Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2016/as201610303.html
Timestamp: 2019-03-20 01:04:41+00:00

Document:
as201610303
AUTO SUPREMO Nº 303/2016-RRC
Expediente : Oruro 20/2015
Parte Imputada : Juan Carlos Peredo Rodríguez y otras
Por memoriales presentados el 29 y 30 de septiembre de 2015, cursante de fs. 270 a 273 y fs. 282 a 285 vta., Julieta Peláez Soto Vda. de Vera y Sirley Patricia Vera Peláez, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 22/2015 de 29 de julio de fs. 252 a 257, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Banco Nacional de Bolivia Regional Oruro, representado por Edgar Ramiro Arce Rodríguez contra Juan Carlos Peredo Rodríguez y las recurrentes por la presunta comisión de los delitos de Estafa, Manipulación Informática, Alteración, Acceso y Uso Indebido de Datos Informáticos, Complicidad y Encubrimiento, previstos y sancionados por los arts. 335, 363 Bis, 363 Ter, 23 y 171 del Código Penal (CP), respectivamente.
a) Por Sentencia 10/2014 de 9 de junio (fs. 145 a 176), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a los imputados: i) Juan Carlos Peredo Rodríguez, autor de los delitos de Estafa con Agravación de Victimas Múltiples, Manipulación Informática; y, Alteración, Acceso y Uso Indebido de Datos Informáticos, previstos y sancionados por el art. 335 con relación al art. 346, además por los arts. 363 Bis y 363 Ter del CP, imponiéndole la pena de quince años de reclusión; ii) Sirley Patricia Vera Peláez, autora del delito de Estafa con Agravación de Víctimas Múltiples en grado de Complicidad, previsto y sancionado por el art. 335 con relación a los arts. 23 y 346 del CP, imponiéndole la pena de cinco años de reclusión; asimismo, absolvió de pena y culpa por la comisión de los delitos de Manipulación Informática; y, Alteración, Acceso y Uso Indebido de Datos Informáticos, previstos y sancionados por los arts. 363 Bis y 363 Ter del CP. Además, dispuso el pago de costas y la responsabilidad civil a favor del Estado y la acusación particular, así como la multa de doscientos días a razón de Bs.- 5 (cinco bolivianos) por día, a cada uno de los imputados; y, iii) Julieta Peláez Soto, autora de los delitos de Encubrimiento y Estafa con Agravación de Victimas Múltiples, previsto y sancionado por el art. 171 con relación a los arts. 335 y 346 del CP, imponiéndole la pena de un año y seis meses de reclusión; asimismo, concedió el beneficio de Perdón Judicial.
b) Contra la mencionada Sentencia, las co-imputadas Sirley Patricia Vera Peláez y Julieta Peláez Soto Vda. de Vera, interpusieron recursos de apelación restringida (fs. 200 a 207), resuelto por Auto de Vista 22/2015 de 29 de julio, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedentes los recursos y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.
De los memoriales de los recursos de casación y del Auto Supremo 729/2015-RA de 2 de diciembre, se extraen los siguientes motivos a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
I.1.1.1. Del recurso de casación de Julieta Peláez Soto Vda. de Vera.
Efectuando una relación de antecedentes que hacen al proceso penal instaurado en su contra, le recurrente refiere que el Tribunal de alzada emitió una Resolución carente de fundamentación o en su caso con argumentos subjetivos que vulneran el debido proceso, señalando para el efecto que: i) Pese a la inexistencia de prueba que acredite su responsabilidad penal en el ilícito de Encubrimiento (ninguno de los testigos la reconoció), el Tribunal de alzada confirma la Sentencia sin efectuar una correcta verificación de antecedente; al respecto, señala que se le condenó por el supuesto delito de Encubrimiento de Estafa con Agravación de Víctimas Múltiples, sancionado por el art. 171 con relación a los arts. 335 y 346 del CP; sin embargo, el art. 346 de la norma sustantiva, trata sobre la comisión del delito de Abuso de Confianza, error que no fue considerado y menos resuelto por el Tribunal de alzada, emitiendo una Resolución insuficiente y contradictoria vulnerando el derecho a contar con una Resolución fundamentada; ii) Sobre la denuncia de valoración defectuosa de la prueba el Tribunal de alzada de manera subjetiva señaló que: “la referida acusada llega a suscribir un contrato de anticrético de un departamento de propiedad de Marcelo Vía Moya por la suma de $us. 25.000.-, de modo que la acusada Julieta Peláez Soto, al haber suscrito un contrato anticrético, no haber demostrado el origen o procedencia, de donde tenía aquella cantidad de dinero en el 50% que le correspondía, ha ocultado y ha omitido denunciar a Juan Carlos Peredo Rodríguez…” (sic), argumento que a decir de la recurrente resulta increíble, que se le condene por un supuesto, pues demostró sus ingresos como maestra normalista por más de treinta y siete años; además, que su esposo también le apoyo económicamente, denotando esta conclusión una violación de lo establecido en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), pues el argumento de que su persona al no haber denunciado también configura el delito antes nombrado resulta una conclusión peligrosa para la sociedad; por lo que, cualquier ex suegra podría ser incluida en procesos penales bajo el pretexto de ser encubridoras; y, iii) Para que se configure el delito de Encubrimiento en los delitos de Estafa con Agravación de Victimas Múltiples, conforme a la norma sustantiva, se requiere que el actor cumpla con los pasos necesarios para el iter criminis; es decir, la programación criminal y consumación del hecho; sin embargo, en cuanto a su persona como ex suegra no podía conocer de la conducta de Juan Carlos Peredo Rodríguez al interior del Banco Nacional de Bolivia (entidad que nunca visito y jamás recibió centavo alguno de dicho imputado); consecuentemente, no podía ser juzgada y sentenciada por la comisión del citado delito, cuando todos los elementos de la conducta están circunscritos a la responsabilidad personalísima de Juan Carlos Peredo Rodríguez, quien declaró ser el único autor, estableciéndose de manera clara que no existió una valoración de los elementos objetivos y subjetivos del ilícito de Encubrimiento.
I.1.1.2. Petitorio.
Se dicte Auto Supremo en el que se ordene dejar sin efecto el Auto de Vista y ante la existencia de contradicción de los precedentes citados se deberá devolver obrados al Tribunal Departamental de Justicia para que dicte nueva resolución conforme la doctrina legal establecida.
I.1.1.3. Del recurso de casación de Sirley Patricia Vera Peláez.
Efectuando una relación de antecedentes que hacen al proceso penal instaurado en su contra, la recurrente refiere, que el Tribunal de alzada emitió una Resolución carente de fundamentación o en su caso con argumentos subjetivos que vulneran el debido proceso, señalando para el efecto: i) Tanto en la Sentencia como en el Auto de Vista impugnado, no se indica de qué forma hubiese cooperado en los ilícitos cometidos por Juan Carlos Peredo Rodríguez, denotando que el Tribunal de alzada confirma la Sentencia sin efectuar una correcta verificación de antecedentes; al respecto, señala que se le condenó por el supuesto delito de Cómplice del delito de Estafa con Agravación de Víctimas Múltiples, sancionado por el art. 335 con relación a los arts. 23 y 346 del CP; sin embargo, el art. 346 del mismo cuerpo legal, trata sobre la comisión del delito de Abuso de Confianza, error que no fue considerado y menos resuelto por el Tribunal de alzada, emitiendo una Resolución insuficiente y contradictoria vulnerando el derecho a contar con una Resolución fundamentada, pues al respecto no se hubiese tomado en cuenta, que el imputado declaró ser el único autor de los hechos acusados; además, de haber señalado en que gastó los dineros ilegalmente obtenidos (Borracheras consuetudinarias junto a sus amigos); ii) Sobre la denuncia de valoración defectuosa de la prueba, el Tribunal de alzada de manera subjetiva hubiese señalado que: “se llega a establecer que la referida acusada realizaba depósitos de dinero, en montos considerables, si bien la referida acusada como defensa material ha señalando que esos dineros depositados eran fruto de su trabajo ahorrado, los montos depositados no responden a los INGRESOS QUE TENIA” (sic); sobre el particular, señala que en realidad está demostrado todo lo referente a sus ingresos como funcionaria de una entidad pública como el Sela-Oruro y sus ahorros que fueron acumulados por muchos años; asimismo, recibía ayuda económica de su madre; por lo que, resultaría increíble que se le condene por un supuesto, denotando esta conclusión una violación de lo establecido en el art. 115.II de la CPE, pues el argumento de no haber demostrado el origen de sus ahorros resulta una conclusión peligrosa para la sociedad ya que cualquier ex esposa podría ser incluida en procesos penales bajo el pretexto de ser cómplices; y, iii) Para que se configure el delito de Complicidad en los delitos de Estafa con Agravación de Victimas Múltiples, conforme a la norma sustantiva se requiere que el actor cumpla con los pasos necesarios para el iter criminis; es decir, la programación criminal y consumación del hecho; sin embargo, en cuanto a su persona como ex esposa no tenía la obligación de conocer de la conducta de Juan Carlos Peredo Rodríguez al interior del Banco Nacional de Bolivia (entidad que nunca visito y jamás recibió centavo alguno de dicho imputado); consecuentemente, no podía ser juzgada y sentenciada por la comisión del citado delito, cuando todos los elementos de la conducta están circunscritos a la responsabilidad personalísima de Juan Carlos Peredo Rodríguez, quien declaró ser el único, estableciéndose de manera clara que no existió una valoración de los elementos objetivos y subjetivos en la supuesta complicidad.
I.1.1.4. Petitorio.
De los memoriales de los recursos de casación interpuestos por las recurrentes y del Auto Supremo 729/2015-RA de 02 de diciembre, cursante de fs. 304 a 307, se admiten los motivos, primero, segundo y tercero de ambos recursos, para su análisis de fondo.
Por Sentencia 10/2014 de 9 de junio (fs. 145 a 176), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a los imputados: i) Juan Carlos Peredo Rodríguez, autor de los delitos de Estafa con Agravación de Victimas Múltiples, Manipulación Informática; y, Alteración, Acceso y Uso Indebido de Datos Informáticos, previstos y sancionados por el art. 335 con relación al art. 346, además por los arts. 363 Bis y 363 Ter del CP, imponiéndole la pena de quince años de reclusión; ii) Sirley Patricia Vera Peláez, autora del delito de Estafa con Agravación de Víctimas Múltiples en grado de Complicidad, previsto y sancionado por el art. 335 con relación a los arts. 23 y 346 del CP, imponiéndole la pena de cinco años de reclusión; asimismo, absolvió de pena y culpa por la comisión de los delitos de Manipulación Informática; y, Alteración, Acceso y Uso Indebido de Datos Informáticos, previstos y sancionados por los arts. 363 Bis y 363 Ter del CP. Además, dispuso el pago de costas y la responsabilidad civil a favor del Estado y la acusación particular, así como la multa de doscientos días a razón de Bs.- 5 (cinco bolivianos) por día, a cada uno de los imputados; y, iii) Julieta Peláez Soto Vda. de Vera, autora de los delitos de Encubrimiento y Estafa con Agravación de Victimas Múltiples, previsto y sancionado por el art. 171 con relación a los arts. 335 y 346 del CP, imponiéndole la pena de un año y seis meses de reclusión; asimismo, concedió el beneficio de Perdón Judicial.
En juicio oral se estableció que: i) El imputado Juan Carlos Peredo Rodríguez adecuó su conducta a los delitos de Estafa, Manipulación Informática y Alteración, Acceso y Uso indebido de datos informáticos, pues en su condición de Operador de Sistemas del Banco Nacional de Bolivia Regional Oruro, ha alterado y manipulado el sistema informático para obtener un beneficio económico en su favor; por lo que, el Banco como persona jurídica ha sufrido un daño económico, como consecuencia, el acusado adecuó su conducta al delito de Estafa con víctimas múltiples, pues en el presente caso el sujeto pasivo el delito viene a constituir el Banco Nacional de Bolivia Regional Oruro que está compuesto por accionistas, tal cual refirieron los testigos de cargo, ha sido engañado por el acusado Juan Carlos Peredo Rodríguez, quien tuvo en su beneficio de más un de un millón de bolivianos a través de las transacciones fraudulentas que realizaba, manipulando y alterando el sistema informático, en consecuencia concurren los elementos constitutivos del delito de Estafa, tales como el fraude, el engaño, el daño económico y el beneficio económico que obtuvo en su favor, así como los elementos constitutivos de los delitos de Manipulación Informática; y, Alteración, Acceso y Uso indebido de datos informáticos por lo que se hace inminente la condena en contra del acusado Juan Carlos Peredo Rodríguez; ii) En lo que respecta a la acusada Sirley Patricia Vera Peláez, señala que su participación en el hecho está demostrada como cómplice en el delito de Estafa; toda vez, que la acusada recibía a Juan Carlos Peredo Rodríguez (ex esposo), los dineros ilícitos que fraudulentamente obtenía del Banco Nacional de boliviana, dineros que eran depositados por la acusada Sirley Patricia Peláez Vera en entidades financieras como Mutual el Progreso y en el Banco Visa de la ciudad de Oruro, si bien se alega por parte de la causada que ella no tenía conocimiento; empero, tal aseveración solo es sustento que no se encuentra respaldado por alguna prueba, máxime si revisados los extractos bancarios de la Mutual El Progreso y del Banco Visa, se llega a establecer que la referida acusada realizaba depósitos de dinero, en montos considerables y si como defensa material señaló que esos dineros depositados eran fruto de trabajo y ahorro, los montos depositados no responden a los ingresos que tenía, es más debemos señalar que la referida acusada sostuvo que cada mes aportaba con Bs. 2000.- (dos mil bolivianos) y su esposo con igual cantidad, lo que significa que cada mes debían tener un ahorro de Bs. 4000.- (cuatro mil bolivianos), sin embargo remitiéndonos a la prueba MPD-21, que trata del extracto o movimiento de depósitos de dinero realizados en la Mutual El Progreso, se puede legar a establecer que Sirley Patricia Vera Peláez realiza una serie de depósitos y retiros de dinero; por otro lado, la prueba presentada por la defensa no existe prueba por parte de Sirley Patricia Vera Peláez, que cada mes sagradamente depositaba la suma de Bs. 4000.- (cuatro mil bolivianos) como ahorro, tal cual ha sostenido la defensa; consiguientemente, si bien niega haber tenido participación con el autor principal que es el acusado Juan Carlos Peredo Rodríguez; empero, los depósitos que realizaba la vincula en el hecho criminoso como cómplice, es más las cámaras de seguridad que existen en los cajeros automáticos registraron la presencia del acusado y de la acusada, el momento en que ambos se encuentran retirando dinero, tal cual se puede establecer de la prueba codificada como MP-D8, que es la prueba del registro del lugar del hecho; iii) Respecto de la acusada Julieta Peláez Soto Vda. de Vera, debemos señalar que a la referida acusada se le ha encontrado culpable en el delito de Encubrimiento en el delito de Estafa con agravación de víctimas múltiples, porque la referida acusada llega a suscribir un contrato anticrético de un departamento de propiedad de Marcelo Vía Moya por la Suma de $us. 25.000 departamento que está ubicado en la calle La Paz 4767 entre Oblitas y Lira, según el contrato anticrético (Prueba N° MP-D18) suscrito el 4 de agosto de 2009, Sirley Patricia Vera Peláez y Julieta Peláez Soto Vda. de Vera entregan a Marcelo Vía Moya la suma de $us. 25.000.- (veinticinco mil dólares estadounidenses), por concepto de un contrato de anticrético de un departamento destinado a la vivienda familiar para los esposos Peredo Vera. Con relación a la prueba codificada como JP-D3 que consistente en boletas de pago de la acusada Julieta Peláez Soto Vda. de Vera, se puede establecer que como maestra, el año 2010 su haber básico era de Bs. 2.741.- (dos mil setecientos cuarenta y un bolivianos) y su líquido pagable de Bs. 2.352.- (dos mil trescientos cincuenta y dos bolivianos), lo que implica que su ingreso como educadora no era significativo, de modo que como podía haber tenido aquel monto de dinero para suscribir un contrato anticrético de un departamento. No existe ninguna prueba que nos pueda llevar a la convicción de que era fruto de su ahorro y trabajo. Asimismo, omitió denunciar a Juan Carlos Peredo Rodríguez, que ilícitamente obtenía dineros del Banco Nacional de Bolivia Regional Oruro, donde trabajaba como Operador de Sistemas, de modo que la acusada adecuó su conducta al delito de Encubrimiento, previsto y sancionado por el art. 171 del CP. Finalmente no se demostró la comisión de los otros delitos denunciados.
Contra la referida Sentencia, la querellante formuló recurso de apelación restringida, basado en el argumento de que el Tribunal de Sentencia al momento de emitir su fallo incurrió en los defectos: i) Señaló que se debió proceder a la extinción del acción penal por duración máxima del proceso; ii) Debió proceder la excepción de extinción de la acción penal por prescripción; iii) Plateó incidente de nulidad por defecto absoluto; iv) Refirió la existencia de vulneración al principio de congruencia; v) Existió falta de fundamentación de la Sentencia; vi) Se vulneró el debido proceso; vii) De los agravios y conculcaciones que registra la Sentencia condenatoria; viii) Señaló que se basó en hechos inexistentes y existió valoración defectuosa de la prueba; y, ix) Refirió la aplicación errónea y contradicción del art. 365 del CPP.
Contra la mencionada Sentencia, las co-imputadas Sirley Patricia Vera Peláez y Julieta Peláez Soto Vda. de Vera, interpusieron recurso de apelación restringida, resuelto por el Auto de Vista 22/2015 de 29 de julio, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó totalmente la Sentencia apelada en base a los siguientes argumentos: i) Con relación a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, refiere que en aplicación de las Sentencias Constitucionales 101/2004 y 0079/2004-ECA, se estableció que Tribunal de Sentencia tomó en cuenta la aplicación del art. 133 del CPP, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, apegado a la interpretación de la norma constitucional prevista en el art. 203 del CPE, el razonamiento efectuado por el órgano jurisdiccional no causa agravio a las recurrentes; ii) Respecto de la extinción de la acción penal por prescripción, señala que si bien la resolución del Tribunal de Sentencia señaló que no es posible sostener que el hecho que se viene juzgando fue cometido el 2001, para esa fecha no se conocía de la actitud ilícita del acusado, la resolución impugnada toma en cuenta como cesación a la consumación el año 2009; consiguientemente, al declararse improbada la excepción relativa a la prescripción se ha tomado en cuenta lo previsto en el art. 30 del CPP; iii) Respecto del incidente de nulidad por defecto absoluto señala que el Tribunal al margen de haberse referido puntualmente al concurso real e ideal funda sus resolución en el hecho de que conforme el CPP, en la instancia de juicio oral no se tiene facultades para revisar los términos del acusación; toda vez, que esos reclamos debieron ser efectuados en la audiencia conclusiva y no en la instancia de juicio oral. Por otra parte, en relación a que no estaría resuelto un incidente que se habría formulado en la etapa preparatoria, el órgano jurisdiccional explica que se dejó sin efecto el previsto de 22 de octubre de 2011, que admitió el trámite de dicho incidente, debiendo ser considerado conforme establece el art. 325 del CPP. Sobre el razonamiento efectuado por el órgano jurisdiccional, las recurrentes no efectuaron ningún cuestionamiento específico; consiguientemente, no se tiene latente ningún defecto absoluto; iv) Con relación a la vulneración de la congruencia, en el caso concreto las recurrentes no fueron condenadas por un hecho distinto al atribuido en la acusación, pues en virtud de la acusación fiscal y particular se celebró el juicio oral y público, donde hubieren sido oídas las recurrentes; consecuentemente, no se evidencia ninguna afectación al principio de congruencia; por lo que, el Tribunal de Sentencia determinó las formas y circunstancias en que las acusadas cometieron los ilícitos. Por otro lado, con relación a la incorrecta aplicación del art. 335 del CP, señalaron que ellas no eran dependientes del Banco Nacional de Bolivia, que no tenían relación con los ejecutivos y menos con los socios; por lo que, se debió tener en cuenta que ninguna de las acusadas ha sido condenada como autora del delito de Estafa; sino, como cómplice Sirley Patricia Vera Peláez; en cuanto, a Julieta Peláez Soto Vda. de Vera, fue condenada como encubridora, pero ninguna como autora del Delito de Estafa; de modo que, tanto para la complicidad como para el encubrimiento, no hace falta que las mismas habrían tenido una relación directa con los ejecutivos del Banco; v) Con relación a la falta de fundamentación de la Sentencia, el Tribunal de alzada señaló que lo demandado no es evidente, porque existe fundamentación en la Sentencia. No se acusó insuficiente o contradictoria fundamentación. Al respecto con relación al deber de motivar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que el deber de motivar no exige una respuesta detalla a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión. Los fundamentos expuestos en la Sentencia recurrida cumplen no solo con la exigencia legal del art. 124 del CPP; también, con la exigencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; por lo que, no se deduce agravio alguno que pueda afectar a las recurrentes; vi) Con relación al debido proceso las recurrentes no hace mención a este derecho fundamental, no se aclara de qué modo se hubiese vulnerado este derecho en la Sentencia recurrida; por cuanto, no corresponde ingresar a un examen pormenorizado sobre el punto; vii) Con relación a los agravios conculcaciones que registra la Sentencia condenatoria, se advierte que del examen de la Sentencia recurrida permite llegar al convencimiento de que en la valoración de los elementos de prueba se hubo cumplido con lo que previene el art. 173 del CPP, adoptando las reglas de a sana crítica; viii) Con relación a la errónea aplicación de los arts. 23, 171 y 335 del CP, refiere que la conducta asumida por las recurrentes se encuentran vinculadas al delito de Estafa previsto y sancionado por el art. 335 y 346 del CP, de modo que estas normas penales no fueron incorrectamente aplicadas como sostienen las recurrentes. Con relación al art. 23 del CP, refiere que fue correctamente aplicada en el caso de Sirley Patricia Vera Peláez; toda vez, que la misma fue condenada en grado de complicidad, con los alcances de la norma penal citada, relacionada al tipo penal previsto y sancionado en el art. 335 del CP (Estafa), con la agravación de víctimas múltiples. En el mismo sentido el art. 171 del CP, fue correctamente aplicado en relación a Julieta Peláez Soto Vda. de Vera, porque la misma fue declarada autora del delito de encubrimiento relacionado con el delito de Estafa con agravación de Víctimas Múltiples; sin perder de vista que para la comisión de este delito, no se requiere ser autor o autora del delito principal, como es la Estafa con agravación de Víctimas Múltiples; ix) Con relación a los hechos inexistentes y valoración defectuosa de la prueba, al respecto señaló que sobre las actuaciones de los fiscales en la Sentencia recurrida, no se tiene ningún dato pormenorizado, de modo que no puede estimarse vulnerado el art. 5 de la Ley 260, concerniente a la objetividad y legalidad que deben observar en sus actuaciones, los representantes del Ministerio Público, como son los Fiscales. Con relación a la labor incompleta que pudieron haber efectuado los investigadores para llevar adelante una investigación, que fueron funcionarios legos en la ciencia informática y que no habría sido considerado en la Sentencia recurrida, sobre esta observación cabe señalar que, en virtud del art. 69 del CPP, la investigación de delitos se halla a cargo del Ministerio Público, de la Policía Nacional y del Instituto de Investigaciones Forenses, de modo que no puede atribuirse responsabilidad al órgano jurisdiccional sobre la designación de los policías investigadores; es más, tanto los acusadores fiscal y particular, como la propia defensa tienen el derecho de observar estas actuaciones, así como las pruebas en el proceso en la forma establecida por las normas procesales. Por otro lado, se acusa como producto de un montaje las fotografías del sistema de monitoreo y vigilancia de los cajeros automáticos. Sin embargo, no se tiene ningún sustento objetivo; es decir, no apoya su observación con ningún elemento probatorio; tampoco se hace viable el reclamo. Por el contrario, de la lectura de la Sentencia lleva a la claridad de que en la valoración de las pruebas testificales, inspección ocular, documentales y el Tribunal, cumplió con la exigencia prevista en el art. 173 del CPP; y, x) Respecto de la aplicación errónea y contradictoria del art. 365 del CPP, señala que en el presente caso el Tribunal estableció con relación a los delitos que fueron base del juicio, que la prueba aportada fue suficiente para generar convicción sobre la responsabilidad penal de las recurrentes, adecuando su decisión de modo correcto a la forma establecida por el art. 365 del CPP; por lo que, no puede catalogarse como una errónea aplicación de la referida norma procesal. Respecto del delito de Estafa con agravación por víctimas múltiples, este aspecto fue ventilado dentro el juicio oral público y contradictorio, conforme previenen los arts. 335 y 346 Bis del CP; y, es dentro de ese sustento que el Tribunal hubo condenado a las recurrentes con conexión estricta a estas disposiciones sustantivas, tanto en la Complicidad como en el Encubrimiento; de modo que tampoco existe contradicción en la aplicación del art. 365 del CPP; por lo que, no se demostró los defectos de la Sentencia establecidos por el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP; así como tampoco existió la errónea y forzada aplicación del art. 203 Bis del CP, que se refiere a un uso de instrumento falsificado.
Los motivos del recurso de casación fueron admitidos debido a la falta de fundamentación del Auto de Vista en relación a las temáticas i), ii) y iii) identificadas en los puntos II.1. y II.2. del presente fallo, relativas a que las imputadas fueron erróneamente condenadas por el delito de Abuso de Confianza, aspecto que no fue considerado ni resuelto por el Tribunal de alzada, que dicho Tribunal incurrió en defectuosa valoración probatoria; y, a las exigencias para la configuración del encubrimiento y complicidad en los delitos acusados, precisando las recurrentes que fueron condenadas con argumentos subjetivos carentes de prueba que las respalden; en ese sentido, resulta menester por parte de esta Sala del Tribunal Supremo efectuar una precisión sobre la vulneración del debido proceso por falta de fundamentación del Auto de Vista.
III.1. El derecho al debido proceso.
Dentro de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Justicia respecto al debido proceso ha señalado a través del Auto Supremo 199/2013 de 11 de julio, lo siguiente: “El debido proceso, es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado, en sus artículos 115 y 117, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentran: a) el derecho a la defensa, b) el derecho al juez natural, c) la garantía de presunción de inocencia, d) el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, e) el derecho a un proceso público, f) el derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, f) el derecho a recurrir, g) el derecho a la legalidad de la prueba, h) el derecho a la igualdad procesal de las partes, i) el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, j) el derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones, k) la garantía del non bis in idem, l) el derecho a la valoración razonable de la prueba, ll) el derecho a la comunicación previa de la acusación; m) la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; n) el derecho a la comunicación privada con su defensor; o) el derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular.
En lo relativo a la denuncia de defecto absoluto, por indebida motivación en la Sentencia, vinculada a la infracción de la garantía del debido proceso en su componente derecho a la debida fundamentación de las resoluciones, es necesario destacar que éste derecho es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los jueces, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso”.
III.3. Defectos procesales. Principios doctrinales.
Ante la existencia de defectos procesales, el juzgador tiene la facultad de subsanarlos, ya sea modificando, rectificando o apartando todos los defectos o errores procesales que pudiese advertir durante la tramitación del proceso y sólo cuando se trate de defectos absolutos podrá retrotraer el proceso hasta el punto original en que se produjo el vicio por la afectación esencial a derechos fundamentales y garantías constitucionales que conlleva, lo que significa que corre a cargo de la autoridad judicial realizar el análisis de los actos procesales a efectos de determinar si se trata de defectos procesales subsanables o en su caso de defectos absolutos, pronunciando una resolución debidamente motivada que sustente su decisión.
Bajo este horizonte, se entiende que el régimen de nulidades en materia penal, se encuentra impregnado de algunos principios doctrinales que sin duda se constituyen en criterios para resolver una situación jurídica, en este caso, el régimen que ahora se aborda, así el propio ordenamiento jurídico procesal, específicamente el art. 167 del CPP -implícitamente- reconoce el principio de convalidación y el principio de trascendencia, al establecer que: “No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado.
En los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causen agravio”. (Las negrillas son nuestras).
Lo que demuestra que el principio de convalidación y trascendencia se encuentra sumido a la norma descrita, deduciéndose de la misma que, el afectado demuestre objetivamente que en la tramitación del proceso el acto o defecto alegado como nulo, no pueda ser subsanado o convalidado y en su caso, habría ocasionado un perjuicio o agravio, claro está que no sea fruto de la conducta o actuación pasiva o negligente del interesado o de quien invoca el defecto; además, en concordancia con estos principios se tiene al principio de conservación, de modo que la nulidad siempre será la excepción y la regla la eficacia del acto procesal; o sea, ante una duda razonable, debe optarse por la interpretación propensa a conservar el acto procesal y así evitar la nulidad.
Por otra parte, es necesario señalar que el Código de Procedimiento Penal en sus arts. 169 y 170, reconoce dos tipos de actividad procesal defectuosa; los defectos absolutos y los defectos relativos, los primeros no susceptibles de convalidación a diferencia de los segundos, refiriéndose a estos defectos el Tribunal Constitucional en la Sentencia 1180/2006-R de 24 de noviembre de 2006, estableció que: "...el Código de Procedimiento Penal por un lado distingue los defectos absolutos y los relativos, que se diferencian en que los primeros no son susceptibles de convalidación y los otros quedan convalidados en los casos previstos por la norma; sin soslayar, que la diferencia sustancial de los defectos absolutos y relativos, radica en que en el defecto absoluto el quebrantamiento de la forma está vinculado a la protección de un derecho o garantía constitucional; en cambio, en el defecto relativo existe un quebrantamiento de forma; por otro lado, de la regulación de la actividad procesal defectuosa se tiene que no cualquier defecto es necesariamente irrevocable, sino sólo aquellos que causen perjuicio o agravio a la parte interesada. A esto debe añadirse que las formas procesales precautelan el ejercicio de los derechos de las partes y las garantías constitucionales; en consecuencia, no se puede decretar la nulidad, sino sólo cuando hay un defecto que por haber causado una afectación a un derecho o garantía es absoluto; es decir, la nulidad no deriva sólo del quebrantamiento de la forma, pues es necesario que ese quebrantamiento haya afectado los derechos de alguna de las partes y que ésta haya demostrado el agravio para poder solicitar la anulación del acto defectuoso" (Las negrillas son nuestras).
III.4.Labor de control de logicidad por parte del Tribunal de alzada, ante la denuncia de errónea valoración de la prueba y la obligación de la carga argumentativa del apelante.
Aunque la apreciación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas (intangibilidad de la prueba y de los hechos), de la sentencia son inatacables en apelación restringida; empero, están sujetas al control de logicidad a cargo del Tribunal de apelación, que verificará a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, el proceso lógico seguido por el juzgador en su razonamiento a través del examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la Sentencia, cotejando si en su fundamentación se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia.
Pues bien, el juzgador debe observar los principios lógicos supremos o leyes supremas del pensamiento que gobiernan la elaboración de los juicios y otorgan base cierta para determinar cuáles son, necesariamente verdaderos o falsos. A decir del profesor De la Rua, las leyes del pensamiento son leyes a priori que están constituidas por las leyes fundamentales de coherencia y derivación, por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. (De la Rua, Fernando. Teoría General del Proceso. Editorial Depalma, Buenos Aires 1991. Pág. 154-158).
Asimismo, en relación a las leyes de la psicología, el Tribunal o Juez tiene el deber de aplicarlas en la valoración de las pruebas, no siendo necesario que indique cuál sea el procedimiento psicológico empleado; además, de aplicar las normas de la experiencia, que son los juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos. (Arroyo, Gutiérrez José Manuel y Rodríguez, Campos Alexander. Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal. Editorial Jurídica Continental. San José-Costa Rica 2003. 2da. Edición. Pág. 91).
En el ordenamiento jurídico boliviano, el sistema de valoración de la sana crítica, se encuentra establecido en el art. 173 del CPP, que refiere: “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”; lo que implica, que el juzgador debe observar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia en la emisión de la Sentencia, que podrá ser impugnada, cuando la parte considere que no fueron aplicadas correctamente.
Consiguientemente, ante la denuncia de errónea valoración de la prueba por la incorrecta aplicación de las leyes del pensamiento humano respecto a la sana crítica, que además deberá contener necesariamente la identificación de cuáles los elementos de prueba incorrectamente valorados, así como la solución pretendida, el Tribunal de alzada, verificará si los argumentos y conclusiones de la Sentencia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos; y, de evidenciar el reclamo determinará la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio, ante la prohibición de corregir directamente el defecto, conforme dispone el art. 413 del CPP; en cambio de resultar incorrecta la denuncia, dispondrá su rechazo y confirmará lo resuelto en sentencia por el A quo.
Este entendimiento ha sido ampliamente desarrollado en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que señala: “El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.
Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente a admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.
Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez”.
Con relación a las denuncias formuladas por los recurrentes corresponde señalar que los motivos i, ii, y iii de ambos recurso de casación son coincidentes; por lo que, se los admitió de manera conjunta y ahora por la misma metodología se lo resolverá los tres motivos de manera conjunta; en consecuencia, corresponde realizar la verificación si evidentemente el Auto de Vista incurrió en falta de fundamentación y si este hecho le generó la vulneración del debido proceso; por cuanto, se analiza lo siguiente:
Con relación a que las imputadas fueron erróneamente condenadas por el delito de Abuso de Confianza y que este aspecto no fue considerado ni resuelto por el Tribunal de alzada. Al respecto; y, de la revisión minuciosa de antecedentes se evidencia que lo manifestado, no es cierto debido a que el Auto de Vista se pronunció con relación a la incorporación o no del art. 346 (Abuso de Confianza) teniendo en cuenta que si bien en la Sentencia se consignó art. 346 del CP y no el 346 Bis del mismo Código, que era lo que correspondía si bien no lo hace expresamente, sin embargo del contenido de su argumentación se entiende que se refirió al art. 346 Bis del CP, aclarando que se trata de víctimas múltiples argumento que se encuentra en el siguiente fragmento del Auto de Vista: “…acusan una aplicación incorrecta del art. 335 con relación al 23 y 346 bis del CP, en lo que corresponde a Sirley Patricia Vera Peláez y aplicación errónea del art. 171 con relación a los arts. 23, 335 y 346 del CP, con relación a Julieta Peláez vda. de Vera; en el entendido de que en la Sentencia no se habría determinado de qué forma y en qué circunstancias hubieran cometido los ilícitos. Sobre estos aspectos extrañados, la resolución impugnada hace referencia en el CONDSIDERADNO III, párrafo II, punto 7° con relación a Sirley Patricia Vera Peláez cuando refiere: “En lo que respecta a la acusada Sirley Patricia Vera Peláez, debemos señalar que su participación en el hecho está demostrada como cómplice en el delito de Estafa toda vez que la referida acusada recibía de Juan Carlos Peredo Rodríguez (ex esposo) los dineros ilícitos que eran depositados por la acusada Sirley Patricia Vera en entidades financieras como la Mutual El Progreso y el Banco Visa de la ciudad de Oruro “(…)” se llega a establecer que la referida acusada realizaba depósitos de dinero, en montos considerables, si bien la referida acusada como defensa material ha señalado que esos dineros depositados eran fruto de su trabajo y ahorro, los montos depositados no responden a la ingresos”. Del mismo modo, se determina la forma en que hubo cometido el ilícito de encubrimiento por parte de Julieta Peláez Soto, cuando la Sentencia expresa en el punto 9° del mismo considerando: “Respecto a la acusada Julieta Peláez Soto, debemos señalar que a la referida acusada se la ha encontrado culpable del delito de encubrimiento, en el delito de Estafa con agravación de víctimas múltiples, porque la referida acusada llega a suscribir un contrato anticrético de un departamento de propiedad de Marcelo Vía Moya por la suma de $us. 25.000” (…) “ de modo que la acusada Julieta Peláez Soto, al haber suscrito un contrato anticrético o no haber demostrado el origen o procedencia de donde tenía aquella cantidad de dinero en el 50% que le correspondía, ha ocultado y ha omitido denunciar al Juan Carlos Peredo Rodríguez, que ilícitamente obtenía dineros del Banco Nacional de Bolivia Regional Oruro, donde trabajaba como Operador de Sistemas; de modo que la acusada adecuo su conducta al delito de Encubrimiento, previsto y sancionado por el art. 171 del CP. Del examen de la Sentencia recurrida se desprende que el Tribunal ha determinado la forma y circunstancias en que las acusadas hubiesen cometido lo ilícitos”. De lo transcrito se establece una explicación respeto de la configuración del hecho al tipo penal del art. 346 bis del CP (Agravación en caso de Víctimas Múltiples) y no al de Abuso de Confianza; además, del contenido integro de la Sentencia se establece que en ninguna parte de la misma consta la consideración y/o argumentación del delito de Abuso de Confianza previsto y sancionado por el art. 346 del CP, excepto en el por tanto de dicha Sentencia donde consta la consignación del referido artículo, teniendo en cuenta que debió ser “346 bis”; sin embargo, aspecto explicado en el Auto de Vista, teniendo en cuenta que señaló que se refiere al art. 346 Bis y que se trata de la agravación en caso de Víctimas Múltiples, aspecto que a demás se encuentra fundamentado y desarrollado en la Sentencia; en consecuencia, se advierte que dicho reclamo opuesto por las recurrentes; por un lado, fue respondido por el Auto de Vista; y por otro, carece de trascendencia, teniendo en cuenta que el obrar del Tribunal de Sentencia, al emitir la Sentencia, no se vislumbra ninguna situación que cimiente lo solicitado por las recurrentes.
Asimismo, las impetrantes señalaron que mediante afirmaciones subjetivas asumidas por el Tribunal de Sentencia se las condenó, con defectuosa valoración probatoria y sin las exigencias para la configuración del Encubrimiento; y, Complicidad, respecto de lo manifestado corresponde mencionar que el Auto de Vista en su argumentación estableció que la Sentencia consignó en su contenido, que el juicio oral estuvo enmarcado en los delitos de Estafa, Manipulación Informática, Alteración, Acceso, Uso Indebido de Datos Informáticos, Complicidad y Encubrimiento, declaró a Juan Carlos Peredo Rodríguez autor de la comisión de los delitos de Estaba con Agravación de Víctimas Múltiples, Manipulación Informática, Alteración, Acceso, Uso indebido de datos informáticos; por otra parte, en contra de Sirley Patricia Vera Peláez, por los delitos de Estafa con Agravación de Víctimas Múltiples, declaró autora en grado de complicidad; y, Julieta Peláez Soto Vda. de Vera, declaró autora de Encubrimiento en la comisión del delito acusado de Estafa con agravación de víctimas múltiples; por lo que, dicha conducta asumida por las recurrentes se encuentra vinculada al delito de Estafa con agravación de víctimas múltiples, previstos y sancionados por los arts. 335 y 346 bis del CP. Asimismo, se estableció la aplicación del art. 23 del CP, con relación al Sirley Patricia Vera Peláez, porque la misma fue condenada en grado de complicidad relacionado al art. 335 del CP, con agravación de Víctimas Múltiples previsto en el art. 346 Bis del CP. De la misma forma se advierte la aplicación del art. 171 del CP, con relación a Julieta Peláez Soto Vda. de Vera, porque dicha imputada fue declarada autora del delito de Encubrimiento relacionado con el delito de Estafa con la Agravación de Víctimas Múltiples, aclarando que para la aplicación de dicho artículo no es preciso no se requiere ser autor del delito principal como lo es el de Estafa con agravación de víctimas múltiples.
Por otro lado, el Auto de Vista también consignó en su contenido que en el considerando III, párrafo II, punto 7° con relación a Sirley Patricia Vera Peláez, cuando refiere respecto de la participación en el hecho de la acusada Sirley Patricia Vera Peláez, está demostrado como cómplice en el delito de Estafa; toda vez, que la referida acusada recibía de Juan Carlos Peredo Rodríguez (ex esposo), los dineros ilícitos que eran depositados por la acusada Sirley Patricia Vera Peláez, en entidades financieras como Mutual El Progreso y el Banco Visa de la ciudad de Oruro; asimismo, se establece que la referida acusada realizaba depósitos de dinero, en montos considerables y si bien la referida acusada como defensa material señala que esos dineros depositados era fruto de sus trabajo y ahorro, los montos depositados no responden a esos ingresos. Del mismo modo, se determina la forma en que hubo cometido el ilícito de Encubrimiento por parte de Julieta Peláez Soto Vda. de Vera, cuando el Auto de Vista al referirse a la Sentencia señala que en esta se expresa en el punto 9° del mismo considerando, que respecto a la acusada Julieta Peláez Soto Vda. de Vera, se la encontró culpable del delito de Encubrimiento en el delito de Estafa con Agravación de Víctimas Múltiples, porque llega a suscribir un contrato anticrético de un departamento de propiedad de Marcelo Vía Moya por la suma de $us. 25.000.- (veinticinco mil dólares estadounidenses); asimismo, se expresó señalando que la acusada Julieta Peláez Soto Vda. de Vera, al haber suscrito un contrato de anticrético o no haber demostrado el origen o procedencia de donde tenía aquella cantidad de dinero que correspondía a un 50% que le correspondía, ocultó y omitió denunciar a Juan Carlos Peredo Rodríguez, que ilícitamente obtenía dineros del Banco Nacional de Bolivia Regional Oruro, donde trabaja como Operador de Sistemas; de modo que la acusada adecua su conducta al delito de Encubrimiento, previsto y sancionado por el art. 171 del CP.
Por lo señalado precedentemente, el Tribunal de alzada cumplió con su obligación de efectuar la labor de control de logicidad realizando un análisis respecto de las cuestiones reclamadas en su recurso de apelación restringida, advirtiendo que no fueron afirmaciones subjetivas vertidas por el Tribunal de Sentencia, evidenciándose lo contrario a los aspectos denunciados por las recurrentes; por otro lado, resulta inexcusable para las recurrentes señalar e identificar qué elementos de prueba fueron incorrectamente valorados y cuál la solución que pretende; es decir, precisar qué partes de la decisión incurrieron en errores lógico-jurídicos en el que se aplicaron de manera inadecuada las reglas de la sana crítica, con el correspondiente análisis lógico buscado. Por lo expuesto, este Tribunal establece que el Tribunal de alzada, circunscribió su resolución a los motivos de apelación planteados por el imputado, conforme a lo dispuesto por el art. 398 del CPP, que preceptúa: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución” (sic), cumpliendo con el requisito de ser una resolución completa y debidamente fundamentada al haberse pronunciado sobre todos los puntos apelados por el recurrente; en consecuencia, la Resolución impugnada no incurrió en vulneración de derechos y garantías constitucionales, correspondiendo declarar el motivo infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADOS los recursos de casación, interpuestos por Julieta Peláez Soto Vda. de Vera y Sirley Patricia Vera Peláez.

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