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Timestamp: 2018-10-20 17:48:08+00:00

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﻿ SENTENCIA 2012-04141 DE MARZO 23 DE 2017
SENTENCIA 2012-04141 DE 23 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DE JUEZ DE TUTELA POR RECONOCIMIENTO DE DERECHO A PENSIÓN IMPROCEDENTE. SE PRECISA QUE CONFIGURA UN INCUMPLIMIENTO AL DEBER PREVISTO EN EL NUMERAL 2° DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY 270 DE 1996, EL JUEZ QUE PROFIERE UNA DECISIÓN ABIERTAMENTE CONTRARIA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO, AL ATRIBUIRSE COMPETENCIAS QUE NO LE CORRESPONDEN COMO JUEZ CONSTITUCIONAL Y AL CONOCER EN SEDE DE TUTELA UN CASO QUE NO REÚNE LOS REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL AMPARO CONSTITUCIONAL, ES DECIR, REALIZANDO UNA INTERPRETACIÓN SUBJETIVA, APARTADA DEL ORDENAMIENTO NORMATIVO APLICABLE. EN ESE SENTIDO, SI EL JUEZ CONSTITUCIONAL EN CONOCIMIENTO DE UNA TUTELA AMPARA A UN ACCIONANTE EL DERECHO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN, SIN AGOTAR LOS MECANISMOS JUDICIALES PARA TAL FIN, DEBE ENTENDERSE QUE EN EL TRÁMITE DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL HUBO INTERPRETACIÓN SUBJETIVA, APARTADA DEL ORDENAMIENTO LEGAL SIN EXPLICACIÓN ALGUNA, AL RECONOCERSE Y ORDENARSE EL PAGO DE UNAS MESADAS PENSIONALES ABIERTAMENTE IMPROCEDENTEPOR ELLO SE ENCUENTRA DEMOSTRADA LA FALTA Y SE CONFIRMA LA SUSPENSIÓN DE DOS MESES DEL JUEZ.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, JUEZ DE TUTELA, DEBERES DEL JUEZ, JUEZ CIVIL, CONDUCTA DEL JUEZ, FALTAS DEL JUEZ, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Sentencia 2012-04141 de marzo 23 de 2017
Rad. 110011102000201204141 01.
De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 256 de la carta política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura: “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley”.
Es necesario advertir inicialmente el alcance de la apelación interpuesta y concedida por el a quo, en las presentes diligencias. Esta corporación ha sostenido de tiempo atrás, que en sede de apelación el pronunciamiento de la segunda instancia se debe ceñir únicamente a los aspectos impugnados, partiendo del hecho que se presume que aquellos aspectos que no son objeto de sustentación, no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, de forma tal que ésta superioridad solo pude extender la competencia a asuntos no impugnados, sólo si ellos, resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.
En virtud de la competencia antes mencionada, procede esta Superioridad, a pronunciarse sobre la apelación interpuesta por el disciplinado y al emitir su pronunciamiento, lo hará con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.
Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala el doctor Eliseo Baracaldo Aldana, en su calidad de juez veinticinco (25) civil municipal de Bogotá, fue llamado a juicio disciplinario y hallado responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 2 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 6 del Decreto 2591, porque en sede de tutela reconoció al señor Álvaro Herrera Urrego, la pensión de jubilación, asignándose competencias que no le eran atribuibles como juez constitucional, más aun, cuando el caso que conoció en sede de tutela no llenaba los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez, pues no se habían agotado los mecanismos judiciales para tal fin.
Entiende esta superioridad que las inconformidades del recurrente con la sentencia apelada se pueden resumir en que toda su actuación la desarrolló dentro del marco de la autonomía judicial.
En cuanto al desconocimiento del principio de autonomía funcional judicial, esta Instancia no encuentra procedente esa argumentación debido a que plenamente quedó demostrado que el disciplinable en la decisión que profirió y que dio origen a la actuación disciplinaria, se asignó competencias que no le eran atribuibles como juez constitucional y además el caso que conoció en sede de tutela no llenaba los requisitos para el otorgamiento del amparo constitucional, es decir, realizo una interpretación subjetiva, apartada del ordenamiento normativo aplicable. No desconocemos y como siempre lo hemos predicado y defendido, que las decisiones judiciales que en derecho adopten las autoridades judiciales, se encuentran prima facie cobijadas por la garantía constitucional de la autonomía y en ese sentido hay que precisar que de acuerdo a lo señalado por la jurisprudencia constitucional, se debe entender que en el trámite de la acción constitucional hubo interpretación subjetiva, apartada del ordenamiento legal, al reconocerse y ordenarse el pago de unas mesadas pensionales abiertamente improcedente.
El principio de autonomía e independencia de los funcionarios judiciales, que reclama el recurrente se le desconoció, constituye un presupuesto básico de la recta y cumplida administración de justicia, la cual sólo es posible si se reconoce la autonomía e independencia de la rama judicial, así como la de cada uno de los funcionarios que la conforman, siempre y cuando obren dentro del marco de la legalidad, es decir, no configuren actos arbitrarios de la administración que devengan en graves desconocimientos de los derechos y garantías de los ciudadanos, consagrados en la ley y la constitución, es decir, siempre y cuando se actué conforme a la normatividad y al precedente judicial, situación que no aplico el apelante en su desempeño como juez, en el diligenciamiento de la acción constitucional que origino el proceso disciplinario que se adelanta contra él.
Para esta corporación una persona de la calidad y trayectoria profesional como el disciplinado, como juez civil municipal, está calificada y ha sido seleccionada por su conocimiento, pues su versación jurídica hace presumir que es un conocedor de las disposiciones legales y de los pronunciamientos de sus superiores que debe aplicar diariamente en su desempeño laboral.
De lo anterior se concluye que el desconocimiento de las funciones fue en la decisión que tomó al reconocer y ordenar el pago de una pensión de jubilación, cuando lo que le correspondía al disciplinado, era decidir conforme a derecho, pero sin explicación alguna, se aparta de la normatividad y de la jurisprudencia y profiere una decisión abiertamente contraria al ordenamiento jurídico. El funcionario judicial es conocedor de los alcances de cada una de sus decisiones y por el hecho de emitir una providencia cuando a todas luces era improcedente, se tipifica la conducta, actuar que consideramos, fue consiente y por tanto, incumplió sus deberes funcionales. Razón fundamental para despachar en desfavor los argumentos de su insatisfacción, plasmada en la apelación.
Frente a la sanción impuesta en sede a quo esta Instancia la mantendrá, porque en cuanto a la gravedad o levedad de la falta, se demostró que el disciplinable con su proceder afectó el nombre de la administración de justicia, por lo que la calificación como falta grave a título de dolo, que realizó el a quo, es conforme a derecho, por lo tanto, la misma se ajusta a los criterios establecidos por la Ley 734 para este tipo de faltas, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, la ausencia de sanciones del disciplinable y la trascendencia social e imagen de la administración de justicia, por lo que dicha sanción será confirmada.
1. CONFIRMAR la providencia del 16 de junio de 2014, proferida por la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio del cargo, al doctor Eliseo Baracaldo Aldana, en su calidad de juez veinticinco (25) civil municipal de Bogotá, por haber sido hallado responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 2 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 6º del Decreto 2591, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

References: ARTÍCULO 153
 artículo 256
 artículo 153
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 153
 artículo 86
 artículo 6