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Timestamp: 2017-12-17 19:15:32+00:00

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Reflexiones de un hombre corriente: La función social de la propiedad intelectual y el derecho a la educación
La función social de la propiedad intelectual y el derecho a la educación
Recientemente han surgido en la prensa informaciones acerca de los avisos que CEDRO, la entidad gestora de los derechos de propiedad intelectual de autores y editores de medios impresos, está realizando a lo que, en la noticia, se denominan “Universidades pirata”. Se dice que en las universidades se ponen a disposición de los estudiantes durante sus periodos formativos, materiales protegidos por los derechos de autor y se reclama a éstas que satisfagan un canon por ese uso. No se especifica en la noticia ni el importe del canon que se reclama, ni la disponibilidad para el usuario que el abono de dicho canon podría suponer.
Esta noticia y otras semejantes me sugieren algunas reflexiones sobre la necesaria ponderación entre el legítimo derecho al disfrute de la propiedad intelectual por sus titulares y la propia función social que esta propiedad, como cualquier otra, puede llegar a tener. En particular, esta adecuada ponderación parece más necesaria cuando el derecho a disfrute de la propiedad limita con un derecho fundamental como es el derecho a la educación regulado en el artículo 27 de nuestra Constitución.
La propia normativa internacional en materia de derechos de autor recoge este límite, así el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor, hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 ratificado por Instrumento de 15 de septiembre 1998, en su artículo10.2 prevé, que:
“1) Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de revistas de prensa.
2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de los Arreglos particulares existentes o que se establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de utilizar lícitamente, en la medida justificada por el fin perseguido, las obras literarias o artísticas a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos honrados”.
Aparece así, el derecho de cita y la “ilustración para la enseñanza” como límites en el disfrute por sus titulares del derecho a la propiedad intelectual, si bien, su regulación conjunta con el derecho de cita en el artículo 32 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI) hace que a pesar de la distinta naturaleza planteada por la normativa internacional de origen, la mayoría de nuestra doctrina considere ambas figuras de una manera unitaria. También en el art. 37.2 LPI se establece otra limitación derivada de la función social de esta propiedad cuando se permite que museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas e instituciones docentes integradas en el sistema educativo español no precisarán de autorización para realizar prestamos en el ejercicio de sus funciones (en este sentido STS, Sala 3ª, de 15 y 17 de junio de 2011), remitiéndose a un Real Decreto ulterior en cuanto a la determinación de la remuneración adecuada para los autores.
Pero pudiera plantearse la duda de si, además de estos límites legales al disfrute del derecho a la propiedad intelectual por parte de los autores y editores, la función social inherente a este derecho en lo que se refiere a la utilización de determinadas obras científicas en el ámbito de la educación (incluso en la educación universitaria) permite que también pueda ser objeto de expropiación forzosa. Esta institución encuentra su fundamento en el propio artículo 33 de la Constitución española y se basa en la previa declaración de utilidad del objeto a expropiar, la clara determinación de los sujetos legitimados para incoar el expediente correspondientes, la posibilidad de sujeto expropiado de participar en el procedimiento y, en particular, en oponerse al justiprecio determinado por la Administración, todo ello en un procedimiento administrativo sometido al control jurisdiccional.
En principio, el artículo 1.1 de la Ley de Expropiación Forzosa establece que “Es objeto de la presente Ley la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social a que se refiere el artículo 32 del Fuero de los Españoles, ( entiéndase artículo 33.3 de la Constitución) en la que se entenderá comprendida cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las personas o Entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio”.
Los exegetas de este precepto, GARCIA DE ENTERRIA, PERA VERDAGUER, etc, entienden que “el régimen legal de la expropiación configura así una vastísima potestad de sacrificio a favor de la Administración: toda situación jurídica patrimonial de cualquier naturaleza (real, de crédito, pública, privada) puede ser en principio sacrificada por la Administración; todas estas situaciones son claudicantes frente a la potestad expropiatoria de la Administración” (García de Enterría y Tomas Rámón Fernandez: curso de Derecho Administrativo, 3ª ed. Pag.222).
Esta consideración abierta de la potestad expropiatoria también debería tener su reflejo en lo que se refiere a las denominadas propiedades inmateriales, como son la propiedad industrial y la propiedad intelectual. De hecho, respecto de la primera, la propia Ley de Expropiación forzosa, en su artículo 99, preveía la figura de la expropiación de la propiedad industrial y, los artículos 121 a 123 del Reglamento complementaban el régimen de esta expropiación especial y, en la actualidad, la expropiación de la propiedad industrial se encuentra prevista en el artículo 73 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad.
Podría decirse que, al igual que los ciudadanos necesitan desplazarse de un punto geográfico a otro y que esa necesidad justifica la expropiación forzosa de terrenos a sus propietarios para poder construir carreteras, autopistas o líneas de ferrocarril, la educación requiere el acceso a determinada bibliografía, lo que podría también justificar la expropiación a los titulares de la propiedad intelectual de, al menos, el contenido patrimonial de su derecho a fin de facilitar a los estudiantes el acceso a las fuentes de su formación
Sin embargo, pocos son los autores que, en la doctrina, han hecho alguna referencia expresa a la posibilidad de la expropiación de la propiedad intelectual y, lo cierto es que no existe un procedimiento especial para verificarla. Sin embargo, al menos en lo que se refiere a los derechos de explotación de la obra que, “evidentemente” tienen una valoración económica, si pueden ser objeto de expropiación forzosa en la medida en que no son inalienables, sino perfectamente transmisibles intervivos o mortis causa. Entendemos que, a estos efectos, resulta más fácil entender la genérica posibilidad de expropiar estos derechos de naturaleza patrimonial que por el supuesto hallazgo de una finalidad de utilidad pública que justifique la expropiación” (Abogacía General del Estado: Manual de Expropiación forzosa, Ed. Aranzadi, Madrid 2007, pags 168 y 169).
En definitiva, podemos inferir de la concepción abierta del posible objeto de expropiación existente en el artículo 1.1. de la LEF y del carácter eminientemente patrimonial, y por tanto susceptible de valoración económica, de los derechos de explotación de la obra protegida por el derecho a la propiedad intelectual, que es viable una actividad expropiatoria referida exclusivamente a esos elementos patrimoniales. Incluso podría aceptarse una expropiación parcial de una parte de éstos, por ejemplo, la referida tan solo a la difusión virtual en las intranet de las universidades públicas de determinados contenidos difundidos por el profesorado entre sus estudiantes.
En cualquier caso, la declaración legal de interés general sería un presupuesto necesario para la expropiación del contenido económico de los derechos a la propiedad intelectual. Por otra parte, es evidente que un proceso expropiatorio de estas características implicaría una complejidad técnica importante a la hora de determinar las obras objeto de la explotación, la duración del periodo de uso amparado por esta actuación administrativa, la determinación del justiprecio, etc…
Etiquetas: Constitucion española, Derecho Administrativo, educacion, expropiacion forzosa, Ley de Propiedad Intelectual, propiedad intelectual
Pedro 2 de febrero de 2012, 21:08
Muchas gracias por estas reflexiones. El tema el complejo y la regulación actual inadecuada. Así lo demuestra la realidad de la UNED. Las propuestas imaginativas son de gran ayuda.
Anónimo 15 de febrero de 2014, 9:45
DE LA UTILIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Estamos en la Tierra yo y otra persona. Nadie más. No hay recursos. Sólo queda una manzana.
A priori está en juego sobrevivir un poco más.
1. Compartimos la manzana y prolongamos un poco mas nuestra vida
2. Él roba la manzana. Yo muero.
3. Yo robo la manzana. Él muere.
Entra en juego un factor desconocido. Por casualidad encuentro un cuaderno en el que mi compañero relata su idea de cómo cree que con las semillas de la manzana podría nacer un árbol que permita prolongar la supervivencia.
1. Comparte la idea y la manzana. Sobrevivimos los dos.
2. No comparte la idea y roba la manzana. Yo muero.
3. No comparte la idea y no roba la manzana. Él muere.
4. Comparte la idea y roba la manzana. Yo muero.
5. Comparte la idea y no roba la manzana. Él muere.
6. Le robo la idea:
• Él roba la manzana. Yo muero
• Yo robo la manzana. Él muere.
Podemos deducir que independientemente de donde surja la idea, las posibilidades de supervivencia se reducen a la posesión de la manzana y no de la idea. Es de notar que compartir la idea redunda en beneficio de ambos siempre y cuando la esencia del objetivo (la supervivencia) sea también compartida. Sin embargo compartir la idea no supone éxito alguno en la consecución del objetivo. Ha de existir siempre el objetivo de compartir como mínimo el objeto, motivo tangible, real, mensurable sin el cual no podría existir tan siquiera la posibilidad de supervivencia.
La idea de por si aporta a la situación un elemento que a futuro nos da esperanza. Ésta complementa a la solución real visos de mejoría (posibilidades de crecimiento del objeto, capacidad de mejora de la solución presente), pero y también gracias a ella una dimensión más, que a futuro difumina en innúmeras posibilidades la realidad objeto del presente.
Es decir, añadimos también una categoría artificial, dual de la realidad momentánea, presente, en la que el objeto tiende a bifurcarse en tantos caminos como potencialidad existente en el ahora.
No paso a discutir como las ideas o pensamientos carecen de toda verdad en cuanto a propiedad intelectual, pues en última instancia arrogarse el derecho de creer que la combinación de factores heredados, tanto en el mero plano genético como el más abstracto del ánima no tienen justificación para creer que tal o cual combinación consciente o inconsciente, volitiva o no, nos pueda otorgar el derecho de propiedad.
Según el razonamiento causa-efecto ya deslegitima el derecho. Según el llamado diseño inteligente, aún más si cabe.
Así pues la verdadera naturaleza real del ser nos pone en evidencia respecto a las creaciones mentales, otorgándoles un lugar “ilusorio” en nuestras vidas.
Es obvio decir que en nuestra sociedad actual éstas ocupan un lugar relevante que merecen toda nuestra atención ya que en ellas se debate la capacidad de progreso y mejora de la realidad circundante. Pero es preciso señalar que en última instancia se ha de ser muy consciente de la futilidad instantánea de todas las proyecciones mentales que caben respecto a tal o cual materia, no sin ello recalcar que es a todas luces necesario un lugar de encuentro para dar solución a la problemática existente en nuestros días.
José Mª Pérez Gómez 18 de febrero de 2014, 22:24
Interesante enfoque, lo cierto es que no puede dejar de considerarse la propiedad intelectual desde la perspectiva de como se proyectan en bienes materiales, ya sea como plasmación de una idea en la realidad y de los aprovechamientos de toda índole que derivan de ese proceso. Cómo bien señala la convención social acerca de dar un valor real a algo que, a priori, solo se encuentra en la imaginación o el pensamiento de una persona, tiene por objeto incentivar ese ingenio en tanto en cuanto, su desarrollo se considera de interés para la socidad.
De ahí que partamos de promover su respetoy protección legal, pero al mismo tiempo, también existe un interes social para que, en ámbitos como el educativo, la mayor cantidad de gente posible pueda acceder al conocimiento.
La función social de la propiedad intelectual y el...
Sobre la necesidad de un nuevo modelo de contrato ...

References: artículo 27
 artículo10
 artículo 32
 Real Decreto 
 artículo 33
 artículo 1
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 99
 artículo 73
 artículo 1