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Timestamp: 2018-12-13 02:59:49+00:00

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La intervención directa de las CCAA e...
La intervención directa de las CCAA en la transformación del suelo (Proyectos de Interés Regional o Autonómico) en el conjunto de las legislaciones autonómicas y sus resultados
La intervención directa de la administración autonómica en la transformación urbanística del suelo
BALANCE Y VALORACIÓN.
Catedrática de Geografía Humana. Universidad de Sevilla
Práctica Urbanística, Nº 139, Sección Estudios, Marzo 2016, Editorial Wolters Kluwer
LA LEY 672/2016
A partir de las competencias que a las Comunidades Autónomas les otorga el título Ordenación del Territorio o el Interés Regional, la mayor parte de ellas han legislado con la voluntad de intervenir directamente no solo en la planificación sino también en la clasificación y transformación del suelo. En este artículo se realiza un recorrido por la normativa que da cobertura a estas actuaciones y las diferencias que se registran entre unas Comunidades Autónomas y otras. Se analizan no solo la normativa, sino también las actuaciones cuya tramitación se ha iniciado por esta vía, las que se han llevado a término y la incidencia territorial que de las mismas se han derivado. Finalmente, se hace balance y valoración de estos instrumentos de contenido esencialmente urbanístico.
Bajo la competencia que les da el título Ordenación del Territorio o el interés regional, o el supramunicipal, las Comunidades Autónomas (CCAA) han legislado con la voluntad de intervenir directamente en la planificación, ordenación, control y transformación en el suelo no urbanizable o incluso en cualquier clase de suelo. Las Leyes, Planes de Ordenación del Territorio y otras figuras son los principales instrumentos de los que los Gobiernos autonómicos se han dotado para ejercer, parcialmente, una competencia urbanística directa en la clasificación y, en su caso, transformación del suelo.
Esta intervención puede realizarse con distintas finalidades u objetivos muy diferentes. Por una parte, está la voluntad de establecer figuras de protección sobre el suelo no urbanizable, que venga a sumarse a las categorías de especial protección establecidas por la legislación sectorial (ambiental, cultural, costas, dominio público u otras); de este modo, el planeamiento urbanístico general vendrá obligado a preservar del proceso urbanizador determinados suelos en razón de la protección territorial establecida por los Planes de Ordenación del Territorio. Sin duda, esta competencia autonómica constituye uno de los campos de debate o enfrentamiento entre la Administración autonómica y la local en el proceso de elaboración de los planes territoriales en la medida que la Administración local entiende que a través del plan territorial se limita su capacidad de clasificar suelo como Urbanizable o Rústico.
Por otra parte, están las figuras creadas por la legislación autonómica para dotar al Gobierno regional de la capacidad de intervenir directamente en la transformación urbanística del suelo. Ciertamente, la Administración General del Estado disponía con anterioridad, y sigue disponiendo hoy, de instrumentos para la implantación directa de infraestructuras y equipamientos de interés general en el suelo no urbanizable, con escasa controversia y enfrentamiento en los casos de las infraestructuras de transporte, con más controversia y enfrentamiento en los casos de algunas infraestructuras o equipamientos que generan rechazo en las poblaciones locales (desde cárceles a cementerios nucleares). Asimismo, la figura de las actuaciones de interés público en suelo no urbanizable cuenta con una extensa tradición en nuestro ordenamiento jurídico con la finalidad de hacer posible la implantación de usos diversos en el suelo no urbanizable, tanto de carácter público como privado.
Nuestra intención este artículo es la de hacer una valoración de los instrumentos establecidos por las CCAA que les faculta intervenir en la transformación urbanística en cualquier clase de suelo, pero particularmente en los no urbanizables, por su mayor incidencia territorial. Haremos, para ello, un recorrido de las normas dictadas al efecto, del uso que de las mismas han hecho los Gobiernos autonómicos y su incidencia real sobre el territorio (1)
En su texto original de 1994, la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA) no contemplaba ningún instrumento que facultara a la Administración autonómica para intervenir directamente en la transformación en el territorio. Solo a través de las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio (POT) podría plantearse ciertas actuaciones, aunque siempre habrían de ser desarrolladas a través del planeamiento municipal.
Con posterioridad, la LOTA ha sido objeto de distintas modificaciones encaminadas a dar cobertura a las denominadas Actuaciones de Interés Autonómico: en 2004, se incorporó un nuevo título a la Ley (Título IV. De las Actuaciones de Interés Autonómico), en 2008 el Título V (De las declaraciones de campos de golf de interés turístico) y en 2010 el Título VI (De las inversiones empresariales declaradas de interés estratégico para Andalucía). Según el art. 38.1 de la LOTA: "El Consejo de Gobierno podrá declarar de Interés Autonómico, por su especial relevancia derivada de su magnitud, su proyección económica y social o su importancia para la estructuración territorial de Andalucía, las actuaciones de carácter público contempladas en planes de ordenación del territorio y en planes con incidencia territorial". Una vez obtenida la declaración de Actuación de Interés Autonómico, sus efectos son los previsibles: declaración de utilidad pública a efectos de expropiación, vinculación directa del planeamiento municipal y no estar sujetas a licencia municipal (2) Podemos concluir que son actuaciones muy limitadas o controladas, por cuanto a) han de ser de carácter público, y b) han de estar contempladas bien en los planes de ordenación del territorio, o bien en los planes con incidencia territorial (3) . Por su parte, la incorporación del Título V deriva de la normativa sectorial (4) que crea la figura de campos de golf de interés turístico, que permite el uso residencial vinculado al nuevo equipamiento deportivo o de ocio, siempre que éste tenga unos determinados niveles de excelencia. La declaración de campo de golf de interés turístico vincula directamente al planeamiento urbanístico y territorial y para su efectiva implantación solo se precisa que se proceda a consultar a las Administraciones afectadas, que se someta a información pública y que se obtengan los informes sectoriales que sean preceptivos (art. 40 de la LOTA). Finalmente la incorporación del Título VI en 2010 viene a dar cabida a inversiones empresariales que al ser declaradas de interés estratégico por la Comisión Delegada (del Consejo de Gobierno) para Asuntos Económicos, obtienen los mismos efectos que las Actuaciones de Interés Autonómico, vinculando asimismo, si fuera el caso, a los planes de ordenación del territorio (art. 41 de la LOTA).
¿Qué efectos o resultados ha tenido esta nueva normativa en la implantación efectiva de actuaciones en el territorio? La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (EPPA), que es la empresa pública competente en el desarrollo de la Áreas Logísticas recogidas en su Plan Director de Infraestructuras, ha puesto en marcha 4 áreas logísticas en Granada, Níjar (Almería), Antequera (Málaga) y Majarabique (Sevilla), que se encuentran en distintas fases de tramitación. Solo en el caso de Antequera, el Proyecto de Actuación ha sido aprobado, pero aún no se ha desarrollado (5)
Al amparo del artículo 41 de la LOTA, el Consejo de Gobierno de Andalucía ha procedido en 2015 a la declaración del Centro de Ensayo para sistemas no tripulados en el Arenosillo (Moguer, Huelva) (CEUS) como actuación empresarial de interés estratégico, que van a desarrollar conjuntamente el INTA, dependiente del Ministerio de Defensa, y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Los terrenos para esta actuación, que ocupan 75 hectáreas, se sitúan dentro de los regulados por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) en la corona forestal situada fuera del Parque de Doñana. En el Acuerdo se determinó expresamente la prevalencia del interés científico-tecnológico sobre el forestal, y por tanto se autorizaba a la descatalogación de los terrenos afectados.
En el caso de los campos de golf de interés turístico están sometidos al control de Turismo, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La Junta de Andalucía aplica criterios restrictivos a la hora de la concesión de la autorización para la construcción de estos campos de golf, que en buena medida es un instrumento para la edificación residencial extensiva al margen de los criterios del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y que son objeto de controversia y debate entre intereses económicos y sociales (ambientales) enfrentados. Hasta la fecha solo se han aprobado dos, en la provincia de Cádiz, sin que se haya iniciado su ejecución material.
Ya la Ley 5/1999, de 25 de marzo (LA LEY 1694/1999), Urbanística contemplaba la figura de los Proyectos Supramunicipales, de iniciativa privada, en suelo urbanizable no delimitado y no urbanizable genérico, con usos tanto públicos como privados y con una identificación precisa de sus dimensiones, siendo el Gobierno de Aragón competente en su tramitación y aprobación (6) . Con posterioridad, la Ley 4/2009, de 22 de junio (LA LEY 11989/2009), de Ordenación del Territorio de Aragón recogía un capítulo dedicado a "Los instrumentos especiales de Ordenación Territorial: Planes y Proyectos de Interés General de Aragón". Esta Ley fue objeto de una modificación en la Ley 8/2014, de 23 de octubre (LA LEY 16522/2014), una de cuyas principales finalidades fue la de dotar de un nuevo régimen a estos Instrumentos Especiales. Su objeto se mantiene inalterado y, como en otros casos, su finalidad en la de la regulación de la implantación de "actividades de especial transcendencia" y "por su incidencia territorial, económica, social, cultural, su magnitud o sus principales características" (art. 32). Los cambios más significativos se registran en las actividades objeto de estos planes y proyectos al ampliarse a la implantación de actividades industriales, de servicio y ocio, con una mención expresa a las estaciones de esquí (7) . En concordancia con lo anterior, se incorpora en esta Modificación la iniciativa privada como promotora de la actuación; con anterioridad el promotor de la actuación debería ser la Administración de la Comunidad Autónoma, si bien se indicaba "de oficio o a instancia de la iniciativa privada" (art. 34). Como será habitual en las restantes normas autonómicas, este instrumento especial de intervención en el territorio requiere de la declaración del interés general por parte del Consejo de Gobierno.
En realidad, a partir de la Ley 8/2014 (LA LEY 16522/2014), estos instrumentos, régimen y tramitación se están regulando principalmente para las actividades que vayan a ser de iniciativa privada, ya que según el artículo 36 las actividades que tengan su origen en planes aprobados por el Gobierno o declarados de interés general por éste, quedan exentos de la declaración de interés general (8) .
La declaración de Proyectos de Interés General de Aragón (P.I.G.A.) se ha dirigido preferentemente a la creación de suelos productivos y a estaciones de esquí. Entre las primeras cabe mencionar particularmente plataformas logísticas, una vez comprobado el éxito de la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA): en Huesca (PLHUS), Teruel (PLATEA) o Fraga, si bien no todas han resultado tan exitosas como la primera. Con unas características muy diferentes se han desarrollado o se pretenden desarrollar estaciones de esquí, derivado del hecho de que la Ley 6/2003 (LA LEY 689/2003), de 25 de febrero, de Turismo de Aragón establece que los centros de esquí y de montaña tienen el carácter de planes o proyectos de interés general de Aragón, deben regirse por la normativa urbanística y establecía ya la posibilidad de la promoción privada (art.51). Dentro de esta categoría, en 2015 se ha aprobado un P.I.G.A para hacer posible la unión de las estaciones de esquí entre los valles del Aragón y del Tena mediante remontes y telesillas; se trata de una actuación de gran envergadura, que afectará a más de 100 hectáreas y una inversión en torno a los 60 millones de euros, que puede llevar cierta complejidad técnica y un elevado impacto ambiental y paisajístico, y no está exento de polémica y rechazo desde las organizaciones ecologistas.
La Ley 2/2001, de 25 de junio (LA LEY 1298/2001), de Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, regula los Proyectos Singulares de Interés Regional, dentro del Capítulo II (Planeamiento Territorial) junto con el Plan Regional de Ordenación Territorial y las Normas Urbanísticas Regionales. La regulación es similar a la desarrollada por la mayor parte de las CCAA: el Consejo de Gobierno es el órgano que aprecia el Interés Regional, pueden ser implantados en cualquier clase de suelo y promovidos tanto por la iniciativa pública como la privada. Los fines a los que pueden ir destinadas estas actuaciones cubren un amplio elenco de actividades como vivienda, infraestructuras y actividades económicas, siempre con la precisión de que la actuación transcienda de lo local (9) . Se han registrado varias modificaciones en su regulación, la última de ellas en la Ley 5/2012 (LA LEY 9989/2012). En la actual regulación se llega a precisar que el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) debe contener un nivel detalle propio de Plan Parcial y Proyectos de Urbanización (Art. 27.1) o que incluso en el caso de que el régimen de los suelos sobre los que se pretende implantar tengan un régimen incompatible con su transformación, el PSIR podrá modificarlos (10) . Es decir, un solo instrumento, considerado de "planeamiento territorial", cubre todas las etapas que en el ordenamiento convencional requiere de la sucesión en cascada desde el planeamiento general a los de desarrollo.
La página oficial del Gobierno de Cantabria (11) recoge información detallada de las actuaciones que se han tramitado como PSIR. Son en total 20 proyectos lo que aquí se recogen, con afección a superficies que oscilan entre las 20 y las 270 hectáreas y con un destino preferente en la creación de suelos productivos (11 proyectos). La mayor parte de los PSIR han sido promovidos por la propia Administración autonómica y sus empresas públicas: Consejería de Medio Ambiente, Sanidad, Vivienda o empresa de turismo, destacando las actuaciones destinadas a suelos productivos y promovidas por la empresa pública Suelo Industrial de Cantabria (SICAN SL), con seis iniciativas, aunque también ha habido algunas de iniciativa privada. Pero de esas 20 iniciativas, solo 7 han alcanzado la aprobación definitiva; hay algún caso que ha obtenido la Declaración del Consejo de Gobierno en el año 2008, y de la que no se ha registrado, a la fecha de hoy, ninguna otra tramitación; finalmente, de las dos actuaciones de vivienda promovidas por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, en uno de los casos el Gobierno ha desistido de la actuación (residencial El Bojar, en los municipios de Camargo y Santa Cruz, con más de 1.000 viviendas previstas) por la oposición de los propios ayuntamientos y otros colectivos sociales, y en la segunda (Valle del Buelna) ha debido volver a reformularse al anular el TSJC (12 mayo 2008) una modificación puntual en uno de los municipios afectados (12) . Hasta la fecha, pues, sus efectos han sido limitados.
En el caso de Castilla-La Mancha este tipo de actuaciones son reguladas en la Ley 2/1998, de 4 de junio, del Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística como Planes y Proyectos de Singular Interés (PSI). Se justifican por su relevante interés social o económico en el ámbito regional. El Plan ha de ser de iniciativa pública, mientras que el Proyecto puede ser promovido también por la iniciativa privada y "para su inmediata ejecución" de forma que pueden contener las determinaciones propias de los Proyectos de Urbanización. Estos Planes y Proyectos de Singular Interés podrán afectar a cualquier clase de suelo y los usos a los que estarán destinados abarcan infraestructuras, viviendas de protección públicas, actividades industriales y terciarias, u otras obras y servicios convenidos entre Administraciones (13) .
Al amparo de esta regulación se ha realizado, o iniciado, la tramitación de 15 proyectos en la Comunidad Autónoma (14) , entre los que destacan, por su número los destinados a parques industriales (4) y de producción de nuevas energías eólica y termosolar (2); campos de golf (2), viviendas de protección pública (dos actuaciones con más de 1.000 y 2.000 viviendas y equipamientos en Guadalajara y Toledo, respectivamente), equipamientos públicos (2) y privados (1). En alguno casos, la actuación se ha desarrollado sin especiales incidencias; en otros, en unos tiempos que no se acompasan con el objetivo de su inmediata ejecución, pues su aprobación o ejecución se alarga en el tiempo; y algún caso las Administraciones implicadas han terminado desistiendo de la operación por la imposibilidad declarada de asumir su ejecución (como ha sido el caso del PSI de la Plataforma Logística e intermodal de sureste de Hellín, promovida conjuntamente por el gobierno regional y el Ayuntamiento (15) .
Mediante el instrumento de los Proyectos de Singular Interés se han tramitado en Castilla-La Mancha dos actuaciones particularmente conflictivas, con fuertes tensiones ambientales, políticas y territoriales, y fracasadas en términos económicos: nos referidos al complejo de ocio Reino de Don Quijote y el Aeropuerto, ambos en la provincia de Ciudad Real y ubicados muy próximos entre sí.
En el caso del Complejo de Ocio Reino de Don Quijote, en el propio término municipal de Ciudad Real, se presentó como una gran operación cuya locomotora era un casino con capital estadounidense y en torno a él una macrourbanización con hoteles, campos de golf, y 9.000 viviendas, sobre una superficie próxima a las 700 hectárea y una inversión prevista de miles de millones de euros. Esta operación estaba territorialmente diseñada para beneficiarse de su proximidad a Madrid, su conexión a través de la línea de Alta Velocidad y el proyecto que en esos momentos arrancaba también del aeropuerto de Ciudad Real. Tres años después la empresa promotora del casino se retiraba argumentando con la falta de financiación y caída del mercado inmobiliario y 2011 la sociedad entraba en concurso de acreedores. Solo un campo de golf se ha construido.
El Aeropuerto de Ciudad Real se inicia como un Proyecto de Singular Interés, con afección a más de 1.800 hectáreas; sus impulsores argumentaban con la oportunidad de contar con un aeropuerto para carga al sur de Madrid, con el Aeropuerto de Barajas congestionado (pero con la T-4 en construcción). La declaración se obtuvo en 2003 contando con carácter previo con la autorización para su construcción y la declaración de interés general por parte del Ministerio de Fomento en 2002 (16) , y donde ya se advertía que se debía dar cumplimiento a las condiciones determinadas por la declaración de Impacto Ambiental formulada por el Ministerio de Medio Ambiente. El cumplimiento de las determinaciones ambientales fue un tema recurrente a lo largo de la transformación del suelo, con denuncias de asociaciones ecologistas e intervención de la Comisión de la Unión Europea, que remitió al Gobierno de España Carta de Emplazamiento y Dictamen Motivado por su afección a espacios protegidos y que obligó a reformular la declaración de impacto ambiental en 2006 (Resolución de 16 de febrero de 2006). El aeropuerto entró en servicio en 2008 y tras una lánguida y ruinosa actividad dejó de operar en 2011.
La Ley 10/1998, de 5 de diciembre (LA LEY 251/1999), de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León regula en los artículos 20-25 los Planes y Proyectos Regionales definiéndolos como "instrumentos de intervención directa en la Ordenación del Territorio de la Comunidad". Las finalidades previstas son amplias y la iniciativa será solo pública para los Planes, pero puede ser indistintamente pública o privada en el caso de los Proyectos y, como es norma habitual en estas regulaciones, necesitarán de la declaración el interés regional para ser aprobadas por esta vía. En el punto correspondiente a los proyectos se hace una referencia expresa a la ejecución inmediata de la actuación objeto de la declaración del interés de la Comunidad (17) .
El Gobierno regional ha recurrido a la declaración de Proyecto Regional para actuaciones de carácter conflictivo en términos ambientales. En unos casos se ha tratado de vertederos de residuos tóxicos y peligrosos, como es el de Santovenia del Pisuerga (Valladolid), el centro de tratamiento de residuos urbanos en Gomocello (Salamanca), o el del vertedero de residuos industriales de Fresno de la Ribera (Zamora). En otros son operaciones de carácter turístico-residencial que afectan a espacios protegidos, eufemísticamente denominado en un caso Ciudad del Medio Ambiente en Soria, que afecta a 560 hectáreas, o el Complejo de Ocio y Aventura de Meseta-Ski en Tordesillas (Valladolid) (18)
Con la pretensión de blindar estas actuaciones, el ejecutivo castellano-leonés no realiza la declaración del Proyecto Regional por Decreto, sino por una Ley singular, tramitada como proyecto de Ley o como Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario que sustenta al Gobierno, y si ha sido preciso modificar la norma previamente existente lo ha hecho; así ha ocurrido en el caso del Proyecto Regional del Centro de tratamiento de residuos urbanos en Gomocello, el del Vertedero de residuos industriales de Fresno de Ribera o el de la Meseta de esquí de Tordesillas. Un grupo de más de 50 Diputados Socialistas en dos casos han presentado recursos de inconstitucionalidad, y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León una cuestión de inconstitucionalidad en otro (19) . Tanto en el caso del vertedero de Santovenia como en el de la Ciudad de Medio Ambiente el TC ha declarado su inconstitucionalidad, porque la Ley impugnada vulnera el art. 24.1 del CE (LA LEY 2500/1978) al impedir el acceso al control judicial de los derechos e intereses afectados.
A pesar de la declaración de inconstitucionalidad, el vertedero de Santovenia se mantiene en funcionamiento y la Ciudad de Medio Ambiente está a la espera de ser reformulada en otros términos y se incorpora al paisaje de construcciones inacabadas y fantasmas, de mayor impacto ambiental y paisajístico, si cabe, que las finalizadas. Y el conflicto jurídico, social, político y territorial continúa abierto en todos los casos.
La legislación urbanística de Cataluña ya contemplaba la figura de los Planes Directores Urbanísticos (PDU), cuyo impulso y tramitación corresponde a la Consejería competente en Urbanismo, y cuyo contenido se circunscribía a directrices de coordinación urbanística, sobre movilidad y transporte público, medidas para la protección del suelo no urbanizable, o reservas de suelo para infraestructuras. Regulados dentro de la Ley de Urbanismo, la utilización de los PDU hasta 2010 los sitúa como instrumentos de apoyo a la planificación territorial (20) y, por tanto, plenamente coherente con la competencia de planificación territorial de la Generalitat, si bien a partir de 2007 (Decreto Ley 1/2007) se faculta a la Administración autonómica a actuar en suelos urbanizables con la finalidad de intervenir en el mercado de suelo para vivienda protegida, que significa también la capacidad de calificar suelo e incluso su gestión urbanística. Con posterioridad, la Ley 3/2012, de 22 de febrero (LA LEY 3277/2012), de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo, amplió las funciones de los Planes Directores Urbanísticos (PDU) a "La delimitación y la ordenación de sectores de interés supramunicipal para la ejecución directa de actuaciones de especial relevancia social o económica o de características singulares" (art. 56.1.g) , que faculta a la Administración autonómica a intervenir en suelos urbanos no consolidados y urbanizables delimitados, ordenándolos al nivel de planeamiento de desarrollo (21) . En relación a las finalidades que hasta entonces se recogían en este artículo, la inclusión del apartado 1.g) supone entrar en la ordenación pormenorizada directa de los suelos mencionados y con la justificación recurrente de la "especial relevancia social o económica". En consecuencia, a las finalidades inicialmente previstas de instrumentos de apoyo y desarrollo de la planificación territorial y que no suponen una intervención directa en la transformación del suelo, sino el establecimiento de directrices comarcales urbanísticas o el establecimiento de reservas de suelo para nuevas infraestructuras, se le han agregado otras finalidades que capacitan al Gobierno autonómico a intervenir directamente en sectores urbanos y urbanizables, en escala de gran detalle, y orientados a actividades económicas concretas (Tales serían los casos del PDU de Delimitación para la Implantación de la Terminal Intermodal de Mercancía en el Camp de Tarragona y el PDU de Delimitación y Ordenación del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallés, ambos aprobados en 2014) y, con la singularidad, con respecto a las restantes normas autonómicas que regulan este instrumento, que si bien se justifican la competencia autonómica por la especial relevancia de la actuación, no se especifica la declaración por parte de la Generalitat de tal condición.
El artículo 60 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre (LA LEY 205/2002), del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura regula los denominados Proyectos de Interés Regional. No se justifican en razón de su relevancia o transcendencia territorial, económica o social como hacen otras leyes; la única justificación parece encontrarse en "su inmediata ejecución" (art. 60.1); pueden desarrollarse en cualquier tipo de suelo, en uno o más municipios; el promotor puede ser público o privado, si bien en este segundo supuesto el proyecto deberá contar con la declaración de interés regional por parte de la Junta de Extremadura. Las finalidades cubren un amplio abanico de supuestos que en la redacción original de 2001 contemplaba: a) infraestructuras de cualquier tipo, b) la ejecución de las políticas de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, c) las actividades industriales y terciarias, y d) otras actuaciones concertadas entre Administraciones; es decir, de redacción similar a otras ya analizadas.
A esta figura se ha recurrido para dar respuesta a actuaciones de carácter diverso, como la construcción de viviendas protegidas en las principales ciudades extremeñas (Badajoz, Cáceres, o Plasencia entre otras); equipamientos públicos, proyectos turístico-residenciales, proyectos industriales, logísticos o energéticos. En general se indica expresamente que el objetivo es la "reclasificación, ordenación y urbanización" de los suelos o la de "modificar las condiciones urbanísticas previstas en el Plan General" (22) Estos Proyectos de Interés Regional (PIR) cumplen la función de proceder a la innovación del planeamiento municipal general de forma expedita y contiene información urbanística detallada y ordenación pormenorizada: se trata pues, sin ninguna duda, de proceder a una "reclasificación, ordenación y urbanización", para su "inmediata ejecución".
Algunos de estos proyectos han venido a dar cobertura a grandes proyectos logísticos, industriales o turístico-residenciales de más compleja andadura. Así la denominada Ciudad Logística de Usos Múltiples en Badajoz que contaba inicialmente con 800 hectáreas, se aprobó en 2010 como PIR Plataforma Logística del Suroeste europeo, 1 fase, con 90 hectáreas y cuyas obras se iniciaron en 2015; es una actuación de carácter público entre Ayuntamiento, Gobierno regional y SEPES, dependiente del Ministerio de Fomento. Por esta vía de declaración del Interés Regional se pretendió llevar a cabo una refinería de petróleo en Los Santos de Maimona, con conexión al puerto de Huelva, y por tanto de alcance territorial supra-regional; la declaración de impacto por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2012 fue negativa por su posible afección al Parque Nacional de Doñana. Quizás el caso más mediático es el del Complejo Turístico de Salud, Paisajístico y de Servicio Marina Isla de Valdecañas, en el embalse del mismo nombre; obtuvo la declaración de interés regional en 2007, fue ejecutado como un resort de lujo con villas turísticas, hoteles, campos de golf y otras instalaciones, pero en 2011 fue anulado por Sentencia del TSJ de Extremadura al afectar a zonas protegidas, que ordena la reposición de los terrenos a su estado original. Ha habido otras sentencias firmes confirmando la anterior, pero el complejo turístico sigue en pie (23) .
La Ley 10/1995, de 23 de noviembre (LA LEY 148/1996), de Ordenación del Territorio de Galicia regula los denominados en este caso Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal como uno de los instrumentos de ordenación del territorio (art. 22-25). Las finalidades previstas: viviendas protegidas, infraestructuras y dotaciones e instalaciones de interés público o utilidad social, cuando se acredite su Incidencia Supramunicipal, cuya calificación corresponde al Consejo de Gobierno; la novedad estriba en que éste atribuirá la tramitación del Plan o Proyecto a la Conselleria competente en relación al contenido del Proyecto, frente a otras normas autonómicas que residencian la competencia de la tramitación en la Consejería competente en Ordenación del Territorio o Urbanismo.
La Ley 10/1995 (LA LEY 148/1996) ha sido modificada con posterioridad con la voluntad de facilitar la implantación de algunas de las actuaciones previstas. Así debe ser destacado los cambios introducidos por sendas leyes de Acompañamiento de la Ley de Presupuesto de 2010 (Ley 15/2010, de 28 de diciembre (LA LEY 26914/2010)) y Ley de Presupuesto de 2012. En la primera se han hecho algunos cambios, pero particularmente llama la atención la referida a cómo se ha de proceder si la actuación afecta a suelo rústico de especial protección: no prohíbe que se haga, sino que deberá contar con informe favorable del organismo competente (24) . En la segunda se exime de evaluación ambiental estratégica a todos los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal (con anterioridad estaban eximidos los que se desarrollaban al amparo de un Plan que ya había sido sometido a la evaluación ambiental estratégica), salvo los que se decidiera someter de forma motivada a evaluación que, como indica A. Nogueira, lo lógico hubiera sido lo contrario (25) .
Al amparo de esta norma y del decreto que la desarrolla (Decreto 80/2000, de 23 de marzo (LA LEY 5380/2000), por el que se regulan los planes y proyectos de incidencia territorial), se están llevan a cabo en Galicia un elevado volumen de actuaciones (26) , algunas destinadas al establecimiento de complejos hospitalarios públicos, parques industriales, pero sobre todo es el instrumento utilizado por la Dirección General de Energía y Minas de la Conselleria de Economía e Industria para la autorización de la instalación de distintas infraestructuras de producción y/o distribución de energía (gaseoductos, líneas eléctricas y, sobre todo, parques eólicos).
En la Ley 10/1998, de 2 de julio (LA LEY 2645/1998), de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, ya se regulan las figuras de las Zonas de Interés Regional y los Proyectos de Interés Supramunicipal, y con pocas modificaciones incorporadas después en la Ley 5/2006 (LA LEY 4275/2006), como parte integrante de los instrumentos de Ordenación del Territorio. La diferencia entre ambas radica, como ocurre en otras leyes autonómicas, que en el caso de las Zonas de Interés Regional han de ser actuaciones promovidas y ejecutadas por la Administración autonómica o sus organismos dependientes, mientras que los Proyectos de Interés Supramunicipal podrán ser desarrollados por iniciativa pública o privada. Las actuaciones a desarrollar pueden tener como objeto usos muy diversos, se justifica como es habitual por su interés o alcancel regional y se podrán desarrollar tanto en suelos urbanizables como no urbanizables. Quizás la singularidad en este caso proceda del órgano que autoriza la actuación: mientras que lo habitual en otras normas autonómicas es que la declaración la resuelva el Consejo de Gobierno, en el caso de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja se residencia esta potestad en el Consejero competente en Ordenación del Territorio (27)
El Gobierno ha hecho uso de estos instrumentos, generalmente como Proyectos de Interés Supramunicipal (PIS), para actuaciones de escasa entidad, tales como la habilitación de acceso y aparcamiento de determinados equipamientos o el centro territorial de Televisión Española, cuya trascendencia e interés regional puede ser cuestionable. Hay actuaciones de mayor incidencia y alcance territorial como es el caso de la Central térmica de ciclo combinado en Arrúbal, un Parque empresarial en Arnedo (sobre 61 hectáreas) o el Parque Logístico de La Rioja en Agoncillo, con unas 150 hectáreas y estratégicamente situado entre la línea férrea, AP-68, la N-232 y el aeropuerto.
Sin duda la actuación más conflictiva ha sido el proyecto denominado Ecociudad de Logroño. En 2010 (28) se produjo la aprobación definitiva de Zona de Interés Regional para el desarrollo de la Ecociudad (ECOZIR) de vivienda de protección oficial en La Fonsalada y El Corvo, en el término municipal de Logroño. Con carácter previo el Gobierno regional había firmado un "convenio urbanístico" con dos empresas propietarias de buena parte de los terrenos, clasificados como Suelo No Urbanizable Especial por su interés paisajístico por el Plan General de Logroño; la actuación afectaría a más de 60 hectáreas y estaba prevista la construcción de casi 3.000 viviendas, el 90% de la cuales protegidas y, como en otros intentos de este tipo, se defendió el carácter sostenible y su apuesta por la eficiencia energética para justificar el proyecto y su ubicación. El proyecto contó con la oposición del Ayuntamiento de Logroño, grupos ecologistas y la Asociación de Empresario CPAR, que presentaron diferentes recursos, que finalmente cerró el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en 2012 con tres sentencias simultáneas (de 5 de julio de 2012), que anulan la declaración de interés supramunicipal y el convenio suscrito entre el Gobierno Regional y los privados. Los argumentos de estas Sentencias han sido detalladamente expuestos en distintos trabajo destacándose sus argumentos a favor de la autonomía local en las situaciones en las que no está justificada la intervención regional por la innecesaridad de la dotación de nuevos suelos residenciales, como que los instrumentos de ordenación el territorio también están obligados a justificar la transformación del suelo rural y que la protección especial vincula tanto al planeamiento urbanístico como al territorial (29) . La transformación física de los suelos no se había iniciado en esas fechas y el Gobierno regional optó por desistir de emprenderla.
La Ley 9/1995, de 28 de marzo (LA LEY 3277/1995), por la que se regulan las medidas de política territorial, suelo y urbanismo de la Comunidad de Madrid, ya contenía en el capítulo III del Título IV (Actuaciones de Interés Regional) los denominados en este caso Proyectos de Alcance Regional, con las finalidades, objetivos y procedimientos que son comunes a las de otras de las leyes analizadas. La justificación se encuentra en "razones de urgencia o excepcional interés público" y "para su inmediata ejecución" y entre las finalidades se distingue entre unas de mayor vocación pública (infraestructuras y "viviendas pública de emergencia") y otras relacionadas con la iniciativa privada (30) . En este segundo caso, los promotores deberán dirigirse a la Consejería competente en Economía, no a la de Ordenación del Territorio, para solicitar el informe que avale en alcance regional del proyecto, que finalmente deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno.
En la Ley de Acompañamiento de 2012 (Ley 8/2012, de 28 de diciembre (LA LEY 22416/2012), de Medidas Fiscales y Administrativas) se introdujo un segundo supuesto, los denominados Centros Integrados de Desarrollo, para la implantación de complejos mixtos de "actividades industriales, turísticas, de convenciones y congresos, de ocio, espectáculos, juego, deportivas, sanitarias, culturales o comerciales" (31) . A. Fortes considera, y no solo él, que es un instrumento hecho a medida para Eurovegas, pues se instaura "el artificio para calificar ope legis la actuación como proyecto de alcance regional, evitando así al promotor privado el incómodo (por el escrutinio público al que se sometería) trámite de solicitar a la Consejería de Economía su declaración como "de Alcance Regional" y a la Administración pública, pronunciarse en un primer momento con la declaración de viabilidad contemplada en el artículo 37 de la Ley 9/95, de 28 de marzo (LA LEY 3277/1995)" (32)
Con independencia de este caso singular, o no tan singular, tomando en consideración otras iniciativas más o menos similares en otras CCAA., en la Comunidad de Madrid se ha hecho un uso limitado del Proyecto de Alcance Regional. Se han iniciado algunos Proyectos por esta vía que o bien no avanzan o se ha desistido de esta tramitación; el proyecto de más entidad aprobado, en 2013, ha sido el Proyecto de Nuevas Instalaciones Tecnológicas y Productivas, de ampliación de EADS-CASA en Getafe, que afecta a una superficie de unas 40 hectáreas en suelo urbanizable no sectorizado que mediante esta declaración pasa a ser Suelo Urbanizable Sectorizado con ordenación detallada, para su inmediata ejecución.
Le Ley 4/1992, de 30 de julio (LA LEY 3101/1992), de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia ya recogía las denominadas Actuaciones de Interés Regional. Estaban reguladas de forma muy genéricas y si concreción de las finalidades y objeto de estas actuaciones: "…que hayan de beneficiar a la Región de Murcia… y en el ámbito de los servicios públicos, la economía, la conservación del medio ambiente, la mejora de la calidad de vida y los objetivos generales de ordenación del territorio" (Art. 30). Estas finalidades se precisan mejor en la Ley 1/2001, de 24 de abril (LA LEY 1412/2001), del Suelo de la Región de Murcia. En el Preámbulo de la más recientemente aprobada Ley 13/2015, de 30 de marzo (LA LEY 5237/2015), de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, se especifica que uno de los primeros objetivos de esta reforma es la modificación de "la regulación de la figura de las Actuaciones de Interés Regional, ampliando sus posibilidades de actuación y reduciendo sus trámites".
Las Actuaciones de Interés Regional forman parte, aunque con carácter excepcional, de las clases de instrumentos de Ordenación del Territorio, pueden ser de carácter público o privado y, una vez declaradas de interés regional por el Consejo de Gobierno, sus determinaciones prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico y territorial, en el caso de que no fueran compatibles con éstas (33) .
¿Qué uso ha hecho el Gobierno de Murcia de este instrumento de ordenación territorial? Hasta la fecha, el Consejo de Gobierno de Murcia ha declarado dos actuaciones de interés regional: El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y Marina de Cope, ambas aprobadas en 2004 (34)
La actuación Marina de Cope estaba contemplada en las Directrices y Plan de ordenación territorial del litoral de la Región de Murcia y ha sido considerada como "un ejemplo paradigmático" de las grandes operaciones turístico-residenciales promovidas por la Administración pública (35) . Lo es por sus dimensiones (más de 21 millones de m2, más de 20.000 plazas hoteleras, entre 9.000 y 11.000 nuevas viviendas, 5 campos de golf, …) y como ejemplo de desarrollos turístico-residenciales diseñados en la década primera de este siglo, para los que parecía no haber techo, ni límite jurídico, ni territorial. El Tribunal Constitucional (36) anuló la Disposición Adicional Octava que se había introducido en 2005 en la Ley 1/2001 (LA LEY 1412/2001) y que hizo posible que quedaran excluidas de protección ambiental cerca de 11.000 hectáreas, para pasar a formar parte de esta macrooperación urbanística. La crisis económica había ido retrasando su ejecución y actualmente se encuentra sin previsión de desarrollo.
Por su parte, el Aeropuerto Internacional de la Región Murcia fue declarado también como Actuación de Interés Regional por Acuerdo del Consejo de Gobierno de Murcia de 18 de marzo de 2004, estableciéndose en ese Acuerdo "la titularidad pública" de la actuación. El Gobierno dio a Aeromur (consorcios de empresas liderada por la constructora Sacyr) la concesión para la construcción y explotación del aeropuerto, cuyas obras se ejecutaron entre 2008 y 2012; pero el Gobierno tuvo que avalar a la empresa, con más de 182 millones de euros y hubo de hacerse cago posteriormente del crédito, para terminar rescindiendo el contrato a la empresa concesionaria. El aeropuerto no ha llegado a entrar en servicio, pasando a engrosar la lista de aeropuertos sin actividad: En este caso, la transformación del territorio sí se ha producido, pero sin efectos en la actividad turística u otras actividades económicas, ni en el empleo. De ejemplo paradigmático podríamos calificar también esta fallida intervención.
Los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal figuran en la Ley Foral 12/1986, de 11 de noviembre (LA LEY 80/1987), de Ordenación del Territorio, habiéndose introducido con posterioridad cambios en la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio (LA LEY 3773/1994), y en la 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Los Planes tienen por objeto "actuaciones residenciales, de actividad económica, o el desarrollo de planes y política públicas, cuya incidencia y efectos trascienda… del municipio o municipios donde se asientan" (art. 41.1 de la Ley 35/2002 (LA LEY 1104/2002)) y los Proyectos tienen como objeto "la implantación de infraestructuras o instalaciones del sistema de transportes, hidráulicas, de gestión ambiental, energéticas, de telecomunicación y cualesquiera otras análogas, cuya incidencia y efectos, … trascienda … al municipio o municipios sobre los que se asienten" (art. 41.2). Planes y proyectos pueden ser promovidos tanto por la iniciativa pública como privada (art. 45.1) y afectar a cualquier clase de suelo, y corresponderá al Gobierno de Navarra la declaración de un Plan o Proyecto como de Incidencia Supramunicipal (art. 42.4).
Los Planes y Proyectos de Interés Supramunicipal como instrumentos de Ordenación del Territorio en Navarra poseen una regulación relativamente detallada en cuanto sus contenidos, justificación de su contribución a la estructuración y vertebración territorial del territorio u obligaciones de los promotores que en caso de los Planes de Interés Supramunicipal han de ceder el 10% del aprovechamiento lucrativo a los Ayuntamientos, así como en el caso de los Planes y Proyecto de Incidencia Supramunicipal de iniciativa privada habrán de establecer una garantía no inferior al 6% del coste de la actuación (arts. 43.3.b y 4.3.b). En una modificación posterior, de acuerdo con la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio (LA LEY 11542/2012), de la Transparencia y del Gobierno Abierto, se requiere que con carácter previo a la aprobación de la declaración del Interés Supramunicipal el Plan o Proyecto haya sido sometido a un "proceso participativo y socialización con los agentes sociales y territoriales afectados" (art. 42.4.c).
Los Planes y Proyectos de Sectoriales de Incidencia Supramunicipal están siendo ampliamente utilizados, tanto por el Gobierno Regional y las Corporaciones Locales, como por los particulares, para el desarrollo de actuaciones de carácter diverso: residenciales, equipamientos, actividades económicas e infraestructuras (37) . Desde el propio complejo de la Universidad Pública de Navarra, a parques tecnológicos, centros comerciales, gaseoductos y oleoductos, parques eólico, o la construcción del Canal de Navarra y sus áreas regables, sin que se registre una gran conflictividad de intereses, salvo, quizás, en los casos de instalación de vertederos y residuos que son rechazados por las poblaciones situadas en sus proximidades.
La Ley 5/2014, de 25 de julio (LA LEY 12286/2014), de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana regula las denominadas Actuaciones Territoriales Estratégicas en el artículo 17, en el capítulo de Planeamiento de ámbito Supramunicipal, junto con la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, los planes de acción territorial, y los planes generales estructurados mancomunados.
Las Actuaciones Territoriales Estratégicas "tienen por objeto la ordenación, gestión y desarrollo de intervenciones territoriales singulares de relevancia supramunicipal, que así sean declaradas por el Consell, y que por su interés general requieran un procedimiento de tramitación específico y acelerado" (art. 17.1), coincidiendo con el objeto que, con diferentes denominaciones, encontramos en otras CCAA: relevancia supramunicipal declarada por el Consell y celeridad en la tramitación. Podrán ser de iniciativa pública, o privada, o mixta, y desarrollarse en cualquier clase de suelo; la tramitación y aprobación corresponderá a la Consejería competente en Ordenación del Territorio y Urbanismo. Sobre las características de las actuaciones que podrán ser declaradas de carácter estratégico, se hace especial mención a criterios territoriales (38) y entre los usos se especifican los de carácter económico, equipamientos terciarios y la mejora del medio rural (39) . Hay algunas singularidades en esta redacción: mayor preocupación por la coherencia territorial de las actuaciones, han desaparecido las referencias recurrentes en otras normas a las infraestructuras y a la vivienda protegida y se introduce una referencia propia a las actividades que mejoren el medio rural.
Las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) declaradas por el Consell hasta la fecha han sido cinco: El Proyecto Valencia Avanza, el Proyecto de Desarrollo Turístico y Deportivo del Valle del Río Mijares, Proyecto Puerto Mediterráneo, Proyecto Alcoinnova, y el Proyecto Alicante Avanza (40) . Salvo la primera, que es una actuación promovida por el Valencia Club de Futbol en suelo urbano de la capital en cuya valoración no entraremos, las 4 restantes se desarrollan o pretenden desarrollar en suelos no urbanizables, y en algún caso de protección especial. Son grandes operaciones que afectan a superficie comprendidas entren 50 y 400 hectáreas, de carácter turístico, terciario, comercial, o industrial, apoyadas en las grandes vías de comunicación de la región. La única ATE aprobada (Resolución 16 de enero de 2015) es la del Proyecto Alcoinnova de usos declarados de carácter industrial, logístico y tecnológico en el corredor de la A-7 y promovido por el grupo empresarial agroalimentario La Española, cuyo ejecución material no se ha iniciado y para el que el propio Ayuntamiento reclama determinados informes ambientales. El Gobierno valenciano constituido en junio 2015 se está cuestionando las ATE como modelo de desarrollo.
Con pocas excepciones, pues, casi todas las CCAA han introducido en su legislación sobre Ordenación Territorial unos instrumentos que facultan al Gobierno autonómico a intervenir directamente en la transformación urbanística del suelo. De la regulación que en cada caso se ha realizado, de las modificaciones que se han ido introduciendo en el periodo de vigencia de estas leyes autonómicas, aún de corto recorrido, y de la aplicación que de las mismas se han hecho a lo largo de estos años podríamos ir avanzando un balance, siempre provisional:
Se parte, en principio, de una competencia sin tacha de adscripción al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, cual es el plan de interés general de carácter público para las reservas de suelo para infraestructuras y equipamientos públicos, o su misma implantación, extendiéndose también a la vivienda protegida. Pero de aquí, casi sin solución de continuidad, se pasa a regular en el mismo título o capítulo, los proyectos o actuaciones: es decir, el cambio de clasificación y la transformación directa del suelo, se amplía a usos productivos: tecnológico, logístico, industrial, terciario, ocio, turístico,… y a la iniciativa privada; y, frente a lo que ha sido el criterio de la práctica urbanística española de la planificación en cascada, en estos supuestos en un mismo instrumento se lleva a cabo la delimitación, clasificación, ordenación y urbanización del suelo hasta el nivel incluso de proyecto de urbanización: "urbanismo supralocal puro y duro" en palabras de M. Vaquer (41) , y en ocasiones ni siquiera supralocal, añadiríamos.
La justificación de esta atribución de una competencia propiamente urbanística a la Administración autonómica se realiza, con alguna excepción, en la legislación de ordenación territorial y se basa en el interés supramunicipal, que aprecia y declara, también salvo contadas excepciones, el propio Consejo de Gobierno (42) . El interés general se sustenta en unas palabras claves: relevancia o trascendencia de la actuación. Relevancia o transcendencia bien por razones territoriales: el carácter supramunicipal del proyecto (la actuación transciende el ámbito local); o bien por su relevancia, incidencia o trascendencia económica o social, mucho más indeterminadas; de ahí que con frecuencia se aluda al carácter singular de la actuación que se acomete por tan excepcional procedimiento. Las denominaciones que se les da a estos instrumentos son tan variadas como leyes autonómicas los han regulado, pero los términos que más frecuentemente se repiten en su denominación son Interés (supramunicipal, autonómico, regional, general, estratégico) y Singular (Singular Interés o Interés Singular).
De la aplicación de estos instrumentos cabría distinguir entre los proyectos o actuaciones que tienen un ámbito supralocal, donde la afección a varios términos municipales requiere del recurso a un instrumento supralocal; en algunas CCAA se está haciendo un uso adecuado y razonable para instalaciones que cumplen esa condición física de transcender del territorio de un término municipal. Pero ello no tendría por qué suponer la intervención directa del gobierno autonómico y podría resolverse con una figura intermunicipal o plurimunicipal, con intervención de la Consejería competente en la aprobación definitiva, pero no como una competencia propia del Gobierno autonómico.
El reconocimiento de la singularidad de los proyectos y su instrumentación, así como los fines a los que han sido destinadas cuestionan que estemos ante una actuación derivada de la ordenación territorial, sino que por el contrario son actuaciones específicas, únicas, singulares, al margen de la ordenación territorial y urbanística previamente aprobadas, cuando no abiertamente contrarias. Al argumento de la relevancia, transcendencia y singularidad de la actuación, viene a sumarse la urgencia de su realización; es frecuente que en la propia norma se acuda como argumento de peso añadido, a la inminente o inmediata ejecución. En algún caso es la única justificación; en la mayor parte es una razón complementaria; en otras se ha incorporado con posterioridad, unido a la necesidad de acortamientos de los plazos; y no faltan los casos en los que el argumento de la inmediata ejecución, flexibilización de la norma y acortamiento de los plazos se han introducido por ley en los últimos años como medida anticrisis.
Con independencia de la regulación general, que ya de por sí supone un elevado nivel de discrecionalidad de la Administración actuante, en ocasiones se ha tratado de forzar el orden previamente establecido, la ordenación territorial y urbanística, e incluso la ley. Leyes ad hoc, modificaciones de las leyes ad hoc, urbanismo ad hoc, al servicio de unos intereses concretos. A nadie se le escapa que en la práctica urbanística local funciona el urbanismo a la demanda, pero en estos casos, la implicación y el empeño de algunos Gobiernos regionales en algunas actuaciones concretas les ha llevado a acudir a procedimientos cuestionables y cuestionados, habiéndose procedido a su anulación por el TSJ de la Comunidad Autónoma o por el propio Tribunal Constitucional, unas veces en fase de proyecto, pero en otras como la actuación ya acabada y en explotación. Para ello se ha necesitado del concurso de otras instituciones u organizaciones contrarias al desarrollo de la actuación, cuyos recursos ante los tribunales de justicia han prosperado. Pero también es cierto que en otros casos, tan cuestionables como los anteriores, se ha producido un acuerdo de defensa del proyecto, sustentado en el argumento falazmente construido de la generación de riqueza y empleo, y hasta beneficios ambientales, que ha unido a instituciones y organizaciones locales, sin distinción de color político; si acaso algunas organizaciones ecologistas han recurrido tales decisiones administrativas, pero no han prosperado.
Decíamos a comienzos de este apartado conclusivo que se trata de un balance provisional; primero porque siempre es prudente hacerlo así, pero también por algunas razones específicas. Por una parte, está el hecho de que son normas de relativamente reciente incorporación al ordenamiento jurídico de cada Comunidad Autónoma; es posible que algunas tengan una vigencia de más de veinte años, pero han sido desarrolladas o modificadas ad hoc en los últimos años y podría deducirse que lo han hecho con la voluntad de insistir en el uso de tales instrumentos. En tal sentido, hemos conocido de bastantes proyectos que se encuentran en fase de tramitación y con previsión de aprobación.
Por otra parte, a pesar de que la figura de estos proyectos singulares de interés general o regional es un instrumento muy potente para la intervención directa de la Administración autonómica en la transformación del suelo, lo cierto es que varias CCAA, algunas con la medida en vigor hace también más de veinte años, han hecho un uso muy limitado de los mismos; en otros se ha iniciado el procedimiento con ampulosas defensas de sus bondades económicas y sociales, pero tras la declaración inicial de su interés público han quedado paralizadas por razones que exigiría un estudio en profundidad de cada caso y que cuando menos ponen en entredicho la inmediata ejecución que había justificado su declaración. No es menos cierto que el devenir judicial de algunos de los proyectos defendidos con mayor ahínco por algunas Administraciones y sus efectos económicos, sociales, políticos y por qué no también morales, debe de haber llevado a la prudencia a estas mismas Administraciones a la hora de escuchar los cantos de sirena de algunas propuestas que llegan a sus despachos.
No cabe duda de que la norma territorial/urbanística puede facultar al Gobierno autonómico a intervenir en la transformación de los suelos en determinadas circunstancias, pero siempre de forma proporcional, razonada y ajustada a las competencias y responsabilidades que esta Administración tiene.
Algunas CCAA han recurrido también a leyes singulares o leyes de caso único para hacer posible la implantación de proyectos concretos, la Ley 2/1989, de 16 de febrero (LA LEY 618/1989), sobre centros recreativos turísticos de Cataluña, diseñada para dar cobertura a PortAventura, y recientemente modificada por la Ley 6/2014, de 10 de junio (LA LEY 9174/2014), precisamente para dar cobertura a BCN Word; o la Ley 5/2012, de 23 de mayo (LA LEY 9989/2012), de medidas urbanísticas para la ejecución del Centro Internacional de Tenis Rafael Nadal, cuya denominación no deja lugar a dudas de su finalidad, y que no han sido las únicas dictadas en este sentido. En este artículo no se han incluido el análisis de estas leyes.
Art. 38.3 de la LOTA: "La aprobación por la Administración de la Junta de Andalucía de los estudios, proyectos y planes relativos a las actuaciones objeto de la declaración de Interés Autonómico tendrá, de acuerdo con su alcance concreto, los siguientes efectos, además de los que pudiera prever la legislación sectorial de aplicación: a) Llevará implícita la declaración de la utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación a los efectos de la expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su ejecución. b) Legitimará inmediatamente su ejecución siendo sus determinaciones directamente aplicables. c) Sus determinaciones vincularán directamente al planeamiento del municipio o municipios afectados que, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) anterior, deberán incorporar dichas determinaciones con ocasión de la siguiente innovación urbanística. d) Dado el excepcional interés público que conlleva la declaración de Interés Autonómico, su construcción y puesta en funcionamiento no estarán sujetas a licencias ni, en general, a actos de control preventivo municipal, y ello sin perjuicio del procedimiento de armonización a que hace referencia el apartado 3 del artículo 170 de la Ley 7/2002 (LA LEY 61/2003), de Ordenación Urbanística de Andalucía, o el que prevea la legislación sectorial aplicable". Con matizaciones, estos mismos efectos se contendrán en las declaraciones de interés general de las normas de otras CCAA.
En La LOTA son Planes con Incidencia Territorial los planes de carácter sectorial expresamente relacionadas en el Anexo I de la Ley, cuyos contenidos deberán especificar sus objetivos territoriales y justificar su coherencia con los contenidos del Plan de Ordenación de Andalucía.
Decreto 43/2008, de 12 de febrero (LA LEY 1685/2008), regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de febrero de 2015, publicado en el no 85 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), de 6 de mayo de 2015. Y http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=eded1b84c9d28310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c5ba28b120b78310VgnVCM2000000624e50aRCRD. Consultado en enero 2de 2016
Ley 5/1999 (LA LEY 1694/1999) Urbanística, artículo 76. Objeto. Mediante la aprobación de Proyectos Supramunicipales, podrá autorizarse la urbanización de suelo urbanizable no delimitado y de suelo no urbanizable genérico para actividades industriales o de servicios de especial importancia, grandes equipamientos colectivos y edificación de viviendas de promoción pública, siempre que requieran la ocupación de más de tres hectáreas de terreno o exijan una superficie construida superior a cinco mil metros cuadrados.
Podrán ser objeto de Planes y Proyectos de Interés General de Aragón actuaciones territoriales relevantes como las siguientes: a) La ejecución de grandes equipamientos, infraestructuras e instalaciones. b) La ejecución de planes y programas propios de la Administración de la Comunidad Autónoma o gestionados conjuntamente con otras Administraciones Públicas, c) La implantación de actividades energéticas, industriales, de servicios o de ocio de especial importancia, tales como los centros de esquí y montaña definidos en la legislación turística.
Ley 8/2014 (LA LEY 16522/2014), Artículo 36 Declaración implícita. 1. Cuando la actividad susceptible de ser promovida mediante un Proyecto de Interés General de Aragón estuviera contemplada en planes aprobados por el Gobierno de Aragón y determinado el municipio o los municipios previstos para su ubicación, podrá considerarse de interés general a los efectos de quedar exenta del trámite previo de declaración contemplado en el artículo anterior. 2. Del mismo modo, los proyectos contemplados en los Planes cuyo interés general hubiese sido declarado por el Gobierno de Aragón y estuviese determinado el municipio o los municipios previstos para su ubicación quedarán también exentos del trámite previo de declaración de su interés general. 3. El promotor de estos proyectos podrá proseguir, en su caso, con el resto de la tramitación establecida para la aprobación de Proyectos de Interés General de Aragón, debiendo iniciar los trámites de la evaluación ambiental conforme se establece en el artículo 40.
Ley 2/2001, de 25 de junio (LA LEY 1298/2001), de Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria Artículo 26Proyectos Singulares de Interés Regional. 1 .Los Proyectos Singulares de Interés Regional son instrumentos de planeamiento territorial que tienen por objeto regular la implantación de instalaciones y usos productivos y terciarios, de desarrollo rural, turísticos, deportivos, culturales, actuaciones de mejora ambiental, de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, así como de grandes equipamientos y servicios de especial importancia que hayan de asentarse en más de un término municipal o que, aun asentándose en un solo, trasciendan dicho ámbito por su incidencia económica, su magnitud o sus singulares características.
Art. 26.3.Los Proyectos Singulares de Interés Regional pueden desarrollarse en cualquier clase de suelo, con independencia de su clasificación y calificación urbanística, sin perjuicio de lo establecido en el planeamiento territorial. Cuando se proyecten sobre suelos respecto de los que los planes y normas de ordenación territorial y urbanística o la legislación sectorial sujeten a un régimen incompatible con su transformación mediante la urbanización, el Proyecto Singular podrá legitimar actos y usos específicos que sean de interés público o social por su contribución a la ordenación y desarrollo rurales o porque hayan de emplazarse en el medio rural. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación aplicable quedará sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice.
http://www.territoriodecantabria.es/Contenido/proyectos-singulares-interes-regional-psir/46. Consultada en enero de 2016.
DELGADO VIÑAS, C. (2010) "La ordenación territorial en Cantabria: normas, planes, proyectos y realidades" Cuadernos Geográficos, 47 , 453-491
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo (LA LEY 10441/2010),/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Artículo 18 bisLos Planes de Singular Interés.1. Los Planes de Singular Interés tienen por objeto la ordenación y transformación urbanística del suelo en actuaciones de iniciativa pública de relevante interés social o económico en el ámbito regional cuya incidencia trascienda, por la magnitud, importancia o las especiales características que presenten, los límites del Municipio o Municipios en los que se asienten. Pueden abarcar terrenos situados en uno o varios términos municipales, desarrollarse en cualquier clase de suelo y referirse a actuaciones de uso global residencial, terciario, industrial o dotacional. Su aprobación definitiva determinará, en su caso, la clasificación y la calificación urbanística de los terrenos a que afecten, conforme a los destinos para éstos en ellos previstos, debiendo adaptarse el planeamiento municipal a dichas innovaciones, mediante su modificación o revisión, según proceda.
Artículo 19.Los Proyectos de Singular Interés. 1. Los Proyectos de Singular Interés tienen por objeto actuaciones de relevante interés social o económico, ordenándolas y diseñándolas, con carácter básico y para su inmediata ejecución, pudiendo comprender terrenos situados en uno o varios términos municipales y desarrollarse en cualquier clase de suelo. Su aprobación definitiva determinará, en su caso, la clasificación y la calificación urbanística de los terrenos a que afecten, conforme a los destinos para éstos en ellos previstos, debiendo adaptarse el planeamiento municipal a dichas innovaciones, mediante su modificación o revisión, según proceda.
DIARIO OFICAL DE CASTILLA LA MANCHA (D.O.C.M.) http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/, consultado en enero de 2016 y PLAZA TABASCO, J., MARTINEZ SANCHEZ MATEOS, H.M. Y GOSALVEZ REY, R.U. (2010) "La Ordenación del Territorio en Castilla La Mancha: estado de la cuestión y estudio de casos", Cuadernos Geográficos, 47, pp. 493-522.
Resolución de 12/04/2012, de la Consejería de Fomento, por la que se declara el archivo del expediente del Proyecto de Singular Interés Plataforma Logística e Intermodal del Sureste en el término municipal de Hellín (Albacete)
Orden FOM 3237/2002
Ley 10/1998 (LA LEY 251/1999) de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Art.20.1 Los planes y proyectos regionales son los instrumentos de intervención directa en la Ordenación del Territorio de la Comunidad, distinguiéndose, en función de su naturaleza y objeto, los siguientes: a) Planes regionales de ámbito sectorial, que tienen por objeto ordenar y regular las actividades sectoriales sobre el conjunto o partes de la Comunidad. b) Planes regionales de ámbito territorial, que tienen por objeto planificar la ejecución de actuaciones industriales, residenciales, terciarias, dotacionales o de implantación de infraestructuras, que se consideren de interés para la Comunidad. c) Proyectos regionales, que tienen por objeto planificar y proyectar la ejecución inmediata de las infraestructuras, servicios, dotaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social, que se consideren de interés para la Comunidad.
Ley 9/2002, de 10 de julio (LA LEY 1182/2002), para la Declaración de Proyectos Regionales de Infraestructuras de Residuos de Singular Interés para la Comunidad, con sentencia de declaración de inconstitucionalidad parcial 129/2013, de 4 de junio. El Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos para la provincia de Salamanca, en el término municipal de Gomecello, fue declarado proyecto regional por Decreto 65/2004), cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada. Ley 6/2007, de 28 de marzo (LA LEY 4383/2007), de Aprobación del Proyecto Regional "Ciudad del Medio Ambiente", declarada inconstitucional por la STC 203/2013, de 5 de diciembre de 2013 (LA LEY 201140/2013). Ley 2/2008, de 17 de junio (LA LEY 8364/2008), de Declaración de Proyecto Regional del centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos de Fresno de Ribera. Ley 6/2010, de 28 de mayo, de Declaración de Proyecto Regional del «Complejo de Ocio y Aventura Meseta-Ski" declarada inconstitucional por Sentencia del Tribunal Constitucional n.o 162/2014 (LA LEY 145187/2014).
SANCHEZ MUÑOZ, O. (2014) "Aprovechando que el Pisuerga para por Santovenia: el TC pone coto al abuso de las leyes singulares en Castilla y León" Revista General de Derecho Constitucional,18. http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=414448, consultado en enero 2016
Nello,O:https://www.academia.edu/19086730/Els_Plans_Directors_Urbanístics_de_Catalunya_una_nova_generació_de_plans, consultado en enero de 2016
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/planejament_urbanistic/pla_director_urbanistic_pdu/segons_tipologia/ consultados en enero de 2016
Art. 56.6 Los planes directores urbanísticos de delimitación y ordenación de sectores de interés supramunicipal a que se refiere el apartado 1.g: a) Clasifican y califican el suelo y conllevan la delimitación de sectores de suelo urbanizable delimitado o de suelo urbano no consolidado. A tal fin, pueden modificar la clasificación urbanística del suelo o las condiciones de desarrollo previstas por el planeamiento urbanístico vigente. b) Establecen la ordenación pormenorizada del suelo con el nivel y la documentación propios de un plan urbanístico derivado y las demás determinaciones propias de este instrumento. c) Pueden incorporar la concreción del trazado y las características de las obras de urbanización con el nivel y la documentación propios de un proyecto de urbanización. d) Legitiman el inicio de la ejecución urbanística de la actuación, sin necesidad de hacer la adaptación previa del planeamiento urbanístico general municipal, la cual debe llevarse a cabo en los plazos que el plan director urbanístico establezca. e) Especifican la administración actuante.
DECRETO 122/2006, de 11 de julio, por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de Interés Regional consistente en variar las condiciones urbanísticas previstas en el Plan General de Ordenación Urbana y en el
vigente Plan Parcial para el Sector PP-3 de Plasencia, para establecer una nueva ordenación y con destino a la urbanización y edificación de viviendas protegidas acogidas al Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007, promovido por "GISVESA" en el término municipal de Plasencia. Este PIR fue anulado en 2009 por Sentencia del TSJ de Extremadura por no ajustarse al ordenamiento jurídico.
En 2008 se aprobó una modificación de la Ley 1/2001 (LA LEY 1412/2001), que incorporaba un nuevo objetivo de los Proyectos de Interés Regional que consideramos quiso dar cobertura a esta actuación: (art. 60.2.e) Proyectos alejados de los núcleos urbanos en los que se promueva un desarrollo urbanístico asociado al fomento de intereses turísticos, de ocio, deportivos o similares, generalmente en torno a campos de golf, láminas de agua o instalaciones para la práctica de cualquier otro deporte o actividad recreativa, cultural o de carácter lúdico al aire libre, de uso extensivo, a los que se podrán asociar, en su caso, alojamientos turísticos residenciales susceptibles de venta a terceros, con destino a su ocupación temporal o estacional, que en ningún caso tendrán la consideración de vivienda a todos los efectos.
Ley 10/1995, articulo23.7. (LA LEY 148/1996) Los proyectos sectoriales que impliquen la transformación y parcelación urbanística del suelo deberán contener, además de las determinaciones exigidas en este artículo, las que se indican en el artículo 66º de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre (LA LEY 107/2003), de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. Cuando dichos proyectos afecten a terrenos que, de conformidad con la legislación urbanística, deban ser clasificados como suelo rústico de especial protección, se exigirá el informe favorable del organismo que ostente la competencia sectorial por razón del correlativo valor objeto de protección.
NOGUEIRA LOPEZ, A. (2011) "Derecho y políticas ambientales en Galicia" Revista Catalana de Dret Ambiental (RCDA), Vol II, no 2, pp. 2-9.
En el Diario Oficial de Galicia (DOG), entre 1996 y 2016 se recogen más de 500 Resoluciones relativas a aprobaciones de Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal y su desarrollo: http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia. Consultado en enero de 2016
Ley 5/2006, de 2 de mayo (LA LEY 4275/2006), de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. Artículo 30Objeto. 1. Las zonas de interés regional tienen por objeto delimitar y ordenar ámbitos en los que se pretendan desarrollar actuaciones industriales, residenciales, terciarias, dotacionales o de implantación de infraestructuras que se consideren de interés o alcance regional.
Artículo 34Objetivos. 1. Los Proyectos de Interés Supramunicipal tienen por objeto regular la implantación territorial de las infraestructuras, dotaciones e instalaciones de interés social o utilidad pública que se asienten sobre más de un término municipal o que, asentándose en un término municipal, su incidencia trascienda al mismo por su magnitud, importancia o especiales características. 2. Los Proyectos de Interés Supramunicipal podrán promoverse y desarrollarse por la iniciativa pública y privada. 3. Los Proyectos de Interés Supramunicipal pueden desarrollarse en suelo no urbanizable o urbanizable no delimitado. 4. Corresponde al Consejero competente en materia de ordenación del territorio calificar, a los efectos de lo previsto en esta Ley, un Proyecto de Interés Supramunicipal.
Orden 4/2010 de la Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial
SANTAMARÍA ARINAS, R.J., «La acreditación de la necesidad de vivienda como requisito para la transformación del suelo rural (comentario a las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2012 sobre la ‘ecociudad’ de Logroño)», REDUR, 10, diciembre 2012, págs. 193-206; DIAZ LEMA, J.M. (2013) , "Los Proyectos de Interés Regional: ¿Un instrumentos urbanístico/territorial perturbador?" en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 36, pp. 62-74.
Ley 9/1995 (LA LEY 3277/1995). Art. 33. Los Proyectos de Alcance Regional son actuaciones territoriales que en desarrollo del Plan Regional de Estrategia Territorial y demás instrumentos de Ordenación del Territorio aplicables o cuando razones de urgencia o excepcional interés público así lo exijan, ordenan y diseñan, con carácter básico y para su inmediata ejecución, cualquiera de las siguientes actuaciones: 1.Infraestructuras regionales de cualquier tipo, comprendiendo las construcciones e instalaciones complementarias precisas. 2. Obras, construcciones o instalaciones, incluida la urbanización complementaria que precisen, que sirvan de soporte a vivienda pública de emergencia, servicios públicos, dotaciones y equipamientos. 3. Instalaciones para el desarrollo de actividades económicas que tengan por objeto la investigación, la producción, la distribución y la comercialización de bienes y servicios. 4.Proyectos que supongan la implantación de actividades económicas que revistan interés por su relevancia en la creación de empleo, por la inversión que comporten o por la creación de riqueza para la región
Art. 33.2. 2. Son igualmente Proyectos de Alcance Regional los consistentes en la ordenación e implantación de Centros Integrados de Desarrollo. A los efectos de la presente ley, tendrán la condición de Centros Integrados de Desarrollo aquellos complejos que tengan por objeto la prestación integrada de actividades industriales, turísticas, de convenciones y congresos, de ocio, espectáculos, juego, deportivas, sanitarias, culturales o comerciales, así como otras actividades o usos accesorios o complementarios a los anteriores, y presenten un impacto relevante, efectivo y duradero, en el desarrollo económico, social y cultural de la Comunidad de Madrid.
FORTES MARTIN, A. (2013) "Derecho y políticas ambientales en la Comunidad de Madrid", en Revista Catalana de Dret Ambiental (RCDA), Vol. IV Núm.1, pp. 1 – 17
Art. 31. 1 de la Ley 13/2015 (LA LEY 5237/2015): "Se considerarán Actuaciones de Interés Regional aquellas que hayan de beneficiar a la Región en el ámbito de los servicios públicos, la economía, la conservación del medio ambiente y del patrimonio histórico y la mejora de la calidad de vida y, en general, las encaminadas al logro de los objetivos generales de la ordenación del territorio, y que por su magnitud, importancia o especiales características trascienda el ámbito municipal. El interés regional se declarará por el Consejo de Gobierno.
31.3."Podrán promoverse y desarrollarse por iniciativa pública o privada"
31.4. Podrán ser objeto de declaración como Actuación de Interés Regional las siguientes actividades: La ordenación y gestión de zonas del territorio para facilitar el desarrollo económico y social de la Región, mediante actuaciones en materia de vivienda, actividades económicas.
31.5 Podrán realizarse en desarrollo de las previsiones de las Directrices y Planes de Ordenación o de forma autónoma, con la justificación y documentación correspondiente.as, infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios y otras análogas.
Art. 32. 3 Cuando la ejecución de la Actuación de Interés Regional no sea compatible con la planificación territorial y / o urbanística en vigor, dicha actuación incluirá las determinaciones imprescindibles para su implantación efectiva, que prevalecerán sobre el planeamiento general vigente y / o sobre los instrumentos de ordenación territorial en vigor con carácter transitorio hasta tanto tenga lugar su adaptación o revisión.
http://sitmurcia.carm.es/web/sitmurcia/actuaciones-de-interes-regional. Consultado en enero 2016
AGUDO GONZÁLEZ, J. (2011) "La transformación urbanística del suelo no urbanizable: proyectos territoriales de interés autonómico y reservas de suelo" en Revista Vasca de Administración Pública (R.V.A.P.) no 89, pp. 15-54.
STC 234/2012, de 13 de diciembre de 2012 (LA LEY 205186/2012)
ECHEVAERRÍA AYERRA, C (2001) "Los planes y proyectos sectoriales de Incidencia Supramunicipal" Azkoaga. 8, 139-165
Art. 17.3.f) En la declaración de actuación territorial estratégica concurrirán estos requisitos: a) Congruencia con la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana: contribuir a la consecución de sus objetivos y directrices. b) Interés general: producir un impacto supramunicipal favorable y permanente desde el punto de vista económico, social y ambiental, especialmente en la creación de empleo, circunstancia que deberá acreditarse mediante la aportación de un estudio de viabilidad y sostenibilidad económica de la actuación. c) Integración territorial: ser compatible con la infraestructura verde, integrarse en la morfología del territorio y el paisaje y conectar adecuadamente con las redes de movilidad sostenible, ponderando positivamente las de transporte público y los sistemas no motorizados. d) Localización selectiva: ubicarse aprovechando singularidades del territorio que impliquen ventajas comparativas de localización, sea por accesibilidad, entorno ambiental o paisajístico o por la presencia y posición de equipamientos o infraestructuras de calidad .e) Efectividad: ejecutarse de forma inmediata, sin perjuicio de las fases espaciales o temporales que se prevean en su desarrollo. f) Relevancia: acoger usos y actividades que contribuyan a la excelencia y cualificación del territorio con proyección o ámbito de influencia de escala internacional, nacional o, cuanto menos, regional.
Art. 17.3. Los proyectos empresariales que implanten estos usos y actividades se adecuarán a las siguientes categorías: 1.º Actuaciones que contribuyan a mejorar la competitividad, la reconversión de sectores económicos, el desarrollo y la innovación tecnológica, la cooperación empresarial, la atracción de talentos, la internacionalización de empresas y, en general, la creación de empleo. 2.º Implantación de equipamientos terciarios que sean referencia en cuanto a su reconocimiento y exclusividad. 3.º Actuaciones significativas de mejora del medio rural, basadas en el aprovechamiento de sus recursos endógenos o en la atracción de actividades innovadoras compatibles con dicho medio.
www.citma.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/ates-declaradas. Consultado en enero 2016
VAQUE CABALLERÍA, M (2013) "El urbanismo supramunicipal", en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente(RDU),Año XLVII, no 279, pp.13-44
DIAZ LEMA. J.M. (2009) "¿Gestión urbanística en manos autonómicas? Sobre las declaraciones de interés supramunicipal", en REALA. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, no 311, pp. 169-182

References: artículo 41
 artículo 36
 artículo 60
 artículo 37
 artículo 17
 artículo 170
 artículo 76
 Artículo 36
 artículo 40
 Artículo 26
 Artículo 18

Artículo 19

Resolución 
 artículo 66
 Artículo 30

Artículo 34