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Timestamp: 2020-07-10 12:40:55+00:00

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Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 10 de diciembre de 1982 (1994) | Derecho Internacional Público - www.dipublico.org
dipublico 16/06/2010 Derecho del Mar 1,113 Vistas
Reconociendo la importante contribución de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 (en adelante, “la Convención”) al mantenimiento de la paz, la justicia y el progreso de todos los pueblos del mundo,
Reafirmando que los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los límites de la jurisdicción nacional (en adelante, “la Zona”), así como sus recursos, son patrimonio común de la humanidad,
Habiendo examinado el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los resultados de las consultas oficiosas entre Estados celebradas desde 1990 hasta 1994 sobre las cuestiones pendientes relativas a la Parte XI y disposiciones conexas de la Convención (en adelante, “la Parte XI”),
Aplicación de la Parte XI
Este Acuerdo estará abierto a la firma de los Estados y las entidades mencionados en los apartados a), c), d), e) y f) del párrafo 1 del artículo 305 de la Convención, en la Sede de las Naciones Unidas, durante 12 meses contados desde la fecha de su adopción.
c) Firma sujeta al procedimiento establecido en el artículo 5; o
4. La confirmación formal por las entidades mencionadas en el apartado f) del párrafo 1 del artículo 305 de la Convención se hará de conformidad con el anexo IX de la Convención.
1. Se considerará que los Estados o entidades que hayan depositado, antes de la fecha de adopción de este Acuerdo, un instrumento de ratificación o confirmación formal de la Convención o de adhesión a ella y que hayan firmado este Acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 3 del artículo 4, han manifestado su consentimiento en obligarse por este Acuerdo 12 meses después de la fecha de su adopción, a menos que tales Estados o entidades notifiquen al depositario por escrito antes de esa fecha que no se acogerán al procedimiento simplificado establecido en este artículo.
2. En el caso de tal notificación, se manifestará el consentimiento en obligarse por este Acuerdo con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 3 del artículo 4.
1. Este Acuerdo entrará en vigor 30 días después de la fecha en que 40 Estados hayan manifestado su consentimiento en obligarse de conformidad con los artículos 4 y 5, siempre que entre ellos figuren al menos siete de los Estados mencionados en el apartado a) del párrafo 1 de la resolución II de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante, la “resolución II”), de los cuales al menos cinco deberán ser Estados desarrollados. Si las condiciones para la entrada en vigor se cumplen antes del 16 de noviembre de 1994, este Acuerdo entrará en vigor el 16 de noviembre de 1994.
1. Si este Acuerdo no ha entrado en vigor el 16 de noviembre de 1994, será aplicado provisionalmente hasta su entrada en vigor por:
1. Para los efectos de este Acuerdo, por “Estados Partes” se entiende los Estados que hayan consentido en obligarse por este Acuerdo y para los cuales el Acuerdo esté en vigor.
2. Este Acuerdo se aplicará mutatis mutandis a las entidades mencionadas en los apartados c), d), e) y f) del párrafo 1 del artículo 305 de la Convención que lleguen a ser partes en el Acuerdo de conformidad con los requisitos pertinentes a cada una de ellas, y en esa medida, el término “Estados Partes” se refiere a esas entidades.
HECHO EN NUEVA YORK, el día … de julio de mil novecientos noventa y cuatro.
SECCIÓN 1. COSTOS PARA LOS ESTADOS PARTES Y ARREGLOS INSTITUCIONALES
1. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (en adelante, “la Autoridad”) es la organización por conducto de la cual los Estados Partes en la Convención, de conformidad con el régimen establecido para la Zona en la Parte XI y en este Acuerdo, organizarán y controlarán las actividades en la Zona, particularmente con miras a la administración de los recursos de la Zona. La Autoridad tendrá las facultades y funciones que expresamente se le confieren por la Convención. Tendrá también las facultades accesorias, compatibles con la Convención, que resulten implícitas y necesarias para el ejercicio de aquellas facultades y funciones con respecto a las actividades en la Zona.
b) La aplicación de las decisiones de la Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (en adelante, “la Comisión Preparatoria”) relativas a los primeros inversionistas inscritos y sus Estados certificadores, incluidos sus derechos y obligaciones, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 308 de la Convención y con el párrafo 13 de la resolución II;
i) Se considerará que un plan de trabajo para exploración presentado en nombre de un Estado o una entidad, o un componente de una entidad, de los mencionados en los incisos ii) o iii) del apartado a) del párrafo 1 de la resolución II, que no sea un primer inversionista inscrito y que ya hubiere realizado actividades sustanciales en la Zona antes de la entrada en vigor de la Convención, o del sucesor en sus intereses, ha cumplido los requisitos financieros y técnicos necesarios para la aprobación del plan de trabajo si el Estado o los Estados patrocinantes certifican que el solicitante ha gastado una suma equivalente a por lo menos 30 millones de dólares de los EE.UU. en actividades de investigación y exploración y ha destinado no menos del 10% de esa suma a la localización, el estudio y la evaluación del área mencionada en el plan de trabajo. Si por lo demás el plan de trabajo cumple los requisitos de la Convención y de las normas, reglamentos y procedimientos adoptados de conformidad con ella, será aprobado por el Consejo en forma de contrato. Las disposiciones del párrafo 11 de la sección 3 del presente Anexo se interpretarán y aplicarán en consecuencia;
ii) No obstante lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 8 de la resolución II, un primer inversionista inscrito podrá solicitar la aprobación de un plan de trabajo para exploración en un plazo de 36 meses contados a partir de la entrada en vigor de la Convención. El plan de trabajo para exploración comprenderá los documentos, informes y demás datos que se presenten a la Comisión Preparatoria antes y después de la inscripción, e irá acompañado de un certificado de cumplimiento, consistente en un informe fáctico en que se describa la forma en que se ha dado cumplimiento a las obligaciones comprendidas en el régimen de los primeros inversionistas, expedido por la Comisión Preparatoria de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 11 de la resolución II. Dicho plan de trabajo se considerará aprobado. El plan de trabajo aprobado tendrá la forma de un contrato concertado entre la Autoridad y el primer inversionista registrado de conformidad con lo dispuesto en la Parte XI y en este Acuerdo. Se considerará que el canon de 250.000 dólares de los EE.UU., pagado de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 7 de la resolución II, constituye el canon correspondiente a la etapa de exploración con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 de la sección 8 del presente Anexo. El párrafo 11 de la sección 3 del presente Anexo se interpretará y aplicará en consecuencia;
De conformidad con el principio de no discriminación, en todo contrato celebrado con un Estado o una entidad o un componente de una entidad de los mencionados en el inciso i) del apartado a), se incluirán condiciones similares y no menos favorables a las convenidas con cualquier primer inversionista inscrito de los mencionados en el inciso ii) del apartado a). Si se estipulan condiciones más favorables para cualquiera de los Estados, las entidades o los componentes de entidades mencionados en el inciso i) del apartado a), el Consejo estipulará condiciones similares y no menos favorables con respecto a los derechos y obligaciones asumidos por los primeros inversionistas inscritos mencionados en el inciso ii) del apartado a), siempre y cuando esas condiciones no afecten ni perjudiquen los intereses de la Autoridad;
El Estado que patrocina una solicitud de aprobación de un plan de trabajo con arreglo a las disposiciones de los incisos i) o ii) del apartado a), podrá ser un Estado Parte o un Estado que esté aplicando provisionalmente este Acuerdo en virtud del artículo 7, o un Estado que sea miembro de la Autoridad con carácter provisional, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12;
El apartado c) del párrafo 8 de la resolución II se interpretará y aplicará de conformidad con lo establecido en el inciso iv) del apartado a);
La aprobación de los planes de trabajo para exploración se hará de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 153 de la Convención.
8. Toda solicitud de aprobación de planes de trabajo para exploración, con sujeción a las disposiciones de los incisos i) o ii) del apartado a) del párrafo 6, se tramitará de conformidad con los procedimientos establecidos en el párrafo 11 de la sección 3 de este Anexo.
9. Los planes de trabajo para exploración se aprobarán por un período de 15 años. Al expirar el plan de trabajo para exploración, el contratista solicitará la aprobación de un plan de trabajo para explotación, a menos que ya lo haya hecho o que haya obtenido prórroga del plan de trabajo para exploración. Los contratistas podrán solicitar prórrogas por plazos no superiores a cinco años cada vez. Las prórrogas se aprobarán si el contratista se ha esforzado de buena fe por cumplir los requisitos del plan de trabajo, pero por razones ajenas a su voluntad, no ha podido completar el trabajo preparatorio necesario para pasar a la etapa de explotación, o si las circunstancias económicas imperantes no justifican que se pase a la etapa de explotación.
11. No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, todo plan de trabajo para exploración aprobado, que esté patrocinado por lo menos por uno de los Estados que estén aplicando provisionalmente este Acuerdo, quedará sin efecto si ese Estado cesa de aplicar provisionalmente el Acuerdo y no ha llegado a ser miembro provisional conforme a lo dispuesto en el párrafo 12, o no ha llegado a ser Estado Parte.
a) Si este Acuerdo entrare en vigor antes del 16 de noviembre de 1996, dichos Estados y entidades tendrán derecho a continuar participando como miembros provisionales de la Autoridad una vez que hayan notificado al depositario del Acuerdo su intención de participar como miembros provisionales. La participación como miembro provisional terminará el 16 de noviembre de 1996 o en la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo y de la Convención para tales miembros, si ésta fuese anterior a aquélla. El Consejo, a petición del Estado o la entidad interesados, podrá prorrogar dicha participación más allá del 16 de noviembre de 1996 por uno o más períodos no superiores a dos años en total, a condición de que el Consejo se cerciore de que el Estado o la entidad interesados han estado intentando de buena fe llegar a ser partes en el Acuerdo y en la Convención;
b) Si este Acuerdo entrare en vigor después del 15 de noviembre
de 1996, dichos Estados y entidades podrán pedir al Consejo que les permita continuar siendo miembros provisionales de la Autoridad por uno o más períodos que no vayan más allá del 16 de noviembre de 1998. El Consejo otorgará dicha calidad de miembro provisional con efecto a partir de la fecha de la solicitud, si le consta que el Estado o entidad ha intentado de buena fe llegar a ser parte en el Acuerdo y en la Convención;
c) Los Estados y entidades que sean miembros provisionales de la Autoridad de conformidad con lo dispuesto en los apartados a) o b), aplicarán las disposiciones de la Parte XI y este Acuerdo de conformidad con sus leyes, reglamentos y consignaciones presupuestarias anuales nacionales o internas, y tendrán los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros, entre otros:
i) La obligación de contribuir al presupuesto administrativo de la Autoridad conforme a la escala de cuotas;
ii) El derecho a patrocinar solicitudes de aprobación de planes de
trabajo para exploración. En el caso de entidades cuyos componentes sean personas naturales o jurídicas que posean la nacionalidad de más de un Estado, los planes de trabajo para exploración no se aprobarán a menos que todos los Estados cuyas personas naturales o jurídicas compongan esas entidades sean Estados Partes o miembros provisionales;
d) No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, todo plan de trabajo aprobado en forma de contrato de exploración que haya sido patrocinado conforme a lo dispuesto en el inciso ii) del apartado c) por un Estado que era miembro provisional, quedará sin efecto si el Estado o entidad dejare de ser miembro provisional y no hubiere llegado a ser Estado Parte;
15. La Autoridad elaborará y aprobará, con arreglo a lo dispuesto en el inciso ii) del apartado o) del párrafo 2 del artículo 162 de la Convención, normas, reglamentos y procedimientos basados en los principios contenidos en las secciones 2, 5, 6, 7 y 8 de este Anexo, así como las demás normas, reglamentos y procedimientos que sean necesarios para facilitar la aprobación de los planes de trabajo para exploración o explotación, de conformidad con las disposiciones siguientes:
a) El Consejo podrá emprender la elaboración de tales normas, reglamentos o procedimientos en el momento en que estime que son necesarios para la realización de actividades en la Zona o cuando determine que la explotación comercial es inminente, o a petición de un Estado uno de cuyos nacionales se proponga solicitar la aprobación de un plan de trabajo para explotación;
b) Si un Estado de los mencionados en el apartado a) pide que se adopten esas normas, reglamentos y procedimientos, el Consejo lo hará dentro de los dos años siguientes a la petición, de conformidad con lo dispuesto en el apartado o) del párrafo 2 del artículo 162 de la Convención;
c) Si el Consejo no ha finalizado la elaboración de las normas, reglamentos y procedimientos relacionados con la explotación en el plazo prescrito, y está pendiente la aprobación de una solicitud de plan de trabajo para explotación, procederá de todos modos a considerar y aprobar provisionalmente ese plan de trabajo sobre la base de las disposiciones de la Convención y de todas las normas, reglamentos y procedimientos que el Consejo haya aprobado provisionalmente, o sobre la base de las normas contenidas en la Convención y de los términos y principios contenidos en el presente anexo, así como del principio de no discriminación entre contratistas.
17. Las disposiciones pertinentes de la sección 4 de la Parte XI de la Convención se interpretarán y aplicarán de conformidad con este Acuerdo.
SECCIÓN 2. LA EMPRESA
a) Seguimiento y análisis de las tendencias y acontecimientos relacionados con las actividades de explotación minera de los fondos marinos, incluido el análisis periódico de las condiciones del mercado mundial de metales, y los precios, tendencias y perspectivas de los metales;
b) Evaluación de los resultados de las investigaciones científicas marinas llevadas a cabo con respecto a las actividades realizadas en la Zona, y especialmente los de las investigaciones relacionadas con el impacto ambiental de las actividades realizadas en la Zona;
c) Evaluación de los datos disponibles con respecto a la prospección y la exploración, incluidos los principios aplicables a esas actividades;
d) Evaluación de los adelantos tecnológicos de importancia para las actividades realizadas en la Zona, en particular la tecnología relativa a la protección y preservación del medio marino;
e) Evaluación de la información y los datos relativos a las áreas reservadas para la Autoridad;
f) Evaluación de las pautas que deben seguirse en las operaciones de empresa conjunta;
g) Reunión de información acerca de la disponibilidad de mano de obra calificada;
2. La Empresa llevará a cabo sus actividades iniciales de explotación minera de los fondos marinos por medio de empresas conjuntas. Al aprobarse un plan de trabajo para explotación para una entidad distinta de la Empresa, o al recibir el Consejo una solicitud de constitución de empresa conjunta con la Empresa, el Consejo se ocupará de la cuestión del funcionamiento de la Empresa independientemente de la Secretaría de la Autoridad. Si las operaciones realizadas en régimen de empresa conjunta con la Empresa se basan en principios comerciales sólidos, el Consejo emitirá una directriz de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 170 de la Convención, por la que establecerá dicho funcionamiento independiente.
3. La obligación de los Estados Partes de financiar las actividades de la Empresa en un sitio minero prevista en el párrafo 3 del artículo 11 del Anexo IV de la Convención no será aplicable, y los Estados Partes no estarán obligados a financiar ninguna de las operaciones que se lleven a cabo en los sitios mineros de la Empresa ni las que se lleven a cabo conforme a sus arreglos de empresa conjunta.
5. Un contratista que haya aportado un área determinada a la Autoridad como área reservada tiene derecho de opción preferente a concertar un arreglo de empresa conjunta con la Empresa para la exploración y explotación de esa área. Si la Empresa no presenta una solicitud de aprobación de un plan de trabajo para la realización de actividades respecto de esa área reservada dentro de los 15 años siguientes a la iniciación de sus funciones independientemente de la Secretaría de la Autoridad, o dentro de los 15 años siguientes a la fecha en que se haya reservado esa área para la Autoridad, si esa fecha es posterior, el contratista que haya aportado el área tendrá derecho a solicitar la aprobación de un plan de trabajo respecto de ésta a condición de que ofrezca de buena fe incluir a la Empresa como socio en una empresa conjunta.
SECCIÓN 3. ADOPCIÓN DE DECISIONES
4. Las decisiones de la Asamblea sobre cualquier asunto respecto del cual también tenga competencia el Consejo, o sobre cualquier asunto administrativo, presupuestario o financiero, se basarán en las recomendaciones del Consejo. Si la Asamblea no aceptare la recomendación del Consejo sobre algún asunto, devolverá éste al Consejo para que lo examine nuevamente. El Consejo reexaminará el asunto teniendo presentes las opiniones expresadas por la Asamblea.
9. a) Cada grupo de Estados elegido conforme a lo dispuesto en los apartados a) a c) del párrafo 15 será tratado como una cámara para los efectos de la votación en el Consejo. Los Estados en desarrollo elegidos conforme a lo dispuesto en los apartados d) y e) del párrafo 15 serán tratados como una cámara única para los efectos de la votación en el Consejo.
b) Antes de elegir a los miembros del Consejo, la Asamblea preparará listas de países que reúnen las condiciones necesarias para formar parte de los grupos de Estados a que se refieren los incisos a) a d) del párrafo 15. Si un Estado reúne las condiciones necesarias para formar parte de más de un grupo, sólo podrá ser propuesto por uno de ellos como candidato a miembro del Consejo y representará únicamente a ese grupo en la votación en el Consejo.
11. a) El Consejo aprobará la recomendación de aprobación de un plan de trabajo formulada por la Comisión Jurídica y Técnica, a menos que el Consejo, por mayoría de dos tercios de sus miembros presentes y votantes, que comprenderá la mayoría de los miembros presentes y votantes en cada una de las cámaras del Consejo, decida rechazar el plan de trabajo. Si el Consejo no adoptare una decisión acerca de una recomendación de aprobación de un plan de trabajo dentro del plazo prescrito, se considerará que la recomendación ha sido aprobada por el Consejo al cumplirse ese plazo. El plazo prescrito normalmente será de 60 días, a menos que el Consejo decida fijar un plazo mayor. Si la Comisión recomienda que se rechace un plan de trabajo o no hace una recomendación, el Consejo podrá aprobar de todos modos el plan de trabajo de conformidad con su reglamento relativo a la adopción de decisiones sobre cuestiones de fondo.
14. Las subsecciones B y C de la sección 4 de la Parte XI de la Convención se interpretarán y aplicarán de conformidad con la presente sección.
a) Cuatro miembros escogidos entre los Estados Partes que, durante los últimos cinco años respecto de los cuales se disponga de estadísticas, hayan absorbido más del 2% en términos de valor del consumo mundial total o hayan efectuado importaciones netas de más del 2% en términos de valor de las importaciones mundiales totales de los productos básicos obtenidos a partir de las categorías de minerales que hayan de extraerse de la Zona, a condición de que entre esos cuatro miembros se incluya a un Estado de la región de Europa oriental que tenga la economía más importante de esa región en términos de producto interno bruto, y al Estado que, a la fecha de la entrada en vigor de la Convención, tenga la economía más importante en términos de producto interno bruto, si esos Estados desean estar representados en este grupo;
b) Cuatro miembros escogidos entre los ocho Estados Partes que, directamente o por medio de sus nacionales, hayan hecho las mayores inversiones en la preparación y realización de actividades en la Zona;
c) Cuatro miembros escogidos entre los Estados Partes que, sobre la base de la producción de las áreas que se encuentran bajo su jurisdicción, sean grandes exportadores netos de las categorías de minerales que han de extraerse de la Zona, incluidos por lo menos dos Estados en desarrollo cuyas exportaciones de esos minerales tengan importancia considerable para su economía;
d) Seis miembros escogidos entre los Estados Partes en desarrollo, que representen intereses especiales. Los intereses especiales que han de estar representados incluirán los de los Estados con gran población, los Estados sin litoral o en situación geográfica desventajosa, los Estados insulares, los Estados que sean grandes importadores de las categorías de minerales que han de extraerse de la Zona, los Estados que sean productores potenciales de tales minerales y los Estados en desarrollo menos adelantados;
e) Dieciocho miembros escogidos de conformidad con el principio de asegurar una distribución geográfica equitativa de los puestos del Consejo en su totalidad, a condición de que cada región geográfica cuente por lo menos con un miembro elegido en virtud de este apartado. A tal efecto se considerarán regiones geográficas África, América Latina y el Caribe, Asia, Europa occidental y otros Estados, y Europa oriental.
SECCIÓN 4. CONFERENCIA DE REVISIÓN
SECCIÓN 5. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
a) La Empresa y los Estados en desarrollo que deseen obtener tecnología para la explotación minera de los fondos marinos, procurarán obtener esa tecnología según modalidades y condiciones comerciales equitativas y razonables en el mercado abierto, o bien mediante arreglos de empresa conjunta;
b) Si la Empresa o los Estados en desarrollo no pudieran obtener tecnología para la explotación minera de los fondos marinos, la Autoridad podrá pedir a todos o a cualquiera de los contratistas y al Estado o los Estados patrocinantes respectivos a que cooperen con ella para facilitar la adquisición de tecnología para la explotación minera de los fondos marinos por la Empresa o por su empresa conjunta, o por uno o varios Estados en desarrollo que deseen adquirir esa tecnología según modalidades y condiciones comerciales equitativas y razonables, compatibles con la protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual. Los Estados Partes se comprometen a cooperar plena y efectivamente con la Autoridad en ese sentido y a velar por que los contratistas patrocinados por ellos también cooperen plenamente con la Autoridad;
SECCIÓN 6. POLÍTICA DE PRODUCCIÓN
a) El aprovechamiento de los recursos de la Zona se hará conforme a principios comerciales sólidos;
b) Las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, sus correspondientes códigos y los acuerdos que le sucedan o reemplacen, se aplicarán con respecto a las actividades en la Zona;
c) En particular, no se otorgarán subsidios a las actividades realizadas en la Zona salvo en la medida en que lo permitan los acuerdos indicados en el apartado b). El otorgamiento de subsidios para los efectos de estos principios se definirá según los acuerdos indicados en el apartado b);
i) Mediante la aplicación de barreras arancelarias o no arancelarias;
ii) El que den los Estados Partes a dichos minerales o a los productos básicos elaborados a partir de esos minerales por sus empresas estatales, o por personas naturales o jurídicas que tengan su nacionalidad o estén controladas por ellos o por sus nacionales;
e) El plan de trabajo para explotación aprobado por la Autoridad respecto de cada área de explotación minera indicará el calendario de producción previsto, en el que se incluirán las cantidades máximas estimadas de minerales que se producirían por año de conformidad con el plan de trabajo;
i) Si los Estados Partes afectados son partes en dichos acuerdos,
podrán recurrir a los procedimientos de solución de controversias previstos en esos acuerdos;
Si uno o más de los Estados Partes afectados no son partes en dichos acuerdos, podrán recurrir a los procedimientos de solución de controversias establecidos en la Convención;
4. Todo Estado Parte que tenga razones para creer que ha habido una infracción de los requisitos de los apartados b) a d) del párrafo 1 o del párrafo 3, podrá iniciar un procedimiento de solución de controversias de conformidad con lo dispuesto en los apartados f) o g) del párrafo 1.
5. Un Estado Parte podrá en cualquier momento señalar a la atención del Consejo aquellas actividades que en su opinión sean incompatibles con los requisitos establecidos en los apartados b) a d) del párrafo 1.
7. Las disposiciones de los párrafos 1 a 7 y 9 del artículo 151, del apartado q) del párrafo 2 del artículo 162, del apartado n) del párrafo 2 del artículo 165, y del párrafo 5 del artículo 6 y del artículo 7 del Anexo III de la Convención, no serán aplicables.
SECCIÓN 7. ASISTENCIA ECONÓMICA
1. La política de la Autoridad de prestar asistencia a los países en desarrollo cuyos ingresos de exportación o cuya economía sufran serios perjuicios como consecuencia de una disminución del precio o del volumen de exportaciones de un mineral, en la medida en que tal disminución se deba a actividades en la Zona, se basará en los principios siguientes:
a) La Autoridad establecerá un fondo de asistencia económica con cargo a aquella parte de los fondos de la Autoridad que exceda los necesarios para cubrir los gastos administrativos de ésta. La cantidad que se destine a este objeto será determinada periódicamente por el Consejo, por recomendación del Comité de Finanzas. Sólo se destinarán al establecimiento del fondo de asistencia económica fondos procedentes de pagos recibidos de los contratistas, incluida la Empresa, y contribuciones voluntarias;
b) Los Estados en desarrollo productores terrestres cuya economía se haya determinado que ha resultado gravemente afectada por la producción de minerales de los fondos marinos recibirán asistencia con cargo al fondo de asistencia económica de la Autoridad;
c) La Autoridad prestará asistencia con cargo al fondo a los Estados en desarrollo productores terrestres afectados, cuando corresponda, en cooperación con las instituciones mundiales o regionales de desarrollo existentes que tengan la infraestructura y los conocimientos técnicos necesarios para ejecutar esos programas de asistencia;
2. Lo dispuesto en el párrafo 10 del artículo 151 de la Convención se cumplirá por medio de las medidas de asistencia económica indicadas en el párrafo 1. El apartado l) del párrafo 2 del artículo 160, el apartado n) del párrafo 2 del artículo 162, el apartado d) del párrafo 2 del artículo 164, el apartado f) del artículo 171 y el apartado c) del párrafo 2 del artículo 173 de la Convención serán interpretados en consecuencia.
SECCIÓN 8. DISPOSICIONES FINANCIERAS DE LOS CONTRATOS
1. Los principios que a continuación se enuncian servirán de base para establecer las normas, los reglamentos y los procedimientos relativos a las disposiciones financieras de los contratos:
a) El sistema de pagos a la Autoridad será equitativo tanto para el contratista como para la Autoridad y proporcionará los medios adecuados para determinar si el contratista se ha atenido al sistema;
b) Las cuantías de los pagos hechos conforme al sistema serán semejantes a las usuales respecto de la producción terrestre del mismo mineral o de minerales semejantes a fin de evitar que se otorgue a los productores de minerales de los fondos marinos una ventaja competitiva artificial o que se les imponga una desventaja competitiva;
c) El sistema no deberá ser complicado y no deberá imponer gastos administrativos importantes a la Autoridad ni al contratista. Deberá considerarse la posibilidad de adoptar un sistema de regalías o un sistema combinado de regalías y participación en los beneficios. Si se decide establecer distintos sistemas, el contratista tendrá el derecho de elegir el sistema aplicable a su contrato. No obstante, todo cambio posterior en cuanto al sistema elegido se hará mediante acuerdo entre la Autoridad y el contratista;
d) Se pagará un canon fijo anual desde la fecha de iniciación de la producción comercial. Ese canon se podrá deducir de los demás pagos que se deban conforme al sistema que se adopte en virtud del apartado c). El Consejo fijará el monto de ese canon;
e) El sistema de pagos podrá revisarse periódicamente atendiendo a los cambios de las circunstancias. Toda modificación se aplicará de manera no discriminatoria. Tales modificaciones podrán aplicarse a los contratos existentes sólo a elección del contratista. Todo cambio posterior en cuanto al sistema elegido se hará mediante acuerdo entre la Autoridad y el contratista;
f) Las controversias relativas a la interpretación o aplicación de las normas y los reglamentos basados en estos principios se someterán a los procedimientos de solución de controversias previstos en la Convención.
3. Por lo que respecta a la aplicación del párrafo 2 del artículo 13 del Anexo III de la Convención, el canon correspondiente a la tramitación de solicitudes de aprobación de un plan de trabajo limitado a una sola etapa, sea ésta la etapa de exploración o la etapa de explotación, será de 250.000 dólares de los EE.UU.
SECCIÓN 9. EL COMITÉ DE FINANZAS
3. Los miembros del Comité de Finanzas serán elegidos por la Asamblea y se tendrá debidamente en cuenta la necesidad de una distribución geográfica equitativa y la representación de intereses especiales. Cada grupo de Estados a que se refieren los apartados a), b), c), y d) del párrafo 15 de la sección 3 de este Anexo estará representado en el Comité por un miembro por lo menos. Hasta que la Autoridad tenga fondos suficientes, al margen de las cuotas, para sufragar sus gastos administrativos, se incluirá entre los miembros del Comité a los cinco mayores contribuyentes financieros al presupuesto administrativo de la Autoridad. De allí en adelante, la elección de un miembro de cada grupo se hará sobre la base de los candidatos propuestos por los miembros del grupo respectivo, sin perjuicio de la posibilidad de que se elija a otros miembros de cada grupo.
6. Los miembros del Comité de Finanzas no tendrán interés financiero en ninguna actividad relacionada con los asuntos respecto de los cuales corresponda al Comité formular recomendaciones. No revelarán, ni siquiera después de la expiración de su mandato, ninguna información confidencial que obre en su conocimiento en razón de sus funciones respecto de la Autoridad.
a) Los proyectos de normas, reglamentos y procedimientos financieros de los órganos de la Autoridad y la gestión financiera y administración financiera interna de la Autoridad;
b) La determinación de las cuotas de los miembros para el presupuesto administrativo de la Autoridad conforme a lo previsto en el apartado e) del párrafo 2 del artículo 160 de la Convención;
c) Todos los asuntos financieros pertinentes, incluidos el proyecto de presupuesto anual preparado por el Secretario General de la Autoridad de conformidad con el artículo 172 de la Convención y los aspectos financieros de la ejecución de los programas de trabajo de la Secretaría;
d) El presupuesto administrativo;
e) Las obligaciones financieras de los Estados Partes derivadas de la aplicación de este Acuerdo y de la Parte XI así como las consecuencias administrativas y presupuestarias de las propuestas y recomendaciones que impliquen gastos con cargo a los fondos de la Autoridad;
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Anterior Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (1988)
Siguiente Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces traszonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, de 4 de agosto de 1995

References: artículo 305
 artículo 5
 artículo 305
 artículo 4
 artículo 4
 resolución 
 artículo 305
 artículo 308
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 7
 resolución 
 artículo 153
 artículo 162
 artículo 162
 artículo 170
 artículo 11
 artículo 151
 artículo 162
 artículo 165
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 151
 artículo 160
 artículo 162
 artículo 164
 artículo 171
 artículo 173
 artículo 13
 artículo 160
 artículo 172