Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/cto_pgn_0000055_2017.html
Timestamp: 2019-08-23 08:45:01+00:00

Document:
Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [CONCEPTO_PROCURADURIA_0000055_2017]
CONCEPTO 55 DE 2017
Ref.: Remisión consulta recibida el 30 de marzo de 2017.
Este despacho recibió la petición de la referencia, enviada a través de la División de Registro, Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, por la cual solicita se proceda a absolver la siguiente consulta:
¿Los personeros municipales y Distritales tienen poder preferente respecto de la administración municipal o distrital, ello significaría que pueden ésta iniciar, proseguir o remitir, así como asumir el conocimiento de las investigaciones que adelanten los organismos de control interno?
¿Están facultadas las personerías Municipales y Distritales haciendo uso de la prerrogativa mencionada en el párrafo anterior, para remitir a la oficina de control interno disciplinario de la Entidad Territorial queja o investigación que a su vez fuera remitida a la Personería por la Procuraduría Provincial con el fin de que sea la OCID de la entidad quien asuma la investigación?
¿Puede hacerlo en cualquier etapa?
El Congreso de la República de Colombia, mediante la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, expidió el Código Disciplinario Único, donde se indicó en el artículo 1o que la potestad disciplinaria está en cabeza del Estado, de igual forma estableció en el artículo 2o que la titularidad de la acción disciplinaria corresponde a las Personería Distritales y Municipales y a las Oficinas de Control Disciplinario Interno, quienes conocerán de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias; y de otra parte dispuso en el artículo 3o, respecto del poder disciplinario preferente, que quien lo ejerce es la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales y distritales, frente a la administración.
Además de lo anterior, el legislador estableció en el artículo 76 del Código Disciplinario Único, que todas las entidades del Estado deben contar con una oficina del más alto nivel, cuya estructura garantice la doble instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores, y expresa que si no es posible garantizar la doble instancia, el asunto deberá ser asumido por la Procuraduría General de la Nación[1].
Luego de realizar un breve recuento de la normatividad que regula el ejercicio de la potestad disciplinaria, resulta necesario traer a colación el contenido de la sentencia proferida por la Corte Constitucional[2], en la que se dejó claro que el control disciplinario interno en primera instancia compete a una oficina especializada, que debe investigar la conducta de los servidores de la respectiva entidad por mandato expreso de la ley, en los siguientes términos:
En conclusión, las oficinas de control interno disciplinario organizadas en forma independiente, autónoma y especializada para el ejercicio de la función pública discernida, tienen competencia para investigar a todos los servidores adscritos a su entidad u organismo, excepto al nominador, sin que esto interfiera con el poder preferente disciplinario en cabeza de la Procuraduría General de la Nación o las personerías municipales o distritales, quienes podrán remitir, adelantar o asumir la averiguación disciplinaria, si así lo consideran prudente.[3]
De lo dicho en precedencia y en relación con el papel que ejercen las personerías municipales y distritales, como agentes del ministerio público, se debe aclarar que estas dependencias tienen la posibilidad de ejercer el poder preferente exclusivamente en relación con las oficinas de control disciplinario interno de la administración estatal en el nivel municipal o distrital, sin perjuicio del papel preponderante y principal que pueda asumir la Procuraduría General de la Nación aún sobre esos mismos casos respecto de los cuales las personerías hayan empleado la competencia preferente.
Ahora, en el evento en que la Procuraduría General de la Nación o las personerías distritales y municipales no hagan uso de la prerrogativa que les concede la Carta Política y la ley disciplinaria para asumir directamente el conocimiento de una actuación, sino que por el contrario dispongan de su remisión a las oficinas de control disciplinario interno, se debe indicar que ello obedece a la facultad entregada en el artículo 3o de la Ley 734 de 2002, en donde se indica que, en virtud de la potestad disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación y las personerías, mediante decisión motivada, de oficio o a petición de parte, se podrán desprender del conocimiento de un proceso disciplinario para remitirlo a las oficinas de control disciplinario interno de la respectiva entidad.
Es importante señalar que la Procuraduría General de la Nación, mediante la Resolución 346 de 2002, por medio de la cual se regulan las competencias del ejercicio del poder preferente de la entidad y de su intervención como sujeto procesal, estableció unos criterios para reglamentar su ejercicio al interior de la entidad, en los siguientes términos:
Las personerías municipales como parte del Ministerio Público, pueden ejercer el poder preferente para asumir el conocimiento de los asuntos disciplinarios que cursan en las oficinas de control disciplinario interno de la administración estatal en el nivel municipal o distrital; a su vez, cuando no consideren necesario ejercer dicha potestad, podrán remitir las diligencias a la «oficina del más alto nivel» de la administración pública a cargo del juzgamiento disciplinario de sus servidores, sin que ella pueda enervar u oponerse a tal determinación por ese sólo hecho.
Se podrá hacer la remisión de asuntos disciplinarios a las oficinas de control disciplinario interno– OCDI, siempre y cuando sea razonablemente seguro que el órgano de control interno manejará el proceso con idoneidad, eficacia, transparencia e imparcialidad; ya que, si se evidencian circunstancias que no permitan el debido ejercicio de la función pública disciplinaria, nace la obligación para la personería distrital o municipal de asumir el proceso, de acuerdo a sus reglas de competencia, con el fin de alcanzar verdaderos contenidos materiales de justicia.[4]
La ley disciplinaria indica que, sin importar el estado de la actuación, en desarrollo del poder preferente, se podrá iniciar, asumir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas. Ahora bien, se aconseja no hacer la remisión de actuaciones disciplinarias que cursen en las personerías municipales y distritales en aquellos eventos en los que se evidencie riesgo de prescripción o caducidad de la acción disciplinaria.
De otro lado, se recomienda analizar la conveniencia de ejercer el poder preferente respecto de una actuación, siguiendo los criterios establecidos en el artículo sexto de la Resolución 346 de 2002, a efectos de fundamentar la decisión de remisión en razones objetivas que propendan por la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.
C- 055 - 2017
Proyectó GACC.
Identificador Único de Relatoría 26818.

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 76
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución