Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/07/registro-oficial-13-de-julio-del-2000
Timestamp: 2020-07-05 23:11:54+00:00

Document:
Registro Oficial. 13 de JULIO del 2000
Jueves 13 de Julio del 2000
\n 1293 Expídese el Reglamento\n Interno de Contrataciones
\n 022-CG Expídese el Reglamento\n para la presentación y control de la declaración\n patrimonial juramentada
\n 57-2000 Jorge Luis Larrea\n Valdiviezo en contra del Banco del Pichincha S.A.
\n 72-2000 Daniel Antonio Medina\n Alarcón en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil\n
\n 73-2000 Ufredo Molina del\n Rosario en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil
\n 90-2000 Raúl Edelberto\n Moscos Guadamud en contra del Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones
\n 110-2000 Hilda Choez Beltrán contra de\n ENPROVIT
\n 115-2000 Galo Enrique Jácome\n Franco contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil
\n 116-2000 Rocio Fuentes Liberio\n en contra de ECAPAG
118-2000 Santos Wilmer Sarango en contra de Julio\n Delfín Parra
\n 119-2000 Teófilo Adalberto\n Sánchez Zambrano en contra de Envases Ecuatorianos S.A.
\n 122-2000 Adriana Ondina Ramirez\n Quinto contra de Rafael Alberto Reyea Schifferlt
\n 123-2000 Wilson Polivio Veintimilla\n en contra del Municipio del Cantón Pasaje
\n Cantón San Pedro de Huaca: Que reglamenta la administración\n del personal de servidores de la Municipalidad sujetos a la Ley\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa
\n SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA
Que, en el Capítulo XI de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador, publicada en el Registro Oficial,\n Suplemento No. 34 de 13 de marzo del 2000, se establecen reformas\n a la Ley de Contratación Pública, publicada en\n el Registro Oficial No. 501 de 16 de agosto de 1990 y sus reformas;
Que, el artículo 59 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control, establece que en cada entidad del sector\n público, deben existir funcionarios ordenadores de gastos\n y de pagos; y,
EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATACIONES\n DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIAL.
ARTICULO 1. - INTEGRACION. - Constitúyese el Comité\n de Contrataciones del Ministerio de Gobierno y Policía,\n el cual estará integrado de la siguiente forma:
a) Ministro de Gobierno o su delegado, quien lo presidirá;
b) Director de Asesoría Jurídica o su delegado;
c) Dos profesionales que el Ministro de Gobierno y Policía\n designará de entre sus servidores, con formación\n profesional o técnica, acorde con el objeto de la contratación.\n Si no los tuviere, podrá designarlos de fuera de la institución\n sea mediante contrato o si fueren servidores públicos,\n por petición de comisión de servicios; y,
d) Un profesional técnico designado por el Colegio\n Profesional o Federación Nacional a cuyo ámbito\n de actividad corresponda la mayor participación en el\n proyecto, de acuerdo con el valor estimado de la contratación\n y de conformidad con lo establecido en el artículo 18\n del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.
Actuará como Secretario del Comité, el Director\n Administrativo del Ministerio de Gobierno.
ARTICULO 2. - AMBITO. - El Comité de Contrataciones\n conocerá y resolverá, sobre los procesos precontractuales\n para contratar la ejecución de obras, adquisiciones de\n bienes muebles, arrendamiento mercantil con opción de\n compra; y, prestación de servicios no regulados por la\n Ley de Consultoría, que de conformidad con las reformas\n a la Ley de Contratación Pública, constantes en\n la Ley para la Transformación Económica del Ecuador,\n publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 34 de 13\n de marzo del 2000, deban someterse a licitación o concurso\n público de ofertas, sujetándose a las normas de\n la Ley de Contratación Pública, su Reglamento General\n y el presente reglamento.
ARTICULO 3. - CONVOCATORIA. - La convocatoria a los miembros\n del Comité se hará por escrito, por lo menos con\n un día hábil anticipación al de la sesión\n e incluirá el orden del día y los documentos relacionados\n con los asuntos a tratarse.
ARTICULO 4. - QUORUM. - El quórum para las sesiones\n del Comité se establecerá con al menos tres de\n sus miembros, incluido el Presidente. El voto de ellos será\n obligatorio y su pronunciamiento afirmativo o negativo. En caso\n de empate, el asunto se resolverá en el sentido del voto\n del Presidente.
ARTICULO 5. - ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE:
a) Disponer la convocatoria a las sesiones del Comité,
b) Presidir las sesiones del Comité y suscribir documentos\n originados en su seno;
c) Poner en conocimiento del Comité, las consultas,\n aclaraciones y pedidos relacionados con el proceso precontractual;
d) Suscribir, conjuntamente con el Secretario las actas aprobadas\n por el Comité;
e) Velar por el normal y eficaz funcionamiento del Comité\n y cumplir con sus resoluciones; y,
f) Las demás que señale la Ley de Contratación\n Pública, su Reglamento General y las disposiciones de\n este reglamento.
ARTICULO 6. - ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS MIEMBROS:
a) Concurrir a las sesiones a las que fueren convocados;
b) Analizar los informes y emitir sus criterios;
c) Asistir a la apertura de sobres de las ofertas;
d) Participar en las deliberaciones;
e) Votar expresando su pronunciamiento afirmativo o negativo;\n y,
f) Las demás que establezca la Ley de Contratación\n Pública, su Reglamento General y las disposiciones de\n este reglamento.
ARTICULO 7. - ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL SECRETARIO:
a) Preparar conjuntamente con el Presidente, el orden del\n día y los documentos necesarios para las sesiones;
b) Convocar por escrito a los miembros del Comité,\n por orden del Presidente, por lo menos con un día hábil\n de anticipación, anexando la documentación respectiva;
c) Responder del control, registro y archivo de los documentos\n del Comité y guardar la reserva del caso;
d) Redactar las actas de las sesiones del Comité, las\n que para su validez deberán ser suscritas por los miembros\n asistentes;
e) Suscribir las resoluciones adoptadas por el Comité\n y ponerlas en conocimiento de los demás miembros y de\n las dependencias correspondientes;
f) Preparar y distribuir la documentación pertinente\n por disposición del Presidente;
g) Recibir y tramitar la documentación de los procesos\n precontractuales y las ofertas, así como los pedidos de\n aclaración y consultas de los oferentes, y someterlos\n a consideración del Comité;
h) Solicitar los informes y dictámenes de ley en el\n término previsto en el Reglamento General de la Ley de\n Contratación Pública;
i) Grabar el desarrollo de las sesiones y llevar un archivo\n cronológico de las actas de cada sesión; y,
j) Las demás que disponga la Ley de Contratación\n Pública, su Reglamento General, este reglamento y el Comité.
FUNCIONES DEL COMITE DE CONTRATACIONES
ARTICULO 8. - FUNCIONES DEL COMITE:
a) Conocer y aprobar los documentos precontractuales;
b) Fijar el precio de los documentos a que se refiere el artículo\n 22 de la Ley de Contratación Pública, tomando en\n cuenta los costos administrativos, de publicaciones y otros inherentes\n a su elaboración;
c) Convocar de conformidad con la ley y los reglamentos a\n las licitaciones y concursos respectivos;
d) Calificar a los proponentes y sus ofertas;
e) Designar las comisiones técnicas que se requieran;
f) Absolver consultas, aclarar o interpretar los documentos\n precontractuales, para cuyo efecto será de su competencia\n exclusiva solicitar la información y opiniones a los servidores\n de las unidades administrativas o dependencias que estimare pertinentes;
g) Adjudicar los contratos a las ofertas que considere más\n conveniente a los intereses del Ministerio de Gobierno y Policía;\n y,
h) Las demás que establezca la Ley de Contratación\n Pública, su Reglamento General y las contenidas en este\n reglamento.
DE LAS COMISIONES TECNICAS DEL COMITÉ DE CONTRATACIONES
ARTICULO 9. - INTEGRACION. - Para cada proceso precontractual,\n el Comité de Contrataciones designará una Comisión\n Técnica para la evaluación de las ofertas, que\n se conformará con los delegados de la Dirección\n Financiera, Asesoría Jurídica, un técnico\n en la materia y un profesional técnico de fuera del Ministerio\n especializado en el objeto de la contratación. Uno de\n los miembros de la Comisión Técnica, será\n designado coordinador de la misma.
La Comisión elaborará cuadros comparativos de\n las ofertas y un informe con las observaciones que permitan al\n Comité disponer de la información necesaria para\n su adjudicación.
Ningún miembro del Comité podrá integrar\n las comisiones técnicas
ARTICULO 10 - SUJECION A NORMAS TECNICAS. - Las comisiones\n técnicas deberán cumplir las normas establecidas\n en la Ley de Contratación Pública, su Reglamento\n General, bases generales de la Contratación y demás\n disposiciones emanadas del Comité.
ARTICULO II. - SUPERVISION Y CONTROL. - Los documentos precontractuales\n y las ofertas se entregarán al coordinador de la Comisión\n Técnica, cuyos miembros serán responsables de su\n manejo y custodia mientras dure el proceso de elaboración\n del informe respectivo.
DE LOS COMITES DE CONTRATACIONES DE MENOR CUANTIA
ARTICULO 12. - CONSTITUCION. - Constituyese los comités\n de contrataciones de menor cuantía del Ministerio de Gobierno\n y Policía y de las gobernaciones, integrados de la siguiente\n manera:
a) El Subsecretario Administrativo del Ministerio de Gobierno\n y Policía o el Gobernador, o su respectivo delegado, quien\n lo presidirá y tendrá voto dirimente;
b) El Director, Asesor o Jefe del Departamento Jurídico;
c) El Director o Jefe Administrativo; y,
d) El Director o Jefe Financiero.
Actuará como Secretario, el Director Administrativo\n en el Ministerio y el Secretario en las gobernaciones, quien\n se encargará de elaborar las respectivas actas y custodiará\n todos los documentos relativos al proceso de contratación.
ARTICULO 13. - SESIONES. - El Comité sesionará\n con la de sus miembros y sus decisiones se tomarán por\n mayoría absoluta de votos. El voto se consignará\n de forma afirmativa o negativa.
ARTICULO 14. - MONTOS Y CONTRATACIONES:
1. Hasta 500 dólares
El Director Administrativo del Ministerio o Jefe del Area\n Administrativa de las gobernaciones, está autorizado a\n realizar la adquisición o contratación en forma\n directa; no obstante, si dicho funcionario considera pertinente\n podrá solicitar dos proformas.
2. Desde 501 a 1.000 dólares
El Director Administrativo del Ministerio o el Jefe del Area\n Administrativa de las gobernaciones, está autorizado a\n realizar la adquisición o contratación, previa\n la obtención de dos proformas, de las cuales escogerá\n la más conveniente.
3. Desde 1.001 a 5.000 dólares
El Subsecretario Administrativo y los gobernadores son los\n autorizados a la adquisición o contratación, contando\n en forma previa con tres proformas, de las cuales escogerán\n la más conveniente y, de ser necesario, suscribirán\n el contrato correspondiente. También están autorizados\n a realizar adquisiciones o contrataciones menores a 1.000 dólares\n en forma directa.
4. Desde 5.001 a 10.000 dólares
El Comité de Contrataciones de Menor Cuantía\n está autorizado para realizar adquisiciones o contrataciones\n de esta cuantía, de conformidad al siguiente procedimiento:
a) Existirá una petición de un Director de Area\n o Jefe Administrativo al Subsecretario Administrativo o al Gobernador,\n según el caso.
El requerimiento debe contener especificaciones de los bienes\n o servicios necesarios y/o el estudio correspondiente y el presupuesto\n referencial;
b) El Comité se reunirá y determinará\n si es o no procedente atender la petición presentada;\n y,
c) De considerar pertinente la petición, el Comité\n solicitará una certificación de fondos y, de existir\n los mismos, solicitará la presentación de seis\n proformas. Con las presentadas, se analizarán y recomendarán\n la contratación con la oferta más conveniente para\n la entidad. El Presidente del Comité suscribirá\n el contrato correspondiente, previa la presentación de\n las garantías y documentación respectiva.
5. Desde 10.001 hasta la base establecida para el concurso\n público de ofertas del artículo 4 de la Ley de\n Contratación Pública.
El requerimiento debe contener especificaciones de los bienes\n o servicios necesarios y/o el estudio correspondiente y el presupuesto\n referencial.
b) De considerar pertinente la petición, el Comité\n solicitará una certificación de fondos y, de existir\n los mismos, elaborará el modelo de invitación que\n será cursada a un mínimo de seis oferentes. También\n elaborará las bases o instrucciones para los oferentes,\n y demás formularios que sean necesarios para este caso.
c) Dentro de las invitaciones, bases o instrucciones para\n los oferentes se determinará entre otros aspectos, los\n siguientes: Fecha límite y forma de presentación\n de las ofertas.
Documentos que forman parte de la oferta, como son: carta\n de presentación y compromiso; garantía de seriedad\n de la oferta, certificados y más documentos de existencia\n legal y capacidad económica, certificado de la Contraloría\n General del Estado; y, formulario de propuesta; trámite\n a seguirse hasta la adjudicación; forma de evaluar las\n ofertas y proyecto de contrato.
d) Recibidas las ofertas, el Comité conformará\n una Subcomisión de Apoyo de fuera de su seno, para que\n analice las mismas y presente el informe respectivo, el cual\n será analizado por el Comité; quien de ser el caso,\n adjudicará el contrato mediante resolución debidamente\n motivada en la que se determine el nombre del adjudicatario,\n monto y plazo. El Presidente del Comité, suscribirá\n el correspondiente contrato, luego de que el adjudicatario presente\n todas las garantías y requisitos exigidos.
ARTICULO 15. - PROHIBICION DE SUBDIVIDIR CONTRATOS. - El objeto\n de la contratación o la ejecución de un proyecto,\n no podrá ser subdividido en cuantías menores, en\n forma que, mediante la celebración de varios contratos,\n se eludan o se pretendan eludir los procedimientos establecidos\n en la Ley de Contratación Pública, su Reglamento\n General o en este reglamento. La transgresión de esta\n norma será sancionada con la remoción del cargo\n de los funcionarios que tomaren tal decisión, sin perjuicio\n de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
Se entenderá que no existe la antedicha subdivisión\n cuando, al planificar la ejecución del proyecto o revisar\n tal planificación, se hubieren previsto dos o más\n etapas específicas y diferenciadas, siempre que la ejecución\n de cada una de ellas tenga funcionalidad y se encuentre coordinada\n con las restantes, de modo que garantice la unidad del proyecto.
ARTICULO 16. - REGISTRO DE PROVEEDORES. - Para las contrataciones\n a las que se refiere este reglamento, en el mes de enero de cada\n año, la Dirección Administrativa o el departamento\n Administrativo de la Gobernación invitarán a través\n de la prensa a las personas naturales o jurídicas para\n que registren o renueven sus inscripciones como proveedores de\n bienes y de contratistas de obras y servicios. Sin embargo, en\n el transcurso del año se podrá proceder mediante\n invitación escrita directa a la inscripción de\n nuevos proveedores y contratistas.
ARTICULO 17. - PROHIBICION DE INTERVENCION.- En los casos\n en los que participen como oferentes, los cónyuges o parientes\n hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad\n de los miembros de los comités, asesores, comisión\n técnica o de apoyo y demás funcionarios que intervinieren\n en el proceso precontractual, se procederá de conformidad\n con el artículo 21 del Reglamento General a la Ley de\n Contratación Pública.
ARTICULO 18. - RENOVACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS.\n - El Ministerio de Gobierno y Policía en Pichincha y las\n gobernaciones en provincias, podrán volver a contratar\n con la misma persona natural o jurídica que estuviere\n prestando un servicio a la institución, al tiempo en que\n venza el plazo establecido en el respectivo contrato, siempre\n que la cuantía no exceda de US $ 5.000 y el funcionario\n a cuyo cargo se halle la unidad usuaria del servicio justifique,\n bajo su absoluta responsabilidad, la conveniencia de la nueva\n contratación, con un informe técnico y exista la\n disponibilidad financiera correspondiente.
ARTICULO 19. - GARANTIAS. - Previa a la suscripción\n de un contrato o a la recepción de anticipos, el contratista\n deberá rendir garantías, en la forma, condiciones\n y términos señalados en el Capítulo IV del\n Título VI de la Ley de Contratación Pública,\n y dependiendo de su cuantía, se preferirán las\n garantías previstas en los Literales b) y c) del artículo\n 77 de la ley indicada.
ARTICULO 20. - REGISTRO DE GARANTIAS Y NOTIFICACION. - La\n Dirección Financiera en Pichincha y el Departamento Financiero\n o quien haga sus veces en las gobernaciones de provincia, mantendrán\n el registro y la custodia de las garantías otorgadas en\n los contratos y serán responsables de notificar su vencimiento,\n con por lo menos diez días antes de su expiración\n a las áreas encargadas del control de la ejecución\n del contrato.
ARTICULO 21. - RENOVACION Y EJECUCION DE GARANTIAS. - Notificadas\n las áreas responsables de controlar la ejecución\n del contrato, estarán obligadas a requerir al contratista\n la renovación de las garantías o solicitar su ejecución\n a la Dirección Financiera de este Portafolio y al Departamento\n Financiero de las gobernaciones, según el caso.
ARTICULO 22. - FUNCIONARIOS QUE PUEDEN SUSCRIBIR LOS CONTRATOS.\n - Para el caso de licitación y concurso público\n de ofertas, los contratos elaborados por la Dirección\n de Asesoría Jurídica del Ministerio o por el Departamento\n Jurídico de la Gobernación, en su caso, serán\n suscritos por el Ministro de Gobierno y Policía, o por\n los funcionarios que tengan la delegación correspondiente\n otorgada por el Ministro de Gobierno, dentro del respectivo ámbito\n de su competencia.
ARTICULO 23. - PROHIBICION DE CONTRAER OBLIGACIONES Y COMPROMISOS.\n - Ningún funcionario o empleado, podrá contraer\n compromisos o celebrar contratos a nombre del Ministerio de Gobierno\n y Policía, sin que tenga la autorización expresa\n para hacerlo y sin que conste la respectiva asignación\n y certificación presupuestaria.
ARTICULO 24. - PRESUPUESTOS REFERENCIALES - Los departamentos\n encargados de atender los requerimientos institucionales, están\n obligados a determinar el presupuesto referencial, sobre la base\n de los precios reales en el mercado del bien a adquirirse, de\n la obra a ejecutarse o del servicio a contratarse.
ARTICULO 25. - ORDENADORES DE PAGO. - El Director o Jefe Financiero\n serán los ordenadores de pago de las adjudicaciones o\n contratos que se suscriban.
ARTICULO 26. - RESPONSABILIDAD. - Los funcionarios ejecutores\n de pagos; los miembros de los comités, comisiones y ordenadores\n de gastos son personal y pecuniariamente responsables por las\n acciones u omisiones con respecto al cumplimiento de las disposiciones\n legales, reglamentarias e instrucciones internas relacionadas\n con la administración de los recursos financieros públicos.
ARTICULO 27. - RESERVA. - Los miembros de los comités,\n comisiones técnicas y ordenadores de gastos y de pagos,\n guardarán absoluta reserva sobre los documentos y asuntos\n conocidos por ellos.
ARTICULO 28. - AUDITORIA. - La Unidad de Auditoría\n Interna, en las auditorias o exámenes que realice, verificará\n el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento,\n las cuales deben ser observadas obligatoriamente por todos los\n funcionarios y empleados del Ministerio de Gobierno y Policía.
\n ARTICULO 29. - EXCEPCION PARA SOLICITAR MENOR NUMERO DE COTIZACIONES.\n - Cuando por la naturaleza de la adquisición, no pueda\n dirigirse el pedido al número de oferentes señalado\n en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 14, se podrá\n solicitar a un menor número de oferentes.
ARTICULO 30. - NORMAS ESPECIALES. - En caso de existir requerimientos\n de bienes y servicios inherentes a seguridad pública,\n podrán emitirse reglamentos especiales.
ARTICULO 31. - OTRAS NORMAS APLICABLES. - Los comités\n y los ordenadores de gastos y de pagos, según corresponda,\n para el cumplimiento de sus funciones se sujetarán a las\n disposiciones de la Ley de Contratación Pública,\n su Reglamento General, el Reglamento General de Bienes del Sector\n Público, este reglamento y demás normas aplicables.
ARTICULO 32. - DEROGATORIA. - Derógase el Acuerdo Ministerial\n No. 0338 de 23 de marzo de 1999, publicado en el Registro Oficial\n No. 171 de 16 de abril del mismo año; .y, demás\n normas internas que se opongan al presente reglamento.
ARTICULO 33. - VIGENCIA. - El presente reglamento entrará\n en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de\n su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito, a 20 de junio del 2000.
MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA.
Quito, 20 de junio del 2000.
N0 022\n CG
Que el artículo 122 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador, publicada en el Registro\n Oficial No. 1 de 11 de agosto de 1998, ordena que los funcionarios\n de libre nombramiento y remoción, los designados para\n periodo fijo, los que manejan recursos o bienes públicos,\n los miembros de la fuerza pública y los ciudadanos elegidos\n por votación popular, deberán presentar declaración\n patrimonial juramentada, que incluya activos, pasivos y patrimonio\n y la autorización para que de ser necesario, se levante\n el sigilo de sus cuentas bancarias;
Que corresponde a la Contraloría General examinar las\n declaraciones e investigar los casos en que se presuma enriquecimiento\n ilícito; y,
En ejercicio de las facultades que le confieren el inciso\n tercero del artículo 211 de la Carta Política y\n el numeral 8 del artículo 303 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control,
Expedir el siguiente Reglamento para la presentación\n y control de la declaración patrimonial juramentada.
Art. 1. - De los obligados a declarar. - Están obligados\n a presentar una declaración patrimonial juramentada los\n funcionarios de libre nombramiento y remoción; los designados\n para periodo fijo; los que manejan recursos o bienes públicos\n o que están funcionalmente vinculados con los mismos,\n como son los servidores de la Contraloría General del\n Estado en su totalidad, los ciudadanos elegidos por votación\n popular y los miembros de la fuerza pública.
Art. 2. - Presentación de la declaración. -\n Los servidores públicos señalados en el artículo\n anterior, al inicio de su gestión presentarán la\n declaración patrimonial juramentada.
En el caso de los miembros de la fuerza pública realizaran\n la declaración patrimonial juramentada a su ingreso a\n la institución y en forma previa a la obtención\n de ascensos, y a su retiro.
Durante el desempeño de las funciones o dignidades,\n el Contralor General podrá disponer la actualización\n de la declaración patrimonial juramentada.
Las personas a las que se refiere el artículo 1 de\n este reglamento, dentro de 60 días de finalizada su gestión,\n deberán presentar una declaración patrimonial juramentada\n debidamente notarizada en la forma prevista en el artículo\n 4 de este reglamento.
La falta de presentación de la declaración según\n lo dispuesto en este artículo, hará presumir enriquecimiento\n ilícito.
Art. 3. - Recepción de la declaración. - La\n declaración patrimonial juramentada, se realizará\n ante Notario Público, quién conferirá mínimo\n dos copias certificadas. Una de ellas se presentará en\n la respectiva institución y la otra en la Contraloría\n General en la matriz o en las direcciones regionales o delegaciones\n provinciales, de acuerdo con su jurisdicción.
Art. 4. - Contenido de la declaración. - La declaración\n patrimonial se realizará bajo juramento y contendrá\n claramente la siguiente información:
a. Detalle de cuentas de ahorros, cuentas corrientes en dólares\n americanos y en otras monedas, señalando el nombre o razón\n social del depositario, número de cuenta y saldo promedio\n a la fecha de la declaración;
b. Descripción y valor de bienes muebles, incluida\n las obras de arte, colecciones, joyas y otros no específicos.
En el caso de los vehículos, maquinaria y equipos se\n indicará la marca, modelo, número de placas, según\n corresponda;
c. Detalle de las inversiones en papeles fiduciarios y en\n toda clase de títulos valores, con la identificación\n de la institución privada o pública en la cual\n tengan o hayan efectuado dichas inversiones, fecha de la inversión,\n monto invertido y el rendimiento devengado y percibido de esas\n inversiones;
d. Lista de créditos por cobrar con indicación\n de su monto y la identificación de los deudores;
e. Detalle de los bienes inmuebles de propiedad del declarante,\n especificando su ubicación, fecha de adquisición\n e inscripción en el Registro de la Propiedad;
f. Detalle de las obligaciones por pagar, nombre o razón\n social del acreedor, con sus respectivos valores; y,
g. El patrimonio del declarante que resulta de restar del\n valor total de los bienes, valores y derechos (activos) el valor\n total de las obligaciones (pasivos) que debe cumplir.
La información requerida, deberá corresponder\n tanto al patrimonio que mantenga en el país como al del\n exterior.
El declarante autorizará expresamente para que, de\n ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias.
La declaración a que se refiere el presente reglamento\n deberá incluir los bienes de propiedad exclusiva del declarante,\n así como también aquellos pertenecientes a la sociedad\n conyugal que el declarante tenga conformada, sin hacer diferencia\n alguna respecto de quien conste como titular de los bienes o\n responsable de las obligaciones.
Art. 5. - Formulado para la declaración. - La declaración\n juramentada será hecha mediante escritura pública\n que contendrá la descripción del patrimonio según\n el formulario anexo, que se lo considera parte del presente reglamento\n y se lo incorporará como documento habilitante.
Las instituciones proporcionarán al declarante un ejemplar\n del antes mencionado formulario, para que el declarante lo llene\n y lo utilice en la respectiva Notaria.
Art. 6. - Indicios de testaferrismo. - Cuando existan graves\n indicios de utilización de un testaferro, el Contralor\n General o su delegado podrá solicitar declaraciones similares\n a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido\n una función pública.
Art. 7. - Registro y Control. - Para dar cumplimiento a lo\n dispuesto en el articulo 122 de la Constitución Política\n y en armonía con lo previsto en el artículo 3 del\n presente Acuerdo, la unidad administrativa correspondiente de\n la Contraloría General, se encargará del registro\n y del examen de las declaraciones e investigará los casos\n en que se presuma enriquecimiento ilícito.
Art. 8. - Presunción de enriquecimiento ilícito.\n - La Contraloría General examinará las declaraciones\n patrimoniales presentadas. Si del examen de éstas se estableciere\n un incremento no justificado en el patrimonio, concederá\n al declarante 60 días para justificar dicho incremento;\n si no lo justificare, la Contraloría General presumirá\n enriquecimiento ilícito y comunicará el particular\n al Ministerio Público para el trámite procesal\n penal respectivo. En igual forma procederá si la persona\n que cesare en su cargo o función no entregare la declaración\n al finalizar la misma, habiendo transcurrido 60 días.
La Contraloría General, de ser necesario, solicitará\n a la Superintendencia de Bancos la información de las\n cuentas bancarias de las personas cuyas declaraciones sean sujetas\n a examen, así como también a cualesquier otra institución\n del sector público o privado que se requiera para tal\n propósito.
Disposición Transitoria. - Las personas designadas\n en el artículo 1 de este reglamento que no hubieren hecho\n la declaración hasta la presente fecha, tendrán\n 30 días contados a partir de la promulgación de\n este reglamento en el Registro Oficial, para presentar dichas\n declaraciones.
Art. Final. - El presente reglamento regirá a partir\n de la fecha de su promulgación en el Registro Oficial.
Dado en el despacho del Contralor General del Estado, en la\n ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 5\n de julio del 2000.
Dictó y firmó el acuerdo que antecede el señor\n doctor don Alfredo Corral Borrero, Contralor General del Estado,\n en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a los cinco días del mes de julio del año dos mil.\n - Certifico.
(Anexo 13JLT1;2)
No. 57\n - 2000
ACTOR: Jorge Larrea Valdiviezo.
\n DEMANDADO: Banco del Pichincha.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL
Quito, 17 de mayo del 2000; las 11h20.
VISTOS: En la causa laboral propuesta por el señor\n Jorge Luis Larrea Valdiviezo en contra del Banco del Pichincha\n S.A., sucursal Manta, su Gerente Regional, Ing. Eduardo Sandoval\n Córdova, interpuso a fs. 7, 8 y 9 del cuaderno de segundo\n nivel, recurso de casación, que le fuera negado por el\n Tribunal de Alzada por improcedente. Ante aquella mayoritaria\n negativa, el Ing. Sandoval Córdova, amparado en la Ley\n de Casación, interpuso recurso de hecho, por lo que, han\n subido sin ningún otro trámite, los autos a la\n Corte Suprema de Justicia; correspondiendo ahora, resolver lo\n principal; por ello, se considera: PRIMERO. - La competencia\n y el conocimiento de la presente causa por parte de la Segunda\n Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia,\n viene dada por la Constitución y la ley, respetando desde\n luego, el sorteo de ley practicado, cuya razón antecede.\n - SEGUNDO. - Amparado en la ley de la materia, el recurrente\n sostiene que el Tribunal superior infringió las siguientes\n normas de derecho: Arts. 117, 119, 120 y 121 del Código\n de Procedimiento Civil; Arts. 219, 267 y 592 del Código\n del Trabajo; y Arts. 1 y 2 del Octavo Contrato Colectivo de Trabajo\n suscrito entre el Banco del Pichincha S.A., y sus trabajadores.\n Fundamenta su acción en las causales la. y 3a. del Art.\n 3 de la Ley de Casación. TERCERO. - Estudiado con detenimiento\n el recurso, su contenido, se centra fundamentalmente, a manifestar\n que la Sala de Alzada no valoró adecuadamente las pruebas\n aportadas por el recurrente dentro del proceso; entre las cuales,\n menciona que el acta de finiquito no fue impugnada en su oportunidad,\n en ella, quedó pendiente el pago de los valores de jubilación\n patronal que más adelante fueron cumplidos por el banco;\n no se ha tomado en consideración la copia original del\n cálculo de la pensión jubilar patronal de fs. 56y\n 57; el original del cheque de gerencia No. 024673 de fs. 52;\n lo que señalan los Arts. 219 a 223 y 611 del Código\n del Trabajo que expresamente a fs. 60 reproduce como pruebas\n de su parte; la confesión judicial rendida por el demandante\n (fs. 68 y 69) en lo que tiene que ver con las preguntas 5 y 7;\n y, la inspección judicial de fs. 66 y 67 del cuaderno\n de primera instancia. CUARTO. - En función de lo anotado,\n es necesario el análisis del documento de fs. 53, 54 y\n 55; en él, no constan los rubros pormenorizados de acuerdo\n con el Art. 592 del Código del Trabajo, pues, ni siquiera\n existe el sueldo base con el que se liquidaron los haberes; incluso,\n del texto de la cláusula décima se establece que\n dicho documento no tiene la calidad de acta de finiquito sino\n de acta transaccional, a tal extremo que se solicita al Inspector\n del Trabajo que la apruebe mediante sentencia para que surta\n el efecto de cosa juzgada de última instancia, más\n aún, de la lectura de la cláusula décima\n primera se comprueba que no fue suscrita ante el Inspector del\n Trabajo, al exponer su voluntad de "reconocer firma y rúbrica,\n previamente a que usted Señor Inspector dicte la sentencia\n respectiva.". QUINTO. - En lo que concierne al despido intempestivo\n demandado por el actor, éste se verifica plenamente con\n el reconocimiento expreso hecho por el demandado en sus cláusulas\n primera y sexta, en donde, se deja de manifiesto la decisión\n unilateral del banco al terminar las relaciones laborales con\n el actor. En consecuencia, la Cuarta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Portoviejo, ha actuado con total sujeción\n a las normas y preceptos laborales. - Por lo expuesto, esta Sala,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, confirmando en todas sus partes la sentencia subida\n en grado, rechaza por improcedente el recurso interpuesto por\n la parte demandada; ordenándose además que se entregue\n a la parte actora el valor total de la caución, en concordancia\n con el Art. 17 reformado de la Ley de Casación. Notifíquese\n y devuélvase.
Fdo.) Dres. Camilo Mena Mona, Julio Jaramillo Arizaga, Teodoro\n Coello Vázquez, Ministros.
f.) Dr. Julio Arrieta Escobar, Secretario Relator. Es fiel\n copia del original.
No. 72\n - 2000
\n ACTOR: Daniel Medina Alarcón.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA\n DE LO LABORAL Y SOCIAL
Quito, mayo 8 del 2000; las 11h40.
VISTOS: Antonio Xavier Aguirre Medina, por los derechos que\n representa en su calidad de Gerente General de Autoridad Portuaria\n de Guayaquil, interpone recurso de casación de la sentencia\n dictada por los ministros de la Quinta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Guayaquil, confirmatoria en sus términos\n de la emitida por el Juez Primero del Trabajo del Guayas, dentro\n del juicio laboral seguido en contra de esa empresa por Daniel\n Antonio Medina Alarcón. Para resolver, esta Sala, previamente\n realiza las siguientes consideraciones: PRIMERO: Por así\n disponerlo la Constitución y la ley, ha correspondido\n a esta Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema\n de Justicia, el conocimiento y resolución del presente\n juicio, previo el sorteo de ley practicado, cuya razón\n antecede. - SEGUNDO: El recurso extraordinario de casación,\n debe sujetarse a ciertas formalidades propias determinadas por\n la ley de la materia, por tal motivo, el recurrente ataca la\n sentencia de la Sala de Alzada, aduciendo que ella mal interpreta\n el Art. 95 del Código del Trabajo al considerar que la\n demandada debe pagar rubros contenidos en la cláusula\n 78 del Segundo Contrato Colectivo Unico de Trabajo celebrado\n entre Autoridad Portuaria de Guayaquil y sus trabajadores. Además\n invoca los Arts. 19 de la Ley de Casación en relación\n con el 592 del Código del Trabajo que, estima no han sido\n debidamente aplicados. Fundamenta su recurso en las causales\n 2ª y 3ª del Art. 3 de la Ley de Casación. -\n TERCERO: Examinada la sentencia recurrida con sujeción\n al recurso planteado en relación con los autos, se determina\n lo siguiente: 1. - Dada la situación planteada, resulta\n fundamental, en primer término referirse a la impugnación\n que formula la parte demandada, basándose en el Art. 19\n de la Ley de Casación, en su segundo inciso, en relación\n con la norma contenida en el Art. 592 del Código del Trabajo.\n Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en múltiples\n fallos ha establecido y resuelto que, las actas de finiquito\n aunque cumplan con ciertas formalidades previstas en la ley,\n pueden ser impugnadas cuando de su texto se colija que no hay\n suficiente claridad que demuestre que, se han reconocido y respetado\n todos los derechos que le correspondan al trabajador, según\n las normas del propio Código, y las estipuladas en la\n contratación colectiva. Sentado este antecedente, y analizada\n dicha acta de finiquito que obra de fjs. 4 y 5, se encuentra\n que, si bien se hace constar que fue celebrada ante el Inspector\n del Trabajo, y en ella se detallan los diferentes rubros tanto\n de derechos adquiridos, como de indemnizaciones que se pagan\n por el despido intempestivo; y, además, si bien se deja\n constancia que el Sr. Daniel Medina Alarcón, ha percibido\n la cantidad de S/. 278.875,oo como sueldo orgánico mensual,\n a continuación se expresa siendo su remuneración\n promedio mensual S/. 1'116.934,oo"; sin especificarse con\n qué rubros se obtuvo esa cifra; y además, no se\n concreta si se contemplaron todos aquellos que conforman la remuneración,\n según el Segundo Contrato Colectivo de Trabajo, a fin\n de que el juzgador pueda verificar si se respetaron los derechos\n del trabajador, por consiguiente procede la impugnación\n formulada por el actor en su demanda; 2. - La otra inconformidad\n del recurrente, se centra en lo relacionado con el pago del "Bono\n de Comisariato", ordenado tanto en primera como en segunda\n instancias, basándose en la interpretación dada\n al Art. 78 del Segundo Contrato Colectivo Unico celebrado entre\n Autoridad Portuaria de Guayaquil y sus trabajadores, pues, al\n entenderlo como parte integrante de la remuneración, se\n ha violentado el Art. 95 del Código del Trabajo, ya que,\n es un beneficio de carácter social. Dicha cláusula\n contractual (fs. 6 a 85), hace referencia en su primera parte\n al Bono de Comisariato, en ella, se estipula que cada empleado\n o trabajador recibirá mensualmente de parte de la empleadora\n el cupo de compra respectivo, "... que le será asignado\n sin costo alguno por parte de la Empleadora, ...", luego,\n más adelante en el literal a) fija la cantidad a recibir\n por cada empleado o trabajador, en la especie, correspondía\n al trabajador recibir mensualmente por concepto de Bono de Comisariato,\n la cantidad de S/. 241.920,oo que resulta de la suma de S/. 201.600,oo\n (por tener 5 cargas familiares), más el 20% de incremento\n pactado en la contratación colectiva; y, 3. - El recurrente\n en su escrito contentivo del recurso (fs. 10 a 13 del cuaderno\n de segundo nivel). fundamenta su inconformidad aduciendo que\n el Bono de Comisariato en los términos del 2do. numeral\n de la cláusula 78 "... será descontado de\n la remuneración que reciba aquel en el mes posterior...".\n Esto no es cierto, pues, en el texto de la parte segunda de la\n cláusula 78 se dice que: "Aparte de los referidos\n en el numeral 1) que antecede, la Empleadora otorgará\n órdenes de compra a favor de sus Empleados o Trabajadores,..."\n "... Estas órdenes de compras tendrán un valor\n de hasta el 40% del sueldo o salario básico que perciba\n mensualmente el respectivo empleado o trabajador, que será\n descontado de la remuneración que reciba aquél\n en el mes posterior,...". De lo anotado, claramente se deduce\n que el descuento mensual se lo hacía de las órdenes\n de compra utilizadas por el trabajador, no así del bono\n de comisariato, que como se ha analizado, debió considerarse\n como parte de la remuneración, por tener el carácter\n de normal en la empresa, para efectos del pago de la indemnización\n a la que tiene derecho, y en la cantidad de S/. 241.920,oo que\n debió al momento de liquidarse, sumarse a la remuneración\n de S/. 1'116.964,oo con la que se efectuó la liquidación.\n Además, la Sala ha tomado en cuenta el alegato en derecho\n presentado por la empleadora, el que, a fs. 155 y 156 del cuaderno\n de primer nivel, sostiene que el bono de comisariato era"...un\n beneficio de orden social, que el Art. 95 del Código del\n Trabajo lo excluye en su segundo inciso como parte de la remuneración,\n con lo que demuestro que no era otra retribución, sino\n que Autoridad Portuaria de Guayaquil, por medio de su comisariato\n daba un servicio que representa un beneficio de orden social\n a sus trabajadores y empleados, para que ellos retiren víveres\n de primera necesidad totalmente subsidiados, sin ningún\n costo para ellos", (el subrayado es de la Sala), con lo\n que, está reconociendo en forma expresa, precisamente\n que, aquella entrega constituye una forma de retribución\n o pago, pues, en la primera parte del artículo 95, se\n determina que "se entiende por remuneración todo\n lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios, o en especies,\n en forma normal y permanente; por consiguiente, forma parte de\n la remuneración. Este es el caso de un pago efectuado\n tanto en dinero, como en especies. - Por lo expuesto, esta Sala,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, rechaza por improcedente el recurso de casación\n interpuesto, confirmando en todas sus partes la sentencia venida\n en grado. - Notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Camilo Mena Mena, Julio Jaramillo Arízaga.\n Teodoro Coello Vázquez, Ministros.
f) Dr. Julio Arrieta Escobar, Secretario Relator.
ACTOR: Ufredo Molina del Rosario.
Quito, junio 6 del 2000; las 15h00.
VISTOS: Antonio Xavier Aguirre Medina, Gerente General de\n Autoridad Portuaria de Guayaquil, por los derechos que de ésta\n representa, inconforme con la sentencia de mayoría, pronunciada\n por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil,\n que reforma la sentencia venida en grado, en el juicio de trabajo\n que tiene entablado Ufredo Molina del Rosario, dedujo en tiempo\n oportuno recurso de casación, accediendo por esta razón\n la causa a análisis y decisión de éste Tribunal,\n que para hacerlo por ser el momento procesal, formula las siguientes\n consideraciones: PRIMERA: Esta Segunda Sala de lo Laboral y Social\n es competente para resolver el recurso, al tenor de las disposiciones\n constitucionales y legales vigentes, así como por el sorteo\n correspondiente que consta de autos. SEGUNDA: La demandada (hoy\n recurrente) ataca el fallo materia de este recurso aduciendo\n que en él se han infringido los artículos 95, 592\n del Código del Trabajo, 19 de la Ley de Casación;\n y las cláusulas 78 y 84 del Primer Contrato Colectivo\n de Trabajo celebrado entre Autoridad Portuaria de Guayaquil y\n sus trabajadores, invocando como causales en las que se fundamenta\n la segunda y tercera de la Ley de Casación. TERCERÍA:\n Del análisis del escrito contentivo del recurso de casación,\n se infiere que Autoridad Portuaria de Guayaquil, formula en contra\n de la sentencia dictada por el Tribunal a quem dos aspectos:\n 1) Que la resolución del Tribunal de Alzada manda a pagar\n los rubros contenidos en las cláusulas 78 y 84 del Primer\n Contrato Colectivo de Trabajo, cuando éstos, no constituyen\n parte de la remuneración normal que percibía el\n trabajador, configurándose por lo tanto, a decir de la\n recurrente una "mala interpretación del artículo\n en referencia"; y, 2) Que así mismo, la sentencia\n impugnada desconoce las disposiciones de los artículos\n 19 de la Ley de Casación, en relación con el 592\n del Código del Trabajo, aduciendo "errónea\n interpretación de los preceptos jurídicos aplicables\n a la valoración del acta de finiquito". CUARTA: En\n relación al primer aspecto de estudio para este Tribunal,\n se señala lo siguiente: a) El pago de la cláusula\n 78 del Primer Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre las\n partes, ordenado en la resolución que se impugna, no forma\n parte de la remuneración mensual que percibía el\n trabajador, pues se trata de un beneficio de orden social que\n debe exceptuarse de dicha remuneración, puesto que la\n cláusula en controversia claramente dispone que "cada\n empleado o trabajador recibirá mensualmente de la Empleadora\n el cupo de compra que respectivamente le corresponda...",\n y el numeral segundo de esta cláusula establece que los\n valores por las adquisiciones de los productos le serán\n descontados al trabajador de la remuneración que éste\n perciba en el mes posterior a la compra realizada, de lo que\n se colige que el Tribunal de Alzada interpretó erróneamente\n la cláusula que se impugna. b) En lo referente a la objeción\n del pago de la cláusula 84 del tantas veces mencionado\n contrato colectivo, este Tribunal observa que no existe el vicio\n de errónea interpretación aducido por la recurrente,\n por cuanto este rubro sí forma parte de la remuneración\n normal del trabajador, ya que del texto mismo de la cláusula\n aparece que "el Empleador conviene en conceder anualmente\n a todos sus trabajadores en las fechas que se indican las gratificaciones\n anuales.." de donde se concluye que sí forma parte\n de la remuneración para el cálculo de la liquidación\n de los otros rubros, pero sin embargo de ello, debe tomarse en\n cuenta tan solo la doceava parte de dicha cantidad, y no la gratificación\n total, es decir se deben reliquidar los rubros pertinentes con\n un incremento de 27.559,375 sucres. QUINTA: En cuanto a la segunda\n pretensión formulada por la recurrente, es decir a la\n existencia de "errónea interpretación de los\n preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n del acta de finiquito" por cuanto ésta no debía\n haber sido impugnada ya que cumplía con los presupuestos\n determinados en el artículo 592 del Código del\n Trabajo, este Tribunal manifiesta y reitera que aunque las actas\n de finiquito cumplan con las formalidades previstas en la ley,\n pueden ser impugnadas cuando de su contenido se concluya que\n no se han reconocido los derechos que le correspondan al trabajador,\n además cabe recalcar que cada proceso tiene su propia\n individualización. Con tales consideraciones, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se casa parcialmente la sentencia en los términos del\n considerando cuarto de este fallo. Notifíquese y devuélvase.
Certifico. - f) Dr. Julio Arrieta Escobar, Secretario Relator.
No. 90\n - 2000
ACTOR: Raúl Moscoso Guamud.
\n DEMANDADO: M.O.P.
Quito, mayo 8 del 2000; las 10h00.
VISTOS: El Ing. José Macchiavello Almeida, en su calidad\n de Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, inconforme\n con la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Portoviejo, que es confirmatoria de la de primera\n instancia, en el juicio incoado por el señor Raúl\n Edelberto Moscoso Guadamud, interpone recurso de casación.\n Encontrándose la causa en estado de resolver, se considera:\n PRIMERO. - La competencia de esta Sala para resolver sobre el\n recurso interpuesto, se halla establecida en el Art. 200 de la\n

References: artículo 59
 artículo 18
 artículo 4
 resolución 
 artículo 21
 artículo 14
 artículo 122
 artículo 211
 artículo 303
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 1
 resolución 
 artículo 95
 resolución 
 resolución 
 artículo 592