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Timestamp: 2020-01-19 18:37:27+00:00

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YA ESTÁ EN VIGENCIA: JUNTAS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS RESOLVERÁN CONTROVERSIAS EN CONTRATACIONES DEL ESTADO
Edición N° 1147
El 2 de enero entró en vigencia la Junta de Resolución de Disputas – JRD, que para efectos de las contrataciones del Estado tendrá un rol determinante, vinculante y preabritral, que ayudará a resolver las controversias que se generen en los proyectos de inversión cuyo valor supere los cinco millones de soles.
Para profundizar en el análisis de esta innovación normativa, Expresión conversó con el abogado, árbitro y experto en JRD por la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, Pedro Alvarado Guerrero, quien destaca los avances que esto supone para garantizar que las obras públicas se ejecuten en los plazos previstos e, incluso, se generen ahorros para el Estado, tal como sucedió con la construcción de la infraestructura deportiva para los Panamericanos de Lima 2019.
¿Cómo nace el mecanismo de las Juntas de Resolución de Disputas?
Este mecanismo se diseñó originariamente en Estados Unidos, en la década de 1970, para reducir las controversias entre contratistas y dueños de obra en proyectos de infraestructura. En ese entonces se vislumbró que tales controversias requerían de un método diferente a los conocidos pues, si estos no eran adecuadamente gestionados, inevitablemente podían dar lugar a retrasos en las obras y aumentos en los costos.
El primer ‘dispute board’, como se conoce en inglés, fue constituido en 1975 para intervenir en la ejecución del proyecto de construcción del Túnel Eisenhower, en el estado de Colorado (Estados Unidos). El mecanismo que se ideó fue el de nombrar, de común acuerdo entre las partes contratantes, a un equipo de expertos que estuvieran disponibles durante la ejecución de la obra, cuya misión era la de emitir recomendaciones a las partes si estas así lo solicitaban, a raíz de cualquier controversia.
¿En qué radica la importancia de la Junta de Resolución de Disputas para las contrataciones del Estado?
A partir de este mes, el Capítulo III de la Ley de Contrataciones del Estado, en el Artículo 423, se incluye la obligatoriedad de la aplicación de la Junta de Resolución de Disputas – JRD, dentro de las bases, para las convocatorias que realizan las entidades públicas.
Desde ahora, cuando una empresa o un consorcio gane una buena pro tiene dos días para acreditar a su adjudicador; es decir, a su representante en la junta. Cuando la contratación es de cinco millones a 20, la junta tiene carácter alternativo, pues solo se necesita nombrar a un adjudicador. Cuando la contratación supera los 20 millones la junta se conforma de tres adjudicadores.
La junta permite la posibilidad de tener un filtro prearbitral. Esto quiere decir que la solución de las controversias se dará dentro de la junta.
¿Quiénes designan a los otros dos adjudicadores en una contratación superior a los 20 millones de soles?
Uno, como se ha explicado, lo designa el contratista, el segundo la unidad ejecutora que otorga la buena pro y entre ambos eligen al presidente de la junta. Todos estos deben estar inscritos en el Centro de Solución de Disputas.
En el caso del norte del país, la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque es la primera, desde Chimbote hasta Tumbes, en crear su Centro de Solución de Disputas.
¿Quiénes pueden pertenecer al centro?
Los ingenieros, arquitectos o abogados que tengan experiencia profesional, especialidad en contrataciones del Estado y en Junta de Resolución de Disputas.
¿Cuál es el mecanismo de funcionamiento de la junta?
En una audiencia se presentan los tres integrantes, el contratista y la entidad y juntos visitan la obra para la que se ha creado la junta. Puede participar de la entrega del terreno, verificar los metrados, las valorizaciones e incluso coordinar con el supervisor. Lo que se busca es que la obra sea bien concluida, dentro de los plazos y se tenga para la población trabajos bien hechos y que cumplan lo que dice el expediente técnico.
¿Las decisiones de la junta son vinculantes?, ¿se pueden cuestionar en la vía arbitral o judicial?
La Junta de Resolución de Disputas tiene todos los parámetros que el legislador ha considerado. Tiene la posibilidad de resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de un contrato. Obviamente, esto dependerá también de la experiencia de los profesionales que sean designados en las juntas. Si no existe acuerdo frente a una controversia, el último ratio sería el arbitraje.
El artículo 250 de la ley dice que las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas es vinculante y de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes desde su notificación. ¿Puede someterse a arbitraje una decisión de la JRD? Sí. El artículo 251 contempla que ante la falta de acuerdo entre las partes, la opción siguiente es el arbitraje.
Sin embargo, yo creo que el trabajo de las JRD será determinante, sobre todo en las obras emblemáticas.
Más aún porque el Estado tiene tradición de perder los arbitrajes…
El Estado por lo general pierde los arbitrajes porque nunca ha tenido la posibilidad de tener procuradurías especializadas en materia arbitral. Siempre lo hemos dicho: El Estado ha descuidado su capacitación y especialidad.
Recién ahora se han creado procuradurías para temas arbitrales. Lamentablemente antes estos temas eran tratados por abogados que desconocían la materia y por eso los resultados.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha tomado cartas en el asunto y eso es bueno. La implementación de las JRD es importante, porque el Perú es el segundo país en Latinoamérica que adopta este modelo, lo que nos pone a la vanguardia en la normativa de las contrataciones del Estado.
Con los Juegos Panamericanos de Lima se puso en aplicación este esquema y los resultados saltan a la vista, las obras se hicieron bien y sin escándalos de corrupción.
El éxito del esquema dependerá también de los Centros de Solución de Disputas. En el caso de Lambayeque, el de la cámara de comercio será prácticamente piloto para todo el norte.
¿Si la modificatoria en la norma ya está vigente se supone que debe haber a nivel nacional especialistas en JRD? ¿Hay profesionales suficientes con esa especialidad?
La especialización dura aproximadamente cinco meses, con un plan curricular muy exigente diseñado por la PUCP, consistente en talleres presenciales en los que se revisan contenidos legales sobre la contratación de construcciones públicas y privadas, los procedimientos y prácticas de las JRD, resolución de riesgos y conflictos; comunicación, toma de decisiones y recomendaciones.
Quien opte por la especialización en JRD debe tener experiencia mayor a cinco años como árbitro y diez de experiencia profesional. En el caso de los Centros de Solución de Disputa, la institución debe tener experiencia mayor de cuatro años como centro arbitral.
¿Si un adjudicador representó a un contratista o al Estado en determinada contratación, puede asumir un rol distinto en otro proceso?
Cada adjudicador debe presentar declaraciones juradas revelando asesorías, su participación en juntas anteriores o algún tipo de vinculación con las partes. Es una obligación hacerlo.
Si se detecta algún tipo de inconducta se le pone a disposición del órgano consultivo que cada Centro de Solución de Disputas, el que estará conformado por cinco miembros elegidos por la institución, personas intachables, con experiencia y que conoce el tema arbitral.
Si un experto es propuesto por alguna de las partes y considera que por sus vínculos o antecedentes no tiene la imparcialidad suficiente para resolver determinada controversia puede abstenerse de aceptar la designación.
¿Cabe la posibilidad de que las entidades se nieguen a la conformación de las JRD?
No, porque en el modelo de contratación del Estado ya se incluye la obligatoriedad en la cláusula vigésima.
Si hay incumplimiento de la cláusula se activa de manera inmediata la intervención del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE. Esta entidad debe tener conocimiento de los nombramientos que se hagan, la hoja de vida de los adjudicadores, su experiencia y el control de los filtros para su designación.
A mi modesto entender, la aplicación de las Juntas de Resolución de Disputas es una de las mejores innovaciones que tiene la Ley de Contrataciones del Estado, en la medida que buscamos que las obras se concluyan a tiempo y sean bien ejecutadas. La garantía serán los adjudicadores independientes, profesionales capacitados, que estarán en condición de determinar cómo se resuelven las controversias.
¿Quién les pagará a los adjudicadores?
La norma señala que el adjudicador recibe una remuneración mensual, de la cual el 50 % lo abona el contratista y el 50 % la entidad (unidad ejecutora), por un tiempo máximo de dos años. Dentro del presupuesto de la obra se considera el pago de los adjudicadores.
Los gastos, viáticos, también son compartidos. No existe limitación territorial respecto a que un especialista de Lambayeque puede ser adjudicador en Arequipa, siempre y cuando esto no afecte el desempeño de su función.

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 423
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 250
 Resolución 
 artículo 251
 resolución 
 Resolución