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Timestamp: 2018-10-18 09:51:15+00:00

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﻿ Sentencia 35043 de noviembre 24 de 2009
SENTENCIA 35043 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS. NO SON PERSONAS JURÍDICAS POR ENDE LA REPRESENTACIÓN CONJUNTA DE ESTAS SOLO FUNCIONA PARA EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN, CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS. EN MATERIA LABORAL, CUANDO ESTAS ASOCIACIONES COMPARECEN A UN PROCESO COMO DEMANDANTES O DEMANDADAS, LOS INTEGRANTES DEBEN HACERLO DE MANERA INDIVIDUAL, INTEGRANDO UN LITISCONSORCIO NECESARIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, PERSONA JURÍDICA, PERSONA NATURAL, LITISCONSORTE NECESARIO, PROCESO LABORAL, DERECHO LABORAL
Sentencia 35043 de noviembre 24 de 2009
Ref.: Expediente 35043
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de Rosalba Restrepo Gonzálezcontra la sentencia de 25 de octubre de 2007, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por la recurrente contra el Instituto de Seguros Sociales y La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
1. La citada demandante convocó a proceso al Instituto y a La Previsora con el fin en lo que interesa a la casación, de que sean condenadas en forma solidaria, conjunta o separada al pago de la pensión de vejez, a partir del 25 de febrero de 2004 y a los intereses de mora.
Como apoyo de su pedimento indicó que el Instituto celebró con La Previsora un contrato de seguros denominado póliza de seguro de aporte pensional por desempleo. Ella cumplió con los requisitos exigidos en la póliza y fue aceptada, pues probó su vinculación laboral mediante contrato a término indefinido y que fue despedida sin justa causa. De la misma manera cumplió la condición para el pago de la indemnización, pues envió una comunicación a La Previsora el 20 de junio de 2000, sobre su aceptación en el Consorcio Prosperar, esto es, el régimen subsidiado de pensiones del ISS.
2. El ISS admitió la mayoría de los hechos y frente a otros dijo no constarle su existencia. Rechazó las pretensiones y manifestó que la actora no acreditó los requisitos para acceder a la pensión que depreca. Esgrimió como medios defensivos, falta de causa para demandar, buena fe e improcedencia de intereses moratorios.
La Previsora contestó el libelo, se opuso a las pretensiones y adujo en su defensa que no tuvo vínculo jurídico de carácter laboral con la demandante, que el único compromiso se derivaría de un acuerdo de otra naturaleza que debe ser ventilado ante la respectiva competencia. De todas maneras se debe tener en cuenta la prescripción propia del contrato de seguros, pues la actora no presentó reclamación dentro de los términos que señala el Código de Comercio. Según la póliza el siniestro se entiende ocurrido en la fecha del despido, para el caso, el 17 de febrero de 1999. La reclamación se presentó solo el 5 de mayo de 2006, luego operó la prescripción. Propuso las excepciones de prescripción, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación indemnizatoria.
3. Mediante fallo de 30 de abril de 2007, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, absolvió al Instituto y a La Previsora de todos los cargos.
En virtud de la apelación interpuesta por la parte demandante, conoció el Tribunal Superior de Medellín, que mediante fallo de 25 de octubre de 2007, confirmó el del Juzgado en su integridad.
En lo que interesa a la casación, sostuvo el juzgador de segundo grado que previo a estudir el tema de la prescripción era menester dilucidar si el derecho reclamado estaba plenamente establecido.
Luego de transcribir las pretensiones tal como fueron redactadas en la reforma a la demanda, aseveró que eran la pensión de vejez por cumplir más de 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima e intereses moratorios.
Pero en el mismo texto del libelo se acepta que la actora no cumple el requisito de las 500 semanas, porque no se han contabilizado las que se podrían derivar de la póliza de seguro de desempleo suscrita entre el Instituto y la Previsora Compañía de Seguros.
Agregó el juzgador que:
“Es apenas obvio que tales súplicas no pueden prosperar, ni frente al ISS, que es el administrador del régimen de prima media, ni mucho menos frente a la Previsora S.A., que solamente tiene una hipotética y discutida responsabilidad frente a un número limitado de semanas de cotización. Súmese a esto dicho que el contrato de seguro que genera el pago de aportes de afiliados desempleados, fue suscrito no solo con La Previsora S.A. sino también con la Compañía Central de Seguros S.A. (fl. 79), y esta empresa aquí no fue vinculada al proceso.
“Es posible que La Previsora S.A. Compañía de Seguros tenga una obligación de pagar el monto de unas cotizaciones a favor de la actora con ocasión de la póliza de seguros ya mencionada, pero no lo es menos que por parte alguna en las pretensiones se solicitó que se condenara a ésta al pago de las mismas.
“Es más si así se hubiere hecho y la pretensión se hubiere reconocido, a la pensión de vejez aquí pedida tampoco se podría acceder, en tanto la contabilización de las semanas solo se haría cuando esta compañía de seguros deposite o cancele su valor al Instituto de Seguros Sociales. Mientras tanto es claro que la demandante no tiene las 500 semanas de cotización que son soporte de lo pedido”.
Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso extraordinario, el cual concedido por el tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver, previo estudio de la demanda de casación y la réplica del instituto.
Pretende el impugnante que la Corte case la sentencia acusada, y en sede de instancia, revoque la del juzgado y en su lugar, condene al Instituto de Seguros Sociales y/o a La Previsora S.A. a pagar la pensión de vejez, los intereses de mora y las costas.
Con tal propósito formula cinco cargos, así:
Cargo segundo. Acusa la sentencia por vía directa porque “aplicó indebidamente los artículos 51 y 83 del Código de Procedimiento Civil (...) e incurrió en falta de aplicación de los artículos 50, 54 y 57 ibídem, en relación con los artículos 825 y 1037 del Código de Comercio; 12 del Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el D. 0758/90); 13, 31, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993”.
En la demostración asevera el impugnante que de conformidad con el artículo 1037 del Código de Comercio, en el contrato comercial de seguro, la relación sustancial en caso de conflicto se da entre el tomador y asegurador, de tal forma que si la demanda hubiera sido interpuesta por el tomador esto es, el Instituto, ahí si tendría que conformarse un litis consorcio necesario por pasiva con ambas empresas (C. de P. C., arts. 51 y 83).
Sin embargo dice, no es aquí el caso, pues “la relación sustancial en conflicto no es de derecho comercial, sino del derecho de la seguridad social integral, y está dada entre el trabajador o afiliado, de una parte, y el fondo de pensiones (ISS), de la otra, que es la entidad llamada a asumir la prestación de seguridad social que se demanda, o sea la pensión de vejez, por pasiva”.
En el sub judice no resulta menester integrar un litisconsorcio necesario por activa como lo entendió el tribunal, porque a lo sumo se estaría frente a un litisconsorcio meramente facultativo por pasiva, “pues era el Instituto de Seguros Sociales como parte demandada, y como deudor de la prestación de seguridad social que se reclama, el llamado a provocarlo, y no lo hizo”.
Cargo cuarto.Por vía directa acusa la sentencia porque “infringió directamente los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional; los artículos 19 y 20 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 50, 54 y 57 del Código de Procedimiento Civil (...) en relación con los artículos 1568 y 1571 del Código Civil; con los artículos 822, 825, 1037, 1041, 1072 del Código de Comercio; con los artículos 12 del Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 0758 de 1990); y con los artículos 1º, 2º, 3º, 13, 31, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993”.
En la sustentación afirma el censor que el contrato de aporte pensional por desempleo es mucho más que un simple convenio de derecho privado. Ese contrato es un medio para hacer efectivo el servicio público de la seguridad social, y por ello el intérprete al establecer su sentido y alcance, debe trascender las normas de derecho comercial en aras de salvaguardar los principios constitucionales y legales que rigen esa rama del ordenamiento jurídico.
Añade que “por ello, no resulta descabellado afirmar que el beneficio otorgado por un contrato de seguro de desempleo, en el campo de la seguridad social integral, y específicamente en materia de la pensión de vejez, se torna de orden público, irrenunciable e imprescriptible. Como tampoco es atinado argüir que el asegurador en casos como este, asume más que la simple obligación de pagar el monto de unas cotizaciones, porque de lo que realmente se trata es de que, por ese medio, el derecho a la pensión de vejez se materialice en cabeza del trabajador afiliado”.
Manifiesta más adelante que la actora por no ser parte de la relación sustancial surgida del eventual incumplimiento del contrato que vincula al tomador y asegurador, no tenía la carga de integrar un litisonsorcio necesario, llamando al proceso a las personas jurídicas que conforman el asegurador. La relación en este caso es de seguridad social entre el afiliado y el fondo de pensiones (ISS), que es la entidad llamada a asumir por pasiva la prestación de seguridad social. El instituto entonces, bien pudo en su condición de parte en el contrato comercial de seguro, denunciar el pleito a las aseguradoras o llamarlas en garantía y no lo hizo. En este caso se trata de un litisconsorcio facultativo y no necesario.
Cargo quinto. Por vía directa acusa la sentencia porque “interpretó erróneamente los artículos 1036, 1037, 1039, 1040, 1041, 1054, 1072, 1077, 1079 y 1080 del C. de C., en relación con los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional, 12 del Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el D. 0758/90), y 13, 31, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993; aplicó indebidamente los artículos 51 y 83 del Código de Procedimiento Civil (art. 145 del C. P. del T. y de la S.S.), y se abstuvo de aplicar los artículos 50, 54 y 57 del Código de Procedimiento Civil (C.P. del T. y de la S.S. art. 145), en relación con el artículo 1037 del C. de C.”.
En el desarrollo aduce el impugnante que exigir que la demandante integre un litisconsorcio necesario, se convertiría en una carga que en derecho el afiliado a la seguridad social no está obligado a soportar, por resultar de incumbencia del tomador del seguro. Si así se admitiera, el seguro de aporte pensional por desempleo, a más de un escollo para el afiliado, dilataría en el tiempo el disfrute real y efectivo de la pensión de vejez.
El replicante en relación con estas acusaciones expresa en esencia que al no existir prueba de las cotizaciones realizadas por La Previsora y no solicitar el actor como pretensión el pago de las mismas, es claro que el Instituto no podría otorgar la pensión de vejez, toda vez que no alcanzó a cotizar las 500 semanas exigidas.
La Corte procederá al estudio conjunto de estas tres acusaciones en cuanto se encaminan por el sendero jurídico, citan similar elenco normativo y persiguen el mismo objetivo.
Fue pilar esencial de la sentencia de segundo grado para confirmar la decisión absolutoria del juzgado, que dentro de las pretensiones de la demanda no se solicitó que La Previsora fuera condenada al pago de cotizaciones al Instituto a favor de la demandante, para ser contabilizadas a efectos de completar el número mínimo necesario para acceder a la pensión de vejez.
Este argumento básico no fue atacado, siendo obligación del recurrente en casación para la eventual prosperidad del recurso extraordinario, controvertir todos los fundamentos de la sentencia gravada, porque uno de ellos que permanezca en firme se convierte en soporte de su legalidad, pues no hay que olvidar que el fallo de segundo grado viene amparado por las presunciones de acierto y conformidad con el ordenamiento legal.
Por lo demás se ha de advertir, que el tribunal entendió que en el sub lite,debía integrarse litisconsorcio con la Compañía Central de Seguros S.A., esto, porque en la póliza de seguro de aporte pensional por desempleo, contratada por el Instituto de Seguros Sociales, fungieron como aseguradoras La Previsora S.A. Compañía de Seguros y la Compañía Central de Seguros S.A. quienes constituyeron una unión temporal para el efecto.
En nuestro régimen legal, artículo 7º de la Ley 80 de 1993, la unión temporal no constituye una persona jurídica distinta de las que la integran, y no obstante que tienen responsabilidad solidaria, ha entendido la jurisprudencia que en la medida en que la norma que las regula ha previsto las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del objeto contratado, las cuales “se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal”,cuando concurren al proceso como demandantes ora como demandados, se debe integrar litisconsorcio necesario por activa o por pasiva según corresponda con todos y cada uno de los unidos temporalmente.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, en providencia de 7 de diciembre de 2005, radicado 27651, sostuvo sobre el tema lo siguiente:
“En principio dirá la Sala que las uniones temporales, figuras admitidas en el artículo séptimo de la Ley 80 de 1993 para efectos de contratación estatal, no configuran una persona jurídica nueva e independiente de los miembros que conforman dichas asociaciones. Al no poseer tal naturaleza jurídica, carecen de capacidad para comparecer en proceso ante autoridades judiciales, conforme a lo prescrito en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.
“Al respecto, la Corte Constitucional ha afirmado que dichas asociaciones no son personas jurídicas y que la representación conjunta solo funciona para efectos de adjudicación, celebración y ejecución de los contratos; en sentencia de 22 de septiembre de 1994 manifestó:
‘El artículo 6º autoriza para contratar con las entidades estatales a ‘... las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes’. De igual modo señala que, ‘también podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones temporales’.
“En estos eventos el Estatuto no se refiere a una persona y sin embargo permite que los consorcios y las uniones temporales puedan contratar con el Estado, lo cual, en resumen significa que la ley les reconoce su capacidad jurídica a pesar de que no les exige como condición de su ejercicio, la de ser personas morales.
“Se tiene de lo anterior [artículo 7º de la Ley 80 de 1993] que según la ley, el consorcio es un convenio de asociación, o mejor, un sistema de mediación que permite a sus miembros organizarse mancomunadamente para la celebración y ejecución de un contrato con el Estado, sin que por ello pierdan su individualidad jurídica, pero asumiendo un grado de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
“Lo que se ha expresado para el consorcio puede aplicarse del mismo modo para la "unión temporal", si se tiene en cuenta el texto del numeral segundo del mismo artículo 7º’.
“Al no constituir la unión temporal, ni el consorcio, una persona jurídica diferente de los miembros que la conforman, la capacidad para comparecer en proceso reposa en cabeza de las personas naturales o jurídicas que los integran.
“Por ello, la Sala sostuvo en diversas oportunidades que si un consorcio, lo cual es igualmente válido para la unión temporal, comparecía a un proceso como demandante o demandado, cada uno de los integrantes debía hacerlo de manera individual integrando un litisconsorcio necesario, es decir que la parte solo se conformaría con la vinculación de todos sus miembros al proceso”.
Es de advertir que las normas que sirvieron de apoyo al tribunal aunque no las mencionó expresamente, son las que regulan la contratación estatal, las cuales no fueron mencionadas en las proposiciones jurídicas de estas tres acusaciones. Por estas razones, y por cuanto como arriba se indicó, el impugnante no atacó todos los soportes de la sentencia, los cargos se desestiman.
Cargo primero. Acusa la sentencia por la vía indirecta, por aplicación indebida del artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, “y se abstuvo de aplicar el artículo 200 del mismo código, en relación con los artículos 12 del Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el D. 0758/90); 13, 31, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993”.
“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la actora aceptó (o confesó) en la demanda, que no tiene 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima.
“2. No dar por demostrado, estándolo, que la actora no hizo esa confesión.
“3. No dar por demostrado, estándolo, que la actora cotizó más de 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima”.
Señala como apreciados erróneamente la demanda inicial (fls. 2 a 4, cdno. 1); escrito de folios 43 a 54; escrito de reforma a la demanda (fls. 90 a 94); documento de folio 78 y el documento de folios 79 a 83. Como no apreciados están los documentos de folios 11, 12, 15A, 15B, 17 a 27, 57 y 61 del cuaderno 1.
En el desarrollo sostiene el impugnante que en la demanda ni en los documentos que se denuncian como erróneamente apreciados, la actora aceptó o confesó que no tiene 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. Por el contrario, lo que allí se asegura es que sí las tiene: “Si el tribunal hubiese apreciado rectamente las citadas piezas procesales, no hubiera absuelto de las pretensiones de la demanda, de entrada, con el argumento de la confesión, que no existió, sin avanzar en el alcance del contrato de seguro de desempleo y en el examen de la restante prueba recaudada en el expediente”.
En cuanto a la prueba no apreciada, “muestra que la actora, en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, incluido el periodo de protección por el seguro de desempleo que adquirió el ISS, tiene 520,3282 semanas, suficientes para adquirir el derecho a la pensión de vejez”.
Cargo tercero. Por vía indirecta acusa la sentencia porque “aplicó indebidamente los artículos 194, 51 y 83 del C. de P. C. (...) y se abstuvo de aplicar los artículos 200, 50, 54 y 57 del mismo Código, el artículo 1568 del C. C., los artículos 825 y 1037 del C. de C., el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el D. 0758/90), y los artículos 13, 31, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993.
Refiere como errores fácticos manifiestos:
“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la actora no tiene 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima.
“2. No dar por demostrado, estándolo, que la actora tiene más de 500 semanas de cotización en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima”.
“3. Dar por demostrado, sin estarlo, que en razón del contrato de seguro ha debido demandarse, también, a la Compañía Central de Seguros S.A.
“4. No dar por demostrado, estándolo, que la actora no fue parte en el dicho contrato de seguro, razón por la cual no hay litisconsorcio necesario”.
Señala como apreciados erróneamente los documentos de folios 78 a 86; y como no estimados los folios 11, 12, 15 A, 15B, 17 a 27, 57, 61 y 119.
Argumenta el recurrente en el desarrollo de la acusación que la prueba apreciada erróneamente enseña que la actora no fue parte en el contrato de seguro por desempleo. Además, por tratarse de un negocio mercantil, en el que intervienen varios deudores, la solidaridad se presume.
La demandante podía dirigir su demandada contra el Instituto, o contra este y la unión temporal conformada por la Previsora y la Compañía Central de Seguros, o contra el Instituto y alguna de estas compañías, en razón de la solidaridad de los artículos 825 y 1037 del Código de Comercio, y porque no se está frente a un caso de litisconsorcio necesario sino de uno meramente facultativo (C. de C., art. 1037 en concordancia con los arts. 50, 54 y 57 del C. de P. C.).
Sobre la prueba que se denuncia como no apreciada dice que pone de manifiesto que la actora continuó desempleada, por lo menos hasta el mes de mayo de 2000, y que en relación con ella se cumplió la cláusula del contrato de seguros conforme a la cual el pago de la indemnización quedaba sujeto al cumplimiento de la condición suspensiva, consistente en que el afiliado vuelva a ser cotizante del tomador, hecho ocurrido a partir del 1º de junio de 2000 cuando se vinculó al Fondo de Solidaridad Pensional como independiente urbano.
Esa documental también muestra las cotizaciones al Instituto y que reúne las 520,3282 semanas de aportes en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, incluido el periodo de protección por desempleo.
El instituto opositor esgrimió frente a estas acusaciones que el tribunal sí examinó las pruebas allegadas al proceso y ellas indican que la demandante no cumplió el requisito de las 500 semanas exigidas por la norma aplicada. Además el contrato de seguro fue suscrito con La Previsora y la Compañía Central de Seguros por lo que le asiste razón al juzgador respecto a que esta última no fue vinculada al proceso.
Estas acusaciones se estudiarán también en forma conjunta, toda vez que se orientan por la vía fáctica y persiguen el mismo objetivo.
En estos dos cargos al igual que ocurrió con los anteriores, quedó incólume la conclusión esencial del tribunal de no haber sido formulada la pretensión a la aseguradora de pago al Instituto de las cotizaciones a pensión en virtud de la póliza de seguro de aportes por desempleo, por ocurrencia del evento protegido. En efecto, no se señala como error manifiesto de apreciación y no se establecen los medios de prueba o piezas procesales con ese específico fin, por lo que ese aspecto de la decisión quedó libre de ataque y se constituye en soporte de la legalidad del fallo gravado.
Por lo demás, el que el tribunal no diera por cumplido el requisito de las 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, no proviene de una equivocada contabilización de las semanas que aparecen en la historia laboral como para que se hubiera incurrido en un yerro de valoración probatoria de esa documental, sino que entendió que no se podían hacer efectivas las cotizaciones provenientes del seguro de aportes por desempleo reclamadas, por las razones que se explicaron y que no logró derruir el censor, y sin esos aportes no se ajustaría eventualmente el número mínimo requerido para la pensión de vejez.
En esa medida los yerros fácticos que se le atribuyen a la sentencia resultan intrascendentes, con la advertencia que el tema del litisconsorcio que se aborda en estas acusaciones fue tratado al resolver los cargos jurídicos.
Finalmente, advierte la Corte, que de todas maneras en el sub lite, no se tiene por establecido el cumplimiento de una condición propia para los seguros de aportes por desempleo, cual es la reanudación de la actividad productiva bien como dependiente ora como independiente, para volver a cotizar a Instituto por cuenta del empleador o del trabajador independiente.
Esta condición no se cumpliría con las cotizaciones subsidiadas, provenientes del fondo de solidaridad pensional, puesto que si la póliza de aseguramiento excluye como potencial beneficiario a los “asegurados que gozan de subsidios pensionales”,se ha de derivar que esta limitación opera no solo cuando se trata de tiempos que pudieran ser concomitantes para la cotización, sino también para el efecto de cumplir la condición del evento protegido de que “vuelva a ser cotizante del tomador”.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 25 de octubre de 2007, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso promovido por Rosalba Restrepo Gonzálezcontra el Instituto de Seguros Sociales y La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
Magistrados: Eduardo López Villegas—Elsy Del Pilar Cuello Calderón— Gustavo José Gnecco Mendoza—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.

References: artículo 1037
 artículo 1037
 artículo 7
 artículo 44
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 194
 artículo 200
 artículo 1568
 artículo 12