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Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito. TITULO VI.�R�gimen de las participaciones significativas (Vigente hasta el 25 de Marzo de 2012).
Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito (Vigente hasta el 25 de Marzo de 2012).
Vigencia desde 19 de Agosto de 1988. Esta revisi�n vigente desde 28 de Julio de 2011 hasta 25 de Marzo de 2012
Vigente desde 19/Mayo/1998 hasta 24/Noviembre/2002
Vigente desde 1/Enero/2003 hasta 23/Mayo/2003
Vigente desde 23/Mayo/2003 hasta 24/Abril/2005
Vigente desde 24/Abril/2005 hasta 9/Diciembre/2007
Vigente desde 9/Diciembre/2007 hasta 1/Enero/2008
Vigente desde 1/Enero/2008 hasta 28/Junio/2009
Vigente desde 28/Junio/2009 hasta 1/Julio/2009
Vigente desde 1/Julio/2009 hasta 4/Diciembre/2009
Vigente desde 4/Diciembre/2009 hasta 6/Marzo/2011
Vigente desde 6/Marzo/2011 hasta 28/Julio/2011
Vigente desde 28/Julio/2011 hasta 25/Marzo/2012
Vigente desde 25/Marzo/2012 hasta 31/Agosto/2012
Vigente desde 15/Noviembre/2012 hasta 1/Enero/2013
Vigente desde 1/Enero/2013 hasta 1/Diciembre/2013
Vigente desde 1/Diciembre/2013 hasta 28/Junio/2014
TITULO VIR�gimen de las participaciones significativas
T�tulo VI introducido por Ley 3/1994, 14 abril, de adaptaci�n de la legislaci�n espa�ola en materia de entidades de cr�dito a la Segunda Directiva de Coordinaci�n Bancaria de las Comunidadaes Europeas (�B.O.E.� 15 abril).
Participaciones significativas en entidades de cr�dito 1. A los efectos de esta Ley, se entender� por participaci�n significativa en una entidad de cr�dito espa�ola aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10 por ciento del capital o de los derechos de voto de la entidad. Tambi�n tendr� la consideraci�n de participaci�n significativa aquella que, sin llegar al porcentaje se�alado, permita ejercer una influencia notable en la entidad. Reglamentariamente se determinar�, habida cuenta de las caracter�sticas de los distintos tipos de entidad de cr�dito, cu�ndo se deba presumir que una persona f�sica o jur�dica puede ejercer dicha influencia notable, teniendo en cuenta a estos efectos, entre otras, la posibilidad de nombrar o destituir alg�n miembro de su consejo de administraci�n.
2. Lo dispuesto en este T�tulo para las entidades de cr�dito se entender� sin perjuicio de la aplicaci�n de las normas sobre ofertas p�blicas de adquisici�n e informaci�n sobre participaciones significativas contenidas en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
Art�culo 56 redactado por el apartado tres del art�culo segundo de la Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervenci�n de las entidades de cr�dito y el texto refundido de la Ley de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados, aprobado por R.D. Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del r�gimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversi�n, en entidades de cr�dito y en entidades aseguradoras (�B.O.E.� 30 junio).Vigencia: 1 julio 2009
Obligaciones relativas a las participaciones en entidades de cr�dito 1. Toda persona f�sica o jur�dica que, por s� sola o actuando de forma concertada con otras, en lo sucesivo, el adquirente potencial, haya decidido adquirir, directa o indirectamente, una participaci�n significativa en una entidad de cr�dito espa�ola o bien, incrementar, directa o indirectamente, la participaci�n en la misma de tal forma que, o el porcentaje de derechos de voto o de capital pose�do resulte igual o superior al 20, 30 � 50 por ciento, o bien que, en virtud de la adquisici�n se pudiera llegar a controlar la entidad de cr�dito, en lo sucesivo, la adquisici�n propuesta, lo notificar� previamente al Banco de Espa�a, indicando la cuant�a de la participaci�n prevista e incluyendo toda la informaci�n que reglamentariamente se determine. Dicha informaci�n deber� ser pertinente para la evaluaci�n, y proporcional y adecuada a la naturaleza del adquirente potencial y de la adquisici�n propuesta.
Se entender� que existe una relaci�n de control a los efectos de este T�tulo siempre que se d� alguno de los supuestos previstos en el art�culo 42 del C�digo de Comercio.
A efectos de lo dispuesto en este apartado no se tendr�n en cuenta los derechos de voto o el capital resultante del aseguramiento de una emisi�n o de una colocaci�n de instrumentos financieros ni de la colocaci�n de instrumentos financieros basada en un compromiso firme, siempre que dichos derechos no se ejerzan para intervenir en la administraci�n del emisor y se cedan en el plazo de un a�o desde su adquisici�n.
Cuando el Banco de Espa�a reciba dos o m�s notificaciones referidas a la misma entidad de cr�dito tratar� a todos los adquirentes potenciales de forma no discriminatoria.
V�ase la Circular 5/2010, de 28 de septiembre, del Banco de Espa�a, a entidades de cr�dito, sobre informaci�n que debe remitir el adquirente potencial en la notificaci�n a la que se refiere el art�culo 57.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervenci�n de las entidades de cr�dito (�B.O.E.� 11 octubre).
2. Toda persona f�sica o jur�dica, que por s� sola o actuando de forma concertada con otras, haya adquirido, directa o indirectamente, una participaci�n en una entidad de cr�dito espa�ola de tal manera que el porcentaje de derechos de voto o de capital pose�do resulte igual o superior al 5 por ciento, lo comunicar� inmediatamente por escrito al Banco de Espa�a y a la entidad de cr�dito correspondiente, indicando la cuant�a de la participaci�n alcanzada.
Art�culo 57 redactado por el apartado cuatro del art�culo segundo de la Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervenci�n de las entidades de cr�dito y el texto refundido de la Ley de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados, aprobado por R.D. Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del r�gimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversi�n, en entidades de cr�dito y en entidades aseguradoras (�B.O.E.� 30 junio).Vigencia: 1 julio 2009
Evaluaci�n de la adquisici�n propuesta 1. Al examinar la notificaci�n a la que se refiere el art�culo 57.1, el Banco de Espa�a, con la finalidad de garantizar una gesti�n sana y prudente de la entidad de cr�dito en la que se propone la adquisici�n, y atendiendo a la posible influencia del adquirente potencial sobre la misma, evaluar� la idoneidad de �ste y la solidez financiera de la adquisici�n propuesta, de acuerdo con los siguientes criterios:
b) la honorabilidad comercial y profesional y la experiencia de administradores y directivos que vayan a dirigir la actividad de la entidad de cr�dito como consecuencia de la adquisici�n propuesta;
c) la solvencia financiera del adquirente potencial para atender los compromisos asumidos, en especial en relaci�n con el tipo de actividad que se ejerza o est� previsto ejercer en la entidad de cr�dito en la que se propone la adquisici�n;
d) la capacidad de la entidad de cr�dito de cumplir de forma duradera con las normas de ordenaci�n y disciplina que le sean aplicables, y en particular, cuando proceda, si el grupo del que pasar� a formar parte cuenta con una estructura que no impida ejercer una supervisi�n eficaz, y que permita proceder a un intercambio efectivo de informaci�n entre las autoridades competentes para llevar a cabo tal supervisi�n y determinar el reparto de responsabilidades entre las mismas; y,
i) en relaci�n con la adquisici�n propuesta, se est�n efectuando o se han efectuado o intentado efectuar operaciones de blanqueo de dinero o financiaci�n del terrorismo en el sentido previsto en la normativa de prevenci�n de tales actividades; o,
ii) que la citada adquisici�n no pueda aumentar el riesgo de que se efect�en tales operaciones.
Tan pronto como reciba la notificaci�n, el Banco de Espa�a solicitar� informe del Servicio Ejecutivo de la Comisi�n para la Prevenci�n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a fin de obtener una valoraci�n adecuada de este criterio. Con dicha solicitud el Banco de Espa�a remitir� al Servicio Ejecutivo cuanta informaci�n haya recibido del adquirente potencial o disponga en ejercicio de sus competencias que pueda ser relevante para la valoraci�n de este criterio. El Servicio Ejecutivo deber� remitir el informe al Banco de Espa�a en el plazo m�ximo de 30 d�as h�biles a contar desde el d�a siguiente a aquel en que recibiese la solicitud con la informaci�n se�alada.
2. El Banco de Espa�a dispondr� de un plazo de 60 d�as h�biles, a contar desde la fecha en que haya efectuado el acuse de recibo de la notificaci�n a la que se refiere el art�culo 57.1, para realizar la evaluaci�n a la que se refiere el apartado anterior y, en su caso, oponerse a la adquisici�n propuesta. El acuse de recibo se realizar� por escrito en el plazo de 2 d�as h�biles a contar desde la fecha de la recepci�n de la notificaci�n por el Banco de Espa�a, siempre que �sta se acompa�e de toda la informaci�n que resulte exigible conforme al art�culo 57.1, y en �l se indicar� al adquirente potencial la fecha exacta en que expira el plazo de evaluaci�n. En los t�rminos previstos en el art�culo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, si la notificaci�n no contuviera toda la informaci�n exigible, se requerir� al adquirente potencial para que, en un plazo de diez d�as, subsane la falta o acompa�e la informaci�n preceptiva, con indicaci�n de que, si as� no lo hiciera, se le tendr� por desistido de la adquisici�n propuesta.
Si el Banco de Espa�a no se pronunciara en el plazo anterior se entender� que no existe oposici�n.
3. Si lo considera necesario, el Banco de Espa�a podr� solicitar informaci�n adicional a la que, con car�cter general, procede exigir con arreglo a lo establecido en el art�culo 57.1, para evaluar convenientemente la adquisici�n propuesta. Esta solicitud se har� por escrito y en ella se especificar� la informaci�n adicional necesaria. Cuando la solicitud de informaci�n adicional se realice dentro de los cincuenta primeros d�as h�biles del plazo establecido en el apartado anterior, el Banco de Espa�a podr� interrumpir el c�mputo del mismo, por una �nica vez, durante el periodo que medie entre la fecha de la solicitud de informaci�n adicional y la fecha de recepci�n de la misma. Esta interrupci�n podr� tener una duraci�n m�xima de veinte d�as h�biles, que podr� prolongarse hasta treinta d�as, en los supuestos que reglamentariamente se determinen.
4. El Banco de Espa�a s�lo podr� oponerse a la adquisici�n propuesta cuando haya motivos razonables para ello, sobre la base de los criterios establecidos en el apartado 1 o si la informaci�n aportada por el adquirente potencial est� incompleta. Si una vez finalizada la evaluaci�n, el Banco de Espa�a planteara objeciones a la adquisici�n propuesta informar� de ello al adquirente potencial, por escrito y motivando su decisi�n, en el plazo de dos d�as h�biles, sin que en ning�n caso pueda sobrepasarse el plazo m�ximo para realizar la evaluaci�n.
Cuando el Banco de Espa�a no se oponga a la adquisici�n propuesta, podr� establecer un plazo m�ximo para la conclusi�n de la misma y, cuando proceda, prolongarlo.
5. El Banco de Espa�a no podr� imponer condiciones previas en cuanto a la cuant�a de la participaci�n que deba adquirirse ni tendr� en cuenta las necesidades econ�micas del mercado al realizar la evaluaci�n.
6. Las decisiones adoptadas por el Banco de Espa�a mencionar�n las posibles observaciones o reservas expresadas por la autoridad competente responsable de la supervisi�n del adquirente potencial, consultada en los t�rminos del art�culo 58 bis.
7. A petici�n del adquirente o de oficio, el Banco de Espa�a podr� hacer p�blicos los motivos que justifican su decisi�n, siempre que la informaci�n revelada no afecte a terceros ajenos a la operaci�n.
Art�culo 58 redactado por el apartado cinco del art�culo segundo de la Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervenci�n de las entidades de cr�dito y el texto refundido de la Ley de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados, aprobado por R.D. Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del r�gimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversi�n, en entidades de cr�dito y en entidades aseguradoras (�B.O.E.� 30 junio).Vigencia: 1 julio 2009
Colaboraci�n entre autoridades supervisoras para la evaluaci�n de la adquisici�n propuesta 1. El Banco de Espa�a, al realizar la evaluaci�n a la que se refiere el art�culo anterior, deber� consultar a las autoridades responsables de la supervisi�n en otros Estados miembros de la Uni�n Europea, cuando el adquirente potencial sea:
a) una entidad de cr�dito, una empresa de seguros o de reaseguros, una empresa de servicios de inversi�n o una sociedad gestora de instituciones de inversi�n colectiva o de fondos de pensiones, autorizada en otro Estado miembro de la Uni�n Europea;
b) la sociedad matriz de una entidad de cr�dito, de una empresa de seguros o de reaseguros, de una empresa de servicios de inversi�n o de una sociedad gestora de instituciones de inversi�n colectiva o de fondos de pensiones, autorizada en otro Estado miembro de la Uni�n Europea;
c) una persona f�sica o jur�dica que ejerza el control de una entidad de cr�dito, de una empresa de seguros o de reaseguros, de una empresa de servicios de inversi�n o de una sociedad gestora de instituciones de inversi�n colectiva o de fondos de pensiones, autorizada en otro Estado miembro de la Uni�n Europea.
2. El Banco de Espa�a, al realizar la evaluaci�n a la que se refiere el art�culo anterior, consultar�:
a) a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, siempre que el adquirente potencial sea una empresa de servicios de inversi�n o una sociedad gestora de instituciones de inversi�n colectiva, una sociedad matriz de una empresa de servicios de inversi�n o de una sociedad gestora de instituciones de inversi�n colectiva o una persona f�sica o jur�dica que ejerza el control de una empresa de servicios de inversi�n o de una sociedad gestora de instituciones de inversi�n colectiva.
b) a la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones, siempre que el adquirente potencial sea una empresa de seguros o reaseguros, o una sociedad gestora de fondos de pensiones, o una sociedad matriz de una empresa de seguros o reaseguros o de una sociedad gestora de fondos de pensiones, o una persona f�sica o jur�dica que ejerza el control de una empresa de seguros o reaseguros o de una sociedad gestora de fondos de pensiones.
3. El Banco de Espa�a atender� rec�procamente las consultas que le remitan las autoridades responsables de la supervisi�n de los adquirentes potenciales de otros Estados miembros, y, en su caso, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores o la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones. Adem�s, les facilitar� de oficio y sin retrasos injustificados, toda la informaci�n que resulte esencial para la evaluaci�n, as� como el resto de informaci�n que soliciten, siempre y cuando �sta resulte oportuna para la evaluaci�n.
Art�culo 58 bis introducido por el apartado seis del art�culo segundo de la Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervenci�n de las entidades de cr�dito y el texto refundido de la Ley de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados, aprobado por R.D. Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del r�gimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversi�n, en entidades de cr�dito y en entidades aseguradoras (�B.O.E.� 30 junio).Vigencia: 1 julio 2009
Efectos del incumplimiento de las obligaciones relativas a las participaciones en entidades de cr�dito Cuando se efect�e una de las adquisiciones reguladas en el art�culo 57.1 sin haber notificado previamente al Banco de Espa�a, o, habi�ndole notificado, no hubiera transcurrido todav�a el plazo previsto en el art�culo 58.2, o si mediara la oposici�n expresa del Banco de Espa�a, se producir�n los siguientes efectos:
a) En todo caso y de forma autom�tica, no se podr�n ejercer los derechos pol�ticos correspondientes a las participaciones adquiridas irregularmente. Si, no obstante, llegaran a ejercerse, los correspondientes votos ser�n nulos y los acuerdos ser�n impugnables en v�a judicial, seg�n lo previsto en la Secci�n 2.� del Cap�tulo V del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades An�nimas, estando legitimado al efecto el Banco de Espa�a.
b) Si fuera preciso, se acordar� la intervenci�n de la entidad o la sustituci�n de sus administradores, seg�n lo previsto en el T�tulo III.
Adem�s, se impondr�n las sanciones previstas en el T�tulo I.
Art�culo 59 redactado por el apartado siete del art�culo segundo de la Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervenci�n de las entidades de cr�dito y el texto refundido de la Ley de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados, aprobado por R.D. Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del r�gimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversi�n, en entidades de cr�dito y en entidades aseguradoras (�B.O.E.� 30 junio).Vigencia: 1 julio 2009
Reducci�n de participaciones Toda persona f�sica o jur�dica que haya decidido dejar de tener, directa o indirectamente, una participaci�n significativa en una entidad de cr�dito, lo notificar� primero al Banco de Espa�a, indicando la cuant�a de su participaci�n prevista. Dicha persona deber� tambi�n notificar al Banco de Espa�a si ha decidido reducir su participaci�n significativa de tal manera que el porcentaje de derechos de voto o de capital pose�do resulte inferior al 20, 30 � 50 por ciento o bien que, se pudiera llegar a perder el control de la entidad de cr�dito.
El incumplimiento de este deber podr� ser sancionado seg�n lo previsto en el T�tulo I.
Art�culo 60 redactado por el apartado ocho del art�culo segundo de la Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervenci�n de las entidades de cr�dito y el texto refundido de la Ley de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados, aprobado por R.D. Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del r�gimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversi�n, en entidades de cr�dito y en entidades aseguradoras (�B.O.E.� 30 junio).Vigencia: 1 julio 2009
1. Las entidades de cr�dito deber�n comunicar al Banco de Espa�a, en cuanto tengan conocimiento de ello, las adquisiciones o cesiones de participaciones en su capital que traspasen alguno de los niveles se�alados en los art�culos 57 y 60.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, las entidades de cr�dito deber�n informar al Banco de Espa�a, en la forma y con la periodicidad que reglamentariamente se establezca, sobre la composici�n de su accionariado o de las alteraciones que en el mismo se produzcan. Tal informaci�n comprender�, necesariamente, la relativa a la participaci�n de otras entidades financieras en su capital, cualquiera que fuera su cuant�a.
Cuando existan razones fundadas y acreditadas respecto de que la influencia ejercida por las personas que posean una participaci�n significativa en una entidad de cr�dito pueda resultar en detrimento de la gesti�n sana y prudente de la misma, que da�e gravemente su situaci�n financiera, el Ministro de Econom�a y Hacienda, a propuesta del Banco de Espa�a, podr� adoptar alguna o algunas de las siguientes medidas:
a) Las previstas en los p�rrafos a) y b) del art�culo 59, si bien la suspensi�n de los derechos de voto no podr� exceder de tres a�os.
b) Con car�cter excepcional, la revocaci�n de la autorizaci�n.
Adem�s, se podr�n imponer las sanciones que procedan seg�n lo previsto en el T�tulo I de esta Ley.
1. Las entidades y dem�s personas sujetas a la ordenaci�n y disciplina de las entidades de cr�dito est�n obligadas a guardar reserva de las informaciones relativas a los saldos, posiciones, transacciones y dem�s operaciones de sus clientes sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros u objeto de divulgaci�n.
2. Se except�an de este deber las informaciones respecto de las cuales el cliente o las leyes permitan su comunicaci�n o divulgaci�n a terceros o que, en su caso, les sean requeridas o hayan de remitir a las respectivas autoridades de supervisi�n. En este caso, la cesi�n de la informaci�n deber� ajustarse a lo dispuesto por el propio cliente o por las leyes.
3. Quedan asimismo exceptuadas del deber de confidencialidad los intercambios de informaci�n entre entidades de cr�dito pertenecientes a un mismo grupo consolidable.
4. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente disposici�n ser� considerado infracci�n grave y se sancionar� en los t�rminos y con arreglo al procedimiento previsto en el T�tulo I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito.
Disposici�n adicional primera introducida en su actual redacci�n por la disposici�n adicional decimos�ptima de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (�B.O.E.� 23 noviembre).Vigencia: 24 noviembre 2002
1. El capital de las entidades de cr�dito que revistan la forma de sociedad an�nima estar� representado, en todo caso, por acciones nominativas.
N�mero 2 de la Disposici�n Adicional 2.� derogado por Ley 3/1994, 14 abril (�B.O.E.� 15 abril), de Adaptaci�n de la legislaci�n espa�ola en materia de Entidades de Cr�dito a la Segunda Directiva de Coordinaci�n Bancaria de las Comunidades Europeas.
3. Las entidades de cr�dito deber�n hacer p�blica, en la forma y medida que se determine por el Gobierno, la participaci�n de otras entidades de cr�dito, nacionales o extranjeras, en su capital, y su participaci�n en el capital de otras entidades de cr�dito.
N�mero 3 de la Disposici�n Adicional 2.� derogado por Ley 3/1994, 14 abril (�B.O.E.� 15 abril), de Adaptaci�n de la legislaci�n espa�ola en materia de Entidades de Cr�dito a la Segunda Directiva de Coordinaci�n Bancaria de las Comunidades Europeas.
N�mero 5 de la Disposici�n Adicional 2.� derogado por Ley 3/1994, 14 abril (�B.O.E.� 15 abril), de Adaptaci�n de la legislaci�n espa�ola en materia de Entidades de Cr�dito a la Segunda Directiva de Coordinaci�n Bancaria de las Comunidades Europeas.
1. El art�culo 48 de la Ley de Ordenaci�n Bancaria, de 31 de diciembre de 1946, queda redactado del siguiente modo:
�1. Toda persona f�sica o jur�dica que pretenda adquirir directa o indirectamente, una participaci�n en un banco espa�ol que, por s� misma o unida a la que pudiera ostentar con anterioridad, suponga la titularidad o el control del 15 por 100 o m�s del capital social de aqu�l, precisar� la previa autorizaci�n del Banco de Espa�a, que habr� de justificar su decisi�n en id�nticos t�rminos y plazos a los establecidos para la autorizaci�n de nuevos bancos.
2. Cuando se produzca el supuesto previsto en el n�mero anterior sin la necesaria autorizaci�n, el adquirente no podr� ejercer los derechos pol�ticos derivados de su participaci�n, y la entidad afectada podr� ser intervenida de acuerdo con lo establecido en los art�culos 31 a 38 de la Ley sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito.
3. Si, no obstante lo dispuesto en el n�mero anterior, los sujetos afectados hiciesen uso de sus derechos pol�ticos, los acuerdos adoptados por su participaci�n podr�n ser impugnados de acuerdo con lo establecido para la impugnaci�n de acuerdos sociales en la normativa reguladora de las sociedades an�nimas, estando el Banco de Espa�a legitimado para promover dicha impugnaci�n.�
2. El art�culo 45, apartado c), de la Ley de Ordenaci�n Bancaria de 31 de diciembre de 1946, queda redactado como sigue:
�Para los acuerdos entre firmas bancarias sobre absorciones y fusiones.�
No ser� de aplicaci�n a las entidades de cr�dito enumeradas en el apartado 2.� del art�culo 1.� del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, la limitaci�n que, en materia de emisi�n de obligaciones, establecen el p�rrafo primero del art�culo 111 de la Ley de Sociedades An�nimas y el n�mero 2 del art�culo 1.� de la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, sobre emisi�n de obligaciones por sociedades no an�nimas y otras personas jur�dicas.
El p�rrafo primero del art�culo 12 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, sobre Regulaci�n del Mercado Hipotecario, queda redactado del siguiente modo:
�Las c�dulas hipotecarias podr�n ser emitidas por las Entidades a que se refieren los apartados a), b), c), d), f) y g) del art�culo segundo.�
1. Las Entidades de Financiaci�n, las Sociedades de Arrendamiento Financiero y las Sociedades de Cr�dito Hipotecario no podr�n recibir fondos del p�blico en forma de dep�sito, pr�stamo, cesi�n temporal de activos financieros u otras an�logas, a la vista, por plazo indeterminado o por plazo inferior al que se determine por el Ministerio de Econom�a y Hacienda. Dicho plazo no ser�, en ning�n caso, inferior a un a�o.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior ser� aplicable a las Sociedades Mediadoras del Mercado de Dinero, salvo en materia de operaciones de cesi�n temporal de activos financieros.
1. Tendr�n la consideraci�n de operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la cesi�n del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad seg�n las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestaci�n consistente en el abono peri�dico de las cuotas a que se refiere el n�mero 2 de esta disposici�n. Los bienes objeto de cesi�n habr�n de quedar afectados por el usuario �nicamente a sus explotaciones agr�colas, pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de arrendamiento financiero incluir� necesariamente una opci�n de compra, a su t�rmino, en favor del usuario.
Cuando por cualquier causa el usuario no llegue a adquirir el bien objeto del contrato, el arrendador podr� cederlo a un nuevo usuario, sin que el principio establecido en el p�rrafo anterior se considere vulnerado por la circunstancia de no haber sido adquirido el bien de acuerdo con las especificaciones de dicho nuevo usuario.
N�mero 2 de la Disposici�n Adicional 7.� derogado por Ley 43/1995, 27 diciembre (�B.O.E.� 28 diciembre), del Impuesto sobre Sociedades.
N�mero 3 de la Disposici�n Adicional 7.� derogado por Ley 43/1995, 27 diciembre (�B.O.E.� 28 diciembre), del Impuesto sobre Sociedades.
N�mero 4 de la Disposici�n Adicional 7.� derogado por Ley 43/1995, 27 diciembre (�B.O.E.� 28 diciembre), del Impuesto sobre Sociedades.
N�mero 5 de la Disposici�n Adicional 7.� derogado por Ley 43/1995, 27 diciembre (�B.O.E.� 28 diciembre), del Impuesto sobre Sociedades.
N�mero 6 de la Disposici�n Adicional 7.� derogado por Ley 43/1995, 27 diciembre (�B.O.E.� 28 diciembre), del Impuesto sobre Sociedades.
N�mero 7 de la Disposici�n Adicional 7.� derogado por Ley 43/1995, 27 diciembre (�B.O.E.� 28 diciembre), del Impuesto sobre Sociedades.
8. Las sociedades de arrendamiento financiero tendr�n como actividad principal la realizaci�n de operaciones de arrendamiento financiero. Con car�cter complementario, y sin que les sea de aplicaci�n el r�gimen fiscal espec�fico previsto en esta disposici�n, podr�n realizar tambi�n las siguientes actividades:
a) Actividades de mantenimiento y conservaci�n de los bienes cedidos.
b) Concesi�n de financiaci�n conectada a una operaci�n de arrendamiento financiero, actual o futura.
c) Intermediaci�n y gesti�n de operaciones de arrendamiento financiero.
d) Actividades de arrendamiento no financiero, que podr�n complementar o no con una opci�n de compra.
N�mero 8 de la Disposici�n Adicional 7.� redactado por Ley 3/1994, 14 abril, de Adaptaci�n de la legislaci�n espa�ola en materia de entidades de cr�dito a la Segunda Directiva de Coordinaci�n Bancaria de las Comunidadaes Europeas (�B.O.E.� 15 abril).
9. Se faculta al Gobierno para regular, en lo no previsto en esta disposici�n, el r�gimen al que deban ajustar su actuaci�n las Sociedades de Arrendamiento Financiero.
10. A partir de 1 de enero de 1990, las operaciones de arrendamiento financiero previstas en este art�culo tambi�n podr�n ser desarrolladas por las entidades oficiales de cr�dito, los Bancos, las Cajas de Ahorro, incluida la Confederaci�n Espa�ola de Cajas de Ahorro, la Caja Postal de Ahorros y las Cooperativas de Cr�dito, cumpliendo en todo caso las condiciones previstas en esta norma legal y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.
El Banco de Espa�a enviar� anualmente a las Cortes una Memoria de las actuaciones que hayan dado lugar a sanciones muy graves y a intervenciones o sustituciones a que se refiere el t�tulo III de esta Ley.
P�rrafo 1.� de la Disposici�n Adicional 8.� derogado por Ley 13/1994, 1 junio, de Autonom�a del Banco de Espa�a (�B.O.E.� 2 junio).
Se modifica el art�culo tercero, n�mero uno de la Ley 14/1985, de 29 de mayo, sobre R�gimen Fiscal de determinados activos financieros, incorpor�ndole, como segundo p�rrafo, el texto siguiente:
�No obstante, los t�tulos representativos de la captaci�n de capitales ajenos seguir�n el r�gimen recogido en esta Ley para los activos financieros con rendimiento expl�cito, cuando el efectivo anual que produzcan en esta naturaleza sea igual o superior al que resultar�a de aplicar el tipo de inter�s que, a este efecto, se fije en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o, en su defecto, el tipo de inter�s legal del dinero vigente en el momento de la emisi�n, aunque en las condiciones de emisi�n o amortizaci�n se hubiese fijado, total o parcialmente, de forma impl�cita, otro rendimiento adicional.�
1. En relaci�n con las personas f�sicas o jur�dicas que, sin estar inscritas en algunos de los registros administrativos, legalmente previstos para entidades de car�cter financiero, ofrezcan al p�blico la realizaci�n de operaciones financieras de activo o de pasivo o la prestaci�n de servicios financieros, cualquiera que sea su naturaleza, se faculta al Ministerio de Econom�a y Hacienda, para:
a) Solicitar de los mismos el suministro de cualquier informaci�n, contable o de otra naturaleza, relativa a sus actividades financieras, con el grado de detalle y con la periodicidad que se estimen convenientes.
b) Realizar, por s� o a trav�s del Banco de Espa�a, las inspecciones que se consideren necesarias a efectos de confirmar la veracidad de la informaci�n a la que se refiere el apartado a) anterior o de aclarar cualquier otro aspecto de las actividades financieras de dichas personas o entidades.
2. La falta de suministro de la informaci�n que se solicite con arreglo a la letra a) del n�mero anterior en el plazo que est� establecido o que se conceda al efecto, la falta de veracidad en la informaci�n suministrada y la negativa o resistencia a las actividades inspectoras a que se refiere la letra b) de dicho n�mero, se considerar�n infracciones muy graves y podr�n dar lugar a la imposici�n por el Ministro de Econom�a y Hacienda a la persona o entidad correspondiente, de una multa cuyo importe no exceder� de 5.000.000 de pesetas y ser� graduado de acuerdo con los criterios establecidos en el art�culo 14 de esta Ley. Tal sanci�n podr� ser impuesta cada una de las veces en que no se suministre en plazo la citada informaci�n o se produzca la negativa o resistencia a las mencionadas actividades inspectoras.
Se modifican los art�culos 21 y 36 del Real Decreto 1885/1978, de 26 de julio, sobre Sociedades de Garant�a Rec�proca, dictado en virtud de la autorizaci�n contenida en el art�culo 41 del Real Decreto-ley 15/1977, de 25 de febrero, que quedan redactados del siguiente modo:
�Art�culo 21.
Derecho de voto: Cada cuota atribuye el derecho a un voto, pero ning�n socio podr� tener un n�mero de votos superior al 5 por 100 del total. Los Estatutos podr�n fijar un l�mite menor, pudiendo incluso atribuir a cada socio un solo voto.
No obstante lo dispuesto en el p�rrafo anterior, los Estatutos podr�n establecer que los socios protectores que sean Corporaciones, Entidades P�blicas, Entidades que representen o asocien intereses econ�micos de car�cter general o del �mbito sectorial a que se refieran los Estatutos o Instituciones de cr�dito y ahorro sin finalidad de lucro, puedan tener, cada uno de ellos, hasta un n�mero de votos equivalente al 50 por 100 del total, pero en ning�n caso los votos correspondientes al conjunto de socios protectores podr�n exceder de esa misma proporci�n. En caso necesario se reducir� proporcionalmente el n�mero de votos que corresponda a cada uno de ellos, sin que se les pueda privar de un voto como m�nimo.�
�Art�culo 36.
Miembros del Consejo de Administraci�n: Para ser nombrado miembro del Consejo de Administraci�n no se requiere la cualidad de socio. Esto no obstante, el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo deber�n ostentar la condici�n de socios.�
El apartado a) del art�culo 7.� de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre coeficientes de inversi�n, recursos propios y obligaciones de informaci�n de los intermediarios financieros, queda redactado del siguiente modo:
�a) El capital. Este comprender� el capital social de las entidades con forma de sociedades an�nimas, excluidos el capital no desembolsado y las acciones propias que posea la entidad; los fondos fundacionales y las cuotas participativas de las Cajas de Ahorro, y las aportaciones incorporadas al capital de las cooperativas de cr�dito. Tendr�n la consideraci�n de cuotas participativas de las Cajas de Ahorro los valores nominativos, carentes de todo derecho pol�tico, representativos de aportaciones dinerarias de duraci�n indefinida que puedan ser aplicadas por la emisora a la compensaci�n de p�rdidas, tanto en la liquidaci�n de la entidad como en el caso de saneamiento general de la misma. Dichas cuotas se aplicar�n a estos fines en la misma proporci�n en que lo haga la suma de los fondos fundacionales y las reservas, y su retribuci�n quedar� supeditada a la existencia de excedentes de libre disposici�n y a las limitaciones adicionales que establezca el Gobierno. Este podr� asimismo prohibir o limitar la tenencia de cuotas participativas de las Cajas de Ahorro por parte de categor�as espec�ficas de inversores.�
Las anteriores disposiciones adicionales segunda a duod�cima tendr�n el car�cter de bases de la ordenaci�n del cr�dito en la medida en que su contenido no derive de otros t�tulos determinantes de la competencia del Estado.
1. No tendr�n la consideraci�n de hecho imponible a efectos de la Tasa de Licencia de Apertura de Establecimientos, los cambios de titularidad jur�dica de los establecimientos que tengan lugar como consecuencia de operaciones de fusi�n de entidades de cr�dito acordadas antes del 1 de enero de 1992.
A estos efectos no ser� de aplicaci�n lo dispuesto en el apartado 1 del art�culo 187 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de R�gimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
2. En las fusiones de entidades de cr�dito no tendr�n derecho de separaci�n los accionistas disidentes y los no asistentes a la Junta en que se acuerde la misma.
Cuando los �rganos competentes de las Comunidades Aut�nomas, y Organismos o Entidades dependientes de �stas acuerden, en el ejercicio de sus competencias en relaci�n con Cajas de Ahorros u otras entidades, recabar la colaboraci�n de auditores de cuentas o sociedades de auditor�a de cuentas para llevar a cabo, en el ejercicio de dichas competencias, trabajos distintos de los de auditor�a regulados en el art�culo 1 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas, la prestaci�n de la colaboraci�n en el ejercicio de esas facultades ser� incompatible con la realizaci�n simult�nea o en los cinco a�os anteriores o posteriores de cualquier trabajo de auditor�a de cuentas en estas mismas entidades o sus sociedades vinculadas, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el art�culo 8 de la Ley de Auditor�a de Cuentas.
Disposici�n adicional decimoquinta introducida por el art�culo 98 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2003
T�ngase en cuenta que la disposici�n transitoria octava de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, establece que, la incompatibilidad establecida por la disposici�n adicional decimoquinta para los auditores de cuentas y sociedades de auditor�a no se aplicar� a aquellos auditores y sociedades de auditor�a que rescindan en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley el contrato en virtud del que presentasen colaboraci�n con Comunidades Aut�nomas y Organismos o Entidades dependientes en el ejercicio de sus competencias en relaci�n a Cajas de Ahorros u otras entidades de cr�dito.
A tal efecto se reconoce durante dicho plazo un derecho de rescisi�n unilateral a favor de los auditores de cuentas y sociedades de auditor�a frente a las Comunidades Aut�nomas, Organismos o Entidades dependientes con la que mantuvieran un contrato por el que prestasen colaboraci�n en el ejercicio de sus competencias en relaci�n con Cajas de Ahorros y otras entidades de cr�dito, con reducci�n proporcional de la contraprestaci�n prevista por el per�odo restante y sin que exista responsabilidad alguna por el ejercicio del referido derecho de rescisi�n.
1. Las Sociedades que, a la entrada en vigor de esta Ley, se hallen inscritas en el Registro Especial de Empresas de Arrendamiento Financiero de la Direcci�n General del Tesoro y Pol�tica Financiera, no precisar�n ser autorizadas y ser�n inscritas de oficio conforme a lo dispuesto en el n�mero 8 de su disposici�n adicional s�ptima, ostentando a todos los efectos, a partir de dicha fecha, la condici�n de Sociedad de Arrendamiento Financiero.
2. En el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, las Sociedades a que se refiere el n�mero anterior cuyo capital est� integrado por acciones al portador, deber�n modificar sus estatutos transformando las mismas en acciones nominativas y efectuando el canje correspondiente.
3. Las operaciones a que se refiere el apartado anterior se efectuar�n sin devengo de tributo alguno directa o indirectamente vinculado a las mismas. En particular, el canje de acciones no tendr� la consideraci�n de alteraci�n patrimonial a los efectos de lo dispuesto en los art�culos 20 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, y 15 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
4. Lo previsto en los dos n�meros anteriores ser� tambi�n de aplicaci�n a las Sociedades an�nimas de seguros y reaseguros, siendo en este caso de dos a�os el plazo establecido en el n�mero 2 del presente art�culo.
Entretanto el Ministro de Econom�a y Hacienda no dicte las disposiciones correspondientes en ejercicio de las facultades que se le confieren en el art�culo 48 de esta Ley, ser�n de aplicaci�n las normas ya dictadas que regulen los aspectos relacionados en la misma.
Las Circulares que el Banco de Espa�a hubiese dictado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, al amparo de las normas en cada momento vigentes, continuar�n subsistentes en tanto no sean modificadas o sustituidas por otras aprobadas con arreglo a lo previsto en la disposici�n adicional octava de esta Ley.
En el plazo de un a�o a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Banco de Espa�a aprobar� y publicar� un texto refundido, conteniendo las circulares vigentes.
Los expedientes sancionadores cuya incoaci�n se hubiese ordenado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuar�n tramit�ndose por los mismos �rganos a los que, hasta ese momento, estuviese atribuida su competencia.
A la entrada en vigor de la presente Ley quedar�n derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la misma y, en particular, las siguientes:
- Del Real Decreto-ley 2532/1929, de 21 de noviembre, por el que se regula el R�gimen del ahorro popular y se aprueba el estatuto especial para las Cajas Generales de Ahorro Popular: los art�culos 116 a 139, 143 a 146, 156, 159 y 160.
- Orden de 30 de octubre de 1940, sobre normas para la Inspecci�n e Intervenci�n de la Cajas Generales de Ahorro y dep�sito.
- De la Ley de Ordenaci�n Bancaria, de 31 de diciembre de 1946: los art�culos 38, p�rrafo primero, 56, 57 y 58.
- Del Decreto-ley 53/1962, de 29 de noviembre, sobre Bancos Industriales y de Negocios, el p�rrafo segundo de su art�culo 3.�
- Del Real Decreto-ley 15/1977, de 25 de febrero, sobre Medidas fiscales, financieras y de inversi�n, el t�tulo segundo.
- Del Real Decreto 896/1977, de 28 de marzo, sobre R�gimen de las entidades de financiaci�n: el apartado 2 del art�culo 3 y los art�culos 6 y 13.
- De la Orden del Ministerio de Hacienda de 14 de febrero de 1978, sobre r�gimen de las entidades de financiaci�n, modificada por la orden de 19 de junio de 1979: al art�culo 13.
- Del Real Decreto-ley 5/1978, de 6 de marzo, por el que se modifican las facultades del Banco de Espa�a previstas en la Ley de Ordenaci�n Bancaria de 31 de diciembre de 1946 y el Decreto-ley 18/1962, de 7 de junio: el art�culo 1.
- Del Real Decreto 2860/1978, de 3 de noviembre, por el que se regulan las Cooperativas de Cr�dito: el art�culo 8.
- De la Ley 27/1980, de 19 de mayo, de modificaci�n de la Ley de 17 de junio de 1951, sobre R�gimen Jur�dico de las Sociedades An�nimas y de la Ley de 24 de diciembre de 1964, sobre emisi�n de obligaciones: el n�mero 2 de la disposici�n adicional.
- De la Ley 2/1981, de 25 de marzo, sobre Regulaci�n del Mercado Hipotecario: el art�culo 21 (con excepci�n del p�rrafo primero).
- Del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, sobre Regulaci�n del Mercado Hipotecario: los art�culos 76 a 79.
- Del Real Decreto-ley 18/1982, de 24 de septiembre, sobre Fondos de garant�a de dep�sitos en Cajas de Ahorro y Cooperativas de Cr�dito: el art�culo 5.
- De la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre Coeficientes de inversi�n, recursos propios y obligaciones de informaci�n de los intermediarios financieros: el art�culo duod�cimo.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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