Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520293.html
Timestamp: 2019-03-20 23:44:27+00:00

Document:
as201521293
Auto Supremo: 293/2015 - L Sucre: 4 de Mayo 2015 Expediente: CB - 81 - 11 – S Partes: Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia representada por Cira
Castro Villarroel y Ana Gabriela Peredo Rojas por Benito Santa María
Vásquez. c/ Elvira Carmen Serrano Caballero Proceso: Explotación Laboral Distrito: Cochabamba
VISTOS: El recurso de casación de fs. 82 a 83 interpuesto por Elvira Carmen Serrano Caballero contra el Auto de Vista Nº REG/S.CII/ZG/ASEN.110/21.03.2011 de 21 de marzo de 2011, cursante de fs. 79 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de explotación laboral seguido por la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia representada por Cira Castro Villarroel y Ana Gabriela Peredo Rojas por Benito Santa María Vásquez contra Elvira Carmen Serrano Caballero; la respuesta al recurso de fs. 88 y vta.; el Auto de concesión de fs. 91; los antecedentes del proceso; y:
Cira Castro Villarroel y Ana Gabriela Peredo Rojas en representación de la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia de Cercado, adjuntó literales a 11 fs., demandan de fs. 12 a 13 y vta., manifestando que el adolescente Benito Santa María Vásquez de 17 años, en fecha 20 de octubre de 2009, ingresó a trabajar a la Empresa de Seguridad Privada SEPAL con un sueldo de Bs.900.- obligándose a cumplir un horario de 12 horas diarias de 07:00 a 19:00 de domingo a domingo resultando que trabajó cuatro horas extraordinarias todos los días sin descanso ni salidas y cuando se le concedió en dos oportunidades le obligaron a reponer trabajando durante dos noches. Durante un mes trabajó de 19:00 a 07:00 habiéndosele cancelado Bs.30.- por noche. Fatigado por la carga de trabajo y con deseos de retornar a su hogar, en fecha 4 de enero tuvo intención de renunciar al trabajo apersonándose a su empleadora para que le cancele los 15 días trabajados además de tres noches y le devuelva su Libreta Familiar pero se negó. Cuando fue citada a conciliación por la Defensoría no se presentó ni lo hizo en una segunda citación. Constituidos en su domicilio reclamando por la devolución del documento, el hermano de la empleadora les entregó otra citación emitida por la Oficina de Conciliación Ciudadana Nº 1 a denuncia de una tercera persona contra el adolescente. Esta persona jamás se presentó sino lo hizo únicamente el mencionado hermano de la empleadora acusando a Benito Santa María Vásquez de la desaparición de artefactos eléctricos lo que fue negado por el joven. Instando para que devuelva la Libreta respondió groseramente que no lo haría y abandonó la Oficina de Conciliación Ciudadana. Además, el informe de la Oficina del Trabajo ordenó la cancelación de Bs.3591 a favor del menor.
Elvira Carmen Serrano Caballero de fs. 26 y vta., responde señalando que contrató a Benito Santa María Vásquez a través de la oficina de empleos suscribiendo contrato de trabajo por tres meses entregándole como garantía la Libreta que tuvo que retener debido a que les robó dos radio comunicadores que asciende a Bs.750 cada uno hecho que fue denunciado ante la FELC-C por lo que no es un simple invento como sostiene la Defensoría, además en mas de una oportunidad descuidó el lugar de trabajo desprotegiendo el inmueble aspectos que deben también ser considerados
Sustanciado el proceso, la Juez de Partido Segundo de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia de 13 de octubre de 2010, de fs. 67 a 68, declaró probada la demanda ordenando a Elvira Serrano de Almeida la cancelación de Bs. 3.591 conforme la liquidación del Ministerio del Trabajo de 4 de febrero de 2010, advirtiendo la prohibición de contratar a menores de edad o emplearlos sin autorización escrita de sus progenitores o tutores legales.
En grado de apelación, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 21 de marzo de 2011, anuló el Auto de concesión de alzada declarando ejecutoriada la Sentencia apelada; resolución de grado contra la cual la parte demandada recurre de casación.
CONSIDERANDO II: HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:
Señala que su persona nada tiene que ver con la empresa de la cual es únicamente administradora pese a existir un propietario y representante legal.
Refiere que se ha presentado incidente de impersonería de acuerdo al art. 285 del Código Niño, Niña, Adolescente, empero el incidente ha sido rechazado porque supuestamente las excepciones debían ser planteadas después de la citación con la demanda por el art. 294 de la citada norma, y debía ser resuelto por la juzgadora conforme el art. 149 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se encuentra en estado de indefensión.
Enfatiza que el Auto de Vista rechazó su apelación por falta de fundamento cuando de los hechos todo está claro ya que la falta de personería en todo tipo de demandas es nula de pleno derecho por tanto toda Resolución y Sentencia en cualquier grado son consideradas ilegales ya que la citación misma con la demanda contiene vicios de nulidad directos regulado por el art. 128 del Código de Procedimiento Civil concordante con el art. 247 de la Ley de Organización Judicial.
El recurso de casación está dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.
Conforme al art. 250 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación puede ser planteado en el fondo o en la forma o en ambos a la vez. Cuando se interpone en la forma “error in procedendo", o de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del citado cuerpo legal, y está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la Resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleven la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva está orientada a la nulidad de la Resolución impugnada o la nulidad de obrados; cuando se plantea en el fondo, por errores en la resolución de fondo del litigio "error in judicando", los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 de la misma norma y está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la Resolución del litigio, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución que resuelva el fondo del litigio.
Si el recurso de casación se plantea en ambos efectos, debe inexcusablemente especificarse las causales de fondo y las causales de forma, disgregándolas y exponiéndolas con claridad de conformidad al art. 258 num. 2) relativo a los requisitos del recurso de casación, buscando con el recurso de casación en el fondo, que el Máximo Tribunal case la Resolución recurrida, y con el recurso de forma, anule el proceso o la Resolución recurrida, tomando en cuenta que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes.
Cuando se interpone recurso de casación en el fondo, lo que se busca es que se deje sin efecto un Auto de Vista o Sentencia que han sido dictados con infracción de ley o porque han incurrido en errores de hecho o de derecho en la apreciación de la pruebas, en este sentido, lo que se pretende es que el Tribunal de Casación deje sin efecto dicha Resolución, es decir, Case el fallo recurrido -Auto de Vista o Sentencia- y en lo principal, reponga las normas violadas o conculcadas; en cambio, cuando se interpone recurso de casación en la forma, lo que se busca es que el Tribunal de Casación revise los errores formales o de procedimiento que el Tribunal de Apelaciones no ha advertido, en ese sentido, lo que se pretende es la nulidad de obrados.
De la revisión del memorial de recurso se advierte que en éste no se señala si se trata de un recurso de casación en el fondo o en la forma o si se trata de un recurso en ambos efectos, simplemente se señala que se recurre en casación. En ese sentido, el recurso empieza en el punto: “Discriminación sobre la prueba valorada que afectan el principio constitucional” en el que se hace una reseña del incidente de impersonería presentado dentro del proceso el que, como refiere la recurrente, fue rechazado, sin embargo, la relación que hace del incidente no es mas que una declaración sin cuestionar nada al respecto.
El siguiente punto referido a los “Fundamentos legales del recurso” hace referencia a una supuesta falta de personería para luego señalar que la citación con la demanda contiene vicios de nulidad, lo que nos llevaría a presumir que se trata de un recurso de casación en la forma, sin embargo, de estos extremos la recurrente formula apenas enunciados referenciales que de ninguna manera denotan que se trataría de un agravio o reclamo pues no se cuestiona nada teniendo en cuenta que en casación se plantean cuestiones de derecho obligando a los recursistas a examinar e impugnar los fundamentos de la Resolución recurrida demostrando en forma concreta y precisa cómo, porqué y en qué forma con tal decisión han sido perjudicados. En el caso de análisis, habida cuenta que el fallo recurrido es anulatorio del Auto de concesión de Alzada, le correspondía a la recurrente efectuar una crítica legal de dicha Resolución cumpliendo para ello imprescindiblemente los requisitos señalados en el num. 2 del art. 258 del Código de Procedimiento Civil, para la procedencia del recurso, o sea que, la recurrente debió citar en términos claros, concretos y precisos de qué manera el Auto de vista recurrido ha violado formas esenciales y que de comprobarse daría lugar a la nulidad del mismo.
Es decir, en vista de que el Tribunal de Alzada ha dispuesto la anulación del auto de concesión de alzada con el argumento de que el recurso de apelación no tiene ningún fundamento señalando que conforme al art. 236 del procedimiento civil, el apelante tiene la obligación de explicar y demostrar cuáles son los agravios sufridos y las disposiciones jurídicas vulneradas que se necesitan para abrir la competencia del Tribunal Ad quem, de donde se tiene que aquel Tribunal no ha ingresado a considerar otros aspectos sobre el asunto propiamente dicho sino lo hace por una cuestión de forma del recurso de apelación, en consecuencia, el planteamiento del recurso de casación debía estar orientado a que este Tribunal de Casación revise si los motivos que dieron lugar a esa nulidad dispuesta son o no correctos, empero, el recurso tal como está planteado es confuso y sin ninguna fundamentación en franca trasgresión e inobservancia a los requisitos formales de procedibilidad señalados por el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, puesto que la recurrente omite puntualizar y fundamentar sus reclamos contrastando con normas legales que se habrían quebrantado, mucho menos ha dejado establecido su pretensión recursiva, es decir, ha omitido señalar qué es lo que busca a través del recurso.
Por las razones precedentemente expuestas, no se abre la competencia de este Tribunal correspondiendo fallar en la forma prevista por el art. 271 num. 1) en relación al art. 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 num. 1) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Elvira Carmen Serrano Caballero contra el Auto de Vista de 21 de marzo de 2011, cursante a fs. 79 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de explotación laboral seguido por la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia por Benito Santa María Vásquez contra la recurrente. Sin costas.
No se regula honorarios profesionales por ser la contraparte funcionario público.

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 254
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 253
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución