Source: https://boe.vlex.es/vid/politicos-incautados-responsabilidades-15035385
Timestamp: 2020-06-03 01:13:53+00:00

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REAL DECRETO 610/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15035385
Marginal: BOE-A-1999-8584
CAPÍTULO II. Procedimiento - arts. 6 a 17
CAPÍTULO III. Ejecución de las resoluciones - art. 18
CAPÍTULO IV. Recursos - art. 19
Norma citada en: 43 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa, 2 resoluciones administrativas, 2 noticias
La Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939, establece los principios básicos que han de regir la restitución de los bienes o derechos que, en aplicación de la citada normativa, fueron incautados a los partidos políticos, definiendo tanto el derecho a la restitución, como el ámbito objetivo y subjetivo al que debe ceñirse dicha restitución o compensación.
REGLAMENTO DE LA LEY 43/1998, DE RESTITUCIÓN O COMPENSACIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE BIENES Y DERECHOS INCAUTADOS EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DEL PERÍODO 1936-1939
La restitución o compensación a los beneficiarios previstos en el artículo 2, de los bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial sobre los mismos, incautados en aplicación del Decreto de 13 de septiembre de 1936, la Ley de 9 de febrero de 1939, la Ley de 19 de febrero de 1942 y la Orden de 9 de junio de 1943, así como la compensación por la privación definitiva del uso y disfrute de bienes inmuebles urbanos en concepto de arrendatarios o por la incautación de saldos en efectivo en cuentas y depósitos en entidades bancarias y financieras efectuadas en virtud de dichas normas, se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939, en el presente Reglamento y disposiciones complementarias.
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 43/1998, y a efectos de este Reglamento, se consideran beneficiarios de la restitución o compensación previstas en dicha Ley los partidos políticos mencionados de forma genérica o individualizada en el artículo 2 de la Ley de 9 de febrero de 1939 que, con anterioridad al 6 de diciembre de 1978, hubieren solicitado formalmente su reconstitución legal o en tal fecha hubiesen sido ya reconstituidos legalmente y siempre que su personalidad no se haya extinguido con anterioridad al 1 de diciembre de 1995, que lo serán:
Respecto de los bienes inmuebles o derechos de contenido patrimonial sobre los mismos, saldos en efectivo y arrendamientos de los que fueron titulares o disfrutaron como arrendatarios y que les fueron incautados o de los que fueron privados en aplicación de la normativa a que se refiere el artículo 1 del presente Reglamento.
Respecto de los bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial sobre los mismos pertenecientes a personas jurídicas vinculadas a ellos, cuando tales bienes y derechos les hubieran sido incautados en aplicación de la citada normativa y estuvieran afectos o destinados al ejercicio de actividades políticas de los partidos políticos beneficiarios en el momento de la incautación.
A efectos del presente Reglamento, no tendrán la consideración de personas jurídicas vinculadas a los partidos políticos los sindicatos de trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesión del Patrimonio Sindical Acumulado.
Artículo 3 Restitución de bienes inmuebles o derechos de contenido patrimonial.
El Estado restituirá, mediante el procedimiento previsto en el presente Reglamento y demás disposiciones complementarias, y a los beneficiarios previstos en el artículo 2, los bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial sobre los mismos que, en aplicación del Decreto de 13 de septiembre de 1936, la Ley de 9 de febrero de 1939, la Ley de 19 de febrero de 1942 y la Orden de 9 de junio de 1943, hubieran sido incautados a los partidos políticos a que se refiere el artículo 2 o a personas jurídicas a ellos vinculadas, siempre que, respecto de estas últimas, se trate de bienes o derechos que en el momento de la incautación estuvieran afectos o destinados a actividades políticas de aquellos.
La restitución de bienes inmuebles o de derechos de contenido patrimonial sobre los mismos requerirá la acreditación, por cualquier medio admitido en derecho, de la condición de beneficiario, de acuerdo con el artículo 2 del presente Reglamento, así como de la incautación efectuada al amparo de la normativa citada en el artículo 1 del presente Reglamento. Asimismo, será condición imprescindible la plena identificación física y jurídica del bien, o la identificación jurídica del derecho solicitado, referidas tanto al momento de la incautación, como al momento actual, así como la constatación de una sustancial identidad del bien o derecho incautados y el bien o derecho cuya restitución se pretende, sin perjuicio de las mejoras de que haya podido ser objeto.
Cuando proceda la restitución de los bienes inmuebles o derechos de contenido patrimonial sobre los mismos solicitados, y éstos hubieran experimentado alteraciones físicas mediante la incorporación de mejoras efectuadas mientras el mismo perteneció al Estado por éste o por terceros, el beneficiario de la devolución vendrá obligado a abonar al Estado el valor de dichas mejoras.
En ningún caso serán objeto de indemnización los posibles daños o menoscabos en los bienes y derechos objeto de restitución producidos durante el período transcurrido entre la fecha de la incautación y de restitución.
Artículo 4 Compensación pecuniaria.
Si, habiéndose acreditado la condición de beneficiario, así como la incautación al amparo de la normativa citada, los bienes o derechos a que se refiere el artículo anterior no pudieran ser devueltos total o parcialmente por alguna de las causas señaladas a continuación, el Estado compensará pecuniariamente su valor, cuya determinación, con referencia a la fecha de entrada en vigor de la Ley 43/1998, se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del presente Reglamento.
Son causas determinantes de la compensación pecuniaria por los bienes inmuebles o derechos patrimoniales sobre los mismos cuya restitución se solicite:
La destrucción del bien incautado solicitado o sobre el que recae el derecho que se reclama, siempre que hayan quedado debidamente acreditadas la existencia, características físicas y titularidad del bien o derecho en el momento de la incautación.
La imposibilidad de identificación física y jurídica suficiente en el momento actual del bien incautado solicitado o sobre el que recae el derecho reclamado, por haber sufrido transformaciones o modificaciones tales que impidan su correcta individualización, o impliquen una discrepancia entre la identidad del bien en el momento de su incautación y la del bien existente en el momento de entrada en vigor de la Ley, siempre que se haya acreditado debidamente la existencia, características físicas y titularidad del bien o derecho en el momento de su incautación.
La pertenencia del bien o derecho solicitados a terceras personas distintas del Estado.
El Consejo de Ministros podrá optar entre la restitución o la compensación pecuniaria del bien inmueble o derecho de contenido patrimonial sobre el mismo cuya restitución se solicita, cuando concurran alguna de las circunstancias siguientes:
Que tenga carácter demanial.
Que haya sido objeto de mejoras por el Estado que representen más del 25 por 100 del valor total del bien o derecho.
Cuando lo estime pertinente por razones de interés general, debidamente motivadas, que aconsejen la conservación del bien o derecho bajo la titularidad del Estado.
En el supuesto de que procediendo una restitución total del bien o derecho solicitado, ésta no pudiera efectuarse, por estar una parte del mismo afectada por alguna de las circunstancias previstas en este artículo, se acordará la restitución parcial del mismo y la compensación pecuniaria que proceda, de acuerdo con el artículo 11 del presente Reglamento, por la parte no restituida.
Artículo 5 Régimen jurídico especial de los arrendamientos y saldos en efectivo.
Serán también objeto de compensación, de acuerdo con la disposición adicional única de la Ley 43/1998 y en los términos previstos en el presente Reglamento y demás disposiciones complementarias:
La privación definitiva, fehacientemente acreditada, a los beneficiarios a que se refiere el artículo 2, del uso y disfrute de bienes inmuebles urbanos en concepto de arrendatarios, siempre que dicha privación sea consecuencia de la aplicación de la normativa a que se refiere el artículo 1 de este Reglamento.
La incautación, fehacientemente acreditada, de saldos en efectivo en cuentas y depósitos en entidades bancarias y financieras legalmente autorizadas para operar como tales en el momento de la incautación, de que fueran titulares los beneficiarios a que se refiere el artículo 2 y que les fueran incautados en aplicación de la citada normativa.
En todo caso, el importe total máximo a abonar por beneficiario por los dos conceptos a que se refiere este artículo será de 500.000.000 de pesetas (3.005.060,52191 euros).
CAPÍTULO II Procedimiento Artículos 6 a 17
Artículo 6 Órganos competentes y procedimiento.
Corresponde a la Dirección General del Patrimonio del Estado la tramitación de las solicitudes de restitución o compensación de bienes, derechos, arrendamientos y saldos a que se refiere este Reglamento, mediante la instrucción de los oportunos expedientes según el procedimiento establecido en el presente Reglamento y disposiciones complementarias.
Corresponde al Consejo de Ministros la resolución motivada de los procedimientos incoados, a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado, a través del Ministro de Economía y Hacienda. Las resoluciones sobre compensación pecuniaria fijarán el valor de la misma.
El procedimiento establecido en el presente Reglamento se regirá por lo dispuesto en el mismo, en sus disposiciones complementarias y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 7 Iniciación.
Los derechos y acciones reconocidos en la Ley 43/1998 deberán ejercitarse en el plazo de un año, a contar a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente Reglamento.
A tales efectos, se dirigirá a la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda la correspondiente solicitud, en la que se describa detalladamente el bien inmueble, derecho, arrendamiento o saldo en efectivo cuya restitución o compensación se solicite, acreditándose la condición de beneficiario, así como la titularidad que en el momento de la incautación ostentaba el partido político o persona jurídica vinculada al mismo, la incautación por aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas y demás circunstancias que, conocidas por el solicitante, éste considere de interés para la resolución de su solicitud.
Los que acrediten la personalidad jurídica del beneficiario y la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2 del presente Reglamento, así como la representación o mandato que ostente quien actúa en nombre del beneficiario.
Cuando proceda, los que acrediten la vinculación existente entre la persona jurídica titular en el momento de la incautación de los bienes o derechos que se reclaman y el partido político solicitante.
Certificación literal del Registro de la Propiedad de los asientos, si existieren, relativos al bien inmueble o derecho sobre el mismo cuya restitución se solicita, desde la fecha de su incautación hasta la actualidad.
Demás documentos públicos o privados que se posean, acreditativos de la adquisición, titularidad y condiciones físicas y jurídicas del bien, o condiciones jurídicas del derecho con anterioridad a la incautación. No será necesaria la presentación de tales documentos cuando la certificación registral presentada acredite suficientemente dichos extremos, salvo que la petición se refiera a datos o circunstancias sobre los que los Registros no puedan dar fe.
Documentación acreditativa de la situación actual y condiciones físicas y jurídicas del bien o derecho cuya restitución se pretende, si existiere y fueran conocidas por el solicitante.
Documentación acreditativa que, en su caso, se disponga de la incautación al amparo de la normativa sobre responsabilidades políticas de los bienes y derechos cuya restitución o compensación se pretende.
Documentación acreditativa de la condición de arrendatario y de las condiciones del arrendamiento correspondiente en el momento de la incautación, o cualquier otro instrumento probatorio, así como de la privación de tal derecho al amparo de la normativa sobre responsabilidades políticas citada en el artículo 1 del presente Reglamento, cuando se solicite la compensación por dicha privación.
Documentación acreditativa de la titularidad y de la incautación, al amparo de la normativa sobre responsabilidades políticas citada en el artículo 1 del presente Reglamento, de saldos en efectivo en cuentas y depósitos en entidades bancarias, cuando se pretenda su compensación.
Demás documentos que el solicitante desee aportar por estimar convenientes para la acreditación de los extremos recogidos en su solicitud.
Las actuaciones que deban solicitarse a notarios y registradores de la propiedad, y los documentos que deban ser expedidos por éstos al amparo de este Reglamento, estarán sujetos al mismo régimen que el establecido para el Estado.
Los documentos mencionados en el número anterior podrán ser aportados en original o copia auténtica. A estos efectos, y a instancia del solicitante, por el órgano instructor se procederá al cotejo de las copias y devolución de los originales.
Asimismo, si el solicitante tuviese conocimiento de terceras personas que tengan inscrito a su favor o aleguen o ejerzan algún derecho sobre los bienes o derechos cuya restitución se pretende, o bien, que puedan ser afectados por la resolución que recaiga, lo pondrán de manifiesto expresamente, identificando a dichas personas en cuanto sea posible.
Si la solicitud no reuniese los requisitos generales exigidos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, elevándose al Consejo de Ministros la correspondiente propuesta de resolución declarativa de dicha circunstancia. No obstante, este plazo podrá ser ampliado a petición del interesado o iniciativa del órgano instructor, por un máximo de cinco días, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
Artículo 9 Admisión de solicitudes.
Presentada la solicitud, la Dirección General del Patrimonio del Estado procederá a su admisión, salvo que la misma se hubiera presentado fuera del plazo señalado en el artículo 7 del presente Reglamento, en cuyo caso elevará al Consejo de Ministros la correspondiente propuesta de inadmisión.
La Dirección General del Patrimonio del Estado realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos, hechos o circunstancias en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.
Artículo 11 Informe técnico de valoración.
Las solicitudes formuladas al amparo del presente Reglamento serán objeto de un informe técnico sobre los extremos que el órgano instructor considere necesarios para la formulación de la correspondiente propuesta de resolución.
Sin perjuicio de otros extremos, el informe técnico se pronunciará sobre los siguientes supuestos:
Respecto de aquellos bienes y derechos cuya restitución proceda, con arreglo a la Ley 43/1998 y el presente Reglamento:
Si hubieren experimentado alteraciones físicas mediante la incorporación de mejoras desde su incautación hasta la fecha de entrada en vigor de la Ley 43/1998, se determinará el valor pecuniario de éstas, con indicación, en su caso, de si representan más del 25 por 100 del valor total de los bienes o derechos cuya restitución se pretende.
Si hubieren sido gravados por el Estado con cargas de carácter real que impliquen una disminución del valor de los mismos, se determinará el valor pecuniario de éstas con referencia a la entrada en vigor de la Ley 43/1998.
Respecto de aquellos bienes y derechos cuya restitución no sea posible, por concurrir alguno de los supuestos previstos en la Ley 43/1998 y el artículo 4 del presente Reglamento, y proceda su compensación pecuniaria, se determinará su valor pecuniario según los criterios fijados en el apartado 1 del presente artículo, con referencia a la fecha de entrada en vigor de la Ley 43/1998. El cálculo de dicho valor se efectuará en función de las condiciones físicas y jurídicas que tuviera el bien o las condiciones jurídicas que tuviera el derecho en el momento de la incautación, sin que en ningún caso se tengan en cuenta, en la fijación del mismo, los incrementos de valor que respondan a mejoras específicamente incorporadas por el Estado o terceras personas desde la incautación hasta el momento de entrada en vigor de la Ley 43/1998.
En las solicitudes de compensación por privación de la condición de arrendatario, se determinará la cuantía que resulte de actualizar la renta anual según el índice de valor constante de la peseta por un período máximo de diez años, o el que tuviese el arrendamiento si fuese menor.
En la solicitud de compensación por privación de saldos en efectivo en cuentas y depósitos en entidades bancarias y financieras, se fijará el importe de esta compensación mediante la actualización de la cuantía incautada según el índice de valor constante de la peseta.
Artículo 12 Informe de la Abogacía del Estado y de la Intervención General de la Administración del Estado.
Las propuestas de resolución de las solicitudes presentadas serán informadas por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda y por la Intervención General de la Administración del Estado.
Artículo 13 Suspensión del procedimiento.
En cualquier momento podrá el órgano instructor acordar la suspensión del procedimiento si se suscita litigio alguno sobre cuestiones de derecho privado que condicionen la resolución del expediente, hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad o jurisdicción competente para su resolución, o cuando concurran cualquiera de las causas de suspensión previstas en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 14 Finalización del procedimiento.
Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la caducidad y la renuncia al derecho, así como la imposibilidad material de continuación del procedimiento por causas sobrevenidas.
La resolución que ponga fin al procedimiento deberá ser motivada y se ajustará a lo establecido en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La resolución expresa deberá ser notificada a los interesados en el plazo máximo de seis meses desde la recepción de la solicitud en cualquiera de los registros del Ministerio de Economía y Hacienda, sin perjuicio de los supuestos de suspensión y ampliación de plazos previstos en este Reglamento y en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el plazo establecido para la notificación de la resolución expresa sin que se hubiere dictado ésta, se entenderá estimada la pretensión. No obstante, cuando las solicitudes se refieran a bienes o derechos de carácter demanial, la falta de resolución expresa en el plazo establecido tendrá efectos desestimatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 16 Aplazamiento de la restitución.
Si se hubiera solicitado la restitución de bienes o derechos afectados al dominio público, el Gobierno, en la resolución que acuerde la restitución o en un plazo no superior a tres meses de dicha resolución, podrá acordar el aplazamiento de la restitución por un plazo máximo de dos años, previo informe al respecto de la Dirección General del Patrimonio del Estado, debiéndose fijar en tal caso una indemnización complementaria.
Artículo 17 Aplazamiento o fraccionamiento de la compensación.
En el supuesto de que se hubiese acordado una compensación pecuniaria a favor del beneficiario, o bien se establezca la obligación de los beneficiarios de pago de cantidades a favor del Estado, cuando el importe exceda de 1.000 millones de pesetas (6.010.121,04383 euros) en la misma resolución que ponga fin al procedimiento podrá acordarse un aplazamiento o fraccionamiento del pago, hasta un plazo máximo de cuatro años, con el correspondiente devengo del interés legal del dinero, sin que en ningún caso el desembolso inicial pueda ser inferior al 50 por 100 de la cuantía fijada, pudiendo distribuirse el resto en las cuatro anualidades indicadas. Dicho fraccionamiento deberá fijarse, en el supuesto de pagos a efectuar por el Estado, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el artículo 61.3 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
CAPÍTULO III Ejecución de las resoluciones Artículo 18
Artículo 18 Ejecución.
La ejecución de las resoluciones se realizará por la Dirección General del Patrimonio del Estado, a quien corresponderá efectuar las operaciones de regularización jurídica correspondientes, así como deslindes, segregaciones, inmatriculaciones y demás operaciones de regularización registral que procedan.
CAPÍTULO IV Recursos Artículo 19
Los acuerdos del Consejo de Ministros adoptados al amparo de la Ley y el presente Reglamento pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra los mismos recurso potestativo de reposición y, en su caso, recurso contencioso-administrativo.
Orden SSI/803/2014, de 6 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión del Premio Reina Sofía de Tecnologías de la Accesibi...
Orden VIV/3824/2006, de 4 de diciembre, por la que se convoca puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
Real Decreto 2536/1983, de 28 de julio, por el que se modifican los derechos aplicables a la subpartida 73.15.B.III.a referente a los desbastes en rollo para chapas de acero inoxidable.
Ley 8/1998, de 27 de marzo, de modificación de la Ley de creación del Ente Público 'Radio Televisión Vasca'.
RESOLUCION DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1993, de la Secretaria de Estado-presidencia del Consejo superior de deportes, por la que se dispone la Publicacion de los Estatutos de la Real federacion española de Tenis.

References: artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 1

Artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1

Artículo 4
 artículo 11
 artículo 11

Artículo 5
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2

Artículo 6
 resolución 

Artículo 7
 resolución 
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 70
 resolución 

Artículo 9
 artículo 7

Artículo 11
 artículo 4

Artículo 12
 resolución 

Artículo 13
 resolución 
 artículo 42

Artículo 14
 resolución 
 artículo 89
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 43

Artículo 16
 resolución 

Artículo 17
 resolución 
 artículo 61
 Real Decreto 
 Artículo 18

Artículo 18
 Artículo 19

Real Decreto