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Timestamp: 2017-06-29 07:37:51+00:00

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La incautación de la garantia en los procedimientos de resolución de los contratos por incumplimiento culpable del contratista y el criterio del nuevo anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público: vuelta a la función punitiva de la fianza - Lexology
La incautación de la garantia en los procedimientos de resolución de los contratos por incumplimiento culpable del contratista y el criterio del nuevo anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público: vuelta a la función punitiva de la fianza
La regulación relativa a la funcionalidad de la garantía definitiva y su operatividad ante el incumplimiento culpable del contratista ha sido una cuestión muy debatida tras la desaparición, en la legislación en materia de contratación pública, de la previsión expresa relativa a su incautación automática. La nueva regulación proyectada en la materia solventa las disquisiciones doctrinales planteadas al respecto y recupera la configuración tradicional de la garantía y de su función.
La incautación automática o no de la garantía en los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista ha sido un tema harto debatido en los últimos años a consecuencia de los cambios legislativos habidos en éste ámbito y la falta de claridad normativa en extremos como el relativo a la operatividad de las garantías.
Por tal motivo este asunto ya fue abordado en un número anterior del GCSP1 en el que se puso de manifiesto el origen y razón de ser de las garantías en la contratación –provisionales y definitivas– y los cambios operados al respecto.
En efecto, como ya se ha manifestado con anterioridad en otros artículos de este GCSP la garantía provisional y la definitiva respondían a una distinción conceptual2 que hoy ha variado, pero cuyo sentido necesariamente late en la interpretación que haya de darse a la legislación vigente. La garantía, concebida como una cláusula penal, era objeto de incautación automática en caso de incumplimiento culpable del contratista.
Este tradicional criterio varió con motivo de la modificación operada en el artículo 208.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por la Ley 34/2010, de 5 de agosto3, que quedó redactado en los siguientes términos: “cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada”.
La dicción actual no prevé la incautación de la garantía definitiva como un efecto asociado automáticamente a la resolución contractual por incumplimiento del contratista, si bien, como ya se señaló en el GCSP número 37, el hecho de que el TRLCSP no prevea la incautación automática de la garantía definitiva como un efecto asociado ex re a la resolución contractual por incumplimiento del contratista no significa que ésta no pueda tener lugar. Se advertía ya entonces que lo que resulta del artículo 208.3 LCSP –ahora 225.3 TRLCSP– es que la incautación de la garantía no será automática (como era antes) en caso de incumplimiento culpable del contratista sino que sólo podrá ser incautada automáticamente cuando o bien así lo prevea el correspondiente pliego o bien lo señale expresamente la Ley4 (como ocurre por ejemplo en los supuestos de los artículos 225.4 TRLCSP in fine5, 271 TRLCSP6 y 310.3 TRLCSP7).
Fuera de los supuestos de incautación automática, la regulación vigente coloca a la Administración ante la difícil tarea de justificar los daños y perjuicios que el incumplimiento culpable del contratista le haya irrogado así como de cuantificarlos, debiendo pronunciarse además la propuesta de resolución sobre la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía –y todo ello en el plazo de tres meses que se aplica por exigencia jurisprudencial a los procedimientos de resolución contractual–.
Frente a tales dificultades, el artículo 211.3 del Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público establece que, “cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada”. Es decir, que el texto proyectado regresa a la regulación tradicional y acoge en su seno el criterio establecido en el artículo 114.4 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas y en el artículo 113.4 del texto refundido posterior.
El Consejo de Estado ha aplaudido este retorno a la regulación anterior en el dictamen emitido con ocasión del informe del anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público8 como se pone de manifiesto en la redacción del siguiente párrafo, transcripción literal del referido dictamen:
El dictamen realiza además una última reflexión cuya oportunidad merece ser puesta de relieve: señala que, dado que el automatismo en la incautación de la garantía definitiva ha sido matizado (en la doctrina del Consejo de Estado) al entenderse que dada la función punitiva a la que atiende, tal incautación debía modularse a la vista del comportamiento de las partes en la vida contractual, resultaría conveniente dar reflejo a tal posibilidad en el articulado del texto proyectado9.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 208
 resolución 
 resolución 
 artículo 208
in fine
 resolución 
 resolución 
 artículo 211
 artículo 114
 artículo 113