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Timestamp: 2018-05-22 00:28:51+00:00

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Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 10/2013, DE 16 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA (BOCYL DEL 20)
Capítulo II. Modificación de la Ley del Derecho a la Vivienda en relación con el régimen de las Viviendas de Protección Pública (Arts. 4 al 10)
Art. 8. Modificaciones sobre requisitos de los destinatarios y procedimientos de selección
Capítulo III. Medidas sobre las Viviendas de Titularidad Pública (Arts. 11 al 18)
Art. 11. Medidas para facilitar el pago de la cuota de la compra de viviendas de promoción directa
Artículo 13. Reservar de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social.—
Art. 14. Reserva para el parque público de alquiler social.-1
Capítulo IV. Otras medidas para facilitar el acceso a la vivienda (Arts. 19 al 29)
Art. 28. Arrendamiento de viviendas de protección pública calificadas para venta
Art. 29. Extensión del programa de fomento del alquiler
Cuarta. Habilitación a la Junta de Castilla y León
LEY 10/2013, DE 16 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA (BOCYL DEL 20, BOE DE 14 DE ENERO DE 2014)
Artículo 1. Objeto.—Esta Ley tiene por objeto establecer medidas en materia de vivienda, con especial atención a las viviendas de protección pública, con el fin de responder a la situación de extraordinaria dificultad sobrevenida que atraviesan las personas y familias residentes en Castilla y León para ejercer su derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; a tal efecto regula:
Artículo 2. Ámbito.—Esta Ley será de aplicación a las siguientes viviendas:
Artículo 3. Colectivos de especial protección.—Se modifica el apartado 1 y se incorpora un nuevo apartado 4 en el artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, que queda redactado del siguiente modo:
- Las viviendas de superficie útil total inferior a 30 metros cuadrados.yxy- Las viviendas con una superficie útil por persona inferior a 10 metros cuadrados.
Artículo 8. Modificaciones sobre requisitos de los destinatarios y procedimientos de selección.—1. Se modifica el artículo 63 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 11. Medidas para facilitar el pago de la cuota de la compra de viviendas de promoción directa.—1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las personas físicas que hayan suscrito un contrato para la compra de una vivienda de protección pública de promoción directa, y que en la fecha de entrada en vigor de esta Ley tengan aún cantidades pendientes de pago, podrán solicitar a la administración enajenante la adopción de las siguientes medidas:
Artículo 12. Medidas para facilitar el pago del alquiler.—1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las personas físicas que hayan suscrito un contrato de arrendamiento de una vivienda de protección pública de promoción directa, que en la fecha de entrada en vigor de esta Ley se encuentre vigente, podrán solicitar a la administración la adopción de las siguientes medidas:
c) Reestructuración de la deuda pendiente de pago, consistente en el establecimiento de un plazo de 5 años para su abono.yxy2. A tal efecto, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
1 veces el IPREM e < 2 veces el IPREM 40%
2 veces el IPREM 30%
Artículo 13. Reservar de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social.—Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, la Administración de la Comunidad y las administraciones locales de Castilla y León que sean titulares de viviendas de protección pública deberán reservar viviendas para la atención a colectivos en riesgo de exclusión social, tales como personas en riesgo de desahucio o víctimas de violencia de género. A tal efecto:
Artículo 14. Reserva para el parque público de alquiler social.—1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los Ayuntamientos con población igual o superior a 20.000 habitantes deberán reservar para la integración en su respectivo parque público de alquiler social, al menos el 30 por ciento de las viviendas de protección pública desocupadas de su titularidad o de sus entidades dependientes. Este porcentaje se aplicará a las viviendas ya construidas o rehabilitadas que se encuentren desocupadas, a las que estén en construcción o rehabilitación y a las que se construyan o rehabiliten en el futuro, sea por las propias administraciones o por sus entidades dependientes.
Artículo 15. Reducción de los precios máximos de venta y alquiler.—1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, para la primera transmisión de las viviendas de protección pública promovidas por la Administración de la Comunidad o sus entidades dependientes, que ya estén calificadas provisional o definitivamente a la entrada en vigor de esta Ley, el precio máximo de venta se modifica aplicando un coeficiente reductor de 0,8 a los precios que hubieran sido determinados por la aplicación de los coeficientes establecidos en la Orden FOM/85/2010, de 22 de enero.
Artículo 16. Pago anticipado de viviendas de la Administración de la Comunidad.—1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las personas físicas que hayan suscrito un contrato con la Administración de la Comunidad de Castilla y León para la compra de una vivienda de protección pública de promoción directa, que en la fecha de entrada en vigor de esta Ley tengan aun cantidades pendientes de pago, podrán solicitar a la consejería competente en materia de vivienda el pago anticipando con una rebaja sobre las cantidades pendientes de pago, determinada conforme a la siguiente escala:
1,5 veces el IPREM e < 2,5 veces el IPREM 20%
2,5 veces el IPREM 10%
Artículo 17. Compra de viviendas en arrendamiento de la Administración de la Comunidad.—1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las personas físicas que hayan suscrito un contrato con la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el arrendamiento de una vivienda de promoción directa cuyo régimen de protección haya finalizado, podrán solicitar la compra de dicha vivienda a la consejería competente en materia de vivienda, conforme a las siguientes reglas:
1,5 veces el IPREM e < 2,5 veces el IPREM 30%
2,5 veces el IPREM e < 3,5 veces el IPREM 20%
3,5 veces el IPREM 10%
Artículo 19. Ampliación del período de amortización de préstamos hipotecarios.—1. Si durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley se ampliara el periodo de amortización de un préstamo hipotecario constituido en el marco de los convenios suscritos por la Administración de la Comunidad con las entidades financieras para la financiación de la compra de viviendas de protección pública, no se exigirá la previa autorización administrativa para llevar a cabo dicha ampliación.
Artículo 20. Régimen excepcional de no devolución de ayudas a la compra.—Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley:
Artículo 21. Flexibilización de los requisitos de los adquirentes y arrendatarios.—1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las viviendas de protección pública calificadas provisional o definitivamente en el momento de dicha entrada en vigor, podrán ser adquiridas en primera transmisión o alquiladas por cualesquiera personas físicas, unidades familiares o unidades de convivencia, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 63 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, conforme a la redacción dada por esta Ley, con independencia de las condiciones establecidas en la calificación provisional o en la calificación definitiva de las viviendas o en su caso en la correspondiente convocatoria.
Artículo 22. Adquisición y arrendamiento de vivienda joven y vivienda de precio limitado para familias.—1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las viviendas que en el momento de dicha entrada en vigor hubieran sido calificadas provisional o definitivamente como «vivienda joven» al amparo de lo dispuesto en el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda joven en Castilla y León:
a) Podrán ser adquiridas por quienes no ostenten la condición de "jóvenes" conforme a lo dispuesto en el citado decreto.
. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las viviendas que en el momento de dicha entrada en vigor hubieran sido calificadas provisional o definitivamente como «vivienda de precio limitado para las familias», al amparo de lo dispuesto en el Decreto 55/2008, de 24 de julio, por el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda de precio limitado para familias en Castilla y León:
Artículo 23. Condiciones especiales para adquirentes de viviendas con destino al alquiler.—Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, a quienes adquieran en primera transmisión una vivienda de protección pública de promoción privada calificada provisional o definitivamente en el momento de dicha entrada en vigor y se comprometan a destinarla durante al menos 5 años al alquiler, no se les exigirá el cumplimiento de ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 63 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por esta Ley, para la adquisición de una vivienda de protección pública. A tal efecto se aplicarán las siguientes reglas:
Artículo 24. Adelanto de opción de compra para viviendas en arrendamiento.—Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, los arrendatarios de una vivienda joven o de una vivienda de precio limitado para familias, en ambos casos de promoción privada, que hayan suscrito un contrato de arrendamiento con opción a compra sobre tales viviendas podrán ejercer la opción de compra antes de que transcurran los diez años previstos en su calificación siempre que exista acuerdo entre el arrendatario y el propietario de la vivienda. En tal caso:
Artículo 25. Alquiler de viviendas de protección pública por movilidad laboral.—1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las viviendas de protección pública destinadas al arrendamiento que estuvieran calificadas provisional o definitivamente en el momento de dicha entrada en vigor podrán ser arrendadas por personas que, cumpliendo los demás requisitos de acceso a una vivienda de protección pública, tengan vivienda en otra localidad, cuando estas deban cambiar de provincia de residencia por motivos laborales, tales como los supuestos de movilidad geográfica prevista en el Estatuto de los Trabajadores, o por haber obtenido un puesto de trabajo en una provincia diferente al de su residencia habitual y permanente.
Artículo 26. Reducción de la duración del régimen legal de protección.—Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, la duración del régimen legal de protección de las viviendas de protección pública calificadas provisional o definitivamente en el momento de dicha entrada en vigor podrá reducirse a 10 años, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
Artículo 27. Descalificación.—Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las viviendas de protección pública calificadas provisional o definitivamente para venta en el momento de dicha entrada en vigor podrán ser objeto de descalificación, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
Artículo 28. Arrendamiento de viviendas de protección pública calificadas para venta.—Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las viviendas de protección pública calificadas para venta podrán ser objeto de un contrato de arrendamiento con opción a compra, conforme a las siguientes reglas:
Artículo 29. Extensión del programa de fomento del alquiler.—Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las personas jurídicas que sean titulares de una vivienda podrán incluir la misma en el programa previsto en el Decreto 41/2013, de 31 de julio, por el que se regula el Programa de Fomento del Alquiler de la Comunidad de Castilla y León.
Disposición adicional primera. Definiciones.—A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por:
Disposición adicional segunda. Autorizaciones.—En los procedimientos regulados en esta Ley, y en general en todos los relativos a viviendas sometidas a protección pública, la consejería competente en materia de vivienda, previa autorización expresa del solicitante que se hará constar en el modelo de solicitud, podrá obtener directamente y/o por medios telemáticos mediante la transmisión de datos entre la misma o distintas administraciones públicas, la información necesaria para la comprobación de los datos de identidad del solicitante y de propiedad de la vivienda, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y las características de la unidad familiar o de convivencia. En otro caso el solicitante estará obligado a facilitar dichos datos.
Disposición transitoria primera. Régimen de las viviendas ya calificadas.—Las viviendas de protección pública calificadas provisionalmente antes de la entrada en vigor de esta Ley se sujetarán al régimen jurídico al amparo del cual se calificaron, a excepción del régimen sancionador, que será el previsto en la Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por esta Ley, así como en cuanto resulten afectadas por las medidas previstas en los capítulos III y IV de esta Ley.
Disposición transitoria segunda. Procedimientos iniciados.—Los procedimientos de calificación de viviendas de protección pública así como del resto de actuaciones en materia de vivienda iniciados al amparo de la normativa anterior continuarán rigiéndose por la misma hasta su finalización, salvo en cuanto resulten afectados por las medidas previstas en los capítulos III y IV de esta Ley. En particular, para las viviendas de protección pública calificadas provisionalmente a la entrada en vigor de esta Ley, los plazos citados en el artículo 50 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por esta Ley, se contarán desde la fecha de calificación definitiva.
Disposición transitoria tercera. Ámbito de aplicación de las viviendas de protección pública en el medio rural.—Hasta que se determinen los municipios y localidades a que se refiere el apartado 5 del artículo 45 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por esta Ley, se entenderá que dichos municipios son todos los de Castilla y León excepto los citados en la Orden HAC/17/2013, de 21 de enero, por la que se da publicidad a la relación de municipios a que se refiere el artículo 7.1.c) del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.
Disposición transitoria cuarta. Determinación de los precios de las viviendas de protección pública.—1. Para determinar los precios de las viviendas de protección pública que se califiquen a partir de la entrada en vigor de esta Ley se aplicará el módulo básico estatal establecido en el artículo 9 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, o en su caso el índice que le sustituya.
Disposición derogatoria única. Disposiciones derogadas.—1. Quedan derogados:
Disposición final segunda. Referencias normativas.—1. Las referencias a la «calificación provisional» de las viviendas de protección pública que se contengan en los preceptos de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, que no son objeto de modificación en esta Ley, así como en la restante normativa de la Comunidad de Castilla y León, se entenderán hechas a la «calificación» de las viviendas de protección pública regulada en el artículo 53 de la citada Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por esta Ley.
Disposición final tercera. Desarrollo normativo.—1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León y al titular de la consejería competente en materia de vivienda, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en esta Ley. En particular, por orden de la consejería competente en materia de vivienda podrán modificarse los órganos competentes para ordenar, tramitar y resolver los procedimientos regulados en esta Ley, así como, en cuanto al régimen de las viviendas de protección pública, las excepciones a los límites de superficies y a los requisitos de los destinatarios, las especialidades del visado de las transmisiones y los contratos de arrendamientos y los supuestos de autorización de cambio de uso.
Disposición final cuarta. Habilitación a la Junta de Castilla y León.—Se habilita a la Junta de Castilla y León para que, teniendo en cuenta la situación económica y social y si las circunstancias lo aconsejan, pueda prorrogar las medidas previstas en los Capítulos III y IV de la presente Ley, previa consulta al Diálogo Social.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.—La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

References: Artículo 13

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 5

Artículo 8
 artículo 63

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 63

Artículo 22

Artículo 23
 artículo 63

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29
 artículo 50
 artículo 45
 artículo 7
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 53