Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920433.html
Timestamp: 2019-11-20 02:24:11+00:00

Document:
as201920433
Auto Supremo: 433/2019
Expediente: T-42-18-A
Partes: Jesús Giovanna Ávila Irusta c/ Jenny Ávila Irusta y otros.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 809 a 821 vta., presentado por Jesús Giovana Ávila Irusta, impugnando el Auto de Vista Nº 101/2018 de 25 de junio, cursante de fs. 798 a 801 y el Auto Interlocutorio Aclaratorio Nº 48/2018 de 3 de julio a fs. 806 y vta., pronunciados ambos por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro el proceso ordinario de usucapión decenal, seguido por Jesús Giovana Ávila Irusta contra Jenny Ávila Irusta y otros, Auto Supremo de Compulsa Nº 797/2018 de 27 de agosto de fs. 961 a 964, Auto de concesión de 3 de octubre de 2018 cursante de fs. 975, Auto Supremo de Admisión Nº 1020/2018-RA; todo lo inherente; y:
1. Jesús Giovana Ávila Irusta demandó a Jenny Ávila Irusta y otros, mediante memorial de fs. 114 a 120 vta. y 140 a 150 vta., por usucapión decenal; tramitado así el proceso ordinario en la audiencia preliminar el juez de la causa emitió el Auto Interlocutorio Definitivo Nº 62/2018 de fs. 716 a 724, que rechazó IN LIMINE la demanda por improponibilidad objetiva de la misma y dispuso la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda.
2. Determinación que fue impugnada por la parte demandante de fs. 749 a 754, mereciendo el Auto de Vista Nº 101/2018 de 25 de junio, cursante de fs. 798 a 801, pronunciado por la Sala Mixta Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que CONFIRMÓ en todas sus partes el Auto Interlocutorio Definitivo Nº 62/2018 de 15 de marzo, determinación asumida en función al siguiente argumento:
La prescripción como institución jurídica exige una condicionante y reciprocidad necesaria entre la omisión del derecho por parte del dueño de la cosa y el hecho de la posesión por el usucapiente, lo que implica que uno pierda o abandone la cosa para que el otro la adquiere, situación que no se cumple en la demanda presentada toda vez que no hubo abandono o pérdida de la cosa, por el anterior propietario padre de la demandante, que ejerció su derecho sobre el inmueble hasta su fallecimiento acaecido el 06 de diciembre de 2015, donde se demuestra que nunca abandono su derecho propietario.
Además, la usucapión no es un modo alternativo de adquirir el derecho propietario cuando este ya fue obtenido por otro, en este caso por sucesión hereditaria, los herederos ingresan a poseer solo por ministerio de la Ley.
3. Resolución que fue impugnada en casación por la demandante de fs. 809 a 821 vta., que es objeto de análisis.
1. Acusó falta de motivación y congruencia por vulneración e interpretación errónea de los arts. 218.III y 265.III del Código Procesal Civil, refiere que el Auto de Vista impugnado, no resolvió sus agravios en contraposición al debido proceso y a la Jurisprudencia Constitucional, debido a que en su recurso de apelación observo los siguientes tópicos a) Nulidad del auto definitivo por falta de motivación, b) La resolución impugnada es equivoca, pues ha falseado la verdad y c) La juzgadora no ha sustentado su decisión de declarar la improponibiliad de la demanda en una de las causales establecidas por el Tribunal Supremo de Justicia.
Que uno de los elementos a la tutela judicial efectiva es tener un pronunciamiento judicial sobre el fondo de la demanda, aspecto que se le ha coartado con la declaratoria de improponibilidad, pues el Tribunal de alzada no cumplió al no resolver sus reclamos
a) Atribuye vulneración y error en la aplicación del art. 1234 del Código Civil, por mala aplicación del art. 110 del mismo cuerpo legal, porque los de instancia razonaron erróneamente respecto a que la usucapión no es un modo alternativo de adquirir la propiedad y consecuentemente no se podría obtener por usucapión si la propiedad hubiere sido adquirida por aceptación de herencia.
b) Aduce que su demanda ha sido sustentada en el art. 1234 del CC, mismo que ya fue interpretado por el Tribunal Supremo de Justicia, aun cuando exista declaratoria de herederos, el mismo que se refiere a este supuesto fáctico donde se plantea la usucapión pese a ser coherederos, error que afirma debe ser corregido en casación.
Refiere que la resolución de segunda instancia no merece recurso ulterior, tal como narra el art. 113 del Código Procesal Civil, por cuando las normas jurídicas vinculadas a la tramitación de las causas son de orden público y de cumplimiento obligatorio, en este caso la recurrente no puede crear su propio tramite, por lo que solicitó se declare improcedente el recurso de casación planteado.
Al respecto, la SS.CC. No. 2218/2012 de 08 de Noviembre, remitiéndose a la SS.CC. 0486/2010-R de 5 de julio, manifestó: “…De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia del contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.”
A tal efecto, el A.S. No. 651/2014 de 06 de noviembre, señalo; “la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, lo relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y. segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre su con el punto de la misma decisión”.
En ese mismo entendido, en la SCP Nº 0903/2012 de 22 de agosto, ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.
Por lo expuesto se puede colegir, que para el cumplimiento del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, la estructura de la resolución en la forma y el fondo, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que esta sea coherente, precisa y clara, dando a entender los motivos y/o convicciones determinativas de la Resolución, y que respondan a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones de los sujetos procesales, cumplido este extremo se tiene por realizada la motivación de una Resolución.
Del estudio de su recurso de casación en la forma se evidencia que todo su argumento gira en torno a un solo hecho, el concerniente a la falta de motivación o congruencia omisiva por parte del Auto de Vista sobre el recurso de apelación, debido a que en el citado mecanismo de impugnación observó los siguientes tópicos: a) La nulidad de la resolución definitiva por falta de motivación, b) Que la resolución impugnada es equivoca, pues ha falseado la verdad y c) la juzgadora no ha sustentado su decisorio al declarar la improponibiliad de la demanda en una de las causales establecidas por el Tribunal Supremo de justicia, agravios que a su criterio no merecieron análisis en la resolución de alzada.
Tomando en cuenta que su recurso en esencia se focaliza en la falta de motivación e incongruencia omisiva del Auto de Vista, con carácter previo corresponde enfocarnos en el análisis de dichos presupuestos, es decir que se entiende por motivación de las resoluciones judiciales, siguiendo el criterio plasmado en el acápite III.1, es un elemento o vertiente del derecho al debido proceso, que impone a las autoridades judiciales al momento de resolver la problemática planteada lo hagan en base a razonamientos jurídicos y facticos, es decir deben explicar de forma razonada y coherente el motivo por el cual adopta una determinada decisión, en otros términos es la justificación razonada del por qué se asume una postura, elemento primordial que destaca en todo Estado de Derecho, caso contrario de suprimirse este elemento no simplemente se obvia una parte estructural del fallo, sino su base esencial que permite a los justiciables entender que el motivo de la decisión no es de hecho, sino de derecho, porque una cosa es definir o disponer y otra es motivar, elementos que si bien forman parte de la resolución, pero al obviar el elemento motivación no encontramos frente a una resolución arbitraria, es decir sin sustento, en esa misma lógica y generando un estímulo jurisprudencial en cuanto al tema de la motivación de las resoluciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que: “La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.1Asimismo, cuando se acusa incongruencia omisiva este Tribunal debe única y exclusivamente analizar, si ha existido o no pronunciamiento por parte del Tribunal de alzada al tratarse de un reclamo de forma y no analizar si la respuesta es coherente en derecho o no, como si se tratase de un reclamo en el fondo.
Siguiendo el criterio doctrinario-jurisprudencial referido supra, en el sub lite no resulta evidente que el Ad quem no hubiera generado un estudio en lo que respecta a los citados puntos, pues en cuanto a la motivación del Auto Interlocutorio Nº 62/2018 de carácter definitivo desplegó el siguiente entendimiento -por otro lado la recurrente acusa la falta de motivación y fundamentación en el Auto Definitivo, respecto a este punto de apelación corresponde señalar que de la revisión del Auto Definitivo Nº 62/2018 de fs. 716 a fs.724, se tiene que el mismo contiene la motivación que sustenta las determinaciones a las cuales arribó la Juez A quo, se explica y fundamenta de manera razonada, los motivos por los cuales rechaza in limine la demanda de usucapión decenal o extraordinaria interpuesta por Jesús Giovanna Ávila Irusta por improponibilidad objetiva disponiendo la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda.
Además, no se requiere una fundamentación ampulosa, sino que sea clara y concisa, evidenciándose las convicciones determinativas que justifican las decisiones asumidas por la Juez a quo por lo que ha procedido conforme a derecho-(Sic.) motivación desarrollada por el Tribunal de alzada que en su contenido es clara y concreta, justificando su fallo en sentido que el sustento para declarar la improponibilidad objetiva por parte del Juez de la causa recae en argumentos claros y fundamentados, antecedente que denota una respuesta coherente en derecho, resultando errada su alegación en este punto, sobre todo si su reclamo estaba orientado a observar si la resolución emitida por el Juez interprete de primera instancia era motivada o no, además se comparte el criterio referido en su parte in fine (Auto de Vista), donde se destacó que para el cumplimiento de este elemento del debido proceso no es necesario que la respuesta sea ampulosa o reiterativa, en suma el Tribunal de apelación en este punto no ha efectuado vulneración alguna.
Ahora en lo que respecta a los otros dos agravios sustentados en apelación, es decir la resolución impugnada (auto interlocutorio) es equivoca, pues ha falseado la verdad y que la juzgadora no ha sustentado su decisión de declarar la improponibiliad de la demanda en una de las causales establecidas por el Tribunal Supremo de Justicia.
Sobre estas cuestionantes debemos realizar el mismo test aplicado al punto anterior, o sea analizar la existencia o no de una justificación razonada, sin embargo con carácter previo corresponde aclarar, que ambos tópicos o temas cuestionados en casación confluyen en un mismo sentido, para ser más claros tienen como esencia observar la decisión de primera instancia, pues al precisar que no correspondía invertir la carga de la prueba o no estar precisada la causal improponibilidad, lo que el recurrente implícitamente cuestiona es la decisión de fondo en sentido que no sería acorde a derecho, entonces habiendo delimitado el tema en debate corresponde analizar si existe o no una respuesta vinculada al fondo de esta problemática.
Teniendo como norte lo referido en el párrafo anterior, de un examen minucioso de la resolución del Tribunal de apelación -a prima facie- no avizoramos la ausencia de motivación extrañada, al contrario, evidenciamos que sustentaron su fallo en los siguientes argumentos: “Al respecto cabe señalar que la prescripción adquisitiva o usucapión es un modo para la adquisición de un bien inmueble, por el sólo hecho de la posesión durante el tiempo señalado por la Ley. La prescripción como institución jurídica exige una condicionante y reciprocidad necesariamente entre la omisión del derecho por parte del dueño de la cosa y el hecho de la posesión por el usucapiente, lo que implica que el uno pierda o abandone la cosa para que el otro la adquiera; situación que no se cumple en la demanda presentada toda vez que no hubo abandono o pérdida de la cosa por el anterior propietario Sr. Juez Ávila Rocabado – padre de la demandante-, toda vez que ejerció su derecho propietario sobre el inmueble hasta su fallecimiento acaecido en fecha 06 de diciembre de 2015, según se evidencia de los contratos de alquiler de los locales comerciales mismos cursan de fs. 607 a fs. 617 vta. Que si bien documento que cursan a su nombre y registran como domicilio la calle Ángel Calabi mismas que demuestran que el Sr. José Ávila Recabado nunca abandono su derecho propietario… ” en otro párrafo más adelante precisó: “La usucapión no es un modo alternativo de adquirir el derecho propietario cuando esta ya fue adquirida por otro modo, en este caso, por sucesión hereditaria y que los herederos ingresan a poseer los bienes hereditarios por el sólo ministerio de Ley, y mediante la demanda de usucapión decenal o extraordinaria se pretende adquirir nuevamente la propiedad de un bien inmueble cuando ya fue adquirido por efecto de la sucesión hereditaria.” Las citas extractadas denotan que el Tribunal de alzada para confirmar el fallo de primera instancia sustentó su decisión en dos puntos, el primero inherente a que no existirá un abandono del propietario y el segundo en sentido que no correspondería una nueva forma de adquirir el dominio, fundamentos que acreditan una respuesta sobre el fondo de la pretensión en lo que atinge a la declaratoria de improponibilidad de su demanda de usucapión, acreditando una justificación razonada del por qué se apoya la decisión de primera instancia, deviniendo en infundado su reclamo, con la aclaración que la acreditación de motivación no implica una aceptación en el fondo de la resolución, sino un análisis de la estructura de la resolución.
Como único reclamo en lo que respecta al fondo, acusa vulneración y error en la aplicación del art. 1234 del Código Civil, por indebida aplicación del art. 110 del mismo cuerpo legal, porque los de instancia razonaron erróneamente respecto a que la usucapión no es un modo alternativo de adquirir la propiedad y consecuentemente no se podría obtener por usucapión si la propiedad hubiere sido adquirida por aceptación de herencia, argumento que acusa de erróneo.
Antes de ingresar al análisis del punto observado corresponde realizar algunas precisiones, que nos permitirán sentar las bases de la motivación a desplegarse que harán clara y entendible la respuesta a emitir.
La argumentación jurídica en las decisiones judiciales es un tema amplio y complejo, debido a que esta materia permite enfocar las formas de cómo justificar una decisión en base a premisas, dentro de este amplio tema la doctrina en esta materia se ha encargado de realizar una clasificación para los tipos de argumentación jurídica, destacando entre otras la múltiple y coordinada, al respecto podemos enfatizar que la primera (argumentación múltiple) presupone -que la fuerza de cada uno de los argumentos alternativos es suficiente, en el contexto de la discusión, para establecer su conclusión. 2
y la segunda muestra la existencia de una serie de argumentos que no son distintos unos de otros, sino que fluyen con relación a un solo entendimiento.
En términos más claros, en ambos casos en una resolución existe una variedad de argumentos, sin embargo en el caso de la argumentación jurídica múltiple esa gama de argumentos son de carácter totalmente independiente, es decir ninguno se sustenta en el otro y cada uno de forma aislada permite arribar al mismo resultado, por ejemplo un fallo se respalda en tres fundamentos, entonces para enervar en su totalidad dicha resolución, debe controvertirse los tres temas, pues en caso de desvirtuarse simplemente uno, la determinación judicial seguirá firme y no sufrirá modificación alguna, porque aun encuentra sustento en dos argumentos que son totalmente independientes al enervado, y de manera totalmente opuesta en los casos de argumentación jurídica coordinada, la multiplicidad de fundamentos no son aislados sino que uno se encuentra sustentado en el otro, y basta con refutar uno para que la decisión sufra una modificación de carácter gravitante.
En virtud de lo señalado y retomando el reclamo, si bien este Tribunal encuentra evidente lo observado por el recurrente, en sentido que la aseveración efectuada por el Tribunal de apelación, de que resulta inviable la usucapión entre coherederos es errada, porque este máximo Tribunal de Justicia en diversos fallos ha establecido su viabilidad, siempre y cuando este acreditada la posesión exclusiva, sin embargo de encontrar coincidencia con el recurrente en este punto, este hecho no ha de incidir en el fondo de lo determinado en el Auto Interlocutorio Definitivo o el Auto de Vista, por que el recurrente no ha tomado en cuenta que las resoluciones de grado, tienen la característica de tener una argumentación jurídica múltiple, es decir, se encuentra sustentado varios fundamentos de carácter independiente los cuales han determinado la improponibilidad de la demanda, a ese efecto corresponde un estudio sucinto de cada uno.
En cuanto a los fundamentos que son la base del Auto Interlocutorio Definitivo 62/2018 de fs. 716 a 724, este se sustenta en los siguientes puntos: 1) Que José Ávila Rocabado, propietario registral ejerció su derecho propietario sobre el bien hasta su fallecimiento de 06 de diciembre de 2015, como se evidencia de los contratos, y 2) que la actora reconoce de forma expresa a José Ávila como dueño, apareciendo en estas circunstancias como simple detentadora.
El Auto de Vista a momento de confirmar la citada resolución solvento su fallo en dos tópicos: a) que no existió abandono por parte del titular y b) que ya hubiese operado una forma de adquirir el dominio.
En base a todos estos antecedentes y tal como dijimos supra, las determinaciones tanto de primera como segunda instancia, encuentran su respaldo en una variedad de argumentos de carácter independiente, o sea fundamento múltiple, sin embargo el ahora recurrente lo único que logra con su reclamo es enervar y refutar uno de los dos puntos, entonces aun acogiendo el mismo, continúan vigentes y valederos los otros argumentos como ser que José Ávila ha seguido ejerciendo su calidad de titular hasta el momento de su defunción en diciembre 2015 y la calidad de detentadora de la demandante que ha sido asumida en la resolución del juez de la causa, los cuales al no ser observados en casación impiden que se haga un análisis, manteniéndose por sindéresis jurídica firme y subsistente las resoluciones de grado, deviniendo en infundado su recurso de casación al no contener alegaciones suficientes para modificar la resolución de alzada.
En tal razón, corresponde dictar resolución conform e manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 809 a 821 vta., presentado por Jesús Giovana Ávila Irusta, impugnando el Auto de Vista Nº 101/2018 de 25 de junio y Auto Interlocutorio Aclaratorio Nº 48/2018 de 3 de julio, pronunciados por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
2 Hubert marraud gonzález, LÓGICA Y ARGUMENTACIÓN. LA ESTRUCTURA DE LA ARGUMENTACIÓN

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