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Timestamp: 2017-09-19 20:39:50+00:00

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Anécdotas y curiosidades jurídicas | iustopía: septiembre 2014
¿Cuáles son los 15 organismos especializados de las Naciones Unidas?
El Art. 57 de la Carta de las Naciones Unidas [Capítulo IX: Cooperación internacional económica y social] estableció que los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus estatutos, y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la Organización de acuerdo con las disposiciones del Artículo 63; y que Tales organismos especializados así vinculados con la Organización se denominarán en adelante "los organismos especializados". A continuación, el mencionado Art. 63 [Capítulo X: Consejo Económico y Social (ECOSOC)] reguló que este órgano de la ONU puede concertar con cualquiera de los organismos especializados de que trata el Artículo 57, acuerdos por medio de los cuales se establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán de vincularse con la Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea General. El Consejo Económico y Social podrá coordinar las actividades de los organismos especializados mediante consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, como también mediante recomendaciones a la Asamblea General y a los Miembros de las Naciones Unidas.
Desde que se firmó esta Carta en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, el 26 de junio de 1945, se han concertado quince organismos especializados: FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura]; FIDA [Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola]; FMI [Fondo Monetario Internacional]; Grupo del Banco Mundial; OACI [Organización de Aviación Civil Internacional]; OIT [Organización Internacional del Trabajo]; OMI [Organización Marítima Internacional]; OMM [Organización Meteorológica Internacional]; OMPI [Organización Internacional de la Propiedad Intelectual]; OMS [Organización Mundial de la Salud]; OMT [Organización Mundial del Turismo]; ONUDI [Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial]; UIT [Unión Internacional de Telecomunicaciones]; UNESCO [Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura] y UPU [Unión Postal Universal].
Asimismo, existen otros cuatro órganos conexos: CTBTO [Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares]; OIEA [Organización Internacional de Energía Atómica]; OMC [Organización Mundial del Comercio] y OPAQ [Organización para la Prohibición de las Armas Químicas]. La OIEA y la OMC no tienen el estatus de organismos especializados pero sí que son miembros del Sistema de Naciones Unidas.
Publicado por Carlos Pérez Vaquero en 4:30 No hay comentarios:
¿Qué son los tratados interprovinciales de integración?
En Argentina, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación (Art. 121 de su Carta Magna de 1994); se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno federal (Art. 122); cada provincia dicta su propia constitución (…) asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero (Art. 123); y, por lo que a se refiere a la pregunta que nos planteamos en este in albis, las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional (Art. 124); por último, las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con sus recursos propios (Art. 125).
Un buen ejemplo de esos tratados parciales que cita la Ley Suprema de la Nación Argentina son los tratados interprovinciales de integración. Tras la reforma constitucional de 1994, sus provincias conformaron cinco regiones: NOA (Noroeste Argentino), NEA (Noreste Argentino), Nuevo Cuyo, Patagonia y Centro y Buenos Aires. De esta manera, como señaló el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en 2011: estos tratados interprovinciales tienden a institucionalizar la existencia de ámbitos geográficos con especificidades que se han plasmado a partir de largos procesos históricos. En 1999, las regiones NOA (formada por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero) y NEA (Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes) formalizaron un nuevo Tratado Parcial Interprovincial por el que se creó la Región Norte Grande Argentino.
Como nota curiosa, el Tratado de Integración Regional entre las provincias de Córdoba y Santa Fe –para constituir la Región Centro, a la que posteriormente se integró Entre Ríos, en 1999– fue firmado por sus respectivos mandatarios Gobernadores, simbólicamente, justo en el límite interprovincial sobre la Ruta Nacional Nº 19, el 15 de agosto de 1998.
La avioneta y el Estatuto de Autonomía del País Vasco
Desde un punto de vista administrativo, España se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas; en este caso, el Estado se encuentra descentralizado en 17 comunidades autónomas [País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y Castilla y León] y 2 ciudades autónomas [Ceuta y Melilla]. Este orden de precedencia no es aleatorio, se estableció por la fecha en que cada uno de esos territorios fue aprobando su propio Estatuto de Autonomía: desde el vasco [Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre] hasta el melillense [Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo]. Tal y como se establece en el Art. 13 del Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado: las Comunidades Autónomas se ordenarán de acuerdo con la antigüedad de la publicación oficial del correspondiente Estatuto de Autonomía. Lo más curioso es la forma en que Euskadi alcanzó esa primera posición en el protocolo autonómico en lugar de Cataluña.
En 1977, el economista bilbaíno Juan Echevarría Gangoiti fue elegido diputado por Vizcaya en las listas de la UCD [Unión de Centro Democrático]. Al año siguiente, tras publicarse la Constitución Española en el Boletín Oficial del Estado nº 311, de 29 de diciembre de 1978, los políticos vascos y catalanes debían registrar sus respectivos proyectos de Estatuto para comenzar a tramitarlos en las Cortes Generales. Ese mismo día, Echevarría no dudó en alquilar una avioneta en Bilbao para volar a Madrid y ser el primero. Por esa rápida iniciativa, el Congreso de los Diputados inició antes el debate del denominado Estatuto de Guernica [Gernika] que el de Sau catalán que, finalmente, se aprobó mediante la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre. Ambas normas se sometieron a sendos referendos que se celebraron en las dos regiones el 25 de octubre de 1979. Desde entonces, en el protocolo, la ikurriña precede a la senyera.
Realmente se trataba de dos brillantes jóvenes, uno de ellos estudiante de Derecho: Natham Freudenthal Leopold, conocido como “Babe” (1904-1971) y Richard Albert Loeb, “Dick” (1905-1936); que destacaban por su extraordinaria inteligencia, un amplio conocimiento de idiomas y la elevada posición social que disfrutaban gracias al patrimonio de sus notables familias pero, un buen día, decidieron experimentar que se podían cometer varios delitos y secuestraron y asesinaron a un niño de 14 años, llamado Robert Franks, “Bobby”, el 21 de mayo de 1924, para extorsionar posteriormente a sus padres reclamándoles un rescate.
El menor conocía a los criminales de haber jugado con ellos al tenis; por ese motivo, no les resultó difícil engañarlo para que subiera al coche que habían alquilado con nombre falso, enseñándole un nuevo modelo de raqueta; el muchacho entró en el automóvil y allí mismo lo mataron golpeándole en la cabeza y sofocándole la garganta con trapos. Después, rociaron su cara con ácido para tratar de dificultar la identificación del cuerpo y arrojaron el cadáver a una alcantarilla del lago Wolf, en Indiana, al tiempo que Leopold perdía sus gafas de tortuga de carey, un lujoso modelo tan exclusivo que acabó llevándole a declarar a comisaría donde los dos autores confesaron su participación en el crimen y, sin el menor remordimiento, justificaron su acción en la filosofía de Nietzsche.
En septiembre de aquel mismo año, tras doce horas de alegato por parte de su abogado, el penalista Clarence Darrow logró librarles de la pena de muerte y de su ejecución en la horca pero no impidió que se les condenase a cadena perpetua. Finalmente, Dick murió degollado en prisión por un compañero de celda que le recriminó sus continuas agresiones sexuales; mientras que Babe acabó obteniendo la libertad condicional y se trasladó a vivir a San Juan de Puerto Rico, donde impartió clases de matemáticas en su campus universitario hasta que falleció de un infarto. Puedes acceder a documentos de aquel proceso pulsando en el siguiente enlace.
Una de las imágenes más simbólicas de la ciudad de los canales es, sin duda, el Puente de los Suspiros [Ponte dei Sosperi]. Desde los tiempos en que Lord Byron residió en Venecia, a comienzos del siglo XIX, los poetas han evocado este doble pasadizo –construido en 1602 por el arquitecto Antonio Contino, en estilo barroco, con piedra blanca de Istria– con un marcado carácter romántico que, lejos de la realidad, tiene muy poco que ver con el sombrío origen de su nombre. Este corredor sobre el Rio di Palazzo se edificó para comunicar la Sala del Consejo del Palacio Ducal –donde el Dux impartía justicia como máxima autoridad de la República Serenísima– con la vecina Prisión Nueva que se levantó sobre la anterior cárcel; una mazmorra a la que se conocía por el sobrenombre de los Piombi [plomos, en italiano] por ser éste el material con el que estaba recubierto el techo de los pozzi [pozos] en que se recluía a los presos; por ese motivo, quienes suspiraban al cruzar el pasaje –como le sucedió al pobre panadero– no exhalaban por amor sino por resignación, al comprender que habían perdido la libertad y, en muchos casos, iba a ponerse fin a su vida.
El actual puente es una obra del siglo XVII pero, anteriormente, los reos ya suspiraban al cruzar desde la sala judicial hasta la cárcel. Uno de los condenados fue el escultor Filippo Calendario, ejecutado en 1355 por formar parte de una conjura. Curiosamente, su extraordinaria obra ha perdurado hasta nuestros días con dos de los mejores relieves de mármol de la fachada del Palazzo: los conjuntos de la embriaguez de Noé y el pecado original.
El 20 de septiembre de 1994, el Gobierno de la India aprobó la Pre-Natal Diagnostic Techniques Act [Ley de técnicas para el diagnóstico prenatal]; que entró en el 1 de enero de 1996, se desarrolló reglamentariamente ese mismo año y fue enmendada en 2002 y 2003. En principio, el objetivo de la PNDT era regular los procedimientos para detectar cualquier trastorno genético o metabólico, anomalías cromosómicas o ciertas malformaciones congénitas durante la gestación pero, en realidad, esta norma se adoptó para luchar contra la peor manifestación de la discriminación de género, en palabras de la presidenta que, por aquel entonces, dirigía el ejecutivo de Nueva Delhi, Pratibha Devisingh Patil: se había pervertido el fin de las pruebas para determinar el sexo del futuro bebé con el propósito de provocar la interrupción del embarazo si el feto no se correspondía con el de un varón; dando lugar a un aborto selectivo al que la propia disposición califica de female foeticide [literalmente: feticidio femenino].
Su capítulo VII establece el castigo para los facultativos que participen en esta conducta delictiva: hasta 5 años de prisión, 50.000 rupias de multa y 2 años de inhabilitación profesional; a continuación, también se regula que la persona que acuda a dicho especialista o a una clínica con el fin de abortar al descubrir que el feto tiene sexo femenino será castigado con la misma pena de reclusión e idéntica sanción económica. Con datos de 2006, se estima que 500.000 niñas eran supuestamente objeto de una eliminación prenatal cada año en la India, lo que supone en dos décadas un total de 10 millones de niñas desaparecidas antes de nacer [GÓMEZ-LIMÓN, M. T. Las tradiciones que no aman a las mujeres. Madrid: Akal, 2011, p. 316].
En un robo, ¿qué se entiende por usar llaves falsas?
Desde la caída del Imperio Romano, en Derecho se viene distinguiendo entre robo y hurto como dos tipos penales singulares y autónomos. En ambos delitos, los ladrones se apoderan –con ánimo de lucro– de cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño pero, en el primer caso, emplean o bien fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran o bien violencia o intimidación en las personas, como establece el Art. 237 del Código Penal español de 1995; elementos que no se encuentran en el hurto. A continuación, el Art. 238 CP tipifica el delito de robo con fuerza en las cosas cuando, al ejecutar el reo este hecho, concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1º Escalamiento. 2º Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana. 3º Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo. 4º Uso de llaves falsas. 5º Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. A tenor del contenido de este precepto, cabe preguntarse, ¿qué se entiende por “llaves falsas”?
La respuesta la encontramos en el Art. 239 CP: Se considerarán llaves falsas: 1. Las ganzúas u otros instrumentos análogos. 2. Las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya infracción penal. 3. Cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura violentada por el reo. A los efectos del presente artículo, se consideran llaves las tarjetas, magnéticas o perforadas, los mandos o instrumentos de apertura a distancia y cualquier otro instrumento tecnológico de eficacia similar.
El auto AJM M 23/2013, de 5 de julio, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, definió este brocardo como el respeto de la soberanía de los Estados extranjeros. Fuera del ámbito jurisprudencial –y teniendo en cuenta que ninguna disposición del ordenamiento jurídico español menciona esta locución que suele traducirse como cortesía internacional, courtoisie internationale o Comity of Nations– podemos encontrar diversas acepciones en el ámbito de la doctrina: se trata del derecho internacional consuetudinario no escrito [1]; la cortesía internacional entendida como un concepto de cooperación unilateral voluntaria por parte de un Estado hacia otro [2]; un recurso basado en la equidad y humanidad que suaviza y dulcifica el principio de territorialidad (…) mediante la cortesía [3]; o, por último, y citando al jurista Manuel Ossorio, la base de datos de las Naciones Unidas [UNTERM] describe la comitas gentium como la Doctrina y norma de conducta según la cual las leyes de un Estado pueden recibir aplicación en un Estado distinto y en ciertos casos por atención, deferencia o benevolencia de éste hacia aquel, por razones de utilidad recíproca; es decir, aplicando estas reglas no escritas de cortesía internacional, la justicia de un Estado podría reconocer ciertos efectos a la legislación de otro, por mera deferencia.
PD Citas: [1] ÁLVAREZ LONDOÑO, L. F. La historia del derecho internacional público. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2006, p. 44. [2] PAVÓN REVEREND, J. D. La entrega en el contexto de la Corte Penal Internacional. Bogotá: Universidad del Rosario, 2008, p. 149. [3] BERNAD MAINAR, R. Aproximación histórica al estudio del Derecho Internacional Privado. Caracas: UCAB, 1999, pp. 30-31.
Hasta 1981, el Código de Circulación que estaba vigente en aquel momento –un Decreto de 25 de septiembre de 1934– sólo imponía pasar la inspección técnica de vehículos [ITV] a una pequeña parte del parque automóvil, de modo que su incidencia en el nivel general de la seguridad vial no era decisiva; por ese motivo, el Gobierno español aprobó el Real Decreto 3273/1981, de 30 de octubre, que extendió dicha inspección a todo el parque nacional, modificando lo establecido en el artículo doscientos cincuenta y tres del citado Código de la Circulación, con el fin de elevar al máximo el nivel de seguridad en la circulación vial y a disminuir, en lo posible, la tasa de accidentes que de ella se deriva. El Art. 2 de aquella nueva reglamentación estableció que la ITV se aplicaría a todos los vehículos matriculados en el territorio nacional, cualquiera que sea su categoría y funciones.
Desde entonces, aquel Real Decreto de 1981 fue derogado por el Real Decreto 2344/1985, de 20 de noviembre; que a su vez, se abolió por el actual Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, que regula la inspección técnica de vehículos. Su Art. 2 es el precepto donde se establece que la ITV se aplicará a todos los vehículos matriculados en España, incluidos los vehículos pertenecientes a los organismos públicos y recogidos en el artículo 6, cualquiera que sea su categoría y funciones.
Por el momento, la última reforma reglamentaria que ha afectado a esta obligación se llevó a cabo con el Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, cuando implantó la ITV para los ciclomotores.

References: Artículo 63
 Artículo 57
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto