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Timestamp: 2020-07-13 17:25:30+00:00

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Derecho humano de acceso al agua en México
Título: Derecho humano de acceso al agua en México
Autor: Azar López, Bernardo A.
Publicación: Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales - Número 27 - Abril 2018
Fecha: 06-04-2018 Cita: IJ-DXXXIII-528
Índice Voces
- Ir a Indice - 1. Generalidades2. Planteamiento general para el caso mexicano3. Litigio estratégico en recursos hídricos4. ¿Una jurisdicción especializada en materia hídrica?5. Anteproyecto de Ley General de Aguas6. Conclusiones7. Fuentes de InformaciónNotas
2. Planteamiento general para el caso mexicano
3. Litigio estratégico en recursos hídricos
4. ¿Una jurisdicción especializada en materia hídrica?
5. Anteproyecto de Ley General de Aguas
7. Fuentes de Información
Bernardo Anwar Azar López [1]
1. Generalidades [arriba]
Se nota una gran dispersión de principios jurídicos y de disposiciones administrativas, lo que dificulta el planteamiento de la premisa central, para ir atendiendo el problema hídrico con diferentes vicisitudes.
Se observa en el foro, las acciones de los particulares que se dirigen contra las actuaciones de la administración, o la inactividad de la misma, que lesionan el interés colectivo a un medio ambiente adecuado.[2]
a) Pequeñísimas reflexiones sobre el Poder Judicial en los asuntos verdes a nivel global
El Poder Judicial en todo el mundo aunque en contextos diferentes, por una parte siempre se le critica por su morosidad para resolver asuntos, pero por otro lado, es muy solicitado para resolver controversias en materia ambiental. Es el único órgano que puede poner en orden las disputas entre la administración pública y los propios particulares.
b) Creación de un Tribunal Ambiental en los Estados Unidos Mexicanos[3]
Va a ser indispensable, que constantemente el Estado Mexicano verifique la eficacia de sus instituciones en el tema de desarrollo sustentable, para que en caso de conflictos, se cuenten con órganos judiciales especializados que les puedan dar el cauce legal.
Es así que, el Poder Judicial es actor indispensable en la aplicación efectiva de las normas ambientales, en el caso mexicano sería sano que formara parte de la carrera judicial el Derecho Ambiental. Asimismo, sin desconocer que la forma de especializar debe adaptarse a las características de cada región nacional.
Sin desconocer que al existir dicho Tribunal Verde, se puede subespecializar en las repercusiones en los campos penal, civil y administrativo.[4]
Un punto emblemático a mencionar en el derecho sudamericano es:
En la práctica judicial encontramos un caso que ha sido muy trascendental: Caso Mendoza de Argentina del año 2006, derivado de la contaminación de la cuenca hídrica Matanza Riachuelo: en ese asunto unos particulares afectados demandaron la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Poder Ejecutivo Nacional, la Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas que desarrollan su actividad en la cuenca mencionada; se tomó como base de la acción que se volcaba directamente al río los residuos peligrosos, el daño ambiental colectivo que afecta el patrimonio de la comunidad o de un sector de ella, de naturaleza supraindividual, indiferenciada o colectiva y de acorde a una interpretación armónica de la Ley Argentina 25675 General del Ambiente, es toda alteración o modificación negativa relevante o significativa del ambiente, el equilibrio del ecosistema, sus recursos, los bienes o valores colectivos; de ese litigio derivaron como principios que, tendría por objeto exclusivo la tutela del bien colectivo en tal sentido tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro, ya que según se alegaba se trataba de actos continuados que seguirán produciendo contaminación; en segundo lugar, debe perseguirse la recomposición de la contaminación ambiental ya causada, conforme a los mecanismos que la ley prevé y para el supuesto de daños irreversibles, el resarcimiento.[5]
Lo anterior, con el acompañamiento de una ley procesal ambiental que le dé rumbo adjetivo a cualquier acción legal.[6]
Algún sector de los estudiosos del Derecho Ambiental menciona que para el caso específico del agua, sería deseable tener un órgano competente que conociese de asuntos relacionados con el vital líquido.
c) Una propuesta es la de un Tribunal especializado en el agua a nivel federal
Ante la falta de uniformidad de políticas y reglas jurídicas es indispensable tener estudios muy profusos para resolver esas antinomias y garantizar el abasto del “oro azul”.[7]
Una cuestión que ahora se debe enfrentar con novedosas soluciones es el “estrés hídrico” que se refiere a la falta de agua potable, lo que puede acarrear desnutrición y problemas de salud pública.[8]
En términos jurídicos, el Derecho al Agua se considera como un derecho fundamental según diversos tratados internacionales de Derechos Humanos, sin dejar de hacer hincapié en lo que prevé la constitución mexicana en cuanto a los elementos naturales del Estado Mexicano. Siendo que ese ente tendrá que hacer cumplir el orden jurídico en materia de agua y los principios ambientales que se encuentran en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y otros ordenamientos jurídicos ecológicos.
d) Asimilación del Tribunal Latinoamericano del Agua al Derecho Mexicano[9]
Con lo desarrollado en líneas anteriores, al tener una administración pública bien organizada en cuestiones de agua y una administración de justicia con especialización; nos será posible asimilar y corregir de manera institucional, las ineficiencias descritas en líneas anteriores en cuanto al cuidado de los recursos naturales.[10]
Por lo tanto, con una adecuada gestión de los recursos humanos y económicos, y la correcta impartición de justicia, se podrá distribuir mejor el agua, y en su caso, tratar las aguas contaminadas.[11]
e) Algunas enseñanzas del caso Riachuelo de Argentina[12]
Todo parte de un conjunto de temas, un grupo de preocupaciones y varias demandas dispersas, que pasó por lo social, lo jurisdiccional y evolucionó en la agenda institucional.
Como actores están las ONG´s en materia ambiental y la Defensoría del Pueblo de la Nación -se hizo una alianza duradera- sobre un espacio determinado (la cuenca de Riachuelo), unas causas (contaminación industrial, no ordenamiento ambiental del territorio, falta de agua potable y saneamiento) y unos responsables como lo son las instituciones estatales respecto a su inacción en el control y el funcionamiento de actividades económicas al margen de la ley.
Desde 1994, se reformó la constitución argentina para prever el nuevo rol de las ONG’s en defensa del ambiente y a la Defensoría del Pueblo de la Nación (control de la gestión de la política pública) para actuar como actores en defensa del medio ambiente sano.[13]
En este caso, la Corte Suprema de Argentina en su sentencia incorporó a los actores gubernamentales sancionando la obligación jurídica del estado en la reparación del daño colectivo; con ello, desde 2006, este asunto de Riachuelo entró en la agenda política y mediática, es así que quedaron como partes en ese litigio estratégico:
1. La parte acusada: estado nacional, provincial y local, así como las empresas contaminantes;
2. los afectados: vecinos de la cuenca;
3. los terceros de la causa: organizaciones no gubernamentales, el defensor del pueblo;
4. los expertos: la comisión constituida por la Universidad de Buenos Aires para evaluar el plan de saneamiento;
5. los defensores de cada una de las partes.
Al declarar la Corte su competencia, indicó que los ecosistemas dañados deben ser restituidos; en caso de que no sea posible hacerlo, se debe reparar. Aunque, no se desdeña, que ha habido una falta de controles cruzados en el proceso de ejecución de la sentencia, como ejemplo es el gran stock de información que se ha generado referente al número de industrias que hay en la cuenca (llevó tres años investigar) y son datos que no son confiables sobre los diversos impactos ambientales en Riachuelo -no se puede hablar de un monitoreo inteligente-.[14]
De dicha sentencia se desprende que en materia ambiental no es nada más hablar de conductas ilícitas, también debe ser la semilla de construcción de políticas públicas dentro de las instituciones y darles seguimiento permanente; es la manera de monitorear la degradación ambiental; la ineficacia de la regulación estatal; políticas de control de la contaminación; determinar agentes contaminantes; interrelacionar procesos políticos, económicos, sociales y ambientales.
Así mismo, no dejar de describir el problema en términos de desigualdad espacial o ambiental, que decir el que contamina paga, redefinir el escenario jurídico de litigiosidad de las ONG’s.[15]
Sin lugar a dudas, la determinación y debida gestión de los recursos naturales, es un problema de justicia social, políticas públicas que sepan darle acceso a los recursos hídricos a quienes los necesitan y en algunos casos limitarlos a otros agentes; el principio de justicia ambiental apela a principios igualitarios, una distribución equitativa de las ventajas y los daños ambientales -peligro ambiental para nadie-.
El reconocimiento implica tomar en cuenta aspectos culturales, es decir, un mejor acceso a la justicia.[16]
Finalmente, en el caso Riachuelo, algunas ONG’s han planteado la recuperación de la cuenca como medida ambiental para garantizar el derecho al ambiente sano, otros mencionan, que el estado tenga un control efectivo sobre el territorio aludido; pero, sin temor a equivocarnos, el estado tendrá que apoyar con medidas urgentes de compensación como cloacas, agua, saneamiento, planes sanitarios, recursos y medidas de implementación, en que sea necesario limitar las actividades de las industrias.[17]
2. Planteamiento general para el caso mexicano [arriba]
Sin lugar a dudas, una de las crisis más recurrentes en México es la tensión hídrica, al tenerse factores como su contaminación, escaso reúso, mala calidad, bajas cantidades para proveer y una gestión deficiente del vital líquido. Casi la mitad del agua de los ríos está contaminada y sólo una tercera parte de las aguas superficiales es de buena calidad; de los 653 acuíferos que existen en México, 102 están sobreexplotados -la mayoría en la zona centro y norte del país- y algunos ya tienen intrusión salina y salinización; 75 millones de mexicanos abastecen sus necesidades de consumo con el 70% del volumen del agua que se suministra de aguas subterráneas (México lugar 106 de 122 países calificados por la calidad del agua).[18]
No desdeñando que se haga sostenible la provisión de agua en cantidad y calidad suficientes, como el conjunto de instituciones públicas y privadas que a través de diferentes mecanismos, para canalizar diversos recursos económicos públicos y privados hacia los distintos programas y proyectos de inversión en el sector hídrico, que se encuentran asignadas a la Comisión Nacional del Agua, bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; con los diversos procesos de acceso a la información pública gubernamental.
Se tendrían como fuentes tradicionales los recursos fiscales federales, la recaudación según la Ley Federal de Derechos, fideicomisos, inversión privada directa, Banca de Desarrollo; o ver las no tradicionales, como la emisión de deuda, bursatilización de la actividad económica hídrica (con las previsiones respectivas), gestión de activos, aseguramiento. Lo anterior, tendría como destino el agua y saneamiento, modernizar el sistema de riego, grandes obras de protección por las inundaciones, la hidroelectricidad, la gestión del recurso hídrico y su sistematizada medición, hacerse de los indicadores de desempeño y resultados.
- Visión 2030 en materia hídrica: tenerse los ríos limpios, cobertura universal, cuencas en equilibrio, asentamientos seguros frente a inundaciones catastróficas, necesidad financiera para movilizar recursos por 50,000 millones de pesos anuales durante 20 años para satisfacer las necesidades actuales y del futuro, incentivos para desarrollar la cultura del valor ambiental del agua, fondos de garantía para eficientizar los recursos financieros y no dejar de que exista flujo de efectivo, fondos federales rotatorios (para resolver problemas de financiamiento de corto plazo), no dejar de elaborar un diagnóstico del padrón de usuarios y ejecución y hacer calendarios de amortizaciones de capitales e intereses en cuanto a los pasivos.
- Sustentabilidad financiera en el tratamiento de aguas residuales: garantizar la sustentabilidad de los ingresos; incentivos para plantas de tratamiento, fortalecimiento de la eficiencia comercial, implementar un plan director de infraestructura y manejo de aguas residuales sin dejar de tener información precisa de gastos, volúmenes, puntos críticos, identificar el potencial mercado de aguas tratadas en la zona, ubicar los reúsos que no requieran de aguas de calidad; estructuración de tarifas de saneamiento según los costos de operación, medición de descargas, supervisión de puntos de riesgo; cobro de excedentes de contaminantes; se habla de bursatilizar la actividad a través de títulos en el mercado de valores, para que el gobierno se haga de recursos frescos; dar viabilidad al manejo integral de la cuenca para incluir trabajos de reforestación, retención y conservación de suelos e infiltración de agua.[19]
2.1. Constitución Política[20]
Se tienen la inclusión del derecho humano de acceso al agua en la constitución mexicana en su artículo 4°, párrafo sexto, por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012; sin dejar de mencionar los numerales 2°, 3°, 25, 27, en el que establece las bases de la propiedad, aprovechamiento, distribución, clasificación y administración del agua ubicada en el territorio nacional; así como los artículos 42, 48, 73, 115, 116 y 122 que establecen lineamientos que se relacionan con el vital líquido.[21]
- Artículo 2°: acceso preferente al agua en materia de reconocimiento de los derechos indígenas.
- Artículo 3°: educación en el aprovechamiento de nuestros recursos.
- Artículo 4°: establece el derecho de acceso al agua y el derecho a un medio ambiente sano.[22] Que siguiendo la doctrina generada por el Tribunal Constitucional español, ha mencionado que el ambiente es el entorno vital del hombre en un régimen de armonía uniendo lo útil y lo grato (agentes geológicos, climáticos, químicos, biológicos y sociales que rodean a los seres vivos condicionando su existencia).
Equilibrio de factores, más allá de cualquier individualidad, es un contrato entre generaciones, una redirección de los demás derechos constitucionales.[23]
- Artículo 25: rectoría estatal y desarrollo sustentable.
- Artículo 27: es un precepto muy descriptivo, que establece la propiedad de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional; dominio directo de la nación de los recursos naturales de la plataforma continental y zócalos submarinos; el dominio de la nación sobre el agua es inalienable e imprescriptible y la explotación de los particulares se podrá hacer por concesión; mar territorial y mar patrimonial en los términos del derecho internacional y cláusula calvo.
- Artículo 42: las partes integrantes del territorio nacional como las islas, arrecifes, cayos de los mares adyacentes; la plataforma continental y zócalos submarinos y las aguas de los mares territoriales.
- Artículo 73: es un precepto muy extenso; en su fracción XIII, señala que puede dictar leyes el Congreso de la Unión en las que se pueden declarar buenas o malas las presas de mar, permitiendo emitir leyes relativas al derecho marítimo; fracción XVII, le da competencia al Congreso para elaborar leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal; mientras la fracción XXIX-G, en donde menciona que el Congreso de la Unión puede expedir leyes de concurrencia entre el gobierno federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México respecto al equilibrio ecológico.
- Artículo 115: los municipios son la célula de la federación y entre sus funciones se encuentran el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
- Artículo 116: en su fracción VII, señala la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios.
- Artículo 122: en su inciso C, coordinación de la Ciudad de México con otras entidades federativas y la federación.[24]
2.2. Tratamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cuestión ambiental, relacionada con las aguas nacionales
1. Sin lugar a dudas, uno de los pronunciamientos relevantes es el voto minoritario realizado en la controversia constitucional 57/2004, misma que se resolvió el 22 de noviembre de 2005, la parte relativa a la protección al ambiente es:
La protección al ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento jurídico constitucional, el cual agrupa lo que la podemos denominar una "Constitución Ambiental", conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación entre la sociedad con la naturaleza, y cuyo propósito esencial es la protección del medio ambiente, caracterizado por consagrar una triple dimensión: de un lado, la tutela al ambiente que en un principio irradia el orden jurídico (artículos 2o., 25, párrafos quinto y sexto, 27, 122, Base Primera, fracción V, inciso j, Base Quinta, inciso G), de otro lado, aparece el derecho fundamental de todas las personas a gozar de un ambiente sano (artículo 4o.) y, por último, un sistema de concurrencia de facultades entre la Federación, Entidades Federativas y Municipios estructurados en torno a una ley marco del Congreso de la Unión (73, fracción XXIX-G).
Debe tomarse en cuenta que la protección al ambiente regulada en nuestra Constitución, ha adquirido nuevas dimensiones, no se trata sólo de evitar la contaminación y de reducir los contaminantes, sino esencialmente de preservar los recursos naturales y evitar que se agoten, a través tanto de su aprovechamiento racional como de la recuperación del recurso.
Por tanto, debemos destacar dos principios interpretativos que deben regir nuestro actuar y que nos auxiliarán a resolver cualquier contradicción aparente o falta de armonía en el sistema y estos son: el principio constitucional del desarrollo sustentable y el de nivel de acción más adecuado al espacio a proteger. También debe guiar nuestra interpretación el derecho fundamental consagrado en la Constitución a favor de todas las personas al disfrute de un ambiente adecuado y el derecho a la alimentación.
El principio constitucional del desarrollo sustentable tiene su vértice en la búsqueda del justo equilibrio entre protección del medio ambiente y desarrollo económico, satisfaciendo las necesidades
del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las propias, e implica un deber del Estado para que, de manera paralela con la promoción del desarrollo económico, se proteja la diversidad e integridad del ambiente y se conserven las áreas de especial protección ecológica.
A su vez, el principio constitucional del nivel de acción más adecuado al espacio a proteger, es un principio general de lo que podemos denominar derecho común ambiental, y lo podemos inscribir también como una derivación del sistema de concurrencia e implica que debe procurarse una interpretación en favor de la descentralización que, sin embargo, no renuncie a la coordinación de la Federación y que, además, debe tener como objetivo el permitir la actuación del nivel de gobierno más adecuado al espacio a proteger. Así, para cada nivel y categoría de contaminación debe encontrarse cuál es el nivel de acción que se tomará: municipal, estatal, del Distrito Federal o Federal, procurando en la medida de lo posible una actuación coordinada.
Por su parte, el derecho fundamental a un medio ambiente adecuado implica el derecho a la conservación y disfrute de un medio ambiente sano y a la promoción y preservación de la calidad de la vida, así como a la protección de los bienes, riquezas y recursos ecológicos y naturales.
Como manifestación concreta del derecho a la alimentación, el derecho al agua comprende el derecho a acceder y utilizar de manera suficiente y con condiciones sanitarias adecuadas la cantidad de agua que necesitamos para llevar una vida digna. Lo anterior sólo se logra mediante acciones concretas que radican en la esfera de competencia de lo más próximo, en el nivel local.
La consagración constitucional de estos principios ambientales, que deben regir tanto la actividad del legislador federal y local, como la de los Poderes Ejecutivos y los jueces, permitirá colmar lagunas y promover su expansión ante situaciones crónicas o nuevas, por lo que serán herramientas para resolver cualquier problema que se nos presente en la interpretación y, además, para dar soluciones prácticas y novedosas, congruentes sobre todo con la realidad y adecuadas para propiciar una acción positiva sobre el medio ambiente, ya sea a través de su restauración o su cuidado…[25]
1. Obligaciones de carácter positivo: facultad legal de las autoridades administrativas para requerir la adopción de medidas correctivas o de urgente aplicación.[26]
2. Principios de peligro y riesgo inminente, constitucionalidad de la clausura sin audiencia previa, en materia medioambiental (peso relevante al derecho a un medio ambiente sano).[27]
3. El derecho a un medio ambiente adecuado como una titularidad colectiva (interés supraindividual), siempre que se tenga la representación legal.[28]
4. Medio ambiente y acceso a la información.[29]
2.3. Ley de Aguas Nacionales[30]
A finales de 1992, se abrogó la Ley Federal de Aguas, y entró en vigor la Ley de Aguas Nacionales contemplando la gestión, vigilancia y control, coordinación, financiamiento y todos los aspectos de política pública, la administración integral y por cuenca del recurso, consolidando a la Comisión Nacional del Agua como autoridad ejecutiva única en la materia, previendo concesiones y asignaciones, la creación del Registro Público de Derechos de Agua con el que se permiten transmisiones de derechos y modificaciones que se requieran a los títulos de concesión, establecimiento de los consejos de cuenca como instancias de coordinación y concertación entre los usuarios del agua y la autoridad federal. En el 2001, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se transformó en organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Medio Ambiente, teniendo como objeto realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, así como preparar recursos humanos calificados para contribuir al desarrollo sustentable.[31]
2.4. Análisis de la ley mencionada
- Es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de aguas nacionales, teniendo por objeto regular la explotación, uso y aprovechamiento de dichas aguas, para lograr el desarrollo sustentable (artículo 1°); en el precepto 3°, se hacen definiciones legales de acuíferos (almacenes de aguas del subsuelo), asignaciones (título que otorga el ejecutivo federal para proveer servicios de agua urbanos o domésticos); concesiones (título que otorga el ejecutivo federal para proveer servicios de agua con excepción de las asignaciones); desarrollo sustentable; gestión del agua; humedales (zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o permanente); organismos de cuencas (unidades adscritas al titular de la Comisión Nacional de Aguas); permisos (para construir obras hidráulicas); permisos de descarga (para descarga de aguas residuales a cuerpos receptores de propiedad nacional); programa nacional hídrico; Registro Público de Derechos de Agua (inscripción de títulos de concesión, asignación y permisos de descarga); rescate (para extinguir concesiones y asignaciones); Sistema de Agua Potable y Alcantarillado; uso ambiental o uso para conservación ecológica (recarga de depósitos de agua para proteger las condiciones ambientales y equilibrio ecológico del sistema); uso doméstico; uso en acuacultura; la gestión pública de las aguas nacionales corresponde al ejecutivo federal a través de la Comisión Nacional del Agua (artículo 4°) y se declara de utilidad pública, entre otros elementos, la gestión integrada de los recursos hídricos, el restablecimiento ecológico (artículo 7°). Sin soslayar que la materia ambiental siempre debe ser considerada en cualquier gestión pública, ya que, no es un aspecto meramente incidental o un ramo más de la telaraña administrativa alrededor de la administración pública federal, son variables que van relacionadas en todo momento; con la coordinación de las diferentes instituciones, actores sociales, empresas particulares e incluso la academia.[32]
En lo referente a la Comisión Nacional del Agua, atendiendo al artículo 2°, fracción XXXI, inciso c, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2012,[33] es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como lo que está previsto en el numeral 9°, de la Ley de Aguas Nacionales sobre el ejercicio de sus atribuciones que se realizará en dos modalidades: a nivel nacional y, nivel regional hidrológico; vigilar el cumplimiento y actualizar el Programa Nacional Hídrico; la fiscalización sobre las contribuciones y aprovechamientos; proponer al ejecutivo federal las zonas de veda, integrar el Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua.
- Sobre las competencias del Director General de la Comisión, en el numeral 12, de la Ley de Aguas Nacionales indica: que dirigirá y representará legalmente a la Comisión, expedirá los títulos de concesión y asignación, permisos de descarga; apoyar y verificar el carácter autónomo de los organismos de cuenca para la gestión de los recursos hídricos.[34]
- Organismos de Cuenca: mismas que de acuerdo al precepto 12 Bis-1, los mismos son de las regiones hidrológicas-administrativas como unidades técnicas administrativas y jurídicas, especializadas adscritas al titular de la Comisión Nacional del Agua. Cada Organismo de Cuenca contará con un Consejo Consultivo que estará integrado por representantes designados por los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Energía, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, de Agricultura, Comisión Nacional Forestal, de la Comisión Nacional del Agua, así como del titular del Poder Ejecutivo Federal, del Distrito Federal cuando corresponda, si es de los estados por el representante de la presidencia municipal correspondiente (artículo 12 bis-2). También pueden participar con voz, pero sin voto los usuarios.
Gestionarán aguas locales y verán sus cuestiones para establecer tarifas (12 bis-6).
- Consejos de Cuenca: se tiene una visión de no estar subordinados a la Comisión o a los Organismos de Cuenca, ya que considerarán la pluralidad de intereses, demandas y necesidades en la cuenca o cuencas hidrológicas que correspondan (numeral 13); se establecerán por cada cuenca hidrológica o grupo de cuencas que determine la Comisión, lo que constituirá su delimitación territorial e integrados -entre otros- por la Asamblea General de Usuarios (precepto 13 bis-1); las organizaciones de la sociedad como las ONG’s, colegios y asociaciones de profesionales, empresarios y otros grupos relacionados con el sector hídrico (13 bis-1, fracción V).
Tendrán a su cargo contribuir en la gestión integrada de los recursos hídricos en las cuencas hidrológicas, mantener el equilibrio entre disponibilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos; contribuir a la valoración económica, ambiental y social del agua, coadyuvar en los estudios financieros que lleven a cabo los organismos de cuenca para la gestión hídrica (13 bis-3); se prevé que si hay limitaciones en el suministro del agua, tendrán prioridad el uso doméstico y el público urbano (13 bis-4).[35]
- Se mencionan instituciones como el Consejo Consultivo del Agua (órgano de los organismos de cuenca); Servicio Meteorológico Nacional; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (tecnología y capacitación, certificar a los laboratorios de agua y cuestiones académicas); Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
- Política y programación hídricas: se alude en el artículo 14 bis-5, fracción I, que el agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, que su preservación en cantidad y calidad es tarea fundamental del estado y la sociedad, siendo un asunto de seguridad nacional; en la fracción XV, dice que la gestión del agua debe generar recursos financieros para realizar tareas inherentes “agua paga el agua”; en lo que se refiere a la explotación, uso o aprovechamiento se seguirá el principio de “usuario-pagador” según lo ordenado por la Ley Federal de Derechos (fracción XVI del artículo dicho); también se habla del principio de que “quien contamina paga” (fracción XVII); se prevén incentivos fiscales para quienes hagan un uso eficiente y limpio del agua (fracción XVIII). En la planificación del agua, se indica sobre la gestión integrada de los recursos hídricos y cuidado del medio ambiente (numeral 15).
- Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales: no dejar de especificar sobre las concesiones y aprovechamientos del agua, alumbramiento de aguas del subsuelo; sobre los decretos de zona reglamentada, de veda o reserva de aguas nacionales; el Consejo de Cuenca en coordinación con el Organismo de Cuenca propondrá a la Comisión Nacional del Agua el orden de prelación de los usos del agua, que se aplicará en situaciones normales para las asignaciones y títulos de concesión; los concesionarios tendrán -entre otras obligaciones- la medición de aguas, sujetarse a las normas ambientales, reúso de las aguas, garantizar la calidad de las aguas y las descargas de las mismas según las Normas Oficiales Mexicanas; suspensión, extinción, revocación en las concesiones y asignaciones hídricas; restricciones de uso del agua para en caso de afectar el caudal mínimo ecológico e incluso en prácticas que sean monopólicas; la Comisión Nacional del Agua llevará el Registro Público de Derechos de Agua en el ámbito nacional, mientras los Organismos de Cuenca en el ámbito de las regiones hidrológico-administrativas.
- Zonas reglamentadas, de veda o de reserva: el ejecutivo federal previos los estudios técnicos publicados, y considerando los programas nacional hídrico y por cuenca hidrológica, podrá establecer zonas reglamentadas, zonas de veda y declarar la reserva de aguas e, incluso, podrá declarar zonas de desastre aquellas regiones hidrológicas que por fuerza mayor o caso fortuito presenten riesgos irreversibles para algún ecosistema (numeral 38); el decreto de veda deberá señalar la declaratoria de utilidad pública, las consecuencias previstas al instrumentar la veda, descripción del ecosistema o ecosistemas afectados, los volúmenes de recarga y extracción (artículo 40).
- Usos del agua:
1) Uso público urbano: en los diferentes niveles de gobierno se hará por asignación; la obligación de los entes públicos o privados del tratamiento de aguas residuales; no se pierde la responsabilidad estatal para las obras de captación y potabilización para el abastecimiento del agua (numerales 44 a 47 bis).
2) Uso agrícola: para ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y sociedades al ser propietarios o poseedores de tierras agrícolas, ganaderas, forestales para la explotación, uso de las aguas nacionales. Habrá cuotas diferenciadas para las sociedades agrícolas (artículos 48 a 57).
3) Unidades de riego: los productores rurales se podrán asociar entre sí para integrar sistemas de riego agrícola a diversos usuarios (precepto 58).
4) Distritos de riego: se integrarán dentro del perímetro, las obras de infraestructura hidráulica, las aguas superficiales y del subsuelo destinadas a prestar el servicio de suministro de agua (artículo 64.)
5) Temporal tecnificado: para el caso de que haya falta de infraestructura hidráulica y lloviera mucho como unidad de temporal tecnificado (precepto 76); se prevén cuotas de autosuficiencia como créditos fiscales (artículo 77).
6) Uso en generación de energía eléctrica: ya sea que la Comisión Nacional del Agua o la Comisión Federal de Electricidad puedan realizar las obras del sistema hidroeléctrico (artículo 79); energía geotérmica.
7) Uso para la acuacultura: aprovechamiento de paso de las aguas nacionales en el que se realizan actividades dirigidas a la reproducción controlada de especies de flora y fauna para explotación comercial, ornamental o recreativa (precepto 3°, fracción LVII).
8) Se tiene previsto el control de avenidas y protección contra inundaciones, al invertir en infraestructuras para evitar inundaciones (numeral 83); así como la cultura del agua (numerales 84 bis a 84 bis-2).
9) Contaminación del agua y responsabilidad ambiental: la autoridad del agua puede evaluar la calidad de los cuerpos de agua nacionales; formular programas integrales de protección de los recursos hídricos en cuencas hidrológicas y acuíferos; vigilar las condiciones de aguas de descarga; vigilar en coordinación con otras autoridades que la calidad del agua sea conforme a las normas oficiales mexicanas; instrumentar mecanismos para hacer frente en caso de contingencias del agua; realizar el inventario nacional de plantas de tratamiento de aguas residuales y el inventario nacional de descargas de aguas residuales; controlar desagües; puede suspender descargues de aguas residuales al no cumplirse con los permisos y las normas oficiales mexicanas respectivas; la intervención de las autoridades en la restauración del ambiente.
10) Inversión en montajes hidroeléctricos: se puede realizar inversión privada y social en obras hidráulicas federales; la recuperación de inversión pública mediante el establecimiento de cuotas de autosuficiencia por ocupar las obras.
11) Denuncia popular: en que cualquier persona física o moral cuando se cometan actos que produzcan o puedan producir desequilibrios o daños a los recursos hídricos o sus bienes inherentes.[36]
12) Transitorios de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, en que se prevé el fondo de responsabilidad ambiental y los Juzgados verdes.
13) En cuanto a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en la edición vespertina a la Ley de Aguas Nacionales, el 11 de agosto de 2014, en el artículo 81, segundo párrafo, en que se prevé que para la explotación o el uso de las aguas del subsuelo, contenidas en yacimientos geotérmicos hidrotermales, se requiere de la concesión de la Comisión Nacional del Agua y la autorización en materia de impacto ambiental.[37]
- Mención de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales en los años 2004 y 2014
Se evitaron la concentración de poderes; aumentar la participación pública; captar el interés de la sociedad sobre los problemas del agua y la necesidad de su participación en las soluciones; crear espacios de diálogo entre la sociedad y el gobierno; empoderar a los usuarios locales; mejorar la planeación hídrica estatal; gestión integrada de los recursos hídricos; los organismos de cuenca como niveles hidrológicos administrativos (continuando CONAGUA como principal autoridad hídrica); se le dotaron de funciones de arbitraje técnico y científico al Instituto Mexicano Tecnológico del Agua; se especificaron sanciones administrativas para conductas como el desperdicio del agua, destrucción de la obra hidráulica y desvío de cauces.[38]
Posteriormente, la ley tuvo una reforma del 11 de agosto de 2014, que va de la mano con lo que se ha llamado reforma energética.[39] La última reforma que tuvo al día 11 de junio de 2017, es del 24 de marzo de 2016, misma a la que se le agregó el uso del vital líquido para actividades de acuacultura.
2.5. Retos para la gestión integrada del recurso hídrico en México
Ahora se menciona como la adecuada administración del vital líquido a la cuenca como unidad de gestión que debe ser incluyente, participativa y descentralizada; la implementación del sistema financiero del agua; el ejercicio eficaz y transparente de los recursos presupuestales; incluir los costos ambientales en los sistemas de precios de agua; la aplicación del pago por servicios ambientales hidrológicos; desarrollo de seguros por daños por inundaciones; fomentar la participación de las entidades federativas y municipios y de sus usuarios en las actividades de planeación, construcción y operación de infraestructura; impulso a la ciencia y a la tecnología para ocupar mejor el agua; la adecuada concurrencia de los diferentes niveles de gobierno en la gestión hídrica; en materia de coordinación corresponderá a la federación los convenios de carácter administrativo y fiscal, según lo previsto por la Ley de Aguas Nacionales, Ley de Planeación, Ley de Coordinación Fiscal y demás aplicables.[40]
2.6. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Dicha legislación es de 1988, sus disposiciones son de orden público e interés social, teniendo por objeto el desarrollo sustentable y establecer las bases para que toda persona tenga el derecho de gozar de un medio ambiente adecuado; contiene disposiciones que regulan la coordinación entre federación, estados y municipios en relación con el medio ambiente, las áreas naturales protegidas, la distribución de recursos naturales, entre otros.[41]
Sin dejar de lado otros excelsos temas para la materia de Derecho Ambiental como lo es el manejo de los residuos sólidos y la contaminación del suelo, ya que, un problema que ahora se está dando son los residuos que se generan por la venta del agua embotellada.[42]
2.7. Ley Federal de Derechos
Ha llegado a clasificar las zonas de disponibilidad en función de la escasez o abundancia del agua, estableciendo tarifas diferentes para el derecho por el uso de aguas nacionales. De igual manera, regula todo lo relativo al pago de derechos sobre el agua tanto de las personas físicas como de las personas jurídico-colectivas que la usen, exploten o aprovechen.[43]
2.8. Tesis que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tópico del agua[44]
- Quinta época: si una corriente de agua es nacional no causa ningún perjuicio a nadie si no existen actos de ejecución, por tanto, debe negarse la suspensión contra los efectos de dicha declaración, porque la sociedad tiene el interés de disponer de las aguas que se consideren de propiedad nacional para distribuirlas mejor; que el precio del servicio del agua no puede ser motivo de acuerdo previo entre particulares; también el artículo 27, reconoce la existencia de aguas de propiedad particular.
- Sexta época: se comenzaban a presentar los problemas relativos a la competencia de autoridades para resolver conflictos por prohibición de suministro, aprovechamiento o despojo de aguas.
- Séptima época: se siguen presentando los problemas de despojo y se considera que en los casos que se sustraiga agua de zona de veda se justificará el establecimiento de una tarifa extrafiscal; se empiezan a abordar temas de contaminación ambiental y ecología relacionados con el agua.
- Octava época: que las aguas del subsuelo siguen siendo nacionales aunque se concesionen.
- Novena época: que los aumentos progresivos en el cobro por el suministro o uso de agua pueden obedecer al fin extrafiscal de reglamentar el suministro de agua para racionalizarlo; lo que se cobre por concepto de los derechos por servicio de agua potable, se debe examinar si cumplen con los principios de proporcionalidad y equidad, debe atenderse a su costo y otros elementos que inciden en su continuidad; la prestación del servicio del agua, así como del alcantarillado no deben afectar su provisión uniforme, permanente y continua a los usuarios; no se ha permitido la doble tributación al gravar el servicio de agua potable recibido en zonas turísticas (mismos sujetos y respecto del mismo hecho imponible); la competencia federal en la explotación, uso, aprovechamiento, extracción o descarga de las aguas del subsuelo (controversia constitucional 57/2004);[45] diversas cuestiones fiscales para los cobros de agua en el Distrito Federal y a nivel municipal; la optatividad del recurso de revisión previsto en la Ley de Aguas Nacionales.
- Décima época: delegación de facultades entre servidores públicos y actos municipales en materia de aguas para acudir a los tribunales administrativos y aspectos fiscales del agua.[46]
2.9. Otras disposiciones administrativas de relevancia
El Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2014; el Programa Nacional Hídrico del Diario Oficial de la Federación del 8 de abril de 2014, mismo que prevé gobernabilidad hídrica, seguridad hídrica, agua y salud, sociedad participativa para una cultura del agua, el agua como promotor del desarrollo sustentable, reforma al marco jurídico del agua, la relación del programa mencionado con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad 2013-2018); y el Decreto por el que se abrogan los acuerdos que se indican y se establece la reserva de aguas en las cuencas hidrológicas que se señalan en el Diario Oficial de la Federación, del 15 de septiembre de 2014.
3. Litigio estratégico en recursos hídricos [arriba] [47]
Algunos temas transversales con el litigio del agua son:
3.1. Derechos de las comunidades indígenas
Visibilizar y proteger a los grupos vulnerables en el seno de las comunidades indígenas, así como el derecho de las mujeres (caso Rosendo Cantú y otra vs México), la situación de la niñez indígena, tema que ha tenido audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.[48]
3.2. Derecho de participación en materia ambiental
La razón de ser de las consultas sobre la disposición de los bienes ambientales es el fortalecimiento de la democracia, ya que, se permite que los ciudadanos opinen, critiquen y vigilen las decisiones del gobierno; es una forma de que participe la población en los asuntos de la res pública, ya que, los ciudadanos toman las decisiones y se responsabilizan de las mismas. No olvidar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado implementar mecanismos de participación efectiva de las comunidades indígenas en casos de proyectos de alto impacto ambiental en territorios indígenas, así como la obligación del Estado de llevar a cabo dicha consulta antes de autorizar los proyectos y del día de la participación ciudadana (artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).[49]
3.3. La perspectiva de género y los sectores económicamente más débiles
A pesar de que en varios casos las mujeres son las principales proveedoras de los alimentos y el agua, su acceso formal y/o material a estos recursos aún está muy restringido y, en la mayoría de los casos se encuentran excluidas de la toma de decisiones relativas a la distribución y aprovechamiento de dichos recursos naturales.[50]
No dejar de considerar en todas las políticas públicas la condición de vulnerabilidad de las mujeres, de los niños, minorías, personas con discapacidad, enfermos mentales.[51]
3.4. Algunos casos nacionales sobre litigio de recursos hídricos[52]
- Criterios judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de otros entes jurisdiccionales federales:
a. No olvidemos el voto minoritario realizado en la controversia constitucional 57/2004, misma que se resolvió el 22 de noviembre de 2005, en la que se argumentó que el medio ambiente debe cuidarse como un bien nacional, que todo individuo tiene derecho a un medio ambiente sano; por ello, una vez mencionado eso y precisado, ya no se puede hablar de una vaguedad de conceptos.
Teniendo los mismos, se puede comprender perfectamente un daño individual de uno colectivo de un recurso natural.
b. Algunas líneas sobre la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a la protección de los recursos naturales en donde habitan:
En ese sentido, todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a consultarlos antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses, consulta que debe cumplir con los siguientes parámetros: a) debe ser previa; b) culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales; c) informada; y, d) de buena fe. En el entendido que el deber del Estado a la consulta no depende de la demostración de una afectación real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, pues precisamente uno de los objetos del procedimiento es determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados.[53]
Por lo tanto, en toda consulta se deberán tomar en cuenta los siguientes elementos característicos: deben tomarse en cuenta los aspectos culturales del grupo o de los grupos a quienes se les piensa afectar en sus recursos naturales y, llevarla a cabo según sus costumbres.
c. Derecho Humano al agua: Tutela a cuatro mujeres a partir de derechos de no discriminación e igualdad, ligados al derecho al agua en Xochitepec, Morelos, en el amparo en revisión 381/2011, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, con sede en Cuernavaca, Morelos. Las mismas recomendaciones hechas por las Comisiones de Derechos Humanos por los tandeos que se realizan aun en las situaciones de sequía.
d. Qué pasa con las personas privadas de su libertad y el derecho de acceso al vital líquido en cantidad y calidad adecuadas: se ha resuelto en un criterio aislado del Poder Judicial de la Federación que, si las autoridades penitenciarias eluden su responsabilidad para solucionar la falta del vital líquido en los centros de reclusión, están vulnerando el derecho humano de acceso al agua, pues en el ámbito de sus respectivas competencias, omiten tomar decisiones tendientes a respetarlo, protegerlo y garantizarlo, siendo que en esos casos violan los artículos 1° y 4° constitucionales; ya que, deben gestionar ante las autoridades competentes los aspectos relacionados con el servicio público de provisión de los recursos hídricos en cantidad y calidad adecuadas para satisfacer las necesidades de la población penitenciaria.[54]
El derecho que se encuentra constitucionalizado como el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, se puede relacionar con otros criterios ya enunciados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a políticas públicas, a través de un adecuado accionar jurisdiccional.[55]
e. Asunto de Mini Numa, que ha servido de paradigma para algunos litigios nacionales estratégicos.
Esto nos obliga a replantear los fundamentos etiológicos de los derechos fundamentales y ampliar las fuentes de derecho como los tratados internacionales de derechos humanos y sentencias, jurisprudencias, para poder releer lo relativo a los propios derechos humanos y deberes.
El caso Mini Numa se tramitó en amparo indirecto, se trata del asunto que sirve de ejemplo para judicializar los derechos económicos y sociales en México (municipio de Metlatónoc, Guerrero), en el que se demandó de las autoridades estatales, la falta de suministro de todo lo necesario para el establecimiento de una unidad médica, con personal capacitado y el Cuadro Básico de Medicamentos -por ello se violaba el derecho fundamental consagrado en el artículo 4° constitucional-. Previamente, hicieron valer el recurso administrativo de inconformidad, mismo que les fue desechado el 16 de octubre de 2007. En la sentencia de amparo obtuvieron como lineamientos: que al espacio físico proporcionado por los habitantes de la comunidad Mini Numa, para la instalación de la casa de la salud, se proporcionen elementos necesarios para su buen funcionamiento, sin que las autoridades de salud pudieran alegar falta de presupuesto -dicho fallo se basó en los compromisos internacionales del estado mexicano en materia de salud-.
Por tanto, el juez constitucional tendrá la encomienda de hacer valer los principios y reglas establecidos en la constitución, a través de los medios de control jurisdiccional que la misma prevé; lo anterior, se observa desde dos perspectivas: a) formal: aplicar de manera irrestricta los principios constitucionales, así como ser intérprete de las normas constitucionales y conceptualizar su contenido, con la respectiva delimitación y; b) material: ejercer dichas funciones a través de los mecanismos legales y constitucionales correspondientes.
Después de esas operaciones metodológicas, el juez constitucional deberá establecer los alcances y validez de la norma constitucional. Una vez que se ha mencionado la labor del juzgador constitucional, se puede abordar de manera lacónica, que uno de los medios de control de constitucionalidad con los que se cuenta en nuestro país para defender nuestra constitución de 1917, es el juicio de amparo como el único medio judicial al que tienen acceso los gobernados en el supuesto de que se les transgreda algún derecho fundamental -siempre que se sigan los principios procesales de dicho juicio constitucional-.
Las propias constituciones han fijado los mecanismos de control constitucional para que los actos de autoridad, la ley en sentido amplio -incluyendo los tratados internacionales- queden sujetos a los principios previstos en sus disposiciones.
Por lo que, la cúspide constitucional se ha ensanchado, al integrar como normas supremas a las constitucionales, tratados internacionales en materia de Derechos Humanos -incluyendo los tratados comerciales que contengan alguna cláusula de derechos fundamentales- y aquellas leyes que protejan alguno de esos derechos. Así tenemos, que los jueces internacionales vigilan que los actos constitucionales por parte de los estados, se adecuen al sistema interamericano de Derechos Humanos, y otros sistemas de derechos humanos como lo son el universal dentro del marco jurídico de la ONU, y los sistemas regionales europeo e incluso africano. Ya que, en ninguna parte del precepto 1° constitucional, se opone a ello y en todo momento favoreciendo a las personas en la protección más amplia.[56]
4. ¿Una jurisdicción especializada en materia hídrica? [arriba]
Se ha propuesto desde la academia, la creación del Tribunal Federal del Agua independiente de cualquiera de los poderes del estado mexicano, sin soslayar que otros tratados de derechos humanos tocan los aspectos de agua como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París de 2015, lo mismo que un gran número de declaraciones internacionales, también, está implícitamente reconocido en el Protocolo de San Salvador.[57]
Pero, dentro de la práctica judicial federal se avizora la creación de los “tribunales verdes”, léase el siguiente decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de junio de 2013:
DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales. (el subrayado es nuestro)
ARTÍCULO OCTAVO.- Se adiciona un artículo 77 BIS de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El Fondo de Responsabilidad Ambiental deberá ser constituido y sus bases y reglas de operación, elaboradas y aprobadas dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.
TERCERO.- Los Juzgados de Distrito especializados en materia ambiental deberán establecerse en un término máximo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La Jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los Juzgados de Distrito en funciones en cada circuito jurisdiccional o de acuerdo a lo que disponga el Consejo de la Judicatura Federal, sin que esto implique la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. El personal de cada uno de dichos Juzgados de Distrito recibirá capacitación especializada en materia de normatividad ambiental.
Sin dejar de mirar con atención el Acuerdo General 27/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que precisa la competencia de los Juzgados de Distrito mixtos, especializados y semiespecializados de la República Mexicana, que actualmente tienen competencia en juicios administrativos, para atender los asuntos ambientales señalados en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en el que dice: ACUERDO--- ÚNICO. Hasta en tanto se ordene la instalación de juzgados especializados en materia ambiental en cada uno de los Circuitos Judiciales, los juzgados de Distrito mixtos, especializados y semiespecializados de la República Mexicana que, en razón de su competencia originalmente asignada, conocen de juicios administrativos, continuarán atendiendo los asuntos ambientales a los que se refiere la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. [58]
5. Anteproyecto de Ley General de Aguas [arriba] [59]
Sin lugar a dudas, cualquier comentario que se haga sobre una nueva Ley de Aguas, deberá hacerse previo a un análisis exhaustivo y libre de cualquier nihilismo ideológico de corte económico o político. Algunos cuestionamientos que se ha hecho la iniciativa ciudadana “agua para todos, agua para la vida”, con el consenso de más de 450 investigadores y organizaciones de la sociedad civil de 27 estados de la república son: ¿cómo garantizar el acceso universal al agua?, rediseñar el sistema de concesiones, garantizar el manejo sustentable de las cuencas, aprovechar las experiencias de manejo comunitario del agua, la transparencia en los sistemas de agua potable, frenar la suburbanización, las políticas fiscales que permitan el derecho humano de acceso al agua, mejorar el sistema de vigilancia y defensoría de los recursos hídricos, seguridad alimentaria y Contraloría Social del Agua y su respectiva defensoría.[60]
En el año 2015 se criticó el proyecto de Ley General de Aguas Nacionales, ya que, a pesar de que se reconoció que la vigente Ley de Aguas Nacionales es obsoleta, el proyecto era anticonstitucional al regular sólo el uso y el aprovechamiento del vital líquido y no desarrollaba el derecho humano de acceso al agua consagrado en nuestro código político desde el 2012.
No desarrollaba instituciones para la protección legal de acceso al recurso natural aludido de grupos vulnerables como los indígenas, garantizar un mínimo de acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, fomentar el uso de plantas tratadoras.[61]
Mismo proyecto que se desechó el 3 de diciembre de 2015 y, al día de hoy no hay gran avance para modificar la Ley de Aguas Nacionales.[62]
1. Al ser el agua un elemento vital de la supervivencia humana, es necesario que la misma se provea en la cantidad y calidad adecuada a las diferentes poblaciones del mundo.
2. Ahora que hablamos de la importancia del acceso al agua potable, también lo podemos catalogar como un Derecho Humano, el cual significa que cualquier estado del mundo debe comprometerse a proveer de agua potable a sus habitantes, aunque el servicio público hídrico lo manejen particulares. No se puede dejar la correcta distribución del vital líquido al capitalismo salvaje o a la ley del mercado.
3. Al hablar del tópico del Derecho al Agua, es necesario tener conocimientos muy profundos de Derecho Administrativo, Derecho Económico, Sociología, Economía, Administración Pública y Ciencias Naturales para dictar veredictos o emitir actos de autoridad que sean lo más confiables.
4. Lamentablemente, en el caso mexicano no se ve un proyecto de administración pública que descentralice varias funciones de distribución y gestión del agua, y reparta poder político para manejar los recursos hídricos nacionales. Hay entidades federativas de la república mexicana y municipios que no cuentan con la infraestructura e instituciones administrativas que garanticen el buen manejo del agua tanto para consumo humano, agricultura y usos industriales.
5. En la frontera norte entre México y los Estados Unidos de América, el problema se va agudizando con el paso de los años para disponer de suficiente agua tanto para las poblaciones fronterizas como para las actividades económicas, como ejemplo tenemos los conflictos que ha generado el Río Bravo.
6. Para tratar de resolver conflictos por el agua, es necesario, que las dependencias que la manejen estén completamente especializadas en el tema y siempre planeen a futuro. Lo mismo se puede mencionar para los tribunales estatales que conozcan de esos asuntos.
7. Es necesario constantemente, comunicar a las poblaciones sobre el uso eficiente del agua (goteo y aspersión del vital líquido para no desperdiciarlo en actividades agrícolas).
8. En el caso mexicano, se empieza a hacer muy importante que se especialice la jurisdicción de cuestiones hídricas y de medio ambiente. Lo anterior, se debe juzgar a nivel federal para que se garantice que sea un ente confiable el que resuelva esos conflictos.
9. Como en cualquier tema del Derecho al Desarrollo, si la administración pública no cuenta con los elementos humanos capacitados, ni los recursos económicos para llevar a la práctica los postulados legales y compromisos internacionales; no dejarán de ser meros discursos jurídicos.
7. Fuentes de Información [arriba]
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*Otras Fuentes:
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Ciclo de conferencias: “Protección al ambiente por la autoridad administrativa” por parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación Asociación Civil, octubre a noviembre de 2010, en la Ciudad de México.
Seminario: "Mujeres Artesanas. Retos para el reconocimiento de las artesanías y los Derechos Bioculturales", impartido en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM los días 25 y 26 de noviembre de 2013. Véase: http://b it.ly/2sL lHa1
Seminario sobre la creación jurisprudencial del Derecho a la Salud, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en noviembre de 2013, se puede consultar en: https://www.ju ridica s.unam .mx/vid eotec a/eve nto/se min ario-la-cr eaci on-juris prudenci al-del-d erecho -a-la-sal ud-ii-reun ion-de -red- de-revis tas-en-d erecho-c onstitu cional
*Hemerografía:
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*Internet:
Puede verse el Programa ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC), incluso, se recomienda visitar el sitio en internet: http://www.u n.org/s panish/w aterforlif edecade/ nwdpa c.shtml
http://www. un.org/s panish /waterfor lifedecade/mileston es.shtml Portal de la ONU que trae detalladamente los hitos del Decenio Internacional para la Acción “El Agua fuente de vida” 2005-2015 -en lo referente a la primera década de este siglo- visto el 14 de noviembre de 2013.
http://www.zara goza.es /contenido s/medioa mbiente/ca jaAzul/p alabras /Petrella_ES.pdf, misma que se vio el 12 de noviembre de 2013 y, que trae un artículo muy interesante sobre el Derecho Universal de Acceso al Agua del autor Riccardo Petrella.
http://atl.o rg.mx/ind ex.php?o ption=com_ conte nt&view= category &layout=b log&id=10 2&I temid=546, Portal del agua, revisado el 1 de diciembre de 2013.
Portal elaborado por la UNAM sobre el manejo de los recursos hídricos: http://www.agu a.un am.m x/proy ectos_pu magu a.html consultado el 21 de diciembre de 2013.
Un portal en internet especializado en la crisis hídrica mexicana y mundial es: http://ww w.atl.o rg.mx/
http://www.tra gua.co m/, en la que se localiza información actualizada sobre las actividades del Tribunal Latinoamericano del Agua.
Declaración latinoamericana del agua. http://tragua .com/q uienes-somo s/declaraci on-d el-ag ua/ visto el 3 de noviembre de 2014.
Portal de la ONU-Habitat: http://www. Onuhabi tat.org/in dex.php? option=c om_docma n&ta sk=ca t_vie w&gid =36 2&Item id=18
Noticia del 16 de septiembre de 2010, para especificar el derecho humano de acceso al agua, en la dirección en internet: http://www.google. com/hosted news/epa /article /ALeqM 5g0UbLy RmA0Kod SwkgFH xzA KnwSqg
El abuso en la explotación de los acuíferos subterráneos en Costa Rica, puede verse: http://www.ra diolaprim erisima.c om/notici as/re sumen/7 7872 artículo de 3 de junio de 2010.
Situación acuífera de Guatemala: http://www.fa o.org/n r/water/aqu astat/co untries/gu atemala/i ndex esp.stm habiendo sido consultada el 31 de diciembre de 2010.
Lo que pasa con el agua en Honduras http://www.fao .org/nr/w ater/aqu astat/cou ntries/hondu ras/ind exes p.stm revisada el 31 de diciembre de 2010.
Situación hídrica en Bolivia http://www.fao. org/nr/ water/aq uastat/count ries/boliv ia/indexe sp.stm revisada el 1 de enero de 2011.
Para ubicar los datos del producto interno bruto ambiental, se puede analizar el contenido del portal en internet: http://www.inegi.org.mx/ mismo que se revisó el 26 de diciembre de 2010. http://www.c eja.org .mx/Con greso/27/A specto s_Juridi cos_del_A gua_Lic._Se rgio_Ampud ia.pdf misma página que se revisó el 27 de diciembre de 2010.
En el caso chileno se menciona un Programa de Gestión de Recursos Hídricos (CHICUENCA) con el objeto de resolver los conflictos generados por la competencia entre diferentes sectores. http://www.fao.o rg/nr/ water/a quastat/ countr ies/ch ile/in dexe sp.stm Visto el 1 de enero de 2011.
Puede verse el proceso de desincorporación de los recursos hídricos a favor de la iniciativa privada en Panamá. http://www.fa o.org/nr/ water/ aquasta t/countri es/pan ama/in dexe sp.stm Vista con fecha 1 de enero de 2011.
Se revisó el 23 de diciembre de 2013, la página en inglés: http://tra gua.co m/wp-conten t/uplo ads/201 2/04/reco mmenda tion_en.pdf
Lo que ocurre en Brasil, http://tragua .com/wp-content/up loads/2012 /04/case_b razil_en.pdf revisado el 23 de diciembre de 2013.
Tribunal del Agua de Estambul, http://trag ua.com /wp-content/ uploads/2 012/04/cas _yu sufeli _en.p df visto el 23 de diciembre de 2013.
El caso hídrico mexicano http://tragua.com/ wp-con te nt/uplo ads/201 2/04/case _mexico_en .pdf revisado el 23 de diciembre de 2013.
Lo que ocurre con el asunto del agua en Argentina, http://tragu a.com/audie ncias/argen ti na -2012/v eredictos-a udienc ia-ar gentina-201 2/ consultada el 23 de diciembre de 2013.
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También puede consultarse: http://www.agu a.org.mx /index.p hp?opti on=com_c ontent& view= article &id=1 2293: partici pacion-ciu dadan a-en-la-l impieza-de-la -laguna- de-zac apu-m ichoacan &cati d=1157:c asos-de-exito&Ite mid=100159 Verificado el 19 de febrero de 2011.
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Un sitio en internet que trae varias fuentes de información sobre el manejo del agua en México y lleva a diferentes links especializados lo podemos ubicar en: http://w ww.ag ua.org .mx/
Láminas del Lic. Jesús Becerra Pedrote, en el evento académico de Diálogos sobre el Derecho Humano de Acceso al Agua, lamentablemente el link respectivo, ya no está en funcionamiento, se podía encontrar en: http://www .atl.or g.m x/index. php?opti on=com_co ntent&v iew=article &id=5660:d alogos-s obre-el-d erec ho-hu mano -al-acc eso-a l-agua-&catid=1 76:notici as-imt a&Itemid =894
http://cuenta me.inegi. org.mx/ territo rio/a gua/d ispon. aspx?te ma=T vista el 30 de noviembre de 2014.
http://www.c mic.org/co misiones/se ctoriales/infr aestructurah idraulica/Ev entos/dialog os_acces oagua/ presentac iones/ imsael %20aguilar. pdf vista el 30 de noviembre de 2014.
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Un ejercicio muy interesante para otros trabajos de investigación sería analizar la gestión del agua en diversas delegaciones políticas de la ciudad de México, puede leerse: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_692.html visto el 30 de noviembre de 2014.
Si se quieren obtener algunos casos sobre Derecho de Acceso al Agua en diferentes regiones del mundo: http://www.coh re.org/ verificado el 24 de febrero de 2011.
Comisión Nacional del Agua www.conag ua.go b.mx
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua www.imta.gob.mx
Un sitio en internet que nos puede ilustrar sobre la situación hídrica en cada país del mundo y por regiones: http://www .fao.or g/nr/wate r/aqua stat/main/i ndexe sp.stm
http://www.c onagua.go b.mx/ CONAG UA07/No ticias/ PTSF A2.pdf vista el 25 de diciembre de 2014.
Problemas catastróficos en materia hídrica como ocurrió con el río Sonora, el 6 de agosto de 2014, el derrame de químicos de una de las entidades de Grupo México. http://www.exc elsior. com. mx/na cional/ 2014/1 0/22/9 88405 vista el 8 de enero de 2015.
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http://www.do f.gob .mx/index .php?year= 2013 &mon th=06& day =07 Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales.
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Cortometraje 13 pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra, puede verse en: https://www.y outube.c om/watch? v=LiU7X 51EGcg
Cortometraje Manantial, véase en: https://www.youtu be.com/ watch?v=yG CPsooyg Aw
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Ley de Aguas Nacionales ha tenido cronológicamente las siguientes reformas: 29 de abril de 2004, 18 de abril de 2008, 20 de junio de 2011, 8 de junio de 2012, 7 de junio de 2013, 11 de agosto de 2014 y 24 de marzo de 2016, información que se sustrajo de: http://www.di putados.g ob.mx/Le yesBiblio/ref /l an.ht
Para comprender cómo ve la ONU el Derecho Humano de Acceso al Agua: http://www.un.o rg/e s/s ection s/issue s- depth /water/inde x.html visto el 11 de junio de 2017.
Una noticia de impacto mundial es la formación de la isla de plástico en el Pacífico Norte, del tamaño de Chihuahua, con las botellas que se echan a los ríos, cañadas, al mar y que se dejan en las playas. Revísese: http://www.d gcs.una m.mx/bo letin/bd boletin /201 7_399.html leída el 11 de junio de 2017.
Si se desea una ampliación del tema de los derechos de las mujeres, véase: http://www.u n.o rg/es/s ections/iss ues-dep th/ wome n/index .html mismo que se analizó el 11 de junio de 2017.
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Tesis: P. LXX/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 1, diciembre de 2011, p. 557
Lectura exhaustiva de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010 (caso Rosendo Radilla Pacheco) del 14 de julio de 2011 (primera sesión el 4 de julio y duró 5 sesiones más).
Tesis: P./J. 20/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, abril de 2014, p. 202.
Tesis 1a. CCXXXVI/2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. 1, agosto de 2013, p. 736.
Tesis I.9º.P.67 P, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. IV, noviembre de 2014, p. 2931.
Verificación constante de los criterios judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, www.scjn.gob.mx hasta el 10 de junio de 2017
[1] Maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, Especialidad en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana de México, Licenciado en Derecho por la UNAM; todos los grados obtenidos con Mención Honorífica. Así como diversos estudios de posgrado en España. Actualmente, profesor de la Facultad de Derecho, de la UNAM.
[2] En el régimen jurídico brasileño encontramos: 1. En los estados de Amazonas, Mato Grosso y Espíritu Santo fueron creados los juzgados ambientales. 2. Se habla dentro de la carrera judicial brasileña de la formación en Derecho Ambiental. También se ha discutido la protección del medio ambiente inmaterial, los usos, costumbres, lengua, música y artes populares.
[3] Nueva Zelanda tiene un cuerpo judicial separado para decidir litigios ambientales desde hace 45 años. Durante este período, se amplió para un Tribunal Ambiental especializado, que aplica valores y métodos judiciales y conocimiento especializado para solucionar litigios sobre el medio ambiente. El TANZ es un Tribunal especial de jurisdicción limitada, o sea, se encuentra entre un Tribunal Judicial y un Tribunal Administrativo. Tiene sede en Wellington, capital de Nueva Zelanda, pero realiza sesiones por todo el país, y esto le da un carácter itinerante. Su principal tarea es examinar recursos contra decisiones administrativas de primer grado. La formación de los juzgadores es multidisciplinaria, mezclando jueces y miembros de áreas técnicas. Entre los comisarios hay algunos que no son técnicos, pero le llevan al juez el pensamiento de la comunidad local. El TANZ es menos formal que los Tribunales Judiciales y cualquiera puede tener acceso a él, e incluso hacer sustentación. Siempre se recurre a la mediación como forma de terminar el conflicto, el interés público siempre prevalece sobre el particular, aunque a veces ambos se mezclan, el tribunal fiscaliza y decide propuestas de la administración, como por ejemplo abrir una nueva ruta. Contra las decisiones de TANZ sólo cabe el recurso ante el Tribunal Superior, como se ve, el Tribunal Ambiental da la última palabra en materia de pruebas. Otros ejemplos muy interesantes los encontramos en Grecia, Australia, Italia. Passos de Freitas, Vladimir, Tribunales Especializados en materia ambiental (Cortes Verdes), s.l.i. y s.f. y Ciclo de conferencias: “Protección al ambiente por la autoridad administrativa” por parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación Asociación Civil, octubre a noviembre de 2010, en la Ciudad de México. En el sistema de protección de derechos humanos africano, se observa que la Comisión Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos, condenó al país de Zaire (actualmente República Democrática del Congo), al no proveer de los servicios básicos de abastecimiento de agua potable y atención médica básica como una violación de su obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger la salud de su pueblo.
[4] Dentro de la administración de justicia argentina: se aprecia que en los últimos años se han judicializado cuestiones ambientales y la sociedad civil ha adquirido un papel protagónico en la defensa del medio ambiente; según estadísticas hasta principios del 2008, el 60% de los asuntos judiciales ambientales provenían del sector privado (afectados y ONGS), frente a un 40% que eran iniciados por el Estado; se dio existencia a la institución de la Primera Unidad Fiscal Ambiental (protección penal ambiental).
[5] Ha sido tan trascendental el conflicto de Riachuelo que se puede decir que, es uno de los fallos más importantes a nivel mundial sobre el conflicto del agua. Encontramos un estudio sociológico sobre ese conflicto, en que se asevera que éste es uno de los asuntos de los derechos económicos, sociales y culturales que nos dejan aprendizajes sociales, se necesita un control de la gestión de la política pública sobre los bienes nacionales, también es posible analizar el conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay, cuestionamientos sobre la minería a cielo abierto y el acceso a la información pública en cuanto a los asuntos de políticas ecológicas, revísese: Merlinsky, Gabriela, Política, derechos y justicia ambiental. El conflicto del Riachuelo, México, FCE, 2013, sección de obras de Sociología, pp. 209-231.
[6] Para el ejercicio de derechos ambientales se deben basar en principios de prevención, precaución y reparación efectiva. Si se quiere diferenciar correctamente una acción individual de una acción colectiva en el cuidado de los recursos naturales léase: Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría del Derecho Ambiental, México, Porrúa, 2008. Un ejemplo de lo anterior es: todos somos constitucionalmente titulares del derecho a un medio ambiente sano; una acción individual sería: una persona física toma agua de un río contaminado y se enferma por ello, puede hacer valer sus derechos de acceso a los servicios de salud y de acceso a un medio ambiente limpio y; acciones colectivas, en el caso de que el mismo río contaminado afecta a una comunidad que esté a su alrededor en sus derechos de acceso a la salud y de acceso a un medio ambiente sano.
[7] Para efectos de derecho positivo (hasta el 10 de junio de 2017) analícese el Acuerdo General 27/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que precisa la competencia de los Juzgados de Distrito mixtos, especializados y semiespecializados de la República Mexicana, que actualmente tienen competencia en juicios administrativos, para atender los asuntos ambientales señalados en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en el que dice: ACUERDO--- ÚNICO. Hasta en tanto se ordene la instalación de juzgados especializados en materia ambiental en cada uno de los Circuitos Judiciales, los juzgados de Distrito mixtos, especializados y semiespecializados de la República Mexicana que, en razón de su competencia originalmente asignada, conocen de juicios administrativos, continuarán atendiendo los asuntos ambientales a los que se refiere la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en http://bit.ly/2s2FNio mismo que se vio el 14 de junio de 2017.
[8] Lamentablemente, de no mejorarse la gestión de los recursos hídricos se puede estar en la antesala de los futuros conflictos bélicos en este siglo.
[9] Sin olvidar, que en el tópico del cambio climático a nivel mundial, se debe actuar conjuntamente y reducir al mínimo las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera; es un asunto del Consejo de Seguridad de la ONU, ya que, esto puede significar una catástrofe para la humanidad entera y una gran miseria económica al cambiar las situaciones físicas y de temperatura del planeta completo. Se habla del Fondo para el Medio Ambiente Mundial para financiar actividades económicas que tengan un mínimo de huella ambiental; así como de mercados de bienes y servicios ambientales; no se puede cargar del mismo calibre de responsabilidad ambiental a cada estado, ya que cada uno no contamina con los mismos volúmenes (Protocolo de Kyoto). Viana de Araujo, Bruno Manoel, La respuesta del Derecho Internacional al problema del cambio climático, México, Tirant lo Blanch, 2013, monografías-tirant etiqueta verde, pp. 289-302.
[10] Instrumentos legales que encontramos para hacerse de fondos y cooperar a nivel nación contra la contaminación ambiental se pueden estudiar en el caso de Brasil: 1. Como perspectiva de calentamiento global: Vemos la Ley 12114 del 9 de diciembre de 2009 por la que se crea el Fondo Nacional del Cambio Climático (proveniente del erario, créditos, donaciones e ingresos que genere). En la misma se prevén aspectos energéticos, financiar estudios y efectos del cambio climático, hay figuras sobre la adaptación de la sociedad a los cambios climáticos, reducir emisiones de gas, conservar áreas verdes y generar tecnologías ambientales. Posteriormente, la Ley 12187 del 29 de diciembre de 2009, en la que se hace mención de la política nacional para el cambio climático, se mencionan instituciones legales para reducir la vulnerabilidad para el hombre y la propia naturaleza por el cambio de clima mundial así como los efectos adversos para la salud humana; es así que, el estado brasileño asume su responsabilidad internacional respecto a reducir el impacto ambiental (aportación brasileña a la comunidad internacional) y la conciliación de intereses de diferentes grupos; intenta dar lineamientos legales de acciones para mitigar el cambio climático, identificar vulnerabilidades e inclusive las actividades coordinadas a nivel mundial. El control contra la contaminación persigue la solución a un problema muy complejo, que ultrapasa lo ambiental para alcanzar también lo social y lo económico. Las anteriores líneas: Azar López Bernardo Anwar con su participación como ponente en el ciclo de conferencias: “Protección al ambiente por la autoridad administrativa” por parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación Asociación Civil, 11 de noviembre de 2010, en la Ciudad de México.
[11] En el marco legal de la Unión Europea, podemos apreciar que el agua para todos sus miembros se considera una cuestión de primer necesidad. Un sitio en internet que nos puede ilustrar sobre la situación hídrica en cada país del mundo y por regiones: http://www. fao.org/nr/w ater/aqu asta t/main/i ndex esp.stm
[12] Abramovich, Víctor y Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, 1ª reimp., de la 2ª ed., Madrid, Trotta, 2014. Es una excelente obra en idioma español, que nos permite encontrar de manera sintetizada los diferentes criterios de diversos tribunales nacionales sobre cómo han resuelto jurisdiccionalmente sobre los derechos económicos y sociales. Lo anterior cfr. con la presentación del Ministro en Retiro Mariano Azuela Güitrón de la obra: Díaz Hernández, Carlos, ¿Qué hacer con lo que el Estado hace con nosotros?, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013, pp. XV-XVII. También, Gutiérrez Rivas, Rodrigo, “La justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en el Marco de las recientes reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos”, en Cervantes Alcayde, Magdalena, María Silvia Emanuelli y otros (coords), ¿Hay justicia para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Debate abierto a propósito de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2014, pp. 91-106.
[13] De aquí nacen preguntas para analizar la calidad de una legislación en materia de aguas: los ríos contaminados de un país, si se está cumpliendo con la legislación, la acción del estado en materia ambiental, sobre las víctimas ambientales. Merlinsky, Gabriela, Política, derechos y justicia ambiental. El conflicto de Riachuelo, Buenos Aires, FCE, 2013, sección de obras de Sociología, pp. 209-212.
[14] Merlinsky, Gabriela, Política, derechos y justicia ambiental. El conflicto de Riachuelo, … op. cit. pp. 212-219.
[15] Ibidem. pp. 219-225.
[16] Ibidem. pp. 225-230.
[17] Ibidem. pp. 230-231. Aquí es distinguir perfectamente entre un derecho público subjetivo y un derecho legítimo -que aunque debe estar previsto en una ley- las consecuencias de su mandato no están predeterminadas como en los derechos públicos subjetivos. Verbigracia de derecho público subjetivo es litigar un derecho de propiedad, un derecho de posesión, libertad personal, etc. Véase. Alexy, Robert, Derechos sociales y ponderación, tr. Rebecca Jowers, 2ª ed., México, Fundación Coloquio Jurídico Europeo-Fontamara, 2013, colección dirigida por Ernesto Garzón Valdés y otros 1, pp. 397-404. Tener presente en los litigios de derechos humanos la diferencia entre reglas (convergencia) y principios (colisión), véase. Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 10ª ed., tr. Marina Gascón, Madrid, Trotta, 2011, pp. 21-41 y 93-153.
[18] Ortiz Rendón, Gustavo Armando, “Evolución y perspectivas del marco jurídico del agua en México: nuevos retos y oportunidades para la gestión integrada del recurso hídrico”, en Rabasa, Emilio O. y Carol B. Arriaga García (coords.), Agua: aspectos constitucionales, México, Porrúa-UNAM, 2011, pp. 17-19. Cfr. con la posición de articular posiciones jurídicas y el control de políticas públicas: Acuña, Juan Manuel, Justicia Constitucional y políticas públicas sociales. El control de las políticas públicas sociales a partir de la articulación jurisdiccional de los derechos sociales fundamentales, México, Universidad Panamericana-Porrúa-Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2012 (Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, núm. 61), pp. 275-278. Puede leerse un artículo muy interesante: Gutiérrez Rivas, Rodrigo, “La justiciabilidad del derecho humano al agua y al saneamiento en México”, Revista de derechos humanos-dfensor, Número 06, Junio de 2012, pp. 41-46. Dicha información se sustrajo de http://www. Cort eidh. or.cr /tablas/ r28959.pdf
[19] http://www.co nagua. gob.m x/CO NAGUA 07/Noticias/ PTSF A2.pdf vista el 25 de diciembre de 2014.
[20] Se citan los preceptos actualizados hasta el 10 de junio de 2017.
[21] Siempre, en cualquier opinión jurídica sobre la regulación de las aguas en el Estado Mexicano, se debe estar a lo dispuesto en los numerales 4°, 25 y 27 de la constitución. Por lo tanto, cualquier reforma legal, programa administrativo, político o plan de desarrollo económico, debe tener como pilares: una distribución equitativa del líquido, la conservación de los recursos hídricos y el uso sustentable de los mismos. Véase. Farhana, Sultana y Alex Loftus, “El derecho al agua. Perspectivas y posibilidades”, en Sultana, Farhana y otro (comps.), El Derecho al Agua. Economía, política y movimientos sociales, México, Trillas, 2014, pp. 21-37.
[22] Puede leerse: Covarrubias Dueñas, José de Jesús, Los Derechos Planetarios, México, Porrúa, 2011.
[23] Carbonell, Miguel, comentario al artículo 4° constitucional, en Instituto de Investigaciones Jurídicas. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada y concordada (coord. Miguel Carbonell), 18ª ed., México, Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2004, pp. 98-102.
[24] Carmona Lara, María del Carmen, “La constitución y el agua: apuntes para la gobernabilidad en el caso del agua en México”, y Góngora Pimentel, Genaro David, “Tesis y jurisprudencia en materia de aguas”, en op.cit. pp. 95-125 y 55-58 (para tener los datos completos de la obra véase la nota 17). Sin descartar lo que ahora se indica en la contradicción de tesis 293/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a que la constitución está encima de todo en nuestro sistema jurídico y, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos están por encima del resto de las legislaciones. Dicho criterio judicial tiene los siguientes datos de identificación: con el número de registro: 2006224, de rubro: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL misma que está en: Tesis: P./J. 20/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, abril de 2014, p. 202. Cfr. Nash Rojas, Claudio, La concepción de derechos fundamentales en Latinoamérica. Tendencias jurisprudenciales, México, Distribuciones Fontamara, 2010, Doctrina Jurídica Contemporánea, núm. 49.
[25] http://www.diputad os.go b.mx/Leyes Biblio/compila /controv.h tm verificada el 11 de diciembre de 2014.
[26] Silva Meza, Juan y Fernando Silva García, Derechos Fundamentales. Bases para la reconstrucción de la jurisprudencia mexicana, 2ª ed., México, Porrúa, 2013, p. 495.
[27] Silva Meza, Juan y Fernando Silva García, op. cit. p. 495.
[28] Ibidem. p. 496.
[29] Ibidem. pp. 497-498.
[30] Este estudio se hace con base en lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales y el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales vigentes hasta el 11 de junio de 2017.
[31] Ortiz Rendón, Gustavo Armando, “Evolución y perspectivas del marco jurídico del agua en México: nuevos retos y oportunidades para la gestión integrada del recurso hídrico”, en op. cit. pp. 17-19 (para tener los datos completos de la obra véase la nota 17). Sin olvidar que la Ley de Aguas Nacionales ha tenido cronológicamente las siguientes reformas: 29 de abril de 2004, 18 de abril de 2008, 20 de junio de 2011, 8 de junio de 2012, 7 de junio de 2013, 11 de agosto de 2014 y 24 de marzo de 2016, información que se sustrajo de: http://www.diputa dos.gob .mx/L eyesBibli o/ref/lan.htm
[32] Lo más relacionado que encontramos en cuanto a los cobros del agua con un enfoque de Derecho al Desarrollo, en la Ley Federal de Derechos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981, con reformas publicitadas el 23 de diciembre de 2016, es: Artículo 3o.- … Cuando el pago de derechos deba efectuarse de forma periódica o en una fecha posterior al inicio de la prestación del servicio público o del otorgamiento del uso, goce, explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación, por tratarse de servicios continuos o porque así se establezca, el contribuyente deberá presentar copia de la declaración del pago de derechos de que se trate ante el encargado de la prestación de los servicios públicos o de la administración de los bienes de dominio público de la nación, respecto del uso, goce, explotación o aprovechamiento de los mismos, según corresponda, dentro de los plazos que se señalan en esta Ley. Cuando no se presente la copia de la declaración o una vez recibida la misma se observe que el pago del derecho de que se trate no se efectuó por la totalidad de la cuota que corresponda, el encargado de la prestación de los servicios públicos o del otorgamiento del uso, goce, explotación o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, procederá como sigue:--- I. Requerirá al contribuyente para que en un plazo no mayor a 10 días presente copia de la declaración o, en su caso, efectúe la aclaración correspondiente.--- II. Una vez transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, si el contribuyente no hubiere presentado la declaración o aclaración correspondiente o de haberla presentado subsistan las diferencias, sin perjuicio de otros procedimientos de aclaración que se señalen en esta Ley, el encargado de la prestación de los servicios públicos o del otorgamiento del uso, goce, explotación o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, procederá a determinar los adeudos en el pago de los derechos y remitirá dicha determinación al Servicio de Administración Tributaria en los formatos y con los documentos que para tal efecto dicho órgano desconcentrado señale mediante reglas de carácter general, a fin de que este último realice la notificación del adeudo y, en su caso, el requerimiento de pago correspondiente.--- III. Deberá suspender el servicio o interrumpir el uso, goce, explotación o aprovechamiento del bien de que se trate… Lo dispuesto en el párrafo cuarto de este artículo no será aplicable a los derechos por el uso, explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación a cargo de la Comisión Nacional del Agua, con excepción de lo establecido en la fracción XI del artículo 192-E de la Ley. … Artículo 192-E.- La Comisión Nacional del Agua, tratándose de los derechos a que se refiere el presente Capítulo, estará facultada para ejercer, de conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, las siguientes atribuciones:--- I.- Devolver y compensar pagos.--- II.- Autorizar el pago de contribuciones a plazo, en parcialidades o diferido.--- III.- Proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes.--- IV.- Contestar consultas sobre situaciones individuales, reales y concretas.--- V.- Dar a conocer criterios de aplicación.--- VI.- Requerir la presentación de declaraciones.--- VII.- Comprobar el cumplimiento de obligaciones, incluyendo la práctica de visitas domiciliarias y el requerimiento de información a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados.--- VIII. Determinar contribuciones omitidas mediante la liquidación del crédito a pagar y sus accesorios.--- IX.- Imponer y condonar multas.--- X.- Notificar los créditos fiscales determinados.--- XI. Con excepción del uso doméstico amparado en los títulos de concesión y del uso público urbano amparado en los títulos de asignación, la Comisión Nacional del Agua, podrá interrumpir el uso, explotación o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación cuando no se haya cubierto la totalidad del pago del derecho que corresponda en uno o más trimestres. Para estos efectos, se requerirá al contribuyente la presentación de los comprobantes de pago o, en su caso, los documentos que contengan las aclaraciones correspondientes en un plazo de 10 días hábiles y en el supuesto de que éstos no sean proporcionados o no acrediten el pago total del derecho se procederá a efectuar la interrupción del uso, explotación o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, hasta en tanto se efectúen los pagos correspondientes.---El ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo, es independiente y sin menoscabo de las atribuciones que competen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- CAPITULO VIII--- Agua--- Artículo 222. Están obligadas al pago del derecho sobre agua, las personas físicas y morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales, bien sea de hecho o al amparo de títulos de asignación, concesión, autorización o permiso, otorgados por el Gobierno Federal, de acuerdo con la zona de disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción.--- Artículo 223. Por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere este Capítulo, se pagará el derecho sobre agua, de conformidad con la zona de disponibilidad de agua y la cuenca o acuífero en que se efectúe su extracción y de acuerdo con las siguientes cuotas: … Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere esta fracción, que paguen los municipios, se destinarán a la Comisión Nacional del Agua para obras de infraestructura hidráulica.
[33] http://www.ord enju ridico.g ob.m x/leyes.p hp visto el 11 de junio de 2017 (buscando el reglamento federal correspondiente).
[34] Correlacionado con el artículo 6°, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006, con reforma publicada en el medio aludido, el 12 de octubre de 2012 (verificado el 11 de junio de 2017): artículo 6.- Al frente de la Comisión habrá un Director General que será designado en la forma prevista por la Ley.---La Comisión se organizará en dos niveles, para el ejercicio de sus funciones, uno Nacional y otro Regional Hidrológico-Administrativo. Los titulares de las unidades administrativas de ambos niveles estarán jerárquicamente subordinados al Director General de la Comisión.--- Los titulares de las unidades administrativas del nivel Nacional ejercerán en todo el territorio nacional las atribuciones que les confiera la Ley, las que les otorguen este Reglamento y, en su caso, las demás disposiciones aplicables.--- Las unidades administrativas del nivel Regional Hidrológico-Administrativo serán los Organismos, cuyos titulares y los de las unidades que les estén adscritas ejercerán sus atribuciones conforme a la Ley, este Reglamento y los instrumentos administrativos que emita el Director General de la Comisión, en la circunscripción territorial correspondiente.---Dichos Organismos serán los siguientes:--- I. Península de Baja California;--- II. Noroeste;--- III. Pacífico Norte;--- IV. Balsas;--- V. Pacífico Sur;--- VI. Río Bravo;--- VII. Cuencas Centrales del Norte;--- VIII. Lerma Santiago Pacífico;--- IX. Golfo Norte;--- X. Golfo Centro;--- XI. Frontera Sur;--- XII. Península de Yucatán, y--- XIII. Aguas del Valle de México.
[35] Eso se debe despegar en políticas públicas que lleven a la práctica el desarrollo sustentable. Pueden buscarse esos elementos en el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006, con reforma publicitada en el medio aludido, el 12 de octubre de 2012 y, el Manual de Organización General de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2003.
[36] Cfr. todo este análisis de la Ley de Aguas Nacionales con el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de enero de 1994. No confundir esa institución legal con las acciones colectivas ni el interés legítimo en el amparo.
[37] Va de la mano con las siguientes leyes federales -entre otras- de la llamada reforma energética, mismas que se publicaron en la fecha dicha: Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; Decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica; Decreto por el que se expide la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; Decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera; Ley Minera; Decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Unos libros que tocan estos temas de manera clara son: Coronado Contreras, Laura, El capital humano y la innovación en la industria energética. Estudio de compañías petroleras nacionales exitosas, México, Porrúa-Universidad Anáhuac, 2014 y Martínez Martínez, Jorge, Política energética sustentable en México, México, México, Porrúa-UNAM, 2017.
[38] Ortiz Rendón, Gustavo Armando, “Evolución y perspectivas del marco jurídico del agua en México: nuevos retos y oportunidades para la gestión integrada del recurso hídrico”, op. cit. pp. 33-40 (para tener los datos completos de la obra véase la nota 17).
[39] http://www.diputa dos.gob. mx/Leyes Biblio/re f/lan.htm ahí se encuentra la cronología de las reformas legales de la Ley de Aguas Nacionales de 1992. Visto el 11 de junio de 2017.
[40] Góngora Pimentel, Genaro David, “Tesis y jurisprudencia en materia de aguas”, op. cit. pp. 40-50 (para tener los datos completos de la obra véase la nota 17). Cfr. http://siaps. Colm ex.mx/inde x.php?optio n=com_co ntent&v iew=article &id=83&Item id=96 visto el 25 de diciembre de 2014.
[41] Ibidem. cit. p. 60.
[42] Para hacer un estudio breve sobre el tratamiento jurídico de los residuos sólidos: Quintana Valtierra, Jesús, Derecho Ambiental Mexicano. Lineamientos Generales, 5ª ed., México, Porrúa, 2013 y respecto a las aguas embotelladas: Montero Contreras, Delia, Transnacionales, gobierno corporativo y agua embotellada. El negocio del siglo XXI, México, UAM-Ediciones del Lirio, 2015. Sin desdeñar el tema de la geopolítica, una obra que nos da elementos para entender el actual ordenamiento de las fuerzas económicas a nivel mundial es: Zeraoui, Zidane y otros, Los procesos mundiales contemporáneos. Un mundo transformado, 2ª ed., México, Trillas, 2014. Una noticia de impacto mundial es la formación de la isla de plástico en el Pacífico Norte, del tamaño de Chihuahua, con las botellas que se echan a los ríos, cañadas, al mar y que se dejan en las playas. Revísese: http://www.dg cs.una m.mx/boleti n/bdb oletin/2017 _399.htm l leída el 11 de junio de 2017.
[43] Ibidem. pp. 60-61.
[44] Como casos resueltos recientes por el Poder Judicial Federal se citan: a. Caso Mini Numa: al tutelar el derecho humano al agua y a la salud. b. Derecho Humano al agua: tutela a cuatro mujeres a partir de derechos de no discriminación e igualdad, ligados al derecho al agua en Xochitepec, Morelos, en el amparo en revisión 381/2011, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, con sede en Cuernavaca, Morelos. Las mismas recomendaciones hechas por las Comisiones de Derechos Humanos por los tandeos que se realizan aun en las situaciones de sequía.
[45] Góngora Pimentel, Genaro David, “Tesis y jurisprudencia en materia de aguas”, op. cit. pp. 62-77 (para tener los datos completos de la obra véase la nota 17).
[46] Lo anterior, se verificó de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualizadas hasta el 11 de junio de 2017, www. scjn .gob.mx
[47] No se pueden dar soluciones homogéneas y superficiales. Es recomendable una lectura de los siguientes libros: Sen, Amartya, La idea de la justicia, 4ª reimp., tr. Hernando Valencia Villa, México, Taurus Pensamiento, 2013, pp. 59-181 y Rawls, John, Teoría de la Justicia, 10ª reimp., tr. María Dolores González, México, FCE, 2014, sección de obras de Filosofía, pp. 17-118. No deje de leerse: Hierro, Liborio, Estado de Derecho. Problemas actuales, 2ª reimpr., de la 1ª ed., México, Distribuciones Fontamara, 2009 (Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, núm. 69), pp. 59-77 y Novoa Monreal, Eduardo, El derecho como obstáculo al cambio social, 16ª ed., México, Siglo XXI Editores, 2007, pp. 96-117. Para comprender cómo ve la ONU el Derecho Humano de Acceso al Agua: http://www.un.or g/es/sec tions/is sues-dept h/wate r/index.h tml visto el 11 de junio de 2017.
[48] Mata Noguez, Alma Lilia, Los Derechos Humanos de los miembros de comunidades indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 3ª reimp., de la 1ª ed., México, CNDH, 2015, colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pp. 39-41.
[49] Ulisse Cerami, Andrea Davide, El derecho a participar directamente en la toma de decisiones sobre asuntos públicos como mecanismo para la protección ambiental, México, CNDH, 2015, colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pp. 61-63.
[50] García, Aniza, Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) como derechos exigibles en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, México, CNDH, 2015, colección sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), fascículo 1, p. 54. Si se desea una ampliación del tema de los derechos de las mujeres, véase: http://w ww.un.org/es/s ections/iss ues-dep th/wo men /inde x.html mismo que se analizó el 11 de junio de 2017.
[51] García, Aniza, Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) como derechos exigibles en el nuevo constitucionalismo latinoamericano,… op. cit. p. 55. Se puede leer el libro: Hernández, Armando, Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el nuevo modelo constitucional de derechos humanos en México, México, CNDH, 2015, colección sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), fascículo 6.
[52] Una obra que maneja varios fallos y resoluciones judiciales sobre los derechos económicos, sociales y culturales es: Paz González, Isaac, Constitucionalismo y justiciabilidad de los derechos sociales. Estudio comparado internacional y leading cases a través del juicio de amparo en México, México, Porrúa-IMDPC, 2016.
[53] Tesis 1a. CCXXXVI/2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. 1, agosto de 2013, p. 736.
[54] Tesis I.9º.P.67 P, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. IV, noviembre de 2014, p. 2931.
[55] Abramovich, Víctor y Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, 1ª reimp., de la 2ª ed., Madrid, Trotta, 2014. Es una excelente obra en idioma español, que nos permite encontrar de manera sintetizada los diferentes criterios de diversos tribunales estatales sobre cómo han resuelto jurisdiccionalmente sobre los derechos económicos y sociales. Lo anterior cfr. con la presentación del Ministro en Retiro Mariano Azuela Güitrón de la obra: Díaz Hernández, Carlos, ¿Qué hacer con lo que el Estado hace con nosotros?, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013, pp. XV-XVII. También, léase detenidamente: González, Enrique, “El Derecho a la Salud”, en Abramovich, V., M.J. Añón y otro (comps.), Derechos Sociales. Instrucciones de Uso, México, Fontamara, 2006, Doctrina Jurídica Contemporánea, núm. 14, pp. 143-180 y Abramovich, Víctor y Christian Courtis, “Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales”,… op. cit. pp. 55-78. Si se quiere profundizar sobre el derecho humano de protección a la salud se puede ver el análisis hecho por la Dra. María de Jesús Medina Arellano en el libro: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derecho a la Salud, México, SCJN-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, serie Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 84, pp. 119-147, también puede encontrarse en: http://bit.ly/2sByAXy.
[56] Véase para comprender la interrelación a nivel de sistemas de derechos humanos el siguiente estudio: Hermida del Llano, Cristina, “Filosofía del Derecho y Derechos Humanos”, en Arriola Cantero, Juan Federico y Víctor Rojas Amandi (coords.), La Filosofía del Derecho Hoy, México, Porrúa, 2010, pp. 107-124.
[57] López Olvera, Miguel Alejandro, “El Tribunal Federal del Agua. Propuesta para su creación en México”, en Fernández Ruiz, Jorge y Javier Santiago Sánchez (coords.), Régimen Jurídico del Agua. Cultura y Sistemas Jurídicos Comparados, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2007, pp. 219-237.
[58] http://bit.ly /2s2F Nio mismo que se vio el 14 de junio de 2017.
[59] Independientemente de la corriente ideológica es necesario atender y prever problemas catastróficos en materia hídrica como ocurrió con el río Sonora, el 6 de agosto de 2014, el derrame de químicos de una de las entidades de Grupo México. http://www.exce lsior.co m.mx/na cional/20 14/10/22/9 88405 vista el 8 de enero de 2015.
[60] http://www.gr eenpeac e.org/ mexico /es/Pr ensa1/ 2014/Mar zo/Defien den-ciud adanos-propues ta-integral-d e-Le y-Gener al-de- Aguas/ vista el 27 de diciembre de 2014. Incluso, el desarrollo de tecnología mexicana para descontaminar aguas, por ejemplo: en depósitos de la potable, se colocaría un sistema contiguo al tinaco, un pequeño reactor fotocatalítico que brindará un tratamiento extra al líquido, http://132.2 47.174.60/dg cs/bole tin/b dbolet in/2014_7 59.html vista el 31 de diciembre de 2014.
[61] Se vio http://bit.ly/2sqB4HZ, misma que se analizó el 14 de junio de 2017.
[62] Puede revisarse el Sistema de Información Legislativa: http://sil.gobe rnacion.gob. mx/portal/A suntosLe gislati vos/bus qued aBa sica visto el 16 de junio de 2017.

References: artículo 4
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 25
 Artículo 27
 Artículo 42
 Artículo 73
 Artículo 115
 Artículo 116
 Artículo 122
 artículo 27
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 81
 artículo 27
 artículo 4
 artículo 77
 artículo 4
 artículo 4
 Artículo 3
 artículo 192
 Artículo 192
 Artículo 222
 Artículo 223
 artículo 6
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