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Timestamp: 2020-05-25 19:26:47+00:00

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crtasistencia-NUESTRAS GARANTIAS
Una ''garantía'' es un [contrato|negocio juridico] mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad al cumplimiento de una obligación o pago de una deuda.
*''[Garantía personal]'': Como, por ejemplo, un [aval]. Mediante la garantía personal una persona garantiza el pago de una deuda comprometiendose a pagar ella en el caso de que el deudor principal no cumpliese con su obligación.
*''[Garantía real]": Como la [prenda] o la [hipoteca]. El deudor garantiza con un bien el pago de una deuda. En el caso de incumplir, el [acreedor] podrá vender el bien y saldar la deuda con el dinero obtenido, devolviendo al deudor el excedente (si lo hubiese).
*''[Garantía Constitucional]'': Como proceso instituido por la misma [Constitución] de un Estado cuya finalidad es defender la efectiva vigencia de los derechos fundamentales que este texto reconoce o protege, haciendo efectiva la estructura jerarquica normativa establecida.
(BOE num. 165, de 11-07-2003, pp. 27160-27164)
[Esta ley ha sido derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE num. 287, de 30-11-2007, pp. 49181-49215)]
La directiva establece un conjunto de medidas tendentes a garantizar un nivel minimo uniforme de protección de los consumidores en el marco del mercado interior en todos y cada uno de los Estados miembros. Para ello introduce el principio de conformidad de los bienes con el contrato, aplicable a los supuestos de con tratos de compraventa de bienes de consumo celebrados entre el vendedor y el consumidor. Las disposiciones de la directiva poseen caracter imperativo de modo que no cabe pactar clausulas que excluyan o limiten los derechos conferidos al consumidor. En consecuencia, esta ley otorga este caracter imperativo a todos los derechos reconocidos en la misma.
La ley, de acuerdo con la directiva de la que trae causa, contiene dos aspectos esenciales que se refieren, por una parte, al marco legal de la garantía en relación con los derechos reconocidos por la propia ley para garantizar la conformidad de los bienes con el contrato de compraventa; y, por otra, articular la garantía comercial que, adicionalmente, pueda ofrecerse al consumidor. El marco legal de garantía tiene por objeto facilitar al consumidor distintas opciones para exigir el saneamiento cuando el bien adquirido no sea conforme con el contrato, dandole la opción de exigir la reparación por la sustitución del bien, salvo que esta resulte imposible o desproporcionada. Cuando la reparación o la sustitución no fueran posibles o resulten infructuosas, el consumidor podrá exigir la rebaja del precio o la resolución del contrato. Se reconoce un plazo de dos años, a partir del momento de compra para que el consumidor pueda hacer efectivos estos derechos (en el caso de bienes de segunda mano se podrá pactar un plazo menor no inferior a un año) y un plazo de tres años, tambien contado a partir del momento de la compra, para que pueda ejercitar, en su caso, las acciones legales oportunas.
La directiva se añade a la lista que figura en el anexo de la Directiva 98/27/CE, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, por lo que ha sido necesario incluir un articulo para introducir la acción de cesación contra las conductas contrarias a lo prevenido en esta ley.
La norma de transposición tiene rango de Ley, dado que incide tanto en el régimen de los vicios de la compraventa, regulados en los articulos 1.484 y siguientes del Codigo Civil, como en la regulación de la garantía comercial que se recoge en los articulos 11 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 12 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. La modificación que se lleva a cabo implica crear un régimen especifico aplicable a los contratos de compraventa civil de bienes de consumo celebrados entre los consumidores y los vendedores profesionales. El régimen de saneamiento de vicios ocultos del Codigo Civil permanece inalterado, siendo de aplicación a las compraventas civiles no comprendidas en el ámbito de la directiva. El régimen contenido en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista sigue siendo aplicable para regular los aspectos de la garantía comercial que no vienen recogidos en esta ley.
En razón de tales incidencias, esta ley se dicta al amparo de lo establecido en el articulo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución, que confieren al Estado competencia exclusiva en materia de legislación mercantil, procesal y civil.
Articulo 1. Principios generales.
A los efectos de esta ley son vendedores las personas físicas o juridicas que, en el marco de su actividad profesional, venden bienes de consumo. Se consideran aqui bienes de consumo los bienes muebles corporales destinados al consumo privado.
Lo previsto en esta ley no será de aplicación a los bienes adquiridos mediante venta judicial, ni al agua o al gas cuando no esten envasados para la venta en volumen delimitado o en cantidades determinadas, ni a la electricidad. Tampoco será aplicable a los bienes de segunda mano adquiridos en subasta administrativa a la que los consumidores puedan asistir personalmente.
Articulo 3. Conformidad de los bienes con el contrato.
d) Presenten la calidad y prestaciones habituales de un bien del mismo tipo que el consumidor pueda fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza del bien y, en su caso, de las declaraciones públicas sobre las caracteristicas concretas de los bienes hechas por el vendedor, el productor o su representante, en particular en la publicidad o en el etiquetado. El vendedor no quedará obligado por tales declaraciones públicas si demuestra que desconocía y no cabía razonablemente esperar que conociera la declaración en cuestión, que dicha declaración había sido corregida en el momento de celebración del contrato o que dicha declaración no pudo influir en la decisión de comprar el bien de consumo.
2. La falta de conformidad que resulte de una incorrecta instalación del bien se equiparará a la falta de conformidad del bien cuando la instalación este incluida en el contrato de compraventa y haya sido realizada por el vendedor o bajo su responsabilidad, o por el consumidor cuando la instalación defectuosa se deba a un error en las instrucciones de instalación.
Articulo 4. Responsabilidad del vendedor y derechos del consumidor.
El vendedor responderá ante el consumidor de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. En los terminos de esta ley se reconoce al consumidor el derecho a la reparación del bien, a su sustitución, a la rebaja del precio y a la resolución del contrato.
La renuncia previa de los derechos que esta ley reconoce a los consumidores es nula, siendo, asimismo, nulos los actos realizados en fraude de esta ley, de conformidad con el articulo 6 del Codigo Civil.
Articulo 5. Reparación y sustitución del bien.
1. Si el bien no fuera conforme con el contrato, el consumidor podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del bien, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. Desde el momento en que el consumidor comunique al vendedor la opción elegida, ambas partes habrán de atenerse a ella. Esta decisión del consumidor se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo siguiente para los supuestos en que la reparación o la sustitución no logren poner el bien en conformidad con el contrato.
Articulo 6. Reglas de la reparación o sustitución del bien.
c) La reparación suspende el cómputo de los plazos a que se refiere el articulo 9 de esta ley. El período de suspensión comenzará desde que el consumidor ponga el bien a disposición del vendedor y concluirá con la entrega al consumidor del bien ya reparado. Durante los seis meses posteriores a la entrega del bien reparado, el vendedor responderá de las faltas de conformidad que motivaron la reparación, presumiendose que se trata de la misma falta de conformidad cuando se reproduzcan en el bien defectos del mismo origen que los inicialmente manifestados.
d) La sustitución suspende los plazos a que se refiere el articulo 9 desde el ejercicio de la opción hasta la entrega del nuevo bien. Al bien sustituto le será de aplicación, en todo caso, el segundo parrafo del articulo 9.1.
f) Si la sustitución no lograra poner el bien en conformidad con el contrato, el comprador podrá exigir la reparación del bien, dentro de los límites establecidos en el apartado 2 del articulo 5, o la rebaja del precio o la resolución del contrato en los términos de los articulos 7 y 8 de esta ley.
Articulo 7. Rebaja del precio y resolución del contrato.
Articulo 8. Criterios para la rebaja del precio.
Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega ya existían cuando la cosa se entrego, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del bien o la índole de la falta de conformidad.
3. La acción para reclamar el cumplimiento de lo previsto en los articulos 1 a 8 de esta Ley prescribirá a los tres años desde la entrega del bien.
Articulo 10. Acción contra el productor.
Quien haya respondido frente al consumidor dispondrá del plazo de un año para repetir del responsable de la falta de conformidad. Dicho plazo se computa a partir del momento en que se completa el saneamiento.
Articulo 11. Garantía comercial
Articulo 12. Acción de cesación.
b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reunan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores.
d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores que esten habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Todas las entidades citadas en este articulo podrán personarse en los procesos promovidos por otra cual quiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de los intereses que representan.
Articulo 13. Puntos de conexión.
Entretanto no se concreten por el Gobierno los bienes de naturaleza duradera, como previene el apartado 2 de la disposición final quinta, se entenderá que tales bienes son los enumerados en el anexo I del Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, por el que se actualizan los catálogos de productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera, a efectos de lo dispuesto, respectivamente, en los articulos 2, apartado 2, y 11, apartados 2 y 5, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas concordantes.
El apartado 1 del articulo 8 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, tendrá la siguiente redacción:
Se modifica el articulo 3.1, párrafo b), de la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, que quedará redactado en los siguientes términos:
Uno. El segundo párrafo del apartado cuarto del articulo 22 queda redactado de la forma siguiente:
Dos. Se añade un apartado 3 al articulo 33, con el siguiente contenido:
3. Cuando en un juicio de aquellos a los que se refiere el número 1 del apartado 1 del articulo 250, alguna de las partes solicitara el reconocimiento del derecho a la asistencia juridica gratuita, el Tribunal, tan pronto como tenga noticia de este hecho, dictará una resolución motivada requiriendo de los colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y de procurador, cuando las designaciones no hubieran sido realizadas con anterioridad, sin perjuicio del resarcimiento posterior de los honorarios correspondientes por el solicitante si se le deniega despues el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Tres. Se añade un segundo párrafo al apartado 3 del articulo 155, con el siguiente texto:
Cuando en la demanda se ejercite una acción de aquellas a las que se refiere el número 1. del apartado 1 del articulo 250, podrá designarse como domicilio del demandado, a efectos de actos de comunicación, la vivienda o local arrendado.
Cuatro. El primer párrafo del apartado 3 del articulo 161 quedará redactado de la siguiente forma:
Cinco. Se añade un apartado 3 al articulo 437, con el siguiente texto:
3. Si en la demanda se solicitase el desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas al arrendador, el demandante podrá anunciar en ella que asume el compromiso de condonar al arrendatario toda o parte de la deuda y de las costas, con expresión de la cantidad concreta, condicion índolo al desalojo voluntario de la finca dentro del plazo que se indique, que no podrá ser inferior a un mes desde que se notifique la demanda.
Seis. El apartado 3 del articulo 438 queda redactado de la siguiente forma:
3 La acumulación de las acciones en reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas, cuando se trate de juicios de deshaucio de finca por falta de pago, con independencia de la cantidad que se reclame.
Siete. El apartado 3 del articulo 440 tendrá el siguiente texto:
3. En los casos de demandas de desahucio de finca urbana por falta de pago de rentas o cantidades debidas, el Tribunal indicará, en su caso, en la citación para la vista, la posibilidad de enervar el desahucio conforme a lo establecido en el apartado 4 del articulo 22 de esta ley, así como, si el demandante ha expresado en su demanda que asume el compromiso a que se refiere el apartado 3 del articulo 437, que la aceptación de este compromiso equivaldrá a un allanamiento con los efectos del articulo 21, a cuyo fin otorgará un plazo de cinco días al demandado para que manifieste si acepta el requerimiento. También se apercibirá al demandado que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites. Igualmente, el Tribunal fijará en el auto de admisión día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que podrá ser inferior a un mes desde la fecha de la vista, advirtiendo al demandado que, en caso de que la sentencia sea condenatoria y no se recurra, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada si lo solicitase el demandante en la forma prevenida en el articulo 549.
Ocho. Se modifica el apartado 1 del articulo 447, que tendrá el siguiente texto:
Nueve. Se añade un apartado 4 al articulo 703, que tendrá el siguiente texto:
2. El Gobierno determinará los bienes de naturaleza duradera a que se refiere el apartado 5 del articulo 11 de esta ley.
Esta ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas que corresponden al Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, conforme al articulo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.
La presente ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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