Source: http://www.personascondiscapacidad.com/search/label/Actuaci%C3%B3n%20del%20Defensor%20del%20Pueblo%20de%20la%20Naci%C3%B3n
Timestamp: 2018-12-19 16:28:19+00:00

Document:
Personas con Discapacidad: Actuación del Defensor del Pueblo de la Nación
Mostrando entradas con la etiqueta Actuación del Defensor del Pueblo de la Nación. Mostrar todas las entradas
2.1. Incumplimiento de la Ley Nº 25.635. La Ley Nº 22.431, estableció un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, promoviendo acciones positivas por parte de las autoridades públicas y de los particulares que tiendan a neutralizar las desventajas que la discapacidad provoca en aquellas, para ampliar las oportunidades, de modo tal que mediante su esfuerzo puedan desempeñar, integrados en la comunidad, un rol equivalente al que ejercen las personas que no sufren discapacidad alguna. En tal sentido, el artículo 22, inciso a), segundo párrafo, de la Ley Nº 22.431, conforme redacción dispuesta por la Ley Nº 24.314, modificado por ARTICULO 1º de la Ley Nº 25.635, previó que: “...Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al Derechos Humanos y Administración de Justicia, Mujer, Niños y Adolescencia 15 contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social. La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas, las características de los pases que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de inobservancia de esta norma. La franquicia será extensiva a un acompañante en caso de necesidad documentada...”.
Con fecha 9/1/2004 se dictó el Decreto Nº 38/2004 que reglamenta la citada ley, participando en su redacción la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, organismo cuya opinión resulta vinculante respecto del tema, de conformidad con lo normado por el Decreto Nº 984/1992.
De los considerandos del citado decreto surge “Que es responsabilidad del Gobierno Nacional asumir las prioridades contenidas en el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas, que enfatizan el derecho de esas personas a participar en igualdad de condiciones y con equiparación de oportunidades junto al resto de la población en pro del desarrollo social y económico del país. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) recepta el principio de igualdad entre los hombres, no como nivelación absoluta, sino como igualdad relativa, propiciada por una legislación tendiente a compensar las desigualdades naturales.(…) Que el espíritu y la amplitud de criterio que ha guiado al legislador, en la sanción de la Ley Nº 25.635, requiere que su instrumentación permita la obtención de un documento que facilite a las personas con discapacidad el ejercicio del derecho a viajar en condiciones de gratuidad. En tal sentido debe entenderse que constituye un documento válido y suficiente la portación y exhibición del Certificado de Discapacidad que se expida por la autoridad competente en discapacidad de cada jurisdicción, conforme las previsiones del artículo 3º de la Ley Nº 22.431, según el texto del artículo 1º de la Ley Nº 25.504.(…)Que atento que resulta necesario aspirar a la plena integración en la vida social de las personas con discapacidad, es menester adoptar medidas concretas y eficaces para la obtención del resultado esperado”.
Conforme con lo estipulado por la Ley Nº 25.635, el Decreto Nº 38/2004 no establece ninguna limitación en el número de plazas por unidad para personas con discapacidad y sus acompañantes. En su Art. 1º el Decreto Nº 38/2004 estipula que el certificado de discapacidad será documento válido para acceder al derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de la autoridad nacional, de corta, media y larga distancia, según lo establece la Ley Nº 25.635. Con fecha 21/1/2004, el actual Secretario de Transporte, Ing. Ricardo R. JAIME, dictó la Resolución Nº 31/2004 estableciendo que la fotocopia autenticada por autoridad competente del certificado de discapacidad y del documento que acredite la identidad del 16 Informe Anual 2006 discapacitado, serán documentos válidos para acceder al derecho de gratuidad a los distintos tipos de transporte colectivo de pasajeros terrestre. Al no establecer la Ley Nº 25.635, ni el Decreto Nº 38/2004 ni la Resolución ST Nº 31/2004 un número determinado de plazas por unidad de este Servicio Público para personas con discapacidad y sus eventuales imprescindibles acompañantes, se cumplió con el principio de igualdad de oportunidades que inspiró al legislador.
El Art. 4º del Decreto Nº 38/2004, determinó para suprimir el serio obstáculo que significaba para las personas con discapacidad y/o sus familiares, la obligación de tramitar el pase único en la Secretaría de Transporte de la Nación, muy en particular para quienes se domicilian en diferentes provincias y para los residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires que por razones económicas y/o de falta de accesibilidad en los medios de transporte y áreas urbanas se ven impedidos de llegar a su sede para realizar un trámite innecesario, dado que la sola prueba de su condición de persona con discapacidad mediante la presentación del certificado que lo acredita, es habilitante para el ejercicio del derecho a viajar con gratuidad.
En el mismo sentido obra lo dispuesto por la Resolución ST Nº 31/2004 con relación a la posibilidad de utilizar copias autenticadas de los originales del certificado de discapacidad y documento de identidad, evitando así a las personas con discapacidad y sus allegados los engorrosos trámites para obtener duplicados de documentación perdida o inutilizada por el uso. Aún con todos los obstáculos interpuestos e incumplimientos a la normativa por parte de las empresas, muchas personas con discapacidad ejercieron su derecho de acuerdo a lo establecido por las mencionadas normas a partir de enero de 2004. Contradictoriamente a lo dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en el Decreto Nº 38/2004, con fecha 3/2/2006, visto el Expediente Nº S01:0155297/2005 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, el P.E.N. dictó el Decreto 118/2006 que sustituye el Artículo 1º del Decreto Nº 564/ 2005, mediante el cual se reglamentó la Ley Nº 26.028, estableciéndose los criterios de distribución de los recursos del Fideicomiso a que se refiere el Artículo 12 de la citada Ley y que conforman el Sistema de Infraestructura de Transporte. y en sus considerandos se menciona la correspondencia de facultar a la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS para que proceda al dictado de la normativa reglamentaria que sustituya el criterio provisorio establecido en el Decreto Nº 38 de fecha 9 de enero de 2004, resguardando el derecho previsto en el Artículo 22 de la Ley Nº 22.431, conforme la redacción dispuesta por la Ley Nº 24.314, y las modificaciones del Artículo 1º de la Ley Nº 25.635 y que a tales fines se deberá extender una credencial con formato único y condiciones de seguridad necesarias que garanticen su inviolabilidad. A su vez el Art. 4º del Decreto Nº 118/2006, estableció: “… que el derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo de pasajeros sometidos a contralor de la autoridad nacional dispuesto por el Artículo 1º del Decreto Nº 38 de fecha 9 de enero de 2004, será reglamentado por la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, debiendo observar entre otros aspectos explicitados en los considerandos de dicha norma y mientras rija el Decreto Nº 2407 de fecha 26 de noviembre de 2002 las siguientes pautas: Derechos Humanos y Administración de Justicia, Mujer, Niños y Adolescencia 17 a) a) Será aplicable a los servicios enumerados en los literales a), b) y c) del Artículo 3º del Anexo II del Decreto Nº 2407/2002. b) b) Para cada servicio, la obligación de transporte se limitará a UNA (1) plaza para discapacitado y UNA (1) para su acompañante, si el servicio cuenta con hasta CINCUENTA Y CUATRO (54) asientos y de DOS (2) plazas para discapacitados y su acompañante si la capacidad fuera mayor.…”. Que tal como se desprende de esta última norma, la gratuidad sólo será aplicable a los servicios que se prestan en las categorías denominadas “Común”, “Común con Aire”, “Semicama”, y no en los correspondientes a “Cama-Ejecutivo” y “Cama Suite”, disposición que es discriminatoria y que además, ante la ausencia total del cumplimiento de la normativa de accesibilidad en las unidades del transporte automotor de pasajeros por carretera (larga distancia), omite la prestación del servicio gratuito de las unidades cuyas dimensiones y características las hacen más “accesibles” a las personas con movilidad reducida, entre ellas, las personas con discapacidad motora sola o asociada a otras discapacidades. Por lo expuesto, se observa que la norma no permite ejercer el derecho adquirido por las personas con discapacidad de disponer plazas en las unidades de transporte para ejercer su derecho a transportarse con gratuidad sin límite alguno de plazas para ellas y sus acompañantes en las diferentes categorías. El eventual dictado de una normativa reglamentaria que sustituya el criterio establecido en el Decreto Nº 38/2004 y la Resolución ST 31/2004 a los fines de extender una credencial con formato único y condiciones de seguridad necesarias que garanticen su inviolabilidad implicaría el regreso de un innecesario trámite más, de alto costo por otra parte, para las personas con discapacidad y sus allegados, resultando suficiente si dichas características acompañaran al certificado de discapacidad. Contrariamente al trámite dado en el Expediente Nº 14.714/03 del registro de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, referido a la reglamentación de la Ley Nº 25.635, en el caso del decreto Nº 118/06, no se ha dado previa intervención a la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS, organismo con opinión vinculante en la materia. Independientemente que el cumplimiento riguroso del Decreto Nº 118/2006 puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, debe resaltarse que muchas personas han acudido a esta Institución denunciando la arbitrariedad sufrida ante el incumplimiento del Decreto Nº 38/2004 por parte de las empresas prestatarias del servicio público de transporte por automotor de larga distancia, así como también la ineficacia en el cumplimiento de sus funciones de la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE, tal arbitrariedad está constituida por la negativa de las empresas de transporte a entregar los pasajes, desde el momento en que son solicitados por las personas con discapacidad, acorde a lo normado en el Decreto Nº 38/04. Con respecto a la conducta denunciada de las empresas, la experiencia ha demostrado la ineficacia del régimen de penalidades vigente y la conveniencia de incorporar nuevos aspectos que permitan desarrollar una adecuada gestión en lo referente al control de las conductas de los prestatarios de los servicios con el objeto de desalentar la comisión de infracciones por los mismos, todo ello con el fin de preservar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 18 Informe Anual 2006 Sentado lo expuesto, cabe señalar que un importante número de quejas presentadas ante esta Defensoría del Pueblo de la Nación guardan directa relación con la afectación de los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad que viajan desde distintas provincias del país para ser atendidos en centros hospitalarios de la Capital Federal ya que no disponen de la necesaria atención en sus localidades. La falta de aplicación en debida forma de las normas vigentes, atenta contra el principio de equiparación de oportunidades específicamente reconocido a las personas con discapacidad como medio para compensar las desventajas producidas por la situación discapacitante. Si bien el proceso de integración depende en menor grado de las posibilidades de la persona con discapacidad, resulta necesario el absoluto respeto y cumplimiento de la legislación vigente, para que las mismas participen en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad, diferenciados por su singularidad como sujetos sin que la discapacidad sea el atributo que los distinga. Por otra parte, esta institución corroboró desde el año 2004 que en más de una oportunidad, en la terminal de ómnibus de Retiro, se negaban los pasajes a las personas con discapacidad, arguyendo que ya otras personas con discapacidad viajaban en ese mismo transporte, y que frente a la presencia de funcionarios de esta Defensoría y de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, se comprobó que no era verdad. La realidad nos ha demostrado que, en los hechos, sin existir límites para las personas con discapacidad en el transporte de jurisdicción nacional, las empresas de transporte - en una práctica desleal - muchas veces argumentaron que las plazas estaban ocupadas, vulnerando así el ejercicio de sus derechos a estos ciudadanos. Cuánto más podemos suponer que sucederá si permanece vigente el límite ilegalmente impuesto por el Decreto Nº 118/2006. El incumplimiento por parte de las empresas de transporte de jurisdicción nacional no es una presunción, dado que es un hecho efectivamente comprobado a lo largo de estos años que sencillamente confirma que por la vía de la reglamentación no puede ni debe limitarse lo plasmado en las leyes por el espíritu del legislador. El legislador no ha querido poner un límite, el legislador ha querido por medio de la ley equiparar las oportunidades a este vulnerable grupo de la sociedad, no puede un decreto de menor jerarquía que la ley hacer lo que el legislador no quiso. Que, por lo demás, debe merituarse que el incumplimiento de las leyes analizadas, las transforma en letra muerta, conculcando así el ejercicio de los derechos que la propia legislación acuerda a este sector de la sociedad, según la propia previsión constitucional, sometiéndolos a agudizar de manera paulatina su exclusión social. En cumplimiento de las atribuciones conferidas al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION por el artículo 86 de la Constitución Nacional como garante y protector de los derechos humanos esenciales, en especial las previsiones del art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema, respecto a las medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad, y de conformidad con lo establecido por los artículos 27 y 28 de la ley Nº 24.284, se dictó la Resolución DP Nº 00051/06, en la cual se recomendó al PODER Derechos Humanos y Administración de Justicia, Mujer, Niños y Adolescencia 19 EJECUTIVO NACIONAL la modificación del Decreto Nº 118/2006 mediante la derogación de su Artículo 4º, y que mantenga vigente el criterio y las condiciones establecidas en el Decreto Nº 38/2004, resguardando el derecho previsto en el Artículo 22 de la Ley Nº 22.431, conforme la redacción dispuesta por la Ley Nº 24.314, y las modificaciones del Artículo 1º de la Ley Nº 25.635, con respecto a la documentación que habilita a las personas con discapacidad a viajar con gratuidad. Asimismo se recomendó a la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS que conjuntamente con el SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION Y PROMOCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD tome las medidas correspondientes para dotar a los certificados de discapacidad de las condiciones de seguridad necesarias que garanticen su inviolabilidad y que por intermedio de los órganos competentes, haga cumplir la legislación vigente y demás instrumentos legales relacionados con las personas discapacitadas, acorde a lo normado en el artículo 4º del Decreto Nº 984/1992.
Publicadas por Anibal Crova a la/s 0:16 Vínculos a esta publicación
Etiquetas: Actuación del Defensor del Pueblo de la Nación
Atención: Comenzaron a dar de baja Pensiones por Discapacidad
El presidente se emociona mientras les saca la pensión a los que menos tienen. Tal como lo adelantamos hace unos meses el gobierno a...
Macri dejó sin Bono de Navidad a las Personas con Discapacidad
Ante un aumento de las demandas sociales, el Gobierno puso en marcha el pago de un bono para los beneficiarios de la Asignación Universal po...
ANSES BONO NAVIDEÑO 2018 - Personas con #DISCAPACIDAD excluidas
Según se informó desde Anses, se pagará un Bono Navideño, y aquí te mostramos quiénes lo percibirán. Macri dejó sin el bono de fin de a...
Créditos personales para personas que cobren pensiones no contributivas por Invalidez o por Madre de 7 hijos. A quiénes les correspond...
URGENTE: Se aprobó hoy resolución para DAR DE BAJA PENSIONES por DISCAPACIDAD
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD Resolución 268/2018 RESOL-2018-268-APN-DE#AND Ciudad de Buenos Aires, 20/09/2018 VISTO el expedie...
Resolución 335/2018 - Sistema Nacional de Empleo Público. Incluye Personas con Discapacidad
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN SECRETARÍA GENERAL Resolución 335/2018 Ciudad de Buenos Aires, 19/07/2018 VISTO el EX-2018-30579350- ...
Atención: Comenzaron a dar de baja Pensiones por D...
Baja de Pensión (29)
Certificado Unico de Discapacidad (9)
Prestamos AUH y PNC (4)
CREDITOS ANSES (3)
cotid.org the best of internet directory for free! This site is listed under Disabled Directory

References: artículo 22
 artículo 3
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 1
 Artículo 12
 Artículo 22
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 3
 Resolución 
 artículo 86
 Resolución 
 Artículo 4
 Artículo 22
 Artículo 1
 artículo 4
 resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución