Source: https://www.scribd.com/document/147249889/Elementos-Para-La-Reforma-de-La-Ley-Universitaria-Aportes-de-La-FEPUC
Timestamp: 2017-06-28 18:32:58+00:00

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Elementos Para La Reforma de La Ley Universitaria - Aportes de La FEPUCUploaded by FEPUCRelated InterestsUniversityPublic UniversityHigher EducationQuality (Business)GovernmentRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentELEMENTOS PARA LA REFORMA DE LA LEY UNIVERSITARIA Aportes de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú Educación de calidadpara todos y todas Gratuidad de la enseñanza en la educación pública Universidades comprometidas con la sociedad
Este documento es fruto del trabajo de los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FEPUC). En la sesión de Asamblea de Delegados FEPUC del 10/04/2013, se conformó una comisión encargada de elaborar una propuesta inicial. Las reuniones de dicha comisión fueron abiertas y contaron con la participación de representantes de las Mesas Directivas de la Federación de Estudiantes (FEPUC), Centros Federados y Centros de Estudiantes, así como agrupaciones estudiantiles y estudiantes en general. Tras varios días de deliberación y trabajo, la propuesta de dicha comisión1 se puso a disposición de todos los estudiantes para recibir sus críticas y aportes. Finalmente, los contenidos que a continuación se presenta fueron aprobados por la Asamblea de Delegados FEPUC en su sesión del 29/04/2013. Así, el presente documento constituye el aporte de los estudiantes de la PUCP para la reforma de la Ley Universitaria. Los contenidos del presente documento fueron presentados el 30/04/2013 ante el Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, en su despacho. Asimismo, los contenidos aprobados son los que guiarán la acción de la FEPUC para la coordinación con otros gremios universitarios e interuniversitarios con quienes se compartan propuestas y se tengan objetivos comunes.
La problemática de la educación superior en el país es un tema serio, profundo y, por años, relegado de la agenda pública. Como estudiantes comprometidos con la sociedad, consideramos un deber moral realizar nuestros planteamientos al respecto y participar de un debate directo sobre los mismos. No podemos permitir que continúe acrecentándose la crisis educativa en el país, caracterizada por el decaimiento del rol de las universidades
Disponible en: http://es.scribd.com/doc/138300543/Propuesta-FEPUC-Elementos-Para-La-Reforma-de-LaLey-Universitaria
como productoras de conocimiento. Debemos reconstruir una universidad de calidad y accesible a todos, que se perfile como un actor clave en el desarrollo de nuestro país. Como estudiantes, queremos universidades con excelencia académica en todas sus disciplinas, que produzcan un conocimiento al servicio de la sociedad, que defiendan la democracia y procuren la construcción de instituciones democráticas firmes; generando ciudadanía e impulsando la libertad de pensamiento y expresión. Asimismo, sostenemos que son deberes del Estado el financiamiento de instituciones de educación superior que brinden educación pública, gratuita y de calidad, y el establecimiento de regulaciones que garanticen que sólo puedan funcionar aquellas instituciones educativas, públicas o privadas, que brinden una educación de calidad. Podemos resumir nuestra propuesta en tres ejes:    Educación de calidad para todos y todas Gratuidad de la enseñanza en la educación pública Universidades comprometidas con la sociedad
A continuación, presentamos los contenidos aprobados por la Asamblea de Delegados FEPUC en su sesión del 29/04/2013.
Lista de temas tratados Los temas desarrollados por la comisión fueron los siguientes2: 1. Autonomía Universitaria 2. Estado de Derecho y garantismo Régimen disciplinario Respeto de la libertad de asociación y sindicalización Análisis de las propuestas que plantean inhabilitar permanentemente para ser docente y/o estudiante a los condenados por determinados delitos 3. Responsabilidad Social Universitaria 4. Inter y multiculturalidad 5. Sistema de gobierno universitario Órganos de gobierno universitario Rector y Vicerrectores
Los insumos con los que trabajó la comisión pueden verse en el siguiente enlace: http://es.scribd.com/doc/135153592/Material-de-trabajo-Ley-Universitaria-FEPUC
Decanos Límites a la reelección de autoridades 6. Grados y títulos Obtención del grado de Bachiller Obtención de título profesional y obligatoriedad de la tesis Obtención de los grados de Maestría y Doctorado Requisitos para otorgar títulos a nombre de la nación y existencia de títulos propios Sistema comparable de grados y títulos 7. Creación y funcionamiento de universidades 8. Filiales de universidades 9. Evaluación, Acreditación y Certificación 10. Proceso de admisión 11. Financiamiento de las universidades públicas y privadas 12. Derecho a la Educación Superior 13. Sobre el Decreto Legislativo Nº 882
Desarrollo de los temas tratados 1. Autonomía Universitaria  La Ley Universitaria debe contemplar lo señalado por el artículo 18° de la Constitución Política del Perú: “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.” La autonomía en el régimen administrativo y económico no exime a las universidades, sean públicas o privadas, del deber de dar cuenta de aquellas actividades que hayan sido realizadas con financiamiento estatal. Los contratos y acuerdos que las universidades celebren con terceros en ningún caso podrán vulnerar la libertad académica y de investigación de ningún miembro de la comunidad universitaria. Por ejemplo, si bien es válido que la universidad reciba financiamiento de un tercero para realizar una investigación específica con determinado enfoque, esto no puede condicionar de ninguna forma las líneas de investigación ni el enfoque que los miembros de la comunidad universitaria desarrollen en otras investigaciones. 3
Inviolabilidad de los locales universitarios: Debe darse según lo contemplado en el artículo 8° de la Ley Universitaria vigente: “Los locales universitarios constituyen domicilio institucional y, en consecuencia, son inviolables.” Regulación del ingreso de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas a los recintos universitarios: - La Policía Nacional del Perú sólo podrá ingresar a los locales universitarios en los siguientes casos: a) Flagrante delito o peligro inminente de su perpetración. b) Por mandato judicial. c) Por solicitud expresa del Rector, de la que éste debe dar cuenta inmediatamente al Consejo Universitario. - Las Fuerzas Armadas sólo pueden ingresar en los casos en que el local universitario se encuentre en una zona declarada en emergencia y, además, su intervención haya sido dispuesta expresamente por el Presidente de la República. En ningún caso la intervención de la PNP o de las FF.AA. comprometerá el ejercicio de la libertad de cátedra.
Es necesario precisar qué ocurre en aquellas universidades en el régimen del DL 882 que no cuentan con Consejo Universitario. No obstante, esto será desarrollado en la sección 12, “Sobre el Decreto Legislativo 882”.
2. Estado de Derecho y garantismo Régimen disciplinario   El reglamento disciplinario debe ser aprobado por el Consejo Universitario, órgano que cuenta con representantes estudiantiles con derecho a voto. Por encontrarnos en un Estado constitucional de Derecho, el reglamento disciplinario debe contemplar los principios del debido procedimiento, irretroactividad, de imputación, razonabilidad, proporcionalidad y tipicidad. Asimismo, debe existir gradación entre los tipos de falta y las sanciones aplicables a ellas. Consideramos fundamental en un Estado Constitucional hacer explícitos estos principios en la Ley.
Respeto de la libertad de asociación y sindicalización  Se debe establecer que todas las universidades respetan la libertad de asociación y de sindicalización de los miembros de su comunidad universitaria. Creemos que esto es necesario debido a que, actualmente, en muchas universidades se desincentiva la formación de gremios estudiantiles y sindicatos de trabajadores, llegando en algunos casos a sancionar a quienes promueven estas iniciativas de organización. 4
Análisis de las propuestas que plantean inhabilitar permanentemente para ser docente y/o estudiante a los condenados por determinados delitos  Tras revisar los proyectos de ley que tratan estos puntos, consideramos que sí deben ser inhabilitados para la docencia universitaria quienes hayan sido condenados por crímenes de lesa humanidad, terrorismo, apología al terrorismo, homicidio doloso, violación sexual y secuestro gravado. Esto debido al sensible rol que poseen los educadores, en una posición de autoridad y contacto permanente con los estudiantes. Por el principio de presunción de inocencia no puede inhabilitarse a quienes se encuentren procesados. Sobre los estudiantes, consideramos que la ley no debe contemplar la posibilidad de inhabilitación de los mismos, ni procesados o condenados por algún delito, ya que su rol no es en posición de autoridad, sino de formación y aprendizaje.
3. Responsabilidad Social Universitaria  La ley debe contemplar un cambio de enfoque desde la "proyección social y extensión universitaria" hacia la "Responsabilidad Social Universitaria". - La ley vigente habla de proyección social y extensión universitaria. ("Capítulo IX: De la extensión y proyección universitaria; ver también artículos 1° y 82°). Bajo este enfoque, las actividades de proyección social y extensión universitaria son vistas como actividades altruistas, pero accesorias y complementarias frente a la función principal de la universidad como productora de conocimiento y centro de formación. - La nueva ley debe contemplar la Responsabilidad Social Universitaria como un eje transversal a todas las actividades que realiza la universidad, es decir, una práctica que no sólo se refiere a las actividades que vinculan a la universidad con la sociedad, sino también a sus propias actividades internas. La Responsabilidad Social Universitaria implica una gestión interna acorde a una comunidad justa, democrática, transparente y equitativa; una reflexión constante sobre el significado social de la producción de conocimiento y la formación profesional de ciudadanos; la promoción de investigación para el desarrollo social; y el hacerse responsable por los impactos que las acciones de la universidad generen en su interior y en la sociedad. La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) debe ser un elemento presente en todas las universidades. Cada universidad, desde su autonomía, deberá establecer sus políticas institucionales de RSU. Como consecuencia de lo señalado previamente, la existencia de políticas institucionales de Responsabilidad Social Universitaria debe ser uno de los criterios a ser tomados en cuenta para la evaluación y acreditación de las universidades.
4. Inter y multiculturalidad La Ley Nº 28044, Ley General de Educación, señala en su artículo 7, inciso f, que uno de los principios de la educación en nuestro país es “[l]a interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo”. Consecuentemente, la Ley Universitaria debe contemplar la interculturalidad. Ello debe darse de forma transversal y materializarse en las políticas de acción afirmativa, como pueden ser las políticas de admisión y de reconocimiento de lenguas originarias. 5. Sistema de gobierno universitario Órganos de gobierno universitario  El gobierno de las universidades se ejerce a través de órganos colegiados conformados por representantes de los profesores, de los estudiantes y de los graduados, quienes cuentan con derecho a voz y voto. En el caso de las universidades privadas, también se podrá incluir representantes de la entidad fundadora en la conformación de sus órganos de gobierno. Consideramos que debe mantenerse como órganos de gobierno a la Asamblea Universitaria, al Consejo Universitario y a los Consejos de Facultad, con las atribuciones que tienen actualmente. Respecto a la conformación de los órganos de gobierno, tenemos las siguientes apreciaciones: - Para las universidades públicas, consideramos adecuada la conformación que establece la Ley Universitaria vigente, la cual contempla el tercio estudiantil. - Para las universidades privadas, el artículo 42º de la Ley vigente establece lo siguiente: “En el gobierno de las Universidades privadas participan, obligatoriamente, los profesores, los estudiantes y los graduados, así como la entidad fundadora, si se encuentra en actividad, en la proporción que determinen sus respectivos Estatutos”. Es correcto que las universidades privadas gocen de una mayor flexibilidad para la conformación de sus órganos de gobierno en función de que son personas jurídicas de derecho privado y de que es pertinente que la entidad fundadora tenga participación en ellos. Sin embargo, esta situación ha propiciado que en varias universidades privadas los estudiantes se encuentren sub-representados en los órganos de gobierno, dándose casos en los que órganos de gobierno con un número legal de más de diez (10) miembros incluyen sólo a un representante estudiantil en su conformación. Por ello, proponemos que la nueva Ley Universitaria establezca que, para la conformación 6
de los órganos de gobierno de las universidades privadas, los representantes estudiantiles constituyan al menos un tercio del número total de miembros distintos a los representantes de la entidad fundadora.  Los órganos de gobierno y las autoridades universitarias deben atender la voz de los trabajadores de modo que sus opiniones sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones. Asimismo, deben reconocer a las organizaciones que los trabajadores conformen para la defensa de sus derechos laborales y recibir a sus representantes cuando se traten temas que les conciernen directamente y sea pertinente. Debe ponerse un especial énfasis en el respeto de los derechos laborales de todos los trabajadores. Todas las universidades deben respetar los derechos laborales y cumplir estrictamente las normas que los resguardan. En el caso de los trabajadores tercerizados, aunque no tengan un vínculo contractual directo con la universidad, ésta debe velar y hacerse responsable solidariamente para que la empresa tercerizadora respete sus derechos laborales. Se debe contemplar, además, la participación de representantes estudiantiles en otros órganos o comisiones en las que se desarrollen y/o ejecuten las políticas de gobierno universitario. Finalmente, es pertinente señalar que el Decreto Legislativo 882, al permitir la existencia de universidades privadas conformadas según el régimen de la Ley General de Sociedades (es decir, que puedan ser personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro), impide en dichas universidades la participación de la comunidad universitaria. En ese sentido, el Decreto Legislativo 882 no contribuye a la conformación de una universidad con un sistema de gobierno democrático que cuente con la participación de la comunidad universitaria. Otros efectos negativos del Decreto Legislativo 882 serán evaluados en la sección pertinente (sección 12).
Rector y Vicerrectores  Requisitos: Consideramos que deben mantenerse los actuales requisitos para ser Rector: ser ciudadano en ejercicio; ser profesor principal con no menos de doce años en la docencia universitaria, de los cuales cinco deben serlo en la categoría; y tener el grado de doctor, o el más alto título profesional cuando en el país no se otorgue aquel grado académico en su especialidad. Número de Vicerrectores: La nueva Ley Universitaria no debería establecer un número máximo de Vicerrectores, sino que debe dejar margen para que cada universidad, dentro de su autonomía, establezca en sus propios estatutos el número máximo de Vicerrectores que tendrá en función de su desarrollo institucional.
Sistema de elección: - El Rector es elegido por la Asamblea Universitaria. - Actualmente, el Rector y los Vicerrectores se escogen de forma independiente. Esto ha generado que en muchas universidades surjan conflictos de poder en los que un Vicerrector promueve la vacancia del Rector para ocupar dicho cargo. Es claro que una situación de permanente conflicto y/o desgobierno no contribuye a que las universidades cumplan con sus fines. Por ello, creemos que es necesario que el sistema de elección garantice que el Rector y los Vicerrectores reciban conjuntamente el respaldo mayoritario de la Asamblea Universitaria para su elección y, asimismo, puedan conformar un equipo rectoral que trabaje armónica y coordinadamente. Por ello, proponemos dos sistemas de elección alternativos: 1. El Rector propone a los candidatos a Vicerrectores: Se elige al Rector en sesión de Asamblea Universitaria. En la misma sesión, el Rector electo propone a los candidatos a Vicerrectores, quienes deberán ser elegidos por la Asamblea Universitaria en una siguiente sesión, con una mayoría calificada, para asumir sus cargos. El equipo rectoral asume sus funciones una vez que se ha completado la elección de todos los Vicerrectores. 2. Elección del equipo rectoral por lista completa: La Asamblea Universitaria elige al Rector y los Vicerrectores en conjunto, mediante el sistema de lista cerrada. Se tiene en cuenta que este sistema presenta la desventaja de que es posible que se conformen listas forzando consensos y que, posteriormente, se repliquen los actuales conflictos entre Rector y Vicerrectores. Consideramos que la nueva Ley Universitaria debe contemplar alguna de estas alternativas. No obstante, en el caso de que los legisladores mantengan el actual sistema, en el que las elecciones del Rector y de cada uno de los Vicerrectores son independientes entre sí, al menos se debería establecer un impedimento de postular a más de un cargo en la misma sesión de Asamblea Universitaria. Así, un candidato a Rector que perdió la elección ya no podría presentarse como candidato a Vicerrector en esa misma sesión.
Decanos  Requisitos: Consideramos que deben mantenerse los actuales requisitos para ser Decano: ser profesor principal de la facultad con diez años de antigüedad en la docencia universitaria, de los cuales tres deben serlo en la categoría; y tener el grado de Doctor o el más alto título profesional cuando en el país no se otorgue dicho grado académico en su especialidad.
Sistema de elección: El Decano es electo por el Consejo de Facultad. El voto estudiantil debe constituir un tercio del total de electores. Se debe prohibir la reelección inmediata en las universidades públicas3. No debe existir reelección indefinida en ningún caso.
Límites a la reelección de autoridades  
6. Grados y títulos Obtención del grado de Bachiller  La obtención del grado de bachiller debe ser automática una vez que se concluya el plan de estudios correspondientes, el cual debe incluir obligatoriamente cursos en los que los estudiantes realicen proyectos de investigación. Los planes de estudios deben constar de al menos diez semestres o plazos equivalentes, salvo excepciones que sean aprobadas por el organismo público encargado de la evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa para las universidades.
Obtención de título profesional y obligatoriedad de la tesis El artículo 22° de la Ley Universitaria vigente establece lo siguiente: “El título profesional se obtendrá: a) A la presentación y aprobación de la tesis; o b) Después de ser egresado y haber prestado servicios profesionales durante tres años consecutivos en labores propias de la especialidad. Debiendo presentar un trabajo u otro documento a criterio de la universidad; c) Cualquier otra modalidad que estime conveniente la universidad.” La universidad tiene por finalidad la producción de conocimientos que promuevan el bienestar de la sociedad. En ese sentido, la tesis, al ser una actividad de investigación, genera nuevos conocimientos. No obstante, existen especialidades, como Arte o Comunicaciones, en las que no es común el desarrollo de tesis por parte de sus alumnos y tienen una baja tasa de titulación. Si bien la tesis es una forma de crear nuevos conocimientos, no es la única. Por ejemplo, el desarrollo de un proyecto de creación artística o de productos audiovisuales también son formas de crear nuevo conocimiento e implican un proceso de investigación previo de
Hay que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el EXP. N.° 0025-2006-PI/TC que señala que “lo referente a la elección o reelección de las autoridades universitarias [en universidades privadas], se encuentra bajo la esfera de su autonomía privada, ya que es parte nuclear de la autonomía privada determinar ello”. No obstante, consideramos que corresponde a los estudiantes de universidades privadas impulsar reformas en los estatutos de sus respectivas universidades que regulen la reelección de autoridades e impidan la reelección indefinida.
parte quienes producen estas obras. En ese sentido, no consideramos que la tesis sea el único mecanismo válido para obtener el título profesional. Sin embargo, uno de los problemas en nuestro país es la proliferación de numerosas universidades de baja calidad, que brindan títulos sin haber otorgado conocimientos adecuados ni promovido la investigación. En este contexto, es un error dejar a criterio de cada universidad el establecimiento de los mecanismos para otorgar el título profesional distintos a la tesis. Por ello, creemos que es necesario que exista un organismo estatal4 que regule que las universidades que opten por la creación de mecanismos alternativos a la tesis para brindar el título profesional garanticen que sus estudiantes realicen investigación o produzcan nuevos conocimientos en su disciplina. Por todo lo anterior, proponemos que el título profesional se obtenga por: a) La presentación y aprobación de la tesis; o b) Cualquier otra modalidad que establecida por la universidad que implique investigación o producción de conocimiento por parte de los estudiantes. Estas modalidades deberán ser previamente aprobadas por el organismo nacional encargado de la evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa para las universidades. Obtención de los grados de Maestría y Doctorado  Consideramos apropiada en términos generales la regulación que establece la Ley Universitaria vigente: “para la Maestría y el Doctorado es indispensable la sustentación pública y la aprobación de un trabajo de investigación original y crítico; así como el conocimiento de un idioma extranjero para la Maestría y de dos para el Doctorado”; asimismo, que ambos “requieren estudios de una duración mínima de cuatro semestres cada uno”. Sin embargo, creemos que el reconocimiento de la multi e interculturalidad debe manifestarse en políticas en las que el conocimiento de lenguas distintas a la materna no se limite a idiomas extranjeros, sino que también se incluya a las lenguas originarias. Por lo tanto, proponemos que se reconozca al quechua, aimara y otras lenguas originarias cuyo conocimiento pueda acreditarse como parte de las lenguas distintas a la materna requeridas para la obtención de los grados de Maestría y Doctorado.
Optamos por no mencionar directamente al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) ni al Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU), pues más adelante se desarrollará, en la sección correspondiente, lo referido a la evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa.
Requisitos para otorgar títulos a nombre de la nación y existencia de títulos propios El acceso a una educación de calidad es un derecho y, en consecuencia, es deber del Estado garantizarlo. Este es el sentido de que los títulos universitarios sean otorgados a nombre de la Nación. Sin embargo, esto no ocurre así en la actualidad, pues, para otorgar títulos a nombre de la Nación, las universidades no deben cumplir requisitos más allá de haber recibido autorización para su funcionamiento. Esta situación debe cambiar y todas las universidades deben ser evaluadas y acreditadas. Por otra parte, existen proyectos que plantean que las universidades otorguen títulos a nombre propio y sólo aquellas que hayan sido acreditadas por el organismo público correspondiente puedan otorgar títulos a nombre de la nación. Sin embargo, esto significa que aquellas universidades cuyos programas y carreras no alcancen la acreditación podrán seguir funcionando y otorgarán títulos a nombre de su propia institución. Esto perjudicará a los estudiantes que estudien en dichas universidades, pues no recibirán una educación de calidad. La situación se agrava en el caso de que se trate de universidades privadas cuyas carreras no estén acreditadas, pues los estudiantes y sus familias realizarán esfuerzos para solventar una educación deficiente, es decir, se trataría de una estafa. En consecuencia, rechazamos la existencia de títulos a nombre propio. Por todo ello, la nueva Ley Universitaria debe contemplar lo siguiente:   El acceso a la educación de calidad es un derecho. Por lo tanto, es deber del Estado garantizar que todas las universidades que cuenten con autorización para funcionar brinden educación de calidad. La evaluación con fines de acreditación debe ser obligatoria para todas las universidades. La nueva Ley Universitaria debe establecer un plazo para que las universidades existentes logren esta acreditación. Se deberá cancelar el funcionamiento de las universidades, programas o carreras que no lo logren la acreditación en dicho plazo. Se prohíbe la existencia de títulos a nombre propio, pues esto permitiría que universidades sin calidad educativa continúen funcionando y, en el caso de instituciones privadas, que los estudiantes y sus familias sean estafados.
Sistema comparable de grados y títulos La nueva Ley Universitaria deberá señalar los mecanismos conducentes hacia el establecimiento de un sistema comparable de grados y títulos que facilite el reconocimiento y convalidación en el extranjero de los grados y títulos otorgados en el Perú y promueva la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores 7. Creación y funcionamiento de universidades Consideramos favorable que se haya establecido una moratoria para la creación de nuevas universidades. Actualmente, muchas universidades autorizadas para funcionar brindan educación de pésima calidad, perjudicando a los estudiantes que 11
estudian en ellas y a sus familias. Es necesario generar los mecanismos que permitan que el Estado garantice que todas las universidades autorizadas para funcionar brinden educación de calidad. Para la creación de universidades públicas y privadas es necesario que se cuente con opinión técnica favorable de un organismo público encargado de asegurar la calidad académica en la formación e investigación que brindan las universidades. Ello está vinculado con las labores de evaluación, acreditación y certificación. Es decir, a criterios exigentes para la evaluación y acreditación de universidades deben corresponder criterios igualmente exigentes para dar opinión favorable a su creación y autorizar su funcionamiento. Es por esto que dichas labores no pueden recaer en la Asamblea Nacional de Rectores, pues existirían estímulos para proponer requisitos de creación poco rigurosos que se correspondan con criterios de evaluación blandos.  Proponemos la creación de un Consejo Nacional de la Educación Superior que, entre otras funciones, se encargue de brindar la opinión técnica favorable para la creación de universidades así como de la autorización para su funcionamiento. Este organismo bien puede trabajar coordinadamente con el actual Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU) y los demás Órganos Operadores del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), o bien puede fusionarse con dichos organismos. El Consejo Nacional de la Educación Superior estará conformado por nueve (9) miembros electos de la siguiente forma: – Un miembro designado por el Ministerio de Educación. – Un miembro designado por otro organismo público (CONCYTEC, por ejemplo). – Tres miembros elegidos por las universidades públicas. – Dos miembros elegidos por las universidades privadas. – Un miembro elegido por los colegios profesionales (a debate si existe otro organismo que pueda ser el representante de los que articulen las posibilidades laborales). – Un miembro que represente a las Instituciones de Investigación o al Consejo Nacional de Educación. El cargo tendrá una duración de cinco años. Los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior no están sujetos al mandato imperativo del sector que los eligió para el cargo.  Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos: – Ser académicos, docentes o profesionales de reconocida solvencia e idoneidad profesional, con experiencia en docencia o gestión educacional. – No ser propietarios de acciones o participaciones en las personas jurídicas que se encuentren bajo su supervisión; ni que lo sean sus cónyuges o parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y 12
segundo grado de afinidad. Para poder ser elegido, deberán haber cesado en dicha actividad al menos dos años antes de su elección. No desempeñar función directiva en instituciones de educación superior; tampoco podrán desempeñarlas sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Para poder ser elegido, deberán haber cesado en dicha actividad al menos dos años antes de su elección y no podrán desempeñar funciones directivas en instituciones de educación superior hasta cinco años después del término de su mandato.
8. Filiales de universidades Se debe mantener la prohibición actual a la existencia de filiales que alteren el régimen académico y administrativo, y el sistema de gobierno de las universidades que establece la ley vigente o que impliquen la mera concesión de derechos de explotación de nombre comercial. Es posible que las universidades creen Facultades o sedes en otros departamentos siempre y cuando se mantenga el régimen académico y administrativo, y se respete el sistema de gobierno que establece la ley vigente. La creación de sedes deberá ser previamente autorizada por el Consejo Nacional de Educación Superior. 9. Evaluación, Acreditación y Certificación Como hemos señalado previamente, el acceso a una educación de calidad es un derecho y corresponde al Estado garantizar su cumplimiento. Esto se logra mediante un sistema de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa. Por ello, los procesos de evaluación y acreditación de las universidades y sus respectivas carreras y programas deben ser obligatorios y sólo deberá autorizarse el funcionamiento de universidades que cuenten con carreras y programas debidamente acreditados. En ese sentido, creemos necesario precisar el rol que le competerá a cada organismo:  Asamblea Nacional de Rectores (ANR): Actualmente la ANR tiene, según el artículo 92° de la Ley Universitaria vigente las atribuciones de brindar informes previos al Poder Legislativo para la creación de universidades (inciso a), establecer los requisitos mínimos exigibles para el otorgamiento de grados y títulos universitarios (inciso f) y evaluar a las nuevas Universidades (inciso g). Creemos que estas atribuciones deben ser trasladadas al Consejo Nacional de Educación Superior por los motivos señalados en la sección 7. Las funciones de la ANR deberán limitarse a coordinación interuniversitaria, la resolución de conflictos sobre la legitimidad o reconocimiento de autoridades de gobierno universitarias y elección de los miembros del Consejo de Asuntos Contenciosos Universitarios. 13
Consejo Nacional de Educación Superior: Entre sus funciones estará la de ser el nuevo ente rector del Sistema Nacional Universitario. Así, se encargará del diseño de políticas para el desarrollo de las universidades y el establecimiento de los mecanismos básicos de regulación para que las universidades cumplan con sus fines de formación e investigación con responsabilidad social. En ese sentido, sus atribuciones deberán incluir todo lo referido a la autorización para la creación y funcionamiento de universidades, así como la evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa. Se desprende que también se encargan de cancelación del funcionamiento de instituciones de educación superior o de sus carreras y programas que no logren acreditarse. La conformación del Consejo Nacional de Educación Superior es la que hemos descrito en la sección 7. Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE): Creemos que los Órganos Operadores del SINEACE bien pueden trabajar coordinadamente como asesores del Consejo Nacional de Educación Superior como también fusionarse con el Consejo Nacional de Educación Superior. Esto deberá hacerse en función de la estructura que garantice mayor eficiencia e independencia en los procesos de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa de las universidades. Colegios Profesionales: Participan designando a uno de los miembros del Consejo Nacional de la Educación Superior. Actualmente también participan en la designación de miembros de los Órganos Operadores del SINEACE.
10. Proceso de admisión  Las universidades deberán destinar un número de vacantes establecido por ellas para: - Deportistas calificados y artistas. - Personas con discapacidad y beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones para las víctimas de la violencia política. - Implementar políticas de acción afirmativa en atención a la multiculturalidad de nuestro país y adecuadas a la región en que se ubique cada universidad. Con respecto a la existencia de un examen de admisión único para todas las universidades, consideramos que dicha medida no es necesaria y no debe implementarse en tanto no se hayan estudiado debidamente los efectos que ocasionaría.
11. Financiamiento de las universidades públicas y privadas
Financiamiento de las universidades públicas: Corresponde al Estado financiar las universidades públicas en montos que les permitan cumplir adecuadamente 14
con sus fines educativos fines de formación e investigación con responsabilidad social, así como brindar programas y servicios de bienestar universitario (salud, alimentación, vivienda, servicio social, y actividades culturales, artísticas, deportivas y de recreación). Se debe propiciar la posibilidad de que las universidades sean financiadas por el gobierno en sus tres niveles: nacional, regional y local; siendo obligatorio el financiamiento por parte del gobierno nacional. El financiamiento debe ir acompañado de metas y logros esperados, de modo que se pueda otorgar financiamiento adicional a las universidades que cumplan adecuadamente los objetivos trazados.
Financiamiento estatal para universidades privadas: Se deben crear fondos estatales para la investigación. Estos fondos deberán ser concursables y tanto las universidades públicas como las privadas sin fines de lucro podrán acceder a ellos. Por otra parte, la Ley Universitaria vigente señala que cuando “las Universidades privadas reciban subsidios del Estado dedicarán una parte de ellos a becas y préstamos para los estudiantes”. Consideramos que, además de becas y préstamos, los subsidios estatales también deberán utilizarse necesariamente en investigación. Se deben establecer beneficios tributarios para los privados que financien universidades públicas o privadas sin fines de lucro, especialmente en investigación. Conjuntamente con la Ley Universitaria, deben revisarse las leyes referidas al uso del canon, de modo que se fomente que los recursos provenientes del canon minero para las universidades no sean utilizados meramente en infraestructura sino también puedan utilizarse para la investigación, por ejemplo. Es necesario reformar las leyes de modo que se permita el pago de remuneraciones a investigadores, siempre teniendo en cuenta que el financiamiento de las investigaciones debe ir acompañado al establecimiento de metas y objetivos. Entre los aspectos temáticos que guiaban las reuniones de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República con diversos actores de la educación superior, figuraba uno denominado “Sistema crediticio para la enseñanza en la educación superior pública universitaria”. Al respecto, rechazamos la existencia de un sistema crediticio para la educación superior pública en tanto esta debe contemplar la gratuidad de la enseñanza.
12. Derecho a la Educación Superior Si bien el derecho a la educación superior no está contemplado como tal en nuestro ordenamiento jurídico, consideramos que de por sí el derecho a la educación también implica que se garanticen una educación de calidad tanto en las instituciones de educación superior públicas como privadas y la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas. Por ello, son deberes del Estado el financiamiento de instituciones de educación superior que brinden educación pública, gratuita y de calidad, y el establecimiento de regulaciones que garanticen que sólo puedan funcionar aquellas instituciones educativas que brinden una educación de calidad. 15
13. Sobre el Decreto Legislativo Nº 882
La Ley Universitaria vigente contempla únicamente la existencia de universidades públicas y de universidades privadas sin fines de lucro. El Decreto Legislativo Nº 882 admitió la creación de universidades privadas con fines de lucro. Sostenemos que el Decreto Legislativo Nº 882 ha promovido la proliferación de universidades, cuestión que, si bien ha permitido mayor cobertura en el sector educativo, también ha generado que las políticas institucionales de estas universidades se vean guiadas por intereses mercantiles y no por la producción de conocimientos que promuevan el bienestar de la sociedad. La autonomía universitaria implica que el gobierno de la universidad es ejercido por la comunidad académica. Esto no ocurre en las universidades privadas con fines de lucro conformadas según la Ley General de Sociedades. En estas universidades, es la regla general que ni estudiantes ni profesores cuenten con representantes, elegidos democráticamente, que tengan derecho a voz y voto en las instancias de gobierno universitario. El artículo 6° del Decreto Legislativo 882 establece que “El personal docente y los trabajadores administrativos de las Instituciones Educativas Particulares, bajo relación de dependencia, se rigen exclusivamente por las normas del régimen laboral de la actividad privada.” Al estar bajo una relación de dependencia, la independencia de los profesores se reduce considerablemente. Todo ello reduce la libertad académica y limita la libertad de cátedra. Puesto que se trata de empresas, el principal objetivo de las universidades con fines de lucro será maximizar ganancias. Ello genera incentivos perversos para prácticas negativas como reducir la exigencia académica a fin de mantener un número elevado de estudiantes que logren graduarse o prescindir de actividades que resulten costosas y no resulten altamente rentables a corto plazo, como la investigación. Por lo anterior, las universidades privadas sin fines de lucro se ven expuestas a una competencia desigual, especialmente en lo referido a la contratación de docentes. Las universidades sin fines de lucro (en el régimen de la Ley Universitaria) deben invertir fuertemente en investigación y responsabilidad social, actividades que la ley les exige; mientras las universidades privadas con fines de lucro (en el régimen del Decreto Legislativo N° 882) no están obligadas a realizar dichas actividades, sino que pueden dedicarse meramente a la enseñanza y sólo cumplir el rol de ser centros de formación y adquisición de competencias laborales. Al no tener que invertir fuertes cantidades de dinero en investigación, las universidades con fines de lucro pueden usar los montos que otras universidades deben usar en investigación para pagar sueldos más elevados a sus docentes, a quienes requerirán dedicarse meramente a la enseñanza y no a la investigación. No se puede esperar que, por teoría de la oferta y demanda, desaparezcan las universidades que no brinden un servicio de calidad, pues existe una demanda inelástica (gran cantidad jóvenes quieren recibir educación superior universitaria en tanto la ven como herramienta de movilidad social) y asimetrías en la 16
información: los estudiantes no pueden “consumir” y “probar” la calidad de distintas universidades y elegir una de ellas, como se puede hacer con otros bienes y servicios, sino que recién tras concluir sus estudios y buscar insertarse en el mundo laboral podrán conocer si la educación que recibieron fue de baja calidad. La situación se agravará en el caso de estudiantes que reciban una educación deficiente y sin calidad académica, que no fomenta la investigación ni la producción de nuevos conocimientos, por la que, no obstante, hayan tenido que pagar grandes cantidades de dinero y dedicar años de su vida: esto es una estafa y no puede permitirse.
Por todo lo anterior, proponemos que se derogue el Decreto Legislativo Nº 882 y se realicen los cambios legales que sean necesarios para el establecimiento de un régimen universitario único, regulado por la nueva Ley Universitaria, a través del siguiente procedimiento: Se eliminarán los beneficios tributarios para las universidades con fines de lucro. En tanto son empresas, deberán pagar los impuestos correspondientes. Todas las universidades, así como sus programas y carreras, deberán pasar por un proceso de acreditación. Las universidades que no logren acreditarse, serán clausuradas. Las universidades privadas con fines de lucro que logren acreditarse deberán convertirse en asociaciones sin fines de lucro. En caso los accionistas no deseen convertir su sociedad en una asociación sin fines de lucro, la Universidad será clausurada y sus propietarios indemnizados por el Estado.
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