Source: https://es.scribd.com/doc/6058220/16/JURISPRUDENCIA-SOBRE-EL-NUEVO-CODIGO-PROCESAL-PENAL
Timestamp: 2016-02-07 13:59:21+00:00

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JURISPRUDENCIA SOBRE EL NUEVO
CÓDIGO PROCESAL PENAL for Libro "Reforma del sistema procesal penal" AMAG 2008
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CASACIÓN Nº 01–2007
Lima, veintiséis de julio de dos mil siete.–
VISTOS; en audiencia pública: el recurso de casación por inobservancia de norma
procesal interpuesta por la señora FISCAL ADJUNTA SUPERIOR DE HUAURA contra el
auto de vista de fojas ciento cuarenta y ocho, del veintiséis de enero de dos mil siete –y no
dos mil seis como erróneamente se ha consignado–, que revocando el auto de primera
instancia de fojas ciento tres, del veintidós de diciembre de dos mil seis, declaró
improcedente el requerimiento fiscal de prisión preventiva. Interviene como ponente el
señor San Martín Castro.
I.Del itinerario del incidente en primera instancia.
PRIMERO. El señor Fiscal Provincial de Huaura mediante requerimiento de fojas ochenta y
seis, del veinte de diciembre de dos mil seis, cursado al señor Juez de la Investigación
Preparatoria de Huaura, solicitó se dicte la medida de coerción personal de prisión preventiva
contra Jimmy Edinho Cavero Ramírez, Margarita Ramírez Ramos y Anyela Cinthia Cavero
Ramírez, al amparo de los artículos doscientos sesenta y ocho y doscientos sesenta y uno
del Nuevo Código Procesal Penal, quienes tienen formalizada investigación preparatoria, el
primero, por delitos de secuestro y violación en agravio de la menor R.K.R.O; y, las dos
restantes por delito de falsedad en juicio en agravio del Estado.
SEGUNDO. El señor Juez de la Investigación Preparatoria mediante decreto de fojas noventa
y seis, del veintiuno de diciembre de dos mil seis, señaló fecha para la audiencia de prisión
preventiva. La audiencia se realizó al día siguiente sin la concurrencia de los imputados,
pero con la asistencia de sus abogados defensores de confianza. Intervino en la audiencia
el señor Fiscal Provincial requirente.
El debate se concretó en la posibilidad de realizar la audiencia de prisión preventiva sin la
concurrencia de los imputados y sin antes haberse dictado o en su caso efectivizado
mandato de detención preliminar. Contra el imputado Cavero Ramírez, previamente se
había dictado mandato de detención preliminar –sin que haya podido concretarse–. Las
encausadas Ramírez Ramos y Cavero Ramírez no han sido pasibles de tal medida
provisionalísima porque el correspondiente requerimiento fiscal fue rechazado por el
TERCERO. El señor Juez de la Investigación Preparatoria, en este acto, dictó el auto corriente
a fojas ciento tres que declaró infundado el pedido de la Fiscalía Provincial de realización
de la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, sin presencia de los imputados.
Contra esa resolución recurrió la citada Fiscalía Provincial por escrito de fojas ciento
seis y el actor civil por escrito de fojas ciento trece. Ambas impugnaciones fueron
II.Del trámite recursal en segunda instancia.
CUARTO. El Superior Tribunal por resolución de fojas ciento treinta y cuatro, del quince de
enero de dos mil siete, señaló fecha para la audiencia de apelación. Esta se realizó, conforme
al acta de fojas ciento cuarenta y cinco, del veintiséis de enero de dos mil siete, con la
intervención del Fiscal Superior, el abogado defensor de oficio del imputado, la defensora
de confianza de los encausados y la asistencia de estas últimas: Margarita Ramírez Ramos
y Anyela Cinthia Cavero Ramírez. En la audiencia se expidió tanto el auto de fojas ciento
cuarenta y siete, del veintiséis de enero de dos mil siete, que declaró inadmisible la apelación
del actor civil, cuanto el auto de vista de fojas ciento cuarenta y ocho, de la misma fecha,
que absolvió el grado.
QUINTO. El auto de vista recurrido en casación, por mayoría, revocó la resolución del Juez
de la Investigación Preparatoria que declaró infundado el pedido del Fiscal para la realización
de la audiencia de prisión preventiva; y reformándola, lo declaró improcedente. Precisó, a
su vez, que el Señor Fiscal pueda instar la prisión preventiva en su debida oportunidad con
arreglo a ley.
El voto singular estimó, en principio la procedencia del pedido del Ministerio Público,
pero como no se había notificado a las partes en forma oportuna, debía anularse la
resolución de primera instancia y disponerse que el Juez de la Investigación
Preparatoria realice nueva audiencia de prisión preventiva con el emplazamiento
oportuno a las partes.
III. Del trámite del recurso de casación de la señora Fiscal Adjunta Superior.
SEXTO. Notificado el auto de vista, la señora Fiscal Adjunta Superior interpuso recurso
de casación mediante escrito de fojas ciento setenta. Introdujo dos motivos de
casación: errónea interpretación de la ley penal y defecto de logicidad. Concedido el
recurso por auto de fojas ciento setenta y ocho, del quince de febrero de dos mil
siete, y presentado argumentos adicionales por escrito de fojas ciento noventa y tres,
aceptados por resolución de fojas doscientos uno, del veintiuno de febrero de dos
mil siete, se elevó el cuaderno a este Supremo Tribunal con fecha siete de marzo de
SÉPTIMO. Cumplido el trámite de traslados a las partes recurridas, esta Suprema Sala
mediante Ejecutoria del diecisiete de mayo de dos mil siete, en uso de su facultad de
corrección, sólo admitió a trámite el recurso de casación por el motivo de inobservancia de
norma procesal –previsto en el inciso dos del artículo cuatrocientos veintinueve del Nuevo
Código Procesal Penal–, así como declaró inadmisible el citado recurso por el motivo de
defecto de logicidad.
OCTAVO. Instruido el expediente en Secretaría, señalada fecha para la audiencia de casación
el día de la fecha, instalada la audiencia y realizados los pasos que corresponden conforme
el acta que antecede, con intervención del señor Fiscal Supremo Adjunto, el estado de la
causa es el de expedir sentencia.
NOVENO. Deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, esta Suprema Sala cumplió
con pronunciar la presente sentencia de casación, cuya lectura en audiencia pública –con
las partes que asistan– se realizará por la Secretaría de la Sala el día seis de agosto próximo
PRIMERO. Conforme ha sido establecido por la Ejecutoria Suprema de fojas catorce, del
cuaderno de casación del diecisiete de mayo de dos mil siete, el único motivo de casación
admitido es el de inobservancia de norma procesal. Al respecto la señora Fiscal Adjunta Superior
sostiene en sus recursos formalizados de fojas ciento setenta y ciento noventa y tres –más allá
de su confusa argumentación– que no es necesario para requerir prisión preventiva que antes
se haya solicitado y obtenido mandato de detención preliminar; que los presupuestos materiales
del pedido de prisión preventiva no incorporan la necesidad de que el imputado esté presente
o haya sido previamente detenido; y, que lo único consustancial a la audiencia de prisión
preventiva es que se garantice el derecho de defensa.
SEGUNDO. El auto de vista impugnado en casación precisa lo siguiente:
A.Que el Fiscal Provincial requirió la medida de detención preliminar contra el imputado
Jimmy Edinho Cavero Ramírez el dieciocho de noviembre de dos mil seis, la cual fue
concedida ese mismo día por el Juez de la Investigación Preparatoria. Con fecha catorce
de diciembre de dos mil seis el Fiscal Provincial dictó la Disposición de Formalización y
Continuación de la Investigación Preparatoria contra el citado imputado Jimmy Edinho
Cavero Ramírez por delitos de secuestro y violación en agravio de la menor R.K.R.O. y
contra Margarita Ramírez Ramos y Anyela Cinthia Ramírez por delito de falsedad en
juicio en agravio del Estado, no obstante que el día anterior había requerido contra las
dos últimas mandato de detención preliminar y que había sido rechazada. El veinte de
diciembre de dos mil seis el Fiscal Provincial solicitó al Juez de la Investigación Preparatoria
mandato de prisión preventiva para los tres imputados –que no fue aceptado–, y con
fecha nueve de enero de dos mil siete formuló acusación contra los tres encausados,
sin que al dictar la primera Disposición haya ordenado la realización de diligencias de
B.Que, ahora bien, conforme al artículo doscientos sesenta y cuatro apartado uno del Nuevo
Código Procesal Penal, para que el Fiscal requiera prisión preventiva el imputado debe
encontrarse detenido –en flagrancia por la Policía, arresto ciudadano o preliminarmente
por orden judicial–.
C.Que contra el imputado Jimmy Edinho Cavero Ramírez el Juez de la Investigación
Preparatoria, a instancia del Fiscal Provincial, dictó mandato de detención preliminar,
pero no se efectivizó, al punto que el citado encausado se fugó al extranjero. Contra
las encausadas Anyela Cinthia Cavero Ramírez y Margarita Ramírez Ramos el Fiscal
también solicitó mandato de detención preliminar, pero fue rechazado por el Juez
de la Investigación Preparatoria, mediante resolución que no fue impugnada por el
Fiscal requirente.
D.Que para que se requiera prisión preventiva por primera vez es necesario que el imputado
esté detenido por la Policía mediando flagrancia o por orden de detención preliminar
del Juez. Además, la audiencia de prisión preventiva se debe celebrar con la concurrencia
obligatoria del Fiscal, del imputado y de su defensor. Si bien el artículo doscientos setenta
y uno apartado dos del Nuevo Código Procesal Penal establece que cuando el imputado
se niega a estar presente en la audiencia será representado por su abogado defensor o el
de oficio, debe entenderse que tiene que encontrarse detenido y en esa condición negarse
a concurrir a la audiencia. Distinta es la situación –insiste el Tribunal de Apelación– cuando
ya existe formalización de la investigación preparatoria y al imputado se le ha impuesto
medida de comparecencia, en cuyo caso se podrá solicitar la diligencia de variación de
dicha medida por la de prisión preventiva. Además –entiende el Tribunal Superior–, si se
rechazó la medida de detención preliminar o no se solicitó medida alguna contra un
imputado ya no se puede requerir mandato de prisión preventiva al no tener la condición
de detenido, sólo puede instarse la medida de comparecencia restrictiva o impedimento
TERCERO. La situación de hecho, objeto de subsunción jurídica, está claramente definida;
y por lo demás no corresponde a este Tribunal de Casación examinarla o, en su caso, variarla,
por expreso mandato del artículo cuatrocientos treinta y dos apartado dos del Nuevo Código
Procesal Penal. Es de puntualizar, al respecto, que el recurso de casación por su propia naturaleza
no constituye una nueva instancia y es de cognición limitada, concentrando en la questio iuris.
Por lo demás, la denominada “casación formal o por quebrantamiento de forma” está
concentrada en revisar si el órgano jurisdiccional cumplió o no con las normas jurídicas que
rigen el procedimiento, o la estructura y ámbito de las resoluciones que emitan en función a
la pretensión y resistencia de las partes.
Por consiguiente, para el análisis del recurso se tiene lo siguiente:
A.Que el Fiscal Provincial había iniciado diligencias preliminares a raíz de un secuestro y
ulterior abuso sexual violento que sufrió la menor R.K.R.O., de dieciséis años de edad, en
lo que comprendió tanto a Jimmy Edinho Cavero Ramírez, sindicado como el secuestrador
y agresor sexual, cuanto a Margarita Ramírez Ramos y Anyela Cinthia Cavero Ramírez, por
proporcionar a sabiendas versiones falsas para confundir a la justicia acerca del paradero
del imputado Jimmy Edinho Cavero Ramírez.
B.Que, en sede de diligencias preliminares, el Fiscal solicitó la medida de detención preliminar
contra los tres imputados, pero el Juez de la investigación Preparatoria sólo aceptó dictarla
contra Jimmy Edinho Cavero Ramírez, orden que finalmente no se efectivizó, al punto que
el citado encausado pudo huir hacia la Argentina.
C.Que, posteriormente, el Fiscal Provincial dictó la Disposición de Formalización y
Continuación de la Investigación Preparatoria contra los tres inculpados, luego requirió
mandato de prisión preventiva –objeto de recurso de casación– y, finalmente, formuló
acusación contra los tres.
D.Que a la audiencia de prisión preventiva, en primera instancia, no asistieron los
encausados –imposible de parte del imputado Jimmy Edinho Cavero Ramírez por haber
huido a la Argentina– pero sí sus abogados de confianza. En la audiencia de apelación
asistieron las encausadas por delito de falsedad en juicio, el abogado defensor de
oficio del imputado Jimmy Edinho Cavero Ramírez y la abogado de confianza de las
otras dos inculpadas. En ambas audiencias el debate se circunscribió a la posibilidad
legal de solicitar la prisión preventiva y al debido u oportuno emplazamiento de las dos
encausadas.
CUARTO. La medida de coerción personal de prisión preventiva está regulada en el Título
III de la Sección III del Libro Segundo del Nuevo Código Procesal Penal. Concretamente, los
presupuestos materiales y formales, que determinan su imposición, a la vez que el trámite
para dictarla, están previstos en el Capítulo I del referido Título, que consta de cuatro artículos
del doscientos sesenta y ocho al doscientos setenta y uno.
No constituye presupuesto material de dicha medida personal, como claramente fluye del
artículo doscientos sesenta y ocho del Nuevo Código Procesal Penal, que el imputado se
encuentre sujeto a la medida provisionalísima de detención, en cualquiera de sus modalidades.
La ley sólo exige implícitamente, por la propia naturaleza de una medida de coerción procesal
de intensa limitación de derechos fundamentales, de presupuestos materiales más rigurosos,
y de efectos temporales más intensos, como es la prisión preventiva, que sólo pueden tener
lugar en los ámbitos de una investigación preparatoria formal, vale decir, que se haya dictado
la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria a que hace
referencia el artículo trescientos treinta y seis del Nuevo Código Procesal Penal (sólo por esa
circunstancia es lógico que el artículo doscientos sesenta y cuatro, apartado uno, del Nuevo
Código Procesal Penal, insista que luego de la detención policial de oficio o preliminar judicial
el pedido de prisión preventiva está condicionado a la “...continuación de las investigaciones...”,
esto es, como no puede ser de otra forma, a la mencionada Disposición Fiscal); y, además,
para el Fiscal pueda obtener una decisión favorable del Juez de la Investigación Preparatoria,
se debe probar la concurrencia de los presupuestos establecidos en el apartado uno, y en su
caso el dos, del artículo doscientos sesenta y ocho del Nuevo Código Procesal Penal. No
existe, ni puede configurarse pretoriana o judicialmente, presupuesto adicional, al que dicha
norma prevé.
Por consiguiente, el imputado contra quien se solicita mandato de prisión preventiva
puede encontrarse en muy diversas situaciones procesales. Así puede estar detenido
policialmente en los supuestos de flagrancia delictiva o por previo arresto ciudadano o
detenido preliminarmente por orden judicial, conforme a los artículos doscientos cincuenta
y nueve, doscientos sesenta y doscientos sesenta y uno del Nuevo Código Procesal Penal.
Asimismo, puede encontrarse, de facto, en la condición de no habido –sea que se hubiera
fugado antes de ser capturado en flagrancia por la policía o que ésta, pese al mandato
judicial de detención preliminar, no haya podido capturarlo– o sin medida coercitiva personal
alguna porque el Fiscal no la solicitó ante el Juez de la Investigación Preparatoria, sea por la
razón que fuere.
QUINTO. El Tribunal de Alzada, como fluye del auto recorrido, traza una vinculación
estricta entre detención y prisión preventiva, y a partir de ese entendimiento estima que es
imprescindible a la prisión preventiva –y condición para su imposición– la medida de detención,
de suerte que si ésta no tiene lugar porque no se efectivizó o se desestimó, no es posible
solicitar aquella y menos concederla.
Ese entendimiento no es correcto. La detención, si bien es una privación de libertad
provisionalísima –caracterizada por su brevedad y su limitación temporal– de naturaleza
estrictamente cautelar –evitar la posibilidad de fuga o elusión de los efectos de la justicia– y
dispuesta por la Policía o por el Juez de la Investigación Preparatoria, cuya función es tanto
asegurar a la persona del imputado cuanto garantizar la futura aplicación del ius puniendi
mediante la realización inmediata de actos de investigación urgentes o inaplazables –por ejemplo
y en la perspectiva de individualizar a los responsables del hecho delictivo e impedir además el
ocultamiento y destrucción de huellas o pruebas del delito: interrogatorio, reconocimientos,
pericias forenses–, amén de sustentada en supuestos notorios de evidencia delictiva, tales
como la flagrancia o según el caso, razones plausibles de comisión delictiva (sospechas o
indicios concretos y determinados de que una persona ha cometido un delito); no es, en
principio, una medida necesaria o imprescindible para que se dicte, ulteriormente, mandato
La prisión preventiva, como fluye de las normas antes citadas, es una medida coercitiva
personal, estrictamente jurisdiccional, que se adopta a instancia del Ministerio Público y en el
seno de un proceso penal debidamente incoado, siempre que resulte absolutamente
imprescindible, que persigue conjugar un peligro de fuga o un riesgo de ocultación o destrucción
de las fuentes de prueba (no se le puede atribuir el papel de instrumento de la investigación
penal ni tiene un fin punitivo). Está sometida en comparación con la detención y prevista para
un período de tiempo más alto, a requisitos más exigentes –cuyo eje es la probabilidad positiva
de la responsabilidad del imputado, la comisión del delito por él–, tanto desde la intensidad
de la imputación necesaria para dictarla cuanto desde la propia configuración y valoración de
los peligros que la justifican –sometida con más rigurosidad formal y material a los principios
de necesidad y de motivación–.
Siendo así, tal y como está prevista la detención en el Título II de la Sección III “Las medidas
de coerción procesal”, responde tanto a la necesidad imperiosa de poner fin a la ejecución de
un delito o hacer cesar sus efectos lesivos inmediatos, como a la urgencia de garantizar la
presencia judicial del imputado –evitando su fuga– y de realizar con el concurso de aquellos
actos de investigación y de aseguramiento inaplazables –carácter adicional de erigirse en un
acto de investigación indirecto–. En consecuencia, esta medida cautelar personal y
provisionalísima será o no necesaria según las características y entidad del caso concreto, y su
pedido judicial –detención preliminar y, de ser el caso, ulterior convalidación extensiva, a que
hace referencia el artículo doscientos sesenta y seis del Nuevo Código Procesal Penal–
corresponderá exclusivamente a la estrategia y planteamiento de la investigación que
autónomamente, y bajo su responsabilidad, decida el Fiscal Provincial.
SEXTO. Es cierto, desde luego, que una vez que se detenga policialmente a una persona –
ver artículos doscientos cincuenta y nueve y doscientos sesenta apartados dos del Nuevo
Código Procesal Penal– o cuando el Juez de la Investigación Preparatoria, a instancia del
Fiscal, dicte y se ejecute una medida de detención preliminar –ver artículos doscientos sesenta
y uno del Nuevo Código Procesal Penal–, el régimen legal o situación jurídica del imputado y
de las diligencias preliminares –dada la limitación del derecho fundamental a la libertad
personal– están severamente circunscritas y sometidas a reglas de procedimientos específicas,
a tenor de los artículos doscientos sesenta y cuatro y siguientes del Nuevo Código Procesal
Penal –que incluso puede dar lugar a un pedido de convalidación de la detención, a su
extensión temporal, conforme al artículo doscientos sesenta y seis–. Sin embargo, ello no da
pie a inferir que siempre es del caso pedir detención preliminar en aras, luego, de instar la
prisión preventiva; y menos, que si se intenta esa medida provisionalísima y el Juez no la
acepta, está vedado a requerir la medida de prisión preventiva en una oportunidad posterior
de incorporarse –claro está– más elementos de investigación o de prueba en orden a los
presupuestos que la condicionan –artículo doscientos cincuenta y cinco apartado dos del
Nuevo Código Procesal Penal–. Como se ha indicado, el artículo doscientos sesenta y ocho del
Nuevo Código Procesal Penal, que regula los presupuestos materiales para dictar dicha medida
provisional personal, no lo impone, ni por su propia lógica institucional podía hacerlo.
SÉPTIMO. La audiencia de prisión preventiva, regulada por los apartados uno y dos del
artículo doscientos setenta y uno del Nuevo Código Procesal Penal, prevée varias exigencias
para que pueda emitirse válidamente un mandato de prisión preventiva o, alternativamente,
una medida de comparecencia restrictiva o simple –ver apartado cuatro–. Son: a) requerimiento
o solicitud del Ministerio Público; b) realización de la audiencia de prisión preventiva dentro
del plazo legal de las cuarenta y ocho horas siguientes a su requerimiento; y, c) concurrencia
a la audiencia del Fiscal requirente, del imputado y de su defensor –si no asiste el defensor de
confianza o el imputado no lo tiene se le reemplaza en el acto o interviene el defensor de
oficio–.
Es particularmente importante, a todos los efectos, la regla incorporada en el penúltimo
extremo del apartado dos del examinado artículo doscientos setenta y uno del Nuevo Código
Procesal Penal: “...Si el imputado se niega por cualquier motivo a estar presente en la audiencia
será representado por su abogado o el defensor de oficio, según sea el caso”. No es, pues,
absoluta la necesidad de presencia del imputado en la audiencia de prisión preventiva; es sí
necesaria, su debida citación en su domicilio real o procesal –si lo hubiere señalado–, o su
conducción al Juzgado cuando esté efectivamente detenido (con ello se cumple el principio de
contradicción, se hace efectiva la garantía de tutela jurisdiccional –en cuanto acceso al proceso–
y se afirma, a su vez, la garantía de defensa procesal). Si el imputado se niega a asistir, sea
porque huyó, porque no es habido –lo que denota imposibilidad material del Juez para
emplazarlo– o porque, sencillamente, no quiere hacerlo –en ejercicio de su derecho material
de defensa o su propia estrategia procesal o por simple ánimo de sustracción o entorpecimiento
procesal–, la audiencia se lleva a cabo con la representación técnica del abogado defensor, de
confianza o de oficio.
Lo expuesto permite entender en su justo alcance (i) la situación del imputado previa al
pedido de prisión preventiva –puede estar o no detenido–, (ii) los presupuestos para la
expedición de la resolución de citación para la realización de la audiencia respectiva –el juicio
de admisibilidad está condicionado a la existencia de un imputado en estricto sentido, que
contra él se haya dictado una Disposición de Continuación y Formalización de la Investigación
Preparatoria–, y (iii) las exigencias para la propia instalación y desarrollo de la audiencia –
citación debida, presencia obligatoria del Fiscal y del abogado defensor, y, en caso de ausencia
del imputado, constatación previa de una situación de inasistencia voluntaria por razones
derivadas de su actitud anterior a la convocatoria a la audiencia (ausencia, contumacia, fuga o
no presencia pese a su emplazamiento a los actos de investigación) o como consecuencia de
una decisión, intencional o negligente de inconcurrencia ante la citación judicial–.
OCTAVO. En virtud a lo precedentemente expuesto, es de concluir que el Tribunal de
Alzada, al igual que el Juez de la Investigación Preparatoria, inobservaron las exigencias
establecidas por el artículo doscientos sesenta y ocho del Nuevo Código Procesal Penal y
tergiversaron los alcances de los artículos doscientos sesenta y uno y doscientos sesenta y
cuatro del mismo Código en relación con la norma anteriormente citada (el Tribunal de
Apelación, incluso asumió la existencia de un presupuesto formal del pedido de prisión
preventiva: el previo mandato ejecutado de detención preliminar, sin base legal que lo ampare).
Sobre esa consideración, el Juez de la Investigación Preparatoria limitó indebidamente el
ámbito de la audiencia de prisión preventiva y no decidió sobre el fondo del asunto, sin dar
pie además, pese a ser el objeto central de la misma, a un debate oral sobre el mérito del
requerimiento fiscal. Por ello y como hace falta realizar en forma la audiencia de prisión
preventiva con las citaciones correspondientes, la estimación del recurso de casación sólo trae
consigo un juicio rescindente –artículo cuatrocientos treinta y tres apartado uno del Nuevo
Código Procesal Penal–.
Declararon FUNDADO el recurso de casación por inobservancia de norma procesal –
artículo cuatrocientos veintinueve, inciso dos del Nuevo Código Procesal Penal–
interpuesto por la señora FISCAL ADJUNTA SUPERIOR DE HUAURA contra el auto de
vista que revocando el auto de primera instancia declaró improcedente el requerimiento
fiscal de prisión preventiva. En consecuencia: NULO el auto de vista de fojas ciento
cuarenta y ocho, del veintiséis de enero de dos mil siete, e INSUBSISTENTE el auto de
primera instancia de fojas ciento tres, del veintidós de diciembre de dos mil seis.
ORDENARON que el Juez de la Investigación Preparatoria realice la audiencia de prisión
preventiva y, cumplidas las formalidades correspondientes, dicte una resolución sobre
III.DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por la
Secretaría de esta Suprema Sala Penal; y, acto seguido, se notifique a todas las partes
apersonadas a la instancia, incluso a las no recurrentes.
IV.MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional
de origen, y se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema.
SE PUBLICÓ CONFORME A LEY
Dra. PILAR SALAS CAMPOS,
Secretaria de la Sala Penal Permanente, CORTE SUPREMA.
CASACIÓN N° 01–2007–HUAURA
OCTAVO.– “En virtud a lo procedentemente expuesto, es de concluir que el Tribunal de
cuatro del mismo Código, en relación con la norma anteriormente citada. Sobre esa
consideración, el Juez de la Investigación Preparatoria, limitó indebidamente al ámbito de la
audiencia de prisión preventiva y no decidió sobre el fondo del asunto sin dar pie además
pese a ser el objeto central de la misma, a un debate oral sobre el mérito del requerimiento
fiscal. Por ello y como hace falta realizar en forma la audiencia de prisión preventiva con las
citaciones correspondientes, la estimación del recurso de casación sólo trae consigo un juicio
residente (artículo 433.1 del Código Procesal Penal)”.
CASACIÓN Nº 02–2007
Lima, cinco de julio de dos mil siete.–
AUTOS y VISTOS: Interviniendo como ponente el señor San Martín Castro; el recurso de
casación interpuesto por el encausado LUIS ARTURO ALCÁNTARA BERROSPI contra la
sentencia de vista de fojas ciento setenta y tres, del veintisiete de marzo de dos mil siete, que
confirmando la sentencia de primera instancia de fojas ciento treinta y cuatro, del treinta de
noviembre de dos mil seis, lo condenó como autor del delito de tráfico ilícito de drogas en
agravio del Estado a ocho años de pena privativa de libertad; con lo demás que contiene; y
CONSIDERANDO: Primero: Que, conforme al estado de la causa y en aplicación a lo dispuesto
en el apartado seis del artículo cuatrocientos treinta del Nuevo Código Procesal Penal,
corresponde decidir si el recurso de casación está bien concedido y si procede conocer el
fondo del mismo; que es de precisar que se ha cumplido el trámite de traslados respectivos y
que las partes procesales no se apersonaron a la instancia. Segundo: Que la admisibilidad del
recurso de casación se rige por la concordancia de los artículos cuatrocientos veintiocho y
cuatrocientos treinta, primer apartado, Nuevo Código Procesal Penal, cuyos requisitos deben
cumplirse debidamente para que se declare bien concedido; que el impugnante Alcántara
Berrospi reprocha en casación una sentencia de vista, que confirmando la de primera instancia,
lo condenó como autor del delito de tráfico ilícito de drogas –artículo doscientos noventa y
seis del Código Penal– a ocho años de pena privativa de libertad y sesenta días de multa, así
como quinientos nuevos soles por concepto de reparación civil; que si bien se cumple el
presupuesto objetivo del recurso pues la resolución recurrida está comprendida en el literal b)
del apartado dos del artículo cuatrocientos veintisiete del citado Código, al igual que el
presupuesto subjetivo pues cuestionó la sentencia de primera instancia y, sin duda, la sentencia
de vista lo agravia al desestimar su pretensión impugnativa absolutoria, no se satisface el
presupuesto formal de motivación. Tercero: Que, en efecto, el artículo cuatrocientos veintinueve
de la Ley Procesal Penal identifica las causales o motivos que determinan el recurso de casación
–en tanto impugnación extraordinaria–, y a su vez el apartado uno del artículo cuatrocientos
treinta del citado Código estipula no sólo que i) se precise las partes o puntos de la decisión a
los que se refiere la impugnación, ii) se detallen los fundamentos –con indicación específica de
los fundamentos de hechos y derecho– que lo apoyen, y iii) se concluya formulando una
pretensión concreta, sino también que: a) se mencione separadamente cada causal casatoria
invocada; b) se cite concretamente los preceptos legales erróneamente aplicados o inobservados,
c) se precise el fundamento o fundamentos doctrinales y legales; d) se exprese específicamente
cuál es la aplicación que pretende. Cuarto: Que, en el presente caso, el recurrente se limita a
indicar que no se llevó un debido y correcto procedimiento y que se vulneró dos derechos
fundamentales: debido proceso y derecho de defensa; que, respecto al primer punto cita el
artículo primero –aunque debió citar el artículo segundo– del Título Preliminar del Nuevo
Código Procesal Penal –referido a la presunción de inocencia–, luego de lo cual señala que si
bien se le incautó droga dentro de su domicilio desconocía su procedencia y su cónyuge, que
denunció los hechos, habría confabulado en su contra, así como que la droga pertenecía a
una tercera persona, quien ha tenido problemas con ese delito, cuya existencia se acreditó
con la hoja penológica de fojas ciento setenta y ocho; que, respecto al segundo punto:
vulneración del derecho de defensa, no existe mención separada expresa sobre su pretendida
vulneración y menos se aporta fundamentación específica. Quinto: Que aún cuando es posible
deducir que lo que invoca el imputado es la causal de infracción de precepto constitucional de
carácter procesal, reconocida en el inciso uno del artículo cuatrocientos veintinueve del Nuevo
Código Procesal Penal, no ha expuesto el fundamento específico en función a sus alcances
normativos predeterminados; que no sólo no indicó nada en particular respecto a la infracción
al derecho o garantía de defensa procesal –prevista en el numeral catorce del artículo ciento
treinta y nueve de la Constitución y desarrollada legalmente, en cuanto a los elementos que la
integran, en el artículo noveno del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal–, sino
que, respecto a la garantía del derecho a la presunción de inocencia –que es una garantía
distinta del debido proceso, cuya concreción constitucional está en el literal e) del numeral
veinticuatro del artículo dos (de la) Constitución y sus elementos esenciales han sido definidos
en el artículo segundo del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal– no ha identificado
el aspecto o ámbito de ese derecho fundamental que se ha vulnerado a los efectos de su
control constitucional en vía casatoria, y más bien, confundiendo los alcances de la casación,
pretende que este Supremo Tribunal realice un análisis independiente de los medios de prueba
personales –que no es posible hacer en virtud a los principios procedimentales de oralidad e
inmediación que rigen la actividad probatoria–, confundiendo juicio de suficiencia –que parte
de los medios y elementos de prueba analizados por el órgano sentenciador y se proyecta al
examen de la conclusión que se arriba sobre el tema de prueba– con el análisis autónomo de
la prueba de cargo actuada, que no cabe realizar, por su cognición limitada, al órgano de
casación; que, en tal virtud, el recurso interpuesto carece ostensiblemente de contenido
casacional. Por estos fundamentos: declararon INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto
por el encausado Luis Arturo Alcántara Berrospi contra la sentencia de vista de fojas ciento
setenta y tres, del veintisiete de marzo de dos mil siete, que confirmando la sentencia de
primera instancia de fojas ciento treinta y cuatro, del treinta de noviembre de dos mil seis, lo
condenó como autor del delito de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado a ocho años
de pena privativa de libertad; con lo demás que contiene; MANDARON se devuelva el proceso
al Tribunal de origen; hágase saber.–
ROSA FLORES BARRIGA. Secretaria (p) Sala Penal Permanente. CORTE SUPREMA.
CASACIÓN N° 02.2007 SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA
CONSIDERANDO QUINTO (parte 1): “que aún cuando es posible deducir que lo que
invoca el imputado es la causal de infracción de precepto constitucional de carácter procesal
(...), no ha expuesto el fundamento específico en función a sus alcances normativos
predeterminados; que no sólo no indicó nada en particular respecto a la infracción al derecho
o garantía de defensa procesal, sino que respecto a la garantía del derecho a la presunción de
inocencia que es una garantía distinta del debido proceso...”
CASACIÓN N° 02–2007 SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA
CONSIDERANDO QUINTO (parte 2)... “respecto a la garantía del derecho a la presunción
de inocencia, que es una garantía distinta del debido proceso, cuya concreción constitucional
está en el literal e) del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución y sus elementos esenciales
han sido definidos en el artículo II del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, no
ha identificado el aspecto o ámbito de ese derecho fundamental vulnerado, a los efectos de
su control constitucional en vía casatoria...”
CASACIÓN Nº 03–2007
Lima, veinte de agosto de dos mil siete.–
casación interpuesto por el encausado CARLOS MILTON NOREÑA CAJAS contra la sentencia
de vista de fojas ciento veintiséis, del diecinueve de marzo de dos mil siete, que confirmando
en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera instancia de fojas cincuenta, del
cuatro de diciembre de dos mil seis, lo condenó como autor del delito contra la libertad
sexual – abuso sexual de menor de edad en grado de tentativa en agravio de G.A.B.V. a
quince años de pena privativa de libertad y fijó en dos mil nuevos soles el monto por concepto
de reparación civil y CONSIDERANDO: Primero: Que, conforme al estado de la causa y en
aplicación a lo dispuesto, en el apartado seis del artículo cuatrocientos treinta del Nuevo
Código Procesal Penal, corresponde decidir si el recurso de casación está bien concedido y si
procede conocer el fondo del mismo; que es de precisar que se ha cumplido el trámite de
traslados respectivos y que se han apersonado a este Supremo Tribunal el imputado y el actor
civil. Segundo: Que la inadmisibilidad del recurso de casación se rige por la concordancia de
los artículos cuatrocientos veintiocho y cuatrocientos treinta, primer apartado, del Nuevo
Código Procesal Penal, cuyos requisitos deben cumplirse debidamente para que se declare
bien concedido; que el impugnante Noreña Cajas reprocha en casación una sentencia de
vista, que confirmando en un extremo y revocando en otro la de primera instancia, lo condenó
como autor del delito de abuso sexual de la menor de edad –artículo ciento setenta y tres del
Código Penal– a quince años de pena privativa de libertad y al pago de dos mil nuevos soles
por concepto de reparación civil; que, por tanto, se cumple el presupuesto objetivo del recurso
pues la resolución recurrida está comprendida en el literal b) del apartado dos del artículo
cuatrocientos veintisiete del citado Código, al igual que el presupuesto subjetivo pues cuestionó
la sentencia de primera instancia y, sin duda, la sentencia de vista lo agravia al desestimar su
pretensión impugnativa absolutoria. Tercero: Que como motivos de casación invoca, primero,
la inobservancia de norma procesal sancionada con la nulidad: aplicación indebida del artículo
dieciocho apartado tres del Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y ocho; segundo,
la inobservancia de la garantía genérica del debido proceso, respecto a la valorabilidad de
informe pericial, del reconocimiento de persona y de la declaración del acusado –más allá de
la confusión en que incurre al ingresar a la valoración de varios medios de prueba, que esta
importa un motivo ajeno a la casación, de error in factum–; y, tercero, la manifiesta ilogicidad
de la motivación; que estos motivos están reconocidos en los incisos uno, dos y cuatro del
artículo cuatrocientos veintinueve del nuevo Código Procesal Penal. Cuarto: Que el recurrente,
respecto al primer motivo de casación –de casación procesal–, enlaza la invocación de
inobservancia de las reglas de adecuación a la nulidad insanable del error, que afirma se ha
cometido y cita las normas implicadas; que, en lo atinente al segundo motivo –de casación
constitucional–, invoca la garantía al debido proceso, cuando en puridad la garantía concernida
es la de presunción de inocencia en tanto que cuestiona, como regla de prueba, la valorabilidad
de un medio de prueba, es decir, el juicio de legalidad que permite determinar, con carácter
previo, si un medio de prueba debe integrar el análisis jurídico de la sentencia (ya se ha
precisado que debe aceptarse el recurso, con las conexiones respectivas, aún cuando exista
error en la cita legal y en la denominación del motivo de casación y de la garantía invocada, en
atención a la concepción asumida por esta Suprema Sala, de la voluntad impugnativa, y que
a su vez asume el carácter flexible y amplio que corresponde observar para determinar el
juicio de admisibilidad de todo recurso como consecuencia de la aplicación de la garantía de
tutela jurisdiccional), por lo que se trata de un precepto constitucional susceptible de análisis
en sede casacional; que, en lo concerniente al tercer motivo, el recurrente cita el inciso cuatro
del artículo cuatrocientos veintinueve del nuevo Código Procesal Penal, bajo la denominación
de “ilogicidad de la motivación” y, sobre esa base, concreta su denuncia casatoria en el supuesto
específico de “motivación aparente” (indica que la Sala de Apelación no valoró las pruebas de
cargo y de descargo, bajo la invocación indebida del articulo cuatrocientos veinticinco apartado
dos del nuevo Código Procesal Penal), que por cierto es diferente de “ilogicidad de la motivación”
–el motivo casacional de defecto de motivación comprende dos supuestos: falta e ilogicidad
de la motivación–, que hace mención a la vulneración de las reglas de la lógica, de la experiencia,
de la ciencia o de la psicología en la apreciación de la prueba, lo que por cierto no se cuestiona.
Quinto: Que, siendo así, el recurso se sustenta en motivos legalmente previstos y en los
supuestos que estrictamente le corresponde, con las correcciones que en esta Ejecutoria se
efectúan, por lo que se han cumplido los presupuestos objetivos, subjetivos y formales del
recurso de casación. Por estos fundamentos: declaran BIEN CONCEDIDO el recurso de
casación interpuesto por el acusado CARLOS MILTON NOREÑA CAJAS por los motivos de
inobservancia de la garantía constitucional de presunción de inocencia, de inobservancia de
las normas procesales sancionadas con la nulidad y por falta de motivación de la sentencia de
vista; ORDENARON que la causa se instruya en Secretaría a disposición de las partes por el
plazo de diez días; y vencido el mismo: DISPUSIERON se dé cuenta para fijar fecha para la
audiencia de casación, hágase saber.–
PILAR SALAS CAMPOS. Secretaria Sala Penal Permanente. CORTE SUPREMA.
CASACIÓN N°03–2007 SALA PLENA PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA
CONSIDERANDO TERCERO: “... que en lo atinente al segundo motivo de la casación
constitucional invoca la garantía al debido proceso, cuando en puridad la garantía concedida
es la presunción de inocencia, en tanto que cuestiona como regla de prueba, la valorabilidad
error en la cita legal y en la denominación del motivo de casación y de la garantía invocada),
en atención a la concepción asumida por esta suprema sala de la voluntad impugnativa y que
tutela jurisdiccional...”
CASACIÓN Nº 04–2007
Lima, catorce de agosto de dos mil siete.–
AUTOS Y VISTOS; interviniendo como ponente el señor San Martín Castro; el recurso de
casación por inobservancia de garantías constitucionales de carácter procesal: debido proceso,
defensa procesal e igualdad de las partes e inobservancia de normas procesales: artículo
cuatrocientos veinte, apartado cinco, del Nuevo Código Procesal Penal, interpuesto por el
actor civil COMUNIDAD CAMPESINA DE UTCAS contra el autor de vista de fojas cien, del
diez de abril de dos mil siete, que declaró nulo el concesorio del recurso de apelación que
interpuso contra el auto de fojas cuarenta y dos, del veinte de noviembre de dos mil seis, que
declaró el sobreseimiento a favor de Pedro Marcelino Marcel Alcocer, Epifania Miranda León
y Ana Montalvo Muñoz por delitos de hurto agravado, usurpación y daños en su agravio; y
corresponde decidir si el recurso de casación está bien concedido y si, en consecuencia,
procede conocer el fondo del mismo; que se ha cumplido con el trámite de traslados respectivos
y se ha apersonado a la instancia la actora civil, sin que haya acompañado sus alegatos escritos.
Segundo: Que la inadmisibilidad del recurso de casación se rige por lo normado en el artículo
cuatrocientos veintiocho y sus normas concordantes del citado Código, cuyos requisitos deben
cumplirse acabadamente para que se declare bien concedido; que se ha recurrido un auto
que, aplicando analógicamente el artículo cuatrocientos veintitrés, apartado tres, del Nuevo
Código Procesal Penal, ante la inconcurrencia a la audiencia de apelación de la actora civil,
que interpuso el recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento, declaró nulo el
concesorio de la alzada e inadmisible el citado recurso impugnatorio; por tanto, causa gravamen
irreparable al poner fin al procedimiento penal, por lo que se cumple el requisito de
admisibilidad objetiva del apartado uno del artículo cuatrocientos veintisiete del Nuevo Código
Procesal Penal. Tercero: Que, sin embargo, el apartado dos, inciso a), del citado artículo
cuatrocientos veintisiete del Nuevo Código Procesal Penal, estatuye que en las resoluciones
como la presente se requiere para la viabilidad del recurso de casación que el delito imputado
más grave tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad
mayor de seis años; que el delito más grave objeto del presente proceso penal–véase auto de
apertura de instrucción de fojas ciento setenta y uno del cuaderno de instrucción, del veintisiete
de setiembre de dos mil cuatro– es el de hurto agravado, que está conminado con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años –artículo ciento ochenta y seis del
Código Penal–; que, en consecuencia, los delitos incriminados no alcanzan el criterio de summa
poena estatuido en la norma procesal, por lo que la resolución impugnada no cumple el
presupuesto procesal objetivo que habilita el recurso de casación, siendo de aplicación el
literal c) del apartado uno del artículo cuatrocientos veintiocho del Nuevo Código Procesal
Penal, situación que impide apreciar los demás presupuestos de admisibilidad formales y
subjetivos. Cuarto: Que si bien las costas serán pagados por quien interpuso un recurso sin
éxito, no se advierte que obró con temeridad o mala fe, por lo que no es de aplicación el
apartado dos, literal a), del artículo quinientos uno del Nuevo Código Procesal Penal. Por
estos fundamentos: I. Declararon INADMISIBLE el recurso de casación por inobservancia de
garantías constitucionales de carácter procesal: debido proceso, defensa procesal e igualdad
de las partes e inobservancia de normas procesales: artículo cuatrocientos veinte, apartado
cinco, del Nuevo Código Procesal Penal, interpuesto por el actor civil COMUNIDAD CAMPESINA
DE UTCAS contra el auto de vista de fojas cien, del diez de abril de dos mil siete, que declaró
nulo el concesorio del recurso de apelación que interpuso contra el auto de fojas cuarenta y
dos, del veinte de noviembre de dos mil seis, que, declaró el sobreseimiento a favor de Pedro
Marcelino Marcel Alcocer, Epifania Miranda León y Ana Montalvo Muñoz por delitos de hurto
agravado, usurpación y daños en su agravio; MANDARON se notifique a las partes apersonadas
la presente Ejecutoria. II. EXONERARON en el pago de las costas de la tramitación del recurso
de casación a la actora civil Comunidad Campesina de Utcas. III. DISPUSIERON se devuelvan
los actuados al tribunal de origen. Hágase saber.–
Dra. PILAR SALAS CAMPOS Secretaria de la Sala Penal Permanente. CORTE SUPREMA.
CASACIÓN N° 04–2007–SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA
CONSIDERANDO TERCERO: “...que sin embargo apartado 2 inciso a) del citado artículo
427 del Código Procesal Penal estatuye que en las resoluciones como la presente se requiere
para la viabilidad del recurso de casación que el delito imputado más grave tenga señalado en
la ley en su extremo mínimo una pena privativa de la libertad mayor de seis años; que el
delito más grave objeto del presente proceso penal (...) es el de hurto agravado, que está
conminado con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años; que, en
consecuencia los delitos incriminados no alcanzan el criterio de summa poena estatuido en la
norma procesal, por lo que la resolución impugnada no cumple el presupuesto procesal
objetivo que amerita el recurso de casación..”
CASACIÓN Nº 05–2007
Lima, once de octubre de dos mil siete.–
VISTOS: en audiencia pública; el recurso de casación por inobservancia de la garantía
constitucional de motivación de las resoluciones judiciales interpuesto por el encausado JHONNY
JAVIER GIRALDO ROMERO contra la sentencia de vista de fojas ochenta y tres, del cuaderno
de apelación, del treinta y uno de mayo de dos mil siete, que confirmando la sentencia de
primera instancia de fojas ochenta y seis, del cuaderno de debate, del treinta y uno de enero
de dos mil siete, lo condenó como autor de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud –
homicidio calificado y contra la libertad sexual – violación sexual de menor en agravio de
Kenye Brhayan Castro Palma y de M.C.G.R., respectivamente, a quince años de pena privativa
de libertad, y fijó en veinte mil nuevos soles el monto por concepto de reparación civil. Interviene
como ponente el señor San Martín Castro.
I.Del itinerario de la causa en primer instancia.
PRIMERO. El encausado Giraldo Romero fue inculpado formalmente mediante auto
apertorio de instrucción de fojas ciento veintisiete, del dieciséis de diciembre de dos mil
tres, a mérito de la denuncia formalizada del señor Fiscal Provincial de Huaura de fojas
ciento veintitrés. Se le atribuyó la comisión del delito de violación sexual en agravio de la
menor M.C.G.R. y de homicidio en agravio del menor Kenye Brhayan Castro Palma. Los
hechos objeto de imputación ocurrieron el seis de mayo de dos mil tres, en el domicilio de
doña Daría Palma Rosales – madre del menor fallecido–, ubicado en la localidad de
Barranca, en circunstancias en que el imputado Giraldo Romero ingresó al mencionado
predio con la anuencia de la menor M.C.G.R., de quince años de edad, a fin de ver
televisión; sin embargo, de improviso se acercó a la cama donde se encontraba la citada
agraviada y, pese a su oposición y gritos, le hizo sufrir el acto sexual; que como el menor
Castro Palma, sobrino de aquélla y de seis años de edad, observó lo ocurrido, trató de
defender a su tía y anunció que contaría a su madre lo sucedido, cuando intentó salir del
domicilio fue detenido por el imputado, quien violentamente lo arrojó contra la cama y le
apretó el cuello con las manos hasta matarlo, no obstante la actitud de la menor M.C.G.R.
procuró evitar la agresión, luego de lo cual se dio a la fuga.
SEGUNDO. El proceso se inició con arreglo al estatuto procesal anterior. Sin embargo, la
Sala Penal Superior por imperio del originario artículo dieciocho, apartado tres, del Decreto
Legislativo número novecientos cincuenta y ocho, remitió lo actuado al Juzgado Penal
Colegiado – véase auto de fojas novecientos cuarenta, del treinta y uno de julio de dos mil
seis–. Este Juzgado por auto de fojas diecisiete del cuaderno de debate, del veintidós de
diciembre de dos mil seis, adecuó la causa al Nuevo Código Procesal Penal y dictó el auto
de enjuiciamiento correspondiente.
TERCERO. Capturado el imputado y realizado el juicio oral, el segundo Juzgado Penal
Colegiado de Huaura condenó al imputado como autor de los delitos de homicidio calificado
y violación sexual a quince años de pena privativa de libertad, así como fijó por concepto
de reparación civil la suma de veinte mil nuevos soles a favor de los herederos legales del
menor Kenye Brhayan Castro Palma y dos mil nuevos soles a favor de la menor agraviada
Contra el fallo condenatorio tanto el encausado Jhonny Javier Giraldo Romero como el
padre de la agraviada M.C.G.R. interpusieron recurso de apelación. Los recursos fueron
concedidos por autos de fojas ciento cuarenta y cinco, del nueve de marzo de dos mil
siete, y de fojas ciento diecisiete, del nueve de marzo de dos mil siete, respectivamente.
CUARTO. El Superior Tribunal, en primer lugar, por resolución de fojas cuarenta y
uno, del veintitrés de abril de dos mil siete, declaró inadmisible el recurso de
apelación del recurrente Germán Guerrero Caushi, padre de la menor agraviada
M.C.G.R., por no haberse constituido en actor civil; y, por auto de fojas cincuenta
y tres, del siete de mayo de dos mil siete, citó para la audiencia de apelación no sin
antes rechazar de plano los medios de prueba ofrecidos por el primero de los
La audiencia se realizó, conforme al acta de fojas setenta y siete, del veintiuno de mayo de
dos mil siete, con la intervención del Fiscal Superior, del abogado defensor del imputado
recurrente, del abogado de la agraviada y con la presencia del encausado Jhonny Javier
Giraldo Romero.
QUINTO. La sentencia de vista recurrida en casación de fojas ochenta y tres, del treinta y
uno de mayo de dos mil siete, confirmó en todos sus extremos la sentencia de primera
instancia. Ratificó, en consecuencia, la pena de quince años de privación de libertad y el
monto de reparación civil ascendente a veinte mil nuevos soles, objeto del recurso, con lo
demás que contiene.
III.Del Trámite del recurso de casación del imputado.
SEXTO. El imputado Giraldo Romero interpuso recurso de casación mediante escrito
de fojas ochenta y seis. Introdujo tres motivos de casación: inobservancia de garantías
constitucionales, inobservancia de normas procesales y defecto de logicidad.
Concediendo el recurso por auto de fojas noventa y tres, del trece de junio de dos mil
siete, se elevó los actuados a este Supremo Tribunal con fecha diecinueve de junio de
mediante Ejecutoria de fojas diecinueve del cuaderno de casación, del uno de agosto de
dos mil siete, sólo admitió a trámite el recurso de casación por el motivo de inobservancia
de la garantía constitucional de motivación, así como declaró inadmisible el citado recurso
por los motivos de inobservancia de la garantía constitucional del debido proceso y de
aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o conflicto entre leyes
penales, de inobservancia de normas legales de carácter procesal y de manifiesta ilogicidad
OCTAVO. Instruido el expediente en Secretaría, señalada día y hora para la audiencia
de casación el día de la fecha, instalada la audiencia y realizados los pasos que
corresponden conforme al acta que antecede, con intervención del Señor Fiscal
Supremo Adjunto y de la defensa del imputado y de la agraviada, el estado de la causa
es la de expedir sentencia.
las partes que asistan– se realizará por la Secretaría de la Sala el día dieciséis de octubre
próximo a horas nueve de la mañana.
PRIMERO. Conforme ha sido establecido por la Ejecutoria Suprema de fojas diecinueve,
del cuaderno de casación, del uno de agosto de dos mil siete, el motivo de casación admitido
es el de inobservancia de la garantía constitucional de motivación. Sobre el particular, el
imputado alega en su recurso formalizado de fojas ochenta y seis, al amparo del inciso cinco
del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución y con cita de la sentencia número mil
doscientos noventa y uno – dos mil dos – AA/TC, del seis de diciembre de dos mil uno, que la
sentencia de vista presenta una motivación insuficiente.
Al respecto, anota que la sentencia precisó que en la causa hay una inexistente investigación
y actividad probatoria, que ha de observarse en cuanto sean aplicables las normas del juicio
de primera instancia, que la decisión debe circunscribirse única y exclusivamente a los límites
de la pretensión impugnatoria tanto en la declaración de hechos como en la aplicación del
derecho, y que en segunda instancia no se verificó mayor actividad probatoria promovida o
propuesta por la defensa.
Alega que no se dió una respuesta razonada, motivada (sic) y congruente a su pretensión
impugnatoria, no se expresó el proceso mental que llevó al Tribunal a la confirmación de la
condena, no se puso de manifiesto las razones de la decisión jurisdiccional.
SEGUNDO. La sentencia de vista impugnada en casación precisa lo siguiente:
A.Que la defensa del imputado incidió, esencialmente, en que no existe prueba
suficiente que dé mérito a la condena. Incluso acota que la versión de la menor
agraviada es inverosímil, pues se ha desdicho en varias oportunidades, incluso en el
proceso tutelar.
B.Que la menor agraviada declaró en el juicio de primera instancia. Allí indicó detallada y
pormenorizadamente la forma, modo y circunstancias como se perpetró el delito en su
agravio. También declaró otro testigo de cargo. Ambas pruebas personales, por no
haberse actuado en sede apelación, no es posible otorgarle un contenido distinto– sólo
puede valorarse independientemente la prueba instrumental, pericial, preconstituida y
anticipada–. Además, en segunda instancia no se verificó mayor actividad probatoria a
instancia de la defensa.
TERCERO. El encausado Giraldo Romero en su recurso de apelación, al impugnar la
sentencia de primera instancia, protestó inocencia; y, en puridad, alegó error en la
apreciación de la prueba, pues no participó en la muerte del agraviado Castro Palma y
en la violación de la menor M.C.G.R.– insiste en la uniformidad de su negativa–. Añadió
que la agraviada en sede tutelar reconoció una muerte accidental a su cargo, pero luego
brindó cuatro versiones contradictorias, y ha sido sancionada por el Juzgado Civil de
Barranca. En tal virtud, existe duda razonable pues primero se autoinculpó, luego sindicó
a la esposa del padre de la víctima, posteriormente lo incriminó y, finalmente, sindicó a
su madre Isabel Felicitas Romero de Giraldo como la persona que le instigó para que se
autoinculpe. Igualmente, cuestiona la declaración de culpabilidad por el delito de
violación porque la sola imputación de la agraviada es insuficiente y no se actuaron
pruebas cruciales al efecto. Finalmente, acota que el testigo Lorenzo Eduardo Esquivel
Ángeles declaró que tenía conocimiento de los delitos porque los vecinos y amigos le
comentaron y que no es cierto que él fue la persona que ingresó al domicilio de la
CUARTO. El Juzgado Penal Colegiado señaló las razones por las que rechazó la prueba de
descargo y dio mérito probatorio concluyente a la declaración en el juicio de la menor agraviada
y del testigo Esquivel Ángeles, que vio cuando el día y hora de los hechos el agraviado ingresó
a la casa de la víctima. El fundamento duodécimo de la sentencia apelada es amplio al respecto–
veáse fojas ciento uno a ciento cuatro–.
La sentencia de vista, ante los motivos de la apelación puntualizados en el fundamento
jurídico anterior, se ha limitado a sostener que la declaración plenaria de la menor agraviada
ha sido detallada y pormenorizada, así como que existe la declaración de otro testigo. La
razón de esa argumentación estriba en que se trata de pruebas personales actuadas en el
plenario de primera instancia, por lo que se encontraría impedido de otorgarle diferente valor
probatorio, tanto más si en segunda instancia no se actuó prueba alguna ofrecida por la
defensa del impugnante.
QUINTO. Es evidente que el imputado no sustentó su pretensión absolutoria en prueba
distinta de la actuada en el plenario de primera instancia. Por ello no ofreció prueba en
sede apelación, pese a que podía hacerlo conforme a lo dispuesto por el artículo
cuatrocientos veintidós del Nuevo Código Procesal Penal. Resaltó en su recurso la
insuficiencia de la evidencia de cargo, a cuyo efecto afirmó la postura no uniforme de la
principal testigo de cargo, la falsedad de la declaración del testigo Esquivel Ángeles, el
defecto de la prueba pericial de reconocimiento médico legal y la ausencia de pruebas
periciales esenciales.
Es de recibo, igualmente, reconocer que el Superior Tribunal, ante los términos de la
impugnación, debía responder a estos motivos impugnatorios. El problema, entonces, es
establecer si lo expuesto por éste en la sentencia de vista–véase último párrafo del fundamento
jurídico anterior– cumple con la garantía de motivación constitucionalmente exigible.
SEXTO. La garantía procesal específica de motivación, como es doctrina jurisprudencial
de esta Suprema Sala, integra a su vez la garantía procesal genérica de tutela jurisdiccional.
Toda decisión jurisdiccional, de primera y de segunda instancia, debe ser fundada en
derecho y congruente, es decir –en lo que interesa al presente recurso–, ha de estar
motivada mediante un razonamiento jurídico que exprese de modo claro y que permita
entender el por qué de lo resuelto –basta con que se exprese o explique las razones
jurídicas en que se apoya para adoptar su decisión, sin entrar a debatir cada uno de los
preceptos o razones jurídicas alegadas por la parte–. Se trata de una garantía esencial del
justiciable, mediante la cual se puede comprobar que la resolución dada al caso es
consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento jurídico– ello será posible en
tanto el órgano jurisdiccional explique las razones de su decisión, lo que a su vez permite
controlar si la actividad judicial se ha movido dentro de los parámetros de la lógica racional
y la legalidad–.
La sentencia de fondo que resuelva las pretensiones debe estar jurídicamente fundada.
Esta exigencia, como ha quedado expuesto, es aplicable tanto a la sentencia de primera
instancia como a la de segunda instancia. Este deber incluye la obligación de fundamentar los
hechos y la calificación jurídica, así como la pena y reparación civil finalmente impuestas. Los
órganos jurisdiccionales deben hacer explícitos los elementos de convicción que sustentan la
declaración de hechos probados, a fin de acreditar la concurrencia de prueba de cargo capaz
de enervar la presunción constitucional de inocencia, y asimismo ofrecer un razonamiento
jurídico lógico y sustentado en valores jurídicamente aceptables de la fundamentación que
sostiene la subsunción en la norma penal aplicable.
Es claro, por lo demás, sostener que la sentencia de segunda instancia no vulneraría la
garantía de motivación –en concreto, de motivación suficiente–, cuando utiliza la técnica
denominada del “fallo por remisión” es decir, cuando el Tribunal Superior se remite a la
sentencia de primera instancia, siempre y cuando ésta resuelva con rigor y motivadamente la
cuestión planteada. En todo caso, los motivos del recurso deben haber sido respondidos
cabalmente y de los argumentos del fallo de vista puede inferirse válidamente que se pronunció
acerca de las alegaciones del recurrente.
SÉPTIMO. Es exacto que con arreglo a los principios de inmediación y de oralidad que
priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba personal,
el Tribunal de Alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que de su contenido
y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional de primera instancia. Ello, desde luego, reduce
el criterio fiscalizador del Tribunal de Apelación, pero no lo elimina. En esos casos –las
denominadas “zonas opacas”–, los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a
la inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones
en su discurso, etcétera) no son susceptibles de supervisión y control en apelación; no pueden
Empero existen “zonas abiertas”, accesibles al control. Se trata de los aspectos relativos a la
estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción
sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas
de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos. En consecuencia el relato fáctico
que el Tribunal de Primera Instancia asume como hecho probado, no siempre es inconmovible,
pues: a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente
inexacto–el testigo no dice lo que lo menciona el fallo–, b) puede ser oscuro, impreciso,
dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo; o, c) ha podido
ser desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia (ver: GIMENO SENDRA, VICENTE.
(2004) Derecho Procesal Penal. Madrid, Editorial Colex. Dos mil cuatro, pp. 265 y 266.
OCTAVO. En el presente caso el Tribunal de Apelación ha entendido que la apreciación del
Tribunal de Primera Instancia, en orden a la valoración de la prueba personal, no puede ser
revisada, es inmodificable, tanto más si no se actuó prueba en segunda instancia. Sin embargo,
no apreció, pese a que integraba el motivo de la impugnación, el otro ámbito de fiscalización
de la prueba personal: la coherencia y persistencia de los principales testigos de cargo, en
suma (desde luego, es del caso puntualizar que el hecho de que una testigo en el curso del
proceso haya expuesto varias versiones en modo alguno inhabilita al órgano jurisdiccional a
optar por una de las versiones, siempre que explicite los motivos por los que asume una de
ellas); si el relato incriminador era atendible en función a las reglas de la experiencia; si éste
era suficiente, a partir del conjunto de la prueba apreciada por A Quo; si el razonamiento del
Tribunal de Primera Instancia era en sí mismo sólido y completo.
Por otro lado, en el presente caso no es aceptable la técnica de la remisión, pues existe un
cuestionamiento a la completitud de la prueba– tanto testifical como pericial–, y una invocación
a la necesidad de apreciar el conjunto de declaraciones de la agraviada y a lo que del testigo
de cargo anotó el recurrente, datos o precisiones no consolidados en la sentencia de primera
En tal virtud, es de estimar que la sentencia de segunda instancia no absolvió debidamente
los motivos del recurso de apelación centrados en un error en la apreciación de la prueba de
cargo. Vulneró, en consecuencia, la garantía de motivación, en concreto el principio de razón
suficiente. No justificó la razón de la pretensión impugnativa del imputado Giraldo Romero.
Sobre esa base, y como hace falta realizar nuevamente una audiencia de apelación que dé
lugar a un nuevo fallo de vista, a partir de la integración de un nuevo Colegiado, la estimación
del recurso de casación sólo trae consigo un juicio rescindente –artículo cuatrocientos treinta
y tres inciso uno del Nuevo Código Procesal Penal–.
NOVENO. Finalmente, respecto de las costas –pronunciamento que omitieron en primera y
segunda instancia–, habiéndose acogido el recurso de casación es del caso exonerar al imputado,
conforme a lo dispuesto por el artículo quinientos cuatro, apartado dos, del Nuevo Código
Procesal Penal. Al no mediar oposición formal de actor civil no cabe que responda por ellas.
Declararon FUNDADO el recurso de casación por inobservancia de la garantía
constitucional de motivación –artículo cuatrocientos veintinueve, inciso uno, del nuevo
Código Procesal Penal– interpuesto por el acusado Jhonny Javier Giraldo Romero contra
la sentencia de vista de fojas ochenta y tres, del cuaderno de apelación, del treinta y
uno de mayo de dos mil siete, que confirmando la sentencia de primera instancia de
fojas ochenta y seis, del cuaderno de debate, del treinta y uno de enero de dos mil
siete, lo condenó como autor de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud – homicidio
calificado y contra la libertad sexual– violación sexual de menor en agravio de Kenye
Brhayan Castro Palma y de M.C.G.R., respectivamente, a quince años de pena privativa
de libertad y fijó en veinte mil nuevos soles el monto por concepto de reparación civil.
En consecuencia: NULA la citada sentencia de vista de fojas ochenta y tres, del cuaderno
de apelación, del treinta y uno de mayo de dos mil siete. Sin costas.
ORDENARON que la Sala Penal de Huaura, integrada por otro Colegiado, cumpla
con dictar nueva sentencia, previa nueva audiencia de apelación en las mismas
condiciones que la anterior; y, cumplidas las formalidades correspondientes, dicte
una nueva sentencia.
Secretaria de esta Suprema Sala Penal; y, acto seguido, se notifique a todas las partes
de origen, y se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema.–
Dra. PILAR SALAS CAMPOS. Secretaria de la Sala Penal Permanente. CORTE SUPREMA.
CASACIÓN N° 05–2007–HUAURA
SÉPTIMO: “Es exacto que con arreglo a los principios de inmediación y de oralidad, que
el Tribunal de Alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que su contenido
el criterio fiscalizador del Tribunal de Apelación, pero no lo elimina. En esos casos las
denominadas zonas opacas, los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a la
inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones
en su discurso, etc.) no son susceptibles de supervisión y control en apelación; no pueden ser
Empero, existen “zonas abiertas, accesibles al control. Se trata de los aspectos relativos a la
de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos. En consecuencia, el relato fáctico
inexacto el testigo no dice lo que menciona el fallo; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo,
ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo; o c) ha podido ser
desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia.”
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