Source: http://parcan.es/pub/ds.py/2017/62/14/
Timestamp: 2017-05-29 18:59:10+00:00

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Diario de Sesiones 62/2017, de fecha 8/2/2017 - Punto 14
9L/PNL-0350 Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre adjudicación de licencias de radio.
La señora PRESIDENTA: Vamos a la última iniciativa en la sesión de hoy, la PNL 350, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la adjudicación de licencias de radio.
Para su defensa, la señora González (Prosiguen los rumores en la sala).
Señorías, por favor, si son tan amables, para sustanciar el orden del día que nos queda.
Bueno, pues, llegamos a otro tema monográfico, como bien dijo el señor Paco Déniz, el procedimiento en la adjudicación de las licencias de radio.
El pasado 29 de julio del 2010, el Gobierno de Canarias, en el ejercicio de sus competencias, convocó el concurso público para la explotación de frecuencias comerciales analógicas en FM mediante la concesión administrativa de quince años, respondiendo a la demanda de las radios comerciales canarias. A principios de ese año, el Gobierno del Estado había aprobado la Ley General de Comunicación Audiovisual, lo que hizo temer al sector canario que el Gobierno autonómico y la Agencia Estatal de Telecomunicación procedieran al cierre de las numerosas emisoras que había proliferado en el archipiélago sin necesidad de una concesión administrativa.
El concurso respondía a la demanda del sector canario, si bien se vio empañado por numerosas irregularidades que han dado lugar a la interposición de numerosos recursos administrativos y judiciales, fruto de la falta de ecuanimidad en el examen y la valoración de las candidaturas de los licitados, que debió hacerse sin dejar lugar a la arbitrariedad y el error, lo que ha provocado que el proceso, inmerso en la vía judicial, haya acabado con la anulación del concurso.
Haciendo un repaso de las anomalías, se encuentran el incumplimiento de la Ley Audiovisual, incentivando la candidatura de proyectos totalmente nuevos en perjuicio de las emisoras que ya venían funcionando. El adiós a emisoras locales en beneficios de radios en cadena. Uno de los criterios de las bases premiaba los programas informativos, deportivos o culturales de un área geográfica que marcaba la adjudicación zonal; sin embargo, emisoras históricas de Canarias que cumplían ya con esa labor informativa local, con esos estudios ya instalados y en funcionamiento en esos municipios fueron excluidas del reparto. Trato desigual a licitadores a la hora de subsanar defectos, el imposible cumplimiento del plan de obra, instalaciones y de los plazos para la puesta en marcha de las emisoras, la concesión de licencias a una empresa que nunca se presentó, cambios de criterios no previstos en las bases después de la apertura de los proyectos y examen de los mismos por parte de la mesa de valoración, cuotas de audiencia inalcanzables, etcétera, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, se debe disponer del número suficiente de efectivos para las tareas de valoración de las propuestas. Es humanamente imposible que solo cinco personas puedan baremar concienzudamente 642 propuestas de noventa licitantes en un tiempo limitado. Es imprescindible que todos los aspirantes tengan opción de subsanar los posibles defectos de forma y no como ocurrió el 31 de enero del 2011, cuando el presidente de la mesa, debido a la rapidez y a la arbitrariedad del proceso, no pudo realizar una comprobación exhaustiva de la documentación presentada.
Por todo esto y por mucho más, el procedimiento ha desencadenado una cascada de demandas, de denuncias y recursos. Diversas entidades informativas que no obtuvieron licencias o que se vieron perjudicadas iniciaron un descenso periplo en los juzgados con el objeto de defender los derechos que se consideraban vulnerados y poner de manifiesto elementos extraños en el procedimiento administrativo de adjudicación.
Pero las consecuencias del concurso de adjudicación de frecuencias no han quedado ahí. En lugar de realizar una inspección del grado de cumplimiento de las bases de las empresas adjudicatarias, se ha perseguido a aquellas que han quedado fuera de las adjudicaciones, buscando la sanción y el cierre de las mismas. Es injusto porque se ha llevado sin criterio, no se ha inspeccionado a todas y cada una de las decenas o cientos de emisoras que prosiguen su actividad en el limbo legal o aquellas que han tenido alguna denuncia por cuestiones como invadir el espacio radiofónico adjudicado. En absoluto. El elemento común de las radios sancionadas, que las distingue del resto de emisoras en sus mismas circunstancias, es un espíritu crítico y su labor de difusión de ideas variadas.
Por ello, el hecho significativo de la presente proposición no de ley en este concurso, como he dicho, es la raíz de un sinsentido que ha llevado a la quiebra a pequeñas emisoras de carácter sociocultural de contenidos locales. Casi todas estas emisoras son más bien muy conocidas por sus contenidos locales, muy cercanos a la ciudadanía, a sus radioyentes, como Onda Herreña, Radio Murión, en La Palma, y Radio San Borondón del Centro de la Cultura Popular Canaria, de larga y conocida trayectoria de la defensa de la cultura canaria.
Actualmente, las emisoras afectadas se encuentran en un procedimiento ejecutivo de la sanción impuesta por la Consejería de Hacienda, con origen en la Viceconsejería de Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias de la pasada legislatura, para el cobro de una sanción de 101 000 euros más los intereses.
La Administración autonómica ha de estimar la importancia de la radio local como elemento cohesionador de libertad y pluralismo, que fomente el empleo y contribuya al sustento de la economía, considerando que la ley debe ser igual para toda la ciudadanía, considerando que el procedimiento de adjudicación y la mesa de valoración está lleno de sombras y teniendo en cuenta el importante papel social que desempeñan las pequeñas emisoras locales en territorios insulares, fragmentados y pequeños como el nuestro, etcétera. Es por eso que el Grupo Parlamentario Socialista ha traído a debate esta proposición no de ley.
Hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Popular de un texto transado y esperemos llegar a muchos más acuerdos y puntos de entendimiento como este. Por tanto, la proposición no de ley ha quedado de la siguiente manera:
Un punto uno donde solicitamos la apertura de un procedimiento de licitación de licencias de emisión para la prestación de servicios de comunicación audiovisual comunitarios y sin ánimo de lucro que cumplan una importante labor social y cultural.
Y un punto número dos, donde pedimos la suspensión de cualquier expediente sancionador y de la ejecución de cualquier sanción impuesta por infracción administrativa en materia de servicios de comunicación audiovisual que afecte a las emisoras dimanantes del concurso anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, así como aquellas que, no estando en la situación anterior, se encuentren sometidas a expedientes de sanción, particularmente Radio Onda Herreña, San Borondón y Radio Murión.
Adelanto al Grupo Podemos que la enmienda que ha presentado al punto número dos ha sido ya incluida en el texto que hemos transado. Y con respecto a las enmiendas del Grupo Nacionalista, adelantamos que no las vamos a aceptar y que ya he tenido oportunidad de explicarles en privado.
Sin más, espero el voto favorable de la Cámara.
Dos grupos enmendantes a esta PNL. En primer lugar, por orden de registro, el Grupo Nacionalista Canario. Señora Beato.
Naturalmente, naturalmente que el Grupo Nacionalista Canario respeta el derecho fundamental de la comunicación, y defendemos la pluralidad informativa, pero siempre desde la defensa del interés general y el respeto a la legalidad. Y tengo que decirlo con rotundidad: no secundaremos nada que sea contrario al interés general o que vulnere la legalidad.
Pide la apertura de un nuevo procedimiento de adjudicación de licencias, ignorando que hay un concurso abierto y unas sentencias que cumplir. Ayer explicaba el consejero que las sentencias del TSJ ordenan retrotraer las actuaciones y realizar una nueva valoración. No contribuiremos a instar al Gobierno a incurrir en desobediencia para que abra un nuevo concurso cuando lo que debe hacer es ejecutar las sentencias en sus propios términos.
Además, solicita una regulación diferenciada para radios sin fines comerciales. Eso, hoy por hoy, es inviable. Aunque el Gobierno de Canarias quisiera, necesita que el Estado planifique la disponibilidad del espectro para los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro. Sin esa habilitación su petición tiene poco recorrido.
Nuestra voluntad es favorecer a las entidades sin ánimo de lucro, y un ejemplo claro es que compartimos la preocupación por el caso que ayer se citaba de Radio ECCA. Si de verdad quiere, queremos, impulsar un concurso para las entidades sin ánimo de lucro, ¿no es más razonable que sumemos nuestras fuerzas en este Parlamento reclamando al Estado que habilite el servicio público radioeléctrico necesario para la prestación de esos servicios, tal como nosotros proponemos en nuestra enmienda? Yo creo que sí.
En un segundo punto, plantea la revisión de actuaciones llevadas a cabo contra las emisoras dimanantes del concurso, dejando sin efecto las que afectan a las tres radios que usted menciona. Y aquí hay una imprecisión. Mire, señoría, si estudia el decreto que resuelve el concurso, comprobará que dos de ellas no participaron en él, una ni siquiera se presentó y la otra lo hizo fuera de plazo -lógicamente quedó excluida-, la tercera participó y no resultó adjudicataria. Los procedimientos sancionadores por infracción administrativa en materia audiovisual, aunque nos pesen, en dos de los casos fueron confirmados por sentencia. Y la otra radio ni siquiera la recurrió. Es verdad que son sanciones elevadas, pero no ignoremos que la tipificación de las infracciones y la cuantía de las sanciones las determina una ley estatal básica. Y, como adelantaba ayer nuestro portavoz, mi grupo parlamentario estudiará la capacidad de la comunidad autónoma de modular esas sanciones para hacerlas más proporcionadas.
Agradecemos la predisposición al diálogo de todos los grupos y lamentamos que no hayamos podido llegar a un acuerdo.
Miren, cuando asumimos la condición de diputados juramos o prometemos acatar la Constitución, y esta Constitución en su artículo 118 declara el obligado cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones firmes de jueces y tribunales. También nos vincula la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto el artículo 17, que ordena respetar y cumplir las sentencias y demás resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza.
Esto es lo que marca hoy nuestra posición; por eso les pido que consideren estos preceptos y estos mandatos constitucionales. Este Parlamento tiene la obligación de adoptar acuerdos ajustados a derecho y a defender el interés general por encima de cualquier interés particular.
El Grupo Podemos también ha presentado enmiendas. Señor Déniz.
Pues nuevamente aquí.
Señora Beato, Socorro Beato, nosotros entendemos que, dadas las circunstancias que aquí se estuvieron analizando ayer y hoy, esto no es solamente un problema de legalidad. La proposición no de ley que hoy presenta el Partido Socialista apela, insta a este Gobierno, ¿no?, dada la sensibilidad que todos hemos manifestado con las injusticias y con la chapucería del concurso, que parece que todos los asumimos, a tener sensibilidad y voluntad política de intentar solucionar las cosas. Entonces, yo creo que independientemente y aunque el Estado pueda habilitarnos para reconducir algunas cuestiones, hay elementos como las sanciones que dependen del Gobierno de Canarias.
Entonces, nosotros entendemos, y así planteamos la enmienda, que el Grupo Socialista nos la acepta, que el Gobierno canario tiene capacidad para dejar en suspenso la aplicación de la ejecución de la sentencia..., perdón, la ejecución de las sanciones.
Efectivamente, Onda Herreña no participó en ese concurso, por determinados motivos, pero está sancionada por lo mismo que las demás que sí participaron, es decir, por emitir sin tener licencia. Yo dije ayer que o todas son legales o todas son ilegales, porque el concurso está, en cuanto a la concesión de licencias, invalidado por el tribunal y sentencia.
Entonces, nosotros lo que estamos solicitando es que como la ejecución de la sentencia contra Onda Herreña concretamente, que debe 101 000 euros, 120 000 euros más de sobrecarga, son en total 120 000 euros, se deje en suspenso.
En ese sentido, creo que es una cuestión de voluntad política, de sensibilidad de este Gobierno, concretamente a la Consejería de Hacienda, de dejar en suspenso la ejecución de esta sentencia, porque estamos hablando de situaciones dramáticas, de embargo de bienes a personas que con toda la ilusión del mundo tenían una radio, no exactamente una radio comunitaria, una radio privada, pero donde, en fin, donde se manifestaba la pluralidad, de la isla de El Hierro, concretamente, y con toda la ilusión del mundo se permitía, tengo entendido, de verdad, la pluralidad de ideas, ¿no?, y tenía bastante eco sociocultural y bastante demanda en la isla.
Entonces, me parece que es una cuestión de voluntad política y de sensibilidad de este Gobierno con respecto a lo que digo, dejar en suspenso la ejecución de esta sentencia hasta tanto en cuanto no se resuelva definitivamente el concurso, al que yo no sé si va a optar o no, porque es que la crisis que sufrió la persona que tenía esta radio fue tan grande que no sabemos si le quedan ganas o no de seguir otra vez manteniendo la radio. Pero, bueno, independientemente de esto, la sentencia pesa sobre esta persona.
Por lo tanto, a nosotros nos parece que..., en fin, modularla, creo que el Gobierno también debe -y así me lo comentaron ayer- gestionar con el Estado la posibilidad de que haya unas sanciones diferentes según las comunidades autónomas, es decir, nosotros tener competencias en este sentido, ¿no?, para intentar delimitar la cuantía ajustada a la comunidad en la que estamos -no somos una comunidad rica, precisamente, 100 000 euros no lo paga nadie en esta tierra en este momento-. Y entonces me parece que es importante el esfuerzo que está haciendo el Gobierno, pero, insisto, también es necesario poner aquí voluntad política y sensibilidad en todos los órganos que dependen del Gobierno para que esta sentencia no se lleve a cabo, porque estamos hablando de cuestiones muy serias y dramáticas para algunas personas.
Por lo tanto, el Grupo de Podemos va a apoyar esta proposición, y hoy insto también al grupo de Coalición Canaria, dada la sensibilidad que mostraron ayer y hoy también, que apoyen esta proposición no de ley y no están incurriendo en ningún tipo de ilegalidad. Una vez aprobada esta proposición no de ley, ustedes también tendrán que hacer algo respecto al Gobierno del Estado.
Para fijación de posición por el grupo proponente, por favor.
Bueno, ya le he adelantado al Grupo Nacionalista que no la vamos a aceptar y que estamos abiertos a hacer otra proposición no de ley instando al Estado, totalmente de acuerdo.
Y con la enmienda del Grupo Podemos, ya le dije que la enmienda estaba incluida dentro del texto transado.
La señora PRESIDENTA: Y, señora González, la transaccional que usted anunció, ¿nos la hace llegar a la Mesa, por favor, para poder tener el texto?
El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): (Sin micrófono).
La señora PRESIDENTA: Ah, vale, pues, si es tan amable, después de su intervención, señor Jorge, nos la hace llegar a la Mesa para poder saber lo que vamos a votar, gracias.
Nuestro grupo va a mantener los argumentos que expusimos ayer durante el debate de la comparecencia que se ocupó del tema que también centra esta iniciativa.
Nuestra posición está basada en la cruda realidad que sufren las empresas como consecuencia del último concurso público para el reparto de licencias audiovisuales, pues de todos es sabido que no solo se ha puesto en juego la supervivencia de medios de comunicación y se han provocado graves perjuicios a radios locales, sino que incluso se ha obligado a cerrar muchas de ellas.
Tenemos muy presente que, especialmente en territorios pequeños, el medio de comunicación se convierte en un lazo de unión y conexión indispensable entre los vecinos, tal y como reflejan los antecedentes de esta iniciativa. Debemos tener en cuenta, además, los esfuerzos que han realizado muchas de estas pequeñas y medianas empresas para subsistir o poder mantenerse ya que su realidad no les permite asumir ningún coste elevado.
Partiendo de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha resuelto que la comunidad autónoma debe volver a valorar las ofertas ciñéndose a la legalidad, reiteramos que los criterios por los que se tiene que regir todo concurso público son la publicidad, concurrencia y objetividad, así como los preceptos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Reclamamos, en resumen, que se cumpla con la legalidad y los contenidos de la Ley Audiovisual.
Hagamos posible que el sector pueda desarrollarse con plenas garantías de futuro y que la próxima mesa de contratación que se cree al efecto se ajuste a la tan reiterada demanda de igualdad de oportunidades para todas las radios comerciales de Canarias. La situación actual provoca una enorme inseguridad jurídica en el sector y por ello debemos insistir en que se tiene que hacer cumplir la ley e incluirla en la redacción de cada concurso público.
Para concluir, permítanme que haga hincapié en la importancia que tiene el sector radiofónico en las islas más pequeñas y en el papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación en la sociedad. En consecuencia, sumemos y hagamos que sea posible, cumpliendo con la oportuna transparencia, que recoja la realidad de las empresas locales y que premie la calidad.
Tal como dijo el señor Déniz, está claro que esta sesión de pleno se ha convertido en una sucesión de temas monográficos y uno de ellos este, el de las licencias de radio. Y, desde luego, tenemos claro que no es para menos porque dada la chapuza que significó el concurso de licencias de radios que llevó a cabo el Gobierno de Canarias, que, además, en función de lo que dijo la señora Beato y dada las sentencias del Tribunal Superior, está claro que conculcaron la ley, con lo cual sí, el Gobierno sí conculca la ley, y este es un claro ejemplo. Que, además, es un concurso que dejó damnificados, que son todas aquellas emisoras que no pudieron emitir o que han tenido que cerrar y que, difícilmente, aunque hay un nuevo concurso público, se pueden presentar porque ya no existen. Pero, además, no solo ha dejado damnificados, es que ha empobrecido, tal como dice la exposición de la PNL, la información y ha impedido la pluralidad y, lo que es más grave, o la consecuencia de todo esto, es que ha atentado contra la democracia, ha atentado contra uno de los pilares básicos de la democracia, que es la libertad de opinión y la libertad de información. Con lo que nosotros, desde Nueva Canarias, entendemos que esta proposición no de ley es adecuada, estamos de acuerdo con la transaccional que la señora González ha planteado y, desde luego, vamos a votar a favor.
Para concluir el turno, el Grupo Popular, señor Jorge.
Como continuación de ayer con relación al debate de las dos comparecencias que tuvimos, se presenta esta proposición no de ley por parte de la señora González, del Grupo Socialista, con la incorporación de varios puntos en la parte propositiva en relación con la apertura de procedimientos de licencias para aquellas radios que no tienen fines comerciales y la suspensión, en fin, de las sanciones producidas en los distintos expedientes.
Desde luego, yo, como mediador, señora presidenta, no voy a tener éxito. No he podido... intentar buscar un punto de acuerdo en las formaciones políticas, fundamentalmente, entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, en relación con un texto que pudiéramos entre todos buscar los puntos en común y votarlos todos a favor. Es un fracaso que asumo con la mayor humildad.
Pero, en cualquier caso, señora presidenta, he redactado esta enmienda, que ya la señora González tuvo a bien leer a todas sus señorías, donde, en primer lugar, bueno, se pide la apertura no de un procedimiento diferenciado, de un nuevo procedimiento diferenciado, sino de un procedimiento aparte para aquellas radios que no tienen ánimo de lucro.
Por tanto, suprimimos del texto original lo que se proponía por parte del Grupo Socialista de anular el concurso vigente, en lo que no estábamos de acuerdo nosotros tampoco. Nosotros lo que creemos es que el Gobierno de Canarias tiene que hacer cumplir las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y baremar nuevamente aquellas que hizo mal, ¿no? Y, en segundo lugar, bueno, con una nueva redacción intentando aunar voluntades de todos, pues lo que la señora González dijo de la suspensión de los expedientes sancionadores, así como de aquellos otros que, no estando en la situación anterior que ella mencionó, se encuentran sometidos a expedientes de sanción.
Lamento que no haya un acuerdo general, pero a nosotros, en fin, nos parece razonable la redacción de este texto -no en vano lo hice yo- y, en fin, vamos a votar a favor. Se lo pasaré al... ¿Lo leo otra vez? Ya lo leyó la señora González.
La señora PRESIDENTA: Sí. Aunque tenga el tiempo..., léalo, por favor, para que quede claro cómo queda.
El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): El primer punto sería: "La apertura de un procedimiento de licitación de licencias de emisión para la prestación de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro que cumplan con una importante labor social y cultural".
Y el punto segundo: "La suspensión de cualquier expediente sancionador y la ejecución de cualquier sanción impuesta por infracción administrativa en materia de servicios de comunicación audiovisual que afecte a las emisoras dimanantes del concurso anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias", así como a "aquellas que, no estando en la situación anterior, se encuentren sometidas a expedientes de sanción, particularmente Radio Onda Herreña, Radio San Borondón y Radio Murión".
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Jorge. Le he parado el tiempo, que le acaba, pero es que estábamos leyendo...
El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): Se lo pasaré de todas maneras...
La señora PRESIDENTA: ¿Ese texto sustituye al texto? (Asentimiento). Muchas gracias.
(La señora Beato Castellano solicita intervenir).
Bueno, señorías, hemos terminado todas las intervenciones de todos los grupos... Sí, señora Beato, dígame.
Señorías, silencio, por favor. ¿Quiere plantear algo, señora Beato?
Queremos solicitar la votación separada de los dos puntos de la PNL.
La señora PRESIDENTA: El punto uno y el punto dos. ¿Acepta el grupo proponente? (Pausa). Bien, pues entonces procedemos, señorías. Voy a llamar a votación y aceptamos por separado... (Pausa).
He preguntado. El Grupo Nacionalista ha hecho una propuesta de votación separada. Pregunto al grupo proponente: ¿acepta esa proposición que está planteando? Sí o no, dígame. (Pausa).
Llamo a votación, señorías...
Perdón. Dígame, señor Ruano. Dígame. La hora ya...
El señor RUANO LEÓN (Desde su escaño): Han sido los portavoces quienes han intervenido, para el punto dos, le voy a solicitar a la Presidencia que, de acuerdo con el artículo 80.2 del Reglamento, proceda a la lectura del apartado 2 del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La señora PRESIDENTA: Entonces, en virtud del artículo 80.2, que usted me lo está pidiendo, que cualquier diputado podrá también pedir, durante la discusión o antes de votar, la lectura de las normas o los documentos que usted ha solicitado, antes de llamar a votación le pido al secretario, si tiene ahí el texto -lo vi antes-, que lea, por favor, el artículo 17.2, solamente, de la ley orgánica solicitada por el portavoz.
El señor SECRETARIO PRIMERO (Cabrera González): Artículo 17.2: "Las administraciones públicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas y privadas y los particulares respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con la leyes".
Así queda recogido en el acta. Y ahora voy a llamar a votación de esta PNL con votación separada, como se ha acordado (La señora presidenta hace sonar el timbre de llamada a votación).
Señorías, comienza la votación. Vamos a votar el punto uno de la PNL transada. Punto uno de la PNL transada. Comienza la votación, señorías (Pausa).
Votación ahora, señorías, del punto dos de la PNL transada. Comienza la votación, señorías (Pausa).
Señorías, 51 votos emitidos: 32 síes, 17 no y 2 abstenciones. Queda aprobado el punto dos.
Señorías, muchas gracias. Hemos sustanciado todo el orden del día y se levanta la sesión.
(Se levanta la sesión a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos).
9L/PNL-0350 Sobre adjudicación de licencias de radio.

References: in fine
 artículo 118
 artículo 17
 artículo 80
 artículo 17
 artículo 80
 artículo 17
 Artículo 17