Source: https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-LV-es.do?init=true
Timestamp: 2020-08-03 19:47:02+00:00

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La Ley de Enjuiciamiento Civil (Civilprocesa likums) garantiza que toda persona, física o jurídica, tiene derecho a la protección judicial de sus derechos civiles, si esos derechos son vulnerados o impugnados, y a la protección judicial de cualquier interés salvaguardado por la legislación. Como norma general, los litigios civiles son juzgados por los tribunales, que siguen los procedimientos judiciales ordinarios. En asuntos excepcionales, y solamente cuando la legislación así lo especifica, los litigios civiles pueden ser dirimidos mediante otros procedimientos extrajudiciales. Cuando la legislación lo contemple, un tribunal también dirimirá las demandas presentadas por personas físicas y jurídicas que por su naturaleza no sean litigios civiles. En todos los asuntos, sin embargo, la asignación de un litigio será decidida por un tribunal o un juez. Si un tribunal o un juez reconoce que un litigio no compete a un tribunal, la decisión a este efecto indicará el órgano responsable de juzgar el litigio.
Los tribunales de distrito (rajona tiesa) y las audiencias territoriales (pilsētas tiesa) actúan como tribunales de primera instancia en los asuntos civiles. El Tribunal de distrito de Vidzeme de la ciudad de Riga (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa) entiende de los asuntos cuyos sumarios se refieren a secretos de Estado y de los asuntos relativos a la protección de patentes, topografías de productos semiconductores, dibujos, marcas e indicaciones geográficas. El Registro de la propiedad de los tribunales de distrito examina las demandas de ejecución forzosa y no forzosa de obligaciones (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) a instancia judicial (bezstrīdus piespiedu izpildīšana), así como de las demandas de aprobación de actas de subastas, excepto en los asuntos relativos a procedimientos de insolvencia.
El fondo de un asunto no puede ser examinado en un tribunal superior hasta que haya sido dirimido por un tribunal de rango inferior. El tribunal de primera instancia para asuntos civiles es el tribunal de distrito o municipal [rajona (pilsētas) tiesa] o el tribunal regional (apgabaltiesa) al que compete el asunto. En los procesos civiles, los asuntos son considerados en cuanto a su fondo por el tribunal de primera instancia competente para el tipo de asunto, el objeto y el lugar del litigio.
Los asuntos civiles son asignados para su instrucción en primera instancia a tribunales de diferentes niveles, basándose en su objeto: los asuntos son clasificados según la categoría o la naturaleza de la demanda. No obstante, incluso entonces los tribunales del mismo rango tienen su propia competencia territorial.
las demandas relacionadas con las actividades de una sucursal o de una oficina de representación de una persona jurídica también pueden ser presentadas ante el tribunal de la sede oficial de dicha sucursal u oficina de representación;
también es posible presentar ante el tribunal del lugar de residencia declarado de demandado una demanda relacionada con el cobro de ayudas alimenticias para los hijos o los progenitores, o con una declaración de paternidad;
una demanda por daños corporales (artículos 1635 y 2347 a 2353 del Código de Derecho Civil) que haya ocasionado una discapacidad, otro daño para la salud o el fallecimiento de la persona afectada también puede ser presentada ante el tribunal del lugar de residencia declarado del acusado o del lugar donde se produjo el daño;
las demandas relativas a daños contra la propiedad de una persona física o jurídica también pueden ser interpuestas ante el tribunal del lugar donde se causó el daño;
también es posible presentar ante el tribunal del lugar de residencia declarado de acusado una demanda relacionada con la restitución de propiedades, o con la compensación por el valor de estas;
las demandas marítimas también pueden ser presentadas ante el tribunal de un lugar donde se haya embargado una embarcación perteneciente al demandado;
es posible presentar una demanda contra varios acusados que residen o que están localizados en lugares diversos, ante el tribunal del lugar de residencia o de la sede oficial del demandado;
se puede presentar una demanda relacionada con un divorcio o una nulidad matrimonial ante el tribunal de la elección del demandante o del lugar de residencia declarado del demandante, pero en su defecto ante el tribunal del lugar de residencia de hecho del demandante, cuando:
haya menores residiendo con el demandante;
el matrimonio que se va a disolver sea con una persona que cumpla una pena de prisión;
el matrimonio que se va a disolver sea con una persona que no tenga un lugar de residencia declarado, cuyo lugar de residencia sea desconocido o que resida en el extranjero;
Asimismo, se contempla la competencia judicial exclusiva en los asuntos civiles, que invalida no solamente la competencia territorial ordinaria, sino también todas las otras formas de competencia territorial. En los siguientes casos, la competencia judicial la determina el tipo de demanda:
una demanda referente a derechos de titularidad o a cualquier otro derecho de propiedad relativo a bienes inmuebles o accesorios de estos, o una demanda referente al registro estos derechos en el catastro o a la anulación de esos derechos y a la exclusión de la propiedad del registro; deberá ser presentada ante el tribunal del lugar donde está situada la propiedad;
Las demandas de autorización de adopción deben presentarse ante el tribunal del lugar de residencia declarado del adoptante o, en su defecto, del lugar de residencia de facto del adoptante. Las demandas de anulación de una adopción deberán presentarse en el tribunal del lugar de residencia declarada del solicitante o, en su defecto, en el del lugar de residencia de facto del demandante.
Las demandas de autorización de adopción de un ciudadano extranjero o de un residente en un Estado extranjero deben ser presentadas ante el tribunal del lugar de residencia declarado del adoptado, y si el adoptado está en acogida extrafamiliar la demanda debe dirigirse al tribunal del lugar donde se está produciendo la acogida (artículo 259, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Las demandas para limitar la capacidad de una persona para actuar debido a una enfermedad mental o a otro trastorno de su salud deben ser presentadas ante el tribunal del lugar de residencia declarado de la persona, o en su defecto del lugar de residencia de facto de la persona. Si la persona ha sido ingresada en un centro médico, la demanda se presentará ante el tribunal del lugar donde esté situado el centro médico (artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
las demandas para limitar la capacidad de actuar y establecer un régimen de tutela para una persona debido a su estilo de vida disoluto o despilfarrador, o al consumo excesivo de alcohol o de otras sustancias estupefacientes, deben presentarse ante el tribunal del lugar de residencia declarado de esa persona, o en su defecto en el lugar de residencia de facto de esa persona (artículo 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
los asuntos referentes a la tutela sobre los bienes de una persona ausente o desaparecida serán juzgados por el tribunal del último lugar de residencia de esa persona (artículo 278 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
las demandas para declarar fallecida a una persona desaparecida deben presentarse ante el tribunal del último lugar de residencia de esa persona (artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
las demandas para que un tribunal establezca hechos de pertinencia jurídica deben presentarse al tribunal del lugar de residencia declarado del demandante, o en su defecto al del lugar de residencia de hecho del demandante (artículo 290 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
las demandas para poner fin a los derechos sobre bienes inmuebles deben ser presentadas ante el tribunal del lugar donde estén situados los bienes; las demandas para poner fin a cualquier otro derecho deben ser presentadas ante el tribunal del lugar de residencia declarado del solicitante, o en su defecto al del lugar de residencia de hecho del solicitante, o en el caso de una persona jurídica al de la sede oficial, a menos que la ley indique otro extremo (artículo 294, apartado 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
las demandas de cancelación de un documento perdido, robado o destruido y para la renovación de los derechos relacionados con dicho documento deben presentarse ante el tribunal del lugar de pago indicado en el documento, o, si el lugar de pago es desconocido, ante el tribunal del lugar de residencia declarado del donante, o en su defecto el del lugar de residencia de hecho del deudor, si el deudor es una persona física, o del domicilio social en el caso de una persona jurídica; si el lugar de residencia de hecho o el domicilio social del deudor también son desconocidos, la solicitud deberá dirigirse al tribunal del lugar donde se emitió el documento(artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
las demandas para el rescate de bienes inmuebles se presentarán ante el tribunal del lugar donde estén situados los bienes (artículo 336 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
las demandas de protección jurídica serán competencia del tribunal del lugar donde el deudor tenga su domicilio registrado tres meses antes de la interposición de la demanda (artículo 341.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
los procedimientos de insolvencia de una persona jurídica a raíz de una demanda del deudor, del acreedor o de la mayoría de acreedores, de conformidad con el artículo 42, apartado ", de la Ley de insolvencia (Maksātnespējas likums) son competencia del tribunal del domicilio registrado del deudor tres meses antes de la interposición de la demanda. La competencia judicial para incoar un procedimiento de insolvencia en aplicación del artículo 3, apartado 1 del Reglamento n.º 1346/2000 del Consejo corresponderá al tribunal del lugar donde el deudor tenga su centro de intereses principales, pero si se inicia un procedimiento de insolvencia en aplicación del artículo 3, apartado 2, de ese Reglamento, el asunto será juzgado por el tribunal del lugar de establecimiento del deudor tenga en el sentido del artículo 2, letra h), del Reglamento (artículo 363.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
los asuntos relativos a la insolvencia de una persona física serán juzgados por el tribunal del lugar de residencia declarado del deudor como domicilio registrado del deudor tres meses antes de la interposición de la demanda, o en su defecto del lugar de residencia de facto del deudor. La competencia judicial para iniciar un procedimiento de insolvencia en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n,º 1346/2000 del Consejo corresponderá al tribunal del lugar donde el deudor tenga su centro de intereses principales. No obstante, si se inician procedimientos de insolvencia en aplicación del artículo 3, apartado 2 de ese Reglamento, el asunto será juzgado por el tribunal del lugar donde el deudor tenga un «establecimiento» en el sentido del artículo 2, letra h) del Reglamento (artículo 363.22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
los asuntos relacionados con la insolvencia o la liquidación de entidades de crédito serán juzgados por el tribunal del lugar donde la entidad tiene su sede oficial (artículo 364 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
un empresario puede presentar una demanda para declarar ilegal una huelga o una convocatoria de huelga, por los motivos recogidos en la Ley de huelgas (Streiku likums) y de conformidad con el procedimiento contemplado en ella: la demanda para declarar ilegal la huelga o la convocatoria de huelga deberá ser presentada ante el tribunal del lugar donde se producirá la huelga (artículo 390 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
Los representantes de los trabajadores pueden presentar una solicitud para que se declare ilegal el cierre patronal o el anuncio de cierre patronal alegando las razones establecidas en la Ley de conflictos laborales (Darba strīdu likums) y siguiendo los procedimientos contemplados en ella. Las solicitudes para que se declare ilegal un cierre patronal o un anuncio de cierre patronal se presentarán ante el tribunal del lugar en que vaya a producirse el cierre patronal (artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
las demandas para la venta voluntaria de bienes inmuebles en subasta a través de un juzgado deben presentarse ante el tribunal de distrito o municipal del lugar donde está situada la propiedad inmueble (artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
las demandas para el cumplimiento forzoso de pagos monetarios o para la devolución de bienes muebles o para el cumplimiento forzoso de obligaciones en virtud de contratos garantizados por un compromiso mercantil serán presentadas ante la oficina de registro de la propiedad del tribunal de distrito o municipal del lugar de residencia declarado del deudor, o en su defecto del lugar de residencia de facto del deudor (artículo 403, apartado 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
las demandas para el cumplimiento forzoso en virtud de documentos que garanticen bienes inmuebles, o el cumplimiento forzoso de una obligación para renunciar a o devolver bienes inmuebles arrendados o alquilados, deben ser presentadas ante la oficina de registro de la propiedad del tribunal de distrito o municipal del lugar donde están situados los bienes inmuebles. Si una obligación está garantizada con varias propiedades inmobiliarias, y si las demandas son competencia de las oficinas de registro de la propiedad de diferentes tribunales de distrito o municipales, la demanda será tramitada por la oficina de registro de la propiedad del tribunal de distrito o municipal del lugar donde estén situados los bienes inmuebles, a elección del solicitante (artículo 403, apartado 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
las demandas para el cumplimiento forzoso basadas en una obligación de hipoteca naval deben ser dirigidas a la oficina del registro de la propiedad del tribunal de distrito o municipal del lugar de registro de dicha obligación (artículo 403, apartado 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
En efecto, esta posibilidad existe: La legislación letona permite a las partes escoger el tribunal con competencia territorial para su asunto mediante un acuerdo entre ellas. Cuando firman un contrato, las partes pueden especificar el tribunal de primera instancia donde se resolverán los futuros litigios relativos al contrato o al cumplimiento de sus términos. No pueden modificar la competencia judicial con respecto al objeto de un litigio, es decir, el rango del tribunal que dirimirá el caso en primera instancia (artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), ni pueden modificar cualquier competencia judicial exclusiva (artículo 29 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). La competencia judicial por mutuo acuerdo está sujeta a dos restricciones:
la elección de la competencia judicial puede ser ejercida únicamente en el caso de litigios contractuales;
el acuerdo que determina la competencia judicial territorial debe ser alcanzado en el momento de celebrarse el contrato, y se debe indicar el tribunal específico que dirimiría un posible litigio en primera instancia.
Tal y como se ha explicado anteriormente, el fondo de un asunto civil se examina en un tribunal de primera instancia y no puede ser examinado en un tribunal de rango superior hasta que el asunto haya sido resuelto por el tribunal de rango inferior. El tribunal de primera instancia para asuntos civiles es el tribunal de distrito o municipal, o la audiencia territorial a la que compete el asunto. Como norma general, todos los litigios civiles son competencia de los tribunales, que se ocupan de ellos siguiendo los procedimientos judiciales ordinarios.

References: artículo 42
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 2