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Timestamp: 2017-12-13 23:43:53+00:00

Document:
justicia para crecer 10 by omar gavilano - issuu
Contenido Se constituye el Consejo Consultivo de Justicia para Crecer	Chaski Opinión No sólo sancionar por una falta, sino qué hacer con el niño que la cometió Entrevista con Yehude Simon El reto de un nuevo CNA por Juan Carlos Eguren Asistencia Legal para menores en conflicto con la Ley Los Centros Juveniles Cerrados (segunda parte) por Atilio Álvarez
Internacional Nicaragua y la Justicia Juvenil Restaurativa por John Orlando
Proyecto Piloto Me trajeron por las puras	por María Luisa Mendívil Me di cuenta que la vida era muy distinta Testimonio de William
Especial: La Víctima en la Justicia Juvenil Los Niños como víctimas y testigos por Renate Winter El culpable alivio de que sea otro el sufriente Justicia Juvenil Restaurativa por Fryné Santisteban Sexualidad adolescente y ley penal por Rita Figueroa Cultural 400 golpes
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Esta revista es una invitación al diálogo. La opinión de nuestros lectores sobre los artículos publicados es valiosa.Sus aportes son bienvenidos.Escríbanos al correo: jjr@justiciaparacrecer.org
Nº 10 Abril - Junio 2008
Revista sobre Justicia Juvenil Restaurativa publicada por Tierra de hombres y Encuentros Casa de la Juventud Director Jean Schmitz Comité Editorial Oscar Vásquez, Jean Schmitz, Atilio Álvarez, Carlos Landeo Editor Carlos Landeo Colaboradores de esta edición Yehude Simon, Juan Carlos Eguren, Renate Winter, Fryné Santisteban, Rita Figueroa, María Luisa Mendívil, John Orlando, Atilio Álvarez Fotografía Daniel Silva, Olivio Argenti, Sandro Mahler, Andrés Luque, Jean Schmitz Diseño y diagramación Romy Kanashiro, Omar Gavilano. (51) (1) 332-5800 / 99363-4179 Domicilio Fulgencio Valdez 780 Breña, Lima Pasaje Hernando de Lavalle 143 Barranco, Lima Teléfonos (51) (1) 433-8110 / (51) (1) 467-1735 Fax (51) (1) 424-9384 Correo-e jjr@justiciaparacrecer.org Web www.justiciaparacrecer.org Se autoriza la reproducción del contenido citando la fuente. Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2005-8523. Esta publicación es editada en el Perú Esta publicación forma parte de las acciones del Proyecto Piloto de Justicia Juvenil Restaurativa ejecutado por la Fundación Tierra de hombres Lausanne y la Asociación Encuentros Casa de la Juventud, en convenio con el Poder Judicial, el Ministerio Público (Fiscalía de la Nación), la Defensoría del Pueblo, la Academia de la Magistratura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, la Municipalidad Distrital de El Agustino (Lima) y la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (Chiclayo)
uchos temas hemos podido desarrollar en estos tres años, manteniendo una intención sistemática. Esta vez nos detenemos sobre uno de los actores principales de la justicia, a quien con frecuencia no se reconoce el lugar ni el debido rol que le corresponde: la víctima de la violación de la ley, la víctima de una agresión culpable. Los sistemas de justicia tradicionales se concentran en el objetivo de sancionar al agresor. El sistema penal se ha construido como una respuesta del Estado al infractor de la ley penal, por eso su preocupación mayor es la sanción. Con tal lógica, se suele descuidar la atención debida a las necesidades y expectativas de la víctima, cuyos derechos, en la práctica, se suelen desatender e incluso vulnerar. Para la ley penal, la víctima sólo es “la parte civil” con derecho a una reparación que rara vez se paga. Quienes estamos convencidos de esta iniquidad sistemática (sin duda, tal como usted mismo, amigo lector) creemos que la atención a la víctima es un elemento central de lo que podemos entender como un sentido común de justicia. Precisamente, la Justicia Restaurativa tiene como propósito esencial que los daños generados con la infracción a la ley sean reparados material y moralmente, especialmente los infligidos a la víctima. La reflexión sobre este aspecto crucial se desarrolla en esta edición con el artículo de la Magistrada Internacional Renate Winter, sobre la protección debida a los niños que deben comparecer como víctimas
o testigos en procesos judiciales; el artículo de la psicoterapeuta Fryné Santisteban, que invita a reflexionar sobre la compleja relación y los eventuales problemas que surgen entre las víctimas y quienes trabajan con ellas; y el artículo de la Fiscal Superior de Familia, Rita Figueroa, que examina la victimización que propicia una ley equivocada entre los adolescentes que pretende proteger. Finalmente, una breve reflexión sobre el camino recorrido. Paso a paso, Justicia Para Crecer llega a su décima edición con el ejemplar que usted está leyendo. No ha sido fácil. Cuando comenzamos, hace tres años, nos dijeron que solamente al llegar al tercer número se nos podría tomar en serio. Pero gracias a la generosidad de nuestros colaboradores y a la fidelidad de nuestros lectores, dentro y fuera del Perú, hemos podido superar tres veces ese sano desafío. Abrimos ahora una nueva etapa con la constitución del Consejo Consultivo de la revista, integrado por expertos del más alto nivel. Puede comprenderse, entonces, nuestra alegría al comprobar que, a partir de nuestra experiencia con los adolescentes en conflicto con la ley de El Agustino y Chiclayo, vamos avanzando efectivamente en el desarrollo de una tribuna significativa para una justicia juvenil progresista, desde el Perú hacia el mundo y con el mundo.
Oscar Vásquez Bermejo Director Encuentros Casa de la Juventud
Jean Schmitz Delegado en el Perú Tierra de hombres Justicia Juvenil Restaurativa
Se constituye el Consejo Consultivo de
Justicia para Crecer on la conformación de su Consejo Consultivo, nuestra revista acaba de dar un paso importante para su consolidación como una herramienta comunicadora y dinamizadora al servicio de la renovación de la justicia juvenil. El Consejo Consultivo, que se acaba de constituir con la participación de destacados expertos peruanos y de otros países, nos brindará opinión y consejo valioso, basado en la experiencia y el conocimiento de sus integrantes. Para nosotros, el funcionamiento del Consejo Con-
sultivo significa la oportunidad de abrir una nueva etapa, de mayor y mejor compromiso con los fines para los cuales nació esta revista. Agradecemos a los integrantes del Consejo Consultivo por aceptar acompañarnos en esta experiencia y les damos la más cálida bienvenida. Es un gran honor para nosotros compartir con ustedes la experiencia de Justicia para Crecer y la reforma de la justicia juvenil bajo el enfoque restaurativo.
ara Cre P ia ic t s u J e d o iv jo Consult
Rita FiguerSuoaperior de Familia del Ministerio Peruana. Fiscal Público.
ssianovich dagogía de Alejandro Cu or. Especialista en pe Peruano. Educad niños de la calle. niños trabajadores y
Gino Costa lista en seguridad ciudadana. Fue Peruano. Especia ministro del Interior.
Janet TelloentaGidelalardSeigunda Sala Especializada Peruana. Presid Superior de Lima. de Familia de la Corte
ra Ronald Gamo ar hos Humanos. especialista en Derec Peruano. Abogad sos de la investigación de ca Fue Procurador para corrupción.
Oré Liliana Galván ad de Ciencias a. Decana de la Facult Peruana. Psicólog ncias rsidad Peruana de Cie Humanas de la Unive Aplicadas (UPC).
Renate Wintratedar Internacional. Presidenta de
Austriaca. Magis trados de ional Jueces y Magis la Asociación Internac Juventud y Familia.
n Jean ZermatMete tituto nores. Director del Ins Suizo. Ex Juez de hos del Niño. Internacional de Derec
del Gilles Concor Fundación rio. Presidente de la Francés. Empresa Tutator.
Tony Peters ernacional de te de la Sociedad Int Belga. Presiden Criminología.
John Orlansadoble de Programa en América Latina Italiano. Respon es. ación Terre des homm y el Caribe de la Fund
ro Víctor Herre as Servicio Social y Medid
Español. Jefe de ja, España. io del Interior, La Rio Alternativas. Minister mmes en Justicia Juvenil s ho Consultor de Terre de Restaurativa.
Atrapados http://www.olivioargenti.it/story_thumb.asp?offset2=&num=7 http://www.olivioargenti.it/flash/1/indexok.htm Interesante documentación de la vida de los jóvenes integrantes de las pandillas de Lima en sus más diversos aspectos, dentro y fuera de la prisión, realizada por Olivio Argenti, fotógrafo italiano que residió en esta ciudad y tomó contacto personalmente con la experiencia vital de estos jóvenes. Argenti cultiva una fotografía en blanco y negro que aprehende directamente en sus imágenes lo esencial de la realidad, sin rodeos ni retórica, para acercarse íntimamente a la verdad que late tras ella y transmitirla descarnadamente.
La ventana rota (y otras formas de luchar contra el crimen) Gino Costa / IDL, 2007
Premio al Mérito Cívico Pilar Coll recibe la Medalla de la Defensoría del Pueblo 2008
Esta publicación de Gino Costa, reconocido especialista en seguridad ciudadana, analiza las estrategias que han tenido éxito y las que han fracasado al enfrentar el problema de la criminalidad en nuestro continente. Se trata de un estudio que presenta las experiencias positivas de Nueva York y Bogotá en materia de seguridad ciudadana, así como los resultados negativos de El Salvador. Los puntos clave son la prevención, la continuidad y el liderazgo. Ha dicho el autor: “Creo que este estudio contribuye a hacer un análisis de estas prácticas para la definición de políticas de seguridad en el Perú. No hay una varita mágica, hay que hacer un conjunto de intervenciones, tener una policía eficiente y honesta. La descentralización policial responde a las necesidades de la sociedad porque la policía debe trabajar estrechamente con los alcaldes. En tercer lugar, disponer de la información criminal y un mapa delictivo es importante. En todo esto, nosotros estamos en déficit”. Una lectura imprescindible.
La Defensoría del Pueblo otorgó su máxima condecoración a la señora Pilar Coll, “en mérito a su extraordinaria labor de toda una vida por la promoción, defensa y consolidación del orden constitucional, la institucionalidad democrática y la vigencia de los derechos humanos al servicio de los más necesitados de nuestra sociedad”, según expresa el veredicto del jurado. Anteriormente, esta medalla fue otorgada al escritor Mario Vargas Llosa (2006) y al teólogo Gustavo Gutiérrez (2007). Pilar Coll ha dejado su sello en instituciones como la Comisión Episcopal de la Acción Social (CEAS) de la Conferencia Episcopal Peruana y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de la cual fue fundadora y principal responsable ejecutiva durante el periodo más violento vivido por nuestro país. Desde esta gaceta nos adherimos al homenaje nacional que representa este reconocimiento a una persona valerosa y ejemplar como es Pilar.
–¿Existe un problema de violencia juvenil en la región que usted preside? ¿Cuáles son sus manifestaciones? –¡Claro que existe! Esta es una situación nacional de la que Chiclayo y Lambayeque no pueden estar al margen. Lo que debemos diferenciar es que Lambayeque tiene espacios rurales en donde el problema es menor pero creciente, y espacios peri-urbanos y urbanos donde el problema es mayor y constante. Podríamos decir que la modernidad tiende a fabricar actitudes mucho más violentas que las acostumbradas en la tierra de la amistad. Sin embargo, la magnitud de la infracción a la ley se orienta más a las faltas que a los delitos. De acuerdo a lo que informa el Dr. Atilio Álvarez, y que nos preocupa, de los adolescentes internados en Lima en el 2002 en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, el 14% eran lambayecanos. Aunque la situación a la fecha puede haber variado, no tenemos otra línea de base para comparar con más proximidad y nos sujetamos a esa información. Que por cierto la agradecemos, pues es el único referente con datos precisos que nos permite elaborar estrategias de cómo ir combatiéndolas. –¿Que infraestructura existe en la región para atender el problema de los menores que infringen la ley penal? –Prácticamente, no existe. Hay un centro de reclusión para menores y unas cuantas casas de alojamiento para los varones y mujeres que han infringido ley, pero eso no está enmarcado en un ambiente de recuperación de valores y conductas sino en un ambiente general sancionador. El Gobierno Regional ha diseñado ya los proyectos para ejercitar acciones concretas sobre menores en estado de abandono moral o material a través de la federación de pueblos jóvenes, pero encontramos que estos proyectos no pueden fácilmente articularse con la inversión pública.
Lo que hay es un sistema de justicia juvenil que oscila entre sancionador y paternalista, pero no asume otras vías de reconstrucción de la conducta
Los técnicos encuentran muchas dificultades para orientar recursos a proyectos de desarrollo de capacidades humanas y el tema se queda en el sector privado o en las cooperantes, que lo manejan con mejor criterio. Para el estado no existe el individuo con dolencia de conducta, existe solamente el poblador en estado de pobreza material. Eso es un problema. Ahora, si hablamos de una infraestructura legal y normativa, nos tenemos que acoger a la nacional pero, en la práctica, cuenta más la actividad que desarrollan, por ejemplo, los proyectos de Terre de hommes y Encuentros Casa de la Juventud, con su piloto en Chiclayo y sus distritos vecinos de Leonardo Ortiz y La Victoria. –¿Desearía que sean mejor conocidas y aplicadas las medidas alternativas a la privación de libertad? –¡Pero por cierto!, no sólo porque se me pregunte, sino que en el propósito de orientar nuestras estrategias que coadyuven a tener alternativas distintas a las señaladas por nuestra normatividad legal vigente en relación a los menores infractores. Los problemas están en los sistemas que nos dominan. Las actitudes o acciones que se tomen no pueden ser aisladas. ¿Qué sucede si un juez se inclina por programas de orientación y no encuentra el soporte social para hacer que estos programas sean sostenibles? De nada sirven las disposiciones que amparan el cumplimiento de servicios comunitarios, de nada sirven las decisiones jurisdiccionales que aplican esas disposiciones, si no encuentran eco en la comunidad económica y productiva. Lo que veo es que los buenos esfuerzos de organismos cooperantes se dispersan en un entorno muy grande de incomprensiones y en una falencia mayor: un estado que no entiende al propio estado, un estado acostumbrado a no actuar sobre comportamientos. Lo que hay es un sistema de justicia juvenil que oscila entre sancionador y paternalista, pero no asume otras vías de reconstrucción de la conducta. Que es finalmente nuestro propósito, es decir, no sólo sancionar por una falta cometida sino qué hacer con el niño que se encuentra sujeto a medidas de protección o el adolescente cuando se encuentre con medidas socio-educativas. El Art. VIII del Título Preliminar del Código del Niño y del Adolescente nos señala que es deber del Estado, la Familia y las organizaciones de base promover la correcta aplicación de los principios, derechos y normas establecidas tanto en el Código del Niño y del Adolescente como en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Las medidas de recuperación de conductas tienen que ser coherentes y concertar con el resto del sistema. La reinserción social es posible si todos nos comprometemos a ello.
Entrevista con Yehude Simon, Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque
–¿Qué opinión tiene usted de la privación de la libertad como medida de castigo a un adolescente que infringe la ley penal? –Habría que consultar al vecindario. Si hay jóvenes que ocasionan problemas es porque responden o acuden a una célula prejuiciosa que genera ese comportamiento y que lo protege. Si nos ponemos a discernir, encontraremos que las conductas desviadas no son innatas, salvo que se trate de problemas mentales o resulten producto de la drogadicción en niveles irreversibles que ya han deformado totalmente el actuar del individuo convirtiéndole en imprevisible. El Estado tiene que actuar de una forma, tampoco se trata de liberar a todo el mundo porque terminaríamos afectando a la sociedad en su conjunto. Hace poco se denunció por televisión sobre los problemas encontrados en un distrito de Lima donde las casas de recuperación de drogadictos se habían convertido en escondite desde el cual se organizaban asaltos y ataques al vecindario. Entonces, las medidas de recuperación de conductas tienen que ser coherentes y concertar con el resto del sistema. La reinserción social es posible si todos nos comprometemos a ello. De otra manera resulta ser una primavera más entre tanto invierno reiterado. Lógicamente, siempre teniendo como fuente de consulta inmediata el Código del Niño y del Adolescente, debemos considerar lo señalado en el Art. IX del Titulo Preliminar “El Interés Superior del Niño y del Adolescente”. –¿Que opinión tiene sobre el Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa desarrollado en la ciudad de Chiclayo por la Fundación Terre de hommes y Encuentros casa de la Juventud? –Conozco del Proyecto y gran parte de estas respuestas son motivadas por el trabajo cercano y cotidiano que mantenemos con estas organizaciones, por eso pienso que el Estado debe asumir estas actividades
promovidas desde el sector privado mediante el aporte internacional. Y asumirlas significa adecuar su respuesta a fin de que la actividad de Justicia Juvenil encuentre un eco. Si esto no pasa, el proyecto morirá irremediablemente. Nosotros hemos encargado a uno de nuestros consultores que efectúe los enlaces necesarios desde el Gobierno Regional. Él tendrá que hacer una propuesta consistente para que se deriven recursos en apoyo de estos compromisos. Sin embargo, hay que admitir que el modelo de justicia juvenil restaurativa que trabajan Terre des hommes y Encuentros Casa de la Juventud es la propuesta más consistente y que tiene significativos avances en sus dos pilotos: en Lima, en El Agustino, y por supuesto en Chiclayo. –¿Esta entre sus preferencias académicas y vocacionales el derecho de menores? –Yo estudio Derecho porque mi realidad vital me ha conducido con esas orientaciones. No solamente es la lucha por la justicia que la tengo en la venas desde niño. Es el aprendizaje forzado que tuve en la prisión por siete años. Las cosas se ven muy distintas desde adentro de una cárcel. Espero que la vida también me permita culminar mis estudios con éxito y dedicarme a todo lo que es justicia social. ¿Y por que no?... al Derecho de Menores. Eso es preventivo. Eso permite y te da tiempo para recuperar personas, no solamente reclusos. Cada uno tiene una historia que contar. Hasta los mayores, lo que pasa es que cuando recuperas a un recluso inmediatamente la corrupción externa lo rodea, y cuando está en la calle no le dan trabajo, lo persiguen, lo extorsionan y lo invitan nuevamente a delinquir. Hubert Lanssiers encontró que los más recalcitrantes siempre eran recuperables, y eso a pesar de que los años habían hecho mucho daño a esas personas. En los jóvenes, la tarea debería ser más sencilla. Todo depende del ejemplo que se tome. Justicia Juvenil Restaurativa
e d o t e r l E CNA
o v e u un n
scentes, le o d A y s o iñ N s el Código de lo d n ió is v e r e d o s ecial Revisora. p s E n El actual proce ió is m o C idente de la visto por el Pres a Convención sobre los Derechos del Niño, que el Perú suscribió en 1990, establece un nuevo paradigma doctrinario, el de la protección integral del niño, que se sustenta en tres pilares: el niño como sujeto de derechos, el derecho a la protección especial y el derecho a condiciones de vida que permitan su desarrollo integral, dejando atrás el viejo paradigma de la doctrina de la situación irregular, que consideraba al niño como objeto, como ser incapaz de ejercer sus derechos y que debía ser tutelado. La Comisión Especial Revisora del Código de los Niños y Adolescentes tiene hoy el encargo de concluir ese tránsito. Por eso, como señala
expresamente su plan, uno de sus objetivos es“presentar una propuesta legislativa (...), que perfeccione la normativa vigente, asegurando su adecuación a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y otros pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos, así como la plena e irrestricta aplicación de los derechos y las medidas de protección para los niños y adolescentes expuestos a situaciones de riesgo”. Desde esa perspectiva, varios son los cambios sustanciales que deben producirse. En primer término, la instauración de un nuevo sistema de justicia especializado, incorporando una justicia restaurativa que
ito de la s ó p o r p e m realidad Es fir r e c a h a r o evis Comisión R udadana, i c n ó i c a p i la par tic on temas s o l ó s o n s e pues las ley en pequeña escala, no, técnicos, si quieren e r y , l a i c o un pacto s social. legitimidad
En cuanto a Justicia Especializada, está por demás decir que la actual norma no se condice con los principios que rigen los derechos de los niños, sino de un derecho penal garantista y acusatorio. Es necesario dar pase a una justicia restaurativa. Ahora bien, las respuestas a los diferentes problemas que atraviesan nuestros niños y adolescentes no pueden ser producto de las ideas de un grupo reducido de personas, por más buena voluntad y empeño que se tenga; de eso somos conscientes en la Comisión Revisora. Como reza el primer artículo de la Ley 28914, el mandato expreso es adecuar la legislación a nuestra realidad actual, para lo cual se podrá coordinar con los sectores, expertos y toda persona interesada en opinar o proponer. Es firme propósito de la Comisión Revisora hacer realidad la participación ciudadana, pues las leyes no sólo son temas técnicos, sino, en pequeña escala, un pacto social, y requieren legitimidad social. En ese sentido, un segundo objetivo del Plan de Trabajo es “obtener un alto nivel de consenso (...), para lo cual se buscará contar con la más alta
participación de los representantes de los sectores de la sociedad civil involucrados en el tema”. Por eso, no sólo se cuenta con la participación de expertos, sino también de la sociedad civil y, especialmente, de las organizaciones de niños y adolescentes. Por ello, pese a que su ley de creación establece un número cerrado de miembros, básicamente de los Poderes del Estado y de organismos constitucionalmente autónomos, con muy poca representación social y nula participación organizada de niños y adolescentes, la Comisión ha considerado conveniente tenerlos como invitados, con voz en su seno. Finalmente, pero no por ello menos importante, un tema de especial preocupación es la sensibilización de la sociedad frente a la problemática de la niñez. Muchas veces no es la falta de recursos o la ausencia de normas lo que impide una plena vigencia de derechos, sino la falta de compromiso de las autoridades y de la sociedad. Por eso, gran parte de la actividad de la Comisión estará destinada a la consulta popular y la sensibilización. Esperamos, así, superar las deficiencias de las normas precedentes. Desde que la Convención de los Derechos del Niño se incorporara a nuestro sistema jurídico, se han aprobado dos códigos de los niños y adolescentes, cuya característica común ha sido su pronta reforma. Esperamos tener una norma duradera y que lo sea porque responde a las necesidades de la niñez.
efectivamente reinserte al adolescente infractor en la sociedad; ello, acompañado de un régimen garantista. Poner fin al maltrato infantil, proscribiendo el castigo corporal, práctica extendida y legitimada, y establecer medidas para modificar este patrón de conducta. Asimismo, es necesario fortalecer el Ente Rector del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, el cual, desde su creación, ha sido permanentemente debilitado.
Aclaración de autoría Quisiéramos solicitarles lo siguiente: (en el artículo Alcohol, Drogas y Vulnerabilidad Sexual, publicado en JPC nº 9) hemos cometido el error de omitir dentro de los autores y colaboradores a Rubén Mayorga y Olivier Gregoire (ONUSIDA), e Isabel Palacios (ONUDD). Sabemos que ya no sería posible corregirlo en la versión impresa que está circulando, pero tal vez se podrían agregar estos nombres en la versión electrónica y, para el próximo número, señalar esta omisión y la colaboración de estas personas e instituciones. Saludos cordiales,
adolescentes peruanos. Su integridad y honestidad sólo eran superadas por el afán de ser justa y de prestar el mejor de los servicios al Perú. Gracias, Dra. Adelaida, por todo lo hecho en favor de los niños y niñas de Perú. En nosotros queda el recuerdo de una gran Fiscal de la Nación, de una gran mujer, de una inmejorable persona. Hasta siempre. Víctor Herrero Escrich Tierra de hombres (España) Desde Arequipa
Ximena Salazar <16570@upch.edu.pe> En memoria de la Dra. Adelaida Bolívar Hace unos días nos llegó a España la triste noticia del fallecimiento de Doña Adelaida Bolívar, Fiscal de la Nación en Perú. Desde la Fundación Tierra de hombres, institución dedicada a la infancia más desprotegida, que trabaja en más de 36 países del mundo desde hace más de 42 años, hemos podido conocer y comprobar la gran calidad humana y profesional de Doña Adelaida Bolívar. También hemos podido saber y conocer de su preocupación y amor por su país y sobre todo por los niños, niñas y jóvenes del Perú. Hemos tenido la suerte de conocerla, de comprobar cómo toda su humanidad impregnó su acción al frente de la Fiscalía de la Nación. Fue ella, la Dra. Adelaida Bolívar, quien abrió las puertas del Ministerio Público a nuestra fundación para que la Justicia Juvenil fuera cada vez más humana y para que cumpliera con el objetivo de servir a los jóvenes y
Soy abogado Defensor de Oficio del Ministerio de Justicia, asignado a los Juzgados de Familia de Arequipa, y asumo la defensa de todos aquellos menores infractores que no cuenten con abogado. En el centro juvenil me permitieron leer una de sus publicaciones y me interesó la entrevista que se le hizo a la señora Ministra de Justicia, especialmente en la parte referida a la capacitación de los Defensores de Oficio. Dicha capacitación, al parecer, sólo se ha efectuado a los Defensores que laboran en la capital, y a raíz de su artículo he de escribir al Ministerio de Justicia a fin de que los abogados de provincias también seamos considerados, dado que la defensa debe tener el mismo nivel en todo el país. Los felicito por el interés mostrado en bien de los menores y por la contribución que realizan al editar la revista, más aún porque existen muy pocos que escriban o se preocupen por la problemática de los menores. Leonel Santos Espinoza Abogado Defensor de Oficio de Arequipa <leonelsantoses@hotmail.com>
En esta sección se publican las cartas que los lectores nos envían, sea para comentar los artículos, alcanzarnos nueva información, compartir sus experiencias académicas y de trabajo o exponer su propia opinión. Los matices y la discrepancia son bienvenidos. Justicia Para Crecer quiere ser una rica experiencia de diálogo: los lectores tienen la palabra. Por razones de espacio, la revista publica extractos de las cartas sin alterar su sentido. Escríbanos a nuestra dirección electrónica: justiciaparacrecer@jjrperu.org
En primer lugar felicitarles enormemente por sus contenidos. En Panamá hemos comenzado una iniciativa para mejorar la atención a los chicos en riesgo social y en conflicto con la ley, y son ustedes de una enorme inspiración. Estoy seguro que tenemos mucho que conversar, y que compartir. Quisiera saber de la posibilidad de tener ejemplares de sus revistas para mostrarlas como ejemplo y difundirlas en nuestras formaciones y sensibilizaciones. De nuevo mi admiración por su labor y un gran saludo.
Reciban nuestros saludos del grupo de trabajo de CEDESCONAM, organización a través de la cual trabajamos con niños y adolescentes de las comunidades campesinas de Pasco. Nos interesa mucho la información que proporcionan porque refuerza nuestras labores y queríamos decírselo. Jose Luis Joaquín Tomás <luijoat5cp@hotmail.com> Desde la francofonía
Marc Konrad Torralba Responsable del Programa de Mejora de la Intervención con Menores en Riesgo Social y Adolescentes en Conflicto con la Ley Fondo Hispano Panameño de Cooperación Agencia Española de Cooperación Internacional <marc.konrad@aecipanama.org>
Bravo pour les exemplaires de la revue, c’est bien fait, avec un fond distrayant, et les quelques articles que j’ai parcouru sont tres intéressants! Gilles Concordel <Query@Concordel.com>
Me interesaría obtener más material informativo de Justicia Para Crecer. Me interesó la exposición realizada en el encuentro internacional que se llevó a cabo aquí, en Bogotá, en la Universidad de la Salle. Excelente exposición.
Agradecerles por el interés en tratar este tipo de problemas sociales. Tengo a cargo un grupo juvenil en el Pueblo Joven César Vallejo, en la ciudad de Chiclayo, y necesito información o capacitación para llevar a cabo una estrategia para la solución de este tipo de problema
Johanna Alexandra Caicedo Castro <johannacc79@yahoo.es>
Edwin Berríos Arbulú <dewin_ba@yahoo.com>
Tenemos una experiencia de Justicia Restaurativa en Cali, Colombia, desde hace 6 años. Nos gustaría compartir. Albastella Barreto <pazybien@telesat.com.co> Justicia Juvenil Restaurativa
Especial: La Víctima en la Justicia Juvenil
Magistrada Internacional y Presidenta de la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y la Familia (International Association of Youth and Family Judges and Magistrates).
hí nos tienen, con un método desafortunadamente muy típico de interrogar a los niños que han presenciado un delito. ¿Hay alguien por ahí en el tribunal que pueda ponerse a pensar en la presión que pesa sobre la conciencia del niño, si él cree que es su testimonio el que va a enviar a su padre a la cárcel? ¿Alguien a quien le preocupe qué pasaría con el niño si el padre no recibe una sentencia de cárcel? ¿Alguien presente que pueda interesarse en el conflicto en que se encuentra el niño dividido entre el deseo de proteger a su madre, de no acusar a su padre, de superar su miedo y de decir la verdad? Los niños son casi siempre los testigos (y frecuentemente también las víctimas) más importantes de la violencia intrafamiliar, cuando dicha violencia finalmente se convierte en un caso procesado en un tribunal. Uno tiene que sentirse agradecido si los agentes de policía y el poder judicial asumen el compromiso de no dejar que dichos casos pasen desapercibidos, de no clasificar a esta violencia simplemente como “discusiones familiares” que deben quedarse dentro de la familia. ¿Tiene uno que sentirse agradecido, también, si al final del día es el niño testigo el que“paga” por todo esto con un trauma severo, con el maltrato por parte de otros miembros de la familia, con miedo constante y remordimientos? “Ana, si no quieres testificar, no te vamos a proteger y entonces los hombres van a venir y te van a llevar nuevamente. Además, nosotros 12
tenemos tu pasaporte, tú sabes que la visa es falsificada, y te podemos mandar a la cárcel por eso. Si testificas nuevamente contra los traficantes, te protegeremos y luego te enviaremos segura a casa. Por supuesto que, una vez que estés allí, ya no podremos protegerte más, no es nuestro país. Mira, tú vas a ayudar a que no haya más niñas de tu pueblo que vivan las mismas cosas terribles que tú has pasado, pero sí, por supuesto, tu familia lo va a saber, ¡no hay forma de evitarlo! ¡Pero ellos van a estar felices de tenerte de vuelta! ¡Vamos, claro que van a estar felices!” Cuando finalmente, tras muchas dificultades, se inicia el procesamiento de un caso de tráfico en un tribunal, serán los testigos, las víctimas del tráfico de personas, las que puedan proporcionar la evidencia más importante, aunque no son las únicas. A veces, esto significa que una niña de 12, 15 o 16 años, que ha sido víctima de tráfico, tendrá que enfrentarse con los miembros de pandillas nacionales o internacionales de crimen organizado que cuentan con una muy buena defensa… La chica ha experimentado la brutalidad de los traficantes, la indefensión, la desesperanza de una víctima en un país en el que se habla otro idioma, diferente al suyo, sin pasaporte (que los traficantes le han quitado), sin dinero (lo ganado es propiedad de los traficantes también), sin asistencia médica, ni siquiera para las heridas serias, enfermedades o “castigos” sufridos. La chica ha visto lo que le pasó a las que trataron de escapar, de informar a la policía, incluso si la policía no es cómplice,
Los niños como víctimas y testigos ¿Cuáles son las providencias que deben rodear a todo niño que comparece ante la justicia, sea como víctima o como testigo? Una Ley Modelo, de validez internacional, trata de expresar el estándar acordado por las Naciones Unidas. “Tomás, ven aquí y dinos ya, qué pasó exactamente cuando tu papá atacó a tu mamá con el cuchillo de cocina. Deja de llorar, el juez tiene que saber qué pasó y tu papá ya no podrá golpearte porque va a ir a la cárcel, si dices la verdad”. a las que trataron de suplicar ayuda a los “clientes”, que desobedecieron incluso de la manera más leve. Y ahora, ¿ella debe reunir toda la valentía necesaria para pararse frente a los representantes de estas organizaciones criminales, para mantenerse firme frente a astutos abogados defensores que actúan, por lo general, despiadadamente, y que reciben una paga excelente no para ayudar a encontrar la verdad, sino para limpiar a sus sucios clientes a cualquier costo? Es bien conocido el peligro de que las víctimas y testigos sean re-victimizados a través de los interrogatorios policiales y los procedimientos judiciales. Está claro, también, que los niños víctimas y testigos corren incluso un mayor peligro, debido a su especial vulnerabilidad por su edad, sus posibilidades de defensa y su capacidad de resistencia. Sin embargo, tuvo que pasar un tiempo bastante largo para que esta protección legal para las víctimas y testigos comenzará a ser considerada por algunos legisladores, quienes redactaron disposiciones legales para proteger a las víctimas y testigos en los casos procesados en los tribunales contra el crimen organizado, especialmente en casos de tráfico, ya que fue en los casos de tráfico en los que se encontró a la mayoría de testigos muertos, incluso antes de poder testificar. Tomó algunos años más hasta que se hizo evidente que los niños están incluso más expuestos en los tribunales, ya que la asistencia legal que se concede a los adultos no se proporcionó de la misma manera a los niños. Después de una serie de campañas de información internacionales, y de los esfuerzos de los legisladores para hacer frente a la
violencia en la familia y en el ambiente del niño, se hizo una necesidad el proporcionar asistencia legal para todos los temas relacionados con los niños en cualquier capacidad en que estos estuvieran dentro del sistema de justicia. Como una forma de asistencia, la UNODC (la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), la UNICEF y la Oficina Internacional por los Derechos de los Niños, con el auspicio del gobierno de Canadá, emprendieron la redacción de una“Ley Modelo sobre Justicia en Temas que Involucran a Niños Víctimas y Testigos de Delitos”, y su correspondiente comentario. En su introducción, se ofrece la siguiente explicación (resumida): “El desarrollo de esta Ley Modelo es parte de un proyecto de la UNODC para asistir a los países en el uso y aplicación de los Lineamientos de las Naciones Unidas sobre Justicia en Temas que Involucran a Niños Víctimas y Testigos de Delitos. Éstos son parte del conjunto de estándares y normas de las Naciones Unidas que son principios normativos reconocidos internacionalmente para la prevención del delito y la justicia penal desarrollados por la comunidad internacional desde 1950 y representan una buena práctica basada en el consenso del conocimiento contemporáneo y las normas, estándares y principios internacionales y regionales relevantes. La Ley Modelo busca proporcionar una herramienta mediante la elaboración de disposiciones legales concernientes a la asistencia y protección de los niños Justicia Juvenil Restaurativa
Necesidad de dar Protección a Niños Víctimas, Modelo) Testigos e Infractores en Procesos Judiciales (Ley
ción como: Las leyes nacionales deben asegurar medidas de protec víctima o testigo •	Suprimir de registros públicos toda información sobre el niño • Prohibir a la defensa revelar su identidad • La asignación de un seudónimo o código al niño protegido ivos que alteren su • Testificar a través de una mampara opaca, imágenes y disposit de la audiencia antes , grabado video en o n voz, en circuito cerrado de televisió • Testimonio a través de intermedio calificado y adecuado
El niño víctima, testigo o acusados de infringir la ley, tienen derecho a: •	Ser tratado con dignidad y compasión •	Ser protegido de la discriminación •	Ser informado •	Expresar sus puntos de vista y preocupaciones •	Ser escuchado •	Tener una asistencia efectiva •	La privacidad •	Ser protegido de situaciones difíciles en el proceso judicial •	La seguridad •	Contar con medidas preventivas •	La reparación •	Ser informado de la liberación del agresor convicto •	Tener una persona de apoyo
res deben ser capacitadas, •	Las personas en contacto con niños víctimas, testigos e infracto cialidad sobre la situación de informar si sospechan de maltratos, y guardad estricta confiden dichos niños cometido algún delito contra •	Debe evitarse que personas sospechosas o convictas de haber niños trabajen con ellos. ón de las medidas de protección •	Debe crearse un organismo nacional que coordine la aplicaci
víctimas y testigos de delitos, particularmente dentro del proceso judicial, y es adaptable a las necesidades de cada país. La Ley Modelo ha sido redactada prestándole atención particular a las disposiciones específicas contenidas en los Lineamientos cuya implementación requiere de legislación, así como a los temas claves relacionados con los niños víctimas y testigos de delitos, en particular el papel de los niños víctimas y testigos de delitos dentro del proceso de justicia. Al redactar la Ley Modelo, se ha prestado atención a la necesidad de tener en mente las especificidades de la legislación nacional y los procedimientos judiciales, las condiciones legales, sociales, económicas, culturales y geográficas de cada país, así como las diferentes tradiciones legales principales. El ámbito de aplicación de esta Ley Modelo se relaciona principalmente con el sistema de justicia penal, sin embargo, se invita a los países a inspirarse en los principios y disposiciones contenidas en esta Ley Modelo al diseñar sus legislaciones relacionadas con otras áreas en que los niños necesiten de protección, como la custodia, el divorcio, la adopción, la migración y la ley de refugiados. La Ley Modelo se ha redactado también con la perspectiva de permitir a los sistemas de justicia informales y tradicionales utilizar e implementar sus principios y disposiciones”.
Esta Ley Modelo presenta un principio adicional más explícito cuya implementación es de máxima importancia: el concepto de“protección” de los niños víctimas también incluye a los niños que no quieren o no pueden testificar o proporcionar información, y a los niños sospechosos o infractores que han sido victimizados, intimidados, forzados a actuar ilegalmente o que lo hicieron bajo coacción. Esto significa que, desde el inicio mismo de una investigación, los niños víctimas (incluso si se sospecha de ellos como agresores) deben ser protegidos bajo cualquier circunstancia. Por consiguiente, la práctica, tan difundida, de proporcionar protección solamente a aquellas víctimas que están dispuestas a testificar, y de usar la protección como una herramienta para chantajear a las víctimas para que acepten ser testigos ante un tribunal, ya no es aceptable. La Ley proporciona un conjunto completo de derechos (relacionados con instrumentos internacionales relevantes) a ser tomados en consideración, concretamente, el derecho a ser tratado con dignidad y compasión; el derecho a ser protegido de la discriminación; el derecho a ser informado; el derecho a expresar puntos de vista y preocupaciones y a ser escuchado; el derecho a una asistencia efectiva; el derecho a la privacidad; el derecho a ser protegido de las situaciones difíciles durante el proceso judicial; el derecho a la seguridad; el derecho a contar con medidas preventivas especiales; y el derecho a la reparación.
En el texto principal de la Ley Modelo, estos derechos se conjugan formando disposiciones para proteger a las víctimas y testigos de la investigación durante el procedimiento judicial hasta su fin, e incluso después, mediante artículos específicos que tratan el tema de la reparación y el derecho a ser informado sobre la liberación del agresor convicto debido a hechos que involucran al niño. La Ley establece el deber de las personas que están en contacto directo con los niños, como los profesores, los policías, etc. de informar al organismo apropiado, si sospechan de maltrato del niño por un lado, y la no elegibilidad de personas sospechosas o convictas por haber cometido un delito contra un niño para trabajar en una profesión que tenga un contacto directo con niños. Ambos artículos buscan evitar el daño a los niños o la continuación del daño en primer lugar. Con el mismo objetivo, se sugiere la creación o refuerzo de un organismo nacional para la coordinación de la protección de los niños víctimas y testigos, con el objetivo de desarrollar políticas nacionales para la prevención y protección concerniente a dichos niños, recomendar programas, monitorear la implementación de los procedimientos existentes, establecer “líneas telefónicas directas” así
como lineamientos para la capacitación de los profesionales y para iniciar la investigación sobre el tema. Es obligatorio que cada profesional involucrado mantenga una estricta confidencialidad para la protección de los niños víctimas y testigos, así como para desarrollar la confianza desde el lado de los niños vulnerables. Foto: Andrés Luque
La confidencialidad no es la única base obligatoria a ser tomada en consideración, la capacitación especial es un tema igualmente importante. Nadie que trate profesionalmente con niños debería ser incapaz de reconocer signos de maltrato, o no saber qué hacer, o a quién contactar para pedir asistencia, de ser necesario. Se ha dedicado todo un capítulo a las disposiciones relativas a los procedimientos para la investigación, así como para el procedimiento judicial como tal. Las disposiciones de este capítulo se enfocan en la asistencia práctica dada con relación a los derechos arriba enumerados, con el fin de evitar que la ley quede en letra muerta. No ayuda, por ejemplo, declarar la importancia de conseguir información, si no se prevé el deber correspondiente que tienen los agentes de policía o el juez de proporcionar dicha información, y proporcionarla oportunamente. Otro tema muy importante es la credibilidad de la evidencia presentada por un niño testigo. Con mucha frecuencia, se percibe a los niños como personas a quienes no se les puede creer o a quienes se puede creer muy limitadamente; en algunas legislaciones, la evidencia presentada por un niño no tiene valor alguno si no es corroborada por otra evidencia. En consecuencia, los agresores (especialmente en los casos de violencia doméstica) acusados de maltrato infantil son absueltos in dubio y continúan maltratando, frecuentemente a una mayor escala. No hay razón para no creerle a un niño si no se demuestra una indicación de lo contrario. No hay razón para que un juez, o un agente de policía bien capacitado, de ser necesario con la asistencia de un experto psicólogo o a través de un examen de competencias, no puedan evaluar correctamente la evidencia dada por un niño. Los agresores cuentan con asistencia legal. En los casos de tráfico, con mucha frecuencia abogados defensores muy hábiles tratan de desacreditar e incluso amenazan a los testigos, ni qué decir de los testigos niños. En los casos de violencia doméstica, un niño puede ser fácilmente manipulado por su amor hacia el agresor; en todo caso, los niños víctimas (y sus padres) son rápidamente “olvidados” cuando se trata de dar una reparación. Por todas estas razones, parece obligatorio que un niño víctima y testigo también obtenga asistencia legal. La Ley Modelo prevé eso. Y no solamente eso. La experiencia y las buenas prácticas en varios países han demostrado que un niño en un tribunal necesita a una persona de confianza al lado, una persona que informe al niño sobre
Es bien conocido el peligro de que las víctimas y testigos sean revictimizados a través de los interrogatorios policiales y los procedimientos judiciales. Está claro, también, que los niños víctimas y testigos corren incluso un mayor peligro, debido a su especial vulnerabilidad.
el tribunal y su función, que acompañe al niño al tribunal y pueda quedarse con el niño todo el tiempo, que le recuerde al poder judicial, de ser necesario, temas como la necesidad de hacer una pausa, tener una silla, proporcionar asistencia para necesidades especiales, medidas de protección, cualquier cosa que vaya en el interés superior del niño. La Ley Modelo prevé contar con una “persona de apoyo” especialmente capacitada que se ocupe de esos temas, y hace que su presencia sea obligatoria desde el mismo inicio de la investigación. La evidencia obtenida de un niño sin la presencia ya sea de un abogado, los padres o la persona de apoyo se considera inadmisible ante un tribunal, evitando así la manipulación e interpretación errada con o sin intención. La persona de apoyo puede también contactar a expertos para pedirles asistencia; al poder judicial para pedir información (hora y lugar de una audiencia, o sugerir un lugar especial, seguro para el testigo); al colegio y a los amigos del niño para evitar la exclusión y mantener en la medida de lo posible el curso de vida normal del niño en cuestión. Incluso, una vez cerrado el caso en el tribunal, la persona de apoyo puede continuar asistiendo al niño, por ejemplo, para obtener Justicia Juvenil Restaurativa
Además, la Ley Modelo fija estándares para contar con áreas de espera apropiadas para los niños o lugares seguros fuera de la corte, o contar con salas de tribunal adaptadas, apoyo emocional, de ser necesario, y lo más importante: medidas de protección. La experiencia ha demostrado drásticamente que las medidas de protección son una condición sine qua non, especialmente en los casos en los que el crimen organizado está involucrado, principalmente en el tráfico de personas, narcóticos y armas. Se han encontrado los cuerpos de chicas víctimas de tráfico, de “burriers” o testigos involucrados ellos mismos en pequeña escala en actividades criminales, en manantiales después del derretimiento del hielo en los Balcanes, tirados en acequias en Latinoamérica, en playas de Europa, en sótanos de ciudades asiáticas, en las calles de los Estados Unidos, en las arenas de África. Por un lado, sin medidas de protección, el proporcionar evidencia podría equivaler a una sentencia de muerte. Por otro, el ser confrontados con sus torturadores puede ser una terrible experiencia, especialmente para los niños que ya de por sí tienen que lidiar con la superación de sus traumas. Por ende, las leyes nacionales deben proporcionar un rango especificado de medidas de protección, que se prevén en la Ley Modelo (y que en algunos países ya se otorgan a los testigos adultos), tales como:  Suprimir de los registros públicos cualquier nombre, dirección, centro de trabajo, profesión o cualquier otra información sobre el niño; prohibiendo al abogado de la defensa revelar la identidad del niño o divulgar cualquier material o información que pudiera revelar la identidad del niño; la asignación de un seudónimo o un número al niño testigo,  Testificar permaneciendo detrás de una mampara opaca; a través de imágenes o dispositivos que alteren la voz; a través de un interrogatorio simultáneo realizado en otro lugar comunicado con la sala del tribunal por medio de un circuito cerrado de televisión; por medio de un interrogatorio grabado en vídeo del niño testigo antes de la audiencia; testimonio mediante un intermediario calificado y adecuado, como, pero sin limitarse a, un traductor para niños sordos, mudos, ciegos u otros niños con discapacidades,  Sesiones cerradas; retiro (temporal) del acusado. Solamente si medidas como las mencionadas están disponibles en el tribunal, se puede pedir testificar a un niño testigo que está en peligro. Las disposiciones finales de la Ley Modelo no son menos importantes. Éstas tienen que ver con el derecho a la compensación (incluyendo los métodos de justicia restaurativa) y el derecho a ser informado oportunamente sobre la liberación de la persona contra la cual el 16
niño testificó, incluso después de un periodo prolongado de tiempo, para permitirle al niño tomar las medidas de protección necesarias, de ser necesario. La Ley Modelo está lista para ser sometida a deliberaciones en las Naciones Unidas y, con suerte, será adoptada pronto. Esta Ley podría desarrollarse y convertirse en una herramienta potente para asistir a los estados miembros a redactar legislaciones y establecer instituciones para proteger a los niños victimizados por la violencia, vulnerables debido a la manipulación, la venganza, los maltratos repetidos, el acoso y la amenaza. ¿No deberíamos todos tener la esperanza de contar con un instrumento que evite que tengamos que victimizar otra vez a aquellos que tienen que estar ante un tribunal y que ya han sido victimizados por los miembros de nuestra sociedad? En octubre del 2008, se llevará a cabo un seminario internacional sobre niños víctimas y testigos en el Instituto por los Derechos de los Niños (IDE), en Sion, Suiza. Son bienvenidas las ideas, buenas prácticas, recomendaciones y sugerencias para remedir las dificultades de los niños que tienen la valentía de presentarse ante los sistemas de justicia a pesar de sus temores, sus traumas y sus malas experiencias con los adultos.
la asistencia y documentos necesarios para viajar a su lugar de origen o para obtener una compensación.
CULPABLE ALIVIO DE QUE SEA OTRO EL SUFRIENTE EL
Las raíces psicosociales conflictivas de la relación y el frecuente desencuentro entre las víctimas de una agresión o delito, y los profesionales encargados de atenderlas. Fryné Santisteban
Psicoterapeuta, especializada en atención a víctimas
Cuando pensamos en los grandes problemas que tenemos como país vemos que la violencia que se reproduce en todos los ámbitos es uno de ellos. Hemos vivido décadas de conflicto armado interno y aún sentimos sus efectos expresados en un clima de inseguridad y desconfianza, sobre todo en el recurso creciente a formas violentas de relación y en la reproducción de malos tratos. Muchas de las instituciones que tienen a su cargo el cuidado, la atención y el velar por los derechos de niños, niñas y jóvenes en riesgo, así como de personas que son objeto de maltrato, especialmente mujeres, se ven invadidas por la demanda e impotentes frente a la enorme tarea, pese a los intentos institucionales y personales de sus miembros de dar respuesta eficaz y empática. Por otro lado, son innumerables las quejas de las personas que, luego de haber sido agredidas, vejadas, acuden a alguna dependencia pública buscando protección, ayuda, consuelo, justicia. La más de las veces la queja, más que de la inoperancia o
demora, se refiere al maltrato que reciben de quienes –imaginaban– que los ayudarían. Se genera un círculo vicioso de falta de reconocimiento: la persona afectada o“víctima”, ahogada en su pesadumbre y el clamor de justicia o de venganza inmediata, termina desconociendo y minusvalorando la atención que recibe del profesional o trabajador asistente, mientras éste, al ver devaluada su intervención y participación, experimenta resentimiento e intolerancia frente a la “víctima”, a la que finalmente desconoce en su singularidad, tratándola como un “expediente más” a tramitar, reproduciendo así el maltrato. ¿Cómo entender estos desencuentros y contradicciones? Desencuentro entre el esfuerzo de los servidores, operadores de justicia y demás vigilantes de los derechos, y la insatisfacción de las“víctimas”, que a ellos acuden; contradicción, porque los que deberían cuidar, velar por los
derechos, terminan maltratando, sin darse cuenta la más de las veces. Más que un análisis de las condiciones en que se prestan los servicios a las personas en situaciones de riesgo, quiero llamar la atención sobre algunos mecanismos inconscientes actuando en tal relación.
parapetarse en la formalidad de roles y funciones, o en la siempre segura teoría, intentos ambos de alejar de nosotros el sentimiento movilizador, inquietante, de cercanía, la posible conexión entre lo que escuchamos y lo que recordamos de nuestra propia historia.
La vivencia de profunda desprotección, el sentimiento de indefensión, son registrados por nuestro psiquismo como una amenaza a nuestra integridad, a nuestra vida, y ciertamente son fuente de gran angustia. Ser ocasionalmente testigos del sufrimiento de una persona por ser objeto de maltrato, violación o cualquier otra violencia –especialmente si es niño, niña o joven– conmueve, indigna, suscita sentimientos de interés, preocupación, a veces de solidaridad por quien sufre; y cólera y rechazo por quien causa daño. ¿Pero qué sucede cuando el contacto con el dolor, la cercanía de la muerte, la batalla entre la rabia y la sumisión que vive una persona expuesta a la violencia por parte de otra, que la convierte en “víctima”, es cotidiano y permanente y llega a los oídos a través de relatos descarnados, a veces entrecortados o balbuceantes, a veces sin palabras, pero siempre con miedo, convirtiéndose en un discurrir de lágrimas y muchas preguntas mudas? ¿Qué acontece en la mente de quien tiene que prestar servicio en esos terrenos humanos de tanta inhumanidad, donde campean la violencia, la crueldad, la negligencia? ¿Hay acaso una suerte de“normalización” o de“acostumbramiento” que actúa como adormecedor de la sensibilidad primera? La cuestión parece más compleja.
Es justamente porque aquello que nos cuenta una persona que ha sufrido daño se conecta con nuestras propias experiencias de haber sido o habernos sentido víctimas, que el encuentro se hace complicado. El mal trato, la desconsideración y la victimización de una persona que se presenta con su dolor a cuestas hunde sus raíces en la amnesia de aquellas experiencias propias que nos hicieron sentir sometidos y que, desde la penumbra de la inconsciencia, actúan en contra de nuestros “buenos” sentimientos y propósitos. Dicho de otro modo, una “víctima” es huella viva de aquello que todos evitamos recordar: la indefensión, el dolor de ser objeto de daño, y por ello da lugar a reacciones y sentimientos ambivalentes. Ante ella aparece, por ejemplo, lo que crudamente dice Giovanna Pollarolo en su última novela: “En realidad, la expresión compasiva de la cara del confidente no es más que una máscara que esconde la sonrisa de alivio; el alivio de que sea otro el sufriente (…) Cómo me alegro de que eso no me está pasando a mí, es el pensamiento verdadero del que se aviene a escuchar las penas ajenas”.
Así como es “buscadora de sentido”, la mente humana es también experta en evitar sufrimiento, malestar. Ello explica por qué uno de los mecanismos de defensa que se pone en marcha ante el testimonio de una persona que sufre violencia en manos de otra es el de tomar distancia, sobre todo afectiva, que se manifiesta, por ejemplo, en 18
En países como los nuestros, donde la socialización y la educación de los niños y niñas en la casa, la escuela y la comunidad apelan con abrumadora facilidad al insulto y al castigo físico, al ejercicio de dominio incuestionable de los mayores sobre los menores o de los hombres sobre las mujeres, es muy fácil imaginar cuántas historias de maltrato, de agresión legitimada, convertidas en impotencia, confusión o rabia difusa contenida, hay en la mente y los corazones de hombres y muje-
reproduzcan las escenas, situaciones y especialmente los vínculos que justamente hizo de ellos“víctimas”. Es pertinente, también, reflexionar sobre cómo sensibilizamos y transmitimos el mensaje de los derechos de toda persona. No hay tarea más difícil y generadora de impaciencia que tratar de convencer de sus derechos, y de la necesidad de defenderlos, a personas que tienen la vivencia impregnada hasta en los huesos de no tener derechos, de no valer, de sentirse un despojo humano, y peor aún si reconocer sus derechos los enfrenta a sus padres o seres “queridos” maltratadores, violadores. Hace falta una gran capacidad de empatía, paciencia y, sobre todo, respeto para considerar el ritmo y el estilo de cada persona para ir recuperándose. Al mismo tiempo, es importante acoger la diversidad de sentimientos de los niños, niñas y jóvenes afectados, sin juzgarlos buenos o malos, legítimos o ilegítimos, normales o anormales. Todos son expresión de una parte de ellos, pero ciertamente tendrá una especial importancia acompañarlos en el proceso de despojarse de los sentimientos de culpa que, paradójicamente, suelen experimentar.
res que, sin saber por qué, luego se comportan agresiva o violentamente con sus hijos, alumnos o personas a las que atienden. Algunos servidores de instituciones que brindan asistencia a víctimas reconocen experimentar fastidio o cólera ante las víctimas y su testimonio o queja, sentimientos cuya aparición no se explican y más bien son silenciados o negados por contradecir los ideales por los que trabajan. Pero esta cólera reprimida se expresa luego en un trato displicente, en abierto o sutil maltrato, o –lo que es tanto o más peligroso– en intentos de congelar a esa persona en su condición de víctima, desconociendo que siempre será más que sólo una víctima: una persona con capacidad, aunque sea mínima, de respuesta, con potencial de acción, partícipe de lo que acontece en su existencia. Vemos, pues, que el término víctima, tan importante de precisar a la hora de dilucidar judicialmente un caso, puede tener en otros contextos una connotación discriminadora, generadora de distancia, cuando por él entendemos la persona o grupo depositario de los males o conflictos que, por otro lado, desconocemos o queremos desconocer en nosotros, o cuando negamos o minusvaloramos la capacidad de respuesta, cambio y acción, finalmente la agencia, de tales personas. Seguramente la mayoría de lectores no se sientan aludidos por tales afirmaciones, sin embargo me parece importante estar atentos a las formas más sutiles y a veces imperceptibles, pero no por ello menos eficaces, de victimizar o re-victimizar a una persona, especialmente si se trata de niños y niñas a quienes se suele pensar disminuidos. Se hace necesario, por ejemplo, revisar críticamente los procedimientos para recoger testimonios de las “víctimas”, a fin de que aquellos no
Quienes trabajamos tan cerca de la experiencias de sufrimiento físico, emocional, moral, haríamos bien en preguntarnos por nuestras motivaciones más profundas para estar en ello, no para desalentar nuestra presencia en esos territorios de la convivencia humana, ni para resaltar sentimientos culposos por exponernos al dolor, la crueldad y otros representantes a veces obscenos de la muerte, sino para conocer esos condicionamientos que, por permanecer inconscientes, boicotean o contradicen lo que intentamos hacer. Toda elección, vocación, compromiso, tiene sus razones en la historia y el devenir personal que, como sabemos, nunca está separado de la convivencia con otros. El “servicio a los demás”, lejos de exonerarnos de la mirada hacia nosotros, exige más bien un constante diálogo con nuestros sentimientos y con nuestra historia personal. El haber vivido situaciones de maltrato o haber sido víctimas de cualquier atentado a nuestra dignidad, no nos incapacita para acompañar, servir y trabajar con personas en situaciones semejantes, siempre y cuando logremos ir más allá de nuestras malas experiencias y trascendamos el afán de depositar la condición de víctima pasiva en otros o en nosotros. Conocemos testimonios vivos de que esto es posible. Las instituciones y dependencias públicas y privadas del campo de los derechos humanos, la justicia, la salud y la educación, y todas las que tienen que ver con el desarrollo de las personas a las que brindan servicios, tendrían que facilitar a sus miembros espacios de diálogo y reflexión para compartir y procesar los sentimientos que su tarea cotidiana les genera. Además de cuidar así a sus trabajadores, encontrarán seguramente algunas pistas sugerentes para hacer mejor su labor y así aportar a la construcción de reglas de convivencia con más respeto y menos violencia.
Foto: Olivio Argenti
na práctica frecuente para los Fiscales de Familia, consiste en acudir a las instalaciones de los centro de salud públicos, durante los turnos. Entre 40 a 60 casos de jóvenes parturientas, adolescentes, con síntomas de aborto o de amenaza de aborto, son reportados en promedio cada semana, solo en el Distrito Judicial de Lima. De aquellos casos, un grupo muy significativo está constituido por mujeres mayores de 14 y menores de 18 años, que libre y voluntariamente mantuvieron relaciones sexuales con otros adolescentes de la misma edad, en el contexto de un vínculo afectivo. Por lo general se trata de parejas, que no planificaron un embarazo; sin embargo, tampoco son renuentes a aceptar sus respectivas responsabilidades. Cuentan con el apoyo de sus padres, están en aptitud de reconocer a su hijo al momento de nacer y pretenden, como proyecto de vida, formar una familia. En este panorama se involucra el sistema penal, pues los Fiscales de Familia luego de las primeras indagaciones, en aplicación del principio 20
de legalidad y en su calidad de representantes de la actividad persecutoria del Estado, tendrían que instar a la autoridad competente la aplicación de una tutela jurisdiccional efectiva. Sin embargo, frente al mencionado supuesto, surgen lógicamente algunas preguntas: ¿Es necesaria la intervención del sistema penal? ¿Resulta de interés público la aplicación de sanciones penales (medidas socioeducativas) a los involucrados? ¿Puede ser calificado el hecho como una violación sexual? ¿Existe realmente una víctima? Para dar respuesta a estas interrogantes, practicaremos algunas precisiones. Respecto de la violación sexual de persona menor de edad, el inciso 3º del artículo 173 del Código Penal, modificado mediante Ley N° 28704, establece que, cuando la víctima tiene entre 14 años de edad y menos de 18, la pena a imponerse será grave1; sin embargo, debemos 1	Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad.- El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: (…) Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años.
Rita Arleny Figueroa Vásquez Fiscal Superior de Familia
¿Resulta necesaria la intervención del sistema penal para sancionar la relación sexual consentida entre adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años? tener en cuenta que el artículo 170 del citado cuerpo normativo prevé como elemento del tipo básico la violencia o la grave amenaza sobre la víctima, ejercida a efecto de quebrantar o vencer su voluntad y resistencia para lograr el acceso carnal sea por vía vaginal, anal o bucal2. En los supuestos descritos, los adolescentes sostuvieron trato sexual de manera libre y voluntaria en el contexto de una relación sentimental, procrearon un hijo o lo esperan, cuentan con el conocimiento y consentimiento de sus respectivos progenitores, y tienen como proyecto personal hacer una vida en común en el contexto de lo que significa formar una familia. Desde esta perspectiva, resulta evidente la ausencia de violencia o de grave amenaza a la que se refiere el tipo básico, debiéndose tener en cuenta que, si bien es cierto que en los delitos contra la libertad sexual 2	Artículo 170.- Violación sexual: El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años. La pena será no menor de doce ni mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme corresponda...
el bien jurídico protegido es precisamente la“libertad sexual”3, también lo es que, tratándose de personas menores de edad, lo que el legislador resguarda es la“indemnidad sexual” de la presunta víctima, la cual está directamente relacionada con la protección del normal desarrollo de la esfera sexual de las personas que todavía no han alcanzado un grado de madurez que les permita “autodeterminarse” en esa área de su evolución4. En este contexto, no podemos dejar de relevar que, en el presente caso, el sujeto activo y el sujeto pasivo de la relación sexual consentida fueron personas mayores de 14 y menores de 18 años; en tal sentido, la indemnidad sexual de ambos, mereciendo protección, fue vulnerada por su propio accionar, no requiriendo en consecuencia una respuesta punitiva del Estado por cuanto la visión de la infancia a lo largo de los años ha merecido una nueva orientación, conforme lo veremos mas adelante.
3	Respecto de la libertad sexual, Miguel Bajo Fernández, señala que debe entenderse de dos maneras: como libre disposición del propio cuerpo, sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena; y como facultad de repeler agresiones sexuales de terceros. En tanto, Carlos Caro Coria, señala que la libertad sexual debe ser comprendida como: a) Sentido positivo-dinámico de la libertad sexual, se concreta con la capacidad de la persona de disponer libremente de su cuerpo para efectos sexuales, b) Sentido negativo-pasivo, se define como la capacidad de la persona de negarse a ejecutar o tolerar actos sexuales en los que no desea intervenir. (http://www.monografias.com/trabajos37/delitos-sexuales/delitos-sexuales.shtml). 4	Lo subrayado es nuestro. Justicia Juvenil Restaurativa
En los supuestos descritos, los adolescentes sostuvieron trato sexual de manera libre y voluntaria en el contexto de una relación sentimental, procrearon un hijo o lo esperan, cuentan con el conocimiento y consentimiento de sus respectivos progenitores, y tienen como proyecto personal hacer una vida en común en el contexto de lo que significa formar una familia.
Así, bajo la filosofía de la doctrina de la “Protección Integral”, consagrada en la Convención sobre Derechos del Niño, las personas menores de edad son sujetos de derechos a los cuales se les otorga en la actualidad, además de los derechos reconocidos a los adultos, los denominados “derechos específicos”, implicando este nuevo enfoque de la infancia que se les confiera derechos de mayor protagonismo y el ejercicio de una mayor participación en el ámbito familiar y social. De este modo surge el“respeto a la autodeterminación progresiva” de los niños y adolescentes, coligiéndose que si bien éstos son receptores de normas prescriptivas, son además destinatarios de aquellas de naturaleza prohibitiva, previstas en el ordenamiento jurídico; por tanto, resultan pasibles de ser considerados como responsables ante su inobservancia, según su edad y el grado de evolución de sus facultades5. Ahora bien, en el ejercicio de esta nueva atribución de “autodeterminismo dinámico”, las personas menores de edad no sólo participan en las decisiones que les afectan, sino que además tienen derecho de conducirse según su propia opinión, en el contexto de su capacidad de desarrollo, asumiendo decisiones tales como trabajar, transitar, asociarse, expresarse con libertad, entre otras. Tal autodeterminismo, a nuestro juicio, no les impide ejercitar además su sexualidad, manteniendo un trato de tal tipo, libre y voluntario, teniendo como referencia una edad límite mínima. De otro lado, si bien no resulta conveniente estimular prácticas sexuales a temprana edad, lo cierto es que aplicando sanciones penales (medidas socioeducativas) a manifestaciones de tal naturaleza no se soluciona un problema social que preocupa a todos, la precocidad sexual en el contexto de una sociedad consumista y sexualizada como la nuestra; máxime si la orientación punitiva practicada por el legislador a casos como los descritos colisiona con normas de naturaleza civil que también los regulan6. En este sentido debemos tener en cuenta que, si la ley civil permite el matrimonio a partir de los 16 años de edad y en consecuencia relaciones de pareja, no resulta aplicable al presente caso lo dispuesto en los alcances del inciso 3º del artículo 5	Concepto que se deduce de la lectura del artículo de Miguel Cillero Bruñol, Infancia, Autonomía y Derechos: Una cuestión de principios. 6	Art. 241 del Código Civil: “El Juez pueda dispensar (...) por motivos justificados, siempre que los contrayentes tengan como mínimo dieciséis años cumplidos y manifiesten expresamente su voluntad de casarse”. Art. 244º del Código Civil: “Los menores de edad para contraer matrimonio, necesitan del asentimiento expreso de sus padres y la discrepancia entre ellos equivale al asentimiento”.
173 del Código Penal, modificado por la Ley No. 28704; más aún, si tomamos en cuenta que constituye un deber la protección del recién nacido7, al señalar las normas supranacionales que el niño y adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia, y que no podrán ser separados de ésta sino por circunstancias especiales definidas en la ley, con la exclusiva finalidad de protegerlos. Se advierte pues, una evidente incongruencia legislativa. En este sentido, una denuncia, un proceso, una sentencia condenatoria y una detención, en casos como los descritos, atentaría contra el espíritu de las normas mencionadas y, además, contra el texto expreso del artículo 4º de la Constitución, el cual señala que la comunidad y el Estado protegen al niño, a la madre y a la familia, promueven el matrimonio y reconocen a estos últimos como instituto natural y fundamental de la sociedad. Para resolver tal conflicto, es decir frente a la posibilidad de requerirse la aplicación de una tutela jurisdiccional a través de la formulación de una denuncia, conviene aplicar previamente un test de razonabilidad a efecto de compulsar si la imposición de sanciones a los adolescentes (medidas socioeducativas) por el hecho de mantener relaciones sexuales consentidas afecta o representa un atentado directo contra el ius puniendi estatal; o, si por el contrario, lesiona los derechos e intereses del recién nacido, de su joven familia y de los propios adolescentes involucrados, en el contexto precisamente del respeto a la “autodeterminación progresiva” o “autodeterminismo dinámico”, que la legislación especializada les reconoce. En cuanto a lo expresado, debemos indicar que, si bien es cierto el Derecho Penal tiene como propósito la sanción de las conductas típicas, antijurídicas y culpables, además de la prevención de los delitos como medio protector de la persona y de la sociedad8, según el artículo 1º del Título Preliminar del Código Penal; también lo es, que el sistema penal se rige bajo el principio de mínima intervención derivado de lo que se estima como ultima ratio, es decir que tiene carácter subsidiario, como extrema alternativa, cuando no existen 7	Artículo 8º de la “Convención sobre los Derechos del Niño”. 8	Artículo 1º del Título Preliminar del Código Penal. Sobre el particular señala Raúl Peña Cabrera: “La ley penal deviene así, como un “control social más”, cuya fundamentación descansa en la necesidad de proteger toda la sociedad en cuanto última ratio que pretende garantizar la inviolabilidad del ordenamiento jurídico” (Raúl Peña Cabrera. “Nuevo Código Penal y Leyes Complementarias”, A.F.A. Editores Importadores S.A., primera edición, 1991, p. 45).
Para mayor ilustración, y a efecto de reforzar nuestra posición, tenemos un precedente jurisdiccional de importancia a tomar en cuenta, que aunque no vincula por el nivel en el que fue expedido, si resulta un criterio orientador para resolver de manera justa casos como los mencionados. Así, la sentencia de fecha 28 de mayo del 2007, recaída en el expediente 2156-2006, emitida por el Colegiado de la Segunda Sala Penal del Distrito Judicial de Arequipa, realiza un análisis sobre el principio de legalidad y los efectos que se derivan de una ley irrestricta é inequívoca, señalándose textualmente en el punto 8.2.3.7 que el Estado peruano no tiene claro ni definido de modo incontrovertible si un sector de adolescentes (entendiéndose a los que van de catorce años en adelante), están o no absolutamente excluidos de los denominados derechos sexuales y reproductivos que se hallan reconocidos y declarados como derechos de la humanidad en general; añadiéndose que, si el Estado no tiene una posición firme y unívoca, no es legítimo que
se exija a la ciudadanía que se motive en razón a las prohibiciones penales que no son claras (y no lo son para los adolescentes que podrían incurrir en infracciones a la ley penal –violación sexual presunta– en virtud al Código que los regula). Asimismo, en el considerando 8.2.3.9 de la citada resolución se indica que, si los supuestos de la ley penal en el inciso 3º del artículo 173 del Código Penal, siendo expresos, son equívocos (por ser contradictorios con el resto del propio sistema jurídico), entonces no se puede considerar configurado el principio constitucional de legalidad en dicha norma legal penal. Por lo expuesto, concluimos afirmando que, a nuestro entender, en supuestos de hecho como los descritos no cabe la intervención del sistema penal, dado que la norma penal que regula este tipo de conductas no responde al principio constitucional de legalidad; siendo esto así, corresponde declarar un no ha lugar a formular denuncia por infracción a la ley penal en tales casos y proceder al archivo de todo lo actuado. Cabe destacar que supuestos como los descritos constituyen la mejor oportunidad para que, a través del sistema de salud pública de nuestro país, se les brinde a los adolescentes el conocimiento y la oportunidad de ejercitar sus derechos sexuales y reproductivos (teniéndose en cuenta su edad y grado de madurez), lo que implica desde el conocimiento de métodos de planificación familiar y atención médica pre y post parto, hasta el control de “niño sano”, generándose un sistema integral que articule los esfuerzos de médicos, asistentas sociales, psicólogos, abogados de oficio y organizaciones sociales, en tanto la joven pareja alcance madurez e independencia, tomándose como referente un modelo de justicia restaurativo.
otros medios de composición pacífica de conflictos, debiendo entonces reducirse su participación sólo a los casos relevantes y de verdadero interés público. En este sentido y a nuestro juicio, no todo acto será de conocimiento o motivo de intervención del sistema penal, sino solo aquellos en los cuales no exista otra fórmula de solución sino a través de un proceso judicial. Esta es la tendencia moderna de los sistemas penales democráticos contemporáneos; por tanto, aplicar a casos como los descritos el ius puniendi del Estado, por la conducta sexual precoz del tipo de población mencionada, resulta, lejos de una solución, a todas luces un atentado contra los derechos e intereses del recién nacido, de sus progenitores y de la familia que pretenden formar. Se frustra un proyecto de vida.
“Me trajeron por las Reflexiones a partir de la experiencia de trabajo cotidiano en el Proyecto de JJR desarrollado por Tierra de hombres y Encuentros Casa de la Juventud en El Agustino. “Me trajeron por las puras”: así inició el diálogo un adolescente retenido en la comisaría de Santoyo, acusado de participar en una gresca entre colegiales que la ley tipifica como pandillaje pernicioso. El adolescente se encontraba nervioso y asustado; sin embargo, mostraba su fastidio por los procedimientos lentos, engorrosos e incomprensibles que le hacían perder las clases, lo que le traería problemas con el cole y con sus padres. Esto realmente le preocupaba. Eran unos 20, entre adolescentes y jóvenes, supuestamente integrantes de una manchita escolar, los que fueron conducidos a la comisaría por el cuerpo de vigilancia municipal o serenazgo del distrito, que a diario cumple la misión de garantizar la seguridad en las convulsionadas calles de El Agustino. Pero con frecuencia se supone, erróneamente, que toda mancha de adolescentes supone un potencial peligro de violencia. Varios de estos adolescentes estuvieron involucrados en la trifulca; sin embargo, otros se acercaron a sapear, sea por curiosidad o por la “efervescencia juvenil”. En el caso de este menor, fue por su identificación con “el colegio de sus amores”. De la conversación con este adolescente deduje que, para ellos, la trifulca era un “enfrentamiento entre titanes”: dos grandes unidades escolares disputándose el territorio. Un territorio ajeno, además, ya que ninguno de los colegios pertenecía a la zona; sin embargo, el hecho que los adolescentes vivieran en el distrito hacía que el colegio –como espacio de identificación– se acuñara dentro de su comunidad. Esto me hace pensar en lo difícil que es construir una identidad en una sociedad que inculca en los adolescentes valores acerca de lo masculino, traducidos como el poder basado en el uso de la fuerza y la posesión de objetos y territorios. Al conocer más de cerca la vida íntima y familiar del adolescente, reflexioné sobre aquella frase con la que se inició nuestro diálogo. Inmediatamente constaté que no es el vándalo que imaginan las autoridades, sino un chico confundido y rebelde por la situación familiar que diariamente le toca vivir. Definitivamente no se muere de hambre, pues sus padres lo abastecen y cubren las necesidades mínimas de la familia; sin embargo, cubrir esas necesidades materiales no lo son todo para él, también están las carencias afectivas, los conflictos y maltratos psicológicos que 24
a diario ve entre sus padres. No necesita ver a sus padres romperse el lomo trabajando para sacarlo adelante, prefiere verlos “juntos y felices”, compartiendo con sus otros hermanos la pobreza. Se siente confundido; si bien es cierto que está labrando un futuro mejor que el de sus padres, señala que lo asfixia el entorno en que vive. Para él, sus padres son lo máximo; sin embargo, ellos no alcanzan a descubrir su necesidad y deseo de vivir mejor, decentemente, con dignidad y decoro; tampoco alcanza a tener plena conciencia de lo que siente y quiere. Se mantiene a la defensiva y responde, se siente no atendido, no comprendido y no asistido. Expresa su rebeldía azuzando a sus compañeros, que están peor o más confundidos que él. Inmiscuyéndome en su mundo, su realidad, su contexto, y ahondando acerca de lo sucedido, intuyo desconsuelo y rebeldía, por eso se muestra temerario e indómito, llora, y expresa sus penas y angustias. A medida que intercambiamos actividades y tareas, se muestra más tranquilo, contento, menos desconfiado, más participativo, exigente, pero a la vez acogedor de normas y disciplina; cumple al pie de la letra con las citas y entrevistas pactadas, me dice profesora, me saluda con cariño y confianza, insiste en que converse con su madre, pues el que siempre acude es el padre. Transcurrido el tiempo, ahora tiene otra mirada hacia sus padres, se siente más fuerte para enfrenar y superar sus problemas. Ya casi no recuerda que “lo trajeron por las puras”. Así como él, hay otros adolescentes que hoy tienen la oportunidad de enfrentar la justicia juvenil en un mejor contexto y concluyen que fue un acierto“haber sido traído (tal vez) por las puras”. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿es suficiente? ¿De qué vale todo esto, si otros adolescentes de El Agustino y otras poblaciones con entornos sociales de alto riesgo siguen asumiendo que estudian “por las puras”, que las instituciones y autoridades que dicen velar por ellos los reprimen “por las puras”, que tienen familia“por las puras”, que el cambio que intentan lograr es“por las puras” y, lo peor, que sienten que están en este mundo “por las puras”? Es justo y necesario detenernos a replantear las cosas, analizar nuestros objetivos, unir fuerzas, innovar los conceptos sobre nuestros jóvenes. No vaya a ser que, en un futuro cercano, ellos nos exijan cuentas y concluyan que todo lo hecho por los adultos fue “por las puras”.
s puras” María Luisa Mendívil Zapata
Experiencias y Testimonios del Proyecto JJR
Trabajadora Social del Proyecto Justicia Juvenil Restaurativa
Experiencias y Testimonios del Proyecto JJR Un adolescente habla de su experiencia de recuperación en el proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa de Tierra de hombres y Encuentros Casa de la Juventud en Chiclayo.
“Yo era una persona tranquila como toda persona de muchos amigos, pero no falta uno de esos malos amigos de familia de mal vivir que les basta una información de lo que hacía y de los bienes que mi familia tenía; de pronto, comencé a recibir visitas y ellos trataban de acercarse más a mí, me chantajeaban con una gaseosa, con cerveza, comida, y su propósito era cometer un asalto en complicidad conmigo a un centro de recaudación que pertenecía a mi familia; como yo trabajaba allí, con palabras emotivas me decían que con la plata del asalto yo iba a comprarme lo que quería, tanto fue que terminé por aceptar. Entonces tenía 16 años. Fue así que planeamos todo y cometí ese delito en complicidad con ellos, pero nunca pensé en las consecuencias. Fui decidido a trabajar como un día cualquiera. Llegó el momento de depositar al banco una fuerte cantidad de dinero, salí hacia el banco, luego me desvié donde me esperaban los otros delincuentes y entregué el dinero con mis propias manos, incluso me dejé golpear brutalmente, regresé y fingí que me habían asaltado, todos me creyeron, pensé que todo había salido bien, pero no me imaginaba que seguía lo peor. Me dijeron que tenía que ir a la comisaría a dar mi declaración. Vinieron policías, me llevaron con la fuerza y agresividad con que
Cuando te decides a cambiar, y hay personas que te apoyan, lo logras. 26
actúan y terminé por declarar y decir toda la verdad. Nunca pensé estar 12 horas encerrado en una celda, mi familia trataba de presionarme, me gritaban delincuente; entonces llegó la fiscal y me preguntó si gustaría que me apoyen; yo sólo pensaba en salir, ya no aguantaba seguir ahí. Me dijeron que me ayudarían con la condición de asistir a un programa de recuperación y orientación del proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa, lo cual acepté. Llegué a dormir a mi casa, pero con vergüenza y decepción de mi mamá; ella sufrió mucho al verme así. Me decidí y fui con mi mamá al proyecto, me sentía más seguro y muy tranquilo, entonces conocí al personal del proyecto, con quienes hice amistad y mucha confianza, me sentía seguro de lo que decía y de lo que pensaba, ellos trataban de aconsejarme y hacerme ver que la vida fácil no nos lleva a nada bueno, y me di cuenta que la vida era muy distinta. Conocí más adolescentes como yo, que tenían el mismo problema, de quienes me fui haciendo amigo; compartimos muchas cosas cuando nos vamos de paseo o en los talleres, tratamos de conocernos más y compartimos muchas ideas; aprendemos a resolver conflictos, te das cuenta que cuando tienes un problema la solución no es pelear sino tratar de conversar; también te escuchan, tengo más confianza para conversar, me preguntan cómo estoy, lo que a veces no pasa en la familia, aunque ahora converso más con mi mamá. Le agradezco a la vida por darme una segunda oportunidad, a mi madre y a esas personas que me apoyaron a salir de esto. Me doy cuenta que, cuando te decides a cambiar y hay personas que te apoyan, lo logras. No creo que sea necesario cometer errores o tener conflictos con la policía para recién darse cuenta cómo son las cosas”.
Se consolida el nuevo proyecto de JJR desarrollado por la Fundación Tierra de hombres en Nicaragua. asándose en la experiencia positiva que se viene desarrollando en el Perú desde el año 2002, la Fundación Tierra de hombres decidió apostar en la construcción de un nuevo proyecto en Centroamérica inspirándose del proyecto piloto peruano de Justicia Juvenil Restaurativa. Para lograrlo, se proporcionaron recursos humanos y financieros en la realización de una“misión exploratoria” que se llevó a cabo en Nicaragua en julio de 2006. Durante tres semanas, dos colaboradores1 de Tierra de hombres, junto con el valioso apoyo de una abogada nicaragüense2, se entrevistaron con más de 25 profesionales que trabajan a diario con los menores infractores. Se visitaron magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces y fiscales especializados, defensores de oficio, policías, trabajadores sociales, educadores de ONG y funcionarios de agencias de cooperación internacional, así como periodistas y agentes de comunidades de base. Además, fueron indispensables para completar este análisis, las entrevistas que se sostuvieron con adolescentes en conflicto con la ley penal internados en el Centro Penitenciario de Tipitapa, así como el encuentro con jóvenes miembros de una pandilla urbana que tiene su base en uno de los principales barrios de la capital, Managua. El punto de vista de todos estos 1	John Orlando (Responsable programas para América Latina y el Caribe, Fundación Tierra de hombres-Lausanne) y Jean Schmitz (Delegado de Tierra de hombres en El Perú). 2	Anabel O. Ramírez (Abogada, ex Jueza en la ciudad de Bluefields).
jóvenes y el testimonio sobre sus experiencias vividas en el contacto con el aparato policial, judicial y social, aportó elementos valiosos al estudio. En este sentido, la voz de quienes son los principales protagonistas y beneficiaros de todas las acciones de Tierra de hombres fue un factor fundamental en la decisión estratégica de la Fundación de iniciar actividades en Nicaragua en el año 2007. A partir de ese año, con el apoyo de donantes suizos3, la dirección de Tierra de hombres en Lausanne otorgó recursos financieros y humanos para la realización de tres eventos para capacitar a operadores jurídicos y sociales, además de fortalecer y profundizar el contenido del análisis de situación iniciado por la misión exploratoria mencionada. En marzo de 2007 se inauguró el “Primer seminario internacional en Justicia Juvenil Restaurativa” que reunió en las propias instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, en Managua, a más de 140 profesionales de las diferentes regiones del país. Se contó con la participación de magistrados, jueces y fiscales, policías, funcionarios del sistema penitenciario, procuradores, defensores, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, profesores universitarios, representantes de la sociedad civil, eclesiásticos, periodistas y representantes de gobiernos amigos; es decir, personas experimentadas en la atención de jóvenes infractores o en riesgo de transgresión. En agosto, se afianzó la relación entre Tierra de hombres y los profesionales nicaragüenses con la ejecución de un 3	Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), Departamento Vaudois de la Salud y Social a través de la FEDEVACO y otros donantes privados. Justicia Juvenil Restaurativa
Los próximos tres años permitirán la consolidación de las relaciones logradas hasta la fecha con los principales actores responsables de la administración del sistema de Justicia Juvenil en Nicaragua.
segundo seminario internacional, respondiendo a la solicitud expresa de los participantes del mes de marzo quienes deseaban profundizar la comprensión del modelo de Justicia Juvenil Restaurativa propuesto por los expertos internacionales. Si bien los participantes manifestaron total satisfacción, el éxito de estos dos seminarios es producto de una serie de factores. Por una parte, podemos destacar la apertura de las autoridades nicaragüenses y, en particular, el profesionalismo de los magistrados de la Corte Suprema a cargo de la administración del sistema de Justicia Juvenil4, quienes junto con sus equipos técnicos5 apoyaron la co-organización de los eventos. Por otra parte, fueron esenciales los aportes de los expertos nacionales6 e internacionales7 que expusieron sus experticias de manera magistral. Por fin, fue primordial, la actitud pro-positiva y altamente interactiva de los participantes. El año 2007 culminó con la realización de un Taller de Planificación Estratégica que permitió la co-construcción de los lineamientos del nuevo proyecto piloto que Tierra de hombres implementa a partir de este año y que cuenta con una planificación operativa para una fase programática de 3 años. Este taller intersectorial y multidisciplinario contó con la valiosa y activa participación de representantes de las principales instancias públicas y privadas relacionadas con la justicia juvenil. El nuevo proyecto, resultado del trabajo de concertación realizado durante dicho taller, se operacionaliza a partir de marzo del 2008 con el fin de promover“la aplicación de un modelo de Justicia Juvenil Restaurativa y la prevención de la violencia urbano-juvenil”. Para ello se definieron cuatro ejes de intervención: 	Fortalecimiento y promoción de medidas alternativas a la privación de libertad; 4	Armengol Cuádra (Magistrado, Presidente de la sala penal y coordinador de la Justicia Especializada) y Nubia Ortega de Robleto (Magistrada, Coordinadora de la Justicia Especializada). 5	Dirigidos por la Lic. Marielos Medal Chávez (Coordinadora de la OTSSPA/CSJ). 6	Yadira Centeno González (Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua), Hamyn Gurdián (Comisionado mayor, Director de asuntos juveniles, Policía Nacional), Juan-Pablo Sánchez (Juez suplente, Juzgado segundo, Distrito Penal de Adolescentes de Managua), Héctor Ruiz Palacio (Director de oficina de ejecución y vigilancia de las sanciones a los adolescentes en Managua), Lorena Castellón (Responsable de ejecución y vigilancia a nivel nacional de sanciones penales a los adolescentes), Alcaide Gerardo Cruz (Director de re-educación penal de adolescentes, Sistema penitenciario). 7	Renate Winter (Magistrada internacional, Austria), Atílio Álvarez (Defensor público de menores en Argentina), Víctor Herrero (Jefe de servicio de medidas alternativas, Ministerio del Interior, España), Aída Luz de Escobar (Jueza primera de ejecución de medidas al menor, El Salvador), Marc Konrad (responsable del programa Justicia Juvenil, AECI, Panamá), Bernard Boëton (Responsable Derechos del Niño, Tdh-Lausanne, Suiza).
	Capacitación continua integrada de los operadores jurídicos y sociales; 	Reesfuerzo de los equipos técnicos y oficinas de seguimiento del sistema de administración de la justicia especializada; 	Prevención de la delincuencia urbano-juvenil y de la expansión del fenómeno de las pandillas y maras; siendo éste un eje transversal. Los próximos tres años permitirán la consolidación de las relaciones logradas hasta la fecha con los principales actores responsables de la administración del sistema de Justicia Juvenil en Nicaragua. Sin perder de vista la finalidad de la intervención, la cual está enfocada hacia una mejora efectiva, eficiente y duradera de las respuestas jurídico-sociales a los beneficiarios del proyecto, ya sean jóvenes infractores o en riesgo. En el transcurso de la ejecución del proyecto, se prevé el intercambio de experiencias a fin de poder rescatar las “lecciones aprendidas y buenas prácticas” sobresalientes en otros países. Tierra de hombres está convencida de que el intercambio de experiencia debe ser horizontal, es decir, sin pretensiones o arrogancia de unos hacia otros, y descartando la idea de que existen“recetas mágicas venidas de afuera”. Se trata de colaborar en una dinámica de respeto recíproco, evitando entrar en la trampa de las desmedidas comparaciones y análisis simplistas de globalización que desconsideran el carácter singular de cada contexto nacional, que tiene dificultades y fortalezas propias. Solo así se aportará un equilibrio humanista y social, que ponga en su auge la defensa de los derechos humanos. Es aquí donde la esencia de la noción de “restauración” de la justicia juvenil se conecta con la interpretación y aplicación del “interés superior del niño”, plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Para concluir, quisiera compartir con el lector mi total convencimiento de que la experiencia peruana y, pronto, la nicaragüense se volverán sólidas referencias técnicas, basadas en la suma de un marco teórico sostenido y unas experiencias concretas de terreno, lo que permitirá a Tierra de hombres asumir de manera oportuna los diversos llamados que otros países latinoamericanos nos han venido solicitando con el fin de descubrir experiencias vividas y positivas de Justicia Juvenil Restaurativa.
OIJJ lanza campaña mundial
a Juvenil El Observatorio Internacional de Justici campaña (OIJJ) impulsa actualmente una intensa de coninternacional contra la carencia alarmante lescentes sejo legal adecuado y oportuno para los ado cer apoya en conflicto con la ley. Justicia Para Cre del Perú. esta iniciativa a partir de la experiencia entos de Reproducimos una síntesis de los fundam OIJJ, de la la campaña. Más información, en la web http://www.oijj.org/legal/es_mision.html ficada pero sin
Convención sobre los Derechos del Niño: rati cumplir
ión sobre los Derechos Casi todos los Estados ratificaron la Convenc y asistencia legal para del Niño, la cual garantiza un proceso justo lema no es la teoría jóvenes sospechosos. Por eso, el centro del prob de Estados ratificaron sino la práctica. Aunque una inmensa mayoría n nacional de acuerdo la Convención e implementaron una legislació e siendo insatisfactorio con lo previsto en la Convención (lo cual sigu plimiento. en muchos casos), fallan en cuanto a su cum
prácticas a los Proporcionar un código claro de buenas agentes de la policía e sus dere-
rmados sobr Por un lado, los menores tienen que ser info cía) tienen que saber chos, pero las autoridades (sobre todo la poli ley. En algunos países, cómo tratar a menores en conflicto con la la policía. Por eso teneabusos y tortura son prácticas corrientes de de la Convención de los mos que seguir diseminando las directrices que entran en contacto Derechos del Niño entre todos los agentes directo con jóvenes.
de niños y adolescentes Como podemos ver globalmente, la situación ria. Los sistemas de en conflicto con la ley está lejos de ser satisfacto s como delincuentes, ya justicia juvenil tienen que evitar tachar a niño La ayuda inmediata de que esto podría ser una profecía autocumplida. ría cambiar su destino un abogado formado para estas situaciones pod menores infractores. así como favorecer la integración social de los
Los menores no conocen sus derechos
eten un delito y entran Suele ocurrir que niños y jóvenes que com con sus derechos. Por en conflicto con la ley no están familiarizados y prácticas positivas, eso es imprescindible desarrollar leyes, políticas l subvencionado por el así como, mejorar el sistema de asistencia lega encia legal para todos Estado para asegurar la disponibilidad de asist al. los menores en todas las fases del proceso pen
iado Más abogados formados en trabajo de voluntar e de su trabajo
n part Hay una necesidad enorme de abogados que haga defensa indepenuna de a voluntariamente. La participación activ cial esen para asegurar diente en todas las fases del proceso penal es a de un derecho del menor a un juicio justo. La presenci del eto resp el con an trat que s ade atorios puede ayudar a Formación profesional para autorid abogado independiente durante los interrog asegurar que no se infractores juveniles eger a los menores de abusos y agresiones y prot tidis mul a tare una es ley la con . La asistencia de un abogado sirve Trabajar con menores en conflicto sistema de les presione u obligue a declarar el en inan term ores men s esto que de o ectamente en cualquier ciplinaria. El hech para que se reflejen los intereses del niño corr nes acio oblig de te apar eso, Por . edad soci la justicia penal no beneficia a n preliminar. el ámbito de la decisión sobre la detenció en ajan trab que des rida auto las s toda s, normativa ación especial. justicia juvenil necesitarían recibir una form Justicia Juvenil Restaurativa
las n o c a Ăş n i t on Esta nota c das a c i l b u p r o aut de del mismo 8 y 6 , 5 , eros 4 m Ăş n s o l n nidad e u a n u , r e c e a Cr e las d Justicia Par l a r g e t n i ario as d i de coment n U s e n o i as Nac l e d s a l g e R los e d n Ăł i c c e t para la pro s de libertad. do a v i r p s e r o men
Defensor Público de Menores de la República Argentina
uando sostenemos que el modelo de Justicia Juvenil Restaurativa privilegia los programas de asistencia al joven infractor en su propio medio social y familiar, no debemos olvidar que, lamentablemente, ya sea por la gravedad de los hechos o por la reiteración incontrolable de los mismos, podrá existir un número de adolescentes sujetos a medidas de tratamiento en privación de libertad. Por ello, paralelamente con el desarrollo de los programas abiertos y comunitarios, no se debe dejar de prestar atención al permanente mejoramiento de los centros juveniles cerrados. El abandono de estas instituciones, que se advierte a menudo en América Latina, tiene sus causas inmediatas, principalmente, en la baja inversión presupuestaria, en el funcionamiento en inmuebles obsoletos, en la mayoría de los casos, y en la poca profesionalización y capacitación permanente del personal asignado a los centros.
Ni las Reglas de Beijing de 19851, ni la Convención sobre los Derechos del Niño de 19892 excluyen la posibilidad de privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley penal, tanto en forma preventiva como impuesta a modo de medida por el tribunal especializado, pero la reservan como recurso excepcional, de último extremo, y destinado por el menor tiempo posible a los pocos casos de suma gravedad. Una concepción ideológica utópica, que no acepta la evidencia de estos casos graves –que existen sobre todo en adolescentes de edad superior a dieciséis años– ha influido de modo negativo en los sistemas, creando una tendencia al abandono de estos centros cerrados y no a su mejora o perfeccionamiento. Así, en muchos países de la región, el resultado del proceso de recepción de la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido paradojalmente perjudicial para los jóvenes privados de libertad, a 1	“Solo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible” (Regla 13 de Beijing) y “El confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento como último recurso y por el más breve tiempo posible” (Regla 19 de Beijing). 2	“La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda” (Art. 37, inciso b, de la Convención sobre los Derechos del Niño).
Ubicarse en zonas libres salud
ntación Tener agua potable y alimeparticularidades las adecuada, respetando religiosas y culturales
ita familiar y Ser de fácil acceso a la vis con su medio en permitir la relación del jov social o para pequeños Dormitorios individuales dos para ila grupos, discretamente vig menores los de ad asegurar la segurid
plazas (lo ideal, Capacidad no mayor de 60 sectores de s 20), dividida en tres o má o hasta 20 jóvenes cada un ner de prendas de Los menores deben dispo s vestir dignas y suficiente de los menores, Tolerar el hábito de fumar o lugares, pero controlarlo disponiendprecisos para ello momentos y procedimiento
individual, Disponer de ropa de cama suficiente y limpia e minimicen Condiciones del local qu itan una rm el riesgo de incendio y pe evacuación segura
uados, que guarden Servicios sanitarios adec la intimidad personal
veces entregados a instituciones penitenciarias, o con dependencia de las áreas de gobierno, seguridad y justicia, fuera de los organismos de protección de niños y adolescentes.
I. Las instalaciones Las Reglas abren su análisis con un principio básico y fundamental, propio de una política de derechos humanos:“Los menores privados de libertad tendrán derecho a contar con locales y servicios que satisfagan todas las exigencias de la higiene y de la dignidad humana” (numeral 31).
La solución no pasa por descartar teóricamente la necesidad de centros cerrados y dejar que esa tarea de privación de libertad la hagan la policía y los sistemas penitenciarios o afines, sino admitir su existencia limitada a un reducido número de casos, y llevar a niveles de excelencia el tratamiento en tales supuestos. Para ello, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, más conocidas como las Reglas de La Habana3, crean un claro programa que no solamente sirve para reformar los centros, sino como guía para los organismos que inspeccionan su funcionamiento. Pasemos a recorrer los capítulos de este verdadero vademécum de la especialidad.
El concepto de dignidad humana excluye toda noción del encierro como castigo en condiciones oprobiosas, y asocia la necesidad excepcional de privación de libertad al concepto de condiciones de tratamiento que deriva del artículo 5, inciso 5, del Pacto de San José de Costa Rica4. Es por ello que la regla 32 proclama como finalidad de los centros “la rehabilitación de los menores en tratamiento de internado”, y exige
3	Las Reglas de La Habana fueron adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990 (http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp37_sp.htm).
4	Cf., en tal sentido, lo analizado sobre ese texto legal en el articulo “La Remisión. Del Pacto de San José de Costa Rica a la Convención sobre los Derechos del Niño” en el número 2, abril-junio de 2006 de Justicia Para Crecer.
Dos son las cuestiones cruciales para respetar estas finalidades: la ubicación y el tamaño de los centros. Ante todo, la regla 32 dice:“Los centros de detención no estarán situados en zonas de riesgos conocidos para la salud o donde existan otros peligros”, entendiéndose por ello lugares proclives a inundaciones, lugares insalubres o contaminados, inhóspitos ya sea por clima o el aislamiento, etc. Cuando estuvieran ubicados en sitios con riesgos sísmicos, las construcciones deberán tener los recaudos adecuados5. En las décadas centrales del siglo XX, en plena vigencia de modelos tutelaristas y represivos, por influjo también de criterios comunes a toda la arquitectura social, se tendió a construir grandes centros juveniles, con capacidad para albergar a centenares de niños. Además, por un prejuicio que se arrastraba desde el siglo XIX, las ideas dominantes llevaban a ubicar esos centros en zonas alejadas de las ciudades de donde provenían los jóvenes en conflicto con la ley. De este modo, bajo pretexto de“la vida sana del campo” se los separaba de sus familias, que eran sospechadas como criminógenas, y se los apartaba de la sociedad, que no quería tener cerca a los “delincuentes juveniles”. No fue inusual, tampoco, que por referencia a proyectos que tenían sus orígenes en el socialismo utópico, se crearan verdaderas colonias o ciudades de niños, con todo un remedo de organización que incluían también los lugares de detención para aquellos que tenían “mala conducta”. Hoy, por el contrario, la vinculación con el entorno social del adolescente infractor es un postulado básico de la justicia juvenil restaurativa, de modo que los centros deben ser construidos en lugares de fácil acceso por parte de las familias, y que faciliten a su vez las relaciones del joven con su medio social. Esto excluye el conocido modelo de un gran instituto 5	Se sobreentiende que todo centro juvenil debe contar con las habilitaciones reglamentarias en vigencia en cada estado, tanto desde el punto de vista edilicio, como en materia de seguridad e higiene. La pertenencia estatal no exime de tales recaudos, pues estos se exigen en favor de los menores de edad allí alojados.
juvenil central por país o por extensas regiones, a donde son trasladados los adolescentes de pueblos y ciudades lejanas, interrumpiendo toda relación familiar. La práctica aludida constituye en sí misma una forma de castigo, absolutamente contraindicada, que en nada ayuda al cambio de patrones de conducta del niño en conflicto con la ley. Si se sostiene que en la actualidad es conveniente no tener grandes centros juveniles, enseguida aparece el tema de las limitaciones presupuestarias, ciertas o invocadas6, no solamente para la construcción de nuevos edificios7, sino en materia del costo de funcionamiento de cada unidad. Los europeos, sin limitaciones económicas en estos momentos, tienen centros de muy pocas plazas, con excelente proporción de personal profesional y técnico al cuidado de los jóvenes, y con todos los elementos necesarios para cumplir la función. Un centro de veinte plazas es lo ideal, pero los costos de funcionamiento, en los países de Latinoamérica, serían objetados por aquellos mismos que no hesitan en gastar mucho más, per capita, en pésimas respuestas penitenciarias8. Por ello sostenemos que, buscando un equilibrio entre lo técnicamente deseable y lo económicamente posible, un centro juvenil debe tener no más de sesenta plazas, divididas por lo menos en tres sectores diferenciados de hasta veinte jóvenes cada uno. Una de las cuestiones más conflictivas es el alojamiento nocturno de los adolescentes en grandes dormitorios o cuadras, al estilo de los cuarteles, los antiguos internados o los pabellones hospitalarios. En esto también la visión utópica e ingenua considera que tal promiscuidad constituye un modo de socialización de los jóvenes. Pero no tienen en cuenta la 6	Las restricciones presupuestarias son reales, pero en un análisis más profundo se advierte a menudo que los viejos sistemas son ineficientes y por lo tanto muy caros, sin que alcancen el objetivo propuesto. Una oportuna inversión presupuestaria en el área permite, a menor costo, obtener mejores resultados. 7	No siempre se necesita construir nuevos edificios, aunque es lo deseable porque pueden ser diseñados de acuerdo con las necesidades de los jóvenes. En muchas ocasiones, la práctica de reciclar y adecuar construcciones anteriormente destinadas a otros fines, o aun centros juveniles abiertos o de carácter asistencial, ha dado buenos resultados, siempre y cuando no se desee contar con estructuras carcelarias y exacerbar los aspectos vinculados a la seguridad. 8	Nada hay más caro que un sistema penitenciario, en cuanto se lo calcula en sus verdaderos costos. La proporción de personal de seguridad se acerca siempre al uno a uno, si se tiene en cuenta turnos, licencias, apoyos externos y administrativos, sin dejar de computar las cargas previsionales. El racionamiento, aunque poco llegue al interno, engloba también el destinado al personal. La amortización de un edificio de seguridad y de los vehículos, armas, e implementos destinados a esa función, es también muy elevada. Un preso siempre cuesta, per capita, mucho más que el salario del guardia que lo custodia.
respetar“la necesidad del menor de intimidad, de estímulos sensoriales, de posibilidades de asociación con sus compañeros y de participación en actividades de esparcimiento”.
carga de violencia que estos muchachos portan consigo y que vuelcan a menudo sobre los recién llegados o sobre algunos de los compañeros que por diversos motivos (cuestiones que se arrastran desde el barrio, rivalidades de grupo, discriminaciones, presiones para admitir culpabilidades exclusivas, declaraciones judiciales consideradas delación, o simplemente el hostigamiento y aprovechamiento de los más débiles por los más fuertes) son sometidos a agresiones físicas y abusos sexuales. El primer deber de la autoridad y del personal de un centro, como hemos dicho, es velar por la seguridad integral de los jóvenes que les han sido confiados. Las horas nocturnas, en particular, debilitan el control sobre los internos y facilitan las agresiones entre ellos. Es por eso que la Regla 33 de La Habana, tras un rico debate en el VIII Congreso de ONU, establece: “Los locales para dormir deberán consistir normalmente en dormitorios para pequeños grupos o en dormitorios individuales, teniendo presentes las normas del lugar. Por la noche, todas las zonas destinadas a dormitorios colectivos, deberán ser objeto de una vigilancia regular y discreta para asegurar la protección de todos los menores”.
También los sectores sanitarios son lugares propicios para estas agresiones, por lo cual debe evitarse confundir la función de los mismos en un centro con la de lugares deportivos o cuarteles en los cuales el aseo al mismo tiempo de toda la población alojada es un imperativo de orden. En un centro juvenil, por lo contrario, los adolescentes pueden turnarse, con mayor disponibilidad de tiempo, de modo que se eviten los riesgos antedichos. De ese modo debe ser interpretada la Regla 34 de La Habana: “Las instalaciones sanitarias deberán ser de un nivel adecuado y estar situadas de modo que el menor pueda satisfacer sus necesidades físicas en la intimidad y en forma aseada y decente”. Tiene que considerarse, además, que en muchos casos habrá que enseñar a los internos recién llegados el uso de los artefactos, pues no siempre cuentan con ellos en su lugar de origen. Los hábitos de cepillado de dientes, habitualmente no incorporados, merecen una atención especial al igual que el control de los cepillos que pueden ser utilizados como elementos punzantes10.
Si se organiza el régimen de vida interno con actividades permanentes en lo educativo, deportivo, recreativo y laboral, siempre en conjunto el dormir solo o en pequeño grupo es una ventaja y no una privación de socialización.
Por lo demás, en el diseño y mantenimiento de los sectores sanitarios será necesario tener en cuenta que sus elementos, grifería por ejemplo
Por otra parte, el VIII Congreso agregó:“Cada menor dispondrá, según los usos locales o nacionales, de ropa de cama individual suficiente, que deberá entregarse limpia, mantenerse en buen estado y mudarse con regularidad por razones de aseo”, para evitar que esos elementos tuvieran
9	La provisión, recambio regular y lavado de la ropa de cama por el mismo centro permite, además, medidas especiales de desinfección e higiene en prevención de contagio de parásitos y enfermedades, y en particular en materia de excreciones y poluciones. 10	Un motivo de preocupación particular lo constituye el afeitado de los varones, pues los elementos para tal tarea pueden ser utilizados incluso para auto agresiones. Es preferible, dada la edad y las características lampiñas de la población, tolerar el bozo, espaciar el afeitado, y controlarlo estrictamente en cuanto a la prohibición de intercambios y la destrucción de material descartable. Igual cuidado hay que tener con los elementos de cortado de uñas, y con los de depilación femeninos.
que ser provistos y renovados por la familia, creando desigualdades entre los jóvenes alojados en el centro9.
o cañerías a la vista, pueden ser arrancados y convertidos en elementos de ataque. Todo debe estar convenientemente empotrado, ser de fácil reemplazo, y de sencilla y efectiva higiene.
II. Incendios Una especial preocupación es la seguridad de los jóvenes en caso de incendio. Sabida es la tendencia a prender fuego a distintos elementos, en particular los colchones, como medio de protesta o de maniobra para facilitar fugas. Una larga serie de tragedias enluta nuestro continente en materia de muertes por asfixia o quemaduras. Por eso las Normas de La Habana, no siempre respetadas, establecen en el mismo numeral 32: “El diseño y la estructura de los centros de detención para menores deberán ser tales que reduzcan al mínimo el riesgo de incendio y garanticen una evacuación segura de los locales. Deberá haber un sistema eficaz de alarma en los casos de incendio, así como procedimientos establecidos y ejercicios de alerta que garanticen la seguridad de los menores”. Todos los países de la región tienen antecedentes de muertes o lesiones graves por efectos del fuego en unidades carcelarias o centros de detención de menores de edad. En la República Argentina, en materia de adolescentes, se recuerda la horrible muerte de jóvenes de la llamada “Banda Cobra” en la comisaría del Menor de Formosa; la de seis niñas rescatadas de un prostíbulo de la ciudad de Santa Fe, quemadas esa misma noche en la unidad Tránsito Policial de esa ciudad; la de cinco chicos en la comisaría de la localidad de Canning, provincia de Buenos
Aires; y de otros tantos muchachos en el Precinto 15 de la Policía de la ciudad de Córdoba. En todos ellos, las autoridades provinciales violaban la regla de no tener niños alojados en dependencias policiales. Frente a esta situación, por lo contrario, el sistema nacional, aplicando rigurosamente las Reglas de La Habana, no tuvo motines ni incendios durante una década. Un caso tristemente llamativo lo constituyó la muerte de dos niños“de la calle” en el incendio del Hogar“Piedra Libre” del gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires, cuando no pudieron salir por la puerta cerrada con llave de un lugar teóricamente abierto. En octubre de 2007, Chile –y América en su conjunto– se enlutó con la muerte de diez niños alojados en un centro del SENAME en Puerto Montt. ¿Cómo acabar con esta seguidilla mortal? Lo primero que hay que hacer es hablar del tema y no ocultarlo, y recordar a los operadores las experiencias propias y ajenas, para crear así una verdadera conciencia de prevención. La sanción a los responsables, tema en el cual se está en deuda, contribuirá a este objetivo. Una primera medida es la reducción al máximo del material inflamable al alcance de los internos. El costo de los colchones con material o tratamiento ignífugo, superior a los comunes de poliuretano o sustancias similares, debe medirse en relación a las vidas que se cobra el humo tóxico que despide, a sorprendente velocidad, la combustión de ese material, cuyo uso debería ser formalmente prohibido en los centros de detención o alojamiento colectivo11. Otras medidas son poner a buen resguardo todo tipo de combustible, de modo que no exista posibilidad de llegar al mismo por parte de los internos, y diseñar el sistema eléctrico de modo tal que quede bajo control el acceso a sectores donde pueden producirse cortocircuitos. Problema particular lo constituye el hábito de fumar, común en los jóvenes de esa edad. No es el momento de privación de libertad, por la ansiedad que genera, el más propicio para intentar una cura de ese hábito tan perjudicial, pero sí corresponde controlar el número de cigarrillos, y la oportunidad y lugar de fumarlos. Debe evitarse que los jóvenes fumen clandestinamente, que implica la posibilidad de fumar en la cama, con los incendios accidentales de ropas y colchones al quedarse dormidos12. Además significa la oculta posesión de fósforos o encendedores, elemento que siempre se encuentra en el origen de las tragedias. En esta materia, es preferible tolerar el hábito, cuando exista, controlarlo, insistir en lo educativo, y sobre todo destinar lugares y momentos precisos para fumar, con el fuego dado por un operador y nunca en poder de los internos. Es conveniente que el personal no fume en la institución, no sólo por el ejemplo educativo sino para evitar la proliferación de encendedores.
11	En Buenos Aires, en abril de 1986, el incendio nocturno de la clínica psiquiátrica Saint Emilien costó casi un centenar de vidas de pacientes, algunos de ellos medicados para dormir o atados a la cama. 12	El incendio con muertos en el instituto privado IFIL en Buenos Aires, fue ocasionado por un adolescente que fumaba a hurtadillas en la cama.
Aunque parezca obsesivo, debe recordarse siempre que el mayor número de muertos en los centros juveniles los causó el fuego encendido por los mismos jóvenes, y no las balas u otra forma de represión. Porque dejar que se mueran quemados o asfixiados es también una forma feroz de reprimir. Finalmente, y tal como señalan las Reglas, debe existir una rutina de control de matafuegos, mangueras y otros artefactos para combatir los focos ígneos; y tanto el personal como los internos deben realizar periódicamente simulacros de respuesta y evacuación en caso de incendio. Esto es extensivo a otras situaciones límite, como los sismos. Ante tales realidades que ponen en riesgo la vida de los niños, ceden todas las consideraciones de seguridad, y resultan admisibles medidas que puedan significar la posibilidad de evasión, cuando lo contrario expone a los internos al incendio ya declarado e incontenible por medios propios de la institución. La decisión de evacuación en caso de incendio o similar riesgo debe estar delegada en el mando inmediato del sector y no puede ser supeditada a comunicaciones externas ni autorizaciones de quien no se encuentra en el lugar de los hechos. Por ningún motivo el personal debe abandonar a su suerte a los adolescentes en riesgo que tiene a su cargo, poniéndose a salvo sin ellos. Tampoco la evacuación puede justificar medidas extraordinarias de sujeción física, u otras que impliquen humillaciones o agravamientos de las condiciones de privación de libertad de los internos, como esposamientos, ataduras en grupos, contenciones “de campaña”, posiciones cuerpo a tierra, intervención de otras fuerzas, hacinamiento, derivación a calabozos o carceletas, etc.13
III. Vestimenta y efectos personales Señala la Regla 35 de La Habana:“La posesión de efectos personales es un elemento fundamental del derecho a la intimidad y es indispensable para el bienestar psicológico del menor”. Despojar de lo propio y masificar en una uniformidad absoluta y estigmatizante es un modo de dominar brutalmente al adolescente infractor, tal como se hacía, y se sigue haciendo de algún modo en los sistemas penitenciarios clásicos14. Un modelo de justicia restaurativa parte, por lo contrario, de la personalización del tratamiento y de la aceptación y consideración de las particularidades de cada sujeto individual. El primero de los elementos de personalización es la ropa, pues indica elecciones, gustos, preferencias y, a veces, origen étnico o cultural. De 13	Justamente una de las obras más crudas sobre la respuesta social a la llamada delincuencia juvenil, el clásico “Arrancad las semillas, fusilad a los niños” (1958) del premio Nóbel de Literatura japonés Kenzaburo Oé, se encuentra ambientada en la evacuación de un instituto de menores ante el avance de las tropas de ocupación estadounidenses y sus bombardeos. 14	No sorprende que el discurso dominante neo retribucionista en materia de justicia juvenil, aun en sus formas atenuadas, provenga de los mismos ambientes culturales que han generado el uso del uniforme naranja para los presos, el endurecimiento de las condiciones de privación de libertad, la prisión sin proceso y la aceptación de “interrogatorios rigurosos”.
allí que las normas en estudio establezcan:“En la medida de lo posible, los menores tendrán derecho a usar sus propias prendas de vestir”. Es importante que éstas se conserven para los días de visitas, las salidas transitorias e incluso el egreso del joven, puesto que:“Los menores que salgan del centro o a quienes se autorice a abandonarlo con cualquier fin podrán vestir sus propias prendas” (Regla 36). Pero es sabido que los adolescentes llegan con sólo lo puesto y a veces vistiendo harapos, y que sus familias no pueden renovarles su vestuario. Es por ello que resulta obligación del centro proveer de ropa adecuada, que no puede ser estigmatizadora y que, en la medida de las posibilidades, debe permitir un margen de elección por parte del joven, en las condiciones que dice la misma Regla 36: “Los centros de detención velarán porque todos los menores dispongan de prendas personales apropiadas al clima y suficientes para mantenerlos en buena salud. Dichas prendas no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes”. A la ropa individual se debe sumar la posibilidad de poseer y guardar debidamente efectos personales dentro del marco de razonabilidad reglamentario, que no cree irritantes desigualdades ni ponga en juego la seguridad de los jóvenes y de la institución15. Deberá evitarse que, como sucede en las cárceles de adultos, los más pudientes –a veces en función del fruto del delito– vivan rodeados de comodidades en abierta contradicción con las condiciones de vida del resto de los internos. Nunca debe olvidarse que, en materia de justicia juvenil, nos encontramos en un proceso de tratamiento socio-educativo, y que compartir elementos es parte de esa formación16. Los elementos no admisibles para uso cotidiano, o aquellos que el adolescente quiera guardar para el momento de egreso quedan en depósito de la Administración:“Los efectos personales del menor que éste decida no conservar o que le sean confiscados deberán depositarse en lugar seguro. Se hará un inventario de dichos efectos que el menor firmará y se tomarán las medidas necesarias para que se conserven en buen estado. Todos estos artículos, así como el dinero, deberán restituirse al menor al ponerlo en libertad, salvo el dinero que se le haya autorizado a gastar o los objetos que haya remitido al exterior” (Regla 35). El libre manejo de dinero mientras el joven está privado de libertad no es recomendable, pues es uno de los elementos que marca las desigualdades y permite actitudes de poder de unos sobre otros. Una cuenta de peculios, razonablemente administrada, subsana estos inconvenientes. Cuanto más adecuado sea el nivel de las prestaciones a cargo del centro, menor será la necesidad de utilización de peculios personales para suplir necesidades insatisfechas.
15	“Deberá reconocerse y respetarse plenamente el derecho de todo menor a poseer efectos personales y a disponer de lugares seguros para guardarlos” (Regla 35 de La Habana). 16	En materia de adolescentes, se suscitan problemas con la posesión individual de equipos de música, televisores, juegos electrónicos, etc. La regla debe ser el uso común, y si la Administración no puede proveerlos, que es lo mejor, solamente puede admitirse su ingreso bajo esa condición. El tema de teléfonos celulares debe ser restringido por razones de seguridad, como explicaremos al comentar la Regla 61.
Del mismo modo, la medicación personal debe ser provista por el Centro y administrada por el servicio médico, aunque sea la que el joven traiga consigo al ingreso, que puede ser utilizada bajo estricto control profesional, para evitar sustituciones o uso abusivo de los fármacos:“Si el menor recibe medicamentos o se descubre que los posee, el médico deberá decidir el uso que deberá hacerse de ellos” (Regla 35).
IV. Alimentación Pocos aspectos de la cultura humana ponen de manifiesto las diversidades, y por lo tanto la identidad, como el modo de comer y de seleccionar los alimentos. Por eso, todo lo concerniente a la alimentación en un centro juvenil no es solamente un tema de incumbencia médica –aunque los profesionales de la salud tengan que supervisar los menús y medir los aspectos nutricionales en los internos– sino que infiere en el ámbito psicológico y en el respeto por las costumbres de los jóvenes asistidos. La Regla 37 es escueta y precisa :“Todos los centros de detención deben garantizar que todo menor disponga de una alimentación adecuadamente preparada y servida a las horas acostumbradas, en calidad y cantidad que satisfagan las normas de la dietética, la higiene y la salud y, en la medida de lo posible, las exigencias religiosas y culturales. Todo menor deberá disponer en todo momento de agua limpia y potable”. Se presenta a menudo un choque entre las necesidades nutricionales, en cuanto a valores proteicos y calóricos, y los hábitos que traen los jóvenes que suman las opciones de las clases populares a sus propios
gustos adolescentes. El equilibrio entre conformar esos gustos y a la vez ir mejorando la conducta alimentaria, sin dejar de tener en cuenta el resultado de sensación de saciedad, a veces más anímico que nutricional, será tarea cotidiana de los profesionales que preparen los menús. De su variación semana o quincena de por medio, manteniendo los valores antedichos, dependerá el éxito de la cocina, verdadero corazón de un centro. No en vano la experiencia nos dice que las quejas de los jóvenes internados se refieren habitualmente a la comida, y no sólo por su escasez, sino por el modo de estar preparada. Superar esto es poder comenzar a transitar aspectos más complejos de la relación educativa en privación de libertad. Desde el punto de vista de la salud, es común que los adolescentes aumenten de peso en las primeras semanas de internamiento, no sólo por la menor actividad física, el mayor nivel de descanso y sueño, y la abstención de substancias, sino por el orden de las comidas y su composición, distinta a la que consumen en la calle. Todo esto debe ser documentado en las historias clínicas, y una reacción general de baja de peso indica a ciencia cierta algún problema en la provisión de alimentos en el sistema. El respeto por costumbres alimentarias culturales o de inspiración religiosa, expresamente señalado por las Normas de La Habana, o la atención de necesidades especiales (celiacos, diabéticos, etc.) completan el cuadro que nos permite afirmar que, aun en estas cuestiones cotidianas y prosaicas, atender a un joven en el marco de la Justicia Juvenil es un tema de derechos humanos. Justicia Juvenil Restaurativa
La película cuenta las aventuras de Gregorio, un niño que migra con su familia desde los Andes a Lima, la capital. Gregorio vive el choque cultural entre el mundo andino y el mundo caótico y violento de la ciudad. Su padre, que ya está trabajando en Lima, llama al resto de la familia, pero poco después pierde su empleo, se enferma y muere. Gregorio, que tiene 12 años, se ve obligado a trabajar en las calles de Lima. El mundo de la gran ciudad deja pocas oportunidades y poco espacio para los migrantes del campo. Gregorio tiene que buscar un camino superando obstáculos y limitaciones. Conoce a un grupo de niños de la calle: Chollo, Tachuela, Retacito y Gitano, y se va adentrando más en lo que es la lucha por sobrevivir como niño trabajador o niño callejero. Título: Gregorio. Dirección: Grupo Chaski, Alejandro Legaspi. Actores: Marino León de la Torre, Vestí Pérez Palma, Manuel Acosta Ojeda. Género: Drama. Duración: 85 minutos. Idioma: Español. Premios: Mejor director y actuación en el II Festival de Cine de Bogotá, 1985; Mejor película que refleja la realidad sociocultural de un país, en el XI Festival Internacional de Cine Iberoamericano, Madrid, 1985; Premio del Jurado en el Festival de Cine del Tercer Mundo, Suiza, 1986. Año: 1985. País: Perú.
La vida loca Un documental sobre la soledad humana absoluta. En América Central, particularmente en El Salvador, las maras son las violentas fraternidades de jóvenes pandilleros, que constituyen una subcultura modelada según el patrón de los gangs de Los Ángeles y otras ciudades norteamericanas, de donde fueron deportados a su país de origen. El documental es un estudio de la violencia a través de la imagen y las historias personales de los integrantes de las maras. El realizador, Christian Poveda, ha sistematizado en este documental su conocimiento de primera mano de este fenómeno, obtenido a través de muchos años de investigación de campo y contacto personal. El film pronto estará en exhibición, pero ya puede verse un adelanto en Internet, visitando el sitio http://www.lafemme-endormie.com/vidaloca/. Realizador y director: Christian Poveda. Producción: La Femme Endormie. Producción ejecutiva: Carole Solive. Género: Documental. Idioma: Español. Año: 2007. País: Francia.
Sleepers Cuatro chicos crecen en medio de un barrio neoyorquino plagado por la delincuencia y la mafia. De travesura en travesura van pasando a cosas mayores pero aún sin mayor importancia; después de todo, allí están los consejos y desvelos del párroco que se preocupa por ellos. Un día se ven envueltos en una travesura mayor, de la cual resulta mal herido un ciudadano. Sentenciados a no menos de un año en el tenebroso reformatorio juvenil de Wilkinson Center, los cuatro amigos serán brutalmente afectados por las golpizas, las humillaciones y el abuso sexual que sufren en el reformatorio. Sus vidas no serán ya las mismas y anidará en ellos un ansia de desquite. Título: Sleepers. Director: Barry Levinson. Actores: Robert De Niro, Kevin Bacon, Dustin Hoffman, Joseph Perrino, Geoffrey Wigdor, Brad Renfro, Jonathan Tucker, Billy Crudup, Ron Eldard. Género: Drama. Duración: 147 minutos. Idioma: Inglés. País: Estados Unidos. Año: 1996.
Sin lugar a suenos
Puesta en escena de danza contemporánea, que aborda la realidad de los niños abandonados y marginales de Lima. La coreografía sitúa la acción en las riberas del río Rímac, donde viven niños atrapados por el vicio del terokal y la violencia; niños en alto riesgo, abandonados y marginados. El director, Willy Hernández, dice:“La obra utiliza la danza para comunicar estas historias tristes, de niños sin sustento, e intenta dar a conocer cómo la sociedad, al ser indolente e indiferente a esta realidad, es la principal responsable. Por medio de metáforas creadas a través de la investigación corporal, apoyados por vídeos y música especialmente creada, nuestro trabajo pretende ser honesto, contestatario y lejano a lo panfletario”. Los bailarines son figuras destacadas del Ballet Nacional y la danza contemporánea de Lima, entre ellos la extraordinaria Carla Picón. Título: Sin lugar a sueños. Género: Danza. Coreografía y dirección: Willy Hernández. Bailarines: Carla Picón, Patty Wong, Mónica Vergara, Rubén Jaramillo y Willy Hernández. Estreno: Abril 2008; estar atentos a las presentaciones en el curso del año.
De la Convencion sobre los Derechos del Nino
El autor es juez ecuatoriano y literato. Demostrando que la jurisprudencia no está reñida con el arte, el doctor Micolta ha cumplido la proeza de poner en verso la Convención sobre los Derechos del Niño en 50 décimas, de las cuales reproducimos las que siguen
Vamos a hacer un buen trato Los niños con los adultos, Para acabar los insultos Que son armas de maltrato. Es duro ver el retrato De la niñez maltratada, Actitud que es censurada Por ser injusta y dañina, Porque al niño y a la niña Les juega mala pasada.
Precisa la sociedad De una niñez con presencia Y de una adolescencia Que camine en libertad. Por eso, la dignidad Es fundamento primero Encendido cual lucero En la mirada del niño, Y para eso el cariño Es el sentir más sincero.
Qué bella es una niñez De cometa y de sonrisa Viendo volar en la brisa El alma y la sencillez. Con autoestima a la vez Que plena seguridad Del trato con igualdad En la diaria convivencia De una firme adolescencia Del color de la hermandad.
Florecida la virtud Del afecto solidario, Pues será muy necesario Mantenerlos con salud. Que no les caiga un alud De injusticia en el camino, Ni que haya desatino Que decline la balanza Para la buena crianza Que oriente su mejor destino.
justicia para crecer 10
10ª edición de la revista justicia para crecer, esta vez tocando el tema la victima en la justicia juvenil
omargavilano

References: in dubio
 artículo 173
	Artículo 173
 artículo 170
	Artículo 170
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 1
	Artículo 8
	Artículo 1
 resolución 
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 artículo 5
 resolución