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Timestamp: 2019-01-21 00:36:50+00:00

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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 3 de Octubre de 2016 (caso Incidente Nº 4 - IMPUTADO: ARAYA, TERESA LORENA s/INCIDENTE DE REPOSICION) - Jurisprudencia - VLEX 650749293
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 3 de Octubre de 2016 (caso Incidente Nº 4 - IMPUTADO: ARAYA, TERESA LORENA s/INCIDENTE DE REPOSICION)
Emisor: CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL
Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A FCB 17273/2016/4/CA4 doba, 3 de octubre de 2016.
Estos autos: “Incidente de reposición en autos:
ARAYA T.L. por infracción art. 145 bis-conforme ley 26.842 Expte. 17273/2016/4/CA4, venidos a conocimiento de la Sala A del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Defensora Pública Oficial en contra del proveído dictado con fecha 11 de agosto de 2016 por el Juez Federal N° 2 de Córdoba, obrante a fs. 1 de autos.
La Defensora Pública Oficial, doctora M.M.C., plantea recurso de reposición y apelación en subsidio en contra del proveído de fecha 11 de agosto de 2016.
Entiende que se ha realizado una errónea aplicación de la ley de forma, afectando la garantía de su asistida a ser sometida a un proceso respetuoso de las garantías y ser juzgada dentro de un plazo razonable.
Recordó las previsiones legales dispuestas por el art. 306 del C.P.P.N y el art. 9.3 del PIDCP..
Entiende que los plazos procesales han sido establecidos en resguardo de las garantías de los sometidos a procesos, garantías operativas que no están sujetas a las facultades discrecionales de los integrantes del Poder Judicial.
Por ello solicita que se revoque por contrario imperio el decreto impugnado y se resuelva el sobreseimiento solicitado conforme lo prevé el art. 306 del CPPN.
Con fecha 23 de agosto de 2016, el Juez Federal dispuso no hacer lugar al recurso de reposición Fecha de firma: 03/10/2016 Firmado por: E.Á., JUEZ DE CÁMARA Firmado por: G.S.M., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, Secretaria de Cámara #28770174#163582573#20161004083159030 instado y, en consecuencia, conceder el recurso de apelación en subsidio.
En primer término señaló que los plazos establecidos por las normas bajo análisis (arts. 306, 309 y c.c del C.P.P.N) son meramente ordenatorios.
Asimismo, destaca la complejidad de la presente causa, no solo por el delito endilgado a la imputada A., sino por la dificultad que se presenta a la hora de diligenciar las medidas probatorias.
Seguidamente añade que por el conflicto de competencia territorial planteado, las únicas pruebas incorporadas al expediente son las diligenciadas al inicio de la investigación, y es por ello que considera que dichos extremos resultan insuficientes a la hora de poder definir la situación procesal de la encartada.
Asimismo expresó que existen medidas de instrucción, oportunamente ordenadas, cuyo resultado podría ser trascendental para definir la situación procesal de la encartada –v.gr. informe pericial del teléfono celular de Araya-.
En esta instancia, con fecha 9 de septiembre de 2016, la Defensora Pública Oficial presentó
el informe previsto por el art.454 del CPPN, a los cuales se remite por cuestiones de brevedad.
Sentadas así y reseñadas en los precedentes parágrafos las posturas asumidas por las partes, corresponde introducirse propiamente en el tratamiento de la apelación deducida en subsidio. A tal efecto se sigue el orden de votación establecido en el certificado actuarial obrante a fs. 20. La presente resolución es emitida sólo por los señores jueces que la suscriben, en tanto el señor Juez de Cámara doctora I.M.V.F. se encuentra en uso de licencia conforme certificado obrante a Fecha de firma: 03/10/2016 Firmado por: E.Á., JUEZ DE CÁMARA Firmado por: G.S.M., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, Secretaria de Cámara #28770174#163582573#20161004083159030 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A FCB 17273/2016/4/CA4 fs. 22, y en virtud de lo dispuesto por el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional y art. 4 del Reglamento Interno de esta Cámara.
La señora Juez de Cámara doctora G.S.M. dijo:
Avocada al estudio de las presentes actuaciones, corresponde decidir, en base a los agravios esgrimidos por la defensa, si procede o no confirmar el proveído del juez de primera instancia dictado con fecha 11 de agosto de 2016.
En primer lugar en orden a la petición de nulidad del proveído formulado por la defensa, debo señalar que la resolución bajo análisis cuenta con fundamentación suficiente y apropiada, por lo que cumple con la exigencia prevista en el artículo 123 del CPPN.
En efecto, el proveído cuestionado aborda la petición de la Defensora Oficial, explicando de manera sucinta las razones del temperamento adoptado, más allá de que la parte pueda discrepar con lo allí decidido.
En efecto, las resoluciones judiciales dan cabal cumplimiento a tal exigencia cuando en forma clara y precisa explicitan las razones de hecho y derecho que llevan a adoptar la solución a la que arriban, ello producto de un razonamiento lógico que de respuesta a las cuestiones planteadas, lo que en el presente caso y conforme las consideraciones efectuadas, se verifica.
Dicho ello, corresponde precisar que la resolución atacada constituye un proveído judicial dictado durante la instrucción, respecto del cual no le exige una explicitación in extenso de la fundamentación, bastando en cambio una exposición clara y precisa de sus razones. La pretensión anterior es más propio de una resolución interlocutoria o sentencia definitiva que de un decreto.
Fecha de firma: 03/10/2016 Firmado por: E.Á., JUEZ DE CÁMARA Firmado por: G.S.M., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, Secretaria de Cámara #28770174#163582573#20161004083159030 Asimismo, cabe añadir que en la instancia instructora debe privilegiarse la brevedad que preside la dinámica de los actos que la integran, por lo que aquella exigencia se satisface con una motivación básica en su dictado.
Por las razones dadas, la pretensión nulificante incoada por la defensa no puede prosperar.
Dicho ello, vale mencionar que el recurso de apelación se basa en las previsiones legales de los artículos 49, 306,309 y cc, del CPPN.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el hecho investigado en la causa es por demás complejo y que el término de 10 días prescripto por la ley procesal para resolver la situación procesal de un imputado luego de indagado –art. 306 del C.P.P.N.- es meramente ordenatorio para los jueces; no perentorio.
En este sentido, la doctrina procesal entiende que “...Como regula una actividad del juez, su vencimiento no produce ninguna caducidad pues no es perentorio (art.
163)...La CADH (art. 7°, inc. 5) alude a “...plazo razonable...” para referirse al tiempo dentro del cual debe definirse la situación del imputado en un proceso penal...”
(F.J., D’Albora, Código Procesal Penal de la Nación; Anotado, Comentado, Concordado; Editorial LexisNexis, Séptima edición. Tomo II, p. 652).
Lo expuesto, sin perjuicio de que ante una demora injustificada, pueda la parte que se considere agraviada solicitar ante un Tribunal de Alzada, la revisión de la demora en que hubiere incurrido el Inferior.
En función de las razones dadas, considero que, hasta la fecha, la falta de resolución respecto de la situación procesal de la imputada A. se halla justificada en la naturaleza y la complejidad de la investigación que debe sustanciarse en la causa.
Fecha de firma: 03/10/2016 Firmado por: E.Á., JUEZ DE CÁMARA Firmado por: G.S.M., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, Secretaria de Cámara #28770174#163582573#20161004083159030 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A FCB 17273/2016/4/CA4 En efecto, la falta de resolución por parte del Juzgado Instructor no se encuentra en violación al principio de plazo razonable, dado que no se verifican dilaciones indebidas o injustificadas.
A propósito de la cuestión, conviene recordar el derecho que asiste a todo imputado a que el proceso penal concluya en un plazo razonable, esto es, que la duración del proceso no exceda el tiempo estrictamente necesario de tramitación (garantía prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos con jerarquía constitucional desde la reforma de 1994 —art. 75, inciso 22—). Ciertamente que este límite temporal tiende a proteger al acusado en lo que se refiere a su derecho a la libertad personal y a la seguridad frente al riesgo de un procedimiento injustificado.
Ahora bien, el plazo razonable es un concepto indeterminado, que deja abierto el camino para la amplitud interpretativa. Al intentar delimitarlo, la doctrina y jurisprudencia internacional han coincidido en señalar que su determinación depende de tres elementos o factores: la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales (cfse.
Y., G., El sentido de los principios penales, Ed. A. de R.D., Bs As, 2002, p. 353; Corte Interamericana de Derechos Humanos, causas “G.L.”, S. 29.01.1997, y “S.R.”, S. 12.11.1997; Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Secretaría General de la O.E.A., Washington D.C., 1996, pp.
33 y ss.; Tribunal Europeo de Derechos Humanos -
Fecha de firma: 03/10/2016 Firmado por: E.Á., JUEZ DE CÁMARA Firmado por: G.S.M., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, Secretaria de Cámara #28770174#163582573#20161004083159030 Jurisprudencia 1984-1987, B.J.C., Madrid, pp. 173, 949 y 1015).
Ello significa, pues, que en la ponderación del plazo razonable del proceso resulta imprescindible examinar a fondo las causas que han jugado en la dilación del mismo, a efectos de considerar si, de acuerdo a la naturaleza del objeto procesal, la excesiva duración ha obedecido a simples demoras perfectamente evitables, o si, por el contrario, habiéndose respetado el mandato de celeridad que pesa sobre los órganos de justicia, la tardanza es consecuencia de la complejidad y naturaleza de la causa.
Ello a su vez se corresponde con el tipo de plazo, el cual –según se dijo- es ordenatorio, cuyo objetivo radica en establecer una marcha regular del proceso, ya que el juego de la observancia de normas debe ser entendido de una manera flexible y no absoluta, no pudiendo renunciarse al esclarecimiento de la verdad objetiva mediante un excesivo rigor formal (CN Civ., 25-10-
88, DJ-1989- 1,p. 903).
Por lo demás, resta señalar que, a la luz de las condiciones de procedencia del recurso de apelación no se advierte en el concreto que la resolución impugnada, siendo que no se trata de las declaradas expresamente apelables, traiga aparejado un gravamen irreparable para los intereses de la defensa (arts. 449 y ss. del CPPN).
Por todo ello, considero que corresponde confirmar el proveído dictado con fecha 11 de agosto de 2016 por el Juez Federal N° 2 de Córdoba. Sin costas (arts.
530 y 531 del CPPN). Así voto.
El Señor Juez de Cámara doctor E.Á., dijo:
Examinadas las constancias glosadas a la causa, comparto los fundamentos dados por la señora Juez de Cámara Fecha de firma: 03/10/2016 preopinante doctora G.S.M. y en Firmado por: E.Á., JUEZ DE CÁMARA Firmado por: G.S.M., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, Secretaria de Cámara #28770174#163582573#20161004083159030 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A FCB 17273/2016/4/CA4 consecuencia me expido en igual sentido. Sin costas (arts.530 y 531 del CPPN). Así voto.
CONFIRMAR el proveído dictado con fecha 11 de agosto de 2016 por el Juez Federal N° 2 de Córdoba. Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN).
Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN).
Regístrese y hágase saber. Cumplimentado, publíquese y bajen.
G.S.M.E.Á. JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA CAROLINA PRADO SECRETARIA DE CÁMARA Fecha de firma: 03/10/2016 Firmado por: E.Á., JUEZ DE CÁMARA Firmado por: G.S.M., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, Secretaria de Cámara #28770174#163582573#20161004083159030
Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 11 de Julio de 1996, C. 9. XXXII
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social - Camara Federal de la Seguridad Social - Sala 2, 14 de Diciembre de 2017 (caso TELLEZ MARIA ESTHER c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS)

References: resolución 
 resolución 
 artículo 123
 resolución 
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