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Timestamp: 2019-02-20 17:52:56+00:00

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Manuel Garrido, Antonio García-Trevijano y Gustavo Villapalos: treinta millones en dos cheques
El «Caso Complutense», o treinta millones en dos cheques
Manuel Garrido Jiménez, Antonio García-Trevijano y Gustavo Villapalos
Un curioso proceso judicial culminado en 2001
Un juez cree que Villapalos pudo cometer malversación de fondos públicos en la Complutense. Solicita a las acusaciones que presenten sus escritos para fijar la fecha del juicio oral
El Mundo, lunes 2 de marzo de 1998
Villapalos tendrá que sentarse en el banquillo, acusado de malversación
El Mundo, martes 3 de agosto de 1999
El consejero de Justicia, imputado en una malversación de fondos
El Mundo, lunes 10 de julio de 2000
IU y PSOE pedirán la dimisión de Villapalos si es condenado por malversar fondos en su época de rector
El País, martes 11 de julio de 2000
El Tribunal Superior abre juicio oral contra Villapalos por presunta malversación
El Mundo, martes 21 de noviembre de 2000
Desestimado el recurso de Villapalos, que será juzgado por presunta malversación
El Mundo, martes 3 de abril de 2001
Gustavo Villapalos se sentará en el banquillo de los acusados el 21 de mayo
El Mundo, miércoles 25 de abril de 2001
Villapalos se sienta desde hoy en el banquillo acusado de dos delitos
El Mundo, lunes 21 de mayo de 2001
Comienza el juicio por prevaricación contra el consejero Gustavo Villapalos
El País, lunes 21 de mayo de 2001
Villapalos niega que indemnizara a un profesor para que le quitara una querella
El Mundo, martes 29 de mayo de 2001
Villapalos niega haber sobornado a un profesor cuando era rector. El consejero está acusado de prevaricación y malversación cuando era rector de la Complutense
El País, martes 22 de mayo de 2001
Garrido dice que Villapalos le dio 30 millones para que retirara la querella
El Mundo, miércoles 23 de mayo de 2001
'No sé si Villapalos me dio una indemnización o un maletín', declara Garrido. El profesor dice que sólo quiere lavar su honor
El País, miércoles 23 de mayo de 2001
Trevijano reconoce que negoció con Villapalos a espaldas del profesor Garrido
El Mundo, jueves 24 de mayo de 2001
García-Trevijano admite que se quedó con 15 millones de la indemnización de su cuñado. El abogado niega que Villapalos diera 30 millones al profesor Garrido para que retirara la querella
El País, jueves 24 de mayo de 2001
El abogado Trevijano desmiente que el pago de Villapalos a un profesor fuera un soborno
Cinco Días, jueves 24 de mayo de 2001
El inspector jefe de la Complutense dice que el expediente contra Garrido fue legal
El País, viernes 25 de mayo de 2001
Carlos Mayor no sabía nada de la indemnización que negoció Villapalos
El Mundo, sábado 26 de mayo de 2001
Villapalos pagó a Garrido sin consultar a los servicios jurídicos de la Complutense. El actual consejero de Justicia dirigía la asesoría
El País, sábado 26 de mayo de 2001
Proceso a la razón práctica. Hoy quedará visto para sentencia el juicio por prevaricación y malversación contra el consejero Gustavo Villapalos
El País, lunes 28 de mayo de 2001
El fiscal mantiene que Villapalos usó en su beneficio 30 millones de la Universidad
El juicio quedó ayer visto para sentencia. Villapalos podía indemnizar y actuó legal y noblemente, según su defensa
El Mundo, miércoles 30 de mayo de 2001
Malestar en la fiscalía por la absolución. Los tres jueces del Tribunal Superior deciden por unanimidad la inocencia de Gustavo Villapalos
El Mundo, jueves 31 de mayo de 2001
Los jueces absuelven a Villapalos y el fiscal jefe se declara 'sorprendido'. El consejero de Educación fue juzgado por prevaricación y malversación en su etapa de rector
El País, jueves 31 de mayo de 2001
Una cuestión de lógica • Juan José Millás
El País, domingo 3 de junio de 2001
El TSJM dice que no está probado que Villapalos pagó para eludir una querella
El Mundo, sábado 14 de julio de 2001
Recurrida ante el Supremo la absolución del consejero Villapalos
El País, domingo 22 de julio de 2001
El Mundo, Madrid, lunes 2 de marzo de 1998
Chano Montelongo. Madrid
La sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha encontrado indicios suficientes para procesar a Gustavo Villapalos, consejero de Educación y Cultura de la Comunidad, por un delito de malversación de caudales públicos durante su etapa como rector de la Universidad Complutense.
Eso, al menos, reveló ayer a este periódico el profesor de universidad, Jesús Fortea, que se ha presentado en el proceso como acción popular.
El magistrado que lleva la causa concluyó el pasado 20 de febrero los trámites de instrucción de esta querella, según consta en un auto al que ha tenido acceso El Mundo.
Ahora, el ministerio fiscal y las acusaciones particular, ejercida por el profesor Manuel Garrido, y popular, protagonizada por el también docente Jesús Fortea, deben de presentar sus calificaciones provisionales antes de que el juez ponga fecha para la celebración del juicio oral.
La presunta malversación de fondos por parte de Gustavo Villapalos tiene su origen en un acuerdo del Rectorado de la Complutense adoptado el 9 de mayo de 1995.
El Rectorado decidió abonar 30 millones al profesor Manuel Garrido como indemnización «por el daño moral causado por un expediente administrativo abierto contra Garrido».
El docente Manuel Garrido había presentado anteriormente otra querella contra Villapalos, esta vez por prevaricación, que quedó sobreseída provisionalmente el día 10 de mayo de 1995.
El auto del Tribunal Superior de Justicia indica que «ha quedado comprobada la verosimilitud de los hechos por la declaración prestada por el querellante, el imputado y los testigos citados, y se ha tenido presente el informe emitido por el Ministerio Fiscal».
Estos hechos pueden constituir un delito de malversación de fondos públicos, por lo que el magistrado instructor ha acordado mediante este auto tramitar las diligencias necesarias para la apertura de juicio oral.
El Mundo, Madrid, martes 3 de agosto de 1999
Chano Montelongo / Pedro Blasco. Madrid
El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Gustavo Villapalos, ha hecho lo imposible por evitar sentarse en el banquillo de los acusados. Sin embargo, todos los intentos de sus abogados han sido infructuosos. El Tribunal Superior de Justicia no le ha dejado ninguna salida. Pronto tendrá que declarar ante un juez acusado de malversación de caudales públicos y prevaricación.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el jueves pasado el enésimo recurso presentado por el consejero para evitar el juicio oral. Manuel Cobo del Rosal, abogado de Villapalos, tendrá ahora que defender a su cliente ante un jurado.
Tal y como ya publicó en su momento El Mundo, la presunta malversación de fondos por parte de Gustavo Villapalos tiene su origen en un acuerdo del Rectorado de la Complutense adoptado el 9 de mayo de 1995, por el que se decidió abonar 30 millones al profesor Manuel Garrido como indemnización «por el daño moral causado por un expediente administrativo abierto contra Garrido», según consta en la denuncia.
Sin embargo, parte de ese dinero, concretamente 15 millones, no llegaron nunca a manos de Garrido que, en enero de 1997, presentó una querella contra el consejero por malversación que el juez del Tribunal Superior de Justicia amplió con un delito de prevaricación.
Desde ese momento, el abogado de Villapalos ha presentado innumerables recursos de queja y de reforma que han sido desestimados. Incluso, Cobo del Rosal intentó que no fuera el Tribunal Superior de Justicia el que juzgara el caso, argumentando que las competencias eran del Tribunal de Cuentas. El jueves, fue desestimado el último recurso de queja presentado por Villapalos. Pronto habrá fecha para la celebración del juicio oral.
El Mundo, Madrid, lunes 10 de julio de 2000
El Tribunal Superior de Justicia (TSJM) ha citado hoy al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Función Pública y Administración Local, Carlos Mayor Oreja, para declarar como imputado en una querella por malversación de fondos públicos y prevaricación que se sigue, además, contra el actual consejero de Educación, Gustavo Villapalos.
Esta querella se refiere a la etapa en la que Villapalos era rector de la Universidad Complutense y Mayor Oreja, el jefe de su asesoría jurídica.
La presunta malversación de fondos por parte de Gustavo Villapalos tiene su origen en una resolución que hizo como rector de la Complutense, dictada el 9 de mayo de 1995, por la que decidió abonar 30 millones de pesetas al catedrático jubilado Manuel Garrido. La justificación fue la reparación por los daños morales causados por un expediente disciplinario a Garrido. Posteriormente, una sentencia del TSJM reconoció que en dicho expediente se «violaban los derechos fundamentales» del catedrático.
El actual consejero de Justicia y el conocido abogado Antonio García-Trevijano son los últimos imputados en esta querella, con lo que ya son cinco las personas que están implicadas.
Gustavo Villapalos, el antiguo gerente de la Universidad, Jesús Calvo Soria, y el catedrático Manuel Garrido, completan la lista de imputados en esta querella.
El miércoles pasado el magistrado instructor José Luis Quesada Varea dictó un auto, notificado a las partes el viernes, en el que se cita a declarar hoy a Mayor Oreja y, el próximo día 13, a García-Trevijano.
El instructor de esta querella ha encontrado indicios de «la participación en los delitos objetos de esta causa», según consta en el auto al que ha tenido acceso este periódico.
Los hechos se remontan al año 1990, cuando el Rectorado de la Complutense abrió un expediente disciplinario contra el entonces director del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia, Manuel Garrido. La resolución de este expediente fue declarada nula por sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia.
Tras demostrarse la irregularidad de la apertura de ese expediente, Garrido se querelló por prevaricación contra el entonces rector de la Universidad, Gustavo Villapalos. La instrucción correspondió al Juzgado número 17.
Treinta millones
Sin embargo, esta querella nunca llegó a sus últimas consecuencias, ya que, estando prácticamente instruida, Garrido la retiró voluntariamente en mayo del 95, después de que, según el propio Garrido, Mayor Oreja le entregara, tres resoluciones de Villapalos por las que se le hacía entrega de 30 millones en concepto de daños morales y se abría el procedimiento para nombrarle profesor emérito de universidad.
Tras quedar provisionalmente archivada la querella, el gerente de la Complutense cumplió la primera de estas resoluciones y entregó 15 millones a Garrido y otros 15 a su cuñado, García-Trevijano, el cual entró en escena después de presentarse ante Villapalos interesándose por el contencioso que mantenía con su familiar.
Sin embargo, el catedrático Garrido, sorprendentemente, presentó una nueva querella en febrero de 1997, siendo ya Villapalos aforado, pues era consejero de Educación de Gallardón. Garrido consideró que el hecho de que le hubieran entregado ese dinero suponía un delito de malversación de fondos.
En mayo, el profesor Jesús Fortea se personó en la nueva querella en ejercicio de la acción popular y, en junio, Villapalos declaró como imputado.
En febrero de 1998, el magistrado instructor Bazarra Diego dictó un auto por el que «quedó comprobada la verosimilitud de los hechos denunciados» y dio por concluida la instrucción del sumario. A instancias del fiscal, reformó dicho auto e incluyó el delito de prevaricación.
Durante más de un año, el entonces abogado de Gustavo Villapalos, Manuel Cobo del Rosal, presentó recursos en defensa de su cliente que fueron desestimados, pero que dilataron la posible apertura del juicio oral.
En agosto de 1999, Cobo del Rosal solicitó la imputación de Garrido, hasta ese momento querellante de la causa y así fue aceptado por el TSJM, en enero del año pasado.
El 27 de junio el nuevo instructor de la causa, Quesada Varea, tomó declaración a Garrido como imputado. Tras las afirmaciones del catedrático ante el magistrado, la acción popular solicitó la imputación de García-Trevijano.
Quesada Varea no sólo aceptó esta solicitud sino que imputó, además, a Carlos Mayor Oreja en la causa. Hoy por la mañana, el consejero de Justicia declarará ante un magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
El País, Madrid, martes 11 de julio de 2000
Los grupos parlamentarios del PSOE-Progresistas y de IU pedirán la dimisión del consejero de Educación, Gustavo Villapalos, si es declarado culpable de malversar fondos públicos durante la etapa en la que fue rector de la Universidad Complutense de Madrid (hasta junio de 1995).No obstante, ambos grupos quisieron dejar claro que las acciones judiciales por esta presunta malversación se encuentran en su comienzo y que, de momento, «hay que esperar».
Así lo señaló ayer el portavoz de Educación de IU, Franco González, al término de la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid. González indicó que si Villapalos es finalmente condenado por este tema «debería dimitir».
De esta manera, el portavoz de Educación de IU respondía al ser preguntado sobre la causa que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) respecto a una querella por malversación de fondos públicos y prevaricación que se sigue contra el consejero de Educación. Esta querella se refiere a una presunta malversación de fondos por parte de Villapalos fruto de una resolución que dictó como rector de la Complutense el 9 de mayo de 1995 por la que decidió abonar 30 millones de pesetas al catedrático jubilado Manuel Garrido, con el objetivo de reparar los daños morales causados por un expediente que se abrió contra este catedrático. En este expediente, según sentencia posterior del TSJM, se violaron los derechos fundamentales de Manuel Garrido, según publicó ayer El Mundo. Por aquellas fechas, Carlos Mayor, actual consejero de Justicia y también imputado en la querella, era el jefe de la asesoría jurídica de la Universidad Complutense .
La diputada regional del PSOE-Progresistas Dolores Rodríguez Gabucio también indicó que, «con todo el respeto hacia las investigaciones que se están llevando a cabo», su grupo pedirá la dimisión de Villapalos «por responsabilidades políticas» si resulta condenado.
Ni el consejero de Educación ni el de Justicia quisieron ayer comentar el asunto de la querella.
«Caso Complutense»
El Mundo, Madrid, martes 21 de noviembre de 2000
Rafael José Alvarez. Madrid
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado la apertura de juicio oral al consejero de Educación de la Comunidad, Gustavo Villapalos, para quien el fiscal pide tres años de prisión y 12 de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación y malversación, cometidos en 1990 cuando era rector de la Universidad Complutense. La defensa de Villapalos ha recurrido y se ha mostrado segura de la absolución.
Además, el magistrado José Luis Quesada Varea abre juicio oral a Jesús Calvo Soria, ex gerente de la Complutense. El fiscal pide para Calvo las mismas penas que para Villapalos por idénticos delitos.
Según el fiscal, en 1990, Villapalos incoó un expediente disciplinario al director del Departamento de Lógica y Filosofía, Manuel Garrido, a quien suspendió en el cargo. Garrido presentó una querella criminal contra el rector por irregularidades en la tramitación del expediente. El fiscal dice que Villapalos contactó con el cuñado de Garrido, Antonio García Trevijano, para que éste convenciera al catedrático de retirar la querella.
El fiscal mantiene que el 9 de mayo de 1995 Villapalos firmó una resolución por la que se abonaban 30 millones de pesetas a Garrido en concepto de daños y perjuicios. Un día después, Garrido retiró las acciones penales contra Villapalos. El gerente, Jesús Calvo, «firmó dos cheques nominativos, uno a nombre de Manuel Garrido y otro a nombre de Antonio García Trevijano por importe de 15 millones de pesetas cada uno a través de los cuales se satisfizo dicha cantidad», según el fiscal.
El auto del TSJM, fechado el pasado miércoles y conocido ayer, requiere que Villapalos y Calvo abonen, en tres días, una fianza solidaria de 40 millones de pesetas. «En caso de no prestarla procédase al embargo de sus bienes en cantidad suficiente», señala el juez.
Además, el auto del TSJM insta a Garrido y a García Trevijano a que «cada uno restituya la suma de 15 millones de pesetas».
El profesor Jesús Fortea, personado como acusación popular, indicó ayer que la apertura de juicio es «una buena noticia, pero incompleta». «La sala tiene pendientes recursos para estudiar la reimputación de Garrido, Trevijano y Carlos Mayor Oreja. Los tres han sido sucesivamente imputados y desimputados. Ahora la sala debe decidir nuestros recursos».
La defensa de Villapalos dijo a Efe que el juicio no quiebra la presunción de inocencia. «Habrá sentencia absolutoria».
El Mundo, Madrid, martes 3 de abril de 2001
Rafael J. Alvarez. Pascual García. Madrid
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentará en el banquillo a Gustavo Villapalos, consejero de Educación de la Comunidad y ex rector de la Complutense. El fiscal pide tres años de prisión y 12 de inhabilitación para Villapalos por una presunta malversación de caudales públicos, cometida en 1990. Será el primer consejero de Gallardón en someterse a un juicio oral.
En un auto dictado el pasado viernes, el TSJM desestima el recurso de queja presentado por los abogados de Villapalos, que pedían el sobreseimiento de la causa. En el mismo auto, la Sala tampoco estima el recurso de Jesús Calvo, ex gerente de la Complutense, que también deberá someterse a juicio.
El recurso era la última oportunidad de Villapalos para evitar el juicio, con lo que sólo resta que el TSJM fije fecha para el mismo.
«La instrucción no puede convertirse en fase distorsionada en la que se acceda a todas las pretensiones de las partes y que sea objeto de numerosas dilaciones, ya que la fase esencial del proceso es el juicio oral», señala el auto conocido ayer. El texto es claro: «La mayoría de las pretensiones ejercitadas por los recurrentes en queja deben ser planteadas y resueltas en el acto del juicio oral».
El fiscal de este maratoniano caso asegura que en 1990 Villapalos incoó un expediente disciplinario al director del departamento de Lógica y Filosofía, Manuel Garrido, a quien suspendió en el cargo. Garrido presentó una querella criminal contra el rector por irregularidades en la tramitación del expediente. Según el fiscal, Villapalos habló con el cuñado de Garrido, Antonio García Trevijano, para que convenciera al profesor de retirar la querella. Según el fiscal, el 9 de mayo de 1995 Villapalos firmó un documento para que la Complutense abonara a Garrido 30 millones de pesetas por daños y perjuicios. Un día más tarde, Garrido retiró las acusaciones contra Villapalos.
Sin embargo, años después, Garrido volvió a la carga contra el consejero de Educación. Al caso se sumó el profesor de matemáticas Jesús Fortea.
El fiscal dice que Calvo firmó dos cheques para Manuel Garrido y Antonio García Trevijano, por importe de 15 millones cada uno.
Villapalos dijo ayer que el auto no es ninguna novedad y que antes de cuatro o cinco meses no se producirá el juicio, ya que sus abogados han pedido, y se ha admitido, una prueba previa sobre si el pago fue legal o no.
El Mundo, Madrid, miércoles 25 de abril de 2001
Pascual García. Madrid
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha señalado para el próximo 21 de mayo el juicio del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y ex rector de la Universidad Complutense, Gustavo Villapalos, para quien el fiscal pide tres años de prisión y 12 de inhabilitación por presuntas prevaricación y malversación.
Según el escrito de acusación del fiscal, los hechos se remontan a 1990 cuando Gustavo Villapalos, entonces rector de la Complutense, incoó un expediente disciplinario al director del Departamento de Lógica y Filosofía de la Universidad, Manuel Garrido, a quien suspendió provisionalmente del cargo y que finalizó con una sanción de doble apercibimiento que fue posteriormente revocada por el TSJM.
Ante esta decisión, Manuel Garrido decidió interponer una querella contra Gustavo Villapalos por entender que se habían producido irregularidades en la tramitación del expediente disciplinario. El fiscal relata en su escrito que Gustavo Villapalos, para evitar que prosperara la querella, se puso en contacto con Manuel Garrido a través de su cuñado, el abogado Antonio García Trevijano, y le ofreció una indemnización de 30 millones de pesetas a cambio de que no presentara declaración en el procedimiento penal.
El Mundo, Madrid, lunes 21 de mayo de 2001
Gustavo Villapalos, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, se sienta hoy lunes en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acusado de dos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación presuntamente cometidos cuando era rector de la Complutense. El fiscal del caso pide 12 años de inhabilitación y tres de prisión para Villapalos y para Jesús Calvo Soria, gerente de la Complutense cuando ocurrieron los hechos.
Se trata del primer consejero en ejercicio de la historia de la Comunidad de Madrid sometido a un juicio, un hecho tan erosionador para la vida de un político que el propio Villapalos ha presentado la dimisión varias veces a su presidente, aunque éste nunca se la ha aceptado.
El complejo caso Complutense colea desde 1990 y ha implicado con mayor o menor intensidad a nombres tan sonados como los de Gustavo Villapalos, Carlos Mayor Oreja o Antonio García Trevijano.
El juicio que comienza hoy es el final de una historia que nació en 1990, cuando Villapalos incoó un expediente disciplinario al profesor Manuel Garrido, a quien suspendió en el cargo. Este presentó una querella criminal contra el rector por irregularidades en la tramitación del expediente.
El fiscal mantiene que Villapalos contactó con el cuñado de Garrido, García Trevijano, para que actuara de puente y convenciera al profesor de retirar la querella.
El 9 de mayo de 1995, según el fiscal, Villapalos ordenó el pago de 30 millones de pesetas «por daños y perjuicios» a Garrido, que retiró la querella un día después. El gerente firmó dos cheques de 15 millones cada uno para Garrido y Trevijano, según la Fiscalía.
Sin embargo, dos años más tarde, Garrido volvió a presentar la querella contra Villapalos, que ya era consejero del primer Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. Según su abogado, Garrido nunca obtuvo garantías de que aquella presunta indemnización por la que abandonaba definitivamente la universidad era una operación legal.
Tras varios años de vericuetos judiciales, el 20 de noviembre de 2000, el TSJM ordenó la apertura de juicio oral contra Villapalos y Calvo.
Por su parte, la izquierda parlamentaria en la Asamblea de Madrid ha pedido al presidente regional que destituya a Villapalos y que «practique con el ejemplo lo que su partido predicaba en la oposición, es decir, asumir las responsabilidades políticas al margen de que las penales estén o no sustanciadas».
Gustavo Villapalos. Consejero de Educación y ex rector de la Universidad Complutense. El fiscal le acusa de pagar el silencio del profesor Garrido con una partida de dinero público que ningún organismo de la Complutense autorizó. El pasado noviembre, el TSJM requirió que pagase, junto a Calvo Soria, una fianza solidaria de 40 millones de pesetas. Ha presentado la dimisión varias veces, aunque nunca se ha pronunciado públicamente sobre el caso. Sus abogados están convencidos de que la actuación del actual consejero de Educación fue impecable y de que el tribunal le absolverá.
Jesús Calvo Soria. Ex gerente de la Complutense. Está acusado de firmar cheques nominativos para Garrido y Trevijano. El fiscal cree que manejó la situación al lado de Villapalos desde el primer momento.
Manuel Garrido. Ex director del Departamento de Lógica y Filosofía. Fue apartado del cargo y de su actividad universitaria durante varios años, lo que le privó, entre otras cosas, de la ceremonia de despedida por su jubilación, un hecho que le «afectó muchísimo», según personas muy cercanas. Tras querellarse contra Villapalos, recibió un cheque y se retiró de los juzgados. Pero volvió a la carga años después porque no obtuvo garantías de la legalidad de aquel pago. El 20 de noviembre de 2000 el TSJM ordenó que restituyera los 15 millones presuntamente cobrados, aunque parece que no ha podido hacerlo.
Antonio García Trevijano. Abogado de profesión. Cuñado de Garrido. El fiscal dice que cobró por convencer a Garrido de que retirara la querella. El TSJM le instó, en noviembre del año pasado, a restituir 15 millones de pesetas. El lo niega todo y dice que jamás cobró un duro de la Complutense. Ya no está imputado en esta causa.
Carlos Mayor Oreja. Ex jefe de la asesoría de Villapalos en la Complutense. Ex consejero de Medio Ambiente de la Comunidad y actual consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública. El fiscal y la acusación popular sostienen que facilitó personalmente el cheque a Garrido. Declaró como imputado en julio de 2000, pero el TSJM le ha exonerado de responsabilidades.
Jesús Fortea. Profesor de Matemáticas en la Complutense. Fue el primero en entrar en escena y está personado como acusación popular. Ha tratado de demostrar que todos los personajes de este caso son culpables en distinto grado. El TSJM ha desestimado sus recursos para reimputar a Garrido, Trevijano y Mayor Oreja, aunque está convencido de que Villapalos y Calvo Soria «lo tienen muy difícil».
El País, Madrid, lunes 21 de mayo de 2001
El consejero de Educación, Gustavo Villapalos, se sienta hoy en el banquillo de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acusado de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos cometidos cuando era rector de la Universidad Complutense. El fiscal pide para Villapalos tres años de prisión y 12 de inhabilitación, e idénticas penas para el ex gerente general de la Complutense Jesús Calvo Soria.
Los hechos ocurrieron en 1990, cuando el entonces rector de la Complutense impuso al director del Departamento de Lógica y Filosofía, Manuel Garrido, una sanción que fue posteriormente revocada por el TSJM. Garrido se querelló entonces contra Villapalos, y éste, según el fiscal, le ofreció 30 millones de pesetas (15 para él y otros 15 para su abogado, Antonio García Trevijano) a cambio de que no prestara declaración. Villapalos consignó la oferta en una resolución como indemnización por daños y perjuicios y se la hizo llegar a Garrido. Éste renunció a declarar y el caso fue sobreseído. El 9 de mayo de 1995, Calvo Soria –a quien luego Villapalos nombraría su secretario general técnico–, 'con conocimiento de la ilegalidad del pago', firmó sendos cheques a nombre de Garrido y García Trevijano.
En abril pasado, el TSJM rechazó el recurso que los abogados de Villapalos presentaron para que se sobreseyera la causa.
El Mundo, Madrid, martes 29 de mayo de 2001
El consejero de Educación del Gobierno de Madrid, Gustavo Villapalos, respondió ayer, durante más de dos horas, a las acusaciones sobre prevaricación y malversación de fondos públicos que formuló la fiscalía en el juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Villapalos, que ha presentado su dimisión al presidente Gallardón por este asunto y no ha sido aceptada, negó que propusiera una indemnización para que este profesor retirara una querella presentada contra él.
El juicio contra Gustavo Villapalos comenzó ayer en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde, durante más de dos horas, declaró, contestando fundamentalmente a las preguntas del fiscal, el consejero de Educación del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.
La tenacidad del representante del Ministerio Público llegó a irritar a Gustavo Villapalos, a quien el presidente del Tribunal recomendó en varias ocasiones que no se extendiera innecesariamente en las respuestas y que guardara silencio cuando así se lo reclamara el tribunal.
El juicio pretende determinar si, en el año 1995, el entonces rector de la Complutense pagó legalmente una indemnización de 30 millones al profesor Manuel Garrido, que había ganado anteriormente un recurso administrativo tras ser apartado como jefe de departamento de la Complutense durante dos años.
Las dudas planteadas por la fiscalía se centraron en si resultó casual que el entonces rector firmara una resolución de indemnización a Garrido días antes de que este mismo profesor se negara a declarar en un juicio por un delito de prevaricación que había iniciado contra Villapalos.
Garrido que recibió el 10 de mayo de 1995 la notificación de que la Complutense le indemnizaba con 30 millones para compensar la arbitrariedad cometida con él decidió ese mismo día no declarar en el citado juicio contra Villapalos. Y, según el fiscal y las acusaciones, Garrido decidió no declarar y retirar la querella contra Villapalos sólo unas horas después de que se notificara por fax a su cuñado, el abogado Antonio García Trevijano, y a él mismo en persona, que finalmente recibiría 15 de los 30 millones de la indemnización de la Complutense, en los propios pasillos de los juzgados la misma mañana en la que debía declarar contra el consejero.
El consejero de Educación negó cualquier vinculación entre el pago de la indemnización y la retirada de la querella. Sí que reconoció que la notificación del acuerdo de indemnización se produjo a los interesados antes de que fuera ratificado por la Comisión Permanente de la Complutense.
Además, Villapalos expresó su extrañeza por la desaparición de la documentación interna en la que se contrastaba tanto las peticiones de indemnización (50 millones) que hizo Garrido como las recomendaciones de los servicios jurídicos de la Complutense, que aconsejaban llegar a un acuerdo con el profesor antes de que éste solicitara la ejecución de la sentencia contencioso-administrativa, lo que, según el consejero, podría haber supuesto para la Universidad un desembolso mucho mayor de los 30 millones pagados.
Las tesis de Villapalos fueron corroboradas documentalmente por la defensa, que, ayer mismo, aportó varios documentos sobre la legalidad de las actuaciones realizadas por el acusado.
Así, se aportaron documentos sobre la autorización del pago por parte de la Comisión Permanente de la Universidad y, posteriormente, por el Consejo Social de la misma, que dio el visto bueno a la actuación de Villapalos una vez realizadas las correspondientes auditorías y fiscalizados los presupuestos del centro educativo.
La declaración de Villapalos acaparó la primera sesión del juicio, que sigue hoy.
Recusación no admitida
La declaración del consejero de Educación Gustavo Villapalos en el juicio que se sigue contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se inició ayer con retraso. La causa, la recusación que el representante del Ministerio Fiscal en el proceso hizo de la composición del tribunal encargado de juzgar la causa. A esta propuesta de recusación se unieron tanto la acusación popular como la particular.
El fiscal, en concreto, solicitó la recusación tanto del presidente de la Sala de lo Penal y también presidente del TSJM, Javier María Casas Estévez, y del magistrado ponente, Antonio Pedreira Alta, al entender que se había producido una pérdida de imparcialidad objetiva en los mismos por su participación en el auto de instrucción de este caso.
Tras una suspensión de media hora, la sala decidió no admitir la tramitación del recurso. La fiscalía y las acusaciones hicieron constar sus protestas por la decisión.
El País, Madrid, martes 22 de mayo de 2001
Ángel Colodro. Madrid
El ex rector de la Universidad Complutense de Madrid y actual consejero de Educación del Gobierno regional, Gustavo Villapalos, negó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que los 30 millones de pesetas que pagó en 1995 (cuando era rector) al profesor de la Complutense Manuel Garrido tuvieran como objeto conseguir que éste retirase una querella contra él. Según Villapalos, juzgado desde ayer por sendos supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos durante su etapa como rector, dicha cantidad se entregó a Garrido en concepto de indemnización por daños y perjuicios, y el pago contó con el visto bueno de la Comisión Permanente de la Complutense y del Consejo Social de la Universidad.
'Resulta sorprendente que un señor que pide una indemnización, que se acuerda, se le paga y se la gasta, a los tres años tenga dudas sobre su licitud o legalidad', afirmó Villapalos, para quien el fiscal, Antonio Camacho, solicita una pena de tres años de prisión y 12 de inhabilitación.
Los hechos por los que se está juzgando al consejero de Educación se remontan a 1990, cuando el entonces rector incoó contra Garrido, profesor de Lógica y Teoría de la Ciencia de la Facultad de Filosofía, un expediente disciplinario. La sanción impuesta a Garrido fue posteriormente revocada por el TSJM, que estableció en su sentencia una compensación por daños morales y por el anormal funcionamiento de las instituciones universitarias.
Garrido interpuso entonces una querella contra Villapalos, quien, según el fiscal y para evitar que prosperara la demanda, contactó con el profesor a través del abogado Antonio García Trevijano, cuñado de Garrido, ofreciéndole 30 millones de pesetas a cambio de que no prestara declaración en el procedimiento penal.
El ex rector dictó el 9 de mayo de 1995 una resolución aprobando dicha cantidad, que le fue entregada a Garrido al día siguiente, fecha en que tenía que declarar en el juzgado. Según el fiscal, Garrido compareció en la vista, pero sólo para renunciar al ejercicio de acciones penales. El 29 de mayo, prosigue el ministerio público, el entonces gerente de la universidad y también procesado por los mismos delitos Jesús Calvo Soria expidió las órdenes de pago en forma de dos talones, de 15 millones cada uno, para Garrido y para García Trevijano.
Dos horas de declaración
Durante las dos horas que duró su interrogatorio, Villapalos aseguró que no conocía a Garrido y que el expediente fue iniciado a instancia de los profesores de su departamento. También dijo que la sentencia que ordenaba el retorno del profesor a su puesto 'no se podía ejecutar por haberse jubilado [Garrido]'. El profesor reclamaba 50 millones de pesetas de indemnización, 'pero la universidad fijó un quantum de 30 millones', afirmó el ex rector, quien añadió que el hecho de que se hiciera efectivo en dos talones fue a petición del interesado.
El ex rector, que en todo momento sostuvo que su decisión fue corroborada por los órganos responsables de la universidad, añadió que el día de la declaración de Garrido en el juzgado él estaba en Milán dando una conferencia. El consejero concluyó que 'Garrido quiso utilizar la querella como vía de presión'.
El juicio comenzó con la petición del fiscal de que se suspendiera en virtud de un escrito, presentado el sábado por él, en el que planteaba la recusación del presidente de la sala –y del TSJM–, Javier María Casas Estévez, y del magistrado ponente, Antonio Pedreira Alta, por haber participado en la instrucción del caso. A la petición se sumaron las acusaciones particular y popular, que reclaman para el ex rector y su ex gerente hasta 14 años de prisión.
Tras cerca de una hora de deliberación, los magistrados consideraron por mayoría que no había motivos para las recusaciones y rechazaron la petición fiscal por extemporánea, al encontrarse ya el proceso en vista oral. Según el ministerio público, sin embargo, no se conoció la composición del tribunal hasta el pasado 4 de mayo, 'por lo que no se podía recusar a quien no se conocía'. El presidente apostilló que la composición del tribunal está predeterminada por la ley.
Arranca el juicio por prevaricación contra el ex rector Villapalos
El ex rector de la Universidad Complutense y actual consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Gustavo Villapalos, se sentó ayer en el banquillo de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acusado de sendos delitos de prevaricación y malversación durante su etapa al frente de la universidad madrileña. Según el escrito del fiscal, que solicita para Villapalos tres años de prisión y 12 de inhabilitación, el ex rector pagó 30 millones de pesetas a un profesor universitario para que retirase una querella contra él. Dicho profesor, Manuel Garrido, había sido expedientado anteriormente por la Universidad, pero el TSJM anuló la sanción.
Villapalos aseguró ayer que la Comisión Permanente de la Complutense autorizó el pago a Garrido como indemnización, y que ésta fue ratificada por el Consejo Social. 'Resulta sorprendente que un señor que pide una indemnización, que se acuerda, se le paga y se la gasta, a los tres años, tenga dudas sobre la licitud o legalidad de ella', señaló.
El juicio, en el que también se encuentra procesado el ex gerente general de la Complutense, Jesús Calvo Soria, comenzó con la petición de recusación por parte del fiscal de dos de los magistrados del tribunal, pero le fue denegada.
El Mundo, Madrid, miércoles 23 de mayo de 2001
El profesor Manuel Garrido, cuyas denuncias sobre prevaricación y malversación de fondos públicos contra el ex rector de la Universidad Complutense y actual consejero de Educación, Gustavo Villapalos, están siendo juzgadas desde el pasado lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), declaró ayer que Villapalos le indemnizó con 30 millones de pesetas para que retirara una querella que había presentado contra el entonces rector. Villapalos, unas semanas después, fue nombrado consejero de Educación del Gobierno de Ruiz-Gallardón.
El profesor denunciante hizo una minuciosa descripción de la película de los hechos que condujeron al pago de su indemnización con 30 millones a cambio de que retirara la querella contra Villapalos. Garrido, sin dudarlo, relató que fue Villapalos quien se puso en contacto con él, a través de su cuñado, el abogado Antonio García Trevijano, para ofrecerle una indemnización por el perjuicio sufrido tras haber sido injustamente apartado de la dirección de su departamento, tal y como reconoció una sentencia del TSJM, a cambio de que el profesor retirara la querella que había interpuesto contra el rector de la Complutense, Gustavo Villapalos.
El profesor Manuel Garrido, contestando a las preguntas del Ministerio Público, hizo un pormenorizado relato sobre cómo recibió su indemnización. Así, subrayó, negando las insinuaciones del propio consejero unas horas antes, que ni él ni su abogado hubieran reclamado a la Complutense cantidad económica alguna para compensar los daños morales que se podían derivar de la resolución del TSJM sobre la improcedencia de haberle concedido la jefatura de su departamento.
Según mantiene el Fiscal, esta resolución del TSJM en ningún caso obligaba a la Universidad a conceder una indemnización económica.
Bien al contrario, Garrido subrayó que fue el consejero Villapalos, a través de su cuñado, el abogado García Trevijano, quien inició el proceso de negociación.
Así, relató que la primera noticia sobre una posible reparación a su situación se produjo la noche del 6 de mayo de 1995, cuando su cuñado, Antonio García Trevijano, actuando según él entendió en ese momento como mediador de Gustavo Villapalos, le comunicó telefónicamente que el entonces rector estaba dispuesto a reparar la injusticia que se había cometido con él.
En ese momento, según el denunciante, Trevijano ya dejó caer la posibilidad de que existiera algún tipo de compensación económica si Garrido retiraba la querella que había interpuesto contra Gustavo Villapalos.
Según Garrido, Trevijano le volvió a llamar el día 8 de mayo confirmándole que Villapalos estaba dispuesto a nombrarle catedrático emérito especial. A esa llamada, el profesor Garrido pidió una confirmación por escrito. Y así, el día 9 de mayo, García Trevijano le hizo entrega de varios faxes en los que se daba cuenta de las tres resoluciones firmadas por Gustavo Villapalos y todavía no ratificadas por la Comisión Permanente de la Universidad en las que se precisaba que se abriría una investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en la apertura del expediente disciplinario a Garrido, se cuantificaba en 30 millones la indemnización que recibiría el profesor de parte de la Universidad y, además, se garantizaba que el Rectorado iniciaría los trámites para su nombramiento como profesor emérito.
Resoluciones. Estas resoluciones que contaban con el visto bueno del rector, Gustavo Villapalos; el entonces vicerrector, Rafael Puyol fueron remitidas por fax a García Trevijano, quien, a su vez, se las comunicó verbalmente al profesor Garrido.
«Mi abogado me dijo en ese momento», precisó el denunciante, «que sería bueno que tuviera acceso no a el fax, sino al original del documento, por lo que, el mismo día que debía declarar en la querella contra Villapalos, hablé con el entonces vicerrector, Rafael Puyol, quien me garantizó que los originales llegarían antes de que prestara declaración por el juicio de prevaricación en los juzgados de la Plaza de Castilla».
De hecho, según Garrido, el jefe del servicio jurídico del Rectorado se encontraba en dicha sede judicial para asegurarse de que, recibida la documentación sobre las indemnizaciones, Garrido no declararía en la querella contra Villapalos.
El denunciante informó que la indemnización se le entregó el 29 de mayo. Además, precisó que de los 30 millones de indemnización, 15 fueron para su cuñado Antonio García Trevijano, que organizó el encuentro con Villapalos y que, finalmente –eso sí, con su consentimiento tácito– logró, con el visto bueno de Villapalos y su gerente, Jesús Calvo Soria, que se libraran dos talones nominales: uno para Garrido y otro para Trevijano.
El profesor denunciante llegó a declarar que, en su opinión, «Villapalos no había intentado reparar moralmente con una indemnización por daños y perjuicios un quebranto moral y profesional, sino taparme la boca con un maletín». La querella, tras el acuerdo, fue retirada, la indemnización fue pagada y Villapalos, unas semanas después, nombrado consejero de Educación del primer Gobierno de Ruiz-Gallardón.
El País, Madrid, miércoles 23 de mayo de 2001
El profesor Manuel Garrido Jiménez aseguró ayer en el juicio por prevaricación y malversación que se sigue contra el ex rector de la Universidad Complutense y actual consejero de Educación, Gustavo Villapalos, que decidió proseguir con la querella contra él ante el cúmulo de irregularidades que sufrió para cobrar la indemnización que le adeudaba la universidad. 'Ya no sé si lo que tengo es un maletín o una indemnización', manifestó el profesor. El fiscal acusa a Villapalos de pagar 30 millones de pesetas a Garrido, en 1995, para que retirase una querella contra él.
El profesor Garrido, que insistió en que sólo se ha querellado contra Villapalos para reparar su honor, relató ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid su versión de los hechos desencadenados el 18 de julio de 1990, fecha en la que fue suspendido cautelarmente de su puesto como director del departamento de Lógica y Teoría de la Ciencia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense. Le quedaba tan sólo un curso escolar antes de la jubilación y, no conforme con el expediente disciplinario abierto, presentó un contencioso –que se falló a su favor tres años más tarde– y a continuación una querella criminal contra el entonces rector Gustavo Villapalos. Como consecuencia de la querella, el juzgado le citó a declarar la mañana del 10 de mayo de 1995.
'Cuatro días antes', relató Garrido, 'me llamó inesperadamente mi cuñado, Antonio García Trevijano, de parte de Villapalos y me dijo que éste reconocía haberme hecho mucho daño y que estaba dispuesto a una reparación del honor para que me apartase de la querella'.
La reparación consistía en una indemnización de 30 millones de pesetas, ser promovido como profesor emérito e iniciar un expediente contra quienes habían promovido su sanción. El día de la declaración, tras las resoluciones tomadas por el ex rector en este sentido, el profesor firmó su separación de la querella. Y el día 29 acudió al rectorado, junto a su cuñado, para cobrar el dinero.
'Cinco minutos antes de subir', prosiguió Garrido, 'mi cuñado me dijo que estaba muy necesitado de dinero y que si no le importaba que el pago se hiciera en dos talones: uno a su nombre y otro al mío. Fue una encerrona psicológica, pero yo acepté'.
Garrido, que reconoció haber firmado un recibo por los 30 millones, dio en principio el asunto por zanjado. Pero, meses después, una vez pagados 6,5 millones a su abogado, sin que su cuñado le hubiera devuelto el dinero, y tras ver cómo, una vez que Villapalos había abandonado su cargo de rector, no se cumplían las promesas de nombrarle profesor emérito ni se sancionaba a quienes le expedientaron, decidió seguir con la querella. 'Me sentí engañado', concluyó.
Con anterioridad había declarado Jesús Calvo Soria, ex gerente de la Complutense y también procesado, que fue quien firmó los talones. El ex gerente reconoció que 'alguien había metido la pata' en el expediente a Garrido, pero se escudó en los cambios de la cúpula del rectorado tras el nombramiento de Gustavo Villapalos y la negociación con la Comunidad para los traspasos de competencias para justificar que la indemnización no fuera declarada a Hacienda. 'Lo primero era lo primero y lo segundo es lo segundo', repitió irritado varias veces a preguntas del fiscal. 'Además, yo me fui antes de que cumpliera el plazo para la declaración fiscal'. El juicio continuará hoy con la declaración de García Trevijano.
El portavoz del PSOE en la Asamblea, Pedro Sabando, lamentó ayer que el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, no relevase en su día a Villapalos para evitar la imagen de un consejero en el banquillo.
Asimismo, Juan Ramón Sanz, de IU, señaló que es poco usual 'el hecho de que un político de alta responsabilidad esté por las mañanas sometido a un proceso judicial y por la tarde trabajando en su consejería'.
El portavoz del PP en la Asamblea, Miguel Ángel Villanueva, recordó que los hechos por los que se juzga a Villapalos son anteriores a su nombramiento como consejero de Educación.
Juicio en el TSJM
El Mundo, Madrid, jueves 24 de mayo de 2001
El abogado Antonio García Trevijano reconoció ayer que negoció con el entonces rector de la Complutense, Gustavo Villapalos, una indemnización para su cuñado, el profesor Manuel Garrido. Este recibió 30 millones, de los cuales, 15 millones fueron para Trevijano.
Trevijano, que compareció ayer durante la tercera jornada del juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Gustavo Villapalos por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, reconoció que fue él quien, sin conocimiento en un principio de su cuñado, el profesor Manuel Garrido, inició una negociación con el entonces rector de la Complutense.
Trevijano precisó que en el momento de iniciar los contactos con el rector, que comenzaron de forma casual en un encuentro por otros motivos, sí conocía la sentencia del TSJM en la que se reconocía que la Universidad había cometido una irregularidad apartando al profesor Garrido del puesto de jefe de departamento, pero no que su cuñado hubiera presentado una querella contra Villapalos, ni que tuviera que ratificarla en los juzgados al día siguiente de aceptar el pago de los 30 millones de pesetas en concepto de daños y perjuicios.
Finalmente, el día 29 de mayo de 1995, según la versión de Trevijano, acudió con su cuñado al despacho del rector y éste ordenó al gerente Calvo Soria que efectuara el pago de los 30 millones, que, efectivamente, se hizo en dos cheques de 15 millones, uno para Garrido y otro para Trevijano, por expreso deseo del primero, aunque su cuñado reconoció ayer que, momentos antes, le había solicitado un préstamo por la difícil situación económica que atravesaba en esos momentos.
Trevijano también reconoció que antes de que se solucionara el asunto, y también sin conocimiento de su cuñado, remitió una carta a Villapalos en la que cifraba el monto de la indemnización en 50 millones.
Durante la jornada de ayer también compareció el actual rector de la Complutense (vicerrector en la época de los hechos juzgados), Rafael Puyol, que negó tajante y airadamente la versión dada el martes ante el tribunal por el entonces gerente, Jesús Calvo Soria. El gerente dijo que él ordenó el pago de la indemnización tras recibir el informe de manos de Puyol, que le manifestó que la resolución contaba con el visto bueno de los servicios jurídicos, cuyo jefe entonces era el hoy consejero Carlos Mayor Oreja.
«Niego rotunda y tajantemente esa infamia. Yo ni hice gestión alguna sobre ese asunto, que desconocía absolutamente».
Puyol sí que admitió que recibió una llamada del profesor Garrido la mañana en la que éste debía ratificar su querella en los juzgados solicitándole los originales aprobados por los órganos de dirección de la universidad. Puyol dice que recibió esta llamada y comunicó las pretensiones de Garrido a Villapalos, que se encontraba en Italia, por vía telefónica. Dijo que fue Villapalos quien, desde entonces, se encargó de la gestión.
Las contradicciones entre las declaraciones de Puyol y Calvo Soria animaron a la acusación particular a solicitar un careo entre ambos para aclarar dichos extremos. El tribunal, finalmente, se negó a esta petición y el careo no se produjo.
La jornada de ayer, como lo será la de hoy, se convirtió en un auténtico desfile ante el tribunal de altos cargos de la Consejería de Educación del Gobierno de Ruiz-Gallardón y de directivos de la Universidad Complutense.
El País, Madrid, jueves 24 de mayo de 2001
El abogado Antonio García-Trevijano negó ayer, en el juicio por prevaricación contra Gustavo Villapalos, que el ex rector de la Universidad Complutense y actual consejero de Educación ofreciera 30 millones de pesetas a su cuñado, el profesor Manuel Garrido, a cambio de que éste retirase la querella. El testigo, que actuó a título personal y por iniciativa propia como intermediario en las negociaciones entre Villapalos y el profesor agraviado, reconoció ante el tribunal que se quedó con la mitad del dinero de la indemnización, entre otras cosas, para afrontar unos pagos urgentes.
El testimonio de García-Trevijano, que llegó a estar imputado en la causa, fue radicalmente distinto al ofrecido el día anterior por el profesor Manuel Garrido, casado con su hermana Carmen y con el que ahora no tiene ningún tipo de relación como consecuencia de este proceso. Según declaró ante el Tribunal Superior de Justicia, su primera intervención en el caso se produjo en una reunión con el ex rector Villapalos para hablar de unos cursos de la Universidad de Verano de El Escorial. Fue entonces cuando sacó a relucir las reclamaciones de su cuñado, que conocía porque entonces se llevaban bien.
Más tarde, García-Trevijano remitió a la universidad un escrito en el que demandaba para su cuñado una indemnización de 50 millones por los daños y perjuicios que le había ocasionado el expediente sancionador que le habían instruido y que posteriormente fue revocado en recurso contencioso-administrativo. El abogado, que llegó a calificar a su cuñado, catedrático de Lógica y Teoría de la Ciencia, como 'uno de los mejores filósofos del último medio siglo', manifestó que ya no supo nada más hasta que el ex rector le comunicó que estaba dispuesto a pagar a Garrido 30 millones de indemnización e iniciar el proceso para nombrarle profesor emérito. Esto ocurrió días antes de que el profesor tuviera que declarar en el juzgado por la querella criminal que había presentado contra Villapalos.
García-Trevijano, en contra de lo declarado por su cuñado, aseguró que no tenía conocimiento de la declaración ni de la querella, 'por lo que Villapalos no condicionó la indemnización a la separación de la querella'. Pese a ello, Garrido firmó su renuncia a declarar el 10 de mayo de 1995.
Más adelante, la universidad se puso en contacto con el letrado para el pago, el día 29, de los 30 millones. 'La noche anterior, durante una cena en mi casa, mi cuñado, que sabía que yo tenía pendientes unos pagos de unos cinco o seis millones de pesetas, me ofreció ayudarme con 15 millones, a lo que yo acepté con la condición de hacerme cargo de la minuta del abogado que le llevó el contencioso-administrativo', aseguró García-Trevijano, contradiciendo de nuevo la versión de su cuñado, quien había declarado el martes que el dinero se lo había pedido él y en concepto de préstamo, no de ayuda familiar; y no la noche anterior, sino cinco minutos antes de subir al rectorado a cobrar.
'En la cena', continuó García-Trevijano, 'habíamos quedado en que, después de cobrar, mi cuñado me haría un talón por los 15 millones para endosarlo en mi banco, pero, en el rectorado, Jesús Calvo [el gerente, también procesado] le preguntó [a Garrido] cuántos cheques quería'. 'Mi cuñado me miró y yo le dije que dos [haciéndole un gesto con dos dedos por debajo de la mesa, según dijo después a los periodistas]; él interpretó que uno a su nombre y otro al mío', contó el abogado. Éste añadió que nunca llegó a tocar los talones: 'Mi cuñado se los dio al director de mi despacho para que los endosara en los bancos'.
Un tercer talón
García-Trevijano reconoció que por aquellos días también cobró del rectorado otro talón de un millón de pesetas (en la contabilidad de la universidad figura con una numeración intermedia entre los otros dos de la indemnización) y que el abogado justificó 'por el pago de ocho conferencias y restos de la dirección de un curso de verano'.
Aunque, el martes pasado, Garrido manifestó ante el tribunal que reclamó insistentemente a su cuñado la devolución de los 15 millones, García-Trevijano aseguró que nunca le pidió ese dinero e insistió en que se trataba de una ayuda entre familiares. 'De la misma forma que otras muchas veces yo le había ayudado', agregó el abogado. Tan sólo admitió que tiene que devolver a Garrido unos tres millones, ya que la minuta que había que pagar al abogado que llevó el recurso contencioso a este profesor era de seis millones y medio. Después, Garrido y García-Trevijano decidieron unilateralmente, en una cena, rebajar a la mitad la minuta. Sin embargo, Garrido declaró ante el tribunal que había pagado a ese asesor legal la totalidad de sus emolumentos (6,5 millones de pesetas).
Los dos cuñados sólo coincidieron, a preguntas de los periodistas, en que su relación se rompió cuando Garrido decidió seguir con la querella contra Villapalos.
García-Trevijano confirma ante el tribunal la versión de Villapalos
El abogado Antonio García-Trevijano, cuñado del profesor Manuel Garrido –cuya demanda por prevaricación y malversación ha llevado a juicio al actual consejero de Educación, Gustavo Villapalos– apoyó con su declaración de ayer ante el tribunal la versión del consejero y ex rector de la Universidad Complutense. Esto es, que cuando Villapalos pagó, en 1995 (siendo rector) 30 millones de pesetas a Garrido no lo hizo para intentar evitar que presentara una querella contra él, sino para indemnizarlo por un expediente que le había abierto en 1990 y que los jueces habían declarado irregular.
García-Trevijano, que actuó en 1995 como intermediario entre Garrido y Villapalos, admitió que él mismo se quedó con la mitad de esos 30 millones, tras ofrecérselos su cuñado, para afrontar unos 'pagos urgentes'. El abogado contradijo así la versión ofrecida el lunes por el profesor Garrido.
Cinco Días, Madrid, jueves 24 de mayo de 2001
Antonio García Trevijano, abogado y cuñado del profesor presuntamente sobornado por Gustavo Villapalos, ex rector de la Universidad Complutense, compareció ayer como testigo en el juicio que se sigue contra el ex rector y actual consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.
En el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid también se sienta el ex gerente de la Complutense Jesús Calvo Soria. Para ambos, el fiscal pide tres años de cárcel y 12 de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación.
García Trevijano declaró que Villapalos pagó 30 millones de pesetas a su cuñado, el profesor Manuel Garrido, en concepto de indemnización por una sanción que le fue anulada y no le consta que pusiera condiciones a cambio del pago.
El fiscal acusa a Villapalos de acordar en 1995 el pago de 30 millones de pesetas a Garrido, entonces director del Departamento de Lógica y Filosofía, a condición de que no prestara declaración ante el juzgado que instruía la querella que presentó contra él por supuestas irregularidades en la tramitación de un expediente por el que el profesor fue apercibido, sanción luego anulada.
El día 29 de mayo, según la versión de García Trevijano, acudió con su cuñado al despacho de Villapalos y éste le ordenó al gerente Calvo Soria que efectuara el pago de los 30 millones, que al final fueron 15 millones para cada uno por deseo de Garrido, al que García Trevijano había pedido un préstamo por problemas económicos personales.
García Trevijano dijo que anteriormente le había escrito una carta al ex rector en la que cifraba la indemnización en 50 millones de pesetas basándose en que su cuñado «es de los mejores filósofos del último medio siglo. No tiene reconocido el prestigio que se merece».
El testigo dijo que no sabía que su cuñado hubiera interpuesto una querella contra Villapalos, ni que tuviera que ir al juzgado a ratificarla al día siguiente del pago, y aseguró que hasta meses después no tuvo conocimiento de ello.
El País, Madrid, viernes 25 de mayo de 2001
El jefe de la Inspección de Servicios de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Víctor Santiuste, declaró ayer en el juicio que se sigue contra el ex rector y actual consejero de Educación Gustavo Villapalos que 'no hubo irregularidad en la tramitación del expediente disciplinario contra el profesor Manuel Garrido'. Este expediente fue el que inició el proceso por prevaricación y malversación contra Villapalos, para quien el fiscal reclama tres años de prisión y 12 de inhabilitación.
Santiuste, que lo tramitó, aseguró que lo hizo como consecuencia de una denuncia presentada por la mayoría de los miembros del departamento de Lógica de la Facultad de Filosofía, del que Garrido era director. El testigo calificó de 'procedente' la indemnización de 30 millones de pesetas que Villapalos concedió a Garrido, dado que después la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la sanción. También manifestó que el ex rector nunca le comentó que el profesor se había querellado contra él.
Durante la sesión también declararon varios miembros de la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno de la UCM del 19 de mayo de 1995, en la que se autorizó al ex rector a que iniciara la conciliación con el profesor Garrido. Entre los vocales que testificaron ayer estaba Francisco Javier Portela, que aseguró que en la comisión se habló de permitir a Villapalos que ofreciera la cantidad de 30 millones a Garrido, cifra que Portela consideró entonces 'desorbitada' como indemnización a un profesor universitario.
El Mundo, Madrid, sábado 26 de mayo de 2001
El consejero de Justicia, Carlos Mayor Oreja, no ayudó ayer, tras su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a su compañero de Gobierno, Gustavo Villapalos, que está siendo juzgado por los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.
Carlos Mayor era jefe del servicio jurídico de la Complutense en 1995, fecha en la que se produjeron los hechos que ahora se juzgan.
El Consejero de Justicia, Función Pública y Administración Local, que era el jefe de los servicios jurídicos de la Complutense cuando Villapalos negoció y acordó una indemnización para el profesor Manuel Garrido, afirmó ayer, contestando a las preguntas de la fiscalía, que no tuvo conocimiento alguno de las negociaciones ni de las resoluciones aprobadas posteriormente y que concluyeron con una indemnización de 30 millones para el profesor, 15 de los cuales fueron a parar a su cuñado, el abogado Antonio García Trevijano.
Carlos Mayor contradecía, así, la declaración prestada por el entonces gerente de la Complutense, Jesús Calvo Soria, y ponía incluso en entredicho las afirmaciones de Villapalos, que llegó a sugerir que los servicios jurídicos de la Universidad tuvieron conocimiento de la resolución de indemnización firmada y negociada por él con Trevijano.
Calvo Soria declaró en su día que esta indemnización contó con el visto bueno del vicerrector y de los servicios jurídicos de la Universidad. Su declaración fue negada tajantemente en su día por el entonces vicerrector y actual rector, Rafael Puyol, y ayer, nuevamente, por el que fuera en ese tiempo jefe de los servicios jurídicos, Carlos Mayor.
Con las diligencias de ayer concluyó el trámite de declaración de testigos. El próximo lunes, las distintas partes realizarán sus alegatos y se pronunciarán sobre el mantenimiento de las penas solicitadas.
Durante todo el proceso, el fiscal ha mantenido que Villapalos acordó en 1995 el pago de 30 millones de indemnización, en concepto de daños y perjuicios, al profesor Antonio Garrido, a condición de que éste retirara una querella presentada contra el entonces rector. Villapalos, unas semanas después, fue nombrado consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Ruiz-Gallardón.
Siempre según la fiscalía, el 9 de mayo, sin tener competencias para ello, dictó una resolución por la que se acordaba abonar a Garrido 30 millones de pesetas.
Ayer, Carlos Mayor, contestando a preguntas de las acusaciones particulares sobre si el rector había contado con la Asesoría Jurídica de la Universidad para cerciorarse de la legalidad del pago de la indemnización, declaró que no, ya que este organismo sólo intervino en el recurso contencioso-administrativo que interpuso y ganó Garrido, pero no en la posterior indemnización.
El País, Madrid, sábado 26 de mayo de 2001
El actual consejero de Justicia y ex director de los Servicios Jurídicos de la Universidad Complutense, Carlos Mayor Oreja, declaró ayer ante el tribunal que juzga al ex rector Gustavo Villapalos por un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos, que su departamento no tuvo conocimiento de la indemnización de 30 millones que el actual consejero de Educación pagó al profesor Manuel Garrido, supuestamente para que retirara una querella.
Mayor Oreja aseguró que por razón de su cargo conoció la demanda contencioso-administrativa que presentó y ganó el profesor Manuel Garrido tras su expediente disciplinario. Respecto a la querella del profesor contra Villapalos, dijo que tuvo conocimiento de ella, aunque no pasó por la asesoría al tratarse de un asunto penal.
En relación a la indemnización abonada a Garrido, Mayor Oreja fue tajante al negar que su departamento fuera consultado para establecer el quantum de 30 millones de pesetas de la indemnización. Según el consejero de Justicia, eran las autoridades académicas quienes tenían que pedirles su intervención y, en este caso, no lo hicieron.
En la sesión de ayer también prestó declaración Rosario Salina, que ostentaba el cargo de jefa de caja, y el que fuera vicerrector de la universidad en el momento de los hechos, Guillermo Calleja. Éste señaló que creía que la decisión de la Comisión Permanente de permitir a Villapalos negociar una conciliación con Garrido, en compensación a los daños y perjuicios que se le habían ocasionado con el expediente, no era efectiva hasta que no la ratificara la junta de gobierno.
La declaración de Calleja fue la última de la fase testifical del juicio, que no quedará visto para sentencia hasta después del lunes en que las partes den a conocer sus conclusiones definitivas y respectivos informes.
Fase de informes
Fuentes del ministerio público, que representa el fiscal Antonio Camacho Vizcaíno, aseguraron que, básicamente, mantendrán sus conclusiones provisionales. En ellas se califican los hechos de prevaricación y malversación y pide para los dos procesados, el ex rector Villapalos, que ordenó el pago a Garrido, y el ex gerente general de la universidad, Jesús Calvo Soria, que lo materializó, una pena de tres años de prisión y 12 de inhabilitación. Petición de pena que la acusación particular, ejercida por el profesor Manuel Garrido, eleva a 14 años y ocho meses de prisión; y la acusación popular, ejercida por el profesor Jesús Fortea, a 11 años de cárcel.
Entre otros argumentos que las acusaciones utilizarán en sus alegatos estará la ausencia de informe previo alguno sobre el monto de la indemnización a pagar al profesor Garrido. Informes que no sólo no hizo la asesoría jurídica, como dejó patente ayer Carlos Mayor Oreja; tampoco la Inspección de Servicios, ni ningún vicerrector.
Por su parte, las defensas, representadas por los letrados Ramón Hermosilla y Manuel Murillo, mantendrán su solicitud de absolución para los dos procesados. Según fuentes de la defensa, destacarán en sus informes la plena autonomía administrativa de la universidad, con la intención de desmontar la tesis del fiscal de que el ex rector Gustavo Villapalos carecía de facultad para ordenar el pago a Garrido.
Reportaje. Proceso a la razón práctica. Hoy quedará visto para sentencia el juicio por prevaricación y malversación contra el consejero Gustavo Villapalos
El País, Madrid, lunes 28 de mayo de 2001
Un injusto expediente académico impidió a Manuel Garrido Jiménez, catedrático de Lógica y Teoría de la Ciencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense, dar una última clase magistral a sus alumnos en el curso académico 1990-1991. Entonces, siguiendo la doctrina de la razón pura que durante décadas había enseñado a generaciones de universitarios, el profesor decidió dar una lección a aquéllos que le habían afrentado e inició un proceso contra la razón práctica, encarnada en la persona del ex rector y actual consejero de Educación de la Comunidad, Gustavo Villapalos. El consejero se ha sentado esta semana en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acusado de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos, por los que el fiscal solicita penas de tres años de cárcel y 12 de inhabilitación. Según el escrito de acusaciones, Villapalos pagó 30 millones de pesetas con fondos de la universidad a Garrido para que retirase una querella contra él.
'Resulta sorprendente que un señor que pide una indemnización, que se acuerda y que se le paga, a los tres años tenga dudas sobre su legalidad', declaró el ex rector en el juicio. Villapalos, que llegó a rector tras ser profesor de una materia tan práctica como el Derecho, no podía entender la psicología de su agraviado colega del departamento de Lógica.
Todo comenzó el 18 de julio de 1990, cuando la Inspección de Servicios de la Universidad Complutense suspendió cautelarmente al profesor de Lógica tras una denuncia presentada por la totalidad de los miembros de su departamento, excepto la esposa de Garrido. Éste tenía que jubilarse unos meses después, pero una disposición universitaria le permitiría prorrogar la jubilación casi un año más. El 7 de septiembre, con la opinión en contra de un inspector, se le abrió un expediente disciplinario que concluyó con una doble sanción.
Garrido, siguiendo la lógica administrativa, presentó el correspondiente recurso contencioso ante el mismo tribunal que ahora juzga a Villapalos. Y en 1993 consiguió una sentencia favorable por la que se anulaba la sanción y él recobraba su puesto. Pero la lógica lentitud del proceso judicial se enfrentaba a su lógica personal. Habían pasado tres años y, ya jubilado, la sentencia era de imposible aplicación. El rectorado estaba dispuesto a corregir la sanción, y así se lo comunicó al profesor el 5 de abril de 1994. Pero pasaba el tiempo y Garrido no veía llegar su resarcimiento, por lo que el 20 de octubre acudió a la vía penal que, en lógica judicial, requiere la presentación de una querella criminal contra alguien. Y apuntó a la cabeza, eligiendo al entonces rector como máximo responsable.
En la primavera de 1995, la situación de la Complutense era caótica. Se debían más de 21.000 millones de pesetas, aunque en los bancos había una liquidez de 3.500 millones, y se estaban negociando traspasos de competencias con varios ministerios y la Comunidad, que, para colmo, se encontraba en proceso electoral.
Y en medio de todo este lío burocrático estaba la patata caliente del profesor Garrido. A su causa se había sumado como abogado su cuñado, el escurridizo Antonio García-Trevijano, que pasaba apuros económicos y vio la posibilidad de ganarse un dinerillo. El 4 de abril de 1995, el abogado reclamó por carta al rectorado 50 millones por daños y perjuicios y el nombramiento de Garrido como profesor emérito.
El 10 de mayo de ese año, Garrido estaba citado para declarar en el juzgado por la querella criminal. Un día antes, el ex rector tomó cartas en el asunto y firmó tres resoluciones: que se abonase a Garrido una indemnización de 30 millones –sin que se haya presentado documentación alguna que avale esta cantidad, aunque sí ha quedado constancia en el juicio de que se habló de la misma–, que se le nombrase profesor emérito y que se abriese un expediente a aquéllos que le denunciaron. Garrido, satisfecho, decidió separarse de la querella. Según ha afirmado en el juicio, su cuñado le había dicho que era una condición de Villapalos, lo que no pudo acreditarse en la vista oral al negarlo García-Trevijano. 'Es la palabra de uno contra la de otro', dijo a El País el profesor, que no se habla con su cuñado desde hace años.
Después vino el rocambolesco episodio del cobro del dinero, en dos talones de 15 millones –uno para el profesor y otro para García-Trevijano– firmados por el ex gerente de la universidad, Jesús Calvo Soria, imputado en el sumario con las mismas acusaciones que Villapalos. Poco tiempo después, el entonces rector fue nombrado consejero de Educación y se llevó consigo a la mayor parte del equipo de gobierno de la universidad. El caso Garrido pasó a la historia.
Pero Garrido no se rindió. Peregrinó por todos los departamentos reclamando el cumplimiento de las otras dos resoluciones y esperó más de un año. Finalmente, el 2 de septiembre de 1996 decidió reabrir el proceso penal contra Villapalos. Y así, siguiendo la lógica de un profesor que durante 10 años se ha visto enfrentado a un ilógico funcionamiento administrativo, se ha llegado al juicio que hoy quedará visto para sentencia. El tribunal tendrá que decidir poniendo en un lado de la balanza la razón pura del profesor de Lógica agraviado y, en el otro, la razón práctica del profesor de Derecho que dejó las aulas por la política.
Juicio en el TSJM. El fiscal mantiene que Villapalos usó en su beneficio 30 millones de la Universidad
El fiscal del juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos contra el consejero Gustavo Villapalos rector de la Complutense en el momento de los hechos juzgados y contra Jesús Calvo Soria gerente entonces de la Universidad mantuvo ayer que Villapalos utilizó 30 millones de dinero público en su propio interés. Concretamente, para que el profesor Manuel Garrido retirara una querella que había presentado contra Villapalos, quien, un mes después, sería consejero del primer Gobierno de Ruiz-Gallardón.
El fiscal ratificó su acusación y la petición de penas de tres años de cárcel y 12 de inhabilitación para los acusados.
El Ministerio Público hizo ayer un resumen de las tesis que ha mantenido en el juicio y ratificó los cargos de prevaricación y malversación.
Además, pidió que las personas que se han beneficiado de esta actuación delictiva: el propio denunciante, el profesor Garrido, y su cuñado, el abogado Antonio García Trevijano, devuelvan los 30 millones que percibieron al beneficiarse del uso fraudulento del dinero público.
En este sentido, el profesor Garrido manifestó que no tiene ningún problema en devolver dicha cantidad siempre que se declare culpables a los acusados, aunque para ello se tenga que ejecutar, como dijo su abogado, la hipoteca de su casa.
El Ministerio Público basó su acusación de prevaricación en varias cuestiones: que Villapalos pagó 30 millones sin tener competencia para ello y sin que existiera resolución administrativa alguna que le obligara a indemnizar al profesor. Que lo hizo por su interés personal, debido a que sólo un mes después su futuro profesional cambió al encaminarse a la vida política y ser nombrado consejero del Gobierno de Ruiz-Gallardón. Que hizo este pago para que el profesor Garrido retirara la querella que había presentado contra él, como finalmente ocurrió. Que el mantenimiento de dicha querella hubiera perjudicado su futuro político. Que Villapalos no era competente para ordenar dicho pago y que no se cumplió ninguno de los trámites administrativos que legalmente se deben seguir en una indemnización por daños y perjuicios, esto es, que el procedimiento seguido fue absolutamente irregular.
Además, la fiscalía relató que, durante el juicio oral, se ha constatado que la decisión individual de Villapalos no contó con el visto bueno ni de la inspección técnica ni de los servicios jurídicos de la Universidad, en contra de lo declarado por los acusados; esto es, que la decisión fue unilateral, ilegal e interesada.
Las acusaciones, por su parte, ratificaron la práctica totalidad de lo expuesto por el Ministerio Público. La acusación particular, que representa los intereses del denunciante, el profesor Garrido, se detuvo en el informe emitido por el Tribunal de Cuentas sobre el funcionamiento, en esos años, de la Universidad Complutense y denunció la absoluta falta de control de los pagos extrapresupuestarios que se realizaban.
La acusación popular, que representa al profesor Jesús Fortea, retiró la acusación contra el gerente, Calvo Soria.
TSJM: El juicio quedó ayer visto para sentencia. Villapalos podía indemnizar y actuó legal y noblemente, según su defensa
El Mundo, Madrid, miércoles 30 de mayo de 2001
El representante legal de Gustavo Villapalos en la vista que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el consejero de Educación y ex rector de la Universidad Complutense, cuyo juicio quedó ayer visto para sentencia, dedicó su alegato final a desmontar jurídica y jurisprudencialmente las tesis defendidas por el Ministerio Público. La sentencia será notificada hoy a las partes.
El fiscal ha mantenido en la vista oral las acusaciones de prevaricación y malversación de fondos contra el entonces rector, Gustavo Villapalos, quien, según sus tesis, pagó una indemnización de 30 millones de pesetas al profesor Antonio Garrido para que éste retirara una querella contra Villapalos, quien, un mes después, fue nombrado consejero de Educación del primer Gobierno de Ruiz-Gallardón.
El abogado de Villapalos, Rafael Hermosilla, se dedicó a demostrar la legalidad de la actuación de su defendido con una prolija cita de jurisprudencia.
El letrado centró su intervención en un puñado de cuestiones. Esto es, afirmó que el entonces rector de la Complutense estaba absolutamente habilitado legalmente para aprobar una indemnización por daños y perjuicios para el profesor Manuel Garrido, quien, según una sentencia del TSJM, había sido en su día apartado injustamente de la jefatura de su departamento y que, por lo tanto, tenía derecho a una compensación.
Además, rechazó frontalmente la tesis del fiscal de que esta indemnización debería haber seguido el cauce administrativo general ya que, según afirmó, la Ley de Autonomía Universitaria y el propio Estatuto de la Complutense facultan al rector a tomar este tipo de decisiones.
La defensa subrayó la legalidad del procedimiento empleado por Villapalos, quien sometió su decisión a la consideración de la Comisión Permanente de la Complutense, cuyos miembros dieron el visto bueno a la decisión del rector y le habilitaron para llegar a un acuerdo con el profesor Garrido. En este sentido, el letrado subrayó que la mayoría de los miembros de la Comisión citados a declarar ratificaron que el asunto de la indemnización se trató en este órgano y que, en dicha reunión, se aludió a la cantidad de 30 millones.
Por otro lado, se extendió al ratificar la validez de la operación de transacción que firmó el rector tras negociar con el profesor Garrido, utilizando para ello la legislación vigente respecto a la autonomía universitaria y la jurisprudencia dictada a este respecto
Por otra parte, subrayó la imposibilidad de relacionar el pago de la indemnización al profesor Garrido con la retirada de una querella que éste había presentado contra Villapalos por prevaricación.
En este sentido, calificó la estrategia del Ministerio Público y de las acusaciones como un entramado de suposiciones, ya que, durante el juicio oral, recordó, se han dado versiones contradictorias sobre este asunto.
En este sentido, la defensa manifestó que tan verosímil es creer al profesor Garrido, quien denunció que Villapalos le hizo llegar la resolución que le indemnizaba con urgencia para que retirara la querella, como la expresada por su cuñado, Antonio García Trevijano, quien negó cualquier exigencia de retirada de la querella en las negociaciones y achacó la urgencia a una operación que, horas después, sufriría su hermana y esposa del querellante.
En este mismo sentido, la defensa del consejero de Educación subrayó que lo realmente probado es que el profesor Garrido cobró 30 millones y que, por su propia voluntad y con su expreso consentimiento, el gerente de la Complutense extendió dos cheques de 15 millones: uno a favor de Garrido y otro a favor de Trevijano.
Además, reiteró que el profesor, en ningún momento, fue engañado, ya que cobró la indemnización de 30 millones, que no ha devuelto; se iniciaron los trámites para nombrarle profesor emérito y se abrió un expediente para determinar si hubo mala fe en algunas personas de su departamento a la hora de apartarle de la dirección del mismo, tal y como determinaban las resoluciones firmadas por el entonces rector Gustavo Villapalos.
El Mundo, Madrid, jueves 31 de mayo de 2001
Villapalos: «El fiscal acusa porque su jefe, Mariano Bermejo, le ordena que acuse.» Bermejo: «Estoy sorprendido porque se haya absuelto a Villapalos y porque el fallo se comunique verbalmente antes de la sentencia.» Villanueva (PP): «Pedro Sabando, que pidió la dimisión de Villapalos, debería dejar su cargo de portavoz del PSOE tras la sentencia absolutoria del consejero.»
Los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que han juzgado el llamado caso Villapalos decidieron ayer, por unanimidad, dictar un fallo absolutorio en la causa que se ha seguido contra el ex rector de la universidad Complutense y actual consejero de Educación del Gobierno de Ruiz-Gallardón.
La inusual rapidez en la publicación del fallo suscitó las suspicacias de la oposición parlamentaria e, incluso, del fiscal jefe de Madrid, Mariano Bermejo, cuya actuación fue criticada indirectamente por el propio Villapalos durante una comparecencia ante los medios de comunicación unas horas después de conocido el fallo.
El tribunal disponía de varios días para comunicar el fallo del juicio oral de este procedimiento abreviado. Anteayer, tras la conclusión de la vista, el presidente citó a las partes para las 10:00 horas de ayer con el fin de comunicarles el veredicto. La sentencia, en la que se argumentará el fallo absolutorio, se hará pública en los próximos días.
Ayer, tanto la Fiscalía, que recusó en su día la composición del tribunal, como las acusaciones, afirmaron que esperarán a conocer la sentencia antes de decidir si presentan un recurso de casación.
Este recurso, en cualquier caso, no afecta al fondo del asunto, sino a la legalidad y formalidad del procedimiento, según recordó el consejero.
El caso Villapalos ha llegado a su fin tras cinco años de instrucción. El consejero, antes de ser declarado inocente, se ha sentado durante siete días en el banquillo de los acusados.
El fallo absolutorio a favor del ex rector de la Complutense y consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Gustavo Villapalos, dictado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, provocó un previsible debate político entre el PP y los partidos de la oposición parlamentaria (PSOE e IU). Menos previsible era el cruce de declaraciones que se produjo entre el consejero y el fiscal jefe de Madrid, Mariano Bermejo.
Villapalos, ayer, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, dulcificó, en cualquier caso, las declaraciones que antes y durante el juicio han realizado destacados dirigentes del Gobierno regional, que en declaraciones a este diario, han acusado al fiscal Bermejo de actuar beligerantemente en este caso atendiendo a «motivaciones políticas»
Ayer, el consejero de Educación fue más comedido en sus declaraciones pero no eludió la pregunta. «¿Ha actuado la Fiscalía en este asunto atendiendo a motivaciones de índole político?», preguntaron los periodistas en la conferencia de prensa.
Villapalos contestó que la actuación del fiscal que ha llevado el caso, aunque agresiva, ha sido ejemplar y muy profesional. Sin embargo, inmediatamente después añadió: «La Fiscalía es un cuerpo jerárquico y si un fiscal acusa es porque su jefe (en este caso el fiscal jefe Mariano Bermejo) le dice que acuse».
Respuesta de Bermejo
La respuesta de la Fiscalía madrileña no se hizo esperar. En unas declaraciones que no se pueden calificar de habituales, Bermejo declaró a la agencia Efe su sorpresa por dos asuntos: tanto por la decisión del tribunal por absolver a Gustavo Villapalos como por el hecho de que el fallo se haya comunicado de forma verbal antes de la sentencia.
Fuentes del Gobierno regional consultadas ayer por El Mundo expresaron su «perplejidad por estas afirmaciones del fiscal» y declararon que en vez de mostrarse sorprendido por la celeridad del fallo, debería aplaudir la rapidez de la resolución.
Los interlocutores de este diario expresaron también su extrañeza ante los comentarios del fiscal jefe sobre el fondo del asunto.«Parece que debería limitarse», afirmaron estas fuentes, «a anunciar si va a recurrir o no el fallo, nada más».
En este sentido, tanto Bermejo como los abogados de las acusaciones declararon ayer que la presentación de un posible recurso de casación dependerá del contenido de la sentencia, que se conocerá en los próximos días.
El TSJM ha absuelto al ex rector y al ex gerente de la Complutense, Gustavo Villapalos y Jesús Calvo Soria, respectivamente, de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, por los que el Ministerio Público pedía tres años de cárcel y 12 de inhabilitación.
La causa se inició a raíz de la querella presentada por el profesor Manuel Garrido, que ha declarado en el juicio que se le indemnizó con 30 millones para que retirara una querella que había interpuesto contra Villapalos.
La defensa de Garrido anunció ayer que ahora se van a iniciar acciones legales para reclamar al cuñado del querellante, el abogado Antonio García Trevijano, la devolución de los 15 millones que le entregó en su día Garrido tras mediar con el entonces rector.
«Políticamente intacto»
P. G. Madrid
El consejero de Educación del Gobierno de Ruiz-Gallardón, Gustavo Villapalos, declaró ayer en conferencia de prensa, tras conocer el fallo absolutorio de su caso por el TSJM, que, tras el proceso, ha quedado «políticamente intacto».
«Se ha restablecido la Justicia después de un proceso que ha durado cinco años. Políticamente no me considero tocado. Al contrario, estoy intacto, he sido rehabilitado», declaró Villapalos.
En cualquier caso, el consejero declaró que el proceso ha sido duro. Y no sólo la semana que ha estado sentado en el banquillo de los acusados, sino los cinco años que ha durado la instrucción.
Villapalos confirmó, como ya adelantó en su día este diario, que antes y durante el proceso ha puesto su cargo a disposición del presidente regional, que se ha negado siempre a apartarle de su cargo «y que siempre ha respetado», dijo, «la presunción de inocencia».
«Estoy muy agradecido», añadió, «por la confianza que el presidente Gallardón ha depositado en mí».
En este sentido, lamentó la actitud del PSOE, que solicitó su dimisión. Villapalos recordó que igual de injusto fue que José María Aznar pidiera la dimisión de Demetrio Madrid como presidente de la Junta de Castilla y León por unas acusaciones que luego no se probaron, que el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Pedro Sabando, haya pedido ahora la suya.
En cualquier caso, Villapalos no pidió la rectificación de nadie.«Yo no soy quien para pedir al señor Sabando que rectifique. Sí creo que ha actuado de forma injusta».
Garrido: «Villapalos es el vencedor»
El profesor de la universidad Complutense Manuel Garrido, cuya querella contra el ex rector originó el proceso judicial contra éste, dijo ayer a Efe, tras conocer la absolución del consejero de Educación que «hay un vencedor absoluto que es Villapalos».
Según explicó el profesor, como querellante quería que el ex rector fuera condenado, pero como responsable civil no, ya que si declaraban culpable a Villapalos, tendría que devolver los 15 millones que le pagaron en concepto de indemnización por un expediente que le abrieron y que luego fue anulado por el TSJM.
Dijo que de la absolución del consejero se deduce que el pago de los 30 millones fue legal, lo que le abre la puerta para reclamar judicialmente a su cuñado los otros 15 millones que percibió por la operación.
El País, Madrid, jueves 31 de mayo de 2001
El consejero de Educación, Gustavo Villapalos, lamentó ayer, tras ser absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de los cargos de prevaricación y malversación cuando era rector de la Universidad Complutense, que ha sido sometido 'a la aflicción de la pena del banquillo cuando no había indicios razonables de delito'. El consejero, para quien el ministerio público pedía tres años de prisión, arremetió con dureza contra los fiscales encargados del caso. El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, mostró su 'doble sorpresa', por la resolución del tribunal y por la rapidez en la comunicación del fallo.
Villapalos compareció sonriente dos horas después de que el tribunal hiciera público el fallo –que absuelve también, por idénticos delitos, al ex gerente de la Complutense Jesús Calvo–, y agradeció al presidente del Gobierno regional, Alberto Ruiz-Gallardón, que mantuviera su confianza en él a pesar del proceso. 'Él supo en todo momento que podía disponer de mi cargo, y no lo ha hecho', recordó el consejero, que figura como independiente en un Gobierno del PP.
Poco después de que su abogado, Ramón Hermosilla, le comunicara el fallo absolutorio, Villapalos resaltó que 'la mayoría de los juristas están de acuerdo en que la pena de banquillo es casi tan aflictiva como la condena para aquellas personas que tienen una dimensión pública'. 'Cinco años puesto en cuestión y un juicio oral en el banquillo', prosiguió, 'produce un efecto aflictivo en el imputado enormemente grave'.
El consejero considera que 'la justicia debe ser extraordinariamente cuidadosa en llegar a juicio oral si no encuentra indicios racionales de delito', y aseguró que han sido múltiples los pronunciamientos de la sala, a lo largo de estos cinco años, en el sentido de que no encontraba indicios razonables de delito. '¿Por qué se ha llegado entonces a juicio oral?', se preguntó. Y él mismo se respondió: 'Pues por la insistencia de las acusaciones, y, ciertamente también, imagino, aunque no lo sé, por la insistencia del ministerio público'.
El ex rector de la Complutense, al que se acusaba de haber ordenado en mayo de 1995 el pago de 30 millones al profesor de la Complutense Manuel Garrido a condición de que éste retirara una querella criminal por prevaricación, aseguró que la mejor prueba de la falta de indicios fue la testifical. 'De los 29 testigos que declararon, sólo tres fueron citados por mi parte; el resto lo fueron por la del fiscal. Y todos lo hicieron a mi favor'.
El consejero manifestó haber estado siempre persuadido de su inocencia y arremetió entonces contra los fiscales que consideran ejemplarizante que los cargos públicos se sienten en el banquillo aun sin la existencia de indicios de delito. 'Yo no he visto todavía', ironizó, 'a ningún fiscal sentado en el banquillo, y eso tendría una eficacia ejemplarizante muy grande. Y no lo digo por el comportamiento del fiscal Antonio Camacho, que ha sido irrepochable, cumpliendo con su trabajo concienzudamente. Pero si ese sentido ejemplarizante se lo aplicaran a sí mismos, verían que tiene un contenido aflictivo muy grande. A estas cosas, cuando no hay indicios racionales de delito, no se debe llegar', concluyó.
Villapalos también criticó la actitud del ministerio público, nada más comenzar el juicio, de recusar a dos miembros del tribunal –el presidente Javier María Casas Estévez y el ponente Antonio Pedreira Alta– por considerarlos 'contaminados' por la instrucción del caso. 'El fiscal conocía la composición de la sala desde hace cinco años. Es en el momento de la apertura del juicio oral cuando se puede recusar. Y han pasado cuatro meses. A juicio mío, no hay contaminación alguna. Yo no puedo evitar mi sorpresa de que un escrito de recusación se presente un sábado por la tarde [dos días antes de comenzar la vista] y que haya que suspender el juicio oral', agregó.
El consejero, que comparó su caso con el del socialista Demetrio Madrid, ex presidente de la Junta de Castilla y León que fue forzado a dimitir por estar encausado, aseguró que no podía pensar que hubiera sido víctima de intrigas políticas por parte de la fiscalía. 'Yo no creo que haya habido mala fe procesal del ministerio público. Tengo que presumir que [los fiscales] actúan en conciencia; pero también hay que recordar que en la fiscalía existe el principio de jerarquía'.
El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, mostró ayer su 'doble sorpresa' por la decisión judicial de absolver al consejero Villapalos y porque el fallo se haya comunicado de forma verbal antes de la sentencia. En declaraciones a Efe, Fernández Bermejo manifestó su sorpresa 'por el fondo, es decir, por la absolución, dado cómo transcurrió el juicio', y 'por la forma, pues es peculiar que se comunique el fallo verbalmente antes de la sentencia sin razonamiento'. El fiscal añadió que, una vez que la resolución esté dictada y notificada, estudiará si procede presentar recurso.
El consejero también tuvo unas palabras para su denunciante –el profesor Manuel Garrido– y el promotor de la acción popular –el profesor Jesús Fortea–. 'Igual que se pide el historial penal de los acusados, se deberían pedir los de los acusadores', dijo. 'Fortea ha interpuesto ya 27 pleitos, 18 cuando yo era rector, y algunos tan absurdos como el de un profesor al que acusó de no acudir a un acto con el traje reglamentario. Y de Garrido... mejor no hablar'.
El profesor Garrido estudia reclamar ante el juez los 15 millones que se quedó su cuñado García-Trevijano
Á. C. Madrid
'Mi agravio cesa y mi bolsillo queda fortalecido, ya que este fallo me legitima como el único que ha sido indemnizado con 30 millones, lo que abre la posibilidad de reclamar los 15 millones que se llevó mi cuñado [el abogado Antonio García-Trevijano]', aseguró el profesor Manuel Garrido Jiménez, cuya demanda por prevaricación y malversación inició en 1996 el proceso contra Gustavo Villapalos.
Durante la vista, García-Trevijano reconoció que estuvo presente en el rectorado de la Complutense en el momento del pago de los 30 millones de la indemnización, la cual se formalizó por medio de dos talones nominales de 15 millones, uno de ellos a su nombre. El profesor mantuvo que su cuñado le había pedido prestado el dinero 'para salir de un apuro económico' y que con él debía pagar a su anterior abogado los 6,5 millones que le adeudaba por su actuación en el recurso contencioso-administrativo que revocó en 1993 el expediente disciplinario que dio origen al caso en 1990.
Por su parte, Antonio García-Trevijano sostuvo que el dinero lo había recibido en concepto de ayuda familiar, y manifestó después a los periodistas que sólo estaba dispuesto a devolver a su cuñado la mitad de la minuta que se debía al abogado, que ya pagó hace tiempo el profesor Garrido.
Garrido declaró, tras conocer el fallo: 'Mi honor queda restablecido y en este momento no me siento agraviado, otra cosa es que siga compartiendo el punto de vista del fiscal'.
Garrido, profesor de Lógica, afirmó ayer a El País: 'La inocencia de Villapalos tiene como consecuencia la limpieza de la indemnización' [que él recibió]. 'Ya nadie puede pensar que me dieron un maletín', subrayó este profesor que llegó a estar imputado en la causa como responsable civil.
Garrido tampoco descarta presentar recurso de casación, aunque primero quiere conocer la base jurídica de la sentencia que ha absuelto a Villapalos. En caso de presentar recurso, según dijo, está dispuesto a entregar la parte del dinero que recibió como indemnización.
El País, Madrid, domingo 3 de junio de 2001
Supongamos que a usted le tiene que indemnizar con dinero público una universidad de la que es profesor de Lógica. Imaginemos que se presenta usted en la oficina en la que han de entregarle el cheque, y que ese día le acompaña por casualidad un cuñado suyo que, por complicar las cosas, se llama Antonio García Trevijano.
—Buenas, soy Manuel Garrido, profesor de Lógica, y vengo, como es lógico, a recoger 30 millones que me tienen que dar por un quítame allá esas pajas.
—¿Y ese señor que va con usted?
—Este señor es mi cuñado y ya habló lo que tenía que hablar con Villapalos. Usted limítese a pagar.
Entonces el funcionario se acojona, con perdón, y extiende dos cheques de 15 millones, uno de ellos a nombre del cuñado del profesor de Lógica.
Pues bien, esto es un disparate para cualquier persona del montón. No es normal, ni paranormal, ni siquiera anormal, entregar un dinero público de este modo. Debería haberse extendido un solo cheque de 30 millones a nombre del profesor de Lógica, y luego que éste se lo hubiera gastado como le viniera en gana. Lo más interesante, pues, del juicio por cuya resolución nos apresuramos a felicitar a Villapalos, es la historia de los cuñados. Los profesores de los talleres literarios suelen aconsejar a sus alumnos que se fijen siempre en los detalles laterales de la realidad porque ahí es donde está el significado. Si quieres saber cómo es de verdad la existencia de alguien, fíjate en sus zapatos.
En otras palabras, si un profesor de lógica tiene un cuñado republicano llamado García Trevijano, algo grave le pasa a la lógica o quizá a la república. Es posible, incluso, que algo grave le ocurra a la universidad. De otro modo, no se entiende que entregue cheques con esa alegría a nombre de los acompañantes. El profesor de Lógica, como es lógico, salió de la universidad sin saber si le habían dado una indemnización o un maletín. Ahora, gracias al juicio, ya sabe que no fue un maletín y dice que piensa recuperar los 15 millones que se llevó Trevijano sin comerlo ni beberlo. Trevijano, por su parte, asegura que recibió esas pesetas en concepto de 'ayuda familiar' y que no tiene que devolver nada.
No sé si me siguen. Quizá ustedes no sean profesores de Lógica, ni republicanos; quizá ustedes no sean ni siquiera universitarios, e ignoren que es absolutamente normal traficar entre cuñados con millones como si los millones fueran cromos. Quince millones arriba, 15 millones abajo, no son nada para un profesor de Lógica, ni para un republicano ni para una autoridad académica. La Universidad española está hecha cisco. No hay dinero ni para tizas, pero un rector puede indemnizar a un profesor de Lógica con 30 millones por un error administrativo cometido por él mismo. Más aún: esos 30 millones se pueden entregar en dos cheques de 15, uno de ellos a nombre del cuñado, etcétera.
Luego nos extrañamos de que la gente pierda la fe en las instituciones. Pero es que si se dan estos casos en las cátedras de lógica, qué no ocurrirá en las de literatura del absurdo. Se me ocurre una novela: un especialista en Ionesco es obligado por el rector de su universidad a recibir una indemnización de 30 millones.
—Pero si ustedes no me deben nada –se defiende el profesor.
—Algo le habremos hecho, aunque haya sido sin querer. Tome usted este dinero y diga a su cuñado que venga mañana, que también a él queremos indemnizarle.
—Es que mi cuñado es muy honesto. Y republicano.
—Razón de más. Un republicano honesto tiene derecho a todo. Si se niega, le haremos creer que le da usted el dinero en concepto de ayuda familiar y santas pascuas.
Ya sé que la historia está inspirada en El proceso, de Kafka, no soy Racionero, pero tiene la originalidad de que las autoridades no persiguen al protagonista para hacerle daño, sino para hacerle rico. Recuerdo un personaje de Salinger que decía una frase genial:
—Soy un paranoico al revés. Creo que la gente me persigue para hacerme feliz.
Las autoridades académicas perseguían al profesor de Lógica para solucionarle la vida a él y a su cuñado. Parece absurdo, sí, pero lo que importa es que se han llevado un dinero y que Villapalos ha salido absuelto. Todos felices, pues. Pero continúen fijándose ustedes en los detalles laterales.
El Mundo, Madrid, sábado 14 de julio de 2001
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) comunicó ayer a las partes la sentencia que argumenta el fallo absolutorio del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Gustavo Villapalos, juzgado por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
El TSJM ha absuelto al consejero, rector de la Complutense cuando se produjeron los hechos juzgados, porque no se ha probado que pagara al catedrático Jesús Garrido la cantidad de 30 millones de pesetas con la intención de que éste retirara, como se produjo unos meses antes de que Ruiz-Gallardón lo incluyera en su primer «Gobierno de los mejores», una querella que había interpuesto contra él.
La sentencia del TSJM se ha comunicado a las partes 40 días después de que se hiciera público el fallo absolutorio. El fiscal pedía para Gustavo Villapalos y para el ex gerente de la Complutense, Jesús Calvo Soria, penas de tres años de cárcel y 12 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
El TSJM, en la sentencia hecha pública ayer, absuelve al consejero porque, en opinión del tribunal, «los acusados no sustrajeron dinero para beneficio patrimonial propio, sino que realizaron los actos precisos para compensar a un perjudicado», el profesor Garrido.
Además, se añade que Villapalos era competente para indemnizar al profesor.
El TSJM declara probado que el Rectorado de la Complutense sancionó a Manuel Garrido como autor de dos faltas leves, decisión que el catedrático recurrió ante el propio TSJM, que le dio la razón y anuló la sanción.
Añade que la Universidad abonó a Garrido, que había cumplido la edad de jubilación cuando se dictó la sentencia, el dinero correspondiente al período en el que se halló en suspensión de sus funciones.
Sin embargo, precisa la sentencia, «esta indemnización no incluía el lucro cesante derivado de las publicaciones y demás actividades extra académicas que el profesor pudiera haber realizado en ese mismo período, de haber estado en situación de activo y después de su jubilación de haber sido nombrado profesor emérito».
La Sala agrega que el dinero que podría haber percibido por actividades extra académicas hubiera podido alcanzar una cuantía equivalente al triple, como máximo, de la que percibía como catedrático a cargo de la Universidad.
El Tribunal relata que Manuel Garrido se puso en contacto con Villapalos a iniciativa del cuñado del catedrático, el abogado Antonio García Trevijano, que conocía al rector, «con el fin de alcanzar una transacción extrajudicial en lo relativo a la indemnización».
El Rectorado, se dice, aceptó iniciar negociaciones para alcanzar una solución extrajudicial y, en principio, se acordó pactar una transacción en la que se contemplaba abonar a Manuel Garrido una indemnización de 50 millones de pesetas. Garrido también estaba interesado en que se le nombrara profesor emérito.
Los 50 millones, finalmente, quedaron reducidos a 30 por la «oposición» a abonar tal cantidad de Villapalos y de Jesús Calvo Soria, pues la consideraban «desproporcionada y excesiva».
No obstante, subraya el Tribunal, «no se puso como condición para el abono de la indemnización que Manuel Garrido desistiera de una querella que tenía presentada contra Villapalos y que finalmente, tras el abono de la indemnización, fue sobreseída. La Sala precisa que Villapalos tenía facultades para actuar como lo hizo.
La Sala aclara que Villapalos tenía facultades para acordar el pago de esa indemnización pero quiso poner el asunto en conocimiento de la Comisión Permanente y de la Junta de Gobierno de la Universidad.
Una vez que se acordó el pago, Garrido acudió con su cuñado al Rectorado, donde fueron recibidos por Calvo Soria, quien les hizo entrega de sendos talones de quince millones, extendidos a favor del profesor y de su cuñado.
Fuentes de la Fiscalía dijeron a El Mundo que están estudiando un posible recurso de la sentencia ante el Supremo.
El País, Madrid, domingo 22 de julio de 2001
La acusación ejercida por el profesor Jesús Fortea en el juicio al consejero de Educación, Gustavo Villapalos, ha recurrido ante el Tribunal Supremo la absolución del ex rector de la Universidad Complutense de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por entender que el tribunal hizo una interpretación errónea de la documentación de la causa. Villapalos fue absuelto por estimar los magistrados del Tribunal Superior que el ex rector no cometió delito ni infracción administrativa alguna al pagar una indemnización de 30 millones de pesetas a un profesor universitario para resarcirle de los perjuicios causados por un procedimiento judicial en el que resultó exonerado.
En un escrito que fue presentado ayer ante el alto tribunal, la acción popular considera que la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), cuya resolución se dio a conocer el pasado 30 de mayo, 'hace uso de conceptos que implican la predeterminación del fallo'.
Villapalos fue absuelto de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, de los que estaba acusado por hechos cometidos en su etapa como rector de la Universidad Complutense. El fiscal pidió para el consejero tres años de cárcel y 12 de inhabilitación para ejercer cargo público por pagar 30 millones de pesetas al profesor de Lógica Manuel Garrido para que retirara una querella contra él.
El profesor Fortea considera que el TSJM 'vulnera los derechos fundamentales' recogidos en la Constitución Española como 'es el derecho a un juicio con todas las garantías y el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos'. El recurso de casación considera que el fallo desconoce que, 'en materia de prevaricación y malversación, todos los cargos y funcionarios –sean o no rectores universitarios– son iguales ante la ley'.
Por otro lado, y de acuerdo con el escrito, la sentencia establece que el pago de los 30 millones a Garrido fueron en concepto de indemnización, cuando, explica la acusación, en la documentación de la querella interpuesta por el profesor contra Villapalos se pone de manifiesto que el pago fue en concepto de restitución del cargo.
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