Source: http://www.scribd.com/doc/22562765/Atribucion-de-uno-o-varios-hechos-punibles-por-el-Ministerio-Publico-en-audiencia-de-presentacion-constituye-un-acto-de-imputacion
Timestamp: 2015-07-07 10:01:01+00:00

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P. 1Atribución de uno o varios hechos punibles por el Ministerio Público en audiencia de presentación constituye un acto de imputaciónAtribución de uno o varios hechos punibles por el Ministerio Público en audiencia de presentación constituye un acto de imputaciónRatings: (0)|Views: 257|Likes: 0Published by vz.DasAtribución de uno o varios hechos punibles por el Ministerio Público en audiencia de presentación constituye un acto de imputaciónNueva sentencia vinculante en materia penal"...Visto lo anterior, esta Sala considera, y así se establece con carácter vinculante, que la atribución de uno o varios hechos punibles por el Ministerio Público en la audiencia de presentación prevista en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye un acto de imputación que surte, de forma plena, todos los efectos constitucionales y legales correspondientes, todo ello con base en una sana interpretación del artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; igualmente el Ministerio Público puede solicitar una orden de aprehensión contra una persona, sin que previamente ésta haya sido imputada por dicho órgano de persecución penal...."Atribución de uno o varios hechos punibles por el Ministerio Público en audiencia de presentación constituye un acto de imputaciónNueva sentencia vinculante en materia penal"...Visto lo anterior, esta Sala considera, y así se establece con carácter vinculante, que la atribución de uno o varios hechos punibles por el Ministerio Público en la audiencia de presentación prevista en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye un acto de imputación que surte, de forma plena, todos los efectos constitucionales y legales correspondientes, todo ello con base en una sana interpretación del artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; igualmente el Ministerio Público puede solicitar una orden de aprehensión contra una persona, sin que previamente ésta haya sido imputada por dicho órgano de persecución penal...."More info:Categories:Types, School Work, Study Guides, Notes, & QuizzesPublished by: vz.Das on Nov 15, 2009Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/22562765/Atribucion-de-uno-o-varios-hechos-punibles-por-el-Ministerio-Publico-en-audiencia-de-presentacion-constituye-un-acto-de-imputacion11/14/2009pdftextoriginal Atribución de uno o varios hechos punibles por elMinisterio Público en audiencia de presentaciónconstituye un acto de imputación
"...Visto lo anterior, esta Sala considera, y así se establece con carácter vinculante, que la atribución de uno o varios hechospunibles por el Ministerio Público en la audiencia de presentación prevista en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal,constituye un acto de imputación que surte, de forma plena, todos los efectos constitucionales y legales correspondientes, todo ello conbase en una sana interpretación del artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; igualmente elMinisterio Público puede solicitar una orden de aprehensión contra una persona, sin que previamente ésta haya sido imputada pordicho órgano de persecución penal...."Sentencia N° 1381Decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual se establece con carácter vinculante que laatribución de uno o varios hechos punibles por el ministerio público en la audiencia de presentación prevista en el artículo 250 delcódigo orgánico procesal penal, constituye un acto de imputación; e igualmente que el ministerio público puede solicitar una orden deaprehensión contra una persona, sin que previamente ésta haya sido imputada por dicho órgano de persecución penal."...VMOTIVACIÓN PARA DECIDIRPara decidir, debe esta Sala delimitar el objeto de la presente acción de amparo constitucional, y a tal efecto, observa que la misma hasido interpuesta por los abogados Vicente Alfonzo Contreras Bocaranda y Omer Leonardo Simoza González, actuando en su carácterde defensores del ciudadano Jairo Alberto Ojeda Briceño, contra la sentencia dictada, el 19 de noviembre de 2007, por la Corte deApelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación ejercidocontra la decisión publicada el 17 de octubre de 2007, dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Función de Control deese mismo Circuito Judicial Penal, en el marco del proceso penal que se le sigue a dicho ciudadano por la presunta comisión del delitode secuestro, previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Manuel Enrique Pérez Uzcátegui.De igual forma, se observa que la parte actora denunció la vulneración de los derechos la igualdad ante la ley, a la tutela judicialeficaz, a la libertad personal, al debido proceso, a la defensa, a representar o dirigir peticiones y a que no se sacrifique la justicia por laomisión de formalidades no esenciales que acogieron los artículos 21, 26, 44, 49, 51 y 257 de la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela. Los argumentos medulares que sustentan tales denuncias se traducen, esencialmente, en los siguientes: a)Que el ciudadano Jairo Alberto Ojeda Briceño no fue imputado formalmente por el Ministerio Público durante la fase preparatoria delproceso, situación que conllevó a que se le siguiera una investigación penal a sus espaldas, y no fue sino hasta la oportunidad de laaudiencia de presentación en que pudo tener conocimiento de dicha investigación; y b) Que dada la ausencia de imputación formal delhoy quejoso, no era procedente su privación preventiva de libertad, razón por la cual tanto el Juez de Control como la Corte deApelaciones erraron al considerar como válida la medida de privación preventiva de libertad.En primer lugar, en cuanto a la primera denuncia, a saber, que el hoy accionante no fue imputado formalmente por el MinisterioPúblico durante la fase preparatoria del proceso, y que tal omisión conllevó a que se le siguiera una investigación penal a sus espaldas,no siendo sino hasta la oportunidad de la audiencia de presentación en que pudo tener conocimiento de dicha investigación, esta Salaconsidera que Imputar significa, ordinariamente, atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable, concretamente,adjudicar a una determinada persona la comisión de un hecho punible, siendo el presupuesto necesario para ello, que existan indiciosracionales de criminalidad contra tal persona; mientras que imputado, obviamente, es aquel a quien se le atribuye ese hecho. De cara anuestro ordenamiento procesal penal (artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal), imputado es toda persona a quien se le señalecomo autor o partícipe de un hecho punible, mediante un acto de procedimiento efectuado por las autoridades encargadas de lapersecución penal. No se requiere de un auto declarativo de la condición de imputado, sino de cualquier actividad de investigacióncriminal, mediante la cual a una persona se le considere como autor o partícipe.Al respecto, esta Sala, en sentencia n. 1.636/2002, del 17 de julio, estableció lo siguiente:
Conforme al artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, imputado es toda persona a quien se le señala como autor o partícipede un hecho punible, por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal. No se requiere de un autodeclarativo de la condición de imputado, sino de cualquier actividad de investigación criminal, donde a una persona se la trata comopresunto autor o partícipe.
En la fase de investigación, la imputación puede provenir de una querella (artículo 296 del Código Orgánico Procesal Penal), o deactos de la investigación que de manera inequívoca señalan a alguien como autor o partícipe, bien porque la denuncia menciona a unapersona en particular que se interroga o entrevista como tal, o porque los actos de investigación, como allanamientos, etc, reflejan una
persecución penal personalizada” (Resaltado del presente fallo).
En nuestro ordenamiento procesal penal, la cualidad de imputado es susceptible de ser adquirida por el acto a través del cual elMinisterio Público, de conformidad con el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, comunica detalladamente a la personainvestigada el hecho que se le atribuye.A mayor abundamiento, dicha norma describe los requisitos de forma que deben ser cumplidos antes de comenzar la declaración delimputado, siendo que entre aquéllos resalta uno que se adapta conceptualmente a la figura procesal aquí analizada. Dichos requisitosson los siguientes: a) la imposición del precepto constitucional que exime a la persona de declarar en causa propia y, aun en caso deconsentir a prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento; b) la comunicación detallada a la persona de cuál es el hecho que se leatribuye, con indicación de todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, incluyendo aquellas que son de importanciapara la calificación jurídica; c) la indicación de los preceptos jurídicos que resulten aplicables; d) la comunicación de los datos que lainvestigación arroja en contra de la persona; e) el señalamiento de que la declaración es un medio para su defensa y, por consiguiente,que tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre él recaigan, y a solicitar la práctica dediligencias que considere necesarias. Así, se evidencia entonces que el segundo requisito (comunicación detallada del hecho punible)configura, a todas luces, un acto de imputación.Ahora bien, ese acto de comunicación que efectúa el Ministerio Público (generalmente, previa citación de la persona investigada) noniega ni excluye cualquier otra modalidad de imputación posible durante la investigación. Sostener lo contrario podría conllevar aprácticas deleznables y perjudiciales para la persona contra la cual se ha motorizado la persecución penal.Claro está, no toda persona que aparezca en una investigación penal, con ocasión de una denuncia formulada por la comisión de uno ovarios hechos punibles, será considerada como imputada (sentencia n. 2.921/2002, del 20 de noviembre).Debido a que el objeto del proceso penal se configura no sólo con la existencia de un hecho punible, sino también con la atribución desu comisión a una persona concreta, la adquisición de la cualidad de imputado genera los siguientes efectos procesales: a) determina elelemento subjetivo del proceso; b) determina el presupuesto de la acusación, por lo cual, no podrá ejercerse acusación contra unapersona si ésta no tiene la cualidad de imputada; y c) habilita automáticamente para el ejercicio de cualesquiera de los derechosprevistos en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, y concretamente, posibilita un ejercicio eficaz del derecho a ladefensa, así como también de los demás derechos y garantías que integran el debido proceso.Excepcionalmente, el nacimiento de tales derechos y garantías en cabeza del encartado puede darse antes de que le sea comunicadoformalmente el hecho que se le atribuye, ya que es plausible que aquél pueda enterarse de la existencia del procedimiento penal que seha instaurado en su contra, antes de que se produzca tal comunicación formal, resultando obvio que, en ese supuesto, también tiene elderecho a oponerse a la persecución penal (es el caso, por ejemplo, del artículo 125.8 del Código Orgánico Procesal Penal), tal comoocurrió en el caso de autos.El artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho a la defensa, del siguiente modo:
“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativ
as; en consecuencia:1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Todapersona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo yde los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Todapersona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecida
s en esta Constitución y la ley”.
El contenido de este derecho, se traduce en la facultad de toda persona de intervenir en el proceso penal que contra ella se hayaincoado, así como también de llevar a cabo las actividades procesales necesarias para evidenciar la falta de fundamento de la potestadpenal que contra él ejerce el Estado, o cualquier circunstancia que la excluya o la atenúe.Como un claro desarrollo del contenido de este último -y por ende del debido proceso-, se perfila el artículo 125 del Código OrgánicoProcesal Penal, el cual articula el catálogo de derechos que nacen en cabeza de quien ha adquirido la cualidad de imputado en lostérminos expuestos supra. Así, dicha norma reza del siguiente modo:
“Artículo 125. Derechos. El imputa
do tendrá los siguientes derechos:1. Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan;2. Comunicarse con sus familiares, abogado de su confianza o asociación de asistencia jurídica, para informar sobre su detención;
3. Ser asistido, desde los actos iniciales de la investigación, por un defensor que designe él o sus parientes y, en su defecto, por undefensor público;4. Ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma castellano;5. Pedir al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen;6. Presentarse directamente ante el juez con el fin de prestar declaración;7. Solicitar que se active la investigación y a conocer su contenido, salvo en los casos en que alguna parte de ella haya sido declaradareservada y sólo por el tiempo que esa declaración se prolongue;8. Pedir que se declare anticipadamente la improcedencia de la privación preventiva judicial de libertad;9. Ser impuesto del precepto constitucional que lo exime de declarar y, aun en caso de consentir a prestar declaración, a no hacerlobajo juramento;10. No ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de su dignidad personal;11. No ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad, incluso con su consentimiento;
Dicho lo anterior, debe señalarse que en la etapa de investigación del procedimiento ordinario, el acto de imputación puede llevarse acabo de las siguientes formas:1. Ante el Fiscal del Ministerio Público encargado de la investigación, ya sea porque: a) que la persona sido haya citada a tal efectopor el Ministerio Público; o b) la persona haya comparecido espontáneamente ante dicho órgano.2. Ante el Juez de Control, cuando la persona haya sido aprehendida. Este supuesto está referido, en el caso del procedimientoordinario, a la audiencia prevista en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. En esta hipótesis, el Ministerio Públicocomunicará a la persona aprehendida el hecho que se le atribuye.Por su parte, en los casos de aprehensiones en flagrancia, la atribución -a la persona aprehendida- de uno o varios hechos punibles porel Ministerio Público en la audiencia de presentación del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye el acto deimputación (sentencia n. 276/2009, del 20 de marzo).Advierte esta Sala que el presente análisis se articulará únicamente de cara al procedimiento ordinario, ya que fueron las normas deéste las aplicadas en la causa penal que originó la presente acción de amparo, no así las del procedimiento abreviado para delitosflagrantes, previsto en los artículos 373 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.Debe esta Sala recalcar, que el Ministerio Público, como órgano llamado a oficializar la acción penal, tiene el deber de practicar elacto de imputación antes de finalizar la fase de investigación, ya que el encartado, para poder articular su defensa y rebatir una posibleacusación en su contra, debe conocer con suficiente antelación el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica otorgada a ese hechoy los elementos que sustentan la persecución penal, actuación que puede efectuarse en la sede del Ministerio Público, o ante lostribunales correspondientes en los casos de presentación del aprehendido en flagrancia o en ejecución de una orden de aprehensióndictada de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.En el caso sub lite, de la lectura de las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que el proceso penal se inició el 14 de junio de 2007, mediante orden de apertura de investigación dictada por el Ministerio Público, con ocasión de la denuncia formuladapor el ciudadano Juan Carlos Rafael Mendoza, por la presunta comisión del delito de secuestro, previsto y sancionado en el artículo460 del Código Penal.Posteriormente, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra el ciudadano Jairo Alberto Ojeda Briceño, el 25 deseptiembre de 2007, siendo que aquélla fue acordada por el Juzgado Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del EstadoTrujillo, mediante decisión del día 3 de octubre de 2007, en la cual se ordenó la privación de libertad de dicho ciudadano.Luego, mediante dos (2) escritos presentados en fechas 4 y 16 de octubre de 2007, respectivamente, mediante los cuales el hoyquejoso
se puso a disposición del referido Juzgado de Control, solicitó una audiencia de presentación “voluntaria”, así como también
peticionó que se declarara la nulidad de la antedicha decisión judicial.
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 artículo 460
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 artículo 125
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