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Timestamp: 2014-03-16 23:31:33+00:00

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EUR-Lex - 32008F0947 - ES
DO L 337 de 16.12.2008, p. 102/122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
entr. en vigor: 16/12/2008; entrada en vigor fecha publicación ver art. 27
transposición: 06/12/2011; a más tardar ver art. 25
modificado por 32009F0299 sustitución anexo 1 PTH) desde 28/03/2009
modificado por 32009F0299 sustitución artículo 11.1 PTH) desde 28/03/2009
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Vista la iniciativa de la República Federal de Alemania y de la República Francesa [1],
(1) La Unión Europea se ha fijado el objetivo de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. Ello presupone que todos los Estados miembros han de entender del mismo modo los elementos fundamentales de los conceptos de libertad, seguridad y justicia, sobre la base de los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho.
(2) La cooperación policial y judicial en la Unión Europea tiene por objeto proporcionar un alto nivel de seguridad para todos los ciudadanos. Una de las piedras angulares de esta cooperación es el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, establecido en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999 y confirmado en el Programa de La Haya de 4 y 5 de noviembre de 2004 sobre la consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea [3]. En el programa de medidas de 29 de noviembre de 2000 adoptado con el fin de poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal, el Consejo se pronunció a favor de la cooperación en el ámbito de las condenas en suspenso y la libertad condicional.
(3) La Decisión marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea [4], se refiere al reconocimiento mutuo y a la ejecución de las penas privativas de libertad o medidas que conlleven una privación de libertad. Son precisas nuevas normas comunes, en particular cuando se haya impuesto una sentencia sin pena de privación de libertad que conlleve vigilancia de medidas de libertad condicional o se hayan impuesto penas sustitutivas a una persona que no tenga su residencia legal habitual en el Estado de condena.
(4) El Convenio del Consejo de Europa de 30 de noviembre de 1964, relativo a la vigilancia de las personas con condenas en suspenso o en libertad condicional, ha sido ratificado únicamente por doce Estados miembros, con numerosas reservas en algunos casos. La presente Decisión marco establece un instrumento más eficaz ya que está basada en el principio de reconocimiento mutuo y participan todos los Estados miembros.
(5) La presente Decisión Marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en su capítulo VI. Nada de lo dispuesto en la presente Decisión marco debe interpretarse como una prohibición de denegar el reconocimiento de una sentencia o la vigilancia de una medida de libertad vigilada o pena sustitutiva, cuando existan razones objetivas para suponer que la medida de libertad vigilada o la pena sustitutiva han sido dictadas con el fin de sancionar a una persona por razón de sexo, raza, religión, origen étnico, nacionalidad, lengua, opiniones políticas u orientación sexual, o que la situación de dicha persona puede verse perjudicada por cualquiera de estas razones.
(6) La presente Decisión Marco no debe impedir a ningún Estado miembro aplicar sus normas constitucionales relativas a las garantías procesales, la libertad de asociación, la libertad de prensa, la libertad de expresión en otros medios de comunicación y la libertad de religión.
(7) Lo dispuesto en la presente Decisión Marco debe aplicarse de conformidad con el derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros que les confiere el artículo 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
(8) El reconocimiento mutuo y la vigilancia de las penas suspendidas, las penas condicionales, las penas sustitutivas y las resoluciones sobre libertad condicional tienen por objeto incrementar las posibilidades de reinserción social del condenado al permitirle mantener sus lazos familiares, lingüísticos, culturales y de otra índole. No obstante, también deben mejorar el control del cumplimiento de las medidas de libertad vigilada y de las penas sustitutivas con objeto de evitar la reincidencia y de este modo tener en cuenta el principio de la protección de las víctimas y del público en general.
(9) Existen diversos tipos de medidas de libertad vigilada y penas sustitutivas que son comunes en los Estados miembros y que todos los Estados miembros están dispuestos, en principio, a vigilar. La vigilancia de estos tipos de medidas y sanciones debe ser obligatoria, sin perjuicio de determinadas excepciones previstas en la presente Decisión marco. Los Estados miembros pueden declarar que están dispuestos, además, a vigilar otros tipos de medidas de libertad vigilada u otros tipos de penas sustitutivas.
(10) Las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas cuya vigilancia es, en principio, obligatoria incluyen, entre otras, las resoluciones relacionadas con la conducta (como la obligación de abandonar el consumo de alcohol), la residencia (como la obligación de cambiar de residencia por motivos de violencia doméstica), la educación y la formación (como la obligación de seguir un curso de conducción segura), las actividades de ocio (como la obligación de dejar de o ir a practicar un deporte determinado) y las limitaciones o modalidades del ejercicio de una actividad profesional (como la obligación de buscar una actividad profesional en un entorno de trabajo diferente; esta obligación no incluye la vigilancia del cumplimiento de las inhabilitaciones profesionales impuestas a la persona como parte de la pena).
(11) En su caso, para la vigilancia de las medidas de libertad vigilada o las penas sustitutivas se podría recurrir a medios electrónicos, con arreglo al Derecho y los procedimientos nacionales.
(12) El Estado miembro en el que la persona de que se trate sea condenada puede transmitir una sentencia y, cuando corresponda, una resolución de libertad vigilada al Estado miembro en el que la persona condenada resida de forma legal y habitual con vistas a su reconocimiento y a efectos de la vigilancia de las medidas de libertad vigilada o de las penas sustitutivas contenidas en la misma.
(13) La decisión de transmitir a otro Estado miembro la sentencia y, cuando corresponda, la resolución de libertad vigilada debe ser tomada en cada caso por la autoridad competente del Estado miembro de emisión, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las declaraciones realizadas con arreglo al artículo 5, apartado 4, y a los artículos 10, apartado 4, y 14, apartado 3.
(14) La sentencia y, cuando corresponda, la resolución de libertad vigilada también pueden transmitirse a un Estado miembro distinto de aquel en que reside la persona condenada, si la autoridad competente del Estado de ejecución, teniendo en cuenta cualquiera de las condiciones establecidas en una declaración formulada por dicho Estado de conformidad con la presente Decisión Marco, consiente en dicha transmisión. Concretamente, el consentimiento podrá darse, con miras a la rehabilitación social, cuando la persona condenada, sin perder su derecho de residencia, tenga intención de trasladarse a otro Estado miembro por haber obtenido allí un contrato de trabajo, si es familiar de una persona que reside de forma legal y habitual en dicho Estado miembro, o si se propone seguir unos estudios o una formación en dicho Estado miembro, de conformidad con el Derecho comunitario.
(15) Los Estados miembros deben aplicar la normativa y los procedimientos nacionales para el reconocimiento de las sentencias y, cuando corresponda, de las resoluciones de libertad vigilada. En lo que respecta a las condenas condicionales y a las penas sustitutivas, el hecho de que la sentencia no prevea la ejecución de penas privativas de libertad o medidas privativas de libertad en caso de incumplimiento de las obligaciones o instrucciones que impone la sentencia, podría suponer que los Estados miembros que formulen la declaración pertinente de conformidad con la presente Decisión Marco, solo acceden, al reconocer la sentencia, a vigilar la(s) medida(s) de libertad vigilada o la(s) pena(s) sustitutiva(s) de que se trate, y que no asumen más responsabilidad que la de tomar las decisiones ulteriores de modificación de las obligaciones o instrucciones contenidas en la medida de libertad vigilada o pena sustitutiva, o las decisiones ulteriores de modificación de la duración del período de libertad vigilada. En consecuencia, en tales casos, el reconocimiento no tiene más efecto que el de permitir al Estado de ejecución tomar ese tipo de decisiones ulteriores.
(16) Un Estado miembro puede negarse a reconocer una sentencia y, si procede, una resolución de libertad vigilada si la sentencia en cuestión se ha dictado contra una persona que no ha sido declarada culpable, como en el caso de un enfermo mental, y la sentencia o, si procede, la resolución de libertad vigilada establece un tratamiento médico o terapéutico que el Estado de ejecución no esté facultado para vigilar respecto de tales personas con arreglo a su Derecho nacional.
(17) El motivo de denegación relacionado con la territorialidad solo debe aplicarse en casos excepcionales y con miras a establecer una cooperación lo más amplia posible en virtud de lo dispuesto en la presente Decisión marco, al tiempo que se toman en consideración sus objetivos. Toda decisión de aplicar este motivo de denegación debe apoyarse en un análisis de cada caso concreto y en consultas entre las autoridades competentes de los Estados de emisión y ejecución.
(18) En caso de que las medidas de libertad vigilada o las penas sustitutivas incluyan trabajos en beneficio de la comunidad, el Estado de ejecución debe estar facultado para denegar el reconocimiento de la sentencia y, si procede, de la resolución de libertad vigilada si los trabajos en beneficio de la comunidad deben, en principio, concluir en un plazo inferior a seis meses.
(19) El formulario del certificado está redactado de forma que los elementos esenciales de la sentencia y, cuando proceda, de la resolución de libertad vigilada figuren en el certificado, que debe traducirse a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de ejecución. El certificado debe ayudar a las autoridades competentes del Estado de ejecución en la adopción de decisiones en el contexto de la presente Decisión Marco, incluidas las decisiones de reconocimiento y asunción de responsabilidades para la vigilancia de medidas de libertad vigilada y penas sustitutivas, las decisiones de adaptación de las medidas de libertad vigilada y penas sustitutivas y las decisiones ulteriores, en particular en caso de incumplimiento de una medida de libertad vigilada o de una pena sustitutiva.
(20) Habida cuenta del principio de reconocimiento mutuo en el que se basa la presente Decisión Marco, los Estados miembros de emisión y de ejecución deben promover el contacto directo entre sus respectivas autoridades competentes a la hora de aplicar la presente Decisión Marco.
(21) Todos los Estados miembros deben garantizar que las personas condenadas objeto de las decisiones contempladas por la presente Decisión Marco disfrutan de una serie de derechos y posibilidades de recurso legal con arreglo al Derecho nacional, independientemente de que las autoridades competentes designadas para adoptar dichas decisiones en virtud de la presente Decisión marco tengan carácter judicial o no judicial.
(22) Todas las decisiones ulteriores en relación con una pena suspendida, una condena condicional o una pena sustitutiva cuya consecuencia sea la imposición de una pena u otra medida privativa de libertad deben ser adoptadas por una autoridad judicial.
(23) Dado que todos los Estados miembros han ratificado el Convenio del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, los datos de carácter personal tratados en el contexto de la aplicación de la presente Decisión Marco deben estar protegidos conforme a los principios de dicho Convenio.
(24) Dado que los objetivos de la presente Decisión Marco, a saber, facilitar la reinserción social de la persona condenada, mejorar la protección de las víctimas y de público en general y facilitar la aplicación de medidas de libertad vigilada y penas sustitutivas adecuadas en el caso de las personas condenadas que no vivan en el Estado de condena, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros por el carácter transfronterizo de las situaciones de que se trata, y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, por la dimensión de la acción, a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, tal y como se aplica en virtud del artículo 2, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la presente Decisión Marco no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
a) al reconocimiento de sentencias y, si procede, de resoluciones de libertad vigilada;
b) a la transferencia de la responsabilidad de la vigilancia de medidas de libertad vigilada y penas sustitutivas;
c) a todas las demás decisiones relacionadas con las contempladas en las letras a) y b),
a) a la ejecución de sentencias en materia penal por las que se impongan penas privativas de libertad o medidas de privación de libertad que entren dentro del ámbito de aplicación de la Decisión Marco 2008/909/JAI;
b) al reconocimiento y ejecución de sanciones pecuniarias y resoluciones de decomiso que entren dentro del ámbito de aplicación de la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias [5], y de la Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso [6].
1) "sentencia", la resolución u orden firme de un órgano judicial del Estado de emisión por la que se establece que una persona física ha cometido una infracción penal y se le impone:
a) una pena privativa de libertad o cualquier medida privativa de libertad, si se ha concedido la puesta en libertad condicional sobre la base de dicha sentencia o mediante una resolución ulterior de libertad vigilada;
b) una pena suspendida;
c) una condena condicional, o
d) una pena sustitutiva;
2) "pena suspendida", cualquier pena privativa de libertad o medida privativa de libertad cuya ejecución se suspende de forma condicional, en su totalidad o en parte, al dictarse sentencia, imponiendo una o más medidas de libertad vigilada que pueden incluirse en la propia sentencia o determinarse en una resolución de libertad vigilada aparte dictada por una autoridad competente;
3) "condena condicional", la sentencia en virtud de la cual se difiere de forma condicional la imposición de una pena imponiendo una o más medidas de libertad vigilada, o en la que se imponen medidas de libertad vigilada en lugar de una pena privativa de libertad o una medida privativa de libertad; tales medidas de libertad vigilada pueden incluirse en la propia sentencia o determinarse en una resolución de libertad vigilada aparte dictada por una autoridad competente;
4) "pena sustitutiva", la pena que no constituye ni una pena privativa de libertad, ni una medida privativa de libertad, ni una sanción pecuniaria, y que impone una obligación o instrucción;
5) "resolución de libertad vigilada", una sentencia firme de un órgano judicial o una resolución firme de una autoridad competente del Estado de emisión, adoptada sobre la base de tal sentencia,
a) que conceda una libertad condicional, o
b) que imponga medidas de libertad vigilada;
6) "libertad condicional", una resolución firme, dictada por una autoridad competente o basada en el Derecho nacional, sobre la liberación anticipada de una persona condenada tras el cumplimiento de parte de la pena privativa de libertad u otra cualquier medida privativa de libertad, en virtud de la imposición de una o más medidas de libertad vigilada;
7) "medidas de libertad vigilada", las obligaciones impuestas e instrucciones dictadas por una autoridad competente a una persona física de conformidad con el Derecho nacional del Estado de emisión en relación con una pena suspendida, una condena condicional o una libertad condicional;
8) "Estado de emisión", el Estado miembro en el que se ha dictado sentencia en el sentido de la letra a);
9) "Estado de ejecución", el Estado miembro en el que se procede a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas a raíz de una decisión adoptada con arreglo al artículo 8.
a) obligación de la persona condenada de comunicar a una autoridad específica todo cambio de domicilio o lugar de trabajo;
c) imposición de limitaciones respecto a la salida del territorio del Estado de ejecución;
d) requerimientos relativos a la conducta, la residencia, la educación y la formación o las actividades de ocio, o que establezcan límites al ejercicio de una actividad profesional o determinen modalidades de tal ejercicio;
f) obligación de evitar todo el contacto con personas específicas;
g) obligación de evitar todo el contacto con objetos específicos que la persona condenada ha utilizado o podría utilizar para cometer infracciones penales;
h) obligación de reparar económicamente los daños causados por la infracción o de presentar pruebas del cumplimiento de esta obligación;
i) obligación de realizar trabajos en beneficio de la comunidad;
j) obligación de cooperar con un agente de vigilancia o con un representante de un servicio social que tenga responsabilidades con respecto a la persona condenada;
k) obligación de someterse a tratamiento terapéutico o a tratamiento de deshabituación.
6. Si la autoridad competente del Estado de emisión desconoce cuál es la autoridad competente del Estado de ejecución, efectuará todas las consultas necesarias, inclusive a través de los puntos de contacto de la red judicial europea creada por la Acción Común 98/428/JAI del Consejo [7], a fin de obtener esa información del Estado de ejecución.
a) en cuanto su autoridad competente haya notificado a la autoridad competente del Estado de ejecución la retirada del certificado mencionado en el artículo 6, apartado 1, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 4;
b) en los casos contemplados en el artículo 14, apartado 3, en conjunción con el artículo 14, apartado 5, y
c) en los casos contemplados en el artículo 20.
- fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio de 26 de julio de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas [8],
a) cuando el certificado a que se refiere el artículo 6, apartado 1, esté incompleto o no corresponda manifiestamente a la sentencia o a la resolución de libertad vigilada y no haya sido completado o corregido dentro de un plazo razonable fijado por la autoridad competente del Estado de ejecución;
b) cuando no se cumplan los criterios expuestos en el artículo 5, apartados 1 y 2, o en el artículo 6, apartado 4;
c) si el reconocimiento de la sentencia y la asunción de responsabilidad respecto de la vigilancia de las medidas de libertad vigilada o las penas sustitutivas vulnerasen el principio ne bis in idem;
d) en los casos mencionados en el artículo 10, apartado 3, y, de haber presentado el Estado de ejecución una declaración con arreglo al artículo 10, apartado 4, en un caso contemplado en el artículo 10, apartado 1, si la sentencia se refiere a hechos no constitutivos de infracción según el Derecho del Estado de ejecución. No obstante, en materia fiscal, aduanera y de cambio, no podrá denegarse la ejecución de la sentencia o, en su caso, la resolución de libertad condicional aduciendo que el Derecho del Estado de ejecución no impone el mismo tipo de tasas o impuestos o no contiene el mismo tipo de reglamentación en materia de impuestos, de derechos de aduana o de cambio que el Derecho del Estado de emisión;
e) cuando la ejecución de la pena haya prescrito según el Derecho del Estado de ejecución y la pena se refiera a hechos que sean competencia del Estado de ejecución conforme a su Derecho nacional;
f) cuando el Derecho del Estado de ejecución reconozca una inmunidad que impida la vigilancia de las medidas de libertad vigilada o las penas sustitutivas;
g) cuando el condenado, debido a su edad, no pueda ser considerado penalmente responsable de los hechos en que se basa la sentencia según el Derecho del Estado de ejecución;
h) si la sentencia se dictó en rebeldía, a no ser que en el certificado conste que la persona fue convocada personalmente o que se le notificó, por conducto de un representante competente según el Derecho nacional del Estado de emisión, la fecha y lugar del procedimiento que dio lugar a la sentencia dictada en rebeldía, o bien que el interesado ha indicado a una autoridad competente que no impugna la resolución;
i) si la sentencia o, en su caso, la resolución de libertad vigilada, incluye medidas médicas o terapéuticas que, no obstante lo dispuesto en el artículo 9, el Estado de ejecución no puede vigilar debido a su sistema jurídico o sanitario;
j) si la duración de la medida de libertad vigilada o de la pena sustitutiva es inferior a seis meses;
k) si la sentencia se refiere a infracciones penales que, con arreglo a la legislación del Estado de ejecución, se consideran cometidas en su totalidad, en su mayor parte o esencialmente dentro de su territorio, o en un lugar considerado equivalente a su territorio.
a) la modificación de las obligaciones o instrucciones contenidas en la medida de libertad vigilada o pena sustitutiva, o la modificación de la duración del período de libertad vigilada;
b) la revocación de la suspensión de la ejecución de la sentencia o de la resolución de la puesta en libertad condicional, y
c) la imposición de una pena privativa de libertad o medidas de privación de libertad en caso de una pena sustitutiva o de una condena condicional.
a) con respecto a las penas sustitutivas, cuando la sentencia no imponga una pena privativa de libertad o medida de privación de libertad que deba aplicarse en caso de incumplimiento de las obligaciones o requerimientos de que se trate;
b) con respecto a las condenas condicionales;
c) en los casos en que la sentencia se refiera a hechos que no constituyan infracción según el Derecho del Estado de ejecución, sean cuales fueren sus elementos constitutivos o su calificación.
a) la modificación de las medidas de libertad vigilada o de las penas sustitutivas;
b) la revocación de la suspensión de la ejecución de la sentencia o la revocación de la resolución de puesta en libertad anticipada;
c) la ejecución de una pena privativa de libertad o de una medida de privación de libertad por incumplimiento de una medida de libertad vigilada o una pena sustitutiva;
d) la extinción de las medidas de libertad vigilada o de las penas sustitutivas.
a) todo dato que pueda tener como efecto la revocación de la suspensión de la ejecución de la sentencia o revocación de la resolución de puesta en libertad condicional;
b) todo dato que pueda suponer la imposición de una pena privativa de libertad o medida de privación de libertad;
c) todos los hechos y circunstancias ulteriores cuya comunicación solicite la autoridad competente del Estado de emisión y que sean esenciales para que esta pueda adoptar las resoluciones subsiguientes de conformidad con su Derecho nacional.
a) la revocación de la suspensión de la ejecución de la sentencia o la revocación de la resolución de puesta en libertad condicional;
b) la aplicación de la pena privativa de libertad o medida de privación de libertad cuando dicha medida esté incluida en la sentencia;
c) la imposición de una pena privativa de libertad o medida de privación de libertad, cuando dicha medida no esté incluida en la sentencia;
1) del traslado de la sentencia y, en su caso, de la resolución de libertad vigilada, así como del certificado mencionado en el artículo 6, apartado 1, a la autoridad competente responsable de su reconocimiento y de tomar las medidas consecutivas para la vigilancia de las medidas de libertad vigilada o la pena sustitutiva, en el supuesto contemplado en el artículo 6, apartado 7;
2) de la imposibilidad práctica de vigilar las medidas de libertad vigilada o penas sustitutivas debido a que, después de la transmisión de la sentencia y, en su caso, de la resolución de libertad vigilada, junto con el certificado mencionado en el artículo 6, apartado 1, al Estado de ejecución, no se ha podido hallar a la persona condenada en el territorio del Estado de ejecución, en cuyo caso el Estado de ejecución no tendrá obligación alguna de vigilar las medidas de libertad vigilada o las penas sustitutivas;
3) de la decisión final de reconocer la sentencia y, en su caso, la resolución de libertad vigilada, y de tomar todas las medidas necesarias para la vigilancia de las medidas de libertad vigilada o las penas sustitutivas;
4) de cualquier decisión de no reconocer la sentencia y, en su caso, la resolución de libertad vigilada, ni asumir la responsabilidad de vigilar las medidas de libertad vigilada y penas sustitutivas, de conformidad con el artículo 11, junto con las razones de tal decisión;
5) de cualquier decisión de adaptar las medidas de libertad vigilada o las penas sustitutivas de conformidad con el artículo 9, junto con las razones de dicha decisión;
6) de cualquier decisión de amnistía o indulto en virtud de la cual dejen de vigilarse las medidas de libertad vigilada o las penas sustitutivas por los motivos contemplados en el artículo 19, apartado 1, con indicación, si ha lugar, de las razones de dicha decisión.
[1] DO C 147 de 30.6.2007, p. 1.
[2] Dictamen de 25 de octubre de 2007 (no publicado aún en el Diario Oficial).
[4] DO L 327 de 5.12.2008, p. 27.
[5] DO L 76 de 22.3.2005, p. 16.
[6] DO L 328 de 24.11.2006, p. 59.
[7] DO L 191 de 7.7.1998, p. 4.
[8] DO C 316 de 27.11.1995, p. 49.
contemplado en el artículo 6 de la Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación de principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas (1)
b) Órgano judicial que dictó la sentencia que impone una pena suspendida, una condena condicional o una pena sustitutiva
Indique la persona a la que hay que dirigirse para obtener información complementaria sobre la sentencia:
el órgano judicial antes mencionado
otra autoridad competente; si marca esta casilla facilite la denominación oficial de dicha autoridad si esta información no ha sido aún facilitada en virtud de la letra b):
Datos de contacto del órgano judicial, la autoridad central u otra autoridad competente
c) Autoridad que dictó la decisión de libertad condicional (en su caso)
Indique la persona a la que hay que dirigirse para obtener información complementaria sobre la decisión de libertad condicional:
la autoridad central; si marca esta casilla facilite la denominación oficial de dicha autoridad central cuando esta información no se haya facilitado ya en la letra b):
otra autoridad competente, si marca esta casilla facilite la denominación oficial de dicha autoridad:
Datos de contacto de la autoridad, la autoridad central u otra autoridad competente, cuando esta información no se haya facilitado ya en la letra b)
d) Autoridad competente para la vigilancia de las medidas de libertad condicional o penas sustitutivas
Autoridad competente en el Estado de emisión para la vigilancia de las medidas de libertad condicional o penas sustitutivas:
el órgano judicial o la autoridad indicada en la letra b)
la autoridad indicada en la letra c)
la siguiente autoridad:
Indique la autoridad a la que hay que dirigirse para obtener información complementaria para la vigilancia de las medidas de libertad condicional o penas sustitutivas:
la autoridad central; si marca esta casilla facilite la denominación oficial de dicha autoridad central cuando esta información no se haya facilitado ya en las letras b) o c):
Datos de contacto de la autoridad o la autoridad central, cuando esta información no se haya facilitado ya en las letras b) o c)
e) Datos relativos a la persona física contra la que se dictó la sentencia y, si procede, la medida de libertad condicional
Última dirección o residencia conocida (si la tiene):
tipo y número del documento o documentos de identidad del condenado (documento de identidad, pasaporte):
tipo y número del permiso de residencia del condenado en el Estado de ejecución:
f) Indicaciones relativas al Estado miembro al que se transmite la sentencia y, si procede, la decisión de libertad condicional, junto con el certificado
La sentencia y, si procede, la decisión de libertad condicional, junto con el certificado, se transmiten al Estado de ejecución indicado en la letra a) por el motivo siguiente:
el condenado tiene su residencia legal habitual en el Estado de ejecución y ha regresado o desea regresar a dicho Estado
el condenado se ha mudado o tiene intención de hacerlo al Estado de ejecución por los siguientes motivos (marque la casilla correspondiente):
el condenado ha conseguido un contrato de trabajo en el Estado de ejecución;
el condenado es familiar de un residente legal habitual en el Estado de ejecución;
el condenado pretende estudiar o seguir una formación en el Estado de ejecución;
otro motivo (especifíquese):
g) Datos de la sentencia y, si procede, de la decisión de libertad condicional
Fecha en que se dictó la sentencia (dd-mm-aaaa):
Si procede, fecha en que se dictó la decisión de libertad condicional (dd-mm-aaaa):
Fecha en que la sentencia adquirió fuerza de cosa juzgada (dd-mm-aaaa):
Si procede, fecha en que adquirió fuerza de cosa juzgada la decisión de libertad condicional (dd-mm-aaaa):
La ejecución de la sentencia se inició el (si difiere de la fecha en que adquirió fuerza de cosa juzgada) (dd-mm-aaaa):
Si procede, la ejecución de la decisión de libertad condicional se inició el (si difiere de la fecha en que adquirió fuerza de cosa juzgada) (dd-mm-aaaa):
Número de referencia de la sentencia (si lo tiene):
Si procede, número de referencia de la decisión de libertad condicional (si se dispone):
Resumen de los hechos y descripción de las circunstancias en que se cometieron las infracciones, incluido el momento y el lugar, y grado de participación del condenado:
Naturaleza y calificación jurídica de las infracciones y disposiciones legales aplicables en que se basa la sentencia dictada:
2. Si las infracciones señaladas en el punto 1 se corresponden con alguna de las siguientes infracciones, definidas con arreglo al Derecho del Estado de emisión, y están castigadas en él con una pena privativa de libertad o medida de privación de libertad de un máximo de al menos tres años, confírmelo marcando las casillas correspondientes:
3. En caso de que las infracciones señaladas en el punto 1 no estén contempladas en el punto 2 o si la decisión judicial y, en su caso, la decisión de libertad condicional, así como el certificado, se remiten a un Estado miembro, que declaró que comprobará la doble tipificación (artículo 8, apartado 4, de la Decisión Marco), descríbanse con precisión las infracciones de que se trate:
h) Información sobre la vista que dio lugar a la sentencia
Indíquese si el condenado compareció personalmente en la vista:
sí compareció
que el interesado había sido informado personalmente, o por conducto de un representante competente según el Derecho nacional del Estado de emisión, de la fecha y lugar del procedimiento del que ha resultado la sentencia dictada en rebeldía,
o que el interesado ha indicado a una autoridad competente que no impugna la resolución.
i) Datos sobre el tipo de pena o, cuando proceda, de la decisión de libertad vigilada
1. Este certificado se refiere a:
Pena suspendida (= pena privativa de libertad o medida privativa de libertad, cuya ejecución se ha suspendido condicionalmente, total o parcialmente, al dictarse la sentencia)
se ha aplazado la imposición de una pena por imponerse una o más medidas de libertad vigilada
se han impuesto una o más medidas de libertad vigilada en lugar de una pena privativa de libertad o una medida que suponga privación de libertad
la sentencia contiene una pena privativa de libertad o una medida privativa de libertad que se impondrá en caso de no cumplirse la(s) obligación/obligaciones o instrucción/instrucciones de que se trate
la sentencia no contiene una pena privativa de libertad o una media privativa de libertad que se impondría en caso de no cumplirse la(s) obligación/obligaciones o instrucción/instrucciones de que se trate
Libertad condicional (= libertad anticipada de una persona condenada una vez cumplida parte de la pena de privación de libertad o de la medida privativa de libertad)
2.1. El condenado estuvo en prisión provisional durante el siguiente período:
2.2. El condenado cumplió una pena privativa de libertad o una medida privativa de libertad durante el siguiente período (se rellenará solo en caso de libertad condicional):
2.3. En el caso de suspensión de pena:
duración del período de privación de libertad impuesto que se suspendió condicionalmente:
duración del período de suspensión:
2.4. Si se conoce, duración de la privación de libertad que hay que cumplir:
revocación de la suspensión de la ejecución de la sentencia,
revocación de la libertad condicional, o
incumplimiento de la pena sustitutiva (si la sentencia contiene una sentencia privativa de libertad o una medida privativa de libertad que se impondrá en caso de dicha violación):
j) Datos sobre la duración y tipo de la(s) medida(s) de libertad vigilada o de pena(s) sustitutiva(s)
1. Duración total de la supervisión de la(s) medida(s) de libertad vigilada o de pena(s) sustitutiva(s):
2. Si procede, duración de cada obligación individual impuesta como parte de la(s) medida(s) de libertad vigilada o de pena(s) sustitutiva(s):
3. Duración del período total de libertad vigilada (si es diferente de la duración indicada en el punto 1:
4. Tipo de la(s) medida(s) de libertad vigilada o pena(s) sustitutiva(s) (si es posible, indíquense varias casillas):
obligación del condenado de informar a una autoridad concreta de cualquier cambio de domicilio o lugar de trabajo
obligación del condenado de no entrar el determinadas localidades, lugares o determinadas zonas del Estado de ejecución
obligación relativa a las limitaciones de abandonar el territorio del Estado de ejecución
instrucciones relativas a la conducta, la estancia, los estudios y formación, actividades de ocio o con limitaciones o modalidades de desarrollo de una actividad profesional
obligación de presentarse en determinadas fechas ante una autoridad concreta
obligación de evitar todo contacto con personas concretas
obligación de evitar todo contacto con objetos concretos, que hayan sido usado o puedan ser usados por el condenado con fines de cometer alguna infracción penal
obligación de reparar financieramente los daños causados por la infracción u obligación de dar pruebas de haber cumplido con esa obligación.
obligación de realizar trabajos en beneficio de la comunidad
obligación de cooperar con un agente de vigilancia o con un representante de un servicio social con responsabilidades para con condenados
obligación de someterse a un tratamiento terapéutico o de deshabituación
otras medidas cuya vigilancia esté dispuesto a asumir el estado de ejecución, con arreglo a la notificación contemplada en el artículo 4, apartado 2, de la Decisión Marco
5. Se ruega proporcionar descripción detallada de la(s) medidas de libertad vigilada o de la(s) pena(s) sustitutiva(s) indicada(s) en el punto 4:
6. Se ruega indicar la casilla siguiente si se dispone de los informes pertinentes relativos a la libertad vigilada:
de ser así, se ruega indicar en qué lengua(s) está(n) redactado(s) eso(s) informe(s) (1):
k) Otras circunstancias pertinentes, con inclusión de la información pertinente sobre sentencias condenatorias anteriores o las razones concretas para la imposición de una medida/medidas de libertad vigilada o una pena/penas sustitutiva(s) (información facultativa):
Se adjuntará al certificado el texto de la sentencia y, si procede, la decisión de libertad vigilada.
Posición (cargo o grado):
(1) El Estado de emisión no está obligado a proporcionar traducciones de esos informes.
contemplado en el artículo 17 de la Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y decisiones de libertad vigilada con vistas a la vigilancia de medidas de libertad vigilada y penas sustitutivas
INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE UNA MEDIDA DE LIBERTAD VIGILADA O PENA SUSTITUTIVA Y OTROS DATOS
a) Identidad de la persona sometida a vigilancia
b) Datos de la sentencia y, en su caso, de la resolución de libertad condicional relativa a la pena suspendida, la pena condicional, la pena sustitutiva o la libertad condicional
Fecha en que se dictó la sentencia:
Fecha en que se tomó la decisión de libertad vigilada (si la hubiere):
Órgano judicial/autoridad que dictó la sentencia, o, cuando proceda, la decisión de libertad vigilada
Autoridad que emitió el certificado (de ser distinta del órgano judicial/autoridad que dictó la sentencia o, cuando procediere, tomara la decisión de libertad vigilada):
Referencia del expediente en el Estado de emisión (si lo tiene):
c) Datos de la autoridad responsable de la vigilancia de la(s) medida(s) de libertad vigilada o de la(s) pena(s) sustitutiva(s)
Puesto que ocupa (cargo o grado):
d) Medida(s) de libertad vigilada o pena(s) sustitutiva(s)
La persona mencionada en la letra a) ha incumplido la(s) siguiente(s) obligación/obligaciones o instrucción/instrucciones:
obligación relativa a limitaciones de abandonar el territorio del Estado de ejecución
obligación de reparar financieramente los daños causados por la infracción o obligación de dar pruebas de haber cumplido con esa obligación
e) Descripción del incumplimiento o incumplimientos (lugar y fecha y circunstancias precisas):
f) Otros hechos (de existir)
g) Datos de la persona a la que hay que dirigirse para obtener información complementaria sobre el incumplimiento

References: artículo 11
 artículo 6
 artículo 18
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 artículo 5
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 artículo 5
 artículo 2
 artículo 5
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 artículo 8
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 20
 artículo 6
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 artículo 5
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
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 artículo 9
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 artículo 6
 artículo 6
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 artículo 6
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 artículo 11
 artículo 9
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 17
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