Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/55770
Timestamp: 2019-09-16 22:41:01+00:00

Document:
Gaceta: LXII/3SPR-12/55770
Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a diversos ayuntamientos del Estado de Veracruz un informe sobre los términos de la concesión otorgada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento.
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Congreso de Veracruz a derogar las disposiciones contenidas en la Ley de Aguas de la entidad que violan el Derecho Humano al agua, establecido en el artículo 4º de La Constitución Federal, del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y el Senador Manuel Bartlett Díaz.
A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz analice y derogue las disposiciones establecidas en la Ley de Aguas de la entidad que violenten lo consagrado en el artículo 4º constitucional, es decir, el Derecho Humano al Agua.
La propuesta en estudio señala que la protección a los derechos establecidos en el cuarto numeral de la Constitución y en diversos Instrumentos Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, se ha visto vulnerado por algunas disposiciones establecidas en la Ley de Aguas del Estado de Veracruz.
Entre otras causas que dieron origen a la preocupación de los proponentes se encuentran:
La inconformidad manifiesta por privatizar el SAS pues se sabía ya que se le inyectaban más de mil millones de pesos para rescatarlo de la quiebra. Como se advirtió entonces, si no se ponía interés en el tema, los veracruzanos serían quienes tendrían que pagar este quebranto, con el incremento de cuotas anuales, por lo que se solicitó que se realizara una auditoría y, si fuera el caso, castigar a quienes lo saquearon.
La lucha de asociaciones civiles y trabajadores de SAS ha sido constante a lo largo de varios años; han realizado un sin número de marchas contra la privatización del sistema de agua. El origen de las movilizaciones es porque están en contra de que el SAS se entregue a la iniciativa privada.
La publicación de fecha 6 de febrero del 2015 en la Gaceta Oficial del Estado, donde se establece: “selección de un socio inversionista operador de reconocido prestigio y solvencia; que aporte su experiencia y los recursos económicos suficientes para la realización de un programa de inversión a largo plazo: y forme parte en la conformación de una empresa mixta de participación público - privada bajo la modalidad de sociedad anónima promotora de inversión”.
La oficialización del nacimiento del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), consorcio integrado por la empresa española Aguas de Barcelona Interagbar de México y la brasileña Odebrecht Ambiental, ganadoras de la licitación pública internacional, para sustituir al Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano con una concesión de 30 años.
La proponente expone que es de fundamental importancia garantizar y proteger el derecho Humano al agua, consagrado en nuestro texto constitucional, por lo que se tiene que hacer un llamado al Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz para que dé cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución y derogue las disposiciones que contravengan a la misma.
Por último la proponente precisa también que “se opone de entrada a toda medida que tenga por fin privatizar los servicios básicos que ofrece el Estado, pues con ello los beneficiarios del servicio del agua la pagarán a precios comerciales, como ocurre en Puebla, en donde se pagan tarifas que son hasta 100 por ciento más caras. De hecho Puebla está dentro de las 10 ciudades que más pagan por el servicio del agua, y a ellas se añadirá ahora los municipios de Veracruz, Boca del Rio y Medellín. Esto significa también que no se respeta el derecho humano al agua como lo dispone la Constitución federal, que garantiza que el agua sea asequible, esto es, que se pague de acuerdo a la capacidad económica de la gente, y no a precios de mercado”.
Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz para que derogue las disposiciones contenidas en la Ley de Aguas de la entidad, que violan el derecho humano al agua establecido en el artículo 4° de la Constitución federal.
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz para que revise y revierta, en el ámbito de sus facultades, la concesión otorgada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), consorcio integrado por la empresa española Aguas de Barcelona Interagbar de México y la brasileña Odebrecht Ambiental, ganadoras de la licitación pública internacional, para sustituir al Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de la entidad en una concesión de 30 años, porque privatizar el servicio viola el derecho humano al agua establecido en nuestra Constitución federal y los tratados internacionales en la materia.
Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de la manera más respetuosa a los Municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, así como al Congreso del Estado de Veracruz informen a esta Soberanía sobre los términos de la concesión otorgada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento; y a la Contraloría de la entidad le solicita que revise la legalidad de la misma.
México ha implementado medidas de protección a los derechos consagrados en nuestro máximo texto jurídico y en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Es por ello, que la privatización de cualquier elemento esencial para la vida humana como lo es el agua, es contrario los derechos humanos y por ende a nuestro texto constitucional. Así los proponentes advierten de una posible violación del texto constitucional por parte de los numerales 44 y 45 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz.
Con motivo de lo anterior, los proponentes señalaron como fundamental el actuar del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz para que en cumplimiento de sus atribuciones vigile la observancia del cuarto numeral de la Constitución Federal. Esto es, que cuentan con la facultad para derogar disposiciones normativas que contravengan dicho artículo. Asimismo, piden que en ejercicio de sus facultades y en el ámbito de sus competencias el Congreso del Estado, los Municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín y la Contraloría de la entidad, investiguen la legalidad de la concesión otorgada al grupo de empresas de carácter privado para la explotación, administración, financiamiento y distribución del líquido vital.
De igual manera, solicitan que se revoque la Concesión que se le otorgó al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), integrada por tres empresas, dos de carácter internacional como lo son Aguas de Barcelona que es española y Odebrech Ambiental que es brasileña y una de carácter nacional, Interagbar, todas del sector privado, que ganaron la licitación publicada en la Gaceta Oficial de la entidad el día 6 de febrero del año en curso.
Esta comisión dictaminadora coincide con la intensión de los proponentes en vigilar la observancia constitucional de los derechos humanos. Es por ello, que se considera necesario hacer mención de los alcances jurídicos que tienen las disposiciones citadas de la Ley de Aguas para el Estado de Veracruz y su relación con el texto constitucional y la Ley Nacional de Aguas.
La Ley de Aguas del Estado de Veracruz establece la participación de empresas privadas en el desarrollo del sector hidráulico de la entidad de la siguiente manera:
Artículo 44. Se considera de interés público la promoción y fomento de la participación organizada del sector social y del sector privado para el financiamiento, construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, conservación, operación y administración de la infraestructura hidráulica del estado de Veracruz servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; y las acciones que promuevan el rehusó de las aguas tratadas.
Artículo 45. Para los efectos del artículo anterior, el sector social y los particulares pueden participar en:
I. La prestación de los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;
II. La ejecución de obras de infraestructura hidráulica y proyectos relacionados con servicios públicos, así como, en su caso, el financiamiento;
III. La operación y mantenimiento total o parcial de los sistemas destinados a la prestación de los servicios públicos;
IV. La colección, el desalojo y el manejo de lodos; y
V. El servicio de conducción, potabilización, suministro, distribución o transporte de agua.
De lo anterior se desprende, que esta ley permite la injerencia del sector privado en el manejo de los recursos hidráulicos de la entidad a través de una concesión otorgada por los ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado respectivamente como lo establece el segundo artículo de dicho ordenamiento jurídico.
Por lo que hace a la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos con respecto al derecho humano de acceso al agua establece:
Artículo 4º…
Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales vigente establece en su texto:
Artículo 47 bis. "La Autoridad del Agua" promoverá entre los sectores público, privado y social, el uso eficiente del agua en las poblaciones y centros urbanos, el mejoramiento en la administración del agua en los sistemas respectivos, y las acciones de manejo, preservación, conservación, rehusó y restauración de las aguas residuales referentes al uso comprendido en el presente Capítulo.
Derivado de lo anterior y con relación en las disposiciones de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz citadas, se dilucida una congruencia normativa en los tres ordenamientos jurídicos, desencadenada jerárquicamente en los siguientes puntos:
Como se puede apreciar en el cuarto artículo constitucional, cede del Derecho Humano al Agua, aparentemente no se expresa ninguna prohibición a la injerencia del sector privado como coadyuvante del Estado en la administración, distribución, financiamiento y aprovechamiento de los recursos hidráulicos para mejorar la garantía de dicho derecho.
En segundo término, el artículo 47. Bis de la Ley de Aguas Nacionales, establece la participación legal del sector privado en la explotación de los recursos hidráulicos de la nación, esto a través de la figura de concesión respectiva de los tres niveles de gobierno según la jurisdicción que implique dicha concesión.
Por último, la legislación local del Estado de Veracruz respectiva regula en congruencia con la Ley de Aguas Nacionales como ley marco, de igual forma es congruente con el numeral constitucional citado, por ende el derecho humano de acceso al agua no se ve afectado por dichas disposiciones.
Sin embargo, cabe señalar que esta Comisión Dictaminadora no es competente para determinar la constitucionalidad o no de una norma, ya que dicha facultad pertenece exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahora bien, resulta importante para esta Comisión Dictaminadora determinar que la concesión es el medio más eficaz para entregar a los particulares ciertas actividades o la explotación de recursos que la administración pública no está en condiciones de desarrollar ya sea por incosteabilidad económica o por otra serie de impedimentos organizacionales.
La concesión es una figura generadora de empleos y por ende estimula el fomento de la riqueza nacional, al mismo tiempo que refleja una actitud económicamente sana ya que el Estado podrá dirigir sus recursos económicos hacia proyectos o planes prioritarios y dejar a los particulares que cubran con su propio esfuerzo ciertas áreas de servicio o de explotación de riquezas nacionales.
Nos dice el maestro Cano Meléndez “La concesión es un acto administrativo público, por medio del cual el estado, llamado concedente, faculta al particular, llamada concesionario, para que administre y explote en su provecho, en forma regular y continua, pero por tiempo determinado, bienes del dominio público o servicios públicos, en vista de satisfacer un interés colectivo, mediante una ley preconcebida y un contrato formulado entre las partes”.
En este tenor, es necesario hacer énfasis en que la naturaleza de una concesión versa sobre la tenencia o posesión de los bienes de la nación para explotarlos y tener mejor provecho de los mismos para beneficio de los gobernados, no así de la propiedad de éstos. Además la concesión lleva aparejada una serie de obligaciones para el concesionario dentro de las cuales se encuentra que garantícela prestación del servicio la explotación de los bienes del Estado en los términos y condiciones que señalen las disposiciones legales.
La concesión es una figura meramente administrativa que como ya se señaló es otorgada por el Ejecutivo Federal, Estatal o Municipal, dependiendo la jurisdicción, es por ello que la extinción de la misma corresponde a tres supuestos:
Cumplimiento del plazo; esto sucede cuando el periodo otorgado para el aprovechamiento de la concesión vence, aunque en algunos casos ésta podrá prorrogarse mediante una novación.
Falta u objeto, materia de la concesión; se produce cuando se hace imposible la prestación del servicio, o se agotan los recursos naturales destinados a la explotación.
Revocación; esta figura es una manifestación unilateral de voluntad de la Administración Pública, en virtud de la cual se retira del campo jurídico un acto valido y eficaz por un motivo superveniente.
De esta manera, resulta inoperante la solicitud de los proponentes de hacer un llamado al Congreso del Estado de Veracruz para que revoquen la concesión otorgada al grupo de empresas privadas que ganaron la licitación ya que no se encuentra dentro de las facultades de dicho poder llevar a cabo la acción solicitada.
Por otro lado, cabe mencionar que la concesión fue otorgada a un grupo de empresas del sector privado, del cual dos son internacionales una de España y la otra de Brasil, Aguas de Barcelona y Odebrech Ambiental respectivamente. En este supuesto el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primera fracción:
Bajo este mismo análisis, resulta importante vigilar la legalidad de la concesión otorgada para la explotación de los recursos hidráulicos del estado de Veracruz, pues dentro de los concesionarios se encuentran personas extranjeras que deben cumplir con los requisitos establecidos en el numeral citado con anterioridad para ser merecedores de dicha concesión y en caso de no ser así, por incumplimiento en los requisitos y falta de legalidad se revoque la concesión.
De acuerdo lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera adecuado solicitar al Ejecutivo del Estado de Veracruz, a los Ayuntamientos de Veracruz, Boca del río y Medellín verificar el cumplimiento de los requisitos y la legalidad de la concesión otorgada al grupo de empresas Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), integrada por tres empresas, dos de carácter internacional como lo son Aguas de Barcelona que es española y Odebrech Ambiental que es brasileña y una de carácter nacional, Interagbar, todas del sector privado.
Estas autoridades citadas están facultadas para vigilar, suspender y en su caso revocar los derechos de la concesión otorgada al grupo empresarial MAS, así como para informar la legalidad del procedimiento concesionario a esta soberanía.
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los Ayuntamientos de Veracruz, Boca del Río y Medellín del Estado de Veracruz, que un término no mayor a 15 días naturales, remitan a esta Soberanía un informe detallado sobre los términos de la concesión otorgada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento. Asimismo, se solicita a la Contraloría General del Estado de Veracruz revise y verifique la legalidad de la concesión en comento, particularmente respecto de la participación de empresas extranjeras; para que en caso de encontrar anomalías según lo establecido en nuestro texto constitucional, se determinen las medidas pertinentes.
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintinueve días del mes de junio de dos mil quince

References: artículo 4
 artículo 4
 artículo 4

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 4

Artículo 47
 artículo 47
 Artículo 27