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Timestamp: 2018-03-21 08:45:42+00:00

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SENTENCIA DEL TS DE 15-10-2015
SENTENCIA DEL TS DE 15-10-2015S
Prestación en favor de familiares (hijo huérfano, mayor de edad y con discapacidad). Hermanos con deber de prestar alimentos.
1) Sigue siendo exigible el requisito de ausencia de parientes con deber de alimentos para que se lucre la prestación en favor de familiares.
2) La obligación civil de prestarse mutuos auxilios que pesa sobre los hermanos no debe equipararse a la de alimentos cuando se trata del acceso a las prestaciones de Seguridad Social.
3) La existencia de hermanos convivientes no impide que surja el derecho a la prestación en favor de familiares, con independencia de su nivel de rentas.
Revoca la Sentencia del TSJ del País Vasco 21-1-2014.
Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Benigno contra la sentencia del TSJ del País Vasco de 21-1-2014, en el recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia dictada el 29-7-2013 del Juzgado de lo Social nº 8 de Bilbao en los autos seguidos a instancia de dicho recurrente contra el INSS, la TGSS, la Mutualidad de Funcionarios de la Seguridad Social sobre Seguridad Social.
El 29-7-2013, el Juzgado de lo Social nº 8 de Bilbao, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
"Que estimando la demanda interpuesta por Benigno contra INSS, TGSS y Mutualidad de Funcionarios de la Seguridad Social -Fondo Especial- declaro el derecho del actor a percibir una prestación a favor de familiares del RGSS a abonar por el INSS y TGSS, por importe de 1.166,92 euros mensuales, resultado de aplicar un 72% a una base reguladora de 296,03 euros, más revalorizaciones desde 1977 por importe de 942,61 euros, y efectos económicos desde el 1-5-2012, condenando al INSS y TGSS a estar y pasar por esta declaración, así como a su abono, quedando la Mutualidad de Funcionarios de la Seguridad Social -Fondo Especial- obligada a estar y pasar por esta declaración".
Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, el TSJ del País Vasco, dictó sentencia el 21-1-2014, en la que consta la siguiente parte dispositiva:
"Que estimamos el recurso de suplicación formulado en nombre del INSS contra la sentencia de fecha 29-7-2013 y el auto aclaratorio de la misma fecha 11-11-2013, dictada por el Juzgado de lo Social nº 8 de Bilbao en los autos seguidos ante el mismo y en el que también son partes D. Benigno, la Mutualidad de Funcionarios de la Seguridad Social -Fondo Especial- y la TGSS. Revocamos la misma, desestimando las pretensiones actuadas en este proceso. Cada parte deberá abonar las costas del recurso que hayan sido causadas a su instancia".
Contra la sentencia dictada en suplicación, D. Benigno formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que:
- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por el TSJ de Asturias el 26-10-2012.
- Se alega la infracción del art. 176.1 de la LGSS según el art. 25 de la O.M. de 13-2-1967 y el art. 40 del Decreto 3158/1966 de 23-12.
La cuestión que se dilucida en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si el recurrente tiene derecho a percibir pensión a favor de familiares. El núcleo del debate acaba desplazándose a dos cuestiones estrechamente conectadas:
a) La pervivencia del requisito de que no haya familiar con obligación de prestar alimentos a quien pretende lucrar la referida prestación de Seguridad Social.
b) La determinación de si los hermanos, con arreglo a la legislación civil, vienen obligados recíprocamente a prestarse alimentos; concretamente, si esa obligación discurre en términos tales que impiden el nacimiento de la prestación de Seguridad Social.
1. Síntesis de los hechos relevantes.
A) El actor, mayor de 45 años y afectado por minusvalía del 46%, convivía con su padre y a sus expensas al menos desde el 1-5-1996 hasta el 18-4-2012, fecha de fallecimiento del mismo, habiéndole prestado cuidados durante un largo periodo.
B) El causante había sido mutualista de la Mutualidad del Instituto Nacional de Previsión y le había sido reconocida una pensión complementaria de Jubilación del Fondo Especial.
C) Consta que con ellos convivía un hermano del recurrente que percibió en el año 2011 unos ingresos brutos de 22.173 €.
D) El INSS denegó la prestación mediante resolución de fecha 18-07-2012, "por no vivir a expensas del causante y tener familiares con obligación y posibilidad de prestar alimentos". Además el actor había solicitado la pensión complementaria de Jubilación del Fondo Especial que también fue denegada por resolución del Servicio de Ordenación del Fondo de fecha 10-9- 2012.
2. El Juzgado de lo Social estimó la demanda y reconoció la prestación, decisión que fue revocada por la Sala de Suplicación al entender que el hermano formaba parte de la unidad familiar y, en consecuencia, debían tomarse en cuenta sus ingresos económicos.
3. La sentencia referencial (Sentencia del TSJ de Asturias 26-10-2012) examina el tema de la incompatibilidad entre la prestación de supervivencia y la obligación de alimentos prevista en el art 143 del Código Civil.
En ella se aborda supuesto de solicitante de prestación en favor de familiares que convivía con su padre y su hermano en el momento del hecho causante (fallecimiento del padre, 21-05-2011), habiéndose acreditado que durante ese año su hermano había percibido ingresos de 25.228,03 euros. Se explica que la doctrina laboralista viene asumiendo un concepto amplio de lo que sea prestar alimentos, de modo que los hermanos quedan al margen.
SEGUNDO.- La obligación de prestar alimentos y el acceso a la prestación en favor de familiares.
1. Normas de Seguridad Social aplicables.
A) El artículo 176 LGSS reconoce el derecho de los familiares o asimilados, si reúnen los requisitos fijados al efecto, a obtener pensión o subsidio "previa prueba de su dependencia económica del causante" (apartado 1). En particular, para los hijos o hermanos el precepto (apartado 2) establece el derecho a la pensión si además hubiesen acreditado dedicación prolongada al cuidado del causante y careciesen de medios propios de vida.
La exigida relación de dependencia económica entre causante y familiar (se pide haber convivido con el causante y a su cargo, así como carecer de medios propios de subsistencia) se complementa con la carencia de medios propios de vida para resaltar el carácter subsidiario de estas prestaciones. En definitiva, el artículo 176.2 LGSS se pronuncia en los siguientes términos:
En todo caso, se reconocerá derecho a pensión a los hijos o hermanos de beneficiarios de pensiones contributivas de jubilación e invalidez, en quienes se den, en los términos que se establezcan en los Reglamentos generales, las siguientes circunstancias:
B) El artículo 5º del Decreto 1646/1972, de 21-6, para la aplicación de la Ley 24/1972, de 21-6, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social dispone:
Tendrán derecho a pensión los hijos o hermanos de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente que, al tiempo del fallecimiento del causante, sean mayores de 45 años de edad y solteros o viudos, siempre que reúnan las condiciones exigidas en los apartados c), d) y e) del número 1 del artículo 40 del vigente Reglamento General de Prestaciones Económicas y acrediten dedicación prolongada al servicio del causante.
C) El artículo 40 del Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas (aprobado mediante Decreto 3158/1966, de 23-12), contempla en su apartado c) del número 1, que es uno de los remitidos por el mencionado artículo 5 º del Decreto 1646, la siguiente exigencia:
Que, a juicio del órgano de gobierno competente, carezcan de medios de subsistencia y no queden familiares con obligación y posibilidades de prestarles alimentos, según la legislación civil.
D) El artículo 22 de la O.M. de 13-2-1967, por la que se establece normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del Régimen General de la Seguridad Social enumera quiénes son los beneficiarios de la pensión a favor de familiares, contemplando exclusivamente tres grandes grupos:
1) Los nietos y hermanos del causante.
2) La madre y abuelas.
La norma establece, para cada grupo, diversos requisitos, tales como que convivieran con el causante, y a sus expensas, al menos con dos años de antelación al fallecimiento de aquél o que carezcan de medios de subsistencia y no queden familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos, según la legislación civil.
2. Doctrina de la Sala sobre el requisito en cuestión.
Puesto que la presencia de familiar obligado a satisfacer alimentos elimina el derecho a la prestación de Seguridad Social, es lógico que se aprecie de modo restrictivo la concurrencia de tal supuesto. De entrada, la posibilidad de otorgar alimentos ha de ser real y con visos de prolongación temporal, lo que no sucede cuando el obligado posee escasos recursos u otras cargas familiares. Veamos los principales pronunciamientos de nuestra doctrina al respecto.
Aun cuando haya familiar obligado a prestar alimentos, si el hacerlo supone que desatienda sus propias necesidades personales no cabe entender cumplida la causa de exclusión y la protección ha de dispensarse.
Aunque el art. 21.1.1.e) de la O.M. de 13-2-1967 excluye del derecho a percibir la pertinente prestación por causa de muerte a los familiares del causante que, a su vez, tienen parientes sobre los que pesa la obligación de darles alimentos, una interpretación racional y adecuada del precepto obliga a entender tal exclusión en un sentido flexible, acomodado a los fines que el subsidio de mérito persigue y al respeto a elementales criterios de equidad y justicia. Por ello, la simple existencia de un familiar sobre el que pueda recaer la obligación de cumplir la deuda alimenticia no basta para impedir o eliminar automáticamente el derecho del interesado a la prestación en favor de familiares, sino que han de valorarse conjuntamente todas las circunstancias concurrentes en cada caso (nivel de ingresos del deudor de alimentos, número de alimentistas a cargo).
Se entiende que no hay parientes con deber de prestar alimentos cuando posean ingresos inferiores al SMI. También si los ingresos superan el SMI pero parecen insuficientes para garantizar al alimentista ese mínimo o umbral vital de subsistencia. La confluencia de los requisitos referidos al nivel de ingresos y a la ausencia de parientes con deber de prestar alimentos está presente en buena parte de los criterios que hemos ido sentando en ocasiones anteriores sobre estas cuestiones. De manera muy sintética, puede ahora recordarse que:
• Tiene derecho a pensión quien cumple todos los requisitos del art. 176.2 de la Ley General de Seguridad Social.
• Para que se produzca el hecho causante, los requisitos exigidos (como el de necesidad económica) han de concurrir al momento del fallecimiento, careciendo de eficacia su posterior surgimiento.
• Procede el abono de la prestación cuando los ingresos de la unidad familiar de la que forma parte el beneficiario no alcancen los límites cuantitativos establecidos en la normativa correspondiente a los fines del reconocimiento y abono del subsidio de desempleo por responsabilidades familiares, siempre que, claro está, no existan fuera de la unidad familiar otros parientes con obligación de prestar los alimentos.
• Tanto el requisito de "carecer de medios propios de vida" del art. 167.2.d) de la LGSS como el de "vivir a expensas - o a cargo- de" previsto en el apartado 2.a) del propio art. 176 y en el 177.2 de la misma Ley, concurren cuando las rentas del grupo familiar al que el trabajador contribuía con sus ingresos no superan, excluida la aportación del difunto y ponderándose el número de miembros del grupo, el importe del salario mínimo interprofesional, inclusive el importe de dos pagas extras.
El art. 22 de la O.M. de 13-2-1967 demuestra que el mismo no se refiere en absoluto al tipo de familiar contemplado en el caso de autos y que, por ende, resulta palmaria su inaplicación al supuesto de hecho.
En cambio, sí es aplicable el art. 176.2 de la LGSS , específicamente referido a hijos o hermanos (una hija en el caso) de beneficiarios de pensiones contributivas de jubilación e invalidez en que concurran ciertas circunstancias: se dan todas ellas, incluida la de "carecer de medios propios de vida", sin que para nada sea exigible el requisito de que
"no queden familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos, según la legislación civil" que el art. 22 de la O.M. de 13-2-1967 exige para otros supuestos completamente diferentes".
Esa doctrina está sentada en orden a la determinación de si los requisitos económicos para lucrar la prestación en favor de familiares (de una hija, siendo el padre el causante) han de concurrir necesariamente en el momento del fallecimiento o es posible que lo hagan de forma sobrevenida. Pero ni allí se examinaba frontalmente el tema que ahora abordamos, ni tampoco se tomaba en consideración lo prevenido en el Decreto 1646/1972 y en el Decreto 3158/1966, de 23-12.
3. Criterio de la Sala.
A la vista de cuanto antecede, entendemos que la carencia de pariente con deber de prestar alimentos sigue siendo exigible cuando se trata de determinar si un hijo puede acceder a las prestaciones en favor de familiares. En tal sentido procedemos a corregir la manifestación realizada en nuestra sentencia de 27-3-2015.
El silencio de la LGSS no debe interpretarse como inexigibilidad de lo prescrito reglamentariamente, puesto que el propio artículo 176 comienza con la remisión a las condiciones fijadas a través de tal cauce y los dos Decretos citados son explícitos.
Ello no obstante resulta innegable la obsolescencia de las prescripciones y la dificultad de concordarlas con previsiones legales posteriores. Baste recordar que el diseño básico de estas prestaciones (sus beneficiarios, los requisitos, el alcance de la acción protectora) procede de una época en la que el modelo de familia imperante era bien diverso del actual; asimismo, y con mayor relevancia, anotemos que este tipo de prestación del nivel contributivo, pero de claros ribetes asistenciales, surge cuando todavía no se han diseñado las prestaciones no contributivas. Sin duda alguna, situaciones como las analizadas en el presente procedimiento encontrarían una respuesta más adecuada en esa esfera de pensiones no contributivas que en la de prestaciones en favor de familiares, pero al juzgador no le corresponde ni delinear el sistema de protección social ni, mucho menos, forzar el tenor del Derecho vigente sino aplicarlo con arreglo a los mandatos de la Constitución y el resto del ordenamiento.
TERCERO.- Alcance de la obligación de auxilio entre hermanos
Hay que precisar si el deber que el CC impone a los hermanos equivale a la existencia de una obligación de prestar alimentos en los términos a que eluden las normas de Seguridad Social para impedir que nazca la prestación en favor de familiares.
1. Normas civiles remitidas.
La obligación alimenticia se ha de entender como deber impuesto a una o varias personas, de asegurar la subsistencia de otra o de otras y supone la conjunción de dos partes: una acreedora (que tiene derecho a exigir y recibir los alimentos) y otra deudora (sobre la que pesa el deber moral y legal de prestarlos). En los términos fijados por la norma, el primero ha de reunir la condición de necesitado y el segundo poseer medios y bienes aptos para atender la deuda.
Dentro del Libro I del Código Civil ("De las personas") aparece un Título (el VI) que trata, exclusivamente, "De los alimentos entre parientes" y que regula la materia. De su contenido interesa recordar los siguientes preceptos:
a) Artículo 142:
b) Artículo 143
1.° Los cónyuges
Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida , cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se extenderán en su caso a los que precisen para su educación.
c) Artículo 144
4.° A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que sólo sean uterinos o consanguíneos . Entre los descendientes y ascendientes se regulará la gradación por el orden en que sean llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga derecho a los alimentos
2. Doctrina de la Sala sobre el deber de alimentos
El TS manifiesta lo siguiente:
• Si bien la obligación de prestar alimentos configurada por el Código Civil tiene un carácter personal y particularizado, pues depende totalmente de las condiciones personales y económicas de los sujetos activo y pasivo de la misma, este acusado subjetivismo no puede tener plena vigencia en el ámbito de la Seguridad Social, que por imperativo de lo dispuesto en el art. 41 de la CE ha de dispensar asistencia y prestaciones sociales suficientes a todos los ciudadanos ante situaciones de necesidad. Por ello, aunque el art. 21.1.1.e) citado se remita a la "legislación civil", al quedar inserta la protección solicitada en el ámbito de la Seguridad Social, ha de efectuarse una interpretación de la deuda de alimentos mucho más objetivada y genérica, en la que la protección dispensada se base en pautas generales aplicables a todos, dejando a un lado particularidades y subjetivismos.
• En aplicación del criterio de que el módulo del salario mínimo interprofesional determina el mínimo vital de subsistencia , cabe afirmar que si el obligado a prestar alimentos, bien por tener ingresos inferiores al SMI o bien aun teniéndolos superiores no puede suministrarlos al alimentista en cuantía igual o superior al SMI, tales alimentos, a efectos de la prestación de Seguridad Social discutida, no serían suficientes para entender acreditado que la persona obligada a prestar alimentos tenga la posibilidad de prestarlos, ya que el alimentista, de carecer de otros ingresos, no alcanzaría con los posibles alimentos prestados por el pariente obligado el referido mínimo vital de subsistencia.
La Sentencia del TS de 16-3-1999 incluye al hermano entre los sujetos con obligación de prestar alimentos, aunque la cuestión allí debatida no es el radio subjetivo de la obligación sino la concurrencia de los requisitos económicos para que surja.
De cuanto antecede puede concluirse que:
a) No nos hemos pronunciado hasta la fecha de manera frontal sobre la cuestión examinada.
b) La doctrina de la Sala desea objetivar los requisitos condicionantes del acceso a las prestaciones de Seguridad Social.
c) Ha de procurarse que el eventual beneficiario de los alimentos no quede menos atendido que si percibiera la prestación de Seguridad Social excluida por ellos.
3. Alcance de la obligación alimenticia entre hermanos
A partir de los anteriores parámetros normativos e interpretativos debemos abordar ya el dilema que se ha suscitado, teniendo presente que:
a) Las normas aplicables supeditan la concesión de la prestación solicitada a la inexistencia de parientes con obligación de prestar alimentos.
b) Los términos de la obligación alimenticia se remiten a la "legislación civil".
c) Si en la regulación remitida hubiera cuestiones interpretables de forma dudosa habría que optar por la tesis más beneficiosa para el surgimiento del derecho.
Son varios los criterios hermenéuticos que abocan a configurar el deber de ayuda entre hermanos como una obligación específica, de naturaleza alimentaria pero diversa de la de prestación de alimentos. Por lo tanto, las referidas pautas interpretativas conducen a pensar que a efectos de las instituciones civiles bien puede considerarse como un deber de prestación de alimentos, pero a la hora de impedir el nacimiento de la prestación en favor de familiares ya no sucede así. Revisemos seguidamente los fundamentos de esa anticipada conclusión.
1º) La ubicación topográfica de la regulación.- Los preceptos que disciplinan el alcance del deber en cuestión están integrados en el Título VI del Libro I del Código Civil. En buena lógica, que una figura aparezca incluida en fragmento regulador "De los alimentos entre parientes" inclina a pensar que estamos ante institución que posee esa misma ontología.
Sin embargo lo cierto es que la analogía o la proximidad también pueden explicar esa ubicación. La naturaleza del deber entre hermanos puede ser análoga a la del deber de prestarse alimentos entre ascendientes y descendientes pero, sin embargo, situarnos ante un instituto específico.
2º) El contenido o funcionalidad.- En el artículo 142 CC se enumera y describe el contenido de la obligación de prestar alimentos (sustento, habitación, vestido, asistencia médica, etc.). Sin embargo, el artículo 143 CC precisa que entre los hermanos solo hay obligación de prestar "los auxilios necesarios para la vida".
Si el deber fraternal fuera realmente el de prestar alimentos habría de aplicarse el artículo 142 CC y si el artículo 143 establece otro contenido es porque se trata de algo diverso, aunque obviamente emparentado.
3º) Literalidad de la regulación.- El expuesto art. 143 CC distingue dos clases de alimentos: los que se prestan "en toda la extensión" del artículo 142 (abarcando las diversas modalidades allí enumeradas) y los que discurren entre hermanos (que solo alcanzan ciertas manifestaciones).
Los "auxilios necesarios para la vida" aparecen como una acepción o modalidad más restrictiva de alimentos. Las pautas interpretativas que hemos resaltado más arriba conducen a rechazar que estemos ante una institución que impida lucrar la prestación en favor de familiares. Chirría con la necesidad de proteger las situaciones de necesidad (art. 41 CE) el que se niegue esa prestación con el argumento de que ya se recibe por otro lado (por el del CC) y lo que obtenga el sujeto le inhabilite para acceder al nivel de suficiencia propio de las prestaciones contributivas.
4º) La jurisprudencia civil.- La Sentencia del TS (Civil) de 13-4-1991 incluye a los hermanos entre los sujetos obligados a prestar alimentos para advertir que no es de recibo dejar al margen, y menos ignorar, el orden del artículo 144 CC, previsto para cuando concurran varios obligados.
La Sentencia del TS de 14-5-1971 también afirma la obligación de la hermana para prestar alimentos, si bien con las limitaciones del art. 143 CC.
Además de que posee una óptica diversa, esta escasa jurisprudencia del orden civil insiste en cuanto venimos recalcando: el deber entre los hermanos en modo alguno posee el alcance que cuando estamos ante la auténtica obligación de prestar alimentos. La intensidad, amplitud, modalidad o duración del deber patrimonial no alteran la naturaleza jurídica del deber, por cierto existente con independencia de que los hermanos convivan, pero sí afectan de manera decisiva a su configuración legal.
Y aquí no se trata determinar la naturaleza de los deberes entre hermanos sino su equivalencia con la "obligación y posibilidades de prestarles alimentos" a que aluden los reglamentos de Seguridad Social.
5º) Interpretación teleológica. - Las vetustas normas de Seguridad Social que hemos de aplicar presuponen que no existe situación de verdadera necesidad cuando quien podría percibir una prestación en favor de familiares es titular del derecho a obtener alimentos de un allegado.
Aunque el CC establece entre los hermanos unos deberes de tipo alimenticio, su escaso alcance impide equiparar el supuesto al que acaece cuando existe un sujeto (prototípicamente, cónyuge o familiar en línea recta) obligado en toda la extensión del artículo 142 CC. Carece de sentido, por tanto, que a partir de la concurrencia de ese dato se impida el nacimiento de la prestación.
6º) Confianza legítima.- Aunque en modo alguno ello resultaría decisivo, ha de advertirse que la conclusión a la que hemos ido llegando coincide con lo defendido por la propia Entidad Gestora, no en la Resolución denegatoria de 18-7-2012 que está en el origen de este procedimiento sino en su portal informático. Allí se expone que los hermanos sólo se deben los "auxilios necesarios para la vida", por lo que quedan excluidos de la obligación de prestar alimentos.
CUARTO.- Resolución del caso.
A la vista de cuanto antecede es claro que para la legislación civil (a la que remite de manera incondicionada la de Seguridad Social) entre los hermanos discurre una obligación de naturaleza alimenticia pero distinta al deber de prestarse alimentos en sentido propio y completo.
Nuestra jurisprudencia viene postulando una interpretación restrictiva de la obligación de prestar alimentos, puesto que afirmar su existencia comporta el cierre del acceso a la prestación. En concordancia con esta tradicional línea interpretativa, entendemos que
No existe deber de alimentos entre los hermanos, ha de anularse la solución adoptada en suplicación y resolver el debate suscitado ante la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social.
1) Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Benigno, contra la sentencia del TSJ del País Vasco de 21-1-2014.
2) Casamos y anulamos la citada sentencia dictada por el TSJ del País Vasco de 21-1-2014.
3) Resolviendo el debate suscitado en suplicación, desestimamos el recurso interpuesto por el INSS frente a la sentencia dictada el 29-7-2013 por el Juzgado de lo Social nº 8 de Bilbao, en los autos seguidos a instancia de dicho recurrente contra el INSS, la TGSS, la Mutualidad de Funcionarios de la Seguridad Social -Fondo Especial- sobre Seguridad Social, cuya firmeza declaramos.
4) No ha lugar a la imposición de costas, ni a la adopción de medidas especiales en materia de consignaciones o depósitos.
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References: resolución 
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 artículo 176
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 artículo 5
 artículo 40
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 artículo 22
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 Artículo 142
 Artículo 143
 Artículo 144
 artículo 142
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