del Estado, quiero recordarlo aquí, también de administraciones autonómicas y locales-- han aumentado sustancialmente, siempre será posible, a cualquiera que se oponga por sistema y por principio a cualquier ampliación de los supuestos de aborto, considerar que no hemos llegado al punto ideal, al punto de satisfacción de las demandas sociales que permita la ampliación de la ley.
Tampoco creemos, señor Cardona, que haya razones de falta de oportunidad ni de falta de consenso social y político para aprobar esta ley. Una vez aprobado el nuevo Código Penal, que ya se ha dicho aquí que excluyó de su texto los supuestos no punibles de aborto, es necesario y urgente, en nuestra opinión, adecuar también la normativa sobre interrupción del embarazo a esos
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principios de intervención mínima y de adecuación a la realidad social que el Código Penal configura. Este fue, desde el principio, el compromiso del Gobierno, enviar a las Cortes un proyecto despenalizador de la interrupción del embarazo que pudiera entrar en vigor a la vez que el Código Penal, y lo envió el 7 de julio, tienen ustedes razón, en el momento oportuno para conseguirlo. Asunto distinto es que haya habido retrasos en su tramitación, desde luego no achacables al Grupo Socialista, pero no hablemos de falta de sosiego en el debate, señorías, no hablemos de falta de tiempo para estudiar el proyecto. Creo que todas SS. SS., desde el 7 de julio hasta la fecha de hoy, 23 de noviembre, habrán dispuesto de algunos momentos para estudiar en profundidad el texto del proyecto de ley y valorarlo.
Tampoco tiene demasiado sentido, se lo digo sinceramente, hablar ahora de falta de consenso. Disenso político, señorías, y un disenso político mucho más fuerte que el actual, lo hubo en el debate en 1983 de la Ley vigente. No hubo consenso, señor Cardona, ni tácito ni expreso, y, sin embargo, hoy todos los grupos presentes en esta Cámara, incluido el Grupo Popular, aceptan el texto de esa Ley. Estamos seguros de que esa será también, dentro de unos años, la suerte de este proyecto.
Señorías, van ustedes con un cierto retraso con respecto a la realidad social, pero acabarán alcanzándola y aceptaran ese proyecto, no se preocupen.
Por otra parte, la opinión de la sociedad es desde hace tiempo mayoritariamente favorable a la pretensión fundamental de este proyecto, que no se persiga a quienes, en los supuestos legales, interrumpen su embarazo. Estas son las líneas fundamentales de un proyecto que el Grupo Socialista defiende, un proyecto, señorías --y concluyo ya--, que no es un texto abortista. Nadie, en esta Cámara ni en la sociedad española, es partidario de que una mujer se vea sometida al doloroso trance de un aborto.
Estamos simplemente ante una norma que da salida a situaciones de grave conflicto, ante una norma similar a las del resto de los países democráticos, ante una norma, en fin, que establece para la vida en gestación una protección más eficaz que la penal y que compagina de forma adecuada la tutela de esa vida por el Estado con el respeto a la dignidad de la embarazada y a su decisión libre y responsable.
Por estos motivos, en suma, nos opondremos a las dos enmiendas de totalidad que se han presentado al texto.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Del Campo.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Gracias, señor Presidente, muy brevemente.
Nosotros hemos dicho que sólo nos oponíamos en este trámite de enmiendas a la totalidad por razones de oportunidad y que, además, no entrábamos en si era una ley encubierta de plazos o no lo era. Por tanto, es fácil rebatir un argumento cuando después, no sólo no se ha argumentado de esta forma, sino que, además, no se va a entrar en esta argumentación.
Nosotros sólo lo hemos hecho por razones de oportunidad y decimos que estamos en el tramo final de una legislatura que no se ha caracterizado precisamente por el sosiego y la tranquilidad necesaria para debatir, y menos ahora. Esto parece claro.
En cuanto a la posible constitucionalidad, voy a referirme a unas manifestaciones de la Ministra de Asuntos Sociales, en el sentido de que hay división de opiniones. Si es así, quiere decir que no está tan claro. A pesar de que algunos se manifiestan en el sentido de que es constitucional, sin embargo se plasma de una forma tácita que existe la posibilidad de que sea inconstitucional. Sobre el sentido de respeto a la demanda social de esta reforma, la Ministra decía, y creo que no se ha rectificado, que es cierto que actualmente no es una cuestión prioritaria, pero que es debido a que la Ley de 1985, ahora en vigor, resolvió los problemas más acuciantes de las mujeres, como nosotros hemos tenido intención de exponer en nuestra intervención al defender la enmienda a la totalidad.
Señor Cardona, es cierto que ha basado el rechazo al proyecto de ley en motivos de oportunidad. No lo niego. También es cierto que ha aludido, y con ello sembrado posibles dudas, a algunos aspectos de la constitucionalidad del proyecto. A mi Grupo le parece fundamental establecer en cualquier momento su opinión favorable a la constitucionalidad de este texto y despejar cualquier duda que a ella se refiera. De ahí mi intervención.
Quiero decirle, sin embargo, que puede haber división de opiniones. Es evidente que la suya y la del Grupo Popular no coinciden con la nuestra. Al final, todos sabemos que hay una opinión que es la que determina si un texto es o no constitucional. Nosotros estamos firmemente de acuerdo en que este proyecto sigue esa opinión, tal como se determinó en el año 1985 y tal como, eventualmente, pudiera determinarse en un futuro.
Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate. (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
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El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, señora Ministra, la intención de nuestro Grupo parlamentario era hacer una breve exposición de naturaleza ecléctica. Es este un problema complejo que tiene connotaciones de toda naturaleza (antropológicas, sociológicas, sanitarias, jurídicas), donde es fácil sintetizar dialécticamente las posiciones que divergen legítimamente, no sólo en la sociedad, sino incluso en los grupos parlamentarios. La verdad es que es muy difícil encontrar en este momento un grupo parlamentario con posiciones intelectualmente muy homogéneas en esta materia. En todos hay divisiones, en unos con más características que en otras, pero de su intervención tendría que emitir algunos juicios, señora Ministra.
De sus ponderadas manifestaciones, algunas me han parecido discutibles, otras, intelectualmente endebles y algunas, expresamente demagógicas. Señora Ministra, me ha producido incluso cierta indignación personal, y yo no soy fenotípicamente muy proclive a este tipo de impulsos, que usted tenga la pretensión, dialécticamente intolerable, de espetar al grupo parlamentario el problema de las mujeres en las cárceles y de vincularlo, como si fuera un problema con autonomía conceptual de cualquier naturaleza, como el de los hombres en la cárcel, que tampoco tiene ninguna autonomía conceptual, a los posicionamientos jurídicos y políticos que un grupo parlamentario puede adoptar respecto a este proyecto de ley particular. Eso es una trampa dialéctica, señora Ministra, no nos puede echar encima a nosotros ni a nadie el problema de las mujeres en las cárceles; nadie quiere que haya mujeres ni hombres en las cárceles. Este no es el tronco del problema, ésta no es la raíz conceptual del problema, ni jurídica ni política. Señora Ministra es una reflexión --perdóneme que se lo diga porque su propia intervención ha sido muy ponderada, muy rigurosa y muy ajustada-- intolerablemente demagógica.
Señora Ministra, nuestra obligación como legisladores, nuestra única obligación constitucional, es determinar con corrección, con claridad, de forma jurídicamente correcta y regular, la protección de los bienes jurídicos que la Constitución nos impone proteger y, en los casos en que existan intereses o coaliciones de conflictos, buscar la solución del interés conceptual y constitucionalmente prevalente; buscar en esas transacciones lo que resulte equilibrado, lo que resulte justo, lo que resulte más ajustado a los principios axiológicos de la propia Constitución.
No es nuestra función prever si va a ir gente a la cárcel o va a dejar de ir gente a la cárcel por estas razones. Lo vamos a contextualizar debidamente en el debate, señora Ministra, porque ése no es el problema; el problema es de qué estamos hablando.
Esta es una materia discutible, es una materia que admite posicionamientos en conciencia muy diferentes, todos ellos legítimos. Yo no voy a descalificar ninguno. El mismo respeto que exijo para mis argumentaciones, yo lo voy a mantener respecto a las argumentaciones contrarias a las mías, y sólo voy a hablar de los aspectos jurídico-formales y jurídico-materiales de este proyecto de ley, que es un proyecto de ley de gran trascendencia, que se vincula a derechos constitucionales trascendentales por su propia ubicación sistemática en el texto constitucional del derecho a la vida que consagra el artículo 15 de la Constitución, que se vacía parcialmente de contenido por esta desregulación punitiva que acomete este proyecto de ley.
Tenemos que empezar diciendo qué es el aborto, como una cuestión previa inevitable, de planteamiento del debate conceptual. El aborto siempre se contrae, al margen de sus múltiples y multidisciplinares manifestaciones antropológicas, jurídicas, sociales, médicas, sanitarias, a acabar con una vida humana. Esto hay que decirlo así, sencillamente, porque esto no tiene ningún tipo de connotación peyorativa en sí mismo, acabar con una vida humana no siempre es una actividad punible o una actividad que tenga consecuencias o relevancias para el Derecho Penal. El aborto siempre supone alterar, afectar, desvincular una vida humana, o destruirla en su caso; normalmente supone destruir una vida humana. Nadie, ni los proabortistas más recalcitrantes en este momento, puede discutir que la vida humana existe antes y después del nacimiento. Esto es una discusión que no se puede admitir hoy en términos conceptuales, porque la vida humana existe antes del nacimiento y existe después del nacimiento. El consenso en la biología, en la ciencia médica, en la bioética, es absoluto: existe vida humana desde el momento en que se produce la fusión de los gametos, el correspondiente entrecruzamiento cromosómico y el surgimiento de una célula que posee en su seno todo el componente genético, todo el genoma, para acabar tras el nacimiento en un ser humano completo, de conformación humana completa y morir posteriormente. Desde el momento de la existencia de esa célula hasta la muerte existe vida humana, vida humana que debe ser protegida por el ordenamiento jurídico.
Lo que existe en el Derecho penal son supuestos específicos causales y esporádicos en los que esa vida humana, cuando es fruto de un conflicto o debe ser objeto de atención jurídico- punitiva en función de un conflicto de intereses y hay un interés prevalente, como en los tres supuestos de despenalización el interés prevalente es el de la madre al de la vida nacedera, la consecuencia no es la antijuridicidad o la destipificación que este proyecto de ley prevé, sino la no punibilidad. Eso es lo que ocurre cuando sucede lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional, de 11 de abril de 1985, en materia de aborto: que hay supuestos de no exigibilidad de otra conducta en la madre, por una parte, que provocan una excusa absolutoria y por lo tanto la no punibilidad de la conducta, o supuestos de estado de necesidad, que es la otra posibilidad contenida
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en el artículo 417 bis que hacen que la conducta de la madre que aborta no es punible.
Usted sabe, señora Ministra, porque es letrada también, o por lo menos jurista, pues su experiencia profesional lleva vinculada al mundo sanitario muchos años ya, que la propia naturaleza jurídica en Derecho Penal del estado de necesidad supone que se colisiona o que se altera otro interés jurídico, un interés jurídico diferente, en este caso el interés jurídico de la vida incoada, de la persona que va a nacer. Esto está en la propia esencia del estado de necesidad, que se prevé en el artículo 417 bis como causa de despenalización. Luego el propio Código Penal nos está diciendo que hay una vida humana que debe ser objeto de tutela penal pero que en determinados casos su destrucción no debe ser punible. Eso es lo que nos dice el Código Penal en el artículo 417 bis. Eso es lo que nos dice el nuevo Código Penal, recién aprobado, en el artículo 144 y siguientes.
Esto es lo que nos dice el artículo 29 del Código Civil cuando expresamente indica que al concebido se le debe considerar como nacido, para lo que le resulte conveniente en su vida actual intrauterina o en su vida futura como ser. Eso es lo que nos dice el artículo 10.1 de la Constitución cuando establece que nuestro sistema político y la paz social se fundamentan en la dignidad de la persona, atribuyendo a la persona viva --sólo a la persona viva se le puede atribuir-- una serie de derechos que sólo la persona viva puede ostentar. Este es el criterio de la sentencia de 11 abril de 1985, que establece tres supuestos de no punibilidad, no de no antijuridicidad de la conducta, y esto es un requerimiento interpretativo del artículo 15 de la Constitución. Luego esto nos está diciendo el artículo 15 de la Constitución y lo que paradójicamente citan tantas veces defensores del aborto: la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, de 28 de mayo de 1993, segundo Senado, que dice expresamente en sus fundamentos jurídicos lo que sigue: La vida humana es algo que posee también el no nacido; los poderes públicos del Estado deben proteger la vida humana desde antes del nacimiento, desde el momento en que la vida humana existe, y es obligación de los poderes públicos del Estado garantizar el desarrollo de la vida humana, del «nasciturus» hasta que adquiera su plena complementariedad como ser, su completa conformación como ser.
Desde esta perspectiva y con estas reflexiones, señora Ministra, ¿cuál es la opinión de nuestro Grupo Parlamentario sobre este proyecto de ley, que acomete varias operaciones de cirugía jurídica conceptualmente dudosas, muy discutibles? En primer lugar, destipifica y declara no antijurídicas supuestos de despenalización, conductas que hasta este momento se consideraban delictivas, pero no punibles. Me estoy refiriendo a los tres supuestos de despenalización, a las tres indicaciones consignadas por el artículo 417 bis del Código Penal. En segundo lugar, se establece que en el plazo de doce semanas de gestación, concurriendo previamente el consentimiento de la madre, ésta pueda abortar libremente --luego estamos ante un supuesto de genuino aborto libre-- cuando prevea subjetivamente que de la continuidad del embarazo van a derivar problemas personales, sociales o familiares. No hay una fórmula más omnicomprensiva, más libre de consignar la posibilidad de abortar en doce semanas de gestación. Y sobre esto le tengo que hacer otra advertencia: los legisladores, si aprobamos esta ley, estamos cediendo a una peligrosa perversión, denunciada siempre por los juristas, por la academia, por la doctrina jurídica, que es la no rotulación exacta de las leyes, la no nominación exacta de los conceptos jurídicos que estamos regulando, el encubrimiento de los conceptos. Y aquí podemos incurrir en el problema de que, bajo una rotulación de la ley aséptica y no escandalosa, lo que estemos consignando materialmente es el inconstitucional y posiblemente aborto libre, puesto que en doce semanas de gestación la madre podrá interrumpir libremente el embarazo cuando, a su juicio, subjetivamente, sin que nadie controle la concurrencia de ese conflicto, prevea que de la continuidad del embarazo van a derivar problemas personales, sociales o familiares. Nos parece especialmente infeliz la utilización de la palabra consentimiento. La madre no puede consentir sobre algo que no es de su propia titularidad, la vida del hijo nacedero no es de la titularidad de la madre, la madre sólo es la poseedora ocasional; la madre, ni nadie, no puede disponer sobre un bien naturalmente indisponible, porque la vida humana no es disponible por su propia naturaleza.
Por último, voy a referirme a ese esotérico trámite de información administrativa, que se consigna con la pretensión, inútil en nuestra opinión, de compensar la menor protección punitiva que al aborto se confiere con este proyecto de ley.
Señora Ministra, se impone nada menos que a los poderes públicos del Estado, se impone nada menos que a la Administración que informe a la madre sobre las razones que asisten al Estado para proteger la vida. Fíjese todo lo que significa esta mención, en una interpretación puramente literal. Primero, que el proyecto de ley entiende --lo dice expresamente-- que lo que se debe defender es la vida del no nacido, la vida del «nasciturus» puesto que de lo que informa el Estado es de las razones que le asisten para proteger la vida. Pero, ¿cuál es el problema de esta mención, que, primero, no sirve para compensar la desprotección punitiva que se consigna en este proyecto de ley? El Estado no puede evaluar la existencia o no de un conflicto de intereses que hagan no punible o no delictiva la conducta; sólo puede informar cuál es la mención, de qué razones tiene que informar el Estado. ¿Son las razones de naturaleza metafísica? No lo dice el proyecto de ley. ¿Son las razones de naturaleza sanitaria? No lo dice el proyecto de ley. ¿Son las razones de naturaleza jurídica, que obligan al Estado a proteger la vida? No lo dice el proyecto de ley. ¿Quién
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debe informar a la madre de las razones que asisten al Estado para proteger la vida? ¿En qué términos? Y, sobre todo, y lo que es más grave, ¿por qué no tiene consecuencia jurídica alguna este trámite informativo? Lo grave, señora Ministra, señorías, es que en este proyecto de ley el Estado, la Administración, vinculando la protección al derecho a la vida a un mero trámite...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Olabarría, vaya concluyendo, por favor.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Voy concluyendo, señor Presidente.
Vinculándolo, como decía, a un mero trámite informativo en el que la mujer sólo escucha pasivamente las razones que pretendidamente asisten al Estado para proteger la vida, no pretende con este trámite evaluar la concurrencia de un conflicto que haga posible que la mayor entidad del interés de la madre sobre el del hijo nacedero posibilite la no punibilidad de la conducta. No, no es ése el trámite. Es un mero trámite informativo. La mujer sólo escucha las razones y esto no tiene consecuencia jurídica alguna.
Una entrevista no puede ser la única institución que se regule en la ley para proteger nada menos que el derecho a la vida. No se puede, de esta manera, vaciar de contenido la previsión del artículo 15 de la Constitución.
Señora Ministra, señorías, señor Presidente, y con esto acabo, la impresión de mi Grupo Parlamentario --y digo esto con todas la cautelas y con todos los respetos a opiniones contrarias-- es que la propia presentación de este proyecto de ley era una trampa política, una trampa social, porque éste es un proyecto de ley de los que, en técnica o ciencia política, se pueden denominar de polarización; de polarización de actitudes.
Es uno de estos proyectos de ley que a veces presentan partidos políticos con problemas electorales o con cierto declive político, con la pretensión de provocar adhesiones intensas, desvinculaciones, oposiciones intensas, convulsiones en el seno del cuerpo social y, por ese procedimiento, regenerar el censo de votantes.
A nosotros incluso nos preocupó y le dimos una interpretación política al momento de presentación, un poco extemporáneo, en las postrimerías de la legislatura. En todo caso, éstos son juicios de valor que hago a título personal.
Señora Ministra, respecto al aborto comparto y hago mías las palabras de una persona nada conservadora, por cierto, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, cuando decía que defender el aborto es defender la pena de muerte, que una persona progresista --y así se define el progresismo-- debe estar contra la pena de muerte y defender, por eso, la vida, y que defender la vida, en todos sus términos, en todas sus manifestaciones, supone un profundo cuestionamiento filosófico del propio orden social y político en el que vivimos. Esas son mis palabras y ésa es mi opinión personal, señora Ministra. En todo caso, esto no tiene más relevancia, en este momento, que la de una opinión personal.
Lo que me preocupa son las peligrosas soluciones «polijurídicas» que este proyecto de ley articula, que abren un pasillo, señora Ministra, que en este momento no estamos en condiciones de predeterminar dónde nos puede llevar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, estamos discutiendo hoy, en esta Cámara, el proyecto de ley que ha remitido el Gobierno para regular la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Ha habido intervinientes en defensa de enmiendas de devolución que hacían mención a la oportunidad política y a la no necesidad de debatirlo ahora, porque opinaban que era un debate precipitado.
Señorías, en esta Cámara, en el año 1994, se planteó el debate de la interrupción voluntaria del embarazo, a través de una proposición de ley de este Grupo Parlamentario. En el mes de mayo de este año se volvió a debatir al presentar este mismo Grupo Parlamentario, por segunda vez en esta legislatura, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con lo cual, en dos años y medio de legislatura que llevamos, sería la tercera ocasión en que tiene lugar este debate. Por tanto, tiempo hemos tenido para recapacitar sobre el tema y, desde luego, no es un debate apresurado. Si es un debate que para nosotros llega tarde porque hace más de un año el Gobierno y el Grupo Socialista se comprometieron a traerlo a esta Cámara y nos encontramos con que casi al final de la legislatura tenemos que discutirlo con prisas y con premura para que pueda salir aprobado antes del período vacacional y de la posible disolución de las Cámaras, lo que no creo que sea lo más conveniente, aunque, al fin y al cabo estamos debatiéndolo, lo que es oportuno y razonable.
Diré más. Cada vez que se habla de discutir de derechos de las mujeres siempre nos encontramos con el mismo problema: la oportunidad política. Nunca será oportuno discutir --parece ser, para algunos grupos en esta Cámara-- sobre los derechos de las mujeres, su aplicación y la defensa de los mismos mediante medidas legislativas.
Consideramos que es necesaria la modificación de la actual regulación de la despenalización del aborto porque en los años que ha estado en vigor, que no son muchos para una Ley, ha demostrado, como ya denunciamos nosotros en su momento, que es totalmente inadecuada para resolver los problemas de las mujeres
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y las necesidades de la sociedad en este tema. Ha generado inseguridad jurídica para las mujeres y para los propios profesionales. Nos hemos visto envueltos en un montón de denuncias, en un montón de juicios a las mujeres, ejerciendo una destrucción de la decisión íntima de la mujer y, además, una falta a su dignidad, porque estas mujeres se han visto sometidas a vejaciones en estos juicios y a la publicidad de un acto tan íntimo como es la decisión de interrumpir un embarazo, incluso dentro de los supuestos hoy aprobados.
Señorías, consideramos que es necesario el debate, de ahí que nuestro Grupo vaya a votar en contra de las iniciativas de devolución que en esta Cámara se han defendido y, por lo tanto, de una forma no expresa pero sí tácita, a favor del proyecto del Gobierno; eso sí, de una forma crítica, porque a nosotros no nos satisface el proyecto del Gobierno, ya que consideramos que en este proyecto, a través del cuarto supuesto, se establece una discriminación hacia las mujeres, discriminación que no debe figurar en un texto que intenta defender los derechos de las mujeres, como es el de que la mujer por razones de conflicto personal, familiar o social grave (lo que se ha venido en llamar el cuarto supuesto) se vea excluida de la prestación sanitaria pública a la hora de practicarse una interrupción del embarazo.
Señorías, las prestaciones sanitarias públicas son un derecho de la sociedad, un derecho de las personas y, por lo tanto, deben acceder a ellas en cualquiera de los supuestos, no solamente en aquellos que están en estos momentos despenalizados sino en el que se pretende ampliar.
No nos satisface, en absoluto, cómo están enfocados los centros de información y asesoramiento. En nuestro propio texto hacemos constar en la información a la mujeres las razones que le asisten al Estado, aquellas medidas protectoras de la maternidad o aquellas ayudas económicas para los hijos. También consideramos que se debe dar esa información, pero lo que no creemos oportuno es que se puedan crear unos centros de información y asesoramiento que en lugar de ayudar a tomar una decisión libre a las mujeres con toda la información, sirva para coaccionarlas a la hora de determinarla. Las mujeres somos adultas y responsables a la hora de tomar nuestras propias decisiones y, por lo tanto, consideramos que lo único que se debe hacer es informar para que nosotras podemos decidir con toda la libertad y con toda la responsabilidad. Es una decisión íntima en el ejercicio del derecho a la maternidad responsable.
En el proyecto de ley del Gobierno no queda recogida precisamente la referencia que ha hecho la señora Ministra a los acuerdos adoptados en la Conferencia de Pekín. En el Código Penal el aborto sigue siendo punible. Entre las medidas legislativas que hay que tomar para que ninguna mujer pueda ser penalizada por abortar, no estaría precisamente el cuarto supuesto sino que, en principio, habría que ir más allá. No obstante, nosotros no vamos a cuestionar en estos momentos el cuarto supuesto ni vamos a pretender ir más allá, sino que porque consideramos que es tiempo de ponerse de acuerdo y el Grupo Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya está dispuesto a llegar a un consenso con el Grupo Parlamentario Socialista, con el Gobierno, para que esta ley vea la luz antes de que finalice la legislatura, estamos dispuestos a negociar, pero, entiéndase: a negociar; no a claudicar. Somos receptivos a llegar a un acuerdo sobre aquellas medidas o modificaciones que consideramos necesarias introducir en el proyecto de ley, y esperamos esa misma buena disposición tanto del Gobierno como del Grupo Socialista.
Señorías, desde esta tribuna se ha hecho una defensa importante de los derechos del no nacido y del derecho a la vida. Nos parece respetable y correcto. Sin embargo, cuando se ha hablado de la tipificación de las conductas abortivas en el Código Penal se ha hecho referencia a los artículos que penalizan el aborto que se realiza fuera de los supuestos, pero no se ha mencionado el artículo 146 del Código Penal en el que sólo se establece: el que por imprudencia grave ocasionare un aborto será castigado con pena de arresto de doce a veinticuatro fines de semana. Señorías, existen abortos --y no se admitió la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-- que se producen en el puesto de trabajo porque los empresarios se niegan a cambiar a las mujeres embarazadas de esos puestos de trabajo, caso que no se ha querido penalizar en el Código Penal del Parlamento, que nosotros nos negamos a que sea del Grupo Socialista puesto que es el nuevo Código Penal del Parlamento.
Por tanto, señorías, defensa de la vida, defensa de los derechos de las mujeres, pero seamos coherentes y tengamos claro que la defensa también se hace puniendo a aquellos que, conociendo la situación de las mujeres embarazadas, las mantienen en un puesto de trabajo y, al final, por permanecer en él llegan a abortar, y no introduciendo simplemente la consideración de imprudencia grave.
Por todo lo expuesto, señorías, reitero que nuestro Grupo va a votar en contra de las enmiendas de devolución, y hacemos el llamamiento al Grupo Socialista para que sea flexible a la hora de negociar, porque nosotros sí estamos dispuestos a ser flexibles para llegar a un acuerdo para que esta ley vea la luz y, así, al final las mujeres vean recogidas, si no totalmente, sí en parte sus necesidades y sus intereses.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
Vamos a pasar a las votaciones correspondientes a las enmiendas de totalidad debatidas. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas de totalidad que postulan la devolución al Gobierno del proyecto
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de Ley Orgánica sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 150; en contra, 170; abstenciones, seis.
A efectos de poder ordenar y efectuar las previsiones para lo que resta de la sesión de esta mañana, solicito qué grupos desean intervenir en relación con los siguientes puntos.
Punto 39: Proyecto de Ley Orgánica de contrabando. (Pausa.) Punto número 40: Proyecto de Ley de ayudas y asistencias a las víctimas de delitos violentos. (Pausa.) Proyecto de Ley sobre la creación de un fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados. (Pausa.) En relación con el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (Pausa.) En relación con la proposición de Ley Orgánica sobre abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra. (Pausa.) En relación con la proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria. (Pausa.) En relación con la proposición de ley de organización del Centro de Investigaciones Sociológicas. (Pausa.) Señorías, incluso contando con la más benévola de las previsiones respecto a la duración de las intervenciones, no parece lógico prever la posibilidad, en el tiempo razonable de finalización de la sesión de la mañana, para lo cual restarían unas dos horas, de que puedan debatirse las enmiendas del Senado a todos estos proyectos y proposiciones de ley.
A efectos de tener una idea precisa del trabajo a desarrollar, propongo a la Cámara finalizar la sesión de la mañana una vez debatidas las enmiendas a los puntos 39, 40 y 41. (Rumores.) A efectos de precisar exactamente el sentido de mis palabras, propongo levantar la sesión una vez debatidas las enmiendas a los puntos 39, 40 y 41. No suspender, sino levantar la sesión.
--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE CONTRABANDO (Número de expediente 121/000078)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas al proyecto de Ley Orgánica de contrabando.
Les recuerdo que se procederá igualmente al término de la sesión, a la votación orgánica de conjunto de este primer proyecto de ley.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones. (Rumores.) Señorías, guarden silencio, ocupen sus escaños o, en su caso, abandonen el hemiciclo con diligencia. (Pausa.) Señor Mardones, cuando quiera.
Me permitirá, señor Presidente, que le haga una pregunta, porque aquí es imposible escuchar nada. ¿Voy a intervenir en el punto número 39 de la Ley del Contrabando?
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente. Por un puro eco había intuido que eso era. Gracias por el amparo para poder ser oído por los señores presentes en la Cámara.
El Grupo de Coalición Canaria, señor Presidente, va a votar favorablemente las enmiendas que nos vienen del Senado, con una salvedad que más adelante explicaré.
Se han hecho correcciones, en su mayoría técnicas, que subsanan errores gramaticales. Quiero reseñar la enmienda al artículo 2, que introduce una cierta sombra de inseguridad jurídica en el texto que salió de la Cámara en lo relativo a la preceptividad de la autorización correspondiente cuando se trata de sacar del territorio español bienes integrantes del patrimonio histórico.
Vamos a pedir, señor Presidente, votación separada de la enmienda a la disposición adicional primera que viene del Senado. Creo que en este primer gran grupo de enmiendas del Senado podríamos agrupar prácticamente todas, excepto una, de las que se refieren a estas correcciones técnicas o de seguridad jurídica. Sin embargo, como se puede comprobar en los Diarios de Sesiones del Senado, ha sido amplio el debate sobre la disposición adicional primera en relación al Servicio de Vigilancia Aduanera y la posible conflictividad de las competencias que tradicionalmente ha venido ostentando y seguirá ostentando en la lucha contra el contrabando --dado que esta ley es orgánica de represión del contrabando, como quedó corregido en su título-- para hacer posible también la lucha totalmente integrada y competencial del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Hay un cambio sustancial en las enmiendas que vienen del Senado respecto de lo que había aprobado esta Cámara, sobre todo cuando el Senado en esta disposición adicional primera, relativa a la organización funcional, suprime los apartados 2 y 3 e introduce un cambio sustantivo --de aquí la razón de nuestra petición de votación separada de esta enmienda-- al hacer
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que los funcionarios integrados en el Servicio de Vigilancia Aduanera pasen a tener carácter colaborador de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en esta materia.
Como el tema es muy controvertido, mi Grupo, señor Presidente, hace esta solicitud de votación separada de la enmienda a la disposición adicional primera que nos viene del Senado. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones. Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Vasco (PNV) va a votar en contra de la enmienda introducida en el Senado a este proyecto de ley de contrabando en relación a las funciones a desempeñar por el Servicio de Vigilancia Aduanera, que es la cuestión medular en que se centra este proyecto de ley.
Se ha alterado en el Senado, con los votos del Grupo Popular, del Grupo Socialista y de Coalición Canaria, el acuerdo conseguido en esta Cámara. Entendemos que, en un tema tan delicado como el del contrabando, alterando las funciones del Servicio de Vigilancia Aduanera se hace un flaco favor a las funciones encomendadas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en esta materia de represión del contrabando.
Entendemos que se deben reconocer las competencias de este Servicio de Vigilancia Aduanera; que en ningún caso éstas deben estar supeditadas a la Guardia Civil; que debe tener en exclusividad estas funciones y que debe gozar de estatus de Policía Judicial.
Lamentamos muy mucho que se use el Senado no como una cámara de segunda lectura, sino como una Cámara de suspensión de los acuerdos que se adoptan en el Congreso de los Diputados. Sabe el señor Rodríguez Zapatero que fue uno de los puntos nucleares de discusión tanto en Ponencia como en Comisión y que decíamos en dichos trámites que estaba bien claro que el Ministerio de Justicia e Interior tenía muchos tricornios encima de la Mesa.
Por mucho que el Grupo Socialista se resistía en los debates a mantener su propia postura, ha quedado claro que esto no es así y que todavía hay poderes fácticos en este Estado que pueden mucho en materias tan delicadas como en este caso, la represión del contrabando y de la droga.
Lamentamos aún mucho más el giro copernicano en sus posturas que ha dado el Grupo Popular en relación a esta materia que, de partir con enmiendas muy coincidentes tanto con el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya como con el Grupo Vasco, sustantivamente con los mismos textos en relación a las funciones de este Servicio de Vigilancia Aduanera, ha facilitado al Grupo Socialista llegar a aquel texto que, desde el propio origen, intentaba mantener y que no conseguía en esta Cámara. Yo creo que se hace flaco favor a los acuerdos, flaco favor a las negociaciones, flaco favor, en definitiva no sustancial, a lo que son las funciones de represión del contrabando y de la droga. En esta Cámara, señor Presidente, muchas veces se magnifican las funciones en contra de esta represión de los delitos de contrabando, pero cuando llega la hora de la verdad, quedan las posturas al descubierto y cada Grupo enseña su tarjeta de identidad.
Queda claro que un servicio de vigilancia aduanera, que estaba desarrollando unos grandes servicios desde esta perspectiva, va a ver muy delimitadas sus funciones, supeditada su propia actuación y, por ello, señor Presidente, el Grupo Vasco va a votar en contra de esta enmienda introducida en el Senado, solicitando a los grupos el mantenimiento de las posiciones que sostuvieron en esta Cámara y que llevaron a un nivel de acuerdo que entonces ya consideramos insuficiente. Ahora se ve que se ha dado al traste con dicho debate y con dichas posturas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Simó.
El señor SIMO I BURGUES: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo va a votar favorablemente las enmiendas del Senado menos la referente a la disposición adicional primera, a la que vamos a votar que no.
No entendemos el cambio del Partido Socialista, pues el texto aprobado en esta Cámara en su día respondía a una enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista referente a la presentada por nuestro Grupo con el número 27.
La enmienda del Senado modifica el texto del punto 1 de esta disposición adicional primera y suprime los puntos 2 y 3 que hacen referencia a la actuación de los funcionarios integrados en el Servicio de Vigilancia Aduanera. Nuestro Grupo entiende que la redacción aprobada por el Congreso responde mejor a la actividad que tienen que desarrollar los funcionarios integrados en el Servicio de Vigilancia Aduanera que la de la enmienda del Senado.
Esta enmienda del Senado los deja reducidos al carácter de colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Entendemos que la redacción aprobada por esta Cámara era la más adecuada. Por tanto, señor Presidente, pediríamos votación separada de la enmienda a la disposición adicional primera.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Simó.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Andreu.
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El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, después de muchos años de negociación y discusión en este Parlamento, en los grupos políticos y en los colectivos afectados por esta Ley de Contrabando y después de haber conseguido que el texto en el Congreso de los Diputados representara equilibrios importantes en cómo se debería desarrollar esta Ley, sorprende que en el Senado se haya roto en pocos minutos, prácticamente en segundos, un equilibrio conseguido después de varios años. Sorprende, además, que se haya hecho de un forma tan opaca, tan ajena al debate parlamentario y, además, destrozando el equilibrio precisamente en uno de los aspectos más fundamentales en esta Ley, y es qué cuerpo debería ser el encargado de llevar a cabo la lucha contra el contrabando, es decir, algo que es sustancial. Porque si el arma legislativa que supone esta Ley después no se corresponde con que el cuerpo sea el adecuado para realizarlo y se le quitan las competencias necesarias para poder realizar su labor, esta Ley queda absolutamente en barbecho, totalmente destrozada y, por lo tanto, mi Grupo Parlamentario, en el caso de que se apruebe el texto que viene del Senado, no sólo no va a apoyar las enmiendas que allí se han aprobado, sino que va a negar el carácter de orgánica de esta Ley, porque consideramos que queda completamente viciada por el contenido que se plantea respecto a qué cuerpos deben ser los encargados de la vigilancia aduanera, de la lucha contra el narcotráfico, contra el contrabando y contra el blanqueo de dinero.
Mi Grupo Parlamentario no comprende de ninguna manera que, existiendo un cuerpo que tiene más de 30 años de antigüedad y experiencia --aunque con diversos nombre-- en la lucha contra el contrabando, contra el narcotráfico, contra el blanqueo de dinero, a ese cuerpo se le quite la capacidad de ser policía judicial y se le quiten los instrumentos para esa lucha contra el contrabando, instrumentos que tenía en una situación dudosa (porque en determinadas situaciones los jueces habían quitado la autoridad al Servicio de Vigilancia Aduanera para producir apresamientos en alta mar), y que ahora, con la propuesta que nos llega del Senado, la poca capacidad que tenía se le destruye. Mi Grupo Parlamentario no comprende cómo puede suceder eso cuando no hay ninguna fuerza de seguridad en España que tenga la capacidad ni la experiencia para presentar una actuación alternativa. No existe ninguna. Así lo habían entendido todos los grupos parlamentarios en el Congreso, dándole el carácter o, por lo menos, las competencias de policía judicial al Servicio de la Vigilancia Aduanera para que siguiera actuando en esta línea.
Cosa sorprendente: el Partido Popular no contento por cómo se había planteado en el Congreso de los Diputados las competencias del Servicio de Vigilancia Aduanera, presentó una enmienda en el Senado mediante la cual se le otorgaba directamente el carácter de Cuerpo de Seguridad del Estado a los efectos del descubrimiento y persecución. Sin embargo, el Partido Popular cambia de opinión en segundos. El Partido Popular es un Partido que realmente demuestra aquí su incapacidad y la poca solvencia de su programa. Cuando aún no han gobernado --y espero que no gobiernen-- se someten a las presiones. Realmente, con esta bagaje, es un partido absolutamente peligroso a la hora de formar un gobierno, porque lo que dicen y lo que realmente hacen (Rumores.--Protestas.) no se corresponde en absoluto. Yo creo que esto no es nada más que un botón de muestra de su irresponsabilidad, de su poca consistencia y de la poca seriedad que tienen sus planteamientos programáticos. (Protestas.) El Partido Socialista, después de catorce años de Gobierno, es realmente rehén de la Dirección General de la Guardia Civil. No se comprende cómo se aprueba esto por mecanismos puramente corporativos, porque la Guardia Civil, que presta sus servicios, sin duda, en muchísimas tareas de la Seguridad del Estado, no tiene funcionarios que puedan prestar sus servicios en lo que es el Servicio de Vigilancia Aduanera y, por lo tanto, no se entiende que se pretendan quitar estas competencias a dicho servicio. Plantear este cambio en la disposición adicional otorgándole al Servicio de Vigilancia Aduanera la característica de fuerza colaboradora es algo ridículo. Porque fuerza colaboradora, según lo plantea la Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado, es la que prestan las policías municipales y las autonómicas. ¿Es que se pretende equiparar el Servicio de Vigilancia Aduanera a una policía local y autonómica? Sinceramente, creo que no puede haber mayor despropósito. Cuando en España existe un importantísimo problema de contrabando, un importantísimo problema de blanqueo de dinero, un importantísimo problema de tráfico de drogas, cuando en los congresos incluso se cifra en más de 105.000 millones de pesetas del monto económico total que significan todos estos dislates --105.000 millones de pesetas en el conjunto de la Unión Europea, de los que la mayor parte está en España-- y sabiendo que son numerosísimas las actuaciones que tanto en Galicia como en El Campo de Gibraltar, como en el Estrecho, viene realizando ese Servicio, no se comprende de ninguna de las maneras el que se plantee esta situación que contempla la enmienda aprobada en el Senado por la que se considera al Servicio de Vigilancia Aduanera como una fuerza colaboradora simplemente.
¿En qué se basan? Me gustaría saber en qué se basan porque no hay ninguna base explicitada. Habrá bases ocultas, puesto que incluso el Consejo General del Poder Judicial, en los informes que realiza, no le niega al Servicio de Vigilancia Aduanera el que pueda seguir actuando en la forma en que viene haciéndolo.
Por tanto, no entendemos; no hay ningún documento, no hay ningún razonamiento explícito político ni económico que pueda justificar este cambio de opinión. Los razonamientos están puramente ocultos y, como todo lo oculto, sometido a especulación, y aquí se pueden hacer especulaciones de todo signo. Nosotros hacemos
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la que es más suave, repito, la que es más suave: que estamos ante un puro problema corporativo de la Dirección General de la Guardia Civil. Podrían plantearse otros; podrían plantearse especulaciones que tienen que ver con los interesados en el blanqueo de dinero, con el contrabando, etcétera. Como son especulaciones, no las vamos a plantear, pero, realmente, ahí queda la sombra de la duda y, señores, esto es algo que realmente nos preocupa.
Nosotros ya expusimos en esta Cámara que si estas enmiendas tienen éxito tal como vienen planteadas del Senado, mi Grupo Parlamentario, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, va a proponer un proyecto de ley para que se modifique el artículo 103 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991, para la creación de una unidad de policía fiscal que dependa orgánicamente del Ministerio de Hacienda y esté integrada por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera --creemos que ahí es donde debe esta ubicada la lucha contra el contrabando, contra el narcotráfico, contra el blanqueo de dinero--, por 1.800 funcionarios que tienen una experiencia contrastada y creo que no vale la pena hacer inventos nuevos. Este es un juego extraordinariamente peligroso y los señores del Partido Socialista y del Partido Popular tendrán que responder ante la ciudadanía española de lo que están haciendo con esta ley del contrabando.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles Orozco.
En primer lugar, quiero decir que nuestro Grupo está de acuerdo con las enmiendas que vienen del Senado, la mayoría de las cuales son enmiendas técnicas y, por tanto, no voy a entrar en ellas, aunque algunas hacen especial referencia al tema de la Comunidad Autónoma de Canarias o a la definición de lo que es una organización. Pero qué duda cabe de que de todas estas enmiendas hay una que tiene mayor trascendencia para esta ley, que es una tremendamente importante porque reforma una ley de 1982 y por las nuevas circunstancias en que se encuentran la Unión Europea y nuestro país; es decir, que ha sido una ley trabajada, una ley que ha requerido el esfuerzo de diálogo y de consenso no sólo de los grupos parlamentarios, sino también con organizaciones, con colectivos que han expresado sus opiniones y sus formas de entender en este momento lo que era la mejor organización para ser más eficaces. La enmienda a la que me refería, y a la que han estado haciendo referencia los anteriores intervinientes, es, qué duda cabe, la que tiene un contenido político y que, efectivamente, supone un cambio sobre el texto que salió del Congreso, pero conviene decir que los consensos, los acuerdos, nunca hay que cerrarlos en falso; es decir, hay que cerrarlos cuando están asentados sobre criterios muy sólidos, muy fijos y que realmente puedan dar estabilidad, puedan dar credibilidad a medio y largo plazo.
Nuestro Grupo presentó una enmienda en el Senado para mantener los principios que expuso aquí, en el Congreso, y, posteriormente, la mantuvo a petición del Grupo Socialista para poder llegar a una transaccional que diera satisfación, credibilidad y eficacia a una organización que pueda ser eficaz - -valga la redundancia-- en la lucha contra el contrabando y contra el narcotráfico. No se trata de corporativismos, no se trata de aceptar presiones, no se trata de defender ningún colectivo concreto, sino al revés, se trata de defender a todos por igual, se trata de dar eficacia a la lucha contra el narcotráfico y contrabando, se trata de crear una organización en beneficio de todos los españoles. Por tanto, todo esfuerzo de diálogo es poco en este sentido.
Hemos llegado a esta redacción en el Senado que, como todas las cosas, es discutible, pero si la enmienda que se ha introducido en el Senado se lee con literalidad, no puede deducirse en ningún caso que con ella se desmantele ningún servicio, ningún organismo, ningún cuerpo de los que estuviera operando hasta la fecha en este momento en el ámbito del contrabando o de la lucha contra el narcotráfico. Bien al contrario, se establecen claramente cuáles son los criterios, los principios y los cuerpos y organismos destinados a la lucha contra el contrabando y el narcotráfico.
Nuestro Grupo tiene una excelente opinión, inmejorable opinión sobre lo que es la actuación de los Cuerpo y Fuerzas de Seguridad del Estado y también del Servicio de Vigilancia Aduanera en lo que ha sido su trayectoria en la lucha contra el contrabando y, en algunos casos muy específicamente, en la lucha contra el narcotráfico. Por tanto, sería incongruente con nuestra posición haber permitido o aceptado cualquier planteamiento que llevase precisamente a sufrir alguna merma de cualquiera de estos cuerpos u organismos.
Hemos considerado que de esta forma se servía mejor al consenso y al acuerdo entre todos, se daba garantías tanto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como al Servicio de Vigilancia Aduanera y se permitía intervenir a los dos de forma eficaz en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales; eso sí, es necesario establecer mecanismos coherentes y eficaces de coordinación.
Ningún Estado moderno entrega a un sólo cuerpo estas tareas tan enormemente complejas, sino que suelen coexistir dentro de un mismo Estado diferentes cuerpos de seguridad u organismos que participan y colaboran en la vigilancia aduanera o en los servicios contra el narcotráfico o en los temas de contrabando.
Ahora se trata también del reto de buscar los mejores mecanismos para que sean eficaces y para que actúen coordinademente.
En todo caso, quiero acabar mi intervención diciéndoles que por parte del Grupo Popular, como ha sido
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tradicional, consideramos --lo hemos considerado en el pasado y lo consideramos en el presente-- excelente el servicio que ha realizado la Guardia Civil y consideramos excelente el trabajo que ha realizado el Servicio de Vigilancia Aduanera y por eso hemos hecho esfuerzos, en la medida también de nuestras posibilidades y en virtud de llegar a acuerdos para que estas leyes tengan la viabilidad que tienen que tener, es decir, en los acuerdos mayoritarios, para llegar a esta redacción.
Como nosotros tenemos una vocación de fuerza mayoritaria y como tenemos la vocación y el deseo de tener responsabilidades de Gobierno en este país, es por lo que tenemos que hacer estos esfuerzos en aras de conseguir, en temas de esta naturaleza tan extraordinariamente delicada, estas vías de acuerdo.
Probablemente, otras fuerzas, con una vocación más minoritaria y sin vocación de Gobierno, pueden permitirse estos brindis al sol que no conducen a nada y que no repercuten en lo que más nos debe interesa, que no es la defensa de corporativismos, sino la defensa de la eficacia en la lucha contra el narcotráfico y contra el contrabando.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.
Tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Socialista en relación con las enmiendas del Senado a la Ley Orgánica de represión del contrabando, posición que va a ser favorable al conjunto de las mismas que han modificado la ley en ciertos aspectos, algunos de índole técnico, otros de naturaleza más de fondo pero que, en definitiva, van a obtener el respaldo del Grupo Socialista. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Por consiguiente, vamos a prestar nuestro apoyo a la nueva configuración en relación con la tipificación del delito de contrabando en lo relativo a las labores del tabaco, que es una de las modificaciones más significativas, así como aquellas que tienen, como indicaba, un alcance técnico e, incluso en algún caso, puramente gramatical y aquellas que también intentan acomodar las referencias a la calificación de las penas conforme al Código Penal vigente en previsión de esa «vacatio legis» de seis meses que conocemos.
Asimismo, vamos a apoyar la enmienda relativa a la disposición adicional primera que, obviamente, ha sido en el desarrollo del trámite legislativo la cuestión que ha ocupado más debate, más atención y más preocupación por parte de los diferentes grupos parlamentarios. Es verdad que, en el desarrollo de este debate y en posiciones de grupos parlamentarios, ha existido cierto baile de máscaras, como ha sido notorio, pero también se tendrá que reconocer que la postura del Grupo Socialista ha sido la más, digamos, lineal o coherente. Hemos tenido pocas variaciones, hasta donde nos ha llevado, en algún momento, algún grupo parlamentario, por la lógica de la relación de fuerzas.
En todo caso, yo quisiera hacer una consideración de carácter general, sobre todo como consecuencia de alguna intervención, incluso desde un punto de vista apasionado, que pone de manifiesto un cierto grado de capacidad de comprensión por parte del Grupo Socialista. Creo que el fondo del problema de esta disposición adicional viene dado porque el Servicio de Vigilancia Aduanera, que ha venido y viene prestando una importante labor (yo no voy a caer, como aquí pasó en el debate anterior, en más excesos y más elogios de los que habitualmente hemos hecho casi todos los grupos, porque me parece que ése no es el problema), tiene un status ciertamente difícil desde el punto de vista jurídico en el contexto de los diferentes cuerpos o servicios de la Administración del Estado. Si uno se fija con un poco más de atención, reconocerá que la disposición adicional que se aprobó en el Congreso en su momento y que ahora ha sido objeto de modificación en el Senado, globalmente, daba satisfacción a lo que es el Servicio de Vigilancia Aduanera, pero hay que poner de manifiesto que tampoco era suficientemente clara desde un punto de vista jurídico. A mi juicio, aquí tenemos un problema de fondo del siguiente calado. Si al Servicio de Vigilancia Aduanera se le considerara como policía judicial, que era lo que de una manera más o menos tácita contenía lo que aprobó en su momento el Congreso, con el ordenamiento jurídico en la mano, estaríamos situados en una posición realmente difícil y compleja porque, en nuestro país, la policía judicial son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen un estatuto radicalmente distinto al que puede tener cualquier servicio o agencia, en este caso el Servicio de Vigilancia Aduanera. Digamos que estábamos abocados a una transformación que, sin duda, no se podía abordar en la Ley de contrabando --no digo que sea necesario o no; digo que no se podía abordar en la Ley de Contrabando-- y, desde luego, al cambio radical del modelo policial. El Grupo Socialista venía manteniendo en el Congreso que eso no era posible y que era difícil de resolver con la actual situación, pero hemos entendido y no vemos dificultad --aunque ciertamente la interpretación desde el punto de vista del Derecho es siempre abierta-- para que con esta disposición adicional resolvamos la preocupación última que todos tenemos. El Servicio de Vigilancia Aduanera actúa bien y ha sido dotado de medios muy poderosos y muy positivos bajo el mandato de este Gobierno. Por tanto, sería una contradicción pensar que al menos este Grupo tuviera una actitud de prevención o de querer quitar espacio de actuación al Servicio de Vigilancia Aduanera. Lo que sucede es que pensamos que, con el texto actual --insisto,
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a expensas de interpretaciones que pueda haber--, el respaldo en su actuación puede quedar garantizado desde el punto de vista jurídico. En todo caso, la ley prevé posibilidades de desarrollo reglamentario, que están abiertas y que podrían, suponer alguna mejora. Con el ordenamiento jurídico vigente, con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no creemos que pudiera haber tenido un encaje adecuado otra configuración, en concreto la que ha apoyado alguna de SS. SS.
Por consiguiente, al margen de que existe un problema --es verdad-- de intervención de dos importantes servicios en una actuación tan importante como la represión del contrabando, puesto que la Guardia Civil tiene esa competencia, como es conocido --está en la Ley orgánica y aquí nadie ha propuesto la modificación del precepto correspondiente--, la coordinación ha de ser el elemento fundamental de actuación. Y cuando se considera que un servicio o una agencia del Estado tiene carácter colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, seguramente lo que se dice es lo único que se puede decir con el ordenamiento jurídico que en estos momentos tenemos, insisto, citando esas tres leyes. No sé si en un futuro el modelo podrá ser otro, policial, global, pero, hoy por hoy, poco más allá podía ir la ley orgánica de contrabando, si es que fuera deseable, que todo, lógicamente, es discutible, poco más allá podía ir.
Por tanto, yo pediría al conjunto de los grupos parlamentarios que, al margen de expresar su posición, manifestaran también el convencimiento de que, en todo caso, no hay, objetivamente, con la ley en la mano, ningún retroceso con la situación actual. Otra cosa, señorías, es que a algunos grupos les hubiera gustado que el proceso hubiera ido mucho más allá. Pero, con la situación actual, creemos, sinceramente, que no hay ningún retroceso.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
-- PROYECTO DE LEY DE AYUDAS Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS (Número de expediente 121/000095)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la fijación de posiciones con respecto a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, muchas gracias.
El Grupo de Coalición Canaria va a votar afirmativamente a todas y a cada una de las enmiendas que ha introducido la Cámara del Senado a este proyecto de ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
En primer lugar, Coalición Canaria se congratula de que cerremos hoy ya y transformemos en ley esta importante sensibilidad para atender a las víctimas que han sufrido los delitos violentos y, sobre todo, por los delitos de violación y todos los que atenten a la libertad sexual, a la convivencia pacífica desde los sexos, a la armonía dentro del marco legal que señala nuestra Constitución y las leyes que la vienen desarrollando.
Técnicamente, las enmiendas que vienen del Senado pueden proporcionar la tranquilidad del análisis de que son de corrección de estilo, de adecuación de léxico y, fundamentalmente, también hay alguna otra que viene a dar exactitud en el concepto, como lo referido a la Comisión nacional de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y, como se ha introducido, «y contra la libertad sexual», precisamente esta Comisión nacional ya queda reflejada con su título exacto, de acuerdo con el texto articulado de la ley.
Quiero resaltar únicamente la enmienda al artículo 16, que viene precisamente a dar una claridad jurídica y conceptual para evitar ninguna duda de aplicación técnica cuando se está refiriendo a la implantación de las oficinas de asistencia a las víctimas en todas aquellas sedes, juzgados y tribunales o en aquellas fiscalías en que las necesidades de casuística lo exijan.
Por estas razones, señor Presidente, y destacando la importancia de este texto de ley y la tecnicidad con que traen las enmiendas el texto de propuesta del Senado, las vamos a votar afirmativamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa de Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.
Nuestro Grupo Parlamentario va a votar favorablemente las enmiendas del Senado a este proyecto de ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos; así se llamaba en un principio y, en el trámite del Congreso, se llamó definitivamente como ahora viene en el dictamen del Senado, es decir, víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Se trata, sin duda, de un avance importante, en esta orientación moderna del Derecho penal y del Derecho procesal penal, en el sentido de considerar a la víctima como uno de los elementos, de los sujetos de los que el Derecho tiene que dar cuenta, a los que el Estado y las asociaciones tienen que ayudar, ya que hasta
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ahora, es cierto, hay que reconocerlo así, toda la regulación penal y procesal penal de los sistemas liberales y de las democracias liberales venía estableciéndose en torno al autor del delito, pero no a la víctima del mismo.
Yo quiero recordar que se han ido produciendo avances legislativos significativos a este respecto, por ejemplo en la Ley del Menor de 1992, en donde hay ya una fórmula muy interesante, que sería deseable se extendiese, de composición o de autocomposición, de reparación, entre los autores del delito y las víctimas del mismo. Es decir, que la respuesta legislativas va más allá de la pura sanción, se extiende a algo más amplio, a lo que podríamos llamar la reparación respecto del delito, y la reparación, cada vez queda más claro, pertenece al núcleo de la sanción penal. Es cierto, hay que recordarlo, que mientras que no hay delito sin un autor también habría que afirmar que no hay delito sin la víctima y que la víctima es algo mucho más amplio que el sujeto pasivo del delito. La víctima tiene a veces un carácter un tanto difuso, es mucho más amplio todo el conjunto de perjudicados, que va más allá del meramente ofendido por el delito. Como digo, ya en el caso de la Ley del Menor de 1992 se avanzó en esa línea. Y también se ha avanzado, debo significar, en el Código Penal recientemente aprobado por esta Cámara, en bastantes de cuyos artículos se tienen en cuenta los intereses de la víctima. Cuando se habla, por ejemplo, de los trabajos en beneficio de la comunidad, su regulación posterior tendrá que tener en cuenta a la víctima, estos trabajos tendrán que tener en cuenta los daños causados por el autor del delito. O en el caso de los delitos contra la ordenación del territorio recordemos cómo se habla de la necesidad en algunos supuestos de la reconstrucción de lo dañado. O en el caso de los delitos contra la libertad sexual en el Código Penal aprobado por esta Cámara se habla de que pueden perseguirse incluso por el Ministerio Fiscal, dejan de ser delitos estrictamente privados, y se tendrán en cuenta los intereses en presencia, se ponderarán los intereses legítimos en presencia de la víctima. En muchos otros aspectos de este Código aparece la víctima, por vez primera, como algo a considerar a la hora de valorar incluso la tipicidad y la sanción de un determinado delito. La proposición de ley de protección de testigos en el proceso aprobada recientemente en esta Cámara también va en esa línea. Cuando se protege el testimonio de las personas que van a intervenir en todo el proceso, en la instrucción y posteriormente en el juicio oral, una de las amenazas para la víctima es precisamente su declaración con respecto a los autores o presuntos autores del delito.
Falta, es cierto, todavía un avance más --y creo que debe significarse aquí-- en nuestra legislación procesal penal.
Todavía no hay, especialmente en la fase de instrucción, una posición suficientemente reconocida del status de la víctima para poder actuar como sujeto activo en esa fase de instrucción. Eso deberá ser parte, sin duda, de la reforma del proceso penal completa que aparece prefigurada y ordenada en una de las disposiciones finales de la Ley del jurado. Faltaba un fondo público de ayuda a las víctimas, y es esto lo que pretende este proyecto de ley que acaba su tramitación en el día de hoy. Este fondo público de ayuda a las víctimas, junto a una red de oficinas de asistencia a las víctimas --víctimas de delitos violentos y víctimas de delitos que, aunque no sean violentos, atenten la libertad sexual--, aparece en este proyecto de ley, que se ha mejorado en el trámite parlamentario y aparece, por tanto, como algo que completa ese conjunto de medidas que ha ido enalteciendo, desde el punto de visto jurídico, teniéndose mucho más en cuenta el papel de la víctima dentro de toda la fenomenología penal de la que estaba ausente, desgraciamente, hasta hace muy poco. Hay que avanzar todavía más en la línea del proceso penal para configurar todo un nuevo status de la víctima, a lo que contribuye acertadamente, a nuestro juicio, este proyecto de ley, que hemos votado favorablemente y que votaremos también favorablemente en cuanto a estas enmiendas del Senado que se nos someten a consideración en esta sesión.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la aprobación de las enmiendas introducidas por el Senado y va a apoyar el texto de este proyecto de ley, como ya hizo en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, a pesar de que no comparta la filosofía y el alcance de este proyecto de ley, como quedó claro en la enmienda alternativa que tuve el honor de defender en nombre de mi Grupo ante el Pleno.
Permítasenos recordar, a la hora de terminar la tramitación de este proyecto de ley, que el Grupo Parlamentario Popular durante la pasada y la presente legislatura presentó hasta cuatro veces un proyecto que entendíamos y entendemos tiene más calado, para el objetivo que se pretende con el presente proyecto de ley. La diferencia sustancial radicaba y radica en que para nosotros las indemnizaciones derivadas de delitos violentos o contra la libertad sexual son un derecho de la víctima y no algo graciable concedido por los poderes públicos. Para nosotros no se trata tanto de un problema de solidaridad cuanto de un problema de derecho natural. No se trata tanto de buscar una fórmula semejante a lo que a ustedes, señores de la mayoría, les gusta tanto, que es transformarlo todo en una inmensa Seguridad Social, cuanto de acercar a la víctima los mecanismos que hagan más rápidamente
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satisfactorio lo que es su derecho previo. De esa visión absolutamente antitética de principio de lo que el proyecto debiera ser se derivaban y se derivan algunas otras diferencias esenciales que me interesa subrayar a la hora de terminar la tramitación del proyecto de ley.
Como quiera que concebimos la ayuda como un derecho derivado de ese derecho natural civil innegable que asiste a toda víctima de que se le reparen todas las consecuencias dañosas y perjudiciales derivadas del delito, nuestras reparación alcanzaba íntegramente tanto a los daños como a los perjuicios. No es ese el resultado alcanzado en el proyecto del Gobierno, en la medida en que no se indemniza la pérdida de ingresos de la víctima que hayan podido producirse ni se les conceden, como sí hacen otras legislaciones en el seno del Convenio Europeo, alimentos a las personas a cargo de la víctima. Paradójicamente, el Estado para a subrogarse en los derechos indemnizatorios de la víctima, y luego no se ha aceptado por la mayoría una enmienda de nuestro Grupo, presente en su día en el texto alternativo, que pedía la retención al menos del 20 por ciento del salario del autor del delito, bien del que pudiera percibir por sus trabajos en prisión en beneficio de la comunidad ahora, o bien fuera ya de la prisión, para, de sea forma, agilizar el resarcimiento total de los daños inferidos.
De otra parte, el proyecto es pacato en lo que se llama por la doctrina victimización secundaria, que forma parte de lo que el propio proyecto llama ayudas, y que para el Grupo Parlamentario Popular debiera alcanzar a la preferencia en el otorgamiento de becas para los hijos menores de edad de la víctima de estos delitos, y también al apoyo por medio del fomento a las asociaciones precisamente de víctimas de delitos violentos.
Finalmente, señor Presidente, señorías, creemos que hubiera sido una fórmula menos costosa para el Estado, más beneficiosa para la víctimas y para la sociedad la fórmula financiera que proponía mi Grupo Parlamentario, la creación de un fondo de ayudas nutrido tanto de aportaciones públicas a través del 0,5 del Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas como de otras ayudas de instituciones sociales y benéficas. Se ha optado por ese modelo, insisto, tan caro a ustedes, tan decadente ya de convertir todo el Estado y aún toda la sociedad en una inmensa Seguridad Social.
Aun así y aún dejando al margen de la aplicación de este proyecto nada menos que a las víctimas de los delitos terroristas, quiero subrayarlo, quedan fuera del alcance de este proyecto de ley, aun así y no derogándose obviamente la legislación que actualmente les da cobertura, vamos a votar a favor de este proyecto, porque lo hemos dicho muchas veces en el Pleno en esta y en la anterior legislatura: sea cual fuere la regulación, es mejor cualquier regulación que el absoluto vacío, la ninguna regulación que hasta el momento era la única respuesta que el legislador español daba a las víctimas de los delitos violentos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Trillo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Mohedano.
Del propio sentido de las enmiendas que han sido aprobadas en el Senado y que SS. SS. conocen, es obvio que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente todas y cada una de las enmiendas que han sido aprobadas en el Senado, porque además son razonablemente coherentes con el proyecto de ley que aprobamos en esta Cámara y no hacen sino, como es lógico, mejorar el sentido de alguno de los artículos que fueron aprobados en la Comisión de Justicia y en el Pleno de la Cámara en su momento.
Nos congratulamos, además, en el Grupo Socialista porque haya plasmada ya una unanimidad respecto a este proyecto de ley y queremos destacarla y agradecérsela a todos los grupos, especialmente al Grupo Parlamentario Popular, que era el que tenía un modelo más diferente en relación con esta ley, que, a pesar de la enmienda a la totalidad que en su momento presentó y defendió, vote favorablemente este proyecto de ley, lo cual representa un reconocimiento en este caso a su inteligencia. Es lógico que, después de anunciar que va a votar favorablemente no sólo a las enmiendas sino también al proyecto, el representante del Grupo, señor Trillo-Figueroa, quiera marcar las diferencias en algunos aspectos que ellos consideran importantes del proyecto. Este debate lo tuvimos ya en el Pleno de la Cámara cuando discutimos la enmienda a la totalidad y lo hemos tenido también a lo largo de toda la tramitación, y por ello no voy a insistir, aparte de que me parece normal que, como consecuencia de esa votación favorable, se quieran destacar, a veces artificialmente, algunas diferencias que en unos casos existen y en otros no. Simplemente, me gustaría remarcar, para oponerme a esa argumentación, dos de las cuestiones que han sido planteadas por el representante del Grupo Popular.
Estamos, en esta ley de ayudas y asistencia a víctimas de los delitos violentos y a las víctimas también de los delitos contra la libertad sexual, ante el concepto legal de ayudas públicas, que tiene perfecto anclaje no sólo legal sino constitucional, por cierto, no como modelo único español sino como modelo de aquellos países más avanzados en el modelo de bienestar social, donde ha calado más honda la opción socialdemócrata, por ejemplo, en Alemania. El ejemplo español en este caso es un ejemplo que prácticamente tiene su parangón en el modelo alemán construido
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por distintas fuerzas en el pluralismo social, pero con una gran influencia de la opción socialdemócrata. En segundo lugar, no nos encontramos --eso lo sabe perfectamente el representante del Grupo Popular, señor Trillo-Figueroa-- ante una ayuda pública de carácter graciable, sino ante un derecho, una ayuda pública concebida subjetiva y objetivamente como un derecho. Lo que pasa es que no se puede confundir el concepto de ayuda pública con el concepto de indemnización, porque lo que el Estado no puede hacer es asumir sustitutoria o subsidiariamente una indemnización que sólo al culpable le corresponde pagar, de la misma manera que el Estado tampoco puede asumir el daño moral que se produce con el delito. Pero esa ayuda pública que el Estado abona a las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual no es graciable, sino un derecho legalmente regulado y que, como decía antes, tiene su base y su anclaje en la Constitución. Por lo tanto, se incardina dentro del modelo socialdemócrata de Estado de bienestar y no dentro de una concepción absolutamente graciable de una ayuda pública que no fuera derecho.
Por esa razón, señor Presidente, estamos muy satisfechos con la aprobación de esta ley. Además, con esta ley el sistema penal abandona definitivamente en España el absoluto desconocimiento que tenía de las víctimas de los delitos y, por último, nos congratulamos, como decía antes, de que a pesar de la diferencias, gracias a la buena disposición de todos los grupos y también a su inteligencia, podamos tener una coincidencia unánime en la aprobación de esta ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mohedano.
--PROYECTO DE LEY SOBRE LA CREACION DE UN FONDO PROCEDENTE DE LOS BIENES DECOMISADOS POR TRAFICO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS (Número de expediente 121/000102)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos ahora a la fijación de posiciones con respecto a las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre la creación de un fondo procedente de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
Coalición Canaria, en el trámite de discusión en esta Cámara del proyecto de ley relativo a la creación de un fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos conexos, había demostrado su apoyo total al principio de fondo de este proyecto de ley, porque el mismo se intentaba traducir en efectos prácticos y estimulantes, en el mejor sentido positivo, que aquellas instituciones significadas, por imperativo legal, en la lucha contra el tráfico de drogas y los delitos relacionados con las mismas, vieran un reconocimiento material, tanto si se trataba de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como Guardia Civil, Cuerpo Superior de Policía o de cualesquiera otras entidades no gubernamentales que vienen luchando tan eficazmente contra la droga y sus efectos depredadores en la moralidad humana. Al apoyar este principio de fondo y al conocer ahora las enmiendas del Senado, no tenemos nada que objetar a las mismas y vamos a apoyar este proyecto.
Se trata de dos enmiendas. En la primera no voy a entrar a enjuiciar si es mejor sustituir, como se hace en el párrafo b) del artículo 3 «corporaciones locales», que es un lenguaje habitual y entendible recogido en nuestra legislación, por «entidades locales». Sí quiero destacar que la segunda, además de ser una enmienda técnica, tiene un fondo de aclaración y evita cualquier tipo de picaresca respecto a las organizaciones no gubernamentales. El texto que salió de esta Cámara establecía que fueran aquellas sin ánimo de lucro de ámbito autonómico.
Consideramos positivo que el Senado mantenga el fondo de la cuestión, que es el reconocimiento de estas organizaciones no gubernamentales en el ámbito de una comunidad autónoma, pero para que puedan ser objeto de destino de los beneficios de los fondos incautados y decomisados a los traficantes de drogas tienen que desarrollar programas. Lo importante de la enmienda del Senado es que siendo organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de lucro y que están ubicadas en el ámbito de una comunidad autónoma --el Senado matiza que no superen el ámbito autonómico, porque si no entrarían en la categoría de otras organizaciones o entidades que también tienen derecho a estos beneficios, de ámbito estatal-- se les obligue --y esto creo que es importante-- a que estén implicadas y comprometidas en el desarrollo de programas específicos al respecto.
Por estas razones, señor Presidente, y considerando muy beneficiosa esta ley en su conjunto, Coalición Canaria la va a votar positivamente.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vázquez.
Mi Grupo va a votar favorablemente las enmiendas del Senado a este proyecto de ley, que nos parecen precisiones
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correctas no sólo gramaticales sino también conceptuales.
Sin embargo, a pesar de ese anuncio de voto favorable, queremos señalar que todavía mantenemos alguna duda respecto al contenido del artículo 2, letras b) y c), referente a los fines a los que se destinará el fondo que creamos a través de este proyecto de ley. El que entre las finalidades del fondo, esté el que se dediquen medios al reembolso de los gastos en que lícitamente hayan podido incurrir los particulares o los servicios de las Administraciones públicas que hubiesen colaborado en órganos competentes en la investigación, nos parece que es un riesgo potencial que puede desvirtuar el carácter final de los fondos que vayan a poderse administrar a partir de esta ley.
Afortunadamente en el artículo 3, número 3 se establece que al menos el 50 por ciento de los fondos decomisados serán destinados a programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos. Si esta enmienda, que en su día presentó mi Grupo, no hubiera sido aprobada, con la redacción actual, excluido, repito, ese número 3 del artículo 3, la virtualidad final del fondo que hoy creamos a través de este proyecto de ley podría ser utilizada exclusivamente en tareas de tipo estrictamente policial, lo que produciría una financiación alternativa a la de los propios Presupuestos Generales del Estado para dichas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Repito, con esa enmienda, que en su día introdujimos y que ha sido respetada en el Senado, nos parece que asegura que al menos el 50 por ciento de los fondos que vayan a parar a este instrumento podrán ser utilizados para estos fines, diferentes a los represivos, lo que sin duda va a obligar a un control parlamentario estricto de las disposiciones que adopten la mesa de coordinación de adjudicaciones.
En cualquier caso, hechas estas salvedades, señor Presidente, mi Grupo va a votar favorablemente estas enmiendas del Senado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
En primer lugar quiero manifestar que nuestro Grupo también va a apoyar las dos enmiendas que vienen del Senado, que son algo más que simples matizaciones de carácter técnico, tanto la que hace referencia a las entidades locales como la que hace referencia a las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, también nos hubiera gustado poder apoyar hoy la enmienda que nuestro Grupo presentó en el Senado y que hacía referencia a lo que acaba de expresar el portavoz de Izquierda Unida.
Esta ley, cuyo desarrollo viene precisamente de la Ley de prevención del blanqueo de capitales, cuyos principios también se recogían en la Convención de Naciones Unidas y que ha sido largamente requerida no sólo desde esta Cámara por todos los grupos parlamentarios, sino también desde la sociedad por las organizaciones no gubernamentales, esta ley --que llega hoy-- llega, en el fondo, escasa, cicatera y corta, porque al no haber aprobado esa enmienda, que estaba de alguna manera hablada y consensuada en la Ponencia de este Congreso, posibilita que desde este fondo se paguen gastos de operaciones policiales que, en ningún caso, era la finalidad para la que surgió esta ley. Esta ley no surgió para tapar los agujeros de ningún programa de seguridad; tampoco surgió para tapar los recortes del Ministerio de Justicia e Interior, sino que nace, fundamentalmente, para atender la demanda de la sociedad en la prevención, en la asistencia a los enfermos, a las personas que sufren los problemas de las drogas.
Es una ley que hemos esperado todos ansiosamente, que hemos ayudado, en la medida de nuestras posibilidades, a que tuviera un trámite parlamentario rápido y que, por supuesto, vamos a apoyar.
Siempre es mejor esta ley que el que no exista, pero quiero expresar que se produce una cierta frustración, primero, porque se han depositado excesivos deseos en esta ley, que no van a poder ser cubiertos, porque se estima que el fondo va a ser de unos 1.500 millones de pesetas, que es justamente el recorte que ya ha producido el Gobierno en el Plan Nacional contra la Droga.
Segundo, porque, insisto, se cargan, al final, unos gastos al fondo que van a restarle capacidad de maniobra para atender los programas de prevención y de asistencia.
En todo caso, es una ley que va a servir para dar impulso a la lucha contra la droga. Es una ley que va a responder a la demanda de las organizaciones no gubernamentales y, aunque es una ley que viene con tres años de retraso a esta Cámara, nuestro Grupo la va a apoyar para hacer posible un instrumento más, aunque sea un instrumento pequeño, en la lucha contra la droga.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Robles.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Brevemente explicaré las enmiendas de nuestro Grupo en el Senado que fueron votadas favorablemente. Realmente matizaban las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, sobre todo
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en las organizaciones no gubernamentales a las que iba destinado el fondo que aquí se aprueba. El carácter de estas organizaciones no gubernamentales aparece mejor recogido en las enmiendas que vienen del Senado.
Quisiera tranquilizar al Grupo de Izquierda Unida con respecto al destino de estos bienes, que están perfectamente recogidos en los fines de la ley. Es decir, los fines de esta Ley son unos fines equilibrados que garantizan que el destino de estos fondos pueda ser equilibrado. No obstante, nosotros introdujimos la enmienda garantizando ese 50 por ciento, que hubiera sido incluso innecesario puesto que hay un informe anual que justifica a dónde han ido esos fondos y que posibilita el hecho de que puedan establecerse variaciones anualmente. A pesar de eso, nosotros estábamos convencidos de que la redacción tal y como había quedado sería aceptada por todos los grupos; así ha sido afortunadamente por un trámite de enmiendas bastante lento y bastante consensuado, debido a la naturaleza de la propia ley. Yo creo que no convendría ser cicatero a la hora de valorar esta ley puesto que es una ley ampliamente reclamada por todas las organizaciones no gubernamentales y que surge, prácticamente, a requerimiento de las mismas. Es un marco europeo muy incipiente el que existe hoy, que responde a la Convención de Viena, que recomienda la afectación de estos bienes a la lucha contra el narcotráfico. Somos uno de los primeros países que lo incluimos en nuestra legislación y, a pesar del retraso del que hablaba el representante del Grupo Popular, actualmente Italia y Portugal son los únicos países que están introduciendo algunas disposiciones semejantes.
Creemos, por lo tanto, que es una ley importante y sería una pena que el hecho de no haber incluido alguna enmienda, que por parte de nuestro Grupo no se considera procedente, el Grupo Popular fuera tan cicatero a la hora de valorarla. Señor Robles, nosotros pensamos que no está justificado de ninguna manera incluir aquí los gastos de aprehensión a los que se refiere S. S., porque donde la ley no especifica, no conviene especificar. Luego, si la ley es generalista, salvo que su Grupo considere que existe algún supuesto legal que obligaría a introducirlo, como no existe realmente una especificación, no hay motivo para incluir esa enmienda. Así que es una pena que, por no querer reconocer ese principio tan elemental a la hora de valorar una ley que todas las organizaciones no gubernamentales han declarado que es bastante positiva en sus planteamientos y largamente requerida, usted haya tenido que hacer un planteamiento un poco, digamos, cicatero, por usar su misma palabra, y haya hecho una valoración negativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a las votaciones correspondientes a las enmiendas del Senado sobre estos tres proyectos de ley acerca de los cuales se han fijado posiciones. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de contrabando.
Enmienda al artículo 2, número 3, letra a), párrafo nuevo de esa letra. Votación separada de este preciso extremo de la enmienda del Senado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 150; en contra, 161; abstenciones, tres.
Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley. (El señor López Garrido pide la Palabra) ¿Señor López Garrido?
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, pedimos una votación separada para las enmiendas relativas a la disposición adicional primera, números 1, 2 y 3.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea votación separada en relación con alguna otra enmienda? (Pausa.) Enmienda a la disposición final primera, números 1, 2 y 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 283; en contra, 31; abstenciones, una.
Restantes enmiendas del Senado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 314; abstenciones, una.
--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE CONTRABANDO
El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto correspondiente al carácter de ley orgánica de este proyecto de ley.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 301; en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, en votación de conjunto, el proyecto de ley orgánica.
ENMIENDAS DEL SENADO (CONTINUACION):
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos admitidos, 316; a favor, 316.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre la creación de un fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 316.
--PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL TRATADO DE EXTRADICION Y ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEJICANOS DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1978, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MEJICO EL 23 DE JUNIO DE 1995 (Número de expediente 110/000185)
El señor PRESIDENTE: Señorías, parece que existía acuerdo para que se sometiese a votación el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores, correspondiente al punto 55, Protocolo por el que se modifica el Tratado de Extradición y asistencia mutua en materia penal entre el Reino de España y los Estados Unidos Mejicanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor. 316.

References: artículo 417
 artículo 417
 artículo 417
 resolución 
 artículo 417
 artículo 417
 artículo 15
in fine
 artículo 417
 artículo 15
 artículo 417
 artículo 4
 artículo 417
 artículo 417
 artículo 5
 artículo 15
 artículo 417
 artículo 417
 artículo 417
 artículo 144
 artículo 29
 artículo 10
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 417
 artículo 15
 artículo 146
 artículo 2
 artículo 103
 artículo 16
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 2