Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2007sp/cap4Venezuela.sp.htm
Timestamp: 2017-07-21 06:48:24+00:00

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221. La Comisión preparó esta sección del capítulo IV de su Informe Anual de conformidad con el artículo 57(1)(h) de su Reglamento y ha basado su análisis en la información recabada durante sus audiencias e información disponible de otras fuentes públicas. El 21 de noviembre de 2007 la CIDH transmitió al Estado una copia del borrador preliminar de esta sección de su Informe Anual de 2007 de acuerdo con el artículo citado, y le solicitó que remitiera sus observaciones dentro de un plazo de un mes. El 21 de diciembre de 2007 la Comisión recibió las observaciones y comentarios del Estado, los cuales, en lo pertinente, fueron incorporados al presente informe[222]. 222. En el Informe Anual de la CIDH de 1997 se expusieron los cinco criterios que la Comisión tiene en cuenta para identificar a los Estados miembros de la OEA cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecen atención especial. Durante el año 2007 la Comisión valoró la situación de Venezuela y decidió que la existencia de un ambiente hostil para el disenso político, la judicialización de la protesta social y el señalamiento u hostigamiento a organizaciones no gubernamentales o defensores de derechos humanos afectan gravemente el pleno goce y disfrute a los derechos protegidos por la Convención Americana de la cual Venezuela es parte desde 1977. Conforme a lo anterior, la Comisión considera que la situación de Venezuela se enmarca dentro del criterio 5 de los mencionados que incluye
223. Consecuentemente, en el presente capítulo la Comisión dará particular atención a las situaciones señaladas en el párrafo 2 además de abordar temas relacionados con la administración de justicia, ejecuciones extrajudiciales, seguridad ciudadana, libertad de expresión y las graves condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad. 224. Así también cabe destacar que la Comisión observó con especial atención el proceso de reforma constitucional que tuvo su inicio el 15 de agosto de 2007 con un proyecto presentado por el Presidente de la República Hugo Chávez Frías habiendo sido aprobado con modificaciones en tercera discusión por la Asamblea Nacional con el fin de someterlo a la voluntad popular, mediante referendo aprobatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 344 de la Constitución venezolana. Tal propuesta de reforma constitucional fue rechazada mediante el referendo consultivo llevado a cabo el 2 de diciembre de 2007. La CIDH destaca positivamente la masiva participación de la ciudadanía, en forma pacífica, en el mencionado referendo. Con anterioridad al referendo consultivo, la Comisión recibió numerosas manifestaciones de preocupación por parte de diversos sectores de la sociedad civil sobre algunos de los artículos que entonces habían sido aprobados por la Asamblea Nacional que serán brevemente reseñadas en las distintas secciones del presente capítulo. 225. La Comisión destaca con beneplácito la información proporcionada por el Estado venezolano respecto de los logros en materia de derechos económicos, culturales y sociales. Entre algunas de las estadísticas proporcionadas por el Estado se observa que los índices de pobreza registraron un descenso significativo en los últimos 5 años (29,8% en el 2003 al 9,7% en el 2007). Similares logros se habrían alcanzado respecto de las tazas de desempleo (20,7% en el 2003 a; 8,3% en el 2007). Por otra parte, el acceso de la población al agua potable y a la escolaridad presentaron incrementos. En cuanto a los indicadores relacionados con los logros alcanzados por las Misiones, se informa, por ejemplo, que la Misión Robinson alcanzó a julio de 2007 alfabetizar a 1.539.786 personas. 226. Finalmente, durante el 2007 la Comisión tomó conocimiento de la aplicación de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales por parte del Ministerio Público y tribunales respectivos. La Comisión valora positivamente esta iniciativa del Estado dado que este programa pudiera constituir un mecanismo de protección importante en la prevención de futuras violaciones a los derechos humanos de personas en situación de riesgo a su vida e integridad personal.
227. Durante el 2007 la Comisión dedicó gran parte de sus esfuerzos en intentar materializar una visita a Venezuela, voluntad que se ha visto frustrada por la falta de respuesta del Estado en proponer una fecha precisa para la realización de la misma. Cabe destacar que pese a que desde la visita in loco de la CIDH a Venezuela en 2002, el Gobierno venezolano había expresado su voluntad de que la CIDH llevara a cabo actividades de seguimiento de tal visita o de impulsar una visita del Relator para asuntos venezolanos, Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro a fin de tomar conocimiento directo de los cambios instaurados por el Estado a través de las Misiones y del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, entre otros. Hasta la fecha, sin embargo, la Comisión observa la falta de progreso en tales iniciativas. 228. Para mayor abundamiento, es de destacar que a inicios del 2007 el Relator para Venezuela formuló una agenda tentativa de visita a Venezuela que fue conversada con el Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), además de mantener posteriormente sucesivos encuentros entre el Presidente de la Comisión y varios Comisionados con el mismo Embajador a fin de concretar la realización de una visita al país. Adicionalmente, el Presidente de la CIDH y el Relator para Venezuela se reunieron con el Canciller y el Vice-Canciller de la República Bolivariana de Venezuela a fin de gestionar directamente la visita, habiendo remitido una carta al gobierno proponiendo la realización de la misma para el mes de diciembre de 2007, proposición que a la fecha el Estado venezolano no ha contestado.
229. En su respuesta al presente capítulo, el Estado sostuvo que "entre los siete mandatos que específicamente le otorgaron los Estados al momento de suscribir la Convención Americana, no se encuentra el de realizar visitas u observaciones in loco a cualquiera de los países que integran el sistema interamericano". Esta facultad fue incorporada posteriormente dentro del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al resto de las atribuciones que ya contenía el artículo 44 de la Convención. Adicionalmente, conforme al propio Estatuto de la Comisión es una facultad del Estado invitar a la realización de observaciones in loco, sin que le esté permitido a la propia Comisión auto invitarse a visitar determinado país”. 230. La Comisión resalta que la actitud del Gobierno de Venezuela contrapone la buena práctica de casi la totalidad de los Estados Miembros de la OEA de facilitar a la CIDH las visitas a sus países y hace apócrifa las expresiones manifestadas por el Estado desde hace mas de 5 años, en cuanto a su interés de que la CIDH y/o Relatores temáticos visiten Venezuela. La falta de concreción de la visita a dicho país
dificulta a la CIDH el cumplimiento del mandato otorgado por los Estados en el marco de las competencias y atribuciones que le otorgan tanto la Convención Americana como su Estatuto, especialmente las de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos con conocimiento directo e in situ de las diversas problemáticas y programas relacionados con los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, la imposibilidad de realizar una visita presenta un escenario más arduo para el desarrollo de un diálogo estrecho tanto con las autoridades del Estado como con la sociedad venezolana.
231. La CIDH reitera su interés en llevar a cabo una visita a Venezuela y su ofrecimiento de colaborar con el Gobierno de Venezuela así como con la sociedad venezolana en su conjunto, a fin de contribuir al fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en un contexto democrático y de legalidad institucional. III. DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
232. Durante el año 2007 la Comisión continuó recibiendo información sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Entre las cuestiones que principalmente llamaron la atención de la Comisión y que serán detalladas a continuación, se encuentran: i) el creciente número de amenazas y de atentados a la vida e integridad personal; y ii) otros obstáculos en el ejercicio de su labor, específicamente la descalificación pública por parte de funcionarios del Estado, las acusaciones relacionadas con la recepción de fondos del exterior, y las dificultades en el acceso a la información. A. Atentados y amenazas a la vida e integridad personal
236. Adicionalmente, según información allegada a la Comisión, a septiembre de 2007, algunas organizaciones de la sociedad civil habían contabilizado el asesinato de, al menos, 29 dirigentes sindicales[230]. Entre algunos de los casos individualizados en la documentación presentada a la CIDH, se encuentran: Héctor Francisco Jaramillo, Secretario de profesionales y técnicos del Sutrabolívar[231]; Alexis García, Miembro del Tribunal Disciplinario de Bolívar[232]; Nibardo Antonio Gómez Morales, Dirigente de un sindicato de la construcción[233]; Alexander Irigoyen Villaroel, Sindicalista petrolero[234]; Robert José Figuera, Cooperativista petrolero[235]; Héctor Francisco Jaramillo, Secretario de Profesionales y Técnicos del Sindicato Unificado del Estado Bolívar (SutraBolívar)[236]; Neomar Rodríguez, Delegado de SutraBolívar[237]; Robert Rivero, Delegado de SutraBolívar[238]; Darwin LaRosa, Dirigente de un bloque de desempleados que luchaban por el derecho al trabajo[239]; Douglas Ulacio Rojas, Dirigente del bloque de desempleados petroleros[240]; Rochard José Rivas Rodríguez, Miembro del Sindicato Único de la Construcción, Madera, Conexos y Similares del Estado Anzoátegui[241]; Yesmer Enrique Gil, Sindicalista de San Félix[242]; Néstor Ramón Cequea Jiménez, Dirigente sindical de un sindicato de la construcción en Macapaima, municipio independencia del Estado Anzoátegui[243] y Miguel Frente, Activista y dirigente de un sindicato de Alcasa
239. La Comisión reitera la necesidad de que, a la luz de las obligaciones asumidas en virtud de la Convención Americana, el Estado venezolano adopte todas las medidas a su disposición para prevenir violaciones a la vida e integridad personal de los defensores y defensoras de derechos humanos, así como para investigar con la debida diligencia eventos como los narrados en la presente sección, con independencia de que en ellos se encuentren vinculados agentes estatales o particulares. 240. Finalmente, la CIDH valora positivamente que algunas de las personas mencionadas en este aparte hayan obtenido medidas de protección otorgadas por los órganos jurisdiccionales venezolanos[247]. En efecto, tal como se indicó supra 5, la Comisión considera que la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales[248], pudiera constituir un elemento importante en la prevención de los actos que continúan registrándose en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos. Cabe resaltar asimismo, que en su respuesta, el Estado indicó encontrase "investigando a profundidad cada uno de los hechos aislados" del presente capítulo. La Comisión estima necesario resaltar la importancia de que los mecanismos que el Estado disponga en relación a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos contemple y asegure que éstos puedan continuar realizando su labor como defensores de derechos humanos.
248. La Comisión continuó recibiendo información sobre los obstáculos para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. La Comisión observa con preocupación que a lo largo del año 2007 siguieron ocurriendo eventos similares a los ya resaltados en años anteriores, no obstante las recomendaciones de la Comisión. Entre algunos de los hechos sobre los cuales el Relator Especial para la Libertad de Expresión ha recibido información y en los cuales estarían vinculados agentes estatales se encuentran: El 2 de febrero de 2007 el periodista Miguel Bellorín de Radio Única habría sido agredido por un funcionario de la alcaldía del municipio Piar, Estado Bolívar, a la salida de un programa que conduce. Al día siguiente, el periodista habría sido golpeado en la cara e insultado por otro funcionario municipal cuando realizaba entrevistas. Se atribuye presuntamente el ataque a sus informes sobre las condiciones sanitarias en la zona[259].
254. Asimismo, la Comisión recibió denuncias sobre el uso de procesos tanto judiciales como administrativos de manera diferenciada según la línea editorial de los medios de comunicación. Sobre este punto, la Comisión fue informada de que tras la salida del aire de Radio Caracas Televisión, en mayo de 2007, el Presidente de la República efectuó declaraciones sugiriendo que el próximo turno le correspondía a Globovisión. Según se puso en conocimiento de la Comisión, paralelamente el Tribunal Supremo de Justicia habría reactivado algunas causas contra el referido canal. 255. La Comisión reitera lo ya expresado en su informe de 2006 respecto de las circunstancias que rodearon la no renovación de la concesión de Radio Caracas Televisión en el sentido de que el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH prohíben las presiones indirectas del Estado que tengan el propósito de influir en la línea informativa de los comunicadores sociales o atenten contra la independencia en el ejercicio del derecho a informar. En efecto, el principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que: "[l]a utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley". La CIDH manifiesta una vez más que en los procesos de licitación para la adjudicación de licencias del espectro radioeléctrico, los Estados deben procurar, bajo el principio de igualdad de oportunidades, procedimientos abiertos y transparentes que contengan criterios claros, objetivos y razonables que eviten cualquier consideración política discriminatoria vinculada a la línea editorial del medio de comunicación. 256. Finalmente, la Comisión tomó nota de las preocupaciones manifestadas por algunos sectores de la sociedad civil en cuanto a la reforma constitucional propuesta por el Presidente, con relación a la posibilidad de restringir el acceso a la información durante los estados de excepción[271]. Al respecto, vale la pena mencionar que si bien el derecho consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana es susceptible de restricciones, tales deben efectuarse en el marco de una ley y ser estrictamente necesarias y proporcionales con relación al fin que se persigue[272]. En tal sentido, toda restricción a la libertad de expresión debe ser analizada a la luz del mencionado “test” para determinar su compatibilidad con las obligaciones internacionales asumidas por Venezuela.
V. LA PROTESTA SOCIAL 257. A lo largo del año 2007 la Comisión recibió información relacionada con hechos que podrían calificarse de represión y/o judicialización de la protesta social y que podrían, además de afectar los derechos a la integridad y libertad personales, implicar una forma de restricción de los derechos a la reunión pacífica y a la libertad de expresión, consagrados respectivamente en los artículos 15 y 13 de la Convención Americana.
260. Asimismo, la Comisión reitera que además de las regulaciones establecidas por ley, el Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas así como dispersar aquellas que se tornan violentas u obstructivas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. 261. En su respuesta el Estado señaló la existencia de una serie de normativas que regulan y establecen los requisitos para el ejercicio al derecho de manifestación destacando el relacionado con los permisos previos. La Comisión reconoce tales facultades del Estado a la vez de considerar que, en la aprobación o rechazo de permisos, el Estado debe procurar evitar que los entes encargados actúen con discrecionalidad ilimitada. Por su parte, el accionar de agentes estatales no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, por lo cual la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. Los operativos de seguridad que deben implementarse en estos contextos deben contemplar las medidas de desconcentración más seguras y menos lesivas para los manifestantes[275].
262. Adicionalmente en los meses de mayo y junio de 2007 se verificó un alto número de movilizaciones encabezadas por estudiantes, quienes manifestaron su negativa ante la decisión del Gobierno de no renovar la concesión a RCTV. Por medio de una solicitud de medidas cautelares, de notas de prensa y de información aportada por organizaciones de derechos humanos, la Comisión fue informada de que desde el 27 de mayo de 2007, en dicho contexto, se dieron hechos de violencia que habrían resultado en decenas de personas heridas y más de un centenar de detenidos, incluyendo un alto número de menores de edad[276]. Según se informó a la Comisión algunas personas habrían sido objeto de golpes y uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad mientras se manifestaban y algunas mientras se encontraban bajo su custodia tras ser detenidas. 263. Ante las circunstancias antes mencionadas, la Comisión remitió al Estado venezolano una solicitud de información sobre tales aspectos[277], la cual fue respondida de manera incompleta, dificultando el efectivo seguimiento de los hechos por parte de la CIDH. Entre las cuestiones que el Estado informó, se encuentra que hasta el 1° de junio de 2007, 296 personas fueron aprehendidas y puestas a disposición de las autoridades jurisdiccionales. Según dicha información, los principales delitos por los cuales fueron imputados son: resistencia a la autoridad, porte ilícito de armas de fuego, uso indebido de armas de fuego, instigación a delinquir, obstaculización de las vías públicas, daño y hurto[278]. La Comisión fue informada posteriormente de que si bien la mayoría de estas personas fueron puestas en libertad, un alto número de ellas continúa con las referidas imputaciones, bajo régimen de presentación, incluidos los menores de 18 años. 264. Por otra parte, la Comisión se encuentra preocupada por la violencia que se ha venido registrando desde octubre del 2007 en el marco de diversas manifestaciones estudiantiles relacionadas con la reforma constitucional
que impulsaba el gobierno. Conforme a diversas fuentes, durante tales manifestaciones se registraron varios heridos y daños materiales[279]. La Comisión observa que este hecho sigue el patrón de lo ocurrido en otras manifestaciones de tipo político que también se caracterizaron por la ocurrencia de actos de violencia entre grupos con opiniones enfrentadas[280].
266. Adicionalmente, tal como la Comisión ha indicado en anteriores oportunidades “resulta en principio inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión.
En otras palabras: se debe analizar si la utilización de sanciones penales encuentra justificación bajo el estándar de la Corte Interamericana que establece la necesidad de comprobar que dicha limitación (la penalización) satisface un interés público imperativo necesario para el funcionamiento de una sociedad democrática[281].
Además, es necesario valorar si la imposición de sanciones penales se constituye como el medio menos lesivo para restringir la libertad de expresión practicada a través del derecho de reunión manifestado en una demostración en la vía pública o en espacios públicos[282].
267. Asimismo, la Comisión ha resaltado que la penalización podría generar en estos casos un efecto amedrentador sobre una forma de expresión participativa de los sectores de la sociedad que no pueden acceder a otros canales de denuncia o petición como ser la prensa tradicional o el derecho de petición dentro de los órganos estatales donde el objeto del reclamo se origina.
El amedrentamiento a la expresión a través de la imposición de penas privativas de la libertad para las personas que utilizan el medio de expresión antes mencionado, tiene un efecto disuasivo sobre aquellos sectores de la sociedad que expresan sus puntos de vista o sus críticas a la gestión de gobierno como forma de incidencia en los procesos de decisiones y políticas estatales que los afecta directamente[283].
269. Durante el año 2007 la Comisión observó algunos procesos adelantados por el Gobierno de Venezuela en aras de fomentar la participación y el ejercicio de los derechos políticos. Entre tales iniciativas se encuentra la ejecución de consultas públicas en el marco de la actividad legislativa de la Asamblea Nacional, así como la creación de los consejos comunales. La Comisión valora positivamente que desde las instancias estatales se estén buscando mecanismos que puedan coadyuvar al fortalecimiento de la participación tanto directa como representativa de todos los venezolanos y las venezolanas. 270. No obstante lo anterior, la Comisión tomó nota de las preocupaciones manifestadas por algunos sectores de la sociedad civil en cuanto a la participación a través de los consejos comunales. Específicamente, la CIDH recibió información de algunas organizaciones en el sentido de que estiman que existe un riesgo de dependencia de los consejos comunales con relación a la Presidencia de la República. Esto, pues los consejos comunales se encuentran incorporados al Sistema Presidencial del Poder Popular, lo que implica discrecionalidad del Ejecutivo en cuanto al financiamiento de dichas formas asociativas. En consideración de la sociedad civil, esta situación ubica a los consejos comunales en una situación de vulnerabilidad a la manipulación política[284]. Respecto de lo anterior, el Estado aclaró que los Consejos Comunales tienen como "único fin la organización ciudadana para la satisfacción de sus necesidades, a través de la gestión publica de manera directa por parte de la comunidad organizada, por lo tanto no esta sujeto el control de los consejos comunales a ninguna figura superior, sino solo a la organización interna, a través de la asamblea de ciudadanos como máxima autoridad de la estructura".
272. La Comisión considera que el atento seguimiento de los importantes procesos que se están llevando a cabo en Venezuela, es fundamental, a fin de coadyuvar a que no contravengan las obligaciones internacionales en materia de derechos políticos y no discriminación asumidas por el Estado. Este seguimiento resulta de especial relevancia en el contexto de polarización política que se viene profundizando en Venezuela desde el año 2002, el cual ha tenido efectos preocupantes en cuanto al libre ejercicio de ciertos derechos. 273. En particular, en su Informe Anual de 2005 la Comisión manifestó preocupación por denuncias recibidas en cuanto a despidos de funcionarios públicos con ocasión a su participación en el referendo revocatorio que tuvo lugar en el año 2004. En similar sentido, en su Informe Anual de 2006, la Comisión destacó la información recibida en cuanto a funcionarios públicos que en el marco de las elecciones presidenciales, habrían sido obligados a marchar y vestir camisetas rojas en favor del Presidente de la República.
275. La CIDH considera que tratándose de personas que ejercen la función pública en cargos de naturaleza técnica o que pertenecen a la carrera administrativa, los actos que pudieran impedirles continuar realizando tal función no pueden obedecer a motivaciones incompatibles con la Convención Americana, tales como el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de asociación y conciencia, así como de sus derechos políticos. 276. La Comisión reitera la preocupación manifestada en sus Informes Anuales de 2005 y 2006, y recuerda al Estado venezolano que toda persona tiene derecho a ejercer los mencionados derechos pues éstos constituyen el medio para asegurar el pluralismo necesario para garantizar los derechos reconocidos en los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y fortalecer las instituciones democráticas. La obstrucción o amedrentamiento a estas libertades dejan a las personas y a los diversos sectores de la sociedad sin instrumentos para defender sus intereses, protestar, criticar, proponer y ejercer el rol fiscalizador y de ciudadano activo en ejercicio de su soberanía popular dentro del sistema democrático[291].
280. Adicionalmente, la Comisión fue informada de que durante el 2007 se nombraron 916 jueces, de los cuales 299 son titulares, 72 son provisorios, 100 son temporales, 423 son accidentales, 13 son especiales, 7 son suplentes especiales y 2 son suplentes[294]. Por su parte, el Estado informó que al 31 de diciembre de 2007 la totalidad de juez a nivel nacional alcanza a 1840 de los cuales 443 (24%) son provisorios, 108 (5,87%) suplentes especiales, 303 (16,47%) temporales y 986 (53,59%) titulares. Adicionalmente, el Estado destacó que entre los años 2005 al 2007 se logró la titularidad de más de 50% de los jueces que en años precedentes no excedía del 10%. De la información disponible resulta que las categorías de jueces provisorios, temporales y otros, no se encuentran reguladas en ninguna normativa que permita comprender sus garantías de estabilidad. 281. La Comisión considera que tanto el incumplimiento de los procedimientos constitucionales y legales para el nombramiento de jueces, así como el vacío jurídico en cuanto a las categorías de jueces mencionadas, expone a estos funcionarios a posibles presiones indebidas en el ejercicio de la importante función que realizan y consecuentemente implica un grave peligro para la independencia del Poder Judicial venezolano. 282. En efecto, la CIDH tomó conocimiento de que la jueza Alcy Mayté Viñales fue destituida de su cargo el 8 de abril de 2007 presuntamente como consecuencia de su decisión de otorgar la libertad condicional a los 29 imputados por el caso de la fuga del señor Eduardo Lapi. La prensa difundió que la señora Viñales aseguró que recibió una llamada telefónica del presidente del Circuito Judicial respectivo un día antes de adoptar la decisión. Según se publicó en los medios de comunicación, la jueza declaró lo siguiente con relación a dicha llamada: "Me dijo que yo sabía lo que tenía que hacer, que la orden era dejarlos detenidos. Cuando firmé e hice pública la sentencia, sabía lo que vendría"[295]. El día anterior a la destitución, el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Pedro Carreño, formuló las siguientes declaraciones: “nosotros impondremos el peso de la justicia a esos 29 y ahora 30, con la jueza que tendrá que asumir su responsabilidad. Estoy seguro que esa dádiva no es gratis. Alguna contraprestación de fondo hay allí. Y que asuma su responsabilidad”[296].
286. La Comisión queda atenta a la ejecución de esta iniciativa y espera que el Estado venezolano adopte las medidas necesarias para asegurar que todos los jueces de la República cuenten con garantías de independencia e imparcialidad, específicamente que se dé cumplimiento estricto a las normas que regulan el ingreso y ascenso de los jueces, y que se establezcan reglas claras en cuanto a las categorías de jueces y las garantías de estabilidad con relación a cada una de ellas. 287. La Comisión también fue informada de que en el año 2007 continuaron los nombramientos de fiscales en calidad de provisionalidad. Según la documentación aportada, entre el 13 de febrero de 2007 y el 1º de octubre de 2007 fueron nombrados 385 fiscales, de los cuales únicamente 7 son titulares. Los demás fueron normados en calidad de provisorios, auxiliares interinos, auxiliares interinos suplentes, provisorios suplentes, superiores provisorios y superiores provisorios suplentes[300]. En anteriores oportunidades, la CIDH ha destacado la importancia de la implementación adecuada de la carrera fiscal dado el rol fundamental que cumple el Ministerio Público en cuanto al impulso de las investigaciones penales, lo que implica la necesidad de garantizar la independencia, imparcialidad e idoneidad de los fiscales a fin de asegurar la efectividad de las averiguaciones y la eliminación de los factores de impunidad, especialmente en los casos de violaciones de derechos humanos[301]. En este sentido, la CIDH ve como positiva la información proporcionada por el Estado al señalar que se encontraba en un proceso de reversión de la histórica situación de provisionalidad de los cargos de Fiscales. Indicó que hasta la Constitución de 1999 no se preveía el ingreso a la carrera Fiscal por concurso, sino que el mismo había sido atribución directa del Fiscal General de la República, por periodo Constitucional. Enfatizó el Estado que el 13 de marzo de 2007 entró en vigencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público que regula los “lineamientos generales de los concursos de oposición que se requieren para ingresar a la carrera del Ministerio Publico, además de regulaciones relativas a los ascensos, reclasificaciones de cargos y traslados de que son objeto las personas que forman parte de esta institución.” 288. Finalmente, la Comisión tomó nota de las preocupaciones manifestadas por algunos sectores de la sociedad civil sobre la propuesta de reforma constitucional desaprobada, en lo relativo a la prohibición de restringir las garantías del debido proceso en los estados de excepción, cuyo decreto, a su vez, dejaría de estar sometido al control de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y dejaría de tener un plazo específico de duración. Sobre este punto, la Comisión tomó conocimiento de que tras los pronunciamientos tanto del Fiscal General de la República[302] como del Defensor del Pueblo[303], la Asamblea Nacional decidió modificar el texto, el cual fue aprobado en el sentido de prohibir la restricción del derecho a la defensa, a la integridad personal, a ser juzgado por juez natural y a no ser condenado a penas que excedan los 30 años[304]. El texto de la Constitución de 1999 establece ampliamente la prohibición de restringir el debido proceso, por lo cual algunas organizaciones consideraban que el texto de la reforma propuesto era más limitado, pues establece como no susceptibles de restricción tan sólo algunas de las garantías procesales.
VIII. SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHO A LA VIDA 290. A lo largo del año 2007 la CIDH continuó recibiendo información sobre la situación de inseguridad ciudadana en Venezuela, en particular en cuanto a homicidios y secuestros, y la ausencia de una respuesta efectiva de los órganos encargados de investigar y sancionar este tipo de hechos. 291. La Comisión destaca que tanto el Estado como diversas organizaciones de derechos humanos han planteado su preocupación por la situación de inseguridad ciudadana y la afectación al derecho a la vida de los habitantes en Venezuela[306].
294. Respecto de esta sección, el Estado indicó que todas las instituciones del Estado se encuentran coadyuvando en la solución de este problema. Informó que a fin de mejorar los niveles de seguridad ciudadana, se ha llevado a cabo, con la participación de diversos sectores de la sociedad, tres líneas estructurales de acción: i) diagnóstico de las causales, ii) planes de carácter preventivo y iii) plan estratégico. La Comisión manifiesta su beneplácito por tal emprendimiento y espera se la mantenga informada sobre los avances en esta materia. 295. Por otra parte, la Comisión tomó conocimiento sobre cifras relacionadas con las investigaciones y sanciones de ejecuciones extrajudiciales. Según las nuevas cifras de la Fiscalía General, de los 6.068 casos de "ajusticiamientos" que su despacho ha contabilizado desde febrero de 2000 y en los cuales estarían implicados aproximadamente 2.050 funcionarios, tan sólo 204 han sido condenados y se encuentran cumpliendo su pena[309].
297. Algunas organizaciones de la sociedad civil venezolana manifestaron preocupación por la posible profundización de la ya grave situación problemática de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela pues las llamadas "milicias" que correspondían a la antigua reserva de las Fuerzas Armadas, podrían quedar facultadas para el resguardo del orden público sin la debida capacitación y entrenamiento[310]. Según la información disponible, la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional había introducido un cambio en el sentido de que las milicias son parte de las Fuerzas Armadas y que éstas ya no "coadyuvarán" al mantenimiento del orden público sino que se encargarán de tal función de manera permanente. 298. Cabe resaltar que la Corte Interamericana ha establecido en anteriores oportunidades que los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales[311].
301. La CIDH también reitera que el deber del Estado de prevenir, investigar y sancionar las violaciones del derecho a la vida e integridad personal, no se agota en aquellas cometidas por agentes estatales, sino que incluye también los eventos en los cuales se encuentren involucrados particulares, tales como los casos de asesinato por sicariato. Entre las medidas a adoptar es fundamental que además de la diligencia en las investigaciones y de la aplicación de las sanciones administrativas, disciplinarias y penales que correspondan, las personas que pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado, tanto policiales como militares tengan claramente definidas sus competencias de acuerdo a los estándares mencionados, y se encuentren debidamente capacitados en materia de derechos humanos. 302. En su informe el Estado indicó ante la problemática de las ejecuciones extrajudiciales el Estado suscribió la Ley del Acuerdo de Cooperación entre Venezuela y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Señaló el Estado que a través de este acuerdo "espera obtener especial ayuda en lo referente a la prevención de delitos de ejecuciones extra judiciales, para lo cual se esta elaborando un plan para la educación y preparación de los agentes de seguridad venezolanos […] creándoles una amplia cultura de derechos humanos". La Comisión destaca su complacencia por los esfuerzos enunciados por el Estado y espera que se la mantenga informada sobre los resultados de esta política para prevenir la continuidad de las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes estatales.
IX. SITUACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 303. Durante el año 2007, la CIDH siguió recibiendo información relacionada con un número alarmante de hechos violentos en las cárceles venezolanas, que han afectado, muchas veces irreparablemente a la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad. En particular, la Comisión quisiera manifestar su profunda preocupación por la masacre ocurrida el 1º de enero de 2007 en el Centro Penitenciario Región Centro Occidental – "Cárcel de Uribana", en la que resultaron muertos por arma de fuego 16 personas y 13 heridos[314].
312. La CIDH mantiene su preocupación por la falta de concreción de fechas para la realización de una visita de la Comisión o del Relator del país a Venezuela. 313. Por otra parte, entre los principales aspectos que la Comisión considera afectan de manera general el disfrute efectivo de los derechos humanos de todos los habitantes de Venezuela se encuentran la existencia de un ambiente hostil para el disenso político, la criminalización de la protesta social, el señalamiento u hostigamiento a organizaciones no gubernamentales o defensores de derechos humanos, los cuestionamientos relacionados al funcionamiento transparente de la administración de justicia, la existencia de obstáculos directos e indirectos a la libertad de expresión y las graves condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad. Adicionalmente, expresa especial preocupación por el incremento en los índices de inseguridad ciudadana y las denuncias recibidas sobre el alto número de sindicalistas muertos sin que el Estado hubiera efectuado un diagnóstico sobre las causas de esta situación, ni adoptado medidas necesarias para evitar su continuidad.
1. Cumplir de buena fe con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. 2. Adoptar todas las medidas a su disposición para prevenir violaciones a la vida e integridad personal de los defensores y defensoras de derechos humanos, así como para investigar con la debida diligencia hechos de violencia contra los mismos con independencia de que en ellos se encuentren vinculados agentes estatales o particulares. Abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores o que sugieran que las organizaciones de derechos humanos actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción o protección de los derechos humanos.
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[225] PROVEA. Derechos Humanos y Coyuntura. Boletín Electrónico No. 184. Del 1º de abril de 2007 al 22 de abril de 2007. [226] PROVEA. Derechos Humanos y Coyuntura. Boletín Electrónico No. 182. Del 24 de febrero al 5 de marzo de 2007; Informe sobre defensores (supra
nota 223). Página 132.
[227] Informe sobre defensores (supra nota 223). Página 133. [228]
En anteriores oportunidades la CIDH ha identificado a los líderes sindicales como uno de los grupos de defensores y defensoras de derechos humanos en especial estado de indefensión y expuestos a una diversidad de presiones contra su trabajo. En tal sentido véase: CIDH: Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas. 7 de marzo de 2006, párrafos 209 a 214. [229] Informe sobre defensores (supra nota 223). Páginas 62 y 63.
[230] PROVEA. Derechos Humanos y Coyuntura. Boletín Electrónico No. 190. Del 20 de agosto al 20 de septiembre de 2007. Artículo: Lorenzo Labrique: “Violencia sindical e indiferencia estatal”. [231] Informe sobre defensores (supra nota 223). Páginas 67, 68 y 148. Citando: Nueva Prensa de Guayana [en línea], Edición del 30 de enero de 2007.
[235] Informe sobre defensores (supra nota 223). Página 148; El Tiempo [en línea], Edición del 20 de enero de 2007. [236] Informe sobre defensores (supra nota 223). Página 148; Nueva Prensa de Guayana [en línea], Edición del 30 de enero de 2007.
[246] PROVEA. Derechos Humanos y Coyuntura. Boletín Electrónico No. 190. Del 20 de agosto al 20 de septiembre de 2007. Artículo: Lorenzo Labrique: “Violencia sindical e indiferencia estatal”; PROVEA. Derechos Humanos y Coyuntura. Boletín Electrónico No. 188. Del 7 de de julio al 25 de julio de 2007. [247] Los señores Alcides Magallanes, Humberto Prado Sifontes y la señora Sara Mier y Terán.
[248] Durante audiencia celebrada en el 130º período ordinario de sesiones, el Estado venezolano efectuó una amplia presentación de esta norma, indicando que tal es el mecanismo a través del cual se canalizan las medidas de protección dictadas tanto por la Comisión como por la Corte Interamericanas. [249] Informe sobre defensores (supra nota 223). Página 15.
[254] Información recibida durante las audiencias realizadas en el 130º período de sesiones de la CIDH. [255] Comunicado de prensa Nº 26/06 de 19 de julio de 2006. CIDH preocupada por proyecto de Ley de Cooperación Internacional de Venezuela.
[259] Nota de prensa del diario El Progreso. Agredido periodista Miguel Bellorín. Artículo de 5 de febrero de 2007. Disponible en: http://www.diarioelprogreso.com/edi-050207/html/pag44-c.htm. Visita efectuada el 5 de noviembre de 2007; Instituto Prensa y Sociedad. Venezuela. Funcionario municipal golpea a periodista radial tras reportaje crítico. Alerta de 15 de marzo de 2007. Disponible en:
http:www.ifex.org/es/content/view/full/81766. Visita efectuada el 5 de noviembre de 2007.
[262] Amnistía Internacional. Comunicado de Prensa. Venezuela: La libertad de expresión en peligro. Índice de AI: AMR 53/003/2007 (Público) Núm. del Servicio de Noticias: 094/07, 10 de mayo de 2007 en
[263] Instituto Prensa y Sociedad. Venezuela: Balean casa de columnista en Zulia. Alerta de 27 de marzo de 2007, disponible en: http://www.ipys.org.ve/2007/a_CD_reporte.htm.
Visita efectuada el 5 de noviembre de 2007.
[264] Instituto Prensa y Sociedad: Agreden a reporteros en Táchira. Alerta de 20 de mayo de 2007. Disponible en: http://www.ipys.org.ve/2007/a_CD_VTVTACHIRA.htm.
PROVEA. Derechos Humanos y Coyuntura. Boletín Electrónico No. 191. Del 26 de septiembre al 16 de octubre de 2007. Nota de prensa disponible en: http://noticias.eluniversal.com/2007/09/28/pol_art_sip-repudia-agresion_500076.shtml. Visita efectuada el 5 de noviembre de 2007.
[268] Comunicado de prensa. Reporteros Sin Fronteras. Disponible en: http://www.rsf.org/article.php3?id_ article=21760.
Visitas efectuadas el 27 de octubre de 2007 y el 7 de noviembre de 2007.
[269] CIDH, Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA/Ser. L/V/II.88, doc. 9 rev., 17 de febrero de 1995, párrafos 197-212. Véase también Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111,
párrafos 96-98; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107,
párrafos 121 y 123; ver también Eur. Court H. R.,
Case of The Sunday Times v. United Kingdom, párrafo 59;
y Eur. Court H. R., Case of Barthold v. Germany, párrafo.
[273] PROVEA. Derechos Humanos y Coyuntura. Boletín Electrónico No. 184. Del 1 de abril al 22 de abril de 2007. Entre los ejemplos de esta situación identificados por PROVEA y narrados en sus Boletines Electrónicos 181, 182 y 183, se encuentran: El 9 de enero de 2007 tres personas fueron detenidas y otras heridas por perdigones tras realizar una manifestación en La Guaira que solicitaba la activación de un referendo contra el gobernador Antonio Rodríguez y el alcalde Alexis Toledo. La disuasión de la protesta fue realizada por agentes de Polivargas.
El 26 de enero de 2007 la Brigada Especial Antimotín de la Policía de Aragua dispersó con gases lacrimógenos una protesta de microempresarios en la avenida Intercomunal Turmero. Los manifestantes pertenecían a las cuadrillas de mantenimiento y limpieza del municipio Mariño que reivindicaban beneficios laborales. El 29 de enero de 2007 la Policía del Estado Monagas disolvió con gas lacrimógeno y perdigones una protesta en Maturín realizada por vecinos del sector Sabana Grande que solicitaban el suministro de agua en la zona. El 13 de febrero de 2007 efectivos de la Policía del Estado Monagas dispersaron con gases lacrimógenos y perdigones una manifestación de trabajadores despedidos de la Gobernación en los alrededores de la plaza El Indio. Cerca de allí, se realizó una protesta de transportistas quienes pretendían entregar un pliego conflictivo al director de vialidad y transporte de la Alcaldía de Maturín. Esta protesta también fue reprimida y, según el reporte policial, ambas arrojaron dos heridos y 11 personas afectadas por los gases.
El 14 de febrero de 2007 cinco deportistas resultaron heridos, dos por perdigones y tres por gases lacrimógenos, cuando un grupo de atletas del Estado Carabobo tomaron las instalaciones de la Villa Olímpica en la ciudad de Valencia para protestar por la falta de becas, pago a los entrenadores, incumplimiento en la entrega de viviendas y otras promesas realizadas por el presidente de Fundadeporte. La represión de la manifestación fue realizada por la Policía de Carabobo. El 16 de febrero de 2007 grupos de mineros del municipio Raúl Leoni del Estado Bolívar se apostaron frente a la sede del Ministerio del Ambiente en Puerto Ordaz para exigir la cancelación de la llamada ayuda humanitaria prometida por el Gobierno Nacional. Paralelamente, unos 200 mineros protestaban en La Paragua solicitando el pago de 15 millones prometido por Gobierno, los cuales fueron repelidos por un comando de la Guardia Nacional utilizando bombas lacrimógenas y practicando la detención de nueve personas. El 27 de febrero de 2007 un grupo de Jubilados de la Gobernación del Zulia fueron desalojados del despacho cuando realizaban una manifestación para exigir el pago de diferentes deudas laborales. La protesta fue reprimida por la Brigada Especial de la Policía Regional, dejando como saldo cinco personas heridas y tres detenidas.
agentes de Polivargas desalojaron, utilizando perdigones, a más de 100 familias del sector Quebrada Seca de Caraballeda, quienes habían invadido el edificio Las Perlas desde el día anterior, con la intención de presionar a las autoridades de Corpovargas para que les dieran el dinero prometido por sus casas. En la refriega hubo dos heridas: una embarazada y una niña. Siete personas quedaron detenidas por enfrentarse a la policía. El 12 de marzo de 2007 dos estudiantes fueron detenidos en Carora, Estado Lara, cuando realizaban una protesta debido a la muerte de dos jóvenes por el hampa común. La Guardia Nacional y la policía regional lanzaron bombas lacrimógenas contra la Unexpo, recinto en el que estudiaban las dos víctimas. El 13 de marzo de 2007 un grupo de jubilados y pensionados protestaban frente a la sede de la Gobernación del Zulia cuando fueron reprimidos con bombas lacrimógenas y perdigones por funcionarios de la policía regional. Los manifestantes exigían la cancelación de deudas laborales. [274] CIDH, Informe sobre la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en las Américas, 7 de marzo de 2006, párrafo 50; CIDH, Informe Sobre Terrorismo y Derechos Humanos, 22 de octubre de 2002, párrafo 359.
[275] CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: el camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia, párrafo 43; CIDH.
Informe sobre la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en las Américas, párrafos 56 y 63.
[278] Respuesta del Estado venezolano recibida por la CIDH el 8 de junio de 2007. [279] Amnistía Internacional: Venezuela: Las autoridades deben actuar para detener una posible escalada de violencia, Declaración Pública AMR 53/005/2007 de 15 de noviembre de 2007 en http://amnesty.org//library/Index/ ESLAMR530052007?open&of=ESL-VEN; El Universal: La violencia selló marcha estudiantil: La PM y GN disolvieron la concentración con bombas lacrimógenas, 2 de noviembre de 2007 en http://www.eluniversal.com/2007/11/02/ imp_pol_art_la-violencia-sello-m_574558.shtml.
Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111,
párrafos 96-98.
[282] CIDH. Informe Anual de 2005. Relatoría para la Libertad de Expresión. Capítulo V, párrafo 96. Citando. CELS, “El Estado frente a la protesta social- 1996-20002” (Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina 2003) páginas 48 y 49. [283] CIDH. Informe Anual de 2005. Relatoría para la Libertad de Expresión. Capítulo V, párrafo 97.
[288] Informe sobre la Discriminación Política en Venezuela (2003 – 2007). Estudio de Casos. Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Página 302. Citado en nota de prensa de El Nacional. 9 de mayo de 2007. NACION/5. [289] Informe sobre la Discriminación Política en Venezuela (2003 – 2007). Estudio de Casos. Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Página 303. Citado en nota de prensa de El Nacional. 19 de mayo de 2007. NACION/6.
[290] Internacional Bar Association: Venezuela: La justicia en entredicho. Report of a misión to Venezuela by the Internacional Bar Association Human Rights Institute, June 2007, Capítulo 5: Desafíos a la Administración de Justicia, pág. 53. Informe sobre la Discriminación Política en Venezuela (2003 – 2007). Estudio de Casos. Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Página 303. Citando: Nota de prensa de El Nacional. 16 de mayo de 2007. NACION/5; Página 377. Nota de prensa de El Universal. 13 de abril de 2007. Disponible en: http://buscador.eluniversal.com/2007/04/13/pol_art_chavez-insto-a-la-fa_246899.shtml. Visita efectuada el 5 de noviembre de 2007; Página 378; Nota de prensa de El Nacional. 13 de abril de 2007. Pág. Nación/4. Nota de prensa de El Universal. 11 de mayo de 2007. Disponible en: http://www.eluniversal.com/2007/05/11/pol_art_ordenan-a-militares_279412.shtml. Visita efectuada el 5 de noviembre de 2007. [291] CIDH. Informe Anual 2005. Capítulo IV. Venezuela, párrafo 336.
[296] Nota de prensa de El Universal. 7 de abril de 2007. Disponible en: http://www.eluniversal.com/2007/04/07/ pol_art_carreno-amenaza-a-ju_240858.shtml. Visita efectuada el 5 de noviembre de 2007. [297] Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías al Inicio de la Construcción del Partido Socialista Unido, 24 de marzo de 2007 publicado en la Revista Diplomacia, Estrategia y Política: Acerca de la Grandísima importancia de un partido, Número 6 Abril/Junio, Pág. 216. También véase reseñado en el Internacional Bar Association: Venezuela: La justicia en entredicho. Report of a mission to Venezuela by the International Bar Association Human Rights Institute, June 2007, Capítulo 5: Desafíos a la Administración de Justicia, página 33.
[301] CIDH. Acceso a la Justicia e Inclusión Social. El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia, párrafo 96. [302] Nota de prensa de El Universal. 19 de octubre 2007. Disponible en:
http://www.eluniversal.com/2007/10/ 19/pol_art_fiscal-general-recha_547234.shtml. Visita efectuada el 5 de noviembre de 2007.
[303] Nota de prensa de El Universal. 23 de octubre de 2007. Disponible en:
http://www.eluniversal.com/2007/10/ 23/pol_art_defensor-rechaza-cam_553898.shtml. Visita efectuada el 5 de noviembre de 2007.
[304] Human Rights Watch. Venezuela: Preocupante Plan para Suspender el Debido Proceso Partidarios de Chávez Promueven Cambios Constitucionales para Suspender Derechos en Estados de Excepción (Nueva York, 16 de octubre de 2007). También Véase Nota del prensa. El Universal. 25 de octubre de 2005. “AN aprobó esta madrugada el texto de reforma constitucional”. Disponible en: http://eluniversal.com/2007/10/25/imp_pol_art_an-aprobo-esta-madru_557601.shtml. Visita efectuada el 29 de octubre de 2007.
[306] Observaciones del Estado venezolano al Proyecto de Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela para el año 2007 de 21 de diciembre de 2007 e información recibida durante las audiencias realizadas en el transcurso del año 2007, véase también PROVEA: Informe Anual de Octubre 2006-Septiembre 2007: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela Secciones Derecho a la vida y Derecho a la Seguridad Ciudadana. [307] Informe Anual del Fiscal General de la República. Año 2006. Presentado a la Asamblea Nacional el 9 de agosto de 2007, página 11. [308] Documentación aportada por la Ex Secretaria Técnica de la Comisión Nacional para la Reforma Policial, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 14 de agosto de 2007.
[309] Informe Anual del Fiscal General de la República. Año 2006. Presentado a la Asamblea Nacional el 9 de agosto de 2007. Página 11. [310] Información proporcionada en Audiencias sostenidas durante el 130º período de sesiones de la Comisión por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana.
[311] Corte I.D.H., Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia).
Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párrafo 78.
Corte I.D.H., Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia). Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párrafo 69. Caso del Centro Penitenciario Regional Capital Yare I y II.
Medidas Provisionales. Resolución de la Corte de 30 de marzo de 2006, considerando décimo quinto, e Internado Judicial de Monagas (La Pica). Medidas Provisionales. Resolución de la Corte de 9 de febrero de 2006, considerando décimo séptimo.
Corte I.D.H., Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párrafo 143; Corte I.D.H., Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párrafo 219. [314] Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información: Motín dejó como saldo 16 internos muertos y 13 heridos: Guardia Nacional custodia cárcel de Uribana en Lara, 3 de enero de 2007 en http://www.rnv.gov.ve/noticias/
index.php?act=ST&f=27&t=42292; También véase, El País
Al menos 16 muertos en los enfrentamientos en una cárcel venezolana: Se trata de luchas entre clanes rivales dentro de la prisión. EFE - Caracas - 03/01/2007 en http://www.elpais.com/ articulo/internacional/muertos/enfrentamientos/carcel/venezolana/elpepuint/20070103elpepuint_1/Tes
Según la solicitud de Medidas Provisionales enviadas a la CIDH en enero de 2007 por el Observatorio Venezolano de Prisiones, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y los señores Pedro Nikken y Carlos Ayala Corao, los muertos resultantes de los hechos violentos del 1 de enero de 2007 fueron: José Antonio Ramos Rodríguez, Edgar Alejandro Vera Pimentel, José Alejandro Martínez Escobar, Cesar Eduardo Peralta, Wilmer Pastor Martínez Yanez, Anderson Emilio Navas Suárez, Ali Otoniel Crespo Cordero, William Álvarez Rodríguez, Wilmer Alexander Salas Peña, Hilario Antonio Ramírez Gil, Francisco Antonio Escalona Pérez, José E. Colmenarez Torrealba, Oswaldo José Vargas, Jackson José Carbajal, Oscar José Pineda, y Alberto Masias Álvarez. Posteriormente, durante la audiencia “Situación de las personas privadas de libertad en las Américas” realizada en el marco del 127º período ordinario de sesiones, la CIDH recibió información que señalaba que en los 3 primeros meses del 2007, el número de muertos en la Cárcel de Uribana sumaba 18 (con las muertes de Carlos Luís Blanco y José Gregorio Ollarves), y 15 personas habrían resultado heridas.
Corte I.D.H., Asunto del Internado Judicial de Monagas ("La Pica"). Medidas Provisionales Respecto a Venezuela. Resolución de la Corte de 3 de julio de 2007; y Corte I.D.H., Asunto del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II. Medidas Provisionales Respecto a Venezuela. Resolución de la Corte de 30 de marzo de 2006.
[320]Cfr.http://buscador.eluniversal.com/2007/08/09/sucgc_art_matan-a-detenido-en_397540.shtml; http://buscador. eluniversal.com/2007/08/12/sucgc_art_breves-sucesos_398248.shtml;
http://buscador.eluniversal.com/2007/08/25/sucgc_ art_presunto-motin--en-y_429493.shtml .
[321] Cfr., inter alia, Corte I.D.H., Caso Bulacio, Sentencia del 18 de septiembre de 2003, Serie C N° 100, párrafo 126;
Caso Cantoral Benavides, Sentencia del 18 de agosto de 2000, Serie C N° 69, párrafo 45; Caso Durand y Ugarte, Sentencia del 16 de agosto de 2000, Serie C N° 68, párrafo 45; Caso Castillo Petruzzi y otros, Sentencia del 30 de mayo de 1999, Serie C N° 52, párrafo 61; Caso Neira Alegría, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C N° 20, párrafo 60; Véase también CIDH, Informe N° 41/99, Caso 11.491, Menores Detenidos, Honduras, 10 de marzo de 1999, párrafo 125.
[324] Cfr. Corte I.D.H., Asunto de las personas privadas de libertad de la Penitenciaria "Dr. Sebastião Martins Silveira" en Araraquara, São Paulo. Medidas Provisionales Respecto a Brasil. Resolución de 30 de septiembre de 2006, considerando onceavo; Corte I.D.H.,
Asunto de las Penitenciarías de Mendoza. Medidas Provisionales Respecto a Argentina. Resolución de 18 de junio de 2005, considerando séptimo; Corte I.D.H., Asunto de las Penitenciarías de Mendoza. Medidas Provisionales Respecto a Argentina. Resolución de 22 de noviembre de 2004, considerando décimo; Corte I.D.H., Caso Instituto de Reeducación del Menor, Sentencia del 2 de septiembre de 2004, Serie C N° 112, párrafo 159.

References: artículo 57
 artículo 344
 artículo 44
 artículo 13
 artículo 13
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