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Timestamp: 2019-10-16 02:01:26+00:00

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BOE i notícies del 9 de novembre de 2018
NOVETATS DEL BOE DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2018
(BOE, 09-11-2018)
Sentencia de 16 de octubre de 2018 del Tribunal Supremo sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula
Sentencia de 22 de octubre de 2018 del Tribunal Supremo sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula
Sentencia de 23 de octubre de 2018 del Tribunal Supremo sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula
Resolución de 8 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 8 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
Operaciones de cierre del ejercicio 2018 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/index.php?d=271&s=3
El BOE ha publicado hoy el cambio legal que hace caer en la banca el impuesto hipotecario, cambio que entrará en vigor mañana sábado, tal y como recoge el Real Decreto Ley, consistente en un único artículo, además de una larga exposición de motivos.
También cambia el artículo 25, en el que se establecen las exenciones del impuesto. Dado que cambia el sujeto pasivo, el decreto exime del pago del ITPAJD a la banca en aquellas operaciones en las que, hasta el momento, el pagador ya estaba exento legalmente. Concretamente, el nuevo articulado añade en el capítulo de exenciones a "las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria en las que el prestatario sea alguna de las personas o entidades incluidas en la letra A) anterior". Dicho artículo se refiere a las entidades exentas del pago del impuesto: el Estado, organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones bancarias, Iglesia Católica, partidos políticos, Reales Academias, Cruz Roja, Once y la Obra Pía de los Santos Lugares.
(Expansión, 09-11-2018)
"El ciudadano no tendrá que pagar más este impuesto", proclamó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reiterando el mensaje lanzado un día antes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La titular de Hacienda justificó la reforma legislativa por la vía de urgencia ante la "confusión generada en la sociedad" tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo. Para "vigilar que no se repercuta al consumidor", el Gobierno creará una autoridad de protección a clientes financieros que controlará que los bancos no incluyen nuevas cláusulas en las hipotecas como contrapartida al recargo del AJD.
Y alegó que ahora introduce seguridad jurídica al mercado hipotecario, que en el último mes había sufrido cierto freno en la concesión de nuevas hipotecas. "Desde el respeto a la separación de poderes, lamentamos el cambio de criterio del Supremo, por lo que hoy le ha tocado hablar al poder ejecutivo, que vela por el interés general de los ciudadanos", indicó Montero.
El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto para asegurar que sean los bancos los que asuman el impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas. La aprobación del real decreto sobre las hipotecas fue anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la ajustada decisión adoptada el martes por el Tribunal Supremo que eximía a los bancos del pago de ese impuesto con la legislación anterior.
La letra pequeña de la modificación legislativa incluye también la prohibición de que la banca pueda deducirse el Impuesto de Sociedades el pago del tributo de Actos Jurídicos Documentados. Además, el nuevo párrafo que se añade a la normativa fiscal establece que "cuando se trate de préstamos con garantía hipotecaria se considerará sujeto pasivo al prestamista", ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseverando que la fórmula disipa cualquier posible duda.
La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha explicado que, desde el respeto a las decisiones judiciales, "desde un primer momento el Gobierno ya manifestó su intención de apoyar a los ciudadanos y a las comunidades autónomas". Ha añadido que el Ejecutivo ha querido aprobar el decreto ley para que las medidas entren cuanto antes en vigor y acaben con una incertidumbre jurídica que ha durado tres semanas.
El cambio normativo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, prevista para este viernes. Es decir, el sábado, en lugar de mañana como se había anunciado. Tal modificación de la norma, que afectará al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no hará necesario modificar el artículo 68 del reglamento de 1995 que establecía específicamente que es el consumidor quien debe pagar, ha matizado Montero.
Este cambio legal seguirá un cauce independiente respecto de la nueva ley hipotecaria, redactada conforme a la directiva europea durante el mandato del PP y que será tramitada por el Ejecutivo socialista tras dos años y medio de retraso. De hecho, la ministra portavoz ha anunciado que el Gobierno ha solicitado al Parlamento la tramitación por vía de "urgencia" de la reforma hipotecaria para que ésta pase al Senado en el plazo de 20 días a fin de tratar de evitar la multa comunitaria que pende sobre España por su retraso. Una sanción de 100.000 euros diarios por cada jornada de retraso.
Cuestionada sobre si el Gobierno se plantea eliminar el impuesto, como pide el PP, Montero ha defendido que este tributo arroja 2.000 millones de euros de ingresos a las comunidades autónomas, necesarios para sufragar su gasto en educación, sanidad o protección social.
La ministra ha justificado que Andalucía, autonomía de la que era consejera de Hacienda, así como otras comunidades apliquen el gravamen más alto de este impuesto, un 1,5% frente al tipo del 0,5% que aplican otras. “Las comunidades con peor financiación per cápita tienen que hacer mayor uso de los instrumentos normativos que tienen a su disposición en contraste con otras comunidades cuyos recursos, aun siendo insuficientes a criterio de esta ministra, siguen siendo mayores”, ha argumentado Montero.
La ministra ha avanzado también que el Gobierno convocará a las comunidades autónomas a la Comisión de Tributos para resolver las dudas que suscite el cambio legal de modificar el sujeto pasivo del impuesto y eliminar las bonificaciones de este tributo sobre las personas físicas, pues ahora solo se cargarán a la banca, persona jurídica.
Cuestionada sobre la posibilidad de que la banca acabe trasladando el coste del tributo al cliente, Montero ha aseverado que el Gobierno no creen en esa dicotomía de que los impuestos al sector financiero "se repercute a los ciudadanos, o se repercute a los ciudadanos". La responsable de Hacienda ha subrayado que la nueva oficina de protección del consumidor financiero velará por impedir la inclusión de cláusulas o comisiones abusivas y además ha considerado que el sector financiero se comportará con responsabilidad, condicionado además por las reglas del mercado que le obligarán a ofertar las mejores condiciones posibles para ganar clientela.
(La Vanguardia, 09-11-2018)
"Existe una injusticia fiscal"
Nuevo aviso para el Gobierno en torno al Impuesto sobre Actos Jurídicos (IAJD), a cargo esta vez de la Comisión Europea. La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, al ser preguntada sobre sus efectos en la competitividad de los bancos españoles, ha recordado que "va a haber diferencias" en la carga que deben asumir las entidades nacionales respecto a su competencia en el continente.
Vestager, que se encuentra de visita en Madrid, también ha alertado de que la fragmentación nacional en torno a la tasa Google es "una muy mala idea", en lo que supone una referencia indirecta a la decisión del Gobierno español de introducirla al margen de sus socios europeos. Sin embargo, la comisaria considera que para que este impuesto sea efectivo, "no nos podemos basar sólo en la legislación nacional".
Pese a estas advertencias, la comisaria de Competencia ha mostrado también comprensión con la decisión del Gobierno de introducirla. En referencia a los casos de España y otros países como Italia, que planean introducirlo, ha señalado que "entiende por qué los Estados dicen que, si no resuelven este tema en conjunto, lo harán por su cuenta".
(El Mundo, 09-11-2018)
El salario medio mensual de los españoles se incrementó el año pasado un 0,6%. De acuerdo con el "Decil de salarios del empleo principal" extraído de la Encuesta de Población Activa (EPA), el salario mediano (que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior) se situó en 1.590,3 euros, 4,2 euros menos (el 0,26% inferior).
La Comisión Europea ha seguido los pasos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Banco de España y FMI y ha alertado al Gobierno de que la subida del salario mínimo (SMI) hasta los 900 euros el próximo año tendrá un efecto negativo en el empleo. Los cálculos de las fuentes comunitarias indican que en los dos próximos años se crearán entre 70.000 y 80.000 puestos de trabajo menos, en línea con los 40.000 el primer año que apuntó el presidente de la Airef, José Luis Escrivá. Consideran, eso sí, que la subida del SMI tendrá un impacto positivo del 0,35% sobre la masa salarial. Si bien, la creación de empleo se ralentizará por la desaceleración de la demanda final, aunque se seguirá reduciendo la tasa de desempleo, hasta el 13,4% en 2020.
Bruselas cuestionó ayer además el impacto recaudatorio de esta medida vía cotizaciones sociales, que el Gobierno ha calculado en 1.500 millones de euros y que el Ejecutivo comunitario reduce a "un poco más de 1.000 millones".
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, reconoció la "cautela" de la Comisión al evaluar el impacto de las medidas con las que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende impulsar la recaudación el próximo año: tasa a las transacciones financieras, impuesto a las grandes tecnológicas y lucha contra el fraude. Por otro lado, fuentes comunitarias apuntan que la celebración de las elecciones municipales podría hacer que algunas de las medidas de gasto planteadas a nivel local no pudieran ejecutarse, logrando con ello un menor gasto. Además, consideran un riesgo la indemnización por la anulación de la concesión de la gestión de ATLL a Acciona.
Esas diferencias de ingresos tributarios llevan a la Comisión a aumentar su estimación de déficit público para el año que viene al 2,1%, tres décimas por encima de lo previsto por el Ejecutivo por el incremento del gasto en pensiones, el alza salarial de los funcionarios y, en menor medida, por el aumento del permiso de paternidad y la bajada del IRPF para las rentas más bajas. Para este año, considera que España acabará con una desviación del 2,7%, en línea con el Gobierno, pero cinco décimas por encima de la senda presupuestaria del PP.
Más allá de las dudas sobre los ingresos fiscales, a las que restó importancia Moscovici, la Comisión Europea ratificó ayer el cambio de marcha de la economía europea, y con ella, de la española –ayer se conoció además que la producción industrial entró en septiembre en negativo en su mayor recorte en 17 meses–. Bruselas ha rebajado las estimaciones de crecimiento para este año y el próximo para la zona euro, al 2,1% este año (una décima) y al 1,9% en 2019. Una desaceleración que también percibe en el grupo de los Veintisiete, donde rebaja una décima el crecimiento para el año próximo, hasta el 2%.
España, según las estimaciones de la Comisión, seguirá creciendo por encima de la zona euro, si bien lo hará dos décimas menos de lo previsto este año, al 2,6%, en línea con la del Gobierno, y el de 2019 (2,2%), por debajo de las estimaciones del Ejecutivo.
La ministra de Hacienda respondió ayer a "los agoreros que permanentemente han arrojado dudas sobre la robustez del plan presupuestario" afirmando que la visión que hace la Comisión de los Presupuestos del año próximo "es positiva y satisfactoria".
(El País, 09-11-2018)
El Gobierno ha dado este jueves el pistoletazo final para crear la autoridad macroprudencial nacional, que deberá contribuir a evitar o mitigar cualquier riesgo sistémico futuro susceptible de afectar a la estabilidad financiera, según informó el Ministerio de Economía y Empresa.
Se gestará con la transformación del Consejo de Estabilidad Financiera (Cesfi), creado en 2011 para velar por la integridad y solidez del sistema financiero, en la bautizada como Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera (Anesfi), que estará igualmente integrada por representantes del Ministerio de Economía y Empresa, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Su cometido será la citada supervisión macroprudencial del sistema financiero, con capacidad para efectuar análisis de riesgos y emitir opiniones, así como alertas sobre todos los aspectos que puedan suponer un riesgo sistémico que afecte a la estabilidad financiera.
El nuevo organismo tendrá potestad para formular recomendaciones para la adopción de medidas específicas cuando atisbe dichos riesgos, con la posibilidad de dar publicidad al seguimiento de esas indicaciones cuando lo considere necesario.
La oportunidad de crear una institución así se puso de manifiesto cuando la crisis detonó en los balances de las entidades financieras, ante los errores cometidos en la advertencia, análisis y prevención de la burbuja crediticia e inmobiliaria.
La nueva autoridad será un órgano colegiado, sin personalidad jurídica propia y adscrito a Economía, aunque con independencia funcional. Aunque el uso de las herramientas macroprudenciales seguirá siendo competencia de los organismos supervisores, antes de aplicarlas deberán informar a la nueva Autoridad.
De hecho, al Banco de España se le amplían las competencias en ámbitos como el colchón de capital anticíclico sectorial, la fijación de límites máximos a la concentración sectorial de exposiciones crediticias y las relacionadas con las condiciones de concesión de créditos.
El nuevo organismo tendrá un Consejo presidido por la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, será el vicepresidente. En su seno se sentarán también la subgobernadora del Banco de España, el presidente y la vicepresidenta de la CNMV, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones. Y, por otro lado, contará con un Comité Técnico presidido por la subgobernadora Margarita Delgado y con nueve representantes de los organismos integrantes de la Anesfi.
Con periodicidad anual, el nuevo organismo reportará al Congreso un informe con el análisis de los principales riesgos para la estabilidad financiera, las medidas macroprudenciales vinculantes adoptadas, sus recomendaciones y avisos.
(Cinco Días, 09-11-2018)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado hoy un mensaje dirigido, sobre todo, a los pequeños y medianos empresarios. “Me comprometo a daros seguridad jurídica e incluso institucional”, ha dicho durante la entrega de premios a los autónomos y emprendedores del año organizada por la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme).
Sánchez respondía así a la demanda que poco antes le había realizado en esta entrega de premios el Consejero Delegado del Grupo Santander, Rami Aboukhair, quien solicitó que “para que el sector financiero pueda seguir dando financiación y avanzar necesita seguridad jurídica”. Es más, este directivo se quejó, de que “cuando creemos que sabemos las respuestas nos cambian las preguntas.
Pero Sánchez se ha “comprometido” a más cosas ante este auditorio, de “pequeños empresarios con ojos y cara y que no pisan moquetas”, como los ha definido el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi. En concreto, el líder del Ejecutivo ha asegurado que uno de los retos del Gobierno es “ver crecer a los pequeños empresarios y que se hagan medianos y a los medianos que se hagan grandes”.
Asimismo, Sánchez ha respondido a un guante que le había lanzado momentos antes Garamendi, que previsiblemente se convertirá en el próximo presidente de la patronal CEOE el 21 de noviembre. El líder de Cepyme había pedido al presidente del Gobierno solo dos cosas en nombre de los empresarios: que luche contra la morosidad, “tanto pública como privada” y que trabaja por mejorar la unidad de mercado, “que permita trabajar a los empresarios”.
En respuesta a estas demandas, Sánchez ha asegurado que el Gobierno, a través de una proposición de ley que está tramitándose en el Parlamento, “reforzará las sanciones para aliviar la morosidad que estrangula la liquidez” de los pequeños empresarios.
Asimismo, el presidente del Gobierno defendió los Presupuestos Generales del Estado diseñados por su Ejecutivo porque son “sensatos y llenos de sentido común”, además de “garantizar la disciplina presupuestaria”.

References: Resolución 
 artículo 36
 Real Decreto 
 artículo 25
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 29
 artículo 68