Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421047.html
Timestamp: 2019-03-23 08:39:31+00:00

Document:
as201421047
Auto Supremo: 47/2014
Sucre: 20 de febrero2014
Expediente: T-29-13-A
Partes: Cira Villegas Vda. de Jurado. c/Candelaria Montellanos Vda. de Huanca,
Proceso: Ordinario de deslinde y reivindicación
VISTOS: El recurso de nulidad de fs. 303 a 305, interpuesto por Cira Villegas de Jurado, contra el Auto de Vista Nº 73/2013 de 10 de octubre 2013, cursante de fs. 298 a 299 vlta. de obrados, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el proceso ordinario de deslinde y reivindicación seguido por Cira Villegas Vda. de Jurado contra Candelaria Montellanos Vda. de Huanca, Erlinda, Heriberto Hilario, Fátima, Pascual, Adrián, Reynaldo, Asunta Nora, Rosa María, Margarita María, Ángel Marcelino, Víctor Hugo, Paola Andrea y Luis Alberto Huanca Montellanos, la concesión a fs. 312, los antecedentes del proceso, y;
El Juez de Partido Primero en lo Civil de la ciudad de Tarija dictó Auto Interlocutorio de 29 de octubre de 2012, cursante de fs. 190 a 191 del proceso; que resuelve que habiéndose declarado la prescripción de la obligación que tenía el demandado de cancelar la suma calificada por concepto de daños y perjuicios, se dispone que por secretaria, ejecutoriada la presente resolución, se extienda el mandamiento de desembargo correspondientes sobre los bienes que hubieran sido objeto de embargo en mérito al mandamiento Nº 48/91, y para el caso de la solicitud de mandamiento de embargo por concepto de los honorarios profesionales y costa procesales a conocimiento de los demandados.
Resolución que fue apelada por la parte ahora recurrente, y como consecuencia de ello se dictó el Auto de Vista Nº73/2013 de 10 de octubre 2013, cursante de fs. 298 a 299 vlta., de obrados que confirma en todas sus partes la resolución de fs. 190 a 191del testimonio y de fs. 1609 a 1610 del expediente original.
Dictado dicha resolución de segunda instancia, la parte apelante interpone recurso de nulidad, que merece el presente análisis.
La recurrente fundamenta sus agravios en base a los arts. 812 y 817 del Código de Procedimiento Civil abrogado, aplicable al caso por disposición del art. 790 del Código de Procedimiento Civil vigente, que hubiera infringido y quebrantado las disposiciones de los arts. 306, 307, 311 y 313 del Código de Procedimiento Civil abrogado y el art. de la Ley de 16 de diciembre de 1905.
Que, la fundamentación por el Tribunal Ad-quem en el Auto de Vista impugnado, que establece que no se justificaría mantener el embargo de bienes de los demandados, y que la Juez A quo al ordenar que se extienda el mandamiento de desembargo procedió conforme a derecho, lo cual violaría flagrantemente los arts. 306, 307, 311 y 313 del Código de Procedimiento Civil abrogado y el art. de la Ley de 16 de diciembre de 1905, por lo siguiente:
1.- Que, la restitución del terreno usurpado en el término de 10 días y el pagó de los daños, perjuicios y devolución de los frutos percibidos, no fue cumplida por los demandados ni el órgano judicial pese a que ya transcurrió 27 años desde que alcanzo Autoridad de cosa juzgada tal como establece los arts. 306, 307, 311 y 313 del Código de Procedimiento Civil abrogado, violando con esto lo dispuesto por el art. 1º de la Ley de 16 de diciembre de 1905,lo que dio lugar a los recursos de apelación y de nulidad, y el mentado Auto Supremo 179 de 30 de agosto de 2012, que anulo obrados hasta fs. 1390 inclusive, con lo que se hubiera violado los arts. 811 y 844 del Código de Procedimiento Civil abrogado, por falta de competencia de ese Tribunal, Auto Supremo que dejaría incólume la sentencia de fs. 249 del proceso principal al que no le alcanzaría la nulidad procesal declarada y estaría ejecutoriada teniendo todo el valor jurídico que el art. 307 del Código de Procedimiento Civil abrogado, debiendo ejecutarse la sentencia en los términos del art. 306 de la norma antes citada y el art. 1º de la Ley de 16 de diciembre de 1905. También indica que el Auto Supremo179/2012 carecería de sustento jurídico por no cumplir con lo establecido por el art. 844 del Código de Procedimiento Civil abrogado, por no contar con los cinco votos que se necesita para declarar la nulidad, razón por lo cual no afectaría a los efectos jurídicos de la sentencia de fs. 4 a 5 vlta.
2.- Que, no existe constancia que se habría solicitado la restitución o devolución de los terrenos usurpados en devolución dineraria y que se solicitó por memorial de fs. 59 la determinación y pago de los daños y perjuicios, así como la devolución de los frutos percibidos considerados como intereses percibidos sobre el valor de las ventas estelionarias concretadas, mas no la devolución de precio de venta de acuerdo al memorial de fs. 59. Y que en este proceso no existió Auto definitivo con autoridad de cosa juzgada que declare la prescripción de la obligación que tienen los demandados de restituirme los terrenos usurpados en la sentencia como tampoco la declaración expresa de mi parte de permitir una obligación dineraria. Y que el Tribunal Ad quem no tiene presente que el derecho de reivindicación de la propiedad real es imprescriptible por expresa disposición del art. 1454 del Código Civil, el cual hubiera sido violado por no considerarse esta situación en el Auto de Vista recurrido y al no existir base legal ni prueba documental con valor jurídico que acredite que la restitución de los terrenos usurpados por demandados se hubiera convertido en una obligación dineraria.
3.- Que, no existe decisión judicial alguna que hubiere declarado la nulidad de la Sentencia de fs. 4 a 5, y que esta adquirió la calidad de cosa juzgada prescrita por el art. 307 de Código de Procedimiento Civil abrogado y la aplicación del art. 306 del mismo cuerpo legal en concordancia del art. 1º de la Ley de 16 de diciembre de 1905, y que por esta normativa antes citada el Juez A quo ordena la expedición del mandamiento de lanzamiento para que se cumpla la sentencia, y que esta no da pasa a una resolución que ni revoca ni anula la sentencia ejecutoriada.
Por ultimo solicita a este Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista de fs. 298 a 299 vlta., por haberse violado normas de orden público, atentando el debido proceso y la seguridad jurídica y subsecuentemente, disponga que el Juez A quo dando cumplimiento a las resoluciones ejecutoriadas expida el mandamiento de lanzamiento contra los herederos de Marcelo Huanca Farfán en ejecución de la sentencia que goza de Autoridad de cosa juzgada, con responsabilidad.
De la revisión del proceso, se puede establecer que deriva de una causa iniciada en la gestión 1973, la cual fue tramitada con el antiguo Código Civil y su procedimiento, a la fecha ambos abrogados; en dicho entendido, el art. 790 del vigente Código de Procedimiento Civil, establece: “los procesos que se hallaren en trámite al entrar en vigencia este Código se regirán por las leyes y disposiciones anteriores…”, motivo por el cual, la presente resolución se basará en lo normado en los artículos del Adjetivo y Sustantivo abrogados.
En función a las infracciones deducidas en los puntos 1, 2 y 3 del presente recurso debemos señalar que:
Conforme con el art. 306 del Código de Procedimiento Civil abrogado indica que: “Las sentencias pasadas en Autoridad de cosa juzgada, se ejecutaran por los jueces de primera instancia que hubieren conocido en el asunto”
El art. 1513 del Código Civil abrogado. “La prescripción puede oponerse en todos los estado de la causa, a menos que se renuncie expresa o tácitamente”
El art. 1501 del Código Civil abrogado. “Las hipotecas se extinguen: 1º por acabarse la obligación principal; 2º por la pérdida entera y total del inmueble hipotecado, sin culpa del deudor; 3 por la remisión o condonación del acreedor, ya sea expresa o tácita; 4º por la prescripción designada por la ley para las hipotecas y privilegios.”
De las normas legales señaladas precedentemente, debemos desarrollar e indicar que, los procesos judiciales evidentemente concluyen con la emisión de la sentencia ejecutoriada, que resuelve las controversias planteadas para después pasar a una segunda fase que es la ejecución de la sentencia, en la cual se ejecuta lo determinado en la misma, ejecución que debe ser activada para su cumplimiento por la parte interesada dentro de un plazo establecido por Ley, ya que no se puede dejar pendiente de forma indefinida su cumplimiento a efectos del resguardo de la seguridad jurídica y el debido proceso que gozan las partes en un proceso judicial, por tal razón existe la figura de la prescripción como una forma de sanción a la inactividad del interesado para accionar el cumplimiento de su derecho, figura enmarcada en nuestra normativa jurídica, en el caso de Autos, la presente demanda si bien culminó con una sentencia ejecutoriada y esta adquirió la calidad de cosa juzgada, en la que se determinó la restitución del inmueble a la demandante más el pago de daños y perjuicios, y los frutos percibidos, esta decisión pasó a una segunda fase para su cumplimiento, el cual es la ejecución de sentencia para la restitución del inmueble, más el pago de daños y perjuicios, y los frutos percibidos, determinándose que se realice en valor dinerario ante la imposibilidad de realizarlo en forma física, pero ante la inactividad de la demandante para el cobro de estos conceptos, la parte demandada por memorial de fs. 133 a 135 del testimonio, opone la prescripción del pago de esta obligación, que por resolución judicial ejecutoriada fue declarada prescrita.
Estos acontecimientos descritos fueron interpretados de forma equívoca por la recurrente, ya que al pretender que por la calidad de cosa juzgada que goza la sentencia, la nulidad dispuesta por Auto Supremo Nº 179/2012 ni la prescripción de la obligación le alcanzaría o causaría efecto alguno a la Resolución (sentencia), por lo tanto la restitución física del inmueble usurpado y el pago de daños y perjuicios, y los frutos percibidos seguirían vigentes, situación que fue claramente desvirtuada por Auto Supremo Nº 179/2012 emitido por la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, y que en aplicación del art. 804 del Código de Procedimiento Civil abrogado que indica que: “el recurso de nulidad es el medio extraordinario y último que la Ley reserva a favor de los litigantes, para que puedan quejarse cuando han perdido sus pleitos” no amerita realizar ningún otro análisis ni censurar esta resolución ejecutoriada como pretende la recurrente.
Por otro lado, se deduce que el motivo principal del presente recurso versa sobre la cancelación de gravámenes que pesa sobre el inmueble de la demandada Candelaria Montellanos Vda. de Huanca, el cual fue dispuesto por Auto Interlocutorio de 29 de octubre de 2012 que cursa a fs. 190 a 191 del testimonio, lo que ameritó que la demandante Cira Villegas Gutiérrez Vda. de Jurado, en desacuerdo con dicha resolución, recurra en apelación la cual fue resuelta por Autode Vista Nº 73/2013 que confirmó en todas sus partes el Auto Interlocutorio de 29 de octubre de 2012.
Bajo esos antecedentes, la prescripción opuesta por la parte demandada y concedida en ejecución de sentencia relativa al pago de obligaciones judicialmente declaradas, respecto a los daños y perjuicios así como a los frutos percibidos, hacen que dichas obligaciones hayan quedado extinguidas como consecuencia precisamente de aquella prescripción que fue declarada judicialmente en ejecución de sentencia, que al presente reviste calidad de cosa juzgada, consiguientemente, resulta ilegal mantener vigente las medidas precautorias dispuestas en resguardo del cumplimiento de aquellas obligaciones que se declararon prescritas, resultando en consecuencia correcto el pronunciamiento de los Tribunales de instancia, toda vez que al encontrarse extinguida la obligación que tenían los demandados no se justifica la existencia del embargo que pesa sobre el inmueble de la parte demandada.
Por todo lo anteriormente señalado, este Tribunal Supremo considera que los Jueces de grado no incurrieron en vulneración de las normas legales que se acusan de infringidas, mas al contrario realizaron una correcta interpretación de los alcances y efectos de la prescripción suscitada en el presente caso, deviniendo en infundado el recurso interpuesto.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso planteado por Cira Villegas de Jurado que cursa de fs. 303 a 305 de obrados, con costas.
Se regula el honorario profesional del abogado de la parte demandada en la suma de Bs. 700.
Relator: Mgtdo. Rómulo Calle Mamani

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