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Timestamp: 2019-04-23 12:27:52+00:00

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Cargado por Nohemy Milla Valverde
Cuadro Poderes 1
Revista Umbrales9. Revista Del Postgrado en Ciencias Del Desarrollo CIDES UMSA. La Paz Bolivia
Unidad I Lecturas
“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA”
CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Esta, surge como necesidad en la busca de solución de conflictos. Desde las formas más primitivas de organización, sea la familia, el clan o la tribu, surge el imperativo, que alguien (sea una sola persona o varias) asuman el rol de decir la última palabra sobre divergencias dentro de la vida cotidiana. Aparecen allí las reglas morales y los primeros moldes de lo que podemos denominar "sanciones". Con el transcurso del tiempo, la justicia viene a ser asumida por determinados grupos sociales, que concentrando en si el aspecto religioso, asumen el hecho de impartir justicia como un "don divino". Allí encontramos un primer antecedente de lo que ha significado la Magistratura: una forma de ejercer el poder, pues quien tiene el control de la justicia, tiene también la coerción, es decir la facultad de hacer cumplir sus fallos. Es en sociedades más avanzadas como Grecia y Roma donde la Magistratura comienza a estructurase como una verdadera institución. Así en esta última, existían los pretores y los cuestores, así como los denominados tribunos de la plebe, todo los cuales se encontraban debidamente organizados, apareciendo así la denominada burocracia, que se incrementó con el Imperio. Sin embargo es durante la transición del Estado Feudal al Moderno, especialmente en el Absolutismo, donde la Magistratura alcanza su mayor desarrollo. En Inglaterra, Francia y España, se produce un desarrollo tal, que con propiedad podemos decir que son la fuente del moderno derecho jurisdiccional. Es obvio que los monarcas concentraban en sus manos la
potestad de administrar justicia, y de allí la ligazón entre la judicatura y el poder político, pero lo más importante es la aparición de la jerarquización de la administración de justicia, la delimitación de lo que ahora conocemos como "instancias". Es de resaltarse, la experiencia inglesa, que como sabemos recibió poca influencia del derecho romano germánico y creó un sistema de organización judicial destacándose la independencia de su Magistratura donde incluso el Rey debe someterse a la Ley, así aparece de la Carta Inglesa de 1215. Si bien el Juez administraba justicia a nombre del Rey, no tenia mas límite que su propio criterio, esto es la aplicación del derecho común, para la solución de controversias. La Revolución Francesa introdujo un enfoque moderno a la Magistratura como aparato, pero le dio una dimensión disminuida. Igual que en Inglaterra, el sistema judicial francés se basó en muchas de las instituciones existentes en el antiguo régimen, pero produjo una ruptura. De hecho la aplicación del derecho culto o romano fue una de las características que asumió esta familia jurídica, puesto que luego de la Revolución, se avanzó hacia una nueva codificación normativa. Sin embargo no debe perderse de vista, que la Revolución solo daba fin a un sistema de gobierno absolutista, por la ascensión de la una nueva burguesía, a quien le convenía conservar sus privilegios, para cuyo efecto el sistema absolutista, ya no les servía. Por ello aunque se reconocieron libertades, estas no eran absolutas, puesto que los ciudadanos activos eran los llamados "propietarios", y ellos eran quienes se hacían cargo de los puestos públicos más importantes. Volvemos así al tema de que la Judicatura, como instrumento de una clase social sea ejercida en forma directa o por designación, circunstancia que subsiste hasta nuestros días. Es interesante señalar que hace muchos siglos, un erudito griego comparó a la administración de justicia como una telaraña: fácilmente rota
por los poderosos, solo sirve para atrapar a los débiles. Ese es el reto de la justicia del siglo XXI, una justicia que se aplique para todos, sin distingos. Continuando con la Francia del XVIII, era obvio que la Magistratura, no solo no era independiente sino también era desdeñada y menos apreciada por las clases sociales más bajas. Es Napoleón Bonaparte a comienzos del siglo XIX quien les da a los Magistrados prestancia a fin de que sean vistos como verdaderos empleados públicos. Los Jueces muchas veces eran odiados, temidos, estaban al margen de la sociedad. Napoleón en cierto modo los recupera y da una posición social muy importante a la Magistratura. Hay documentos napoleónicos en los que se afirma que cinco jueces eran los servidores civiles más importantes del Imperio. Los jueces ganaban honorarios y eran muy bien pagados. Mas, siendo servidores del emperador este era un punto fundamental. El Juez era un "servidor" un servidor sumiso y ellos no iban a controlar los actos del emperador, no iban a interpretar o ir contra el emperador y jurídicamente válido o no, era un servidor, un servidor fiel, un servidor dócil, sin independencia alguna. Claro que esta situación no iba a continuar en forma indefinida. Es precisamente en la Francia del siglo XIX, donde la Magistratura comienza a aparecer como una verdadera institución con respecto a sus miembros. La asociación de los Magistrados entre sí, fue el camino que los hizo más fuertes frente la injerencia del poder. Se crea el Sindicato de la Magistratura, imitada poco después en España por la Asociación de Jueces para la Democracia, luego en otros estados como en el Brasil, donde los Magistrados se asocian formando corporaciones, en defensa de sus derechos. La delimitación de la jurisdicción es un avance que nos ha legado el sistema americano de administración de justicia. Desde antes de su Independencia jamás se discutió la cuestión de la independencia de los jueces, por ello cuando se da vida a su Constitución, no hubo mayor problema en introducir
creó una Cámara de Apelaciones situada en la ciudad de Trujillo con competencia 4 . luego el Poder Ejecutivo o el Congreso y en tercer lugar el Poder Judicial. que quizá en el siglo XXI sean casi imperceptibles.1. desgraciadamente y es triste decirlo. Veamos. cuyas ideas eran más monárquicas que republicanas.1.cuando en la América antes de su independencia en la práctica ya había una división de poderes. le permitió consolidarse como Poder del Estado. Por eso no es tan cierto que Montesquieu haya sido el inventor de la famosa "separación de los poderes" – si bien estableció los parámetros de la misma . dictado por Generalísimo José de San Martín. LA MAGISTRATURA EN EL PERÚ REPUBLICANO Hablar de la Magistratura en nuestro país. e inclusive muchos magistrados sufrieron los abusos del poder. donde una de sus facultades era el control de la constitucionalidad. para valor mucho más a la judicatura. instrumento que le permitía erigirse como un auténtico poder estatal. en la búsqueda de una administración de justicia cada vez más independiente e impermeable a las presiones. Como se verá la Magistratura a lo largo del tiempo se ha ido enriqueciendo con conceptos e instituciones. puesto que muchas veces ha sucumbido a la presión de los demás poderes. es referirse a toda una historia de avatares donde si bien la valentía y decisión de muchos Magistrados. La constitución americana establece la primacía de la Carta Fundamental por sobre los demás poderes. formando así un trípode donde se sustenta el Estado. 1. El Reglamento de Huara de 1821. que nunca estuvieron ausente a su devenir histórico. pero que su desarrollo y puesta en práctica fue producto de una ardorosa labor.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” el sistema de separación de poderes. ampliando quizá las ideas predominantes entonces. nunca ha podido mantenerse incólume.
por cuanto los Magistrados no desempeñaban sus funciones acorde con tal excelso cargo. Sin embargo la erradicación de dichos Magistrados muchas veces pasaba. crearse la Alta Cámara de Justicia que reemplaza la anterior. desde los albores de la república ante una organización efectiva del Poder Judicial. Así Vidaurre en el denominado "Plan del Perú". porque el desprestigio de la Magistratura como varias taras. Manuel Lorenzo de Vidaurre y trabajado entre 1832 a 1835 con tanto esmero. Si. El funcionamiento de la Magistratura no solo se encontraba amenazado desde fuera por la injerencia política. No es extraño. quedó trunco precisamente por la interrupción del orden constitucional. No se debe perder de vista que entre 1821 y 1832. para luego pocos meses después con la Capital del Virreinato ya liberada. por el simple 5 . donde los cuestionamientos a la Real Audiencia y sobre todo a sus oidores eran varios. que en resumidas cuentas eran conductas incompatibles con el puesto. señala los lastres que acompañaban el desempeño de muchos Magistrados. Es necesario resaltar que la Constitución de 1823 establecía en lo referente al Poder Judicial una delimitación de funciones y jerarquización. el Perú soportó un primer periodo de turbulencia política donde se sucedieron varios gobiernos con poca estabilidad para poner en marcha un ordenamiento adecuado del Estado. sino también desde adentro. Luego en 1824 aparece la Corte Suprema de Justicia en concordancia con Constitución vigente. Sin embargo la independencia de la Magistratura nunca estuvo garantizada.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” sobre los territorios recientemente ocupados. era una herencia colonial. lo que significaría que su independencia estaría asegurada por mandato de la propia Constitución. desde los inicios de nuestra Magistratura ya estábamos frente al tema de la corrupción judicial. Así nos encontramos. Es importante señalar que el Proyecto de Codificación presentado por el Primer Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
y ausencia de autonomía económica. que podemos establecerlo hasta 1860 debe rescatarse los temas de la autonomía jurisdiccional. reduciéndolo prácticamente a ser un apéndice del Legislativo. dejando de lado la iniciativa del Poder Judicial en la formación de las leyes. aduciendo por en algunos casos la incompatibilidad del 6 . dejando que los demás decidan por él. la Constitución de 1860 fue más allá. entre otros. El siglo XX. por ejemplo se dictaron disposiciones especiales para separar a varios Magistrados. pero el sistema al igual que en la constitución de 1933 .“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” hecho que habiendo sido nombrados por el Congreso y así sucesivamente. leyes dictadas por el Congreso. aunque en este último caso "maquilladas" permitiéndosele al Poder Judicial presentar proyectos de ley. situación que continuó hasta hace pocos años. Ahí tenemos un claro ejemplo del sometimiento de la Magistratura a otros poderes desde los inicios de la República. la presencia de la justicia de paz. especialmente en dos aspectos que es necesario precisar: ausencia de iniciativa en la formación de las leyes. lo cual subsiste hasta la fecha. la reglamentación de la carrera. su nivel de influencia era tal que no era tan fácil desprenderse de ellos. De este primer periodo. la unidad e independencia de la función jurisdiccional. Así teníamos a un Poder Judicial en buen sentido de la palabra como el "hermano menor" de los demás poderes. Durante el oncenio de Leguía. puesto que en la Carta Magna se estableció que la justicia se administra en la forma determinada por la ley.para lo que nos interesa – siguió siendo el mismo : nula independencia del Poder Judicial y designación de sus más altos funcionarios por los demás poderes del Estado. sin embargo la Carta de 1920 hace aparecer la jurisdicción militar (porque en las dictaduras la jurisdicción militar adquiere relevancia). especialmente en cuanto a la designación de sus miembros. tampoco trajo mayores novedades. Si anteriormente el Poder Judicial ya soportaba la injerencia de otros poderes.
la Constitución de 1979. que había sido eliminada con la Constitución de 1860. para quienes vivimos la última parte de siglo. además de marcar un hito en cuanto al reconocimiento de los derechos económicos y sociales. explica el porqué en la mayoría de los casos nuestros Magistrados eran cuestionados. arrastraban el pasivo de los demás. conformándose asimismo una institución para la designación de Magistrados. la intervención de la Dictadura Militar en la Magistratura y era evidente que se pretendía crear un organismo que asegure por lo menos la imparcialidad en la elección de los Magistrados. labor que se encontraba reservada al Presidente de la República. Reaparece la figura del Fiscal de la Nación. que se encargaba de la selección. dictada durante el gobierno del General Velasco Alvarado. y los pocos que se salvaban. pero con un enorme poder – y vaya que lo usaron – para la designación de los Magistrados. Consejo Nacional de la Magistratura. la Carta Fundamental de 1979. por primera vez le dar un lugar adecuado al tema del Poder Judicial. ahora ya como un organismo autónomo. presidida por el Fiscal de la Nación. y en el caso de los Magistrados de la Corte Suprema previa ratificación del senado (otra vez. el tamiz político). pero no del nombramiento de los Magistrados. Pese a todo. mediante el cual se declaró la reorganización del Poder Judicial y la creación posterior del Consejo Nacional de Justicia el mismo que designo Magistrados. Eso significaba que un Magistrado para lograr la más alta designación tenía que recurrir a la benevolencia de un grupo de personas quizá sin ningún conocimiento de la realidad judicial. destrozada por el Decreto Ley 18060. A pesar de todo ello. acorde con las necesidades del gobierno de turno. Ello. Por ello con la entrada de vigencia de la Constitución. se encargó al 7 .“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” cargo de Ministros que algunos habían desempeñado con el de Magistrados y a otros sencillamente se les separó. en el tema de la administración de justicia intentaba superar.
Así la institución soportaba un desprestigio. 1. al igual que las demás instituciones del Estado. que formó el denominado “Consejo Ejecutivo del Poder Judicial” y posteriormente la “Comisión Ejecutiva del Poder Judicial” los cuales acentuaron la intervención de este poder del estado. y el Poder Judicial no había podido. lo que en nuestro concepto es inconstitucional y vulnera la independencia y el derecho a la permanencia en el puesto de los Magistrados. lo que se tradujo en los triunfos de independientes a la Alcaldía de Lima y en la Presidencia de la República. que los cambios que afectan al Estado de una u otra manera se ven reflejados en los poderes que lo sustentan.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” Senado de la República la "ratificación" de los magistrados de la Corte Suprema y a esta la de los Magistrados de las instancias inferiores. pasando por un descrédito total de los partidos políticos. El escenario particular del Perú de los 90. EL PODER JUDICIAL EN EL ÚLTIMO DECENIO No cabe duda ahora. Aparece así una institución. tuvo que abandonar el cargo al no estar dispuesto a tolerar la injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. llegando inclusive a designarse a un personaje de 8 . próxima a lo que sería en la actualidad la denominada "ratificación" de magistrados. Luego de producido este se descabezó en forma total los órganos de gobierno del Poder Judicial.1. lograr aplicar con todo rigor las normas punitivas. luego del denominado “autogolpe” del 05 de Abril del 2002.2. el sojuzgamiento del Poder Judicial. el doctor Portugal Rondón. era el de un país que salía de una crisis económica y recesión muy acentuadas. Sin embargo ello no amedrentó al gobierno. con el agravante de que el país se encontraba en una espiral violentista sostenida. Evidentemente acorde con el sentir ciudadano se iniciaron una serie de cuestionamiento a la labor del Poder Judicial para indisponer a la ciudadanía y garantizar así junto a otros actos. y por ello el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República. en la opinión ciudadana.
pero estando a la naturaleza del gobierno que la promulgó. luego del denominado “autogolpe” de abril de 1992. a cargo del jurista Manuel de la Puente y Lavalle el que se encargó de designar jueces y fiscales especialmente en la Capital a fin culminar con la provisionalidad existente. A la par mediante Decreto Ley 25869 (igual que el gobierno militar) se introdujeron diversas modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptarla a la intervención. a la Academia de la Magistratura la capacitación de Magistrados. ante la presión internacional y en el peligro de encontrarnos aislados. El denominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. es a partir de 1995. que se inicia una intromisión real del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. encarga al Consejo Nacional de la Magistratura el nombramiento de Magistrados en todas sus instancias. pese a la constitución de un Tribunal de Honor en 1993 para la designación de Magistrados. al constituirse Salas Transitorias en la Corte Suprema de Justicia de la República. convocó a elecciones para la promulgación de una nueva Constitución. y finalmente la ratificación de los Magistrados cada siete años. evidentemente provocaba suspicacias. así la elección popular de los Jueces de Paz.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” ascendencia militar para el cargo de Secretario Ejecutivo. se dedica una ubicación especial (Título IV. que concentraron las acciones garantías en un par de Juzgados Especializados en Derecho 9 . Sin embargo. donde continuando con la tendencia de la de 1979. En apariencia la Constitución era un instrumento que garantizaba para la Magistratura un tiempos mejores con el nombramiento de Magistrados por un ente ajeno a lo político. acorde con la orientación económica y política del gobierno. además de la creación de Salas de Derecho Público. Capítulos VIII y IX) al Poder Judicial y entre otros. así como una Sala Antidrogas con competencia a nivel nacional. Producto de ello es la Carta Fundamental de 1993.
Pese a todos estos acontecimiento nefastos. es a partir de 1998. especialmente en la Corte Suprema. es que la Magistratura comienza a hacer respetar sus fueros. faltaron Magistrados que en forma decidida hicieran respetar los fueros del Poder Judicial. nos demostró que la denominada “independencia” no será total y tendrá que buscarse mecanismos más adecuados para que 10 . toda vez que. fue uno de ellos: siempre alegando por la defensa de los fueros judiciales. Definitivamente el gobierno del Ingeniero Alberto Fujimori. al finalizar el régimen los peruanos. mediante los famosos “vladi videos” pudimos entender el grado de infiltración que el régimen tuvo en la labor de la administración de justicia. años después. con el asentimiento tácito de los órganos de gobierno del Poder Judicial y es necesario decirlo con precisión. puesto que los pocos que tuvieron una voz disidente no fueron suficientes para cerrar filas contra la intervención. otro hubiera sido el panorama del Poder Judicial en estos tiempos. Pero también existieron Magistrados en todas las instancias que con acciones o con su silencio ( esto es muy importante) avalaron los actos de intromisión gubernamental. Incluso los Magistrados se asociaron para emitir pronunciamientos. pero con escaso eco en los demás Magistrados. El caso del doctor Carlos Giusti Acuña. que en forma valiente dictaron resoluciones que resultaron incómodas al gobierno. como el caso de la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia donde levantaron su voz de protesta contra la situación imperante. que mas tarde se descubrió estaban controlados por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos. lo que debe tenerse muy presente para que en futuro estos actos de intervención política no vuelvan a ocurrir.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” Público. El copamiento comprendió incluso a un Vocal Supremo Provisional de la Corte Suprema. de ellos recordaremos a los Magistrados Saquicuray Sánchez y Minaya Calle. Quizá si no se hubiera producido su temprana desaparición. ambas jueces penales.
en el ejercicio de sus atribuciones. Además. De todo este repaso.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” este denominado “Poder” no sea vejado en forma reiterada y sobre todo porque.2. sino que no existen verdaderas voluntades de los demás poderes en que se sustenta el Estado ( el Ejecutivo y el Legislativo) y además una férrea decisión de los propios Magistrados a hacer respetar sus fueros. porque el diseño constitucional le otorga «autonomía». El nombramiento de jueces y fiscales por un órgano con las características del 11 .3 FUNCIONES: A) SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES. ratifica (evalúa) y sanciona con destitución a todos los jueces y fiscales del país. no depende de ningún poder del Estado u otra institución 1. artículo 154)». y a todas las juezas y fiscales del país. 1. «el CNM se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales». Se le llama «organismo constitucional» porque su existencia. Por mandato constitucional (artículo 150). CONCEPTO Es el organismo constitucional encargado de dirigir los aspectos básicos de la carrera judicial y fiscal: nombra. llegamos a una conclusión: ningún instrumento jurídico es suficiente para garantizar la independencia de un Poder. lo que quiere decir que. composición y atribuciones están contempladas desde la Constitución (artículos 154 y siguientes). está en los propios Magistrados el rechazar en forma enérgica todo tipo de injerencia por sectores ajenos a su misión. «previo concurso público de méritos y evaluación personal (inciso 1.
El Poder Judicial y el Ministerio Público participan. En el proceso de ratificación. Se trata. la calidad de 12 . pero al contar sólo con dos de siete representantes. no lo controlan. de un mecanismo de nombramiento que aspira a ser democrático y que. previamente elegidos por ellas. el Consejo evalúa el desempeño en el cargo. juezas y fiscales de todos los niveles deberán ser ratificados o no ratificados (separados) por el CNM cada siete años (artículo 154. considerando aspectos como la producción jurisdiccional. por los siguientes motivos: - Se reducen enormemente las posibilidades de injerencia política en el nombramiento de magistrados. con posibilidad de aumentar a 9) y esté constituida por representantes de diversas entidades.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” actual CNM es una innovación introducida por la Constitución de 1993 y que se considera un avance fundamental en relación con el pasado. no son ajenos a este proceso. reduce aún más todo tipo de injerencia en el nombramiento de jueces y fiscales. es decir. pues. RATIFICACIÓN Y EVALUACIÓN La actual Constitución establece que jueces. - El hecho de que el CNM sea una institución colectiva (compuesta por siete integrantes. en principio. asegura las condiciones mínimas para que prime la independencia y el buen criterio. pues el proceso de selección de magistrados titulares ya no depende –como en el pasado– de los poderes Judicial y Legislativo. B). inciso 2).
la propia ley orgánica del CNM (artículo 34) rememora las garantías previstas en la Constitución: es obligatoria la audiencia previa y la revisión de informes. Según disposición expresa de la Constitución. el Tribunal Constitucional ha resuelto que «los magistrados no ratificados no están impedidos de postular nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Publico». hay que considerar que en más de una sentencia. los informes de los colegios y asociaciones de abogados. los méritos. etc. Además. Sin embargo. a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos. a los jueces. pues. Es preciso señalar que la decisión de separar o no separar del cargo a través del denominado proceso de ratificación. la capacitación.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” resoluciones. Y. No es. juezas y fiscales de todas las instancias. es función del CNM Aplicar la sanción de destitución a los y las vocales de la Corte Suprema y los y las fiscales supremos. y así garantizar un buen servicio a los ciudadanos y las ciudadanas. 13 . los magistrados no ratificados no pueden regresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. respectivamente. en cada caso se debe conceder una entrevista personal y motivar. Tanto para la destitución de vocales y fiscales supremos por parte del Consejo como para la de jueces y fiscales en los otros niveles. SANCIONES DISCIPLINARIAS Por mandato de la Constitución (inciso 3 del artículo 154). C. busca dejar en la función de administrar justicia a quienes han demostrado un diligente y adecuado desempeño en sus funciones. su decisión de ratificar o no ratificar al magistrado o a la magistrada. en cada proceso de ratificación. una sanción disciplinaria por alguna inconducta funcional.
del CNM depende. etc. que sepa quechua si es que desempeñará la labor jurisdiccional en alguna zona donde se hable quechua. 1. el acoso sexual. Comisión de Selección y Nombramiento 14 . lo que el Consejo haga. que sea honesto. que sepa realmente que el sistema de justicia es un servicio a la ciudadanía. Por su parte.). la resolución debe estar motivada. que tenga una perspectiva de género. También se contempla la posibilidad de disponer la suspensión provisional mientras duren las investigaciones correspondientes. resolver diferente en casos que son similares. del CNM depende. Así.5. en relación a la ratificación y evaluación del desempeño. tres de sus principales Comisiones Permanentes son: a. o no haga. etc. que ya no sea juez quien lleva una mala gestión de los casos que tiene a su cargo. marca fuertemente la diferencia entre tener una magistratura independiente y capaz. quien demora en resolver excesivamente un proceso. por ejemplo. que se escoja como juez (o como jueza) a quien esté altamente capacitado para el cargo. quien emite sentencias altamente cuestionables. En otras palabras.4.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” antecedentes y pruebas de descargo. o no 1. jueza o fiscal contamos o no. que tenga criterio. Y en materia disciplinaria. Así. por ejemplo. del CNM depende que los graves hechos cometidos por la magistratura sean sancionados adecuadamente con la destitución (por ejemplo. del CNM depende mucho con qué juez. además. IMPORTANCIA En relación a la selección de magistrados. ORGANIZACIÓN: Trabaja a través de Comisiones. vulnerar la llamada cosa juzgada.
para el que son elegidos y elegidas conjuntamente con sus suplentes. Una de las principales características de esta institución que rige los destinos de la carrera judicial y fiscal. esta función es a tiempo completo y está prohibido ejercer cualquier oro cargo privado o público. son siete. es integrada por representantes de la sociedad civil. entre sus mejores asociados(as). de acuerdo a la Constitución. así como ejercer cualquier profesión u oficio. 15 . a quienes se les denomina Consejeros o Consejeras. recae en las diversas instituciones que eligen a sus representantes ante el CNM la responsabilidad de escoger. Finalmente. Los integrantes del CNM.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” b. es su particular composición: en su mayoría. y es presidida por uno de ellos. con la posibilidad de ampliarse a nueve. agremiados(as) o profesores(as). Así. De acuerdo a la Constitución (artículo 155) estos o estas dos integrantes adicionales son elegidos y elegidas por el mismo Consejo «entre sendas listas propuestas por las instituciones representativas del sector laboral y del empresarial». El período de Consejero o Consejera es por 5 años. el cargo es indelegable y se les puede remover «por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado por el voto de los 2/3 del número legal de miembros» (artículo 4 de la Ley Orgánica del CNM). quienes cuenten con el perfil necesario para garantizar la independencia y transparencia en sus actividades. salvo la docencia universitaria. Comisión de Procesos Disciplinarios Cada una de estas comisiones es integrada por 3 Consejeros. El mandato es «irrevocable y no hay reelección inmediata de los titulares y suplentes que han cubierto en el cargo en caso de vacancia» (artículo 4 de la Ley Orgánica del CNM). Comisión de Evaluación y Ratificación c. Asimismo.
por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país. en votación secreta. .6. . en votación secreta. con dos miembros adicionales elegidos en votación secreta por el mismo Consejo. en votación secreta. por los rectores de las universidades particulares. El número de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser ampliado por éste a nueve. 16 . Artículo 155º. los colegios de abogados del país.Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. la Junta de Fiscales Supremos. por los rectores de las universidades nacionales. conforme a la ley de la materia: -Uno elegido por la Corte Suprema.Uno elegido en votación secreta. los rectores de las universidades nacionales y los rectores de las universidades particulares. por la Junta de Fiscales Supremos. . . entre sendas listas propuestas por las instituciones representativas del sector laboral y del empresarial. en votación secreta. en votación secreta en Sala Plena. conforme a ley. conforme a ley.Uno elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del país. los dos consejeros restantes son elegidos por los miembros de los demás colegios profesionales del país..Dos elegidos.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” 1.Uno elegido. ELECCIÓN DE MIEMBROS: Cada una de las siguientes instancias elige: la Corte Suprema en Sala Plena. -Uno elegido.
artc. Por ejemplo. iniciar el proceso de elección. las observaciones que se pueden presentar respecto de los candidatos y las candidatas. para la elección de los y las representantes de las universidades. las instituciones involucradas en la elección varían. cómo se efectiviza el conteo de los votos. CONVOCATORIA Antes de los 3 meses de la fecha de expiración del nombramiento de los Consejeros. según corresponda. la 17 . los reglamentos correspondientes de las instituciones encargadas del proceso de elección y la designación del Consejero o de la Consejera (por ejemplo. del 2004. para que inicien el procedimiento de elección» (LOCNM. la Ley Orgánica del CNM. conjuntamente con los suplentes. las diversas etapas que componen dicho proceso. por un período de cinco años.7. Como se puede predecir. La normatividad que rige la elección de cada uno y una de los y las representantes. el Reglamento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales). cómo serán las cédulas de sufragio cuando la elección lo necesite.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” Los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos. 12). ha señalado que para el caso de los Consejeros y Consejeras representantes de los Colegios Profesionales. El Reglamento del CNM. cuáles son las instancias de impugnación. 1. de acuerdo a la elección que nos refiramos. está involucrada la Asamblea Nacional de Rectores. el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura solicita a las entidades encargadas de efectuar la designación o convocatoria a elecciones de los nuevos consejeros. Tal regulación indica qué instituciones son las encargadas de solicitar la convocatoria. entre otras disposiciones. es la señalada por: la Constitución del Perú de 1993.
“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” solicitud del Presidente del CNM dirigida a la ONPE. Representante de la Junta de Fiscales Supremos. «Reglamento de Inscripción de Candidatos para la Elección de Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura por los Colegios Profesionales del País» (publicada en el diario El Peruano. 19). 16/03/2005) Resolución Nº 081-2005--JJNEE. Representante de los Colegios de Abogados del País las normas que regulan son las siguientes: Res. Representante de los Colegios de Abogados del País no hay reglamento. es seis meses antes de la fecha de culminación del mandato de estos Consejeros (RCNM Nº 4912004-CNM) Representante de la Corte Suprema. «Reglamento para la elección del Consejo Nacional de la Magistratura por los miembros de los Colegios Profesionales del país» (publicada en el diario El Peruano. 13/04/ 2005 Resolución Jefatural Nº 093-2005-J/ONPE. Nº 491-2004-CNM. 15/12/2004) Resolución Jefatural Nº 57-2005-J/ONPE. «Normas Complementarias para la elección de Consejeros representantes del país ante el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM» (publicada en el diario El Peruano. 14/04/2005). «Determinan organismo electoral competente para administrar justicia electoral en primera instancia en el proceso de elección de Consejeros representantes de Colegios Profesionales ante el CNM» (publicada en el diario El Peruano. 18 . La elección está a cargo de la ONPE Las impugnaciones son resueltas por el JNE LOCNM (artc.
03/06/2005). - Resolución Jefatural Nº 166-2005-J/ONPE. 16/06/2005). Resolución Jefatural Nº 148-2005-J-ONPE. Representante de las Universidades Nacionales El Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. convoca a reunión de los Rectores. el Presidente de la ANR cita nuevamente a reunión. «Aprueban modelo de cédula de votación para la Elección de Consejeros del CNM por los miembros de los Colegios Profesionales» (publicada en el diario El Peruano. De no haber quórum. a solicitud del Presidente del CNM. no menor de la mayoría absoluta del número legal de Rectores. 21/04/2005) Resolución Jefatural Nº 126-2005-J-ONPE.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” Representantes de los demás Colegios Profesionales y las normas que regulaban su elección son las siguientes: Resolución Jefatural Nº 101-2005-J/ONPE.El quórum de dicha reunión es. en primera convocatoria. «Disposiciones sobre el Escrutinio de los Votos en las Elecciones de los Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura por los Miembros de los Colegios Profesionales del país» (publicada en el diario El Peruano. en la ciudad de Lima. «Disponen medidas a adoptarse durante la jornada electoral de las Elecciones de Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura por los Miembros de los Colegios Profesionales del País» (publicada en el diario El Peruano. 11/05/2005). «Disposiciones Adicionales a las Normas Complementarias para la Elección de Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura por los Miembros de los Colegios Profesionales del País» (publicada en el diario El Peruano. 19 .
los Ministros de Estado. excepto el haber sido magistrado o magistrada «de Corte Superior durante diez años o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años» (Artículo 147 de la Constitución). Ser ciudadano o ciudadana en ejercicio c. los Viceministros y Directores Generales de los Ministerios.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” Representante de las Universidades Particulares que debe realizarse dentro de los cinco días siguientes con el número de Rectores asistentes. los Vicepresidentes. Tales requisitos son: a. los Representantes al Congreso. El Presidente de la ANR. Representante del sector laboral. respectivamente. «El Presidente de la República. los miembros activos del Poder Judicial y del 20 . el Subcontralor General de la República. Ser mayor de cuarenta y cinco años 1. el Contralor General de la República.8.9. IMPEDIMENTO No pueden ser elegidos ni elegidas. REQUISITOS De acuerdo a la Constitución son los mismos requisitos para ser vocal de la Corte Suprema. Los profesores que obtengan la primera y segunda votación más alta serán proclamados como el Consejero o la Consejera Titular y Suplente. quienes incurren en los siguientes supuestos (artículo 6 de la LOCNM): a. 1. Representante del sector empresarial no hay reglamento. Ser peruano o peruana de nacimiento b.
c. los funcionarios que ejercen autoridad política. b. e. Quienes han sido declarados(as) en estado de quiebra CAPITULO II INSTITUCIÓN FORMATIVA 21 . mientras estén en el ejercicio de sus funciones y hasta seis meses después de haber cesado en el cargo. Los y las magistrados y magistradas del Poder Judicial o del Ministerio Público que fueron destituidos(as) o separados(as). Todos ellos y ellas. Quienes han sido condenados y condenadas o que se encuentren en un proceso por delito doloso. Los y las profesionales que han sido inhabilitados por sentencia judicial d.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” Ministerio Público. los Alcaldes y los demás impedidos por ley».
2.1. ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
La Constitución Política establece que compete a la Academia de la Magistratura la formación y perfeccionamiento de Jueces y Fiscales, como principales operadores del Sistema Judicial. El artículo 151° encomienda a la Academia tres importantes funciones: la preparación de los aspirantes para ingresar a la carrera judicial, que se viene realizando a través del Programa de Formación de Aspirantes - PROFA; la capacitación permanente de los actuales Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, que se viene desarrollando mediante el Programa de Actualización y Perfeccionamiento PAP; y, finalmente, la preparación de los actuales Magistrados para el ascenso dentro de la carrera judicial o fiscal, que se ejecuta a través del Programa de Capacitación para el Ascenso - PCA. La finalidad, objetivos y organización de la Academia se encuentran regulados en la Ley Orgánica N° 26335 del 20 de Julio de 1994 y, en su Estatuto, aprobado mediante Resolución N° 01-94/AMAG-CD del 26 de Diciembre de 1994. La Academia se encuentra constituida como persona jurídica de derecho público interno y si bien la Carta Magna establece que forma parte del Poder Judicial, su Ley Orgánica le reconoce autonomía académica, económica, administrativa y de gobierno. Conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 26623 del 19 de Junio de 1996, se incluyó a la Academia de la Magistratura en el proceso de Reforma y Modernización de las instituciones que integran el Sistema Judicial. Las funciones de gobierno se concentraron en el Titular del Pliego del Poder Judicial, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva, quien las delegó en la Comisión de Reorganización y Gobierno de la Academia. Dicha Comisión,
desde el segundo semestre de 1996, inició un proceso de reestructuración administrativa y organizativa con el objetivo de consolidar la Institución y mejorar su eficiencia.
2.2. MISIÓN DE LA MAGISTRATURA
La Academia de la Magistratura tiene como misión la formación de nuevos Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como la capacitación y perfeccionamiento de los actuales, propiciando la integración de competencias técnico-jurídicas, con valores inherentes a una Magistratura democrática y moderna. Esta misión se deberá concretizar a través de diferentes medios como son:  La optimización de la calidad académica de los cursos, con niveles de excelencia en cuanto a los contenidos, la metodología y los profesores.    El desarrollo del razonamiento jurídico práctico en el cumplimiento de su función. La incorporación de variables como reforzadores de conducta en la magistratura. La medición de impacto del aprendizaje académico en el ejercicio de su cargo. La misión de la Academia de la Magistratura, tiene como propósito fundamental configurar una magistratura independiente, eficiente, creativa, capaz de interpretar jurídicamente las normas, principios y valores del sistema legal, consciente del impacto socio-económico de sus decisiones y capaz de contribuir al mejoramiento permanente del servicio público de
Justicia que garantice el desarrollo del Estado de Derecho, democrático y justo.
2.3. EL PERFIL DEL MAGISTRADO
La Reforma Jurisdiccional no debe concebirse sólo como la optimización del Magistrado del presente, sino que implica, fundamentalmente, la formación del Magistrado del próximo milenio. Este enfoque prospectivo es
particularmente importante en el contexto de provisionalidad que atraviesa la magistratura en el ámbito nacional. En este sentido, la tarea de la Academia se orienta sobre la base del Perfil del Magistrado, que es el conjunto de cualidades que debe poseer un Magistrado, de modo que permitan satisfacer las exigencias de la sociedad, del ambiente interno institucional y de la función jurisdiccional. El desarrollo de un Poder Judicial renovado, exige determinadas
características de un Magistrado:
normatividad vigente, para aplicarla en la solución de conflictos, así como dar razones que justifiquen su decisión final.
Atención a su entorno socioeconómico y valoración del impacto que sus decisiones provocan al interior de la comunidad. Apto para evaluar la conveniencia social de sus sentencias para privilegiar el o los valores sociales más importantes y consensuales en su comunidad. Diestro para emitir resoluciones coherentes a partir de normas actuales; así como adecuar su función a la satisfacción de las necesidades cambiantes de la sociedad.
 Honesto. tanto en sus aspectos positivos. sin trabas burocráticas ni impedimentos.  Competente profesionalmente. cuya prudencia y honestidad sean bien conocidas por su trayectoria personal y profesional.  Inteligente para facilitar los medios a fin que su potestad jurisdiccional llegue a los justiciables en forma expedita y oportuna. Hábil para administrar eficientemente su tiempo y cumplir las demandas de una fuerte carga procesal. Experto en priorizar los casos que merecen mayor atención para su estudio y resolución.).  Con una personalidad definida. Dispuesto a conservar su autoridad neutral frente a los intereses en conflicto. que protegen la vida. 25 .  Promotor y defensor de los derechos y garantías constitucionales.  Eficiente y con espíritu de servicio. Dispuesto a escuchar las críticas que le formulen y rescatar de ellas los elementos que le permitan mejorar su función. con solidez ética irreprochable. de manera que el Magistrado aumente su autoridad y sea un difusor efectivo de los valores constitucionales. sin tomar en cuenta su origen (político. procesales y de su fundamentación en el ámbito de principios doctrinarios. capaz de lidiar con altas cargas de trabajo. la integridad física y la dignidad de las personas. etc. de cuerpo. conocedor del derecho vigente. cuya autonomía para la toma de decisiones sea incuestionable. económico. Preparado para resistir las influencias que agentes externos a su función pretendan ejercer.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés”  Independiente e imparcial.
que constituyen acciones complementarias a los dos anteriores y cuya ejecución se traduce en resultados periódicos o puntuales. CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES La Academia inició sus funciones en 1995. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES – PROFA 26 .5.PAP. Los Proyectos. identificado con el servicio de Administración de Justicia. este último en plena implementación. el Programa de Formación de Aspirantes . La Academia. tiene a su cargo tres clases de Programas para cumplir con su misión: el Programa de Actualización y Perfeccionamiento . 2. establecidos en su Ley Orgánica. Las Actividades.PCA. como lo adelantamos. un Magistrado líder. que son acciones de naturaleza temporal o que responden a encargos específicos emanados de disposiciones legales. que son espacios de capacitación de naturaleza permanente.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” En fin. período en el que se fueron definiendo los principales criterios conceptuales y los lineamientos que debían guiar su accionar. A fines de ese año y principios de 1996. Los Programas. capaz de participar en el autogobierno del Poder Judicial. quedó conformado el equipo profesional y administrativo encargado del diseño y ejecución de sus actividades. La Academia funda su labor académica en tres líneas de actuación fundamentales. 2. con habilidad para manejar herramientas de gestión y paulatinamente constituirse en responsable de las políticas jurisdiccionales.4.PROFA a la Carrera Judicial y Fiscal y el Programa de Capacitación para el Ascenso .
Interpretación e integración jurídicas. aspirantes a la carrera de la Magistratura.. se destina al dictado de cursos teóricos de especialización. Seis se destinan a la formación general. Derechos Fundamentales y procesos constitucionales. comprende los siguientes módulos temáticos: Primer semestre: formación general. Está dirigido a Magistrados provisionales o suplentes que vienen desempeñando cargos en el ámbito de Justicia de Paz Letrada y en Juzgados Especializados o Mixtos.La Constitución como fuente. 12 meses para la ejecución de prácticas y tutorías. los cuales se realizan por separado a los aspirantes a Jueces y Fiscales.Lógica jurídica. y es común para los aspirantes a Jueces y Fiscales. Seis. Estructura del ordenamiento jurídico. los cursos de formación de aspirantes se llevan a cabo en 24 meses. 27 . a abogados de ejercicio libre.. En este sentido. La interpretación constitucional. interesados en postular ante el Consejo Nacional de la Magistratura a cargos titulares en el Poder Judicial y el Ministerio Público. el Nuevo Plan Curricular (Resolución N° 333-98 citada y Resolución Nº 014-98-CRG-AMAG). a) Razonamiento Jurídico. Finalmente. Técnicas de redacción jurídica. del 14 de Agosto de 1998.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” El Programa de Formación de Aspirantes – PROFA. Igualmente. Métodos de argumentación jurídica. está destinado a preparar académicamente. b) Temas de Derecho Constitucional. Conforme a la Resolución Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial Nº 333-98-SE-TP-CME-PJ.
. Sistema de responsabilidad civil. a) Gestión administrativa y del despacho judicial. Introducción a la teoría de las pruebas. Acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Resoluciones y dictámenes. La estructura administrativa del Ministerio Público. Las garantías constitucionales de la Administración de Justicia bajo la óptica de la gestión administrativa. Segundo semestre: especialización para jueces. Tutela ordinaria y tutela urgente. Obtención y valoración de pruebas penales.Análisis económico del derecho. Delito de tráfico de drogas. b) Temas de derecho procesal penal. El Magistrado que el Perú necesita. La prueba en el proceso civil.Teoría del injusto penal. Imputación subjetiva-culpabilidad-punibilidad. 28 . Penas y reparación civil. Lineamientos generales de política fiscal..“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” c) Temas de Derecho Penal. Acceso a la justicia. Mecanismos modernos de contratación y defensa del consumidor. La ineficacia contractual y la resolución de los contratos con prestaciones recíprocas.La invalidez de los actos jurídicos. Problemas especiales de derecho procesal penal. La Justicia de Paz y la Carrera Judicial y Fiscal. e) Contexto Socioeconómico de la Magistratura. c) Temas de derecho procesal civil. d) Temas de Derecho Civil . Procesos de transformación en la Administración de Justicia. Delitos contra el patrimonio individual y socioeconómicos. lavado de dinero y de funcionarios públicos. La nulidad de los actos procesales y los principios que rigen su conservación. sistema de penas e individualización judicial de la pena..
Problemas especiales de derecho procesal penal. 222 son aspirantes a Jueces y 62. Realidad Ética del hombre. Resoluciones y dictámenes. Criminalística. c) Ética y revalorización del Juez y el Fiscal. La profesión como forma de conducta. La estructura administrativa del Ministerio Público. La profesión como forma de conducta. Ética Profesional concreta del Magistrado. La Justicia de Paz y la Carrera Judicial y Fiscal. Cuenta actualmente con 284 participantes. Segundo semestre: formación especializada para fiscales a) Gestión administrativa y del despacho fiscal. Ética Profesional concreta del Magistrado. Introducción y nociones generales de Ética. Realidad Ética del hombre.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” d) Ética y revalorización del Juez y el Fiscal. De ellos. El 24 29 . Las garantías constitucionales de la Administración de Justicia bajo la óptica de la gestión administrativa. Lineamientos generales de política fiscal. Segundo Año: Prácticas y Tutorías para aspirantes a Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Introducción y nociones generales de Ética. b) Temas del proceso penal y Técnicas de investigación del delito. PRIMER CURSO CON SEDE EN LIMA Se inició el 13 de Octubre de 1997. Introducción a la teoría de las pruebas. a Fiscales. Obtención y valoración de pruebas penales.
254 en la Sede AMAG-Lima. están desarrollando el primer semestre de formación general que concluirá el 30 de Octubre del presente año. el primer año de formación teórica. luego del cual. concluyó el segundo semestre de formación especializada para Jueces y Fiscales. LIMA Y LAMBAYEQUE Se inició el 17 de Abril de 1999. y. 2. A la fecha. 75 discentes. momento en el que optarán por cursar el segundo semestre de especialización para Jueces ó para Fiscales. El 4 de Setiembre del presente año. SEGUNDO CURSO CON SEDE EN LAMBAYEQUE (Originalmente Piura) Se inició el 14 de Febrero de 1988. CON SEDE EN AREQUIPA. a cuya finalización se dará por concluido el Curso.6. 115 en la Sede AMAG-Lambayeque. 105 en la Sede AMAG – Cusco.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” de Abril del presente año. CUSCO. seguirán un año de prácticas y tutorías. PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PERFECCIONAMIENTO 30 . concluirá el Curso. Cuenta con 600 discentes. luego de lo cual. de los cuales 135 están matriculados en la Sede AMAG-Arequipa. El 14 de Agosto del presente año. concluyó el segundo semestre de formación especializada para Jueces y Fiscales correspondiente al primer año de formación teórica. El 12 de Junio de este año. se inició el desarrollo del año de prácticas y tutorías. TERCER CURSO DESCENTRALIZADO Y SIMULTÁNEO. 52 son aspirantes a Jueces y 23 son aspirantes a Fiscales. con ello. de los cuales. Participan actualmente. y. se inició el año de prácticas y tutorías.
logrando la capacitación de 1. Los cursos realizados tuvieron carácter descentralizado. la consolidación 31 . llevándose a cabo 28 cursos. abarcando el ámbito nacional logrando. Cabe mencionar que. siendo capacitados un total de 1. Las actividades de este Programa se iniciaron en 1996. 945 fueron del Poder Judicial y 211 del Ministerio Público. ubicadas en las ciudades de Arequipa. desde Agosto de 1998. así como promover las habilidades y calidades necesarias para lograr un cabal ejercicio de la función jurisdiccional y fiscal. Mediante Resolución Administrativa de la Comisión de Reorganización y Gobierno de la Academia de la Magistratura N° 013-99-CRG-AMAG.156 Magistrados.395 fueron del Poder Judicial y 445 del Ministerio Público. congregando a Magistrados de diversas localidades del país. Cusco y Lambayeque. de los cuales 1. las cuales permiten capacitar a Magistrados. se dictaron 53 cursos. tiene por finalidad la capacitación y especialización de los Magistrados en funciones del Poder Judicial y Ministerio Público. capacitando un total de 1.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” El Programa de Actualización y Perfeccionamiento (PAP). En 1998. mediante la conformación de sedes (agrupación de dos o más Distritos Judiciales con similar realidad sociojurídica). se dictaron 34 cursos. con cuya ejecución se proyecta la capacitación de 765 Magistrados. En 1997. se aprobó la programación de 19 cursos regulares. asimismo.840 Magistrados. 583 del Poder Judicial y 182 del Ministerio Público. en forma permanente y descentralizada. vienen funcionando sedes descentralizadas de la Academia.178 Magistrados. de fecha 07 de Mayo de 1999. de los cuales 865 correspondieron al Poder Judicial y 313 al Ministerio Público. de los cuales. Está destinado a reforzar y actualizar conocimientos.
“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” institucional de la Academia como órgano del Sistema Judicial de rango constitucional. según sea el caso. pero intensivos de intercambio de conocimientos. con el tratamiento de temas relacionados con el Razonamiento Jurídico. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – CEM Dirigidos a Magistrados titulares y provisionales del Poder Judicial y del Ministerio Público. privilegiando el análisis y la interpretación a través de la resolución de casos y problemas que supongan la aplicación de conocimientos y la adopción de criterios que redunden en una jurisprudencia creativa. cuenta con dos modalidades de cursos: 2. 32 . permite brindar materias y temas "transversales" enfocados como un aspecto esencial para el ejercicio de la actividad jurisdiccional y fiscal. Gestión Jurisdiccional y Ética Judicial. impartiendo formación teórica y práctica en aspectos jurídicos. Su duración es de 21 horas lectivas. 2.8. así como para mejorar su desempeño. está concebido como una actividad intensiva y homogénea de capacitación para la formación jurídica del Magistrado. a efecto de conseguir habilidades especiales que se requieren para ejercer las funciones de Juez o Fiscal. se definen como espacios breves. Su duración es de 48 horas lectivas. Para la ejecución de sus actividades académicas el Programa de Actualización y Perfeccionamiento. funcional y bien sustentada. CURSO BÁSICO DE ACTUALIZACIÓN PARA MAGISTRADOS Dirigido a los Magistrados titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público.7.
33 .“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” En aplicación de lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 11° de la Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura. La metodología será fundamentalmente presencial. 2.9. denominado Curso de Capacitación en Conciliación. se orienta a una participación teórico-práctica. basada en el desarrollo de capacidades y habilidades de tipo instrumental. a partir del estudio de ejecutorias y expedientes. habilita para postular al cargo inmediatamente superior a los integrantes de la Carrera Judicial y Fiscal que gozan de la condición de titulares. evalúa a los integrantes de la Carrera Judicial del Poder Judicial y del Ministerio Público que participan en los cursos impartidos por el Programa. dirigidos a los Jueces de Paz Letrado de la República. inductiva y práctica. interesados en ascender al nivel superior que aspiran. ello implica la necesaria participación de docentes – Magistrados. La metodología será activa. El enfoque más adecuado en ese sentido. desarrollará durante el presente año. Este Programa busca preparar Magistrados. El PCA no sustituye la necesaria actualización permanente del Magistrado y presupone una formación jurídica acorde con su investidura. el Programa de Actualización y Perfeccionamiento. La Academia de la Magistratura. considerándose necesaria una hora de estudio individual por cada hora de clase lectiva. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO – PCA El Programa de Capacitación para el Ascenso. sea cual fuere su modalidad (Cursos Básicos y Cursos de Especialización). a fin de culminar con la capacitación de los Magistrados titulares del país y 10 cursos de especialización. 9 Cursos Básicos de Actualización para Magistrados. en el marco de la normatividad constitucional y legal vigente. cuyos calificativos serán considerados para los efectos de la admisión al Programa de capacitación académica para el ascenso.
34 .“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” Para el presente año.  Ejercitar en la solución de las causas de mayor complejidad e incidencia que se someten a consideración de las Fiscalías y Vocalías Superiores. en una perspectiva de complementariedad entre Ministerio Público y Poder Judicial. reforzando su función de juzgadores y garantes de los derechos ciudadanos.  Ejercitar en la revisión de los actuados a nivel de Primera Instancia como garante de los derechos del ciudadano. persecución del delito y defensa de la legalidad. Los objetivos del Curso están en función de los perfiles deseables de Vocal y Fiscal Superior. para lo cual se establecen los siguientes objetivos específicos:  Desarrollar capacidades de gestión administrativa y de recursos humanos para el despacho superior. Elaborar razonamientos y argumentos de calidad para las sentencias y resoluciones. la Academia dictará el Curso de Capacitación para el Ascenso al cargo de Vocal Superior y Fiscal Superior.    Incrementar las habilidades propias de la función de juzgar. en un entorno de trabajo colegiado. En el caso de los candidatos a Fiscales Superiores. El objetivo general es habilitar a los candidatos para el ascenso a Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Analizar el impacto socioeconómico de las resoluciones judiciales. se orienta a la investigación.
y. Seminario de Derecho Privado. docentes universitarios de reconocido prestigio. Seminario de Derecho Procesal Civil. lo que será evaluado en el proceso de admisión. El contenido específico de los módulos se definirá atendiendo a los temas tratados en los plenos jurisdiccionales y a las demandas planteadas a la Academia.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés”  Desarrollar relaciones de cooperación entre Poder Judicial y Ministerio Público. Impacto Socioeconómico de las Decisiones Judiciales. Seminario de Derecho Penal. Esta metodología permite. En cada módulo temático participarán necesariamente Magistrados. 35 . alternativas de solución a los problemas planteados. Seminario de Derecho Procesal Penal. a partir de los casos. complementariamente. revisar aspectos generales de la teoría del derecho. El Curso presupone una formación general como Magistrado en los principales campos del derecho. El Curso estará orientado en ocho módulos temáticos: Razonamiento y Redacción de Sentencias. Seminario de Derecho Público. Gestión Administrativa del Despacho Judicial Superior. combinando el aporte de Magistrados y catedráticos universitarios. corrientes jurisprudenciales en la materia. a partir de ejecutorias y expedientes. Las sesiones de clase se llevarán a cabo bajo la modalidad de SeminarioTaller.
36 . por parte de los Magistrados. es reducir el nivel de carga procesal de los Magistrados. se impulsará el Proyecto de Auto capacitación Asistida: "Redes de Unidades Académicas Judiciales y Fiscales". la Academia ha compatibilizado con dicha política.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” 2. De esta manera. El método principal a utilizar para lograr la auto capacitación estará constituido por los cursos a distancia. la principal responsabilidad instruccional recae en el diseño de las situaciones y recursos seleccionados para "mediatizar" la interrelación educativa. el sistema tiene que diseñarse forzosamente centrado en el aprendizaje y sobre todo en el esfuerzo personal del Magistrado. está dada por la facilidad en la internalización de los conocimientos. a fin de no perder presencia a nivel nacional y continuar con la política de descentralización de la Academia de la Magistratura. Sin embargo. cuyas características principales son la existencia de una relación mediatizada entre el grupo instructor y el participante. Como consecuencia de la separación entre el participante y el instructor.10. así como la diferencia de tiempos y lugares en la realización de las actividades de enseñanza – aprendizaje. Una ventaja de la auto capacitación a distancia. PROYECTO DE AUTO CAPACITACIÓN ASISTIDA: REDES DE UNIDADES ACADÉMICAS JUDICIALES Y FISCALES La prioridad de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial en 1999. reduciendo a 19 los cursos del Programa de Actualización y Perfeccionamiento. En tal sentido. ya que el participante deberá lograr los objetivos instruccionales a través de interacciones distintas a las convencionales.
el que consistirá en el envío de materiales y trabajos a ser desarrollados por los Magistrados sujetos a auto capacitación. que faciliten el tratamiento de los temas y permitan a las unidades alcanzar conclusiones correctas en los distintos tópicos sometidos a debate y discusión. estos deberán remitir al Proyecto los trabajos debidamente desarrollados. representen las respuestas educativas idóneas para producir un aprendizaje efectivo. los recursos y las situaciones que. Al elaborar el diseño. es importante la preparación de los "módulos instruccionales" o "unidades académicas". así como para posibles cursos a distancia. proporcionándoles las actividades. Por ello. que puedan servir como base para los cursos regulares de capacitación. Estos materiales deberán contener guías o instructivos de contenidos.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” La educación a distancia deberá ajustarse en todo momento a las reales capacidades e intereses del Magistrado. se establecerá un sistema de retroalimentación. 37 . De otro lado. en cada caso. que consisten en la preparación de materiales de lectura por parte de personas calificadas.
que lo constituye en el seno del Ministerio de Justicia. el número total de integrantes del citado Consejo Superior de la Magistratura asciende a treinta y tres. la composición de sus miembros sigue teniendo un alto contenido eminentemente político: las más de sus veces quienes componen el CNM son designados por el Poder Ejecutivo y por el parlamento.1. De acuerdo con los preceptos constitucionales y reglamentarios. es decir.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” CAPITULO III LEGISLACIÓN COMPARADO 3. Ese mismo año. así como el Presidente y el Fiscal General de la Corte de Casación. ITALIA: En Europa. las dos terceras partes son elegidos en forma directa por los magistrados ordinarios entre los pertenecientes a las diversas categorías judiciales. el Presidente de la República. evitar la manipulación y control en sus funciones de parte del poder político.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA El Consejo Superior de la Magistratura es mencionado por primera vez en el artículo 4 de la Ley 511 de 1907. para corregir esta situación se han creado Consejos de la Magistratura. de los cuales tres son de oficio. 3. y la otra tercera es designada por el Parlamento entre profesores en materias jurídicas y abogados con quince años de ejercicio profesional cuando menos. el 38 . No obstante. de otro. La función esencial de éste órgano es efectuar por un lado una transferencia legítima del poder que tienen los jueces y. fundamentalmente como órgano consultivo.1. De los restantes.
sólo y exclusivamente a la Ley. el Consejo está formado por veintisiete miembros. de acuerdo con el art. 104 de la Constitución: el 39 . el Consejo tiene su sede en el Palazzo dei Marescialli. el reglamento para las prácticas de los auditores judiciales.1. De ellos. Las funciones del Consejo se mantuvieron sin cambios importantes hasta la Constitución de la República.1. decidiendo sobre "las admisiones. 3. destinos y traslados. a fin de garantizar que todo juez esté sujeto. gestiona el personal judicial. En la actualidad. tres son miembros de derecho. manteniendo su subordinación al ejecutivo. en virtud de la cual puede adoptar su reglamento interno y reglamento de administración y contabilidad. pero las ejerce sin sujetarse al poder ejecutivo.2. según el artículo 105 de la Constitución de Italia. también organiza los Departamentos judiciales. Tiene además cierta capacidad normativa. ascensos y medidas disciplinarias relativas a los magistrados". y circulares.3. de 28 de marzo. FUNCIONES Las funciones que realiza el Consejo son administrativas. que configuró y encuadró el nuevo órgano de manera más completa. Ocupa el vértice en la estructura burocrática encargada de la administración de la jurisdicción y. resoluciones y directivas para el ejercicio de sus funciones. que regula las prácticas de los magistrados que ingresan en la carrera judicial. en Roma. donde el órgano consultivoadministrativo sujeto al Ministerio se transforma en el órgano de autogobierno de la magistratura. al ejercer sus funciones. 3. como tal. COMPOSICIÓN Tras la reforma de la Ley que regula el CSM por la Ley 44/2002.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” gobierno de Giovanni Giolitti acordó la ley 689.
“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” Presidente de la República y el Primer Presidente y el Procurador General del Tribunal de Casación. y cuatro a propuesta del Senado. hay una especialización en los funcionarios que forman parte de los órganos de selección. los dieciséis restantes ("togados").2. 40 . Los miembros son elegidos por un período de cuatro años y está prohibida la reelección inmediata 3. Como se puede observar. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y funciones. ESPAÑA Según el inciso 2 del artículo 122 de la Carta constitucional española. que lo presidirá. inspección y régimen disciplinario. y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. Es el parlamento y/o el gobierno el que elige a los “elegidores”. elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros entre abogados y otros juristas. en los términos establecidos por la ley orgánica. De los restantes veinticuatro. ocho (llamados "laicos") son escogidos por el Parlamento. De éstos. ascensos. lo cierto es que la elección de estos tiene un alto matiz político. si bien en la composición de estos estamentos en los países precitados. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. el Consejo debe integrarse por el presidente del Tribunal Supremo. cuatro a iniciativa del Congreso de los Diputados. De acuerdo con el inciso 3 del mismo precepto fundamental. en particular en materia de nombramientos. doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales. por los propios magistrados. todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años en el ejercicio de su profesión.
“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” El tema si bien ha sido recepcionado de modo pacífico. resultaría peligroso para la vida institucional sobre todo en países de poca tradición democrática. Eso abona a favor de los órganos constitucionales autónomos como el CNM pero de composición distinta a la fórmula tradicional como es el caso del modelo peruano. no dotar de autonomía y de independencia a los miembros del CNM. En efecto. sin embargo. 41 . no lo es en países con fuerte prevalencia del poder político.
sean las referidas a los procesos de ratificación de magistrados. en particular. Sentencia recaída en el Expediente N.1.º 5976-2006-PA/TC. violatorias de los derechos fundamentales. y la del Tribunal Constitucional de garantizar el respeto de la supremacía de la Constitución y la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales.º 5156-2006-PA/TC. SOBRE LAS RELACIONES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA Si bien es cierto. las derivadas de la facultad del Consejo Nacional de la Magistratura de imponer sanciones.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” CAPITULO IV RELACIONES JURIDICCIONALES 4. se formularán algunas precisiones en torno a las relaciones entre ambos colegiados. En qué supuestos ello es permitido será revisado en líneas posteriores. o aquellas derivadas de proceso disciplinario alguno. también entre el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura han surgido. Caso Vicente Rodolfo Walde Jáuregui 42 . aunque pocas veces. algunos niveles de tensión entre éstos dos órganos constitucionales. eventualmente. cuando éstas puedan resultar. y ya en las consideraciones finales. a partir de lo que sigue. no a los extremos como los que surgieron con el Jurado Nacional de Elecciones. empero. Caso Carlos Alberto Alarcón Del Portal Sentencia recaída en el Expediente N. en la medida que el Tribunal tenía y tiene la obligación deber de revisar sus resoluciones.
en sede judicial.3º– está vedado revisar. que dispone que las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de ratificación de magistrados no son revisables en sede judicial. aún si por mandato expreso de determinadas disposiciones constitucionales – artículos 142º y 154.º 5969-2006-PA/TC. Como puede apreciarse. las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de ratificación o destitución de magistrados.3º de la Constitución. Es autónomo e independiente. las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de ratificación y destitución de magistrados? En el caso.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” Sentencia recaída en el Expediente N. En razón de ello surgía la interrogante.3º de la Constitución. aunque en éste último supuesto hay dos presupuestos bien precisos que revisaremos con posterioridad. no han sido pocas las demandas de amparo que ha resuelto el Tribunal Constitucional. o lo que es lo mismo. en uno u otro caso el efecto es el mismo: no pueden someterse a revisión. en su calidad de Supremo Intérprete de la Constitución en las que el Consejo Nacional de la Magistratura era parte demandada. no pueden ser impugnadas en sede judicial. una primera cuestión a revisar fue la referida a los alcances del artículo 142º de la Constitución. ¿cómo dilucidar la controversia. Un sentido similar contiene el artículo 154. Artículo 201º de la Constitución: “El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. había una aparente contradicción entre dicha disposición y el derecho de acceso a la justicia como manifestación del derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva previsto por el artículo 139. Así. Caso Luis Arturo Chocano Polanco Como se sabe. que a la letra prescribe que la resolución de destitución expedida por el Consejo Nacional de la Magistratura en forma motivada y con previa audiencia del interesado es inimpugnable. Se compone de 43 .
declarar y establecer los contenidos de los valores. Una lectura aislada del artículo 142º. y mediante la acción hermenéutica e integradora de ella. bajo una interpretación literal. como del numeral 154. El Tribunal Constitucional tiene como sede la ciudad de Arequipa. de concordancia práctica. En ese sentido. Al Tribunal Constitucional le corresponde. la situación planteada exigía dejar de lado los métodos de interpretación constitucional sustentados en criterios clásicos de interpretación normativa (literal. que una resolución del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de ratificación y/o destitución de magistrados. pues. abarcar otros principios que informen la labor hermenéutica del juez constitucional. ¿Era correcto sostener. (…)”. inevitablemente.3º de la Constitución conduce. por acuerdo mayoritario de sus miembros. los principios de unidad de la Constitución. le corresponde. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica. por el contrario. la supremacía de la Constitución y la plena e irrestricta vigencia de los derechos fundamentales. tener sesiones descentralizadas en cualquier otro lugar de la República”.º 28301. Orgánica del Tribunal Constitucional: “El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. artículo 1º de la Ley N.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” siete miembros elegidos por cinco años. Y. a resultados inconsecuentes con el principio de unidad de la Constitución. de función integradora y de fuerza normativa de la Constitución. no siendo válido interpretar las disposiciones constitucionales de manera aislada y literal. teleológico. Es autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales. principios y disposiciones contenidas en la Ley Fundamental. esto es. resguardar la sujeción del ejercicio del poder estatal frente al sistema constitucional. por su condición de ente guardián y supremo intérprete de la Constitución. aún cuando pudiera haber sido expedida con afectación de los 44 . de corrección funcional. Puede. sistemático e histórico) y.
desconoce la limitación que dicho contenido representa para los actos llevados a cabo por todo poder público. toda vez que lejos de optimizar el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales. pues no sólo desconoce el carácter vinculante de la Constitución. como del numeral 154. Cuando el Consejo Nacional de la Magistratura ejerce sus funciones excediendo el marco normativo que la Constitución le impone. como el caso del Consejo Nacional de la Magistratura. no podía ser sometida a control en sede jurisdiccional? Indudablemente que no. pues despoja a los derechos fundamentales de toda garantía jurisdiccional de protección. una interpretación literal no era sustentable constitucionalmente. viola los más elementales principios de interpretación constitucional (unidad de la Constitución y concordancia práctica). pues pretende. so pretexto de ello. esto es. cuando expide resoluciones. será nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano en el ejercicio de sus derechos. que sus resoluciones no sean objeto de control constitucional cuando sean contrarias a los principios y derechos fundamentales reconocidos en la Carta Fundamental. A ello cabe agregar que dicha interpretación confunde la autonomía que ha sido constitucionalmente reconocida al Consejo Nacional de la Magistratura (artículo 150º de la Constitución) con autarquía.3º. se encuentra obligado a respetar los derechos fundamentales en el marco del respeto al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. que como todo organismo. sino también la función de contralor de la constitucionalidad conferida al Tribunal Constitucional por mandato del artículo 201º de la Norma Fundamental.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” derechos fundamentales de la persona. de no ser así. en el marco de los procesos de ratificación y/o 45 . y resulta contraria al principio de fuerza normativa de la Constitución (artículo 51º) y al de corrección funcional. Una interpretación aislada del artículo 142º. de conformidad con el párrafo final del artículo 31º de la Constitución.
Y. independiente e imparcial. Por otro lado. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Artículo 8º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a ser oída.3º de la Constitución conducen a establecer un paralelo con lo establecido. fiscal o de cualquier otra índole”. Consecuentemente. la interpretación de los artículos 142º y 154. establecido con anterioridad por la ley. no existe justificación constitucional alguna para que el Consejo Nacional de la Magistratura se encuentre relevado de dicho control cuando no respete los derechos fundamentales de la persona. en tanto establecen que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo. efectivo y rápido ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y la ley 5. 46 . la ley o la presente Convención.2º de la Constitución. laboral.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” destitución de magistrados. que convierte a la jurisdicción constitucional en el fuero competente para determinar si existió o no violación a la Norma Suprema. artículo 25º de la Convención Americana de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. violatorias de los derechos fundamentales. por un juez o tribunal competente. en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. resulta de aplicación inmediata el artículo 200. como en la Convención Americana de Derechos Humanos. aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil.
que “el hecho de que una norma constitucional pueda ser analizada a partir de su contenido 47 . Por lo tan to.3º – o. y en virtud de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución. queda claro que no podían admitirse “islas” o “zonas de indefensión”. Quiere ello decir. esto es. eficaz e inmediatamente aplicable al interior del Estado. los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución deben ser obligatoriamente interpretados de conformidad con los tratados y los convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú y en concordancia con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” Conforme al artículo 55º de la Constitución. por pertenecer al ordenamiento jurídico interno. respecto del carácter inimpugnable de las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura – en materia de destitución. una aplicación integral de las normas relativas a los derechos fundamentales de la persona. una lectura sistemática de la Constitución. De allí que el Tribunal Constitucional haya establecido. y el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. que los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano. conforme lo establece el artículo 142º de la Constitución –. así como a una obligatoria información de las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos. los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. lo que es lo mismo. son Derecho válido. no existe justificación alguna para que las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de ratificación de magistrados no puedan ser sometidas al control constitucional cuando no respeten los derechos fundamentales de la persona. no revisables en sede judicial –en materia de evaluación y ratificación. En tal contexto. En atención a lo anterior. conforme al artículo 154.
es que las consideraciones sobre un determinado Sentencia recaída en el Expediente N. que son aquellos que operan con plena autonomía dentro de sus funciones.. La verdad. En el fondo. y que cuando el artículo 142. y no de una parte o de un sector de la misma (. en un encasillamiento elemental o particularizado.)”.º 3. con el que se ignore o minimice los contenidos de otros dispositivos constitucionales. en el Caso Diodoro Antonio Gonzales Ríos vs Consejo Nacional de la Magistratura. con mayor razón si resulta evidente que aquellos resultan siendo no un simple complemento. el Tribunal Constitucional sostuvo que las consideraciones sobre un determinado dispositivo constitucional solo pueden darse cuando aquellas se desprenden de una interpretación integral de la Constitución. que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la misma norma que le sirve de sustento.. Fundamento N. no se trata de otra cosa sino de la misma teoría de los llamados poderes constituidos.° de la Constitución establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de Jueces. y no a otros distintos.º 8333-2006-PA/TC. aunque resulte elemental decirlo. pero sin que tal característica los convierta en entes autárquicos que desconocen o hasta contravienen lo que 48 . y no de una parte o de un sector de la misma. dispositivo constitucional solo pueden darse cuando aquellas se desprenden de una interpretación integral de la Constitución. Así. el presupuesto de validez de dicha afirmación se sustenta en que las consabidas funciones que le han sido conferidas a dicho organismo sean ejercidas dentro de los límites y alcances que la Constitución le otorga. sino en muchos casos una obligada fuente de referencia por su relación o implicancia con el dispositivo examinado.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” textual no significa que la función del operador del Derecho se agote. Caso Miguel Ángel Tomayconza Fernández Baca.
lo que es lo mismo. tiene límites en sus funciones.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” la misma Carta les impone. al resolver el Caso Luis Felipe Almenara Bryson vs Consejo Nacional de la Magistratura. en ese sentido. se encuentra implícito el derecho a la protección jurisdiccional de los derechos o. Luego. a contrario sensu. pues resulta indiscutible que estas no dejan en ningún momento de sujetarse a los lineamientos establecidos en la Normal Fundamental. en el cual las instancias judiciales desestimaron la demanda en virtud de una aplicación literal del numeral 142º de la Constitución. De conformidad con la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. en concreto. el derecho a recurrir ante un tribunal competente frente a todo acto u omisión que lesione una facultad reconocida en la Constitución o en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Por consiguiente. se había obviado que también constituye un atributo subjetivo de naturaleza constitucional el derecho de acceder a un tribunal de justicia competente que ampare a las personas contra todo tipo de actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la Ley. no existe ni puede existir ninguna razón que invalide o deslegitime el control constitucional señalado a favor de este Tribunal en los artículos 201° y 202° de nuestro Texto Fundamental. constituye parte del núcleo duro de la Convención Americana de Derechos Humanos y. sus resoluciones tienen validez constitucional en tanto las mismas no contravengan el conjunto de valores. como cualquier órgano del Estado. el Tribunal estableció que al resolverse de ese modo. el artículo 8° de la Declaración Universal de Derechos Humanos. según enuncia. lo que supone. entre otros instrumentos internacionales. Y que detrás de ese derecho y. principios y derechos fundamentales de la persona contenidos en la Constitución. que si ellas son ejercidas de una forma tal que desvirtúan el cuadro de principios y valores materiales o los derechos fundamentales que aquella reconoce. del establecimiento de los procesos constitucionales de la libertad. 49 . El Consejo Nacional de la Magistratura.
Por ello. como tal. En consecuencia. y sin previa audiencia al interesado. no exista control jurídico alguno. No puede pues alegarse ningún tipo de zona invulnerable a la defensa de la constitucionalidad o la protección de los derechos humanos. las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de destitución podrán ser revisadas en sede judicial. 50 . ya que ello supondría tanto como que se proclamase que. toda vez que la limitación que señala el artículo 142° de la Constitución –como la prevista por el numeral 154. en el Estado Constitucional de Derecho. como una derivación del artículo 142° de la Constitución.3º de la Constitución. el argumento de que dicho órgano constitucional no pueda ser objeto de control jurisdiccional. cuando sean expedidas sin una debida motivación. como que contra ello no exista control jurídico alguno que pueda impedirlo. pues ello supondría tanto como que se proclamase que en el Estado Constitucional de Derecho se pueden rebasar los límites que impone la Constitución.3º– no pueden entenderse como exención de inmunidad frente al ejercicio de una competencia ejercida de modo inconstitucional. contrariu sensu. la validez de todos los actos y normas expedidos por los poderes públicos depende de su conformidad con ella. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico-estatal y. el Texto Supremo puede ser rebasado o afectado y que. el Tribunal Constitucional no pudo aceptar. en interpretación. del artículo 154. pues ello supondría tener que considerarlo como un ente autárquico y carente de control jurídico en el ejercicio de sus atribuciones. En tal sentido. contra ello.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” no puede obstaculizarse irrazonablemente su acceso o simplemente impedirse su cabal goce y ejercicio. la limitación contenida en el artículo 142° de la Constitución no podía entenderse como exención de inmunidad frente al ejercicio de una competencia ejercida de manera inconstitucional.
a concluir la existencia de una contradicción en la Constitución. por otro. que dispone la procedencia de la acción de amparo contra el hecho u omisión.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” IV. conviene también hacer algunas precisiones respecto al control constitucional de las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura. y. Para quienes se ciñen a una lectura aislada de los artículos 142º y 154. En primer lugar. se habilita el proceso de amparo para cuestionar las decisiones de cualquier autoridad. Control constitucional de las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura Complementariamente a lo expuesto en el apartado III. también podría recurrirse a una lectura aislada del artículo 200. Sin embargo. equivocadamente. La interpretación de la Norma Fundamental debe efectuarse apelando a determinados principios constitucionales. según el cual la interpretación de la Constitución 51 . Es por ello que nunca ha sido ni será válido interpretar las disposiciones constitucionales de manera aislada. al principio de unidad de la Constitución. supra.2º de la Constitución.3º de la Constitución el asunto no merece mayor discusión: cada vez que se pretenda revisar una resolución del Consejo Nacional de la Magistratura ello resultará improcedente. toda vez que. se prohíbe revisar en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura. funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos reconocidos por la Constitución. por un lado. por parte de cualquier autoridad. La lectura aislada y unilateral de estas disposiciones constitucionales pueden llevar. pues la Constitución es una unidad y toda aparente tensión entre sus disposiciones debe resolverse atendiendo a los principios de interpretación constitucional.
sin sacrificar ninguno de los valores. incluso aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución orgánica”. En tercer lugar. el cual exige al Tribunal Constitucional. En segundo lugar. apelando al principio de fuerza normativa de la Constitución. se encuentre plenamente garantizado. se encuentran reconducidos a la protección de los derechos fundamentales. como a cualquier juez constitucional que. 52 . de modo tal que el equilibrio inherente al Estado constitucional y democrático. al realizar su labor de interpretación. a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto. y teniendo presente que. al principio de corrección funcional. todo precepto constitucional. conforme al cual la aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta optimizando su interpretación. finalmente. como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales. cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución). es decir. vinculante para todos los poderes públicos y privados en todo y no sólo parcialmente. como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana. pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de estos con la sociedad. no desvirtúen las funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales. de acuerdo con el cual el “producto” de la interpretación sólo podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar. En cuarto lugar. que está orientado a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica. al principio de función integradora. al principio de concordancia práctica. Y.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y sistemático. en última instancia. derechos o principios constitucionales.
sus resoluciones tienen validez constitucional en tanto las mismas no contravengan el conjunto de valores. y no a otros distintos. Por consiguiente. En el fondo.. pero sin que tal característica los convierta en entes autárquicos que desconocen o hasta contravienen lo que la misma Carta les impone. que “(. en criterio que resulta aplicable a lo dispuesto por el artículo 154.° de nuestro Texto Fundamental”. que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la misma norma que le sirve de sustento. principios y derechos fundamentales de la persona contenidos en la Constitución.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” Es por ello que el Tribunal Constitucional estableció en el Fundamento N.º 2409-2002-AA/TC. a contrario sensu. que si ellas son ejercidas de una forma tal que desvirtúan el cuadro de principios y valores materiales o los derechos fundamentales que aquella reconoce. 53 .° de la Constitución establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de Jueces. limitación que no alcanza al Tribunal Constitucional por las razones antes mencionadas.° y 202. no existe ni puede existir ninguna razón que invalide o deslegitime el control constitucional señalado a favor de este Tribunal en los artículos 201.) cuando el artículo 142. no se trata de otra cosa sino de la misma teoría de los llamados poderes constituidos. tiene límites en sus funciones. como cualquier órgano del Estado. lo que supone. el presupuesto de validez de dicha afirmación se sustenta en que las consabidas funciones que le han sido conferidas a dicho organismo sean ejercidas dentro de los límites y alcances que la Constitución le otorga. El Consejo Nacional de la Magistratura. que son aquellos que operan con plena autonomía dentro de sus funciones.. pues resulta indiscutible que estas no dejan en ningún momento de sujetarse a los lineamientos establecidos en la norma fundamental.3º de la Norma Fundamental.º 1b) de la sentencia recaída en el Expediente N.
Atribución constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura de imponer sanciones Entre las distintas funciones constitucionales que la Constitución le ha atribuido al Consejo Nacional de la Magistratura. a los jueces y fiscales de 54 .7º del Código Procesal Constitucional prescribe que no proceden los procesos constitucionales cuando se cuestionen las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales. debe quedar claramente establecido que el Tribunal Constitucional. Siendo ello así.3º. De ahí que el Tribunal Constitucional entendió que ello es así siempre que se cumplan irrestrictamente ambos presupuestos: motivación y audiencia previa del interesado. siempre que dichas resoluciones hayan sido motivadas y dictadas con previa audiencia del interesado. V. destaca aquella referida a su facultad de imponer sanciones prevista en el artículo 154. de lo contrario. y a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos. en tanto supremo intérprete y guardián de la supremacía jurídica de la Constitución y de los derechos fundamentales.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” De otro lado. no ha hecho más que compatibilizar dicho artículo con la interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional del artículo 142º de la Constitución. que prescribe su atribución de aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos. respectivamente. podrá asumir competencia para determinar la legitimidad constitucional de las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura. sino que tiene el deber de someter a control constitucional las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura que eventualmente puedan resultar violatorias de los derechos fundamentales de las personas. no sólo puede. cuando el artículo 5.
lo que en un estado constitucional y democrático no puede ser aceptado. en tanto norma jurídico-política. se colisiona el ordenamiento jurídico y se vulneran los derechos de las personas. y con la de otorgar el título oficial que acredita a los jueces y fiscales como tales (artículo 154. caso contrario. La resolución final motivada.º 2.4º de la Constitución). y con previa audiencia del interesado.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” todas las instancias. Y esos límites. previo concurso público de méritos y evaluación personal. Sentencia recaída en el Expediente N. con la de ratificar. El ejercicio de estas funciones constitucionales ha de hacerse dentro del marco jurídico establecido por la Constitución. los derechos fundamentales se erigen no sólo como facultades subjetivas e instituciones objetivas valorativas. la que. sino también los límites a su ejercicio.º 3361-2004-AA/TC. es decir. es inimpugnable. La irrestricta observancia de uno y otro convierte el ejercicio de las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura en constitucionalmente legítimas. sino también como auténticos 55 . principalmente. Esta facultad constitucional se complementa con aquellas otras funciones que desempeña un órgano constitucional como el Consejo Nacional de la Magistratura dentro de nuestro ordenamiento constitucional. La exigencia de observar estos límites es aún más intensa si de lo que se trata es de ejercer funciones en el ámbito de la imposición de sanciones. a los jueces y fiscales de todos los niveles (artículo 154.2º de la Constitución). En estos casos. Fundamento N. cada siete años.1º de la Constitución). a los jueces y fiscales de todos los niveles (artículo 154. diseña no sólo las facultades de los órganos constitucionales. vienen determinados por el principio jurídico de supremacía constitucional –con lo que todo ello implica– y por el respeto de los derechos fundamentales. con la de nombrar.
y. con previa audiencia del interesado. como el límite para tal facultad. es la propia Constitución –y no por decisión del Tribunal– la que establece que la resolución que impone la sanción debe estar debidamente motivada. por un lado. entonces. más aún en el ejercicio de una función. respectivamente. es imperativo. el Colegiado ha establecido en uniforme jurisprudencia que la debida motivación de las resoluciones mediante las que se imponen sanciones no constituye sólo una exigencia formal de las resoluciones judiciales. por otro. En el segundo. En el primer caso. Sólo en el supuesto de que la sanción haya observado estas dos exigencias constitucionales puede ser considerada legítima. en el artículo 154. cuando se trata de imponer sanciones.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” límites a la facultad sancionadora de un órgano constitucional. Al respecto. a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos. sino que se extiende a todas aquellas resoluciones – al margen de si son judiciales o no– que tienen por objeto el pronunciamiento sobre los derechos fundamentales. y. garantía y parámetro de legitimidad constitucional de la sanción a imponer. pues estos. En lo que toca a la facultad sancionadora del Consejo Nacional de la Magistratura. puede sancionar a los jueces y fiscales de todas las instancias. Sólo de esta manera la sanción impuesta incidirá legítimamente en los derechos fundamentales de las personas. a través de una resolución final debidamente motivada. son.3º de la Constitución subyace tanto la habilitación al Consejo Nacional de la Magistratura para imponer sanciones. A juicio del Tribunal Constitucional. dicho órgano constitucional está facultado para aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos. a su vez. la Constitución exige que la sanción debe ser impuesta. que las resoluciones sancionatorias contengan de 56 .
que dispuso la cancelación de su título de magistrado. del 4 enero de 2001. del 11 de diciembre de 2002. Comentarios a propósito de la Sentencia recaída en el Expediente N. Sin 57 .3º de la Constitución. cuando sean expedidas sin una debida motivación. lo cual excluye aquellos argumentos subjetivos o que carecen de una relación directa e inmediata con la materia que es objeto de resolución y con la imposición de la sanción misma. las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de destitución podrán ser revisadas en sede judicial. mediante la que se le impone sanción de destitución del cargo de Vocal de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima. lo cual fue aceptado por el Consejo Transitorio de Gobierno del Poder Judicial mediante la Resolución N. En cuanto al segundo presupuesto de legitimidad constitucional.° 016-2001-CNM. constituye también una manifestación del derecho a un debido proceso. la exigencia constitucional de motivación de las resoluciones sancionatorias del Consejo Nacional de la Magistratura se cumple cuando dicho órgano fundamenta cumplidamente su decisión de imponer una sanción. del 17 de enero de 2001. esto es. Manifestaba el actor que el 4 de noviembre de 2000 había renunciado al cargo que ejerció en el Poder Judicial.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” una motivación adecuada a Derecho. como una manifestación del principio de tutela jurisdiccional e interdicción de la arbitrariedad. contrariu sensu. Consecuentemente.° 120-2002-PCNM. y sin previa audiencia al interesado. en interpretación.° 001-2001-CT-PJ. el demandante pretendía que se deje sin efecto la Resolución N. Así. la previa audiencia del interesado. VI. del artículo 154. habiéndose expedido la Resolución N.º 05969-2006-PA/TC: El Caso Chocano Polanco En el Caso Luis Arturo Chocano Polanco vs Consejo Nacional de la Magistratura.
Sin embargo.400 fojas. ello fue ignorado. y. cabe precisar que al expediente principal se acompañó el expediente administrativo derivado del proceso disciplinario seguido contra el actor.° 002-2002-CNM en su contra. pese a que el recurrente ejerció continuamente su derecho de defensa durante todo el procedimiento administrativo.A. la referida a la circunstancia de haber sido destituido no obstante que con anterioridad su renuncia ya había sido aceptada por el Poder Judicial. el cual tenía más de 1. jamás invocó como medio de defensa.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” embargo. Respecto de la primera cuestión. 58 . pues alegaba que a pesar de haberlo solicitado durante el informe oral. se dispuso la apertura del Proceso Disciplinario N. pese a encontrarse fuera de la magistratura con un año de anterioridad. Asimismo. con la finalidad de investigar supuestas infracciones en el trámite de los procesos de acción de amparo y acción de cumplimiento seguidos en 1998 por la Empresa Luchetti Perú S. Como puede apreciarse. contra las Municipalidades de Lima y Chorrillos. no habiéndose observado lo prescrito por el artículo 204° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. y que. la referida a la prescripción del proceso disciplinario seguido en contra del actor. alegaba que durante el informe oral del 23 de mayo del 2002 solicitó la prescripción y caducidad del proceso administrativo. pese a ello. dos son las cuestiones esenciales que tuvo que abordar el Tribunal Constitucional a efectos de dilucidar la controversia de autos : de un lado. respecto de los plazos de prescripción de oficio y de caducidad aplicables en los procesos disciplinarios de magistrados. el emplazado no se había pronunciado respecto de ello. por otro. siendo destituido del cargo mediante la resolución cuestionada. el 20 de febrero de 2002.
En el supuesto que el servidor ya no se encuentre en ejercicio del cargo. el actor consideraba que resultaba incongruente que se le haya impuesto la sanción de destitución. Respecto a la segunda cuestión. Por ende. De ahí que el Tribunal Constitucional concluyó que no podía alegarse que el Consejo Nacional de la Magistratura no se había pronunciado respecto de una situación alegada por el recurrente. la investigación a efectuarse tendrá por finalidad determinar la posible 59 . en la medida que ello resultaba perfectamente posible. Tampoco encontró el Tribunal sustento en tal alegato. el Consejo Nacional de la Magistratura–. persiguiendo anular la acción incoada. mediante la que se cuestionan aspectos formales o de fondo del proceso. En ese sentido. por su carácter de medio de defensa necesitaba ser promovido por la parte interesada en la etapa procedimental correspondiente a fin de que el órgano de resolución evalúe su pertinencia o impertinencia.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” esto es. dentro de los plazos y en el tiempo que dispongan las disposiciones pertinentes. aún cuando la había invocado durante un informe oral. de un magistrado– en el ejercicio de sus funciones y respecto de determinados eventos puestos a consideración del órgano de resolución. pero que sin embargo. constituye un requisito esencial que ésta. no dedujo la excepción de prescripción –ni ninguna otra– respecto de la cual alegaba que el emplazado no se había pronunciado. es claro que la excepción es un instituto procesal por la cual el demandado –que en el proceso disciplinario lo era el magistrado Chocano Polanco– puede oponerse a la pretensión del actor –en el caso. necesariamente. toda vez que los procedimientos administrativos disciplinarios tienen por finalidad evaluar la conducta del servidor –en el caso. cuando con anterioridad se había aceptado su renuncia al cargo de magistrado que ejercía. debe ser propuesta por la parte emplazada.
ratificación y destitución de los jueces y fiscales. cada siete años. ratificar. respecto de los supuestos que permiten el control constitucional de las resoluciones sancionadoras del Consejo Nacional de la Magistratura. el Consejo Nacional de la Magistratura constituye el único órgano competente para nombrar. nombramiento. Conclusiones – Los artículos 150º y 154º de la Constitución instituyen al Consejo Nacional de la Magistratura como el órgano constitucional encargado de la selección. a los jueces y fiscales de todos los niveles. el Tribunal Constitucional desestimó la demanda. sin perjuicio de las demás atribuciones que su Ley Orgánica le reconoce. al haberse observado los parámetros a que se ha hecho referencia supra. a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos. respectivamente. a los jueces y fiscales de todos los niveles. a los jueces y fiscales de todas las instancias. aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y. y. – En efecto. extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita como tales. de conformidad con las precitadas disposiciones. VII. y.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” responsabilidad acarreada. previo concurso público de méritos y evaluación personal. aunque ello no impida el desmerecimiento de otra sanción que pueda ser impuesta –y no ejecutada– en el legajo personal del servidor investigado y considerado responsable. En consecuencia. toda vez que la cuestionada resolución fue debidamente motivada. y el actor ejerció su derecho de defensa sin limitación alguna. la imposición de la sanción correspondiente ligada directamente a la inhabilitación para el ejercicio de un cargo Público. 60 .
cuya defensa constituye el fin supremo de la sociedad y del Estado. de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución. sino de delimitar clara y correctamente las competencias que la Constitución ha conferido a cada uno de los órganos constitucionales (principio de corrección funcional). no puede renunciar. – Ello no supone atentar contra las competencias que la Constitución.2º de la misma Norma Fundamental ha instituido el proceso de amparo orientado a la defensa de los derechos fundamentales. y otorgar así seguridad jurídica y unidad normativa al Derecho Constitucional. en última y definitiva instancia corresponde al Tribunal Constitucional. sino tan sólo ejercer las competencias que la Constitución otorga a dicho Tribunal en materia constitucional.2º. según lo manda el numeral 202. y a la que. el artículo 200. por imperio de la Constitución. en el artículo 154º. tiene el deber de integrar todas las normas constitucionales. las cuales no sólo ha reconocido. garantizando el respeto a los derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución. – El Tribunal Constitucional ha entendido legítimo que el Consejo Nacional de la Magistratura defienda las competencias que consideran necesarias para el mejor desempeño de sus funciones en tanto su calidad de órgano constitucional y. el Tribunal Constitucional es un órgano constituido sometido a la Constitución y a su ley orgánica. 61 . Ante la eventual afectación de los derechos fundamentales de la persona. En su función de máximo intérprete constitucional (artículo 201º de la Constitución y artículo 1º de su Ley Orgánica). le ha otorgado al Consejo Nacional de la Magistratura. en ese sentido. cuyo conocimiento.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” – Por su parte. sino que tiene el deber de garantizar. es respetuoso de dicha condición y de las atribuciones que la Norma Fundamental le otorga. No se trata pues de una superposición de funciones. conforme al artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
corresponde al Tribunal Constitucional. cuya protección. en última instancia. y a la que. resulta inadecuado que dicha defensa pretenda realizarse a costa de la plena vigencia de los derechos fundamentales. no puede renunciar.“ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA” “Universidad San Andrés” – Sin embargo. por imperio de la Constitución. 62 .
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