Source: https://www.legaltoday.com/historico/jurisprudencia/contencioso-administrativo/sentencia-num-28022015-tribunal-superior-de-justicia-castilla-y-leon-valladolid-seccion-1-16-12-2015-2016-05-06/
Timestamp: 2020-07-13 22:04:31+00:00

Document:
Sentencia núm. 2802/2015 Tribunal Superior de Justicia Castilla y León Valladolid (Sección 1) 16-12-2015 - Legal Today
14/07/2020. 00:04:31
MARGINAL: RJCA2016163
PROCEDIMIENTO: Recurso contencioso-administrativo núm. 2802/2015
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON: Sanidad: Orden SAN/1039/2013, de 13 diciembre, por la que se procede al cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 abril, en lo relativo a la integración del personal dependiente de los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional Servicio de Salud de Castilla y León que perciba haberes por el sistema de cupo y zona en el sistema de prestación de servicios, de dedicación y de retribuciones establecidos en la Ley 55/2003, de 16 diciembre: respeto a los derechos consolidados de los interesados: ilegalidad inexistente: impugnación improcedente. El TSJ de Castilla y León, con sede en Valladolid, desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Orden SAN/1039/2013, de 13 diciembre, por la que se procede al cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 abril, en lo relativo a la integración del personal dependiente de los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional Servicio de Salud de Castilla y León que perciba haberes por el sistema de cupo y zona en el sistema de prestación de servicios, de dedicación y de retribuciones establecidos en la Ley 55/2003, de 16 diciembre.
Procedimiento : PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000152 /2014 – ML
PRIMERO.- Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso, y una vez recibido el expediente administrativo, la parte recurrente dedujo demanda en la que, con base en los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, solicitó de este Tribunal que se dicte sentencia por la que: «… estimando íntegramente la demanda y el recurso, se declare haber lugar al mismo, anulando totalmente la Orden SAN/1039/13 de 13 de diciembre (LCyL 2013, 446) impugnada, por no ser conforme a derecho, con todas las consecuencias jurídicas inherentes a tal declaración y con imposición de las costas a la parte demandada».
«Principio de no discriminación
4. Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los mismos para los trabajadores con contrato de duración determinada que para los trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por razones objetivas».
De hecho hay que tener en cuenta que, como alega la Administración, el régimen de integración de los facultativos de cupo y zona venía regulado hasta ahora por la Orden SAN/1647/2008, de 9 de septiembre (LCyL 2008, 440) , por la que se establece el procedimiento abierto y permanente para la integración de los Facultativos Especialistas de Cupo, en los servicios jerarquizados de Atención Especializada y del Personal Sanitario del Modelo Tradicional en Atención Primaria, en plazas de equipos o de Área de Atención Primaria. Dicha Orden establecía un sistema de integración voluntaria en los servicios jerarquizados de Atención Especializada o en los Equipos de Atención Primaria o en plazas de Área en Atención Primaria para el personal fijo dependiente de la Gerencia Regional de Salud, encuadrado en el sistema de cupo y zona o en el modelo tradicional, pero en relación con el personal interino no se permitía voluntariedad alguna y se disponía expresamente que «las plazas de cupo y zona o del modelo tradicional que, a la entrada en vigor de la presente Orden, se encuentren desempeñadas por personal estatutario interino, serán objeto de la correspondiente modificación, con efectos desde la fecha de entrada en vigor de la misma» (disposición adicional), añadiendo: «Los Médicos Ayudantes de Cupo interinos se mantendrán transitoriamente en sus puestos de interinos, en tanto no exista resolución expresa de amortización de la plaza, que se efectuará en función de las necesidades del Servicio. Procederá, en todo caso, la amortización, cuando la plaza deje de estar desempeñada por este personal interino. En el supuesto de la no amortización de la plaza, será adscrito al Servicio Jerarquizado que corresponda» (disposición transitoria segunda). La disposición final primera establecía que «la Gerencia Regional de Salud procederá a la adecuación de las plantillas de las Instituciones Sanitarias, creándose las correspondientes plazas en la misma Gerencia de Atención Primaria o Especializada donde presten sus servicios y amortizándose las plazas de origen de los profesionales que hayan optado por la integración, declarándose a extinguir las plazas de aquéllos que opten por la no integración». El resultado, por tanto, es que las plazas ocupadas por interinos no amortizadas quedaban servidas por los mismos, pero transformadas ya en plazas de personal estatutario fijo ordinarias, adscribiendo al correspondiente interino al servicio jerarquizado que pudiera corresponder. Por otra parte ya no podrían existir nuevos nombramientos de interinos para plazas de cupo y zona, por la sencilla razón de que las mismas quedarían amortizadas tanto si estaban ocupadas por un interino y dejara de desempeñarlas, como si estuvieran ocupadas por un profesional fijo en régimen de cupo y zona que optase por la integración en el régimen ordinario del personal estatutario. Es decir, que si hubo diferencia de trato, ésta se produjo con aquella Orden de septiembre de 2008, que transformó forzosamente en personal estatutario interino al personal interino de cupo y zona y, por el contrario, permitió la integración voluntaria para el personal fijo de cupo y zona. Ahora tal discriminación no puede existir porque lo que hace la nueva norma es, precisamente, transformar también al personal fijo de cupo y zona, como en su momento se hizo con el personal interino, es decir, reestablece la igualdad, no la crea.
Se invoca que la Orden recurrida determina una discriminación por razón de territorio, por cuanto existen diferentes formas de aplicación de la integración en otras Comunidades Autónomas. Esta alegación ha de ser rechazada, porque forma parte de la lógica esencial del Estado autonómico el que puedan existir diferentes regulaciones en aquellas materias en las que la Comunidad Autónoma pueda tener potestad normativa. Si no fuese así, se aboliría el Estado autonómico, al menos en la atribución de tal potestad normativa (legal o reglamentaria) a las Comunidades Autónomas, lo que desde luego es incompatible con la Constitución Española de 1978 (RCL 1978, 2836) . Al respecto debe recordarse que el artículo 149.1.18 de la Constitución reserva únicamente como competencia del Estado «las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios». La Comunidad de Castilla y León en su Estatuto de Autonomía ( Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre (RCL 2007, 2179) ), ha asumido como competencia (artículo 70.1.1º), la «organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno». Y el artículo 32.3 establece que «en el ejercicio de la competencia de organización, régimen y funcionamiento, prevista en el artículo 70.1.1 º del presente Estatuto, y de acuerdo con la legislación del Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma, entre otras materias, el establecimiento del régimen de los empleados públicos de la Comunidad y de su Administración Local, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución …»). Por tanto la Comunidad Autónoma de Castilla y León puede introducir una regulación diferente a la establecida en otras Comunidades Autónomas en la regulación de sus empleados públicos, con respeto siempre a la legislación básica del Estado. Cuando ejerce su competencia de manera diferente a como otras Comunidades puedan hacerlo, no introduce discriminación ilícita alguna, sino que la diferencia de trato proviene de la existencia del Estado autonómico y constituye un elemento fundamental y nuclear del orden constitucional.
El artículo 3 de la Ley 55/2003 califica al conjunto de su contenido como «normativa básica», de manera que la misma ha de ser respetada por las Comunidades Autónomas en el desarrollo normativo del régimen administrativo del personal estatutario regulado por ella, haciéndose expresa referencia en la exposición de motivos a tal naturaleza:
«Tal es el objetivo que afronta esta ley, a través del establecimiento de las normas básicas relativas a este personal y mediante la aprobación de su estatuto-marco, todo ello conforme a las previsiones del artículo 149.1.18.a de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) «.
«En la forma, plazo y condiciones que en cada servicio de salud, en su caso, se determine, el personal que percibe haberes por el sistema de cupo y zona se podrá integrar en el sistema de prestación de servicios, de dedicación y de retribuciones que se establece en esta ley».
Dicha norma autorizaba la integración, dejando a la legislación autonómica la posibilidad de regular la misma, como había hecho la Comunidad de Castilla y León en la Orden SAN/1647/2008, de 9 de septiembre (LCyL 2008, 440) , adoptando el criterio de voluntariedad. Sin embargo la nueva disposición introducida por el Real Decreto-Ley 16/2012 (RCL 2012, 573) es taxativo al suprimir tal régimen para todas las Comunidades Autónomas «antes del 31 de diciembre de 2013». Si la norma anterior permitía a la Comunidad Autónoma imponer la integración, la nueva norma obliga a ello y le impide que a fecha 31 de diciembre de 2013 subsista personal de cupo y zona. Y esto es legislación básica del Estado de obligado cumplimiento para todas las Comunidades Autónomas. El eventual incumplimiento por alguna de ellas deberá hallar solución por la vía de su forzado cumplimiento y no por la derogación de la norma estatal, sin que en ello tampoco se pueda predicar discriminación, puesto que no puede reclamarse la igualdad en la ilegalidad. Por lo demás, en cuanto a la «forma y condiciones» de la integración, al no formar parte de la normativa básica de la Ley 55/2003 (RCL 2003, 2934) , queda abierta a la competencia normativa de cada Comunidad Autónoma, sin que las eventuales diferencias entre las soluciones adoptadas, como hemos visto, suponga discriminación ilícita.
Sostiene también el recurso que «la Orden invocada se aferra al Real Decreto 16/12 (RCL 2012, 573) con una interpretación equivocada», entendiendo que la Orden SAN/1647/2008 (LCyL 2008, 440) de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León establece un sistema de integración voluntaria y que dicha Orden no se ha derogado por el Real Decreto-Ley 16/2012 (RCL 2012, 573 y 673) , ni tampoco por la Orden recurrida aquí. Pues bien, como hemos visto el citado Real Decreto-Ley es taxativo al suprimir el régimen del personal de cupo y zona, de manera que desde la fecha en él fijada, el 31 de diciembre de 2013, no puede existir ese tipo de personal y ello se impone sobre la regulación anterior contenida en la Orden SAN/1647/2008 (LCyL 2008, 440) por cuanto, en primer lugar, se trata de una norma de rango superior, legal, frente a la Orden de la Consejería y, en segundo lugar, es normativa básica estatal frente a la normativa autonómica, de manera que es de todo punto evidente que la Orden autonómica ha quedado derogada en todo en cuanto contradiga el Real Decreto-Ley 16/2012 (RCL 2012, 573) , siendo temerario sostener lo contrario. Y lo mismo ocurre con cualquier norma anterior autonómica, como puede ser la Ley 2/2007, de 7 de marzo (LCyL 2007, 130) , del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, en cuanto contradiga dicha disposición estatal posterior de naturaleza básica.
Sostienen igualmente los recurrentes que el artículo 2.2 de la Orden recurrida dice que «no obstante lo anterior, en todo caso esta integración respetará los derechos consolidados de los interesados», de lo que deducen que tal disposición es incongruente con la aplicación, a partir de la integración, del régimen de jornada, horario y participación en actividades asistenciales del personal estatutario fijo de régimen ordinario.
Es cierto que la Orden recurrida prescribe el respeto a los derechos consolidados de los interesados y ello es conforme con el inciso «sin perjuicio de los derechos consolidados» contenido en la disposición transitoria tercera de la Ley 55/2003 (RCL 2003, 2934) , en la redacción dada por el Real Decreto-ley 16/2012 (RCL 2012, 573 y 673) . Por tanto la falta de respeto de los «derechos consolidados» por la Orden recurrida sería causa de ilegalidad, pero no por vulneración de la propia Orden, sino de la disposición transitoria tercera de la Ley 55/2003 , en la redacción dada por el Real Decreto-ley 16/2012 (RCL 2012, 573) .
«El rechazo de un trabajador a ser transferido de un trabajo a tiempo completo a un trabajo a tiempo parcial o viceversa, no debería por sí mismo constituir un motivo válido de despido, sin perjuicio de la posibilidad de realizar despidos, de conformidad con las legislaciones, convenios colectivos y prácticas nacionales, por otros motivos tales como los que pueden derivarse de las necesidades de funcionamiento del establecimiento considerado».
«El artículo 30.1 del Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 3160/1966, de 23 diciembre (RCL 1966, 2396) , -derogado expresamente por la disposición derogatoria única , 1 ,e) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (RCL 2003, 2934) -, disponía que «la remuneración del personal médico de la Seguridad Social podrá establecerse por alguno de los sistemas de retribución que se señalan a continuación: 1.1. Por cantidad fija por cada titular de derecho o beneficiario a la prestación de asistencia sanitaria que tenga asignado cada facultativo».
El Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre (RCL 1987, 2074) , derogó el régimen retributivo establecido en los tres Estatutos del personal, estableciendo un nuevo régimen que sigue en lo esencial el mismo esquema retributivo de la función pública: retribuciones básicas que comprenden sueldo, tríenios y pagas extraordinarias, y retribuciones complementarias de carácter específico, de destino, de productividad y de atención continuada. En cumplimiento de lo previsto en su disposición final primera, el Consejo de Ministros, en reunión de 18 de septiembre de 1987, dictó el Acuerdo por el que se aprueba la aplicación del Régimen Retributivo previsto en el citado Real Decreto-ley al Personal Estatutario del Instituto Nacional de la Salud , en cuyo apartado Segundo dispuso: «El presente Acuerdo es de aplicación a todo el Personal Estatutario del Instituto Nacional de la Salud salvo el que percibe sus retribuciones a través del Servicio de Determinación de Horarios (cupo y zona), que continuará siendo remunerado de acuerdo con el anterior sistema retributivo incrementándose sus retribuciones individuales, sobre las correspondientes a 1986, hasta el porcentaje previsto en el Art. 19 de la vigente Ley de Presupuestos «. De forma que las retribuciones de los facultativos de cupo y zona del antiguo modelo, tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada, siguen rigiéndose por el artículo 30 del Estatuto Jurídico aprobado por Decreto 3160/1966, de 23 de diciembre (RCL 1966, 2396) , -fijación legal de un determinado coeficiente correspondiente a categoría o especialidad, multiplicado por el número de cartillas o beneficiarios que el facultativo tiene asignadas-, y por la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 8 de agosto de 1986, sobre retribuciones del personal dependiente del INSALUD, rectificada por Orden del mismo Departamento de 4 de diciembre de 1986, con las actualizaciones que establezcan las leyes de Presupuestos Generales del Estado. El que esa peculiar remuneración de este personal de cupo y zona en función del número de beneficiarios adscritos no permite que se les aplique directamente el nuevo régimen retributivo que, con carácter general, fue establecido por el Real Decreto-ley 3/1987 (RCL 1987, 2074) , ha sido reconocido por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencias, entre otras, de 30 de octubre de 1992 (RJ 1992, 7854) , 31 de octubre de 1994 (RJ 1994, 9063) , 13 de marzo de 1995 (RJ 1995, 1767) y 5 de octubre de 1999 (RJ 1999, 7871) .
Al de los primeros… le es aplicable la Circular 1/1982, de 9 de diciembre (RCL 1982, 3372) , de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, que dispone: » 1. Atención ambulatoria.- Cada Médico general y especialista de la Seguridad Social dispondrá para la atención ambulatoria de los beneficiarios de dos horas y media diarias en uno de los consultorios del ambulatorio, durante cuyo tiempo será obligada su permanencia. Esta asistencia se prestará diariamente, excepto días festivos». Su jornada anual equivale a 667,5 horas.
Por el contrario, la jornada general, aplicable a los demás, se estableció en el Punto IV del Acuerdo alcanzado, el 22 de febrero de 1992, entre la Administración del Estado y las Organizaciones Sindicales más representativas sobre aspectos profesionales, económicos y organizativos en las instituciones sanitarias dependientes del INSALUD, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 1992, publicado (B.O.E. de 3-7-1992) por Resolución de la Secretaría General del Sistema Nacional de Salud de 10 de junio de 1992, en el que se expresa: «… la jornada anual se fija de la siguiente manera: – Turno fijo diurno: 1645 horas. – Turno fijo nocturno: 1470 horas. – Turno rotatorio: 1530 horas». La jornada en turno diurno equivale a siete horas de jornada diaria.
En definitiva, prestación de servicios en régimen de exclusividad al sector público frente a compatibilidad con actividad profesional dirigida al sector privado, diferente régimen retributivo y diferente jornada laboral (siete horas diarias en un caso y dos horas y media diarias en el otro)…».
El régimen de cupo y zona era el inicialmente contemplado como ordinario para los médicos y otro personal sanitario de las instituciones de la Seguridad Social en el Decreto 3160/1966, de 23 de diciembre (RCL 1966, 2396) , por el que se aprueba el Estatuto Jurídico del personal médico de la Seguridad Social, en cuyo artículo 27 se establecía como única obligación presencial de los facultativos «la observación del horario y permanencia establecidos para las consultas y servicios que tengan asignados».
En 1971 se impulsó la introducción en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social de servicios jerarquizados (incluidas las instituciones abiertas) mediante el Decreto-ley de 23 de julio de 1971, sobre ordenación de los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social, desarrollado por Decreto 1872/1971, de 23 de julio (RCL 1971, 1449) . Ello dio lugar a la reforma del artículo 27 del Decreto 3160/1966 por el Decreto 1873/1971, de 23 de julio (RCL 1971, 1450) , para regular el específico régimen de jornada de los facultativos que prestasen sus servicios en instituciones jerarquizadas, que debían hacerlo «con la atención que corresponda al nivel asistencial del puesto del que sean titulares», estableciéndose un régimen de dedicación presencial del personal facultativo de los servicios jerarquizados de 36 horas semanales, que podía llevar a elevarse, por razones de docencia, hasta las 42 horas semanales. Quedaron distinguidos así dos regímenes separados de jornada de los facultativos, con diferente regulación, de manera que la jornada establecida en el artículo 163 de la Orden de 7 de julio de 1972 (RCL 1972, 1351) por la que se aprobó el Reglamento General para el Régimen , Gobierno y Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (posteriormente derogado por el Real Decreto 521/1987, de 15 de abril (RCL 1987, 989) , por el que se aprueba el Reglamento sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud) reiteró dicho régimen de jornada para los servicios jerarquizados, no siendo aplicable a los médicos de las instituciones abiertas no integrados en servicios jerarquizados. Paralelamente la retribución para los médicos de instituciones y servicios jerarquizados se reguló en función de la categoría y funciones («según función y tiempo de dedicación»), mientras que para los médicos que después se llamaron de cupo y zona la retribución se pagaba mediante una «cantidad fija por cada titular del derecho a la prestación de la asistencia, con un complemento para el caso de tener que atender las urgencias de su cupo ( Orden de 28 de febrero de 1967 (RCL 1967, 440) , modificada después por Orden de 7 de julio de 1972 (RCL 1972, 1352) ). Ese sistema retributivo de los médicos de cupo y zona se mantuvo tras el Real Decreto-ley 3/1987 (RCL 1987, 2074) , que no fue de aplicación a los mismos, como interpretaron los Acuerdos del Consejo de Ministros sobre Régimen Retributivo del Personal Estatutario del INSALUD (BOE 29 de abril de 1988) y confirmó la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( sentencia de 24 de mayo de 1991 (RJ 1991, 3923) ). La Circular 1/1982, de 9 de diciembre (RCL 1982, 3372) , de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo (BOE 15 de diciembre de 1982), fijó en dos horas y media de lunes a sábado la obligación presencial de asistencia ambulatoria para los médicos de cupo y zona, frente a las 36 horas del personal médico de instituciones y servicios jerarquizados, lo que, como hemos visto, conllevaba diferente régimen retributivo y de incompatibilidades.
En definitiva y como hemos dicho, aunque nos encontrásemos con profesionales que pudieran considerarse a tiempo parcial antes de su transformación, la Orden recurrida no puede interpretarse en el sentido de que imponga la conversión de jornada a tiempo parcial en jornada a tiempo completo. La Orden recurrida dice que a partir de la integración se va a aplicar el régimen de jornada del personal estatutario regulado en la Ley 55/2003 (RCL 2003, 2934) (artículo primero de la Orden), pero hay que tener en cuenta que el artículo 60 de la Ley 55/2003 establece que «los nombramientos de personal estatutario, fijo o temporal, podrán expedirse para la prestación de servicios en jornada completa o para la prestación a dedicación parcial, en el porcentaje, días y horario que, en cada caso y atendiendo a las circunstancias organizativas, funcionales y asistenciales, se determine», lo que reitera el artículo 63 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo (LCyL 2007, 130) , del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León . Es decir, dentro de la configuración jurídica del personal estatutario cabe legalmente el personal con nombramiento para prestación a dedicación parcial. Por tanto la aplicación a los interesados del régimen de jornada del personal estatutario ordinario, en lugar del propio del personal de cupo y zona, no predetermina que la jornada haya de transformarse de tiempo parcial en tiempo completo, ya que también cabe la conversión en personal estatutario a tiempo parcial. Si se impusiera una conversión obligatoria la ilegalidad no estaría en la Orden aquí recurrida, sino en su concreta aplicación al caso de quien pudiera ser previamente considerado a tiempo parcial y se le transformase en personal estatutario a jornada completa.
Es cierto que el artículo 2.3 de la Orden dice que «la integración en el nuevo sistema de prestación de servicios, de dedicación y de retribuciones establecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (RCL 2003, 2934) , supondrá su incorporación funcional al modelo de Atención Primaria o Especializada que corresponda en términos de jornada, horario y participación en la actividad asistencial propia del área, equipo o servicio en el que se integre», pero tampoco puede interpretarse que esa norma imponga una jornada a tiempo completo. Del texto de la Orden recurrida se comprueba que la norma se refiere solamente a la «incorporación funcional». Por tanto lo único que impone es la necesidad de que el trabajo que se realice por el profesional quede integrado funcionalmente en el equipo o servicio, coordinando con él sus horarios y sus tareas y ello aunque la jornada no sea completa sino parcial, como ocurriría con cualquier otro profesional del servicio que pudiera haber sido nombrado para ocupar un puesto configurado a tiempo parcial conforme al artículo 60 de la Ley 55/2003 . Por tanto dicho artículo de la Orden recurrida tampoco impone la transformación de jornada a tiempo parcial en jornada a tiempo completo, sino solamente la incorporación funcional, que puede tener repercusión en la fijación del horario que deba realizarse, para permitir la coordinación funcional, pero no en el número de horas de trabajo total exigibles, que es a lo que alude el concepto de jornada.
Finalmente la norma del artículo 3.3 de la Orden recurrida, que dice que «la integración en el área, equipo o servicio que corresponda se llevará a cabo en condiciones de igualdad con el resto de los miembros de los mismos, y en especial, en lo relativo a las funciones asistenciales, formativas, investigadoras, docentes y realización de jornada ordinaria, complementaria y especial», no puede tampoco tener una interpretación extensiva en cuanto a implicar necesariamente una jornada a tiempo completo. Hay que tener en cuenta que el artículo 4 de la Directiva establece también este principio de igualdad y no discriminación cuando dice que «por lo que respecta a las condiciones de empleo, no podrá tratarse a los trabajadores a tiempo parcial de una manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo comparables por el simple motivo de que trabajen a tiempo parcial, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas», si bien matiza que «cuando resulte adecuado, se aplicará el principio de pro rata temporis». Ese principio de igualdad que aplica el artículo 3.3 de la Orden recurrida, cuando se refiere a la jornada, implica la obligación, en su caso, de realizar, además de la jornada ordinaria que tenga el profesional integrado (que puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial), horas adicionales en caso de jornada complementaria o especial, si bien a este respecto y por aplicación de la Directiva puede jugar el principio pro rata temporis. Es decir, si los profesionales de cupo y zona, antes de su integración, pudieran ser considerados a tiempo parcial y su nuevo puesto tras la integración se configurase igualmente a tiempo parcial, su régimen sería el mismo que el de otro profesional del servicio que hubiera sido designado para ocupar un puesto de trabajo a tiempo parcial creado al amparo del artículo 60 de la Ley 55/2003 .
«A quienes, como resultado de la integración, les resultaren retribuciones inferiores a las acreditadas hasta la fecha de integración, se les reconocerá un complemento personal y transitorio por el importe de su diferencia. Dicho complemento será absorbido por cualquier mejora retributiva que se produzca en este ejercicio o posteriores, incluidas las derivadas de cambio de puesto de trabajo o categoría, de acuerdo con la normativa presupuestaria. Para el cálculo del complemento personal transitorio, no se tendrán en cuenta las cantidades percibidas en concepto de atención continuada, plus de turnicidad o nocturnidad, plus de peligrosidad, penosidad o toxicidad y realización de horas extraordinarias».

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 149
 artículo 32
 artículo 70
 artículo 149
 artículo 3
 artículo 149
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 30
 artículo 30
 Resolución 
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 163
 Real Decreto 
 artículo 60
 artículo 63
 artículo 2
 artículo 60
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 60