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Timestamp: 2018-11-14 22:09:46+00:00

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﻿ Sentencia C-338 de junio 29 de 2016
SENTENCIA C-338 DE 29 DE JUNIO DE 2016
CONTENIDO:FACULTAD DEL JUEZ MILITAR A FIJAR SECUENCIA PROBATORIA NO COMPROMETE SU IMPARCIALIDAD. SE PRECISA, QUE EL JUEZ MILITAR, AL DISPONER EL ORDEN DE LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS EN EL JUICIO MARCIAL NO CUENTA CON HERRAMIENTAS PARA CAUSAR LA PRESUNTA AFECTACIÓN A LA ESTRATEGIA QUE LAS PARTES FIJAN EN SUS TEORÍAS DEL CASO, PORQUE LA SECUENCIA PROBATORIA QUE AQUEL ESTABLECE CORRESPONDE A LA FINALIDAD DE IMPARTIR UNA DINÁMICA CÉLERE QUE PRIVILEGIE LA ECONOMÍA PROCESAL. EN ESE SENTIDO, EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO POR LA FISCALÍA PENAL MILITAR Y POR EL DEFENSA EN SUS TEORÍAS DEL CASO SE CUMPLE A PARTIR DEL RECAUDO EFECTIVO DE LAS PRUEBAS QUE SOLICITARON Y FUERON ADMITIDAS, POR LO CUAL, SON ESAS PRUEBAS LAS QUE SOPORTAN LOS HECHOS RELEVANTES QUE COMO PATRÓN FÁCTICO ENCUADRAN EN EL ELEMENTO JURÍDICO FUNDAMENTE DE SU PRETENSIÓN. POR LO TANTO, EL JUEZ PENAL MILITAR DE CONOCIMIENTO AL FIJAR EL ORDEN DE INTRODUCCIÓN DE LAS PRUEBAS EN EL JUICIO NO TOMA PARTIDO A FAVOR DE ALGUNA DE LAS PARTES, NI PREJUZGA O MATERIALIZA UNA INCLINACIÓN ANTICIPADA A LA ULTERIOR SENTENCIA QUE ADOPTARÁ. SIMPLEMENTE EMITE UNA DECISIÓN INSTRUMENTAL DE ORDEN Y DIRECCIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO MARCIAL. FINALMENTE, ES DECLARADA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “EL JUEZ DECIDIRÁ EL ORDEN EN QUE DEBE PRESENTARSE LA PRUEBA” CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 503 DE LA LEY 1407 DE 2010.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRÁCTICA DE PRUEBA, AUDIENCIA PREPARATORIA, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, PRUEBA, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, JUEZ PENAL MILITAR, IMPARCIALIDAD DEL JUEZ
Sentencia C-338 de junio 29 de 2016
Ref.: expediente D-11168
“ART. 503.—Decisión sobre el orden de la presentación de la prueba. El juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la Fiscalía”
Estos requisitos refieren las condiciones de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que deben cumplir las razones que fundamentan el cargo de constitucionalidad.(1)
4.3. El requisito de especificidad resulta acreditado cuando la demanda contiene al menos un cargo concreto, de naturaleza constitucional, en contra de las normas que se advierten contrarias a la Carta Política. Este requisito se refiere, en estas condiciones, a que los argumentos expuestos por el demandante sean precisos, ello en el entendido que “el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”(2) que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad(3).”(4)
4.4. Las razones que sustentan el concepto de la violación son pertinentes en tanto estén construidas con base en argumentos de índole constitucional, esto es, fundados “en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado.”(5). En ese sentido, cargos que se sustenten en simples consideraciones legales o doctrinarias; la interpretación subjetiva de las normas acusadas por parte del demandante y a partir de su aplicación en un problema particular y concreto; o el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de pertinencia del cargo de inconstitucionalidad.
4.5. Por último, la condición de suficiencia ha sido definida por la jurisprudencia como la necesidad de que las razones de inconstitucionalidad guarden relación “en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; (...) Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.”(6)
En palabras expresadas por el Pleno de la Corte en la Sentencia C-050 de 2015(7), la suficiencia persigue “(...) que la carga argumentativa que recae sobre el actor, debe desarrollarse de una forma mínima y proporcional al objetivo de demostrar la inconstitucionalidad del enunciado normativo demandado. De esta manera, se deben exponer razonamientos lo bastante fundados para que pueda pretender desvirtuar la presunción de constitucionalidad de las normas del ordenamiento jurídico, presunción de corrección frente al texto constitucional que se deriva del principio democrático y de las reglas formales y sustanciales del procedimiento democrático de producción de normas y por tanto amerite el adelantamiento de un estudio de constitucionalidad”.
8.1. A la anterior conclusión se llega a partir del contenido legal verificable de la norma, esto es, su alcance desde los métodos de interpretación. En primer lugar, del contenido literal e histórico de la locución censurada se extrae que en la audiencia preparatoria propia del proceso penal de tendencia acusatoria que fue implantado para la justicia especializada penal militar con la Ley 1407 de 2010(8), corresponde al juez decidir el orden en que debe presentarse la prueba en desarrollo de la Corte Marcial, sistema en el cual por principio el juez de conocimiento cumple una función neutral y pasiva respecto del recaudo probatorio que refiera a los hechos de la acusación como garantía de los principios adversarial y de igualdad de armas. En segundo lugar, una interpretación sistemática con el contenido restante del artículo 503 de la Ley 1407, permite señalar que por disposición del legislador la regla general para presentar los elementos materiales de prueba y la evidencia física está dada por turnos, correspondiendo a la Fiscalía introducir los medios de prueba al juicio marcial antes que a la Defensa y eso se explica por la función de acusación que cumple la Fiscalía tendiente a desvirtuar la presunción de inocencia. La excepción a esa regla de turnos probatorios tiene lugar cuando se trata de la presentación de pruebas de refutación, en cuyo caso el material probatorio es ofrecido primero por la Defensa y luego por la Fiscalía Penal Militar.
“ART. 362.—Decisión sobre el orden de la presentación de la prueba. El juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la Fiscalía”.
13.2.1. La primera de ellas corresponde a la Sentencia C-648 de 2006(9), en la cual el actor afirmó que la expresión demandada violaba el artículo 250-4 de la Constitución Política, porque dentro de las facultades soberanas del Fiscal está la de presentar el escrito de acusación ante el juez de conocimiento y ello supone que quienes deben determinar el orden de presentación de las evidencias son las propias partes, es decir, el ente acusador y la defensa. El que el juez asuma esa función le permite direccionar la estrategia de las partes y lo convierte en un interviniente del proceso penal, sumado a que le impone conocer todas las pruebas para darle un orden lógico probatorio.
13.2.2. La segunda sentencia que se ha pronunciado sobre la expresión inicial del artículo 362 de la Ley 906 de 2004, es la C-144 de 2010(10). En esa oportunidad el demandante señaló, a partir del artículo 361 del CPP que prohíbe el decreto de pruebas de oficio por el juez penal de conocimiento, que “no puede el juez del proceso (...) indicar a las partes cómo presentar sus pruebas en un juicio donde su rol le impide tomar partido de la acusación o de la defensa; la imparcialidad y el precedente jurisprudencial, hacen que el juez solamente tenga como prueba aquella que ha sido decretada en audiencia preparatoria y vertida al juicio”. Así, señaló que son las partes las que realizan las peticiones probatorias e indican al juez la manera cómo presentaran a sus testigos, peritos y evidencias, definiendo el orden de prelación de las mismas en el juicio. Con base en lo anterior, el demandante estimó vulnerado el principio de imparcialidad del juez, en la medida en que no puede suplir la voluntad de las partes ya que fijar el orden de introducción del material probatorio equivale sin más a un decreto oficioso de nuevas pruebas.
Revisada la anterior sentencia, la Sala considera que la misma tampoco constituye un precedente vinculante en cuanto a la inhibición, porque el cargo propuesto sobre el compromiso de la garantía del juez imparcial se fundó en que el sentenciador al definir el orden de introducción de la prueba en la audiencia de juicio oral terminaba desconociendo la prohibición en materia de decreto oficioso de pruebas, punto neurálgico que dista del planteado ahora, habida cuenta que el debate se centra en determinar si la facultad otorgada al juez para decidir en la audiencia preparatoria del proceso penal militar el orden en que deben presentarse las pruebas en el juicio de corte marcial, desconoce la imparcialidad objetiva del juzgador en tanto afecta la estrategia preparada por las partes para demostrar su teoría del caso en juicio, limitando por consiguiente del debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Es más, dada la especialidad del proceso penal militar, en este es posible que el juez de conocimiento pueda decretar las pruebas de oficio que estime esenciales para influir en el resultado del juicio (inciso 4º del artículo 499 de la Ley 1407 de 2010).
Sumado a lo anterior, la Sala considera que el alcance de la norma demandada permite diferenciar entre los turnos de presentación de la prueba que fueron definidos por el legislador, y la decisión del Juez Penal Militar de señalar el orden en que deben ser practicados y presentados cada medio de prueba individual durante el juicio marcial, pues esta última situación persuade sobre la presunta inconstitucionalidad de la expresión censurada ante la posible afectación a las estrategias de acusación y defensa de las partes en la Corte Marcial.
La potestad de configuración legislativa en materia de procedimientos y sus límites constitucionales(11).
19. Justamente el Congreso de la República que es competente para expedir los códigos de todos los ramos de la legislación, goza de un amplio margen de configuración para desarrollar esa función, por cuanto a través de ella busca atender los requerimientos y particularidades propias de las cambiantes exigencias de la realidad nacional y las especialidades que se demandan. Con el fin de otorgarle desarrollo, “por regla general, la determinación de los sujetos procesales y de los momentos en que ellos pueden intervenir en los procesos, hace parte de la libertad de configuración normativa del legislador que debe responder a las necesidades de la política legislativa, para lo cual evalúa la conveniencia y oportunidad de los mecanismos o instrumentos procesales para hacer efectivos los derechos, libertades y las garantías públicas respecto de ellos”(12).
Como ha reconocido la jurisprudencia constitucional, tal libertad se ve limitada “por la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto estas se encuentren acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan la realización material de los derechos sustanciales”(13). Con todo, tal potestad legislativa de configuración no puede consistir en regulaciones excesivas o irrazonables que se conviertan en obstáculos a la efectividad de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y participación en las decisiones que afectan a las personas cuando existe un interés directo de estas.
21. Así, la Corte ha identificado limitaciones que surgen de la propia Constitución a esta libertad de configuración y las ha sintetizado como subreglas en cuatro ítems: “(i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; (ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos(14) como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia; (iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas y (iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.)(15)”(16).
23. Puntualmente, en materia de justicia penal militar, esta Corporación en la Sentencia C-737 de 2006(17) señaló que “[l]a facultad para regular todo lo relacionado con la estructura y funcionamiento de la Justicia Penal Militar ha sido reservada al legislador, quien en ese campo goza de un amplio margen de configuración política para definir: (i) los comportamientos constitutivos de delito que de acuerdo con su competencia deben ser conocidos por esa jurisdicción especial, (ii) los procedimientos especiales que debe regir los juicios y, en general, (iii) todo lo relacionado con los órganos específicos que la integran y con su régimen de personal, lo cual incluye la creación y supresión de cargos, la forma de provisión, permanencia y retiro, y la fijación de los requisitos y calidades requeridas para el ejercicio de los mismos” (resaltado fuera del texto original).
26. Estas labores fundamentales para el desarrollo de la sociedad colombiana, dada la especialísima función, conllevaron a que el Constituyente estableciera en el artículo 221 Superior, que los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo que cometan conductas punibles relacionadas con el servicio mismo, serán investigados y juzgados por Cortes Marciales y Tribunales Militares con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. De esta forma, diseñó el denominado fuero penal militar(18) que constituye una excepción al principio del juez natural ordinario, a partir de las diferencias existentes entre los deberes y las responsabilidades que tienen los ciudadanos y las que constitucionalmente deben asumir los integrantes de la Fuerza Pública. Estos últimos cumplen una función especial, exclusiva y excluyente, cual es, el monopolio del ejercicio coactivo del Estado, que implica el uso y disposición de la fuerza legítima y el sometimiento a unas reglas propias de la actividad militar, opuestas por naturaleza a las que son aplicables a la vida civil.
27. Ahora bien, según ha reconocido la jurisprudencia constitucional(19), la justicia penal militar no fue incluida entre los órganos que componen o integran la rama judicial, pero a pesar de ello el Constituyente primario le asignó funciones jurisdiccionales al señalar en el artículo 116 Superior, que administra justicia. La Corte ha reconocido que esa función la ejerce de forma restringida, no tan solo por los sujetos llamada a juzgar, sino por los asuntos de los cuales conoce(20). Así, su ubicación orgánica dentro de la estructura estatal corresponde a un órgano especial adscrito a la Fuerza Pública y que hace parte de la Rama Ejecutiva, el cual se separa y distingue del esquema jerarquizado propio del mando militar(21).
29. Debido a las especialidades propias antes descritas, esta Corporación ha reconocido que la identidad entre la justicia penal militar y la justicia penal ordinario no es plena y que, en cambio, entre ambas jurisdicciones existen distinciones profundas que obligan al legislador a conferir un trato abiertamente diferenciado(22) y a expedir códigos separados regulando los temas penales y procedimentales de la justicia ordinaria y de la justicia restringida penal militar.
31. Con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 03 de 2002 que matriculó a la justicia penal ordinaria en el modelo procesal de tendencia acusatoria, otorgando a la Fiscalía General de la Nación la obligación de adelantar el ejercicio de la acción y de realizar la investigación de los hechos que revistan las características de delito con miras a realizar la acusación, y con su posterior desarrollo legal a través de la Ley 906 de 2004 que diferenció las etapas de investigación, acusación y juicio, el Gobierno Nacional en el año 2005 consideró indispensable reformar el sistema procesal que había adoptado la justicia penal militar y por ello presentó al Congreso de la República un proyecto de ley con la pretensión de “armonizar las normas penales militares con el derecho penal contemporáneo, contar con un esquema de delito coherente con la norma superior, una codificación sólida y eficaz para resolver los asuntos puestos en conocimiento de la Jurisdicción Penal Militar de forma pronta y efectiva. Se busca además con el proyecto, superar esquemas dogmáticos, para dar paso a modernas tendencias del pensamiento penal (...)”(23).
Frente al procedimiento penal militar, la exposición de motivos del proyecto de ley de reforma al Código Penal Militar, señaló que el modelo a adoptar sería el sistema de tendencia acusatoria para garantizar una pronta y oportuna justicia mediante la oralidad. De tal forma que indicó como modelo a seguir el establecido en la Ley 906 de 2004, con algunas modificaciones relevantes para generar ajustes con las especialidades propias de la justicia penal militar. Así, como pilar fundamental de la reforma se expuso que “(...) es imperioso la inmediación probatoria donde solo se estima como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral y concentrada, sujeta a la confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento, (...) dentro del marco del respecto de los Derechos Humanos que debe ser irrestricto, como otro presupuesto indispensable para que sea eficaz el nuevo Procedimiento Penal Militar”(24).
Con esos lineamientos cumplió el procedimiento legislativo y fue expedida la Ley 1407 de 2010, la cual sigue de cerca la estructura procesal penal de tendencia acusatoria que fue implantada en el sistema ordinario mediante la Ley 906 de 2004. Tanto es así que el Código Penal Militar reproduce en la mayoría de apartados y en la estructura del proceso la que actualmente rige en la jurisdicción penal ordinaria. De hecho, esta Corporación en la Sentencia C-928 de 2007(25), recientemente reiterada en la Sentencia C-205 de 2016(26), precisó que “el legislador, dentro del margen de configuración normativa de que dispone, podría introducir algunas garantías procesales del sistema acusatorio al proceso penal militar, sin que la introducción del modelo penal acusatorio fuera constitucionalmente obligatorio respecto de esta”.
34. La normatividad constitucional alude a la competencia del juez o cuerpo colegiado ante el cual se deba adelantar el proceso, garantía que no puede ser interpretada de forma restrictiva, sino que implica una concepción amplia(27) según la cual el juez competente debe ser imparcial en procura de materializar una ausencia de partido o de posición frente al asunto, pero además una neutralidad institucional y frente al proceso. De allí que la imparcialidad de quien administra justicia es considerada como norma rectora e integrante del debido proceso, en virtud de la cual el funcionario judicial deberá decidir “con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas”(28).
Si bien en nuestra Constitución no existe referencia expresa a la imparcialidad judicial, esta garantía surge del derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia(29) para que se adelante el proceso de acuerdo con las reglas de cada juicio y se resuelva el conflicto bajo el imperio de la ley y la Constitución (artículos 29, 229 y 230 de la Carta). Entonces, resulta lógico que del conjunto de las garantías procesales y sustanciales que rodea a la administración de justicia, se incluye el derecho a un juez imparcial.
También la Corte ha precisado que la imparcialidad judicial “se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no solo de índole moral y ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial”(30).
35. Ahora bien, frente a la justicia penal militar esta Corporación de vieja data ha reconocido la necesidad de preservar el principio de la imparcialidad del juez penal militar, con el fin de impedir que la jerarquía castrense termine influyendo en el resultado del proceso(31). Por consiguiente, el funcionario encargado de administrar justicia en el ámbito penal militar debe gozar de las prerrogativas de independencia e imparcialidad para la valoración de las circunstancias procesales y la toma de decisiones, las cuales resultan determinantes para el logro de los objetivos de realización del orden justo que es fundamento del Estado. Así, la imparcialidad en este campo equivale al mantenimiento de la igualdad de partes durante el proceso.
36. De forma reciente esta Corporación se refirió al principio de imparcialidad como base estructural del debido proceso en la justicia penal militar de tendencia acusatoria. Lo hizo en la Sentencia C-205 de 2016(32). Allí efectuó un recuento sobre las decisiones de los tribunales internacionales que han abanderado el desarrollo de la imparcialidad judicial(33), destacando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) estableció la diferencia entre la imparcialidad subjetiva y la imparcialidad objetiva, tomando como base las exigencias del artículo 6 § 1 del Convenio europeo de salvaguarda a los derechos humanos, en cuanto al proceso justo o equitativo.
37. Justamente la Gran Sala del TEDH en la sentencia del 15 de octubre de 2009, asunto Micallef Vs. Malta, señaló que “la imparcialidad se define normalmente a través de la ausencia de prejuicio o de partido y puede apreciarse de diversas maneras. Según la jurisprudencia constante de la Corte, respecto del artículo 6 § 1, la imparcialidad debe apreciarse de acuerdo con criterio subjetivo, teniendo en cuanta la convicción personal y el comportamiento de determinado juez, es decir, desde el punto de vista de saber si este ha tomado partido o prejuzgó personalmente determinado caso y, de acuerdo con un criterio objetivo que consiste en determinar si el tribunal ofrecía, por ejemplo, a través de su composición, garantías suficientes para excluir toda duda legítima en cuanto a su imparcialidad”.
38. Por su parte, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que nos cobija, la Corte IDH no ha sido ajena a los desarrollos de la imparcialidad judicial como elemento y presupuesto esencial del debido proceso. Al respecto ha señalado que la imparcialidad supone que “el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio.”(34) Lo anterior, permite además que los tribunales inspiren la confianza necesaria tanto a las partes como a la ciudadanía en general.
También ha apoyado, siguiendo al TEDH, las perspectivas subjetivas y objetivas de la imparcialidad. Respecto a la primera, ha precisado que se presume a menos que exista prueba en contrario, consistente por ejemplo en demostrar que algún miembro de un tribunal o juez guarda prejuicios o parcialidades de índole personal contra los litigantes. Y frente a la segunda, esto es, la imparcialidad objetiva, ha señalado que consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona. Ello por cuanto el juez debe actuar sin influencias ni presiones directas o indirectas, sino movido únicamente por el Derecho(35). En otras palabras, para apreciar la connotación objetiva de la imparcialidad, se debe “determinar si independientemente de la conducta personal del juez, ciertos hechos que pueden ser verificados autorizan a sospechar sobre la imparcialidad.”(36)
39. Al revisar en detalle las definiciones sobre la imparcialidad subjetiva y objetiva que acuñó la Corte IDH, la Sentencia C-205 de 2016(37) planteó que “la explicación que dio de las diferencias entre estas no tiene la claridad alcanzada por la jurisprudencia europea (...), [por cuanto] confunde la llamada imparcialidad objetiva que denomina ‘prueba objetiva’, con la imparcialidad subjetiva. Contrario a lo indicado por la Corte Interamericana, la imparcialidad objetiva no se predica de la persona del juez, en su subjetividad, cuya imparcialidad de juicio sí podría resultar afectada por las influencias, presiones, amenazas, etc., a las que hace referencia el fallo referido”.
Por consiguiente, como se tratan de expresiones que pueden tender a confundirse en su concepto elemental, la Corte Constitucional en esa sentencia redenominó los dos perspectivas de la imparcialidad judicial, prefiriendo los nombre de imparcialidad personal, de un lado, y del otro, imparcialidad institucional o del proceso. Tratándose de esta última adujo que “es la que coincide con la tradicionalmente llamada imparcialidad objetiva y se refiere a los elementos orgánicos y funcionales que pueden afectar la percepción de objetiva que debe ofrecer todo tribunal, respecto de los justiciables. Se parte del supuesto de la necesaria confianza que debe inspirar la justicia en sus usuarios. A manera simplemente enunciativa, la imparcialidad institucional y del proceso puede verse afectada por la composición del tribunal, por la participación de sus miembros en labores de consulta o asesoría institucional, o por la no separación de las etapas de instrucción, acusación y juzgamiento”(38).
40. Como se advierte, la redenominada imparcialidad institucional o del proceso corresponde con el criterio objetivo que venía trabajando la jurisprudencia constitucional colombiana. Por ejemplo en las sentencias C-1034 de 2006(39), C-396 de 2007(40) y C-762 de 2009(41), al igual que en el Auto 169 de 2009(42), la Corte indicó que dicho criterio refiere a que un eventual contacto anterior del juez con el caso sometido a su consideración, desde el punto de vista funcional y orgánico, debe excluir cualquier duda razonable sobre la imparcialidad. Significa lo anterior que el encargado de sentenciar no haya tenido un contacto previo con el tema a decidir y, por lo tanto, cuando se acerque al objeto del proceso carezca de prevenciones de ánimo que puedan comprometer la garantía de brindar igualdad a las partes que acceden a que se les administre justicia.
Desde la exposición de motivos del proyecto de ley de reforma al Código Penal, se afirmó que la función principal del Juez Penal Militar imparcial consiste en evaluar la responsabilidad del acusado con fundamento en las pruebas que son presentadas a su conocimiento de manera pública, oral, concentrada, con plena confrontación y contradicción, como principios rectores del nuevo proceso penal militar(43).
45. Particularmente haciendo referencia a la etapa de juzgamiento, el rol del Juez Penal Militar de conocimiento es ser el director y responsable de llevar adelante el juicio de Corte Marcial con todas las garantías procesales y sustanciales propias del debido proceso, encaminadas en todo caso a averiguar la verdad real y concretar el deber de búsqueda de la justicia material(44). Por consiguiente, al Juez Penal Militar de conocimiento le está vedado inmiscuirse en las funciones de acusación porque rompería las garantías de igualdad, de un juicio justo y terminaría comprometiendo la imparcialidad judicial, ya que es de su esencia limitarse a calificar jurídicamente los hechos por los cuales se acusa a un sujeto y determinar la consecuencia jurídica de ellos a través de la emisión de la sentencia.
46. Ahora bien, mientras que en el sistema penal ordinario de tendencia acusatoria regido por la Ley 906 de 2004, con nitidez el artículo 361(45) establece como regla estructural la pasividad probatoria del juez de conocimiento en la etapa de juzgamiento, pues no solo está impedido para practicar pruebas sino que está obligado a decidir con base en las que las partes le presentan a su consideración, lo propio no acontece en el marco de la actual justicia penal militar.
47. De hecho una de las grandes diferencias en materia probatoria entre la justicia penal ordinaria y la justicia penal militar, es que en esta el Juez Penal Militar de conocimiento en la audiencia preparatoria se encuentra facultado excepcionalmente para, una vez agotada la solicitud de pruebas por la Fiscalía Penal Militar y por la Defensa, ordenar la práctica de las pruebas de oficio que estime necesarias por tener influencia en el resultado del juicio. Así lo dispone el inciso 4º del artículo 499 de la Ley 1407 de 2010(46). En otras palabras, si bien en principio se conserva el rasgo característico de la pasividad probatoria del juez en la etapa de juzgamiento, el Código Penal Militar contempla una excepción a la regla cuando resulte indispensable el decreto y recaudo de una prueba de oficio para el resultado del proceso.
Al resolver el asunto, la Corte comenzó por afirmar que la prohibición al juez penal ordinario de decretar pruebas de oficio en la etapa de juzgamiento “es una opción legítima, pero no la única para garantizar el debido proceso”. Luego precisó que en la justicia penal militar la facultad de decretar pruebas de oficio tiene por finalidad buscar la verdad y materializar la justicia, sin que ello implique que el juez dé crédito ciego a lo que resulte de dichas pruebas. En palabras de esta Corporación: “el juez debe valorar los distintos medios de prueba con el mismo desinterés y objetividad, independientemente de que hayan sido aportadas por las partes o decretadas de oficio”(47), y como su rol en el juicio se aleja de la investigación que conduce a la acusación, entonces no se compromete la imparcialidad institucional y del proceso porque no se ubica en una situación de prejuzgar la causa. Con base en lo anterior, esta Corporación declaró exequible la facultad excepcional que en materia probatoria consagró el legislador para el juez penal militar de conocimiento.
48. Lo expuesto permite entrever que la neutralidad probatoria que se predica en la etapa de juzgamiento en el marco del proceso penal militar, impone que el juez de conocimiento (i) no tenga una relación directa con el litigio con el fin de mantener una posición objetiva al momento de evaluar los medios de prueba y emitir la sentencia respectiva, es decir, no pueda hacerse una opinión anticipada; y, (ii) su imparcialidad institucional o frente al proceso se garantiza mediante la separación de las funciones de instrucción y de juzgamiento a través del diseño de reglas al interior del proceso. De tal forma que como lo señaló la Sentencia C-396 de 2007, “la estricta separación de las funciones del acusador y del juez, entonces, impiden que este falle conforme a sus propios prejuicios” habida cuenta que entra a conocer un asunto con los elementos probatorios cuyo contenido se le presentan en la misma oportunidad en la que deben ser evaluados.
49. De lo anterior se colige que en el marco del proceso penal militar de corte adversarial, donde los sujetos procesales involucrados en el juicio construyen cada uno por separado su correspondiente teoría del caso, la neutralidad probatoria y por consiguiente la imparcialidad del juez frente al proceso se protegen con la separación funcional entre la instrucción y el juzgamiento, de forma que la convicción que el investigador se haya formado previamente no se imponga en las decisiones que se adopten en el juicio, al quedar estas a cargo de un servidor judicial distinto e independiente de aquel. Y es que por no tratarse de un esquema adversarial puro, el Juez Penal Militar de conocimiento no cumple un papel pasivo como si se tratara del árbitro de una contienda, sino que actúa como director que procura la verdad real y la justicia material.
51. Los demandantes consideran que la facultad asignada al Juez Penal Militar de decidir el orden en que las partes deben practicar e introducir las pruebas al juicio de Corte Marcial, quebranta su imparcialidad objetiva (redenominada institucional o del proceso) como eje fundamental de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia (arts. 29 y 229 Superiores), en tanto le permite al juez definir la secuencia probatoria a seguir en el juzgamiento, afectando directamente la estrategia preparada por las partes para demostrar su teoría del caso a partir del desarrollo de una cadena probatoria tendiente a demostrar su pretensión. Plantean que el traslado de esa facultad excesiva al juez desequilibra el debate probatorio al interior del juicio penal militar, por cuanto este se forma una convicción previa a título de prejuzgamiento que compromete la ulterior decisión del caso.
52.2. Posteriormente realiza la audiencia preparatoria que es el escenario procesal en el cual las partes anuncian y solicitan las pruebas que van a llevar al juicio marcial. Este es el momento propicio para que la Defensa efectúe su particular descubrimiento probatorio —la Fiscalía lo hace de manera previa en la audiencia de acusación—, a partir de lo cual, presentados por los adversarios los medios de convicción que pretenden llevar a la Corte Marcial y después de evacuar las manifestaciones de las partes de hacer estipulaciones probatorias que den por demostrados algunos hechos trascendentes para el caso, el Juez Penal Militar adelanta el examen de pertinencia y admisibilidad de las pruebas solicitadas que refieran a los hechos de la acusación, procediendo por ende al decreto de práctica de pruebas, el cual excepcionalmente puede ser complementado con las pruebas de oficio que determine el operador castrense de conocimiento y con aquellas que solicite el Ministerio Público por estimarlas relevantes en el resultado del juicio.
52.3. Siguiendo de cerca el artículo 498 del Código Penal Militar, los fines que persigue la audiencia preparatoria son los siguientes: (i) generar por las partes las observaciones correspondientes al descubrimiento de los elementos probatorios, punto que resulta crucial porque es allí donde se puede advertir que tal descubrimiento está incompleto o requiere mayor precisión. Si bien no se expone el contenido directo de la prueba, sí se procede a hacer una enunciación de la misma y de su objeto con el fin de garantizar el principio de igualdad de armas entre los intervinientes; (ii) descubrir los elementos materiales probatorios y la evidencia física en poder de la defensa, que pretenda hacer valer en juicio marcial a título de descargo; (iii) enunciar por parte de la Fiscalía Penal Militar y de la Defensa, todos los medios de prueba que harán valer en la audiencia del juicio oral y público; (iv) realizar las estipulaciones probatorias(48) que determinen de común acuerdo las partes, caso en el cual reconocen algunos hechos y la forma de probarlos con la orientación de evitar un juicio largo, inane y reiterativo en materia probatoria que atente contra los principios de efectividad y celeridad propios del sistema penal militar de tendencia acusatoria. Así, si se estipuló probado un hecho específico, resulta improcedente el decreto de pruebas sobre ese punto; (v) otorgar al procesado una nueva oportunidad para que manifieste si se allana o no a los cargos base de la acusación; y (vi) permitir a las partes que por solicitud expresa los elementos materiales probatorios y la evidencia física sean exhibidas con el único fin de ser reconocidas.
En segundo lugar, a pesar de que en la audiencia preparatoria las partes proceden a descubrir los medios de prueba que pretenden hacer valer en el juicio marcial, con lo cual se garantiza el principio de igualdad de armas, lo cierto es que el Juez Penal Militar en ese momento no conoce el contenido de todos los elementos materiales de prueba específicos ni de la evidencia física de cada parte, por cuanto estas se limitan a hacer una enunciación y a exponer el objeto de la prueba con el fin de llevar a convicción al juez sobre su pertinencia y admisibilidad. Significa lo anterior que el Juez Penal Militar al tener un conocimiento probatorio nulo sobre el caso, el que proceda a definir el orden de introducción de las pruebas en el juicio en nada afecta su imparcialidad objetiva y menos implica un prejuzgamiento que incida en la ulterior decisión que debe adoptar.
En tercer lugar, cuando el Juez Penal Militar de conocimiento decide en la parte final de la audiencia preparatoria el orden de presentación de las pruebas que se pretenden hacer valer en el proceso, estas ya han sido solicitadas, analizadas en su admisibilidad y decretadas dentro de la misma audiencia, y solo hasta la etapa de juicio marcial el juez, luego de cumplir con la inmediación y la concentración frente a las pruebas adquiriendo pleno conocimiento de las mismas, procede a hacer una valoración individual y en conjunto en los medios de prueba recaudados, sin que de forma previa se evidencie afectada su imparcialidad con un eventual favoritismo hacia alguna de las partes.
57. Vistas así las cosas, la Corte concluye que el Juez Penal Militar de conocimiento al decidir en la audiencia preparatoria el orden en que deben presentarse las pruebas en el juicio de Corte Marcial, no compromete su imparcialidad institucional o del proceso ni afectar las estrategias de las partes. En todo caso estas cuentas con la posibilidad de presentar solicitud verbal o escrita al Juez Penal Militar de conocimiento sugiriendo una secuencia probatoria a tener en cuenta por este para decidir sobre el referido orden. En suma, la locución censurada no vulnera los derechos al debido proceso ni el acceso a la administración de justicia.
Magistrados: María Victoria Calle Correa, Presidenta—Luis Guillermo Guerrero P.—Alejandro Linares Cantillo—Gabriel Eduardo Mendoza M.—Gloria Stella Ortiz Delgado, con aclaración de voto, Jorge Iván Palacio Palacio—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Alberto Rojas Ríos—Luis Ernesto Vargas Silva.
Martha V. Sáchica Mendez, Secretaria General.
1 La síntesis comprehensiva de este precedente se encuentra en la sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Para el caso de la presente decisión, se utiliza la exposición efectuada por la decisión C-288 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
3 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-447 de 1997 (MP Alejandro Martínez Caballero). La Corte se declaró inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto Ley 1228 de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo.
4 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Fundamento jurídico 3.4.2.
6 Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
7 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
8 En la Gaceta del Congreso 660 de 2005 se consigna la exposición de motivos que el otrora Ministro de Defensa presentó para sustentar el proyecto de ley de modificación al Código Penal Militar, con miras a asimilarlo al proceso penal acusatorio establecido en la Ley 906 de 2004. En dicha exposición de motivos se indica frente a la actividad probatoria del juez en la etapa de juicio militar —audiencia preparatoria y corte marcial— que “el juez decretará la práctica de pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en el proyecto, reconociendo en todo caso el Juez Penal Militar solo excepcionalmente puede ordenar pruebas de oficio. De esta manera señalará el orden en que deban presentarse las pruebas en desarrollo de la Corte Marcial, empero de todas formas disponiendo que primero se presenten las pruebas de cargo de la fiscalía”.
9 Sentencia C-648 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
10 Sentencia C-144 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
11 Frente a este punto, se seguirá de cerca la exposición sobre potestad de configuración legislativa en materia de procedimientos consignada en la sentencia C-233 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
12 Sentencias C-782 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
13 Sentencia C-250 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo).
14 Sentencia C-728 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-1104 de 2001 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
15 Sentencia C-426 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil).
16 Sentencia C-250 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo), reiterada recientemente en la sentencia C-233 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
17 Sentencia C-737 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil).
18 En palabras de la Sentencia C-084 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) que estudió una demanda de inconstitucionalidad contra una parte de la modificación que introdujo el Acto Legislativo 01 de 2015 al artículo 221 de la Constitución, “el fuero supone, en ese sentido, un trato especial a los miembros de la fuerza pública en lo relativo a los funcionarios competentes para averiguar y determinar la responsabilidad de los delitos en que incurrieren mientras desarrollan labores oficiales y, correlativamente, constituye una muy relevante excepción al principio de juez natural ordinario que conoce de las conductas cometidas por la generalidad de los asociados”. En esta sentencia también sistematizó como elementos esenciales de dicho fuero, el funcional y el subjetivo.
19 Al respecto se pueden consultar las sentencias C-036 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), C-1149 de 2001 (MP Jaime Araújo Rentería), C-928 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), C-084 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y C-260 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
20 Sentencia C-037 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa). En este fallo la Corte declaró inexequible el literal f) del artículo 11 del proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia, al estimar que la justicia penal militar no hace parte de la rama judicial.
21 Sentencias C-928 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) y C-084 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) f.j. 55.3 y 55.4. Además, esta Corporación en la sentencia C-407 de 2003.
22 Sentencias C-928 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
23 Gaceta del Congreso 660 del 22 de septiembre de 2005, página 52.
24 Gaceta del Congreso 660 del 22 de septiembre de 2005, página 54.
25 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
26 (MP Alejandro Linares Cantillo).
27 Esta concepción amplia está dada a partir de diferentes instrumentos internacionales sobre derechos humanos que hacen parte integral del bloque de constitucional y que guían los contenidos respecto a la imparcialidad judicial. Ejemplo de ellos son: (i) el artículo 10º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual consagra que toda persona tiene derecho “a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”, disposición también contenida en la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, donde se pactó que toda persona acusada de un delito tiene el derecho a ser oída en forma imparcial y pública (art. XXVI); (ii) la Convención Americana de Derechos Humanos estipula como garantía el derecho de toda persona a ser oída “por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella” (art. 8º num. 1º); y, (iii) el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que “[t]oda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley,…”.
28 Sentencia C-890 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
29 La imparcialidad judicial como garantía del derecho de acceso a la administración de justicia fue desarrollada en la sentencia C-396 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
30 Sentencia C-037 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
31 Al respecto se pueden consultar la sentencias C-361 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y C-676 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
32 Sentencia C-205 de 2016 (MP Alejandro Lindares Cantillo), en la cual la Corte declaró exequible el inciso 4º del artículo 499 de la Ley 1407 de 2010 que refiere a la facultad que tiene el juez penal militar de conocimiento de decretar pruebas de oficio en la etapa del juicio. Consideró que dicha facultad no quebranta la imparcialidad del juez y, por ende, no desconoce la garantía del debido proceso, entre otras analizadas.
33 Este trabajo de sistematizar las decisiones de los tribunales internacionales sobre imparcialidad judicial también se han realizado en las sentencias C-545 de 2008 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y C-450 de 2015.
34 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107.
35 Esta diferenciación y sus conceptos se pueden profundizar en el Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, al igual que en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 5 de agosto de 2008.
36 CIDH, Caso Guy Malary vs. Haití. Caso 11.335. Fondo. Informe Nº 78/02. 27 de diciembre de 2002.
37 Sentencia C-205 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo). Consultar f.j. 29 y ss.
38 Sentencia C-205 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo).
39 Sentencia C-1034 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
40 Sentencia C-396 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
41 Sentencia C-762 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
42 Auto 169 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
43 Gaceta del Congreso 660 el 22 de septiembre de 2005, página 54.
44 En la Sentencia SU-768 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), la Corte consideró que independientemente del modelo procesal, la búsqueda de la verdad es una obligación judicial en el Estado social de derecho, cuyo ejercicio no implica necesariamente afectar la imparcialidad porque el juez actúa guiado por principios rectores del proceso para cumplir su función de director del mismo.
45 Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). Artículo 361. “Prohibición de pruebas de oficio. En ningún caso el juez podrá decretar la práctica de pruebas de oficio”. // Esta norma fue declarada exequible por esta Corporación en Sentencia C-396 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), básicamente con base en los siguientes argumentos: (i) dicha prohibición para los jueces penal de conocimiento en la audiencia preparatoria y de juicio oral, desarrolla el principio de imparcialidad judicial garantizado en la Coarta Política; (ii) la pasividad judicial en materia probatorio favorece la igualdad de trato jurídico entre los sujetos procesales y, en especial, la igualdad de armas en el proceso penal; y, (iii) la prohibición busca evitar situaciones de privilegio o de supremacía de una de las partes, de tal suerte que se garantice la igualdad de posibilidades y cargas en materia probatoria para las partes.
46 Código Penal Militar (Ley 1407 de 2010). Artículo 499. Solicitudes probatorias. “Durante la audiencia el juez penal militar dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión.
47 Sentencia C-205 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo), f.j. 34.
48 El parágrafo del artículo 498 del Código Penal Militar señala que “se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias”.

References: ARTÍCULO 503
 artículo 503
 artículo 250
 artículo 362
 artículo 361
 artículo 499
 artículo 221
 artículo 116
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 361
 artículo 499
 artículo 498
 artículo 11
 artículo 221
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 14
 artículo 499
 Artículo 361
 Artículo 499
 artículo 498