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Timestamp: 2018-08-16 11:45:18+00:00

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Resolución de TEAC, 00/3366/2005, 27-06-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3366/2005 de 27 de Junio de 2007
El interesado reunía la condición de administrador tal y como se deduce de la escritura pública en que consta su nombramiento. La inscripción de los administradores en el Registro Mercantil se considera como no constitutiva y la falta de inscripción no invalida los actos del administrador ni su responsabilidad, sino que protege al tercero de buena fe que base su actuación en lo inscrito, salvo que se pruebe que conocía la realidad.
En la Villa de Madrid, a 27 de junio de 2007, en el recurso de alzada que pende ante este Tribunal Central, interpuesto en nombre y representación de D. A por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución de 28 de junio de 2005 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., por la que se desestima la reclamación económico-administrativa interpuesta contra liquidación por importe de 218.949,63 €, de la que se le ha declarado responsable subsidiario.
PRIMERO: Por resolución del Jefe de la Unidad de Recaudación de la Delegación de ... de la Agencia Tributaria, de fecha 14 de noviembre de 2002, se declaró al interesado responsable subsidiario de la deuda de ..., S.A., por aplicación del artículo 40.1, párrafo segundo de la Ley General Tributaria. De los antecedentes que obran en el expediente se consignan a continuación los siguientes datos relevantes:
1.- Deuda derivada: clave de liquidación ..., en concepto de IVA actas de Inspección 1993-1994, por importe de 218.949,63 € (cuota 94.416,85 €, intereses de demora 25.193,35 €, sanción 99.339,43 €).
2.- La entidad fue declarada fallida por acuerdo de 26 de junio de 1998.
3.- Se dictó acuerdo el 29 de junio de 1999 de derivación de responsabilidad subsidiaria a D. B, D. C y a D. D. Este acuerdo fue anulado en vía económico-administrativa (resolución ... del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ...).
4.- La Junta General de la empresa nombró administrador único a D. A el 24 de febrero de 1995.
5.- No consta que la empresa haya sido disuelta y liquidada, habiendo no obstante cesado en el ejercicio de su actividad (la última declaración trimestral de IVA corresponde al 4º trimestre de 1995 con resultado negativo, no declara ni se le imputa ningún ingreso desde 1998).
SEGUNDO: Contra el acuerdo anterior y la consiguiente liquidación, notificados el día 7 de febrero de 2003, el interesado interpone reclamación económico-administrativa ... ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... mediante escrito del día 14 siguiente, en el que alega resumidamente lo siguiente: 1) Prescripción. Pues hasta el 12 de junio de 2002 no se le notifica la existencia de un acta de inspección de IVA de los ejercicios 1993 y 1994, es decir, después de 8 años. Tampoco le fue notificada desde el día 26 de junio de 1998 la declaración de fallido del deudor principal hasta el día 12 de junio de 2002, es decir, después de cuatro años. 2) Omisión de la nueva declaración de fallido del deudor principal utilizándose la declaración de fallido del 26 de junio de 1998 la cual fue anulada por el Tribunal Regional en la reclamación ... 3) El interesado no ha sido jamás administrador de ..., S.A. y el escrito firmado por él el día 6 de agosto de 1999 corresponde a un error.
TERCERO: El Tribunal Regional dictó resolución de 28 de junio de 2005, desestimando la reclamación y confirmando el acuerdo de derivación de responsabilidad impugnado. Para ello argumenta lo siguiente, que se recoge resumidamente: 1) Que en escritura pública de 28 de marzo de 1995, protocolo ..., consta que el interesado es nombrado administrador único de ..., S.A. en Junta General de socios celebrada el día 24 de febrero de 1995. A dicha escritura se une certificación de dicho acuerdo firmada por el reclamante y los administradores salientes. Por ello está acreditada la condición de administrador único del interesado desde la citada fecha de 24 de febrero de 1995, sin que la falta de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, que no tiene carácter constitutivo del nombramiento, desvirtúe este hecho. 2) En cuanto a la prescripción, debe tenerse en cuenta que no se produce por el mero transcurso del plazo, como pretende el reclamante; el plazo de prescripción es susceptible de interrupción por actuaciones relacionadas con la liquidación o recaudación del tributo en cuestión. La legitimación del reclamante procede de su condición de responsable subsidiario de la deuda, por lo que las actuaciones realizadas respecto del deudor principal interrumpen la prescripción respecto del mismo y respecto de los responsables subsidiarios. El Tribunal Regional recoge a continuación diversos actos que interrumpen la prescripción, los siguientes: comunicación del inicio de la actuación inspectora el 18 de junio de 1996, y diferentes actuaciones en la misma; notificación de la providencia de apremio de la deuda liquidada y no pagada en plazo voluntario el 10 de noviembre de 1997; petición de aplazamiento de 11 de agosto de 1999; acuerdos de derivación de responsabilidad, posteriormente anulados; escrito de 5 de noviembre de 2002 en el que el reclamante contesta a requerimiento de información patrimonial. 3) En cuanto a la omisión de la nueva declaración de fallido, consta en el expediente que con fecha 13 de noviembre de 2001 se acordó la rehabilitación del fallido, que se dirigió requerimiento de información al reclamante de fecha 30 de septiembre de 2002 y que con fecha 14 de noviembre de 2002 se acordó nueva declaración de fallido de ..., S.A.
CUARTO: Disconforme el interesado con la resolución anterior, notificada el día 11 de julio de 2005, interpone el presente recurso de alzada mediante escrito del siguiente día 10 de agosto, en el que alega, resumidamente, lo siguiente: 1) No comparte el criterio según el cual las actuaciones realizadas respecto del deudor principal interrumpen la prescripción respecto de los responsables subsidiarios: la Ley General Tributaria no dice nada al respecto, y no es posible admitir en Derecho que los actos dirigidos contra una persona jurídica generen efectos respecto de terceros que no son parte de esa relación jurídica. Por tanto, reitera que existe prescripción. 2) La Ley General Tributaria no preveía la existencia de una responsabilidad objetiva extensible por actos cometidos por terceros: la no liquidación del IVA de 1993 y 1994 son actos llevados a cabo por los entonces administradores de la compañía y lo que es incomprensible es que por tales actos se incrimine y sancione al que nada tiene que ver con los mismos. 3) Contra lo que se ha afirmado, el interesado no es ni ha sido jamás administrador de ..., S.A. Insiste en que el nombramiento de los administradores en el momento de cometerse la infracción no fue inscrito en el Registro Mercantil, por lo que no pueden ser tenidos como representantes de la entidad ni tampoco nombrar al propio interesado como administrador, recordando que su nombramiento tampoco fue inscrito en el citado Registro, ni consta en el expediente la escritura con el nombramiento.
PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite del recurso de alzada interpuesto, en el que la cuestión planteada consiste en determinar si es conforme a derecho el acuerdo de derivación de responsabilidad impugnado y la deuda resultante exigida, confirmados por el Tribunal Regional.
SEGUNDO: El interesado no rebate ninguno de los argumentos expuestos por el Tribunal Regional en su resolución, que este Tribunal Central comparte plenamente. Por ello, procede tan sólo hacer las siguientes consideraciones, en orden a dar oportuna contestación al recurso interpuesto. En cuanto a la prescripción, hay que decir que la deuda que se derivó al interesado era una deuda viva, no prescrita. Esto quiere decir que con independencia de los ejercicios a los que se refiera, no se ha cumplido en ningún momento el plazo de prescripción establecido en el artículo 64 la Ley General Tributaria, puesto que se han producido diversos actos que lo han interrumpido, posibilidad ésta también recogida en la propia Ley en su artículo 66. Y estos actos se han ido notificando a los interesados que lo eran en cada momento (y de ningún modo resultaba obligada entonces la notificación a futuros interesados), por lo que debe concluirse que la deuda tributaria en el momento de la derivación era como ha quedado dicho, una deuda viva. A partir de la derivación, las notificaciones de los distintos actos relacionados con ella, que a su vez interrumpen el cómputo del plazo de prescripción, se han hecho igualmente al interesado en ese momento, el propio recurrente, por lo que tampoco se ha producido prescripción alguna.
TERCERO: En cuanto a la posibilidad de derivación de deudas a terceros que no cometieron la infracción, el artículo 40.1, párrafo segundo de la citada Ley 230/1963 General Tributaria es perfectamente claro: "Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones tributarias pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades los administradores de las mismas". No cabe por tanto sino la aplicación de esta norma. Finalmente, en lo que se refiere a la negación del interesado de su condición de administrador, hay que señalar que contra lo que afirma sí existe en el expediente copia de la escritura pública en la que consta su nombramiento, como se recoge en los antecedentes de la presente y en la resolución del Tribunal Regional. En cuanto a la falta de inscripción en el Registro Mercantil tanto de los nombramientos de los anteriores administradores como del suyo propio, el artículo 9.1 del Reglamento del Registro Mercantil, Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, dispone que "Los actos sujetos a inscripción sólo serán oponibles a terceros de buena fe desde su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Quedan a salvo los efectos propios de la inscripción", lo cual no significa que la inscripción sea necesaria para que el nombramiento tenga pleno efecto para terceros. Es más, el propio Reglamento dispone en su artículo 4.2 que "La falta de inscripción no podrá ser invocada por quien esté obligado a procurarla". El Tribunal Regional califica acertadamente la inscripción de los administradores en el Registro Mercantil como no constitutiva, siendo esto así porque la falta de inscripción no invalida los actos del administrador ni su responsabilidad, sino que protege al tercero de buena fe que base su actuación en lo inscrito, salvo que se pruebe que conocía la realidad. Si el Legislador hubiera querido establecer más consecuencias a la no inscripción lo hubiera dispuesto expresamente, cosa que no se hace ni en el Código de Comercio, ni el la Ley de Sociedades Anónimas ni en el Reglamento del Registro Mercantil.
Sentencia Administrativo Nº 1540/2016, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 148/2015, 04-11-2016
Orden: Administrativo Fecha: 04/11/2016 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Pardo Muñoz, Francisco Javier Num. Sentencia: 1540/2016 Num. Recurso: 148/2015
Sentencia Administrativo AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 7, Rec 600/2010, 16-01-2012
Orden: Administrativo Fecha: 16/01/2012 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Mangas Gonzalez, Ernesto Num. Recurso: 600/2010
Resolución de TEAF Gipuzkoa, 27.059, 20-12-2006

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 40
 resolución 
 resolución 
 artículo 64
 artículo 66
 artículo 40
 resolución 
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 4

Resolución