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Timestamp: 2013-06-19 05:49:43+00:00

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EUR-Lex - 52007XX0426(02) - ES
DO C 91 de 26.4.2007, p. 9/14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
del documento: 26/04/2007; fecha de publicación
52006XX0225(01) Seleccionar todos los documentos que citan este documento
Visto el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos [2], y en particular su artículo 41,
1. El 19 de diciembre de 2005, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) formuló un dictamen [3] sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal que había presentado la Comisión. En dicho dictamen, destacó la importancia de la propuesta por considerar que constituye un instrumento eficaz para la protección de los datos personales en el ámbito regulado por el Título VI del Tratado de la UE. Semejante instrumento no sólo debe respetar los principios de la protección de datos establecidos en el Conveniono 108 del Consejo de Europa [4] y, más concretamente, de la Directiva 95/46/CE, sino proporcionar además un cuerpo adicional de normas que tengan en cuenta la especificidad del ámbito policial y judicial. El SEPD considera esencial que la Decisión marco abarque todos los aspectos del tratamiento de datos policiales y judiciales, incluso los que no hayan sido transmitidos o facilitados por las autoridades competentes de otros Estados miembros. La coherencia de la protección de los datos personales es esencial, con independencia del lugar de su tratamiento, del ente que lo realice o de la finalidad para la cual se traten los datos. El SEPD ha formulado varias propuestas para mejorar el nivel de protección.
2. El 27 de septiembre de 2006, el Parlamento Europeo adoptó una resolución legislativa sobre la propuesta de la Comisión que, en términos generales, iba en el mismo sentido que el dictamen del SEPD, a saber: apoyo global a la propuesta y enmiendas encaminadas a mejorar el grado de protección ofrecido por la Decisión marco.
3. La propuesta de la Comisión está siendo debatida en la actualidad por el Consejo que, al parecer [5], está progresando en sus trabajos y modificando elementos esenciales del texto de la propuesta. La Presidencia del Consejo está haciendo un gran esfuerzo por imprimir mayor impulso a esta labor, y pretende alcanzar una orientación común sobre los elementos principales de la propuesta a más tardar en diciembre de 2006.
4. El SEPD se congratula de que el Consejo esté prestando gran atención a esta importante propuesta. Sin embargo, está preocupado por la forma en que está evolucionando este expediente. Los textos que está debatiendo el Consejo no incorporan las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo ni los dictámenes del SEPD y de la Conferencia de las autoridades europeas de protección de datos. Antes bien, en un número no desdeñable de casos, se han suprimido o debilitado considerablemente disposiciones de la propuesta de la Comisión que ofrecían garantías a los ciudadanos. Como consecuencia de ello, existe un riesgo importante de que el nivel de protección resultante de esta propuesta sea inferior al garantizado por la Directiva 95/46/CE, e incluso por el Convenio no108 del Consejo de Europa, cuya formulación es aún más general y que es vinculante para los Estados miembros.
5. El SEPD observa también que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo ha expresado recientemente su preocupación por la orientación que está siguiendo el Consejo en lo que respecta a esta propuesta de Decisión marco.
6. Las razones indicadas han llevado al SEPD a emitir este segundo dictamen, que se centra en algunos elementos esenciales, sin repetir todos los argumentos del dictamen de diciembre de 2005, que siguen siendo plenamente válidos.
7. En el espacio de libertad, seguridad y justicia que se está desarrollando, el intercambio de información policial y judicial entre los Estados miembros está adquiriendo cada vez más importancia. Se han propuesto o adoptado diversos instrumentos jurídicos encaminados a facilitar este intercambio de información. El SEPD destaca, una vez más, que se necesita en este contexto un marco jurídico sólido que proteja a la persona a la que se refieren los datos ("el interesado") y garantice el respeto de los derechos fundamentales del ciudadano. La presente (propuesta de) Decisión marco guarda una relación directa con las propuestas encaminadas a facilitar ese intercambio de información.
8. Aunque el SEPD reconoce la importancia de que el Consejo adopte la Decisión marco lo antes posible, advierte de que la rapidez del proceso decisorio no debe ir en detrimento del nivel de protección. Los textos que el Consejo está debatiendo en la actualidad suscitan dudas en cuanto a la idoneidad del resultado final, que debe garantizar al ciudadano una protección eficaz. En la situación actual, el objetivo de rapidez podría dar lugar a que disposiciones posiblemente controvertidas queden suprimidas o rebajadas. La falta de tiempo para alcanzar un consenso sobre este tipo de disposiciones podría comprometer la calidad de la Decisión marco.
9. Así las cosas, el SEPD recomienda que el Consejo prolongue las negociaciones para alcanzar un resultado que garantice una protección suficiente.
Aplicabilidad al tratamiento de datos a escala nacional
10. Éste era uno de los elementos esenciales del dictamen de 2005 y ha sido objeto de intensos debates desde entonces. Las normas comunes de protección de datos deben aplicarse a todos los datos tratados en el ámbito de la cooperación policial y judicial, y no limitarse a los intercambios transfronterizos entre Estados miembros. Si se establece un ámbito de aplicación más limitado no se podrá ofrecer la protección adecuada, tal como exige el artículo 30.1.b) del Tratado de la UE. Este aspecto ha sido destacado en varias ocasiones, no sólo por el SEPD sino también por otras partes interesadas.
11. En su dictamen de diciembre de 2005, el SEPD indicó que restringir la Decisión marco a los datos que se intercambian con otros Estados miembros redundaría en que su ámbito de aplicación resultase especialmente inseguro e incierto, lo que se opondría a su objetivo esencial. En el momento en que se recopilan o procesan los datos personales, no se sabe si más adelante serán o no objeto de intercambio con las autoridades competentes de otros Estados miembros.
12. Por esta razón, un ámbito de aplicación más restringido sería inviable y obligaría a establecer distinciones difíciles y de gran precisión entre las bases de datos de las autoridades policiales, lo cual sólo añadiría para éstas un elemento de complejidad y de coste, además de perjudicar a la seguridad jurídica de las personas.
13. Dos ejemplos ilustran estas consecuencias. En primer lugar, un factor que aumentaría la complejidad y el coste es el hecho de que los expedientes penales se componen con frecuencia de datos que proceden de diferentes autoridades. Si se limita el ámbito de aplicación, ciertas partes de estos expedientes mixtos -las que contienen datos procedentes de autoridades de otros Estados miembros- quedarían protegidas por la Decisión marco, pero no así otras. En segundo lugar, semejante limitación mermaría la seguridad jurídica de las personas ya que, con un ámbito de aplicación más restringido, la Decisión marco no se aplicaría a los datos procedentes de terceros países que no hayan sido objeto de intercambios entre los Estados miembros. Resulta claro que el tratamiento de tales datos entraña riesgos específicos para el interesado si no existe obligación legal, por ejemplo, de comprobar su fiabilidad. Estaríamos en ese caso si un Estado miembro utilizase a efectos policiales las listas de "viajeros no admisibles "de terceros países.
14. El SEPD insiste en que es necesario un alto grado de protección de datos en el ámbito de la cooperación policial y judicial, donde el tratamiento de datos personales plantea, por su propia naturaleza, riesgos específicos para el ciudadano, como se ha reconocido por ejemplo en el artículo 30.1.b) del Tratado de la UE. Por otra parte, la existencia de diferencias sustanciales en materia de protección de datos entre el primer y el tercer pilar no sólo afectaría al derecho del ciudadano a la protección de sus datos personales, sino también a la eficiencia de la labor policial y a la confianza mutua entre Estados miembros.
15. La propuesta persigue esos dos objetivos. Por una parte, debe proporcionar al ciudadano garantías frente al uso abusivo de sus datos personales. Al ciudadano afectado poco le importa si los datos sobre su persona son objeto de tratamiento en el contexto de un intercambio entre Estados miembros o en un contexto puramente nacional. Por otra parte, la propuesta debe contribuir a la confianza mutua entre los Estados miembros, condición indispensable para que el intercambio de información se efectúe adecuadamente. La aplicación de normas comunes al tratamiento de datos facilitará la aceptación de los datos intercambiados entre Estados miembros.
16. El SEPD advierte que limitar el ámbito de aplicación de la Decisión marco a los datos que son objeto de intercambio no garantizaría plenamente la consolidación de un entorno de confianza entre las autoridades de los Estados miembros. Por otra parte, un texto limitado no protegería al ciudadano adecuadamente. En tales circunstancias, la Decisión marco dejaría de ofrecer al ciudadano garantías suficientes frente a una posible utilización abusiva de sus datos por parte de las autoridades públicas. A juicio del SEPD, esta "función protectora "de la legislación es esencial, aunque sólo sea para garantizar que la Unión Europea respete los derechos fundamentales conforme al artículo 6 del Tratado de la UE.
17. Puede aducirse, por último, un argumento estratégico en favor de una Decisión marco aplicable a todas las formas de tratamiento. Como han demostrado las recientes negociaciones con Estados Unidos para un nuevo acuerdo sobre el tratamiento y transferencia de los datos de los pasajeros de las compañías aéreas [6], la existencia de una legislación firme en la UE que proteja al ciudadano en todas las situaciones internas a la Unión fortalecería también la posición de ésta en sus negociaciones con terceros países. De no existir semejante legislación, resultaría difícil insistir en supeditar la transmisión de datos personales a un nivel adecuado de protección en terceros países.
18. Énfasis en la calidad de los datos. El artículo 4 de la propuesta de la Comisión no sólo recoge los principios mas relevantes relativos a la calidad de los datos de la Directiva 95/46/CE sino que contiene además algunas normas específicas. Establece una distinción entre los diferentes tipos de personas a las que pueden referirse los datos (personas sospechosas, condenadas, víctimas, testigos, etc.). Los datos relativos a estas personas deben ser objeto de un tratamiento diferenciado, con garantías específicas, especialmente en el caso de las personas sobre las cuales no recae ninguna sospecha. Contiene además disposiciones que obligan a los Estados miembros a establecer distinciones entre los datos según su exactitud y su grado de fiabilidad. Se trata de una disposición importante, pues las autoridades policiales emplean también datos no verificados, basados en presunciones y no necesariamente en hechos. El SEPD considera que estas disposiciones son garantías esenciales, que no deben suprimirse de la propuesta ni hacerse optativas.
19. Tratamiento de datos y limitación de los fines del tratamiento. En su dictamen de diciembre de 2005, el SEPD analizó la necesidad de mejorar las disposiciones relativas a la utilización posterior de datos recopilados por una autoridad para un fin específico. La cuestión que inquieta ahora al SEPD por lo que respecta al artículo 5 guarda relación sobre todo con su opinión de que, si bien es necesario autorizar el tratamiento (ulterior) de datos para fines más amplios, la legislación debe supeditar ese tratamiento a condiciones estrictas con el fin de proteger al interesado. El SEPD considera aventurado optar por soluciones que dejen esta cuestión a la discreción de la legislación nacional o que no limiten las condiciones del tratamiento ulterior de conformidad con la Directiva 95/46/CE y con el Convenio no 108 del Consejo de Europa [7]. El tratamiento de categorías especiales de datos, por su parte, se regula en la Directiva 95/46/CE y en el Convenio no 108 estableciendo una prohibición general con excepciones [8]. El SEPD teme que en la Decisión marco se suprima la prohibición general y que, por ende, la excepción se convierta en la regla. Semejante solución no sólo sería incompatible con la Directiva 95/46/CE sino que tampoco se ajustaría al Convenio n.o 108.
20. Intercambio de datos con otras autoridades y con particulares. La propuesta de la Comisión establece limitaciones y garantías específicas en lo que respecta al intercambio de información con autoridades distintas de las policiales y judiciales, con particulares y con autoridades de terceros países. El SEPD destaca la importancia de esas disposiciones específicas por las siguientes razones: en primer lugar, el intercambio de información con esos "terceros "entraña riesgos específicos (quebrantamiento de las normas de seguridad, tratamiento ulterior para fines diferentes, etc.); en segundo lugar, la intervención de terceros en la labor policial y judicial y en el tratamiento de la información correspondiente se está convirtiendo en algo cada vez más frecuente. La Directiva 2006/24/CE sobre la conservación de datos [9], el acuerdo con Estados Unidos sobre los datos de los registros de nombres de pasajeros y el llamado "asunto SWIFT" [10] son buenos ejemplos de ello. En tercer lugar, la sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de mayo de 2006 sobre el acuerdo PNR [11] plantea serias dudas sobre la protección de los datos personales recopilados por operadores privados para fines comerciales y posteriormente tratados para fines policiales o judiciales.
21. Por otra parte, es importante que la propuesta regule con precisión la cuestión de la transferencia de datos hacia o desde otros entes (públicos o privados) dentro de la UE, y que ofrezca soluciones coherentes con la Directiva 95/46/CE. Esas soluciones deben garantizar que las consecuencias de la estructura de pilares -en particular la incertidumbre acerca de la delimitación de los dos pilares en lo que respecta al intercambio de datos personales entre las autoridades policiales y judiciales y otras partes- no mermen la eficacia de la protección.
22. En lo tocante a la transferencia de datos desde y hacia terceros países, la propuesta de la Comisión prevé una decisión de esta institución sobre el carácter adecuado de la protección de datos. Si esta disposición no fuese aceptada por el Consejo, cada Estado miembro decidiría sobre esa idoneidad por sí mismo o, peor aún, transferiría los datos sin examinar el nivel de protección garantizado en el tercer país. Además, la inexistencia de un sistema armonizado para el intercambio de datos personales podría:
- Menoscabar la confianza entre las autoridades de los Estados miembros, que podrían estar menos dispuestas a compartir información con las autoridades de otro Estado miembro si éste puede compartirla a su vez con las autoridades de terceros países sin que existan garantías claras.
- Dar lugar a que se eluda la normativa, ya que si la autoridad de un Estado miembro no puede recibir información directa de otro Estado miembro debido a la protección garantizada por la Decisión marco, podría solicitar asistencia a una autoridad de un país tercero.
- Inducir a las autoridades de terceros países a solicitar la información a los Estados miembros que supediten las transferencias de datos a condiciones menos restrictivas.
El SEPD considera indispensable que se establezcan mecanismos que garanticen normas comunes y decisiones coordinadas en lo que respecta a la idoneidad de la protección de datos, también para dar cumplimiento al Convenio no 108 del Consejo de Europa (en particular su artículo 12) [12]. El texto de la Decisión marco debe prever este tipo de mecanismos.
23. El SEPD tiene entendido que varios Estados miembros cuestionan la base jurídica de la inclusión de una disposición sobre el intercambio de datos personales con terceros países en caso de que dichos datos no hayan sido transferidos o facilitados por la autoridad competente de otro Estado miembro. Sin embargo, opina que no hay motivo para cuestionar esa base jurídica. Los ejemplos presentados en el dictamen de diciembre de 2005 y los argumentos mencionados en el apartado anterior demuestran que existe una relación directa entre esos intercambios con terceros países y la cooperación policial y judicial prevista por el artículo 29 del Tratado de la UE. La disposición sobre el intercambio de datos personales con terceros países debe entenderse como una disposición adicional y necesaria para alcanzar los objetivos del artículo 29 del Tratado de la UE, en conjunción con su artículo 6, en particular el objetivo de una cooperación más estrecha entre las fuerzas policiales con el debido respeto de los derechos fundamentales.
24. Derechos del interesado. El interesado tiene derecho a que se le informe del tratamiento de que sean objeto sus datos personales. Este derecho está ligado al principio de tratamiento leal y legítimo de los datos personales, que se respeta en la Decisión marco y que está protegido además en virtud del Convenio no 108 del Consejo de Europa, en particular sus artículos 5.a) y 8. Un elemento esencial de este derecho es que la información debe ser facilitada de oficio por el responsable del tratamiento. Puesto que el interesado normalmente no sabe ni puede saber si se están tratando datos que le conciernen, exigir que sea el interesado quien solicite esa información sería contrario a la naturaleza de este derecho. Naturalmente, este derecho de información está sujeto a excepciones, y está claro que tales excepciones pueden desempeñar un papel importante en el ámbito de la actuación policial y judicial, puesto que la divulgación de información sobre una investigación criminal puede perjudicar a la investigación. Sin embargo, cualquier solución que condicione el derecho de información a una solicitud del interesado sería inaceptable e incompatible con el Convenio no 108 del Consejo de Europa.
25. El SEPD destaca que la posición de las autoridades de protección de datos debe ser coherente con la posición que les atribuye la Directiva 95/46/CE. Esta posición es especialmente importante en el ámbito de la cooperación policial y judicial. La cooperación entre las autoridades policiales y judiciales en la lucha contra el terrorismo y otras formas graves de delincuencia requiere a menudo el tratamiento de datos personales confidenciales y exige excepciones a los derechos del interesado (véase, p. ej., el apartado anterior sobre el derecho de información).
26. El SEPD señala en primer lugar que es necesario que las autoridades supervisen e inspeccionen eficazmente el tratamiento de datos personales en el ámbito de aplicación de la Decisión marco, especialmente en caso de intercambio de datos personales entre los Estados miembros a efectos de cooperación policial. En segundo lugar, la función de asesoramiento de las autoridades debe quedar garantizada, tanto a escala nacional como dentro de la red institucionalizada de autoridades de protección de datos constituida por el grupo de autoridades (denominado "Grupo del Artículo 29 "con arreglo a la Directiva). La aportación de las autoridades de protección de datos es necesaria para dar mayor coherencia a la protección establecida por la Directiva 95/46/CE, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y para alcanzar plenamente la armonización entre los Estados miembros, también en la práctica.
27. El artículo 24 de la propuesta de la Comisión contiene normas detalladas sobre seguridad, comparables a las recogidas en el Convenio Europol. El SEPD considera que esas normas no deben suprimirse de la propuesta, porque un nivel armonizado de seguridad es un instrumento importante para aumentar la confianza, tanto la del interesado como entre las autoridades de los Estados miembros.
28. En su dictamen de diciembre de 2005, el SEPD recomendó que se instauraran garantías específicas respecto del tratamiento de ciertas categorías especiales de datos, como los datos biométricos y los perfiles de ADN. El empleo de este tipo de datos, que entraña riesgos específicos para el interesado, está adquiriendo cada vez mayor importancia en la actuación policial. Son necesarias normas comunes. El SEPD lamenta que el Consejo no haya hecho suya esta recomendación, al menos de forma visible. El SEPD insta al Consejo y a la Comisión a que adopten una propuesta a este respecto, ya sea en el marco del principio de disponibilidad o en otro contexto.
29. El SEPD recomienda que el Consejo prevea más tiempo para las negociaciones, de modo que pueda alcanzarse un resultado que garantice un nivel de protección suficiente. Aunque reconoce la importancia de que la Decisión marco se adopte en breve, advierte de que la rapidez del proceso de decisión no debe dar lugar a una merma de los niveles de protección.
30. Es indispensable garantizar la coherencia de la protección, con independencia del lugar en el que tenga lugar el tratamiento de datos, el ente que lo realice o el fin para el cual lo haga. El SEPD exhorta al Consejo a que establezca un nivel de protección que no sea inferior al garantizado por la Directiva 95/46/CE o incluso por un texto de formulación más general como el Convenio no 108 del Consejo de Europa, que es vinculante para los Estados miembros.
31. Las normas comunes de protección de datos deben aplicarse a todos los datos relacionados con la cooperación policial y judicial, y no limitarse a los intercambios entre Estados miembros. El presente dictamen contiene argumentos que muestran que un ámbito de aplicación más limitado sería inviable y que, de ser establecido, aumentaría el coste y la complejidad de la labor de las autoridades, además de menoscabar la seguridad jurídica de las personas.
32. El SEPD también considera importantes las siguientes cuestiones:
- Las disposiciones específicas de la propuesta de la Comisión relativas a la calidad de los datos no deben suprimirse ni hacerse optativas.
- Las disposiciones relativas a la utilización ulterior de los datos y a las categorías especiales de datos deben ser coherentes con la Directiva 95/46/CE y acordes con el Convenio no 108 del Consejo de Europa.
- Las disposiciones específicas sobre el intercambio de datos en la UE con otras partes, además de las autoridades policiales y judiciales, no deben suprimirse de la propuesta, ni ver limitado su ámbito de aplicación. En cuanto al intercambio de datos con terceros países, habría que establecer, como mínimo, mecanismos que garanticen la aplicación de normas comunes y de decisiones coordinadas sobre la idoneidad del nivel de protección, a fin de cumplir el Convenio no 108 del Consejo de Europa. Esos mecanismos deberían establecerse en el texto de la Decisión marco.
- Las soluciones que supediten el derecho de información del interesado a la condición de que éste presente una solicitud no son aceptables ni compatibles con el Convenio no 108 del Consejo de Europa.
- La posición de las autoridades de protección de datos debe ser coherente con la que se les asigna en la Directiva 95/46/CE.
- No deben suprimirse las normas detalladas sobre seguridad contenidas en la propuesta, similares a las del Convenio Europol.
- La Comisión y el Consejo deberían adoptar una propuesta relativa al tratamiento de categorías especiales de datos como los datos biométricos y los perfiles de ADN, ya sea en relación con el principio de disponibilidad o en otro contexto.
Hecho en Bruselas, a 29 de noviembre de 2006.
[3] DO C 47 de 25.2.2006, p. 27.
[4] Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (Consejo de Europa, 28 de enero de 1981).
[5] No se dispone de documentos públicos oficiales, y el SEPD no participa directamente en los trabajos del grupo del Consejo. En el sitio web de la organización Statewatch hay documentos que reflejan la situación de los trabajos del Consejo (www.statewatch.org).
[6] Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos (DO L 298 de 27.10.2006, p. 29).
[7] Referencias: artículo 13, en conjunción con el artículo 6.1.b) de la Directiva 95/46/CE, y artículo 9, en conjunción con el artículo 5.b) del Convenio no 108.
[8] Véanse el artículo 8 de la Directiva 95/46/CE y el artículo 6 del Convenio no 108.
[9] Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE (DO L 105 de 13.4.2006, p. 54).
[10] Véase el dictamen 10/2006 del Grupo de Trabajo el Artículo 29 sobre el tratamiento de datos personales por parte de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (Worldwide Interbank Financial Telecommunication — SWIFT).
[11] Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de mayo de 2006 en los asuntos acumulados C-317/04 y C-318/04, Rec. 2006, p. I-4721.
[12] Véase sobre todo el artículo 2 del Protocolo adicional (ratificado por varios Estados miembros), que concuerda con los artículos 25 y 26 de la Directiva 95/46/CE.

References: artículo 41
 resolución 
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 6
 Artículo 29
 artículo 24
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 6
 Artículo 29
 artículo 2