Source: https://es.scribd.com/document/2402011/GARANTIAS-CONSTITUCIONALES-DEL
Timestamp: 2016-10-23 14:36:27+00:00

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siguiendo doctrina europea. el principio de la solidaridad (entre todos los ciudadanos. la tutela judicial efectiva (que es un concepto mucho más profundo que nuestra formal garantía del debido proceso). el de justicia tributaria. También. igualdad. el principio de reserva de ley o principio de legalidad. capacidad económica. La doctrina nacional es tributaria de la doctrina comparada. el principio de justicia (formulado con los principios de igualdad. han afirmado la existencia de una relación entre Estado de Derecho con el Poder Tributario. equidad. sectores. principios de orden
. Albiñana (1992. certeza y no arbitrariedad en la interpretación de preceptos legales y poder judicial independiente). no confiscatoriedad. y los tratados internacionales constituirían el instrumento en que se da fe de esta autolimitación frente al exterior. generalidad. considerados consecuencia de la soberanía de los otros Estados sobre un territorio determinado. en materia de estos principios supremos de la tributación. El destacado profesor argentino Héctor Villegas. proporcionalidad. En este marco de ideas. el principio de generalidad ("todos tienen el deber de contribuir al mantenimiento de los gastos públicos"). generalidad. igualdad. etc. son los de capacidad económica y legalidad. el principio de progresividad.Otros le denominan derechamente límites externos. El único autor que hemos visto hacer una distinción entre los principios de la tributación en el Derecho Comparado y los principios de la tributación en Chile. Tanto es así. Algunos autores en Chile. que es frecuente ver que se hace referencia a los principios en Derecho Comparado. control jurisdiccional. el principio de la redistribución de la renta y del patrimonio. justicia tributaria. por cierto. y se los asimila a nuestro país sin mucho enfoque crítico. progresividad y no confiscatoriedad) de los principios formales (reserva de ley y principio de ingreso público). seguridad jurídica en sus aspectos de confiabilidad. por ejemplo. Francisco José Carrera Reyes11. proporcionalidad. Han indicado que la expresión Estado de Derecho10 encierra la idea de sometimiento del Estado y sus organismos al Derecho. podemos señalar que Benalcázar (2002) considera que los principios son el de igualdad. es el profesor Enrique Evans (1997). el principio de la capacidad económica (que es el soporte más valioso de la equidad en la distribución del impuesto). y se comprende con la existencia de la separación de los poderes consagrada constitucionalmente y el reconocimiento de derechos y garantías fundamentales. no revisando con acuciosidad el hecho que pudieran no tener respaldo constitucional o tal vez pudieran tener un tratamiento constitucional distinto. la Constitución sería la manifestación más permanente de esta autolimitación del poder estatal dentro de las fronteras nacionales. Dando alguna noticia del Derecho Comparado. hace referencia a principio de igualdad (igualdad ante la ley y en la aplicación judicial de la ley) y no discriminación. 65) distingue el principio del beneficio12. por lo que el poder tributario va de la mano con la soberanía estatal. distingue principios materiales del ingreso público (generalidad. progresividad y capacidad económica). siendo el principio de reserva de ley y el de irretroactividad de la ley tributaria aplicaciones del derecho a la seguridad jurídica y un freno a la arbitrariedad de quienes ostentan el poder público. territorios)13. Casado (2002) expresa que los pilares fundamentales sobre los que se levanta el instituto jurídico del tributo en el campo constitucional. distingue entre límites de la potestad tributaria (principio de legalidad como límite formal y principio de capacidad contributiva como límite material) y garantías materiales del contribuyente (generalidad. el principio de igualdad. razonabilidad. límites a la potestad tributaria o garantías del contribuyente. La doctrina tributaria nacional que recoge esta idea no lo considera un principio sino un marco general o presupuesto de actuación del Estado.
facilitado ello por el gran desarrollo alcanzado por las tecnologías de la información y los medios de transportes y comunicaciones.).) lleva a considerar que la fiscalidad tiene un carácter internacional. el favorecimiento a la creación de empleo y crecimiento económico. la que esperamos bosquejar en futuras publicaciones. En nuestro propio país (Chile). sea directamente por el constituyente a través de una reforma constitucional. los menores ingresos que la reforma produzca a algunas comunas. y que merece una respuesta mucho más completa que la expuesta. que intenta reflejar la conexión del texto constitucional con la realidad político social. En efecto. medidas para-arancelarias y medidas de efecto equivalente). de control de la actividad administrativa. en dicho proyecto de ley. Y esa realidad económica de nuevas exigencias es la que debe ser asumida con sinceridad. de no privación de la libertad. política y económica a que se enfrentan los Estados en el marco de una economía globalizada. etc. los pactos de libre comercio. entre otros. transparencia. II. de concretarse ésta. Casado (2002) explica el fenómeno señalando que las ideas básicas sobre las que se fundamenta la tributación se construyeron en un contexto social. Y el desarrollo de dichos tratados. accesibilidad de la ley. neutralidad. etc. que en términos más amplios se relacionan con las bases de la tributación en la Constitución. la reforma al impuesto a la renta de los trabajadores. que no necesariamente ha sido coincidente con el mantenimiento del orden en materia de financiamiento de los gastos públicos (en efecto. donde los contribuyentes que comparece al sistema tributario como un agente económico que elige entre diferentes "proveedores tributarios". de seguridad jurídica. significará una necesaria redistribución de los fondos comunes municipales). la reforma a la Ley de Timbres y Estampillas. de unión aduanera y de mercado común. simplicidad o comprensibilidad. a través de los métodos de interpretación constitucional pertinentes. I. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL CONTRIBUYENTE EN LA DOCTRINA NACIONAL
. la globalización de los mercados (con la liberalización de los mercados de capitales. implica la intervención no sólo de la estructura tributaria relacionada al comercio exterior (barreras arancelarias y exacciones de efecto equivalente. En materia internacional. eligiendo aquel que le significa una menor presión fiscal de entre las distintas jurisdicciones fiscales que coexisten a nivel nacional e internacional.jurídico (de legalidad.IV. u otro semejante. en los debates legislativos suscitados con ocasión de los proyectos de ley de carácter tributario (tales como en la Ley de Rentas Municipales. Hoy. la apertura económica. dado su carácter normativo amplio y abierto. Ella requiere dar cuenta de una realidad social. y que daba cuenta de una muy estrecha relación entre el Estado y su contribuyente. de irretroactividad de las sanciones. sino también la armonización de la fiscalidad interna. la ley de plataforma financiera internacional. o sea por la doctrina y los operadores jurídicos.) se ha hecho referencia de uno u otro modo a las ideas de competencia fiscal. De lo anterior. Algunos comentarios Todos los temas vistos. o como el método de la "interpretación constitucional mutativa". político y económico muy diferente al existente hoy (y que históricamente se hunde en el origen mismo del constitucionalismo). etc. es que se presentan ejemplos como el de las reformas a la Ley de Rentas Municipales II. precisamente se desarrollan sobre la base de entender la fiscalidad como una herramienta de políticas económicas (en general) y no sólo de política fiscal. tales como el método "hermenéutico concretizador" teorizado fundamentalmente por Konrad Hesse por el cual la realidad debe ser incorporada a fin de determinar claramente lo que en principio no aparece con esta característica en la Constitución. el desplazamiento internacional de los factores de producción y las bases imponibles. asimismo. También hace referencia a principios de orden económico (como Neumark)14.
"las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley". quienes defienden la segunda postura. "el Congreso Nacional sólo podrá aceptar. pues precisamente debe interpretarse de manera amplia la norma que establece
.I. reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza. 60 N°14. La doctrina comparada da cuenta del apotegma "nullum tributum sine lege" (o el viejo principio "no hay tributación sin representación" de los sublevados ingleses de la Gran Revolución y suscrito en La Carta Magna y el Bill of Rights) en la exigencia de una ley formal. Al respecto. el artículo 32 (que en su numeral 1 señala que son atribuciones especiales del Presidente de la República "concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución. señalan que es suficiente que la ley sólo establezca los aspectos esenciales de la regulación de los derechos o fijación de tributos (por ejemplo. a la autoridad administrativa le queda vedada la posibilidad de establecer tributos. empleos. proporcionalidad o progresión". "las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República". emolumentos. Asté señala que serían éstos los sujetos y hecho gravado). establece en el numeral 1 del artículo 62 que "corresponderá. Y la exigencia es precisamente que los tributos sólo pueden establecerse bajo la figura jurídica de una ley en su sentido formal. dicha norma reglamentaria sin embargo sería materialmente. más no formalmente. gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República" (inciso final del artículo 62). En virtud de lo anterior. préstamos. En lo pertinente. y en su numeral 14. asimismo. "cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley". sancionarlas y promulgarlas"). Lo anterior no debe ser confundido con la discusión relativa a si el principio de legalidad debe entenderse en sentido amplio o restringido. 32 N°8. Garantía de legalidad del tributo o de la carga impositiva Este principio constitucional se denomina también principio de reserva legal. y determinar su forma. y se consagra y regula principalmente en los artículos 19 N°20. que establece que le cabe "ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal. decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes") o derivada de la aplicación de la ley. puede atreverse a dictar normas de carácter general cuyo contenido sea precisamente el reservado a la ley. Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados (articulo 62 inciso 2 Constitución Política). Es decir. estimo que el principio de legalidad debe entenderse en sentido amplio. Ésta es la más clásica de las garantías constitucionales del contribuyente. suprimir. Se relaciona con el origen mismo del constitucionalismo. pues la Constitución Política en su artículo 26 es claro en disponer que la regulación o limitación (restricción) de derechos sólo puede hacerse por ley y en los casos que la misma Constitución Política lo autorice. sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos. beneficios. establecer exenciones o modificar las existentes. disminuir o rechazar los servicios. una ley.II. por el que le corresponde. al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para (1) imponer. establecida en el artículo 32 de la Constitución Política. en su numeral 22. pudiendo quedar el resto de la regulación en manos de la potestad reglamentaria. fruto de las potestades constitucionales del Presidente de la República. argumentando que hace uso de su potestad reglamentaria autónoma (derivada precisamente del numeral 8 de dicho artículo. y no en su sentido material. En consecuencia. y en nuestro país está fundada en el artículo 19 numeral 20 de la Constitución Política. el artículo 60 dispone que sólo son materias de ley. 62 inciso 4 N° 1 de la Constitución Política de la República de Chile15. Además la interpretación constitucional debe hacerse favor libertatis y no pro fiscus. Al respecto. que al fijar el estatuto constitucional de los tributos determina que la ley es el instrumento por el cual éstos se regularán. Respecto de este tema. y la tributación es una limitación al derecho de propiedad16. Concordante con ello.
. los DFL.). La afectación de la propiedad por los tributos. o mediante mandato legal para que. que establece que es atribución especial del Presidente de la República "dictar. aun no recepcionada por los tributaristas. conforme al numeral 3 del artículo 32 de la Constitución Política. De este último aserto se puede disentir. podemos distinguir la igualdad ante la ley.derechos y restrictivamente la que establece potestades (y las que limitan los derechos). Pero esto último no sólo es un problema que radica en el Parlamento o Ejecutivo. Y de ello se hace cargo el profesor Evans (1997). Pero no por ello es necesariamente correcta. consecuencia del concurso político de los distintos sectores representados en el parlamento. etc. que señala que en cuanto el principio de legalidad tributaria y el de igualdad tributaria son derechos constitucionales. Figueroa. es cuestionable la posibilidad de delegación. Sin embargo. Ello se pierde también con la delegación legislativa. Por otro lado. sino también en la Justicia Constitucional. el principio de legalidad en materia tributaria desde sus inicios vinculó la fijación de tributos a la discusión y debate parlamentario a fin de evitar cualquier exceso del Poder Ejecutivo. y es posible estimar que puede afectar menos la libertad patrimonial (la que siempre queda afectada al menos parcialmente por los tributos) y excluir con mayor probabilidad las arbitrariedades. decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución". Según Zavala (2001. por ejemplo. y sometidos a la misma ley. que se relacionan con el principio del debido proceso en cuanto establece que Fisco y Contribuyente se encuentran en la misma situación jurídica. cual es que la doctrina estima precisamente que la tributación es una limitación al derecho de propiedad. estimo que lo indudable es que mecanismo parlamentario concede mayor legitimidad. en virtud de la norma constitucional prohibitiva contenida en el artículo 61 inciso 2 de la Constitución Política. Ésta además es la posición de prácticamente toda la doctrina nacional (Radovic. sistemática y finalista. además de que debe interpretarse las normas constitucionales de manera armónica. el principio de reserva legal debe entenderse en sentido amplio. todos deben contribuir conforme su capacidad contributiva. principio de igualdad ante la ley tributaria. según entiendo). como señala Asté "la mayor garantía para el contribuyente se logra cuando es la ley. y ello es otro argumento para considerar que no es posible la delegación. prorrogue incentivos fiscales. En nuestro caso. a través de decretos con fuerza de ley. Es decir. previa delegación de facultades del Congreso. II. igualdad ante la justicia o en la aplicación de la ley (que debe verse en el apartado dedicado a las garantías jurisdiccionales. y a la misma jurisdicción. lo que en materia tributaria se relaciona con el carácter general de los tributos (principio de generalidad. 17). Garantía de igualdad de los tributos o de su igual reparto Dentro del gran principio de la igualdad constituye un derecho fundamental en cuanto todas las personas tienen igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley. lo que otorga precisamente la legitimidad por el cual este mecanismo nació y pervive. comprendiendo. Se dice además que no está prohibido. Para Aste con ello se garantiza la existencia de la libertad patrimonial y ausencia de la arbitrariedad (2002.II. por estar comprometida de manera total este otro derecho fundamental. conforme a los derechos fundamentales y las normas del capítulo I de la Constitución Política17. no considera Evans otro argumento en el mismo sentido. se presenta el problema del establecimiento de tributos vía delegación legislativa. Al tratar esta garantía. pues parece ser demasiado categórico. la que establece todos los elementos que integran la obligación impositiva". todo lo cual no se logra concretar sino muy parcialmente de acuerdo todos los días comprueban quienes se enfrenta a nuestro sistema del contencioso tributario) y la prohibición de las discriminaciones arbitrarias (lo que en la moderna doctrina. No obstante tener en ello la razón. exige precisamente de una ley emanada de este órgano representativo de todos los sectores de la sociedad. se denomina interdicción de la arbitrariedad).16). por tanto.
y la igual repartición de las demás cargas públicas". Ahora bien. u otro." El principio de la generalidad señala la mayor parte de la doctrina. en modo alguno ser arbitrarias. Como señala Casado (2002. implica que verificados los supuestos que prevé la ley para que una persona se constituya en deudora frente al Fisco. el principio de la no discriminación es relacional. y en general la doctrina europea). Asimismo.IV. Ello no obsta a la formación de categorías por parte del legislador a fin de distribuir la carga impositiva entre los contribuyentes de acuerdo a criterios tales como capacidad contributiva. no pueden. 19 N°2. queda constituida en esa calidad sin que pueda liberarse de su obligación. beneficio del contribuyente. dentro de los marcos que la misma ley señale. y no pueden establecerse tributos a personas individuales. el hecho gravado" (Zavala 2001. La igualdad y la generalidad Algunos autores se refieren a este principio como igualdad o generalidad tributaria. cualquiera que sea su naturaleza. la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Estaría consagrado en cuanto la Constitución Política dispone "la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley. dado a que el legislador se ve en la necesidad de discriminar entre distintas situaciones. por violación del art. ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. II. De ahí podemos deducir la génesis de la comprensión del principio democrático como eje fundamental de la estructura del Estado de Derecho en Chile19.Estas garantías están consagradas constitucionalmente18. podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados. 20).
. que reiteramos son consustanciales a la igualdad.16). ya que en el evento que lo sean adolecerían de inconstitucionalidad. 19 N°22 de la Carta Fundamental. el de la igualdad y la no discriminación arbitraria. Sin embargo. origen de las rentas. El constituyente refuerza la garantía de igualdad al inhibir a los órganos del Estado a realizar diferencias arbitrarias en la aplicación de las normas.III. con el fin de velar que las personas soporten un mismo tratamiento tributario. estas diferencias. por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. y lo entiende como "aquel en virtud del cual el tributo sólo puede afectar a los sujetos que se encuentran en el supuesto de hecho que la ley ha previsto. y " los tributos que se recauden. Requiere tener un punto de comparación22. con relación a su poder contributivo o capacidad económica20 (de ahí que los impuestos proporcionales y progresivos sean constitucionales)21. Este principio se extiende también al hecho de que el impuesto no pueda tener destinaciones especiales. Hay que destacar que algunos tributaristas consideran que este principio no sólo informa esta materia sino que es un pilar fundamental del Estado democrático. que deben ir a las arcas generales de la nación23. La doctrina tributarista nacional expresa que este principio no se refiere a una igualdad en términos numéricos. sino que se trata de asegurar el mismo tratamiento tributario a quienes se encuentran en análogas situaciones. esto es no se analiza individualmente sino en comparación. II. y que al menos entre los tributaristas revisados sólo hemos visto lo recoge Aste (2002. Pero todas las personas dentro de esa categoría están obligadas. como fluye de lo dispuesto en el art. La igualdad y la no discriminación arbitraria En este principio se conjugan dos términos que en apariencia son contradictorios.
Lara (2002) explica que su establecimiento no importa quebrantamiento de la garantía de igualdad tributaria. de modo tal que los impuestos los paguen todos aquellos que están en la situación objetiva contemplada en la ley" El profesor Atria24.
. que comprenda a todas las personas cuya situación coincida con la hipótesis normativa ahí prevista" (Radovic 1998. y se fundamentan en circunstancias de orden económico. y se señala que "consiste en que la ley sea una disposición abstracta e impersonal. y se encuentra expresamente consagrado en la Constitución en los artículos 19 N° 22 y 62 la posibilidad de establecerlas. las que son adoptadas en razón de circunstancias de orden económico.31. en cuanto a que su establecimiento corresponda a motivaciones que no sean discriminatorias. Figueroa (1985.V. político y social apreciadas ellas por el legislador. La ley tributaria debe tener aplicación respecto de todos los contribuyentes que se encuentren en la situación prevista por la ley. 19 N° 26 de la Carta fundamental. de modo tal que los tributos sean pagados por todos aquellos que se encuentren en la situación objetiva contemplada en la ley.VI. II. sólo a través de leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. considera muy criticable esta forma de enfocar el principio de generalidad. 72). La doctrina nacional señala que dicha privación se explica y justifica por el fin social que el Estado debe cumplir por mandato de la Constitución Política. Lara 2000). Las exenciones constituyen una excepción a la generalidad e igualdad. ello según el tenor expreso del art. Garantía del respeto a la propiedad privada Los tributos constituyen una limitación al derecho de propiedad. para otros autores la generalidad es un principio autónomo de la tributación (Aste 2002. como ya se ha señalado25. en los siguientes subprincipios: a) No confiscatoriedad del tributo. esto es excesivo al punto de afectar el derecho de propiedad en su esencia. Asimismo. según la doctrina. carece de todo efecto garantístico. es decir. se expresa. el cual precisamente el derecho a la igualdad tiene. la Constitución Política restringe el ejercicio de esta facultad en casos que signifiquen privación a este derecho en su esencia. no debe ser expropiatorio. las exenciones. No obstante dichas consideraciones. El respeto al derecho de propiedad. social o político razonablemente arregladas por el órgano legislativo y con el propósito de lograr efectiva justicia social (por ejemplo. exención a rentas más bajas) o de fomentar el desarrollo de regiones o actividades determinadas. y constituye una mera tautología (expresa sólo que la ley debe aplicarse). De la manera como la doctrina nacional entiende el principio de generalidad. como límite a la potestad tributaria.Este principio tiene una excepción. Principio de generalidad tributaria Algunos autores abordan la generalidad como un subprincipio de la igualdad ante la ley (Massone 1979. No obstante que el Estado está facultado para imponer a las economías particulares gravámenes de naturaleza tributaria. 185) explicando la garantía de la generalidad señala que "la ley tributaria ha de tener aplicación sobre todos los contribuyentes que se encuentren en las circunstancias contempladas por el legislador al establecer la regla de Derecho. 24). la doctrina extranjera la explica de un modo muy distinto a como se la ha recepcionado e interpretado en Chile. II.
el que se ve fortalecido por la prohibición que se impone a la potestad tributaria en el artículo 19 N° 20 inciso segundo. b) La Irretroactividad de la ley tributaria. tales como la que señala que un tributo es confiscatorio "en el caso que los tributos lleguen a ser tan significativos e impliquen privar a la persona de una parte significativa de esos bienes". careciendo de toda supuesta potestad de modificación o revocación unilateral del mismo.La confiscación es por esencia contraria al derecho de propiedad. los enfoca de una manera propia a como se abordaba antes de la Constitución Política de 1980 y sin ninguna crítica ni aporte. Cabe señalar que sólo se han acuñado máximas de difícil determinación. y de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y el derecho constitucionalmente consagrado de propiedad. se admite un control a posteriori de la constitucionalidad de la ley por la Corte Suprema. renta o utilidad" (Radovic 1998. y el Estado debe respetarlos. La doctrina tributaria nacional le da a este tema el mismo tratamiento que al resto. cuando equivale a una parte sustancial del valor del capital. etc. corresponde en primer término al legislador. Asté 2002. lo que sucede cuando ocasiona un aniquilamiento del derecho de propiedad en su esencia o de cualquiera de sus atributos. También se ha dicho que un tributo es confiscatorio cuando el monto de su tasa es irrazonable. Este subprincipio se fundamenta en la racionalidad y necesidad de certeza jurídica y según algunos en el derecho de propiedad. El principio de no confiscatoriedad es una consecuencia directa de la protección brindada al derecho de propiedad. establecen derechos y obligaciones para las partes. Fuera de los anteriores subprincipios. No existe consenso acerca de lo que debe entenderse por "tributo confiscatorio". sectorial. como cualquiera de éstos. es decir. siempre que exista requerimiento y cuestión de constitucionalidad. En ocasiones incluso se ha discutido respecto si la confiscatoriedad se presenta en todo tributo o en sólo los impuestos directos27 (estimamos que esta es una distinción falsa que debilita la garantía constitucional). Una vez que la ley entra en vigencia. El fundamento positivo de lo anteriormente expuesto lo encontramos en los artículos 1 inc. Se señala que la calificación de si el tributo es o no excesivo. esto es. 19 N° 24 en relación con el N° 26 de la Constitución Política. 28)26. que considera los principios de: . el que debe considerar las circunstancias de hecho que condicionan a las leyes tributarias. Además la doctrina encuentra base legal en el Código Civil y la Ley de Efectos Retroactivos de las Leyes. pues sustrae del patrimonio de una persona derechos materiales o inmateriales sin su consentimiento y sin causa lícita. 80 de la Constitución Política) declarar la inaplicabilidad de aquel precepto legal contrario a la Constitución. que son privilegios establecidos con una finalidad de conveniencia. la que podrá (concurriendo las condiciones copulativas que establece el art. diferentes autores han planteado los siguientes: c) Respeto por los contratos leyes.
. en el Tribunal Constitucional y la doctrina hasta hoy. 19 N° 20 inciso 2 ("en ningúncaso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos") y art. ya sea económica. En esta instancia se admite un control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. debemos considerar que nuestro Derecho Administrativo y Constitucional es demasiado distinto a antaño. 82.Generalidad y tiene su manifestación en las exenciones. Estos contratos se tratarían sólo de contratos administrativos que. en virtud de los principios de Derecho Administrativo. y se ha debatido el punto en nuestro actual esquema constitucional desde antes de que naciera (en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución). Estimamos que las argumentaciones a favor de la figura que la doctrina llama contrato-ley hoy no tienen asidero constitucional ni en la moderna doctrina de Derecho Administrativo. Hoy por hoy. d) Principio de conveniencia. 4. y Código Tributario28.
como señala Rivera (2000) ésta puede expresarse. De esta manera. cuando son descubiertas. y para él consiste en que "el tributo se va a establecer en atención al contexto social al cual se va a aplicar y de esta forma. II. la manifiesta injusticia se expresa cuando es claro y patente que se ha distribuido la carga tributaria. y en este sentido la progresividad del sistema tributario es básica. sino que deben hacerlo quienes tengan capacidad contributiva. en ningún caso. la manifiesta injusticia dice relación al hecho que los tributos no se distribuyan en forma tal. es decir el principio fundamental del reparto justo de las cargas contributivas. Estaría consagrado en la Constitución Política cuando dispone que "en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos". Para Rivera (2000). patentes.. en cuanto éste no quiere decir que todos deben pagar tributos. el tributo puede establecerse con el fin de gravar desproporcionadamente a los sujetos que caen en el hecho gravado".VII. El Tribunal Constitucional ha expresado. para que éste cumpla sus fines propios. debe ser ponderada en relación con la capacidad de pago del contribuyente. al tenor de la definición del Diccionario de la Lengua Española. La desproporción de un tributo. sin embargo. Conlleva. cuando son manifiestas.16) llama a este principio de equidad o justicia tributaria. en términos tales que los tributos constituyan una parte sustancial y determinante del precio final. como contrapartida al derecho a vivir en sociedad.Libertad económica." (Sentencias TC 219 y STC 280). "pero sí señaló al legislador un límite conceptual que impide desproporciones. la idea que exista una debida armonía entre la necesidad de colaborar al funcionamiento del Estado. en conformidad con las leyes tributarias vigentes29. claras. Equidad tributaria Zavala (2001. generalidad y libertad económica. igualmente. injustificables o irracionales y ellas se producen. e) Principio de capacidad contributiva o proporcionalidad. esto es. Para Figueroa (1983). y el derecho de optar a incrementar el patrimonio mediante el ejercicio de actividades lícitas. la norma constitucional cuando manifiesta desproporción alude a la prohibición que los tributos alcancen una clara desigualdad e insiste en la necesidad de que sean proporcionales. Se relaciona con el principio de generalidad. considerándolo de gran trascendencia por su más cercana vinculación al ejercicio racional de la potestad tributaria. Para Evans (1997). en términos de abierta falta de equidad. si claramente no existe debida correspondencia entre la base o precio real del producto y los impuestos que lo afectan. además. y rol de subsidiaridad del Estado (establecido en artículo 19 N°21 y artículo 1 de la Constitución Política). la equidad se relaciona con el principio de no discriminación. la equidad no es sino parte de la igualdad. esto es. Por su parte. Se ha sostenido que la manifiesta desproporción o injusticia debe analizarse en consideración a la totalidad de la carga tributaria. que exista una ecuación de equilibrio entre el hecho o renta gravada y la carga tributaria que soporta.
. que el constituyente no fijó un monto o rango para este tipo de gravámenes. Se ha afirmado que la equidad ha ido evolucionando a través de los principios de igualdad. sin razonabilidad y prudencia. beneficiando a unos y perjudicando a otros. a manera de ejemplo. que cada cual asuma lo que corresponde.
Neutralidad impositiva Este principio es sólo considerado por Zavala (2001. quien lo ve como una fase evolutiva o mutación del principio de legalidad y en relación con la certeza jurídica. a los agentes económicos a fin de que asuman conductas determinadas que logren el cumplimiento de definidas políticas económicas fijadas por la autoridad). incentivos o desincentivos. Puede ser que tenga una finalidad estrictamente fiscal (obtener los recursos necesarios para el funcionamiento del mercado) o de planificación indicativa (dando señales. ha de fundarse en el principio del beneficio (igual tratamiento tributario entre quienes reciben los mismos beneficios. quien lo explica distinguiendo la finalidad de los tributos. resoluciones. Garantía de protección jurisdiccional. procurando que sean técnica y jurídicamente inteligibles. La pregunta es si el tributo debe ser neutro o puede tener intencionalidad de política o planificación económica30. lo que opera a través del establecimiento de exenciones y créditos. tiene razón Radovic (1998. no obstante ello. actividad o zona se podrá establecer sólo en virtud de una ley y siempre que no constituya una discriminación arbitraria. reglamentos. Para la doctrina nacional.X. etc. Como vemos. Cabe destacar que este principio (como el de la transparencia. y entre quienes reciben distintos beneficios ha de fijarse en proporción al beneficio recibido) o en el principio de capacidad económica o contributiva (relacionada a la capacidad de pago de cada contribuyente).) tiene un alto contenido económico. II. circulares. Explica Zavala que. Transparencia impositiva y seguridad jurídica.) debe estructurarse en forma clara.se relaciona con
. 64). es decir. b) El trato relativo de las personas en distintas circunstancias. en el sentido de que el beneficio tributario para un sector. Esta vez.Evans (1997) señala que la equidad se traduce en la determinación adecuada o racional de la carga tributaria. Señala esta autora que ingente cantidad de normas tributarias (compuestas por infinidad de leyes de alta complejidad. II. La respuesta en principio fue que debía ser neutro.VIII. este principio es sólo considerado por Radovic (1998. eficiencia económica etc. debe considerarse el límite constitucional del art. 71) en vincular estrechamente el principio de equidad y el de capacidad contributiva. pero con el tiempo ha ido aceptándose lo contrario. II. pues como dice Benalcázar (2002) todo tributo tiene su finalidad económica31. De lo anterior es que sea el único autor encontrado que se refiera a esta materia. 19 N°22. Esta garantía consiste en el derecho del contribuyente a que las diferentes controversias que puede mantener con el Fisco sean resueltas siempre por un tribunal idóneo e independiente .IX. y tiene dos aspectos fundamentales: a) El tratamiento racional de las personas en iguales circunstancias. y precisamente por ello no han sido recepcionados aún por las doctrinas tributaristas mayoritarias. especialmente. oficios. la determinación del tributo.18). Recurso a tribunal y debido proceso El principio de la protección jurisdiccional se traduce en la existencia de mecanismos de protección frente a la violación de las garantías constitucionales en las que pueda incurrir la autoridad. Pero podría tender a cambiar en el futuro.
órgano jurisdiccional predeterminado por la ley independiente e imparcial . 20 de la Constitución Política y el recurso de inaplicabilidad de la ley inconstitucional establecido en el art. El procedimiento racional y justo se debe traducir en uno que observe el trato igualitario ante la justicia. El principio de certeza. consagrado en el artículo 7 de la Constitución Política. el cual le ha tocado ver algunos casos con relación a leyes tributarias (en sentencias de fechas 6 de diciembre de 1994. que se traduce en el derecho al tribunal natural. debe destacarse todos los problemas que han presentado en la práctica los recursos de protección y de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (lo que puede observarse en Ugalde 1993. como señala Evans (1997. el derecho a la defensa. 58). artículo 60 complementado por el artículo 62 inciso 2 y 9 de la misma. que dan cuenta del hecho de que estos medios de garantías de derechos fundamentales no son suficientemente adecuados para concretar lo que los europeos llaman la tutela judicial efectiva de los derechos del contribuyente. tiene su expresión primera en el principio de la legalidad. es decir. 19). en Conosur 2000. Garantía de control de constitucionalidad de la ley tributaria A fin de concretar el principio de supremacía constitucional.). 80 del mismo cuerpo normativo. En Chile. (y en Chile. el establecimiento de recursos ante un superior jerárquico igualmente independiente e imparcial (Verdugo et al. no se hace efectivo o material. que la doctrina considera dentro de este apartado el recurso de protección de derechos constitucionales establecido en el art. No obstante. la libre aportación de las pruebas y su examen. también en la propiedad). la bilateralidad de la audiencia. Principio de Certeza Constituye una garantía fundamental para el contribuyentes.y a través de un procedimiento racional y justo (Figueroa 1985. De lo anterior. ni han sido aplicados de manera adecuada por los Tribunales de Justicia chilenos. no es considerada de manera manifiesta por la mayoría de la doctrina nacional. II. es fundamental la existencia de mecanismos de control de la constitucionalidad de las leyes. etc. II.XI.el principio de legalidad del tribunal. y en el artículo "Análisis y Revisión del Recurso de Inaplicabilidad" del profesor Raúl Bertelsen Repetto). No obstante. I 1999. Finalmente cabe aclarar que la categoría dogmática nacional del debido proceso es escasamente garantística y extremadamente formalista. Quien analice los fallos del Tribunal Constitucional podrá quedar muy insatisfecho con su actividad como órgano tutelar de los derechos fundamentales del contribuyente. por lo que no puede compararse con la categoría garantística europea conocida como tutela judicial efectiva. que incluso delega sus funciones jurisdiccionales en funcionarios inferiores (cuyos fallos han sido frecuentemente objeto de acciones de nulidad de Derecho Público). el principal órgano a cargo de ello es el Tribunal Constitucional. como lo explicita Ugalde (1999. 264). y con ello lograr la dictación de leyes respetuosas de los derechos constitucionales. En nuestro país. También la doctrina hace referencia al recurso de apelación frente a los fallos de los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos (casi siempre contrarios a los contribuyentes) y la acción de nulidad de Derecho Público. en los cuales el "juez competente" en primera instancia es el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos respectivo. 222). entre otros. existe una absoluta unanimidad por la doctrina de que se viola de manera flagrante esta garantía en los procedimientos legales de reclamaciones tributarias. Existe coincidencia que un derecho sin garantía eficaz es sólo "papel mojado".XII.
. 31 de julio de 1995. la fundamentación de los fallos.
reconoce el "derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral. la libertad de organización. el margen de utilidad del industrial o comerciante. consideramos parte consustancial de toda actividad económica. Garantía de la esencia del derecho Si bien es cierto esta garantía de garantías es asumida con vehemencia por prácticamente toda la doctrina tributarista. dicha garantía está comprendida en el art. y los fallos clásicos del tribunal Constitucional que se refieren a la esencia de los derechos (sentencias TC Roles N° 43 de 24-2-1987.XIV. Sin embargo. pues la libertad a desarrollar libremente actividades económicas lleva consigo. es inconstitucional cuando el Estado establece un sistema impositivo por el cual se apropia de un porcentaje significativo e irrazonable del precio final de venta. existe el principio de la tutela jurisdiccional ya explicado. 97). El artículo 19. el derecho a optar por utilidades. lógicamente. dando un elemento de carácter sistemático a la interpretación constitucional. Rivera (2000) también considera que el libre ejercicio de una actividad económica y la no discriminación en materia económica como limitación a la potestad tributaria33. y no da otros mayores que los ampliamente conocidos por la doctrina. Evans se trata de un constitucionalista. y no aquellos. 19 N° 26 de la Constitución Política. Pero una idea interesante que agrega se refiere al hecho de que en la búsqueda de lo esencial de los derechos del contribuyente. debe tenerse presente el marco general de disposiciones constitucionales que conforman el orden público económico. Evans casi no entrega elementos nuevos en esta materia. planteamos desacuerdo a los fallos que al respecto ha emitido el Tribunal Constitucional. las establecidas en los artículos 19 N° 21 y N° 22 de la Constitución Política. "la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica". quizás por el hecho de que precisamente en el caso del Sr. regulando. respetando las normas legales que la regulen". Con ello. N° 200 de 14-11-1994). 89) tiene la gracia de explicitar ciertos elementos que los tributaristas abordan como necesarios pero sólo de manera tangencial. Concordamos con Rivera (2000) en cuanto a que al Estado le está vedado afectar el contenido esencial del derecho a desarrollar actividades económicas como impedir su libre ejercicio. entre las que cabe considerar. Garantías del orden público económico Radovic (1998. garantizando el numeral 22 de la misma disposición. sus precios y posibles márgenes de beneficio. pues genera que en concreto sea el Estado. Especialmente este último tema nos debe llamar la atención. inciso primero. poniendo el acento en la libertad económica y en el principio de subsidiariedad del Estado. inversión y la de fijar sus políticas comerciales. de esta manera. al orden público o a la seguridad nacional. N° 21.
. Constitución Política. Como es sabido. no es menos cierto que el único autor que la explicita como una garantía con entidad específica es Evans (1997. asumiendo el riesgo de ganancia o pérdida. que no se ve en la generalidad de la doctrina de los tributaristas. contratación.Para que la máxima suprema de la certeza no sea menoscabada. Radovic no profundiza en ello y sólo incluye dentro de las garantías contenidas en este principio. y el de control de la constitucionalidad de la ley tributaria32.XIII. y que tampoco significaron aporte alguno a la dogmática nacional. Por ello. cual es considerar que dentro de los principios que en Chile deben ordenar la legislación de contenido tributario se encuentran los principios constitucionales del orden público económico. el verdadero propietario de la actividad económica. II. En este sentido. los cuales se refieren a las discusiones de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. II.
El doctor Casado (2002. LAS GARANTÍAS DEL CONTRIBUYENTE EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA III. La unión económica de la Comunidad se basa en el desarrollo de cuatro libertades fundamentales. etc. modificación del sistema de impuestos indirectos al consumo en la Unión Europea introduciéndose el sistema del IVA. etc. impuestos sobre sueldos y salarios. Además de ello. debido a que los Estados miembros han ido cediendo soberanías. se adoptan por las Comunidades diversas otras medidas fiscales. Además. se han dictado normas sobre cooperación entre las Administraciones Tributarias en materia de asistencia mutua para el intercambio de información y recaudación tributaria. como una herramienta de políticas económicas (en general) y no sólo de política fiscal. Además. en la Comunidad se establece la prohibición de cualquier barrera fiscal. que elaboró un Paquete de Medidas para hacer frente a la competencia fiscal perniciosa o lesiva a los intereses de la Comunidad en la Unión Europea. en este marco. mediante la prohibición para los Estados miembros de establecer tributos aduaneros y exacciones de efecto equivalente a los tributos aduaneros.I. 839) sostiene respecto de las competencias de las Comunidades. Además de las anteriores medidas. La fiscalidad se entiende.Aspectos generales de fiscalidad en la Comunidad Europea La Comunidad Europea desarrolló su mercado común sobre la base de eliminar las barreras aduaneras entre los Estados miembros y crear un tributo aduanero común frente a terceros países. y son
. los derechos de aduana y gravámenes agrícolas. gravamen a la producción del carbón y el acero.). El desarrollo y progresiva profundización de la Unión Europea ha significado un especial desafío al constitucionalismo de esa región del mundo. se intervino la estructura tributaria relacionada al comercio exterior. en el que se convino elaborar un Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas y se establecieron principios para el logro de una solución mínima en el ámbito de la imposición del ahorro36. según otros a las Comunidades. y mediante la eliminación de medidas para-arancelarias y medidas de efecto equivalente a ellas. que "no se trata de competencias al margen sino derivadas de la Constitución. el cuadro se completa con la prohibición en materia de ayuda estatal y la prohibición de discriminación fiscal en razón de nacionalidad. constituyen principios ordenadores de la fiscalidad intracomunitaria. atribuidas a las Comunidades. Posteriormente en el tiempo. cuales son. el proceso se está perfeccionando con los esfuerzos de armonización de la fiscalidad interna34. o sólo el ejercicio de las mismas. y la adecuación de los monopolios comerciales de carácter comercial y los monopolios fiscales a fin de excluir todo tipo de discriminaciones entre los ciudadanos de la Comunidad. relativas a los ajustes fiscales en frontera y la prohibición de subvenciones encubiertas a las exportaciones. y la libre circulación de capitales y de pagos.III. es decir tributos internos que buscan la protección indirecta de la producción local35: medidas contra la discriminación y obligación de imposición en el país de destino. se han dictado directivas sobre prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales. al margen de las constituciones nacionales. la libre circulación de mercaderías. La fiscalidad de los países miembros debe adecuarse a un sistema que no atente en contra de las señaladas libertades. Todos estos. especialmente en el ámbito de fiscalidad37. Importante es destacar la Resolución del Consejo y de los Representantes de los gobiernos de los estados miembros de fecha 6 de enero de 1998. lo que implicó la existencia de un Derecho Financiero Comunitario. desde el punto de vista de la tributación. se financian sobre la base de una serie de ingresos de origen fiscal (la participación comunitaria en el IVA de los Estados y los recursos basados en el producto nacional bruto PNB. la libre circulación de personas. directivas de armonización fiscal y reglamentos aduaneros en cuanto establecen deberes formales y normas de procedimiento. y a que hoy. Ello se debe a que las Comunidades Europeas nacen precisamente como uniones aduaneras. Es decir.. la libre circulación de servicios. según algunos.
La existencia de recursos fiscales propios de la Comunidad evidencia que a la Comunidad Europea le han sido atribuidas determinadas competencias en esta materia pero sin que pueda hablarse de una competencia fiscal general de la comunidad. 857). prohibiciones y controles al poder impositivo de los Estados miembros. Para salvar dicho escollo. En tal sentido. aspira al buen funcionamiento de la unión aduanera. Ello ha ido generando diversas exigencias a la fiscalidad. advierte acerca del hecho de que las "figuras tributarias comunitarias" revelan la inadecuación de elaboraciones tributarias doctrinales sobre el instituto jurídico del tributo en el derecho interno. expresa que históricamente. el cual para efectos de lograr que se concreten los principios señalados. se intentó usar las categorías conceptuales de dicha rama jurídica. junto a principios y valores que las actuales constituciones normativas reconocen como límites al legislador. de barreras fiscales. tales como la prohibición del establecimiento de aranceles y de exacciones de efecto equivalente. mercaderías. la prohibición del establecimiento de barreras paraarancelarias y de medidas de efecto equivalente. La armonización fiscal plasmada en la norma comunitaria. los tratados imponen determinados límites. a la completa eliminación de las fronteras fiscales. una tercera generación de Teorías de Derecho Financiero y Tributario postula la existencia de derechos públicos subjetivos independientes de la ley (y que actúan como limite a ésta). la exigencia de igualdad entre los ciudadanos comunitarios y la no discriminación en materia tributaria en razón de nacionalidad (sea en los impuestos o sea en las prácticas de la Administración Fiscal). aparece como necesaria una armonización legislativa y uniformación de las prácticas administrativas a fin de evitar que se produzcan distorsiones en el libre tráfico y competencia.de los siguientes tipos: potestad para establecer tributos propios. esta vez. El profesor de la Universidad de Cádiz don Adolfo Martín Jiménez (2001). El tributo es concebido en el Tratado de la Comunidad Europea no como un mecanismo de financiación sino como un mecanismo que es preciso coordinar (vía armonización) y orientar en el interés del mercado común y al servicio de los intereses globales y sectoriales (extrafiscalidad) de la comunidad. a través.
. además del establecimiento de barreras comunes frente a terceros Estados). Asimismo. Esta corriente intenta definir qué incidencia tienen los derechos y principios constitucionales sobre la relación entre la Administración y el ciudadano contribuyente. El problema de ambos caminos es que se lograba someter a Derecho a la Administración (Administración Financiera) y no al legislador. Junto a ello. y al establecimiento de un mercado común en el que sea posible la libre circulación de personas. y articular dicha relación desde un punto de vista constitucional. los tratados permiten a las Comunidades incidir en el ordenamiento tributario de los Estados miembros mediante actividades de armonización de las respectivas legislaciones". capitales" (Casado 2002. El órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa comunitaria es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Con el mayor desarrollo del Derecho Público durante el siglo XX. el proceso de integración en materia de fiscalidad dice relación con la destrucción de las barreras aduaneras entre los Estados miembros y la creación de un sistema común (que incluye diversos aspectos. Derechos fundamentales del contribuyente Como se ha indicado. se puede agregar que la armonización hoy trata de compaginar los objetivos de neutralidad fiscal y no discriminación con una acción marcadamente intervencionista orientada a garantizar el ejercicio efectivo de la libre movilidad de los factores de producción en el mercado interior y a la coordinación del empleo del tributo por los Estados miembros al servicio de sus respectivas políticas económicas nacionales y más tímidamente al manejo extrafiscal del impuesto en apoyo directamente de objetivos y políticas comunitarias. se intentó someter a Derecho a la Administración Tributaria sobre la base de categorías del Derecho Privado. en un principio. servicios. en sus fallos hace un análisis no de la letra de la ley impugnada sino de los resultados económicos que se logran con la aplicación de ella.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha tenido papel principal en la construcción y respeto del acervo comunitario. y Casado 2001. contenciosos por responsabilidad extracontractual del Estado por violación del Derecho Comunitario. se ha ido reconstruyendo la relación entre el ciudadano-contribuyente y el Estado (superando el antiguo nexo súbdito monarca. con el tiempo los órganos de las Comunidades han ido expandiendo sus competencias a ámbitos o áreas no comprendidas en principio por el Derecho Originario o Fundacional. Se ha señalado como un problema en su generación normativa el déficit democrático que las Comunidades presentan. tanto en cuanto a la aplicación de las normas como a la "interpretación del Derecho interno conforme al Derecho Europeo". contenciosos por prohibición de establecimiento de aranceles y de exacciones de efecto equivalente. lo que contribuye a que las competencias comunitarias experimenten. invocado y recogido en las normas legales y de la administración). acciones y objetivos. contenciosos de la devolución de ingresos fiscales indebidos por infracción del Derecho Comunitario. al decir de S. Cabe señalar que el Derecho Comunitario goza de las siguientes características (de acuerdo a Martín. Por otro lado. "el principio de legalidad
. que en nuestras latitudes aún parece ser. contenciosos por infracción a la seguridad jurídica y confianza legítima. como explica el profesor Casado (2001. se ha generado importante jurisprudencia con ocasión de la solución de diversos contenciosos relevantes para la fiscalidad. en parte. en Europa se ha extendido decididamente los criterios garantísticos de los derechos fundamentales hacia el contribuyente. 115. En su seno. es precisamente cautelado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE). contenciosos por violación del principio de proporcionalidad. 832) porque las competencias de la Comunidad no están delimitadas por materias sino por fines. debido a que si bien las decisiones de los órganos de las Comunidades afectan a todos los ciudadanos de los Estados miembros. Y este Derecho Supranacional que compone la normativa comunitaria (Derecho Originario de los tratados entre los Estados miembros y Derecho Derivado de los organismos comunitarios). 834) . debemos señalar que a diferencia de nuestro medio. Ninguna norma interna puede obstaculizar su aplicación. etc. contenciosos por prohibición de establecimiento de barreras para-arancelarias y de medidas de efecto equivalente. en muchas ocasiones. Muñoz Machado.En tal sentido. presentando una inserción en ellos. Sobre esta base y el mayor desarrollo del constitucionalismo. c) Autonomía respecto de los Derechos nacionales de los Estados miembros. b) Eficacia directa de algunas de sus disposiciones. 825): a) Primacía sobre el Derecho Nacional de los Estados miembros de la Unión Europea. Como lo ha afirmado el TJCE. Ello se produce. pero a su vez. "un proceso de redefinición y ampliación con el ejercicio en la práctica de los poderes atribuidos en el tratado". ellos no participan directamente de la elección de dichos órganos (sólo el Parlamento Europeo ha venido. siguiendo el modelo de interpretación conforme la Constitución (Casado 2001. Aquí precisamente se produce una contradicción con los principios tradicionales sobre los que se ha construido la fiscalidad. a través de mecanismos como la consulta como cuestión prejudicial que realizan los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros frente a una duda respecto de la incompatibilidad del Derecho Nacional y el Derecho Comunitario. a disminuir dicho déficit). tales como los contenciosos de no discriminación en materia tributaria en razón de nacionalidad (en lo referente a impuestos o a prácticas de la administración).
f) En lo relativo al Derecho Tributario Comunitario. al desarrollarse un Derecho Financiero Comunitario. presionaron al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a que considere los derechos fundamentales como límite al Derecho Comunitario38. surgió la duda respecto del cuidado o protección de los derechos fundamentales (consagrados en las Cartas Fundamentales) tan trabajosamente logrados después de siglos de evolución constitucional. La actuación de diversos Tribunales Constitucionales de los Estados miembros. constituido esencialmente por los derechos fundamentales. En la jurisprudencia de los distintos Tribunales Constitucionales "existe un núcleo duro. al margen de las constituciones nacionales. Este Tribunal ha reconocido que la protección de los derechos fundamentales es un principio esencial del ordenamiento jurídico comunitario (Martín 131). el TJCE es el máximo órgano en materia de garantía de derechos y principios fundamentales en la Comunidad. aconstitucional (Martín. los derechos fundamentales han de ser respetados en el marco de las instituciones de la Unión Europea tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y tal y como se resulta de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho Comunitario que corresponde garantizar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. este es autónomo frente a los Derechos Nacionales de los Estados miembros. g) En lo relativo al Derecho Tributario Comunitario. derechos y principios que limitan no sólo al legislador y el ejecutivo comunitarios sino también al legislador de los Estados miembros y sus Administraciones. Sin embargo. la confrontación entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y los Tribunales Constitucionales nacionales como consecuencia del reconocimiento de los derechos fundamentales es de dominio público. ni los principios generales del Derecho Tributario de un Estado miembro pueden servir para defender la legislación nacional que vulnera el Derecho Comunitario" (Martín. ha actuado movido por dos criterios: la mayor progresividad (se buscan las formulaciones más juiciosas o mejor fundadas) y la funcionalidad (hay que tener en cuenta las peculiaridades del ordenamiento comunitario en el que el concreto derecho va a ser integrado). Como se dijo. 122) d) Responsabilidad de los Estados miembros por su incumplimiento. y dentro de los Estados miembros. como este mismo lo ha entendido. presenta una independencia de los conceptos tributarios nacionales. Explica el profesor Martín. 112). que fallaron a favor de sus nacionales aún contra Derecho Comunitario sobre la base de la protección y reconocimiento de derechos que sus propias Cartas Fundamentales nacionales contenían. Como señala Martín (125). no obstante que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no constituye actualmente normativa vinculante.presupuestaria no puede alegarse como justificación al incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho Comunitario. por parte de los organismos supranacionales. sobre el que el Derecho Comunitario no puede imponerse" (Martín 130). está llamado a decidir en materia de distribución de competencias entre los Estados miembros y la Comunidad. señala Martín (112). Lo anterior. "también en el Derecho Comunitario existen garantías. especialmente de los de Alemania e Italia. e) Existencia de un órgano supranacional que monopoliza el control de legalidad de las normas comunitarias y la interpretación del Derecho Comunitario. Ambos criterios motivan que la configuración de un derecho comunitario fundamental no tenga necesariamente que coincidir con la que se da a ese mismo derecho en el ámbito estrictamente nacional
. que "la metodología usada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para proteger los derechos.
se está creando una disciplina para el comportamiento de los órganos administrativos y se está produciendo de facto un acercamiento en el actuar de las Administraciones tributarias de los Estados miembros". En tal sentido.. Varios son los principios inspiradores del Derecho Europeo reflejados en la jurisprudencia comunitaria del TJCE. el de claridad en la determinación de los derechos y deberes. sino las actuaciones desarrolladas por el legislador o el ejecutivo nacional en materia tributaria. lo cual tenderá a homogeneizar los ordenamientos jurídicos involucrados. se produce una influencia mutua entre los principios y derechos fundamentales comunitarios y las normas tributarias nacionales. En tal sentido. Se ha articulado sobre la base de tres elementos íntimamente unidos. por la aplicación de los principios generales por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. que supone que los medios elegidos no sean inútiles para alcanzar el fin al que sirve la norma o el ejercicio de la potestad. ni por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. tales como el de proporcionalidad. se ha configurado el derecho a no declarar contra sí mismo. el de confianza legítima. un principio especifico de los contribuyentes. Estos derechos y principios fundamentales comunitarios tienen la misma fuerza y efectos que los consagrados en las Constituciones financieras nacionales son límites al poder del legislador y. en el marco de la Convención Europea de Derechos Humanos. la doctrina ha señalado que se deben proteger los derechos fundamentales por parte de los órganos jurisdiccionales estatales y comunitarios. La idoneidad.Proporcionalidad. y entre ellos están también los de los ciudadanos en cuanto contribuyentes. es otro órgano que tiene por función la protección de los derechos fundamentales. la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto.por los Tribunales Constitucionales. además de las normas internas de diversa jerarquía de los Estados40. "desde el Derecho Comunitario. Martín (159) señala que "en el Derecho Comunitario existe un catálogo de derechos y principios fundamentales que condicionan no sólo la intervención del legislador comunitario al elaborar las normas tributarias. El Tribunal de Derechos Humanos de Europa (con sede en Estrasburgo). Además. cuales son: la idoneidad. a la vez. la no discriminación en razón de nacionalidad. Dichos principios se explican como sigue: A. En este cuadro. Explican Villar y Herrera39 (1999. las normas aplicables a los contribuyentes deben ser idóneas para hacer posible el ejercicio de los derechos del contribuyente. siempre y cuando se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Derecho Comunitario. De ahí que la doctrina haya construido un sistema tentativo de derechos del contribuyente en el ámbito de la Unión Europea. al interpretar la Convención Europea de Derechos Humanos (aunque siempre se prestará especial atención a la jurisprudencia de este último)". precisamente.
. cual es el de equivalencia y efectividad en la devolución de ingresos indebidos. 9) que. y las aplicaciones de ellas por los Tribunales Constitucionales nacionales y el TCJE. por otra parte. criterios de interpretación de la legislación comunitaria o nacional con la única diferencia de que su ámbito de aplicación excede el territorio de una nación y se imponen en toda la comunidad actuando a modo de Constitución financiera europea que despliega sus efectos con independencia de que el estándar de protección del contribuyente en la Constitución financiera nacional sea menos garantista que el comunitario".
Ellas tienen su fundamento en un escaso estudio acerca de la materia..Confianza legítima. cuando se trata de una infracción al Derecho Comunitario. reglamentos. que supone moderar los beneficios derivados de la medida.. y el sacrificio que implica para los derechos de los ciudadanos. excepto cuando un interés público superior así lo exija. D. C. B. APORTES DEL CONSTITUCIONALISMO A LA DOCTRINA TRIBUTARISTA NACIONAL SOBRE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS CONTRIBUYENTES IV. que implica que los principios de seguridad jurídica y de protección a los particulares exigen que en los ámbitos abarcados por el Derecho Comunitario. el principio de confianza legítima se determina en las situaciones individuales. F. el derecho a no declarar contra sí mismo..Claridad en la determinación de los derechos y deberes. La jurisprudencia del TJCE ha entendido que mientras el principio de seguridad jurídica tiene un contenido objetivo al hacer referencia a un ordenamiento jurídico merecedor de confianza y estable. y prácticas de la Administración. cuando lo "indebido" tiene por causa una infracción al derecho Comunitario El principio de equivalencia supone que la regulación interna no debe ser más desfavorable que la referente a los recursos de naturaleza interna. ha declarado aplicable al ámbito de las infracciones y sanciones administrativas (incluidas las tributarias). sobre sus derechos fundamentales.Equivalencia y efectividad en la devolución de ingresos indebidos. pero también a
. La proporcionalidad en sentido estricto.No discriminación (directa o indirecta) en razón de nacionalidad (sea respecto de personas o productos). incluyendo las que se producen a través de deberes formales. Sería una concreción de la seguridad jurídica (certeza jurídica derivada de la actuación de la otra parte) y del principio de buena fe (cuando su ámbito se restringe a una determinada relación jurídica).La necesidad.. E. que implica la obligación de intervenir de la forma más moderada o menos gravosa posible (susceptible de alcanzar la finalidad perseguida con la misma eficacia) sobre el patrimonio jurídico del ciudadano. En virtud de este principio los particulares podrán acudir al juez nacional para que se declare inaplicable y se dejen sin efecto las normas confusas o de difícil interpretación.. Es un principio específico del estatuto del contribuyente cuya aplicación por el TJCE ha sido especialmente intensa para garantizar la obtención de ingresos practicados indebidamente.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. las normas de Derecho de los Estado miembros sean formuladas de manera inequívoca para permitir que las personas interesadas conozcan sus derechos y obligaciones en forma clara y precisa y que los órganos jurisdiccionales nacionales aseguren su respeto. El principio de efectividad exige que el sistema interno no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario. IV. por su parte.I. La autoridad administrativa infunde a los particulares confianza en la estabilidad de sus decisiones y no puede súbitamente adoptar una medida que contraríe tal confianza. Introducción Percibimos que la doctrina tributarista nacional actual relativa a las garantías del contribuyente presenta grandes falencias. y en particular. lo que impide a la Administración utilizar (para efectos penales) los datos obtenidos bajo coacción en el seno de un procedimiento inspector para sancionar a quien los haya suministrado.
reconstruyendo la categoría dogmática de la potestad tributaria y sus limitaciones conforme a la naturaleza. Sólo un autor encontrado. podremos dar un segundo paso cual es la necesaria reconstrucción conceptual señalada. 17)41 como fuente directa del Derecho Tributario. su tratamiento es sumamente somero y meramente expositivo de aquellas escasas normas de directa connotación económica o procesal que inciden en materia tributaria. la doctrina tributarista nacional no considera salvo dicha excepción. siendo algunas de ellas a lo menos de dudosa constitucionalidad y otras de abierta inconstitucionalidad (como. por ejemplo. son la Constitución Política.y tratados de libre comercio. las fuentes del Derecho Tributario. cual es la falta de innovación en materias fundamentales y el apego a estructuras de mediados del siglo pasado. y más específicamente. los Decretos Leyes. funciones y fines del Estado. Decretos e Instrucciones. las fuentes supremas o supraconstitucionales (Nogueira 1997. la ley. La carencia. como fuente del Derecho Tributario. Hemos señalado que la doctrina en general no plantea dudas de este sistema de fuentes. los Reglamentos. los tratados internacionales en materia de tributación (especialmente los referidos a evitar la doble tributación los más citados . viene la difícil tarea de recomprender el Estado desde el punto de vista del Derecho Tributario. es el caso de los DFL). Entendemos que este es el primer aspecto importante que debería considerar la doctrina tributarista nacional cuando trata el Derecho Constitucional Tributario. es que estimamos que lo primero que se debe reconstruir es precisamente el sistema de fuentes del Derecho usado por el Derecho Tributario. tal como las últimas décadas lo han estado haciendo el Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional (además como nosotros vemos en nuestro medio que lo han hecho recientemente el Derecho Penal y Procesal). pero sí constituye la base de aquel. en el tratamiento de los derechos del constituyente. Después de este punto. considera los tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile y vigentes. Las fuentes del Derecho Tributario La doctrina tributarista nacional tiene un tratamiento respecto de las fuentes semejante a la línea general con que aborda los temas. Ello es inconcebible frente al texto constitucional y frente a la doctrina comparada42. y si tiene una intención
. En consecuencia. los Decretos con Fuerza de Ley. De lo anterior. a simple vista. De lo anterior. Otro avance significativo estaría constituido por la revisión del enfoque interpretativo de las normas de incidencia tributaria. la jurisprudencia de los Tribunales y del Servicio de Impuestos Internos y la doctrina de los autores. es inconcebible. porque comenzaremos a reestructurar las categorías básicas usadas en esa rama del Derecho.un atraso en la recepción de modernas doctrinas constitucionalistas. por cuanto con el enfoque crítico de lo existente y sobre la base de los elementos recogidos. Obviamente no es esto último el sentido de este informe. Para la doctrina nacional. se deduce precisamente que debiera abordarlo con los criterios del Derecho Constitucional. unión aduanera o integración).II. Sin embargo. Estimamos que sólo a partir de este punto podremos llegar a reconstruir las categorías que la doctrina tributarista a desarrollado de la estructura garantística del contribuyente. Ugalde (1993). Con ello ya haremos mucho. precisamente porque está referido a las normas y principios constitucionales que inciden en el Derecho Tributario. IV.
sea que estén contenidos en la Constitución Política o sea que estén contenidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes (y. la existencia de normas que estando fuera de la Constitución Política son de carácter constitucional. En efecto. 86). 94). y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile y vigentes son parte de la Constitución. que vincula de manera inmediata y tiene eficacia directa. los derechos esenciales. Ello significa que nuestro país puede ser objeto de responsabilidad internacional por incumplimiento a sus compromisos internacionales. y lo mismo todo el bloque constitucional. ha provocado una conciencia respecto de la aplicabilidad directa e inmediata de la Constitución. Sin embargo ello no es así. en materia de derechos esenciales o derechos humanos. la Corte Suprema de Justicia y la
. o un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Nos recuerda el profesor Nogueira que por lo anterior los jueces y los llamados a aplicar el Derecho "deben tomar la norma constitucional como premisa de su decisión". en lo pertinente.garantística (como debiera ser). De lo anterior que el Doctor Nogueira (1997. y que la interpretación de las normas tributarias debe realizarse conforme con la Constitución y el bloque de constitucionalidad. es más urgente habida cuenta de la existencia de la supremacía constitucional y de la vinculación directa (conforme al artículo 5 inciso 2 de la Constitución Política) a todos los órganos del Estado (y a todos los habitantes de la República) a los derechos fundamentales o derechos humanos. y se ha obligado a respetarlos frente a la comunidad internacional y. los derechos de los contribuyentes). lo que debiera significar un mayor respeto de Tribunales de Justicia y de la Administración del Estado a los derechos de los contribuyentes. constituye un límite al ejercicio de la soberanía). cabe recordar que los mecanismos de control de la constitucionalidad no son tan sólo los que la doctrina tributarista nacional ha detectado. podemos ver una Justicia Constitucional Nacional. configuran el sentido y alcance de los derechos constitucionales. pudiendo invocarse formalmente a través de un recurso de amparo. En efecto. Respecto de la Constitución Política. Pero de lo que no ha existido conciencia es que la norma directamente aplicable no es sólo la Constitución. desde la perspectiva de aquellas doctrinas de los constitucionalistas que lideran dicha corriente. De acuerdo a esta perspectiva. fuera de los demás efectos que puede traer el hecho de que Chile sea reconocido como un país donde no se respetan los derechos humanos de una forma plena (y. que puede definirse como "el conjunto normativo que contiene disposiciones. pese a los problemas de ejercicio práctico que ha tenido. Al respecto debemos considerar también el principio de autoejecutabilidad de los tratados sobre derechos humanos (Nogueira 1997. sin embargo no lo está haciendo en toda su extensión y profundidad. nacionales o internacionales. sino la contenida en todo el bloque de constitucionalidad. La consideración de lo señalado. existen otros. son para el Derecho chileno un conjunto homogéneo y unitario de derechos que deben ser respetados por todos los órganos del Estado y cautelados por todos los órganos jurisdiccionales competentes. entre otros". Al respecto. Lo grave de lo anterior es que Chile ha suscrito instrumentos internacionales sobre derechos humanos. conformado por el Tribunal Constitucional. fuera del hecho de que en general no han integrado elementos de la moderna dogmática. lleva al establecimiento de la doctrina del bloque de constitucionalidad (que es un parámetro de control de la constitucionalidad). con independencia de la localización normativa de sus enunciados. Tan sólo el recurso de protección. uno de protección. 87) señale con gran precisión que "los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. tampoco se menciona de manera explícita y unánime que ella es una fuente directa de derechos. además. En efecto. la generalidad de los tributaristas nacionales (entendiendo por tales a los juristas o autores que se dedican a cultivar la ciencia del Derecho Tributario) abordan esta materia de manera sumamente tradicional y superficial y a un nivel propio de cursos propedéuticos de Derecho. principios y valores materialmente constitucionales" (Nogueira 1997.
a partir de los elementos clásicos (gramatical. el Sistema Regional establecido en virtud del Pacto de Costa Rica y el Sistema Internacional dependiente de las Naciones Unidas. Los entes más importantes en esta labor de interpretación de ley tributaria. y. es que en esta materia la literatura consultada no contiene en general un tratamiento que integre elementos novedosos acerca de la materia. como hemos visto. La justicia constitucional internacional. Continuando con su enfoque conservador. válidas conforme a la Constitución Política. Ello porque la Constitución Política no es condición de validez de dichos Tratados sino de su aplicabilidad. lógico. constituye una instancia de protección subsidiaria de los derechos fundamentales que opera frente a la ineficacia de la jurisdicción nacional de proteger efectivamente los derechos de las personas (luego de los Tribunales Constitucional y los Tribunales nacionales integrantes del Poder Judicial). histórico y sistemático). "que se creen o modifiquen obligaciones a través de la interpretación analógica") y cuantía de la obligación y la prevalencia de la sustancia sobre las formas (a fin de interpretar la ley atendiendo a su finalidad principalmente económica). 54) agrega algunas reglas adicionalmente: la reserva legal en cuanto a la existencia (a fin de impedir. e) El tema de los derechos humanos es una cuestión de jurisdicción compartida o concurrente entre la interna de cada Estado y la Internacional. el juez tributario en primera instancia y la Corte de Apelaciones en Segunda instancia y finalmente el legislador en normas interpretativas. b) Las normas jurídicas nacionales. La doctrina tributarista nacional hace la tradicional distinción entre interpretación doctrinal e interpretación por vía de autoridad. Se señala que la interpretación por vía de autoridad puede ser legal o auténtica y administrativa y judicial. directamente en derechos fundamentales. Sólo pueden dejar de aplicarse en los casos que lo permitan las normas especiales de Derecho Internacional. según dice este autor. En nuestro caso. que es aquella constituida en el ámbito internacional o supranacional para la protección de los derechos humanos que forman parte del Sistema al cual está integrado. c) La sujeción del Estado suscriptor a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos implica la sujeción al derecho derivado de ellos. pues el Estado se haría objeto de responsabilidad internacional.
. doctrina tributarista nacional hace únicamente referencia a la interpretación de la ley tributaria.Contraloría General de la República. de incidir las normas tributarias. pero también una Justicia Constitucional Internacional. no se ha integrado prácticamente ningún concepto de la moderna doctrina constitucional. cabe hacer las siguientes consideraciones: a) Los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados y vigentes siempre se aplican de acuerdo a los principios de ius cogens Pacta Sunt Servanda y Bonna Fide. incluyendo sus criterios de interpretación. d) También implica la sujeción a la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales internacionales encargados de su aplicación. en Chile. Al respecto. El profesor Aste (2002. IV. y jamás podrán dejar de aplicarse justificándose en una imposibilidad jurídica interna u obstáculo interno de cualquier clase. No obstante. nunca pueden significar un obstáculo para la aplicación de dichos tratados internacionales. La interpretación de las normas tributarias Un primer elemento que podemos destacar. son el Director de Impuestos Internos.III.
Ello es así en nuestro sistema constitucional.I. que tengan por finalidad poner un acento en el aspecto financiero del derecho tributario o -si se trata de la Administración Tributaria.en la especialidad como ente recaudador de impuestos. Si se aplicaran dichos criterios.III. tal como se da en el Estado contemporáneo. Hay apoyo en texto constitucional. No obstante ello. Asimismo. conforme a una fórmula política. 288). ya que las normas constitucionales (del Derecho Constitucional formal o material) mienten contenidos que se refieren al problema básico de organización de la convivencia política de un pueblo. al bloque de constitucionalidad. Pero lo que no se ha señalado por doctrina tributarista nacional. el cual es una superación de nuestra formal manera de entender en principio de debido proceso. el funcionamiento de sus órganos y los principios de la convivencia política". que es de raigambre iusprivatista (Zúñiga 1992. debe realizarse en conformidad a métodos especiales. Y mucho más podríamos decir de la actividad normativa y de las prácticas de la Administración Tributaria. debemos entonces abordar la interpretación constitucional. cabe hacer presente que la doctrina ha agregado en materia tributaria un quinto elemento. Por ejemplo. estas consideraciones económicas deben emplearse dentro de los métodos comunes de interpretación y como una forma de comprender mejor el sentido de la ley tributaria. La fórmula política en la interpretación constitucional43 Pablo Lucas Verdú sostiene que "en el ámbito de la legislación constitucional existe siempre un interés político. y el criterio de la concordancia práctica de optimización de los bienes constitucionalmente protegidos. es atentatorio del derecho a la tutela judicial efectiva. en los Estados de Europa y en la Unión Europea. es decir. a criterios de organización y estructura social"44. a una ideología política. se afirma. es que las normas tributarias deben interpretarse conforme a la Constitución. La doctrina está contestes en sostener que la sistemática de la hermenéutica general es aplicable en el ámbito del Derecho Constitucional. Y. también cabe el uso de los criterios de interpretación in dubio pro libertatis y favor libertatis (Canosa 1988. La mayor parte de recursos de protección (nuestro contencioso constitucional por excelencia) se declara inadmisible por cuestiones formales. y dada la naturaleza especial de su objeto. probablemente muchas normas incluso de rango legal no pasarían el examen de constitucionalidad. se imponen modalidades particulares diversas a la hermenéutica general. conforme al bloque de constitucionalidad. Esta naturaleza especial de la hermenéutica y de la interpretación constitucional deriva de la definición misma de su objeto. La interpretación en materia tributaria. y ello debe considerarse como un parámetro de protección por el principio de progresividad y expansibilidad de los derechos fundamentales y de "integralidad maximizadora del sistema". ya que la norma jurídica constitucional es "un mandato de carácter fundamental que regula. 212). En tal sentido. Interpretación constitucional Si la interpretación de las normas tributarias nos remiten a la Constitución. IV.
. además. la estructura del Estado. o bien. tomando como criterio de interpretación los derechos fundamentales de la persona humana. Ello. Toda norma constitucional hace referencia en distinto grado. mucha tela se puede cortar en materia de prácticas judiciales. su intención o espíritu. Sin embargo. el de las consideraciones económicas que implica su interpretación (otros la llaman interpretación económica). el antiformalismo se estima como un criterio universalmente reconocido cuando nos enfrentamos al contencioso constitucional de protección de los derechos fundamentales.Ahora bien.
acomodándose a las situaciones presentes. La fórmula política debe estar presente en la tarea de interpretación constitucional y adquiere toda su vitalidad en las particulares interpretaciones de los principios constitucionales. El magistrado español Rubio Llorente (citado en Canosa. las definiciones constitucionales. específicamente cuando cristaliza en un Estado Social de Derecho. Las normas de la Constitución tienen un carácter esencialmente dinámico. tienen una cualidad que les permite adaptarse. La Constitución. a los cambios sociales. jurídicamente organizada en una estructura social". y realiza las operaciones necesarias para establecer el sentido de la norma constitucional como parte componente de un ordenamiento que apunta a una finalidad concreta". De lo que se trata precisamente de que regule la convivencia social y política en todo instante. que de cuenta de los reales sentimientos del titular del poder constituyente en un momento presente. afirmaciones políticas (que dan cuenta de las ideologías o valores socialmente dominantes cristalizados en la Carta Fundamental. El Derecho Constitucional tiene un contenido ideológico explícito y su interpretación debe considerar la realidad social y la política espacio-temporal del Estado. no goza de autosuficiencia. fijados por el constituyente cuyo cumplimiento se encomienda al legislador del futuro. políticos. Así lo ha entendido también nuestro Tribunal Constitucional (en fallo del año 1985) cuando consideró elementos sociales. elástica. como dice García (1992). no es un documento hermético y perfecto. Para Canosa. constituye el vértice del ordenamiento jurídico. regulador de la organización y ejercicio del poder del Estado y garantizador de los derechos y libertades de los individuos y sus grupos.La Constitución se define como el "conjunto normativo-institucional básico. señala que no hay interpretación histórica de las normas constitucionales. que abarque todo el Derecho Constitucional. flexible. Las normas programáticas ponen de manifiesto la dinamicidad de la Constitución con relación a la estructura social y realidad política. importantes para su aplicación y sus efectos jurídicos. sino que es necesario considerar la organización política y la estructura social. en general difícilmente reformable. debido a que ello puede petrificar la Constitución sobre la base de la presunta imposición valórica sin considerar una interpretación dinámica. y constituyen su techo ideológico o telos). 104) señala que el fin o espíritu de la norma constitucional española radica en su apertura a diferentes interpretaciones. esto es. 289). Conviene advertir que en constitucionalismo moderno anda con cuidado por estos caminos. y en gran medida en ello reside la legitimidad del texto constitucional. otra gramatical y otra lógico-sistemática. La concreción de esta fórmula política en las sociedades contemporáneas es la democracia pluralista occidental y el Estado Social de Derecho (Zúñiga. sin violación de sus normas. y no sólo jurídicos
. progresiva y evolutiva. que son las expresiones de ciertos objetivos políticos o valores superiores. fija el significado exacto de las palabras. Se pueden encontrara además las normas programáticas. sino una sola interpretación constitucional que analiza los precedentes históricos. también. las que compete determinar al legislador coyuntural. ambas. y teológica. Existen en la Constitución. examina los debates parlamentarios. La interpretación finalista o teleológica Pablos Lucas Verdú (citado por García). no presentan mayores problemas en su interpretación y aplicación. En su contenido la Constitución define una fórmula política que es la expresión ideológica. Entre ellas se encuentran las normas inmediatamente aplicables. La fórmula política no se explicita exclusivamente en ideologías. esta interpretación intenta extraer el fundamento último de las normas. La interpretación finalista también entronca con la interpretación en torno a los valores y principios constitucionales. Zúñiga señala que es un componente central en la hermenéutica e interpretación constitucional definir y establecer las diversas categorías de normas fundamentales. las cuales.
su respeto y garantía. Estimo. por ejemplo. asesora de los órganos que detentaban el poder constituyente. en el caso de que por esa vía se pretenda cristalizar constitucionalmente una (o unas) determinada ideología excluyendo otras presentes en la sociedad (o emergentes en ella). Para una postura o teoría. de la conciencia colectiva y de requerimientos contemporáneos del bien común. las normas constitucionales reflejan en un sentido más abstractos valores a los cuales se accede a través de un análisis objetivo de las mismas. precisamente. sin embargo. emergentes de la realidad fáctica. por adoptar lo esencial del constitucionalismo actual. y contienen un sistema material de valores cerrado. Se señala que el atrincheramiento en las opiniones de los miembros del CENC manifiesta la pretensión de algunas personas de petrificar el contenido valórico y la interpretación de los principios plasmados en la Constitución. constituye una posibilidad de interpretación teleológica y conforme a valores y principios absolutamente incuestionable. con el hecho de que los comisionados fueron seleccionados por las autoridades del gobierno de facto de la época y que representan solamente los valores e ideologías de un sector minoritario de la nación de acuerdo a como la historia se ha encargado de demostrar. 2001). Entre los muchos argumentos que se han esgrimido contra dicho recurso interpretativo. nos da García (1992). afirma que la interpretación de la Constitución requiere a menudo ir a datos y valoraciones extraconstitucionales. que. Otros elementos en tal orden. recurriendo a cierto tipo de interpretaciones basadas en la reconstrucción histórica. Se ha afirmado que lo predica el constitucionalismo respecto del elemento histórico en la interpretación excluye la consideración de este tipo de instancias. El elemento histórico en parte de nuestra doctrina constitucionalista Todo esto entronca. Además se señala por la doctrina que el elemento histórico busca precisamente la reconstrucción histórica de la opinión o voluntad del constituyente originario. desde dicho punto de vista. que citando al jurista argentino Pedro Sagüés. en que se consideran cerrados los debates sobre la base de lo que los comisionados dijeron. Esta crítica intenta dar cuenta del debate que se presenta en la exposición de dos teorías contrapuestas (Zúñiga. tales como el recurso a la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (CENC). ya hemos visto que la interpretación constitucional debe considerar la fórmula política. Pero la interpretación atendiendo a valores y principios de la Constitución podrá ser criticable. estimar a los derechos humanos. Menos aún puede considerarse ello en el estado actual del desarrollo del constitucionalismo. por lo cual debe usarse normas de hermenéutica para
. por lo que cuando en ella se emite una opinión no puede señalarse que representa al constituyente o que conforma la opinión del constituyente ("las actas no fueron objeto del plebiscito que aprobó la actual Constitución"). que era sólo una Comisión de Estudios. Se ha afirmado que la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución no forma parte del Constituyente.Asimismo. Se ha dicho que lo esencial es la falta de legitimidad democrática que tuvo en su origen la Constitución chilena (superado con la legitimación plebiscitaria del año 1989). por estar conforme al concepto mismo de Constitución. a lo menos de acuerdo como ha sido utilizado en nuestra doctrina. el principio de dignidad esencial y la limitación del poder público. en el caso chileno. y por estar de acuerdo a nuestro texto constitucional. con el análisis necesario que debe hacerse a ciertas interpretaciones basadas en reconstrucciones históricas muy criticadas. podemos señalar los siguientes.
. permitiendo que se den diferentes lecturas a la Constitución Política de acuerdo a quien esté ejerciendo el poder político en un sistema democrático de partidos. Para la otra Teoría. quien señala que "interpretar es actualizar la Constitución. El ejercicio crítico es más propio de un sistema democrático representativo. que es precisamente donde nuestro trabajo se centra. en un ejercicio casi escolástico45. que es preponderante. La constante cita y reverencia a la CENC es.descubrir esos valores. Atria expresa que las Actas de la CENC no deben ser olvidadas. Se expresa que debe tenerse presente que la CENC da cuenta del estado de la cuestión (cualquiera ésta sea) hacia mediados de la década del 70. la voluntad constituyente transcrita en ella. con el profesor Canosa. ideas y hechos que les dieron lugar quedan. pero en cuanto ellas expresen opiniones interpretativas plausibles y convincentes. gira sobre la base exclusiva de las disquisiciones llevadas a cabo al interior de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. y que ha sido ampliamente superado por la moderna doctrina de interpretación constitucional comparada. Coincido. en lo personal. y en este caso. Creo entender. Las garantías constitucionales y los derechos fundamentales del contribuyente Señalado lo anterior. los valores son algo contingente. por lo cual responde a un estadio del desarrollo socioeconómico y político muy distinto del que actualmente el país vive. ancladas en un tiempo pretérito" (1988. y que la doctrina y jurisprudencia del amplio campo del Derecho Económico y Tributario nacionales apenas ha tomado en consideración. cada vez más. las normas constitucionales reflejan en un sentido más abstracto un sistema material de valores abierto a los cuales se accede a través de un análisis crítico. De ahí que los comisionados. Se ha dicho además que este recurso usado por gran parte de nuestra doctrina constitucional (generalmente no haciendo reparos críticos alguno al método). que obedeció a principios que el constituyente originario nunca tuvo en consideración46 (y que los comisionados de la CENC tampoco debatieron al respecto) y que precisamente con ella se recoge una serie de principios de Derecho Comparado en materia de derechos fundamentales totalmente novedosos en nuestro medio. en materia de dogmática constitucional. la determinación del contenido de esos valores se produce a través de un intercambio de ideas entre los actores políticos de la sociedad. es fundamental considerar la Reforma Constitucional de 1989.II. IV. que dichas opiniones deben concurrir en competencia con las demás opiniones de la doctrina constitucional.III. es decir. no se petrifican y se usan elásticamente. y de un punto de vista más jurídico (que hemos visto es sólo uno más dentro de los que deben considerarse en la interpretación constitucional). asumiendo una actitud de extrema reverencia hacia la doctrina emanada de tal órgano. El doctor Canosa (1998. una de las causas que explican la pobreza notable de la moderna doctrina constitucional pues ha producido un efecto esterilizante. por ello sería contradictorio buscar las soluciones a nuestros problemas normativos en el tiempo pasado. al decir del doctor Fernando Atria (1997). Por otro lado. se señala que este tipo de interpretación constitucional de carácter originalista. formalista y literalista. podemos volver sobre la interpretación constitucional de las garantías del contribuyente. Esta crítica es determinante en lo que entendemos por Constitución Económica. 103). no previeron ni pudieron prever todas las actuales circunstancias producto de las tres décadas de cambios muy acelerados por lo cual sus opiniones se muestran como piezas de museo. La constitución y la voluntad se objetivizan mientras que las opiniones. es retrógrado. Asimismo. Señala que al concedérsele fuerza de Constitución. 101) expresa que el originalismo subjetiviza sin remedio la interpretación y destruye cualquier aplicación seria del elemento sistemático. y por ende. la posibilidad de reconstruir racionalmente el contenido del Capítulo Tercero es abandonado. ofreciéndose en su reemplazo largas y tediosas citas textuales de las opiniones de los comisionados.
que los derechos esenciales son siempre anteriores y superiores al Estado. y que debe ser considerado como un derecho esencial. de acuerdo al principio de la "integralidad maximizadora del sistema". En tal perspectiva.). armónica47.
. Lo grave es que no se manejan en la materia categorías de universal aceptación en el constitucionalismo comparado actual. Se explicita. las define como aquellos mecanismos destinados a garantizar que la interpretación de los derechos se haga para favorecer su ejercicio y disfrute. antiformalista. no se habla de que la interpretación de la ley debe hacerse conforme a la Constitución. dentro de los autores estudiados tan sólo Evans (1997) hace referencia a una interpretación sistemática de normas constitucionales de carácter tributario. además. como límite para los efectos de su protección (perspectiva negativa) y como principio ordenador del orden estatal y social. por conformar precisamente el bloque de constitucionalidad de que hemos hablado. que en materia de interpretación judicial existen varias posiciones. al igual que los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados y vigentes (en virtud del principio de autoejecutabilidad). Que. que las normas constitucionales deben tener una interpretación sistemática.Como hemos visto. finalista. que debe buscarse su efecto útil. etc. es conveniente traer a colación las observaciones del profesor Nogueira (1997. Por ejemplo. al referirse a las garantías de interpretación. el Derecho derivado. tales como la denominada in dubio contra Fiscum y la in dubio pro Fiscum. que la ley y las normas constitucionales deben interpretarse conforme a los derechos fundamentales. favor libertatis o pro-cives. la jurisprudencia de los órganos encargados de aplicar el derecho humanitario. 146). Las normas del bloque de constitucionalidad pueden aplicarse de manera directa. Y considerando. por lo que siempre debe aplicarse aquel instrumento que en mejor forma garantice el derecho no importando si la mayor garantía se encuentra en la norma interna del Estado o en la norma de Derecho Internacional de los derechos humanos integrada al Derecho interno (Nogueira 1997. y que conforme al principio de progresividad lleva a aplicar siempre la disposición más favorable a los derechos de las personas. los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes. pues los derechos humanos constituyen el parámetro principal de interpretación de todas las normas que lo componen. y que sólo algunos se han escriturado. debe tener presente el intérprete que la dignidad de la persona humana es el valor básico que fundamenta los derechos humanos. constituyendo un status jurídico que se objetiviza operando como elemento del ordenamiento jurídico. que. deben interpretarse conforme al bloque de constitucionalidad (la Constitución Política. 141). y éstos. desde las contenidas en la Constitución Política hasta la última instrucción de la Administración. dinámica. conforme a la teoría de los derechos implícitos48. y las normas que las reglan o limitan deben interpretarse de manera restrictiva (lo mismo que las potestades públicas). Todas las normas del ordenamiento jurídico (que incluyen por cierto las integrantes del Derecho Tributario) deben interpretarse conforme a la Constitución Política y al Derecho Humanitario. 99). en el campo de los derechos (ejercicio de libertades y derechos) frente a las regulaciones de la autoridad (ejercicio de potestades) las normas garantizadoras de derechos deben interpretarse en sentido amplio. Ello en virtud de la fuerza expansiva de los derechos (Nogueira 1997. aplicando la fuente y solución que mejor proteja los derechos (Nogueira 1997. además. En tal sentido. Y constituye una obligación por parte de todos los órganos del Estado el respeto y la promoción de los derechos esenciales establecidos en el bloque de constitucionalidad. 194).
que dan cuenta de diversos principios básicos.IV. en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o "Pacto de San José de Costa Rica" en su artículo 29 se señalan las normas de interpretación en los siguientes términos: Artículo 29 NORMAS DE INTERPRETACIÓN Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) Permitir a alguno de los Estados Partes. principio de la promoción de la persona por el Estado. principio de bien común. subordinada a los derechos fundamentales Además de las fuentes y de la interpretación de las normas.
. no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. deben ser consideradas por los operadores jurídicos y autoridades de los Estados suscriptores. La potestad tributaria es una potestad del Estado. señalamos. Las normas constitucionales principales. sin embargo. derechos y libertades. Por ejemplo. algunas son doctrinarias y jurisprudenciales (que en este caso son vinculantes según se ha indicado). Pero esta polémica. sus fines. obviamente. no se ha traducido en investigaciones profundas en nuestro medio. Un nuevo enfoque de la Potestad Tributaria. se encuentran en su capítulo I y III. Ellas. Artículo 30 ALCANCE DE LAS RESTRICCIONES Las restricciones permitidas. tales como el principio de subsidiariedad del estado. y otras están expresadas normativamente a través de disposiciones contenidas en los mismos tratados. de ahí que una correcta técnica hermenéutica es fundamental para desentrañarla correctamente. Ella se encuentra a través de la doctrina que atraviesa toda la Constitución Política. en materia económica y tributaria. y d) Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. Entre estas últimas. y como tal se relaciona con su concepción constitucional. principio de servicialidad del Estado. de acuerdo con esta Convención. debe reestructurarse la idea del Estado y su función y potestades y la idea de las personas humanas. c) Excluir otros derechos o garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno.Cabe recordar que además de existir unas reglas modernas de hermenéutica constitucionales. existen otras reglas de interpretación que emanan de los tratados internacionales de derechos humanos. IV. Todo ello por cuanto en definitiva al final de lo que parece estar hablándose es de concepciones éticas a la base. grupos o persona. suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma. Explica con lucidez Rivera (2000) que los requerimientos formulados ante el Tribunal Constitucional han generado una polémica sobre los límites de la potestad tributaria y de la misión o función del Estado. b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados.
irrenunciables y socialmente necesarias y fundamentales IV. la garantía del quórum agravado con que debe actuar el legislador y la garantía de rigidez de reformas constitucionales especialmente referidas a los Capítulos 1 y 3 de la Constitución Política.49 Sólo sobre dichas bases el Estado podrá ejercer su potestad tributaria. distinguimos las garantías específicas de los derechos fundamentales. En tal perspectiva. En tercer lugar. 2. sistemática. Podemos postular la existencia de un sistema de garantías y derechos fundamentales. en los que cabe comprender el principio democrático y republicano y el principio del Estado de Derecho. de una manera armónica. y de acuerdo a los criterios ya señalados. 19 N° 26 y 60 N° 2)50. sino que además y principalmente principios ordenadores y motivadores de su actuar. Nueva visión de la sistemática de garantías del constituyente Finalmente. es característica general de todos los derechos el que otorgan tanto una facultad a las personas como que constituyen un status jurídico. principio de sujeción plena y absoluta del Esado al Derecho. etc. Dentro del sistema. pueden ser un punto de partida. y dentro de esta perspectiva cabe entonces bosquejar una estructura conceptual del sistema garantístico del contribuyente sobre nuevas bases. de supremacía constitucional. La interpretación de normas constitucionales de contenido económico debe hacerse conforme a las demás de mismo contenido (llamada Constitución Económica u Orden Público Económico). Aquí se encuentran la garantía de reserva de ley de la regulación de los derechos fundamentales (arts. de responsabilidad de los gobernantes y de los agentes del Estado En segundo término. 5 y 8). 132). 19 N° 26). de vinculación directa de la Constitución (y el bloque constitucional). que dicen relación con principios constitucionales. Pero dichos principios no sólo constituyen limitaciones al actuar del Estado. la garantía de la prohibición al legislador delegado de regular los derechos constitucionalmente reconocidos (art. 61 inc. El esquema propuesto por el profesor Nogueira (1997) y otros aportes del constitucionalismo actual.V. en primer término distinguimos las garantías genéricas de los derechos fundamentales. que para el contribuyente se traducen en la libre iniciativa. 41 N°° 1. 6. pues se objetivizan operando como elementos del ordenamiento jurídico (Nogueira 1997. El principio del Estado de Derecho que comprende a su vez los principios de limitación del poder al Derecho. 19 N° 26) y su no afectación.
. 2).principio de la limitación de la soberanía por los derechos humanos. la garantía de limitación excepcional de determinados derechos (art. la garantía del contenido esencial de los derechos51 (art. finalista y antiformalista. limitando la actividad del Estado a sus funciones esenciales. 5 inc. de control de constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración. la garantía de la vinculación de los poderes públicos constituidos a los derechos fundamentales (arts. de legalidad. las garantías de interpretación de normas constitucionales. Aquí se incluyen las normas de hermenéutica señaladas más arriba. referidos a los medios de protección jurídica de derechos fundamentales. lo que trata básicamente la Constitución Política es de resguardar los derechos y las garantías. Las primeras son las que se encuentran en el grupo compuesto por las garantías normativas. En efecto.
más aún considerando que no tenemos en nuestro medio sino escasísimas obras de análisis jurisprudencial. modificar las reglas usadas en materia de interpretación constitucional en materia tributaria. no han sido suficientes para cambiar esta situación. recurso de amparo económico. y secundariamente a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
. que comprenden todos los derechos del catálogo del bloque de constitucionalidad. Curso de Código Tributario. debido al retraso que presenta la doctrina nacional no obstante las reformas de nuestro sistema constitucional y los avances del constitucionalismo nacional y comparado en las últimas décadas. Albiñana García-Quintana. acción de nulidad de derecho público. por último. los derechos y garantías del contribuyente. Luego. a través del recurso de protección principalmente. garantías internacionales de protección de los derechos fundamentales). El Derecho Tributario debe dar cuenta del impacto que significa el gran desarrollo que el Derecho Constitucional ha experimentado en materia de garantías constitucionales y derechos fundamentales. esto es. integrando todos los elementos de la moderna dogmática constitucional de acuerdo hemos planteado. y los requerimientos del Tribunal Constitucional. 1992. En sexto lugar. será este resultado el que controlará todo lo avanzado. Éstas dicen relación con un conjunto de acciones cautelares de los derechos fundamentales (recurso de protección. Christian. En quinto lugar. y con ello se debe revisar y volver a ordenar y acomodar las piezas de todo el sistema tributario. Aste 2002. recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. acciones contencioso administrativas. Santiago de Chile. finalmente. BIBLIOGRAFIA Libros Albiñana 1992. reestructurar el sistema de Fuentes del Derecho Tributario. Editorial de Aste Ltda. El camino debe comenzar por la base. Pero. CONCLUSIONES La tarea de construcción dogmática relacionada con las garantías del contribuyente es una cuestión que se torna necesaria y urgente. en razón precisamente de que cualquiera de ellos se puede alegar frente al ejercicio de la potestad tributaria. acción de nulidad de Derecho Público. Y. Aste. Madrid. construir un nuevo sistema de garantías del contribuyente. y realizar una construcción conceptual sobre nuevas bases de la Potestad Tributaria y la Obligación Tributaria. Y todos se han de considerar al momento de abordar el tema de las bases constitucionales de la tributación. Sistema tributario español y comparado. las garantías de control y fiscalización de la actividad de los órganos del Estado. las garantías procesales o jurisdiccionales. La constitucionalización del Derecho Tributario. Tecnos. César. desde el principio. en razón de que los derechos esenciales de la persona humana y el principio de dignidad esencial constituyen la piedra angular de todo nuestro Derecho.En cuarto lugar. 2002.
Edit. Casado. Tomo II. Santiago. Emilio y Nogueira Alcalá. Evans de la Cuadra. Madrid. Rodrigo y Varela del Solar. Editorial Jurídica ConoSur. Evans 1997. 1997. Interpretación constitucional y fórmula política. 1993. Editorial Jurídica de Chile. Fernando. dirigido por Andrea Amatucci. 1992. El recurso de protección en materia tributaria. Editorial Jurídica de Chile. Edit. 1988. Mario. Gabriel. Santiago. Los derechos constitucionales. España. "Derechos y garantías de los contribuyentes en Chile". Los peligros de la Constitución. Lara 2002. Radovic 1998. Nogueira 1997. Conosur.) Juan Carlos. Angela. 2002. 1994. La idea de igualdad en la jurisdicción nacional. 1985. Zavala Ortiz. Evans I 1999. año 2002
. Santiago. (Dr. Las garantías constitucionales del contribuyente en la constitución política de 1980. 2001. Evans II 1999. Pedro. Ugalde 1993. Conferencias y ponencias presentadas en el Congreso realizado en Santiago y Viña del Mar entre el 23 y 25 de mayo de 1991. Gaceta Judicial. Editorial Jurídica de Chile. Canosa Usera. Jorge. Figueroa 1985. Ana María. Manual de derecho tributario. Ugalde Prieto. 1979. 1999. Santiago. Cap. Dogmática constitucional. "Elementos de interpretacion constitucional y su recepción en la jurisprudencia chilena" en Interpretación. Enrique. Lara Berríos. Artículos de revistas especializadas Benalcázar 2002. José Luis. 1998. Editorial Jurídica Conosur. Massone Parodi. 327 a 343. García Barzelatto.. XXI. Verdugo et al 1994. 1999. García 1992. Juan Eduardo. Ecuador. Verdugo Marinkovic. Raúl. Obligación tributaria. Zavala 2001. Benalcázar Guerrón. Escuela de Derecho Universidad Diego Portales. 1997. Bernardo (Subdirector Servicio de Impuestos Internos). Centro de Estudios Constitucionales. Santiago. Nogueira Alcalá. Los derechos constitucionales. Editorial Jurídica de Chile. Santiago. Los tributos ante la constitución. Santiago. "El ordenamiento comunitario y el ordenamiento tributario interno" en Tratado de Derecho Tributario. Humberto. Bajo los auspicios de Universidad de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez. 2001. Pfeffer Urquiaga. Canosa.Atria 1997. Tomo I. Enrique et al. Editorial Jurídica de Chile. Casado Ollero. Santiago. Derecho constitucional. Humberto. Radovic Schoepen. Principios de derecho tributario. Enrique. Integración y Razonamiento Jurídicos (obra colectiva). EDEVAL. Atria Lemaitre. Cuadernos de Análisis Jurídicos N°36. Massone 1979. Revista del SII. Editorial Universidad de Talca. Evans de la Cuadra. "Aproximación al derecho constitucional tributario". pp. 1997. Valparaíso. Serie Seminarios. 1988. Talca. Jurídica de Chile. Santiago de Chile. Figueroa Valdés. Evans de la Cuadra.
N 109-110. Zúñiga 1992. 1998. Santiago. Martin 2001. Enero-Junio 2001. Francisco Zuñiga Urbina.) Francisco.cl
. 1999. España. 2000. José Francisco. Obras inéditas Casado. Crónica Tributaria 97/2001. 1992. Compendio de Derecho Tributario. Profesor de Derecho Constitucional. España. Adolfo J. "La Potestad Tributaria del Estado". Sección Doctrina Científica. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. E-mail: pmasbernatt@pehuenche. Teodoro. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. _________________________________________
* Profesor de Derecho Económico y Derecho Tributario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Universidad Central. "Ejercicios sobre competencia fiscal perjudicial en el seno de la Union Europea y de la OCDE: semejanzas y diferencia". Ribera Neumann. 2000. pp. Revista Española de Derecho Financiero. María y Pedro Manuel Herrera Molina. Editorial Jurídica ConoSur. Dr. Revista de Derecho Público N° 62 Año 2000. Martin Jiménez. "Aportaciones del derecho comunitario al Estatuto del Contribuyente". "El Derecho Financiero Constitucional de la Unión Europea". Sentencias del Tribunal Constitucional Normas jurídicas Tratados Internacionales del Sistema Americano de Derechos Humanos Constitución Política de la República de Chile Código Tributario de la República de Chile. Maldonado García-Verdugo. (Dr. Ascención. Zuñiga Urbina. Editorial Jurídica de Chile. Apuntes de clase del curso sobre Derecho Público Económico dictado en el marco del Programa de Magíster.López 1998. Bajo los auspicios de Universidad de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez. Apuntes de clase del curso sobre Derecho Tributario de la Unión Europea dictado en el marco del Programa de Magíster en Instituciones de Derecho Público y de Derecho Privado. Ribera. Gabriel Casado Ollero. Universidad de Chile Villar y Herrera. Dr.utalca. López Valdés. España. Villar Excurra. Jurisprudencia tributaria. Santiago. Civitas. 285 a 305. Memoria para optar al Grado de Licenciado en derecho. Zúñiga. Integración y Razonamiento Jurídicos (obra colectiva). 2001. 2002. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Conferencias y ponencias presentadas en el Congreso realizado en Santiago y Viña del Mar entre el 23 y 25 de mayo de 1991. Universidad de Talca. Maldonado 2001. en Quincena Fiscal N° 10 año 1999. "Tendencias contemporáneas de interpretación constitucional" en Interpretación. Universidad de Chile. Santiago de Chile. Jurisprudencia ConoSur 2000 Proyectos Editoriales..
I. citado en Figueroa 1985. no vemos por qué no los cambie en el Derecho Tributario.
Editorial Depalma. como explica Enrique Fuentes Quintana. facilitar el desarrollo). J.1) eficacia de la asignación de los recurso. comodidad). la justicia (del que derivan los principios de igualdad. y redistribución). debe avaluarse de acuerdo a su costo real). como el profesor Casado señala. 15)
Cabe hacer presente que Neumark distingue. Pamplona. 13)
Rodríguez Lobato. 1987): tener establecida constitucionalmente la separación de poderes. Está claro que en la mayor parte de la historia ello ha sido así y que el paradigma sigue enfatizando la posición de la Administración y el cumplimiento de sus fines (con un eufemismo. Editorial Melo S. p. proporcionalidad o gravamen sobre la capacidad de pago. Fundamentos del Derecho Administrativo. Vol. pp. b. citado por Aste (2002. Del mismo modo como el desarrollo de la protección internacional y nacional de los derechos humanos ha cambiado muchos paradigmas en el Derecho.A.
Que en Chile tiene expresión constitucional solamente en los fondos comunes municipales y regionales. 1986
Bielsa. Depalma. economicidad. Rafael. por la fiscalización de dichos tributos.3) desarrollo económico. por lo cual es fundamental que se graven las actividades de manera diversificada.. b) Subordinados a los principios de justicia. Buenos Aires. e) En caso necesario. podemos afirmar que el fantasma del el monarca absoluto continúa estando presente. c) Un objetivo operativo: la eficacia técnico tributaria (que comprende principios de congruencia y sistematización. 87 a 103. asegurando siempre recursos al Estado.
Zavala (2001. aún dentro de nuestras mentes).
El principio del beneficio se aplica primordialmente a la exacción de las tasas y de las contribuciones especiales. caracterizándolos de la siguiente forma: a) La imposición no debe practicar intervenciones parciales y sistemáticas que perturben o beneficien la constitución o el funcionamiento de una parte de determinados sectores de la vida económica. Constitucional. volumen I. 2 Edición. Principios de Derecho Tributario. Colección Textos Jurídicos Universitarios.F. las obligaciones accesorias establecidas por la administración. Antonio.
Simplicidad en el sentido que sea fácil para el contribuyente conocer los tributos que lo gravan por haber realizado las conductas de hecho precisadas por la ley. dado que debe ser realmente útil (y. tener reconocidos y protegidos constitucionalmente los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. y a corto plazo. Berlini. Compendio de Derecho Público. c) El impuesto debe evitar cualquier consecuencia involuntaria que perjudique la competencia y debe suprimir o atenuar las imperfecciones de ésta.. 19. pero que se modula con su capacidad económica. generalidad. tener sometido el poder ejecutivo a la ley.
Manual de Derecho Financiero. en su extensa obra citada: a) Un fin ético. minimizar intervención tributaria. cuyas características son las siguientes.
Albiñana también hace referencia a principios de orden económico. factibilidad. b) Tres fines económicos.A. en cuanto los impuestos establecidos en virtud de la potestad tributaria deban ser suficientes para financiar el gasto público sin necesidad de recurrir a más impuestos u otras fuentes de financiamiento estatal. d) El sistema tributario debe estructurarse de tal forma que los ingresos tributarios permitan la cobertura duradera de los gastos (principio de suficiencia). evitar distorsiones a la competencia) y de procesos económicos (suficiencia.
Se considera muchas veces aún sin decirlo que la tributación se construye sobre la base del poder de la administración y no de la libre disposición de sus bienes por parte de los ciudadanos. 266-267.2) estabilidad económica. flexibilidad activa y pasiva. adaptabilidad. Administrativo y Fiscal. Flexibilidad en cuanto a que el sistema debe adaptarse a cambios coyunturales que experimente la economía. b. Editorial Centros de Estudios Ramón Arces. México D. De ellos derivan los principios de orden económico (evitar dirigismo. y se relaciona con el beneficio obtenido por el contribuyente. se comience a construir precisamente su dogmática a partir del ciudadano y no de la autoridad. González Navarro (Derecho Administrativo Español. I. Suficiencia. a los presupuestos fiscales y a la estabilización y crecimiento. el impuesto debe mantener la mínima intervención en la esfera privada y no perturbar el ejercicio de las libertades económicas. Buenos Aires. 1965. según F. Madrid 1988. transparencia. el sistema tributario debe suministrar los ingresos necesarios para cubrir nuevos gastos
. b. tener reservadas exclusivamente a las leyes emanadas del poder legislativo las materias relativas a los derechos de las personas. pp. 879. Raúl.1
Santamaría Pastor. Vol. Editorial Eunsa.
El Estado de Derecho es una forma de Estado. continuidad. Derecho Fiscal. Derecho Financiero y Teoría de los Ingresos Públicos. Y de este modo.
Art. pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. tanto en su totalidad cuanto en los elementos que integran su estructura. Sin embargo.de carácter permanente o de carácter único y extraordinario (principio de capacidad de adaptación). previa delegación de facultades del Congreso.
. podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados.
Las normas señaladas se reproducen a continuación. Art. h) El sistema tributario debe orientarse.° Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución.° Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. 32. Sólo son materias de ley: 1) Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales. de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley. 8. decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución.° Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal. decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes. para no obstaculizar el desarrollo y ejercer una influencia positiva en las fuerzas que lo condicionan. de conmoción interna.° Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y clausurarla. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos. por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. Los tributos que se recauden.
Art. sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos. y culpables del delito de malversación de caudales públicos. Los Ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro. con la firma de todos los Ministros de Estado. 3. 60. 2. 22. La Constitución asegura a todas las personas: 20. dentro de los marcos que la misma ley señale. El Presidente de la República. podrá decretar pagos no autorizados por ley. Son atribuciones especiales del Presidente de la República: 1. 19. Asimismo. Art. sancionarlas y promulgarlas. cualquiera que sea su naturaleza. 61. 14) Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.° La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley. de agresión exterior. para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas. 20) Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. g) El sistema tributario debe estructurarse de forma que contribuya a amortiguar automáticamente las fluctuaciones de la actividad económica (principio de flexibilidad pasiva o de contribución automática de los impuestos a la estabilidad).° Dictar. ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. 2) Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley. y la igual repartición de las demás cargas públicas. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley. la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. f) La política tributaria debe estar en condiciones de regular la política coyuntural variando la estructura o los procedimientos tributarios (principio de flexibilidad activa).
emolumentos. montepíos. empleos. gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República".° Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella. restricciones y formalidades que se estimen convenientes. atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial. préstamos. Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado. 17)
. en su caso. rentas y cualquiera otra clase de emolumentos. como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales sólo pueden tener origen en el Senado. conceder o aumentar remuneraciones. del Tribunal Constitucional ni de la Contraloría General de la República. 62. préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío. Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación. de la administración pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados. o de las empresas del Estado. incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos. reducir o modificar obligaciones.° Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados sean fiscales. sobre los presupuestos de la administración pública y sobre reclutamiento. 3. autónomos.° Imponer.
Aste (2002. Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país. de los gobiernos regionales o de las municipalidades. aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos.° Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado. la ciudadanía. sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco senadores. suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.° Fijar. beneficios. todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes. disminuir o rechazar los servicios. debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida. las elecciones ni al plebiscito. jubilaciones. como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado. pensiones. autónomas. suprimir. 4. intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del Fisco o de los organismos o entidades referidos. del Congreso Nacional. reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza. asimismo. A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley.° Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar. de las entidades semifiscales. establecer exenciones o modificar las existentes. 2. La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización. "Art. vigencia y efectos.Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad. tanto del sector público como del sector privado. y determinar su forma. Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean. 5. y 6. y condonar. por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. El Congreso Nacional sólo podrá aceptar. y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 60. o con la administración financiera o presupuestaria del Estado. La ley que otorgue la referida autorización las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones. proporcionalidad o progresión. al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para: 1. Corresponderá. a las mismas normas que rigen para la ley. semifiscales. modificar.
La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. sostuvo que "la ley sólo debe contener los elementos esenciales de la materia que regula. la cual está dada por la apreciación de los signos exteriores de riqueza que hace el Legislador. estos criterios no son posibles de aplicar). por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. o bien del trabajo. no siempre es en términos económicos o pecuniarios.).. 19. en materia de impuestos indirectos.A. se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector. paz. o sea de su actividad.
Lara (2000) explica como fuentes del distingo señalado. este derecho se regirá. Dicho Tribunal. en el marco de la ALADI. actividad o zona geográfica.. La Constitución asegura a todas las personas:
2. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.° La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. como el I.A.° La igualdad ante la ley. seguridad). Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. en sentencia Rol N° 282.
Art. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado.
. o los consumos.. y siempre que no signifique tal discriminación.
Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.V. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. las siguientes: capacidad contributiva (se busca que cada persona pague impuestos en relación directa a su capacidad económica. beneficio de los contribuyentes (se busca que cada uno aporte al Estado en concordancia con los beneficios que percibe del mismo Estado a través de los servicios que éstemantiene). a menos que una nueva ley favorezca al afectado. importaciones afectas a I.V.A. (por ej. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. Esta concordancia. tales como las rentas. por ej.
Las normas pertinentes se reproducen a continuación. tipo de actividad que las produce u origina.17
Disiento con el Tribunal Constitucional en esta materia.".
Ello lo deduce el propio profesor Atria (1997) del encabezamiento de art. o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. que dice que ella "asegura a todas las personas". 22.. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. En el mismo sentido Aste (2002) .V. o sea las que provienen de los bienes que posea el contribuyente. sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta. sin embargo. 3. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos.° La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. origen de la rentas (las rentas pueden tener su origen en el capital. Sólo en virtud de una ley. en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. 19 de la Constitución Política. sin que ella pueda excluir la potestad reglamentaria que la Constitución confiere al Presidente de la República. orden. la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos. al resolver un requerimiento formulado por diputados que impugnaban la posibilidad del Presidente de la República de modificar aranceles por mero decreto supremo. exportaciones exentas de I. de fuentes chilenas o extranjeras. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir. sea dependiente o independiente.
que expresaría el verdadero sentido que tiene la igualdad relativa.21
Establecido el tributo. al expresar que con respecto de éstos esta condición pasa a transformarse en una cuestión de hecho. N° 426.
La doctrina ha entendido la confiscatoriedad en sentidos diversos. sino que "establecer una obligación pecuniaria que no corresponde a una causa legítima conforme con el ordenamiento constitucional". argumentando con el constitucionalista español Joaquín García Murillo que "sólo la diferencia en los hechos de las personas. (Instituciones de Derecho Tributario. para desechar la demanda. la jurisprudencia la ha aplicado frente a los casos en que se alega violación al derecho a la igualdad. Este principio indica que a distintos niveles de titularidad o disponibilidad de la riqueza corresponde una tributación distinta (progresividad). y a niveles de riqueza iguales pero cualitativamente diferenciados. o incluso exonerársele.
Además de ello. con el riesgo de provocar nefastos desequilibrios sociales. salvo ley interpretativa. pues en definitiva hace referencia simplemente al cumplimiento de la ley a que están obligados aquellos que se encuentran en la situación descrita por ella. precisamente.
. La ley tributaria. 43) le llama a ésta la "versión débil" de la igualdad en la doctrina. debiera ser abordada entre las bases constitucionales de la tributación.
Estimo que esta disposición da cuenta de una limitación a la potestad tributaria. los actos o las situaciones. y en tal sentido carece de todo efecto garantístico. Atria. como toda ley. y que explica señalando que "la ley debe tratar igual a todos aquellos que se encuentren en igualdad de condiciones". es indudable que la ley que así lo disponga es inconstitucional" (Fallos del Mes. opone la versión fuerte. el trato desigual a que una persona es sometida requiere que sea constitucionalmente relevante y que dicha discriminación no tenga justificación constitucional objetiva y suficiente (Casado. que "si se dicta una norma legal que establece tributos que empobrecen al contribuyente o le cercenan sus ingresos en términos confiscatorios. en donde las condiciones tienen un contenido fáctico mas no jurídico. Con ello. pero a la luz de sus argumentaciones debilitó. Ramón Valdés Acosta. sin la debida compensación. pp.
Para Francisco José Carrera Reyes. el control de constitucionalidad de estos tributos indirectos. 251) considera que la confiscatoriedad se configura cuando se prueba la absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado. del 11 de mayo de 1994. Si bien el Tribunal Constitucional manifestó en Ley Tabacos I que esencialmente reúnen el carácter de impuestos confiscatorios o expropiatorios los que por su monto afectan el patrimonio o la renta de una persona. la tasa con que se pagan es la vigente a la fecha que se paga la deuda a que acceden. Este principio tiene un aspecto objetivo (los hechos. y como da cuenta el Dr.. entonces. A dicha versión que llama débil. las normas sobre sanciones e infracciones. pueden ser razón suficiente para discriminar entre ellas". 214 y ss. la cual es una calificación hecha por el legislador). considerablemente. Véase al respecto el voto de minoría de la Ministro Luz Bulnes. 1996). actos o negocios. la tasa de los intereses moratorios. por su parte. pues repugna a la más elemental razonabilidad que todos los ciudadanos.
Atria (1997. En el mejor de los casos. el principio de capacidad económica hace referencia a la titularidad o disponibilidad de la riqueza (el cual es un término más adecuado que el de capacidad contributiva. de distintas condiciones económicas. Y si bien esta norma se trata por la doctrina nacional dentro de las garantías de contribuyente. ya que operan con efecto retroactivo cuando eximen el hecho de la pena o aplican una menos rigurosa. Sin embargo. por su parte. el cual precisamente el derecho a la igualdad tiene. Considerando Undécimo). En Ley Tabacos II (STC 280).584. pues estimamos no constituye una garantía. corresponde también una diversa tributación.
Se ha discutido ante el Tribunal Constitucional si el control de constitucionalidad se ejerce únicamente respecto de los impuestos directos o si se comprenden también los indirectos. hacia el futuro. debe adecuarse a la capacidad contributiva del sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria. se aplica a todos y para todos los que se encuentran en la hipótesis que constituye el hecho generador del tributo. puesto que de acuerdo a la ley. Sentencia de la Corte Suprema Rol N° 19. reconoció tener competencia también respecto de los impuestos indirectos (STC 219). tipificados por la ley) y un aspecto subjetivo (las personas que los realizan y contribuyen en función de su capacidad económica). contribuyan en igual medida.
El español Francisco José Carrera Reyes señala que el principio de generalidad se expresa diciendo que todos deben contribuir de igual manera si tienen igual capacidad económica. Buenos Aires. y en el peor de los casos es una mera tautología. siendo el concepto de desproporcionalidad mucho más relativo. Sino que tiene un fundamento fiscal financiero. por regla general. entiende por confiscación en materia tributaria no el "quitar una cosa". 2002). La Corte Suprema ha sostenido. es general. Spisso (1991. se trata de una directiva al juez dentro del proceso de adjudicación.
La ley tributaria rige. no discrimina arbitrariamente. el Tribunal reiteró su jurisprudencia anterior. igualdad y capacidad económica concretan la idea de generalidad.
La armonización fiscal en la Comunidad Europea. Estudio sobre la protección de las garantías en jurisdicción civil. el advenimiento de un verdadero mercado común que se reconoce como el objetivo último de la CE. por ejemplo. Con posterioridad. con el objeto de suprimir cualesquiera distorsiones o discriminaciones de origen fiscal que pudieran producirse entre los mismos y que dificulten. provocar desviaciones de los factores productivos a sectores que se consideran más convenientes (sobre imposición a los latifundios y exoneración a las industrias nacionales o nuevas). las que admiten sólo la transferencia de poderes limitados y tasados. N° 21. especialmente de Alemania. proteger la industria nacional (derechos aduaneros). El Derecho a la Honra.
Este cuadro relativo a los derechos y garantías del contribuyente en la Unión Europea está construido sobre la base del artículo citado en la Bibliografía como Villar y Herrera (1999). el Tribunal Constitucional indicó que el derecho a desarrollar cualquier actividad económica es de fundamental importancia para los individuos. pronto a publicarse. Señala dicho autor que el Derecho Comunitario se fundamenta y tiene su fuente de validez formal en las Constituciones internas de los estados específicos. a que la variable tributaria involucrada en las operaciones económicas constituya un elemento neutro en las decisiones de los agentes económicos. estimular el ahorro y las inversiones (incentivos). el proceso de integración Fiscal adquiere un carácter fundamental como instrumento necesario para su consecución" María Teresa Mata Sierra. la Ley 1/1998. 1996.
. de 26 de febrero. está en esta posición. servicios.en la decisión de desarrollar una actividad económica en el mercado interno o en el país extranjero. 835). el Tribunal Constitucional alemán afirmó su poder para controlar la constitucionalidad de los actos comunitarios por vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la Ley Fundamental "en tanto" o existiera en la Comunidad una protección de los derechos fundamentales equivalente a la que existe en la Constitución alemana. Martín (126) recuerda que en la sentencia conocida como Solange I. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. han dado cuenta de que si el TJCE no ejerce la función conservadora de dichos derechos en el ámbito de las Comunidades. por ejemplo. 69.
Se afirma que la supresión de obstáculos a la circulación de personas. señalando "que sujetar una actividad a una regulación significa establecer la forma o normas conforme con las cuales debe realizarse. Humberto Nogueira. Es difícil. 1997. En la construcción europea del Mercado Único. empleo. Entre los buenos trabajos podemos citar a Atria (1997). han hecho necesaria la implantación de medidas dirigidas a suprimir en tales ámbitos los obstáculos resultantes de los sistemas fiscales de cada Estado miembro. Valladolid. mercaderías. pues permite desarrollar tanto el espíritu de iniciativa como la subjetividad creadora de cada una de las personas (STC 226).
Por ejemplo. Lex Nova. en otras palabras. Aunque sea supranacional. sea la de obtener ingresos.
Conviene advertir que las palabras de la doctrina constituyen sólo actos de fe que no siempre (y a veces sólo escasamente) se concretan en fallos judiciales. el Derecho Comunitario no tiene fundamento al margen de las Constituciones estatales.
Al respecto. impedir que se produzcan pérdidas de ingresos fiscales e impulsar el desarrollo de estructuras fiscales más favorables para el empleo. CPU. a Alex Carocca.
La armonización fiscal comunitaria puede definirse como "el proceso de aproximación que con carácter progresivo e irreversible es llevado a cabo por la comunidad respecto de los sistemas fiscales de los Estados que la componen.
Señala que todo tributo tiene su finalidad económica. pero en caso alguno puede ser que bajo el pretexto de regular se llegue a impedir el ejercicio de una actividad" (STC 146). ajenos a las necesidades fiscales. de Derechos y Garantías del Contribuyente (BOE 27 de febrero de 1998). capitales y el establecimiento de políticas comunes de transporte. redistribuir la riqueza (impuestos progresivos a la renta y al capital) o prohibir o limitar de hecho consumos que se consideran inconvenientes (impuestos a las bebidas o al tabaco). por otro lado tener conclusiones definitivas.
El hecho de que exista una organización supranacional que ejerzan importantes potestades públicas no puede implicar la privación al ciudadano de los derechos fundamentales. medio ambiente. invirtiendo la tendencia de hacer recaer la presión fiscal cada vez más sobre el trabajo. él mismo abordaría tal función.
Casado (2002. y los Tribunales Constitucionales. para reducir las distorsiones en el mercado único. en alguna medida. pues en Chile se han hecho muy pocos estudios críticos de buen nivel acerca de la jurisprudencia (fuera del área del Derecho Penal). o la de provocar determinados efectos en el campo económico o social.
El Tribunal Constitucional interpretó el artículo 19. a fin de que el factor tributario no represente un elemento que incida -o al menos no de un modo relevante.30
La neutralidad hace referencia. frente a otras bases fiscales más móviles. se ha dicho que se precisa una actuación coordinada en el plano europeo.
los que constituyen un límite de carácter irreversible a la soberanía. ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que choque en pugna a las distintas cláusulas de la ley suprema. El uso por los particulares y empresas en cuanto agentes económicos de los mecanismos que ofrece el sistema de protección de derechos fundamentales de Europa.
Revísese. 18). dar protección a la población y a la familia.
Las normas pertinentes se reproducen a continuación. Interpretación constitucional y fórmula política. doctor Raúl Canosa Usera. 21). Tomo II. señalando que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes. humano o fundamental" (1997. y no tienen legitimidad democrática). Sin embargo. Aquí está toda la línea de objeción democrática a la Justicia Constitucional). Madrid. Chile es una república democrática. y si hubiera errores. promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional. Otras son el régimen republicano democrático.A.
Martín (118) señala que uno de los temas de moda en España es la aplicación de los derechos fundamentales o la determinación de su incidencia en el ámbito tributario. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. la dignidad de la persona humana y sus derechos esenciales. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.41
Las fuentes supremas o supraconstitucionales son aquellas que constituyen un límite a la acción del poder constituyente derivado o instituido y los principios establecidos por el constituyente originario. con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. 4. 1986. En esto la doctrina constitucional nacional está de acuerdo (por ejemplo. Editorial Tecnos S.
. ver Evans I 1999.
Puede producirse una tiranía de los valores por quienes aplican de manera privilegiada la CP (los tribunales. "Las Constituciones de América Latina y los Tratados de Derechos Humanos"
García nos da una definición de interpretación armónica. y el artículo de don Humberto Nogueira publicado en la misma revista del año 2 de 2000. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. al parecer en la doctrina jurídica nacional continúa primando la visión equivocada que vincula los derechos humanos exclusivamente a los casos de violación a los derechos civiles y políticos en su sentido más restringido. 148). Madrid. cuya modificación produce la transformación del régimen vigente que asegura la constitución material (Nogueira 1997..
Curso de Derecho Político. Citado por Zúñiga (1991). El doctor Nogueira además señala como ejemplos. para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Art.
Artículo 1. por lo que se advierte que los aciertos que en ella puede haber son del citado profesor. para tales efectos. Centro de Estudios Constitucionales. son del suscrito. a fin de salvaguardar los intereses económicos dan cuenta de ello. propender al fortalecimiento de ésta. etc. También se puede consultar la interesante obra del actual Vicedecano de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid. y la importancia de los diferentes órganos jurisdiccionales del contexto europeos. los que tienen legitimidad burocrática o instrumental. el principio del pluralismo político.
Que el mismo profesor Nogueira explica señalando que "los derechos implícitos nos permiten considerar que no es necesario que un derecho esté configurado expresamente en la Constitución formal para ser derecho esencial. el principio del ejercicio de la soberanía por el pueblo. la edición monográfica de la Revista Jurídica Ius et Praxis. 2 de 1997. por ejemplo.1988. referida a la recopilación de artículos de los más destacados iuspublicistas chilenos acerca de Constitución y Tratados Internacionales.
y sólo se pueden limitar por ley expresa y específica en los casos que la propia CPE lo autorice. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. garantizados por esta Constitución. por las autoridades que esta Constitución establece. 7. así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona.Art. y "que se impide su libre ejercicio en aquellos casos en que el legislador lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. lo entraban más allá de lo razonable o lo privan de su tutela jurídica". ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y. Ninguna magistratura.
El Tribunal Constitucional (24 de noviembre de 1987) señaló que "un derecho es afectado en su esencia cuando se le priva de aquello que le es consustancial. dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Art.
Sólo se pueden regular o complementar los derechos fundamentales por ley previa y expresa y específica. 6. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. La soberanía reside esencialmente en la Nación. Art. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. 5. de manera tal que deja de ser reconocible". institución o grupo. otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias. también.
. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes.
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 artículo 1
 artículo 7
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e contrario
 artículo 19
 Resolución 
 artículo 5
in dubio
in dubio
in dubio
 artículo 29
 Artículo 29
 Artículo 30
 artículo 60
 artículo 19

Artículo 1