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Timestamp: 2019-12-08 10:46:46+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 40, de 25/10/2016
cve: DSCD-12-CO-40
Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 40
- Sobre la derogación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000067) ... (Página2)
- Sobre la supresión de las subvenciones públicas a la tauromaquia. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000084) ... (Página7)
- Relativa a la elaboración de un plan financiero para los astilleros públicos gallegos. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000159) ... (Página11)
- Relativa al aplazamiento de pago a proveedores por los ayuntamientos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000221) ... (Página14)
- Sobre medidas para la lucha contra el fraude y el delito fiscal en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000324) ... (Página19)
- Sobre la puesta en marcha del impuesto a las transacciones financieras (ITF). Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000426) ... (Página24)
- Sobre gravamen de los beneficios desviados a través de operaciones de ingeniería fiscal transfronteriza. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000441) ... (Página28)
- Por la que se insta al Gobierno a garantizar la efectiva aportación de los recursos comprometidos, por parte del Estado, para la realización de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2017. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000459) ... (Página32)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Prácticamente todas las comisiones se han constituido y han tenido una primera reunión, incluso nosotros, que nos habíamos quedado un poco solos, nos reunimos y hay cinco comisiones más. Creo que casi todas las comisiones del Congreso se van a reunir en el periodo que tenemos por delante.
El primer punto del orden del día de hoy es la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre del año 1983. En definitiva, lo que se determina en este primer punto es la posibilidad que tenemos como Comisión de delegar en la Mesa la petición de comparecencias que se realice por parte de los grupos parlamentarios. Es incómodo cada vez que tenemos que decidir sobre la comparecencia de una autoridad o de una organización tener que reunir a la Comisión en pleno. Lo que se hizo en la legislatura anterior y lo que se hace habitualmente es delegar en la Mesa para que sean los miembros de la misma los que tomen la decisión sobre esas comparecencias.
Voy a leer el documento literalmente para que conste en el "Diario de Sesiones". Tal y como se ha venido realizando en anteriores legislaturas, se llevará a cabo de forma condicionada, de modo que si el rechazo de una solicitud de comparecencia por la Mesa no se produce por unanimidad, se entenderá que la Comisión avoca la competencia para pronunciarse sobre la solicitud de comparecencia en cuestión. Es decir, que en el caso de que no hubiera unanimidad tendría que venir a la Comisión.
¿Se aprueba por asentimiento en esos términos? (Asentimiento). Queda aprobado. Que así conste en acta.
- SOBRE LA DEROGACIÓN DE LA LEY 20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000067).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las proposiciones no de ley presentadas, todas ellas calificadas por la Mesa.
Proposición no de ley sobre la derogación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Quiero decirles que, al igual que en la legislatura anterior, dispondrán de cinco minutos para defender la iniciativa y de tres minutos para el resto de los turnos. Cuando termine la intervención de cinco minutos preguntaré si se han incorporado o no las enmiendas. Esta propuesta la hizo precisamente el compañero del Grupo Mixto en la anterior legislatura para que se sepa sobre qué se está posicionando el interviniente.
Para la defensa de la proposición, tiene la palabra la señora Capella por un tiempo de cinco minutos.
Intentaré ser breve y no agotar los cinco minutos, aunque ya sabe que esto es difícil.
El señor PRESIDENTE: Antes comeremos.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Esquerra Republicana presenta una proposición no de ley para solicitar la derogación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Mi grupo considera que, un vez más, en la X Legislatura el Partido Popular, por tanto también el grupo que apuntalaba y daba apoyo parlamentario al Gobierno del Estado español, se dedicó a hacer leyes con unos objetivos muy claros, centralizadores, ultranacionalistas y homogeneizadores. ¿Cuál era el principal objetivo de esta ley cuya derogación solicitamos? Laminar competencias de las comunidades autónomas, subordinarlas y apartarlas de esa capacidad de decidir que tenían y tienen en este ámbito. Bajo el manto del artículo 149.1.1.ª de la Constitución, esta ley pretende enmarcar el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado. Con el pretexto de la igualdad -el Partido Popular utiliza este principio de forma reiterada-, lo que realmente pretenden es uniformizar. Unidad es un principio que a priori nadie combate, a todos nos parece bien, a todo el mundo le gusta oírlo y así lo utilizamos, el problema viene cuando lo transforman, como decía, en uniformidad. Van limando las diferencias y la diversidad, y con ello la riqueza del propio tejido comercial, en este caso del catalán.
El propio Tribunal Constitucional ha reconocido en diversas sentencias que la propia configuración del Estado español es descentralizada y que esta descentralización del poder determina la existencia de diversidad de regímenes jurídicos. No tenemos nada que objetar. En todo caso, invoco la sentencia del Tribunal Constitucional 88/1985, de 1 de julio. Desde entonces ha llovido mucho y el Tribunal Constitucional también ha cambiado.
Europa siempre es la excusa para que Estado español pretenda uniformizar aquello que considera que es demasiado diverso o diferente. Pero la existencia de directivas europeas no determina necesariamente una modificación interna del orden de distribución de competencias, y en este caso, saben que Europa no les decía que hiciesen la ley como terminaron redactándola. La ley supone una bajada de estándares mínimos y es contraria a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. La ley no supone simplificación de normativas, aunque en este caso limita la regulación de las comunidades autónomas, significa un control normativo previo de la legislación autonómica, impone o determina facultades para suspender la propia autonomía o la capacidad de autoorganización de las comunidades autónomas, crea, a criterio de Esquerra Republicana, desregulación social, y también pensamos que, por los requisitos que establece, genera competencia desleal a las propias empresas catalanas. Decía que esta ley no supone simplificación normativa porque una empresa puede operar en todo el territorio del Estado cumpliendo exclusivamente una única normativa. Esto hace que se provoque competencia desleal, ya que la normativa catalana puede ser más exigente en determinados supuestos. La ley otorga facultades a órganos colegiados del Estado que impugnan directamente y solicita la suspensión de aquella normativa de las comunidades autónomas que consideran que puede ser contraria a la unidad de mercado. Pensamos que esto es una laminación del autogobierno y de la propia capacidad normativa reconocida en la Constitución y en las diversas sentencias del Tribunal Constitucional.
En consecuencia -voy concluyendo-, estos son los motivos que nos llevaron en su momento a oponernos a la aprobación de la ley, que continúan estando vigentes para pedir su derogación.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel.
Nuestro grupo va a votar a favor de la propuesta. No me extenderé mucho porque algunos argumentos ya se han reflejado en la anterior intervención. Es verdad que la X Legislatura, la de la mayoría absoluta del Partido Popular, sirvió para incorporar en diferentes normativas, yo diría que prácticamente en cada una de las iniciativas legislativas que se tramitaron en el Congreso y en el Senado, esta concepción centralista, homogeneizadora y poco respetuosa con las diferentes naciones y nacionalidades que componen el Estado español. Con eso se rompió un cierto acuerdo que se había logrado con diferentes posiciones, a veces más duras y a veces más comprensivas, en relación con las diferentes naciones que componen el Estado español. ¿Qué se conseguía con esto? Evidentemente, reducir el margen de maniobra, la capacidad de decisión de las diferentes comunidades autónomas, cuando no intentar señalar
a las comunidades autónomas como las grandes culpables de cierto descontrol en las cuentas públicas del Estado. Este es un caso clarísimo. Además, ahora contamos con la experiencia de los años de aplicación y las sospechas se han convertido en certeza.
En todo caso, repito que vamos a votar a favor de la propuesta del Grupo de Esquerra Republicana.
En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán.
El señor ROLDÁN MONÉS: Entiendo que tengo tres minutos.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, tiene tres minutos.
El señor ROLDÁN MONÉS: Ciudadanos está a favor de que haya un mercado único en España, de la misma manera que está a favor de que haya un mercado único en Europa y de que sigamos avanzando en la construcción de mercados globales, en los que haya más competencia, porque si hay más competencia y hay economías de escala, los precios bajan y los consumidores se benefician. Si vamos creando pequeños cotos, espacios y licencias, si vamos separando y fragmentando mercados a los únicos que beneficiamos es a los que son capaces de capturar esos mercados y a los que tienen privilegios por alguna razón particular que no es la competitividad ni la productividad de su propia empresa, por lo que estamos yendo en contra del signo de los tiempos. Ahora se está discutiendo desde el TTIP en Bruselas, al que todavía le queda mucho, hasta el CETA con Canadá, que desgraciadamente, también por una visión absolutamente localista y completamente contraproducente en términos económicos, no va a avanzar. Me sorprende que un partido de izquierdas como Esquerra proponga precisamente que los mercados sean menos competitivos, que los precios sean más altos y que los consumidores paguen más por productos por los que podrían estar pagando menos.
Hay cuestiones absolutamente ridículas. No puede ser que tengamos un mercado en el que necesites diecisiete regulaciones distintas para moverte con un camión, para cazar, para generar electricidad, etcétera. No tiene sentido. Son cuestiones comunes que tienen que tener una regulación común. Es evidente que hay que respetar las competencias de las comunidades autónomas, pero también tenemos que ser sensatos. En un entorno con un 20 % de paro defender todavía más fragmentación en un mercado que ya lo está enormemente -vivimos en un país semifederal en el que las comunidades autónomas tienen muchísima autonomía de regulación- es poner más trabas y no debemos hacerlo.
Esta ley del Partido Popular va en la dirección correcta. Ciudadanos no estaba en la Cámara, pero probablemente hubiera votado a favor de esta Ley de garantía de la unidad de mercado. Además, generar trabas de este tipo como tener que preocuparte, si eres un emprendedor, por encontrar la licencia para ir a la comunidad número siete y otra licencia al ir a la ocho, en vez de dedicar tu tiempo a estar emprendiendo o buscando cuál es la mejor manera de producir tu producto de manera más eficiente para poder competir no a escala española sino a escala global, es estar perdiendo el tiempo, que vale oro para muchos emprendedores. Es decir, ir comparando las regulaciones de una y otra comunidad autónoma, creo que no lleva a ningún sitio. Varios estudios han calculado que esto le cuesta a España cerca de un 5 % de su PIB anual. Esta es una cuestión fundamental en un entorno de crisis.
Yo creo que tenemos que seguir el signo de los tiempos y no ir exactamente en dirección contraria, que es lo que propone la iniciativa de Esquerra Republicana.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra doña Teresa Arévalo.
Señorías, quiero comenzar recordando que esta Ley de garantía de la unidad de mercado nació gracias a la aplicación del rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular. La vigorexia normativa del Partido Popular durante los años de mayoría absoluta solo respondió -y eso lo sabemos todos- a intereses de parte. La Ley 20/2013 ha generado un caos jurídico basado en el axioma de a ver quién regula menos, que a su vez ha provocado una distorsión del mercado y una situación de inseguridad jurídica que afecta tanto a los derechos de los consumidores como a la competencia. Ahora las comunidades autónomas, gracias a esta ley, son un campo de batalla empresarial donde invadir las competencias y
facilitar la fuga de capitales a voluntad. Esta norma ha convertido a las comunidades autónomas en peligrosas casas de subasta.
Señorías, ya sé que todos los que estamos aquí no estamos de acuerdo, pero el mercado no lo es todo. La política es necesaria para regular los excesos y delimitar unas reglas del juego. Esta ley se aprobó con el objetivo de identificar la unidad de mercado con la uniformidad legislativa y así poder unificar la desregulación. Esta ley favorece la centralización regulatoria, pero no en beneficio del Estado sino del mercado. Así, uno de los principios rectores de esta norma es el principio de eficacia. Gracias a este principio cuando una comunidad autónoma adopta una medida desreguladora, esta se extiende a todas las demás de manera prácticamente automática. Por supuesto, la tendencia a la uniformidad no se reconoce en la norma de manera explícita sino que como ya es habitual, y aquí algunos ya saben, se esconde bajo argumentos como la eficiencia económica y la simplificación administrativa. Este principio de eficacia, por tanto, tiene como objetivo conseguir que en todo el territorio nacional se imponga por la vía de los hechos aquella normativa más liberalizadora, aquella que contenga menos requisitos para el ejercicio de una actividad económica o para la circulación de un producto. Así, con esta norma lo que se hizo fue dar forma de ley al dumping desregulador y esto no es eficacia, señorías, esto es ideología neoliberal plasmada en una ley. Esta norma tiene como objetivo la desregulación por la desregulación y, por tanto, un recorte de los derechos de los usuarios, de los consumidores y de la calidad de los productos ofrecidos por las empresas.
Señorías, el único camino hacia un futuro de economía sostenible pasa necesariamente por la vía de la regulación responsable y de la difusión de las buenas prácticas entre las empresas. Nosotros y nosotras consideramos que hay temas como la salud, el medioambiente, los derechos de los consumidores y los derechos de los trabajadores que sí que requieren regulación. Por tanto, es necesario derogar esta ley y apostar por una nueva que garantice los derechos de los consumidores, de los trabajadores, de las pymes, de los autónomos, y en definitiva, de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y, al mismo tiempo, que no reste competencias a las comunidades autónomas, que se iguale por arriba los derechos y obligaciones pero que no se iguale por debajo generalizando las desregulaciones. En definitiva, una ley que encuentre el equilibrio entre la capacidad reguladora de las comunidades autónomas y la libre circulación, pero que, sobre todo, garantice los derechos sociales, medioambientales y económicos. Todas estas razones son los motivos por los cuales nuestro grupo va a votar a favor de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana para poder derogar la Ley de garantía de la unidad de mercado.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra don Odón Elorza.
El Grupo Socialista también votará a favor de derogar esta ley de 2013. En su día expusimos las razones, tanto con la enmienda a la totalidad como con las enmiendas parciales, para oponernos a una ley que, además, no ha tenido a lo largo de su discurrir en estos dos años y pico una aplicación práctica porque dicha ley no ha conseguido resolver los problemas que pretendía. En cierto modo es innegable lo que aquí se ha dicho: que es más una ley de carácter ideológico, que de carácter práctico. No ha resuelto los problemas que tenía la unidad de mercado en España, que era lo que pretendía el Partido Popular, además aupado en una mayoría absolutísima, haciendo de su capa un sayo y no aceptando en su momento ninguna de las enmiendas que se le propuso para intentar mejorar esta antigualla. Además, es verdad que esta ley no ha tenido en todo este tiempo una aplicación práctica, ya que no se conocen muchos casos aunque siempre es difícil evaluar las consecuencias reales de estas leyes. Por tanto, estamos a favor de la derogación de esta ley, porque es una ley errónea, una ley con un contenido bastante ficticio.
De hecho, el Grupo Popular mantuvo ese proyecto de ley en su día intacta, pretendiendo dar soluciones a las supuestas trabas que existen en el mercado español, en general en todos los mercados, a partir de unos planteamientos que no compartimos. No estuvimos a favor de esa hiperregulación, pero tampoco a favor de la desregulación como se plantea la ley. Entendemos que se debió optar por una ley que regulase eficientemente los mercados, una ley que tuviese en cuenta, además, el modelo territorial de las autonomías que tenemos en España y cuáles son los principios que deben informar las normas que se dicen en relación con los diversos poderes y protagonismos políticos que hay en España. El Grupo Popular y el Gobierno platean una norma a partir de dos premisas: en primer lugar, defiende esa ley las bondades de
la desregulación, y en segundo lugar, va hacia una centralización uniformadora del poder político. La desregulación que se propugna en esta ley -una ley con poca aplicación práctica- entra en competencia con comunidades autónomas. Esto significa que a estas comunidades autónomas la ley no las reconoce una competencia, sino que en todo caso se estima a la baja la capacidad regulatoria de las comunidades autónomas, se dificulta absolutamente la coexistencia de diversas normas al respecto en un mismo espacio autonómico y esto conlleva y ha conllevado inseguridad, significa caos y significa también desprotección de los usuarios, consumidores y trabajadores. Por eso, esta mal llamada Ley de garantía de la unidad de mercado no nos satisface y pedimos su derogación también porque no ha resuelto la necesidad urgente que se ha puesto de manifiesto. Creemos que los mecanismos que contempla no han servido para dar cauce de solución al conflicto de fraccionamiento que existe en nuestro mercado interior.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don José Vicente Marí.
Aunque somos muy conscientes y la intención del grupo parlamentario al que pertenezco es intentar construir una legislatura colaborativa, lo cierto es que con el tenor de este tipo de proposiciones no de ley es muy difícil acordar algo. ¿Qué grado de aproximación o acuerdo podemos establecer sobre la base de que la proposición no de ley inste al Gobierno a derogar de forma inmediata la Ley 20/2013? ¿Qué matiz cabe en el imperativo de derogar? ¿No hay ni un artículo, señora Capella, que se salve en esta ley? ¿No hay ni un solo artículo? Entendemos que para salpimentar una propuesta tan absoluta, como la derogación de forma inmediata de una ley, haya que hacer igualmente afirmaciones absolutas como que la ley es fruto de la visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado del Partido Popular, o afirmar con rimbombancia que mediante esta ley el Gobierno ha pretendido, pretende y pretenderá -no deja ningún hueco- justificar la necesidad de favorecer la construcción del mercado interior a nivel europeo. De igual forma, se entiende que cuando uno está en el extremismo de las posiciones se tornan extremos los argumentos.
Sin embargo, desnudada la proposición no de ley de estas afirmaciones absolutas, ninguna razón se nos da para convencernos de la necesidad de derogar la Ley 20/2013. La ley tiene por finalidad solucionar un problema de fragmentación de mercado para garantizar un mejor funcionamiento de nuestro mercado interior, lo que permitirá a los operadores beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión, tanto en términos de productividad como de costes. ¿No es esto beneficioso para las empresas en nuestro país? El Grupo Popular cree que sí. ¿No es beneficioso para las empresas catalanas que puedan operar, por ejemplo, en igualdad de condiciones tanto en su segundo mercado de exportación, Aragón, como en su primer mercado de exportación, Francia? El Grupo Popular cree que sí.
Por otro lado, siempre está bien convertirse a la fe del Tribunal Constitucional, y si además de convertirse a la fe del Tribunal Constitucional uno lo utiliza como argumento de autoridad pues mejor. No obstante, por eso del uniformismo y del centralismo hay que destacar que la ley no la aprobó el Gobierno sobre la base del principio de coordinación, si lo hubiera hecho así hubiera dictado una ley básica y ningún precepto de la ley es legislación básica del Estado. La ley la aprobó el Gobierno sobre la base del principio de cooperación, residenciando en las conferencias sectoriales, donde están las comunidades autónomas y el Estado, gran parte del despliegue para conseguir que el mercado interior funcione mejor y creando también el Consejo para la Unidad de Mercado, un órgano de cooperación para colaborar. De igual modo, que la ley persiga garantizar el mercado único no significa que desconozca la pluralidad territorial de nuestro Estado, la existencia de comunidades autónomas, su autonomía política o la pluralidad de regímenes jurídicos, porque precisamente esta la ley se hizo sobre la base del principio de cooperación y no de coordinación forzosa con una ley básica.
Por tanto, señoría, la acusación de centralismo, de afán homogeneizador y de uniformismo, responde más -si me permite, con todo el respeto- a los prejuicios de su grupo parlamentario, que no a la realidad de la ley. Esta ley ha supuesto un instrumento trascendental en el proceso de salida de una gravísima crisis económica que han padecido los españoles. Está funcionando bien, con independencia de que tengamos que mejorar uno u otro aspecto, pero no conviene derogarla y menos sobre la base de aproximaciones cargadas de apriorismos, que en la mayoría de los casos antes perjudican que benefician a quien se dice defender.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marí.
Esta iniciativa no tiene ninguna enmienda, por eso no he preguntado sobre la fijación de posición con relación a ella.
- SOBRE LA SUPRESIÓN DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS A LA TAUROMAQUIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000084).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º del orden del día: proposición no de ley sobre la supresión de las subvenciones públicas a la tauromaquia presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. En su nombre, tiene palabra el señor Eritja Ciuró.
Señorías, aunque hay estudios que sitúan las ayudas públicas a la tauromaquia y otros festejos taurinos entre los 500 y los 700 millones de euros, la verdad es que no sabemos, por la opacidad que mantienen las administraciones públicas al respecto, cuál es exactamente la cifra de dinero público que recibe este negocio. La tauromaquia es un negocio que está claramente subvencionado y financiado por las instituciones públicas: desde el mantenimiento y la rehabilitación de las plazas de toros o el montaje de plazas de toros portátiles, hasta las subvenciones que reciben las ganaderías, las escuelas taurinas, los empresarios, las peñas o asociaciones taurinas, pasando por los ingresos derivados de los derechos de emisión de la televisión pública, el pago de la propaganda a las corridas de toros pagada por ayuntamientos o el mantenimiento de museos dedicados a la tauromaquia. Todo ello, dirigido a una minoría de la población del Estado ya que según el propio Ministerio de Cultura, en su encuesta de hábitos y prácticas culturales en España, solo el 8,5 % de la población estatal asistió a alguna corrida de toros durante el año. Más allá del oxímoron legislativo de considerar a los toros como cultura, reivindicamos que se deje de subvencionar con dinero público un negocio privado que está basado en una práctica sádica de tortura y muerte de un animal para disfrute del público.
Además, es especialmente vergonzoso contravenir las directivas europeas y que las dehesas donde se crían los toros sigan recibiendo ayudas o subvenciones públicas, como financiación indirecta del negocio de la tauromaquia, y que se sigan beneficiando de las ayudas de la PAC. Mientras esas dehesas se beneficien de las ayudas de la PAC, los agricultores que verdaderamente lo necesitan, quienes realizan una actividad tremendamente productiva, están siendo excluidos de esas ayudas. Esta discriminación por la cual se benefician las dehesas, en detrimento de los productores agrícolas, no solo tiene un componente sectorial sino que también tiene un importante componente social. Se están beneficiando los grandes latifundistas españoles, en lugar de beneficiar a las pequeñas y medidas explotaciones. En tal sentido, es necesario señalar que los grandes latifundios beneficiados suelen ser propiedad de grandes fortunas, de apellidos nobiliarios como los ducados de Alba, Medinaceli, Osuna o Medina-Sidonia. Una herencia medieval que eterniza la dependencia y la miseria de los braceros sin tierra y que se mantiene a falta de la necesaria reforma agraria, que hace siglos se debería haber hecho en España. Además, detrás de los toros se esconden los intereses de los grandes latifundistas, propietarios de las dehesas, que se embolsan las ayudas públicas para sus exportaciones ganaderas, mientras que los pequeños y medianos agricultores y ganaderos son excluidos de dichas ayudas.
La casualidad ha querido que esta PNL se vea cuatro o cinco días después de que haya habido una sentencia del Tribunal Constitucional que anula una modificación de la Ley de protección de los animales aprobada por el Parlament de Catalunya con una amplísima mayoría, fruto de una iniciativa legislativa popular que establecía que determinados espectáculos taurinos no se pudiesen realizar en Cataluña. Pocos meses después de acceder al Gobierno el Partido Popular, el Ministerio de Cultura creó el Premio Nacional de la Tauromaquia, ante una restricción presupuestaria sin precedentes, dotándolo con 30.000 euros adicionales. Esto lleva a que estemos en una situación como la actual.
Yo entiendo esta proposición no de ley y nosotros compartimos una parte importante de la iniciativa, pero obviamente discrepamos, por coherencia interna, con otra parte de ella. Por tanto, nuestro grupo va
a abstenerse. Sin embargo, me gustaría destinar unos pequeños segundos a establecer claramente las posiciones con las que estamos de acuerdo y otros aspectos de la propuesta que modificaríamos o matizaríamos. Nuestro grupo estaría de acuerdo con los puntos 1, 4, 5 y 6, pero quedando abiertos a la tramitación legislativa en caso de aprobarse. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la redacción actual del punto 2 porque entendemos que cada nivel de Administración debería fijar libremente su capacidad o no capacidad de establecer las subvenciones públicas. De hecho, tal como conocen, hay ayuntamientos -no es mi caso, para que no haya malentendidos mi ayuntamiento no subvenciona espectáculos taurinos- que sí están haciéndolo; de todos los colores políticos, no tengan ninguna duda. También mantenemos dudas respecto al punto 3 sobre la supresión absoluta de la PAC a criadores de toros. Nos parece que, en todo caso, este tema debería estar un poco más estudiado. Por tanto, aun compartiendo una parte importante de la iniciativa, vamos a abstenernos.
En nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.
Señorías, en 2010 el Parlament de Catalunya aprobó una iniciativa legislativa popular para prohibir las corridas de toros en Cataluña -la Ley 28/2010-, convirtiéndose en la segunda comunidad autónoma donde están prohibidas, tras Canarias. Me quiero parar aquí porque hay que hacer referencia a esta diferencia entre estas dos comunidades. En Canarias, precisamente este tipo de espectáculos habían dejado de celebrarse desde 1984 por la escasa afición y el alto coste del traslado de los astados desde la Península. Creo que es fundamental establecer esta diferencia. Además, con respecto a ciertas actividades como los correbous y el bou embolat, el Parlamento de Cataluña ha aprobado mociones incluso de reconocimiento y protección de estos festejos.
Se comentaba antes que el pasado jueves, 20 de octubre, el Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad por entender que la Generalitat menoscaba la competencia del Estado para preservar el patrimonio cultural común. Evidentemente, todas y cada una de las iniciativas son muy restrictivas, aunque en algunas de ellas podríamos estar de acuerdo. En 2010 votamos en contra de esa iniciativa legislativa popular para prohibir las corridas de toros, porque el argumento es que debería ser realmente la falta de afición la que determinase el futuro de los toros, no la prohibición legal, y en Europa hemos apoyado el fin del Toro de la Vega, argumentando que esa cláusula de respeto cultural nunca puede ser amparo de maltrato animal. Asimismo, Ciudadanos, ha repetido en diversas ocasiones, y, desde luego, respetando la decisión del Tribunal Constitucional, que la vía de la prohibición no es la solución, que una cosa es regular, decir cómo se tienen que hacer las cosas, y otra es que con motivos identitarios se prohíba y se entre en la disputa y el enfrentamiento.
El portavoz de Esquerra Republicana decía que hoy en día hay estudios pero no datos fehacientes sobre cuál es el porte de la subvención de esta actividad. Nosotros pensamos que se precisa y se reclama un debate sereno y tranquilo y que debería hacerse un estudio minucioso y profesional de las subvenciones que recibe el sector.
Por todo lo expuesto, Ciudadanos se va a abstener, porque no estamos de acuerdo en subvencionar este tipo de actividades ejercidas por empresarios y sociedades privadas, incluso algunas que subvencionan las comunidades autónomas, aunque tampoco estamos de acuerdo con la prohibición de la tauromaquia. Más bien, es la ciudadanía, como antes comentaba respecto a Canarias, la que debe decidir si acude o no a estos eventos representativos de la tradición y la cultura de muchos pueblos de nuestra geografía.
En nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell.
Como no puede ser de otra manera, nuestro grupo votará a favor de esta proposición no de ley del Grupo de Esquerra Republicana. Efectivamente, llega en un momento oportuno, después de la sentencia del Tribunal Constitucional contra la ley catalana que prohíbe las corridas de toros, una sentencia que, como mínimo, junto con la legislación en la que se ampara, nos sugiere dos preguntas: ¿Cómo se puede considerar la tauromaquia a estas alturas del siglo XXI patrimonio cultural común y tradición cultural a
preservar? Y segunda pregunta: ¿Por qué Canarias sí y Cataluña no? Porque no es argumento la demanda de corridas de toros, que también fue ínfima en Cataluña; creo que en 2010 o 2011 solo se celebraron dieciocho corridas en toda Cataluña.
Quien convirtió esto en una cuestión identitaria fue el Partido Popular, cuando en 2013 declaró las corridas de toros, la tauromaquia en un bien de interés cultural, en un patrimonio cultural, con el que se intentaba preservar la mal llamada fiesta nacional. Nuestra perspectiva no es, en absoluto, identitaria, y lo decimos desde la coherencia de que el Grupo de Iniciativa Verds-Esquerra Unida en el Parlament de Cataluña se opuso y se ha opuesto siempre, tanto en dicha ley como en regulaciones posteriores, a toda forma de maltrato animal, también a los correbous, los capllaçats y embolats que se celebran en algunas partes de Cataluña y que está demostrado científicamente que suponen maltrato animal. No es una cuestión identitaria. Se equivocan quienes quieren hacer de esto, de un lado o de otro, una cuestión de enfrentamiento entre España y Cataluña. Se trata de una cuestión ética, de abrir un nuevo capítulo en el reconocimiento de derechos propios del sigo XXI, el derecho de todo animal a no ser tratado de forma cruel y degradante. Esta es la cuestión.
El artículo 13 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar para los animales como seres sintientes. El concepto de patrimonio cultural y de tradición arraigada ha cambiado con el paso del tiempo. Es cierto -como dice el Tribunal Constitucional- que las instituciones tienen que adaptarse a la realidad social, pero ¿realmente es una tradición arraigada?¿Qué tiene hoy más arraigo social en España, la fiesta de los toros o la sensibilidad hacia los animales? Vamos a la realidad social. Según una encuesta de principios de año, solo el 19 % de los españoles apoyan las corridas de toros, frente al 58 % que se oponen. Entre los jóvenes, solo el 7 % las apoya y el 84 % las rechaza. El 73 % de los ciudadanos y ciudadanas están en contra de las subvenciones a la tauromaquia. Y sí, creemos que es inaceptable que 130 millones de euros de toda la ciudadanía europea se destinen a través de la PAC a ayudas a este tipo de ganadería, a los grandes propietarios, cuando la convención europea de protección de los animales -termino, señor presidente- dice que estos no deben sufrir dolor, angustia o ser víctima de lesiones. Tampoco se trata de una cuestión de libertad individual, se trata de aceptar o no como normal, como parte de la cultura propia de un país -no de su pasado histórico, sino de su cultura actual- que un espectáculo de tortura y muerte de un animal forme parte de ese acervo cultural. Nosotros creemos que no y las corridas de toros no volverán a Cataluña porque tenemos claro que la tortura no es cultura.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra don Antonio Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señor presidente. Buenos días.
Voy a partir de dos aclaraciones. En primer lugar, mediante esta proposición no se trata de debatir sobre si toros sí o toros no, si el toro significa cultura, identidad o maltrato a los animales; esta proposición trata de si se prohíbe o no la posibilidad de utilizar recursos públicos para actividades relacionadas con la tauromaquia.
Y voy a partir de otra aclaración más. Yo no soy aficionado a los toros, he ido en contadas ocasiones a los toros, porque me ha tocado ir, pero tengo un enorme respeto a la tauromaquia. Yo vengo de Córdoba, donde el pueblo elige a los califas del toreo, donde la ciudad está llena de esculturas, rutas turísticas, gastronomía relacionada con ella, donde se vive la tauromaquia, y nada más que por respeto a esa afición, a esa mitificación incluso de los toreros, de personajes de la cultura taurina, como el Cordobés, Manolete, Lagartijo y multitud de toreros de Córdoba, creo que merece un enorme respeto.
Y quiero partir también de dos postulados que considero erróneos en esta proposición. En primer lugar, esta propuesta es claramente un subterfugio: no puedo cambiar la norma y prohibir las corridas de toros o las actividades relacionadas con la tauromaquia y trato de cortar, teóricamente, el grifo a esas actividades. Y es errónea por lo siguiente: si hiciésemos un balance fiscal de esta actividad, con respecto a la Administración del Estado, frente a los 30.000 euros del premio del que se ha hecho mención anteriormente, la contraposición son 43 millones de euros de recaudación por IVA; o, por ejemplo, 200.000 puestos de trabajo, 57.000 de ellos directos; o la actividad que se desarrolla, valorada en un montante de 1.600 millones de euros. Por tanto, sería un subterfugio que tampoco daría resultado, porque es una actividad que no depende del dinero y los recursos públicos.
Por otra parte, también considero que en ese sentido se está postulando que ser antitaurino es ser lo más de izquierdas y lo más republicano, mientras que ser taurino parece ser que se quiere asemejar a la derecha. Como he dicho, vengo de Córdoba; les voy a poner un claro ejemplo. En 1954 un alcalde franquista, Antonio Cruz Conde, compra la que era casa de Luis de Góngora, en la plaza Maimónides, para hacer un museo de arte de Córdoba, dedicado a platería y a cuero principalmente, y es un alcalde del Partido Comunista, Julio Anguita, quien en 1983 cambia el objeto de ese museo y lo convierte en un museo taurino, un museo de la tauromaquia. Por tanto, ese postulado de más de izquierdas antitaurino y más de derechas taurino es falso.
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, vaya terminando, por favor.
El señor HURTADO ZURERA: Concluyo. Nuestra posición es no, por dos cuestiones. En primer lugar, respeto a los aficionados y a la afición. Se ha dicho que es un cuarto de la población. También hay estimaciones de que son más de 45 millones de espectadores los que acuden a este tipo de actividades. Respeto; tenemos que gobernar desde las instituciones para todos, no solamente para una parte de la población, para todos. Y es normal que haya representantes de estas instituciones que dediquen algún tipo de recursos públicos al desarrollo de esta actividad. Por tanto, por respeto también a esas potestades que tienen los propios representantes institucionales, que tenemos que dejar que, conforme a la ley, puedan obrar.
Quiero concluir, señor presidente, señalando que desde el absolutismo de los principios de unos pocos no se hace democracia. Tenemos que ser mucho más flexibles, mucho más tolerantes y, por otra parte, tener en consideración que gobernamos para todos, no para una parte de la población.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Moya.
El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.
La primera reflexión en voz alta que quiero hacer a Esquerra Republicana es si va a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional, porque estamos en un Estado de derecho y usted dice que no, o sea, usted no respeta la libertad de aquellos que nos sentimos taurinos y defendemos la tauromaquia, y le da exactamente igual la Constitución española, artículos 149 y 46, preservando lo que significa y representa un patrimonio cultural. Ustedes dicen que no al Tribunal Constitucional. Es bueno que conozcamos el planteamiento de esa izquierda radical, que una vez más va contra el Estado de derecho y contra el Tribunal Constitucional.
Señorías, sí hay informes, sí hay estudio. Lo hizo la Universidad de Extremadura el año pasado a través de lo que significaba el informe Los toros en España, un gran impacto económico con mínimas subvenciones. Les voy a dar una serie de datos que ha hecho públicos aquella universidad, aunque ahora a lo mejor a los de Podemos la universidad no les interesa. Miren ustedes lo que dice la universidad de Extremadura sobre datos relativos al año 2013. La única partida relacionada con los toros en los Presupuestos Generales del Estado asciende a 30.000 euros, un 0,01 % del total destinado a actividades culturales. Solo cuatro de diecisiete comunidades autónomas destinaron partidas a la tauromaquia en los presupuestos de 2013. Nos encontramos con que España contaba en ese año con 8.117 municipios, de los que 2.767 organizaron festejos taurinos. Estos generan 200.000 empleos, 57.000 de ellos de forma directa, lo que representa un 1,16 % de la ocupación laboral de la población española. Las cotizaciones a la Seguridad Social de los profesionales taurinos en el año 2013 sumaron 12,1 millones de euros, el 0,015 % de la tributación del régimen general. La cifra de recaudación por IVA y de cotizaciones a la Seguridad Social alcanzó 56 millones de euros, cifra que duplica sobradamente las ayudas brutas que el sector taurino recibe de la Administración pública.
Señorías, no mientan. La Unión Europea no subvenciona la tauromaquia, porque precisamente en el primer pilar de la PAC -lo digo por que ustedes se repasen la normativa vigente- lo que se establece en el pago básico son ayudas a cualquier agricultor activo que disponga y tenga y sea titular de una superficie agraria, y representa un pago desacoplado de la producción. Por tanto, no mientan. La Unión Europea no subsidia, no da ningún tipo de ayuda a la tauromaquia.
El 25 de septiembre de 2011, en la Feria de la Mercé, con motivo precisamente de la festividad de Barcelona, se celebró una corrida de toros, de la que la crónica dice: no hay billetes, toros de El Pilar, bueno el segundo, los demás mansos y deslucidos. Toreaban los maestros Juan Mora y José Tomas. ¿Saben ustedes cuál fue el grito que había en la plaza, con el que yo quiero terminar mi intervención, representando a aquellos que nos sentimos profundamente orgullosos de España y de su fiesta taurina? "¡Libertad, libertad, libertad! ¡Viva la fiesta de los toros! ¡Cataluña es España!" Afortunadamente, el Tribunal Constitucional ha amparado la libertad de los españoles.
Nuestro voto será negativo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Moya.
Terminamos así el punto tercero, en el que tampoco se han presentado enmiendas.
- RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN FINANCIERO PARA LOS ASTILLEROS PÚBLICOS GALLEGOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000159).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto, proposición relativa a la elaboración de un plan financiero para los astilleros públicos gallegos, presentada por Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En su nombre, tiene la palabra doña Yolanda Díaz.
La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, señor presidente. Bo día a todos y a todas.
Supongo que también formará parte de la cultura de este Estado plural defender los puestos de trabajo, que en este caso en el sector naval público abarca a más de 8.000 puestos directos y más de 17.000 puestos de trabajo indirecto, y supongo que también abrazará la cultura de este Estado plural efectivamente que podamos vivir dignamente y que los trabajadores y trabajadoras tengan que dejar de salir a las calles, como acaban de hacer nuevamente el día 14 de octubre más de 2.000 trabajadores en Galicia, que han salido en su astillero para impedir la entrada del presidente de Navantia, el señor Revuelta, ante las deficientes condiciones en las que están prestando sus servicios los trabajadores y trabajadoras de la industria auxiliar. Supongo que ustedes conocen perfectamente lo que está pasando en el sector naval. En todo caso, nuestro grupo considera que estamos ante un Gobierno profundamente irresponsable, que utiliza magníficamente como arma propagandística al sector naval única y exclusivamente cuando nos encontramos en campaña electoral. Recientemente lo ha hecho el señor Feijóo en Galicia y también recientemente lo ha hecho el Partido Popular, en abril, cuando ha firmado una PNL conjuntamente con todos los grupos de esta Cámara que pedían los sindicatos de clase para defender estrictamente tres cuestiones vitales para la supervivencia del sector naval público en el conjunto del Estado español a través de sus cuatro centros productivos.
En primer lugar, la gestión de Navantia por parte de los dirigentes que nombra el Partido Popular es nefasta. Nunca nos hemos encontrado con un balance contable semejante al que estamos viviendo, incluso con un incremento de pérdidas, con un ranquin que ni siquiera cuando había cero de carga de trabajo en el sector naval encontrábamos. Y es una gestión que, sin lugar a dudas, está derivando al sector naval hacia una posición de riesgo extrema. Y por eso, obviamente, los sindicatos pedían en aquel momento un plan económico-financiero para este grupo empresarial, de máxima importancia para el conjunto del Estado. Solamente una unidad en el caso de Ferrol da resultados positivos, lo que tiene que ver con el área de reparaciones. El resto de la gestión del grupo es negativa. Por tanto, lo más sensato, como ya hemos discutido en esta misma Comisión, sería remover a esas personas que dirigen esta empresa por una deficiente gestión.
Pero lo más importante para la supervivencia del sector naval público -y así habíamos estado de acuerdo todos los grupos- es trabajar un plan industrial en el que de una vez por todas decidamos el uso de estos magníficos astilleros públicos. ¿Por qué decimos esto? Porque parece bastante evidente que en el día de hoy no hay razones ni en Ferrol ni en Cartagena ni en Cádiz que justifiquen que no podamos hacer lo que sabemos hacer, que son barcos, construcción civil y otros elementos fundamentales para nuestro país que tienen que ver con la energía renovable, el offshore. Sin embargo, como hemos dicho, ya no está el señor Almunia, ya no hay nadie en Europa que impida o que haga pesar un veto sobre nosotros, y en nuestros astilleros públicos no construimos nada civilmente.
Por tanto, es necesario e imprescindible redefinir y plantear ese plan industrial que vienen solicitando los centros productivos, los trabajadores y las trabajadoras, puesto que estamos hablando de un sector estratégico para nuestro país. Un sector netamente exportador y, además, en el área de diseño, en I+D+I. Tenemos pocas empresas que sepan hacer lo que sabe hacer Navantia. Curiosamente, el Gobierno del Partido Popular, en funciones, lejos de mimar y cuidar esta empresa con esmero, hace todo lo contrario; gestiona mal y aboca a la empresa nada más y nada menos que al gran sueño deseado, que es privatizar estos astilleros en el conjunto del Estado. Tenemos que decir también que nosotros hemos peleado para conseguir lo que los trabajadores y las trabajadoras reclaman -y así lo hemos defendido en esta Comisión en varias ocasiones-, justamente carga de trabajo. En temporada electoral nos decían que íbamos a tener un macrocontrato para Australia, cosa que será cierta pero dentro de un año, y en un año los astilleros públicos de este país tienen que saber qué van hacer porque las gradas, señoras y señores de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, siguen estando vacías, no hay nada que hacer, por mucho que el Partido Popular se empeñe que decirnos que sí. No han salido a las calles 2.000 trabajadores hace escasamente diez días por nada, salen a las calles porque no hay carga de trabajo. Y nos gustaría que el Grupo Parlamentario Popular nos explicara de qué van a vivir esos astilleros hasta dentro de un año. Un año en Cartagena, un año en Ferrol y un año en Cádiz, todos los centros productivos del conjunto del Estado español. Por tanto, la iniciativa que les planteamos es muy sencilla: por una parte, rubricar el acuerdo al que llegamos todos los partidos el pasado 26 de abril en esta sede, a instancia de los sindicatos de clase. Y por otra, que de manera inmediata se plantee un plan económico-financiero para sanear las cuentas de esta empresa, salvo que queramos cerrar definitivamente estos astilleros o ponerlos a la venta.
Y termino, señor presidente, refiriéndome a las enmiendas que ha presentado la compañera de ERC. No vamos a aceptar la primera y respecto a la segunda, en lo que se refiere a la legislación española e internacional, hemos llegado a una transacción que vamos a facilitar a los miembros de esta Comisión, en el sentido, obviamente, de cumplir la legislación vigente ya que, como ustedes saben, no se puede vender armas a países que están en conflicto. Por tanto, nuestro grupo parlamentario sí quiere cumplir la legislación española, sí quiere cumplir la legislación internacional y, sobre todo, quiere velar por los derechos humanos. En consecuencia, agradezco a la compañera de ERC el haber llegado a esta transacción, y aceptamos esa segunda enmienda con el texto que les vamos a proponer para su votación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díaz.
Para defender sus dos enmiendas, tiene la palabra la señora Capella.
Defenderé estas dos enmiendas, la primera dirigida directamente a que este plan industrial fuese de alternativas de producción civil porque, como bien apuntaba la compañera del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, las cifras de pérdidas de la empresa son astronómicas, y no hay justificación para continuar construyendo embarcaciones militares y armas navales. En consecuencia, desde Esquerra Republicana, como consta en la explicación de la enmienda, propugnamos un cambio de estrategia y modelo industrial después de años de fracaso de la industria militar. Evidentemente, tendrá que haber un proceso de reconversión naval, pasar de la industria militar a la civil, y utilizar toda la experiencia y conocimiento para redirigirla. Por otra parte, hemos modificado la segunda enmienda en el siguiente sentido: no construir ninguna corbeta que tenga como destinatario alguna de las partes en conflicto del Yemen, mientras se siga teniendo información de fuentes de fácil acceso y fidedignas, o mientras subsista un riesgo sustancial a tenor de los datos disponibles y el conocimiento que se tiene, de que las armas serán empleadas para cometer o facilitar que se cometan violaciones graves del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario o se desviarían para dicho uso. A pesar de haber conseguido esta transacción, al no aceptarse la primera enmienda, Esquerra Republicana se abstendrá en la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por considerar que al menos hemos mejorado su redacción inicial, ya que quedará vetada la venta de barcos militares en zonas de conflicto, donde está prohibido internacionalmente. Por tanto, anunciamos nuestra abstención, a pesar de la transacción.
Creo que el señor Bel, del Grupo Parlamentario Mixto, se ha ausentado. Por tanto, no hay nadie para intervenir en este punto.
El señor TEN OLIVER: Señor presidente, señorías, los astilleros de la empresa pública Navantia se encuentran en una situación realmente muy delicada y no solo los astilleros de Galicia, sino en toda España. Y ello motivado por una reducción de inversiones y de carga de trabajo que anteriormente nos ha comentado, que se viene produciendo desde hace años ante la creciente competencia de los países emergentes, sobre todo los asiáticos, en el sector naval. De hecho, estamos muy preocupados porque el último balance contable de Navantia arroja nuevos datos negativos, con unas pérdidas en 2015 que rondan los 160 millones de euros. Además, se conocen las últimas cifras de los meses de 2016, con unas pérdidas de más de 20 millones de euros. Ante esta situación, el pasado mes de abril, los diferentes grupos parlamentarios, entre ellos Ciudadanos, suscribimos una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno, a la SEPI y a Navantia, a que adoptaran las medidas necesarias para negociar ese plan industrial viable. Este plan debería definir la carga de trabajo, ampliando la oferta para la construcción de buques del sector civil, e incorporando nuevas actividades como la fabricación de componentes para generar energías renovables. Se solicitó un plan financiero para garantizar los recursos necesarios, incluyendo el plan de inversiones I+D+I. Sin embargo, pese al acuerdo suscrito, a día de hoy la situación no ha cambiado, y tampoco se ha adoptado por parte del Gobierno en funciones ninguna medida tendente aunque solo fuese a iniciar negociaciones con Navantia y con los representantes sindicales.
Por tanto, ante esta hipotética enmienda transaccional a la que se ha llegado a última hora, estamos a favor de los apartados que se proponen por lo que vamos a solicitar, si es posible, votar por separado la enmienda que presenta Esquerra Republicana.
El señor PRESIDENTE: Así se hará, si no hay inconveniente por parte del grupo proponente.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Mira.
Señorías, en relación con esta proposición no de ley que supone la recuperación de un acuerdo ampliamente consensuado por los partidos de esta Cámara, fruto del acuerdo con las organizaciones sindicales más representativas en el sector, nos congratula que vuelva para ser nuevamente sometido a su aprobación. Consideramos que elaborar un plan industrial urgente para Navantia es una cuestión prioritaria, dado que se trata de un sector estratégico, básico para Galicia y para Andalucía, que ha acusado una fuerte reconversión industrial, con una notable reducción en sus plantillas en los últimos años. Nosotros nos posicionamos a favor de este plan industrial para los astilleros públicos, negociado y acordado entre los representantes de la empresa y los trabajadores, que para nosotros es la máxima garantía de la supervivencia de los astilleros. Por eso entendemos que debe llevarse a cabo con todas las garantías, proponiendo el correspondiente saneamiento económico de la empresa, incluyendo un plan financiero en el que se garanticen los recursos necesarios, y un plan laboral que impulse la creación de empleo y afronte el ineludible relevo generacional con los mecanismos de regulación y fidelización de la industria auxiliar.
No obstante, en relación con las enmiendas presentadas, nos gustaría hacer constar que somos sumamente respetuosos con el derecho internacional, ante la situación de conflicto que se está dando en Yemen, con ataques indiscriminados que atentan contra todo el derecho internacional y los derechos humanos. En ese sentido, nos manifestamos en contra y creemos que es un asunto que no debería venir a esta Comisión, porque la cuestión bélica no tiene nada que ver con la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas y sí debería ser tratado en alguna otra Comisión de manera separada, pero dado que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha cambiado la formulación convirtiéndola prácticamente en una declaración de respeto al derecho internacional, no podemos estar más que a favor de respetar las normas de derecho internacional y, en ese sentido, mostrar nuestra solidaridad y voluntad de establecer el cauce normativo necesario para evitar que se pueda negociar con la fabricación de armamento o la derivación de productos de negocio para favorecer acciones bélicas contra personas.
Desde este punto de vista, nosotros también agradecemos que se vote separadamente, pero tampoco tendríamos inconveniente en votar a favor de este plan, como ya hicimos con anterioridad, manteniendo la misma línea de consenso parlamentario de la legislatura anterior.
En relación con este asunto aclaro a sus señorías y les adelanto antes de la votación, que en el caso de admisión de una enmienda transaccional, como es este, no se puede votar por separado. Solamente se podría votar por separado si no hay enmiendas en cada uno de los puntos. Lo aclaro para que puedan posicionarse con tiempo para la votación.
Última intervención, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Juncal Rodríguez.
Como diría el compañero socialista, esta PNL es un subterfugio, desde luego es electoralista. La señora Díaz, miembro del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, preparó esta PNL con un claro objetivo, como hizo en abril de este año, de cara a unas elecciones. Esto lo podemos ver en su propia parte dispositiva, si la leemos -la tienen todos ustedes- verán que se dice: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a aprobar un plan financiero..." Un Gobierno en funciones no puede aprobar un plan financiero. Seamos serios, si queremos jugar a la política, jugamos todos, pero si queremos hablar en términos claros y contundentes, un Gobierno en funciones no puede aprobarlo. Por eso esta PNL estaba preparada pensando en que no habría Gobierno. Yo tampoco sé si va a haber Gobierno o no, habrá que esperar esta semana cómo se resuelve porque, si no, el martes estamos en campaña. Eso creo que lo sabemos todos.
El Partido Popular está claro que ha peleado durante estos cuatro años por intentar solucionar el problema de Navantia. Ya he dicho en alguna ocasión, que esta empresa, sin carga de trabajo, se encontró con un submarino que no flota. Y en contestación a la señora Díaz, en Cartagena precisamente a lo que se dedican y se han dedicado estos años es a arreglar ese submarino que no flotaba, y ya tenemos un modelo de submarino habilitado que flota y que cumple las características que tiene que cumplir un arma de ese tipo, porque son armas. Yo le pediría que retire la iniciativa, y al resto de partidos que dejemos de jugar a electoralismos y nos centremos en el tema. El Gobierno, si lo hay, lo primero que tendrá que hacer será nombrar a un presidente de la SEPI -cargo que está vacante en este momento porque cesó, hoy es compañero nuestro-, y tendrá que nombrar a un nuevo presidente de Navantia, con lo cual lo lógico y dado el interés que tiene para todos nosotros, los pasos a seguir serían escuchar al presidente de la SEPI lo que nos tenga que decir en la parte que le corresponde, como accionista único de Navantia, respecto al plan financiero, los requisitos que hay que cumplir porque es una empresa pública y, por lo tanto, tenemos que hablar con Europa, sobre las gestiones que hay que hacer, habilitar créditos para hacer esa ampliación de capital, etcétera. También hay que escuchar sus explicaciones sobre el plan de empresa, porque creo que hay un antecedente en 2005 que no me gustaría que se repitiera, y es que dentro del plan de personal los mayores de 52 de años fueron a la calle. Esto ha provocado una crisis de personal y en su actividad que durante estos años ha costado a la empresa muchos millones de euros. Y ello por culpa de tener una plantilla desequilibrada gracias a una mala decisión empresarial.
Por lo tanto, hay que tomarse las cosas en serio y yo le propondría a la señora Díaz -ya sé que me va a decir que no- que retire la PNL, y que adoptemos las medidas -creo que puede ser por consenso- para iniciar un estudio de trabajo y plantear las soluciones tanto de personal como económico-financieras y de todo tipo para Navantia.
- RELATIVA AL APLAZAMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES POR LOS AYUNTAMIENTOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000221).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, al quinto punto del orden del día, proposición no de ley relativa al aplazamiento de pago a proveedores por los ayuntamientos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre, para su defensa tiene la palabra doña Adriana Lastre.
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías, los socialistas desde un primer momento planteamos nuestro acuerdo en la búsqueda de soluciones para hacer fluir el pago a las empresas de proveedores con las que se producía una relación de endeudamiento real desde el sector público con las entidades locales. Como saben, el Gobierno aprobó el 24 de febrero el Real Decreto-ley 4/2012, de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, que pretendía solventar este problema, y ante el que los socialistas planteamos en su día varias consideraciones de importancia, ya que sus contradicciones de partida han provocado que los ayuntamientos españoles con problemas endeudamiento estén sufriendo las consecuencias. Como les decía, ya manifestamos en su día, cuando fue aprobado este real decreto, que si bien es cierto que la crisis económica agravó el problema de financiación de las entidades locales y que esta medida podía ayudar a solventarlo en el corto plazo, deberíamos afrontar definitivamente el problema de fondo mediante una nueva norma que regulara la vida local. Esta norma, entre otros aspectos, tendría que definir las competencias y la financiación adecuada para su desarrollo. Por ello es imprescindible aprobar para el futuro una nueva ley de haciendas locales, que resuelva la cuestión de fondo derivada de una falta de financiación adecuada para los ayuntamientos.
El problema de la deuda a proveedores en mayor o menor medida ha afectado a la gran parte de los ayuntamientos de nuestro país y, por tanto, el rigor y la objetividad deberían haber sido los criterios prioritarios a la hora de analizar la situación en que se encuentra cada ayuntamiento. La deuda contraída por los ayuntamientos está agravada en muchos casos por el impago de la deuda de otras administraciones como las comunidades autónomas principalmente, aunque también algunas diputaciones provinciales. Los socialistas ya propusimos que todas ellas fueran incorporadas a los planes de pago, con el objeto de aumentar la autonomía financiera de los ayuntamientos a la hora de definir sus planes de ajuste. Desde la aprobación de esta iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista insistió en que para definir las condiciones de financiación, el plazo del préstamo no debía ser inferior a los diez años, con un período de carencia de dos años, y los intereses que cobraran los bancos a los ayuntamientos no podían estar muy alejados del 1 %, interés al que el Banco Central Europeo ha prestado dinero a las entidades europeos. Los socialistas también advertíamos en ese debate que en función de cómo se plantearan los créditos, el plan de pagos podía ser un alivio a la situación de muchos proveedores, o un negocio redondo para los bancos y una ruina total para los ayuntamientos. El objeto principal de la medida tendría que ser beneficiar a los proveedores a los que se les debe y a los ayuntamientos que pagan, pero en ningún caso -advertíamos en aquel debate- podrán ser los bancos los que finalmente saquen rédito de la difícil situación económica y financiera por la que están pasando los ayuntamientos y las empresas.
Una medida de esta envergadura debería haber contado desde el primer momento con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias, como saben, entidad representativa del mundo local, aunque el diálogo entre el Gobierno y la FEMP ha brillado por su ausencia. Poco después de la aprobación del real decreto-ley, la FEMP planteó en su Junta de Gobierno, celebrada el 29 de febrero de 2012 -por cierto, gobernada por aquel entonces por el Partido Popular-, varias propuestas que no han sido escuchadas en estos años: en primer lugar, que los créditos deberían contemplar una carencia suficiente para ser asumibles por los ayuntamientos. En segundo lugar, que el tipo de interés debería ser inferior al coste de mercado. En tercer lugar, que las competencias que el real decreto-ley atribuye a los interventores deben ser revisadas, además de otra serie de argumentos que ustedes conocen tan bien como yo. Entendemos que los ganadores del Plan de pago a proveedores han sido los bancos y las multinacionales, como decíamos antes, al no haberse escuchado ninguna de las recomendaciones que hacían tanto el Grupo Socialista como la Federación Española de Municipios y Provincias. Esto ha sido habitual durante el Gobierno del Partido Popular, puesto que diez de las grandes empresas se han quedado con el 25 % del total que se abonó. No han sido las pymes y los autónomos los más beneficiados a la hora de priorizar los pagos, ya que no se han establecido mecanismos para que las quitas propuestas por el real decreto no perjudicaran a las empresas más pequeñas frente a las que tienen mayor capacidad financiera.
En resumen, el problema está latente a día de hoy porque hay muchos ayuntamientos que no pueden hacer frente a la suma del capital más los intereses, lo que llevará sin contemplaciones al cumplimiento de las medidas impuestas en los planes de ajuste municipales: reducciones de costes de personal, salarios y empleos; supresión de servicios; subida de tasas y precios públicos; e imposibilidad de realizar inversiones. Ante esta situación caótica para el municipalismo, el Gobierno del Partido Popular ha seguido dando, una vez más, la callada por respuesta.
Por estas razones hemos planteado esta proposición no de ley, que entendemos que ha sido mejorada con las aportaciones que han hecho tanto el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea como el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Hemos alcanzado una transaccional entre los tres grupos que haremos llegar a la Presidencia de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Ciudadanos y dos del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. ¿Se entiende que se está trabajando en una transaccional de las tres?
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Ya está redactada y solo falta que nos la bajen para firmarla y entregársela.
El señor PRESIDENTE: Perfecto. Así se votará al final.
Señorías, para nosotros la cuestión de la financiación de las haciendas locales es muy relevante. Aquí, lo primero que hay que hacer es reconocer las cosas como son, y es que a día de hoy las únicas administraciones que tienen superávit en España son las administraciones locales y que el Plan de pago a proveedores que implantó el Gobierno del Partido Popular en 2012 fue claramente un acierto porque permitió que estos proveedores cobrasen o disminuir su plazo de cobro, con lo que la asfixia financiera que estaban soportando indebidamente los proveedores de algunas administraciones públicas se vio bastante aliviada.
Dicho esto, seguramente con el cambio de circunstancias no es suficiente y las administraciones locales, en la medida de lo posible, deberían reducir sus costes de financiación, porque el hecho de que paguen más intereses significa que, al final, los acaban pagando todos los vecinos. Esto tiene que ser compatible con un grado de responsabilidad fiscal que algunos ayuntamientos no tienen, aunque, en general, la mayor parte de ellos sí lo tienen. Lo que no se puede pretender es que los servicios públicos en lugar de financiarlos los correspondientes vecinos los paguen el resto de los contribuyentes. Nosotros hemos presentado una enmienda buscando que los ayuntamientos cumpliesen los planes económico-financieros de reequilibrio y, fundamentalmente, la regla de gasto. Lo que España no se puede permitir es que se dé una serie de servicios a los vecinos y que luego no quieran pagarlos y pretendan que lo haga el Estado, que es una forma de decir que lo paguen los demás contribuyentes.
Hemos alcanzado un acuerdo con el Grupo Socialista y con el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para presentar una enmienda transaccional que busca poder echar una mano a aquellos ayuntamientos, que ni mucho menos son todos, aunque en algunos casos sí existen, que están sobreendeudados y que no pueden cumplir con sus plazos de pago. De todas formas, esto debe estudiarse y hacerse de una forma responsable, porque en este tema, como en muchos otros, si se huye de la responsabilidad fiscal al final lo acabamos pagando entre todos.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Honorato.
Estamos totalmente de acuerdo con el sentido de la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista, relativa al Plan de pago a proveedores, sobre todo porque nos parecía, como se plantea en la iniciativa, que era necesario, como apuntaba antes el compañero de Ciudadanos, que no cayera sobre las pymes y sobre los autónomos el impago de los entes locales. Pero pensamos que, como también se señala en la proposición, en la práctica, el desarrollo de este plan ha supuesto un auténtico negocio para las entidades financieras y una trampa para muchos ayuntamientos que están pagando un interés excesivo por estos créditos, algunos en torno al 8 %. Nos parece que hubiera sido mucho más lógico y más respetuoso con las haciendas locales haber vinculado las condiciones de estos créditos al coste medio de financiación del Estado para periodos homologables.
También nos parece importante dar una especie de visión global de la financiación de los entes locales, porque si bien es cierto que el artículo 142 de la Constitución contempla la necesidad de respetar por parte
del Estado y de las comunidades autónomas esa financiación local que permitiría el desarrollo de las competencias de los entes locales, también lo es que ese mandato constitucional apenas se ha desarrollado, por lo que nos encontramos con una situación endémica de las finanzas locales que tiene su raíz en esta falta de desarrollo completo. Es verdad que esto se agudizó en la época de crisis, pero, como también recordaba el compañero de Ciudadanos, ahora mismo solo contribuyen en un 5 % al endeudamiento público proveniente de los entes locales. Estamos hablando de una situación endémica que va más allá de la situación actual, que viene de una falta de debate sobre el modelo de financiación para los municipios de nuestro país.
Vamos a apoyar esta proposición, después de firmar la transaccional que hemos negociado. De todas formas, nos parece que este plan se queda corto, porque creemos que es necesario elaborar un plan de reestructuración de la deuda de aquellos municipios especialmente castigados, pero no solamente pensando en la deuda con los proveedores, sino en el montante de la deuda global de estos municipios. Nos parece importante, y se refleja en la transaccional, que la prórroga de determinadas condiciones que se plantea esté vinculada a conseguir esa reestructuración de la deuda. Repito que vamos a apoyar la PNL, aunque nos parece que hay que seguir ahondando en esta situación para solucionar el problema de déficit estructural de la financiación de los entes locales, que son los que se hacen cargo de muchos de los servicios esenciales de esos vecinos y vecinas de cada municipio.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Honorato.
La señora CAPELLA I FARRÉ: ¿Ha cambiado el orden de intervenciones? No he presentado enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Estamos en el turno de portavoces.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Entonces le toca a mi compañero el señor Bel.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bel.
No tenemos constancia de la transaccional, por lo que va a ser difícil pronunciarnos sobre ella. En todo caso, daré nuestra opinión sobre la propuesta que, como a veces hacemos, es reciclada de otras anteriores. El mes de agosto que fija la exposición de motivos es un mes de agosto muy tardío, porque ya hace tiempo que los ayuntamientos están amortizando. Es cierto -y lo puede decir el Grupo Popular- que en 2014 se estableció una moratoria en el pago de amortizaciones e intereses, pero también lo es que en 2015 se procedió a la amortización y en 2016 se continúa amortizando. Es verdad que la mayoría de ayuntamientos, con mucho esfuerzo y sacrificio, están cumpliendo estos compromisos, pero hay otros que están en una situación muy complicada y necesitan una solución.
Por tanto, más allá de la exposición de motivos, a expensas de conocer la transaccional, estamos de acuerdo con el contenido, en tanto en cuanto se facilite a las corporaciones locales una reestructuración de la deuda del Plan de pago a proveedores adaptado a circunstancias concretas. Debemos recordar que las corporaciones locales son el único nivel de la administración que cumple de sobra con sus objetivos de déficit, puesto que genera superávits que permiten compensar con otros niveles que generan déficit.
El Partit Demòcrata Català quiere constatar que si se llegó a esta situación no fue por una mala praxis de muchas corporaciones locales, sino por una deficiente financiación de las mismas, en especial de los ayuntamientos, durante muchísimos años. Esperamos que en esta nueva legislatura que suponemos que se va a abrir a partir de esta semana o de la próxima, ya veremos, se den las circunstancias para que se pueda tramitar una ley de financiación de las haciendas locales que sea digna, suficiente y que evite en el futuro problemas como los que estamos analizando en este momento.
Quiero aclarar que desde el principio hemos seguido el orden dando la palabra en primer lugar a Esquerra Republicana. Depende del criterio que se utilice.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Porque era la proponente.
El señor PRESIDENTE: En el primer caso y en el segundo no. Solamente en uno. En cualquier caso, es un criterio que se puede alterar perfectamente. De hecho, el Grupo Mixto tiene 19 diputados, pero considerados individualmente tienen menos que el Grupo de Esquerra.
Siguiendo el orden que me proponen, tiene la palabra la señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: No tengo nada que objetar a lo que decida el presidente.
Tengo ya la transacción que proponen los distintos grupos que habían presentado enmienda. Esquerra Republicana no tiene ninguna objeción. En todo caso, en relación con lo que manifestaba el compañero Bel, de Convergència Democrática de Catalunya, o Pdecat -tenía dudas en cuanto al nombre- (Risas), lo cierto es que si las administraciones locales se encontraron con una situación de falta de liquidez y de incapacidad para poder asumir sus responsabilidades económicas fue porque nadie quiso abordar de forma clara un nuevo sistema de financiación, ni el Partido Socialista Obrero Español que gobernó en su momento ni el Partido Popular.
Me gustaría poner en valor el trabajo y la capacidad de los entes locales para dar respuesta cada día a las necesidades de la ciudadanía, con independencia de que tuviesen las competencias o no. En todo caso, ha habido falta de voluntad política para dotarlas de sistemas financieros y, por tanto, de capacidad recaudatoria, para darles la posibilidad de participar en los tributos estatales en las condiciones en las que deberían poder hacerlo en atención a los servicios públicos que prestan.
Esquerra Republicana votará favorablemente la transaccional elaborada a partir de las enmiendas presentadas.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Nieto Ballesteros.
El señor NIETO BALLESTEROS: Creí que mi capacidad de sorpresa por las propuestas que realiza el Grupo Socialista se había consumido. Pero después de ver la proposición no de ley que presenta en esta Comisión, de leerla detenidamente y sobre todo después de oír a su portavoz en el día de hoy, esa capacidad de sorpresa no tiene límite y tengo que asumirlo así.
Hay pocos temas más difíciles de defender por el Partido Socialista que aquellos que tengan que ver con los ayuntamientos y con la financiación a otras administraciones distintas al Estado, ya se lo comentaba a su compañero López Milla en el último Pleno y hoy se lo digo a usted. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho aquí, sobre todo de los compañeros que tienen experiencia de Gobierno en un ayuntamiento. En una intervención se nota a la legua con solo empezar a hablar quién ha tenido responsabilidad de Gobierno y quién no la ha tenido.
Cuando yo llegué al Ayuntamiento de Córdoba y fui su alcalde en mayo de 2011, el ayuntamiento tenía una deuda que había que abonar, en facturas por servicios ya prestados y vencidos metidas en el cajón, de 42 millones de euros. Tenía un déficit estructural entre pagos de deuda financiera y los servicios propios del ayuntamiento de 7 millones de euros anuales. Eso era en 2011 cuando gobernaba Rodríguez Zapatero, creo que no tenía culpa Rajoy de aquello que me estaba pasando. Más bien la culpa la tenían quienes habían gobernado en la ciudad de Córdoba años anteriores, un Gobierno de Izquierda Unida y Partido Socialista que tuvieron la ocurrencia de creer que la financiación de los ayuntamientos es ilimitada y que siempre se puede ir a la subida de tributos para conseguir que los vecinos sufraguen el derroche o la mala gestión.
Les voy a poner un ejemplo. Había una empresa pública que se encargaba de los grandes proyectos de ciudad y los espacios de suelo gestionada por el Partido Socialista, que se llamaba Gerencia de Urbanismo, pero además se creó otra para que la pudiera llevar Izquierda Unida -una segunda Gerencia de Urbanismo- llamada Agencia ProCórdoba. Esa segunda empresa generaba un déficit anual de 5,5 millones de euros. Pidió una póliza de crédito al banco, al BBVA, en el año 2003 y fue pagando 1.100.000 euros cada año por intereses, que luego iban acumulándose porque no eran capaces de pagar la deuda principal. Eso sí que era un negocio para los bancos, un Gobierno irresponsable que toma medidas de carácter irresponsable sí que era un buen socio para los bancos. Lo que están sufriendo hoy la mayoría de los ayuntamientos de todos los colores políticos es la mala gestión de quienes estaban antes, así como la falta de control y tutela de la Administración -en mi caso la Junta de Andalucía y, en otros, la comunidad autónoma correspondiente- y del Gobierno de España, porque no lo hicieron.
Hay un tercer tema al que han hecho referencia también: una muy mala financiación de la Administración local. Ya hemos dicho y reiterado -creo que tiene que ser un objetivo de esta legislatura si echa a andar- que hay que mejorar la financiación y hacerlo al mismo tiempo que la financiación autonómica. Lo que plantea en su proposición no de ley es muy grave. Ustedes han perdido la referencia de lo que es la socialdemocracia, ustedes no pueden decir que quién paga la fiesta de los bancos y las multinacionales son los ciudadanos. Eso no lo puede decir un partido de Gobierno. Ustedes no pueden decir que la tajada del Plan de pago a proveedores se lo llevan las multinacionales. Estas se llevan el 25 %, pero el otro 75 % se lo llevará alguien, que no serán las multinacionales. Pero es que esas multinacionales prestan servicios que quieren que se les pague y esos servicios que prestan se los ha encargado un ayuntamiento dentro de sus competencias. ¿O usted no quiere que los ayuntamientos contraten con quien presenta la mejor oferta?
El señor PRESIDENTE: Señor Nieto, tiene que terminar.
El señor NIETO BALLESTEROS: Concluyo.
Ustedes no pueden decir eso y no pueden decir que el Gobierno se ha cruzado de brazos, porque la mayor parte de lo que solicitan aquí ya fue aprobado en 2014 y en 2015, tal como ha apuntado el portavoz del Partido Demócrata Catalán, señor Bel. Creo que tenemos que hacer muchas cosas juntas y que tenemos que trabajar obligatoriamente juntos en muchas cosas, pero hay pocas que sean más importantes que mejorar la financiación a los ayuntamientos. Pero, por favor, cambien el chip. Ya han pagado un precio muy alto. Créanme no nos gusta que hayan tenido que pagar ese precio. Pero cámbienlo, vuelvan a ser un partido de Gobierno; compórtense como un partido de Gobierno; hablen como un partido de Gobierno, y a lo mejor llegan a ser otra vez un partido de Gobierno.
- SOBRE MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y EL DELITO FISCAL EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000324).
El señor PRESIDENTE: Algún grupo ha pedido que adelantáramos el punto 9.º del orden del día, pero no están presentes todos los portavoces que tienen que intervenir. En el siguiente punto intentaremos adelantar el punto 9.º, pero ahora pasamos al punto 6.º del orden del día: proposición no de ley sobre medidas para la lucha contra el fraude y el delito fiscal en España, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. En su nombre, tiene la palabra el señor Ten Oliver.
El señor TEN OLIVER: Señor presidente, muchas gracias.
Mi Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta hoy una proposición no de ley sobre medidas para la lucha contra el fraude y el delito fiscal en España. Nuestro esfuerzo por combatir esta lacra social ya quedó patente tanto en la pasada legislatura, cuando acordamos con el PSOE esas doscientas reformas, como ahora hace dos meses cuando firmamos con el Partido Popular esos ciento cincuenta compromisos para mejorar este país. Desde luego, esto va a marcar la hoja de ruta del próximo Gobierno, dado que esperamos que en breves días se consume esta legislatura, así como el acuerdo para no seguir bloqueando este país y nos dejen trabajar.
Señorías, de sobra es conocido nuestro artículo 31 de la Constitución que dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad y que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Pues bien, todos sabemos que en la actualidad este precepto constitucional no se cumple del todo. Entre otras cosas, no se cumple porque realmente no contribuyen todos; no contribuyen todos porque hay muchos que eluden sus impuestos, gracias a la ingeniería fiscal, gracias a estos grandes despachos especializados, a la colaboración de instituciones financieras y aunque sea legal es inmoral. Les recuerdo las amnistías fiscales que tuvimos con el Partido Socialista los años 1984 y 1991, incluso en el 2011 con la lista Falciani, en 2012 con la amnistía del señor Montoro, con los llamados papeles de Panamá, o de forma ilegal porque hay economía sumergida y hay estudios que determinan que aproximadamente un 20 % del PIB podría estar en esta economía sumergida. Además, no se cumple porque el sistema no es ni igualitario ni progresivo. Recordamos que el gran agujero que tenemos, el coladero que tenemos en el impuesto sobre sociedades, así como el carácter confiscatorio de las rentas del trabajo con unos tipos impositivos muy altos. De sobra es conocida la posición de Ciudadanos para
rebajar los tipos a la clase media y trabajadora, porque realmente la recaudación de este país se sustenta con esas retenciones de los rendimientos del trabajo, dado que las grandes fortunas no tributan por este impuesto.
Señorías, el colmo es que el Gobierno en funciones ha terminado echando mano a las grandes empresas, pero no para que tributen como las pequeñas, sino para que hagan un pago anticipado de 8.200 millones de euros. Mi compañero, Francisco de la Torre, en el Pleno de la semana pasada indicaba que el corazón del problema realmente son esas fantasiosas estimaciones de ingresos previstas por el Gobierno. Ahora las grandes empresas ganan mucho más dinero y pagan menos que nunca. Tenemos datos de la Agencia Tributaria: el primer trimestre de 2016 ganaron más de 74.000 millones y tan solo pagaron un 4,7 %. Repito: pagaron solo un 4,7 % de impuestos. Desde luego, a esto no se le puede llamar progresividad. (El señor vicepresidente, Matarí Sáez, ocupa la Presidencia).
Lo más grave es que la merma de recursos públicos no puede mantener nuestro Estado del bienestar. Pues bien, el fraude fiscal en España ha alcanzado en los últimos años un volumen en torno al 8 % del PIB: 80.000 millones de euros. Esto es injustificable, más todavía en la actual coyuntura de incumplimiento del déficit, de amenaza de nuevos recortes, así como de una competencia desleal con aquellos que realmente cumplen porque premian a los defraudadores con las amnistías ya nombradas. Les recuerdo que además 2.800 millones de euros van a prescribir el próximo 30 de noviembre con la pasada amnistía fiscal del señor Montoro. Señorías, el Código Penal establece en su título XIV los delitos contra la Hacienda pública a partir de 120.000 euros, por lo que debajo de esta cifra se perseguirán administrativamente. Sin embargo, estos grandes defraudadores han visto cómo en los últimos años se reducen las investigaciones. No se han reforzado estas comprobaciones y además se castiga más a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y a los trabajadores.
¿Por qué sucede esto? Porque se ha disminuido el personal de la Agencia Tributaria. Recordemos que en el resto de los países de nuestro entorno europeo tienen el doble de efectivos que nosotros; recordemos, además, esa falta de modelo organizativo y que necesitamos un estatuto de la Agencia Tributaria; recordemos la complejidad de esas operaciones de fiscalidad. Todo ello ha contribuido a este fraude sofisticado, que ha supuesto que todos los años dejemos de cobrar más de 50.000 millones de euros. No dudo de la profesionalidad de la Agencia Tributaria -quien les habla es técnico de Hacienda del Estado-, pero hay que recordar que con más personal se aumentaría la recaudación y la lucha contra el fraude. Algo estamos haciendo mal y creo que tenemos que poner de nuestra parte. Así lo reconocen...
El señor VICEPRESIDENTE (Matarí Sáez): Señor Ten, vaya concluyendo, por favor.
El señor TEN OLIVER: Así lo reconocen diversas plataformas y así se reconoce en las memorias de la Agencia Tributaria.
Para terminar, hemos planteado seis medidas. Vamos a aceptar la cuarta enmienda adicional del Partido Socialista, que añade un punto nuevo, el punto siete, que dice: "Liderar de forma activa en la Unión Europea y OCDE y cualquier ámbito internacional una agenda ambiciosa de transparencia...". En definitiva, estas seis medidas recogen la creación un nuevo estatuto de la Agencia Tributaria, la reforma del servicio de prevención de blanqueo de capitales, la devolución del control de las sicav a la Agencia Tributaria, el facilitar el uso de medios de pago...
El señor VICEPRESIDENTE (Mataría Sáez): Señor Ten, tiene que concluir, por favor.
El señor TEN OLIVER: Termino, presidente.
Señorías, hoy más que nunca la lucha contra el fraude y el delito fiscal debe ser la hoja de ruta del próximo Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Mataría Sáez): Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, tiene la palabra el señor Bel. ¿No quiere intervenir?
El señor BEL ACCENSI: Otros grupos han presentado enmiendas. Normalmente interviniente todos los grupos que han presentado enmiendas y después intervenimos el resto.
El señor VICEPRESIDENTE (Mataría Sáez): De acuerdo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lasarte.
Este discurso de Ciudadanos es un déjà vu, aunque hay matices en el mismo. Esta proposición no de ley que se presenta hoy es muy similar a la debatida en esta Comisión el pasado 16 de marzo y que fue aprobada por todos los grupos, salvo el Grupo del Partido Popular. Para el Grupo Socialista el fraude fiscal es responsabilidad de quien lo practica, pero deslegitima al conjunto de la sociedad y sobre todo a la Administración pública, que es quien tiene la capacidad para perseguirlo, evitarlo y sancionarlo. El fraude perturba la convivencia ciudadana porque carga sobre una parte el esfuerzo tributario que a todos nos corresponde. El fraude limita y daña la capacidad de servicios y prestaciones que ofrecen las administraciones públicas.
La lucha contra el fraude tributario debe ser un objetivo permanente, debe estar bien dotada de medios y debe tener objetivos medibles y evaluables. El fraude es un engaño a toda la ciudadanía. Por eso, para el Grupo Socialista la lucha contra el fraude y la evasión fiscal es una prioridad y así lo manifestamos en el debate del Pleno celebrado el pasado 19 de abril, en el que se aprobó una iniciativa presentada por el Grupo Socialista con una amplia batería de medidas de lucha contra el fraude, que incorporó también a través de una enmienda transaccional propuestas de otros grupos, entre ellos, Ciudadanos y también Unidos Podemos, y a la que tampoco se sumó el Partido Popular.
El Partido Popular tiene, entre otras cosas, en mi opinión y con todo mi respeto, un componente bipolar. Por una parte, en sus intervenciones defiende con pasión sus políticas de lucha contra el fraude fiscal y presume de los resultados obtenidos, y por otra, pone en marcha lo que llaman un proceso de regularización extraordinaria voluntaria, conocido por todos - menos por algún portavoz del Partido Popular que no lo reconoce- como amnistía fiscal, que no solo es una descalificación moral de la verdadera voluntad de luchar contra el fraude y castigar a los defraudadores, sino que además ha sido bonificado con rebajas de tipos impositivos del 10 % al 3 % y se ha dejado pasar el tiempo sin actuaciones gubernamentales para evitar su prescripción. Eso es una amnistía fiscal, aunque algunos de sus portavoces siguen afirmando que no se ha producido; afirmación que estoy seguro que no comparte la mayoría inmensa de los españoles, ni por supuesto la totalidad de quienes se han acogido a la misma.
Todos estamos previendo que es posible que nos adentremos en nuevos tiempos, parece que difíciles, pero que podrían requerir esfuerzos y cesiones. Yo humildemente le pediría al Grupo Popular que cambiara su intransigencia por una posición más flexible y tolerante y se sumara al resto de los grupos que queremos luchar de verdad contra el fraude fiscal.
De las cinco enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista, tres son similares a las que fueron aprobadas en esta Comisión en el debate de marzo por el Grupo Ciudadanos. Hay que decir que de las tres ahora me he enterado que una de ellas se ha vuelto a considerar, que es la que ha comentado el portavoz del grupo. Gracias por la aceptación, pero es insuficiente.
Hay una cuarta enmienda, que habla sobre las SICAV, que pretende que se abra el debate sobre esta figura societaria y se introduzcan herramientas de mejora y mayor transparencia y tributación precisamente para evitar, como dice el proponente, que sean vehículos de inversión privada de grandes fortunas cuando el objetivo es que hayan de tributar menos, pero esto no lo podemos aceptar tal y como está.
Una última enmienda propone que se elabore una ley antifraude. Esta propuesta se incluía en la batería de iniciativas aprobadas en el Pleno, a iniciativa del Grupo Socialista, con el apoyo de Unidos Podemos, otros grupos de izquierda y también Ciudadanos, del pasado abril; era una batería muy amplia. ¿Por qué esta propuesta y no las demás? Porque nuestro colega parlamentario del PNV, el señor Azpiazu, que hoy no está en la Comisión pero es miembro de la misma, hizo una reflexión en ese Pleno que yo comparto, y es que quizás sea más eficaz aprobar unas medidas concretas pero potentes que una amplísima batería de medidas dispersas y variadas, que pueden ser menos eficaces.
El señor VICEPRESIDENTE (Matarí Sáez): Señor Lasarte, vaya concluyendo, por favor.
El señor LASARTE IRIBARREN: Finalizo en un minuto, señor presidente.
Por otra parte, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó una enmienda en el debate de la anterior PNL de Ciudadanos para que se aprobara la elaboración de un plan anual de lucha contra el fraude. Esta propuesta no fue aceptada por Ciudadanos. Sin embargo, hay experiencias en haciendas como las vascas, con respecto a las que, a iniciativa del Grupo Socialista en el Parlamento vasco, se introdujo esta medida, con resultados muy interesantes. Nos parece que la tramitación de una ley antifraude podría permitir sistematizar, normativizar, regular y definir las acciones propuestas para hacer más eficaz la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
Y -termino ya, señor presidente-, si Ciudadanos cambia de posición con respecto al contenido de los acuerdos aprobados en esta Cámara en los debates de Comisión y Pleno de marzo y abril y suaviza y rebaja las actuaciones para luchar contra el fraude fiscal, el Grupo Socialista no podrá apoyar esta PNL. Y pido a Ciudadanos que haga una reflexión sobre su credibilidad en la lucha contra el fraude fiscal, si decide ir solo de la mano y el apoyo del partido de la amnistía fiscal.
El señor VICEPRESIDENTE (Matarí Sáez): Gracias, señor Lasarte.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González.
España sufre un déficit estructural de ingresos que llega hasta ocho puntos por debajo de la media europea. Esto genera una insuficiencia fiscal que se plasma en el incremento del endeudamiento público en momentos de recesión. Y esta insuficiencia fiscal tiene dos fuentes principales: la primera, una estructura impositiva injusta y regresiva, y, por otro lado, una elevada impunidad contra el fraude fiscal, que es una de las características del sistema tributario español. ¿Para aumentar el gasto público y para aumentar los ingresos es necesario subir los impuestos? No es imprescindible. Lo primero es recaudar de allá de donde no se recauda, es decir, que paguen aquellos que más tienen y que ahora mismo no están pagando; ese es el primer paso. Y si se consiguiera combatir, si se lograra ese objetivo, podríamos obtener 80.000 millones de euros, como bien se apunta desde Ciudadanos. Y solo con la mitad, con 40.000 millones de euros, podríamos llegar a los objetivos de déficit pactados con Bruselas, tendríamos fondos suficientes para abordar un plan de rescate ciudadano y para elevar el desarrollo productivo de sectores de alto valor añadido, para competir por arriba con Europa y revertir los recortes en sanidad y educación. Por tanto, estamos ante una materia muy importante.
Como señalaba, uno de los principales problemas es que existe esa impunidad con el fraude, y se materializa -y resulta muy evidente- cuando se observa el número de inspectores de hacienda por número de habitantes. En España tenemos un inspector por cada 1.958 habitantes, que es la mitad de los 740 que tiene Alemania y casi la mitad de los 942 que tiene Francia. Y, además, el 80 % de los inspectores investigan el 30 % del fraude, que está en las pequeñas y medianas empresas y en los autónomos, mientras que el 70 %, que se concentra en las grandes empresas y en las grandes fortunas, queda impune. Esta dinámica se ha venido incrementando en la última legislatura del Partido Popular, cuando ha aumentado el número de empresas y de personas investigadas pero ha bajado la recaudación. Por tanto, ustedes han enfocado Hacienda a investigar a la mayoría, y han dejado a una minoría, a una élite, que es la que más defrauda y más impuestos elude y evade, libre de todo pecado y sin ningún problema con los inspectores. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Este es uno de los principales problemas de nuestro país y por eso nosotros veníamos con la intención de votar a favor de esta propuesta, porque contábamos con que Ciudadanos también iba a aceptar nuestras enmiendas a la PNL, porque normalmente solemos estar de acuerdo en este tipo de cuestiones. Pero, como parece que han pactado con el Grupo Popular esta propuesta, no han aceptado ninguna de las enmiendas que hemos presentado tanto el Grupo Socialista como nosotros. Y Podemos no va a ser partícipe de este blanqueo del Partido Popular, del partido más corrupto de la Unión Europea y de la OCDE, ni vamos a compartir semejante insulto a la inteligencia. Nadie se cree que el Partido Popular vaya a aplicar medidas contra el fraude fiscal, un partido cuyos tesoreros tienen cuentas en Suiza, que está imputado por corrupción y paga sus sedes con dinero B y que Hacienda estuvo a punto de embargar la sede. Pactar con el Partido Popular para aplicar medidas contra el fraude fiscal es como pactar la reforma del Código Penal con el Lute, y nosotros no vamos a ser partícipes de eso.
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel.
Antes que nada quería disculparme con el señor vicepresidente, porque sí, efectivamente, tenía una enmienda. Lo que pasa es que uno ya lleva tantas cosas que a veces no sabe ni en qué punto del orden del día estamos.
En todo caso, dos reflexiones.
Hemos recibido -y habrán recibido ustedes también- recientemente el informe semestral de los resultados de la actividad de la Agencia Tributaria de la Administración estatal que cada seis meses nos remite a estas Cámaras, y, como se puede apreciar en este informe, aunque los esfuerzos no digo que no existan y el compromiso de todo el personal de la Agencia Tributaria es constatable, los resultados no son los deseados y en algunos casos en este semestre las noticias son malas en relación con la lucha contra el fraude; en algún otro semestre serán mejores. Por tanto, en principio, nuestra formación política en cualquier iniciativa a favor de la lucha contra el fraude está de acuerdo.
Nuestra enmienda es muy sencilla. Contra el fraude no solo debe combatir la Administración General del Estado, sino también las comunidades autónomas y las corporaciones locales, cada una en su ámbito, por lo que también pretendemos que las comunidades autónomas puedan combatir este fraude, para lo cual es importante que tengan acceso regular y completo a las bases de datos tributarios, especialmente del IRPF, dado que resultan imprescindibles para completar la acción en referencia con el impuesto sobre el patrimonio. También pedimos acceso directo a las declaraciones de bienes en el extranjero y a las investigaciones relacionadas con el fraude fiscal de aquellos ciudadanos domiciliados en una comunidad autónoma, que también tendrán que pagar impuestos como el de patrimonio. Como ustedes saben, con respecto a este impuesto, también es muy importante conocer exactamente los datos del IRPF para poder llevar a cabo esta lucha contra el fraude.
Por tanto, nuestra enmienda es muy sencilla. Creemos que no genera ningún problema y que es fácilmente aceptable, de modo que, si la aprueban, será muy fácil que nuestro grupo pueda darles apoyo -aunque seguramente esta PNL, como cualquier otra, tiene aspectos mejorables-, porque supondría un avance sustancial. En sentido contrario, si no nos admiten esta enmienda, que es muy sencilla y que va en la dirección de luchar contra el fraude también desde las comunidades autónomas y que estas tengan acceso a todos estos datos, nuestro grupo se verá obligado a abstenerse.
En nombre de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Muchas gracias, señor presidente.
En principio, a la vista de la proposición no de ley de Ciudadanos, nosotros entendíamos que era una propuesta de mínimos. Al leer las enmiendas, que consideramos que desarrollan aspectos importantes -las enmiendas que presentan el Grupo Socialista, Podemos y, obviamente, la que presenta el Grupo Mixto, en este caso el Partido Demócrata Europeo de Cataluña-, entendíamos que mejoraban sustancialmente la proposición no de ley y, en consecuencia, permitían poder votarla a favor. La sorpresa viene cuando escuchamos que no será así, es decir, que no se van a incorporar a la proposición no de ley las enmiendas del Grupo Socialista, las de Podemos, que para Esquerra Republicana son sustanciales por lo que dicen y por lo que desarrollan de partes generales de la proposición de Ciudadanos, y, especialmente, como apuntaba el diputado Bel, con respecto a la capacidad que también deben participar las comunidades autónomas, aquellas que tienen cedida parte de estos tributos y que, en definitiva, también tienen una corresponsabilidad en la lucha contra el fraude fiscal. Si no es así, Esquerra Republicana votará en contra, al entender que, efectivamente, nos quedamos solo en el enunciado, porque no deseamos profundizar sobre el contenido real de cada una de las medidas que se anuncian en la proposición no de ley.
En consecuencia, si no hay una reconsideración por parte del Grupo Ciudadanos, nosotros votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Cierra el portavoz del Grupo Popular, señor Fernández de Moya Romero.
Quiero hacer dos consideraciones previas habida cuenta de la intervención que ha tenido el representante de Podemos. En el Partido Popular no vamos a aceptar ni una sola lección de un partido político que no tiene la honestidad política de comparecer ante la Asamblea de Venezuela para dar explicaciones sobre de dónde procede esa financiación, que proviene de un país que no es España y donde el señor Iglesias no ha tenido la honestidad política de ir a dar la cara. De la misma manera, no vamos a aceptar lecciones de un señor
que contrata en negro y no cotiza a la Seguridad Social -dirigentes de Podemos-, como tampoco vamos a aceptar ni una sola lección del señor Monedero, que recibe cuantiosas subvenciones millonarias que provienen de regímenes dictatoriales. Yo sé que a ustedes eso les gusta, pero la inmensa mayoría de los españoles lo rechazamos. Por tanto, lecciones cero.
Señores del Partido Socialista, el partido de la amnistía fiscal. Año 1984. Gobernaba Felipe González. Este es el Boletín Oficial de las Cortes Generales, yo ni quito ni pongo. Presidente del Gobierno, señor González; ministro de Economía, señor Boyer. ¿Saben ustedes la amnistía fiscal que aprobaron? La repatriación de capitales en el extranjero para que tributaran en España. Sigo con el partido de la amnistía fiscal. Año 1991. Presidente del Gobierno, señor González; ministro de Economía, señor Solchaga. ¿Saben ustedes cuál fue el hecho imponible y la naturaleza tributaria de esa amnistía fiscal? Que a través de dinero negro se comprara deuda pública a un tipo inferior al de mercado. Hecho por los socialistas. Sigo con el partido de la amnistía fiscal. La lista Falciani. Se investiga la amnistía fiscal de Rodríguez Zapatero por avisar a los evasores para evitar las multas y los técnicos de Hacienda consideran que hubo irregularidades en la gestión de la amnistía. Los contribuyentes con dinero en Suiza evitaron hasta seis años de cárcel con la medida. Esto ocurrió con un presidente socialista, el señor Rodríguez Zapatero. ¿Sabe usted lo que sucedió con la lista Falciani? Que de los contribuyentes que aparecían en esa lista se remitió notificación solo a 659. Nunca supimos más de esa amnistía fiscal del Partido Socialista. Y la última. En el BOE de 4 de julio de 2011 -con un presidente socialista, señor Rodríguez Zapatero- se sacó a Panamá, nada más y nada menos, de la lista de paraísos fiscales. Lo hizo un Gobierno socialista.
A continuación voy a lo que ha hecho el presidente Rajoy. Tomando como referencia el balance anual de los resultados de control tributario, la Agencia Tributaria, según la comparativa de los años 2015 y 2014, ha elevado un 27 % sus resultados de lucha contra el fraude, alcanzando 15.664 millones de euros. El área de inspección liquidó deuda por importe de 7.129 millones de euros, un 43 % más, de los que, por cierto, un 44 % se refería a las actuaciones vinculadas a la delegación central de grandes contribuyentes, es decir, de grandes empresas. Se realizaron 107.580 actuaciones inspectoras, un 8 % más que el año anterior y un 46 % más que en el año 2011. ¿Saben ustedes qué les pasa, señores del Partido Socialista? Que Hacienda recauda un 45 % más en la lucha contra el fraude con el PP que con el PSOE. Entre 2005 y 2011 la Agencia Tributaria recuperó 7.997 millones de euros frente a los 11.595 millones de euros en los tres años siguientes. Termino, señor presidente. En los últimos diez años Hacienda ha recuperado 90.000 millones de euros defraudados. Y entre los años 2012 y 2014 la lucha contra el fraude ha incrementado el número de declarantes a pesar de la crisis económica. Mire, ha sido una constante de este Gobierno la lucha contra el fraude fiscal. Hoy consideramos que la propuesta de Ciudadanos, aceptada además la enmienda que introduce el Grupo Parlamentario Socialista, redunda en la hoja de ruta puesta en marcha por el Gobierno del Partido Popular y del presidente Rajoy. Por eso nuestro voto será favorable.
- SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000426).
El señor PRESIDENTE: Pasamos así al punto 7.º del orden del día, sobre la puesta en marcha del impuesto a las transacciones financieras (ITF), presentado por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En su nombre, tiene la palabra el señor Vendrell.
Como ustedes saben, la idea de la Tasa Tobin nació en los años setenta y en los años noventa fue adoptada por el movimiento antiglobalización, y en concreto por la organización Attac, con la idea de gravar las transacciones financieras y reducir los movimientos especulativos y la volatilidad de los mercados cambiarios internacionales. En la parte más álgida de la crisis, en 2009, en el G-20 se recuperó esa idea. Recordemos que ese momento era la época en que había que reformar el capitalismo e incluso, en palabras de Sarkozy, hacer un paréntesis en el capitalismo. Duró poco esa voluntad.
En fin, la especulación financiera, el predominio del capital financiero está en el origen de la crisis, del crecimiento de las desigualdades y en la pérdida de capacidad de los Gobiernos y de la propia Unión Europea de regular y de controlar la economía para someterla al interés general. Este impuesto permitiría
recaudar, según algunas fuentes, alrededor de 35.000 millones de euros en el conjunto de Europa; unos 5.000 millones de euros en el caso español. Pero tenemos que constatar la escasa voluntad de impulsarlo y de llevarlo a cabo. Desde 2009 hasta la fecha se ha avanzado muy lentamente en la aprobación del impuesto de transacciones financieras. El primer paso fue en 2011, con una propuesta de la Unión Europea que tenía como objetivo reducir la especulación financiera, financiar servicios públicos y reducir asimismo el déficit público. Se aplicaba a todos los mercados, a los diferentes instrumentos y a todos los actores del ámbito financiero. Esa propuesta no prosperó por la oposición de diferentes países y por la presión misma de la industria financiera. Se desengancharon pronto de ello, entre otros, Reino Unido y Suecia. Finalmente, primero once países, después diez países, entre ellos España, decidieron seguir adelante mediante un mecanismo de cooperación reforzada. Y en 2013 la Comisión inicia un nuevo proceso que se concreta en la directiva presentada en febrero de 2014. Esta propuesta es menos ambiciosa, armoniza la fiscalidad indirecta del sector financiero y el objetivo es incrementar los ingresos públicos. Y es mucho más modesta en lo referente al control de los movimientos especulativos; de hecho, el objetivo de acabar con la especulación y acabar con las burbujas es un objetivo secundario, como indican también los bajos tipos que se quieren aplicar, no concretados aún de forma definitiva: se habla entre el 0,1 % sobre las transacciones de acciones y bonos y del 0,01 % para las operaciones de derivados, porcentajes que los Estados podrían incrementar unilateralmente.
¿Cuál ha sido la actitud del Gobierno español? El Gobierno español ha formado parte de los países de la cooperación reforzada, pero al mismo tiempo también ha sido de los países que junto a otros, Alemania, Bélgica, Estonia, Eslovaquia o Portugal, en diferentes tramos de este proceso ha diluido y retrasado la propia aplicación del impuesto. Hace unas semanas, 250 académicos economistas han suscrito una carta a favor del impuesto de transacciones financieras, entre ellos también un grupo de españoles. Es una carta dirigida los ministros de Economía europeos. En dicha carta se dice que este impuesto podría ser una buena fuente de ingresos para la creación de empleo y la protección de los servicios públicos, para financiar la lucha contra la pobreza y bienes públicos globales, como la salud, dentro y fuera de la Unión Europea. Los objetivos de este impuesto, con esta cita que les he leído estarían muy bien explicitados. En septiembre pasado se tenía que haber tomado una decisión final y una vez más se ha demorado. Hay quien dice que quizás ahora pueda haber por parte de algunos países un mayor interés en aprobar dicho impuesto dado el riesgo de una nueva crisis financiera bancaria en Italia o en Alemania. Algunos Gobiernos pueden ver la oportunidad de recaudar más recursos y hacer frente a las crisis financieras y no tanto, quizás, al objetivo inicial de financiar programas sociales. En este sentido, nos parece oportuna la enmienda que hemos transaccionado con el Grupo Socialista por la cual la mitad de los recursos, de los mayores ingresos generados, se destinará a la redistribución social y equitativa de la riqueza y en particular a financiar políticas sociales. Nos parece oportuno y lo incorporamos como punto tercero.
¿Qué proponemos además? Proponemos, en primer lugar, que de una vez se impulse la aprobación de la propuesta inicial de la Comisión de febrero de 2013. No es para nosotros la solución óptima, solo afectaría a diez Estados, pero supondría un paso adelante hacia una fiscalidad global más justa y suficiente. Es prioritario crear este instrumento de una vez. La Unión Europea lo necesita no solo para hacer frente a la especulación de capitales sino también para incrementar los recursos públicos. En segundo lugar, una vez dado este primer paso, proponemos impulsar las actuaciones necesarias para un impuesto de transacciones financieras más ambicioso en la línea de la directiva propuesta al Consejo Europeo en 2011.
Termino. El impuesto de transacciones financieras debería formar parte de una batería mucho más amplia de medidas para evitar la escandalosa acumulación de riqueza en manos de una minoría muy rica y poderosa. Este en última instancia debería ser el objetivo de dicho impuesto.
Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Ciudadanos y otra del Grupo Socialista. En nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán Monés.
Decía el señor Tobin que es necesario poner algo de arena en las ruedas del sector financiero porque tiene tendencia a generar burbujas que luego tienden a ser autodestructivas. Creo que todos estamos de acuerdo en el diagnóstico, es evidente -lo hemos visto en los últimos años- que esa es la tendencia en
el sector financiero. Hay que tomar medidas para tratar de reducir esa tendencia autodestructiva del sector financiero. Ahora bien, se han hecho múltiples estudios sobre el asunto. Entre los más recientes está un papel del FMI que habla de hacer una contribución justa y sustancial para tratar de conseguir unos recursos comunes transnacionales en el marco del G-20 para que una tasa de este tipo fuera realmente efectiva porque si no, como sabe muy bien el señor Vendrell, no acaba de ser muy efectiva. Hay una serie de cuestiones que nos preocupan de una tasa de este tipo porque realmente puede ser que no logre alcanzar los objetivos de policy que se plantean y eso podría acabar siendo perjudicial en caso de que se implementara. Por ejemplo, no está claro que una tasa de este tipo -y más si es muy significativa- reduzca la especulación. Puede reducir la liquidez y al final puede ser que no consiga reducir la volatilidad y, por tanto, no conseguir uno de sus objetivos principales, que es reducir la especulación. El segundo objetivo es recaudar. La evidencia en Suecia es muy clara en ese sentido. ¿Qué ocurrió? Implementaron una tasa de este tipo y entonces una parte de los servicios financieros se fueron al país vecino y al final consiguieron recaudar muy poco o tuvieron una recaudación neutra porque perdieron una parte de los servicios. Por tanto, como digo, el marco tiene que ser global.
Otra cuestión es si realmente ataca y perjudica a los malvados especuladores a los que te referías. Tampoco está claro porque como es una tasa que grava la transacción y no la emisión en origen de los movimientos financieros puede ser que el hedge fund que están utilizando los que exclusivamente se dedican a la especulación se vaya simplemente a una legislación vecina para hacer exactamente lo mismo. Tampoco aborda el problema de fondo de la estabilidad financiera, el too big to fail, instituciones financieras demasiado grandes que luego tenemos que asumir el riesgo los contribuyentes porque son eso, demasiado grandes. Hay otros problemas de endeudamiento excesivo en el sector financiero, como el excesivo apalancamiento, que tiene también otras soluciones, como es hacer más requerimientos de capital, etcétera.
En conclusión, nos vamos a abstener en esta propuesta. El punto 2 nos parece particularmente problemático porque dice que va a conseguir reducir drásticamente la especulación y no estamos de acuerdo en que ese sea el caso. Hemos propuesto una enmienda que por desgracia no nos acepta el señor Vendrell y, por lo tanto, nos abstendremos porque no nos parece que el formato que proponen sea una solución mágica, un Robin Hood tax, que es lo que pretende ser y que creo que no es.
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Galeano Gracia.
Señorías, tal y como ha dicho el señor Vendrell, hemos llegado a un acuerdo sobre la enmienda que presentamos y vamos a apoyar esta iniciativa. El Grupo Socialista, quiero señalarlo en primer lugar, hemos sido firmes defensores de su establecimiento en los últimos años, en prácticamente la última década, y consideramos que precisamente España debe ser líder en el impulso europeo a este impuesto, pero no es precisamente eso lo que está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy. Al margen de los posibles beneficios que luego detallaré, hay un factor que todos los actores implicados en este debate manifiestan como positivo, y es el carácter simbólico y ejemplarizante que esta tasa puede tener para la propia sociedad europea. En este sentido, no cabe duda de que las diferentes economías desarrolladas han tenido que prestar en algún momento, de una forma directa o indirecta, algún tipo de ayuda a sus sectores financieros, y sin entrar en la fácil demagogia de criminalizar al sector y sus profesionales, no estaría de más que la sociedad percibiera que dicho sector es objeto de algún tipo de regulación y supervisión estatal adicional. El ITF puede servirnos como herramienta tributaria que consiga, por un lado, compensar los costes sociales generados en los últimos años y, por otro lado, desincentivar esas actividades cortoplacista de carácter especulativo.
Por otra parte y sobre las críticas en cuanto al aumento de la volatilidad en los mercados por la falta de liquidez que pudiera acarrear un impuesto de este tipo -algo que he escuchado decir ahora mismo al portavoz de Ciudadanos-, consideramos que uno de los factores principales que impulsan la volatilidad de los mercados es la propia operativa a corto plazo a través de complejos instrumentos financieros. Puede considerarse que en estos momentos en la economía global no hay falta precisamente de liquidez, sino en todo caso más bien lo contrario. Hay dinero dispuesto a financiar proyectos de futuro, lo que sucede es que actualmente esta liquidez no se utiliza para invertir precisamente en la producción industrial o de obras o infraestructuras. Lo que ha ocurrido en los últimos años, señorías, es que el sector financiero se ha convertido en un fin en sí mismo, y un impuesto a nivel internacional como el ITF quizás sería un
primer instrumento para revertir esta situación, alentando la inversión y la consiguiente creación de empleos.
Por último, señorías del Partido Popular, la recaudación. Quizás a la señora Merkel, a Suecia, a Noruega a Finlandia, no les sea un grave problema, pero a nosotros, a España, sí; recordemos nuestro déficit público. Necesitamos recaudar más y mejor, y el ITF cumple esas premisas: más ingresos y obtenidos de quien más se ha podido beneficiar de los rescates públicos. Para que se consiga un efecto recaudador contundente es fundamental, como decía mi compañero Josep Vendrell, que la tasa se aplique a una amplia gama de productos financieros. Termino con un aspecto fundamental del ITF, el destino de los fondos. Los ingresos no pueden quedar diluidos en los Presupuesto General del Estado o servir para otros fines menos deseados. Es necesario que esta recaudación vaya dirigida precisamente a políticas sociales, a una redistribución más justa y equitativa de la riqueza, tal y como señalábamos en esa enmienda que nos ha recogido el Grupo de Podemos.
En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bel.
Nuestro grupo se ha pronunciado en diferentes ocasiones a favor del impuesto sobre las transacciones financieras, con un condicionante, que no se aplique aisladamente sino a un conjunto de países lo más amplio posible. Por tanto, aunque quizás se queda un poco corta, la propuesta de la Comisión de febrero de 2013 sería válida. Así pues, nuestro grupo va a votar a favor.
Tiene la palabra, en nombre de Esquerra Republicana, la señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Esquerra Republicana votará favorablemente.
Cierra el turno, por tanto, el representante del Grupo Popular, señor Bravo Baena.
En primer lugar, en relación con esta PNL, hablamos de que es una herencia directa de la tasa Tobin y quiero aprovechar para reproducir unas palabras del premio Nobel en el año 2002 cuando, poco antes de morir, denunció que los activistas antiglobalización habían secuestrado su nombre al pedir un impuesto a todas las transacciones, de mayor calado e intervencionismo que cualquier propuesta que él hubiera hecho. Su tasa, recuerdo, estaba orientada a las transacciones en moneda para reducir la volatilidad y no a todo tipo de movimientos, por lo que pediríamos que no se utilizase el concepto del premio Nobel para una tasa que nada tiene que ver con lo que él propuso.
En segundo lugar, cuando hablamos del posicionamiento del Partido Popular, y sin reproducir los pasos que ya se han ido tramitando en el ámbito de la Unión Europea, quiero recordarles que España está ahí. Como ustedes bien han dicho, no hay unanimidad por parte de los Estados miembros y hay un grupo, una cooperación reforzada -estaban once y se han quedado en diez-, en el que España, el ministro De Guindos, está participando y sigue evolucionando en su estudio. Pero les recuerdo que la configuración actual de esa directiva de 14 de febrero tiene dos elementos fundamentales de estudio: cuál va a ser el ámbito objetivo -ustedes han hecho referencia a que unos lo quieren más amplio y otros más pequeño- y, en segundo lugar, los criterios de sujeción, que tienen un elemento fundamental y que ahora se trabaja en dos, en el ámbito de la emisión y en el ámbito de la residencia, porque si no podemos dar lugar a lo que se conoce como la deslocalización, que evidentemente traería muchísimos problemas a muchísimos países. ¿Cuál es la posición de España? Pues minimizar al máximo los posibles riesgos y, por otro lado, apoyar la implantación del mismo.
Dicho esto, hablábamos anteriormente de Suecia -era un ejemplo- y Suecia, para reiterar lo que ha dicho el compañero de Ciudadanos, esperaba recaudar en su momento 1.500 millones de coronas suecas y no llegó a 100 millones de euros, quince veces menos de lo que tenía previsto. Preveía reducir la especulación, cosa que no consiguió. La Bolsa, en los treinta días anteriores, bajó un 5 % y el día de su entrada en vigor un 2 % más. Más grave aún, en el año 1990, el 50 % de las transacciones financieras se habían trasladado a Londres; cayó el mercado de bonos un 85 % y el de futuros cayó hasta el 98 %.
En Italia, resultados prácticamente parecidos y en Francia -que la van a ampliar, que no la tienen al 0,1, tienen algo parecido al 0,2-, de esperar recaudar más de 1.600 millones de euros, apenas llegan a la mitad. Con lo cual, cuando hablamos de 5.000 millones de euros tendríamos que decirlo siempre con la máxima cautela.
Por último, cuando hablamos de las estimaciones propias de la Comisión de la Unión Europea, hay varias cosas que quizá no hemos tenido en cuenta: en primer lugar, cuál es el destino de los fondos recaudados, porque lo que dice la propia propuesta de la Comisión a los Estados miembros es que sea un recurso más del propio presupuesto de la Unión Europea, con lo cual eso de que lo podamos destinar libremente a lo que nosotros queramos todavía llevaría mucha discusión. Por otro lado, tendríamos que tener en cuenta también la influencia negativa, porque, tal y como está establecida, afectaría directamente a los fondos de pensiones y no sé si es esa la voluntad que queremos todos en este ámbito. Finalmente, como decía, el efecto de la deslocalización. No vamos a olvidar la situación del Reino Unido y del brexit. La Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo importantísimo para ofrecer el destino de Madrid para la City londinense, con lo cual entenderán que, pudiendo estar de acuerdo con ustedes en este tipo de propuesta y de impuesto, creamos que requiere de un estudio muy profundo, puesto que nos estamos jugando mucho en el momento actual. Datos de esta mañana: solamente en el ámbito del Reino Unido, personas vinculadas a lo que es la City londinense suponen 450.000 puestos de trabajo; evidentemente, todos no van a venir a España, pero nos estamos jugando mucho. Entonces, estando de acuerdo con ustedes en el estudio, en el trabajo sobre este tipo de impuesto, vamos a votar desfavorablemente porque creemos que el trabajo se está haciendo y establecerlo como un objetivo prioritario no es el punto principal.
Vamos a proceder ahora, si los portavoces lo ven bien, a la alteración del orden del día -vamos a ganar poco tiempo, pero algo es algo- y vamos a pasar al punto 9.º antes de tratar el 8.º
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señor presidente, no está nuestro portavoz.
El señor PRESIDENTE: Lo siento, se nos ha frustrado el invento. (Risas).
- SOBRE GRAVAMEN DE LOS BENEFICIOS DESVIADOS A TRAVÉS DE OPERACIONES DE INGENIERÍA FISCAL TRANSFRONTERIZA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000441).
El señor PRESIDENTE: Pues seguimos con el orden del día tal como estaba. Punto 8.º, sobre el gravamen de los beneficios desviados a través de operaciones de ingeniería fiscal transfronteriza. Es una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra el señor López Milla.
El señor LÓPEZ MILLA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, la PNL del Grupo Socialista aborda una cuestión que ha vuelto a ponerse de actualidad en los últimos tiempos porque, como saben, a finales de agosto la Comisión Europea concluyó que el Gobierno de Irlanda tenía que reclamarle 13.000 millones de euros, más los correspondientes intereses, a la compañía Google por el impuesto sobre sociedades del periodo 2003-2014. La exigencia de esta reclamación se fundamenta en que Apple habría disfrutado durante todo este tiempo de unos beneficios fiscales indebidos que constituían una ayuda de Estado ilegal según la normativa europea de la competencia. Otras compañías como Starbucks, como Fiat, ya fueron sancionadas en el pasado por razones similares pero la cuantía de la multa nunca había sido tan alta. La sanción no es firme, tanto Irlanda como Apple pueden recurrirla, incluso está en buena medida sujeta a confidencialidad porque todavía el expediente no ha sido hecho público por completo, pero parece -de acuerdo con la información facilitada por los servicios de prensa de la propia Comisión Europea- que la Comisión de la Competencia ha dictaminado que esos acuerdos fiscales que permitían reducir a Apple sustancialmente sus impuestos constituyen una ayuda de Estado y, por tanto, son contrarios a la libre competencia. Además, la cosa no acaba ahí, y es que en la medida en que la compañía que dejó de pagar esos impuestos sobre sociedades estaba radicada en Irlanda pero desde ahí realizaba ventas al conjunto del mercado europeo, la pérdida de recaudación no solo la habría experimentado el Gobierno de Irlanda sino que la habrían experimentado también otros países europeos donde no se había producido esa recaudación.
Todos esos acontecimientos a juicio del Grupo Socialista suscitan muchas cuestiones: por ejemplo, vuelven a poner encima de la mesa la necesidad de armonizar las normas fiscales europeas a fin de impedir que algunos Estados miembros puedan jugar a rebajar impuestos a algunas grandes corporaciones para orientar sus decisiones de localización, conformándose con las migajas que obtienen estableciendo tipos bajos mientras privan de ingresos tributarios a otros Estados y favorecen una competencia a la baja en materia fiscal que en última instancia solo está beneficiando a las grandes corporaciones. Además, pensamos que la actuación de la comisaria de la Competencia, aunque puede servir para atenuar temporalmente el daño causado, no resuelve el problema de fondo, que es la falta de armonización del impuesto sobre sociedades. El objetivo de armonizar el impuesto sobre sociedades obviamente no debe lograrse a base de recurrir a las normas de competencia, sino que debe hacerse a través de una adecuada coordinación de las políticas fiscales en el seno de la Unión Europea que minimice la competencia fiscal desleal. Entendemos que el Gobierno de España debe adoptar en estas cuestiones una actitud mucho más activa de la que está teniendo hasta ahora, liderando un proceso en el que además una economía como la española solo puede salir beneficiada. Pero, ¿qué hacemos mientras progresamos en este ámbito? Entendemos que hay que actuar para favorecer, en primer lugar, un justo gravamen de los beneficios de las grandes multinacionales, y por eso la iniciativa del Grupo Socialista insta al Gobierno de España, con ánimo completamente constructivo -subrayo esto-, a prepararse para recuperar todos los impuestos que Apple podría haber dejado de pagar en España e iniciar las acciones oportunas para ello. Asimismo, le requerimos que analice otros casos en los que puedan haberse producido circunstancias similares y que inste a la Comisión Europea a que abra las investigaciones pertinentes.
También es muy importante para nosotros que mientras se avanza en los foros multilaterales, que es al final donde está la solución, se tomen decisiones que sí, serán unilaterales, pero son las que nos van a permitir establecer al menos de manera transitoria una imposición que pueda suponer un gravamen equitativo y justo de los beneficios de estas empresas. Por eso, entendemos que España puede y debe acometer la implantación de medidas de carácter unilateral en el mismo sentido que el apuntado por otros países de nuestro entorno o incluso países más lejanos. Por ejemplo, el Gobierno de Francia ya ha adoptado algunas medidas unilaterales sobre empresas multinacionales, y el Gobierno británico es cierto que en un contexto diferente, pero también ha anunciado la creación de una tasa del 25 % sobre los beneficios de las multinacionales que obtienen por su actividad económica en el país y luego desvían para tributar a otro país, es lo que en su momento se llamó la tasa Google o la Google tax. También Australia, aunque es una economía muy lejana a la nuestra, ha adoptado medidas en este sentido para prevenir la ingeniería fiscal transfronteriza.
Quisiera recordar que en este contexto para luchar contra los mecanismos de planificación fiscal internacional abusiva ya en febrero de 2015 el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados presentó una proposición de ley para la creación de un impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho, que estaba lejanamente inspirado en el ejemplo británico y pretendía gravar los beneficios desviados a través de operaciones de ingeniería fiscal transfronteriza, y es la necesidad de poner en marcha un tributo de este tipo en los términos que se indican en la PNL lo que hoy sometemos a votación. En definitiva, creemos que el Grupo Socialista lideró este tema durante la legislatura que concluyó en 2015 y entendemos que en esta nueva legislatura debe, por fin, establecerse un régimen fiscal que evite que se desvíen beneficios a través de estas operaciones de ingeniería fiscal. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Milla.
Con relación a las dos enmiendas, entiendo que no se acepta ninguna.
El señor LÓPEZ MILLA: Aceptaremos la enmienda del Grupo Confederal de Unidos Podemos. No podemos aceptar la enmienda del Grupo Ciudadanos.
Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor González García.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: El 30 de agosto conocíamos los resultados de la investigación de la Comisión Europea a Apple, en la que obligaba a esta empresa, la principal empresa en capitalización bursátil del mundo, a pagar 13.000 millones de euros. Según la Comisión, entre 2003 y 2014 Apple pagó una tasa efectiva del 0,005 % del impuesto sobre sociedades sobre sus beneficios. El sistema que utilizaba
la compañía era registrar todas sus ventas en Irlanda, en lugar de hacerlo en los países en los cuales facturaba los ingresos, lo que permitía de esta forma pagar un impuesto sobre sociedades mucho más bajo que el que pagaría en cualquier otro país de la Unión Europea. Irlanda tiene un tipo impositivo nominal del 12,5 %, pero además la compañía firmó con el Gobierno irlandés un acuerdo fiscal que le llevaba a pagar un tipo efectivo de este 0,005 % del impuesto sobre sociedades. En este informe, la Comisión también ha señalado a otras compañías que podían estar incurriendo en infracciones similares, como Google, Starbucks, McDonald's, Fiat o Amazon. En España esto para nosotros no es ninguna novedad, ya que aquí las grandes empresas, las multinacionales y las empresas del IBEX están pagando una media de tipo efectivo del 7 %, mientras que las pymes y los autónomos que constituyen el 99 % del tejido productivo de nuestro país tienen que enfrentarse a tipos de entorno al 25 %. Hay que tapar los agujeros de la elusión por donde se escapan los impuestos, que deberían estar pagándose en España, pero a la vez hay que facilitar la vida a los autónomos y pequeñas empresas, que al final son los que levantan este país en términos productivos de empresa.
Hemos presentado unas enmiendas a la propuesta del PSOE orientadas a fomentar la cooperación internacional para combatir el fraude fiscal. En esta línea reclamamos a la OCDE que proponga a la comunidad internacional, encarnada en distintas organizaciones como la ONU, la Unión Europea o el G-20, que se exija a las multinacionales la rendición de un informe financiero por cada uno de los países en los que operan. También reclamamos que se establezcan sistemas normalizados de intercambio de información entre las administraciones tributarias para facilitar el combate contra el fraude fiscal, así como a la OCDE que proponga a la comunidad internacional un acuerdo global sobre la tributación del beneficio mundial, para evitar que se pueda producir la competencia fiscal a la baja entre países, que es lo que se produce ahora mismo y es una consecuencia negativa de la globalización. El Grupo Socialista ha aceptado estas enmiendas y, por tanto, votaremos a favor.
Por último, quería comentarles a los diputados que deberíamos instar a las Cortes Generales a que dejen de comprar para el uso de los diputados tecnología Apple y que apueste por tecnología de diseño español, como puede ser BQ, que son dispositivos que funcionan perfectamente, están diseñados aquí y tributan aquí. También invito a los diputados que estén a favor de esta iniciativa que devuelvan su iPhone y su dispositivo Apple a las Cortes y que, a cambio, como medida simbólica, se hagan con dispositivas de empresas que tributen en España.
Habrán advertido de que he cambiado otra vez el orden en las intervenciones. Tiene la palabra en nombre del Grupo Ciudadanos, señor de la Torre. Perdone.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Perdonado. Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nosotros hemos presentado una enmienda por razones fundamentalmente técnicas, porque hemos advertido que existen varios errores técnicos importantes en la proposición no de ley del Grupo Socialista. En primer término, se habla sistemáticamente de sanción a Apple y a otras compañías por competencia, cuando lo único que se ha instado es a devolver los impuestos no pagados al correspondiente país. Ya en el texto dispositivo, la primera cuestión que llama ya la atención es la creación de un nuevo impuesto sobre las cuantías detraídas en abuso de derecho. El problema es que introducir un nuevo impuesto en transacciones transfronterizas supone romper con todos los convenios de doble imposición que tenemos en España. Esto es un problema y por eso decíamos que era preferible redactar una cláusula general antiabuso que penalice de forma efectiva a las empresas que desvían beneficios a través de operaciones de ingeniería fiscal transfronteriza. Luego dicen que querían solicitar a España que recuperase los impuestos que Apple había dejado de pagar desde 2003. En primer término, desde 2003 casi todo está prescrito. En segundo término, tenemos otro problema y es que la documentación que probaría en su caso que Apple ha dejado de pagar impuestos en España la tiene la Comisión Europea y lo razonable es solicitársela a la misma. Y por último, hablan de asegurar el cumplimiento de la legislación que obliga a publicar una serie de cuestiones, básicamente los beneficios país por país que son relevantes. El problema es que esta legislación -artículo 14 del Real Decreto 634/2005- establece este country-by-country reporting, este informe, pero dicho informe no es de carácter público. Luego ¿en qué quedamos? ¿En que aseguramos el cumplimiento de la legislación vigente o hacemos públicos estos informes?
A Ciudadanos le preocupa enormemente el tema de la elusión fiscal de las grandes multinacionales. De hecho, hace unas semanas pregunté personalmente al Gobierno qué se iba a hacer con respecto al
caso de Apple e incluso publiqué también hace varias semanas algún artículo sobre esta cuestión y quería insistir en un punto fundamental, simbólico, que incluimos en nuestra enmienda. No solamente nos preocupa la cuestión de los impuestos que está pagando Apple, sino que todos los jefes de Estado y de Gobierno, incluyendo al señor Rajoy, que ahora está en funciones, han recibido una carta de 185 empresas multinacionales instándoles a que anulen las decisiones de la Comisión Europea y nos parece lamentable que los jefes de Estado y de Gobierno reciban presiones para anular resoluciones de la Dirección General de Competencia tomadas con arreglo a derecho. Si alguien no está de acuerdo con las decisiones de la Comisión Europea lo que tiene que hacer es recurrir a los tribunales. Dicho esto, consideramos que tenemos un grave problema con el tema de la tributación de las multinacionales y que tenemos que avanzar fundamentalmente en la vía multilateral y para eso no podemos incumplir los convenios de doble imposición creando un nuevo impuesto que no está contemplado para estas operaciones transfronterizas en tales convenios y para evitar el fraude fiscal internacional. Por todas estas razones, como no se acepta nuestra enmienda, nos abstendremos.
El señor BEL ACCENSI: No voy a intervenir.
El señor PRESIDENTE: No hace uso de ella. Pasamos a la señora Capella en nombre del Grupo de Esquerra.
La señora CAPELLA I FARRÉ: No voy a hacer uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Tampoco. Esto va bien. (Risas). Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, había preparado una intervención para hoy que voy a tener que modificar, puesto que en relación con lo que iba a exponer se me ha adelantado Europa, la Comisión Europea y, si me permiten la expresión, el propio Partido Socialista Europeo. Hoy, en los medios de comunicación podemos leer dos artículos referentes al tema que tratamos aquí. Uno sobre la PNL que presenta el Grupo Socialista, que pide un impuesto para evitar la ingeniería fiscal transfronteriza, y otro da la noticia de que hoy se presenta la directiva europea para modificar el impuesto sobre sociedades y poner coto precisamente a la elusión fiscal internacional. Pues bien, coincidiendo con el fondo del asunto presentado por el grupo proponente y agradeciéndole el tono constructivo que ha empleado en su exposición, tengo que decir que estamos de acuerdo con las propuestas europeas, que en síntesis vienen a decir muy gráficamente que para poner coto a la elusión fiscal internacional son necesarias dos fases. La primera, una normativa común obligatoria para todos aquellos países que facturen por encima de 750 millones de euros y, la segunda, una base consolidada europea que se repartirá entre todos los países europeos en función de determinados parámetros. Esta directiva pondrá coto lógicamente a la ingeniería fiscal de Apple, Google, etcétera. Además, esta directiva es fruto de un trabajo muy interesante que vienen realizando todos los Estados miembros que coincidimos en el fondo, porque incluso el comportamiento de las multinacionales -y, en particular, aquellas que realizan operaciones on line- pone en tela de juicio el principio de soberanía nacional como eje de la gobernanza fiscal europea. Las conclusiones que se van a ver en esta directiva hoy presentada derivan de la Conferencia interparlamentaria sobre estabilidad, coordinación económica y gobernanza de la Unión Europea celebrada la semana pasada en Bratislava, cuyo objetivo era precisamente llegar a unas conclusiones para combatir la evasión fiscal en la Unión Europea. Se parte de la idea de la acción coordinada de los Estados miembros y se propone un paquete de medidas para incrementar la transparencia fiscal para esta finalidad. Algunas de esas medidas ya están incluidas en el ordenamiento español y otras tendremos que desarrollarlas a medida que con la directiva vayamos trabajando conjuntamente.
La propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de crear un nuevo impuesto personalmente no la entendí cuando la hicieron en el pasado y tampoco la entiendo ahora. No puedo entender que se proponga un impuesto cuyo hecho imponible está basado en una decisión administrativa. ¿Cómo el hecho imponible del nuevo impuesto va a ser la declaración previa del conflicto con la norma tributaria? ¿Una decisión administrativa va a configurar un nuevo impuesto? En nuestra legislación tributaria tenemos reserva de ley, es decir, exige ley formal para regular los elementos esenciales. No lo entendí en la propuesta inicial
y sigo sin entenderlo. También me parece que todo nuestro sistema tributario descansa en el principio de capacidad económica, no en la capacidad de eludir el impuesto. La capacidad de eludir el impuesto es objeto de sanción y les recuerdo que tras la reforma que se ha realizado en la Ley General Tributaria estos expedientes de conflicto en aplicación de la norma hoy día también son sancionables.
En cuanto a otra serie de medidas que proponen, como la información, me remito a las palabras del Grupo Parlamentario Ciudadanos respecto a la información país por país. Quiero recordar que se ha avanzado algo en el reglamento sobre sociedades, pero es muy interesante y tendremos que trabajar en este paquete de medidas que se propone desde Europa.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Voy terminando, señor presidente.
También quiero recordar que por propia definición los planes de inspección tienen que tener confidencialidad. ¡Estaría bueno que el contribuyente, el obligado tributario, conociera en enero que en septiembre le iban a hacer una actuación de comprobación e investigación! El plan de inspección tiene que ser confidencial; ahora bien, las directrices en que se basa son públicas. Así se ha publicado la de 2016 y en ella tiene una prioridad, como no puede ser de otra manera, el área de fiscalidad internacional.
Para finalizar, solamente quiero decir que, coincidiendo en el fondo, debemos de trabajar junto a Europa con las directrices ya marcadas por los Estados miembros, lo cual redundará en evitar una lacra para las arcas públicas de todos los Estados miembros y de España en particular.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A GARANTIZAR LA EFECTIVA APORTACIÓN DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS, POR PARTE DEL ESTADO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO DE TARRAGONA 2017. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000459).
El señor PRESIDENTE: Ahora ya definitivamente, porque no es cuestión de saltárnoslo, vamos al punto 9.º por el que se insta al Gobierno a garantizar la efectiva aportación de los recursos comprometidos por parte del Estado para la realización de los Juegos del Mediterráneo Tarragona 2017. Es una proposición del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Bel.
En octubre de 2011, hace ya cinco años, se eligió a Tarragona como sede para poder celebrar los Juegos del Mediterráneo de 2017. Son unos juegos muy importantes para Tarragona, pero no solamente para Tarragona, sino para Cataluña y para el conjunto del Estado español. Por tanto, en este tipo de eventos es importantísimo que desde todas las administraciones y desde todos los sectores y ámbitos se trabaje conjuntamente para conseguir el éxito que será de todos. No será el éxito exclusivo de Tarragona ni de Cataluña, sino el éxito absolutamente de todos los que intervengan. En estos momentos las diferentes administraciones públicas han ido completando sus compromisos con Tarragona 2017 no sin dificultades, porque las dificultades financieras han afectado a todas y, por tanto, no ha sido fácil. Pero la realidad es que hoy estamos a diez meses del inicio de estos juegos y todavía hay instalaciones que se deben construir y niveles de Administración que deben cumplir con sus compromisos. En estos momentos la Generalitat de Catalunya está destinando 15 millones de euros a dicho evento; el Ayuntamiento de Tarragona, aparte de muchísimos esfuerzos y muchísimas horas de trabajo, está destinando 13 millones de euros y la Diputación de Tarragona ha destinado 10,5 millones de euros. En cambio, el Gobierno del Estado ha comprometido en los Presupuestos Generales de 2015, y a cuenta de la recaudación de las apuestas deportivas -eso es otra historia-, 3,4 millones de euros. Sí que es verdad que la vicepresidenta del Gobierno, en el Consejo de Ministros del primer viernes de campaña electoral anunció -aunque el Consejo de Ministros no aprobó nada- una nueva aportación de 3 millones de euros que se debía materializar en pocos días. Todavía hoy estos 3 millones de euros no están comprometidos.
Nosotros hemos presentado una proposición no de ley porque se presuponen las buenas intenciones de todas las administraciones actuantes, pero a diez meses de iniciarse los Juegos del Mediterráneo no puede ser que exista tanta incertidumbre respecto a la financiación y a los compromisos por parte de la Administración General del Estado. Hemos presentado una proposición no de ley que hemos transaccionado
con el Grupo Socialista, con Ciudadanos y a la que se han añadido En Comú Podem y Esquerra Republicana; aunque lo hemos intentado no hemos conseguido que se añada el Grupo Popular. Para concretar los compromisos, ¿qué pedimos? Simplemente que este anuncio de la vicepresidenta se concrete en una modificación presupuestaria para 2016 y, si esto no fuera posible antes del 15 de diciembre, que estos 3 millones, necesarios para la construcción de la piscina olímpica, se incorporen al presupuesto de 2017. Además, que en el presupuesto de 2017 se incorporen 9 millones de euros a efectos de poder hacer frente a los compromisos de la organización en los gastos operativos. Alguien puede pensar que estas cantidades son altas; no lo son si lo comparamos con lo que han aportado otros niveles de Administración. Pero si tomamos como referencia -y sin buscar ningún agravio comparativo porque no se pretende eso- los últimos Juegos del Mediterráneo organizados en el Estado español concretamente en el año 2005 en Almería, la aportación que hizo el Gobierno del Estado fue de 42.855.000 euros. Por tanto, lo comprometido hoy es simplemente el 8 % de lo que se invirtió en Almería 2005 y lo que se está pidiendo con esta PNL no es la misma cantidad sino exclusivamente el 36 % de lo que invirtió el Gobierno central en aquel momento en Almería 2005. Es una PNL que está consensuada con la mayoría de los grupos, que es razonable y esperamos no solo que se apruebe sino que se concrete -no digo a lo largo de los próximos meses porque tendría que ser en las próximas semanas- dicha aportación.
Hay dos enmiendas en este caso que al final se han transaccionado por todos los grupos a excepción del Grupo Popular. Tiene la palabra, en nombre de Ciudadanos, el señor Del Campo.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Buenas tardes.
En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Comisión por dejarme defender esta proposición no de ley que afecta a mi ciudad, Tarragona, aunque también, como decía el señor Bel, a Cataluña y a todos los españoles. En segundo lugar, quisiera decir que en el año 2011, salvo en el Parlament, nosotros no estábamos en las instituciones, lo que no ha evitado que, a partir del momento en el que hemos entrado en los ayuntamientos, en el Parlament y también aquí, hayamos defendido a capa y espada la celebración de los Jocs del Mediterrani en Tarragona. Es más, en las diferentes campañas -no sé cuántas llevamos-, los diputados, sobre todo los de Tarragona, estábamos de acuerdo en que lo teníamos que defender todos a una; es decir, todos los diputados de Tarragona intentaríamos defender estos Jocs del Mediterrani. Así quedó plasmado en la declaración institucional que se hizo hace un par de semanas y que consiguió que no solo nosotros sino todos los diputados de todos los grupos parlamentarios la apoyasen por unanimidad. Por este motivo, cuando ayer me llamaron y me dijeron que estaba esta PNL encima de la mesa me extrañó que el Partido Demócrata Catalán la hubiese presentado por separado y con una redacción tan chapucera, por decirlo de algún modo, porque habla de un Gobierno en funciones, cuando todos sabemos que probablemente ya no va a haber un Gobierno en funciones, y porque insta a incluir esos 3 millones, que son necesarios ya, en unos futuros Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, con lo cual no llegamos. La única forma de entender esta PNL es que se pretenda un titular en los medios de prensa de Cataluña -todos sabemos, y si no lo saben, yo sí, cómo funcionan los medios de prensa en Cataluña- diciendo que al final esos 3 millones de euros o la celebración de los Jocs del Mediterrani es gracias al Partido Demócrata Catalán, lo que no es así, ya que todos los diputados de Tarragona hemos luchado por la celebración de estos juegos. No obstante, se ha negociado, como creo que tiene que ser, y hemos llegado a una enmienda transaccional conjunta que nos parece bien. Nuestro grupo va a defender la celebración de los Jocs del Mediterrani a capa y espada, y nos gustaría que en este caso se sumase también el Partido Popular. Esos 9 millones de euros, como mínimo, de los que hablaba el señor Bel, se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado, pero si no se suma el Partido Popular aquí estará Ciudadanos para intentar luchar por que esa partida esté en esos presupuestos.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ I CARBONELL: Gracias, señor president.
Los socialistas estamos de acuerdo en apoyar cualquier iniciativa que eche una mano a los Juegos del Mediterráneo en Tarragona en 2017, que les aseguro que está pasando por un momento delicado.
¡Cómo no vamos a estar de acuerdo! Solo recordaré dos cosas, a título anecdótico. La primera persona que lanzó la idea fue un compañero de mi partido político y exconcejal del ayuntamiento de Tarragona, Pere Valls, que seguro que lo está escuchando. Además, durante estos años, el alcalde que ha concretado esto es Josep Fèlix Ballesteros, que también es de mi partido. Por tanto, cómo no vamos a apoyarlo.
Hay muchas más razones. Además de ser un acontecimiento de primera magnitud, estos juegos son un encuentro de veintiséis países ribereños del Mediterráneo, que representan a 450 millones de personas. Un foro -necesitaríamos muchos más- necesario en una zona jalonada de conflictos. Si en 2011 ya estaba jalonada de conflictos, hoy lo está mucho más. Pero es que además el 24 de febrero de 2010 se aprobó una iniciativa parlamentaria expresando el apoyo del Senado -en aquella época estábamos en fase de solicitud de los juegos- y el 9 de marzo de aquel mismo año se leyó una declaración institucional, respaldada por todo el mundo, en el Congreso de los Diputados apoyando la candidatura. Estamos hablando de una iniciativa que desde sus inicios es vista por los ciudadanos y las ciudadanas de Tarragona, por todos los municipios que son subsedes y por el resto de las comarcas colindantes como proyecto unitario, por encima de las diferencias de partido y de los cambios de Gobierno municipales, de la Generalitat y del Gobierno central, que se han producido a lo largo de estos años. Esas declaraciones en el Senado y en el Congreso tuvieron continuidad en el acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de abril de aquel año 2010, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, por el que el Gobierno central se comprometía a apoyar la organización de los juegos y se otorgaban las garantías necesarias; además, citaba a todos los ministerios que tenían que colaborar. Se asumían también las garantías en materia de seguridad, entrada de personas, apoyo económico necesario, así como el desarrollo de las infraestructuras necesarias. En definitiva, las garantías financieras y el respaldo institucional que se exige a todos los gobiernos de todos los Estados por la Carta Olímpica del Comité Olímpico Internacional y la Carta Mediterránea del Comité Internacional de los Juegos del Mediterráneo, que el Gobierno español garantizó y que era imprescindible para la elección de Tarragona como sede. Estos compromisos no solo alcanzaban las inversiones en instalaciones deportivas, sino también la contribución a los costes de la organización, a través de un plan de subvenciones o ayudas al comité organizador.
Como decía, esta es una iniciativa unitaria, como ha quedado demostrado por la nueva declaración institucional del pasado 4 octubre, hace pocos días, en la que el Congreso de los Diputados -todos los presentes- instábamos a todas las administraciones públicas, y en especial al Gobierno de España, a llevar a cabo las acciones necesarias que garantizasen su éxito, entre otras razones porque los juegos reforzarían la proyección internacional de nuestro país y también nuestro prestigio como socio fiable del movimiento olímpico para organizar acontecimientos deportivos de este nivel. Es unitaria también porque en ella han venido trabajando todas las administraciones cercanas, independientemente -como he dicho antes- del partido mayoritario, de manera entusiasta, como son los dieciséis ayuntamientos que participan por ser subsedes en los juegos -en especial el de Tarragona-, las diputaciones de Tarragona y de Barcelona y la Generalitat de Catalunya cuantiosamente. Todas ellas, en tiempos de crisis, han hecho un esfuerzo económico muy importante. Crisis económica que ha llevado a la organización de los juegos a una gran dosis de austeridad. Antes se han dado cifras, pero yo me referiré a los 51.162.915 euros que en el año 2005 fue el presupuesto operativo de los Juegos del Mediterráneo y los casi 27 millones que, por el mismo concepto, es el presupuesto para los Juegos de Tarragona de este año; prácticamente la mitad doce años más tarde y sin tener en cuenta la inflación. Repito, los organizadores han hecho un gran esfuerzo económico; el resto de las instituciones cercanas también, y queda concretar el esfuerzo de la Administración Central, que no tendría que ser un gran problema, y más cuando la construcción de los equipamientos necesarios, ya en construcción, está siendo hoy positivo para las arcas del Estado al recaudar el 21 % del IVA en un volumen de inversión de más de 50 millones de euros. A nueve o diez meses de la inauguración de los juegos, el compromiso del Gobierno es fundamental porque sin él no está claro que los juegos puedan llevarse a cabo, con la pérdida de credibilidad que supondría para España y las pérdidas económicas que también supondría. Sería escapar de la realidad si creyésemos que, en la situación en la que nos encontramos en Cataluña, los partidos independentistas no lo van a hacer servir como un argumento más para continuar su campaña de desconexión del resto de España. Porque estamos de acuerdo con el fondo de esta iniciativa y porque queremos llegar a un acuerdo con el resto de los grupos es por lo que hemos presentado una enmienda, y además estamos dispuestos -de hecho hemos llegado a un acuerdo con los demás grupos- a llegar a una transacción.
En definitiva, se trata de dar una respuesta ante los ciudadanos y ciudadanas de Tarragona por las expectativas creadas en buena parte por las garantías asumidas por el Gobierno. Los ciudadanos y las
ciudadanas de Tarragona tienen que ver que su Estado invierte en sus juegos, que es sensible a su preocupación y a sus argumentos. Y no hace falta que les diga que puede servir para tender lazos entre unos y otros, que falta nos hace, y quitar argumentos a quienes creen o quieren hacer creer que es un capítulo más en la falta de preocupación del Gobierno central con los acontecimientos, en este caso deportivos, que tienen lugar en Cataluña.
Finalmente, el Gobierno no puede darle la espalda a los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2017, no solo por la importancia deportiva que tienen, no solo por la necesidad de foros de relación de los países del Mediterráneo, no solo por aumentar los lazos entre una zona de Cataluña y el resto del Estado, también por el incentivo económico que supondrá, por las repercusiones para el empleo que, sin duda, tendrán para un territorio con altos índices...
El señor RUIZ I CARBONELL: Acabo.
Con altos índices de paro y que necesita puestos de trabajo.
Muchas gracias por su comprensión, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: He sido flexible porque el que tenía prisa eras tú. (Risas).
No sé si lo que deberíamos lamentar o lo que nos debería molestar más es el hecho de que se tenga que presentar una proposición no de ley a diez meses de la celebración de los Juegos del Mediterráneo y no quién la presenta. Yo creo que hay libertad absoluta para que cualquier grupo de la Cámara presente las proposiciones no de ley que crea convenientes. En todo caso, que se tenga que presentar a diez meses porque hay una Administración que no cumple es lo que me parece que nos debería molestar a todos. En este caso, la Administración que no ha cumplido y que no cumple con las obligaciones con las que se había comprometido es el Gobierno central, mal que le pese al compañero del PSC, que dice que es un motivo más. Sí, es otra gota más que hace que el agua se derrame del vaso. ¿Por qué? Porque en definitiva aquí han cumplido todas las administraciones -todas-, a pesar de su situación económica, respecto a las obligaciones a las que se habían comprometido. Ha cumplido la Generalitat, ha cumplido la Diputación de Tarragona y ha cumplido el Ayuntamiento de Tarragona en aquello en lo que se obligaron a aportar para hacer realidad los Juegos del Mediterráneo. El apoyo del Gobierno del Estado español debería ser independiente o en todo caso no estar condicionado por el hecho de quien gobierne en cada Administración, ya sea la Generalitat de Catalunya, la Diputación o el Ayuntamiento de Tarragona.
¿Cuál es la inversión que depende del Estado? Aparte de la relativa al centro acuático, se hablaba de una pista de atletismo con grada desmontable y capacidad para 16.000 personas donde debería celebrarse tanto la ceremonia de inauguración como la de clausura. Estas inversiones ya no se podrán realizar y tendremos que conformarnos con la piscina a la que aludía con anterioridad el diputado del Partit Demòcrata Català. ¿Dónde se encuentra realmente el problema? En el presupuesto operativo que deberá cubrir transporte, seguridad, alojamiento, comidas, etcétera, del que faltarán -como se apuntaba en la presentación de la proposición no de ley- 9 millones de euros. En definitiva, para el Estado tampoco debería suponer una gran dificultad poner encima de la mesa esta parte de presupuesto que falta, esos 9 millones de euros, porque euro arriba, euro abajo, esta cantidad se corresponde con el IVA recaudado por las obras ya efectuadas y que han significado la aportación de las diferentes administraciones, tanto de la Generalitat del Govern de Catalunya como de la Diputación y del Ayuntamiento de Tarragona. Por tanto, la posición de Esquerra Republicana respecto a esta proposición no de ley no puede ser otra que votarla favorablemente.
En nombre del Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Alonso.
Señorías, ¿se acuerdan de lo que pasó el 17 de octubre de 1986? Aquella frase famosa: A la ville du Barcelona. Por cierto, todos recordamos que los llamaron los mejores juegos de la historia. Todos aquellos que tuvimos la oportunidad de vivirlos los mantenemos en la retina, porque significaron un cambio profundo
en lo que era Barcelona ciudad, y no solamente eso sino que sirvieron para transformar a toda la población y lo que después ha sido Cataluña. Ese fue un éxito de Barcelona ciudad, pero también fue un éxito de Cataluña y, como diría el señor Fernández Moya, un éxito de España, por supuesto que sí.
Nos encontramos justamente ahora a treinta años de lo que pasó aquellos días y solo a nueve meses y unos días, señora Capella, de lo que será un gran acontecimiento para Tarragona, una provincia que desgraciadamente tiene el sentimiento de vivir al margen de las administraciones, también de Cataluña, pero sobre todo de España. Siempre que hablamos del camp de Tarragona y del Ebro en estas salas es de forma negativa, para recordar que quieren convertir el delta en un salar; para recordar la catástrofe ferroviaria que sufrimos los tarraconenses cada día en la R14, en la R15 y en la R16; para recordar las muertes de la N-340; para recordar los lodos contaminados, o por qué no, para recordar la falta de inversiones que necesitamos. Pocas veces hablamos en positivo y hoy tenemos oportunidad de hacerlo. Somos conscientes de que lo que no se ha hecho en años no lo hará de golpe una gran coalición de gobierno porque de lo que estamos convencidos es de que nuestro territorio necesita una inyección de moral, y tenemos la oportunidad y el compromiso de todos nosotros y nosotras para hacerlo. El próximo 30 de junio, como decía antes, se inauguran los XVIII Juegos Mediterráneos en Tarragona. Está costando demasiado. Las incertezas del Gobierno del Estado han puesto en duda su celebración, que yo estoy convencido de que serán un gran éxito. La duda es si de nuevo el Gobierno del Estado, el Gobierno de España deja tirada a Tarragona y, finalmente, será como Teruel: Tarragona no existe.
Hace unos días leíamos la declaración institucional sobre los juegos, aprobada por unanimidad en este Congreso. Todos en esta Cámara -igual que en el Parlament de Catalunya- estábamos de acuerdo, pero nos falta algo, nos falta ese compromiso del Gobierno de España porque no solo hacen falta palabras sino también hechos. Los juegos se harán, con una cifra más modesta que los magníficos Juegos de Almería de 2005, de lo cual nos alegramos muchísimo, pero la organización necesita 9 millones de fondos operativos para no arruinar a Tarragona y para demostrar que nuestra capacidad organizativa -de todos nosotros- es magnífica, como siempre lo ha sido. Si el Gobierno de la gran coalición cumple sus compromisos en unos meses, todos juntos, junto a 400 millones de posibles telespectadores, estaremos celebrando un gran acontecimiento que será inolvidable, porque incrementará la autoestima de una población machacada constantemente. Necesitamos un empuje en todas esas infraestructuras para su mantenimiento. El éxito de nuestros deportistas será entonces el éxito de Tarragona, de Cataluña y de España. Como decía la declaración, seremos una cita deportiva imprescindible y un puente de culturas solidarias que velen por la paz de los pueblos y devuelvan al Mediterráneo el lugar de encuentro que se merece y no de muerte. Ustedes, señorías, que formarán próximamente una gran coalición de Gobierno, tienen la pelota en su tejado.
Tiene la palabra el señor Roca, en nombre del Grupo Popular.
Hoy es un mal día para Tarragona, hoy es un mal día para mí personalmente porque hoy Convergència decide romper el consenso en torno a los Juegos del Mediterráneo. Un consenso en el que yo personalmente he participado en el Ayuntamiento de Tarragona, en el Parlament de Catalunya y hace unos días en el Pleno de este Congreso, que había dado su apoyo unánime a la candidatura pero no a la organización. Pero el mismo día en el que nos alegrábamos todos de un consenso, Convergència, por la puerta de atrás, presentaba una PNL para romper ese consenso. Ruptura de un consenso que es la tónica habitual últimamente en el partido que presenta esta propuesta, que además demuestra que no ha sabido leer últimamente lo que nos dicen los electores, porque los electores nos han dicho que quieren más consenso, no menos. Es cierto que el consenso alrededor de los juegos -tampoco hace falta aquí darnos abrazos todos y rodearnos de flores- se había roto coyunturalmente por algunos grupos municipales pero tenía mucho más que ver con que en el Ayuntamiento de Tarragona todas las mociones antiespañolas que se habían presentado habían sido derrotadas -de hecho cada vez con más concejales-. Esos palos en las ruedas que ponían determinados grupos municipales tenían que ver más con que no perdonan que Tarragona no sea antiespañola que con la realidad de los juegos.
He presentado una enmienda en nombre del Grupo Popular para solucionar el problema más prioritario, que es la construcción de la piscina, porque la chapuza de proposición que había presentado Convergència, cuyo único objetivo no era solucionar un problema sino romper el consenso, nos hubiera condenado a no
tener piscina, ya que si prorrogábamos hasta que haya unos presupuestos de 2017 no hubiera habido tiempo para licitar la piscina olímpica en la que se han de desarrollar la natación y el waterpolo. Mi enmienda pretendía buscar una solución, un nuevo espacio de consenso y un nuevo avance, pero se ha optado por posiciones maximalistas porque el objetivo no es solucionar problemas, es romper consensos, es buscar agravios. Como yo ahora estoy buscando consensos no voy a buscar responsables ni culpables; cuando toque, cuando llegue el momento, cuando hayan acabado los juegos, yo ya diré en esta Cámara lo que han hecho algunos y lo que han hecho otros, pero ahora no es el momento. Ahora es el momento de que mi grupo busque soluciones; ni responsables ni culpables. La prioridad fundamental ahora de los Juegos del Mediterráneo -la política sería mantener los consensos- es solucionar el problema de la piscina. A eso nos estamos dedicando, y no a presentar una PNL de esas que se podrían llamar PNL DeLorean, como el coche de Regreso al futuro, en la que un diputado de la XII Legislatura le pide al Gobierno de la X Legislatura o a un Gobierno futuro todo a la vez, lo que es absolutamente sorprendente.
Nosotros hemos presentado una enmienda y hemos hecho un esfuerzo ingente tanto para obtener el consenso en una declaración institucional, que afortunadamente salió bien, como para intentar que de esta Comisión se reforzara el consenso y buscáramos una solución y no agravios ni responsables ni culpables. En ese sentido, vamos a votar en contra. Seguiremos trabajando a favor de los juegos, de encontrar soluciones, y estamos convencidos de que los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2017 van a ser un éxito.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roca.
Vamos a votar en un minuto. (La señora Capella i Farré pide la palabra).
La señora CAPELLA I FARRÉ: Se lo he preguntado antes al letrado, pero no lo encuentro en el Reglamento. Supongo que debe de ser un acuerdo de interpretación del artículo 195 del Reglamento del Congreso sobre las transacciones a una enmienda presentada.
Ciudadanos planteaba que se pudiese votar por separado. Me apuntaba usted, presidente, que no era posible que una transacción se votase por separado; se lo he preguntado al letrado y me ha dicho que es un acuerdo, pero me gustaría saber si es un acuerdo sobre la interpretación del 195 o si hay algún artículo que yo no conozca.
El señor PRESIDENTE: Es un acuerdo del 195, por lo que me dice el letrado, y además fue unánime.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Pero es una interpretación sobre el 195.
El señor PRESIDENTE: Sí, es una interpretación, no la redacción del artículo.
La señora CAPELLA I FARRÉ: De acuerdo. En todo caso, como no la conozco y no la encuentro, quiero hacer constar la protesta de la representante de Esquerra Republicana, porque entiendo que el 195 no dice nada. Las interpretaciones... Pero que conste la protesta.
El señor PRESIDENTE: Lógicamente, la secretaría general tiene la facultad de interpretar (La señora Capella i Farré: Y yo de quejarme.-Risas), no es una cuestión que nos hayamos sacado de la manga.
Muchas gracias. Así constará.
Pasamos a la votación. Hemos dejado constancia al principio de la sesión de que por asentimiento se aprobaba el punto 1.º, de la delegación en la Mesa de la Comisión para las competencias del artículo 44 del Reglamento. Pasamos, pues, a votar el punto 2.º sobre la derogación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Se vota en sus propios términos.
Pasamos al punto 3.º sobre la supresión de las subvenciones públicas a la tauromaquia. Se vota en sus propios términos también.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 23; abstenciones, 4.
Punto 4.º del orden del día, relativo a la elaboración de un plan financiero para los astilleros públicos gallegos. Esta iniciativa se somete a votación con la transaccional del Grupo de Esquerra Republicana.
Pasamos al punto 5.º, iniciativa relativa al aplazamiento del pago a proveedores por los ayuntamientos. Se somete a votación con una transaccional.
Punto 6.º, sobre medidas para la lucha contra el fraude y el delito fiscal en España. Se ha aceptado solamente la enmienda número 4 del Grupo Parlamentario Socialista, que es una enmienda de adición.
Punto 7.º, sobre la puesta en marcha del impuesto de transacciones financieras, que se somete a votación con una transaccional del Grupo Parlamentario Socialista que se ha aceptado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, 3.
Punto 8.º, sobre el gravamen de los beneficios desviados a través de operaciones de ingeniería fiscal transfronteriza. Se somete a votación con la enmienda segunda de adición del Grupo de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 14; abstenciones, 4.
El punto 9.º, por el que se insta al Gobierno a garantizar la efectiva aportación de los recursos comprometidos por parte del Estado para la realización de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2017, se somete a votación con una transaccional planteada por todos, a excepción del Grupo Popular.
Se levanta la sesión. Muchas gracias por la comprensión.

References: artículo 44
 resolución 
 artículo 149
 artículo 13
 real decreto 
 artículo 142
 artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 195
 artículo 44