Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016/as201632406.html
Timestamp: 2019-03-25 14:43:16+00:00

Document:
as201632406
Auto Supremo Nº406/2016.
Sucre, 31 de octubre de 2016.
Expediente: SC-CA.SAII-LP.145/2016
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 335 a 338, interpuesto por Maruja Velasco Canchari, contra el Auto de Vista Nº 153/2015-SSA-I de 22 de octubre, cursante de fs. 332 a 333, emitida por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de reclamación que sigue la recurrente contra el Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, el memorial de respuesta de fs. 342 a 344, el Auto de fs. 345 que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 102/2016-A de 13 de mayo de fs. 357 y vta., que declaró admisible la casación; los antecedentes del proceso; y
I.1.1 Resoluciones en la vía administrativa.
Que, dentro del trámite de calificación de renta por derecho de viudedad y orfandad, la Comisión de Reclamación del SENASIR, emitió la Resolución Nº 00001808 de 23, de mayo de 2014 de fs. 281 a 285, por la que desestima la renta por riesgo profesional del asegurado Máximo Vargas Zabala, asimismo desestima la renta de viudedad y orfandad solicitada por Maruja Velasco Canchari; con el argumento que la solicitud de renta, fue realizada únicamente por Maruja Velasco Canchari sin la intervención del asegurado, la misma no puede catalogarse como de riesgo profesional por no contar con Calificación del Tribunal Médico Calificador de Incapacidades, tampoco puede ser de vejez por no contar con la edad para la calificación de este tipo de rentas, por lo cual no se cumplieron los requisitos requeridos para obtener una renta en el sistema de reparto hasta el 31 de diciembre de 2005. Por otro lado, la recurrente señala tres fechas distintas sobre el fallecimiento del titular; y que, del informe social Nº 08/11 de 31 de mayo de 2011, establece que la actora no convivió con el interesado, los dos últimos años.
Dicha determinación fue impugnada a través del recurso de reclamación de fs. 298 a 299, el que fue resuelto mediante Resolución Nº 798/14 de 30 de septiembre de 2014 de fs. 308 a 314, que confirmó la Resolución Nº 00001808 de 23 de mayo de 2014, pronunciada por la Comisión de Calificación de Rentas del Servicio Nacional del Sistema de Reparto - SENASIR, por encontrarse conforme a los datos del expediente y normas legales que rigen la materia.
Interpuesto el recurso de apelación de fs. 324 a 326 por la solicitante contra la Resolución Nº 798/14 de 30 de septiembre de 2014, emitida por la Comisión de Reclamación del SENASIR, fue resuelto mediante el Auto de Vista Nº 153/2015-SSA-I de 22 de octubre, cursante a fs. 332 a 333, por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmando la Resolución Nº 798/14 de 30 de septiembre, por consiguiente declaro firme y subsistente la Resolución Nº 0001808 de 23 de mayo de 2014.
Dicha resolución motivó el recurso de casación de fs. 335 a 338, interpuesto por Maruja Velasco Canchari, quien en síntesis manifiesta lo siguiente:
Que, previo a realizar un relato de los antecedentes, señaló que el auto de vista transgredió principios, derechos sociales y, aplicó erróneamente disposiciones legales de la seguridad social, apoyándose en la R.A. Nº 003 de fecha 4 de marzo de 2004, al no tomar en cuenta que el beneficiario comenzó el trámite el 23 de marzo de 2001, y que en su momento, debido a la transición y vigencia de otras normas en la materia se produjo un caos respecto a la prosecución de los trámites presentados, más aún cuando en ese entonces no había tribunal médico a efectos de establecer el grado de incapacidad; y para ello adjuntó certificados médicos de fs. 51 y 67, que demuestran que su esposo tenía silicosis pulmonar.
Manifestó que su esposo a momento de solicitar la renta de invalidez, contaba con 184 aportes, así como los certificados médicos emitidos por Hospitales de Cochabamba por el sistema de seguro delegado de la Cooperativa Kami, que evidencia el grado de disfunsión del 40%, y que se trataba de una renta en proceso de adquisición, con particularidades muy especiales referente a las enfermedades profesionales.
Expresó que cuando se solicitó la renta de viudedad se encontraba vigente la RM 182 de 2 de agosto de 2006, en la cual se adjuntó los requisitos para la calificación de renta de derechohabiente, generada por fallecimiento de un asegurado en curso de adquisición por riesgos profesionales; así como los antecedentes médicos de la enfermedad de silicosis, independientemente de la causa de la muerte que figure en el certificado de defunción.
Precisó que las declaraciones juradas cursantes a fs. 226 y 239 no fueron tomadas en cuenta, menos tasadas y evaluadas en la vía administrativa que hacen referencia a la convivencia que se tuvo con su esposo fallecido, sin tomar en cuenta que en materia de seguridad social la apreciación de la prueba es en conciencia tal como prevé el art. 178 del Código Procesal del Trabajo.
Señaló que se trató de una renta en curso de adquisición, tal como refiere la norma que subyace en el art. 4 del Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997. Asimismo, en virtud del art. 31 de la misma disposición legal, dispone que los derecho-habientes de un trabajador fallecido por causa de un accidente o enfermedad profesional tendrán derecho a pensiones de muerte, las cuales se calculan sobre la pensión correspondiente a invalidez permanente total por causa de riesgo profesional.
Manifestó que las diferentes fechas de fallecimiento de su esposo, es debido a la declaración presunta de su muerte, ya que el mismo desapareció por varios años sin tener noticia de su paradero, por lo que no pueden ser calificadas de falsedad de datos. Asimismo, señaló que la aplicación del art. 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado mediante Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087/97, no se adecua a la realidad de los hechos, ya que no hubo una separación libre y consentida.
Aduce que el Auto de Vista vulneró el principio procesal en materia social de la primacía de la realidad, al negarle el derecho a tener seguridad social, establecido en el art. 7.k) de la Constitución Política del Estado.
I.3.1 Petitorio
Concluye solicitando se eleven obrados al Tribunal Supremo donde se case en el fondo el Auto de Vista, otorgándole la renta de viudedad.
I.4 Respuesta al recurso de casación
Por memorial cursante de fs. 342 a 344, la entidad demandada responde al recurso de casación expresando que el recurso incumple y contraviene lo que dicta el art. 258.2 del Código de Procedimiento Civil, al no citar la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, limitándose a realizar una referencia nominal de las normas, por lo que dichas deficiencias lo hacen improcedente.
Replicó haciendo transcripción de los arts. 34 y 52 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado mediante Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, que la recurrente no tuvo una relación conyugal constante y familiar, constituyendo este extremo una falta prevista en el art. 34 de la citada norma. Concluye solicitando al Tribunal Supremo declare improcedente en la forma e infundado en el fondo el recurso de casación interpuesto.
Que, así expuestos los fundamentos del recurso, para su resolución es necesario realizar las siguientes consideraciones:
Se advierte que la controversia tiene origen en la desestimación de la solicitud de Renta Única de viudedad y orfandad presentada por Maruja Velasco Canchari Vda. de Vargas. En ese marco, de la revisión de antecedentes se establece que el asegurado Máximo Vargas Zabala, inició tramite de renta de invalidez por enfermedad profesional en la gestión 2001; tramite que en instancia administrativa fue observado en reiteradas oportunidades por falta de documentación del asegurado.
Posterior a ello, ante la desaparición del asegurado, la esposa en calidad de derecho habiente, continuó dicho trámite solicitando la otorgación de la renta de viudedad y de orfandad en favor de sus hijos, adjuntando testimonio judicial de declaración de muerte presunta. Sin embargo, después de muchos años el esposo reapareció, ante cuya circunstancia la recurrente presento nota de 21 de mayo de 2009 a fs. 121, en la que dejó sin efecto el trámite de derecho habiente de su esposo, haciendo constar que el trámite lo continuaría en forma personal el asegurado.
Mediante Nota de 21 de agosto de 2009 a fs. 124, la recurrente solicita el desarchivo de expediente, solicitando la prosecución del trámite de derecho habiente, adjuntando Certificado de defunción de su esposo Máximo Vargas Zabala, con fecha de partida 5 de agosto de 2009.
Ahora bien, respecto a la acusación que el auto de vista viola principios, derechos y normas relativas a la seguridad social; de obrados se establece que el tribunal de alzada al confirmar la Resolución Nº 798/14 de 30 de septiembre de 2014 pronunciada por la Comisión de Reclamación y, en consecuencia firme y subsistente la Resolución Nº 00001808 de 23 de mayo, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, que desestimó la renta por riesgo profesional del asegurado Máximo Vargas Zabala y desestimó la renta de viudedad y orfandad solicita por la recurrente, alegando que la actora antes de la fecha del fallecimiento del causante, hubo una separación libremente consentida por más de dos años, en aplicación de lo prescribe el art. 34 del RS Nº 10.0.0.87 de 21 de julio de 1997.
En ese marco, de la revisión de antecedentes se establece que cursa certificado de matrimonio de fs. 11 y 43, inscrito en la Oficialía Nº 334, Libro 1/76 – 1/80, partida Nº 113, folio 99, de fecha 1 de octubre de 1980, en la que se halla inscrito el matrimonio de Maximo Vargas Zabala y Maruja Velasco Canchari. De igual manera a fs. 140, cursa Certificado de Defunción, emitido por el Servicio de Registro Cívico, Oficialía 0913, libro 61, Partida 91, Folio 91, con fecha de partida 5 de agosto de 2009, en el que se halla inscrito el deceso de Máximo Vargas Zabala, con fecha de fallecimiento 4 de agosto, que demuestra el fallecimiento del causante, documentos públicos que tienen todo el valor legal.
Cursa a fs. 38 a 39, testimonio judicial sobre Declaratoria de Herederos de 18 de abril de 2006, emitida por el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Civil de la ciudad de Oruro, en la que se declara heredera forzosa ab-intestato a Maruja Velasco Canchari al fallecimiento de su esposo Máximo Vargas Zabala.
Asimismo, a fs. 180 y 182 de antecedentes, cursa Informe Social Nº 08/11 de 31 de mayo, que señala que de la entrevista tomada a la recurrente, ésta manifestó que el causante el año 1998 salió de la casa y no regresó más, y que el año 2001 regreso a la casa, para posteriormente presentar sus papeles a SENASIR para su jubilación, y nuevamente desapareció, por lo que el año 2004 al no tener noticias, empezó a realizar el proceso por muerte presunta; sin embargo el año 2009 reapareció en la casa de su madre; concluyendo que no existió convivencia en los dos últimos años previos al fallecimiento.
En virtud a dichos antecedentes, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR mediante Resolución Nº 1808 de 23 de mayo de 2014, de fs. 281 a 285, resolvió desestimar la renta de viudedad y orfandad solicitada por Maruja Velasco Canchari, asimismo dispuso la recuperación de Bs. 256.00.-
De lo señalado precedentemente, se establece indubitablemente que Máximo Vargas Zabala, contrajo matrimonio con Maruja Velasco Canchari, el 1 de octubre de 1980, con quien además tuvo 5 hijos de nombre Marco Antonio, Moises, Deybis, Victor Hugo y Albert Vargas Velasco durante el matrimonio; relación que es corroborado por el Aviso de Afiliación y Reingreso del Trabajador a la Caja Nacional de Salud, Formulario AVC-04 del causante de fs. 6, en los que registra como beneficiarios a Maruja Velasco Canchari como esposa, Marco Antonio Vargas Velasco, Moises Vargas Velasco, Deybi Vargas Velasco, Victor Hugo Vargas Velasco y Albert Vargas Velasco (hijos), lo cual demuestra que durante el matrimonio procreo a cinco hijos, otorgándoles el beneficio de acceso a la seguridad social.
En ese contexto, es preciso remitirnos a lo previsto por el art. 48 del Código de seguridad Social, que establece “En caso de que al asegurado, en actividad de trabajo o en goce de subsidios de incapacidad temporal o de renta de incapacidad permanente muera por causa directamente relacionada con el accidente de trabajo o enfermedad profesional, se pagará rentas a los derechos habientes de acuerdo a los artículos 51 a 54 y las prestaciones para funerales de acuerdo al artículo 60”. De igual manera el el art. 52 con mayor precisión establece la forma de percepción, prohibiciones y limitaciones señalando en su parte infine : “(…) No tendrán derecho a la renta de viudedad la divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha del fallecimiento del causante, y la esposa que hubiere estado separada dos o más años por su culpa”. (sic.) (las negrillas son añadidas). Norma concordante con lo dispuesto por el art. 34 del Manual de PRCPA, que refiere: “No tendrán derecho a la renta de viudedad la divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha del fallecimiento del causante, la esposa que hubiese estado separada en forma libremente, consentida y continuada por más de dos años, conforme lo dispone el Código de Familia, la conviviente si el de cujus estuvo casado y no existía sentencia de divorcio ejecutoriada (…)”.
De lo expuesto se colige que, para que la esposa Maruja Velasco Canchari, no tenga derecho a la renta de viudedad debe existir sentencia ejecutoriada de divorcio, no siendo por tanto suficiente un acto administrativo (Informe Social) para privarle de un derecho que precisamente por su condición de esposa le corresponde ante el fallecimiento de su esposo. Por otro lado, se debe dejar claro que, si bien cursa en antecedentes copia de procesos de declaratoria de muerte presunta, es por la desaparición del causante e ignorarse de su paradero; no precisamente fue una separación libremente consentida como exige la Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, por lo que no se demostró que dicha separación haya sido por culpa de la esposa, como refiere el art. 52 del Código de seguridad Social. Más aún cuando la recurrente manifiesta que retorno en el año 2009, haciéndose cargo del esposo y socorriéndolo en su enfermedad y, por último cancelando los servicios funerarios correspondientes a su fallecimiento, tal como se evidencia de copia de la factura a fs. 161; por consiguiente, por el principio de legalidad y razonabilidad, un acto administrativo no puede estar por encima de un documento “Sentencia Ejecutoriada” emitido por autoridad jurisdiccional competente que se requiere para negar este derecho.
Al respecto, la Constitución Política del Estado, que en su par. I) del art. 45, dispone que: "Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social", de igual manera el parágrafo III) señala: "El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales". Asimismo, el art. 48.IV dispone que: "Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles". Finalmente el art. 67.I señala que: "Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana".
De las normas glosadas, se establece que los derechos sociales de la recurrente fueron conculcados por el tribunal de alzada, así como por las Comisiones de Calificación de Rentas y de Reclamación del SENASIR a su turno, fundando sus resoluciones en el informe social Nº 08/11 de 31 de mayo de 2011, que de ninguna manera puede estar por encima de una sentencia de divorcio pasada en autoridad de cosa juzgada, por lo que no realizaron una correcta valoración de los antecedentes del hecho, tampoco realizaron una interpretación y aplicación correcta de las normas citadas, al no otorgar en su debida oportunidad la renta de viudedad y orfandad, que se sustentan en el estado de necesidad en que quedan aquellas personas que dependían económicamente del asegurado.
Por lo relacionado, corresponde en consecuencia el reconocimiento de la renta de viudedad en favor de Maruja Velasco Canchari Vda. de Vargas; decisión que se sustenta en los antecedentes que cursan en el cuaderno del trámite de Reclamación de Renta de Viudedad y orfandad y, respondiendo a la línea adoptada por este Tribunal Supremo en los procesos administrativos, en los que debe prevalecer el principio de verdad material sobre la verdad formal, por mandato del art. 180.I de la Constitución Política del Estado y del art. 30.11 de la Ley Nº 25 del Órgano Judicial, porque en la materia opera la medida protectora propia de la seguridad social, en cuanto se encuentra en controversia derechos fundamentales de las personas que deben ser reconocidos de forma inmediata en observancia y correcta aplicación de la ley, actuar de manera contraria es vulnerar normas constitucionales y los convenios y tratados internacionales que protegen los mismos, causando un grave daño a los interesados, lo cual desnaturaliza el verdadero sentido de la justicia que debe ser pronta, oportuna y efectiva.
Por lo relacionado precedentemente, se concluye que el auto de vista recurrido, incurrió en errónea interpretación de las normas que rigen la seguridad social al confirmar la Resolución Nº 798/14 de 30 de septiembre y la Resolución Nº 00001808 de 23 de mayo de 2014 emitidas por el SENASIR, por lo que corresponde aplicar el art. 220-V del Código Procesal Civil, aplicables por disposición del art. 633 del Decreto Reglamentario al Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, CASA el Auto de Vista Nº 153/2015-SSS.I de 22 de octubre, cursante a fs. 332 a 333, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que el SENASIR, otorgue la Renta de Viudedad a Maruja Velasco Canchari Vda. de Vargas, como derechohabiente de su esposo Máximo Vargas Zabala, sea a partir del mes siguiente del fallecimiento del causante.
Sin multa, por ser excusable. Regístrese, notifíquese y cúmplase.

References: Resolución 
 Resolución 
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 artículo 60
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