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Timestamp: 2018-12-11 07:19:31+00:00

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Comisión interamericana de derechos humanos - Página 16
Durante el año 2011 se ha recibido información con respecto a varios actos de amenazas, intimidación y hostigamiento contra periodistas. El 17 de julio de 2011, el periodista Roberto García Fúnez, corresponsal de Radio Progreso en el municipio de Arizona, departamento de Atlántida, habría sido agredido físicamente por el alcalde de Arizona en una reunión pública, por lo que el periodista habría interpuesto una demanda por agresión física en contra del alcalde el 25 de julio. Según lo reportado, el periodista y su familia habrían sido objeto de amenazas a muerte y actos de hostigamiento544. Según lo informado, el 14 de septiembre de 2011, el periodista Mario Castro Rodríguez, director del noticiero “El látigo contra la corrupción” en Globo TV, habría recibido amenazas de muerte vía mensajes de texto545. Los periodistas Esdras Amado López y Mario Rolando Suazo, de Canal 36-Cholusat Sur, habrían sido amenazados de muerte después de divulgar información acerca de presuntas irregularidades en la Iglesia católica hondureña. Según lo informado, los periodistas comenzaron a recibir mensajes amenazantes mediante textos en sus teléfonos celulares, después de haber revelado, el 12 de julio, la carta de renuncia de un sacerdote en la que mencionaba supuestas anomalías cometidas en la institución religiosa546. Desde el 8 de septiembre, el periodista Mario Castro Rodríguez, director del programa de noticias “El látigo de la corrupción˝, que se transmite por Canal Globo TV de Tegucigalpa, en habría sido amenazado en varias ocasiones mediante mensajes de texto a su teléfono celular547.
La CIDH reitera que, según el noveno principio de su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
D. Censura indirecta, sanciones ulteriores y limitaciones de acceso a información pública
La CIDH ha recibido información de la resolución NR003/11 emitida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) el 24 de febrero de 2011, según la cual se suspende el otorgamiento de permisos y licencias de frecuencias radioeléctricas para la operación de Estaciones de Baja Potencia con Modulación en Frecuencia (BPFM) que operan en el rango de 88 a 108 MHz. CONATEL establece que solo podría ser autorizado el uso de esas frecuencias, como repetidoras, a operadores que posean una frecuencia en otro rango. La decisión afectaría a un grupo de radioemisoras comunitarias que no podrían acceder a otras potencias y frecuencias debido a que el único procedimiento para obtenerlas es la subasta económica548. Según la información recibida, esta resolución se produjo a pesar de los compromisos aceptados por el Estado hondureño en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en noviembre de 2010, según el cual Honduras se comprometió a “generar un debate entre el Congreso Nacional y la sociedad civil a fin de adecuar el marco regulatorio del Sector de Telecomunicaciones y asegurar su armonización con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en relación con los sectores público, privado y comunitario de la radiodifusión”549.
A este respecto, el Estado hondureño indicó que la Resolución NR003/11 “se basa en consideraciones técnicas” relativas a la saturación del espectro radioeléctrico dentro de la banda 88-108MHZ, específicamente para las estaciones que usan modulación de frecuencia (FM), pues “en las zonas o áreas más pobladas del país no existe disponibilidad de frecuencias radioeléctricas en ese rango de frecuencias”. Según el Estado, esta situación trajo como resultado que CONATEL autorizase “frecuencias radioeléctricas de baja potencia en el territorio nacional para cubrir aquellas zonas que no eran cubiertas por estaciones de radiodifusión de potencia regular”. El Estado consideró que estas disposiciones han provocado “obstáculos para desarrollar o implementar nuevas canalizaciones y nuevas zonas de radiodifusión que las nuevas tecnologías permiten”, y que con la nueva resolución lo que se busca es “evitar mayores problemas para futuras planificaciones de canalización y de zonas de servicio de radiodifusión sonora”550. Sin embargo, la CIDH pone de presente que en la información proporcionada, el Estado no hizo referencia alguna a la dificultad que esta Resolución impone a las radioemisoras comunitarias, en el sentido de que éstas no podrían acceder a otras potencias y frecuencias por procedimientos distintos a la subasta económica.
El principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH sostiene que: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
De acuerdo con el principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH: “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.
Según información recibida, el 23 de septiembre de 2011, el Congreso Nacional habría negado a la revista digital Revistazo.com información acerca de organizaciones no gubernamentales, iglesias y patronatos que habrían recibido dinero del Estado durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti, entre el 28 de junio de 2009 y el 27 de enero de 2010. El Congreso se habría limitado a responder que tenía información disponible acerca del tema consultado a partir del año 2010, pero no contaba con datos de 2008 y 2009. Revistazo presentó un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, que a la fecha de cierre de este informe no había sido resuelto551.
El cuarto principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión estipula: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.
La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la aprobación en la Cámara de Representantes, el 25 de enero de 2011, y en el Senado, el 8 de abril, del informe del Comité Conjunto Especial (Joint Select Committee) para la consideración y revisión de las leyes de difamación de Jamaica. De acuerdo con la información recibida, el informe fue trasladado al Consejo Parlamentario Principal (Chief Parliamentary Counsel) para la preparación del proyecto de ley, el cual deberá ser firmado por el gabinete antes de regresar a la Cámara de Representantes552. El informe del Comité Conjunto Especial recomendó, entre otras enmiendas, abolir la criminalización de las publicaciones difamatorias (criminal libel) incluyendo las publicaciones que puedan ser consideradas blasfemas, obscenas o sediciosas, en el entendido de que los estándares internacionales establecen que nadie debe ser encarcelado por expresarse; eliminar la diferencia entre la difamación publicada en medios de comunicación (libel) y la realizada de manera oral (slander) y sustituirla por una acción civil única por publicación difamatoria; reducir de seis a dos años el periodo de prescripción de un presunto delito de difamación, a partir de su publicación; reemplazar la defensa de la justificación por la de exceptio veritatis, es decir, que el demandado por difamación sea eximido del cargo cuando pueda alegar y probar que los hechos contenidos en su publicación son en gran parte o en su totalidad ciertos; y crear la figura de la “difusión inocente” (innocent dissemination), para proteger a los medios que dentro de los límites de la razonabilidad, han reproducido de buena fe contenidos de otras publicaciones que podrían resultar difamatorios553. Según la información recibida, el 22 de noviembre se presentó una propuesta de ley en la Cámara de Representantes que implementaría el informe del Comité Conjunto Especial554. Al cierre de este Informe Anual aún estaba pendiente la aprobación de estas reformas.
El 26 de octubre de 2010 el Primer Ministro de Jamaica, Bruce Golding, habría reiterado ante la Asociación de Prensa de Jamaica su compromiso con la protección de la libertad de prensa y habría manifestado su interés en impulsar las reformas a la Ley de Difamación, que se habrían entrabado555. Según lo informado, el Primer Ministro también habría insistido en la necesidad de que los medios de comunicación establezcan un “consejo de prensa” para tramitar quejas del público cuya reputación podría haber sido dañada por reportes “injustificados” en los medios de comunicación. La Asociación de Prensa de Jamaica respondió que continuará sus esfuerzos para establecer un consejo de reclamos de prensa (media complaints council) para aceptar quejas del público acerca de los medios de comunicación556.
La Relatoría Especial valora positivamente los pasos tomados por el Estado de Jamaica hacia la reforma de sus leyes de difamación y recuerda que el principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “[l]a protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.
De acuerdo con información recibida, el 14 de abril de 2011 el Comité Conjunto Especial creado por el Parlamento para estudiar el funcionamiento de la Ley de Acceso a la Información de 2002, presentó al Parlamento sus recomendaciones para fortalecer la ley y mejorar su efectividad. Según lo reportado, la Ley, además de sus importantes avances, habría mostrado algunas debilidades en su funcionamiento. Entre las recomendaciones emitidas por el Comité figura la necesidad de empoderar la Unidad de Acceso a la Información (Access to Information Unit – ATI Unit) como un organismo con cuerpo estatutario, con poder significativo para monitorear el desempeño de las agencias de Gobierno en el cumplimiento del contenido de la Ley; la aplicación del test de interés público para fundamentar el rechazo de las solicitudes de acceso a la información; y la separación del tribunal de apelación de la Unidad de Acceso a la Información, de forma que cuente con mayor independencia y con la prerrogativa de realizar investigaciones e indagaciones necesarias para resolver las impugnaciones a decisiones de primera instancia en materia de acceso a información, más allá de su ya establecida facultad para revisar los documentos solicitados. Sin embargo, el Comité se manifestó en contra de la propuesta de establecer un plazo a dicho tribunal de apelación para emitir sus decisiones557. El mismo Comité propuso la derogatoria de la Ley de Secretos Oficiales (Official Secrets Act) de 1911, que en la actualidad podría impedir a los servidores públicos dar a conocer información básica de interés público. El entonces primer ministro, Bruce Golding, habría manifestado públicamente su intención de que la Ley de Secretos Oficiales sea derogada558.
La Relatoría Especial valora positivamente los esfuerzos realizados por el Estado para fortalecer y mejorar la efectividad de su Ley de Acceso a la Información. Asimismo, le reitera su preocupación por la vigencia de la Ley de Secretos Oficiales (Official Secrets Act), y en este sentido, recuerda que el principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “[e]l acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.
La Relatoría Especial fue informada de la decisión del Senado de la República, el 29 de noviembre, de eliminar los artículos 1 y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta559. Dichos artículos se refieren, respectivamente, a los “ataques a la vida privada” y las sanciones aplicables a dichas infracciones560. Según la información recibida, la iniciativa fue enviada al Poder Ejecutivo federal para su publicación561. En su Informe Especial Sobre Libertad de Expresión en México 2010, la Relatoría Especial recomendó al Estado mexicano, “Derogar los tipos penales que criminalizan la expresión, entre ellos los contenidos en la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917”562. La Relatoría reconoce este importante avance.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió con satisfacción la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del Amparo Directo 28/2010563. El caso surgió de una demanda civil instalada a raíz de una columna publicada por la revista Letras Libres que cuestionaba el convenio de colaboración que habría celebrado el periódico La Jornada con un diario español y el efecto que dicho convenio habría tenido sobre la línea editorial de La Jornada. En su decisión del 23 de noviembre, la Suprema Corte absolvió al autor de la columna y a Letras Libres. Citando ampliamente la jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión, incluyendo el estándar de la “real malicia”. La Corte observó que:
“El debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública en general, de modo que no sólo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes. Estas son las demandas de una sociedad plural tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia.
“Al respecto, si bien es cierto que cualquier individuo que participe en un debate público de interés general debe abstenerse de exceder ciertos límites, como el respeto a la reputación y a los derechos de terceros, también lo es que está permitido recurrir una cierta dosis de exageración, incluso de provocación, es decir, puede ser un tanto desmedido en sus declaraciones, y es precisamente en las expresiones que puedan ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar o disgustar donde la libertad de expresión resulta más valiosa”564.
La Relatoría Especial también recibió con satisfacción la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 30 de noviembre, que ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar el expediente de la averiguación previa de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco a una familiar de la víctima565. La decisión fue dada a conocer por la Suprema Corte566, sin embargo el texto completo de la misma aún no estaba disponible al momento de cierre del presente informe. Según informó la Suprema Corte en un comunicado de prensa, el tribunal concluyo, “en acatamiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos567 […] y en atención a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”, que:
“[e]l artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental debe ser interpretado en el sentido de que las averiguaciones previas sobre hechos que puedan constituir graves violaciones a derechos humanos no se encuentran reservadas, razón por la cual son información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° constitucional”568.
En su Informe Especial Sobre Libertad de Expresión en México 2010, la Relatoría Especial llamó la atención al hecho que la PGR no había acatado la decisión del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en este caso569. En dicha ocasión, la Relatoría expresó que:
“[r]econoce la necesidad de mantener la reserva de las averiguaciones previas abiertas para no afectar la investigación y para proteger datos sensibles. Sin embargo, la Relatoría considera que la entrega de una versión pública de la información sobre averiguaciones concluidas o inactivas durante años, previa protección de datos sensibles y de elementos que de manera probada demuestren que debe mantenerse en reserva para proteger otros intereses legítimos, promueve la publicidad del proceso y es una garantía para el adecuado control inter-orgánico y social sobre los órganos de procuración de justicia. Este es justamente el propósito del derecho de acceso a la información”570.
La Relatoría Especial recibió con satisfacción la noticia de la decisión absolutoria dictada el 7 de abril por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a favor del semanario Contralínea y de su director Miguel Badillo, las reporteras Ana Lilia Pérez y Nancy Flores y el caricaturista David Manrique. El Juzgado 54 Civil del Distrito Federal había condenado en primera instancia al semanario y a los comunicadores el 3 de enero de 2011, por haber cometido daño moral en perjuicio de tres empresarios petroleros, quienes se sintieron ofendidos por el contenido de una serie de reportajes publicados en Contralínea, acerca de su participación en negocios presuntamente irregulares con la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX). Entre otros aspectos, la sentencia del Tribunal Superior establece que los periodistas sólo tienen el deber de adelantar una investigación razonable acerca de los hechos publicados; que solo podrían ser sancionados si se demostrara la inexistencia de sus fuentes o la intención de dañar a los aludidos y que no tienen la obligación de aportar pruebas formalmente generadas (como sí están obligadas las autoridades judiciales); además la sentencia sostiene que es menor el umbral de protección del patrimonio moral de los empresarios que voluntariamente realizan negocios con el Estado, pues son figuras públicas dedicadas a asuntos de interés público571.
La Relatoría Especial toma nota de la decisión del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) de ordenar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), órgano de inteligencia del Estado mexicano, entregar información acerca de la cantidad de personas que han muerto en enfrentamientos entre bandas criminales o entre éstas y fuerzas del Estado, entre los años 2000 y 2010. Los datos deberán estar desglosados por mes e identificar si los fallecidos eran o no funcionarios públicos y a qué institución pertenecían. Inicialmente, el CISEN había alegado que no tenía en su poder esos datos y remitió al solicitante a otras entidades del Estado y a una base de datos estatal de homicidios, con información del 2006 al 2010. De acuerdo con lo informado, el IFAI solicitó al CISEN hacer una búsqueda exhaustiva en sus archivos para localizar los datos solicitados, en el periodo 2000-2010, y entregarlos en formato electrónico572.
La Relatoría Especial destaca el hecho de que la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera, el 2 de febrero, atraer por razones “de interés y trascendencia” un caso acerca de la negativa de la Secretaría de Salud de otorgar publicidad oficial a la emisora comunitaria La Voladora Radio, de la localidad de Amecameca, en el estado de México. La Secretaría de Salud habría alegado que la emisora no cubría las expectativas de amplia difusión y cobertura para sus mensajes, mientras que la radio y sus representantes legales sostienen que la emisora atiende a una población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, y que la negativa a otorgar publicidad contraviene las obligaciones de respeto y promoción de la libertad de expresión y el derecho a informar, garantizados en la Constitución mexicana. El asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia luego de que el Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal resolviera negativamente en agosto de 2010 una demanda de amparo de la radio573. El 13 de julio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo a La Voladora Radio, al considerar que era violatorio de la libertad de expresión, y del derecho a informar, la negativa de la Secretaría de Salud para contratar la difusión de la publicidad oficial que resulte razonable con una Radiodifusora Comunitaria. De acuerdo con el fallo, la decisión de la Secretaría de Salud se apoyó en medidas de restricción que carecen de razonabilidad pues privilegian a los medios de comunicación en función de su alcance general de difusión y no de su cobertura real en las regiones o comunidades del país. Según la sentencia, pueden darse casos especiales donde las emisoras de alcance nacional no sean las más idóneas, como cuando una comunidad habla una lengua autóctona o si las condiciones geográficas dificultan la recepción de una señal574.
En sentido muy similar a la sentencia mencionada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió, el 24 de agosto, el amparo solicitado por la emisora comunitaria Radio Nandía. Al igual que La Voladora Radio, Radio Nandía interpuso una demanda de amparo ante la negativa de la Secretaría de Salud del Estado de México de contratar publicidad oficial con dicha emisora, demanda que fue resuelta a favor de la radio por parte de la Suprema Corte575.
La Relatoría Especial observa que más de 50 medios de comunicación mexicanos firmaron el 24 de marzo un acuerdo para la cobertura informativa de la violencia, con el fin de proteger a los periodistas y evitar ser utilizados como instrumentos de propaganda del crimen organizado. El documento establece objetivos, principios rectores y criterios editoriales comunes y, entre otras disposiciones, propone garantizar la seguridad de los reporteros que cubren temas relacionados con la violencia e inseguridad mediante coberturas conjuntas, evitar hacer reportes desde las zonas más violentas y no firmar notas sobre temas de criminalidad organizada. También establece, entre otros puntos, alentar la participación y denuncia ciudadana en la lucha contra el crimen, no interferir en el combate de la delincuencia, proteger a las víctimas y menores y crear un órgano ciudadano de observación a los medios, que haga reportes periódicos acerca del apego de los medios a los términos del acuerdo576.
La Relatoría Especial valora la creación de una Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social en el estado de Oaxaca, con el objetivo de investigar más de 400 crímenes que tendrían motivaciones políticas, entre ellos las muertes de más de 20 personas asesinadas durante una protesta contra el gobierno estatal en 2006, en la que también murió el periodista estadounidense Bradley Will577. El reportero independiente norteamericano falleció al ser alcanzado por disparos cuando filmaba los disturbios. La única persona acusada por el crimen del comunicador, un activista participante en las protestas, habría sido exonerado de toda responsabilidad por un tribunal federal578.
La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la detención, el 28 de agosto, de una persona presuntamente implicada en el homicidio del periodista José Luis Romero579. Romero, quien trabajaba en el noticiero radial Línea Directa, desapareció en diciembre de 2009 y su cuerpo sin vida fue hallado en Los Mochis, estado de Sinaloa, el 16 de enero de 2010580. Según la información recibida, la persona capturada, Gilberto Plascencia Beltrán, pertenecería al grupo delictivo Los Mazatlecos y habría entregado los nombres de otras personas que participaron en la privación de libertad y homicidio del periodista Romero. Por su parte, la Asociación de Periodistas de Sinaloa y la Asociación Sinaloense de Comunicadoras habrían exigido a las autoridades pruebas sobre la responsabilidad del sospechoso581.

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 Resolución 
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 Resolución 
 artículo 14
 artículo 6