Source: http://eotransits.foroactivo.com/t168-dictamen-de-don-antonio
Timestamp: 2017-12-17 13:57:34+00:00

Document:
Dictamen de Don Antonio
por ellv el Dom 5 Feb 2017 - 20:39
Segundo dictamen: DON ANTONIO
Mensaje por ellv el Jue 10 Dic 2015 - 12:36
Este es el dictamen de esta semana:
DICTAMEN DE ANTONIO (Madrid-1988)
Antonio, viudo, falleció el día 2 de Febrero de 2002 dejando sólo una vivienda privativa de él, sita en Madrid, calle Goya, que consta inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad. En el testamento abierto notarial dispuso en la cláusula 1ª : “Instituyo herederos, por partes iguales, a mis tres hijos, Blas, Carlos y Dimas, y si Blas lo desea le adjudico mi vivienda de la calle Goya, con la obligación de pagar en metálico la respectiva porción hereditaria a sus dos hermanos” (la indicada vivienda está valorada en treinta millones de euros a la fecha del fallecimiento de Antonio.
Las llaves de la vivienda las ha tenido siempre Blas, quien se ha encargado de su administración en vida de su padre, desinteresadamente.
El 1 de marzo de 2002 Blas (en documento privado e informado de su condición de heredero), vende la citada vivienda en la calle Goya a Alberto, casado con Berta en régimen de gananciales, por el precio de treinta millones de euros, de los que paga quince millones en el acto, y el resto se acuerda pagarlo simultáneamente al otorgamiento de la escritura que se fija para el 2 de septiembre de 2012, renunciando el comprador a cualquier acción para exigir antes el otorgamiento de escritura, con el fin de que transcurra el plazo de prescripción de impuesto (Sucesiones y Plus Valía), por la herencia de Antonio.
Las relaciones de Blas con sus hernmanos Carlos y Dimas no son buenas; y cuando aquél solicita a éstos en enero de 2003 la suscripción de un contrato privado ofreciéndoles pagar en metálico en el acto de la firma, a cada uno de ellos diez millones de euros, por su porción hereditaria, éstos se niegan, porque, según dicen “La cláusula 1ª del testamento es nula-“ (Al día de hoy las cosas no han cambiado, salvo que el piso ha duplicado su valor.
El 16 de agosto de 2012 Alberto requiere notarialmente a Blas para que comparezca en una notaría de Madrid con el fin de firmar la escritura, en la fecha pactada en el documento privado (que se fijó como se ha indicado el 2 de septiembre de 2012), aportando antes los antecedentes precisos al Notario, y ofrece pagar el resto del precio en dicho acto, advirtiendo a Alberto que de no firmarse ese día la escritura se reserva el ejercicio de cuantas acciones pudieran corresponderles. Blas contesta al requerimiento manifestando que por desacuerdo con sus hermanos le es imposible cumplir el contrato y constituye depósito ante Notario, a favor de Alberto, a quien se le notifica, por un importe de quince millones de euros en metálico, como devolución del precio, pudiendo éste retirarlo si entrega el ejemplar de su documento privado, con las firmas tachadas. El depósito sigue hoy en poder del Notario.
En Enero de 2009 Alberto y Berta se divorciaron. La sentencia se inscribe, en el mismo mes y año, en el Registro Civil.
En Febrero de 2009 donaron a su hiizo Zacarías, de catorce años (que aceptó en la misma escritura de donación) un apartamento en Gandía (Valencia), propiedad de los padres donantes comprado (con dinero ganancial durante el matrimonio de ambos), a Juan, por diez millones de euros de precio, de los que un millón quinientos mil se aplazaron hasta el 1 de septiembre de 2012. Alberto se reservó en el mismo acto de la donación el derecho a hipotecarlo por la cantidad máxima de cinco millones de euros por capital, intereses, costas y gastos.
Alberto (ya divorciado), el 1 de Junio de 2009 en garantía de un plazo de diez años, de dos millones de euros de principal, de un millón de euros por cinco años de intereses al diez por ciento, y de quinientos mil euros para costas y gastos, hipoteca (manifestando en la escritura estar casado con Berta), el reseñado apartamento de Gandía, en su propio nombre y en nombre de Berta (haciendo uso del poder notarial general que ésta le había conferido poco después de casarse y Berta. La escritura de hipoteca se presenta en el Registro de la Propiedad el 10 de junio de 2009, y se inscribe al día siguiente. A todo esto la Comunidad de Propietarios del apartamento hipoteca, ante el impago de los gastos de comunidad de los cinco últimos años, por importe de un millón de euros ha obtenido del Juzgado de Gandía embasrgo con fecha 1 de abril de 2009, que se anota preventivamente en el Registro (Letra A) el 1 de agosto de 2009.
Berta presenta el 10 de Octubre de 2009 en el Registro de la Propiedad el testimonio de la sentencia de divorcio y la copia autorizada de la Escritura de Donación a Zacarías, solicitando la inscripción a nombre de éste.
En 2013 Alberto conoce a Luisa y contraen matrimonio en Madrid, habiendo pactado en escritura de Capitulaciones matrimoniales el régimen económico matrimonial de separación de bienes, que se inscribe en el Registro Civil correspondiente. No existen hijos de este matrimonio.
El 1 de enero de 2014 Alberto constituye con Fernando una sociedad anónima, llamada “Inmuebles Madrileños, S,A.” con un capital de cuarenta millones de euros totalmente desembolsadas por mitad entre ambos, cuyo objeto social comprende, entre otros, la “compraventa de inmuebles.” Las acciones son nominativas y los dos socios Administradores Solidarios, que fueron nombrado, cada uno de ellos por el plazo de cinco años y aceptaron el respectivo cargo. Los Estatutos, en lo que ahora interesa, dicen “La sociedad quedará disuelta en caso de empate en cualquier Junta. En tal supuesto, los inmuebles, bienes y derechos de la sociedad quedarán adjudicados a los socios en proindiviso, en proporción al capital desembolsado por cada uno, y en la misma medida las deudas, en las relaciones internas entre ellos, y solidariamente a favor de los acreedores existentes en el momento de la disolución.”
La escritura de constitución se preenta en el Registro Mercantil el 6 de febrero de 2014 y se inscribe en el mismo.
Alberto, como Administrador solidario, en nombre y representación de la sociedad, el 6 de febrero de 2015 compra para la entidad, en escritura pública, un apartamento en Madrid, calle Boltaña, por precio de veinte millones de euros a Pedro, aplazándose el pago de diez millones de euros que se pagarán en un solo plazo con vencimiento el 8 de Febrero de 2020, y que se garantiza con condición resolutoria expresa y fianza solidaria de Alberto y Fernando que la prestan en su propio nombre.
En Marzo de 2015, Alberto y Fernando, como únicos socios de la compañía, celebran Junta Universal, con el único punto del Orden del día siguiente: “Compra de un apartamento en Madrid, calle Pedernal”. No hay acuerdo (empate en la votación: Alberto quiere comprar, Fernando no quiere comprar), y ante esto se nombra en la misma Junta Liquidador a Fernando, que acepta, el cuál a los pocos días expide certificación comprensiva, entre otros puntos, del empate en la Junta y vende en escritura su mitad indivisa en el apartamento de la calle Boltaña a Tadeo, por el precio de diez millones de euros, de los que recibe en el acto cinco millones, subrogándose Tadeo en la mitad del precio aplazado pendiente de pago y liberando de la fianza al vendedor Fernando.
En Julio de 2015 fallece Zacarías intestado, mayor de edad, soltero y sin descendientes, sobreviviéndole sus padres Alberto y Berta.
En septiembre de 2015 fallece repentinamente Alberto, bajo testamento abierto notarial otorgado en 2014 en el que instituye herederos a sus tres hijos del primer matrimono (Zacarías, Yolanda y Verónica, todos mayores de edad en la fecha del testamento), por partes iguales, y nombra a su esposa Luisa albacea y contador-partidor, con las más amplias facultades, incluida la entrega de legados, reconociéndole exclusivamente su cuota legal usufructuaria, y sancionando con pérdida de todos los derechos, excepto la legítima estrícta, que será abonable en metálico, a aquél de sus hijos que no acate el testamento o los actos de ejecución del mismo por Luisa y amplia a ésta el plazo legal por dos años más.
Luisa acude al Notario y le expone todos estos hechos, y le dice que lo único que tiene claro es que quiere adjudicar todos los inmuebles a Yolanda, concediéndole un plazo de dos años para pagar su parte a los demás interesados.
Ante esta situación, Luisa solicita al Notario que emita DICTAMEN, preciso, claro y fundamentado sobre la situación actual de los distintos bienes y cuáles son los derechos y acciones que pueden ejercitar todas las presonas físicas o sus herederos y jurídicas citadas en el presente supuesto.
NOTA: Todos los nombrados en el supuesto de hecho están sujetos al derecho común, y se solicita que el dícamente se emita a fecha de hoy. Todos los hechos narrados son ciertos.
Dictamen propuesto por el Tercer Tribunal de las Oposiciones a Notario, de Madrid, convocatoria 1997/98, y pracicado el 17 de noviembre de 1998.
Advertencia: Se han subido veinte años las primeras fechas, y las últimas algunos años menos para no pasarnos de las fechas actuales.
Evidentemente la fecha de emisión del dictamen, para cada uno, será la del día en que efectivamente la realice.
DICTAMEN realizado en el Colegio de Barcelona para la preparación de la oposición de 2015/2016. Ha sido ponente el Notario Don Alfonso Carbonell.
Hoy 16 de diciembre 2015, he salvado una modificación en el texto que había transcrito con error. Lo que Fernando vende no es el apartamento de la calle Boltaña, sino "su mitad indivisa de dicho apartamento"
Dictamen Don Antonio:Solución-I
por ellv el Dom 5 Feb 2017 - 20:42
DICTAMEN DON ANTONIO- SOLUCIÓN- Primera parte
Mensaje por ellv el Jue Dic 17, 2015 4:18 am
DICTAMEN DE ANTONIO—SOLUCIÓN
Sumario: Sucesión de Antonio. Apartamento en Gandía. Sucesión de Alberto. Inmuebles Madrileños, S.A.
SUCESIÓN DE ANTONIO.
De los supuestos de hecho de que partimos, resulta que:
-.- Que falleció viudo en 2005.
-.- Tenía tres hijos: Blas, Carlos y Dimas.
-.- Su único patrimonio estaba constituido por una vivienda privativa en la calle Goya de Madrid, cuyo valor al tiempo del fallecimiento del causante está valorada en treinta millones; y en la proposición del dictamen, lo está en sesenta millones. Sus llaves las ha tenido siempre Blas.
-.- Fallece habiendo otorgado su última voluntad mediante testamento en el cuál se limitó a establecer, por lo que se nos dice, exclusivamente lo siguiente: “Instituyo herederos, por partes iguales, a mis tres hijos; y si Blas lo desea le adjudico mi vivienda de la calle Goya, con la obligación de pagar en metálico la respectiva porción hereditaria a sus dos hermanos.”
II.- Validez de la cláusula.
El primer problema que se nos plantea es el de la validez de esta cláusula testamentaria, ya que se nos indica que uno de los hermanos de Blas la considera nula.
El problema inicial es el de averiguar la fecha en la que Antonio otorgó testamento, cosa que no se nos indica, por lo que debemos plantearnos varias hipótesis (Queremos recordar previamente que en la redacción original del supuesto, el causante había fallecido en 1985, y se propuso en 1988).
2º-) Testamento otorgado antes de 1981.
a-) Introducción. En efecto, si bien en la actualidad tal cláusula podría verse amparada en el a. 841 y ss, antes de la ley de 13-mayo-1981 no estaba admitida en el código, ya que:
-.- La legítima de los descendientes debía pagarse con bienes hereditarios, pues era, al igual que lo es ahora, considerada por la mayoría de la doctrina como pars bonorum.
-.- El a. 1056-2, tenía una redacción diferente, y sólo se refería al padre que quisiera conservar indivisa una explotación agrícola, industrial o fabril, cosa que difícilmente podemos predicar de un piso.
-.- Los preceptos de la división de la cosa común sólo hablan que si la cosa no admite división se deberá vender en pública subasta con admisión de licitadores extraños y los comuneros se distribuyan el precio obtenido.
-.- Y los demás preceptos que invocaba la doctrina eran los relativos a la mejora o legado de cosa que excedía de la cuota.
En consecuencia, parece que si el testamento se hubiera otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley; y EL FALLECIMIENTO DE ANTONIO se hubiera producido durante su vigencia, tal cláusula seguramente hubiera devenido ineficaz.
b-) Posible validez de la cláusula a pesar de ellos. Sin embargo, en algún caso la DGRN admitió la validez de la partición en que se adjudicó el único bien a un coheredero por ser indivisible y se abonó a los demás su parte en metálico. Pero hay que resaltar que también existe otra resolución en sentido contrario.
No habría problema si el dinero con el que se paga a los otros coherederos que son también todos legit5imarios, existiera en el caudal de la herencia, porque en tal caso, aunque el a. 1061 establezca que en la partición de herencia se ha de guardar la posible igualdad, lo cierto es que no habiendo más que una cosa, tendremos que acudir a lo que establece el a. 1062.
Y si bien es cierto que este precepto establece que bastaría con que uno de los coherederos pida la pública subasta para que así se haga, no lo es menos que de conformidad con el a. 1056 podría tratarse de una partición de herencia hecha por el testador si Blas así la desea, lo cuál no vemos inconveniente en admitirlo.
Admitiendo el a. 1056-1, para el caso de que el dinero para pagar a los hermanos fuera hereditaria, sólo nos quedaría admitir que el a. 1062 se refiere a dinero extrahereditario para aceptar la validez de la cláusula en la legislación anterior.
Pero parece que estas adjudicaciones en base al a. 1062 sólo puede hacerse con el consentimiento de los coherederos. Y por tanto, si el causante hubiera fallecido antes de entrar en vigor la citada ley de 1981, creemos que tal cláusula hubiere sido ineficaz.
c-) Testamento anterior y fallecimiento posterior. Es decir, ahora debemos plantearnos qué creemos que ocurriría si habiendo sido otorgado el testamento antes de la ley de 1981, el causante fallece después de la entrada en vigor de esta ley.
O, lo que es lo mismo, si el testamento otorgado bajo legislación que contiene una cláusula no permitida por el ordenamiento jurídico entonces vigente, puede devenir eficaz como consecuencia de un cambio de la normativa aplicable.
Hay que tener en cuenta que si bien el testamento es un negocio que se otorga en un determinado momento histórico, sólo adquiere plena eficacia en el momento del fallecimiento del testador.
Basta pensar que después del testamento el testador pudo haber adquirido una cuantiosa fortuna y entre ellos numerosos pisos, con lo que la eficacia de dicha cláusula se hubiera diluido, porque evidentemente hubiere sido eficaz.
Pero lo que interesa ahora es la aplicación de las normas de derecho transitorio. Y así hemos de destacar las siguientes:
-.- La disposición transitoria primera del CC establece que “…si el derecho (la posibilidad de que el testador haga uso del 841) aparece declarado por primera vez en el código, tendrá efecto desde luego…”
-.- La disposición transitoria octava de la de la ley de 13-mayo-1981 establece claramente que “Las sucesiones abiertas después de la entrada en vigor de esta ley se regirán por la nueva legislación.”
-.- Y el propio a. 9-8 CC aplicable a casos parecidos establece que “las sucesiones por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento.” Lo que nos da a entender que será válido el testamento otorgado de conformidad con la llamada “ley causa”, es decir, la que rige la sucesión.
En consecuencia creemos que si el testamento se hubiera otorgado antes de la entrada en vigor de la ley de 1981 y el fallecimiento del causante Antonio se produjera (como se produce), después de su entrada en vigor, la cláusula de mismo antes transcrita será válida, siempre que lo sea de acuerdo con la norma vigente al tiempo del fallecimiento, que es lo que pasamos a examinar.
3º-) Testamento otorgado después de 1981.
a-) Introducción. Pues en tal momento no dudamos de la eficacia de la cláusula en base al a. 841 y complementarios del CC que consagra la posibilidad de que el testador disponga de todos los bienes hereditarios se adjudiquen a un hijo o descendiente y que éste abone a los demás su porción en metálico.
Es cierto que el a. 841 sólo indica que el testador lo ordene tajantemente; pero no vemos inconveniente en que lo exprese sólo de manera codicional: “Si Blas lo desea”, y ello porque de la propia regulación del código resulta evidente que aunque el testador lo hubiere ordenado de forma imperativa , cualquiera de los hijos… obligado a pagar en metálico la cuota hereditaria de sus hermanos podrá exigir que dicha cuota sea satisfecha en bienes de la herencia (842).
b-) Conclusión. Por tanto no vemos problema alguno a la validez de dicha cláusula; que por tanto estimamos eficaz en todo caso en el momento del fallecimiento del testador.
4º-) Ulteriores vicisitudes.
a-) Formalidades ulteriores. Creyendo por tanto en la validez de esta cláusula vemos que el CC exige para su eficacia el cumplimiento de formalidades posteriores, como son:
-.- La aceptación de Blas, no sólo la herencia, sino también a la cláusula. Las damos por supuestas, porque al menos se han realizado de forma tácita, pues ha comunicado a sus hermanos la decisión de conmutar (aunque no de forma fehaciente, pero sí de forma cierta, como se nos indica al final del propio supuesto); como por el hecho de la pretendida ulterior venta de la vivienda, lo que implica por supuesto la aceptación de la herencia y de la cláusula, conforme al a. 1000.
-.- La notificación por el beneficiario de su decisión en el plazo de un año, como resulta del a. 844, lo que efectivamente se realiza como nos indica el supuesto.
-.- Y el pago debe realizarse en el plazo de otro año. Cosa que no se realiza, tanto porque uno de los hermanos se opone, como por el hecho de que Blas, no abona a ninguno de sus hermanos la expresada cantidad.
b-) Consecuencias. Como consecuencia de lo expuesto resulta que han transcurrido más de dieciocho años del fallecimiento del causante sin que el pago se hecho.
Y, por tanto no queda otro remidio que aplicar lo dispuesto en el a. 844-2 conforme al cual transcurrido el plazo sin que el pago haya tenido lugar, caducará la facultad conferida al hijo o descendiente… y se procederá a repartir la herencia según las disposiciones generales sobre la partición.
c-) Conclusión. Como consecuencia de lo expuesto, deberemos llegar a la conclusión de que al no haberse realizado el pago deviene ineficaz la cláusula y los tres hermanos herederos deben proceder a realizar la partición de común acuerdo o acudir a la partición judicial.
III.- Momento de la valoración del bien.
Hay que tener en cuenta que dicho piso:
-.- En el momento del fallecimiento tenía un valor de treinta millones.
-.- En el momento de la celebración del contrato de compraventa, seguía valiendo los treinta millones.
-.- Pero en el momento actual su valor se ha duplicado.
Por ello nos interesa saber cuál será el valor real para satisfacer la porción de los diversos interesados.
2º-) Momento de la valoración.
Tal momento lo establece claramente el a. 847: será el valor que tengan los bienes en el momento de liquidarles la porción correspondiente.
Ahora bien, estas reglas son para el caso del a. 841 y complementarios. Pero por las vicisitudes (no aceptación, no pago, e inacción de todos), tendremos que aplicar las reglas generales de la partición hereditaria, que nos fijaraán como tal el instante en que se valoren. Y además, en cada momento hasta que se realiza la partición, todos los aumentos o disminuciones deberán sufrirlas todos los coherederos, pues a ellos pertenece la comunidad hereditaria.
Por tanto si Blas hubiera satisfecho la cuota de sus hermanos con dinero extrahereditario dentro de los dos años previstos, habría tenido que pagar sólo diez millones a cada uno. Y se hubiera quedado con el piso, siendo exclusivamente a su favor el incremento de valor que hubiera experimentado.
Claro que al realizar la presunta venta por esos mismos treinta millones, si hubiera cumplido con los requisitos del a. 841 y ss, y hubiera entregado la posesión, el comprador hubiera adquirido el dominio y entonces el incremento de valor hubiera sido delcomprador Alberto. Pero tal situación no se ha producido.
IV.- Venta realizada por Blas.
Se nos advierte que:
-.- Un mes después del fallecimiento de su padre, Blas, que era poseedor de hecho de la finca, y alegando al comprador su condición de heredero:
-.- Vende la casa a Alberto, casado con Berta bajo gananciales por precio de treinta millones que se pagan: la mitad en el acto; y el resto al cabo de algo más de diez años en cuyo momento se otorgará la escritura.
-.- Se indica que el aplazamiento lo es para evitar el pago de ciertos impuestos. Por supuesto esto es totalmente ilegal, pero la ineficacia de este motivo sólo debe llevar a la no efectividad de la cláusula (no la del contrato), y a producir las pertinentes sanciones fiscales.
-.- Se formaliza la venta en documento privado, lo que por sí mismo no implica la entrega de la posesión.
-.- Y finalmente, no se expresa si Alberto recibe o no la posesión de la finca. Lo más probable es que así haya sido, porque es difícil pensar que se pague la mitad del precio y se aplace el resto sin otorgarse la escritura, si no se entra en la posesión material de la finca.
-.- Transcurrido el plazo el comprador solicita la elevación a público del documento privado.
-.- Y Blas indica que no puede hacerlo por las divergencias con sus hermanos, y deposita los quince millones recibidos a disposición del comprador si éste “se olvida” de la compra.
2º-) Situación en que se encuentra la vivienda en los diversos momentos.
a-) Introducción. Fallecido Antonio, la vivienda se encuentra en la comunidad hereditaria. Pero el problema es determinar en qué momento adquiere el dominio el beneficiado por el a.841 cuando efectivamente se hace uso de esta facultad.
Del análisis de los preceptos del CC, resulta que:
-.- En realidad Blas no puede adquirir el dominio del Bien hasta que acepte la herencia por aplicación de las reglas generales del derecho de sucesiones. Ya dijimos que entendíamos su aceptación con la notificación que realiza a sus hermanos y sin duda la implica la venta en documento privado de la vivienda a Alberto, ya que según el 999-3 estamos ante un acto que supone necesariamente la voluntad de aceptar, y que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero.
-.- Bien. Pero es que además para adquirir el bien necesita sucesivamente:
-.- Indicar a sus hermanos la decisión de conmutar (lo que hace).
-.- Que abone a sus hermanos su parte en metálico (lo que no hace)
-.- Y que la partición sea confirmada expresamente por todos los interesados, aunque también valdrá seguramente la confirmación tácita; o que se obtenga la pertinente autorización antes del Juez, ahora del Secretario Judicial (O del letrado al servicio de la administración de justicia: otro cambio transcendente de los realizado este año) o del notario.
Y ello porque sólo la partición legalmente hecha confiere según el a. 1068 a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados. Y dicha partición no queda legalmente hecha sin el cumplimiento de todos estos requisitos que acabamos de indicar.
Puede defenderse una segunda interpretación consistente en que Blas adquiere el dominio del bien, con la aceptación de la herencia y la notificación a sus hermanos de su decisión de aceptar.
Pero esta adquisición del bien antes de la realización del pago y de la confirmación o aprobación de la partición (que puede defenderse apoyándose en los preceptos del RH que regula la inscripción de esta clase de particiones), sólo podría serlo sujeto a la doble condición resolutoria:
-.- Que pagara a sus hermanos.
-.- Y que se confirmara o aprobara la partición judicial o notarialmente.
De tal forma que si, por no cumplirse estos requisitos o si por decaer la facultad hemos de acudir a la comunidad hereditaria normal, resultará la pérdida de dominio que Blas acaso podría haber ostentado personalmente.
Esta posibilidad parece perfectamente sostenible; aunque nosotros vemos más lógica la primeramente expuesta. Por tanto, a los efectos ulteriores del dictamen, entenderemos que pudo adquirir el dominio de la vivienda cumpliendo con los requisitos legales, al no haberlos cumplido ha perdido su derecho; y al haber transcurrido el plazo señalado por el código ahora la vivienda está ahora integrada en la comunidad hereitaria.
b-) Situación de Alberto. Pues bien, ya dijimos que ignoramos si ha recibido o no la posesión; pero realmente nos es igual, ya que en ningún caso ha podido adquirir el dominio de la finca:
-.- Si hubiéramos mantenido que Blas adquirió el dominio sujeto a la condición resolutoria expresada; al realizar la venta y entregar la posesión (si la entregó), Alberto podría haber adquirido el dominio sujeto a las mismas condiciones resolutorias que tenía Alberto (pagar y aprobarse la partición). Si Alberto no recibió la posesión, de ninguna de las maneras pudo adquirir el dominio.
-.- Pero como hemos mantenido que Blas no puede adquirir el dominio de la finca hasta que paga a sus hermanos y se confirma o aprueba la partición (porque hasta entonces la partición no está legalmente hecha), resultará que en ningún momento Alberto ha podido adquirir el dominio de la vivienda, independientemente de que se le haya entregado o no la posesión. Su situación en particular está tratada en el folleto “venta de la cosa común por el comunero”.
Además, Alberto tampoco ha podido adquirir el piso por usucapión, porque aunque se le hubiera entregado la posesión, es cierto que tiene un título; pero en él se expresa la cualidad de heredero del vendedor, luego nunca puede tener buena fe, y serán necesarios los treinta años, que todavía no han transcurrido.
Por tanto, la venta realizada por Blas:
-.- No puede producir la transmisión del dominio, ya que el vendedor carece de él.
-.- El comprador puede:
-.- Ejercitar la facultad del a. 1124 porque no se le entrega el dominio. En tal caso se le devolverá el precio con la indemnización de daños y perjuicios.
-.- O esperar el resultado de la partición. Si se realiza ésta. Entonces, caben dos posibilidades: La primera que la cosa se adjudique a otro coheredero, en cuyo caso Alberto sólo tendría la citada facultad del 1124. Y la segunda que se le adjudique al propio Blas, en cuyo caso, en virtud de su contrato de compraventa, puede exigir que se le entregue la cosa con la correspondiente traslación del dominio. En estos casos si tiene la posesión, algún autor admite que el dominio sea adquirido por Alberto simultáneamente al recibirlo Blas, sin que sea necesario ningún otro acto posesorio especial.
3º-) Pacto de no elevar el documento a público durante diez años.
En primer lugar es discutible si es válido o no el pacto de diferir el otorgamiento de la escritura pública a un momento posterior.
En principio parece que debería estar prohibido por tratarse de un precepto aparentemente imperativo; y ello aunque sea frecuente en la práctica, como ocurre:
-.- Cuando la partición ya está hecha de forma verbal, esperar a que se formalice documentalmente.
-.- Cuando sea preceptiva alguna licencia, esperar a que esta se obtenga.
-.- Cuando se está construyendo un edificio y se compra un piso, esperar a que finalicen las obras.
Pero a pesar de esta práctica, pueden presentarse dos hipótesis:
-.- O el negocio es válido en sí (caso de partición sin formalizar documentalmente o de vivienda en construcción) en las que sólo hay defecto de titulación. En estos casos creemos que el pacto es ineficaz, porque a pesar de él y de conformidad con el a. 1278 y ss del CC, podrá cualquier parte exigir su elevación a público.
-.- O el negocio no es válido en sí mismo (falta algún requisitos esencial como la autorización o la licencia), en cuyo caso sigue siendo también de nuevo ineficaz ya que por mucho que se empeñen las partes el notario no autorizará la escritura, ni aunque lo hiciera por error, el registrador inscribiría.
En el supuesto del dictamen resulta evidente la intención defraudatoria del pacto y por tanto debemos tacharlo de ilicitud. Pero la ilicitud del pacto y las posibles sanciones fiscales, no deben llevar consigo la ilicitud del negocio principal. Estaremos ante un negocio válido en el que uno de sus pactos es ilícito, y en este caso sólo se puede producir la ineficacia parcial del negocio.
Hay que recordar que tal venta es válida, porque la compraventa en nuestro derecho es simplemente obligatoria y productora de obligaciones (no traslativa del dominio).
En consecuencia, sobre este punto debemos contestar que:
-.- Blas tuvo la posibilidad de ejercitar la opción, como efectivamente la ejercitó; pero al no haber pagado a sus hermanos, la cláusula alternativa del testamento devino ineficaz.
-.-Por tanto la vivienda de la calle Goya, sigue estando en la comunidad hereditaria integrada por los tres hermanos: Blas, Carlos y Dimas.
-.- La venta que Blas realizó de la vivienda, en ningún momento transmitió el dominio a favor de Alberto (casado bajo gananciales con Berta), ni siquiera aunque se le hubiere entregado la posesión, ya que como hemos visto el comprador de la vivienda no tuvo ningún medio idóneo para adquirirlo.
Por tanto, Alberto y Berta podrán:
-.- O resolver la venta exigiendo la devolución de lo pagado más los daños y perjuicios que se les hayan ocasionado.
-.- O esperar a que Blas, Carlos y Dimas realicen la partición de la herencia de su padre Antonio. Si en ella se adjudica la vivienda a Carlos y Dimas, sólo podrá Alberto y Berta, como en el caso anterior, acudir a la resolución del a. 1124. Pero si se le adjudica a Blas (e independientemente de lo que él haya abonado a sus hermanos), podrán Alberto y Berta hacer valer su contrato de compraventa, exigir el otorgamiento de la escritura, y pagar el resto del precio pactado en ella.
APARTAMENTO EN GANDIA.
De los antecedentes de hecho que se nos facilitan, resulta que:
-.- Pertenece a Juan.
-.- Quien lo vendió a Alberto y Berta, que lo adquirieron con dinero ganancial de ambos, y consiguientemente se convirtió en ganancial (a. 1347-3).
-.- El precio de diez millones se abonó:
-.- Ocho millones quinientos mil euros al tiempo de otorgarse la venta o antes. Carece de interés.
-.- Y el millón y medio restante queda aplazado para ser abonado en 2015.
-.- No se nos dice si el pago del precio se garantizó o no con condición resolutoria expresa del a. 1504. Si así fue tal condición resolutoria es una carga que tiene la finca, y consecuentemente en caso de impago el vendedor tiene no sólo la acción personal para dirigirse contra los compradores, sino también la acción resolutoria para recuperar el piso.
-.- Si no hubo tal condición resolutoria, como creemos porque de lo contrario se nos habría dicho, el vendedor mantiene la acción personal contra los compradores; pero carece de acción real para dirigirse contra quien en el momento del impago sea el titular del dominio del piso. Aparte otras normas, así resulta del a. 11 LH.
-.- Excepcionalmente cuando el comprador es una persona casada bajo régimen de gananciales, el a. 1370 establece que por el precio aplazado del bien ganancial adquirido por un cónyuge sin el consentimiento del otro, responde siempre el bien adquirido. Pero hay que tener en cuenta que:
-.- Este precepto sólo será aplicable mientras el bien esté en el patrimonio ganancial; no si se ha enajenado a un tercero y el precio aplazado no está garantizado con condición resolutoria.
-.- Y en el presente supuesto el bien ha sido adquirido por ambos cónyuges (Sólo queríamos recordar la existencia del 1370, porque a veces esas cosas se olvidan).
II.- Divorcio de Alberto y Berta.
Por lo que ahora interesa el divorcio produce la extinción del matrimonio y la disolución de la sociedad de gananciales. Lo que lleva consigo que dicho apartamento se integre en la llamada comunidad post-ganancial de ambos, de la que no se nos dice en ningún momento que se haya procedido a su liquidación.
III.- Donación del apartamento a Zacarías.
1º-) Disposición de un bien post-ganancial.
El primer problema que se nos plantea es el de si es posible la disposición de un bien post-ganancial, por ambos cónyuges, sin que haya precedido la previa liquidación total o parcial de dicha comunidad.
En principio parece que sería necesaria tal liquidación. Pero basta recordar la doctrina del TS y de la DGRN que afirma que en la comunidad hereditaria para la enajenación de un bien integrado en la misma no es necesaria su previa liquidación, aunque sí el consentimiento unánime de todos los partícipes.
Es cierto que en un primer momento se mantuvieron diferentes teorías sobre la naturaleza de esta comunidad, afirmando que se trataba:
-.- De una comunidad, de tal forma que cada uno de los integrantes (el marido y la mujer, o sus herederos), era titular de una mitad indivisa de cada uno de los bienes.
En tal caso la enajenación habría que hacerla también por unanimidad de conformidad con las reglas de los a. 392 y ss.
-.- De una continuación de la sociedad de gananciales, por lo que debían regirse por sus reglas. En consecuencia, según las diferentes posiciones, podía disponer uno de los cónyuges con el consentimiento del otro o la autorización judicial supletoria.
-.- Pero prevaleció la tesis de DIEZ-PICAZO, para quien se trata de una comunidad similar a la hereditaria. Y ello porque el a. 1410 que en todo lo no previsto por la sección relativa a la liquidación de los gananciales se observará lo establecido para la partición y liquidación de la herencia.
Y, por aplicación de la doctrina antes indicada, bastará pues el consentimiento de ambos cónyuges (y si uno ha fallecido su lugar lo ocuparán sus herederos), para realizar la enajenación de cualquier bien, sin necesidad de la previa liquidación de la comunidad post-ganancial.
En consecuencia, Alberto y Berta tienen la facultad de enajenar la finca de la forma que estimen por conveniente, sin perjuicio de que se le siga adeudando al vendedor el millón quinientos mil euros, del que seguirán respondiendo ambos con todos sus bienes presentes y futuros, de conformidad con el a. 1911 del CC.
2º-) Contenido de la donación.
a-) Introducción. Del texto del supuesto resulta que:
-.- Intervienen como donantes Alberto y Berta.
-.- El donatario fue su hijo Zacarías, de 14 años de edad.
-.- Se formalizó mediante escritura pública.
-.- Y en ella se reservó Alberto el derecho a hipotecarla por una cantidad máxima de cinco millones de euros por capital, intereses, gastos y costas.
-.- No hubo pacto sobre el pago del precio aplazado.
-.- Y la escritura, de momento, no se llevó al registro y por tanto no fue inscrita.
Esta escritura plantea una serie de problemas, que pasamos a examinar.
b-) Aceptación de Zacarías.
En principio Zacarías no ha alcanzado la mayoría de edad, pero según el a. 626 del CC las personas que no pueden contratar no podrán aceptar donaciones condicionales ni onerosas sin la intervención de sus legítimos representantes.
No pueden prestar el consentimiento, según el a. 1263, los menores no emancipados y los incapacitados (aunque ahora lo dice con mayor precisión y complejidad). Pero A SENSU CONTRARIO, resultará que si la donación no es condicional ni onerosa, sí que podrán aceptarla.
Pero hay que ir por partes:
-.- Si esas personas que no pueden contratar carecen de capacidad natural, es decir, ni saben ni entienden lo que se está haciendo, evidentemente no pueden aceptar. El negocio será siempre ineficaz (salvo que concurra algún representante legal que pueda aceptarlo en su nombre).
-.- Por el contrario, si esa persona que no puede contratar, en ese momento Zacarías, sabe lo que está haciendo y el significado del negocio, es decir tiene capacidad natural, es cuando la ley le permite aceptar la donación que no sea condicional u onerosa, porque de ella no se le deriva ningún perjuicio.
La capacidad natural de Zacarías la presumimos en un joven de catorce años; la legislación notarial le permite intervenir en el otorgamiento de escrituras; y evidentemente si el notario hubiera estimado que carecía de capacidad natural no hubiera autorizado la escritura.
En el caso de que la donación fuera condicional u onerosa, y la realizase un extraño, deberían aceptarla conjuntamente los dos titulares de la patria potestad; si fuera uno de los padres el donante, el otro. Y si ambos fueran donantes, debería nombrarse un defensor judicial, pues en la donación condicional u onerosa hay contraposición de intereses entre donante y donatario.
Por donación condicional hay que entender aquélla que queda sometida a alguna de cualquier tipo; y por onerosa, aquélla que implica la obligación de realizar cualquier cosa, e incluso podríamos incluir la modal.
Pero hay que entender que en principio son libres:
-.- La donación de nuda propiedad reservándose el donante el usufructo. Hay una donación pura de nuda propiedad.
-.- La donación de una finca hipotecada, siempre que el donatario no asuma la deuda. Lo más que puede ocurrir es que pierda la finca en caso de impago.
-.- La donación de una finca sobre la que exista alguna limitación, como una prohibición de arrendar o alguna carga urbanística.
c-) Reserva por el padre de la facultad de hipotecar. Parece que debemos considerarla permitida porque podemos incluirla en la letra del a. 639 ya que si bien se discute si hay posibilidad de que el donante se reserva la facultad de disponer del único bien donando, no parece dudoso de que se reserve la posibilidad de disponer de cierta cantidad con cargo a él.
Pero obsérvese que no estamos claramente en la hipótesis del precepto, ya que él parte de la idea de que:
-.- La facultad se reserva a favor del donante, y aquí la facultad se la reserva exclusivamente uno de los donantes.
-.- Y el precepto habla de la posibilidad de disponer de alguna cantidad con cargo al bien donando, lo que suele entenderse en el sentido de que puede pedir al donatario dicha cantidad, y en caso de que no se la entregue, proceder a la enajenación o gravamen parcial del bien. En la cláusula parece que puede proceder a hipotecar el bien (hasta la cantidad señalada), sin más, sin necesidad de solicitar dicha cantidad al donatario.
Pues bien, a pesar de ambas reservas creemos que podemos permitir dicha cláusula, ya que:
-.- La reserva exclusiva a favor de uno sólo de los cónyuges podemos admitirla, tanto porque están ambos de acuerdo, como porque es inferior al valor de lo que se estima donado por cada uno. (Si atendemos a los preceptos relativos a la colación, vemos que lo donado por ambos cónyuges a un hijo se colaciona por mitad en la herencia de cada uno. 1046).
-.- Y la facultad de hipotecar es fácilmente asimilable a las permitidas por el a. 639.
c-) Conclusión. Como consecuencia de lo expuesto partimos de la base de que la donación está perfectamente realizada. Se trata de un negocio totalmente eficaz en todos sus aspectos y en todos sus pactos; y han prestado el consentimiento válida y eficazmente tanto los donantes como el donatario.
Por tanto consideramos válido la reserva que en él se contiene.
d-) Obligación del donatario de pagar deudas.
De los preceptos del CC resulta que:
-.- Puede pactarse en la donación que el donatario se haga cargo del pago de las deudas del donante.
-.- Si la donación no contiene otra cláusula, por tal pacto el donatario sólo queda obligado a abonar las deudas que el donante haya contraído con anterioridad a la donación. Pero el propio 642 admite incluso el pacto de abonar las posteriores.
-.- Si la donación contuviera alguno de estos pactos la donación tendríamos que considerarla como onerosa; y, por tanto, no sería válida la aceptación realizada por el donatario. En tal caso, como tenía la capacidad natural, por aplicación del a. 1300 y 1301 la donación sería anulable, y la acción duraría cuatro años a contar desde que Zacarías alcanzara la mayoría de edad.
-.- Pero como no contiene tal cláusula, nada podemos alegar.
-.- Ahora bien, conforme al 643 cuando no hay cláusula de pago de deudas, el donatario sólo está obligado a abonarlas si la donación se ha producido en fraude de acreedores. Recordemos que para la existencia del fraude de acreedores, es preciso entre otros requisitos que tanto donante como donatario sean conscientes del fraude.
-.- Y, finalmente, el precepto añade que se presume el fraude si el donante no se ha reservado bienes suficiente para pagar sus deudas.
Recordemos que la rescisión es una acción subsidiaria por lo que sólo se puede ejercitar cuando los acreedores no pueden cobrar de otra forma lo que se les debe.
Recordemos que la existencia de una donación en fraude de acreedores, implica dos cosas:
-.- La posibilidad de que los acreedores de los donantes procedan a la rescisión de la donación, lo que sólo podrán realizar mientras la cosa esté en poder de Zacarías, no si se halla en el dominio de un tercero que haya procedido de buena fe.
-.- Y la responsabilidad citada del donatario del pago de deudas. La doctrina, que no el código, entiende que el donatario sólo responde hasta el valor de lo donado. Y, lógicamente, si se produce la rescisión, se le podrá exigir la indemnización de daños y perjuicios, pero no otra cantidad por principal.
IV.- Hipoteca constituida por Alberto.
a-) Dominio del bien. Ya dijimos que en este momento está el piso en el dominio de Zacarías, ya que la inscripción de la donación en el registro de la propiedad no es constitutiva de la transmisión del dominio.
b-) Facultad de Alberto. Además Alberto tiene la posibilidad de hipotecar el bien hasta la cantidad de cinco millones de euros (más intereses, costas y gastos).
Pero interesa destacar que esta facultad emana de la donación y carece de existencia fuera de ella. Para ejercitarla debería ir siempre acompañada de la escritura de donación, que es la que justifica su existencia (También para acreditar su realidad nos serviría certificación registral de que la donación está inscrita y la inscripción contiene esa cláusula; pero recordemos que no se llevó al Registro).
c-) Otorgamiento de la escritura de hipoteca. Recordemos que la finca sigue inscrita en el Registro con el carácter de ganancial; y por ello Alberto constituye la hipoteca, pero:
-.- Afirmando que todavía está casado con Berta.
-.- Y haciendo uso de un poder general que ésta le había conferido poco después del matrimonio, y cuya copia auténtica exhibe al notario.
d-) Manifestación de que sigue casado. Se tratará de una falsedad, pero en nada afecta a la eficacia o ineficacia del negocio documentado.
e-) Revocación del poder. Pero el poder está revocado en virtud del a. 102 CC. Esta revocación por ministerio de la ley evidentemente se produce de forma automática entre los cónyuges; pero respecto a terceros se plantea el problema de si:
-.- Se produce ipso iure por el sólo hecho de producirse la admisión de las demandas que cita el precepto.
-.- Será necesario el reflejo en el Registro Civil en el que consta inscrito el matrimonio para que la revocación produzca efectos frente a terceros.
-.- O por el contrario será aplicable también a éstos las reglas de subsistencias de los poderes extinguidos que establece para la revocación del mandato los a. 1734 y 1738 del Código civil.
La doctrina está dividida; e ignoramos que exista jurisprudencia al respecto. Pero a nosotros siempre nos ha parecido más segura esta regla. La revocación por ministerio de la ley no sólo se produce en este supuesto, sino también en los casos de fallecimiento del poderdante, y aquí ni se discute que se apliquen dichos preceptos.
Es cierto que alguna sentencia del Supremo habla de la existencia de extralimitación del poder cuando el apoderado lo utiliza para finalidades distintas de las estipuladas; y entonces concede al tercero simplemente la acción de responsabilidad contra el apoderado (STS 24-Enero-2000).
Pero si bien es cierto que en las relaciones poderdante/apoderado hay una causa, unas instrucciones y una responsabilidad; creemos que en las relaciones entre el apoderado y el tercero debe haber una total abstracción. El poder debe servir para todo lo que en él se expresa, sin más limitaciones que las que resulten de su tenor literal.
Es cierto que DG y TS hacen todo lo posible para limitar los poderes generales y su interpretación en casos en que es bastante evidente el fraude. (Estoy recordando el supuesto del poder general que doy a un amigo porque me van a operar a vida o muerte; mientras estoy en el hospital vende todos mis bienes a su novia, exhibiendo el poder, pensando que voy a morir; sobrevivo y al ver el desaguisado, reclamo. El TS revoca todo lo efectuado por el apoderado. Pero no es ésta la doctrina que emana del CC.
Tampoco falta la sentencia del TS de que considera que en un poder general, es necesaria la fijación de la finca que se vende o se hipoteca. Pero es que el TS trata de hacer justicia, aunque para ello tenga que saltarse la legislación vigente en la materia.
Y también existe la doctrina de que habiéndose prevista en el poder general la autocontratación, el apoderado se vende a sí mismo una finca del poderdante; y entonces exige asimismo que en el poder se concrete la finca sobre la que se podía utilizar la autocontratación.
No. El poder concede todas las facultades que en él se concreten. Y puede utilizarse para todo lo previsto. Luego, si hay fraude o actos desleales, para eso están los tribunales para decretar su ineficacia. (no la DG: ésta al igual que el registrador no debe calificar el fondo del asunto, tampoco ella puede entrar: sólo podrá decretar si la escritura es o no inscribible).
Recordemos que la misión de la DG no es resolver el fondo de los asuntos, sino para determinar si mi escritura (que yo creo que es de una legalidad inmaculada), es o no inscribible, frente al registrador, que piensa que en ella me he saltado absolutamente todas las leyes. Para los fondos del asunto, están los tribunales de justicia.
Por tanto, volviendo al supuesto de hecho, Alberto otorga la escritura de hipoteca sobre una finca ganancial, inscrita en el Registro como tal a su favor y mencionando el nombre del cónyuge; la otorga manifestando que está casado y exhibiendo un poder general, cuya copia autorizada presenta al notario.
Está cometiendo al menos tres falsedades:
-.- Que la finca es ganancial.
-.- Que continúa casado.
-.- Y que el poder que exhibe está vigente.
Pero el banco contratante, está actuando de buena fe. El Notario, en su ministerio, no puede pedir más; ni el Registrador, en el cumplimiento del suyo, tampoco. Debe proceder a la inscripción de la hipoteca a favor del Banco acreedor.
f-) Consecuencia. Pues a nuestro juicio, no queda más remedio que entender que el Banco es un tercero protegido por el a. 34.
-.- El Registro publica que la finca es ganancial de Alberto y su esposa.
-.- Este exhibe un poder de ella, revocado por ministerio de la ley, pero aparentemente vigente y con la protección que le brinda el a. 1738.
-.- Otorga una escritura de hipoteca a favor del Banco.
-.- La buena fe del banco se presume.
-.- Y la escritura se inscribe.
-.- Luego el Banco queda protegido.
Es cierto que el a. 32 LH establece que la inscripción no convalida los actos y negocios que sean nulos con arreglo a las leyes. Pero se trata de una hipoteca perfectamente constituida (sujeto y documentación necesaria), por quién aparentemente es titular del dominio de la finca. Y que según el Registro tiene la aptitud para constituirlo.
Lo que no es cierta es la titularidad de la finca que alega; y se trata de una hipoteca de cosa ajena; pero el a. 34 LH lo que trata precisamente es de salvaguardar a los terceros de los actos realizados por el titular registral que no es titular civil y por tanto auténtico titular del dominio.
En consecuencia a los efectos del dictamen, entendemos que esta hipoteca está bien constituida e inscrita en el Registro; y que la posición del Banco será inatacable. Otra cosa es que Zacarías y su madre, puedan exigirle responsabilidad.
g-) Paradoja. ¿pueden exigirle responsabilidad? ¿Seguro?
Porque lo cierto es que Antonio tenía efectivamente la facultad de proceder a la hipoteca de ese bien en garantía de un préstamo de ese importe. Pero no en la forma en que ha actuando, sino inscribiendo la donación a favor de Zacarías en el Registro, y haciendo uso de la facultad que en dicha donación se reservó.
Pero actúa de una forma indirecta, y por tanto ilegal (frente a Zacarías y su madre), cuando podía haberla otorgado directamente.
Pero la inscripción de la hipoteca es constitutiva; y se ha inscrito correctamente a través del camino torcido. Pero ya hemos dicho, que de todas formas, creemos que el acreedor hipotecario adquiere su derecho de hipoteca gracias al a. 34 LH.
IV.- Embargo por deudas comunitarias.
Además se traba un embargo sobre la finca por deudas comunitarias, lo que está permitido por la Ley de Propiedad Horizontal vigente.
Pero tales créditos pueden ser de dos naturalezas distintas, según resulta del a. 9-1 LPH:
-.- El crédito de la parte vencida de la anualidad en curso; y el año natural inmediatamente anterior, el cual tiene carácter de preferente, salvo los derivados del a. 1923-I, 1923-2 y créditos salariales de los trabajadores.
-.- Y créditos de la comunidad por gastos diferentes, es decir, de mayor antigüedad o derivados de otras causas. Con relación a ellos, se trata de un crédito ordinario que no goza de más preferencia que la derivada de la propia anotación.
(Interesa destacar que esta misma distinción hay que hacer en los supuestos del a. 1923 números 1 y 2. Esto significa que el Estado tiene preferencia absoluta por el importe de la última anualidad vencida y no pagada de los impuestos que graviten sobre ellos. Hoy exclusivamente del impuesto sobre bienes inmuebles.
Cualquier otro impuesto: Renta, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones,, IVA, etc, es un crédito ordinario h habrá que tener en cuenta las reglas generales de preferencia y por tanto atender a la fecha de su surgimiento y a la fecha en que se decretó el embargo y se anotó en el Registro de la Propiedad).
En consecuencia, tal crédito a favor de la comunidad:
-.- O es preferente en los términos que antes hemos visto, en cuyo caso prevalecerá sobre el crédito hipotecario. Y por tanto en caso de ejecución de la hipoteca no debería cancelarse, aunque creemos que para ello según la nueva LEC habría que acudir a una tercería de mejor derecho.
-.- O no es preferente por las razones apuntadas, en cuyo caso en el supuesto de que se ejecute la hipoteca deberá ser cancelado.
La fecha de la deuda y de la traba carece de importancia si estamos ante un crédito preferente. La anotación de la carga a favor de la comunidad no será cancelada en caso de ejecución de hipoteca, pero debiendo acudir a la tercería de mejor derecho.
Si el crédito de la comunidad no goza de preferencia, también carecerá de importancia, porque como la hipoteca ha llegado antes al Registro de la Propiedad, en caso de ejecución, deberá cancelarse dicha anotación, como carga posterior.
V. Presentación de la Escritura de donación en el Registro.
Pues perfecto: si está liquidada del impuesto, procederá la inscripción de la finca a favor de Zacarías, haciéndose constar la facultad o reserva de Alberto de la facultad de hipotecar la finca hasta la cantidad expresada.
Ya hemos indicado que la disposición de un bien existente en la comunidad post-ganancial, no precisa la liquidación previa de ésta.
Tal inscripción se realizará:
-.- Con la subsistencia de la hipoteca.
-.- Con la subsistencia de la anotación preventiva a favor de la comunidad.
-.- Y si hubiéramos entendido que hay condición resolutoria en el aplazamiento de pago, con su subsistencia.
Ahora podría plantearse si en virtud de la reserva efectuada, Alberto tendría todavía la facultad de hipotecar la finca por la cantidad reservada. Puede mantenerse la posición negativa, puesto que ya usó de dicha facultad.
Pero, aunque sea injusta, nos parece más jurídica la solución contraria: Conserva esa facultad, pues la anterior hipoteca la constituyó como titular de la finca con consentimiento de su poder mediante el poder revocado. Y ésta la hace haciendo uso de la reserva contenida en la escritura de donación.
Pero nos parece que en este caso, tanto Berta como Zacarías, podrán reclamarle la correspondiente indemnización.
VI. Fallecimiento de Zacarías.
Como no ha otorgado testamento procede la apertura de la sucesión intestada de conformidad con lo establecido en el a. 912-1 y de acuerdo con el a. 935, a falta de descendientes le heredarán sus ascendientes Alberto y Berta, quienes de conformidad con el a. 936 le sucederán por partes iguales.
2º-) Si existe reversión.
Y entonces se plantea si dichos ascendientes tienen o no derecho a la reversión del a. 812 del CC.
Obsérvese que el 812 habla de “suceder” “CON EXCLUSIÓN DE OTRAS PERSONAS”, lo cual parece dar a entender que tal vez no haya reversión en el caso de que los propios herederos sean los ascendientes donantes.
Pero el problema no es tan sencillo, porque depende de cómo entendamos la posición del donante/sucesor en el momento de adquirir el bien que donó a su hijo fallecido sin posteridad. Y ello, porque lo puede adquirir y ostentar ahora su titularidad de diversas formas:
-.- Bien por sucesión normal del hijo, derivada del testamento o de la ley. Lo que ocurriría si la reversión no procediera en los casos en que los mismos donantes fueran los herederos. Evidentemente en este caso, el ascendiente precisa capacidad para suceder a su descendiente.
-.- Bien por sucesión del hijo, pero derivado de la reversión. En este caso parece también evidente que se precisa la capacidad para suceder.
-.- Y, finalmente, como consecuencia de una especie de condición resolutoria tácita, de origen contractual, que se podría entender sobreentendida en toda donación de un ascendientes a su descendiente, para el caso de que este faltara sin posteridad. En tal caso:
a-) No precisaría la capacidad para suceder a su hijo donatario.
b-) Y además el ascendiente recobraría el bien en su patrimonio CON LA MISMA NATURALEZA QUE ANTES LO TENÍA. En el caso del dictamen no lo tendría como heredado de su hijo, sino como compra ganancial, integrado ahora en la comunidad post-ganancial no liquidada.
Siempre hemos preferido mantener:
-.- Que se adquiere por reversión del hijo, incluso aunque el donante o los donantes fueran los sucesores del descendiente.
-.- Y además creemos que lo lógico sería considerar como título de adquisición del bien, el mismo que ostentaba el ascendiente al tiempo de la donación, es decir, presumir que la cosa nunca ha salido de su patrimonio. (Lo cual puede ser interesante a efectos de reserva vidual, por ejemplo). Pero ya hemos dicho que en la lógica jurídica sólo se puede mantener esta tesis si consideramos que es un derecho contractual y no sucesorio, cosa que creemos que no puede admitirse porque deberíamos siempre exigirle capacidad para suceder por la redacción literal del 812.
c-) Particularidad del supuesto.
El problema estriba en el presente caso, en que los padres, al tiempo de la donación estaban casados entre sí y el bien donado era ganancial, y en el momento del fallecimiento de Zacarías ya no se encuentran casados entre sí.
En tal caso podríamos discutir si la reinscripción del bien debe realizarse:
-.- Como ganancial, tal como estaba al tiempo de la donación.
-.- Como integrante de la comunidad post-ganancial, puesto que al parecer ésta todavía no se ha liquidado.
-.- O por mitades indivisas, como privativo de Alberto y Berta.
Teniendo en cuenta que si bien estaba inscrito como ganancial, hay que resaltar que de la propia donación resulta que estaba en la comunidad postganancial, ya que ambos donantes estaban divorciados, y así lo tuvieron que manifestar en la misma. Y, por tanto, resulta más lógica la interpretación, que ya antes hemos apuntado, de que se reinscriba como integrante de la comunidad post-ganancial.
Claro que serán los donantes quiénes deban ejercitar la reversión; y entonces serán ellos quienes indicarán en la escritura de herencia cómo prefieren que se incriba; lo que podría implicar una liquidación parcial de la comunidad post-ganancial, si optan por lo más lógico, entendiendo que se inscriba por mitades indivisas, como privativo de ambos.
Por supuesto esta reversión se produce a favor de los donantes con la subsistencia:
-.- De la hipoteca.
-.- Del embargo de los gastos comunitarios.
-.- Y, en su caso, de la condición resolutoria por el precio aplazado, aunque ya indicamos que esto último sólo será si se hubiera constituido la misma.
La duda la tenemos si subsiste o no la facultad que se concedió a Alberto de solicitar el préstamo y constituir la hipoteca sobre la finca. En principio parece que ya no debe existir, porque se produce la confusión entre su titularidad y el ejercicio de la acción; y porque ya hizo uso de la misma (aunque indirectamente) en otra ocasión.
Pero creemos que en puridad de doctrina debe conservarse, pues la confusión sólo es parcial (en una mitad indivisa); y el uso que realizó lo hizo por otra vía. De todas formas nos parece lo normal que sean los propios donantes/reversionarios quiénes indiquen su voluntad en la escritura de herencia y reversión
Dictamen Don Antonio-Solución-II
por ellv el Dom 5 Feb 2017 - 20:45
DICTAMEN DE DON ANTONIO-SOLUCIÓN-Segunda parte
Mensaje por ellv el Jue Dic 17, 2015 4:19 am
SUCESIÓN DE ALBERTO.
En esta situación fallece Alberto, bajo testamento en el que:
-.- Instituye herederos a sus tres hijos del primer matrimonio: Zacarías, Yolanda y Verónica.
-.- Nombra a su segunda esposa Luisa, albacea/contador/partidor. A quien deja su cuota legal usufructuaria.
-.- Y sanciona a sus hijos con pérdida de sus derechos salvo la legítima estricta si no acatan las disposiciones de Luisa.
II.- Herederos.
Habiendo premuerto Zacarías, se plantea el problema de determinar qué ocurre con su llamamiento frustrado. Ya dijimos que faltó sin descendientes; y en consecuencia de conformidad con el a. 766 no transmite derecho alguno a sus herederos.
En este precepto hay que distinguir:
-.- Si el premuerto es extraño, evidentemente nunca podrá cumplir con todos los requisitos para ser sucesor de Alberto (ser llamado, sobrevivir, ser capaz y aceptar), porque precisamente no ha sobrevivido. Nada puede adquirir, luego su lugar nadie lo puede ocupar.
-.- Si el premuerto es legitimario del tipo cónyuge o ascendientes, tampoco nada puede recibir de este causante, por igual motivo.
-.- Pero si el premuerto es legitimario del tipo descendiente, es cierto que tampoco transmite nada. Pero existe el derecho de representación a favor de su estirpe. Y en virtud de éste, los hijos de Zacarías ocuparían su lugar en la sucesión, en virtud del a. 924 y concordantes en la intestada; y 814-3 en la testada.
Tampoco existe en la sucesión de Alberto sucesión vulgar de Zacarías a favor de ninguna persona. Y, por tanto, debemos plantearnos si hay o no acrecimiento a favor de los otros coherederos.
Según el 982 para que en la sucesión testamentaria haya derecho de acrecer, se precisa:
-.- Que dos o más sean llamados a una misma herencia, lo ocurre con los tres hermanos llamados como herederos de Alberto.
-.- Que no haya especial designación de partes, lo que no existe; porque según el a. 983-2 la frase por partes iguales no excluye el derecho de acrecer.
-.- Y que uno de los llamados muera antes que el testador, lo que así ocurre en el caso propuesto.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el testamento, y con los hechos narrados, así como con las reglas generales de la sucesión de nuestro derecho, serán herederas universales de Alberto sus dos únicas hijas Yolanda y Verónica por partes iguales, sin perjuicio del usufructo de una tercera parte de la herencia que corresponderá a su viuda Luisa.
III.- Validez del nombramiento de albacea/contador/partidor.
1º-) Ejecutores de última voluntad.
En primer lugar hay que tener en cuenta que en nuestro derecho no hay un cargo de Albacea/contador-partidor. En nuestro derecho hay tres cargos que con carácter general tienden a cumplir la voluntad del causante:
-.- El administrador de herencia, que se nombra precisamente para eso: cuando por alguna de las causas previstas en el ordenamiento, los herederos no pueden percibir la herencia, y se confía a esa persona, su conservación y explotación.
-.- El albacea, general o particular, a quien corresponden las facultades que le haya conferido el causante, y, en su defecto las legales. Es el único cargo, ampliamente regulado por el Código.
-.- Y contador-partidor, que es la persona encargada por el testador para que realice la valoración de los bienes hereditarios, interprete en principio su testamento, y distribuya los bienes entre los interesados en proporción a la cuota a la que cada uno ha sido llamado. En principio no necesita la intervención de ninguno de los coherederos; si hay menores o incapacitados tendrá que llamar a ciertas personas para realizar el inventario; y una vez cumplido este trámite, adjudicará a cada interesado los bienes que estime conveniente, procurando entregar a cada uno de ellos bienes de la misma especie y calidad. La partición por él realizada es directamente inscribible, sin que conste la aceptación de los interesados; pero la DGRN desde hace unos años, entiende que se considera una inscripción condicional, hasta que la acepte cada uno de los interesados. Los interesados, por supuesto, pueden reclamar contra la partición así realizada.
En el supuesto de que a una misma persona se le hayan conferido ambos cargos, tiene la posibilidad de aceptar los dos, o repudiar uno y aceptar el otro, porque son totalmente distintos.
2º-) Supuesto en el que nos encontramos.
Pues bien, en el caso dictamen se le han conferido ambos cargos a la viuda Luisa.
No vemos ningún problema en que sea albacea, es decir encargada de cumplir la última voluntad del testador, y no habiéndosele especificado sus facultades concretas, por tal cargo le corresponderán las comprendidas en el a. 902 del código civil. (Sin perjuicio de que algún otro precepto le conceda facultades concretas en ciertos casos).
La duda estriba en si la viuda puede ser nombrada contador/partidor. Recordemos que según el a. 1057 a cualquier persona que no sea uno de los coherederos. Y la viuda, evidentemente, no lo es. Luego en principio parece que será posible su nombramiento de contador/partidor.
Pero el régimen normal en derecho común es el de gananciales; y tras el fallecimiento de uno de los causante, se encuentran dos masas que en parte se solapan: la masa post-ganancial y la comunidad hereditaria. En principio esta última se halla integrada por el patrimonio privativo del causante, más su mitad en la masa postganancial.
En estas condiciones, es evidente que el cónyuge viudo no puede ser contador partidor porque una de las cosas que ha de hacer es partir los gananciales. La jurisprudencia exige para ello la presencia del cónyuge viudo (o en su caso de sus herederos) por una parte, y el contador por la otra. Aunque se ha permitido que fallecidos los dos cónyuges, pueda hacer la disolución de los gananciales y la partición de ambas herencia el contador común nombrado por cada uno de los cónyuges en su respectivo patrimonio.
La jurisprudencia negó que el viudo pudiera ser contador/partidor de su cónyuge, sin referirse para nada a su régimen económico-matrimonial.
Pero la reforma de 1981, creemos que altera la situación. En efecto, el a. 831 la discusión ha arreciado, porque precisamente consiente que el testador confiera a su cónyuge la facultad de distribuir los bienes entre los hijos comunes, e incluso mejorarlos. Eso es mucho más que hacer la partición.
Este precepto, desde entonces, ha sufrido numerosas modificaciones legales. Pero todas formas queda la duda de si el testador, que puede conceder a su consorte la facultad de distribuir los bienes entre los hijos comunes, puede ser también contador/partido cuando existan otros herederos extraños, o simplemente hijos de varios matrimonios.
Pensemos en un tal Enrique contrae matrimonio con Simona; y tienen tres hijos, Juan, Lucas y Andrés; fallece Simona, y Enrique contrae segundas nupcias con Andrea, y tienen otros dos hijos, Luis y Luisa. Parece muy dudoso que estas facultades se puedan conceder por Enrique, aunque sea sólo con la porción de Luis y Luisa. Pensemos en este testamento suyo:
-.- Lego a Juan, Lucas y Andrés lo que por legítima estrícta les corresponda.
-.- Instituyo herederos a Luis y Luisa.
-.- Que Andrea distribuya entre sus hijos Luis y Luisa o los mejore con la parte que a éstos corresponda.
Parece lógico que Andrea no pueda hacer nada; porque primero habrá que determinar cuál sea la parte de legítima estricta que corresponda a los hijos. Y eso sólo se podrá hacer de común acuerdo con los hijos del primer matrimonio (o judicialmente)
Pienso que en tal caso sería válido el siguiente testamento de Enrique:
-.- Que el extraño Ernesto haga todas las operaciones particionales.
-.- Que Andrea distribuya entre sus hijos Luis y Luisa o los mejore con la parte que a éstos corresponda en la partición practicada por Ernesto.
Como consecuencia de lo expuesto, incluso aunque el régimen económico de separación de bienes; creemos que el cónyuge viudo no puede ser contador/partidor de una herencia en la que haya algún extraño. Pero el testador podrá hacer siempre uso de las facultades que le confiere el a 831, siempre que sólo haya hijos comunes; o cuando otro contador determine la porción que corresponde a los hijos de este cónyuge.
V.- Sanción a los desobedecedores.
Tal cautela no plantea dudas sobre su validez si se ofrece a uno sólo de los legitimarios. Pero LACRUZ ya niega su eficacia cuando se plantea a todos ellos, porque entiende que en tal caso los unos por los otros se ven obligados a acatarla en contra de sus propios intereses ante el miedo de que si se oponen vean disminuida su parte y beneficiados los demás interesados.
Pero a pesar de la opinión de LACRUZ, en general admite la doctrina este tipo de sanciones, en tanto en cuento no se toque lo más mínimo o se perjudiquen las legítimas; o, como en este caso, se reciba al menos la legítima estrícta.
Pero creemos que no puede extenderse a acatar la partición, ya que ésta puede ser rescindible, nula o anulable por múltiples motivos, y debe realizarse con arreglo a las leyes.
En el presente caso, como no hemos admitido que la viuda pueda ser contadora/partidora, tampoco podemos admitir la cláusula de reducción al hijo desobedecedor.
VI.- Pretensiones de Luisa.
Pero es que aunque hubiéramos concedido a Luisa la facultad de realizar la partición, lo que no podría hacer en ningún caso es atribuir todos los bienes a Yolanda (salvo que las demás interesadas estuvieran de acuerdo), y ello porque la facultad concedida por el a. 841 sólo puede ejercitarla:
-.- El testador.
-.- El contador/partidor autorizado expresamente para ello. Y en este caso no lo está. Hay que fijarse en que se le conceden “las más amplias facultades”; pero esta expresión no comprende las del a. 841, que han de ser expresas.
-.- Y el contador/partidor dativo; pero como sabemos este caballero sólo es capaz de preparar un borrador de anteproyecto de partición que sólo tendrá efecto o con el asentimiento expreso de todos los interesados, o con la aprobación del secretario judicial o del notario (antes del Juez).
Por tanto, la pretensión a favor de Yolanda en ningún caso puede llevarse a efecto.
VII.- Último inciso.
Finalmente podríamos preguntarnos si por las pocas fechas transcurridas entre el fallecimiento de Zacarías y de su padre, si éste ha hecho uso del derecho de reversión de la donación o al menos ha aceptado la herencia de su hijo.
Evidentemente, si no ha aceptado la herencia de Zacarías, se produce el derecho de transmisión del a. 1006 a favor de los coherederos de Alberto. Y si la ha aceptado, se ha integrado sin más.
Pero con relación a la cuota que le corresponde por reversión en el piso de Gandía, si lo entendemos incluido en la herencia, se integrará en la comunidad hereditaria de Alberto, junto con los demás bienes.
Pero si hubiéramos entendido que es un derecho distinto al hereditario (le demos carácter de sucesorio, contractual o real), entendemos que debe ir por otra vía. Y en tal caso podríamos discutir si la adquisición por derecho de reversión se adquiere:
-.- De forma automática, como los legados.
-.- Si es personalísima, de manera que si se fallece sin haberla ejercitado, se pierde.
-.- O si, por el contrario, con posición que nos parece más acertada, se trata de un derecho hereditario más (aunque distinto de la herencia propiamente dicha), y entendemos que si Alberto fallece sin haberlo ejercitado, procederá el derecho de transmisión a favor de sus herederos.
2º-) Reserva vidual.
Pues aquí está la importancia de entender que la cuota en la reversión que corresponde a Alberto en el piso de Gandía la adquiere con carácter sucesorio o contractual; y en el primer caso si se entiende recibida como de sucesión, o por el contrario, por el mismo título que antes ostentaba.
En los casos que entendamos que recibió esa cuota por derecho contractual, es decir derivado de la propia donación, como un derecho real renacido o recobrado al producirse la reversión, debemos entender que Alberto tiene la cuota por el mismo título que la adquirió originariamente. Es decir, debe entenderse que en ningún momento ha dejado de pertenecerle.
Si entendemos que lo adquiere por reversión, como título sucesorio especial, y que sería una especie de condición resolutoria, también ostentaría su titularidad como si nunca hubiera salido de su patrimonio.
Pero si se mantiene que es un derecho sucesorio normal, y que Alberto es titular de esa mitad indivisa del piso de Gandía, como heredero de su hijo, resulará que estaremos ante una reserva vidual.
Y ello porque Alberto ha pasado a segundo matrimonio y tiene hijos del primero. En tal caso el968 impone la reserva vidual, relacionándolo con el 969: bienes que el bínubo haya adquirido por sucesión intestada de un hijo del primer matrimonio. Ya que, precisamente al ser intestada, no puede entenderse comprendida den los casos del a. 970: cosas dejadas por los hijos a su padre sabiendo que estaban segunda vez casados.
Las reservatarias serán Yolanda y Verónica, por partes iguales, porque el padre no ha hecho de la facultad de mejorar a ninguna de ellas.
INMUEBLES MADRILEÑOS, S.A.
-.- Se constituyó la sociedad.
-.- Se adquirió determinado inmueble.
-.- Se disolvió la sociedad.
-.- Y uno de los socios procedió a la venta de la cuota indivisa de la cuota que sobre el inmueble se le había presuntamente adjudicado.
II.- Constitución de la sociedad.
Admitida ya la posibilidad de que sean dos o incluso un único socio los que constituyan la sociedad anónima, no hay problema en la normativa vigente en que esta sociedad esté constituida exclusivamente por dos socios: Alberto y Fernando.
Tratándose de personas casadas bajo gananciales, como en el caso de Alberto, el socio será él; pero las acciones que adquieran tendrán la cualidad que resulte de la aportación: si se aporta metálico privativo (o un bien privativo), privativas; si se aporta dinero ganancial (o un bien ganancial), gananciales. Como no se nos ha dicho nada, tendremos que aplicar la presunción general de ganancialidad del a. 1361 CC, y las acciones tendrían la cualidad de gananciales.
Teniendo en cuenta que la LSA exige un capital mínimo del que se haya desembolsado al menos un veinticinco por ciento, no hay ningún problema con relación al capital, ni al desembolso; porque el capital es muy superior al necesario y se nos dice que está íntegramente desembolsado. Cada uno de los socios ha suscrito la mitad de sus acciones.
Finalmente se nos indica que la sociedad tiene por objeto “la compraventa de inmuebles”; son administradores solidarios ambos socios por plazo de cinco años; y se ha inscrito en el Registro Mercantil.
2º-) Cláusula de disolución.
La única duda es la validez o ineficacia que acaso pueda tener las cláusulas de disolución y liquidación.
Según la primera, además de las causas legales, la sociedad se disolverá en caso de empate en cualquier Junta. En principio parece que no hay ningún problema en admitir la validez de esta cláusula, porque la propia LSC indica como causa de disolución la paralización de los órganos de la sociedad, es decir, que aunque no existiera esa cláusula, si en las juntas se produjeran reiteradamente empate de votos, de tal manera que no puedan adoptarse acuerdos, procederá por ley la disolución de la sociedad. Aquí lo único que se hace es limitar a un solo empate la causa de disolución.
La particularidad estriba en que precisamente en esta sociedad, constituida exclusivamente por dos socios al cincuenta por ciento, resulta que se está exigiendo la unanimidad para la adopción de cualquier acuerdo. Y tal exigencia de la unanimidad no está permitida por la ley.
Es cierto que la propia ley permite que los Estatutos de la sociedad puedan elevar el quórum de asistencia; pero la doctrina entiende que no puede llegar a exigirse la unanimidad para la adopción de cualquier acuerdo; e incluso tampoco se puede llegar a exigir una mayoría tal que prácticamente equivalga a la unanimidad. Y así lo entendió la DGRN en 1994.
Por tanto el pacto, que lo vemos válido en sí, no lo consideramos eficaz en tanto en cuento a la junta asistan ambos socios, porque la adopción de cualquier acuerdo precisará la unanimidad de ambos. Claro que esta ineficacia puede ser solamente relativa, pues bastaría que alguno de los socios transmitiese alguna de sus acciones, para que resultara eficaz. Y creemos que es absurdo condicionar el contenido de una cláusula al número de socios que tenga la sociedad.
De todas formas, se nos dice que la sociedad ha sido inscrita en el Registro Mercantil; y en consecuencia:
-.- Aunque la inscripción no convalida los actos que sean nulos, el presente si es válido, será siempre eficaz; y si no lo es, seguirá sin serlo a pesar de haberse inscrito.
-.- Pero hay que recordar que la propia normativa exige que los asientos del Registro producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su nulidad, si es que existe.
En consecuencia, de momento, no nos queda otro remedio que admitir su posible eficacia si se produce el empate.
3º-) Cláusula de liquidación.
Del propio texto resulta que los socios han estipulado una cláusula de liquidación especial según la cual “en caso de disolución (no sabemos si por cualquier causa o sólo en caso de disolución por empate”, los bienes de la sociedad quedarán adjudicados a los socios en proporción al capital DESEMBOLSADO, por cada uno.”
No vemos problemas en admitir esta cláusula, si lo fuera en proporción al capital SUSCRITO, pero sí al serlo con relación al capital desembolsado. Y ello, porque la participación real de cada socio en la sociedad, lo es con relación al capital suscrito, que es el que se halla ya aportado, o que el socio se ha obligado a aportar. Si todavía no se ha realizado la aportación, la sociedad tiene mecanismos para obligarle a realizar la aportación; e incluso puede llegar a excluirle de la titularidad de sus acciones mediante su venta.
Además hay que tener en cuenta que las votaciones se realizarán siempre atendiendo a la cuantía del capital suscrito (no del desembolsado); y que precisamente, el no desembolso de los dividendos pasivos puede originar que la sociedad prive al socio moroso de su derecho a voto.
No obstante teniendo en cuenta que según la legislación la división del haber social se practicará con arreglo a las NORMAS QUE SE HUBIESEN ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS…” parece que deberíamos admitir la validez de dicha cláusula, porque en definitiva, los únicos interesados en la liquidación, que son los propios socios (los acreedores, como veremos, ya deberían haber cobrado). Y por tanto, a los ulteriores efectos del dictamen podemos admitir la validez de esta cláusula, pero fundamentalmente porque en este caso concreto todas las acciones están íntegramente desembolsadas, y está la cláusula inscrita en el Registro Mercantil.
En consecuencia, a los efectos ulteriores del dictamen entendemos que:
-.- La sociedad se ha otorgado mediante escritura pública y se ha inscrito en el registro mercantil, por lo que no podemos discutir de ningún modo su personalidad jurídica y limitada la responsabilidad de los socios por las deudas sociales.
-.- La cláusula de que la sociedad se disuelva encaso de empate en una junta, la estimamos válida en sí; pero no podemos admitirla en el caso de que con ella se produzca la necesidad de que todos los acuerdos de la sociedad se adopten por unanimidad.
-.- La cláusula de que en caso de disolución se adjudiquen los bienes a los socios en proporción a su capital suscrito no nos ofrecería ninguna duda; alguna nos produce la textual (que se distribuya en proporción al capital desembolsado), aunque tampoco vemos razones para excluirla, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, en virtud de que en el caso concreto coincide capital suscrito y desembolsado; y, en definitiva, porque estando inscrita en el Registro mercantil ha de surtir todos sus efectos si no se decreta judicialmente su nulidad.
III.- Adquisición del apartamento de la calle Boltaña.
Del supuesto de que partimos, resulta que:
-.- Alberto algo de un año después de la constitución de la sociedad de la sociedad, como administrador solidario, compra para la sociedad un apartamento en la calle Boltaña.
-.- La compraventa se formaliza mediante escritura pública, la cual implica la tradición instrumental; y por tanto existiendo título y modo, la sociedad adquiere el dominio de la finca.
-.- Del total precio se abona una mitad y se aplaza de pago la otra mitad para abonarse unos años después. Lo que se garantiza:
-.- Con condición resolutoria expresa.
-.- Y la fianza solidaria de Alberto y Fernando.
-.- No se nos dice que la adquisición se inscriba en el Registro de la propiedad, lo que creemos que debe haberse realizado; aunque el hecho de que se haya inscrito o no, no afectará a los resultados del presente dictamen. A sus efectos, entendemos que ha habido inscripción.
2º-) Facultades del administrador.
Superada la discusión doctrina sobre las facultades de representación de los administradores; y a pesar de la redacción de la ley en su artículo 234 de la LSC (que en esencia no se ha modificado desde la primera adaptación a la unióneuropea; y que en su texto limita la representación de los administradores al objeto social delimitado en los estatutos), la DGRN nos considera a todos terceros de buena fe, nos aplica a todos el segundo párrafo del precepto y afirma en repetidas resoluciones que todo administrador puede otorgar:
-.- Todos los actos y negocios comprendidos en el objeto social. Precisamente tal acto de adquisición está comprendido en el objeto de la sociedad. Luego no hay cuestión aquí.
-.- Todos los actos conexos, accesorios o complementarios o incluso polivalentes (todavía no se había empleado por primera vez la palabra “transfronterizos”, pues en otro caso también la habría utilizado.
-.- Y sólo no pueden realizar los actos contrarios al objeto social. Por supuesto no se nos dice qué pueda ser un acto contrario, lo que deja al arbitrio del intérprete.
Dejando aparte de que no nos interesa el criterio que tenga la DG cuando afirme que “este acto es contrario al objeto social”, porque ella sólo decide si el negocio escriturado por el notario es inscribible por el Registrador; sino que el verdaderamente importante es el que siga el TS, que es quien resuelve de verdad los problemas sustantivos.
Hasta ahora, que sepamos, el TS sólo ha considerado contrario al objeto social un caso. Fue el siguiente:
-.- Una sociedad tiene arrendada a una persona, el local donde la sociedad desarrolla su actividad social.
-.- Un buen día el arrendador decide vender el local a un comprador, y cumpliendo con los preceptos de la LAU, realiza la pertinente a la sociedad para que pueda ejercitar el tanteo.
-.- El administrador considera que no interesa la adquisición; y concurren ante el notario el vendedor, el comprador y el administrador.
-.- Se procede a la enajenación de la finca; y en el momento del otorgamiento de la escritura, el administrador procede en nombre de la sociedad a renunciar al derecho de adquisición preferente.
-.- Enterados los socios de tal acción convocan junta general y deciden impugnar la decisión de su administrador.
-.- Y el TS le da la razón.
En la actualidad, la ley contiene una limitación a la actuación del administrador, pues el a. 160-f de la LSC establece como competencia de la Junta, “La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el 25 % del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.”
Aquí la DG ha interpretado este precepto con sentido común, y ha manifestado que no es misión del notario ni del registrador entrar a valorar si lo adquirido o enajenado es un “activo esencial” de la sociedad. Es el administrador quien en caso de considerarlo así debe solicitar la pertinente autorización a la junta; y tampoco es necesario que en el momento de la escritura afirme que no es un activo esencial, sino que debe presumirse por el sólo hecho de que el administrador otorgue la correspondiente escritura.
3º-) Artículo 72 LSC.
Un primer problema para la adquisición podría derivarse del actual a. 72 LSC, que recogiendo el antiguo a. 41 LSA establece que: “Las adquisiciones de bienes a título oneroso realizada por una sociedad anónima desde el otorgamiento de la escritura de constitución o de transformación en este tipo social y hasta dos años de su inscripción en el Registro Mercantil habrán de ser aprobados por la Junta General de Accionistas, si el importe de aquéllas fuese al menos, de la décima parte del capital social.”
Pero su último párrafo añade que no será de aplicación esta norma a las adquisiciones comprendidas:
-.- En las operaciones ordinarias de la sociedad.
-.- Ni a las que se verifiquen en mercado secundario oficial.
-.- O en subasta pública.
Y dado el objeto de la sociedad, podemos acogernos a este último párrafo, por lo que en definitiva no habrá ningún problema para la adquisición.
IV.- Disolución de la sociedad.
Ya admitimos la validez del pacto de disolución por empate en la Junta. Además a la Junta asisten todos los socios y por unamidad:
-.- Se nombra liquidador a Fernando (con lo que se ratifica la disolución de la misma por ambos socios).
-.- Y éste acepta el cargo.
Pero este acuerdo debe inscribirse en el Registro Mercantil; y el registrado remitirá de oficio de forma telemática la inscripción de la disolución al Boletín Oficial del Registro Mercantil para su publicación (a. 369).
V.- Liquidación de la sociedad.
1º-) Pacto de liquidación.
Ya indicamos que admitimos la validez de este pacto de liquidación. Pero su admisión no significa que admitamos la validez de la liquidación realizada por Fernando.
2º-) Actuaciones que deberían haberse realizado.
A nuestro juicio, antes de la adjudicación a los bienes de los socios del patrimonio social deberían haberse seguido las siguientes actuaciones:
-.- La inscripción en el Registro Civil de la disolución y del nombramiento del liquidador, como acabamos de ver.
-.- Ha de suscribir con el otro administrador, Fernando, el inventario y el balance de la sociedad al tiempo de comenzar las funciones del liquidador.
-.- Ha de percibir los créditos y los dividendos pasivos.
-.- Pagar a los acreedores. El único que conocemos es el vendedor del apartamento de la calle Boltaña.
-.- Realizar el balance de liquidación.
-.- Presentarlo a la Junta General para lo que lo apruebe.
Y es entonces cuando puede pagar a los socios, incluso adjudicándose en porciones indivisas los bienes que resten.
Por tanto la adjudicación que se entiende realizada del apartamento por partes iguales a Alberto y Fernando, es a todas luces ineficaz.
3º-) Obligación de enajenar.
Según el a. 387 actualmente vigente, los liquidadores deberán enajenar los bienes sociales.
Vemos que han desaparecido las limitaciones independientemente de la clase de bienes de que se trate. Y recordemos que antes en la sociedades limitadas la venta de inmuebles podía hacerse libremente, y en las anónimas era necesaria la subasta pública, salvo acuerdo unánime de los socios.
Recordemos que una sentencia afirmó que era posible excluir la subasta si se aprobaba en “junta universal”, pero realmente quería decir por unanimidad (tal como era aquel caso).
Sin embargo creemos que los liquidadores no están obligados a realizar la venta de todos los bienes sociales, a pesar de la literalidad del precepto.
Y ello, porque en primer lugar, conforme al a. 391 actual, la división del patrimonio resultante de la liquidación se practicará con arreglo a las normas que se hubiesen establecido en los estatutos… y ya hemos visto que consideramos válido el pacto de que en la liquidación se adjudiquen a determinado o determinados socios alguno o algunos de los bienes que se han aportado a la sociedad.
4º-) Realización del balance.
Durante el período de liquidación la sociedad mantiene la personalidad jurídica, (a.371-2) y la representación que ostenta el liquidador Fernando se extiende a todas aquellas operaciones que sean necesarias para la liquidación de la sociedad.
Pero al finalizar las operaciones de liquidación Fernando está obligado a presentar, conforme al a. 390 un balance final, un informe completo sobre dichas operaciones y un proyecto de división del activo resultante. Debe someterse a la aprobación de la junta.
5º-) Acreedores.
Según el a. 391-2 los liquidadores no podrán satisfacer la cuota de liquidación SIN LA PREVIA SATISFACCIÓN a los acreedores de sus créditos o sin consignarlo en una entidad de crédito del término municipal en que radique el domicilio social.
El texto refundido no fija ninguna excepción, pero creemos que no habrá problema en que SI EL ACREEDOR PRESTA EN FORMA EXPRESA SU CONSENTIMIENTO, quede pendiente de pago su crédito a un momento posterior, o que el socio adjudicatario del bien asuma la deuda. Pero insistimos, se sigue precisando en todo caso el consentimiento del acreedor.
6º-) Conclusión. Por tanto, si bien hemos considerado lícita la cláusula establecida para la división, no podemos admitir que surta efecto. Y, en consecuencia, no se hacen comunes los bienes existentes al tiempo de la disolución, sino que tendremos que reconducirlos “al tiempo de la liquidación final”.
VII.- Venta por Fernando de su teórica mitad indivisa.
1º-) Transmisión del dominio en derecho español. Se sigue, como sabemos la teoría del título y el modo en virtud de la cual, es necesario:
-.- Un acto previo que justifique la transferencia, que conocemos por título.
-.- Y un complemento que llamamos modo y que no es más que la entrega de la cosa.
Y, por supuesto, que quien pretende la transmisión sea previamente titular del dominio.
2º-) Efectos del pacto de liquidación.
-.- Ya hemos dicho que creemos en la eficacia del pacto.
-.- Pero tal pacto no puede entenderse válido en el momento de la disolución de la sociedad, sino tan sólo en el momento de la liquidación.
-.- Y, además, obsérvese que todo lo más puede servir como título a la transmisión; pero no como modo (pues requerirá la escritura pública o la entrega material de la cosa).
-.- En consecuencia, creemos que en ningún caso se ha transmitido el dominio a Fernando de la mitad indivisa; ni por supuesto, tampoco a favor de Alberto.
3º-) Compraventa de la mitad de Fernando.
Pues, en consecuencia, nos encontramos con una venta de cosa ajena. La cosa sigue siendo propiedad de la sociedad, y la vende EN SU PROPIO nombre uno de los socios (aunque da la casualidad que es el liquidador). Como el vendedor no es el titular del dominio, resulta que estamos ante una venta de cosa ajena, con todas las consecuencias que conocemos:
-.- No se transfiere el dominio.
-.- El vendedor queda obligado a entregar la cosa.
-.- El comprador queda obligado a entregar el precio.
-.- Si el vendedor reclama el comprador debe pagar, salvo que utilice la excepción de contrato no cumplido.
-.- Si el comprador reclama la entrega de la cosa y el vendedor no puede hacerlo, el comprador podrá resolver el contrato de conformidad con lo establecido en el a. 1124 del código civil. O aguantarse.
-.- Si se resuelve el contrato nada: el comprador será reintegrado en el precio si lo hubiere pagado; y recibirá además el importe de los daños y perjuicios que se le hubieren ocasionado.
-.- Si no resuelve el contrato seguirá agazapado, y en el momento en que Fernando reciba el bien (su mitad indivisa), podrá reclamarla, recibirla, y adquirir el dominio.
Pero de momento, no ha podido adquirir el dominio porque:
-.- Fernando no es personalmente titular del dominio de su mitad indivisa, ya que el pacto será eficaz a la liquidación, no a la disolución.
-.- Y, en todo caso, la adquisición de Fernando requerirá el otorgamiento de la correspondiente escritura de liquidación, como título.
4º-) Condiciones de la venta.
Recordemos que el apartamento de la calle Boltaña lo había comprado la sociedad por precio de veinte millones a Pedro; se pagaron diez y se aplazaron otros diez.
El precio aplazado se garantizó con condición resolutoria expresa y además con fianza solidaria de Alberto y Fernando.
Pues bien, Fernando, creyéndose ya titular del dominio de una mitad indivisa, la vende a Tadeo:
-.- Por precio de diez millones de pesetas, de las que recibe cinco y subrogándose Tadeo en la mitad del precio aplazado.
-.- Y se libera de la fianza al vendedor Fernando.
Pues bien, hay que hacer algunas observaciones:
-.- La asunción de deuda por parte de Tadeo, puede realizarse en principio; pero como asunción cumulativa (es decir queda obligado juntamente con la sociedad, que era la primitiva deudora) Recordemos que la deuda es de la sociedad; y si hubiéramos dado por eficaz la adjudicación de la mitad indivisa a Fernando (que no hemos admitido), la deuda seguiría siendo de la sociedad. No se puede cambiar de deudor sin el consentimiento del acreedor, que no consta por ningún lado que lo haya prestado.
-.- Y la liberación de la fianza a Fernando, tampoco es quién Tadeo para realizarla. Carece totalmente de significado, y es que asimismo precisa el consentimiento del deudor Pedro.
5º) Indivisibilidad del precio de venta.
Pero hay otro detalle importante: el pago del precio de venta es INDIVISIBLE.
Pedro está vendiendo el pleno dominio de la finca; y se le adeuda una mitad: o se le paga todo, o no se le ha pagado. Por tanto es imposible que se produjera la resolución de una mitad indivisa. Podría hacerse; pero de nuevo con consentimiento de Pedro.
Recordemos que el a. 1169: A menos que el contrato expresamente lo autorice, no podrá compelerse al acreedor a recibir parcialmente las prestaciones en que consistiere la obligación.
Y según el a. 1151… se reputarán indivisibles las obligaciones de dar cuerpos ciertos y todas aquellas que no sean susceptibles de cumplimiento parcial.
6º-) Efectos que tendría sobre el contrato la ineficacia de la forma de pago.
Pues a nuestro juicio, si la venta fuera eficaz (es decir si Fernando fuera decididamente titular del dominio de una mitad indivisa), creemos que la fundamental sería la finalidad de la compraventa:
-.- Entregar la cosa y transmitir su dominio (si creemos que es necesario, lo que dice el TS.
-.- Y pagar el precio.
La mitad del precio sigue aplazado y el presunto comprador deberá pagarlo en la fecha indicada.
Y la fijación de la condición resolutoria o la liberación de la garantía queda sin efecto.
Es decir, con relación al vendedor Pedro, ni la teórica disolución de la sociedad, ni los pactos entre socios, ni tampoco la presunta venta, son cosas ajenas. El vendedor Pedro sigue ostentan un crédito contra la sociedad (que deberá ser pagado, depositado su importe, o llegado a un acuerdo con él, tal como vimos); y llegado el vencimiento, si no se le paga tendrá la acción de resolución del 1504 contra la totalidad de la finca, pertenezca a quien pertenezca.
Aparte, de que, como hemos dicho, la liquidación de la sociedad ha sido realizada incorrectamente por las razones apuntadas.
7º-) Nueva paradoja.
Toda la problemática de la venta (excluidas las garantías), serían distintas si Fernando no hubiese actuado en su propio nombre.
Obsérvese que en el momento actual y en el del planteamiento del dictamen (1988), Fernando ha sido nombrado liquidador de la sociedad. Y hoy (no en 1988), tiene la facultad de enajenar todos los bienes (en aquel momento como era inmueble precisaba la subasta pública).
Por tanto, si Fernando hubiera procedido a la realización de la enajenación ACTUANDO COMO LIQUIDADOR, y en nombre de la sociedad, hubiera transmitido efectivamente a Tadeo el dominio de una mitad indivisa de la finca.
Sin perjuicio, de que la asunción en el precio aplazado de la venta de Pedro y la liberación de la fianza sería ineficaz. Mejor dicho, ya hemos dicho que la asunción de la deuda, implicaría una asunción cumulativa.
Y por su parte, Fernando sería fiador del todo, porque así se pactó en la venta de Pedro. Ya que liberación de la fianza tampoco podría afectarle.
Valencia, sobre 2003
Revisado en noviembre-2015
Re: Dictamen de Don Antonio

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 artículo 234
 Artículo 72
 resolución 
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