Source: https://delajusticia.com/2017/12/13/lo-que-hay-que-saber-de-la-ejecucion-de-sentencia-contenciosa/
Timestamp: 2018-08-14 13:35:07+00:00

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Lo que hay que saber de la ejecución de sentencia contenciosa | | delaJusticia.com
La finalidad del proceso es zanjar el conflicto, lo que normalmente tiene lugar por la sentencia. Sin embargo, la sentencia ha de ejecutarse y aquí suele replantearse un nuevo escenario.
En unas ocasiones, la administración acatará y llevará a pronto y exacto cumplimiento la sentencia, pero en otros casos, como tahúr derrotado, la administración perdedora intentará burlar al recurrente en este incidente de ejecución, bien demorando su cumplimiento o bien sacándose pretextos y ases de la manga jurídica para vaciar su contenido.
De ahí la importancia de conocerse al dedillo el trámite de ejecución de sentencias, al cual dedica la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa tan solo diez artículos (103 a 113 LJCA) con una supletoriedad mínima de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por eso, resulta sumamente útil una sentencia como la dictada por la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 4 de Diciembre de 2017 (rec. 832/2016) que dedica un apartado a exponer de forma didáctica y actual lo que debería saberse del trámite de la ejecución de sentencias contencioso-administrativas. Y debería saberse para que no se repita la historia, de la que he sido espectador privilegiado numerosas veces, de grandes abogados que laboriosamente conquistan la sentencia estimatoria y luego por ignorancia procesal, ven burlado su triunfo en el incidente de ejecución de sentencia.
Así que bien está dedicar tres minutos a la lectura de este fragmento de esta importante sentencia y guardarla a buen recaudo porque encierra lo esencial de tan importante incidente, a modo de regalo navideño. Adelante…
Sigamos la literalidad de la sentencia, que encierra perlas a cada recodo:
PRIMERO.- Nos presenta el incidente de ejecución a conocer.
Al margen de las amplias facultades que la LRJCA concede en su artículo 108 al Juez o Tribunal para proceder a la ejecución de la sentencias firmes, y con la finalidad de obligar a la Administración a realizar una determinada actividad o dictar un acto, el citado texto legal de 1998 contempla y establece un procedimiento a través del cual han de plantearse y resolverse todas las cuestiones que se susciten en el desarrollo de la ejecución de las sentencias; esto es, el legislador deja establecido un marco procesal, obviamente incidental, en el que han de resolverse todas las cuestiones, de la más diversa índole, que pudieran plantearse en el intento de llevar el contenido del fallo “a puro y debido efecto”.
SEGUNDO.- Nos expone las vertientes fundamentales de la figura (quién y qué):
Se trata del incidente de ejecución de sentencia que el legislador contempla en el artículo 109 de la LRJCA, y del que pueden destacarse los siguientes aspectos esenciales:
1º. En primer término, y por lo que hace referencia a la legitimación para el inicio del procedimiento, se observa como el legislador ha ampliado considerablemente estas posibilidades, pues, en el artículo 109.1, expresamente se refiere a “la Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo”, como quienes se encuentra habilitados para promover el mencionado incidente con la amplia finalidad de “decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución” de la sentencias. En consecuencia, desde una perspectiva subjetiva, el legislador reitera la expresión “personas afectadas” – –también utilizada en el 104.2, del mismo testo legal—, y, desde un punto de vista material, el ámbito procedimental cuenta con un doble parámetro de control: el uno, de carácter temporal (“mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia”) , y, el otro, de carácter objetivo (“sin contrariar el contenido del fallo”) .
2º. El objeto del expresado procedimiento incidental cuenta con una gran amplitud, al señalarse expresamente que puede estar constituido por “cuantas cuestiones se planteen en la ejecución”, citándose, a título de ejemplo, las siguientes: “a) Órgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones. b) Plazo máximo para su cumplimiento en atención de las circunstancias que concurran. c) Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir”. Esto es, tal precepto (109.1), en modo alguno, señala los indicados objetos o contenidos de este procedimiento incidental cual numerus clausus, al referirse a ellos, como ya hemos expuesto, con la siguiente expresión delimitadora: “cuantas cuestiones se planteen en la ejecución y especialmente las siguientes”.
TERCERO.- Nos ofrece un inventario de cuestiones que ocupan y preocupan a los incidentes:
Por tanto, tal amplitud del mencionado ámbito procedimental permite que el presente incidente pueda ser utilizado en determinados supuestos contemplados por la propia LRJCA y directamente relacionados con la ejecución de las sentencias; así, este incidente sería el adecuado para resolver:
a) Los supuestos de nulidad de pleno derecho de los actos o disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, de conformidad con el artículo 103.4 de la LRJCA; esto es, en concreto, para dilucidar y comprobar si los mismos, realmente, han sido dictados para eludir los mencionados pronunciamientos. Así lo dispone expresamente el apartado 5 del mismo artículo 103 “salvo que careciese de competencia para ello conforme a lo dispuesto en esta Ley”.
b) Los supuestos (artículo 108.2 LRJCA ) de actuaciones administrativas de carácter material, posteriores a la sentencia, que contravinieran los pronunciamientos del fallo de la misma; esto es, sería el procedimiento adecuado para determinar si tal actuación se ha producido y, en su caso, y en consecuencia, proceder a la reposición de la situación fáctica resultante de la mencionada actuación administrativa discordante.
c) Los supuestos de imposibilidad material o legal, de ejecución de la sentencia (artículo 105 LRJCA), así como las consecuencias derivadas del mismo (adopción de medidas e indemnización, en su caso). d) Y, por último, también se incluirían en este Incidente las cuestiones que se susciten al amparo del artículo 108.3 de LRJCA (añadido por la Ley Orgánica 7/2015, en relaciones con ejecuciones de sentencias que implique demoliciones de inmuebles.
CUARTO.- Se exponen los trámites.
3º. En tercer lugar, el legislador, en el número 2 del expresado artículo 109 se remite al procedimiento incidental, calificándolo de cuestión incidental, y considerando como trámites a seguir, el de la audiencia o traslado a las partes en el procedimiento seguido —por un plazo máximo de veinte días, para que aleguen lo que estimen procedente—, y la conclusión de la cuestión incidental mediante auto dictado por el Juez o Tribunal, en el plazo de diez días. Obviamente, el período probatorio sería también viable en este incidente
QUINTO.- El papel del juez, mas allá de vigilante pasivo de la ejecución
“…, a diferencia del sistema tradicional, que se contenía en el artículo 103 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa de 27 de diciembre de 1956 (LRJCA 56), conforme al cual “la ejecución de las sentencias corresponderá al órgano que hubiere dictado el acto o la disposición objeto del recurso”, la vigente Ley 28/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa (LRJCA), dando un giro trascendental, proclama, en el artículo 103.1 que “la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de éste orden jurisdiccional”. La misma LRJCA aclara y determina, a continuación, en el inciso final del mismo artículo 103.1, cual es el órgano jurisdiccional competente dentro del expresado orden jurisdiccional contencioso administrativo para llevar a cabo dicha ejecución jurisdiccional; y así, dispone que el “ejercicio” concreto de la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales “compete al —órgano judicial— que haya conocido del asunto en primera o única instancia”. En el supuesto de autos, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Tal planteamiento constituye una clara consecuencia del mandato, más genérico, pero de superior rango, contenido en el artículo 117.3 de la Constitución de 1978 (CE), que señala que “el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”; mandato que se reproduce en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1º de julio, del Poder Judicial (LOPJ). La Exposición de Motivos de la LRJCA señala que el nuevo texto legal “ha realizado un importante esfuerzo para incrementar las garantías de ejecución de las sentencias, desde siempre una de las zonas grises de nuestro sistema contencioso administrativo“. Y en tal sentido añade que “el punto de partida reside en la imperiosa obligación de cumplir las resoluciones judiciales y colaborar en la ejecución de lo resuelto, que la Constitución prescribe”, lo cual, a su vez, entronca “directamente con el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que, como viene señalando la jurisprudencia, ese derecho no se satisface mediante una justicia meramente teórica, sino que conlleva el derecho a la ejecución puntual de lo fallado en sus propios términos”, por cuanto “la negativa, expresa o implícita, a cumplir una resolución judicial constituye un atentado a la Constitución frente al que no caben excusas”. Fue la propia Constitución de 1978 la que dispuso, en el artículo 118, que “es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales”; mandato que es desarrollado en términos subjetivos de gran amplitud en el artículo 17.2 de la citada LOPJ al señalar que “las Administraciones Públicas, las Autoridades y funcionarios, las Corporaciones y todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes”.
SEXTO.- Y para ello, el juez debe aplicar diligencia frente a la administración morosa o contumaz, o sea espolear o aplicar la fusta de la multa coercitiva.
En la citada STS dejábamos constancia de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre ejecución se sentencia (citando la STC 22/2009, de 26 de enero), que concluía señalando:
“También se ha señalado que, cuando para hacer ejecutar lo juzgado, el órgano judicial adopta una resolución que ha de ser cumplida por un ente público, éste ha de llevarla a cabo con la necesaria diligencia, sin obstaculizar el cumplimiento de lo acordado, por imponerlo así el art. 118 de la Constitución, y que cuando tal obstaculización se produzca, el Juez ha de adoptar las medidas necesarias para su ejecución sin que se produzcan dilaciones indebidas, pues el retraso injustificado en la adopción de las medidas indicadas afecta en el tiempo a la efectividad del derecho fundamental ( STC 149/1989, de 22 de septiembre , F. 3)”.
SÉPTIMO.- Eso sí, todos, particulares y autoridades, deben colaborar para su ejecución, lo que abre el paso a terceros colaboradores y como no, a “comisarios” judiciales (tanto administraciones, como funcionarios o particulares) para contribuir a facilitar la ejecución.
La vigente LRJCA, dado su carácter procesal, centra, sin embargo, tal obligación de cumplimiento de las sentencias en las partes procesales; esto es, en quienes han tenido tal consideración procesal dentro del recurso o proceso que ha dado lugar a la sentencia cuya ejecución se pretende, señalando, en tal sentido, en su artículo 103.2, que “las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en estas se consignen”. Pero la obligación es más amplia.
El mandato constitucional contenido en el artículo 118 de la Constitución de 1978 de “prestar la colaboración requerida —por los Jueces y Tribunales— en el curso del proceso y en ejecución de lo resuelto” —que luego reiterara el artículo 17.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial—, aparece igualmente recogido en el nuevo artículo 103.3 de la LRJCA, al señalarse que “todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales Contencioso- administrativos para la debida y completa ejecución de lo resuelto”. La Exposición de Motivos de la misma, de forma explícita, se refiere a tal deber o principio, recordando “la imperiosa obligación de cumplir las resoluciones judiciales y colaborar en la ejecución de lo resuelto, que la Constitución prescribe, y… entronca directamente con el derecho a la tutela judicial efectiva…”.
Con ello queda perfectamente delimitado el marco procesal del incidente de ejecución. Es cierto que podría profundizarse en otras cuestiones, como el críptico incidente de garantía de terceros del art.108.3 LJCA, enredo próximo a deshacerse, o las costas de tales incidentes (puesto que deben imponerse siguiendo la perversa regla general) o la exigencia de forma de auto para dictar resoluciones que encuadren la ejecución (aunque la praxis muestra providencias para requerimientos o peticiones de información), o la cuestión de hasta donde resulta posible la ejecución de sentencia meramente declarativas (en principio, solo cuando de las mismas se deriven beneficios para terceros), o la imposición de multas coercitivas para su pronta ejecución…
… Pero eso son otras historias que nos ocuparán otro día…
22 comments on “Lo que hay que saber de la ejecución de sentencia contenciosa”
Se te ocurre algún ejemplo práctico de estos, de alguna administración autonómica un poco más norteña, como por ejemplo… Asturias!!! 🙂 🙂 ;), la cual tiene la curiosa costumbre de no ejecutar sentencias (jefaturas de servicio, carrera horizontal discriminatoria, etc, etc, etc )
La semana pasada coincidimos en el Café París Avda de Galicia, pero me dio apuro saludarte ya que ibas acompañado.
Por desgracia, es un mal que aqueja a muchas administraciones😞😞. Por favor, siempre me agrada saludar y cambiar impresiones con lectores y colegas letrados, funcionarios o sencillamente “hombres de bien”
Buenos días. Si se mete en una coctelera la dificultad real de ejecutar determinadas sentencias en lo contencioso-administrativo y le añadimos una dosis de alto riesgo a las costas judiciales antes de embarcarse en la aventura judicial, el resultado será una previsible quiebra de la confianza de los ciudadanos en la tutela judicial efectiva. Véanse por ejemplo las ejecuciones de sentencias urbanísticas (planeamiento y gestión) o en materia medioambiental. Ciertamente son más fáciles de ejecutar (y se ejecutan aunque sea tarde) las de contenido económico. Un cordial saludo desde Málaga.
Bien lo sabes, Gonzalo, y bien lamento que ser administrativista sea una profesión de riesgo😞.¡ un abrazo cálido desde Asturias, con mi agradecimiento retroactivo!
Querido JR.: previo agradecimiento por la Sentencia (utilísima) y que con las demás pasa al acervo de pequeños tesoros a consultar, lamento decir que nos estamos volviendo unos blandos.
Ser administrativista, así como tirarse embutido en una piragua minúscula por una cascada de 15 metros o tirarse de un puente colgado de un arnés, no constituye una actividad de riesgo, es a lo sumo una actividad de resultado incierto.
Una actividad de riesgo es aquella de la que puede devenir un mal cierto, ininente o futuro, como decirle a la autoridad ( o sea, a tu mujer) que no vais a salir a cenar porque tienes que acabar una demanda.
Es un magistral trabajo muy ilustrativo y útil para los juristas, cual es el caso de los abogados, gracias.
“éste ha de llevarla a cabo con la necesaria diligencia, sin obstaculizar el cumplimiento de lo acordado, por imponerlo así el art. 118 de la Constitución , y que cuando tal obstaculización se produzca, el Juez ha de adoptar las medidas necesarias para su ejecución sin que se produzcan dilaciones indebidas, pues el retraso injustificado en la adopción de las medidas indicadas afecta en el tiempo a la efectividad del derecho fundamental ( STC 149/1989, de 22 de septiembre , F. 3)”.
Lástima que entre las medidas necesarias no se cuente una acusación por prevaricación. Dos de estas y todo el mundo firmes.Vaya vergüenza contar con una administración así en un Estado de Derecho
Buenos días: La “entradilla” con la que inicio mi sencillo juntaletras para esta nueva entrega de nuestro profesor, creo que viene al hilo para lo que hoy quiero decir: aun cuando mi tempus en estos lares ya ha pasado, sigo, pasivamente, claro, sino al pie, si al lado del cañón. Pues de acuerdo con el Dr. Soler, creo estar legitimado para decir, claro y alto, que lo mio no es envidia, sino afán de superación (aun cuando sin proyección práctica. Sí. tengo la envidia a la que me estoy refiriendo, porque los profesionales de hoy tienen en general y los que siguen este blog, en particular y con un importante plus, herramientas precisas y preciosas para poder desenvolverse, con relativa facilidad, en el intricado camino que hoy refiere el maestro. No hace tantos años, estas precisas y preciosas herramientas de trabajo, ni estaban, ni se les esperaba. Más: ni se conocian (por lo menos yo no las conocía), con su corolario de tener que recorrer el camino dejando cuasi huérfanos de toda orfandad,y dejando muchos pelos en la gatera… Un lujo lo de hoy, sí.
Aprovecho para desear al titular del blog y con él a todos los que le siguen, unas muy felices fiestas navideñas.
Algunas faltas van en mi entrada. Perdonadlas. Al respecto no he estado fino con la sabia advertencia de Machado: Despacito y buena letra; es más importante hacer las cosas bien que el hacerlas… Lo siento.
Una dificultad añadida cuando tratamos de ejecución de cantidad líquida es la “resistencia” inicial de algunos juzgados o tribunales -no todos- a iniciar dicha ejecución, aunque ya se adelante que se dirige en último término frente a bienes patrimoniales no afectos a un servicio público.
El TS ya ha avalado en reiteradas ocasiones esta posibilidad ya que caso contrario se vaciaría de contenido el fallo judicial, pero los resultados en la práctica son muy dispares.
yo he planteado el incidente del 109 LJCA, ya que, en sede de ejecución, la administración pretendía “reabrir” el expediente administrativo y el TSJ ha dictado un auto bastante contundente contra la Administración, incluso con advertencia de deducir testimonio de particulares para dilucidar una eventual responsabilidad penal de no acatar la sentencia
Ha tenido ud. mucha suerte, y , sin duda, lo ha hecho muy bien. Felicitaciones.
Excelente análisis MAESTRO, eres mi Ángel de la guarda, porque justo ahora estoy con un caso que abarca todo lo que has explicado.
Por cierto, no es la primera vez que estoy estudiado un caso y, por arte de magia, aparece una entrada en este blog que trata el asunto, me estoy pesando hacer un barrido en mi despacho para ver si tengo micrófonos, cámaras o similares.
Por favor, descasa un poco en tu actividad literaria, no tengo tiempo de leer todo lo que publicas.
O sea que parece ratificas el contenido de mi juntaletras de hoy y que aparece (con sus faltillas y todo) más arriba. Es que es innegable que los compañeros de hoy tenéis muchos vías y/o canales de formación/información, que tuvimos los de hace ya unos poquitos años. O lo que es igual: NO CUALQUIER TIEMPO PASADO FUE MEJOR (EN MUCHAS COSAS SI, PERO NO EN TODAS). Y en cuanto a la petición (o consejo que das al jefe) pues creo que vas a pinchar en hueso. Afortunadamente, a JR no lo para ni la ciclogénesis de ANA ni de ninguna otra denominación. Repito: afortunadamente.
¿También en Reino Unido, Alemania, Suecia…hay que recordar a la Administración que las sentencias hay que ejecutarlas?
La pasada semana volvieron a pasar por televisión “La gran evasión” (película de 1963, dirigida por John Sturges). Al leer su artículo no he podido dejar de relacionarlo con misma, en un doble sentido : 1º) la Administración, aquí teórica prisionera de la sentencia, saltándose la vigilancia y control (normalmente pasivo, condescendiente y/o descuidado) de los Tribunales, aquí pretendidos guardianes de aquélla, inventa imaginativas formas para poder escaparse, aunque a veces ni siquiera necesita de ellas, y, finalmente, lo consigue en demasiadas ocasiones, sin mayores problemas, ni consecuencias (salvo para la contraparte que ve como su ganada sentencia se diluye en la nada); 2º) hay un personaje en la película, Blythe, el experto en falsificaciones (que interpreta Donald Pleasence), que repite -una y otra vez- una palabra que resume a la perfección su análisis y comentario ¡Espléndido!
Muchas gracias por un documento tan útil y pragmático, además de muy bien escrito. Me encantaría que nos dieras alguna clase en el Colegio de Abogados, si fuera posible.
En la sentencia numero 15/2017 de fecha 20/01/2017 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS de Cantabria, en el Recurso de apelación 136/2016, en la Pieza Incidentes en fase de ejecución, a raíz de la pretensión de suspensión de la ejecución prevista en el artículo 108.3 de la LJCA a través del incidente procesal en fase de ejecución del artículo 109 de la LJCA , la ponente Maria Esther Castanedo García, hace una reflexión a mi juicio de interés: ”(…) el legislador prevé este incidente como un trámite para determinados supuestos “abiertos” , no se dá una lista cerrada de cuestiones que se deban resolver a través de él , sino que se dice que las partes podrán solicitar la apertura de este para cuantas cuestiones se planteen en la ejecución. Esto no supone que toda cuestión conlleve necesariamente la apertura de este incidente procesal, sino sólo cuando el juez estime que es necesario. Lo será en los tres supuestos enumerados por el legislador, pero en los demás puede que no sea necesario la tramitación del artículo 109 de la LJCA,.
Juanjo Pérez Capapay
Cuando el actor acaba renunciando a la ejecución de la sentencia, porque la trascendecia de la nulidad de una Oferta de empleo, puede conllevar la nulidad de nombramientos de funcionarios que participaron en un proceso selectivo inmaculado, ahí de querer darle al botón atómico…
Para no llegar a ello,habrá que elaborar un explícito suplico…y ni aún con esas…;Más mano dura con la Administración,que se burla en cada incidente del Poder Judicial…
Veo la cantidad de comentarios que en tan breve tiempo ha suscitado el tema. En vía contencioso-administrativa es común que la administración condenada sea la encargada de ejecutar y los jueces son reticentes a aplicar con diligencia y contundencia el artículo 103.4 LRJCA. Es más, hasta intentan enmendar el daño que pudieran haber provocado con una sentencia de nulidad a la administración, contraviniendo el fallo si es preciso. Primero dan justicia para luego quitarla. Los procesos de ejecución de sentencia son más complejos y largos que el procedimiento hasta la sentencia, de modo que sabe la administración que es cuestión de tiempo que la gente desista, si no lo hace inicialmente. Esto es triste y lamentable porque la Justicia deja de serlo cuando para recurrir necesitas tiempo y dinero para enfrentarse y el que no disponga de los dos, se quedará sin ella. No vale con tener vocación de Estado de Derecho, hay que serlo. La Administración es consciente de que le sale a cuenta incumplir la Ley, y esto nos perjudica a todos a la postre porque fija un modus operandi que en algún momento nos tocará. Alguna vez he oído a algún Juez decir que su labor es la paz social…Desde luego, en la vía contenciosa como en las demás, su labor es hacer cumplir la Ley a la propia Administración depurando la actuación administrativa viciada. Gracias por su post.

References: artículo 108
 artículo 109
 artículo 109
 artículo 103
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 artículo 108
 artículo 109
 artículo 103
 artículo 103
 artículo 103
 artículo 117
 artículo 2
 resolución 
 artículo 118
 artículo 17
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 artículo 103
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 artículo 103
 artículo 108
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