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Timestamp: 2018-12-16 22:35:54+00:00

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Vigencia desde 17 de Abril de 1998. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2013
Artículo 3 Sujetos excluidos
TITULO II. De los derechos de los consumidores y usuarios
CAPITULO I. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad de los consumidores y usuarios
Artículo 5 Situaciones de protección especial
Artículo 6 Bienes de primera necesidad
Artículo 7 Irrenunciabilidad de los derechos
Artículo 8 Marco legal de protección
Artículo 9 Medidas para garantizar la idoneidad de los productos
Artículo 10 Protección contra los abusos contractuales
CAPITULO III. Derecho a la protección jurídica y a la reparación de daños y perjuicios sufridos
Artículo 12 Derecho a reclamar y a resarcirse por los daños y perjuicios sufridos
CAPITULO IV. Derecho a la información del consumidor y usuario
Artículo 13 Información sobre productos y servicios
Artículo 14 Lengua utilizada en la información
Artículo 17 Control de la actividad publicitaria
Artículo 18 Oferta, promoción y publicidad
Artículo 19 Ofertas ilícitas
Artículo 20 Actuaciones administrativas en materia de información
CAPITULO V. Derecho a la educación y formación de los consumidores y usuarios
Artículo 21 Educación y formación de los consumidores
CAPITULO VI. Participación, representación y consulta de las asociaciones de consumidores y usuarios
Artículo 22 Concepto de asociaciones de consumidores
Artículo 23 Fomento de las asociaciones de consumidores
Artículo 24 Derechos de las asociaciones de consumidores
Artículo 25 Audiencia
CAPITULO VII. Consejo Balear de Consumo
Artículo 26 Consejo Balear de Consumo
TITULO III. De la actuación administrativa para la protección de los consumidores y usuarios
Artículo 27 Acciones administrativas
Artículo 28 Especificaciones de que deben disponer los productos y servicios
CAPITULO II. Resolución de conflictos
Artículo 29 Procedimiento en denuncias y reclamaciones
Artículo 30 Sistema Arbitral de Consumo
Artículo 31 Promoción del arbitraje de consumo en las empresas dependientes de las Administraciones Públicas
CAPITULO III. Actuaciones administrativas en materia de información a los consumidores y usuarios
Artículo 32 Oficinas de información al consumidor
Artículo 33 Funciones de las oficinas de información al consumidor
Artículo 34 Colaboración y cooperación con las Administraciones Locales
CAPITULO IV. Actuaciones administrativas para la educación y formación de los consumidores y usuarios
Artículo 35 Desarrollo del derecho a la educación
CAPITULO V. Control e inspección de los productos, bienes y servicios
Artículo 36 Coordinación en el control e inspección
Artículo 37 Procedimiento de vigilancia y amonestación
Artículo 38 Del personal inspector
Artículo 39 Valor probatorio de los hechos recogidos en acta de la Inspección de Consumo
Artículo 40 Obligaciones de los ciudadanos respecto del control y de la inspección
Artículo 41 Formación y recursos de la inspección
Artículo 42 Laboratorios de consumo
CAPITULO VI. De las medidas cautelares y preventivas
Artículo 43 Medidas cautelares y preventivas
Artículo 44 Tipos de medidas cautelares
Artículo 45 Procedimiento de actuación
Artículo 46 Sistema de intercambio de información
TITULO IV. De la potestad sancionadora
Artículo 47 Atribución de la potestad sancionadora
Artículo 48 Tipificación de infracciones
Artículo 49 Responsabilidad de las infracciones
Artículo 50 Calificación de las infracciones
Artículo 51 Cuantías de las sanciones de multa
Artículo 52 Criterios de gradación de las sanciones
Artículo 53 Principios de proporcionalidad y efectividad de las sanciones
Artículo 54 Otras sanciones
Artículo 55 Prescripción y caducidad
Artículo 56 Conservación de archivos
Artículo 57 Organos competentes
Ley 7/2014, de 23 Jul. CA Illes Balears (protección de las personas consumidoras y usuarias)
Artículo 51 redactado por la disposición final vigésimo séptima de la Ley [BALEARES] 15/2012, 27 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013 («B.O.I.B.» 29 diciembre).
L 4/2012 de 30 Abr. CA Illes Balears (régimen sancionador en diversas materias en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears y se fijan medidas administrativas urgentes en materia de juego)
Artículo 51 redactado por el artículo 3 de la Ley [BALEARES] 4/2012, 30 abril, por la que se establece el régimen sancionador en diversas materias en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears y se fijan medidas administrativas urgentes en materia de juego («B.O.I.B.» 12 mayo).
DL 7/2011, de 23 Dic. CA Illes Balears (régimen sancionador en diversas materias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y medidas administrativas urgentes en materia de juego)
Artículo 51 redactado por el artículo 3 del DLey [BALEARES] 7/2011, 23 diciembre, por el que se establece el régimen sancionador en diversas materias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y se fijan medidas administrativas urgentes en materia de juego («B.O.I.B.» 29 diciembre).
Ley [BALEARES] 1/1998, 10 marzo, derogada por la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 7/2014, 23 julio, de protección de las personas consumidoras y usuarias de las Illes Balears («B.O.I.B.» 31 julio), el 31 de octubre de 2014.
El artículo 51 de la Constitución dispone que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos, y que promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y las oirán en la cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la Ley establezca.
A fin de cumplir el mandato constitucional, las Cortes Generales aprobaron la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que vino a establecer el marco general a nivel estatal en esta materia tan reciente en nuestro Derecho.
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares realiza la función ejecutiva en materia de defensa de los consumidores, en el marco de la legislación estatal, desde la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía. Con la ampliación de competencias operada por Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo, se ha elevado el nivel competencial al desarrollo legislativo de la materia de defensa de los consumidores y usuarios, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, y las bases y coordinación general de la Sanidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.12 del Estatuto.
El ejercicio de esta competencia requiere la regulación de la materia de defensa del consumidor y usuario en el ámbito de nuestra Comunidad, concretamente para regular las peculiaridades e intereses propios de las islas Baleares, mediante una norma de rango legal que desarrolle el mandato constitucional impuesto por nuestra norma fundamental a los poderes públicos en el artículo 51.
Se ha aprovechado la elaboración de la norma para colmar aquellas lagunas que la Ley estatal contiene especialmente en el campo de la actuación administrativa, que necesitaban de una regulación con rango legal; también se han adecuado determinadas actuaciones administrativas a las prescripciones contenidas en la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este campo se han definido las competencias de la Administración Autonómica de cara a la protección de los consumidores y usuarios en el ámbito territorial de las islas Baleares.
Asimismo, se incorporan las prescripciones de las últimas directivas comunitarias en materia de defensa del consumidor a fin de hacer efectivas las políticas de protección de los consumidores y usuarios de la Unión Europea.
La Ley trata de dar un enfoque nuevo al reconocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios puesto que ha pretendido agotar la regulación del reconocimiento de estos derechos hasta donde el ámbito competencial del Estatuto le permite.
Destacamos como novedades la protección prioritaria de determinados colectivos, el establecimiento de un único modelo de hoja de reclamación para todos los sectores económicos y profesionales, la protección de la normalización lingüística en el etiquetado y las relaciones comerciales y del fomento de la educación del consumidor en el sistema ordinario de enseñanza, la protección del diálogo y de la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las organizaciones empresariales, así como también de las Administraciones Públicas; la consolidación del Consejo Balear de Consumo; la obtención del apoyo institucional en el Sistema Arbitral de Consumo y en la resolución de reclamaciones; la creación de una red de oficinas de información al consumidor, y el establecimiento de procedimientos de inspección eficaces, con especial referencia a la adopción de medidas cautelares y preventivas, y de un procedimiento de vigilancia y amonestación para las infracciones menores, en un marco de coordinación y colaboración de las Administraciones Públicas.
La Ley pretende conseguir un elevado grado de protección de los consumidores y usuarios, mediante fórmulas de participación y colaboración con todos los agentes sociales, principalmente con las organizaciones de consumidores y usuarios y la coordinación a todos los niveles.

References: Artículo 3

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28
 Resolución 

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 51

Artículo 51
 artículo 3

Artículo 51
 artículo 3
 artículo 51
 artículo 11
 artículo 51
 resolución