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Timestamp: 2020-02-24 17:36:29+00:00

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Alcance del control judicial en las autorizaciones judiciales de desalojo en viviendas donde residen menores - El Derecho
Alcance del control judicial en las autorizaciones judiciales de desalojo en viviendas donde residen menores
Foro 19-06-2019 Coordinador: Diego Córdoba Castroverde
El desalojo de viviendas donde existen menores de edad ha planteado varios problemas, entre ellos el alcance del control que ha de ejercer el juez contencioso-administrativo al que se le solicita la autorización de entrada.
El Tribunal Supremo en su sentencia nº 1797/2017, 23-11-17 (rec 270/16) -EDJ 2017/252278- aborda el problema de las autorización de entrada en el domicilio y la exigencia de que el juez de lo contencioso-administrativo pondere la situación personal, social y familiar particular de los menores de edad que pueden verse afectados por la ejecución de la orden de desalojo. La sentencia considera que la resolución judicial que autorice el la orden de desalojo de una vivienda en donde residan menores debe contener un juicio sobre la proporcionalidad de la medida adoptada, que incide en la esfera de protección de los derechos e intereses legítimos de los menores, que están abocados a desalojar la vivienda.
La duda que sigue subsistiendo es si en el ejercicio de esa ponderación el juez puede denegar el desalojo cuando puedan verse afectados los menores residentes impidiendo la ejecución de un acto administrativo firme que acuerda el desalojo o si por el contrario la ponderación del juez al que se le solicita la orden de desalojo tan solo puede modular las condiciones y plazos del desalojo para minimizar los perjuicios que se pueden realizar a los menores (por ej: evitar el desalojo cuando este en periodo escolar, conceder un plazo suficiente, evitar el desalojo en horarios nocturnos o cuan la climatología es muy adversa etc ...) pero no puede denegar la ejecución de la resolución firme de desalojo.
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", el 15 de mayo de 2019.
La respuesta a la cuestión que se nos plantea exige tener en cuenta el...
La respuesta a la cuestión que se nos plantea exige tener en cuenta el cuerpo normativo que resulta aquí de aplicación, constituido por nuestra Constitución -EDL 1978/3879-, por la Convención sobre los Derechos del Niño -EDL 1989/16179- y por el Convenio Europeo de Derechos Humanos -EDL 1979/3822-, que obligan a los poderes públicos a «proteger a los menores de edad ante cualquier situación de riesgo», a «garantizar su desarrollo personal en condiciones adecuadas para procurar su integración social y familiar», a «velar por su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social» y que «exigen garantizar el derecho a la protección jurídica de los menores también en relación con el derecho a la inviolabilidad del domicilio».
Como señaló la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo núm 1797/2017 -EDJ 2017/252278-, las normas jurídicas citadas exigen al juez, ineluctablemente, «ponderar» la situación jurídica singular de los menores afectados por la decisión administrativa que pretende ejecutarse y «motivar» su decisión a tenor de las circunstancias que efectivamente concurran en el caso.
Desde luego, tales deberes judiciales no pueden ser ejercidos de un modo puramente formal o apodíctico, sino que exigen un análisis completo del supuesto de hecho. Nos lo dice con claridad –y nos da una muy buena pista para contestar al supuesto que se nos plantea la citada sentencia del Tribunal Supremo: «el juez de lo contencioso-administrativo, al autorizar la entrada en un domicilio particular para proceder a su desalojo en el que residan menores de edad, debe tomar en consideración la aplicación del principio de proporcionalidad, y, en consecuencia, adoptar las cautelas adecuadas y precisas para asegurar y garantizar una protección integral y efectiva de los derechos e intereses de los menores».
Cuál sea el alcance de esa ponderación y, sobre todo, si las circunstancias que concurren en los menores afectados pueden dar lugar al rechazo del desalojo de la vivienda en la que viven es cuestión que dependerá de la situación concreta que se produzca en cada caso.
No podemos olvidar, además, que el deber de protección integral del menor concierne a todos los poderes públicos, no solo a los jueces, de manera que puede ser una circunstancia «ponderable» por el órgano judicial al tomar su concreta decisión la actitud de las autoridades competentes -municipales, autonómicas o estatales o de otras instituciones encaminada a mitigar el perjuicio irrogado a los menores como consecuencia de su salida del domicilio.
Desde luego, a mi juicio, no puede descartarse prima facie la posibilidad de denegar la medida solicitada -al menos, temporalmente-, ni, desde luego, de atemperarla a las exigencias del supuesto de hecho: la edad, las posibilidades económicas de los progenitores, las eventuales ayudas sociales de las autoridades para reducir el perjuicio, las necesidades de escolarización, la discapacidad o el número de miembros de la familia son aspectos que deberán ser tenidos en cuenta por el juez al ejercer el control que el ordenamiento le exige sobre la ejecución de actos firmes de la Administración que afectan al derecho fundamental que nos ocupa.
Y el rechazo puede ser posible, efectivamente, si el interés superior del menor lo reclama en el caso concreto y si, al menos en el momento en el que se interesa la medida, ésta resulta desproporcionada o gravemente perjudicial para el menor afectado por colocarle en una situación de riego inasumible al punto de que una situación de esa naturaleza deba ser corregida por el juez.
En definitiva, si el juez administrativo no puede actuar –nunca con un automatismo favorable al desalojo por la sola circunstancia de ser firme la resolución que se ejecuta -pues debe -siempre motivar debidamente su decisión y, como el Tribunal Constitucional exige, «ponderar adecuadamente los intereses en conflicto»-, esos deberes de motivación y ponderación deben ser especialmente exigibles cuando están en juego intereses de menores de edad, pues esta sola circunstancia obliga a los poderes públicos –incluidos los jueces a extremar las cautelas para garantizar que se cumple el principio de protección integral de los menores que el ordenamiento impone.
El interés superior del menor, cuya protección ha de garantizarse en ...
El interés superior del menor, cuya protección ha de garantizarse en cumplimiento del mandato contenido en el art.39 Const -EDL 1978/3879-, debe ser concebido no ya solo como un concepto jurídico indeterminado que actúe como principio rector de la actuación de los poderes públicos, sino por expresa voluntad del legislador -art.2 LO 1/1996, de 15 enero, de Protección Jurídica del Menor -EDL 1996/13744--, como un auténtico y verdadero derecho, a valorar y considerar como primordial, tal y como resulta de la legislación sobre protección jurídica del menor, tanto de carácter nacional como de los diversos tratados internacionales que abordan esta materia.
Una vez afirmado lo anterior, como cualquier otro asunto en el que se ven implicados diversos intereses en conflicto, resulta preciso que los jueces de lo contencioso-administrativo, al resolver las solicitudes de autorización de entrada domiciliaria para la ejecución forzosa de actos administrativos en los que se vean afectados los intereses de menores, moradores de viviendas a cuyo desalojo forzoso pueden verse abocados, realice un debido juicio de ponderación de todos los intereses concurrentes, resolviendo de forma motivada en aplicación del principio de proporcionalidad.
En este sentido, y sin que sea necesario reproducir aquí lo que se expone y resuelve en la STS 23-11-17 -EDJ 2017/252278-, hemos de afirmar que comparto el criterio jurídico allí sustentado. Considero que cuando hay menores cuyos intereses resultan directamente concernidos, dado que en la decisión adoptada por la Administración debió tenerse en cuenta, como primordial, el interés del menor, no puede considerarse válidamente excluido del debido juicio de ponderación a realizar al autorizar la entrada domiciliaria dicho interés, como si se tratase de una cuestión jurídica ajena.
Esto es, no es solo conveniente sino que considero necesario que en el examen de la legalidad del acto administrativo correspondiente, a los efectos y con el alcance correspondiente cuando se trata de autorizar judicialmente una entrada domiciliaria, se pondere el interés del menor, de modo que se realice un juicio de proporcionalidad en el que aquél sea tomado en consideración. Ello no equivale, sin más y de forma automática, a afirmar que siempre que haya un menor no se autorizará la entrada, como si se tratase de un condicionante absoluto o de un obstáculo jurídico insalvable, pues puede resultar que según las circunstancias concurrentes, precisamente ese primordial y superior interés del menor aconseje, por razones de seguridad, salud, salubridad, entre otras, e incluso imponga, la necesidad de proceder a su desalojo. Ahora bien, también puede darse el caso contrario, que por razones de proporcionalidad, no se estime procedente dar la autorización.
Creo que en supuestos como el que se nos plantea, al resolver sobre si procede o no dar la autorización judicial, el juez no solo actúa como garante de la inviolabilidad del domicilio -art.18.2 Const -EDL 1978/3879--, sino que se añade un plus en la valoración circunstanciada de los intereses en conflicto, cual es la presencia de un menor y el interés superior del mismo.
Conociendo la existencia de posiciones jurídicas contrarias, que mantienen el criterio de entender que el interés del menor no debe afectar al «qué» de la decisión sino al «cómo» ejecutarla o llevarla a cabo, lo que en términos empleados por sentencias de la sec 8ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid se denominan «circunstancias periféricas», apartándose respetuosamente de la STS 23-11-17 -EDJ 2017/252278-, sin embargo este criterio jurídico no es compartido, pues si se posterga al tiempo de proceder a ejecutar materialmente la autorización judicial de entrada, el establecimiento de ciertas cautelas o garantías del interés del menor, como posibles soluciones habitacionales o de asistencia social, por sí solas no dan debido cumplimiento al mandato legal de resolver motivadamente la autorización de entrada, lo que requiere inexcusablemente, entiendo, la valoración de todos los intereses en conflicto, entre los cuales se halla, además del interés público, el del menor.
Por último y aunque no esté previsto, quizá sería conveniente abrir un trámite de audiencia al Ministerio Fiscal, a fin de que pudiera realizar alegaciones en defensa de los intereses del menor.
A fin de contextualizar la cuestión planteada, a mi juicio, merece des...
A fin de contextualizar la cuestión planteada, a mi juicio, merece destacarse que en casos como el que se nos plantea resultan potencialmente afectados de forma significativa, en su proyección sobre el derecho al uso de la vivienda y la inviolabilidad del domicilio, tanto los derechos o intereses legítimos de los menores como el derecho a la vida familiar.
Ambos tipos de derechos e intereses están reconocidos a nivel nacional, internacional y comunitario.
Por lo que se refiere al primero de los aspectos mencionados, los derechos o intereses legítimos de los menores, la STS 23-11-17 -rec 270/16 -EDJ 2017/252278 invoca un trascendente instrumento internacional como es la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 –en el caso español, Instrumento de ratificación del 30 de noviembre de 1990-, en concreto, su art.27 -EDL 1989/16179-, que impone a todos los poderes públicos la obligación de velar por el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños menores de edad.
En el ámbito comunitario cobra un valor especial el art.24 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea -EDL 2000/94313-, que regula los derechos del menor, y que en su apartado segundo dispone: «En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial».
En el ámbito puramente interno, cabe citar la protección dispensada por los arts.9.2 y 39 Const -EDL 1978/3879 y por los diversos mandatos incorporados a la LO 1/1996, de 15 enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 1996/13744-, igualmente destacados en la aludida STS 23-11-17 -EDJ 2017/252278-.
En cuanto a la protección de la vida familiar, también forma parte de textos internacionales como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales -en el caso español, ratificación por Instrumento de 26 de septiembre de 1979-, art.8, EDL 1979/3822-, y, en el ámbito comunitario, el art.7 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea -EDL 2000/94313-.
Conviene destacar que, en el caso español, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha interpretado la protección del derecho a la vida familiar, en la sentencia nº 186/2013 -EDJ 2013/229601-, en el siguiente sentido: «el “derecho a la vida familiar” derivado de los arts. 8.1 CEDH -EDL 1979/3822 y 7 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea -EDL 2000/94313 no es una de las dimensiones comprendidas en el derecho a la intimidad familiar ex art. 18.1 CE -EDL 1978/3879 y -... su protección, dentro de nuestro sistema constitucional, se encuentra en los principios de nuestra Carta Magna que garantizan el libre desarrollo de la personalidad -art. 10.1 CE y que aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia -art. 39.1 CE y de los niños -art.39.4 CE-, cuya efectividad, como se desprende del art. 53.2 CE, no puede exigirse a través del recurso de amparo, sin perjuicio de que su reconocimiento, respeto y protección informará la práctica judicial -art. 53.3 CE-, lo que supone que los jueces ordinarios han de tenerlos especialmente presentes al ejercer su potestad de interpretar y aplicar el art. 57.2 LOEx -EDL 2000/77473-, verificando si, dadas las circunstancias del caso concreto, la decisión de expulsión del territorio nacional y el sacrificio que conlleva para la convivencia familiar es proporcional al fin que dicha medida persigue, que no es otro en el caso del art. 57.2 LOEx que asegurar el orden público y la seguridad ciudadana, en coherencia con la Directiva 2001/40/CE, de 28 de mayo de 2001 del Consejo -EDL 2001/21878--».
Presupuesto lo anterior, a fin de dar respuesta a la específica cuestión que se plantea, considero que debe imponerse el enfoque estructurado que propone la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a partir del art.8.2 del Convenio Europeo -EDL 1979/3822-.2: «No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.»
Toda injerencia en el ámbito protegido por el derecho a la vida familiar deberá, por tanto, estar prevista por la ley, ser necesaria en una sociedad democrática y perseguir un objetivo legítimo.
Tratándose del desalojo de viviendas en general debemos recordar, además, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la pérdida de una vivienda es una de las más graves lesiones del derecho al respeto del domicilio y que toda persona que corra el riesgo de ser víctima de ella debe en principio poder obtener el examen de la proporcionalidad de dicha medida -véanse las sentencias del TEDH, McCann c. Reino Unido, demanda nº 19009/04, apartado 50 -EDJ 2008/40963-, y Rousk c. Suecia, demanda nº 27183/04, apartado 137 -EDJ 2013/141333--.
Centrémonos en la cuestión de si la injerencia es una medida necesaria en una sociedad democrática, que a su vez remite al necesario juicio de proporcionalidad que el Tribunal Supremo, en su sentencia de 23-11-17 -EDJ 2017/252278-, consideró omitido por las resoluciones recaídas en las instancias precedentes.
A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que «una injerencia se considerará «necesaria en una sociedad democrática» si responde a una necesidad social imperiosa y, concretamente, es proporcional al fin legítimo perseguido» –por ejemplo, en sentencia McCann c. Reino Unido, de 13-8-08, § 49, EDJ 2008/40963-.
Al ponderar la respectiva incidencia y afectación de los derechos e intereses legítimos involucrados en la decisión, en caso de estimar vulnerada esa proporcionalidad, no creo que exista una única, exclusiva y excluyente respuesta posible, bien sea la de «denegar el desalojo», bien sea la de «modular las condiciones y plazos del desalojo».
Como ocurre cuando nos enfrentamos a problemas complejos, las soluciones también suelen ser complejas.
El mejor modo de equilibrar los diferentes intereses en conflicto no puede establecerse apriorísticamente sino que estará estrechamente vinculado a las concretas circunstancias del caso enjuiciado.
Anular cualquier decisión de desalojo siempre que no se hayan valorado, o no lo hayan sido debidamente, los diversos intereses en conflicto puede conducir a soluciones igualmente desproporcionadas. Como señala el voto particular de la STCo núm 188/2013, de 4 noviembre -EDJ 2013/226605-, pueden darse situaciones en las que «-concurra un interés público perentorio para justificar la exclusión de la expectativa generada».
Por ello creo que, en función de dichas circunstancias, en algunas ocasiones será posible armonizar los diversos intereses en conflicto mediante lo que el voto particular de la STCo núm 188/2013, de 4 noviembre -EDJ 2013/226605-, denomina «medidas transitorias» o «de protección alternativa» -por ejemplo, estableciendo un plazo que atienda a la situación escolar de los menores, a su estado de salud o a la acción de los servicios sociales-.
En otras, si la infracción del principio de proporcionalidad resulta particularmente grave o grosera, será posible llegar a denegar el desalojo.
No creo que deba excluirse a priori tal solución pero sí que debería ser considerada la última de las posibles, es decir, que solo debería acudirse a ella en los supuestos en que no resultara viable, por las circunstancias concurrentes, la aplicación de esas medidas transitorias o de protección alternativa para la tutela de los derechos e intereses legítimos de los menores.
La extraordinaria trascendencia y relevancia de estos derechos e intereses, a mi juicio, así lo exige.
Son ya varias las ocasiones en que en este foro se ha planteado, direct...
Son ya varias las ocasiones en que en este foro se ha planteado, directa o indirectamente, la cuestión relativa al alcance de la actuación del Juez de lo Contencioso al que se solicita una autorización de entrada en domicilio para ejecutar una resolución administrativa firme.
No está de más recordar, aunque sea de sobra conocido, que, si bien la llamada autotutela ejecutiva permite a la Administración ejecutar sus propios actos sin necesidad de acudir al auxilio de los órganos judiciales -art.30 LPCAP -EDL 2015/166690--, en los casos en que pueda resultar afectado un derecho fundamental -como es en estos casos la inviolabilidad de domicilio es imprescindible la intervención judicial, configurando al Juez como garante de este derecho, siendo su papel el de ponderar los distintos intereses concurrentes y acordar, en su caso, la medida solicitada del modo menos injerente a este derecho.
En concreto, la doctrina de los Tribunales se puede sintetizar del siguiente modo:
Corresponde al Juez realizar una correcta ponderación de los intereses en conflicto para determinar si efectivamente la lesión del derecho fundamental –la entrada en domicilio está justificada, pero en ningún caso enjuiciar la legalidad del acto a ejecutar.
En concreto, los aspectos a examinar son que i el órgano que dictó la resolución tenía competencia para ello, ii el obligado afectado por la autorización ha conocido el acto que se pretende ejecutar, iii ha podido efectuar alegaciones y iv ha tenido tiempo para llevar a cabo un cumplimiento voluntario.
Sobre estas bases, el Juez no puede realizar un juicio de legalidad de la resolución que se ha de ejecutar, sino ponderar los intereses en conflicto y determinar la forma de llevar a efecto la ejecución de la resolución de acuerdo con el principio de proporcionalidad.
En definitiva, discernir si la autorización de entrada es proporcionada atendiendo a las circunstancias del caso.
La existencia de menores en la vivienda cuyo desalojo se pretende es un problema frecuente que los Tribunales solían resolver de acuerdo con los postulados señalados, atendiendo a las circunstancias del caso pero sin posturas maximalistas, frecuentemente alegadas, de que la mera presencia de menores en la vivienda, afectados por la orden de desalojo, constituyera por sí misma causa impeditiva para llevar aquel a cumplimiento y, por tanto, autorizar la entrada solicitada.
La STS 23-11-17, rec 270/16 -EDJ 2017/252278-, citada por el Director de este foro, ha generado cierta polémica entre los órganos judiciales, si bien, en mi opinión, es una polémica un poco artificial por lo que a continuación se expone.
Efectivamente, en esta sentencia el Tribunal Supremo afirma:
El Juez tiene que contemplar en su juicio de ponderación la situación singular de los menores afectados y motivar en consecuencia.
Cualquier persona en riesgo de sufrir la pérdida del hogar familiar debe tener la garantía de que la medida sea proporcionada y razonable.
Estos extremos han de ser valorados por el órgano judicial atendiendo a todos los factores involucrados de carácter social y personal.
En el auto judicial que autorice la entrada en el domicilio debe contenerse una valoración de todos los elementos y datos disponibles, pues ello resulta exigible para entender que se ha realizado el juicio de proporcionalidad de la medida.
Y sobre estos fundamentos concluye que una resolución judicial que i no esté debidamente motivada ponderando la situación personal, social y familiar particular de los menores de edad, y ii que no contenga un juicio acerca de la aplicación del principio de proporcionalidad en el que se tengan en cuenta los datos y elementos disponibles sobre la afectación de los derechos e intereses de los menores de edad que la decisión judicial comporta, será contrario a los derechos e intereses de los menores de edad reconocidos en los art.11 y 12 LO 1/1996, de 15 marzo, de Protección Jurídica del Menor -EDL 1996/13744-, y en el art.27 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 -EDL 1989/16179-, en relación con las garantías establecidas en los art.18.2 y 24 Const -EDL 1978/3879-.
Pues bien, de la lectura de la sentencia no se extrae mucho más de lo que hasta ahora venían diciendo y aplicando los Tribunales, en el sentido de que el auto autorizando la entrada debe estar debidamente motivado, ponderar todos los intereses en conflicto y resolver bajo el prisma de la proporcionalidad todo ello, evidentemente, de acuerdo con las circunstancias del caso -entre ellas, si así concurren, las necesidades de los menores que puedan resultar afectados-.
Pero la sentencia se para en este punto y no llega a explicar la forma en que debe resolverse el conflicto de intereses, ni la solución que puede darse a las necesidades del menor afectadas por la ejecución del acto, más allá de que el órgano judicial tenga especialmente en cuenta, dentro de las circunstancias del caso, la existencia de menores y la especial protección que el ordenamiento jurídico les dispensa.
Pero la sentencia se para aquí, de modo que la conclusión que algunos han pretendido de que la mera presencia de menores ocupando la vivienda a desalojar constituiría, per se, un obstáculo insalvable para la ejecución del acto -y por tanto para la autorización de entrada-, está fuera de lugar. Así se desprende también del propio Fallo de la sentencia citada, en el cual la única exigencia impuesta por el Tribunal Supremo es que la resolución judicial esté debidamente motivada -para lo cual es necesario, es obvio, el análisis de la situación concreta de los menores, personal, social y familiar y que en la decisión a tomar se tenga en cuenta el principio de proporcionalidad -que, de nuevo, y es evidente, habrá que analizarse partiendo del hecho concreto de la presencia de menores-.
Por tanto, y tratando de responder a las preguntas planteadas por el Director, podemos concluir que la mera presencia de menores no es impedimento para autorizar la entrada -de ser así, se dejaría sin efecto el principio de ejecutividad de los actos administrativos y se desdibujaría el papel que corresponde al Juez de lo Contencioso en estos casos tan repetidamente dicho por los Tribunales-. No obstante, el Juez debe siempre tener en cuenta en su decisión las circunstancias personales, sociales y familiares de los menores afectados, así como reflejar estas razones en su resolución.
Es decir, la presencia de menores condiciona el juicio de proporcionalidad que debe ser realizado por el Juez no en cuanto a la procedencia de la autorización sino respecto al modo de llevarla a cabo -y con la particularidad de que en un caso de desalojo éste no puede llevarse a cabo más que con la correspondiente autorización de entrada a falta de consentimiento del titular-. En palabras de la sec 8ª del TSJ de Madrid, la protección de los intereses de los menores afecta no al qué de la autorización, sino más bien al cómo -Sentencia 1-2-18, rec 524/17 -EDJ 2018/60860-, o de 17-1-19, rec 763/18 -EDJ 2019/518485--.
En estas sentencias la Sección manifiesta su discrepancia con la del Tribunal Supremo -apartándose de la misma, dice literalmente-, conclusión en mi opinión excesiva por cuanto de la sentencia del Tribunal Supremo no se desprende que la autorización de entrada en un domicilio con menores afectados sea incompatible con la normativa nacional e internacional de protección de los menores, sino tan sólo que se exige un plus de motivación y valoración de las circunstancias.
La sentencia del Tribunal Supremo ha sido criticada por excesivamente generalista, pues en definitiva no arroja ninguna luz sobre los problemas que se suscitan en la práctica, ni fija pautas sobre el modo de valorar esas circunstancias personales, sociales o familiares que refiere, cosa que sí han hecho los Tribunales Superiores de Justicia. Ejemplo de ello son las sentencias de la Sección 8ª de Madrid antes citadas, que imponen en el auto de autorización de entrada ciertas condiciones a la ejecución del desalojo, como que éste se realice en horas diurnas, que se espere a la conclusión del curso escolar de los menores, o que se informe a los servicios sociales y a los organismos encargados de la protección del menor de la ejecución de aquel. Incluso –con un exceso de celo no justificado que se ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal.

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