Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r2-lr-l11-2005.html
Timestamp: 2018-08-17 06:19:17+00:00

Document:
Vigencia desde 25 de Diciembre de 2005. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2009 hasta 31 de Diciembre de 2011
CAPÍTULO I. Objeto, concepto, clasificación y régimen jurídico
Artículo 2 Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Artículo 4 Dominio público
Artículo 5 Dominio privado
Artículo 7 Autonomía patrimonial de las Universidades
CAPÍTULO II. Capacidad, competencia, funciones y responsabilidades
Artículo 8 Capacidad de obrar de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Artículo 9 Autonomía patrimonial del Parlamento de La Rioja
Artículo 10 Autonomía patrimonial de los demás órganos estatutarios
Artículo 11 Capacidad para celebrar contratos privados con la Comunidad Autónoma de La Rioja
Artículo 13 Deber de administración, conservación e información
Artículo 14 Deber general de cooperación y obligación de comparecer
CAPÍTULO III. Disposiciones comunes a los negocios jurídicos sobre el patrimonio
Artículo 15 Régimen jurídico de los negocios jurídicos patrimoniales
Artículo 15.bis Convenios patrimoniales y urbanísticos
Artículo 16 Expediente patrimonial
Artículo 17 Formalización
CAPÍTULO IV. Seguros, rendimientos, valoración y obras sobre el patrimonio
Artículo 18 Seguros
Artículo 19 Rendimientos del patrimonio y custodia de valores
Artículo 20 Valoración
Artículo 21 Contratos de obras en inmuebles de la Comunidad Autónoma de La Rioja
CAPÍTULO V. Adscripción y desadscripción
Artículo 22 Adscripción y desadscripción de bienes y derechos a las Consejerías del Gobierno de La Rioja
Artículo 23 Adscripción y desadscripción de bienes y derechos a Organismos Públicos integrantes del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Artículo 24 Subrogación
Artículo 25 Extensión de la obligación
CAPÍTULO II. Del inventario y registro de los bienes
SECCIÓN 1. Inventario General de Bienes y Derechos
Artículo 26 Inventario General de Bienes y Derechos
Artículo 27 Formación, actualización y valoración
Artículo 28 Inventario de los Organismos Públicos
Artículo 29 Inventario de los Consorcios integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Artículo 30 Naturaleza del Inventario General de Bienes y Derechos
SECCIÓN 2. Inscripciones registrales
Artículo 31 Órganos competentes para la formalización e inscripción de documentos
Artículo 32 Inscripciones registrales
CAPÍTULO III. Prerrogativas y potestades de la Comunidad Autónoma de La Rioja con respecto a sus bienes
SECCIÓN 1. Inembargabilidad
Artículo 33 Inembargabilidad de bienes y derechos
SECCIÓN 2. Disposiciones comunes a las potestades de defensa del patrimonio
Artículo 34 Enumeración de potestades
Artículo 35 Normas generales aplicables a las potestades de defensa
SECCIÓN 3. Potestad de investigación
Artículo 37 Inicio del procedimiento
SECCIÓN 4. Potestad de deslinde
Artículo 39 Naturaleza
Artículo 40 Inicio del procedimiento
SECCIÓN 5. Potestad de recuperación posesoria
SECCIÓN 6. Potestad de desahucio administrativo
Artículo 45 Naturaleza
CAPÍTULO IV. De las limitaciones a la disponibilidad de los bienes y derechos
Artículo 47 Régimen de disponibilidad de los bienes y derechos
Artículo 48 Transacción y arbitraje
TÍTULO III. Adquisición de bienes y derechos
CAPÍTULO I. Adquisición de bienes y derechos
SECCIÓN 1. Formas de adquisición de bienes y derechos
Artículo 49 Adquisición de bienes y derechos
SECCIÓN 2. Adquisiciones a título gratuito
Artículo 50 Herencias, legados y donaciones
Artículo 51 Cesiones administrativas
SECCIÓN 3. Adquisiciones a título oneroso
Artículo 52 Adquisiciones a título oneroso
Artículo 53 Adquisición de bienes inmuebles y derechos reales a título oneroso
Artículo 54 Adquisición de edificios en construcción a título oneroso
Artículo 55 Afectación, adscripción y conservación de los bienes inmuebles y derechos adquiridos
Artículo 56 Adquisición de bienes muebles a título oneroso
Artículo 57 Adquisición por expropiación
SECCIÓN 4. Formas especiales de adquisición
Artículo 58 Adquisición como consecuencia de transferencias
Artículo 59 Adquisición por usucapión, accesión u ocupación
Artículo 60 Adjudicación y dación en pago de bienes y derechos mediante resolución judicial o administrativa
Artículo 61 Adquisición derivada de actuaciones urbanísticas
Artículo 62 Adquisición de bienes por extinción de Organismos Públicos, por reducción de capital o fondos propios, o por restitución de aportaciones
CAPÍTULO II. Arrendamiento de bienes
Artículo 63 Arrendamiento de bienes inmuebles
Artículo 64 Contratos mixtos
Artículo 65 Arrendamiento de bienes muebles
CAPÍTULO III. Constitución de sociedades y adquisición a título oneroso de acciones, participaciones y valores
Artículo 66 Constitución de sociedades mercantiles y adquisición de posición mayoritaria
Artículo 67 Adquisición de acciones, participaciones y valores
CAPÍTULO IV. Adquisición de derechos de propiedad incorporal
Artículo 68 Adquisición de derechos de propiedad incorporal
TÍTULO IV. Régimen de los bienes y derechos de dominio público
CAPÍTULO I. Afectación y desafectación
Artículo 69 Afectación. Concepto y clases
Artículo 70 Afectación expresa
Artículo 71 Afectación tácita
Artículo 72 Afectación presunta
Artículo 73 Desafectación
CAPÍTULO II. Mutaciones demaniales
Artículo 74 Mutaciones demaniales. Concepto y clases
Artículo 75 Mutación demanial interna
Artículo 76 Mutación demanial externa
CAPÍTULO III. Utilización de los bienes demaniales y su explotación
SECCIÓN 1. Formas de uso de los bienes demaniales
Artículo 77 Destino de los bienes demaniales y su explotación
Artículo 78 Uso de los bienes demaniales: clases
Artículo 79 Uso común general
Artículo 80 Uso común especial
Artículo 81 Uso privativo
SECCIÓN 2. Disposiciones comunes a autorizaciones y concesiones
Artículo 82 Competencia para otorgar autorizaciones y concesiones
Artículo 83 Condiciones generales para otorgar determinadas autorizaciones y concesiones
Artículo 84 Procedimiento en régimen de concurrencia
Artículo 85 Contenido de las resoluciones
Artículo 86 Pérdida de la condición demanial de los bienes sobre los que exista concesión o autorización
Artículo 87 Extinción
SECCIÓN 3. Autorizaciones administrativas
Artículo 88 Autorización administrativa
Artículo 89 Procedimiento
SECCIÓN 4. Concesiones demaniales
Artículo 90 Concesión demanial
Artículo 91 Procedimiento
Artículo 92 Principios que rigen las concesiones de dominio público
Artículo 93 Condiciones de la concesión
Artículo 94 Derechos reales sobre obras en dominio público
Artículo 95 Transmisión de derechos reales
Artículo 96 Titulización de derechos de cobro
Artículo 97 Destino de las obras a la extinción del título
Artículo 98 Derecho de adquisición preferente
Artículo 99 Ocupación de espacios en edificios administrativos
Artículo 99.bis Autorizaciones especiales de uso sobre bienes afectados
Artículo 100 Autorizaciones y concesiones vinculadas a contratos
Artículo 101 Reserva demanial
TÍTULO V. Régimen de los bienes de dominio privado
CAPÍTULO I. Enajenación a título oneroso de bienes y derechos
Artículo 102 Enajenación de bienes y derechos a título oneroso
Artículo 103 Enajenación de bienes litigiosos
Artículo 104 Enajenación de bienes inmuebles y derechos reales
Artículo 105 Formas de enajenación de bienes inmuebles y derechos reales
Artículo 106 Aportación a Juntas de Compensación
Artículo 107 Enajenación de bienes muebles
Artículo 108 Enajenación de acciones, participaciones y valores
Artículo 109 Enajenación de derechos de propiedad incorporal
CAPÍTULO II. Permuta de bienes y derechos
Artículo 110 Permuta de bienes y derechos
Artículo 111 Permuta por cosa futura
CAPÍTULO III. Cesiones gratuitas
Artículo 112 Cesiones gratuitas de propiedad de bienes inmuebles
Artículo 113 Cesiones gratuitas de uso de bienes inmuebles y derechos reales
Artículo 114 Cesiones gratuitas de derechos de superficie y otros derechos reales sobre bienes inmuebles
Artículo 115 Cesiones en precario de bienes inmuebles y derechos reales
Artículo 116 Cesiones gratuitas de bienes muebles
Artículo 117 Cesiones gratuitas de derechos incorporales
Artículo 118 Prescripción de los derechos sobre bienes patrimoniales
CAPÍTULO V. Explotación de bienes patrimoniales
Artículo 119 Obligación de explotación del dominio privado con criterios de rentabilidad
Artículo 120 Explotación por medio de Organismo Público o ente instrumental
Artículo 121 Explotación por particulares de bienes inmuebles patrimoniales
Artículo 122 Duración de los contratos de explotación de bienes inmuebles
Artículo 123 Contraprestación económica
Artículo 124 Efectos y extinción
Artículo 125 Verificación de las condiciones de explotación
TÍTULO VI. Órganos y actuaciones de coordinación en la utilización de edificios administrativos
Artículo 126 Concepto de edificios administrativos
Artículo 127 Gestión patrimonial de los edificios administrativos
CAPÍTULO II. Órganos de coordinación en la gestión patrimonial de los edificios administrativos
Artículo 128 Órganos de Coordinación
Artículo 129 Comisión Coordinadora de Edificios Administrativos
Artículo 130 Coordinación y Colaboración
CAPÍTULO III. Planes y programas de actuación en la gestión de los edificios administrativos
Artículo 131 Objeto y contenido de los Planes y Programas de Actuación
Artículo 132 Planes de Actuación
Artículo 133 Programas de Actuación
Artículo 134 Facultades del Órgano Superior de Gestión Patrimonial de los Edificios Administrativos
Artículo 135 Subordinación de los actos de adquisición y disposición de inmuebles a la ejecución de planes y programas
Artículo 136 Programación de actuaciones de adquisición o modificación de superficies en inmuebles para uso administrativo
Artículo 137 Actuaciones de Colaboración
Disposición adicional décima Operaciones de promoción económica y apoyo empresarial
Disposición adicional décima redactada por el artículo 16 de la Ley [LA RIOJA] 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018 («B.O.L.R.» 31 enero).
Letra f) de apartado 4 del artículo 12 introducida por el número uno del artículo 35 de la Ley [LA RIOJA] 7/2011, 22 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2012 («B.O.L.R.» 28 diciembre). Letra g) de apartado 4 del artículo 12 introducida por el número uno del artículo 35 de la Ley [LA RIOJA] 7/2011, 22 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2012 («B.O.L.R.» 28 diciembre). Apartado 1 de la disposición adicional primera redactado por el número dos del artículo 35 de la Ley [LA RIOJA] 7/2011, 22 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2012 («B.O.L.R.» 28 diciembre).
Artículo 15 bis introducido por número primero del artículo 30 de la Ley [LA RIOJA ] 5/2008, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2009 («B.O.L.R.» 29 diciembre). Artículo 99 bis introducido por número segundo del artículo 30 de la Ley [LA RIOJA ] 5/2008, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2009 («B.O.L.R.» 29 diciembre).
El Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja constituye uno de los recursos esenciales, junto con los financieros y humanos, para el cumplimiento de los fines que la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través del Estatuto de Autonomía, tiene encomendados y para la ejecución de las políticas públicas que al Gobierno de La Rioja corresponde, en orden a la consecución de esos fines.
En efecto, el Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma de La Rioja competencias exclusivas en su artículo 8.uno.1 para establecer la organización, estructura, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, y también en su artículo 8.uno.2 para la regulación del procedimiento administrativo derivado de las especialidades de su organización propia. Como manifestación específica de dichas competencias, el artículo 31.5 del Estatuto de Autonomía le asigna específicamente la atribución de regular los bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad le corresponda, si bien el artículo 44.3 del mismo Estatuto establece una reserva de Ley afirmando que «una Ley del Parlamento de La Rioja regulará el régimen jurídico, así como la Administración, defensa y conservación del Patrimonio de la Comunidad Autónoma».
La Ley 1/1993, de 23 de marzo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja vino a dar cumplimiento y desarrollo a las citadas previsiones, en el marco de la legislación básica del Estado. La indicada Ley, junto a la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, constituyen los pilares esenciales en el proceso de autogobierno de La Rioja, estableciéndose el régimen jurídico de los bienes y derechos de su patrimonio, soporte básico para la prestación de los servicios públicos y para el ejercicio de las competencias que la Comunidad Autónoma de La Rioja ha asumido.
El aumento de competencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la necesidad de actualizar y regularizar el Patrimonio como consecuencia del proceso de transferencias, exige disponer de un instrumento normativo nuevo que agilice la tramitación de los procedimientos patrimoniales.
La Constitución atribuye al Estado competencias exclusivas en materia de legislación procesal (artículo 149.1.60), legislación civil (artículo 149.1.80), y sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas (artículo 149.1.180), que actúan como límites a la competencia que la Comunidad Autónoma de La Rioja ostenta para la regulación, mediante Ley, del régimen jurídico de su patrimonio.
En el marco de esa Normativa básica y general, desarrollada por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la presente Ley tiene por objeto regular el régimen jurídico de los bienes y derechos de dominio público o demaniales, y de los demás bienes de dominio privado o patrimoniales, que integran el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Se parte, por tanto, de un concepto amplio de patrimonio que engloba a todos los bienes y derechos cuya titularidad corresponda a la Administración Autonómica.
La Ley se estructura en siete Títulos. El Título I recoge las disposiciones generales o comunes a todos los bienes o derechos con independencia de su pertenencia a una categoría u otra. El Título II regula los diferentes mecanismos de los que puede hacer uso la Comunidad Autónoma de La Rioja para la protección y defensa de su Patrimonio. El Título III reconoce y distingue las diversas formas de adquisición de bienes y derechos. El Título IV regula el régimen jurídico de los bienes de dominio público. El Título V establece el régimen jurídico de los bienes de dominio privado. El Título VI establece, como novedad en nuestra legislación, un régimen especial para la utilización de edificios administrativos, con los objetivos de conseguir una eficiente administración patrimonial de los mismos y de facilitar la adecuación y suficiencia de estos activos para servir al servicio público al que están destinados. Finalmente, la Ley se cierra con un Título VII que establece un detallado régimen sancionador.
Desde un punto de vista subjetivo, el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja engloba el conjunto de bienes y derechos cuya titularidad corresponda, tanto a su Administración General como a los Organismos Públicos integrantes de su Sector Público. Por otro lado, el concepto de Sector Público, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, integra no sólo a la Administración General sino también a los Organismos Públicos vinculados o dependientes de la misma y a otros Entes Instrumentales, si bien, quedan fuera del concepto de patrimonio, a los efectos de esta Ley, los bienes y derechos cuya titularidad corresponda tanto a las empresas públicas constituidas como sociedades mercantiles como a las fundaciones públicas. Tampoco el patrimonio de los Consorcios públicos se puede considerar integrante del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, dado que los municipios aportan bienes a estas especiales formas de Administración, y la inclusión de tales bienes en el Patrimonio de la Comunidad supondría un injustificado cambio de titularidad de los mismos.
Se integran también en el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja los bienes del Parlamento de La Rioja, al que la Ley reconoce autonomía patrimonial y facultades sobre los bienes propios y adscritos.
Por lo que respecta al patrimonio de la Universidad, ha de considerarse que constituye un verdadero patrimonio separado del Patrimonio propio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, aunque la administración y disposición de esos bienes y derechos debe ajustarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 80.3 de la Ley Orgánica de Universidades, «a las normas generales que rijan en esta materia», es decir, a la normativa básica estatal ya citada y a la normativa dictada por la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Las propiedades administrativas especiales se regirán por su legislación específica y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.
De este modo, el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja regulado en esta Ley aparece integrado por el conjunto de bienes y derechos, de dominio público o patrimoniales, cuya titularidad corresponde a la Administración General y a sus Organismos Públicos. Se diferencia específicamente de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que engloba el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico.
Esta concepción unitaria del patrimonio no impide el establecimiento de un sistema de gestión patrimonial diferenciado. Es decir, la Ley asigna a las diferentes Consejerías de la Administración General, y a los demás organismos y entes del sector público a los que resulta de aplicación esta Ley competencias para la gestión y administración de los bienes y derechos que utilicen para el cumplimiento de sus fines, correspondiendo a la Consejería competente en materia de Hacienda el ejercicio de las funciones dominicales sobre todo el Patrimonio de la Comunidad, sin perjuicio de las que correspondan al Parlamento o al Consejo de Gobierno, o a otros órganos de la Comunidad por tratarse de propiedades administrativas especiales.
Los bienes y derechos que integran el patrimonio de esta Administración territorial se clasifican en las dos categorías tradicionales: bienes de dominio público o demaniales, y bienes de dominio privado o patrimoniales, categorías a las que corresponde un régimen jurídico diferente derivado de la afectación o no de esos bienes a un uso o servicio público, distinción que justifica una mayor protección de estos últimos.
La Ley define el dominio público atendiendo al criterio determinante de la vinculación directa o afectación de los bienes o derechos reales a un uso general o servicio público, o bien cuando una norma con rango de Ley así lo haya determinado expresamente. Es decir, por su vinculación a un fin que no puede ser calificado de uso o servicio público, pero cuya relevancia puede justificar la integración, mediante Ley, del bien en el dominio público.
Son bienes patrimoniales los que no se hallan afectados a un uso general o servicio público, así como aquellos otros que por su propia naturaleza no admiten la calificación de demaniales, como los derechos de arrendamiento, y las acciones y participaciones en sociedades mercantiles.
El Título I contiene como novedad la inclusión entre las disposiciones generales de previsiones en cuanto a seguros, rendimientos, custodia, procedimientos de valoración de los bienes y algunos preceptos comunes tanto a los bienes demaniales como a los patrimoniales, y a toda clase de negocios jurídicos sobre los bienes que integran el patrimonio.
Una de las obligaciones básicas para todas las Administraciones Públicas, establecida legalmente en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, es la de proteger y defender los bienes y derechos que integran su patrimonio, en cuanto que estos, sean demaniales o patrimoniales, deben preservarse, están entregados al uso general o sirven de soporte o instrumento para el desarrollo de funciones o servicios públicos.
La protección y defensa del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja aparece regulada en el Título II, que ofrece una ordenación conjunta de todas las posibles formas de protección.
En primer lugar se establecen las obligaciones de defensa y de custodia de dichos bienes, añadiendo la obligación específica de ejercer las potestades previstas en este Título, además de las oportunas inscripciones registrales y la defensa en juicio si fuera pertinente.
A fin de llevar un control de todos los bienes y derechos que integran el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y como herramienta para su mejor defensa y custodia, la Ley regula el Inventario General de Bienes y Derechos. También se atribuye a la Consejería competente en materia de Hacienda la competencia para la inscripción de bienes y derechos en los correspondientes Registros a nombre de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Con relación a las prerrogativas y a las potestades protección y defensa del patrimonio, se reconoce la prerrogativa de inembargabilidad de los bienes, estableciendo la prohibición de dictar providencia de embargo o de despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos del Patrimonio de la Administración Autonómica, sin perjuicio de lo previsto sobre esta materia en la legislación reguladora de la Hacienda Pública. Con respecto a este privilegio de inembargabilidad, se ha seguido el criterio mantenido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 166/1998, de modo que aquél se predica tanto de los bienes demaniales como de los patrimoniales materialmente afectados a un uso o servicio público. Asimismo, se regulan las prerrogativas de recuperación posesoria, investigación, inspección, deslinde y desahucio administrativo.
Se han incluido una serie de pautas generales sobre los procedimientos de protección del patrimonio que, aunque deban desarrollarse reglamentariamente con posterioridad, permitirán ya su aplicación desde el momento de la entrada en vigor de esta Ley.
El Título III contiene las normas relativas a los negocios de adquisición de bienes y derechos, reconociéndose en aplicación del artículo 44 del Estatuto de Autonomía, la plena capacidad de aquélla para adquirir bienes y derechos por cualquiera de los medios establecidos en el Ordenamiento Jurídico.
En este Título se regulan con carácter general las distintas formas de adquisición de bienes y derechos por la Comunidad Autónoma de La Rioja, ya sea a título oneroso o lucrativo.
Además, se hace referencia a las formas especiales de adquisición como consecuencia de transferencias, resoluciones judiciales, actuaciones urbanísticas, extinción de Organismos Públicos o reducciones de capital, así como aquellas que se derivan de la aplicación de figuras jurídicas sujetas al derecho privado como son la usucapión, la accesión o la ocupación.
Se presta una especial atención en este Título a los arrendamientos de bienes y a la constitución de sociedades y adquisición a título oneroso de acciones, participaciones y valores. La regulación de la adquisición de los Derechos de Propiedad Incorporal viene a cerrar este Título.
El Título IV regula el régimen de los bienes de dominio público, dividido en tres Capítulos.
Los dos primeros contienen las reglas de la afectación y desafectación y mutaciones demaniales atribuyéndose, con carácter general, al Consejero competente en materia de Hacienda la competencia para efectuar tales operaciones.
El Capítulo III fija las pautas del régimen de utilización general y particular de los bienes de dominio público cuando no resulte contrario al interés general, permitiendo la explotación de los mismos a través de las fórmulas admitidas en nuestro ordenamiento jurídico. La principal novedad con respecto a la Ley anterior es la prolija regulación que se efectúa del régimen de autorizaciones y concesiones sobre el dominio público, que pretende dar solución a todos los supuestos que se han planteado a lo largo de estos años, pero sin necesidad de recurrir a la aplicación supletoria de la normativa estatal.
El Título V regula el régimen jurídico de los bienes de dominio privado o patrimoniales y se estructura en cinco Capítulos que se refieren, respectivamente, a la enajenación a título oneroso de bienes y derechos, permutas, cesiones gratuitas, prescripción y explotación.
Para la enajenación de bienes inmuebles y derechos inmobiliarios, la Ley exige la previa declaración de alienabilidad que será acordada por el Consejero competente en materia de Hacienda, así como la depuración de la situación física y jurídica de los mismos y, en su caso, la inscripción en el Registro de la Propiedad.
La enajenación de bienes se efectuará con carácter general mediante subasta, salvo que concurra alguno de los supuestos tasados en la Ley, en los cuales podrá autorizarse la enajenación directa.
Se regulan como novedades reseñables las enajenaciones de parcelas inedificables y fincas rústicas inexplotables, así como las aportaciones a Juntas de Compensación y las permutas por cosa futura. Por otra parte, la regulación de la explotación de bienes patrimoniales es más prolija y detallada que la que existía hasta ahora.
El Título VI aparece como una novedad con respecto a la anterior Ley de Patrimonio.
La culminación del proceso de transferencias previsto en el Estatuto de Autonomía hasta este momento permite establecer ya una planificación del uso de edificios administrativos con vocación de permanencia, y las herramientas establecidas en la presente Ley coadyuvarán a la racionalización de tales usos.
Este Título establece un régimen especial en relación con la gestión patrimonial de los edificios administrativos, que supone una ordenación novedosa y que se establece sin perjuicio del régimen general aplicable para la adquisición, administración, conservación y enajenación de los inmuebles que integran el patrimonio público.
A través de este régimen se pretende obtener una atención eficiente de las necesidades de los servicios públicos, actuando coordinadamente a través de planes y programas en ámbitos sectoriales o territoriales sobre los inmuebles destinados a estos usos o a otros que se determinen reglamentariamente.
Se ha previsto la intervención de un órgano asesor que analizará las situaciones y las necesidades planteadas, con la formulación de las propuestas que procedan.
El Título VII de la Ley desarrolla el régimen sancionador, con las previsiones habituales sobre infracciones y sanciones, y del régimen de su prescripción, responsabilidad, competencias para imponer sanciones y procedimiento.
Además, la Ley ha reforzado el régimen preexistente mediante la regulación de otros instrumentos que no estaban incluidos en la Ley de 1993, tales como las medidas cautelares, la obligación de reparación e indemnización, la posibilidad de ejecución subsidiaria o las multas coercitivas.

References: Artículo 2

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 37

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 45

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60
 resolución 

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106

Artículo 107

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110

Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113

Artículo 114

Artículo 115

Artículo 116

Artículo 117

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 121

Artículo 122

Artículo 123

Artículo 124

Artículo 125

Artículo 126

Artículo 127

Artículo 128

Artículo 129

Artículo 130

Artículo 131

Artículo 132

Artículo 133

Artículo 134

Artículo 135

Artículo 136

Artículo 137
 artículo 16
 artículo 12
 artículo 35
 artículo 12
 artículo 35
 artículo 35

Artículo 15
 artículo 30
 Artículo 99
 artículo 30
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 31
 artículo 44
 artículo 80
 artículo 44
e contrario