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Indemnización en forma de renta vitalicia
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Trinidad Alcaraz Vázquez
1 Indemnización en forma de renta vitalicia Sistemas y tendencias en los países europeos Compatibilidad con las pensiones derivadas de la Seguridad Social Incidencia en la fijación de la indemnización de la Ley de Dependencia por María José Fernández Martín SEAIDA VII CURSO DE VALORACION DE DAÑOS PERSONALES "los grandes inválidos" 10 Y 17 DE MAYO DE
2 Indemnización en forma de renta vitalicia Sistemas y tendencias en los países europeos Compatibilidad con las pensiones derivadas de la Seguridad Social Incidencia en la fijación de la indemnización de la Ley de Dependencia Indemnización en forma de renta vitalicia La regla 8ª que se contiene en el sistema de valoración establece que en cualquier momento podrá convenirse o acordarse judicialmente la sustitución total o parcial de la indemnización fijada por la constitución de una renta vitalicia a favor del perjudicado. Regla 9 La indemnización o la renta vitalicia solo podrán ser modificadas por alteraciones sustanciales en las circunstancias que determinaron la fijación de aquellas o por la aparición de daños sobrevenidos.1 Cuando se trata de accidentes con importantes lesiones permanentes que afectan de por vida al perjudicado, tanto la doctrina como la jurisprudencia han venido planteándose la necesidad de acudir a fórmulas que garanticen la existencia de un capital para cubrir el pago periódico de una prestación al lesionado de manera que pueda tener garantizadas sus necesidades de por vida. Por tanto la opción de la constitución de una renta vitalicia tuvo un origen jurisprudencial que hoy se ha trasladado a la regla 8ª del Anexo de la ley. Las rentas vitalicias se justifican, básicamente, en la hipótesis de grandes inválidos y siempre motivada en la finalidad de garantizar unos ingresos regulares y periódicos que constituyan una fórmula de auxilio continuado en el transcurso del tiempo y de forma indefinida para el perjudicado.2 Se trata de una fórmula que, aunque no esté muy consolidada en nuestro sistema legal aparece reconocida en la Resolución 7, de 14 de marzo de 1975 del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Esta Recomendación estableció los principios relativos a la reparación de daños en caso de lesiones corporales y fallecimiento por medio de unas disposiciones que regularon aspectos tan básicos y esenciales como el principio de reparación íntegra, el momento para el cálculo de la indemnización, la mención en sentencia de los distintos tipos de perjuicios, los gastos ocasionados al perjudicado y gastos de fallecimiento, el lucro cesante, formas de pago y aumentos, otros legitimados. En concreto se marcaron los siguientes principios: (7) La reparación de las ganancias dejadas de percibir puede efectuarse mediante asignación de una renta o por atribución de un capital, según los criterios determinados por el derecho nacional. En caso de asignación de una renta, sería aconsejable que ésta estuviese integrada con medidas destinadas a asegurar que, no obstante las depreciaciones monetarias, el valor de los pagos corresponda constantemente al valor del daño ocasionado (8) Si las ganancias dejadas de percibir se hubieran compensado mediante una renta, el importe de la misma puede ser aumentado o disminuido, en caso de reducción o aumento de las capacidad de trabajo de la víctima debidos a una agravación o a una mejora de su estado de salud, así como en caso de modificación del valor monetario o 1 RDL 8/ de octubre. BOE 267/2004 P Soto Nieto 1969 El gran inválido 2
3 del nivel de las rentas. Estos cambios de situación, sin embargo, deben ser tenidos en cuenta cuando el juez los haya tomado en consideración en el momento de la evaluación inicial del daño Ésta Recomendación comunitaria, que no tuvo carácter vinculante, sirvió no obstante, como fuente conceptual a la Orden de 5 de Marzo de 1991 que fijó un sistema para la valoración del daño personal. Dicha orden no fue sino una adaptación de la Recomendación (75)7 al contexto socio-económico español del año 91. El sistema de 1991 contenía una norma para el supuesto de Grandes inválidos, estados de coma vegetativo y otros incapacitados excepcionales que permitían constituir rentas vitalicias para satisfacer los perjuicios económicos y la asistencia personal y sanitaria de los grandes lesionados bien a través de la constitución de un depósito bancario o bien mediante la contratación de un seguro de vida. Se admitía que en casos excepcionales la indemnización se constituyera en forma mixta consistente, además de una renta vitalicia en una indemnización de cuantía fija para el incapacitado y los familiares con quienes conviva. No obstante al menos entre un 10 y un 20% debían hacerse efectivas de forma inmediata para sufragar los costes de adecuación de vivienda y similares. De que estamos hablando? 2004 España Lesiones medulares graves 320 Daño cerebral severo 350 Otras (politraumatismos severos, amputaciones, etc.) Total De los datos publicados por UNECE se desprende que en la década , un promedio de personas resultaron muertas y unos 6 millones heridas en aproximadamente 4 millones de accidentes de tráfico al año en Europa 3, Estadísticas de heridos graves en España en * * * * * * European Commission:http://ec.europa.eu/transport/index_en.html CARE: Community Road Accident Database 4 DGT estadísticas accidentes
4 Indemnización correspondiente a un tetraplégico (C6-C7) de 25 años con de ingresos anuales considerando que los gastos de atención médica fuera idéntica en todos los paises Reino Unido Alemania Bélgica Italia Francia Holanda España Portugal 5 RESOLUCION DE 10 DE FEBRERO DE 1992, DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGUROS POR LA QUE SE DA PUBLICIDAD A LAS CUANTIAS DE LAS INDEMNIZACIONES POR MUERTE, INCAPACIDAD PERMANENTE E INCAPACIDAD TEMPORAL QUE RESULTAN DE APLICAR DURANTE EL AÑO 1992 EL SISTEMA DE VALORACION DE DAÑOS PERSONALES EN EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL OCASIONADA POR MEDIO DE VEHICULOS DE MOTOR PUBLICADO POR ORDEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA DE 5 DE MARZO DE Madrid, 10 de febrero de el director general de seguros (Tablas i al iv omitidas) Grandes inválidos, estados de coma y otros incapacitados excepcionales: Para la mejor protección de los intereses de la victima, la indemnización para satisfacer los perjuicios económicos y su asistencia personal y sanitaria, podrá consistir en una renta vitalicia mediante el depósito bancario necesario o póliza de seguro de vida. En casos excepcionales podar otorgarse una indemnización mixta consistente, además de la renta vitalicia, en una indemnización de cuantía fija para el incapacitado y familiares que con el convivan. Normalmente, de la indemnización resultante, a excepciona del supuesto previsto en el párrafo anterior, se destinara un por 100 como pago inmediato para atender gastos inherentes a la adecuación de la vivienda y otros similares, por razón de la minusvalía sufrida. (1) perjuicios considerados en la indemnización básica. Excepcionalmente podrá aplicarse un porcentaje de aumento, en funciona de la importancia del perjuicio ocasionado al propio incapacitado o a su cónyuge y familiares próximos. () SMI 1992: pesetas/mes. (Tabla v omitida) Mayores de 18 años: pesetas diarias. 5 Profesor JM Álvarez Quintero (presentación para Universidade Autonoma de Lisboa) 4
5 En el anteproyecto de 1994 la posibilidad de constituir una renta vitalicia pero la Tabla IV abocada en caso de grandes inválidos y comas vegetativos a un sistema de indemnización mixto en el que el 25% era capital y el 75% renta vitalicia. Desde la redacción dada a la regla 8ª en la ley 30/95 de 8 de noviembre se infiere que la renta puede ser acordada en cualquier momento y que su finalidad es la mejora de la protección de los intereses de las víctimas sin especificar que tengan que tratarse de una determinada categoría de comas vegetativos, grandes lesionados o casos excepcionales, como ocurría con anterioridad en la redacción del 91. En definitiva puede ser de aplicación a cualquier hipótesis lesiva de carácter grave y permanente siempre que las partes lo hayan establecido por acuerdos o bien siempre que a instancia de parte lo determine el juzgador en decisión debidamente motivada. Cabria mencionarse situaciones en las que se justifica la renta vitalicia por razones fácilmente comprensibles los supuestos de daños muy graves a personas muy jóvenes con un futuro incierto o bien, incluso en el supuesto de lesionados graves de avanzada edad. La renta vitalicia es una fórmula indemnizatoria que deviene aconsejable en el caso de de los grandes inválidos como una adecuada metodología para garantizar la cobertura en el tiempo de aquellos gastos en los que el perjudicado deberá, normalmente incurrir, de naturaleza asistencial o bien de mantenimiento personal. La renta vitalicia puede ser acordada por las partes de común acuerdo o bien decidida por el órgano judicial a petición de cualquiera de las partes. El Juez puede decidir que el pago de la indemnización fijada, total o parcial, sea substituida por una renta vitalicia a nombre y a favor del perjudicado. En principio, aunque la regla 8ª no impide que la formulación de la renta vitalicia sea una iniciativa judicial, no parece que sea lógico pensar que el juzgador se pronunciará en este respecto sin mediar pretensión de parte, dada la diferencia existente entre la liquidez de una deuda líquida y lo que constituiría una relación crediticia en caso de renta vitalicia. En el supuesto de lesionados menores de edad o declarados incapaces, cabría pensar que corresponde al ministerio fiscal y a los representantes legales de estos promover la constitución de la renta vitalicia. Beneficiario de la renta puede serlo cualquier perjudicado aunque el verdadero destinatario es, sin duda alguna, el gran inválido. No se prevé ningún límite temporal ya que puede acordarse en cualquier momento ya sea en la propia sentencia, durante la transacción extrajudicial entre asegurador y víctima, o incluso en un momento posterior sustituyendo la indemnización concedida como capital, y en cualquier caso cuando así lo aconsejen las circunstancias y con deducción de las cantidades que el asegurador hubiera ya liquidado a lesionado. Puede ser acordada por el importe total de la indemnización o por una parte de esta. Podrá fijarse una parte como capital y otra parte como renta. A falta de acuerdo de partes, la constitución o la substitución de una cantidad a tanto alzado sobre la constitución de una renta vitalicia puede ser promovida por cualquiera de las partes una vez determinado el quantum indemnizatorio correspondiente: Es decir, es el resultado total o parcial de la indemnización aplicado el sistema para la valoración del daño corporal vigente el que nos indica las cuantías sobre las que poder accionar la constitución de las rentas vitalicias. Los importes sobre los que han de constituirse las rentas pueden ser pactados de mutuo acuerdo por las partes (asegurador y lesionado) en la misma forma que si tratara de una indemnización de capital ordinaria. En caso de que esta fuera establecida sobre la base de un proceso judicial abierto, las partes pueden llevar al juez el acuerdo de la constitución de las rentas pactadas. Pero en defecto de acuerdo, cabe también que la parte interesada solicite del juzgador y este pueda acordar, la constitución de todo o parte de la indemnización bajo el sistema de una renta vitalicia. De acuerdo con el texto 5
6 de la regla 8 podemos interpretar que cabe también la posibilidad de que la renta sea acordada por el juzgador de oficio.6 Entre las múltiples funciones que se asignan a las rentas vitalicias, como prestación indemnizatoria, destaca la función cautelar y reguladora. La primera y principal finalidad que se busca con las rentas vitalicias es garantizar la protección económica de la victima frente a terceros y su regularidad en el tiempo, impidiendo con ello que pueda producirse una mala administración o un fraude por parte de quienes puedan manejar los fondos por cuenta del inválido. En segundo lugar podríamos barajar criterios de equidad y de evitación del enriquecimiento injusto que puede suponer para los posibles herederos el fallecimiento anticipado del lesionado cuando este acontece anticipadamente con respecto a las fechas calculadas para determinar el quantum indemnizatorio en función de las tablas de mortalidad al uso. Sin embargo la regla 8ª no da ninguna orientación para determinar cuando procede acudir a la constitución de una renta vitalicia como formula compensatoria, por lo que debemos inferir que en defecto de acuerdo de las partes, el juez tendrá una facultad discrecional para analizar la oportunidad y la procedencia de esta forma de indemnización que sin duda encuentra su máxima justificación en aquellos supuestos en los que el lesionado está afectado por una invalidez permanente de carácter grave o muy grave. En cuanto al contenido de la renta vitalicia, el juez podrá también decidir si la renta constituirá una unidad de indemnización o si por el contrario cabe adoptar la renta vitalicia mediante una fórmula mixta por el cual el perjudicado percibe una parte de la indemnización bajo forma de capital y otra parte bajo forma de renta. La práctica más frecuente atiende al la renta mixta. No es requisito necesario que la renta se establezca al tiempo de ser fijada la indemnización sino que el sistema permite que pueda hacerse en cualquier momento posterior y si no hubiere acuerdo entre las partes cualquier podrá acudir a la correspondiente acción judicial para obtener una modificación de la fórmula indemnizatoria prevista y de los sistemas de actualización de las mismas para el caso de quedar configurada en forma de renta vitalicia. Lo fundamental es que el perjudicado reciba periódicamente una prestación que garantice la subsistencia y tratamiento del lesionado. No hay una fórmula concreta y única que permita satisfacer tal necesidad por tanto valdrá cualquier fórmula que las partes acuerden o que imponga el juzgador y que cumpla esta finalidad. Sin embargo a pesar del reconocimiento legal a la posibilidad de constituir rentas vitalicias como forma indemnizatoria, lo cierto es que existe una importante laguna legal sobre su contenido y que han de ser los Tribunales quieren deberán desarrollar el alcance, la cuantificación, las modalidades y las garantías como plasmación del efecto resarcitorio de este tipo de daños corporales.7 En cuanto a las duración, lo más frecuente es referirnos a rentas vitalicias, pero nada impide tampoco el hecho de que se puedan pactar o establecer a petición de parte rentas de naturaleza temporal como podría ser en el caso de que dicha renta tuviera por objeto garantizar la manutención de menores por un número de anualidades equivalentes al tiempo necesario para que el beneficiario pudiera alcanzar la mayoría de edad. Por tanto, cabria la opción de acordar una indemnización mixta (parte consistente en una cantidad a tanto alzado y parte en una renta temporal para atender la manutención 6 Fernando Reglero Campos accidentes de circulación: responsabilidad civil y seguro P Xiol Rios el nuevo sistema de valoración de daños corporales:1996 6
7 de la víctima y sus hijos menores hasta una determinada fecha, incluso si el fallecimiento del lesionado se produjese con anterioridad a tal datación. MODALIDADES Analizando la praxis judicial encontramos que el sistema de rentas vitalicias se articula a través de una fórmula mixta de renta y capital, sin embargo no existe un único criterio que unifique los sistemas de constitución ya que cada tribunal es libre de acoger la modalidad más efectiva para garantizar y tutelar los intereses del perjudicado y evitar el enriquecimiento injusto de terceros. Fundamentalmente se inicia con la constitución de un fondo para gastos asistenciales: la fijación del quantum indemnizatorio implica en la fórmula mixta fijar una cantidad fija a tanto alzado que suele referirse a la cuantificación de daños morales y secuelas y una renta o pensión a través de un fondo (que puede revestir la modalidad de depósito bancario o renta adquirida en entidad aseguradora o mediante la compra de títulos valores que tengan, en cualquier caso, capacidad generadora de intereses equivalentes a las cifras que la pensión deba cubrir periódicamente. Normalmente en la renta vitalicia quedan absorbidos los gastos que con carácter fijo deberá soportar el lesionado tales como ayuda de terceras personas o el alquiler de una vivienda. Los conceptos recogidos en la Tabla IV son los considerados como más idóneos sobre los que constituir las rentas vitalicias. Las fórmulas más comunes son: El depósito bancario para que los intereses generados se conviertan en renta mientras el inválido sobreviva. En este caso, el depósito o fondo económico no constituye en si la indemnización ya que la indemnización solo son los rendimientos financieros del depósito, que es en definitiva la garantía del cumplimiento del pago de la renta. La renta vitalicia cuando la aseguradora obligada concierta un seguro de renta vitalicia que garantice el pago anual de una determinada cantidad mientras este viva. En el primer caso el asegurador conserva la propiedad del fondo, en el segundo la cantidad de las rentas son del perjudicado. En la práctica judicial más extendida se mantiene la reversión del depósito a la entidad constituyente al fallecimiento del incapacitado. Este criterio es sostenido por la mayor parte de las Audiencias (Sentencias de Palma de Mallorca de 29 de Noviembre de 1990 y de La Coruña - sala Penal de 4 de marzo de 1991). La otra forma más usual de constitución de un fondo es el del depósito de capital en establecimiento bancario (depósito mercantil) por parte del obligado a la indemnización (asegurador). La elección de la entidad bancaria puede quedar a la decisión del obligado al pago o a la del perjudicado o ser concertada entre ambos. Para constituir el fondo es admisible varias alternativas: inversión en títulos públicos o privados, entidad bancaria o entidad de seguros de reconocida solvencia, o bien como un seguro de renta vitalicia. La sentencia de 29 de noviembre de 1990 de la Audiencia de Palma de Mallorca adoptó la siguiente fórmula: 1) Constitución de un depósito en una cuanta bancaria a favor del perjudicado. 2) los intereses del depósito aplicados a cubrir las necesidades del inválido. Del capital depositado se extraerá cada año, durante 15 años y siempre en vida del lesionado una cantidad concreta que se ingresará en una cuenta corriente abierta a nombre de dicho perjudicado. 4) Pasados los 15 años, se extraerá cada año una cantidad de capital (hasta que se agote) y se ingresará en la cuenta corriente del perjudicado. 5) Mientras viva el lesionado, si este precisara alguna clase de intervención quirúrgica o tratamiento médico o de rehabilitación se atenderán los gastos con cargo al depósito. 7
8 6) En caso de fallecimiento del enfermo, la compañía podrá recuperar el remanente del depósito, después de haber abonado los gastos del sepelio. La revalorización del capital y las rentas puede hacerse bien de forma automática mediante la aplicación de los índices de precios al consumo, índices de revalorización de las pensiones de la Seguridad Social o mediante sistemas de autoalimentación del capital a costas de los propios intereses generados. La regla general es la de indisponibilidad del fondo a fin de salvaguardar el objetivo que su constitución tiene, como es garantizar las prestaciones al inválido durante el tiempo de su supervivencia y permitir en caso contrario la reversión del capital a la aseguradora. Como caso más frecuente de constitución de depósito traemos como ejemplo la Sentencia de la Audiencia Provincial Tarragona (Sección 3ª), de 31 julio 2002 [AC 2002 /1974] que concede a los padres de la lesionada gran inválida una pensión de para cubrir gastos asistenciales vitalicio. Añade, además, la indemnización en concepto de gran invalidez y pérdida absoluta de autoconciencia, daño moral y lucro cesante por importe de ; a cada uno de sus padres por el daño moral que les supuso el estado de su hija y la irreversibilidad del mismo se les indemniza en de ptas. y por el mismo concepto se fijaba como indemnización a favor del hermano de Juana la cantidad de La Audiencia razona en el Fundamento Jurídico 2º «a consecuencia del accidente resultó con lesiones de tal magnitud que han tenido como secuela un cuadro tetraparésico acompañado de una nula capacidad de abstracción, pérdida del lenguaje, pérdida total de la capacidad de coordinación, pérdida total de la memoria, que implica una anulación de total de las funciones cerebrales superiores, de carácter irreversible, pudiéndose establecer una expectativa de vida de 20 años, requiriendo constante asistencia sanitaria especializada... Al respecto resulta aceptable en toda su extensión la pretensión de la parte de que se garantice la asistencia sanitaria especializada en el domicilio familiar, ya que resulta constatable que en nuestro país no existe una red hospitalaria pública que garantice dicha asistencia en las condiciones exigibles, en la medida que sólo existe un centro especializado cual es el de parapléjicos de Toledo, ciertamente un hospital como el Valle de Hebrón no puede soportar la asistencia, en tracto temporal indefinido de doña Juana, en cuanto la finalidad asistencial de dicho centro es otra muy diferente. Asimismo no puede obviarse el deseo de sus padres a que su hija sea atendida en su casa este órgano jurisdiccional entiende que tal derecho no puede verse en ningún caso desconocido y por tanto que debe establecerse por un lado el "quantum" que garantice la asistencia precisa y por otro lado, el modo o forma de establecer dicha garantía. En cuanto al segundo aspecto, que viene referido a la forma de establecer o garantizar dicha asistencia, no puede obviarse que la causa que justifique la atribución patrimonial no tiene carácter indemnizatorio, sino resarcitorio de unos gastos que se van a producir en un tramo temporal sucesivo que vienen justificados Por la supervivencia de doña Juana, de tal modo que si ésta falleciera, la atribución del "quantum" anteriormente señalado carecería de causa, y por ende constituiría un enriquecimiento injusto Una de las principales ventajas de la renta vitalicia es impedir un posible enriquecimiento injusto de los familiares de la víctima. En efecto, hay múltiples casos en los que tras haberse pagado una indemnización a un gran inválido, este fallece y las cantidades pagadas para su subsistencia pasan a constituir un incremento patrimonial de sus familiares que incluso pueden ser personas lejanas o no vinculadas directamente con el fallecido. Otro efecto beneficioso es la garantía de la no dilapidación, es decir, se garantiza que el propio preceptor o sus familiares puedan gastar la indemnización percibida con el posterior desamparo del perjudicado. 8
9 CUANTIFICACIÓN Se ha planteado por la doctrina si el importe de la indemnización concedido como renta vitalicia debe coincidir con la misma cantidad que correspondería en caso de la entrega de un capital. Se considera que el juez debe acudir a las reglas de capitalización que considere más adecuadas al principio de indemnidad de la víctima, teniendo en cuenta sus expectativas de vida para poder fijar la consiguiente equivalencia con el importe de la indemnización siendo necesario que previamente se hayan valorado los daños con arreglo al sistema legal. Indudablemente la renta vitalicia tiene una enorme ventaja para la aseguradora ya que conserva la propiedad del depósito bancario. Por tanto el fallecimiento prematuro del lesionado supone para la aseguradora un menor coste de la siniestralidad. Por el contrario, la renta podría serle muy perjudicial si la víctima supera las expectativas medias de vida que fueron calculadas para fijar el importe de la renta. Como la renta vitalicia podrá ser convenida o bien acordada por el juez. Precisamente es el juzgador quien, con mayor facilidad, puede detectar los factores de riesgo para el lesionado pero en estos casos suele intervenir el ministerio fiscal en apoyo de la actuación motivada del juez y en defensa del incapacitado. Existe también la posibilidad de constituir rentas de carácter temporal sobretodo en aquellos casos en los que el inválido tuviera a su cargo hijos menores de edad. En este supuesto cabría una indemnización con carácter mixto que por un lado impliquen una entrega de un capital y por otro lado el abono de pensiones de las que son beneficiarios el perjudicado y sus hijos con una duración hasta que el menos de los hijos cumpla 25 años y vinculando la pensión con independencia de la supervivencia del lesionado. Las posibles alteraciones en las condiciones tenidas en cuenta para fijar la renta vitalicia pueden afectar a la misma tanto para su incremento como disminución. Generalmente se habla de incremento por agravación o empeoramiento de la situación del inválido. Sin embargo esta opción no solo afecta al supuesto de rentas sino también cuando la indemnización ha sido fijada en forma de capital. La modificación puede venir determinada bien por que las circunstancias sufran una alteración sustancial o bien por la aparición de daños sobrevenidos. En todo caso la alteración de las circunstancias o los daños sobrevenidos han de ser de tal entidad que justifiquen sobradamente el cambio de lo acordado por las partes o establecido por resolución judicial. Veamos algunos ejemplos de los criterios seguidos por las Audiencias : SAP Castellón núm. 299/2006 (Sección 2), de 21 julio JUR 2007\78078 Procedencia de la renta vitalicia en caso de tetraplejía severa con 23 años de expectativa de vida de la lesionada. Sentencia de 8 de febrero de (RA 312/04 de esta SEC. 2ª) que "Naturalmente la facultad de las partes tiene adecuado respaldo en la Ley y es practica constante en los Tribunales, y por ello aquí nuestro respeto ha de verse tan obvio como el principio rogatorio y dispositivo de las partes en el campo resarcitorio. Pero digamos que el caso, precisamente por las razones que se manejan, hubiere precisado la utilización de renta vitalicia en favor del perjudicado, conforme al núm. 8 de los criterios del anexo 1º de la ley 30/95. Ello evitaría cálculos de naturaleza especulativa, y ajustaría la respuesta indemnizatoria a lo que en definitiva se está pretendiendo cubrir. Además la forma de renta vitalicia aleja la sensación de estar respondiendo a otras intenciones resarcitorias, 9
10 compartiendo el razonar de BARRÓN DE BENITO8, al señalar: " cumple... adecuadamente dos funciones cautelares, de sentido subjetivo inverso, sirviendo de protección tanto respecto a la víctima como del responsable y coadyuvando al logro de los principios que se postulan de la institución de la responsabilidad civil, toda vez que es útil a la consecución de la finalidad reparadora de la misma al garantizar a la víctima la disposición de una renta periódica con la que atender sus especiales necesidades, y por otro lado, contribuye a evitar el enriquecimiento sobreindemnizatorio de la víctima, en el supuesto de posterior fallecimiento de ésta, después de haber percibido una cuantiosa indemnización a tanto alzado..." (en el caso de un fallecimiento cercano los enriquecidos sería los herederos, en vez del lesionado)." En esta tesitura admitamos la base de 23 años de esperanza de vida de la Sra.. 57 años de edad al tiempo del accidente (hoy ya 60 años), como primera base de cálculo, es evidente por otra parte la tetraplejía severa con las importantes limitaciones que describe el forense, y admitamos la referencia al coste por persona dedicada a la ayuda asistencial de la Sr.María Cristina, más en modo alguno cabe que el servicio lo tengan que prestar tres asistentes, en dedicación diaria para las 24 horas. SJP Madrid, Alcalá de Henares, núm. 168/2006, de 16 mayo JUR 2006\ Atendiendo circunstancias concurrentes, edad, esperanza de vida, necesidades y cuidados en 40 año. Se constituye con cargo a los factores de corrección de la Tabla 4. En este punto debe indicarse que conforme a la regla preliminar octava del baremo, podrá convenirse o acordarse judicialmente la sustitución total o parcial de la indemnización fijada por la constitución de una renta vitalicia en favor del perjudicado. Atendiendo a las circunstancias concurrentes, edad de la lesionada, esperanza de vida de la misma, necesidad de atenciones y cuidados permanentes, procede hacer uso de dicha facultad, entendiendo que el abono de los gastos por atenciones médicas futuros se deberá garantizar conforme a dicha modalidad. Para ello se condenará al establecimiento de una renta vitalicia a favor de Esperanza de 1.666,67 mensuales, con efectos , revisable anualmente con los incrementos del IPC. Para la constitución de dicha renta, se tendrán en cuenta los ,06, contemplados por el factor de corrección, así como los ,94 restantes hasta completar los en que se valoran los gastos de atención a lo largo de un período de 40 años, en que se cifra la esperanza vital. Lógicamente el montante total de la indemnización deberá reducirse en ,06. SAP Granada núm. 502/2005 (Sección 2), de 29 septiembre JUR 2006\ No es susceptible de ser acordada en apelación de no haberse pedido en la sustanciación de la primera Instancia, sin perjuicio de posterior acuerdo de partes o de deducir ante el juez nuevamente la pretensión con cargo a la indemnización concedida. La última pretensión de la Cía. apelante, que el Tribunal acuerde la sustitución de las indemnizaciones fijadas por la constitución de una renta vitalicia en favor de Dª Antonia, ha de ser enérgicamente rechazada por una razón fundamental: porque el principio de «perpetuatio jurisdiccionis» propio de la segunda instancia en que nos encontramos impide a la parte plantear, y al Tribunal de apelación resolver, una cuestión no suscitada en la primera instancia, de suerte que la enérgica oposición de la perjudicada a esta posibilidad al responder a la misma en su escrito de impugnación del recurso de la Cía. zanja desde luego esta cuestión en esta fase del proceso a salvo lo que las partes puedan acordar en el futuro o lo que pueda decidir el Juez encargado de la ejecución de la sentencia si lo considera más ventajoso para la víctima SAP Granada núm. 382/2005 (Sección 1ª), de 20 junio JUR 2006\ No procede una renta vitalicia para garantizar los gastos de adaptación de vehículos o adquisición de prótesis 8 Fernández Entralgo en "Penúltimos problemas de valoración del daño corporal: la reforma de 1.998" publicado en Cuadernos de Derecho Judicial Consejo General del Poder Judicial. 10
11 Por último, en el séptimo de los motivos se denuncia la inaplicación de los factores de corrección de la Tabla IV por gastos de adaptación de vehículo y por gastos de prótesis, así como se solicita de forma alternativa el establecimiento de una renta vitalicia para sufragar tales gastos de prótesis futuras.-ambos capítulos fueron abordados en la sentencia que se impugna, desestimándose las peticiones correspondientes por diversos motivos: así, en cuanto a los gastos de adaptación del vehículo, por no haberse acreditado que el mismo se tuviese y no existir por tanto esa necesidad, reservando las acciones civiles para el supuesto de probarse en el futuro la adquisición y necesidad de adaptación de un turismo; en cuanto a los gastos de prótesis, por estimar que los mismos se encuentran ya incluidos, y por tanto resarcidos, en la indemnización por secuelas.- SAP La Rioja núm. 107/2004 (Sección 1ª), de 16 abril JUR 2004\ No procede como una adicción a las cuantías comprendidas en la indemnización. Sino como substitución de las mismas. Por gastos asistenciales, pretende un "resarcimiento fuera de tablas", por constitución de una renta vitalicia o de un fondo controlado judicialmente, para afrontar pagos o medida para que se vayan presentando, invocando el artículo Primero 6 del Anexo, por precisar el incapacitado asistencia de tres personas durante ocho horas al día cada una, gastos de logopeda, fisioterapeuta y desplazamiento en taxi. Efectivamente, el apartado Primero-6 del Anexo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a motor, establece: "Además de las indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas, se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica y hospitalaria...", sin embargo, la constitución de renta vitalicia en el subapartado 8 se prevé en sustitución de la indemnización fijada, no como adición a la misma, previniendo el subapartado 9 la modificación de la indemnización o renta vitalicia por alteraciones sustanciales de las circunstancias que determinaron su fijación o por la aparición de daños sobrevenidos. La asistencia continua que precisa el lesionado-perjudicado ya es considerada para cuantificar la indemnización por su situación de gran inválido en el máximo previsto y, asimismo, para concretar la indemnización por perjuicios morales a los padres en el máximo legal; se abonan, asimismo los gastos acreditados y ya producidos por logopeda y rehabilitación; por ello, se estima haberse tenido en cuenta la real situación del perjudicado, con todo lo que implica, incluso a nivel económico, como prevé el apartado l-7 del baremo, en relación con el apartado 1-6 del propio Anexo. SAP Asturias núm. 22/2003 (Sección 2ª), de 23 enero ARP 2003\383 La renta vitalicia interesada a favor de dicha perjudicada tampoco puede ser acogida en esta alzada. El número 8 del apartado primero del sistema establece la posibilidad de acordarse la sustitución total o parcial de la indemnización fijada por la constitución de una renta vitalicia a favor del perjudicado, la que sólo podrá ser modificada en atención a alteraciones sustanciales en las circunstancias que determinaron la fijación o por aparición de daños sobrevenidos, sin embargo no es posible otorgarlas simultáneamente de forma total como pretende la parte ni menos pretendiendo justificarla como un perjuicio económico sufrido como consecuencia del accidente. SAP Tarragona (Sección 3ª) de 4 septiembre 2001 JUR 2001\ Procede una revisión de la renta por el ingreso a solicitud del lesionado en un centro asistencial. Procede estimar el recurso en lo relativo al factor de corrección consistente en necesidad de ayuda de otra persona por gran invalidez, que según el baremo puede ascender hasta pesetas, y que en la sentencia se fija en pesetas, a sustituir por una renta vitalicia mensual de pesetas, pues en su determinación se ha tenido en cuenta en exclusiva la circunstancia del ingreso de la víctima en un establecimiento asistencial y el cálculo en abstracto de sus gastos, sin que se haya practicado, al margen de los informes forenses mencionados, prueba documental o pericial que especifique las concretas necesidades de ayuda que precisa la perjudicada. En estas circunstancias, sin negar la condición de gran invalidez, que se desprende de la prueba pericial médico forense, se estima que la valoración realizada es excesiva, y procede acoger la petición de la parte recurrente, reduciendo este factor a la suma de diez millones de pesetas, a sustituir por una renta vitalicia mensual de pesetas, 11
12 de conformidad con el número 8 de los criterios del baremo y la solicitud expresa de la víctima SAP Albacete de 19 abril 1993 AC 1993\858 Renta vitalicia como depósito bancario Establece además en su favor una renta vitalicia de de pesetas anuales a cargo de la entidad aseguradora que deberá establecer para ello un depósito de de pesetas estableciéndose un sistema de actualización anual de la misma, y señalando una cifra de de pesetas para los tres restantes hermanos en concepto de daño moral por la situación del lesionado y muerte de su madre, indemnización esta aceptada por la demandada al no recurrir la sentencia. TERCERO.- Gran dificultad ofrece todo cálculo sobre factores tan aleatorios y difusos como son los que se discuten en la presente litis, pero con independencia de su debida y equitativa cuantificación dineraria, el punto conflictivo de mayor entidad consiste en determinar si es preferible el pago de una sola vez de toda la cantidad a indemnizar, posición de los actores, o establecer un sistema mixto de pago global de una cantidad y constitución de una renta vitalicia, acuerdo de la sentencia consentido por la demandada, y ante tal dilema y dadas las circunstancias concurrentes en el lesionado parece más justo el adoptado en la sentencia apelada, pues esa renta vitalicia revisable y de no despreciable cuantía, garantizada al lesionado su asistencia de por vida, dejándolo a salvo de que el capital recibido, por cualquier circunstancia, no cumpliera el fin asistencial previsto, y por otra parte, en el caso, no por infortunado impensable dada la grave naturaleza de sus lesiones, de una muerte más o menos próxima, dadas las probabilidades de pervivencia citadas en lesionados de esta clase, que la indemnización recibida acrecentara sin causa el patrimonio de otras personas. Sentencia Audiencia Provincial Murcia núm. 60/2001 (Sección 5ª), de 22 marzo JUR 2001\ Fórmula que garantice el pago periódico de una prestación al perjudicado, de suerte que pueda subvenir a las secuelas del accidente durante toda su vida, La solución usual ha consistido, en los supuestos de existencia de secuelas permanentes graves, en la necesidad de acudir a fórmulas que garantice el pago periódico de una prestación al perjudicado, de suerte que pueda subvenir a las secuelas del accidente durante toda su vida, que la Ley posibilita con el texto de su regla octava del Anexo. En definitiva deberá concretarse por el juzgado de instrucción, el importe de gastos asistenciales rechazados por ser posteriores a la fecha de estabilización de las lesiones, así como acordar el importe de la constitución de la renta vitalicia necesaria para la adecuada rehabilitación de la lesionada, sin que parezca procedente por las incidencias que pueden surgir en el largo plazo utilizado por el apelante, concretar o aceptar la cuantía solicitada en el documento núm Sentencia Audiencia Provincial Las Palmas núm. 199/2001 (Sección 1ª), de 16 junio JUR 2001\ Pues bien, teniendo en cuenta que la indemnización a D. ha de suponer su adecuada y total atención durante el resto de su existencia en un centro idóneo a su actual estado, que implica la necesidad permanente de ayuda de otras personas para la realización de sus normales y esenciales actividades, sin que haya de tomarse en consideración ningún tipo atención para otras personas a su cargo, parece lógico pensar que tal finalidad se vería más adecuadamente alcanzada haciendo uso de la facultad que se concede en el apartado 8 del punto Primero del Anexo de la Ley 30/1995; es decir, fijando una pensión o renta vitalicia en sustitución, siquiera sea parcial, de la indemnización que corresponde al mismo y que han sido adecuadamente cuantificadas en la sentencia recurrida. Así, se ha de conceder la cantidad de pesetas, tal como se hace en la sentencia recurrida, por días de incapacidad con hospitalización; una pensión vitalicia que habrá de cuantificarse en cantidad algo superior al coste actual de lo que ha de abonarse en la residencia donde se encuentra internado ( pesetas), que se fija en pesetas mensuales, cantidad que se actualizará anualmente, con efecto de uno de Enero, conforme a las variaciones del I.P.C. la aseguradora abonará directamente el importe de la Residencia en la que se encuentra, sin perjuicio de que, de cambiar la situación personal del perjudicado, se entregara íntegramente dicha cantidad al mismo. 12
13 Y una cantidad adicional de pesetas; cantidades a cuyo pago se condena como responsable directo a la aseguradora. Sentencia Audiencia Provincial Álava núm. 150/2003 (Sección 2ª), de 5 septiembre JUR 2003\ No procede si se solicita para resarcimiento de gastos futuros no incluidos en la indemnización correspondiente. La renta vitalicia solo puede ser substitutoría de la cantidad a tanto alzado en que la indemnización consiste. Además de las indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas, se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica y hospitalaria".dicha asistencia médica es la necesaria y tendente a la curación del lesionado, gastos de tratamiento indemnizables hasta que cesan las posibilidades de sanar, hasta la estabilización de las lesiones; desde ese momento, las dolencias restantes constituyen secuelas, lesiones permanentes, que son resarcidas conforme a los valores de las tablas del baremo, con los factores de corrección pertinentes. Los gastos futuros que supongan las limitaciones funcionales derivadas de las secuelas hallan satisfacción a través de las tablas de indemnizaciones básicas y de índices correctores, y a esta naturaleza corresponden los gastos futuros, presupuestados o por cuantificar, que reclama el perjudicado; se trata de los costes de rehabilitación de mantenimiento músculo- esquelético, fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, no son gastos médicos de curación, que desgraciadamente ha agotado sus posibilidades, sino de asistencia y mantenimiento propias de las disfunciones orgánicas de la víctima, que encuentran satisfacción económica en los factores de corrección por perjuicios económicos para grandes inválidos. Aceptar la reclamación supondría, no solo duplicar partidas indemnizatorias, sino también crear de manera encubierta una renta vitalicia que no ha sido solicitada, y que, además, caso de concederse, no debería ser complementaria, sino sustitutoria de la indemnización ya concedida (regla 1ª-8 del baremo). Por ello procede rechazar el resarcimiento de gastos futuros, y desde luego la reserva de acciones civiles por los no cuantificables: después del presente juicio sólo podrán ejercitarse acciones por hechos nuevos (regla 1ª-9), y tal derecho no necesita de hacer declaración expresa de reserva. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª), de 5 junio 1997 RJ 1997\5945 No infringe el principio de congruencia la sentencia que sustituye una renta vitalicia solicitada por una cantidad alzada. No infringe el principio de congruencia la sentencia que sustituye una renta vitalicia solicitada por una cantidad alzada. La práctica de los tribunales y la lógica de la economía, así como hoy la regulación vigente en materia de responsabilidad del conductor por daños corporales causados en accidente de circulación, nos lleva a considerar que la renta vitalicia o el capital son dos formas de abonar la indemnización que puede corresponder en caso de lesiones permanentes, como son las sufridas por el accidentado. La parte hubiera debido demostrar, para sostener su alegación de incongruencia, que el capital concedido excede del valor de la renta vitalicia con arreglo a fórmulas aritméticas de capitalización que razonablemente puedan estimarse aplicables en función de las circunstancias de la víctima (edad, expectativas de vida, etc.), cosa que no ha hecho. RJ Sentencia Tribunal Constitucional núm. 5/2006 (Sala Primera), de 16 enero 19 RTC 2006\5 No hay infracción del art. 14 y 15 de la constitución cuando la comparación entre casos de rentas mixtas no produce del mismo órgano y misma Sala jurisdiccional Estas indemnizaciones, que se detallan en los antecedentes de hecho, fueron considerablemente rebajadas por la Sentencia de apelación dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Oviedo en aplicación del baremo del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Contra esta resolución judicial se dirige la demanda de amparo, por considerarla lesiva de los derechos a la igualdad (art. 14 CE), a la integridad física (art. 15 CE) y a la tutela judicial efectiva (art CE) de los recurrentes. Para sustentar la primera de las quejas se invoca una Sentencia que se atribuye al mismo órgano judicial y en la que se había otorgado a un perjudicado por un accidente de tráfico una renta vitalicia junto con 13
14 el pago de una cantidad por secuelas, indemnización mixta que ahora se le niega al menor Pablo M. Esta supresión de la renta vitalicia que había concedido la Sentencia de instancia supondría también una vulneración de sus derechos a la integridad física y a la tutela judicial efectiva. Este último derecho se habría conculcado también por otras decisiones de la resolución recurrida, entre otras razones, por su consideración de que el referido baremo tenía carácter vinculante. Tales decisiones son la cuantificación de las indemnizaciones derivadas de la incapacidad temporal y de las secuelas de don César G., doña María del Carmen F. y del menor Pablo M., y la supresión de la indemnización a la Sra. F. por la muerte de su nuera, por una parte; y la selección del baremo vigente en el momento del accidente, la supresión del interés moratorio y la declaración de oficio de las costas en la alzada, por otra. El Ministerio Fiscal se opone al otorgamiento del amparo. Considera que no se constata desigualdad en la aplicación de la Ley porque el término de comparación que se aporta es una Sentencia de otro órgano judicial. Tampoco se daría infracción del art. 15 CE, porque ni se opone al mismo el sistema de baremación legal cuestionado (STC 181/2000, de 29 de junio [RTC 2000, 181]) ni desde tal perspectiva es insuficiente la cantidad otorgada al menor, aunque no lo sea en forma de pensión vitalicia. Las vulneraciones de la tutela judicial que se denuncian tampoco pueden ser acogidas porque ni se da omisión de concepto indemnizatorio alguno ni se aprecia que la cuantificación de los mismos responda a una interpretación de la norma aplicable que sea irrazonable, arbitraria o errónea, sin que, por lo demás, adolezcan de tales defectos las decisiones relativas a los intereses y a las costas. Con estas alegaciones convergen las de la compañía aseguradora, que estima que la Sentencia impugnada es «plenamente acorde y respetuosa con la legalidad vigente, razonable y razonada», y que no sólo «ha aplicado los baremos legales en ejercicio de la función revisora que le es propia», sino que tal aplicación «en modo alguno ha privado del resarcimiento íntegro a los perjudicados». 2 En la primera de las quejas de la demanda se invoca como vulnerado el derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley. Sustrato fáctico de la queja es, en el entender de los recurrentes, que el mismo órgano judicial que ha dictado la Sentencia que ahora se recurre había dictado previamente otra en la que en un supuesto de daños y perjuicios derivados de un accidente de automóvil había confirmado la «indemnización mixta» que ahora revoca: una indemnización compuesta por una cantidad única por las secuelas producidas y por una renta vitalicia. Esta resolución de comparación es la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo 289/1999, de 5 de octubre, que actuaba como órgano unipersonal en grado de apelación en un juicio de faltas. Según una reiterada doctrina de este Tribunal, constituye un requisito imprescindible para que pueda apreciarse una infracción constitucional por desigual aplicación de la Ley el de que la resolución con la que se compara la resolución impugnada proceda del mismo órgano judicial, «entendiendo por tal, no sólo la identidad de Sala, sino también la de Sección, al entenderse éstas como órganos jurisdiccionales con entidad diferenciada, suficiente para desvirtuar una supuesta desigualdad en la aplicación judicial de la Ley» ( SSTC 111/2002, de 6 de mayo [ RTC 2002, 111], FF. 2 y 4, y 106/2003, de 2 de junio [ RTC 2003, 106], F. 2). Tal identidad no se da en el presente caso, pues como resulta patente son distintas las Secciones que dictaron la Sentencia impugnada (Sección Séptima) y la que se aporta como término de comparación (Sección Tercera). En resumen podemos extraer las siguientes consecuencias: Para poder optar por la constitución de una renta vitalicia es imprescindible, con carácter previo, haber determinado el importe de la indemnización y esta cifra será la que deba tomarse como referencia para fijar a posteriori la renta vitalicia. La substitución total o parcial del capital indemnizatorio por una renta podrá hacerse en cualquier momento, ya sea antes de la sentencia, o después, incluso en ejecución podrá solicitarse la conversión del todo o parte del capital en una renta vitalicia. 14
15 La conversión del capital en renta puede acordarse por las partes o judicialmente. Por tanto es factible llegar a un acuerdo transaccional que prevea la constitución de una renta para lo que resultará de aplicación lo dispuestos en los artículos y siguientes del Código civil (reglas aplicables a las transacciones), La conversión de un capital indemnizatorio en renta parece ser una cuestión de parte o partes aunque el juez puede decidirlo o cuando menos recomendarlo. El principio de equivalencia ha de ser necesariamente respetado. En caso de fallecimiento del perjudicado la renta vitalicia se extingue sino está sujeta a otra afección de naturaleza tutelar (hijos menores del perjudicados amparados por la renta para manutención). La extinción de la renta y la reversión del fondo o depósito a la entidad pagadora puede ser un beneficio para el asegurador de la misma forma que le perjudicaría si el lesionado supera las expectativas de vida conforme a las tablas actuariales de longevidad. En caso de que se estableciera una indemnización a tanto alzado, el fallecimiento del lesionado de forma precoz generaría que la indemnización entrara en la masa hereditaria del perjudicado lesionado, mientras que tal situación no se generaría en el supuesto de renta vitalicia, La constitución del fondo puede ser opcionalmente dejada a la determinación del obligado al pago o bien puede establecerse que se constituya a tenor de la voluntad del perjudicado o bien por acuerdo entre ambos. Las modalidades son múltiples y pueden ser depósitos en entidades bancarias, o entidades aseguradoras, inversiones en títulos públicos o privados o cualquier caso de activos reconocidos aceptables para la inversión y la garantía de las provisiones técnicas empleadas usualmente por las entidades de seguros. Los fondos quedan afectos a su indisponibilidad en tanto permanezcan afectos al objetivo de su existencia y deberán ser revisados bien de forma automática por el IPC. Bien sobre la base se los índices de revalorización de la Seguridad Social o bien mediante auto revalorización de las inversiones después de los pagos periódicos a los que este afecto el fondo en cuestión.9 En cuanto a los sistemas que permiten la correcta administración de los fondos, los criterios judiciales atienden al control de las rentas, a los gastos ordinarios y extraordinarios, a las revisiones del propio fondo, a la disponibilidad de capitales en caso de fondos tangibles y en cuanto a los mecanismos cautelares de los administradores, también son varios los criterios empleados desde la aplicación del sistema de representación legal, la intervención del Ministerio Fiscal, revisión periódica de cuentas ante el órgano jurisdiccional etc. Sistemas y tendencias en los países europeos En el orden internacional pueden distinguirse tres tipos de prácticas de evaluación monetaria del daño derivado de la responsabilidad civil extracontractual. Ello tiene una incidencia en los criterios para determinar las cuantías indemnizatorias así como las modalidades de las distintas formas de prestación. La evaluación in concreto, empleada por países como Alemania, Grecia e Irlanda, y también en cierta forma por Francia, Luxemburgo y Bélgica. 9 ( López Cobo. 1992) 15
16 La evaluación del multiplicador y del multiplicando, autorizada por los jueces británicos. El multiplicador es la pérdida anual neta de la víctima y el multiplicador, el número de años durante los cuales la víctima sufrirá esta pérdida. La evaluación a partir de un porcentaje de incapacidad, utilizada en España, Italia, Francia, Bélgica y Luxemburgo. No pretende evaluar la pérdida de ingresos profesionales, sino la pérdida de capacidad. Los principios del Derecho Europeo de responsabilidad Civil (PETL) establecen que la indemnización podrá concederse en forma de suma alzada o renta periódica según resulte apropiado en atención, de modo especial, a los intereses de la víctima. Pocos países europeos tienen normas legales que regulen esta cuestión, pero la práctica generalizada indica que la indemnización en forma de suma alzada es la regla y la renta periódica, la excepción10. Aunque el pago de una suma alzada suele resultar más apropiada en los supuestos de daño a las cosas y en la práctica el pago de una renta se suele reservar a los supuestos de daños corporales, el precepto deja la cuestión a la elección de la víctima sin establecer cortapisas ulteriores. El PETL recoge el principio de la compensatio lucri cum damno lo que implica que el quantum indemnizatorio debe tener en cuenta el cómputo global de beneficios que el evento dañoso ha podido generar al perjudicado, a menos que ello sea incompatible con la finalidad del beneficio. Se debe al principio de que la indemnización debe compensar a la víctima, no enriquecerla, pero se sujeta a la concurrencia de dos requisitos. En primer lugar, el beneficio obtenido debe tener una relación de causalidad con el evento dañoso, ya que no será suficiente que la víctima haya obtenido el beneficio o ventaja con ocasión del mismo. Un segundo requisito es que la deducción que comporta tener en cuenta ese beneficio sea compatible con la finalidad del mismo11. Con carácter general puede afirmarse que la finalidad de todo beneficio será proporcionar ayuda económica a la víctima, no liberar de responsabilidad al causante del daño, por lo que si bien la deducción debe evitar el enriquecimiento de la víctima también debe evitar el beneficio del causante del daño. Con carácter particular, deberá decidirse en cada caso concreto si la deducción es compatible o no con la finalidad del beneficio correspondiente, ya que los Principios no presumen que la compensatio tenga que producirse por regla general. Con todo, los ordenamientos jurídicos analizados por el Grupo se encuentran prácticamente divididos al 50% en esta cuestión y mayor es la discrepancia cuando se trata de resolver en qué supuestos concretos se aplica la regla. ALEMANIA Las notas más salientes del Código Civil Alemán en lo tocante a la reparación de actos ilícitos son: 10 Martin Casals Una primera aproximación a los Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil 11 Martin Casals Una primera aproximación a los Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil 16
17 1. No existe una cláusula general de responsabilidad por culpa como en el sistema francés. De acuerdo al artículo 823, se deben indemnizar aquellos daños causados en forma antijurídica, con dolo o culpa, pero que afecten la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, la propiedad o cualesquiera otro derecho de otra persona... Es un sistema muy cercano a la tipicidad (enumerationsprinzip). Los derechos mencionados son los que se entienden como absolutos. 2. El daño moral también es muy limitado. Según el art. 847 En el caso de lesión en el cuerpo o en la salud, así como en el caso de privación de libertad, el perjudicado puede exigir también una indemnización equitativa en dinero a causa del daño que no sea daño patrimonial. La pretensión no es transmisible y no pasa a los herederos, a no ser que haya sido reconocida por contrato o que se haya convertido ya en litis pendencis. Las razones de esta reglamentación fuertemente individualista y restrictiva con la víctima, no sólo se explican por razones jurídicas, sino porque al igual que en el common law, y en el derecho francés, el objetivo era impedir que resultara extraordinariamente gravoso para el capitalismo, todavía incipiente en Alemania en el final del siglo, un sistema de responsabilidad que fuera especialmente riguroso. 79 Otros autores también coinciden en que el liberalismo político y económico ejercieron fuerte influencia en la redacción del Código y que la protección de la propiedad y la del patrimonio predominó ampliamente sobre la idea de la reparación, de la compensación y de la Renta Vitalicia: La base jurídica es el Art. 843 del BGB. 843 BGB Geldrente oder Kapitalabfindung (1) Wird infolge einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit die Erwerbsfähigkeit des Verletzten aufgehoben oder gemindert oder tritt eine Vermehrung seiner Bedürfnisse ein, so ist dem Verletzten durch Entrichtung einer Geldrente Schadensersatz zu leisten. (2) Auf die Rente findet die Vorschrift des 760 Anwendung. Ob, in welcher Art und für welchen Betrag der Ersatzpflichtige Sicherheit zu leisten hat, bestimmt sich nach den Umständen. (3) Statt der Rente kann der Verletzte eine Abfindung in Kapital verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. (4) Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass ein anderer dem Verletzten Unterhalt zu gewähren hat. El párrafo primero establece la obligatoriedad de que pagar una renta vitalicia al perjudicado. Es la norma legal que actúa como principio general. La excepción se encuentra en el párrafo tercera que establece que excepcionalmente se puede pagar un capital a tanto alzado en casos muy graves de causas importantes. Sin embargo, la práctica es al revés. Las aseguradoras casi siempre pagan una suma como capital con el acuerdo de los lesionados. El importe se calcula por un lado por varias formulas ateniéndose al tipo de daño a indemnizar y por otro lado por la negociación entre los lesionados y las compañías. El artículo 116 de la ley 10 de Seguridad Social establece el derecho de recurso de los costes del gran inválido pagados por razón de un accidente de la circulación contra el asegurador del riesgo de responsabilidad civil de forma que la Seguridad Social Alemana reembolsa el importe total de asistencia médico hospitalaria, pensiones de incapacidad e invalidez y otras rentas de previsión social correspondientes a la víctima. No hay compatibilidad para el perjudicado de las prestaciones recibidas de la seguridad social y las recibidas del asegurador de responsabilidad civil del vehículo por tanto las indemnizaciones que la 17
18 víctima percibe del asegurador y las prestaciones que recibe de la seguridad social nunca obedecen a los mismos conceptos del daño o incapacidad sufrida. Las razones en que se basan los aseguradores alemanes para intentar el pago de las indemnizaciones bajo forma de capital en lugar de la renta a la que la ley parece obligar salvo acuerdo en contrario de las partes se basa en (1) la ventaja de pagar los intereses incluidos desde el inicio en el suma a tanto alzado. (2) además la incertidumbre en saber cuanto tiempo vivirá el lesionado (medio año, un año, veinte años) y (3) que los gastos administrativos de abonar una renta mensual son muy elevados. Dado que el límite cuantitativo "solamente" son 7,5 millones de Euros no suele haber ni un fondo ni seguro de renta. FRANCIA Ley del 5 de julio de 1985, sobre indemnización de daños causados por accidentes de circulación de vehículos a motor, también conocida como ley Badinter en homenaje a Robert Badinter, quien fuera el Ministro de Justicia que la impulsó. Antes de esta ley se había encargado un proyecto a André Tunc, quien había ideado un sistema totalmente autónomo en el que se sustituía la responsabilidad civil por un sistema de seguridad social, el que finalmente no pudo cuajar, pero del que se extrajeron algunos de sus principios. Entre los aspectos originales de la nueva ley, sobresale un papel del asegurador mucho más activo y una complementación de la responsabilidad civil con el seguro. Debe formular una oferta seria al damnificado y debe tomar la iniciativa de hacerlo bajo penalidades establecidas en la misma ley. Además la víctima está mucho más protegida, porque la jurisprudencia francesa se había tornado un poco estricta con algunos comportamientos de los peatones privándolos de indemnización. Como puntos salientes podemos mencionar: 1. La ley crea la indemnización como un crédito de la víctima más que una deuda de responsabilidad cargo del asegurador. 2. La ley se aplica a todo accidente en que esté implicado un vehículo terrestre a motor, a excepción de los trenes y tranvías. 3. Se excluye la culpa intencional (faute dolossive) de la víctima, caso en el que no hay derecho a la reparación. 4. Se pagan únicamente los daños que tengan relación de causalidad con el accidente habiéndose establecido jurisprudencialmente una presunción a favor de la víctima. 5. La indemnización es debida por el asegurador, siendo aplicable el derecho común para el resto de las personas. 6. A la víctima no puede oponérsele ni el hecho de un tercero ni la fuerza mayor. 7. Las víctimas de menos de dieciséis años o de más de sesenta, son indemnizados en todos los casos, con la sola excepción de haber buscado voluntariamente el daño. 8. Si el conductor ha cometido una falta que tiene relación causal con el accidente puede reducirse su indemnización. 9. No existe limitación de la responsabilidad, sino que se indemnizan todos los daños que sean atentados a la personalidad y a los bienes. Igualmente tienen legitimación pasiva tanto el damnificado directo como el indirecto. Rentas vitalicias en Francia Las personas que, a consecuencia de un accidente de circulación sufrieran una discapacidad grave o que haga precisa la asistencia de terceras personas pueden y deben ser indemnizadas a través de un sistema de rentas vitalicias. No existe un baremo de capitalización unitario para la constitución de las rentas vitalicias y que sea de común aplicación a todos los organismos, pero los organismos 18
19 sociales tienen sus propios baremos y las compañías de seguros pueden aplicar estos u otros distintos que, a menudo, generan diferencias de tratamientos entre víctimas de similares características. En materia de accidentes de circulación; la Caisse Prevoyance Assurance Maladie (CPAM) puede venir obligada a pagar una renta y disponer de un derecho de recurso contra el asegurador de la responsabilidad civil según las reglas de derecho común. Para facilitar este sistema de recursos, los aseguradores y los organismos sociales firmaron en 1984 un protocolo de acuerdo que establece las normas de evaluación específicas que son actualizadas periódicamente. Este protocolo permite la aplicación de los cálculos de las rentas vitalicias conformes las tablas de mortalidad comúnmente aplicadas a accidentes de trabajo y consisten, en esencia, en la aplicación a un capital de partida de los intereses y las indexaciones que los importes pueden sufrir a lo largo del tiempo por la revisión legal de las cuantías establecidas. Debemos resaltar que el derecho de recurso de los organismos sociales ha sido modificado a través de una reciente ley de 21 de diciembre de A partir de ese momento los organismos cuyas prestaciones son citadas en el artículo 29 de la ley Badinter disponen de un derecho de recurso no por la debida concurrencia de la indemnización a cargo de terceros (seguridad social) sino también en la carga de la prestación que sea objeto del recurso. Artículo L421-1 que habla de las funciones del Fondo de garantía francés establece que Los créditos relativos a las mejoras de rentas mencionados en el presente apartado se prescriben en un plazo de cuatro años a partir del primer día del año siguiente aquel en el transcurso del que los derechos fueron adquiridos. El fondo puede controlar de viso y en el lugar la exactitud de los informes entregados por los organismos deudores de las rentas. El fondo de garantía puede financiar, según modalidades y en los límites fijadas por decreto del Conseil d'etat, las acciones pretendiendo a reducir el número de accidentes de la circulación y a prevenir la ausencia de seguro de la responsabilidad civil automóvil. El fondo de garantía es el organismo encargado de las misiones mencionadas en los artículos L a L Artículo L421-2 El margen de ingresos para la mejora de las rentas vitalicias en accidentes de circulación ha sido fijado en enero de 2007 en euros. Estas rentas vitalicias pueden ser mejoradas cada año, a condición de que no sobrepasen un techo máximo que cada año fija el ministro de presupuestos en proporción a la evolución del mínimo garantizado el 1 de julio del año anterior. FINLANDIA La compensación de daños causados en accidentes de tráfico se regula por la Ley de Responsabilidad Civil Law412/74. Cualquier persona que ha sufrido lesión corporal u otros daños corporales tendrá derecho a ser indemnizada a los daños, costes médicos y otros los costes que se derivan de la lesión, tales como la pérdida de renta y manutención, el dolor y el sufrimiento, la invalidez y las otras incapacidades permanentes. Aunque cada caso es tratado de forma individual, las indemnizaciones están altamente estandardizadas en las tablas y las pautas establecidas por las autoridades de Regulación de accidentes de tráfico que sirven de guías orientativas a las compañías de seguros finlandesas. Las compañías de seguros tienen sus propios doctores expertos o expertos médicos externos para verificar las estimaciones. El asegurador de 19
20 responsabilidad civil es el pagador primario. Todos los costes derivados de un accidente son liquidados con cargo a la compañía de seguros. El sistema de la remuneración se rige por instrucciones y pautas por un Organismo previsto en la legislación: el gobierno finlandés nombra a los miembros del Consejo del accidente de tráfico (Traffic Accidents Board) a los que la compañía de seguros tiene que someter cada caso que excede ciertos límites de la severidad. Casa caso grave se analiza por el Consejo a fin de emitir una opinión antes de que cualquier concesión o remuneración de daño corporal grave se pague. Si el perjudicado no está conforme con la indemnización ofrecida por el asegurador, las normas que regulan los estándares indemnizatorios se adaptaran a las pautas e instrucciones son facilitadas por el Consejo y que afectan a las distintas categorías de daños. La remuneración se paga del acuerdo que ocurrieron los costes reales del accidente de tráfico y basado en documentos escritos. La renta y las pensiones de la pérdida de ingresos y cualquier otra remuneración se pagan generalmente como anualidad. Los daños morales son generalmente pagos de suma global. El daño corporal se cubre de forma ilimitada. El daño material tiene un límite superior: 3.3 millones de euros Los capítulos aplicables a la cabeza de daños por lesiones corporales a efectos de de las indemnizaciones son: - tratamiento médico - pensión de inhabilidad - renta del ingresos - daños físicos derivados de incapacidad temporal (dolor y sufrimiento) - daños e incapacidad permanente. - daños estético permanente. - costes caseros de atención. - subsidio de ropa. - Gastos extraordinarios de la vivienda. - retrasos en la remuneración de las rentas - costes de la rehabilitación. La rehabilitación es parte de la indemnización del seguro de responsabilidad del accidente, cuando la necesidad de la rehabilitación es causada por un accidente de tráfico. El contenido y la forma de la rehabilitación se definen en la ley sobre la rehabilitación. Antes de pagar cualquier reclamación por incapacidad permanente y o establecer la renta a pagar con cargo al seguro sobre la pérdida de la capacidad para el trabajo, se requieren a los aseguradores que quede determinada cual es el potencial de la rehabilitación de los lesionados Existe un organismo asegurador (Insurance Rehabilitation Association) que integra una unidad de rehabilitación especializada desde Se trata un servicio institucional de las compañías de seguros del accidente ocupacional, de la responsabilidad del motor y de ganancias relacionado con los seguros de la pensión. Este Organismo aconseja y asesora la ayuda en la rehabilitación y activa a favor de los lesionados la cooperación con las autoridades, abastecedores de servicio y las asociaciones que promueven la investigación, el entrenamiento y la información en el campo de la rehabilitación. Su tarea consiste en administrar la rehabilitación como parte de la remuneración del seguro concedida de acuerdo con las leyes finlandesas sobre seguro y pensiones relacionadas con la pérdida de ingresos. La agencia ayuda a las instituciones del seguro en materias de la rehabilitación, en las fases preliminares y en la puesta en práctica y la estandardización prácticas de la rehabilitación. Junto con la persona dañada, planea la rehabilitación vocacional y la rehabilitación con la finalidad de mejorar la capacidad del inválido para trabajar y la integración social. 20
CÁLCULO DEL DAÑO: POSIBILIDAD DE CRITERIO ALTERNATIVO AL BAREMO DE TRÁFICO Y COMPENSACIÓN DE INDEMNIZACIONES La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma la Sentencia de
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Conforme a los artículos 1.101 y 1.106 del
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES PROTECCIÓN PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEY 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 823
 artículo 116
 artículo 29