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Timestamp: 2017-07-27 18:42:45+00:00

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Ideas y Pensamientos de la Patria : PROYECTO DE LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS
PROYECTO DE LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS
CAPÍTULO II DEFINICIONESArtículo 5°. Para todos los efectos de la presente Ley debe entenderse como: VIVIENDA URBANA Y SUBURBANA: las primeras, aquellas unidades de vivienda que se encuentren físicamente ubicadas dentro del área de las ciudades, y las segundas, aquellas que sean edificadas en sus zonas de influencia, que se caractericen desde el punto de vista urbanístico como áreas de expansión, conforme a las respectivas Ordenanzas Municipales.
CLÁUSULA PENAL ARRENDATICIA: Es la sanción prevista por las interesadas o los interesados en virtud del incumplimiento de una cualesquiera de las cláusulas del contrato.
CAPÍTULO III EXCLUSIONESExcepción del Ámbito de Aplicación
Artículo 6°. Quedan exceptuados del ámbito de aplicación de esta Ley, el arrendamiento o
subarrendamiento de:
Artículo 7°. Queda excluida del régimen de la presente Ley, la ocupación de oficinas o locales que sean consecuencia o con ocasión de una relación laboral, o de una relación de subordinación existente; no así a los efectos de la fijación del canon mensual de los inmuebles sujetos a regulación, cuando el valor rental forme parte del sueldo o salario, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo.
Artículo 8°. Quedan excluidos del régimen de esta Ley, a los solos efectos de la fijación de los
cánones de arrendamiento:
2. Los inmuebles destinados a vivienda, comercio, industria, oficina o cualquier otro uso, cuya Cédula de Habitabilidad o instrumento equivalente se encuentre entre los diez (10) años anteriores a la celebración del contrato de arrendamiento.
3. Las viviendas unifamiliares o bifamiliares cuyo valor, individualmente considerado, establecido por los organismos encargados de la regulación, exceda de 1.226 Salarios Mínimos Urbanos.
Artículo 9°. A partir de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la presente Ley, queda prohibido expresamente dictar medidas cautelares de secuestro sobre inmuebles destinados a viviendas, pensiones y/o habitaciones que se constituyan en el hogar de personas y/o familias.
Artículo 10°. De conformidad con el artículo anterior, aquellas demandas en las que se solicitaron medidas cautelares de secuestro, sobre inmuebles destinados a viviendas, pensiones y/o habitaciones que se constituyan en el hogar de personas y/o familias, iniciadas antes de la entrada en vigencia de la presente Ley y se encuentren en cualquier grado y estado, previo a su ejecución deberán suspenderse y adecuarse a las formalidades establecidas en la presente Ley.
Artículo 12°. Queda expresamente prohibido el arrendamiento de viviendas adjudicadas por el Estado, hasta tanto no se cumplan los extremos establecidos en las leyes que regulan la materia para la adjudicación de vivienda, el incumplimiento de esta norma será causal de sanción de conformidad con la presente Ley, sin perjuicio de las sanciones que contemplen las leyes que regulan la materia para la adjudicación de viviendas.
3. Su texto contenga expresiones que violen o inciten a la infracción de las disposiciones legales sobre la materia.
En la publicidad relativa a aquellas urbanizaciones, edificios, condominios, conjuntos residenciales y otros, construidos y diseñados especialmente con la finalidad de destinarlos al arrendamiento para personas de avanzada edad, o que necesiten de un ambiente de gran tranquilidad y sosiego, podrá señalarse esta circunstancia; el incumplimiento del presente artículo por parte del arrendador y/o arrendadora dará origen a la imposición de sanciones de conformidad con la presente Ley.
CAPÍTULO VDE LA COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN, DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALINQUILINARIA Y LA DEFENSORÍA PÚBLICA PARA LA PROTECCIÓN DELDERECHO A LA VIVIENDA
Artículo 16°. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de hábitat y vivienda, deberá crear una Dirección Nacional de Inquilinato, con representación en todas las entidades federales de la República Bolivariana de Venezuela, con el objeto, de garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley.
8. Las demás que le sean atribuidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 18°. La Dirección Nacional de Inquilinato, en el plazo de tres (03) meses a partir de la
entrada en vigencia de la presente Ley, procederá a elaborar un Censo de Contrato de
Arrendamiento sobre inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda, habitación y/o
Artículo 19°. El Censo de Contrato de Arrendamiento, será el instrumento que permita recabar información relativa a los datos identificativos del arrendador y/o arrendadora, arrendatario y/o arrendataria, del canon de arrendamiento, de la existencia de cláusulas penales, de la duración del contrato, de la fecha del contrato, del tipo de inmueble, de la ubicación del inmueble y cualquier otro que la Dirección Nacional de Inquilinato considere pertinente.
Artículo 21°. Los arrendatarios y/o arrendatarias, tendrán derecho a solicitar la inclusión en el censo a que se refiere el artículo 18° de la presente Ley, de sus respectivos contratos, dando cuenta por escrito al arrendador y/o arrendadora de los datos remitidos.
Artículo 23° La competencia judicial en el Área Metropolitana de Caracas corresponde a los
Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo, en lo relativo a la impugnación de
los actos administrativos emanados de la Dirección General de Inquilinato; y en el resto del país, la
competencia corresponde a los Juzgados de Municipio o los de igual competencia en la localidad de
que se trate, en cuyo caso, a tales Juzgados del interior de la República se les atribuye la
competencia especial Contencioso Administrativo en materia inquilinaria.
Artículo 24°. La Defensoría Pública Para la Protección del Derecho a la Vivienda, es el órgano que dispondrá lo conducente para la designación de Defensores Públicos o Defensoras Públicas con competencias en materia de defensa y protección del derecho a la vivienda; tendrá especial atención en el resguardo de los derechos de aquellas personas que ocupen inmuebles destinados a vivienda, habitación o pensión con ocasión de una relación arrendaticia o laboral.
4. Organizar y dirigir la Defensoría Pública Para la Protección del Derecho a la Vivienda en
los términos que señale la Constitución y la Ley.
7. Prestar la debida asistencia jurídica en los procedimientos administrativos y judiciales a las presuntas víctimas objeto de violaciones al derecho humano en el que se constituye la vivienda, habitación o pensión con especial atención en aquellos donde se menoscaben los derechos y garantías de aquellas personas que ocupen inmuebles destinados a vivienda con ocasión de una relación arrendaticia o laboral.
TÍTULO II DE LA RELACIÓN ARRENDATICIA
Artículo 26°. Los Derechos que la presente Ley establece para beneficiar o proteger a los arrendatarios y/o arrendatarias son irrenunciables; será nula toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de estos derechos, a tal efecto, todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole y menoscabe los derechos garantizados en la presente Ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que le sirvan de excusa órdenes superiores
Artículo 26°. Los arrendadores y/o arrendadoras de inmuebles destinados al arrendamiento están en la obligación de tenerlos en buen estado de mantenimiento y conservación. A estos efectos, deberán contratar con personas especializadas el servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, incineradores, ductos de basura, tanques de agua, equipos hidroneumáticos, y cumplir con lo establecido en las disposiciones pertinentes en lo relativo a pintura y exigencias sanitarias del inmuebles. Todo ello sin perjuicio de las estipulaciones que al respecto establezcan las partes. Los derechos y obligaciones derivadas del incumplimiento de esta disposición se regirán por las disposiciones del Código Civil y demás Leyes u Ordenanzas aplicables.
Artículo 27°. Es un deber de los arrendadores y/o arrendadoras entregar al arrendatario y/o arrendataria, el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad y sanidad, así como, poner a su disposición los servicios, cosas o usos conexos y los adicionales en la fecha convenida o en el momento de la celebración del contrato.
Artículo 28°. Es un deber de los arrendadores y/o arrendadoras mantener en el inmueble los
servicios, las cosas y los usos conexos y adicionales en buen estado para el fin convenido en el
Del Cobro de los Servicios fuera la Propiedad Horizontal
*Artículo 30°. En las edificaciones sujetas a regulación, que consten de unidades independientemente consideradas, cualesquiera que fuere su uso, dadas en arrendamiento y que no estén comprendidas en el régimen de propiedad horizontal, el pago de los gastos de aseo, conservación, agua, energía eléctrica y cualquier otro servicio similar, podrá ser fijado por las partes contratantes, siempre y cuando no exceda de un veinticinco por ciento (25%) del monto del canon de arrendamiento, y el gasto esté debidamente soportado por facturas que le permitan al arrendador verificar el pago efectuado.
Artículo 33°. El arrendador y/o arrendadora no estará obligado a efectuar reparaciones que se
originen por daños maliciosos causados por los arrendatarios.
Artículo 34°. El Arrendador y/o arrendadora tiene la obligación de garantizar el uso o goce pacifico del inmueble al arrendatario y/o arrendataria durante el tiempo del contrato, especialmente cuando sean inmuebles destinados a vivienda, el incumplimiento del presente artículo por parte del arrendador y/o arrendadora dará origen a la imposición de sanciones de conformidad con la presente Ley.
Artículo 35°. El arrendador y/o arrendadora tiene el derecho a recibir el pago oportuno del canon de arrendamiento que se haya fijado debidamente por la Dirección Nacional de Inquilinato, a tal efecto, el arrendador y/o arrendadora podrá acordar con el arrendatario y/o arrendataria la forma y oportunidad en la que éstos deben cancelar dicho canon.
Artículo 38°. Son nulos el subarrendamiento y el traspaso del inmueble, realizados sin autorización expresa y escrita del arrendador, así como la cesión del contrato, los infractores de esta disposición, serán objeto de sanción de conformidad con la presente Ley, sin perjuicio del derecho que asiste al arrendador de solicitar la resolución del contrato o el desalojo.
Artículo 39°. Los arrendatarios y/o arrendatarias, tienen el derecho a que se les elabore un contrato escrito a tiempo determinado o indeterminado según acuerdo voluntario entre las partes, el mismo deberá ser público, a tal efecto, las notarias públicas y los registros con funciones notariales deberán crear los mecanismo necesarios para exonerar de todo gravamen estas actuaciones; los arrendadores y/o arrendadoras que por la necesidad del arrendatario y/o arrendataria hagan caso omiso de lo dispuesto en el presente artículo serán objeto de sanción conforme lo dispone la presente Ley.
Artículo 40°. El arrendatario y/o arrendataria tiene el derecho a que se le fije un canon de arrendamiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65° y 66 de la presente Ley, a tal efecto, no estará obligado a:
2. Aceptar la condición de la compra de bienes muebles que se encuentren en el área que se pretende arrendar, para la suscripción del contrato.
Los arrendadores y/o arrendadoras que por la necesidad del arrendatario y/o arrendataria hagan caso omiso de lo dispuesto en el presente artículo serán objeto de sanción conforme lo dispone la presente Ley.
Artículo 41°. Los arrendatarios y/o arrendatarias que celebren contratos a tiempo determinado o indeterminado tienen potestativamente el derecho a una prórroga legal llegado el día del vencimiento del mismo como lo disponen los artículos 73° al 79° de la presente Ley. Esta prórroga legal será obligatoria para el arrendador y/o arrendadora.
CAPÍTULO II GARANTÍAS
Artículo 44°. En el caso de que se constituya depósito en dinero para garantizar las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento, el arrendador y/o arrendadora, sea persona natural o jurídica, deberá colocar dicha suma en una Cuenta que mensualmente genere intereses en un ente regido por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras. Los intereses y otros beneficios que se produzcan corresponderán al arrendatario y/o arrendataria, y serán acumulados a la cantidad dada en garantía, desde el mismo momento en que se recibe el depósito.
Artículo 45°. Si por cualquier circunstancia, el arrendador y/o arrendadora incumpliere la obligación establecida en el artículo precedente, quedará obligado a satisfacer al arrendatario y/o arrendataria intereses calculados a la tasa mensual pasiva promedio de los seis principales entes financieros durante la vigencia de la relación arrendaticia, conforme a la información que suministre el Banco Central de Venezuela
Artículo 46°. El arrendador y/o arrendadora deberá reintegrar al arrendatario, al término de la relación arrendaticia, la suma recibida como garantía de las obligaciones del arrendatario y/o arrendataria, más los intereses que se hubiesen causado hasta ese momento, siempre que estuviere solvente respecto al cumplimiento de las obligaciones arrendaticias a su cargo.
Artículo 47°. Cuando el arrendador y/o arrendadora se negare sin justa causa a reintegrar el depósito, y sus intereses, vencido el término a que se refiere el artículo anterior, el arrendatario y/o arrendataria puede ocurrir al Tribunal competente por la cuantía para hacer valer sus derechos y pretensiones y la causa se tramitará conforme al procedimiento previsto en esta Ley.
Artículo 48°. Los intereses de mora causados por el atraso en el pago de los cánones de arrendamiento, no podrán ser superiores a la tasa pasiva promedio de las seis (6) principales entidades financieras, conforme a la información que suministre el Banco Central de Venezuela
Artículo 49°. Las partes podrán establecer cláusulas penales por el incumplimiento de la obligación asumida por el arrendatario, referida a la entrega del inmueble al vencimiento del plazo, está nunca podrá ser superior a la treintava parte del canon de arrendamiento.
Artículo 50°. El contrato de arrendamiento es aquel mediante el cual el arrendador y/o arrendadora se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de un inmueble a un arrendatario y/o arrendataria quien a su vez se obliga a pagar por ese uso y goce un canon mensual, el cual deberá cumplir con los extremos exigidos en el artículo 39° de la presente Ley.
Artículo 52°. Las partes al suscribir el contrato de arrendamiento deben extender dos (02) ejemplares en original de un mismo tenor, de los cuales uno (01) será para el arrendador y/o arrendadora y el otro para el arrendatario y/o arrendataria.
Artículo 53°. A los contratos de arrendamiento se les debe anexar como parte íntegra del mismo el documento mediante el cual la Dirección Nacional de Inquilinato fija el correspondiente canon de arrendamiento; se considerará nulo el contrato cuando no se cumpla con lo indicado en el presente artículo y los arrendadores y/o arrendadoras que por la necesidad del arrendatario o arrendataria hagan caso omiso de lo dispuesto en el presente artículo serán objeto de sanción conforme lo dispone la presente Ley.
Articulo 54°. En los contratos de arrendamiento en los que las partes hayan pactado el pago del alquiler en moneda extranjera, se considerará al arrendatario y/o arrendatario liberado de su obligación principal cuando acredite el pago equivalente en moneda nacional.
Articulo 55°. Los Contratos de arrendamiento deben quedar sometidos a la jurisdicción judicial donde se encuentre el inmueble, los arrendadores y/o arrendadoras que por la necesidad del arrendatario o arrendataria hagan caso omiso de lo dispuesto en el presente artículo serán objeto de sanción conforme lo dispone la presente Ley.
Artículo 56°. Cuando el arrendatario y/o arrendataria manifestase su voluntad de no renovar el contrato o desistir de él sin el consentimiento del cónyuge o concubino que conviviera con dicho arrendatario y/o arrendataria, podrá el arrendamiento continuar en beneficio de dicho cónyuge o concubino, a tal efecto, deberá el cónyuge o concubino en un plazo de quince días (15) manifestar por escrito al arrendador y/o arrendadora su voluntad de subrogarse al contrato, teniendo el arrendador y/o arrendadora la obligación de aceptar la subrogación del cónyuge, concubino o concubina.
Desistimiento sin Consentimiento del Cónyuge, Concubino o Concubina Articulo 57°. Cuando el arrendatario y/o arrendataria abandonara el inmueble sin manifestación expresa de desistimiento o de no renovación, el arrendamiento podrá continuar en beneficio del cónyuge o concubino que conviviera con aquél, siempre que en el plazo de un mes de dicho abandono, el arrendador y/o arrendadora reciba notificación escrita del cónyuge o concubino manifestando su voluntad de ser arrendatario y/o arrendataria, teniendo el arrendador y/o arrendadora la obligación de aceptar la subrogación del cónyuge o concubino.
Artículo 58°. En los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda arrendada; la voluntad del cónyuge de continuar en el uso de la vivienda deberá ser comunicada por escrito al arrendador y/o arrendadora en el plazo de dos meses desde que fue notificada la resolución judicial correspondiente, teniendo el arrendador y/o arrendadora la obligación de aceptar la subrogación del cónyuge, concubino o concubina.
1. El cónyuge del arrendatario y/o arrendataria que al tiempo del fallecimiento conviviera con él.
6. Las personas distintas de las mencionadas en los numerales anteriores que sufran una minusvalía igual o superior al sesenta y cinco por ciento, siempre que tengan una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad con el arrendatario y/o arrendataria y hayan convivido con este durante los dos años anteriores al fallecimiento.
Las personas indicadas deberán notificar por escrito en el plazo de un mes al fallecimiento del arrendatario y/o arrendataria su intención de subrogarse al contrato, teniendo el arrendador y/o arrendadora la obligación de aceptar la subrogación del cónyuge o concubino.
Si al tiempo del fallecimiento del arrendatario y/o arrendataria no existiera ninguna de las personas indicadas en los numerales del presente artículo, el arrendamiento quedará extinguido.
dar termino al mismo y no realizara un nuevo contrato en los mismo términos del anterior se
considerará que opera la tácita reconducción y el último contrato se considerará a tiempo indeterminado.
Artículo 62°. Salvo pacto contrario, el pago del canon de arrendamiento será mensual y habrá de efectuarse en los cinco (05) primeros días del mes. En ningún caso podrá el arrendador y/o arrendadora exigir el pago anticipado de más de dos (02) cánones de arrendamiento.
Artículo 64°. El arrendador y/o arrendadora queda obligado a entregar al arrendatario y/o arrendataria un recibo de pago, salvo que se hubiera pactado que éste se realice mediante procedimiento que acredite el efectivo cumplimiento de la obligación de pago por el arrendatario y/o arrendataria. El recibo o documento acreditativo que lo sustituya deberá contener separadamente las cantidades abonadas por los distintos conceptos de los que se componga la totalidad del pago, y específicamente, el canon en vigor.
Artículo 65°. La fijación de los cánones de arrendamiento de los inmuebles indicados en el artículo 1° de la presente Ley, estará basada en los siguientes porcentajes de rentabilidad anual sobre el valor del inmueble, representado en salarios mínimos urbanos:
1. Con un valor hasta de 223 salarios mínimos urbanos 3 % anual.
2. Con un valor de entre 224 y 446 salarios mínimos urbanos 4 % anual.
3. Con un valor de entre 447 y 663 salarios mínimos urbanos 5 % anual.
4. Con un valor superior a 664 salarios mínimos urbanos 6 % anual.
Dirección Nacional de Inquilinato deberá tomar en consideración los siguientes factores:
1. Uso, clase, calidad, condiciones de mantenimiento y conservación, dimensiones aproximadas, porcentaje de depreciación según el método de ross y heidecke y todas aquellas circunstancias que influyan en las operaciones y cálculos que se hayan hecho para fijar su justo valor, las cuales se especificarán razonadamente.
2. El valor fiscal declarado o aceptado por el propietario y el valor establecido en los actos de transmisión de la propiedad, realizados por lo menos seis (6) meses antes de la fecha de solicitud de regulación. A los efectos de la fijación del canon, en los inmuebles sometidos al régimen de Propiedad Horizontal, se tomará en consideración la contribución para el pago de los gastos comunes ordinarios causados por la administración, conservación,
reparación o reposición de las cosas comunes, a que se refiere la Ley de Propiedad Horizontal.
Artículo 67°. El alquiler máximo de los muebles y otros accesorios que se arrienden junto con el inmueble sujeto a regulación, será fijado por las partes contratantes sin que en ningún caso pueda ser mayor del dos por ciento (2%) mensual calculado sobre el valor por unidad de los mismos. El alquiler de los muebles, en ningún caso, podrá exceder del veinte por ciento (20%) del monto del canon fijado al inmueble.
Artículo 68°. La fijación del canon se hará a instancia de partes, mediante solicitud escrita, o de oficio, en el segundo caso, la Dirección Nacional de Inquilinato ordenará la apertura del procedimiento y notificará a las partes cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos pudieren resultar afectados.
Artículo 69°. Presentada la solicitud escrita para la fijación del canon de arrendamiento, la Dirección Nacional de Inquilinato la admitirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes si cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 70° de la presente Ley; si la solicitud presentare defectos u omisiones se notificará al interesado para que las mismas sean subsanadas o corregidas dentro de los quince (15) días calendarios siguientes contados a partir de su notificación. Si los defectos u omisiones fueren subsanadas, se le dará curso a la solicitud. La decisión que niegue la admisión de la solicitud, deberá ser motivada y contra ella se podrá interponer el recurso contencioso administrativo correspondiente dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la notificación del acto administrativo denegatorio.
Artículo 70°. El escrito de la solicitud deberá indicar:
Artículo 71°. Admitida la solicitud, se notificará a los interesados, que se le dará inicio a la fijación del canon correspondiente, a tal efecto, la Dirección Nacional de Inquilinato en un lapso de veinte (20) días calendarios a la notificación, deberá determinar el valor del canon cumpliendo con lo indicado en los artículos 66° y 67° de la presente Ley, este lapso podrá extenderse hasta por veinte
(20) días calendarios más, cuando razones de importancia así lo impongan; dichos lapsos se entenderán concluidos en la fecha en que se determine el justo valor del canon. Cuando se solicite la fijación del canon de arrendamiento de una porción de un inmueble cuyo valor hubiere sido determinado por la Dirección Nacional de Inquilinato, en fecha no anterior de dos (2) años a la solicitud, no se procederá a una nueva determinación del valor, sino que se aplicará sobre la parte proporcional que corresponda a la porción cuya regulación se solicite.
Artículo 72°. Los cánones de arrendamiento de los inmuebles sujetos a regulación por la Ley, serán revisados por la Dirección Nacional de Inquilinato a instancia de uno cualquiera de los interesados, en los casos siguientes:
1. Cuando hubieren transcurrido dos (2) años después de cada fijación del canon de arrendamiento máximo mensual, efectuada y notificada a los interesados por el órgano administrativo o jurisdiccional competente.
3. Cuando el arrendador y/o arrendadora haya ejecutado en el inmueble, dentro del plazo indicado en el numeral 1 del presente artículo, mejoras cuyo costo excedan del veinte por ciento (20%) del valor del inmueble.
En el caso contemplado en el numeral 1 de este artículo, los interesados podrán pedir la revisión hasta con sesenta (60) días de anticipación al vencimiento del término fijado en dicho numeral. La Dirección Nacional de Inquilinato, a los fines de mantener el equilibrio económico de las relaciones arrendaticias, cuando ningún interesado solicitare la regulación, podrá de oficio iniciar el procedimiento correspondiente, instruir y decidir los casos que a su juicio considere necesario, a costa del propietario y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar.
Artículo 73°. En los contratos de arrendamiento que tengan por objeto, alguno de los inmuebles indicados en el artículo 1° de esta Ley, celebrados por un tiempo determinado o indeterminado, llegado el día del vencimiento del plazo convenido por las partes, estos se prorrogarán obligatoriamente para el arrendador y potestativamente para el arrendatario, de acuerdo con las siguientes reglas:
3. Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración de cinco (5) años o más, pero menor de diez (10) años, se prorrogará por un lapso máximo de cuatro (4) años
Artículo 75°. El arrendador y/o arrendadora deberá indemnizar al arrendatario y/o arrendataria si por causa injustificada no permite el goce de la prórroga legal a que se refiere el artículo anterior, la indemnización a que se refiere el presente artículo será el pago en Bolívares correspondiente a las mensualidades del tiempo que corresponda a la prórroga legal, sin perjuicio del derecho que asiste al arrendatario y/o arrendataria de solicitar el disfrute de la prórroga legal.
El arrendador y/o arrendadora no estará obligado a cumplir con la indemnización indicada en el presente artículo cuando deba desistir del contrato porque el inmueble sea objeto de reparaciones mayores o demolición, así como, cuando el inmueble se encuentre en una zona de alto riesgo determinada por las autoridades competentes.
Artículo 75°. Durante el lapso de la prórroga legal el arrendatario estará obligado a pagar los cánones de arrendamiento y otras obligaciones legales y contractuales correspondientes sólo al tiempo que de manera convencional y efectiva haya hecho uso de la misma; la relación arrendaticia se considerará a tiempo determinado, a todos los efectos legales y jurídicos, y permanecerán vigentes las mismas condiciones y estipulaciones convenidas por las partes en el único o en el último contrato celebrado, salvo las variaciones del canon de arrendamiento que sean consecuencia de un procedimiento de regulación; si el inmueble estuviere exento de regulación, y en su defecto, el canon se ajustará por la variación porcentual acumulada que haya experimentado el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registrado por el Banco Central de Venezuela, al inicio de cada período del lapso de la prórroga legal correspondiente.
Notificación de la Prórroga Legal
Artículo 76°. La prórroga legal establecida en el artículo 70° de la presente Ley, operará de pleno derecho para el arrendatario y/o arrendataria, cuando el arrendador y/o arrendadora le notifique con al menos treinta (30) días antes del vencimiento del único o último contrato su deseo de extinguir la relación arrendaticia, esta notificación se deberá hacer por medio de documento público o de telegrama entregado en la dirección indicada, o en su defecto, en la del inmueble arrendado, o también por medio de documento privado con constancia de recibido. Vencida la prórroga legal el arrendador y/o arrendadora podrá exigir del arrendatario el cumplimiento de su obligación de entrega del inmueble.
Vencimiento de la Prórroga Legal
Artículo 77°. Si al vencimiento de la prórroga legal y cumplidos los extremos del artículo anterior el arrendatario y/o arrendataria no cumpliere con su obligación de entregar el inmueble el arrendador y/o arrendadora podrá solicitar el desalojo del inmueble de conformidad lo disponen los procedimientos contenidos en la presente Ley.
Artículo 78°. Si al vencimiento del término contractual el arrendatario estuviere incurso en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales, no tendrá derecho a gozar del beneficio de la prórroga legal.
Artículo 79°. Cuando estuviere en curso la prórroga legal a que se refiere el artículo 73° de esta Ley, no se admitirán demandas por cumplimiento de contrato de arrendamiento por el vencimiento del término. No obstante, sí se admitirán aquellas que sean propuestas por el incumplimiento de otras obligaciones legales o contractuales.
Artículo 80°. Previo a las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de
garantías, prórroga legal, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y demás acciones derivadas de relaciones arrendaticias sobre inmuebles urbanos o suburbanos, así como a todo proceso en el cual pudiera resultar una decisión judicial cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda, habitación o pensión, el arrendador y/o arrendadora del inmueble que pretendiere la demanda deberá tramitar, por ante la Dirección Nacional de Inquilinato, el procedimiento descrito en los artículos subsiguientes.
Artículo 81°. El interesado deberá consignar solicitud escrita, debidamente motivada y documentada, por ante la Dirección Nacional de Inquilinato, en la cual expondrá los motivos que le asisten para solicitar la restitución de la posesión del inmueble.
Artículo 82°. El funcionario competente procederá a citar a la otra parte, para que comparezca
Artículo 83°. Culminada la audiencia conciliatoria, los presentes suscribirán un acta en la cual se hagan constar los acuerdos o soluciones que las partes hubieren adoptado, o de la infructuosidad de las gestiones conciliatorias realizadas.
Artículo 84°. Celebrada la audiencia y llegado a un consenso de solución, ambas partes manifestarán su forma y tiempo de ejecución voluntaria en cuanto a la desocupación y entrega material del inmueble.
Artículo 85°. Cumplido el procedimiento descrito, independientemente de la decisión, las partes
Artículo 86°. Cuando alguna de las partes, conforme a lo establecido en el artículo anterior, optare por acudir a los órganos jurisdiccionales, el juez o jueza competente se asegurará de que el sujeto objeto de protección cuente con asistencia o representación jurídica durante todo el proceso, si dicho sujeto manifestare la imposibilidad de proveérsela por medios propios, el juez o jueza suspenderá el proceso a los fines de la notificación a la Defensoría Pública Para la Protección del Derecho a la Vivienda, la designación y comparecencia de un Defensor Designado. De igual forma procederá cuando el Defensor designado deba ser sustituido.
Artículo 87° Las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de contrato de arrendamiento, reintegro de sobrealquileres, reintegro de depósitos dados en garantía, ejecución de garantías, prórroga legal, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio, arrendamientos ilícitos y cualquier otra acción derivada de una relación arrendaticia sobre inmuebles urbanos o suburbanos, se sustanciarán y sentenciarán conforme a las disposiciones establecidas en el procedimiento oral
dispuesto en la presente Ley, independientemente de su cuantía, y supletoriamente se aplicarán las disposiciones relativas al juicio oral establecidas en el Código de Procedimiento Civil.
Artículo 87°. El procedimiento arrendaticio es de naturaleza oral; en consecuencia los principios procesales de brevedad, celeridad, economía, concentración, inmediación, verbalidad y valoración probatoria según la sana crítica, serán de aplicación preferente en su desarrollo.
Artículo 88°. El procedimiento se inicia por demanda escrita que debe llenar los requisitos exigidos en el Código de Procedimiento Civil, para el juicio ordinario. Al libelo se deben acompañar todas las pruebas documentales de que se disponga, así como indicar el nombre, apellido y domicilio de los testigos que rendirán declaración en la audiencia de juicio. La prueba de confesión puede promoverse con el libelo y hasta el lapso probatorio establecido en este procedimiento; en todo caso se absolverán en la audiencia de juicio. A los efectos de la evacuación de la prueba de confesión se considerará que las partes están a derecho cuando estén representadas en juicio, por lo que al ser fijado el acto de posiciones juradas no será necesaria la citación de los absolventes. Si el demandante no acompañare a su demanda la prueba documental y la lista de los testigos, no se le admitirán después, a menos que se trate de documentos públicos y se haya indicado en el libelo la oficina donde se encuentran.
Artículo 89°. Si la presentación del libelo de la demanda o del escrito de contestación de la misma se hicieren mediante la asistencia de abogados, la parte asistida podrá designar en ese mismo acto a los profesionales del derecho que le representarán en la causa, quienes quedarán facultados, previo cumplimiento de las formalidades previstas en los artículos 152, 154 y 155 del Código de Procedimiento Civil, para ejercer de inmediato las atribuciones propias de un mandatario. Cuando el libelo de la demanda o el escrito de contestación de la misma fueren suscritos por varios profesionales del derecho, podrán ser presentados por uno cualquiera de ellos.
Artículo90°. El tribunal se pronunciará sobre la admisión de la demanda dentro de los tres (3) días
Artículo 91°. Cuando en la audiencia conciliatoria, se esté en presencia de un litisconsorcio activo o pasivo, las partes o en su defecto el juez o jueza, nombrará una representación no mayor de dos (2) personas por litisconsorcio, a los fines de mediar y conciliar las posiciones de las mismas.
Artículo 92°. Si el demandante no comparece a la audiencia conciliatoria se considerará desistido el procedimiento, terminando el proceso mediante sentencia oral que se reducirá en un acta, la cual deberá publicarse en la misma fecha. Contra esta decisión el demandante podrá dentro de los tres (3) días de despacho siguientes apelar por ante el tribunal superior competente, el recurso se oirá en ambos efectos. La no comparecencia del demandado a la audiencia conciliatoria no causará efecto alguno, continuando el proceso con la contestación de la demanda. El desistimiento del procedimiento solamente extingue la instancia, pero el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes que transcurran noventa (90) días continuos, contados a partir de la fecha en que la sentencia haya quedado definitivamente firme.
Artículo 93°. El tribunal superior fijará la hora al tercer día de despacho siguiente al recibo del expediente, para la realización de la audiencia con la presencia de las partes, quienes podrán presentar las pruebas admisibles en esta instancia y decidirá en esa misma oportunidad. Contra esta decisión, no se oirá recurso alguno.
Artículo 94°. El Juez o Jueza podrá prolongar la audiencia conciliatoria hasta agotar el debate,
Artículo 95°. En la audiencia conciliatoria el juez o jueza deberá instar a las partes a ponerle fin a la controversia. De lograrse un acuerdo, el juez o jueza dará por concluido el proceso, mediante sentencia en forma oral, que dictará de inmediato, homologando el acuerdo, el cual reducirá en acta y tendrá efecto de cosa juzgada. Las opiniones que emita el juez o jueza en la audiencia conciliatoria no podrán ser consideradas como causales de recusación o inhibición.
Artículo 96°. Concluida la audiencia conciliatoria sin que haya sido posible la conciliación, el demandado deberá, dentro de los dos (2) días de despacho siguientes, dar contestación a la demanda e invocar de manera conjunta todas sus razones, defensas y excepciones, su solicitud de llamamiento al tercero y la pretensión de reconvención.
A la contestación se deberá acompañar toda la prueba documental de que se disponga, así como indicar el nombre, apellido y domicilio de los testigos que rendirán declaración en la audiencia de juicio. La prueba de posiciones juradas puede promoverse con el escrito de contestación y hasta el lapso de promoción de pruebas establecido en este procedimiento; en todo caso se absolverán en la audiencia de juicio. Si el demandado no acompañare con su contestación la prueba documental y la lista de los testigos, no se le admitirán después, a menos que se trate de hechos que consten en documentos que se hallen en entes públicos o privados y se haya indicado la oficina o el lugar donde se encuentran y los datos referenciales de que disponga.
Artículo 97°. Si el demandado no diere contestación a la demanda se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil sobre la confesión presunta; pero en este caso, el demandado podrá promover las pruebas que le favorezcan, en el plazo de tres (3) días de despacho siguientes a la oportunidad de la contestación omitida, y en su defecto el tribunal procederá a sentenciar la causa dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes, ateniéndose a la confesión del demandado. En caso de promoverse pruebas las mismas se evacuarán en el lapso probatorio establecido en este procedimiento.
Artículo 98°. En la contestación de la demanda, el demandado deberá oponer conjuntamente todas
Artículo 99°. En el acto de contestación de la demanda, el demandado podrá proponer
de cuestiones previas, salvo las establecidas en los ordinales 9, 10 y 11 del artículo 346 del Código
Artículo 100°. De proponer el accionado el llamamiento forzado de un tercero al proceso, el juez o
del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal sólo admitirá las tercerías si éstas
Artículo 101°. Concluido el acto de la contestación de la demanda o de la reconvención si fuere el caso, dentro de los tres (3) días de despacho siguientes, el juez o jueza dictará un auto fijando los puntos controvertidos y abrirá un lapso de cinco (5) días de despacho para la promoción, oposición y admisión de pruebas.
Si las partes promovieren pruebas de inspección judicial, experticias, informes de terceros, pruebas científicas y pruebas libres, el juez o jueza establecerá un lapso para evacuación de las mismas no mayor de quince (15) días de despacho. El juez o jueza podrá, por causa justificada, prorrogar por una sola vez el lapso de evacuación de la experticia por un plazo de tres (3) días de despacho.
Artículo 102°. Cuando alguna de las partes pretenda promover pruebas documentales o testificales sobrevenidas a la interposición de la demanda o su contestación, según el caso, deberá justificar ante el juez o jueza la pertinencia, legalidad y motivos por los cuales no lo hizo en su debida oportunidad. El juez o jueza se pronunciará de inmediato sobre la solicitud y en caso de considerarlas admisibles establecerá el momento de su evacuación y las valorará en la oportunidad de ley.
Artículo 103°. Al segundo (2º) día de despacho siguiente a la finalización del lapso probatorio, el juez o jueza fijará, por auto expreso, el día y la hora para la celebración de la audiencia de juicio, la cual deberá efectuarse dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días de despacho. El Juez exigirá la presencia de los peritos de ser necesario.
Artículo 104°. En el día y la hora fijados para la realización de la audiencia de juicio, deberán
Artículo 105°. La audiencia será presidida por el juez o jueza, quien dispondrá de todas las
parte presente solicite la evacuación o valoración de una prueba conforme al principio de la comunidad de la prueba.
Artículo 106°. Evacuada la prueba de alguna de las partes, el juez o jueza concederá a la contraria
Artículo 107°. Concluida la audiencia el juez o jueza se retirará por un tiempo que no excederá de
Artículo 108°. Dentro del lapso de tres (3) días de despacho siguientes al pronunciamiento oral de la sentencia, el Juez o Jueza deberá en su publicación reproducir por escrito el fallo completo, el cual se agregará al expediente, dejando constancia el secretario o secretaria, del día y hora de la publicación. El fallo será redactado en términos precisos y lacónicos, sin necesidad de narrativa, transcripciones de actas o documentos que consten en el expediente; pero contendrá la identificación de las partes y sus apoderados, los motivos de hecho y de derecho de la decisión, así como la determinación del objeto o la cosa sobre la cual recaiga la decisión; pudiendo ordenar, si fuere necesario, experticia complementaria del fallo, realizada por un solo perito designado por el tribunal.
Artículo 109°. La audiencia de juicio deberá ser reproducida en forma audiovisual, debiendo el
Artículo 110°. En el procedimiento arrendaticio las sentencias interlocutorias son inapelables, salvo disposición expresa en contrario. De la sentencia definitiva se oirá apelación en ambos efectos, debiendo ser propuesta dentro de los tres (3) días de despacho siguientes a la publicación del fallo.
Artículo 111°. Se declarará con lugar el recurso de casación inquilinario cuando:
2. Se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la Ley, o aplicado falsamente una norma jurídica; cuando se aplique una norma que no esté vigente, o se le niegue aplicación y vigencia a una que lo esté; o cuando se haya violado una máxima de experiencia.
Artículo 112°. Sólo podrá demandarse el desalojo de un inmueble arrendado bajo contrato de
3. Que el inmueble vaya a ser objeto de demolición o de reparaciones que ameriten su desocupación.
4. En el hecho que el arrendatario y/o arrendataria haya destinado el inmueble a usos deshonestos, indebidos o en contravención a la conformidad de uso concedida por las Autoridades Municipales respectivas o por quien haga sus veces, o por el hecho de que el arrendatario y/o haya cambiado el uso o destino que para el previo.
6. Que el arrendatario y/o arrendataria haya incurrido en la violación o incumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno del inmueble, del documento de condominio, del
por las autoridades competentes. 7. Que el arrendatario y/o arrendataria haya cedido el contrato de arrendamiento, subarrendado
escrito del arrendador. Cuando se declare con lugar la demanda de desalojo de un inmueble, con fundamento en las causales señaladas en el numeral 3, de este artículo, se deberá conceder al arrendatario un plazo improrrogable de seis (6) meses para la entrega material del mismo, contados a partir de la notificación que se le haga de la sentencia definitivamente firme.
Este plazo improrrogable sólo se concederá a los arrendatarios y/o arrendatarias que acrediten estar solventes en el pago de los cánones de arrendamiento para la fecha en que se dicte sentencia de fondo en primera instancia, y mantengan la solvencia de los pagos hasta que se produzca sentencia definitivamente firme.
El incumplimiento de esta obligación acarreará la pérdida del plazo improrrogable otorgado al arrendatario, y la ejecución inmediata del desalojo.
Queda a salvo el ejercicio de las acciones judiciales que correspondan por otras causales distintas a las previstas en el presente artículo, o en el derecho común.
Artículo 113°. Los funcionarios y funcionarias judiciales estarán obligados a notificar, en un plazo no menor de noventa días (90) días hábiles ni mayor a ciento ochenta (180) días hábiles, cualquier actuación o provisión judicial que implique la terminación o cese sobre la posesión legítima y pacífica de aquellos inmuebles destinado vivienda, habitación o pensión, en resguardo y estabilidad del derecho humano en que se constituye la vivienda.
Artículo 114°. Dentro del plazo indicado en el artículo anterior, el funcionario o funcionaria
Artículo 115°. Toda autoridad administrativa y judicial que tuviere a su cargo la ejecución de desalojos está en la obligación de poner a disposición del público en general y, especialmente de los interesados directamente, así como de las organizaciones sociales que se creen legalmente para la Defensa de los derechos de los Arrendatarios y/o arrendatarias, la información relativa a los desalojos previstos; dentro del plazo de noventa (90) días previo a la ejecución.
Artículo 116° Cuando el desalojo deba efectuarse sobre un inmueble destinado a vivienda, habitación o pensión por el beneficiario de un crédito inmobiliario, como consecuencia del atraso o cesación de pagos, se seguirán los procedimientos establecidos en la presente Ley, debiendo el juez o jueza competente además, informar de la ejecución a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) y al Banco Nacional de Vivienda y Habitad (BANAVIH), a los fines de que dichos organismos evalúen la situación del crédito fallido y gestionen lo conducente a efectos de coadyuvar a la solución de la situación del afectado, en cuanto sea posible.
Artículo 117°. Cuando el desalojo forzoso deba efectuarse por haberse declarado la Inhabitabilidad del inmueble, la autoridad a la cual corresponda la ejecución del desalojo forzoso podrá obviar el cumplimiento de los plazos indicados en el artículo 113° de la presente Ley, pero en todo caso, deberá remitir de manera urgente, a la Dirección Nacional de Inquilinato, la solicitud de ubicación del afectado y su familia en un refugio temporal o en una solución habitacional definitiva.
Artículo 118°. Cuando el arrendador y/o arrendadora de un inmueble rehusare expresa o tácitamente recibir el pago del canon de arrendamiento vencido de acuerdo con lo convencionalmente pactado, podrá el arrendatario o cualquier persona debidamente identificada que actúe en su nombre y descargo, consignarla por ante el Tribunal competente por la ubicación del inmueble, dentro de los quince (15) días continuos siguientes al vencimiento de la mensualidad. Igualmente, podrá el arrendatario y/o arrendataria consignar, junto con el canon de arrendamiento, las cantidades de dinero correspondientes al pago de la cuota de condominio, de los gastos comunes a que refiere el artículo 30° de la presente ley, o a cualquier otro causado por alguna obligación legal o contractual asumida o a cargo del arrendatario y/o arrendataria.
Artículo 119°. Cuando estuviere en curso cualquier proceso judicial entre los contratantes, por causa derivada directa o indirectamente de la relación arrendaticia, el arrendador y/o arrendadora podrá retirar y disponer libremente de las cantidades consignadas a su favor conforme al artículo anterior, sin que ello pueda considerarse como renuncia o desistimiento de la acción intentada, a menos que ésta estuviere fundamentada en la falta de pago del canon de arrendamiento.
Artículo 120°. Mediante escrito dirigido al Juez o Jueza, el consignante indicará su nombre y apellido, el carácter con que actúa, así como la identificación completa y la dirección de la persona natural o jurídica en cuyo favor consigna, las referencias del inmueble, el monto del canon de arrendamiento y el motivo por el cual efectúa la consignación.
El Juez o Jueza dará al interesado comprobante de la consignación y cursará notificación al beneficiario, en la cual se señalarán las menciones referidas en el párrafo anterior y le indicará que la suma consignada, se halla a su orden y disposición. A los fines de dar cumplimiento al presente artículo, el arrendatario y/o arrendataria tiene la obligación de aportar los datos suficientes para el logro de la notificación al beneficiario, dentro un plazo no mayor de treinta (30) días continuos siguientes a la primera consignación. La omisión por parte del Tribunal del cumplimiento de la notificación al beneficiario, no invalidará la consignación. Cuando la notificación al beneficiario, no se hubiere realizado por hecho o negligencia imputable al consignante, dicha consignación no se considerará como legítimamente efectuada.
Artículo 121°. En caso que el arrendatario y/o arrendataria manifestare desconocer la dirección del arrendador y/o arrendadora y a los solos fines de cumplir con la notificación indicada en el artículo anterior, el arrendatario y/o arrendataria deberá solicitar al Tribunal receptor la expedición de un cartel de notificación, y proceder a una sola publicación en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad donde se encuentra ubicado el inmueble, y posteriormente, lo consignará para ser agregado al respectivo expediente de consignaciones.
Artículo 122°. Efectuada la primera consignación se abrirá un expediente en el cual se llevarán las diligencias pertinentes, quedando obligado el consignante a efectuar cualquier consignación posterior en ese mismo expediente. No se considerarán legítimamente efectuadas las consignaciones subsiguientes realizadas en un Tribunal distinto.
Artículo 123°. La suma de dinero consignada conforme a los artículos precedentes, sólo podrá ser retirada por el beneficiario y/o beneficiaria de la consignación o su apoderado legalmente constituido y autorizado para ello y en ningún caso podrá retirarla el arrendatario y/o arrendataria o el tercero consignante.
Artículo 124°. En virtud de la consignación legítimamente efectuada conforme a lo dispuesto en el
Artículo 125°. A los fines de la comprobación de la legitimidad de las consignaciones arrendaticias efectuadas por el arrendatario y/o arrendatario, o por cualquiera persona debidamente identificada que actúe en su nombre y descargo, la relación detallada de las mismas, certificada por el Juez o Jueza a cargo del Tribunal donde hayan sido efectuadas, deberá ser apreciada y valorada como medio de prueba suficiente.
Artículo 126°. A los efectos de la consignación arrendaticia, todas las actuaciones en el Tribunal
Artículo 127°. En los inmuebles sometidos a regulación, conforme a la presente Ley, quedará sujeto a reposición todo cuanto se cobre en exceso del canon máximo establecido por Dirección Nacional de Inquilinato o lo cobrado por arrendamientos ilícitos.
Artículo 128°. La obligación de reponer conforme al artículo precedente, corresponderá al arrendador y/o arrendadora o al perceptor de los sobrealquileres. Si éstos y el propietario y/o propietaria fueren personas diferentes, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio de las relaciones jurídicas entre éstas y se aplicarán las sanciones establecidas en esta Ley.
Artículo 129°. El reintegro se referirá a los sobrealquileres cobrados desde la fecha de entrada en
Artículo 130°. Las acciones para solicitar la reposición de sobrealquileres a que se refiere este Título, se intentarán y tramitarán conforme a las formalidades y procedimientos contenidos en la presente Ley.
Artículo 131°. La acción para reclamar el reintegro de sobrealquileres prescribe a los dos (2) años, contados a partir de la fecha en que haya quedado definitivamente firme la ultima fijación del canon de arrendamiento máximo mensual, efectuada al inmueble de que se trate, por la Dirección Nacional de Inquilinato.
Artículo 132°. Los reintegros previstos en este Título son compensables con los cánones de arrendamiento que el arrendatario y/o arrendataria deba satisfacer y se considerará a éste y/o ésta en estado de solvencia, cuando el importe de tal reintegro, establecido mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme, sea igual o superior a lo que le corresponda pagar por concepto de cánones de arrendamiento.
TÍTULO VII DE LA PREFERENCIA OFERTIVA Y DEL RETRACTO LEGAL ARRENDATICIOCAPÍTULO I DE LA PREFERENCIA OFERTIVA INDIVIDUAL
Artículo 133°. La preferencia ofertiva individual es el derecho que tiene el arrendatario y/o
Artículo 134°. A los fines del ejercicio del derecho preferente individual, el propietario y/o propietaria deberá notificar al arrendatario y/o arrendataria, mediante documento público, su voluntad de venderle el inmueble. Dicha notificación deberá indicar, las condiciones, modalidades de la negociación, la dirección donde será recibida válidamente la respuesta y el precio, el cual no podrá ser distinto al valor del inmueble fijado para cálculo del canon de arrendamiento, debiendo anexar la copia del documento de propiedad del inmueble.
Artículo 135°. A los fines de la notificación indicada en el artículo anterior el arrendatario y/o
Artículo 136°. Transcurridos ciento noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha del ofrecimiento de venta, sin que ésta se hubiere efectuado, quedará sin efecto dicho ofrecimiento, debiendo en consecuencia cursarse una nueva oferta al arrendatario y/o arrendataria para cualquiera otra negociación que se pretendiere celebrar.
Artículo 137°. Cuando un tercero, sea persona natural o jurídica, haga el ofrecimiento de venta en nombre del propietario y/o propietaria, deberá acreditar que se encuentra suficientemente autorizado para ello mediante documento público, y determinar con precisión las condiciones establecidas por el propietario para la negociación.
Artículo 139°. El propietario y/o propietaria de inmuebles destinados a vivienda, deberá hacer un
4. Cuando exista una relación arrendaticia superior a cuarenta y un (41) años, un descuento equivalente al veinticinco por ciento (25%).
El propietario y/o propietaria que por la necesidad del arrendatario y/o arrendataria haga caso a lo dispuesto en el presente artículo será sancionado de acuerdo a la presente Ley.
Artículo 140°. La preferencia ofertiva global es el derecho que tienen los arrendatarios de una edificación que no se encuentre bajo el régimen de propiedad horizontal y posea viviendas, para que se les ofrezca en venta en primer lugar y con preferencia a cualquier tercero, el inmueble que ocupan en tal condición de arrendatarios. Sólo serán acreedores a la preferencia ofertiva global los arrendatarios que se encuentren solventes en el pago de los cánones de arrendamiento.
Artículo 141°. A los fines del ejercicio del derecho preferente global, el propietario deberá notificar
condiciones de la negociación, la dirección donde será recibida válidamente la respuesta y el precio
Artículo 142°. Los arrendatarios y/o arrendatarias constituidos en alguna forma asociativa, integrada con por lo menos el sesenta por ciento (60%) de la totalidad de los mismos, deberán notificar al propietario y/o propietaria, mediante documento público, su aceptación o rechazo a la oferta hecha a su favor, dentro de los noventa (90) días continuos, contados a partir de la fecha del ofrecimiento. Transcurrido este lapso sin que los arrendatarios hubieren aceptado el ofrecimiento, el propietario y/o propietaria quedará en libertad de dar en venta el inmueble a terceros, bajo las mismas condiciones y modalidades del ofrecimiento de venta.
Artículo 143°. Transcurridos ciento noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha del ofrecimiento de venta, sin que ésta se hubiere efectuado, quedará sin efecto dicho ofrecimiento, debiendo en consecuencia cursarse una nueva oferta a los arrendatarios y/o arrendatarias para cualquiera otra negociación que se pretendiere celebrar.
Artículo 144°. Cuando un tercero, sea persona natural o jurídica, haga el ofrecimiento de venta en nombre del propietario y/o propietaria, deberá acreditar que se encuentra suficientemente autorizado para ello mediante documento público, y determinar con precisión las condiciones establecidas por el propietario para la negociación.
Artículo 145°. Los notificados que hayan expresado su voluntad de negociar la compraventa del
Artículo 146°. El propietario y/o propietaria de inmuebles destinados a vivienda que se encuentren bajo el régimen de propiedad horizontal, deberá hacer un descuento en el precio estipulado para la venta de acuerdo a las siguientes condiciones:
1. Cuando el inmueble haya tenga una data de entre (10) años y veinte (20) años, un descuento equivalente al diez por ciento (10%).
2. Cuando el inmueble haya tenga una data de entre veintiún (21) años y treinta (30) años, un descuento equivalente al quince por ciento (15%).
3. Cuando el inmueble haya tenga una data de entre treinta y un (31) años y cuarenta (40) años, un descuento equivalente al veinte por ciento (20%).
4. Cuando el inmueble haya tenga una data superior a cuarenta y un (41) años, un descuento equivalente al veinticinco por ciento (25%).
Artículo 147°. El retracto legal arrendaticio es el derecho que tienen los arrendatarios y/o arrendatarias de subrogarse, en las mismas condiciones estipuladas en el instrumento traslativo de la propiedad, en el lugar de quien adquiere el inmueble arrendado por venta o por dación en pago.
Para ejercer este derecho, los arrendatarios deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 133 y 140 de la presente ley, según sea el caso.
Artículo 148°. El derecho de retracto a que se refiere el artículo anterior, deberá ser ejercido por los arrendatarios y/o arrendatarias dentro del plazo de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de la notificación, que de la negociación celebrada deberá hacerles el adquiriente, mediante documento público. A dicha notificación deberá anexarse necesariamente copia certificada del documento contentivo de la negociación, la cual quedará en poder de los notificados. En el caso de venta global a un tercero, éste deberá efectuar la mencionada notificación en la forma establecida en el artículo 141.
Artículo 149°. Los arrendatarios y/o arrendatarias podrán ejercer el derecho de retracto previsto en
el artículo 147 de la presente ley, cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:
Artículo 150°. El retracto legal no procederá en los casos de enajenación o transferencia global de la propiedad de una edificación que no se encuentre bajo el régimen de propiedad horizontal y no posea viviendas.
Artículo 151°. Para las situaciones no previstas en el presente Título, se aplicarán las disposiciones
Artículo 152°. Los interventores de la presente Ley serán sancionados por la Dirección Nacional de
11. Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 139 de la presente Ley, con una multa de cuatrocientas Unidades Tributarias (400 U.T.)
12. Por el incumplimiento de lo indicado en el artículo 146 de la presente Ley, con una multa de cuatrocientas Unidades Tributarias (400 U.T.)
A tal efecto, La dirección Nacional de Inquilinato utilizando todos los medios legales a su alcance, investigará los hechos.
Artículo 153°. La resolución en la cual se imponga una multa de las indicadas en el artículo
autoridades policiales para efectuar la notificación a que se refiere el presente artículo.
Artículo 154°. Si la notificación al infractor no pudiere hacerse de la manera indicada en el artículo anterior, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 155°. En los casos de una primera reincidencia se aplicará a los infractores el doble de la
Artículo 156°. Quien se opusiere u obstaculizare el cumplimiento de las actuaciones de los funcionarios o funcionarias adscritos a la Dirección Nacional de Inquilinato, será sancionado de con una multa de cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.).
TÍTULO IX DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES
Estimulo a la Iniciativa Privada
Artículo 157°. Con el objeto de estimular la participación de la iniciativa privada en la construcción de viviendas en conformidad con el Decreto con Rango y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, el Ejecutivo Nacional podrá declarar de interés social determinados proyectos que tengan por objeto la edificación de viviendas para ser arrendadas a cánones razonablemente bajos. Los ingresos por concepto de arrendamientos quedarán exentos de pago del
impuesto sobre la renta por un lapso de diez (10) años contados desde la fecha de terminación de la construcción.
Artículo 158°. Quedan exentos de los impuestos de papel sellado y timbres fiscales todas las
Artículo 159°. Los procedimientos administrativos o judiciales que estén en curso se continuarán
tramitando hasta su culminación definitiva por las disposiciones bajo las cuales se inició su
Artículo 160°. Por la presente Ley quedan derogadas:
Dado, firmado y sellado en el Hemiciclo Protocolar de la Asamblea Nacional, a los _________
(___) del mes de _______ , del año dos mil once (2011), Años 200° de la Independencia, 152° de la
Federación y 11° de la Revolución.
PROYECTO DE LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y CONTROL D...

References: Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 12

Artículo 16

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 21
 artículo 18

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 26

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 38
 resolución 

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50
 artículo 39

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 56

Artículo 58
 resolución 

Artículo 62

Artículo 64

Artículo 65
 artículo 1

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69
 artículo 70

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73
 artículo 1

Artículo 75

Artículo 75

Artículo 76
 artículo 70

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79
 artículo 73

Artículo 80
 resolución 

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87
 resolución 

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99
 artículo 346

Artículo 100
 artículo 370

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106

Artículo 107

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110

Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113

Artículo 114

Artículo 115

Artículo 116

Artículo 117
 artículo 113

Artículo 118
 artículo 30

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 121

Artículo 122

Artículo 123

Artículo 124

Artículo 125

Artículo 126

Artículo 127

Artículo 128

Artículo 129

Artículo 130

Artículo 131

Artículo 132

Artículo 133

Artículo 134

Artículo 135

Artículo 136

Artículo 137

Artículo 139

Artículo 140

Artículo 141

Artículo 142

Artículo 143

Artículo 144

Artículo 145

Artículo 146

Artículo 147

Artículo 148
 artículo 141

Artículo 149
 artículo 147

Artículo 150

Artículo 151

Artículo 152
 artículo 139
 artículo 146

Artículo 153
 resolución 

Artículo 154
 artículo 76

Artículo 155

Artículo 156

Artículo 157

Artículo 158

Artículo 159

Artículo 160