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Registro Oficial No 100 - Lunes 14 de Octubre de 2013 - Derecho Ecuador
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Registro Oficial No 100 - Lunes 14 de Octubre de 2013
martes 22 de octubre del 2013 | 11:21
Útima actualizacion: martes 22 de octubre del 2013 | 11:35
Lunes 14 de Octubre de 2013 - R. O. No. 100
383 Refórmase el Acuerdo Ministerial No. 610 de 15 de noviembre de 2012
384 Refórmase el Acuerdo Ministerial No. 609 de 15 de noviembre de 2012
394 Regúlase y contrólase el precio del litro de leche cruda pagada en finca y/o centro de acopio al productor y promuévese la calidad e inocuidad de la leche cruda
404 Refórmase el Acuerdo Ministerial No. 384 de 26 de agosto de 2013
406 Suspéndese el cobro del aporte que realiza el exportador bananero equivalente al (0.7%) del valor de la exportación del banano
407 Fíjase el precio mínimo de sustentación al productor del grano de soya para la cosecha verano 2013, por quintal de 45,36 kilos, con 12% de humedad y 1% de impurezas en USD 30,00
212 Expídese el Instructivo interno para el manejo de los procesos de contratación que se efectúen según las circunstancias determinadas en el Art. 3. de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
391-2013 Declárase en situación de emergencia al sector cafetalero del Ecuador
398 Declárase de utilidad pública y de ocupación inmediata el predio denominado “San Ignacio”, ubicado en el cantón San Vicente, provincia de Manabí
DAJ-20132D6-0201.0044 Establécense los requisitos fitosanitarios para la importación de bulbos de ajo (Allium sativum) para consumo procedentes de Camerún
SPTMF 126/13 Establécense normas para la formación, titulación y reconocimiento de títulos de capitanes de yates deportivos y determínase la dotación mínima de seguridad
0297/2013 Expídese el procedimiento para el otorgamiento de certificaciones técnicas y especializadas por la emisión de certificación de alturas de construcción, certificación de alturas para instalación de torres y antenas de telefonía celular, inspección de factibilidad para construcción y operación de aeropuertos, pistas y helipuertos. Certificación de aeropuertos e inspecciones a aeropuertos no programados
C.D.458 Dispónese que el Director General del IESS tendrá autorización para realizar los actos, contratos, transferencias de dominio y toda operación económica y financiera por una cuantía de (0,00020) del Presupuesto Inicial del Estado
- Juicio de expropiación seguido por el GobiernoAutónomo Descentralizado del Cantón Pedro Moncayo en contra de la señora LidiaAndina Acosta Tulcán y otros (2da. publicación)
0431 Cantón Quito: Reformatoria del Capítulo VI, Título II, del Libro Tercero del Código Municipal, sobre las tasas por servicios administrativos que presta la Municipalidad para procesos de construcción
- Cantón Marcabelí: Que expide la segunda reforma a la Ordenanza de administración y regulación del servicio de agua potable y alcantarillado, que establece la estructura tarifaria que fija las tasas por servicios
Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, faculta a las ministras y ministros de Estado a: "Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión";
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad, regido por los principios de eficacia, eficiencia, desconcentración, entre otros;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 610 de 15 de noviembre de 2012, se expidió el "Instructivo para la Aplicación de la Resolución del Consejo Sectorial de la Producción, relativa a las Transferencias de Recursos Públicos a Personas de Derecho Privado", en cuyo texto no se consideró la acreditación de las personas naturales;
Que, es necesario que el Instructivo para la Aplicación de la Resolución del Consejo Sectorial de la Producción relativa a la Transferencia de Recursos Públicos, beneficie también a las personas naturales, cuyas actividades productivas tengan relación con los proyectos que ejecuta el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador.
En ejercicio de las atribuciones conferidas en el número 1 del art. 154 de la Constitución de la República y art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
REFORMAR EL ACUERDO MINISTERIAL No. 610 EXPEDIDO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012
Art. 1.- Sustitúyase la denominación del Acuerdo Ministerial No. 610 expedido el 15 de noviembre de 2012, por "INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN, RELATIVA A LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS EN EL MAGAP".
Art. 2.- El texto del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 610, dirá:
''Art. 1.- OBJETO.- El presente Instructivo tiene por objeto regular el procedimiento excepcional de entrega de recursos públicos a personas naturales y jurídicas acreditadas como beneficiarias de subvenciones a través de programas o proyectos de fomento productivo en beneficio de la colectividad, contemplados en el Programa Anual de Inversiones vigente en el MAGAP".
Art. 3.- El texto del artículo 4 dirá: "PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBVENCIONES".
Art. 4.- En todo el texto del Acuerdo Ministerial No. 610, donde se lea Asociación, incorpórese la frase "y personas jurídicas".
Las reformas al Acuerdo Ministerial No. 610 de 15 de noviembre de 2012, publicado en el Registro Oficial No. 880 de 28 de enero de 2013, respectivamente, entrarán en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a 26 de 08 del 2013.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Secretario General MAGAP.- Fecha: 20 de septiembre de 2013.
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad, regido por los principios de eficacia, eficiencia, desconcentración, entre otros,
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 609 de 15 de noviembre de 2012, se expidió el "Procedimiento de Acreditación de Organizaciones de la Sociedad Civil en el MAGAP", en cuyo texto no se consideró la acreditación de las personas naturales;
Que, con Acuerdo Ministerial No. 127, publicado en Registro Oficial No. 933, de 15 de Abril de 2013, el Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca delega a las Coordinaciones Zonales y Directores Zonales, la emisión de la resolución de acreditaciones previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 del Procedimiento de Acreditación de Organizaciones de la Sociedad Civil del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca;
Que, es necesario hacer extensivo este derecho, a las personas naturales cuyas actividades productivas tengan relación con los proyectos que ejecuta el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador.
REFORMAR EL ACUERDOS MINISTERIAL No.
609 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2012
Art. 1.- Sustitúyase la denominación del Acuerdo Ministerial No. 609, expedido el 15 de noviembre de 2012, por: "PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EN EL MAGAP".
Art. 2.- El texto del artículo 1 dirá:
"Art.1. Objeto.- El presente Instructivo tiene por objeto regular el proceso de acreditación de las personas naturales y jurídicas en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y de sus entidades adscritas, que tengan como finalidad, promover el desarrollo del sector agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero".
Art. 3.- El artículo 2 dirá:
"REQUISITOS.- Las personas naturales o jurídicas para obtener la acreditación deberán presentar:
Solicitud de registro dirigida al MAGAP, en la que indique el interés de participar en los proyectos y programas de competencia del MAGAP; y, que contendrá además la determinación de domicilio y número de contacto electrónico y telefónico;Copia del Registro Único de Organizaciones Civiles - RUOCS, de ser el caso;
Copia del nombramiento vigente del representante legal de la Asociación o persona jurídica, cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizado; y,
Copia del Estatuto de la Asociación o persona jurídica de cuyo objeto se desprenda su vinculación a los objetivos de los proyectos del MAGAP.
Solicitud de registro dirigida al MAGAP, en la que indique el interés de participar en los proyectos y programas del MAGAP. La solicitud contendrá además la determinación del domicilio y número de contacto electrónico y/o telefónico; y,
Copia del Registro Único de Contribuyentes RUC.
Las reformas al Acuerdo Ministerial No. 609 de 15 de noviembre de 2012, publicado en el Registro Oficial No. 854 de 19 de Diciembre de 2012, entrarán en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Que el Art. 13 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales;
Que el Art. 52 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza a las personas el derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características;
Que el Art. 54 de la Carta Magna establece la responsabilidad civil y penal para las personas o entidades que presten servicios públicos, o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo a la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore;
Que la Constitución de la República en el artículo 226, manda que las instituciones públicas deben coordinar las acciones para el cumplimiento de sus fines, y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;
Que el Art. 281 de la Norma Suprema de la República establece que: “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado entre otras: “(…) numeral 11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos alimenticios”;
Que el numeral 2 del Art. 284 de la Constitución de la República establece que es responsabilidad del Estado incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional;
Que el Art. 319 de la Constitución de la República reconoce diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas;
Que el segundo inciso del artículo 335, de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 304, numeral 6, y 281 numeral 11, ibídem determina que el Estado definirá una política de precios y comercial orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal;
Que el Art. 4, numeral 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 111 de 18 de julio del 2000, establece como derechos fundamentales del consumidor: “…4 Derecho a la información adecuada, veraz clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieran presentar”;
Que la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, publicada en el Registro Oficial 583 del 05 de julio de 2009, en el Art. 1, inciso segundo señala que: “El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones económicas populares…”;
Que el literal c) del Art. 3 Ibídem, determina que el Estado deberá “Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores para su participación en mejores condiciones en el proceso de producción, almacenamiento, transformación, conservación y comercialización de alimentos”;
Que el literal a) del Art. 19 del Código Orgánico de la Producción, Comercio, e Inversiones, publicado en el Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de diciembre de 2010, reconoce como uno de los derechos de los inversionistas, “La libertad de producción y comercialización de bienes y servicios lícitos, socialmente deseables y ambientalmente sustentables, así como la libre fijación de precios, a excepción de aquellos bienes y servicios cuya producción y comercialización estén regulados por la Ley”;
Que el Art. 14 de la Ley de Desarrollo Agrario, establece que: “(…) el Ministerio de Agricultura, Ganadería, fijará políticas y arbitrará los mecanismos de comercialización y regulación necesarios para proteger al agricultor contra prácticas injustas del comercio exterior”;
Que el artículo 4 de la Ley de Sanidad Animal Codificada señala que: “El Ministerio de Agricultura y Ganadería ejercerá el control sanitario de las explotaciones ganaderas, establecimientos de preparación de alimentos para el consumo animal, fábricas de productos químicos y biológicos de uso veterinario y de su almacenamiento, transporte y comercialización. Para la efectividad de dicho control, requerirá el concurso de las autoridades y agentes de policía.”;
Que en su Art. 5 la Ley de Sanidad Animal codificada dispone: “El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el de Agricultura y Ganadería, controlarán la calidad de los productos de origen animal destinados al consumo humano sean naturales, semi-elaborados o elaborados, de acuerdo con los requisitos planteados en los Códigos, guías de práctica y normas técnicas ecuatorianas elaboradas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización y, prohibirá o retirará del comercio los que sean perjudiciales a la salud humana.”;
Que, el objetivo número 11 del Plan Nacional para el Buen Vivir, publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 144 de 5 de marzo de 2010, es, “Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible”;
Que mediante Acuerdo Ministerial 136 de 21 de abril de 2010, publicado en el Registro Oficial 191, de 12 de mayo de 2010, se determinó el precio mínimo de sustentación al productor por litro de leche cruda;
Que con Acuerdo Interministerial 2013-001 el 15 de Marzo del 2013, publicado en el Registro Oficial No. 941 del 25 de abril del 2013, los Ministros de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, de Salud Pública, e Industrias y Productividad, expiden el Reglamento de Control y Regulación de Cadena de Producción de Leche y sus derivados, con el objetivo de: “Asegurar la calidad e inocuidad en los procesos de producción, manipulación, elaboración y comercialización de la leche y sus derivados para garantizar el acceso a los mercados y la salud de los consumidores, delimitando las competencias de las instituciones para regular y controlar la cadena de producción de la leche y sus derivados; enmarcadas en el fomento, promoción y desarrollo de la producción higiénica y eficiente, con el fin de proteger la salud, la seguridad alimentaria de la ciudadanía y prevenir las prácticas inadecuadas que puedan inducir a error, confusión o engaño a los consumidores”;
Que el Art. 10 Ibídem, establece que: “El MAGAP fijará el precio de sustentación más calidad, por litro de leche cruda pagada en finca”;
Que debido a las distorsiones que persisten en el sector lechero Ecuatoriano generadas por las características de los sistemas de producción, asimetrías en la comercialización de leche cruda y la presencia de agentes económicos compradores y/o comercializadores de leche cruda a nivel nacional con características heterogéneas. Se hace necesaria la intervención del Gobierno Nacional en la determinación de un precio mínimo de sustento más componentes; calidad higiénica; y, bonificaciones por calidad sanitaria y Buenas Prácticas Ganaderas;
Que los precios de los fertilizantes, alimentos balanceados y sales minerales que constituyen aproximadamente el 58% del costo total de la producción de la leche cruda, se han incrementado significativamente afectando la rentabilidad de los productores, por lo que es indispensable que el Estado ecuatoriano a través de sus organismos competentes verifique y regule los costos de los insumos utilizados en la producción pecuaria nacional; y,
Que del informe técnico presentado mediante Memorando No. MAGAP-VM-2013-1804-M de 3 de septiembre del 2013, por el Director de Encadenamiento Productivos Pecuarios y aprobado por la señora Viceministra de Agricultura y Ganadería Subrogante, recomienda reajustar el precio mínimo de sustentación del litro de leche pagado al productor en finca o centro de acopio, que se encuentra indexado en un 52.4% al Precio de Venta al Público de la Leche UHT en funda en presentación de 1000 ml. El precio de Venta al Público del litro de leche UHT en funda en el mercado nacional ya es de 0.80 centavos, respetando el factor de indexación antes mencionado se debe Ajustar el precio base de 0,3933 a 0,4200 dólares por litro de leche cruda, precio que deberá ser pagado en finca o centro de acopio; precio al que se deberá adicionar todas las bonificaciones aplicables establecidas acorde al borrador de Acuerdo Ministerial que se adjunta.
En ejercicio de las facultades que le otorgan el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, y el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
REGULAR Y CONTROLAR EL PRECIO DEL
LITRO DE LECHE CRUDA PAGADO EN FINCA
Y/O CENTRO DE ACOPIO AL PRODUCTOR Y
PROMOVER LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LA
Del precio al productor
Artículo 1. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca establece que el Precio de sustentación al productor de leche cruda está indexado en un 52.4% al precio de venta al público (PVP) del litro (1,000 ml) del producto líder en el mercado lácteo interno que es la leche UHT en funda, más lo estipulado por la tabla oficial de pago por componentes, calidad higiénica y calidad sanitaria, señalada de manera expresa en este instrumento.
Artículo 2. Las industrias lácteas, y en general toda persona natural o jurídica que adquieran leche cruda están obligados a pagar en finca y/o centro de acopio a los productores de leche cruda el 52,4% del precio de venta al público (PVP) vigente del litro leche UHT en funda (1,000 ml) a nivel nacional más componentes, calidad higiénica y calidad sanitaria. Las personas naturales o jurídicas, sean éstas industrias lácteas bajo cualquier modalidad, esto es, artesanales, micro, pequeñas, medianas o grandes no podrán autodenominarse “centro de acopio de leche” para el cálculo del precio pagado al productor por litro de leche cruda.
En caso de presentaciones distintas a los 1000 ml de leche UHT en funda, el Precio de Venta al Público (PVP) de la leche UHT en funda con una presentación distinta a los 1000 ml deberá ser directamente proporcional, considerando su menor presentación, al Precio de Venta al Público (PVP) de la leche UHT en funda de 1000 ml. El precio pagado al productor en finca y/o centro de acopio por la industria o agente comprador se mantendrá equivalente al 52.4% del precio de venta al público (PVP) vigente del litro leche UHT en funda de 1,000 ml a nivel nacional, más componentes, calidad higiénica y calidad sanitaria.
Para realizar el pago al productor de leche cruda en finca y/o centro de acopio, se tendrá en cuenta las bonificaciones por calidad sanitaria que el agente comprador otorgará al proveedor de leche cruda cuando: los hatos se encuentren certificados como libres de brucelosis y tuberculosis y/o por Buenas Prácticas Ganaderas. Las bonificaciones antes mencionadas se adicionarán de manera obligatoria al precio resultante del uso de la tabla oficial. A continuación la función del precio pagado en finca o centro de acopio más bonificaciones.
Bonificaciones Of.= Calidad Sanitaria a + Buenas Prácticas Ganaderas b
Precio Pagado en Finca o Centro de Acopio (PFCA); Oficial (OF); a Hatos certificados por AGROCALIDAD como libres de brucelosis y/o tuberculosis; b Predios certificados por AGROCALIDAD con Buenas Prácticas Ganaderas
De la Tabla Oficial de Pago
Artículo 3. Se establece como Tabla Oficial Obligatoria para el pago por litro de leche al productor en finca o centro de acopio por componentes la siguiente:
Artículo 4. Las personas naturales o jurídicas deberán pagar el precio de sustentación en finca o centro de acopio resultante de la aplicación de la tabla oficial por componentes más el pago por calidad higiénica y calidad sanitaria de manera obligatoria considerando todos los parámetros establecidos en la misma y utilizando uno de los métodos descritos en las tablas oficiales de calidad higiénica descritas a continuación en este instrumento:
Artículo 5. Las personas naturales o jurídicas, sean éstas industrias lácteas bajo cualquier modalidad, esto es, artesanales, micro, pequeñas, medianas o grandes, y centros de acopio que actúen en calidad de compradores, no podrán resolver de forma aleatoria la aplicación de la tabla única oficial de pago del precio de sustentación indexado al PVP de la leche UHT en funda, más componentes, calidad higiénica más calidad sanitaria pagado en finca o centro de acopio conforme el Artículo 4 de este cuerpo legal.
El comprador de leche cruda, ya sea este persona natural o jurídica, deberá adoptar una de las tres metodologías descritas en el artículo 4 del presente reglamento, esto es: reductasa, Conteos Bacterianos Totales o Unidades Formadoras de Colonias, para determinar la calidad higiénica de la leche cruda adquirida en finca y/o centro de acopio de leche.
El agente comprador seleccionará el método a utilizar para el cálculo de la bonificación por calidad higiénica, y notificarán a la Subsecretaría de Ganadería mediante documento oficial firmado por el agente comprador o su representante legal en caso de personas jurídicas; y, deberá informar a sus proveedores a través de los medios de información que tengan establecidos sobre el método que se les aplicará para el cálculo de la bonificación por calidad higiénica.
Artículo 6. Las personas naturales o jurídicas, sean éstas industrias lácteas bajo cualquier modalidad, esto es, artesanales, micro, pequeñas, medianas o grandes, y centros de acopio que actúen en calidad de compradores, deberán cumplir con lo establecido en los Artículos 24, 27 y 49 del REGLAMENTO DE CONTROL Y REGULACION DE LA CADENA DE PRODUCCION DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS, emitido mediante Acuerdo Interministerial No. 2013-001, de 15 de marzo del 2013, publicado en el Registro Oficial No. 941, del 25 de abril del 2013, remitiendo los primeros diez días de cada mes a la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca -MAGAP-, la nómina de sus proveedores y el precio pagado por litro de leche en finca o centro de acopio, más calidad higiénica y las bonificaciones por calidad sanitaria y Buenas Prácticas Ganaderas
De la Bonificaciones
Artículo 7. Con el propósito de incentivar al productor en la implementación de Buenas Prácticas Ganaderas e impulsar la Sanidad Animal del hato lechero nacional, las personas naturales o jurídicas, sean éstas industrias lácteas bajo cualquier modalidad, esto es, artesanales, micro, pequeñas, medianas o grandes, y centros de acopio, pagarán bonificación por calidad sanitaria y Buenas Prácticas Ganaderas de acuerdo a lo que se establece a continuación:
Bonificación por Calidad Sanitaria: 0,01 ctv. por litro de leche cruda, a los predios certificados como predio libre de brucelosis y tuberculosis.
Bonificación por Buenas Prácticas Ganaderas: 0,02 ctv. por litro adicionales a la bonificación por calidad sanitaria, si fuera el caso a predios certificados con Buenas Prácticas Ganaderas.
Calidad Sanitaria hace referencia a los hatos vacunados contra Fiebre Aftosa y certificados por AGROCALIDAD como libre de brucelosis y tuberculosis. El agente comprador exigirá a su proveedor el certificado de vacunación vigente en el caso de fiebre Aftosa y/o la certificación oficial de hato libre de Brucelosis y Tuberculosis para hacer efectiva la bonificación.
Certificación por Buenas Prácticas Ganaderas hace referencia al hato certificado por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro - AGROCALIDAD- con buenas prácticas de Ganaderas. El agente comprador exigirá la certificación oficial para hacer efectiva la bonificación por buenas prácticas Ganaderas.
Artículo 8. Las industrias procesadoras de leche, centros de acopio, personas naturales o jurídicas que comercialicen leche procesada deberán exigir al proveedor el Certificado Único de Vacunación de Fiebre Aftosa vigente emitido por Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro -AGROCALIDAD- y deberán remitir de manera oficial el listado de los proveedores que cumplen e incumplen con este requisito, a la Subsecretaría de Ganadería y la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro -AGROCALIDAD-.
Artículo 9. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca -MAGAP- a través de la Subsecretaría de Ganadería y de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro -AGROCALIDADejecutarán las acciones y los instrumentos necesarios para el control, la regulación y sanción de las distorsiones o irregularidades que se den en la fase de producción primaria de la cadena de la leche, esto de acuerdo a lo establecido en Acuerdo Interministerial 2013-001. Esto con el objetivo de verificar y controlar el pago del precio de sustentación más componentes, calidad higiénica y sanitaria por litro de leche cruda pagado en finca o centro de acopio. Adicionalmente, realizarán todas las acciones necesarias con los demás Ministerios y entes competentes para ejecutar acciones de control y regulación de toda la cadena láctea.
Artículo 10. La Subsecretaría de Ganadería y la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro -AGROCALIDAD-, serán quienes verifiquen la transparencia, veracidad, correcto funcionamiento y calibración de equipos utilizados para el análisis de leche cruda; y, validaran los resultados de los análisis de calidad de leche cruda emitidos por los laboratorios de las industrias, centros de acopio o laboratorios privados. Resultados de laboratorio que es insumo determinante para el cálculo del precio final pagado en finca, mediante la aplicación de la Tabla Oficial presentada en este instrumento. En caso de incumplimiento se aplicará el procedimiento establecido en el Acuerdo Interministerial 2013-001, de 15 de marzo del 2013, publicado en el Registro Oficial No. 941, del 25 de abril del 2013.
Artículo 11. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca -MAGAP- a través de la Subsecretaría de Ganadería establecerá el formato oficial y el mecanismo mediante el cual los compradores de leche cruda, sean estos personas naturales o jurídicas, deberán informar y presentar los resultados de la calidad de la leche cruda, así como el precio resultante de los mismos a cada uno de sus proveedores y a la Subsecretaría de Ganadería.
Este formato deberá estar firmado por el responsable de laboratorio en caso de que el agente comprador cuente con uno. En el caso de que los agentes compradores realicen los análisis de calidad en un laboratorio externo, los resultados también deberán estar firmados por el responsable de este laboratorio. Todo esto con el fin de certificar la transparencia y veracidad de los resultados de composición y calidad higiénica que determinarán el precio final pagado en finca o centro de acopio, mediante la aplicación de la Tabla Oficial explicita en este instrumento.
El no cumplimiento de lo dispuesto en el presente Artículo por parte del comprador de leche cruda se considerará una infracción grave a lo establecido en el presente Acuerdo Ministerial y el MAGAP procederá de acuerdo a lo establecido en el Art. 56 del Acuerdo Interministerial No. 2013-001.
Artículo 12. La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro -AGROCALIDAD- será la encargada de registrar y verificar la correcta calibración de los laboratorios para el control de calidad de la leche cruda, sean estos privados o públicos, basándose en las normas nacionales e internacionales utilizadas para los análisis que permiten determinar la composición química y calidad higiénica de leche cruda. Para esto establecerá un cronograma de verificación y control aleatorio por regiones, aplicando las sanciones establecidas en la Ley para aquellos casos donde se determine que los resultados no cumplen con los estándares aceptados en las normas vigentes aplicables y/o los estándares, criterios y metodologías establecidos en este Acuerdo Ministerial.
Artículo 13. Aquellas industrias procesadoras y comercializadoras de leche que permitan por acción u omisión, el ingreso de materia prima (leche cruda) proveniente de proveedores que no hayan presentado el correspondiente Certificado Único de Vacunación contra la Fiebre Aftosa vigente, deberán someterse a lo establecido en el Art. 22 de la Ley de Erradicación de la Fiebre Aftosa, estas industrias bajo cualquier modalidad, esto es, artesanales, micro, pequeñas, medianas o grandes no podrán participar de ninguno de los programas desarrollados o promovidos por el Estado.
Artículo 14. Las personas naturales o jurídicas, que actúen como compradores bajo el amparo de las normas establecidas en el presente instrumento, ya sean, industriales procesadoras y comercializadoras de leche cruda y todos los agentes compradores de leche cruda, deberán dar fiel cumplimiento a este Acuerdo Ministerial, so pena del establecimiento de las responsabilidades administrativas, civiles y penales en caso de incumplimiento, así como de las sanciones impuestas por las autoridades competentes, en estricto cumplimiento de lo establecido por las Leyes y demás normas vigentes.
Del Control del Costo de Insumos
Artículo 15. Encárguese a la Subsecretaria de Comercialización de este Ministerio, el monitoreo y control del costo de los insumos utilizados para la producción de leche cruda en todo el territorio nacional tal como se dispone en el Decreto Ejecutivo No. 1615, suscrito el 14 de marzo de 2009, publicado en el Registro Oficial No. 599 el 30 de marzo del mismo año; el Decreto Ejecutivo No. 115 suscrito el 23 de Octubre de 2009, publicado en el Registro Oficial No. 64 el 11 de Noviembre del mismo año y el Decreto Ejecutivo No. 633 suscrito el 24 de Enero del 2011, publicado en el Registro Oficial No. 373 de 28 de enero de 2011.
PRIMERA.- Las personas naturales o jurídicas, sean estos productores o compradores de leche cruda en finca y/o centro de acopio, deberán solicitar la tabla oficial para pago por componentes, así como las tablas de calidad higiénica en formato digital a la Subsecretaría de Ganadería, quien la otorgará en un término máximo de 5 días posteriores a dicha solicitud.
SEGUNDA.- La Subsecretaría de Ganadería mantendrá actualizada la información de precio promedio pagado al productor en finca más calidad higiénica y sanitaria, en la página web institucional para efectos de garantizar la debida información, transparencia, control y seguimiento de este Acuerdo.
TERCERA.- Le corresponderá a la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro - AGROCALIDAD-, la aplicación de las sanciones determinadas en la Ley de Sanidad Animal Codificada, publicada en el Registro Oficial Suplemento 315 de 16 de abril de 2004.
PRIMERA.- La notificación oficial a la Subsecretaría de Ganadería señalada en el Articulo 5, relativa al método adoptado por la industria o agente comprador deberá registrarse de manera obligatoria en un plazo máximo de 30 días a partir de la suscripción y vigencia del presente Acuerdo Ministerial, ante la Subsecretaría de Ganadería.
SEGUNDA.- El formato oficial y el mecanismo mediante el cual los compradores de leche cruda, sean estos personas naturales o jurídicas, deberán informar y presentar los resultados de la calidad de la leche cruda, así como el precio resultante de los mismos a cada uno de sus proveedores y a la Subsecretaría de Ganadería, establecido en el artículo 11 de la presente norma, deberá ser elaborado en el término de 30 días contados a partir de la suscripción y vigencia del presente Acuerdo, por parte de la Subsecretaría de Ganadería.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- Derogase el Acuerdo Ministerial 136 del 21 de abril de 2010, publicado en el Registro Oficial 191, de 12 de mayo de 2010.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 04 de septiembre de 2013.
f.) Javier Ponce Cevallos, Ministro de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca.
Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, faculta a las ministras y ministros de Estado a. "Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión";
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad, regido por los principios de eficacia, eficiencia, desconcentración, entre otros;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 384 de 26 de agosto de 2013, se reformó el Acuerdo Ministerial No. 609 que contiene el “Procedimiento de Acreditación de Personas Naturales y Jurídicas en el MAGAP”;
Que, por un error involuntario se consideró entre los requisitos para la Acreditación de las personas naturales, el solicitar la copia del Registro Único de Contribuyentes RUC, el mismo que no puede exigirse a agricultores y campesinos en su condición de co-ejecutores de los proyectos que emprende esta Cartera de Estado.
Art. 1.- Suprimir la letra b) del artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 384 de 26 de agosto de 2013.
La presente reforma entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los 10 días del mes de septiembre de 2013.
Que, el artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán, entre otras disposiciones, por la siguiente: "1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad",
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República, señala que son atribuciones de las ministras y ministros de Estado: ''1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión";
Que, el artículo 227 de la Constitución, establece que "la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación";
Que, el numeral 2 del artículo 281 de la Carta Fundamental, otorga al Estado, a través de sus instituciones, la capacidad de adoptar políticas fiscales tributarias y arancelarias que protejan el sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de la importación de alimentos;
Que, el artículo 298 de la Carta Magna, dispone que "se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación superior; y a la investigación, ciencias, tecnología e innovación, en los términos previstos en la ley. Las transferencias correspondientes a preasignaciones serán predecibles y automáticas. Se prohíbe crear otras preasignaciones presupuestarias";
Que, los artículos 424 y 425, inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador, prevén que "la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica"; y que "En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior";
Que, mediante Decreto No. 1351, publicado en el Registro Oficial No. 352 de 5 de enero de 1994, se establece como aporte del exportador bananero, a favor del Programa Nacional del Banano, el cero punto siete por ciento (0.7%) del valor total de la exportación de dicha fruta, para el sostenimiento de las actividades técnico administrativas de dicho programa y el mantenimiento de las pistas de áero atomización;
Que, mediante Ley 120, publicada en el Suplemento al Registro Oficial No. 378 de 7 de agosto de 1998, se crea CORPECUADOR, señalándose en el artículo 9 que el Presupuesto General de la Corporación, se financiará con los siguientes ingresos: "g) la aportación creada según Decreto Ejecutivo No. 1351, publicado en el Registro Oficial No. 352, de 5 de enero de 1994, en virtud del cual los exportadores contribuyen con el equivalente en sucres del cero punto siete por ciento (0.7%) del valor total de la exportación de banano, a partir del 1 de diciembre de 1998";
Que, con Decreto Ejecutivo No. 3008, publicado en el Registro Oficial No. 652 de 30 de agosto de 2002, se derogó el Decreto Ejecutivo No. 1351, publicado en el Registro Oficial No. 352 de 5 de enero de 1994;
Que, la ley de Seguridad Pública y del Estado, en su Disposición Transitoria Cuarta inciso segundo, dispone: "Los fondos originados en la letra g) del artículo 9 de la ley de Creación de CORPECUADOR serán asignados al Ministerio de Agricultura, para desarrollar programas de incremento en la productividad de los pequeños productores bananeros";
Que, el artículo 17 del ERJAFE dispone que "los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios, sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales";
Que, la categoría que históricamente el Ecuador ha ostentado durante varias décadas, de ser el primer exportador mundial de banano, se ha visto amenazada por la acumulación sistemática de debilidades productivas y distorsiones de mercado a lo largo de toda la cadena, que es razonable y conveniente adoptar acciones que fortalezcan las condiciones competitivas del banano ecuatoriano en el mercado internacional, tales como: la regularización y control de las actividades comerciales, la mayor eficiencia en los costos logísticos, la reducción de costos en servicios portuarios, la reducción o eliminación de gravámenes e impuestos a la exportación que no tengan como compensación una contraprestación de un servicio o beneficio para la cadena;
Que, la Subsecretaria de Comercialización de esta Secretaría de Estado, con memorando No. MAGAP-SC- 2013-1060-M de 17 de julio de 2013, recomienda la eliminación de la contribución en referencia, por cuanto constituye un aporte que le resta competitividad a la actividad bananera en el mercado internacional,
Que, el Ministerio de Finanzas ha emitido informe previo favorable al presente Acuerdo Ministerial, conforme lo dispone el artículo 74 numeral 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, con oficio No. MINFIN-DM-2013-0556 de 03 de septiembre de 2013.
En ejercicio de las facultades establecidas en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
Artículo 1.- Suspender el cobro del aporte que realiza el exportador bananero equivalente al cero punto siete por ciento (0.7%) del valor total de la exportación del banano para fomentar la exportación de la fruta, estimulando de manera directa, la producción de la misma.
Artículo 2.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 11 de septiembre de 2013.
Que, el numeral 1 del Art. 154 de la Constitución de la República del Ecuador, faculta á las Ministras y Ministros de Estado: "Ejercer la rectoría de los políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión";
Que, el artículo 281 de la Constitución de la República establece que: "La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado entre otras: "numeral 11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos alimenticios”.
Que, el numeral 2 del artículo 284 de la Constitución de la República establece que es responsabilidad del Estado incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional.
Que, el artículo 319 de la Constitución de la República "Reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas”.
Que, el segundo inciso del artículo 335, en concordancia con el artículo 304, numeral 6, y 281 numeral 11, ibídem determina que el Estado definirá una política de precios y comercial orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal;
Que, el artículo 1, inciso segundo de la Ley Orgánica de la Soberanía Alimentaria. Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, Ley 1, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 583 de 05 de mayo de 2009, modificado el 27 de diciembre de 2010, indica que: “El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones económicas populares (...)”.
Que, el literal c) del artículo 3 Ibídem, determina que el Estado deberá "Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores para su participación en mejores condiciones en el proceso de producción, almacenamiento, transformación, conservación y comercialización de alimentos”.
Que, el literal a) del artículo 19 del Código Orgánico de la Producción, Comercio, e Inversiones, publicado en el Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de diciembre de 2010, reconoce como uno de los derechos de los inversionistas. "La libertad de producción y comercialización de bienes y servicios lícitos, socialmente deseables y ambientalmente sustentables, así como la libre fijación de precios, a excepción de aquellos bienes y servicios cuya producción y comercialización estén regulados por la Ley;
Que, el objetivo número 11 del Plan Nacional para el Buen Vivir, publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 144 de 5 de marzo de 2010, es, "Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible";
Que, los Arts. 1, 2 y 3 del Reglamento General de los Consejos Consultivos expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3609, publicado en el Registro Oficial, edición especial número uno, del 20 de marzo del 2003, establece las funciones principales de los Consejos Consultivos entre las que se contemplan las de constituirse en un ámbito de concertación entre el sector público y privado, para identificar y alcanzar los fines estratégicos de las cadenas agroproductivas; asesorar al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en la formulación de estrategias y políticas que fortalezcan la competitividad del sector agropecuario; y, entre otras, en materia de comercialización;
Que, mediante Acuerdo Ministerial N° 388 del 25 de septiembre de 2012, se aceptó la fijación del precio mínimo de sustentación del grano de soya en USD 30.00 (treinta dólares de los Estados Unidos de América) por quintal de 45.36 kilos con 12% de humedad y 1% de impurezas, para la cosecha verano 2012;
Que, mediante resolución No. 103 el Comité de Comercio Exterior resuelve, "Artículo 1.- Diferir a 0% de Ad- Valorem la tarifa arancelaria para la importación de torta de soya, clasificada en la subpartida arancelaria 2304.00.00.00. Este diferimiento tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2014: (...)”
Que, siendo la soya uno de los productos principales dentro de la cadena agroindustrial para la producción avícola, acuícola, porcícola y aceitera, es deber del Gobierno Nacional estimular el desarrollo de la competitividad de todos los eslabones de la cadena, garantizando la adecuada comercialización de la cosecha nacional y normal abastecimiento de materias primas para la industria en referencia;
Que, el Consejo Consultivo de la Cadena de la Soya y Balanceados, en reunión de 04 de septiembre de 2013, en la Subsecretaría de Comercialización -MAGAP Quito, conforme consta en el acta de reunión No. SC-2013, proceden a la presentación de los datos de la situación del cultivo de grano de soya ciclo verano 2013, adicionalmente se presenta el comportamiento de los precios internacionales de grano y torta de soya; y, resuelven: 1.- "No existe consenso entre los actores para la definición del precio de grano de soya, y será el sector oficial (MAGAP) quine tome la decisión sobre el precio de sustentación del grano de soya para el ciclo de verano 2013;
Que, mediante Memorando No. MAGAP-SC-2013-1379- M de 06 de septiembre de 2013, la Subsecretaria de Comercialización, remite los términos técnicos del Acuerdo Ministerial contenidos en el informe técnico, a través del cual dicha Subsecretaría, establece el precio mínimo de sustentación de la soya a nivel de productor para cosecha verano 2013 en el que recomienda que: "Luego del análisis efectuado, está Subsecretaría recomienda expresamente mantener el precio del quintal de soya (45,36 kilos) en 30 dólares, con 12% de humedad y 1% de impurezas a nivel de bodega vendedor (...); y,
Art. 1.- Aceptar la fijación del precio mínimo de sustentación al productor del grano de soya para la cosecha verano 2013, por quintal de 45,36 kilos, con 12% de humedad y 1% de impurezas, a nivel bodega vendedor, recomendado por la Subsecretaria de Comercialización en USD 30,00 (treinta dólares de los Estados Unidos de América).
Art. 2.- El porcentaje de absorción de cosecha nacional de grano de soya por parte de las industrias balanceadoras, estará en función del porcentaje de participación en las importaciones de torta de soya realizadas el año 2012 y será la siguiente:
Art. 3.- Establecer dos esquemas opcionales para la comercialización de pasta y aceite crudo de soya, para la cosecha nacional correspondiente al ciclo verano del 2013, en los siguientes términos:
a) MAQUILA
El costo de maquila de grano de soya será de USD 73,00 dólares por tonelada métrica. El grano deberá ser entregado en las instalaciones del extractor con un porcentaje máximo de humedad del 12% y de impurezas del 1%, y el extractor entregará el 77% en torta y el 18% en aceite.
b) COMPRA - VENTA DE TORTA DE SOYA
En caso de que la maquiladora participe directamente en la compra de grano de soya, venderá la tonelada métrica de torta de soya en 700 dólares y la tonelada métrica de aceite en 1.287 dólares.
Art. 4.- Para cualquiera de las dos opciones, la industria aceitera absorberá el aceite resultante del procesamiento del grano, en proporción a las importaciones de aceite crudo de soya, tomado como referencia las realizadas entre enero y diciembre del 2012, cuyos porcentajes se detallan a continuación:
INDUSTRIAL DANEC SA
Art. 5.- El MAGAP supervisará que los compromisos adquiridos por parte de los representantes de las industrias de alimentos balanceados y aceiteras de que trata el presente acuerdo se cumplan, particularmente en el marco del Programa de Absorción de cosecha que asegura la compra total de la producción nacional de soya. Al efecto, se registrarán las transacciones de compra del grano, pasta y aceite crudo de soya, en la Unidad de Registro de Transacciones y Facturación (URTF) del MAGAP.
Art. 6.- El registro de las facturas de compra de grano de soya o su equivalente en torta constituirá uno de los requisitos básicos para la autorización de las importaciones de torta de soya.
Art. 7.- El MAGAP vigilará que las industrias balanceadoras y productoras de proteína animal, en caso de vender torta de soya importada a otras empresas afines no asociadas, apliquen precios similares a sus costos de importación. Para lo cual deberán registrar sus facturas de venta en la Unidad de Registro de Transacciones y Facturación (URTF) del MAGAP.
Art. 8.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial, encárguese a la Subsecretaría de Comercialización del MAGAP, quien emitirá informes trimestrales ante el titular de esta Cartera de Estado sobre el control e intervención para proteger la producción nacional del grano de soya.
Art. 9.- Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su promulgación en el Registro Oficial.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA.- Es fiel compulsa de la copia.- Lo certifico.- f.) Secretario General MAGAP.- Fecha: 20 de septiembre de 2013.
Que, el artículo 154, número 1 de la Constitución de la República del Ecuador preceptúa que a los ministros de Estado les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos que requiera su gestión;
Que, el Art. 227 de la Carta Fundamental establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige, entre otros, por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, coordinación y planificación;
Que, el Art. 314 de la Carga Suprema menciona que el Estado será el responsable del servicio público de energía eléctrica, por lo que se garantizará que su provisión responda, entre otros, a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad;
Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en el Art. 17 indica que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República;
Que, el artículo 55 del precitado Estatuto señala: “Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decretos. La delegación será publicada en el Registro Oficial. Los delegados de las autoridades y funcionarios de la Administración Pública Central e Institucional en los diferentes órganos y dependencias administrativas, no requieren tener calidad de funcionarios públicos”;
Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, establecen y determinan los principios y normas sobre los cuales se deben regular los procedimientos de contratación pública de las instituciones que conforman del Estado ecuatoriano;
Que, el Art. 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto de los Contratos Financiados con Préstamos y Cooperación Internacional menciona que: “En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley.”;
Que, el Art. 117, número 2, del Código Orgánico del Planificación y Finanzas Públicas establece que la obligación se genera y produce afectación presupuestaria definitiva: “2. Cuando se reciban de terceros obras, bienes o servicios adquiridos por autoridad competente, mediante acto administrativo válido, haya habido o no compromiso previo.”
Que, el Artículo 155, número 1 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dice: “1. La Administración Pública está facultada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, a celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.”;
Que, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable como el organismo rector del sector eléctrico y de la energía renovable del Ecuador, a través del cumplimiento de la política nacional, los planes y metas de expansión fijados por el gobierno, entrega con eficiencia, innovación y calidad en su gestión, la electricidad a los ecuatorianos, procurando la soberanía energética, con responsabilidad social y ambiental, para lo cual cuenta en la ejecución de algunos de sus proyectos con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador es miembro, o a suscrito convenios de cooperación o financiamiento con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperación, conforme lo determina el Art. 3 de la precitada Ley;
Que, resulta indispensable para la mejor marcha, funcionamiento y despacho de los trámites que ingresan al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, delegar ciertas atribuciones y facultades que aporten al dinamismo, faciliten la gestión y el trabajo diario de esta Cartera de Estado, para un óptimo cumplimiento de sus funciones y competencias;
En ejercicio de las atribuciones que le concede el Art. 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y el Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
EXPEDIR: EL INSTRUCTIVO INTERNO PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE QUE SE EFECTÚEN SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS DETERMINADAS EN EL ART. 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
Art. 1.- Objeto.- El presente instructivo tiene por objeto delegar atribuciones y establecer un adecuado procedimiento para el manejo interno de los procesos de contratación del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, que sean financiados, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperación, amparados en el artículo 3 de la LOSNCP.
Art. 2.- Ámbito de aplicación.- El presente instructivo es de obligatorio cumplimiento y aplicación para todas las autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores que laboran dentro del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.
Art. 3.- Áreas Requirentes.- Para efectos del presente instructivo se considerarán como áreas requirentes: el Despacho Ministerial; el Viceministerio de Energía; las Subsecretarías y/o Coordinaciones Generales; y, las Direcciones Técnicas de Área, que conforman ésta Cartera de Estado.
Las áreas requirentes efectuarán sus pedidos a través de sus titulares o sus encargados o subrogantes, de ser el caso, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, mismas que previo a remitir los términos de referencia, bases o los documentos precontractuales de los diferentes procesos de contratación al Organismo Internacional o Agencias de Cooperación que corresponda, conforme lo determinan los convenios o instrumentos legales suscritos previamente, deberán asesorarse respecto al procedimiento a seguirse, la información y documentación a ser enviada, con la Coordinación General Administrativa Financiera y la Coordinación General Jurídica de este Ministerio, según las competencias administrativas correspondientes a cada una de ellas.
Art. 4.- Certificación presupuestaria y disponibilidad de fondos.- Previo a iniciar cualquier procedimiento de contratación amparado en el artículo 3 de la LOSNCP, las áreas requirentes contarán con la respectiva certificación de disponibilidad presupuestaria correspondiente, emitida por la Dirección Financiera de la Institución, en la cual se certifique la existencia de los recursos presentes o futuros para dicha contratación.
Art. 5.- Documentación previa.- Sin perjuicio de lo determinado en cada convenio o instrumento jurídico suscrito de manera previa con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el requerimiento para iniciar un procedimiento de contratación al interior de la Institución deberá contener al menos:
Memorando de solicitud de inicio de procedimiento de contratación del área requirente, dirigido a la autoridad correspondiente, mismo que contará de ser el caso, con los estudios, justificativos y motivaciones que avalen o sustenten la referida contratación.
No objeción o aprobación emitida por el organismo multilateral de crédito u organismo internacional de cooperación, según corresponda.
Términos de Referencia, Estudios, Bases o Especificaciones técnicas según el caso, con la respectiva firma de responsabilidad.
Certificación de disponibilidad presupuestaria emitida por la Dirección Financiera del Ministerio o quien hiciere sus veces.
Determinación del Presupuesto Referencial con firma de responsabilidad.
Copia del convenio, contrato, o instrumento, según lo determinado en el Art. 3 de la LOSNCP; y, de los demás instrumentos celebrados con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o con el Estado ecuatoriano que atañen a las competencias del MEER, con los anexos y demás información de sustento para la contratación solicitada.
Demás documentos y autorizaciones necesarias según los convenios o instrumentos suscritos.
Art. 6.- Etapas y actos mínimos.- Para los procedimientos de contratación amparados en el presente Acuerdo Ministerial, sin perjuicio de lo estipulado en los diferentes convenios o instrumentos de cooperación suscritos, se deberán cumplir al interior de la Institución, con las siguientes etapas o actos mínimos:
Etapa preparatoria: La documentación determinada en el Art. 5 del presente Acuerdo.
Etapa precontractual: Resolución de inicio, de adjudicación, de cancelación y de declaratoria de procedimiento desierto, así como los informes o actas de apertura de ofertas y calificación o evaluación de las mismas, según el caso.
Etapa contractual: Contrato debidamente celebrado, previa obtención de las garantías que fueren aplicables para dicha contratación.
Etapa de ejecución y cierre: Actas de entrega recepción provisionales, parciales, total y/o definitivas, según corresponda, e informes si fueren del caso.
Art. 7.- Autorización de procesos y gastos.- El Ministro de Electricidad y Energía Renovable o su delegado, autorizará mediante nota sumilla inserta en el requerimiento, o a través de nota inserta en el sistema de gestión documental -Quipux-, el gasto y el inicio o reapertura de todos los procedimientos de contratación que regula el presente Acuerdo Ministerial.
Art. 8.- Delegaciones para Procesos de Cuantías Bajas.- El señor Ministro de Electricidad y Energía Renovable delega al señor/a Coordinador/a General Administrativo Financiero para que a su nombre y representación, en los procesos de contratación regulados en este Acuerdo Ministerial, cuyo presupuesto referencial sea menor del monto que resulte de multiplicar el coeficiente 0.00001 por el presupuesto inicial del estado ecuatoriano del correspondiente ejercicio económico, efectué y suscriba los actos que se detallan a continuación:
Autorización de gasto;
Autorizar el inicio o reapertura de los procesos de contratación;
Suscribir las resoluciones de inicio, adjudicación, cancelación, y de declaratoria de procedimiento desierto de los procesos contratación, de declaratoria de adjudicatario fallido o contratista incumplido, si fuere del caso;
Conformar comisiones para apertura de ofertas y calificación o evaluación de las mismas o proveedores en los procesos de contratación;
Suscribir los contratos producto de los procesos de contratación incluidas sus adendas, modificatorios y complementarios de ser el caso;
Nombrar administradores de contrato y a los responsables de suscribir las actas de entrega recepción necesarias para el cierre de los procesos de contratación, así como sus remplazos, e informes si fuere del caso;
Los demás actos, documentos, actas e informes que sean necesarios para el inicio, consecución y finalización de los procesos de contratación y aquellos en los que sea necesaria la suscripción de documentos de facultad de la máxima autoridad del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable;
Conocer y suscribir todos los actos y documentos para iniciar, continuar y concluir los trámites de terminación de contratos, reclamos, recursos e impugnaciones administrativas que se presentaren dentro de estos procesos precontractuales, contractuales y extracontractuales; y,
Dirigir consultas o emitir contestaciones a organismos e instituciones pertinentes, que se requieran y se deriven de estos procesos precontractuales, contractuales y extracontractuales.
Art. 9.- Delegaciones para Procesos de Cuantías Medias.- El señor Ministro de Electricidad y Energía Renovable delega al señor/a Viceministro/a de Energía del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para que a su nombre y representación autorice el gasto y el inicio del proceso, o reapertura del mismo, conforme lo determinado el Art. 7 del presente Acuerdo Ministerial, en los procesos contratación regulados en este Acuerdo, cuyo presupuesto referencial oscile entre el monto que resulte de multiplicar el coeficiente 0.00001 hasta el coeficiente 0.00003 por el presupuesto inicial del estado ecuatoriano, del correspondiente ejercicio económico.
9.1.- Con las excepciones de lo delegado al señor Viceministro de Energía, en lo que se refiere al resto de actuaciones y actos que deban efectuarse para la consecución de los diferentes procesos de contratación en su etapa precontractual, contractual y de ejecución y cierre, será el señor/a Coordinador/a General Administrativo Financiero el delegado y responsable de continuar con su trámite, encontrándose facultado como tal a:
Conformar comisiones para la apertura de ofertas y calificación o evaluación de las mismas o proveedores en los procesos de contratación;
Suscribir los contratos producto de los procesos de contratación, incluidas sus adendas, modificatorios y complementarios de ser el caso;
Nombrar administradores de contrato y a los responsables de suscribir las actas de entrega recepción necesarias, así como sus remplazos, e informes si fuere del caso;
Art. 10.- Procesos de Cuantía Alta.- Los procesos de contratación que superen el monto que resulte de multiplicar el coeficiente 0.00003 por el presupuesto inicial del estado ecuatoriano serán autorizados directamente por el señor Ministro de Electricidad y Energía Renovable.
Al igual que lo determinado en el artículo precedente, será el señor/a Coordinador/a General Administrativo Financiero el delegado y responsable de continuar con el trámite de los diferentes procesos de contratación hasta su culminación, con las mismas facultades singularizadas en el artículo 8 y artículo 9 numeral 9.1.
Art. 11.- Responsabilidad del Área Requirente.- Una vez emitida la resolución de inicio del proceso de contratación, será el área requirente la responsable de llevar adelante el proceso, hasta antes de la adjudicación del mismo al oferente ganador, quien a través de su titular, encargado o subrogante, efectuará todas las gestiones y suscribirá todos los actos que sean necesarios, incluida la emisión de los informes o actas que correspondan, así como emitirá las recomendaciones para la respectiva adjudicación que deba efectuarse. Por tanto, será la responsable de solicitar las no objeciones o aprobaciones que sean necesarias por parte del organismo o agencia internacional de cooperación, en coordinación y conocimiento de las Coordinaciones Generales Administrativa Financiera y Jurídica.
Art. 12.- Expediente de contratación.- De los procesos de contratación que trata este acuerdo, se generará un expediente de contratación que será llevado baja custodia y responsabilidad última de la Coordinación General Jurídica, en la que reposarán los documentos originales del proceso.
Art. 13.- Numeración y publicación de procesos.- La Coordinación General Jurídica será la responsable de asignar y llevar adecuadamente el número correlativo de los procesos, lo que incluirá el número de resoluciones, contratos y demás actos del proceso.
Además, coordinará con la Dirección de Tecnología y Comunicación de este Ministerio, a efectos de publicar en la página web del MEER, la información relevante de este tipo de procesos, conforme lo determinado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Art. 14.- Casos especiales.- En los casos en los que por efectos de los convenios e instrumentos suscritos previamente, conforme lo determinado en el Art. 3 de la LOSNCP, o de los demás instrumentos celebrados con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o con el Estado ecuatoriano que atañen a las competencias del MEER, no se pueda cumplir con las etapas y actos mínimos descritos en el Art. 6 del presente Acuerdo Ministerial, se estará a lo determinado en los instrumentos antedichos; y, por tanto se faculta y delega al/la Coordinador/a General Administrativo Financiero, en el monto establecido en el Art. 8 de este Acuerdo, para que efectúen y suscriban todos los actos necesarios y los contratos que se requieran, a efectos de cumplir con los objetivos de los proyectos que se ejecuten con fondos provenientes de la suscripción de convenios o instrumentos internacionales que financien las contrataciones objeto de este acuerdo.
En el caso de que el monto del proceso de contratación supere la capacidad del delegado, será el/la Viceministro de Energía el autorizador del gasto y el inicio o reapertura de todos los procedimientos de contratación, hasta el monto fijado en el Art. 9 del presente Acuerdo. Para todo lo demás se encontrará delegado el Coordinador Administrativo Financiero conforme el inciso presente.
Igual tratamiento se dará para el caso de que el monto de contratación corresponda a un proceso de cuantía alta, con excepción de la autorización del gasto y del inicio o reapertura de los procedimientos de contratación, cuya facultad le corresponde a la máxima autoridad del MEER.
Art. 15.- Prelación.- En caso de discrepancia entre lo determinado en el presente acuerdo, y lo establecido en los convenios o instrumentos suscritos, se estará a lo determinado en los mencionados convenios o instrumentos.
Art. 16.- Convenios de pago.- El señor Ministro de Electricidad y Energía Renovable delega al señor/a Viceministro/a de Electricidad y Energía Renovable y al señor/a Coordinador/a General Administrativo Financiero para que a su nombre y representación suscriban los convenios de pago, sus alcances o las modificaciones que fueren necesarias, a fin de dar cumplimiento con cualquiera de las obligaciones que se encontraren pendientes de pago por parte del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, producto de la adquisición de cualquier bien, obra o servicio, incluida la consultoría, conforme los montos establecidos en el Art. 9 y 8 de este Acuerdo Ministerial, respectivamente.
Art. 17.- Responsabilidad.- El delegado o delegados deberán actuar en los términos del presente Acuerdo Ministerial, respetando las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia, por tanto no estarán exentos de responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, respondiendo administrativa, civil y penalmente de modo directo, por los actos u omisiones verificadas en el ejercicio de la presente delegación, ante los organismos de control correspondientes.
Adicionalmente, el delegado o delegados para el cumplimiento del presente Acuerdo Ministerial, informarán por escrito al Ministro de Electricidad y Energía Renovable, cuando este lo requiera, de las acciones tomadas en ejercicio de la presente delegación, en aquellos casos relevantes para los intereses institucionales y nacionales.
Art. 18.- Avocación.- La presente delegación no constituye renuncia a las atribuciones asignadas por la Ley al titular de ésta Cartera de Estado, en virtud que el mismo cuando lo estime procedente podrá intervenir por avocación en los actos materia del presente Acuerdo Ministerial, conforme lo determinan los artículos 60 y 61 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
Art. 19.- Ratificación.- Ratificar los actos y las actuaciones que se efectuaron a nombre de la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, para el correcto y normal desempeño de las actividades del MEER, en el marco de los procesos de contratación determinados en el Art. 3 de la LOSNCP, para cuya actuación se ampararon en lo dispuesto en los Acuerdos Ministeriales No. 173, de 1 de abril de 2011, y No. 175, de 25 de abril de 2011, emitidos por esta Cartera de Estado.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 16 de septiembre de 2013.
No. 391-2013
Que, el Artículo 281 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado: (...) 13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos."
Que, el Artículo 410 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria."
Que, en el Registro Oficial Suplemento No. 395, de 4 de agosto del 2008, se publicó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, expedida por la Asamblea Nacional Constituyente; la misma que determina los principios y normas que regulan los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que celebren las entidades contratantes previstas en el Artículo 1 de la mencionada Ley;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 de 30 de abril de 2009, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 588 el 12 de mayo del 2009, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Econ. Rafael Correa Delgado, expidió el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; el mismo que tiene por objeto el desarrollo y aplicación de la Ley;
Que, el numeral 31 del Artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: Art. 6.- Definiciones. 31. Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.
Que, el Artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone: "Art. 57.- Procedimiento.- Para atender las situaciones de emergencia definidas en el número 31 del artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia, para justificar la contratación. Dicha resolución se publicará en el Portal COMPRASPUBLICAS. La entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato. En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxima autoridad de la Entidad Contratante publicará en el Portal COMPRASPUBLICAS un informe que detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados obtenidos."
Que, el Artículo 1 de la Resolución No. 045 del Instituto Nacional de Contratación Pública, determina: “Art. 1.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá declarar la emergencia únicamente, para atender las situaciones definidas en el numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, observando el procedimiento que consta en el artículo 57 de la LOSNCP. Se consideran situaciones de emergencia, exclusivamente las señaladas en el numeral 31 del artículo 6 de la LOSNCP; cuando se refieran a situaciones que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, se detallará el motivo, que tendrá relación con la definición que consta en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil. Se deberá considerar que los elementos que definen una situación como emergente, y que deben resaltarse en la motivación de la correspondiente resolución, son la inmediatez e imprevisibilidad, debiendo ser concreta, objetiva y probada. Cualquier declaratoria de emergencia, y sus consecuentes contrataciones, que no se ajusten a lo indicado, se considerarán efusión de procedimientos precontractuales."
Que, el Artículo 30 del Código Civil, señala: "Art. 30.- Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.";
Que, mediante memorando No. MAGAP-C-C-2013-1179- M de 29 de agosto del 2013, el ingeniero Javier Villacís Mejía, Gerente del Proyecto de Reactivación de Caficultura y Cacao, remite el informe sustentando de situación del sector cafetalero respecto a los embates del hongo de la roya, y solicita se analice declarar en emergencia dicho sector;
Que, mediante memorando No. MAGAP-C-C-2013-1200- M de 3 de septiembre de 2013, el ingeniero Javier Villacís Mejía, Gerente del Proyecto de Reactivación de Caficultura y Cacao, remite la propuesta de declaración de emergencia del sector cafetalero en Ecuador, en el cual señala: “La presente propuesta es Concreta: porque el Proyecto de Reactivación de la Caficultura debe hacer una intervención inmediata para mitigar y controlar la roya del cultivo de café, mediante la adquisición de kits de insumos químicos y orgánicos para el control y aplicación a las plantaciones afectadas. Considerando que el umbral económico de la roya tolerante es del 10 % de infestación, sin embrago en la actualidad en nuestro país en las zonas de producción de café se reporta en promedio el 45 % de infestación, nivel que ha superado más de cuatro veces el umbral de daño económico y se considera crítico por la severidad que posee el hongo para multiplicarse y devastar las plantaciones (...) Inmediata, La situación de emergencia es inmediata, presente, impostergable e improrrogable, por cuanto se requiere ejecutar lo antes posible la intervención para la adquisición de kits de insumos para el control de roya: considerando que en nuestro país actualmente el 100 % de plantaciones de café en producción son susceptibles a la roya. Además en el presente y futuros meses se registran las primeras precipitaciones, condiciones agroclimáticas que convierten el hábitat perfecto para la permanencia, reproducción y propagación de la roya. Por consiguiente técnicamente es indispensable cortar inmediatamente los ciclos de reproducción del hongo para evitar que la enfermedad siga infestando y devastando las plantaciones de café. De esa manera cumplir con el objetivo de mitigar el ataque de Roya del Café en el Ecuador, por lo que es imposible esperar más tiempo para cumplir con las adquisiciones necesarias antes detalladas (...) Probada, por cuanto se ha comprobado que la roya del cafeto causada por el hongo Hemileia vastatrix, es el principal problema fitosanitario del cultivo en el mundo y actualmente también en nuestro país, con niveles de infestación que superan el umbral económico puede ocasionar la pérdida del 100 % de la cosecha. En las plantaciones de café en Ecuador desde el mes de mayo del presente año, se ha observado el paulatino incremento de los niveles de infestación, pasando de un 8 % a un 45 % promedio en la actualidad. Situación alarmante para el sector cafetalero conociendo que, si no se detiene el avance de la enfermedad con la aplicación de kits, no solo se puede ocasionase la pérdida de la cosecha 2013, sino acabar con las plantaciones (...) Imprevista, la emergencia del sector café es imprevista, en vista que el aparecimiento, evolución y ataque de un determinado problema fitosanitario, responde a la virulencia de la plaga, condiciones de factores bióticos y abióticos. En el presente caso la Roya del café manifestada en el presente año ha superado los niveles de incidencia permitidos que por el umbral de daño económico. Razón que no se ha podido prever con anterioridad, impidiendo que se pueda establecer los procesos precontractuales para la ejecución de los contratos para la adquisición de insumos, afectando la respuesta normal por parte de quienes ejercen la gestión administrativa del Proyecto (...) Objetiva, la situación de emergencia de la Entidad es objetiva, pues MAGAP al ser el ente que tiene la rectoría y competencia de Reactivar la Producción de Café en Ecuador se requiere la intervención inmediata, respondiendo a una demanda pública de ejecutar las políticas de transparencia, a la concesión de metas que coadyuven a la planificación y desarrollo de un plan empresarial sustentable y sostenible con eficacia y eficiencia apegados a los principios del buen vivir consagrados en la Constitución, por tanto dichas políticas se deben atender, cumplir y solucionar con la urgencia que exige las circunstancias a fin de precautelar laos intereses del Proyecto y por ende del Estado Ecuatoriano";
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 2 de 24 de mayo de 2013, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Economista Rafael Correa Delgado, me ratifica como Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca;
En ejercicio de las atribuciones establecidas en el numeral 31 del Artículo 6 y 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
Artículo 1. Declarar en situación de emergencia al sector cafetalero del Ecuador, dentro del marco establecido en el Artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con el propósito de superar la afectación producida por el hongo de la roya (Hemileia vastarix) en las provincias cafetaleras del país, conforme se mencionada en el Informe Técnico suscrito por el ingeniero Hernán Sanchez, Responsable Técnico del Proyecto de Reactivación de Caficultura, y revisado por el ingeniero Javier Villacís Mejía, Gerente del Proyecto de Reactivación de Caficultura y Cacao.
Artículo 2. Disponer al Gerente del Proyecto de Reactivación de Caficultura y Cacao realizar los trámites preparatorios, para iniciar con las contrataciones de adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras, servicios, incluidos los de consultoría, que permitan superar la presente situación de emergencia, relacionada a las afectaciones del hongo de la roya en las plantaciones cafetaleras del país.
Artículo 3. Encárguese al Gerente del Proyecto de Reactivación de Caficultura y Cacao la supervisión y cumplimiento de la presente Resolución.
Artículo 4. Disponer a la Dirección de Contratación Pública la publicación de esta resolución, y los procesos de contratación que se generen de la declaratoria de emergencia, previo cumplimiento de las normas establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación, resoluciones del INCOP, y demás normativa relacionada a la materia.
Artículo 5. Declarar la presente Resolución de ejecución inmediata.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M, a los 03 de septiembre de 2013.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Ilegible, Secretario General MAGAP.- Fecha: 20 de septiembre de 2013.
LA VICEMINISTRA DE DESARROLLO RURAL
(Delegada de la máxima autoridad)
Que, la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nº 449 de 20 de octubre de 2008, preceptúa en el numeral 5 del artículo 3, como un deber primordial del Estado: “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”;
Que, el numeral 2 del artículo 276 de la Constitución de la República, establece entre los objetivos del Régimen de Desarrollo, el “construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.”;
Que, la Constitución de la República en el numeral 4 del artículo 281, establece como una de las responsabilidades del Estado para alcanzar la soberanía alimentaria: “Promover una política redistributiva que permita el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos”;
Que, el artículo 323 de la Constitución de la República establece que: “Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación”;
Que, el artículo 334 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual le corresponderá: 1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a ellos”;
Que, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 351 de 29 de diciembre de 2010, en su artículo 61 establece que: “El Estado, a través de sus órganos gubernamentales competentes, fomentará y facilitará el acceso a la tierra a las familias y comunidades campesinas carentes de ella, dándoles preferencia en los procesos de redistribución de la tierra, mediante mecanismos de titulación, transferencia de tierras estatales, mediación para compra venta de tierras disponibles en el mercado, reversión, u otros mecanismos establecidos en la Constitución y la Ley”;
Que, la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 583 de 5 de mayo de 2009, en su artículo 6, establece que: “El uso y acceso a la tierra deberá cumplir con la función social y ambiental, la función social de la tierra implica la generación de empleo, la redistribución equitativa de ingresos, la utilización productiva y sustentable de la tierra”. La función ambiental de la tierra implica que ésta procure la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas…la ley que regule el régimen de propiedad de la tierra permitirá el acceso equitativo a ésta, privilegiando a los pequeños productores y a las mujeres productoras jefas de familia”;
Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 395 de 4 de agosto de 2008, en su artículo 58 establece el procedimiento para la adquisición de bienes inmuebles, y en su primer inciso determina: “Cuando la máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad pública o de interés social de acuerdo con la Ley”;
Que, el artículo 62 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 588 de 12 de mayo de 2009, detalla el procedimiento para la declaratoria de utilidad pública de bienes inmuebles;
Que, el artículo 63 de la misma norma, reformado mediante Decreto Ejecutivo Nº 1449, publicado en Registro Oficial Nº 916 de 20 de Marzo del 2013 reglamenta la forma de cálculo del avalúo para la adquisición de bienes declarados de utilidad pública;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, publicado en el Registro Oficial Nº 536 de 18 de marzo de 2002: “Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asunto inherentes a sus Ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales”, en concordancia con el Art. 86 ibídem que establece: “los órganos administrativos será competentes para resolver todos los asuntos y adoptar todas las medidas y decisiones que los consideren razonablemente necesarios para cumplir con sus objetivos específicos determinados en la Ley”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nº 1852, publicado en el Registro Oficial Nº 2 del 12 de agosto de 2009, el Presidente de la República conformó una comisión interinstitucional para que: “…levanten un catastro a nivel nacional de tierras que se encuentren inexploradas por un lapso superior a los dos años consecutivos”, estableciendo que: “Una vez expropiadas las tierras, la comisión calificará a las personas naturales u organizaciones productivas que tendrán acceso a la tierra, mediante una adjudicación por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario”;
Que, con Decreto Ejecutivo Nº 373, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 206 de 3 de junio de 2010, se suprimió el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario y sus competencias fueron transferidas al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, creando para el efecto, la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, cuya misión es la gestión estratégica en la formulación, aplicación e implementación de las políticas, programas, normas e instrumentación de acceso, distribución, redistribución, reagrupamiento, legalización, uso de la tierra integrado a planes productivos, sostenibles, para el perfeccionamiento de la reforma agraria;
Que, para aplicar las disposiciones constitucionales y legales en la materia, el MAGAP diseñó el Proyecto de inversión denominado: 027 - Plan de Fomento del Acceso a Tierras de los Productores Familiares en el Ecuador - PLAN TIERRAS, el cual fue debidamente priorizado por SENPLADES e incluido en el Plan Anual de Inversión del Presupuesto General del Estado desde 2010;
Que, el Proyecto Plan Tierras, tiene como objetivo principal la redistribución de las tierras a las agricultoras y agricultores con poca tierra o sin ella, para que las mismas sean reactivadas productivamente, contribuyendo con ello a la generación de alimentos para la soberanía alimentaria y la generación de recursos para sus propietarios;
Que, dentro de los parámetros de redistribución que maneja el Proyecto Plan Tierras, tiene como eje principal “la asistencia técnica productiva y provisión de servicios que ejecuta el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en conjunto con entidades financieras del sector público como Banco Nacional de Fomento y Corporación Financiera Nacional...”;
Que, mediante oficio S/N de fecha 04 de enero de 2013, el Responsable de la Unidad de Tierras en la provincia de Manabí, de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, solicita al Gobierno autónomo Descentralizado del cantón San Vicente, el certificado de avalúo comercial municipal y certificado de pago de impuesto predial del año 2013, del predio de propiedad de la compañía Industrial Agrícola Ganadera YAG S.A.
Que, mediante oficio No. MAGAP-PT-2013-0376-OF, de 05 de abril de 2013, el Gerente General del Plan Tierras, solicita a la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, certifique si el predio denominado San Ignacio, ubicado en la parroquia y cantón San Vicente de la provincia de Manabí, de propiedad de la compañía Industrial Agrícola Ganadera YAG S.A., se encuentra o no en zona de playa y bahía.
Que, mediante oficio Nº FN-DIRNEA-COS-2013-1128-O, de 18 de mayo de 2013, el Director Nacional de Espacios Acuáticos remite certificado de zona de playa y bahía del predio “SAN IGNACIO”, que en la parte pertinente determina lo siguiente: “Zona de Playa: Manglar ----, Salitral -----”.
Que, mediante oficio Nº MAGAP-PT-2013-0577-OF de 31 de mayo de 2013, el Gerente Nacional del Plan Tierras, solicita al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, actualización del catastro del predio denominado San Ignacio de propiedad de la compañía Industrial Agrícola Ganadera YAG S.A, y que una vez realizado este trámite se conceda el avalúo catastral municipal.
Que, mediante Oficio # 020-GADMCSV-SAYC, de fecha 07 de junio de 2013, la analista de Avalúos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, hace conocer que la compañía Industrial, Agrícola, Ganadera YAG S. A., posee a su favor 4225,78 Has, ubicadas en el sector rural de San Miguel de Briceño de la parroquia San Vicente, catastradas con las claves: No. 132250520101044000 con avalúo de $1´294.749,12; clave No. 132250520101040000 con avalúo de $733.051,83; clave No. 132250520101041000 con avalúo $418,755,36.
Que, mediante oficio No. MAGAP-DPA-MAN-UT-2013- 0050-OF de 17 de Junio de 2013, el responsable de la Unidad de Tierras en la provincia de Manabí, de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, solicita a la Notaria Única del cantón San Vicente, copias certificada de la escritura pública de desmembración de 701,27 hectáreas que realiza la compañía Industrial Agrícola Ganadera YAG S.A, a favor de la misma compañía.
Que, mediante oficio No. MAGAP-DPA-MAN-UT-2013- 0051-OF de 17 de Junio de 2013, el responsable de la Unidad de Tierras en la provincia de Manabí, de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, solicita a la Notaria Primera del cantón Sucre, copias certificada de la escritura de Rectificación de cabida, linderos y medidas y protocolización de planos, del predio San Ignacio que hace la compañía Industrial Agrícola Ganadera YAG S.A, a favor de la misma compañía.
Que, mediante oficio No. MAGAP-DPA-MAN-UT-2013- 0049-OF de 17 de Junio de 2013, el responsable de la Unidad de Tierras en la provincia de Manabí, de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, solicita al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón San Vicente, certificado de pago de impuesto predial o de ser el caso el valor que se adeuda por el año 2013, del predio denominado San Ignacio de propiedad de la compañía Industrial Agrícola Ganadera YAG S.A;
Que, mediante oficio No. MAGAP-DPA-MAN-UT-2013- 0052-OF de 17 de Junio de 2013, el responsable de la Unidad de Tierras en la provincia de Manabí, de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, solicita al Registro de la Propiedad del cantón San Vicente de la provincia de Manabí, certificado de gravamen actualizado con historial de dominio del predio denominado San Ignacio, de propiedad de la compañía Industrial Agrícola Ganadera YAG S.A;
Que, mediante oficio No. MAGAP-DPA-MAN-UT-2013- 0052-OF de 17 de Junio de 2013, el responsable de la Unidad de Tierras en la provincia de Manabí, de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, solicita al Registro de la Propiedad del cantón San Vicente de la provincia de Manabí, certificado de gravamen actualizado con historial de dominio de un predio de 701,27 hectáreas, de propiedad de la compañía Industrial Agrícola Ganadera YAG S.A;
Que, el Registrador de la Propiedad Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, certifica, con fecha 14 de agosto de 2013, que Industrial Agrícola, Ganadera Yag Sociedad Anónima posee y es dueña de una propiedad denominada “San Ignacio”, ubicada en el sitio Briceño y Selva Alegre, del cantón San Vicente, adquirida por aportación que hicieron en la escritura de constitución los señores Homero Andrade Alcívar y Señora, de conformidad con la escritura celebrada el 16 de Octubre de 1970 e inscrita el 24 de Noviembre de 1970, reinscrita en el cantón San Vicente, el 15 de Marzo del 2004; y constan los siguientes gravámenes: prohibición de enajenar dispuesta por la Dirección Regional Manabí, del Servicio de Rentas Internas, con fecha 27 de Marzo del 2013;
Que, mediante oficio No. MAGAP-PT-2013-0786-OF de fecha 18 de julio de 2013, el Gerente Nacional Plan Tierras, solicita al Director Regional del Servicio de Rentas Internas de Manabí, el saldo actual de la obligación tributaría pendiente, que mantiene la compañía Industrial, Agrícola Ganadera YAG S.A., con dicha entidad.
Que, mediante oficio Mo. SRI-RMA.DRE-2013-0016-OF, de fecha 26 de julio de 2013, el Director Regional Manabí del Servicio de Rentas Internas informa que el contribuyente Industrial Agrícola Ganadera YAG S.A., con RUC 1390052304001, mantiene a la fecha una deuda de 2.463,65, por rentas de anticipo.
Que, mediante memorando Nº MAGAP-PT-2013-1575-M de 27 de junio de 2013, el Gerente Nacional del Plan Tierras remite tres expedientes, incluyendo uno relativo al Predio “San Ignacio” al Subsecretario de Tierras y Reforma Agraria. Que, mediante memorando Nº MAGAP-STRA-2013- 3978-M de 23 de agosto de 2013, el Subsecretario de Tierras y Reforma Agraria remite a la Viceministra de Desarrollo Rural el expediente del predio “San Ignacio” para declaratoria de utilidad pública;
Que, la Presidencia de la República se encuentra llevando a cabo el Plan Retorno destinado al regreso voluntario de ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en el extranjero en condiciones de vulnerabilidad;
Que, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, mediante resolución administrativa No. 20 dispuso el envió de una comisión de esta cartera de Estado- Proyecto Plan Tierras, a distintas localidades el país ibérico de España, para socializar el proyecto, lo cual permitió conocer la situación de cientos de compañeros agricultores y agricultoras, recopilando la información necesaria para lograr la conformación de 14 preasociaciones las cuales agrupan aproximadamente 469 compatriotas que desean retornar al país dentro de este programa;
Que, analizada la situación de cientos de compañeros agricultores que residen en el país ibérico y que desean retornar al país a través del proyecto, lo cual origina la constitución de las pre-asociaciones, además de determinarse viable la ejecución de un plan productivo, ambientalmente sustentable, para el desarrollo social de las familias cuyos jefes de hogar regresen al país y que integran las organizaciones mencionadas, lo cual hace posible la transferencia de la propiedad a varias de las organizaciones conformadas por compañeros migrantes que representan a más de 469 familias.
Que además hay varias organizaciones que están en proceso de conformación en otros países como Estados Unidos y también en España otras adicionales respectivas, permitiendo una democratización de la propiedad lo que redunda en el bienestar colectivo y en una mayor seguridad jurídica para el bienestar de los campesinos y sus familias que empezarían a trabajar y producir la Hacienda “San Ignacio”.
Que, de acuerdo al informe productivo emitido por la Ing. Agrónoma Roxi Giler Pineda, de acuerdo a inspección realizada al predio se determina que este tiene aptitud productiva para actividades agrícolas, pecuarias, ambientales, entre otras, por tal motivo, la declaratoria de utilidad pública del predio “San Ignacio” permitirá ejecutar en el inmueble en cuestión un plan de desarrollo social de carácter productivo, ambientalmente sustentable, para beneficio de los miembros de las organizaciones de migrantes y sus familias, e indirectamente para el bienestar colectivo; por la disminución de la inequidad en el acceso a factores de producción, por las razones arriba indicadas; y en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y por delegación conferida mediante Acuerdo Ministerial Nº 136 de 1 de abril de 2013;
En virtud de la delegación concedida por el Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Javier Ponce Cevallos, mediante Acuerdo Ministerial No. 136 de 1 de abril del 2013, y a los artículos 17, 55 y 59 del Estatuto Orgánico de la Función Ejecutiva.
Art. 1.- Declarar de utilidad pública y de ocupación inmediata, para ejecutar un proyecto de desarrollo social, ambientalmente sustentable y de bienestar colectivo, el predio denominado “San Ignacio”, con una superficie de 4.255,78 hectáreas, ubicado en el sitio Briceño y Selva Alegre, del cantón San Vicente, provincia de Manabí, asignado los códigos catastrales Nº 132250520101044000, Nº 132250520101040000, Nº 132250520101041000 cuyos linderos y dimensiones, según el título de dominio, son los siguientes:
PRIMER LOTE: Superficie: 2279,80
Por el Norte, con Ramón Vera, y terrenos de herederos de Manuel Ángel Intriago, José Velásquez y Domingo Medranda;
Por el Sur, con río Briceño;
Por el Este, propiedad de Narcisa del Jesús Barreiro Alcívar; y,
Por el Oeste, propiedad de José Gómez y otros.
SEGUNDO LOTE: Superficie: 1274,71
Por el Norte, propiedades de Alberto Maag y Werner Bircher;
Por el Sur, carretero que conduce de Chone a San Vicente;
Por el Este, terreno de Ignacio y Roberto Andrade; y,
Por el Oeste, propiedad de Víctor García, Elías Loor Briones y herederos de José Saltos.
TERCER LOTE: Superficie: 701,27
Por el Norte, propiedad de la compañía Industrial, Agrícola, Ganadera Yag Sociedad Anónima, con una longitud de 3.710,069 metros;
Por el Sur, con carretera que conduce de Chone a San Vicente, con una longitud de 196,14 metros;
Por el Este, con propiedades de los señores Ignacio Andrade y Gloria Vera con una longitud 5.948,58 metros;
Por el Oeste, con propiedades de los señores Elías Loor Briones, Olmedo Lucas y Hacienda Rancho Jeso con una longitud de 8.302,36 metros.
Art. 2.- No obstante la identificación del inmueble realizada en el artículo anterior, la expropiación se hará como cuerpo cierto e incluye todas las edificaciones que sobre el predio se levanten, los bienes muebles que por su destino, accesión o incorporación se los considera inmuebles, sus usos, costumbres, derechos y servidumbres, activas o pasivas, que le son anexas a cualquier título. La presente declaratoria de utilidad pública servirá de suficiente título habilitante para el inmueble expropiado, trámite que no impedirá la ocupación inmediata de la respectiva propiedad.
Art. 3.- El inmueble descrito en el artículo anterior, se destinará para ejecutar un plan productivo de desarrollo social, ambientalmente sustentable, para desarrollo social de los miembros de las organizaciones y sus familias y para bienestar colectivo conforme la Constitución dispone.
Art. 4.- De conformidad con el segundo inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, una vez inscrita la presente declaratoria de utilidad pública, decurre el lapso de hasta noventa días, a fin de llegar a un acuerdo directo entre las partes sobre el valor del inmueble expropiado, en base al avalúo constante exclusivamente en el certificado emitido el 07 de junio de 2013, por la analista de Avalúo del Gobierno Autónomo descentralizado municipal del cantón San Vicente.
Art. 5.- En caso de llegar a un acuerdo con el propietario en cuanto al precio, se procederá a la compraventa del inmueble declarado utilidad pública, mediante la celebración de la correspondiente escritura pública, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Vicente, provincia de Manabí, para perfeccionar la transferencia de dominio.
Art. 6.- De no existir acuerdo con el precio de venta del inmueble expropiado, el propietario podrá iniciar el correspondiente juicio de expropiación, conforme al trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil, para impugnar el precio más no el acto administrativo de expropiación. En este caso, dentro del trámite del juicio, el propietario podrá recibir a cuenta del precio final a fijarse judicialmente, el valor que ha propuesto el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en base al certificado catastral emitido el 07 de junio de 2013, por la analista de Avalúo del Gobierno Autónomo descentralizado municipal del cantón San Vicente, conforme lo dispone el inciso séptimo del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Art. 7.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, notifíquese con el contenido de la presente resolución de declaratoria de utilidad pública al señor Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón San Vicente, a fin de que inscriba en el registro correspondiente requiriendo a dicho funcionario registral que cancele cualquier gravamen o limitación del dominio existente sobre la propiedad que se expropia, así como se abstenga de cualquier acto o contrato traslaticio de dominio o gravamen que limite el dominio del inmueble expropiado, de cualquier forma, a excepción de actos a favor del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, incluyendo la escritura pública de transferencia de dominio de dicho inmueble.
Art. 8.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el dueño del inmueble expropiado deberá tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieren impagos, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca los deducirá del precio de compra y los transferirá a las entidades beneficiarias de los tributos.
Art. 9.- El artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece la obligación de la certificación de disponibilidad presupuestaria, la misma que se obtendrá una vez suscrito el acuerdo entre las partes, de acuerdo al artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En caso de juicio de expropiación, se procederá conforme las normas correspondientes del Código de Procedimiento Civil.
Art. 10.- Una vez inscrito este acto administrativo conforme el artículo 7, se notificará para los fines legales consiguientes con la presente resolución a la compañía Industrial, Agrícola, Ganadera Yag S. A., representada legalmente por su Gerente General Sr. Jacinto Homero Andrade Andrade, propietaria del predio “San Ignacio” y al Servicio de Rentas Internas.
Art. 11.- Forma parte integrante de la presente Resolución, el certificado emitido por el señor Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón San Vicente otorgado el 09 de julio de 2013, de conformidad con el artículo 62 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Art. 12.- Del cumplimiento de la presente Resolución encárguese el Gerente Nacional de Plan Tierras.
Art. 13.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 05 de septiembre de 2013.
f.) Econ. Silvana Vallejo P., Viceministra de Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Ilegible, Secretario General MAGAP.- Fecha: 19 de septiembre de 2013.
No. DAJ-20132D6-0201.0044
CALIDAD DEL AGRO – AGROCALIDAD
Que, el inciso 2 del artículo 400 de la Constitución de la República del Ecuador, declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país;
Que, es deber del Estado mantener al margen cultivos y semillas transgénicas o cultivos genéticamente manipulados, conforme establece el artículo 401 de la Constitución de la República del Ecuador;
Que, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF), establece que los países miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias por la autoridad competente, necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales;
Que, las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF), utilizadas por las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF), como la NIMF Nº 2 sobre Directrices para el Análisis de Riesgo de Plagas de 1995 y la NIMF Nº 11 sobre Análisis de Riesgo de Plagas para plagas cuarentenarias, incluido el Análisis de Riesgo ambientales y organismos vivos modificados del 2004; así como, la Resolución 025 del 13 de noviembre de 1997 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), describen los procedimientos de Análisis de Riesgo de Plagas, mediante los cuales se establecen los requisitos fitosanitarios de productos vegetales de importación;
Que, de acuerdo a las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias NIMF No. 32, sobre “Categorización de productos según su riesgo de plagas”, Los bulbos de ajo (Allium sativum) para el consumo se encuentran en Categoría de Riesgo 3;
Que, el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrá introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales;
Que, el artículo 1 de la Ley de Sanidad Vegetal publicada en el Registro Oficial No. 315 de 16 de abril del 2004 establece que le corresponde al Ministerio de Agricultura, a través del SESA hoy la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro - AGROCALIDAD, estudiar, prevenir y controlar las plagas, enfermedades y pestes que afecten a los cultivos agrícolas;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nº 1449, de fecha 22 de noviembre del 2008 publicado en el Registro Oficial 479, el 2 de diciembre de 2008, se reorganiza al SERVICIO ECUATORIANO DE SANIDAD AGROPECUARIO transformándolo en AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO - AGROCALIDAD, como una entidad técnica de derecho público, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios, desconcentrada, con independencia administrativa, económica, financiera y operativa; con sede en Quito y competencia a nivel nacional, adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca;
Que, mediante Acción de Personal No. 290 de 19 de junio del 2012, el Señor Javier Ponce Cevallos, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, designa, al Ing. Diego Vizcaíno, como Director Ejecutivo de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro - AGROCALIDAD;
Que, mediante Resolución Nº 003 del 8 de enero de 2008, publicada en el Registro Oficial 260 del 25 de enero de 2008, se establece el procedimiento de Análisis de Riesgo de Plagas ARP, para implementar los requisitos fitosanitarios de importación de: plantas, productos vegetales, productos básicos y artículos reglamentados;
Que, el artículo 6 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro- AGROCALIDAD, expedido con Resolución Nº 6, publicada en Registro Oficial Suplemento 107 del 05 de marzo de 2009, establece la misión de AGROCALIDAD como la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de los Alimentos, encargada de la definición y ejecución de políticas, y de la regulación y control de las actividades productivas del agro nacional, respaldada por normas nacionales e internacionales, dirigiendo sus acciones a la protección y mejoramiento de la producción agropecuaria, la implantación de prácticas de inocuidad alimentaria, el control de la calidad de los insumos, el apoyo a la preservación de la salud pública y el ambiente, incorporando al sector privado y otros actores en la ejecución de planes, programas y proyectos específicos;
Que, el subproceso de Vigilancia Fitosanitaria de AGROCALIDAD con la información recopilada y con la que cuenta, inició el estudio correspondiente con la finalidad de establecer los requisitos fitosanitarios de importación del producto detallado anteriormente de acuerdo a sus facultades establecidas en el artículo 8, numeral 2.2.1 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro- AGROCALIDAD;
Que, mediante Memorando No. MAGAPDSV/ AGROCALIDAD-2013-000602-M de 24 de junio de 2013, el Director de Sanidad Vegetal solicita que se emita la resolución en la cual se expida los requisitos fitosanitarios para la importación de bulbos de ajo (Allium sativum) procedentes de Camerún para consumo y;
En uso de las atribuciones legales que le concede el Artículo 3 inciso cuarto; del Decreto Ejecutivo Nº 1449 y el artículo 8.1, literal b, numeral 4, del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro - AGROCALIDAD.
Artículo 1.- Establecer los Requisitos Fitosanitarios para la Importación de bulbos de ajo (Allium sativum) para consumo procedentes de Camerún.
Artículo 2.- Los requisitos fitosanitarios para la importación son:
El envío deberá contar con el Permiso Fitosanitario de Importación, emitido por el área respectiva de AGROCALIDAD, obtenido por el importador o interesado, previo a la certificación y embarque en el país de origen o procedencia.
Certificado Fitosanitario de Exportación otorgado por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de Camerún que consigne lo siguiente:
2.1 Declaración adicional: “Los bulbos de ajo (Allium sativum) para consumo están libres de: Aspergillus herbariorum y Aspergillus wentii.
2.2 Aplicación del tratamiento pre embarque de:
Copper sulphate penta hydrate al 24% SL o productos de similar acción en dosis de 1,5 ml/l de H2O, para el control de Aspergillus herbariorum y Aspergillus wentii.
Fumigación con Fosfuro de aluminio al 57% TB o productos de similar acción para el control de Spodoptera littoralis, Pratylenchus zeae y Aphelenchus avenae
Dosis g de Fosfuro de Aluminio al 56.7% /m3
Período de Exposición días
Copia certificada del Registro vigente de lugar de producción emitido por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de Camerún.
Los embalajes como recipientes de los bulbos, cajas, etc., deben estar libres de cualquier material extraño y deben ser nuevos de primer uso.
Inspección en el punto de ingreso en Ecuador, por el personal fitosanitario de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro - AGROCALIDAD, para determinar su situación fitosanitaria. Si en la inspección, no se detectan problemas fitosanitarios el producto será liberado.
Toma de una muestra de material vegetal para análisis de laboratorio, cuyo costo será asumido por el importador.
En caso de interceptarse plagas cuarentenarias que no tengan registro de ocurrencia en Ecuador, la ONPF de Camerún será notificada; y la ONPF de Ecuador, procederá a suspender las importaciones de bulbos de ajo (Allium sativum) para consumo hasta establecer nuevos Requisitos Fitosanitarios.
Artículo 3.- La Dirección de Sanidad Vegetal de AGROCALIDAD se encargará de notificar la presente Resolución ante la Secretaria General de la Comunidad Andina (CAN) y a la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Artículo 4.- De la ejecución de la presente Resolución encárguese a la Dirección de Sanidad Vegetal de AGROCALIDAD.
Dado en Quito, D.M. 26 de julio del 2013.
f.) Ing. Diego Vizcaíno Cabezas, Director Ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Agro - AGROCALIDAD.
No. SPTMF 126/13
Que, la Constitución de la República en su artículo 82 establece que: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”;
Que, el artículo 227 de la Constitución establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que, el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la gente de mar, STCW 1978 del cual el Ecuador es signatario, no contiene prescripciones respecto de la formación, titulación y reconocimientos de títulos para Capitanes de embarcaciones de Recreo y/o Deporte;
Que, la Autoridad Marítima y Portuaria Nacional, debe regular sobre aspectos relativos a la dotación de embarcaciones de Recreo y/o Deporte, a fin de precautelar la seguridad de la vida humana en el mar y la segura navegación;
Que, el Decreto Ejecutivo No. 1087 publicado en el Registro Oficial 668, del 23 de abril del 2012, en su Art. 2., literal a) dispone que entre las competencias, atribuciones y delegaciones que tiene a su cargo la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, en su calidad de Autoridad Portuaria Nacional y del Transporte Acuático, se encuentra todas aquellas que se refieren al ejercicio de los Derechos de Estado Rector del Puerto, Estado Ribereño y Estado de Abanderamiento, con excepción de las asignadas al Ministerio de Defensa Nacional en la letra a) del Art. 3 de este Decreto Ejecutivo; b) El resguardo de la seguridad Técnica de la navegación, para lo cual deberá emitir los títulos habilitantes para el transporte acuático, tales como matrículas, permisos, pasavantes y patentes, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para su obtención, como consecuencia de las competencias asignadas en la letra anterior;
Que, en virtud del antes mencionado Decreto Ejecutivo, la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial es la Autoridad Marítima y Portuaria Nacional, la encargada de expedir y refrendar títulos y certificados a la gente de mar, así como asignar la dotación mínima de seguridad a naves nacionales,
En uso de sus facultades y atribuciones conferidas mediante Decreto Ejecutivo Nº 1087 del 07 de marzo de 2012, la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial.
Art. 1.- Establecer normas para la formación, titulación, y reconocimiento de títulos de Capitanes de Yates Deportivos, así como determinar la dotación mínima de seguridad de las mismas.
Art. 2.- Para efectos de la presente Resolución, se considerarán las siguientes definiciones:
Yates Deportivos: Aquellas embarcaciones menores de 50 TRB destinadas exclusivamente para actividades de recreo o deportivas.
Capitán de Yate Deportivo: Es aquel que tiene el mando y responsabilidad de un yate deportivo, quien generalmente es el propietario de la misma.
Timonel de Yate Deportivo: Es la persona que opera el timón de una embarcación deportiva.
Marinero de Yate Deportivo: Es la persona que trabaja en las áreas de un yate deportivo.
Refrendo: Procedimiento para legalizar, avalar o ratificar un documento por medio de la firma de la autoridad competente.
Libretín de identificación y registro de gente de mar (SEAMAN`S BOOK): Es el documento que otorga la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial al Capitán, en el que se registra los períodos de embarco y certificados de suficiencia, el mismo que debe ser renovado cada 5 años.
Matrícula: Identificación expedida por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, o su delegado, a todas las personas que tripulan los yates deportivos, una vez que estos cumplan con los requisitos establecidos en la presente Resolución y que de acuerdo a su competencia, son autorizados para ejercer sus actividades a bordo de una embarcación Deportiva de bandera ecuatoriana. Esta Matrícula debe ser renovada cada 5 años.
Art. 3.- El título de Capitán de Yate Deportivo será otorgado por primera vez a los armadores de los yates deportivos, luego de haber aprobado el curso especial dictado en la Escuela de la Marina Mercante Nacional (ESMENA), cuyo contenido figura en el anexo de la presente Resolución.
Para efectuar la renovación de la matrícula, 90 días antes de cumplir los 5 años, el interesado deberá aprobar un Curso Básico de Actualización de Conocimientos en la ESMENA.
Art. 4.- Para la obtención del Libretín de Identificación y Registro de la Gente de Mar (Seaman’s book) y matrícula (carnet marítimo), deberán haber realizado el curso de Formación Básico OMI y cumplir con los requisitos generales establecidos en la Resolución 041/2013 “Establecer Normas y Requisitos para la titulación, registro y renovación de documentos para la Gente de Mar que labora a bordo de buques de bandera ecuatoriana”.
Art. 5.- La Dotación Mínima de Seguridad de los yates deportivos, estará conformada de la siguiente manera:
Yates menores de 25 TRB: 01 Capitán de Yate Deportivo.
Yates entre 25-50 TRB: 01 Capitán de Yate Deportivo y 01 Marinero.
En el caso de que se realice un viaje internacional, o desde o hacia las Islas Galápagos, se deberá incluir en la dotación mínima de seguridad un Marinero de Máquinas.
Art. 6.- La Autoridad Marítima reconocerá mediante refrendo, los títulos de Capitán de Yate Deportivo o su equivalente, emitidos en países que sean parte del Convenio STCW/78 enmendado, previa verificación de la autenticidad de los mismos.
Art. 7.- Esta Resolución se aplica para los capitanes de yates deportivos que naveguen en el área A1, en caso de que naveguen fuera de esta área, cumplirán con los cursos y requisitos de la Resolución 041/13 - “Establecer Normas y Requisitos para la titulación, registro y renovación de documentos para la Gente de Mar que labora a bordo de buques de bandera ecuatoriana”.
Art. 8.- La presente Resolución, entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
Dada en la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, a los 09 días del mes de agosto del año 2013.
f.) Abg. Cynthia Jessica Madero Egas, Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial.
OBTENCIÓN DE MATRICULA
OMI BASICO
Primeros Auxilios- Conocimientos Básicos OMI 1.13 Técnicas de supervivencia personal OMI 1.19 Prevención y lucha contra incendios OMI 1.20 Seguridad personal y responsabilidades sociales OMI 1.21
No. 0297/2013
Que, el inciso primero del artículo 32 de la Codificación de la Ley de Aviación Civil, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 435, de 11 de enero del 2007, establece que: “La Dirección General de Aviación Civil cobrará directamente tasas y demás derechos establecidos en esta Ley de acuerdo con el reglamento que dicte para el efecto”;
Que, la Ley ibídem en su artículo 23 literal f), determina que las rentas provenientes de los servicios prestados por la Dirección General de Aviación Civil, forman parte de su patrimonio y recursos;
Que, el literal a) del numeral 3 de la Codificación de la Ley de Aviación Civil, establece: “Dictar, reformar, derogar regulaciones técnicas, órdenes, reglamentos internos y disposiciones complementarias de la aviación civil, de conformidad con la presente Ley, el Código Aeronáutico, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y las que sean necesarias para la seguridad de vuelo y la protección de la seguridad del transporte aéreo”
Que, el Art. 17-A., de la Ley de Modernización del Estado, dispone: “.- Las instituciones del Estado podrán establecer el pago "de tasas" por los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias u otros de similar naturaleza, a fin de recuperar los costos en los que incurrieren para este propósito”;
Que, el Consejo Nacional de Aviación Civil, mediante Resolución CNAC 066/2010, de 21 de julio del 20010, reformada mediante Resolución CNAC 009/2011, publicada en el Registro Oficial No. 385, de 15 de febrero del 2011, aprobó, los: “Derechos por servicios aeroportuarios, facilidades aeronáuticas, utilización de la infraestructura aeronáutica y tarifas para la concesión y prestación de servicios aeronáuticos en el ejercicio de la actividad aérea, dentro el espacio aéreo de la República del Ecuador”;
Que, el inciso primero del artículo 3 de la referida Resolución CNAC 066/2010, señala que: “La Dirección General Aviación Civil, cobrará directamente a los usuarios, los derechos correspondientes a los servicios previstos en el artículo 1”;
Que, el Art. 16 de la Resolución ibídem, instituye: “De los Derechos por Certificaciones Técnicas y Especializadas por la emisión de Certificación de alturas de construcción, Certificación de alturas para instalación de torres y antenas de telefonía celular, Inspección de factibilidad para construcción y operación de aeropuertos, pistas y helipuertos. Certificación de aeropuertos e inspecciones a aeropuertos no programados, se cobrarán los siguientes derechos…”;
Que, los derechos que se refiere el considerando anterior están establecidos en el cuadro de “COSTO DE DERECHOS POR SERVICOS AEROPORTUARIOS”, en el que se incluye el valor por concepto “Zonas de Servidumbres Aeronáuticas”; Que, el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público (actualizado al 23 de julio de 2013), define que los ingresos corrientes, "...provienen del poder impositivo ejercido por el Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin contraprestación. Están conformados por los impuestos, los fondos de la seguridad social, las tasas y contribuciones, la venta de bienes y servicios de consumo, las rentas de sus inversiones y la multas tributarias y no tributarias, las transferencias, las donaciones y otros ingresos. En la ejecución, su devengamiento produce contablemente modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a la utilización de cuentas operacionales o de resultados que permiten establecer previamente el resultado de la gestión anual.";
Que, mediante memorando DGAC-JX-2013-1326-M, de 21 de agosto del 2013, el Director de Ingeniería Aeroportuaria, solicita al Coordinador General Administrativo Financiero, realicen "...las gestiones necesarias para que el cobro del costo de derechos por servicios aeroportuarios que incluyen el 1. Certificado de altura de construcción, 2. Certificado de alturas para instalaciones de torres y antenas de telecomunicaciones (incluye telefonía celular), sean cancelados previamente en las oficinas de recaudaciones de la DGAC, por parte del solicitante o su representante, ya que a la fecha se tramita los permisos de altura y al final del estudio se procede a emitir una orden de pago para que sea cancelado por el peticionario en la Dirección Financiera, lo cual está acarreando problemas, ya que se están represando los mismos por el no retiro de los interesados, al día la cantidad de estos son 146, correspondientes a CNT, CLARO, OTECEL y personas particulares";
Que, mediante Memorando No. DGAC-HK-2013-0731-M, 26 de agosto del 2013, el Coordinador General Administrativo Financiero, dispone al Director de Ingeniería Aeroportuaria, Directora Financiera Subrogante, Directora de Secretaría General y a la Dirección de Asesoría Jurídica, realicen “…acciones a efectos de que a partir del 1 de septiembre de 2013, se apliquen los procedimientos que la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica, utiliza para la recaudación de los Derechos por el trámite para el otorgamiento de Certificados de Operador Aéreo (AOC), Certificados de Operación, Especificaciones Operacionales (OpSpecs), Certificaciones Especiales, Permisos Especiales e Inspecciones, en los cuales el solicitante o su representante, debe cancelar previamente por la prestación de estos servicios”;
Que, mediante Memorando Nro. DGAC-AE-2013-1380- M, de 10 de septiembre de 2013, la Dirección de Asesoría Jurídica, emite informe favorable para que continúe con el trámite hasta la legalización del Proyecto de Resolución. Que, con fundamento en los principios constitucionales, los servicios a la colectividad deben regirse por principios de eficiencia, eficacia, calidad; y,
Artículo Primero.- Expedir el Procedimiento para el Otorgamiento de Certificaciones Técnicas y Especializadas por la Emisión de Certificación de Alturas de Construcción, Certificación de Alturas para Instalación de Torres y Antenas de Telefonía Celular, Inspección de Factibilidad para Construcción y Operación de Aeropuertos, Pistas y Helipuertos. Certificación de Aeropuertos e Inspecciones a Aeropuertos no Programados.
Artículo Segundo.- Para tramitar los certificados a los que se refiere el Artículo Primero, el interesado o su representante, deberá previamente contar con la “Orden de Recaudación”, que obtendrá en la Dirección de Ingeniería Aeroportuaria, (Edificio Matriz); Direcciones Regionales o en las Oficinas de Administración Aeroportuaria de la Dirección General de Aviación Civil.
Artículo Tercero.- Una vez que el interesado o su representante cuente con la “Orden de Recaudación”, inmediatamente debe proceder al pago en las respectivas Oficinas de Recaudación autorizadas por la Dirección de Recursos Financieros.
Artículo Cuarto.- Cumplidos los requisitos precedentes, conjuntamente con otros que requiera la Dirección o Gestión de Ingeniería Aeroportuaria para la “Certificación”, las Direcciones Regionales o las Administraciones Aeroportuarias de la Dirección General de Aviación Civil, remitirán la documentación completa incluida la copia de la Factura de Pago a la Oficina de “Recepción de Documentación”, de la Dirección General de Aviación Civil para el trámite respectivo.
Los trámites en las ciudades de Quito y Guayaquil, se realizarán directamente por el interesado o su representante en las respectivas oficina de “Recepción de Documentación”.
Artículo Quinto.- Ingresada la solicitud, el expediente se remitirá a la Dirección o Gestión de Ingeniería Aeroportuaria para su análisis, trámite y expedición del correspondiente “Certificado”, previa verificación del cumplimiento de la documentación establecida para el efecto.
Artículo Sexto.- En el caso de comprobar que la documentación exigida no cumple con los requisitos y formalidades exigidas, la Dirección o Gestión de Ingeniería Aeroportuaria, comunicará por escrito al interesado, para que en 10 días laborables complete la misma; de no hacerlo en dicho plazo se procederá al archivo.
Artículo Séptimo.- La Dirección o Gestión de Ingeniería Aeroportuaria, para la emisión de la respectiva certificación, necesariamente contará con el informe de la Dirección o Gestión de Navegación Aérea, la misma que tendrá como plazo máximo 30 días para emitir el pronunciamiento.
Artículo Octavo.- La Dirección o Gestión de Ingeniería Aeroportuaria, una vez que cuente con los informes técnicos, en un plazo de 10 días, emitirá la correspondiente certificación.
Artículo Noveno.- El cumplimiento de la presente Resolución encargase a las Direcciones de: Ingeniería Aeroportuaria; Secretaría General; Financiera; Navegación Aérea; Gestión Ingeniería Aeroportuaria y Navegación Aérea; y, Oficinas Administrativas Aeroportuarias, dentro del ámbito de sus competencias.
Artículo Décimo.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese.- Dada en la Dirección General de Aviación Civil, en Quito, Distrito Metropolitano, el 11 de septiembre de 2013.
f.) Ingeniero Fernando Guerrero López, Director General de Aviación Civil.
CERTIFICO que expidió y firmó la resolución que antecede el Ingeniero Fernando Guerrero López, Director General de Aviación Civil, en la ciudad de Quito, el 11 de septiembre de 2013.
f.) Dra. Rita Huilca Cobos, Directora de Secretaría General DGAC.
No. C.D.458
Que, mediante Resolución No. C.D.275 de 26 de agosto de 2009, el Consejo Directivo aprobó las NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS DE CONTRATACIÓN DEL IESS, que ha sido reformada con Resoluciones números C.D.286 de 22 de octubre de 2009, C.D.314 de 21 de abril de 2010, C.D. 354 de 2 de febrero de 2011, C.D.363 de 5 de mayo de 2011, C.D.442 de 21 de enero de 2013; y, C.D.455 de 4 de julio de 2013;
Que, a través de la Resolución No. C.D.235 de 29 de diciembre de 2008, el Consejo Directivo aprobó el REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS EN EL IESS, el cual ha sido reformado con Resoluciones números C.D.247 de 11 de febrero de 2009 y C.D.367 de 15 de junio de 2011;
Que, las normas mencionadas resultan ser innecesarias por cuanto los procesos de contratación se encuentran regulados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General. Además en el caso del Reglamento de Procedimientos Especiales para la Adquisición de Fármacos en el IESS, éste fue dictado con base en disposiciones que actualmente se encuentran derogadas;
Que, la Ley de Seguridad Social, en el artículo 27, letra m) contempla como atribución del Consejo Directivo, “… La autorización de los actos, contratos, transferencias de dominio y de toda operación económica y financiera que exceda la cuantía máxima autorizada al Director General en las disposiciones generales del Presupuesto del IESS”;
Que, el artículo 32, letra f) de la Ley de Seguridad Social establece como atribución del Director General, “… Autorizar los actos, contratos, transferencias de dominio, y toda operación económica y financiera del Instituto sometida a su aprobación, hasta la cuantía que fijarán las disposiciones generales del Presupuesto del IESS”;
Que, el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que: “… son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en esta Reglamento General, aún cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa …”;
Que, por tanto, es necesario emitir disposiciones que permitan regular los procesos de contratación en el IESS, según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, así como para determinar la cuantía máxima de gasto para el Director General; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 27, letras c) y f) de la Ley de Seguridad Social,
Art. 1.- El Director General del IESS tendrá autorización para realizar los actos, contratos, transferencias de dominio y toda operación económica y financiera por una cuantía de hasta veinte cien milésimas (0,00020) del Presupuesto Inicial del Estado de cada ejercicio económico.
Art. 2.- El Director General establecerá y delegará, dentro de su competencia, las cuantías de autorización de gasto para las autoridades y funcionarios de la Institución, de acuerdo con el Reglamento Orgánico Funcional del IESS aprobado con Resolución C.D.457 de 8 de agosto de 2013.
Art. 3.- El Director General dictará la normativa interna secundaria que fuere necesaria para regular los procesos de contratación del IESS, incluyendo la adquisición de fármacos e insumos médicos, en concordancia con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y demás normativa relacionada.
PRIMERA.- El Director General instrumentará las acciones necesarias, a fin de contar con las herramientas tecnológicas que permitan a las autoridades de la Institución acceder a información sobre los procesos de contratación del IESS y la documentación de respaldo.
SEGUNDA.- Encargase al Director General la aplicación de la presente Resolución.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- En el presente año, la cuantía máxima de autorización de gasto del Director General será de USD 5´221.854,06, que corresponde a veinte cien milésimas (0,00020) del Presupuesto Inicial del Estado del ejercicio económico de 2013.
DEROGATORIA.- Derogase las Resoluciones números: C.D.235 de 29 de diciembre de 2008, C.D.247 de 11 de febrero de 2009, C.D.275 de 26 de agosto de 2009, C.D.286 de 22 de octubre de 2009, C.D.314 de 21 de abril de 2010, C.D. 354 de 2 de febrero de 2011, C.D.363 de 5 de mayo de 2011, C.D.367 de 15 de junio de 2011, C.D.442 de 21 de enero de 2013, C.D.455 de 4 de julio de 2013; y, demás normativa interna que se oponga a la presente Resolución.
COMUNÍQUESE.- Quito, D.M., a 13 de Septiembre de 2013.
f.) Fernando Cordero Cueva, Presidente del Consejo Directivo.
f.) Francisco Vergara Ortiz, Director General del IESS, Secretario del Consejo Directivo.
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Dr. MSc Patricio Arias Lara, Prosecretario, Consejo Directivo.- 19 de septiembre de 2013.
IEES.- Certifico que esta es fiel copia auténtica del original.- f.) Dr. Stalin H. Gaibor Paredes.
CAUSA Nº 150-2013
RESPONSABLE: Ab. Jaime Cadena Vásquez.
OBJETO: Expropiación del inmueble ubicado en Moronga parroquia Tocachi, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, mediante declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación y ocupación inmediata.
CUANTIA: $ 7.605,47 (SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO DOLARES 47/100)
DEFENSOR: Dr. RAFAEL VILLAMAR VILLAMAR - PROCURADOR SINDICO.
ACTOR: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PEDRO MONCAYO/ ANDRANGO FERNANDEZ WASHINGTON VIRGILIO/ Dr. CARLOS MUZO, en sus calidades de Alcalde y Procurador Síndico (E), respectivamente.
CITACION A LOS DEMANDADOS: Acosta Tulcán Lidia Andina, Bautista Muñoz Laura Rocío, Bosque Agustín, Bosque Bosque Carmen Lucía, Bosque Bosque Jaime Renán, Bosque Bosque María Teresa, Bosque Bosque María Teresa, Bosque Bosque Segundo B., Bosque Bosque Segundo Belisario, Bosque María Concepción, Bosque María Fanny, Bosque Tupiza Belisario, Bosque Tupiza María Adela, Cadena Jarrín Ángel María, Cadena Jarrín Luis Alfonso, Cadena Rodríguez Miguel Ángel, Chalán Pérez Emma A., Chasi María Digna, Collago De La Cruz Humberto, De La Cruz Andagoya María Ester, De La Cruz Rosario, Flores María, Flores María Carmen Amelia, Gualuchico Blanca Lira, Guasco P. José M., Hidalgo Pazmiño Félix Alcívar, Morales Baraja José H., Morales Baraja José Leonardo, Morales Baraja María Rosa Elena, Morales Bautista Diana Pilar, Morales José Agustín, Ojeda Rodríguez Lester Armando, Pazquel Tupiza María, Pinos Goyes Genaro Clotario, Quishpe De La Cruz Vicente F., Rivera Arias María Blanca, Rivera Arias Melchora, Rodríguez Perugachi María Beatriz, Ruano Jácome Nilo Adriano, Salazar Bosque Blanca Cecilia, Sánchez Flores Maruja, Sandoval Sánchez Víctor Julio, Sarchi Parra Ivelia Noemí, Tituaña Morales José Félix, Tituaña Morales Luis Anibal, Tituaña Morales María Emilia, Tituaña Morales María Graciela, Tituaña Morales María Rosario, Tituaña Morales Rosa Elvia, Tituaña Morales Segundo José Alejandro, Tituaña Navarrete José Alejandro, Tupiza Bosque José Alejandro, Tupiza Bosque Luis Alonso, Tupiza Bosque María Edelina, Tupiza Bosque Vicente, Tupiza José David, Tupiza Tupiza Clara Luz, Tupiza Tupiza José Francisco, Tupiza Tupiza José Rafael, Tupiza Tupiza Luis Alfonso, Tupiza Tupiza Luis Marcelo, Tupiza Tupiza Luis Ramiro, Tupiza Tupiza María Carmelina, Tupiza Tupiza María Senovia, Tupiza Tupiza Mariana De Jesús, Tupiza Tupiza Rosa María, Vallejo De La Cruz José Rafael. CAUSA No. 150-2013.- Resp. Ab. Jaime Cadena Vásquez. PROVIDENCIAS: JUZGADO DECIMO SEXTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA: Tabacundo, viernes 8 de marzo del 2013, las 08h11. VISTOS: En virtud del juramento rendido por los accionantes.- La demanda de expropiación que antecede, presentada por WASHINGTON VIRGILIO ANDRANGO FERNANDEZ y Dr. RAFAEL VILLAMAR VILLAMAR, en sus calidades de Alcalde y Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del cantón Pedro Moncayo, conforme justifican de autos, reúne los requisitos de ley, por lo que se le admite a trámite especial.- Cítese a los accionados por medio de la prensa, en uno de los diarios de mayor circulación a nivel Nacional, de la ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual por secretaria se entregará el extracto correspondiente, a fin de que contesten en el término legal, bajo prevenciones de ley.- En lo principal, y en virtud de haberse adjuntado a la demanda los documentos previstos en los artículos 67, 786, 787 del Código de Procedimiento Civil, sobre la declaratoria de utilidad Pública del inmueble descrita en la demanda, y apareja el comprobante de depósito realizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Moncayo, en la cuenta que mantiene el Juzgado en el Banco del Fomento por la cantidad de $ 760,55 dólares (SETECIENTOS SESENTA DOLARES 55/100), valor que corresponde al 10% del avalúo estimado del inmueble expropiado, conforme los certificados de avalúo catastral, que han adjuntado a su petitorio, valor que se consigna por el 10% de dicho inmueble, hasta que en sentencia se fije definitivamente éste.- En consecuencia, se autoriza a los personeros del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del cantón Pedro Moncayo, para proceder a la ocupación inmediata y urgente de (50.000 m2) cincuenta mil metros cuadrados, del inmueble de propiedad de los demandados, cuyos linderos son: NORTE: En 177.70.19 metros, con protección de quebrada; SUR: En 350.54 metros, con camino público; ORIENTE: En 119.07 metros, con camino público; OCCIDENTE: En 245.90 metros, con camino público; SUPERFICIE: 50.000 metros cuadrados.- Inscríbase la demanda en el Registro de la Propiedad del cantón Pedro Moncayo.- Los interesados dentro del término de tres días, de citados y notificados, designen perito o peritos en la forma prevista en el Art. 252 del Código de Procedimiento Civil, o en su defecto se procederá a nombrar uno solo.- Agréguese al expediente los nombramientos que acreditan la calidad en que comparecen los peticionarios, el casillero judicial señalado, para recibir sus notificaciones, y los documentos aparejados a la demanda.- Téngase en cuenta la designación y autorización conferida al Dr. Rafael Villamar.- Actué la Dra. Ruth Flores Ch. en calidad de Secretaria Ad-hoc. CITESE Y NOTIFIQUESE.- f.) Dra. ANA TERESA INTRIAGO CEBALLOS. JUEZA.- JUZGADO DECIMO SEXTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA: Tabacundo, lunes 26 de agosto del 2013, las 15h58. VISTOS: Por cuanto no se ha citado a los accionados por publicaciones en el Registro Oficial tal como lo establece el artículo 784 del Código de Procedimiento Civil, se ordena que se realicen, y se declara la nulidad hasta fs. 119 hasta el estado de correr traslado con el informe pericial, ya que según el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 453 del COOTAD el único objeto de este proceso es fijar el justo precio del inmueble expropiado estableciéndose como único presupuesto procesal para reclamar dicho pago, la expropiación por causa de utilidad pública, con lo cual a fin de garantizar el derecho de impugnar este informe pericial se dispone que se complete la citación a los titulares de dominio del bien expropiado.- Actúe la Dra. Ruth Flores como secretaria encargada.- Sin costas por no existir reclamo al respecto.- Notifíquese.- f.) Dra. ANA TERESA INTRIAGO CEBALLOS. JUEZA. Lo que comunico y cito a Ustedes para los fines de Ley, advirtiéndoles de la obligación que tienen de señalar domicilio judicial en esta causa, dentro del perímetro urbano de esta Cabecera Cantonal de Tabacundo y fuera del Despacho para recibir sus notificaciones.-
f.) Dra. Ruth Flores Ch. SECRETARIA (E), JUZGADO DECIMO SEXTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.
(2da. publicación)
No. 0431
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante “Constitución”), establece que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;
Que, el artículo 240 de la Constitución, señala: “Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distrito metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. (…)”;
Que, el numeral 1 del artículo 264 de la Constitución establece entre las competencias de los gobiernos municipales la siguiente: “1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, a fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. (…)”;
Que, el artículo 301 de la Constitución señala: “(…) Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones especiales. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo a la Ley.”;
Que, el artículo 186 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (en adelante “COOTAD”) dispone que: “Los gobiernos municipales y distritos metropolitanos autónomos podrán crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas, por el establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de su responsabilidad, (…)”;
Que, el artículo 566 del COOTAD establece: “Las municipalidades y distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públicos que se establecen en este Código. Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios públicos municipales o metropolitanos (…)”;
Que, en materia de planeamiento y urbanismo, le compete a la administración municipal expedir las ordenanzas y normativa específica con el objeto de cumplir las funciones prescritas en el COOTAD, teniendo en cuenta el armónico desarrollo urbano;
Que, el numeral 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito (en adelante “LORDMQ”) establece que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, tiene la competencia exclusiva y privativa para la regulación del uso y la adecuada ocupación del suelo, ejerciendo el control sobre el mismo, así como para la regulación y control de las construcciones o edificaciones, su estado, utilización y condiciones;
Que, la ordenanza metropolitana No. 172, sancionada el 30 de diciembre de 2011, establece el Régimen Administrativo del Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito;
Que, mediante oficio No. 2013-DMT-01024-2013-OFI- 00655 de 7 de agosto de 2013, la Dirección Metropolitana Tributaria emite su informe para la creación de la tasa por aprobación de procesos constructivos en el Distrito Metropolitano de Quito;
Que, mediante oficio No. ST-GT-3557 de 7 de agosto de 2013, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda emite su informe respecto del proyecto de ordenanza relativa a las tasas para procesos constructivos en el Distrito Metropolitano de Quito;
Que, mediante oficio, referencia expediente No. 3908- 2013, de 8 de agosto de 2013, la Procuraduría Metropolitana emite su criterio legal favorable para la aprobación del proyecto de ordenanza que contiene las tasas por servicios administrativos que presta la Municipalidad para procesos de construcción; y,
Que, es necesario regular el cobro de tasas para los procesos de construcción regulados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
En ejercicio de las atribuciones legales constantes en los artículos 57 literales a) y x), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, 2 numeral 1 y 8 numeral 1 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito.
LA ORDENANZA METROPOLITANA
REFORMATORIA DEL CAPÍTULO VI, TÍTULO II,
DEL LIBRO TERCERO DEL CÓDIGO MUNICIPAL,
SOBRE LAS TASAS POR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS QUE PRESTA LA
MUNICIPALIDAD PARA PROCESOS DE
Artículo 1.- Agréguense a continuación del artículo III.110 del Capítulo VI, Título II, del Libro Tercero del Código Municipal, los siguientes artículos:
“Artículo III.111.- Tasa por aprobación de procesos constructivos en el Distrito Metropolitano de Quito.- Créase la tasa retributiva por la aprobación de procesos constructivos en el Distrito Metropolitano de Quito.
Artículo III.111.a.- Hecho generador.- La obligación de pago de la tasa se configura por la solicitud de la Licencia Metropolitana Urbanística para el inicio y finalización de un proceso constructivo en el Distrito Metropolitano de Quito.
Artículo III.111.b.- Sujeto activo.- El sujeto activo de la obligación tributaria por la tasa por aprobación de procesos constructivos es el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
Artículo III.111.c.- Sujeto pasivo.- Son sujetos pasivos de la tasa por aprobación de procesos constructivos, las personas naturales o jurídicas propietarias de un bien inmueble o promotores, que requieran la autorización de inicio de un proceso constructivo y de finalización del mismo en el Distrito Metropolitano de Quito.
Artículo III.111.d.- No sujeción.- No estarán sujetos al pago de la tasa de aprobación de procesos constructivos, los proyectos de edificación menor o iguales a cuarenta metros cuadrados (40 m2).
Artículo III.111.e.- Exigibilidad.- La tasa se devenga por la obtención de la Licencia Metropolitana Urbanística LMU-20 y por la obtención del certificado de conformidad de finalización del proceso constructivo.
Artículo III.111.f.- Tarifas y pago de la tasa.- La tasa de aprobación de procesos constructivos comprende la emisión u obtención de la Licencia Metropolitana Urbanística LMU-20 y el certificado de conformidad de finalización del proceso constructivo, y será cancelada de la siguiente manera:
El pago de la tasa por la emisión de la Licencia Metropolitana Urbanística LMU-20, se efectuará una vez obtenida la documentación generada por las Entidades Colaboradoras, y tendrá un valor de USD. 4,13 (cuatro dólares de los Estados Unidos de América, con trece centavos).
Al pago de la tasa por la emisión de la Licencia Metropolitana Urbanística LMU-20, se añadirá el 30% del valor de la tasa por la emisión del certificado de conformidad de finalización del proceso constructivo (LMU-20). El mismo será calculado de conformidad a los valores incurridos por las inspecciones realizadas a las edificaciones, multiplicando el número de metros cuadrados de área bruta a edificarse, por el costo del metro cuadrado de construcción, que la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda determine hasta el 30 de noviembre de cada año; y, multiplicado por el factor fijo de finalización del proceso constructivo equivalente al uno por mil (1x1000) a partir de un área bruta de construcción de 41m2.
Artículo III.111.g.- Revisión anual del valor de la tasa.- Los valores correspondientes a la tasa de aprobación de procesos constructivos, se ajustarán anualmente y de manera automática, a partir de los valores de base o iniciales, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de la siguiente manera: si el IPC anual es igual o mayor al 5%, se aplicará el 90% del IPC a la tasa del siguiente año; y, si el IPC es menor al 5%, se aplicará el 95% del mismo IPC publicado por el INEC. La tabla de valores de la tasa por el servicio público de emisión del Certificado de aprobación de procesos constructivos, que resulten de la aplicación de este artículo, será publicada con fines informativos al inicio de cada año.
Artículo III.111.h.- Emisión de duplicados.- El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la dependencia competente, podrá emitir duplicados de las licencias metropolitanas urbanísticas y/o certificados de conformidad de finalización del proceso constructivo y de ejecución de obras en habilitación del suelo, previa petición del interesado y pago de un costo equivalente a USD. 4,07 (cuatro dólares de los Estados Unidos de América, con siete centavos).”
Disposición general única.- Lo previsto en esta ordenanza prevalecerá sobre lo regulado sobre esta misma materia en otras ordenanzas vigentes.
Primera.- Deróguese el artículo III.111.- Tasa por aprobación de planos de edificaciones, del Título II, del Capítulo VI, De las Tasas por Servicios Administrativos del Código Municipal.
Segunda.- Deróguese el artículo III.112.- Tasa por declaratoria de propiedad horizontal, del Título II, del Capítulo VI, De las Tasas por Servicios Administrativos del Código Municipal.
Tercera.- Deróguese el numeral 16 del artículo III....- “De las tasas por diversos servicios administrativos”, agregado a continuación del artículo III.115 del del Título II, del Capítulo VI,
De las Tasas por Servicios Administrativos del Código Municipal, por la ordenanza metropolitana No. 0086 de 25 de abril de 2003.
Disposición Final.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, el 15 de agosto de 2013.
f.) Sr. Jorge Albán Gómez, Primer Vicepresidente del Concejo Metropolitano de Quito.
f.) Abg. Patricia Andrade Baroja, Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito.
La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica que la presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones de 9 y 15 de agosto de 2013.- Quito, 13 de septiembre de 2013.
ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito, 20 de septiembre de 2013.
f.) Dr. Augusto Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito.
CERTIFICO, que la presente ordenanza fue sancionada por el Dr. Augusto Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de septiembre de 2013.
Distrito Metropolitano de Quito, 23 de septiembre de 2013.
Certifico que el documento que antecede en 6 fojas es fiel copia del original.- f.) Ilegible, Secretaria General, Concejo Metropolitano de Quito.- Quito, 23 de septiembre de 2013.
DEL CANTÓN MARCABELÍ
Que, el Art. 12 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible y esencial para la vida;
Que, el Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay;
Que, el Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador, dice “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”;
Que, conforme lo dispone el Art. 264, numeral 4, de la Constitución de la República del Ecuador, dice que los Gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determinan la Ley: “Prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la Ley”;
Que, el mismo cuerpo legal, dispone que los gobiernos municipales deberán “Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras”;
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el Art. 55, literal d), entre las competencias exclusivas de los GAD´s municipales está la de prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades se saneamiento ambiental y aquellos que establezcan la Ley;
Que, conforme lo dispone el Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dentro de las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal, en el inciso e) menciona la de crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras; y,
Que, en uso de las atribuciones conferidas por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:
LA SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, QUE ESTABLECE LA
ESTRUCTURA TARIFARIA QUE FIJA LAS TASAS
Art. 1.- Se declara de uso público los sistemas de distribución de agua potable y evacuación de desechos líquidos del cantón Marcabelí, facultando su aprovechamiento a las personas naturales y/o jurídicas, con sujeción a las prescripciones de la presente ordenanza.
Art. 2.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, de conformidad a las facultades que le otorga el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, será el encargado de administrar el consumo y tarifación de agua en todo el cantón Marcabelí.
DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LOS
Art. 3.- La persona natural o jurídica que deseare obtener los servicios de agua potable y/o alcantarillado para un predio de su propiedad, presentará por escrito la respectiva solicitud, en los formularios valorados correspondientes debidamente llenados, adjuntando la siguiente documentación:
Copia de escritura pública y/o certificado de avalúos y catastros de la Entidad donde justifique que el peticionario es dueño del inmueble;
Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación;
Copia del permiso de construcción o copia de la sentencia de declaratoria de propiedad horizontal debidamente certificada, según el caso;
Plano del diseño hidráulico-sanitario;
Pago del servicio de instalación;
Formulario de solicitud de agua potable;
Formulario de contrato del servicios de agua potable;
Formulario de solicitud del servicio de alcantarillado sanitario;
Copia de planimetría o realizar un croquis a mano de la ubicación del inmueble;
3.1 Requisitos para solicitar reubicación de medidor:
Formulario de solicitud del servicio de agua potable;
Valor de derecho de reubicación USD$ 5,00.
3.2 Requisitos para solicitar suspensión del servicio de agua potable:
Formulario de solicitud del Servicio de agua potable.
3.3 Requisitos para solicitar reconexión del servicio de agua potable:
Valor de reconexión equivalente al 2.5% del salario básico unificado.
Art. 4.- Recibida la solicitud, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí a través de la Unidad de Prestación de Servicios Públicos, realizará la inspección respectiva, elaborando el informe que hará conocer al Alcalde para la aprobación del caso.
Los resultados serán comunicados a los interesados en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.
Art. 5.- Aceptada la solicitud el interesado suscribirá el contrato de concesión de derechos de uso del servicio con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, mismo que se realizará en el formulario que deberá adquirir en recaudaciones, conforme consta de los términos y condiciones establecidos en este título.
Art. 6.- Celebrado el contrato para la concesión del servicio, éste tendrá el carácter de fuerza obligatoria hasta treinta (30) días después de que el propietario o su representante debidamente autorizado, notifique y justifique por escrito al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, su deseo de no continuar en el uso del mismo.
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, a través de la Unidad de Prestación de Servicios Públicos incorporará la información al catastro de abonados donde constarán sus datos de identificación, realizándose la liquidación para el pago oportuno.
Art. 7.- Cuando la acometida de agua potable sea mayor de tres cuartos de pulgada de diámetro, el interesado presentará conjuntamente con la solicitud, los justificativos técnicos hidráulicos correspondientes que serán aprobados por la Unidad de Prestación de Servicios Públicos.
Cuando se trate de condiciones y conexiones especiales de alcantarillado como son los establecimientos de salud, laboratorios, camales, lubricadoras, lavadoras, industrias, talleres de metal, mecánica, talleres automotrices, aserraderos, planteles avícolas y ganaderos, para la autorización de la acometida, deberán contar con sistemas de depuración previa como: trampas de lodo y grasas, desechos tóxicos y/o industriales, sistemas de purificación y un pre tratamiento de agua, según el caso.
Todas estas disposiciones y demás requerimientos serán aprobadas a través de la Unidad de Prestación de Servicios Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí.
Art. 8.- Los gastos de apertura y reparación de calles, mano de obra, materiales, instalaciones etc., tanto de agua y/o alcantarillado, serán por cuenta del abonado, bajo la dirección y supervisión técnica de la Unidad.
Art. 9.- Las conexiones domiciliarias tanto de agua potable como de alcantarillado, serán instaladas exclusivamente por el personal de la Unidad de Prestación de Servicios Públicos, desde la tubería matriz de distribución hasta el medidor inclusive, a costa del interesado. El material a emplearse será el establecido y autorizado por la Unidad de Prestación de Servicios Públicos. En el interior de los domicilios, los propietarios harán las instalaciones de acuerdo con las necesidades sujetándose a los planos hidráulicos-sanitarios aprobados, susceptibles a inspección.
Art. 10.- En caso de observarse defectos en las instalaciones interiores, no se concederá el servicio o se suspenderá la conexión domiciliaria hasta cuando fueren corregidos.
Art. 11.- El uso del medidor es obligatorio en toda clase de servicio y su instalación la realizará exclusivamente la Unidad de Prestación de Servicios Públicos, una vez cumplidos los requisitos de esta ordenanza y su reglamento.
Art. 12.- En los casos que sea necesario prolongar la tubería matriz para servir a nuevas urbanizaciones particulares, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí exigirá que las dimensiones y clases de tubería a extenderse sean determinadas por estudios técnicos que garanticen un buen servicio, de acuerdo con el futuro desarrollo urbanístico.
Art. 13.- Todo medidor de agua potable llevará un sello de seguridad que ningún usuario podrá abrir o cambiar y será revisado periódicamente por el personal de la Unidad de Prestación de Servicios Públicos.
Si el usuario observare algún mal funcionamiento del medidor o de las instalaciones hidráulico-sanitarias, deberá solicitar al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí la revisión y/o corrección de los defectos presentados. El valor de estos gastos será imputable al usuario.
Los medidores de agua potable se instalarán en la parte exterior del predio, en un lugar visible con una caja de protección o nicho en la pared frontal de la vivienda que permita la toma de lecturas.
En el caso de alcantarillado se exigirá que la conexión domiciliaria conste de una caja de revisión con una tapa móvil, construida bajo las especificaciones que indique la Unidad de Prestación de Servicios Públicos.
Art. 14.- La instalación de tubería para la conexión de aguas lluvias, irrigación o aguas servidas, se realizará de manera que pasen por debajo de las tuberías de agua potable, debiendo dejarse una altura libre mínima de 0.30 metros, cuando ellas sean paralelas y 0.20 metros, cuando se crucen.
Art. 15.- Cuando se produzcan desperfectos en las conexiones domiciliarias, desde las redes de los sistemas de agua potable y/o de alcantarillado hasta el predio, el propietario está obligado a comunicar inmediatamente al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí para la reparación respectiva. El costo de la reparación correrá por cuenta del usuario.
Art. 16.- Desde el momento de ponerse en servicio la conexión de agua potable y/o alcantarillado, es terminantemente prohibido negociar el agua potable y/o el servicio de alcantarillado con terceros.
Cuando se traten de pasos de servidumbre tanto de agua potable como de alcantarillado, estos deberán ser autorizados por el Concejo Cantonal, previo informe de la Unidad de Prestación Servicios Públicos, en apego a lo prescrito en la Ordenanza Municipal de Urbanismo, Construcciones y Ornato.
Art. 17.- Además de los casos señalados, se procederá a la suspensión de agua potable por las siguientes causas:
Incumplimiento del pago de consumo de agua potable por más de dos meses;
A petición justificada del abonado;
Cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí estime conveniente hacer las reparaciones o mejoras en el sistema, no será responsable de cualquier daño que se produjere por la suspensión hecha con previo aviso o sin él, o cuando la urgencia de las circunstancias lo requiera o lo obligue algún daño imprevisto;
Falta de cooperación del usuario para realizar lecturas del medidor, en dos meses seguidos;
Operación de válvulas, cortes, daños, etc., en la red pública de agua potable o en la acometida;
Fraude en el uso del agua o destrucción de medidores;
Utilización del agua con fines diferentes a la consignada en la solicitud del servicio; Estas suspensiones serán aplicadas sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Capítulo Quinto.
Art. 18.- Los propietarios de predios o inmuebles son responsables ante el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, por el pago de consumo de agua potable que señale el medidor, y el servicio de alcantarillado. En ningún caso se extenderán títulos de crédito a los arrendatarios.
Art. 19.- El pago por los servicios que presta el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí lo harán los abonados al servicio, de acuerdo a la planilla extendida por la Entidad de manera mensualizada.
Cualquier reclamo sobre el valor del consumo se aceptará únicamente dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha del pago de las respectivas planillas. Vencido este plazo no habrá opción a reclamo alguno.
Art. 20.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí cobrará por derecho de conexión a la red de servicios básicos, el valor establecido por la Unidad de Prestación de Servicios Públicos, de acuerdo a los trabajos que se realicen.
Art. 21.- La Unidad de Prestación de Servicios Públicos inspeccionará los medidores instalados en los predios de los usuarios y en caso de detectarse destrucción o fallas, se exigirá al contribuyente la adquisición de uno nuevo.
Art. 22.- Se establecen las siguientes clases y categorías de tarifas para los abonados del servicio de agua potable de la ciudad de Marcabelí:
a) CATEGORÍA RESIDENCIAL
Pertenecen a esta categoría los inmuebles destinados exclusivamente para vivienda, restaurantes y almacenes.
Las tarifas mensuales de la categoría residencial son las siguientes:
(USD/ M3)
(USD/ M3) (USD)
De 11 - 25
De 26 - 45
De 46 - 70
De 71 - 100
b) CATEGORÍA COMERCIAL
Pertenecen a esta categoría los inmuebles o predios destinados a actividades comerciales tales como: estaciones de servicio, lavanderías de ropa, tintorerías, hoteles, baños, piscinas, hosterías, pensiones, mecánicos, empresa de energía eléctrica, lavadoras de vehículos, casas renteras, oficinas, bares, fuentes de soda, cafeterías, clubes, discotecas, centros de recreación y diversión, planteles avícolas y porcinos, tiendas, supermercados y mercados, terminales terrestres, bancos, clínicas, escuelas, colegios, guarderías privadas, similares y otras.
Las tarifas mensuales de la categoría comercial son las siguientes:
c) CATEGORÍA OFICIAL O PÚBLICA
Dentro de esta categoría están todas las dependencias del sector público y las entidades que prestan servicios con finalidad social o pública; y además los establecimientos educacionales fiscales y las instituciones de asistencia social, beneficencia y cultos religiosos.
Las tarifas mensuales de la categoría oficial corresponderán al 50% del consumo residencial. En ningún caso se considerará la exoneración total de las tarifas.
Art. 23.- La Unidad de Prestación de Servicios Públicos establecerá un procedimiento que permita la actualización tarifaria mediante fórmulas que incluya los parámetros más representativos de la variación de los costos a fin de determinar las nuevas tarifas, las mismas que se fijarán por ordenanza de acuerdo a la siguiente fórmula:
Tap = C (oma) + C (Irep) + C (Iexp) + C (Sde)
Tap Tarifa medio por m3 para agua potable
C (oma) Costo medio por m3 por operación, mantenimiento y administración
C (Irep) Costo medio por m3 de Inversiones por reposición de activos
C (Iexp) Costo medio por expansión del servicio
C (Sde) Costo medio por m3 por servicio a la deuda
Costo medio del m3 por operación, mantenimiento y administración. Se calculará mediante la expresión:
C (oma) = Com/m3ven
Com Son todos los costos de operación, mantenimiento y administración del servicio; correspondiente a la suma desde el año 1 al n
M3ven M3 de agua factible de vender; correspondientes a la suma desde el año 1 al n
Costo medio del m3 de inversiones por reposición de activos
C (Irep) = I/M3ven
I Son todos los costos de inversión que por reposición de activos de vida útil
M3ven M3 factible de vender; correspondientes al periodo de suma desde el año 1 al n
Costo medio del M3 de inversiones por expansión
C (Iexp) = Iexp/M3ven
Iex Son todos los costos de inversión por expansión
M3 ven M3 factible de vender; correspondiente al periodo de suma desde el año 1 al n
Costo medio del M3 por servicio a la deuda
C (Sde) = Sde/M3ven
Sde Son todos los pagos que por servicio a la deuda se tendrán que efectuar
M3 ven M3 factibles de vender; correspondientes al periodo de suma desde el año 1 al n
Art. 24.- Al valor de la planilla de consumo, de acuerdo a la categoría se sumará un valor correspondiente al concepto “costo de emisión”, que será calculado de la siguiente forma:
Costo de emisión = 1.10 (costo de formato + costo de procesamiento)
1.10 = Factor de incremento por concepto de transporte, desperdicios y por cambios, altas y bajas del procesamientos de las planillas de consumo.
Costo de formato = Costo unitario de fabricación del formato utilizado para la impresión de la planilla de consumo (USD. 0,05).
Costo de procesamiento = Costo unitario de procesamiento automatizado de cada planilla de consumo, personal involucrado en registro, digitación y procesamiento de datos para cada planilla (USD 0,05)
El costo de emisión lo realizará la Unidad de Prestación de Servicios Públicos, de acuerdo con la variación del costo del formato y procesamiento que se presente.
Art. 25.- La base imponible para la determinación de la tasa del alcantarillado, será igual al valor que el usuario pague mensualmente por concepto de agua potable, sin tomar en cuenta otros conceptos. Sobre esta base imponible se aplicará un porcentaje al valor consumido mensualmente por cada usuario, de acuerdo a la categoría y tarifas vigentes de conformidad con lo siguiente:
Categoría residencial 15%
Categoría comercial 20%
Categoría oficial o pública 10%
La tasa por el servicio de alcantarillado se aplicará únicamente a los contribuyentes que posean estos servicios.
Además mensualmente se incorpora en la planilla de agua potable el valor de USD$ 1,00 por cada usuario, por concepto de contribución especial de mejoras por la construcción de obras de alcantarillado sanitario en el Cantón Marcabelí.
Art. 26.- El servicio suspendido por orden del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, a través de la Unidad de Prestación de Servicios Públicos, no podrá ser reinstalado sin previo trámite y autorización de la máxima autoridad de esta Entidad. El usuario en cuya instalación se practique una reconexión sin autorización incurrirá en una multa de 5% del salario básico unificado a la fecha, sin perjuicio de la acción judicial a que hubiere lugar.
Art. 27.- Por derecho de reconexión del servicio de agua potable se cobrará el equivalente al 2.5% del salario básico unificado; así como los gastos de materiales y mano de obra si los hubiera.
Art. 28.- Prohíbase las conexiones de las tuberías de agua potable con cualquier otra tubería o depósito de diferente sistema, que altere o pueda alterar la potabilidad del agua. La persona o personas que causaren daño directa o indirectamente incurrirán en falta, estando obligados a pagar el valor de las reconexiones y una multa del 5% del salario básico unificado, sin perjuicio de la acción coactiva que tuviere lugar.
Art. 29.- Si se encontrara alguna instalación fraudulenta o clandestina de agua potable y/o alcantarillado, el dueño del inmueble pagará una multa del 5% del salario básico unificado. La reincidencia será penada con una multa que resulte de multiplicar el número de incidencias por la multa inicial, más el consumo presuntivo que será evaluado por la Unidad de Prestación de Servicios Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí por todo el tiempo en que se hubiere realizado dicha conexión.
Art. 30.- Prohíbase a todos los usuarios manipular o hacer manipular con personas que no estén autorizados por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, las instalaciones de agua potable y/o alcantarillado o sus partes. Por el daño intencional que se ocasionare a las conexiones domiciliarias o por la interrupción fraudulenta de un medidor, a más de las tarifas señaladas en el Art. 22 y del valor correspondiente por concepto de materiales y de mano de obra en caso de daño, deberá pagarse la multa del 10% del salario básico unificado vigente, sin perjuicio de la respectiva responsabilidad penal que tuviere lugar.
Art. 31.- El agua potable que suministra el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí no podrá ser destinada para riego de campos o de huertos, lavado de vehículos en domicilios, abrevadero de semovientes. Solo se permitirá el riego de jardines. En periodo de estiaje o escases de agua queda terminantemente prohibido el uso de agua potable para otros fines que no sea el consumo humano.
La infracción a esta disposición será sancionada con una multa equivalente al 2% del salario básico unificado vigente.
Art. 32.- Ningún propietario o usuario podrá dar, por intermedio de un ramal, servicio a otra propiedad vecina y en caso de hacerlo pagará una multa equivalente al 5 % del salario básico unificado vigente, sin perjuicio de la acción legal correspondiente. De reincidir se sancionará con el doble de la multa.
Art. 33.- Los abonados que tengan piscinas en sus predios, deben instalar obligatoriamente un sistema de recirculación. La infracción a esta disposición será sancionada con la suspensión del servicio hasta que se instale dicho sistema de recirculación.
Art. 34.- Solo en caso de siniestros, o de ser el caso existiere la autorización del Gobierno Municipal, podrá el personal de El Cuerpo de Bomberos, Personal Militar, hacer uso de válvulas, e hidrantes, bocas de fuego en circunstancias normales. Ninguna persona o entidad podrá hacer uso de ellos y si lo hiciera, además del pago de daños y perjuicios a que hubiere lugar, se impondrá una multa del 5% del salario básico unificado vigente.
Art. 35.- La administración, operación, mantenimiento y extensiones de los sistemas de agua potable y/o alcantarillado del cantón, estarán a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí debidamente representado por la Unidad de Prestación de Servicios Públicos.
Art. 36.- El Departamento de Obras Públicas Municipales y la Unidad de Prestación de Servicios Públicos responderán ante el Ilustre Concejo por el buen servicio de agua potable del Cantón y pasarán mensualmente un informe sobre las actividades cumplidas ya sea en lo administrativo como en operación, mantenimiento y ejecución de obras.
Art. 37.- Para que exista flexibilidad, agilidad y oportunidad en la entrega de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como la correcta aplicación de normas y sanciones, se establecerá el reglamento interno por cada servicio entregado que regule su manejo y uso.
PRIMERA.- Se exceptúa de la prohibición de regar huertos aquellos programas de huertos familiares y escolares; y, el lavado de carros del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí.
SEGUNDA.- Para la aprobación de planos de construcción, previo a su aprobación se deberá contar con la revisión del Jefe de la Unidad de Prestación de Servicios Públicos, a fin que autorice o realice recomendaciones para la conexión de los servicios básicos a las redes.
REFORMATORIAS Y DEROGATORIAS
PRIMERA.- Deróguese toda Ordenanza, Reglamento, Resolución o cualquier otra disposición adoptada con anterioridad y se oponga a la presente Reforma.
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y demás medios que disponga la Municipalidad.
Dada y firmada en la sala de sesiones de la Alcaldía del Cantón Marcabelí, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil trece.
f.) Lcdo. Jorge Carrión Mora, Alcalde de Marcabelí.
f.) Ing. Paola Toro Gallardo, Secretaria General.
CERTIFICACIÓN: La suscrita Secretaria del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, Provincia de El Oro, tiene a bien certificar que “LA SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA TARIFARIA QUE FIJA LAS TASAS POR SERVICIOS”, fue debatida por el Concejo Cantonal en las sesiones ordinarias celebradas los días treinta de agosto y cinco de septiembre del año dos mil trece, en primera y segunda instancia respectivamente.
f.) Ing. Paola Cristina Toro Gallardo, Secretaria General.
Marcabelí, a los seis días del mes de septiembre del año dos mil trece, a las trece horas con cero minutos, de conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización vigente, REMÍTASE, al señor Alcalde en cuatro ejemplares “LA SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA TARIFARIA QUE FIJA LAS TASAS POR SERVICIOS”.
Marcabelí, a los seis días del mes de septiembre del año dos mil trece, a las quince horas con treinta minutos, de conformidad al artículo 324 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización vigente, procedo a SANCIONAR, la “SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA TARIFARIA QUE FIJA LAS TASAS POR SERVICIOS”, disponiendo su publicación en el Registro Oficial y en los medios que disponga la Institución.
f.) Lcdo. Jorge Humberto Carrión Mora, Alcalde de Marcabelí.
Marcabelí, a los seis días del mes de septiembre del año dos mil trece, a las quince horas con treinta minutos, el señor Alcalde del cantón Marcabelí, Lcdo. Jorge Humberto Carrión Mora, SANCIONÓ, FIRMÓ Y ORDENÓ, que se haga pública “LA SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA TARIFARIA QUE FIJA LAS TASAS POR SERVICIOS”.
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References: artículo 154
 artículo 227
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 artículo 4
 artículo 227
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 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 226
 artículo 335
 artículo 304
 artículo 4
 artículo 154
 artículo 17

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Artículo 5
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 artículo 227
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 artículo 85
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 artículo 227
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 artículo 298
 artículo 9
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 artículo 74
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Artículo 2
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 artículo 284
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 Artículo 155
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