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Timestamp: 2018-08-17 09:59:05+00:00

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﻿ Sentencia 2010-30948 de mayo 5 de 2010
SENTENCIA 30948 DE 05 DE MAYO DE 2010
CONTENIDO:PREVALENCIA DE LA ABSOLUCIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD. RELATIVIZACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRIORIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL, PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, NORMAS DEL DERECHO PROCESAL, NORMAS DEL DERECHO SUSTANCIAL, CONTENIDO DE LA SENTENCIA, ABSOLUCIÓN, DECLARATORIA DE NULIDAD PROCESAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:466 DE OCTUBRE DE 2010, PG.1723
Sentencia 2010-30948 de mayo 5 de 2010
Casación 30948
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el defensor de Eduardo Ucros Álvarez contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá el 20 de mayo de 2008, mediante la cual confirmó la proferida por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de la misma ciudad el 11 de diciembre de 2007, que condenó al procesado por el delito de estafa.
El 24 de mayo de 2000, Eduardo Ucros Álvarez se presentó a la compraventa de vehículos de Jaime Jaramillo Gutiérrez en Bogotá, para ofrecerle en venta un campero Mitsubishi, modelo 1996, de placas QHX-746. Las partes acordaron como precio la suma de $ 18’700.000, que el comprador entregó a satisfacción. El vendedor, por su parte, hizo entrega del vehículo y de sus documentos, entre ellos un traspaso abierto, suscrito por María Clemencia Bohorquez Masmela, en condición de propietaria. Tiempo después el comprador se enteró que el automotor se hallaba por fuera del comercio, debido a que la fiscalía de Purificación (Tolima) lo había reportado como hurtado en el mes mayo del 2000.
1. La fiscalía inició investigación formal por estos hechos, vinculó al proceso mediante indagatoria a Eduardo Ucros Álvarez, y el 20 de abril de 2005 calificó el mérito probatorio del sumario con resolución de acusación en su contra por el delito de estafa. Esta decisión causó ejecutoria el 26 de julio siguiente(1).
2. El 11 de diciembre de 2007, el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Bogotá condenó a Eduardo Ucros Álvarez a la pena principal de 18 meses de prisión y multa de $ 50.000, y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual a la pena privativa de la libertad, como autor responsable del delito imputado en la acusación, y le negó los mecanismos sustitutivos de la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria(2).
3. La defensa apeló este fallo con el fin de obtener la absolución del procesado, o en su defecto los subrogados penales negados, pero el Tribunal Superior de Bogotá, mediante el suyo de 20 de mayo de 2008, que ahora el mismo sujeto procesal recurre en casación, lo confirmó en los aspectos que motivaban el recurso(3).
Contiene tres cargos contra la sentencia impugnada. Dos con fundamento en la causal de nulidad prevista en el numeral tercero del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, y uno al amparo de la causal consagrada en el numeral primero cuerpo segundo ejusdem, por errores de apreciación probatoria.
1. Violación del debido proceso. Sostiene que el implicado Eduardo Ucros Álvarez se hallaba privado de la libertad por cuenta de la fiscalía 128 de la unidad cuarta de automotores el 4 de diciembre de 2003, cuando rindió indagatoria, y que el 28 de agosto de 2004, cuando fue clausurado el ciclo investigativo, continuaba detenido en la cárcel del Circuito Judicial de Girardot.
Esta situación determinaba que cualquier decisión judicial que se tomara, de la naturaleza de las relacionadas en el artículo 176 del Código de Procedimiento Penal, fuese notificada personalmente al procesado, de acuerdo con las voces del artículo 178 ejusdem. Sin embargo, la funcionaria instructora, al ordenar el cierre de la investigación, optó por librar comunicación a su residencia, y a notificar por estado a su defensora, generando de esta forma que no se presentaran alegatos de conclusión.
La ausencia de notificación personal de la resolución mediante la cual se clausura de la investigación constituye un vicio de estructura que afecta el debido proceso y el derecho a la defensa material, y que trae como consecuencia la invalidez de lo actuado, según lo ha reconocido la Corte en decisiones donde ha estudiado la falta de notificación personal a otros sujetos procesales, como el fiscal.
2. Violación del derecho a una defensa técnica. Dice que la vulneración de esta garantía deriva igualmente manifiesta del estudio del proceso, comoquiera que en favor del procesado nunca se peticionó una prueba y que la sentencia terminó edificándose únicamente en la denuncia y su ampliación.
Argumenta que el 10 de noviembre de 2003, Eduardo Ucros Álvarez le otorgó poder a la doctora María del Pilar Delgado Orjuela para que lo representara en el proceso, quien se limitó a pedir la fijación de fecha y hora para la realización de la indagatoria. Y que el 21 de los mismos mes y año le confirió poder a la doctora María Gladys Nova Pereira, cuyas intervenciones se circunscribieron a asistirlo en la injurada, a solicitar copias del proceso y a pedir una certificación en el sentido de si el procesado continuará siendo requerido por el despacho.
La fiscalía, sin realizar ninguna actividad probatoria, clausuró la investigación, y aunque le cursó comunicación a la titular de la defensa para que se notificara de esta decisión, nunca compareció, ni alegó de conclusión, y peor aún, no se notificó personalmente de la resolución de acusación, ni interpuso por ende recursos. En síntesis, la mencionada profesional del derecho no volvió a ejercer ningún acto de defensa distinto de los ya referidos.
Después de haberse declarado la ejecutoria de la acusación, el procesado le otorgó poder al doctor Oscar Ivan Hernández Salazar, quien dentro del término de traslado del artículo 400 de la Ley 600 de 2000 solicitó la nulidad de lo actuado por violación de las garantías fundamentales del debido proceso, el derecho de defensa y del deber de verificación de las citas realizadas por el procesado, siendo su pretensión resuelta adversamente en la audiencia de 27 de junio de 2006.
Como puede verse, los profesionales que tuvieron a cargo la defensa no realizaron el más mínimo esfuerzo defensivo, no obstante que el procesado, en su indagatoria, detalló las circunstancias en las cuales llevó a cabo la venta de los automotores, la forma como los obtuvo, la permanencia en su residencia por hallarse convaleciente de una cirugía, todo lo cual resulta en contravía de lo afirmado por el denunciante.
La ausencia de iniciativa de la defensa se reflejó en que no solicitó ni un medio de prueba orientado a obtener que las explicaciones del procesado obtuvieran respaldo, por ejemplo, interrogar al denunciante con el fin de establecer las particularidades del negocio de los tres vehículos, sobre todo cuando se sabía que los documentos de la camioneta Gran Cherokee, incluida en la negociación, fueron hechos a nombre de su hija María Cristina.
También resultaba relevante verificar las obligaciones crediticias que existían entre el denunciante y el procesado y cuáles fueron cubiertas con la venta de los automotores, así como hacer comparecer a Mauricio Ramírez Perdomo y Héctor, Francisco, Germán y Martha Herrera, con el fin de constatar los negocios realizados con estos, que dieron origen al pago de la comisión.
Pero lo más importante era sin lugar a dudas establecer la fecha exacta en la cual la fiscalía del municipio de Purificación emitió el Oficio 24 o el 1791 del mes de mayo de 2000, dado que esa general referencia no permite dilucidar si el reporte por el hurto del vehículo de placas QHX 746 se realizó antes o después del 24 de mayo de 2000, fecha en la cual se celebró el contrato de compraventa, por cuanto de haber sido después, el delito no habría tenido existencia.
En conclusión, los defensores que actuaron en la instrucción lo hicieron para cumplir una simple formalidad procesal, sin protagonismo alguno. El abandono del deber de gestión fue de tal entidad, que la abogada no se incomodó ante la grave afectación de los derechos del procesado cuando la fiscal, tras advertir la afrenta al debido proceso y el derecho de defensa, decretó la nulidad de lo actuado a partir de la notificación de la clausura de la investigación, y días después, revocó su decisión, con el argumento de que había cometido un error.
Pide a la Corte, en consecuencia, decretar la nulidad de la actuación a partir de la resolución de fecha 28 de agosto de 2004 inclusive, por medio de la cual se clausuró el ciclo investigativo, con el fin de que sean restablecidas las garantías de la defensa material y de la defensa técnica del procesado.
Errores de apreciación probatoria
Afirma que el tribunal dio por sentado en la sentencia que el procesado cuando realizó el negocio tenía conocimiento de la existencia del pendiente por el hurto del vehículo, partiendo de comparar la fecha que aparece en el certificado de tradición del automotor con la fecha en la cual se realizó la venta (mayo 24/2000), argumentación que condensó en los siguientes términos:
“(…) teniendo en cuenta la fecha en la que se suscribió el contrato de compraventa entre Jaime Jaramillo y el procesado Ucros Álvarez con la que aparece en el certificado de tradición sobre la anotación del pendiente de hurto, sin la menor duda se puede concluir que cuando el procesado hizo el negocio del vehículo marca Mitsubishi placas QHX 746 con el denunciante, sabía qué vicio tenía este bien”.
Sin embargo, del examen del certificado de libertad 117239 expedido el 23 de enero de 2001, se constata que en la sección de antecedentes, en la columna asignada a la fecha, se registra: 15 12 97, en la columna de trámite figura: Traspaso y en la correspondiente a la descripción figura la anotación: “Pendiente por hurto. Fiscalía General de la Nación, Oficio 24 mayo 2000”, contenido que no conduce a la conclusión a la cual arriba al tribunal.
Examinada objetivamente esta prueba, se establece que su texto no suministra la información que el tribunal le atribuye para declarar estructurada la inducción en error, por cuanto la única fecha que allí aparece registrada es la de 15 de diciembre de 1997, para la cual el vehículo se hallaba en poder de la señora María Clemencia Bohórquez Masmela, quien adujo bajo juramento no haber denunciado su pérdida.
Resulta evidente, entonces, que el tribunal le dio a esta prueba un alcance que no tiene, si se da en considerar que la fiscalía 174 ordenó oficiar a la fiscalía seccional de Purificación para que informara todo lo relacionado con la investigación asociada con el pendiente, y que ésta en su respuesta certificó, (i) que el Oficio 24 no existía, (ii) que el consecutivo para el mes de mayo iba del 1700 al 2100, y (iii) que dentro de éstos se encontraba el 1791, sin fecha, sucrito por el asistente judicial Antonio García Trilleras, dirigido a la directora regional de tránsito y transporte de Chía.
En la etapa del juicio, a petición del fiscal del caso, se ordenó oficiar nuevamente a la fiscalía seccional de Purificación para que informara sobre la orden de registro de referido pendiente, sin que se obtuviera respuesta alguna, siendo, por consiguiente, el certificado de libertad la única prueba que informa de la mencionada anotación, de cuyo contenido, como ya se dijo, no puede inferirse que el procesado tenía conocimiento de su existencia, porque allí no se precisa el día, ni puede establecerse si la inscripción fue anterior, concomitante o posterior al negocio.
La prueba recaudada no señala tal cosa. De allí su distorsión. Y la investigación fue tan deficiente, que no averiguó si el hurto del automotor realmente se presentó, cuándo ocurrió, quién fue la víctima, ni verificó las citas del procesado en indagatoria, relacionadas con la negociación que efectuó con los señores Héctor, Francisco, Germán y Martha Herrera, ni sobre la comisión que recibió, ni la forma como la cancelaron.
Los juzgadores terminaron sustentando la condena en probabilidades, y en apreciaciones equivocadas de la prueba, al darle a la certificación de la fiscalía de Purificación unos alcances y contenidos que no tiene, puesto que allí no se registra la fecha del pendiente, lo cual los llevó a tomar como fecha del hurto la del traspaso, y a suponer que el procesado sabía de la existencia de la referida anotación, muy a pesar de no haberse establecido la fecha del registro.
Como normas violadas cita los artículos 232, 233 y 234 del Código de Procedimiento Penal, que desarrollan los principios de necesidad de la prueba y de imparcialidad del funcionario en su búsqueda, y pide, apoyado en las argumentaciones expuestas, casar la sentencia recurrida y absolver al procesado de los cargos imputados en la resolución de acusación.
El procurador primero delegado para la Casación Penal estima probados el primer cargo de nulidad y el ataque por errores de apreciación probatoria. Por tanto, solicita a la Corte casar la sentencia impugnada y optar por la absolución, teniendo en cuenta que los medios de prueba arrimados al proceso no soportan una declaración de responsabilidad penal, y que en las referidas condiciones no tendría sentido decretar una nulidad. En relación con el cargo por inactividad de la defensa técnica, la delegada no hizo ningún comentario.
Los argumentos en los cuales se sustentan sus conclusiones son en lo sustancial los siguientes:
Explica que el artículo 176 del Código de Procedimiento Penal relaciona una serie de providencias que deben notificarse, haciendo entre ellas mención expresa a la resolución mediante la cual se declara cerrada la investigación, con lo cual se busca garantizar que los sujetos procesales puedan plantear sus puntos de vista antes de la calificación del mérito del sumario, siendo esta, por tanto, una actuación trascendental dentro de la estructura del debido proceso, si se tiene en cuenta que con ella se finiquita la fase de instrucción.
El artículo 178, por su parte, ordena realizar en forma personal las notificaciones que deban cumplirse al sindicado que se encuentre privado de la libertad, al Fiscal General de la Nación o su delegado cuando actúen como sujetos procesales, y al Ministerio Público, si que interese, para el cumplimiento de esta disposición, que el procesado se encuentre privado de la libertad por cuenta de la investigación donde se produce la decisión, o por otra.
En el presente caso, los presupuestos para la notificación personal al procesado de la resolución de cierre se cumplían a cabalidad, porque, para entonces, se hallaba detenido por cuenta de una investigación adelantada por la fiscalía 128 seccional de la unidad cuarta de automotores de Bogotá, circunstancia que era conocida por la fiscalía 174, dado que para la diligencia de indagatoria llevada a cabo el 4 de diciembre de 2003, el procesado fue trasladado desde la cárcel Modelo por efectivos del Instituto Nacional Penitenciario.
No obstante, ordenado el cierre, la fiscalía decidió librar comunicaciones telegráficas a la residencia del procesado solicitando su comparecencia, irregularidad que se repitió cuando la fiscalía 175, a la que fue reasignado el caso, profirió el 20 de abril de 2005 la resolución de acusación. Solo un mes después, aparece una constancia suscrita por el asistente judicial, donde se afirma que al trasladarse a la cárcel Modelo a realizar la notificación personal, se enteró que el procesado había sido remitido a la cárcel de Girardot, donde finalmente se surtió la notificación personal.
Esto evidencia una injustificada y grave afectación de las formas propias del juicio. Injustificada porque el despacho tenía conocimiento de la condición de detenido del implicado y grave porque esta incorrección lo privó de un espacio trascendental para ejercer de manera oportuna el derecho de defensa, cuya incuestionable importancia la revela el hecho de que el legislador hubiese querido que esta decisión, a pesar de su condición de providencia de sustanciación, fuese notificada de manera personal al procesado privado de la libertad.
Argumenta que la notificación personal de las providencias judiciales que la normatividad procesal expresamente relaciona, no es un acto potestativo del funcionario, que dependa de su libre albedrío, sino una obligación a la que debe someterse cuando se dan los presupuestos para hacerlo, y que su desconocimiento, de acuerdo con el entendimiento de la Corte, vulnera de manera grosera la legalidad del proceso y afecta el derecho de defensa.
En el caso concreto, la vulneración no se subsana “con la aplicación del principio de trascendencia previsto legalmente como criterio orientador de la declaración de las nulidades”, por cuanto la notificación personal del cierre de la investigación reviste carácter sustancial, si se tiene en cuenta que constituye un espacio vital para el ejercicio del derecho de defensa, que fue cercenado, sin que hubiese sido reparado, como quiera que solo se le notificó en forma correcta el contenido de la resolución de acusación dictada en su contra.
Afirma que el tribunal declaró demostrado que Eduardo Ucros Álvarez, para la fecha de la negociación, sabía que el vehículo vendido a Jaime Jaramillo Gutiérrez se encontraba fuera de comercio, porque el certificado de tradición registraba el pendiente por hurto para ese momento, y que esto lo llevó a sostener que el procesado ocultó dicha información al realizar el negocio, y que al hacerlo engañó al comprador, induciéndolo en error.
Revisado el certificado de tradición se observa, sin embargo, que el tribunal distorsionó su contenido al llegar a esta conclusión, porque del referido documento no surge que para el 24 de mayo ya existiera la anotación del pendiente. Examinado su contenido se advierte que, en la sección de antecedentes, registra una primera columna correspondiente a la fecha, en la cual aparece “15 12 97”. En la siguiente columna titulada “Trámite” registra “traspaso”. Y en la última denominada “descripción”, aparece: “Pendiente por hurto. Fiscalía General de la Nación Purificación, Oficio 24 mayo 2000”.
Con Oficio 2739 de 7 de octubre, suscrito por el secretario judicial de la fiscalía seccional de Purificación, se informa que en el consecutivo de oficios de ese despacho no existe el Oficio 24, porque en el mes de mayo la numeración iba de 1700 a 2100, lo cual permite pensar que el citado oficio sí pudo haber sido emitido el 24 de mayo de 2000. La misma comunicación informa que dentro del consecutivo del mes de mayo aparece el Oficio 1791 (no precisa el día), dirigido a la oficina de tránsito de Chía, pero no señala si a través suyo se ordenó el pendiente por el hurto del campero, y aún cuando se anuncia una copia del mismo, ésta no hace parte de la actuación.
Aún en el evento de aceptarse que el oficio de la fiscalía data del 24 de mayo, ello no es indicativo que el procesado, el mismo día, al celebrar el contrato, tuviera conocimiento que el campero estaba afectado por una orden de la fiscalía, porque la simultaneidad de las fechas no evidencia, por sí misma, como equivocadamente lo concluye el tribunal, el conocimiento de tal circunstancia. Para llegar a esta conclusión tendría que contarse al menos con un elemento adicional probatorio que vinculara al procesado con un funcionario de la fiscalía de Purificación, que le hubiera dado aviso de la orden, lo cual no se presenta.
En tales condiciones, el elemento principal, sobre el cual el funcionario edificó el juicio de responsabilidad penal, carece de demostración, porque no es cierto que esté acreditado que el procesado tenía conocimiento de la nueva situación del vehículo cuando lo enajenó al denunciante. Y los otros elementos de juicio que el sentenciador valoró en forma conjunta, carecen de la sustancialidad requerida para dar por demostrada la responsabilidad.
Explica que el tribunal, en el análisis complementario, señala que Eduardo Ucros Álvarez dijo haber recibido cuatro vehículos del señor Mauricio Ramírez Perdomo como parte de pago de una comisión, por su intervención en la venta del Club Royal Center, pero lo censura por no haber suministrado datos concretos de la persona que se los entregó, ni de las circunstancias en que realizó la negociación.
Sostiene que esto no puede tenerse como elemento indicador en su contra, porque el procesado explicó de manera coherente la procedencia de los vehículos, y porque la llamada a interrogarlo sobre estas cuestiones específicas era la fiscalía, que solo podría criticarlo si se hubiera negado a suministrar datos precisos del referido personaje, pero esto no ocurrió, y las deficiencias investigativas no pueden convertirse en indicios en su contra.
El otro argumento del tribunal, relativo a que el vendedor negoció los vehículos en un 30% por debajo del precio comercial, y que esto es indicativo de su mala fe, al igual que de la intención de timar al denunciante, resulta también inconsistente, porque la explicación que el procesado suministró en torno a este aspecto, en el sentido de que lo hizo porque atravesaba por una difícil situación económica, se advierte en principio válida. Y si el tribunal pretendía darle a esta situación el carácter de estratagema, ha debido demostrar que la justificación no era cierta.
Se refiere enseguida a las condiciones personales y profesionales del denunciante para destacar su vasta experiencia en los negocios de compraventa de vehículos y poner de presente que el realizado con el procesado, con quien venía negociando desde hacía diez años, se cumplió dentro de los parámetros normales usualmente aplicados en desarrollo de esta actividad mercantil. El comprador estudió los documentos, consideró que estaban completos y procedió a cancelar el valor del vehículo.
Estos elementos de juicio no podían ser desconocidos por el tribunal, pues así como el comerciante experto (denunciante) consideró correcta la transacción, debe reconocerse la misma buena fe al vendedor, quien se guió por los mismos parámetros al recibir los vehículos en pago de una comisión, por la gestión de otro negocio comercial, máxime cuando su comportamiento comercial anterior, no ameritó tacha alguna por parte de quien reclama la condición de víctima.
Estas razones, a juicio de Ministerio Público, demuestran con suficiencia que el tribunal se equivocó al apreciar las circunstancias que rodearon la negociación comercial objeto de análisis, y en consecuencia, que no se encuentran acreditados los presupuestos legales del delito de estafa. Por tanto, solicita a la Corte casar la sentencia impugnada y absolver al procesado de la referida conducta delictiva, prescindiendo de las implicaciones que legalmente se establecen para el error in procedendo, por considerar que una nulidad, en las condiciones anotadas, resulta sin sentido.
Dos aspectos analizará la Sala antes de aprehender el estudio de la demanda. De una parte, el deber que le asiste al Ministerio Público de conceptuar sobre todos los cargos planteados por el casacionista, y de otra, su propuesta de dar prelación al estudio del cargo que entraña la absolución del procesado, por sobre los que se plantean por afectación de sus derechos y garantías procesales.
1. Concepto del Ministerio Público. Deber de analizar todos los cargos de la demanda.
El artículo 213 de la Ley 600 de 2000, estatuto bajo el cual se rituó el presente asunto, dispone que admitida a trámite la demanda debe surtirse traslado al procurador delegado por el término de veinte (20) días para que obligatoriamente emita concepto. Similar previsión contenía el artículo 226 del estatuto procesal inmediatamente anterior(4).
En la labor de fijar el alcance de esta disposición, la Corte ha venido sosteniendo, de antiguo, en tesis que hoy se reitera, que la obligatoriedad a que alude la norma implica, de un lado, que su opinión está legalmente erigida en presupuesto procesal imprescindible de la decisión del juez de casación, y de otro, que debe contener un pronunciamiento sobre todos los cargos planteados en la demanda.
Ha dicho igualmente que la obligación de extender el concepto a todos los ataques, no desaparece porque advierta la prosperidad de alguno de los que han sido planteados en forma principal o prevalente, por ejemplo causales de nulidad o motivos de improcedencia de la acción penal, porque la prosperidad de la pretensión no puede darse por sentada hasta tanto el juez de casación no se pronuncie sobre ellas.
Esto la ha llevado a sostener, de manera general, que el deber de conceptuar por parte del Ministerio Público no es una opción legal, ni una facultad discrecional, sino una obligación irrenunciable, y que en cumplimiento de este imperativo está en el deber de pronunciarse sobre todos los cargos que el escrito contiene, con independencia de su eventual prosperidad o improsperidad,
“El juicio que ha de emitir el Ministerio Público no es de carácter discrecional, su recaudo en el expediente comporta una expresión del debido proceso, por lo tanto es indispensable que aborde los aspectos sometidos a consideración por el demandante, conforme a las descripciones que regulan el recurso extraordinario y el alcance que de las mismas ha señalado la jurisprudencia, relacionadas con las reglas técnicas en cuanto a la invocación de las causales y los motivos de casación, el desarrollo y la demostración de los cargos y las normas sustanciales quebrantadas con la decisión impugnada”(5).
Se hacen esas precisiones con el fin de reiterar la tesis de la Corte en este campo y de hacer claridad en el sentido de que no devolverá la actuación a la delegada para que se pronuncie sobre el cargo que dejó de analizar, como normalmente lo ordena hacer en estos casos, por considerarlo inoficioso, en razón a que la Sala tampoco se pronunciará sobre el mismo, por los motivos que se expresarán más adelante.
2. Prevalencia de la absolución sobre la declaración de nulidad. Línea jurisprudencial. Relativización del principio de prioridad.
La doctrina reciente de la Corte ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que la tensión que pueda llegar a presentarse entre las .alternativas de declarar una nulidad por vicios que afectan exclusivamente los derechos del procesado, y la de eximirlo de responsabilidad, debe resolverse a favor de la que le reporte mayor significación sustancial, que no es otra que el derecho a la absolución, como finalidad suprema perseguida por la garantía fundamental de defensa. Sobre el particular, ha dicho:
“Si el derecho de defensa tiene como fin brindar al sujeto pasivo de la acción penal herramientas jurídicas para oponerse a la pretensión punitiva estatal y buscar, de esa forma y por regla general, desvirtuar las pruebas de cargo y, por consiguiente, obtener la declaración judicial de su inocencia, ninguna razón tiene invalidar la actuación con el único objetivo de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa cuando las pruebas recaudadas imponen el proferimiento de una absolución. En este caso, la mejor garantía de protección del derecho de defensa es la adopción en este momento de la decisión favorable a los intereses del acusado”(6).
En sentido similar se orienta la línea de pensamiento del representante del Ministerio Público, quien en su concepto le propone a la Corte la necesidad de que prescinda de la aplicación de las consecuencias que legalmente se derivarían de la prosperidad del cargo de nulidad, y que en su lugar se incline por la absolución del procesado, teniendo en cuenta que la censura por errores de apreciación probatoria está llamada a prosperar, y que en las anotadas condiciones resultaría un sinsentido anular el proceso.
El reconocimiento de la absolución como expresión máxima de la garantía del derecho de defensa del procesado y su elevación a objeto de protección prevalente, implica que frente a varios planteamientos de la defensa, debe preferirse el que propone la absolución, por encima de los que plantean nulidades que solo afectan garantías de quien las propone, es decir, de vicios que no aparejan vulneración simultánea de derechos de las otras partes o comprometan situaciones de interés general.
También presupone una variación en el concepto tradicional del principio de prioridad, que enseña que los cargos de nulidad deben necesariamente prevalecer en su postulación, estudio y efectos inherentes a ellos, sobre los que solo plantean errores in iudicando o de juicio, pues frente a esta nueva interpretación doctrinal pierde el carácter absoluto que lo caracterizaba, para tornarse relativo, en virtud de introducción de nuevos referentes de valoración, distintos de la simple legalidad o ilegalidad del procedimiento.
Es posible que esta nueva postura doctrinal no sintonice con la lógica casacional tradicional, ni con la técnica propia del recurso, pero rescata, sin lugar a dudas, la realización de derechos y principios trascendentes en el marco de un Estado social y democrático de derecho, como el derecho a una justicia pronta, a la presunción de inocencia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo, todos ellos de rango constitucional.
En el presente caso, el casacionista plantea dos cargos de nulidad por vulneración de garantías de rito que solo afectan al procesado, y uno por errores de apreciación probatoria que concluye con la pretensión de absolución. Como dentro de esta escala de pretensiones defensivas trasciende, de acuerdo con lo que se dejó visto, la absolución, la Corte aprehenderá su estudio en primer término, dado que de prosperar tornaría inoficioso el estudio de las nulidades.
3. Errores de apreciación probatoria.
Sostiene el demandante que el tribunal distorsionó el contenido del certificado de tradición 117239 expedido el 23 de enero de 2001, al dar por sentado, a partir de comparar la fecha de registro del pendiente por hurto que allí aparece, con la fecha de la negociación del vehículo, que el procesado tenía conocimiento de la procedencia ilícita del automotor, y que al ocultar esta circunstancia engañó al comprador, induciéndolo en error.
El apartado de la providencia que origina el ataque, dice en lo pertinente:
“Teniendo en cuenta la fecha en la que se suscribió el contrato de compraventa entre Jaime Jaramillo y el procesado Ucros Álvarez con la que aparece en el certificado de tradición sobre la anotación del pendiente de hurto, sin la menor duda, se puede concluir que cuando el procesado hizo el negocio del vehículo marca Mitsubishi, placas QHX 746 con el denunciante, sabía del vicio que tenía este bien, pues aunque señala que lo recibió como pago de una comisión de parte del señor Mauricio Ramírez Perdomo, no precisó la fecha en que este le hizo la entrega, ni datos concretos de esta persona, luego, es apenas lógico pensar que era sabedor de la anotación del rodante, máxime que lo vendió en forma inmediata y con el 30% menos del valor comercial (fls.61 c. 1) al señor Jaramillo Gutiérrez, con quien había hecho transacciones desde diez años atrás y para que cayera en su redada firmó el ‘precontrato de promesa de compraventa’, medio por el cual se indujo en error al comprador”(7).
El certificado de tradición 117239 de fecha 23 de enero de 2001, expedido por la inspección de tránsito del municipio de Chía, cuya distorsión el demandante denuncia, dice textualmente en la columna correspondiente a las descripciones: “Pendiente por hurto. Fiscalía General de la Nación Purificación, Oficio 24 mayo 2000”. Esta información fue complementada por la fiscalía de Purificación, mediante oficio de 7 de octubre de 2003, en los siguientes términos: “…revisado cuidadosamente el archivo de los oficios enviados en el mes de mayo de 2000, NO aparece el Oficio 24, por cuanto para ese mes el consecutivo iba en 1700 a 2100. De la misma forma quiero manifestar que dentro del consecutivo del mes aludido sí aparece el Oficio 1791 de mayo de 2000, suscrito por el asistente judicial Luis Antonio García Trilleras, dirigido a la regional de tránsito y transportes de Chía-Cundinamarca”(8).
El negocio del vehículo se realizó el 24 de mayo de 2000(9). Si son comparadas las anotaciones que contiene el certificado de tradición con esta fecha, ab initio se establece que la conclusión del tribunal, en el sentido de que de esta confrontación surge sin la menor duda que el procesado para la fecha de la negociación tenía conocimiento de la existencia del pendiente por hurto, es equivocada.
Lo anterior, porque el certificado de tradición no registra la fecha de anotación de esta novedad en la hoja de vida del vehículo, ni la fecha de confección del oficio de la fiscalía de Purificación que comunica el suceso, y porque los precarios datos con los cuales la investigación cuenta, no permiten construir tal inferencia.
Del contenido de la nota aclaratoria de la fiscalía de Purificación se sigue que el número 24 que aparece registrado en el certificado de libertad no corresponde al del oficio, porque para el mes de mayo el consecutivo para esta clase de comunicaciones iba del 1700 al 2100, y que el mismo puede corresponder al 1791, toda vez que este aparece enviado a la oficina de tránsito de Chía, sin que desde luego se tenga certeza de ello.
Esto conduce a plantear, a nivel de simple hipótesis, que el 24 puede corresponder a la fecha de elaboración del oficio mediante el cual la fiscalía de Purificación comunicó la novedad. Pero asumiendo que esta fecha corresponda a la verdadera, de allí no puede concluirse que el procesado tenía conocimiento de la procedencia ilícita del automotor cuando lo vendió, como lo hace el ad quem, porque si el negocio se realizó el 24, y el oficio se confeccionó en la misma fecha, lo que se infiere en sana lógica es que este solo pudo haber llegado a la oficina de tránsito en los días siguientes.
Los argumentos secundarios que el tribunal adujo para acuñar la tesis de que el procesado tenía conocimiento de la procedencia ilícita del vehículo cuando realizó el negocio, consistentes en que no entregó datos concretos de las personas que intervinieron en la negociación precedente, ni de las circunstancias que la rodearon, y que la venta se realizó por un precio inferior en un treinta por ciento de su valor comercial, se sustentan igualmente en apreciaciones probatorias equivocadas.
Al rendir indagatoria el procesado explicó que el campero Mitsubishi hacía parte de un lote de cuatro vehículos que recibió de Mauricio Ramírez Perdomo, como parte de pago de una comisión por su intervención en la venta del Club Royal Raquet Center, de los cuales vendió tres a Jaime Jaramillo Gutiérrez por un precio muy inferior al comercial, debido a los apremios económicos por los que atravesaba, y que los documentos que recibió de Mauricio Ramírez Perdomo fueron los mismos que entregó al denunciante. Al respecto, precisó:
“(…) efectivamente yo hice negocio con el señor Jaramillo, sobre dicho campero en el año 2000, no recuerdo la fecha exacta, vehículo que recibí de manos del señor Mauricio Ramírez Perdomo como parte de pago de la comisión por la cesión de los derechos que tenían los señores Hector Herrera, Francisco, German y Martha Herrera, sobre el Club Royal Raquet Center, el cual me entregó con sus documentos para que me cancelara abono a la parte que me correspondía, él me entregó tarjeta de propiedad, seguro SOAT, traspaso, carpeta con documentos facturas, documentos, y certificado de revisión de la Sijin y yo como me entregó Mauricio Ramírez yo le entregué al señor Jaime Jaramillo, el señor Jaramillo al mostrar el vehículo como yo estaba en una situación apremiante de dinero para resolver problemas económicos que traía por el estado financiero de Royal Center, le pedí que me abonara algo de dinero por la comisión al haberle presentado a los señores Herrera y finiquitar el negocio de compra de dicho club, el señor Ramírez me entregó cuatro vehículos, una camioneta Gran Sheroki (sic), el campero Mitsibishi, una campero Daewo Conrado, y un automóvil Mitsubishi Lancer de los cuales el señor Jaramillo recibió tres de estos vehículos a los cuales me canceló con un 30% por debajo del valor comercial para resolver la situación económica que para mí era apremiante...”(10 ).
Afirmar, entonces, como lo hace el tribunal, que el procesado no suministró datos específicos de la transacción precedente, para construir a partir de esta premisa un indicio de responsabilidad en su contra, no deja de ser un decir, que no coincide con la realidad, porque la indagatoria, como ya se vio, contiene información detallada y de fácil comprobación sobre los referidos sucesos, que la fiscalía omitió verificar estando en la obligación de hacerlo(11), y porque sus omisiones, como bien lo anota el agente del Ministerio Público en su concepto, no pueden convertirse en indicios de responsabilidad en contra del acusado.
Similar situación se presenta en relación con la inferencia incriminatoria que el tribunal predica de las circunstancias de que el procesado hubiera vendido el vehículo inmediatamente después de haberlo adquirido, por un precio menor en aproximadamente un 30% al valor comercial, por cuanto en su indagatoria aclaró que lo hizo porque tenía dificultades económicas, y la investigación no desvirtuó su dicho, ni acreditó que los precios de venta resultaban abiertamente divorciados de los que venían manejándose en ese momento en el mercado de los vehículos usados.
La prosperidad de esta censura deja sin soporte probatorio el juicio positivo de tipicidad realizado por los juzgadores de instancia, y por obvias razones, el de responsabilidad penal. Por consiguiente, la Corte casará el fallo impugnado y en su lugar proferirá uno de absolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 217.1 de la Ley 600 de 2000.
2. ABSOLVER al procesado Eduardo Ucros Álvarez de los cargos imputados en la resolución de acusación.
Magistrados: María del Rosario González de Lemos—José Leonidas Bustos Martínez—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Augusto J. Ibañez —Jorge Luis Quintero Milanes—Yesid Ramírez bastidas —Julio Enrique Socha Salamanca—Javier Zapata Ortiz.
Teresa Ruiz Núñez, Secretaria General.
(1) Folios 11, 59-63, 76-81 y 81 vuelto del cuaderno original 1.
(2) Folios 122-137 del cuaderno original 2.
(3) Folios 11-23 del cuaderno del tribunal.
(4) Decreto 2700 de 1987.
(5) CSJ, casación 17864, sentencia de 14 de noviembre de 2002. En el mismo sentido, casación 9532, auto de 26 de septiembre de 1995; y casación 22881, auto de 12 de agosto de 2008, entre otros.
(6) CSJ, casación 28693 de 10 de junio de 2008 y casación 27816 de 17 de junio de 2009, entre otras.
(7) Página 8 de la sentencia.
(8) Folios 6 y 48 del cuaderno original 1.
(9) Folios 1 y 4 ibídem.
(10) Folios 60 y 61 ibídem.
(11) Artículos 234 y 338 inciso 6º de la Ley 600 de 2000.

References: resolución 
 artículo 207
 artículo 176
 artículo 178
 resolución 
 resolución 
 artículo 400
 resolución 
 resolución 
 artículo 176
 resolución 
 artículo 178
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 213
 artículo 226
 artículo 217
 resolución