Source: https://martinbecerra.wordpress.com/2012/02/25/el-papel-de-la-prensa-y-papel-prensa-sa/
Timestamp: 2018-01-20 18:45:42+00:00

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El papel de la prensa y Papel Prensa SA | QUIPU
La disposición pública de mayores datos sobre la irregular desposesión de las acciones de Papel Prensa a los deudos de David Graiver, subproducto del conflicto entre el gobierno y los principales grupos de medios (socios todos de Papel Prensa), permite a la sociedad conocer parte de la peculiar historia de la empresa. Mientras Juan Gasparini permite en su sitio web acceder a la investigación sobre Graiver, Miguel Julio Rodríguez Villafañe reflexiona sobre el rol del Estado en la regulación de la producción y comercialización del papel, principal insumo para la existencia de los periódicos, y sobre la orientación de Papel Prensa, en donde el Estado comparte acciones con Clarín y La Nación desde 1977, a la luz de un fallo judicial que autoriza a que la empresa sea discrecional en el establecimiento de precios al mercado interno. Posteriormente, otra intervención judicial autorizó al gobierno, como socio de Papel Prensa, a designar directivos y coadministradores por las denuncias de irregularidades en el manejo societario (en Página 12). En tanto, desde La Nación Adrián Ventura afirma que es “contundente” en la demostración de que la desposesión de acciones a sus anteriores dueños y su apropiación por parte de la Dictadura, con la posterior cesión a los principales operadores del mercado de diarios, fue una operación “completamente transparente” (sic.). Y Héctor Timerman refuta a Ventura, en el marco de su áspera polémica con Clarín y La Nación (publicado en Telam).
Ha comenzado un interesante debate sobre lo ocurrido durante la extinta dictadura militar a la empresa *Papel Prensa*, por entonces propiedad del banquero David Graiver, quien pereció en México el 7 de agosto de 1976, a consecuencia de una catástrofe aérea. Clave en la fabricación y abastecimiento de la materia prima para medios de prensa escrita, y a instancias del régimen militar luego de aquel presunto asesinato, los cotidianos *La Nación*, *Clarín* y *La Razón*, se adueñaron de la sociedad y sus cuantiosos bienes, al cabo de una operación de traspaso puesta en marcha en las horas postreras de 1976.
¿Expolio o transacción regular? Los herederos de David Graiver ¿fueron desposeídos violentamente, secuestrados y en cautiverio mientras los tres grandes diarios de la época tomaban el control del insumo para la difusión de noticias por vía de periódicos y revistas? *La Nación* y *Clarín* han salido a clamar su inocencia, merecedores de la réplica por parte de los que
estiman lo contrario.
Cierto es que en la recuperada democracia se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, autoridad en el centro clandestino de detención donde los familiares y allegados al fallecido David Graiver sufrieron vejamenes. La sentencia alude a crímenes de lesa humanidad y es, desde el 17 de febrero de 2009, por resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cosa juzgada. Pero la sanción incrimina a un miembro de las Fuerzas de Seguridad: ¿no faltaría determinar en el terreno penal si, además, hubo complicidades civiles, y, por ejemplo, los tres órganos de comunicación citados pudieron tener algún grado de participación, o habrían sacado beneficios ilícitos de esas imprescriptibles y atroces infracciones?
Para terminar con esta situación relativa a un episodio delictivo de la “guerra sucia”, ¿no habrá llegado el momento que intervengan los tribunales? El Comité de Derechos Humanos de la ONU, integrado por expertos independientes encargados de vigilar el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, uno de los dos pilares del sistema de Naciones Unidas,
viene de recomendarle a la Argentina (en Nueva York) que despliegue “un esfuerzo riguroso en la tramitación” de las causas por graves violaciones de las libertades fundamentales en su pasado reciente. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, compuesto por 47 Estados, entre ellos la Argentina, todos elegidos por el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, adoptó hace pocos días por consenso (en Ginebra) una resolución sobre los deberes de jueces, fiscales y abogados en cuanto a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Exhortó a los gobiernos a investigar sin injerencia, “con prontitud, eficacia, independencia e imparcialidad para poner a los responsables a disposición de la justicia”.
En 2007 publiqué en Argentina el libro *David Graiver El banquero de los Montoneros*, un largo reportaje que incluye ciertos temas vinculados al presente mensaje. Ausente de librerías y ya libre de cualquier eventual tentativa de querella penal o demanda civil por el tiempo transcurrido desde su aparición, hoy he decidido, con anuencia del editor, ofrecer gratis su
lectura por Internet.
Para acceder al relato periodístico, los invito a visitar mi sitio web http://www.juangasparini.com <http://www.juangasparini.com/libros_anteriores.html&gt;. Allí también podrán consultar el cruce de puntos de vista sobre la controversia respecto a *Papel Prensa*, protagonizado por firmas relevantes, en torno al último aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. De igual manera encontrarán la base legal completa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como referencia.
Papel de la Prensa y Papel Prensa S.A
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha afirmado que “las empresas periodísticas configuran el ejercicio privado de funciones de interés social y su actividad está dirigida al bien de todos y cada uno de los miembros de la comunidad”, (Fallos: 316:2845). A su vez, estableció, reiteradamente, que la función de la prensa ayuda a cuidar la “esencia democrática contra toda posible desviación, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal”, (Fallos: 248:291, 325; 310:1715).
La actividad de la prensa es una de las garantías fundamentales para la vida democrática y un instrumento básico para el ejercicio pleno de diferentes derechos humanos.
El Estado, activamente, tiene la obligación de propiciar, respetar y garantizar una prensa libre y plural. En ello, debe ayudar a superar los condicionamientos externos que afecten la posibilidad de la presencia de emprendimientos periodísticos diversos y no debe permitir que se den, de hecho o de derecho, monopolios u oligopolios que afecten el derecho a saber.
Así, en este interés público imperativo, es importante asegurar que haya una prensa diversa, que se pueda desenvolver, con criterios de igualdad y equidad y que garantice que no se invisibilicen temas, personas o pueblos.
A su vez, en un país federal es primordial que se tutele la existencia de medios de prensa con dispersión territorial, para que existan voces diferentes desde distintos lugares. Es la manera de respetar a mujeres y hombres situados, cuya perspectiva, desde su espacio, hay que evitar que se la condicione, con lógicas centralistas y unipolares, que puedan silenciar o anular la visión local. Se deben propiciar condiciones para que cada espacio del territorio patrio tenga la posibilidad de contar con ámbitos de comunicación propios y de esa manera ayudar a gestar una democracia municipal y provincial adecuada y colaborar a tener una presencia, con personalidad propia, en el ámbito nacional.
En el país hay cientos de diarios, periódicos y revistas organizados como pequeñas y medianas empresas comerciales (Pymes) o cooperativas. Estas publicaciones, producto del esfuerzo por superar la concentración, le dan voz a diferentes problemáticas, sectores sociales, barrios, localidades, ciudades y regiones del país. También ayudan a preservar identidades culturales y garantizan que se puedan ejercer derechos humanos básicos, como los de información, comunicación, educación, recreación, participación democrática, control de gestión gubernamental, formación de opinión pública, entre otros. Asimismo, generan fuentes de trabajo y dinamizan la economía del lugar. Se deber tener presente, que muchos negocios o empresas locales no tienen la capacidad económica o la necesidad de publicitar en grandes medios nacionales, los bienes o servicios que ofrecen. De no existir medios locales, no podrían hacerse conocer o lo tendrían que efectuar abonando montos innecesarios.
Papel para la prensa
Para esos medios, uno de los insumos más condicionantes de su desarrollo y funcionamiento sustentable es el papel para imprimir, que representa entre el 50% al 70% de sus costos.
En este aspecto, ha sido muy positivo que el Estado Nacional haya contemplado que es importante desarrollar una política de estado que busque garantizar la provisión del papel para diario de manera igualitaria. Recurso este que ya ha sido declarado de interés nacional, desde hace tiempo (Ley 11.682).
En esa línea, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación dictó la Resolución 1/2010, en enero de este año. Esta disposición pretende canalizar el abastecimiento del papel para la prensa a todos los medios de información, evitando la concentración del recurso en manos de grandes empresas y también, buscando prevenir que la fijación del precio del papel se transforme en un mecanismo que excluya a los pequeños productores gráficos. Establece la Resolución que, desde una compra mínima de una tonelada, “las operaciones de comercializació n de papel para diario, en fábricas nacionales, deberán efectuarse por un precio igualitario, en función del precio del principal comprador”.
La empresa Papel Prensa S.A., integrada por capitales privados y estatales, (Grupo Clarín 49%, La Nación S.A 22,5%, el Estado nacional 27,5% y 1%, otros) dedujo una medida cautelar judicial, en contra de la resolución y pidió la suspensión de la aplicación de lo decidido. En su planteo sostuvo que la decisión gubernamental viola la libertad de comercio.
El Juez Federal Ernesto Marinelli, en el procedimiento cautelar, que se da sin escuchar a la contraparte, habilitó la feria judicial, hizo lugar al pedido de suspender la aplicación de la resolución y como fianza requirió a la empresa, sólo su juramento.
La medida, evidentemente, significa una clara restricción apresurada y sin mayores recaudos, por parte del poder judicial, al desenvolvimiento de la prensa y su acceso adecuado al papel, que es su insumo básico.
La Corte Suprema Nacional, siguiendo jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que, en lo que hace a los aspectos que garantizan la libertad de expresión, las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, prevalezcan claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho. La legalidad de las restricciones a la libertad de expresión dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, (Fallos: 331:1530). Ninguno de los extremos referidos se evidencian claramente, en la decisión judicial, como para justificar la suspensión de la resolución de la Secretaría de Comercio, en un proceso cautelar.
Además, hay que reparar, que el Estado Nacional, que dictó la medida paralizada por la justicia, posee el 27,5 % del paquete accionario de Papel Prensa S. A. Ello implica, que el Estado, respecto de sus propios intereses y ganancias en la empresa, es dueño de fijar precios, al servicio del bien común, en una postura beneficiosa para las Pymes y cooperativas gráficas, como lo refiere la resolución 1/2010.
Es de esperar que, a la brevedad, se allane el camino para garantizar la igualdad y equidad en el acceso al papel para la prensa, de manera que se permita que la prensa toda pueda cumplir su papel.
LA JUSTICIA NOMBRO UN COADMINISTRADOR EN LA EMPRESA A PEDIDO DEL GOBIERNO
A Papel Prensa le hacen marca personal
En respuesta a dos denuncias de Comercio Interior y la CNV, un juez designó a un coadministrador y repuso a un funcionario. El magistrado consideró que la empresa “impidió el ejercicio de funciones a los directores del Estado”
El Gobierno se anotó un punto en su pelea con Papel Prensa. La Justicia resolvió nombrar a un coadministrador en la empresa a partir de dos denuncias por irregularidades en el funcionamiento del directorio, realizadas por la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, y por la Comisión Nacional de Valores (CNV), cuyo titular es Alejandro Vanoli. La decisión fue adoptada por el magistrado Eduardo Malde, a cargo del Juzgado Comercial 20. Según fuentes judiciales, quien quedó a cargo de la coadministración es Carlos Bianchi, quien ya ocupaba un lugar como interventor judicial dentro de la papelera.
Además de la nueva intervención, el magistrado decidió anular lo actuado durante la Asamblea General Ordinaria aprobada en la reunión de directorio del 3 de febrero pasado y obligó a la empresa a “incorporar inmediatamente en el cargo como integrante del Consejo de Vigilancia por el Estado a Alberto González Arzac y el apartamiento preventivo del asesor legal del directorio, Enrique Pigretti”. Arzac había sido desplazado de la empresa por los directores que responden a los diarios Clarín y La Nación.
La decisión de Malde se vincula con las dos presentaciones realizadas por el Estado, por un lado como accionista (Secretaría de Comercio) y por el otro desde el ente regulador de las empresas que operan en la bolsa (CNV). La presentación judicial del organismo controlador fue a raíz del no cumplimiento de una resolución de la propia CNV en la que se advertía sobre irregularidades cometidas en la reunión de directorio del 4 de noviembre de 2009, en la que se renovaron las autoridades a partir de la elección como presidente de Alberto Maquieira en lugar de Luis María Julio Saguier.
Los hechos fueron objetados en una resolución de la CNV con fecha 19 de noviembre, que fue ratificada el 8 de enero por la Justicia mediante un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que les denegó un planteo a los socios mayoritarios de Papel Prensa, es decir el Grupo Clarín (49 por ciento de las acciones) y La Nación (22 por ciento). El Estado controla el 27,46 por ciento.
Por su parte, la denuncia de Moreno alcanzaba a un grupo de directores nombrados por La Nación y Clarín: Julio César Saguier, Jorge Carlos Rendo, Alejandro Alberto Urricelqui, Héctor Mario Aranda, Francisco Iván Acevedo, Alberto Maquieira y Guillermo González Rosas, a los que se les sumaron los miembros titulares del Consejo de Vigilancia: Saturnino Herrera Mitjans, Alejandro Julio Saguier y Horacio Pablo Verdaguer.
“A pesar de reiterados pedidos efectuados por la CNV para que la empresa postergara las reuniones y convocara a una asamblea para sanear los vicios, la empresa continuó celebrando reuniones irregulares, aun con posterioridad a que la cámara comercial conformara el criterio sustentado por la CNV en el fallo del 8 de enero pasado”, afirmó el organismo de control en su escrito.
En base a las denuncias de la Secretaría de Interior y la CNV, el juez Malde designó a Bianchi como coadministrador. En su fallo de 27 fojas, el magistrado indicó: “Se ha impedido el ejercicio de funciones a los directores del Estado, al cercenárseles el acceso a la información necesaria para su efectiva participación en la gestión pública”. Con esta argumentación, el juez resolvió la reincorporación de Arzac.
El fallo de ayer es un nuevo capítulo dentro de la trama judicial (y política) que enfrenta al Estado con Papel Prensa. A fines de enero, el juez federal en lo Contencioso Administrativo Ernesto Marinelli decidió frenar una resolución de la Secretaría de Comercio Interior que obligaba a Papel Prensa a cobrar por su insumo el mismo precio tanto a los grandes clientes como a los pequeños diarios del interior.
Papel Prensa y los datos que el Gobierno pretende desconocer
La verdadera historia de la compra de la planta
Adrián Ventura – Domingo 4 de abril de 2010
El gobierno nacional, por medio de su brazo ejecutor, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ordenó que se investigara la compra de una parte del paquete accionario de Papel Prensa por los diarios Clarín , LA NACION y La Razón , en 1976.
La decisión revela la intención de echar un manto de sospechas sobre el origen de una de las firmas que proveen el principal insumo para los periódicos.
La tarea debería ser muy sencilla de llevar a cabo: bastará con remitirse a las publicaciones y documentos de esa época para recordar cómo nació esta papelera nacional que, desde un comienzo, abasteció a cientos de periódicos.
Los ataques de Moreno comenzaron en agosto pasado con la intención, confesada por el propio funcionario en una reunión de trabajo, de apropiarse de la empresa. Desde entonces, diversos organismos públicos fueron usados para presionar y, a partir de un supuesto error formal en una reunión de directorio, la Comisión Nacional de Valores intensificó sus objeciones y la Justicia nombró un coadministrador.
El supuesto error formal en el cual la CNV basó su acusación consintió en que la empresa no transcribió el acta de esa reunión de directorio en forma inmediata a su finalización. En rigor, la CNV no respeta el criterio que ella intenta imponer y, por otro lado, no hay norma legal que establezca el plazo en el cual debe cumplirse esa formalidad. Papel Prensa actuó conforme con las prácticas habituales aceptadas en el país y, recientemente, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial revocó una resolución de la CNV que intentaba aplicarle aquel criterio a Transportadora Gas del Norte (TGN).
El miércoles pasado, Moreno dio otro paso: pidió a Papel Prensa información sobre las transferencias de acciones desde su origen y, según un cable de la agencia estatal Télam, impartió órdenes a los directores y funcionarios que representan al Estado nacional en la empresa, con el objeto de “procurar obtener la información y la documentación pertinente” sobre la adquisición, por los diarios Clarín , LA NACION y La Razón , de las acciones de Papel Prensa.
Los directores y funcionarios estatales deberán buscar documentos y requerir la colaboración de organismos públicos y privados para elaborar en un plazo de 90 días un informe sobre tales circunstancias.
Dando por supuesto que el origen de la empresa merece ser investigado y es tan oscuro como las violaciones de los derechos humanos, en la resolución se citan declaraciones de Osvaldo Papaleo al diario oficialista El Argentino (” Clarín compró Papel Prensa con la familia Graiver secuestrada”) y del embajador argentino en los Estados Unidos, Héctor Timerman, que en una nota publicada en Clarín la semana pasada había dicho que la Papel Prensa no nació de una transacción comercial.
Sin embargo, la fundación de lo que hoy se conoce como Papel Prensa no tuvo nada de oscuro.
En 1968, los editores de diarios y revistas habían comenzado a impulsar la creación de una papelera nacional. En 1970, la Argentina estaba entre los primeros importadores de ese insumo, por lo cual la prensa buscaba sustituir importaciones y asegurarse la provisión de papel, para evitar que la imposición de cupos o prohibiciones a las importaciones reeditara viejas prácticas de censura.
En 1971, el Estado organizó una licitación, pero fue declarada desierta y, en 1972, el proyecto fue encomendado en forma directa a la sociedad anónima Papel Prensa, que entonces estaba formada por Editorial Abril (César Civita), César Doretti y la constructora Tauro.
Sin embargo, durante la tercera presidencia peronista, el entonces ministro de Economía, José Ber Gelbard, logró que aquellos accionistas originarios vendieran su participación e ingresó, como socio mayoritario, el financista David Graiver.
En forma paralela, el gobierno proyectaba la creación de otras tres papeleras: Papel Prensa II, que no se concretó; Papel de Tucumán, que sí constituyeron diarios del interior pero que años más tarde, cuando fue comprada por otros accionistas, se concentró en fabricar papel obra, y Fapel, un proyecto constituido por Clarín , LA NACION y La Razón .
Hasta ese momento, Fapel (la compañía que era propiedad de los tres diarios) no tenía relación con Papel Prensa, que lideraba David Graiver. Pero en agosto de 1976, el financista falleció en un accidente con un avión que él habia alquilado en México. Entonces, Galería Da Vinci SA, sociedad del grupo Graiver, le vendió una parte mayoritaria del paquete accionario mayoritario a Fapel ( Clarín , LA NACION y La Razón ) por 8,3 millones de dólares, y retuvo la sucesión de Graiver una participación accionaria minoritaria.
La operación de compra realizada por Fapel se concretó el 2 de noviembre de 1976 y fue documentada en un contrato escrito.
Por entonces, Lidia Papaleo, heredera del grupo Graiver, estaba en libertad. Ella misma lo reconoció en una solicitada que firmó junto con Juan e Isidoro Graiver y que se publicó en LA NACION el 12 de octubre de 1989, es decir, en plena democracia: allí dijo que las detenciones se produjeron en 1977 (es decir, después de la venta del paquete accionario, en noviembre de 1976).
El 10 de noviembre de 1976, los diarios comunicaron la compra a la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), en una reunión en la que también estuvieron presentes autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de Papel de Tucumán.
Se realizó también una conferencia de prensa y, al día siguiente, los medios dieron amplia cobertura a ese anuncio.
Por entonces, nadie sabía de la vinculación de Graiver con los montoneros -Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, en la solicitada publicada en 1989, seguía desconociendo que hubiera existido esa vinculación- y ninguno de los integrantes de esa familia Graiver habían sido todavía cuestionados ni mucho menos detenidos por el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla.
Dos meses más tarde, el 18 de enero de 1977, en una asamblea extraordinaria de accionistas realizada con un quórum del 88,73 por ciento de las acciones, el Estado -que conservaba el 25 por ciento de las acciones- y los representantes privados aprobaron la cesión del paquete accionario en favor de Fapel con el sufragio afirmativo del 79,62 por ciento de los votos, con lo que superaron el 75 por ciento necesario.
La sucesión Graiver, representada por el doctor Miguel de Anchorena, estuvo entre quienes aprobaron la transferencia.
Los diarios también hicieron pública esa información en sus respectivas ediciones.
¿Hubiera tenido sentido que los diarios dieran tanta publicidad a la creación de Papel Prensa si esta empresa fuera producto de un acuerdo turbio? La operación, a diferencia de algunos otros hechos de entonces y de ahora, fue completamente transparente.
Nuevamente, el 4 de marzo de ese año se realizó otra asamblea, en la que estuvo presente Lidia Papaleo, quien firmó el libro de actas antes de que pasara a cuarto intermedio.
Los arrestos de los familiares de David Graiver sólo comenzaron varios días después de esa reunión de directorio y seis meses después de formalizada la compra de Papel Prensa por parte de los tres diarios.
Ocurrieron a mediados de marzo de 1977. Según informaron los diarios Clarín y La Gaceta , de Tucumán, en sus ediciones del 15 de abril de 1977 (este último medio transcribió un cable de la agencia Télam), el día anterior el Comando en Jefe del Ejército suministró una lista de 15 detenidos, entre quienes figuraban Lidia Papaleo y numerosos integrantes de la familia Graiver.
La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos-La Plata ( http://www.apdhlaplata.org.ar ) dice que las detenciones ocurrieron el 14 de marzo y dos investigaciones periodísticas publicadas por las periodistas María Seoane y Graciela Mochkofsky en Editorial Sudamericana señalan que fueron posteriores al 8 de marzo de aquel año.
Fapel compró las acciones del grupo Graiver por 8,3 millones de dólares. No tienen sustento alguno las sospechas que desliza el kirchnerismo en el sentido de que ese precio fue irrisorio y de que aquel gobierno de facto, como parte de una negociación, les cedió la planta a los diarios.
En efecto, Fapel depositó las cuotas por el saldo del precio en expedientes judiciales y, en 1978, luego de realizar una inversión de 200 millones de dólares -financiada con aportes de capital de accionistas y por préstamos de bancos públicos y privados-, la planta de San Pedro, cuya construcción se encontraba virtualmente paralizada en el momento de la compra de las acciones por los diarios, se puso definitivamente en marcha.
Es curioso, sin embargo, que el kirchnerismo soslaye otro dato de la realidad: que aquella compra que había hecho Fapel al grupo Graiver no contaba con el visto bueno del almirante Emilio Eduardo Massera, que quería tomar el control del suministro de papel en el país, tal como años antes lo habían pretendido hacer el peronismo y Gelbard y, ahora, el gobierno de Cristina y Néstor Kirchner.
Aquel sector de las Fuerzas Armadas pretendía anular el ingreso de Fapel en la compañía y apoderarse de las acciones del grupo Graiver. Pero eso, en agosto de 1977, Videla dictó el decreto ley 21.618 y designó a un hombre de confianza del marino, el capitan de Navío Alberto D´Agostino, para intervenir la empresa, pero cinco meses después, sin haberse detectado irregularidades, se levantó la intervención.
La cronología de los hechos es contundente, y prueba que las acusaciones que se efectúan desde el kirchnerismo son falsas y que sólo tienen como finalidad generar un clima favorable para que el Gobierno se apropie de la empresa, de manera de controlar un insumo vital para los diarios y presionarlos.
Son los que abastece Papel Prensa en todo el país, lo que la convierte en líder del sector.
Es lo que produce aproximadamente por año, para cubrir el 95 por ciento del mercado.
Es lo que corresponde al Estado. El resto se reparte entre Clarín (49%) y LA NACION (22,5). Cotiza en bolsa el 1%.
Tiene la planta, lo que la convierte en una de las grandes empleadoras de la zona de San Pedro.
El mismo objetivo que tuvo el entonces almirante Massera y el mismo modus operandi.
Hay muchos silencios en la Argentina, demasiados. Uno de ellos es el de los radicales cuando se habla de la apropiación de Papel Prensa en 1977. Más vergonzoso es el silencio que guardan frente a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo por recuperar a los niños secuestrados durante la dictadura. Dos de ellos posiblemente en manos de la dueña de Clarin y Papel Prensa, Ernestina Herrera
“Una noche fría de ese tiempo ingrato, la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, nos sorprendió con el relato de la adopción de sus hijos. Había también lágrimas, muchas lágrimas, en sus ojos, pero correspondían a las emociones que despierta la alegría”
“Más de 25 años después, la señora de Noble sigue llorando por esos hijos. Su detención dispara una primera injusticia: una madre no debería ser detenida sólo por serlo. Sea cual fuere el antecedente biológico de sus hijos, lo cierto es que los crió con la devoción y el cariño de una madre”
¿Se referirá a esa defensa de “la marcha del proceso democrático en mi país” cuando Morales Solá dice que la señora Ernestina Herrera de Noble “crió a esos chicos con la devoción y el cariño de una madre…” ¿Morales Solá pensará en Gertrudis, la madre de Hamlet, cuando describe una buena mami?

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