Source: https://bocyl.vlex.es/vid/orden-pre-155-2017-670768281
Timestamp: 2019-10-23 05:41:54+00:00

Document:
ORDEN PRE/155/2017, de 22 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para proyectos de desarrollo y microacciones en el exterior. - BOCYL. Boletín Oficial de Castilla y León - Legislación - VLEX 670768281
ORDEN PRE/155/2017, de 22 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para proyectos de desarrollo y microacciones en el exterior.
Artículo 5. Cuantía total e imputación presupuestaria.
Artículo 7. Requisitos para ser beneficiarios.
Artículo 9. Ámbitos prioritarios de intervención en el exterior.
Artículo 10. Requisitos de las intervenciones.
Artículo 15. Presentación de solicitudes y documentación.
Artículo 17. Criterios de valoración de los proyectos de desarrollo.
Artículo 18. Criterios de valoración de las microacciones en el exterior.
Artículo 24. Modificaciones de los proyectos.
Artículo 30. Cancelación de la subvención y reintegro.
El fundamento de la cooperación española se encuentra en la Constitución de 1978, que en su preámbulo refleja la voluntad del la nación española de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. Ese espíritu se encarnó en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La Unión Europea cuenta igualmente con una política propia en materia de cooperación para el desarrollo, recogida en el Título III del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según el texto resultante del Tratado de Lisboa, que fija en su artículo 208 como metas de esa política la reducción y erradicación de la pobreza.
La Ley 9/2006, de 10 de octubre, de Cooperación al Desarrollo, contempla, como retos de nuestra sociedad, la erradicación de la pobreza, el reparto justo de los beneficios económicos, el progreso humano, económico y social o la defensa y pleno disfrute de los derechos fundamentales de las personas.
La Consejería de la Presidencia según lo previsto en el Decreto 2/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de Reestructuración de Consejerías, tiene asignadas como competencias propias las relativas a la cooperación para el desarrollo. Asimismo, la Orden PRE/951/2015, de 10 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia desarrolla las competencias de la citada Consejería y asigna a la Secretaria General de la Consejería de la Presidencia las funciones en el ámbito de la cooperación para el desarrollo.
En el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley 9/2006, de 10 de octubre, de Cooperación al Desarrollo y del III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León 2017-2020, aprobado por Acuerdo de 1 de diciembre de 2016 de la Junta de Castilla y León, la presente orden que tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para colaborar en la financiación de proyectos de desarrollo y microacciones en el exterior dirigidos a mejorar las condiciones de vida y el desarrollo sostenible en países empobrecidos.
La erradicación de la pobreza, el reparto justo de los beneficios económicos, el progreso humano, económico y social, o la defensa y pleno disfrute de los derechos fundamentales de las personas, son los principales retos de la Ley 9/2006, de 10 de octubre. Asimismo, al objeto de aumentar el grado de concienciación de la sociedad castellana y leonesa respecto de las causas y consecuencias de la pobreza en los países en desarrollo, la Junta de Castilla y León continúa impulsando una política de apoyo a las iniciativas que realicen los agentes de cooperación, en materia de sensibilización y educación para el desarrollo y la ciudadanía global; acciones que promuevan adquirir conocimientos, habilidades, valores y actitudes que permitan a la ciudadanía abordar los problemas globales que nos afectan.
La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, complementa y desarrolla la normativa básica estatal contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En cumplimiento de tales normas, es necesario aprobar las bases reguladoras aplicables a las subvenciones que la Consejería de la Presidencia convoque en materia de cooperación al desarrollo.
Por todo ello, de conformidad con lo establecido en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se aprueban las siguientes bases.
La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras que serán de aplicación a las subvenciones que convoque, en régimen de concurrencia competitiva, la consejería competente en materia de cooperación para el desarrollo, con cargo a los créditos presupuestados, que tengan por objeto la financiación de proyectos de desarrollo y microacciones en el exterior, dirigidos a mejorar las condiciones de vida y el desarrollo sostenible de los titulares de derecho más vulnerables en países empobrecidos, mediante el cumplimiento de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, en los términos establecidos en el III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2017-2020.
Intervenciones: se consideran intervenciones a los efectos de estas bases, tanto los proyectos de desarrollo como las microacciones en el exterior.
Consorcio de entidades: a los efectos de esta orden de bases se entiende por consorcio, las agrupaciones de entidades sin ánimo de lucro, sin personalidad jurídica propia, que podrán tener así mismo la consideración de beneficiarios de la subvención, siempre que asuman de forma conjunta la gestión de las intervenciones que motivan la concesión de la subvención, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Socio local: a los efectos de las subvenciones para proyectos de desarrollo y micraociones en el exterior, se entiende por socio local una entidad privada o pública, con personalidad jurídica propia, constituida e independiente legalmente, autónoma económica y socialmente de la entidad solicitante y sin ánimo de lucro. Las cooperativas de destinatarios del proyecto podrán tener la condición de socio local siempre que cumplan los requisitos antes mencionados, con excepción de lo relativo a su consideración de entidad sin ánimo de lucro. Los socios locales deben cumplir las siguientes condiciones:
En el caso de haber varios socios locales, deberá presentarse un acuerdo de colaboración firmado por todas la entidades en el que se determine quién es el socio principal a los efectos de la responsabilidad en la ejecución material de las intervenciones, así como las funciones, tareas y previsión de gastos que realizará cada uno de los socios.
Todas las intervenciones deberán ser ejecutadas materialmente por uno o varios socios locales.
Las entidades privadas deberán acreditar la constitución de dicha entidad, así como el reconocimiento de su personalidad jurídica según la legislación local.
En el caso de las entidades públicas, deberán acreditar existencia jurídica y su capacidad efectiva para gestionar económica y técnicamente la intervención.
Colaborador empresarial local: a los efectos de estas bases se entiende por colaborador empresarial local a las empresas que actúan en el terreno y que podrán realizar aportes al proyecto de desarrollo, sin que en ningún caso pueda ser considerado socio local del mismo, ni gestionar la totalidad ni parte de la subvención de la Consejería de la Presidencia ni recibir fondos de los costes indirectos del proyecto. Dicho colaborador solo podrá, en su caso, ejecutar sus propios aportes, tanto económicos como en especie, pudiendo considerar dichos aportes como parte de la cofinanciación del proyecto. En el caso de aportes económicos, deberá acreditar la capacidad para operar económicamente en el país.
Acción humanitaria: Aquellas intervenciones ante crisis provocadas por desastres naturales o por el hombre, orientadas a aliviar el sufrimiento de las víctimas...
Resolución de 27 de abril de 2016, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación del texto del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa 'Consorcio Oleícola Extremeño, SL'.
DECRETO FORAL 232/2002, de 11 de noviembre, por el que se declara urgente, a efectos de expropiación forzosa, la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto de las obras de 'Ensanchamiento del camino de Saldias', del Ayuntamiento de Eratsun.

References: Artículo 5

Artículo 7

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 15

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 24

Artículo 30
 artículo 208
 artículo 26
 artículo 11

Resolución