Source: https://es.scribd.com/doc/49921834/Amaro-Orostica-El-Estado-empresario-en-Chile
Timestamp: 2016-05-24 11:16:27+00:00

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como se verá más adelante. define al OPE como “la recta ordenación de los diferentes elementos sociales en su dimensión económica –públicos y privados. constituye un error. Ediciones Universidad Católica de Chile (2001). promoción y control de él. se ajustan a la concepción político-económica imperante en quienes detentaban el poder político y económico al momento de redactarse nuestra actual Constitución. Editorial Jurídica. que permita a todos los agentes económicos. c) Tesis situacionales: Estas tesis apuntan la noción de orden como la definición principal de OPE. en tanto. Como podemos ver. incluyendo la dirección. Santiago (1988). 58
. y que. de la manera que esta última estime valiosa para la obtención de su mejor desempeño en la satisfacción de las necesidades materiales del hombre”. normas y medidas jurídicas. es que conciben sólo una determinada forma de orden como el orden que se ajusta a su definición. José Luis. Tratado de la Constitución de 1980.que integran la comunidad. quien define al OPE como “el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución. lo cual. el disfrute de sus garantías constitucionales de naturaleza económica de forma tal de contribuir al bien común y a la plena realización de la persona humana”4. p. La conceptualización efectuada por CEA pretende ser neutral con respecto a este contenido. Arturo. […][comprendiendo] el conjunto de principios. y para el caso particular además es falsa.
CEA.b) Tesis Materiales: su principal representante es José Luis CEA. tanto como la penalidad de las trasgresiones”3. y en especial la de FERNANDOIS. 158-159 FERNANDOIS. tesis como esta apunta al contenido que el OPE supuestamente tendría. dirigido a organizar y regular ese aspecto de la convivencia humana. por cierto muy acorde a la de los redactores de la Constitución. Encontramos dentro de las tesis situacionales las definiciones de los profesores Arturo FERNANDOIS y Víctor AVILÉS. en sus diversas jerarquías y especies. pp. Así. AVILÉS. pues evidentemente CEA responde a una determinada forma de concebir la política. Tomo I. El problema de estas tesis situacionales. Derecho Constitucional Económico: Garantías económicas. el primero define al OPE como “el adecuado modo de relación de todos los diversos elementos de naturaleza económica presentes en la sociedad. por supuesto. doctrina y jurisprudencia. en la mayor medida posible y en un marco subsidiario.
La República en Chile. 7 SCHÜRMANN. como las tesis situacionales. Facultad de Derecho Universidad de Chile (2008).
. 163 6 CRISTI. destacando principalmente la Rerum Novarum de LEÓN XIII (1891). sino en un sentido dinámico. petrificando una determinada concepción económica de un determinado momento histórico de una determinada elite. Renato y RUIZ-TAGLE.d) Tesis política-contingente: Es la que propone Esteban PEREIRA. 3) Principio de subsidiariedad El Principio de Subsidiariedad encuentra su origen en una serie de encíclicas papales dentro del marco de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. pp. aduciendo una serie de argumentos tendientes a desestimar el valor axiológico de dicho concepto. entre otros. 323-340. LOM Ediciones. encaminados a servir de marco de protección y aseguramiento de las garantías de naturaleza económica de los individuos consagradas en la Constitución”5. la economía) alternativas a las propuestas del Liberalismo (excesiva centralización en el Individuo) y del Socialismo (excesivo intervencionismo estatal en diversas áreas del desenvolvimiento social). Mediante la Doctrina Social. la Iglesia buscó proponer fórmulas de ordenamiento social (entre lo que incluye. Santiago (2006). cit. Pablo. por cierto. que niegan el valor de un concepto de OPE. Esteban. encontramos autores como Pablo RUIZ-TAGLE6 y Miguel SCHÜRMANN7. reconoce este orden no en el sentido estático de aquellas. Primera Edición. La he llamado “política-contingente” porque si bien también apela a una noción de orden. quien define al OPE como “la ordenación ideológica conformada por un conjunto de principios y valores propios del grupo que detenta el poder en una comunidad y tiempo determinados. Quadragesimo Anno de PÍO XI (1933) y Mater et Magistra de JUAN XXIII (1961). N° 13. el principio de subsidiariedad surge como reflejo
PEREIRA. pues esta ordenación ideológica irá variando según vaya cambiando el grupo que detente el poder en una comunidad e) Por último. así como criticando algunas de las anteriores tesis mencionadas. op. p. En ese sentido. “Orden Público Económico: una propuesta de conceptualización” en Revista Derecho y Humanidades. y proponiendo a cambio una reconceptualización de las garantías económicas de los individuos en base a los principios constitucionales de libertad e igualdad.
que fomenta. Encíclica Papal Quadragesimo Anno.de esta alternativa. Números 39/40. en base a este principio al Estado le corresponde un rol subsidiario con respecto a las actividades que lleven a cabo los particulares. Mater et Magistra establece lo que sigue: “hay que establecer que la economía debe ser obra. En cuanto a la economía. […] es necesaria también la presencia activa del poder civil en esta materia. a juicio de Carlos MASSINI: por un lado. formulado por Pío XI en la encíclica Quadragesimo Anno”9 Así. está fundamentada en el principio de la función subsidiaria. […] Esta acción del Estado. ante todo. ha de ordenarse de modo tal de orientarse hacia el bien común de la sociedad en su integridad10. 1961. Santiago (1986). Carlos. “reconoce al Estado una injerencia excepcionalísima en la actividad de los individuos o de los denominados cuerpos intermedios. Artículo 79 JUAN XXIII . suple y completa. En ese sentido. con el propósito de promover el bien común” 8. debiendo ayudarlos y complementarlos de ser necesario. como es debido. sino más bien debería apoyarle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar con otros componentes sociales. también se afirma en la idea de que este cuerpo social. estimula. 1933. de acuerdo con el cual una estructura social más alta no debería interferir con un grupo social más bajo. 51-18
. “Acerca del fundamento del Principio de Subsidiariedad” en Revista de Derecho Público. siendo definida como “el principio de organización social. por otra parte. pp. Por ende. Ahora bien. la subsidiariedad encuentra uno de sus pilares en la dignidad de la persona humana como base de la composición del cuerpo social y. con sus distintos componentes ordenados en distinta jerarquía. Artículos 51 a 53 10 Esta idea la podemos encontrar explicada con mayor detalle en MASSINI. el fundamento de este principio tiene dos dimensiones. ordena. a fin de garantizar. más allá de la conceptualización que han hecho estas encíclicas. Encíclica Papal Mater et Magistra. ya se asocien entre sí de múltiples maneras para procurar sus intereses comunes. […] La intervención
PÍO XI . restringiendo su acción. especialmente en cuanto a la relación Estado-particulares. de la iniciativa privada de los individuos. ya actúen estos por sí solos. podemos encontrar las siguientes nociones. una producción creciente que promueva el progreso social y redunde en beneficio de todos los ciudadanos. se han forjado diversas formas de entender la subsidiariedad. Sin embargo. en su calidad de entidad orientada a lograr el bien común de la sociedad. en base a la clasificación que hace Eduardo NIÑO: a) Abstencionista.
esta postura “no radicaliza la justificación de una participación estatal. se justifica desde el Estado mismo –desde su voluntad de cooperar. o de las demás organizaciones. podemos decir que se trata de un término que hace referencia a la actividad empresarial del
NIÑO. una forma de mantener forzadamente de una manera contramayoritaria y antidemocrática sus concepciones político-económicas independiente de quienes sean los que detenten el poder en un momento histórico dado. acogen la noción abstencionista del principio de subsidiariedad..y no desde la capacidad del individuo. constituye una trampa argumentativa y. como se verá más adelante. Así. entendiendo que el principio de subsidiariedad implica necesariamente una función de ayuda entre los diversos componentes de la sociedad. p. 4) Estado Empresario Para hacer un intento de conceptualización de la noción de “Estado Empresario”. lo que. las posturas económicas neoliberales de los Chicago Boys. cual es el bien común”13 Algunos autores en nuestra doctrina proponen que el concepto de subsidiariedad se encuentra como un principio inmanente en nuestra Constitución. conforme a las necesidades sociales de cada medio específico. no la limita ni la prioriza. 30 Ídem 13 Ídem
. para ejecutarlas satisfactoriamente”12 c) Una postura ecléctica entre la abstencionista y la intervencionista. sobre todo. que pretenden reducir el ámbito de acción económica del Estado a su mínima expresión.del Estado sólo se justifica y legitima en la medida que los particulares no sean capaces de realizar las funciones que le son propias”11 b) Intervencionista. que entiende a la subsidiariedad como un mecanismo de división de competencias en la actuación de los distintos cuerpos sociales. Así. simplemente la deja entregada a las exigencias del objetivo mayor de toda sociedad. ante lo cual por supuesto que nuestro OPE no sería la excepción. y en ese sentido pretenden aplicarlo como un principio inmanente a la garantía constitucional del artículo 19 Nº21 de la Constitución. cit. Por otro lado. op. “la actuación del Estado en ámbitos de competencia propios de entes sociales inferiores.
así como se refuerzan los derechos civiles y políticos. Asimismo se refuerzan las atribuciones del Poder Ejecutivo. en el marco de
HEISSE. los grupos que detentaron el poder durante aquella época utilizaron al Estado como un medio de corregir y solucionar las distintas necesidades sociales que se planteaban en el seno de la comunidad. así como para impulsar proyectos político-económicos de desarrollo para la Nación.Estado. producto de los cambios sociales producto del sistema capitalista y sus crisis que se van asentando en el mundo entero. lo que será revisado a continuación. dando paso a un proceso de mayor democratización y participatividad política de capas de la población que eran excluidas directa o indirectamente en la Constitución de 1833. 4. En ese sentido. En ese sentido. “los cambios que recoge la Constitución de 1925 son el reflejo de una creciente democratización y una actividad estatal. la que podemos definir como una de las actividades que efectúa el Estado interviniendo la economía. a lo largo de la historia político-constitucional de nuestro país esta noción ha tenido una evolución tanto teórica como fáctica. en contraposición a la realidad fáctica que ocurría durante el anterior “régimen parlamentario” que trajo el colapso de la Carta de 1833. mediante la cual directamente o a través de sus organismos efectúa relaciones comerciales poniendo a disposición de los particulares bienes y servicios que pueden ser o no ofrecidos simultáneamente por actores económicos privados. Santiago (1974). p. En ese sentido. Editorial Andrés Bello. provocadas en gran parte por la industrialización del país”14. 116
. y considerando además las nuevas fuerzas políticas que iban apareciendo y/o fortaleciéndose producto de ese proceso de democratización. En esta Constitución.1) Estado Empresario en la historia político-constitucional anterior a la Constitución de 1980 El origen de la actividad empresarial del Estado lo podemos encontrar durante el período en el que rigió la Constitución de 1925. y enmarcada dentro del concepto del Estado Benefactor. Historia de Chile: El periodo parlamentario 1861-1925. Julio. se establecen derechos económicos y sociales inexistentes en la anterior Constitución.
asistimos durante los Gobiernos Radicales a la creación. sea fomentando la actividad privada mediante medidas como subsidios. o. para el caso que nos convoca.que la que regía a los privados. Como fuere. de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Alessandri Rodríguez y Frei Montalva continuaría.aquella forma de concebir el rol del estado con orígenes en el la doctrina económica del Keynesianismo. ENDESA. social o cultural del país”. creándole a éstos una situación de desventaja comparativa en cuanto a las condiciones de competencia en el mercado. proceso que después con los sucesivos gobiernos de Ibáñez. y producto del miedo que les generaron las acciones llevadas a cabo por el gobierno de la Unidad Popular en esta materia (así como en otras). Sin embargo. Sin embargo. Luego del Golpe de Estado de 1973. que su actividad empresarial se regía por una normativa diferente –y generalmente más favorable. lo que traía consigo. la ley podrá reservar al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales. monopolizando determinados sectores. para otros con esta forma de actuar del Estado se creaba un sector estatal de la economía. denominada “Estado de Bienestar” o “Estado Benefactor” De esta manera. Mediante este sistema. bienes de producción u otros que declare de importancia preeminente para la vida económica. se crearon empresas como la ENAP. De esta forma. en el segundo caso. IANSA. con la ley Nº 16615 se modifica el numeral 10 del artículo 10 por el siguiente: “Cuando el interés de la comunidad nacional lo exija. un organismo estatal encargado de impulsar la actividad productiva del país. en 1939. durante esta época el Estado ejercía su actividad empresarial tanto mediante las empresas que creaba con la CORFO como a través de sus servicios públicos. creando o adquiriendo empresas estatales. los miembros integrantes de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución (en
. y otras empresas de relevancia económica para nuestro país. dejando al particular en una posición en la que si bien no tenía prohibición alguna de emprender en dicho rubro no podía hacerlo en la práctica por contar con desventajas frente al Estado. mientras que para los diversos grupos que obtuvieron el poder éste era un medio para promover el desarrollo de la Nación y la solución de los diversos problemas sociales que aquejaban a las clases menos favorecida. y que alcanzaría su máxima expresión con el gobierno de Salvador Allende. cabe destacar que la Constitución de 1925 originalmente no contenía ninguna norma expresa respecto a la actividad empresarial del Estado.
Ricado. De esta forma. Muy acertadamente observaron que la ‘empresa’ es un conjunto de individuos. Editorial Jurídica de Chile. Manual de Derecho Comercial.
. distinguiéndose del concepto de ‘Empresario’. 77 17 Ídem. entre “actividad económica” y “actividad empresarial” hay una relación de género a especie. en sentido jurídico. 5ª Edición. En ese sentido. Este concepto es suficientemente amplio para comprender tanto a la gran empresa desarrollada con poderosos medios instrumentales. los comisionados evitaron la expresión actividad empresarial al formular el derecho. es entonces el ejercicio profesional de una actividad económica organizada con la finalidad de actuar en el mercado de bienes o servicios. como a la pequeña empresa poco menos que reducida a la actividad del empresario” 16. Tomo I. mientras que en el inciso siguiente se establecen las condiciones en las cuales el Estado podrá desarrollar actividades empresariales. ejercita y desarrolla en nombre propio una actividad constitutiva de empresa. para quien “[L]a empresa.. mientras que la carta pretende asegurar la actividad económica de la persona. y siguiendo a NIÑO. adquiriendo el carácter de titular de las obligaciones y de los derechos nacidos de esa actividad”17. si bien FERNANDOIS establece respecto a esto que “en la idea de fortalecer constitucionalmente el derecho de los individuos a emprender actividades comerciales. Santiago (1999). En ese sentido. así como proteger el derecho de los particulares a desarrollar actividades económicas.adelante “CENC”) decidieron implantar una nueva regulación constitucional a la actividad empresarial del Estado. tenemos también la opinión de Ricardo SANDOVAL.2) Estado Empresario en la Constitución de 1980. tanto actuando en forma unipersonal o asociada”15. 67 SANDOVAL. y el ámbito de protección de
FERNANDOIS. por sí o por medio de delegados. el artículo 19 Nº21 establece en su primer inciso el derecho de los particulares a desarrollar cualquier actividad económica. p. 4. op. quien es “una persona física o jurídica que. p. cit. Tal como se vio al inicio de este trabajo. cabe hacer notar la distinción entre las actividades “económicas” y las “empresariales”.
139. a contar
NAVARRO. Universidad de Talca (2007). 23/10/1995. tal como enuncia Enrique NAVARRO.la norma respecto a los particulares resulta ser entonces bastante amplio. N°2. Asimismo. esto es. los tribunales tendieron a restringir la órbita de aplicación de esta acción exclusivamente al inciso 2º del art. actividades empresariales. Rol 120-92. distó de ser pacífico en la jurisprudencia-.3) Recurso de Amparo Económico. “El Recurso de Amparo Económico y su práctica jurisprudencial” en Estudios Constitucionales. la ley Nº 18971 de 1990 establece el Recurso de Amparo Económico. sino que estudiaremos brevemente algunas consideraciones en cuanto a la línea jurisprudencial que han seguido los tribunales En ese sentido. como se verá a continuación. Enrique. 104 19 Compañía Minera Santa Laura con Municipalidad de San Bernardo. No será motivo de este trabajo analizar los aspectos formales de este recurso. “durante los primeros cinco años de aplicación. 20 Las cursivas son mías. Corte de Apelaciones de Santiago. p.
. Su relación con el Estado Empresario. sin contar con una autorización legal especial. 4. diciendo su artículo único en su inciso primero que “Cualquier persona podrá denunciar las infracciones al artículo 19 número 21 de la Constitución Política de la República de Chile”. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. en Gaceta Jurídica Nº 186 (1995). se establecen los mecanismos por los cuales el Estado y sus organismos puede ejercer actividad empresarial: sólo con autorización de ley de quórum calificado. y también por ley de quórum calificado. salvo excepciones legales justificadas. Como ejemplo de lo anterior. a las limitaciones impuestas al Estado empresario” 18. relegando las potestades del Estado sólo a actividades “empresariales” en materia de actividades económicas en general. y sometida a legislación común aplicable a particulares. 19 Nº21. o participando en éstas”20. Sin embargo. Sin perjuicio de que ambos incisos del artículo 19 Nº21 de la Constitución se encuentran amparados por el Recurso de Protección en virtud del artículo 20 –tema que. y en su inciso segundo “El actor no necesitará tener interés actual en los hechos denunciados”. p. un fallo acerca de un recurso de amparo económico19 enuncia que “El recurso de amparo especial establecido en el artículo único de la ley 18971 ha sido establecido para resguardar el orden público económico cuando el Estado y sus organismos entran a desarrollar.
Tal como se consigna en algunos fallos23. op. lo que resulta relevante a la hora de responder frente a determinadas visiones del rol del Estado. Asociación Nacional de Prensa contra Metro SA.de 1995 comienza a imponerse en la Corte Suprema la tesis de que esta acción “comprende también la protección del primer inciso [del art. y específicamente. y Estado Empresario. 19 Nº21]”21. mi crítica irá apuntada hacia quienes han señalado que el Principio de Subsidiariedad sería un principio inmanente en la Constitución. en Gaceta Jurídica Nº225 (1999). 5) Críticas a la noción prevaleciente del Estado Empresario. realizando otras para las que no tienen competencia. p. y que con respecto al OPE
NAVARRO. se asegura el derecho a desarrollar cualquier actividad económica dentro del plano empresarial”22. en Gaceta Jurídica Nº 138 (1991). Corte Suprema. confirmado por la Corte Suprema el 16/12/1998. Rol 3496-03 23 Asociación Gremial de Impresores contra Ejército de Chile. 17/03/1999. Chilexpress y Lan Chile contra Correos de Chile. como se verá a continuación. De esa forma. cit. en Gaceta Jurídica Nº235. 31/01/2000. esto es. 19 nº21 inciso segundo. Asociación Gremial de Impresores contra Correos de Chile. Corte de Apelaciones de Santiago. Corte Suprema. Corte Suprema. debido a que “lo que persigue la norma en cuestión es asegurar que la actividad empresarial que puedan llevar a cabo los particulares se desarrolle con libertad. 5/12/1991. respecto del Estado Empresario los conflictos jurídicos que originan las acciones para el amparo económico se basan en una trasgresión del art. Una vez hecho este recorrido por los conceptos de Orden Público Económico. se hace necesario hacer un análisis crítico de algunas posiciones que se han suscitado en la doctrina con respecto a la relación que existe entre estos tres conceptos dentro de nuestro ordenamiento jurídico.. en tanto cumpla con los requisitos formales que la Constitución y su respectiva ley le imponen. OPE y principio de Subsidiariedad. 105 Corte Suprema 18/01/2005. en Gaceta Jurídica Nº 222 (1998).
. exenta de trabas indebidas. con ello podemos deducir que para la jurisprudencia no existe problemas en que el Estado o sus organismos lleven a cabo una actividad empresarial. Principio de Subsidiariedad. en el sentido de que los órganos del Estado sobrepasan sus competencias legales en cuanto a la actividad económica que pueden realizar. 20/11/1998. y afectando en consecuencia ilegítimamente la iniciativa económica de los privados.
. De esta forma. estén o no formalmente aludidos o desarrollados por la normatividad positiva”26. todo lo cual se encontraría contenido en la norma del artículo 19 nº21.. i) Respecto a este punto. op. op cit. cit. CEA sostiene que “una sociedad libre y justa se sitúa necesariamente a distancia del colectivismo y del liberalismo. establece a continuación que este principio de subsidiariedad sería un principio inmanente establecido por la comunidad. Para enfocar mi crítica las haré desde los siguientes puntos de vista: i) descartaré la “inmanencia” del principio de subsidiariedad en la Constitución. Sin embargo. 163 26 Ibíd. si bien fue un término muy debatido. por una parte. ii) descartaré el principio de subsidiariedad como parte del OPE.. por otra. en este caso. por lo que “el concepto material de la Constitución descansa en la admisión de tales principios inmanentes y obligatorios. “el Estado y sus organismos sólo podrían realizar una determinada actividad empresarial cuando la misma no está siendo desarrollada por el sector privado o no ha habido manifestación seria de un interés en ello”24. p. sino que simplemente como argumento de texto estas doctrinas se amparan en lo contenido en el inciso 3° del art. En ese sentido. en ninguna parte de la Constitución se menciona el término “subsidiariedad” o alguno morfológica o semánticamente derivado. y iii) descartaré la supuesta relación entre este principio y el artículo 19 nº21. como primer argumento. del estudio de las Actas de la CENC se puede deducir que el concepto de la subsidiariedad.y al Estado Empresario.. siendo que no es así. las normas constitucionales. al reconocer y aplicar como criterio axial la subsidiariedad”25. la noción de subsidiariedad que prima es la abstencionista. Es importante consignar esto. 83 CEA. ante estas y otras opiniones que defienden la misma postura. pues si bien no necesariamente se desprende que por no mencionarse una palabra no exista dicho principio. por lo que sería fuente de derecho positivo y por ende justificación de las normas. p. 1° que establece que “El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines”. no era necesariamente compartido en los mismos términos por todos los comisionados. p. nunca fue claramente conceptualizado (a pesar de algunos intentos
p. como subyacente a la disposición expresa del texto constitucional. concepciones políticas. por poner demasiado énfasis en el tratamiento de una materia. cit. con la Educación y la Salud)27. Alejandro SILVA BASCUÑÁN afirmó que “[se] teme que. si nosotros entendemos (y esperamos) que en la Constitución de 1980 convergen (o debieran converger) diversas formas de pensamiento. 38ª de 7 de mayo de 1974. op. no se consideraba aplicable para todos los ámbitos constitucionales en materia de Derechos Fundamentales (como ocurrió. el resultado sea el que eleve a una categoría jurídica. p. sin duda. pero en ningún caso se puede aceptar el intento de estos autores de ver una consagración expresa de un principio.por parte de Jaime GUZMÁN de aplicarlo para todo). 40ª de 14 de mayo de 1974. se corre el riesgo que el Poder que maneje esos valores ponga dificultades y obstáculos a una renovación que es posible que sea perfectamente constructiva”28 De esta forma. mas no que sea correcta En ese sentido. en principio inmutable. y por último. Así. debe dársele la posibilidad de tener una proporción de creatividad y modificación necesaria para su desenvolvimiento. Por supuesto que dentro de la acción comunicativa que podamos entablar entre nosotros como miembros de la comunidad política podemos aceptar esta interpretación particular de la Constitución como una interpretación más de la misma. valores intangibles que.. hago mías las palabras de SCHÜRMANN cuando afirma que “se debe aceptar como interpretación posible de la disposición constitucional el principio de subsidiariedad. por cierto. 45ª de 13 de junio de 1974. Si bien el texto expreso y las normas de la Constitución dan. lugar a muchas críticas. sin ir más lejos. del 11 de marzo de 1976. 39ª de 9 de mayo de 1974. han sido creadas dentro de la libertad y de las posibilidades de ser cambiados. cuando no existe tal”29. y 188ª de 11 de marzo de 1976. si se transforman estos valores y se les da una categoría definitiva y canonizada.. y por lo tanto.que los mismos que pertenecen al sector político que detentó antidemocráticamente el poder y redactó nuestra actual carta magna postulen que el principio de subsidiariedad es un principio inmanente de nuestra Constitución. resulta a lo menos curioso –y bastante sospechoso. ver Actas oficiales de la Comisión Constituyente de las sesiones 37ª de 2 de mayo de 1974. 223
. en cierta manera. y las condiciones en las que fue redactada provocan serias dudas respecto
Al respecto. 28 Actas oficiales de la Comisión Constituyente sesión N° 188. A un Estado que concibe el bien común como algo dinámico. 26 29 SCHÜRMANN. más o menos definitiva. entre otras. etc. Entonces.
con el fin de hacerlo más afín a las concepciones políticas contingentes de nuestra sociedad. especialmente en su versión abstencionista. para este autor. p. al menos durante la década comprendida entre 1980 y 1990 el contenido del OPE sí sería el contenido neoliberal que veladamente le otorgan CEA y FERNANDOIS. por otro lado. “En la mutación constitucional. Barcelona (1982). Por lo tanto. En ese sentido. dando pie a lo que en términos de LÖEWENSTEIN se denomina mutación constitucional30. respecto a la relación entre el principio de subsidiariedad y el OPE. en el sentido de que podríamos considerar que efectivamente. y en ese sentido.
.a su legitimidad. sin perder la esperanza de poder reformularlo o renovarlo en algún momento en cuanto al texto constitucional mismo. al menos sus preceptos pueden ser continuamente reinterpretados por la comunidad política mediante un debate racional. la propuesta de OPE esgrimida por PEREIRA resulta aceptable desde un punto de vista democrático siempre y cuando las relaciones de poder que se den entre aquellos que lo detentan y el resto de la sociedad civil se produzca por medio de condiciones que permitan la democracia deliberativa dentro de la comunidad política. es decir. fruto de un consenso. con lo cual podemos darle otro enfoque al orden constitucional que nos rige como comunidad. en tanto cambien los sujetos que se encuentren detentando el poder. de modo tal que quienes alcancen el poder lo
Así. el contenido del OPE debiera cambiar en función de las concepciones políticoeconómicas de estos grupos que detentan el poder. se produce una transformación en la realidad de la configuración del poder político. la propuesta de PEREIRA para el OPE (si es que asumimos que éste en verdad existe) resulta reflejar de mejor forma lo que ocurre en la realidad del ejercicio del poder político. además de que para la tesis de CEA la incorporación de esta concepción al OPE sería fruto de los “valores de la sociedad nacional”. de laa estructura social o del equilibrio de intereses sin que quede actualizada dicha transformación en el texto constitucional: el texto de la constitución permanece intacto” en LÖEWENSTEIN . Karl. afirmar esto es reconocer que tanto el contenido como el orden del OPE pertenecen a una concepción neoliberal de la economía. Teoría de la Constitución. ii) En ese sentido. tanto la tesis material de CEA como las situacionales (especialmente la de FERNANDOIS) darían pie para pensar que evidentemente el OPE tendría incorporado en sí el principio de subsidiariedad. En términos prácticos. libre y democrático. consenso que como se ha dicho resulta muy dudoso de concebir bajo las condiciones en que se dictó la Constitución. 165. Editorial Ariel.
estaríamos reconociendo que esta norma permitiría la actividad empresarial del Estado sólo en las áreas y sectores económicos en los que los particulares no puedan o no quieran desenvolverse. bajo esta concepción del OPE se le permite una mayor dinámica. realismo y. relacionándose en consecuencia con el artículo 19 nº22. Pablo. tal como lo plantea RUIZ-TAGLE31. así como una mayor facilidad para poder crear nuevas herramientas por parte de los diversos agentes económicos para buscar llevar a cabo el contenido del OPE y de esta manera. b) Como
Estas ideas se encuentran desarrolladas con mayor detalle en RUIZ-TAGLE . en Revista de Derecho Público N°62. manifestándose. nacionales y extranjeras. en tres dimensiones: a) Como una igualdad entre todas las personas (naturales y jurídicas. iii) Para descartar la relación entre el artículo 19 Nº21 y el principio de subsidiariedad. sino simplemente establece condiciones procedimentales y las bases regulatorias para que el Estado pueda llevar a cabo su actividad empresarial. como ya vimos. sobre todo. legitimidad democrática al contenido políticoeconómico del mismo. y siempre respetando los derechos de las minorías. De esta forma. Sin embargo esto no es suficiente. por una parte valgan los argumentos anteriormente esbozados. contribuir junto a los demás derechos y garantías de las personas a lograr que éstas logren su plena realización en la vida en sociedad. como se dijo anteriormente. En ese sentido. públicas y privadas) a desarrollar una actividad económica. por una parte. Facultad de Derecho Universidad de Chile (2000)
. ha sido acogido por la jurisprudencia relativa al recurso de amparo económico.alcancen obteniendo la legitimidad democrática para ejercerlo. En ese sentido. con las limitaciones que en el mismo artículo se establecen. si acogiéramos la tesis del principio de subsidiariedad. proteger de mejor forma los derechos económicos de toda la ciudadanía. si hay un principio constitucional que sí se manifiesta en esta norma es el de la igualdad. “Principios Constitucionales del Estado Empresario”. criterio que. Del sólo análisis literal del artículo podemos deducir lo errada de esta postura: esta norma no establece un mandato de hacer para el Estado en los términos subsidiarios con los que se le quiere hacer ver (y su correspondiente mandato de no hacer en caso de que los privados se encuentren llevando a cabo dicha actividad económica). pues de que el principio de subsidiariedad no sea un principio inmanente tanto en la Constitución como del OPE no se sigue necesariamente que no lo pueda ser de la norma contenida en este artículo. y por otra.
Por otro lado. y c) Tanto los particulares como el Estado y sus organismos quedan sometidos al mandato constitucional que impide la arbitrariedad de unos y otros. Se mencionó al Parlamento como un lugar de producción del consenso democrático debido a que idealmente así debiera ser en una democracia representativa. Ese tema no es motivo de análisis de este trabajo (si bien estimo que existen serios problemas políticos en el sistema de representación parlamentaria que nos rige actualmente). En ese sentido. y en esto concuerda con SCHÜRMANN. considerando la existencia del sistema binominal. no permite que las sentencias se encuentren realmente bien fundamentadas. antiguamente. utilizando los argumentos de quienes niegan la existencia de un OPE también es posible negar la inmanencia del principio de subsidiaridad en este artículo. lo mejor desde un punto de vista de la fundamentación racional de las sentencias es que éstas basaran sus razonamientos en los principios constitucionales de libertad e igualdad. Finalmente. que es la base de la libre competencia (por cierto. respecto a este punto tenemos todo un sistema jurídico en base al DL 211 y a la jurisprudencia emanada de. y hoy en día el Tribunal de la Libre Competencia). implique que un determinado grupo político con determinadas concepciones políticas pretenda amarrar en la Constitución sus ideas. aún perdiendo el poder político y la representatividad ciudadana. Así.
. pero sin duda que es un tema que en la práctica ha de tenerse presente. las Honorables Comisiones Preventivas y Resolutivas. De esta manera se logra proteger tanto la actividad económica de los particulares como permitir y asegurar que la actividad empresarial que llevará a cabo el Estado se desarrolle de una forma no arbitraria y producto del consenso democrático de la sociedad. que en este caso se entiende expresado en el Parlamento32. respecto a la jurisprudencia referente al recurso de amparo económico. siguiendo en esto a SCHÜRMANN. no podemos concebir la actividad empresarial del Estado bajo principios tales que. ampliamente tratados en la doctrina y jurisprudencia constitucional tanto nacional como comparada. siempre que cumplan con los requisitos de la ley de quórum calificado y someterse a legislación común. y especialmente en este último principio
Ante esto se podrá objetar la real representatividad del Congreso.una igualdad entre las instituciones y organismos del Estado para que desarrollen o participen en actividades empresariales. lo que puede constituir una afectación a la garantía de un juicio racional. debido a que este concepto es tan indeterminado que. RUIZ-TAGLE propone que este concepto no sea utilizado por la jurisprudencia para fundamentar sus fallos. apelando a una supuesta inmanencia de los mismos.
por lo que es un error que sea invocado por la jurisprudencia como un argumento a los fallos. como pudimos apreciar anteriormente. sin perjuicio de que perfectamente se puede considerar una interpretación más del sistema constitucional. y todas estas definiciones responden a las respectivas visiones políticas que detentan sus respectivos autores. En ese sentido. 19 Nº21. qué hay entonces? i) Creo necesario hacer aquí una distinción entre la idea de la existencia de un OPE como elemento normativo en la Constitución. y una idea política que se puede denominar “OPE”. lo que evidentemente atenta contra la función judicial que se espera de dichos órganos.
. el OPE no es un concepto normativo de nuestro ordenamiento constitucional.pues. así como la serie de prácticas político-económicas llevada a cabo tanto por los distintos entes públicos destinados a ello como por los particulares que llevan a cabo sus actividades económicas.como fundamento). en el OPE y en el art. Por lo tanto. no puede decirse que sea un concepto inmanente en nuestra Constitución que venga a configurar una determinada forma de entender el ordenamiento jurídico respecto a la economía. 6) ¿Qué es entonces lo que hay en la Constitución? Ya que hemos descartado la existencia inmanente del principio de subsidiariedad en la Constitución. De esto puede colegirse entonces que el OPE es una noción eminentemente política que. como ya se vio. múltiples definiciones se le ha dado a este concepto. responde de mucha mejor forma al verdadero contenido normativoconstitucional que encierra el artículo 19 n°21 en sus dos incisos. en vez de apelar a un principio como el OPE del que no existe aún claridad ni acuerdo en la doctrina sobre si realmente existe y cuál es su contenido. cuál sería su contenido (de tenerlo)? o ¿si no lo hay. pues al no ser un elemento normativo sino político el tribunal actúa como activista a la hora de ejercer su actividad jurisdiccional (pues asume una postura política al acoger la noción de OPE –sea cual sea. si bien tiene pretensiones de validez universal por parte de quienes plantean su existencia en los términos en los que lo conceptualizan. cabe hacerse las siguientes preguntas: i) ¿Existe realmente un OPE? y ii) ¿Si es que hay uno.
pues “las alternativas económicas fundamentales que se adopten en un momento determinado en un país. por medio de la constante reinterpretación y debate político por las instancias correspondientes la forma de entender el texto puede ir mutando con el tiempo. junto a los numerales 22. a los atributos o facultades esenciales y a ciertos objetos especiales” 33. mas. como de economía libre o más dirigida. pertenecen al bloque constitucional de los Derechos Fundamentales. que se consolida con la descripción de los caracteres fundamentales que se reconocen al dominio y la protección que se le brinda.ii) Si ya descartamos la existencia del OPE como elemento normativo de nuestro ordenamiento jurídico. como se ha dicho. 23 y 24 del mismo artículo. En ese sentido. Como consigna PEÑAILILLO. a su protección. las actividades económicas versan evidentemente sobre la transacción de bienes contenidos en el patrimonio de las personas. lo que por supuesto en cuanto a su redacción responde a las ideas políticas de quienes redactaron la Constitución. y en el caso de estos numerales en específico. p. De esta forma. 45 34 Íbid. Ahora bien. Editorial Jurídica de Chile. si bien la Constitución no definió la propiedad (remitiéndose entonces a la definición del artículo 582 CC). De esta forma. y se respalda (junto a otros) en el Nº26”34. el artículo 19 nº21 en su inciso primero viene a asegurar una garantía a las personas de que podrán desarrollar cualquier actividad económica. la Propiedad y otros derechos reales. la actual Constitución se caracteriza por la hiperregulación de este derecho dentro del catálogo de garantías fundamentales en relación a los demás derechos.
PEÑAILILLO. Cuarta Edición (2006). En ese sentido. 19 Nº21? Este numeral del artículo 19. “[l]as reglas constitucionales se refieren al campo de aplicación. p. entonces: ¿a qué responde el contenido del art. podemos establecer a grandes rasgos que el ámbito de aplicación de la propiedad que se establece en la Constitución resulta ser más amplio que el que se encuentra consignado en el art. a su función social. 19 Nºs 21 a 25. el artículo 19 nº21 junto a los otros ya mencionados “sientan las bases del régimen económico. a lo relativo al Derecho de Propiedad –enmarcado dentro de los derechos económicos y sociales. 582 y siguientes del Código Civil. en el art. Daniel. 46
. Los Bienes.
tanto las tesis materialistas (indirectamente) como las funcionales (directamente) sostienen que el contenido de este concepto se encuentra sustentado por el principio de subsidiariedad. así como otras normas de derecho privado relativa a los derechos reales y personales. mas no puede ser invocada como argumento a nivel normativo. 7) Conclusiones i) El artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República establece el derecho de los particulares a desarrollar cualquier actividad económica. sino también las normas contenidas tanto en el Código Civil. Y en cuanto a su inciso segundo. Sí existe un conjunto de normas tanto en derecho público como en derecho privado que regula las relaciones tanto de los individuos como del Estado en materia económica. está contenida una norma procedimental respecto a las condiciones en las que el Estado puede llevar a cabo actividad empresarial. y últimamente ha sido utilizado en su versión abstencionista por los defensores del
. ii) Respecto al OPE. como se ha repetido varias veces en este trabajo. un concepto eminentemente político. Asumiendo lo anteriormente dicho. el Código de Comercio. ni menos que las normas constitucionales se encuentren contenido en él. La forma y oportunidad de aplicación de las mismas evidentemente responderá a la concepción político-económica de quienes en esos momentos detenten el poder. lo que no obsta a que el OPE sea. así como las condiciones mediante los cuales el Estado puede llevar a cabo actividades empresariales.son las que a su vez gradúan la apropiabilidad de bienes” 35. el que sería un principio inmanente en la Constitución. La subsidiariedad como concepto tiene un origen doctrinal “pontificio”. p. por lo que entran a regir dentro de este ordenamiento económico no sólo las leyes denominadas “económicas” propiamente tal. junto a tantos otros. y en ese sentido la conceptualización de OPE postulada por PEREIRA da cuenta de lo que ocurre realmente en la praxis política de una comunidad determinada. queda claro entonces que en ningún caso podemos asumir que exista en un plano normativo el OPE.
y por ende susceptible de ser utilizado como fundamento en los fallos de la jurisprudencia constitucional. vi) Tras el análisis efectuado. cobró gran relevancia en nuestro ordenamiento político y constitucional durante el período de vigencia de la Constitución de 1925. Por otra parte. la garantía contenida en el artículo 19 n° 21 de la Constitución se encuentra protegida por el Recurso de Amparo Económico. pues es un concepto eminentemente político. la jurisprudencia ha tenido dos líneas históricos argumentativas en cuanto al ámbito de protección del recurso: antes de 1995 consideraba que este recurso sólo valía contra las actividades del Estado Empresario. 19 Nº21 simplemente pertenece a todo un sistema normativo que dice relación con el Derecho de Propiedad. es decir. la jurisprudencia ha sido clara en considerar razones de forma. el art. viii) Por último. BIBLIOGRAFÍA. por lo que en la nueva carta magna buscarían poner un coto de acción a la actividad empresarial del Estado. Al respecto. Así. dentro del marco político-social del Estado Benefactor..neoliberalismo como una justificación a la relación que debe existir entre el Estado y la sociedad civil iv) La noción y práctica política del Estado Empresario. explicándose este artículo de mejor forma en base a los principios de libertad e igualdad constitucionales. mientras que a contar de ese año su línea cambió y pasó a abarcar también la garantía del derecho a la libre iniciativa económica. 19 Nº21. Durante esta época el Estado hizo bastante uso de su actividad empresarial. podemos descartar tanto que la noción de que el principio de subsidiariedad es un principio inmanente en la Constitución. como que se encuentra contenido en el OPE nacional y que es la base para entender el art. podemos descartar que el OPE sea un concepto normativo del ordenamiento constitucional. y que se encuentra conformado tanto por normas de derecho público como de derecho privado. incumplimiento de las normas constitucionales o legales de la respectiva empresa estatal. Respecto al Estado Empresario.
. lo cual fue considerado pernicioso para la búsqueda del bien común por quienes redactaron la Constitución de 1980 y los sectores políticos a los cuales representaban.
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