Source: https://vlex.com.pa/vid/apelaciones-suprema-sala-primera-civil-31814654
Timestamp: 2020-02-24 13:52:53+00:00

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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 27 de Junio de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 31814654
La firma de abogados DE CASTRO & ROBLES, en su condición de apoderada judicial de la parte demandada M/N HORNCLIFF dentro del proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado que en su contra ha interpuesto I.A.P.D., ha presentado y sustentado recurso de apelación contra la Resolución de 8 de noviembre de 2000 proferida por el Tribunal Marítimo de Panamá dentro del proceso antes referido.
La resolución apelada declaró NO PROBADAla Excepción de Prescripción invocada por la demandada, condenándola a su vez al pago de las costas en derecho, que fijó en la suma de B/300.00.
Mediante demanda corregida (f.128-134), presentada al Tribunal Marítimo el día 5 de julio de 2000, I.A.P.D., interpuso Proceso de Ejecución de Crédito Marítimo Privilegiado contra la M/N HORNCLIFF, a fin de que esta sea condenada a pagarle la suma de B/292.368.70 en concepto de daños morales y materiales, más los intereses, costas y gastos del proceso, como consecuencia de accidente sufrido por el demandante a bordo de la M/N demandada el día 25 de junio de 1998, debido a la negligencia de su capitán, en las operaciones de carga que realizaban en el puerto de Chiriquí Grande, Provincia de Bocas del Toro.
Al correrse en traslado la demanda corregida, es contestada por la firma de abogados DE CASTRO & ROBLES, quién como apoderada especial de la demandada M/N HORNCLIFF, niegan y rechazan las pretensiones de la parte actora y en su defensa introducen Excepción de Prescripción (F.155), la cual, luego de ser tramitada mediante el procedimiento de previo y especial pronunciamiento, y celebrada la audiencia especial correspondiente, fue resuelta por el Tribunal Marítimo mediante Resolución de fecha 8 de noviembre de 2000, en la que se decidió declarar no probada la excepción de prescripción invocada por la demandada, con la correspondiente imposición de costas a su cargo.
En la excepción la excepcionante sostuvo que dado que las reclamaciones del demandante se originan de supuesta culpa o negligencia de la demandada, de hechos producidos en la República de Panamá, la controversia debe ser resuelta conforme el derecho sustantivo de la República de Panamá, tal como lo dispone el numeral 7 del artículo 557 del Código de Procedimiento Marítimo y por tanto siendo ello así, el término de prescripción aplicable en esta reclamación es de (1) año de acuerdo al artículo 1706 del Código Civil y dado que la demandada se presentó "casi dos años después de ocurrido el accidente...", la misma se encuentra prescrita.
Para resolver lo pertinente, el tribunal consideró, mediante el auto apelado, en primer lugar, que la reclamación que se analiza no es de índole contractual sino extra contractual, razón por la cual a su entender, con fundamento en el numeral 6 del artículo 557 del Código de Procedimiento Marítimo, la aplicable en esta reclamación es la Ley del país del registro de la nave y no la Ley del país donde han ocurrido los hechos, en este caso, la República de Panamá.
En este sentido, consideró el tribunal que al no existir un vínculo contractual entre el demandante ARTURO PALMA y la nave, su reclamación no puede ser considerada de naturaleza contractual y por tanto no es de aplicación el numeral 7 del articulo 557 ibidem.
Termina concluyendo el Tribunal que en base a lo expuesto, es decir que la Ley aplicable a la presente controversia es la del país del registro de la nave, en este caso la Ley de Liberia cuyo articulo 360 pertinente señala que todos los reclamos por responsabilidad civil prescriben en dos (2) años, en el presente caso no ha operado el fenómeno de la prescripción por cuanto que la demanda fue presentada dentro del término señalado, es decir antes que transcurrieran los dos (2) años que señala la ley extranjera.
La excepcionante-demandada al sustentar su apelación, presenta los siguientes argumentos para cuestionar la Resolución apelada dictada por el Tribunal Marítimo. (fs.274-286).
1) En primer lugar, contrario a la opinión del Tribunal, la demandada sostiene que el derecho sustantivo aplicable es el de la República de Panamá de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del artículo 557 del Código de Procedimiento Marítimo, en consideración a que los servicios de carga o estiba que se brindó a la M/N HORNCLIFF, demandada, fueron realizados en la República de Panamá y que el demandante se encontraba temporalmente abordo de la nave en su condición de empleado de SERVICIOS PORTUARIOS GENERALES, S.A., empresa encargada de realizar las labores de estiba de la nave.
2) Que de acuerdo al numeral 7 del artículo 557 de la Ley 8 de 1982, tratándose de todo tipo de reclamaciones, ya sean contractuales o extracontractuales, efectuadas por estibadores u otros trabajadores portuarios, se aplican las leyes del país donde ocurrieron los hechos, aunque estos hayan ocurrido a bordo de la nave.
3) Que en ocasión anterior, la Corte mediante sentencia de 11 de septiembre de 1991, en caso similar propuesto por JOSE DE LOS SANTOS ORTIZ contra CHIRIQUI LAND COMPANY, a pesar de que la nave en donde ocurrió el accidente era de registro Británico, se aplico la ley Panameña de conformidad con lo preceptuado en el numeral 7 del artículo 557 de la Ley 8 de 1982.
4) Considera el recurrente, contrario a la interpretación del Juez a-quo, que el numeral 6 del artículo 557 se refiere es a las reclamaciones extracontractuales de las personas que prestan servicios a bordo de una nave, pero de manera permanente y que por algún hecho donde exista culpa o negligencia surja una reclamación, entonces se rige ésta por las leyes del registro de la nave. Que en el caso particular el demandante IVAN PALMA es un estibador panameño, contratado por la empresa panameña SERVICIOS PORTUARIOS, y que se encontraba temporalmente a bordo de la nave mientras ésta se encontraba en el Puerto de Chiriquí, Panamá, ajustándose la situación a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 557.
5) Finalmente el apelante trae a colación y cita otro precedente (DOMINGO GUTIERREZ SANCHEZ-VS-M/N AUTO CHAMP), en el que también por situaciones similares, el Tribunal Marítimo decidió que en base al numeral 7 del artículo 557, la ley sustantiva aplicable era la de la República de Panamá, decisión que posteriormente fue recurrida y mantenida por el Tribunal.
El demandante al oponerse a la apelación lo hace apoyando la posición de lo resuelto por el Tribunal Marítimo en el sentido de que en el presente caso es aplicable el numeral 6 del artículo 507 de la Ley 8 de 1982 y que en virtud de ello, la Ley sustantiva aplicable es la del país de registro de la nave, es decir, la ley de Liberia.
Igualmente en su oposición, el demandante se refiere a los precedentes citados por la excepcionante en su apelación, aclarando que en ellos el tribunal Marítimo actuó correctamente al aplicar el numeral 7 del artículo 557 de la Ley 8 de 1982, como sostiene el apelante, pero aclarando que en el primer caso (JOSE DE LOS SANTOS ORTIZ -VS- CHIRIQUI LAND COMPANY), existía una relación contractual entre demandante y demandada; y en el segundo caso (DOMINGO GUTIERREZ SANCHEZ -VS- M/N AUTO CHAMP) obedeció a que se trataba de un accidente ocurrido en el muelle del puerto de Balboa - territorio panameño - y no a bordo de un buque de bandera extranjera.
Como quedó expuesto, se trata de una excepción de prescripción interpuesta dentro de un proceso de ejecución de crédito marítimo privilegiado en el que se reclama el pago de una indemnización por daños morales y materiales ocasionados al demandante por negligencia del capitán de la M/N HORNCLIFF, registrada en Liberia en el momento en que se realizaban las operaciones de carga en el Puerto de Chiriquí Grande, Provincia de Bocas del Toro, República de Panamá.
De acuerdo al demandante, se trata de reclamación extracontractual a la cual le es de aplicación la Ley de Liberia, por quedar sujeto el presente caso a lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 557 del Código de Procedimiento Marítimo, siendo que para los efectos de la prescripción ésta no se configuró por cuanto no había transcurrido el término de dos años desde la fecha en que ocurrió el accidente y la presentación de la demanda, término que en esta materia es el exigido por la Ley de Liberia.
Por su parte, la demandada excepcionante alega que la acción está prescrita por cuanto que a la reclamación, por estar subsumida dentro de los parámetros contemplados en el numeral 7 del artículo 557 del Código de Procedimiento Marítimo, le es de aplicación la Ley Panameña y de manera específica el artículo 1706 del Código Civil, que fija en el término de un año las reclamaciones por responsabilidad extracontractual, término que ya había transcurrido cuando se presentó la demanda que fue el día 8 de junio de 2000, mientras que el accidente ocurrió el día 25 de junio de 1998.
Como se observa, el presente trata de un proceso en el que los derechos y obligaciones de las partes, surgido de la posición jurídica que han adoptado cada una, crea un conflicto de ley en materia de Derecho Internacional Privado que debe ser dilucidado vía interpretación y aplicación del artículo 557 del Código de Procedimiento Marítimo, disposición esta que regula en nuestro país conflictos de esta naturaleza.
De acuerdo a lo decidido por el Tribunal Marítimo y lo pretendido por las partes en el proceso, como señaláramos anteriormente, el punto inicial a dilucidar, para luego determinar la ley aplicable y consecuentemente el tema de la prescripción, guarda relación directa con la interpretación jurídica de los numerales 6º y 7º del articulo 557 del Código Procesal Marítimo que nos permitimos transcribir a continuación:
"Artículo 557": Salvo los tratados internacionales ratificados por la República de Panamá, en cualquier juicio entablado en los tribunales marítimos panameños, los derechos y obligaciones de las partes se determinarán ajustándose a las siguientes normas especiales de derecho internacional privado y, en los casos no contemplados expresamente en este capítulo, conforme lo dispone el derecho común:
En cuanto a responsabilidad extracontractual de los armadores, del capitán, los oficiales, tripulantes y cualquier otra persona que preste servicios a bordo de la nave por daños causados o que se causen a bienes o a cualquiera de dichas personas o a cualesquiera otras personas que se encuentren a bordo de una nave, las leyes, del país de registro de la nave.
En cuanto a reclamaciones de estibadores muelleros u otros trabajadores portuarios y en cuanto a reclamaciones de terceras personas que presten servicios a la nave relacionados con el comercio marítimo o que se encuentren temporalmente a bordo de la nave mientras la misma esté en puerto, salvo pacto en contrario en caso de responsabilidad contractual, las leyes del país donde haya ocurrido el hecho o los hechos que den lugar a la demanda, aunque éstas hayan ocurrido a borde de la nave.
Como se puede apreciar, de acuerdo al articulo transcrito, los elementos básicos a considerar, para efectos de establecer la ley aplicable al caso sub-judice, a juicio de la Sala, consisten en determinar previamente: 1) Naturaleza de la responsabilidad que se reclama, ya sea esta contractual o extracontractual; 2) Calidad o condición de la persona que hace la reclamación con respecto al buque o M/N demandada y 3) Lugar donde ocurrieron los hechos.
Con respecto a la naturaleza de la responsabilidad que se reclama pareciera no existir mayor discusión por cuanto ambas partes, aceptan y en ello coincide la Sala, que estamos frente a una reclamación por responsabilidad extracontractual.
No obstante, la discusión subsiste en cuanto a que si el numeral 7º contempla ambos tipos de responsabilidades o sólo contempla de naturaleza contractual.
En opinión de la Sala, el comentado numeral, regula tanto la responsabilidad contractual como la extracontractual, coincidiendo en esta forma con el análisis razonado de la parte demandada expuesta en su recurso de apelación (f. 282) en el sentido de que el mencionado numeral se refiere, sin distinción, a todo tipo de reclamaciones, haciendo la salvedad que cuando se trata de responsabilidad contractual, las partes pueden convenir la aplicación de leyes distintas a la del lugar o país donde ocurrieron los hechos.
Sobre este tema es importante señalar que la Sala, en fallo de fecha 21 de octubre de 1998, cuya parte pertinente transcribimos más adelante en esta sentencia, da por sentado que de acuerdo al numeral 7º, las personas que en él se señalan , puedan "obtener una condena indemnizatoria contra la nave en concepto de la responsabilidad extracontractual prevista en el artículo 1.645 del Código Civil." (Resaltado por la Sala).
Aclarado lo anterior, corresponde determinar ahora si en razón de la calidad o condición de la persona del demandante, a la presente demanda le es de aplicación lo normado en el numeral 6º o por el contrario el numeral 7º del artículo 557 del Código de Procedimiento Marítimo.
En este sentido, de un análisis al ordinal 6º del artículo 557 del Código de Procedimiento Marítimo, que es la norma en discordia por ser la que aplicó el Tribunal Marítimo en la Resolución apelada, se extrae que la misma es de aplicación, por un lado, a las reclamaciones de naturaleza extracontractual, y por otro lado, que se trate de reclamaciones ejercidas contra o por personas, por daños que causen, o se les causen o a sus bienes, pero debe tratarse, en ambos casos, de personas que estén a bordo de la nave con carácter de cierta permanencia y para lo cual la norma no exige que la nave esté en puerto. Por ello, lógicamente, como lo indica la norma, ha de tratarse, del armador, del capitán, los oficiales, tripulantes y cualquier otra persona que preste servicios o que por cualquier otra razón se encuentre a bordo de la nave, pero con carácter de cierta permanencia.
De allí que sea lógico también, como lo señala el numeral 6º del comentado artículo, en su parte final, que en este tipo de reclamaciones, las normas que se apliquen en caso de conflictos de leyes, sean las correspondientes a "las leyes, del país de registro de la nave", pues debe entenderse que entre esta personas, y la nave, existe un vínculo especial relacionado con su cuidado, manejo, desplazamiento o navegación.
En cambio, el ordinal 7º del artículo 557, al referirse a estibadores, muelleros u otros trabajadores portuarios, o a personas que prestan servicios relacionados con el comercio marítimo, como lo señala la propia norma, debe entenderse que se trata de personas cuyo servicio o razón del vínculo que la liga a la nave es de carácter temporal y que no está estrechamente relacionado con su manejo desplazamiento o navegabilidad, propiamente tal o funcional.
La situación planteada en los numerales del artículo 557 del Código de Procedimiento Marítimo, a no dudarlo guardan estrecha relación con el régimen o regulación a que queda sometida una nave de registro extranjero cuando se encuentra en aguas jurisdiccionales de la República de Panamá y de ellos se infiere la aplicación, salvo pacto en contrario, del principio de la soberanía total del Estado visitado (numeral 7º) y por otro lado, el reconocimiento de la legislación extranjera y su aplicación por parte de nuestros tribunales, cuando se trata de hechos que afectan el orden interno de la nave conforme a las relaciones que ésta guarda con respecto a personas determinadas a bordo de ellas (numeral 6º).
Es que tratándose de la actividad marítima, por la gama de factores de todo tipo que en ella intervienen, es importante distinguir el vínculo o relación de las personas afectas a esta actividad pues de ello depende el grado y tipo de responsabilidades, derechos, obligaciones e incluso la ley aplicable a las reclamaciones que presentan.
De allí que en esta materia, el tratamiento legal, nacional e internacional, no pueda ser el mismo para todas las personas, sino diferente en atención a que también es diferente la condición y calidad de su partición en la actividad marítima, como por ejemplo la dependencia o independencia de estas personas en relación con la nave, como empresa, o sus responsabilidades en la dirección, navegabilidad, maníobras y servicios que presta, etc.
Sobre esta necesaria distinción de los que intervienen en la actividad marítima, la cual exige, por su propia naturaleza, sea tratada de manera especial en cada caso particular, nos habla R.M.A., catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Deusto, Bilbao, España, cuando nos señala:
"El trabajo del personal marítimo a bordo reúne un conjunto de características específicas; y esto, no tanto, porque se halle sujeto a los riesgos de la navegación como pudo ser en otra época, como las circunstancias en que se desarrolla. El buque se desplaza de un lugar a otro y navega con frecuencia por aguas internacionales o por aguas jurisdiccionales de otros Estados (una situación que exige una severa disciplina a bordo y una marcada organización jerárquica, porque, en otro caso, podrían verse afectadas la seguridad de la dotación y pasajeros, del buque... de las personas que naveguen en otros buques y la convivencia a bordo); no siempre es posible abandonar el buque una vez terminada la jornada laboral; la asistencia sanitaria a veces se hace a bordo y por tanto, en condiciones especiales...
Pero el naviero necesita de la colaboración en tierra de otros auxiliares: dependientes, el personal en tierra, (integrado también laboralmente en la empresa naviera), e independientes, éstos, empresarios y profesionales: Unos, que colaboran en el ejercicio de su actividad específica, como es el caso especialmente del consignatario y agentes que le representen y colaboran en puertos distintos a aquéllos en que tiene su domicilio o en que tiene abiertas sucursales; y otros, que lo hacen en actividades auxiliares o complementarias, como son las empresas de carga y descarga, denominadas asimismo de estiba y desestiba, agencias de fletamento y de seguros..., corredores intérpretes de buques, etc". (R.M. ALEGRE, "El Naviero y sus auxiliares. El Buque"; J.M.B.E., S.A., Barcelona, PÁGS.77-78)
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y las constancias procesales, es claro que quien demanda en está ocasión no prestaba servicios propios o relacionados con la dirección o navegabilidad de la nave, de los que corresponden a la tripulación, al capitán, oficiales, u otros servicios de carácter permanente; ni que se encontraba dicho demandante a bordo de la nave en condición de permanecer en ella por período de tiempo que diera a entender que existía un vínculo más que temporal cuya permanencía podría demorar más allá de lo que demoraría su faena de carga en puerto.
Por el contrario, es claro que quien reclama indemnización por supuesta responsabilidad extracontractual por los daños que sufrió por causa del accidente ocurrido a bordo de la M/N HORNICLIFF, prestaba servicios temporales de carga o estiba, es decir, prestaba servicios diferentes y no propios relacionados directamente con la dirección o navegabilidad de la nave .
Con respecto al numeral 7 antes comentado, ya la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse anteriormente en cuanto a los supuestos y el tipo de responsabilidad (extracontractual) que el mismo regula de la siguiente manera:
"... no regula un supuesto hecho sino, al menos, dos: en efecto, el numeral 7º del artículo 557 del Código Procesal Marítimo, distingue las reclamaciones de estibadores, muelleros u otros trabajadores portuarios, por una parte, así como reclamos de tercera personas que presten servicios a la motonave, o que se encuentren abordo en la misma, siendo así que el primer supuesto, es decir, el de estibadores, muelleros y otros trabajadores portuarios no requiere que dichas personas presten servicios a motonave, sino basta que realicen trabajos portuarios y, como su consecuencia, reciban un daño atribuible a la motonave, para que sea posible obtener una condena indemnizatoria contra la nave en concepto de la responsabilidad extracontractual prevista en el artículo 1.645 del Código Civil". (Registro Judicial - Octubre de 1998, pág.206)
En virtud todo lo anteriormente expuesto, la Sala es de opinión que la presente reclamación no podría considerarse dentro de las comprendidas en el numeral 6º del artículo 557 del Código de Procedimiento Marítimo y que por tanto, la Ley aplicable no podría ser tampoco la del país del registro de la nave como lo mal interpretó y aplicó el Juez Marítimo en la Resolución apelada.
Muy por lo contrario, al trasladar la situación que se presenta en este proceso a lo pautado por el numeral 7º que acabamos de ver, tenemos necesariamente que concluir que le asiste razón a la demandada-excepcionante en cuanto a que la legislación aplicable es la de la República de Panamá, por cuanto que:
El demandante, al ocurrir el accidente, se encontraba temporalmente a bordo de la nave realizando las labores de carga o estiba de la M/N HORNCLIFF, es decir, realizaba trabajos portuarios que no tienen que ver con la navegación o dirección de la nave.
Las faenas de carga o estiba se realizaban cuando la M/N se encontraba estacionada en el puerto de Chiriquí Grande, Provincia de Bocas del Toro, República de Panamá, momento en el cual ocurrió el accidente en el que resultó lesionado el demandante.
Los daños se reclaman como consecuencia de supuesta responsabilidad extracontractual en que incurrió el capitán de la nave.
Dilucidado lo anterior, para determinar la ley aplicable, de acuerdo al ordinal 7º del artículo 557 del Código de Procedimiento Marítimo, hay que tomar en cuenta, además, el lugar donde ocurrieron los hechos, y sobre este aspecto tampoco pareciera haber discordancia en cuanto a que, como señaláramos líneas antes, sucedieron a bordo de la nave demandada mientras se encontraba en la faena de carga en el Puerto de Chiriquí Grande, Provincia de Bocas del Toro, República de Panamá.
Resaltamos que en relación a la ley aplicable a la presente demanda, el ordinal 7º del artículo 557 del Código de Procedimiento Marítimo es claro en su tenor literal al señalar que en el tipo de reclamaciones al que el mismo se contrae, en especial la de trabajadores portuarios o estibadores como en el presente caso, se aplican "las leyes del país donde haya ocurrido el hecho o los hechos que den lugar a la demanda, aunque éstas hayan ocurrido a bordo de la nave", es decir, rige la ley local.
La anterior conclusión es también a la que arriba el DR.GILBERTO BOUTIN, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Panamá, quien al referirse a las reglas de conflictos contenidas en la Ley 8 de 1982 (Código de Procedimiento Marítimo) y en especial a su artículo 557, señala que:
"Para las reclamaciones portuarias, muelles o trabajadores portuarios, nuestra regla de conflicto designa a la ley del lugar donde ocurrieron los hechos 'lex loci delicte comossi'" (G.B., "Derecho Internacional Privado", E.M. &P., S.A. 2002, pag.380).
El artículo 557 del Código de Procedimiento Marítimo tantas veces referido, constituye en nuestro derecho positivo una auto regulación del Estado sobre la regla a aplicar cuando en materia de Derecho Internacional surgen conflictos en cuanto a la norma de derecho aplicable en un caso específico. La disposición comentada introduce las reglas a aplicar en caso de conflictos de leyes por las cuales debe regirse el juzgador, lo que a juicio de la Sala equivocó el a-quo en su aplicación.
H. concluido que es la ley panameña la aplicable al presente proceso y tratándose de responsabilidad extracontractual, originada a consecuencia de los actos negligentes y culposos que se dice causaron el daño, cuyo fundamento es el artículo 1644 del Código Civil, para resolver la excepción de prescripción planteada tenemos necesariamente que referirnos al artículo 1706 ibidem, el cual es del tenor siguiente:
"Artículo 1706": La acción civil para reclamar indemnización por calumnia o injuria o para exigir responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que trata el Artículo 1644 del Código Civil, prescribe en el término de un año, contado a partir de que lo supo al agraviado.
Si se iniciare oportunamente acción penal o administrativa por los hechos previstos en el inciso anterior, la prescripción de la acción civil se contará a partir de la ejecutoria de la sentencia penal o de la resolución administrativa, según fuere el caso.
Para el reconocimiento de la pretensión civil, en ningún caso es indispensable la intervención de la jurisdicción penal."
Establecido que el término de prescripción aplicable de acuerdo a la ley panameña es de un año, y siendo que el accidente en el que se originaron los daños reclamados ocurrió el día 25 de junio de 1998 y la demanda se presentó y se dio por notificada el día 8 de junio del 2000, cuando ya había transcurrido en exceso el término de prescripción de un (1) año, no queda otra alternativa que declarar probada la excepción por estar prescrita la acción.
Consecuentemente, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Resolución de fecha 8 de noviembre de 2000 dictada por el TRIBUNAL MARITIMO DE PANAMA y en su lugar, DECLARA PROBADA la excepción de Prescripción interpuesta por la demandada M/N "HORNCLIFF" dentro del proceso de ejecución de crédito marítimo privilegiado interpuesto en su contra por I.A.P.D. y ORDENA el archivo del expediente.
Se condena a la parte actora al pago de los gastos del proceso, los cuales serán calculados por Secretaria, más las costas a favor de la demandada, las cuales se fijan en la suma de QUINIENTOS BALBOAS (B/500.00).
C. y N..

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 artículo 557
 artículo 1706
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 artículo 1
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 artículo 1644
 artículo 1706
 Artículo 1644
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