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Timestamp: 2020-01-26 08:50:01+00:00

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El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se conviernte en Agencia y dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – AL DÍA | ARGENTINA
El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se conviernte en Agencia y dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Título: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 795/2019 – Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Creación. Ley N° 25.764. Modificación.
Cita: LEG103888
VISTO el Expediente N° EX-2019-98527072- -APN-DGDYD#MJ, las Leyes Nros. 25.764 y 27.304, la Resolución N° 439 del 23 de abril de 2007 y su modificatoria N° 448 del 27 de abril de 2007, ambas del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, y
Que mediante la Ley N° 25.764 se creó en el ámbito del entonces MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS el PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS destinado a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de testigos e imputados que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos allí previstos.
Que el cumplimiento de los objetivos del PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS demanda la instrumentación de políticas de estado coordinadas entre el PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y los diferentes organismos de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL con competencia especial en esta materia.
Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 22 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), y sus modificatorias, compete al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en
las relaciones con el PODER JUDICIAL y con el MINISTERIO PÚBLICO, entre otras.
Que, en ese marco, debe tenerse en consideración que de conformidad con lo dispuesto en la referida Ley N° 25.764, el PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS actúa única y exclusivamente como auxiliar del sistema de justicia federal, por disposición del juez o tribunal a cargo de la causa con el consentimiento del magistrado del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL competente.
Que por su parte, en el inciso c) del artículo 9° de la Ley N° 25.764 se establece que el Director Nacional del PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS tiene la facultad de encomendar la ejecución de las medidas especiales de protección a las fuerzas de seguridad, policiales y servicio penitenciario.
Que según el artículo 22 bis de la citada Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), y sus modificatorias, la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Nacionales son competencia del MINISTERIO DE SEGURIDAD, siendo el SECRETARIO DE SEGURIDAD el responsable de su organización operativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y sus modificatorias y por el apartado XV del Anexo II del Decreto N° 174 del 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios.
Que transcurridos más de QUINCE (15) años de vigencia de la Ley N° 25.764 y, en especial, la experiencia recogida en los últimos años, sumado a los cambios legislativos y el impacto que han tenido en el PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, se ha vuelto necesario efectuar un reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación independiente.
Que, de acuerdo a lo expuesto, corresponde conferir al actual PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS una nueva y superior institucionalidad que estará plasmada en la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, que por este acto se crea con el cará
cter de ente autárquico dotado de autonomía funcional, que actuará en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que a fin de efectivizar la coordinación interinstitucional se hace necesario crear el CONSEJO CONSULTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS.
Que toda vez que los ingresos de testigos e imputados a dicha Agencia se dan por orden de la justicia federal corresponde invitar a presidir el CONSEJO CONSULTIVO al Presidente de la CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, en su carácter de tribunal superior del fuero penal federal y único órgano jurisdiccional en la materia con competencia territorial en todo el país. Asimismo, se invita a integrarlo al PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN o a un representante de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. También formará parte del Consejo el SECRETARIO DE SEGURIDAD o un representante del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que el CONSEJO CONSULTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, conforme su reglamento, remitirá una propuesta de designación de Director Nacional de la Agencia al MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS quien la elevará a efectos de su designación al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que el Director Nacional de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS tendrá autonomía de gestión y facultades para adoptar, bajo su exclusiva responsabilidad, las decisiones conducentes al cumplimiento de los objetivos funcionales de la mencionada Agencia.
Que corresponde transferir el cargo de Director Nacional, el personal y todos los bienes asignados al PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS al ámbito de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS.
Que en ese marco, el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, a propuesta del Director Nacional de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, aprobará su estructura organizativa y designará al personal que deba desempeñarse en ella.
Que hasta tanto se perfeccionen las modificaciones presupuestarias y se dicten los demás actos que permitan la plena operatividad de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E
IMPUTADOS, el Servicio Administrativo Financiero y el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS prestarán los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras, de recursos humanos, y en materia jurídica, respectivamente.
Que a fin de garantizar la prestación de las funciones a su cargo, el Director Nacional y el personal que actualmente se desempeña en el PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, continuarán a cargo de sus responsabilidades mediante la prestación de sus servicios hasta tanto se efectivicen las designaciones definitivas en la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS.
Que a los efectos establecidos por el presente deben modificarse los artículos 1°, 5°, 8° y 10 de la Ley N° 25.764, incorporándose además diversas disposiciones a dicha ley.
Que la imperiosa necesidad de efectuar la reorganización proyectada configura una excepcional circunstancia que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes, toda vez que involucra cuestiones que afectan directamente a la preservación de la vida e integridad física y psicológica de las personas sometidas al cuidado del PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, por lo que el PODER EJECUTIVO NACIONAL adopta la presente medida en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso 3 del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el citado artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que ha tomado intervenció
n el servicio permanente de asesoramiento jurídico competente.
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 25.764, por el siguiente:
“ARTÍCULO 1º.- Créase la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS destinada a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN y lo previsto por la Ley N° 23.737 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 10.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá asignar a la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS los cargos de funcionarios y empleados de planta permanente y transitoria necesarios para su correcto funcionamiento conforme a la estructura aprobada.
ARTÍCULO 11.- Las funciones encomendadas a la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS estarán a cargo del Director Nacional y del personal que a la fecha del dictado del presente se desempeñen en el PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, hasta tanto se efectivicen las designaciones en los cargos referidos en el artículo 10.
Asimismo, hasta tanto se perfeccionen las modificaciones presupuestarias y demás tareas que permitan la plena operatividad de la Agencia, el Servicio Administrativo Financiero y el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS prestarán los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras,
de recursos humanos, y en materia jurídica, respectivamente.
ARTÍCULO 12.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS para que, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que resulten necesarias para atender el cumplimiento del presente hasta la aprobación del Presupuesto General para la ADMINISTRACIÓN NACIONAL correspondiente al Ejercicio siguiente a la fecha del presente acto.
ARTÍCULO 13.- Los recursos necesarios para atender el cumplimiento del presente serán incluidos en el Presupuesto General para la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a partir del Ejercicio siguiente a la fecha del presente acto.
ARTÍCULO 14.- Transfiérese a la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS el cargo de Director Nacional, el personal y la totalidad de los bienes, activos, presupuesto vigente y patrimonio afectados al PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS.
ARTÍCULO 15.- Toda referencia normativa al PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, su competencia o sus autoridades, respectivamente, se considerará hecha a la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS.
ARTÍCULO 16.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 17.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 18.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. MACRI – Marcos Peña – Rogelio Frigerio – Jorge Roberto Hernán Lacunza – Guillermo Javier Dietrich – Carolina Stanley – Alejandro Finocchiaro – Luis Miguel Etchevehere – Dante Sica – Jorge Marcelo Faurie – Oscar Raúl Aguad – Patricia Bullrich – Germán Carlos Garavano
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 artículo 22
 artículo 99
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ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11
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 artículo 37

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