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Timestamp: 2020-08-12 07:35:39+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 226, de 09/10/2014
cve: DSCD-10-PL-226
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 226
Sesión plenaria núm. 211
- Proyecto de ley por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución española. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 67-1, de 4 de octubre de 2013. (Número de expediente 121/000066) ... (Página5)
- Protocolo del Acuerdo de Cooperación y de Unión Aduanera entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de San Marino, por otra, relativo a la participación de la República de Croacia como parte contratante a raíz de su adhesión a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de octubre de 2013. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 299, de 4 de julio de 2014. (Número de expediente 110/000127) ... (Página11)
- Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, y su Protocolo, firmados en Madrid el 22 de febrero de 1990, y Memorando de entendimiento, hechos en Madrid el 14 de enero de 2013, así como las Notas sobre subsanación de errores del Protocolo y del Memorando. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 300, de 14 de julio de 2014. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 306, de 22 de julio de 2014. (Número de expediente 110/000128) ... (Página11)
- Acuerdo interino por el que se establece un marco para un Acuerdo de asociación económica entre los Estados del África Oriental y Meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus estados miembros, por otra, hecho en Grand Baie el 29 de agosto de 2009. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 301, de 18 de julio de 2014. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 302, de 18 de julio de 2014. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 303, de 18 de julio de 2014. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 304, de 18 de julio de 2014. (Número de expediente 110/000129) ... (Página11)
- Acuerdo de sede entre la Organización Mundial del Turismo y el Reino de España para la celebración de la 98ª reunión del Consejo Ejecutivo, hecho en Madrid el 24 de abril de 2014. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 314, de 5 de septiembre de 2014. (Número de expediente 110/000132) ... (Página11)
- Acuerdo entre el Reino de España y el alto representante en Bosnia y Herzegovina sobre protección de los intereses del alto representante en Bosnia y Herzegovina, su oficina y su personal, hecho en Madrid el 24 de junio de 2014. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie C, número 154-1, de 5 de septiembre de 2014. (Número de expediente 110/000133) ... (Página11)
- Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) relativo a la creación del "Centro Internacional sobre Reservas de la Biosfera Mediterráneas, dos orillas unidas por su cultura y su naturaleza", como Centro de Categoría 2 auspiciado por la Unesco, hecho en Barcelona el 5 de abril de 2014. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 316, de 5 de septiembre de 2014. (Número de expediente 110/000134) ... (Página11)
- Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 106-1, de 25 de julio de 2014. (Número de expediente 121/000106) ... (Página15)
Declaración institucional ... (Página35)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página35)
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página36)
Enmiendas del Senado... (Página5)
Proyecto de ley por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución española... (Página5)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Serrano Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Cortés Bureta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales... (Página11)
Protocolo del Acuerdo de Cooperación y de Unión Aduanera entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de San Marino, por otra, relativo a la participación de la República de Croacia como parte contratante a raíz de su adhesión a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de octubre de 2013... (Página11)
Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, y su Protocolo, firmados en Madrid el 22 de febrero de 1990, y Memorando de entendimiento, hechos en Madrid el 14 de enero de 2013, así como las Notas sobre subsanación de errores del Protocolo y del Memorando... (Página11)
Acuerdo Interino por el que se establece un marco para un Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del África Oriental y Meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Grand Baie el 29 de agosto de 2009... (Página11)
Acuerdo de Sede entre la Organización Mundial del Turismo y el Reino de España para la celebración de la 98.ª reunión del Consejo Ejecutivo, hecho en Madrid el 24 de abril de 2014
Acuerdo entre el Reino de España y el Alto Representante en Bosnia y Herzegovina sobre protección de los intereses del Alto Representante en Bosnia y Herzegovina, su Oficina y su personal, hecho en Madrid el 24 de junio de 2014... (Página11)
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo a la creación del "Centro Internacional sobre Reservas de la Biosfera Mediterráneas, dos orillas unidas por su cultura y su naturaleza", como Centro de Categoría 2 auspiciado por la UNESCO, hecho en Barcelona el 5 de abril de 2014... (Página11)
Para fijar su posición sobre determinados convenios intervienen los señor Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista, y Landaluce Calleja, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas... (Página37)
Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social... (Página15)
La señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen la señora Fernández Davila, y los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto, así como el señor Baldoví Roda para fijar posición, del mismo grupo; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Declaración institucional... (Página35)
El señor presidente da lectura a la declaración institucional, suscrita por todos los grupos parlamentarios, con motivo del Día Internacional de la Niña el próximo 11 de octubre.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, acerca de si el Gobierno descarta definitivamente la presentación de la Ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 121 votos a favor, 182 en contra y 8 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política industrial y turística que impulsa el Gobierno, se aprueba por 190 votos a favor y 119 abstenciones.
Enmiendas del Senado... (Página36)
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución española, son aprobadas todas.
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, son rechazadas por 124 votos a favor, 173 en contra y 14 abstenciones.
Avocación por el Pleno... (Página37)
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, del proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, se rechaza por 138 votos a favor y 172 en contra.
Empezamos el primer punto, que es el de las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución española.
Estamos culminando ya el debate, el íter legislativo de un proyecto de ley importante, la posibilidad de delegar al Gobierno para la elaboración de textos refundidos a través de los correspondientes reales decretos legislativos y quiero felicitar a todos los grupos parlamentarios y particularmente al grupo mayoritario por la flexibilidad que en este caso -casi supuesto inédito en esta legislatura- ha mostrado aceptando las propuestas de los grupos de la oposición. Se han suscitado diversas cuestiones, tanto en el debate en el Congreso como en el debate en el Senado, en referencia al ámbito de la delegación. No deja de ser sorprendente que exista una ley de delegación cuando ya el propio artículo 82 de la Constitución
prevé que se delegue la elaboración de textos refundidos en el Gobierno mediante una colaboración legislativa entre las Cortes Generales del Estado y el Gobierno y una delegación tan amplia. Se suscitó una primera cuestión que era la relativa al control de la coherencia de lo previsto en la ley delegante con la delegación materialmente hecha por el Gobierno y las consecuencias de que de este control derivara la oposición de algún grupo parlamentario o de algún diputado a la delegación a través del correspondiente real decreto legislativo hecha por el Gobierno y las consecuencias de ese eventual desajuste entre la ley delegante y la delegación realizada por el Gobierno. Algunos grupos parlamentarios -el señor Jané lo hizo- propusieron que la consecuencia tenía que ser la pérdida de validez o la nulidad de la ley. Es una cuestión verdaderamente discutible en tanto en cuanto el artículo 82 de la Constitución no prevé consecuencias de esta naturaleza vinculadas a una gestión de control de una ley que ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado. No prevé más que el control a través de los órganos jurisdiccionales competentes; cuestión también bastante complicada, puesto que se trata de un real decreto legislativo, de una ley o tiene el rango jurídico formal de una ley publicada en el boletín, y solo la jurisdicción constitucional o el Tribunal Constitucional podría evaluar su constitucionalidad y solo la constitucionalidad. Quizás la ley delegante no es justa, pero esta cuestión ha sido razonablemente resuelta. Nosotros no compartíamos tampoco la consecuencia de nulidad de la ley cuando el real decreto legislativo no se ajustara a la ley delegante.
Una segunda cuestión, planteada fundamentalmente por el Grupo Socialista, era el plazo de la delegación. Se llegó a una transacción más o menos equidistante entre la propuesta del grupo proponente, el Gobierno, y la del grupo enmendante, el Grupo Socialista. Entre los seis meses y los dieciocho meses propuestos por unos y otros se llegó a una situación equidistante de un año en cuanto al plazo para la delegación, lo que nos parece razonable y fruto también de un consenso que ha sido posible en este proyecto de ley. Otra cuestión era la relativa a la necesidad, desde una perspectiva de claridad, de establecer una exacta identificación, no solo de las normas legales que a través de este real decreto legislativo eran objeto de refundación, sino también de las normas reglamentarias que eran objeto de derogación solo para facilitar a los operadores jurídicos qué norma está vigente sobre cualquier materia. El problema es verdaderamente dramático en este ámbito. Desde marzo de 1979 -inicio de la primera legislatura constitucional- el legislador ha sido capaz de crear nada menos que 2.146 leyes. Son 2.146 leyes que conviven con leyes preconstitucionales que han sido posteriormente constitucionalizadas, que conviven con una miríada de reales decretos-leyes, aprobados en esta legislatura mediante un particular abuso de esta figura legislativa, que usurpa de su capacidad legislativa al Parlamento, que conviven además con la incorporación de lo que se denomina acervo comunitario, de las normas comunitarias que sí fueron objeto de refundación masiva a través de 26 leyes de delegación en el año 1985, pero operación que no se ha vuelto a producir tras el año 1985, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico ya constituido nada menos que por 2.146 leyes todos los reglamentos y directivas comunitarias que conviven con estas en una relación que no podríamos calificar de armoniosa, sino creando un ordenamiento jurídico verdaderamente confuso, de aluvión, en donde nos dicen los operadores jurídicos, y nos lo reprochan cada vez que vamos a hablar con ellos, que es materialmente imposible saber qué norma está vigente para cualquier cuestión que se suscite o que se tenga que solucionar en cualquier dimensión o ámbito. Desde esta perspectiva, esta mención y esta enmienda del Grupo Socialista en relación con la necesidad por los menos de identificar qué normas son objeto de derogación, tanto de rango jurídico formal de ley como de rango jurídico formal reglamentario, también es una buena propuesta.
Señor presidente, la verdad es que estamos ante un ejemplo de buen parlamentarismo. Las propuestas de los grupos de la oposición han sido objeto de una aceptación con carácter flexible en forma de transacciones normalmente, tampoco vamos a pedir peras al olmo y no estamos tampoco en condiciones de que sean aceptadas todavía en sus propios términos, pero transacciones que se aproximan a las propuestas de los grupos de la oposición se parece mucho ya a recuperar el parlamentarismo que se ha difuminado tanto durante esta legislatura tan atribulada que hemos vivido hasta el momento, en donde prácticamente el grupo del Partido Popular ha legislado en solitario, y no solo eso, sino que ha legislado en solitario y contra todos los demás grupos de la oposición. Esto no ha ocurrido así con este proyecto de ley, importante a pesar de sus peculiaridades y de sus problemas y, por lo tanto, yo creo que todos nos debemos felicitar por el buen trabajo hecho, incluso por el Senado también.
Mi grupo considera que las enmiendas aprobadas en el Senado son enmiendas técnicas y, por tanto, no tiene problemas en respaldarlas. Lamentamos que algunas enmiendas con más fondo, como la que tiene que ver con la intervención del Parlamento en los textos refundidos, no hayan sido aprobadas. Creemos que es imprescindible, porque estamos ante un tema muy importante, sobre todo cuando se generalizan, por una parte, los reales decretos y, por otro lado, los decretos legislativos, situando a este Parlamento en un estado de decreto prácticamente permanente. Los textos refundidos son muy importantes y si se producen como consecuencia de una relación de confianza entre el Parlamento y el Gobierno, salen reforzados; si se producen como consecuencia de una relación de desconfianza del Parlamento y el Gobierno -Gobierno indistintamente de su color, que entra como elefante en cacharrería en las elaboraciones legislativas- al final lo que se produce es una mala elaboración legislativa y un incremento de la presencia del Gobierno en una materia que es propia del Parlamento. En ese sentido, nuestro grupo parlamentario tiene muchas reservas con respecto a esta iniciativa. Acepta y se felicita de los acuerdos, pero lamenta que alguna enmienda importante del Senado no haya sido aprobada y, por tanto, no podamos votarla en el Congreso.
Señorías, este proyecto de ley es muy importante, porque hoy estamos delegando, es un proyecto de ley de legislación delegada. Estas Cámaras que tienen la potestad legislativa, que son las que legislan a nivel de Cortes Generales, le delegan esa facultad al Gobierno, y el Gobierno a partir de esa delegación que recibe de muchísimas leyes y muy importantes va a dictar decretos legislativos. ¿Es necesario hacer esta delegación? Sí, tras ir parcheando un conjunto de leyes, llega un momento en que necesitamos realizar textos refundidos que le den mayor claridad y mayor seguridad jurídica, que ayuden a los operadores que deben aplicar el ordenamiento jurídico a tener ese texto refundido que de alguna manera le ayude a ordenar las distintas modificaciones parciales que hemos ido adoptando. Por tanto, primer punto, señor presidente, apoyamos el que se pueda realizar esta legislación delegada, pero la Constitución, sabiendo que esto es extraordinario y que quien legisla son las Cortes Generales, estableció en su artículo 82.6 que, sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales -un plural que ha sido muy discutido porque, en principio, en las normas con rango de ley el control es del Tribunal Constitucional, por lo que ese plural, tribunales, ha dado lugar a muchas teorías, en las que no vamos a entrar-, las leyes de delegación, lo que hoy aprobamos, podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Por tanto, la Constitución está diciendo: cuidado, ya que le delegan esto al Poder Ejecutivo, contrólenlo. Nos vamos al Reglamento de la Cámara, que prevé qué debemos hacer cuando la ley de delegación establece que el control lo realice el Congreso de los Diputados. Hemos conseguido -gracias a una enmienda de Convergència I Unió, del Grupo Socialista y de otros grupos- que esta ley de delegación que hoy aprobamos remita a que habrá un control del Congreso de los Diputados, de acuerdo, dice, con lo que establezca el Reglamento de la Cámara; pues vayamos al Reglamento de la Cámara. Hoy vamos a aprobar una ley de delegación en la que le estamos diciendo al Gobierno: legisle usted centenares y centenares de artículos, que ya le controlaremos en el Congreso después, de acuerdo con lo que dice el Reglamento; y el Reglamento establece un proceso, que si al mes siguiente se formulara algún reparo por parte de los grupos al uso de la delegación, si un futuro Congreso de los Diputados -que ya será en la próxima legislatura- discutiera si se ha hecho o no un buen uso de esa delegación, al final se elaboraría un dictamen que sería debatido en el Pleno de la Cámara. Imaginemos que se elabora ese dictamen y que, a la vista del mismo, el Pleno de esta Cámara dijera: no, no se ha hecho un buen uso de esa delegación. Esto sería muy grave. El Congreso autorizó al Gobierno, este hace la legislación delegada, se le discute después en esta Cámara y posteriormente la Cámara manifiesta en un dictamen -que ya será en la próxima legislatura, repito- que no se ha hecho un buen uso. El artículo 153.5 del Reglamento -y lo cito para que conste en el "Diario de Sesiones"-, del actual Reglamento, que a lo mejor habremos sido capaces de cambiar, eso espero, nos dice: Los efectos jurídicos -por eso no coincido con el señor
Olabarría en que hemos hecho un gran trabajo parlamentario, creo que no- del control -de ese control del Congreso- serán los previstos en la ley de delegación. Por tanto, la que hoy estamos aprobando. Los efectos jurídicos del futuro control, que ya en otra legislatura harán los diputados y senadores que estén de la legislación delegada que apruebe el Gobierno, serán -dice- los que prevé la ley de delegación. Yo pregunto al grupo mayoritario, al Grupo Socialista, al señor Olabarría: ¿Somos capaces de decir en algún sitio qué efectos jurídicos le hemos dado? No, no le hemos dado ninguno. Vamos a decidir hoy, en contra de la posición de Convergència i Unió, que si por lo que fuera el Congreso estableciera que en la futura ley que dicte el Gobierno no se ha hecho un buen uso de esa delegación, no le habríamos dado efecto jurídico alguno. Pregunto: ¿Se lo podríamos haber dado? ¿Le podríamos haber otorgado un control con efectos jurídicos, como nos dice el propio Reglamento de la Cámara en su artículo 153.5? Lo podíamos haber hecho porque nos indica que los efectos son los previstos en la ley de delegación y, nosotros, hoy que aprobamos la ley de delegación, no le damos efecto jurídico alguno. Hemos legislado mal, hemos hecho un círculo cerrado que no nos lleva a ninguna parte. Control, sí, pero sin efectos jurídicos. Por tanto, lo podríamos haber hecho mejor.
Concluyo. Ley necesaria, le damos nuestro apoyo. Hay un conjunto de disposiciones dispersas que en nada ayudan al ordenamiento jurídico, a los operadores jurídicos y a la sociedad en general. Nuestro apoyo; pero cuando damos nuestro apoyo a que un futuro Gobierno quizá haga esa delegación, guardémonos como Congreso de los Diputados, guardémonos como Cortes Generales, esa posibilidad de tener el control, ya que somos los que damos la autorización, que la Constitución nos permite y el Reglamento de la Cámara también cuando apela a que podamos darle efectos jurídicos. Tengamos esa posibilidad. Un efecto jurídico hubiera podido ser que no entre en vigor la ley de delegación hasta que el Congreso de los Diputados, como hubiéramos previsto ese efecto jurídico, lo valide. Pero no ha sido así, no hemos hecho absolutamente nada, no hay efecto jurídico alguno si no hacemos un buen uso de la delegación. Simplemente hay -y de eso me congratulo porque se aprobó en este sentido una enmienda de Convergència i Unió- que efectivamente el Congreso de los Diputados va a poder realizar un control, y esto es muy positivo, y va a poder realizar ese dictamen y lo va a poder aprobar un futuro Pleno de la Cámara, pero nos hemos quedado cortos. De ahí que nosotros demos apoyo al proyecto de ley, pero hemos querido trasladar en sede parlamentaria esa inquietud y, de la misma manera, a modo simbólico, ya que el Senado ha realizado una enmienda ortográfica justamente a esta disposición adicional única del control adicional, simbólicamente nosotros nos vamos a abstener en esa enmienda para dejar constancia hoy aquí de que, pudiendo controlar con efectos jurídicos, renunciamos a ello. Entendemos que esto es una mala praxis parlamentaria, que nos hemos quedado cortos, y el presidente de la Cámara, que está conduciendo con acierto los trabajos de reforma del Reglamento de la Cámara, sabe cómo el control de la legislación delegada es uno de los aspectos que decimos que no está bien resuelto y, hoy que por lo menos lo podríamos resolver en esta ley de delegación dándole un efecto jurídico, hemos renunciado a ello. Por tanto, no es un buen día para el parlamentarismo cuando en pleno siglo XXI aprobamos hoy este proyecto de ley de delegación, que será ley de delegación una vez lo aprueben hoy estas Cámaras; no es una buena noticia que al final nos hayamos quedado cortos en pleno siglo XXI cuando todos estamos hablando de regeneración democrática. Hemos renunciado hoy a que tenga efectos jurídicos un futuro control de las Cortes como nos gustaría que lo tuviera y como, a pesar de sus insuficiencias, permite que lo hubiéramos podido hacer el Reglamento de la Cámara. Pudiéndolo hacer, no lo hacemos. Alguien podría decir: es que nadie lo advirtió. Sí, lo advirtió el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario Socialista, lo advertimos, lo hemos enmendado y no nos lo han aprobado. No ha sido: es que nos hemos olvidado; es que, sabiendo que podíamos darle esas consecuencias jurídicas, hemos renunciado a ello. Por tanto, apoyo al proyecto de ley, enhorabuena por la capacidad de intentar realmente aunar enmiendas y tarjeta roja en lo que es ese control, porque lo hubiéramos podido hacer mejor, de ahí que nos vayamos a abstener en esa disposición adicional.
Por último, señor presidente, simplemente me gustaría hacer un comentario. Si el Senado ha querido hacer una corrección ortográfica, podía haber hecho otra corrección puestos a corregir técnicamente. Que la enviemos al BOE hablando aún de proyecto de ley, cuando se envía ya es ley y, por tanto, en eso tampoco hemos hecho bien la adecuación que en ocasiones realiza el Congreso. Ya no es proyecto de ley, es ley, y entonces si no se repara, saldrá incluso en el BOE como proyecto de ley cuando es ley. Yo apelo también a los servicios de la Cámara por si podemos realizar también esa corrección dado que sería del todo incorrecto.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Serrano.
El señor SERRANO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Empezaré por el final, anunciando que el Grupo Socialista, pese a lo que inmediatamente diré, va a votar a favor del todavía proyecto de ley. Me detendré en cuatro apuntes, cuatro observaciones a las que quiero limitar mi intervención.
Primera observación. Nosotros estamos razonablemente satisfechos en la medida en que todas nuestras enmiendas, salvo una, han sido aceptadas directa o indirectamente vía transacción, como señalaba el señor Olabarría. Estamos satisfechos, lo tengo que decir así, aunque no para reclamar derechos de autor, ¡estaría bueno! El proceso de elaboración de esta ley ha permitido que con una enmienda que presentó mi grupo... (El señor Jané i Guasch pronuncia palabras que no se perciben) -tiene razón, señor Jané, usted también, pero yo en términos radicales-... se posibilitara el control efectivo por el Congreso del ejercicio por el Gobierno de la delegación normativa, aunque no haya sido aceptado por el grupo mayoritario. Tengo la experiencia que dan los años de que los Gobiernos -todos los Gobiernos- han abusado de la delegación normativa en su favor; todos los han hecho. De hecho, hay un buen número de supuestos en los que esos textos refundidos han acabado en los tribunales, porque es muy difícil resistirse a la tentación de que ya que ajustamos, simplificamos, etcétera, metemos una cosita que va más allá. Yo creo que esta es una mala técnica, sobre todo en un supuesto en el que la Constitución no otorga directamente capacidad normativa al Gobierno como sí hace con los decretos-leyes, sino que esta es una capacidad normativa de las Cortes Generales, que estas libérrima y generosamente delegan en el Gobierno. Deberíamos haber hecho algo de esto -acabaré mencionándolo al final-, pero estamos contentos de que todos los grupos salvo el mayoritario nos hayamos puesto de acuerdo en que la que proponíamos era una buena fórmula.
Segunda observación. La razón de nuestro voto afirmativo -lo ha dicho también el señor Olabarría- es que es muy razonable poner orden en un ordenamiento jurídico de naturaleza selvática como el nuestro. Él ha dado una cifra global; yo se la traduciré en términos más asequibles. En las diez legislaturas constitucionales que llevamos hemos sido capaces -lo digo en plural- de dictar una norma con rango de ley cada seis días. No está mal. Yo reto al mejor jurista del país a que decida sobre la marcha si algunas de ellas están vigentes o no. Lo que quiero decir es que una ley cada seis días es una brutalidad y simplificarlo es una buena tarea, por eso manifiesto el voto positivo de mi grupo.
Tercera observación. Se ha hecho mención ya por alguno de los portavoces que una de las enmiendas que propusimos y con la que llegamos a una transacción con el grupo mayoritario se refiere al plazo para el ejercicio de la delegación. Hemos establecido finalmente doce meses; estamos en el límite, y me preocupa sinceramente una cosa, y lo digo con la mejor de las colaboraciones, como suelo hacer. De las cosas que han caído en el Senado han sido unos cuantos párrafos de la exposición de motivos en los que se nos ilustraba con que esta labor refundidora y simplificadora del ordenamiento ya la estaba llevando a cabo el Gobierno con la acción de varios ministerios que tenían en muy avanzado estado de elaboración una serie de textos refundidos. Alguno de ellos ha sufrido más modificaciones de las que han experimentado algunas de las leyes llamadas a refundirse. El primero de esa lista es el de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, que me parece que son veintitantas las veces que ha sido modificado parcialmente. Esas menciones a textos a punto de ser aprobados por el Gobierno han desaparecido y ninguno de ellos ha sido aprobado todavía. No soy mal pensado, soy una persona razonable, normal, que piensa que no van a salir, y desde luego alguno de ellos me consta, porque tengo también buena relación con algún ministro/a, que no entra en las prioridades normativas de su ministerio, cosa que entiendo muy razonable.
Por último, el señor Jané ha hecho un análisis conjunto de lo que dicen el artículo 82.6 de la Constitución y el 153 del Reglamento de la Cámara. Es un ejemplo perfecto de lo que los profesionales del derecho llamamos un bucle normativo en el vacío. La Constitución y el Reglamento remiten a la ley pero la ley siempre calla, entonces no hay control, pese a que haya dos menciones -como hemos recordado conjuntamente- a este control. Ya está, no es el momento de arreglarlo, porque no podemos, ni es tampoco el momento de llorar por lo que ha podido ser pero no ha sido. Sí de manifestar que, como en otras ocasiones, perdemos la oportunidad de mejorar nuestro procedimiento legislativo y además hacerlo en este caso sin riesgo alguno, porque el grupo mayoritario tiene la mayoría suficiente como para asegurarse de que los textos que traiga a esta Cámara serán aprobados y refrendados. Lo único que pido
-y con esto termino, señor presidente- es que consideremos la posibilidad, puesto que estamos trabajando en la Comisión de Reglamento, de encontrar en el marco del nuevo reglamento de la Cámara un sistema que nos permita asegurar un control real, aunque sea de carácter global, sobre el buen uso de la delegación de las Cortes Generales de su capacidad normativa en el Gobierno.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Cortés Bureta.
La señora CORTÉS BURETA: Gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos en la mañana de hoy -como ya se ha dicho- las enmiendas que se han incorporado en el Senado al proyecto de ley por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en los artículos 82 y siguientes de la Constitución. Es cierto que cualquier ordenamiento jurídico supone un gran entramado normativo que, a medida que se van aprobando leyes y se van incorporando al mismo, puede desembocar en duplicidades, en contradicciones y eso lo que genera es dispersión e inseguridad jurídica, además de una carga administrativa para todos. Por eso, el proyecto que ahora debatimos tiene por objeto refundir leyes que han sido reformadas parcialmente para aportar mayor claridad y seguridad jurídica y también para facilitar el marco legal en el que han de moverse los ciudadanos en ámbitos tan importantes como puede ser el mercado de valores, empresas de trabajo temporal, Seguridad Social, estatutos de trabajadores y empleados públicos, prevención de riesgos laborales, la ocupación o el suelo.
Con estos textos refundidos lo único que se pretende es cumplir con la previsión constitucional de regular, de aclarar y de armonizar leyes vigentes, pero no se trata de innovar nada, no se trata de que con estos textos refundidos se incorpore novedad legislativa alguna. Simplemente se trata, como he dicho, de poner orden y actualizar ese conjunto de normas que están dispersas en nuestro ordenamiento jurídico, en aras de una mayor operatividad y mayor seguridad en el derecho de nuestro país. En ese sentido y atendiendo a la previsión constitucional que se refiere al control, se ha incorporado esa disposición adicional a la que han hecho referencia algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, donde se remite al Reglamento de esta Cámara para llevar a cabo el control adicional de la legislación delegada en este proyecto. Entiendo que a algún portavoz le pueda preocupar el tema del control, pero quería dejar claro en esta tribuna que aquí surge la cuestión de la determinación del alcance de los controles previos. No debemos perder de vista que la Constitución atribuye al Gobierno la facultad de decidir acerca del contenido final del decreto legislativo. Por eso, la ley de delegación deberá respetar escrupulosamente ese reparto competencial o esa distribución de potestades, y la mayoría de la doctrina entiende y sostiene el carácter no vinculante del dictamen o informe previo del órgano previsto por la ley de delegación, puesto que la potestad para elaborar el decreto legislativo corresponde en exclusiva al Gobierno, sin que Las Cortes puedan incidir en ningún momento de ningún modo ni en el procedimiento de producción de la norma ni tampoco condicionar su eficacia. Como tampoco sería aceptable un control de homologación o convalidación llevado a cabo por las Cortes Generales. Simplemente quiero dejar esa cuestión en esta tribuna en la mañana de hoy, porque no es algo tan claro y tan sencillo como intentar deshacer esas previsiones que ya están, tanto en la Constitución como en el Reglamento del Congreso.
Quiero destacar que estamos ante un proyecto de ley que salió de la Comisión Constitucional de este Congreso con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios. Todos hicimos un esfuerzo para llegar a un acuerdo en las enmiendas presentadas, y de esa manera sacar el proyecto adelante con el apoyo unánime de todos los grupos. Me gustaría que también ese mismo consenso se mantuviera a la hora de aceptar las enmiendas incorporadas en el Senado, donde por cierto fueron aprobadas por la práctica totalidad de los grupos o, por no ser inexacta, creo que solamente con un voto en contra. Son unas enmiendas que -también se ha dicho- lo que han buscado ha sido simplemente una mejora técnica del texto que enviamos desde esta Cámara. Es verdad que se han eliminado algunas referencias contenidas en el preámbulo relativas a distintos proyectos legislativos e iniciativas del Ejecutivo, pero eso también tiene una justificación, y es el hecho de que han quedado obsoletas o pueden quedarlo en el periodo en que se apruebe esta ley. Quizá tampoco sea necesario hacer una mención expresa a tales medidas, porque también podría ir en detrimento de esa seguridad jurídica que queremos conseguir.
La defensa de este proyecto hoy en el Pleno me da la oportunidad de subrayar que este consenso alcanzado fue posible gracias a una buena disposición por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios, cosa que les agradezco. Y aprovecho también este contexto, señorías, no solo para
subrayar, sino también para poner en mayúsculas que cuando hay capacidad de diálogo, cuando hay voluntad de negociación, de transacción, es posible llegar a acuerdos, es posible hacer cosas juntos, y avanzar y mejorar en la democracia. Como portavoz del Grupo Popular en este momento no puedo hacer otra cosa que poner en valor nuestra actitud abierta y dialogante para debatir, en este caso y en cualquier otro, toda iniciativa que el resto de los grupos proponga, siempre desde el respeto a la ley y a la Constitución, a los procedimientos y a los cauces legal y constitucionalmente previstos. Señorías, creo que este proyecto es un claro ejemplo de eso. Quizá sea un pequeño paso, pero con pequeños pasos también se hacen largos caminos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cortés.
- PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL RESPECTO DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, Y SU PROTOCOLO, FIRMADOS EN MADRID EL 22 DE FEBRERO DE 1990, Y MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO, HECHOS EN MADRID EL 14 DE ENERO DE 2013, ASÍ COMO LAS NOTAS SOBRE SUBSANACIÓN DE ERRORES DEL PROTOCOLO Y DEL MEMORANDO. (Número de expediente 110/000128).
- ACUERDO INTERINO POR EL QUE SE ESTABLECE UN MARCO PARA UN ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS ESTADOS DEL ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO EN GRAND BAIE EL 29 DE AGOSTO DE 2009. (Número de expediente 110/000129).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ALTO REPRESENTANTE EN BOSNIA Y HERZEGOVINA SOBRE PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL ALTO REPRESENTANTE EN BOSNIA Y HERZEGOVINA, SU OFICINA Y SU PERSONAL, HECHO EN MADRID EL 24 DE JUNIO DE 2014. (Número de expediente 110/000133).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) RELATIVO A LA CREACIÓN DEL "CENTRO INTERNACIONAL SOBRE RESERVAS DE LA BIOSFERA MEDITERRÁNEAS, DOS ORILLAS UNIDAS POR SU CULTURA Y SU NATURALEZA", COMO CENTRO DE CATEGORÍA 2 AUSPICIADO POR LA UNESCO, HECHO EN BARCELONA EL 5 DE ABRIL DE 2014. (Número de expediente 110/000134).
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es el relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, con números de expedientes del 127 al 129, y del 132 al 134. Por parte de algunos grupos se ha manifestado el deseo de intervenir, y así lo haremos. Recuerdo a los que intervengan que tienen cinco minutos para hacerlo. En primer lugar, tiene la palabra por La Izquierda Plural el señor Nuet.
Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente los seis tratados que hoy se discuten en la Cámara, y me gustaría destacar dos de ellos por su importancia. En primer lugar, el Tratado de la Unesco
con nuestro país para la creación del centro internacional sobre reservas de la biosfera mediterránea, un acuerdo importante para el fomento de la biodiversidad en el marco mediterráneo. Respecto de este convenio quiero destacar que nuestro grupo piensa que, en el caso de que la Fundación Abertis, que es el pagano -para entendernos- de este ente, tuviese problemas en el futuro y no pudiese financiar esta institución que creamos, evidentemente el interés seguiría y por tanto los poderes públicos deberían asumir la responsabilidad. No podemos estar pendientes de una fundación privada en un caso tan importante.
En segundo lugar, también destacaré el convenio entre nuestro país y los Estados Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. Pensamos que es una modificación que mejora el convenio anterior y evidentemente establece más criterios, sobre todo un control más pormenorizado de una serie de actuaciones fiscales que deben ser controladas por los dos países. Echamos en falta algún tipo de mención al tema de los paraísos fiscales, que hoy es uno de los problemas más graves para el control fiscal.
En tercer lugar, destacamos un tema que queríamos comentar. Saben ustedes que en este momento se está negociando el Acuerdo trasatlántico de comercio e inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos. En esta negociación se está abordando un punto muy importante, que es la creación de un mecanismo de solución de diferencias entre Estados y el inversor, llamado ISDS en su terminología en inglés. Esta va a ser una modificación muy importante de las relaciones fiscales de los Estados con las corporaciones inversoras. Estamos hablando de que este mecanismo de solución de diferencias va a brindar a los inversores derechos exclusivos para demandar a los Estados, cuando consideren que alguna decisión democrática de estos Estados puede tener impactos negativos en sus ganancias presentes o futuras. Estamos hablando de mecanismos que se basan en juicios fuera de los tribunales nacionales, y que con ello van a socavar los sistemas legales de las naciones. En el caso de aprobarse este mecanismo y esta negociación, repito, que en este momento se está llevando a cabo, del tratado de comercio e inversión, este tratado que hoy aquí vamos a aprobar recibiría modificaciones sustanciales en un sentido negativo.
Para acabar quiero decir que, por un lado, estamos tejiendo mayores mecanismos de control fiscal, y por otro lado, la realidad es que estamos negociando en este momento, a través del Acuerdo trasatlántico de comercio e inversión, y estamos destejiendo lo que por un lado estamos cosiendo. Son dos actitudes que queremos mostrar, que por un lado avanzamos. pero por otro lado vamos hacia atrás.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Xuclà.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para anunciar el voto afirmativo a los distintos convenios que vemos esta mañana para su ratificación, y voy a comentar brevemente cuatro de los mismos.
Estamos afrontando simplemente una modificación del convenio para evitar la doble imposición entre el Reino de España y Estados Unidos. De todo el texto de este protocolo de modificación creo que lo más relevante es el artículo 11, en lo referente a evitar la doble imposición en bienes inmuebles y en beneficios de los rendimientos del capital. La lectura del artículo 11 centra claramente cuál es el objeto de esta actualización, que fomenta el comercio internacional y que nosotros vamos a apoyar, en el marco de algo que se está negociando, como es el Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, y que aún tiene un largo recorrido, porque hay algunos aspectos especialmente de respeto a la propiedad intelectual que aún son objeto de la agenda, y con el parón por la constitución de la nueva Comisión Europea serán los nuevos responsables, a partir del día 1 de octubre, y el nuevo comisario encargado del libre comercio y de la competencia los que deberán negociar la recta final del Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Permítanme que haga referencia también a otro acuerdo importante, un acuerdo entre la Unesco y el Reino de España, relativo a la creación del centro internacional sobre reservas de la biosfera mediterránea. Este convenio, de acuerdo con su artículo 1, hoy por hoy está situado en los locales de la Fundación Abertis, como ya ha sido recordado, en Castellet i la Gornal, en la provincia de Tarragona, y es importante ver cómo... (El señor Campuzano i Canadés: Barcelona). ¿De Barcelona, señor Campuzano? Muchas gracias. El diputado por Barcelona defiende los intereses. Es el Penedès, que es una tierra en disputa en
la frontera. Disculpen. En todo caso, este convenio es una expresión doble, por una parte, de la colaboración público-privada con un organismo importante de Naciones Unidas, como es la Unesco. Por otra parte, quiero recordarles que el año 2014 se firmó un convenio con la Generalitat por el cual también las comunidades autónomas y la Generalitat tienen representación directa ante la Unesco para la firma de convenios que afecten a las competencias propias de la Generalitat, y que esta materia -materia de cultura, Unesco, y materia de medio ambiente- ha sido una primera prueba de la participación del Govern de la Generalitat en la negociación, en la tramitación, en las contribuciones de un tratado internacional, y sin duda es digno de ser puesto de relieve, de destacar o de subrayar esta condición.
Existe un tercer acuerdo, un acuerdo sencillo, un acuerdo de sede, pero un acuerdo digno de ser recordado, el acuerdo de sede con la Organización Mundial del Turismo para la celebración del consejo ejecutivo los próximos días 4 y 5 de junio, en Santiago de Compostela. Señorías, a veces no somos suficientemente conscientes de la importancia de tener la OMT en España. De la misma forma que en Francia se reivindica la sede de la Unesco sería importante destacar que España, donde el turismo es el primer sector económico, tiene la OMT y que no siempre, desde un punto de vista institucional, también por parte de ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno, le prestamos la atención que deberíamos. Seguramente muchos de ustedes no saben donde está la sede de la OMT en Madrid, ni ha habido una relación institucional habitual como la que puede haber en Francia con la Unesco. La OMT está en Madrid, y es importante que una persona con rango de vicesecretario general de Naciones Unidas esté trabajando y tenga la sede en Madrid, en España, y también debemos poner de relieve la adopción por parte del Pleno de esta Cámara de este acuerdo de sede con la OMT.
El cuarto aspecto que me gustaría destacar es un acuerdo muy sencillo entre España y el alto representante de Bosnia-Herzegovina sobre la protección de los intereses de este alto representante. Bosnia-Herzegovina está viviendo una situación de extrema debilidad constitucional. El próximo día 30 de este mes se van a celebrar elecciones en Bosnia-Herzegovina. Ustedes saben que la presencia del país es tripartita, de los tres territorios de forma rotatoria, que a veces incluso no se ponen de acuerdo para acordar su representación en los organismos internacionales, y cualquier mensaje de apoyo a la alta representación de este país balcánico, que sin duda es el país más débil en la construcción de la institucionalidad de los Balcanes, por parte de este Congreso de los Diputados debe ser bienvenida y destacada.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Moscoso del Prado
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para referirme a tres convenios en particular, aunque tengo que decir que me sumo a las intervenciones que han hecho hasta ahora los anteriores portavoces, porque todos compartimos la importancia de los convenios, su contenido y también la necesidad de defenderlos y debatirlos en el Pleno, porque al fin y al cabo vivimos en un Estado de derecho en el cual la base del mismo no es solo nuestro ordenamiento jurídico español o la Constitución, sino también los tratados y los convenios cuando discutimos cuestiones vinculadas, por ejemplo, con el Convenio de Roma o con otras cuestiones como son los tratados de la Unión Europea.
Primero voy a hacer referencia a la modificación del Convenio entre España y los Estados Unidos de Norteamérica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. Es un convenio que modifica el que debatimos el año pasado, en el que también tuve el honor de intervenir, y que refuerza los mecanismos que garantizan la seguridad jurídica de los mismos para evitar la evasión. Hay que destacar que estos tratados son fundamentales porque refuerzan las inversiones recíprocas y refuerzan el comercio, lo que contribuye a la creación de riqueza y empleo. Al mismo tiempo son instrumentos básicos para luchar contra la evasión fiscal, el fraude, y evitar la fuga de capitales, de manera que es un instrumento reforzado. Quiero matizar también que este convenio adapta la normativa de la OCDE en materia de doble imposición. Como todos sabemos la OCDE está últimamente -y desde su fundación- consagrada, entre otros objetivos, a reforzar la cooperación fiscal entre los diferentes países y entre las multinacionales, en un momento en el que la planificación fiscal de las empresas, y en particular algunas prácticas de multinacionales -por ejemplo en el seno de la Unión Europea, donde evaden impuestos o utilizan las diferentes normativas de los distintos Estados para apenas pagar impuestos, a pesar de la gran concentración de actividad que tienen en unos u otros países; por ejemplo, pagadores en Irlanda o en
Luxemburgo- evitan que los contribuyentes que realmente cumplen sus obligaciones vean compensada su actuación en estos países. De manera que es un acuerdo importante porque también avanza en las líneas de la OCDE.
Hay que recordar también que las exportaciones entre España y Estados Unidos han aumentado mucho en los últimos años -en ambas direcciones-, y que como ya ha dicho el señor Nuet se está debatiendo en el Parlamento Europeo, y negociando al mismo tiempo, el Tratado de libre comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Un tratado complicado, un tratado que hemos tenido ocasión de debatir en el Pleno, en la Comisión de Economía, en la Comisión para la Unión Europea, y que sin duda va a suponer un importante impulso para el crecimiento. Es evidente que hay cuestiones espinosas -lo ha explicado el señor Nuet- como la cláusula de protección de inversiones que prevé mecanismos para resolver controversias por la vía del arbitraje. Pero hay que recordar también que en el ámbito internacional sin ese tipo de mecanismos bien regulados y bien controlados democráticamente, por ejemplo, el conflicto entre Repsol e YPF Argentina nunca se habría resuelto, de manera que es importante recordar que estos mecanismos son, por otra parte, fundamentales.
También quiero hacer mención a un acuerdo que votamos hoy y que nadie ha mencionado: el Acuerdo interino de asociación -y su carácter interino creo que es relevante- entre la Unión Europea y los Estados del África meridional y del África oriental. Es relevante que en un momento como el actual, en el que África meridional y oriental están sometidas y son objeto de una durísima crisis económica, y que están viendo cómo sus economías se hunden a causa de la epidemia del ébola, sea sin embargo una cuestión que todavía no está en la primera línea de nuestras relaciones económicas, en nuestras relaciones multilaterales en el ámbito exterior y en el económico. Creo que debemos reflexionar todos sobre por qué este tratado no ha sido objeto de discusión con más profundidad, cuando en estos países ahora mismo se está produciendo esta crisis del ébola a la que nosotros, de manera egoísta, solo atendemos cuando tenemos casos en nuestro país, pero que está produciendo miles de muertos, cientos de miles de afectados y desplazados, y también un hundimiento de sus economías y una hipoteca de su futuro.
Por último, el Acuerdo entre España y la Unesco, por el cual se crea el centro internacional de reservas de la biosfera mediterráneas, creo que es importante, pero también lo es recordar que junto a la creación del centro en Tarragona, como ha dicho el señor Nuet, seamos en España una referencia en protección de la biodiversidad y de la biosfera en cuanto a lo exclusivo de nuestro país, y en particular la biodiversidad mediterránea. Y cuando discutamos en esta casa medidas o políticas para defender el lince ibérico, el lobo, el oso pardo, las praderas de posidonia mediterráneas, o cuando haya que elegir entre dragar ríos y deltas o proteger la biodiversidad seamos también consecuentes, como lo somos ahora al votar a favor de este convenio.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Muchas gracias, señor presidente.
Los seis convenios traídos hoy para su debate son de gran importancia para nosotros, para el Grupo Parlamentario Popular, pero son también de gran importancia para España. Ya lo han manifestado en el mismo sentido el resto de los grupos intervinientes. Su aprobación es clave para nuestras relaciones bilaterales, y por ello desde el Grupo Popular también me gustaría referirme a ellos para subrayar su importancia.
El Protocolo del Acuerdo de cooperación y de unión aduanera entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y la República de San Marino, relativo a la participación de la República de Croacia como parte contratante a raíz de su adhesión a la Unión Europea, es un acuerdo que tiene como objetivo reforzar los vínculos existentes entre las dos partes, y de manera especial en el ámbito comercial, económico, sociolaboral, del medio ambiente, turístico y cultural, y por ello lógicamente lo vamos a apoyar.
En lo que se refiere al Acuerdo interino por el que se establece un marco para un acuerdo de asociación económica entre los Estados de África oriental y meridional y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, respaldamos la conclusión de los acuerdos de asociación económica entre la Unión Europea y otras regiones entendiendo que las EPA, como instrumento de desarrollo a través del comercio, deben perseguir los objetivos de integración regional, inserción de los países ACP en la economía mundial, desarrollo inclusivo y sostenible, y por supuesto la lucha contra la pobreza.
Respecto al Acuerdo entre España y el alto representante en Bosnia-Herzegovina -lo decía también el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán-, sobre la protección de los intereses del alto representante en Bosnia-Herzegovina, su oficina y su personal, nos parece que este acuerdo renueva el compromiso de España con la paz y la estabilidad en Bosnia-Herzegovina. El portavoz de La Izquierda Plural, señor Nuet, ha sorprendido con su apoyo, ya que siempre en cuestiones con Estados Unidos suele estar en contra, simplemente por posicionamiento ideológico, sin estudiar a fondo lo que significan los acuerdos.
En cuanto al Acuerdo que modifica el convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir así la evasión fiscal de los impuestos sobre la renta, este nuevo protocolo actualiza los artículos del convenio para adaptarlo, tanto a las necesidades derivadas de las relevantes relaciones económicas entre España y Estados Unidos como a los sucesivos cambios que ha experimentado el modelo de convenio de la OCDE para evitar esa doble imposición, con la expectativa de que su entrada en vigor contribuirá al fomento de la inversión recíproca. Señorías, su aprobación también es fundamental para nosotros, ya que va a reforzar nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos.
Por último, quiero resaltar el Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, relativo a la creación del centro internacional de reservas de la biosfera mediterráneas, dos orillas unidas por su cultura y su naturaleza, como centro de categoría 2, auspiciado por la Unesco. Señorías, como alcalde de Algeciras les invito a visitar en los próximos meses el centro de interpretación que se está creando, y que será uno de los más importantes de Europa, sobre todo en el enfoque de la preservación de la biosfera mediterránea. Como les digo Algeciras va a contar con ese centro de interpretación, al que no solo están apoyando organismos de este tipo, sino que también hay una apuesta decidida por parte de la Diputación de Cádiz para ayudar a este compromiso, que tiene que ser un compromiso de todos donde todas las administraciones tienen que estar implicadas, los organismos privados, y también las instituciones.
Señorías, les pedimos desde el Grupo Parlamentario Popular el apoyo a estos convenios, porque sin lugar a dudas van a ser beneficiosos para España.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Landaluce.
DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000106).
El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad del proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
Para la presentación del proyecto de ley, y en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
Señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara para presentarles el proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Seguridad Social, en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Este proyecto de ley se suma al conjunto de reformas en materia de Seguridad Social que llevamos en esta legislatura, destinadas -como saben muy bien- a que conformemos un modelo de protección más eficaz, más cercano, y sobre todo más útil a los ciudadanos. Las mutuas como asociaciones privadas de empresarios llevan cinco décadas colaborando en la gestión pública de la Seguridad Social. En ese tiempo han acreditado su papel, pero en ese tiempo también -y lo tenemos que reconocer- se ha puesto de manifiesto que hay que actualizar y modernizar el servicio que prestan.
La reforma que nos ha traído hoy aquí es una reforma pensada para casi 15 millones de trabajadores que actualmente se encuentran cubiertos por estas entidades. Es una reforma pensada para los potenciales trabajadores que puedan verse afectados por una incapacidad temporal, y que van a verse beneficiados
por una mejor atención, un mejor diagnóstico y tratamiento, y una simplificación también de los procesos. De los 15 millones de trabajadores que les decía casi 13 están protegidos por contingencias profesionales; 12 millones de trabajadores además están protegidos por contingencias comunes, y más de 625.000 son autónomos que cotizan por el cese de actividad. Estos datos entiendo que son indicativos de la importancia que tienen hoy las mutuas en nuestro sistema, y de la cantidad de personas que reciben y a las que dirigen sus servicios. Por eso la reforma que debatimos beneficia a los trabajadores, también beneficia a las empresas, y beneficia en conjunto a todo el sistema de Seguridad Social.
Esta reforma consigue que un importante conjunto de prestaciones del sistema, no solo la incapacidad temporal, sino también el cese de actividad y otras, ganen en calidad, en utilidad, y también en eficiencia; algo que incide sobre todo en los beneficiarios de esas prestaciones, que son de verdad los auténticos destinatarios de esta reforma, porque la reforma además simplifica trámites y refuerza controles, y la adecuada fiscalización de los recursos públicos es una exigencia ineludible para todos nosotros, lo que repercute también en los beneficios del sistema, porque un sistema más ágil, con mejores controles, es un sistema más solvente, y la solvencia genera confianza entre todos los ciudadanos.
Se trata además de un proyecto de ley que trae el Gobierno a esta Cámara tras un intenso diálogo y participación con los interlocutores sociales y con los restantes actores y colectivos implicados. Hemos buscado, entre todos ellos y sus aportaciones, las mejores soluciones para este proceso de reforma, pero quiero empezar diciendo que los que más ganan con esta ley son los trabajadores, porque beneficia al conjunto de la sociedad, porque cuando la sociedad en su conjunto gana, ganamos en competitividad. Los trabajadores están mejor atendidos y también eliminamos mucha burocracia. Seamos claros en este punto, señorías, los trabajadores que realmente se encuentren imposibilitados para desempeñar temporalmente sus trabajos han estado, están, y estarán protegidos por el sistema de Seguridad Social, y si me permiten, con esta ley mejor que lo estaban antes. Hemos acometido una reforma global y estable para un marco normativo por el que teníamos un mandato claro de la Ley 27/2011, pero también porque era un compromiso de este Gobierno en su Plan nacional de reformas del año 2014. Lo hacemos porque entendemos que es obligado que las normas sirvan lo más eficazmente posible a los ciudadanos, porque estamos hablando de recursos públicos que afectan además al corazón de nuestro sistema de bienestar, al sistema de Seguridad Social, porque tenemos la convicción de que se puede hacer más y mejor también en el ámbito de colaboración de las mutuas con la Seguridad Social. Además, las mutuas han venido asumiendo paulatinamente la gestión de prestaciones de Seguridad Social muy relevantes, entre ellas, la protección de incapacidad temporal por contingencias comunes, la prestación de cese de actividad para los trabajadores autónomos, la prestación económica derivada del riesgo de embarazo o durante la lactancia natural y la prestación por cuidado de hijos con cáncer o alguna enfermedad grave. Son cuestiones, por tanto, muy sensibles, muy importantes, que forman parte fundamental de nuestro modelo de protección que debemos preservar. Pero, señorías, para preservar las cosas, a menudo hay que reformarlas.
Nosotros no miramos para otro lado, porque lo que es importante para los ciudadanos es importante también para el Gobierno y la gestión de las prestaciones para los que cotizan es importante para los ciudadanos y desde luego los recursos públicos que con ellas se prestan. Por todo ello, señorías, la reforma de las mutuas es oportuna e inaplazable. Y quiero resaltar las palabras del presidente del Tribunal de Cuentas, el señor Álvarez de Miranda, en la comparecencia que tuvo lugar hace unos días en esta Cámara, que decía que parece oportuno y que esta ley da respuesta a gran parte de las deficiencias detectadas en el sector por el organismo que él preside. Por tanto, se trata de una reforma oportuna e inaplazable que mejora, sin duda, la gestión y la colaboración de las mutuas con la Seguridad Social.
¿Qué recoge este proyecto y por qué es necesario ahora? Señorías, porque mejora la gestión, sí, pero sobre todo porque es útil para muchas cuestiones que son importantes para las personas, que son importantes para los trabajadores, para las empresas, para los autónomos y para el conjunto de la sociedad española, porque preservamos mejor el sistema. En primer lugar, porque las mutuas gestionan recursos públicos, recursos públicos que son la columna vertebral del Estado del bienestar, y en este sentido todo lo que hagamos por mejorar la sostenibilidad del sistema, la salud financiera del sistema, es un avance en la tranquilidad de los ciudadanos, de millones de personas que cobran puntualmente sus pensiones, incluso en duras etapas de crisis económica en nuestro país. Además, los ciudadanos cada vez son más exigentes, y lo deben ser, con el uso que se debe hacer de los fondos públicos, y en esto también debemos redoblar los esfuerzos en gobernanza y en transparencia. En este proyecto de ley, como saben, se vuelve a establecer -y digo vuelve a establecer- un límite a la reserva de las mutuas,
es decir, que estas reservas no crezcan indebidamente y puedan destinarse los excedentes a nutrir lo esencial, que son los diferentes fondos del Sistema de Seguridad Social. No nos podemos permitir recursos ociosos, claro que no, ni económicos ni materiales. Además, la reforma también permite algo que para nosotros es crucial, determinar los nuevos usos de los fondos excedentarios; por ejemplo, que se dediquen a actividades de I+D+i que redunden a favor de mejoras en los tratamientos terapéuticos, quirúrgicos y rehabilitadores de patologías relacionadas con los accidentes de trabajo y también, por ejemplo, con la recolocación de las personas con discapacidad. Las mutuas pueden hacer más en la labor de adaptación de los puestos de trabajo a aquellas personas que tienen una discapacidad sobrevenida como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. Este proyecto abre esta posibilidad que ha nacido del diálogo y la colaboración con el sector de la discapacidad, al que quiero dar las gracias.
En segundo lugar, es muy importante que quede absolutamente claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los recursos que son de todos los trabajadores, es decir, qué forma parte de la Seguridad Social y qué podrá destinarse al pago de prestaciones derivadas de su actividad colaboradora y qué no podrá emplearse para la realización de actividad mercantil alguna. Créanme, señorías, esto es transparencia y gobernanza que nos exigen, como deben, los ciudadanos cada día. Esto es una cuestión capital porque hablamos de mejor gestión de los recursos públicos. También estamos atendiendo las recomendaciones novena y décima del Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo en relación con la potenciación de la colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas. Me estoy refiriendo a cuestiones como la gestión de la incapacidad temporal, con especial atención a los procesos de baja de inferior duración a quince días. ¿Qué es lo que pretendemos? Pretendemos resolver el problema de la demora en la contestación a las propuestas de alta de las mutuas por parte de los servicios públicos de salud o incluso a la no contestación, como hoy desgraciadamente se produce. En este punto -lo quiero subrayar-, somos absolutamente respetuosos con la concesión de esta prestación como una responsabilidad pública que descansa en el personal del sistema sanitario público. La garantía de que la salud del trabajador prevalece sobre cualquier otra consideración es uno de los elementos que definen este proyecto de ley.
Señorías, lo que estoy diciendo es que la capacidad de decisión sobre el alta de un trabajador la tendrá siempre, siempre, un médico del sistema público de salud. Ahora bien, la ley sí incide en aspectos que podemos y debemos mejorar. Lo que hemos pretendido mejorar es la eficacia en los instrumentos públicos para la utilización de los mismos y que redunde en beneficio de los trabajadores. La nueva gestión de la incapacidad temporal en contingencias comunes permite que las mutuas se incorporen al control y seguimiento de la prestación desde el primer día de la baja; que cuando la mutua considere que el trabajador está en condiciones de ser dado de alta pueda hacer una propuesta de alta a la inspección médica de los servicios públicos de salud; y que dicha propuesta deba ser comunicada también al INSS y al trabajador por primera vez gracias a la petición de los interlocutores sociales. Quiero resaltar que la propuesta de alta deberá ser motivada, justificada y deberá incorporar todas las pruebas y todos los resultados que la justifiquen. Señorías, lo único que agilizamos es la duración de los plazos de respuesta, la burocracia, como consecuencia, además, de las muchas conversaciones que en este aspecto hemos tenido con representantes del sector sanitario y también con los interlocutores sociales; aportaciones muy valiosas que quiero agradecer especialmente esta mañana.
Aquí, señorías, sencillamente de lo que estamos hablando es de potenciar y mejorar la recuperación y también de intentar eliminar burocracia en el seguimiento de los enfermos para que, además de la enfermedad que padecen, no tengan que sufrir las ineficiencias de la organización administrativa. Por tanto, no hay alteración respecto de las funciones centrales de los médicos en el sistema público de salud. Los médicos del sistema público de salud seguirán teniendo la última palabra en el alta de un trabajador. Por tanto, ahí no cambia nada; lo único que hacemos es recortar tiempos administrativos. Señorías, en este punto no puedo sino lamentar la cínica crítica que aparece en la enmienda del Grupo Socialista, que acusa al proyecto de ley, desacertadamente, de recortar los derechos de salud de los trabajadores. Señorías del Grupo Socialista, ustedes saben que eso es radicalmente falso, y se lo voy a contestar con la Ley 35/2010 de un Gobierno socialista, en la que se introducían ya cambios para -y cito textualmente- evitar la prolongación innecesaria de los procesos de baja laboral por contingencias comunes del sistema de Seguridad Social. A ustedes mismos se les contesta con sus palabras; claro que últimamente al Partido Socialista los planteamientos, las aportaciones que hacen a la sociedad española le duran veinticuatro horas. En este caso la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista no es una enmienda a un Gobierno,
es una enmienda a todo lo que ha sido la gestión de los gobiernos socialistas de las mutuas en el sistema de Seguridad Social. Pero ustedes verán, bienvenidos al cambio de criterio.
Aquí de lo que se trata es de la mejora en el tratamiento de las enfermedades y accidentes laborales pensando siempre en la recuperación de los trabajadores. Pero eso también se puede hacer y es compatible con contribuir a una mejora en la planificación de las empresas, que ven en ocasiones perjudicadas sus actuaciones por la lentitud, estrictamente por la burocracia administrativa. Señorías, la única manera de acelerar la curación de un trabajador es mejorando los tratamientos. Es la única manera. Pero la Administración sí puede y debe cambiar eliminando burocracia. En este proyecto de ley se tratan cuestiones y prestaciones tan importantes como el cese de actividad de los trabajadores autónomos. Quiero decir que hemos mantenido un diálogo intenso con muchos grupos de esta Cámara y con las organizaciones de autónomos para mejorar una prestación que para ellos en muchos casos era inalcanzable. Porque con este proyecto se mejoran los problemas que tenían los autónomos que cotizaban por esta prestación y en muy pocos casos, cercanos solo al 20%, podían optar a tener ese cese de actividad porque incumplían sistemáticamente los requisitos estrictos que la ley socialista les exigía. De esta manera, con estos cambios en este proyecto de ley, esta prestación se adecua claramente a las necesidades de los trabajadores por cuenta propia, se hace posible con una mayor flexibilidad la utilización de una prestación por la que cotizan, se flexibiliza el cumplimiento de los requisitos que hasta ahora se exigían y hacían esa prestación inalcanzable. Además, me parece importante señalar esta mañana que el proyecto de ley establece que la prestación se configura como voluntaria, pero se desliga totalmente de la cotización por contingencias profesionales, que también se establece como voluntaria, lo que implica una mayor capacidad de elección por parte del trabajador autónomo respecto a los mecanismos de protección. Y garantiza también por primera vez que los intereses y especificidades de los trabajadores autónomos tendrán mejor acomodo en la labor de las mutuas. Ya lo he dicho anteriormente, son más de 625.000 los autónomos que cotizan por esta prestación.
En el último bloque de mi intervención, señorías, me voy a referir a una parte que para nosotros es importante en el proyecto, me refiero a las mejoras que se establecen en el ámbito de gobernanza de las mutuas. Me refiero a la responsabilidad directa de los directivos de las mutuas, de manera que, cuando exista dolo o culpa grave, esta podrá ser exigible por primera vez. Me refiero también a la limitación de las retribuciones de los directivos de estas entidades colaboradoras que gestionan dinero público. El proyecto sigue con este criterio lo que se manifestó en esta Cámara por el Tribunal de Cuentas: se establece un verdadero límite cuantitativo a las retribuciones de los directores gerentes y del personal de las mutuas que ejercen funciones ejecutivas. Junto con las medidas anteriores, la transparencia también se incrementa en el proyecto de ley con la publicación anual y obligatoria de la memoria económico-financiera y de gestión, publicación que hace años se dejó de exigir.
Señorías, para finalizar debo insistir en que la reforma de la normativa de mutuas es equilibrada, cumple con el mandato de la Ley 27/2011 y, desde luego, con las recomendaciones que entre todos hemos hecho en el Pacto de Toledo. Cumple también, y es importante, con lo manifestado por el Tribunal de Cuentas intentando mejorar las deficiencias en la burocracia y en la gestión, moderniza la gobernanza de las mutuas y aumenta con muchísima claridad la transparencia en la gestión. Asimismo, establece unas reglas adecuadas para el establecimiento de las reservas y el uso de los excedentes del sistema. Las reformas planteadas se hacen en defensa del sistema público de Seguridad Social, para protegerlo y para preservarlo, haciéndolo mejor y más eficiente para dar servicio a los trabajadores.
Señorías, las mutuas gestionan cuotas de la Seguridad Social por un importe superior a los 9.000 millones de euros, de los cuales el 62% aproximadamente son cuotas provenientes de cotizaciones por contingencias profesionales, el 37% por contingencias comunes y el resto por el cese de actividad de los trabajadores autónomos. La gestión de las mutuas ha venido dando resultados económicos positivos que se han destinado en parte a reservas y en parte a los fondos del sistema, al Fondo de prevención y rehabilitación y también al Fondo de reserva de la Seguridad Social. Y, como he señalado al principio de mi intervención, el Tribunal de Cuentas hace unos días, en comparecencia en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, decía que el proyecto de ley presentado es oportuno, resuelve deficiencias detectadas por el propio Tribunal de Cuentas en sus fiscalizaciones y requiere una legislación más sistemática y más coherente. Entre otros aspectos, citó el tribunal las mejoras introducidas en relación con las retribuciones e indemnizaciones por despido y cese de los directivos y ejecutivos de las mutuas, el nuevo régimen de responsabilidades de los altos cargos y la fijación -aspecto importante- de los límites de reserva, porque lo importante, señorías, es que los excedentes de las mutuas vayan a los fondos del sistema de Seguridad
Social para pagar puntualmente las pensiones de los españoles mes a mes. Esto no deja de ser una prueba de que el proyecto va en la buena dirección. El Gobierno ha querido afrontar esta regulación de manera completa, equilibrada y actualizada porque son entidades colaboradoras que llevan décadas haciéndolo con la Seguridad Social y desde 1966 no se había acometido una reforma de estas características.
Señorías, los ciudadanos nos demandan cada día más eficacia, más resultados, más control y más sensibilidad a la hora de gestionar los recursos públicos. Esta reforma suma esfuerzos, mejora la transparencia y la fiabilidad en una gran parte del sistema de Seguridad Social. Las mutuas son instrumentos útiles, pero instrumentos al fin y al cabo; el objetivo es que los ciudadanos tengan cada día un sistema de prestaciones con mejor cobertura, mayor calidad y un uso cada día más eficiente y transparente de los recursos públicos. En ese camino hemos trabajado en esta reforma. Ahora la ley entra en la Cámara y ustedes tienen posibilidad de hacer aportaciones que sin duda alguna van a enriquecer el texto. Yo, desde el ministerio y en nombre de todo mi equipo, puedo ofrecerles un diálogo fructífero y por supuesto constructivo en lo que queremos todos, que es tener un sistema transparente con una buena gestión y que día a día dé las mejores prestaciones a los trabajadores que se acogen a él.
A este proyecto de ley se han presentado siete enmiendas a la totalidad de devolución. Para su defensa, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, en primer lugar, la señora Fernández Davila.
Señorías, señora ministra, si presentamos esta enmienda de devolución o esta enmienda de totalidad al proyecto de ley que usted acaba de defender tan efusivamente es porque nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, no comparte en absoluto esa idea de bonanza que usted ha defendido aquí. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia.) Desgraciadamente, no tenemos tiempo para explicar pormenorizadamente todas y cada una de las cuestiones que el Bloque Nacionalista Galego ve negativas en esta reforma del régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pero al menos voy a plantear algunas de las que están relacionadas con esa modificación del régimen jurídico otorgado a las mutuas, que, unido a las normas relativas a la gestión por incapacidad temporal que se modifican paralelamente, implica dotarlas de mayores facultades de intervención y autoridad en la gestión y en aspectos de la salud de los trabajadores y las trabajadoras de forma más amplia que los estrictamente relacionados con la actividad laboral. Usted decía que lo que se quita es burocracia; se puede quitar burocracia, pero se incrementa la inseguridad y la arbitrariedad en relación con el tratamiento de estas cuestiones relacionadas con los trabajadores y las trabajadoras, concretamente en lo relativo a bajas y altas. Las mutuas de accidentes han ampliado considerablemente su campo de acción para gestionar no solo las contingencias profesionales, sino también las comunes.
Entre las medidas regresivas, podemos citar la posibilidad de las mutuas de poder intervenir desde el primer día en supuestos de incapacidad temporal. Ello, señora ministra, supondría una situación de mayor desprotección, como comentaba, de los trabajadores y las trabajadoras frente a las decisiones de las mutuas, que no olvidemos que son entidades patronales donde priman criterios economicistas, sobre todo de ahorro en el gasto médico, por encima de criterios de salud, en la gestión de bajas médicas, como también hemos comentado. Con esta reforma, señorías, se podrán establecer convenios con los sistemas públicos de salud para adelantar prestaciones asistenciales a personas en situación de baja laboral, con lo que la sanidad pública tendrá que pagar por esos convenios, cuando hasta ahora se adelantaban prestaciones, teniendo las mutuas el beneficio de la menor duración del proceso de incapacidad temporal. También imponen que los servicios de prevención de riesgos laborales que dependen de las mutuas sean externalizados, pese a ser los únicos servicios que prestaban las mutuas y cuya valoración era realmente positiva tanto por parte de las empresas como de los trabajadores. Tampoco compartimos, señorías, señora ministra, la reforma que se hace de la financiación de la Fundación para la prevención de riesgos laborales a través de la reestructuración de las reservas y excedentes de las mutuas, que atienden principalmente a las pequeñas empresas y que quedarán mermadas. Con esta medida, unida a recientes reformas relativas a facilitar que empresas con menos de 25 personas empleadas puedan cumplir con las labores de prevención de riesgos directamente, el responsable empresarial ahondará en la preocupante situación de desprotección que se aventura para los trabajadores y las trabajadoras de esas empresas de
menor dimensión, que son, señorías, la mayor parte del tejido económico productivo en territorios como Galicia.
En suma, señorías, no se trata de medidas para limitar el absentismo laboral desproporcionado, que con anterioridad a esta reforma se está reduciendo cada año, según revelan y certifican las estadísticas, sino de medidas para fortalecer el papel de las mutuas y potenciar sus actuaciones, cuestionando así la profesionalidad del personal sanitario del sistema público de salud.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señora Fernández.
Señorías, los republicanos presentamos esta enmienda a la totalidad al proyecto de ley de mutuas que presenta el Gobierno precisamente porque sabe la señora ministra que a efectos reales -insisto, a efectos reales- ya no será el médico de la Seguridad Social quien libre el alta médica a un trabajador, de hecho será el médico de la mutua, es decir, el médico de una institución al servicio de los intereses de la patronal. Esto significa que estamos ante un paso hacia delante, hacia la privatización de la sanidad y ante un recorte más para la salud de los trabajadores, porque este proyecto de ley lo que hace es otorgar más poder a las mutuas bajo argumentos francamente hipócritas, que incluso enfangan la dignidad de los trabajadores, porque no es cierto que los trabajadores sean gandules, al contrario, en los últimos tiempos hemos visto cómo se ha normalizado el ir a trabajar enfermo. Todo ello es producto de la precariedad laboral, producto y consecuencia de la reforma laboral, de las coacciones empresariales e incluso por el miedo que está instalado en los trabajadores, y las cifras de absentismo laboral han caído en picado. Luego no es verdad -porque esta es la realidad- que ustedes busquen una mayor funcionalidad de la Seguridad Social o incluso su sostenibilidad, creo que lo que pretenden es extraer más beneficios a costa de la salud de los trabajadores, a costa de lo público. Esto ya lo tenemos muy presente en los últimos tiempos.
A nuestro entender, es un sabotaje al sistema público de salud, una mayor mercantilización de las mutuas otorgándoles nuevas capacidades que pertenecen al servicio público, pero ahora ustedes incluso pasan el Rubicón, olvidan que son entes de gestión fundamentalmente privada y lo que legalizan es un robo al patrimonio colectivo, al Estado social, a los derechos conquistados y a los recursos que se derivarán del sector público al privado. De hecho, reconocer a las mutuas de pleno derecho como entidades colaboradoras de la Seguridad Social no es otra cosa que una pasarela de plata para que puedan ir asumiendo nuevas funciones de la Seguridad Social a medida que esta se va desguazando por la acción de los partidos de la derecha. Y esto, además, no tiene justificación económica porque va a suponer más gasto público, porque estas mutuas, guiadas por criterios empresariales, no invertirán en prevención, al contrario, ahora se va a permitir que puedan externalizar la prevención, que es uno de los objetivos primigenios de las mutuas. ¿Qué va a suponer esto? Más estrés laboral, más enfermedad, más agravamiento de estas, que luego sí, cuando ya el trabajador está muy enfermo, se le traslada a la Seguridad Social para que sea asumido su coste por ella. Asimismo, ustedes plantean un compromiso ético, algo que no tienen derecho a hacer, un compromiso ético a los médicos de las mutuas, que tendrán que decidir entre los intereses de la mutua que les paga o la salud y el bien superior del paciente.
En definitiva, estamos poniendo la salud de los trabajadores no en función de la ciencia, sino en función de los intereses empresariales. De manera que cuestionamos este proyecto de ley. De hecho, como ustedes saben, por nuestra ideología cuestionamos incluso el funcionamiento y la existencia de las mutuas, que en los últimos tiempos han ido asumiendo mayores competencias, y afirmamos que debería ser la Seguridad Social la que de manera total, absoluta y categórica tuviera la responsabilidad de la salud de los trabajadores. Así este modelo español -que es una excepción en Europa, que es una herencia del franquismo-, contraviniendo aquello que en la década de los ochenta nos propusimos de ir hacia la integración de las mutuas en el sistema de la Seguridad Social, ahora no solamente ha hecho un camino inverso, sino que ya plantean este paso del Rubicón hacia la total y absoluta privatización de los derechos de la salud de los trabajadores, y esto, señora ministra, no tienen derecho a hacerlo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor Tardà.
Señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, las mutuas patronales, en cuanto estructura privada paralela a la Seguridad Social y de colaboración obligada con ella, son una institución que solo existe hoy en día en Europa, en Alemania y en el Estado español, y en Alemania con un carácter bastante diferente; en los demás sitios ya ha desaparecido. Sin embargo, en el Estado español, al igual que sucedió con otras herencias franquistas, estas siguieron campando a sus anchas, y no solo esto, sino que en las últimas décadas han ido aumentando sus funciones, sus competencias, los fondos que manejaban, etcétera, y todo ello en detrimento por supuesto de la red pública. En alguna medida hay una relación directa entre esto y los desgraciados primeros puestos que el Estado español ocupa en Europa en materia de accidentes de trabajo y ocultación de enfermedades profesionales, tal como se ha señalado.
El proyecto, en definitiva, oculta lo esencial, es decir, oculta que las mutuas son entidades privadas, entidades patronales y que en función de esto y de sus intereses específicos van a trabajar. Son entes privados alimentados con fondos públicos y que trabajan en un ámbito, el de la salud, que debería ser competencia completa pública. Y todo esto puesto al servicio de unos intereses específicos, que son en gran medida reducir el número de bajas, acortar su duración y, lo que es tan importante como esto, ocultar las responsabilidades de la patronal en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y todo ello para mejorar en última instancia sus beneficios empresariales. Con este nuevo proyecto las mutuas van a poder intervenir desde el primer día en las bajas que se den, haciendo bailar a los servicios de la inspección médica de la Seguridad Social al ritmo que toque la patronal y en favor de los intereses de esta. También van a poder llamar a reconocimiento desde el primer día a los enfermos, sometiéndoles a un pressing constante para que las bajas sean reducidas en cuantía y en duración, y todo esto -repito una vez más- en beneficio de intereses privados y empresariales.
Y hago una pregunta muy sencilla. ¿Qué pensaríamos si en el ámbito de la enseñanza los colegios privados pudieran intervenir en las calificaciones que da el profesorado público haciéndoles repetir exámenes y controlando las calificaciones que ellos dan? Este disparate, que nadie sería capaz de plantear sin ponerse profundamente colorado, sin sonrojarse, es lo que estamos viendo que se realiza en el terreno de la salud laboral; son los empresarios, es la patronal quien va a controlar todo el proceso de bajas por enfermedad y por accidentes laborales. La ley concibe al enfermo o a la enferma como sospechoso de fraude, de gandul -decía Tardà-, de vago, propenso a falsificar todo tipo de bajas sin tener en cuenta una verdad que es obvia, que son profesionales de la salud quienes están desde el primer momento dando, controlando esas bajas. Y se pone la sospecha también sobre este personal profesional de la Seguridad Social olvidando que esta gente está en sus puestos de trabajo y ha accedido a ellos por medio de oposiciones que han sido valoradas por tribunales imparciales atendiendo a criterios de mérito y competencia, todo lo contrario de lo que ocurre en las mutuas, en las que su personal facultativo es un personal contratado a dedo, cuyos puestos de trabajo, sueldos y complementos dependen de la docilidad con la que vayan a cumplir las directrices que les pongan sus respectivos patronos y empresarios.
Voy terminando. El Parlamento de Navarra, en relación con este tema, ha adoptado una resolución señalando su más absoluto rechazo a este proyecto por ir en detrimento del derecho a la salud de los trabajadores y suponer un paso más en la privatización de la sanidad pública, por cierto bastante deteriorada ya con todos los recortes de este Gobierno. Mucho nos tememos, sin embargo, que este acuerdo de nuestra máxima institución vaya a la papelera junto con las trece leyes que este Gobierno del Partido Popular ya ha recurrido y dejado sin efecto en Navarra. Por eso desde Amaiur reclamamos soberanía para nuestro pueblo, para construir un sistema de salud público...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cuadra, debe finalizar.
El señor CUADRA LASARTE: ...público en primer lugar, universal, que atienda a todas las personas, de carácter integral y que esté en definitiva al servicio de las grandes mayorías sociales y no de los intereses estrechos y sospechosos por todos los lados de esta patronal que va a gestionar la actividad de las mutuas.
El señor BALDOVÍ RODA: (Comienza su intervención en valenciano). Había una canción de Pink Floyd que se llamaba Another brick in the wall, otro ladrillo en el muro. Esta ley es otro ladrillo en el muro,
en ese muro de desigualdad que han levantado ustedes para que no lo traspasen los trabajadores, un muro cada vez más alto, más injusto, más descarado, más obsceno. Solo hay que contestar algunas preguntas sencillas. ¿Qué pretende esta ley? Expulsar del sistema público la gestión de la salud laboral y otorgar a las mutuas amplias capacidades en la concesión, gestión y extinción de prestaciones del sistema de la Seguridad Social. El problema es que tenemos un capitalismo parasitario que solo sabe hacer negocio a partir de la privatización de parcelas de la gestión pública. La sanidad no es negocio para el sector privado si no parasita al público. En la sanidad el sector privado se está convirtiendo en ese insecto gorrón que vive a costa del dinero público.
¿A quién beneficia esta ley? A las mutuas, una organización privada, una asociación que está constituida por empresarios y que se guía por criterios de reducción de costes. La salud se deja en manos de las empresas, que hacen negocio con la salud, que atienden a la gente sin tener en cuenta la enfermedad por especialidad y que no hacen seguimiento del enfermo si no es con la finalidad de darle de alta y no de curación. ¿A quién perjudica esta ley? A los trabajadores. Esta ley criminaliza a la víctima de la enfermedad, al trabajador enfermo, como si fuera el defraudador, el pecador, y le hace objeto de seguimientos y controles no justificados por criterios médicos con el fin de que cuanto antes esté produciendo. ¿Qué debería regular esta ley? El objetivo de estas reformas debería ser la reducción de la siniestralidad, el afloramiento de enfermedades producidas por el trabajo y el mantenimiento de las inversiones públicas en materia de prevención de riesgos laborales. ¿Qué es lo que conseguirá? En definitiva esta ley conseguirá privatizar la salud y prevención de los trabajadores y de las trabajadoras. El mundo al revés. Las mutuas pasan de estar sometidas al control de los servicios públicos, de la Seguridad Social, a ser ellas las controladoras de los servicios públicos.
Acabo. Hay unos versos de Nicolás Guillén que se llaman La muralla y hablan de hacer una muralla entre todos desde la playa hasta el monte. Frente a su muro de desigualdad e injusticia los ciudadanos estamos construyendo una muralla muy alta para que no pasen -cito a Guillén- ni el veneno, ni el puñal, ni el alacrán, ni el ciempiés, ni el diente de la serpiente, ni por supuesto sus leyes injustas. Compromís-Equo votará a favor de las enmiendas a la totalidad de esta ley ominosa y esperamos con ahínco la pérdida segura de su mayoría absoluta para derrumbar ese muro que han levantado en estos tres años.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora ministra, muchas gracias por su explicación pero comprenderá que no la compartimos. Ha hecho un alegato apologético de un proyecto de ley que, se lo voy a decir con claridad, no cuenta con la adhesión de nadie. ¿Del Tribunal de Cuentas? Parcialmente. Ustedes hacen una reflexión vinculada a la legitimación de un informe del Tribunal de Cuentas, pero cuentan con la oposición de todas las organizaciones sindicales sin ninguna excepción, de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara sin ninguna excepción (hay 7 enmiendas de totalidad que estamos debatiendo en el día de hoy) y del sector mutualista, todas las mutuas lo han manifestado y le van a hacer llegar una carta indicando los motivos de su oposición en tanto en cuanto ven comprometida su propia existencia, su propio futuro. Lo que pasa es que usted es muy hábil parlamentariamente, usted ya ha metabolizado su condición de ministra pero mantiene un perfil parlamentario digno de mejor causa. Ha empezado su intervención haciendo amigos, incitando al Partido Socialista sin que haya intervenido todavía -es una incitación ex ante, sobre cuestiones anteriores- y seguramente su habilidad parlamentaria la va a llevar a utilizar espuriamente una operación que los grupos parlamentarios aquí representados le estamos poniendo en bandeja. Hay una serie de enmiendas de totalidad que se fundamentan en el pretendido carácter privatizador o privatista del proyecto de ley que nos presenta y otros, sin embargo, pensamos que lo que se está acometiendo es una publificación ni siquiera sutil, subrepticia, una clarísima publificación del sistema. Esto -si se puede utilizar la expresión- es ponerlo a huevo. Perdone, señora presidenta, lo retiro del "Diario de Sesiones" si no es correcta, si no es forense la expresión, pero así se las ponían a Felipe II. Claro, usted lo que tiene que hacer es lo que seguramente va a hacer: se va a colocar en este punto virtuoso en donde pretendidamente está la equidistancia entre dos posiciones ideológicamente antagónicas y va a mantener la impostura, porque esa posición equidistante y virtuosa sobre las posiciones justificativas de unos y de otros, sobre las posiciones en las que fundamentan sus enmiendas de totalidad, por su parte es impostada. No; ustedes han optado y han optado por la vía de la publificación de estas entidades, y optar por la vía de la publificación es adherirse al argumentario y a los fundamentos jurídico-
políticos de las enmiendas a la totalidad de la izquierda parlamentaria. Es legítimo, pero que lo haga usted me va a permitir que le exprese que es sorprendente, es raro en tanto en cuanto usted está abdicando de su tradición, de su acervo ideológico en esta materia y de sus posicionamientos normativos o legislativos, en particular con relación a la Ley 27/2011 que ha citado tanto y que en este momento está amortizando de facto, y en concreto a su disposición adicional decimocuarta, porque si esta ley se aprueba en estos términos queda absolutamente vacía de contenido. Se está produciendo lo que se denomina en derecho una derogación tácita, por contradicción del contenido de la ley con la disposición anterior. Sé que usted va a utilizar estos recursos, usted fue una parlamentaria dialécticamente brillante y como ministra normativamente en este caso no le puedo atribuir esta condición de brillante porque esta es una ley mala, es una ley, si me permite la expresión, muy mala, y nosotros la vamos a combatir belicosamente, pero además utilizando argumentos muy parecidos a los que otrora utilizaron ustedes para la configuración de la identidad jurídica de las mutuas y en el último momento en la Ley 27/2011, en la configuración de su disposición adicional decimocuarta, que yo invoco que vuelva a leer, señora ministra, y vea cómo contradice el contenido material y el contenido filosófico de este proyecto de ley que en estos momentos estamos iniciando su debate.
Esta ley contradice también títulos competenciales autonómicos en relación con estatutos de autonomía diversos, clarísimamente en relación con el catalán, particularmente las menciones del artículo 165 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero contradice además las competencias sanitarias del Estatuto de Autonomía de Gernika previstas en su artículo 18 y las competencias en materia de prevención de riesgo laboral previstas en su artículo 12. Por tanto, desde una perspectiva competencial, es una ley invasiva de competencias autonómicas, por lo que tampoco podemos prestar nuestro aval al contenido de este proyecto de ley, por otra parte importante. Pero nosotros vamos más allá, nosotros queremos recordarle, señora ministra -y se lo vamos a recordar en cada debate en el que se estén dilucidando cuestiones atinentes al sistema público de pensiones o de Seguridad Social- que está pendiente de cumplimiento una disposición del Estatuto de Autonomía de Gernika, la disposición transitoria quinta, que establece que corresponde a las instituciones vascas la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en régimen de convenio. Se lo vuelvo a recordar, señora ministra, y espero que algún día me escuche; pero no solo que me escuche sino que además me haga caso en relación con el cumplimiento de un requerimiento estatutario, de un precepto que está ubicado en una ley orgánica especial que forma parte del bloque de constitucionalidad. Ya sé que se ha pervertido el concepto de caja única que consagró una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 1992 y se ha positivizado desde el año 2007, pero ese concepto de caja única nosotros no lo aceptamos ni es el concepto de caja única que en su día consagró el Tribunal Constitucional. Pero aquí el elemento fundamental, el elemento que nos preocupa es la publificación del sistema mutualista del Estado español. Usted ha dicho que las mutuas llevan existiendo cinco décadas. No, son más, es más de un siglo. Las mutuas tienen su origen, señora ministra, en el año 1900 y desde entonces se han erigido en el mejor sistema, el más eficaz y eficiente, de colaboración jurídica privada en el ámbito de la protección de determinadas contingencias, contingencias que además incrementadas en los últimos tiempos están gestionando en régimen de colaboración. Con presupuestos públicos, sí, pero las gestionan ellas en régimen de colaboración y desde la perspectiva de la autonomía de gestión que corresponde a entidades jurídico-privadas. Pero es que ya no van a ser entidades jurídico-privadas, señora ministra, se van a convertir en entidades administrativas. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, expolian ustedes a las mutuas treinta y seis competencias en el ámbito de la gestión o funcionamiento ordinario, treinta y seis. Algunas manifiestamente anecdóticas pero que configuran la totalidad de posibilidades de actuaciones de las mutuas en el régimen de la gestión autónoma como entidades de naturaleza jurídico-privada que son. Le podía citar algunas anecdóticas, como fijar la escala y el tanto por ciento a tener en cuenta para determinar el importe de los gastos de administración, confirmar en el cargo al director gerente de la mutua, fijar el número de miembros de la comisión de prestaciones especiales, determinar el contenido del documento de adhesión o el documento de anexo de la misma, autorizar la adquisición de muebles o de bienes inmuebles, tutela sobre el patrimonio de las mutuas. En fin, señora ministra, con esta expoliación de treinta y seis competencias en el ámbito de la gestión ordinaria de las mutuas lo que está haciendo usted es deslizando -y no tiene posibilidad de ser de otra manera- el ejercicio de estas competencias, bien al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, bien a las entidades gestoras de la Seguridad Social.
¿Qué efecto va a producir esta expoliación de competencias vinculadas al ámbito de gestión de entidades de naturaleza jurídico-privada? Su conversión en entidades públicas, en entidades que
pertenecen a la Administración o que tienen una naturaleza de entidades administrativas de segundo grado, sin personalidad jurídica, lo cual es tanto como certificar el fallecimiento de las mismas. Porque si las mutuas se convierten en entidades administrativas carecen de interés. Los empresarios mutualistas, para vincularse en el ejercicio de ciertas contingencias desde la perspectiva de la publificación de quien las concede y quien las gestiona, ya poseen las entidades gestoras de la Seguridad Social, no hace falta otro tipo de entidades de naturaleza jurídico-privada. Desde esa perspectiva, señora ministra, usted lo que está certificando con ese procedimiento de ley es la defunción de las mutuas tal como han sido configuradas hasta el presente, porque no tiene ningún sentido referenciar las mutuas al sistema público administrativo. Sí tendría sentido quizá, dado que gestionan recursos públicos, ubicarlas o referenciarlas al sistema público empresarial, pero no al sistema público administrativo y convertirlas en organismos administrativos de segundo grado dependientes de órganos jerárquicamente superiores, de las entidades gestoras de la Seguridad Social o del propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Para eso ya están las entidades gestoras, señora ministra, y para eso una tradición centenaria de más de un siglo va a quedar absolutamente carente de interés, carente de sentido jurídicamente y materialmente amortizada.
Pero no solo se provee la publificación a través de la expoliación de treinta y seis competencias vinculadas a la gestión ordinaria de estas entidades sino por la utilización de ciertas preposiciones de forma no neutra. Pasan a ser entidades colaboradoras de la Seguridad Social, no son entidades colaboradoras con la Seguridad Social. Fíjese usted en la notable diferencia más que semántica entre utilizar la expresión "entidades colaboradoras de la Seguridad Social" y utilizar la expresión de "entidades colaboradoras con la Seguridad Social". Y, por otra parte, la sujeción no al control y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de las entidades gestoras de la Seguridad Social sino a la dirección de su ministerio -el de Empleo y Seguridad Social- o a la dirección de las entidades gestoras de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del derecho administrativo, señora ministra, la expresión "dirección" sustitutiva de "control y tutela" no es neutra sino que acredita subordinación jerárquica. Si usted puede dirigir estas entidades -además de tutelarlas y controlarlas- está prefigurando su naturaleza jurídica, la de entidades administrativas subordinadas o a las entidades gestoras de la Seguridad Social o a su propio ministerio. Si además incluimos a todo lo anterior la expresión "instrucciones" que su ministerio puede dictar para condicionar el funcionamiento y la gestión ordinaria de estas entidades, tampoco desde la perspectiva del derecho administrativo la expresión o locución "instrucción" es neutra, sino que también se dicta en relación a entidades subordinadas jerárquicamente. Esta subordinación jerárquica de las entidades mutuales, señora ministra, es la que nos hace decir con toda legitimidad y afirmar rotundamente que supone de facto una publificación del sistema mutual. Y una publificación del sistema mutual es tanto como provocar o forzar la desaparición del sistema mutualista porque si se pierde autonomía en la gestión, capacidad de captación de nuevos mutualistas, capacidad de gestión de las contingencias en un régimen de concurrencia, ya no tiene sentido la existencia de entidades de esta naturaleza porque ya hay entidades especializadas de carácter administrativo público, como son las entidades gestoras de la Seguridad Social, que con el tiempo son las que se van a subrogar en las contingencias que en este momento con tanta ponderación por su parte están ejerciendo, y ejerciendo bien, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
De la concurrencia de todo lo que le he dicho -la conversión, en definitiva, de estas entidades en órganos administrativos sin personalidad jurídica- dimana inevitablemente el fallecimiento, la amortización de un sector que viene funcionando bien -en algunos aspectos muy bien- y que gestiona contingencias en régimen de colaboración tan importantes como los accidentes de trabajo o la enfermedad profesional, la incapacidad temporal en el ámbito de las contingencias comunes, la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos y todas las demás prestaciones que estas entidades están gestionando muy bien, señora ministra. Desde esa perspectiva, le pido una reflexión ex post, sé que en este momento no me va a dar ningún tipo de argumento legitimador de lo que le estoy diciendo pero usted sabe que es verdad y sabe que el sector mutualista piensa esto. Sabe que el sector mutualista se lo va a comentar y sabe que está sola en esta materia, no cuenta con la colaboración de ni un solo grupo parlamentario de esta Cámara, ni con la colaboración del sector, ni con la colaboración de ninguno de los interlocutores sociales más representativos del Estado. Además nos lo han dicho estos interlocutores sociales cuando han comparecido en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo -fue la semana pasada, señora ministra- y nos comentaron -como ya lo comenta el informe del Consejo Económico y Social de fecha 22 de enero- que este proyecto de ley viene con un déficit de legitimidad derivado de la falta de interlocución de su ministerio con nadie. Este proyecto de ley no ha sido negociado con nadie. No ha sido
negociado con los agentes sociales, lo comentaron tanto UGT como Comisiones Obreras en su comparecencia en la Comisión de el Seguimiento del Pacto de Toledo. No ha sido negociado con las organizaciones empresariales más representativas, nos lo comentaron en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. No ha sido negociado con ningún grupo parlamentario que a nosotros nos conste, quizás tangencialmente con algunos sí, pero a otros grupos parlamentario, a los que incluso se nos invitó en algún momento a tener algún tipo de entrevista con usted y otros responsables de ministerio, no se nos ha vuelto a llamar. Ese déficit de legitimidad dimanante de la falta de consenso político es seguramente lo que ha provocado la multiplicación de enmiendas de totalidad hasta el número de siete y la falta de empatía con este proyecto de ley de todos los interlocutores sociales, de los que representan a los empresarios, por una parte, y de los que representan a las organizaciones sindicales, por otra. Y también ha provocado la oposición, en este caso mucho más beligerante y mucha más intensa, del sector mutualista, de todas las organizaciones mutualistas que conforman el sector de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
No sé hasta dónde quiere llegar con tanta oposición, señora ministra, pero seguramente el recorrido de esta ley es muy corto. No se puede aprobar -y yo pensaba que ustedes habían cambiado en este ámbito el registro- o legislar contra todo el mundo. Esto pasó en los primeros tiempos de esta legislatura, cuando ustedes a través de la utilización de la fórmula del real decreto-ley no solo...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, debe terminar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... actuaban o legislaban solo con sus propios votos sino contra los votos de todos los demás. Nos encontramos con el mismo ejemplo, señora ministra, están legislando contra los votos y contra la opinión de todos los demás, de todos los interlocutores sociales, del sector afectado directamente por esta ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, concluya.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora ministra, le pido, por favor, que haya posibilidades de regenerar la interlocución para ver qué podemos salvar de este proyecto de ley antes de que se produzca ese efecto, que no es apocalíptico, que es la desaparición del sector.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.
Mi grupo valora positivamente el papel histórico que desde hace casi un siglo han desempeñado las mutuas en su ámbito propio de competencia, que son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, el ámbito profesional por tanto, y también es cierto que en un proyecto de ley amplio como el que debatimos se pueden encontrar aspectos positivos, algunos los ha señalado la ministra en su intervención. Pero parece lógico que defendiendo una enmienda a la totalidad, como estoy haciendo en nombre de mi grupo, me centre en las preocupaciones, en las objeciones, en los aspectos negativos que encontramos en este proyecto de ley y que voy a intentar agrupar para su mejor comprensión en cinco ámbitos. El primero, que puede parecer banal, tiene que ver con el cambio de denominación de estas instituciones. No nos parece banal, sin embargo; van a pasar a llamarse de forma genérica mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Estas mutuas nacieron en un ámbito muy específico, insisto, el ámbito profesional, y han ido adquiriendo más y más competencias de la Seguridad Social. Esta nueva denominación daría la sensación de que en el futuro se quiere seguir con esa vía, de que a largo plazo van a poder gestionar cualquier prestación de la Seguridad Social. Nos parece un error y por tanto creemos que en la denominación de estas instituciones debería quedar más limitado cuál es su ámbito de competencia, que originariamente, insisto, tenía que ver con el ámbito profesional.
La segunda cuestión tiene que ver con el régimen económico- financiero, para entendernos o más coloquialmente, con los gastos de administración. Estos gastos de administración han sido tradicionalmente más altos en las mutuas que en las entidades gestoras de la Seguridad Social, y estos mayores gastos han dado lugar a casos de mala gestión e incluso recientemente a casos de fraude que han saltado a los medios de comunicación. Por cierto, esto cuestiona la idea apriorística de que siempre, por definición, las mutuas son más eficientes que las entidades gestoras de la Seguridad Social, algo que cuando se han
salido de su ámbito de competencia no siempre ha sido cierto. Por eso nos parece que en el proyecto de ley se deberían regular mejor estos gastos de administración y limitarse más, porque hay una referencia clara, que son las entidades gestoras de la Seguridad Social, que se caracterizan por su eficiencia. Y dado que las mutuas necesitan unas autorizaciones de funcionamiento del ministerio, el que reciban esas autorizaciones y las mantengan en el tiempo debería estar ligado a que sus gastos de administración no se desvíen demasiado de los gastos de administración de las entidades gestoras de la Seguridad Social, que les deberían servir de referencia.
Tercera cuestión. En el proyecto de ley se regulan los órganos de gobierno de las mutuas, y también esto nos genera algunas preocupaciones. Creemos, en primer lugar, que el régimen de incompatibilidades que se establece en el proyecto de ley no es lo suficientemente estricto, es demasiado laxo para las personas que participan en los órganos de gobierno de esas entidades. Nos sorprende que no se prevea la participación de los trabajadores en estos órganos de gobierno, dado que en último término son los trabajadores los que reciben los servicios de las mutuas. Nos preocupa también especialmente el tema de las retribuciones. Es cierto, como ha señalado la ministra, que hay un avance en este ámbito, pero un avance un tanto engañoso, porque en el caso del director gerente o del resto del personal directivo hay una equiparación con los equivalentes de la Seguridad Social en algunos ámbitos, en retribución fija pero no en retribución variable, y van a seguir cobrando retribuciones considerablemente superiores que sus equivalentes de la Seguridad Social. De nuevo, como en el caso de los gastos de administración, no vemos el motivo. Su referente deberían ser esas entidades de la Seguridad Social y equipararse las retribuciones. Y, para cerrar este punto de los órganos de gobierno, en el caso de las comisiones de control para que desempeñen bien sus funciones, es necesario que haya un régimen de responsabilidades en el caso de que no lo hagan, porque hemos visto en las cajas de ahorros qué sucede cuando hay comisiones de control: que si no cumplen su función, no sucede nada. Creemos que habría que regular mejor esas comisiones de control si queremos que desempeñen adecuadamente sus funciones.
La cuarta y quinta cuestión tienen que ver tal vez con el tema más delicado, están relacionadas con la salud de los trabajadores. La cuarta cuestión tiene que ver con la gestión de la prestación de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Yo no quiero utilizar palabras tan gruesas como algunos intervinientes anteriores, pero sin querer utilizar palabras gruesas no deja de ser cierto que en el proyecto de ley subyacen ciertas presunciones. Hay una cierta presunción de culpabilidad del trabajador enfermo que se piensa que puede estar no yendo a trabajar sin estar enfermo de verdad y hay una cierta presunción de complicidad del médico del sistema público de salud, que parece que si no da el alta no es porque siga enfermo el trabajador sino porque no tiene prisa por que vuelva a trabajar. Y para evitar esos supuestos problemas, se les dan a las mutuas unas competencias excesivas, en nuestra opinión, un poder excesivo sobre esta cuestión, de forma que puedan controlar las bajas desde el día siguiente a la emisión o puedan emitir propuestas de alta. Nosotros no compartimos la visión del problema y por eso tampoco podemos compartir la solución. Nos preocupa un tema que se ignora, que es una realidad social hoy en España y que han citado otros intervinientes. Hay esta obsesión por el trabajador que está bien y simula una enfermedad para no ir a trabajar, pero en nuestra realidad social se está dando el caso contrario: trabajadores con empleos muy precarios, con miedo a perder su puesto de trabajo y que van enfermos a trabajar como consecuencia de ese miedo y de la situación de crisis que hay en España. A lo mejor nos obsesionamos con los problemas equivocados.
Finalmente, la última preocupación tiene que ver con los convenios que van a poder realizar las mutuas con el servicio público de salud para hacer pruebas o tratamientos a los trabajadores que están en incapacidad temporal. Si seguimos por esta vía, a largo plazo existe el riesgo de que nuestro sistema de salud acabe fragmentándose en dos subsectores: un sistema de salud destinado a los trabajadores, que se trate en los hospitales de las mutuas y el resto de ciudadanos en el sistema público de salud. Y creemos que el derecho a la salud es un derecho universal y que nuestro sistema de salud debe mantener su homogeneidad.
Estas son las preocupaciones, las objeciones que nos han llevado a plantear esta enmienda a la totalidad. Si finalmente es rechazada, como cabe esperar por la mayoría absoluta del Grupo Popular, esperamos al menos que en la tramitación del proyecto de ley se puedan considerar y corregir estas cuestiones porque creemos que mejorarían notablemente el proyecto.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.
Señorías, quiero comenzar dejando claro que Izquierda Plural comparte la necesidad de una nueva regulación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. ¿Queda claro? Bien.
Segunda cuestión. Entendemos claramente que podemos compartir, y no tenemos ningún problema en decirlo, algunas de las regulaciones que hace este proyecto de ley, especialmente en relación con lo que supone un mayor control público de las actuaciones de las mutuas y por un argumento que es de peso, como la ley de la gravedad -y no lo olvide el Partido Nacionalista Vasco, don Emilio Olabarría-: estas mutuas son asociaciones privadas de empresarios que se mancomunan para desarrollar funciones públicas, que se hacen con recursos públicos que le transfiere la Tesorería y que además gestionan prestaciones públicas; fíjese usted bien si el sector es público. No puedo entender cómo se puede estar en contra de que esos recursos puedan ser controlados, más controlados. Desgraciadamente, eso es lo que se debería haberse hecho hace mucho tiempo. Por si fuera poco, quiero recordar que no solo son recursos públicos, son salario; cotizaciones de los trabajadores es salario y cotizaciones de los empresarios es también salario en términos de contabilidad nacional. Hasta aquí llegan nuestras coincidencias porque a partir de aquí llegan nuestras profundas discrepancias con un proyecto de ley que, a nuestro entender, pierde la gran oportunidad de hacer la reforma que necesita el sistema de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es una reforma que parte de dos criterios: en primer lugar, discutir de una vez qué se quiere que sean las mutuas y qué no y, en segundo lugar, acabar con la historia de las mutuas basadas en el principio que ha primado hasta ahora de hacer de su capa un sayo y hacerlo además con cuotas de trabajadores y empresarios.
Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales llevan veinte años viviendo importantes reformas, siempre a retales, a pedazos, sin que se haya hecho un debate a fondo sobre cuáles deberían ser las funciones que desempeñan esas mutuas de Seguridad Social. Se les han ido encargando cada vez más funciones sin hacer un debate en profundidad y creo que es justo dejar encima de la mesa del debate que lo que pretende el Gobierno del Partido Popular hoy sin ese debate, además por la puerta de atrás, es culminar un proceso iniciado en 1985 por el último Gobierno y en el último año de la legislatura de Felipe González, que fue el que inició la senda de encargar a las mutuas funciones impropias de su naturaleza de mutuas de accidentes de trabajo. Fue cuando se les encargaron las funciones de gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Una vez más, se demuestra -y me sabe mal decirlo- que cuando el Partido Popular le da una patada a la puerta al Estado social, su tarea ha sido previamente facilitada por quienes ya hicieron saltar la cerradura, con lo cual, la puerta salta con mucha facilidad. (Aplausos).
Desde 1995, diferentes Gobiernos han ido avanzando de manera indistinta por la senda de encargarles a las mutuas más funciones, más recursos y más negocio, al tiempo que se suscribía un pacto implícito, no escrito, pero muy evidente, que es el que ha funcionado durante este tiempo. Un pacto por el que las mutuas se hacían cargo de la gestión de prestaciones que no les correspondían por su naturaleza, con criterios estrictamente economicistas, ¡economicistas!, de reducir el gasto aunque fuera a costa de rebajar la calidad de las prestaciones y a cambio, los Gobiernos de turno les dejaban hacer y deshacer en el ámbito de gestión lo que quisieran. Así hemos llegado a una realidad que todos ustedes conocen muy bien. De un lado, un proceso de mayor mercantilización porque no solo es privatización, es mercantilización de la salud de los trabajadores, que han estado y continúan excluidos de la capacidad, de la posibilidad de decidir quién se preocupa de su salud y quiénes cubren las prestaciones que van dirigidas a su salud en términos sanitarios y términos económicos. Señores del Partido Popular, ustedes, que son tan partidarios de la libertad, de la libertad de escoger centro, de la libertad de escogerlo todo, ¿cómo les niegan a los trabajadores de este país el derecho a poder decidir e incidir en quién se preocupa de los riesgos hacia su salud que comporta trabajar, de la salud no solo reparadora, sino también preventiva desde ese punto de vista? Pero además ese pacto implícito entre mutuas y Gobiernos ha pasado por una situación en la que se ha dejado a los gestores de las mutuas apropiarse de esas mutuas, patrimonializarlas en beneficio propio con la connivencia de las juntas directivas y con la inhibición de los empresarios mancomunados porque, como nunca ha habido ninguna responsabilidad que tuvieran que pagar de su bolsillo, hacían lo que les daba la gana. ¿Resultado? Ustedes lo saben, resultados escandalosos durante estos años: transmisión de padres a hijos de algunos cargos directivos en las mutuas, establecimiento de salarios desmesurados con contratos blindados e indemnizaciones de escándalo, la concesión de contratas y negocios a empresas de los directivos de las mutuas, de los familiares o de los amigos. Esa
es la realidad que ha perdurado durante todo este tiempo. (Aplausos). Por eso compartimos -aunque nos parezcan insuficientes- aquellas medidas que en el proyecto de ley establecen un mayor control en el funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo. Y no entendemos que a alguien le sorprenda y le llame a eso intervencionismo. Pues si el Estado no interviene en el control de los recursos públicos destinados a dar prestaciones públicas, no sé a qué debe dedicar su actividad el Estado.
Pero este proyecto de ley, señora ministra, no aborda el gran debate, no aborda el gran problema de fondo, que es el que tenemos que hacer: qué funciones y de qué naturaleza deben hacer las mutuas en nuestro sistema de Seguridad Social. ¿Continuamos por la vía de no discutir? ¿Continuamos por la vía de los hechos consumados que se empezó en 1995? ¿Continuamos por la vía de darles más funciones, más negocio y, por lo tanto, más posibilidades de que se atribuyan funciones y recursos que no les corresponden? Con eso nosotros no estamos de acuerdo y por eso hemos presentado nuestra enmienda a la totalidad.
Lo que creo que debería hacer el Gobierno en estos momentos, señora ministra, y aún está a tiempo de hacerlo si acepta estas enmiendas a la totalidad -espero que mi intervención de hoy no reciba esa tradicional respuesta del grupo parlamentario o de la señora ministra de Empleo-, es abrir un proceso de diálogo social, abrir un proceso de diálogo político. No sé qué entiende usted por diálogo social, pero estoy seguro de que es una cosa distinta a la que entendemos todos los grupos de esta Cámara y estoy seguro de que es una cosa distinta a lo que entienden las compañeras y compañeros de los sindicatos que están aquí, que nos dijeron hace escasos días que lo que había habido con usted a lo mejor era cháchara pero diálogo, no. Diálogo social en el sentido de hablar, discutir, intentar ponerse de acuerdo, no. Y eso es lo que creemos que debería hacerse; y debería hacerse, además, después de poner encima de la mesa el Pacto de Toledo; antes de que se muera de inanición debería hacerse claramente ese debate del futuro de las mutuas. Y en cambio, el Gobierno lo que hace es reincidir en lo contrario. Es muy probable que este debate termine como siempre, con una especie de supuesto conflicto entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular donde parezca que de verdad están discutiendo. (Aplausos). Pero, sinceramente, no sé de qué van a discutir cuando el hilo conductor de las políticas de estos años, no es que sea un hilo un conductor, es que es la maroma de un trasatlántico que desplaza 7.000 personas. (Aplausos). Ese es, desgraciadamente, el problema que tenemos en estos momentos.
Desde el primer párrafo de este proyecto de ley, señora ministra, usted desmiente todo lo que nos ha dicho hoy. Este proyecto de ley pretende profundizar en la mercantilización de la salud. ¿Está usted segura de haberse leído el proyecto de ley que hoy nos trae aquí? ¿Está usted segura? Creo que no, porque si no, no podría haber dicho que lo primero son los trabajadores. Mire, este proyecto de ley empieza diciendo que sus objetivos son exactamente: modernizar la gestión, contribuir a la lucha contra el absentismo y la sostenibilidad del sistema. Ni un solo párrafo para recordar que el objetivo de las mutuas, y por tanto de este proyecto de ley, debería ser cumplir el mandato constitucional de garantizar la salud a los trabajadores y de garantizar las prestaciones en caso de necesidad. Eso es lo que dice su proyecto de ley y por eso se demuestran las intenciones que tiene usted trayéndolo aquí, olvidando claramente lo que le decimos, que no pueden ustedes continuar mercantilizando la salud de los trabajadores, que es lo que hace este proyecto de ley. Porque ustedes están preocupados por el gasto y por eso le encargan a las mutuas determinadas funciones, para que reduzcan el gasto, aunque sea a costa de degradar la calidad de las prestaciones que gestionan. (Aplausos).
Insisto, señora ministra: ¿Está usted segura de que las propuestas de alta de las mutuas se van a hacer en condiciones y siempre argumentadas y sostenidas en criterios sanitarios? ¿Está usted segura? ¿Me puede usted explicar cómo una mutua puede hacer una propuesta de alta el primer día de la baja? (Aplausos). ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué sabe una mutua, que no es la que atiende la salud de los trabajadores que acuden al Sistema Nacional de Salud, por qué sabe un médico de una mutua que puede haber absentismo injustificado en un trabajador el primer día de baja? ¿Qué informe justificado y motivado va a hacer una mutua para pedir ese día? No, señora, lo que hay detrás de eso -y lo dice el propio proyecto de ley- es una concepción en la que los trabajadores son presuntamente delincuentes de absentismo, y eso es intolerable, porque además no es verdad, y menos en estos momentos. (Aplausos). Los trabajadores en estos momentos están yendo a trabajar enfermos. No tiene ningún sentido que en estos momentos usted ponga como prioridad de su actuación la lucha contra el absentismo; el absentismo hace mucho tiempo que ha pasado de tópico empresarial a leyenda urbana, que se basa en una concepción: antes reducir costes que la salud de mis trabajadores; antes pagar pocas prestaciones que la salud de los trabajadores a los cuales tengo la obligación de cubrir. Ese es, desgraciadamente, el problema que hay en este proyecto de ley y que continúa.
Y, sobre todo, el aspecto central. Este proyecto de ley, con su cambio de nombre, le da un cheque en blanco a este y a futuros Gobiernos para que hagan de las mutuas lo que quieran. El cambio de denominación no es una cosa anecdótica; con el cambio de denominación ustedes abren la puerta para que cualquier futuro Gobierno les pueda encargar a las mutuas cualquier cosa, por ejemplo, la gestión de las prestaciones derivadas de invalidez o la prestación de las pensiones. ¿Por qué no, si han cambiado su naturaleza a través del cambio de nombre? Desde ese punto de vista, creo que además está absolutamente injustificado. Se lo hemos dicho todos los grupos de la Cámara y lo dicen las estadísticas: no es verdad que las mutuas gestionen mejor que las entidades gestoras de la Seguridad Social, por supuesto, a condición de que nos pongamos de acuerdo en qué significa gestionar mejor. Si gestionar mejor es atender a los trabajadores, lo hacen mejor las entidades gestoras de la Seguridad Social; si gestionar mejor es reducir el gasto aunque sea a costa de degradar la calidad de las prestaciones, eso sí lo hacen las mutuas, pero ese no debería ser el objeto de la Seguridad Social. (Aplausos).
Señora ministra, es cierto que mejoran ustedes la regulación de la responsabilidad de los presidentes, alguno de los cuales espero que termine en la cárcel a pesar de su edad, porque han hecho de algunas de las mutuas una cosa brutal. Ustedes mejoran este aspecto, es verdad, pero continúa habiendo problemas graves. No hay responsabilidad nítida de los empresarios mancomunados cuando dejen hacer a los gestores lo que quieran, y no puede ser que un empresario diga que actúe el gestor y luego no se responsabilice. No, no; ustedes tienen que mejorar esa regulación estableciendo mayores responsabilidades. Y lo mismo ocurre en el tema del régimen retributivo. Es verdad que se modula, pero no es verdad que se resuelva, porque no lo igualan a las entidades gestoras de la Seguridad Social, lo igualan al conjunto del sector público, con lo cual es perfectamente posible en estos momentos que un director general de una mutua perciba más ingresos que el director general de la Tesorería de la Seguridad Social o del INSS. ¿Me pueden explicar por qué, con el volumen de recursos que gestiona y con la calidad que están demostrando además en su gestión, que yo siempre les he reconocido? No, señora ministra, hay cosas que aún se pueden mejorar.
Termino. En resumen, estamos ante un proyecto de ley para nuestro grupo, La Izquierda Plural, que no aprovecha la oportunidad para abordar una reforma en profundidad. Pero lo que es peor, consolida y afianza un perverso proceso iniciado en 1995 de delegar en las mutuas funciones que nunca debieron asumir. ¿Alguien en esta Cámara me puede explicar si de verdad considera que el embarazo es un riesgo laboral? ¿Alguien se atreve a subir aquí a decirme que el embarazo es un riesgo laboral? Pues si el embarazo no es un riesgo laboral, ¿por qué razones en su momento se les encargó a las mutuas la función de gestión de la prestación de riesgo del embarazo? ¿Por qué? Sencillamente por esa concepción de trasladarles cada vez más elementos de gestión y de mercantilización de las políticas. Lo que en 1995 fue la primera piedra en una carretera de privatización y mercantilización de las mutuas con este proyecto de ley puede convertirse, si no lo evitamos, en una autopista de cuatro carriles para que circule, si así lo decide algún otro Gobierno, la privatización de importantes esferas de la Seguridad Social, y a eso nosotros nos opondremos radicalmente. Le reconocemos lo que mejora el proyecto, pero le decimos que este proyecto no aborda las cuestiones de fondo y abre la puerta a una mayor privatización y mercantilización, razones suficientes para que la señora ministra se lo piense e incumpliendo ese mandato cuasi religioso que tiene, nos acepte esta vez esta enmienda a la totalidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Socialista, señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora presidenta, señorías, dos cuestiones previas. Señor Coscubiela, hágaselo mirar, porque sus compañeros de La Izquierda Plural le aplauden mucho más cuando se mete con el PSOE que cuando se mete con la derecha. Háganselo mirar. (Aplausos).
Señora ministra, la he escuchado aquí y hay que reconocer que ha hecho un discurso con el que, si no supiéramos exactamente por dónde va la ley, podríamos estar de acuerdo. Usted dice que es un proyecto que mejora y protege más a los trabajadores. Le voy a decir una cosa. En la campaña electoral, con la que ustedes consiguieron la mayoría absoluta de la que hoy disfrutan, dijeron que eran el partido de los trabajadores. Luego, vinieron y nos metieron la reforma laboral que nos metieron, y no una, varias. Por favor, olvídense de los trabajadores, porque si se olvidan de ellos por lo menos viviremos mejor. (Aplausos).
Esta ley es un mandato de la Ley 27/2011 y fue fruto de lo que hablamos en el Pacto de Toledo. Fundamentalmente dijimos que se mandara un proyecto de ley negociado con los agentes sociales y con consenso político dentro del Pacto de Toledo. Como usted bien ha dicho, ha habido conversaciones con
algún grupo, ha habido conversaciones con algunas asociaciones o, incluso, conversaciones con algunos sindicatos, pero, señoría, conversaciones no es pacto. Consenso significa negociación, significa que empieza cada uno en su posición y terminan en una posición intermedia, aunque no guste, en la que todos se ven reflejados. Ustedes ya nos tienen acostumbrados a la política de hechos consumados, ya lo han hecho con el Decreto 5/2013, es decir, con todas las reformas de la Seguridad Social. Han roto lo que desde el año 1995 se venía haciendo en esta Cámara, que era que todas las reformas de Seguridad Social se hacían con amplio consenso. Ustedes eso ya lo han roto. Nos traen aquí unos cambios para las mutuas. ¿Es necesario que hagamos cambios? Sí. ¿Es necesario que se actualice? Sí. Pero nos los traen con sus únicas aportaciones, con su único consenso -supongo que entre grupo y Gobierno-. Lo que ustedes están haciendo hoy aquí es garantizar que estas reformas duren lo que su mayoría parlamentaria, porque cuando no tengan la mayoría parlamentaria esta ley, evidentemente, habrá que volver a reformarla.
Pedimos la devolución del proyecto y a la vez reiteramos nuestra voluntad de diálogo. Queremos un diálogo sereno, queremos que haya consenso social, consenso político, consenso con las patronales; es decir, un consenso de todos. Queremos hacer esa reflexión, y el lugar sería el Pacto de Toledo, sin prisas, con serenidad. ¿Qué queremos nosotros de las mutuas? Queremos que las mutuas se encarguen de lo que es su mayor activo y de lo que su nombre indica, enfermedades profesionales y accidentes laborales. Eso es lo que creemos que deben hacer las mutuas. Señoría, también queremos -en la ley algo avanzan- que se establezcan mayores niveles de transparencia y eficacia. Estamos seguros de que nos pondríamos de acuerdo, pero todo ello bajo el entendimiento de que las mutuas son entidades privadas pero manejan dinero público y forman parte del sistema público de la Seguridad Social. Bajo esas premisas podríamos alcanzar un acuerdo y entonces sí estaríamos haciendo un favor a todos los sectores. Creo que con esta reforma ustedes pretenden hacer lo que los tribunales y los ciudadanos de Madrid les han impedido, es decir la privatización de la sanidad; si la justicia les cierra la puerta de privatizar la sanidad, ustedes abren la ventana de las mutuas para que, por la puerta de atrás, entre lo privado en el sistema público sanitario. Para nosotros esa es una línea roja que bajo ningún criterio estamos dispuestos a pasar, porque para nosotros la sanidad pública es una seña de identidad del país y queremos que siga siendo la sanidad pública de todos y con un funcionamiento mejor que el que está teniendo en los últimos tiempos.
Señorías, además este proyecto de ley desconfía del médico de familia, y el señor Coscubiela también lo decía. ¿Cómo puede ser que el médico de cabecera, el médico que conoce al paciente y que sabe cómo está su enfermedad le dé la baja hoy y mañana el médico de la mutua ya pueda decidir que le puede dar el alta? A no ser que tenga una bola de cristal. Pero no solo ustedes quieren utilizar las mutuas como policías de los trabajadores, sino que además ponen en cuestión todo el sistema público de salud, desconfiando del médico de familia, que es el que atiende a los ciudadanos. Además olvidan una cosa, los ciudadanos tenemos el médico de familia a la puerta de casa y las mutuas tienen sus sedes a nivel provincial o comarcal. ¿Quién va a pagar esos desplazamientos de los trabajadores? Pero hay más, un trabajador no puede elegir su mutua pero sí puede elegir a su médico de familia. O sea que de un plumazo no solo privatizan sino que eliminan a los trabajadores la posibilidad de que elijan quién les va a cuidar su salud.
En definitiva, señora ministra, con esta ley ustedes plantean el embrión de dos sistemas sanitarios diferenciados: uno para los trabajadores en activo, a través de las mutuas, y otro para el resto de los ciudadanos, además con todos los recortes que ustedes hacen. Le voy a poner un ejemplo muy claro. El caso de un trabajador de una empresa de Murcia, cuando esta empresa elige una mutua gallega que no tiene representación en Murcia. Evidentemente, esa mutua va a subcontratar los servicios una, dos, tres veces, las que haga falta. ¿Quién vigila que a ese trabajador le den unos servicios de calidad? ¿Quién vigila que la subcontrata se haya hecho de acuerdo con los intereses y la salud de ese trabajador? Nadie, señorías. Vivimos en un país -eso hay que tenerlo en cuenta- donde las bajas por accidente laboral son del 1%, mientras que en los países de nuestro entorno son del 5%. ¿Quiere eso decir que nosotros trabajamos más seguros, que tenemos mejores condiciones de trabajo? No. ¿Hay alguien que pueda pensar eso? No, señorías. Lo que sucede es que las mutuas derivan bajas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la sanidad pública, con todo lo que eso supone. Y eso lo dicen los datos, no lo digo yo. De cada 100 euros que gastamos en bajas laborales, 10 euros son de accidentes de trabajo. ¿Alguien se puede creer que esto sea así?, ¿que en este país no haya enfermedades profesionales ni accidentes laborales? No, señorías. No podemos transigir con esto en este proyecto de ley.
Es cierto que el Gobierno socialista transfirió a las mutuas el control económico de la IT, pero ahora le dan todo el control desde el primer día, y se lo dan con un objetivo -que además lo dicen en la exposición de motivos-, y es que, igual que han conseguido que no haya accidentes de trabajo ni enfermedades
profesionales, ahora lo que no quieren es que haya enfermedad común. Pero solo tienen dos formas de hacerlo: una, mandando a los trabajadores a trabajar enfermos o, dos, mandándolos directamente al cementerio. No hay más fórmulas. Señorías, estamos a tiempo, podemos negociar.
En el Grupo Socialista estamos dispuestos a sentarnos a hablar de los objetivos que, como decíamos en el Pacto de Toledo, deben tener las mutuas. Queremos unas mutuas que tengan sus competencias y funciones. En cuanto al cese de actividad, que también se lo dio un Gobierno socialista, la realidad ha demostrado que no ha funcionado. No lo digo yo, lo dicen todos los que han pasado por la Comisión. Pues bien, no nos tiene que doler prendas al reconocerlo: si hemos pasado a una experiencia que no ha funcionado, que no ha cumplido los objetivos, cambiémosla y pongamos el cese de actividad donde debería estar. Mi grupo y yo aprendemos cada día, señora ministra, igual que usted. Usted ahora sube aquí y nos hace unos discursos mucho más agradables al oído de lo que nos hacía antes, y eso es porque ha cambiado el tiempo y su aprendizaje. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Ustedes pretenden dar todo el control de las bajas a las mutuas. En la memoria nos ponen unos datos que reflejan que es más eficiente el INSS en el control de la incapacidad temporal que las mutuas; ustedes mismos lo dicen. Pues si funciona el INSS, ¿por qué hacer esta barbaridad de dar el control a las mutuas?
Voy terminando, señorías. Lo que pretenden ustedes, lisa y llanamente, es que no haya bajas laborales, que los trabajadores vayan a trabajar estando enfermos. Solo con la reforma laboral que les han hecho no necesitan más acojone -perdone la expresión-; ya tenemos presionados a los trabajadores por su propia situación de contrato. No necesitan más presión en la baja laboral. Le propongo que nos sentemos en el Pacto de Toledo, hablemos del proyecto de mutuas, definamos qué son las mutuas y qué competencias tienen: accidentes laborales y enfermedades profesionales. ¿No ven que no han sido capaces de afrontar en este país la enfermedad profesional y que la estamos haciendo pasar por común? Hagámoslo. Además, su nombre ya lo indica. Con todas las competencias que nosotros les hemos dado, incluían el nombre de mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, pero ahora ya no pueden seguir con ese nombre. Ustedes abren la puerta a privatizar la sanidad y a que gestionen en el futuro cualquier prestación de la Seguridad Social, y eso no es posible. Nosotros no podemos pasar por ahí.
Retiren el proyecto, vengan al Pacto de Toledo, aunque sea al final de la legislatura, lleguemos a un acuerdo, negociemos todos: los agentes sociales, la patronal y los grupos parlamentarios. Señora ministra, si lo hacen así usted podrá sacar adelante una ley votada por el conjunto de la Cámara y que dure muchos años más allá de que usted y yo estemos dedicadas a la política.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Disculpe, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Adelante. Salude.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Es que se me ha olvidado dar la bienvenida a dos representantes de la UGT, Marisa y Carmen, y al representante de la patronal de mutuas, que también estaba por aquí, a los cuales les agradezco su presencia. (Rumores.-Aplausos.-España Reina: Olé, olé).
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano.
El debate está siendo interesante, pero uno podría tener la sensación de que quizá estamos discutiendo de proyectos de leyes distintos, y alguien que no se haya leído el proyecto de ley podría estar confundido sobre el contenido concreto de lo que vamos a tramitar durante las próximas semanas.
He de empezar diciendo que Convergència i Unió no comparte el contenido del proyecto de ley. Esta no es la ley de mutuas que Convergència i Unió habría hecho -a ello me referiré-, pero hemos optado por no presentar la enmienda a la totalidad, como sí han hecho el resto de los grupos, porque -de manera tímida, eso sí- hemos constatado una voluntad de abrir un diálogo, por parte del Gobierno con este grupo parlamentario, en algunas de las cuestiones que nos preocupan. Será el trámite parlamentario que ahora iniciamos el que determinará cuál es nuestra posición final con relación al proyecto de ley, eso sí, remarcando que en una materia de estas características lo ideal habría sido que este proyecto de ley
hubiese llegado con un acuerdo social claro. Nos consta que han existido intercambios de opiniones, de posiciones, entre el Gobierno y los interlocutores sociales, tanto patronales como sindicales, pero no llega con un acuerdo social claro ni tampoco llega con un acuerdo con las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de salud y que en toda esta cuestión tienen una principal responsabilidad. Esta es una primera debilidad del proyecto de ley.
Hemos de poner también en valor -la señora López i Chamosa, el señor Olabarría y la ministra en su intervención así lo han recordado- que este proyecto de ley tiene su origen en un mandato explícito de la disposición adicional catorce de la Ley 27/2012, disposición adicional que fue acordada, entre otros grupos, entre el Grupo Socialista, Convergència i Unió y el Grupo Vasco fundamentalmente. A través de este mandato pretendíamos resolver lo que durante muchos años había sido una tensión política importante con relación al modelo de mutuas. A los grupos que propusimos aquellas enmiendas nos pareció que era necesario abordar este proceso de modernización de la normativa y generar un nuevo marco legal estable, consensuado, que diese perspectiva de medio y largo plazo en esta política. Es evidente que la ausencia de diálogo social y la ausencia de acuerdo con las comunidades autónomas debilitan esa perspectiva. Vamos a ver si el trámite parlamentario nos permite resolverlo. Esa es al menos la modesta aspiración de Convergència i Unió.
Se proponen distintas cuestiones, con relación al proyecto de ley, que van a ser objeto de enmiendas de Convergència i Unió -esta misma tarde termina el plazo de presentación de enmiendas parciales-, y que afectan a cuestiones que han estado muy presentes en la discusión de esta mañana. En primer lugar, la naturaleza de las mutuas. En la naturaleza de las mutuas, más allá de la retórica que unos y otros hemos expresado, vamos a coincidir todos en la idea de que estamos hablando de entidades de naturaleza privada que gestionan recursos de carácter público. Es una fórmula híbrida no demasiado común en nuestro entorno, que tiene una explicación en función de cuál ha sido la historia de la Seguridad Social en el Estado español, desde los tiempos del franquismo y desde antes, que obliga a una aproximación que en el terreno de lo ideal debemos ser capaces de combinar lo mejor que tiene la iniciativa privada -en términos de flexibilidad, de adaptabilidad, de orientación, de resultados-, con las funciones de carácter público que afectan a la protección al derecho a la salud de las personas trabajadoras. Lo debemos hacer partiendo del hecho de que el intervencionismo gubernamental en esta materia, entendido como una acción burocrática de la Administración sobre las mutuas, no nos garantiza, ni mucho menos, la combinación de esas dos aspiraciones. En la pasada legislatura, ya vivimos un enorme intervencionismo de la Administración en esta materia. De hecho, el origen de la enmienda que lleva a la elaboración de la disposición adicional catorce pretende corregir ese excesivo intervencionismo de la Administración, a través de normas de rango inferior a reglamento, de normas de interpretación de la normativa existente a través de las cuales se condicionaba la acción de las mutuas. Un intervencionismo gubernamental que tampoco ha impedido los escándalos que se están viviendo en esta materia.
Mi grupo no va a renuncia a defender un buen modelo de colaboración público-privada, pero hoy coincide más con la interpretación que hacía el señor Olabarría que con la que han hecho otros grupos de la Cámara. Debemos ser capaces de mantener un estricto control de las mutuas que gestionan recursos públicos por parte de la Seguridad Social, debemos ser exigentes en materia de transparencia y buen gobierno, pero no podemos dejar a las mutuas sin capacidad de gestión, que es aquello que provoca el proyecto de ley en su actual redacción, y vamos a intentar resolver esa cuestión. Señora ministra, vamos a plantear la necesidad de mejorar la gobernanza de las mutuas y una mayor implicación de empresarios, sindicatos, comunidades autónomas y autónomos debe implicar que ese modelo de colaboración público-privada tenga una mayor legitimidad social.
Señorías, se plantea el debate sobre la gestión de las contingencias comunes por parte de las mutuas. Mi grupo no puede compartir el tremendismo de algunos de los portavoces que demuestran no haber leído el proyecto de ley. La última palabra en esta cuestión la va a mantener el sistema público, como debe ser, pero también es verdad que mi grupo tiene dudas de que el nuevo sistema que configura el proyecto de ley resuelva demasiadas cosas. Continúa siendo un planteamiento muy farragoso y muy burocrático. Convergència i Unió va a defender lo que ha sido un modelo de éxito, que es el existente en Cataluña a través del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas que permite una coordinación entre el Servicio Nacional de Salud de Cataluña, las mutuas y el INSS en aras de hacer una buena gestión de la contingencia común. Queremos que la ley blinde el modelo catalán, que la ley permita el modelo catalán, que es un modelo de consenso -con el que ha gobernado Convergència i Unió y el tripartito y que se ha mantenido-, que es un modelo que genera confianza en los médicos de la atención primaria, un modelo que tiene la confianza de los interlocutores sociales, un modelo que tiene la confianza de las mutuas, y queremos que continúe
funcionando. Vamos a querer blindar el modelo catalán en este proyecto de ley. Vamos a querer que se respete el artículo 165 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en materia de Seguridad Social contempla, de manera expresa, la competencia de la coordinación en materia de prevención de riesgos de las actividades de las mutuas en Cataluña. El artículo 165 está plenamente en vigor y esa ley debe respetarlo.
En quinto lugar, señorías, vamos a tratar una cuestión que hasta ahora no ha aparecido en el debate y que nos parece sustancial. En la pasada legislatura el anterior Gobierno puso en marcha un bonus-malus para favorecer que aquellas empresas con menos índices de siniestralidad tuviesen menos costes laborales, como una fórmula de zanahoria para mejorar nuestra lucha contra los accidentes en las empresas. El modelo de bonus-malus no ha funcionado, ha tenido muy poca eficacia y este proyecto de ley puede ser una buena oportunidad para revisarlo, para incentivar que las empresas tengan mejores comportamientos en la gestión de sus riesgos laborales. Ahí, señorías, vamos a insistir. Vamos a intentar mejorar la prestación económica por cuidado de menores afectados de cáncer y otras patologías graves. Vamos a intentar mejorar, con relación al proyecto de ley, la protección por cese de actividades de los autónomos que no ha funcionado durante estos años. Y vamos a intentar reforzar el papel de las mutuas en la rehabilitación de los puestos de trabajo para las personas con discapacidad. Convergència i Unió discrepa en el contenido del proyecto de ley sobre cómo abordar un papel activo de las mutuas en las políticas públicas desde la confianza y la iniciativa de la sociedad, desde la exigencia de que lo público debe ser controlado por las administraciones públicas. Espero, señorías, que el debate parlamentario que hoy iniciamos, que la actitud inicialmente positiva que, al menos con este grupo, ha tenido el Gobierno nos permita, al final del trámite, votar a favor del proyecto de ley. En cualquier caso, lo veremos durante los próximos días.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, traemos y debatimos un proyecto de ley por el que se modifica la regulación de la mutuas, que se dedican a algo tan importante como es la salud y la vida de los trabajadores, que es absolutamente imprescindible para mejorar la competitividad de nuestras empresas y de la economía en su conjunto. Estoy de acuerdo con algo que dijo el señor Olabarría hace una semana: hemos asistido hoy a un debate que raya lo esquizofrénico, es decir, hay unos grupos de la oposición que nos acusan de privatizar y hay otros grupos de la oposición que nos acusan de lo contrario, de publificación de las contingencias de las mutuas. Señorías, entre publificación y privatización el Partido Popular está en el centro, una vez más. Estamos hablando de unas entidades con una naturaleza privada pero que gestionan recursos públicos; nada más y nada menos que 9.000 millones de euros. Por eso queremos aumentar los controles y queremos aumentar la transparencia. Gracias, señor Coscubiela, por apoyar este mayor control que recoge este proyecto de ley.
Es una ley donde, por primera vez, se prohíbe que los directivos puedan realizar contratos con las mutuas. Esto no lo hizo el Partido Socialista. Es una ley que aumenta la transparencia porque habrá otra vez memorias, que fueron quitadas por el Partido Socialista. Es una ley que establece las responsabilidades de todos los directivos. Esto no lo hizo el Partido Socialista. Y es una ley que, por primera vez, limita de verdad las retribuciones de los directivos de las mutuas. Digo de verdad, porque el Partido Socialista puso un límite, pero solo limitó las retribuciones básicas y dejó libres las variables; había gerentes, después de la modificación que hizo el Partido Socialista, que ganaban más de 200.000 euros. Señorías, con este proyecto de ley se limitan las retribuciones no solo del gerente sino de todos los directivos, las básicas y las complementarias; aquí no hay trampa ni cartón; hay absoluto control y absoluta transparencia. Lo ha dicho el Tribunal de Cuentas: esta normativa va a mejorar considerablemente el control de las retribuciones y de las indemnizaciones. También ha valorado positivamente el Tribunal de Cuentas el régimen de prohibiciones y de incompatibilidades. En su informe de 2009 ya recomendaba este régimen de incompatibilidades, porque decía que había muchos incumplimientos del régimen de incompatibilidades y que no se había incoado expediente alguno. Y entonces gobernaba el Partido Socialista. Por lo tanto, es una ley que establece un mayor control, que mejora la gobernanza y establece una mayor transparencia en los órganos de gestión. Y yo pregunto: ¿Es que le molesta a alguien que haya un mayor control y una mayor transparencia en los órganos de gestión de las mutuas? Es un proyecto de ley que también traerá un mayor control en la reserva de las mutuas. Hay que decir alto y claro que fue el Partido Socialista el que en el año 2011 eliminó los topes de las mutuas, con lo cual las reservas de las mutuas empezaron a crecer de forma considerable con miles de millones de euros. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Nosotros volvemos a establecer los topes en las reserva de las mutuas para que las cotizaciones sociales 'sobrantes' no se queden ahí paradas en las reservas de las mutuas y puedan ir a la Tesorería de la Seguridad Social, a la caja común de la Seguridad Social para pagar pensiones para nuestros pensionistas. Eso es apostar decididamente por la sostenibilidad de la Seguridad Social y eso es apostar por nuestros pensionistas. (Aplausos).
Señorías, hablan de la privatización de la sanidad y tengo que decirles que en este proyecto de ley no hay ni una sola competencia nueva que se les atribuya a las mutuas. Quien sí ha ido incrementando las competencias a las mutuas ha sido el Partido Socialista Obrero Español: año 1993, la incapacidad temporal por contingencias comunes; año 2007, la gestión por riesgo de embarazo; año 2010, el cese de actividad de los autónomos; año 2011, la prestación por cuidados de menores afectados por cáncer. Llama poderosamente la atención que ahora se acuse a este Gobierno de privatizar, cuando no le hemos dado ni una sola competencia nueva, simplemente hemos aumentado los controles. Los socialistas estaban callados cuando año a año el Partido Socialista les fue incrementando las competencias a las mutuas. Por eso, si alguien ha privatizado dando nuevas competencias y sin extremar los controles ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Luego pasa lo que pasa, que tenemos mutuas que están bajo la lupa por el descontrol que se ha producido en la época socialista -que no voy a relatar ahora- y que ha dicho muy claramente el señor Coscubiela.
Lo más esquizofrénico es que ahora los socialistas se arrepienten de todo. Ahora les quieren quitar todas las competencias que les han ido dando año a año. Solo digo una cosa: Por favor, ¡que alguien ponga orden en esa casa, que alguien ponga orden en el Partido Socialista porque esto es de locos! Pero claro, si el que tiene que poner orden un día habla de los funerales de Estado y al día siguiente dice lo contrario; un día se carga el Ministerio de Defensa y al día siguiente dice lo contrario. Por eso, señora López i Chamosa, entiendo que es bastante complicado que salga usted aquí y haga un debate coherente. (Aplausos).
Señora López i Chamosa, no me puedo olvidar de los trabajadores. ¿Cómo me voy a olvidar de los trabajadores que son los que con su esfuerzo levantan cada día este país? Para olvidarse de los trabajadores ya está el Partido Socialista, pues cuando gobernaron despidieron a 3,5 millones de trabajadores. Eso es lo que hizo el Partido Socialista. Cuando gobierna el Partido Popular se crea empleo, señorías, y cuando gobierna el Partido Socialista lo único que se queda en este país es el paro, el déficit y el rescate. Señora López i Chamosa, claro que sanidad pública y universal sí, pero ustedes nos dejaron 16.000 millones de euros de deudas en los cajones de la sanidad pública. Eso sí es poner en riesgo la sanidad pública y el Estado de bienestar, señora López i Chamosa.
Me parece sorprendente que se hable siempre del Pacto de Toledo. Estamos aplicando las recomendaciones 9 y 10 del Pacto de Toledo. ¿Para qué queremos un Pacto de Toledo si firmamos entre todos las recomendaciones y cuando las aplica el Gobierno del Partido Popular ustedes se rasgan las vestiduras? Es verdad que ahora las mutuas van a actuar desde el primer día pero eso no significa, señor Coscubiela, que vayan a hacer propuestas de alta desde el primer día. Se harán pruebas y análisis desde el primer día. En su caso, podrán hacer propuestas de alta -como se ha dicho aquí-, pero quiero recordar que la última palabra en el alta siempre la tendrán los médicos del servicio público de salud o del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por lo tanto, señoría, ¿dónde está la privatización de la sanidad? si las mutuas no pueden dar el alta, ni se está privatizando la sanidad ni se están recortando los derechos de los trabajadores. ¡Ya está bien de tanta demagogia y de tanta falsedad!
Luego hablan ustedes también de desconfianza de los médicos. En absoluto, si son los médicos los que van a dar el alta; van a dar la baja y la confirmación de la baja. Yo creo absolutamente en la profesionalidad de los médicos de la sanidad pública española. Por mucha propuesta de alta de las mutuas, al final el alta la tendrá que dar siempre el médico. Yo apuesto por los médicos del sistema público; ustedes, los socialistas, defienden a los médicos de boquilla porque a los médicos no solo hay que defenderlos, sino que hay que pagarles también y allí donde ustedes gobiernan, en Andalucía, los médicos llevan ya tres años sin cobrar la paga extra. Eso no es defender a los médicos. No me sirve, señoría, esa teoría de que los trabajadores tendrán que ir a trabajar enfermos si la mutua lo ve conveniente. Será si el médico lo ve conveniente, que es el que tiene que dar el alta. ¿O es que ustedes no confían en los médicos del servicio público? Señoría, ya está bien de leyendas urbanas, porque ni los médicos van a dar el alta a un trabajador que esté enfermo ni los empresarios quieren tener en sus empresas trabajadores que no estén en las condiciones adecuadas ni tengo por qué pensar que un trabajador que esté en condiciones de ir a trabajar no va a ir a su puesto de trabajo.
Ya está bien, señorías, de tanta leyenda urbana. En cuanto al diálogo social, es la coletilla de siempre; el diálogo social ha existido y mucho. Fíjese usted si ha existido que se ha cambiado bastante el anteproyecto inicial y ha habido diálogo con los autónomos, con la discapacidad, con el sector sanitario, con los sindicatos. Señora López i Chamosa, nosotros nos hemos sentado en el Pacto de Toledo, pero además de sentarse hay que tener las ideas claras, hay que saber qué es lo que se quiere, qué modelo de mutuas se quiere seguir porque no lo he visto yo muy claro en el Partido Socialista. Con respecto al cese de autónomos -voy terminando-, con este proyecto de ley los autónomos tendrán más fácil cobrar el paro, ya que se estaba denegando en un 80% de las peticiones, porque la ley socialista establecía unas condiciones prácticamente imposibles de cumplir. Con esto se cumple una promesa electoral del Partido Popular y un compromiso que se asumió en el debate sobre el estado de la Nación.
Concluyo, señor presidente. Este proyecto de ley significa más control y más transparencia en lo que demanda la sociedad y lo que propugna el Partido Popular. También significa mayores recursos para la Seguridad Social, porque vamos a corregir el exceso de reservas para que haya mayores recursos para nuestros pensionistas, y más apoyo a los autónomos. Se empieza a hacer justicia con ellos. Nada de privatización ni de publificación; el Partido Popular en el centro una vez más. Absoluta confianza, señoría, en la profesionalidad de los médicos del sistema sanitario público, y todo ello con un único objetivo, que es mejorar la competitividad de nuestras empresas y, señorías, velar por lo más importante que tiene una persona en la vida, que es la salud. Por eso nos importa y mucho lo que afecte a la salud y a la vida de nuestros trabajadores.
Una vez concluido el debate, en unos minutos -estamos ya llamando- procederemos a votar. (Pausa).
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (Número de expediente 140/000024).
El señor PRESIDENTE: Señorías, los grupos parlamentarios abajo firmantes, que son todos los de la Cámara, suscriben la siguiente declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Niña. Con motivo del Día Internacional de la Niña el próximo 11 de octubre, ha llegado a esta Presidencia esta declaración que paso a leer.
Tras el compromiso adquirido el año pasado con la campaña Por ser niña, de Plan internacional, para erradicar el matrimonio infantil forzado, que quedará reflejado próximamente en una resolución de Naciones Unidas, y valorando positivamente la inclusión del matrimonio forzado como delito en el Código Penal, este Parlamento reitera su llamamiento a la comunidad internacional para incluir como una prioridad en la agenda internacional post objetivos del milenio la erradicación de las causas que provocan que las niñas sean más vulnerables, entre ellas el matrimonio temprano, la mutilación genital femenina, el embarazo preadolescente o cualquier otra manifestación de violencia contra ellas, como la explotación, el tráfico y la trata infantil. Asimismo, este Parlamento solicita que se garantice el acceso, después de la educación primaria, o al menos tres años más de educación gratuita y de calidad, que favorezca la empleabilidad futura de los niños, y especialmente de las niñas, en países en desarrollo, porque un año más de educación supone entre un 10 y un 20% de ingresos, que las niñas reinvierten al 90% en su familia. Invertir en las niñas es inteligente.
Esta es la declaración. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, ACERCA DE SI EL GOBIERNO DESCARTA DEFINITIVAMENTE LA PRESENTACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA VIDA DEL CONCEBIDO Y LOS DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA. (Número de expediente 173/000172).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora a las votaciones.
Moción del Grupo de La Izquierda Plural, acerca de si el Gobierno descarta definitivamente la presentación de la ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada. Se va a votar con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 121; en contra, 182; abstenciones, 8.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA POLÍTICA INDUSTRIAL Y TURÍSTICA QUE IMPULSA EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000173).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política industrial y turística que impulsa el Gobierno. Hay una enmienda transaccional con la enmienda del Grupo Popular, que es el texto que vamos a votar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 190; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución española. Va a haber dos votaciones separadas de las enmiendas. La primera es enmienda a la disposición adicional única.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 281; abstenciones, 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 304; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: En los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores en los que han intervenido los grupos no se ha pedido ninguna votación separada, por lo cual propongo al Pleno que se aprueben por asentimiento. ¿Así se acepta? (Asentimiento). Pues así se hace.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000106).
El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Estas enmiendas que votamos conjuntamente han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández Davila, señor Tardà y señor Cuadra), Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 124; en contra, 173; abstenciones, 14.
Antes de la última votación quiero recordar a todos los portavoces que al final del Pleno hay reunión en la Sala Sert.
El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista de avocación por el Pleno de este proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 138; en contra, 172.
El señor PRESIDENTE: No se avocará por el Pleno.

References: artículo 82
 artículo 82
 artículo 82
 artículo 82
 artículo 82
 real decreto 
 artículo 82
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 82
 artículo 153
 artículo 153
 artículo 82
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 1
 resolución 
 artículo 165
 artículo 18
 artículo 12
 artículo 165
 artículo 165
 resolución 
 artículo 82