Source: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=50081
Timestamp: 2020-04-03 00:50:18+00:00

Document:
La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder[1],aprobada en 1985 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estableció estándares internacionales en materia de víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos (víctimas): acceso a la justicia y trato justo, resarcimiento del daño por ilícitos cometidos por particulares o servidores públicos en el ejercicio de su función, indemnización del Estado cuando no sea suficiente la procedente del inculpado y asistencia a víctimas del delito y abuso de poder por violaciones graves a derechos humanos; asimismo, marcó el inicio de un proceso de reivindicación de sus derechos que continua hasta nuestros días.
Como parte de este proceso, la ONU aprobó en 2005 los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones[2].
Estos principios y directrices prevén en el apartado IX, numeral 15, que la reparación de los daños deberá ser “adecuada, efectiva y rápida…”, así como “proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido”; y en el numeral 18, que ésta podrá adoptar las formas siguientes: “restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”.
Su contenido es coincidente con la jurisprudencia que sobre el tema de reparaciones ha venido emitiendo de manera reiterada la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH), como lo refleja la sentencia de 28 de noviembre de 2018, dirigida y, por tal motivo, vinculante para el Estado Mexicano sobre el caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco[3], donde no fue posible determinar la restitución de los derechos humanos conculcados por la gravedad de la violación y el daño ocasionado, lo que significa restablecer las condiciones en que se encontraban las víctimas antes de ocurridos los hechos, sin embargo, se emitieron medidas de rehabilitación (tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico), satisfacción (publicación y difusión de la sentencia, acto de reconocimiento de responsabilidad y becas de estudio), garantías de no repetición (sensibilización de cuerpos policiales en asuntos de género y creación de un mecanismo para medir la efectividad de las instituciones o políticas implementadas por el Estado para regular y monitorear el uso de la fuerza), indemnizaciones compensatorias a las víctimas (daño material -daño emergente e ingresos dejados de percibir- y daño inmaterial).
De igual manera en 2005, la ONU aprobó el Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad[4], mismos que establecen fundamentalmente, el derecho de las víctimas a conocer la verdad (PRINCIPIO 2), acceso a la justicia como un deber de los Estados (PRINCIPIO 19) y a obtener la reparación del daño (PRINCIPIO 31).
El sentido y fines de estos instrumentos internacionales, compartidos por las naciones que conforman la ONU, los han convertido en un referente y guía en los cambios legales realizados, así como en el diseño e implementación de políticas públicas en materia de víctimas, entre otras latitudes, en México.
En nuestro país, los derechos de las víctimas reconocidos internacionalmente tienen como base constitucional, primordialmente, el artículo 20, apartado C de la Constitución Federal, producto de la adecuación realizada en 2008 que además permitió la creación del Sistema Penal Acusatorio en el que se reconoce el carácter de parte a las víctimas, marco constitucional robustecido con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, misma que incorporó el control de convencionalidad oficioso a cargo de los jueces para verificar la correspondencia de las normas internas con lo estipulado en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano y el principio pro persona como herramienta interpretativa más favorable para los derechos humanos de las personas, así como la obligación insoslayable de reparar las violaciones a derechos humanos[5].
En el ámbito institucional los cambios empezaron a destacar en la década de los 80’s con la creación de las agencias del Ministerio Público especializadas en violencia familiar y delitos sexuales, prosiguiendo con la creación de espacios de atención a víctimas del delito, principalmente, dentro de la estructura de las procuradurías y/o fiscalías de justicia en los ámbitos local y federal.
Este modelo en el que intervienen órganos de procuración de justicia en la atención a víctimas ha sido objeto de diversos cuestionamientos, incluso de las propias víctimas que las perciben como instancias no especializadas, sin embargo, sigue operando en algunas entidades federativas que aún no instalan sus respectivas comisiones de víctimas (Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Sonora), como se muestra en el siguiente cuadro:
[1] La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder, puede consultarse en el siguiente vínculo electrónico:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx
[2] Los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, pueden consultarse en el siguiente vínculo electrónico: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
[3] La sentencia de 28 de noviembre de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dirigida al Estado Mexicano sobre el caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf
[4] El Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad, puede ser consultado en el siguiente vínculo electrónico: http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/onu/lesahumanidad/2005-Principios-actualizados-lucha-contra-impunidad.pdf
[5] Estas reformas constitucionales, pueden ser consultadas en las siguientes direcciones electrónicas:
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo/SAD-07-08.pdf (2008) y http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf (2011)
Estado Ley de Víctimas Última actualización Área que interviene en la atención a víctimas
20 de septiembre de 2016 El Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, prevé en el artículo 6, inciso C, fracción lV, como parte de su estructura orgánica una Dirección de Servicios a Víctimas del Delito; y de acuerdo a lo establecido en el artículo 34, fracción LlX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, corresponde a la Secretaría General de Gobierno: “Organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios de asesoría jurídica a las victimas u ofendidos de hechos delictivos y violación a sus derechos humanos”, lo cual realiza a través de la Dirección General de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos (DGAJAVO).
Ley de Víctimas para el Estado de Baja California
29 de octubre de 2018 La Ley de Víctimas para el Estado de Baja California, regula la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, misma que aún no está operando, se atiende a las víctimas de conformidad con el artículo sexto transitorio del ordenamiento invocado: “La Dirección de Atención a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y demás instancias de procuración de justicia y atención a víctimas, continuarán funcionando hasta en tanto se vayan desahogando todos los procedimientos penales ya iniciados, y asumirán las funciones que esta Ley le encomienda a la Comisión Ejecutiva Estatal”.
La Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, regula la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, misma que aún no está operando, se atiende a las víctimas de conformidad con el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley General de Víctimas vigente: “En tanto las entidades federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de víctimas, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad”.
Guanajuato (2) Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de Guanajuato
La Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de Guanajuato, no regula la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, delega la atención a víctimas en el órgano de procuración de justicia; de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, es la responsable de “atender, orientar, evaluar y asistir a las víctimas u ofendidos de un delito en los términos del marco jurídico aplicable.”
Hidalgo Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Delitos y Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Hidalgo
Última reforma: 11 de diciembre de 2017
La Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Delitos y Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Hidalgo, regula la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, misma que aún no está operando, se atiende a las víctimas de conformidad con el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley General de Víctimas vigente: “En tanto las entidades federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de víctimas, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad”.
Por otra parte, el Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 2 de mayo de 2016, establece en el Artículo 75 lo siguiente: “La Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad es la unidad administrativa responsable de brindar la atención interdisciplinaria a las víctimas y personas ofendidas, dándoles apoyo psicológico, médico, social y jurídico de urgencia…”
La Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca, regula la Comisión Ejecutiva Estatal, misma que aún no está operando, se atiende a las víctimas de conformidad con el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley General de Víctimas vigente: “En tanto las entidades federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de víctimas, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad”.
Ley de Víctimas del Estado de Puebla
Fecha de publicación: 8 de octubre de 2019 (aún no se publica en el Periódico Oficial del Estado de Puebla)
Mediante acuerdo de coordinación y colaboración suscrito en 2018 entre la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, estas instancias se comprometieron a atender integralmente a las víctimas en tanto se crea la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que regulaba la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Puebla.
La Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora, regula la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, misma que aún no está operando, se atiende a las víctimas de conformidad con el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley General de Víctimas vigente: “En tanto las entidades federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de víctimas, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad”.
Por otra parte, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de Sonora, publicado el 2 de mayo de 2017, establece en el artículo 44, fracción l que la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y Asesoría Jurídica estará adscrita al Fiscal General, la cual tiene, entre otras funciones: “Vigilar los derechos de las víctimas del delito a través de los orientadores y asesores jurídicos de primer contacto y de representación dentro del procedimiento penal en aquellos asuntos que intervengan;”
1. Del acuerdo 02/2017 del Fiscal General del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el 3 de julio de 2017, por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de conformidad con la Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido, con un monto de $ 2’100,000, se desprende que éste es administrado por la Dirección de Servicios a Víctimas del Delito de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
2. El acuerdo 1/2016 del Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el 31 de mayo de 2016, establece las directrices para la asesoría jurídica penal a personas víctimas y ofendidas del delito, misma que será proporcionada por ese órgano de procuración de justicia; asimismo, de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2019, publicada en el Periódico Oficial de 26 de diciembre de 2018, se advierte que del presupuesto asignado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato que asciende $2,699’373,370.44, $24’791,883.00 corresponden al rubro de “Administración del Fondo de Atención y Apoyo para las Víctimas y Ofendidos del Delito”.
3. Además, en virtud de que aún no ha sido instalada la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, sigue operando la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de conformidad con el artículo 67 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, publicada el 21 de noviembre de 2015.
Con la expedición de la Ley General de Víctimas (LGV) expedida en 2013 y sus adecuaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo del citado año y el 3 de enero de 2017 de alcance nacional, se establece en México un nuevo modelo de atención a víctimas denominado Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), instancia de formulación de políticas públicas y articulación de esfuerzos institucionales, operado por una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en el ámbito federal y por 32 comisiones estatales de atención integral a víctimas en el orden estatal.
La instalación de la CEAV en 2014 y la expedición del Reglamento de la LGV, así como la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales con motivo de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, fortaleció el orden jurídico que, en el marco de los estándares internacionales, reconoce a las víctimas sus derechos, entre otros, el derecho a recibir ayuda, asistencia, protección, acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, así como su rol protagónico como parte en los procesos penales y administrativos.
Para la aplicación de las políticas públicas emanadas del SNAV y garantizar el cumplimiento de los derechos que se desprenden de la LGV, las comisiones de víctimas en los ámbitos federal y local, deben contar en su estructura con tres pilares que sostienen su operación, a saber: un Registro de Víctimas, Servicios de Asesoría Jurídica Victimal y un Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral (FAARI)., los cuales representan instrumentos centrales de una política pública nacional de atención integral a las víctimas.
A pesar de los avances logrados en materia de víctimas, principalmente normativos, algunos indicadores de victimización, con tendencia al alza en los últimos años, aún evidencian una marcada debilidad institucional, la falta de voluntad política para la generación de consensos a favor de los derechos de las víctimas y una inmensa brecha entre el marco jurídico y su implementación.
Entre tales indicadores, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, con información obtenida en 2018, estima que durante ese año en nuestro país se cometieron 33 millones de delitos que impactaron a 24.7 millones de víctimas, lo cual representa una tasa de 37,807 víctimas del delito por cada 100,000 habitantes
Dicha encuesta también refiere que durante ese periodo, en el 33.9% de los hogares del país, se reportó que al menos uno de sus integrantes fue víctima del delito.
Asimismo, la ENVIPE 2019 revela que la cifra negra de delitos no denunciados a nivel nacional fue de 93.2%, identificando que los principales motivos por los que las víctimas no denuncian son atribuibles a la autoridad y que entre ellos destacan, en un 31.7% la consideración de la denuncia como una pérdida de tiempo y en un 17.4% la desconfianza en la autoridad.
Adicionalmente, de la encuesta se desprende que el porcentaje de personas que considera que la inseguridad y la delincuencia representan los problemas más importantes que afectan a la entidad federativa donde residen, tuvo un incremento significativo, elevándose en un año del 64.5% al 67.2%.
Otro indicador relevante es la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Un análisis sobre el tema realizado en 2019 con datos de 2018 a 21 países de Latinoamérica y el Caribe, por el Centro de Investigación de Crimen Organizado (InSight Crime), muestra que nuestro país alcanza una elevada tasa de 25,8 homicidios por cada 100,000 habitantes, el cual ha ido al alza respecto de los dos años previos (16,2 en 2016 y 22,5 en 2017) sólo por debajo de Venezuela, El Salvador, Jamaica, Honduras, Trinidad & Tobago y Belice, como se observa en el siguiente cuadro:
Venezuela 81,4
Trinidad & Tobago 37,5
Belice 35,9
México 25,8
Guatemala 22,4
Uruguay 11,8
Panamá 9,6
Perú 7,8
Paraguay 5,1
Los antecedentes y el contexto actual expuestos permiten inferir que los esfuerzos institucionales realizados, a partir de la entrada en vigor de la LGV en 2013, para la implementación y operación del SNAV han sido insuficientes y desarticulados, pues en desacato al mandato que deriva de la LGV relativo a que las entidades federativas armonicen su marco normativo y, en consecuencia, pongan en operación la estructura especializada en la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas, sustentada principalmente en los pilares aludidos con antelación, hasta el periodo que se reporta, sólo habían sido creadas la CEAV y 24 Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas:
4. Campeche (1) SI-2014
5. Chiapas (2) NO
9. Ciudad de México SI - 2019
18. Nayarit SI - 2018
20. Oaxaca (3) NO
21. Puebla (4) NO
22. Querétaro (5) SI - 2017
25 Sinaloa SI - 2019
(1) El “Informe sobre el avance en la armonización local de la Ley General de Víctimas (diciembre 2017)” de la CEAV, considera al Instituto de Acceso a la Justicia (INDAJUCAM), regulado por la Ley que establece el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, en vigor a partir del 25 de agosto de 2011, “como similar” a una comisión estatal de atención integral a víctimas.
(2) En el Periódico Oficial del Estado de Chiapas de fecha 31 de diciembre de 2018, se publicó el Decreto No. 033 que prevé la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, de acuerdo a los criterios generales que establece la Ley General de Víctimas, sin embargo, aún no se encuentra en operación.
(3) No obstante que la CNDH emitió la RECOMENDACIÓN 7VG/2017. Sobre violaciones graves a derechos humanos por los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Asunción de Nochixtlán, San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, en el Estado de Oaxaca, a través de la cual efectuó, entre otras, la siguiente recomendación: “Realizar las gestiones necesarias para la puesta en funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, tal como se establece en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Oaxaca, aprobada el 26 de marzo de 2015 y publicada en el Diario Oficial Extra el 7 de mayo del 2015, y enviar a esta Comisión Nacional las constancias que lo acrediten”, aún no ha sido creada.
(4) El 8 de octubre de 2019, el Congreso Local aprobó la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, misma que regula la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y del Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral de acuerdo a los criterios generales establecidos por la Ley General de Víctimas, y mandata prever los recursos presupuestales para cumplir con este propósito en el año 2020.
(5) La Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, establece en el artículo 6 “La Secretaría para el cumplimiento de sus funciones, se integrará por: […] III. La Subsecretaría de Prevención Social y Atención a Víctimas, que contará con las Direcciones siguientes: […] c. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito.”, sin embargo, no responde a la naturaleza jurídica que dispone la LGV de contar con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, de gestión y recursos asignados en el presupuesto de egresos como lo dispone el artículo 84 de la Ley en cita para la CEAV.
Cabe precisar que con relación a 2018, en 2019 sólo se instalaron las Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas del estado de Sinaloa y de la Ciudad de México, y derivado de la reciente armonización del marco jurídico en materia de víctimas en los estados de Baja California, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Oaxaca con la LGV, la instalación de sus comisiones de víctimas se vislumbra para 2020, lo cual la CNDH deberá seguir impulsando.
En ese sentido, este Organismo Nacional, ha advertido que de las 24 entidades federativas que cuentan con comisiones de víctimas, sólo 15 (Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas), han constituido el correspondiente fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de acuerdo a los criterios de la LGV:
1 Chihuahua $50, 000,000.00 Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a Víctimas del Estado de Chihuahua Periódico Oficial del Estado de Chihuahua de 29 de diciembre de 2018, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.
2 Ciudad de México $2,500.000.00 Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito Gaceta Oficial de la Ciudad de México de 31 de diciembre de 2018, Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019.
3 Coahuila $2,221,368.01 Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral Periódico Oficial del Estado de Coahuila de 31 de diciembre de 2018, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.
4 Colima $1,000,000.00 Fondo para la Atención a Víctimas Periódico Oficial del Estado de Colima de 18 de diciembre de 2018, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.
5 Jalisco $26,425,000.00 Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral implementado para la protección de las víctimas del delito Periódico Oficial del Estado de Jalisco de 25 de diciembre de 2018, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.
6 México $36,324,978.00 (Ejercicio fiscal 2017) Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral Sitio web oficial de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México. (consultado el 12 de diciembre de 2019)
7 Michoacán* $930,000.00 Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral S/D
8 Morelos $34,514 (miles) Fondo de Asistencia, Ayuda y Reparación Integral Paquete económico del Estado de Morelos 2019.
9 Nuevo León $3,035,012.00 Fondo de Atención, Auxilio y Protección a las Víctimas Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de 31 de diciembre de 2018, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.
10 Querétaro** S/D Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral S/D
11 San Luis Potosí*** 3,000,000.00 Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
12 Tamaulipas $8,000,000.00 Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas de 25 de diciembre de 2018, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.
13 Tlaxcala**** $277,753.00 Fondo de Ayudas, Asistencia y Reparación de Daños a las Víctimas y Ofendidos Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala de 29 de diciembre de 2017, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.
14 Veracruz $10,000,000.00 Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de 28 de diciembre de 2018, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019
15 Zacatecas $3,000,000.00 Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral Periódico Oficial del Estado de Zacatecas de 31 de diciembre de 2018, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.
* No obstante que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán expidió el ACUERDO CEEAV/PLENO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA/01/2016, por el que se emiten los Lineamientos para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, no se ha previsto en los presupuestos de egresos de esa entidad federativa para los ejercicios 2017, 2018 y 2019 una partida específica para el Fondo; según información proporcionada por la Comisión Local de Víctimas a través de llamada telefónica realizada en 2018, el Fondo ha operado con recursos transferidos del Fondo Auxiliar de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán o del presupuesto asignado a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de esa entidad federativa.
*** El monto de $3,000,000.00 fue proporcionado por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, sin embargo, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, no se contempla esta cantidad, sólo señala un monto general de $40,686,805 para la referida instancia de apoyo a víctimas.
**** En el Periódico Oficial No. Extraordinario, publicado en enero 31 del año 2019, no se observó asignación de cantidad al Fondo de Ayudas, Asistencia y Reparación de Daños a las Víctimas y Ofendidos, para el ejercicio fiscal 2019.
Sobre este desafío del Estado Mexicano, el Informe Temático 1/2019, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, muestra las vicisitudes que ha pasado esa entidad federativa desde 2013, año en que se expidió la LGV, para alcanzar los consensos políticos que permitieran la armonización de la legislación local con el referido ordenamiento y la instalación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, y sobre todo, su fortalecimiento presupuestal para dotar a esa instancia de recursos materiales y humanos, fundamentalmente asesores jurídicos, así como del FAARI -constituido en 2019- a fin de atender las necesidades de las víctimas y garantizar el derecho a la reparación integral del daño, sin embargo, aún no han expedido el Reglamento de la Ley de Víctimas del Estado de Veracruz y tampoco han logrado poner en operación el Sistema Estatal de Atención a Víctimas como instancia de coordinación de políticas públicas, así como de supervisión y evaluación de las acciones emprendidas en esta materia, Sistema Estatal de Atención a Víctimas que se vincula al funcionamiento del SNAV.
Este escenario se ha replicado en otras entidades federativas, las cuales, no obstante que han conseguido instalar la comisión de atención a víctimas, no han constituido el FAARI.
Además, aún hay ocho estados de la República que no han armonizado su legislación estatal con la LGV y tampoco han creado la comisión local como instancia de apoyo a víctimas ni sus instrumentos de operación: registro de víctimas, asesoría jurídica victimal y el FAARI.
Lamentablemente, la situación de incumplimiento en comento, obstaculiza la materialización de los derechos a ayuda inmediata, asistencia, protección, rehabilitación, al acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, entre otros, de las víctimas; imposibilita la evaluación integral y objetiva del modelo de atención establecido en la LGV y, en consecuencia, la identificación de áreas de oportunidad que permitan su perfeccionamiento.
Lo anterior, aleja al Estado mexicano de la posibilidad de solventar las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en el Informe de país, elaborado con motivo de la visita que realizó a México en 2015) consistentes en que se debe “32. Asegurar la implementación de la Ley General de Víctimas y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y estatal. En consulta con organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas, analizar y abordar concretamente las barreras que limiten su efectiva implementación y eliminarlas.”, sobre todo considerando que según datos obtenidos por el periódico El Universal a través de solicitudes de información "... a inicios de 2019 la CEAV contaba con tan sólo 83 asesores jurídicos para atender a 25 mil 797 personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi). Cada experto atiende 105 expedientes y éstos pueden integrar el caso de una sola persona o decenas..."
No obstante, es de reconocer las medidas que la CEAV ha implementado en el intento de sopesar el desequilibrio institucional existente en materia de atención a víctimas, tales como la suscripción de convenios de coordinación con las entidades federativas para apoyar a las víctimas del ámbito local cuando las comisiones de víctimas estatales no cuenten con disponibilidad de recursos, el ejercicio de su facultad de atracción de conformidad con el artículo 88 Bis de la LGV (adicionado con la reforma de enero de 2017) y la creación de 16 delegaciones (actualmente Centros de Atención Integral) en las entidades federativas donde no tenía presencia (alcanzando cobertura en todas las entidades del país) para acercar y ampliar la atención a las víctimas, medidas que en tanto no se hayan creado la totalidad de comisiones de víctimas y fondos estatales habrá que seguir ampliando y fortaleciendo.
Ante el panorama descrito, en el marco de la operación del SNAV, instancia responsable de la política pública nacional en la materia, como lo dispone el artículo 79 de la LGV “…constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas…”, para 2020 resulta apremiante atender los siguientes desafíos:
Debido a que el pleno del SNAV sólo se ha reunido en una ocasión para su instalación el 20 de mayo de 2015, es necesario darle un nuevo impulso, por lo que de conformidad con las Reglas de Organización y Funcionamiento del SNAV, se debe convocar a una próxima sesión y reunirse periódicamente como lo establece el marco jurídico, a fin de impulsar las políticas públicas en materia de víctimas.
Fortalecer el servicio de asesoría jurídica victimal incrementando el número de asesores y enriqueciendo su capacitación, no sólo al interior de las comisiones de atención a víctimas, sino en todas las instancias púbicas que brinden orientación y/o representación jurídica a este grupo de personas de atención prioritaria, a efecto de coadyuvar a que sus derechos sean vigentes y a materializar su derecho de acceso a la justicia.
Exhortar nuevamente a los poderes públicos locales a fin de que impulsen la creación de las ocho comisiones de víctimas faltantes (Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Sonora), así como los 17 fondos de ayuda, asistencia y reparación integral que no se han constituido, para garantizar los derechos que tutela la LGV.
Continuar con el fortalecimiento de las capacidades institucionales, especialmente de las fiscalías y/o procuradurías de justicia, las comisiones de víctimas y las comisiones de búsqueda de personas, para permitir a las víctimas un acceso ágil a la asistencia, apoyo, atención y protección, así como a investigaciones ministeriales exhaustivas y efectivas que garanticen su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño.
Una vez actualizado el Modelo Integral de Atención a Víctimas (MAIV) aprobado en 2015, elaborar el manual que se comprometió realizar en el referido documento para la implementación de los enfoques de derechos humanos, psicosocial y de género, diferencial y especializado desarrollados en materia de atención a víctimas, así como los principios que rigen la reparación integral.
Estrechar los vínculos de colaboración entre instituciones públicas y privadas con competencia en el tema, así como con organizaciones sociales que trabajan esta materia y colectivos de víctimas, con objeto de concertar y realizar acciones conjuntas que propicien mejores resultados en el respeto y observancia de los derechos de las víctimas.
Fortalecer los esfuerzos de coordinación en la prestación de servicios de atención en el ámbito de las respectivas competencias de las dependencias y las entidades que forman parte del SNAV, para prevenir la victimización institucional.
Impulsar un plan nacional de capacitación sobre el MAIV dirigido a los encargados de la atención a víctimas de las instituciones que forman parte del SNAV, para dotarlos de herramientas y buenas prácticas a fin de brindar a las víctimas una atención adecuada.
Promover campañas de difusión y divulgación dirigidas a la sociedad en general sobre los derechos que asisten a las víctimas, así como los mecanismos existentes para su atención y defensa de sus derechos, que propicien una cultura de prevención, respeto y solidaridad con las mismas.
Los 24.7 millones de víctimas de delitos registradas en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, realizada a personas mayores de 18 años que recoge datos del año 2018, requieren información y orientación jurídica respecto de sus derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Víctimas y en los ordenamientos locales en esta materia, así como sobre las instituciones públicas de los ámbitos federal, estatal y municipal, con atribuciones para proporcionarles asistencia, apoyo y acompañamiento, orientados a garantizar la observancia de sus derechos al acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño.
En ese sentido, en materia de promoción de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en el periodo que se reporta se realizaron 54 eventos de promoción sobre derechos de las víctimas en los que se contó con la participación de 3,617 asistentes, entre personas servidoras públicas, estudiantes, representantes de organizaciones civiles, colectivos y familiares de víctimas de los estados de Ciudad de México, Querétaro, Guerrero, México, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Entre las actividades de promoción en comento, destaca el conversatorio Reparación integral del daño en casos de violaciones graves a derechos humanos en México, celebrado a invitación de este Organismo Nacional en el mes de septiembre, dirigido a familiares y colectivos de familiares de personas desaparecidas, con el objeto de reflexionar sobre la reparación integral del daño como un derecho fundamental de las víctimas para quienes su materialización sigue representando un anhelo y que para el Estado mexicano constituye uno de sus más grandes desafíos, y conocer las problemáticas que los familiares de personas desaparecidas han afrontado para acceder a las medidas de restitución, rehabilitación y compensación previstas en las leyes.
Además, ante el alarmante escenario de desaparición de personas en el país, el Programa continuó con las tareas de promoción para difundir y reflexionar sobre la observancia de los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas de tal flagelo, focalizadas principalmente en los siguientes tópicos: Derechos de las personas desaparecidas, Contención emocional para acompañantes y familiares de personas desaparecidas, Herramientas prácticas para la implementación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, Genética para las familias de personas desaparecidas, Taller Psicofísico para acompañantes y familiares de personas desaparecidas; dirigidas en su mayoría a familiares de personas desaparecidas.
Del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas se desprende que en nuestro país hay más de 40,000 personas desaparecidas; del Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México que hizo público la CNDH en el mes de abril del año 2017, se advierte que del 1 de enero de 2007 al mes de septiembre de 2016, de acuerdo a cifras oficiales se localizaron 855 fosas clandestinas, así como que del muestreo hemerográfico realizado con relación al mismo periodo por esta Comisión Nacional, se documentó la existencia de 1,143 fosas clandestinas a las que derivado de la actualización realizada respecto a los meses de enero de 2017 a agosto de 2018 se sumaron al menos 163 fosas más.
Con dichas actividades se ha contribuido a que familiares de personas desaparecidas conozcan las circunstancias en las que sucedieron los hechos; a que se les permita coadyuvar con las autoridades en la búsqueda y localización de sus seres queridos; a que reciban información sobre los resultados de las pruebas de ADN realizadas y contrastadas con los restos óseos localizados en fosas clandestinas ubicadas en distintas entidades federativas y en caso de una identificación positiva, a la restitución de los mismos. Con las revisiones de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación que integran las procuradurías y fiscalías de justicia en los ámbitos federal y local, se busca verificar avances en la investigación de casos de desaparición y, sobre todo, propiciar la participación plena de las víctimas indirectas en las investigaciones, pues como lo ha establecido la CrIDH “la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos”, lo cual tiene como propósito el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad y la reparación del daño. Los datos y resultados de tales actividades se remiten al Programa Especial de Personas Desaparecidas de este Organismo Nacional, instancia a la cual le corresponde el registro y seguimiento de los casos sobre personas desaparecidas, mismos que se detallan en el apartado correspondiente a ese programa.
Además, ante la insuficiencia de los servicios forenses para responder a las necesidades del país en materia de búsqueda, investigación, exhumación e identificación y a fin de impulsar la observancia de las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para fortalecer los servicios forenses y periciales con un mecanismo de asistencia técnica en colaboración con las víctimas, durante 2019, en conjunto con diversas autoridades federales y organismo nacionales e internacionales, se participó en diversas mesas de trabajo para constituir un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el cual fue adoptado por el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas durante el mes de diciembre como un instrumento conformado por personas expertas nacionales e internacionales en procesos de identificación humana, dotadas de autonomía técnico-científica y facultadas para aplicar los estándares nacionales e internacionales y mejores prácticas en la materia que contempla la participación activa y permanente de las y los familiares de personas desaparecidas.
En ese sentido, se efectuaron 248 vinculaciones con instituciones públicas, organizaciones sociales, colectivos y familiares de víctimas, en diversas entidades federativas del país: Ciudad de México, Baja California, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas para concertar acciones conjuntas.
Adicionalmente, se destaca que durante 2019 la CNDH participó en mesas de trabajo, como parte de la Ruta Metodológica para la elaboración del Programa de Atención a Víctimas 2019-2024, así como en el proceso de revisión y actualización del Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV) y del Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS), a convocatoria de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, espacios en los que también participan el Instituto de la Juventud, Instituto Nacional de Desarrollo Social, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaría de Economía, Instituto Nacional de Migración, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otros, integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Por otro lado, es de resaltar que desde noviembre de 2017, esta CNDH trabaja conjuntamente con la Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos y la Coordinación de Procesos Psicosociales y Culturales de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución de educación superior con la que se conformó un “Seminario interinstitucional de atención y acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia y violaciones a derechos humanos”, para el desarrollo de actividades académicas en la materia, en el que participan, a través de reuniones semanales, la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Médicos sin Fronteras, Comité Internacional de la Cruz Roja, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Psicólogos sin Fronteras Mx y el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. En 2018 este grupo interinstitucional de trabajo realizó un ciclo de conferencias sobre esta temática. En seguimiento a dichos trabajos, durante 2019 se inició el diseño de un diplomado, maestría y/o doctorado en las líneas de investigación aludidas para su implementación en el año 2020.
A fin de difundir el contenido y alcance de la Ley General de Víctimas y, en general, del marco jurídico protector de los derechos humanos de las víctimas, sensibilizar a la población en general y coadyuvar en el fortalecimiento de una cultura de respeto y observancia a los mismos, se revisaron y actualizaron 7 materiales de divulgación. Asimismo, se distribuyeron 62,283 materiales entre trípticos, cuadernillos y folletos en diversas entidades federativas del país.
En consecuencia, en el marco del eje relativo a la atención victimológica, en el periodo que se reporta se aperturaron 4,517 expedientes , de los cuales se concluyeron 4,517 que implicaron la atención de 4,656 personas.
PROVÍCTIMA/TEL 118
PROVÍCTIMA/WEB 25
PROVÍCTIMA/SEDE 58
PROVÍCTIMA/VA 4,316
Otras materias 4,441
Penal 76
Víctimas 61
Inculpados 15
En los asuntos de naturaleza penal el 80.26 % fue planteado por las víctimas directas o sus familiares y el 19.74% por los inculpados.
Lo anterior, originó que se proporcionaran 8,930 servicios victimológicos de los que 4,455 fueron orientaciones jurídicas, 49 apoyos psicológicos, 4,389 requerimientos de información y acompañamientos y 37 canalizaciones a instituciones públicas, dirigidas éstas últimas a 151 personas.
Atención jurídica 4,455
Apoyo psicológico 49
Información y Acompañamiento 4,389
Canalizaciones 37
Con estas acciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos participó tanto en el ámbito de la asistencia y apoyo a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos como en la prevención de éstas, al proporcionarles atención psicológica, acompañamiento e información sobre los derechos que les reconoce el orden jurídico nacional y el derecho internacional de los derechos humanos, así como sobre los mecanismos e instituciones existentes para su defensa.

References: artículo 20
 artículo 6
 artículo 34
 artículo 31
 Artículo 75
 artículo 44
 artículo 67
 artículo 6
 artículo 84
 artículo 88
 artículo 79