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Timestamp: 2016-10-23 18:56:27+00:00

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RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid don José María Madridejos Fernández contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria
RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid don José María Madridejos Fernández contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid don José María Madridejos Fernández contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid don José María Madridejos Fernández contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.
En el recurso interpuesto por el Notario de Madrid don José María Madridejos Fernández contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 19 de Madrid, don Rafael Arnáiz Eguren, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.
El día 19 de noviembre de 2004 el Notario de Madrid don Rodrigo Tena Arregui, como sustituto de su compañero de residencia don José María Madridejos Fernández, autorizó una escritura de préstamo hipotecario otorgada por una entidad de crédito. En representación de dicha entidad de crédito actuó doña Mercedes B.D.
Se expresa en tal escritura que dicha señora interviene en virtud del poder conferido en su favor mediante escritura, inscrita en el Registro Mercantil, otorgada en Santander el 9 de abril de 2003 ante el Notario don José María de Prada Díez, que se reseña debidamente; y se añade lo siguiente: «Yo, el Notario, tengo a la vista copia auténtica de la referida escritura de poder, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, que la apoderada declara vigente, y considero suficientes las facultades representativas acreditadas para conceder préstamos o créditos con garantía de cualquier clase, así como aceptar hipotecas y demás actos contenidos en esta escritura...».
Copia de la mencionada escritura se presentó en el Registro de la Propiedad número 19 de Madrid el 19 de noviembre de 2004; posteriormente fue retirada y devuelta para su despacho el 10 de diciembre; sin que conste en la nota ni en el informe del Registrador los datos del asiento de presentación. Dicho título fue objeto de la siguiente calificación:
«1.º Hechos: El Notario autorizante del título que se califica señala respecto del poder cuyas circunstancias reseña debidamente, y cuya copia auténtica dice tener a la vista, que «considero suficientes las facultades representativas acreditadas para conceder préstamos o créditos con garantía de cualquier clase, así como aceptar hipotecas y demás actos contenidos en esta escritura». La redacción, indudablemente hábil del funcionario autorizante de la escritura deja en el aire si al utilizar el término «acreditadas» está dando fe de la inclusión en el poder determinadas facultades, o está haciendo un juicio de valor sobre la existencia de tales facultades, bien por la vía de su expresión concreta, bien por vía de la deducción que lleva a cabo el Notario. Para evitar este problema, lo lógico es utilizar otro término, del que resulte claro que el Notario ha visto relacionadas facultades concretas y que esa relación, que puede ser sucinta, pero que ha de ser suficiente, es bastante para llevar a cabo la calificación registral. En cambio, el término «acreditadas» parece dejar esa labor de calificación dentro del ámbito notarial, lo que constituye el punto crucial de la discusión sobre esta materia y en el alejamiento intencionado, aunque habilidoso, del criterio vinculante de la Resolución Circular de la D.G.R.N. de fecha 12 de abril de 2002. Tampoco se atreve el fedatario a calificar por sí, sino que utiliza una terminología de interpretación ambigua, que es incompatible con la claridad y garantía que exige el nacimiento y aplicación de la protección preventiva del Registro, y que se basa en la calificación bajo la responsabilidad del Registrador, entre otros aspectos, de la capacidad de los otorgantes.
2.º Fundamentos de derecho: Artículos 18 de la Ley Hipotecaria, 98 de la Ley 24/2001, y Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de abril de 2002; así como fallos concordantes.
El defecto señalado tiene carácter de subsanable.
Contra la precedente calificación puede interponerse recurso.
Madrid, 14 de diciembre de 2004.El Registrador [Firma ilegible. Existe sello con el nombre y apellidos del Registrador]».
Debe destacarse, a los efectos que luego se expondrán, que no consta en el informe del Registrador ni en su escrito de elevación del expediente a este Centro Directivo que la calificación haya sido comunicada al Notario ahora recurrente (ni siquiera al Notario que en sustitución del mismo autorizó la escritura calificada).
Por otra parte, debe destacarse que a la fecha de la calificación este Centro Directivo ya había resuelto diferentes recursos frente a calificaciones relativas al artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en sentido contrario al mantenido por el Registrador en su calificación y en su informe. A tal efecto, y entre otras previas, en el Boletín Oficial del Estado se habían publicado las resoluciones de carácter vinculante de 14,
15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004, en las que claramente se establece una doctrina distinta a la expuesta por el Registrador en su calificación e informe.
Por medio de escrito que tuvo entrada en el mencionado Registro de la Propiedad el 3 de enero de 2005, el Notario autorizante de la escritura calificada interpuso recurso gubernativo contra dicha calificación, con base en los argumentos que se resumen en el fundamento de derecho primero de esta resolución.
El Registrador de la Propiedad emitió su preceptivo informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escritos con fecha de 7 de enero de 2005, que tuvieron entrada en este Centro el día 17 de dicho mes.
En tal informe no constan datos como la fecha y la forma en que se haya notificado la calificación. En cambio, el funcionario calificador reconoce abiertamente que tiene constancia de la doctrina de esta Dirección General y que, no obstante su conocimiento, no acata su contenido, justificando el mantenimiento de su calificación en la, a su juicio, contradicción existente entre las Resoluciones de este Centro Directivo citadas en el antecedente de hechos precedente y la de 12 de abril de 2002.
19 bis, 259, 274, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comercio; 17 bis de la Ley del Notariado; 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958; 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 y 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 103.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1982, de 16 de junio; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1982, 9 de junio y 14 de noviembre de 1986, 3 de octubre de y 4 de noviembre de 1988, 30 de diciembre de 1989, 27 de febrero y 23 de abril de 1990, 2 de marzo de 1991, 13 de junio de 1997, 20 de enero, 11 de febrero y 25 de mayo de 1998 y 28 de mayo de 2003; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero y 21, 22 y 23 de febrero de 2005, entre otras.
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/ 2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas de los apoderados e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades atendido el negocio jurídico concluido, esto es, un préstamo con garantía hipotecaria «Yo, el Notario, tengo a la vista copia auténtica de la referida escritura de poder, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, que la apoderada declara vigente, y considero suficientes las facultades representativas acreditadas para conceder préstamos o créditos con garantía de cualquier clase, así como aceptar hipotecas y demás actos contenidos en esta escritura...».
El título presentado fue calificado por el Registrador de la Propiedad del modo expuesto en el apartado segundo de los precedentes «Hechos». Y el Notario interpuso recurso contra dicha calificación con base en los siguientes argumentos: Primero, la nota de calificación es contraria a lo preceptuado por el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y a la doctrina sentada por esta Dirección General en las Resoluciones de 12 de abril de 2002, citada por el propio Registrador, y por las de 20, 21 y 22 de septiembre de 2004; pues en la escritura calificada el Notario da fe de la exhibición del documento auténtico del que nacen las facultades representativas, lo reseña con inclusión de su inscripción en el Registro Mercantil y emite un juicio sobre la suficiencia de dichas facultades representativas, que se enumeran sucintamente en congruencia con el contenido de la escritura autorizada. Segundo, la literalidad de la frase completa en que se contiene la palabra «acreditadas» no deja lugar a ninguna duda en cuanto a la emisión por el Notario del juicio de suficiencia de las facultades representativas, y se ha cumplido el requisito de la enumeración sucinta de las facultades, de acuerdo con el criterio de la Resolución de 12 de abril de 2002, mientras que el Registrador parece exigir el testimonio literal de dichas facultades, lo que es distinto de una enumeración sucinta y desvirtúa el criterio sentado por el mencionado artículo 98 de la Ley 24/2001 y por dicha Resolución. Tercero, la expresión «facultades de representación acreditadas» es absolutamente incompatible con el significado de facultades interpretadas o deducidas que parece querer atribuirle el Registrador.
Como puede apreciarse, la tempestividad de la motivación se engarza de modo natural con la prohibición de la indefensión, pues si no se ofrece al ciudadano en tiempo oportuno la integridad de los razonamientos del órgano administrativo en nuestro caso funcionario calificador, difícilmente podrá aquél recurrir de modo adecuado una decisión administrativa en el caso de la calificación, un acto de Administración fundado en Derecho Privado.
En suma, si el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los argumentos jurídicos
que motivan su decisión de denegar la práctica del asiento solicitado es el de la calificación (artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria), no puede, al emitir el referido informe, motivar con fundamentos de derecho su decisión de mantener la calificación, como si se tratara de una especie de recurso de reposición, de modo que esta segunda resolución fuera susceptible de recurso de alzada. De ahí que, conforme al artículo 327, párrafo séptimo, de la Ley Hipotecaria, no sea la decisión de mantener la calificación lo que haya de notificarse a los interesados, sino únicamente la de rectificar dicha calificación con la consiguiente inscripción del título; y, según el párrafo octavo del mismo artículo, la falta de emisión en plazo del referido informe del Registrador no impide la continuación del procedimiento hasta su resolución.
Aplicada la precedente jurisprudencia a la calificación recurrida se aprecia, sin más, que la misma no se encuentra debidamente motivada, ya que el funcionario calificador se ha limitado a citar unos preceptos y una Resolución de este Centro Directivo. Es más, ni siquiera aun cuando se relacionaran esos preceptos con el inciso final del hecho único de su calificación llega a proporcionarse al interesado razón lógica suficiente de por qué considera el funcionario calificador que el Notario debe transcribir las facultades representativas de quien actúa en nombre de la entidad de crédito sin que sea suficiente con expresar que considera suficientes las facultades representativas acreditadas para conceder préstamos con garantía hipotecaria.
En conclusión, esta Dirección General, visto el expediente del recurso, entiende que procede resolver el fondo de la cuestión, estimando el recurso interpuesto por las razones que luego se expondrán, sin perjuicio de lo cual es necesario efectuar dos últimas precisiones:
Primera, este Centro Directivo, como en otras Resoluciones que son de público conocimiento, incluso para el Registrador cuya calificación ha sido recurrida, pues así lo reconoce abiertamente en su informe, no va a tener en consideración el contenido de dicho informe, en cuanto en él se encuentra verdaderamente la motivación de la calificación negativa. En caso contrario, esta misma Dirección General estaría admitiendo que un funcionario de ella dependiente calificara intempestivamente un título sometido a calificación. Por otra parte, cabe precisar que en su informe el Registrador ha omitido determinados datos (si se ha notificado la calificación, con expresión de la fecha y la forma en que, en su caso, se ha notificado) que son necesarios para que este Centro compruebe la regularidad del expediente y de la actuación del Registrador.
Segunda, esta Dirección General entiende que, a la vista del expediente calificación e informe del Registrador, pueden existir causas que justifiquen la apertura de un expediente disciplinario, pues el Registrador procede en su calificación y en su informe en sentido materialmente contrario al reiterado criterio de este Centro Directivo; y, lo que resulta aún más importante, utilizando como base de su argumentación un razonamiento relativo a la Resolución de 12 de abril de 2002, que en nada se corresponde con el que esta Dirección General ha mantenido y explicado respecto de dicha Resolución, en las sucesivas por las que ha resuelto recursos frente a calificaciones negativas que tienen como objeto el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y que son citadas en su integridad en la presente.
4. La cuestión objeto de este recurso ha sido abordada en innumerables ocasiones por este Centro Directivo (cfr. las Resoluciones citadas en los Vistos). Así, según el fundamento de derecho quinto de las Resoluciones de 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre de 2004, cuyo contenido se ha reiterado en las de 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero de 2005, «para que pueda entenderse válidamente cumplido el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la suficiencia de las facultades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Obviamente, las facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación que deberá comprender, al menos, el nombre o denominación social del poderdante y del apoderado, el nombre del Notario autorizante, la fecha del documento, el número de protocolo y su vigencia.
Por último, en el ejercicio de esa función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del título presentado se deriva de los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 18.2 del Código de Comercio, pues de su simple lectura se advierte que en el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento público notarial ex artículo 17 bis de la Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862».
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente el documento del que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que el mismo es un poder conferido, mediante escritura pública, autorizadas por el Notario que se identifica, añadiendo la fecha del poder, el número de protocolo, los datos de inscripción; así mismo se expresa que la apoderada asevera la vigencia de la representación que ejercitan (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo
cfr., por todas, la Resolución de 28 de mayo de 1999, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento). Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de las reseñas.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título lo siguiente: «Yo, el Notario, tengo a la vista copia auténtica de la referida escritura de poder, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, que la apoderada declara vigente, y considero suficientes las facultades representativas acreditadas para conceder préstamos o créditos con garantía de cualquier clase, así como aceptar hipotecas y demás actos contenidos en esta escritura.».
Madrid, 1 de abril de 2005.La Directora General, Pilar Blanco-Morales Limones.
Sr. Registrador de la Propiedad de Madrid número 19.

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e contrario
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