Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-856-06.htm
Timestamp: 2017-11-23 20:16:31+00:00

Document:
C-856-06
Advierte la Corte que existen apartados de la norma objetada que ofrecen duda en cuanto al alcance de la norma y su compatibilidad con la Carta Política. En efecto, el artículo 10 contiene la expresión “crease”, con base en la cual podría inferirse la existencia de elementos orgánicos, relacionados con la modificación a la estructura de la administración nacional, a través de la creación de una nueva entidad que asuma las funciones de promoción a las artes escénicas. La Corte declarará fundada la objeción gubernamental, exclusivamente por esta expresión, en la medida en que su interpretación incorpora el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 150-7 C.P y, verificado el trámite legislativo, se observa que no se contó con la iniciativa gubernamental necesaria, en los términos del inciso segundo del artículo 154 Superior. Por último, la Corte advierte que si bien el texto resultante del artículo objetado no tendría un claro sentido gramatical; su análisis integral, esto es, incorporándose lo previsto en su parágrafo, permite comprender a la Escuela Nacional de Arte Dramático como un programa estatal dirigido a la investigación y la crítica relacionadas con el teatro y las artes escénicas.
El Procurador General sostiene que las objeciones presidenciales relacionadas con la creación del Fondo Nacional del Teatro deben declararse fundadas, debido a que en el trámite legislativo de esta materia fue pretermitido el requisito dispuesto por el inciso segundo del artículo 154 C.P. Este asunto no fue expresado en las objeciones presidenciales, por lo que la Corte, en primer término, deberá determinar si es competente para pronunciarse sobre el particular. La competencia de la Corte Constitucional para decidir asuntos que si bien no fueron planteados explícitamente por el Gobierno, resultan centrales para el estudio de las razones de inconstitucionalidad que fundamentan las objeciones, se remonta a las reglas jurisprudenciales fijadas por esta Corporación en la sentencia C-1404 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz y Álvaro Tafur Galvis. Con anterioridad a este fallo, la Corte había sostenido que, habida cuenta las particulares condiciones del trámite de las objeciones presidenciales, no era posible aplicar el principio de control de constitucionalidad integral. En efecto, el trámite de las objeciones constituía, a la luz de la doctrina anterior, una expresión de la dinámica de los controles interorgánicos. En ese sentido, estaba restringido al diálogo jurídico – constitucional entre el Gobierno, el Congreso y la Corte, diálogo que no podía tener un alcance tal que impidiera el ejercicio posterior de la acción pública de inconstitucionalidad por parte de los ciudadanos. No obstante, en criterio de la sentencia mencionada, que con posterioridad ha sido reiterada por esta Corporación, “en ciertas ocasiones se hace necesario que esta Corporación se pronuncie sobre aspectos que no fueron planteados explícitamente por el Gobierno, pero cuyo análisis resulta ser un presupuesto indispensable para el estudio de las razones de inconstitucionalidad formuladas en las objeciones mismas”. En apartados precedentes de esta sentencia se ha insistido en que la iniciativa gubernamental o el aval del Ejecutivo es uno de los aspectos que define el alcance de la competencia del Congreso para crear organismos propios de la estructura de la administración nacional. Por tanto, el asunto planteado por el concepto del Ministerio Público resulta pertinente para el presente análisis de constitucionalidad, en tanto guarda relación directa con la objeción presidencial propuesta.
Del análisis gramatical de las disposiciones reseñadas no es posible inferir la existencia de mandatos imperativos al Gobierno Nacional para la ejecución de gasto público. En contrario, los artículos objetados se restringen a hacer alusiones genéricas al apoyo financiero estatal al teatro y a las artes escénicas, sin que constituyan dispositivos que restrinjan las competencias del Ejecutivo en la conformación del proyecto de ley de presupuesto. Desde esta perspectiva, es claro que la decisión sobre la incorporación de partidas destinadas a la financiación de los objetivos y metas fijadas por el proyecto de ley continúa sujeta a las normas constitucionales y orgánicas que regulan la configuración de la ley de presupuesto. Así, no es posible afirmar que los artículos objetados por el Gobierno constituyan el desconocimiento del balance entre poderes, propio del proceso presupuestal. Empero, estas conclusiones no resultan aplicables para el caso de lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 4º del proyecto de ley. En este evento el legislador impone al Ejecutivo que la partida presupuestal destinada a la financiación de salas concertadas del Ministerio de Cultura sea reajustada en un porcentaje no inferior al índice de precios al consumidor. Una disposición de esta naturaleza configura una limitación concreta a la competencia en cabeza del Ejecutivo para la determinación del proyecto de ley de presupuesto, prevista en el artículo 346 Superior, configurándose con ello una extralimitación de la competencia del Congreso en el proceso presupuestal.
El artículo 19 del proyecto de ley materia de análisis prevé que las personas que hagan parte de compañías teatrales y que reciban reconocimiento en festivales nacionales o internacionales avalados por el Ministerio de Cultura, serán acreedores a los estímulos de seguro de vida e invalidez, seguridad social en salud y auxilio funerario, este último a través de empresas de economía solidaria. De igual manera, la norma en comento determina que los estímulos mencionados tendrán vigencia a partir de la concesión del reconocimiento y mientras el beneficiario “se mantenga como titular del mismo”. Finalmente, el artículo estipula que para acceder a los estímulos debe acreditarse ingresos personales inferiores a tres salarios mínimos mensuales o seis salarios, en el caso de ingresos familiares. La Corte comparte la posición del Ministerio Público, en el sentido que la interpretación que hace el Ejecutivo de la norma objetada le confiere un alcance más amplio del que puede predicarse de su contenido. La Corte advierte que lo regulado en la norma objetada no significa, en modo alguno, el decreto de auxilios o donaciones por parte del Estado a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. En contrario, la norma pretende extender la seguridad social a grupos que desempeñan tareas intrínsecamente relacionadas con la educación y la cultura, fines valiosos desde la perspectiva constitucional, en tanto desarrollan las obligaciones estatales previstas en los artículos 70 y 71 C.P. Por ende, no existe una contradicción entre la norma objetada y la Carta Política, en tanto estos beneficios, se insiste, están supeditados al cumplimiento de las pautas generales, fijadas por la Constitución y la ley, para la prestación del servicio público en comento.
Objeciones presidenciales al proyecto de ley N° 86/05 Senado - 205/04 Cámara, “por medio de la cual se dicta la Ley de Teatro colombiano, se crea el Fondo Nacional de Teatro y se dictan otras disposiciones”
Mediante oficio recibido en esta Corporación el 4 de octubre de 2006, la Presidenta del Senado de la República remitió el Proyecto de ley n.° 86/05 Senado – 205/04 Cámara, “por medio de la cual se dicta la Ley de Teatro colombiano, se crea el Fondo Nacional de Teatro y se dictan otras disposiciones”. En relación con este proyecto, el Gobierno Nacional formuló objeciones por razones de inconstitucionalidad, las cuales fueron consideradas infundadas por el Congreso de la República, situación que motiva el presente trámite, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 167 C.P.
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTA LA LEY DE TEATRO COLOMBIANO, SE CREA EL FONDO NACIONAL DEL TEATRO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
c) Que conforme una obra artística o escénica que implique la participación real y directa de uno o más actores compartiendo un espacio común con sus espectadores. Asimismo forman parte de las manifestaciones y actividad teatral las creaciones dramáticas, criticas, investigaciones, documentaciones y enseñanzas afines al quehacer descrito en los incisos anteriores.
b) Quienes tengan relación directa con la realización, producción, técnica y logística artística del hecho teatral, aunque no con el público o con o sin relación directa con él.
a) Planificar las actividades anuales del Fondo Nacional del Teatro y las Artes Escénicas;
b) Elaborar y presentar el presupuesto de Ingresos y Gastos a los Ministerios de Cultura y Hacienda respectivamente.
c) Impulsar la actividad teatral, favoreciendo los procesos en su más alta calidad y posibilitando el acceso de la comunidad a esta manifestación de la cultura;
d) Elaborar, concentrar, coordinar y coadyuvar en la ejecución de las actividades teatrales de las diversas jurisdicciones, propugnando formas participativas y descentralizadas en la formulación y aplicación de las mismas, respetando las particularidades locales y regionales y la transparencia de los procesos y procedimientos de ejecución de las mismas;
e) Coordinar con las distintas jurisdicciones la planificación y desarrollo de las actividades teatrales de carácter oficial;
f) Fomentar las actividades teatrales a través de la organización de concursos, certámenes, muestras y festivales; el otorgamiento de distinciones, estímulos y reconocimientos especiales, la adjudicación de becas de estudio y perfeccionamiento, del intercambio de experiencias y demás medios eficaces para este cometido;
g) Considerar de interés cultural y susceptibles de promoción, apoyo y coordinación por parte del Fondo Nacional del Teatro y las Artes Escénicas, a las salas concertadas que se dediquen en forma permanente a la realización de actividades teatrales, a fomentar la conservación y la creación de los espacios destinados a la actividad teatral o escénica. Para el efecto se consideran sala de teatro a todas las propiedades muebles o inmuebles donde se desarrolle permanentemente la actividad teatral o escénica y se encuentren dotadas con los requerimientos de infraestructura, técnicos y logísticos para la presentación de un montaje teatral o escénico, las cuales pueden ser acreedoras a la protección y apoyo permanente para su conservación, funcionamiento y enriquecimiento del valor patrimonial en las condiciones y formas que determine la reglamentación de la presente ley en lo referente a Salas Concertadas;
h) Acrecentar y difundir el conocimiento del teatro, su enseñanza, su práctica y su historia, especialmente en los niveles del sistema educativo, y contribuir a la formación y perfeccionamiento de los trabajadores, gestores y creadores del teatro en todas sus expresiones y especialidades;
i) Proteger la memoria y documentación escrita, fotográfica, audiovisual y archivos históricos del teatro y las artes escénicas colombianas;
j) Disponer la creación de secciónales del Fondo Nacional del Teatro y las Artes Escénicas en los distintos Municipios, Departamentos y Distritos Especiales del país, si lo considera necesario para la aplicación de la presente ley, con la participación y cofinanciación de las Gobernaciones, Municipios y Distritos Especiales;
k) Celebrar convenios interadministrativo y multisectorial con otras entidades, de cooperación, intercambio, apoyo, coproducción y otras formas del quehacer teatral;
l) Difundir los diversos aspectos de la actividad teatral a nivel nacional e internacional;
m) Administrar y disponer de los fondos previstos en la presente ley;
n) Designar un jurado para la selección y calificación de los proyectos que aspiran a obtener los beneficios y subvenciones de esta ley, los que se integrarán por personalidades del área y modalidades del quehacer teatral, mediante concursos públicos de antecedentes y oposición. Los jurados durarán en sus funciones igual período y condiciones que los integrantes electos del Consejo de Dirección;
o) Crear y actualizar un Registro Nacional de Entidades y Personas dedicadas a la Actividad Teatral y las Artes Escénicas en Colombia, al cual deberán inscribirse quien desee beneficiarse de los programas que desarrolle el Instituto;
p) De acuerdo con el Registro Nacional de Entidades y personas dedicadas a la actividad teatral y las Artes escénicas;
q) Carnetizar a los inscritos que se beneficien de los Programas del Consejo de Teatro y las Artes Escénicas;
r) Efectuar veedurías y auditorías para el cumplimiento de lo establecido en la presente ley.
a) Los que le pertenezcan por cesión del Ministerio de Cultura y los que adquiera en el futuro a cualquier título;
b) Los que siendo propiedad de la Nación, se afecten al uso del Fondo, mientras dure dicha afectación.
a) Financiar actividades teatrales consideradas de interés cultural y susceptible de promoción, apoyo por el Fondo Nacional del Teatro y las Artes Escénicas;
b) Financiar los festivales de teatro nacionales, departamentales y municipales considerados como patrimonio cultural vivo de la nación;
c) Financiar el funcionamiento, mantenimiento y dinamizacion de salas teatrales concertadas del programa del Ministerio de Cultura, espacios no convencionales o escenarios rodantes y otros espacios con equipamiento e infraestructura técnica o logística y programación permanente de Teatro y artes escénicas;
d) Equipar centros audiovisuales, centros de documentación y bibliotecas teatrales, del orden nacional y regional;
e) Atender gastos de edición de libros, revistas, periódicos, folletos, publicaciones, boletines referidos especialmente a la actividad teatral y escénica que sean considerados de interés cultural por el Fondo Nacional del Teatro y las Artes Escénicas;
f) Otorgar becas para realización de estudios de perfeccionamiento en el país o en el extranjero mediante concurso público de antecedentes y oposición, con base en las reglas establecidas en esta ley.
g) Otorgar premios y estímulos a actores de teatro nacionales o extranjeros residentes en el país, con preferencia de los primeros.
3.1. El proyecto fue presentado ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el 19 de octubre de 2004 por el representante Venus Albeiro Silva Gómez y fue publicado en la Gaceta del Congreso n.° 641 del 22 de octubre de 2004.
3.2. En la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes fueron designados como ponentes los representantes Alexander Lopez Maya y Pedro María Ramírez Ramírez. La ponencia para primer debate fue publicada en la Gaceta del Congreso n.° 758 del 26 de noviembre de 2004.
3.3. De acuerdo con el informe de sustanciación,[1] el proyecto fue aprobado por la Comisión Sexta de la Cámara, con una mayoría de 11 votos, en las sesiones de los días 17 y 24 de mayo de 2005. Igualmente, el mencionado informe hace constar que la aprobación del proyecto se llevó a cabo “previo su anuncio en la sesión de los días 1 de diciembre de 2004, 12 de abril de 2005, 10 y 12 de mayo de 2005, con su respectiva publicación en la Gaceta No. 758/04”
3.4. Para rendir ponencia en segundo debate en la Cámara de Representantes se designó a los representantes Alexander López Maya, José Gerardo Piamba Castro, Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, Ernesto Mesa Arango, John Jairo Velásquez Cárdenas, Marino Paz Ospina y Jorge Enrique Ramírez Urbina. La ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso n.° 343 del 10 de junio de 2005.
3.5. De acuerdo con lo certificado en informe de sustanciación,[2] el proyecto de ley fue aprobado en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes el 9 de agosto de 2005, según lo consignado en el Acta No. 192 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso n.° 599 del 9 de septiembre de 2005. En el mismo informe se hace constar que el proyecto fue anunciado en la sesión plenaria de la que da cuenta el Acta No. 190 del 2 de agosto de 2005. Por lo tanto, mediante oficio del 24 de agosto de 2005, el Presidente de esa célula legislativa envió el expediente del proyecto de ley a la Presidencia del Senado de la República, con el fin que continuara su trámite.
3.6. En la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República se designó como ponentes a los senadores Samuel Moreno Rojas y Edgar Artunduaga Sánchez, cuya ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso n.° 709 del 18 de octubre de 2005.
3.7. El proyecto fue aprobado por la mencionada Comisión el 1 de noviembre de 2005, según consta en el Acta No. 12 de esa fecha. Al respecto, en informe de sustanciación[3] del 17 de noviembre de 2005 se hace constar que la aprobación del proyecto se realizó previo anuncio, efectuado en la sesión del 26 de octubre de 2005.
3.8. Se designó como ponente para segundo debate en el Senado de la República a los senadores Edgar Artunduaga Sánchez y Samuel Moreno Rojas, cuya ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso n.° 820 del 17 de noviembre de 2005.
3.9. El proyecto fue aprobado en sesión plenaria del Senado de la República el 13 de diciembre de 2005, según consta en el Acta de Plenaria No. 33 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso n.° 17 del 30 de enero de 2006. Del mismo modo, en informe de sustanciación[4] del 13 de diciembre de 2005 se hace constar que el proyecto fue aprobado previo su anuncio, efectuado en la sesión plenaria del 6 de diciembre de 2005, como consta en el Acta No. 32 de la misma fecha.
3.10. El informe de la Comisión accidental de mediación fue aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representantes y en la Plenaria del Senado de la República el 9 de mayo de 2005, como consta en los informes de sustanciación proferidos por los secretarios generales de ambas células legislativas.[5]
3.12. El proyecto de ley fue devuelto por el Gobierno Nacional, sin la correspondiente sanción ejecutiva, por objeciones de inconstitucionalidad, al Presidente de la Cámara de Representantes el 9 de junio de 2006.[6]
3.13. Mediante escrito del 16 de agosto de 2006, los senadores Alirio Villamizar, Alexander López Maya, Zulema Jattin, al igual que los representantes Germán Navas Talero, Pedro Jiménez y Carlos Arturo Piedrahita, presentaron informe sobre las objeciones presidenciales al proyecto de ley, en el que solicitaron su rechazo.
3.14. El anterior informe fue considerado y aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes en sesión del 29 de agosto de 2006 y por la Plenaria del Senado de la República en sesión del 6 del septiembre del mismo año.[7]
En criterio del Ejecutivo, las disposiciones del proyecto que prevén la creación de la Escuela Nacional de Arte Dramático vulneran el artículo 154, inciso segundo C.P. Estas normas, en criterio del Gobierno Nacional, crean “una Escuela Nacional que cabe dentro de las “otras entidades del orden nacional” que se encuentra prevista dentro del listado del numeral 7 del artículo 150 de la C.P., la cual teniendo en cuenta sus objetivos funcionales tendría incidencia en la estructura de la administración nacional.” Por lo tanto, el proyecto debió haberse tramitado en razón de la iniciativa gubernamental y no parlamentaria, como efectivamente sucedió.
Del mismo modo, el Gobierno Nacional considera que lo expuesto adquiere mayor sustento jurídico al advertirse que el artículo 10 del proyecto de ley adscribe a la Escuela Nacional de Arte Dramático “funciones que los artículos 17, 18 y 48 de la Ley 397 de 1997 radican en cabeza del Ministerio de Cultura, de donde se deduce la voluntad explícita del legislativo de crear un órgano especializado para el fomento del teatro y las artes escénicas del orden nacional con funciones que corresponden al Ministerio de Cultura.”
Adicionalmente, el Gobierno considera que el artículo 10 del proyecto desconoce lo previsto en el artículo 150-7 C.P., puesto que se crea una entidad perteneciente a la administración nacional, sin que el legislador definiera su estructura orgánica. Sobre este particular, la objeción resalta que en caso que la Escuela Nacional tuviera la naturaleza de institución formal de educación superior, “la creación legal de tal institución ameritaba que la iniciativa del Gobierno Nacional estuviera acompañado del estudio de factibilidad socioeconómico que debía aprobar el Ministerio de Educación Nacional, con el visto bueno del CESU de conformidad con lo preceptuado en el artículo 58 de la Ley 30 de 1992.”
A juicio del Gobierno Nacional, la expresión “en coordinación con el Fondo Nacional del Teatro”, prevista en el artículo 6º y el Título II, Capítulos I, II, III y IV, esto es decir, los artículos 12 a 17 del proyecto de ley resultan contrarias a la Constitución. Ello debido a que suponen la concesión de facultades al Ejecutivo para la creación del Fondo Nacional de Teatro y la determinación de su estructura y las fuentes para la provisión de sus recursos. No obstante, esta concesión de facultades extraordinarias no fue solicitada expresamente por el Gobierno Nacional, incumpliéndose de esta forma el requisito consagrado en el artículo 150-10 de la Constitución Política.
En criterio del Ejecutivo, los artículos 4º, parágrafos 1º, 2º y 3º; 6º y su parágrafo; 7º; 8º; 10 y su parágrafo; 11 y su parágrafo; 13; 16; 17, 18 parágrafo 3º y 4º; 19 y 20 del proyecto de ley objetado, desconocen la Ley 819 de 2003 “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones” y por ende, el artículo 151 de la Constitución Política.
De forma específica, el Gobierno Nacional sostiene que “de conformidad con los artículos 1º y 7º de la Ley Orgánica 819 de 2003, el proyecto de ley omitió explicitar el impacto fiscal que causa y no existe ningún estudio que haga compatible las disposiciones atrás citadas del proyecto de ley con el marco fiscal de mediano plazo. En este orden de ideas, no existe ni en la exposición de motivos ni en las ponencias de trámite, es decir, en el trámite legislativo, una relación de los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. Igualmente, al no haberse presentado estos estudios relacionados con la medición del impacto fiscal, el Ministro de Hacienda y Crédito Público no tuvo la oportunidad de conceptuar sobre la consistencia de tales conceptos. || De la sola lectura de las disposiciones proyectadas se puede entender que existen precisas órdenes legales al ejecutivo de las que se deducen con claridad meridiana el mandato perentorio de ejecutar un gasto público, el que no sería extraordinario, sino que entraría dentro de la rutina de la ejecución del gasto por parte del Ministerio de Cultura, lo cual crea un desequilibrio en el presupuesto asignado al Ministerio de Cultura.”.
A su vez, el incumplimiento de las normas presupuestales por parte del proyecto objeto es reafirmado por el Ejecutivo con base en lo señalado por la jurisprudencia constitucional,[8] a partir de la cual sostiene que aunque el Congreso tiene la potestad de decretar al gasto público, corresponde al Gobierno Nacional incluir ese gasto en el proyecto de presupuesto. De esta forma, el Legislativo no puede impartirle al Ejecutivo una orden o mandato perentorio sobre tal inclusión. Fundado en la misma doctrina constitucional, la objeción estima que “salvo las restricciones constitucionales expresas, el Congreso puede decretar gastos públicos. Sin embargo, corresponde al Gobierno decidir si incluye o no en el respectivo proyecto de presupuesto esas erogaciones, por lo cual no puede el Congreso, al decretar un gasto, “ordenar traslados presupuestales para arbitrar los respectivos recursos”. Por ende, el escrutinio judicial para determinar si en este aspecto una ley es o no constitucional consiste en analizar si la respectiva norma consagra “un mandato imperativo dirigido al ejecutivo”, caso en el cual es inexequible, “o si, por el contrario, se trata de una ley que se contrae a decretar un gasto público y, por lo tanto, a constituir un título jurídico suficiente -en los términos de los artículos 345 y 346 de la Carta- para la eventual inclusión de la partida correspondiente, en la Ley de Presupuesto, caso en el cual es perfectamente legítima”.[9]
Con base en lo expuesto, el Gobierno Nacional advierte que, conforme la estructura gramatical de los artículos objetados, el proyecto de ley contiene una orden al Ejecutivo para que incorpore una partida presupuestal, ello en consideración a que “su objetivo se contrae además de decretar un gasto a que el Gobierno debe en todo caso realizar el gasto público, y por ello, resulta claro que la norma contiene una orden de inclusión de la partida correspondiente en la Ley de Presupuesto, sin que exista una coadyuvancia por parte del Gobierno Nacional.” Desde esta perspectiva, es claro que los artículos objetados vulneran la Constitución, pues ordenan al Gobierno a incluir una partida en el presupuesto, en vez de autorizarlo para la inclusión posterior del gasto en el presupuesto nacional, de forma que éste pueda ser tenido como un “título jurídico suficiente para la eventual inclusión de la partida correspondiente en la Ley de Presupuesto.”
El Gobierno considera que lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 18 del proyecto de ley, en el sentido de disponer que el Ministerio de Educación establezca programas de presentaciones de obras de teatro en las escuelas y colegios de manera permanente, vulnera el artículo 27 de la Carta Política. Ello debido a que la mencionada cartera no puede “incidir en el ámbito mismo de los aspectos pedagógicos, como el establecimiento de los programas señalados”.
En segundo término, la objeción sostiene que el artículo 19 del proyecto de ley confiere prestaciones adicionales a personas que, por tener ingresos, deben estar afiliadas al sistema general de seguridad social. No obstante, la norma cuestionada deja de establecer argumentos razonables y proporcionados, que justifiquen esa protección adicional, circunstancia que afecta el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 Superior, pues no se advierte una relación igualitaria y razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.”. Además, la concesión de tales estímulos contrasta con el principio de solidaridad previsto en los artículos 48 y 49 de la Carta, en virtud del cual “toda persona que tiene capacidad para realizar aportes tiene como obligación cotizar en el sistema de seguridad social en salud, luego un estímulo que trata de quebrantar este principio es atentatorio de la igualdad y solidaridad, por cuanto personas con capacidad de pago no aportarían al sistema.”
Por último, el Gobierno Nacional advierte que el artículo objetado no indica si los estímulos de seguridad social en salud se realizarán con cargo al régimen contributivo o al régimen subsidiado. “Lo anterior es de superior importancia, por cuanto debe definirse si se exime a estos trabajadores de aportar en la medida de sus ingresos al Sistema General de Seguridad Social en Salud o si se disminuye su ingreso base de cotización, o el monto de la misma, entre otras posibilidades. || Si se trata del régimen contributivo, se encuentra un motivo de inconveniencia, por cuanto de continuar permitiendo el ingreso de grupo poblacionales al régimen contributivo, sin la financiación necesaria, estaríamos avocados a una desfinanciación del sistema. || Si se trata del régimen subsidiado, tal disposición va en contravía de la progresividad, por cuanto se estaría priorizando y focalizando subsidios en personas que cuentan con la capacidad de pago requerida para la afiliación al sistema general de seguridad social en salud, en lugar de destinarlos a la población más pobre y vulnerable.”
Al respecto, en el informe presentado ante la plenaria de las cámaras legislativas por los senadores Alirio Villamizar, Alexander López Maya y Zulema Jattin, al igual que por los representantes Germán Navas Talero, Pedro Jiménez y Carlos Arturo Piedrahita, se sostiene que el proyecto de ley no es inconstitucional, sino que, en contrario, tiene el loable propósito de regular una materia que, como el teatro, carecía de regulación.
Respecto a la objeción fundada en la vulneración del principio de legalidad del gasto público, las cámaras concluyeron que el proyecto atacado era “jurídicamente viable puesto que la (…) Corte Constitucional en varias de sus sentencias ha sostenido que el Congreso puede aprobar leyes que comporten gasto público, siempre y cuando no consagren un mandato imperativo al Ejecutivo y por el contrario se utilicen términos “autorizase al Gobierno Nacional”, redacción que se ajusta a las previsiones constitucionales”. En el mismo sentido, el Congreso agregó que en caso de duda acerca de la constitucionalidad del proyecto de ley objetado, debía declararse la exequibilidad del texto. Con este fin trae a colación un aparte de la sentencia C-554 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería, según el cual “no cabe duda que el Congreso cuenta la posibilidad de decretar gastos públicos y aprobarlos en el presupuesto general de la Nación”.
El Procurador General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en el artículo 278-5 de la Constitución y en el artículo 32 del Decreto 2067 de 1991, intervino en el presente proceso con el fin de solicitar a la Corte que declarara infundadas las objeciones dirigidas a los artículos 4, parágrafos 1 y 2; 6; 7; 8; 10; 11 y su parágrafo; 18 inciso 2 y sus parágrafos 1 y 2, 19 y 20 del proyecto de ley. Del mismo modo, conceptuó la procedencia de las objeciones en contra del parágrafo 3 del artículo 4, de la expresión “en coordinación con el Fondo Nacional del Teatro”, contenida en el artículo 6, de los artículos 12 al 17 y de los parágrafos 3 y 4 al artículo 18, del proyecto en mención. Para sustentar esta afirmación, el Ministerio Público, en armonía con la metodología utilizada por las objeciones presidenciales, expone argumentos específicos en respuesta a cada grupo de censuras, como pasa a sintetizarse.
En este orden y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las normas que regulan la creación del Fondo Nacional del Teatro, necesariamente implican la modificación de la estructura de la administración pública nacional, razón por la cual el proyecto tendría que haber sido de iniciativa gubernamental o avalado por el Gobierno Nacional, lo cual no acaeció en el presente evento. En consecuencia, la Vista fiscal solicita a la Corte la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “en coordinación con el Fondo Nacional de Teatro”, contenida en el artículo 6, de los artículos 12 a 17 y de los parágrafos 3 y 4 del artículo 18 del proyecto de ley objetado.
Así las cosas, los parágrafos 1 y 2 del artículo 4 se limitan a señalar que el Estado debe “apoyar presupuestalmente” los programas culturales que en el artículo se establecen, por lo que, a juicio de la Vista Fiscal, no corresponde a un imperativo por parte del Congreso de la República dirigido a los organismos estatales. Lo anterior habida cuenta que en estricto sentido, el diseño legal propuesto por el proyecto objetado atañe a una política cultural que es obligación del Estado promover y fomentar en los términos del artículo 70 de la Constitución Política; y frente a la cual son indispensables los suministros presupuestales, que de acuerdo con los parágrafos objetados, deben concurrir las entidades estatales respectivas, dentro de las competencias constitucionales y legales en relación con el gasto público. En otras palabras, las expresiones utilizadas en las referidas normas, no implican una imposición al Ejecutivo, sino el recordatorio del legislador que conforme a la Constitución, (i) es función del Estado promover el acceso a la cultura, y en este caso específico, el teatro; y (ii) una de las maneras más efectivas de cumplir con esa obligación consiste en incluir las correspondientes partidas presupuestales para tales efectos.
Finalmente, el Ministerio Público considera que, contrario a lo anterior, los artículos 6, 7, 8, 10, 11, 19 y 20 de manera alguna comprometen perentoriamente el concepto de gasto público, ni mucho menos las reglas de la Ley 819 de 2003, referentes al impacto fiscal de mediano plazo. Para la Vista Fiscal, de la lectura de estas normas se concluye que hacen alusión a la promoción que el Estado debe realizar al Festival Nacional de Teatro y otros festivales de suma importancia cultural, a los estrenos de obras, a los beneficios de los montajes teatrales y a la Escuela Nacional de Arte Dramático; enunciados todos ellos que no vislumbran la afectación de la referida normativa, como lo sostiene el Gobierno Nacional.
2. El término para formular las objeciones y su trámite en el Congreso de la República
2.1. El artículo 166 C.P. establece reglas precisas en relación con los términos para la devolución con objeciones, por parte del Ejecutivo, de los proyectos de ley aprobados por el Congreso. Al respecto, la norma constitucional señala que el gobierno dispone de seis días para devolver con objeciones cualquier proyecto de ley cuando el mismo no conste de más de veinte artículos. El término se extiende a diez días cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta veinte días en el caso que sean más de cincuenta artículos. Adicionalmente, la disposición en comento prevé que si transcurridos los términos indicados, el Ejecutivo no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, el Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo. Por último, debe tenerse en cuenta que al tenor de la jurisprudencia constitucional,[10] los términos en comento constan de días hábiles y completos, de forma que su contabilización debe realizarse a partir del día siguiente a aquel en que el proyecto fue recibido para la correspondiente sanción presidencial.
De esta manera, se demuestra que el Congreso de la República se pronunció sobre las objeciones presidenciales dentro del término máximo de dos legislaturas y, adicionalmente, cumplió con la exigencia prevista en el inciso final del artículo 160 C.P.[11]
De manera preliminar y habida cuenta lo expresado por la objeción presidencial, la Corte considera necesario definir el contenido normativo que regula la creación de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Al respecto, se observa que dentro del título dedicado a “la actividad teatral”, el artículo 10 del proyecto de ley establece la creación de la Escuela y le confiere la función de desarrollar el teatro y las artes escénicas. En ese sentido, el parágrafo de la misma norma dispone que el objetivo de la entidad consiste en promover la investigación y la crítica relacionada con las artes escénicas. Adicionalmente, verificado el resto del articulado, no se encuentra otra alusión a la naturaleza jurídica o a la composición de la Escuela en mención.
Decisiones anteriores de esta Corporación han definido el alcance de la facultad que tiene el legislador para modificar la estructura de la administración nacional, precedentes que han hecho énfasis en la reserva de ley respecto del ejercicio de esa competencia, al igual que en el carácter calificado antes mencionado. Sobre el particular resultan pertinentes las consideraciones realizadas por la Corte en la sentencia C-784/04, M.P. Álvaro Tafur Galvis, providencia que recapituló las reglas jurisprudenciales sobre la materia en comento, a propósito del análisis de constitucionalidad de las normas que escindían el Instituto de Seguros Sociales y creaban, correlativamente, empresas sociales del Estado.
La mencionada sentencia parte de considerar que la concesión al Congreso de la potestad organizatoria, esto es, la facultad de definir la arquitectura institucional del Estado, a través de la definición “del modo de ser y de actuar de una determinada organización administrativa”, es un rasgo característico del constitucionalismo contemporáneo. En ese sentido, el fallo precisó que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150-7 C.P. “al legislador corresponde la determinación de la estructura de la administración nacional y la formulación de los elementos de esa estructura con la definición de las tipologías de entidades y organismos y sus interrelaciones respectivas[12]; también corresponde al Congreso de la República la creación de los distintos organismos y entidades y la definición, respecto de cada uno de ellos, de sus objetivos generales y de la correspondiente estructura orgánica y dentro de ella la previsión de las relaciones entre órganos y elementos internos. Así mismo, asisten al Congreso las consecuentes potestades de fusión, transformación y supresión de los organismos que él mismo crea[13].”
a. La función de determinar la estructura de la administración nacional, no se agota con la creación, supresión o fusión de los organismos que la integran, “sino que abarca proyecciones mucho más comprensivas que tienen que ver con el señalamiento de la estructura orgánica de cada uno de ellos, la precisión de sus objetivos, sus funciones generales y la vinculación con otros organismos para fines del control”,[14] así como “regular los asuntos relacionados con el régimen jurídico de los trabajadores, con la contratación y con las materias de índole presupuestal y tributario, entre otras”[15]. Igualmente, en desarrollo de esta misma función, el Congreso se encuentra habilitado para fijar las características de los órganos creados, esto es, para establecer “la independencia administrativa, técnica y patrimonial de ciertas agencias estatales, con o sin personería jurídica, para modificar sus características y aun para suprimirlas”[16];
b. La mención hecha en el artículo 150-7 de la Carta Política comprende no sólo la enumeración de los tipos de organismos que, a partir de los enunciados constitucionales y del ejercicio de las potestades que el propio Texto Superior atribuye al Congreso, determine la ley, sino también la ubicación de los organismos en el conjunto de la administración y la relación entre ellos[17];
c. Conforme a lo dispuesto por el artículo 150-7 superior la creación de organismos llamados a integrar la administración nacional corresponde de manera privativa a la ley[18], de la misma manera que es a ella a quien se le asigna específicamente la creación y autorización de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta [19];
d. La competencia a que se refiere el numeral 7° del artículo 150 Superior no supone un ejercicio totalmente independiente por parte del Congreso de la República, pues es necesario contar con la participación gubernamental para expedir o reformar las leyes referentes a la estructura de la administración nacional, en razón de que la iniciativa para su adopción pertenece en forma exclusiva al Gobierno Nacional de conformidad con lo preceptuado en el artículo 154 Superior[20].
Como se observa, la facultad parlamentaria de creación de organismos del orden nacional posee naturaleza compleja, pues no sólo prevé la simple potestad de constitución, sino que también incorpora la definición de la naturaleza jurídica de la entidad correspondiente, su estructura orgánica, la ubicación del ente en la estructura administrativa del Estado, al igual que sus objetivos y funciones, entre los aspectos más sobresalientes. Estas condiciones, además, se explican a partir de la necesidad que la definición de la estructura de la administración nacional y de los organismos que la conforman esté precedida de un debate democrático suficiente, premisa que sustenta el hecho que la creación de organismos del orden nacional sea materia de reserva de ley. En ese orden de ideas, como lo reafirma la providencia sujeta a análisis, “la determinación de la estructura de la administración nacional, (…) así como la creación y autorización de la existencia específica de los diferentes organismos y entidades llamados a conformar dicha estructura compete con exclusividad a la ley; estas atribuciones al igual que las demás contenidas en el numeral 7 del artículo 150 constitucional pueden transferirse, en los precisos términos de dicho artículo al Presidente de la República[21].”.
Finalmente, la jurisprudencia de esta Corporación también ha dispuesto que el contenido y alcance de la competencia legislativa para la creación y establecimiento de la estructura orgánica de una entidad administrativa coincide “plenamente con el criterio orgánico, en el sentido de que dicha facultad incluye además de la determinación de los órganos de administración y dirección, la definición de los regímenes jurídico, patrimonial y laboral de los funcionarios y empleados de la respectiva entidad”[22] Desde esa perspectiva, la misma doctrina considera que “dentro de los parámetros constitucionales, el deslinde de competencias corresponde al legislador, en ejercicio de su potestad de configuración, puesto que, al establecer la estructura orgánica de las entidades que cree, puede hacerlo con mayor o menor detalle, y lo mismo acontece respecto del señalamiento de las respectivas competencias.”[23]
No obstante, también advierte la Corte que existen apartados de la norma objetada que ofrecen duda en cuanto al alcance de la norma y su compatibilidad con la Carta Política. En efecto, el artículo 10 contiene la expresión “crease”, con base en la cual podría inferirse la existencia de elementos orgánicos, relacionados con la modificación a la estructura de la administración nacional, a través de la creación de una nueva entidad que asuma las funciones de promoción a las artes escénicas. Por ende, la Corte declarará fundada la objeción gubernamental, exclusivamente por esta expresión, en la medida en que su interpretación incorpora el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 150-7 C.P y, verificado el trámite legislativo, se observa que no se contó con la iniciativa gubernamental necesaria, en los términos del inciso segundo del artículo 154 Superior.
De conformidad con lo argumentado por el Gobierno Nacional, la expresión “en coordinación con el Fondo Nacional del Teatro” contenida en el artículo 6º del proyecto de ley, al igual que los artículos 12 a 17 del mismo proyecto, vulneran el artículo 150-10 Superior, pues se sustentan en la concesión irregular de facultades extraordinarias. En relación con este cuestionamiento, el Procurador General sostiene que las objeciones presidenciales propuestas deben declararse fundadas, puesto que las funciones que el proyecto de ley confiere al Fondo Nacional del Teatro coinciden con algunas de las competencias que tiene el Ministerio de Cultura. En ese sentido, la creación del Fondo constituye una modificación de la estructura de la administración nacional, por lo que, en aplicación de lo previsto en el artículo 154 C.P., debió contar con la iniciativa gubernamental o el aval del Ejecutivo.
Igualmente, la Corte advierte que conforme lo regulado en los artículos 14, 15 y 16 del proyecto de ley, emergen elementos orgánicos que confirman la tesis expuesta. En efecto, se dispone que el Fondo Nacional del Teatro contará con “juntas directivas”, a la vez que se le confiere competencia para suscribir contratos, se prevén disposiciones sobre la constitución de su patrimonio y se le otorgan funciones claramente institucionales, que sólo pueden desarrollarse por una entidad que haga parte de la administración nacional. Desde esta perspectiva, no es posible adscribir a dicho ente en la categoría de fondo cuenta o fondo especial carentes de personería jurídica. En todo caso, se está ante una entidad que modifica la estructura de la administración nacional y que tiene origen en el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 150-7 C.P.
Al respecto, debe precisarse que la jurisprudencia constitucional,[24] ha admitido que la competencia que tiene el Congreso en razón del numeral 7º del Artículo 150 de la Carta Política, aunque hace parte de las facultades permanentes del Legislador, puede delegarse al Gobierno Nacional a través del instituto de las facultades extraordinarias, previsto en el numeral 10 del mismo artículo. No obstante, para que opere esa posibilidad excepcional deben concurrir las condiciones fijadas por la disposición en comento, a saber, (i) la obligación de que la delegación legislativa sea solicitada expresamente por el Gobierno, impidiéndose con ello que el Congreso pueda eludir sus responsabilidades al trasladar por iniciativa propia alguna de sus funciones al Presidente de la República; (ii) la exigencia de que las facultades sean aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara legislativa, lo que hace más estricto el reconocimiento de competencias normativas al Ejecutivo al descartarse su aprobación por mayoría simple; (iii) la exclusión expresa de facultades para expedir códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas y leyes marco y para decretar impuestos, con lo cual se reserva a favor del Congreso la competencia de legislar en asuntos que por su naturaleza, importancia o complejidad, deben debatirse única y exclusivamente por los cuerpos de representación popular; y (iv) la competencia reconocida al Legislador para que en todo tiempo y por iniciativa propia, reforme y modifique los decretos leyes dictados por el Gobierno con base en las facultades extraordinarias, profundizándose con ello el principio democrático al permitirse que el órgano legislativo conserve la iniciativa en las materias delegables.[25] De igual manera, amén el carácter excepcional de la delegación de la actividad legislativa en el Ejecutivo, las facultades extraordinarias sólo pueden conferirse pro tempore y deben prodigarse en forma precisa, a fin que el acto de delegación en la potestad de configuración normativa no desborde la intención del legislador, en perjuicio de la eficacia del principio democrático.
En consecuencia, resultan fundadas las objeciones presidenciales dirigidas en contra de las expresiones “en coordinación con el Fondo Nacional del Teatro” y “su estructura” contenidas en el artículo 6º y 13, respectivamente, del proyecto de ley objetado, al igual que frente a los artículos 12, 14, 15, 16 y 17 del mismo proyecto. Del mismo, deberá declararse fundada la objeción respecto de los parágrafos 3º y 4º el artículo 18 del proyecto de ley objetado, en tanto asignan competencias al Fondo Nacional del Teatro.
La competencia de la Corte Constitucional para decidir asuntos que si bien no fueron planteados explícitamente por el Gobierno, resultan centrales para el estudio de las razones de inconstitucionalidad que fundamentan las objeciones, se remonta a las reglas jurisprudenciales fijadas por esta Corporación en la sentencia C-1404 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz y Álvaro Tafur Galvis. Con anterioridad a este fallo, la Corte había sostenido que, habida cuenta las particulares condiciones del trámite de las objeciones presidenciales, no era posible aplicar el principio de control de constitucionalidad integral. En efecto, el trámite de las objeciones constituía, a la luz de la doctrina anterior, una expresión de la dinámica de los controles interorgánicos. En ese sentido, estaba restringido al diálogo jurídico – constitucional entre el Gobierno, el Congreso y la Corte, diálogo que no podía tener un alcance tal que impidiera el ejercicio posterior de la acción pública de inconstitucionalidad por parte de los ciudadanos.
No obstante, en criterio de la sentencia mencionada, que con posterioridad ha sido reiterada por esta Corporación,[26] “en ciertas ocasiones se hace necesario que esta Corporación se pronuncie sobre aspectos que no fueron planteados explícitamente por el Gobierno, pero cuyo análisis resulta ser un presupuesto indispensable para el estudio de las razones de inconstitucionalidad formuladas en las objeciones mismas. Los motivos que justifican esta extensión excepcional de la competencia de la Corte, son de doble naturaleza: lógica y constitucional. Lo primero, porque las reglas de derecho que se han de aplicar al estudio de las objeciones, se derivan, en no pocos casos, de otras reglas o principios más generales, no mencionados en las objeciones, pero que resultan insoslayables para fundamentar cualquier decisión. Lo segundo, porque dado que el mandato del artículo 241-8 Superior califica las decisiones de la Corte en estos casos como definitivas, si no se efectúa en ellas el análisis de constitucionalidad de los mencionados temas conexos, éstos quedarán cobijados por el efecto de cosa juzgada constitucional que se deriva de la decisión final sobre la objeción como tal y, en consecuencia, ningún ciudadano podrá controvertirlos en el futuro. En otros términos, al pronunciarse sobre tales asuntos conexos, esta Corporación no está coartando el derecho de los ciudadanos de ejercer la acción pública de inconstitucionalidad, ni sustituyendo el trámite que en esos casos se haya de surtir, por la sencilla razón de que una vez la Corte emita su fallo, la mencionada acción no será procedente respecto de los temas que se relacionan directamente con el objeto central de la providencia.”
En armonía con este mandato constitucional, esta Corporación ha declarado la inexequibilidad de normas que aunque constituían el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 150-7 C.P., no contaron con la iniciativa o aval del Ejecutivo. A manera de ejemplo, en la sentencia C-482 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, decisión que se pronunció acerca de las objeciones presidenciales al proyecto de ley N° 87/01 Senado – 148/01 Cámara, “[p]or la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Bacteriología, se dicta el Código de Bioética y otras disposiciones”, se determinó la inconstitucionalidad de las normas que creaban el Colegio Profesional Nacional de Bacteriología, entre otros aspectos, porque se incluía dentro de él a los Ministros de Salud y de Educación, o sus delegados, a pesar de que el proyecto no había sido de iniciativa gubernamental. Los argumentos tenidos en cuenta en esa oportunidad fueron los siguientes:
Al respecto debe recordarse que conforme al artículo 208 de la Constitución, los Ministros y los Directores de Departamentos Administrativos son los jefes de la Administración en su respectiva dependencia, a quienes les corresponde bajo la dirección del Presidente de la República, ‘formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley’.
Así las cosas, ha de concluir la Corte, que el artículo 12 en cuanto crea el Consejo Profesional Nacional de Bacteriología, ha debido ser objeto de la iniciativa gubernamental prescrita en el artículo 154 de la Constitución, en armonía con el artículo 150-7 de la misma Constitución.”
Similares consideraciones son expresadas en la sentencia C-987/04, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, en la que la Corte se pronunció sobre el cumplimiento de la subsanación de las objeciones presidenciales declaradas fundadas por el fallo C-650/03, en relación con el proyecto de ley Nos. 030 de 2001 y 084 de 2001 – acumulados Cámara - y No. 278 de 2002 Senado, “por medio de la cual se reconoce legalmente la profesión de comunicador social y periodista y se dictan otras disposiciones”. En este caso se demostró, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales mencionadas, que el Congreso había pretermitido el requisito de contar con la iniciativa gubernamental o aval del Gobierno referente a la creación del Fondo Mixto Antonio Nariño, a pesar que esa entidad le confería funciones adicionales al Ministerio de Protección Social. Sobre la materia, la decisión de la Corte indicó:
“Como se puede observar, la Corte ya ha definido que las leyes que establezcan nuevas funciones para los ministerios y los mismos ministros requieren de la iniciativa gubernamental o del aval del Gobierno. En este caso se observa que el artículo 8° del proyecto le asigna al Ministro la labor de formar parte de la Junta Directiva del Fondo, y de presidirla. Al mismo tiempo, en los distintos numerales del artículo 6° se establece para el Fondo una serie de funciones de naturaleza administrativa relacionadas con la actividad del periodismo. Estas funciones pasan a integrar el marco de competencias del mismo Ministerio directamente relacionadas con el ámbito de su misión institucional, dado que el Fondo constituye una cuenta separada y especial del Ministerio y que el Ministro integra y preside la Junta Directiva del mencionado Fondo. Esta ultima característica debe ser resaltada, puesto que, de acuerdo con el artículo 208 de la Constitución, los ministros “son los jefes de la administración en su respectiva dependencia” y a ellos les corresponde, bajo la dirección del Presidente de la República, “formular políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.”
Adicionalmente, dado que la creación del Fondo, con una junta directiva presidida por el Ministro de Protección Social, y la determinación de sus funciones, han sido consideradas inconstitucionales se determinará también la inconstitucionalidad, por conexidad, de los artículos 7° y 8°.”
Las objeciones presidenciales sostienen que los artículos 4º, parágrafos 1º, 2º y 3º; 6º y su parágrafo; 7º; 8º; 10 y su parágrafo; 11 y su parágrafo; 13; 16; 17, 18 parágrafo 3º y 4º; 19 y 20 del proyecto de ley objetado, desconocen las normas orgánicas en materia presupuestal, en consecuencia, se muestran contrarias al artículo 151 Superior. Para sustentar esta conclusión, el Gobierno Nacional utiliza la doctrina constitucional sobre la legalidad del gasto público para inferir que las disposiciones objetadas incluyen mandatos imperativos destinados a la ejecución de gasto público, situación que desconoce la competencia exclusiva del Ejecutivo para la determinación de los contenidos propios del proyecto de presupuesto. Igualmente, la objeción sostiene que fue desconocido el mandato fijado por los artículos 1º y 7º de la Ley 819 de 2003 – Orgánica de Presupuesto, relacionado con la necesidad que los proyectos de ley que decreten gastos estén acompañados del estudio sobre su impacto fiscal.
Decisiones anteriores de esta Corporación han fijado reglas jurisprudenciales definidas sobre el contenido del principio de legalidad del gasto público, especialmente en lo que tiene que ver en las atribuciones del Congreso y del Gobierno Nacional para la determinación del gasto público.[27] Los aspectos centrales de esta doctrina son expuestos a continuación:
a. En el proceso presupuestal deben distinguirse dos momentos específicos, el decreto de un gasto mediante ley y la apropiación específica en la ley de presupuesto, instancias en las que participan tanto el Congreso como el Ejecutivo. De esta forma, la jurisprudencia constitucional ha previsto que el principio de legalidad del gasto público “supone la existencia de competencias concurrentes, aunque separadas, entre los órganos legislativo y ejecutivo, correspondiéndole al primero la ordenación del gasto propiamente dicha y al segundo la decisión libre y autónoma de su incorporación en el Presupuesto General de la Nación, de manera que ninguna determinación que adopte el Congreso en este sentido puede implicar una orden imperativa al Ejecutivo para que incluya determinado gasto en la ley anual de presupuesto, so pena de ser declarada inexequible”.[28]
b. De conformidad con esta separación de competencias, el Congreso tiene la facultad de tramitar proyectos de ley que involucren gastos, sin que esa actuación constituya una modificación o adición al presupuesto. Ello en la medida que las normas legislativas que prevén gastos toman la forma de títulos jurídicos, a partir de los cuales el Gobierno Nacional, en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 346 C.P., decide si incluye o no el gasto correspondiente en el proyecto de ley de presupuesto.
c. La concurrencia de competencias entre el Congreso y el Ejecutivo en materia presupuestal incorpora, igualmente, un sistema de balance entre los poderes públicos. De esta forma, mientras el Ejecutivo no puede incorporar en la ley de apropiaciones partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, a un gasto decretado conforme a ley anterior, a uno propuesto por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público o el servicio de deuda o un gasto destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo (Art. 346 C.P.), el Congreso tiene vedado expedir normas que contengan mandatos imperativos hacia el Ejecutivo para la ejecución de gasto público, pues éste tiene la competencia privativa para la determinación del contenido concreto del proyecto de ley de presupuesto. “Así las cosas ha dicho la Corte que el Congreso tiene la facultad de decretar gastos públicos, pero su incorporación en el presupuesto queda sujeta a la voluntad del Gobierno, en la medida en que tiene la facultad de proponer o no su inclusión en la Ley.[29] Desde esta perspectiva la Corte no ha encontrado reparo de constitucionalidad en las normas que se limitan a “autorizar” al Gobierno para incluir un gasto, pero de ninguna manera lo conminan a hacerlo. En esos casos ha dicho la Corporación que el artículo 39 de la Ley Orgánica del Presupuesto[30] no se vulnera, en tanto el Gobierno conserva la potestad para decidir si incluye o no dentro de sus prioridades, y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, los gastos autorizados en las disposiciones cuestionadas.”[31]
El artículo 10 crea la Escuela Nacional de Teatro y establece los objetivos a los que se hizo referencia en apartado precedente de esta sentencia. Igualmente, el artículo 11 del proyecto objetado prevé que un “organismo competente” reglamentará y efectivizará las contribuciones a los montajes escénicos, en los términos previstos en la ley. Además, dispone que el Estado, a través de ese “organismo competente” u otras instituciones, apoyará las actividades de todos los actores y grupos de teatro.
El artículo 151 C.P. confiere al Congreso la competencia para la expedición de leyes orgánicas a la cual estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. En ese sentido, como lo reconoce la jurisprudencia de esta Corporación, las leyes orgánicas constituyen parámetro constitucional de control de las normas ordinarias, “por su posición organizadora en un sistema legal que depende de ellas”[32]
Dentro de las materias que la Carta Política prevé como parte de la legislación orgánica se encuentran las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones. Conforme esta previsión, el Congreso expidió la Ley 819 de 2003 “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan de otras disposiciones”. El artículo 1º de esta normativa impone el Gobierno Nacional la obligación de presentar antes del 15 de junio de cada vigencia fiscal, un Marco Fiscal de Mediano Plazo ante la comisiones económicas del Senado y de la Cámara de Representantes, con el fin que sea estudiado y discutido con prioridad durante el primer debate de la Ley Anual de Presupuesto.
Con base en esta disposición, la jurisprudencia constitucional ha inferido dos connotaciones importantes en relación con el requisito impuesto a los proyectos de ley por parte de la norma orgánica de presupuesto. “Primero, que es exigible sólo para los proyectos de ley que ordenen gasto o que otorguen beneficios tributarios; segundo, que el mismo debe cumplirse en todo momento, es decir, durante todo el trámite legislativo -tanto en la exposición de motivos, como en las ponencias-, y, tercero, que el Marco Fiscal es un referente obligatorio para el análisis del impacto fiscal de los proyectos de ley.” (Subrayas no originales)[33]
El artículo 27 de la Constitución Política estipula que el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación,[34] este artículo debe ser interpretado en armonía con lo dispuesto en el artículo 71 de la Carta Política, a saber: “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.”
El nexo entre estos dos artículos constitucionales permite a la Corte concluir que si bien corresponde al Estado garantizar la libertad de enseñanza, ello no se contrapone al deber estatal de fomentar la cultura. En efecto, cuando la Constitución define las libertades que se relacionan con el derecho a la educación se encuentra paralelamente el incentivo a la promoción de la ciencia, la tecnología y la cultura. Al respecto, puntualizó la Corte que “estos derechos [se refiere a la libertad de enseñanza y aprendizaje] buscan garantizar a sus titulares, - comunidad, instituciones de enseñanza, docentes e investigadores y estudiantes - la difusión de la cultura y el acceso a ella, siempre que quienes imparten la educación cumplan con títulos de idoneidad o, quienes acceden a ella reúnan determinadas condiciones para ello.”[35]
En este contexto, es preciso reiterar el alcance constitucional de la libertad de enseñanza como un derecho fundamental que comprende la facultad de constituir centros educativos, dirigirlos, elegir los docentes, definir la orientación ideológica del centro, e impartir una educación conforme a la Constitución y las leyes[36]. En otros términos, la libertad de enseñanza es una garantía constitucional que protege, entre otras, la potestad de los planteles educativos para definir el componente pedagógico siempre que este se encuentre de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales.
El artículo 19 del proyecto de ley materia de análisis prevé que las personas que hagan parte de compañías teatrales y que reciban reconocimiento en festivales nacionales o internacionales avalados por el Ministerio de Cultura, serán acreedores a los estímulos de seguro de vida e invalidez, seguridad social en salud y auxilio funerario, este último a través de empresas de economía solidaria. De igual manera, la norma en comento determina que los estímulos mencionados tendrán vigencia a partir de la concesión del reconocimiento y mientras el beneficiario “se mantenga como titular del mismo”. Finalmente, el artículo estipula que para acceder a los estímulos debe acreditarse ingresos personales inferiores a tres salarios mínimos mensuales o seis salarios, en el caso de ingresos familiares.
A partir del presente análisis de constitucionalidad, la Sala concluye que el proyecto de ley n.° 86/05 Senado – 205/04 Cámara, “por medio de la cual se dicta la Ley de Teatro colombiano, se crea el Fondo Nacional de Teatro y se dictan otras disposiciones”es parcialmente inexequible. En ese sentido, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 167 de la Constitución, se requerirá a la Cámara de Representantes para que, oído los ministros del ramo, rehaga el proyecto en mención e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con lo estipulado en este fallo. En particular, las cámaras legislativas deberán ajustar el proyecto de ley con base en los siguientes parámetros:
4.1. Respecto del artículo 10 del proyecto de ley, la Corte encuentra que la expresión “crease” resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 154, inciso segundo, de la Constitución Política. En ese sentido, deberá suprimirse tal apartado del texto del proyecto de ley o, en caso que el Congreso insista en su inclusión, deberá contarse con la iniciativa gubernamental o el aval del Ejecutivo, en los términos de la citada norma constitucional. Igualmente, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 150 de la Constitución, en concordancia con lo previsto en la Ley 489 de 1998.
4.2. En relación con las expresiones “en coordinación con el Fondo Nacional del Teatro” y “su estructura” contenidas en el artículo 6º y 13, respectivamente, del proyecto de ley objetado, al igual que frente a los artículos 12, 14, 15, 16 y 17 y los parágrafos 3º y 4º del artículo 18 del mismo proyecto; el Congreso deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 150 de la Constitución, en armonía con lo regulado por la Ley 489 de 1998. Por ende, deberá determinar los objetivos y la estructura orgánica del Fondo Nacional del Teatro y las Artes Escénicas. De igual forma, para la regulación de esta institución deberá contarse con la iniciativa gubernamental o el aval del Ejecutivo, según lo previsto en el inciso segundo del artículo 154 Superior.
4.3. Finalmente, para el caso de lo regulado en el parágrafo 3º del artículo 4 del proyecto de ley, el Congreso deberá cumplir lo estipulado en los artículos 151, 345 y 346 de la Constitución Política. En consecuencia, la norma que determine el reajuste a los presupuestos anuales de las salas concertadas del programa del Ministerio de Cultura deberá tramitarse en consonancia con lo previsto en la Ley 819 de 2003 – Orgánica de Presupuesto y conforme las consideraciones previstas en esta sentencia.
Primero.- Declarar FUNDADAS las objeciones presidenciales formuladas al parágrafo 3º del artículo 4º, a las expresiones “en coordinación con el Fondo Nacional del Teatro” contenida en el artículo 6º, “créase” del artículo 10 y “su estructura y “ del artículo 13, al igual que a los artículos 14, 15, 16, 17 y los parágrafos 3º y 4º del artículo 18 del proyecto de ley No. 86/05 Senado -205/04 Cámara, “por medio de la cual se dicta la Ley de Teatro colombiano, se crea el Fondo Nacional de Teatro y se dictan otras disposiciones”.
Segundo.- En consecuencia, declarar INEXEQUIBLES las normas mencionadas en el ordinal anterior, pertenecientes al proyecto de ley No. 86/05 Senado -205/04 Cámara, “por medio de la cual se dicta la Ley de Teatro colombiano, se crea el Fondo Nacional de Teatro y se dictan otras disposiciones”.
Tercero.- Declarar INFUNDADAS las objeciones presidenciales formuladas a los artículos 4º, parágrafos 1º y 2º; 6º, salvo la expresión “en coordinación con el Fondo Nacional del Teatro”; 7º, 8º, 10, salvo la expresión “créase”, 11, inciso segundo del artículo 18, 19 y 20 del proyecto de ley No. 86/05 Senado -205/04 Cámara, “por medio de la cual se dicta la Ley de Teatro colombiano, se crea el Fondo Nacional de Teatro y se dictan otras disposiciones”.
Cuarto.- En consecuencia, declarar EXEQUIBLES las normas mencionadas en el ordinal anterior, pertenecientes al proyecto de ley No. 86/05 Senado -205/04 Cámara, “por medio de la cual se dicta la Ley de Teatro colombiano, se crea el Fondo Nacional de Teatro y se dictan otras disposiciones”.
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C -856 DE 2006 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
Objeciones presidenciales al proyecto de ley No. 86/05 Senado – 205/04 Cámara, “por medio de la cual se dicta la Ley de Teatro colombiano, se crea el Fondo Nacional de Teatro y se dictan otras disposiciones”.
1. En primer lugar, a mi juicio, en esta sentencia la Corte no ha reflexionado suficientemente acerca del alcance de la atribución legal de crear entidades y organismos nacionales (art. 150, numeral 7) y las diferencias que tiene frente a las facultades del gobierno en materia de redistribución de funciones entre las entidades ya creadas, para lo cual no es necesario crear otra estructura.
2. En segundo lugar, considero necesario precisar alguno de los puntos en discusión. Al respecto, sostengo que en este caso no se trata sólo del tema de funciones, sino del de erogaciones presupuestales específicas a cargo del Estado que de afectar el gasto público, deberían reunir los requisitos que señala la Constitución. Mi posición, que ha sido minoritaria, sostiene que el Congreso sí puede ordenar gasto e imponerlo al gobierno, pero al margen de ello, estimo que en el caso concreto de las normas objetadas en la ley bajo estudio no se requeriría de la iniciativa gubernamental ni siquiera respecto del parágrafo 3° del artículo 4°.
3. En síntesis, sostengo que: (i) Además de considerar que el Congreso puede ordenar el gasto público, en el caso específico, como lo señala la sentencia, considero que no hay contradicción con la Constitución, pues se trata de autorizaciones para ese gasto; (ii) Igualmente, el Congreso puede dar, en mi concepto, autorización para que se puedan decretar esos estímulos a esa actividad cultural; (iii) Existe una indeterminación aparente en las normas que regulan la Escuela Nacional de Arte Dramático, que considero formaría parte de las funciones que le competen al Ministerio de Cultura, lo cual puede ser determinado por la ley, sin que requiera iniciativa del Gobierno. Si se requiriera en este caso iniciativa del Gobierno, considero que tal vicio de inconstitucionalidad sería insubsanable; (iv) De acuerdo con el numeral 17 del artículo 189, corresponde al gobierno distribuir las funciones entre las distintas entidades, por lo que perfectamente puede asignar el Fondo a alguna entidad encargada de la difusión y estímulo cultural del teatro. En mi opinión, este Fondo se asimilaría a lo que fue en su momento el Fondo de Caminos Vecinales, que no era una entidad; (v) En cuanto a los artículos 19 y 20, considero que el apoyo financiero no es automático sino que requiere de un reconocimiento adicional del Ministerio y de cumplir una serie de requisitos.
[1] Cfr. Folios 186-187 del expediente.
[2] Cfr. Folio 92 del expediente.
[3] Cfr. Reverso folio 71 de expediente.
[4] Cfr. Folio 31 del expediente.
[5] Cfr. Folios 23 y 27 del expediente.
[6] Cfr. Folios 12 al 16 del expediente.
[7] Cfr. Folios 4 y 8 del expediente.
[8] La objeción presidencial refiere a las sentencias C-685/96, C-1997/01, C-859/01, C-442/01, C-1065/01 y C-486/02
[9] Respecto a este asunto en particular, el Gobierno refiere a las sentencias C-195/98, C-490/94, C-360/94 y C-324/97.
[10] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-510/96, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-063/02 y C-068/04, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[11] Ver al respecto las sentencias C-068/04, M.P. Jaime Araujo Rentería, C-069/04 M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-452/06, M.P. Humberto Sierra Porto.
[12] Sentencia C-1190/00 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[13] Sentencia C-299/94. M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver igualmente la Sentencia C-465/92 M.P. Ciro Angarita Barón.
[14] Sentencia C-299 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[15] Sentencia C-306/04 M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.V. M. Jaime Araujo Rentería. Así mismo ver la Sentencia C-209/97 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[16] Sentencia C-1162/00 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[17] S.V M. Álvaro Tafur Galvis a la Sentencia C-1437/00 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[18] Sentencia C-702/99 M.P. Fabio Morón Díaz.
[19] Sentencia C-1190/00 M.P. Álvaro Tafur Galvis. Ver igualmente la Sentencia C-953/99 M.P. Alfredo Beltrán Sierra. S.V. M. Eduardo Cifuentes Muñoz y Álvaro Tafur Galvis.
[20] Sentencia C-012/03 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[21] Sentencia C-401/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Álvaro Tafur Galvis. S.V. M. Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil, Jaime Córdoba Triviño y Álvaro Tafur Galvis.
[22] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-784/04, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Fundamento jurídico 4.1.1.3.
[23] Ibídem. Acerca de la vigencia de la tesis del criterio orgánico para la interpretación de la competencia prevista en el artículo 150-7 C.P. Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-306/04, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Esta providencia analizó la constitucionalidad de las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo para la escisión y posterior creación de empresas sociales del Estado pertenecientes al Seguro Social. En esa oportunidad, la Corte se ocupó de determinar el alcance de la facultad legislativa referente a la determinación de la estructura orgánica de una entidad. Al respecto, la sentencia expuso las siguientes consideraciones:
“7.9. De este modo, la referencia que se haga a la estructura orgánica de una entidad administrativa, necesariamente hace mención a todos los elementos que integran el órgano, debiendo considerarse allí incluido, tanto lo relacionado con el elemento humano que lo conforma, es decir, los empleados y funcionarios que ponen al servicio del ente público su voluntad, como lo relacionado con su aspecto patrimonial, de conformidad con lo dispuesto por el respectivo ordenamiento jurídico.
7.12. En concordancia con el fundamento constitucional citado, el legislador ha desarrollado el concepto de estructura orgánica partiendo del supuesto de que el mismo incluye la definición de los elementos del órgano, es decir, lo relacionado básicamente con su régimen jurídico, patrimonial y de personal. Ciertamente, en desarrollo del artículo 150-7 de la Carta, que otorga competencia al legislador para crear, suprimir o fusionar entidades del orden nacional y para señalar sus objetivos y estructura orgánica, el artículo 50 de la Ley 489 de 1998, al definir lo que se entiende por contenido de los actos de creación de una entidad, dispone expresamente que la estructura orgánica de un organismo comprende la determinación de los siguientes elementos: (i) la denominación, (ii) la naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico, (iii) la sede, (iv) la integración de su patrimonio, (v) el señalamiento de los órganos superiores de dirección y administración y la forma de integración y de designación de sus titulares, y (vi) el ministerio o departamento administrativo al cual estarán adscritos o vinculados.”
[24] Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-428/97, M.P. José Gregorio Hernández; C-254/98, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-498/98, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-306/04, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-121/04, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[25] Cfr. Corte Constitucional C-306/04 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[26] Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-482/02, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-531/05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-452/06, M.P. Humberto Sierra Porto.
[27] Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-488/92, C-057/93, C-490/94 C-343/95, C-685/96, C-581/97, C-197/01, C-1319/01, C-483/02 y C-399/03. Para el presente asunto, se reitera la metodología expuesta en la sentencia C-1113/04, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[28] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-399/03, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[29] Sentencia C-399/03 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[30] “Artículo 39. Los gastos autorizados por leyes preexistentes a la presentación del Proyecto Anual del Presupuesto General de la Nación, serán incorporados a éste, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y las prioridades del Gobierno, si corresponden a funciones de órganos del nivel nacional y guardan concordancia con el Plan Nacional de Inversiones, e igualmente las apropiaciones a las cuales se refiere el parágrafo único del artículo 21 de la Ley 60 de 1993.
Los proyectos de ley mediante los cuales se decreten gastos de funcionamiento solo podrán ser presentados, dictados o reformados por iniciativa del Gobierno a través del Ministro de Hacienda y Crédito Público y del Ministro del ramo, en forma conjunta (Ley 179 de 1994, art. 18).”
[31] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-1113/04, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[32] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-337/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[33] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-072/06. En esta ocasión, la Corte efectuó el análisis de las objeciones presidenciales al proyecto de ley n.° 239/05 Senado - 165/03 Cámara, “por el cual se vincula el núcleo familiar de las madres comunitarias al sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones”.
[34] Sentencia C-1145 de 2004. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.
[35] Sentencia T-174/98. M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido la sentencia T-219 de 1993 señaló: “La libertad de enseñanza, es un derecho fundamental, que se funda en la coexistencia de la difusión cultural del Estado con la que realizan los particulares, siempre que éstos cuenten con títulos de idoneidad y reúnan determinadas condiciones para ello, y que consiste en la facultad para instruir y educar al ser humano, en forma tal, que se coloque al hombre, y a cada cual, en su especialidad, en condiciones de desarrollar lo aprendido e investigar y descubrir algo nuevo por cuenta propia.”
[36] Cfr. Sentencias: T-1228/04; T-1207/00; T-1032/00; T-1017/00; T-944/00; T-889/00; T-871/00; T-864/00; T-772/00; T-662/99; SU-624/99, todas ellas, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero; T-588 de 1999 Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

References: artículo 10
 artículo 150
 artículo 154
 artículo 154
 artículo 4
 artículo 346
 artículo 19
 artículo 167
 artículo 154
 artículo 150
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 150
 artículo 58
 artículo 6
 artículo 150
 artículo 151
 artículo 18
 artículo 27
 artículo 19
 artículo 13
 artículo 278
 artículo 32
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 18
 artículo 6
 artículo 18
 artículo 4
 artículo 70
 artículo 166
 artículo 160
 artículo 10
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 154
 artículo 150
 artículo 10
 artículo 150
 artículo 154
 artículo 6
 artículo 150
 artículo 154
 artículo 150
 Artículo 150
 artículo 6
 artículo 18
 artículo 241
 artículo 150
 artículo 208
 artículo 12
 artículo 154
 artículo 150
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 208
 artículo 151
 artículo 346
 artículo 39
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 151
 artículo 1
 artículo 27
 artículo 71
 artículo 19
 artículo 167
 artículo 10
 artículo 154
 artículo 150
 artículo 6
 artículo 18
 artículo 150
 artículo 154
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 4
 artículo 189
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 50
 artículo 21