Source: http://catedrajudicial.blogspot.com/2012/12/
Timestamp: 2017-06-24 22:27:54+00:00

Document:
catedrajudicial: diciembre 2012
“Ante el despido arbitrario ¿una demanda de amparo...
Marchas y contramarchas en la determinación de la ...
“Ante el despido arbitrario ¿una demanda de amparo o una laboral de reposición?”
Murillo Flores[1].
se estudia la Ley Procesal del Trabajo,[2] se
encuentra en ella la pretensión de reposición y surgen dos preguntas: a) ¿cuál era el plazo para presentar
una demanda laboral con dicha pretensión? y, b) ¿el proceso constitucional de amparo dejaría de ser utilizado
frente a un despido arbitrario y es el proceso abreviado laboral, por el que
transita la pretensión principal única de reposición, una vía procesal
igualmente satisfactoria respecto al primero? Tratando de responder estas
interrogantes escribimos hace algún tiempo un par de artículos.[3]
aún no tenía respuesta, es por ello que recientemente se convocó a un Pleno
Jurisdiccional Nacional Laboral (Lima, 28 y 29 de setiembre de 2012)[4] y
en él se planteo la siguiente pregunta: ¿cuál es el plazo prescriptorio o de
caducidad para interponer la demanda de reposición? y en mayoría absoluta la
judicatura convocada (71 contra 3) respondió “No existe plazo prescriptorio,
sólo plazo de caducidad de treinta (30) días naturales de producido el despido”.
En respaldo de tal respuesta, se dejó establecida la siguiente fundamentación:
“b) El artículo 36° del Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, establece lo siguiente: “El plazo
para accionar judicialmente en los casos de nulidad de despido, despido
arbitrario y hostilidad caduca a los treinta días naturales de producido el
Entonces si la
demanda es de reposición al centro de trabajo, conlleva implícito a una
pretensión de impugnación o nulidad de despido, ante un despido incausado cuyo
derecho y acción está regido por el plazo de caducidad que prevé el citado
artículo 36°, por tanto el plazo para accionar judicialmente en los casos de
reposición por despido incausado y fraudulento, en el proceso abreviado laboral
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, caduca a los treinta días naturales de
producido un despido”
opinión es que la respuesta es equivocada, por las siguientes razones: a) la legislación laboral no reconoce
la reposición como pretensión ante un despido arbitrario, sino sólo el pago de
una indemnización; b) dicha
legislación reconoce que un efecto de la declaración de un despido como nulo, a
mérito de una demanda de impugnación de despido por tal razón, es la reposición
en el puesto de trabajo, mas no una pretensión, y siempre y cuando el
demandante no decida dar por terminada la relación laboral, no retornando a su
puesto de trabajo; c) si no esta
reconocida la pretensión de reposición, no puede asimilarse ésta a las
pretensión declarativas de nulidad de despido y de despido arbitrario, pues el
plazo de caducidad que rige a estas pretensiones para hacerlas valer en sede
judicial, implican una limitación al ejercicio del derecho de acción (demandar)
y ello no es posible por lo establecido en el artículo IV del título preliminar
del Código Civil que establece: “La ley que establece excepciones o restringe
derechos no se aplica por analogía.” Pero, en fin, así ha quedado escrito por
la judicatura especializada en materia laboral. Entonces, si el trabajador es
despedido arbitrariamente (léase inconstitucionalmente), tiene el plazo de 30
días calendario, computado desde cuando se produjo el despido, para presentar
su demanda laboral con la pretensión de reposición, en la vía del proceso
abreviado laboral con la Ley Procesal del Trabajo.
ya ha sido contestada por el Tribunal Constitucional[5] de
una manera lógica: “Que en el precedente
vinculante establecido en la STC N° 00206-2005-PA/TC, se precisó cuáles son las
pretensiones laborales susceptibles de protección a través del proceso de
amparo. En efecto, en la referida sentencia se determinó que el amparo es la
vía satisfactoria para dilucidar casos en los que se alegue haber sido objeto
de un despido arbitrario, como sucede en la demanda de autos” y esto lo
dijo en un caso en el “Que la presente
demanda ha sido rechazada liminarmente tanto en primera como en segunda
instancia, argumentándose que la pretensión del demandante debe dilucidarse en
el proceso abreviado laboral, conforme al artículo 2, inciso 2, de la Ley N°
29497, nueva Ley Procesal del Trabajo, que constituye una vía procedimental
específica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho
constitucional amenazado o vulnerado, en concordancia con el inciso 2, del
artículo 5 del Código Procesal Constitucional; mas aún cuando la controversia
se centra en hechos controvertidos y que requieren actuación probatoria”
además el proceso de amparo siempre podrá ser utilizado para enfrentarse a un
acto lesivo grave como es el despido arbitrario, incausado o fraudulento, pues
en su utilización estará implícito el tema de la urgencia ¿habrá algo más
urgente que ser repuesto en el puesto de trabajo?. Esta sola razón impedirá que
un Juez Constitucional, que se precie de serlo, declare improcedente una
demanda de amparo laboral contra un despido arbitrario, incausado o fraudulento,
por la existencia de una vía procesal igualmente satisfactoria, invocando para
ello el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional ¿qué se lo impide? La
urgencia de ser repuesto, el demandante, en su trabajo, precisamente, porque la
tutela que le corresponde es la de urgencia, ergo, la del amparo, pues éste se proceso
se adscribe, además, a la tutela diferenciada (proteger un derecho
constitucional). No debemos dejar de mencionar que un despido arbitrario
afecta, en primer lugar, el derecho a un debido proceso administrativo
disciplinario en una entidad pública o corporación privada (según sea el caso)
y en segundo lugar el derecho al trabajo.
bien, si actualmente el proceso de amparo es uno idóneo para enfrentarse a un
despido inconstitucional (arbitrario, incausado o fraudulento) por el tema de
la urgencia, así como de los derechos constitucionales afectados, téngase
presente que el plazo para presentar una demanda de amparo laboral, es de 60
días hábiles y, además de prescripción, considerando el término inicial de
dicho plazo, el momento en el que se produjo el despido. Entonces, cómo
entender o, mejor dicho, cómo explicar desde una perspectiva constitucional,
que si un trabajador es despedido inconstitucionalmente, y desea presentar su
demanda laboral con la pretensión de reposición en su puesto de trabajo, para
que transite por la vía abreviada laboral, tenga un plazo de caducidad de 30
días calendario y, si desea presentar su demanda constitucional de amparo, con
la pretensión del restablecimiento de su derecho al trabajo (que no es lo mismo
pero es igual), tenga un plazo de prescripción de 60 días hábiles. El siguiente
cuadro trata de explicar la dicotomía a la que se enfrenta el trabajador
despedido cuando desea tutela jurisdiccional:
Despido Inconstitucional
trabajador despedido, antes de demandar debe decidir
(proceso abreviado)
días calendario (caducidad)
días hábiles (prescripción)
Demanda Constitucional (proceso de amparo)
respuesta no la encontraremos en el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral,
llevado a cabo en Lima, los días 28 y 29 de setiembre de 2012, pero en la
realidad sucederá: i) que al
demandante se le venza el plazo de caducidad de 30 días calendario para
presentar una demanda laboral con la pretensión de reposición, entonces emplee
el plazo de prescripción de 60 días hábiles para presentar una demanda
constitucional con la pretensión de reposición, pues aún estará a tiempo de
hacerlo; ii) que el Juez Constitucional,
ante una demanda constitucional con la pretensión de reposición, de repente la
declare improcedente por la causal establecida en el artículo 5.2 del Código
Procesal Constitucional, entonces: ii.a)
algunos son de la opinión de que es viable derivar la demanda al Juez
competente (Laboral), lo que podría hacerse si la demanda fue presentada dentro
de los 30 días calendario y si de todos modos se deriva, el Juez Laboral tendrá
que examinar si la demanda fue presentada dentro de dicho plazo; ii.b) quienes sostienen que no cabe la
derivación, tendrían que declararla improcedente, entonces el demandante
tendría que volverla a presentar, pero ¿si se le venció el plazo?; iii) que la demanda laboral, con la pretensión
de reposición, se presente luego de los 30 días calendario para “impugnar el
despido”, ante lo que el Juez Laboral la declare improcedente “ – ojo – por
haber caducado el derecho” entonces – como aún no se venció el plazo para
acudir al Juez Constitucional, la demanda de amparo se presente ante éste
dentro del plazo de prescripción de 60 días hábiles, pero, al hacerlo habría
consentido la declaración de caducidad, entonces qué hacemos con el artículo
123.2 del Código Procesal Civil y, si la hubiese impugnado y obtuviese decisión
de segunda instancia e incluso casatoria en el mismo sentido, quedaría aún más
sellada la declaración de caducidad.
el derecho al trabajo para hacer valer la pretensión de reposición ante un
despido inconstitucional, para la justicia ordinaria caduca a los 30 días
calendario de producido el despido, en tanto que dicho derecho constitucional
que habilita hacer valer la pretensión de reposición (reponer el estado de
cosas a uno anterior a la violación del derecho al trabajo) no caduca (los
derechos constitucionales no caducan), y la pretensión correspondiente
prescribe a los 60 días hábiles de producido el despido. En el tema planteado,
no todos los caminos llevan a Roma. [1] Juez Superior Titular de la
Corte Superior de Justicia de Cusco. Magíster en Derecho Civil y Procesal Civil
por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del
Cusco y Docente de la misma en las maestrías de Derecho Constitucional y
Procesal Constitucional, Derecho Registral y Notarial. Docente Contratado de la
[2] Ley Ley N° 29497
[3] Cfr. Murillo Flores, Fernando
“La pretensión de reposición en la nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley N°
29497)” en RAE. Jurisprudencia, Tm: 31, Enero 2011. Año 3. p. 143. y “¿Y el
plazo para presentar la demanda de reposición? A propósito del I Pleno Jurisdiccional
Supremo en materia Laboral” en Soluciones Laborales N° 57, setiembre 2012. de
la Editorial Gaceta Jurídica. p. 64 [4] http://www.docdroid.net/1sms/pleno-laboral-nacional-2012-celebrado-en-lima.pdf.html
[5] Cf. Exp. N° 03819-2011-PA/TC.
Arequipa. Fs. 3 y 2.
Impugnación del Despido,
Nueva Ley Procesal del Trabajo,
Nulidad del despido,
Pretensión de Reposición,
Proceso de Amparo Laboral,
Marchas y contramarchas en la determinación de la competencia del proceso de violencia familiar
que pretendemos con este breve artículo es dar a conocer dos recientes
casaciones emitidas por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República, sobre un tema que desde hace algún tiempo ha ocupado
nuestra atención. Nos referimos al que atañe a la competencia de los procesos
de violencia familiar en su manifestación de daño físico. Como
se sabe, durante el año 2011 y parte del presente –con particularidad en el distrito
judicial del Cusco– esta concreta circunstancia generó decisiones
jurisdiccionales asentadas en criterios discordantes que incidió en una
innecesaria carga procesal.
La cuestión que así se presenta,
tuvo como premisa básica la definición legal de violencia familiar contenida en
el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la
Violencia Familiar – Decreto Supremo N° 006- 97-JUS, modificado por Ley N°
29282, que señala: “A los efectos de la presente Ley, se entenderá por
violencia familiar, cualquier acción u omisión que cause daño físico o
psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o
reiteradas (…)”.
Luego de un proceso
interpretativo de la Ley, surgió la necesidad de establecer: si los Jueces
Especializados de Familia son competentes para asumir el conocimiento de los
procesos de violencia familiar en su manifestación de daño físico,
cuando en éste se evidencien lesiones relevantes que constituyan un delito o
DEL SUPERIOR COLEGIADO
De modo general, y en primer
lugar, se ha expuesto, en minoría, que el juez competente para conocer el proceso
de violencia familiar en su modalidad de daño físico, es el Juez
Especializado de Familia. Y, la tramitación del proceso de violencia familiar (de
naturaleza tutelar) no impide el trámite de un proceso penal (de naturaleza
punitiva) si el daño físico configura delito o falta. En segundo lugar y,
mayoritariamente, se adoptó una posición distinta. El criterio consiste en que el
daño físico, como competencia del Juzgado Especializado de Familia, solo
está referido cuando éste no produzca lesiones, es decir maltrato sin lesión.
A contrario sensu, cuando los hechos de violencia familiar produzcan lesiones
tipificadas como delitos o faltas, la competencia corresponde al Juez Penal o
al Juez de Paz Letrado, según sea el caso. En lo que concierne al trámite de
procesos paralelos (violencia familiar y penal), se incide que ello vulneraría el
principio ne bis in idem. CORTE
posiciones antagónicas llegaron a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia,
siendo del caso destacar dos pronunciamientos al respecto. En tal sentido, como
premisa fáctica para el primer caso, se tiene la demanda sobre violencia
familiar interpuesta por la representante del Ministerio Público, quien peticionó
el cese de actos de violencia familiar comprendido como maltrato físico. Esta demandada,
luego de un accidentado desarrollo procesal que no es del caso reseñar, fue
declarada en sede de instancia IMPROCEDENTE por la entonces Primera Sala Civil
del Cusco. La resolución de vista sostenía que la demanda versaba únicamente
sobre actos de violencia física y
que, en mérito del certificado médico legal obrante en autos, los actos
denunciados constituían faltas; por lo que la competencia correspondía al Juez
de Paz Letrado del Cercado de Cusco. Contra esta resolución de vista
se interpuso recurso de casación, por diversos fundamentos vinculados a la
causal de infracción normativa. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República, mediante Casación N° 1631-2011-Cusco, de fecha 08 de
marzo de 2012, declaró FUNDADO el recurso de casación, y en consecuencia NULO
el auto de vista recurrido. La ejecutoria suprema expone en esencia:
“(…) el proceso de cese de violencia
familiar es de naturaleza tuitiva(…)”;es por ello que, “la Ley
sobre Violencia Familiar no solo tiene por objeto el cese de los actos que
generen situaciones de maltrato físico o psicológico, también busca por todos
los medios devolver la paz y tranquilidad en el seno de la familia”. La
Corte de Casación pone igualmente de relieve:“(…)los actos que entrañan
violencia familiar no solo deben entenderse como aquellos daños físicos
inferidos a la víctima, sino también comprende cualquier acción u omisión que
cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión (…); por tanto, la
violencia familiar o «doméstica» es una materia donde están en juego
relaciones, valores y fines trascendentales del entorno familiar, que su
deterioro puede traer vastas consecuencias si es que no se presta tutela
oportuna y eficaz a efecto de mitigar el fenómeno; lo que ha sucedido en el
presente caso (…); cuestión que no puede inadvertir esta Corte de Casación y
que omite advertir la Sala Superior de origen(…)”. Y concluye con la siguiente
cita de Aída Kemelmajer de Carlucci:“La
agilidad es lo que puede convertir la justicia en un elemento positivo en el desarrollo
de tratamientos de estos grupos familiares. Sino[sic]se logra esta agilidad,
mejor que nunca se hubiera recurrido a la justicia, porque el efecto será peor”
Como premisa fáctica del segundo
caso, encontramos que el juez de primera instancia resolvió declarar
IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por el representante del Ministerio
Público, que contenía la pretensión de cese de actos de violencia familiar en
su modalidad de maltrato físico. El Superior Colegiado CONFIRMÓ dicha decisión,
al advertir que los daños configuraban lesiones y éstas debían ser tratadas
como faltas. Debe subrayarse que los demás fundamentos del Colegiado están
referidos a la postura asumida en mayoría ya apuntados líneas arriba; a los que
Frente a ello, en desacuerdo con
el auto superior, el representante del Ministerio Público interpuso recurso
extraordinario de casación. Denunció la infracción del artículo 2 del D.S. N°
006-97-Jus, T.U.O., de la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia
Familiar. Alegó que la Sala Superior realizó una interpretación errónea de la
citada norma al entender que el Juez de Familia solo tenía competencia cuando el maltrato físico no habría causado
lesión. Asimismo, el impugnante puso énfasis en que nada impedía la tramitación
de un proceso por violencia familiar conjuntamente que otro por faltas o
delito; lo que no afectaría la prohibición del ne bis in idem. Así se
desprende de la Casación N° 1562-2012-Cusco, emita en fecha 22 de junio de
2012, por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, que declara IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto.
La ejecutoria suprema expresó que
las alegaciones precedentes no podían ser atendibles por la causal de
infracción normativa, pues: “(…) los fundamentos adoptados por la Sala
Superior se condicen con lo actuado porque el Colegiado Superior se pronunció
sobre el principio del ne bis in idem (…); además, luego de verificar la norma
sobre violencia familiar determinó que el presente caso no es competencia de un
Juez de Familia (…); por tanto, en el caso materia de autos, no se aprecia la
vulneración de derecho o garantía alguna o que se hayan aplicado
incorrectamente normas de derecho material (…); del estudio de la resolución de
vista recurrida, se puede ver, que la Sala de mérito, en el presente caso
sometido a su competencia, ha motivado e invocado adecuadamente los fundamentos
fácticos y jurídicos correspondientes, garantizando la observancia del debido
proceso, la motivación y congruencia de las resoluciones judiciales”. NOTAS
escenario jurisprudencial descrito, denota ausencia de una decisión
interpretativa que apunte a la solución de la cuestión planteada. En esta
dirección, las decisiones brevemente desarrolladas no convergen entre sí, y
dejan entrever que la Corte Suprema ha dado la razón tanto a una como a otra
postura. Se ha soslayado que “la Casación no sólo debe asegurar que la norma
sea interpretada de modo justo en el caso concreto; si una determinada
interpretación es justa, es necesario que ella valga para todos los casos
reconducibles al mismo supuesto de hecho (fattispecie)” [2];“se
trata de una actividad interpretativa esencialmente dirigida hacia el futuro: en
efecto, es claro que uno de sus objetivos principales es orientar a la
jurisprudencia sucesiva, es decir, generar un precedente para la correcta
interpretación de la norma” [3].
No es ocioso decir que una adecuada aplicación del derecho objetivo
al caso concreto, conlleva un proceso intelectivo de interpretación de
un contexto semejante, llama sobremanera la atención el vacío dejado por la
Corte de Casación en cuanto al punto neurálgico, que en buena cuenta era en
torno del cual gravitaba todo el problema. Obviamente, nos referimos a
desentrañar si ante la delgada línea existente entre una infracción a la ley de
violencia familiar y la comisión de un delito o una falta, se permite o no la
procedencia de procesos paralelos [4];
en observancia del principio ne bis in idem. Dicho
esto, confiamos que la Corte Suprema establezca una posición clara sobre este
asunto jurídico. Creemos además, que debe dejarse abierta la posibilidad de
convocarse a un Pleno Jurisdiccional (artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial) dada la trascendencia del tema. Y de esta manera lograr con
suficiente fuerza jurídica el consenso deseado. En cualquier caso, debe
apostarse primordialmente por la defensa de la familia: elemento fundamental y
constitutivo del Estado.
[1] En similares
términos la Corte Suprema se pronunció en la Cas. N° 691-2000-Lima. El Peruano,
30/01/2001. Véase: Diálogo con la
Jurisprudencia N° 135, Gaceta Jurídica, Lima, diciembre, 2009, p. 185.
[2] TARUFFO, Michele. “EL VÉRTICE AMBIGUO – Ensayos sobre la
Casación civil”. Palestra. Lima. 2006. p. 231.
[3] Ibid. p. 229.
[4] Véase: SALAS
BETETA, Christian.“LA LEGISLACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR
¿Se protege a la víctima a nivel constitucional, civil, tuitivo y penal?” En
Diálogo con la Jurisprudencia N° 131, Gaceta Jurídica, Lima, agosto, p. 130.

References: artículo 36

artículo 36
 artículo 2

artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo
123
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 resolución