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Timestamp: 2018-02-22 22:48:06+00:00

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V. 2018/02. EXPERTO EN DERECHO ®:: EL ABOGADO DEL ESTADO ANTE LA JURISDICCION INMOBILIRIA Y SUS PROCESOS
TEMAS A TRATRAR
I. EL ABOGADO DEL ESTADO ANTE LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA.
II. EL ABOGADO DEL ESTADO
III. EL Abogado del Estado en Funciones como Fiscal o Ministerio Publico por ante el Tribunal de TIERRAS.
IV. Condiciones para ser Abogado del ESTADO.
V. PROCEDIMIENTO DE DESALOJO POR ANTE EL ABOGADO DEL ESTADO.
VI. LA SOLICITUD DE DESALOJO CONTRA UN COPROPIETARIO DEL INMUEBLE.
VII. MEDIDAS PROVISIONALES QUE PUEDE TOMAR EL ABOGADO DEL ESTADO EN EL CURSO DE UN DESALOJO.
Es con la Ley u Orden Ejecutiva No. 511 del 1 de julio de 1920 del Gobierno de Ocupación Norteamericana, que surge en nuestro país el Tribunal de Tierras y con ella nace la Jurisdicción Catastral y es con ella que, por primera vez se instituye el Fiscal ante el Tribunal de Tierras, que fue el germen llamado a evolucionar en el futuro como Abogado del Estado y Fiscal ante el Tribunal de Tierras.
La Orden Ejecutiva No. 511, es la que le sirvió de base al legislador dominicano, para crear la Ley No. 1542 o Ley de Registro de Tierras, de fecha 7 de noviembre de 1947, publicada en la Gaceta Oficial No. 6707, es con esta que surge definitivamente y formalmente el órgano y Oficina del Abogado del Estado y Fiscal ante el Tribunal de Tierras. Esta Ley nos da el concepto, la competencia, la función exclusiva y parte de las atribuciones del Abogado del Estado. El Abogado del Estado es el guardián del Certificado de Titulo de la propiedad inmobiliaria, lo que quiere decir que de él depende en gran medida la paz social, el desarrollo económico y el progreso de nuestro país.
Durante los primeros años de vigencia de la Orden Ejecutiva No. 511, en el Tribunal de Tierras solo se hablaba de Fiscal para referirse a lo que hoy llamamos Abogado del Estado. A finales de los años veinte se produjo un caso muy particular, fue designado un abogado para ocupar el cargo de Fiscal ante el Tribunal de Tierras. Tanto se molesto éste señor porque entendía que era merecedor de un mejor puesto y el Presidente de la Republica en ese entonces, Horacio Vázquez, para contentarlo procedió a cambiarle el nombre de Fiscal por Abogado del Estado. Con esto, el abogado se sintió satisfecho, porque entendió que le habían dado un mejor cargo.
La Ley 1542 fue modificada por el Legislador Dominicano por la Ley 108-05 de fecha 23 de marzo del 2005, la cual recibió, a su vez, modificación por la Ley 51-07.
El Articulo 11 de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, modificada por la Ley 51-07 del 23 de abril de 2007 define al Abogado del Estado de la manera siguiente: El Abogado del Estado es el representante del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria. Como mínimo habrá tantos Abogados del Estado como Tribunales Superiores de Tierras, y tendrá los abogados adjuntos que fueren necesarios para asistirlo en el correcto desempeño de sus funciones por ante los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria.
El Abogado del Estado deberá participar en todas las audiencias, en representación del Estado, en todos los procesos de saneamiento y adjudicación de títulos de propiedad en los que tenga interés o aparente tenerlo, no pudiendo hacerlo en nombre de ninguna otra persona moral o física. En este sentido el articulo 26 párrafo 3 de la Ley de Registro Inmobiliario, modificado por la Ley 51-07 del 23 de abril del 2007, dispone lo siguiente: “el tribunal apoderado debe poner en conocimiento al Abogado del Estado del inicio del proceso judicial del saneamiento e informarle la fecha de la primera audiencia, para que éste emita su opinión.
De esta manera hacemos esta pequeña introducción con el fin de reseñar un poco la historia de esta figura jurídica, con funciones claramente establecidas en la Ley 108-05 sobre registro inmobiliario, también los reglamentos para los tribunales superiores de tierras y tribunales de jurisdicción original.
Con la Orden Ejecutiva No. 511 de 1920 se crea el Tribunal de Tierras en nuestro país y con ella se instituye por primera vez la figura del Fiscal de Tierras, que posteriormente y en la actualidad conocemos como el Abogado del Estado.
Con la promulgación de la Ley No. 1542, de fecha 11 de octubre de 1947, publicada en la Gaceta Oficial No. 6707, de fecha 7 de noviembre del mismo año, en la misma se recogen las experiencias acumulada durante la aplicación de la orden ejecutiva de 1920, cuyo objeto principal era el registro de todas las tierras del territorio de la República, las mejoras construidas y fomentadas sobre los mismo, y otros derechos reales que puedan ser afectados; el deslinde, la mensura, y participación de los terrenos comuneros y depuración de los títulos en peso declarando estas operaciones de interés público, a fines de obtener un certificado de titulo que tenga el carácter de irrevocable, perpetuo, absoluto, con el cumplimiento de las formalidades de publicidad y autenticidad que conforman las características propias del sistema Torrens.
Con la entrada en vigencia de la Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario, que derogo la Ley de Registro de Tierras No. 1542, la figura del Abogado del Estado desapareció y fue sustituido por el de la Comisión Inmobiliaria, que al ser definida por la citada ley en el artículo 11, lo hace en estos términos: La Comisión Inmobiliaria es un organismo colegiado ante la Jurisdicción Inmobiliaria y estará conformada por tres miembros, un miembro nombrado por el Poder Ejecutivo, un miembro nombrado por la Suprema Corte de Justicia y un miembro nombrado por el Congreso Nacional de la República. La Comisión Inmobiliaria dispone para el cumplimiento de sus dictámenes el auxilio de la Fuerza Pública.
El referido artículo 11 de la Ley de Registro Inmobiliario fue modificado por la Ley No. 51-07 de fecha 23 de abril del 2007, restableciendo la figura del Abogado del Estado, expresando que “El Abogado del Estado es el representante del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria”.
Es necesario destacar que la figura de la Comisión inmobiliaria prevista en la Ley de Registro Inmobiliario en el capítulo IV, artículos 11 y 12, nunca tubo aplicación, puesto que el legislador mediante la Ley No. 51-07 modifico la Ley de Registro Inmobiliario, entre la que se destaca lo relativo a la Comisión Inmobiliaria, incorporando en la Jurisdicción Inmobiliaria la figura del Abogado del Estado, el cual asume las facultades que le había conferido la citada ley de Registro Inmobiliario a la Comisión Inmobiliaria, es decir se produjo un cambio en el nombre, asi como de su composición.
Dentro de esta modificación a la Ley de Registro Inmobiliario hecha por la Ley No. 51-07 se encuentra el artículo 2, en el sentido de que los órganos que integraban la Jurisdicción Inmobiliaria eran cuatro, en la actualidad fueron reducidos a tres (3), es decir, el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria o Tribunal de Tierras dejo de ser un órgano.
Debemos recordar que en la antigua Ley de Registro de Tierras la jurisdicción del Abogado del Estado era nacional, al igual que la del Procurador General de la República, pero con la derogación de esta ley por la Ley de Registro Inmobiliario, en virtud del artículo 15 se crean los Tribunales Superiores de Tierras siguientes:
5) Tribunal Superior de Tierras Departamento este; y de acuerdo con el articulo 11 párrafo 3 de la referida ley dispone que “habrá tantos Abogados del Estado como Tribunales Superiores de Tierras”.
Es oportuno precisar, que en la actualidad solo están funcionando realmente los Tribunales Superiores de Tierras de los departamentos Central, con asiento en la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana:
Norte, con asiento en la ciudad de Santiago de los Caballeros; y Noreste, con asiento en la Ciudad de San Francisco de Macorís. Pero solo existen dos oficinas del Abogado del Estado, una en Santo Domingo y la otra en Santiago.
II. EL ABOGADO DEL ESTADO.
El principio III de la Ley de Registro Inmobiliario, así como el principio básico del sistema Torrens, es considerar al Estado como dueño original de todos los terrenos que conforman el territorio de la República Dominicana; y es a este que se le debe probar, por todos los medios de pruebas, que es propietario de determinada porción de terreno, en consecuencias en caso de que ningún particular o reclamante pueda probar su derecho de propiedad sobre el inmueble, el mismo debe adjudicarse al Estado Dominicano.
El Abogado del Estado deberá participar en todas las audiencias, en representación del Estado, en todos los procesos de saneamiento y adjudicación de títulos de propiedad en los que tenga interés o aparente tenerlo, no pudiendo hacerlo en nombre de ninguna otra persona moral o física. En este sentido el artículo 26 párrafo 3 de la Ley de Registros Inmobiliario, modificado por la Ley 51-07 del 23 de abril de 2007, dispone lo siguiente:
el tribunal apoderado debe poner en conocimiento al Abogado del Estado del inicio del proceso judicial de saneamiento e informarle la fecha de la primera audiencia, para que este emita su opinión. La falta de comparecencia o falta de opinión del Abogado del Estado se considera como la falta de interés y la no objeción del Estado al proceso de Saneamiento.
La falta de opinión del Abogado del Estado no impide, sin embargo, que el inmueble sea adjudicado. Como puede apreciarse, solo puede intervenir en representación del Estado, existiendo una prohibición expresa de que no puede representar a nadie más, ya sea persona física o moral.
Corresponde el Abogado del Estado el sometimiento penal a los autores de las infracciones castigadas por la Ley No. 108-05, sobre Registro Inmobiliario, modificada por la Ley No. 51-07 del 23 de abril del 2007, a los fines de que sean aplicadas las sanciones correspondientes y presentara informe y conclusiones en todas las causas penales de que conozca por ante los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, en virtud de los artículos 113 y 114 de la citada ley; asimismo el Abogado del Estado podrá dictar todos los mandamientos de conducencia, arresto o prisión que sean procedente de conformidad con la Ley de Registro Inmobiliario.
Actuando como Fiscal, está en el deber de someter ante los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria a los autores de las infracciones castigadas por la Ley de Registro Inmobiliario. En el recurso de revisión por causa de fraude actúa como ministerio publico para defender las regulaciones del procedimiento de saneamiento.
El Estado, a través del Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras, no tiene que producir ninguna prueba para establecer el derecho de propiedad de que está investido en virtud de la Ley; son los reclamantes en un saneamiento por ante el Tribunal de Tierras lo que están obligados a aportar la prueba de que el inminente derecho del Estado ha sido aniquilado. B.J. 484, Pag. 1146, noviembre de 1950.
Podrá dirigirse la querella al Abogado del Estado contra los autores de las infracciones. Una vez recibida, el Abogado del Estado la enviara al Tribunal de Jurisdicción Original territorialmente competente, para que conozca de la misma.
En la audiencia que ha de conocer el Tribunal, el Abogado del Estado, en su función de fiscal, defenderá su sometimiento y perseguirá que el tribunal apoderado aplique las sanciones que estipula la ley para los infractores.
Asimismo, dentro de sus funciones como fiscal, le corresponde la ejecución de las sentencias penales dictadas por los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria y de las órdenes que sean susceptibles de ejecución forzosa, pudiendo para ello requerir el auxilio de la fuerza pública.
Cuando se realizan notificaciones por ante los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria para citar o notificar a las personas que se hallen establecidos en el extranjero, la misma debe realizarse en el domicilio del Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento correspondiente, toda vez que este funcionario es el fiscal por ante los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, en virtud del Párrafo 2 del artículo 12 de la Ley de Registro Inmobiliario; puesto que de conformidad con el articulo 69 numeral 8 del Código de Procedimiento Civil, “a aquellos que se hallen establecidos en el extranjero, se le emplazara en el domicilio del fiscal del tribunal que deba conocer de la demanda; el fiscal visara el original y remitirá la copia a Ministerio de Relaciones Exteriores.
Dentro de las competencias atribuidas de manera específica por la Ley No. 108-05 sobre Registro Inmobiliario, modificado por la Ley No. 51-07, al Abogado del Estado debe citarse a las audiencias que conozcan del recurso de revisión por causa de fraude.
En cuanto a su participación en las audiencias que conocen sobre dicho recurso, el tribunal no estará válidamente constituido sin la presencia del Abogado del Estado, quien deberá examinar los documentos y hechos planteados por las partes, y e cierta forma posee un papel activo a los fines de comprobar la existencia o no del fraude, siendo absolutamente necesario que el Abogado del Estado produzca su dictamen, ya sea en la audiencia o en un plazo que podrá solicitar para ello, en virtud del párrafo 5 del artículo 12 de la Ley de Registro Inmobiliario.
Para ser Abogado del Estado se requiere ser dominicano, mayor de veinticinco años, en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, licenciado o doctor en Derecho, por lo menos cuatro años de ejercicio de la abogacía, o que haya sido Juez de cualquier tribunal o corte, por dos años a lo menos; es decir, se requieren las mismas condiciones que para ser ministerio publico ante la Corte de Apelación en la jurisdicción ordinaria.
El Abogado del Estado podrá ser representado por los abogados adjuntos que fueren necesarios para asistirlo en el correcto desempeño de sus funciones por ante los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, quienes deben reunir las mismas condiciones requeridas para el titular.
El procedimiento en desalojo por ante el Abogado del Estado del departamento correspondiente esta previsto por los artículos 48 de la Ley de Registro Inmobiliaria, el cual no quedo expresamente modificado por la Ley No.51-07, pero se infiere como modificado toda vez que la Comisión Inmobiliaria fue sustituida por la figura del Abogado del Estado; en ese sentido dicho texto legal dispone que el propietario de un inmueble registrado, amparado en su certificado de titulo o constancia anotada puede requerir al Abogado del Estado el Auxilio de la Fuerza Pública para proceder al desalojo del ocupante o intruso.
El procedimiento es el siguiente: el propietario se proveerá de una autorización emitida por el Abogado del Estado que será notificada al intruso o ocupante ilegal por un acto de alguacil, notificado por un ministerial de la Jurisdicción Inmobiliaria, intimándolo para que un plazo de 15 días a partir de la fecha de la notificación, a los fines de que abandone voluntariamente el inmueble, en dicho acto se hará mención bajo que titulo o derecho actúa el que pretende que le sea desocupado el inmueble, es decir, datos tales como numero de parcela o solar, numero de certificado de titulo, quien es el titular; es preferible que conjuntamente con el acto de alguacil se le de copia o fotocopia del certificado de titulo duplicado del dueño, o copia de la constancia anotada. Vencido este plazo, el Abogado del Estado mediante oficio que será notificado mediante acto de alguacil concederá un último plazo de quince (15) días para que abandone el inmueble o deposite sus alegatos por ante dicha institución.
Es necesario destacar que en la antigua Ley de Registro de Tierras solo le correspondía al Abogado del Estado por ante el Tribunal de Tierras conocer de la solicitud de desalojo contra un ocupante ilegal o intruso, y que los Tribunales de Tierras, por la vía principal no conocían de esta demanda, sino de manera accesoria a una Litis Sobre Derecho Registrado.
Y en este sentido nuestra Suprema Corte de Justicia ha dicho que “las disposiciones del artículo 258 de la Ley de Registro de Tierras que se refieren al desalojo de terrenos saneados, no dejan dudas de que para realizar este procedimiento es indispensable que al Abogado del Estado, a quien corresponde ejecutarlo, se le provea del Certificado de Titulo del terreno objeto del procedimiento en desalojo” Cas. 14 de Noviembre de 1984, B-J. 886, Pág. 2381.
Una vez vencido el plazo de los quince días, es una costumbre del Abogado del Estado citar a las partes a los fines de que comparezcan, ya sea personalmente o mediante representación de abogados; se examinan los documentos presentados por las partes y se procede a determinar si la persona contra la cual se persigue el desalojo es intrusa pura y simplemente, o si está en posesión de ese inmueble en virtud de algún derecho adquirido o que ha sido otorgado por el persiguiente, y otro copropietario; en el caso que compruebe que la persona es un ocupante ilegal o intruso, el Abogado del Estado ordenara el desalojo, que deberá ser realizado por acto de alguacil mediante proceso verbal de desalojo en un plazo no mayor de treinta (30) días, según el párrafo II del artículo 48 de la Ley de Registro Inmobiliario.
Los copropietarios son aquellas personas titulares de un inmueble o de algún bien real inmobiliario, el cual se encuentra registrado en comunidad, es decir, a nombre de dos o más personas.
El propietario de la constancia anotada en el certificado de titulo que quiere hacer valer por ante el Abogado del Estado del departamento correspondiente, en sus atribuciones de guardián del certificado de titulo, este al examinar los documentos y comprobar que el inmueble que está siendo ocupado por el presunto intruso esta en copropiedad, no puede otorgar la fuerza pública hasta que no se realice el deslinde correspondiente de la porción de que alega ser propietario, con esto no se quiere decir que la constancia anotada depositada por ante al Abogado del Estado no tiene valor, ya que la misma tiene el mimo valor y fuerza probatoria.
Ahora bien, frente a un copropietario no es posible otorgar la fuerza pública, ya que el mismo tiene derecho registrado dentro del inmueble, y en esta virtud nuestra Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio siguiente: “es indispensable que al Abogado del Estado, a quien corresponde ejecutar el desalojo de terrenos saneados, se le prevea del certificado de titulo. Además, si el titulo es de copropiedad, antes de ordenar el desalojo, el tribunal debe disponer la subdivisión del terreno para determinar las posesiones de cada copropietario de esa parcela, a fin de poner al Abogado del Estado en condiciones de ejecutar el desalojo de que fue encargado por sentencia impugnada”. Cas. 14 de septiembre de 1984. B.J. 886, pág. 2381-2382.
Frente a esta situación el Abogado del Estado debe sobreseer el asunto hasta tanto se produzca el deslinde o subdivisión de la parcela; ya que existe una cuestión prejudicial, esto es, cuando un punto de derecho de la cuestión prejudicial debe ser juzgado por otra jurisdicción que aquella que conoce del asunto principal, es decir, el Abogado del Estado debe desestimar la solicitud de desalojo, en virtud de las disposiciones del articulo 47 párrafo I de la Ley de Registro Inmobiliario que dispone que “no procede el desalojo de un copropietario del mismo inmueble contra otro en virtud de una constancia anotada”.
Ahora bien, frente a un intruso sin título o sin derecho para actuar, el Abogado del Estado debe proceder a ordenar el desalojo con el solo hecho de presentarle ante el una constancia anotada en el certificado de titulo, ya que la misma tiene fuerza ejecutoria por aplicación el artículo 91 de la Ley de Registró Inmobiliario; y bajo el criterio de que el intruso sin calidad no puede obstaculizar el libre ejercicio de uso y disfrute al tenedor de un derecho registrado.
El Abogado del Estado puede ordenar una inspección para determinar si la persona que se dice ocupante ilegal del inmueble registrado está realmente ocupando el mismo; y para ello requerirá de los servicios de agrimensores privados pagados por una de las partes, y cuyo trabajos podrán ser supervisados por la Dirección Regional de Mensura Catastral del departamento correspondiente; o pueden solicitarle la medida directamente a la Dirección Regional de Mensura Catastrales; y con ello se comprobaran los elementos esenciales de que el ocupante ilegal esta dentro de la parcela o solar que pretende desalojar el titular del derecho.
Dicho proceso de comprobación se realiza con una solicitud formulada por el Abogado del Estado, de oficio o a petición de una de las partes, a la Dirección Regional de Mensura Catastrales, a los fines de que esa dirección comisione un inspector, quien deberá trasladarse al terreno en conflicto, previa verificación de los planos correspondientes al mismo, determinar topográficamente, comprobando con los linderos de la parcela, si el demandado ocupa o no la parcela en cuestión. Una vez concluido los trabajos de campo el inspector procederá a rendir un informe a la Dirección Regional de Mensura Catastrales, quien lo remitirá al Abogado del Estado, el cual estudiara el resultado y decidirá en base a este informe el conflicto.
Si con el informe presentado por el inspector se comprueba la ocupación, el Abogado del Estado ordenara mediante resolución conceder un plazo de quince días a los fines de que voluntariamente desocupe el inmueble que ocupa ilegalmente dicha resolución deberá ser notificada por acto de alguacil a la parte a desalojar; vencido este plazo, se ordenara el auxilio de la fuerza pública para la ejecución del desalojo del intruso.
Esta resolución que emite el Abogado del Estado otorgándole un plazo de 15 días al ocupante, antiguamente una práctica establecida por la costumbre, ya que el único plazo que establece la derogada Ley de Registro de Tierras, era el plazo previo de quince días, establecido en el artículo 260 de la ley que establece que “antes de proceder al desalojo el persiguiente intimara al ocupante, por acto de alguacil, para que haga abandono de los lugares en un plazo no menor de 15 días, que se contara a partir de la notificación del referido acto a persona o a domicilio. Pasado este plazo, sin que el ocupante haya hecho abandono de los lugares, procederá el interesado al desalojo inmediato a sus expensas”. En la actualidad está legalmente establecido en los párrafos I y II del artículo 48 de la Ley de Registro Inmobiliario.
Dentro de los inconvenientes que podrían surgir al iniciar el procedimiento de desalojo de lugares en la Oficina del Abogado del Estado, podríamos destacar varias situaciones que hacen necesaria la toma de decisiones, que aunque de manera expresa no lo faculte la ley, de forma general las pueden ordenar; tales como: ordenes de conducencia en los casos en que una persona sea citada y se resista de comparecer ante el Abogado del Estado; orden de protección de los derechos avalados por el certificado de titulo; esto ocurre cuando existen amenazas de invadir un terreno registrado provisto de su correspondiente certificado de título, el Abogado del Estado emite una orden a la Policía Nacional a los fines de que ofrezca protección a los terrenos amparados en el certificado de titulo del peticionario; suspensión de labores, generalmente, ya invadidos los terrenos y al querer los invasores tomar ventajas de las demoras propias del proceso de desalojo, inician construcciones en el terreno invadido, a los fines de hacer más difícil la ejecución, con e propósito de convertir el proceso de desalojo en un problema de connotaciones de índole social, y poder persuadir el débil sistema jurídico que tenemos y evitar así la expulsión de la propiedad indebidamente ocupada; protección policial a los fines de que los titulares del derecho de propiedad debidamente registrado puedan edificar en su propio terreno, esto ocurre, cuando exista alguna oposición, que no está basada en sustentación legal; protección policial, a los fines de que los agrimensores puedan realizar los trabajos ordenador por los órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria; orden de fuerza pública para ejecutar desalojos intrusos ; refuerzo policial, para garantizar la ejecución manteniendo el orden social y la paz pública.
La comprobación de la ejecución de desalojo por parte del Abogado del Estado está supeditada a que el alguacil actuante en el mismo proceda a depositar en la Secretaria de la Oficina del Abogado del Estado, la copia del acto de ejecución, de conformidad con lo que dispone el párrafo II del artículo 48 de la Ley de Registro Inmobiliario, con lo cual oficialmente, y el tenor del referido texto legal, finaliza el procedimiento de desalojo por ante la oficina del Abogado del Estado.
Para ser Abogado del Estado o adjunto del Abogado del Estado se requieren las mismas condiciones que para ser Ministerio Publico ante la Corte de Apelación en la Jurisdicción Ordinaria. Como mínimo habrá tantos Abogados del Estado como Tribunales Superiores de Tierras, dicho funcionario tendrá los abogados adjuntos que fueren necesarios para asistirlo en el correcto desempeño de sus funciones por ante los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria.
Este funcionario es el representante del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, no así en los demás procedimientos que se lleven por ante la Jurisdicción Ordinaria u otra jurisdicción especializada en que el Estado sea parte de un litigio. El Abogado del Estado queda reservado, salvo instrucciones muy poco frecuentes, para representar al Estado en los casos que sean necesarios ante el Tribunal de Tierras, especialmente los casos previstos por la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario.
El Abogado del Estado tiene las funciones de representación y defensa del Estado Dominicano en todos los procedimientos que así lo requieran ante la Jurisdicción Inmobiliaria, a la vez que ejerce las funciones de Ministerio Publico ante esta Jurisdicción. Es competente para someter ante la jurisdicción que corresponda a los autores de las infracciones castigadas por esta ley para que se les impongan, si procede, las sanciones establecidas, emite dictámenes, opiniones, mandamientos y todas las demás atribuciones que como Ministerio Publico le correspondan, emite su opinión en el proceso de saneamiento, y participa como Ministerio Publico en el proceso de revisión por causa de fraude.
Corresponde, al Abogado del Estado el sometimiento penal a los autores de las infracciones castigadas por la Ley No.108-05, sobre Registro Inmobiliario, a los fines de que sean aplicadas las sanciones correspondientes y presentara informe y conclusiones en todas las causas penales de que conozca por ante los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, en virtud de los artículos 113 y 114 de la citada Ley; podrá dictar todos los mandamientos de conducencia, arresto o prisión que sean procedente de conformidad con la Ley de Registro Inmobiliario; asimismo, dentro de sus funciones como fiscal, le corresponde la ejecución de las sentencias penales dictadas por los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria y de las ordenes que sean susceptibles de ejecución forzosa, pudiendo para ello requerir el auxilio de la fuerza pública.
Cualquier persona propietaria de un inmueble registrado, amparado en un Certificado de Titulo o Constancia Anotada puede requerir al Abogado del Estado el auxilio de la fuerza pública para proceder al desalojo del ocupante o intruso. El propietario se proveerá de una autorización emitida por el Abogado del Estado que será notificada al intruso por acto de alguacil, de la misma jurisdicción, conjuntamente con el Certificado de Titulo, intimándole para que en el plazo de quince (15) días abandone el inmueble ilegalmente ocupado. Vencido este plazo, el Abogado del Estado mediante oficio que será notificado mediante acto de alguacil, concederá un último plazo de quince (15) días para que abandone el inmueble o deposite sus alegatos por ante dicha institución; el Abogado del Estado luego de que compruebe la legitimidad de los documentos depositados por el propietario, y transcurrido los plazos ya establecidos, ordenará el desalojo que deberá ser realizado por acto de alguacil mediante proceso verbal de desalojo en un plazo no mayor de treinta (30) días.
Derecho Procesal ante la Jurisdicción Inmobiliaria Dr. Víctor Santana Polanco.
Estudio de la Ley de Tierras Dr. Arístides Álvarez Sánchez
Tratado de Derecho Inmobiliario Dr. Rafael Ciprian
Ley No. 1542 sobre Registro de Tierras y sus modificaciones (Derogada).
Ley No. 108-05 Sobre Registro Inmobiliario.
Reglamento de los Tribunales de Jurisdicción Original.
Cas. 14 de Noviembre de 1984, B-J. 886, Pág. 2381.
1737-2007 Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierra y Tribunales de Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria.

References: artículo 11
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 26
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 258
 artículo 48
 artículo 91
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 260
 artículo 48
 artículo 48