Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2007-00139-de-junio-8-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_ab5c0d7f4270004ce0430a010151004c&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-20 17:44:01+00:00

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CONTENIDO:LOS DAÑOS A LA VIDA DE RELACIÓN O A LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA, NUNCA PODRÁN SERVIR DE INSTRUMENTO PARA OBTENER LA REPARACIÓN DEL DAÑO A LA SALUD. UNA PERSONA PUEDE TENER UNA VIDA SOCIAL O RELACIONAL MÁS ACTIVA QUE OTRA, SIN QUE ESO SUPONGA QUE DEBA INDEMNIZARSE DIFERENTE EL DAÑO, ASÍ LAS COSAS, EL DAÑO A LA SALUD POSIBILITA SU REPARACIÓN CONSIDERADO EN SÍ MISMO, SIN CONCENTRARSE DE MANERA EXCLUSIVA Y PRINCIPAL EN LAS MANIFESTACIONES EXTERNAS, RELACIONALES O SOCIALES QUE DESENCADENE.
TEMAS ESPECÍFICOS:DAÑO PATRIMONIAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DAÑO EMERGENTE, LUCRO CESANTE, DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN
Rad.: 38.222
Resuelve la Sala con prelación, por improbación del acuerdo conciliatorio, los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 3 de agosto de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se decidió lo siguiente:
“SEGUNDO. SE CONDENA A LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL a pagar por concepto de:
“2.1. PERJUICIOS INMATERIALES en su modalidad de:
“2.1.1. PERJUICIOS MORALES:
“A. Al señor FABIÁN ANDRÉS MEJÍA ARIAS, la suma de CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 SMLMV).
“B. Al señor JOSÉ DARÍO MEJÍA HERRERA, la suma de CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (50 SMLVMV).
“C. A RUBÉN DARÍO MEJÍA ARIAS, JUAN DAVID MEJÍA ARIAS Y DIANA YICET MEJÍA ARIAS la suma de TREINTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES (30 SMLMV) para cada uno de ellos.
“2.1.2. PERJUICIOS A LA VIDA DE RELACIÓN, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES (250 SMLMV) para FABIÁN ANDRÉS MEJÍA ARIAS, discriminados de la siguiente manera:
“A. Por daño fisiológico, la suma de CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (50 SMLMV).
“B. Por daño a la vida de relación sexual, la suma de CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (50 SMLMV).
“C. Por daño a la vida de relación familiar, la suma de CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (50 SMLMV).
“D. Por daño estético, la suma de CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (50 SMLMV).
“2.2. PERJUICIOS MATERIALES en la modalidad de lucro cesante a favor del señor FABIÁN ANDRÉS MEJÍA ARIAS, la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS (144.706.178).
“TERCERO. Se niegan las demás pretensiones.
“CUARTO. En el memorial obrante a folio 204 del expediente el apoderado de la entidad demandada, sustituye el poder que le fue conferido en la Doctora DIANA PATRICIA GIL GIL, con tarjeta profesional 70.013 del Consejo Superior de la Judicatura, en consecuencia, se le reconocerá personería a dicha abogada, para que sea ella quien continúe representando a la entidad demandada.
“QUINTO. NO HAY LUGAR A CONDENA EN COSTAS.
“SEXTO. La presente sentencia se cumplirá confirme a lo preceptuado en los artículo 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo” (fls. 222 a 224, cdno. ppal. 2ª instancia - mayúsculas y resaltado del original).
1.1. En escrito presentado el 23 de enero de 2007, José Darío Mejía Herrera quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores: Diana Yiseth y Juan David Mejía Arias; María Pastora Arias, Rubén Darío Mejía Arias y Fabián Andrés Mejía Arias solicitaron, por intermedio de apoderado judicial, que se declare a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, patrimonialmente responsable de los perjuicios que les fueron ocasionados con motivo de las lesiones padecidas por su hijo, hermano y nieto, Fabián Andrés Mejía Arias el 10 de octubre de 2006 (fls. 7 a 22, cdno. ppal.).
En consecuencia, solicitó que se condenara al demandado a pagar: i) a título de perjuicios morales la suma global de 350 SMMLV para todos los demandantes, ii) a favor de Fabián Andrés Mejía Arias, los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante por valor de $ 222.936.832,40, iii) por concepto de daño a la vida de relación la suma equivalente a 550 SMMLV para el lesionado directo (fl. 8, cdno. ppal.).
En consecuencia, la finalidad de su vinculación fue la de prestar el servicio militar obligatorio; fue reclutado en la ciudad de Pereira, luego trasladado a Puerto Berrío y con posterioridad al Batallón Especial Energético y Vial 8 con sede en Segovia (Antioquia).
1.1.4. El accidente sufrido por el soldado Mejía Arias en ningún momento puede ser imputado a una falta de pericia o negligencia de su parte, comoquiera que se le obligó a transitar por terrenos montañosos y por trochas rodeadas de humedad.
1.1.6. Al momento del reclutamiento, Fabián Andrés Mejía se desempeñaba como reparador de transformadores de alta tensión y redes internas, razón por la que recibía en promedio $ 700.000.
“4.9. Se reitera que no puede olvidarse que de años atrás, el desarrollo jurisprudencial del Honorable Consejo de Estado, señalaba la responsabilidad del Estado, de devolver a la sociedad en idénticas condiciones de salud física y emocional a los conscriptos, precisamente por la naturaleza de la prestación obligatoria del servicio, donde no media vinculación laboral y como consecuencia de esta un régimen prestaciones, como sí ocurre con el soldado profesional. Por ello es que simbólicamente para reconocer la indemnización por la disminución laboral, se tiene como parámetro lo que devenga un Cabo Tercero de la institución.
“4.10. Por todo lo anterior, se impone el deber de declarar administrativamente responsable al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a la luz de la cláusula general de responsabilidad prevista en el artículo 90 de la Carta Política...
“(...) 5.1.2. Los perjuicios a la vida de relación. Se puede discriminar en varios ítems a saber:
“5.1.2.2. Daño a la vida de relación sexual, teniendo en cuenta que las disfunciones sexuales son problemas en las respuestas sexual humana, que involucran el deseo, la excitación, la erección y el orgasmo. Afectan la relación de pareja, la salud integral, la autoestima y el desarrollo de la vida erótica plena.
“5.1.2.3. Daño a la vida de relación social, toda vez que esta se altera por condicionamientos particulares como la pérdida de la locomoción, la cual socialmente constituye un estigma, produciéndose rechazo dentro de los núcleos en los cuales se desarrollan las personas.
“5.1.2.4. Daño a la vida de relación familiar, en la medida que se vulnera el núcleo familiar, presentándose alteraciones de comportamiento. Es tutelado el derecho a partir del artículo 42 de la misma Carta al entregar al Estado el deber de garantizar su protección, al constituir el núcleo fundamental de la sociedad.
“5.1.2.5. Daño estético. Guarda relación directamente con la imagen corporal”.
“(...)” (fls. 205 a 225, cdno. ppal. 2ª instancia - mayúsculas del original).
3.1. Parte actora: no formuló ninguna discrepancia contra la sentencia, pues en el recurso se exponen una serie de argumentos encaminados a la defensa de la providencia apelada. En consecuencia, si bien en el plano formal existe el recurso de apelación en su materialidad los demandantes se encuentran conformes con la decisión de primera instancia, tanto así que de manera expresa solicitaron en el escrito contentivo del recurso: “La sentencia o fallo proferido en primera instancia, debe ser confirmado H. Consejero y H. Sala de decisión, en su totalidad por las siguientes razones...” (fls. 235 a 250, cdno. ppal. 2ª instancia).
4.1. En el caso concreto, encuentra el Ministerio Público que los presupuestos de la responsabilidad están debidamente acreditados, toda vez que el señor Fabián Andrés Mejía cuando prestaba servicio militar obligatorio, el 10 de octubre de 29006(sic), sufrió una lesión en su columna vertebral que le generó una pérdida de la capacidad laboral del 100%, y esa afectación fue ocasionada mientras desempeñaba actividades relacionadas con el servicio.
De otro lado, como materialmente solo apeló la parte demandada la Sala contraerá el análisis de la controversia a los argumentos desarrollados en la apelación y con aplicación del principio constitucional de la no reformatio in pejus por tratarse de apelante único.
“(...) Identificación: grado SLR. Código (...) apellidos y nombres completos MEJÍA ARIAS FABIÁN ANDRÉS C.C. (...) de Dosquebradas (...) Edad 21 años. Ciudad y residencia actual Cra. 23 A No. 9-32 Pereira.
“Oct. 2006 CAÍDA DE +/- 15 MTS DE ALTURA CON EQUIPO Y TRAUMA EN REGIÓN DORSOLUMBAR. PLEJÍA(sic) DE MII. DIAGNÓSTICO: TRAUMA RAQUIMEDULAR T9. ETIOLOGÍA: TRAUMÁTICA. ESTADO ACTUAL: PACIENTE EN SILLA DE RUEDAS, HIPERREFLEXIÓN MII CON RESPUESTA PLANTAR NEUTRA, PARAPLEJÍA CON TONO MUSCULAR DISMINUIDO, NIVEL DE ANESTESIA T10 BILATERAL, CATATARISMO... PRONÓSTICO: SECUELAS TRAUMA RAQUIMEDULAR, PARAPLEJÍA FLÁCIDA, VEJIGA E INTESTINO NEUROGÉNICO...
“EL 9 DE OCTUBRE DE 2006 PRESENTÓ CAÍDA DE 15 MTS CON TRUMA(sic) RAQUIMEDULAR. PACIENTE CON TRAUMA RAQUIMEDULAR, POSTERIOR A LO CUAL PRESENTÓ PÉRDIDA DEL MOVIMIENTO Y LA SENSIBILIDAD. FUERZA 1/5 MIEMBROS INFERIORES. TAC Y RNM LESIÓN MEDULAR TRAUMÁTICA TORÁCICA. DIAGNÓSTICO: TRAUMA RAQUIMEDULAR NIVEL T6. ETIOLOGÍA: TRAUMÁTICA. ESTADO ACTUAL: PARAPLEJÍA, PACIENTE EN SILLA DE RUEDAS SIN CONTROL DE ESFÍNTERES, PRONÓSTICO: MALO. ESTABLECER SECUELAS NEUROLÓGICAS. FDO. DR. JUAN C. LUQUE.
“LESIÓN OCURRIÓ EN EL SERVICIO POR CAUSA Y RAZÓN DEL MISMO...” (fls. 150 a 152, cdno. ppal.).
“(...)” (fls. 137 y 155, cdno. ppal. - mayúsculas del original).
“g. Perturbación funcional del órgano de la cópula de carácter permanente” (fls. 1 a 4, cdno. 2).
2.4. Copia auténtica de la Resolución 65403 del 30 de mayo de 2007, mediante la cual se reconoce una indemnización por disminución laboral a favor de varios soldados regulares, entre ellos Fabián Andrés Mejía Arias, a quien se le ordena pagar la suma de $ 1´650.348 (fls. 145 y 146, cdno. ppal.).
2.5. Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de: i) Rubén Darío, Juan David, Diana Yicet y Fabián Andrés Mejía Arias, en los que consta que son hijos de Alba Lucía Arias y José Darío Mejía Herrera (fls. 3 a 6, cdno. ppal.).
“Ese movimiento profundo de las ideas en los últimos años, tiende a ampliar aun más el concepto fundamental de la responsabilidad, para así sancionar hechos lesivos del interés de terceros que antes no generaban reparación. Dada la complejidad de la vida social moderna y el desigual poderío de los individuos que ello ha venido a ocasionar, es natural que la doctrina contemporánea preconice un análisis más hondo y sutil de las ideas de causa y daño...” (10).
En consecuencia, la cuantificación del daño en que se ha inspirado el ordenamiento jurídico interno, obedece al criterio de la restitutio in integrum cuyo objetivo es el restablecimiento patrimonial y/o espiritual, dañado por un hecho ilícito, o que el perjudicado no tenga la obligación de padecer, lo cual encuentra su fundamento y límite, se itera, en dos principios generales del derecho que además tienen soporte normativo: la reparación integral del daño (L. 446/98, art. 16 y C.C., art. 2341) y el enriquecimiento injusto (L. 153/1887, art. 8º); por ello el resarcimiento debe cubrir nada más que el daño causado, pues si va más allá, representaría un enriquecimiento ilegítimo del afectado, y si es menor, constituiría un empobrecimiento correlativo, desnaturalizándose así los principios de dignidad humana y de igualdad, que constituyen pilares basilares del modelo social de derecho(11).
“el perjuicio fisiológico o a la vida de relación, exige que se repare la pérdida de la posibilidad de realizar “... otras actividades vitales, que aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia... A quienes sufren pérdidas irremediables es necesario brindarles la posibilidad de procurarse una satisfacción equivalente a la que han perdido. Por algo se enseña el verdadero carácter del resarcimiento de los daños y perjuicios es un papel satisfactorio...”.
“1. El mal llamado perjuicio fisiológico se conoce en el derecho francés como perjuicio de placer (prejudice d´agrément), loss of amenity of the life (pérdida del placer de la vida) en el derecho anglosajón o daño a la vida de relación en el derecho italiano(14).
“De otra parte, se precisa que una afectación de tal naturaleza puede surgir de diferentes hechos, y no exclusivamente como consecuencia de una lesión corporal. De otra manera, el concepto resultaría limitado y, por lo tanto, insuficiente, dado que, como lo advierte el profesor Felipe Navia Arroyo, únicamente permitiría considerar el perjuicio sufrido por la lesión a uno solo de los derechos de la personalidad, la integridad física(19). Así, aquella afectación puede tener causa en cualquier hecho con virtualidad para provocar una alteración a la vida de relación de las personas, como una acusación calumniosa o injuriosa, la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de este por otra persona (situaciones a las que alude, expresamente, el artículo 4º del Decreto 1260 de 1970), o un sufrimiento muy intenso (daño moral), que, dada su gravedad, modifique el comportamiento social de quien lo padece, como podría suceder en aquellos casos en que la muerte de un ser querido afecta profundamente la vida familiar y social de una persona. Y no se descarta, por lo demás, la posibilidad de que el perjuicio a la vida de relación provenga de una afectación al patrimonio, como podría ocurrir en aquellos eventos en que la pérdida económica es tan grande que —al margen del perjuicio material que en sí misma implica— produce una alteración importante de las posibilidades vitales de las personas.
“Por último, debe precisarse que, como en todos los casos, la existencia e intensidad de este tipo de perjuicio deberá ser demostrada, dentro del proceso, por la parte demandante, y a diferencia de lo que sucede, en algunos eventos, con el perjuicio moral, la prueba puede resultar relativamente fácil, en la medida en que, sin duda, se trata de un perjuicio que, como se acaba de explicar, se realiza siempre en la vida exterior de los afectados y es, por lo tanto, fácilmente perceptible. Podrá recurrirse, entonces, a la práctica de testimonios o dictámenes periciales, entre otros medios posibles” (cursivas del original - resaltado adicional).
Por último, en recientes pronunciamientos(22) se adoptó la denominación de “alteración a las condiciones de existencia”, para designar ese “específico” perjuicio que desde el año 1993 fue avalado por la jurisprudencia contencioso administrativa, para indemnizar no solo las lesiones a la integridad psicofísica sino cualquier lesión de bienes, derechos o intereses legítimos diversos a la unidad corporal del sujeto, como la honra, el buen nombre, el daño al proyecto de vida, etc., como se hizo a partir de la sentencia de 19 de julio de 2000, Exp. 11842, ya trascrita.
“Sobre el particular la doctrina ha señalado, precisamente, que “para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismos tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece”(24).
“En otras palabras, para que sea jurídicamente relevante en materia de responsabilidad estatal, el impacto respecto de las condiciones de existencia previas ha de ser grave, drástico, evidentemente extraordinario”(28) (resaltado y cursivas del original - subrayado adicional).
“(...) 31. En el sub lite, la expresión “perjuicios fisiológicos” utilizada por el demandante y por el a quo para referir los daños cuya indemnización se reconoció en la sentencia de primera instancia y que son materia de apelación, debe entenderse como incluida dentro de los perjuicios denominados por la jurisprudencia de la Sala como “alteraciones graves a las condiciones de existencia”, en la medida que se trata de daños surgidos de afectaciones de carácter físico sufridos por uno de los sujetos pasivos del daño, que generaron cambios en la forma en como normalmente se desenvolvía su vida antes de que ocurriera el hecho generador del daño.
“33.3. Por ello, encuentra la Sala que la pérdida del miembro superior implica en forma genérica —para cualquier persona— una disminución en la posibilidad de realizar todas las actividades cotidianas y, además, una situación de alteración física que implica consecuencias diversas —de orden físico y psicológico— en la forma como el sujeto se relaciona con el mundo, alteraciones que se encuentran demostradas en el caso concreto, según acaba de revisarse” (resaltado adicional).
Como se desprende de los anteriores pronunciamientos, la línea jurisprudencial que se ha trazado en torno a la tipología del perjuicio inmaterial, diferente al moral, ha supuesto una naturaleza dual, consistente en que se indemniza la lesión a la integridad corporal del sujeto —daño evento— (art. 49, C.P. derecho a la salud), así como las consecuencias que el daño produce tanto a nivel interno (alteración a las condiciones de existencia) como externo o relacional (daño a la vida de relación).
Ahora, con el criterio adoptado en el año 2007, la confusión relacionada con la tipología del perjuicio inmaterial se entronizó en mayor medida, como quiera que sin abandonar el contenido y alcance del concepto “daño a la vida de relación”, se mutó su nombre, para designarlo como “la alteración a las condiciones de existencia” (des troubles dans les conditions d’existence), lo cual a todas luces es incorrecto, puesto que este último corresponde a un perjuicio autónomo que tiene una dimensión distinta al perjuicio de placer o de agrado (daño a la vida de relación), y que se refiere a la modificación grave, sustancial y anormal del proyecto de vida que cada persona tiene trazado(30).
“8.1. El demandante separa este perjuicio en tres categorías diferentes, a saber: a. El daño personal especial debido “al perjuicio sufrido... en su vida de relación social y personal, por efecto de la grave invalidez...” b. Los “perjuicios estéticos” y el “daño corporal especial” debido también a la invalidez total que sufre. La Sala estima que los anteriores daños deben agruparse en uno solo que los comprende a todos: el perjuicio fisiológico, o el “préjudice d´agrément” de que habla la doctrina francesa. A pesar de los elementos comunes que los unen, o confunden, en algunos casos, es posible afirmar que los daños moral subjetivo, materiales y fisiológico son diferentes, es decir, se refieren a distintos bienes del ser humano: a. El moral subjetivo o “Pretium doloris”, trata de mitigar la aflicción, la tristeza y la depresión que producen la muerte o las lesiones de un padre, un hijo, un hermano, etc., b. El material, se encamina a mantener los ingresos que, por ejemplo, percibían en lesionado y la esposa y los hijos del padre fallecido, c. El fisiológico, que pretende darle oportunidad a una persona como... que ha sido privado de llevar a cabo los “placeres de la vida”, de reemplazar, o mejor, de tratar de reemplazar lo que en adelante no le será dado hacer...
Como se aprecia, el equívoco en la determinación del contenido y alcance del perjuicio a la salud (fisiológico o biológico), operó en una traspolación jurídica del derecho francés e italiano al ámbito nacional, pero se dejó de lado que en el primero de los países mencionados se ha reconocido, dependiendo el caso concreto, de una multiplicidad de daños que pretenden cubrir las esferas del individuo afectadas con el mismo (v. gr. daño estético, daño sexual, alteración a las condiciones de existencia, perjuicio de agrado, entre otros), mientras que en el segundo, dada la redacción rígida del artículo 2059 del Código Civil de ese país(34), el propósito de la doctrina y jurisprudencia recayó en la forma de abrir nuevas perspectivas y hermenéuticas que permitieran ir más allá del simple reconocimiento del daño moral en cuanto se refiere al resarcimiento del daño no patrimonial. Como se aprecia, los conceptos de perjuicio de agrado (préjudice d´agrément), frente al perjuicio corporal (dommage corporel) si bien parecieran tener puntos de encuentro y semejanzas, lo cierto es que el primero cubre una esfera interna del individuo, mientras que el segundo está estructurado sobre la necesidad de resarcir la órbita de la salud del ser humano, entendida esta última, según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “el estado completo de bienestar físico, psíquico, y social, no circunscrito a la ausencia de afecciones y enfermedades”(35).
“4) El daño biológico y el daño existencial tienen una morfología homogénea, entrañan internamente una lesión de carácter constitucional, la primera referida a la salud, y la segunda constituida por “valores/intereses constitucionalmente protegidos...”(36).
Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud (fisiológico o biológico), como lo hace ahora la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, como quiera que al haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones de existencia (v. gr. Francia), se desdibujó su verdadero y real propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos(37).
“Pero esta terminología es peligrosa porque se desliza hacia una realidad diferente. Como se ha precisado por la doctrina italiana, hay que matizar que, si bien a veces se utiliza como sinónimo del llamado daño biológico, la doctrina italiana más especializada, ha señalado que este último, es un concepto médico - legal, mientras que el daño a la salud es un concepto jurídico, normativo, que se encuentra consagrado en el artículo 32 de la Constitución...”(38).
En esa perspectiva, se insiste, la noción de daño a la vida de relación que sirvió al Consejo de Estado para indemnizar los perjuicios inmateriales sufridos por el sujeto, diferentes al moral, no es más que un concepto desechado y obsoleto por la doctrina y jurisprudencia italianas, en la medida en que se ha reconocido independencia entre el perjuicio biológico o fisiológico —relacionado con la órbita psicofísica del individuo— y otros perjuicios que afectan valores, derechos o intereses de la persona que, en la actualidad, en Italia, serían indemnizados bajo la panorámica del daño existencial (v. gr. la tranquilidad del ser humano, la seguridad, las condiciones de existencia, entre otros)(39), sin que esta última categoría se encuentre lo suficientemente decantada en otras latitudes, razón para rechazar en esta instancia su adopción en el derecho colombiano, máxime si de manera reciente fueron proferidas cuatro sentencias de la Sección Unida (Sala Plena) de la Corte de Casación Italiana, en la que se recoge el daño existencial dado, precisamente, de la amplitud y falta de delimitación conceptual que implicaba (imposibilidad de objetivización)(40).
En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no solo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica(42). Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v. gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.
Ahora bien, en aquellos eventos en los cuales el daño no provenga de la lesión psicofísica del sujeto (casos minoritarios), será la jurisprudencia contencioso administrativa la que deberá indemnizar los bienes, derechos o intereses legítimos que tengan un reconocimiento y protección constitucional (v. gr. el daño al buen nombre, a la honra o al honor), para lo cual los podrá reconducir a única categoría (v. gr. como la del daño a la vida de relación o alteración a las condiciones de existencia) o resarcirlos de manera autónoma e independiente.
Desde esa perspectiva, se itera, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto (daño corporal, daño sexual, daño psicológico, alteración o pérdidas anatómicas o funcionales, etc.). En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v. gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros).
En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona; y, por último, se deja abierta la posibilidad de que los jueces reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada (v. gr. el derecho al buen nombre). La aplicación de esta tipología del daño garantiza la reparación estática y dinámica del perjuicio, esto es los efectos internos y externos, subjetivos y objetivos, individuales y colectivos que la lesión antijurídica o injusta desencadena en el sujeto y las personas que constituyen su entorno.
(1) “Sabemos ya que el perjuicio que da origen a la responsabilidad es el injusto, el cualificado por la nota de la antijuricidad, y sabemos también que esta antijuricidad hay que buscarla en el hecho en sí mismo, no en la conducta que lo causa… el derecho es operativo tan solo dentro de ciertos límites, límites que se derivan de los costes sociales inherentes a la aplicación de los instrumentos jurídicos. De esta reflexión se deduce que, aun existiendo perjuicios reales que se alejan del ideal de justicia, algunos de ellos pueden no ser reparables dentro del sistema de derecho que conocemos y, por lo tanto, no resultan antijurídicos en el sentido técnico del término… la antijuricidad de los daños posee unos límites, límites que lo son también de la operatividad del sistema jurídico y de los que, para cerrar este tema, recordaremos la formulación realizada por Villar Palasí: son, por un lado, las actuaciones de la administración encaminadas a la creación de las condiciones sustanciales de vida colectiva (manifestadas a través del ejercicio de las potestades organizatorias de la vida común) [y, se agregaría, enmarcadas dentro de los límites fijados por el ordenamiento jurídico mismo, y por la protección de los derechos humanos, especialmente los fundamentales] y, por otro lado, aquellos perjuicios que, por el número de los afectados o por su cuantía, implicarían una indemnización incompatible con el mantenimiento de la economía de un país… el Tribunal Supremo ha acuñado la expresión “título legítimo que ampara la carga”, para referirse al elemento capaz de eliminar la antijuricidad del daño o perjuicio, que para así a la genérica categoría de “cargas”, perdiendo toda virtualidad indemnizatoria.” De La Cuétara, Juan Miguel “La actividad de la administración”, Ed. Tecnos, Madrid, págs. 574 y 575.
(2) Sentencia T-218/2010 del 23 de marzo de 2010, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2008, Exp. 18.725, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Reiterada en sentencia del 15 de octubre de 2008, Exp. 18586, M.P. Enrique Gil Botero
(4) En sentencia del 10 de agosto de 2005, Exp. 16.205, la Sala al resolver la demanda instaurada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las lesiones sufridos por un soldado, quien en cumplimiento de la orden proferida por su superior jerárquico, de realizar un registro de área en horas de la noche, al saltar un caño se cayó y golpeó contra una piedra, consideró: “... la causación de los daños material, moral y a la vida de relación tienen sustento, en este proceso, en el actuar de la administración de sometimiento del soldado conscripto a una carga mayor a la que estaba obligado a soportar, cuando en el cumplimiento de la misión conferida a él por el Comandante del Escuadrón B de Contraguerrillas de registro del área general del municipio de Paz de Ariporo dentro del servicio y con ocasión de él, se tropezó cayendo contra la maleza, lesionándose el ojo derecho”.
(5) En sentencia de 28 de abril de 2005, Exp. 15.445, dijo la Sala: “En el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado la jurisprudencia ha aplicado varios títulos jurídicos de imputación en relación a los conscriptos. Generalmente se acude al de daño especial cuando el “daño” tiene su causa en el rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas. Sin embargo cuando la causa de los daños se origina en otro tipo de hechos, según estos debe aplicarse el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y el de riesgo cuando los conscriptos sufren daños con causa y por razón del servicio que provienen o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos ... Ha partido de la regulación legal especial contemplada para la fuerza pública y en especial para los conscriptos, y ha concluido que cuando las pruebas son indicadoras de que los hechos ocurrieron por el riesgo a que fueron expuestos los conscriptos no se requiere realizar valoración subjetiva de conducta del demandado; que solo es necesario demostrar: el ejercicio por parte del Estado de una actividad de riesgo en desarrollo del servicio militar prestado —o por su destinación o por su estructura—; el daño antijurídico; y el nexo de causalidad eficiente y determinante entre ese riesgo y el daño causado al conscripto; y que el demandado sólo se exonera por causa extraña, es decir por el hecho exclusivo del tercero o de la víctima y fuerza mayor”.
(6) Sentencia del 2 de marzo de 2000. Expediente 11.401, C.P. Alier Hernández Henríquez.
(8) Sobre la referida problemática, se pueden consultar los siguientes documentos: aclaración de voto a la sentencia del 4 de junio de 2008, Exp. 15.657, M.P. Myriam Guerrero de Escobar, aclaración de voto a la sentencia del 15 de agosto de 2007, Exp. AG 2003 – 385, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, y aclaración de voto a la sentencia de 1º de diciembre de 2008, Exp. 17.744, M.P. Enrique Gil Botero.
(9) Sentencia del 15 de agosto de 2007, Exp. AG 2003 – 385, M.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia del 18 de octubre de 2007, Exp. AG-029.
(10) Corte Suprema de Justicia, sentencia del 21 de febrero de 1938, G.J. 1932, pág. 58.
(11) “En otras palabras, el juez, al considerar como de recibo una demanda resarcitoria, puede dar cabida dentro de los intereses sociales dignos de tutela a un cierto comportamiento, una expresión, un anhelo, de un individuo o de un grupo, que antes no la tenía, con lo que establece o fija un límite para la sociedad; este límite también se establece, como es obvio, en el caso contrario, es decir, cuando el juez niega la inclusión de un interés discutido, en la escala de los valores sociales”. Cortés, Édgar “Responsabilidad civil y daños a la persona - El daño a la salud en la experiencia italiana ¿un modelo para América Latina?”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, pág. 13.
(12) “lo que no se puede tolerar es que el tratamiento diferenciado, que se deduce de la interpretación de las normas tradicionales de la responsabilidad, beneficie a aquellos que se encuentran en una situación de privilegio”. Cortés, Édgar Ob. Cit. pág. 15.
(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. 10.421, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, Exp. 11842, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.
(20) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Expediente 11.652. Actor: Francisco Javier Naranjo Peláez y otros, M.P. Daniel Suárez Hernández.
(21) Ibíd. p.p. 252 a 263.
(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 2008, Exp. 15.657, M.P. Myriam Guerrero de Escobar, sentencia del 15 de agosto de 2007, Exp. AG 2003 – 385, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, y sentencia de 1º de diciembre de 2008, Exp. 17.744, M.P. Enrique Gil Botero, con aclaración de voto del ponente sobre esta materia.
(24) Gil Botero, Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Ed. Comlibros, Tercera Edición, 2006, p. 98.
(25) Navia Arroyo Felipe. Del daño moral al daño fisiológico, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, p. 78.
(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de agosto de 2007, Exp. AG 2003-385, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de mayo de 2011, Exp. 17396, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
(30) “Se ve cómo se introduce una nueva categoría de daño que llama perjuicio fisiológico o perjuicio a la vida de relación, que trata como sinónimos, desconociendo el significado que tales categorías tiene en los sistemas de origen. Y al momento de liquidar el daño, al que le reconoce un carácter satisfactorio, vuelve en confusión al decir que, “habida consideración de la gravedad que tuvieron las lesiones, que determinaron la amputación bilateral de las piernas por encima de las rodillas, la edad del lesionado y su actividad profesional como chofer, la cual no podrá ejercer en el futuro por el estado corporal en que quedó, los fija en la suma de... con cuya rentabilidad la víctima podrá atender razonablemente al pago de una persona que lo acompañe en su silla de ruedas cuando tenga necesidad de movilizarse de un sitio a otro. Con ella puede, igualmente, adquirirla sin sofisticaciones”. Habiendo deslindado en precedencia el daño fisiológico del daño patrimonial, al momento de la liquidación los mezcla con la consideración que hace del trabajo de la víctima y con la necesidad que ella tiene de una silla de ruedas y de un acompañante. El daño que se había propuesto se desdibuja así, al momento de la liquidación” Cortés, Édgar Ob. Cit. pág. 255.
(31) “... la ciencia jurídica que le dio entrada al concepto de daño biológico prefiere hoy utilizar la expresión “daño a la salud”, concepto jurídico (y no médico) con un alcance más amplio, pues mientras que el daño biológico se refiere a aspectos anatómicos y fisiológicos de la persona, el daño a la salud, además de referirse a ellos, tiene que ver con las manifestaciones generales del bien “salud” como bien necesario para una correcta expresión de la persona en la comunidad en que vive”. Cortés, Édgar Ob. Cit. pág. 21 y 22. Consultar igualmente: Busnelli, Francesco Donato, “Il danno biologico. Dal diritto vivente al diritto vigente” Torino, 2001, págs. 3 y ss.
(32) Tribunal Administrativo de Antioquia, sentencia del 3 de julio de 1992, Exp. 25878, M.P. Humberto Cárdenas.
(33) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de julio de 1993, Exp. 7772.
(35) www.who.int/en/.
(36) Cf. Corte de Casación Italiana, sentencia del 19 de diciembre de 2007, Nº 4712. (Traducción libre). Ver igualmente, las sentencias de 31 de mayo de 2003, números 8827 y 8828 de la Sala Civil de la Corte de Casación italiana, así como las sentencias 184 de 1986 y 233 de 2003, proferidas por la Corte Constitucional de ese mismo país.
(37) “El daño subjetivo o daño a la persona es aquel cuyos efectos recaen en el ser humano, considerado en sí mismo, en cuanto sujeto de derecho, desde la concepción hasta el final de la vida. Por la complejidad del ser humano, los daños pueden efectuar alguna o algunas de sus múltiples manifestaciones o “maneras de ser””. Fernández Sessarego, Carlos “El daño a la persona”, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, págs. 71 y ss.
(38) Vicente Domingo, Elena “Los daños corporales: tipología y valoración”, Ed. Bosch, Barcelona, 1994, pág. 139.
(39) “Allí se define el daño existencial [se refiere a la sentencia de la Sala Plena de la Corte de Casación italiana 6572 del 24 de marzo de 2006] como todo perjuicio causado en el hacer no reditual del sujeto, susceptible de ser constatado de manera objetiva, que altera sus hábitos y su modo de relacionarse, induciéndolo a alternativas de vida distintas, que inciden en el despliegue y realización de su personalidad en el mundo exterior.” Koteich Khatib, Milagros “El daño extrapatrimonial”, en “Diritto Romano Comune e America Latina”, Universidad Externado de Colombia, pág. 259.
(41) Fruto del trabajo jurisprudencial en Italia, se llegó a establecer dentro de este orden que el concepto daño biológico agrupa entre otros: el daño a la vida de relación, el daño estético, el daño a la esfera sexual y el daño a la incapacidad laboral genérica, todo lo cual ha sido recogido y reconocido por la Corte Suprema de Casación de ese país. Ver entre otras, las sentencias: No. 2761 de 1990, 1341 de 1991, 11133 de 1990, 9170 de 1994, y 7262 de 1991.
(42) “Este estado de cosas no solo deja la sensación de desorden, sino que también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser “límites razonables”, determinados sí, en términos jurídicos”. Cortés, Édgar Ob. Cit. pág. 57.
(43) “En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el criterio de liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico “debe, de un lado, responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse de manera diferente para cada sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a la incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicado”. Rozo Sordini, Paolo “El daño biológico”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, págs. 209 y 210.
(44) “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico”. Gil Botero, Enrique “Daño corporal - Daño biológico - Daño a la vida de relación”, pág. 10.

References: artículo 176
 artículo 90
 artículo 42
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 2059
 artículo 32