Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512008000100004&lng=pt&nrm=iso&tlng=es
Timestamp: 2018-01-24 07:48:36+00:00

Document:
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512008000100004
[pp. 185-219]
ESTUDIOS - DERECHO POLITICO
La doctrina de la separación de poderes y el poder judicial chileno*
The doctrine regarding separation of powers and the chilean judicial power
Palabras Clave: Jurisdicción, tribunales de justicia, independencia judicial, función jurisdiccional, separación de poderes.
This work analyses the historical and theoretical reasons that are the basis for the division of power, with special reference to the judicial power and its need to be independent from the political powers. This analysis comprises the study of how said doctrine in the Chilean law has been understood. To do this we analysed, from the critique standpoint, the majority conception of the Chilean constitutional dogma in order to consider that the political bodies can exert the jurisdictional function.
Keywords: Jurisdiction, justice courts, judicial independence, jurisdictional function, separation of powers.
A mi entender, como intentaré justificar en la presente trabajo, para que la división de poderes tenga sentido en un Estado de Derecho, es necesario que los poderes políticos, es decir, el legislativo y el ejecutivo, no puedan desarrollar la función jurisdiccional. Si entendemos por esta última una función estatal que tiene por objeto aplicar en el caso concreto y con efectos irrevocables el mandato general y abstracto del legislativo o la decisión jurídica del ejecutivo, dicha función debe quedar confiada a los tribunales de justicia los que se caracterizan por ser orgánicamente independientes del poder legislativo y del ejecutivo y funcionalmente imparciales.
¿Cómo vincular entonces a Montesquieu con la doctrina típicamente liberal de la división de poderes? Uno podría concluir que la doctrina de Montesquieu fue el primer impulso para que con fines libertarios se organizara posteriormente el Estado como Estado de Derecho, lo que implica fundamentalmente reconocer en la Constitución la separación de los tres poderes estatales a los fines de que la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos fuese asegurada8. Si bien Montesquieu abogaba en un primer momento para que esta organización del Estado respetase los privilegios del estamento noble, los revolucionarios e ilustrados que hicieron suyos sus postulados aplicaron los beneficios de esta organización estatal para el ciudadano burgués; para la mayoría burguesa.
Podemos concluir entonces que la doctrina de la separación de poderes buscó en sus orígenes combatir los gobiernos despóticos. Así se evitaba que un determinado grupo social interfiriera sobre los derechos e intereses de los demás. Con el tiempo dicha división buscó la consolidación de una sociedad regida por el imperio de la ley. Esto quiere decir que el poder legislativo debe crear el mandato legal; el poder ejecutivo debe ejecutar la ley y administrar la sociedad, y deben existir unos jueces para que el mandato de la ley se aplique irrevocablemente en los casos concretos sometidos a su conocimiento y decisión. Se construye entonces un Estado de Derecho en las democracias occidentales con dos poderes de representación popular que tienen la dirección política de la sociedad y un tercer poder, el judicial, que no tiene la conducción política de la sociedad y que debe velar porque los mandatos normativos se cumplan por todos; ciudadanos, poderes y órganos del Estado. Para que todo ello resulte, parece ser indispensable que los jueces sean independientes. A continuación pasaré revista al significado de la independencia judicial.
De independencia judicial sólo tiene sentido hablar en un Estado sometido a reglas legales generales y abstractas. Donde el poder no esté sometido a Derecho no aparece la necesidad de independencia de los tribunales. Podrá haber necesidad de imparcialidad, pero no de independencia. El Monarca podía ser imparcial frente a un subdito en la resolución de un asunto que le afectaba. Pero desde el momento en que todo individuo, ciudadano o titular de un órgano estatal, ha de someterse al imperio de la ley, se requiere que el órgano juzgador tenga un status especial cual es de órgano independiente. Así, en un Estado de Derecho, el ejecutivo no puede dar órdenes a un juez de cómo proceder en un determinado caso, menos cuando en dicha causa figuran como parte órganos del gobierno o la administración del Estado23.
Pero si se considera como sinónimo de Estado de Derecho aquel Estado donde la administración está sujeta al control judicial, como proponían algunos iuspublicistas alemanes, uno podría concluir que muchos países europeos de tradición continental, como Francia y España, no tuvieron durante buena parte del siglo XIX un verdadero Estado de Derecho. Recién en 1872 en Francia se crea al interior del Consejo de Estado una instancia independiente de resolución de las controversias administrativas. Lo mismo sucede en España en el año 1888 con la ley Santamaría de Paredes.
Esta doctrina tuvo su reflejo en la decisión del Consejo de Estado del año 1889, conocido como arret Cadot, donde el Comisario de Gobierno Jagerschmidt señaló que la administración puede tomar decisiones administrativas ejecutorias, aun con base en un contencioso previo, pero se trata siempre de decisiones administrativas y no jurisdiccionales. Luego esa decisión administrativa puede ser discutida ante un órgano jurisdiccional41.
La Constitución de 1980 (en adelante CPR.), así como las constituciones chilenas del siglo XIX y XX66, residencia en el poder judicial, que es sólo como decíamos una abreviación para referirse a los tribunales de justicia creados por ley, el ejercicio de la función jurisdiccional. El capítulo VI CPR: Poder Judicial, en su artículo 76 señala que: "La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos". He aquí una clara consagración de la doctrina de la separación de poderes y de la independencia del poder judicial.
Sin embargo, la situación se viene a complicar desde el momento que la parte dogmática de la Constitución (artículo 19 N° 3 inciso 5o CPR.) garantiza que: "Toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos".
Sin embargo, si ello es así, surge inmediatamente la cuestión de cómo se puede conciliar esta tesis con la prohibición establecida por el artículo 76 CPR. dirigida al Presidente de la República y al Congreso Nacional para ejercer funciones jurisdiccionales. La respuesta que da la doctrina basada en la historia fidedigna de la norma viene a decir que esa prohibición se establece taxativamente para esos órganos, es decir, específicamente para el Presidente de la República y para el Congreso Nacional, pero no para sus subordinados o ramas. Es decir, ni el Presidente de la República ni el Congreso Nacional pueden ejercer jurisdicción, pero sí lo podrían hacer un ministro de Estado o un director o jefe de servicio o bien el senado o la cámara de diputados71.
De la tesis de Cea parece concluirse que un tribunal ordinario de justicia, como por ejemplo un juzgado de letras, ejerce una función judicial como una especie de la más general función jurisdiccional. El director regional del servicio de impuestos internos o la dirección del trabajo, como órganos administrativos, pueden ejercer una función jurisdiccional no judicial. Luego el desarrollo expositivo de Cea se hace más complejo puesto que expresa que los órganos jurisdiccionales deben ser independientes e imparciales, especialmente del jefe de Estado o del gobierno74. Parece señalar entonces el autor que jueces y órganos jurisdiccionales son lo mismo. Ambos ejercen la función judicial como parte de la función jurisdiccional. Se diferenciarían entonces esos jueces u órganos jurisdiccionales de aquellos otros órganos que no son jueces ni órganos jurisdiccionales pero que ejercen jurisdicción; aquí entra la expresión "órgano que ejerce jurisdicción " a que se refiere el artículo 19 N° 3 inciso 5o CPR.
Entonces, tenemos que un juzgado de letras es un juez u órgano jurisdiccional y el director regional del servicio de impuestos internos es un órgano -administrativo- que ejerce jurisdicción. A ese juzgado de letras la Constitución le garantiza una independencia respecto del Presidente de la República y del Congreso Nacional. El director regional del servicio de impuestos internos no goza de esa garantía de independencia aunque igualmente puede ejercer jurisdicción. Es que en este caso se trataría de un órgano que ejerce la función jurisdiccional.
La función jurisdiccional de control es exigida por nuestra Constitución respecto de la Administración del Estado (artículo 38 inciso 2o CPR. y artículo 93 N° 3o, N° 4o, N° 8o, N° 9o, N° 13 y N° 16° CPR.) y del Legislador (artículo N° 93 N° Io, N° 3o, N° 6o, N° 7o, N° 14° y N° 15° CPR.). El poder judicial ordinario a través del Recurso de Protección (artículo 20 CPR.) también puede cumplir esa función de control cuando los poderes del Estado vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. Con un carácter más específico el habeas corpus (artículo 21 CPR.) también permite a los jueces controlar los actos del Estado.
19 Cfr. Aldunate, Eduardo, La independencia judicial. Aproximación teórica, consagración constitucional y crítica, en Revista de Derecho Universidad Católica de Valparaíso 16 (1995), p. 23.
33 Cfr. Kelsen, Hans, Giurisdizione e amministrazione, en Geraci, Carmelo (editor), Ilprimato del parlamento (Milano, Giuffré, 2002), p. 102.
48 Cfr. Andrés Ibáñez, Perfecto, Poder judicial y juez en el Estado constitucional de Derecho. El sistema del Consejo en La experiencia jurisdiccional: Del Estado legislativo de Derecho al Estado constitucional de Derecho (Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 1999), p. 18.
61 Vid. Schedler, Andreas, Argumentos y observaciones: De críticas internas y externas a la imparcialidad judicial en Isonomía 22 (2005) abril, p. 71.
62 Vid. Spadaro, Antonino, IIfenómeno della pubblicizzazione degli interessi pri-vati e di riflesso, della privatizzazione degli interessi pubblici: Una piccola contribuzione sulla crisi deW etica pubblica costituzionale en Diritto epotere neWItalia di oggi (Torino, Giappichelli, 2004), 16.
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 19
 artículo 93