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Timestamp: 2020-06-06 20:04:28+00:00

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Derecho a la Libertad de Religión. A propósito de la Sentencia de la Corte Suprema Chilena de 11 de marzo de 2014 - JURI-DILEYC
Derecho a la Libertad de Religión. A propósito de la Sentencia de la Corte Suprema Chilena de 11 de marzo de 2014
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Juri-Dileyc Open Access 1/2016
ISSN-e: 2529-8526
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Resumen: El presente artículo tiene como objetivo analizar el derecho a la libertad religiosa desde una perspectiva práctica, es decir, teniendo en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema Chilena en su sentencia de 11 de marzo de 2014 (Sarabia y Lagos contra Universidad de San Sebastián) referida al descanso religioso de la Iglesia Adventista del Séptimo día y su incompatibilidad con la organización académica de un Centro de Estudios Universitario.
Palabras clave: Libertad religiosa, libertad de conciencia
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DROIT À LA LIBERTÉ RELIGIEUSE. À PROPOS DE L’ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME DU CHILI DU 11 MARS 2014
Résumé : Le présent article analyse le droit à la liberté religieuse depuis une perspective pratique, c’est-à-dire en tenant compte de l’arrêt du 11 mars 2014 rendu par la Cour Suprême du Chili (Sarabia et Lagos contre Université de San Sebastián) relatif au repos religieux de l’Église adventiste du septième jour et à son incompatibilité avec l’organisation académique d’un Centre d’Études Universitaires.
Mots-clés : Liberté religieuse, liberté de conscience
Fecha de recepción: 11 de abril de 2016
Fecha de aceptación: 18 de abril de 2016
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(1) Los recurrentes miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo día son alumnos de tercer año de una universidad privada que solicitan, luego de una modificación sorpresiva de su calendario oficial de pruebas solemnes que en principio incluía evaluaciones sólo de lunes a viernes, rendir los controles y exámenes de las asignaturas de Bioelementos y Farmacología II, en días distintos al sábado pues, de acuerdo a sus creencias religiosas, tal día es de reposo religioso. La universidad se niega a modificar las fechas alegando que los alumnos, al matricularse, habían aceptado lo contenido en el reglamento de este centro de estudios superiores no pudiendo obligar, en consecuencia, a ningún profesor a cambiar la fecha del examen.
(2) Luego de varias conversaciones se les ofreció como solución una ponderación distinta para no reprobar el ramo, pero ello no era posible en una de las asignaturas por lo que las alternativas eran o abandonar o reprobar, a la espera de que en el año próximo las pruebas no recaigan el día sábado.
(3) La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, aunque afirma que no existe vulneración del derecho a la libertad religiosa al señalar que no se puede inferir que la situación denunciada por los recurrentes tuviera por origen la fe que ellos profesan o que por esta vía se pretendiere limitar su derecho a consagrarse a su culto tratándose únicamente de un hecho propio de la vida académica de los recurridos, que no tiene una repercusión que exceda el ámbito de la misma; acoge el recurso de protección interpuesto por los estudiantes contra la Universidad, en lo que respecta a la vulneración del derecho a la no discriminación, pues afirma que si bien la conducta del centro de estudios «no puede tacharse de ilegal, en cambio, aparece como arbitraria, puesto que el derecho que tiene de programar las evaluaciones académicas en forma que más convenga a sus intereses y, eventualmente, introducir las modificaciones que estime del caso, resulta pertinente que ello puede afectar a los estudiantes que por diversas razones se vean imposibilitados momentáneamente, de cumplir las mismas. Situaciones de esta clase constituyen la rutina de la vida académica, puesto que circunstancias familiares, de salud y de diversa índole, incluidas las propiamente estudiantiles, originan solicitudes que siempre se acogen, reprogramándose todo tipo de controles académicos. La experiencia así lo demuestra, por lo que se hacía necesario acreditar que en el presente caso había motivos que impedían acceder a lo solicitado. Al no darse razón alguna, aparece que es solo el exceso de rigor reglamentario el que provoca una situación que perjudica a los recurrentes, quienes se ven expuestos a la reprobación de dos de las asignaturas que cursan, lo que significa la prolongación de sus estudios con las repercusiones que ello trae consigo. No resulta procedente aceptar que frente a los derechos que establece un reglamento al que el alumno debe adherir y que la autoridad puede modificar a su voluntad, no exista también el deber de atender situaciones excepcionales que se contraponen al mismo, armonizando los intereses de ambas partes con una mirada más flexible que evite situaciones como la que motiva este recurso, que nunca debió encontrar solución por la vía jurisdiccional».
(4) Esta sentencia es recurrida por la Universidad. Por ello, la Corte Suprema de Chile, el 11 de marzo de 2014, emite Sentencia que revoca la anterior rechazando el recurso de protección de los estudiantes al señalar que, si bien es cierto, la Constitución reconoce el derecho a la libertad religiosa de los recurrentes tal derecho debe compatibilizarse con las situaciones académicas y contractuales que éstos decidieron libremente asumir al estudiar la carrera de Odontología en la Universidad en cuestión y por tanto dado que esta casa de estudios preveía en sus reglamentos la evaluación de pruebas solemnes los sábados, entre otras disposiciones referidas a la asignación de actividades académicas en dichos días el actuar de la universidad de no acoger la solicitud de los estudiantes no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”II. Desarrollo doctrinal y jurisprudencial ” tab_id=”1461340697575-326380c8-7648″][vc_column_text]
1. Cuestiones comunes entre los derechos a la libertad de conciencia, ideológica o de religión
(5) De acuerdo a lo establecido en el artículo 19.6 de la Constitución Política de la República Chilena toda persona tiene derecho a «La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público…».
(6) Este artículo supone, entonces, el reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, ideológica y a la libertad religiosa. Todos estos derechos se caracterizan por emanar del ámbito íntimo de racionalidad, en que el hombre pone en juego su más profunda realización como persona. Sin embargo se distinguen por referirse, especificadamente, a uno de los tres aspectos básicos de la esfera interna del ser humano. El derecho a la libertad ideológica: se refiere al conocimiento y relación con la verdad; el derecho a la libertad de conciencia: a la moralidad como ámbito de actuación de la persona o la elección del bien; y, el derecho a la libertad religiosa: a la aceptación de la creaturidad y la consecuente relación con Dios [1].
(7) Ahora aunque estos derechos tengan su origen en la interioridad propia de cada hombre, lo que protege el ordenamiento jurídico no es la libertad interna de cada persona, en sí misma considerada, sino su exteriorización o manifestación externa, es decir la facultad de todo sujeto de actuar de acuerdo con lo que piensa, con lo cree moralmente correcto o de acuerdo con aquello a lo que tiene fe [2].
(8) Por ello teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 1 de la Constitución chilena que dispone como obligación del Estado estar al servicio de la persona humana, siendo su finalidad el promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece y el artículo 6 inciso 2 que consagra el principio de la vinculación directa de la Constitución, y conforme al cual: “Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos (del Estado) como a toda persona, institución o grupo”. Los derechos a la libertad ideológica, religiosa y de conciencia poseen, no sólo una dimensión subjetiva, que les permite exigir el respeto del Estado y los particulares a su propia esfera de libertad, sino una dimensión institucional u objetiva que consiste en el reconocimiento, por parte de los poderes públicos y de los particulares, de su condición de elementos estructurales centrales de un real Estado de derecho, en tanto permiten asegurar el ejercicio de la libertad y el pluralismo, valores de vital importancia dentro del ordenamiento jurídico, sin los cuales resultaría imposible organizar la sociedad dentro de un sistema democrático [3].
(9) Por ello, al igual que con cualquier otro derecho fundamental, los derechos a la libertad ideológica, de conciencia y de religión obligan al Estado y los particulares a respetar, promover, a remover obstáculos y a facilitar su ejercicio.
(10) Los derechos fundamentales, entonces, vinculan directamente, tanto a los poderes públicos como a los individuos privados, teniendo estos derechos, en su calidad de tal, autosuficiencia normativa para garantizar el ejercicio de sus ámbitos jurídicos de protección, sin necesidad de desarrollos legislativos posteriores [4].
2. Contenido constitucional del derecho a la libertad religiosa
(11) Dicho lo anterior queda claro que el derecho a la libertad religiosa tiene una doble dimensión: una dimensión subjetiva consistente: 1. en el derecho de toda persona a que se garantice la existencia de una esfera de libertad, un espacio de autodeterminación intelectual del fenómeno religioso y, 2. en el derecho a que se le permita el ejercicio de todas las actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso, entre ellos la práctica de los actos correspondientes a las ceremonias representativas vinculadas a la respectiva creencia religiosa, el derecho a recibir asistencia religiosa, recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole de acuerdo con las propias convicciones [5] y una dimensión objetiva que exige a los poderes públicos una actividad positiva, una «cooperación imparcial» [6] en orden a promover el desarrollo de las diferentes confesiones dentro la sociedad, garantizando, por ejemplo, el ejercicio efectivo de sus diversas manifestaciones dentro de la comunidad política [7].
(12) Esto implica el reconocimiento del hecho religioso como un factor social digno de protección y merecedor de público interés. Así, el Estado tendrán en cuenta las creencias de la sociedad que dirigen, no para intentar arrinconarla en la privada intimidad [8], sino para mantener, con las diversas confesiones, distintas relaciones de mutua convivencia, con el fin incentivar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad religiosas, tanto en su dimensión subjetiva como en su dimensión social.
(13) Los particulares, también, se encuentran obligados a respetar y promover el derecho a la libertad religiosa y de incurrir en infracción de un derecho fundamental, estos actos podrán ser impugnados por vía de recurso de amparo o de protección [9]. Cuestión que debe verse reforzada en caso de aquellos particulares que presten servicios públicos como salud, educación, transporte u otros donde al igual que las administraciones públicas sería lógico pensar que con respecto a ciertos grupos minoritarios o que se encuentran en indefensión actuaran en orden a acomodar su actuación a lograr el adecuado ejercicio de los derechos fundamentales.
3. Soluciones de Derecho comparado
(14) Casos similares han sido resueltos por los Tribunales internacionales en torno al tema en cuestión, aunque alguno de ellos referidos a concursos públicos de méritos para el ingreso a la administración pública.
(15) Así, por ejemplo, el resuelto por la Sección Educativa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos Caso Scheidt v. Tri-Creek School Corporation. Se trata de un estudiante al que se amenazó con la suspensión, cuando se ausentó diversos días de su escuela por razones religiosas, a fin de atender a los servicios ofrecidos por su iglesia, «United Church of God». En este caso, la escuela permitía una única ausencia al año por festividades religiosas, aunque preveía más días por otro tipo de razones, todas ellas de naturaleza secular. Finalmente, se llegó a un acuerdo y la escuela cambió su política al respecto, pues las ausencias para la práctica religiosa se registrarán como justificada otorgándose el crédito correspondiente si se presenta oportunamente un trabajo de recuperación; asimismo, las políticas de asistencia escolar se revisarán para dar cabida a las prácticas religiosas. En consecuencia, a diferencia del pasado, ahora no hay límite en el número de ausencias justificadas que un estudiante puede recibir por la observancia religiosa [10].
(16) En el mismo sentido, ha resuelto United States Court of Appeals, Seventh Circuit, Minkus contra Metropolitan Sanitary Dist [11]. Se trata de un judío ortodoxo que tras haberse convocado un concurso de ingreso de personal administrativo en sábado, solicitó hasta en tres ocasiones el cambio de fecha. La administración rechazó su solicitud y, por ello, la demandó por vulnerar su derecho a la libertad religiosa. La administración pública alegaba que si los exámenes no fuesen simultáneos no sería competitivos y se beneficiaría a unos opositores respecto a otros, incrementándose, además, los costes administrativos. El Tribunal de Apelación, por el contrario, resolvió señalando que en «Un concurso se exige a los candidatos que participen unos contra otros por igual, ante los examinadores, al responder preguntas de la misma índole y la naturaleza y de tener igual oportunidad de competir cada uno contra el otro en condiciones similares». Por ello, no encontraron ningún inconveniente en que los exámenes no sean idénticos o simultáneos. Así, por sí mismo, no puede negarse el deber del Distrito para acomodar razonablemente las prácticas religiosas de los solicitantes de empleo, tampoco se ha demostrado que los costes administrativos sean demasiado elevados, es más, lo lógico es que el gasto sea menor y por último, concluye afirmando que, tratándose de un organismo público, cabría esperar que, respecto de aquellos opositores integrados en un significativo grupo religioso de la comunidad, se planeara con antelación algunas adaptaciones razonables.
(17) Otro caso similar fue resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (hoy Unión Europea). Los hechos son los siguientes: una persona que profesa la religión judía recurrió contra el Consejo de las Comunidades Europeas quien había negado su solicitud de cambio de fecha de un concurso público que se celebraría un día sábado coincidiendo con la fiesta judía del Shavuot (Pentecostés). El Consejo negó la solicitud por considerar que no era posible ofrecerle una fecha alternativa, ya que era esencial que todos los candidatos se sometan al mismo examen de forma simultánea. La demandante alega, entonces la vulneración del derecho a la no discriminación por razón de religión.
(18) El Tribunal Europeo resolvió señalando que el Consejo está obligado a tomar en consideración las condiciones confesionales de un participante en un concurso público a la hora de fijar su fecha, siempre y cuando, aquellas condiciones le sean notificadas en un tiempo previo a la toma de decisión acerca del momento del examen. El requisito de una petición explícita parece razonable ya que sería imposible respectar de forma general todos los calendarios específicos de todos los grupos religiosos presentes en los Estados miembros.
(19) Ahora, dado que en el particular caso concreto, la solicitud no se presentó en fecha oportuna para que tal modificación resulte viable para el Consejo, la denegación del cambio de fecha por parte del mismo resultó lícita [12].
(20) La cuestión, entonces, no pasa por no reconocer el necesario deber por parte del futuro empleador de acomodar su organización a los preceptos de la fe religiosa de la postulante, sino que atender a su solicitud resulta imposible dado el corto tiempo para organizar tal modificación de fechas y, en consecuencia, lo que impide el cambio del día del examen no es responde a una imposibilidad jurídica, sino de hecho.
(21) Posición contraria es la sostenida por Tribunal Superior de Justicia de Aragón (España). Se trata de la impugnación de la Resolución de Alcaldía – Presidencial del Ayuntamiento de Zaragoza donde se deniega la solicitud de una persona perteneciente a la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo día de realizar el segundo ejercicio de oposición libre convocado para la provisión de plazas de Auxiliares de Administración General en día distinto al sábado. El demandante alega la vulneración de su derecho a la libertad religiosa. La cuestión es resuelta por el Tribunal afirmando que en el caso «por tratase de un llamamiento único y que debía ser realizado en el mismo acto por todos los opositores a fin de garantizar el principio de igualdad establecido en la Constitución Española», la pretensión de la persona demandante debe ser desestimada [13].
(22) Esta sentencia, sin embargo, tiene un Voto Particular emitido por el Magistrado Ricardo Cubero, quien afirma que «el hecho de que para la realización de aquel segundo ejercicio lo fuere por medio de un llamamiento único, no constituía ni es impedimento para que aquel opositor hubiese realizado la prueba otro día distinto del sábado, como lo demuestra los varios precedentes administrativos traídos por la demanda y prueba: Resolución de 20 de junio de 1994, dictada por el Subsecretario, por delegación del Ministerio para las Administraciones Públicas que, estimando el recurso jerárquico, reconoció a un determinado concursante, que profesaba la religión adventista, el derecho a realizar las correspondientes pruebas selectivas en fecha alternativa al sábado; del Director General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 18 de enero de 1994, que, como venía haciendo en otras ocasiones semejantes para respetar las creencias religiosas de los aspirantes conciliándolo con las necesidades impuestas por la organización de los exámenes, ofreció a la concursante interesada la realización del ejercicio en día distinto al sábado, y concretamente después de la puesta del sol del sábado señalado para el resto de los aspirantes, adoptando entretanto la incomunicación de la solicitante; y la dictada el 21 de junio de 1994 por el Tribunal de Oposiciones del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública, que estimó la solicitud de un opositor, miembro también de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para realizar el ejercicio, señalado para las cuatro y media de la tarde del sábado día 25 de junio de 1994, a partir de haber declinado la tarde del sábado, tiempo intermedio durante el que el solicitante permanecería aislado en una sala distinta a la que se hallaban examinándose los restantes opositores. Medida esta última con la que quedaba garantizado el tratamiento igualitario de los concursantes para acceder a la función pública bajo los principios de mérito y capacidad en convocatorias con más numerosa concurrencia de aspirantes». De manera que, la sentencia dictada debió estimar la demanda.
(23) En Latinoamérica existe más de un pronunciamiento en donde se hace visible la necesidad de acomodar las exigencias propias de la organización de la comunidad educativa de un determinado centro de estudio a las exigencias propias de los preceptos religiosos.
(24) Quizá el país donde más se ha resuelto al respecto sea Colombia, en Sentencia de fecha 16 de junio de 2010, la Corte Constitucional tuvo oportunidad de manifestarse sobre el caso presentado por un miembro de la Iglesia Evangélica Libre de Quibdó quien alega la vulneración de su derecho a la libertad religiosa pues el Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior no autoriza su solicitud de cambio de fecha del examen de Estado, programado en día domingo, para el ingreso a la Educación superior – requisito indispensable para poder acceder a una Universidad Pública o Privada- pues su religión tenía como precepto guardar santo el domingo y abstenerse de todo trabajo secular que no sea obra de caridad y necesidad.
(25) La Corte Constitucional Colombiana resuelve señalando que, si bien es cierto, el examen para acceder a la educación superior tiene un fin constitucionalmente legítimo que es garantizar la calidad de la educación, el hecho de modificar la fecha del examen no altera su objeto, pues al fijarse una fecha distinta no sólo cumple este fin, sino que además protege el derecho fundamental a la libertad religiosa o de culto. Por ello, modificar la fecha del examen resulta menos oneroso para la garantía de los derechos fundamentales, sin dejar de cumplir el objetivo que el Estado persigue. En este sentido, la administración, al no programar para el accionante un día distinto del domingo para la presentación del examen de Estado para el ingreso a la Educación superior, vulneró el derecho del recurrente a la libertad religiosa [14].
(26) Por otro lado, en Argentina, fueron dictadas sendas resoluciones administrativas atendiendo los reclamos de los fieles adventistas: en primer lugar, la Resolución Nº 616/1977 de la Secretaría de Cultura y Educación (1º de noviembre de 1977) que permite «justificar las inasistencias a exámenes y actividades extraclase en que incurran los días sábado, por razones religiosas, los alumnos pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día». Por último, la Resolución Nº 1.325/1987 del Ministerio de Educación y Justicia (24 de agosto de 1987) que ordena eximir «a los alumnos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de asistir a cualquier actividad escolar entre la puesta del sol del día viernes hasta la de los días sábados» [15].
(27) Por último, en el Perú, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al respecto es contradictorio [16], pues en un caso similar a los antes expuestos: Una estudiante miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que solicita un cambio de fechas para el examen de admisión en una universidad pública, en principio, distingue entre los exámenes correspondientes a una asignatura conducente a la aprobación de esta, en donde asiste al alumno el derecho a solicitar un cambio en la fecha de examen, debiendo el centro educativo hacer un esfuerzo de acomodación o adaptación razonable que permita armonizar o conciliar la fecha de realización del examen con el respeto de la libertad religiosa del alumno, brindándole una fecha alternativa para rendir el examen; y, el supuesto referido a los exámenes de admisión. En este último caso se pronuncia de forma similar a la Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Aragón señalando que en virtud del principio de igualdad se exige los exámenes tengan lugar simultáneamente para todos los concursantes de forma que se garantice los principios de mérito y capacidad en igualdad de oportunidades y condiciones, por lo que un examen realizado en fecha distinta acarrea un riesgo de romper injustificadamente la igualdad entre los concursantes y por ello, la entidad educativa no está obligada a señalar una fecha alternativa para dicha evaluación. Sin embargo, luego exhortar a las entidades educativas a procurar convocar a sus exámenes de admisión en fechas que no entren en colisión con el día de descanso religioso de los concursantes [17].
[1] HERVADA XIBERTA (1984:33).
[2] En el mismo sentido: LÓPEZ ÁLVAREZ (1998:90-91) y FERNÁNDEZ SEGADO (1992:295).
[3] RODRÍGUEZ PIÑERO (2004:359).
[4] CAAMAÑO ROJO (2006:30).
[5] NOGUEIRA ALCALÁ (2006).
[6] OLLERO TÁSSARA (2011:4).
[7] STEDH, Lautsi contra Italia (2011).
[8] OLLERO TÁSSARA (2009:285).
[9] MARTÍNEZ ESTAY (1998:62 -63) afirma: «De hecho hoy gran parte de los recursos de protección que conocen las cortes de Apelaciones lo hacen en relación a la vulneración de un derecho fundamental por parte de los particulares».
[10] Scheidt contra Tri-Creek School Corporation (2005).
[11] Minkus contra Metropolitan Sanitary Dist (1979).
[12] STJUE, Prais contra Consejo de las Comunidades Europeas (1976).
[13] STSJ de Aragón, 18 de mayo de 1999, 2946/1999.
[14] SCC T-493/2010. En el mismo sentido: SSCC T-488/2007; T-044/2008. El último pronunciamiento respecto a la libertad religiosa es aún más permisivo con el efectivo ejercicio del derecho a la libertad religiosa, en tanto se refiere ya no a la modificación de la fecha de un examen sino a las alternativas frente a una inasistencia continua a una asignatura a dictarse, en una universidad pública, los días sábados, donde la Corte deja claro el deber por parte de los centros educativos de establecer ciertas reglas para armonizar el ejercicio del derecho a la libertad religiosa con la organización académica del centro.
Así señala: a) En el caso de prever cursos ordinarios en varias alternativas horarias, la Universidad tiene la obligación de preferir a los integrantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la asignación de aquellos cupos que se programen en horarios que no resulten incompatibles con el Sabbath.
El derecho de los integrantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a ser preferidos, se encuentra condicionado a que los estudiantes informen a la Universidad, de manera anticipada, la situación en la que se encuentran.
b) Ahora bien, en el evento de no disponer de tales cursos ordinarios la Universidad se encuentra obligada a identificar e implementar medidas alternativas especiales que le permitan a los estudiantes, pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el desarrollo de las actividades académicas teóricas y/o prácticas previstas en las diferentes asignaturas.
La obligación precedente se encuentra condicionada a que los estudiantes informen a la Universidad, de manera anticipada, la situación en la que se encuentran.
Las reglas anteriores se fundamentan, según se dejó señalado anteriormente, en la necesidad de armonizar correctamente el ejercicio de la libertad de cultos y la realización de la autonomía universitaria. Ellas parten del supuesto de que resulta admisible imponer restricciones a las normas constitucionales que consagran una y otra garantía. Adicionalmente, tales reglas se fundan en el hecho de que las universidades prestan un servicio público y de esta manera no pueden imponer restricciones excesivas al ejercicio de un derecho fundamental básico. Vid. SCC T-915/2011.
[15] LO PRETE (2004). Un estudio extenso sobre la libertad religiosa en Argentina: Vid. ARLETTAZ (2012).
[16] Vid. Voto Dirimente del Magistrado Vergara Gorreti: STC Exp. Nº 02430-2012-PA/TC (2013).
[17] STC Exp. Nº 02430-2012-PA/TC (2013).
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(28) Como se puede observar, la tendencia jurisprudencial mayoritaria tiende a buscar un acomodo para lograr el efectivo ejercicio del derecho a la libertad religiosa, a través de alternativas y soluciones que, sin perjudicar criterios de mérito, capacidad e igualdad, entre aquellos que deben ser evaluados, permitan que los pertenecientes a grupos minoritarios no vean mermado su derecho a participar lícitamente en las manifestaciones de sus comunidades religiosas y por ende, puedan ejercer eficazmente su derecho a expresar su fe, sin impedimentos que pueden ser subsanados con un razonable esfuerzo por parte del Estado o de los particulares, en adecuar o ajustar sus exigencias a las necesidades propias de aquellos a quienes sus preceptos y creencias les exigen un actuación diferenciada con respecto de las mayorías.
(29) Por ello, tanto la administración pública como los particulares deben tener en cuenta, para la fijación de la fecha del examen, posibles incompatibilidades por razones religiosa, especialmente si los interesados han procedido a advertir con anterioridad estas dificultades [1].
(30) En este sentido no consideramos incompatible con el principio de igualdad, que se tome otro examen en fecha distinta a la programada para personas de religiones cuyo día de precepto coincida con la del examen o exámenes, siempre y cuando, se realice una petición explicita y en tiempo prudente para efectuar el cambio, se evalúen las mismas materias que han sido objeto del examen general y tenga el mismo grado de dificultad o exigencia que este último. Así, aunque se trate de un examen con otras preguntas, la evaluación al postulante de religión minoritaria es sobre lo mismo y se calificará con la misma rigurosidad. En consecuencia, no existe tratamiento diferenciado en lo que respecta a la evaluación del examen quedando resguardado los principios de mérito y capacidad exigible para el ingreso a la administración pública, a la universidad o para superar y aprobar una asignatura, la única diferencia sería la fecha de evaluación, distinción plenamente justificada por el respeto que deben los poderes públicos al ejercicio pleno del derecho a la libertad religiosa.
(31) Por todo lo dicho, no estamos de acuerdo, en parte, con lo resuelto por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que niega la existencia de vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa, pues que la Universidad no busque alternativas frente a las particularidades y necesidades propias de las religiones minoritarias que profesan sus alumnos supone un obstáculo real a su efectivo ejercicio, y por lo tanto, en general, tal acción, constituye, por parte de aquel que no busca acomodar sus intereses organizativos, públicos o privados, a las exigencias propias de quien pertenece a una religión que exige una actuación distinta a la de la mayoría, un acto efectivamente arbitrario y contrario al derecho a la libertad religiosa de quienes se encuentra en esta situación diferenciada.
(32) Tampoco compartimos, lo resuelto por la Corte Suprema de Chile, pues el hecho de estar sujeto a una relación contractual no significa que una de las partes se encuentre legitimada a no adecuar el ejercicio de la prestación a las exigencias propias del ejercicio legítimo de un derecho fundamental por parte de su contraparte, más aún cuando, en el derecho constitucional de Chile, «la eficacia horizontal de los derechos fundamentales no es una disquisición académica sino una realidad constitucional» [2], siendo también obligatorio para los particulares la promoción y respeto de estos derechos entre los que se encuentra el derecho a la libertad religiosa.
(33) En consecuencia, la sentencia debió estimar el recurso de protección interpuesto por los estudiantes, no sólo por el hecho de que el acomodo de fechas de exámenes sea una actividad habitual en los centros universitarios, como señala la Corte de Apelaciones de Santiago, sino porque no hacerlo supone un obstáculo al ejercicio real y efectivo del derecho a la libertad religiosa de los estudiantes, lesión que no puede ser permitida dentro de un contexto de Estado plural y democrático de Derecho.
[1] RODRÍGUEZ CARDO (2013:282).
[2] MARTÍNEZ ESTAY (1998:62): “Los particulares como sujetos pasivos de los derechos fundamentales: La doctrina del efecto horizontal de los derechos”.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Bibliografía” tab_id=”1461340854904-b7f50137-03ee”][vc_column_text]
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Chile: Sarabia y Lagos contra Universidad de San Sebastián, Corte Suprema, 11 de marzo de 2014, fallo n.° 1720-2014.
Colombia: SCC T-915/2011; T-493/2010; T-044/2008; T-488/2007.
España: Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 18 de mayo de 1999, 2946/1999.
Estados Unidos: Minkus con Metropolitan Sanitary Dist, 600 F.2d 80 (1979).
Perú: STC Exp. Nº 02430-2012-PA/TC (2013).
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Lautsi et autres contra Italia, 18 de marzo de 2011, Demanda n.º 30814/06.
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE, hoy TJUE), Prais contra Consejo de las Comunidades Europeas, 27 de octubre de 1976 (Asunto 130-75).
Resolución Administrativa citada
Scheidt v. Tri-Creek School Corporation, No. 2:05-CV-204 (2005).
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APARICIO ALDANA, Rebeca Karina, “Derecho a la libertad de religión. A propósito de la sentencia de la corte suprema chilena de 11 de marzo de 2014”, Juri-Dileyc Open Access 1/2016, https://juri-dileyc.com/aparicio-aldana/libertad-religion-chile/.
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References: artículo 19
 artículo 6
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