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Timestamp: 2017-07-23 04:59:44+00:00

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Manual informativo para Autoridades Judiciales Estatales by Pedro Aquino - issuu
Eddie C贸ndor Chuquiruna
Leonidas Wiener RamosManual informativo para autoridades judiciales estatales:
La justicia indígena en los países andinos / Eddie Cóndor Chuquiruna (coordinador);
Mirva Aranda Escalante; Leonidas Wiener. -- Lima: Comisión Andina de Juristas, 2009.
ADMINISTRACION DE JUSTICIA / PUEBLOS INDIGENAS / ACUERDOS
INTERNACIONALES / JURISPRUDENCIA / MANUALES / BOLIVIA / COLOMBIA /
ECUADOR / PERU	©	Comisión Andina de Juristas
Los Sauces 285, Lima 27
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Email	:	postmast@cajpe.org.pe	Primera edición, Lima, Perú, julio del 2009
1000 ejemplares	Diseño y diagramación:
Carlos Cuadros	Impresión:
Tarea Asociación Gráfica Educativa	ISBN: 978-612-4028-05-2
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2009-08616ÍndicePresentación .................................................................	5Introducción ..................................................................	71.	Principales conceptos ..........................................	92.	Marco normativo .................................................	123.	Conociendo el Sistema de Administración
de Justicia Indígena ..............................................	224.	Características de la jurisdicción indígena ............	305.	La coordinación entre la Justicia Estatal
y la Justicia Indígena ............................................	326.	Leyes de coordinación .........................................	347.	Jurisprudencia sobre derecho indígena
y coordinación .....................................................	38Bibliografía ...................................................................	47
Anexos ..........................................................................	49
Anexo 1: Convenio Nº 169 sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes ......	49
Anexo 2: Ley Orgánica de Pueblos y
Comunidades Indígenas - Venezuela ....................	60	Anexo 3: Sentencia T-523/97 de la
Corte Constitucional de Colombia ........................	67PresentaciónEn los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) se han
aprobado en los últimos años varias reformas legales que reconocen
la pluralidad cultural existente dentro de sus fronteras, así como la
existencia de diversos sistemas jurídicos distintos al estatal.
La Comisión Andina de Juristas (CAJ), considera importantes estas
reformas por su potencial impacto en los niveles de ejercicio de
derechos de la población, en especial de los pueblos indígenas, que
han estado históricamente excluidos de las políticas públicas como
actores partícipes.
Es por tal motivo que la CAJ viene impulsando el Proyecto "Promoción
y desarrollo de procesos de relacionamiento entre sistemas jurídicos
propios de los pueblos indígenas y los poderes judiciales", gracias al
apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID). Este Proyecto busca promover el establecimiento
de relaciones de coordinación entre los sistemas jurídicos estatales y
los sistemas jurídicos indígenas en los cuatro países que participan del
Uno de los elementos necesarios para que esta relación pueda
construirse y establecerse de manera eficaz y permanente, es que
los actores de ambos sistemas estén suficientemente informados del
marco teórico, legislativo, jurisprudencial y doctrinario que se aplica
para las zonas donde existen pueblos y comunidades indígenas.< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /5>Si bien las reformas constitucionales y legales en materia de justicia
indígena son relativamente recientes en nuestros países, ya existe
un conjunto de normas de obligatorio cumplimiento, así como
una jurisprudencia importante que va perfilando los criterios para
la relación entre ambos sistemas. Es necesario que los actores de
la justicia estatal conozcan esta información básica para poder
emprender las acciones de coordinación que el Proyecto plantea con
Asimismo, es necesario que los jueces, fiscales, policías, y otros actores
de justicia estatal, a quienes va dirigido este manual, conozcan qué
es y cómo funciona la justicia indígena, por lo cual hemos incluido un
capítulo especial describiendo las principales características de los
sistemas de justicia indígena que han sido estudiados por el Proyecto
en los cuatro países mencionados.
Con el presente manual, esperamos contribuir a que los actores de
los sistemas de justicia estatal cuenten con una fuente básica para
iniciar su conocimiento sobre sistemas de justicia indígena, policias
y otros operadores de justicia estatal, dado que, al ser un tema tan
amplio, sólo podemos dar los lineamientos iniciales y generales, los
cuales serán complementados y profundizados en futuras actividades
de capacitación sobre temas específicos.
Coordinó esta publicación Eddie Cóndor Chuquiruna. Participó en
su concepción y redacción Mirva Aranda Escalante con el apoyo de
Leonidas Wiener. Colaboraron con sus aportes y comentarios los
consultores nacionales del Proyecto.
Diego García-SayánDirector General
Comisión Andina de Juristas<6/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >IntroducciónEn las últimas décadas se han producido una serie de transformaciones
favorables al reconocimiento jurídico de la pluriculturalidad existente
al interior de los países andinos. La consolidación de la democracia en
estos Estados, que va de la mano con la incorporación en el derecho
positivo interno de una serie de derechos humanos consagrados y
desarrollados a nivel internacional, ha permitido configurar un marco
jurídico más respetuoso y garante de los derechos de los pueblos
indígenas y otras minorías que pueblan esta parte del continente.
En el caso de los pueblos indígenas, una tendencia que se presenta
claramente a nivel nacional e internacional es el afianzamiento
progresivo de un orden jurídico y sociopolítico más favorable para la
defensa y protección de sus derechos colectivos. En los países andinos,
esta tendencia se ha plasmado en el reconocimiento constitucional de
la naturaleza pluricultural de sus territorios, otorgando paulatinamente
una serie de derechos colectivos a los pueblos indígenas que los
habitan. Uno de los derechos que los países andinos han incorporado
en sus constituciones, es el derecho a que los pueblos indígenas
cuenten con sus propios sistemas de administración de justicia.
Este reconocimiento conlleva que el Estado acepte la existencia del
pluralismo jurídico al interior de sus fronteras, es decir, la validez de
otros sistemas jurídicos distintos al estatal.
Sin embargo, el reconocimiento constitucional sólo representa el
primer paso en el objetivo de plasmar un respeto cabal de las facultades
que tienen los pueblos indígenas de aplicar su justicia consuetudinaria
dentro de sus territorios.
< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /7>De hecho este reconocimiento es justamente lo que conlleva a
posibles conflictos, ya que, dado que los mecanismos de justicia
indígenas son considerados como válidos, sus contradicciones con
los sistemas nacionales, generan tensiones y complicaciones. Somos
testigos entonces de un momento de transición en la aplicación de
esta justicia en la región.
Se requiere como siguiente paso el desarrollo de legislación secundaria
y el establecimiento e institucionalización de espacios de coordinación
y articulación entre ambos sistemas, el estatal y el indígena, lo que
permita en suma reducir la potencial conflictividad existente en la
interacción entre ambos sistemas.
En esa orientación se ubica el Proyecto “Promoción y desarrollo de
procesos de relacionamiento entre sistemas jurídicos propios de los
pueblos indígenas y los poderes judiciales”, que viene impulsando la
CAJ gracias al apoyo de la AECID.
El Proyecto busca impulsar y consolidar los procesos de entendimiento
entre sistemas judiciales propios de los pueblos indígenas y los
sistemas judiciales estatales en los países de la región andina (Perú,
Ecuador, Bolivia y Colombia), con fundamento en las legislaciones
nacionales e internacionales vigentes en estos países y la experiencia
Uno de los objetivos del Proyecto consiste en elaborar material
informativo para jueces y autoridades judiciales estatales sobre
pluralismo jurídico, derechos de los pueblos indígenas y la
coordinación entre ambos sistemas.
El presente manual presenta información general y básica, aplicable
a los cuatro países que participan del Proyecto (Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú) sobre los temas en los cuales existe ya una definición,
sea legal, jurisprudencial o doctrinaria. Existe aún una serie de
temas pendientes que se deben seguir debatiendo en cada país, y
en los cuales el Proyecto espera contribuir con las actividades que
promueve.<8/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >1Principales
ConceptosEl reconocimiento de los sistemas de administración de justicia
indígenas en nuestros países nos lleva a reflexionar sobre una
serie de conceptos, ya que implica, por un lado, la aceptación del
pluralismo jurídico dentro de nuestros sistemas jurídicos, y por otro,
es considerado como una medida necesaria para incrementar el
acceso a la justicia de las poblaciones que viven en las zonas rurales
(poblaciones indígenas principalmente).
De la misma manera, es necesario conocer el concepto de pueblos
indígenas, eje central a partir del cual se derivan las políticas de
reconocimiento de sus derechos. Esta nueva categoría es reconocida en
normas internacionales, como el Convenio Nº 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.Pluralismo Jurídico: Es la coexistencia de dos o másformas diferenciadas del Derecho en un mismo plano temporal
y espacial. Es una definición alternativa del Derecho que supone
que el Estado ha reconocido que no es el único ente emisor de
normas, sino que existen grupos étnicamente diferenciados al
interior de sus fronteras que crean su propio Derecho, el cual
debe ser respetado bajo ciertos parámetros (por ejemplo, la
protección a los derechos fundamentales de la persona).< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /9>Pueblos indígenas: Pueden ser definidos como aquellosgrupos humanos que tienen una continuidad histórica con
las sociedades anteriores a la invasión colonial, colonización
o establecimiento de las actuales fronteras estatales. Se
considera como indígena a todo aquél que se autoidentifica
como indígena, y que es reconocido y aceptado como tal
por el resto del grupo. Los pueblos indígenas cuentan con
instituciones y sistemas políticos y jurídicos propios, los cuales
rigen el modo y estilo de vida de sus miembros, los diferencian
de la sociedad nacional de la cual forman parte, y buscan
preservarlas y transmitirlas a las siguientes generaciones como
base de su existencia continuada como pueblos. Las normas
estatales que les reconocen una serie de derechos colectivos
a estos grupos se enmarcan en esa orientación: proteger su
existencia como entidades colectivas diferenciadas y permitir
su continuidad como pueblos (Ver Art. 1 del Convenio 169 de la
OIT en Anexos).Acceso a la Justicia: Es el derecho que tiene toda persona
de acudir al sistema de administración de justicia cuando sus
derechos son vulnerados, sean estos derechos los reconocidos
por la Constitución, los tratados de derechos humanos suscritos
por los Estados y otros derechos desarrollados por leyes
secundarias. El sistema de administración de justicia debe
resolver y solucionar de manera imparcial e independiente la
afectación producida, investigando los hechos, sancionando a
aquellos que hayan participado en la afectación de un derecho
determinado si se determina su responsabilidad (siempre dando
el derecho a que estas personas puedan defenderse y demostrar
su inocencia), y restablecer la vigencia del derecho (cesando así
su violación).< 10/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >En relación a los derechos de los pueblos indígenas, el acceso a la
justicia representa una tarea pendiente del Estado para establecer
un sistema de justicia respetuoso de la diversidad cultural existente
dentro de sus fronteras, no discriminatorio (en el sentido de permitir
que los pobladores indígenas puedan utilizar sus lenguas originarias
cuando pretenden hacer valer un derecho ante los tribunales), y
accesible en términos económicos a los sectores de la población de
menores recursos (muchos de los cuales, sino la gran mayoría, son
pobladores indígenas).
De tal manera que, la existencia de los pueblos indígenas y el deber
estatal de garantizar su subsistencia como colectivos humanos
diferenciados y de establecer mecanismos apropiados para que
accedan a la justicia, fundamentan el reconocimiento de la justicia
indígena en nuestros países. (Ver Sentencia T523/97 de la Corte
Constitucional de Colombia).
También implica un cambio sustancial en nuestros sistemas jurídicos
nacionales, que han pasado de ser una creación exclusiva del Estado
a reconocer la existencia y validez de otros sistemas, en este caso, el
sistema de administración de justicia indígena. Esto se traduce en una
transformación del tradicional monismo jurídico a un sistema plural.
Estos cambios producidos en nuestro ordenamiento jurídico aún no
han sido suficientemente conocidos ni estudiados por los abogados
y juristas latinoamericanos, debido principalmente a su reciente
incorporación en el sistema jurídico estatal. Es por tal motivo que este
manual busca aportar a ese conocimiento.< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /11 >2Marco
Normativo2.1	Normas Internacionales:
2.1.1	Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del
Este instrumento jurídico internacional ha sido ratificado
por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y por lo tanto es
de obligatorio cumplimiento para los magistrados de los
Poderes Judiciales y Ministerios Públicos o Fiscalías de
Este convenio en su artículo 8 inciso 2 establece que:
“Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar
sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas
no sean incompatibles con los derechos fundamentales
definidos por el sistema jurídico nacional ni con los
derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Siempre que sea necesario, deberán establecerse
procedimientos para solucionar los conflictos que puedan
surgir en la aplicación de este principio”.Este derecho debe ser tomado en cuenta cada vez que se evalúe
y se pretenda aplicar una norma o política pública que afecte a
los pueblos indígenas. La Corte Constitucional de Colombia ha
< 12/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >establecido que debe preferirse la opción que permita mayores
niveles de autonomía a los pueblos indígenas, debido a que, a
mayor autonomía hay mayores posibilidades de conservar las
propias costumbres e instituciones.
De la misma manera, el artículo 9 inciso 1 del Convenio
“En la medida en que ello sea compatible con el
sistema jurídico nacional y con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos, deberán respetarse
los métodos a los que los pueblos interesados ocurren
cometidos por sus miembros”.Con esta norma queda claro que los pueblos indígenas tienen
competencia en materia penal al interior de sus comunidades.
Este artículo ha sido tomado como base para los artículos
constitucionales en los que se reconoce la jurisdicción especial
indígena, aunque en ellos no se señala expresamente las
competencias materiales. Sin embargo, en algunos países
(Perú por ejemplo), se ha dispuesto expresamente en las
normas procesales penales que la justicia penal estatal no tiene
competencia cuando los hechos han sucedido al interior de
los pueblos y comunidades indígenas1. Si bien esta legislación
secundaria es importante, en principio basta con el Convenio
-norma de obligatorio cumplimiento para los Estados que lo han
suscrito- para reconocer la competencia penal a las comunidades
De otro lado, cuando una persona indígena es juzgada en la
justicia ordinaria, hay una serie de procedimientos especiales
1	Artículo 18 del Nuevo Código Procesal Penal Peruano.< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /13 >El artículo 9 inciso 2 del Convenio Nº 169 OIT señala que:
“Las autoridades y los tribunales llamados a
pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener
en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la
Y el artículo 10 en sus dos incisos señala que:
“1. Cuando se impongan sanciones penales previstas
por la legislación general a miembros de dichos
pueblos deberán tenerse en cuenta sus características
económicas, sociales y culturales”.
“2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción
distintos del encarcelamiento”.Estas medidas deben aplicarse, usando si es necesario peritajes
antropológicos, traductores, etc., de acuerdo a lo que disponga
cada legislación interna. Un procesado indígena no puede
ser juzgado bajo las mismas reglas que los demás, pues tiene
características culturales específicas que el Estado se ha obligado
a respetar en los procesos penales. Para ello será necesario
también crear mecanismos para establecer la pertenencia étnica
del procesado, recurriendo a los padrones o censos disponibles
y otras fuentes.2.2	Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas (A/
RES/61/295), aprobada el 13 de septiembre
< 14Esta Declaración de la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), representa un importante avance/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >en materia de derechos humanos a nivel mundial, y es producto
de más de veinte años de debates y negociaciones dentro de
la ONU. Si bien las declaraciones no tienen fuerza vinculante,
sus disposiciones sirven como fuente para interpretar otras
disposiciones vigentes al interior de nuestros países, ya que
representan de manera clara e indubitable la voluntad de los
Esta declaración en su artículo 33 señala que:
“Los pueblos indígenas tienen derecho a promover,
desarrollar y mantener sus estructuras institucionales
y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones,
procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres
o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas
internacionales de derechos humanos”.Como conclusión, tanto el Convenio como la Declaración
reconocen el derecho de los pueblos a mantener sus propias
costumbres y formas de organización, y como parte de ellas
sus propios sistemas de administración de justicia, siempre y
cuando no vulneren los derechos humanos.
Los Estados, y por tanto los poderes judiciales que forman
parte de su estructura orgánica, tienen la obligación de tomar
las medidas necesarias para cumplir estas disposiciones, no
solamente respetando y aceptando las resoluciones de los
sistemas de justicia indígenas, sino asegurando las condiciones
para proteger, promover y mantener los sistemas de justicia
propios de los pueblos indígenas.< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /15 >2.3	Normas Nacionales:
Los países andinos han realizado a partir de 1990 una serie de
reformas constitucionales sustanciales en sus ordenamientos
jurídicos internos. Una de esas reformas ha consistido en
reconocer el pluralismo jurídico de origen étnico dentro de sus
fronteras, es decir, la validez de los sistemas de justicia de los
pueblos indígenas. Esta era una de las medidas necesarias que
se tenían que tomar para asegurar la supervivencia de estos
pueblos.	Estas reformas se iniciaron en Colombia (1991), luego siguió
Perú (1993), Ecuador (1998 y 2008) y más recientemente Bolivia
(2009).Colombia
La Constitución Política de 1991 establece en su artículo 246
“Las autoridades de los pueblos indígenas podrán
Constitución y leyes de la República. La ley establecerá
las formas de coordinación de esta jurisdicción especial
con el sistema judicial nacional”.En Colombia, país pionero en el tipo de reformas a las que
hacemos referencia, el Estado ha venido impulsando una serie de
políticas públicas de coordinación con la justicia indígena a través
del Consejo Superior de la Judicatura2. De otro lado la Corte< 16/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >Constitucional de Colombia3, al resolver acciones de tutela en
casos de presunta vulneración de derechos humanos, ha emitido
una jurisprudencia muy importante que, si bien es vinculante sólo
para Colombia, establece criterios que se pueden tomar como
referencia para las labores jurisdiccionales en los otros países (en
el capítulo 7 se presentan algunas sentencias al respecto).
En casos de conflicto de competencias entre la jurisdicción
ordinaria y la jurisdicción indígena, es la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura quien dirime a quien
corresponde la competencia.Perú:
El artículo 149 de la Constitución Política de 1993 establece que:
“Las autoridades de las Comunidades Campesinas
y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas,
de su ámbito territorial de conformidad con el derecho
consuetudinario, siempre que no violen los derechos
fundamentales de la persona. La ley establece las
formas de coordinación de dicha jurisdicción especial
con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del
Poder Judicial”.2	El Consejo Superior de la Judicatura es un organismo de la Rama Judicial reconocido
por la Carta Política colombiana. Está conformado por dos salas: La Sala Administrativa
y la Sala Disciplinaria. Tiene como funciones: administrar la carrera judicial, investigar
disciplinariamente la conducta de los funcionarios de la Rama Judicial, llevar el control del
rendimiento de las Corporaciones y Despachos Judiciales, elaborar y ejecutar el proyecto
del presupuesto de la Rama Judicial, dirimir los conflictos de competencia que ocurran
entre las distintas jurisdicciones, y otras que señala la ley.
3	La Corte Constitucional fue creada por la Constitución Política de Colombia, vigente
desde el 7 de julio de 1991. La Corte es un organismo perteneciente a la Rama Judicial del
Poder Público y se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política.
Tiene entre sus funciones revisar las decisiones judiciales relacionadas con la acción de
tutela de los derechos constitucionales prevista en el artículo 86 de la Constitución.< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /17 >Cabe aclarar que en el Perú, debido a la legislación interna vigente,
la mayoría de pueblos indígenas están organizados legalmente
en comunidades campesinas o comunidades nativas. Desde una
perspectiva sociológica-antropológica, estas comunidades se
enmarcan en un plano superior de relación que son los pueblos
indígenas. Otra organización importante existente en las zonas
andinas son las rondas campesinas, las cuales, en virtud de la
Ley de Rondas Campesinas (Ley Nº 27908), pueden intervenir
en la solución pacífica de los conflictos que se presenten dentro
de su jurisdicción comunal, aplicando sus usos y costumbres.
Sin embargo, en el Perú aún es tarea pendiente realizar las
modificaciones legales necesarias para adecuar la Constitución
de 1993 y las leyes secundarias al concepto de pueblos indígenas,
que es el reconocido por el Convenio 169 de la OIT y de más
amplia aceptación a nivel jurídico internacional.Ecuador:
La nueva Constitución de 2008 establece en su artículo 57, inciso
10, que “las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas” tienen el derecho colectivo a:
“Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio
o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos
constitucionales, en particular de las mujeres, niñas,
niños y adolescentes”< 18/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >De la misma manera, el artículo 171 estipula que:
“Las autoridades de las comunidades, pueblos
y nacionalidades indígenas ejercerán funciones
jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales
y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con
garantía de participación y decisión de las mujeres. Las
autoridades aplicarán normas y procedimientos propios
contrarios a la Constitución y a los derechos humanos
El Estado garantizará que las decisiones de la
jurisdicción indígena sean respetadas por las
instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones
estarán sujetas al control de constitucionalidad. La
ley establecerá los mecanismos de coordinación
y cooperación entre la jurisdicción indígena y la
jurisdicción ordinaria”.Como vemos, la nueva Constitución ecuatoriana no solamente
acepta la validez de la jurisdicción indígena, sino dispone que sus
decisiones sean respetadas por las instituciones y autoridades
públicas. Estas decisiones de la justicia indígena son susceptibles
de control constitucional, al tener calidad de decisiones
judiciales. Por lo tanto, contra ellas se puede interponer acciones
constitucionales si se han vulnerado derechos humanos.< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /19 >Bolivia
El artículo 191 de la nueva Constitución Política aprobada el
2009 establece que:
“I. Las naciones y pueblos indígena originario
campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales
y de competencia a través de sus autoridades, y
aplicarán sus principios, valores culturales, normas y
procedimientos propios”.
“II. La jurisdicción indígena originario campesina
respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y
demás derechos y garantías establecidos en la presente
Constitución”.Asimismo, en su artículo 192 señala que:
“La jurisdicción indígena originario campesina conocerá
todo tipo de relaciones jurídicas, así como actos y
hechos que vulneren bienes jurídicos realizados dentro
del ámbito territorial indígena originario campesino. La
jurisdicción indígena originario campesina decidirá en
forma definitiva. Sus decisiones no podrán ser revisadas
por la jurisdicción ordinaria ni por la agroambiental y
ejecutará sus resoluciones en forma directa”.< 20/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >Por último, el artículo 193 especifica las atribuciones de este
“I. Toda autoridad pública o persona acatará las
decisiones de la jurisdicción indígena originaria
campesina”.
“II. Para el cumplimiento de las decisiones de la
jurisdicción indígena originario campesina, sus
autoridades podrán solicitar el apoyo del Estado”.
“III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia
indígena originaria campesina. La Ley de Deslinde
Jurisdiccional, determinará los mecanismos de
coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena
originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la
jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones
constitucionalmente reconocidas”.En la Constitución boliviana se ha incorporado el término
“jurisdicción indígena originario campesina”, cuando hubiera
sido más jurídicamente coherente mencionar solamente que la
jurisdicción corresponde a los pueblos indígenas, sin importar la
forma organizativa o legal que tengan en la actualidad.
De otro lado, se ha continuado desarrollando el concepto
de jurisdicción indígena. Por ejemplo, se señala que sus
disposiciones no pueden ser revisadas por otras jurisdicciones,
con lo cual se deja en claro su nivel de igual jerarquía respecto
a la justicia estatal. Asimismo, se dispone que toda autoridad y
persona debe acatar las decisiones de la justicia indígena, y que
ésta puede pedir apoyo de las autoridades estatales (por ejemplo
de la Policía Nacional) para el cumplimiento de sus decisiones.< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /21 >3Conociendo el sistema
justicia indígenaAntes de pasar a explicar los desarrollos normativos y
jurisprudenciales que han tenido los artículos constitucionales
mencionados en el acápite anterior, es necesario conocer un
poco más acerca de las características y el funcionamiento de
los sistemas de justicia indígena.
La justicia indígena comprende varios elementos: un conjunto
de normas propias (o derecho indígena), los mecanismos para
hacer efectivas esas normas y la existencia de autoridades
e instancias. Todos estos elementos articulados con una
racionalidad y principios propios.
En cuanto a las normas que regulan la vida de los pueblos
indígenas, éstas han sido denominadas como derecho
consuetudinario, aunque se discute la idoneidad de ese término.
Son normas no escritas generalmente, que en algunos aspectos
pueden coincidir con normas del derecho occidental, pero en
otros casos difieren. Tenemos por ejemplo las normas sobre
brujería, inexistentes en el derecho occidental. Las creencias
ideológicas y religiosas de los pueblos indígenas contribuyen a
configurar las normas jurídicas que los rigen.
Debido a la existencia de estos tres elementos (normas,
mecanismos y autoridades) se configura el SISTEMA de
Justicia Indígena. No se trata únicamente de algunas normas
o mecanismos concretos, sino de un sistema orgánico, que
< 22/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >tiene sus propios principios, los cuales son diferentes al sistema
jurídico estatal.Características generales de los sistemas de justicia
Los sistemas de justicia indígena son sistemas
institucionalizados, producto de prácticas y costumbres que
emanan de las dinámicas sociales al interior de estos grupos.
Representan asimismo una continuación de los sistemas de
justicia aplicados por sus antecesores (los pueblos indígenas
precoloniales), transmitidos de generación en generación (por
lo general oralmente) hasta la actualidad, e influenciados en
dicho lapso en mayor o menor medida por la tradición jurídica
occidental, en la cual se enmarca la justicia ordinaria estatal.
La justicia indígena, a diferencia del sistema civilista romanogermánico (en el cual se basan los sistemas jurídicos estatales
de los países andinos), no se basa en la ley escrita. Si se trata
de encontrar un modelo al cual se pueda aproximar, sería el
sistema anglosajón, debido a que recurren a los casos anteriores
(presentes en la memoria colectiva o en actas escritas) para
configurar las reglas aplicables a los casos nuevos.
Otras características importantes de estos sistemas es que no
existen "especialistas" en la aplicación de la justicia, y la decisión
se toma por unanimidad o mayoría absoluta, generalmente a
través de asambleas o cabildos públicos donde participan todos
La aplicación de la justicia indígena busca, por lo general,
reestablecer el equilibrio de la vida comunal mediante la
reinserción del infractor a través de una sanción determinada,
priorizando la reeducación del individuo, llegando a la raíz del
problema y reparando el daño causado. El sentido de identidad
colectivo presente al interior de las comunidades indígenas,
implica que las acciones de todos los integrantes deben procurar
< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /23 >el progreso o desarrollo de la colectividad entera. Asimismo, las
acciones de cada miembro de la comunidad afectan al conjunto,
y por ello, la aplicación de su justicia propende a restablecer
las relaciones comunales. Al producirse entonces un caso de
infracción de las normas que permiten la convivencia colectiva
(como un robo por ejemplo), la comunidad debe intervenir para
restablecer el equilibrio que ha sido quebrantado.
De otro lado, las nociones de lo privado y lo público son
diferentes a las del derecho occidental. Un caso de alcoholismo,
por ejemplo, es considerado no solamente un problema
personal y familiar sino también un problema comunal que
debe ser resuelto en conjunto, porque es de interés de toda la
comunidad que la persona se reforme y cumpla adecuadamente
sus obligaciones con su familia y con su comunidad.
Al aplicarse la justicia indígena, se busca encontrar la mejor
solución para ambas partes. Es decir, una solución que pueda
reparar el daño causado y reincorporar dentro de la comunidad a
quién ha cometido la falta o delito. Se busca que esta persona se
dé cuenta de su error, lo rectifique y se comprometa a no volver
a cometerlo. Es una solución que busca modificar los hábitos
del sancionado. En tal sentido, para el Derecho indígena son
importantes las dos partes. En cambio, la justicia estatal sólo
busca que se hagan cumplir las leyes, sin importar que alguna
de las partes quede insatisfecha con el fallo.
De otro lado, en la justicia indígena es importante el diálogo entre
las partes enfrentadas. Asimismo, normalmente intervienen los
familiares, amigos, compadres, padrinos y demás autoridades
de la comunidad. En suma, en la solución de un conflicto pueden
llegar a intervenir todos los miembros de una comunidad, lo
cual contribuye a enriquecerlo con la variedad y diversidad de
De la misma manera, al resolver un caso en la justicia indígena
se toman en cuenta los antecedentes del acusado y las
< 24/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >circunstancias particulares que lo llevaron a cometer la falta,
tratando de entender por qué cometió el hecho por el que se
le juzga. Esto es más factible cuando se trata de un miembro
de la comunidad al que todos conocen. Por ello, cuando se
juzga a un tercero, algunas comunidades prefieren entregarlo
a las instancias estatales, pues no cuentan con los elementos
suficientes para juzgarlo ni para hacer cumplir luego la sanción
que le impongan.PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA INDÍGENA
-	Restablecimiento del daño
-	Resocialización del infractor
-	Protección de la comunidad y restauración
de su integridad
Los sistemas de justicia indígenas cuentan con un procedimiento
propio y unas autoridades determinadas, que son las que
aplican la justicia en base a su propio Derecho. Generalmente
las autoridades de la comunidad son las que resuelven el
conflicto en primera instancia (aunque en algunos casos es la
misma familia la que soluciona el conflicto antes de llegar a la
instancia comunal). Si es que el conflicto no es solucionado en
esta instancia, o es un conflicto de carácter intercomunal (que
involucra a dos o más comunidades) o de carácter extracomunal
(que involucra a terceros externos, por ejemplo en el caso de
un conflicto entre una comunidad y una empresa minera), por
lo general existen organizaciones de segundo o tercer nivel
(organizaciones, federaciones) que abordan estos casos. En
situaciones extremas, o que implican afectaciones a derechos
fundamentales de las personas, normalmente se acude a la
justicia ordinaria, aunque algunas comunidades comienzan a
tomar conciencia de que están facultadas para resolver todo
tipo de casos.< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /25 >INSTANCIAS DE LA JUSTICIA INDÍGENA
-	Instancia familiar
-	Asamblea comunal
-	Organización de segundo gradoEl sistema jurídico indígena como expresión de la cultura e
identidad de un pueblo:
No existe una sola justicia indígena, pues aunque existen algunos
elementos comunes, en general nos encontramos ante una gran
diversidad. Se podría decir que existen tantos sistemas de justicia
indígenas como pueblos y comunidades indígenas hay, pues el
Derecho de un pueblo indígena determinado es expresión de su
propia cultura y de sus propias formas organizacionales, lo cual
difícilmente puede repetirse en otro grupo humano con distintas
Los sistemas de justicia indígena son expresión de la cultura
y la identidad colectiva existente en los pueblos indígenas.
Esto implica que estos sistemas no pueden ser analizados
o conceptualizados bajo los cánones de la tradición jurídica
occidental, dominante en nuestros países desde la creación de
los actuales Estados republicanos. Tampoco puede ser asimilado
al sistema jurídico estatal, pues perdería su particularidad y
pondría en peligro la existencia del pueblo indígena como
entidad colectiva diferenciada.
Casos que normalmente trata la justicia indígena:
Habiendo señalado que no existe una sola justicia indígena pues
cada una emana de las prácticas y costumbres de un determinado
pueblo, resulta complejo definir cuáles son las materias o casos
que resuelve la justicia indígena en términos genéricos. Sin
embargo, de acuerdo a numerosas investigaciones realizadas,
< 26/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >resulta posible establecer algunas materias que normalmente
son abordadas por este sistema de justicia:-	Conflictos familiares (separación de pareja, infidelidad de la
pareja, violencia familiar, maltrato a menores, abandono de
hogar, filiación y reconocimiento de niños, tutela y tenencia,
etc.)-	Conflictos entre comuneros o con terceros (agresiones,
incumplimiento de obligaciones, chismes, problemas por
estado de embriaguez, etc.)-	Conflictos con la comunidad (por incumplimiento de
obligaciones como comunero y como autoridad, etc.)-	Conflictos debido a cuestiones culturales/ religiosas (brujería y
otros)-	Conflictos por el uso de recursos naturales (agua, tierras,
pastos, etc.)-	Conflictos que se derivan del contacto de estos grupos con
elementos externos de distinta procedencia cultural: no tomar
en cuenta a las mujeres en las decisiones comunitarias y en la
elección de autoridades; las pandillas de jóvenes que asaltan y
hacen daño a los miembros de las comunidades; la presencia
de empresas foráneas que buscan explorar y explotar recursos
naturales, entre otros.La justicia indígena como respuesta a las limitaciones
existentes para acceder al sistema de justicia estatal:
La justicia indígena representa también una respuesta a la
problemática de las limitaciones existentes para el acceso
al sistema de justicia ordinario por parte de los pobladores
indígenas, en base a una serie de factores: altos costos
económicos, poca celeridad en el proceso, corrupción, alta
carga procesal, discriminación, desconocimiento de la lengua
< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /27 >Los sistemas de justicia indígena representan una forma de
justicia más eficiente y accesible para sus miembros. En primer
lugar, reduce sustantivamente el costo económico de acceder
al servicio de justicia formal; resuelven los casos de manera
inmediata en comparación con los procesos en la justicia
ordinaria; se busca resolver los casos con criterio de equidad;
en general cuentan con la participación de todos los miembros
de la comunidad, por lo que las decisiones tomadas revisten un
alto grado de legitimidad; contribuye a una mayor cohesión
social entre los miembros de la comunidad donde se aplica este
modelo de justicia alternativa; reduce el índice de conflictos al
interior del grupo humano en el cual este tipo de justicia existe y
se aplica; y por último, reduce la abultada carga procesal de los
operadores de justicia estatales.
Limitaciones de la justicia indígena:
Las investigaciones realizadas sobre la justicia indígena han
arrojado ciertas deficiencias y desventajas en la aplicación de
este tipo de justicia. Aunque en este caso también resulta difícil
establecer generalizaciones entre múltiples y diversos tipos de
justicia indígena, pueden encontrarse algunos factores comunes
a todos los sistemas en mayor o menor medida:
a) < 28El uso indiscriminado de la violencia al momento de
aplicar la justicia indígena, sea como medio para obtener
pruebas o como sanción. En el último caso, normalmente
este tipo de sanciones acarrean violaciones a derechos
fundamentales de la persona, y en casos extremos
linchamientos y asesinatos. Opiniones autorizadas
en el tema consideran que estos casos desbordan el
sentido de justicia indígena, es decir, son excepcionales.
Generalmente los linchamientos se producen contra
personas externas a la comunidad y representan una
respuesta última ante la inacción de las autoridades
estatales. Por lo tanto, es apresurado concebir este tipo/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >de actos como partes integrales del sistema de justicia
indígena, requiriéndose mayores investigaciones sobre el
tema desde una perspectiva intercultural.
b) Desigualdad de género: diferencia de tratamiento entre el
hombre y la mujer al momento de ser juzgados por alguna
falta, y poca participación de esta última como actora
partícipe y con capacidad de decisión dentro del sistema
de justicia indígena.c) Existe normalmente una cercanía amical entre las
partes, las autoridades dirimentes y el acusado, porque
todos forman parte de la misma comunidad. En algunos
casos esta situación puede conllevar la pérdida de la
imparcialidad necesaria en los procesos de la justicia
indígena.d) En muchas comunidades se prohíbe a los integrantes
acudir a las instancias formales para resolver alguna clase
de conflicto. Esto nos muestra claramente la necesidad de
establecer con precisión las reglas que fijen la competencia
para cada sistema.Es claro que no existen sistemas perfectos, sino perfectibles,
por lo que este tipo de situaciones no desmerecen todo el
sistema de justicia indígena, sino que representan un punto
de partida a partir del cual pueden establecerse mejoras.
También es importante señalar que muchas veces las críticas
que se realizan a los sistemas indígenas provienen de sectores
culturalmente diferenciados, por lo que deben ser recogidas
como aproximaciones y no como verdades científicas. < Manual informativo para autoridades judiciales estatales /29 >4Características
indígenaEn Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, el reconocimiento
constitucional de la jurisdicción especial indígena, se ha hecho
•	Tal como señala Yrigoyen4, se reconoce la validez de los
tres elementos del sistema de justicia indígena, es decir:
las normas y procedimientos propios, la potestad de
impartir o administrar justicia y el sistema institucional o
de autoridades propios de cada pueblo.•	Los sujetos titulares del reconocimiento constitucional
son las autoridades de los pueblos indígenas, elegidas de
acuerdo a sus propias costumbres.•	Esta jurisdicción tiene como competencia territorial todos
los casos ocurridos dentro del territorio de los pueblos
indígenas, y como competencia material, todo tipo de
casos (tanto civiles, penales, etc.). Lo que no está definido
es la competencia personal, es decir, queda por debatir
si sólo se aplica para los indígenas o también se aplica a
terceros que se encuentren dentro del territorio indígena.4	Yrigoyen Fajardo, Raquel (2006): “Hitos del reconocimiento del pluralismo jurídico y
el derecho indígena en las políticas indigenistas y el constitucionalismo andino”. En
Berraondo (coord.): Pueblos Indígenas y Derechos Humanos. Bilbao: Universidad de
Deusto. (pp.537—567)< 30/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >•	Se pone como límite para el ejercicio de esta jurisdicción
que no se vulneren las leyes vigentes, la Constitución y los
derechos humanos. Al respecto, es bueno recordar que el
Convenio 169 de la OIT solamente menciona el límite de
los derechos humanos.•	Las Constituciones de Colombia y Perú disponen que
se promulgará una ley de coordinación que regule la
coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la
jurisdicción ordinaria estatal. Estas leyes aún no se han
elaborado5.•	Aunque solamente la constitución ecuatoriana lo
menciona, las decisiones de la jurisdicción indígena son
susceptibles de ser revisadas en la vía constitucional cuando vulneran derechos constitucionales (al igual
que las decisiones de la jurisdicción ordinaria). La Corte
Constitucional de Colombia ha establecido ya criterios
para estos casos en una amplia jurisprudencia6. (Ver punto
8 de este manual).5	En Colombia, se realizó un proceso de consulta a los pueblos indígenas que determinó
que no era necesaria la ley de coordinación, por lo que las normas para la coordinación
se han desarrollado a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 6	Disponible en: www.corteconstitucional.gov.co. Algunas sentencias se encuentran
también en la web: http://www.cajpe.org.pe/sistemasjuridicos/index.php/jurisprudencia/
jurisprudencia-/cat_view/73-jurisprudencia/75-colombia< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /31 >5La Coordinación
Justicia IndígenaEl reconocimiento constitucional de los sistemas de justicia
indígenas representa un importante avance para construir Estados
multiculturales7, que fomenten el respeto y el reconocimiento de la
diversidad cultural existente dentro de sus fronteras. Esto conllevaría
a ampliar la ciudadanía, incluyendo a todos los pobladores indígenas
en un plano de igualdad, contribuyendo firmemente a consolidar la
democracia dentro de nuestros países.
Para establecer un eficiente sistema de coordinación entre ambos
sistemas, hay varios temas que deben ser desarrollados y definidos
a través de la legislación y la jurisprudencia. Entre estos temas,
quizás el más importante sea las limitaciones impuestas por los
derechos humanos a la justicia indígena. Como punto de partida
para este ejercicio, debemos tomar en cuenta la jurisprudencia
de la Corte Constitucional de Colombia que se ha pronunciado al
respecto (Ver por ejemplo la sentencia T523-97 en Anexos).
Si bien no se cuenta con las leyes de coordinación que las
constituciones disponen, se han producido algunas experiencias
positivas de relación entre ambos sistemas, tal como lo muestra el
7	< 32De acuerdo a la mayoría de opiniones respecto al tema, la interculturalidad implica una
interacción entre dos o más culturas entre las cuales ninguna se reconoce como superior a
la(s) otra(s), sino que todas se encuentran yuxtapuestas y buscan integrarse y armonizarse
en mutuo respeto. Por otro lado, la multiculturalidad implica una situación de hecho o un
proyecto político (“llegar a ser”) en la cual una variedad de culturas diferenciadas conviven
pacíficamente en una entidad política determinada que fomenta el respeto y el reconocimiento
a las distintas expresiones culturales entremezcladas. En tal sentido, la búsqueda de un país o
una sociedad multicultural debe efectuarse a partir del fomento a las prácticas y a las políticas
interculturales./ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >contenido del diagnóstico regional efectuado por el Proyecto de la
Así, por ejemplo, en Colombia, el Tribunal Superior Indígena
del Tolima, institución judicial creada por el Consejo Regional
Indígena del Tolima (CRIT) para fortalecer la administración de
justicia al interior de sus territorios, ha definido un Protocolo de
Coordinación Interjurisdiccional que tiene como propósito hacer
una coordinación verdaderamente efectiva y eficaz entre ambos
sistemas de justicia. Por el lado de la justicia ordinaria, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tiene entre
sus prioridades a corto plazo la creación de la Comisión Nacional
para el Fortalecimiento y Coordinación de la Jurisdicción Especial
Indígena (JEI). Esta entidad pretende constituirse en un espacio
encaminado a la discusión, definición y ejecución de políticas
públicas que busquen armonizar ambos sistemas.
En el caso peruano, la Fiscalía Provincial deCanas8 viene coordinando
la organización de charlas en las comunidades que integran su
jurisdicción, con la finalidad de dar a conocer los alcances de la
justicia comunal y en qué casos pueden coordinar con la Fiscalía. La
Fiscalía tiene programadas una serie de visitas a las comunidades,
las que se están cumpliendo según el cronograma establecido.
En suma, la información presentada en el diagnóstico regional
nos da visos de que, a nivel de los países andinos, se vienen
articulando esfuerzos que propenden a institucionalizar espacios
de acercamiento y coordinación entre ambos sistemas. No
obstante, las experiencias recogidas son muy localizadas, y no
representan aún una tendencia con visos de expandirse a nivel
regional o nacional como política pública. En ese sentido, es
una tarea pendiente que este tipo de labores conjuntas puedan
generar mayores niveles de incidencia, parte de lo cual se verá
plasmado en el desarrollo de legislación secundaria que delimite
las competencias entre ambos sistemas.8	Provincia ubicada en el departamento de Cusco, Perú.< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /33 >6Leyes de
coordinaciónLas actuales constituciones de los países andinos dispusieron
que una ley regule las formas de coordinación entre la justicia
indígena y la justicia estatal. En el caso de Ecuador y Bolivia
se incluye además de la coordinación, la cooperación entre
ambos sistemas. Veamos cual es la situación de esta legislación
secundaria en cada país:
-	En Colombia: El Estado colombiano, a través del Consejo
Superior de la Judicatura, ha elaborado y aplicado políticas
para la coordinación entre los dos sistemas. Como parte del
proceso se realizó una consulta con los pueblos indígenas,
en la cual se decidió que no era necesario emitir la ley de
coordinación. Sin embargo, la Corte Constitucional, máximo
intérprete de la Constitución en dicho país, ha emitido
importantes reglas para la aplicación del límite de los
derechos humanos y la coordinación entre sistemas.
-	En Perú: A pesar de haber transcurrido más de 15 años
desde la aprobación de la Constitución de 1993, no se ha
elaborado aún la ley de coordinación, existiendo únicamente
propuestas de diversos congresistas al respecto que no han
sido aún debatidas por el Pleno9. Lo que sí se ha producido es9	Respecto a la más reciente de estas propuestas se sugiere revisar: http://www.redajus.
org/biblioteca/anapred.doc y http://www.redajus.org/biblioteca/sistpre.doc< 34/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >una jurisprudencia importante de la Corte Suprema sobre las
potestades y alcances de las funciones jurisdiccionales de las
rondas campesinas10.
-	En Ecuador: Se ha promulgado en el presente año el
Código Orgánico de la Función Judicial, el cual contiene
todo un capítulo que regula y desarrolla las relaciones entre
la justicia ordinaria y la justicia indígena (Título VIII, artículos
343-34611) desde una perspectiva intercultural y respetando
la jurisdicción indígena y sus derechos colectivos. Además,
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha iniciado
el proceso de elaboración de la Ley de Coordinación y
Cooperación entre los dos sistemas. Se espera realizar un
proceso participativo con todos los actores para tener el
anteproyecto a fines del año 2009.
-	En Bolivia: Tras haberse aprobado la nueva Constitución
Política, se está iniciando la elaboración de la Ley de Deslinde
Jurisdiccional, norma que determinará los mecanismos de
coordinación y cooperación entre la justicia indígena con la
El único país latinoamericano que cuenta con una ley que regula
la justicia indígena y la forma en que ésta se articula con el
sistema judicial estatal, es Venezuela, a través de la Ley Orgánica
de Comunidades y Pueblos Indígenas. Este instrumento
jurídico promulgado el año 2005, representa un importante
avance para el pleno reconocimiento de los derechos de los
pueblos indígenas en dicho país, en tanto establece y desarrolla
mecanismos específicos para garantizar su protección,10	Las Rondas Campesinas son un tipo de organización de la población rural en Perú. Existen
dos tipos de rondas: las autónomas, que funcionan en el norte del país y las subordinadas
a comunidades campesinas o nativas. Están reconocidas por Ley Nº 27908, según la cual
tienen los mismos derechos que los pueblos indígenas
11	Fuente en: http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=4874&Itemid=526< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /35 >superando los resquicios y vacíos que generalmente dejan las
disposiciones constitucionales en su aplicación concreta. El
título VII de esta Ley (artículos 130-141) regula las relaciones
entre ambos sistemas de justicia, delimitando y desarrollando
las atribuciones y facultades de cada uno en su interacción.
Resulta importante presentar las características más resaltantes
de esta Ley en tanto puede servir como referencia normativa
para las legislaciones que están pendientes de ser elaboradas en
los demás países andinos.
En primer lugar, cabe señalar que el artículo 130 de esta Ley
reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a
aplicar sus propios mecanismos de resolución de conflictos por
sus autoridades reconocidas (legítimas) y dentro de sus ámbitos
territoriales. Esta potestad sólo alcanza a sus integrantes, y
tiene como limitación los derechos humanos reconocidos por
las leyes venezolanas. Asimismo, el artículo 132 señala que las
resoluciones adoptadas por las autoridades indígenas al aplicar
su propia justicia, representan cosa juzgada para el Estado y
sus organismos de administración de justicia (Poder Judicial,
Fiscalía, Policía, entre otros), así como para las partes en litigio y
cualquier tercero involucrado.
De la misma manera, respecto a la coordinación entre sistemas,
el artículo 134 señala una serie de reglas básicas que deben servir
de parámetros:< 36•	Reserva de la jurisdicción especial indígena: las decisiones
de la jurisdicción indígena sólo serán revisadas por la
jurisdicción ordinaria cuando afecten derechos humanos
reconocidos por la Constitución y las leyes (incluye
tratados).•	Relaciones de coordinación: ambas jurisdicciones se
prestarán apoyo y asistencia, sea en los casos que resuelve
la jurisdicción ordinaria o la indígena./ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >•	Conflicto de jurisdicción: será el Tribunal Supremo de
Justicia el que dirima los conflictos de jurisdicción entre
ambos sistemas•	Protección del derecho a la jurisdicción especial indígena:
cuando la jurisdicción ordinaria conozca un caso que le
corresponde a la justicia indígena, debe derivarla a esta
última.En caso de que un proceso en la jurisdicción indígena conlleve la
afectación de un derecho humano, el afectado podrá imponer
una acción de Amparo Constitucional ante la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se guiará según las
reglas de equidad, con un enfoque intercultural de los hechos y el
Derecho, y reconociendo los derechos de los pueblos indígenas
a normarse bajo su propio Derecho.< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /37 >7Jurisprudencia sobre
derecho indígena y
coordinación 127.1	Jurisprudencia internacional:
Nuestro primer punto de referencia en cuanto a decisiones de
instancias internacionales con carácter vinculante para los países
andinos, son las sentencias emitidas por la Corte Interamerciana
de Derechos Humanos. Esta Corte aún no se ha pronunciado
específicamente sobre los alcances del reconocimiento de
la jurisdicción indígena, pero ha desarrollado una amplia
jurisprudencia que establece parámetros de protección y
respeto de los derechos de los pueblos indígenas, en base a una
interpretación extensiva de las disposiciones de la Convención
Americana de Derechos Humanos	De acuerdo a Claudio Nash (2004), la jurisprudencia de la Corte
respecto a los derechos de los pueblos indígenas se puede dividir
en tres aspectos centrales:	El derecho a la tierra: En una línea jurisprudencial iniciada
por el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra
el Estado de Nicaragua, la Corte ha realizado una interpretación
progresiva del Art. 2113 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, estableciendo que los gobiernos deben tomar las12	Una selección de las principales sentencias por cada país se puede encontrar en : http://
www.cajpe.org.pe/sistemasjuridicos/index.php/jurisprudencia
13	La Convención Americana de Derechos Humanos señala en su artículo 21 que toda
persona tiene derecho a la propiedad privada.< 38/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >medidas necesarias para permitir el libre goce y ejercicio del
derecho a la tierra sobre la base de las particularidades de la
cultura indígena. Para ello es necesario que se garantice: el
derecho a la propiedad de las comunidades indígenas; reconocer
la primacía de las normas consuetudinarias acerca del goce de
este derecho, su reconocimiento en la legislación interna y en
la administración y registro de la tierra; tomar las medidas
pertinentes para delimitar y marcar dichos territorios y consultar
previamente a los pueblos cualquier concesión a terceros. (Nash
2004 p. 6-8).
Los derechos culturales: La Corte ha establecido que se debetomar en consideración los elementos culturales particulares de
las comunidades indígenas a la hora de interpretar los derechos
y libertades establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Nash Op. Cit. p. 8-10)
Recursos efectivos: Se ha establecido la obligación delos Estados de tomar todas las medidas necesarias en el
derecho interno para crear un mecanismo eficaz que tenga en
consideración los aspectos culturales involucrados para un real
goce y ejercicio del derecho a la propiedad indígena. Conclusión
que puede ser extrapolada a la obligación que tiene el Estado de
asegurar efectivamente los otros derechos de las comunidades
indígenas a través de mecanismos eficaces y que tengan en
consideración las particularidades culturales propias de las
etnias del continente. (Nash Op. Cit. p. 10-12).Un aspecto muy importante de la jurisprudencia vinculante emitida por
la CIDH, es el del establecimiento de responsabilidad de los Estados a
partir de los actos de cualquier agente que forme parte del aparato
estatal, sin importar la jerarquía del agente14. Es decir, cualquier acto
u omisión, (por ejemplo de un juez, secretario, fiscal, policía, etc.),
que vulnere derechos establecidos en la Convención Americana de14	Sentencia caso Comunidad Mayagna (Sumo), párrafo 154.< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /39 >Derechos Humanos, acarrea responsabilidad internacional para
el estado.7.2	Jurisprudencia nacional
En los países andinos, aunque no ha habido mayor
desarrollo normativo, sí se han emitido importantes
decisiones sobre jurisdicción indígena y coordinación, en
las diferentes instancias de los poderes judiciales y en las
Cortes Constitucionales de cada país.	Colombia:	Respecto a los conflictos que se producen cuando se
vulneran derechos humanos, reconocidos y consagrados
positivamente a nivel nacional (como derechos
fundamentales) e internacional, en la aplicación de la
justicia indígena, la Corte Constitucional de Colombia
(T-523, 1997) ha adoptado una postura que implica una
solución de diálogo intercultural. Tal como señala la
sentencia:“Una primera solución a este tipo de conflictos [cuando se vulneran
derechos fundamentales al aplicar la justicia indígena], se ha
planteado en términos de un diálogo intercultural que sea capaz
de trazar unos estándares mínimos de tolerancia, que cubran los
diferentes sistemas de valores. Es decir, lograr un consenso en
aquel mínimo necesario para la convivencia entre las distintas
culturas, sin que ello implique renunciar a los presupuestos
esenciales que marcan la identidad de cada una. Así lo entendió
la Corte Constitucional, que en sentencia de 1996 estableció
los criterios que deberá tener el intérprete para solucionar los
conflictos que puedan presentarse entre el principio de diversidad
étnica y cultural y otros principios de igual jerarquía, y señaló
los límites que, basados en un verdadero consenso intercultural,
deberán respetar las autoridades indígenas en el ejercicio de
funciones jurisdiccionales dentro de su territorio […].< 40/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >Los límites mínimos que en materia de derechos humanos deben
cumplir las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones
jurisdiccionales responden, a juicio de la Corte, a un consenso
intercultural sobre lo que verdaderamente "resulta intolerable
por atentar contra los bienes más preciosos del hombre", es decir,
el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud, la prohibición
de la tortura y, por expresa exigencia constitucional, la legalidad
en el procedimiento, en los delitos y en las penas (entendiendo
por ello, que todo juzgamiento deberá hacerse conforme a
las "normas y procedimientos" de la comunidad indígena,
atendiendo a la especificidad de la organización social y política
de que se trate, así como a los caracteres de su ordenamiento
jurídico). Estas medidas se justifican porque son "necesarias
para proteger intereses de superior jerarquía y son las menores
restricciones imaginables a la luz del texto constitucional".
En resumen, la Corte Constitucional de Colombia ha fijado
las siguientes reglas en cuanto la vulneración de los derechos
humanos y la coordinación entre sistemas15:
•	Existe un núcleo de derechos que no pueden ser vulnerados
bajo ninguna circunstancia por la justicia indígena: vida,
no tortura, no esclavitud, debido proceso. Para el resto
de derechos se hace la valoración dependiendo del caso,
aplicando un razonamiento intercultural.•	Se debe respetar al mismo tiempo la autonomía de la
comunidad y la dignidad humana de la persona juzgada. La
decisión a adoptar debe lograr un equilibrio entre ambas.•	Las decisiones indígenas, al ser susceptibles de acción de
tutela, tienen un efecto nacional.15	Fuente: Intervención del Dr. Jesael Giraldo en el Encuentro Regional promovido por la
Comisión Andina de Juristas en Santa Cruz – Bolivia en noviembre del 2008. Ver: http://
www.cajpe.org.pe/sistemasjuridicos/images/docs/actividades/Informe_Encuentro_
Santa_Cruz.pdf< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /41 >•	Los pueblos indígenas tienen derecho a: la supervivencia
como grupo: (equiparable a su derecho a la vida); a la
igualdad en todas sus condiciones; a la participación y
consulta; a la propiedad colectiva, y a la autonomía para
su organización interna.•	En cuanto al derecho a la autonomía, se han establecido
sub-reglas:
-	A mayor conservación de usos y costumbres, mayor
-	Los derechos humanos constitucionales son
-	Las costumbres de los pueblos indígenas pueden
primar sobre normas de orden público
-	Las costumbres de los pueblos también pueden
primar por sobre derechos renunciables individuales.	Perú:
Los casos más importantes se han producido respecto a las
rondas campesinas, organizaciones de campesinos de la sierra
norte del Perú que administran justicia dentro de su territorio.
Existe aún un debate respecto si los miembros de estas
organizaciones pueden ser considerados indígenas, debido a
que el Art. 149 de la Constitución solamente las menciona como
auxiliares de las autoridades de comunidades campesinas y
nativas, pero no se pronuncia respecto a las rondas que existen
independientemente de las comunidades. Sin embargo, la Ley
de Rondas Campesinas vigente, dispone que se les aplique
de manera extensiva a estos colectivos todos los derechos
reconocidos para los pueblos indígenas.
En este contexto, la Corte Suprema de la República y algunas
Cortes Superiores han emitido sentencias reconociendo las
facultades de las Rondas Campesinas para administrar justicia,
y específicamente para detener a los sospechosos de haber
cometido una falta, sin que esto configure delito de secuestro o
de usurpación de funciones.< 42/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >Una de las sentencias más importantes es la de la Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que resuelve el
Recurso de Nulidad Nº 975-200416, y es la primera sentencia
emitida por la máxima instancia del Poder Judicial respecto a
En este caso, producido en el departamento de San Martín, en
la amazonia peruana, las rondas campesinas de la localidad
de Pueblo Libre detuvieron a un grupo de personas acusadas
de robo, violación y homicidio. Siguiendo sus procedimientos
propios, los retuvieron y los castigaron, luego de lo cual los
entregaron a la Fiscalía. Estos presuntos delincuentes al llegar a
la Fiscalía denunciaron a los ronderos por secuestro y usurpación
de autoridad, entre otros delitos. En una primera instancia la
Corte Superior de San Martín sentenció declarando culpables a
los ronderos y dispuso penas privativas de la libertad para ellos.
La sentencia fue recurrida ante la Corte Suprema, la cual anuló
la sentencia de primera instancia y absolvió a los ronderos.
En los argumentos de la sentencia, la Corte Suprema menciona
que los ronderos procesados, “teniendo conocimiento que
los presuntos agraviados ... admitieron ... ser los autores de los
delitos de robo, violación sexual y asesinato que se habrían
cometido en sus territorios, decidieron sancionarlos de acuerdo
a sus costumbres, condenándolos a 'cadena ronderil', esto es,
pasarlos de una ronda a otra a efectos de que sean reconocidos
por sus habitantes y además presten trabajo gratuito a favor de
las respectivas comunidades.” Por ende, “su actuar se encuentra
normado y regulado por el artículo ciento cuarenta y nueve de la
Constitución Política del Perú ...”. En consecuencia, la Sala aplica
al caso el inciso 8) del artículo 20° del Código Penal, que señala
la exención de responsabilidad penal de quienes actúen “por
disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio
legítimo de un derecho, oficio o cargo”.16	Fuente: http://www.defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=359< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /43 >Ecuador:
En Ecuador, recientemente se ha producido un fallo que
reconoce la jurisdicción indígena. Se trata de la sentencia
emitida por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional17, la
que deja sin efecto un fallo de la Corte Superior de Loja respecto
de una querella por injurias calumniosas graves cometidas en
territorio de una comunidad del Pueblo Indígena Saraguro.
El caso se inició debido a que un poblador de una comunidad
indígena en julio de 2007, fue insultado y acusado de ladrón
de tierras por otro poblador de su misma comunidad. El
agraviado denunció el hecho produciéndose el juicio penal
correspondiente, que tuvo como resultado una sentencia
condenatoria en la Corte Superior de Loja, la misma que fue
recurrida en Casación ante la Corte Suprema.
El argumento de la sentencia de la Corte Suprema para aceptar
la casación fue que el hecho denunciado se produjo dentro
del territorio de una comunidad indígena y se produjo entre
dos personas indígenas, miembros de dicha comunidad. Por
lo tanto, el Juez Cuarto de lo Penal y la Sala de Loja debieron
aplicar las normas nacionales e internacionales vigentes y no
admitir a trámite la denuncia, por ser el hecho de competencia
La Sala de la Corte Nacional, además de absolver al querellado,
ordena que se llame la atención a los miembros de la Sala de lo
Penal de la Corte de Loja por la falta de aplicación de las normas
de carácter legal y constitucional, y deja a salvo las acciones que
el querellante pudiere tener dentro de la jurisdicción indígena.17	Fuente: http://www.ecuadorinmediato.com/noticias/104702< 44/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >Esta importante sentencia se suma a dos sentencias emitidas por
el Tribunal Constitucional Ecuatoriano (No. 0002-2003-CC y No.
329-2003-RA) que reconocieron también la jurisdicción indígena
para casos sucedidos dentro del territorio de las comunidades
indígenas.Bolivia:
El Tribunal Constitucional de Bolivia, en su sentencia
0295/2003-R, efectúa un análisis que combina y armoniza el
reconocimiento de los usos y costumbres de las comunidades
en la aplicación de su propio sistema de justicia, con los
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución para
todos los ciudadanos bolivianos. Es el caso de dos personas
que fueron expulsadas de su comunidad por no cumplir con las
normas consuetudinarias que rigen la convivencia de todos los
miembros. Ante el requerimiento de estas personas para que se
impida su expulsión, el Tribunal considera que:“Es menester encontrar una justa proporción entre la
pretensión de los recurrentes de permanecer en la Comunidad
y la de los miembros de ésta para que los nombrados la
abandonen, disponiendo una medida conciliadora, para
que los primeros cumplan las reglas de la Comunidad de las
cuales no pueden substraerse en tanto residan en ella, y los
segundos, observando la voluntad, traducida en hechos, de
los esposos Ticona-Cruz, les permitan reencausar su conducta
y volver al régimen de vida, sistema de trabajo y convivencia
armónica de la comunidad, toda vez que no se puede aprobar
la disposición de los demandados de echar a los recurrentes
de la comunidad, pero tampoco se puede admitir que éstos
permanezcan en ella sin cumplir sus normas”< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /45 >El Tribunal resuelve así tutelar los derechos de los recurrentes en
tanto ellos cumplan con adecuarse a las normas consuetudinarias
que rigen para todos los miembros de su comunidad, dándoles
un plazo de 6 meses para ello. Cabe señalar que en esta
sentencia, si bien es favorable para los recurrentes aunque con
los condicionamientos señalados, exime de responsabilidad a los
acusados (los otros miembros de la comunidad) por existir “error
excusable”. Al parecer, sería una figura atenuante o eximente de
la pena en base a la condición étnica o culturalmente diferenciada
de los acusados. Cabe resaltar también que para esta sentencia
se contrataron los servicios de un especialista, el cual realizó un
estudio sociocultural en la zona que les permitió a los miembros
del Tribunal contar con mayores conocimientos respecto de las
normas y formas organizacionales existentes al interior de esta
comunidad, información sumamente relevante en la resolución
adoptada por el Tribunal.
En conclusión, de lo establecido en las normas internacionales y
nacionales vigentes, y en la jurisprudencia con que se cuenta a la
fecha, podemos resumir que:< 46•	Se reconoce a los sistemas de justicia indígena como una
jurisdicción especial, en un mismo nivel de jerarquía respecto a
la justicia estatal ordinaria.•	Las decisiones de la justicia indígena son válidas y tienen efecto
para todas las personas e instituciones a nivel nacional•	Los Estados han asumido la obligación de tomar las medidas
necesarias para proteger las instituciones y costumbres
indígenas, y entre ellas, sus sistemas de justicia propios./ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >BIBLIOGRAFÍACóndor, Eddie y otros
Estado actual de la Relación entre Justicia Indígena y Justicia
Estatal en los Países Andinos: Estudio de Casos en Colombia,
Perú, Ecuador y Bolivia. Lima: Comisión Andina de Juristas, 2009
“Los Derechos Humanos de los indígenas en la jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En: J. Aylwin
(ed) 2004. Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Tendencias
internacionales y contexto chileno. Chile: Instituto de Estudios
Internacionales, Universidad de la Frontera, Temuco, pp. 29-43,
“Hitos del reconocimiento del pluralismo jurídico y el derecho
indígena en las políticas indigenistas y el constitucionalismo
andino”. En Berraondo (coord.): Pueblos Indígenas y derechos
humanos. Bilbao: Universidad de Deusto, pp.537—567, 2006.< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /47 >Páginas Web:
Centro de Derechos Humanos (CDH):
www.cdh.uchile.cl
Defensoría del Pueblo del Perú:
http://www.ecuadorinmediato.com/noticias/104702
Proyecto "Promoción y Desarrollo de Procesos de
Relacionamiento entre Sistemas Jurídicos Propios de los
Pueblos Indígenas y los Poderes Judiciales"
Comisión Andina de Juristas:
www.cajpe.org.pe/sistemasjuridicos
Red Académica de Acceso a la Justicia (REDAJUS):
http://www.redajus.org
Revista Judicial del Diario La Hora:
www.derechoecuador.com< 48/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >ANEXOSANEXO 1Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas
y tribales en países independientes18Adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo en su septuagésima sexta
Entrada en vigor: 5 de septiembre de 1991, de conformidad con el artículo 38La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio
de 1989, en su septuagésima sexta reunión;
Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y
en la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957;
Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales18	http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /49 >y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y
de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención
Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957
y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y
tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar
nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la
orientación hacia la asimilación de las normas anteriores;
Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de
sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico
del marco de los Estados en que viven;
Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no
pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo
grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que
sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo
una erosión;
Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y
tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la
humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales;
Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas
con la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la
Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto
Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas
respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración
a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la
revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales,< 50/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >1957 (núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden del
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma
de un convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones
indígenas y tribales, 1957, adopta, con fecha veintisiete de junio de
mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá
ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989:PARTE I. POLITICA GENERAL
Artículo 11.	El presente Convenio se aplica:
a)	a los pueblos tribales en países independientes, cuyas
condiciones sociales, culturales y económicas les distingan
de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén
regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o
tradiciones o por una legislación especial;	b)	2.	La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá
considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos
a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.3.	La utilización del término "pueblos" en este Convenio no deberá
interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo
que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término
en el derecho internacional.a los pueblos en países independientes, considerados
indígenas por el hecho de descender de poblaciones
que habitaban en el país o en una región geográfica
a la que pertenece el país en la época de la conquista o
la colonización o del establecimiento de las actuales
fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación
jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /51 >Artículo 2
1.	Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de
desarrollar, con la participación de los pueblos interesados,
una acción coordinada y sistemática con miras a proteger
los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su
integridad.2.	Esta acción deberá incluir medidas:
a)	que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en
pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la
legislación nacional otorga a los demás miembros de la
población;	b)	que promuevan la plena efectividad de los derechos
sociales, económicos y culturales de esos pueblos,
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres
y tradiciones, y sus instituciones;	c)	que ayuden a los miembros de los pueblos interesados
a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan
existir entre los miembros indígenas y los demás miembros
de la comunidad nacional, de una manera compatible con
sus aspiraciones y formas de vida.Artículo 3< 521.	Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente
de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin
obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio
se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos
pueblos.2.	No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción
que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos
en el presente Convenio./ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >Artículo 4
1.	Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para
salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo,
las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.2.	Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos
expresados libremente por los pueblos interesados.3.	El goce sin discriminación de los derechos generales de
ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como
consecuencia de tales medidas especiales.Artículo 5Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
a)	deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas
sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos
pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la
índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva
como individualmente;
b)	deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e
instituciones de esos pueblos;c)	deberán adoptarse, con la participación y cooperación de
los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las
dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas
condiciones de vida y de trabajo.Artículo 6
1.	Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos
a)	consultar a los pueblos interesados, mediante
instituciones representativas, cada vez que se prevean
afectarles directamente;< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /53 >b)	establecer los medios a través de los cuales los pueblos
conciernan;	c)	establecer los medios para el pleno desarrollo de las
apropiados proporcionar los recursos necesarios para este
fin.2.	Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio
deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las
consentimiento acerca de las medidas propuestas.Artículo 7< 541.	Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en
la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones
y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de
alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su
propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos
pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y
evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y
regional susceptibles de afectarles directamente.2.	El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del
nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su
participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes
de desarrollo económico global de las regiones donde habitan.
Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones
deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho
mejoramiento./ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >3.	Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se
efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados,
a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre
el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas
puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos
estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales
para la ejecución de las actividades mencionadas.4.	Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con
los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio
ambiente de los territorios que habitan.Artículo 8
1.	Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados
deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres
o su derecho consuetudinario.2.	Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus
costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no
sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos
por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario,
deberán establecerse procedimientos para solucionar los
conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.3.	La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá
impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos
reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las
obligaciones correspondientes.Artículo 9
1.	En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico
nacional y con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los
pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión
de los delitos cometidos por sus miembros.< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /55 >2.	Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre
cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de
dichos pueblos en la materia.Artículo 10
1.	Cuando se impongan sanciones penales previstas por la
legislación general a miembros de dichos pueblos deberán
tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y
culturales.2.	Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del
encarcelamiento.Artículo 11La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los
pueblos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier
índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley
para todos los ciudadanos.Artículo 12Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación
de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea
personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos,
para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse
medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan
comprender y hacerse comprender en procedimientos legales,
facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.PARTE II. TIERRAS
Artículo 131. < 56Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los
gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las
su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según
los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en
particular los aspectos colectivos de esa relación./ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >2.	La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá
incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del
hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o
utilizan de alguna otra manera.Artículo 14
1.	Deberá reconocerse a los pueblos interesados el
derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que
tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados,
deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho
de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y
de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular
atención a la situación de los pueblos nómadas y de los
agricultores itinerantes.2.	Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias
para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan
tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus
derechos de propiedad y posesión.3.	Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del
sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de
tierras formuladas por los pueblos interesados.Artículo 15
1.	Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales
existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente.
Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a
participar en la utilización, administración y conservación de
dichos recursos.2.	En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los
minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre
otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán
establecer o mantener procedimientos con miras a consultar
a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses
< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /57 >de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes
de emprender o autorizar cualquier programa de prospección
o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible
en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una
indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir
como resultado de esas actividades.Artículo 16< 581.	A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este
artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de
las tierras que ocupan.2.	Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos
pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con
su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento
de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el
traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término
de procedimientos adecuados establecidos por la legislación
nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar,
en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar
efectivamente representados.3.	Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho
de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir
las causas que motivaron su traslado y reubicación.4.	Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine
por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de
procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en
todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto
jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban
anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y
garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados
prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie,
deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías
apropiadas./ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >5.	Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas
y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido
como consecuencia de su desplazamiento.Artículo 17
1.	Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los
derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos
interesados establecidas por dichos pueblos.2.	Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se
considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir
de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su
comunidad.3.	Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos
puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de
su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros
para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras
pertenecientes a ellos.Artículo 18La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no
autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no
autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos
deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.Artículo 19Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos
interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores
de la población, a los efectos de:
a)	la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las
tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles
los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su
posible crecimiento numérico;b)	el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de
las tierras que dichos pueblos ya poseen.
< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /59 >ANEXO 2Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades
Indígenas - Venezuela19TÍTULO VII: DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Artículo 130. El Estado reconoce el derecho propio de los pueblosindígenas, en virtud de lo cual tienen la potestad de aplicar instancias
de justicia dentro de su hábitat y tierras por sus autoridades legítimas
y que sólo afecten a sus integrantes, de acuerdo con su cultura y
necesidades sociales, siempre que no sea incompatible con los derechos
humanos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, los tratados, pactos y convenciones internacionales
suscritos y ratificados por la República, interculturalmente
interpretados y con lo previsto en la presente Ley.Del derecho indígena
Artículo 131. El derecho indígena está constituido por el conjunto de
normas, principios, valores, prácticas, instituciones, usos y costumbres,
que cada pueblo indígena considere legítimo y obligatorio, que les
permite regular la vida social y política, autogobernarse, organizar,
garantizar el orden público interno, establecer derechos y deberes,
resolver conflictos y tomar decisiones en el ámbito interno.
Artículo 132. La jurisdicción especial indígena consiste en lapotestad que tienen los pueblos y comunidades indígenas, a través19	Promulgada el ocho de diciembre del 2005< 60/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >de sus autoridades legítimas, de tomar decisiones de acuerdo con
su derecho propio y conforme con los procedimientos tradicionales,
para solucionar de forma autónoma y definitiva las controversias que
se susciten entre sus integrantes, dentro de su hábitat y tierras.
La jurisdicción especial indígena comprende la facultad de conocer,
investigar, decidir y ejecutar las decisiones, en los asuntos sometidos
a su competencia y la potestad de avalar acuerdos reparatorios
como medida de solución de conflictos. Las autoridades indígenas
resolverán los conflictos sobre la base de la vía conciliatoria, el
diálogo, la medición, la compensación y la reparación del daño,
con la finalidad de reestablecer la armonía y la paz social. En los
procedimientos participarán tanto el ofensor como la víctima, la
familia y la comunidad. Las decisiones constituyen cosa juzgada
en el ámbito nacional; en consecuencia, las partes, el Estado y los
terceros están obligados a respetarlas y acatarlas, siempre que no
sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados,
pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la
República y de conformidad con la presente Ley.Parágrafo Único:A los efectos de este Capítulo, se entenderá por integrante toda persona
indígena que forme parte de una comunidad indígena. También se
considera como integrante toda persona no indígena integrada por
vínculos familiares o por cualquier otro nexo a la comunidad indígena,
siempre que resida en la misma.De la competencia de la jurisdicción especial indígena
Artículo 133. La competencia de la jurisdicción especial indígenaestará determinada por los siguientes criterios:
1.	Competencia Territorial: Las autoridades legítimas tendrán
competencia para conocer de cualquier incidencia o conflicto
surgido dentro del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades
indígenas respectivos.< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /61 >< 622.	Competencia Extraterritorial: Las autoridades legítimas
tendrán competencia extraterritorial respecto de controversias
sometidas a su conocimiento, surgidas fuera del hábitat y
tierras indígenas, cuando las mismas sean entre integrantes de
pueblos y comunidades indígenas, no revistan carácter penal y
no afecten derechos de terceros no indígenas. En este caso, la
autoridad legítima decidirá según las normas, usos y costumbres
del pueblo o comunidad indígena y lo dispuesto en el presente
artículo, si conoce o no de la controversia y, en caso negativo,
informará a los solicitantes y remitirá el caso a la jurisdicción
ordinaria cuando corresponda.3.	Competencia Material: Las autoridades legítimas tendrán
competencia para conocer y decidir sobre cualquier conflicto
o solicitud, independientemente de la materia de que se trate.
Se exceptúan de esta competencia material, los delitos contra
la seguridad e integridad de la Nación, delitos de corrupción
o contra el patrimonio público, ilícitos aduaneros, tráfico
ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y tráfico
ilícito de armas de fuego, delitos cometidos con el concierto
o concurrencia de manera organizada de varias personas y
los crímenes internacionales: el genocidio, lesa humanidad,
crímenes de guerra y crímenes de agresión.4.	Competencia Personal: La jurisdicción especial indígena
tendrá competencia para conocer de solicitudes o conflictos
que involucren a cualquier integrante del pueblo o comunidad
indígena. Las personas que no siendo integrantes de la
comunidad pero que encontrándose dentro del hábitat y
tierras indígenas cometan algún delito previsto en la legislación
ordinaria, podrán ser detenidas preventivamente por las
autoridades legítimas, las cuales deberán poner al detenido a la
orden de la jurisdicción ordinaria conforme a lo dispuesto en el
Código Orgánico Procesal Penal./ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >De la coordinación entre la jurisdicción especial indígena
y la ordinaria
Artículo 134. Las relaciones entre la jurisdicción especial indígena yla jurisdicción ordinaria se rigen por las siguientes reglas:
1.	Reserva de la jurisdicción especial indígena: las decisiones
tomadas por las autoridades indígenas legítimas sólo serán
revisadas por la jurisdicción ordinaria cuando sean incompatibles
con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos
y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la
República.2.	Relaciones de coordinación: La jurisdicción especial indígena y
la jurisdicción ordinaria establecerán relaciones de coordinación
y colaboración, a los fines de prestarse el apoyo requerido para
la investigación, juzgamiento o ejecución de sus decisiones.3.	Conflicto de jurisdicción: De los conflictos entre la jurisdicción
especial indígena y la jurisdicción ordinaria conocerá el Tribunal
Supremo de Justicia, mediante el procedimiento respectivo
establecido en la ley que regula la materia.4.	Protección del derecho a la jurisdicción especial indígena:
Cuando la jurisdicción ordinaria conozca de casos que
correspondan a la jurisdicción especial indígena, debe remitir
las actuaciones a esta última.De los procedimientos para resolver conflictos de derechos
Artículo 135. Contra toda decisión emanada de la jurisdicción especialindígena, violatoria de derechos fundamentales, se podrá interponer< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /63 >la acción de Amparo Constitucional ante la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se tramitará conforme al
procedimiento previsto en la ley respectiva y estará orientada según
las reglas de equidad, garantizando la interpretación intercultural de
los hechos y el derecho, tomando en cuenta el derecho propio de los
pueblos y comunidades indígenas involucrados.Del fortalecimiento del derecho indígena y jurisdicción
Artículo 136. El Estado garantiza, entre otros, los siguientesmecanismos para facilitar la aplicación del derecho indígena y el
desarrollo de la jurisdicción especial indígena:
1.	Promoción y difusión: El ente ejecutor de la política indígena
del país creará una instancia mixta interinstitucional con
participación de representantes de los pueblos y comunidades
indígenas y sus organizaciones, para el diseño y ejecución de
políticas públicas que promuevan la difusión y el respeto del
derecho indígena y la jurisdicción especial indígena.< 642.	Programas: El ente ejecutor de la política indígena del país o los
pueblos, comunidades y sus organizaciones indígenas, podrán
diseñar y ejecutar, conjunta o separadamente, programas o
proyectos de capacitación y formación en el pluralismo legal,
dirigidos a las autoridades indígenas y a los operadores de
justicia, para facilitar la aplicación del derecho indígena y la
coordinación con la jurisdicción ordinaria.3.	De la enseñanza del derecho indígena: En la enseñanza del
derecho y carreras afines, las instituciones educativas y de
formación judicial, de conformidad con las normas aplicables,
incorporarán materias referidas a la multiculturalidad,
pluralismo legal y el derecho indígena, el Estado proveerá los
medios necesarios para la capacitación en materia indígena a
los operadores de justicia, abogados y funcionarios encargados
de aplicar la ley en zonas con predominancia indígena./ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >Capítulo II: De los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas y sus integrantes ante la
Artículo 137. Los pueblos y comunidades indígenas, y cualquier
persona indígena que sea parte en procesos judiciales, tendrán
derecho a conocer su contenido, efectos y recursos, contar con
defensa profesional idónea, el uso de su propio idioma y el respeto de
su cultura durante todas las fases del proceso.El Estado establecerá los mecanismos que permitan superar las
dificultades inherentes a las diferencias culturales y lingüísticas para
facilitar a los indígenas la plena comprensión de estos procesos.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los indígenas que estén
sometidos o participen en procedimientos administrativos o
especiales, en tanto sean aplicables.Del derecho a la defensa
Artículo 138. A los fines de garantizar el derecho a la defensade los indígenas, se crea la Defensa Pública Indígena, dentro del
sistema de Defensa Pública del Tribunal Supremo de Justicia. Para
el nombramiento de defensores públicos de indígenas se exigirá
que los mismos sean abogados y conozcan la cultura y derechos de
los pueblos y comunidades indígenas. Los defensores públicos de
indígenas son competentes para ejercer la representación y defensa
de los indígenas en toda materia y ante toda instancia administrativa
y judicial, nacional e internacional.Del derecho a intérprete público
Artículo 139. El Estado garantiza a los indígenas el uso de sus idiomasoriginarios en todo proceso administrativo o judicial. Se requerirá del
< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /65 >nombramiento de un intérprete, a los fines de prestar testimonios,
declaraciones o cualquier otro acto del proceso. Los actos que hayan
sido efectuados sin la presencia del intérprete serán nulos.De los informes periciales
Artículo 140. En los procesos judiciales en que sean parte los pueblosy comunidades indígenas o sus miembros, el órgano judicial respectivo
deberá contar con un informe socio-antropológico y un informe de
la autoridad indígena o la organización indígena representativa,
que ilustre sobre la cultura y el derecho indígena. El informe socioantropológico estará a cargo del ente ejecutor de la política indígena
del país o profesional idóneo.Del juzgamiento penal
Artículo 141. En los procesos penales que involucren indígenas serespetarán las siguientes reglas:
1.	No se perseguirá penalmente a indígenas por hechos tipificados
como delitos, cuando en su cultura y derecho estos actos sean
permitidos, siempre que no sean incompatibles con los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenciones
internacionales suscritos y ratificados por la República.< 662.	Los jueces, al momento de dictar sentencia definitiva
o cualquier medida preventiva, deberán considerar las
condiciones socioeconómicas y culturales de los indígenas,
y decidir conforme a los principios de justicia y equidad. En
todo caso, éstos procurarán establecer penas distintas al
encarcelamiento que permitan la reinserción del indígena a su
medio sociocultural.3.	El Estado dispondrá en los establecimientos penales en
los estados con población indígena, de espacios especiales
de reclusión para los indígenas, así como del personal con
conocimientos en materia indígena para su atención./ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >ANEXO 3Sentencia T-523/97 de la Corte
Constitucional de ColombiaReferencia.: Expediente T-124907
•	La Jurisdicción Indígena
•	La sanción corporal dentro de la tradición indígena
Actor: Demandado: Francisco Gembuel Pechene
Luis Alberto Passu, Gobernador del Cabildo
Indígena de Jambaló y Luis Alberto Finscue,
Presidente de la Asociación de Cabildos de la
Zona Norte del Departamento del Cauca.
Santafé de Bogotá, D.C., quince (15) de octubre de mil novecientos
EXTRACTOS:1.	Reconocimiento constitucional del
diversidad étnica y culturalprincipio deEl Estado tiene la especial misión de garantizar que todas las
formas de ver el mundo puedan coexistir pacíficamente, labor que
no deja de ser conflictiva, pues estas concepciones muchas veces
son antagónicas e incluso incompatibles con los presupuestos
que él mismo ha elegido para garantizar la convivencia. En
especial, son claras las tensiones entre reconocimiento de
grupos culturales con tradiciones, prácticas y ordenamientos
jurídicos diversos y la consagración de derechos fundamentales
con pretendida validez universal. Mientras que una mayoría
los estima como presupuestos intangibles, necesarios para un
entendimiento entre naciones, otros se oponen a la existencia
de postulados supraculturales, como una manera de afirmar su< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /67 >diferencia, y porque de acuerdo con su cosmovisión no ven en
ellos un presupuesto vinculante. En otras palabras, aún siendo
clara la dificultad para entender algunas culturas desde una
óptica que se define como universal, el Estado tiene que hacer
compatible su deber de preservar la convivencia pacífica dentro
de su territorio, garantizando los derechos de sus asociados en
tanto ciudadanos, con el reconocimiento de sus necesidades
particulares, como miembros de grupos culturales distintos.
En esta tarea, además, le está vedado imponer una concepción
del mundo particular, así la vea como valiosa, porque tal actitud
atentaría contra el principio de respeto a la diversidad étnica y
cultural y contra el trato igualitario para las diferentes culturas,
que el mismo ha reconocido.< 682.	Solución constitucional a conflictos entre el principio
de diversidad étnica y cultural y otros principios de
igual jerarquía	Una primera solución a este tipo de conflictos, se ha planteado
en términos de un diálogo intercultural que sea capaz de
trazar unos estándares mínimos de tolerancia, que cubran los
étnica y cultural y otros principios de igual jerarquía, y señaló los
límites que, basados en un “verdadero consenso intercultural”,
funciones jurisdiccionales dentro de su territorio. Es obvio, como
lo señala la sentencia, que esa interpretación no puede alejarse
de las características específicas de la cultura involucrada, pues
existen diferencias en el grado de aislamiento o integración/ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >respecto de cada una, que lleva incluso a establecer diferencias
en la manera en que determinan cada uno de sus asuntos.3.	Límites mínimos que las autoridades de las
comunidades indígenas deben cumplir en materia
de derechos humanos	Los límites mínimos que en materia de derechos humanos deben
intercultural sobre lo que verdaderamente ”resulta intolerable
por atentar contra los bienes más preciosos del hombre”, decir,
por ello, que todo juzgamiento deberá hacerse conforme a las
normas y procedimientos de la comunidad indígena, atendiendo
a la especificidad de la organización social y política de que se
trate, así como a los caracteres de su ordenamiento jurídico).
Estas medidas se justifican porque son “necesarias para proteger
intereses de superior jerarquía y son las menores restricciones
imaginables a la luz del texto constitucional”.4.	El debido proceso en la Jurisdicción Especial
Como lo señaló la Corte, el derecho al debido proceso constituye
un límite a la jurisdicción especial, lo que implica el cumplimiento
de reglas acordes con la especificidad de la organización social,
política y jurídica de la comunidad de que se trate. Es obvio,
que este límite no exige que las prácticas y procedimientos
deban ser llevadas a cabo de la misma manera que como lo
hacían los antepasados, porque el derecho de las comunidades
indígenas, como cualquier sistema jurídico, puede ser dinámico.
Lo que se requiere, es el cumplimiento de aquellas actuaciones
que el acusado pueda prever y que se acerquen a las prácticas
tradicionales que sirven de sustento a la cohesión social.< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /69 >5.	Imposición de utilización de abogado en proceso
ante pueblo indígena vulnera principio de diversidad
étnica y culturalLa Corte encuentra plenamente justificada la respuesta de
la comunidad, que bien puede oponerse a la práctica de
instituciones y figuras extrañas, como un mecanismo para
preservar su cultura. La actitud de los jueces de tutela, al
pretender imponer el uso de un abogado en este proceso es, por
lo tanto, contraria al principio de diversidad étnica y cultural,
pues en una sociedad que reconoce la existencia de diferentes
formas de ver el mundo, no es deseable privilegiar las prácticas
de una determinada cosmovisión, ni exigir que un grupo
humano renuncie a las tradiciones y valores esenciales para la
supervivencia de la cultura que lo caracteriza.6.	La figura simbólica del fuete utilizada por la
comunidad indígena Paez no constituye tortura ni
pena degradante
< 70El fuete consiste en la flagelación con “perrero de arriar
ganado”, que en este caso se ejecuta en la parte inferior de la
pierna. Este castigo, que se considera de menor entidad que
el cepo, es una de las sanciones que más utilizan los paeces.
Aunque indudablemente produce aflicción, su finalidad no es
causar un sufrimiento excesivo, sino representar el elemento
que servirá para purificar al individuo, el rayo. Es pues, una
figura simbólica o, en otras palabras, un ritual que utiliza la
comunidad para sancionar al individuo y devolver la armonía.
En este caso, y al margen de su significado simbólico, la Corte
estima que el sufrimiento que esta pena podría causar al actor,
no reviste los niveles de gravedad requeridos para que pueda
considerarse como tortura, pues el daño corporal que produce
es mínimo. Tampoco podría considerarse como una pena
degradante que “humille al individuo groseramente delante
de otro o en su mismo fuero interno”, porque de acuerdo con
los elementos del caso, esta es una práctica que se utiliza
normalmente entre los paeces y cuyo fin no es exponer al
individuo al “escarmiento” público, sino buscar que recupere
su lugar en la comunidad./ Manual informativo para autoridades judiciales estatales >7.	Procedencia del destierro en la comunidad indígena
PaezEl artículo 38 de la Constitución Política establece como límite
constitucional al ejercicio de la sanción punitiva la de imponer
pena de destierro, pues ella significa aislar al individuo de su
entorno social y condenarlo al ostracismo. De acuerdo con
el Pacto Internacional, de Derechos Políticos y Civiles y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos el destierro
se refiere a la expulsión del territorio del Estado del cual se
es nacional. Por lo tanto, como los cabildos sólo pueden
administrar << justicia>> dentro de su jurisdicción, es claro que
se destierra del resguardo y no de todo el territorio nacional y,
en consecuencia, la sanción no encuadra dentro de la restricción
del artículo 38 de la Constitución. Por otra parte, el hecho que
la comunidad decida alejar de su territorio a un miembro, no
sobrepasa los límites del ejercicio de la jurisdicción indígena,
motivo por el cual la Corte no encuentra ningún reparo contra
esta determinación.8.	Imposición de sanciones de la tradición occidental
No es compatible con el principio de la diversidad étnica y cultural
imponerles a las comunidades indígenas las sanciones o castigos
que la tradición occidental ha contemplado. Una interpretación
en contrario, plantearía un razonamiento contradictorio
que podría expresarse así: “La Constitución propende a la
recuperación de su cultura, pero sólo en aquellas prácticas que
son compatibles con la cosmovisión de la sociedad mayoritaria”.
Es claro que un razonamiento de este tipo respondería a
una hegemonía cultural incompatible con el pilar axiológico
del pluralismo que, entre otras, permite a las comunidades
aborígenes la materialización de sus costumbres, siempre y
cuando no violen el núcleo duro de lo que “verdaderamente
resulta intolerable por atentar contra los bienes más preciados
del hombre”. Pero además, desconocería los mismos preceptos
constitucionales que, al reconocer la autonomía jurisdiccional de
los pueblos indígenas, posibilitan, dentro del marco del Estado,
la recuperación y reinterpretación de los símbolos y tradiciones
culturales propias.< Manual informativo para autoridades judiciales estatales /71 >All pages:346789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172InfoSaveLikeShareDownloadMoreManual informativo para Autoridades Judiciales Estatales Published on Jul 14, 2009 La justicia indígena en los países andinoscajpeFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

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 artículo 193
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 artículo 132
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 artículo 20
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