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Timestamp: 2020-04-09 01:39:40+00:00

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Artículo 153 - Pr cod 1amCom
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III - Principio general para la elección del fundamento jurídico
IV - Finalidad y contenido de la propuesta
V – Análisis y determinación del fundamento jurídico adecuado Según el artículo 19, apartado 2, del TFUE
- no afectarán a la facultad reconocida a los Estados miembros de definir los principios fundamentales de su sistema de seguridad social, ni deberán afectar de modo sensible al equilibrio financiero de éste,
- no impedirán a los Estados miembros mantener o introducir medidas de protección más estrictas compatibles con los Tratados.
El artículo 154 del TFUE establece lo siguiente:
El artículo 157 del TFUE tiene el siguiente tenor:
El artículo 352 del TFUE dispone lo siguiente:
4. El presente artículo no podrá servir de base para alcanzar objetivos del ámbito de la política exterior y de seguridad común y todo acto adoptado de conformidad con el presente artículo respetará los límites fijados en el párrafo segundo del artículo 25 ter del Tratado de la Unión Europea.
Es jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia que «la elección de la base jurídica de un acto comunitario debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, entre los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto»1. La elección de una base jurídica incorrecta puede justificar, por consiguiente, la anulación del acto en cuestión.
Así, en el presente caso, se debe determinar si la propuesta:
1. tiene un objetivo múltiple o varios componentes, y uno de ellos puede calificarse de principal o preponderante, mientras que los otros solo son accesorios; o
2. persigue varios objetivos a la vez o tiene varios componentes vinculados entre sí de modo indisociable, sin que uno de ellos sea secundario e indirecto en relación con el otro.
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el primer caso el acto debe fundarse en una sola base jurídica, a saber, aquella que exige el objetivo o componente principal o preponderante, y, en el segundo caso, el acto podrá fundarse en las distintas bases jurídicas correspondientes1.
Además, según jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, es posible combinar varios fundamentos jurídicos si están inseparablemente unidos, sin que pueda considerarse que uno es secundario y complementario con respecto a los demás, pero únicamente si no implican procedimientos de adopción incompatibles2. Las bases jurídicas propuestas deben evaluarse con estos criterios, es decir, procede determinar si prevén el procedimiento legislativo ordinario o si, en caso contrario, siguen siendo compatibles con la base jurídica propuesta por la Comisión.
Tal como la Comisión ha articulado la base jurídica de su propuesta, cada una de las disposiciones mencionadas corresponde a las partes pertinentes que se señalan en el ámbito de aplicación y en el anexo de la propuesta. En la medida en que se añadan otras materias al ámbito de aplicación y, por consiguiente, al anexo, convendría adaptar la base jurídica añadiendo también los artículos correspondientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a la base jurídica de la Directiva.
V – Análisis y determinación del fundamento jurídico adecuado
Según el artículo 19, apartado 2, del TFUE, el legislador de la Unión, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, puede «adoptar los principios básicos de las medidas de la Unión de estímulo» para apoyar las acciones de los Estados miembros en el ámbito de la lucha contra la discriminación.
Ahora bien, estas medidas no pueden implicar la «armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros». A este respecto, cabe señalar que el artículo 19 de la propuesta prevé una armonización mínima: «Los Estados miembros podrán introducir o mantener disposiciones más favorables a los derechos de los informantes que los establecidos en la presente Directiva». Por lo tanto, no es aconsejable añadir el artículo 19, apartado 2, del TFUE como base jurídica.
De conformidad con el artículo 77, apartado 2, del TFUE, el legislador de la Unión puede adoptar «medidas» con arreglo al procedimiento legislativo ordinario en el ámbito de los controles fronterizos que se refieran a los visados y los permisos de residencia de corta duración; los controles en las fronteras exteriores; la libre circulación de los nacionales de terceros países; el sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores, y la ausencia de controles en las fronteras interiores.
Esta nueva base jurídica parece compatible con la propuesta desde el punto de vista del procedimiento.
El apartado 1 del artículo 78 del TFUE es una referencia general a la política común de asilo. El apartado 3 tiene por objeto la adopción de medidas provisionales en situaciones de emergencia y solo prevé la consulta al Parlamento Europeo.
El apartado 2 de dicho artículo permite la adopción de «medidas» con arreglo al procedimiento legislativo ordinario para el sistema europeo común de asilo en ámbitos específicos como el estatuto uniforme de asilo y de protección subsidiaria; la protección temporal de las personas desplazadas; los procedimientos comunes en materia de protección internacional; normas relativas a las condiciones de acogida, y la asociación y la cooperación con terceros países.
Por lo tanto, no es necesario añadir el artículo 78, apartado 1, del TFUE como base jurídica, mientras que el artículo 78, apartado 3, del TFUE no constituye una base jurídica adecuada para la propuesta. La inclusión del artículo 78, apartado 2, parece compatible con la propuesta desde el punto de vista del procedimiento.
El artículo 79 del TFUE tiene por objeto la política común de inmigración. Es importante señalar que los apartados 1 y 5 no son bases jurídicas. El apartado 3 prevé la celebración de acuerdos de readmisión, por lo que no puede ser base jurídica de la propuesta de Directiva. El apartado 4 se refiere a la integración de los nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro, pero excluye la armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.
El apartado 2 permite la adopción de «medidas» con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, por ejemplo en lo relativo a las condiciones de entrada y residencia; los derechos de los nacionales de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro; la inmigración y la residencia ilegales, y la lucha contra la trata de seres humanos.
Por lo tanto, solo la inclusión del artículo 79, apartado 2, del TFUE parece posible desde el punto de vista del procedimiento.
Si bien el artículo 83, apartado 1, del TFUE prevé el procedimiento legislativo ordinario, su apartado 3 incluye un «freno de emergencia» que permite que un Estado miembro remita el expediente al Consejo Europeo, en cuyo caso queda suspendido el procedimiento legislativo ordinario.
Por esta razón, no es posible combinar esta disposición con las demás bases jurídicas de la propuesta.
Cabe señalar que las medidas basadas en los artículos 77, 78, 79 y 83 del TFUE solo se aplicarán a Irlanda y al Reino Unido si dichos Estados miembros optan por participar en ellas de conformidad con el Protocolo n.º 21, y no se aplicarán a Dinamarca con arreglo al Protocolo n.º 22. La inclusión de estos artículos en la base jurídica no tendría ninguna repercusión en el procedimiento legislativo que habría de seguir el Parlamento, pero podría dar lugar a una posible división de la propuesta a efectos del procedimiento en el Consejo, ya que el número de Estados miembros a los que se aplicarían las distintas partes de la Directiva sería diferente.
El artículo 153 del TFUE fue añadido por las enmiendas 66, 67, 68 y 69. Las enmiendas 67 y 69 añaden solo partes de dicho artículo, a saber, las letras a), b) y e). Este artículo enumera ámbitos específicos de la política social, en los que la actuación de la Unión puede «[apoyar] y [completar] la acción de los Estados miembros».
El procedimiento para algunas categorías de esta lista no es compatible con la propuesta, puesto que se requiere la unanimidad. El resto de los ámbitos cubiertos por las enmiendas para los que es aplicable el procedimiento legislativo ordinario sin el requisito de la unanimidad se contemplan en las letras a), b) y e) del artículo 153, apartado 1, del TFUE.
El artículo 154 del TFUE no constituye una base jurídica para un acto del Parlamento Europeo. Contiene normas de procedimiento expresamente aplicables a la Comisión. Por lo tanto, no procede considerar su inclusión.
En lo que atañe al artículo 157 del TFUE, relativo a la igualdad de retribución, el apartado 3 prevé la adopción de «medidas», con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, «para garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, incluido el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor».
Así pues, el artículo 157, apartado 3, del TFUE parece compatible con la propuesta desde el punto de vista del procedimiento.
Por último, el artículo 352 del TFUE permite a la Unión Europea, y en particular al Consejo, actuar cuando «se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas definidas en los Tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos» sin que los Tratados hayan previsto los poderes correspondientes.
La propuesta reúne varias bases jurídicas sectoriales para articular lo que puede tener apariencia de instrumento horizontal, pero es, en realidad, un paquete de medidas sectoriales. El artículo 352 del TFUE solo puede utilizarse en los supuestos en que los Tratados no prevean los poderes necesarios, algo que no ocurre en este caso, dado que en el Derecho de la Unión ya existen una serie de medidas que regulan la situación de los informantes. Por tanto, el recurso al artículo 352 del TFUE es incompatible, por definición, con el enfoque elegido por la propuesta de la Comisión.
Además, la inclusión del artículo 352 del TFUE es incompatible desde el punto de vista del procedimiento con las demás bases jurídicas, ya que requiere la unanimidad en el Consejo y la aprobación del Parlamento. Por consiguiente, el artículo 352 del TFUE no es una base jurídica adecuada para la propuesta.
Las siguientes disposiciones del TFUE prevén el procedimiento legislativo ordinario de modo compatible con la base jurídica existente que propone la Comisión: el artículo 77, apartado 2, el artículo 78, apartado 2, el artículo 79, apartado 2, el artículo 153, apartado 1, letras a), b) y e), y el artículo 157, apartado 3, del TFUE.
Con respecto a los artículos 77, 78 y 79, debe señalarse que, aunque su inclusión de estos artículos en la base jurídica no sea incompatible con el procedimiento en el Parlamento, sí puede dar lugar a una posible división de la propuesta a efectos del procedimiento en el Consejo.
El artículo 83, apartado 1, y el artículo 352 del TFUE no son compatibles con el procedimiento legislativo ordinario aplicable y no deben añadirse como nuevos fundamentos jurídicos. Además, el artículo 352 del TFUE, que solo puede utilizarse en los casos en que los Tratados no prevean los poderes necesarios, es incompatible, por definición, con el enfoque escogido por la propuesta de la Comisión.
Por lo que se refiere al artículo 154 del TFUE, este se refiere a las normas aplicables a la Comisión y no ofrece una base jurídica para un acto del Parlamento Europeo y del Consejo. Por lo tanto, no puede añadirse a la base jurídica.
Por último, no es aconsejable añadir el artículo 19, apartado 2, del TFUE, ya que esta disposición no permite la armonización.
Ahora bien, la decisión final de añadir a la base jurídica propuesta por la Comisión las bases jurídicas cuya inclusión se ha considerado posible dependerá de la aprobación de las enmiendas correspondientes que añaden ámbitos de actuación al ámbito de aplicación de la Directiva propuesta.
En la reunión de 22 de octubre de 2018, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en consecuencia, por unanimidad1 con 18 votos a favor, recomendar a la comisión competente para el fondo que tome en consideración las conclusiones expuestas cuando examine las enmiendas relativas al ámbito de aplicación de la Directiva.
{27/09/2018}27.9.2018
(*)OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Ponente de opinión (*): Miguel Viegas
El ponente de la Comisión ECON acoge con plena satisfacción esta propuesta de la Comisión relativa a la protección de los denunciantes a escala de la Unión, como el Parlamento ya había solicitado hace tiempo; por ejemplo, en el informe de la Comisión PANA y en el anterior informe de propia iniciativa de la Comisión JURI, al que contribuyó la Comisión ECON.
La propuesta se basa también en las medidas de protección sectoriales de los denunciantes que la Comisión ECON había introducido en anteriores disposiciones legislativas, como la Directiva contra el blanqueo de capitales y el Reglamento sobre abuso de mercado.
En sus enmiendas, el ponente de la Comisión ECON aspira a:
• mejorar la definición (artículo 3)
• ampliar el ámbito de los derechos de los trabajadores (artículo 1)
• garantizar apoyo material (artículo 15)
• suprimir el considerando 21
• introducir la idea de que los denunciantes no pueden sustituir la capacidad operativa de los servicios de vigilancia del Estado
• introducir un mecanismo claro para la asignación de la condición de denunciante, en aras de la seguridad jurídica
• introducir la posibilidad del anonimato
• facilitar el uso de cauces externos sin pasar por los cauces internos
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:
(1) Las personas que trabajan para una organización o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales son a menudo las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que se plantean en ese contexto. El objetivo de la presente Directiva es instaurar un clima de confianza para los denunciantes de forma que comuniquen las infracciones del Derecho observadas o supuestas, las irregularidades y las amenazas para el interés público. Al dar la voz de alarma desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir las infracciones de la ley y de proteger el bienestar de la sociedad. Sin embargo, los potenciales denunciantes suelen renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a represalias o a consecuencias legales o por una falta de confianza en la utilidad de sus denuncias.

References: artículo 19
 artículo 154
 artículo 157
 artículo 352
 artículo 25
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 77
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 83
 artículo 153
 artículo 153
 artículo 154
 artículo 157
 artículo 157
 artículo 352
 artículo 352
 artículo 352
 artículo 352
 artículo 352
 artículo 77
 artículo 78
 artículo 79
 artículo 153
 artículo 157
 artículo 83
 artículo 352
 artículo 352
 artículo 154
 artículo 19