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Timestamp: 2019-06-18 07:36:21+00:00

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Multa de tráfico anulada por falta de motivación
Vamos a analizar la anulación de una multa de tráfico impuesta por no identificar al conductor del vehículo. Se puso una sanción de 1.500 euros, sin explicación alguna. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Salamanca, a través de la Sentencia de fecha 28 de enero de 2008, anuló la sanción y rebajó la cuantía de la multa a 300 euros.
Teniendo en cuenta que no aparece en la resolución impugnada ninguna motivación o fundamentación que exprese la razón que ha llevado a la autoridad administrativa a imponer a la recurrente la sanción en su grado máximo de 1.500 €, no expresándose en la resolución cuáles sean las circunstancias que han motivado aplicar ese grado máximo, pues ha de partirse de que el tramo para la sanción de multa de la infracción muy grave por la que ha sido sancionada la recurrente, comprende desde 301 a 1.500 € de acuerdo con el art. 67.2 en relación con el art. 65.5 i) del Texto Articulado de la Ley Tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, se entiende que tal falta de motivación en cuanto a la graduación de la sanción origina indefensión a la recurrente, que se le ha impedido combatir los criterios en que se basa la Administración para imponer aquella sanción por desconocer los mismos, lo cual impide también el control judicial, no pudiendo valorar si está justificada la aplicación de aquella sanción en referido grado máximo al no existir motivación alguna en este sentido, resultando preciso en estos casos que la Administración exprese las concretas razones por las que decide imponer el referido grado máximo ponderando las circunstancias concurrentes, siendo que esta falta de motivación en cuanto a la graduación de la sanción, constituye motivo suficiente para estimar en parte este recurso y anular en consecuencia parcialmente la resolución impugnada en el sentido de reducir la sanción impuesta al mínimo legal de 301 € como consecuencia de la comisión de aquella infracción muy grave.
Ha de advertirse, además que se aprecia en este caso vulneración del principio de proporcionalidad en la graduación de la sanción, que también se alegaba en la demanda como motivo de nulidad, ya que el artículo 131.3 de la Ley 30/1.992 establece que, en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas, se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, indicándose a continuación una serie de criterios para la graduación de la sanción a aplicar, concretamente la intencionalidad o reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia.
A su vez el artículo 69.1 del Texto Articulado aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 10 Marzo, aclara que las sanciones previstas en esta Ley se graduarán en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, a los antecedentes del infractor y al peligro potencial creado.
El Tribunal Supremo viene manteniendo que el principio de proporcionalidad de las sanciones no puede sustraerse al control jurisdiccional y que la discrecionalidad que se otorga a la Administración debe ser desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida.
Teniendo en cuenta esos preceptos legales y criterios jurisprudenciales, debe entenderse a todas luces riguroso y desproporcionado sancionar los hechos en su grado máximo, sin dejarse constancia ni colegirse por dato alguno de cualquier circunstancia relativa a personas, tiempo o lugar, o a antecedentes infractores, que revelen una agravación de la conducta infractora.
En consecuencia, estimándose vulnerado también referido principio de proporcionalidad procede anular parcialmente la resolución recurrida, rebajando la sanción impuesta a la mínima legal de 301 €.
Publicado en Opinión, Sentencias	| Etiquetado procedimiento, sanciones, tráfico	| Deja una respuesta | 16 noviembre, 2013 by consultasderecho
¿Qué sucede si no se paga un impuesto o una multa y no se tienen bienes embargables?
Se considerarán fallidos aquellos obligados al pago de algún impuesto o sanción respecto de los cuales se ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables para el cobro del débito.
En particular, se estimará que no existen bienes o derechos embargables cuando los poseídos por el obligado al pago no hubiesen sido adjudicados a la Hacienda pública de conformidad con lo que se establece en el artículo 109 de la Ley General Tributaria.
Asimismo, se considerará fallido por insolvencia parcial el deudor cuyo patrimonio embargable o realizable conocido tan sólo alcance a cubrir una parte de la deuda.
Si no existieran responsables subsidiarios o, si existiendo, éstos resultan fallidos, el crédito será declarado incobrable por el órgano de recaudación.
La declaración total o parcial de crédito incobrable determinará la baja en cuentas del crédito en la cuantía a que se refiera dicha declaración. Dicha declaración no impide el ejercicio por la Hacienda pública contra quien proceda de las acciones que puedan ejercitarse con arreglo a las leyes, en tanto no se haya producido la prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago.
La declaración de fallido correspondiente a personas o entidades inscritas en el Registro Mercantil será anotada en éste en virtud de mandamiento expedido por el órgano de recaudación competente. Con posterioridad a la anotación el registro comunicará a dicho órgano de recaudación cualquier acto relativo a dichas personas o entidades que se presente a inscripción o anotación.
En caso de producirse tal circunstancia y de no mediar prescripción, procederá la rehabilitación de los créditos declarados incobrables, reanudándose el procedimiento de recaudación partiendo de la situación en que se encontraban en el momento de la declaración de crédito incobrable o de la baja por referencia.
Publicado en Opinión, Sentencias	| Etiquetado embargo, impuestos, insolvencia, procedimiento de recaudación, sanciones	| Deja una respuesta | 12 noviembre, 2013 by consultasderecho
Anulación multa por exceso de velocidad: los cinemómetros
En relación con los datos obtenidos por los policías mediante el funcionamiento de cinemómetros, gozan de una presunción iuris tantum de veracidad siempre que dichos aparatos hayan sido fabricados y hayan superado los controles establecidos por la normativa técnica vigente en cada momento, y así resulte acreditado, además, mediante las correspondientes certificaciones de naturaleza técnica.
La referida presunción puede, lógicamente, ser destruida mediante la práctica de las pertinentes pruebas. Ahora bien, dada la peculiar naturaleza de este tipo de aparatos, caracterizados por su gran precisión y fiabilidad desde un punto de vista técnico, y los exhaustivos controles técnicos a los que reglamentariamente están sometidos para asegurar su satisfactoria operatividad (y que el art. 2 de la indicada Orden de 11 febrero de 1994 enumeraba: “aprobación de modelo”, “verificación primitiva”, “verificación después de reparación o modificación” y “verificación periódica”), es necesario, para que la práctica de la prueba solicitada resulte pertinente, que existan unas dudas mínimamente razonables sobre la corrección de su funcionamiento, por, entre otros supuestos imaginables, resultar de manera evidente una manipulación externa del aparato.
No constituye, sin embargo, una duda razonable para poner en cuestión la fiabilidad de este tipo de dispositivos la simple apreciación del conductor, sin ningún tipo de corroboración mínimamente objetiva, de que según el velocímetro de su vehículo circulaba a una velocidad inferior a la señalada en el cinemómetro.
En el caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 10 de marzo de 2008, considera el ciudadano sancionado que no cabe tener por probados el lugar y la fecha en que el cinemómetro detectó el exceso de velocidad, puesto que tales datos no fueron impresos mecánicamente por el cinemómetro sobre la fotografía tomada sino que fueron manuscritos sobre ella por el agente denunciante.
Así pues, lo que el sancionado reprocha no es un funcionamiento defectuoso del concreto aparato cinemómetro utilizado sino que la Administración haya tenido por probados datos —en este caso el lugar y fecha de la infracción— que no se coligen directamente del aparato medidor de la velocidad.
Ciertamente, aparecen manuscritos en la fotografía tanto la fecha como el número de antena y el punto kilométrico de la autovía en que fue tomada, tratándose de datos incorporados manualmente por el agente denunciante. Pero desde la perspectiva constitucional no resulta lesivo del derecho fundamental invocado que el órgano sancionador de la Administración considere probados el lugar y la fecha en que se comete una infracción mediante la manifestación escrita de sus agentes, habida cuenta de que la función propia de los aparatos cinemómetros es la de comprobar la velocidad del vehículo en un punto determinado; mientras que el resto de los datos que conforman la infracción —como el lugar, la fecha o el sentido de la marcha del vehículo— pueden ser acreditados con sujeción a las normas generales sobre la actividad probatoria.
Publicado en Opinión, Sentencias	| Etiquetado exceso de velocidad, procedimiento, sanciones, tráfico	| Deja una respuesta | 11 noviembre, 2013 by consultasderecho
La culpabilidad necesaria para imponer sanciones tributarias
En el ámbito del Derecho tributario sancionador, el Tribunal Supremo ha venido construyendo en los últimos años una sólida doctrina en el sentido de vincular la culpabilidad del sujeto infractor a la circunstancia de que su conducta no se halle amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables.
Especialmente, cuando la Ley haya establecido la obligación a cargo de los particulares de practicar operaciones de liquidación tributaria, la culpabilidad del sujeto infractor exige que tales operaciones no estén respondiendo a una interpretación razonable de la norma tributaria, pues si bien esta interpretación puede ser negada por la Administración su apoyo razonable, sobre todo si va acompañada de una declaración correcta, aleja la posibilidad de considerar la conducta como infracción tributaria, aunque formalmente incida en las descripciones del artículo 79 de la misma Ley General Tributaria.
Por ello, cuando el contribuyente no sustrae el conocimiento de los elementos determinantes de la base impositiva, sino que la rectificación obedece a una laguna interpretativa o a una interpretación razonable y discrepante de la norma, que la Administración entiende vulnerada por el sujeto pasivo y obligado tributario, no procede la imposición de sanciones puesto que para ellos se exige el carácter doloso o culposo de aquella conducta y no una simple discrepancia de criterios.
En consecuencia, la culpabilidad debe ser apreciada, en principio, en las infracciones administrativas en función de la voluntariedad del sujeto infractor en la acción u omisión antijurídica. Y, en tal sentido el Tribunal Supremo ha establecido el criterio de estimar que la voluntariedad de la infracción concurre cuando el contribuyente conoce la existencia del hecho imponible y lo oculta a la Administración tributaria, a diferencia de los supuestos en que lo declara, aunque sea incorrectamente, en razón a algunas deficiencias u obscuridades de la norma tributaria que justifican una divergencia de criterio jurídico razonable y razonada, en cuyo caso nos encontraríamos ante el mero error, que no puede ser sancionable.
Por ello el principio de culpabilidad constituye un elemento básico a la hora de calificar la conducta de una persona como sancionable, es decir, es un elemento esencial en todo ilícito administrativo, lo que supone analizar las razones expuestas por la recurrente como justificadoras del incumplimiento de sus obligaciones tributarias para descartar las que sean meros pretextos o se basen en criterio de interpretación absolutamente insostenibles.
En el caso resuelto por la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 3 de octubre de 2013, se entiende que la normativa aplicable no ofrece duda ni presenta oscuridad alguna respecto de la no deducibilidad de unos gastos cuyos servicios no resultan acreditados, no apreciándose la existencia ni de diligencia en la actuación de la hoy recurrente, ni de una interpretación razonable de la norma, y mucho menos de la buena fe que pretende, sino que, antes al contrario, ha resultado acreditada la culpabilidad de la actora a través de las actuaciones practicadas por la Inspección, siendo patente el perjuicio para la Administración.
De ahí que la Sala deba corroborar la inexistencia en este caso de una interpretación mínimamente razonable en orden a considerar como deducibles las facturas examinadas; máxime cuando, como acontece en este caso, los criterios fiscales acerca de la deducción de tales gastos están claramente en la Ley y Reglamento del Impuesto de Sociedades, por lo que hay que confirmar la calificación del expediente como infracción grave.
Asimismo, considera la Sala que existe motivación suficiente en el Acuerdo sancionador sobre las razones en que se basa la culpabilidad, conducta que, según se hace constar en el citado acuerdo, se califica como culpable con fundamento en los hechos probados, que han sido objeto de descripción y análisis detallado en el informe ampliatorio al acto y que, han sido silenciados por la parte en su escrito de demanda, que tampoco combate el criterio de graduación impuesto, por lo que necesariamente han de confirmarse las sanciones impuestas.
Publicado en Opinión, Sentencias	| Etiquetado impuesto de sociedades, impuestos, procedimiento, sanciones	| Deja una respuesta | 24 octubre, 2013 by consultasderecho
Sanción por deducción del IVA de facturas “dudosas”
El tema que nos ocupa se refiere a si la contribuyente tiene derecho o no a deducir como Impuesto sobre el Valor Añadido soportado el derivado de una serie de facturas expedidas por una serie de personas y entidades, que, mientras que la contribuyente sostiene que son reales y efectivas, más allá de sus defectos formales, pues responden a trabajos subcontratados por ella a esas personas físicas y jurídicas, sin embargo la Administración fiscal (inspección tributaria) sostiene que la mayor parte de las facturas expedidas por esas personas, además de no reunir los requisitos que formalmente establece la normativa legal, no resultan amparadas por datos que revelen su autenticidad.
En esta situación, ha de señalarse que se está ante un problema de deducción de cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido respecto de la declaración presentada por la contribuyente y que es a ella, en cuanto es quien pretende beneficiarse de dicha deducción, a quien corresponde, según el artículo 105 de la Ley General Tributaria y el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, probar que esos documentos responden a hechos ciertos y reales.
Debiendo ponerse igualmente de relieve que el artículo 97 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, que regula el Impuesto sobre el Valor Añadido, establece unos requisitos formales para acceder a la posibilidad de deducción de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Sobre esta base ha de considerarse que se estima ajustado a Derecho lo actuado en vía tributaria y económico-administrativa, desde el momento en que los datos suministrados por la Inspección Tributaria no se ven contradichos por la contribuyente que es a quien, recuérdese, le corresponde la carga de la prueba.
Y no se trata solo de que los pactos entre el contratista y los subcontratistas sean verbales o no, con las dificultades de acreditar frente a terceros -y la Hacienda Pública lo es- que el hecho sucede, sino que la empresa para la que trabajaba y donde supuestamente laboraron los subcontratistas, manifestó que no había ninguna otra empresa subcontratista.
Además, no consta que dichas personas tuviesen efectiva intervención en el proceso constructivo, pues fueron aportadas razones objetivas que impedían la intervención material de dichos subcontratistas , como su falta de adquisición de materiales, ausencia de trabajadores bastantes para hacer el trabajo que facturaron, falta de acreditaciones de cobro efectivo de lo pagado, admisión, por alguno de los interesados, de intervención en la expedición de facturas falsas, etc.
Lo cierto es que no existe prueba de la misma fuera de la expedición de facturas, que, en sí mismas, no acreditan la realidad de los trabajos como verificados realmente por dicha personas, por lo que debe estimarse no real su intervención y ello impide aceptar las deducciones que se pretenden.
De ahí que deba entenderse que es correcta la actuación administrativa impugnada y que, igualmente, acertada la sanción impuesta, en cuanto responde a la consecuencia jurídica lógica de un hecho típico, tanto bajo la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, como bajo la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como es no ingresar la totalidad de la deuda del Impuesto sobre el Valor Añadido y hay un ingreso en las arcas públicas inferior a la que corresponde, por lo que es correcta y se ajusta a Derecho la apreciación del hecho que sirve de base a la sanción, mientras que esa misma aportación, en cuanto, en el mejor de los casos, supone una falta de cuidado en la redacción de las liquidaciones, es el elemento subjetivo de la culpabilidad correctamente apreciado en el acuerdo sancionador (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 26 de abril de 2013).
Publicado en Opinión, Sentencias	| Etiquetado Impuesto sobre el valor añadido, IVA, sanciones	| Deja una respuesta | 8 junio, 2013 by consultasderecho

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 131
 artículo 69
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 109
 artículo 79
 artículo 105
 artículo 217
 artículo 97