Source: https://www.slideshare.net/jekeger/defensorial58
Timestamp: 2017-06-28 01:21:42+00:00

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Defensorial58
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RESOLUCIÓN DEFENSORIAL No. 058_ DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Bogotá D.C, diciembre 29 de 2010 VISTOS:1. La disputa por el control del territorio constituye la principal razón para que la población civil continúe siendo despojada de sus tierras. Esta disputa se debe a los intereses por la apropiación de la riqueza del suelo, sus recursos naturales, los beneficios económicos y demás ventajas estratégicas que éste pueda suministrar, a los grupos armados ilegales y, principalmente, a los grupos post desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y a otros intereses nacionales y transnacionales. Esta situación ha generado violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), tales como: homicidios selectivos y de configuración múltiple, amenazas, accidentes por minas antipersonal y municiones abandonadas sin estallar, desapariciones forzadas, reclutamiento y utilización ilícita de niños y adolescentes, desplazamiento forzado, estigmatización de la población civil, atentados contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas (embera katío y zenú), y la interposición de la población civil en enfrentamientos armados, que ponen en alto riesgo a la comunidad residente en Córdoba.2. La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de diferentes peticiones, actuaciones y pronunciamientos, tanto de organizaciones de la sociedad civil como de autoridades administrativas y judiciales, respecto de la tenencia, ocupación, uso, acceso y propiedad de la tierra en varias regiones del departamento de Córdoba.3. La Defensoría del Pueblo, a través de la atención especializada, ha comprobado la inexistencia de una política pública en materia de tierras y prevención que sea efectiva y eficaz, que permita el acceso progresivo a los medios de producción; el desarrollo de proyectos productivos sostenibles y la estabilización socioeconómica dirigida a la población vulnerable que ha sido víctima de la violencia en esta región del país.4. La Defensoría del Pueblo confirma que el ejercicio y la restitución de los derechos requieren acciones de acompañamiento y fortalecimiento dirigidas a las comunidades, que permitan tanto garantizar el goce efectivo 2.
2 de los derechos económicos, sociales, y culturales (DESC), el acceso a la justicia, la reparación, como evitar la repetición de estas vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. CONSIDERANDO:Primero. LA COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.1. Es competencia de la Defensoría del Pueblo velar por el ejercicio y vigenciade los derechos humanos, de conformidad con el artículo 282 de la ConstituciónPolítica.2. Le corresponde al Defensor del Pueblo hacer las recomendaciones yobservaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza oviolación a los derechos humanos, de acuerdo con el artículo 9, ordinal tercero,de la Ley 24 de 1992.3. Es prerrogativa del Defensor del Pueblo apremiar a la comunidad engeneral y a las organizaciones privadas para que se abstengan de desconocer losderechos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9, ordinal quinto, de la Ley24 de 1992.4. Le compete al Defensor del Pueblo rendir informes periódicos sobre elresultado de sus investigaciones y denunciar públicamente el desconocimiento delos derechos humanos, según lo prescrito en el artículo 9, ordinal vigésimosegundo, de la Ley 24 de 1992.Segundo. LA ACCIÓN DEFENSORIAL.1. La intervención y el acompañamiento de la Defensoría de Pueblo ha sidopermanente, con el propósito de garantizar la efectividad de los derechosfundamentales de los pueblos indígenas (embera katío y zenú) y comunidadescampesinas, a través de misiones humanitarias, reuniones interinstitucionales,requerimientos a las autoridades, informes de riesgo y notas de seguimiento,resoluciones defensoriales y comunicados de prensa, entre otras acciones decarácter preventivo y de protección.2. Tanto en la Resolución Defensorial no. 038, referente al estado social yambiental de la cuenca media y baja del río Sinú, como en los informes deseguimiento, se pudo establecer que, además de la construcción y operación dela central eléctrica, en el departamento históricamente se vienen presentandoacciones que atentan contra la estabilidad y conservación de los ecosistemas y eluso y acceso a la tierra, que afectan de forma directa a los habitantes menosfavorecidos del departamento.3. La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT),ha emitido un sinnúmero de informes de riesgo y notas de seguimiento desde2001 que advierten acerca de los riesgos a los que está expuesta la poblacióncivil como consecuencia de las acciones violentas de los grupos armados ilegalesque operaron y operan en Córdoba hasta la fecha, y ha recomendado a lasautoridades del nivel local y nacional para que se tomen las medidas preventivasy de protección, de acuerdo con las competencias institucionales. Durante 2009 yen lo que va de 2010, se expidieron los siguientes documentos de advertencia: 3.
3Informe de Riesgo de Inminencia1 n° 013-09, para la población del municipio SanPelayo; Informe de Riesgo de Inminencia n° 019-09, para la población delmunicipio de Valencia; Informe de Riesgo n° 022-09 para Tierralta; Informe deRiesgo de Inminencia n° 027-09 para la población del municipio de Santa Cruz deLorica; Nota de Seguimiento n° 012-09 al Informe de Riesgo n° 006-06 para losmunicipios de Puerto Libertador y Montelíbano; Informe de Riesgo de Inminencia009-10 para Buenavista; Informe de Riesgo n° 011-10 para Lorica, Moñitos, SanAntero y San Bernardo del Viento; Informe de Riesgo de inminencia n ° 012-10para el municipio La Apartada; Nota de Seguimiento n° 009-10 al Informe deRiesgo nº 006-06 Montelíbano y Puerto Libertador; Nota de Seguimiento n° 018-10 al Informe de Riesgo n° 022-09 para Tierralta.4. En el último informe defensorial de seguimiento a la citada resolución, deoctubre de 2009, se mencionó el caso del predio Las Arepas, donde se pretendíadesalojar a las comunidades campesinas asentadas allí desde mucho tiempoatrás, en virtud de un contrato de comodato suscrito con el extinto Incora.5. En diciembre de 2009, la Defensoría del Pueblo convocó la Audiencia deVíctimas donde varias comunidades solicitaron a esta institución abordar laproblemática de tierras que afecta a estos grupos poblacionales.6. La Defensoría del Pueblo apoya la protección de las tierras de la población endesplazamiento forzado, con el propósito de que estas no sean usurpadas porterceros. Así mismo, requiere a las autoridades competentes la protección delíderes que, por su labor en defensa y protección de dichas tierras están siendoamenazados.Tercero. LA SITUACIÓN GENERAL.1. Históricamente, el departamento de Córdoba se ha caracterizado por la existencia de grandes extensiones de tierra en manos de pequeños círculos, y una gran masa campesina arrendataria y de jornaleros de las tierras rurales, lo que ha limitado el acceso a los medios de producción a esta gran mayoría de la población que presenta elevados porcentajes de necesidades básicas insatisfechas (NBI) (el 53.53% de los hogares posee NBI y el 23.91% de los hogares se encuentran en situación de miseria). Hay monopolio de la tierra, desarrollo empresarial incipiente y predominio de la economía agraria y la ganadería extensiva.2. La formación de grandes haciendas dedicadas a la ganadería en forma extensiva ha ocasionado graves problemas sociales por la concentración de la propiedad: el desplazamiento de la población campesina e indígena, el desempleo y el desabastecimiento de productos básicos de la canasta familiar y movimientos campesinos por la recuperación de la tierra. El programa de reforma agraria en el departamento no ha logrado superar el conflicto, a pesar de cerca de 47 años de ejecución (1963 a 2010) y de contar con dos (2) regionales del Incora en Córdoba (La Doctrina - Proyecto Córdoba Nº 1 y Montería - Proyecto Córdoba Nº 2).1 Los informes de riesgo de Inminencia se emiten por la gravedad y la alta probabilidad de concreción del riesgo con el objeto de que lasautoridades adopten las medidas requeridas y ajustadas a la particularidad del riesgo identificado. El Informe de Inminencia se tramita deforma excepcional y su emisión debe obedecer a los parámetros y criterios establecidos por el Sistema. El texto de este informe esabreviado y en él se evalúan las circunstancias de tiempo, modo y lugar; las dinámicas de los actores; las características de la comunidad;los indicios y hechos generadores del riesgo, señalando las recomendaciones según el mandato y la competencia de la autoridadconcernida. Por tratarse de amenazas con alta posibilidad de ocurrencia y que requieren una atención prioritaria, sus destinatarios son lasautoridades pertenecientes a la fuerza pública y las autoridades civiles de la región o localidad (Defensoría del Pueblo, Revista PoblaciónCivil, No.4, página 31, febrero 2006). 4.
43. En la Resolución Defensorial 038, referente al estado social y ambiental de la cuenca media y baja del río Sinú, se mencionó que en 1970, un 4% de la población poseía el 86% de la tierra en el departamento; que el 96% de las tierras estaban dedicadas a la ganadería, y que en los minifundios se hacía sobrexplotación de las tierras. Actualmente, la concentración de la tierra se mantiene en la margen izquierda del río, pues el 12% de la población posee el 80% de la tierra2.4. Los grupos armados ilegales, principalmente grupos paramilitares, incidieron en las administraciones departamentales y municipales, tal y como se ha comprobado recientemente en los casos de la parapolítica3.5. La lucha por el control del territorio ha sido una constante en el departamento de Córdoba por las ventajas estratégicas que este representa para los intereses económicos, políticos y militares de los grupos armados ilegales, lo cual ha ocasionado la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la libertad y a la integridad personal de la población civil.6. La disputa histórica por el control del territorio se ha dado en Córdoba por parte de los grupos armados ilegales, tales como guerrillas (Farc- Ep: Frente 5, Frente 58 y Frente 18) y Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Bloque Elmer Cárdenas, Bloque Héroes de Tolová, Bloque Córdoba y Bloque Sinú). Los actores armados ilegales en Córdoba son actualmente los grupos post desmovilización de las AUC (‘Águilas Negras’, ‘Los Paísas’, ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’), y las Farc – Ep (Frente 5, Frente 18 y Frente 58).7. Tras la desmovilización de los grupos de autodefensa durante el 2005, que impusieron un férreo control social, económico y político en la zona, los niveles de violencia no han disminuido y, por el contrario, se configura una nueva etapa del conflicto armado caracterizada por la reconfiguración de nuevos grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC, que siguen respondiendo a los intereses de quienes pretenden mantener el control del territorio y los corredores de movilidad para el desarrollo de sus actividades ilícitas, como el narcotráfico.8. Grupos armados ilegales y personas naturales emplean diferentes modalidades para despojar de la tierra a campesinos e indígenas, que en algunas oportunidades incluyen acciones violentas, engaños, instrumentos jurídicos y administrativos y desplazamiento forzado.9. Actualmente, se presentan amenazas contra los líderes sociales (hombres y mujeres), sindicales, de población en situación de desplazamiento, personas pertenecientes a las iglesias Católica y Protestante, abogados que representan a las víctimas de los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las víctimas de los grupos de las AUC y, en general, contra aquellas personas que se encuentran impulsando, reivindicando y exigiendo la reparación de los derechos a la propiedad sobre la tierra y a todos aquellos contemplados en el marco de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005).2 Datos extractados del perfil del proyecto Montería - Lorica. Distrito de riego. Incoder. 20043 De acuerdo con la información obtenida por la Fiscalía General de la Nación acerca de los procesos deparapolítica en el departamento de Córdoba, se concluyó que ocho alcaldes, cinco excongresistas y tresfuncionarios públicos han sido investigados por sus presuntos nexos con grupos paramilitares. 5.
5Cuarto. LOS HECHOS Y LAS PRUEBAS.A. Generalidades sobre el departamento de Córdoba.El departamento de Córdoba tiene una extensión de 25.020 kilómetros cuadradosy, según el censo de 2005, su población es de 1.131.785 habitantes. La mayorparte de su territorio se encuentra situado sobre la inmensa llanura del Caribe,dentro del cual están los valles formados por los ríos Sinú y San Jorge; otra partees montañosa y está formada por ramificaciones de la cordillera occidental, quese desprenden en el nudo de Paramillo, entre las cuales se destacan lasserranías de San Jerónimo, de Ayapel y de Abibe.La zona plana representa aproximadamente el 60% de la superficie total deldepartamento y hace parte de la gran llanura del Caribe. Esta zona poseeelevaciones que no superan los 100 msnm y alberga los valles aluviales de losríos Sinú, San Jorge y el área costera. La mayor parte de los municipios están enesta zona, donde la actividad agroeconómica es intensa.La zona montañosa la constituyen ramificaciones de la cordillera occidental.Cuando el sistema andino llega al Nudo del Paramillo se trifurca y penetra aldepartamento, así: por el occidente la serranía del Abibe, que más al norte sebifurca y toma los nombres de El Águila y Las Palomas. Por el centro, la serraníade San Jerónimo y por el oriente la serranía de Ayapel.Políticamente, el departamento de Córdoba está dividido en 30 municipios: cincoen la zona costanera, 15 en la zona o cuenca del Sinú, y nueve en la del SanJorge. Hay aproximadamente 260 corregimientos, 210 caseríos y cincoinspecciones de policía. Fue creado mediante la ley 9ª del 8 de diciembre de 1951que lo segrego del departamento de Bolívar.La economía del departamento está basada en los sectores agrícola y pecuario;así mismo se han desarrollado actividades importantes en la minería: el oro enAyapel, que en la mayoría de los casos se explota de forma ilegal; Cerro Matoso,que explota ferroníquel, y es uno de los proyectos mineros más rentables para elpaís. También hay importantes explotaciones de carbón en el sur.Córdoba es el departamento que cuenta con el mayor número de cabezas deganado en el país. Sus cultivos más importantes son coco, sorgo, maíz, plátano,yuca y algodón. La piscicultura es otra actividad de relativa importancia, facilitadapor la existencia de los ríos Sinú y San Jorge y un gran número de ciénagas.En la actualidad habitan en el departamento las comunidades indígenas emberakatío y zenú, colonos, campesinos y pescadores. Los embera katío se encuentranen la parte alta del Nudo de Paramillo, entre los ríos Esmeralda, Verde y Sinú;son aproximadamente 2.500 personas de 438 familias, reunidas en 19comunidades, inicialmente agrupados en dos resguardos: Kargabí e Iwagadó,actualmente en un gran resguardo de la etnia embera katío. Este pueblo indígenatiene su territorio traslapado con una porción muy importante del parqueParamillo. Han sido muy afectados por el proyecto Urrá.Los zenú se distribuyeron en torno a los tres grandes ríos de su territorio, en unsistema político-organizacional que se tradujo en lo que se llamó Finzenú (ríoSinú), Panzenú (río San Jorge) epicentro de actividades agrícolas con grandessistemas de riego, y Zenufana (bajo Cauca y Nechí) que fue abastecimiento deminerales. Hoy se ubican en la subregión del Alto San Jorge, cuenca media y bajadel río Sinú y comprenden 56 cabildos menores que agrupan más de 150comunidades con 52.240 indígenas, en un área de 12.900 ha. El resguardo 6.
6comprende la Ciénaga Grande de Lorica, parte de la Ciénaga de Chimá y la mitaddel área de la Ciénaga de Oro.En la parte alta de la cuenca del río Sinú, principalmente el parque nacionalnatural (PNN) Paramillo, se han asentado grupos de colonizadores provenientesde Antioquia y de la Costa Atlántica, agrupados en caseríos o esparcidos por lasquebradas. En la parte alta, un sector de la población campesina se dedica a laexplotación aurífera, como complemento de la agricultura, el jornaleo y la pesca.Los pescadores y campesinos del departamento se ubican a lo largo de todos loscuerpos de agua, ríos y ciénagas, y de la zona litoral. La pesca y la siembra decultivos de pancoger son vitales para la subsistencia de estas comunidades, quetienen dificultades para acceder a la tierra; por lo tanto, sus condicionessocioeconómicas presentan muchas deficiencias: habitan en tradicionales casasde bahareque y palma, no poseen títulos de propiedad sobre la tierra y no tienenacceso a eficientes servicios de salud y educación. Además, las oportunidades deempleo en la región son escasas4.La concentración de la tierra en pocas manos y su dedicación a la ganaderíaextensiva han sido causa de conflicto y pobreza para miles de campesinos eindígenas del departamento, ya que esta clase de explotación emplea poca manode obra, no paga el salario mínimo legal ni reconoce prestaciones sociales,declara avalúos catastrales ínfimos y, como consecuencia de ello, paga impuestosmínimos y ocupa suelos aptos para agricultura. Lo anterior ha llevado a unconflicto social y armado, al incremento de las calamidades naturales, a crisisperiódicas del sector agropecuario, al abandono del campo y al sometimientohistórico de la población rural.B. Proceso de territorialización y efectos en el departamento.La concentración de la tierra se propició por las concesiones de tierras conocidascomo ‘mercedes’, que no eran otra cosa que el pago que hacía la corona españolaa los grandes generales por los servicios prestados durante la época de la Coloniaen nuestro territorio. De allí nacieron propiedades como la de Uré, localizadaentre la quebrada de Can, el río San Jorge y la quebrada de San Pedro, que teníaaproximadamente 213.000 hectáreas, donde tuvo lugar la explotación de minasde oro y cobre, con el fin de invertir las ganancias en la formación de nuevashaciendas, con la utilización de la mano de obra de indígenas y esclavos traídosdel África. Esta práctica contó con la anuencia de la iglesia católica, que impusocontribuciones económicas a los propietarios, que debían pagar a perpetuidadgrandes sumas de dinero por los servicios religiosos, lo que, a la postre, implicóque la Iglesia se convirtiera en latifundista ante el no pago de las mismas, con laconsecuente intervención del Estado para expropiar las tierras ociosas de laIglesia e incorporarlas a la economía nacional, al considerarlas como capitales de‘manos muertas’.Históricamente, las intervenciones llevadas a cabo en el departamento seincrementaron a partir de la segunda década del siglo XX con la creación de laColonia Penal en el Alto Sinú y el auge de las actividades extractivas (cedro ycaoba) por empresas de capital extranjero en el periodo 1930 - 1950. Luego“aparecieron los grupos armados, que hacia los años sesenta hacen unreordenamiento agrario, seguido luego de las políticas de desecación dehumedales propiciadas desde la Presidencia de Lleras (nacen los distritos de riego4 Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial no. 038 de 2004. 7.
7y de drenaje y se titulan estas importantes áreas). Lo anterior propicia en losaños setenta la concentración de la tierra en el valle del Sinú”5.Dentro de la dinámica de recuperación de tierras, es del caso mencionar lasinvasiones llevadas a cabo por el campesinado en los municipios de Montería(Caño viejo- Palotal, San Isidro, Nuevo Paraíso, El Cerrito, La Antioqueña, ElBroche, Juana Julia, Urbano de Castro, Mundo Nuevo, Tres palmas, La Floresta,La Pozona, Bocas de Betancí, Dos Bocas, Morindó, Santafé y Leticia), Cereté (LaEsmeralda, Chuchurubí, Campanito, Gran China, Wilches y Corralito), Cotorra(San Pablo Trementino y Ciénaga Grande), Purísima (Los Corrales), Ciénaga deOro (Berástegui), Canalete (Tierra Negra, Viejo Loco y Bola de Hilo), Ayapel(Corinto y Las Catas), San Carlos (La Coroza) y Lorica (Ciénaga Grande). Estosmovimientos trajeron como consecuencia, además de la encarcelación de muchosdirigentes y militantes de las organizaciones, la intervención del INCORA, queculminó con la compra de 72 fincas con una extensión aproximada de 18.935hectáreas, lo que permitió el asentamiento de 1.394 familias campesinas sintierra.En 1982, el INCORA declaró como baldíos a los humedales, lo cual desencadenóun incremento de las intervenciones sobre estos cuerpos de agua. Varios añosdespués, primero la CVS y luego el Ministerio del Medio Ambiente le advirtieron alINCORA sobre intervenciones irregulares y adjudicaciones en las ciénagas deCórdoba (Martinica y Lorica). En el año 2000, los pescadores alertaron sobre lasafectaciones de las ciénagas del bajo Sinú (desecación de cuerpos de agua por laconstrucción de canales de drenaje, diques, jarillones y terraplenes, invasión deplayones de la Ciénaga Grande, cercado e interrupción del paso, pérdida delcaudal de los caños internos de la ciénaga, merma del caudal de entrada a laCiénaga Grande, taponamiento de caños6). La Defensoría del Pueblo ha podidoconstatar algunas de estas intervenciones.C. Amenaza al acceso y la tenencia de la tierra.Como ha sido señalado, la tenencia de la tierra en el departamento de Córdobase ha caracterizado por la concentración de grandes extensiones en pocas manosdebido a que los campesinos, indígenas, pescadores y otros grupos poblacionalesvulnerables, que han habitado la región por muchos años, han carecido de títulosque les permitan legalizar la tenencia.Las formas como los grupos poblacionales menos favorecidos han accedido a latierra en este departamento se ha dado de la siguiente manera:  Invasión de fincas, indebidamente explotadas o no, para incentivar la intervención del Incora y solucionar el problema de tierras.  Desecación de ciénagas, de forma natural o inducida por terratenientes, y posterior invasión por parte de campesinos7.  Otorgamiento y legalización de predios por parte del Incora, la mayoría de las veces sin posterior apoyo jurídico y económico.  Ocupación (colonización) de la zona de Paramillo, hoy parque nacional natural, con muchos colonos llegados años antes de la creación del parque.5 Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial no. 038 de 2004.6 Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial no. 038 de 2004.7 El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt –IVH relacionó las funciones quecumplen los humedales, particularmente las siguientes: (1) atenuar las perturbaciones que tienen origen enlugares periféricos de la zona protegida y ser sitio para el desarrollo de actividades compatibles con laconservación y protección de la vida silvestre; (2) retener el óxido de carbono, de importancia especial dentrodel marco de la Convención Internacional de Cambio Climático, lo cual podría representar para el país unafuente de ingresos internacionales como compensación de otros países por el servicio prestado por estosambientes como sumideros de carbono, y (3) proveer hábitat a especies endémicas, que constituyen unpatrimonio de los colombianos y del mundo y son responsabilidad de la nación en cuanto a su conservación alargo plazo. 8.
8  Entrega de predios por el Incora e Incoder, pero sin legalizar los títulos (caso de Tierradentro en Montelibano).  Invasión de predios otorgados por el Incora donde los beneficiarios iniciales no ejercieron actos de señor y dueño (caso del predio El Quindío).  Compra de predios por el Incora para desplazados, que no se entregaron y actualmente los ocupan desmovilizados (caso Usaquén, vereda Bijagual en Montería).Los vacíos legales en la tenencia de la tierra han facilitado la apropiación ydesalojo de los campesinos e indígenas por parte de actores armados al margende la ley, grandes propietarios y sectores económicos que explotan los recursosnaturales existentes en la región. Además de las siete tipologías de despojo de latierra definidas por Conret8, la Defensoría del Pueblo encontró en estedepartamento:  Desalojo de campesinos por parte de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia - AUC, algunas veces mediante quema de sus viviendas (caso de la finca Costa de Oro en Tierralta).  Desplazamientos causados por la llamada ‘Casa Castaño’, que se apoderó de los predios y puso allí ‘gente de ellos’, pero a quienes luego Mancuso les ordenó salir para introducir gente suya (caso de la finca Costa de Oro en Tierralta).  Tierras entregadas por el Gobierno a campesinos que fueron compradas por las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, bajo amenaza, compras forzadas o bajo presión (por ejemplo, la finca El Tronco en Tierralta).  Asesinatos de personas y masacres que obligaron a sus familias a vender y que también causaron desplazamiento de comunidades enteras (caso del predio Montercarlo en Abibe, y la región del Manso en Paramillo).  Las FARC desplazaron de la parte alta del Sinú a varias familias (predios Simón, Palestina y La Gloria).  En varios sitios estratégicos para los diferentes actores armados ilegales, las comunidades asentadas y que no se han desplazado son objeto de amenaza constante (predio Pica Pica en Montelíbano). Otras comunidades han salido por miedo a las constantes amenazas (Caso de El Palmar en el alto San Jorge).  Algunos campesinos beneficiados por el Incora han vendido a una o varias personas las tierras adjudicadas (caso del predio Santa Helena, corregimiento La Rica, Puerto Libertador), con Concentración de Unidades Agrícolas Familiares (UAF).  Familias beneficiarias de tierras por parte del Incora que no pudieron establecerse por razones de seguridad, ya que eran señaladas de ser colaboradoras de actores armados (caso de algunas familias del predio El Quindío).  Asesinato de líderes, hombres o mujeres, de las comunidades que han abogado por la recuperación y acceso a las tierras por parte de los campesinos (casos de Yolanda Izquierdo en el 2007 y Ana Isabel Gómez en el 20099).8 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Consultas en Recuperación de Tierras – (Conret) 2008. Las sietetipologías definidas son: desplazamiento de propietarios, transferencia forzada de dominio, ventas falsas,desplazamiento de poseedores y ocupantes, informalidad de la propiedad y el tipo “varios”.9 La líder Yolanda Izquierdo era desplazada que trabajaba por las víctimas de la violencia en la margen izquierdadel río Sinú, en la zona urbana de Montería. Ana Isabel Gómez Pérez fue asesinada el 14 de abril del 2009 en elsitio conocido como El Minuto, zona rural del municipio de Los Córdobas. Ella lideraba un grupo de 148 familiasdesplazadas que reclamaban tierras en la zona en donde hasta el 2004 mandó Freddy Rendón Herrera, alias ElAlemán. El Meridiano de Córdoba, 17 de Abril de 2009. También el caso de María Zabala, ganadora del premio aMujer Cafam en el 2004, cuyo esposo e hijo fueron asesinados y su finca de 80 hectáreas despojada. Ella fuevíctima de un atentado. 9.
9  Embargos y desalojo mediante procesos ejecutivos por parte del Incoder (caso del predio El Quindío).  Compra ilimitada de las tierras de la población desplazada por parte de una sola persona (se ha mencionado el caso de la señora Paternina, en Montelíbano, que está comprando predios a los desplazados).  Indígenas amenazados o asesinados y desplazamiento de la comunidad (resguardo Quebrada Cañaveral).  Proyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales, que afectan los territorios indígenas, desmejoran su calidad de vida y ponen en riesgo su seguridad alimentaria (caso de la hidroeléctrica de Urrá, Cerromatoso, explotación de carbón).  Entrega de parcelas en un mismo predio a desplazados y desmovilizados, lo cual genera riesgo a toda la comunidad (caso del predio Las Catas en Ayapel).  Desplazamiento por enfrentamiento entre los diferentes grupos armados en los territorios en donde ejercen control (esta situación se está presentando en algunas veredas de Tierralta, Montelíbano, Uré y Puerto Libertador, en la zona de Paramillo).  Cumplimiento de los plazos de los contratos de comodatos para la explotación de predios de la nación, sin que el Incoder los haya renovado y sin que tampoco se hayan entregado los predios a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) (caso del predio Sitio Nuevo).  Acciones del Gobierno para controlar la presencia de grupos ilegales y la ejecución de la política de erradicación de los cultivos de uso ilícito – fumigación y erradicación manual.  Falta de reconocimiento de la condición indígena del pueblo zenú, para aquellos miembros de la comunidad que se encuentran residiendo fuera del resguardo de San Andrés de Sotavento, lo cual ha implicado a que actualmente los diferentes cabildos indígenas zenú no posean tierra, no cuenten con medios para trabajar y padezcan una crisis alimentaria, (Planeta Rica, La Apartada). Actualmente, los grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC no permiten que los indígenas que trabajaban en la fincas puedan continuar haciéndolo, pues restringen su entrada. Asimismo, han impedido en varias ocasiones que los indígenas puedan pescar.Así mismo, la Defensoría del Pueblo ha encontrado en el departamento una seriede situaciones que mantienen la incertidumbre de los pobladores para acceder asus predios o a los que pretenden acceder. Para citar algunos casos:  Algunos predios fueron devueltos por los grupos de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia – AUC desmovilizadas y luego se entregaron a familias desplazadas, pero actualmente son nuevamente amenazadas o desplazadas por los grupos que operan en el departamento.  Fincas que el Incora había entregado a campesinos pasaron a manos de paramilitares. Luego de la desmovilización fueron entregadas y volvieron a los propietarios originales, pero nuevamente son amenazados.  La Fundación para la Paz de Córdoba (FUNPAZCOR) entregó fincas, que se dice pertenecían a reconocidos líderes paramilitares, a campesinos que han venido vendiendo la posesión y las mejoras. Otras veces, Funpazcor compró fincas y las dio a campesinos que actualmente también son objeto de amenazas. De acuerdo con la información obtenida, la Fundación nunca entregó títulos de propiedad. Algunas fuentes indican que Funpazcor redistribuyó las fincas a supuestos testaferros de paramilitares.  En consecuencia, se dice que hay fincas reconocidas como de los paramilitares que están ocupadas por testaferros (finca Nuevo Horizonte 10.
10 en Montería) y otras por familiares de jefes paramilitares (caso Finca Las Nubes en Arboletes)10.  Se han invadido algunos predios que supuestamente pertenecían a los antiguos grupos paramilitares y que no fueron devueltos para reparación (caso de parte de la finca Nuevo Horizonte en Montería).  Predios entregados por paramilitares desmovilizados y que antes ocupaban campesinos que fueron obligados a desplazarse o a vender sus bienes muy baratos y que, por lo tanto, nunca fueron objeto de protección de tierras.  Procesos ejecutivos contra muchas familias que fueron beneficiadas por el Incora con un subsidio equivalente al 70% del valor del predio y que adeudan el 30% restante. Estas nunca recibieron apoyo para proyectos productivos (caso de los Predios Buenos Aires en Tierralta, Duda de los Llanos, Nuevo Horizonte y El Tomate).  En la región de Paramillo, en predios de personas desplazadas, actualmente en poder de grupos guerrilleros, se ha sembrado coca (varios predios en la región de El Manso y el corregimiento de La Florida).  Algunos predios donde la gente fue desplazada en más de una oportunidad y donde no se ha podido retornar, están abandonados (caso del predio Murmullo Medio en el corregimiento de Batatas).  Las fumigaciones contra la coca han afectado los pocos proyectos productivos que patrocinaba Acción Social en la región (por ejemplo el programa RESA en la región del río Verde).  El minado que hacen los grupos armados al margen de la ley, específicamente la guerrilla de las Farc, imposibilita a las comunidades acceder a sus territorios y hacer uso de ellos. De acuerdo con el Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal, durante el 2009 se presentaron en Córdoba 19 eventos por minas antipersonal y municiones abandonadas sin estallar en Córdoba.  En algunas tierras devueltas y donde persisten las amenazas, los campesinos retornan parcialmente (no duermen en sus predios) o no lo hacen.  El INCODER a través de un acto administrativo de febrero de 2008 cumplió de manera formal con el proceso de saneamiento del resguardo indígena Embera Katío; sin embargo, hasta la fecha, terceros no indígenas ocupan de hecho varias de las zonas saneadas y de allí deforestan extensiones de bosques para la explotación de madera y siembra de hoja de coca. Este pueblo indígena solicita una salida concertada y pacífica, para que aquellas personas que se encuentran realizando estas labores, tengan alternativas productivas y de acceso a la tierra fuera del resguardo.D. Violaciones al derecho a la vida, a la libertad y a la integridadpersonal.Las acciones violentas contra la población civil son frecuentes y provienenprincipalmente de los diferentes grupos armados ilegales de guerrillas y grupospost desmovilización de las AUC que operan en la zona, que actúan comorespuesta a los intereses de diferentes sectores de la región. Gran parte de loslíderes; mujeres y hombres, campesinos e indígenas del departamento han sidoobjeto de las siguientes conductas vulneratorias: amenazas, homicidios selectivosy de configuración múltiple, interposición de la población civil en enfrentamientosarmados, accidentes por minas antipersona y municiones abandonadas sinestallar y desplazamientos forzados.10 Hay casos como el de San Onofre (Sucre), donde los legítimos propietarios siguen figurando como dueños dela parcela, y sin embargo no es suya, pues ‘vendieron’ a bajo precio, obligados a figurar como ‘testaferros’ de supropia propiedad. 11.
11Así mismo, campesinos e indígenas que lideraron procesos de reclamación detierras y la restitución de sus predios han tenido que desplazarse teniendo encuenta las reiteradas amenazas y atentados contra su vida y, en algunos casos,han sido asesinados. También se registran múltiples desapariciones forzadas, conlo cual se merma la capacidad de organización y representatividad de lascomunidades y las hace más vulnerables. Se ha denunciado la presencia activade actores armados al margen de la ley en los colegios en Montería y otroslugares del departamento de Córdoba.De acuerdo con las cifras consolidadas por el Instituto de Medicina Legal yCiencias Forenses, durante el año 2008 se registraron 267 homicidios enCórdoba, mientras que en el año 2009 hubo 363, lo cual indica un incremento de96 homicidios durante el año anterior. Sin embargo, la cifra de homicidios quereporta el Observatorio del Delito, adscrito a la Secretaría del Interior yParticipación Ciudadana del departamento, registra 532 homicidios durante el2009, en contraste con la cifra de Medicina Legal.Según la información suministrada por el Observatorio del Delito, de enero aagosto de 2010 se registraron 401 homicidios en Córdoba, cifra que supera laregistrada en el mismo periodo de tiempo durante el 2009. TABLA DE HOMICIDIOS EN CORDOBA11 COMPARATIVO AÑOS 2009 Y 2010 AÑO 2009 2010 MES ENERO 36 58 FEBRERO 44 41 MARZO 67 54 ABRIL 67 56 MAYO 46 52 JUNIO 37 46 JULIO 50 48 AGOSTO 34 46 Sub total 381 401 SEPTIEMBRE 33 0 OCTUBRE 32 0 NOVIEMBRE 54 0 DICIEMBRE 32 0 Total 532 401 TABLA DE HOMICIDIOS EN CÓRDOBA COMPARATIVO 2009 Y 2010 POR MUNICIPIOS MUNICIPIO 2009 31 agosto 2010 AYAPEL 8 3 BUENAVISTA 10 30 CANALETE 1 1 CERETE 24 16 CHIMA 0 2 CHINÚ 6 5 CIÉNAGA DE ORO 7 3 COTORRA 1 1 LA APARTADA 12 34 LORICA 52 21 LOS CÓRDOBAS 5 1 MOMIL 1 1 MONTELÍBANO 46 57 MONTERÍA 111 62 MOÑITOS 8 8 PLANETA RICA 55 4311 Observatorio del Delito Córdoba. Fuentes usadas: Policía Nacional, XI Brigada, CTI, Fiscalía, Secretaría deSalud Departamental. 12.
12 PUEBLO NUEVO 15 16 PUERTO ESCONDIDO 12 3 PUERTO LIBERTADOR 21 21 PURÍSIMA 3 2 SAHAGÚN 18 10 SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO 1 1 SAN ANTERO 28 7 SAN BERNARDO DEL VIENTO 12 16 SAN CARLOS 4 2 SAN JOSÉ DE URE 6 3 SAN PELAYO 24 4 TIERRALTA 35 25 TUCHIN 2 1 VALENCIA 4 2 TOTAL 532 401El Registro Nacional de Desaparecidos reporta que del 1° de enero de 2007 al 1°de febrero de 2010 se registraron 738 personas desaparecidas en Córdoba, de lascuales 87 fueron mujeres y 651 hombres.A continuación se citan algunos hechos violentos contra los líderes; hombres ymujeres, que por su labor de liderazgo en el marco de la restitución y defensa desus tierras, han sido amenazados y asesinados:  Asesinato de Teófilo Vidal.El 16 de febrero de 2010, en el barrio La Cruz ubicado en la cabecera municipalde Valencia, fue asesinado este líder comunitario y veedor del partido liberal eneste municipio por dos sujetos al parecer pertenecientes al grupo armado ilegal‘Águilas Negras’. El señor Vidal estaba adelantando un proceso de reclamación detierras a favor de los desplazados que tuvieron que salir de la región poramenazas de los grupos paramilitares. El líder había denunciado ante lasautoridades las amenazas de las que venía siendo objeto, motivo por el cual lefue asignado un esquema de seguridad que no logró disuadir el atentado contrasu vida.  Amenazas de muerte contra la señora Nora Villegas.El 4 de abril de 2009 la señora Nora Villegas, líder de población desplazada en elpredio Nuevo Horizonte, corregimiento Las Palomas, municipio de Montería, fueamenazada de muerte nuevamente por presuntos miembros del grupo armadoilegal autodenominado ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’. La señoraVillegas, quien cuenta con protección del Ministerio del Interior y de Justicia, seencuentra liderando un proceso ante el INCODER por el no pago de una deudaque afectaría a 20 familias, al parecer por el incumplimiento de esta entidad conla población desplazada residente en el predio.  Asesinato del señor Jhon Jairo Martínez Videz.El 28 de junio de 2009 fue asesinado el líder comunitario y Presidente de laAsociación de Desplazados del corregimiento El Quindío, Jhon Jairo MartínezVidez, en la localidad El Quindío, ubicada en la vía que conduce desde Monteríahacia Tierralta, jurisdicción del municipio de Montería. La víctima lideró unproceso de resistencia pacífica y denuncia por medio del cual logró en 2007 lareubicación de 15 familias que ocupaban el predio El Quindío, lo que le ocasionóreiteradas amenazas de muerte por parte de grupos post desmovilización de lasAUC, autodenominados ‘Águilas Negras’.La población que reside actualmente en El Quindío es procedente de la veredaMurmullo Medio en el corregimiento de Batatas, municipio de Tierralta. En el año1996 fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo, por los combates que se 13.
13realizaban en la zona entre grupos al margen de la ley y la fuerza pública, yfueron reubicados en el año de 1998 en parcelas del predio El Quindío.  Asesinato del señor Antonio Ramos Rosso.El 23 de julio de 2009 fue asesinado el líder de población desplazada, AntonioRamos Rosso, en la vereda El Volador del corregimiento de Santa Fé de Ralito,municipio de Tierralta. La víctima lideraba desde 2007 el proceso de reclamaciónde más de 1.400 hectáreas de tierra que los grupos de Autodefensas Unidas deColombia (AUC), bajo el mando de Salvatore Mancuso, les arrebataron a 59parceleros del predio Costa de Oro ubicado en el corregimiento de Santa Fe deRalito, municipio de Tierralta.  Amenazas de muerte contra la señora Amanda Hernández.Hacia finales de junio y principios de julio de 2009, la señora Amanda Hernándezresidente del predio El Quindío, ubicado en la jurisdicción del municipio deMontería, en la vía que conduce al municipio de Tierralta, fue amenazada tras lamuerte del líder Jhon Jairo Martínez Vídez, presuntamente por gruposparamilitares autodenominados ‘Águilas Negras’. La señora Hernández fueobligada a desplazarse de El Quindío y tuvo que salir de Córdoba para protegersu vida y la de su familia.  Atentado contra el presidente del Comité Civil de Víctimas de la Violencia en Córdoba (COMFAVIC).El 1° de octubre de 2009 el señor Mario Montes de Oca, abogado y representantelegal de CONFAVIC, fue víctima de un atentado contra su vida e integridad físicaen la ciudad de Montería. El señor Montes de Oca representa cerca de 5000procesos de reclamación por desplazamiento forzado y usurpación de tierras,entre otras violaciones cometidas por los grupos paramilitares en losdepartamentos de Córdoba y Antioquia.  Desaparición forzada del señor Azael Hernández.El 15 de junio de 2008, presuntos paramilitares rearmados, al parecer al mandode Rafael Benjamín Contreras, desaparecieron al señor Azael Hernández encercanías de Batata, municipio de Tierralta. Testigos locales alegan que fueasesinado y tirado en las aguas de la represa hidroeléctrica Urrá. Días después,mientras buscaban su cuerpo, miembros de la familia se enteraron de que variosde sus nombres figuraban en un listado de objetivos militares de los mismospresuntos paramilitares rearmados. Como consecuencia, el día 24 de junio, 27familias se desplazaron de Murmullo Medio a la cabecera municipal de Tierralta.Para algunos, fue el tercer desplazamiento forzado por presuntos paramilitaresdesde el año 1996. Actualmente las familias, varias de las cuales se cree queestán bajo amenaza, se encuentran viviendo en un colegio en condicionesinadecuadas.E. Desplazamiento forzadoEl desplazamiento forzado en el departamento se ha caracterizado en los últimosaños por ser interno y de tipo colectivo, lo que lo ha convertido en undepartamento expulsor – receptor. Córdoba es el 8° departamento más afectadopor el desplazamiento forzado en el país: 4.761 personas fueron expulsadas enel año 2009, lo que representa el 4% (111.414 personas) del total de lapoblación colombiana víctima del desplazamiento forzado en el año12. El12 Los principales departamentos expulsores fueron: Nariño (17.110 personas), Antioquia (14.101 personas),Cauca (9.013 personas), Tolima (8.354 personas), Caquetá (7.353 personas), Huila (5.519 personas),Putumayo (5.032 personas), Valle del Cauca (4.464 personas) y Chocó (4.408 personas). Fuente: AgenciaPresidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 14.
14departamento de Córdoba recibió 3.784 personas desplazadas forzadamente (3%de la población en esta situación en el país)13.Como resultado del agravamiento del conflicto armado, las comunidades ypueblos indígenas que habitan territorios del departamento se han vistoafectados por su vinculación directa en la confrontación, lo que ha generado queen el año 2009 ocurrieran ocho (8) desplazamientos de carácter masivo.Los principales municipios expulsores del departamento en los años 2008-2009respectivamente, fueron: Valencia (3.476 – 1.134), que expulsó el 24% del totaldepartamental; San Bernardo del Viento (4.454 – 1.017), que expulsó el 21%;Cereté (1.681 - 737), el 15%; Tierralta (1.085 - 331), el 7%; Puerto Escondido(258 - 258), el 5%, y Montelíbano (29 - 239), el 5%14.Los principales municipios receptores en los años 2008 y 2009, respectivamente,son: Montería, que recibió el 26% de la población desplazada del departamento(2.726 – 1.000); Puerto Libertador, el 15% (2.933 - 582); Tierralta, el 11%(1.895 -408); Montelíbano, el 9% (1.763 - 345); San Pelayo, el 7% (462 - 275),y Valencia, el 6% (759 - 231)15.Según las estadísticas reportadas por la Agencia Presidencial para la Acción Socialy la cooperación internacional en el año 2009, sólo en el municipio de Montería,que se configura como el de mayor recepción de población desplazada, más del43% de las personas que rindieron declaración no fueron incluidas en el RegistroÚnico de Población Desplazada (RUPD).De las 1.589 solicitudes de reparación por vía judicial tramitadasdurante el 2009 por la Defensoría del Pueblo Regional Córdoba, 489 se hicieronpor desplazamiento forzado, lo que constituye la segunda causa de solicitudes deprotección, después de los homicidios, con 803 casos recibidos16.La Defensoría del Pueblo en el 200917 presentó observaciones a la AgenciaPresidencial para la Acción Social y la cooperación internacional para lasuperación del sub registro de la población desplazada, con el objeto de lograr laarticulación de Sistemas de Información de Víctimas del Desplazamiento Forzado.Allí se mencionó la necesidad de convalidar los criterios y políticas para incluir ono a las familias dentro del RUPD18 y tener como referencia, sobre las causales derechazo, la sentencia del Consejo de Estado del 12 de junio de 2008.9 Los principales departamentos y distritos receptores de población desplazada son: Bogotá, que atendió a16.950 personas víctimas de desplazamiento forzado (14% del total de población desplazada en el 2009),Antioquia (15.187 personas), Nariño (12.863 personas), Valle del Cauca (7.558 personas), Cauca (7.154personas), Caquetá (5.304 personas), Huila (5.275 personas), Meta (4.918 personas), Tolima (4.481 personas),y Cundinamarca (3.997 personas). Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y la CooperaciónInternacional.14 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.15 Ibíd.16 Informe de gestión presentado por la Unidad de Justicia y Paz de la Defensoría del Pueblo. 2009.17 Oficio COD. 3040 – 00 206 dirigido a Acción Social por la Coordinación de Atención al DesplazamientoForzado con las observaciones a los Proyectos de Medidas para la Superación del SubRegistro de la PoblaciónDesplazada y para lograr la articulación de Sistemas de Información de Víctimas del Desplazamiento Forzado.Mayo de 2009.18 La Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de convalidar los criterios y políticas que Acción Social definecomo válidos para decidir incluir o no dentro del RUPD a las familias que declaran, toda vez que el 50% de lasdeclaraciones recibidas en la Defensoría del Pueblo son rechazadas por Acción Social; la gran mayoría, conargumentos desde fuentes contrastadas, tales como Registraduría, SISBEN y Secretaría de Tránsito, las cuales,si bien son jurídicamente válidas, en muchos de los casos obedecen a situaciones circunstanciales que en nadainfluyen en el hecho de que estas familias sean realmente desplazadas y que su relato se enmarque en elartículo primero de la Ley 387 de 1997. 15.
15F. Otras actividades que afectan la tenencia de la tierra en la región  Construcción y operación de la Central Eléctrica de UrráComo está señalado en la Resolución Defensorial 038, “Desde 1951, se planteó laconstrucción del embalse de Urrá en el lugar conocido como la Angostura de Urrá,para la generación eléctrica y la regulación de la cuenca. En 1977 se reorientó elproyecto a la producción de energía, con proyectos alternos de control deinundaciones y distritos de riego y se presentó un Informe de Factibilidad de UrráI y Urrá II”. En el documento Plan de Expansión del Sector Eléctrico 1986-2000,contenido en un documento CONPES, el Gobierno nacional determinó que elProyecto Hidroeléctrico Urra I era de carácter prioritario. En 1987 se inició elproceso de licenciamiento ambiental y de solicitud de los demás permisos. ElInderena, máxima autoridad ambiental de la época, consideró en primerainstancia que el proyecto no era viable19; sin embargo, en 1993 se otorgó lalicencia ambiental para construir Urrá I y en 1994 se iniciaron las obras. En elaño 1999 se modificó la licencia para el llenado y operación. Todo el proceso sedio bajo un sinnúmero de protestas por parte de los indígenas y pescadores,quienes acudieron a las acciones jurídicas para defender sus derechosamenazados y violados por la construcción de la presa y el desvío del río Sinú.En varias oportunidades se ha requerido y sancionado a la empresa Urrá por elincumplimiento de las obligaciones de la licencia y de los acuerdos con lospescadores. Con la operación de la central se incrementaron de forma alarmantelos problemas de erosión de toda la cuenca del río, lo cual llevó a lascomunidades a interponer otra acción jurídica por la poca respuesta de laempresa y de las instituciones para mitigar este impacto.  Minería (níquel, carbón y oro)Las comunidades indígenas han manifestado constantemente sus desacuerdoscon la explotación de ferroníquel en la mina de Cerromatoso por los impactos queesta actividad les viene causando. Aducen que se les ha violado el derecho a laconsulta previa.La empresa Carbones del Caribe explota la mina de Puerto Libertador y, aunquelos volúmenes de extracción no son muy significativos, se generan altos impactospropios de esta actividad. No obstante, la Defensoría del Pueblo no conoce dequejas de las comunidades vecinas. En la actualidad, la empresa está haciendoconsulta con los indígenas zenúes para ampliar la explotación minera.La actividad de explotación de oro se realiza en la quebrada San Pedro, en PuertoLibertador donde, además de causar la destrucción de la quebrada, ocasiona unalto grado de contaminación, según las propias comunidades vecinas. Sedesconoce si esta minería cuenta con los debidos permisos; en ella se utilizandragas y retroexcavadoras para sacar el oro. En el mes de septiembre delpresente año, la Policía Nacional, con el acompañamiento de varias entidadesambientales, realizó operativos y cerró 40 minas ilegales de oro en la zona ruralde Ayapel. En los operativos fueron capturadas más de 45 personas y seincautaron 55 retroexcavadoras y considerable cantidad de productos químicos.Según la Policía Nacional, “las actividades ilegales de explotación aurífera se19 En la Resolución Defensorial 038 se estableció: “Tales efectos son enumerados así: alteración de 21 millonesde biomasa vegetal, afectación del sistema hídrico del Sinú, pérdida de hábitats silvestres, de 4350 toneladas debiomasa animal, de hábitats de peces, sedimentación y erosión, cambios en el microclima, degradación delambiente por colonización dirigida, alteración de las comunidades indígenas, pérdida de especies endémicas yen vía de extinción, impacto sobre los sistemas de ciénagas del río Sinú, alteración sobre áreas de vestigiosarqueológicos, efectos sobre el abastecimiento de agua potable, alteración de un refugio de fauna y flora delpleistoceno, pérdida de una zona de gran diversidad biológica en el Parque Nacional Natural de Paramillo ydescomposición social en una extensa área del Sinú”. 16.
16iniciaron con un proceso de expropiación forzada de tierras, auspiciado por lasdesmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia”20.  Explotación ilegal de maderaComo quedó planteado en el segundo informe de seguimiento a la ResoluciónDefensorial 035, de octubre de 2009, “amparados en permisos otorgados por laCorporación Autónoma y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, paraaprovechamientos forestales en la zona de amortiguación o en plantacionesforestales, varias personas extraen grandes volúmenes de madera del ParqueParamillo. La situación no es nueva, pero se viene agravando con el transcurrirdel tiempo”. Los esfuerzos de algunas de las instituciones hasta ahora han dadoalgunos resultados.  Cultivos de cocaSe han establecido principalmente en la región de Paramillo. Entre el 2006 yoctubre del 2008 las autoridades erradicaron por aspersión 14.245,72 hectáreasy por erradicación manual 5.261, para un total de 19.506,72 hectáreas. Losmunicipios afectados fueron: Puerto Libertador (8.617 hectáreas); Tierralta(6.053,48); Montelíbano (4.823,61) y Valencia (10.5). La implantación decultivos de coca en una región destruye el tejido social y desencadenadependencia de la región de los mercados externos, desaparecen los cultivostradicionales y se afectan y destruyen los recursos naturales. La erradicaciónaérea aumenta los problemas e impacto y no ha logrado dar solución efectiva alestablecimiento de los cultivos de uso ilícito.En el año 2009, los cultivos de coca en el departamento de Córdoba alcanzaronlas 2.782 ha. lo cual significó un incremento del 63% respecto del año 2008 yque representa el 4% del total de coca producida en el 2009 en el país. En elparque nacional natural Paramillo, las hectáreas de coca se incrementaron en un161% en el mismo periodo y alcanzaron las 1.212 ha. En el resguardo indígenadel Alto Sinú, Esmeralda Cruz Grande e Iwagadó también se incrementaron loscultivos de coca entre el 2008 y el 2009, pasando de 72 ha. a 203 ha21.En el departamento de Córdoba, la erradicación mediante aspersión se redujo enel 2009 a 742 ha. En este mismo año, se destruyeron 34 laboratorios en eldepartamento, 8 cristalizaderos y 26 de pasta de base22.Desde hace varios años, los grupos armados ilegales han disputado el control delos territorios donde se establecen los cultivos de uso ilícito o propician susiembra para acceder a las ganancias que origina su comercialización dentro yfuera del país. También ha sido muy dinámica la forma como los actores armadosilegales se disputan o negocian la producción y comercialización de estassustancias. En Córdoba se evidencia que los grupos armados reconfigurados conposterioridad a la desmovilización de las AUC, que tienen presencia en lasdiferentes sub regiones del departamento, se enfrentan abiertamente entre sí porel control de todo el circuito de producción de la coca. En otras ocasiones, hacenacuerdos para delimitar sus áreas e, incluso, se ha conocido que accionanconjuntamente con la guerrilla de las Farc, principalmente en alianza con ‘LosRastrojos’. Esto genera un alto riesgo para las poblaciones que viven en las zonasdonde se ubican los cultivos de uso ilícito, los laboratorios para su procesamiento,al igual que las rutas de comercialización.20 Comunicado de prensa de septiembre 23 de 2010.21 UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - Colombia. Censo de cultivos de coca,junio 2010. Colombia - Monitoreo de Cultivos de Coca 2009. Junio 2010.22 Ibíd. 17.
17Quinto. NORMAS VINCULADAS CON LA INVESTIGACIÓN.El despojo de las tierras a las poblaciones vulnerables del departamento, elimpedir el acceso a los recursos vitales para sobrevivir y el daño a los recursosnaturales son acciones que atentan contra los principios consagrados en diversosinstrumentos jurídicos nacionales e internacionales suscritos por Colombia, queplasman la necesidad de garantizar los medios para vivir dignamente, suplir lasnecesidades básicas y conservar los recursos naturales para garantizar sudesarrollo sostenible.La Convención de Viena de 1993 dispone que los derechos humanos sonuniversales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí. Es porello que su tratamiento debe ser global, justo, equitativo y dar a todos el mismopeso.El artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra señala losprincipios rectores del desplazamiento forzado, especialmente sobre la restituciónde las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas.La problemática reseñada en la presente resolución vulnera lo dispuesto en laConstitución Política de Colombia, que consagra: Colombia es un Estado social dederecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y lasolidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general(Artículo 1º) y, que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación detodos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,administrativa y cultural de la Nación (Artículo 2º).Por orden constitucional, es obligación estatal y de las personas proteger lasriquezas culturales y naturales de la Nación (Artículo 8º).Igualmente, por mandato constitucional es obligación del Estado brindarprotección especial a “aquellas personas que por su condición económica, física omental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta” (Artículo 13).De la misma forma, la Constitución establece que “la propiedad es una funciónsocial que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica”(Artículo 58).La Carta consagra que “la producción de alimentos gozará de la especialprotección del Estado”, lo cual busca garantizar los derechos de todos a unaalimentación adecuada y a la seguridad alimentaria (Artículo 65) Y es deber delEstado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas deespecial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estosfines (Artículo 79).Se dispone constitucionalmente que el Estado planificará el manejo yaprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollosostenible, su conservación, restauración o sustitución, y que al mismo tiempodeberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer lassanciones legales y exigir la reparación de los daños causados (Artículo 80).Los derechos consagrados en la Carta se interpretarán de conformidad con lostratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia(Artículo 93). De igual manera, el Estatuto Superior consagra que es deber de lapersona y del ciudadano proteger los recursos naturales y culturales del país y 18.
18velar por la conservación de un ambiente sano (Artículo 95) y consagra, comoprincipios fundamentales de las actuaciones administrativas, la igualdad, lamoralidad, la eficacia, la celeridad y la imparcialidad, entre otros; al tiempo queestablece la obligación de las autoridades administrativas de coordinar susactuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines estatales (Artículo 209).La Constitución Política establece que el bienestar general y el mejoramiento dela calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Seráobjetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechasde salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable; para talesefectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales,el gasto público social tendrá prioridades sobre cualquier otra asignación (Artículo366).Además, es necesario recalcar los principios señalados en el Preámbulo y en elTítulo I de la Constitución, como también los derechos, las garantías y losdeberes en el Título II.Normas en el tema de tierrasLey 200 de 1936. La inexistencia de reglas claras para definir la propiedadprivada y la estatal, la reclamación de los colonos sobre tierras baldías, la falta dedefinición de linderos en tierras de propiedad privada y del Estado, la falta deexplotación de tierras de propiedad privada, la carencia de jueces naturales paradefinir los conflictos agrarios y de reglas para la explotación de las tierras depropiedad privada mediante contratos de aparcería, fueron los aspectosrelevantes que motivaron la expedición de la conocida “ Ley de Tierras” que, apesar de las distintas reformas legales agrarias, ha mantenido vigentes algunasde sus disposiciones.Dicha ley permitió la legalización de tierras tanto a los grandes propietarios comoa los pequeños colonos, al establecer las reglas para demostrar la propiedadprivada; impuso la obligación de explotar las tierras de manera eficiente, so penade declarar la extinción del dominio en favor del Estado, por su inexplotación;estableció la prescripción adquisitiva agraria en favor de los cultivadores por laexplotación quieta, pacífica e ininterrumpida de cinco años sobre presuntosbaldíos nacionales; creó jueces de tierras para dirimir los conflictos de naturalezaagraria y definió, a través de su Decreto Reglamentario 059 de 1938, lascondiciones en que se debía demostrar la explotación económica sobre fundosrurales, entre otros aspectos.Ley 135 de 1961. Dio inicio a la Reforma Social Agraria de manera oficial enColombia, con unos objetivos bien definidos, tales como: reformar la estructurasocial agraria a través de la eliminación de los latifundios y minifundios;reestructurar las zonas de minifundios para tornarlos productivos; fomentar laadecuada explotación de las tierras productivas; acrecentar la producciónagropecuaria en armonía con otros sectores de la economía nacional; garantizarla conservación y adecuada explotación de los recursos naturales; elevar el nivelde vida de los trabajadores rurales y apoyar las organizaciones campesinas. Paratodo ello, creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, como instituciónencargada de ejecutar los programas de esta índole. La ley 135 de 1961 se haconsiderado, desde entonces, como la mejor ley de reforma agraria y durante suvigencia se obtuvieron los mejores resultados en la materia. Fue derogada por laLey 160 de 1994Ley 160 de 1994. Creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo RuralCampesino; introdujo cambios estructurales en los programas agrarios; 19.
19estableció el subsidio de tierras para facilitar la adquisición de Unidades AgrícolasFamiliares directamente por los beneficiarios, con resultados poco alentadores;creó el Consejo Nacional de Reforma Agraria, como un órgano consultor delGobierno nacional, al igual que los Comités de Reforma Agraria, tanto en elámbito departamental como en el municipal y dio origen a las instancias deconcertación entre las entidades públicas y privadas y las organizacionescampesinas; fijó nuevas reglas para la extinción del dominio de tierras depropiedad privada y la titulación de terrenos baldíos, y viabilizó la constitución dezonas de reserva campesina y de desarrollo económico empresarial, entre otrosaspectos.En el tema ambientalEl Decreto Ley 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovablesy de Protección del Medio Ambiente, consagra el ambiente como un patrimoniocomún23.La Ley 99 de 1993 les otorga a las autoridades ambientales facultades paracumplir funciones de policía con el fin de prevenir la degradación ambiental y eldaño a los recursos naturales (Artículos 84 y siguientes)24.El Decreto 1449 de 1977, expedido con base en el Código de Recursos Naturales,regula las obligaciones de los dueños de predios, relacionadas con la protección yconservación de los recursos naturales renovables y del medio ambienteexistente en sus inmuebles, en armonía con la función ecológica de lapropiedad25.En el tema de desplazamientoLa Ley 387 de 1997 señala en el artículo 19 las medidas que deben adoptar lasinstituciones con responsabilidad en la atención integral de la poblacióndesplazada.El Decreto 250 de 2005 define la política pública de atención a poblacióndesplazada26.El Auto 200 de la Corte Constitucional ordena “adoptar medidas de protección delderecho a la vida y a la seguridad personal de líderes de la población desplazaday personas desplazadas en situación de riesgo”.En el tema de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.La Ley 589 de 2000 tipifica el genocidio, la desaparición forzada, eldesplazamiento forzado y la tortura, y dicta otras disposiciones.23 El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública y deinterés social. Así mismo, señala que deterioran el ambiente factores tales como: (1) la contaminación del aire,de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables, (2) las alteraciones nocivas del flujo delas aguas y, (3) la sedimentación en los cursos y depósitos de agua.24 En desarrollo de dichas funciones, las mencionadas autoridades pueden suspender actividades que ocasionenimpactos al medio ambiente, imponer sanciones y cobrar multas. Adicionalmente, con base en el principio deprecaución, pueden impedir o hacer cesar una actividad cuando no se tenga certeza científica sobre los efectosque ésta pueda generar al medio ambiente.25 En desarrollo del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, Código de los Recursos Naturales. Dentro de lasdisposiciones de este decreto están las áreas que deben ser protegidas, una de ellas la franja de 30 metros alado y lado de los cauces de los ríos, las quebradas y arroyos, sean permanentes o no.26 Define así el enfoque restitutivo: “se entiende como la reposición equitativa de las pérdidas y dañosmateriales acaecidos por el desplazamiento, con el fin de que las personas y lo hogares puedan volver adisfrutar de la situación en que se encontraban antes del mismo. Las medidas de restitución contribuyen alproceso de reconstrucción y estabilización de los hogares afectados por el desplazamiento”. 20.
20Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal.Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Disciplinario Único.Directiva Presidencial No. 07, sobre respaldo, interlocución y colaboración delEstado con las organizaciones de derechos humanos, emitida el 9 de septiembrede 1999.La Ley de Justicia y Paz 975 de 2005 constituye el marco jurídico para el procesode desmovilización de paramilitares en Colombia, aunque eventualmente podríaser utilizada en procesos de desmovilización de grupos guerrilleros. Y el Decreto3570 de 2007 crea el Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Ley975 de 2005.En el tema de pueblos indígenasEl Decreto 2164 de 1995 reglamenta parcialmente el capítulo XIV de la Ley 160de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a lascomunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación ysaneamiento de los resguardos indígenas en el territorio nacional.El Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional trata sobre la protección de losderechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados porel conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de lasuperación del estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 21 deseptiembre de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión.Sexto. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓNLa concentración de la tierra en pocas manos y su dedicación a la ganaderíaextensiva han sido causa de conflicto y pobreza para miles de campesinos eindígenas del departamento, ya que esta clase de explotación emplea poca manode obra, no paga el salario mínimo legal, ni reconoce prestaciones sociales,declara avalúos catastrales ínfimos y, como consecuencia de ello, paga impuestosmínimos y ocupa suelos aptos para agricultura. Lo anterior produce crisisperiódicas del sector agropecuario, el abandono del campo y el sometimientohistórico de la población rural.Como lo expresa el investigador Reyes Posada27, “la violencia ha sido usada enColombia como recurso para presionar reformas sociales, para impedirlas, paraimponer o rechazar dominios territoriales y para impugnar o recuperar lasoberanía del Estado”. Desde hace muchos años, se ha dado una intensamovilización campesina debida a diferentes situaciones en el país, que en losaños setenta del siglo anterior se transforma en guerras locales de expulsión decampesinos y apropiación violenta de la tierra y en los ochenta en las accionesdel narcotráfico y la violencia. Se ha dicho que las guerrillas incursionaron en lasáreas de mayor riqueza y no en las regiones deprimidas donde se concentra lapobreza. Hay evidencias de que donde mayor desplazamiento se ha dado en elpaís hay mayor concentración de tierras. Por ejemplo, así lo señalan algunosanálisis de los resultados del estudio de víctimas del conflicto en Antioquia28:27 Revista Semana. Investigación Social “Guerreros y campesinos, el despojo de la tierra en Colombia”,Alejandro Reyes Posada, editado por Norma. Jueves 9 abril 2009.28 Revista Semana. Despojo de tierras: principal reto para la reparación en Colombia. Por Ricardo León Cruz. 4de julio de 2008. Hace mención del estudio “Víctimas, violencia y despojo: perfil socio-económico”, realizado por 21.
21“estrecho vínculo entre el desplazamiento forzado y el despojo de bienes ytierras, lo que refuerza la hipótesis de que el centro de la disputa del conflictoarmado en Colombia es la tenencia de la tierra”.De acuerdo con la II Encuesta Nacional de Verificación realizada por la Comisiónde Seguimiento durante julio y agosto de 2008, el total de hectáreas usurpadas oforzadas a dejar en abandono sería del orden de 5,5 millones durante los últimos11 años, equivalentes al 10,8% de la superficie agropecuaria del país: CostaCaribe (38.2%), Región Andina (27.3%), Orinoquía – Amazonía (34.5%), sinincluir el despojo de tierras colectivas ni de propiedades mayores a 100hectáreas. El área total dejada de cultivar como consecuencia del desplazamientoforzado en los últimos 11 años ascendería a 1.118.401 hectáreas, cerca de un25% del área cultivada del país, con un promedio de 101.673 hectáreascultivadas despojadas o forzadas a dejar en abandono por año. Como lo dice elmismo informe, las actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería o laextracción de recursos naturales constituían parte fundamental y casi exclusivadel sostenimiento de los grupos familiares. El 55,5% de los grupos familiarestenía tierra, de los cuales a un 94% se les despojó o tuvieron que abandonar lapropiedad y el 78,9%, los animales. Sólo el 18.7% de los desplazados sonpropietarios formales. Se transforman los usos del suelo, de las economías y delos sistemas de producción y los agricultores pasan a ser jornaleros29.Esto ocasiona grave empobrecimiento de los grupos familiares víctimas deldesplazamiento forzado, que afecta claramente sus posibilidades de consumo yde ahorro. Los ingresos dejados de percibir en los últimos once años por losgrupos familiares que abandonaron tierras, animales o viviendas no ruralesascendieron a la suma de 49,7 billones de pesos (a precios de 2008). Otras cifrasinteresantes del citado informe: antes del desplazamiento, “cerca del 49% de losgrupos familiares generaban ingresos familiares mensuales superiores a la líneade pobreza y el 68,5% por encima de la línea de indigencia. Con posterioridad aldesplazamiento, tales índices caen dramáticamente, ya que solamente el 3,4% yel 19,3% generan ingresos familiares mensuales superiores a las líneas depobreza e indigencia, respectivamente”30.En el departamento de Córdoba se ha intensificado la violencia durante losúltimos dos años y medio (2008 – 2009 y lo transcurrido de 2010) comoconsecuencia de diferentes factores que afectan de manera directa a la poblacióncivil. En principio, por las disputas territoriales entre las Farc - Ep y los grupospost desmovilización de las AUC31, por el corredor que comunica la zona sur deldepartamento (que ha sido utilizada para la siembra y procesamiento de cultivosde uso ilícito) y el mar Caribe, como ruta de tráfico de drogas y armas. Por otrolado, las fuerzas militares del Estado colombiano promueven un proceso deconsolidación territorial a lo largo de todo este corredor desde el nudo deParamillo hasta la zona costera del departamento, en donde realiza constantesoperativos en contra de estos dos grupos ilegales.Este contexto de disputa territorial y hegemonía de los actores armados ilegalesconstituye un factor de alto riesgo de despojo de tierras para las comunidadescampesinas y pueblos indígenas (embera katío y zenú) que habitan en eldepartamento.la Universidad de San Buenaventura, la Alta Consejería para la Acción Social, La Comisión Nacional deReparación y Reconciliación (CNRR) y el Instituto Popular de Capacitación de Medellín (IPC).29 “Las caras del despojo de tierras”. Revista Semana. 06/19/2009.30 Ibíd.31 Este departamento es uno de los más afectados por la presencia e incursiones de los gruposposdesmovilización en el país. 22.
22La persistencia de los factores que generan conflicto en Córdoba radicaprincipalmente en la importancia que este territorio representa para los gruposarmados ilegales, teniendo en cuenta la riqueza del suelo, con una variedad derecursos naturales renovables y no renovables, la existencia de importantesreservas de petróleo, carbón y otros minerales y abundantes recursos hídricos.Esto ha motivado, entre otras cosas, al desarrollo de grandes megaproyectos enla zona, que son vistos por los grupos armados ilegales como una oportunidadpara beneficiarse económicamente y adquirir mayor poder en el territorio, para locual han optado por despojar a las comunidades de sus tierras, utilizandodiferentes repertorios de violencia.Las acciones violentas de los grupos armados ilegales y la necesidad de medidasefectivas de protección y otras acciones preventivas por parte de las autoridadescompetentes en el nivel municipal, departamental y nacional, dirigidas hacia lascomunidades que se asientan en los diferentes predios y tierras en donde seejerce presión para su abandono, han implicado la vulneración de los derechosfundamentales a la vida, a la libertad y a la integridad personal de los líderes ydefensores de derechos humanos y abogados representantes de las víctimas delparamilitarismo que adelantan procesos de reparación32.La desmovilización de los grupos de autodefensa en el departamento y la entregade sus principales jefes significó su mutación en otras organizaciones quepretenden preservar el control político, económico, social y militar de los gruposdesmovilizados. En este sentido, la población civil denuncia la presencia de“postes”, personas vinculadas con los grupos postdesmovilización que, armadas,vigilan los movimientos de la comunidad con el fin de controlar la información eimponer el miedo para que las personas continúen dentro de la hegemoníaanteriormente impuesta.Los problemas estructurales que existían antes de la desmovilización siguenexacerbados por la debilidad institucional de un departamento que estuvopermeado por la influencia de las estructuras armadas ilegales. Así mismo, lasorganizaciones sociales están debilitadas como consecuencia de la cooptación yrepresión que vivieron por parte de los grupos paramilitares, cuando aúnoperaban las AUC y, hoy en día, continúan siendo víctimas de la violencia, traslas acciones violentas de los grupos armados ilegales postdesmovilización de lasAUC.Se ha señalado cómo la dinámica del conflicto se ha expresado de diversasmaneras en el departamento de Córdoba, entre ellas, una de las accionesdirectas contra la población, el despojo de la tierra, que se ha convertido en unode los factores que más impacto causa en la población vulnerable y que supone latrasgresión de los derechos fundamentales a la vida, a la libertad, y a laintegridad personal. El despojo de la tierra de los campesinos, indígenas ypescadores es una de las prácticas más usadas por los grupos armados al margende la ley, antes y después de la desmovilización de las autodefensas, pero que nose restringe únicamente a estos grupos armados, sino que, de hecho, tambiénincluye a los narcotraficantes y otros grupos que tienen intereses económicos enla zona. Como se viene enunciando en la presente resolución, la omisión de32 Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. 2009. La mayor proporción delas tierras forzadas a dejar en abandono se encuentra en la región de la Costa Caribe (38,2%), seguida por laAmazonia, la Orinoquia y el Pacífico (34,5%) y finalmente por la región Andina (27,3%). La poblacióndesplazada en el Caribe es la que menos tierras poseía, sólo el 48,6% de las familias reporta la posesión detierras, según la Comisión de Seguimiento. Los municipios en los que se ha presentado un alto número desolicitudes de protección de tierras son Tierralta (Córdoba); San Onofre y Ovejas (Sucre); El Carmen de Bolívar,San Pablo y María la Baja (Bolívar). 23.
23algunas autoridades departamentales y nacionales ha llevado a incrementar losniveles de riesgo y de vulnerabilidad de la población civil33.Son varios los intereses que han motivado el despojo y pérdida de acceso a latierra por parte del campesinado, entre estos cabe señalar los más notorios: i.)lasincursiones de los grupos post desmovilización de las AUC para mantener elpoder en aquellas zonas geográficas en donde ejercían poder los antiguos gruposde autodefensa, y el corte de los corredores que utiliza o utilizaba la guerrilla; ii.)el uso de las tierras para la producción de la hoja de coca; iii.) utilización de laszonas como corredores para el procesamiento y comercialización de la base decoca hacia otras zonas del país y el exterior, utilizando la salida estratégica por elmar Caribe; y iv.) concentración de la propiedad de la tierra y otras acciones que,consecuencia del conflicto armado, generan pérdida de territorio, a saber: a)extorsiones por parte de los diferentes actores armados ilegales; b) los impactosdirectos e indirectos de algunos mega proyectos; c) la disputa armada entre losdiferentes grupos; d) las acciones del Estado, enfrentamientos, contra los gruposarmados al margen de la Ley; e) la erradicación manual y la aspersión aérea delos cultivos de coca.El tipificar las formas de despojo de la tierra34 permite concluir que cada una deestas formas es recurrente y extendida a casi todo el departamento y que, comose ha dicho, no han sido erradicadas a pesar de la desmovilización de los gruposparamilitares sino que, por el contrario, con la presencia de nuevos gruposarmados se ha incrementado este tipo de amenazas a la población.La situación que se vive en el departamento de Córdoba hace necesario unaefectiva y eficaz política pública en materia de tierras y prevención.Las comunidades a las que se les vulnera el derecho a la tierra sufren unempobrecimiento progresivo debido al limitado o nulo acceso a los mediosfinancieros y de producción, además de la carencia, en algunos casos absoluta,de los servicios públicos.Se hace necesario el acompañamiento integral y el fortalecimiento de lascomunidades, dada la presencia activa de grupos armados ilegales que dificulta laparticipación y el acceso de las víctimas a la justicia para reclamar sus derechos.Análisis social y jurídico sobre la problemática de tierras en Córdoba.La Constitución Política de Colombia establece que son fines del Estado: servir ala comunidad, promover la prosperidad en general y garantizar la efectividad delos principios, derechos y deberes consagrados en su texto; facilitar laparticipación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica,política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencianacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y lavigencia de un orden justo.Además, precisa que las autoridades de la República están instituidas paraproteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,33 Según Comfavic, en el departamento hay 39 mil hectáreas de tierra que fueron usurpadas por los actoresilegales, las cuales están siendo reclamadas por 800 familias, pero se cree que son más de 20 mil las víctimasde la violencia en Córdoba.34 Otras investigaciones también han identificado las formas como se hace despojo de tierras en el país. Una deestas se encuentra en el informe del Programa de Consultas para la Recuperación de Tierras del Ministerio deAgricultura (Conret). 2009, que define: “Los diferentes tipos de despojo identificados son: la transferenciaforzada de dominio, las ventas falsas, la caducidad administrativa, el desplazamiento de propietarios y eldesplazamiento de poseedores, ocupantes y tenedores, entre los principales”. 24.
24creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de losdeberes sociales del Estado y de los particulares.Partiendo de estos preceptos constitucionales que definen, de manera clara yprecisa, los fines esenciales del Estado y la misión de las autoridades,corresponde analizar si el Estado y sus agentes cumplen a cabalidad con estoscometidos.Corresponde al Estado crear las condiciones para que la igualdad de todos losnacionales sea real y efectiva, de modo que puedan disfrutar del derecho a gozarde una paz duradera, cuya obligatoriedad de proporcionarla radica en cabeza delmismo Estado que debe, además, garantizar a sus asociados la oportunidad detener un trabajo en condiciones dignas y justas.Se garantiza, igualmente, la propiedad privada adquirida conforme a las leyes ycorresponde al Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierrade los trabajadores agrarios. Los anteriores mandatos constitucionales establecenque es el Estado quien debe proteger la propiedad de la tierra y crear lascondiciones para que los trabajadores del campo, jornaleros, arrendatarios,colonos, ocupantes, poseedores y meros tenedores, puedan llegar a materializarsus anhelos de tener un pedazo de tierra o conservarla, para consolidar suestabilidad socioeconómica. Todo lo cual resulta frustrado por las siguientesrazones principales: por la poca o nula presencia del Estado; la omisión ocomplacencia de sus agentes con las acciones ilícitas de los grupos armados almargen de la ley en su distintas manifestaciones o por las acciones represivascontra los grupos armados ilegales sin la debida previsión de sus efectos.Está claro, entonces, que la población rural en Córdoba se encuentra endiferentes situaciones de inseguridad frente al acceso o disfrute del derecho a lapropiedad rural:- Ocupantes de terrenos baldíos, sin ninguna atención por parte de la entidadencargada de legalizar este hecho, o que se encuentran explotando tierras quelegalmente no son titulables pues son bienes del Estado inadjudicables, como sonlas ciénagas, lagos, lagunas, parques nacionales naturales y reservas especialesque, a pesar de no ser objeto de legalización, son apropiadas por quienesdetentan títulos sobre propiedades colindantes y especialmente por grandesterratenientes o ganaderos que las incorporan a sus propiedades mediantemaniobras no sanas, como el crecimiento de linderos, la accesión ilegal osimplemente cerramientos perimetrales invasores y subsiguiente actualizacióncatastral.- Asentamientos en terrenos adquiridos dentro de los programas de reformaagraria o de extinción del derecho de dominio y devolución en el marco de la Ley975 de 2005, que no han sido debidamente titulados o adjudicados, lo quefavorece la deserción por falta de garantías para su permanencia y seguridad o lacarencia de apoyo tecno-económico para el desarrollo de proyectos productivos.- Adjudicaciones en común y proindiviso, lo cual impide la eficiente y debidaexplotación de la tierra, por la dificultad para acceder a las líneas de crédito quetendrían algunos beneficiarios; quienes, además, no tienen el acompañamientotécnico y jurídico de las instituciones del Estado para formular proyectosproductivos viables y sostenibles.- Inseguridad interior y exterior en los asentamientos, al incluir en ellos víctimasdel desplazamiento de grupos ilegales antagónicos, lo cual crea desconfianza yenfrentamientos por la simpatía o antipatía que se pueda presentar hacia los 25.
25victimarios y, otras veces, sin prestar ninguna seguridad por parte de la fuerzapública a los beneficiarios del programa de dotación de tierras, ya que fácilmentepueden ser agredidos nuevamente por los agentes perpetradores deldesplazamiento, en retaliación por las posibles denuncias de actos atroces.- Los programas de reforma agraria son marginales, ya que no se afectan lasgrandes propiedades de tierras, muchas de ellas ociosas en general, oindebidamente explotadas. Se adquieren, con frecuencia, sólo algunas que nopresentan adecuadas condiciones agrológicas de explotación y que son ofertadasen forma voluntaria por sus propietarios a Incoder.- Apropiación indebida de tierras de los campesinos tradicionales, al serpresionados bien por la venta a precios irrisorios o por el despojo, previodesplazamiento so pena de asesinato, secuestro o extorsión.- Acaparamiento de Unidades Agrícolas Familiares, sin tener en cuenta laslimitaciones de la ley de reforma agraria, y sin que los funcionarios del Incoderactúen para lograr su restitución o que los registradores de instrumentos públicosdenuncien estos hechos.- Acciones violentas derivadas del enfrentamiento entre grupos ilegales en lalucha por el control territorial, bien para destinar las tierras a la siembra de coca,o como corredor vial para el tráfico de estupefacientes, armas y escondite devíctimas del secuestro.- Las mujeres son las mayores sobrevivientes del conflicto armado en Colombia,y Córdoba no es la excepción. Por esta razón se enfrentan a grandes dificultadesa la hora de reclamar sus derechos sobre la tierra o un predio determinado,teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos los hombres suelen ser lospropietarios cuando existe algún título de propiedad, situación que ubica a lasmujeres en un mayor grado de vulnerabilidad ante cualquier proceso derestitución o reclamación de tierras.- Temor por las acciones de control ejercido por parte de la fuerza pública en lalucha contra los cultivos de uso ilícito, teniendo en cuenta que se presenta unaestigmatización sobre la población civil y esto ha ocasionado el señalamiento porparte de los grupos armados ilegales, que tienen grandes intereses en el negociodel narcotráfico.- Desprotección ante los intereses económicos de las empresas que hacenexplotación de los recursos naturales, que pueden ocasionar grave impacto almedio ambiente y amenazar la permanencia de los campesinos e indígenas ensus territorios, muchas veces sin que se lleven a cabo los procesos departicipación y una verdadera consulta previa, así como sin la debidaconcertación de planes de manejo ambiental que permitan mitigar el dañoecológico que todo ello conlleva.Todos estos hechos, denunciados por la población campesina, llevan a laconclusión de que el Estado no está cumpliendo a cabalidad con la obligaciónprevista en los artículos 2, 13, 22, 25, 58, 60 y 64 de la Constitución Política y,por ello, es deber de las autoridades competentes del Estado adoptar medidaseficaces que busquen garantizar los derechos que le asisten a sus comunidadessobre la tierra de donde se desprende su derecho a la seguridad alimentaria y aconstruir un proyecto de vida digno, garantizando el derecho a la tenencia ypropiedad de la tierra y su permanencia en su escenario de vida, trabajo, culturay desarrollo económico. Recommended
Norvativa 1
Oficio no dra tadeo respuesta garces
Grabacion señor coronel moncayo

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 282
 artículo 9
 artículo 9
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 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 17
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 artículo 19
 artículo 83