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Timestamp: 2020-08-10 16:20:38+00:00

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Expediente 3412-2007Violacion Sexual Presunta | Dignidad | Juez
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El Derecho Al Libre Desarrollo de La Personalidad y El Derecho a Negarse a Recibir Un Tratamiento Médico
Demanda Forense Civil
3412-2007
Erick Segundo Mariño Arenas
Violación sexual de menor de edad (Art. 173º, inc. 3º CP)
Gabriela Quiroz Izquierdo
RESOLUCION NUMERO TRES:
Trujillo, treintiuno de marzo del dos mil ocho.-
La señora Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, presenta requerimiento de sobreseimiento en el proceso seguido contra Erick Segundo Mariño Arenas, por el delito de violación sexual de menor de edad, tipificado en el artículo 173º, inciso 3º del Código Penal, modificado por Ley Nº 28704, en agravio de la menor de iniciales B.C.R.S.; se corrió traslado a los demás sujetos procesales por el plazo de diez días, sin que se presente oposición alguna; se realizó la Audiencia Preliminar en la Sala de Audiencias del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con fecha diecisiete de marzo del dos mil ocho, conforme al registro de audio que obra en archivo, habiéndose recepcionado la carpeta fiscal para su análisis; siendo el estado del proceso el de expedir auto de sobreseimiento.
Con fecha dieciséis de abril del dos mil siete, la ciudadana Karen Anali Rodríguez Santillán se presenta ante la Comisaría PNP La Noria de la ciudad de Trujillo, para formular denuncia verbal, debido a que su hermana menor de iniciales BCRS de dieciséis años de edad, había salido de su casa el día viernes trece de abril del dos mil siete, a las diecisiete horas, con dirección a su centro de estudios ubicado en el Jirón Independencia y Alfonso Ugarte de Trujillo, sin que haya retornado a su
domicilio, desconociendo su paradero, presumiendo que se encontraba con la persona de Erick Segundo Mariño Arenas, porque eran enamorados.
Con fecha dieciocho de abril del dos mil siete, el SOT2 PNP Ruperto Zapata Coronado operador de la Móvil PG-0402 de Radio Patrulla, dio cuenta que a las quince horas con diez minutos del mismo día, se desplazó a la cuadra tres del Jirón Paraguay en la Urbanización El Recreo, a solicitud de Karen Anali Rodríguez Santillán, encontrando en el interior del Hostal Paraguay a su hermana menor de iniciales BCRS.
Con fecha veintiuno de mayo del dos mil siete, la doctora Rosa María Vega Luján Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo – en adelante 2FPPCT-, mediante oficio Nº 1348-07-CPNP.LN”A”/SL de fecha catorce de mayo del dos mil siete remitido por el Comisario Mayor PNP William Centurión Caballero de la Comisaría La Noria, toma conocimiento de la denuncia verbal de la ciudadana Karen Anali Rodríguez Santillán, procediendo a dictar
disposición de investigación preliminar, como lo prevé los artículos 329º y
330º del Nuevo Código Procesal Penal 1 –en adelante CPP- (folios 13 y 14 de la carpeta fiscal), contra Erick Segundo Mariño Arenas, por la presunta comisión del delito de violación sexual de menor de edad tipificado en el artículo 173º, inciso 3) del Código Penal, modificado por Ley Nº 28704 en agravio de la menor de iniciales BCRS, con la finalidad de realizar los actos urgentes e inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad.
Con fecha dieciocho de julio del dos mil siete, la 2FPPCT dicta disposición de
formalización de la investigación preparatoria, como lo prevé el artículo 334º
del CPP (folios 56 a 58), contra Erick Segundo Mariño Arenas por la presunta comisión del delito de violación sexual de menor de edad tipificado en el artículo 173º, inciso 3) del Código Penal, delimitando como hechos incriminatorios, que el ciudadano Erick Segundo Mariño Arenas –en adelante el imputado- habría mantenido relaciones sexuales con la menor agraviada de iniciales BCRS, con fecha de nacimiento el seis de noviembre de mil novecientos noventa, contando con su consentimiento por ser su enamorado, la primera vez en el mes de septiembre del dos mil seis en la casa del imputado, cuando la agraviada contaba con quince años de edad, en tanto que los demás encuentros sexuales tuvieron lugar en los meses de enero y abril del dos mil siete en el Hostal Paraguay, cuando la agraviada había cumplido dieciséis años de edad.
1 Código Procesal Penal del 2004, vigente en el Distrito Judicial de La Libertad, desde el 01 de abril del 2007.
Con fecha veintitrés de noviembre del dos mil siete, la 2FPPCT dicta disposición
de conclusión de la investigación preparatoria (folios 117), por haberse
vencido el plazo de investigación previsto en el artículo 342º, numeral 1º del CPP.
Con fecha cuatro de febrero del dos mil ocho, la 2FPPCT formula requerimiento de sobreseimiento, invocando las causales previstas en el artículo 344º, numeral 2º, incisos b) y d) del CPP, consistente en que el hecho imputado no es típico, así como tampoco existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, para ello, insta el control difuso por inaplicación del artículo 173º, inciso 3) del Código Penal, modificado por Ley Nº 28704, por colisionar con diversas normas de la Constitución Política del Estado.
HECHOS RELEVANTES ACREDITADOS
Diferencia etárea
El imputado Erick Segundo Mariño Arenas (sujeto activo), ha nacido en Trujillo con fecha primero de octubre de mil novecientos ochenticuatro como consta de la ficha de RENIEC (folios 15), del documento nacional de identidad (folios 39) y la partida de nacimiento (folios 40), contando a la fecha del primer acto sexual con la menor agraviada ocurrido en septiembre del 2006, con veintiún años de edad. Por su parte la agraviada BCRS (sujeto pasivo), ha nacido en Pataz con fecha seis de noviembre de mil novecientos noventa, como consta de la partida de nacimiento expedida por la Oficina de Registros Civiles de la Municipalidad Distrital de Pataz (folios 11), contando a la fecha del primer acto sexual con el imputado ocurrido en septiembre del 2006, con quince años de edad. En suma, el primer encuentro sexual tuvo lugar cuando el imputado era mayor de edad (21 años) y la agraviada era menor de edad (15 años), llevándose una diferencia etárea prudencial de seis
El imputado es estudiante de Derecho de la Universidad Particular César Vallejo de la ciudad de Trujillo desde el año 2004, tiene la condición civil de soltero y domicilia con sus dos hermanos y su padre en la calle Baltasar Gavilán manzana F, lote 18, Urbanización Santo Dominguito, Trujillo, como consta de la ficha de matricula universitaria (folios 41 y 42) y de su declaración (folios 44 a 46). No registra antecedentes policiales como se acredita con el reporte del Jefe OFICRI (folios 61), tampoco registra antecedentes penales como consta del reporte
emitido por el Jefe del Registro Central de Condenas (folios 69), ni antecedentes judiciales como se verifica del reporte emitido por la Directora de la Oficina de Registro Penitenciario (folios 70). No tiene bienes inmuebles, ni bienes muebles inscritos en registros públicos como consta de los informes de SUNARP (folios 96 y 97).
2.3. La agraviada es estudiante de tercer año de educación secundaria del colegio ubicado en el jirón independencia y Alfonso Ugarte de la ciudad de Trujillo, tiene la condición civil de soltera y domicilia con su hermana Karen Anali Rodríguez Santillán en la calle Baltasar Gavilán manzana G, lote 2, Urbanización Santo Dominguito, Trujillo, como consta de su declaración (folios 05 y 06). Tiene inteligencia dentro de los parámetros normales para su edad y nivel educativo como consta de la Evolución Psiquiátrica Nº 003461-2007-PSQ de fecha veintiocho de mayo del dos mil siete elaborado por el Psiquiatra de la División Médico Legal – La Libertad José Angel Holgado Minaya (folios 101 a 104).
2.4. Como se advierte, el imputado y la agraviada tienen la condición de estudiantes, libres de impedimento matrimonial y se encuentran en estado normal de sus capacidades intelectivas, para comprender las consecuencias de sus actos.
2.5. La agraviada en su declaración ante la Fiscal Provincial de Familia (folios 05 y 06) ha referido que el imputado “era su enamorado desde mayo del 2006 hasta el 18 de abril del 2007, en que me intervino personal policial… en un hostal llamado Paraguay”, así mismo, agrega que, “lo conocí en mi barrio porque el también vive por allí, yo salía a jugar voley con mi hermana y mis primas y el también jugaba voley, haciéndonos amigos y él se comunicaba conmigo por Internet, me invitaba al cine y nos hicimos enamorados”. Por su parte, el imputado en su declaración (folios 44 a 46) ha manifestado que “eran enamorados desde mediados de abril del 2006, pero a partir de la presente denuncia ya no tenemos ningún tipo de acercamiento”.
2.6. La existencia del vinculo sentimental entre el imputado y la agraviada como enamorados, resulta suficientemente acreditada por el contenido afirmativo, coincidente y congruente de sus respectivas declaraciones, lo que incluso era de
conocimiento y consentimiento de la hermana mayor de la agraviada,
Karen Anali Rodríguez Santillán como consta de su declaración (folios 18 a 21), al manifestar que “mi hermana BCRS me contó que ella y la persona de Erick Segundo Mariños Arenas eran enamorados desde el 20 de abril del 2006, ante lo cual le dije que lo quería conocer y darle confianza para que ella me cuente, al principio no vi nada malo en ese muchacho e inclusive como era miembro de la misma Iglesia a la que yo asistía en donde se bautizo, me pareció bien que fueran enamorados”.
Relación sexual consumada
2.7. La agraviada en su declaración ante la Fiscal Provincial de Familia (folios 05 y 06) ha referido que “en septiembre del 2006, en el domicilio de él tuvimos relaciones sexuales la primera vez con mi consentimiento y el día 13 de abril del 2007, también tuve relaciones sexuales y el día 16 de abril del 2007 en un Hostal Paraguay”. Por su parte, el imputado en su declaración (folios 44 a 46) ha manifestado que “si es cierto que hemos mantenido relaciones sexuales, que no recuerdo bien la fecha de la primera vez, pero fue entre septiembre y octubre del dos mil seis en mi casa, luego a principios de enero del 2007 en el Hostal Paraguay ubicado en la urbanización el Recreo, y la última vez entre el 13 y 16 de abril de este año” , así mismo refiere que “hemos practicado el coito interruptus siguiendo el método del ritmo, en las tres oportunidades que hemos mantenido relaciones sexuales”.
2.8. La existencia de las relaciones sexuales consistentes en la penetración del pene del imputado en la vagina de la menor agraviada -por lo menos- en cuatro oportunidades (la primera vez en septiembre del dos mil seis en la casa del imputado, luego en los meses de enero (una vez) y abril (dos veces) del dos mil siete en el Hostal Paraguay), se encuentra acreditado por la uniformidad de sus propias declaraciones, corroborado objetivamente con la boleta de venta del alquiler de la habitación número trescientos siete y la ficha de ingreso en el Hostal Paraguay (folios 27 y 28), así como el Certificado Médico Legal Nº 002691-H de fecha 19 de abril del 2007 (folios 10), que contiene el examen ginecológico practicado a la menor agraviada BCRS, con el siguiente resultado: “inspección del himen presenta desgarros antiguos parciales a las VIII y IX horas y desgarro antiguo completo a las IV horas, según el horario del reloj. Al examen anal, los pliegues, la tonicidad y el reflejo son normales. Conclusiones: Himen con
desfloración antigua, ano sin signos de acto contranatura”.
Consentimiento del acto sexual
2.9. La agraviada en su declaración ante la Fiscal Provincial de Familia (folios 05 y 06) ha referido que “tuvimos relaciones sexuales la primera vez con mi consentimiento , y el día 13 de abril del 2007, también tuve relaciones sexuales y el día 16 de abril del 2007, con mi consentimiento”. Por su parte, el imputado en su declaración (folios 44 a 46) ha manifestado que “las veces que hemos tenido relaciones sexuales, han sido con su consentimiento, en ningún momento hubo obligación o amenaza para que ella accediera; los encuentros sexuales fueron dentro de nuestra relación que tuvimos como enamorados””.
2.10. El consentimiento válido (sin mediar violencia, amenaza o engaño) prestado por la menor agraviada, para acceder a las relaciones sexuales con el imputado en cada encuentro planeado, en la casa de este y en el Hostal Paraguay, esta acreditado por la uniformidad de sus propias declaraciones, corroborado objetivamente con el Certificado Médico Legal Nº 002691-H de fecha diecinueve de abril del dos mil siete, que contiene el reconocimiento médico a la menor agraviada (folios 10),
concluyendo que “no presenta lesiones traumáticas externas recientes en su cuerpo”, así como el Protocolo de Pericia Psicológica No 005275-2007-PSC de fecha diez de octubre del dos mil siete (folios 110 a 112) practicado a la menor agraviada que concluye: “No se encuentra indicadores emocionales compatibles con agresión sexual”.
DELITO DE VIOLACION SEXUAL DE ADOLESCENTES MAYORES DE CATORCE Y MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD
Los hechos objeto de imputación criminal contenidos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria expedido por la 2FPPCT, consistente en el mantenimiento de relaciones sexuales entre el imputado (mayor de edad) y la agraviada BCRS (menor de edad), fueron subsumidos inicialmente en
la hipótesis normativa del delito de violación sexual de menor de edad,
tipificado en el artículo 173º, inciso 3º del Código Penal, con el tenor siguiente:
“El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por algunas de las dos primeras vías con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: si la victima tiene entre catorce (14) años de edad y menos de dieciocho (18), la pena privativa de libertad será no menor de 25 ni mayor de 30 años”.
El artículo 173º, inciso 3º del Código Penal, modificado por Ley Nº 28704, a partir del cinco de abril del dos mil seis, -en adelante artículo 173.3º del CP- es la norma penal aplicable al caso de autos, por encontrase en vigencia al momento de producido el evento delictivo, materializado en las relaciones sexuales consentidas entre el imputado y la menor agraviada, entre septiembre del dos mil seis a abril del dos mil siete, precisándose que la primera relación sexual ocurrió cuando ella tenía quince años de edad, al tener como fecha de nacimiento el seis de noviembre de mil novecientos noventa. Por tanto, una simple interpretación literal podría conducirnos a la conclusión que el imputado sería autor del delito violación sexual de menor de edad, -pese a no haber mediado violencia, amenaza o engaño-, correspondiendo la aplicación de pena privativa de libertad no menor de 25 ni mayor de 30 años.
El método de interpretación literal, consiste en averiguar lo que la norma denota, mediante el uso de las reglas linguísticas propias al entendimiento común del lenguaje escrito en el que se halla producido la norma, a excepción, claro esta, de los términos utilizados con significado jurídico especifico. Para Marcial Rubio 2 el método literal es “la puerta de entrada a la interpretación dentro de cualquier sistema jurídico basado en la escritura, es el decodificador elemental y necesario sobre lo que se escribió en la norma, por ello, se utiliza siempre”, luego hace la
2 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico: Introducción al Derecho. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sexta reimpresión, Lima, 2006, pp. 264-265.
siguiente pregunta: ¿es el método de interpretación literal autosuficiente o más bien, necesita siempre de la complementariedad de otros?.
3.4. El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 2209-2002-AA/TC (12/05/2004), en respuesta a la interrogante planteada, se pronuncia categóricamente por la insuficiencia del método literal en el ámbito constitucional, “en materia de interpretación de los derechos constitucionales el operador judicial no puede olvidar que, de conformidad con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, la comprensión de las cláusulas que reconocen (o limitan) derechos en ella previstos deben interpretarse en armonía con lo que sobre ellas hayan realizado los tratados internacionales en materia de derechos humanos y, en particular, con la jurisprudencia de los tribunales internacionales de justicia, con competencia en materia de derechos humanos. De ahí que, en materia de derechos fundamentales, el operador judicial no pueda sustentar sus decisiones amparándose únicamente en una interpretación literal de uno o más preceptos constitucionales, ya que rara vez la solución de una controversia en este ámbito puede resolverse apelándose a este criterio de interpretación. Requiere por el contrario de un esfuerzo de compresión del contenido constitucionalmente protegido de cada uno de los derechos, principios o bienes constitucionales comprometidos, para después de ello, realizar una ponderación de bienes”.
3.5. La aplicación mecánica de la norma penal al particular caso de autos producto de su sola lectura literal, sintetizado en el mantenimiento de relaciones sexuales consentidas de una pareja de enamorados, compuesto por una mujer menor de edad (agraviada con 15 años) y un hombre mayor de edad (imputado con 21
años), resultaría, sin más, una absoluta arbitrariedad, repudiable al valor justicia que debe inspirar la labor jurisdiccional, debiendo el juez a quo, innovar y crear Derecho al caso concreto, de modo que la decisión sea
consecuencia de la aplicación de las normas, valores y principios que integran el ordenamiento jurídico como un todo unitario y coherente, como clamaba Eduardo J. Couture en su Decálogo del Abogado: “tu deber es luchar por el Derecho; pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia”, o, como manifiesta Marianela Ledesma 3 “los buenos jueces pueden aplicar bien las leyes defectuosas; las leyes más perfectas son instrumentos de iniquidad en manos de malos jueces”.
3.6. La labor creativa e innovadora que deberá efectuar el juez en el caso in examine, por su trascendencia como precedente judicial para futuros casos similares, significa que la interpretación no es una mera aplicación mecánica del artículo 173.3º del CP, a la que nada se agrega; y significa también que el Derecho es más
3 LEDESMA NARVAEZ, Marianela. Jueces y Reforma Judicial. Gaceta Jurídica. Lima, 1999, p. 27.
que la ley. Fernando De Trazegnies 4 aclara que “el interprete no es un ser pasivo, sometido a la hipotética voluntad de una hipotético legislador, como si fuera un simple portavoz; el interprete es, en realidad, un coinventor del Derecho, tiene la
libertad de agregar a la norma nuevos sentidos ajenos a la intención del legislador.
Y esto obliga al jurista a innovar. El buen jurista no se acoge a dogmas sino que
trata siempre de encontrar una solución original, una solución creativa, que se adapte más adecuadamente a la peculiaridad de cada situación. El jurista tiene que intentar y tiene que tentar”.
Para la nueva concepción de la interpretación jurídica, el juez es creador del Derecho dentro de los límites materiales y formales establecidos por la norma o normas que aplica a la solución del caso sometido a su conocimiento. Esta teoría, predominante en los últimos decenios a decir de Aníbal Torres Vásquez 5 , “confiere a la interpretación su verdadero significado y valor como una labor creativa, de captación de la ratio juris de la norma y de actualización del
ordenamiento jurídico. El juez no dirime conflictos de cualquier manera, sino del modo preestablecido por el ordenamiento jurídico, a cuyo imperio esta sometido, de tal modo que sus resoluciones se presenten como consecuencia de la aplicación
las normas, valores y principios que la integran”.
Para no caer en el mecanicismo judicial derivado de la simple interpretación literal de la norma penal aplicable al caso, con la arbitraria e irrazonable consecuencia de considerar como delito un acto sexual consentido, producto de una relación sentimental entre el imputado mayor de edad (21 años) con la agraviada menor de edad (15 años), debemos penetrar en los diversos métodos de interpretación jurídica, para hallar su correcta interpretación, en concordancia con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado y el resto del ordenamiento normativo. Al respecto, Marcial Rubio 6 precisa “el buen intérprete
el que utiliza todos los métodos que cabe utilizar y elige como interpretación
válida aquella en la que confluyen todo o la mayoría de los métodos aplicados”.
REALIDAD SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES
No existen datos precisos de cuando las personas inician su vida sexual en el Perú. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES 2000), 19 años
es la edad mediana de la primera relación sexual, pero para mujeres sin educación
o con instrucción primaria la edad baja a los diecisiete (17) años. Otros estudios al
4 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Pensando Insolentemente: Tres Perspectivas Académicas sobre el Derecho, seguidas de otras Insolencias Jurídicas. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2001, pp. 27-64.
5 TORRES VASQUEZ, Aníbal. Introducción al Derecho. Teoría General del Derecho. Segunda edición. Idemsa. Lima, 2001, p. 535.
6 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico: Introducción al Derecho. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sexta reimpresión, Lima, 2006, p. 277.
parecer más cercanos a la realidad, señalan que el inicio sexual ocurre entre los trece (13) y catorce (14) años en varones y a los quince (15) años en mujeres 7 .
4.2. A nivel mundial, más de la mitad de las y los adolescentes han tenido relaciones sexuales antes de los dieciséis (16) años 8 . Tomando en cuenta las cifras
disponibles, en el Perú, el 22% de las adolescentes ya se ha iniciado sexualmente, el porcentaje de adolescentes que tienen vida sexual activa es más alto en los grupos que tiene menor nivel educativo (52.5 %) o de menor nivel económico (40.2%) 910 . Por eso, si la conclusión interpretativa del artículo 173º, inciso 3º del Código Penal es la negación y represión de la libertad sexual de los y las adolescentes de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años, tendría que haber
adicionalmente les serían negados servicios básicos de salud sexual y reproductiva
4.3. La Encuesta CONAJU 2004 (Fuente: Endes – 2000, 2004, 2005) 11 , muestra que el 22.5% de la población del Perú es adolescente, los menores de dieciséis (16) años representa el 38% del total de habitante. El 23% de los adolescentes tienen su primera relación sexual antes de los quince (15) años, esta cifra crece a 27% en las zonas rurales y en la selva el porcentaje se eleva al 64%. Finalmente el 12.7% de las adolescentes mujeres ya son madres o están embarazadas.
4.4. Como argumentum ad rem 12 podemos concluir que en nuestro país un porcentaje significativo de adolescentes menores de dieciocho (18) años de edad, tiene una vida sexual activa; tal es así, que el propio Estado a través del Ministerio de Salud ha diseñado, implementado y ejecutado políticas concretas de prevención e información en temas de sexualidad y reproducción, como la Norma Técnica de Planificación Familiar aprobada por Resolución Ministerial Nº 465-99-SA/DM, que señala que los y las adolescentes están aptos, previa consejería, para recibir
7 TAVARA OROZCO, Luis. Contribución de las Adolescentes a la Muerte Materna en el Perú. Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología ISSN. En: <http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/ginecologia/Vol50 N2/a06.htm>[consulta: 28 de marzo del 2008].
8 IPAS. Notas Informativas. Chapel Hill: IPAS, 2001: 3. Citado por Távara Orozco, Luis. Contribución de los Adolescentes a la Muerte Materna en el Perú. Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología ISSN versión electrónica 1609-246. Citado por DEMUS. DEMUS expresa su preocupación frente a norma que modifica los delitos contra la liberta sexual. En: <http://www.demus.org.pe/Menus/noticias/libertad sexual.htm>[consulta:
28 de marzo del 2008].
9 Encuesta Demográfica de Salud – ENDES 2000. Citado por la carpeta de la Mesa de Vigilancia Ciudadana en Derechos Sexuales y Reproductivos, Conferencia de Prensa sobre la Ley de Indemnidad Sexual, 05 de diciembre del 2006. 10 Instituto Nacional de Estadísticas. Perú en Cifras, 2005. 11 TORRES, Nilton. La (mala) Educación Sexual. En: Diario La República. Suplemento Domingo. Lima. 30 de marzo del 2008, pp. 20-22.
12 Argumentum ad rem también llamado argumento por la realidad, argumento naturalista o de la naturaleza de las cosas. Se utiliza cuando se afirma verdades de perogrullo o evidencias irrefutables, que en realidad no necesitan ser probadas, pues la propia evidencia se encarga de hacernos ver su valía.
métodos anticonceptivos. Incluso más de veinte organizaciones y redes juveniles agrupadas en la Alianza “¡Si Podemos!”, entre los que se encuentran Impares, Manuela Ramos, Amnistía Internacional, Redes Jóvenes, Demus, Mesa de Adolescentes y Juventud, entre otros, han revisado y validado los lineamientos de la Educación Sexual Integral (ESI), que serán aprobados por el Ministerio de Educación y la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre la política nacional que permita desarrollar una sexualidad plena y placentera durante todas las etapas de la vida.
El método de interpretación conforme a la Constitución Política del Estado, denominado también interpretación desde la Constitución, reconocida en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, significa que los jueces interpretan y aplican las leyes según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de proceso. La norma jurídica que no se puede interpretar conforme a la Constitución es inconstitucional, o sea, que no tiene validez, no pertenece al ordenamiento jurídico, y por ello, los jueces tienen el deber sustancial de no aplicarlas. Por tanto, el primer método de entendimiento de la norma penal (Art. 173.3 CP) aplicable al caso de autos, será el de interpretación conforme a la Constitución a efectos de que el resultado interpretativo tenga perfecta coherencia con los derechos fundamentales conexos a la libertad sexual de los y las adolescentes, objeto de cuestionamiento normativo.
El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 014-2006-PI/TC (19/01/2007)
ha precisado que “las bases del Derecho Penal y de todas las ramas del Derecho, en general, no hay que buscarlas en los códigos o en las leyes,
sino en la Constitución, entendida como orden jurídico fundamental del actual Estado constitucional democrático. La influencia del derecho constitucional sobre la dogmática penal se concretiza en la actuación del Tribunal Constitucional, en tanto supremo interprete de la Constitución, porque el Tribunal no se limita a analizar y aplicar, sin más las instituciones “propias” del Derecho Penal y “desde” el Derecho Penal, sino que también determina el contenido, a través de su interpretación y sus sentencias, de las instituciones penales, haciéndolas conformes de manera concreta o abstracta, con la Constitución. Es a través de la interpretación y la argumentación constitucionales que el Tribunal contribuye a superar las limitaciones de la dogmática penal”.
El principio de concordancia práctica con la Constitución implícito en este
método interpretativo, para César Landa 13 postula
“la coordinación de los
13 LANDA ARROYO, César. Tribunal Constitucional y Estado Democrático. Palestra Editores. Lima, 2003, p. 495.
distintos bienes jurídicos constitucionales conservando su contenido esencial, a través de la ponderación proporcional de valores o bienes, donde no cabe sacrificar a uno por otro. De este modo, se debe respetar el núcleo duro de cada bien constitucional en conflicto, afectándose mutuamente sólo en su modo, forma, espacio o tiempo de ejercicio siempre que exista razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad en la recíproca delimitación de los derechos en conflicto”. El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 1013-2003-HC/TC (30/06/2003) considera que “la exigencia de la predeterminación legislativa del juez, no puede ser entendida en términos absolutos, no sólo porque ningún derecho constitucional tiene tal cualidad, sino, además, porque existen otros bienes y principios constitucionales que también exigen ser optimizados. De allí que el Tribunal juzgue que tal predeterminación del juez debe ser interpretada bajo los alcances del principio de concordancia práctica, que exige determinar el contenido esencial de un derecho en coordinación con otros principios o exigencias constitucionalmente relevantes”.
El derecho a la dignidad se encuentra regulado en el artículo 1º de la Constitución Política del Estado, con la siguiente premisa: “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”.
6.2. El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 2209-2002-AA/TC (12/05/2003), ha desarrollado que la defensa de la persona y el respeto a su dignidad constituyen el valor superior del Derecho. Para Marcial Rubio 14 “toda interpretación jurídica de naturaleza constitucional deberá evaluar cuándo se está defendiendo y cuándo agraviando a una persona, cuando se esta respetando o no su dignidad. Estas reglas, resumidas en el principio de dignidad de la persona humana, son las más importantes dentro del sistema jurídico”. La dignidad de la persona es el presupuesto ontológico de todos los derechos fundamentales, la existencia de los demás derechos se fundamentan en él. Por otro lado, en el Expediente Nº 010-2002-AI/TC (03/03/2003), se precisa: “si bien es cierto que, los derechos constitucionales no son absolutos y que siempre pueden enfrentar ciertas limitaciones, bien por necesidades colectivas o por colisión entre dos o más de ellos en un hecho concreto. Sin embargo, la dignidad no puede verse disminuida, pues es el mínimo de derechos siempre existente”; ergo, el derecho a la dignidad es absoluto.
6.3. Los ciudadanos han establecido el poder político con la finalidad que los proteja de intromisiones ajenas a su esfera personal, así como para que les suministre los presupuestos indispensables para el libre desenvolvimiento de su personalidad, los
14 RUBIO CORREA, Marcial. La Interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2005, pp. 146-148.
mismos que se constituyen en bienes jurídicos que le corresponde proteger al Estado por medio del Derecho Penal. Pero los ciudadanos de ningún modo establecieron el poder político para que les tutele moralmente o para obligarles a asumir determinados valores éticos, en el ámbito estrictamente privado y personal, entre ellos, el comportamiento sexual. Una sociedad pluralista como la que subyace en un Estado Social y Democrático de Derecho demanda el reconocimiento de diversas opciones de auto realización personal en diversas esferas de la vida privada. Situación que alcanza incluso a tolerar prácticas sexuales contrarias a la moral sexual dominante siempre que no ocasionen perjuicio a terceros. El pensador liberal Jhon Stuart Mill decía que “la única finalidad por la cual el poder puede con pleno derecho ser ejercido sobre un individuo de una comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás”. El Derecho Penal debe permanecer neutral frente al pluralismo moral; no debe tratar de imponer un determinado código moral sexual frente a los demás, como es, la proscripción de la libertad sexual de los adolescentes de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de edad.
La palabra dignidad tiene como significado usual “seriedad y decoro en la forma de comportarse”, llevado al ámbito jurídico de análisis del tipo delictivo de violación sexual previsto en el artículo 173º, inciso 3) del Código Penal, modificado por Ley Nº 28704, podemos concluir que el sector de adolescentes que fluctúan entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años, tienen derecho al pleno respeto a su autodeterminación en el ámbito sexual, esto es, a decidir libremente tener o no relaciones sexuales con la persona, en la forma y oportunidad que crean conveniente, sin autorizaciones y menos represiones externas a su propia autonomía personal o familiar.
La supremacía de la dignidad de la persona humana sobre el Estado, garantiza a los adolescentes el pleno respeto a la decisión libre de tener relaciones sexuales, como parte del plexo de libertades no perjudiciales a los demás ciudadanos, en rigor, constituye una decisión personal relacionado con un aspecto de la vida intima sexual, en la que el Estado a través de su sistema de represión penal, no debe inmiscuirse o intervenir, so pretexto de defender ciertos valores morales (?), que el ciudadano promedio no puede entender o asimilar con meridiana claridad, por contravenir hasta el propio sentido común, piénsese en los actos sexuales derivados de una relación sentimental entre dos adolescentes, en principio irrelevante a efectos penales, pero por infortunio biológico, uno de ellos cumple primero la mayoría de edad (18 años), convirtiéndose de facto y de jure, en una conducta penalmente típica de violación sexual reprimido con veinticinco años de cárcel.
El Derecho Penal puede intervenir como brazo represor del Estado sólo cuando esta libertad se vea vulnerada, atacada y/o violentada. Pero como es de verse del caso en estudio, la agraviada, mayor de catorce (14) años de edad (15 años y 10
meses a la fecha de la primera relación sexual), debido a su desarrollo biopsicosocial tiene derecho de disponer libremente de su sexualidad, ya que cuenta con la capacidad física y sicológica para hacerlo, al haberse acreditado que tiene inteligencia dentro de los parámetros normales para su edad y nivel educativo, como consta de la Evolución Psiquiátrica Nº 003461-2007-PSQ (folios 101 a 104), adquiriendo por tanto plena validez la autodeterminación sexual manifestado en la libertad de decidir (elegir) la persona con quien entablará relaciones de carácter sexual, siendo más bien, responsabilidad del Estado y del seno de la familia, darle la información y educación para que tome la decisión mas acertada sobre su sexualidad.
7. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
7.1. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, se encuentra reconocido en el artículo 2º, inciso 1º de la Constitución Política del Estado, con la siguiente premisa: Toda persona tiene derecho: “A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”.
7.2. El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 2668-2004-AA/TC (24/11/2004), ha expresado que “el derecho al libre desarrollo garantiza una libertad general de actuación del ser humano en relación con cada esfera de desarrollo de la personalidad. Es decir, de parcelas de libertad natural en determinados ámbitos de la vida, cuyo ejercicio y reconocimiento se vinculan con el concepto constitucional de persona como ser espiritual, dotada de autonomía y dignidad, y en su condición de miembro de una comunidad de seres libres. Evidentemente no se trata de amparar constitucionalmente a cualquier clase de facultades o potestades que el ordenamiento pudiera haber reconocido o establecido a favor del ser humano. Por el contrario, estas se reducen a todas aquellas que sean consustanciales a la estructuración y realización de la vida privada y social de una persona, y que no hayan recibido un reconocimiento especial mediante concretas disposiciones de derechos fundamentales. Tales espacios de libertad para la estructuración de la vida personal y social constituyen ámbitos de libertad sustraídos a cualquier intervención estatal que no sean razonables ni proporcionales para la salvaguarda y efectividad del sistema de valores que la misma Constitución consagra”.
7.3. Estos espacios de libertad excluidos de la intervención penal estatal, necesarios para el pleno desarrollo de nuestra personalidad, comprende por supuesto a los derechos sexuales de hombres y mujeres en edad núbil, como: el derecho a disfrutar de la sexualidad sin necesidad de procrear, derecho a la libre elección de prácticas sexuales (con quién, cómo y cuándo), derecho a la libre expresión de la orientación sexual, derecho a recibir información y/o educación sobre sexualidad, entre otros. En consecuencia, bajo la misma ideología de la defensa de la persona humana y del respeto a su dignidad reconocida en el artículo 1º de la Constitución
Política, como fuente inspiradora de todo el ordenamiento jurídico, resulta congruente interpretar como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, del grupo humano compuesto por los y las adolescentes entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años, la libertad de tener relaciones sexuales con quienes elijan, sea ésta una persona menor (hasta 14 años) o mayor de edad (de 18 años a más), por corresponder eminentemente al ámbito privado e intimo de disposición de su propio cuerpo para la practica sexual, en tanto tal decisión constituya un acto plenamente libre y espontáneo.
El derecho a la igualdad ante la ley, se encuentra reconocido en el artículo 2º, inciso 2º de la Constitución Política del Estado, con la siguiente premisa: “Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”.
El artículo 16º, inciso 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos prescribe que “los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad, o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de solución del matrimonio”. Así mismo, el artículo 23º, inciso 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello”.
La libertad sexual es el bien jurídico que protege la facultad de la persona para autodeterminarse en el ámbito de su sexualidad, sin más limitaciones que el respeto a la voluntad ajena. Tiene un aspecto positivo-dinámico entendido como la capacidad para disponer libremente de su cuerpo para efectos sexuales, y un aspecto negativo-pasivo como la capacidad de negarse a ejecutar o tolerar actos sexuales en los que no desea intervenir. Por otro lado, la indemnidad o intangibilidad sexual, es el bien jurídico que protege a la victima menor de edad, que carece de libertad sexual o aun si la tuviera facticamente, ha sido considerada por el legislador irrelevante, ello por seguridad a su desarrollo físico o psíquico normal, para ser posible en el futuro ejercer su libertad sexual, por no tener la capacidad suficiente para valorar realmente una conducta sexual; se sanciona la actividad sexual en sí misma, aunque exista tolerancia de la victima. El Estatuto de la Corte Penal Internacional considera al abuso o acceso sexual violento como un crimen de lesa
Para María Consuelo Barletta 15 “la edad como criterio para fijar la franja entre la “indemnidad” y la “libertad sexual”, corresponde a un criterio objetivo, fácilmente medible, que parte del supuesto que a determinada edad él y la adolescente tendrán el criterio suficiente para decidir sobre su actividad sexual”. El criterio por excelencia de referencia es la edad núbil 16 , en nuestro país, se ha establecido en los artículos 44º, 46º y 241º del Código Civil, la edad de dieciséis (16) años para los y las adolescentes, acotando que antes de la modificación de esta última norma por el artículo 1º de la Ley Nº 27201 (14/11/1999), la edad para la mujer era de catorce (14) años y se mantenía en dieciséis (16) años para el varón. Así mismo, el artículo 46º, en su segundo párrafo del Código Civil, ha establecido que tratándose de mayores de catorce (14) años –sea hombre o mujer- cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo, para realizar determinados actos relacionados con el reconocimiento filial y defensa de los derechos alimenticios. En resumen, la edad legal de reconocimiento de derechos reproductivos y por tanto de derechos sexuales para los y las adolescentes es de catorce (14) años.
Una interpretación simplista del tipo delictivo de violación sexual previsto en el artículo 173.3º del CP, podría conducirnos equívocamente a la censura de la libertad de todo persona menor a dieciocho (18) años, para autodeterminarse en el ámbito privado de su vida sexual; empero, tal interpretación con evidente resultado restrictivo del derecho constitucional a la libertad sexual, representa un contrasentido del propio ordenamiento penal, en la figuras típicas del delito de violación sexual (art. 170º del CP), el delito de seducción (art. 175º del CP) y el delito de actos contrarios al pudor (art. 176º del CP), que precisamente reconocen a la libertad sexual como el bien jurídico protegido, así como al ordenamiento civil respecto a la capacidad relativa adquirida por razón del nacimiento del hijo (art. 46º del CC). En ambos ordenamientos penal y civil, el criterio objetivo de medición de edad núbil de los y las adolescente es catorce (14) años, contrario sensu, todo reproche penal que coacte y reprime tal libertad, constituiría una discriminación arbitraria e irrazonable.
El derecho a la intimidad personal, se encuentra reconocido en el artículo 2º, inciso 7º de la Constitución Política del Estado, con la siguiente premisa: “Toda persona tiene derecho al honor y la buena reputación, a la intimidad personal y familiar”.
15 BARLETTA VILLARAN, María Consuelo. Entre la “Indemnidad Sexual y la “Libertad Sexual” para los y las Adolescentes brindar protección o autonomía en la decisión. En: Revista Peruana de Derecho de Familia. Numero 2/ Diciembre-2007. Lima, pp. 51-57. 16 Núbil significa que esta en edad de casarse o en las condiciones requeridas para el matrimonio.
9.2. La intimidad personal y familiar esta referido al bien jurídico concreto de la vida privada, definida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 6712-2005- HC/TC (17/10/2005) como “aquella zona de la persona que no es pública, por lo que nadie debe tener acceso a ella. Sin embargo, más correcto es tratar de otorgar un sentido positivo. Así, sobre la base del right to be alone (derecho a estar en soledad), se ha estimado apropiado afirmar que es el ámbito personal en el cual un ser humano tiene la capacidad de desarrollar y fomentar libremente su personalidad. Por ende, se considera que está constituida por los datos, hechos o situaciones desconocidos para la comunidad que, siendo verídicos, están reservados al conocimiento del sujeto mismo y de un grupo reducido de personas, y cuya divulgación o conocimiento por otros trae aparejado algún daño”.
9.3. En el Expediente N° 6712-2005-HC/TC también se ha precisado que “la vida privada implica necesariamente la posibilidad de excluir a los demás en la medida que protege un ámbito estrictamente personal, y que, como tal, resulta indispensable para la realización del ser humano, a través del libre desarrollo de su personalidad, de conformidad con el artículo 2° inciso 1 de la Constitución. De esta manera, no sólo se hace hincapié en un ámbito negativo de su configuración, sino también en el positivo. Igualmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso von Hannover c. Alemania (Application N.° 59320/00), del 2004, estableció que “la importancia fundamental de la protección de la vida privada desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad que tiene todo ser humano. Esa protección se extiende más allá del círculo privado familiar e incluye también la dimensión social”. De ello se concluye que únicamente a través del reconocimiento de la vida privada la persona podrá crear una identidad propia, a fin de volcarse a la sociedad, toda vez que aquel dato y espacio espiritual del cual goza podrá permitírselo”.
9.4. El ámbito de la vida privada objeto de protección constitucional, indudablemente se extiende a la reserva y privacidad del ejercicio de la libertad sexual de los y las adolescentes menores de dieciocho años, merecedora de protección superlativa por tratarse de un ámbito íntimo sexual connatural al desarrollo de la personalidad. En la vida privada sexual, los adolescentes pueden realizar los actos que crean convenientes, sin más limitaciones que el respeto al derecho ajeno, por ser una zona totalmente ajena a los demás, en que tiene uno derecho a impedir intrusiones y donde queda vedada toda invasión alteradora del derecho individual a la reserva, la soledad o el aislamiento que tiene el hombre al margen y antes de lo social. En el Expediente N° 1797-2002-HD/TC (29/01/2003), el respeto a la vida privada constituye “el poder jurídico de rechazar intromisiones ilegítimas en la vida íntima o familiar de las personas”. De esta forma, la intimidad protege todo acto dentro de un espacio personal, como pueden ser las relaciones sexuales practicadas voluntariamente por los y las adolescente menores de dieciocho años, con prescindencia de la motivación o la causa de tal decisión y por supuesto de la elección de la pareja copulativa. Queda claro, entonces, que el derecho a la vida
privada de los y las adolescentes los protege de la posibilidad de evitar que otros – incluido el mismo Estado a través de sus órganos represivos penales- se inmiscuyan y reconduzcan en un proceso penal publico, los pormenores de una relación sexual consentida.
El derecho a la libertad se encuentra reconocido en el artículo 2º, inciso 24º, parágrafo “a”, de la Constitución Política del Estado con el siguiente texto: “Toda persona tiene derecho a “la libertad y a la seguridad personal”, por lo tanto, “nadie esta obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.
La libertad es definida por Varsi Rospigliosi 17 como “la facultad de hacer o dejar de hacer aquello que el orden jurídico permita; es decir, es la prorrogativa que tiene la persona de realizar, sin obstáculos, sus actividades en el mundo de las relaciones”. En consecuencia, es el derecho a la libertad de obrar de la manera en que uno desee, dentro de los marcos establecidos por la sociedad, un derecho esencial de la persona, que debe ser respetado por el Estado. Cada individuo tiene la capacidad de obrar del modo que uno crea conveniente, y poder disponer de algunos derechos que le han sido conferidos, entre ellos, la sexualidad, cuando se encuentre en la capacidad física y psicológica para hacerlo, como acontece con un adolescente mayor de catorce (14) años.
La libertad sexual para María Del Carmen García Cantizano 18 se identifica con “la capacidad de autodeterminación de la persona en el ámbito de sus relaciones sexuales”. De ahí que la idea de autodeterminación, viene limitada por dos requisitos fundamentales: En primer lugar, por el pleno conocimiento del sujeto, del contenido y alcance de una relación sexual, lo que evidentemente implica que éste ha de contar con la capacidad mental suficiente para llegar a tener dicho conocimiento; y en segundo lugar, por la manifestación voluntaria y libre del consentimiento para participar en tal clase de relaciones, lo que implica que el sujeto pueda adoptar su decisión de manera libre.
En el campo de los delitos sexuales, el concepto de libertad sexual tiene dos aspectos, uno positivo y otro, negativo. En su aspecto positivo la libertad sexual significa libre disposición de las propias capacidades y potencialidades sexuales, tanto en su comportamiento particular como en su comportamiento social. En su aspecto negativo, la libertad sexual se contempla en un aspecto defensivo y
17 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Libertad Personal. En: La Constitución Comentada. Gaceta Jurídica. Lima. 2006, pp 226 y 227. 18 GARCÍA CANTIZANO, María Del Carmen. Los delitos contra la libertad sexual como delitos de acción publica?. Gaceta Jurídica. Lima, 1999, p .274.
constituye el derecho de toda persona a no verse involucrada sin su consentimiento en un contexto sexual 19 . La libertad sexual, entonces, no solamente se enfoca desde un concepto puramente positivo. No se entiende como la facultad que permita a las personas a tener relaciones sexuales con todos, sino debe entenderse a la vez en un sentido negativo, por el cual no puede obligarse a una persona a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, haciendo uso de coacciones, abusos o engaños.
10.5 En el caso de los menores o incapaces, en modo alguno, puede alegarse que se protege su libertad o autodeterminación en los delitos sexuales, pues por previsión legal, aquellos carecen de tal facultad, habiéndose establecido en el ordenamiento civil (art. 46º del CC) el criterio etáreo de catorce (14) años, por ello, en concordancia practica con el ordenamiento penal dada las características de unidad y coherencia del sistema normativo, también servirá como criterio legal de delimitación de protección del bien jurídico libertad sexual de los sujeto pasivos compuesto por los y las adolescentes entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años para los delitos de violación sexual (art. 170º del CP), violación presunta (art. 173.3 del CP), seducción (art. 175º del CP) y actos contrarios al pudor (art. 176º del CP).
10.6. Para los casos de los menores de catorce (14) años, el bien jurídico protegido vendría definido por el bien jurídico indemnidad o intangibilidad sexual; entendido como la protección del libre y normal desarrollo sexual del menor ante todo ataque, o la salvaguarda de la integridad física y psíquica del menor ante los ataques que pueden ser perjudiciales para su normal desarrollo sexual, que se presenta con carácter de indisponibilidad o irrenunciabilidad, careciendo de validez y relevancia penal, el consentimiento prestado para el acceso carnal. La idea de “indemnidad sexual” se relaciona directamente con la necesidad de proteger y garantizar el desarrollo normal en el ámbito sexual de quienes aun no han alcanzado el grado de madurez suficiente para ello, como sucede en el caso de los menores de catorce (14) años de edad, así como con la protección de quienes, debido a anomalías psíquicas, carecen, a priori, de plena capacidad para llegar a tomar conciencia del alcance del significado de una relación sexual, para ellos resultara perfectamente coherente y justificada, la figura del tipo delictivo de violación presunta prevista en el artículo 173.3º del CP, intensificando el reproche penal del sujeto activo, en forma proporcional a la minoría etárea del sujeto pasivo.
19 BAJO FERNANDEZ, Miguel. Manual de Derecho Penal. Tomo I. 1991, p. 198. Prefiere enseñar que la libertad debe entenderse de dos maneras. Como libre disposición del propio cuerpo, sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena; y como facultad de repeler agresiones sexuales de terceros.
El derecho a la salud se encuentra reconocido en el artículo 7º de la Constitución Política del Estado, con el siguiente texto: “todos tienen derecho a la salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa”, luego en el artículo 11º “el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa así mismo su eficaz funcionamiento”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito y ratificado por el Perú en 1978, según el párrafo 23 de la Observación General 14 titulada “El disfrute del más alto nivel posible de salud”, del mismo pacto prescribe “el ejercicio del derecho a la salud de los adolescentes depende de una atención respetuosa de la salud de los jóvenes que tiene en cuenta la confidencialidad y la vida privada y prevé el establecimiento de servicios adecuado de salud sexual y reproductiva”.
Salud reproductiva: “es un estado general de bienestar físico, mental, social y no de mera ausencia de enfermedades y dolencias, en todos los aspectos relacionados con ele sistema reproductivo y sus funciones y sus procesos. En consecuencia, la salud reproductiva, entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con que frecuencia” 20 .
11.4. El Ministerio de Salud en la Guía Nacional de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva (Lima-2004), ha definido a los derechos sexuales y reproductivos como “parte inseparable e indivisible del derecho a la salud y de los derechos humanos. Su finalidad es que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riegos, amenazas y coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción”. En relación a ello, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2002-2010, aprobado por Ley Nº 28457, establece como visión al 2010: “Nuestros niños, niñas y adolescentes tienen igualdad de oportunidades, acceden a servicios de calidad y participan en el ejercicio, promoción y defensa de sus derechos, en conjunto con las instituciones del Estado, las comunidades y en general la sociedad civil”, estableciéndose como resultado esperado la “reducción de las infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA en adolescentes”, fijando como meta la reducción en un 50% los casos de transmisión sexual y VIH/SIDA en adolescentes y que el 100% de las y los adolescentes y docentes de secundaria tendrán conocimientos y competencias en educación sexual y conocen los riesgos de las ITS y VIH/SIDA.
20 Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo. Párrafo 7.2.
11.5. La prevención de la sexualidad como política de salud del Estado Peruano, toma forma concreta en la Resolución Ministerial Nº 536-2006-MINSA, que aprueba la Norma Técnica Nº 032-MINSAQ/DGSP-VO1 “Norma Técnica de Planificación Familiar”, referido a favorecer al acceso del derecho a la información de los y las adolescentes cuando éstos se encuentren en riesgo de contraer una infección con las ITS y VIH/SIDA, por tanto, resultaría totalmente contradictorio interpretar que el artículo 173.3º del CP, prohíbe a los y las adolescentes menores de dieciocho (18) años de edad, la practica de relaciones sexuales consentidas, mientras que por otro lado, el Ministerio de Salud, planifica y ejecuta una política de prevención e información en temas de sexualidad y reproducción dirigidos al mismo grupo humano, como es el caso de la Norma Técnica de Planificación Familiar aprobada por Resolución Ministerial Nº 465-99-SA/DM, que señala que los y las adolescentes están aptos, previa consejería, para recibir métodos anticonceptivos.
11.6. Elevar la edad de la indemnidad sexual, ha sido el mensaje distorsionado de la infeliz redacción del artículo 173.3º del CP, ha dado como resultado la generalizada creencia en la ciudadanía, que todas las relaciones sexuales en que participe un adolescente de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años constituye delito de violación sexual, es decir, a este grupo se le pretende cancelar jurídicamente el derecho de ejercer su libertad sexual, desconociendo su capacidad de dar consentimiento si quiere o no tener relaciones sexuales, simplemente se le prohíbe por ley. Al respecto, Paula Bodnar 21 afirma que “la doctrina concuerda que el tener soluciones jurídicas sobre protectoras con respecto al desarrollo integral del niño, tiene implicancias negativas, proteger no implica sólo quitar responsabilidades y derechos, pues restringir la capacidad de decidir o de ser competentes, afecta negativamente a la persona toda, incluida su salud física y no sólo la esfera jurídica”.
11.7. El artículo 30º de la Ley General de Salud (Ley Nº 26842) señala que “el médico que brinda atención médica a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente de transito o por causa de otro tipo de violencia que constituya delito perseguible de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal, esta obligado a poner el hecho en conocimiento de autoridad competente”. En el análisis jurídico de este artículo, Erika García 22 señala que “no sólo resulta inconstitucional, porque contravienen principios jurídicos que preservan la relación médico- paciente y el derecho de los y las usuarias, tales como el secreto médico y la
21 BODNAR, Paula. En: Síntesis de Investigación sobre los Derechos Reproductivos de la Población Adolescente. Mayo 2000. Citado por MELZI, Fiorela. En: Los Derechos Sexuales y Reproductivos, Derechos Humanos de los y las Adolescentes. UNFPA.
En: <http://www.unfpa.org.pe/publicacionesperu/DerSexRepAdoles.pdf> [consulta: 28 de marzo del 2008].
22 GARCIA, Erika. Médicos en conflicto entre la cura y la denuncia: Artículo 30º, Análisis de constitucionalidad de la Ley General de Salud sobre la obligación de médicos y médicas de denunciar. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX. Lima. 2006.
confidencialidad, sino que además, su aplicación resulta poco efectiva, dado que los médicos y médicas no son los funcionarios más idóneos para aplicar este tipo de medidas y el encargo que se le da resulta perjudicial al acto que si le corresponde hacer, deslegitimando la confianza que los y las usuarias les depositan y que resulta de suma importancia en el acto médico”.
11.8 La aplicación del artículo 30º, en un contexto donde es difícil de aceptar y entender las prácticas sexuales de los y las adolescentes y donde además han sido aparentemente proscritas por la confusa y contradictoria hipótesis normativa del artículo 173.3º del CP, en concordancia con el resto del ordenamiento constitucional y legal, acarrea un impacto particularmente negativo en el sistema sanitario, pues este ultimo no sólo tendría que dejar de desarrollar intervenciones claves de salud pública que fortalezca la auto afirmación de los y las adolescentes, basada en el consentimiento y la decisión informada, sino que además, hace del sistema sanitario un identificador eficaz de quienes escapan de la norma jurídica, confiriéndole atribuciones ajenas a su responsabilidad primordial.
11.9 La trágica interpretación de colocar la actividad sexual de los y las adolescentes menores de dieciocho (18) años al margen de la ley, también produce el resultado adverso de volver ilegales las atenciones de salud sexual y reproductiva que no están orientadas a la abstinencia sexual, ampliando con ello las brechas de exclusión bastante reconocidas, pues se sabe que la mayor proporción de contagio de VIH., se estaría produciendo en este grupo de edad, y son los y las adolescentes según datos de distintas ENDES, los que menor uso de anticonceptivos hacen, por lo tanto, es el grupo que en mayor proporción se enfrenta al embarazo no deseado y al aborto inseguro, y con ello a la mortalidad materna 23 .
11.10 El contacto medico paciente tiene lugar en varios momentos claves: cuando las y los adolescentes acuden a los servicios de salud para solicitar anticonceptivos, cuando consultan por alguna enfermedad de transmisión sexual, acudan al control prenatal o necesiten atención del parto, es decir, acciones elementales para preservar el derecho a la salud y controlar daños que no sólo producen discapacidades, sino también mortalidad precoz y pérdidas significativas en años de vida 24 . Determinados el personal sanitario por la delictuosidad de las relaciones sexuales de los adolescentes, el mecanismo de rutina suele ser el siguiente: Una vez que la adolescente es detectada en el servicio de salud como menor de dieciocho años, su caso debe ser comunicado a la Fiscalía de Familia y la persona con la cual ha mantenido el vínculo sexual (léase novio, enamorado, conviviente o
23 NAGLE, Jennifer y CHAVEZ, Susana. De la protección a la amenaza: Consecuencias de una ley que ignora los derechos sexuales y derechos reproductivos de las y los adolescentes: El caso de la modificatoria del Código Penal, Ley Nº 28704. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEX. 2007. 24 Banco Mundial, Grupo de Género y Desarrollo. Gender Equality and the Millennium Development Goals. Washington, D.C. 2003, p. 22.
esposo) es acusado por delito de violación sexual. Si éste último es otro adolescente, será considerado un infractor y si es adulto, se considerará un delincuente, ello sin importar, que la adolescente afirme que sus relaciones fueron consentidas.
11.11 El veintinueve de agosto del dos mil seis, en el noticiero 90 Segundos del canal 2- Frecuencia Latina, emitió la denuncia de una madre de familia, que decía que su hija de diecisiete años que dio a luz a su bebe, en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP, Ex Maternidad de Lima) iba a ser recluida en un centro de prevención y readaptación, por considerarse que había infringido el artículo 173.3º del CP, señalando a su vez, que esta medida se extendería al conjunto de hospitales y clínicas del país 25 . A partir de esa noticia se fueron conociendo mas casos y luego se pudo observar al hospital atestado de adolescentes que estando en condiciones de alta, no podían salir, por que había de por medio una acusación de violación sexual.
11.12 La noticia de la retención, rápidamente se extendió entre la población adolescente. Ante la denuncia de la prensa y de la sociedad civil, el 29 de diciembre del 2006, el Ministerio de Salud envió una carta al INMP señalando que no habría ninguna razón para retenerla cuando la adolescente se encuentre en condición de alta médica 26 . Sin embargo, las retenciones se mantuvieron aunque fueron por más corto tiempo y en algunos hospitales como en el INMP, se hicieron ajustes administrativos para facilitar el alta de las adolescentes.
En resumen, una interpretación denegatoria del derecho a la libertas sexual de los adolescentes de catorce (14) a menos de dieciocho (18) años de edad, producto del análisis sesgado del artículo 173.3º del CP, tendrá un impacto tremendamente negativo en el sistema de salud, restringiendo por temor a la represión penal, la atención de los y las adolescentes que acuden a los servicios sanitarios para solicitar anticonceptivos, cuando consultan por alguna enfermedad de transmisión sexual, por control prenatal o necesiten atención de parto.
12.1 El derecho a la legalidad penal se encuentra reconocido en el artículo 2º, inciso 24º literal “d”, de la Constitución Política del Estado con el siguiente texto:
“Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e
25 Carta de Susana Chávez. Grupo Coordinador de la Mesa de Vigilancia Ciudadana en Derechos Sexuales y Reproductivos, a la Doctora Luz Monge, Defensora Especializada en los Derechos de la Mujer, Defensoría del Pueblo, 05 de septiembre del 2006.
26 Informe Nº 1181-2006-OGAJ/MINSA.
inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”.
12.2 El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 010-2002-AI-TC (03/01/2003), ha establecido que “el principio de legalidad exige no sólo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. Esto es lo que se conoce como el mandato de determinación, que prohíbe la promulgación de leyes penales indeterminadas, y constituye una exigencia expresa en nuestro texto constitucional al requerir que la tipificación previa de la ilicitud penal sea “expresa e inequívoca” (Lex certa). El principio de determinación del supuesto de hecho previsto en la Ley es una prescripción dirigida al legislador para que éste dote de significado unívoco y preciso al tipo penal, de tal forma que la actividad de subsunción del hecho en la norma sea verificable con relativa certidumbre”.
12.3 “La certeza de la ley es perfectamente compatible, en ocasiones, con un cierto margen de indeterminación en la formulación de los tipos y así, en efecto, se ha entendido por la doctrina constitucional. (FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco:
El Sistema Constitucional Español, Dykinson, Madrid, 1992, p. 257). El grado de indeterminación será inadmisible, sin embargo, cuando ya no permita al ciudadano conocer qué comportamientos están prohibidos y cuáles están permitidos. (En este sentido:
BACIGALUPO, Enrique: Manual de Derecho Penal, Parte General. Temis. Bogotá, 1989, p. 35). Como lo ha sostenido este Tribunal en el Caso “Encuesta a boca de urna” (Exp. N° 002-2001-AI/TC), citando el Caso Conally vs. General Cons. de la Corte Suprema Norteamericana, “una norma que prohíbe que se haga algo en términos tan confusos que hombres de inteligencia normal tengan que averiguar su significado y difieran respecto a su contenido, viola lo más esencial del principio de legalidad” .
12.4 La infausta redacción del artículo 173.3º del CP, tiene lugar al haberse consignado como comportamiento represivo, “el sólo acceso carnal” con una persona de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de edad 27 , sin la especificación de los medios distorsionadores de la manifestación de voluntad del sujeto pasivo, como la violencia, amenaza, engaño, la puesta en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, produciendo evidente confusión en la asimilación del injusto pretendido por el legislador, entendido de una lectura superficial, como la indemnidad sexual o incapacidad de autodeterminación sexual, a pesar que las otras figuras penales como la violación sexual (170º del CP), seducción (175º del CP) y actos contra el pudor (176º del CP), contrariamente reconocen como objeto de protección la libertad sexual de los mismos destinatarios, ocasionando en la
27 “En tiempos que la tendencia jurídica más bien es bajar la edad a los doce años como limite para la indemnidad sexual, en nuestra patria, con la ley en análisis, sin fundamento fáctico explicable y racional, se ha incrementado hasta los dieciocho años”. SALINAS SICCHA, Ramiro. La Irracionalidad Legislativa en los Delitos Sexuales. En: Actualidad Jurídica. Nº 149. Gaceta Jurídica. Lima. Abril-2006, p. 17.
sociedad un alto grado de inseguridad jurídica sobre la compresión de la conducta reprochable, cuya responsabilidad corresponde en primer término al legislador por aprobar una ley arbitraria, antitécnica y asistemática 28 , pero también los mismos operadores jurídicos (abogados, fiscales y jueces), por la falta de creatividad interpretativa para encontrar el correcto significado y la justa aplicación de la norma penal in examine, en armonía con todo el ordenamiento constitucional y legal.
12.5 El delito de violación sexual (tipo base), se encuentra tipificado en el artículo 170º del Código Penal, modificado por Ley Nº 28963 (24/01/2007), con el siguiente texto: “el que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años”. El bien jurídico tutelado es la libertad sexual del sujeto pasivo compuesto por cualquier persona con capacidad de autodeterminarse sexualmente, empleándose la violencia o grave amenaza como medios deformadores de la voluntad.
12.6 El delito de seducción, se encuentra tipificado en el artículo 175º del Código Penal, modificado por Ley N° 28251 (08/06/2004), con el tenor siguiente: “el que, mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introduce objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, a una persona de catorce años y menos de dieciocho años será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años". El bien jurídico tutelado es la libertad sexual del sujeto pasivo compuesto por los y las adolescentes de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años, consistente en el reconocimiento pleno de autodeterminación sexual para decidir el momento, la forma y la persona con quien tener acceso carnal, empleándose el engaño como medio deformador de la voluntad.
12.7 La norma que contiene el delito de seducción es válida y vigente, al haberse incorporado la circunstancia agravante del artículo 177º del CP, modificado por Ley Nº 28704 (05/04/2006), con la siguiente redacción “en los casos de los artículos 170º, 171º, 174º, 175º, 176º y 176º-A, si los actos cometidos causan la muerte de la víctima o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este resultado o si procedió con crueldad, la pena privativa de libertad será respectivamente no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, ni menor de diez ni mayor de veinte años”. En consecuencia, resulta erróneo la postura de los
28 “El legislador ha expedido una ley temeraria y absurda que termina por aniquilar cualquier intento de racionalidad en la regulación de los delitos contra la libertas sexual”. CASTILLO ALVA, José Luis. La Muerte de la Sexualidad en los Adolescentes. La Ley Nº 28704 y la Irresponsabilidad del Legislador. En:
Actualidad Jurídica. Nº 149. Gaceta Jurídica. Lima. Abril-2006, p 14.
magistrados penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, asumida en el Tema 4 del Pleno Jurisdiccional Distrital de Arequipa de septiembre del 2006, que acordó por mayoría que “se ha producido la derogación tácita del artículo 175º del Código Penal, modificado por la Ley Nº 28704, referido al delito de seducción o estupro por engaño, al haberse modificado el artículo 173º del mismo Código sustantivo al incluir en su inciso 3º, como victima del delito de violación presunta a menores entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de edad”.
12.8 El artículo I del Titulo Preliminar del Código Civil prescribe que “la ley se deroga por otro ley. La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de ésta es íntegramente regulada por aquella. Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado”. Podemos diferenciar dos clases de
derogación: Expresa, cuando el propio legislador establece explícitamente que tal o cual ley pierda su vigor. Tácita: resultante de la incompatibilidad, contradicción
o absorción entre las disposiciones de la ley nueva y de la antigua. Así, la
incompatibilidad entre dos normas resulta de la imposibilidad de su aplicación concurrente y la misma debe ser verificada respecto a las disposiciones individualmente consideradas y su conformidad con el resto del ordenamiento
constitucional y legal. En palabras de Juan Espinoza Espinoza 29 “mientras haya disposiciones de la ley precedente compatibles con las disposiciones de la sucesiva, estas permanecen vigentes aunque la nueva ley modifique notablemente
la disciplina anterior. Para saber si existe incompatibilidad, el interprete tendrá que
analizar la finalidad de las leyes anteriores y de la posterior, estableciendo como criterios para la ocurrencia de la misma: 1) la existencia de igualdad de materias, 2)
la existencia de igualdad de destinatarios y 3) el hecho de que una y otra ley sean
incompatibles entre si”.
12.9 La Ley Nº 28704 (05/04/2006), no ha derogado en forma expresa o tácita el delito de seducción, tipificado en el artículo 175º del Código Penal, por el contrario, ha reafirmado su vigencia al incorporar la circunstancia agravante contenida en el artículo 177º. En cuanto a la negación de libertad sexual de los adolescentes de catorce (14) a menos de dieciocho (18) años, producto de la sola lectura literal del artículo 173.3º, constituye en rigor un problema interpretativo, que debe salvarse mediante su concordancia práctica con la Constitución Política del Estado, el resto del ordenamiento legal y la doctrina nacional, que reconocen al unísono la libertad de autodeterminación sexual de los adolescentes mayores de catorce (14) años, como el bien jurídico protegido en los delitos sexuales.
12.10 El delito de actos contra el pudor se encuentra tipificado en el artículo 176º, modificado por Ley N° 28704 (05/04/2006), cuyo texto es el siguiente: “el que sin
29 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Los Principios contenidos en el Titulo Preliminar del Código Civil Peruano de 1984. Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Lima, 2005, pp. 50-53.
propósito de tener acceso carnal regulado por el artículo 170º, con violencia o grave amenaza, realiza sobre una persona u obliga a ésta a efectuar sobre sí misma
o sobre tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos
contrarios al pudor, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años. La pena será no menor de cinco ni mayor de siete:1)
Si el agente se encuentra en las agravantes previstas en el artículo 170º, incisos 2º,
3º y 4º; 2) Si la víctima se hallare en los supuestos de los artículos 171º y 172º; 3)
Si el agente tuviere la condición de docente, auxiliar u otra vinculación académica
que le confiera autoridad sobre la víctima". El bien jurídico tutelado es la libertad
sexual del sujeto pasivo compuesto por cualquier persona, con capacidad de autodeterminarse sexualmente, incluidos los y las adolescentes de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años.
12.11 El delito de actos contra el pudor en menores se encuentra tipificado en el
artículo 176º-A, modificado por Ley N° 28704 (05/04/2006), cuyo texto es el
siguiente: “el que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170º, realiza sobre un menor de catorce años u obliga a éste a efectuar sobre sí mismo o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios
al pudor, será reprimido con las siguientes penas privativas de la libertad: 1) Si la
víctima tiene menos de siete años, con pena no menor de siete ni mayor de diez años; 2) Si la víctima tiene de siete a menos de diez años, con pena no menor de seis ni mayor de nueve años; 3) Si la víctima tiene de diez a menos de catorce años, con pena no menor de cinco ni mayor de ocho años. Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 173º o el acto tiene un carácter degradante o produce grave daño en la salud física
o mental de la víctima que el agente pudo prever, la pena será no menor de diez ni
mayor de doce años de pena privativa de libertad". El bien jurídico tutelado es la indemnidad sexual del sujeto pasivo compuesto por los y las menores de catorce (14) años.
12.12 El aparente conflicto normativo sobre el bien jurídico protegido de los adolescentes entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años, tiene lugar en la diferenciación del tipo objetivo del delito de violación sexual de menor que protege la indemnidad sexual (art. 173º del CP), pero sólo de los y las menores de catorce (14) años, en relación a los delitos de seducción (art. 175º del CP) y actos contra el pudor (art. 176º del CP) que tutela la libertad sexual de los y las adolescente de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años, ocasionando los siguientes resultados interpretativos:
En el plano normativo:
- Si afirmamos que los y las adolescente de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años, no tienen libertad sexual, entonces quedarían derogados tácitamente los artículos 175º y 176º del Código Penal y los artículos 44º, 46º y 241º del Código
Civil, que contrariamente les reconoce capacidad sexual, amen de transgredir los derechos fundamentales a la dignidad, libre desarrollo de la personalidad, intimidad personal, salud, igualdad ante la ley, libertad individual y legalidad penal garantizados por la Constitución Política del Estado, contrario sensu, la reafirmación del goce de su libertad sexual, tendría plena concordancia con el ordenamiento constitucional y legal.
En el plano fáctico:
Si afirmamos que los y las adolescente de catorce (14) y menos de dieciocho (18)
años, no tienen libertad sexual, entonces la relación sexual consentida –sin violencia amenaza o engaño- de un adolescente con otro adolescente (de 14 a 17 años) o con un adulto (18 a más), sería reprochable penalmente en el primer caso como infracción a la ley penal con competencia del Juzgado de Familia, y, en el segundo caso como delito ante el Juez Penal, castigado con pena de veinticinco años de cárcel; sin embargo, la misma conducta contrastada con la figura del delito de seducción (vigente), sería atípica, en tanto no concurra el engaño como elemento distorsionador de la declaración de voluntad del sujeto pasivo para el acceso carnal.
12.13 La tipología del catálogo de los delitos contra la libertad sexual, dentro del capitulo IX del Código Penal, sirve como marco de referencia, para analizar la
infeliz redacción del delito de violación sexual de menor edad, tipificado en el
artículo 173º del Código Penal, modificado por Ley Nº 28704 (05/04/2006), con
el tenor siguiente: “el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza
actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por algunas de las dos primeras vías con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 1) Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de cadena perpetua; 2) Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor de treinta años, ni mayor de treinta y cinco; 3) Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años. Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena para los sucesos previstos en los incisos 2 y 3, será de cadena perpetua". El bien jurídico tutelado es la indemnidad sexual del sujeto pasivo compuesto por los menores de catorce (14) años, diferenciándose de la libertad sexual como el bien jurídico protegido de aquellos adolescentes entre catorce (14)
y menos de dieciocho (18) años, por ser la única y razonable interpretación
coherente con los derechos constitucionales a la dignidad, salud, libre desarrollo
de la personalidad, igualdad ante la ley, libertad individual, intimidad personal, libertad individual y legalidad penal, así como con las demás figuras penales de violación sexual, seducción y actos contrarios al pudor.
12.14 Siguiendo a Eduardo García Maynes 30 , el principio lógico de contradicción, en general, enseña que dos juicios contradictorios no pueden ser ambos verdaderos. El principio jurídico dice: dos normas de derecho contradictorias no pueden ser válidas ambas. Las normas son o no son válidas; de las enunciaciones decimos que son verdaderas o falsas. Desde el punto de vista de la lógica hay oposición contradictoria entre dos juicios cuando uno atribuye y el otro niega a un mismo objeto la misma determinación, predicada en la misma unidad objetiva. Dos preceptos jurídicos se contradicen cuando –en iguales circunstancias- uno prohíbe y el otro permite a un sujeto la misma conducta. Recordando la teoría kelseniana, dos normas se oponen contradictoriamente cuando, teniendo ámbitos iguales de validez, material, especial, y temporal, una permite y la otra prohíbe a un mismo sujeto la misma conducta.
12.15 La contradicción de la hipótesis normativa del artículo 173.3º del CP que niega la libertad sexual, con las otras figuras penales del tipo base de violación sexual, seducción y actos contra el pudor de los artículos 170º, 175º y 176º del Código Penal y con los derechos maritales y reproductivos de los artículos 44º, 46º y 241º del Código Civil, que reconocen la libertad sexual de los mismos destinatarios compuestos por los y las adolescentes de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años, se sitúa en la clasificación de García Maynes como hipótesis de “afirmación y negación de un derecho subjetivo de primer grado”, relativamente a un mismo sujeto y en condiciones iguales de espacio y tiempo. Si una norma jurídica concede a un derecho subjetivo (autodeterminación sexual) a una persona (adolescentes entre 14 y 18 años), es decir, la faculta para proceder de tal o cual manera (relaciones sexuales consentidas), y la otra le prohíbe, en iguales condiciones, el mismo acto, los dos preceptos son incompatibles. Para mayor claridad, en este caso, las normas antagónicas tendrían los siguientes enunciados:
- Dado el hecho A, el sujeto B tiene el derecho de observar la conducta C.
- Dado el hecho A, el sujeto B no tiene el derecho de observar la conducta C.
12.16 Como el principio de contradicción, el de tercero excluido se refiere a dos juicios opuestos contradictoriamente. Pero mientras aquel, en su formula general, afirmaba de tales juicios que no pueden ser verdaderos ambos, el de tercero excluido enseña que, cuando dos juicios se contradice, no pueden ser ambos falso. Con esto el principio afirma, al propio tiempo, que necesariamente uno de los dos es verdadero. El principio jurídico de tercero excluido se formula así: “cuando dos normas de derecho se contradicen, no pueden ambas carecer de validez”. Por tanto, una de ellas tiene que ser válida. En otros términos: si una de las dos carece de validez, la otra será necesariamente válida. La conducta jurídicamente regulada
30 GARCIA MAYNES, Eduardo. Introducción a la Lógica Jurídica. Colofón S.A. Séptima edición. México., 2000, pp. 27-49.
sólo puede hallarse prohibida o permitida. Para mayor ilustración, las normas antagónicas tendrían los siguientes enunciados:
- Dado el hecho A, el sujeto B puede tener derecho y no tener derecho (conjunción), al mismo tiempo, de observar la conducta C.
- Dado el hecho A, el sujeto B necesariamente tiene derecho o no tiene derecho (disyunción exclusiva) de observar la conducta C.
12.17 La aplicación de los principios lógicos 31 de contradicción y de tercero excluido al problema interpretativo del artículo 173.3º del CP, relacionado con el reconocimiento de la liberta sexual como el bien jurídico protegido, nos conduce a las siguientes conclusiones:
Norma prohibitiva “A”
- Art. 173.3º CP: Prohíbe las relaciones sexuales consentidas de los y las adolescentes de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años.
Norma permisiva “B”
- Art. 170º CP: Permite las relaciones sexuales consentidas de los y las adolescentes de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años, a condición que no medie violencia o grave amenaza contra el sujeto pasivo.
Norma permisiva “C”
- Art. 175º CP: Permite las relaciones sexuales consentidas de los y las adolescentes de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años, a condición que no medie engaño contra el sujeto pasivo.
Norma permisiva “D”
- Art. 176º CP: Permite los tocamientos sexuales consentidos de los y las adolescentes de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años, a condición que no medie violencia o grave amenaza contra el sujeto pasivo.
31 La Lógica Formal o Pura estudia las leyes que aseguran la verdad o corrección formal de nuestras operaciones intelectuales. Hace una abstracción de la materia o contenido del pensamiento, trata únicamente de determinar la corrección de los actos del entendimiento respondiendo solamente de su coherencia. La Lógica Jurídica es dentro de la teoría lógica general, la parte especial que se caracteriza por el hecho de ser empleada en la aplicación del Derecho.
Principio lógico de contradicción
- La norma prohibitiva “A” es contradictoria con las normas permisivas “B”, “C” y “D”.
- La norma prohibitiva “A” y las normas permisivas “B”, “C” y “D” no pueden ser simultáneamente ser válidas.
Principio lógico de tercero excluido
- Las normas permisivas “B”, “C” y “D” son válidas 32 por congruente, en tanto que, la norma prohibitiva “A” es inválida por contradictoria.
12.18 La apuesta por la reafirmación de la libertad sexual, como el bien jurídico tutelado de los y las adolescentes de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años en los delitos sexuales, encuentra sustento en el principio pro homine, desarrollado por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 0795-2002-AA/TC (29/01/2003) y Nº 1003-98-AA/TC (06/08/2002) del modo siguiente: “ante eventuales diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, se debe optar por la que conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando así, las que restrinjan o limiten su ejercicio”. Esta sentencia conduce a interpretar restrictivamente las restricciones a los derechos y a interpretar extensivamente los derechos constitucionales para darles, por tanto, mayor protección.
12.19 La negación de la libertad sexual a los adolescentes de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años, conduciría a resultados absurdos, inaceptables e indeseables a todo el ordenamiento legal como ha sido descrito en forma pormenorizada en la
presente resolución, esto es, a una argumentación por reducción al absurdo,
también llamado argumento indirecto o apagógico, para Marina Gascón Abellán 33 “tiene lugar cuando “cierta interpretación de un texto normativo (prima facie posible) no puede hacerse porque conduciría a resultados absurdos, por imposibles, inaceptables o no deseables desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. Es aquel que manifiesta la verdad de la tesis, infiriéndola de la falsedad de la proposición contradictoria, en virtud del principio: “Lo falso no se sigue sino de lo falso”. Su denominación se debe a que por su intermedio se conduce a quien niega la verdad de la tesis cierta, a consecuencias absurdas e inconvenientes. Lo absurdo
32 Norma válida es aquella que en adición a estar vigente (que ha cumplido con todo los requisitos de trámite necesarios), cumple con los requisitos de no incompatibilidad con otras de rango igual o superior, tanto en forma como en fondo. 33 GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso J. La Argumentación en el Derecho:
Algunas Cuestiones Fundamentales. Palestra editores. Lima, 2003, pp. 198-202.
es aquello que viola las leyes lógicas, quebrantando el principio de no contradicción, pues establece la existencia de un fenómeno y su contradictorio en idéntico tiempo y lugar. Se daría en el caso de existir dos posibilidades de conclusión para una hipótesis ambas contradictorias, y por tanto imposibles de existir al mismo tiempo y en idéntico lugar. Luego la tesis será aquella que salve su existencia por posibilidad; descartando la otra por haber sido reducida a la calidad de absurdo”.
12.20 El carácter fragmentario del Derecho Penal consiste en que no se puede utilizar para prohibir todas las conductas. El derecho punitivo no castiga todas las conductas lesivas de bienes jurídicos sino las que revisten mayor entidad, ello supone descartar el reproche penal de aquellos actos propios de la vida intima sexual de los y las adolescentes, intrascendentes a la esfera social, realizados en ejercicio de su libertad y autonomía sexual, sin más limitación que el elemental respeto al derecho de los demás. Para Felipe Villavicencio Terreros 34 “este principio “es una directriz político criminal, ya que determina en el legislador hasta que punto puede transformar determinados hechos punibles en infracciones o no hacerlo”.
12.21 Para determinar la fragmentariedad de la selección penal, Muñoz Conde 35 propone partir de los siguientes fundamentos: Primero: “defendiendo al bien jurídico sólo contra aquellos ataques que impliquen una especial gravedad, existiendo además determinadas circunstancias y elementos subjetivos”, por ello, la practica de relaciones sexuales consentidas por los adolescentes, será irrelevante penalmente, salvo cuando su libertad de autodeterminarse sexualmente, sea coactada por medios como la violencia, la amenaza o el engaño del sujeto activo para obtener el acceso carnal.
12.22 Segundo: “tipificando sólo una parte de lo que en las demás ramas del ordenamiento jurídico se estima como antijurídico”, en este aspecto, la libertad sexual de los y las adolescentes menores de dieciocho (18) años, ha sido de reconocimiento pleno por el ordenamiento civil y penal, constituyendo todo un contrasentido que sólo una norma penal aislada y autárquica (art. 173.3 del CP) en contraste a la unidad y coherencia del sistema jurídico, pueda negar esa libertad sexual, convirtiéndola, sin mayor justificación y con mucha arbitrariedad en objeto de reproche penal.
12.23 Tercero: “dejando, en principio, sin castigo las acciones meramente inmorales”, el reconocimiento de la libertad sexual a los y las adolescentes, no tiene como fin promover o incentivar prematuramente los actos sexuales, sino reconocer una
34 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal - Parte General. Editora Jurídica Grijley. Lima. 2006, p. 94.
35 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCIA ARAN, Mercedes. Derecho Penal. Parte General. Quinta edición revisada y puesta al día. Tirant lo Blanch. Valencia. 2002, p. 80.
realidad social, pero sobre todo reafirmar su dignidad y libertad de decidir un acto que compete sólo a la esfera intima personal del propio adolescente, a decidir el momento y la persona con quien tener acceso carnal, sin mas limitación que sus propios valores, creencias, costumbres y educación. El Derecho Penal siempre será la última ratio o extrema ratio, o sea el último recurso que debe utilizar el Estado, debido a la gravedad que revisten determinadas acciones.
13. INTERPRETACION SISTEMATICA
normativa, explicado por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 005- 2003-AI/TC (03/10/2003), con los siguientes términos: “la normatividad sistémica del orden jurídico descansa en los siguientes principios: la coherencia normativa y el principio de jerarquía de normas. La coherencia normativa consiste en trabajar la armonización de las normas entre si. La jerarquía de las normas dentro del sistema, porque, como es obvio, una norma superior siempre primará sobre una norma inferior. Si existen dos posibles interpretaciones sobre dos normas –una que las hace antagónicas y otra que las armoniza-, se debe preferir esta segunda posibilidad. Una forma concreta de aplicación de la coherencia normativa es la Segunda Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que manda: “los jueces y tribunales sólo inaplican las disposiciones que estimen incompatibles con la Constitución cuando por vía interpretativa no sea posible la adecuación de tales normas al ordenamiento constitucional”.
13.2 El significado de la interpretación sistemática ha sido trabajado en el Expediente Nº 273-93-AA/TC (08701/1998), como: “la aplicación e interpretación de las normas constitucionales –en general de toda norma-, no debe realizarse aisladamente sino debe efectuarse de manea sistemática”. Para Marcial Rubio Corea 36 “la interpretación sistemática supone que “la Constitución es un sistema normativo, y un sistema puede definirse como un conjunto de partes que se interrelacionan según ciertos principios, de manera que siempre se puede encontrar respuesta a las necesidades normativas para la vida social dentro de dicho sistema, integrando las partes y aplicando los principios”. Es así que a partir de los derechos constitucionales a la dignidad, libre desarrollo de la personalidad, salud, libertad individual, intimidad personal, igualdad ante la ley y legalidad penal, hemos concluido que los adolescentes de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años tienen pleno ejercicio de su libertad o autodeterminación sexual. La interpretación sistemática asume dos formas: el método sistemático por ubicación de la norma y el método sistemático por comparación con otras normas.
36 RUBIO CORREA, Marcial. La Interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2005, p. 70.
13.3 El método sistemático por ubicación de la norma pone énfasis en el conjunto,
sub conjunto, grupo normativo, etc, en el cual se halla incorporada, a fin de que su
que quiere decir sea esclarecido por los elementos conceptuales propios de tal estructura normativa. Mientras que el método sistemático por comparación con otras normas consiste en esclarecer el qué quiere decir la norma atribuyéndole los principios o conceptos que quedan claros en otras normas y que no están claramente expresados en ella.
El delito de violación sexual de los y las adolescentes de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años (art. 173.3º del CP), se encuentra dentro del Libro II, Capitulo
del Código Penal intitulado “Violación de la libertad sexual”; ergo, su
interpretación debe mantener perfecta coherencia con los otros tipos penales del mismo sub grupo normativo como el delito de violación sexual (art. 170º del CP), el delito de violación de persona inconsciente (art. 171º), el delito de seducción (art. 175º del CP) y el delito de actos contra el pudor (art. 176º del CP), que reconocen a la libertad sexual, como el bien jurídico objeto de protección del sujeto pasivo, la misma que sólo puede ser doblegada por el sujeto activo mediante la violencia, la grave amenaza, el engaño y la puesta en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir.
edad de catorce (14) años en adelante como franja delimitadora entre la
“indemnidad” y “libertad sexual”, entre la “exclusión” o “admisión” de la validez
consentimiento prestado para el acceso carnal en nuestro país, resulta
razonable y prudente en contraste con los criterios etáreos legales previstos en la legislación comparada, para el reconocimiento de la capacidad de
autodeterminación sexual de los adolescentes: el Código Penal Español en sus artículos 181º y 182º en trece años, el Código Penal Argentino en su artículo 119º en doce años de edad, el Código Penal Chileno en sus artículos 363º y 366º en doce años, el Código Penal de Colombia en su artículo 208º en catorce años.
El tratamiento normativo extrapenal de los adolescentes relacionados con sus derechos sexuales y reproductivos, podemos sintetizarlos en tres normas del Código Civil: El artículo 44º, inciso 1º: “Son relativamente incapaces: los mayores
dieciséis y menores de dieciocho años de edad”. El artículo 46º: “La
incapacidad de las personas mayores de dieciséis años cesa por matrimonio o por obtener titulo oficial que les autorice para ejercer una profesión u oficio. La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de éste.
Tratándose de mayores de catorce años cesa la capacidad a partir del nacimiento del hijo, para realizar solamente los siguientes actos: 1) reconocer a sus hijos, 2) Reclamar o demandar por gastos de embarazo y parto, 3) Demandar y ser parte en los procesos de tenencia y alimentos a favor de sus hijos”. El artículo 241º, inciso 1º: “No pueden contraer matrimonio: Los adolescentes. El juez puede dispensar
este impedimento por motivos justificados, siempre que los contrayentes tengan,
como mínimo, dieciséis años cumplidos y manifiesten expresamente su voluntad de casarse”.
13.7. El delito de violación sexual tipificado en el artículo 173.3º del CP, también debe mantener coherencia con el resto del ordenamiento extra penal, más precisamente, con el artículo 46º del Código Civil, que reconoce la capacidad de los adolescentes de dieciséis (16) años para contraer matrimonio, con el asentimiento de sus padres y dispensa judicial justificada, generándose entre los cónyuges diversos deberes como el de cohabitación previsto en el artículo 289º, entendido como el débito conyugal, es decir, la comunidad de vida entre marido y mujer que tiene como efecto natural las relaciones sexuales; situación extensiva al concubinato regulado por el artículo 326º.
13.8. Para cierto sector de la doctrina 37 , los adolescentes de dieciséis (16) años que tienen como pareja a una persona mayor de edad, sea en matrimonio o concubinato, no calificarían como sujetos activos del delito de violación sexual in examine; debido a que el consentimiento del adolescente para la copula sexual con su cónyuge o concubino, tendrá plena eficacia, dado el especial vinculo jurídico que los une, concurriendo la causal de justificación prevista en el artículo 20º, inciso 10) del Código Penal que establece “esta exento de responsabilidad penal el que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición”. Sin embargo, esta posición resulta una interpretación extremadamente restrictiva de la libre autodeterminación sexual sólo de los y las adolescentes de dieciséis (16) a menos de dieciocho (18) años que tienen la condición de cónyuge o concubino, dejando en “desamparo doctrinal” al conjunto mayoritario de la población juvenil desde los catorce (14) años, que generalmente mantienen relaciones sexuales sin que medie un vinculo jurídico permanente, sino simplemente una relación afectiva ocasional.
13.9 Nuestra posición parte de una interpretación extensiva 38 del alcance de los artículos 44º, 46º y 241º del Código Civil respecto al reconocimiento del derecho a la libertad sexual de los adolescentes entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años, entendido básicamente como la autonomía de elección del tiempo, forma y persona con quien tener relaciones sexuales, por tratarse de un derecho humano connatural al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, si un adolescente desde los dieciséis años puede casarse y desde los catorce (14) años, puede reconocer a
37 VASQUEZ BOYER, Carlos. El Matrimonio, el Concubinato, la Profesión y el Oficio como causa de Justificación en el Delito de Violación Sexual Presunta del Artículo 173 del CP. En: Dialogo con la Jurisprudencia Nº 105. Lima. 2007, pp. 189-198.
38 La interpretación es extensiva cuando la conclusión interpretativa final es aquella en la que la norma interpretada se aplica a mas casos que los que su tenor literal estricta parecería sugerir. No implica integración jurídica, sino sólo la extensión interpretativa de la frontera fáctica a la cual se aplica el supuesto de la norma para permitir que se produzca la necesidad lógico-jurídica de la consecuencia. Caso típico en el que se reclama la interpretación extensiva es en la protección de los derechos constitucionales de la persona.
sus hijos, ¿Puede tener relaciones sexuales libremente?, ¿Tiene el adolescente derechos reproductivos? Indudablemente la respuesta a las preguntas formuladas será afirmativa 39 . Por tanto, el derecho a la autodeterminación sexual de los y las jóvenes de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años, implícito en la posibilidad de acceder al matrimonio y la paternidad, lógicamente conlleva a una interpretación extensiva de esta libertad sexual reconocida en el ámbito normativo civil, como el bien jurídico a ser tutelado en los delitos sexuales en el ámbito normativo penal.
13.10 En esta línea de pensamiento, Mayda Ramos Bellido 40 , responsable de la Adjuntía de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo expresa: “nosotros pensamos que es lo correcto y adecuado de que se vuelva a establecer que de catorce (14) años para abajo existe la indemnidad sexual, mucho más si tenemos en cuenta que el Código Civil reconoce determinados capacidades a los y las adolescentes, por ejemplo, una adolescente de catorce (14) años puede reconocer
a un hijo, a los dieciséis (16) años pueden casarse, pueden firmar contratos,
entonces tienen una capacidad relativa, con mayor razón a partir de determinada edad ellos pueden asumir su responsabilidad sobre su sexualidad. Esto no es una puerta para que los violadores hagan lo que quieran”.
13.11 El reconocimiento de la antijuricidad en la conducta presupone considerar al
orden jurídico como un todo unitario para cuya totalidad la conducta es ilícita, no
puede dar lugar al escándalo jurídico de negar y afirmar algo al mismo tiempo
por ello una conducta ilícita en un ámbito del derecho, no puede ser lícita en
otro, salvo que se trate de comportamientos diferentes. Ello obliga a la razonable búsqueda de la coherencia normativa en el conjunto del acervo legislativo, dado que no resulta jurídicamente aceptable que unas normas permitan lo que otras prohíban, mucho menos, bajo aflicciones de privación de libertad, por ello, a partir del reconocimiento normativo civil al derecho de los y las adolescentes menores de dieciocho (18) años ha convivir en matrimonio o concubinato, reconocer a sus hijos y acceder a la información, prevención y atención en temas de sexualidad y reproducción, podemos concluir categóricamente que el bien jurídico tutelado en el artículo 173.3º del CP, no es mas que la propia libertad sexual y no la indemnidad sexual dirigida a la protección de los menores de catorce (14) años, interpretación que también guarda perfecta armonía al interior del propio sub grupo normativo del capitulo IX del Código Penal, sobre los delitos contra la libertad sexual, en las figuras delictivas del tipo básico de violación sexual (art. 170º del CP), seducción (art. 175º del CP) y actos contra el pudor (art. 176º del CP).
39 Posición compartida por Christian Hernández Alarcón en su artículo: ¿Son incapaces los menores de edad?. En: <www.teleley.com/articulos/art_250607.pdf> [consulta: 25 de marzo del 2008]. 40 IDEELE RADIO: Relaciones sexuales consentidas en menores: el debate esta abierto. Trasmitido el 04/06/2007 a las 10:00 am.
El método de interpretación sociológica de la norma se realiza tomando en cuenta las variables sociales del más diverso tipo, del grupo social (en este caso los adolescentes) en el que va a producirse la aplicación de la norma. “Esclarece el significado de la norma jurídica recurriendo a los diversos datos que aporta la realidad social donde la norma interpretada se aplica para realizar un permanente ajuste entre Derecho y sociedad, fundado en que el Derecho es un instrumento de regulación social particular, pero no un cuerpo normativo autárquico y que se explica y justifica por si mismo” 41 . En este sentido, resulta ineludible conocer los datos que aportan los diversos actos sociales en relación a los problemas interpretativos generados por el artículo 173.3º del CP, a partir de su modificación por Ley Nº 28704
Para DEMUS 42 “el problema radica en que en pleno siglo XXI, muchos adultos actúan como si los adolescentes no tuvieran relaciones sexuales. De acuerdo a esta perspectiva, lo ideal es que las personas iniciáramos nuestra vida sexual de forma activa lo más tarde posible, de preferencia después del matrimonio. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario ya que la adolescencia es una etapa de maduración emocional e intelectual que paralelamente con la maduración física genera un deseo por la independencia y libertad en todos sus ámbitos”. Crítica que se condice con la realidad de nuestro país, pues conforme a un estudio realizado por el Instituto de Salud y Educación 43 : “2 de cada 10 adolescentes han iniciado su vida sexual a partir de los 15 años”.
En opinión de Jennie Dador 44 , Coordinadora del proyecto de Fortalecimiento a la Labor Parlamentaria del Movimiento Manuel Ramos “toda persona mayor de catorce (14) años es sujeto de derecho y tiene libertad de ejercer su sexualidad. Acá hay que distinguir dos cosas. El sexo no consentido, forzado, no voluntario, ese siempre será delito de violación, pero el sexo consentido entre adolescentes eso no tiene porque ser un delito. Entonces, bajo la intención de decir, vamos a proteger a los adolescentes (art. 173.3º del CP), en realidad lo que estamos haciendo es proscribir la posibilidad de que ellos tengan relaciones sexuales, cuando la realidad del país te esta diciendo otra cosa. En este país los adolescentes
41 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho, pp. 274-276.
42 DEMUS. Lo que la sociedad niega ver y el Estado pretende solucionar: El ejercicio de la sexualidad adolescente. En: <www.demus.org.pe/Menus/Alertas/alertaSexualidadAdolescente.asp> [consulta: 25 de marzo del 2008].
43 El estudio se realizó en tres distritos de la ciudad de Lima: San Juan de Lurigancho, Jesús María y Pueblo Libre. En: Representaciones sociales e itinerarios de salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes. QUINTANA, Alicia, HIDALGO, Catalino, DOUROJEANNI. Lima. 2003. 44 IDEELE RADIO: Relaciones sexuales consentidas en menores: el debate esta abierto. Trasmitido el 04/06/2007 a las 10:00 am. En : <www.ideeleradio.org.pe/look/portal/article.tpl?IdLanguage=13&Id Publication=7&NrIssue=40&NrSec> [consulta: 25 de marzo del 2008].
y las adolescentes tienen capacidad para todo menos para decidir el ejercicio de su sexualidad. O les damos capacidad o no les reconocemos esa capacidad, pero porque cuando tiene que ver con temas de ejercicio de la sexualidad los estamos tratando como algo más que animalitos. Ya no es el adolescente o el niño un objeto de protección, sino un sujeto que se le reconocen derechos progresivamente, entonces, estamos hablando de catorce años hacia arriba, no estamos hablando de once o doce”.
La psicóloga María Raguz 45 se refiere a la sexualidad de los adolescentes como un derecho humano, proponiendo una cultura sexual con autoestima, capacidad critica, reflexión, cuando afirma: “No hay que temerle a la educación sexual integral. Eso no nos hará un estado libertino. La educación sexual no promueve la pedófilia, la homosexualidad o la promiscuidad. La gente se muere o se trunca la vida por ignorancia. Es inmoral negarles ese derecho a los jóvenes. La educación sexual que enseñe a los jóvenes que el sexo con responsabilidad y en libertad, no tiene nada de malo. Los chicos y chicas que reciben información sobre la sexualidad desde pequeños o antes de haberse iniciado sexualmente, tienden a postergar su primera relación y cuando esta se da, es deseada, protegida y no violenta”.
El abogado y docente Mario Pablo Rodríguez Hurtado 46 reflexiona de esta forma “¿Por qué los autores de esta ley se han atrevido a dar un paso tan sobre criminalizador y completamente injustificado? ¿Qué los motiva a considerar delito, actos completamente naturales y legítimos, como son las relaciones sexuales consentidas de los mayores de 14 años? ¿Por qué no se han detenido a evaluar los problemas que esta ley va a ocasionar fatigando más los recargados despachos fiscales y judiciales, y ahondando el hacinamiento y la desesperanza en los penales, debido al drama de los presos sin condena?. La única respuesta la encontramos en ese crónico mal consistente en la falta de una autentica política criminal o política pública de afrontamiento de la delincuencia; sin ella, el legislador se enfanga en cambios normativos, irracionales y, además, draconianos, postergando una visión y salida socio económica, familiar, cultural y educativa del problema”.
El método de interpretación histórica se practica “recurriendo a los contenidos que brindan los antecedentes jurídicos directamente vinculados a la norma que se trate, y se fundamenta en que el legislador tiene siempre una intención determinada al dar la norma jurídica, llamada intención del legislador, que debe
45 TORRES, Nilton. La (mala) Educación Sexual. En: Diario La República. Suplemento Dominical. Lima. 30 de marzo del 2008, pp. 20-22.
46 RODRIGUEZ HURTADO, Mario Pablo. El Nuevo Grito de Guerra del Torpe Legislador Draconiano: A la Cárcel por “Violador”, aunque la “Víctima” haya Consentido Libremente la Relación Sexual. En:
<www.pj.gob.pe/noticias/nota_exportar.asp?codigo=3530> [consulta: 25 de marzo del 2008].
contribuir decisivamente a explicarnos su sentido” 47 . La intención del legislador puede manifestarse a través de varias fuentes directas e indirectas, como las fundamentaciones expresas en los proyectos legislativos, así como las normas en las que el legislador declara haberse inspirado y las propias normas derogadas por la que ahora interpretamos, pues el cotejo entre ambas puede decir mucho de la actual, por lo que se le puso o quito en relación a aquella.
15.2 El Código Penal 1940, modificado por Decreto Ley Nº 20583, en su artículo 201º estableció la edad de los sujetos pasivos del delito de seducción en catorce (14) años, bajo la consideración que la Ley Nº 9181, modificatoria del artículo 87º del Código Civil había rebajado a catorce (14) años la edad de la mujer para contraer matrimonio, siendo necesario concordar la legislación civil con la penal en este aspecto, correspondiendo a los planes educacionales considerar una adecuada orientación sexual a los adolescentes.
15.3 El Código Penal de 1991, en la redacción original del artículo 173º -antes de su modificatoria por Ley Nº 28704 del 05/04/2006- no había considerado como sujetos pasivos del delito de violación sexual de menores, también denominado “violación presunta”, a los adolescentes de catorce (14) a menos de dieciocho (18) años, por considerar que el bien jurídico indemnidad o intangibilidad sexual, era propio para aquellos adolescentes y niños menores de catorce (14) años, quienes por su grado de inmadurez psicobiológico carecen de voluntad de comprender y captar la trascendencia del acto sexual, negándose validez jurídica a su consentimiento. Nótese la clara distinción con el bien jurídico libertad sexual de los y las adolescentes de catorce (14) años y menos de dieciocho (18) años, para consentir válidamente una relación sexual, salvo que medie engaño del sujeto activo como elemento distorsionador de la declaración de voluntad de aceptación de la copula sexual, como elemento configurativo del delito de seducción.
15.4 El artículo 170º del Código Penal, modificado por el artículo 1º de la Ley N° 28251 del 08/06/2004, consideró en su hipótesis normativa como circunstancia agravante de pena, cuando la violación sexual estaba dirigida contra adolescentes entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años (inciso 4). Redacción que ratificaba el reconocimiento a la protección de su libertad sexual como el bien jurídico protegido por el tipo base, al exigir la concurrencia de los medios de violencia o amenaza para doblegar precisamente tal libertad, a efectos de obtener el acceso carnal reprochable; sin embargo, tal agravante fue excluida por el artículo 1º de la Ley 28704º del 05/04/2006 y el artículo 1º de la Ley Nº 28963 del
15.5 La Ley Nº 28704 del 05/04/2006, que modifica el artículo 173º del Código Penal, para incluir en el ámbito de protección del bien jurídico de indemnidad o
47 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho, pp. 272-273.
intangibilidad sexual, a los adolescentes de catorce (14) a menos de dieciocho (18) años (inciso 3º), pretendiéndose vía la represión penal coactar su libertad de autodeterminación sexual para decidir como, cuando y con quien tener acceso carnal, negando eficacia jurídica al consentimiento, en una (mala) suerte de equiparación a la especial situación psicobiológica de los menores de catorce (14) años. Esta nueva regulación penal que amplia arbitrariamente la franja de indemnidad sexual a toda persona menor de dieciocho años, constituye sin lugar a dudar el más craso error legislativo 48 , que solo se justifica en el supuesto rédito político de cierto sector conservador de la sociedad, como abanderados de una falsa y mojigata moralidad 49 .
15.6 La Cédula Parlamentaria Aprista, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa, ha presentado el Proyecto de Ley Nº 207/2006-CR, con fecha catorce de septiembre del dos mil seis, con el objeto de modificar los artículos 170º y 173º del Código Penal relativos a los delitos contra la libertad sexual, proponiendo la exclusión de los adolescentes de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de edad como sujetos pasivos del delitos de violación sexual presunta previsto en la redacción actual del artículo 173º, inciso 3º del Código Penal, modificado por Ley Nº 28701, fundamentando que se puede llegar al exceso de sancionar penalmente a una persona que tiene dieciocho (18) años y que haya tenido actividad sexual con una menor de diecisiete años; además de resultar contradictorio penalizar la actividad sexual de los adolescentes, cuando los menores de dieciséis (16) años pueden contraer matrimonio conforme al artículo 241º, numeral 1) del Código Civil. El proyecto de ley tuvo dictamen favorable por unanimidad en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la Republica 50 , aprobado por el pleno del Congreso el veintiuno de junio del dos mil siete, pero fue observado por el Poder Ejecutivo 51 , encontrándose a la fecha encarpetada por desidia política.
48 “A esta clase de legislador poco le interesa la bomba de tiempo que deja, pues siente que su torpe severidad coincide con el reclamo popular y que su gesto convertido en ley mejorará, aunque, no mucho, el desprestigio acumulado por su pésima gestión”. RODRIGUEZ HURTADO, Mario Pablo. El Nuevo Grito de Guerra del Torpe Legislador Draconiano: A la Cárcel por “Violador”, aunque la “Víctima” haya Consentido Libremente la Relación Sexual.
49 “El afán criminalizador del legislador influenciado por los grupos mediáticos de presión de la sociedad, ha significado un adelantamiento injustificado e ilegítimo de las barreras de intervención del Derecho Penal, vulnerando las bases democráticas que orientan la estructura hermenéutica y teleológica del bien jurídico, que socavan la libertad como piedra angular del ser humano. A partir de esta orientación punitivista, comportamientos socialmente adecuados serán objeto de una represión irracional e indiscriminada, con el consiguiente desgaste del Derecho Penal. Con todo, se vulneran los principios de lesividad, de libertad y de igualdad”. PEÑA CABRERA FREYRE, Raúl Alfonso. Delitos contra la Libertad e Intangibilidad Sexual. Un Estudio Jurídico, desde una Perspectiva Penal, Procesal y Criminológica. Idemsa. Lima. 2007, pp. 191-
50 Para el congresista Raúl Castro, Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos “con la anterior ley, si una pareja de jóvenes tiene una relación sexual consentida y el padre de alguno denuncia violación, el acusado puede ser condenado a 25 años de prisión. Tal como esta la ley, la mitad de los jóvenes del Perú podrían ser condenados”. En: Diario La República del 22/06/2007. 51 “Debemos preguntar a los padres de familia si están de acuerdo que sus hijas de 14 a 18 años estén expuestas al acoso sexual de hombres mayores” (Dra. Rosa María Vengas - Presidenta de la Comisión de la
DESVINCULACION DE LA CONSULTA Nº 2224-2007-AREQUIPA
La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de La República, mediante resolución de fecha veinte de noviembre del dos mil siete, en el expediente signado como Consulta Nº 2224-2007-Arequipa, APROBO la resolución expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fecha veintiocho de mayo del dos mil siete (resolución consultada), en el Expediente Nº 2006-2156, que declaro INAPLICABLE el artículo 173º, inciso 3º del Código Penal, modificado por la Ley Nº 28704, por colisionar con los artículos 2º, inciso 1º, 2º, inciso 24º, apartado a) y 2º, inciso 24º, apartado d) de la Constitución Política del Estado, por consiguiente, FUNDADA DE OFICIO la excepción de naturaleza de acción, disponiéndose el archivo definitivo del proceso en el proceso seguido contra Alan Richar Tome Guillén (21 años), por el delito de violación sexual, en agravio de la menor de iniciales E.S.Z.Y (15 años). La resolución de la Sala Penal de Arequipa constituye un hito importante en la judicatura sobre la cuestionada violación sexual presunta de la redacción actual del artículo 173.3º del CP, con la premisa del pleno reconocimiento de la libertad sexual de los y las adolescentes de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de edad y la exclusión de todo reproche penal cuando media consentimiento.
El Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 141-2002-AA/TC (23/11/2002)
reconoce el Principio de declaración de inconstitucionalidad como ultima
ratio, cuando afirma que “la norma a inaplicarse por su inconstitucionalidad revista evidente e inexorablemente tal condición, aun luego de haberse acudido a interpretarla de conformidad con la Constitución, en virtud del principio interpretativo de interpretación conforme a la Constitución, y de la inconstitucionalidad como ultima ratio, pues, a tenor de la Segunda Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: “los jueces y tribunales sólo inaplican las disposiciones que estimen incompatibles con la Constitución cuando por vía interpretativa no sea posible la adecuación de tales normas al ordenamiento constitucional”. La declaración de inconstitucionalidad es, en el pensamiento del Tribunal Constitucionalidad, la excepción y no la regla, para reforzar esta idea, ha desarrollado el principio de conservación de la ley, en el Expediente Nº 010-2002-AI/TC (03/01/2003) de esta forma “el fundamento y la legitimidad de uso de este tipo de sentencias radican en el principio de conservación de la ley y en la exigencia de una interpretación conforme a la Constitución, a fin de no lesionar el principio básico de la primacía constitucional, además, se deberá tener en cuenta el criterio jurídico y político de evitar en lo posible la eliminación de disposiciones legales, para no propender a la creación de
Mujer). “Es una puerta abierta para muchos casos de violación” (Dra. Virginia Borra - ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social). “Soy padre de cuatro hijas y no creo que a los 14 años –los menores- estén en condiciones de dar un consentimiento” (Dr. Alan García Pérez – Presidente de la República).
vacíos normativos que puedan afectar negativamente a la sociedad, con la consiguiente violación de la seguridad jurídica”.
Nuestra posición es concordante en parte por el fondo y discrepante por la forma con la Sala de Derecho Constitucional y Social mediante Consulta Nº 2224-2007- Arequipa, suscribimos los magistrales y consistentes argumentos de análisis interpretativo del artículo 173.3º del CP, con los derechos reconocidos a los mismos sujetos pasivos en el resto del ordenamiento constitucional y legal, pero discrepamos de la solución indirecta vía control difuso previsto en el artículo 14º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que significa inaplicar la norma penal in examine para resolver el caso, esto porque el principio de ultima ratio de la declaración de inconstitucionalidad y el principio de conservación de la ley desarrollados por el Tribunal Constitucional, como supremo interprete de la Constitución, ha establecido la excepcionalidad del control difuso, sólo cuando sea imposible una interpretación congruente con el ordenamiento constitucional y legal; sin embargo, el juez a quo, ha buscado, encontrado y transitado por el camino más riguroso de la solución directa del caso, mediante la utilización de los diversos métodos de interpretación de la norma penal aplicable 52 , con miras a determinar la ratio legis más razonable, justa y respetuosa del sistema jurídico.
DESVINCULACION DEL ACUERDO PLENARIO Nº 7-2007/CJ-116
Los señores Vocales integrantes de las Salas Penales Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de La República, de conformidad con el artículo 116º de la Ley Orgánica del Poder Judicial acordaron por unanimidad establecer como doctrina legal vinculante para los Jueces y Salas Penales en el Acuerdo Plenario Nº 7-2007/CJ-116, respecto a la interpretación del artíuclo173.3º del CP, modificado por Ley Nº 28704 en el sentido que: cuando la relación sexual es voluntaria y el sujeto pasivo tiene entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad, es aplicable el artículo 20º, inciso 10º –que regula la institución del consentimiento- puesto que tiene libre disposición de su libertad sexual. Pero si la relación sexual es voluntaria y el sujeto pasivo tiene entre catorce (14) y quince (15) años de edad, se aplicará una pena acorde con lo previsto en los artículos 175º y 179º-A.
17.2. El Acuerdo Plenario establece como criterio para descalificar un elemento constitutivo del delito de violación sexual presunta, previsto en el artículo 173.3º del CP, la edad concreta del sujeto pasivo entre dieciséis (16) y diecisiete (17) años de edad; en tal caso, el sujeto activo que tiene relaciones sexuales con el sujeto
52 La vía de aplicación e interpretación correcta del art. 173.3º del CP, también ha sido el método de trabajo empleado por el doctor Constante Carlos Aválos Rodríguez, Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, para disponer no formalizar investigación preparatoria en un caso similar de relaciones sexuales consentidas con una adolescente de 14 y menos de 18 años. En: Carpeta Fiscal Nº 2965-2007, Disposición Nº 02 de fecha 16 de octubre del 2007.
pasivo en los parámetros etáreos anotados, en prima face encuadrara su conducta en el tipo penal in examine, será típica, pero no concurrirá el segundo elemento de antijurídicidad del delito, dado que el mismo acto, encuentra permisión en el resto del ordenamiento jurídico, más precisamente en el reconocimiento del derecho a contraer matrimonio de los adolescentes de dieciséis (16) años, previsto en los artículos 44º, 46º y 241º del Código Civil, por tanto, la copula sexual con el consentimiento del sujeto pasivo, será reconocido como el simple ejercicio de su libertad sexual, diluyéndose el injusto, por concurrir la causal de justificación prescrita en el artículo 20º, inciso 10º del Código Penal.
17.3. Lo preocupante y discrepante, es que mantiene como delito, las relaciones sexuales consentidas de los adolescentes de catorce (14) y 15 años de edad, invocando para estos el principio de proporcionalidad o prohibición en exceso, reconocido en el artículo VIII del Titulo Preliminar del Código Penal, a efectos de atenuar la pena hasta los limites considerados para los delitos tipificados en los artículos 175º
y 179º-A del Código acotado, que tratan de conductas semejantes, en las que
incluso media el engaño y la prestación económica como determinantes de la practica sexual antijurídica, debiendo considerarse, según sus propias particularidades, factores complementarios de atenuación como son los siguientes:
a) Que la diferencia etárea entre los sujetos activo y pasivo no sea excesiva; b) Que existe entre los sujetos activo y pasivo un vinculo sentimental carente de impedimentos o tolerado socialmente; y c) Que las costumbres y percepción cultural de los sujetos postule la realización de prácticas sexuales o de convivencia a temprana.
17.4 Llama la atención la infeliz contradicción interpretativa entre los máximos –en sentido de jerarquía- órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, quienes tienen la enorme responsabilidad de uniformizar la jurisprudencia nacional y sobre todo brindar predictibilidad a la ciudadanía, en la solución de los conflictos jurídico penales, es así, que mientras el Acuerdo Plenario Nº 7-2007/CJ-116 de los señores Vocales integrantes de las Salas Penales Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia, de fecha dieciséis de noviembre del dos mil siete, establece como doctrina legal vinculante que las relaciones sexuales consentidas con los y las adolescentes de catorce (14) y quince (15) años de edad constituye delito de violación sexual presunta previsto en el artículo 173.3º del CP; por otro lado, Sala de Derecho Constitucional y Social de la misma Corte Suprema de Justicia, mediante Consulta Nº 2224-2007-Arequipa de fecha veinte de noviembre del dos mil siete (06 días después), en un caso concreto de relaciones sexuales consentidas de una adolescente de quince (15) años, declaro inaplicable el artículo 173.3º del CP, por colisionar con los derechos fundamentales al libre desarrollo de
la personalidad y al principio de legalidad.
17.5. Nuestra discrepancia y desvinculación del Acuerdo Plenario se centra en el fondo, pero coincidimos en la forma de solución directa, en el sentido que de los diversos sentidos
interpretativos del artículo 173.3º del CP, es posible concluir que las relaciones sexuales consentidas de los y las adolescentes de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de edad son atípicas, alejándonos de la discriminación étarea del Acuerdo Plenario que califica como delito, con penalidad atenuada, la practica sexual de quienes tienen catorce (14) y quince (15) años, por extensión arbitraria de la indemnidad sexual; así mismo, creemos innecesario invocar el consentimiento de aquellos entre dieciséis (16) y diecisiete (17) años, como causa de justificación para excluir la antijurídicidad de la conducta, dado que, producto de una interpretación conforme a la Constitución, simplemente estamos ante un comportamiento atípico.
17.6. El Tribunal Constitucional, en el Expediente Nº 017-2003-AI/TC (16/03/2004),
refiriéndose a la interpretación conforme a la Constitución, ha precisado que:
“adecua, armoniza la ley a la Constitución (previamente interpretada, se entiende), escogiendo aquella (o sea, la norma) que evita cualquier contradicción entre ley y Constitución. El efecto de semejante interpretación es, obviamente, el de conservar la validez de la ley que, de otra forma, habría sido declarada inconstitucional. Por cierto la aplicación de esta técnica de interpretación tiene sus límites. Uno de ellos, que se extiende a cualquier otro criterio de interpretación, es el texto de la disposición a interpretar. Sólo cabe realizar una interpretación compatible con la Constitución cuando del enunciado lingüístico, esto es, de la disposición de una fuente formal del derecho, resulte razonable inferir aquel sentido interpretativo constitucionalmente admisible, y no al revés”.
18. CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO
18.1 La señora Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, en calidad de titular del ejercicio público de la acción penal, actuando con criterio de objetividad como lo prevé el artículo IV del Titulo Preliminar del CPP, ha peticionado el sobreseimiento del proceso seguido contra el imputado Erick Segundo Mariño Arenas, por el delito de violación sexual de la menor agraviada de iniciales BCRS, por lo que, habiéndose procedido a su análisis jurisdiccional en atención a los fundamentos precedentes, deberá procederse al sobreseimiento dada la interpretación del artículo 173.3º del CP, conforme a la Constitución Política y al resto del ordenamiento penal y civil que inexorablemente nos permite concluir que las relaciones sexuales consentidas de los y las adolescentes de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de edad constituyen un comportamiento atípico, como precisamente acontece en el caso de autos, materializado en la copula sexual reiterada y voluntaria entre la menor agraviada (15 años) con el imputado (21 años), consecuente de una relación sentimental de enamorados, de público conocimiento en el circulo familiar y amical de ambos, configurándose la causal prevista en el artículo 344º, numeral 2º, inciso b) del CPP, que autoriza el sobreseimiento del proceso cuando el hecho objeto de la causa no es típico.
18.2. Finalmente deberá rechazarse la otra causal de sobreseimiento invocada por el Ministerio Publico, consistente en que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, como lo prescribe el artículo 344º, numeral 2º, inciso d) del CPP, por ser lógicamente contradictoria con la casual de atipicidad amparada por el juez a quo. En la misma, forma se rechazará la vía del control difuso instada por la señora Fiscal para la solución del caso, por las mismas consideraciones señaladas para la desvinculación de la Consulta Nº 2224-2007-Arequipa.
El artículo 21º de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe que los magistrados por intermedio del Consejo ejecutivo del Poder Judicial, dan cuenta al Congreso de la República y al Ministerio de Justicia, de los vacíos y deficiencias legislativas que se encuentren en el ejercicio de sus funciones, así como de las contradicciones e incompatibilidades constitucionales, sin perjuicio de la iniciativa que sobre este propósito pueda sumir directamente el propio Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, o la Sala Plena de la Corte Suprema. En el primer caso, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial da trámite al pedido del magistrado sin calificar su contenido, a menos que dicho Consejo o la Sala Plena de la Corte Suprema lo haga suyo con expresa mención del autor de la iniciativa.
El análisis del caso de autos, ha puesto en evidencia las contradicciones e incompatibilidades de la aplicación del artículo 173º, inciso 3º del Código Penal, en su formula actual modificada por Ley Nº 28704, con la Constitución Política del Estado en su artículo 1º (dignidad), artículo 2º, inciso 1º (libre desarrollo de la personalidad), artículo 2º, inciso 2º (igualdad ante la ley), artículo 2º, inciso 7º (intimidad personal), artículo 2º, inciso 24º, literal “a” (libertad individual), artículo 7º (la salud), artículo 2º, inciso 24º, literal “d” (legalidad penal). Así mismo con el Código Penal en su artículo 170º (violación sexual), artículo 175º (seducción) y artículo 176º (actos contra el pudor). Finalmente con el Código Civil en sus artículos 44º, 46º y 241º (derechos reproductivos, matrimoniales y filiales).
Por lo expuesto, conforme a la facultad prevista en el artículo 21º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá remitirse copia certificada de la presente resolución –una vez consentida o ejecutoriada- al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para que, -de ser conveniente-, proceda a informar al Congreso de la República, el imperativo de derogar específicamente el inciso 3º del artículo 173º del Código Penal, a efectos de preservar la coherencia y unidad del ordenamiento jurídico, pero en especial, terminar con las arbitrariedad e iniquidades de dar la espalda a la realidad social, al pretenderse negar por una ley arbitraria, antitécnica y asistemática, el derecho a la libertad sexual de los y las adolescentes de catorce (14)
y menos de dieciocho (18) años de edad, limitándoles en los hechos incluso el acceso a los servicios estatales de salud sexual y reproductiva.
Por éstas consideraciones, en uso de las atribuciones que me confiere los artículos 138º y 139º, inciso 1º de la Constitución Política del Estado, el artículo 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 29º y 348º del Código de Procesal Penal, impartiendo justicia a nombre de La Nación;
FUNDADO el Requerimiento de SOBRESEIMIENTO peticionado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, en el proceso seguido contra ERICK SEGUNDO MARIÑO ARENAS (con DNI Nº 42775254, de sexo masculino, nacido el primero de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, hijo de Segundo Rufino y Ana María), por el delito de violación sexual de menor de edad, tipificado en el artículo 173º, inciso 3º del Código Penal, modificado por Ley Nº 28704, en agravio de la menor de iniciales BCRS.
Consentida o ejecutoriada la presente resolución, SOBRESEASE TOTALMENTE el proceso. LEVANTESE las medidas correctivas de carácter personal y real dictadas contra el imputado y sus bienes y, ANULENSE los antecedentes judiciales y policiales derivadas del presente proceso. ARCHÍVESE el expediente en el modo y forma de ley en la sección que corresponda. DEVUELVASE la carpeta fiscal al representante del Ministerio Público encargado del caso. REMITASE copia certificada de la resolución al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con la debida nota de atención. NOTIFIQUESE al Ministerio Público y demás sujetos procesales.-
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