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BOE.es - Documento BOE-A-2012-4023
Documento BOE-A-2012-4023
«BOE» núm. 71, de 23 de marzo de 2012, páginas 25285 a 25285 (1 pág.)
BOE-A-2012-4023
En el recurso contencioso-administrativo n.º 191/2010, interpuesto por la representación procesal del Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Tercera) ha dictado Sentencia de fecha 27 de febrero de 2012 que contiene el siguiente fallo:
Rechazar las objeciones de inadmisibilidad opuestas y estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 191/2010 interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales contra el Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
Declarar que los requisitos establecidos en los apartados 2.b) y 2.c), 4.b) y 4.c) del artículo 42 del Reglamento de la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial, según la redacción que les da el Real Decreto 338/2010, no son aplicables a las personas físicas.
Declarar la nulidad del apartado primero del artículo 42 y de la letra a) del apartado segundo del mismo artículo 42 del Reglamento de la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial, según la redacción que les da el Real Decreto 338/2010, en cuanto exigen la autorización, previa acreditación, para que los organismos de control ejerzan sus funciones.
No imponer las costas del proceso a ninguna de las partes.
la nulidad del art. 42.1 y 2.a) y la inaplicabilidad a las personas físicas de lo indicado en los apartados 2.b) y c), 4.b) y c) del art. 42 del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre en la redacción dada por el art. único del REAL DECRETO 338/2010, de 19 de marzo (Ref. BOE-A-1996-2468) y (Ref. BOE-A-2010-5547).

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 42
 Real Decreto 
 artículo 42
 artículo 42
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO