Source: http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2013/
Timestamp: 2017-06-26 13:51:10+00:00

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El arbitraje en el marco del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes Aunque no está previsto que entre en vigor
antes de 2015 y tampoco que España sea parte en el mismo, la creación de un
Tribunal Unificado de Patentes (TUP) constituye uno de los elementos esenciales
del proceso de transformación del Derecho europeo de patentes actualmente en
curso, con relevantes consecuencias para España. De hecho, a la interacción
entre el Acuerdo sobre el TUP y el Reglamento Bruselas I bis me referí ya en un
comentario anterior. Quería ahora
detenerme en algunas implicaciones en materia de arbitraje del Acuerdo TUP,
pues, entre otros aspectos, cabe encontrar en el mismo una referencia expresa –poco
frecuente en los textos legislativos- a los límites a la arbitrabilidad de ciertos
litigios, así como la creación de una institución arbitral específica.
Entre los documentos adoptados la
semana pasada por la Comisión Europea en el marco de su reacción frente a las
revelaciones acerca de la supervisión de datos personales de ciudadanos
europeos por parte de las autoridades de EEUU, dos presentan especial
relevancia para la actividad empresarial. Se trata, de una parte, de una
Comunicación sobre el funcionamiento delos Principios de Puerto Seguro desde la perspectiva de los ciudadanos y
empresas de la UE, y, de otra, de una Comunicación más general acerca del restablecimiento de la confianza en las
transferencias de datos entre la UE y EEUU. Cabe destacar la importancia
atribuida en estos documentos a la negativa repercusión de la situación actual
sobre la competitividad de las empresas europeas, la constatación de un
significativo nivel de incumplimiento de los Principios de Puerto Seguro, así
como la decidida voluntad de la Comisión de revisar el mecanismo de los
Principios para dotarlo de una mayor eficacia, como opción preferible frente a
la suspensión o revocación de este sistema,
habida cuenta de los perjuicios que de tal opción derivarían para los intereses
en EEUU y la UE de las empresas participantes en el mismo.
La digitalización masiva de obras protegidas tras la decisión de 14 de noviembre en el asunto Google Books Ocho
años después de la interposición ante los tribunales de Nueva York de la
demanda por The Authors Guild y otros titulares de derechos contra Google por
violación de los derechos de autor al digitalizar libros, crear una base de
datos de libros, y exhibir pasajes cortos sin el permiso de los titulares de
los derechos de autor sobre los mismos en el marco del proyecto conocido como
Google Books, el pasado 14 de noviembre el juez federal Chin del Tribunal de Distrito de Nueva York (US District
Court - Southern District of New York) ha decidido que con base en los
beneficios que para el público en general derivan de este proyecto, que según
su criterio no afecta negativamente a los derechos de los titulares, la
actividad de Google es lícita conforme al Derecho de EEUU, al poder ser
considerada como un supuesto de fair use,
de modo que la utilización que Google lleva a cabo de esas obras no constituye
una infracción de la normativa sobre propiedad intelectual. Determinar que la
actividad llevada a cabo por Google en el marco de este proyecto es, sin
necesidad de autorización por parte de los titulares de derechos sobre obras,
lícita, conduce a permitir la digitalización masiva de obras protegidas y su
puesta a disposición (en principio, sólo de pequeños fragmentos de las mismas,
si bien facilitando funciones de búsqueda sobre el conjunto de su contenido) a
través de Internet. Que un ordenamiento acepte o no estas prácticas como
lícitas sin necesidad de autorización, condiciona decisivamente el nivel de
acceso de una sociedad a la producción cultural y científica, así como la
disponibilidad de herramientas que pueden resultar esenciales para el progreso
cultural y científico. Por ello, aunque se trata de una decisión recaída en
primera instancia que se ha anunciado que será objeto de recurso, y que va referida únicamente a la protección de los
derechos reconocidos en la legislación estadounidense, se trata de una novedad
que merece también una especial atención desde Europa.
Eficacia de las cláusulas sobre jurisdicción y ley aplicable en los contratos internacionales de consumo Teniendo
en cuenta que la inclusión de cláusulas sobre jurisdicción y ley aplicable entre
las condiciones generales de contratos internacionales es una práctica
generalizada; que normalmente tales condiciones pretenden ser de aplicación a
todos los contratos, incluidos los celebrados con consumidores; así como que la
práctica judicial proporciona ejemplos
donde tales cláusulas (con base en el texto del art. 90 LGDCU) son consideradas
con carácter prácticamente general abusivas, resulta de indudable interés
conocer en qué medida las cláusulas de ese tipo son eficaces en la contratación
internacional de consumo. Precisamente, uno de esos ejemplos parece ofrecerlo la
sentencia nº 113/13 del Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid, de 30 de septiembre, que ha alcanzado
gran notoriedad como recogía en su blog Juan Sánchez-Calero. Esta resolución –de la que se reproduce al final como
anexo la parte aquí analizada- establece el carácter abusivo de diversas
condiciones generales utilizadas por la compañía Ryanair y ordena la eliminación
de las mismas de su clausulado. Entre
las cláusulas declaradas abusivas, se encuentra la relativa a la ley aplicable
y la jurisdicción, que en resumen preveía que el contrato de transporte se
regía por la legislación irlandesa y que las disputas entre las partes quedaban
sujetas a la jurisdicción de los tribunales irlandeses. Leer más
Valoración de las normas de Derecho internacional privado del Proyecto de Ley de reforma de la legislación de consumo El Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado día 25 publica el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Aunque la reforma contempla cambios significativos en el ámbito del comercio electrónico de gran interés para este blog, lo que se corresponde con que el objetivo del Proyecto es transponer al derecho interno la Directiva 2011/83/UE –a la que dediqué una entrada en diciembre de 2011-, voy a referirme ahora únicamente a la modificación propuesta de las normas de Derecho internacional privado contenidas en su artículo 67, de la que ha dejado ya constancia Federico Garau. El texto que se propone para la reforma del artículo 67 LGDCU incorpora peculiares adiciones al contenido de la norma vigente, que han de suscitar indudable interés incluso desde la perspectiva de los fundamentos de nuestro sistema de Derecho internacional privado (apartado IV infra), al tiempo que el proyecto resulta especialmente criticable porque mantiene el empleo de criterios de aplicación de las normas de protección en materia de garantías que resultan totalmente inapropiados (apartados II y III infra).
En su sentencia de hoy en el asunto C-218/12, Emrek, el Tribunal de Justicia ha establecido, en relación con la aplicación de la regla especial de competencia que permite al consumidor demandar ante los tribunales de su propio domicilio a comerciantes domiciliados en otros Estados, que el artículo 15.1.c) Reglamento 44/2001 (RBI) no exige que exista una relación causal entre la página web a través de la que se dirige la actividad comercial al domicilio del consumidor y la celebración del contrato litigioso con el consumidor, si bien la existencia de tal relación causal constituye un indicio de vinculación del contrato a tal actividad. En la medida en que la sentencia confirma el planteamiento de las conclusiones presentadas por el Abogado General Cruz Villalón, para no repetirme, entiendo que mi breve comentario sobre dichas conclusiones sirve también ahora como un primer análisis de la sentencia y sus implicaciones, en particular con respecto al eventual control por parte de quienes comercian a través de Internet del riesgo de tener que litigar en una pluralidad de países. Cabe añadir como dato que refuerza el interés de esta sentencia, que a partir del 10 de enero de 2015, cuando el artículo 15.1.c) RBI será sustituido por el art. 17.1.) Reglamento 1215/2012, esta regla de competencia será también aplicable a las situaciones en las que el comerciante demandado no esté domiciliado en un Estado miembro (art. 6.1 Reglamento 1215/2012). Publicado por
Sobre el control de los comentarios de terceros en blogs y sitios web tras el asunto Delfi En comparación con la jurisprudencia previa del Tribunal Supremo relativa a la responsabilidad de prestadores de servicios de la sociedad de la información por contenidos introducidos por terceros en sus servicios, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de anteayer en el asunto Delfi AS c Estonia, 64569/09, presenta la particularidad, entre otras, de ir referida a un supuesto en el que el titular del portal, considerado por los tribunales estonios civilmente responsable frente a la víctima de comentarios difamatorios que terceros habían introducido en sus servicios, había previamente establecido –y aplicado- medidas significativas tendentes a la rápida supresión de esos comentarios en su portal. Pese a esta circunstancia, la sentencia desestima la reclamación, al considerar la actuación de los tribunales estonios conforme con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y establecer, en particular, que no se produjo una violación del derecho a la libertad de expresión e información (art. 10 CEDH) del portal en el que los terceros habían introducido dichos comentarios difamatorios. Cabe entender que, pese a que la solución alcanzada por los tribunales estonios estuviera condicionada por su interpretación de las normas estonias de transposición de las reglas de la Directiva sobre comercio electrónico en materia de responsabilidad de los intermediarios, así como por el contenido del Derecho civil estonio, se trata de una sentencia muy relevante de cara al enjuiciamiento de este tipo de situaciones en otros Estados miembros del CEDH, como España, y que –pese a que el TEDH insiste en que no es su misión interpretar las normas de la Directiva sobre comercio electrónico- es previsible que tenga una repercusión significativa en la aplicación de las normas de la UE sobre responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación.
Competencia judicial internacional en materia de infracciones de derechos patrimoniales de autor cometidas a través de Internet Aunque en la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia cabía encontrar ya aportaciones significativas a la interpretación del fuero relativo al “lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso”, del artículo 5.3 Reglamento Bruselas I (art. 7.2 Reglamento 1215/2012), en relación con actividades desarrolladas a través de Internet, en particular las contenidas en sus sentencias eDate Advertising y Wintersteiger; entre los aspectos no abordados hasta ahora se encontraba el relativo a la concreción del criterio de la materialización del daño alegado (o lugar de manifestación del daño) en el ámbito de la vulneración de derechos de autor. La sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de octubre de 2013, C‑170/12, Pinckney, constituye una importante –y, previsiblemente, controvertida- novedad en esta materia. Leer más
En el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria iniciado a instancia de un ciudadano húngaro sometido a curatela, quien pretendía obtener autorización para vender una cuota proindiviso de un inmueble sito en la República de Bulgaria, se planteaba al Tribunal de Justicia en el asunto C‑386/12, Schneider, si la competencia exclusiva del artículo 22.1 RBI a favor de los tribunales del Estado miembro donde se encuentra el inmueble, es aplicable sólo a los procedimientos contenciosos en materia de derechos reales inmobiliarios o si resulta aplicable también a los de jurisdicción voluntaria como del que conocía el órgano jurisdiccional que plantea la cuestión prejudicial. Aunque el Tribunal de Justicia en su sentencia de 3 de octubre de 2013 declara que el artículo 22.1 RBI no es aplicable a un procedimiento como ese, su repuesta se funda en que “un procedimiento de esa naturaleza tiene relación con la «capacidad de las personas físicas» en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento, la cual está excluida del ámbito de aplicación material de éste”, pero sin hacer referencia al carácter de jurisdicción voluntaria de dicho procedimiento. Este último aspecto presenta el interés de que parece favorecer una interpretación según la cual los procedimientos de jurisdicción voluntaria no quedan por su naturaleza al margen del RBI, por lo que este puede ser aplicable cuando se hallan comprendidos en su ámbito material (si bien en la práctica no es extraño que vayan referidos a materias excluidas del RBI). Leer más
Desde que a principios de junio las informaciones sobre los programas de vigilancia de Internet por parte de EEUU saltaron a las primera páginas de la prensa internacional, parece haberse impuesto la sensación de que para el conjunto de los ciudadanos esas actividades son algo distante, en el sentido de que no exigen ningún tipo de explicación, cautela o garantía en el marco de relaciones privadas cotidianas, sobre las que no parecen tener repercusión. Me refiero a relaciones, por ejemplo, como las que mantiene un prestador de servicios de correo electrónico con sus usuarios, o un empleador (o cualquier entidad) con sus trabajadores (o sus miembros) a los que impone/proporciona el uso de una cuenta de correo electrónico. Cabe recordar que esas informaciones han puesto de relieve cómo esos programas incluyen la supervisión continuada, entre otros, de cuentas de correo electrónico. En principio, esa supervisión va referida únicamente a cuentas de personas que no sean ciudadanas de EEUU y a informaciones que se encuentren principalmente en servidores de EEUU, incluidos los de los proveedores de servicios más relevantes a escala global. El acceso a esas cuentas de correo electrónico (y otros servicios, como los que ofrecen las redes sociales) tendría lugar sin las garantías propias de la legislación del país de la persona cuya cuenta es supervisada (por ejemplo, España). Para hacerse una idea de las cuestiones (y riesgos) que esta vigilancia plantea desde la perspectiva del Derecho de la UE y, en concreto, de la tutela del derecho fundamental a la protección de datos, resulta muy útil la carta fechada el 13 de agosto en la que el llamado Grupo de Trabajo de Protección de Datos del artículo 29 (GTPD), que engloba a las autoridades de los Estados miembros en la materia, se dirige a la Vicepresidenta de la Comisión y Comisaria de Justicia, reclamando el esclarecimiento de una serie de cuestiones de gran trascendencia en relación con este asunto. Leer más
Haciendo una excepción a lo que es el contenido habitual de este blog, me parece apropiado difundir, para una mayor transparencia, que hoy se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para quienes deseen ser contratados (bajo la modalidad de contrato predoctoral, del personal investigador en formación en centros de I+D), para realizar una tesis doctoral asociada a un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Entre los proyectos susceptibles de tener asociados uno de esos contratos se incluye el titulado “Comercio internacional y tutela de los activos inmateriales mediante reglas uniformes transnacionales”, del que soy IP. Leer más
comprender el significado actual del Derecho internacional privado, su
evolución y la de sus actores al hilo de la rápida transformación social, las
exigencias que ésta impone sobre su función, así como la progresiva adaptación
de sus técnicas de reglamentación, resulta de obligada lectura el texto del
Curso General de DIPr impartido en 2102 por Jürgen Basedow en la Academia de La
Haya, que acaba de ser publicado (R. des
C., vol. 360, 2013). Como refleja el propio título, su punto de partida es
que los cambios sociales acaecidos desde mediados del siglo XX han conducido a
una transformación del mundo, que ha pasado de estar integrado por sociedades
estatales cerradas a estar formado por sociedades abiertas, en contacto
constate con los hábitos y las normas de otros países, y entre las que existe
un continuo flujo e intercambio de personas, mercancías, servicios, capitales y
datos. El autor pone de relieve cómo estos cambios afectan decisivamente a la
posición del DIPr, que de ser una disciplina situada en la periferia de los
sistemas jurídicos nacionales y centrada en delimitar el alcance espacial de
sus normas, se está convirtiendo en el Derecho privado propio de los negocios y
las relaciones internacionales, de modo que un enfoque global cobra pleno
sentido metodológico. Para hacer posible ese enfoque, el autor considera
preciso tomar como referencia no las jurisdicciones estatales sino los
operadores privados. Por eso, el curso ofrece como propuesta metodológica el
empleo con carácter preferente de una perspectiva ex ante, que parte de la posición de los operadores privados antes
de establecer relaciones privadas internacionales, pues esa fase resulta clave
en la realización del objetivo básico del DIPr, proporcionar seguridad jurídica
y previsibilidad, frente a los riesgos específicos de las relaciones privadas
conectadas con una pluralidad de ordenamientos. Leer más
26 de julio la Comisión Europea ha presentado una Propuesta de modificación del Reglamento (UE) nº 1215/2012 relativo
judiciales en materia civil y mercantil, conocido también como Reglamento
Bruselas I bis (RBIbis) o, en la terminología de la Comisión, Reglamento
Bruselas I (refundición). Como es sabido, el Reglamento 1215/2012 (RBIbis) se
adoptó para sustituir al Reglamento 44/2001 (RBI) –a las modificaciones que
introduce el RBIbis dediqué en su momento una entrada (en forma de artículo
aquí)-, y sus normas serán aplicables a partir del 10 de enero de 2015
(arts. 80 y 81 RBIbis); de modo que la Propuesta contempla la reforma de un
Reglamento cuyas normas todavía no se aplican, y lo hace con el objetivo de que
la modificación que propone sea también aplicable a partir del 10 de enero de
2015 (art. 2 de la Propuesta). Aunque la Propuesta ahora presentada se refiere
a un aspecto puntual, merece especial atención, por tratarse de una cuestión de
indudable trascendencia económica y particularmente sensible para España, pero
además porque la Propuesta, entre otros aspectos, contempla la introducción de
un fuero adicional a los previstos en el Reglamento 1215/2012, que pretende
completar sus normas de competencia en relación con los demandados de terceros
Estados. Se trata de una regla de competencia que en el ámbito al que va
referida parece resultar especialmente cuestionable (aunque no sería de
aplicación directa por los tribunales españoles ni a los demandados
domiciliados en España), y además se acompaña de una deficiente justificación en
la Exposición de motivos que una vez más hace surgir dudas en relación con las carencias
existentes en el proceso de gestación del DIPr de la UE. En esta entrada me
limitaré a dos aspectos. En primer lugar, a dejar constancia del contenido y contexto
de la modificaciones propuestas, poniendo de relieve su limitado alcance en el
marco de la modernización del Reglamento 44/2001; en segundo lugar, me detendré
en algunas de las objeciones que cabe formular al fuero adicional de
competencia que la Propuesta contempla con respecto a los demandados no
domiciliados en un Estado miembro.
de 18 de julio en el asunto C-147/12, ÖFAB,
resulta de interés básicamente en relación con cuatro aspectos: el alcance de
la exclusión de los procedimientos de insolvencia recogida en el artículo
1.2.b) Reglamento 44/2001 (RBI); la determinación de la regla de competencia
especial aplicable a demandas tendentes a exigir a administradores y accionistas
responsabilidad por las deudas de la sociedad; la concreción del “lugar donde
se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso” (art. 5.3 RBI) en
relación con ese tipo de demandas; y la falta de relevancia de la transmisión
de los créditos al determinar la competencia judicial internacional en esas
el asunto C-218/12, Emrek, se plantea
al Tribunal de Justicia una nueva cuestión relativa al fuero especial en
materia de contratos de consumo establecido en el artículo 15.1.c) Reglamento
44/2001 (RBI). En concreto, se trata de saber si esa regla de competencia, que,
como es conocido, cuando resulta aplicable, entre otros aspectos, permite al
consumidor demandar ante los tribunales de su propio domicilio, opera incluso
cuando el consumidor no ha sido inducido a celebrar el contrato litigioso por
la página web dirigida al Estado miembro de su residencia habitual. Así, en el
asunto principal, el consumidor demandante (con residencia habitual en
Alemania) celebró un contrato con un comerciante situado en Francia, para lo
que se desplazó al establecimiento del demandado tras haber tenido noticia de
ese establecimiento a través de unos conocidos y no a través de la página web
(dirigida al Estado miembro de residencia del comerciante pero también al
Estado miembro de residencia habitual del consumidor). Se plantea, en
definitiva, si el artículo 15.1.c) exige como requisito adicional no escrito
para su aplicación “que la página web guarde una relación causal con la
celebración del contrato”. A partir de la jurisprudencia previa del Tribunal de
Justicia en relación con esa norma, en concreto sus sentencias en los asuntos Pammer y Hotel Alpenhof y Mühlleitner, en sus conclusiones presentadas el 18 de julio
el Abogado General Cruz Villalón propone rechazar que ese requisito adicional
sea exigible. Leer más
las prácticas específicas de Internet cuya eventual ilicitud con base en la
legislación de marcas y de competencia desleal han recibido tradicionalmente
una mayor atención, se encuentran las relativas al uso de denominaciones de
competidores o terceros como metatags palabras clave; es decir, su uso entre
los indicadores de hipertexto de un sitio de Internet, con el objetivo de
influir en el funcionamiento de los buscadores de Internet. En la medida en que
tradicionalmente los motores de búsqueda han utilizado esos metadatos entre los
elementos relevantes para seleccionar y ordenar los resultados de búsqueda,
esas prácticas pueden favorecer el posicionamiento en un lugar destacado entre
los resultados del buscador del sitio web de quien utiliza entre sus metatags,
como si fueran palabras clave que identificaran el contenido de su propio sitio
web, marcas u otro tipo de denominaciones del competidor sobre el que realmente
el usuario del buscador pretende encontrar información. La reciente sentencia
del Tribunal de Justicia en el asunto C‑657/11, Belgian Electronic Sorting Technology NV, incluye varias
aportaciones de interés en relación con este tipo de prácticas, en particular
con respecto a su eventual caracterización –y la de otras prácticas relativas a
nombres de dominio- como publicidad en el marco de la normativa europea sobre
publicidad engañosa y publicidad comparativa, relevante para apreciar la
eventual infracción de la legislación publicitaria belga en el litigio
La nueva normativa europea sobre litigios en materia de consumo Con
la publicación el 18 de junio de la Directiva 2013/11/UE relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de
consumo y el Reglamento (UE) 524/2013 sobre
resolución de litigios en línea en materia de consumo, llega a su fin un largo
proceso de modernización del marco legal de la UE en este sector. Desde la
perspectiva española, donde la resolución extrajudicial de litigios en materia
de consumo ha alcanzado en el marco del Sistema Arbitral de Consumo –regulado
por el RD 231/2008, de 15 de febrero, modificado por RD 863/2009- un particular
desarrollo en comparación con la situación en otros Estados de la UE, el nuevo
marco normativo, entre otros aspectos, puede facilitar el recurso a mecanismos
extrajudiciales para resolver litigios de consumo internacionales
(intracomunitarios), situaciones para las que el marco nacional resulta
normalmente insuficiente. En todo caso, resulta punto de partida obligado
destacar que estos dos nuevos instrumentos, adoptados simultáneamente y que en
cierta medida son complementarios, presentan ámbitos de aplicación, alcances y
características muy diversos.
inusual que las conclusiones presentadas por un abogado general ante el
Tribunal de Justicia tengan la repercusión en los medios de comunicación que ha
acompañado a las presentadas ayer en el asunto C-131/12, Google Spain. Como
a las varias cuestiones planteadas por la Audiencia Nacional me referí ya en una
entrada de hace más de un año
(también aquí en forma de artículo),
cuando se hizo publico el Auto que acordó la remisión al Tribunal de Justicia
de la cuestión prejudicial, y sigo pensando lo mismo tras estas conclusiones,
me limitaré, a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia, a referirme
a un par de aspectos.
previsible que la presentación ayer de la Propuestade Código Mercantil sea el origen de
un intenso debate, acorde con la dimensión e importancia del texto, como señalaba en su blog Juan Sánchez-Calero.
Desde la perspectiva del Derecho internacional privado, destaca la inclusión en
diversas partes de la Propuesta de un conjunto significativo de reglas de ley
aplicable de particular trascendencia, como, entre otras, las relativas a sociedades (en particular, los arts. 212-7 y
212-8 sobre nacionalidad y ley aplicable, pero también otras como las que
regulan la emisión de obligaciones en el extranjero por sociedad española, el
traslado internacional del domicilio social, o las fusiones y operaciones
transfronterizas), las normas sobre ley aplicable a las garantías, así como las
reglas de Derecho internacional privado incorporadas en la regulación de los títulos
de crédito. Asimismo, la relevancia de las normas de origen internacional,
incluidas algunas propias del llamado soft
law, en el contenido de la Propuesta reviste un particular interés desde la
perspectiva del Derecho internacional privado. Por otra parte, en relación con
ciertos sectores objeto también de atención en este blog la Propuesta presenta
singular interés, como se desprende de la selección de materias nuevas
reguladas que recoge el apartado I-25 de su Exposición de Motivos: “En la regulación de materias nuevas cabe
mencionar la referente a la empresa y operaciones sobre la misma, la
representación, la competencia desleal y la defensa de la libre competencia, la
inclusión de varios artículos sobre la propiedad industrial y muy especialmente
los distintos tipos de contratos como los de distribución, suministro, franquicia,
mediación, contrato de obra por empresa, prestación de servicios mercantiles,
operaciones sobre bienes inmateriales, contratos turísticos, prestación de
servicios electrónicos, contratos bancarios y de financiación y operaciones en
el mercado de valores.” Precisamente, dentro de la categoría de “contratos
para las comunicaciones electrónicas”, se incluyen en la Propuesta secciones
específicas relativas al “contrato de servicio de comunicación electrónica” y
al “contrato de alojamiento de datos”. Ahora bien, en esta entrada, además de
dejar constancia de la trascendencia de la Propuesta, quería únicamente hacer
una reflexión al hilo de su ámbito de aplicación, al que va referido su Título
por el Instituto Max-Planck de Derecho privado internacional y extranjero, ha
tenido lugar en Hamburgo un congreso
centrado en analizar desde una perspectiva comparada los últimos desarrollos en
materia de DIPr en China y Europa. La reciente adopción de nuevas leyes de
Derecho internacional privado en China (2010) y Taiwán (2011) constituye un
elemento significativo en el contexto de su integración en el comercio mundial,
así como un instrumento de apertura en el ámbito de las relaciones privadas
internacionales. En la estructura y fundamentos de esas nuevas codificaciones
cabe apreciar una significativa influencia de la tradición europea, que
facilita la comparación con los instrumentos en materia de Derecho
internacional privado adoptados en el ámbito de la Unión
Europea y en ciertos foros internacionales, en particular, en
la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado,
frecuentemente utilizados como modelo por las nuevas codificaciones chinas. Leer más
5th Journal of Private International Law Conference Los
próximos días 12 y 13 de septiembre se celebrará en Madrid el Quinto Congreso
del Journal of Private International Law, que contará con la intervención de más
de medio centenar de especialistas, procedentes de todas las regiones del
mundo. El programa completo incluye varias sesiones plenarias y una quincena de
paneles sectoriales. Toda la información sobre el programa, la sede y la
inscripción en el Congreso, que se encuentra ya abierta, puede consultarse aquí.
cambios introducidos por el Reglamento(UE) nº 462/2013, de 21 de mayo de 2013, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia, se
incluye la inserción de un Título III bis, relativo a la responsabilidad civil
de las agencias de calificación crediticia. Como complemento del régimen
jurídico-público de supervisión y sanción establecido en la normativa europea
en la materia, el nuevo artículo 35 bis contempla la posibilidad de que los
inversores o emisores reclamen a agencias de calificación crediticia que hayan cometido de forma deliberada o por negligencia grave ciertas infracciones, indemnización por los daños o perjuicios, en situaciones en las que el inversor
se ha basado o ha utilizado una calificación crediticia al tomar la decisión de
invertir en un instrumento financiero, o el emisor se ha visto perjudicado por
la calificación de la que él o sus instrumentos financieros han sido objeto. El nuevo
artículo 35 bis presenta un singular interés desde la perspectiva de la
interacción entre el desarrollo del Derecho privado europeo y el Derecho
sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 128/2013, de 26 defebrero de 2013, y 144/2013, de 4 de marzo de 2013, abordan nuevamente cuestiones
relativas a la interpretación de las reglas sobre el régimen de responsabilidad
de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, en concreto
de servicios consistentes en el ofrecimiento de un foro en una página web que permite la
inclusión de comentarios por terceros, y en la actividad del buscador de Google
que proporciona enlaces a sus resultados. Si bien estas sentencias vienen
básicamente a confirmar los criterios en relación con el régimen de
responsabilidad de los intermediarios establecidos previamente por el Tribunal
Supremo -SSTS de 9 de febrero de 2009, 18 de mayo de 2010, 10 de febrero de
2011-, que ya han sido objeto de atención en este blog, puede resultar de
interés ahora detenerse en dos aspectos. En primer lugar, la interpretación de
las reglas sobre el ámbito de aplicación espacial de la LSSI y su coordinación
con las normas sobre ley aplicable a la responsabilidad civil extracontractual
de los prestadores de servicios de la sociedad de la información. En segundo
lugar, el elemento clave de la determinación de la concurrencia de conocimiento
efectivo en el intermediario, como aspecto condicionante de la aplicación de las
exclusiones de responsabilidad previstas en la LSSI, en concreto en sus
inversor es captado y asesorado por una entidad local que abre una cuenta a
nombre del inversor en una agencia de bolsa con sede en otro Estado de la UE, y
esta realiza operaciones de futuros que resultan perjudiciales para el
interesado, pueden plantearse diversos escenarios de reclamación por parte de
este último. La sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2013, C‑228/11,
Melzer, tiene su origen en un
supuesto de reclamación muy peculiar. En concreto, en un litigio en el que el
inversor (residente en Berlín donde también radica su cuenta bancaria a partir
de la que se financiaron las operaciones controvertidas) pretende exigir
responsabilidad extracontractual únicamente a la agencia de bolsa (con sede en
el Reino Unido donde se ubica la cuenta del inversor abierta en la agencia)
ante los tribunales del lugar en el que tiene su sede la empresa que lo captó,
asesoró e indujo a actuar de manera arriesgada (Düsseldorf). El fallo del
Tribunal establece que el artículo 5.3 Reglamento Bruselas I “debe interpretarse en el sentido de que no
permite determinar, en virtud del lugar del hecho generador imputado a uno de
los presuntos autores de un daño, que no es parte en el litigio, una
competencia jurisdiccional frente a otro presunto autor de dicho daño que no
actuó en el ámbito competencial del órgano jurisdiccional que conoce.” Más
allá de esta conclusión, en principio coherente con la jurisprudencia previa
del Tribunal de Justicia relativa al artículo 5.3 y con el peculiar fundamento
de la actuación pretendida por el demandante en este caso, vinculada a ciertas
reglas alemanas de competencia interna, este asunto se presta también a otras
reflexiones acerca de la aplicación de las reglas de competencia judicial
internacional a los mencionados escenarios posibles de reclamación en este tipo
de situaciones. Leer más
La Propuesta de Reglamento por el que se facilita la libertad de
circulación de los ciudadanos y de las empresas, simplificando la aceptación de
determinados documentos públicos en la
Unión Europea, de 24 de abril de 2013, COM(2013)
228 final, tiene como objetivo básico la eliminación respecto de un
conjunto muy significativo de documentos públicos de la exigencia de
legalización o apostilla para que documentos expedidos en un Estado miembro
puedan utilizarse a efectos oficiales en otro Estado miembro. Fundamento de
esta evolución para la Comisión es que en el estado actual de la integración
europea es posible implantar un marco más sencillo en la materia, que supere la
situación existente, derivada en gran medida de convenios y acuerdos
desarrollados antes del establecimiento de la cooperación administrativa y
judicial en el seno de la Unión. Ciertamente, la Propuesta debe ser enmarcada
en un contexto en el que el ámbito de aplicación de los múltiples convenios y
acuerdos con previsiones en la materia en los que participan Estados miembros
no coincide con el que es propio de un instrumento de la Unión; y en el que, cuando
el convenio en cuestión no establece directamente la supresión de la legalización
y cualquier otra formalización análoga, típicamente acepta que tal exigencia
pueda ser excluida por los Estados contratantes en su legislación o en virtud
de acuerdos con otros Estados (como prevé con respecto a la exigencia de
apostilla el párrafo 2º del artículo 3 del Convenio de La Haya de 5 de octubre
de 1961). De hecho, es bien conocido que numerosos convenios bilaterales y
multilaterales de los que España es parte, así como reglamentos de la Unión, en
materia de reconocimiento de decisiones, asistencia judicial o cooperación de
autoridades suprimen (o no prevén) la exigencia de legalización o cualquier
otra formalidad análoga. En todo caso, la exención de legalización y apostilla
que contempla la Propuesta de Reglamento resulta de indudable trascendencia
práctica, en particular teniendo en cuenta que –sin perjuicio de la aplicación
preferente de los convenios internacionales y reglamentos relevantes- la
exigencia de “la legalización o apostilla y los demás requisitos necesarios
para su autenticidad en España” como presupuesto de la eficacia de los
documentos públicos extranjeros es una constante en la legislación española,
tanto en el ámbito procesal civil (323.2.2º LEC y 954.4º LEC de 1881), como registral (art. 36 Reglamento
Hipotecario, art. 5.3 RRM y arts. 88 y 89 RRC). Leer más
En su sentencia de
ayer en el asunto C-64/11, que tiene su origen en un recurso por incumplimiento
de la Comisión contra España, el Tribunal de Justicia ha declarado el
incumplimiento por parte de España de las obligaciones derivadas del derecho de
establecimiento (art. 49 TFUE), debido a que en virtud del artículo 17.1.a) y
c) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades “en los casos de traslado, a otro Estado
miembro, de la residencia de una sociedad establecida en España y de
transferencia, a otro Estado miembro, de activos de un establecimiento
permanente situados en España, las plusvalías no realizadas se integran en la
base imponible del ejercicio fiscal, mientras que tales plusvalías no tienen
consecuencias fiscales inmediatas si esas operaciones tienen lugar dentro del
territorio español”.
Está previsto que el próximo 10
de mayo tenga lugar la primera sesión de trabajo del Foro español de Derecho
internacional privado (FEDIP), dedicada a la modernización de la legislación
española de cooperación jurídica internacional en materia civil. De acuerdo con
el fundamento y los objetivos del Foro, una parte esencial de la sesión estará
reservada para el coloquio y debate entre los asistentes.
11 de abril, Sapir y otros, C‑645/11,
ha venido a confirmar el criterio ampliamente aceptado según el cual la regla
especial de competencia del artículo 6.1 Reglamento 44/2001, que atribuye
competencia en ciertas situaciones a los tribunales del domicilio de uno de los
demandados para conocer de demandas dirigidas contra una pluralidad de
demandados, resulta sólo de aplicación respecto de aquellos demandados domiciliados
en un Estado miembro del Reglamento. Se trata de una respuesta acorde con el
texto del Reglamento y con el significado de los fueros especiales en el
sistema del Reglamento, lo que se vincula con el dato de que ya antes de esta
sentencia fuera opinión generalizada que esa es la
interpretación correcta del Reglamento. En todo caso, la confirmación de este
criterio por el Tribunal de Justicia, que conduce a la aplicación de las reglas
de competencia nacionales de cada Estado miembro para determinar si sus
tribunales tienen competencia con respecto a los codemandados domiciliados en
terceros Estados, puede suscitar alguna reflexión adicional en el contexto
actual de transformación del Reglamento Bruselas I.
En el marco de la Universidad de
Barcelona y del Colegio Notarial de Cataluña, tendrá lugar los días 16 y 17 de
mayo un Seminario Internacional sobre la Unificación Convencional y Regional
del Derecho Internacional Privado. Se trata, sin duda, de una excepcional
iniciativa, no sólo por el interés del amplio programa del Seminario, sino
también de manera muy especial porque incluye un acto homenaje a una de las
personalidades más destacadas del Derecho internacional privado europeo, la
Catedrática de la Universidad de Barcelona, Alegría Borrás. Leer más
La reventa en línea de contenidos digitales en la reciente jurisprudencia de EEUU (y la UE) Incluso
en varios medios de información general ha tenido repercusión esta semana la sentencia de 30 de marzo de 2013 en el asunto Capitol Records v ReDigi.
Algunos de esos medios han destacado cómo esta sentencia del juez de distrito
Sullivan (USDC SDNY) parece ir en contra del criterio adoptado en Europa por el
Tribunal de Justicia el pasado mes de julio en su sentencia Usedsoft,
a la que dediqué una entrada en su
momento. Teniendo en cuenta la trascendencia de la cuestión abordada en la
sentencia Capitol Records v ReDigi,
su carácter pionero en la práctica judicial estadounidense (y comparada), así
como la incertidumbre que en esta materia subsiste en la Unión Europea (y en
EEUU), puede resultar de interés reseñar de manera sucinta esta sentencia
estadounidense y ponerla en relación con la situación en el seno de la UE.
Ciertamente, ante la expansión del mercado digital de obras objeto de protección
por la propiedad intelectual, cobra singular importancia la concreción de si quienes
han adquirido contenidos digitales pueden legítimamente revenderlos en línea.
En particular, el alcance del agotamiento de los derechos del titular
condiciona el eventual desarrollo de un mercado en línea de productos digitales
de segunda mano, así como la viabilidad de modelos negocio basados en la
reventa en línea de contenidos digitales, al tiempo que afecta a la posición de
los adquirentes de tales productos.
la generalización del empleo de aplicaciones en dispositivos móviles, que
implican el tratamiento no sólo de una gran cantidad de datos personales sino
además de datos de una gran trascendencia en relación con la tutela de los
derechos fundamentales del grueso de la población, usuaria de tales
dispositivos, reviste singular importancia la reciente publicación por el
llamado Grupo de trabajo europeo sobre protección de datos del artículo 29
(órgano asesor independiente formado básicamente por las autoridades nacionales
en la materia) de su Dictamen 2/2013, titulado en su versión en inglés (la
única de momento disponible) “Opinion 02/2013 on apps on smart devices”. El documento proporciona un valioso
análisis de los elevados riesgos en materia de protección de datos, partiendo
de la pluralidad de actores relevantes: los numerosísimos creadores de
aplicaciones (con gran frecuencia particulares o entidades de reducido tamaño
carentes de conocimientos acerca de las exigencias de la legislación en materia
de protección de datos), los fabricantes de los dispositivos móviles y sus
sistemas operativos, las tiendas que comercializan aplicaciones (app store) y ciertos terceros, como las
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia en
el asunto C‑419/11,
Česká spořitelna, a.s. y Gerald Feichter, aporta un par de
precisiones a su ya amplia jurisprudencia relativa a los artículos 15 y 5.1 del
Reglamento Bruselas I. En relación con el criterio de competencia especial en
materia de contratos de consumo, resulta coherente con la caracterización como
excepcional de esa regla de competencia en la jurisprudencia anterior, y su limitación
a contratos celebrados fuera e independientemente de cualquier actividad o
finalidad profesional, que el Tribunal establezca ahora que tal regla destinada
a proteger a los consumidores no resulta aplicable en un supuesto como el
planteado en el litigio principal. En concreto, el Tribunal considera que no
puede ser considerado un consumidor a los efectos del artículo 15 RBI una “persona física que tiene estrechos vínculos
profesionales con una sociedad, como su gestión o una participación mayoritaria
en ella… cuando avala un pagaré emitido para garantizar las obligaciones
asumidas por esta sociedad en virtud de un contrato relativo a la concesión de
un crédito”. Al no resultar de aplicación el artículo 15, la persona física
en cuestión podrá ser demandada ante tribunales distintos a los de su
domicilio, como los del lugar de ejecución del contrato, de conformidad con el
artículo 5.1 RBI.
El resultado alcanzado por el
Tribunal de Justicia en su sentencia
ITV, C‑607/11, de 7 de marzo, era
previsible, en la medida en que establece que la difusión en streaming a través de Internet por un
tercero de obras incluidas en una emisión de televisión terrestre constituye un
acto de comunicación publica diferenciado, que requiere la autorización por
parte del titular de este derecho, incluso si la redifusión se lleva a cabo de
modo que la obra se pone a través de Internet a disposición únicamente de
destinatarios que se hallen en la zona de emisión de la televisión terrestre en
cuestión y puedan recibirla legalmente en un receptor de televisión. El
fundamento de ese resultado es que la transmisión de obras en una emisión de
televisión terrestre y su puesta a disposición en Internet son dos transmisiones
distintas que deben ser autorizadas individual y separadamente, incluso si la
retransmisión no tiene carácter lucrativo y se lleva a cabo por un organismo
que no está en competencia directa con el emisor original. Se trata de un
resultado coherente con el amplio alcance del derecho de comunicación pública
en el artículo 3 Directiva 2001/29 (art. 20 LPI), así como con la recurrente
referencia por el Tribunal, como punto de partida de su análisis, a que “la
Directiva 2001/29 tiene como principal objetivo la instauración de un nivel
elevado de protección en favor de los autores, que les permita recibir una
compensación adecuada por la utilización de sus obras, en particular con motivo
de su comunicación al público” (ap. 20). No obstante, desde la perspectiva de
la progresiva elaboración del significado y alcance del derecho de comunicación
pública en Internet, creo que puede resultar apropiado reflexionar al hilo de
esta sentencia acerca de los riesgos de tratar de establecer el significado de
ciertos categorías con carácter general a partir de resoluciones relativas a
los actos de un concreto supuesto litigioso.
Nueva edición del seminario de Derecho internacional privado (11 y 12 de abril) Mañana se abre
el plazo de inscripción en la nueva edición del Seminario internacional de
Derecho internacional privado de la UCM, que este año se celebrará los días 11
y 12 de abril. Como en ediciones anteriores, está previsto que participen como
expositores alrededor de medio centenar de ponentes y comunicantes procedentes
de más de una docena de países de Europa, América y Asia. Auspiciado por la
Representación en España de la Comisión Europea y por el Ilustre Colegio Notarial
de Madrid, las sesiones tendrán lugar en el Salón de Grados de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y en el Salón de Actos del
Colegio Notarial. Entre otros, intervendrán como ponentes en el Seminario los
profesores Marc Fallon (Universidad de Lovaina), Gerald Spindler (Georg-August
Universität Göttingen), Manuel Desantes Real (Universidad de Alicante), Dale Furnish
(Universidad de Arizona), José Mª Espinar Vicente (Universidad de Alcalá de
Henares), Iván Heredia Cervantes (Universidad Autónoma de Madrid), Juan Mª Díaz
Fraile (Registrador de la Propiedad), Thomas Clay (Universidad de Versailles), Du
Xinli (Universidad China de Ciencias Políticas y Derecho) y Bertrand Ancel (Universidad
de París). Más información aquí.
varias entradas anteriores me he referido a la importancia que para la tutela
de diversos derechos en el marco de Internet puede llegar a tener la
posibilidad de que los tribunales adopten
medidas en las que impongan a los proveedores de acceso a Internet nacionales
bloquear el acceso de sus clientes a ciertas páginas de Internet, alojadas en
servidores en el extranjero. De hecho, en algunas de esas entradas he reseñado
precedentes judiciales españoles y europeos en los que medidas de ese tipo han
sido adoptadas para bloquear el acceso a sitios de Internet extranjeros que
supuéstamente infringían la legislación en materia de juegos de azar o derechos
de propiedad intelectual. El excepcional recurso a tales medidas de bloqueo
impuestas a proveedores locales de acceso a Internet se vincula con la ausencia
de otras alternativas para impedir la difusión en el país afectado de la
información ilícita. La imposición de ese tipo de medidas a prestadores de
servicios de intermediación –como son los proveedores de acceso- en relación
con informaciones respecto de las que ellos no son en absoluto responsables es
compatible con el régimen de limitación de responsabilidad para los
intermediarios establecido en la Directiva 2000/31/CE (incorporado en la LSSI),
así como en el ámbito de la propiedad intelectual en la Directiva 2001/29 y la
Directiva 2004/48. En este contexto, resulta de indudable importancia la sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de 18 de diciembre de 2012 en el asunto Ahmet Yıldırım c. Turquía, en la que el Tribunal concluye que la
imposición de ciertas medidas de bloqueo de acceso a contenidos en Internet de
alcance especialmente amplio constituyen una violación del derecho fundamental
a la libertad de expresión establecido en el artículo 10 del Convenio Europeo
resultado final de siete años de trabajo en colaboración entre especialistas de
más de media docena de países, bajo la iniciativa de los Institutos Max-Planck
de Munich (propiedad intelectual) y Hamburgo (Derecho privado internacional),
la editorial Oxford University Press ha publicado esta semana el libro Conflict of Laws in Intellectual Property (The CLIP Principles and Commentary). Este volumen recoge la versión
completa, con los comentarios explicativos y notas, de los Principios sobre
Derecho internacional privado de la propiedad intelectual elaborados por el Grupo Europeo Max Planck (CLIP).
presentación la semana pasada de dos documentos sobre la estrategia de la UE en
materia de seguridad en Internet constituye una buena ocasión para apreciar
ciertos aspectos de la posición de la UE sobre la regulación de Internet, en un
contexto de marcada división internacional, tras la Conferencia Mundial de
Telecomunicaciones Internacionales del pasado mes de diciembre. En concreto,
los documentos presentados la semana pasada son la Comunicación conjunta de la Comisión y la Alta Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre una estrategia
europea de ciberseguridad, que va unida a la Propuesta de Directiva relativa a medidas para garantizar un
elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión.
Acaba de publicarse la obra
titulada Research Handbook on Intellectual Property Licensing, que proporciona una elaborada y muy actual
visión de conjunto de los aspectos jurídicos de las diversas modalidades de
contratos de licencia sobre bienes inmateriales, desde la perspectiva
internacional y comparada. Su índice completo ilustra la valía de esta obra:
Redes sociales y protección de los consumidores El mercado de ciertos servicios en línea,
como los que se basan en el establecimiento de plataformas y comunidades
virtuales, se caracteriza por el predominio de varios operadores globales que
han expandido sus modelos de negocio desde EEUU al resto del mundo. Habida
cuenta del estricto marco normativo vigente en la Unión Europea en materia de
protección de los consumidores y de protección de datos personales, reviste
particular importancia valorar su efectiva aplicación en relación con los
términos contractuales bajo los que se están prestando tales servicios a los
consumidores europeos. Este análisis tiene importantes implicaciones no solo
para la posición de los consumidores europeos, sino que también afecta a la
competitividad de las empresas europeas sometidas a ese marco normativo
Blogs y responsabilidad civil a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre Durante
el mes pasado diversos medios de comunicación se han hecho eco de la sentencia Nº: 742/2012 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2012, que casa la sentencia
de 31 de marzo de 2011 de la Sección 11.ª de la Audiencia Provincial de Madrid.
La sentencia de la Audiencia había desestimado el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de 24 de junio de 2008 del Juzgado de Primera
Instancia número 55 de Madrid, que estimó la demanda de la SGAE contra el
titular de un blog/página web por vulneración “del derecho al honor y dignidad”
de la SGAE como consecuencia de la difusión a través del blog de ciertas
informaciones (y expresiones) y la provisión de diversos enlaces. La sentencia
del Juzgado de Primera Instancia, confirmada por la Audiencia, había condenado
al demandado a retirar más de una veintena de comentarios y a indemnizar a la
SGAE con nueve mil euros. La sentencia del Tribunal Supremo deja sin efecto la
de la Audiencia Provincial y desestima la demanda interpuesta por la SGAE
imponiéndole las costas derivadas de la misma. Algunas informaciones
periodísticas han puesto el acento en el cambio de criterio que representa la
sentencia del Tribunal Supremo, que es obvio que llega a un resultado
abiertamente distinto del alcanzado por el Juzgado de Primera Instancia y la
Audiencia Provincia. Ahora bien, al valorar esta importante sentencia del
Tribunal Supremo en lo que afecta a la responsabilidad civil de los titulares
de blogs y otros prestadores de servicios de intermediación –la demanda iba
referida, al menos en parte, a comentarios introducidos en el blog por terceros
y a la provisión de ciertos enlaces a páginas de terceros con contenidos sobre la SGAE-,
debe tenerse en cuenta que sobre este particular el Tribunal Supremo
básicamente se limita a reiterar su jurisprudencia previa.
Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho internacional (IHLADI) celebró su XXVII Congreso durante el pasado
mes de diciembre en San Juan (Puerto Rico). De las cuatro Comisiones en las
que se organizaron los trabajos del Congreso, la cuarta estuvo dedicada a
ciertos aspectos de las nuevas tendencias del Derecho internacional privado,
abordando los retos que para este sector del ordenamiento plantea el desarrollo
de la sociedad de la información y debatiendo propuestas para la adaptación del
Derecho internacional privado al nuevo contexto. Por su interés, se reproducen
a continuación las Conclusiones de dicha Comisión, que como se habitual aparecerán
publicadas, junto con las del resto de las Comisiones, en el próximo volumen
del Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho internacional.

References: resolución 
 Real Decreto 
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 5
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 29
 artículo
1
 artículo 15
 artículo 15
 resolución 

resolución 
 resolución 
 artículo 35

artículo 35
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 17
 artículo 6
 artículo 29
 artículo 15
 artículo 15

artículo 5
 artículo 3
 artículo 10