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DERECHO DE PETICION COMPARENDOS.docx | Procedural Law | Statute Of Limitations
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SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
VICTOR MANUEL NAVARRO MALMACEA, identificado con la cedula de ciudadanía No.1.065.602.954, expedida en Valledupar-(Cesar), domiciliado en la manzana 13 casa 43 Barrio Mareigua, en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la constitución política de Colombia y desarrolladas en los Artículos 13 y demás subsiguientes de la Ley 1437 de
2011 sustituida por la Ley 1755 de 2015,
me dirijo a esa Entidad, para que le dé
cumplimiento al artículo 161 del código nacional de tránsito, a la circular
N°.20154000245641,circular N° 20161340215561,articulo 159 del código nacional de tránsito modificado por el artículo 206. Del decreto ley 019 del 2012, ley 1266 del 2008, para que anule los mandamientos de pago debido que no fueron notificados en debida forma, violando el principio de publicidad del acto administrativo, derecho a la defensa y debido proceso, teniendo en cuenta lo anterior expongo con claridad lo siguiente:
PRIMERO: Que la policía de tránsito de Valledupar me levanto los comparendos con sus respetivas resoluciones: resolución N° 30237 de 30/12/2013 comparendo 1036562 de 23/11/2010, resolución N° 18390 de 16/09/2008 comparendo 0813820 de 12/09/2008, resolución N°17185 de 16/09/2008 comparendo 0810363 de 09/07/2008, resolución N° 17162 de 15/07/2008 comparendo 0810362 de 09/07/2008, resolución N°8195 de 12/07/2007
comparendo 0711682 de 26/06/2007, donde la secretaria de tránsito , no realizo el proceso contravenciones antes de los seis meses si no que expidió el
mandamiento de pago de estos comparendos cuando ya estaban caducado.
SEGUNDO: Bajo el entendido del artículo 161.caducidad del código nacional de tránsito, no queda duda que las resoluciones mencionas anteriormente perdieron fuerza ejecutoria son ineficaz, así mismo la secretaria de transito perdió competencia, por lo que los mandamiento de pagos perdieron fuerza ejecutoria al igual que las resoluciones.
TERCERO: Que los comparendos se encuentran prescritos de conformidad al artículo 159 de la ley 769 de 2002 modificado por el artículo 206. Del decreto ley 019 del 2012, ya que la norma establece que pasado tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho prescribirán las sanciones impuestas por infracciones a la norma de tránsito, es de entender señores funcionarios de la secretaria de transito que los comparendos que me fueron impuesto a la fecha de hoy día todos han prescripto y caducado.
CUARTO: Que de conformidad con la ley 1266 del 2008 ley del habeas data es obligación de la secretaria de transito actualizar la información negativa que se encuentra en sus bases de datos, como también es manifestado por la constitución política en su artículo 15.
QUINTO: Que la notificación indebida de los mandamientos de pago violan mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, y acceder en debida forma a la administración de justicia, en consecuencia dichos mandamiento de pago carecen de fuerza ejecutoria y eficacia de conformidad con los artículos 563, 564, 566,567, 826 del estatuto tributario, por lo que los actos expedido no sufrieron ningún efecto jurídico.
SEXTO: Que la secretaria de transito culmina con la imposición de diversas multas, sin permitir el ejercicio de los derechos de defensa, de contradicción, debido proceso y el principio de publicidad, donde la única prueba que aporta la secretaria de transito es el comparendo, de acuerdo con el concejo de estado, el comprendo es una simple orden de citación, sin ser plena prueba de la conducta contravencional.
PRIMERO: De conformidad con la ley 1755 del 2015 ,art.159 del código nacional de tránsito modificado por el artículo 206 del decreto ley 019 de 2012 , art 161 del código nacional de tránsito, la circular N°.20154000245641,circular N° 20161340215561, ley 1066 de 2006 ley 1266 de 2008, anule los mandamientos de pago debido que no fueron notificados en debida forma violando el principios de publicidad del acto administrativo , derecho de defensa y debido proceso, respeto a esto aplique la excepción pérdida de fuerza ejecutoria a las resoluciones:
resolución N° 30237 de 30/12/2013 comparendo 1036562 de 23/11/2010, resolución N° 18390 de 16/09/2008 comparendo 0813820 de 12/09/2008, resolución N°17185 de 16/09/2008 comparendo 0810363 de 09/07/2008, resolución N° 17162 de 15/07/2008 comparendo 0810362 de 09/07/2008, resolución N°8195 de 12/07/2007 comparendo 0711682 de 26/06/2007 no son eficaces por decaimiento de los actos administrativos. SEGUNDO: Declárese la prescripción y caducidad de las sanciones que me
fueron impuestas con ocasión de Infracción de Tránsito, dándole cumplimiento al
artículos 159, y 161
del código nacional del tránsito. Toda vez que las resoluciones
mencionadas en los hechos primero carecen de eficacia y han perdido su fuerza ejecutoria.
TERCERO: que de conformidad con el artículo 15 de la constitución política y la ley 1266 del 2008(HABEAS DATA),actualicen la información negativa que existe
en la base de datos SIMIT, dándole aplicación a los numerales 3 y 5 del artículo
91 ley 1437 del 2011.
CUARTO: el secretario de transito presente las notificaciones de los mandamientos de pago, y deje constancia de las empresas con la que realizaron las presuntas notificaciones.
QUINTO: así mismo agradezco que se me dé respuesta de manera clara, precisa y de fondo a la presenté petición
Como fundamento legal invoco el artículo 15,23,29,83,84,85,90,93,209,228,229 de la Constitución Política, las Leyes 1437 del 2011 sustituida por la Ley 1755 del
2015, ley 1066 de 2006, ley 1266 de 2008, LEY 769 DE 2002 art 159 y 161, decreto ley 019 de 2012 art 206, la circular N°.20154000245641,circular N°
20161340215561.
Modificado por el art. 206, Decreto Nacional 019 de 2012 . La ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpirá con la presentación de la demanda. PARÁGRAFO 1o . Las autoridades de tránsito adoptarán las medidas indispensables para facilitar el pago y el recaudo de las multas y demás derechos establecidos a su favor. PARÁGRAFO 2o . Las multas serán de propiedad exclusiva de los organismos de tránsito donde se cometió la infracción de acuerdo con su jurisdicción. El monto de " id="pdf-obj-2-4" src="pdf-obj-2-4.jpg">
15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
Modificado por el art. 206, Decreto Nacional 019 de 2012 . La ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpirá con la presentación de la demanda. PARÁGRAFO 1o . Las autoridades de tránsito adoptarán las medidas indispensables para facilitar el pago y el recaudo de las multas y demás derechos establecidos a su favor. PARÁGRAFO 2o . Las multas serán de propiedad exclusiva de los organismos de tránsito donde se cometió la infracción de acuerdo con su jurisdicción. El monto de " id="pdf-obj-2-14" src="pdf-obj-2-14.jpg">
23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
Modificado por el art. 206, Decreto Nacional 019 de 2012 . La ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpirá con la presentación de la demanda. PARÁGRAFO 1o . Las autoridades de tránsito adoptarán las medidas indispensables para facilitar el pago y el recaudo de las multas y demás derechos establecidos a su favor. PARÁGRAFO 2o . Las multas serán de propiedad exclusiva de los organismos de tránsito donde se cometió la infracción de acuerdo con su jurisdicción. El monto de " id="pdf-obj-2-34" src="pdf-obj-2-34.jpg">
La función administrativa está al
servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
En cuanto a la prescripción y caducidad la LEY 769 DE 2002 es clara:
159. CUMPLIMIENTO.
Modificado por el art. 206, Decreto Nacional 019 de 2012 . La ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpirá con la presentación de la demanda. PARÁGRAFO 1o . Las autoridades de tránsito adoptarán las medidas indispensables para facilitar el pago y el recaudo de las multas y demás derechos establecidos a su favor. PARÁGRAFO 2o . Las multas serán de propiedad exclusiva de los organismos de tránsito donde se cometió la infracción de acuerdo con su jurisdicción. El monto de " id="pdf-obj-2-55" src="pdf-obj-2-55.jpg">
Modificado por el art. 206, Decreto Nacional
019 de 2012. La ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpirá con la presentación de la demanda.
PARÁGRAFO 2o. Las multas serán de propiedad exclusiva de los organismos de tránsito donde se cometió la infracción de acuerdo con su jurisdicción. El monto de
aquellas multas que sean impuestas sobre las vías nacionales, por parte del
personal de la Policía Nacional adscrito a la Policía de carreteras, se distribuirá el
50% para el municipio donde se entregue el correspondiente comparendo y el
50% para apoyar la capacitación del personal de la policía de carreteras y los
planes de educación y seguridad vial que adelanta esta Especialidad a lo largo de
ARTÍCULO 161. CADUCIDAD. La acción o contravención de las normas de
tránsito caduca a los seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia de los
hechos que dieron origen a ella y se interrumpe con la celebración efectiva de la
La corte constitucional en sentencia T-061 /02, estableció cuatro etapas para
terminar con el proceso de contravencional:
El proceso contravencional por infracciones de tránsito, está compuesto de las
siguientes cuatro etapas fundamentales: la orden de comparendo, la presentación
del inculpado en los términos dispuestos por la ley, la audiencia pública y la
adopción de la decisión. El presunto infractor puede comparecer o no: En caso de
presentarse, bien puede aceptar los hechos y pagar la infracción, o negar los
mismos, evento en el cual procederá la Dirección de Tránsito a notificar
personalmente al presunto infractor de la fecha en la cual tendrá lugar la audiencia
pública. Si por el contrario, no se presenta, el contraventor desatiende la carga
impuesta por la ley, y comunicada a través del comparendo, consistente en
presentarse ante las autoridades de tránsito, y por lo tanto, deberá asumir las
consecuencias negativas que se deriven de su inobservancia. Entre otras, que:
multa será aumentada hasta el doble de su valor
”(ibídem).
Pero, ¿Qué debe entenderse por el “proceso seguirá
su curso”? Para la Corte, en estos casos, la Dirección de Tránsito correspondiente
deberá proceder a expedir un auto de inasistencia al despacho y de citación a
audiencia, el cual deberá ser notificado al presunto infractor, como tercera etapa
dentro del proceso contravencional por infracciones de tránsito. Es claro que pese
a la no comparecencia, no resulta necesario, volver a notificar sobre el inicio de la
actuación, toda vez que mediante el comparendo se dio comunicación del inicio
del proceso policivo.
Así mismo en cuanto a la notificación del infractor la corte prescribe lo
Deben las autoridades de tránsito intentar inicialmente notificar personalmente al
presunto infractor, de acuerdo a la forma prevista en la norma citada, y en caso de
no ser posible, se hará la notificación en estados, prevista en el artículo 179 del
C.P.P. Para la Corte, la notificación en estados prevista en el artículo citado, debe
armonizarse con el proceso contravencional por infracciones de tránsito. En este
sentido, cuando la normatividad penal ordena que la fijación en estados se hará
tres (3) días después, “
a partir de la fecha en que se haya realizado la
diligencia de citación efectuada por el medio más eficaz, o mediante telegrama ”, ..
debe entenderse en el proceso contravencional, que dicho término para fijar el
estado, se contará a partir del auto que determine la imposibilidad de realizar la
notificación personal, ya que en estas actuaciones la “diligencia de citación” se
efectúa mediante la entrega del comparendo como “orden formal de citación ante
la autoridad competente que hace un agente de transporte y tránsito al presunto
contraventor”. De tal manera, que presente o no presente el inculpado, el proceso
seguirá su curso hacía la celebración de la audiencia pública, y si es del caso, a la
imposición de la sanción que corresponda a la infracción realizada. En ningún
momento, los accionantes estuvieron dispuestos a ejercer sus derechos en el
agotamiento de los procesos contravencionales, hecho que se demuestra en el
incumplimiento de la orden de citación, comunicada a través del comparendo, y
que al ser desconocida, conlleva a la asunción por parte de los demandantes de
las consecuencias negativas que se derivaron de su inobservancia, en este caso,
la imposición de las multas. De esta manera se reafirma la tesis expuesta por la
Corte, en el sentido que no toda irregularidad se puede calificar como violatoria
EN CUANTO A LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SU ALCANCE DE LA
SECRETARIA DE TRANSITO LA CORTE A DICHO:
Sentencia T-115/04
La actuación que adelantan las inspecciones de tránsito cuando declaran
contraventor a una persona por infringir las normas de tránsito, por lo menos en
cuanto se refiere a aquellas multas originadas por comparendos de tránsito
cuando no hay daños ni víctimas, no constituyen en estricto sentido un juicio. No
hay partes que tengan intereses opuestos, lo pretendido no es resolver un
conflicto surgido entre dos o más personas y la administración no actúan como un
árbitro o juez que dirime la controversia. Es simplemente la administración frente
al administrado que ha desconocido una norma de conducta. En manera alguna
hay conflicto entre partes como sí ocurre, en cambio, en los amparos posesorios.
En los casos de infracciones por normas de tránsito, cuando no hay daños, la
autoridad administrativa no actúa como juez, es decir, no dirime una controversia
entre dos partes que persiguen intereses opuestos
En cuanto a la pérdida de fuerza ejecutoria, eficacia y decaimiento de los
actos administrativo a dicho la corte:
La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir
efectos jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta
elementos de hecho, pues una decisión administrativa adoptada de conformidad
con el ordenamiento jurídico superior, cobijada por presunción de
constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto
pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos
los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a
producir efectos por no haber sido atacada oportunamente.
ACTO ADMINISTRATIVO-Pérdida de fuerza ejecutoria:
La suspensión provisional del acto administrativo, en los términos del artículo 66
del decreto 01 de 1984 (C.C.A), acusado, que consagra la suspensión provisional
de los actos administrativos por pérdida de su fuerza ejecutoria, está en
consonancia con el precepto constitucional (artículo 238), según el cual la
jurisdicción de lo contencioso administrativo "podrá suspender provisionalmente
por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos
administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial", en forma
directa. Por ello, a juicio de la Corte, no aparece quebrantamiento alguno de las
normas constitucionales respectivas, por lo que el precepto acusado que
establece la causal de pérdida de fuerza ejecutoria por suspensión provisional, se
declarará exequible.
El decaimiento de un acto administrativo que se produce cuando las
disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento, desaparece
del escenario jurídico. Cuando se declara la inexequibilidad de una norma legal
en que se funda un acto administrativo se produce la extinción y fuerza
ejecutoria del mismo, pues si bien es cierto que todos los actos administrativos
son obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la
jurisdicción en lo contencioso administrativo, también lo es que la misma norma
demandada establece que "salvo norma expresa en contrario", en forma tal
que bien puede prescribirse la pérdida de fuerza ejecutoria frente a la
desaparición de un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la
vigencia del acto jurídico, que da lugar a que en virtud de la declaratoria de
nulidad del acto o de inexequibilidad del precepto en que este se funda,
decretado por providencia judicial, no pueda seguir surtiendo efectos hacia el
futuro, en razón precisamente de haber desaparecido el fundamento legal o el
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD-Alcance y exigibilidad/ NOTIFICACION DE
ACTO ADMINISTRATIVO-Triple función dentro de la actuación administrativa
Desde el punto de vista de su alcance y exigibilidad, el principio de publicidad se
realiza de dos maneras. De un lado, a través de la notificación a las personas
involucradas en una actuación judicial o administrativa de las decisiones que allí
se adopten. Según lo ha señalado esta Corporación, la notificación es el acto
material de comunicación por medio del cual se pone en conocimiento de las
partes o terceros interesados, las decisiones proferidas por una autoridad pública.
El acto de notificación tiene entonces como finalidad, garantizar el conocimiento
de la existencia de un proceso o actuación administrativa y de su desarrollo, de
manera que se asegure a los involucrados los derechos de defensa, contradicción
e impugnación. Desde ese punto de vista, la notificación, más que pretender
formalizar la comunicación del inicio y desarrollo de una determinada actuación,
lo que busca es legitimar en sí misma las decisiones que se tomen y amparar el
ejercicio pleno de las garantías sustanciales y procesales. De otro lado, el
principio de publicidad se realiza también mediante el reconocimiento del derecho
que le asiste a la comunidad en general, de conocer las actuaciones de las
autoridades públicas y, a través de ese conocimiento, de exigir que las mismas se
surtan con total apego a la ley. Se trata en este caso, del deber impuesto a las
autoridades de divulgar a la opinión pública el contenido y efecto de sus
decisiones, salvo en los casos en los que exista reserva legal. De ese modo,
además de las notificaciones como actos de comunicación procesal, el principio
de publicidad se materializa también mediante el reconocimiento del derecho
ciudadano a enterarse de las decisiones tomadas por las autoridades, con las
limitaciones impuestas por el ordenamiento jurídico. En este segundo caso, “el
principio de publicidad constituye una garantía de transparencia en la actuación
de los poderes públicos y un recurso que permite las condiciones necesarias para
el reconocimiento del derecho a controlar el ejercicio del poder”.
El ministerio de trasporte expidió la circular N° 2015 4000245641 y circular N°
20161340215561 , por medio de la cual se ordena a los gobernadores, y
alcaldías, organismos de tránsito, superintendencias de puertos y
transporte y autoridades de transito aplicar lo fenómenos de prescripción y
Con el propósito de sustentar esta acción, me permito anexar:
1. Fotocopia de mi Cédula.
2. Fotocopia base de datos SIMIT, donde aparecen los respetivos comparendos con su fecha y resolución.
Para efectos de notificación y respuesta del derecho de petición se tendrá la
dirección Manzana 13 casa 43 Barrio Mareigua.
VICTOR MANUEL NAVARRO MALMACEA
C. C. No.1.065.602.954 Valledupar-cesar
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References: artículo 23
 artículo 161
 artículo 206
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 161
 artículo 159
 artículo 206
 artículo 15
 artículo 206

resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo
91
 artículo 15

ARTÍCULO 161
 artículo 179
 artículo 66