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Timestamp: 2019-01-19 14:11:06+00:00

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DERECHO AMBIENTAL CONCEPTOS INTRODUCTORIOS COMPETENCIA NACIONAL Y PROVINCIAL SANCIONES CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS. CRITERIOS PARA FIJAR SANCIONES - PowerPoint PPT Presentation
DERECHO AMBIENTAL CONCEPTOS INTRODUCTORIOS COMPETENCIA NACIONAL Y PROVINCIAL SANCIONES CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS. CRITERIOS PARA FIJAR SANCIONES
derecho ambiental conceptos introductorios competencia nacional y provincial sanciones civiles, penales y administrativas. criterios para fijar sanciones – PowerPoint PPT presentation
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Title: DERECHO AMBIENTAL CONCEPTOS INTRODUCTORIOS COMPETENCIA NACIONAL Y PROVINCIAL SANCIONES CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS. CRITERIOS PARA FIJAR SANCIONES
DERECHO AMBIENTALCONCEPTOS INTRODUCTORIOS
COMPETENCIA NACIONAL Y PROVINCIAL SANCIONES
CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS. CRITERIOS
Mercedes Díaz Araujo
Directora de Infracciones Ambiental de la
El derecho concibe la solución de los problemas
jurídicos como un remedio útil a los problemas
cotidianos e individuales, es decir debe resolver
También funciona como la formulación de pautas de
acción generalizables ordenados al logro de un
fin la justicia.
Es particular y universal al mismo tiempo.
El derecho ambiental incorpora un nuevo fin
Ordenar las conductas hacia la protección del
El concepto de justicia debe tutelar los derechos
colectivos, los intereses generales, difusos y
particulares a gozar de un ambiente sano, apto
La generaciones futuras son un sujeto de derecho.
El derecho ambiental, la obligación de respetar
el ambiente han sido objeto de análisis por más
Por qué el sistema jurídico incorpora lentamente
la problemática ambiental?
Porque las instituciones, las reglas de la
dogmática jurídica y las leyes poseen en su
naturaleza una vocación de universalidad.
Regula conductas públicas y privadas.
El Estado es sujeto de la obligación de regular.
No es neutro porque persigue un resultado, es un
Responde a un objetivo macro que es la
sustentabilidad y varios objetivos derivados
protección de la biosfera, de la salud humana,
Su contenido es evidentemente social y al mismo
tiempo es considerado un derecho personalísimo.
Se constituye como un derecho subjetivo
público/privado con base constitucional.
Los institutos ortodoxos del derecho o clásicos
resultan disfuncionales responsabilidad por
daños al ambiente, prevención antes que reparación
Como bien jurídico merecedor de protección
alcanzó en nuestro país el mayor rango de
resguardo con la instauración constitucional.
El derecho constitucional, en su versión
decimonónica, miraba sólo las relaciones del
hombre contra el Estado.
El Estado era visto como el perturbaba al hombre
en su individualidad. Las constituciones
decimonónicas tradicionales se preocuparon en
poner límites al Estado.
La garantía constitucional básica, la más
tradicional, es la libertad y la herramienta para
garantizarlo es el hábeas corpus.
El hombre tiene derecho a su libertad, a que el
Estado no lo detenga sin causa prevista por una
El derecho civil tradicional, fue el derecho de
las relaciones entre los particulares.
El derecho civil y el derecho constitucional eran
dos órdenes que andaban por caminos paralelos,
que nunca tenían por qué encontrarse.
Los derechos de reacción, los derechos sociales o
de segunda generación y los derechos de tercera
generación surgen en función de la contaminación
El deber público de protección ambiental hace que
la sustentabilidad no sea solamente un derecho de
rechazo frente al Estado, sino un mandato de
protección y actuación.
Un orden constitucional ambiental y un orden
constitucional económico, obligan a una
armonización de valores y objetivos, es el
En 1994 se incorporaron en el art. 41 de la CN
los conceptos de desarrollo sustentable y de
utilización de los recursos naturales y en el
art. 76 inc. 19) el concepto de desarrollo humano
y el de crecimiento armónico de la nación y de
poblamiento de su territorio y en el art. 124
de dominio provincial de los recursos naturales.
La CN establece el deber de preservar el ambiente
como un deber correlativo de cada uno de los
Establece expresamente el deber de las
autoridades de proveer a este derecho, a la
utilización de los recursos naturales y a la
preservación del patrimonio natural y cultural y
de la diversidad biológica y a la información y
educación ambientales.
Para evitar que fuera una formulación teórica el
art. 43 estableció la Acción de Amparo par la
protección de los derechos ambientales, humanos y
de los usuarios y consumidores.
Los principios de acción preventiva y de
racionalidad de los procesos decisionales, deben
informar toda la actividad del Estado.
Los poderes públicos (Poder Legislativo, Poder
Judicial y Poder Ejecutivo) están obligados a
una acción positiva, una realización efectiva,
debiendo dotar de contenido ambiental la
legislación, la actividad judicial y la actuación
Habilita las potestades públicas de intervención
sobre todos los bienes que sean relevantes en
relación a la calidad ambiental.
La protección ambiental debe estar incorporada en
todas y cada una de las acciones, normas y
políticas que componen el campo de actividad del
El deber público de proteger el ambiente se es
una obligación del Estado demandable por los
Se modifica el status jurídico de los ciudadanos,
a su condición pasiva de beneficiarios, se suma
la responsabilidad en la gestión de los intereses
Es un verdadero mandato imperativo y operativo
que obliga al Estado a abstenerse de contrariar
el derecho de gozar de un ambiente protegido.
Debe realizar efectivamente ese mandato de
acción, dictando las leyes necesarias,
protegiendo de manera positiva en su accionar y
obligando a los particulares a cumplir con su
deber de proteger el ambiente.
El Estado cumple su deber constitucional a través
de sus tres campos de actuación función
legislativa, función jurisdiccional y función
ejecutiva o administrativa.
A través de la función legislativa se sancionan
normas, previo proceso deliberativo para asegurar
A través de la función judicial o
jurisdiccional, se resuelve conflictos en la
aplicación de las normas a instancias de
particulares y del Ministerio Público y concreta
La función administrativa, garantiza la
ejecutoriedad del orden jurídico, por medio de la
FEDERALISMO AMBIENTAL
Todo análisis de la cuestión jurisdiccional debe
partir del presupuesto de la existencia de una
estructura constitucional que la ley no puede
transgredir, y que tampoco puede alterarse o
modificarse por acuerdo de partes.
El Estado unitario es aquel en que la
organización constitucional responde a la triple
unidad de la soberanía, el poder del E y de los
El poder es único en su fundamento, su estructura
Puede tener mayor o menor grado de
En el otro extremo, tenemos la Confederación de
Estados que es una unión política de Estados
El Estado Federal, es un E soberano, formado por
una variedad de Estados. Su poder nace de la
unidad estatista de los E miembros.
Se reparte el poder político entre dos grupos de
entidades el Estado federal y los E miembros.
El principal elemento es el reparto de poderes.
Tiene una Constitución escrita, en la que se
realiza el reparto de competencias.
La integración del Estado Federal Argentino
(según Sagues) se da en tres niveles de poder El
Estado Nacional, el gobierno federal y los
Queda configurado como un Estado con un orden
jurídico total representado por la CN y compuesto
por el Gobierno federal y las comunidades
jurídicas parciales (Provincias y CABA).
La soberanía la detenta el Estado Nacional y las
provincias son autónomas.
Gobierno Nacional Es el orden federal en que se
unen los gobiernos locales para el logro de las
funciones más importantes en su conjunto.
Detenta la representación del Estado federal que
es republicano en su forma de gobierno.
La forma republicana de gobierno implica una
férrea división de poderes a) un legislativo
bicameral, un ejecutivo con funciones
expresamente establecidas y un poder judicial que
entiende en materias expresamente establecidas.
Se encuentran sometidas a la supremacía federal
(art. 31), tienen un poder constituyente
secundario y su autonomía es de primer grado.
El art. 123 dice que Cada Provincia dicta su
propia Constitución conforme lo dispuesto por el
art. 5. El art. 5 establece el piso inderogable
para las autonomías provinciales.
La CN precede a las C Provinciales, es decir, el
origen jurídico de las Provincias está en la CN.
La CABA goza de un status constitucional especial
y es debido a su transitoriedad, ya que mientras
territorialmente siga siendo capital de la
Nación, el Congreso Nacional conserva ciertas
facultades, que parcialmente limitan la autonomía
Municipios La CN garantiza su autonomía.
Las relaciones internas en la estructura federal
a) Supra subordinación. La supremacía federal.
El art. 31 dispone que el derecho federal se
integra por la CN, las leyes del Congreso
(federales y de derecho común) y los tratados
internacionales prevalecen sobre todo el derecho
provincial, incluidas las Constituciones
El derecho federal es supremo siempre dentro del
acotado marco de competencias expresamente
acordadas a la Nación en la CN.
Esta regla se ejecuta entre otros a través de la
intervención federal y el recurso extraordinario
Principio de participación implica reconocer la
participación de las provincias en la formación
de las decisiones del gobierno nacional (el
Senado se conforma por miembros representantes de
Principio de coordinación El art. 121 establece
que las provincias conservan todo el poder no
federal y el que se hayan reservado por pactos
especiales al tiempo de su incorporación.
Derecho común Art. 75 inc. 12, la Nación dicta
los Códigos de fondo y las provincias los
Art. 75 inc. 19, la Nación dicta las bases y las
provincias las normas de desarrollo.
Art. 41 la Nación regula y las provincias
Antecedentes de la cláusula ambiental argentina
1972 Cumbre de Estocolmo establece en su
fundamental a la libertad, a la igualdad y a
condiciones de vida adecuadas, en un ambiente
cuya calidad le permita una vida en dignidad y
bienestar y tiene la solemne responsabilidad de
protegerlo para las generaciones presentes y
El segundo principio establece Los recursos
naturales de la tierra incluyendo el aire, agua,
suelo, flora y fauna y ejemplos representativos
de ecosistemas naturales deben ser salvaguardados
por el beneficio de las futuras y presentes
generaciones mediante cuidadosa planeación y
Se crea el concepto del desarrollo sustentable.
De acuerdo con la distribución de competencias
que emerge de la Constitución Nacional, los
poderes de las provincias son originarios e
indefinidos en tanto que los delegados a la
Nación son definidos y expresos. Dentro de este
contexto, debe ser interpretada la delegación de
competencias en materia ambiental.
La introducción de competencias compartidas y del
establecimiento de una coadyudancia legislativa
por parte de la Nación y las Provincias en
Un nuevo marco dentro del cual deberán
establecerse las pautas interpretativas de la
cuestión competencial en materia medioambiental.
Antes de la introducción del nuevo artículo 41 en
la Ley Suprema, las provincias, en virtud del
art. 121 C.N., se reservaban su competencia
exclusiva en materia ambiental. Dicha competencia
incluía las potestades legislativa,
administrativa y judicial en dicha materia.
A partir de la reforma constitucional de 1994,
las provincias argentinas delegaron en forma
expresa a la Nación la facultad de establecer
normas de presupuestos mínimos en materia
El artículo 41, tercera parte, regula el
federalismo ambiental.
La Nación dictará las normas de presupuestos
mínimos de calidad ambiental y las provincias las
necesarias para complementarlas.
Esta nueva atribución de la Nación delegada en
forma expresa por las Provincias, introduce una
novedad en el sistema constitucional argentino.
Tal novedad radica en la naturaleza limitada de
la competencia legislativa, que deberá
circunscribirse a establecer las normas de
presupuestos mínimos de calidad ambiental que las
provincias complementarán.
La Nación no puede, por lo tanto, establecer un
régimen completo ambiental, sino que debe
limitarse en su objeto al establecimiento de
mínimos ambientales que las provincias
La complementación se hará de acuerdo a las
necesidades, requerimientos y política en la
materia. Por otra parte, tal delegación
competencial no implica una alteración de las
No obstante la aparente claridad del artículo 41
de nuestra Constitución, la delimitación de los
ámbitos de actuación nacional y provincial sigue
generando dificultades. Entendemos que tal
dificultad está dada
Por la complejidad de la materia, su carácter
ubicuo o expansivo.
Se encuentra presente, como perspectiva, en cada
una de las ramas del derecho objeto de los
Códigos de fondo.
Su vinculación inmediata con el comercio y el
transporte interprovincial que lleva a
plantearnos si la Nación detenta una jurisdicción
ambiental exclusiva con base en la cláusula de
Y si una ley complementaria dictada por las
Provincias puede llegar a ser impugnada por
afectar el comercio y el transporte.
El establecimiento de una política nacional
ambiental como facultad concurrente entre Nación
y Provincias y la aplicación del principio de
La relación entre legislación de protección
ambiental y el dominio de los recursos naturales
por parte de las Provincias establecido en el
art. 124 CN.
La protección ambiental se encuentra directamente
vinculada con materias tales como el comercio
interprovincial e internacional, los tratados
internacionales, así como también con las
distintas materias de regulación objeto de los
Se debe analizar la responsabilidad civil por
daños ambientales, delitos ambientales, aspectos
ambientales de las actividades normadas por el
Código de Minería, etc.
Y la potestad nacional de dictar las normas
necesarias para proveer al bienestar general.
Esta vinculación con las materias enumeradas,
sumado a que cada una de estas materias suponen
soportes competenciales distintos, en algunos
casos concurrentes, hace necesaria una precisa
delimitación del alcance de la competencia
establecida por el artículo 41 C.N.
El art. 75 inc. 13 de la Carta Magna (ex 67 inc.
12 CN) establece la competencia del Congreso
Nacional para legislar en materia de comercio
exterior e interprovincial.
La posibilidad de que la Nación detente una
jurisdicción exclusiva en materia ambiental por
la vía de su vinculación al comercio y el
transporte interprovincial arroja dos posibles
Si la respuesta es positiva, será resorte del
Congreso Nacional todo lo referido a los aspectos
de protección ambiental vinculados con el
comercio y el transporte interprovincial,
resultando la Nación la autoridad competente para
reglar y aplicar todos los aspectos ambientales
La Nación tendrá facultades para autorizarlo,
prohibirlo, condicionarlo o reglar la calidad de
las cosas transportadas en virtud de la
incidencia directa que pudieran tener las normas
ambientales en el comercio y el transporte
Si la respuesta es negativa, la Nación no podrá
recurrir a la cláusula de comercio para
atribuirse jurisdicción en aspectos ambientales
vinculados con el comercio y el transporte
Normas de presupuestos mínimos y normas de fondo
El artículo 75 inc. 12 establece la potestad del
Congreso Nacional de dictar los códigos de fondo,
sin alterar las jurisdicciones provinciales.
Las normas penales ambientales, o normas
ambientales en materia civil o minera, pueden ser
complementadas?
Las provincias no se hayan facultadas por el
artículo 41 de la Constitución Nacional para
dictar normas complementarias de leyes nacionales
de protección ambiental cuando éstas se refieran
a las materias objeto de los códigos de fondo.
Las normas que dicte la Nación son un piso y las
Provincias quedan habilitadas a colocar un techo
mas alto para complementarlos y que las
provincias se encuentran habilitadas para
complementar y extender el resguardo ambiental.
La delimitación del techo de las normas
complementarias nos sitúa frente a un tercer
interrogante el de si una norma complementaria
ambiental, dictada por una provincia, puede ser
objeto de impugnación por interferir, afectar o
incidir en el comercio interprovincial.
Complementariedad entre los art. 41 y 124.
Jurisdicción y dominio La jurisdicción puede ser
definida como una masa de competencias en un
órgano de poder, sobre las bases de las funciones
que son propias del Estado, para cumplir con
determinadas actividades o finalidades.
El artículo 41 de la Constitución Nacional puede
ser estudiado en relación con la facultad
concurrente de la Nación de planificar y
establecer las pautas generales en materia de
Tal potestad de ordenar la política ambiental
nacional en concurrencia con las provincias
encuentra su encuadre constitucional genérico e
implícito en las llamadas potestades
concurrentes, art. 75 inc. 19 (ex. art. 67 inc.
Los requisitos para que una ley sea técnicamente
considerada una ley de presupuestos mínimos
El establecimiento de una protección mínima
conceder una tutela uniforme o común e imponer un
mínimo de protección ambiental.
El respeto por el límite regulatorio los
presupuestos mínimos deben ser tales permitiendo
a las provincias ejercer sus competencias
reservadas de desarrollo legislativo de manera
acorde a sus propios ecosistemas y las facultades
otorgadas por el artículo 124º de la Constitución
Los requisitos que deben reunir las normas
complementarias son
Las provincias no pueden establecer normas
adicionales de protección en contra de la
legislación de presupuestos mínimos y no deben
ignorar, reducir o limitar la protección
establecida en las normas de presupuestos
Las normas complementarias de protección
ambiental, podrán afectar el comercio
interprovincial, siempre que las mismas respeten
el principio de proporcionalidad y procuren
evitar tales efectos.
Si las Provincias no dictan normas
complementarias, las normas dictadas por la
Nación serán de aplicación directa en los
territorios provinciales por los jueces y las
Las leyes de presupuestos mínimos podrán ser
reglamentadas por el Poder Ejecutivo Nacional, en
tanto normas federales.
La aplicación de tal reglamentación se verá
restringida al ámbito de la jurisdicción federal
Las provincias las complementarán y reglamentarán
Cómo se legisla a efectos de cumplir el mandato
constitucional de garantizar el derecho a gozar
de un ambiente sano y apto para el desarrollo?
En qué consiste o como se realiza la función
legislativa encaminada a la protección del
Hay etapas, no siempre se legisló de la misma
La regulación sectorial, tiene como ratio
fundamental la ordenación de la política
Las leyes pueden existir y no plasmarse en la
realidad, esto es un déficit de ejecución
normativa, por que sus destinatarios públicos o
privados no las aplican.
La falta de observancia de las normas puede
constituir un déficit de aceptación,
especialmente por ausencia de comprensión de lo
correcto o justo de la decisión.
El tratamiento de la materia ambiental tiene una
amplia recepción en la regulación.
El cumplimiento de la norma por medio de
Si esto no se da, nos encontramos frente a
déficits de control y sanción.
La problemática ambiental recibió desde antaño
respuestas de orden legislativo tanto en el
ordenamiento civil como en el ordenamiento penal.
La regulación sectorial regula la protección del
medio y de sus elementos aire, agua, suelo o de
asegurar la regulación del agente contaminador
(residuos y sustancias peligrosas).
la cantidad de las mismas
se restringen a establecer límites y técnicas
clásicas de control y sanción.
generan un monopolio de la protección ambiental
en cabeza de las administraciones públicas.
cumplen mejor con la simbología de haber logrado
una solución al problema ambiental y denotan un
activismo legislativo.
potenciar el derecho administrativo sancionador,
acudiendo a mecanismos clásicos de control y
setenta hasta los 90 se dio una primera etapa de
el Estado nacional, las provincias y aun los
gobiernos locales o municipales, adoptaron normas
hasta la introducción del art. 41, en nuestro
país coexistieron normas provinciales
ambientales, normas de adhesión dictadas por el
Congreso Nacional, normas federales y normas
En una segunda etapa, el derecho ambiental
argentino se hace eco de la tendencia
generalizada de legislar denominadas normas
Se enfrentan a cualquier problema ambiental con
independencia del sector concreto.
La evaluación de impacto ambiental es asegurar el
cumplimiento de la normativa sectorial aplicable
o, en el caso del derecho penal, los denominados
tipos penales en blanco que reenvían a los
estándares establecidos por las normas
Las normas jurídicas por sí solas no bastan para
alcanzar el objetivo ambiental.
Complejo entramado de constelaciones de poder,
expectativas, actitudes valorativas y
Un enfoque estratégico con el fin de hacer
frente a los retos que se plantean en la
actualidad es preciso superar el enfoque
estrictamente legislativo y sustituirlo por otro
estratégico. Este enfoque deberá utilizar
instrumentos y medidas diferentes para influir en
las decisiones adoptadas por las empresas, los
consumidores, los políticos y los ciudadanos.
Derecho administrativo/ dirección del
comportamiento individual y colectivo con el
objeto de alcanzar un determinado objetivo.
Función administrativa de regulación y control/
depende casi en su totalidad de una actividad
vigorosa por parte de la Administración que,
monopoliza en su actividad o inactividad la
obtención del logro del objetivo ambiental.
Los sistemas jurídicos, incluyen mecanismos de
mecanismos de estimulación tales como las
técnicas de estimulación orientadas al mercado y
las técnicas de fiscalidad y fomento.
Las prohibiciones y sanciones suscitan muchas
veces intentos de soslayarlas
Hay que buscar un estímulo de auto dirección de
la sociedad además del sistema coactivo.
Las técnicas de estimulación de conductas basadas
en criterios utilitaristas no funcionan por sí
mismas sino que lo hacen en conjunción con las
técnicas clásicas de intervención administrativa
de control y sanción.
El Estado interviene a través de técnicas
Las técnicas pueden ser ordenadas de acuerdo a su
función preventiva, represiva, compensatoria y
El sistema de control y fiscalización funciona
como el eje de toda la actuación de la
Administración, ya sea en la aplicación de la
legislación o como administrador de los bienes
La prevención se realiza mediante la adopción
inicial de cautelas al iniciar actividades.
La regulación de libertades o derechos utiliza
la prohibición para asegurar su efectividad.
La prohibición del ejercicio de los derechos sin
un control administrativo preventivo, caso a
caso, del cumplimiento de la regulación.
La autorización, levanta la prohibición.
La autorización no agota sus efectos en el
momento concesional, ni petrifica la relación
autorizado-autorizante, sino que es susceptible
de variaciones.
La teoría del acto-condición permite someter a
las industrias ya existentes y actividades en
marcha a nuevas condiciones ambientales más
exigentes, entendiendo la autorización ligada a
un complejo normativo dinámico.
Fijación reglamentaria de estándares
fijar reglamentariamente los niveles de emisión o
estándares de emisión de acuerdo a su incidencia
establecer los parámetros máximos de
contaminación que los elementos de la biosfera
(aire, agua, suelo) deben tener, dando por
supuesto que la situación es ilegal si las mismas
son muy utilizadas para controlar la
contaminación puntual, tanto atmosférica como
acústica o por vertidos.
ventaja de seguridad económica, ya que
proporcionan igualdad de los costos económicos de
inversión en tecnología ambiental.
Se complementa con la autorización como forma de
encadenar una actividad a un orden normativo
mudable y dinámico de acuerdo a las necesidades
Regulación de materias primas o de los productos
Así como los estándares afectan en su conjunto a
todas las actividades eventuales ocasionadoras de
disfunciones ambientales, este tipo de regulación
se dirige a los materiales usados en la
actividad, por ejemplo, los combustibles o a la
regulación de los productos, por ej.
Son consideradas como las más eficaces ya que
fijan las formas de funcionamiento en el mercado
y pocos productores se animan a invertir en
costos de instalación o reconversión de los
procesos industriales para la fabricación de un
producto de ilegal circulación.
Consiste en la previa constatación por la
Administración de las características de ciertos
procesos o dispositivos
Se establece previamente los requisitos que deben
cumplir los prototipos autorizados.
Los efectos se reiteran en el tiempo
transmitiéndose a todos los productos fabricados.
Los motores de autos, los aparatos reproductores
de ruido, etc.
Los resultados son semejantes a los de la
regulación de productos o materias primas y su
principal ventaja es la de obviar el problema de
Imposición de niveles tecnológicos
La obligación genérica emplear la mejor
tecnología existente en el momento para la
reducción o eliminación de la contaminación.
La regulación respecto de las cualidades técnicas
de los vertederos o de las incineradoras de
residuos son ejemplos de esta forma de
Normalmente, este tipo de técnica se utiliza
recurriendo a las cláusulas de mejor tecnología
disponible, consideradas como conceptos jurídicos
Las clasificaciones, los inventarios y los
La reglamentación de estándares va acompañada de
declaraciones administrativas.
Las declaraciones recaen sobre bienes o
actividades que permiten controlar la relación
jurídico pública.
La ley de protección de bosques, la de protección
de la fauna y de suelos entre otras, la utilizan.
En el mismo sentido, la Ley de Residuos
Peligrosos 24051 crea un registro de operadores y
realiza la calificación de los residuos
peligrosos por categorías y grupos.
Prohibiciones directas de actividades, órdenes,
mandatos y obligaciones positivas
Si bien la actividad se considera lícita, la
misma se encuentra sujeta a verdaderas órdenes de
Garantizar un resultado a través de la imposición
de requisitos o trámites burocráticos que, de
cumplirse, permitirían dar solución a un problema
Las prohibiciones de actividades se encuentran
relacionadas con la existencia de bienes
protegidos, llegando a establecer la prohibición
absoluta de cualquier actividad que tenga como
objeto la producción de un daño a dicho bien.
Prohibiciones, órdenes, mandatos y obligaciones
imponer obligaciones de hacer positivas, tales
como contratar seguros, llevar registros,
efectuar declaraciones periódicas.
la ley 24051 que propone una técnica de
seguimiento del residuo desde la cuna a la tumba
a través de la cadena de manifiestos emitidos por
es plenamente efectiva si de la infracción a las
obligaciones de información y registro se derivan
consecuencias jurídicas severas.
todas las normas de carácter ambiental sectorial
atribuyen a la Administración potestad
el incumplimiento de las normas ambientales lleva
aparejada en todos los ordenamientos la
multas, suspensión de actividades y aún, en la
clausura definitiva de la actividad o instalación
de acuerdo a la gravedad de la infracción
cometida y los criterios de reincidencia y
eficacia de estas medidas, cuando el
incumplimiento es generalizado y la
Administración no puede o no quiere exigir su
cumplimiento, resulta bajo o directamente nulo.
Se califican como arbitrios no fiscales, que
pretenden conseguir por esta vía una cierta
Las típicas son las que en el ordenamiento
jurídico se consideran tasas. Por ej. tasas
especiales sobre los combustibles en función de
su incidencia contaminadora o sobre determinadas
actividades extractivas o directamente sobre los
productos (pilas, neumáticos, entre otros).
Pueden perseguir dos tipos de objetivos de
carácter preventivo y de naturaleza reparadora o
Las tasas de vertido y otros tributos y recargos
fiscales de carácter finalista destinados a
financiar instalaciones que eliminen o atenúen la
Las de carácter reparador tratan de hacer
efectivo el principio de justa redistribución de
costos, compensando a las víctimas de la
contaminación por los daños sufridos.
El derecho de daños reconoce la compensación en
virtud de un interés individual y también en
casos en que los intereses jurídicos son
colectivos. CSJN en Beatriz Mendoza y Ley General
Pueden desplegar una función preventiva para los
al permitir la búsqueda de vías para evitar el
deber de compensar mediante la elección de una
alternativa que no comporte perjuicios.
medidas estimuladoras
Animan a las empresas a conductas consideradas
deseables frente a las medidas o técnicas de
control y sanción.
Se materializan en tratamientos fiscales
favorecedores para la empresa que adopten
dispositivos preventivos de la contaminación.
Préstamos en mejores condiciones que en el
mercado financiero o subvenciones programa de
producción limpia actualmente en vigencia
aplicado por la SAyDS.
Constituyen el anverso de las de tipo represivo.
Las ayudas públicas o ayudas financieras son un
incentivo de conductas ambientalmente aceptables
de parte de los agentes contaminadores,
Transferencia desde los presupuestos de las
administraciones a los agentes contaminantes.
Ley de Bosque Protector.
Dentro de esta categoría se pueden incluir
aquellos que utilizan los mecanismos de mercado,
incidiendo en los costes y ventajas de las
diferentes líneas de conducta de los agentes
Buscan "alterar" el funcionamiento del mercado.
Limitaciones de estos instrumentos si funcionan
Es muy difícil llegar a una internalización
completa del coste social.
El productor normalmente no lo tiene en cuenta
para determinar su producción.
Si ese coste en vez de ser socializado fuera
incorporado por el productor a sus costes
"privados" de producción, el nivel de producción
sería menor y el precio del producto sería mayor.
La economía desarrolló algunos instrumentos
complementarios de más fácil aplicación que
funcionan sobre la base de la complementación de
las normas que establecen estándares o niveles de
emisión, es decir con la regulación ambiental
Una vez establecido un límite legal para la
contaminación se instituye un sistema de
impuestos que permitiría cumplir un nivel más
bajo que el establecido legalmente.
Los impuestos más conocidos son los impuestos
sobre emisiones (o tasas por contaminación), los
impuestos sobre productos y las cargas
Los acuerdos negociados
Consiste en establecer un régimen sectorial de
naturaleza restrictiva muy intensa con
herramientas de control y supervisión pero no con
la finalidad de ponerlo en ejecución sino
exclusivamente como la idea de utilizarlo como
incentivo, por su dureza, para que los
destinatarios del sistema se vean obligados a
negociar con la Administración. Por ej.
Declaración de Agente Contaminante- PRI- ACUMAR
El régimen negociado es voluntariamente aceptado
de forma que la Administración ahorre recursos en
costos de implementación .
Régimen jurídico contravencional
Se discute desde antaño si es el derecho
administrativo sancionador es una derivación del
Históricamente formaba parte del derecho penal.
En el siglo XVIII existían las sanciones de
policía, comprendidas dentro de la investigación
penal llevada a cabo por autoridades políticas.
A fines del siglo XVIII comienza el estado
liberal y se puede observar el traspaso de las
funciones represivas a la jurisdicción penal
En el siglo XX se despenaliza el injusto
administrativo y la aplicación de sanciones se
torna preventiva en muchos casos.
comparte la naturaleza punitiva del derecho penal
(Principio de legalidad) se separan ambas
disciplinas y funciones porque se advierte que el
derecho administrativo sancionador debe tener una
mayor inmediatez con el bien jurídico protegido
la actualización de la ley, su cumplimiento.
fin es disuadir a quienes intentan una conducta
siglo XX se pasa de un derecho de carácter
represivo a una esencia preventiva, de la
exigencia de daños a la de riesgos y de la
exigencia de culpabilidad a la de inobservancia
de los mandatos normativos
La sanción es una técnica de intervención que
busca mantener la observancia de las normas,
restaurar el orden jurídico y evitar la
prevalencia de los actos contrarios a derecho.
Los principios se derivan de la CN y otros han
sido introducidos por la jurisprudencia
Son el legalidad e irretroactividad de la ley, el
de presunción de inocencia, de prescripción, de
La sanción representa la última fase del proceso
de dirección y control actualiza la vigencia del
mandato jurídico.
La sola infracción es suficiente para que la
imposición de una sanción sea legítima aún ante
la inexistencia de un daño concreto.
El aspecto subjetivo no gravita siempre como en
Los delitos violan un bien jurídicamente
protegido y la contravención una norma creada en
razón de mayor utilidad social.
La sanción administrativa debe contener todos los
elementos esenciales que hacen a la validez del
emanar de autoridad competente,
indicar los antecedentes de hecho y de derecho,
que su objeto sea física y jurídicamente posible
que sean tanto motivadas como proporcionadas.
Las sanciones pueden consistir en multas,
suspensión de actividades y aún, en la clausura
definitiva de la actividad o instalación de
acuerdo a la gravedad de la infracción cometida y
los criterios de reincidencia y negligencia.
La sanción se debe imponer siguiendo un
procedimiento previo, con audiencia del
infractor, producción de la prueba, etc. Estas
garantías tienen como objeto proteger al
inculpado y asegurar el acierto de la decisión.
Es siempre un acto administrativo que no produce
cosa juzgada, puede ser recurrido por los
distintos medios que el derecho establece a tal
El principio de legalidad rige de forma absoluta.
Establecer sanciones es facultad exclusiva del
legislador y es indelegable.
El derecho penal está dirigido a toda la
sociedad, al común de las personas, y el derecho
administrativo sancionador está dirigido a quien
se halla en situación de sujeción.
Las contravenciones o faltas administrativas se
diferencian de los delitos por los interés
lesionados, las leyes contravencionales tutelan
cautelarmente la prosperidad, las leyes penales
La contravención lesiona a la Administración como
sujeto interesado en que los derechos sociales e
individuales se ejerzan en orden.
La autonomía jurídica y la especificidad de las
contravenciones consisten en la infracción al
orden de la actividad administrativa.
La punibilidad contravencional se apoya
jurídicamente en el punto de vista objetivo de la
oposición a la regulación estatal de la
El aspecto subjetivo no desempeña ningún papel,
por ello es indiferente a los efectos de la
sanción saber si el transgresor obró dolosamente
La Corte Suprema de Justicia de la Nación y la
Procuración han declarado, de manera uniforme,
que deben estimarse de naturaleza penal las
multas aplicables a los infractores, cuando
ellas, en vez de poseer carácter retributivo del
posible daño causado, tienden a prevenir y
reprimir la violación de las pertinentes
disposiciones legales .
La figura de la tentativa no es sancionada en el
derecho administrativo ,si la norma la establece
constituirá una previsión autónoma, con una
sanción que deberá precisarse, lo mismo ocurre en
el acto preparatorio.
Ámbito de aplicación en el orden practico y
según nuestro derecho constitucional, la
aplicación de las sanciones administrativas tiene
importancia jurídico política, dada la
delimitación de las facultades represivas de la
Nación y las provincias y de los órganos
Competencia nacional o provincial En materia
penal, la legislación es de competencia nacional
En materia contravencional la competencia le
corresponde a las provincias y a la Nación,
regular las transgresiones en sus respectivas
A los fines de la procedencia del derecho
administrativo sancionador, es innecesario el
A diferencia de otras formas de actuación como el
Derecho Penal o de Daños, el derecho
administrativo sancionador se activa aún ante la
falta de daño, ya que la sola infracción de la
legislación administrativa es suficiente para que
la imposición de una sanción sea legítima aún
ante la inexistencia de un daño concreto.
Prescripción de la acción y de la pena frente al
vacio normativo y teniendo en cuenta la
naturaleza o carácter preventivo o represivo de
las sanciones, debe acudirse al Código Penal que,
para las acciones contra hechos reprimidos con
pena de multa (art. 65 inc 2) establece un plazo
El CP establece que el plazo de prescripción
comienza a correr desde la medianoche del día en
que se cometió el delito o si este fuera continuo
desde que cesó de cometerse.
En cuanto a las causales de interrupción del
curso de la prescripción , se ha afirmado que la
secuela del juicio no puede ser otra que la
sustanciación del sumario administrativo.
Rige también la aplicación supletoria del art. 67
del CP que establece que la prescripción se
interrumpe por la comisión de otro delito, por lo
cual deberá verificarse si en los períodos que
corren a) desde la infracción hasta la
comunicación del sumario al administrado y b)
desde ese momento hasta los dos años
subsiguientes en que debió dictarse y notificarse
la sanción de multa al infractor, el mismo ha
cometido alguna otra infracción que permita tener
por interrumpida la prescripción.
Ejecución de multas el acto administrativo que
impone la multa carece de ejecutoriedad propia,
de ahí que en caso de falta de pago por parte del
sancionado, el cobro compulsivo debe gestionarlo
la administración ante el órgano judicial.
Sanciones ambientales en jurisdicción nacional
Las Leyes ambientales establecen en todos los
casos un régimen sancionador para el caso de
incumplimiento de las obligaciones allí
Si bien el control y aplicación de las leyes
ambientales es potestad de las provincias, la
Nación a través de la SAyDS tiene competencia
cuando se da la interjurisdiccionalidad o cuando
el sujeto infractor se encuentra bajo su orbita
de competencia por sujeción al régimen legal
La Dirección de Infracciones Ambientales ejerce
sus funciones, dentro del ámbito de gestión de la
Subsecretaría de Control y Fiscalización
Ambiental y Prevención de la Contaminación junto
con otras Direcciones (residuos peligrosos,
fauna, de prevención y recomposición de la
contaminación) en la órbita de competencia de
La función primaria de la DIA es sustanciar en la
esfera administrativa nacional, las actuaciones
infraccionales previas a la aplicación de las
sanciones previstas en la leyes ambientales en
las que la SAyDS sea autoridad de aplicación.
La función específica es sustanciar los sumarios
con el objeto de realizar la investigación de los
hechos sobre cuyo conocimiento y sanción, la
SAyDS es autoridad competente
asegurando el derecho de defensa de los presuntos
posibilitando su efectiva participación en el
respetando la publicidad de los actos.
Garantizar el derecho de defensa implica
la oportunidad del administrado de expresar sus
razones antes de la emisión del acto
el derecho de ofrecer y producir prueba y de
controlar la sustanciada realizada por la
la naturaleza del proceso sumario debe asimilarse
a la naturaleza del proceso penal.
La Res. N 475/05 establece las diferentes etapas
del sumario con el propósito de establecer un
procedimiento único que garantice el derecho de
defensa y la publicidad de los actos de la
El derecho administrativo sancionador también
constituye una herramienta de política ambiental
en el marco integral de los objetivos y funciones
del PEN. Es una de las técnicas de intervención
administrativa que buscan dar cumplimiento, a la
obligación que la CONSTITUCIÓN NACIONAL pone en
cabeza de las Autoridades de proveer al ejercicio
a un ambiente sano.
El Reglamento debe servir como un instrumento
adecuado tanto para la tutela de los derechos de
los presuntos infractores derivados de la
garantía constitucional del debido proceso
adjetivo (Art. 18, Const. Nac. y art. 1º, Ley
19.549), así como un camino para el logro de los
fines constitucionales de la política ambiental,
es decir no sólo con una finalidad represiva sino
también preventiva.
El Reglamento establece el procedimiento sumarial
mediante el cual la DIA investigará la comisión
de presuntas infracciones.
Se determinará el o los responsables, el alcance
de la responsabilidad y el Secretario de Ambiente
aplicará las sanciones previstas en la normativa
La interpretación y aplicación de la Res. 475/05
se integra supletoriamente con las disposiciones
de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos Nº19.549, su reglamento, el
Decreto Nº 1759/72 y el Código Procesal Civil y
El procedimiento características
Los sumarios se instruyen en el ámbito de la DIA.
Será instructor el Director de la misma o el
letrado que éste designe.
Es deber del Instructor dirigir el procedimiento
Debe investigar los hechos, reunir pruebas,
determinar responsables, y fijar y dirigir las
audiencias de prueba y realizar las demás
diligencias a su cargo.
El Instructor debe tener independencia en sus
funciones, debiendo evitarse todo acto que pueda
El reglamento establece las condiciones en que se
realizarán las actuaciones previas al sumario
actas de inspección, actuación de los
inspectores, ingreso al establecimiento.
Informe técnico ambiental para dar a inicio al
sumario, las áreas sustantivas, deben con
posterioridad a que se labren las actas, remitir
al Subsecretario, un análisis técnico de la
situación ambiental que indique los aspectos
ambientales relevantes, así como la normativa
presuntamente infringida de la que surja la
irregularidad que cabrá imputar como cargo.
Los Subsecretarios remiten a la DIA, junto con
los antecedentes documentales que sustenten las
posibles irregularidades, la solicitud de inicio
del procedimiento sumarial.
En caso de grave peligro o de daño inminente para
la salud y la vida de las personas y/o el
ambiente, podrá recomendar o solicitar al
Director de Infracciones Ambientales que se
adopten, en el marco del sumario por instruirse,
Se procederá a confeccionar la imputación del o
los cargos al presunto infractor, la cual deberá
ser suscrita por el Subsecretario que resulte
competente según la materia.
La imputación, se la notifica al presunto
infractor a fin de que, dentro de los DIEZ días
hábiles posteriores, efectúe su descargo, ofrezca
la prueba que, según considere, haga a su
derecho, y constituya domicilio en el radio de la
Una vez presentado el descargo se dictará el auto
de apertura a prueba, ordenando las que considere
conducentes y estableciendo el plazo para
producirlas de acuerdo con la importancia y
complejidad de ellas.
En el mismo auto deberán rechazarse, sin recurso
alguno para el sumariado y dando cuenta motivada
de las razones, aquellas pruebas que no reúnan
los requisitos establecidos por los reglamentos o
las que sean superfluas, inconducentes,
manifiestamente improcedentes o dilatorias.
Concluida la etapa probatoria, el Instructor
deberá realizar, el cierre del período probatorio
mediante providencia y notificar al presunto
infractor, al que se le otorgará un plazo para
alegar sobre el mérito de las pruebas producidas.
El Instructor realizará el pertinente análisis
técnico jurídico de las actuaciones y arribará a
una conclusión por medio del informe
Si necesita de asesoramiento técnico para
conformar su informe, el Instructor podrá
Citar a los agentes de los distintos sectores
técnicos para que concurran a la sede de la
instrucción, a fin de asistir en el análisis
técnico de la cuestión.
Requerir, por escrito, la información necesaria
de las distintas dependencias.
Para la aplicación de las sanciones se tendrá en
cuenta el daño ambiental real o potencial
ocasionado y la naturaleza de la infracción.
La conducta del infractor durante la
sustanciación del sumario, se tendrá en cuenta de
modo que el reconocimiento de la infracción
cometida o, en su caso, el voluntario
ofrecimiento de un cronograma de actividades de
recomposición o saneamiento de la situación que
originara el procedimiento sumarial, serán
conductas valoradas positivamente al momento de
apreciarse la sanción que corresponda aplicar.
La DIA eleva a la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
JURIDICOS el sumario y el proyecto de resolución
para que ésta practique el pertinente control de
legalidad en forma previa a la suscripción del
acto administrativo por el Secretario de Ambiente
Una vez suscrito el acto, se procederá a su
notificación, con indicación del o los recursos
disponibles y su respectivo plazo.
Los recursos se rigen por el procedimiento de la
La actividad administrativa nunca puede ser de
naturaleza jurisdiccional ni constituir
válidamente el ejercicio de funciones sustraídas
Las resoluciones administrativas definitivas son
siempre impugnables ante el órgano judicial.
El acto sancionador debe cumplir con todos los
requisitos del acto administrativo que recaiga
sobre una situación jurídica particularizada, que
sea fehacientemente notificado, que sea regular
cumpliendo las condiciones mínimas de
El acto administrativo se presume legítimo,
exigible y hasta ejecutorio, es productor de
efectos jurídicos y es impugnable tanto en sede
administrativa como en sede judicial.
Tienen carácter excepcional .
Cuando del relevamiento realizado por las
Direcciones Nacionales surgiere la comprobación
técnica fehaciente de la existencia de grave
peligro o de daño inminente para la salud y la
vida de las personas y/o para el ambiente, podrá
propiciarse el dictado de una resolución que
suspenda preventivamente la inscripción del
presunto infractor en los registros.
La suspensión preventiva no podrá superar el
plazo de SESENTA (60) días corridos.
Podrán propiciarse otras medidas preventivas, de
conformidad con las previsiones legales y
reglamentarias aplicables a la actividad del
Las medidas preventivas podrán disponerse durante
toda la sustanciación del sumario.
En su caso, el acto que las disponga podrá
proyectarse en el contexto de las actuaciones
previas pudiendo, en tal supuesto, ser notificado
con ocasión de la notificación de la
correspondiente imputación o con posterioridad a
Las medidas preventivas serán fijadas por
resoluciones del Secretario de Ambiente y
Las Direcciones Nacionales competentes deberán,
mediante informe fundado, señalar las razones que
aconsejan la adopción de la o las medidas
preventivas propuestas.
Regímenes legales de aplicación
Ley de Residuos Peligrosos N 24.051.
Es una ley federal, suceptible de ser adherida
Establece la jurisdicción nacional sobre la
generación, manipulación, transporte, tratamiento
y disposición final de residuos peligrosos cuando
se tratare de residuos generados o ubicados en
lugares sometidos a jurisdicción nacional o,
aunque ubicados en territorio de una provincia
estuvieren destinados al transporte fuera de ella.
La LRP establece que será considerado peligroso
todo residuo que pueda causar daño, directa o
indirectamente, a seres vivos o contaminar el
suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en
En particular serán considerados peligrosos los
residuos indicados en el Anexo I o que posean
alguna de las características enumeradas en el
Y cuando, a criterio de la autoridad de
aplicación, dichos residuos pudieren afectar a
las personas o el ambiente más allá de la
frontera de la provincia en que se hubiesen
generado, o cuando las medidas higiénicas o de
seguridad que a su respecto fuere conveniente
disponer, tuvieren una repercusión económica
sensible tal, que tornare aconsejable
uniformarlas en todo el territorio de la Nación,
a fin de garantizar la efectiva competencia de
Las disposiciones de la ley serán también de
aplicación a aquellos residuos peligrosos que
pudieren constituirse en insumos para otros
Quedan excluidos de los alcances de la ley los
residuos domiciliarios, los radiactivos y los
derivados de las operaciones normales de los
buques, los que se regirán por leyes especiales y
convenios internacionales vigentes en la materia.
El Registro Universal de Nacimientos y el Derecho a la Identidad - ORGANIZACI N DE LOS ESTADOS AMERICANOS El Registro Universal de Nacimientos y el Derecho a la Identidad Elemento clave para el fortalecimiento de la gobernabilidad y ...	| PowerPoint PPT presentation | free to view
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References: artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 75

artículo 41
 artículo 41
 artículo 124
 resolución

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