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Timestamp: 2017-12-15 23:18:29+00:00

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Amparo indirecto | Gonzalez Cancino
Home/3. Procedencia del juicio de amparo/Amparo indirecto
Amparo indirecto	GC	2017-06-01T02:23:53+00:00
Contra actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales
Contra actos, omisiones o resoluciones de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio
Contra actos de tribunales realizados fuera de juicio o después de concluido
Contra afectaciones de imposible reparación
Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas
Contra diversos actos del Ministerio Públicos
Contra actos relativos a la competencia
Contra actos y normas de la COFECO e IFETEL
Plazo para la interposición de la demanda
Requisitos simplificados
Anticonstitucionalidad del artículo 117
Las fracciones del artículo 107 constitucional que versan sobre el amparo indirecto son las fracciones III, incisos b) y c); VII, y XI.
Ya se ha visto cuáles son los objetos de impugnación que se combaten por medio del amparo directo y del amparo adhesivo. Aquí una tabla con la información:
El juicio de amparo indirecto debe tramitarse por lo que hace al resto de los objetos de impugnación, es decir, a los demás actos y omisiones de la autoridad.
A continuación se inserta una tabla comparativa entre el amparo directo y el amparo indirecto:
Ahora bien, el hecho de que en el amparo indirecto sea inútil para impugnar actos jurisdiccionales definitivos (sentencias definitivas y laudos) no impide que otros actos provenientes de los órganos jurisdiccionales se combatan por esta vía.
A continuación se muestra un esquema que ilustra la impugnación de los diversos actos provenientes de los órganos jurisdiccionales y sus vías:
En términos del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente respecto de los siguientes actos reclamados:
I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:
IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;
VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y
VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.
Enseguida se realizan algunos comentarios respecto de cada una de las fracciones del artículo 107 de la Ley de Amparo.
En el término “normas generales” quedan comprendidas todas aquellas normas jurídicas cuyos destinatarios sean indeterminados. Es decir, esta fracción hace referencia a todos los actos materialmente legislativos.
Es importante mencionar que, en su calidad de norma jurídica general, la jurisprudencia puede impugnarse por la vía del amparo indirecto, con la única condición de que la aplicación de la misma no se realice al momento de dictarse la sentencia definitiva o laudo, pues en esos casos debe combatirse a través del amparo directo.
En relación con la causal de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 61 de la Ley de Amparo, se hicieron comentarios al respecto de la jurisprudencia.
II. Contra actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales
Esta fracción es la más amplia, pues comprende prácticamente a toda autoridad no jurisdiccional, es decir que abarca al Poder Ejecutivo, a la Administración Pública y a los Organismos constitucionalmente autónomos, entre otros.
III. Contra actos, omisiones o resoluciones de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio
Es importante precisar el objeto de impugnación de esta fracción de la ley de amparo, la III del artículo 107, ya que puede confundirse con la procedencia del juicio de amparo directo en materia administrativa.
Como se ha visto anteriormente, en el amparo directo se impugnan actos definitivos materialmente jurisdiccionales.
Esta fracción se refiere a procedimientos administrativos distintos a los jurisdiccionales. Debe considerarse que, a pesar de que el procedimiento administrativo se siga en forma de juicio, sigue siendo un procedimiento administrativo en el cual el sujeto que dice el derecho o determina la relación jurídica no es un sujeto imparcial, es decir, no es ajeno a la relación jurídica que se está determinando mediante el procedimiento administrativo.
En el apartado relativo a la jurisprudencia se profundizará sobre la esencia y las características de la función jurisdiccional y, con ello, se apreciará con más claridad cuál es la diferencia entre un proceso administrativo seguido en forma de juicio y un proceso jurisdiccional en materia administrativa.
IV. Contra actos de tribunales realizados fuera de juicio o después de concluido
Como ejemplos de actos realizados fuera de juicio, la jurisprudencia ha identificado a los actos prejudiciales y a las resoluciones dictadas en los procesos de jurisdicción voluntaria:
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. AL TENER LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN DICHO PROCEDIMIENTO EL CARÁCTER DE ACTOS FUERA DE JUICIO, ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.
La jurisdicción voluntaria es un procedimiento de mera constatación o demostración de hechos o circunstancias en el que no es legalmente posible ejercitar acciones respecto de las cuales proceda oponer excepciones, y al no existir controversia, tampoco puede haber procedimiento contencioso, el cual es indispensable para que exista juicio. Por ende, las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria son actos fuera de juicio que, por esa razón, no pueden adquirir el carácter de cosa juzgada y, en consecuencia, de definitivas para los efectos del amparo directo; por consiguiente, en contra de las resoluciones pronunciadas en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito que corresponda, de conformidad con los artículos 107 constitucional, fracción VII y 114, fracción III, de la Ley de Amparo.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Jurisprudencia. Amparo directo 55/2007. Marcos César González Galindo, en su carácter de abogado patrono de José Lucio Pedro Quitl Martínez. 16 de febrero de 2007. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, página 1451. No. de registro 172744.
ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.
Los actos prejudiciales son aquellos que anteceden o preceden al juicio; esto es, los que tienden a asegurar una situación de hecho o de derecho, con anterioridad a la presentación de la demanda y al establecimiento de la relación jurídico procesal, sin que formen parte, por sí mismos, del procedimiento contencioso que, en su caso, se promoverá; ni su subsistencia o insubsistencia, eficacia o ineficacia, depende de lo que en definitiva se resuelva en el juicio, pues éste constituye un acto futuro y de realización incierta; por tanto, si para los efectos del amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dicten con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio y en su contra procede el amparo indirecto.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia. Contradicción de tesis 6/95. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 13 de agosto de 1996. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Septiembre de 1996, página 5. No. de registro 200057.
En relación con los actos realizados después de concluido el juicio debe en primer lugar identificarse el momento en que un juicio termina.
La forma natural de terminar un juicio es mediante una sentencia definitiva e irrecurrible por medios ordinarios.
A manera de ejemplo se citan los artículos 426 y 427 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que definen cuándo una resolución causa ejecutoria:
Artículo 426. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria o cuando las partes celebran un convenio emanado del procedimiento de mediación a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Causan ejecutoria por ministerio de ley:
I.- Las sentencias pronunciadas en juicios cuyo monto sea inferior a la cantidad que el artículo 691 establece para que un juicio sea apelable. Dichas cantidades se actualizarán en los términos del artículo 62. Se exceptúan los interdictos, los asuntos de competencia de los jueces de lo familiar y las relativas a la materia de arrendamiento inmobiliario.
V. Las demás que se declaran irrevocables por prevención expresa de la ley;
VI. Las sentencias que no puedan ser recurridas por ningún medio ordinario; y
VII. Los convenios emanados del procedimiento de mediación a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Como se puede observar cuando se habla de actos realizados, una vez concluido el juicio, prácticamente se está haciendo alusión a la ejecución de sentencia y al archivo del expediente.
Al respecto, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo señala lo siguiente:
IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.
Como se desprende del precepto legal, incluso con respecto de los actos realizados una vez concluido el juicio opera el principio de definitividad y por ello es que las violaciones cometidas durante el procedimiento se reclaman junto con la impugnación de la última resolución.
Ahora bien, con relación a los procedimientos de remate, la actual Ley de Amparo incurre en una regresividad respecto de la ley anterior, porque posterga la oportunidad de promover el amparo indirecto, con lo cual se afecta el derecho humano a ser juzgado sin dilaciones indebidas.
Ley de Amparo anterior
Ley de Amparo actual
V. Contra afectaciones de imposible reparación
¿Qué debe entenderse por una afectación de imposible reparación?
La fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo define a los actos de imposible reparación de la siguiente manera:
La crítica que cabe realizar al respecto, es que la definición legal contenida en la nueva Ley de Amparo es regresiva en términos normativos, ya que anteriormente tanto las violaciones sustantivas como las violaciones procesales graves eran consideradas de imposible reparación.
Aquí un criterio judicial que demuestra lo anterior:
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 99/2004, publicada en la página 5 del Tomo XX, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de 2004, cuyo rubro es: “COSA JUZGADA. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL).”, determinó que para analizar si una violación acaecida en el curso del procedimiento es o no de imposible reparación, el juzgador debe proceder de la siguiente manera: a) Discernir si el acto reclamado afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén las garantías individuales contenidas en la Constitución General de la República; b) Que en la hipótesis de que las consecuencias del acto no afectaran dichos derechos sustantivos, debe valorar si con ellas se afecta o no a las partes en grado predominante o superior, puesto que de arribarse a la convicción de que tampoco colma esta afectación exorbitante, sería improcedente el amparo indirecto, debiendo el gobernado esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo; c) Que por regla general, una violación formal o procesal produce una afectación exorbitante a las partes durante el juicio (que la identifica como de imposible reparación), cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que significan una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio; d) Precisar que la afectación que produzca el acto intraprocesal reclamado, a fin de que amerite su impugnación en amparo indirecto, debía ser en grado extraordinario o sobresaliente; e) Que la anterior precisión era necesaria, toda vez que las tesis que sobre el tema sustenta el más Alto Tribunal del país, se fundaban de manera explícita o implícita en el artículo 17 de la Constitución Federal; y, f) Pero que no obstante lo anterior, era igualmente cierto que no todas las violaciones procesales que puedan encontrar fundamento en el señalado artículo 17 constitucional, a través de las normas adjetivas secundarias o derivadas podían, jurídicamente, ser impugnadas en amparo indirecto, pues ello haría interminables los juicios ordinarios y tornaría inútil un aspecto básico del amparo directo. En el mismo sentido y siguiendo los lineamientos fijados en la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, la Segunda Sala del referido Tribunal Constitucional, al resolver la contradicción de tesis 38/2007-PL, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: “NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.”, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: “… el retardo en la impartición de justicia … por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que por ello se viole el principio de justicia pronta.”. Establecido lo anterior, la resolución de segunda instancia que revoca el auto mediante el cual el Juez de primer grado cita a las partes para oír sentencia, no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que, de la decisión tomada por el tribunal de alzada no depende la suerte de todo el juicio, ni tampoco puede hablarse del desarrollo ocioso de un proceso, cuando éste ya se agotó, aunado a que el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal que menciona el quejoso.
Ante la regresividad normativa de la nueva Ley de Amparo, puede solicitarse tanto el control de constitucionalidad como el control de convencionalidad a efecto de que se desaplique la definición actual de imposible reparación, contenida en la fracción V del artículo 107 y se amplíe dicha noción para abarcar las violaciones procesales graves.
Al respecto, es pertinente señalar que en la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo se sugiere que en dicho precepto sí se consideran a las violaciones procesales graves como afectaciones de imposible reparación:
Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.
Por otra parte es necesario distinguir los conceptos de afectaciones de imposible reparación y actos consumados de forma irreparable.
El concepto de actos consumados de forma irreparable sirve para determinar cuando no se puede otorgar la restitutio in integrum al quejoso, mientras que la noción de afectaciones de imposible reparación es útil para definir la procedencia del juicio de amparo indirecto.
Con el objeto de traer mayor claridad respecto de la forma en que se impugnan las violaciones in procedendo, es decir, aquellas que se comenten en el desarrollo del procedimiento, se inserta el siguiente organizador gráfico:
VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas
El artículo 14 constitucional establece la garantía de audiencia, mientras que la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo es una expresión de aquella, ya que declara la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando existe una afectación a terceros extraños a juicio.
En relación con este punto, la jurisprudencia ha creado la figura del tercero extraño por equiparación, señalando lo siguiente:
TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO.
La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de “persona extraña” es opuesta a la de “parte” procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Jurisprudencia. Amparo en revisión 560/2004. Patricia Hernández Cordero. 10 de marzo de 2005. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005, página 1305. No. de registro 177771.
Sobre la jurisprudencia citada, se puede alegar que no es necesario realizar una equiparación o ficción legal respecto del sujeto, que aquella no fue debidamente emplazada, pues el juicio de amparo indirecto es procedente en relación con los actos fuera de juicio y, en aquellos casos en que no existe un emplazamiento legal, se están realizando actos fuera de juicio en relación con el sujeto no emplazado.
VII. Contra diversos actos del Ministerio Público
La fracción VII del artículo 107 de la Ley de Amparo es suficientemente clara; incluso, su contenido puede considerarse comprendido en la fracción II, por lo que no amerita mayor comentario:
VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y […]
VIII. Contra actos relativos a la competencia
Nuevamente, la fracción VIII del artículo 107 es suficientemente clara, por lo que no se realiza comentario al respecto.
IX. Contra actos y normas de la COFECO e IFETEL
Se reitera que los únicos actos relacionados con COFECO e IFETEL calificados como irrecurribles por la Constitución son los relativos a los procesos de selección y designación de comisionados.
Artículo 28[…]
Por ello, la fracción IX del artículo 107 de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en los siguientes términos:
A continuación se abordarán los aspectos más relevantes de la tramitación del juicio de amparo indirecto.
Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo regulan los plazos para interponer la demanda de amparo. En relación con este tema, se sugiere leer el apartado correspondiente a la anticonstitucionalidad e inconvencionalidad de la causal de improcedencia de los actos consentidos.
En relación con la forma de iniciar el cómputo del plazo, se sugiere leer el apartado “Plazo para interponer la demanda” del amparo directo.
Con respecto a la ampliación de la demanda, el artículo 111 de la Ley de Amparo establece lo siguiente:
II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial.
En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda.
El artículo 108 de la Ley de Amparo asienta los requisitos de la demanda de amparo indirecto.
Enseguida se formularán algunos comentarios sobre los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo.
Las protestas de decir verdad
Si bien este requisito pretende una finalidad noble, a saber, que no se abuse del juicio de amparo indirecto, la realidad es que el Poder Judicial Federal pocas veces desaprovecha la oportunidad de desechar una demanda de amparo y este requisito es usado para tal efecto.
En términos del artículo 114 de la Ley de Amparo el hecho de no satisfacer los requisitos del artículo 108 se sanciona, pues la demanda de amparo se tiene como no interpuesta, lo cual es desproporcional respecto del requisito que ahora se comenta.
Asimismo, debe tenerse en consideración que este requisito transgrede los principios de sencillez y accesibilidad de los recursos judiciales, aplicables a la materia de amparo en observancia del principio de intangibilidad del debido proceso. (Caso Mohamed vs Argentina, 2012):
Por otro lado, debe recordarse que la ley de amparo anterior no exigía que el quejoso manifestase, bajo protesta de decir verdad, que desconocía a los terceros interesados, por lo que la nueva ley viola el principio de progresividad.
Autoridades que promulgan una norma general
En relación con las autoridades encargadas, en términos de ley, de promulgar una norma general, conviene tener presente el siguiente criterio judicial:
AMPARO CONTRA LEYES. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR COMO AUTORIDADES RESPONSABLES AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y AL DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO IMPIDE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ORDENAMIENTO RECLAMADO.
Resulta incorrecto que el Juez de Distrito sobresea en un juicio de amparo contra leyes, fuera de la audiencia constitucional, porque el impetrante de garantías no haya señalado en su demanda como autoridades responsables al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación; si de la lectura del libelo primario se obtiene, que el quejoso llamó a juicio al Congreso de la Unión que expidió la norma que se reclama de inconstitucional, y al presidente de la República que la promulgó, expresando conceptos de violación en contra de dichos actos, ya que ello no impide examinar la constitucionalidad del citado ordenamiento, aun cuando no se hayan expresado motivos de inconformidad respecto del acto de refrendo y su publicación, dado que no son combatidos por vicios propios, pues habiéndose oído a la autoridad responsable expedidora del ordenamiento combatido, incluyendo al Ejecutivo que la promulgó, la eficacia o falta de fundamento de los conceptos de violación habrá de afectar a todos los actos de formación de la ley.
Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. Jurisprudencia. Amparo en revisión 168/2004. Servicio Tres Hermanas, S.A. de C.V. 1o. de julio de 2004. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Agosto de 2004, página 1386. No. de registro 180964.
Por otra parte, cuando el amparo se promueve en contra de actos que impliquen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; incomunicación, deportación o expulsión; proscripción o destierro; extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, los requisitos de la demanda son los siguientes:
En términos de la fracción XI del artículo 107 constitucional, la demanda de amparo directo debe presentarse ante la autoridad responsable.
Los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley de Amparo establecen la competencia en lo concerniente a los amparos indirectos.
Fracción XII del artículo 107 constitucional
En relación a las violaciones cometidas a los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 la Constitución dispone lo siguiente:
Los siguientes artículos de la Ley de Amparo regulan lo referente a la admisión de la demanda.
Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto
examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.
Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la
demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:
A continuación se reproducen los artículos que regulan lo relativo al informe justificado.
En el último párrafo del artículo 117 prácticamente se elimina la obligación de que las autoridades funden y motiven sus actos, es decir, la garantía fundamental del artículo 16 Constitucional.
Artículo 117 […]
Según se aprecia del artículo 16 constitucional, la fundamentación y motivación del acto de autoridad tiene que ser previa al propio acto. Sin embargo, al Congreso de la Unión se le ocurrió eximir a la autoridad administrativa de dicha obligación y le “permitió” fundar y motivar su acto hasta el momento en que rinde su informe justificado.
En esas circunstancias, resulta evidente que el último párrafo del artículo 117 viola el artículo 16 constitucional, por lo que puede solicitarse su desaplicacin con fundamento en el principio de progresividad..rior ley de amparo no admiti
llo, al Congreso de la Uniñón al juez de distrito en uso de facultades de control de constitucionalidad.
Cabe señalar que dicho precepto legal también implica una regresividad normativa, pues la Ley de Amparo anterior no admitía la vulneración a la garantía fundamental prevista en el artículo 16 constitucional; en consecuencia, también puede solicitarse su desaplicación con fundamento en el principio de progresividad.
A reserva de abordar con más detalle el tema de las medidas precautorias en el próximo capítulo, se adelanta que los artículos 125 a 169 de la Ley de Amparo regulan lo relativo a la suspensión del acto reclamado.
Los artículos 119 a 123 de la ley de amparo regulan lo relativo a los medios probatorios.
Más adelante, el que regula la audiencia constitucional es el artículo 124, en el cual se asienta que:
Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.

References: artículo 117
 artículo 107
 artículo 107
 resolución 
 resolución 
 artículo 107
 artículo 61
 artículo 107
 resolución 

Artículo 426
 artículo 691
 artículo 62
 artículo 107
 resolución 
 artículo 107
 RESOLUCIÓN 
 artículo 17
 artículo 17
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 107
 artículo 170
 resolución 
 artículo 14
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107

Artículo 28
 artículo 107
 artículo 111
 artículo 17
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 114
 artículo 108
 artículo 22
 artículo 107
 artículo 107

Artículo 113

Artículo 114
 artículo 117
 artículo 16

Artículo 117
 artículo 16
 artículo 117
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 124

Artículo 124