Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-392-06.htm
Timestamp: 2018-01-22 20:16:27+00:00

Document:
El legislador, mediante la norma acusada, impone al funcionario de superior jerarquía el deber de dar aviso a la autoridad judicial penal, siempre que el fiscal del caso haya dejado vencer los términos previstos en los artículos 175 y 294 de la ley 906 de 2004. La omisión o inactividad del fiscal acerca de cuyo comportamiento se debe dar aviso, acarrea consecuencias importantes para el proceso, pues el Estado pierde la potestad de continuar con el ejercicio de la acción penal, generándose situaciones eventuales de impunidad. Para la Sala, el fundamento constitucional del deber de dar aviso en los términos previstos en la norma acusada, se encuentra en el artículo 95, numeral 7 de la Carta Política, según el cual es deber de la persona y del ciudadano, comprendido en esta categoría el servidor público, “7- Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”. Además, respecto del deber de que trata el artículo 294 del código de procedimiento penal, la Sala considera que se trata de un imperativo derivado del artículo 92 superior.
El fiscal que deja vencer los términos dentro de los cuales debe adoptar determinadas decisiones, objetivamente incurre en la conducta descrita por el artículo 414 de la ley 599 de 2000 –código penal-, cuyo texto es el siguiente: “ARTICULO 414. PREVARICATO POR OMISION. El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses”. Sin embargo, contrario a lo que considera el demandante, el hecho objetivo de retardar un acto propio de sus funciones no es suficiente para imponer la sanción prevista en la norma transcrita, toda vez que la ley 599 de 2000 -código penal-, prevé en su artículo 9º.:“CONDUCTA PUNIBLE. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. (…). Una vez la autoridad da aviso al fiscal delegado correspondiente, éste debe iniciar la investigación tendiente a determinar las circunstancias dentro de las cuales ocurrió el hecho descrito en el artículo 294 del código de procedimiento penal; estas pesquisas servirán para establecer si quien dejó vencer los términos debe ser juzgado por el delito tipificado mediante el artículo 414 del código penal. Es decir, el “vencimiento de términos”, sólo podrá ser sancionado si la conducta, además de típica, resulta antijurídica y culpable.
“LEY 906
Como consecuencia del “castigo procesal” se presume que se ha incurrido en causal de mala conducta y se dispone que el superior jerárquico debe dar aviso inmediato a la autoridad penal y disciplinaria, lo que, para el actor, viola la norma superior, no por el aviso a la autoridad disciplinaria sino por el aviso a la autoridad penal.
Considera el demandante que este aviso desconoce lo establecido en el artículo 28 superior porque este dice que la persona sólo puede ser reducida a prisión o arresto, o detenida por motivo previamente definido en la ley. Para el actor, la disposición demandada somete al fiscal a una investigación penal por haber dejado vencer unos términos, “es decir, eleva a tipo penal, el ‘vencimiento de términos’.”
Añade el demandante: “La conducta del fiscal investigado es única y exclusivamente haber dejado vencer esos términos y por ello debe afrontar un proceso penal cuando la ley penal no ha definido o tipificado esa conducta de vencimiento de términos como delictiva y bien sabemos que la autoridad penal investiga única y exclusivamente delitos.
La autoridad penal debe ser informada de la posible ocurrencia de un delito pero de un delito previamente definido en la ley en uno de los artículos que componen el libro II del Código Penal y rendir el informe o instaurar la denuncia, es obligación de todo servidor público (art. 67 del código de procedimiento penal) y no permite la Constitución que la ley adjetiva, consagre delitos como ocurre con el inciso demandado.”
Añade la interviniente que los motivos para pedir que se declare la inexequibilidad no son ciertos, pues la proposición jurídica que se ataca no configura un tipo penal llamado por el actor “vencimiento de términos”. Se trata de una interpretación subjetiva del demandante quien considera que dar aviso a la autoridad implica la iniciación de un proceso por el delito “vencimiento de términos”, generándose una molestia a la persona del fiscal o una restricción a su libertad personal que el funcionario no está en el deber de soportar.
Para la Sala, el fundamento constitucional del deber de dar aviso en los términos previstos en la norma acusada, se encuentra en el artículo 95, numeral 7 de la Carta Política, según el cual es deber de la persona y del ciudadano, comprendido en esta categoría el servidor público, “7- Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”. Además, respecto del deber de que trata el artículo 294 del código de procedimiento penal, la Sala considera que se trata de un imperativo derivado del artículo 92 superior, que establece:
“La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. (Se subraya).
1. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional. (…)”.
El fiscal que deja vencer los términos dentro de los cuales debe adoptar determinadas decisiones, objetivamente incurre en la conducta descrita por el artículo 414 de la ley 599 de 2000 –código penal-, cuyo texto es el siguiente:
“ARTICULO 414. PREVARICATO POR OMISION. El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses”.
“CONDUCTA PUNIBLE. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. (…).
Una vez la autoridad da aviso al fiscal delegado correspondiente, éste debe iniciar la investigación[3] tendiente a determinar las circunstancias dentro de las cuales ocurrió el hecho descrito en el artículo 294 del código de procedimiento penal; estas pesquisas servirán para establecer si quien dejó vencer los términos debe ser juzgado por el delito tipificado mediante el artículo 414 del código penal. Es decir, el “vencimiento de términos”, sólo podrá ser sancionado si la conducta, además de típica, resulta antijurídica y culpable.
Declarar EXEQUIBLE la expresión “penal” contenida en el inciso tercero del artículo 294 de la ley 906 de 2004 -Código de Procedimiento Penal-.

References: artículo 95
 artículo 294
 artículo 92
 artículo 414
 artículo 9
 artículo 294
 artículo 414
 artículo 28
 artículo 95
 artículo 294
 artículo 92
 artículo 414
 artículo 294
 artículo 414
 artículo 294