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Timestamp: 2020-01-19 17:06:46+00:00

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Belen Ros, autor en LA BUENA EDUCACIÓN
Autor: Belen Ros
Publicado el 23/11/2019 28/12/2019
La inatención educativa de los alumnos con Altas Capacidades Intelectuales en España.-
Aunque suene muy duro, la realidad es que en España no se atienden las altas capacidades intelectuales.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el grupo de alumnos llamado de “altas capacidades intelectuales” es un grupo muy heterogéneo que reúne alumnos con necesidades educativas muy diferentes entre sí que la Administración ha metido en un mismo saco como si fuera posible atenderlos a todos igual.
Para hacernos una idea, la Administración Educativa con el fin de atender “adecuadamente” a sus alumnos crea un grupo al que llama “alumnos con problemas visuales” donde estarían todos los niños que presenten algún tipo de problema visual: desde los miopes, astigmáticos, hipermétropes, daltónicos,…, hasta los que tienen algún tipo de ceguera parcial o total. En este caso se puede observar que las necesidades visuales de los niños en relación a su aprendizaje son muy diferentes: a unos les bastará con utilizar gafas con unas lentes con mayor o menor graduación, textos con una letra más grande o únicamente en color negro, estar más cerca de una fuente de luz o de la pizarra, mientras que otros necesitarán aprender braille, utilizar un bastón o un perro guía, … Pues esto mismo sucede con los alumnos con altas capacidades intelectuales, colectivo que agrupa a los alumnos con precocidad, talento simple, múltiple o complejo y superdotación, y dentro de éstos, también existen distintos grados de profundidad que llegan hasta los “genios”.
El problema principal es que mientras que puede resultar más o menos fácil detectar un problema visual, máxime si recibimos un informe de un oftalmólogo, al que los funcionarios educativos jamás le pondrán pegas o que ya vengan al colegio con las gafas puestas, a los alumnos de altas capacidades intelectuales, que lo que tienen es un cerebro diferente, madurativamente asincrónico, incluso aportando un informe clínico al respecto, no se les identifica ni se les atiende, puesto que constantemente se les está obligando a “normalizarse”, esto es, se les obliga a perder su “identidad” y se impide que su potencial se desarrolle.
Esto sucede por varios motivos que van más allá de la falta de sensibilidad hacia las necesidades de estos niños y de la general ignorancia en la materia y que se encuentra en la raíz misma del sistema educativos español: a pesar de que todas nuestras leyes educativas repitan cual loros amaestrados aquello que la Convención de Derechos del Niño establece en su artículo 29 y que es Ley por establecerlo así el art. 10 de la Constitución Española vigente: que “la educación de los niños deberá ir encaminada a que desarrollen al máximo sus posibilidades”, la realidad es que las leyes orgánicas de educación están diseñadas para que los alumnos españoles alcancen unos objetivos mínimos en un tiempo determinado para su inserción en el mercado laboral. Si se ha ido aumentando progresivamente la edad obligatoria de la escolarización no es porque todos los menores necesiten mayor formación académica hoy que hace cincuenta años, no nos engañemos, es porque así ingresarán más tarde en el mercado laboral.
Desde la Administración Educativa Española decir que vamos a ayudar a los niños de altas capacidades intelectuales a desarrollar al máximo su potencial es terriblemente hipócrita y absolutamente falso: no se les permite aprender más ni más rápido porque el sistema está diseñado, no para respetar su diferencia, sino para “normalizarlos”.
Ante esta terrible injusticia que atentaba directamente contra los derechos de estos niños, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo dictaron numerosas Sentencias obligando a que la Administración Educativa permitiera que estos niños se desarrollaran intelectualmente y que avanzaran curricularmente SIN LÍMITES, lo que motivó que se dictara el Real Decreto 943/2003 sobre flexibilización de las distintas etapas educativas para los alumnos superdotados, en vigor, que establecía no solo los “saltos del curso”, sino una serie de medidas complementarias que iban desde apoyo emocional a la planificación y programación específica, la formación de docentes y técnicos y la existencia de centros educativos específicos, centros que vienen recogidos por la actual LOMCE en el art. 122, bis b).
Tras la entrada en vigor de dicho Real Decreto en 2003 no he visto aceleraciones múltiples de más de tres años en todo el país, las de dos son una “rara avis”, y se siguen negando, sistemáticamente, incluso las de un curso, bajo la lógica general imperante de la “normalidad”, que es incapaz de ver que estos niños no son como el resto.
Desde esta lógica de la “normalidad” nunca se van a atender las necesidades de estos niños por varios motivos:
1.- Los Orientadores Educativos sin formación específica o con formación, pero desbordados de trabajo y burocracia, no se van a salir del “copia y pega de los informes” en relación a estos niños, informes destinados no a atender a estos niños, sino a facilitarle la vida a los docentes y a ellos mismos, que repiten generalidades abstractas para cubrir los expedientes.
2.- Estos informes dan lugar a la emisión de los dictámenes de escolarización (declaración administrativa de NEAE) o sirven como tal, determinando los recursos que se ponen a disposición de los Centros para atender a estos alumnos y a todas las demás NEAE, esto es, vinculan los centros a los que se puede ir y los recursos están en los centros que se habilitan para esa NEAE y, como la realidad es que no hay para todos (por aquello de que no hay inversión en educación), estos recursos se otorgan por “volumen”. Cuantos menos niños haya evaluados y reconocidos oficialmente, menos necesidad de medios materiales y humanos.
3.- A pesar de que la legislación permite teóricamente que en los “Planes de Atención a la Diversidad” se puedan utilizar distintas herramientas pedagógicas para la atención de este tipo de alumnado, como puede ser el agrupamiento en “aulas flexibles”, “aulas de atención a la diversidad”, “la compactación curricular” o “la flexibilidad horaria”, se impide que esto se lleve a la práctica de forma coordinada: ningún orientador (salvo excepciones) va a determinar que un niño necesite ese tipo de medidas, si lo hace, ningún inspector (salvo excepciones) va a autorizar que eso se lleve a cabo y, si a pesar de todo lo autoriza, las administraciones educativas no van a dar los medios (personales y materiales) para que estas medidas se lleven a cabo.
Pero el colmo de la hipocresía administrativa en la materia son los nuevos “Planes de Atención a las Altas Capacidades Intelectuales” y los orientadores “expertos”, que desde que apareciera el Plan de Andalucía de 2011, han proliferado por nuestra geografía, cual luces de neón, con el único fin de excusar la inatención educativa de este colectivo ante los Tribunales de Justicia.
Porque, seamos claros, la existencia de alumnos de altas capacidades intelectuales, como la de alumnos con discapacidad o sin ella, ha existido siempre y todas las leyes educativas desde los años 70 vienen reconociendo los derechos de este alumnado, ¿cómo puede tratarse esto de una moda? ¿es una moda que haya alumnos con discapacidad? ¿cómo es posible que en las carreras de magisterio y pedagogía no se estudie a este tipo de alumnado? ¿cómo es posible que en todos los planes que se van dictando a 2019 se siga hablando de “sensibilización” de los docentes y los técnicos? ¿cómo es posible que no se doten recursos y que se impida su atención cuando alguien se atreve a decir que la necesitan?
Algunos ejemplos de esta hipocresía educativa son los siguientes:
Una vez pasada la carrera de obstáculos de la evaluación psicopedagógica tenemos:
a) Un alumno reconocido como de AACC con talento musical: toca el violín como los ángeles con 8 años y está en grado profesional en el conservatorio, al que tiene que ir después de permanecer 6/8 horas en el colegio durante otras 4 horas, a las que hay que añadir las horas de práctica con el instrumento y la realización de deberes, esto es, tenemos un niño de 8 años con 12/14 horas de trabajo diarias y, además, no autorizamos que falte a clase para acudir a concursos o preparar conciertos y exhibiciones.
Cambiemos el talento por danza, idiomas, o arte, estamos en lo mismo. Al menos, este tipo de alumnos tienen la posibilidad de disponer de un título oficial en una materia reglada oficialmente cuando terminen sus estudios.
En España solo un par de Colegios privados aúnan educación obligatoria y musical.
b) Un alumno reconocido como de AACC con talento deportivo: Va al colegio, entrena después de clase y hace los deberes, realiza 12/14 horas de trabajo diarias. Pongamos que tiene suerte de que una Federación Deportiva lo catalogue como deportista de élite: podemos llevarlo a un Centro Deportivo de Alto Rendimiento o a una Escuela Profesional de Fútbol o de Tenis,…, que compagine su educación obligatoria con sus entrenamientos y su participación en competiciones y disponga así de un horario de trabajo digno. Se les otorgan becas y facilidades a la hora de continuar sus estudios. Programas específicos como el PROAD, en su prólogo, hablan de que estos deportistas aumentan el prestigio de España enarbolando la marca España internacionalmente y son socialmente beneficiosos.
La ciencia o el arte se ve que no mola a los políticos ni a la sociedad.
c) Un alumno con AACC con talento matemático, decidimos que avance un curso en matemáticas o dos o tres (aunque su velocidad le permita más), cuando llegue al cambio de etapa lo frenamos, porque “no puede seguir avanzando”, ¿qué vamos a hacer con él?.
d) Un alumno con AACC con sobredotación intelectual, su ritmo de aprendizaje le permite hacerse los cursos, como mínimo, de dos en dos o de tres en tres: no permitimos que avance por el currículo a su velocidad, lo entretenemos con alguna PCAI o ACAI (actividades de “profundización” o “ampliación”). Si quiere aprender, que lo haga en horario extraescolar, pero no le damos ningún tipo de oportunidad para que desarrolle su talento fuera de clase de forma “reglada” y si tiene la suerte de poder acudir a actividades extraescolares, éstas no suelen tener ninguna validez oficial.
Si, teóricamente, consiguiéramos que finalizara la educación obligatoria a los 10 años, por ejemplo, tal como sucede en los países que sí atienden a las AACC, se tendría que enfrentar a la EVAU como cualquier alumno de 18, con la misma presión emocional que éstos y sin que su sistema psicomotriz le permita escribir tan rápido como esos alumnos y tendrá que pasar el sistema de selección de cada Universidad. Acudirá a aulas que no están preparadas para su estatura y tampoco dispondrá (salvo excepciones) de ningún tipo de apoyo, beca o facilidad. Ayudas que tampoco dispondrán estos alumnos tengan la edad que tengan por el hecho de su diferencia.
Qué ocurre actualmente, cuando acudes a los Tribunales de Justicia en busca de la defensa del Derecho a la Educación de estos niños: que la Administración justificará su actuación diciendo que “sus expertos” han decidido que lo que hacen es lo mejor para los niños y que se ha seguido el protocolo y los jueces, que no tienen porqué saber de necesidades educativas, les darán la razón o los justificarán para que no haya indemnización de por medio y, con los años que dura un juicio de estas características, los padres tendrán, si la tienen, una Sentencia dándoles la razón cuando el niño/a ya haya salido del sistema educativo.
Francamente, estábamos mejor cuando esos expertos no existían, porque para lo único que sirven es para justificar la inactividad de la Administración.
Señores políticos y funcionarios de la Administración Educativa Española: dejen de mentir y reconozcan que la educación en España para estos niños no existe y la que existe, no funciona, y que no por no reconocerlos estos alumnos dejan de existir: son el 10% de la población escolar y en sus cifras oficiales aparecen reconocidos, que no atendidos, un 0,4% en 2018.
Y por favor, por favor, por favor, no pedimos que les entiendan, ni que les atiendan, que es su deber, pero, por lo menos, permítanles avanzar, no frenen sus flexibilizaciones.
Publicado el 27/08/2019 28/12/2019
Publicado el 15/06/2019 28/12/2019
El mito de la inteligencia vs infelicidad.-
Sin duda uno de los mitos más extendidos, yo creo que para justificar el “miedo” que le causa a la gente “normal” el hecho de ser menos inteligente que las personas con inteligencia por encima de la media –por aquello de que la inteligencia forma una parte importante de nuestro autoconcepto-, es insistir, sin base científica alguna, en que las personas extremadamente inteligentes son infelices o tienen problemas emocionales. Es lo mismo que se dice de las personas extremadamente ricas para justificar aquello de que “el dinero no hace la felicidad”, cierto, no lo hace, pero, sin duda, ayuda bastante; pues lo mismo sucede con la inteligencia.
A la difusión de este mito ha contribuido tanto la imaginería difundida por la literatura o el cine/televisión, en que la que los antagonistas de los héroes eran siempre villanos altamente inteligentes y amargados o psicóticos, como auténticos best-seller en materia de inteligencia tales como “La maldición de la inteligencia” de la Dra. Carmen Sanz Chacón o “¿Demasiado inteligente para ser feliz?” de la Dra. Jeanne Siauch Fachinne, quienes han descrito en sus libros los problemas de las personas que han acudido a las mismas en busca de ayuda profesional a causa de las frecuentes trabas educativas y sociales a las que se han visto enfrentados. Esta es una visión sesgada de la realidad porque, obviamente, las personas inteligentes, emocional y psicológicamente sanas y felices no van a terapia.
Lo primero que debemos aclarar es qué se entiende por felicidad, cuestión esta nada baladí, pues se trata de un constructo complejo de evaluar científicamente, que se puede enfocar desde la filosofía, la psicología, la genética, o la economía.
Desde el punto de vista psicológico, la Dra. Sonja Lyubomirsky, Profesora de la Universidad de California, la define como la experiencia de bienestar que se asocia a una profunda satisfacción y sensación de propósito vital.
Por su parte, el psicólogo Martin Seligman vincula el reconocimiento de la propia felicidad con el grado de satisfacción que tenemos con la vida y no solamente con una sucesión de estados de ánimo positivos.
Seligman identifica tres componentes de la felicidad:
a) El primero se corresponde con emociones positivas como el disfrute, la vida gozosa o la comodidad. Lo que los filósofos llaman hedonismo.
b) El segundo se vincula con experimentar el placer a través de las tareas y actividades, lo que nos genera un estado de fluidez (flow, conexión,…), que hace que perdamos la noción del tiempo e, incluso, de nosotros mismos. Está demostrado que hacer cosas que nos gustan y con las que nos apasionamos, disminuye la ansiedad y el estado de alerta.
c) El tercer componente de la felicidad es la trascendencia, utilizar las fortalezas personales para servir a un bien mayor.
Lo que posteriormente amplía incorporando otros dos elementos: las relaciones sociales positivas y los logros alcanzados o el sentimiento de realización personal.
Las relaciones sociales positivas y duraderas afectan a las funciones psicológicas, fisiológicas y de comportamiento, ayudan a proteger nuestro cerebro y contribuyen a nuestro bienestar. Por ejemplo, se ha demostrado que existe una mejor respuesta ante el estrés cuando estamos con nuestros seres queridos, ya sean éstos personas o mascotas. Por este motivo, el sentido de pertenencia es un escudo contra la soledad, la depresión y la ansiedad. El apoyo social, igual que el optimismo, tiene un gran impacto en el sistema inmunológico y cumple un rol protector en el ser humano con positivas consecuencias ante las enfermedades.
Esto quiere decir que existen distintas formas de experimentar el bienestar y la felicidad que se encuentran correlacionadas con frecuencia e implican distintos niveles de procesamiento cognitivo (inteligencia). Por ejemplo, evaluar el bienestar eudaimónico que está relacionado con los juicios sobre la calidad o el significado de la vida, demanda una considerable reflexión y tiempo, así como una comparación con estándares autoseleccionados (mejor vida comparada con quién o qué), mientras que evaluar el bienestar hedónico referido a los sentimientos o al ánimo puede ser más sencillo: nivel de alegría, tristeza, enojo o estrés, …
Tenemos que tener claro que las circunstancias de la vida, nuestras expectativas y nuestra composición genética influyen en cuán felices somos.
Desde 1996 se han llevado a cabo numerosos estudios para determinar si la genética y la felicidad estaban conectas y se ha descubierto que sí hay un componente genético en la felicidad que explicaba el bienestar hedónico (sensación de felicidad) en un 36% y el bienestar eudaimónico (sentir que nuestra vida tiene sentido) en un 32% de la misma, incluso, se han llevado a cabo estudios para determinar cuáles son las bases genéticas del bienestar humano y del sentido de la vida.
Esto quiere decir que podemos hacer mucho por nuestra felicidad, como trabajar en lo que nos gusta, expresar nuestros sentimientos, establecer y lograr metas, consolidar vínculos con otros seres, disfrutar el presente, reducir los pensamientos negativos, trabajar la auto-aceptación, tener hábitos de vida saludables y encontrar un propósito más allá de uno mismo.
Uno de los aspectos que parece estar fuertemente asociado a la felicidad tiene que ver con el sentimiento de espiritualidad, ya responda ésta a creencias religiosas o a lazos grupales, y este es, precisamente, el quinto nivel de la Teoría de la Desintegración positiva de Dabroski en sus estudios sobre la superdotación.
En conclusión, una elevada inteligencia no contribuye al desarrollo de algún tipo de trastorno mental, ni tiene relación con la infelicidad.
Existe eso sí, un riesgo y una predisposición a la preocupación excesiva, a la auto-crítica y percibir la realidad de un modo muy sesgado, tendente a la negatividad. Estudios como el llevado a cabo por Alexander Penney, de la Universidad de Lakhead, Canadá, nos señalan que las personas inteligentes se caracterizan sobre todo por tener una «mente rumiante» que, si no se controla adecuadamente, puede acabar alimentando la preocupación y la ansiedad, hasta que poco a poco se corre el riesgo de derivar en algún tipo de trastorno emocional. Para evitar este problema existen una gran cantidad de herramientas psicológicas y emocionales que pueden ser utilizadas y que sería muy útil implementar como aprendizajes durante la infancia y la adolescencia de estas personas.
Todo ello da forma a algo muy concreto: en nuestra sociedad tenemos personas brillantes o superdotadas intelectuales, que sacan partido de todo su potencial invirtiendo no solo en su propia calidad de vida, sino en la propia sociedad, por lo que podríamos decir que no solo son más inteligentes, sino que también son más felices.
Las justificaciones por parte de las personas normales de que los más inteligentes son infelices son de lo más variado, pero se suele señalar que:
1.- “Quieren igualar todo con sus altos estándares.”
2.- “No están satisfechos con la vida porque apuntan a cosas más grandes. La vida ordinaria no es suficiente para ellos.”
3.- “Son víctimas de un excesivo análisis”.
4.- “Las personas inteligentes se culpan demasiado.”-
5.- “Las personas inteligentes se sienten incomprendidas”.-
6.- “Las personas inteligentes suelen desarrollar problemas psicológicos.”-
No solo ninguna de las afirmaciones anteriores tiene base científica (una “mente rumiante” se puede controlar tal como hemos dicho) y las dos primeras son lo que ha hecho avanzar a la humanidad desde el principio de los tiempos, sino que el propio concepto de inteligenciacomo “facultad que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea de la realidad” tiene una correlación positiva con los conceptos de felicidad y bienestar antes vistos.
Por último, si Amor y Felicidad van de la mano, ¿dónde queda aquí la inteligencia?
Publicado el 11/06/2019 28/12/2019
Publicado el 05/06/2019 28/12/2019
Acoso escolar o ciberacoso.
Esta mañana leía en Facebook un artículo de la revista Infocopsobre un estudio realizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) sobre el acoso escolar que sufren los estudiantes de AACC, el estudio podéis leerlo completo aquí: http://www.infocoponline.es/pdf/informeciberaacc.pdf
Varios datos extraídos de dicho artículo me han parecido especialmente preocupantes:
Por este motivo, voy a intentar hacer un resumen jurídico de este tema que afecta, desgraciadamente, a muchos menores, especialmente a aquellos cuyas diferencias pueden llevarles a ser objeto de esta lacra social.
Lo primero que tenemos que delimitar son los conceptos de acoso y ciberacoso escolar, para saber cuándo estamos en presencia de un caso de este tipo.
Según D. Olweus (1998), pionero en la investigación de la violencia entre iguales:
“El acoso es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios medios”.
De acuerdo con esta definición, para estar en presencia de un caso de acoso y ciberacoso escolar deben concurrir las siguientes características:
La existencia de una desigualdad de poder entre el agresor y la víctima (es decir, un desequilibrio de fuerzas a nivel físico, social o psicológico).
Una intención clara de hacer daño.
Una reiteración o permanencia en el tiempo de este tipo de conductas, es decir, que no se trate de hechos aislados.
Indefensión y personalización: El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión.
También suele darse:
Se trata de violencia entre iguales, por lo tanto, los acosadores y víctimas son en la mayoría de los casos menores de edad, alumnos del mismo centro escolar, y esta violencia se produce dentro del entorno escolar (aula, instalaciones del colegio, ruta, actividades extraescolares, etc.) o fuera del entorno escolar a través de un dispositivo móvil (Lda. Dª Leticia Mata Mayrand: Aspectos jurídicos del acoso y ciber-acoso en el ámbito escolar. Revista Estudios de Juventud Nº 115: http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/42/publicaciones/documentos_1._aspectos_juridicos_del_acoso_y_ciberacoso_escolar.pdf)
La Instrucción 10/2005, de la Fiscalía General del Estado, sobre el tratamiento del Acoso Escolar desde el Sistema de Justicia Juvenil señala lo siguiente: “(…) debe deslindarse el acoso escolar de los incidentes violentos, aislados u ocasionales entre alumnos o estudiantes. El acoso se caracteriza, como regla general, por una continuidad en el tiempo, pudiendo consistir los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas, vejaciones, coacciones, insultos o en el aislamiento deliberado de la víctima, siendo frecuente que el mismo sea la resultante del empleo conjunto de todas o de varias de estas modalidades. La igualdad que debe estructurar la relación entre iguales degenera en una relación jerárquica de dominación-sumisión entre acosador/-es y acosado. Concurre también en esta conducta una nota de desequilibrio de poder, que puede manifestarse en forma de actuación en grupo, mayor fortaleza física o edad, aprovechamiento de la discapacidad de la víctima, etc.”.
Por lo que respecta al ciberacoso escolar o ciberbullying, éste comparte las mismas características que el acoso escolar tradicional (antes enunciadas), si bien este tipo de acoso escolar tiene unas características propias que lo hacen diferente del otro:
La utilización de las nuevas tecnologías por los acosadores, fundamentalmente, las redes sociales y los chats.
La aparición de otro tipo de daños como la vulneración o el ataque a la intimidad y privacidad del menor, por ejemplo, con la difusión de fotos o videos comprometidos de él sin su consentimiento.
Los menores testigos o espectadores son muchos más que en el acoso escolar tradicional.
Este acoso se puede realizar en cualquier momento y desde cualquier lugar, de tal forma, que no solo se produce en el entorno escolar, sino que continúa después, no cesa y persigue al menor hasta su casa y hasta la hora de dormir, lo cual agrava el daño psicológico en el menor de edad víctima (puede llegar a tener un alcance de 24 horas los 7 días del año).
· Exclusión y marginación social.
· Agresión verbal.
· Vejaciones y humillaciones.
· Agresión física indirecta.
· Agresión física directa.
· Intimidación, amenazas, chantaje.
· Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso: Intimidación, difusión de insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles.
· Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual.
· Acoso sexual o abuso sexual.
Debemos tener en cuenta diversos aspectos de este problema:
I.- Aspectos penales del acoso y ciberacoso escolar.
Actualmente, el Código Penal no prevé un tipo penal de “acoso escolar”. Por este motivo, a la hora de dictar sentencias condenatorias por conductas constitutivas de acoso o ciberacoso escolar, nuestros Juzgados y Tribunales aplican diferentes tipos penales ya existentes en el Código Penal dependiendo de la situación e intensidad del acoso, siendo además bastante frecuente que estemos en presencia de un concurso real de delitos.
Estos tipos penales son los siguientes:
1. Art. 138 a 142. Delito de homicidio o asesinato.
En función de los hechos y la intencionalidad podemos hablar de un homicidio doloso (art.138 CP), de un homicidio por imprudencia grave (art.142 CP) o, incluso, de un asesinato (art.139 CP) si concurre alguna de las circunstancias que se enumeran en ese artículo.
2. Art. 143. Delito de inducción al suicidio.
La gravedad del daño psicológico producido lleva a un 10% de los menores que lo sufren, según datos de la Fundación Anar, a idear o llevar a cabo la autolisis; sin embargo, hemos de tener en cuenta que, para estar en presencia de este delito, los Tribunales españoles comparten el criterio de que es no es posible la inducción por dolo eventual, sino que es necesario que haya existido un dolo directo: «querer» que se produzca esa muerte y «saber» que puede producirse.
3. Art. 147 a 156.ter. Delitos de lesiones.
4. Art. 169 o 172. Delitos de amenazas o coacciones.
Las amenazas suelen ser contra su integridad o la de sus familiares (hermanos, por ejemplo) o contra su intimidad. Las coacciones constituyen todas aquellas conductas de acoso escolar que buscan que la víctima realice actos contra su voluntad.
5. Art. 172.ter. Delito de acoso u hostigamiento.
Cuando se producen conductas que son reiteradas en el tiempo y por medio de las cuales, se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete por ello a persecuciones, vigilancias constantes, llamadas reiteradas u otros actos de hostigamiento.
6. Art. 173.1. Delito contra la integridad moral.
Implica un trato degradante que menoscabe la integridad moral, lo que ocurre en el acoso escolar.
7. Art. 178 a 183. Delitos de agresión y abuso sexual.
Lo que se extiende también al “grooming” o embaucamiento con fines sexuales.
8. Art. 197. Delitos contra la intimidad del menor.
La última reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, introduce en el apartado 7 del artículo 197 un nuevo tipo penal para poder perseguir por vía penal la difusión o divulgación de imágenes o grabaciones íntimas de una persona contra su voluntad, aunque éstas hayan sido obtenidas inicialmente con su consentimiento.
9. Art. 189.5. Delito de posesión o acceso a sabiendas a material de pornografía infantil.
10. Art. 205 a 210. Delitos de calumnia e injurias.
Estaremos ante una calumnia cuando una persona acuse a otra de haber cometido un delito a sabiendas de que esa acusación es falsa y siempre que la persona a la que se imputa esa comisión y el delito estén determinados.
La injuria es toda acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, perjudicando gravemente su reputación o su autoestima.
Como padres, lo primero que tenemos que hacer es denunciar estos hechos ante el Centro Educativo y la inspección y ante la policía o el Juzgado, teniendo en cuenta que si los menores acosadores tienen menos de catorce años no tienen responsabilidad penal y, por lo tanto, no se les podrá imputar ningún delito y el caso se archivará por esta vía (penal).
Aunque en estos casos no concurra responsabilidad penal de estos menores sí existirá, sin embargo, una responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados de la que, como luego veremos, responderá solidariamente el centro escolar y/o los representantes legales del menor acosador, de acuerdo al artículo 1.903 del Código Civil.
Si los menores acosadores tienen entre 14 y 17 años será de aplicación la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor y normas complementarias y, en consecuencia, desde la Fiscalía de Menores se incoará un expediente de reforma para investigar los hechos y, dependiendo de su gravedad, se podrán adoptar medidas cautelares que pueden dar lugar al internamiento del menor acosador en un centro de protección.
Según la Fiscalía General del Estado, “la respuesta ante el acoso escolar desde la Fiscalía de Menores debe pivotar sobre la protección de la víctima con la cesación inmediata del acoso, la respuesta educativa-sancionadora al agresor, modulada según sus circunstancias psico-socio-familiares, y, en su caso, reparación de daños y perjuicios.”
La Jueza Tamara Martínez Esteban, 26/04/2010: publicó un interesante artículo a este respecto: “El Acoso Escolar: Principales aspectos jurídico-penales y principales actuaciones punitivas y preventivas”. DCHOpenal_MENORESdebate_Cs4.indd, páginas 359-385. Publicado por VLex.
Según un informe de la Fundación Anar en colaboración con la Fundación Mutua Madrileña los profesores conocen mejor las situaciones de acoso pero reaccionan menos ante ellas. Sin embargo, en el ámbito educativo debería tenerse en cuenta que, además de los agresores, incurren también en responsabilidad penal quienes tienen obligación de impedir que se lleven a cabo las conductas delictivas, y sin embargo adoptan una actitud pasiva ante las mismas contribuyendo a que éstas se produzcan, lo que en términos jurídicos se denomina «comisión por omisión».
De acuerdo con la jurisprudencia, para poder apreciar responsabilidad penal por omisión es necesario que exista un deber jurídico de actuar, una relación causal entre la inactividad y el resultado lesivo, y un elemento subjetivo consistente en que el omitente (profesor o profesores) haya estado en posición de actuar y sin embargo haya preferido no hacerlo.
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, establece específicamente en su art. 91 letra g), entre las funciones de los profesores «La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática».
El profesorado y el equipo directivo ostentan por tanto la condición de garantes de la integridad moral del menor acosado, por lo que, su inactividad ante la repetición de conductas vejatorias constituye sin duda el incumplimiento de una obligación legal.
Pero para que dicho incumplimiento tenga relevancia en la esfera de la responsabilidad penal es necesario que se acredite que el centro escolar (profesores, tutores, equipo directivo) era conocedor de la situación de acoso y sin embargo no adoptó ninguna medida al respecto: sancionar las conductas acosadoras, activar el protocolo contra el acoso escolar, dar aviso a las instancias correspondientes, etc.
En estos casos, el profesorado podrá ser penalmente responsable como autor de un delito por omisión cuando teniendo conocimiento de la situación de acoso no puso los medios que habrían evitado o dificultado el resultado lesivo, infringiendo así la obligación legal de actuar que le correspondía en función de su posición de garante del bien jurídico protegido.
II.- Aspectos civiles del acoso y ciberacoso escolar.-
Como se indicaba antes, el acoso y ciberacoso escolar constituye una vulneración de los derechos fundamentales del menor de edad que lo sufre y provoca en él o ella unas secuelas o daños psicológicos, que muchas veces se extiende también a sus familiares. En ocasiones, a esos daños psicológicos se suman también daños físicos como consecuencia de las agresiones y de los daños materiales.
Frente a estos daños, los padres de los/las menores víctimas podrán iniciar las acciones de responsabilidad civil necesarias para obtener una reparación de los mismos mediante la correspondiente indemnización.
La responsabilidad civil es la obligación de reparar un daño causado a un tercero por acciones u omisiones propios, interviniendo culpa o negligencia. El artículo 1.902 del Código Civil señala, en este sentido, lo siguiente:
La responsabilidad civil, a diferencia con la responsabilidad penal, tiene siempre carácter patrimonial, es decir, al responsable civil se le podrá exigir una cantidad económica en concepto de indemnización por el daño producido. La responsabilidad civil puede traer causa de un contrato (responsabilidad contractual) o puede ser exigida sin que exista aquél (responsabilidad extracontractual).
Si el autor del acoso o ciberacoso es menor, la responsabilidad civil recaerá solidariamente sobre sus padres (artículo 1903 del Código Civil y art. 61.3 de la Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor) y, solidariamente, se le podrá también exigir responsabilidad civil al centro escolar por los daños causados por sus alumnos menores de edad durante el tiempo en que se hallen bajo la vigilancia del profesorado y desarrollando actividades, extraescolares o complementarias, de acuerdo a lo señalado por el art. 1.903 del Código Civil en su párrafo quinto:
“Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias”.
Se trata de una responsabilidad civil por hechos ajenos, pero por culpa propia (que se denomina in educando –cuando se trata sobre todo de los padres- y culpa in vigilando –cuando se trata sobre todo del centro escolar- y esta culpa se presume).
No obstante lo anterior, el artículo 1903 del Código Civil, en su párrafo sexto, señala que no concurre esta responsabilidad civil solidaria de los padres y de los centros escolares “cuando prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño”.
La responsabilidad civil solidaria de los centros escolares se refiere por igual a centros docentes públicos y privados. La reclamación de esta responsabilidad cuando se trate de un centro público se hará a través de la jurisdicción contencioso-administrativa y no de la civil, al ser de aplicación la regulación sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este punto es fundamental la prueba, en la que las grabaciones realizadas por las víctimas están resultando fundamentales, tanto frente a los acosadores como frente a los Centros Educativos, puesto que, en muchas ocasiones, para eximirse de responsabilidad, los Centros Educativos dirán que han puesto en marcha el “Protocolo de Acoso” o que desconocían la existencia de dicho acoso.
III.- Ámbito educativos del acoso y ciberacoso escolar: El Protocolo de Acoso.-
La denuncia del acoso o ciberacoso en el ámbito educativo debe dar lugar a la apertura de un “Protocolo de Acoso” por parte del Centro Educativo. Cada Comunidad Autónoma regulará de forma diferente este Protocolo, pero, en general, constará de los siguientes pasos (los siguientes están extraídos del Protocolo de la Comunidad andaluza):
· Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas específicas de apoyo y ayuda.
· Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.
· Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
· Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares.
· Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de administración y servicios, o personal de los servicios sociales correspondientes.
· Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes.
· Garantizar la protección de los menores o las menores.
· Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.
· Actuar de manera inmediata.
· Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.
· Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
· No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en sus normativas. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán oficalmente.
· Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.
· Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.
· Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales.
· Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia.
· Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así como actividades de formación específica.
Ante la cantidad de casos de acoso escolar que se producen en nuestro país, el Ministerio de Educación creó un teléfono, gestionado por la Fundación Anar, para ayudar en estos casos.
Este servicio –900 018 018–es gratuito, confidencial, anónimo, está operativo las 24 horas y es atendido por psicólogos apoyados por trabajadores sociales y abogados.
Espero que nunca, jamás, tengáis necesidad de utilizar esta información.
Publicado el 09/04/2019 28/12/2019
El silencio administrativo «educativo»
Hace poco, dando una charla, explicaba como la actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas mejoraba significativamente, las actuales relaciones de los administrados (familias) respecto a las Administraciones Educativas, agilizando y simplificando trámites y acortando plazos, en este punto, un inspector educativo quiso corregirme, indicando que la Administración Educativa continúa manteniendo su prerrogativa habitual de “no contestar a los administrados” con el fin de que se produzca la denegación de sus peticiones por la vía del silencio administrativo, que, generalmente, es de tres meses en cada instancia.
Esto es cierto, hasta ahora la retorcida forma de actuar de las Administraciones Educativas españolas, -sálvese quien pueda-, para quitarse de en medio a los administrados (familias), ha sido la de agotar los plazos sin responder, y, de paso, sin atender a los niños de forma adecuada, puesto que, para agotar la vía administrativa, las familias (padres, tutores, curadores y guardadores), debían esperar un curso escolar completo: tres meses para que no contestara el Colegio, tres meses para que no contestara la Delegación Territorial de Educación y tres meses para que no contestara la Consejería de Educación; y una vez agotada esta vía, poder interponer recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de Justicia y solicitar, si ello fuera menester, la aplicación de unas medidas cautelares urgentes (en este caso, educativas), ya que este tipo de procedimientos tarda unos cuatro años en resolverse, lo que la Administración Educativa irá prolongando al recurrir –porque esto es lo que hace siempre- ante el Tribunal Superior de Justicia y ante el Tribunal Supremo, -si puede-, con lo que el niño para el que se solicita una actuación o medida educativa ya será adulto cuando se determine, en virtud de una Sentencia, que ésta era necesaria. Por supuesto, lo de indemnizar, que va por otra vía, ni pensarlo.
De esta forma, no solo transcurría un tiempo precioso en lo que al desarrollo de los niños se refiere, sino que se violaba, descaradamente, lo establecido en la Convención de Derechos del Niño de 1989, que no debemos nunca olvidar que, forma parte de nuestro derecho interno a nivel nacional y es de obligado cumplimiento, desde el momento en que fue ratificada por España y publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 313, en 1990, en base a lo establecido en el artículo 96. 2 de la Constitución Española.
También se violaba la obligación de responder por parte de la Administración y la aplicación de los principios de eficacia, eficiencia y celeridad que se supone que debían regir las actuaciones administrativas, ect.
Pero ¿a quien le importan en este país los derechos de los niños? ¿a quién le importa que tengan la educación que merecen y necesitan? ¿a las Administraciones Educativas? ¿a los Gobiernos que dictan sus normas?¿a los Jueces que dictan resoluciones sin tener en cuenta que el interés superior del menor es un derecho y no un principio?
Pues bien, la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, vuelve a establecer, expresamente, en su artículo 21. Obligación de resolver que
21.1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
Para agilizar la tramitación de los expediente y procedimientos administrativos, esta Ley establece en su artículo 36. Forma, que:
1. Se utilizarán el Registro y la Notificación Electrónica, aún cuando se pueda seguir utilizando la presentación en papel, “a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión o constancia.”
“2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.»
Una vez que se disponga de resolución escrita, el administrado dispondrá de un mes para proseguir con el procedimiento en vía administrativa o, en el caso de que la resolución ponga fin a esta vía, de dos meses para interponer recursos contencioso-administrativo ante los Tribunales de Justicia.
Esto quiere decir que, si la Administración Educativa cumple con su obligación de responder, en un plazo de tres meses se habría agotado la vía administrativa y se podría interponer recurso contencioso administrativo ante los Tribunales de Justicia.
Sin embargo, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen un plazo máximo para resolver, la regla general es que el plazo para dictar y notificar la resolución será de tres meses, esto es, si transcurren esos tres meses sin resolución, la petición o derecho solicitado por el administrado se podrá entender desestimado por silencio administrativo negativo, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, que se entenderá estimatorio (este supuesto rara vez se producirá en los procedimientos educativos).
Este silencio, además, deberá ser acreditado por el administrado mediante un certificado acreditativo del silencioque la nueva Ley dispone que se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver, lo que aumenta los plazos contra los derechos de los niños.
Pero, la nueva Ley de Procedimiento ha introducido en su artículo 33. Tramitación de urgencia, la posibilidad de que:
1. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazosestablecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
El interés público es un concepto jurídico indeterminado con una doble función, por un lado, dar cobertura legitimadora a la actuación de la Administración y, por otra parte, constituye una de las formas de limitar las potestades administrativas.
Este carácter de concepto jurídico indeterminado permite ponerlo en relación directa con el derecho del niño de que prevalezca su superior interés, tal como establece el artículo 2 de la de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, (en desarrollo de la Convención de Derechos del Niño), que señala lo siguiente:
1. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. (…)
Lo que se ha desarrollado con mayor amplitud en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
El requisito para poder poner en marcha esta tramitación de urgencia, cuando no la aplique de oficio la Administración, es que la solicite, expresamente, el administrado.
En este caso, el silencio administrativo se vería reducido a més y medio en cada instancia.
Otra de las novedades de la nueva ley es la regulación de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, artículo 96 LPAC, en tan solo treinta días, que podrá ser acordada de oficio o a petición del interesado, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. Por ejemplo, respuesta del tipo si o no a una petición.
Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. Así mismo, en cualquier momento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria.
Los interesados también podrán solicitarlo, pero si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones antes vistas, podrá desestimarla en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado.
Artículo 96.6. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán únicamente de los siguientes trámites:
c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días
g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. (…)
En este caso, salvo que la Administración Educativa hubiera denegado la tramitación urgente en el plazo de cinco días desde que el mismo se hubiera solicitado, el silencio administrativo sería de tan solo treinta días.
Así que, el silencio administrativo queda reducido tanto en el trámite simplificado como en el de urgencia, pero, lo que tiene que hacer siempre, la Administración Educativa es responder y hacerlo rápido, porque el desarrollo de los niños no espera.
Publicado el 06/04/2019 28/12/2019
Las Notificaciones de la Administración Educativa y el Pie de Recurso.-
Las Administraciones públicas, y no se nos debe olvidar que la Administración Educativa es una Administración Pública, tienen la obligación de informar, cuando notifican un acto, sobre los recursos que proceden, el órgano ante quien han de interponerse y su plazo.
Esa información, popularmente llamada «pie de recurso», es un requisito para la eficacia del acto administrativo, aunque no parte del mismo, sino de la notificación, que es un acto de ejecución distinto. El incumplimiento de esa obligación por parte de la Administración no puede perjudicar en sus derechos e intereses a los ciudadanos afectados, por lo que su inexistencia tendría como consecuencia la anulabilidad del acto administrativo en base a una clara indefensión de estos administrados, quienes no tienen porqué conocer la normativa aplicable, ni el procedimiento administrativo.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 40.2, establece claramente cuál ha de ser el contenido de cualquier notificación y su pie de recursos, y así señala:
“Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.”
En principio la cuestión parece no tener mucha complejidad ya que, una vez ilustrado del régimen de recursos procedentes, el administrado podrá hacer uso de los mismos para defender sus derechos.
Sin embargo, a las Administraciones Educativas se les olvida con demasiada frecuencia tanto el deber de resolver o ejercer su competencia de forma escrita y no oral(art. 36, 1 y 2, de la LPAC), como este deber de notificar adecuadamente a los administrados sus actuaciones a fin de que estos puedan ejercer sus derechos e impugnar, si este el caso.
Esto adquiere una especial relevancia en relación a los Informes de Evaluación Psicopedagógica emitidos por los Equipos de Orientación Educativa, puesto que, en base a la actual normativa de algunas de nuestras CCAA, a los mismos se les otorga la consideración de un auténtico «Dictamen de Escolarización», al que sustituyen, sobre todo, cuando son denegatorios de derechos, tal como sucede con aquellos que niegan la consideración de “alumno con necesidad específica de apoyo educativo por altas capacidades intelectuales”, que son los más habituales en este terreno.
Pues bien, como cualquier otro acto administrativo, estos Informes son recurribles por defectos en cuanto al fondo (si se ha hecho bien, si los contenidos son correctos o erróneos, si recoge o no toda la información que tiene que recoger) o en cuanto a la forma (si contienen todos los extremos que tienen que contener, incluyendo fecha y firma identificativa de quien los emite y si se han notificado o no correctamente) y ahí es donde alcanza gran importancia la existencia del “pie de recurso” porque su inexistencia, conlleva una falta de notificación en forma del acto administrativo y da pie a la anulación del mismo, tal como establece el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre que señala que son anulables los actos de la Administración
”cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.”
Los actos administrativos son recurribles en vía administrativa de tres formas: en alzada, ante el órgano inmediatamente superior, en reposición ante el mismo órgano emisor y mediante el recurso extraordinario de revisión (solo en determinados supuestos tasados por la Ley), también por el mismo órgano emisor.
En relación a los Informes de Evaluación Psicopedagógica, estos son recurribles:
a) En alzada:
· Ante el Servicio de Inspección de la Delegación Territorial de Educación.
· Ante la Consejería de Educación.
b) En reposición: ante el propio Equipo de Orientación Educativa.
En relación a los Informes de la Inspección, estos son recurribles
· Ante la Jefatura de Inspección de la Delegación Territorial de Educación
· Ante la Consejería de Educación
b) En reposición: ante el propio Inspector.
Una vez completado el procedimiento administrativo, serán recurribles ante los Tribunales de Justicia de lo Contencioso-Administrativo: de Primera Instancia, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo.
Los recursos administrativos se podrán presentar en cualquiera de los registros, tanto electrónicos como físicos, de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales firmantes del Convenio de Ventanilla Única o por correo administrativo.
Los “pies de recurso” variarán, dependiendo de si el trámite al que se refieren pone o no fin a la vía administrativa, esto es, si para recurrirlos hemos de acudir ante otro órgano administrativo o acudir a los Tribunales de Justicia, en este caso, de lo Contencioso-Administrativo, así que debemos contemplar distintos supuestos:
Para las resoluciones que no ponen fin a la vía administrativa:
“Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el órgano inmediatamente superior (especificado), en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
Para las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa:
Hay tres supuestos:
Resoluciones que dicte el órgano emisor, en primera instancia, por ser el órgano competente para resolver:
“Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación.
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
Resoluciones a recursos de Alzada:
“Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, de acuerdo con los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con el artículo 122.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución de un recurso de alzada, no cabrá ningún otro recurso administrativo, excepto el recurso extraordinario de revisión.”
Resoluciones a recursos de Reposición:
“Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, de acuerdo con los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con el artículo 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución de un recurso de reposición, no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.”
Mucho ojo con los “pies de recurso” a partir de ahora.
Publicado el 04/04/2019 28/12/2019
Acceso a la Educación a Distancia +16 años
Acabo de recibir respuesta oficial de la Administración del Estado (4/04/2019) en relación a la posibilidad de que los alumnos con 16 años cumplidos o que los cumplan durante el curso escolar, puedan matricularse on-line en el CIDEAD.
La transcribo, tal cual:
Le indicamos que para acceder a las enseñanzas en régimen de personas adultas deberá ser mayor de dieciocho años o cumplirlos en el año natural en que comience el curso académico.
De manera excepcional, también puede acceder a las enseñanzas de personas adultas si eres mayor de 16 años, o los cumples en el año natural en que comienza el curso académico, acreditando alguna de estas situaciones:
Ser deportista de rendimiento en cualquier Comunidad Autónoma o de alto rendimiento o alto nivel.
Al igual que la ESPA presencial, la ESPAD está organizada en dos niveles (nivel I y nivel II) de un año académico de duración cada uno, aunque se puede cursar en menos tiempo en base a la formación previa del alumno, que será valorada en los centros de adultos. Además, todo el alumnado de Educación a Distancia puede asistir a las tutorías, que son de dos tipos: grupales e individuales. Las tutorías individuales pueden ser presenciales, por teléfono, por correo, telemática, etc. La asistencia a las tutorías no es obligatoria, pero sí muy recomendable.
La ESPAD se puede cursar en los mismos centros de educación de adultos que ofrecen ESPA o en otros centros autorizados para ello. El Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) ofrece estos estudios a distancia a los alumnos mayores de 18 años o que los cumplan en el año natural en el que comience el curso académico.
Excepcionalmente podrán matricularse los mayores de 16 años con contrato de trabajo en vigor o cuando lo autorice la administración educativa. Además podrán matricularse los alumnos españoles residentes en el exterior o los alumnos extranjeros que residen en España que han cursado previamente estudios españoles. Los detalles para la matrícula, que se formaliza de forma telemática, se describen en la página web del CIDEAD.”
Publicado el 31/03/2019 28/12/2019
La mayoría de edad educativa
Una de las cosas que llevo haciendo desde hace años, cada vez que me he reunido con el Gobierno de turno, es denunciar la incoherencias legales de ese feudo (se ofenda quien se ofenda) que es la Administración Educativa.
Hoy os voy a contar como nuestra Administración Educativa haciendo alarde de un paternalismo decimonónico, se pasa por el forro los derechos de los ciudadanos españoles tratándolos como “menores de edad” o como “incapaces”, sin la menor justificación jurídica, en algunas de sus normativas.
Según se establece en la Constitución Española de 6 de diciembre de 1978 en su artículo 12, los españoles son mayores de edad a los dieciocho años, a partir de esa edad, se obtiene plena capacidadpara realizar actos jurídicos válidos y ser responsables de los mismos. Es decir, se puede votar y ser votado, firmar cualquier tipo de contrato, comprar o vender cosas, ejercer acciones jurídicas, ser titular de negocios etc., y, en consecuencia, ser responsable personalmente de las consecuencias de todos tus actos.
Esta disposición quedó plasmada en nuestro Código Civil el 17 de noviembre de 1978, fecha en que se publica en el BOE el Real Decreto-ley 33/1978, de 16 de noviembre, sobre mayoría de edad, entrando en virgor, según su Disposición final, el mismo día de su publicación, esto es, hace la friolera de 41 años.
Asimismo, nuestra legislación establece que los mayores de 16 añospueden emanciparse (artículos 317 y siguientes del Código Civil) y esta emancipación permite que el mayor de 16 y menor de 18 años pueda disponer de su persona y de sus bienes como si fuera mayor de edad.
Como excepción se dispone que, hasta que el emancipado no alcance la mayoría de edad, no podrá pedir préstamos, gravar o transmitir bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, ni bienes de extraordinario valor (como joyas) sin el consentimiento de sus padres, o en caso de que falten ambos, del tutor que le haya sido nombrado.
Los 16 años son también tenidos en cuenta por nuestro ordenamiento jurídico para:
Casarse y hacer donaciones por matrimonio (artículos 1328 y 1329 del Código Civil).
Tener relaciones sexuales consentidas(Ley Orgánica 1 / 2015 de 30 de Marzo, (por la que se modificaba el Código Penal).
Abortar, con permiso de sus padres o tutores legales (Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo)
Trabajar con un contrato de trabajo (Estatuto de los Trabajadores, aunque existen normas especiales de protección que no les permiten llevar a cabo trabajos nocturnos, ni ocupar puestos que sean insalubres, penosos, nocivos o peligrosos para su salud o para su formación tanto profesional como humana ni podrán tampoco hacer horas extraordinarias).
Ser responsable penal e ir a la cárcel (Ley Orgánica 5/2000 de 12 de Enero)
Realizar actos de administración ordinaria de sus bienesadquirido mediante su trabajo o industria (art. 164 CC).
Puede ser testigo en los testamentosotorgados en tiempo de epidemia, art. 701 CC.
Pactar en capitulaciones matrimoniales un régimen de separación o el de participación, art. 1329 CC.
Hacer donaciones por razón de matrimonio en capitulaciones o fuera de ellas con autorización de sus padres o tutor, art. 1338 CC.
Prestar su consentimiento en documento público para los actos de disposición por sus padres de sus bienes (art. 166 CC).
Pueden tomar decisiones sobre su salud(Derecho a la autonomía del paciente consagrado en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica).
Otras como ser testigo, ser oído en juicio, comprar tabaco, alcohol, acudir a conciertos, entrar a discotecas, conducir determinados vehículos de motor…)
Desde los 14 años, nuestro ordenamiento les permite (con determinados requisitos y matices):
Tener permiso de armas y utilizarlas con autorización Especial para ello concedida por la Guardia Civil.
Otorgar testamento (art. 663 del Código Civil)Ser responsable penal e ir a un Centro de Internamiento para menores ((Ley Orgánica 5/2000 de 12 de Enero)
Prestar su consentimiento para transferir datos de carácter personal/ abrir cuentas en RRSS/ Subir fotografías suyas a Internet(artículo 13 del RD 1720/2007 de 21 de Diciembre de 2007 por el que se desarrolla la LOPD de 15 de Diciembre de 1999)
Puede optar por la nacionalidad española (art. 20 CC) y por la vecindad civil (art. 14 CC),
Dejar sin efecto la sustitución pupilar ordenada por un ascendiente (art. 775 CC)
A partir de 12 años: Debe ser oído por el Juez antes de autorizar al tutor la realización de cualquiera de los actos que enumera art. 271 y 272 (art. 273 del código Civil), así como en cualquier otro juicio y acto administrativo (art. 2 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.) y puede prestar su consentimiento a su adopción (art. 177 Código Civil).
Pues bien, en su art. 27 de la Constitución dispone que “Todos tienen el derecho a la educación” (apartado 1), la cual “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” (apartado 2); nuestra legislación viene estableciendo desde 1985 (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la LOGSE de 1990) que la escolarización en nuestro país es obligatoria desde los seis a los dieciséis años y la LOE 2/2006 en su Preámbulo establece como objetivo el
“Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque los conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social, que estimule en ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos. Además, supone ofrecer posibilidades a las personas jóvenes y adultas de combinar el estudio y la formación con la actividad laboral o con otras actividades.”
Sin embargo, nuestra Administración Educativa impide que los españoles mayores de 16 años que residan en España:
Puedan acceder a la educación a distancia reglada de forma voluntaria o con el permiso de sus padres.
Puedan cambiar de centro educativo, condicionándolo a que concurran circunstancias objetivas “debidamente justificadas (cambio de domicilio o trabajo) y que revistan carácter excepcional”.
Puedan escoger centro educativo.
Puedan negarse a que los evalúe mediante instrumentos clínicos una persona sin la debida preparación (Orientadores no médicos, ni psicólogos clínicos)
Puedan hacer el Bachillerato a distancia por voluntad propia, a pesar de que ésta no es una etapa educativa obligatoria.
Puedan realizar el Bachillerato en un año (de forma compactada (dependiendo de dónde vivan).
Para la Administración Educativa Española es más peligroso que un ciudadano adulto con pleno derecho decida cómo y cuándo estudia o si estudia a distancia, que si este aborta o utiliza un arma, para que luego digan que la educación no es «el arma más poderosa del mundo».
Como esa barbaridad no me parecía de recibo, he solicitado respuesta oficial a través de la Sede Electrónica de la Administración del Estado y acabo de recibir esta respuesta (04/04/2019) que comparto con vosotros:
«Para acceder a las enseñanzas en régimen de personas adultas deberá ser mayor de dieciocho años o cumplirlos en el año natural en que comience el curso académico.
Al igual que la ESPA presencial, la ESPAD está organizada en dos niveles (nivel I y nivel II) de un año académico de duración cada uno, aunque se puede cursar en menos tiempo en base a la formación previa del alumno, que será valorada en los centros de adultos.»
Por lo que, en caso de que a alguno de vosotros que esté en alguna de las situaciones anteriores os digan que “Las enseñanzas de Bachiller a distancia se dirigen exclusivamente a estudiantes mayores de edad o menores de edad que por circunstancias excepcionales reconocidas por el Consejo Escolar o por motivos laborales no puedan matricularse en un centro de enseñanza. Se trata de una opción en la que sólo pueden acceder aquellos alumnos con verdaderas dificultades para cumplir con los horarios presenciales en régimen diurno o nocturno.” ¿¿¿???
O que «para realizar la prueba para la obtención del título de Bachiller, que es una prueba que organizan de forma periódica las consejerías de educación de algunas Comunidades Autónomas, tienes que tener más de 20 años. «¿¿¿???
Textos que he sacado de webs de educación oficiales y que no me extrañarían que se sigan aplicando.
Decidles que se actualicen.
La normativa que lo impida (si continúa existiendo en alguna CCAA) debería ser nula de pleno derecho en base al artículo 47.1 a) y 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede que siga ahí porque nadie la ha denunciado ante los Tribunales de Justicia.
La paradoja es que si resides fuera de España, tengas la edad que tengas, si puedes acceder a la formación a distancia, sin necesidad de autorización administrativa o de cumplir los requisitos anteriores.
En conclusión: si tienes ya los 16 años o eres mayor de edad y estás hasta el gorro del sistema educativo español presencial y quieres hacer la ESO o Formación Profesional o el Bachillerato (que es una etapa educativa no obligatoria) y «el servicio de inspección educativa no te da permiso», tienes varias posibilidades tales como trabajar de autónomo o por cuenta ajena, federarte y competir deportívamente, presentar un certificado de salud oficial, lo de entrar en prisión no te lo aconsejo, o «huir de España» para poder seguir estudiando como tú decidas, haciendo que tus padres te autoricen a residir fuera de nuestro país (si eres menor de 18 años) y, desde allí, matriculándote a distancia en el sistema español on line o en cualquier otro (cuyo título tendrás que homologar después), una vez que te hayas empadronado en cualquier consulado o embajada extranjera.
Como lo de encontrar trabajo puede ser complicado, una posibilidad a partir de los 17 años (dependiendo del país de acogida), es trabajar y estudiar como Au Pair fuera de nuestras fronteras, por períodos que van desde los 3/4 meses, a 10/12 meses o más, donde ayudarás en labores domésticas a familias con niños o personas mayores, tendrás tiempo para estudiar, aprenderás otros idiomas y ganarás un pequeño sueldo, en esta página podrás informarte: https://www.aupairworld.com/es/ser-au-pair.
O bien, meterte en pleitos.
Suerte con la huida.

References: artículo 29
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 197
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1903
 artículo 96
 artículo 21
 resolución 
 artículo 36
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 33
 artículo 2
 artículo 96

Artículo 96
 artículo 40
 artículo 48
 resolución 
 resolución 
 artículo 122
 resolución 
 artículo 124
 resolución 
 artículo 12
 artículo 47