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Timestamp: 2019-10-16 19:52:54+00:00

Document:
Resolución Vinculante de DGT, V2226-19, 20-08-2019 | Iberley
Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V2226-19 de 20 de Agosto de 2019
Núm. Resolución: V2226-19
Ley 37/1992, IVA, arts: 7.1º y 20.Uno.22º
LIS, Ley 27/2014, arts: 76.2.1ºa)y 89.2.
TRLITPAJD, RD Leg 1/1993, arts: 19 y 45.I.B)
TRLRHL, RD Leg 2/2004, art: 104.
1º) Si la operación descrita se podría acoger al régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
2º) Cuál sería la tributación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
La entidad consultante se encuentra participada por varias personas físicas. Esta entidad se dedica al diseño, producción y montaje de depósitos y estructuras en el campo anticorrosivo del poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Se plantea, para racionalizar la estructura de la compañía, una reestructuración empresarial consistente en su escisión total, dividendo en dos partes la totalidad del patrimonio social y transmitiéndolas en bloque a dos entidades de nueva creación como consecuencia de su disolución sin liquidación (NEWCO 1 y NEWCO2), mediante la atribución a los socios de valores representativos del capital de las entidades adquirentes en la misma proporción a la que tenían en la entidad escindida.
La primera de las sociedades resultantes de la escisión (NEWCO 1) sería de carácter inmobiliario, y sería la beneficiaria de la totalidad de los bienes inmuebles de las que la entidad escindida era titular así como de los pasivos inherentes a los mismos y demás elementos necesarios para la explotación de los mismos.
La segunda de las sociedades resultante de la escisión (NEWCO 2) sería de carácter industrial, siendo la beneficiaria de la totalidad de los activos y pasivos relativos a la actividad industrial de la compañía.
-Separar los riesgos, evitando que los riesgos de la actividad industrial pudieran perjudicar al patrimonio inmobiliario.
-Facilitar la toma de decisiones de inversión y las decisiones empresariales de forma independiente en las sociedades resultantes.
-Independizar las decisiones de inversión en una u otra sociedad del grupo, al desarrollar cada una de ellas un negocio diferenciado.
-Facilitar la entrada de nuevos socios de forma individual en cada uno de los distintos negocios.
-Adaptar la estructura empresarial en función a la actividad de cada una de las entidades.
-Separar cada uno de los negocios llevados a cabo, permitiendo así una mayor especialización que redundará en una mejor gestión y racionalización de los recursos humanos y económico-patrimoniales de cada una de las sociedades resultantes de la escisión.
-Mejorar la gestión de cada uno de los negocios facilitando así el acceso al crédito y la negociación bancaria, análisis de inversiones a realizar y gestión de medios y tesorería.
-Asegurar patrimonial, financiera y económicamente las actividades desarrolladas con disminución del riesgo mercantil derivado de las distintas actividades económicas, permitiendo limitar los recursos propios de cada sociedad a los estrictamente necesarios para el desarrollo de sus objetivos.
Al respecto, el artículo 76.2.1ºa) de la LIS define la escisión total como aquella operación por la cual “una entidad divide en dos o más partes la totalidad de su patrimonio social y los transmite en bloque a dos o más entidades ya existentes o nuevas, como consecuencia de su disolución sin liquidación, mediante la atribución a sus socios, con arreglo a una norma proporcional, de valores representativos del capital social de las entidades adquirentes de la aportación y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por ciento del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.”
En el ámbito mercantil, el artículo 68 y siguientes de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, establecen, desde un punto de vista mercantil, el concepto y los requisitos de las operaciones de escisión. Concretamente, el artículo 69 de la citada Ley define el concepto de escisión total de la siguiente forma: “Se entiende por escisión total la extinción de una sociedad, con división de todo su patrimonio en dos o más partes, cada una de las cuales se transmite en bloque por sucesión universal a una sociedad de nueva creación o es absorbida por una sociedad ya existente, recibiendo los socios un número de acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias proporcional a su respectiva participación en la sociedad que se escinde.”
En consecuencia, si el supuesto de hecho al que se refiere la consulta se realiza en el ámbito mercantil al amparo de lo dispuesto en la Ley 3/2009, cumpliría en principio, las condiciones establecidas en la LIS para ser considerada como una operación de escisión total a que se refiere el artículo 76.2.1º a) de la LIS.
No obstante, el artículo 76.2.2º de la LIS, señala que “en los casos en que existan dos o más entidades adquirentes, la atribución a los socios de la entidad que se escinde de valores representativos del capital de alguna de las entidades adquirentes en proporción distinta a la que tenían en la que se escinde requerirá que los patrimonios adquiridos por aquellas constituyan ramas de actividad.”
En este caso, en la medida en que los socios de la entidad escindida consultante van a recibir participaciones en cada una de las entidades beneficiarias de la escisión de manera proporcional a su participación en aquélla, la aplicación del régimen fiscal especial no requiere que los patrimonios escindidos constituyan ramas de actividad. Por tanto, al cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 76.2.1º.a) de la LIS, la operación descrita podría, en principio, acogerse al régimen fiscal especial del Capítulo VII del Título VII del mismo texto legal.
En el escrito de consulta se indica que estas operaciones se realizan con la finalidad de:
El artículo 7.1º de la Ley de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido dispone, según la redacción dada al precepto por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, en vigor desde 1 de enero de 2015, lo siguiente:
-los elementos transmitidos constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios en sede del transmitente
-que dicha unidad económica se afecte al desarrollo de una actividad empresarial o profesional.
Por tanto, la aplicación del supuesto de no sujeción exige que el conjunto de los elementos transmitidos sean suficientes para permitir desarrollar una actividad económica autónoma en sede del transmitente.
De la información contenida en el escrito de consulta van a ser objeto de transmisión a una de las entidades la totalidad de inmuebles de la consultante, pasivos y demás elementos asociados a los mismos.
En este sentido, de la escueta información contenida en el escrito de consulta, no puede conocerse si los elementos transmitidos constituyen la transmisión una unidad económica autónoma en el transmitente, capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios.
Dicha transmisión quedará no sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido en el caso de que la misma se acompaña de la necesaria estructura organizativa de factores producción en los términos establecidos en el artículo 7.1º de la Ley 37/1992 que determina la no sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido.
En otro caso, la transmisión objeto de consulta estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, debiendo tributar cada elemento independientemente según las normas que le sean aplicables.
Por otra parte, también será objeto de transmisión a otra entidad la totalidad de los activos y pasivos afectos a la actividad industrial de la consultante con excepción de los inmuebles.
En este sentido, tal y como se ha señalado, el criterio para la consideración de si los elementos que van a transmitirse son constitutivos de una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios, debe matizarse a la vista de la referida sentencia “Christel Schriever” planteada en relación con la transmisión de los elementos afectos a un comercio minorista en el que no se producía la transmisión del local comercial donde se desarrollaba la actividad pero que iba a ser simultáneamente arrendado por el transmitente al adquirente por tiempo indefinido.
Por otra parte, una vez que se ha determinado la necesidad de la transmisión del inmueble, el Tribunal matiza que ésta puede sustituirse por su mera cesión o puesta a disposición en virtud de un contrato de arrendamiento que pueda permitir la continuidad de la actividad económica de forma duradera o, incluso, ni siquiera ser necesaria esta mera cesión de uso, cuando el adquirente disponga de un inmueble apropiado para el ejercicio de actividad.
No obstante, el escrito de consulta no aporta información al respecto, por lo que no puede conocerse si los elementos transmitidos constituyen la transmisión una unidad económica autónoma en el transmitente, capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios, lo que determinaría la no sujeción al Impuesto en los términos señalados.
Con independencia de lo anterior, en la medida que de las operaciones objeto de consulta pudiese derivarse la transmisión de bienes inmuebles que constituyen la entrega de edificaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, podría ser aplicación lo establecido en el artículo 20.Uno.22º de la Ley, que dispone que estarán exentas del Impuesto “las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su construcción o rehabilitación.
“Dos. Las exenciones relativas a los números 20.º y 22.º del apartado anterior podrán ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo, en la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente, cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y se le atribuya el derecho a efectuar la deducción total o parcial del Impuesto soportado al realizar la adquisición o, cuando no cumpliéndose lo anterior, en función de su destino previsible, los bienes adquiridos vayan a ser utilizados, total o parcialmente, en la realización de operaciones, que originen el derecho a la deducción.”.
Por último, debe tenerse en cuenta que en el supuesto de se renuncie a la aplicación de la exención en los términos contenidos en el artículo 20.Dos de la Ley 37/1992, será de aplicación, en relación con el sujeto pasivo de la transmisión, lo dispuesto en el artículo 84.Uno.2º, letra e) del mismo texto legal, que dispone:
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTOS.
En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante ITPAJD), el artículo 19 del texto refundido del referido Impuesto (TRLITPAJD), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, determina que:
El artículo 21 del mismo texto determina que “A los efectos del gravamen sobre operaciones societarias tendrán la consideración de operaciones de reestructuración las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos y canje de valores definidas en el artículo 83, apartados 1, 2, 3 y 5, y en el artículo 94 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.”
Por último, el apartado 10 del artículo 45.I.B) del TRLITPAJD, declara exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados las siguientes operaciones:
“10. Las operaciones societarias a que se refieren los apartados 1.º, 2.º y 3.º del artículo 19.2 y el artículo 20.2 anteriores, en su caso, en cuanto al gravamen por las modalidades de transmisiones patrimoniales onerosas o de actos jurídicos documentados.”
Conforme a los preceptos transcritos, a partir del 1 de enero de 2009, las operaciones definidas en los artículos 83, apartados 1, 2, 3 y 5, y 94 del TRLIS (la referencia a los artículos citados se debe hoy entender hecha a los artículos 76 y 87 de la LIS) tienen, a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), la calificación de operaciones de reestructuración, lo cual conlleva su no sujeción a la modalidad de operaciones societarias de dicho impuesto. La no sujeción a esta modalidad del impuesto podría ocasionar su sujeción a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. No obstante, para que esto no suceda, la no sujeción a la modalidad de operaciones societarias ha sido complementada con la exención de las operaciones de reestructuración de las otras dos modalidades del impuesto: transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados.
Por lo tanto, al tener la operación descrita la consideración de operación de reestructuración, la operación estaría no sujeta a la modalidad de operaciones societarias del ITPAJD y exenta de las modalidades de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados de dicho impuesto en función del apartado 10 del artículo 45.I.B) del TRLITPAJD.
Los apartados 1 y 2 del artículo 104 del TRLRHL establecen que:
Por su parte, la disposición adicional segunda de la LIS regula el régimen del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en operaciones de reestructuración empresarial, estableciendo lo siguiente:
“No se devengará el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en Capítulo VII del Título VII de esta Ley, a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 87 de esta Ley cuando no se hallen integrados en una rama de actividad.
No será de aplicación lo establecido en el artículo 9.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.”.
En consecuencia, el no devengo y por tanto la no sujeción al IIVTNU está condicionado a que el bien inmueble aportado se encuentre integrado en una rama de actividad.
En caso de que no concurran las circunstancias descritas, se producirá el devengo del IIVTNU como consecuencia, en su caso, de las transmisiones de los terrenos de naturaleza urbana, siendo el sujeto pasivo del citado impuesto, la entidad escindida.
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 2803/2008, 14-05-2012
Orden: Administrativo Fecha: 14/05/2012 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martinez De Velasco, Joaquin Huelin Num. Recurso: 2803/2008
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 218/2018, TSJ Castilla La-Mancha, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 1/2017, 23-07-2018
Orden: Administrativo Fecha: 23/07/2018 Tribunal: Tsj Castilla La-mancha Ponente: Prendes Valle, Maria Num. Sentencia: 218/2018 Num. Recurso: 1/2017
Resolución Vinculante de DGT, V2175-19, 14-08-2019
Órgano: Sg De Impuestos Sobre Las Personas Jurídicas Fecha: 14/08/2019 Núm. Resolución: V2175-19
Resolución Vinculante de DGT, V1648-19, 03-07-2019
Órgano: Sg De Impuestos Sobre Las Personas Jurídicas Fecha: 03/07/2019 Núm. Resolución: V1648-19

References: Resolución 
 artículo 76
 artículo 68
 artículo 69
 artículo 76
 artículo 76
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 artículo 7
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 artículo 20
 artículo 20
 artículo 84
 artículo 19
 Real Decreto 
 artículo 21
 artículo 83
 artículo 94
 Real Decreto 
 artículo 45
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 45
 artículo 104
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 artículo 9
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