Source: https://fr.scribd.com/document/69674826/Proyecto-de-la-Ley-de-Arrendamiento
Timestamp: 2020-01-26 13:57:31+00:00

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Proyecto de la Ley de Arrendamiento | Venezuela | Constitución
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República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Comisión Permanente de Administración y Servicios
El Arrendamiento es una de las formas de mercantilización de la vivienda,
que contraría su valor como derecho humano y niega el acceso de todos y todas a una vivienda adecuada conforme a las necesidades sociales y el
A través de las relaciones arrendaticias y del comercio de vivienda
desarrolladas hasta ahora en nuestro país, que empiezan a revertirse con las actuales políticas proteccionistas del Gobierno Revolucionario; se viene
estimulando que las personas “inviertan” en adquirir y acaparar la propiedad de viviendas, que no ocupan ni venden, para favorecerse de la renta que pagan las arrendatarias y los arrendatarios, al mismo tiempo que, conservan la propiedad de un bien que en el mercado especulativo actual
se revaloriza constantemente.
Si concebimos el arrendamiento en el marco de un sistema integral que
garantice efectivamente el derecho a la vivienda y el hábitat de todos y todas, hay que partir de la siguiente premisa: No se satisface el derecho
a la vivienda adecuada, viviendo toda la vida en condición de inquilino; el arrendamiento puede tener mucha pertinencia social, si se entiende y se estimula como una forma de solución transitoria hasta la
obtención de la propiedad de una vivienda, o para las estadías transitorias en una localidad por razones de trabajo, u otras que no impliquen el establecimiento definitivo.
También nos encontramos en esta realidad con inquilinas e inquilinos que intentan generar condiciones injustas con arrendadoras y arrendadores responsables, desde posiciones y prácticas también capitalistas y excluyentes que buscan aprovecharse de las luchas de las organizaciones populares y las políticas revolucionarias del Estado para apropiarse indebidamente en algunos casos incluso de la vivienda principal y única de arrendadoras y arrendadores, que son pequeños propietarias y propietarios con igual situación de necesidad con relación a la vivienda.
económico, jurídico e ideológico del capitalismo, ha favorecido la constitución de relaciones arrendaticias injustas, especulativas y explotadoras que debemos superar, sin perder de vista la condición mayoritaria de las inquilinas y los inquilinos económica y jurídicamente vulnerables.
Es por ello, que a partir de la iniciativa del Poder Popular con la entrega de más de 400.000 firmas, se propone a esta Asamblea Nacional la discusión y promoción de una propuesta legislativa que regularice el arrendamiento de vivienda.
Resaltamos como, en función de la consulta pública y la participación activa de nuestro pueblo, se esquematizaron las materias más importantes que debían ser abordadas a la hora de diseñar este proyecto de ley para regular el tema de arrendamiento de vivienda, estos temas fueron: Canon de arrendamiento; creación de un departamento u oficina de
asesoramiento y control en materia e arrendamiento en todos los estados; derechos y obligaciones; desalojos; organizaciones sociales; e incumplimiento de contrato.
Debemos destacar el trabajo que han realizado los movimientos y organizaciones populares de pobladores y pobladoras, junto a instituciones del Ejecutivo Nacional así como la Comisión Permanente de
Administración y Servicios, para promover la participación del pueblo venezolano en la construcción de esta propuesta que hoy traemos a la plenaria de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que el tema de la vivienda se ha convertido en un asunto de importancia estratégica para nuestra sociedad, así como para el Estado, hasta el punto que el Gobierno Bolivariano viene desarrollando con pasos exitosos la Gran Misión Vivienda Venezuela, como estrategia para proveer a todos los venezolanos y venezolanas de un hogar digno, donde puedan desarrollar sus poderes creadores en armonía con el ser humano y la naturaleza.
En este marco, presentamos ante la plenaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, para su segunda discusión, el
proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
Esta Ley, tiene por objeto: Establecer el régimen jurídico especial de arrendamiento e inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda, ya sean arrendados o subarrendados total o parcialmente; en el marco de la novedosa legislación y política nacional de vivienda y hábitat como un sistema integrado, dirigido a enfrentar la crisis de vivienda que ha afectado a nuestro pueblo como consecuencia del modelo capitalista explotador y excluyente; con el fin supremo de proteger el valor social de la vivienda como derecho humano y la garantía plena de este derecho a toda la población; contrarrestando la mercantilización y la especulación económica con la vivienda, que la convierte en un medio de explotación y opresión del ser humano por el ser humano; y promoviendo relaciones arrendaticias justas conforme a los principios del Estado democrático y social, de derecho y de justicia, cumpliendo el mandato de refundación de la República, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
No se trata de eliminar el arrendamiento en Venezuela, sino de su transformación revolucionaria para generar un nuevo modelo social y marco jurídico para un arrendamiento justo. Así como el 2 de marzo pasado, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de nuestro Primer Congreso de Venezuela, el Poder Popular, ejerciendo su facultad de pueblo legislador, consignó ante la Asamblea Nacional el presente proyecto de Ley, hoy nosotros, como legisladores y voceros del pueblo soberano, debatiendo y construyendo con los venezolanos y venezolanas una Ley que interprete sus sentimientos y sueños, sometemos a consideración una herramienta que no tiene otro propósito que profundizar las transformaciones que vive la patria de Simón Bolívar, para concretar su anhelo de una República donde reinen la igualdad y la justicia social para la suprema felicidad de todos y todas.
Artículo 2°. La presente ley es de carácter estratégico en el marco de la garantía integral y efectiva del derecho a la vivienda adecuada y un hábitat digno, y se declara de interés público general, social y colectivo toda materia relacionada con los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, pensión, habitación o residencia; a tal efecto, el Ejecutivo Nacional tomará en esta materia, las medidas que permitan desarrollar las bases y mecanismos que garanticen a todas las familias, ciudadanas y
ciudadanos, el goce del derecho humano a una vivienda y hábitat en condiciones dignas, que humanice las relaciones familiares, vecinales, comunitarias y sociales de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.
3. Un medio para el uso responsable de la propiedad de viviendas, en tanto constituye una forma de poner la vivienda al servicio de la sociedad, cuando no se tiene disposición inmediata de ocupar o vender un bien de supremo interés social; siendo contrario a la
Constitución y esta ley, las prácticas de acaparamiento y especulación en el sector inmobiliario.
6. Que prive la justicia sobre las formalidades jurídicas y la realidad sobre las formas y apariencias; especialmente cuando las formas y apariencias que se adopten estén dirigidas a menoscabar el interés social o los derechos de las y los particulares en el goce del derecho a la vivienda, estableciendo por tanto responsabilidades penales y/o pecuniarias según la gravedad del caso. Así como establecer estrictos controles en el cambio del uso de los inmuebles
destinados a vivienda, que busquen evadir las responsabilidades inherentes a la propiedad de dichos bienes; considerándose preferente el destino para vivienda o habitación de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.
7. Combatir el acaparamiento, la desocupación y mercantilización de viviendas; así como, la especulación, discriminación y relaciones de explotación del ser humano por el ser humano, asociadas al arrendamiento de vivienda.
9. Promover la participación popular, la cogestión y la corresponsabilidad social, en la planificación, ejecución y control de la Política Nacional en materia de arrendamiento de vivienda como parte integral de las Políticas Nacionales de Vivienda y Hábitat; así como, en la resolución alternativa de conflictos en materia arrendaticia, a través de los medios alternativos de justicia establecidos en la Constitución y Leyes Nacionales.
16. Garantizar que el arrendamiento de viviendas, habitaciones, residencias y pensiones no se constituya en una relación de explotación que comporte para las arrendatarias y los arrendatarios la pérdida de una parte sustancial de su salario básico, necesario para la manutención; o que implique la pérdida de la capacidad de ahorro para la adquisición de su vivienda propia.
Artículo 10°. Quedan excluidos del régimen de esta ley, a los efectos de la fijación de los cánones de arrendamiento, los inmuebles pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela, a los estados, a los municipios y los
Organismos Públicos que determine expresamente el Ejecutivo Nacional, salvo en aquellos casos en los cuales con motivo de las actividades que se desarrollen en tales inmuebles, los indicados entes actúen en función jurídico-privada.
1. Se exija como condición para el arrendamiento o subarrendamiento de
viviendas, la circunstancia de no tener niños, niñas o adolescentes, de estar en estado de gestación, la de ser extranjero el arrendatario o subarrendatario, así como, establecer discriminación por: orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, preferencia política y religiosa, condición económica, estado civil, clase social, profesión o condición social, así como en otros casos de vulnerabilidad o marginación, discapacidad, enfermedades terminales, entre otras.
2. Quienes solicitaren viviendas, expresen los señalamientos indicados en
el numeral que antecede.
3. Su texto contenga expresiones que violen o inciten a la infracción de las
Artículo 17°. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, a través de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, creará un Sistema de Coordinación Nacional en la materia; con instancias de representación en todas las entidades federales de la República Bolivariana de Venezuela, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley; coordinar la aplicación en los municipios de la política referente a la
materia inquilinaria, con criterios de equidad, justicia y contenidos de interés social, de conformidad con lo establecido en la Constitución; y promover la participación popular en la planificación, ejecución y control de la gestión pública en esta materia.
supervisión, inspección, control y sanción por parte del Estado, a las arrendadoras o arrendadores y arrendatarias o arrendatarios, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley. Teniendo las siguientes atribuciones a su cargo:
Fijar el canon de arrendamiento de los inmuebles regulados por la presente ley.
administrativos contenidos en la presente ley.
Requerir a las personas y entidades sometidas a la regulación y control de la Superintendencia, cuando fuere necesario y dentro del límite de las funciones que le confiere la ley, los datos o documentos sobre sus cualidades y la relación arrendaticia, así como certificar la colaboración o falta de esta por parte del sujeto investigado.
Realizar la inspección y fiscalización de los inmuebles y personas sujetas a la presente ley, o de terceros relacionados con éstos, a los fines de la aplicación de la ley.
Efectuar los procedimientos para la determinación de ilícitos sancionados por la presente ley, así como el incumplimiento de los deberes y derechos en ella establecidos.
Proveer, en coordinación con las direcciones correspondientes del Ministerio del Poder Popular con competencia en Vivienda y Hábitat, de refugio o vivienda transitorias o definitivas para el sujeto afectado por el desalojo y su grupo familiar, si este comprobare que no tiene lugar donde habitar.
15. Revisar y controlar los Contratos de Arrendamiento destinado a
Artículo 28°. La Defensa Pública con competencia en Materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda, es el órgano que dispondrá lo conducente para la designación de Defensores Públicos o Defensoras Públicas con competencias en materia
de defensa y protección del derecho a la vivienda, tendrá especial atención en el resguardo de los derechos de aquellas personas que ocupen inmuebles destinados a vivienda, habitación o pensión con ocasión de una relación arrendaticia o laboral.
11. Promover y proponer las medidas que estime necesarias en orden a
prevenir violaciones al derecho humano en el que se constituye la
Artículo 41°. Queda prohibido el subarrendamiento del inmueble, realizado sin autorización expresa y escrita del arrendador, así como la cesión del contrato. Las infractoras y los infractores de esta disposición, serán objeto
de sanción de conformidad con la presente Ley. Sin perjuicio del derecho que asiste al arrendador y/o arrendadora de solicitar la resolución del contrato.
Artículo 42°. El arrendador o arrendadora, propietario o propietaria de inmuebles que hayan sido subarrendados y/o dados en cesión sin la autorización expresa y escrita del arrendador, arrendadora y/o propietario, propietaria antes de la entrada en vigencia de la presente ley; están en la obligación de formalizar la relación arrendaticia con las personas que ocupen en ese momento el inmueble ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en los términos establecidos en común acuerdo sin menoscabo de los derechos adquiridos por el subarrendatario
o subarrendataria cuya antigüedad de permanencia en el inmueble
deberá ser reconocida por el arrendador y/o arrendadora previa certificación mediante documento público o privado.
Artículo 43°. Los arrendatarios y/o arrendatarias tienen derecho a que se
elabore un contrato escrito, según acuerdos voluntarios entre las partes, el mismo deberá ser público, a tal efecto las Notarías Públicas y los Registros con funciones notariales deberán crear los mecanismos necesarios para exonerar de todo gravamen estas actuaciones; La elección de las partes de realizar un contrato escrito, no significa la nulidad o el no reconocimiento de otros tipos de contratos de arrendamiento válidos entre las partes siempre y cuando, se pueda demostrar que existe una relación arrendaticia. Los arrendadores y/o arrendadoras que hagan caso omiso de
lo dispuesto en el presente artículo serán objeto de sanción conforme lo
Artículo 47°. Las partes al suscribir el contrato de arrendamiento deben extender tres (03) ejemplares en original de un mismo tenor, de los cuales uno (01) será para el arrendador y/o arrendadora, uno (01) para el arrendatario y/o arrendataria, uno (01) para la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda.
Artículo 48°. A los contratos de arrendamiento se les debe anexar como parte integral la resolución mediante la cual la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, fija el correspondiente canon de arrendamiento; so pena de nulidad; y los arrendadores y/o arrendadoras que hagan caso omiso de lo dispuesto en el presente artículo, serán objeto de sanción conforme lo dispone la presente ley.
Los arrendadores y/o arrendadoras que incumplan con lo establecido en el presente artículo, deberán otorgar un nuevo contrato a los arrendatarios y/o arrendatarias conforme lo dispone la presente ley.
Articulo 49°. Los contratos de arrendamiento se celebrarán en moneda de curso legal nacional, los arrendadores y/o arrendadoras que hagan caso omiso de lo dispuesto en el presente artículo serán objeto de sanción conforme lo dispone la presente ley.
Aquellos contratos que se celebraron en moneda extranjera antes de la entrada en vigencia de la presente ley, se adecuarán a las formalidades establecidas en ésta, en un lapso de treinta (30) días continuos.
Articulo 50°. Los Contratos de arrendamiento quedan sometidos a la jurisdicción judicial donde se encuentre el inmueble.
Artículo 51º. Cuando se produzca la disolución del grupo familiar que ocupe una vivienda arrendada, sea esta disolución ocasionada por divorcio, separación judicial, nulidad del matrimonio o finalización del concubinato, y el cónyuge, concubino, concubina o miembro del grupo familiar que fuera el arrendatario o arrendataria de la vivienda, decidiera mudarse de esa vivienda, manifestase su voluntad de no renovar el contrato o lo desistiera, el otro cónyuge, concubino, concubina o miembro del grupo familiar, que conviviera con el arrendatario o arrendataria, tendrá derecho a permanecer en esa vivienda, con el contrato subrogado a su nombre, y con los mismos deberes y derechos aceptados en la relación arrendaticia.
A tales efectos, deberá el cónyuge, concubino, concubina o miembro del grupo familiar no arrendatario, que desee continuar haciendo uso de esa vivienda, manifestar su voluntad de subrogarse el contrato, por escrito en documento autenticado y dentro de un plazo de sesenta (60) días, a partir del momento de recibir notificación por parte del arrendador.
Articulo 52°. Podrán subrogarse la relación arrendaticia, las y/o los ocupantes beneficiarios del inmueble, quienes prueben una permanencia pacífica y continua en la vivienda, debiendo cumplir los términos expuestos en el contrato. Esta situación será homologada por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles del fallecimiento del arrendatario o arrendataria.
PREFERENCIA ARRENDATICIA
Artículo 53°. El contrato cuyo contenido tenga un fin distinto a lo establecido en la presente ley se declarará nulo, al demostrar el arrendatario y/o arrendataria la existencia de una relación arrendaticia de vivienda. Sin menoscabo de perjudicar la antigüedad en la relación. Los
arrendadores y/o arrendadoras que incurran en la falta establecida en este artículo se les sancionarán conforme lo establece esta ley.
Artículo 54°. Es competencia de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, la fijación del canon de arrendamiento de los inmuebles regulados por la presente Ley.
Artículo 55°. El pago del canon de arrendamiento será mensual y habrá de efectuarse dentro de los primeros cinco (05) días hábiles al vencimiento de cada mes. En ningún caso podrá el arrendador y/o arrendadora exigir el pago anticipado de cánones de arrendamiento.
Artículo 56°. El pago se efectuará en una cuenta de ahorro en una de las instituciones bancarias pertenecientes al Estado que debe aperturar el arrendador o arrendadora para tal fin, la cual no podrá ser clausurada durante la relación arrendaticia.
No se considerará en morosidad al inquilino o inquilina cuando el arrendador o arrendadora haya clausurado la cuenta de ahorro y éste no podrá demandar la falta de pago, así mismo, no podrá solicitarle al arrendatario o arrendataria el cumplimiento de sus obligaciones, hasta que se aperture nuevamente la cuenta de ahorro y el pago se realizará desde el momento en que ésta se encuentre operativa.
Artículo 60°. Cuando un arrendatario o arrendataria deposite los pagos correspondientes al canon y a las otras obligaciones contraídas, en una cuenta que haya sido clausurada por una intervención financiera de la entidad bancaria o por alguna investigación judicial, el arrendatario o arrendataria deberá notificar de esta situación en un lapso de treinta (30)
días hábiles a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, para que ésta disponga lo conducente y el arrendatario o arrendataria pueda cumplir con su obligación de pago.
Artículo 61°. Para la determinación del valor del inmueble, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda deberá utilizar la siguiente formulación: VAI = VR x (1 - K/100)
1. VAI = Valor Actual del Inmueble
2. VR = Valor de Reposición del costo del inmueble
3. K = Porcentaje de Depreciación del Inmueble, el cual se determina según la tabla ubicada en el artículo 65°.
Artículo 62°. Es el valor resultante de la aplicación de la siguiente formulación: VR = VCA x MCI
VCA = Valor de Costo Actual del metro cuadrado de la construcción según tipología constructiva del inmueble.
MCI = total de metros cuadrados del inmueble.
Del Valor del Costo Actual (VCA)
Artículo 63°. A los efectos del artículo anterior el Valor del Costo Actual (VCA), será aquel que fije regularmente el ministerio con competencia en materia de Vivienda y Hábitat, dicho valor deberá ser expresado en bolívares por metro cuadrado. A tal efecto, la determinación del costo en bolívares estará en concordancia con las Políticas Nacionales que garanticen un costo real, según las regulaciones que el Estado establezca,
contrarrestando la especulación económica y garantizando el pleno derecho a la vivienda de toda la población.
Se establecerán los tipos de vivienda según aspectos constructivos que tomarán en cuenta su estructura, paredes, techo, piso, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, aguas servidas, puertas, ventanas y cualquier otro detalle que distinga al inmueble. En los casos no contemplados en la tabla establecida en el presente artículo, será la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda quien determinará las circunstancias de construcción específicas.
Del Porcentaje de Depreciación del Inmueble (K)
Artículo 64°. El Porcentaje de Depreciación del Inmueble (K) estará basado en relación a la vida útil del inmueble, de acuerdo a su uso, calidad, condiciones de mantenimiento y estado de conservación, según lo establecido en la siguiente tabla:
(años de
84 77.28
85 78.625
86 79.98
87 81.345
88 82.72
89 84.105
91 86.905
92 88.32
93 89.745
94 91.18
95 92.625
96 94.08
97 95.545
98 97.02
EXCELENTE: Corresponde a construcciones nuevas o casi nuevas, en perfecto estado de conservación y mantenimiento.
MUY BUENA: Construcciones que ya no se pueden considerar nuevas, su estado de mantenimiento es permanente, no presenta ningún tipo de reparaciones, ni mayores, ni menores.
BUENA: Construcciones que a pesar de su edad, cualquiera que fuera ésta, no necesitan reparaciones importantes en instalaciones mecánicas, sanitarias, áreas comunes, fachada exterior, entre otros.
NORMAL: Una construcción que requiere o ha recibido reparaciones sin importancia, por ejemplo, reparaciones de fisuras en repellos, filtraciones de agua sin importancia en tuberías y techos, cambios en pequeños sectores de rodapié, marcos de ventanas o puertas y otros.
REGULAR: Una construcción que requiere reparaciones intermedias, por ejemplo, pintura, cambios parciales en pisos, cielos, ventanería, tuberías y cableados eléctricos y otros
MALO: Una construcción que requiere reparaciones importantes, por ejemplo cambio total de cubierta, pisos, cielos, instalaciones mecánicas, y otras instalaciones de uso común.
MUY MALO: Una construcción que requiere de muchas reparaciones importantes en forma inmediata y de no recibirlas en poco tiempo, estará en estado de demolición.
DEMOLICIÓN: Construcciones manifiestamente inhabitables o declaradas legalmente en ruina.
IRRECUPERABLE: Construcciones que carecen de valor alguno ya que se encuentran en estado de demolición.
Teléfonos: (0212) 4097400 al 7422
Artículo 65°. En los casos que se realice una rehabilitación Integral del inmueble, que incluya la refacción de la estructura, esta deberá tener una cuantía económica de dicha obra superior al 80% que supondría realizar la construcción del inmueble en su totalidad en la actualidad y que además sus características constructivas permitan suponer que en uso, función y condiciones de construcción se ha alcanzado una situación equivalente a su primer estado de vida. Para el cálculo del Porcentaje de Depreciación del Inmueble (K) se tomará en cuenta a los fines de la antigüedad del inmueble, la fecha a partir de la rehabilitación integral del mismo.
Artículo 66°. La fijación de los cánones de arrendamiento de los inmuebles indicados en el artículo 1° de la presente ley, estará basada en el 3 % de rentabilidad anual sobre el Valor del Inmueble establecido de acuerdo a la formulación del artículo anterior.
Artículo 67°. Obtenido el valor del inmueble de conformidad a lo establecido en los artículos precedentes se debe aplicar la siguiente fórmula: CA = (VI/12) x %RA
2. VI = Valor Actual de la Vivienda, que resulta de la aplicación de la fórmula: VI = (VAI/MCI) x MCV
VAI = Valor Actual del Inmueble.
MCI = es el valor total de los metros cuadrados de construcción del inmueble.
MCV = Metros cuadrados de la vivienda
3. %RA = el porcentaje de rentabilidad anual de acuerdo a lo establecido en el artículo 66° de la presente Ley.
Artículo 68°. La fijación del canon se hará a instancia de parte, mediante solicitud escrita, o de oficio. En el caso que sea de oficio la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda ordenará la apertura del procedimiento y notificará a las partes cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos pudieren resultar afectados.
Artículo 69°. Presentada la solicitud escrita para la fijación del canon de arrendamiento, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda la admitirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes si cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 68° de la presente ley; si la solicitud presentare defectos u omisiones se notificará al interesado para que las mismas sean subsanadas o corregidas dentro de los quince (15) días calendarios siguientes contados a partir de su notificación, sin perjuicio que el interesado presente una nueva solicitud. Si los defectos u omisiones fueren subsanadas, se le dará curso a la solicitud. La decisión que niegue la admisión de la solicitud, deberá ser motivada y contra ella se podrá interponer el recurso contencioso administrativo correspondiente,
dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la notificación del acto administrativo denegatorio.
Artículo 71°. Una vez admitida la solicitud, se notificará a los interesados, que se le da inicio a la fijación del canon correspondiente, a tal efecto, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda en un lapso de veinte (20) días calendarios, deberá determinar el valor del canon cumpliendo con lo indicado en los artículos de la presente ley.
Cuando se solicite la fijación del canon de arrendamiento de una porción de un inmueble cuyo valor hubiere sido determinado por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en fecha no
anterior de tres (3) años a la solicitud, no se procederá a una nueva determinación del valor, sino que se aplicará sobre la parte proporcional que corresponda a la porción cuya regulación se solicite.
Artículo 72°. Los cánones de arrendamiento de los inmuebles sujetos a regulación por la Ley, serán revisados por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda a instancia de cualesquiera de los interesados, en los casos siguientes:
1. Cuando hubieren transcurrido tres (3) años después de cada fijación del canon de arrendamiento máximo mensual, efectuada y notificada a los interesados por el órgano administrativo o jurisdiccional competente.
En el caso contemplado en el numeral 1 de este artículo, los interesados podrán pedir la revisión hasta con sesenta (60) días de anticipación al vencimiento del término fijado en dicho numeral.
La Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, a los fines de mantener el equilibrio económico de las relaciones arrendaticias, cuando ningún interesado solicitare la regulación, podrá de oficio iniciar el procedimiento correspondiente, instruir y decidir los casos que a su juicio considere necesario, a costa del propietario y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar.
Estimulación al arrendamiento al sector privado de la construcción
Artículo 73°. Con el objeto de estimular la participación de la iniciativa privada en la construcción de viviendas, las empresas constructoras de desarrollos habitacionales de más de diez (10) inmuebles deberán destinar un mínimo del 10% de esas viviendas para el arrendamiento.
Artículo 74°. Las empresas constructoras deberán, previo inicio del proyecto de la construcción de viviendas, notificar e informar a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda igual que al Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat y a la alcaldía correspondiente, la cantidad de viviendas a construir y determinar el tiempo estipulado para la construcción de éstas.
Queda expresamente establecido que sin la carta aval de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda no podrá dar inicio a la obra.
Artículo 75°. Es potestad de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda designar los inmuebles a arrendar en aquellos desarrollos habitacionales indicados en el artículo 74° de la presente ley.
La designación de los inmuebles indicadas en el presente artículo debe realizarse en el marco de las prioridades sociales establecidas por el Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat.
Del registro de inquilinos
Artículo 76°. Todas aquellas personas que con necesidad de vivienda y que estén en capacidad de cancelar un canon de arrendamiento mensual, deben inscribirse en la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, debido a que ésta será la única instancia que podrá asignar en arrendamiento los inmuebles establecidos en el artículo 74°.
De la ubicación a viviendas de inquilinos con medidas de desalojos
Artículo 77°. Al arrendatario y su grupo familiar que tengan sentencia firme para desalojar la vivienda principal y manifestaren y comprobaren ante la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas no tener lugar donde habitar, el organismo competente en la materia de Vivienda y Hábitat se encargará de proveerle un refugio temporal o la adjudicación de una vivienda digna definitiva en cualquier lugar del país, sin menoscabar las relaciones familiares, de trabajo y estudio.
Artículo 78°. Los constructores deberán proveer la información de los costos de construcción a efectos de fijar el costo del canon de arrendamiento de las unidades habitacionales a ser arrendadas. A los tales efectos, el precio del arrendamiento será el que resulte del costo neto de la construcción.
Artículo 79°. Se garantiza que el arrendatario y su grupo familiar no pasen más de diez (10) años en condición de arrendatarias, por lo tanto, en los inmuebles construidos según lo referido en el artículo 72; al cumplir diez (10) años de construcción, los propietarios o propietarias tendrán el compromiso de ofertar la venta al arrendatario o arrendataria que esté
ocupando el inmueble y el precio de venta será el que se determine conforme lo establezca la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda.
Artículo 80°. Todo inmueble que se mantenga en condiciones de arrendamiento, al vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento sobre inmuebles destinados a vivienda, el arrendatario o arrendataria tendrá derecho preferente a seguir ocupando el inmueble en las mismas condiciones, con preferencia a cualquier tercero que pretenda arrendar el inmueble; siempre y cuando esté solvente en el pago de los cánones de arrendamiento y haya cumplido con las demás obligaciones derivadas del contrato y de las leyes.
El arrendador o arrendadora que incumpla esta disposición estará obligado
a indemnizar al arrendatario con el equivalente al valor de cien (100)
unidades tributarias por cada mes que permanezca de forma indebida fuera de la vivienda.
Artículo 81°. El derecho de preferencia arrendaticia, establecido en el artículo 79º de la presente Ley, será potestativo para el arrendatario y de obligatorio cumplimiento para el arrendador, a tal efecto, el arrendatario que no desee disfrutar de éste derecho deberá manifestar su voluntad al arrendador, mediante documento auténtico, con por lo menos 30 días antes del vencimiento del contrato, el cual deberá presentar ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda.
Artículo 82º. Cuando el inmueble arrendado requiera reparaciones mayores, el arrendador estará en el deber de solventarlas. En caso de ser llevadas a cabo por el arrendatario, previa notificación al arrendador o en su defecto a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, el costo de las reparaciones serán deducibles al canon de arrendamiento.
En caso de ser necesario el traslado temporal del grupo familiar, por reparaciones mayores y urgentes que pongan en riesgo la vida de los arrendatarios, deberá ser avalado por los organismos competentes en la materia y garantizada la vivienda temporal al inquilino y su retorno al inmueble reparado en el lapso establecido por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda.
Artículo 83°. Sólo procederá el desalojo de un inmueble bajo contrato de arrendamiento, cuando la acción se fundamente en cualquiera de las siguientes causales:
1. En inmuebles destinados a vivienda, que el arrendatario o arrendataria haya dejado de pagar, sin causa justificada, cuatro (04) cánones de arrendamiento si se trata de inmuebles destinados a ese uso.
3. En el hecho que el arrendatario y/o arrendataria haya destinado el inmueble a usos deshonestos, indebidos o en contravención a la conformidad de uso concedida por las autoridades municipales, la
Comuna y/o el Consejo Comunal respectivas, o por el hecho de que el arrendatario y/o arrendataria haya cambiado el uso o destino que para el previó.
4. Que el arrendatario y/o arrendataria haya ocasionado al inmueble deterioros mayores que los provenientes del uso normal del inmueble, o efectuado reformas no autorizadas por el arrendador o arrendadora.
5. Que el arrendatario y/o arrendataria haya incurrido en la violación o incumplimiento de las disposiciones de la normativa que regule la convivencia ciudadana, dictada por las autoridades competentes y por el Comité Multifamiliar de Gestión.
Parágrafo Único: En el caso de desalojo establecido en el numeral No. 2, el arrendador o arrendadora deberá demostrarlo por medio de prueba contundente ante la autoridad administrativa y judicial, comprobada la filiación, que demuestre que el inmueble no será destinado al arrendamiento por un período de tres (03) años. En caso de contravención será sancionado según lo establecido en la presente ley, teniendo que restituir al arrendatario o arrendataria en el inmueble.
Artículo 84°. Aquel que sea demandado por la primera causal del artículo anterior y que luego de agotada la vía administrativa y la judicial, se determine que la causa de la falta de pago es enteramente imputable al arrendatario y/o arrendataria, éste perderá en forma inmediata todos los derechos consagrados en esta ley.
La demanda se hará conforme a lo establecido en la presente ley, a tal efecto, probada la insolvencia del arrendatario o arrendataria éste podrá llegar a una conciliación con el propietario o arrendador mediante acta
suscrita ante el órgano administrativo competente. Dicho pago no se tendrá como extemporáneo.
Artículo 85°. Cuando el desalojo forzoso deba efectuarse por haberse declarado por los organismos competentes la inhabitabilidad del inmueble, la autoridad a la cual corresponda la ejecución, deberá remitir de manera urgente a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, la solicitud de ubicación del afectado y su familia en un refugio temporal, en una vivienda temporal o en una vivienda digna definitiva.

References: Artículo 2
 resolución 

Artículo 10

Artículo 17

Artículo 28

Artículo 41
 resolución 

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 47

Artículo 48
 resolución 

Artículo 51

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 60

Artículo 61
 artículo 65

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66
 artículo 1

Artículo 67
 artículo 66

Artículo 68

Artículo 69
 artículo 68

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75
 artículo 74

Artículo 76
 artículo 74

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79
 artículo 72

Artículo 80

Artículo 81
 artículo 79

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85