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Timestamp: 2020-07-06 07:49:57+00:00

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SEGUNDO.- Se SOBRESEE - Versión pública del acuerdo p/ift/ext/270217/119
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SEGUNDO.- Se SOBRESEE respecto de los actos y autoridades señalados en los considerandos segundo y cuarto de la sentencia recurrida.
TERCERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Teléfonos de México, sociedad anónima bursátil de capital variable, en contra de la resolución contenida en el Acuerdo P/IFT/EXT/060314/77 de seis de marzo de dos mil catorce, emitida por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como en contra del Acuerdo P/IFT/260314/17, mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determina las tarifas asimétricas por los servicios de interconexión que cobrará el agente económico preponderante, aprobada en la III sesión ordinaria celebrada le veintiséis de marzo de dos mil catorce.”
Es de considerarse que la Resolución de AEP y las medidas, constituyen un acto administrativo que goza de presunción de validez en términos del artículo 8 de la LFPA31, razón por la cual, los efectos y obligaciones continúan surtiendo sus efectos. Así, el hecho de que la Resolución de AEP y sus medidas se encuentren sub judice, no así para el amparo en revisión 165/2015, no impide que el Instituto realice la evaluación de impacto de la medidas, en términos de las propias medidas, máxime que los actos que emita este Instituto no tienen efectos suspensivos, como se demuestra a continuación.
El artículo 28 Constitucional, párrafo vigésimo, fracción VII32, establece que las normas generales, actos u omisiones del Instituto, podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión33; si bien ello se refiere específicamente al momento de impugnar los actos definitivos del Instituto, resulta ilustrativo para la presente resolución, toda vez que la prohibición del derecho a la suspensión referida en dicha porción constitucional, tiene como efecto dar eficacia a las decisiones emitidas por el Instituto, y de esta manera satisfacer los intereses públicos, a los usuarios finales, así como al proceso de competencia y libre concurrencia.34
Es importante tener presente, que los efectos de la suspensión del acto reclamado como instrumento de justicia constitucional, es garantizar que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban antes de la violación reclamada35 y evitar con dicha medida cautelar que se ocasionen daños de difícil o imposible reparación36. En otras palabras, los efectos de la suspensión imponen expresamente a la autoridad una obligación de "no hacer" vinculada con algún acto de ejecución que guardase relación con la resolución reclamada.37
Respecto de la suspensión, el Constituyente estimó adecuado establecer en el artículo 28 Constitucional referido que no puede hacerse uso de la suspensión respecto de las normas generales, actos u omisiones del Instituto, con la finalidad de no generar dilación e ineficacia en su función regulatoria, así como priorizar la efectividad de las medidas regulatorias, en tanto son un instrumento para satisfacer intereses públicos, calificados de mayor tutela, destacando en especial las ventajas para los consumidores y la sociedad.
Lo anterior, encuentra sustento en el siguiente criterio jurisdiccional38:
“INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LA REGLA DE INEJECUCIÓN DE LAS MULTAS O LA DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS, DERECHOS, PARTES SOCIALES O ACCIONES QUE IMPONGA LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, HASTA QUE SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA EN SU CONTRA, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 28, VIGÉSIMO PÁRRAFO, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES INAPLICABLE A SUS ACTOS. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, que dio lugar al texto actual del artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la propia Norma Suprema, tuvo como antecedente, según se aprecia en su exposición de motivos, una franca situación de falta de regulación en los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, ocasionada por el abuso del sistema de justicia en que diversos agentes incurrieron, lo cual les permitió frenar o dilatar medidas que buscaban evitar prácticas anticompetitivas e incentivar el procedimiento de competencia, con claro deterioro en la eficacia y definitividad de las decisiones de los órganos reguladores. Así, para privilegiar los intereses sociales y nacionales sobre los particulares, se estimó adecuado establecer en el precepto constitucional referido, que las normas generales, actos y omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones únicamente pueden impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, en el cual, ya no puede hacerse uso de la suspensión, con la finalidad, por una parte, de establecer como mecanismo defensivo la revisión judicial respecto de los actos de esos órganos y, por otra, no dejar disponible la medida cautelar utilizada anteriormente para generar la dilación y la ineficacia de la función regulatoria. Cabe señalar que la iniciativa de la reforma constitucional indicada, signada por el presidente de la República, los coordinadores de los diputados de los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM) y los presidentes de los primeros tres, en el marco del "Pacto por México", incluyó las conclusiones del estudio que a petición del gobierno mexicano realizó en 2012 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sobre políticas y regulación de las telecomunicaciones en México. Adicionalmente, con base en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con la opinión de las de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Senadores, respecto de la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, se incorporó un matiz a la regla mencionada, consistente en que solamente cuando la Comisión Federal de Competencia Económica imponga, con el carácter de sanciones, multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva en su contra, lo cual constituye una excepción al principio de ejecutoriedad de los actos administrativos. En consecuencia, esta última disposición, contenida en la porción normativa inicialmente citada, no admite una interpretación analógica o extensiva que permita ampliar la cobertura del derecho a la suspensión de la ejecución a los actos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues, como se vio, la intención del Poder Reformador de la Constitución es exactamente contraria, a fin de priorizar la efectividad de las medidas regulatorias, en tanto son instrumento para satisfacer intereses públicos, calificados como de mayor entidad y tutela, destacando en especial las ventajas para consumidores y sociedad, a partir de una eficiente y adecuada regulación, como concreción de la rectoría del desarrollo nacional”.
De lo anterior, se advierte que las normas generales, actos u omisiones del Instituto no gozan de la medida suspensional en términos de la norma constitucional, porque de concederse se seguiría en perjuicio al interés social.
En tal virtud, el hecho de que la Resolución de AEP y las medidas se encuentren sub judice, no en el caso del amparo en revisión 165/2015, no impide que el Instituto continúe ejerciendo sus funciones reguladoras y ejecute los actos derivados de la regulación impuesta al AEP, pues de esta manera el Instituto garantiza el interés público, que incluye necesariamente a los usuarios finales, incentiva el procedimiento de competencia y a la concurrencia de nuevos agentes a los mercados en calidad de competidores, evitando prácticas anticompetitivas en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
En ese sentido, el presente procedimiento se encuentra debidamente instaurado en términos de las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP.

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 Resolución 
 artículo 28
 resolución 
 artículo 28
 ARTÍCULO 28
 artículo 28
 Resolución 
 Resolución