Source: https://www.slideshare.net/Coljuristas/informe-sobre-la-situacin-del-derecho-al-territorio-de-los-pueblos-indgenas-y-las-comunidades-afrodescendientes-en-colombia
Timestamp: 2017-03-27 04:01:32+00:00

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Informe sobre la situación del derecho al territorio de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en Colombia Bogotá, agosto de 2011 1 2.
Informe sobre la situación del derecho al territorio de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en Colombia Tabla de contenido1. Presentación2. Situación actual de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes enColombia y de sus territorios colectivos2.1 Los territorios de los pueblos indígenas.2.2 Los territorios de las comunidades afrocolombianas.3. La normatividad internacional reconoce el derecho sobre el territorio ancestral.3.1 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el derecho a las tierras, territorios y recursos.3.2 La Convención contra la Discriminación Racial reconoce los derechos a elegir el lugar de residencia, a una vivienda adecuada y a ser propietario3.3 El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- reconoce el derecho de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios ancestrales y los protege contra el desplazamiento forzado3.4 Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos reconocen los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos con dependencia especial de su tierra3.5 Los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas establecen la obligación de proteger los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales3.6 Los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo contemplan los derechos de las minorías y los pueblos indígenas 3.
3. El marco normativo interno reconoce el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes al territorio3.1 La Constitución Política reconoce el derecho al territorio3.2 El derecho al territorio está reconocido en la legislación nacional3.3 La reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos pertenecientes a las poblaciones indígena y afrocolombiana y la restitución de sus tierras están pendientes de reglamentación4. La jurisprudencia constitucional ha protegido el derecho al territorio4.1 La jurisprudencia constitucional protege el derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales4.2 La jurisprudencia constitucional protege el derecho de las comunidades afrocolombianas sobre sus territorios ancestrales5. Los órganos internacionales de protección a los derechos humanos han recomendado al Estado la adopción medidas específicas para garantizar del derecho al territorio de las poblaciones afrocolombianas e indígenas5.1 Las observaciones para la aplicación en Colombia del Convenio 169 de la OIT5.2. El Comité contra la Discriminación Racial ha formulado recomendaciones concretas para la aplicación de la Convención Internacional contra todas las formas de Discriminación Racial5.3 El Estado colombiano ha sido destinatario de valiosas recomendaciones relacionadas con los derechos humanos de los pueblos indígenas5.4 Los órganos internacionales han recomendado proteger los derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento forzado6. El derecho al territorio colectivo es objeto de graves vulneraciones6.1 El Estado ha adoptado una serie de medidas legislativas contrarias a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes 4.
6.2 El Estado ha incumplido su obligación de reconocimiento legal de los territorios ancestrales de las poblaciones indígenas y afrodescendientes6.3 Los territorios indígenas son utilizados como escenario de operaciones militares6.4 Los territorios de los pueblos indígenas han sido convertidos en campos minados6.5 Los grandes proyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales invaden los territorios colectivos6.6 El desplazamiento forzado y otras violaciones contra los derechos humanos de las poblaciones afrocolombianas e indígenas afectan el derecho al territorio ancestral6.6.1 Las violaciones contra la vida, la integridad y la libertad de los miembros de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes debilitan el ejercicio de los derechos sobre el territorio ancestral6.6.2 El desplazamiento forzado de las poblaciones afrodescendientes e indígenas está asociado a las vulneraciones contra el derecho al territorio7. Conclusiones y recomendaciones. 5.
Informe sobre la situación del derecho al territorio de los pueblos indígenas y lascomunidades afrodescendientes en Colombia1. PresentaciónLa Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- tiene por objetivo la promoción de los derechoshumanos y del derecho humanitario y la aplicación de los instrumentos internacionales deprotección de los mismos. Entre las actividades que desarrolla la organización seencuentra la publicación periódica de informes sobre la situación de derechos humanos yderecho humanitario en Colombia.En este marco, la CCJ ha contribuido a monitorear la situación de los derechos de lospueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, así como la aplicación de lasrecomendaciones internacionales correspondientes, a través de su participación en laelaboración de informes temáticos dirigidos, entre otros órganos de protección a losderechos humanos, al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, al RelatorEspecial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y alComité de Derechos Humanos.En consideración a la grave situación de de los derechos humanos y de conflicto armadointerno que afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas y lascomunidades afrocolombianas, que en muchos casos amenaza su supervivencia comopueblos, la CCJ ha elaborado el presente Informe sobre el derecho al territorio. Eldocumento tiene el propósito de brindar información acerca del cumplimiento de lasobligaciones internacionales del Estado colombiano, en particular sobre la aplicación delas recomendaciones, y del comportamiento de las partes del conflicto armado frente a lasobligaciones del derecho humanitario, en los años 2010 y 2011.En su primer capítulo el informe presenta un panorama general de la situación de laspoblaciones afrocolombianas e indígena y sus territorios ancestrales en el país. El segundocapítulo trata del reconocimiento del derecho al territorio ancestral en los instrumentosinternacionales de protección, mientras que el capítulo cuarto expone dichoreconocimiento en la normatividad interna. El capítulo quinto del informe reseña lajurisprudencia constitucional relativa al derecho al territorio ancestral y el capítulo seishace un recuento de las recomendaciones de los órganos internacionales de derechoshumanos. El sexto se ocupa de las violaciones al derecho al territorio. La sección finalpresenta las conclusiones del informe y las recomendaciones dirigidas a la protección delos derechos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. 6.
2. Situación actual de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes enColombia y de sus territorios colectivosA continuación se analizará la situación de los indígenas y comunidades afrodescendientesen Colombia con relación a sus territorios ancestrales. Aunque en el país también existenpoblaciones raizales, palenqueras y ROM, a las que cobijan la mayoría de las normascitadas en el presente documento, este no se ocupa de ellas debido a que la CCJ tiene unconocimiento limitado de su situación.2.1 Los territorios de los pueblos indígenasDe acuerdo con el censo oficial realizado en 2005, en Colombia existen 87 pueblosindígenas, con una población de 1.378.884 personas, que equivale al 3,3% de la poblaciónnacional1.La mayoría de la población indígena se encuentra asentada en territorios rurales,organizados como resguardos2 o en territorios no reconocidos legalmente. Entre 2009 y2011 el Incoder ha llevado a cabo la constitución de 25 resguardos indígenas, por unaextensión total de 125.109 hectáreas, mientras que once resguardos fueron objeto deampliación, por una extensión de 421.515 hectáreas3.A 2010, el Estado había reconocido derechos de propiedad colectiva de pueblos indígenassobre 715 resguardos que suman 31,8 millones de hectáreas de tierra, de las cuales cercade 24,5 millones de has se traslapan con áreas protegidas ambientalmente (reservasforestales de la Ley 2 de 1959 y Parques Nacionales Naturales - PNN). Lo anterior significaque 7,3millones de hectáreas son exclusivamente resguardos4.Los precarios avances en el reconocimiento legal de los territorios indígenas hacen queuna parte importante de esta población carezca de tierra. Según datos oficiales, alrededordel 89,6% de la población indígenas dispone de menos una Unidad Agrícola Familiar –1 Departamento Administrativo Nacional de Estadístico –DANE-, Censo General 2005, octubre de 2006. Disponible enhttp://www.dane.gov.co/censo/2 La ley 135 de 1961 “Sobre reforma social agraria", en su Artículo 94 establece que el Instituto Colombiano de laReforma Agraria –Incora- (fusionado en 2003 en el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural –Incoder- podráconstituir a solicitud de la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno (actualmente Dirección de Etnias delMinisterio del Interior y de Justicia) “resguardos de tierras en beneficios de los grupos o tribus indígenas que no losposean”.3 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder-, Respuesta al derecho de petición presentado por la ComisiónColombiana de Juristas, Bogotá D.C., junio 21 de 2011.4 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Proyecto de Protección de Tierras yPatrimonio de la Población Desplazada, Unidades Agrícolas Familiares, Tenencia y Abandono Forzado de Tierras enColombia, INDEPAZ Ediciones, Bogotá D.C. Diciembre 2010, pág. 82. 7.
UAF5- de tierra, mientras que 297.342 indígenas están por fuera de resguardos y no tienenderechos reconocidos sobre la tierra6.5 La Unidad Agrícola Familiar (UAF) fue definida en la ley 160 de 1994 (Artículo 30) como “la empresa básica deproducción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona ycon tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable quecoadyuve a la formación de su patrimonio”.6 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, citado supra en Nota 4, pág. 84. 8.
Según cifras oficiales, entre 2002 y 2010 se adjudicaron 1.773.752 has destinadas a laconstitución y ampliación de resguardos, de un total de “4,8 millones de hasadjudicadas a campesinos, comunidades afrocolombianas, población desplazada,profesionales y reincorporados de los grupos armados”7.Sin embargo, en los últimos años el desplazamiento forzado ha ocasionado el abandonode los territorios colectivos ancestrales, que ha sido facilitado por la ausencia dereconocimiento legal de las tierras ocupadas ancestralmente por los pueblos indígenas.La Corte Constitucional ha señalado que “*l+a precariedad en la titulación de tierras enalgunos casos es un factor que facilita ampliamente el despojo y la invasión territorial; deesta manera, existe un entrelazamiento de los procesos de ampliación y saneamiento deresguardos con ciertos factores conexos al conflicto armado (presencia de actoresarmados, de cultivos ilícitos, o de actividades militares en zonas de ampliación)” 8. Además,el alto tribunal ha advertido que al menos 34 pueblos indígenas se encuentran en peligrode extinción a causa del conflicto armado y el desplazamiento9.2.2 Los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianasDe acuerdo con el censo nacional realizado en 200510, el 10,6% de la poblacióncolombiana es afrocolombiana, correspondiente a un total de 4.311.757personas11. Loanterior coloca a Colombia como el segundo país latinoamericano en con mayor poblaciónafrodescendiente, después de Brasil12.Entre 1996 y 2010, el Estado ha titulado 159 territorios colectivos en los departamentosde Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Antioquia13. La titulación colectiva nose ha implementado en la Costa Atlántica y los valles interandinos, donde las7 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Informe de Rendición de Cuentas Gestión 2002 - 2010, Pág. 52.8 Corte Constitucional, auto 004 de 2009, Ref.: Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblosindígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la superación delestado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004. M. P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Bogotá,D.C., 26 de enero de 2009.9 Ibídem.10 DANE, Censo 2005, Sistema de Consulta de la Información Censal REDATAM, 2005, consultado en la página web:http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN=WebServerMain.inl11 Observatorio de Discriminación Racial, “La raza en cifras ¿Cuántos afros?”, enero de 2011 disponible en http: //http://odracial.org/index.php?modo=interna&seccion=enero12 Observatorio de Discriminación Racial, Organización Indígena de Colombia y Comisión Colombiana de Juristas, Informealternativo al decimocuarto informe presentado por el Estado colombiano al Comité para la Eliminación de laDiscriminación Racial, pág. 7, párr. 5, junio de 2009.13 “El infeliz desarraigo afro”, Rodríguez, César, publicado en el diario El Espectador, marzo 27 de 2011, págs. 28 y 29. 9.
comunidades afrodescendientes se han constituido en Consejos Comunitarios 14 y hansolicitado la titulación. El Estado ha negado las solicitudes con el argumento de que latitulación colectiva solo es posible en las tierras rurales de la cuenca de la Costa Pacífica,ignorando que la ley 70 de 1993 contempla la posibilidad de titular territorios a lascomunidades que tengan características culturales similares sin establecer límitesregionales. Además, el Ministerio del Interior y de Justicia también ha negado la titulacióncolectiva en territorios de la cuenca del Pacífico localizados en zonas urbanas15.Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre 2002 y 2010 se adjudicaron1.300.000 has a comunidades afrocolombianas16. Muchas de estas tierras han sidoabandonadas como consecuencia del desplazamiento forzado.La Corte Constitucional ha advertido la gravedad del desplazamiento forzado deafrocolombianos de sus territorios que sería superior al 14% del total de la poblacióndesplazada17.3. La normatividad internacional reconoce el derecho sobre el territorio ancestralEl derecho al territorio ha sido reconocido en los instrumentos internacionales deprotección de derechos humanos. A continuación se reseñan algunas de las disposicionesrelevantes para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidadesafrodescendientes, contempladas dichos instrumentos de protección. Estas normas hancontribuido a fortalecer la normatividad colombiana en la materia, dado que hacen partedel bloque de constitucionalidad18.14 La ley 70 de 1993 en su Artículo 4 reconoce a las comunidades negras (afrocolombianas) como grupos étnicos conprácticas tradicionales de producción. Por esas razones, cuentan con la facultad de organizarse políticamente parasolicitar el derecho a la propiedad colectiva de las tierras que habitan y administrar dicho derecho de propiedad. La leycontempla la figura del Consejo Comunitario para gobernar el territorio.15 En respuesta de agosto de 20010 a un derecho de petición presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, elMinisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial cita el concepto de la Dirección de Etnias del Ministerio delInterior y de Justicia OFI 05 -779 – DET 1000 del 15 de abril de 2005, según el cual “de acuerdo a la Sentencia del 11 demarzo de 2004 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado se concluye ‘que si bien en la zonaurbana del municipio de Buenaventura existen comunidades negras, a estas no se les podrá extender la prerrogativa dela ley 70 de 1993, como quiera que no se encuentran ubicadas en zonas susceptibles de ser tituladas colectivamente ypor ende no es aplicable el procedimiento de consulta previa que alude el artículo de la citada ley”.16 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, citado supra en Nota 7.17 Corte Constitucional, auto 005 de 2009. Ref. Protección de los derechos fundamentales de la poblaciónafrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en lasentencia T-025 de 2004. M.P: Manuel José Cepeda Espinosa, Bogotá, D.C., 26 de enero de 2009.18 “El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en elarticulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, porcuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución.Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, apesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional 10.
3.1 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenasreconoce el derecho a sus tierras, territorios y recursos19Por medio de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la AsambleaGeneral de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por “el hecho de que lospueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de lacolonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les haimpedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propiasnecesidades e intereses”20. Asimismo, la Asamblea reafirmó que los indígenas tienen sindiscriminación todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, yque los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para suexistencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. En ese sentido, la Asambleareconoció entre otras cuestiones las siguientes:- La urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas, quederivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sustradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sustierras, territorios y recursos.- El control de los pueblos indígenas sobre los acontecimientos que los afectan a ellos y asus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener y reforzar sus instituciones,culturas y tradiciones y promover su desarrollo.- Las culturas de los pueblos indígenas y sus prácticas tradicionales contribuyen aldesarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente.- La desmilitarización de las tierras y territorios de los pueblos indígenas es unacontribución a la paz, el progreso y el desarrollo económico y social, las relaciones deamistad entre las naciones y los pueblos del mundo.La Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas reconoce en su integridad losderechos de los pueblos indígenas y establece las obligaciones de los Estados en lamateria, a la vez que advierte que estos derechos constituyen las normas mínimas para lastricto sensu”. Ver al respecto: Corte Constitucional, Sentencia C 225 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.Revisión constitucional del "Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a laprotección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)" hecho en Ginebra el 8 dejunio de 1977, y de la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo.19 Naciones Unidas, Asamblea General, Sexagésimo primer período de sesiones, Informe del Consejo de DerechosHumanos, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, A/61/L.67, septiembre 7 de2007.20 Ibídem. 11.
supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas (Artículo 43). De acuerdocon el propósito del presente reporte, a continuación se destacan aquellos artículos de laDeclaración relacionados con el derecho de los pueblos indígenas al territorio:a. El derecho a mantener y fortalecer su relación espiritual con las tierras, territorios,aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado yutilizado (Artículo 25). Lo anterior implica el reconocimiento de que “la conexiónintrínseca entre las culturas de los pueblos indígenas y las tierras, territorios y recursos quehan utilizado tradicionalmente tiene como resultado que los pueblos indígenas tienenderechos sobre esas tierras, territorios y recursos. La disposición confirma que los pueblosindígenas tienen el derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con sustierras, territorios y recursos”21.b. El derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído,ocupado, utilizado o adquirido, y a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras,territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipotradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otraforma. El derecho sobre los territorios y sus recursos no está sujeto a que los Estadoshayan hecho un reconocimiento legal de la propiedad de los mismos (Artículo 26).c. La obligación estatal de asegurar el reconocimiento y protección jurídicos de las tierras,territorios y recursos, con respeto a las costumbres, las tradiciones y los sistemas detenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate (Artículo 26).d. La obligación estatal de reconocer las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas detenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos deestos pueblos en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellosque tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendránderecho a participar en este proceso (Artículo 27).e. El derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ellono sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y losrecursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sidoconfiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previoe informado (Artículo 28).21 Åhrén, Mattias, Introducción a las disposiciones sobre tierras, territorios y recursos naturales de la Declaración de laONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, en El desafío de la Declaración - Historia y futuro de la declaración dela ONU sobre pueblos indígenas, en Chartes, Claire y Stavenhagen, Rodolfo (editores), IWGIA, Copenhague, 2010, pág.219. 12.
Según la interpretación del Comité de Derechos Humanos, con anterioridad a laDeclaración, el derecho a la restitución está consagrado en instrumentos legalesinternacionales como el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos22.f. El derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidadproductiva de sus tierras o territorios y recursos. Las obligaciones estatalescorrespondientes consisten en establecer y ejecutar programas para asegurar esaconservación y protección, sin discriminación; la adopción de medidas eficaces paraasegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en los territorios de lospueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado; y la adopción demedidas eficaces para asegurar, según sea necesario, que se apliquen debidamenteprogramas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblosindígenas afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutadospor esos pueblos (Artículo 29).g. El derecho a que no se desarrollen actividades militares en sus territorios, a menos quelo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado librementecon los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. La obligaciónestatal consiste en celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, porlos procedimientos apropiados y en particular por medio de sus institucionesrepresentativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares(Artículo 30).h. El derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o lautilización de sus territorios y otros recursos (Artículo 32). Por su parte, los Estados tienela obligación de desarrollar consultas de buena fe con los pueblos indígenas interesadospor conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener suconsentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sustierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, lautilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.i. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento detodo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios orecursos; y de toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto oconsecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos (Artículo 8).Con respecto a las tierras y territorios que los pueblos indígenas ocupan y utilizan, laDeclaración sobre los derechos de los pueblos indígenas ratifica el derecho internacional22 Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: GuatemalaCCPR/CO/72/GTM del 27 de agosto de 2001, Párr. 29. 13.
existente en instrumentos como el Convenio 169 de la Organización Internacional delTrabajo –OIT- sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptadoaproximadamente hace veinte años, y al que el presente informe hará referencia en estamisma sección.Como se puede apreciar, el valor de la Declaración está en que confirma y clarificaderechos aplicables a los pueblos indígenas y exigibles a los Estados, puesto que estáncontemplados en instrumentos del derecho internacional vinculantes que reconocen losderechos a la no discriminación y a los territorios y sus recursos, con relación al derecho ala cultura.3.2 La Convención Internacional sobre Todas las Formas de Discriminación Racialreconoce los derechos a elegir el lugar de residencia, a una vivienda adecuada y a serpropietarioDicha Convención señala que los Estados se comprometen a seguir una políticaencaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y adoptar “medidasespeciales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, paraasegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o personaspertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el plenodisfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertadesfundamentales”23.Bajo la Convención los Estados se comprometen a garantizar, sin distinción de raza, colory origen nacional o étnico, el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley,particularmente en el goce de los derechos humanos (Artículo 5), entre los que sedestacan los siguientes por su relación con el tema del presente documento: El derecho acircular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; el derecho a serpropietario, individualmente y en asociación con otros; y el derecho a la vivienda.Bajo la Convención, el Comité para la Eliminación de la Discriminación ha contribuido aldesarrollo del derecho de los pueblos indígenas a la restitución de las tierras, territorios yrecursos, como parte del derecho a la no discriminación. En ese sentido, el Comité haseñalado que los pueblos indígenas, “cuando se han visto privados de las tierras yterritorios que han poseído, o de cualquier otra forma habitado o utilizado23 Naciones Unidas, Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Artículo2. 14.
tradicionalmente, sin su consentimiento libre e informado, tomen medidas para devolveresas tierras y territorios”24.Por medio de la ley 22 de 1981 Colombia aprobó la Convención Internacional sobre Todaslas Formas de Discriminación Racial25.Es destacable que la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas (Artículo 28)reitera la disposición de la Convención contra la Discriminación Racial con respecto alderecho de restitución de las tierras a los pueblos indígenas.3.3 El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- reconoce elderecho de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios ancestrales y los protegecontra el desplazamiento forzadoEl Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientesestablece la obligación que los Estados tienen de proteger los derechos de los pueblosinteresados y reconoce el derecho de dichos pueblos sobre sus territorios ancestrales 26,tal como se reseña a continuación:a. Los Estados tienen la obligación de garantizar el respeto a la integridad de los pueblosinteresados y adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, lasinstituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de dichos pueblos(Artículos 2 y 3).b. Se reconoce a los pueblos interesados el derecho de decidir sus propias prioridades enlo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas,creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan dealguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrolloeconómico, social y cultural. Incluye el derecho a participar en la formulación, aplicación yevaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles deafectarles directamente (Artículo 7).24 Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, “Recomendación General XXIII (51) relativa apueblos indígenas”, CERD/C/51/Misc.13/Rev.4, (18 de agosto de 1997, Párr. 5.25 Ley 22 de 1981 Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formasde Discriminación Racial.26 Organización Internacional del Trabajo, Convenio n.° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.Adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en suseptuagésima sexta reunión. 15.
Los gobiernos tienen la obligación de tomar medidas, en cooperación con los pueblosinteresados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan(Artículo 7).c. El Convenio reconoce a los pueblos interesados el derecho al territorio y señala suimportancia para salvaguardar sus culturas y valores espirituales (Artículo 13).d. La obligación estatal de reconocer el derecho de propiedad y de posesión sobre lastierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas y tribales, y de tomar medidaspara salvaguardar su derecho a utilizar las tierras que no estén exclusivamente ocupadaspor ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividadestradicionales y de subsistencia, prestando particular atención a la situación de los pueblosnómadas y de los agricultores itinerantes.Además, los Estados deben tomar las medidas que sean necesarias para determinar lastierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protecciónefectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Asimismo, los Estados tienen laobligación de instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacionalpara solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados(Artículo 14).e. Los Estados tienen la obligación de proteger especialmente los derechos de los pueblosinteresados a los recursos naturales existentes en sus tierras, los cuales comprenden suderecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los recursos del subsuelo, losgobiernos deben establecer procedimientos con miras a consultar a los pueblosinteresados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y enqué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección oexplotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberánparticipar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, ypercibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir comoresultado de esas actividades (Artículo 15).f. Los pueblos interesados tienen derecho a no ser trasladados de las tierras que ocupan.En casos excepcionales en que el traslado y la reubicación se consideren necesarios, sólodeberán efectuarse con consentimiento de dichos pueblos, dado libremente y con plenoconocimiento de causa (Artículo 16). 16.
g. Los pueblos interesados tienen derecho a regresar a sus tierras tradicionales en cuantodejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación. Cuando el retorno nosea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, pormedio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casosposibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de lastierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades ygarantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir unaindemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con lasgarantías apropiadas (Artículo 16).Las personas trasladadas y reubicadas tienen derecho a ser indemnizadas plenamente porcualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.h. Los Estados deben respetar las modalidades de transmisión de los derechos sobre latierra establecidas por dichos pueblos. Deberán consultar a los pueblos siempre que seconsidere enajenar sus tierras o transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierrasfuera de su comunidad (Artículo 17). Además, debe impedirse que personas extrañas aesos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de estos o de su desconocimientode las leyes para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de sus tierras.i. La legislación nacional debe prever sanciones apropiadas contra toda intrusión noautorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de lasmismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedirtales infracciones (Artículo 18).j. Las políticas y programas agrarios deben garantizar a los pueblos interesadoscondiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, en cuanto a laasignación de tierras adicionales cuando las tierras de que dispongan sean insuficientespara garantizarles una existencia normal o para su crecimiento numérico; al igual que elacceso a los medios necesarios para el desarrollo de las tierras.La ley 21 de 199127 adoptó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales enpaíses independientes.Como se señaló anteriormente, las disposiciones sobre tierras, territorios y recursos delConvenio 169 han sido desarrolladas en la Declaración de Naciones Unidas sobre losderechos de los pueblos indígenas.27 Ley 21 de 1991 por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en paísesindependientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. 17.
3.4 Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos reconocen los derechos de lospueblos indígenas y otros grupos con dependencia especial de su tierraLos Principios Rectores de los Desplazamientos Internos disponen que “los Estados tienenla obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos depueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen unadependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma” 28 (Principio 9). EstosPrincipios han sido reconocidos por la Corte Constitucional colombiana como parte delbloque de constitucionalidad29 y resultan de particular importancia para la realidadcolombiana donde se estima que han sido desplazadas forzadamente más de 5 millonesde personas30. Como se indicó en la primera sección del presente documento, la poblaciónen situación de desplazamiento incluye miles de miembros de los pueblos indígenas y lascomunidades afrocolombianas.3.5 Los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados ylas personas desplazadas establecen la obligación de proteger los derechos de propiedadde los pueblos indígenas y las comunidades tradicionalesLos Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y laspersonas desplazadas de las Naciones Unidas establecen la obligación de los Estados de“garantizar, cuando proceda, que en los sistemas de registro se inscriban o se reconozcanlos derechos de propiedad de las comunidades tradicionales e indígenas sobre tierrascolectivas”31. El reconocimiento del derecho a la restitución cobra especial importancia enColombia, donde la población rural desplazada se ha visto obligada a abandonar sustierras, viviendas y bienes muebles o ha sido despojada de los mismos.28 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 54º periodo de sesiones, Informe del Representante del SecretarioGeneral, Sr. Francis M. Deng, Adición Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, E/CN.4/1998/53/Add. 2*, 11de febrero de 1998, E/CN.4/1998/53/Add. 2, febrero 11 de 1998.29 Ver entre otros Corte Constitucional, sentencia SU-1150 de 2000, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz; y Sentencia T-1635de 2000, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.30 De acuerdo con el informe anual del Internal Displacement Monitoring Centre, al finalizar 2010 la poblacióninternamente desplazada en Colombia alcanzaba la cifra de 5,2 millones de personas. Ver al respecto: InternalDisplacement Monitoring Center, Internal Displacement Global Overview of Trends and Developments in 2010, marzo de2011, Pág. 8.31 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 57º período de sesiones, Informe definitivo del Relator Especial.Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas, 28 de juniode 2005, E/CN.4/Sub.2/2005/17, Principio 15. 18.
3.6 Los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generadospor el Desarrollo contemplan los derechos de las minorías y los pueblos indígenasLos Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento generados porel Desarrollo reconocen los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos encondiciones de vulnerabilidad, entre los que se encuentra el derecho a una viviendaadecuada. Dicho instrumento advierte que “[l]os desalojos forzosos intensifican ladesigualdad, los conflictos sociales, la segregación y la creación de guetos, queinvariablemente afectan a los sectores de la sociedad más pobres, más vulnerables social yeconómicamente y a los marginados, especialmente a las mujeres, a los niños, a lasminorías y a los pueblos indígenas”32.Asimismo, este instrumento señala que “[e]l reasentamiento debe garantizar que seprotegen por igual los derechos humanos de las mujeres, los niños, los pueblos indígenas yotros grupos vulnerables, en particular su derecho a poseer bienes y a tener acceso a losrecursos”33.La aplicación de los citados Principios y Directrices en el caso de los pueblos indígenas ylos grupos en condiciones de vulnerabilidad resulta de particular importancia en los casosde implementación de grandes proyectos en los territorios ocupados ancestralmente pordichas poblaciones, los cuales son promovidos por las políticas del gobierno colombianoen distintos lugares del país.4. El marco normativo interno reconoce el derecho de los pueblos indígenas y lascomunidades afrodescendientes al territorioEn Colombia la Constitución Política y las leyes contemplan el reconocimiento del derechode las poblaciones afrocolombianas e indígenas sobre sus territorios ancestrales. Acontinuación se resumen las normas que hacen dicho reconocimiento.4.1 La Constitución Política reconoce el derecho al territorioEn sus Principios Fundamentales, la Constitución reconoce y protege la diversidad étnica ycultural de la Nación colombiana34 . Asimismo, en varios de sus artículos la Constitución32 Naciones Unidas, Principios Básicos y Directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo,Anexo I del Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vidaadecuado, A/HRC/4/18, pág. 4.33 Ibídem, párr. 56.34 Constitución Política de Colombia, Artículo 7. 19.
hace un reconocimiento de los derechos de las poblaciones étnicas al territorio en losaspectos que se señalan a continuación:a. Las tierras comunales de los grupos étnicos y las tierras de resguardo, entre otros, sonbienes inalienables, imprescriptibles e inembargables (Artículo 63).b. Los territorios indígenas, al igual que los departamentos, los distritos y los municipiosson entidades territoriales (Artículo 286).c. Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable (Artículo 329).d. Los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados yreglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán, entre otrasfunciones, el diseño de las políticas y los planes y programas de desarrollo económico ysocial dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y velarán porla preservación de los recursos naturales (Artículo 330).e. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sindesmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. Enlas decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará laparticipación de los representantes de las respectivas comunidades (Artículo 30,parágrafo).d. El Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial creada por elGobierno para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que hanvenido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca delPacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a lapropiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley (Artículo 55transitorio)35.Por otra parte, la Constitución establece que “*l+os tratados y convenios internacionalesratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben sulimitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos ydeberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratadosinternacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”36. Por lo tanto, losinstrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de los pueblosindígenas y de las comunidades afrodescendientes reseñados en la sección anterior delpresente documento son de obligatorio cumplimiento.35 El Congreso aprobó Ley 70 de 1993 Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.36 Constitución Política, citado supra en Nota 34, Artículo 93. 20.
4.2 El derecho al territorio está reconocido en la legislación nacionalColombia ha reconocido en su legislación nacional el derecho al territorio de laspoblaciones indígenas y afrocolombianas, que como se apreció anteriormente estáconsagrado en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos yen la Constitución Política. Adicionalmente, la ley 70 de 1993 reconoce los derechos de lascomunidades afrocolombianasLa ley 70 tiene por objeto “reconocer a las comunidades negras que han venido ocupandotierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, deacuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho colectivo a lapropiedad”37, entre los cuales se incluyen los derechos sobre el territorio.En ese sentido, la ley 70 establece la obligación de Estado de adjudicar a las comunidadesafrocolombianas la propiedad colectiva sobre las áreas que comprenden las tierras baldíasde las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico que vienen ocupando(Artículo 4). La ley denomina dichos territorios de propiedad colectiva "Tierras de lasComunidades Negras".Al respecto, dicha ley 70 señala que, para recibir en propiedad colectiva las tierrasadjudicables, cada comunidad deben conformar un Consejo Comunitario como forma deadministración interna (Artículo 5). Entre las funciones de los Consejos Comunitarios seencuentran las decisiones sobre el territorio colectivo, como la delimitación y asignaciónde áreas al interior de las tierras adjudicadas; la conservación y protección de los derechosde la propiedad colectiva y la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento yla conservación de los recursos naturales.Las adjudicaciones colectivas de tierras de comunidades negras comprenden los suelos ylos bosques, pero quedan excluidos los bienes de uso público, las áreas urbanas de losmunicipios, los recursos naturales renovables y no renovables, las tierras de resguardosindígenas legalmente constituidos, el subsuelo y los predios rurales en los cuales seacredite propiedad particular, las áreas reservadas para la seguridad y defensa nacional ylas áreas del sistema de Parques Nacionales. La propiedad sobre los suelos y los bosquesincluidos en la titulación colectiva se ejercerá en función social y le es inherente unafunción ecológica (Artículo 6).37 Ley 70 de 1993, citado supra en Nota 35, Artículo 1. 21.
La ley 70 también establece que, con el propósito de preservar la integridad de las tierrasde las comunidades negras y la identidad cultural de las mismas, la parte de la tierradedicada a su colectivo es inalienable, imprescriptible e inembargable (Artículo 7).La solicitud de titulación colectiva debe ser presentada por las comunidadesafrodescendientes al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – Incora (que fueliquidado y sus funciones junto a las de otras instituciones del sector agropecuario fueronasignadas al Incoder38), entidad que podrá iniciar de oficio la adjudicación (Artículo 8).Las ocupaciones por parte de personas no pertenecientes al grupo étnico negro sobre lastierras adjudicadas en propiedad colectiva a las comunidades negras no darán derecho alinteresado para obtener la titulación ni el reconocimiento de mejoras y se considerarácomo poseedor de mala fe (Artículo 15). Asimismo, la ley prohíbe adjudicar las tierras delas comunidades afrocolombianas a favor de beneficiarios distintos a dichas comunidades(Artículo 18).4.3 La reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos pertenecientes alas poblaciones indígena y afrocolombiana y la restitución de sus tierras están pendientesde reglamentaciónRecientemente el Congreso de la República aprobó la ley 1448 de 201139, que tiene porobjeto establecer medidas de reparación judiciales, administrativas, sociales y económicasen beneficio de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de infraccionesal Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normasInternacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno(Artículos 1 y 3). Dichas medidas contemplan la restitución jurídica y material de las tierrasa las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo (Artículo 72).El proyecto de ley correspondiente no fue consultado previamente con pueblos indígenasni con las comunidades afrocolombianas, ya que el Congreso decidió no regular el temadel derecho a la reparación en estos casos y adoptó la fórmula de otorgar facultadesextraordinarias al gobierno para regular, por medio de decretos con fuerza de ley, loconcerniente a los derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a pueblos ycomunidades indígenas, ROM, raizales y palenqueras, durante los seis meses posteriores ala expedición de la ley (Artículo 205).38 Ver al respecto el decreto 1292 de 2003 Por el cual se suprime el Instituto Colombiano de la reforma Agraria –Incora- yse ordena su liquidación, y el decreto 1300 de 2003 Por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,Incoder y se determina su estructura.39 Ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas delconflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. 22.
De esta manera, la ley 1448 establece que las normas que puedan afectar a laspoblaciones mencionadas quedarán condicionadas a la realización de la consulta previa detodo proyecto, programa o presupuesto que pueda llegar a afectarlas (Parágrafo 1,Artículo 205). A la fecha de cierre del presente informe el gobierno no había iniciado lasconsultas sobre los decretos relativos a la reparación de las víctimas de las poblacionesmencionadas y la restitución de sus tierras.5. La jurisprudencia constitucional ha protegido el derecho al territorioEn diferentes fallos, la Corte Constitucional ha reconocido el derecho al territorio de laspoblaciones indígenas y afrocolombianas. En esta sección del presente informe se resaltanalgunos de los pronunciamientos de la Corte relativos al derecho al territorio de dichaspoblaciones.5.1 La jurisprudencia constitucional protege el derecho de los pueblos indígenas sobre susterritorios ancestralesA través de sucesivos fallos, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los derechosde los pueblos indígenas. A continuación se reseñan algunas sentencias de la Corte que serefieren al derecho al territorio, muchas de las cuales protegen a la vez su derechoafrocolombianas a ser consultadas previamente a la adopción de proyectos, políticas ynormas que los afecten.En la sentencia T-428 de 1992, la Corte abordó el conflicto entre el interés de lospobladores del municipio de Jardín (Antioquia), en relación con la mejoría de lainfraestructura vial de la región y el interés de la comunidad indígena Embera Chamí delResguardo de Cristianía, en relación con sus derechos de propiedad sobre bienesinmuebles y la infraestructura productiva de la que dependían sus precarias condicionesde subsistencia y con ello la integridad y la vida misma de sus miembros. En dicho caso, laCorte advierte que: “[S]i bien se trata de dos intereses colectivos, es evidente que desde el punto de vista del derecho en el que se funda cada interés, las pretensiones de comunidad indígena poseen un mayor peso. Mientras que su interés se funda en el derecho a la propiedad, al trabajo y al mantenimiento de su integridad étnica y cultural, el interés del resto de la comunidad está respaldado en el derecho a la terminación de una obra concebida para el beneficio económico de la región. 23.
En síntesis, el interés de la comunidad indígena posee una legitimación mayor, en la medida en que está sustentado en derechos fundamentales ampliamente protegidos por la Constitución”40.Además, la Corte Constitucional en la sentencia T-257/93 señala que la figura delresguardo indígena es una forma de propiedad colectiva que ha tenido reconocimiento enla legislación interna: “La propiedad colectiva que surge del resguardo es desarrollo de los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Convenio 169 de la O.I.T., adoptado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, mediante el cual los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras. La protección jurídica del derecho fundamental a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas tiene, además, desarrollo legislativo explícito (Ley 135 de 1961, artículos 29 y 94; el Decreto Reglamentario 2001 de 1988 y Ley 30 de 1988 artículo 32)”41.En igual sentido, en la sentencia T-405 de 1993 la Corte subraya la importancia que tienepara los pueblos indígenas del derecho al territorio reconocido en el Convenio 169 de laOIT: “*E+l derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios indígenas reviste una esencial importancia para las culturas y valores espirituales de los pueblos aborígenes. Esta circunstancia es reconocida en numerosos Convenios Internacionales aprobados por el Congreso de la República, como la Ley 21 de 1991 aprobatoria del Convenio 169 sobre pueblos indígenas, aprobado en 1989 por la Conferencia General de la O.I.T., donde se resalta la especial relación de las comunidades indígenas con los territorios que ocupan, no sólo por ser éstos su principal medio de subsistencia sino además porque constituyen un elemento integrante de su religiosidad”42.En dicha sentencia, el Alto Tribunal recordó que la propiedad que ejerce una comunidadindígena sobre un resguardo se rige por el artículo 58 de la Constitución Política, e implicaal mismo tiempo un derecho y un deber:40 Corte Constitucional, sentencia T-428 de 1992, M.P.: Ciro Angarita Barón, junio 24 de 1992.41 Corte Constitucional, sentencia T-257 de 1993, Alejandro Martínez Caballero, Santafé de Bogotá D.C., junio 30 de1993.42 Corte Constitucional, sentencia T-405 de 1993, M.P.: Hernando Herrera Vergara, Bogotá, D.C., Septiembre 23 de 1993. 24.
“a) Para el propietario-comunidad indígena-, es un derecho subjetivo que goza de las características consagradas en el artículo 669 del Código Civil, que establece: ‘El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno’. A su vez, la propiedad también es un deber porque tiene una función social. b) Para los terceros, es un deber respetar la propiedad ajena (artículo 95-1)"43.Adicionalmente, en la sentencia T-188 de 1993, la Corte ratificó que el derecho depropiedad colectiva de los grupos étnicos sobre sus territorios tiene carácter fundamental,ya que estos grupos requieren, para sobrevivir, del territorio sobre el cual se hanasentado, por lo tanto: "El derecho fundamental a la propiedad colectiva de los grupos étnicos lleva implícito, dada la protección constitucional del principio de diversidad étnica y cultural, un derecho a la constitución de resguardos en cabeza de las comunidades indígenas"44.Años después, en la sentencia SU-039 de 1997, en el caso de la exploración y explotaciónpetroleras en el territorio del pueblo U’wa, la Corte señala que: “La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas hace necesario armonizar dos intereses contrapuestos: la necesidad de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en los referidos territorios para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (art. 80 C.P.), y la de asegurar la protección de la integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas que ocupan dichos territorios, es decir, de los elementos básicos que constituyen su cohesión como grupo social y que, por lo tanto, son el sustrato para su subsistencia. Es decir, que debe buscarse un equilibrio o balance entre el desarrollo económico del país que exige la explotación de dichos recursos y la preservación de dicha integridad que es condición para la subsistencia del grupo humano indígena. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que como se ha visto43 Ibídem.44 Corte Constitucional, sentencia T-188 de 1993, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz, mayo 12 de 1993. 25.
antes configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura”45.En dicho fallo la Corte señala que, para asegurar la subsistencia de los pueblos indígenascuando se realice la explotación de recursos naturales en sus territorios, se debegarantizar la participación de la comunidad, a través de la consulta previa libre einformada, en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación. El derechoa ser consultados, que está estrechamente relacionada con el derecho al territorio, sedesprende del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en paísesindependientes, que fue abordado en una sección anterior del presente documento.En la sentencia T-525 de 1998, la Corte reitera la importancia que tiene el derecho alterritorio para la preservación de la cultura de los pueblos indígenas: “[E]l derecho de propiedad colectiva sobre los territorios indígenas reviste la mayor importancia dentro del esquema constitucional, pues resulta ser esencial para la preservación de las culturas y valores espirituales de los pueblos que dentro de ellos se han asentado durante siglos. El dominio comunitario sobre tales territorios debe ser objeto de especial protección por parte de la ley y de las autoridades. El desconocimiento de él y de sus consecuencias jurídicas quebrantaría de manera grave la identidad misma de las comunidades, implicaría ruptura del principio constitucional que las reconoce y, en el fondo, llevaría a destruir la independencia que las caracteriza, con notorio daño para la conservación y adecuado desarrollo de sus culturas y creencias. Si la propiedad colectiva sobre el territorio indígena es un derecho del pueblo correspondiente, la regla correlativa es el respeto al mismo por parte del Estado y de los particulares”46.Agrega la Corte que “[d]icha propiedad colectiva, que es desarrollo del Convenio 169 de laO.I.T., permite a los pueblos indígenas tener el derecho a participar en la utilización,administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras”47.En el mismo sentido, la Corte, en la sentencia T-652 de 1998 que reconoció los derechosdel pueblo Embera Katío del Alto Sinú amenazados por la construcción en su territorio45 Corte Constitucional, sentencia SU-039 de 1997, M. P.: Antonio Barrera Carbonell, Santafé de Bogotá, D.C., febrero 31997.46 Corte Constitucional, sentencia T-525 de 1998, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo, Bogotá, D.C., 25 deseptiembre de 1998.47 Ibídem. 26.
ancestral del proyecto hidroeléctrico de Urrá, reiteró “el carácter fundamental del derechoa la propiedad colectiva de los grupos étnicos sobre sus territorios, no sólo por lo quesignifica para la supervivencia de los pueblos indígenas y raizales el derecho de dominiosobre el territorio que habitan, sino porque él hace parte de las cosmogonías amerindias yes substrato material necesario para el desarrollo de sus formas culturalescaracterísticas”48. Asimismo, la Corte indica que “[e]l derecho fundamental a la propiedadcolectiva de los grupos étnicos sobre los territorios que tradicionalmente habitan,comprende el derecho a la constitución del resguardo en cabeza del pueblo indígena”49.Más recientemente, en la sentencia T-769 de 2009, en el caso de la comunidad indígenade Uradá del Resguardo de Uradá Jiguamiandó, la comunidad afrodescendiente delconsejo comunitario de la cuenca del Río Jiguamiandó y la comunidad indígena Embera dela Guagua del Resguardo de Murindó, cuyos derechos se encuentran afectados por elproyecto de explotación minera de la concesión Mande Norte50, la Corte Constitucionalreiteró que “[e]l derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios que elloshabitan reviste una importancia esencial para la cultura y valores espirituales, que esreconocida en convenios internacionales aprobados por el Congreso, donde se resalta laespecial relación de las comunidades indígenas con su hábitat, no solo por encontrar allí suprincipal medio de subsistencia, sino porque constituye un elemento integrante de lacosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes. Adicionalmente, el constituyenteresaltó la importancia fundamental del derecho de las comunidades indígenas sobre suterritorio”51.De la misma manera que en los casos de los pueblos U’wa y Embera Katío, en la sentenciaT-769 de 2009 la Corte reconoce el derecho sobre el territorio ancestral y su protección através del derecho a la consulta: “La exploración y explotación de los recursos naturales en estos territorios protegidos, debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades nativas, integridad que como se ha visto antes configura un derecho fundamental para la comunidad, por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Y precisamente, para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de48 Corte Constitucional, sentencia T-652 de 1998, Ref. Expedientes acumulados T-168.594 y T-182.245. Acciones de tutelacontra el Presidente de la República, los Ministros del Interior, Agricultura, Medio Ambiente, y Minas y Energía, laAlcaldía Municipal de Tierralta (Córdoba) y la Empresa Multipropósito Urrá S.A. - E. S. P. , por la presunta violación de losderechos fundamentales del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú. Noviembre 10 de 1996, M.P.: Carlos Gaviria Díaz.49 Ibídem.50 La empresa Muriel Minning Corporation presentó un proyecto de contrato de concesión Mandé Norte, para laexploración y explotación de una mina de cobre, oro, molibdeno y minerales concesibles.51 Corte Constitucional, sentencia T-769 de 2009, M.P.: Nilson Pinilla, octubre 29 de 2009. 27.
realizar la explotación y exploración de recursos naturales en su hábitat, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dichas actividades. De este modo, el derecho fundamental de la comunidad a preservar la referida integridad se garantiza y efectiviza a través del ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de fundamental, en los términos del numeral 2° del artículo 40 de la Constitución, como es el de participación de la comunidad en la adopción de las referidas decisiones”52.En consecuencia, en la sentencia T-769 de 2009 la Corte dispuso que el InstitutoColombiano de Geología y Minería –Ingeominas- suspenda o se abstenga de otorgar laslicencias de exploración y explotación minera en el proyecto Mandé Norte, hasta que nofinalicen a cabalidad los estudios sobre el impacto ambiental y se realice la consulta previade manera adecuada.En otra materia, la Corte Constitucional ha protegido los derechos territoriales de lospueblos indígenas de los efectos nocivos de las medidas antinarcóticos mediante elderecho a la consulta previa. Es así como en la sentencia T-823 de 2003, el Alto Tribunalordenó “a la Presidencia de la República, a los Ministerios del Interior y la Justicia, y deAmbiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Consejo Nacional de Estupefacientes y acada uno de sus integrantes, a la Dirección Nacional de Estupefacientes y a la PolicíaNacional, consultar de manera efectiva y eficiente a los pueblos indígenas y tribales de laamazonía colombiana sobre las decisiones atinentes al Programa de Erradicación deCultivos Ilícitos que las entidades mencionadas adelantan en sus territorios, en losaspectos que a cada una de dichas entidades compete con la finalidad de llegar a unacuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas, con plenaobservancia de los principios y reglas contenidos en el Convenio 169 de la OIT, aprobadopor la Ley 21 de 1991”53.La misma sentencia SU-823 de 2003 ordenó a las entidades mencionadas consultar a lasautoridades de los pueblos indígenas y de las organizaciones que los representan, entreotros temas, el procedimiento y los términos en que se adelantarán las consultas, elámbito territorial de las mismas, y la determinación de los medios adecuados paraadelantar en el ámbito territorial respectivo la erradicación de los cultivos ilícitos ya seamediante la aspersión aérea o por otro método alternativo, siempre y cuando que uno yotros garanticen en forma efectiva y eficiente los derechos fundamentales que medianteesta providencia se amparan.52 Ibídem.53 Corte Constitucional, Sentencia SU-383 de 2003, M.P.: Alvaro Tafur Galvis, mayo 13 de 2003. 28.
Como se puede apreciar, la jurisprudencia constitucional es abundante y valiosa en cuantoal desarrollo de la normatividad internacional y nacional en el reconocimiento yprotección de los derechos al territorio y a la consulta previa de los pueblos indígenas.5.2 La jurisprudencia constitucional protege el derecho de las comunidadesafrocolombianas sobre sus territorios ancestralesAl igual que para el caso de los pueblos indígenas, la Corte Constitucional ha reconocidoen sus fallos el derecho de las comunidades afrocolombianas sobre los territorios queocupan ancestralmente, tal como se reseña a continuación.En primer lugar, en la sentencia C-160 de 2001, la Corte reconoció que las comunidadesafrocolombianas son sujeto del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales,ya que cumplen con los dos elementos característicos de los pueblos tribales: “(i) Un elemento ‘objetivo’, a saber, la existencia de rasgos culturales y sociales compartidos por los miembros del grupo, que les diferencien de los demás sectores sociales, y (ii) un elemento ‘subjetivo’, esto es, la existencia de una identidad grupal que lleve a los individuos a asumirse como miembros de la colectividad en cuestión”54.En la sentencia T-955 de 2003, la Corte señaló que el derecho sobre los territorioscolectivos de las comunidades afrocolombianas, como pueblos tribales, comprende el usode los recursos naturales disponibles en esos territorios: “[E]l derecho de propiedad colectiva en comento comprende, y siempre comprendió la facultad de las comunidades negras de usar, gozar y disponer de los recursos naturales renovables existentes en sus territorios, con criterios de sustentabilidad. Es decir que desde el año de 1967, en los términos de la Ley 31, a las comunidades negras nacionales, en cuanto pueblos tribales, les fue reconocido el derecho a la propiedad colectiva de los territorios que ocupan ancestralmente y, por ende, las facultades de uso y explotación de sus suelos y bosques, esto último, por ministerio de la ley o previa autorización de la autoridad ambiental, en los términos del Código de Recursos Naturales”55.54 Corte Constitucional, Sentencia C-169 de 2001, Revisión constitucional del proyecto de ley número 025/99 Senado y217/99 Cámara, “por la cual se reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia”, M.P.: Carlos GaviriaDíaz, febrero 14 de 2001.55 Corte Constitucional, sentencia T-955 de 2003, M.P.: Alvaro Tafur Galvis, Bogotá D.C., 17 de octubre de 2003. 29.
En el mismo fallo, la Corte precisó las obligaciones del Estado en cuestiones ambientalescuando se trata de territorios colectivos de la población afrodescendiente: “Las autoridades de la República, en especial las ambientales, están en el deber i) de apoyar a las comunidades negras en las acciones que emprendan para impedir el uso de la tierra y la explotación de sus recursos naturales por personas ajenas, y ii) sancionar a quienes se aprovechen de los productos de los suelos y bosques de sus territorios colectivos”56.En el caso de las comunidades afrocolombianas desplazadas de la cuenca de los ríos deCurvaradó y Jiguamiandó, en Carmen de Atrato (Chocó), que enfrentan una la gravesituación de riesgo, las amenazas, hostigamientos, señalamientos, y persecución, la CorteConstitucional señaló la necesidad de adoptar “medidas cautelares urgentes deprotección de los derechos fundamentales de la población y comunidadesafrocolombianas ubicadas en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó afectadaspor el desplazamiento forzado interno”57 (Negrilla en el texto original).Entre las órdenes de la Corte tendientes a garantizar los derechos de las comunidadesafrodescendientes de Curvaradó y Jiguamiandó se encuentran medidas de protección paralos derechos al territorio y la restitución del mismo a sus dueños. En ese sentido, ordenóal Ministerio del Interior y de Justicia que, “con el fin de congelar todas las transaccionesrelativas al uso, posesión, tenencia, propiedad, o explotación agroindustrial o minera depredios amparados por el título colectivo de las cuencas de los ríos Curvaradó yJiguamiandó, e impedir que se realicen transacciones sobre estos territorios que puedanhacer nugatoria su restitución efectiva”58, aplique el decreto 2007 de 200159.56 Ibídem.57 Corte Constitucional, auto de 2010. Ref. Adopción de medidas cautelares de protección inmediata para la salvaguardade los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas de Curvaradó y Jiguamiandó víctimas deldesplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 y delos autos de seguimiento, en particular del Auto 005 de 2009. M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, Bogotá, D.C., 18 de mayode 2010.58 Ibídem.59 El decreto 2007 de 2001 Por el cual se reglamentan parcialmente los Artículos 7º,17 y 19 de la Ley 387 de 1997, en lorelativo a la oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia, en el marco del retorno voluntario a sulugar de origen o de su reasentamiento en otro lugar y se adoptan medidas tendientes a prevenir esta situación creó laRuta de protección colectiva de las tierras, que consiste en un conjunto de medidas de protección de los bienes enaquellas regiones donde se ha emitido la declaratoria de riesgo inminente de desplazamiento o desplazamiento forzado.Además, el decreto 2007 dispone que, durante los períodos en que se haya hecho declaratoria de riesgo dedesplazamiento, a través de un inventario se establezcan los predios que podrían verse afectados, las personas queostentan titularidad de derechos bien sea en calidad de propietaria, poseedora o por cualquier otro vínculo con el bienque podría verse amenazado con el abandono. La entidad encargada del registro de transacciones sobre los bienes,debe estar al tanto de los inmuebles incluidos en zonas de declaratoria de riesgo para que se abstenga de inscribirenajenaciones o cualquier otro trámite de transferencia de la propiedad. El decreto también establece la autorizaciónde parte del Comité Municipal o Departamental de Atención a la población desplazada, como requisito previo para que 30.
Más recientemente, en el fallo T-909 de 2009, la Corte Constitucional reitera que elConvenio 169 de la OIT aplica para las comunidades afrodescendientes, cuya identidadcultural se asocia con un conjunto de elementos entre los cuales el territorio colectivoadquiere un papel significativo y debe ser protegido por el Estado: “[D]ebe asegurarse el respeto por la cultura y valores espirituales de las Comunidades Afrodescendientes y ha de resaltarse la importancia que adquiere el nexo de tales valores culturales con el territorio. En ese orden, ha de reconocerse y protegerse de modo efectivo el derecho de propiedad y posesión de los territorios ancestrales y ha de someterse a consulta previa y, en dado caso, a indemnización por perjuicios causados con ocasión del desarrollo de proyectos de explotación de recursos naturales que se adelanten en los territorios de estas Comunidades. Finalmente, debe garantizarse que únicamente se procederá a trasladar y a reubicar a las Comunidades Afrodescendientes en casos imperiosos siempre y cuando medie el consentimiento manifestado de manera libre y con pleno conocimiento de causa por parte de sus integrantes”60.El citado fallo reconoce los derechos colectivos derivados de la ocupación ancestral delterritorio. Este es el caso de la comunidad afrodescendiente de la Cuenca del Río Naya quedurante más de tres siglos ha ocupado el territorio en mención, por lo que, advierte laCorte, que las entidades del orden nacional y territorial no pueden permanecerindiferentes cuando se incurre en dilación injustificada del procedimiento administrativoque ha impedido cumplir con la solicitud de titulación colectiva de la propiedad ancestralde la Comunidad Afrodescendiente de la Cuenca del Río Naya, presentada diez años antesde la fecha de dicho fallo. Por consiguiente, la Corte ordenó “al Instituto Colombiano deDesarrollo Rural – INCODER– con el fin de que, de manera pronta, efectiva, con celeridad,economía y sin dilaciones injustificadas, adopte las medidas indispensables y adelante lasactuaciones necesarias a fin de cumplir con el plan de acción diseñado por dicha entidadpara adoptar en el mes de junio de 2010 una decisión de fondo respecto de la solicitud detitulación colectiva presentada por el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Nayadesde el 23 de diciembre de 1999 que recae sobre terrenos que no son objeto de debatejurídico”61.pueda realizarse la enajenación de bienes rurales, que deberá ser exigida por el registrador de instrumentos públicos dellugar a fin autorizar la inscripción de la transacción.60 Corte Constitucional, auto 909 de 2009. M.P.: Mauricio González Cuervo, Bogotá D.C., diciembre 7 de 2009.61 Ibídem. 31.
6. Los órganos internacionales han recomendado al Estado medidas específicas para garantizar el derecho al territorio de las poblaciones afrocolombianas e indígenasDesde hace varios años, los órganos internacionales de protección de los derechoshumanos han monitoreado la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenasy las comunidades afrodescendientes en Colombia. Con base en los aspectos más críticosafrontados por dichas poblaciones, los organismos internacionales han recordado alEstado colombiano sus obligaciones de conformidad con los instrumentos de protecciónreseñados anteriormente en el presente documento, y han formulado recomendacionespara la adopción de medidas concretas que den cumplimiento a dichas obligaciones,muchas de ellas en consonancia con la jurisprudencia constitucional resumida en lasección anterior del presente informe.6.1 Observaciones para la aplicación en Colombia del Convenio 169 de la OITLa Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT -CEARC-62 ha examinado la aplicación en Colombia del Convenio 169 sobre pueblosindígenas y tribales. A partir de 2005, las comunidades afrodescendientes de las cuencasde los ríos Curbaradó y Jiguamiandó, que se encuentran en situación de desplazamientoforzado, prepararon comunicaciones para la Comisión de Expertos en las cuales lesolicitaron la aplicación del Convenio 169 en su caso, a la vez que reportarondetalladamente las graves violaciones a los derechos a la vida, al territorio, a la identidadétnica y a la sobrevivencia como pueblo63.62 La Comisión de Expertos en Aplicación de los Convenios y Recomendaciones de la OIT –CEACR- está conformada por20 expertos independientes que tienen el mandato de examinar las informaciones enviadas por organizaciones deempleadores y trabajadores, para lo cual se reúnen anualmente.63 Las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó, Carmen de Atrato (Chocó),fueron desplazadas de su territorio en 1997 como consecuencia directa de las operaciones militares adelantadasconjuntamente por la Brigada XVII del Ejército, la Policía y los grupos paramilitares. Entre las violaciones de derechoshumanos que han sufrido los miembros de estas comunidades se registran amenazas, homicidios, desaparicionesforzadas y repetidos desplazamientos forzados. Las personas de las comunidades que pudieron retornar a su territorioencontraron a su regreso la instalación de empresas que estaban desarrollando megaproyectos agrícolas. Las violacionesa los derechos humanos de estas comunidades se derivan de los intereses por introducir el monocultivo intensivo depalma aceitera y explotaciones ganaderas extensivas. En 2005, un informe del Incoder calculó que el 93% de la siembrade palma africana realizada por las empresas Urapalma, Palmas de Curbaradó, Palmas S.A. y Palmadó, ocupaban losterritorios colectivos de las comunidades del Curbaradó y Jiguamiandó, equivalente a 3.636 y 180 has respectivamente.El 7% restante de las plantaciones de palma ocupa predios de propiedad privada adjudicados por el Incora, antes de lavigencia de la ley 70 de 1993. Adicionalmente, el Incoder encontró que la empresa Inversiones Fregni Ochoa adecuó enel territorio colectivo del río Curbaradó 349 has para el cultivo de palma aceitera, y que la empresa La Tukeka desarrollaactividades de ganadería bovina en aproximadamente 810 has. Se estimó el área proyectada para el cultivo de palma deaceite y de la explotación ganadera, en los territorios colectivos adjudicados a los Consejos Comunitarios de Curbaradó yJiguamiandó y en los predios de propiedad privada, en aproximadamente 21.142 has. Esta extensión sumada al área yacultivada resultaría en una superficie total de 26.135 has destinadas al proyecto palmicultor y ganadero en elDepartamento del Chocó. Esta superficie es cerca del 25% del territorio colectivo titulado a las comunidades. 32.
En 2007, la Comisión de Expertos presentó una Observación, en la cual, entre otrascuestiones, precisa el contenido de los derechos de las comunidades afrocolombianassobre su territorio ancestral y las obligaciones del gobierno en cuanto a la aplicación delConvenio 16964 en los siguientes aspectos:a) La definición de “comunidad negra” de la ley 70 de 1993 coincide con la definición depueblos tribales del Convenio 16965.b) Las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó están cubiertas por el Convenio 169. Porlo tanto, el Estado tiene la obligación de aplicar los artículos del Convenio, en particulargarantizar el derecho de las comunidades a regresar a sus tierras tradicionales cuando elgobierno adopte medidas contra toda intrusión no autorizada en sus tierras o todo uso noautorizado de personas ajenas a ellos.c) El Convenio 169 protege no sólo las tierras de los pueblos indígenas y tribales quetienen título de propiedad sino también las tierras que tradicionalmente ocupan. En virtuddel Convenio, los Gobiernos deberán tomar las medidas necesarias para determinar lastierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protecciónefectiva de sus derechos de propiedad y posesión.La citada Observación de la Comisión de Expertos de la OIT es un importante paso en laaplicación del Convenio 169 en la protección de los derechos de las comunidadesafrocolombianas.6.2. El Comité contra la Discriminación Racial ha formulado recomendaciones concretaspara la aplicación de la Convención Internacional contra todas las formas deDiscriminación RacialEl Estado Colombiano fue sometido a examen por el Comité contra la DiscriminaciónRacial66 en 200967. Como resultado de dicho proceso, el Comité llamó la atención sobre la64 CEACR: Observación individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) Colombia(ratificación: 1991), 2007, Document No. (ilolex): 062007COL169.65 El Convenio 169 en su Artículo 1 establece que sus disposiciones se aplican “a los pueblos tribales en paísesindependientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividadnacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislaciónespecial”.66 La Convención contra la Discriminación racial, en su Artículo 8, crea el Comité para la Eliminación de la DiscriminaciónRacial integrado por 18 expertos gran prestigio moral y reconocida imparcialidad. Además, en su Artículo 9 estableceque los Estados partes se comprometen a presentar al Secretario General de las Naciones Unidas, para su examen por elComité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado y quesirvan para hacer efectivas las disposiciones de la Convención dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigorde la Convención para el Estado de que se trate; y en lo sucesivo, cada dos años y cuando el Comité lo solicite. El Comité 33.
persistencia de graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra losafrocolombianos y los pueblos indígenas, como asesinatos, ejecuciones extrajudiciales oreclutamientos y desapariciones forzadas; el creciente desplazamiento forzado deafrocolombianos e indígenas y el incumplimiento de las sentencias y autos de la CorteConstitucional en esta materia. El Comité también expresó su preocupación por losimportantes obstáculos, incluso por medio de la violencia en contra de líderes, al ejerciciodel derecho al territorio y la violación frecuente del derecho a la consulta previa de lospueblos afectados por megaproyectos en sus territorios; al igual que el riesgo de extinciónque enfrentan varios pueblos indígenas68.A continuación se citan las recomendaciones del Comité69 relativas a los derechosterritoriales:a) Velar por el reconocimiento y el respeto de la propiedad colectiva de la tierra de lascomunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas y que esa propiedad puedaejercerse en la práctica reduciendo los procedimientos burocráticos de reclamación yadoptando medidas eficaces para proteger a las comunidades de toda violación cuandointentan ejercer sus derechos (Párr. 19).b) Prestar particular atención a la restitución de la tierra a las comunidadesafrocolombianas e indígenas desplazadas y se lo insta a cumplir las decisiones de la CorteInteramericana de Derechos Humanos y las recomendaciones del CEACR de la OIT enrelación con las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó, y velar por que no seproduzcan casos similares (Párr. 19).c) Aprobar y aplicar de manera concertada una legislación que regule dicho derecho deconformidad con el Convenio 169 de la OIT y las recomendaciones pertinentes de laComisión de Expertos, para que se celebren todas las consultas previas de una maneraque respete el consentimiento libre y fundamentado de las comunidades afectadas pormegaproyectos de infraestructura y explotación de los recursos naturales, como laminería, la exploración petrolera o el monocultivo (Párr. 20).podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de los datostransmitidos por los Estados partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se comunicarán a laAsamblea General, junto con las observaciones de los Estados partes.67 El Comité examinó los informes periódicos 10º a 14º de Colombia (CERD/C/COL/14), presentados en un solodocumento, en sus sesiones 1948ª y 1949ª (CERD/C/SR.1948 y CERD/C/SR.1949), celebradas en agosto de 2009. En su1968ª, el 26 de agosto de 2009, aprobó las observaciones finales sobre Colombia.68 La Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- ha denunciado que 18 pueblos indígenas están en serio riesgode de extinción.69 Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 75º período de sesiones del 3 a 28 de agostode 2009, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial COLOMBIA, Párr. 16. 34.
d) En materia de desplazamiento, el Comité recomendó al Estado asignar con carácterprioritario, recursos humanos y financieros adicionales para cumplir la sentencia T-025 de2004 de la Corte Constitucional en materia de desplazamiento forzado, y sus autos deseguimiento (n.° 092 de 2008, sobre la protección de las mujeres; n.° 004 de 2009, sobrela protección de los pueblos indígenas; n.° 005 de 2009, sobe la protección decomunidades afrodescendientes).También en materia de desplazamiento, el Comité recordó al gobierno su obligación deimplementar el Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada, prestando particularatención a los derechos de las mujeres y las niñas y niños afrocolombianos e indígenas; ygarantizar el retorno de la población desplazada a sus tierras originales en condiciones deseguridad (Párr. 16).6.3 El Estado colombiano ha sido destinatario de valiosas recomendaciones relacionadascon los derechos humanos de los pueblos indígenasDurante su misión a Colombia de 2009, el Relator Especial sobre la situación de losderechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas adelantó elseguimiento a las recomendaciones del anterior Relator70. El Relator constató lapersistencia de la crítica situación de los derechos de los pueblos indígenas71, en especialde aquellos pueblos que enfrentan riesgo de extinción por tener una población inferior alos 500 habitantes, incluyendo 18 grupos que tienen menos de 200 habitantes y 10 gruposmenos de 100.Entre los asuntos más críticos observados por el Relator durante su misión al país, sedestacan las situaciones que incrementan una amenaza para la sobrevivencia cultural yfísica de los pueblos indígenas como son el impacto de la intromisión militar en losterritorios indígenas, la violencia contra los pueblos indígenas y el incremento deldesplazamiento forzado de los pueblos indígenas. Con relación al desplazamiento, elRelator respaldó las órdenes de la Corte Constitucional para que el gobierno diseñe yponga en marcha, con la participación efectiva de las autoridades legítimas de los pueblosindígenas, planes de salvaguarda para 34 pueblos indígenas que se encuentran en riesgograve de ser exterminados cultural o físicamente.70 En 2004 el anterior Relator Especial, Sr, Rodolfo Stavenhagen presentó a la Comisión de Derechos Humanos suinforme de la misión a Colombia: Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertadesfundamentales de los pueblos indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, Adición: Misión a Colombia, E/CN.4/2005/88/Add.2,10 de noviembre de 2004.71 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, 15° período de sesiones, Relator Especial de Naciones Unidas sobrela situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, La situación de los pueblosindígenas en Colombia: Seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator Especial anterior, A/HRC/15/34/, enero8 de 2010. 35.
Uno de los aspectos de mayor relevancia para el Relator Especial se refiere a lasvulneraciones al derecho al territorio de los pueblos indígenas. Al momento de la visita delRelator, en julio de 2009, existían 710 resguardos indígenas titulados. No obstante, elRelator observó que el resultado de los procesos de constitución, ampliación ysaneamiento de resguardos no responde a las necesidades de los pueblos indígenas.Efectivamente, en noviembre de 2008, 450 expedientes de constitución, ampliación,saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas se encontraban en curso, y segúnel Incoder estaban en trámite solicitudes por 1.627.758 has, ocupadas por cerca de380.000 indígenas72.Adicionalmente, el Relator Especial comprobó que el Estado colombiano no había aplicadola recomendación formulada por el anterior Relator de evitar promover proyectos deinversión, infraestructura, extracción y explotación de recursos naturales y desarrolloproductivo, sin previa, amplia y legítima consulta y participación de los pueblos indígenas.Del conjunto de recomendaciones formuladas por el Relator Especial sobre los derechosde los pueblos indígenas se destacan las siguientes por su relación con el derecho alterritorio:a) El Estado debe avanzar en la adopción de políticas públicas y leyes centrales yadecuadas para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluida una leysobre los procedimientos de consulta, con la participación plena y efectiva de lasautoridades y representantes indígenas. Tanto el proceso como las políticas públicas yleyes a que se lleguen deben ser compatibles con los estándares internacionales dederechos de los pueblos indígenas, incluidos aquellos reconocidos en la Declaración de lasNaciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT(Párr. 57).b) La Fuerza Pública debe respetar la autonomía de los pueblos indígenas y concertar conlas autoridades indígenas las condiciones de cualquier presencia necesaria dentro susterritorios, de conformidad con el artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidassobre los derechos de los pueblos indígenas (Párr. 67).c) El gobierno debe diseñar e implementar cabalmente, de acuerdo con las directrices delauto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, los Planes de Salvaguarda para los 34 pueblosindígenas que enfrentan riesgo grave de ser exterminados cultural o físicamente,72 Ibídem, Párr. 38. 36.
garantizando la plena participación de las autoridades de los pueblos indígenas. Tambiéndebe desarrollar programas similares en otras comunidades indígenas vulnerables y enriesgo de extinción (Párr. 68).d) Los territorios de los pueblos indígenas que han sido desplazados forzosamente debenser protegidos con garantías específicas, de manera que no sean usurpados y que lospueblos puedan retornar. Asimismo, el Estado debe garantizar a las comunidadesindígenas desplazadas el retorno en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad,así como garantías de no repetición, para su restablecimiento en sus territorios (Párr. 69).f) Tomar las medidas necesarias para acelerar los procesos de constitución, ampliación ysaneamiento de resguardos, estableciendo un plazo determinado con un cronograma deacciones para hacer efectivas dichas solicitudes (Párr. 73).g) Armonizar la política pública de desarrollo económico del país, en especial en lo que serefiere a los megaproyectos de explotación de recursos naturales e infraestructura, conlos derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, y no alentar los proyectosde inversión, infraestructura, extracción y explotación de recursos naturales, desarrolloproductivo etc. sin previa, amplia y legítima consulta y participación de los pueblosindígenas (Párr. 76). Además, el gobierno debe implementar debidamente las sentenciasde la Corte Constitucional respecto a los proyectos de intervención y grandes obras deinfraestructura (Párr. 76).i) No desarrollar fumigaciones aéreas en plantíos de cultivos de uso ilícito cerca aasentamientos indígenas o zonas de abastecimiento de estos poblados, a menos que lopida expresamente la comunidad indígena con previo conocimiento completo de susimplicaciones, de conformidad con la recomendación del anterior Relator Especial (Párr.77).En lo que se refiera a los derechos al territorio y la consulta previa, el Relator recordó alEstado colombiano su obligación de aplicar las recomendaciones formuladas por elanterior Relator en 2004 y respaldó la jurisprudencia de la Corte Constitucional reseñadasen el presente documento.6.4 Los órganos internacionales han recomendado proteger los derechos de los pueblosindígenas afectados por el desplazamiento forzadoDurante su misión a Colombia de 2006, el Representante Especial del Secretario Generalde las Naciones Unidas para los derechos humanos de las personas internamentedesplazadas destacó que las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas “han 37.
pasado a constituir un porcentaje desproporcionado de los desplazados, pues han sufridode manera especialmente aguda los años de hostilidades y de violencia generalizada osistemática”73.Al igual que su antecesor, el Sr. Francis M. Deng, quien había calificado el desplazamientoforzado en Colombia como un "medio para adquirir tierras en beneficio de los grandesterratenientes, narcotraficantes y empresas privadas que elaboran proyectos en granescala para la explotación de los recursos naturales"74, el Representante Especial tuvoconocimiento del interés de los grupos económicos actividades agroindustriales como elcultivo del banano y la palma de aceite, y con la explotación mineras en despojar a lascomunidades de sus tierras (Párr. 19).El Representante constató que las causas subyacentes de los desplazamientos serelacionan con problemas de la propiedad de la tierra que no han sido solucionadosadecuadamente durante décadas, lo que facilita la ocupación ilegal de tierras, bienmediante la transferencia de títulos bajo coacción por una compensación financieramínima o mediante su falsificación. Asimismo, se presenta la adquisición de tierrasindígenas y propiedades colectivas afrocolombianas en violación del artículo 60 de laConstitución de Colombia y la Ley Nº 70 (Párr. 53). Además, el Representante observó conpreocupación las incursiones de los actores del conflicto armado en los territorioscolectivos indígenas y afrocolombianos, en ocasiones a favor de intereses económicosprivados, al igual que por la ausencia de medidas de prevención de estas incursiones (Párr.80).En consideración a las consecuencias especificas del desplazamiento forzado de lascomunidades indígenas y afrodescendientes sobre su derecho al territorio, elRepresentante recomendó al Gobierno colombiano tomar las siguientes medidas:a) Declarar nulos los títulos emitidos que corresponden a partes de los territorioscolectivos indígenas y afrocolombianos adquiridas por particulares (Párr. 80).73 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Cuarto período de sesiones, Informe presentado por elRepresentante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Sr. Walter Kälin. AdiciónMisión a Colombia, A/HRC/4/38/Add.3, 24 de enero de 2007, Párr. 11.74 El señor Francis M. Deng, anterior Representante del Secretario General sobre los desplazados internos llamó laatención sobre el hecho que en Colombia, como parte de un proceso denominado "contrarreforma agraria" (comoresultado de la cual el 3% aproximadamente de los terratenientes controlaban, cuando el Representante realizó suprimera misión en 1994, más del 70% de la tierra cultivable del país), el desplazamiento constituye con frecuencia unmedio para adquirir tierras en beneficio de los grandes terratenientes, narcotraficantes y empresas privadas queelaboran proyectos en gran escala para la explotación de los recursos naturales”. Al respecto ver Naciones Unidas,Comisión de Derechos Humanos, 56° período de sesiones, Informe del Representante del Secretario General sobre losdesplazados internos. Adición Pautas de los desplazamientos: misión de seguimiento enviada a Colombia,E/CN.4/2000/83/Add.1, enero 11 de 2000, Párr. 23. Recommended
Análisis de Sentencia SU-039 -97 - LIRENA VERGARA
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Método de estudio integral de las comunidades listo WM
wilmery montilla murgas
Conclusiones su 039 97
JUAN CARLOS MATAMOROS MENDEZ

References: Artículo 94
 Artículo 4
 Artículo2
 Artículo 7
 Artículo 93
 Artículo 1
 artículo 32
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 artículo 669
 artículo 40
 artículo 176
 Artículo 1
 Artículo 8
 Artículo 9
 artículo 30
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