Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25839
Timestamp: 2019-12-16 12:24:15+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 7/2019
SENTENCIA 7/2019, de 17 de enero
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, Magistrados, ha pronunciado
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 29 de septiembre de 2017, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 6 [en cuanto introduce el artículo 411.10.3 b) del libro cuarto del Código civil de Cataluña], 8 (en cuanto introduce el artículo 421.24.1 del libro cuarto del mismo Código), 10 y 11 y la disposición final primera de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Código civil de Cataluña. El Abogado del Estado invocó el artículo 161.2 CE y el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) a fin de que se produjese la suspensión de los preceptos legales impugnados.
El artículo 147.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) establece que corresponde a la Generalitat de Cataluña la competencia ejecutiva en materia de notarías y registros públicos de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. Esta competencia autonómica de ejecución en cuanto a la ordenación de los instrumentos o registros públicos de derecho privado consiste, según la doctrina constitucional (STC 31/2010, de 28 de junio), en una posibilidad de aplicación o de plasmación de los criterios que fije la legislación —en sentido material— estatal, la cual podrá tener el grado de exhaustividad que resulte procedente, tanto en la determinación de los criterios de ordenación de los registros cuanto en el ámbito de las medidas de coordinación.
El artículo 6 de la Ley 10/2017 añade el artículo 411-10 al libro cuarto del Código civil de Cataluña. El artículo 411-10.3 b), al que se constriñe la impugnación del recurso de inconstitucionalidad, prevé que las voluntades digitales se pueden ordenar por el interesado mediante “un documento que debe inscribirse en el registro electrónico de voluntades digitales”, si no ha otorgado disposiciones de última voluntad (testamento, codicilo o memoria testamentaria). Este precepto configura una situación jurídica personal mortis causa que se hace descansar en la sustantividad jurídica del registro electrónico de voluntades digitales, vulnerando así la competencia exclusiva del Estado del artículo 149.1.8 de la CE.
El artículo 8 de la Ley 10/2017, añade el artículo 421-24 al libro cuarto del Código civil de Cataluña. El apartado 1 del artículo 421-24, al que se ciñe la impugnación del recurso de inconstitucionalidad, permite que la designación de la persona física o jurídica encargada de ejecutar las voluntades digitales del causante se haga, en defecto de testamento, codicilo o memoria testamentaria, mediante un “documento de voluntades digitales”, que “debe inscribirse en el registro electrónico de voluntades digitales”. De este modo resulta, según se sostiene en el recurso, que la inscripción en ese registro autonómico de los documentos de voluntades digitales posee eficacia constitutiva de la relación misma de derecho sustantivo subyacente, en todo su alcance. La inscripción del documento de voluntades digitales en el registro produce efectos civiles, pues otorga eficacia jurídica a las previsiones del causante, en orden a disponer de sus voluntades digitales, del mismo modo que si hubiera manifestado sus últimas voluntades digitales por medio de testamento, codicilo o memoria testamentaria. Se vulnera así de nuevo la competencia exclusiva estatal en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos de derecho privado (art. 149.1.8 CE).
3. Por providencia de 17 de octubre de 2017 el Pleno del Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo, se acordó tener por invocado el artículo 161.2 CE, lo que, conforme dispone el artículo 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley impugnada desde la fecha de interposición del recurso para las partes del proceso y, para terceros, desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el “Boletín Oficial del Estado”. Por último, también se ordenó publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña”.
4. Por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 2 de noviembre de 2017, el Presidente del Senado comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse y ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. Otro tanto hizo la Presidenta del Congreso de los Diputados, mediante escrito registrado en este Tribunal el 13 de noviembre de 2017.
5. Por providencia de 15 de noviembre de 2017 el Pleno del Tribunal, con el fin de evitar un eventual conflicto en la defensa de los intereses del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña, acordó suspender el plazo para que el Gobierno de Cataluña pueda personarse y formular alegaciones en el presente recurso, en tanto el Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, ejerza las funciones y competencias que corresponden a la Generalitat de Cataluña.
Insiste la Letrada del Parlamento de Cataluña en que el registro electrónico de voluntades digitales creado por el artículo 10 de la Ley 10/2017 es un registro administrativo, por lo que no invade la competencia del Estado sobre “la ordenación de los registros e instrumentos públicos” (art. 149.1.8 CE), que se refiere a los registros jurídicos, no a los meramente administrativos. El hecho de que el registro electrónico de voluntades digitales se regule en una ley que modifica el Código civil de Cataluña no convierte a dicho registro administrativo en un registro civil o jurídico, puesto que no se le atribuye ninguna de las notas que caracterizan a estos, como es su presunción de integridad o la oponibilidad frente a terceros.
7. El Pleno del Tribunal, por providencia de 25 de enero de 2018, estando próximo a finalizar el plazo de cinco meses que señala el artículo 161.2 CE desde que se produjo la suspensión de los preceptos impugnados, acordó oír a las partes personadas —Abogado del Estado y Parlamento de Cataluña— para que, en el plazo de cinco días, expusieran lo que considerasen conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión.
8. Por providencia de 5 de junio de 2018 el Pleno del Tribunal, una vez perdida la vigencia del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, conforme a lo previsto en su disposición adicional segunda, acordó alzar la suspensión del plazo para formular alegaciones acordada en el presente proceso constitucional y, en consecuencia, dar traslado al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por conducto de su Presidente, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudiera personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimase convenientes.
9. El 12 de junio de 2018 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal el escrito de alegaciones del Abogado de la Generalitat de Cataluña, en representación y defensa de su Gobierno, en el que interesa la desestimación del recurso de inconstitucionalidad, por las razones que seguidamente se resumen.
Afirma que la argumentación sostenida en el recurso de inconstitucionalidad descansa en la premisa equivocada de que el registro electrónico de voluntades digitales creado por el artículo 10 de la Ley 10/2017 es uno de los registros públicos a que se refiere el artículo 149.1.8 CE. En tal caso la competencia que le correspondería a la Generalitat de Cataluña sería la de carácter ejecutivo que le atribuye el artículo 147.2 EAC, en la materia de “registros públicos de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles”. Ahora bien, el registro electrónico de voluntades digitales no es un registro público de derecho privado del artículo 149.1.8 CE, sino un registro administrativo, de manera que el citado precepto estatutario no resulta de aplicación.
La materia regulada en la Ley 10/2017 —voluntades digitales— tiene un contenido que se integra en el Código civil de Cataluña. Más en concreto, se trata de una regulación que afecta, por una parte, al derecho de familia, al establecerse las reglas de actuación de los representantes legales de los menores y discapacitados intelectuales en relación a los contenidos digitales que les pertenezcan. Por otra, afecta al derecho sucesorio, en la medida en que se determinan las previsiones mortis causa de una persona con respecto a su presencia digital. Resulta también evidente y pacífico que la competencia asumida por la Generalitat en materia de Derecho civil, según el artículo 129 EAC, incluye tanto el derecho de familia como el derecho sucesorio. En consecuencia, el establecimiento del registro de voluntades digitales conecta de forma directa con la competencia material en derecho civil asumida estatutariamente por la Generalitat en base al citado precepto, de acuerdo con la previsión del artículo 149.1.8 CE. A ello hay que añadir la competencia de la Generalidad en materia de organización, conforme al artículo 150 EAC, cuya letra b) se refiere a las modalidades instrumentales de la actuación administrativa, que en el presente caso sirve de adecuado sustento para la creación y regulación del registro de voluntades digitales.
Además, la Ley 10/2017 cumple el mandato del artículo 53.1 EAC, que establece como principio rector de la actuación de la Generalitat en el ámbito de las tecnologías de la información, entre otros, el de “fomentar que estas tecnologías se pongan al servicio de las personas sin que afecten negativamente a sus derechos”; lo que en este caso se trata de evitar mediante una adecuada gestión de la huella digital. Esto guarda relación directa con el derecho fundamental a la intimidad personal y a la propia imagen del artículo 18.1 CE, a cuya garantía en el uso de la informática por los ciudadanos se refiere expresamente el artículo 18.4 CE.
Los registros jurídicos producen efectos sustantivos, como son la presunción de integridad y certeza, así como la oponibilidad frente a terceros. En cambio, los registros administrativos no producen efectos jurídicos sustantivos sobre las relaciones privadas, de manera que la inscripción en ellos no añade ningún efecto al documento otorgado; su publicidad tiene solamente efectos de “publicidad-noticia”.
En definitiva, el registro de voluntades digitales es un registro administrativo, en cuanto instrumento creado por el legislador autonómico al amparo de su competencia en materia de derecho civil: artículo 129 EAC, en desarrollo de la previsión del artículo 149.1.8 CE. La inscripción del documento de voluntades digitales en ese registro carece de efectos jurídicos sustantivos o materiales, pues esa inscripción en sí no aumenta ni transforma el contenido de la declaración de voluntad. La inscripción registral no añade ningún efecto al documento otorgado, el cual tendrá los efectos legales que le otorga la legislación civil aplicable, que es el Código civil de Cataluña. La inscripción en el registro de voluntades digitales sirve principalmente para acreditar la existencia y el contenido de la declaración de voluntad, que de lo contrario podría ser ignorada o desconocida en el momento de la muerte, de manera que tiene solo un efecto de “publicidad-noticia”. Además, la inscripción en este registro no tiene trascendencia frente a terceros, carece de eficacia erga omnes y no produce efectos de publicidad general acerca de la titularidad de ningún derecho.
1. El presente recurso de inconstitucionalidad ha sido promovido por el Presidente del Gobierno contra los siguientes preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Código civil de Cataluña: artículo 6 —en cuanto introduce el artículo 411.10.3 b) del libro cuarto del Código civil de Cataluña—, artículo 8 —en cuanto introduce el artículo 421.24.1 del libro cuarto del mismo Código—, artículo 10 —que añade la disposición adicional tercera al libro cuarto de dicho Código—, artículo 11 —que añade la disposición final quinta al libro cuarto del mismo Código— y la disposición final primera (referida al desarrollo reglamentario de la Ley).
Los representantes procesales del Parlamento y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña se han opuesto al recurso de inconstitucionalidad. Interesan su desestimación por entender que los preceptos de la Ley 10/2017 que se impugnan no incurren en el exceso competencial que se les imputa, de suerte que esta regulación resulta plenamente conforme con la Constitución. El registro electrónico de voluntades digitales creado por la Ley 10/2017, en el que debe inscribirse el documento de voluntades digitales, otorgado en defecto de testamento, codicilo o memoria testamentaria, no es, como afirma el recurrente, un registro jurídico de derecho privado, sino un registro administrativo, para cuya creación y ordenación es competente la Comunidad Autónoma de Cataluña, de conformidad con sus competencias estatutariamente asumidas en materia de derecho civil (art. 129 EAC) y de organización de la Administración de la Generalitat. Esta comprende “las distintas modalidades organizativas e instrumentales para la actuación administrativa” [art. 150 b) EAC]. Esto es, el registro en cuestión se configura como un mero instrumento administrativo ligado a una competencia material de la Comunidad Autónoma, creado con el fin de facilitar el conocimiento de las voluntades digitales, dando así respuesta a una demanda creciente en la sociedad. No existe pues invasión ni menoscabo de la competencia del Estado para la ordenación de los registros e instrumentos públicos (art. 149.1.8 CE).
2. Como se ha visto, las partes discrepan no tanto en los títulos competenciales que consideran de aplicación para la resolución del presente proceso constitucional, como en su alcance en relación con los preceptos legales impugnados. Parten para ello del distinto entendimiento sobre la naturaleza jurídica del registro electrónico de voluntades digitales creado por el artículo 10 de la Ley 10/2017, en el que debe inscribirse el documento de voluntades digitales, en defecto de testamento, codicilo o memoria testamentaria. El Abogado del Estado sostiene que se trata de un verdadero registro jurídico de derecho civil, que produce efectos jurídicos sustantivos sobre las relaciones privadas, por lo que la regulación impugnada invade la competencia estatal exclusiva en materia de ordenación de registros públicos (art. 149.1.8 CE). Los representantes procesales del Parlamento y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña entienden que no existe invasión ni menoscabo de la referida competencia estatal, pues no estamos ante un registro jurídico de derecho privado, sino ante un registro administrativo, que la Comunidad Autónoma puede crear legítimamente al amparo de sus competencias en materia de derecho civil y de organización administrativa [arts. 129 y 150 b) EAC].
3. De acuerdo con la doctrina de este Tribunal, los registros públicos a que se refiere el artículo 149.1.8 CE, cuya ordenación es competencia exclusiva del Estado, “son los referentes fundamentalmente a materias de derecho privado, como se infiere de su contexto y no a otros registros que … aunque tengan repercusiones en ese campo del Derecho, tienen por objeto materias ajenas a él” (SSTC 71/1983, de 29 de julio, FJ 2, y 4/2014, de 16 de enero, FJ 3); dicho de otro modo, no cabe entender sino que “los registros a que dicha ordenación se refiere son exclusivamente los de carácter civil” (SSTC 103/1999, de 3 de junio, FJ 3; 134/2006, de 27 de abril, FJ 8; 81/2013, de 11 de abril, FJ 5, y 11/2015, de 5 de febrero, FJ 3).
En orden a la delimitación de esa competencia exclusiva que el Estado ostenta conforme al artículo 149.1.8 CE, “en todo caso”, para la ordenación de los registros públicos, entendiendo por tales los de derecho privado, ha de precisarse que supone que ninguna disposición autonómica podrá, sin incurrir en inconstitucionalidad por invasión de la competencia estatal, proceder a dicha “ordenación”, esto es, a la creación y regulación de registros jurídicos de carácter civil (en este sentido, en relación con los instrumentos públicos, SSTC 156/1993, de 6 de mayo, FJ 5, y 4/2014, FJ 3). Esta atribución competencial al Estado se realiza sin exclusión, restricción o limitación alguna, por lo que ha de entenderse que abarca por completo el régimen de los registros públicos en los que se inscriban actos de naturaleza o con trascendencia jurídica civil. Se trata, en definitiva, de una materia enteramente sustraída por el artículo 149.1.8 CE a la acción normativa de las Comunidades Autónomas, quedando atribuida en plenitud a la legislación del Estado, tanto normas con rango formal de ley como reglamentos.
Las Comunidades Autónomas pueden asumir en esta materia la competencia ejecutiva, como así ha sucedido efectivamente en el caso de Cataluña, en relación con el registro de la propiedad (art. 147.1 EAC) y con el registro civil (art. 147.3 EAC). Esa competencia autonómica de ejecución en materia de registros públicos de derecho privado comprenderá la aplicación de los criterios de ordenación que fije la legislación estatal, entendida en sentido material (STC 103/1999, FJ 4, por todas), “la cual podrá tener el grado de exhaustividad que resulte procedente, pudiendo el Estado retener para sí las actuaciones concretas en el ámbito de la coordinación y de la ejecución que resulten necesarias para la adecuada aplicación de dichos criterios” (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 90).
No sería completa la delimitación competencial que nos ocupa si no tuviéramos en cuenta, como recuerda la STC 81/2013, FJ 5, que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, pueden crear registros administrativos, distintos por tanto de los registros a los que se refiere el artículo 149.1.8 CE. Así ha sido admitido de manera constante por la doctrina constitucional desde las SSTC 32/1983, de 28 de abril y 87/1985, de 16 de julio. Nada impide, en efecto, que las Comunidades Autónomas puedan crear esos registros, como instrumentos administrativos ligados a una competencia propia, en la medida en que las competencias autonómicas de que se trate “puedan verse facilitadas mediante la existencia de tales instrumentos de publicidad y de control” (STC 87/1985, FJ 3).
Del mismo modo, también el Estado puede establecer los registros administrativos que estime necesarios para ejercer sus competencias, distintas de la prevista en el artículo 149.1.8 CE, si bien al regular el régimen jurídico de esos registros deberá respetar las competencias de ejecución que hayan asumido las Comunidades Autónomas en relación con esa materia (SSTC 236/1991, de 12 de diciembre, FJ 6; 203/1992, de 26 de noviembre, FJ 3 y 243/1994, de 21 de julio, FJ 6, entre otras). Como tiene advertido la doctrina de este Tribunal, sin olvidar las diferencias entre unas y otras materias, desde los diferentes criterios de distribución competencial, “es constitucionalmente posible la creación de un registro único para todo el Estado que garantice la centralización de todos los datos a los estrictos efectos de información y publicidad” y, a este fin, “fijar las directrices técnicas y de coordinación necesarias” para garantizar su centralización. Ello sin perjuicio de que en estos supuestos “el Estado debe aceptar como vinculantes las propuestas de inscripción y de autorización o de cancelación y revocación que efectúen las Comunidades Autónomas que ostentan las competencias ejecutivas” en la materia. Pues si las facultades del Estado están circunscritas a la potestad normativa para la creación de un registro único, “estas otras facultades, de índole ejecutiva, exceden de su ámbito de actuación competencialmente posible” (por todas, SSTC 243/1994, de 21 de julio, FJ 6; 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 12; 11/2015, de 5 de febrero, FJ 6, y 32/2016, de 18 de febrero, FJ 6).
De conformidad con el artículo 411.10.3 b) del libro cuarto del Código civil de Cataluña, en la redacción dada por el artículo 6 de la Ley 10/2017, las voluntades digitales en caso de muerte pueden ordenarse, si el causante con vecindad civil catalana no ha otorgado disposiciones de última voluntad (testamento, codicilo o memoria testamentaria), por medio de “un documento que debe inscribirse en el registro electrónico de voluntades digitales”. A su vez, el apartado 1 del artículo 421.24 del libro cuarto del Código civil de Cataluña, en la redacción dada por el artículo 8 de la Ley 10/2017, al referirse a la designación de la persona encargada de ejecutar las voluntades digitales del causante, determina que tal designación podrá hacerse (en defecto de disposiciones de última voluntad) “en un documento de voluntades digitales, el cual necesariamente debe especificar el alcance concreto de su actuación”, y que “este documento habrá de inscribirse en el registro electrónico de voluntades digitales”.
“Disposición adicional tercera. Registro electrónico de voluntades digitales
1. Se crea el Registro electrónico de voluntades digitales, adscrito al departamento competente en materia de derecho civil por medio del centro directivo que tenga atribuida la competencia.
6. El Registro electrónico de voluntades digitales, si le consta la muerte de un otorgante, puede comunicar de oficio la existencia de voluntades digitales inscritas a las personas designadas para su ejecución, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento”.
El preámbulo de la Ley 10/2017 califica al registro electrónico de voluntades digitales como “un nuevo instrumento registral de carácter administrativo que se crea con el objetivo de facilitar e incrementar las vías disponibles para dejar constancia de las voluntades digitales”. En la misma línea, los representantes procesales del Parlamento y del Gobierno de la Generalidad de Cataluña sostienen que se trata de un registro administrativo, que la Comunidad Autónoma puede crear y regular al amparo de sus competencias en materia de derecho civil y de organización administrativa. El análisis del contenido de los preceptos impugnados no permite compartir este entendimiento sobre la naturaleza jurídica de ese registro de voluntades digitales, por las razones que seguidamente se expresan.
De este modo la normativa impugnada excede de la competencia meramente ejecutiva que la Comunidad Autónoma ostenta (art. 147 EAC) en relación con los registros públicos de derecho privado a que se refiere el artículo 149.1.8 CE; su ordenación es competencia exclusiva del Estado, conforme a la doctrina constitucional antes citada. Esta ordenación, entendida en sentido material, comprensiva tanto de normas con rango de ley como de reglamentos, podrá tener el grado de exhaustividad que se considere procedente. Corresponde a las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias ejecutivas al respecto —como sucede en el caso de Cataluña— la aplicación de los criterios de ordenación que fije la normativa del Estado, que puede asimismo reservar a órganos estatales las actuaciones concretas en el ámbito de la coordinación y la ejecución que resulten necesarias para la adecuada aplicación de esos criterios.
5. La conclusión alcanzada en el fundamento jurídico precedente determina que deba declararse la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 10 de la Ley 10/2017, que introduce la disposición adicional tercera del libro cuarto del Código civil de Cataluña, antes transcrita, por la que se crea y regula el registro electrónico de voluntades digitales. Se trata, como se ha dicho, de un registro jurídico de derecho privado, que solo puede ser establecido por el Estado, al amparo de su competencia exclusiva en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos (art. 149.1.8 CE).
Por conexión con el artículo 10 se impugnan también en el presente recurso el artículo 11 y la disposición final primera de la Ley 10/2017. El artículo 11 añade la disposición final quinta al libro cuarto del Código civil de Cataluña, a cuyo tenor “la organización, el funcionamiento y el régimen de acceso del registro electrónico de voluntades digitales deben establecerse por reglamento”. A su vez, la disposición final primera de la Ley 10/2017, bajo el título de “desarrollo reglamentario”, establece que “Se habilita al consejero del departamento competente en materia de derecho civil para llevar a cabo el desarrollo reglamentario de la presente ley con relación a la organización, el funcionamiento y el acceso al registro electrónico de voluntades digitales, mediante la correspondiente orden”. Ambos preceptos han de ser igualmente declarados inconstitucionales y nulos, conforme a lo antes razonado.
Debe asimismo declararse por el mismo motivo la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 411.10.3 b) del libro cuarto del Código civil de Cataluña, redactado por el artículo 6 de la Ley 10/2017, a cuyo tenor las voluntades digitales pueden ordenarse, “si la persona no ha otorgado disposiciones de última voluntad, [mediante] un documento que debe inscribirse en el registro electrónico de voluntades digitales”.
Debe finalmente declararse inconstitucional y nulo por idéntica razón el artículo 421.24.1 del libro cuarto del mismo Código en la redacción dada por el artículo 8 de la Ley 10/2017, en el inciso, al que debe entenderse ceñida la impugnación del presente recurso, según lo ya razonado: “y, en defecto de estos instrumentos, en un documento de voluntades digitales, el cual necesariamente debe especificar el alcance concreto de su actuación. Este documento debe inscribirse en el registro electrónico de voluntades digitales.” Esta declaración de inconstitucionalidad y consiguiente nulidad no ha de afectar al resto del enunciado del precepto, respecto del cual no cabe apreciar exceso competencial, conforme a los razonamientos precedentes.
1º Del artículo 6, en cuanto a la redacción dada al artículo 411.10.3, letra b), del libro cuarto del Código civil de Cataluña (“Si la persona no ha otorgado disposiciones de última voluntad, un documento que debe inscribirse en el registro electrónico de voluntades digitales”).
2º Del artículo 8, en cuanto a la redacción dada al artículo 421.24.1 del libro cuarto del mismo Código, en el inciso “y, en defecto de estos instrumentos, en un documento de voluntades digitales, el cual necesariamente debe especificar el alcance concreto de su actuación. Este documento debe inscribirse en el registro electrónico de voluntades digitales”.
3º Del artículo 10, que incorpora a dicho Código la disposición adicional tercera del libro cuarto.
4º Del artículo 11, que añade al mismo Código la disposición final quinta del libro cuarto.
5º De la disposición final primera.
1. Voto particular discrepante que formula la Magistrada doña Encarnación Roca Trías a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4751-2017.
1. En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y con pleno respeto a la opinión de la mayoría del Pleno, expreso mi discrepancia con la Sentencia cuyo fallo, en mi opinión, hubiera debido ser desestimatorio.
Estoy de acuerdo —como afirma la sentencia con la que discrepo— respecto a que la naturaleza del litigio planteado en este recurso es puramente competencial y también con la interpretación de la competencia que en ella se hace relativa a la posibilidad de creación de registros por la Comunidad Autónoma de Cataluña, tal como ha venido siendo delimitada por este Tribunal. Sin embargo, no lo estoy respecto a la calificación como civil del registro electrónico de voluntades digitales. Es cierto que si se le atribuye naturaleza civil, su creación y regulación es competencia exclusiva del Estado sobre ordenación de los instrumentos y registros públicos (art. 149.1.8 CE); mientras que, por el contrario, si se le atribuye naturaleza administrativa, no existe inconveniente constitucional alguno en que la Generalitat de Cataluña lo articule. Precisamente por ello el núcleo del debate competencial se ha centrado en la naturaleza jurídica de este nuevo registro público, pero la ponencia le atribuye la civil por unas razones que, a mi juicio, no son acertadas y que aparecen en el fundamento jurídico 4.
2. Para la sentencia, “es la inscripción del documento de voluntades digitales en el registro electrónico creado por la Ley 10/2017 la que otorga eficacia jurídica a las previsiones del causante en orden a disponer mortis causa de sus voluntades digitales, del mismo modo que si las hubiera manifestado por medio de testamento, codicilo o memoria testamentaria, en defecto de estas”, por lo que “la inscripción del documento de voluntades digitales en ese registro autonómico despliega así plena eficacia protectora respecto a dicho acto, al que pueden anudarse otros actos y negocios jurídicos posteriores en relación con el patrimonio digital del causante, según las instrucciones contenidas en aquel documento. Produce esa inscripción registral, en suma, efectos jurídicos sustantivos sobre las relaciones privadas, en el ámbito sucesorio, de manera que, en defecto de disposiciones de última voluntad (testamento, codicilo o memoria testamentaria), la inscripción del documento de voluntades digitales en el registro previsto por la Ley 10/2017 es oponible frente a los terceros que operan en el tráfico jurídico”.
3. Otra razón que se ofrece en la sentencia, de la que discrepo, para deducir la naturaleza civil del registro catalán electrónico de voluntades digitales es la que de la disposición adicional tercera de la Ley 10/2017, exige, para la inscripción de tales disposiciones de voluntad, la acreditación de que no se ha otorgado testamento, codicilo o memoria testamentaria, así como el hecho de que es la persona que acredita un interés legítimo y no los herederos o legatarios, quien puede solicitar el certificado relativo a la existencia del documento, si bien sólo la persona designada por el otorgante puede acceder a su contenido. Con tal argumento, parece quererse dar a entender que estaríamos por así decirlo, en presencia de un verdadero testamento sobre el patrimonio digital del causante.
4. Pero es más. La sentencia parte de la idea de que las voluntades digitales son actos de disposición respecto al patrimonio digital de una persona y que, por ello, el registro al que acceden tales disposiciones tiene naturaleza civil. Frente a ello cabe subrayar, en primer lugar, que tan siquiera el propio registro de actos de última voluntad, creado con carácter previo incluso al Código civil, tiene naturaleza civil a los efectos del artículo 149.1.8 CE, sino que es un registro administrativo instaurado por Real Decreto de 14 de noviembre de 1885 y que se encuentra orgánicamente adscrito al Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN). Como tal, le es de aplicación el régimen jurídico de los registros administrativos previsto en las normas generales del procedimiento administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración general del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro), si bien con carácter previo le será de aplicación su normativa especial.
Sin embargo, la sentencia de la que discrepo, se limita a recoger la jurisprudencia constitucional sobre la interpretación del artículo 149.1.8 CE en relación con las competencias exclusivas del Estado respecto a los “registros e instrumentos públicos”, pero no establece un canon respecto a qué debe entenderse como materia civil a los efectos de determinar la naturaleza del registro. Se limita a señalar que su objeto son “las relaciones privadas” (FJ 3), sin tener en cuenta la naturaleza de otros registros creados por leyes civiles, también las catalanas, que requieren de la inscripción de determinados documentos o acuerdos para su validez o inciden directamente sobre las relaciones privadas y que no han sido considerados como registros de naturaleza civil. Esta falta de canon impide, a mi juicio, que se pueda llegar al fallo estimatorio que ha votado este Tribunal.
5. El artículo 411-10 del Código civil catalán define el concepto de “voluntades digitales en caso de muerte”, indicando, en el párrafo 1, que por tales se entienden “las disposiciones que establece una persona para que, después de su muerte, el heredero o albacea universal, en su caso, o la persona designada para ejecutarlas, actúe ante los prestadores de servicios digitales con quienes el causante tenga cuentas activas”. El causante puede designar a una persona física o jurídica como encargada de ejecutar sus voluntades digitales. Si no designa a nadie en particular se entiende que le corresponde al heredero o albacea ejecutarlas. En cuanto a la forma de manifestar estas voluntades digitales, permite que se puedan ordenar mediante disposición de última voluntad (testamento, codicilo o memorias testamentarias) o a través de un documento (denominado “documento de voluntades digitales”) que ha de inscribirse en el registro electrónico de voluntades digitales que crea la norma impugnada. Hasta aquí podría pensarse que la ley catalana faculta al causante para decidir sobre el destino de sus bienes digitales, tanto en lo que respecta a la información relativa a sus cuentas como a los contenidos existentes en ellas que podrían, si es su voluntad, ser comunicados o entregados a la persona designada, al albacea o a sus herederos. Sin embargo, si se examina pausadamente la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, se llega fácilmente a la conclusión de que al documento de voluntades digitales, aunque se le denomine “testamento digital”, en rigor no es tal y que tan siquiera se trata de un tipo de testamento o de un testamento especial. El formato digital de determinados contenidos en archivos o el lugar donde se encuentran ubicados no los distingue del resto de bienes que puedan integrar el caudal relicto, ni la norma les está otorgando un tratamiento jurídico distinto en orden a su destino sucesorio. Al fallecimiento del otorgante del documento de voluntades digitales, su herencia comprenderá todos sus bienes, derechos y obligaciones que no se hayan extinguido por su fallecimiento y su transmisión se producirá, en cualquier caso, por la voluntad que este haya manifestado en testamento y, a falta del mismo, por disposición de la Ley. Por ello, creo que puede afirmarse que el documento de voluntades digitales al que se refiere la norma impugnada no contiene una verdadera ordenación de la sucesión, tan siquiera de los materiales o archivos digitales del causante, que con independencia del soporte digital en el que se encuentran, en todo caso forman parte del caudal hereditario y son objeto de la sucesión. Lo que en realidad recoge el documento es la voluntad del fallecido respecto a la realización de actividades muy concretas que están directamente relacionadas con el ejercicio de derechos personalísimos de carácter no patrimonial, por tanto, no transmisibles mortis causa, como las de comunicar a los prestadores de servicios digitales su defunción; solicitar la cancelación de las cuentas activas o que ejecuten las cláusulas contractuales o que se activen las políticas establecidas para los casos de defunción y, en su caso, que libren una copia de los archivos digitales que estén en sus servidores (art. 411-10, en su párrafo 2).
Madrid, a diecisiete de enero de dos mil diecinueve.-Encarnación Roca Trías.-Firmado y rubricado.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 4751-2017
Se enjuicia la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Código civil de Cataluña. La Ley crea un registro electrónico de voluntades digitales a través del cual los ciudadanos con vecindad civil catalana pueden ordenar la gestión de su patrimonio digital frente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, designando, en su caso, a la persona encargada de ejecutar las instrucciones del causante al respecto. Para ello se exige la inscripción registral del documento de voluntades digitales y la ausencia de testamento, codicilo o memoria testamentaria.
Se estima el recurso, declarándose la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos impugnados por invadir la competencia exclusiva estatal en materia de ordenación de registros e instrumentos públicos. La sentencia afirma que este registro electrónico tiene naturaleza civil –y no meramente administrativa– ya que la inscripción del documento de voluntades digitales posee carácter constitutivo y produce los mismos efectos jurídicos sustantivos que los instrumentos propios de la sucesión testada existentes en el derecho civil catalán. De ahí que la ausencia de estos sea necesaria para la inscripción del documento de voluntades digitales en el registro electrónico creado por la norma autonómica.
Ley del Parlamento de Cataluña 10/2008, de 10 de julio. Libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones
Artículo 411-10-3 b) (redactado por la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio)
Artículo 421-24-1 (redactado por la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio)
Disposición adicional tercera (redactada por la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio)
Disposición final quinta (redactada por la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio)
Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio. Voluntades digitales y de modificación del Código civil de Cataluña, libros segundo y cuarto
Artículo 6 (en cuanto a la redacción dada al artículo 411.10.3 b) del Código Civil de Cataluña) (anula)
Artículo 8 (en cuanto a la redacción dada al artículo 421.1 del Código Civil de Cataluña) (anula)
Real Decreto de 14 de noviembre de 1885. Crea un registro general de todos los actos de última voluntad
Artículo 149.1.8, ff. 1 a 5, VP
Artículo 174, VP
Ley del Parlamento de Cataluña 29/2002, de 30 de diciembre. Primera ley del Código civil de Cataluña, libro primero relativo a las disposiciones generales
Artículo 111.3, f. 4
Ley 20/2005, de 14 de noviembre. Creación del Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento
Artículo 129, ff. 1, 2, 4
Artículo 147, ff. 1, 4
Artículo 150 b), ff. 1, 2
Real Decreto 398/2007, de 23 de marzo. Desarrollo de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, de creación del Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento
Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre. Aprueba el Reglamento del registro de fundaciones de competencia estatal
Ley del Parlamento de Cataluña 4/2008, de 24 de abril. Libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas
Artículo 411-10-1 (redactado por la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio), VP
Artículo 411-10-2 (redactado por la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio), VP
Artículo 411-10-3 b) (redactado por la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio), ff. 1, 4, 5, VP
Artículo 421-24-1 (redactado por la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio), ff. 1, 4, 5, VP
Disposición adicional tercera, apartado 4 (redactada por la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio), f. 4
Disposición adicional tercera (redactada por la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio), ff. 1, 4, 5
Disposición adicional tercera, apartado 3 (redactada por la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio), f. 4
Disposición adicional tercera, apartado 5 (redactada por la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio), f. 4
Disposición adicional tercera, apartado 6 (redactada por la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio), f. 4
Disposición final quinta (redactada por la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio), ff. 1, 4, 5
Ley del Parlamento de Cataluña 25/2010, de 29 de julio. Libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia
Artículo 222-4, VP
Artículo 222-5, VP
Artículo 222-8, VP
Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 3/2015, de 6 de octubre. Modifica la Ley 25/2010, de 29 de julio, del Código civil de Cataluña, libro segundo, relativa a la creación del Registro de parejas estables
Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre. Aprueba el Reglamento del Registro nacional de asociaciones
Preámbulo , f. 4
Artículo 6 (en cuanto a la redacción dada al artículo 411.10.3 b) del Código Civil de Cataluña), ff. 1, 4, 5
Artículo 8 (en cuanto a la redacción dada al artículo 421.1 del Código Civil de Cataluña), ff. 1, 4, 5
Artículo 10, ff. 1, 2, 4, 5
Artículo 11, ff. 1, 4, 5
Disposición adicional tercera , VP
Disposición final primera, ff. 1, 4, 5
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
Artículo 96.3, f. 4
Artículo 96.4, f. 4
Disposición final decimoquinta, f. 4
Competencias en materia de registros públicosCompetencias en materia de registros públicos, ff. 4, 5, VP
Derechos fundamentales personalísimosDerechos fundamentales personalísimos, VP
Inconstitucionalidad por conexiónInconstitucionalidad por conexión, f. 5
Derechos civiles especialesDerechos civiles especiales, f. 1
Inscripciones registralesInscripciones registrales, f. 4, VP
Registro electrónicoRegistro electrónico, f. 4, VP
Voluntades digitalesVoluntades digitales, f. 4, VP

References: artículo 411
 artículo 421
 artículo 161
 artículo 30
 artículo 147
 artículo 6
 artículo 411
 artículo 411
 artículo 149
 artículo 8
 artículo 421
 artículo 421
 artículo 34
 artículo 161
 artículo 30
 artículo 88
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 161
 Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 149
 artículo 147
 artículo 149
 artículo 129
 artículo 149
 artículo 150
 artículo 53
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 129
 artículo 149
 artículo 6
 artículo 411
 artículo 8
 artículo 421
 artículo 10
 artículo 11
 resolución 
 artículo 10
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 411
 artículo 6
 artículo 421
 artículo 8
 artículo 149
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 411
 artículo 6
 artículo 421
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 411
 artículo 8
 artículo 421
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 90
 artículo 149
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 411

Artículo 411

Artículo 421

Artículo 6
 artículo 411

Artículo 8
 artículo 421

Real Decreto 

Artículo 149

Artículo 174

Artículo 111

Artículo 129

Artículo 147

Artículo 150

Real Decreto 

Real Decreto 

Artículo 411

Artículo 411

Artículo 411

Artículo 421

Artículo 222

Artículo 222

Artículo 222

Real Decreto 

Artículo 6
 artículo 411

Artículo 8
 artículo 421

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 96

Artículo 96