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Manual de promoción de ESE - PDF
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Agustín Farías Sevilla
1 Manual de promoción de ESE2 Elaborado por: MEDIO AMBIENTE3 Manual de promoción de ESE 1. Introducción y antecedentes 5 2. Análisis de la oferta Marco normativo La ESE Descripción de los servicios energéticos suministrados por una ESE 38 Índice 3. Análisis de la demanda Potenciales clientes o receptores de los servicios energéticos Impulso de la Administración Pública El modelo ESE Modalidades de contratación Opciones de financiación Aspectos clave del contrato de rendimiento energético Fases de contratación de una ESE Control, medición y verificación Mercado potencial de las ESE Barreras de entrada: legales, económico-financieras, comerciales y otras Ventajas de las ESE Mejores prácticas demostrativas 94 Anexos 109 Anexo I. Principales fuentes de información analizadas 1114 5 1. Introducción y Antecedentes6 7 La energía está presente en nuestras vidas de forma permanente ya que tanto para la fabricación de cualquier producto como para la prestación de un servicio, se requiere consumir una cierta cantidad de energía. Los recursos naturales son limitados por lo que conviene hacer un uso racional de los mismos, disminuyendo el consumo de energía por unidad de producto o de servicio obtenido, esto es, aumentando la eficiencia energética. La eficiencia energética no implica reducir nuestra calidad de vida sino usar y producir energía de forma mucho más eficiente, manteniendo o incluso aumentando el nivel de confort. La eficiencia energética supone, además de ventajas ambientales (reducción de consumo energético y, consecuentemente, reducción de emisiones de CO 2 ), beneficios de tipo económico, como la disminución de los costes energéticos, y de tipo estratégico, como la reducción de la vulnerabilidad que supone una elevada dependencia energética del exterior como es el caso de España. Todos los países desarrollados y muchos en vías de desarrollo han puesto en marcha políticas públicas de eficiencia energética principalmente mediante la aprobación de normativa, estrategias y planes y otras medidas de impulso (concesión de subvenciones, programas de formación y sensibilización, etc.). Es en este contexto que están surgiendo nuevas oportunidades de mercado de bienes y servicios que generan actividad económica, empleo y oportunidades de aprendizaje tecnológico, como es el mercado de las Empresas de Servicios Energéticos (ESE o ESCO 1 por sus siglas en inglés). Las primeras empresas que aplicaron el concepto ESE aparecieron en Francia en los años 1800, mediante sistemas district heating. El concepto ESE se trasladó gradualmente a otros países europeos pero donde realmente eclosionó fue en Norteamérica a partir de 1970 como una solución al incremento de los costes energéticos que sufrió el país. Pese a no ser bien recibido inicialmente, en la década de los 90 el servicio tomó un gran protagonismo con el desarrollo de nuevas tecnologías de eficiencia energética en la climatización, iluminación/alumbrado y arquitectura bioclimática y, actualmente, se han desarrollado multitud de proyectos de gran relevancia tanto para entidades públicas como privadas. 1 Energy Service Companies. Manual Promoción ESE 78 En la actualidad, dentro de Europa Occidental, Alemania constituye el mayor mercado y más desarrollado, seguido de Francia y Reino Unido, y posteriormente de España e Italia. A nivel europeo, se ha aprobado el triple objetivo para el año 2020 por el cual se debe conseguir que el 20% del consumo de energía final provenga de fuentes renovables, que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% (con respecto a las de 1990) y que se produzca un ahorro del 20% del consumo de energía respecto del consumo tendencial. Dichos objetivos requieren la aplicación de medidas tanto en el ámbito del ahorro y eficiencia energética como en el de las energías renovables, constituyendo los servicios energéticos y las ESE una vía de consecución para alcanzarlos. La Asociación de Agencias Españolas de Gestión Energética (en adelante, EnerAgen) y, en concreto, las agencias que la componen, tienen como objetivo principal la promoción de la eficiencia energética, el ahorro energético y el fomento del uso de las energías renovables a su nivel competencial. La Agencia Provincial de la Energía de Ávila (en adelante, APEA) ha liderado, en el marco de las actuaciones desarrolladas por EnerAgen, el grupo de trabajo sobre la promoción de empresas de servicios energéticos, en el que han participado los siguientes miembros: Agencia Provincial de la Energía de Cádiz, Ente Regional de la Energía de Castilla y León, Agencia Provincial de la Energía de Burgos, Fundación Asturiana de la Energía, Agencia Extremeña de la Energía, Agencia d Energia de Barcelona y Agencia provincial de la Energía de Sevilla. EnerAgen, consciente del potencial de las ESE para el ahorro de consumos de energía e incremento de la eficiencia energética de las instalaciones, persigue la promoción de las ESE, para lo cual sacó a concurso público la contratación de la elaboración de un Estudio sobre las ESE y de un Manual de Promoción de ESE así como la impartición de una Jornada de Formación sobre ESE. Estos trabajos servirán como herramienta para el conocimiento de los servicios de las ESE y de las posibilidades de ahorro y eficiencia energética, así como para la promoción de tales servicios. Manual Promoción ESE 89 El presente Manual tiene como objetivo principal promocionar la existencia de ESE que permitan mejorar la eficiencia energética y aportar información práctica tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda así como las particularidades legales del mercado de las ESE. Manual Promoción ESE 910 11 2. Análisis de la oferta12 13 2.1 Marco normativo A nivel europeo Según la definición de la Directiva 2006/32/CE de 5 de abril sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 93/76/CEE, la Empresa de Servicios Energéticos es la persona física o jurídica que proporciona servicios energéticos o de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones o locales de un usuario y afronta cierto grado de riesgo económico al hacerlo. El pago de los servicios prestados se basará (en parte o totalmente) en la obtención de mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos. Asimismo, la citada Directiva define el servicio energético como el beneficio físico, utilidad o ventaja derivados de la combinación de una energía con una tecnología eficiente en términos de energía y/o con una acción, que podrá incluir las operaciones, mantenimiento y control necesarios para prestar el servicio, que es prestado basándose en un contrato y que en circunstancias normales ha demostrado llevar a una mejora de la eficiencia energética verificable y mensurable o estimable y/o a un ahorro de energía primaria. La Directiva 2006/32/CE establece por tanto un marco apropiado para el fomento del ahorro y la eficiencia energética a través del desarrollo de la actividad de ESE, en concreto: Menciona y pretende fomentar el cambio de paradigma que se ha empezado a constatar en los suministradores de energía, los cuales se estarían reorientando hacia la maximización de la venta de servicios energéticos en lugar de enfocarse a la maximización de la venta de energía (kwh). En este sentido, cada Estado Miembro debe esforzarse por evitar distorsiones a la competencia y puede optar por imponer el suministro de servicios energéticos a los suministradores. Establece unos objetivos orientativos de eficiencia energética para los Estados (9% en 2016) a conseguir mediante la prestación de servicios energéticos y otras medidas de eficiencia energética. Manual Promoción ESE 1314 Define la ESE con una clara orientación a la eficiencia energética y a la adopción de riesgo y ventura por parte de la ESE. Especifica que el pago de los servicios prestados se basará (en parte o totalmente) en la obtención de mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos convenidos. Menciona explícitamente la necesidad de: (i) fomentar los acuerdos de financiación por terceros, y (ii) que el sector público dé ejemplo. Contempla una serie de Instrumentos financieros a utilizar: contratos por rendimiento, financiación por terceros, deducciones fiscales, préstamos, créditos y subvenciones. En este sentido, menciona que los Estados deberán facilitar modelos de contratos. Asimismo, la recientemente aprobada Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, tiene como objetivo fomentar la eficiencia energética de los edificios sitos en la Unión Europea, teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores y las particularidades locales, así como las exigencias ambientales interiores y la rentabilidad en términos de coste-eficacia. Entre otros aspectos, dicha Directiva establece en su artículo 12 que los Estados miembros velarán por que se expida un certificado de eficiencia energética para los edificios o unidades de éstos que se construyan, vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, y para los edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 500 m 2 y que sean frecuentados habitualmente por el público. El 9 de julio de 2015, este umbral de 500 m 2 se reducirá a 250 m 2. Por otro lado, la Directiva 2004/8/CE relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CE, tiene como objetivo incrementar la eficiencia energética y mejorar la seguridad del abastecimiento mediante la creación de un marco para el fomento y el Manual Promoción ESE 1415 desarrollo de la cogeneración de alta eficiencia 2 de calor y electricidad basado en la demanda de calor útil y en el ahorro de energía primaria en el mercado interior de la energía. Por último, cabe citar la Directiva 2009/125/CE de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, que dispone de un marco para el establecimiento de los requisitos comunitarios de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, que deberán cumplir para ser introducidos en el mercado o puestos en servicio, con el objetivo de incrementar la eficiencia energética y la seguridad del abastecimiento energético A nivel nacional A nivel nacional, el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, define la Empresa de Servicios Energéticos como aquella persona física o jurídica que pueda proporcionar servicios energéticos, en la forma definida en el párrafo siguiente, en las instalaciones o locales de un usuario y afronte cierto grado de riesgo económico al hacerlo. Todo ello, siempre que el pago de los servicios prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la obtención de ahorros de energía por introducción de mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos. Del mismo modo, en dicho Real Decreto-ley 6/2010 se contempla que el servicio energético prestado por la empresa de servicios energéticos consistirá en un conjunto de prestaciones incluyendo la realización de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para optimizar la calidad y la reducción de los costes energéticos. Esta actuación podrá comprender además de la construcción, instalación o transformación de obras, equipos y sistemas, su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión derivados de la incorporación de tecnologías eficientes. El servicio energético así definido deberá prestarse basándose en un contrato que deberá llevar asociado un ahorro de energía verificable, medible o estimable. 2 Se entiende por cogeneración de alta eficiencia la que permite ahorrar energía mediante la producción combinada cuando el ahorro energético es superior al 10%. Manual Promoción ESE 1516 El Real Decreto-ley 6/2010 incluye, en el ámbito energético, medidas para impulsar las ESE. Al respecto, en su artículo 19, se establece que el Gobierno, en un plazo de 6 meses, aprobará un plan específico de impulso de las ESE contemplando un programa concreto para las Administraciones Públicas. Asimismo, dicho artículo establece que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC), a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), aprobará un Programa de Acuerdos Voluntarios con ESE que permita la elaboración y publicación en la sede electrónica del IDAE de una relación de empresas habilitadas como ESE, incluyendo información de contacto y los servicios prestados que voluntariamente faciliten las empresas. En este sentido, cabe indicar que el IDAE ya dispone en su página Web de un buscador de ESE 3 que permite localizar dichas empresas. Este registro se describe en el apartado del presente Manual. Por otro lado, a través del artículo 20 de dicho Real Decreto-ley, se modifican algunos aspectos del marco regulador de contratos del sector público, para agilizar los procesos de contratación de las ESE con las Administraciones Públicas, como fórmula especialmente efectiva de dinamización del sector y ahorro energético. El Proyecto de Ley de Economía Sostenible 4 se centra en cinco grandes ejes: competitividad, sostenibilidad medioambiental, normalización de la vivienda, innovación y formación profesional y fondos económicos para los nuevos sectores. En relación con el eje de sostenibilidad ambiental, el Proyecto de Ley sienta las bases para un modelo energético basado en la seguridad de suministro, la eficiencia económica y el respeto al medio ambiente. Además, marca los objetivos de ahorro energético para la Administración. En cuanto a la contratación de servicios energéticos, en el artículo 33 letra e) de dicho Proyecto de Ley se establece que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, las empresas públicas adaptarán sus planes estratégicos para Optimizar el consumo energético de sus sedes e instalaciones celebrando contratos de servicios energéticos que permitan reducir el consumo de energía, retribuyendo a la empresa contratista con ahorros obtenidos en la factura energética. 3 4 Link al buscador de ESE del IDAE: Manual Promoción ESE 1617 Finalmente, cabe tener en cuenta la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP). De acuerdo con la LCSP, el régimen jurídico de los contratos que celebran las entidades pertenecientes al sector público viene determinado por (i) la tipología de la entidad pública contratante y (ii) el objeto del contrato. Por ello, un contrato con un mismo objeto tendrá diferente régimen jurídico según se celebre por un Ministerio, una Entidad Pública Empresarial estatal o equivalente de una Administración Autonómica, o una sociedad mercantil con fines estrictamente mercantiles o industriales que actúe en régimen de competencia con el sector privado. A su vez, dentro del régimen jurídico deben distinguirse dos tipos de normas: (i) las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos cuyo contenido y alcance viene predeterminado por la normativa comunitaria y (ii) las normas que regulan los derechos y deberes de las partes, plazo, etc. La LCSP define, en su artículo 5, las figuras contractuales existentes: (i) obra; (ii) concesión de obras públicas; (iii) gestión de servicios públicos; (iv) suministros; (v) servicios; (vi) contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado (en adelante, CPP). Ante la amplia variedad de servicios que puede ofrecer una ESE y la estricta definición de las figuras contractuales de la LCSP, se plantea el problema de cómo calificar un contrato que comprenda todas las prestaciones posibles que ofrece una ESE. En este sentido, tienen cabida en la prestación de servicios energéticos las siguientes figuras: suministros, servicios, mixto y CPP. El contrato de servicios sería el que a primera instancia mejor encajaría con la prestación de servicios energéticos. No obstante, la limitación temporal de este tipo de contrato, cuya duración, de acuerdo con el artículo 279 de la LCSP, no puede exceder de cuatro años, y la variedad y complejidad de las prestaciones que en ocasiones este tipo de actuaciones conllevan, hacen que deba recurrirse a otras fórmulas de contratación. A estos efectos, los contratos mixtos y, en los supuestos de mayor complejidad, los CPP son las vías de contratación a las que se recurre para cubrir las necesidades del sector público en este ámbito. A continuación se procede a describir en mayor detalle los cuatro tipos de contratos que podrían tener cabida, dentro de una perspectiva amplia, en la prestación de servicios energéticos. Manual Promoción ESE 1718 Suministros Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles (artículo 9.1). La LCSP no prevé una duración máxima de este contrato. No obstante, en el contrato de arrendamiento no se admitirá la prórroga tácita y la prórroga expresa no podrá extenderse a un período superior a la mitad del contrato inmediatamente anterior. En cuanto a la ejecución, se establece respecto de los productos o bienes suministrados que, una vez recibidos por la Administración, ésta sea responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos (artículo de la LCSP). Respecto a la contraprestación, el adjudicatario tendrá derecho al precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración de acuerdo con las condiciones pactadas en el contrato. Por último destacar que, cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato de suministro acordadas, se produzca un aumento, reducción o supresión de las unidades de bienes que integren el suministro o la sustitución de unos bienes por otros, siempre que estén incluidos en el contrato, estas modificaciones serán obligatorias por el contratista, sin que tenga derecho en caso de supresión o reducción de las unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por estas causas (artículo 272 de la LCSP) Servicios Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto consistente en la realización de una actividad o están dirigidos a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro (artículo 272 de la LCSP). En cuanto a la duración, los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años si bien, podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. No obstante lo anterior, los Manual Promoción ESE 1819 contratos de servicios que sean complementarios de contratos de obras o de suministro podrán tener un plazo superior de vigencia que, en ningún caso, excederá del plazo de duración del contrato principal. Por otro lado, en cuanto al sistema de determinación del precio, éste se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas, que podrá estar referido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades. Finalmente, cuando como consecuencia de modificaciones del contrato se produzca aumento, reducción o supresión de equipos a mantener o la sustitución de unos equipos por otros, siempre que los mismos estén contenidos en el contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno, en caso de supresión o reducción de unidades o clases de equipos, a reclamar indemnización por dichas causas (artículo 282 de la LCSP) Mixto Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico (artículo 12 de la LCSP). Un contrato mixto podría darse cuando fueran requeridas las prestaciones propias de un contrato de suministro pero a la vez se requiriera un contrato de servicios, como podría ser el caso de unas instalaciones para la utilización y transformación de energía que a la vez deben ser mantenidas y gestionadas en términos de eficiencia energética. Como se ha indicado anteriormente, para determinar las reglas relativas a la adjudicación del contrato se deberá considerar cuál es la prestación de más importancia en términos económicos. No obstante, a los efectos de cumplimiento y extinción, el régimen jurídico del contrato podrá perfilarse según la voluntad del órgano contratante y la selección de las reglas de ambos contratos (suministros, servicios) que sean más convenientes. Manual Promoción ESE 1920 Por último, cabe destacar que el IDAE ha desarrollado un modelo de Contrato de servicios energéticos y mantenimiento en edificios de las Administraciones Públicas, el cual se trata de un contrato administrativo de carácter mixto de suministro y servicios. Dicho contrato es descrito en el apartado del presente Manual CPP Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado aquéllos (artículo 11 de LCSP) en que una Administración Pública encarga a una entidad de derecho privado, por un periodo determinado en función de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que, además de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de interés general, comprenda alguna de las siguientes prestaciones: a) La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas y productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión. b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas. c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado. d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del servicio público o actuación de interés general que le haya sido encomendado. La duración de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado no podrá exceder de 20 años. No obstante, se podrá alargar cuando por razón de la prestación principal que constituye su objeto y de su configuración, el régimen aplicable sea el propio de los contratos de concesión de obra pública, estándose a lo dispuesto en el artículo 244 sobre la duración de éstos (40 años, artículo 290 de la LCSP). Manual Promoción ESE 2021 El CPP está dirigido a evitar la consolidación del endeudamiento y busca la mayor productividad de los fondos públicos. Su finalidad es permitir la ejecución de actuaciones públicas, principalmente infraestructuras, dando más protagonismo al empresario colaborador. En el CPP existe un reparto diferenciado de actividades entre los contratantes: el operador económico privado asume un importante papel, participando en el diseño, realización, ejecución y financiación mientras que el socio público se concentra esencialmente en definir los objetivos de interés público, calidad de los servicios propuestos, política de precios y control del cumplimiento de dichos objetivos. Consecuentemente, se produce un nuevo reparto de los riesgos. La aplicación del contrato de colaboración público-privada a la contratación de servicios energéticos no es una incardinación exacta en la fórmula contractual típica y presenta complejidad técnica, económica y jurídica. El CPP supone un cambio significativo de las reglas del juego, pasando de la certidumbre que ofrecía el Pliego a la flexibilidad que aporta el diálogo competitivo y la figura del contrato por hacer. Además, debe tenerse en cuenta que excepciona diversos principios de la contratación como son la prohibición de pago aplazado (artículo 75.7), permite encomendar la dirección técnica de la ejecución al contratista (artículo 45.2), objeto determinado (artículo 74) y puede alterar el principio de mínima acumulación de prestaciones (artículo 25.2). En este tipo de contrato, existen varios aspectos ya determinados pero muchos otros que deben determinarse a la hora de elaborar el mismo. En cuanto a lo ya determinado: Hay una escasa regulación propia: un artículo para definición (artículo 11), dos artículos para efectos y extinción (artículos 289 y 290), tres artículos para las actuaciones preparatorias (artículos 118 a 120) y las normas para el diálogo competitivo. Aplicación del Título I del Libro IV: prerrogativas de la Administración; reglas generales sobre ejecución de contratos; resolución por demora y prórroga; indemnización por daños y perjuicios; demora en el pago del precio; transmisión de derechos de cobro; modificación de los contratos; extinción de los contratos; cesión de los contratos y subcontratación (en lo que no se opongan a su naturaleza, funcionalidad y contenido peculiar). Manual Promoción ESE 2122 Se aplican normas del contrato típico cuyo objeto se corresponda con la prestación principal (en lo que no se opongan a su naturaleza, funcionalidad y contenido peculiar). Por otro lado, lo que principalmente debe determinarse en un CPP, es: Identificación de las prestaciones principales. Condiciones de reparto de riesgos entre la Administración y el contratista. Objetivos de rendimiento asignados al contratista. Remuneración del contratista. Causas y procedimientos para determinar las variaciones de la remuneración a lo largo del período de ejecución del contrato. Fórmulas de pago. Fórmulas de control por la Administración de la ejecución del contrato. Sanciones y penalidades por incumplimiento. Supuestos de modificación y/o resolución. Control de la Administración sobre la cesión total o parcial del contrato. Destino de las obras y equipamientos a la finalización del contrato. Garantías del contratista. Referencia a las prerrogativas de la Administración y condiciones generales de ejecución, modificación y extinción de los contratos. Manual Promoción ESE 2223 El CPP sólo cabe cuando se comprueba que otras fórmulas alternativas no satisfacen las finalidades públicas (artículo 11.2), lo cual debe demostrarse en el trámite de evaluación previa, antes de iniciarse el expediente de contratación (artículo 118). Para ello, cabe tener en cuenta lo siguiente: Debe justificarse que, por la complejidad del contrato, la Administración no está en condiciones de definir antes de la licitación los medios técnicos o mecanismos jurídicos y financieros para satisfacer sus necesidades. Se debe realizar un análisis comparativo con otras formas alternativas que justifiquen los motivos jurídicos, económicos, administrativos y financieros que recomienden esta formula de contratación en términos de mayor valor por precio, de coste global, de eficacia o de imputación de riesgos. El análisis será "sucinto si concurren razones de urgencia no imputables a la Administración. La evaluación la realiza la Mesa especial para el diálogo competitivo (artículo 296 para el Estado), cuya composición debe integrar a expertos con calificación suficiente (artículo 118.3). El órgano de contratación, en función de la evaluación citada, elaborará un programa funcional (artículo 119) que contendrá los elementos básicos sobre los que se va a dialogar con los contratistas. En este programa, se identificará la naturaleza y extensión de las necesidades a satisfacer, los elementos jurídicos, técnicos o económicos mínimos de las ofertas y los criterios de adjudicación. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas serán sustituidos por el documento descriptivo al que se refiere el artículo 165 (artículo 93.3), en el que se incluirá el Programa Funcional. Un aspecto fundamental en cuanto al procedimiento de adjudicación de este tipo de contrato es el diálogo competitivo. Al respecto, el órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones (o medios adecuados) susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta (artículos 163 y 166.1). Además, cabe la posibilidad que se prevea prima o compensación para los participantes en el diálogo (artículo 163.2). Al ser contrato sujeto a regulación armonizada Manual Promoción ESE 2324 el anuncio debe publicarse, además de en el BOE o BOP, siempre en el DOUE (artículo 126). Para la selección de los licitadores son de aplicación las reglas del procedimiento restringido (artículos 147 a 149) pero sin que puedan ser menos de tres: Los plazos para solicitudes de los interesados son de 37 días desde el envío del anuncio al DOUE, quedando en 30 si los anuncios se remiten por medios electrónicos. Las invitaciones harán referencia al anuncio de licitación, lugar y fecha de inicio de la fase de consultas, lengua o lenguas utilizables, documentos sobre aptitud que se deben acompañar y ponderación relativa de los criterios u orden decreciente de importancia. Se les entregará un documento descriptivo (no hay Pliegos) y de la documentación complementaria o forma de acceder a ella y la información suplementaria que soliciten los licitadores con antelación de seis días al momento del inicio de la fase de diálogo. Las solicitudes de participación de los licitadores deben acompañarse de los documentos del artículo 130: Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación. Los que acrediten la solvencia económica y financiera y técnica o profesional. Declaración de ausencia de prohibiciones para contratar. Sometimiento a la jurisdicción española para las empresas extranjeras. Otros documentos que exija el documento descriptivo y en el anuncio. En la fase de diálogo se deben considerar los siguientes aspectos (artículo 166): Principio de igualdad de trato a los licitadores y, en particular, no se dará información que pueda dar ventaja a algún licitador de forma discriminatoria. Principio de confidencialidad: los órganos de contratación no pueden divulgar información facilitada por los empresarios y secreto de las proposiciones (artículo 129). Son de aplicación general, pero más necesario en el diálogo competitivo. Manual Promoción ESE 24 Mostrar más
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