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Timestamp: 2018-02-20 13:32:39+00:00

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Ros Abogados: Procedimiento administrativo en el ámbito educativo
Procedimiento administrativo en el ámbito educativo
Aunque este tema ya lo he abordado en otros post, vuelvo a recordaros los pasos del procedimiento administrativo y de las reclamaciones ante la Administración Educativa, que viene establecido por la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, realizadas siempre por escrito y con registro de entrada:
1. Colegio/ EOE
3. Delegación Territorial.
5. Tribunales de lo contencioso-administrativo.
La Administración educativa está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación y dispone de tres meses para hacerlo o se considera silencio administrativo negativo, que es lo que hasta ahora ha ocurrido normalmente.
Si la queja es por no entregar información a los padres o tutores legales, el plazo de contestación es de menos de 1 mes y se presenta reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos Personales.
Antes de contactar con la Consejería o paralelamente, si se trata de un problema de inspección, se puede recurrir a la Jefatura de Inspección de la Consejería.
Asimismo se puede presentar queja ante el Defensor del Pueblo una vez finalizado el proceso administrativo y antes de interponer reclamación judicial.
También se puede interponer queja ante los Observatorios de la Infancia de las distintas Consejerías y ante el Observatorio de la infancia de NNUU y Relator de Educación de la ONU, una vez finalizado el proceso administrativo o si éste se prolonga excesivamente en el tiempo en base al interés superior del menor.
El art. 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las personas en sus relaciones con las Administraciones públicas tienen derecho a:
a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de AccesoGeneral electrónico de la Administración.
Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas Educativas podrán presentarse normalmente:
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan (-Oficina Virtual de la Sede Electrónica de las Consejerías de Educación-), así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.
- Básicamente se llevan dos copias del escrito en un sobre abierto y la oficina de correos sella el documento original que se envía al organismo al que nos dirijamos junto a la copia que se queda el particular.-
c) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
d) En los consulados o embajadas españolas en el extranjero.
Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
En relación a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, queda recogida en el Capítulo IV, dividido en dos secciones:
Sección 1. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Artículos 32. Principios de la responsabilidad, a 35. Responsabilidad de Derecho Privado.
Sección 2.Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Artículos 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, y 37. Responsabilidad penal.
Son de especial importancia los siguientes artículos:
Artículo 20 Responsabilidad de la tramitación
Así como el artículo 67 que establece que:
Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
En la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.
El artículo 33 de esta Ley regula la tramitación de urgencia que reduce los plazos de resolución a la mitad y que teóricamente se puede solicitar en base al interés superior del menor para determinadas solicitudes, -desconozco si la Administración Educativa va a hacer caso a este artículo-.
Los escritos deberán contener obligatoriamente los datos siguientes:
c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. –-Ojo, la petición y la narración de los hechos no podrá ir variando de escrito en escrito-
Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud. Por ejemplo, si la solicitud la realiza una Asociación ya sea específica de padres de alumnos de aacc, de tdah, de Autismo, ... o una Asociación de Padres de alumnos de un Centro Educativo podrán acumular los casos o las quejas en una única solicitud.
De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, podrán (-y deberán-) éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación.
Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos, de uso voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones Públicas.
Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días para subsanar la falta de cualquiera de los requisitos anteriores o para acompañar los documentos preceptivos, y si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá serle notificada por escrito.
En estas actuaciones no es necesaria la intervención de abogado y procurador, pero puede resultar útil. La especialidad jurídica es derecho administrativo.
Si la resolución que necesitamos es urgente y grave se puede denunciar ante los Tribunales de Justicia por vía penal en base a la posible comisión de varios delitos, desde el maltrato infantil psicológico, vía delito de lesiones, delito de acoso, .... hasta el repertorio de delitos cometidos por los funcionarios públicos que vienen especificados en la Ley 40/2015. Consulta a un abogado criminalista o con la Fiscalía.
Frente a posibles amenazas lo mejor es grabar nuestras conversaciones con los funcionarios, lo que es perfectamente legal y denunciar éstas amenazas.
Si no se tiene dinero para pleitear o contar con asistencia jurídica, existe la posibilidad de acudir a la Justicia Gratuita. Consulta condiciones en la página web del Ministerio de Justicia o en tu Colegio de Abogados.
Las Asociaciones declaradas de Utilidad Pública o las Fundaciones inscritas en el Registro Administrativo pueden solicitar Justicia Gratuita siempre que su base imponible en el Impuesto sobre Sociedades sea inferior a la cantidad equivalente al triple del IPREM en cómputo anual.
EL IPREM SEGÚN LA L.P.G.E. DEL AÑO 2016 ASCIENDE A: 17, 75 € DIARIOS; 532,51 € MENSUALES; 6.390,13 € ANUALES. (Disposición adicional octogésima cuarta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, BOE del 30 de octubre).
La defensa de los derechos de los niños en el ámbito educativo va de la mano de sus padres o tutores legales pero, del mismo modo, también va de la mano de los propios docentes, que también tienen el derecho y la obligación de denunciar la mala praxis que se pueda estar produciendo en los centros educativos.
Publicado por Belén Ros Sincronizada en 7:59
Etiquetas: Procedimiento administrativo educativo
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Regalo de SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente para f...

References: resolución 
 artículo 2
 artículo 27

Artículo 20
 artículo 67
 artículo 33
 resolución 
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