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Timestamp: 2017-05-25 06:57:18+00:00

Document:
TUTELA DE LA EJECUCIÓN JUDICIAL TUTELA DE LA EJECUCIÓN JUDICIAL martes, 26 de febrero de 2013
Resolución de la Sala Plena de fecha 20 de febrero de 2013, a través de la cual se atribuye competencia ordinaria a los Tribunales de Municipio Ejecutores de Medidas en el ámbito nacional, manteniendo éstos su competencia actual, en consecuencia, tendrán ambas competencias, tanto de ejecución como de conocimiento.
Comentario del Dr. Humberto Angrisano;
Personalmente, considero que hemos retrocedido a 1996 con los vicios que existian, en vez de avanzar hacia un sistema de ejecución moderno.
Los Magistrados, FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ
OCTAVIO JOSÉ SISCO RICCIARDI SONIA COROMOTO ARÍAS PALACIOS CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA
Liliana Chirinos29 de marzo de 2013, 15:10Con el pronunciamiento de esta resolución, la sala toca puntos de sumo interés no solo para el derecho procesal sino por tanto para la ciencia del derecho, y es que, en principio se evidencia solo una redistribución de la competencia a los jueces Ejecutores de Medidas y a los Tribunales de Municipio ordinario, pero se hace necesario que detallemos en profundidad una serie de consideraciones a la luz de los últimos avances de nuestro ordenamiento jurídico sobre el impacto o consecuencia que esta decisión ocasiona en el derecho positivo venezolano y en su praxis. En atención a ello, vemos que dentro de la estructura de la resolución, previamente a su articulado, se consagran una serie de considerandos que viene a constituir el “espíritu de la Sala Constitucional” para emitir tal pronunciamiento. En ellos, se deduce una serie de inquietudes y preocupaciones de la Sala, que no escapan de las expectativas y aspiraciones que tenemos los justiciables en cuanto al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, y es que, ciertamente acudimos a estos con el firme propósito de lograr la resolución de una controversia o de forma más genérica la tutela de algún derecho o interés, pero lo innegable es que, el retardo procesal continua siendo el “Holocausto” de la administración de justicia por parte del Estado, que solo produce indefensión, penas y amarguras en las partes que ven correr el tiempo sin una oportuna respuesta que dirima su controversia. En este sentido, la Sala muy certeramente, en el primer “Considerando”, alienta y propugna el rescate al principio de la tutela judicial efectiva enmarcado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que establece la garantía de todos los ciudadanos del acceso a la justicia para la tutela de sus derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos. En relación a esto, tenemos que la tutela judicial importa la teoría del garantísmo material de Farrojoli, para la que no basta o es suficiente que una constitución o norma consagre un determinado derecho, sino que sus efectos deben estar desplegados por toda la esfera jurídico material y procesal de los justiciables, pues así sucede con la tutela judicial efectiva. No satisface el hecho que nuestra Constitución consagre una justicia gratuita, imparcial, idónea, transparente, si esta no es oportuna, expedita, eficaz y célere, como lo establece el mismo artículo 26 in fine, por cuanto deja de ser llamada justicia aquella que es tardía y viene a materializarse en la esfera del particular sufriendo éste los embates del tiempo y la demora.Por consiguiente, podemos entender que la garantía de la tutela judicial efectiva sea el motor e impulso que tome la sala para emitir tal pronunciamiento, sin embargo este enunciado no implica el hecho de que fijemos una posición favorable ante él. En segundo lugar, tenemos que en el tercer “Considerando”, la sala soporta su actuación en procura del cumplimiento de los artículos 26 y 269 de la CRBV. Conocemos ya el contenido del artículo 26 que versa el acceso a los órganos de justicia y la forma en que esta última ha de ser implementada, pero lo que genera inquietud en este estudio sobre la resolución, es que cite precisamente el articulo 269 como fundamento de este dictamen pues, este articulo literalmente establece: “La ley regulara la organización de los circuitos judiciales, así como la creación y competencias de tribunales y cortes regionales a fin de promover la descentralización administrativa y jurisdiccional del poder judicial”. En consecuencia, de forma determinante puede entenderse que la competencia de tribunales constituye parte del principio de reserva legal que solo puede ser regulada mediante ley, por mandato expreso de la constitución, por lo que el órgano llamado para crear o modificar la competencia de los tribunales sea el Poder Legislativo representado por la Asamblea Nacional, lo que podría concluir en una usurpación de poderes por parte del Tribunal Supremo de Justicia actuando como “legislador positivo”.ResponderEliminarLiliana Chirinos29 de marzo de 2013, 15:11De lo anterior cabe resaltar varios aspectos, primero, dejar claro que la constitución conmina a la ley a regular la competencia, es un tema que aunque discutible debe recaer en una conclusión y es que solo el legislador debe regular la competencia, salvo en casos especiales y de materia disponible en que las partes pueden escoger o determinar el tribunal ante el cual desean ventilar su controversia o utilizando incluso los medios alternos de resolución de conflictos.Segundo, que la sala plena del Tribunal supremo, en usurpación de funciones al Poder Legislativo ordene la redistribución de la competencia, aun invocado la garantía de la tutela judicial efectiva como justificación de su actuación y la justicia expedita y célere que conmina la Carta Magna, debe reducirse en una actuación viciada de nulidad absoluta y por tanto no producir efectos jurídicos alguno. Tercero, en relación a la nulidad de la actuación del Tribunal supremo debemos destacar lo sucesivo: La Constitución Consagra en el artículo 334 que, todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en ella y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la constitución. Esta normativa se traduce, en la garantía de carácter obligatorio en dar cumplimiento siempre de forma armónica y asimétrica a los derechos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico positivo venezolano con lo dispuesto en la Carta Magna, por consiguiente ninguna normativa de rango legal o sub-legal puede ser dictada en detrimento de aquella ni establecer disposiciones que contraríen su contenido y alcance. Así mismo, el artículo 25 ejusdem establece que: Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta constitución y la ley son nulos. En atención al principio de integridad de la Constitución y al principio de Supremacía constitucional enunciado en el artículo 7, debemos concluir imperativamente que, nuestro supremo texto normativo es la norma de mayor rango y jerarquía, que no puede ser relegado por ninguna circunstancia en cuanto a su aplicación, salvo que se verse en materia de derecho humano y que exista un tratado suscrito y ratificado por Venezuela que contenga disposiciones más beneficiosas en razón de esta materia. Por tanto, hemos de determinar la nulidad de la cual se encuentra revestida la Resolución 2013-0062 al contener disposiciones que atentan tajantemente el normal desenvolvimiento de las directrices contenidas en la CRBV y desprender de su complexión un menoscabo del principio de supremacía e integridad constitucional.ResponderEliminarLiliana Chirinos29 de marzo de 2013, 15:13Ahora bien, hasta los momentos solo nos hemos avocado a desmontar las consideraciones que ha tomado la sala para emitir esta resolución, por estimarlas contrarias a las disposiciones constitucionales que en todo principio deben ser vistas como un bloque unificado, por lo que mal apreciamos que, se alegue el cumplimiento de normativas o disposiciones contenidas en la constitución si esas misma disposiciones van dirigidas a quebrantar otras del mismo rango o valor contenidas en el supremo texto normativo.Es decir, es inconcebible pensar que, el Tribunal Supremo de Justicia haya considerado que en aras de cumplir con el principio que demanda una justicia expedita y eficaz, la única solución sea usurpar funciones de otro Poder Publico Nacional y distribuir en los Tribunales de Municipio ejecutores y Ordinarios la asignación de ambas competencias sobre las cuales debe recaer su conocimiento, y esto porque genera además la violación de otra garantía constitucional, como lo es la contenida en el numeral 5to del artículo 49 de la Constitución que prohíbe que ninguna persona sea juzgada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto, resultando en la garantía del juez natural. En definitiva, la garantía del juez natural lo que consagra es el derecho que tienen los justiciables a ser juzgados por los jueces en las jurisdicciones ordinarias con los mandamientos que ordena la constitución. Lo que categóricamente resulta contraproducente al verificarse o materializar la redistribución de competencia que ordena la sala al ser contraria a las disposiciones constitucionales y que rayan en una actuación arbitraria y nula del máximo Tribunal de la RepúblicaResponderEliminarAñadir comentarioCargar más...

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 26
 artículo 26
in fine
 artículo 26
 resolución 
 artículo 334
 artículo 25
 artículo 7
 Resolución 
 artículo 49