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Timestamp: 2019-10-17 00:31:39+00:00

Document:
Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [T-504_2013]
PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA FUNCIONARIO JUDICIAL-Reglas y procedimiento
INVESTIGACION DISCIPLINARIA-Término
El término general de la investigación disciplinaria es de seis meses, y en ella se trata de establecer la ocurrencia de la conducta, determinar si constituye falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió la conducta, determinar el perjuicio causado a la administración pública y esclarecer la responsabilidad del disciplinado. La apertura de la investigación se debe notificar al investigado. De acuerdo con los artículos 161 y 162 de la Ley 734 de 2002, por regla general, transcurridos seis meses de investigación, una vez recaudadas las pruebas que demuestren objetivamente la falta disciplinaria o vencido el término de la investigación, dentro de los quince días siguientes, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y formulará pliego de cargos contra el investigado u ordenará el archivo de la actuación. Contra dicha decisión no procede recurso alguno.
PROCESO DISCIPLINARIO-Notificación del pliego de cargos y oportunidad de variación
FALLO EN PROCESO DISCIPLINARIO-Contenido/FALLO EN PROCESO DISCIPLINARIO-Debe ser motivado
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DISCIPLINARIO-Procedencia por cuanto Consejo Superior de la Judicatura desconoció precedente sobre fuerza mayor y caso fortuito como eximente de responsabilidad disciplinaria cuando la falta es resultado de la negligencia de otros miembros del Despacho
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DISCIPLINARIO-Caso en que se desconoce derecho a la igualdad por apartarse del precedente jurisprudencial del Consejo Superior de la Judicatura sobre fuerza mayor y caso fortuito como eximentes de responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados por incumplimiento de términos en acciones de tutela
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por incumplir requisito de inmediatez en proceso disciplinario
Accionados: T-3.832.911 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, integrada por los Magistrados José Ovidio Claros Polanco, María Mercedes López Mora, Jorge Armando Otálora Gómez, Pedro Alonso Sanabria Buitrago; T-3.840.830 Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria.
1.2. Fundamentos de la pretensió.
1.2.13. El accionante consideró que en el trámite procesal se desconoció el artículo 166 de la Ley 734 de 200 puesto que, luego de la notificación del pliego de cargos, el expediente no se mantuvo en la Secretaría del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, para que estuviera a disposición de los sujetos procesales para efectos de aportar o solicitar pruebas, o para que presentaran sus descargos. Asimismo alegó el desconocimiento de los artículos 107 y 120 del Código de Procedimiento Civil así como el artículo 167 de la Ley 734 de 2002. Esta irregularidad no fue advertida por el Despacho que siguió el curso del proceso sin pronunciarse sobre la misma. Acorde con lo anterior, el accionante alegó que su silencio en la oportunidad procesal de presentar descargos y solicitar pruebas se debió a la omisión de la judicatura, y esta situación incidió en la decisión final del Consejo Superior de la Judicatura.
En providencia del 14 de junio de 2012, la Sala Dual de Decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, negó el amparo de los derechos fundamentales del accionante. Si bien estimó que se cumplían los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, advirtió que el Consejo Superior de la Judicatura al emitir su fallo disciplinario encontró que se daban todos los presupuestos legales estructurales de las faltas disciplinarias imputadas, así se concluyó que desde el punto de vista objetivo, el accionante en su condición de juez constitucional, había tardado 33 días en emitir la decisión de fondo sin que pudiera justificarse el retraso. En este sentido, el juez disciplinario consideró que se afianzaba la teoría de la culpabilidad, en la medida en la que el mismo Magistrado Ojito Palma sostuvo “no tener control de los procesos pues “esa labor es de mi auxiliar”. Así, se advirtió que aún siendo el accionante un Magistrado de larga trayectoria en la rama judicial, no tenía control pleno de su despacho evidenciando absoluta negligencia y descuido, que no podía endilgar a un subalterno. La falta disciplinaria imputada al Magistrado fue a título de grave culposa al no haberse demostrado el dolo en sus actuaciones. Se atendió al contenido de los artículos 44 numeral 2, 45 y 47 de la Ley 734 de 2002, estableciendo que la conducta disciplinaria cumplía los presupuestos de ser típica, antijurídica y realizada con negligencia revelada por el funcionario. Se infirió de lo anterior, que la decisión adoptada no desconoció los derechos fundamentales del accionante y que se desprendió de un análisis ponderado del material probatorio allegado al expediente.
En decisión del 21 de febrero de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, decidió confirmar el fallo de primera instancia. Con respecto a la presunta lesión del derecho a la igualdad, la Sala destacó, en primer lugar, que el accionante no presentó descargos ni solicitó la práctica de pruebas en la oportunidad procesal correspondiente, y ahora pretendía que el juez de tutela justificara la conducta por la cual se encontró disciplinariamente responsable. Con respecto a los otros casos que citó el señor Ojito Palma, señaló que se trataba de circunstancias distintas que fueron justificadas en su momento, a diferencia del accionante que, reiteraron no alegó al interior del proceso disciplinario. Así, no podía el investigado invocar una causal de fuerza mayor que no expuso en el proceso. Las ocasiones en las que la Sala ha justificado la conducta omisiva referida a la mora, responden a la carga excesiva debidamente demostrada por el funcionario y la producción consistente en el proferimiento de más de una sentencia de tutela diaria. Sobre la presunta indebida valoración probatoria, el a quem estimó que la Sala accionada valoró adecuadamente las pruebas y los hechos, incluida la carga laboral del funcionario en la época de los hechos.
2.2.3. El 12 de enero de 2007, el representante legal de BCH en Liquidación respondió un requerimiento hecho por el mismo juzgado en razón del cual el juez decidió ordenar la vinculación de los acreedores del accionado y solicitó a la Superintendecia Financiera que les notificara la decisión.
2.2.13. El señor Restrepo Posada alegó que la investigación disciplinaria desconoció los principios rectores del derecho disciplinario, en particular lo indicado en el artículo 20 de la Ley 734 de 200 en el sentido que “en la interpretación y aplicación de la ley disciplinaria el funcionario competente debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen y atendiendo el derecho a la defensa”. Adujo que la investigación se fundamentó en la mora al momento de dictar la sentencia de tutela, sin precisar cuál fue el perjuicio concreto que se ocasionó con tal demora, a quién se afectó con tal accionar y qué derechos fundamentales adicionales se violan cuando se dicta una sentencia con fecha posterior a la que debiera dictarse, lo cual se traduce en una sentencia sin el debido sustento jurídico, que impide la debida defensa y configura una nulidad constitucional insaneable (por lo cual hay incluso un salvamento de voto del Magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago en segunda instancia).
2.2.15. Señaló adicionalmente, que el fallo del 3 de agosto de 2011 no le fue notificado, por ende, se cumple con el principio de inmediatez por cuanto han pasado tres meses desde que se expidió la Resolución 081 del 30 de mayo de 2012 expedida por la Presidencia del Tribunal Superior de Cali en la que se le informa la ejecución de la mencionada providencia.
Tampoco se verificó defecto fáctico alguno porque tanto el a quo como el a quem valoraron todo el material probatorio aportado a la actuación disciplinaria.
En su escrito de impugnación, el señor Restrepo Posada, señaló que la sanción afectó su sustento diario ya que su hogar, conformado por su esposa y dos sobrinas, depende de su salario como juez, por lo cual cuando éste dejó de percibir el sueldo del mes de julio no pudo inscribir a sus sobrinas en la universidad ni solicitar créditos financieros porque no tenía la certificación laboral que demostrara cuáles eran sus ingresos. La intempestiva forma como se le comunicó la sanción, le hizo imposible prever otro medio de subsistencia y comunicarle a sus acreedores que no tendría como pagar sus deudas durante los meses de junio y julio. Además, la sanción que ahora y que por un periodo de cinco años figurará en sus antecedentes, afectó su derecho al buen nombre. El juez de instancia no se pronunció sobre las acusaciones expuestas por él y declararon improcedente la tutela. Alegó que sus derechos fundamentales se siguen violando hasta la fecha por lo cual la acción de amparo es absolutamente relevante.
3. Pruebas solicitadas
3.1. En reiterada jurisprudenci, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, a pesar del carácter subsidiario de la misma, cuando está de por medio la amenaza o vulneración de derechos fundamentale y asimismo ha venido afinando en sucesivas sentencias los criterios de procedibilidad de la tutela en estos casos.
3.2. La sentencia C-590 de 2005, recogiendo la jurisprudencia constitucional en esta materia estableció, además de los requisitos genérico y concurrentes que deben ser verificados en su conjunto para estudiar el fondo del asunto, una serie de requisitos específicos cuyo fin es determinar la prosperidad de la acción.
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdiccione. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediabl. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneració. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actor. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posibl. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutel. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionale o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad.
Con respecto al requisito específico de desconocimiento del precedente, múltiples sentencias de la Cort han reiterado que, cuando un funcionario judicial se aparta de su propio precedente o del que haya establecido su superior jerárquico, por no referirse al mismo o porque no expone las razones que justifican su nueva posición, se desconocen los derechos a la igualdad y al debido proceso, que pueden ser amparados por vía de tutela. Así, se ha señalado que “cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica cuando analiza los mismos supuestos de hecho, incurre en una vía de hecho que puede ser superada por medio de la acción de tutela.
3.5. De lo anterior se desprende que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, reiterada en esta materia desde 1993 hasta sus más recientes fallos, establece la procedencia de la acción de tutela contra providencias en casos excepcionales y considera contrario a la Carta que se excluya de manera general y absoluta la instauración de este amparo incluso contra las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estad.
4.1. En el marco del Estado Social de Derecho, el derecho disciplinario cumple un rol preventivo y correctivo, asegurando el cumplimiento de los principios y fines esenciales consagrados en la Constitución y la ley relativos al ejercicio de la función públic. En efecto, la Corte ha reiterado que, en el cumplimiento de los fines del Estado y en el ejercicio de las funciones públicas, los servidores públicos deben cumplir los deberes que les corresponden de acuerdo con la Constitución y la ley, sirviendo al Estado y a la comunidad. Por ello, pueden ser sujetos de responsabilidad pública de índole disciplinaria, cuando en el desempeño de sus funciones desconozcan el ordenamiento jurídico, o por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus competencia. Así, se ha considerado que el derecho disciplinario garantiza “la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo.
En el proceso disciplinario, las faltas disciplinarias se clasifican en gravísimas, graves y leves, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002. Dependiendo de la falta disciplinaria, las sanciones pueden consistir en la destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima; la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas; la suspensión, para las faltas graves culposas; la multa, para las faltas leves dolosas; o la amonestación escrita, para las faltas leves culposas. Cabe anotar que, en el derecho disciplinario, las faltas se consignan en tipos abiertos debido a que el legislador no puede preveer todos los comportamientos que prohibidos o los actos antijurídicos de los servidores públicos, razón por la cual, es necesario acudir a otras disposiciones en las que se señalen las conductas proscritas de las autoridade.
4.3. El proceso disciplinario se inicia de oficio, por información suministrada por otro servidor público o por cualquier persona o por la información recabada en la indagación preliminar. La indagación preliminar en general dura seis meses y tiene como fin verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si constituye falta disciplinaria, si existe causal de exoneración de responsabilidad e identificar e individualizar al autor de la falta disciplinaria. Una vez terminada la indagación preliminar y habiendo evaluado el material probatorio, se determina el archivo de la diligencia o la apertura de la investigación. No obstante lo anterior, cabe señalar que, como lo ha reiterado la Corte en múltiples sentencias, la indagación preliminar no es obligatoria en todos los casos ya que se considera “de carácter eventual y previa a la etapa de investigación, pues sólo tiene lugar cuando no se cuenta con suficientes elementos de juicio y, por lo tanto, existe duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria; por consiguiente dicha indagación tiende a verificar, o por lo menos establecer con cierta aproximación, la ocurrencia de la conducta, si ella es constitutiva o no de falta disciplinaria y la individualización o la identidad de su autor.
4.4. El término general de la investigación disciplinaria es de seis mese Modificado por el art. 52, Ley 1474 de 2011 , y en ella se trata de establecer la ocurrencia de la conducta, determinar si constituye falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió la conducta, determinar el perjuicio causado a la administración pública y esclarecer la responsabilidad del disciplinado. La apertura de la investigación se debe notificar al investigado.
El pliego de cargos se notificará personalmente al procesado o a su apoderado si lo tuviere. De no presentarse el procesado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación, se procederá a designar defensor de oficio con quien se surtirá la notificación personal. Las restantes notificaciones se surtirán por estado. Es importante anotar que el pliego de cargos puede variar una vez concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de primera o única instancia, por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente. La modificación se notificará en la misma forma del pliego de cargos y puede otorgarse un término prudencial para solicitar y practicar otras pruebas. La Corte ha considerado que no contradice la Constitución y en particular la presunción de inocencia, el hecho de que pueda variarse la calificación jurídica en el pliego de cargos, en efecto “el carácter provisional de la calificación de una falta disciplinaria se aviene con la garantía del debido proceso, toda vez que mantiene la presunción de inocencia del procesado en cuanto a la falta por la cual se lo acusa, presunción únicamente desvirtuable mediante el fallo disciplinario por medio del cual se impone una determinadas sanción.
En este orden de ideas, observa la Sala que el 16 de marzo de 2011 el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, evaluó el mérito de la investigación adelantada contra el señor Julio Antonio Ojito Palma resolviendo formular cargos en contra del accionante y ordenando que para los fines señalados en el artículo 166 de la Ley 734 de 2002, se le notificara dicho auto de conformidad con el artículo 165 en concordancia con el artículo 201 del Código Disciplinario Único. Para este efecto, se ordenó comisionar a la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico o a la misma Sala del Consejo Seccional correspondiente, por el término de quince días, libres de distancia, para recibir los descargos presentados por el disciplinabl.
En cumplimiento de lo ordenado en dicho auto, el Magistrado Mario Humberto Giraldo Gutiérrez del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, expidió un auto el 19 de mayo de 2011, en el que se dispuso auxiliar la comisión conferida a esa Sala por el Consejo Superior de la Judicatura, y se ordenó notificar al doctor Julio Antonio Ojito Palma, del contenido de la providencia del 16 de marzo de 2011 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno y que disponía de 10 días contados a partir de la notificación de la sentencia para presentar descargos y solicitar o aportar prueba.
El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, envió escrito a la Secretaría Judicial del Consejo Superior de la Judicatura el 8 de agosto de 2011 devolviendo el despacho comisorio debidamente diligenciado señalando que este constaba de tres cuadernos con 145, 5 y 5 folios escrito. Asimismo se destaca en el expediente, el escrito de notificación personal al accionante el 31 de mayo de 201.
Pero al margen de lo anterior, para la Sala es claro, a partir del resuelve del auto del 16 de marzo de 2011, que la oportunidad procesal indicada en el artículo 166 del Código Único Disciplinario, se cuenta a partir de la notificación del accionado el 31 de mayo de 2011, y no a partir de la fecha de la constancia secretarial en la que se informa al Consejo Superior de la Judicatura que los sujetos procesales han sido notificados. El resuelve tercero del citado auto señala efectivamente que el disciplinado “dispone de diez (10) días contados a partir de la notificación para presentar los correspondientes descargos y solicitar o aportar pruebas” (subrayado fuera del texto original). La constancia secretarial del 30 de septiembre de 2011 en la que se informa al Magistrado que los sujetos procesales han sido notificados es un trámite interno del Consejo Superior de la Judicatura que no se notifica a las partes ni que tiene ningún efecto jurídico para efectos de dar inicio a determinada etapa procesal.
-El siguiente caso que se aporta al expediente es una acción de tutela interpuesta contra el Consejo Superior de la Judicatura quien había declarado la responsabilidad disciplinaria de la Magistrada del Tribunal Administrativo de Antioquia, señora María Patricia Ariza Velasco, por haber incumplido los términos para fallar una acción de tutela que le había correspondido a su Despacho lo cual se constituía como culpa grave. La Corte Constitucional, en sentencia T-747 de 2009, corroboró la existencia de un defecto fáctico en la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, por haberse negado a valorar una prueba medular para el presente caso, relativa a los permisos que le habían sido otorgados a la accionante durante el periodo en el que debía fallar la tutela, y que justificaban el retardo en la emisión del fallo.
-El tercer caso también involucra como disciplinado al señor Jorge Eliécer Cabrera Jiménez en un fallo del 30 de marzo de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura originado en la tardanza para proferir un fallo de tutela. También en este caso el Magistrado es absuelto luego de demostrar el cúmulo de trabajo de su Despacho y la responsabilidad atribuible a sus colaboradores que no obraron con diligencia en el ejercicio de sus funciones. En dicha providencia se evidenció que “si bien es cierto, el doctor Cabrera Jiménez es el director del despacho y bajo su control están los expedientes y demás bienes que conforman el mismo, así como su personal subalterno, no es menos cierto que el disciplinado deba responder de las falencias e irregularidades que se presenten en el cumplimiento de la función jurisdiccional por parte de cada uno de los empleados, pues no debe olvidarse que la ley estableció funciones propias en cabeza del Juez, que no pueden ser delegadas, pero igualmente creó unas funciones a los subalternos y que son inherentes al cargo que desempeña.
-Nuevamente se aporta como prueba otro fallo disciplinario del Consejo Superior de la Judicatura del 25 de enero de 2012, en el que se examina la conducta del doctor Jorge Eliécer Cabrera Jiménez por resolver un recurso de apelación contra sentencia condenatoria de persona privada de la libertad por fuera de los términos establecidos en la ley, conducta calificada como grave a título de culpa. También en esta ocasión, el disciplinado alega la causal de fuerza mayor y caso fortuito, señalando que cuando empezó a fungir como Magistrado del Tribunal Superior de Valledupar, recibió un despacho congestionado, con procesos muy complicados y que hizo lo posible por ponerse al día. Argumentó que pese a la carga laboral, en enero de 2005 se le asignaron al Tribunal Superior de Valledupar 99 procesos penales para descongestionar de Tribunal Superior de Bogotá, otorgando un término perentorio de tres meses para evacuar los casos, lo cual terminó por colapsar el trabajo en dicha Corporación. En esta oportunidad, el Consejo Superior de la Judicatura a pesar de verificar la falta objetiva, decide no asignar responsabilidad al disciplinado por cuanto encuentra justificada la mora en la congestión del Despacho del señor Cabrera.
-Se aporta igualmente el fallo disciplinario del 30 de junio de 2010 del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de la investigación disciplinaria adelantada contra el señor Luis Carlos Martelo Maldonado, Magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico. La conducta investigada consistía en el supuesto incumplimiento de términos para notificar el fallo, del auto que conoció la impugnación, en el trámite del recurso de reposición, su notificación y remisión del expediente a esa instancia. El Consejo Superior de la Judicatura encontró en este caso que la tardanza no se debió al Magistrado quien emitió a tiempo el fallo, sino al Secretario que, sin consultarle, dispuso darle trámite a un recurso de apelación del apoderado del actor, trámite que duró más de cuatro meses. Así, el Consejo Superior de la Judicatura decide absolver al disciplinado por fuerza mayor como eximente de responsabilidad.
-El siguiente caso es el del fallo disciplinario del 12 de diciembre de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura, que examinó la conducta del doctor Bernardo Cubillos Serna en su condición de Juez Quinto Civil Municipal de Valledupar debido a la mora en la que incurrió al resolver una acción de tutela. El disciplinado alegó la alta congestión en los Juzgados Civiles Municipales de Valledupar y adicionalmente señaló que no se le escuchó en versión libre y que en el pliego de cargos no se hizo alusión a los criterios de gravedad o levedad de la falta descrita en la Ley 734 de 2002. El investigado fue declarado disciplinariamente responsable en sentencia de primera instancia por haber cometido una conducta catalogada como grave y cometida a título de culpa. El Consejo Superior de la Judicatura consideró que para justificar la mora no se puede simplemente alegar la congestión en los despachos, sino que se debe demostrar la ocurrencia de situaciones irresistibles que justifiquen la tardanza del funcionario en emitir el fallo a pesar de haber actuado con toda la diligencia y celeridad en el ejercicio de sus funciones. Teniendo en consideración lo anterior, el Consejo Superior estimó el promedio de sentencias que el Juzgado falló diariamente, y concluyó que la producción del funcionario era aceptable, no obstante no contara con los equipos suficientes para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, aún habiéndose demostrado la mora judicial, la carencia de recursos físicos para realizar las labores del despacho y la carga laboral se consideraron como razones suficientes para justificar la tardanza del juez en proferir el fallo por lo cual este fue absuelto de cualquier responsabilidad.
(1) Todos los casos aportados como pruebas al expediente, se relacionan con procesos disciplinarios adelantados por el Consejo Superior de la Judicatura iniciados contra jueces o Magistrados por la mora en los procesos –mayoritariamente de tutela-. Esta conducta se califica como grave a título de culpa.
Así, se trata de casos que efectivamente se asemejan al que se examina por cuanto también en esta ocasión se trata de un proceso disciplinario iniciado contra un Magistrado de Tribunal, por la tardanza en la que incurrió al proferir un fallo de tutela, y cuya conducta se califica como grave a título de culpa. Ahora bien, en este caso, el accionante también alega el cúmulo de trabajo y señala la responsabilidad de sus auxiliares quienes traspapelaron el proceso ocasionando la demora que se reprocha en el proceso disciplinario. En particular, la Sala encuentra que el caso que se examina en esta ocasión, es prácticamente idéntico a dos de los casos fallados por el Consejo Superior de la Judicatura y reseñados anteriormente, en los cuales el investigado era el doctor Jorge Eliécer Cabrera Jiménez en su calidad de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar por haber incumplido los términos para proferir un fallo de tutela (sentencias del 28 de julio de 2010 y del 30 de marzo de 2011).
Tal y como se anotó anteriormente, la Corte ha considerado que por medio de la acción de tutela se pueden amparar los derechos a la igualdad y al debido proceso por no aplicar el precedente jurisprudencial vertical u horizontal en determinada materia.
La obligación de aplicar el precedente surge: “(i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación.
Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala es evidente que, en este caso, el Consejo Superior de la Judicatura asumió una posición diferente que en la de los demás procesos examinados. Si bien el accionante alegó las mismas razones de los otros disciplinados, la Alta Corporación decidió declararlo responsable y no tuvo en cuenta las decisiones que había tomado previamente en casos similares. En efecto, tal y como se señaló arriba, el Consejo Superior de la Judicatura ha reiterado que cada uno de los funcionarios del Despacho tienen unas competencias y deberes que le son propios, no obstante el Magistrado sea el jefe del Despacho y tenga la responsabilidad de dirigirlo con diligencia. Sumado a lo anterior, el Consejo Superior ha considerado que la congestión de los despachos y el número de procesos que se evacúan periódicamente, como criterios válidos para probar la diligencia de los investigados. En esta ocasión, la sentencia reconoce que el Magistrado se ha destacado entre sus colegas por mantener su Despacho al día y por ser muy activo. Sin embargo, asumiendo una posición diferente a la de los casos reseñados, señala que la responsabilidad del Despacho recae solo sobre el Magistrado, en efecto sostiene que “los argumentos esgrimidos por el doctor Julio Ojito Palma, referidos al cúmulo de trabajo que le es imposible dejar de atender los demás procesos; la responsabilidad de su auxiliar judicial en el manejo de los términos; la desinformación e inexperiencia de su auxiliar ad honorem, pues ésta se encontraba recién llegada al despacho y no sabía la tramitología de las tutelas; y el traspapelamiento del expediente, no resultan de recibo en el presente caso; y más adelante agrega en plena contradicción con el precedente sentado en otros casos que “así las cosas, los errores de los subalternos en modo alguno pueden ocultar la desidia con que actuó el Magistrado, razón más que suficiente para descartar como atendible dicha línea de argumentación de la defensa, máxime si se tiene en cuenta que, bajo ninguna circunstancia, el error ajeno constituye eximente de responsabilidad disciplinaria.
La jurisprudencia de la Corte, ha reconocido que se produce un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial cuando la decisión del caso se aparta del mismo “sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación que hubiese permitido una decisión diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia. En esta oportunidad el Consejo Superior de la Judicatura no explicó la razón por la cual no aplicó el precedente que había reiterado en otras sentencias con hechos semejantes en relación con la fuerza mayor y el caso fortuito como eximentes de responsabilidad cuando la falta disciplinaria objetivamente demostrada, resulta de la falta de diligencia de otros miembros del Despacho, quienes también son responsables por el cumplimiento de los deberes y funciones que les competen.
(3) Esta regla jurisprudencial fue aplicada en los dos casos mencionados contra el señor Cabrera Jiménez, en sentencias relativamente recientes -2010 y 2011-, casos a los cuales la sentencia atacada no se refiere.
7.2.2.2. El accionante, aduce que se cumple con este requisito puesto que la Resolución 081 expedida por la Presidencia del Tribunal Superior de Cali en la que se le informó al juez sobre la ejecución de providencia atacada, data del 30 de mayo de 2012.
Primero.- REVOCAR la sentencia del 21 de febrero de 2013, del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria que confirmó la providencia del 14 de junio de 2012, de la Sala Dual de Decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la cual negó los derechos a la igualdad de trato jurídico, buen nombre, trabajo, salario móvil y dignidad humana del señor Julio Antonio Ojito Palma.
Segundo.- REVOCAR el fallo disciplinario emitido por el Consejo Superior de la Judicatura del 15 de febrero de 2012 en el que se declara responsable disciplinariamente al señor Julio Antonio Ojito Palma. En su lugar ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que vuelva a emitir sentencia disciplinaria teniendo en cuenta las consideraciones de la presente sentencia.
Tercero.- CONFIRMAR la sentencia del 28 de septiembre de 2012 proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, confirmada por la sentencia del 11 de diciembre de 2012 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y que declaró improcedente la acción impetrada por el señor Felipe Santiago Restrepo Posada para el amparo de su derecho al debido proceso.

References: artículo 166
 artículo 167
 artículo 20
 Resolución 
 resolución 
 artículo 43
 artículo 166
 artículo 165
 artículo 201
 artículo 166
 Resolución