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Timestamp: 2019-04-25 06:10:48+00:00

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﻿ Sentencia 2006-00211 de octubre 24 de 2013
SENTENCIA 2006-00211 DE 24 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:CONTRIBUCIÓN A SUPERSOCIEDADES. ES UN APORTE PARAFISCAL DIRIGIDO A UN GRUPO SOCIOECONÓMICO REPRESENTADO POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS SOMETIDAS A SU CONTROL. SIN EMBARGO, AUNQUE SE TRATA DE UN TRIBUTO OBLIGATORIO, NO TIENE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS TASAS O IMPUESTOS, PUES ESTÁ DESTINADO A BRINDAR BENEFICIOS ESPECIALES A LAS OBLIGADAS A SU PAGO, Y SU RECAUDO NO HACE PARTE DE LAS ARCAS DEL PRESUPUESTO NACIONAL. ENTONCES EXISTE DEDUCIBILIDAD DEL PAGO DE DICHA CONTRIBUCIÓN, YA QUE CONFORMA LAS EXPENSAS NECESARIAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ENTES ECONÓMICOS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.
TEMAS ESPECÍFICOS:DIAN, CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DEDUCCIÓN POR CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, CONTRIBUCIONES, PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES
Sentencia 2006-00211 de octubre 24 de 2013
Radicación: 150012331000200600211-01
Número interno: 18353
Demandante: Gaseosas de Duitama S.A.
Le corresponde a la Sala decidir sobre la pretensión de nulidad de la liquidación de revisión 200642004000014 del 13 de septiembre de 2004 y su confirmatoria, la Resolución 200012005000010 del 1º de septiembre de 2006, que modificaron la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2002 de la sociedad demandante.
De la delimitación de la litis
El apoderado de la DIAN pidió que se analizara la sentencia en todo lo que le fue desfavorable, puesto que la sentencia no es clara. En los alegatos de conclusión, pidió que la Sala se limitara a analizar si era procedente exonerar parcialmente de la sanción por inexactitud al demandante y si era procedente la deducción de la contribución a la Superintendencia de Sociedades, puesto que en esos aspectos la sentencia le fue desfavorable y el demandante no apeló la sentencia.
Efectivamente, el demandante no apeló la sentencia. Y en los alegatos de conclusión pidió que se revocara porque el tribunal no se pronunció sobre todos los aspectos alegados en la demanda, y porque la decisión se fundamentó en sentencias que eran inaplicables al caso concreto.
Los argumentos que expuso la parte actora en los alegatos de conclusión no se analizarán pues la etapa de alegatos no era la pertinente para oponerse a la sentencia del a quo.
De manera que la Sala se abstiene analizar lo correspondiente a la violación del principio de correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión, así como lo referente a la adición de ingresos y la deducción por salarios porque no fueron objeto de apelación por la parte actora.
La Sala se limitará a analizar el recurso de apelación que interpuso la DIAN respecto de dos aspectos: (i) si era procedente detraer de la base para liquidar la sanción por inexactitud el monto correspondiente a la deducción por disposición y reposición de envases y (ii) si era procedente la deducción de la contribución a la Superintendencia de Sociedades.
Por razones prácticas se decidirá, inicialmente, si la demandante tenía derecho a deducir del impuesto sobre la renta la contribución pagada a la Superintendencia de Sociedades durante el año gravable 2002.
Posteriormente se decidirá si era procedente que el tribunal ordenara detraer de la base para calcular la sanción por inexactitud la deducción por disposición y reposición de envases. Para el efecto, analizará si se presentó diferencia de criterios entre las partes cuando se decidió sobre la procedencia de la deducción en cuantía de $ 571.072.299.
• De la causal de nulidad por violación del artículo 107 E.T. De la deducción de la contribución a la Superintendencia de Sociedades. $ 8.529.000.
La DIAN disintió de la decisión del tribunal de aceptar la deducción de $ 8.529.000, correspondiente al pago hecho por la demandante por contribuciones a la Superintendencia de Sociedades. Para el efecto, la entidad insistió en que no se cumplieron las condiciones establecidas en el artículo 107 del estatuto tributario para su procedencia.
La Sala confirmará la decisión del tribunal en relación con esta partida, pues la contribución a la Superintendencia de Sociedades, consagrada en el artículo 88 de la Ley 222 de 1995(1), es un aporte parafiscal que está dirigido a un grupo o sector socioeconómico representado por las entidades financieras sometidas a su vigilancia y control, y aunque se trata de un tributo obligatorio no participa de las características de las tasas ni de los impuestos. Estas contribuciones están destinadas a brindar servicios o beneficios especiales a las sociedades obligadas a su pago y su recaudo no entra a engrosar las arcas del presupuesto nacional.
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-465 de 1993 señaló que “las contribuciones parafiscales son exacciones obligatorias, operadas en provecho de organismos públicos distintos de las entidades territoriales, o de asociaciones de interés general, sobre usuarios o aforados, por medio de los mismos organismos o de la administración que, al no ser integradas al presupuesto general del Estado, se destinan a financiar gastos de dichos organismos”. Que, en este caso, “las contribuciones para el mantenimiento de la Superintendencia Bancaria no son impuestos, sino tasas retributivas por la prestación de servicios por parte de la Superintendencia Bancaria que recaen sobre las entidades vigiladas”.
La Sala, en reiteradas oportunidades(2), ha analizado la deducibilidad del pago de la contribución a la Superintendencia de Sociedades, y ha precisado que las contribuciones parafiscales cumplen los requisitos del artículo 107 del estatuto tributario, comoquiera que hacen parte de los egresos que, con el fin de acatar disposiciones legales de carácter obligatorio, deben cumplir las personas jurídicas y, en consecuencia, forman parte de los gastos por administración de los entes económicos.
Si bien esta contribución no tiene una relación directa con los ingresos obtenidos en desarrollo de su actividad, puesto que para obtenerlos no se requiere de su pago, es evidente que forman parte de las expensas necesarias que, a manera de gasto o deducción, deben cumplir los entes económicos.
En consecuencia, para la Sala, el pago de la contribución a la Superintendencia de Sociedades hace parte de las expensas necesarias, y, por lo tanto, procede su reconocimiento como lo decidió el tribunal. No prospera el cargo de apelación.
• De si era procedente que el tribunal ordenara detraer de la base para calcular la sanción por inexactitud los $ 571.072.299 que la demandante llevó como deducción por disposición y reposición de envases.
La Sala pone de presente, nuevamente, que el tribunal negó la pretensión de nulidad de los actos administrativos demandados en cuanto rechazaron la deducción por disposición y reposición de envases. Sin embargo, el tribunal decidió que no era pertinente que se le impusiera al demandante la sanción por inexactitud porque, a su juicio, se presentó una diferencia de criterios entre las partes, hecho que, al tenor del artículo 647 E.T., permite eximir al contribuyente de la imposición de la sanción.
La decisión de negar la nulidad no fue apelada por el demandante. En cambio, la decisión de levantar la sanción por inexactitud fue apelada por la DIAN, para que se revoque la sentencia del a quo en cuanto le ordenó detraer de la base para calcular la sanción por inexactitud los $ 571.072.299 que la demandante llevó como deducción por disposición y reposición de envases.
En esas condiciones, la Sala se limitará a resolver el recurso de apelación interpuesto por la DIAN.
La Sala considera que no era pertinente levantar la sanción por inexactitud por las siguientes razones:
La acepción natural del verbo “incluir” significa “Poner algo dentro de otra cosa o dentro de sus límites”(3).
El adjetivo inexistente debe entenderse en sus dos acepciones: como adjetivo relativo a aquello que carece de existencia, y como adjetivo relativo a aquello que, si bien existe, se considera totalmente nulo, porque es “Falto de valor y fuerza para obligar o tener efecto, por ser contrario a las leyes, o por carecer de las solemnidades que se requieren en la sustancia o en el modo”(4).
De ahí que el artículo 647 ibídem prevea que, en general, lo que se quiere sancionar es la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos(5), equivocados(6), incompletos(7) o desfigurados(8), puesto que todos estos adjetivos, en últimas, implican la inexistencia de los egresos que se llevan como costo, deducción, descuento, exención, pasivo, impuesto descontable, retención o anticipo, sin serlo, por una de las siguientes razones: o porque en realidad no existen esos egresos; o porque, aun existiendo, no se probaron; o porque, aún probados, no se subsumen en ningún precepto jurídico del estatuto tributario que les dé valor y fuerza para tener el efecto invocado, por carecer de las solemnidades que exige ese estatuto tributario para darles la calidad de tales, a menos que, en este último caso se verifique la interpretación errónea de la norma por parte del contribuyente, que lo haya inducido a subsumir los hechos económicos declarados en la misma.
También afirmó que “(...) Las expresiones ‘falsos, equivocados, incompletos o desfigurados’ no tienen, prima facie, ninguna complejidad especial o particular. Son expresiones que en un contexto legal o cotidiano tienen usos y significados estandarizados. No se trata de expresiones vagas y ambiguas, que den un amplio margen de decisión a los operadores jurídicos. En el contexto de derecho tributario hacen referencia a situaciones en las que la información otorgada por los contribuyentes a la administración de impuestos, relacionada con su actividad económica, no coincide con la realidad, es decir cuando se da una información contraria a la realidad, que no la refleja completamente, o que la altera”.
“(...) El contenido de este artículo [se refiere al artículo 647 E.T.] se divide en dos partes: (i) En la primera indica específicamente a que corresponde la inexactitud sancionable y (ii) en la segunda parte establece una cláusula general, donde establece que también es sancionable la utilización de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados pero caracteriza este elemento indicando que estos deben traer por consecuencia la derivación de un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. De esta forma la determinación de lo que se entiende por dato falso, equivocado, incompleto o desfigurado, que causa la sanción tributaria establecida en el artículo 647, depende de su correspondencia a la realidad y la generación de en un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable”.
Por lo expuesto, la Corte concluyó que los artículos estudiados al contener las expresiones ‘datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados’ no implican que las sanciones establecidas en los artículos 260-10, 647 y 658-3 numeral 4º del estatuto tributario sean indeterminadas, vagas y ambiguas y concedan a la administración de impuestos, por tanto, un amplio margen de discrecionalidad. Se trata de normas que se encuentran dentro de un ‘grado de indeterminación aceptable constitucionalmente’. Esto en razón a que de la lectura e interpretación, tanto aislada como ‘en contexto’ de estas normas, se tiene claro los supuestos de hecho que se sancionan. En consecuencia, la Corte declarará exequibles las expresiones demandadas, pero únicamente en razón a los cargos analizados en esta sentencia”.
Lo primero que corresponde aclarar es que el vocablo “o”, que separa las expresiones: errores de apreciación y diferencias de criterio, es una conjunción disyuntiva que denota “diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas”(9), pero que también denota “equivalencia, significando ‘o sea, o lo que es lo mismo’”(10).
Para la Sala, el artículo 647 E.T. utiliza la conjunción en el sentido que denota “equivalencia, significando ‘o sea, o lo que es lo mismo’”.
Por eso, en la sentencia del 10 de marzo de 2011(11), la Sala precisó que cuando el artículo 647 E.T. alude a los errores de apreciación o de diferencias de criterio se está refiriendo a los errores o diferencias derivados de la interpretación del derecho.
Por eso, puso de presente que la interpretación del derecho era uno de los temas más complejos y el menos pacífico de definir, pues “no existe una teoría o metodología que genere consenso ni entre los estudiosos ni entre los prácticos del derecho”(12).
Se dijo también que la interpretación jurídica ha sido definida como “El proceso o el resultado de la determinación del sentido de las normas jurídicas o de sus elementos [31]”(13). Y que en cuanto al objeto de la interpretación jurídica, la doctrina explica que “al interior de la categoría de interpretación operativa cabe distinguir la interpretación del derecho propiamente dicha —concretamente, la interpretación de las normas jurídicas válidas—, de la interpretación de los hechos, que, en la mayoría de los casos, funcionan como condiciones para la aplicación de las normas en un caso concreto[40]. La importancia de la interpretación de los hechos es puesta de relieve por M. Atienza para quien la argumentación que se efectúa en la vida jurídica es, en gran parte, una argumentación sobre hechos, mientras que la teoría estándar de la argumentación jurídica y de la interpretación se ocupan, casi con exclusividad, de cuestiones de tipo normativo”(14).
De ahí que la Sala concluyera que cuando el artículo 647 citado se refiere a la interpretación del derecho aplicable, claramente se refiere a “la interpretación del derecho propiamente dicha” a que alude la cita doctrinal referida.
En la sentencia del 10 de marzo de 2011, la Sala también concluyó que el artículo 647 E.T. no se refiere a la interpretación de los hechos. En esta oportunidad se reitera esa conclusión puesto que cuando se trata de ejercer el control de legalidad de los actos de la administración, es menester tener en cuenta que lo hace a partir de las causales de nulidad previstas en el Código Contencioso Administrativo. Y entre esas causales vale destacar las siguientes: la de nulidad por violación de la ley, que puede ocurrir por falta de aplicación, por aplicación indebida o por interpretación errónea; y la de nulidad por falsa motivación, que, valga precisar, es distinta de la falta de motivación que se subsume dentro de la causal de nulidad por expedición irregular de los actos administrativos en el entendido de que uno de los requisitos para su expedición es que se motive.
De ahí que la Sala precisara que la interpretación errónea, como sinónimo de “errores de apreciación” o de “diferencia de criterios” “consiste en aplicar la disposición pertinente a la controversia, pero dándole un sentido y alcance que no tiene; se sitúa siempre en un error de hermenéutica jurídica”(15).
Y que esa es la razón por la que el artículo 647 del estatuto tributario exige que cuando es el contribuyente el que incurre en interpretación errónea, la sanción no se configura si demuestra que “los hechos y cifras denunciados [son] completos y verdaderos”.
Valga precisar que no se trata de que el contribuyente formule cualquier interpretación, pues, como lo ha precisado la Sala, “Existe una diferencia de criterio entre la autoridad tributaria y el contribuyente, cuando la discrepancia se basa en una argumentación sólida que, aunque equivocada, permita concluir que su interpretación en cuanto al derecho aplicable llevó al convencimiento que su actuación estaba amparada legalmente, pero no ocurre lo mismo, cuando a pesar de su apariencia jurídica, no tienen fundamento objetivo y razonable”(16).
De manera que, si el contribuyente interpretó erróneamente la norma que invocó como violada y fue por esa interpretación que en la declaración tributaria omitió ingresos o incluyó costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos improcedentes, esa circunstancia no lo exime de probar la existencia de los hechos y cifras que declaró, pues ante la ausencia de esa prueba, igual se aplicará la sanción.
La existencia de los hechos y de su valoración atañe a otra causal de nulidad, como lo es la de falsa motivación.
Como lo ha precisado la Sala(17), la falsa motivación se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa.
Todo lo anterior implica que quien acude a la jurisdicción para alegar la falsa motivación, debe, como mínimo, señalar cuál es el hecho o hechos que el funcionario tuvo en cuenta para tomar la decisión y que en realidad no existieron, o, en qué consiste la errada interpretación de esos hechos(18).
En ese entendido, para la Sala, la sanción por inexactitud se configura si no se desvirtúa la causal de nulidad por falsa motivación, que es la causal de nulidad pertinente, precisamente, para controvertir los errores de hecho en los que pudo haber incurrido la administración en la valoración de los hechos objeto de la litis. Y, en todo caso, no debe perderse de vista que las dudas provenientes de vacíos probatorios solo se resuelven a favor del contribuyente cuando no hay modo de eliminarlas, y siempre y cuando el contribuyente no se encuentre obligado a probar determinados hechos (E.T., art. 745)(19).
Conforme con lo expuesto, los errores de apreciación o de diferencias de criterio son “conceptos jurídicos indeterminados”(20) que le permiten a la administración decidir con cierto “margen de apreciación”(21) ―no con margen de discrecionalidad― si se debe inaplicar la sanción puesto que, si se presentan esas situaciones jurídicas, al tenor del artículo 647 E.T. “no se configura inexactitud”, en otras palabras, no se tipifica la infracción.
De manera que, la Sala precisa que cuando el juez debe decidir con fundamento en normas contentivas de conceptos jurídicos indeterminados, como los previstos en el artículo 647 E.T., debe partir del presupuesto de que ese tipo de normas de textura abierta le dan a la administración un “margen de apreciación”(22) no muy amplio, dentro del “halo conceptual” que le permite elegir la decisión que se ajuste a la norma de donde deriva la competencia.
García de Enterría(23) explica que los conceptos jurídicos indeterminados pueden corresponder a conceptos de experiencia o a conceptos de valor, pues el control de legalidad de los actos de la administración dependerá de esa diferencia.
Precisa el autor:
“Aquí procede establecer, con todo, una distinción, según que los conceptos jurídicos indeterminados sean conceptos de experiencia o conceptos de valor; respecto de los primeros, que se ventilan en la apreciación de los hechos, la competencia de control del juez es ilimitada [169]; los segundos, que no se controlan exclusivamente por la apreciación de los hechos, sino que implican juicios de valor, que pueden ser técnicos (“impacto ambiental”) o políticos (“interés público”, “utilidad pública”) proporcionan a la primera y decisoria apreciación por la administración una cierta presunción a favor de su juicio, que se entiende realizado, en principio desde una posición formalmente objetiva y en virtud de medios técnicos y de criterios políticos que, en la práctica, solo negativamente, cuando el error o la arbitrariedad pueden ser positivamente demostrados, pueden ser controlados por el juez. Esta es una forma simple de explicar la doctrina (en la que no nos detendremos) del “margen de apreciación” de que se beneficia la apreciación administrativa de estos conceptos de valor, margen que otorga una cierta presunción de acierto dentro del “halo del concepto”, pero aunque no llega hasta excluir la entrada del juez en su control directo (el problema sigue siendo “una cuestión jurídica”), sí limita la posibilidad de una apreciación inmediata y propia por el juez de su efectividad y prima la ventaja posicional de la administración respecto a la corrección de su apreciación...”.
Para García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández “la indeterminación del enunciado no se traduce en una indeterminación de las aplicaciones del mismo”, porque por el hecho de que la decisión se fundamente en el “halo conceptual” es posible derivar una “unidad de solución justa (...) a la que se llega mediante una actividad de cognición, objetivable por tanto, y no de volición”(24).
De manera que, “los errores de apreciación o de diferencia de criterio” corresponden a conceptos de valor, porque aluden a juicios eminentemente jurídicos, despojados de la apreciación de los hechos, de cuya aplicación, en cada caso, se derivará una solución objetiva, más no caprichosa o meramente discrecional.
La Sala aprecia que la demandante no formuló causales concretas de nulidad. Pero del concepto de la violación se infiere que la principal causal de nulidad que invocó es la de la falsa motivación.
En efecto, habida cuenta de que para la DIAN los $ 571.172.299 que la demandante declaró como deducción en su denuncio de renta, en realidad eran ingresos derivados de hechos que al tenor del artículo 421 E.T.(25) constituyen venta (obsequio de inventarios); la demandante quiso probar que los $ 571.172.299, en realidad, correspondían a pérdidas por destrucción de cajas y botellas del inventario de la sociedad, y que al romperse por su manipulación debían ser repuestos.
La controversia se originó porque la demandante contabilizó los $ 571.172.299 en la cuenta 5295400101 (Gastos operacionales de ventas-diversos-envases y empaques) y en la cuenta 1460050101(26) (inventario-envases y empaques-envases y cajas), y fue llevado al denuncio rentístico bajo el concepto de “Otras deducciones”.
La litis se centró, entonces, en establecer si los $ 571.172.299 correspondieron a pérdidas por destrucción de inventarios, o si, en realidad, correspondieron a inventarios que fueron obsequiados por la empresa. Para el efecto, habría sido necesario que la demandante probara que destruyó el 100% de los envases contabilizados como repuestos, para desvirtuar lo que infirió la DIAN, esto es, que en realidad los obsequió, por el hecho de haberlos contabilizado en una cuenta que alude a envases obsequiados y objeto de reposición. Como la demandante no probó que los hechos y las cifras declarados fueran ciertos y veraces, en la sentencia apelada se confirmó el rechazo de la deducción. Sin embargo, se consideró que no se configuró la inexactitud porque se presentaron errores de apreciación o de diferencia de criterio, lo que no es cierto, puesto que, como se acaba de evidenciar, la controversia fue eminentemente probatoria.
En consecuencia, le asiste razón a la DIAN en cuanto a que no era procedente exonerar a la empresa demandante de la sanción por inexactitud. Prospera el recurso de apelación.
Se propone una nueva liquidación del impuesto sobre la renta del año gravable 2002, que confirma la procedencia de la deducción de $ 8.529.000 por concepto de la contribución a la Superintendencia de Sociedades e incluye la sanción por inexactitud por incluir deducciones no probadas en cuantía de $ 571.172.299, así:
Concepto Liq. privada Liq. oficial Liq. recurso reconsideración Liq. cons. est.
Pasivos no monetarios AA 0 0 0 0
Patrimonio líquido AB 300.326.000 300.326.000 300.326.000 300.326.000
Depreciación, amortización, agotamiento AC 295.219.000 295.219.000 295.219.000 295.219.000
Amortización corrección monetaria diferida AD 595.545.000 595.545.000 595.545.000 595.545.000
Aumento patrimonio líquido AE 0 0 0 0
Cifra de control 1 SS 595.545.000 595.545.000 595.545.000 595.545.000
Efectivo, bancos, ctas. bcos. invers. mobiliarias ctas. cobrar PA 1.445.066.000 1.445.066.000 1.445.066.000 1.445.066.000
Derechos fiduciarios PK 0 0 0 0
Cuentas por cobrar clientes PM 619.406.000 619.406.000 619.406.000 619.406.000
Cuentas por cobrar otras PQ 1.106.542.000 1.106.542.000 1.106.542.000 1.106.542.000
Ctas. por cobrar accionistas y compañías vinculadas EO 120.000 120.000 120.000 120.000
Acciones y aportes (soc anon) PB 7.061.915.000 7.061.915.000 7.061.915.000 7.061.915.000
Inventarios PC 2.118.947.000 2.118.947.000 2.118.947.000 2.118.947.000
Semovientes PV 0 0 0 0
Activos fijos no depreciables PW 4.488.525.000 4.488.525.000 4.488.525.000 4.488.525.000
Activos fijos depreciables, amortizables, intangibles y agotables EU 7.369.325.000 7.369.325.000 7.369.325.000 7.369.325.000
Menos: depreciación acumulada PE 4.377.406.000 4.377.406.000 4.377.406.000 4.377.406.000
Otros activos PF 262.035.000 262.035.000 262.035.000 262.035.000
Total patrimonio bruto PG 20.094.475.000 20.094.475.000 20.094.475.000 20.094.475.000
Cuentas por pagar proveedores OA 692.081.000 692.081.000 692.081.000 692.081.000
Cuentas por pagar compañías vinculadas y accions. o socios OB 14.837.853.000 14.837.853.000 14.837.853.000 14.837.853.000
Pasivo laboral OW 1.303.248.000 1.303.248.000 1.303.248.000 1.303.248.000
Préstamos por pagar sector financiero OC 0 0 0 0
Impuestos, gravámenes y tasas OX 239.435.000 239.435.000 239.435.000 239.435.000
Otros pasivos OI 3.291.217.000 3.291.217.000 3.291.217.000 3.291.217.000
Total pasivo PH 20.363.834.000 20.363.834.000 20.363.834.000 20.363.834.000
Total patrimonio líquido PI 0 0 0 0
Total patrimonio líquido negativo PL 269.359.000 269.359.000 269.359.000 269.359.000
Ventas brutas IL 38.412.999.000 38.984.171.000 38.984.171.000 38.984.171.000
Servicios, honorarios, comisiones IS 30.684.000 30.684.000 30.684.000 30.684.000
Intereses y rendimientos financieros IC 18.969.000 18.969.000 18.969.000 18.969.000
Dividendos y participaciones ID 54.105.000 54.105.000 54.105.000 54.105.000
Otros ingresos distintos de los anteriores IE 1.029.939.000 1.029.939.000 1.029.939.000 1.029.939.000
Total ingresos brutos IV 39.546.696.000 40.117.868.000 40.117.868.000 40.117.868.000
Menos: devoluciones, descuentos y rebajas IR 382.666.000 382.666.000 382.666.000 382.666.000
Dividendos y participaciones IU 54.105.000 54.105.000 54.105.000 54.105.000
Otros ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional LV 0 0 0 0
Total ingresos netos IG 39.109.925.000 39.681.097.000 39.681.097.000 39.681.097.000
Costos de venta (para sistema permanente) CV 16.918.671.000 16.918.671.000 16.918.671.000 16.918.671.000
Inventario inicial CA 0 0 0 0
Más compras CB 0 0 0 0
Mano de obra directa, salarios, prest. y otros CC 0 0 0 0
Más aportes al sistema de seguridad social OE
Intereses y costos financieros MW 0 0 0 0
Costos indirectos de fabricación GL 0 0 0 0
Menos inventario final CH 0 0 0 0
Otros costos CG 0 0 0 0
Total costos CT 16.918.671.000 16.918.671.000 16.918.671.000 16.918.671.000
Acciones y aportes AI 628.591.000 628.591.000 628.591.000 628.591.000
Activos fijos AJ 838.094.000 838.094.000 838.094.000 838.094.000
Otros activos no monetarios AL 0 0 0 0
Disminución patrimonio líquido AM 0 0 0 0
Amortización corrección monetaria diferida AN 0 0 0 0
Cifra de control 2 ST 1.466.685.000 1.466.685.000 1.466.685.000 1.466.685.000
Más comisiones, honorarios, servicios CE 43.228.000 43.228.000 43.228.000 43.228.000
Salarios, prest. y otros conceptos laborales DC 1.651.780.000 1.650.681.000 1.650.681.000 1.650.681.000
Más aportes al sistema de seguridad social (deucc) DM 338.215.000 338.215.000 338.215.000 338.215.000
Inter. y demás gastos financieros nacionales DF 2.213.063.000 2.213.063.000 2.213.063.000 2.213.063.000
Gastos efectuados en el exterior DH 0 0 0 0
Depreciación, amortización, agotamiento DP 1.112.173.000 1.112.173.000 1.112.173.000 1.112.173.000
Otras deducciones (servicios, arrend., etc.) CX 16.324.265.000 15.744.564.000 15.744.564.000 15.753.093.000
Total deducciones DT 21.682.724.000 21.101.924.000 21.101.924.000 21.110.453.000
Renta líquida del ejercicio GJ 508.530.000 1.660.502.000 1.660.502.000 1.651.973.000
Compensación por pérdidas GK 0 0 0 0
Renta líquida RA 508.530.000 1.660.502.000 1.660.502.000 1.651.973.000
O pérdida líquida RB 0 0 0 0
Renta presuntiva RC 216.119.000 216.119.000 216.119.000 216.119.000
Menos rentas exentas Ley Paez EA 0 0 0 0
Eje Cafetero EE 0 0 0 0
Menos otras rentas exentas EC 0 0 0 0
Total rentas exentas ED 0 0 0 0
Renta líquida gravable RE 508.530.000 1.660.502.000 1.660.502.000 1.651.973.000
Ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional GA 0 0 0 0
Impuesto sobre renta gravable LA 177.986.000 581.176.000 581.176.000 578.190.000
Descuento IVA por bienes de capital DI 0 0 0 0
Generación de empleo LO 0 0 0 0
Donaciones LR 0 0 0 0
Otros descuentos tributarios LB 0 0 0 0
Impuesto neto de renta LC 177.986.000 581.176.000 581.176.000 578.190.000
Impuesto recuperado LL , 0 0 0
Total impuesto neto de renta LN 177.986.000 581.176.000 581.176.000 578.190.000
Impuesto de ganancias ocasionales LD 0 0 0 0
Impuesto de remesas LF 0 0 0 0
Total imp. a cargo/imp. generado por operaciones grav. FU 177.986.000 581.176.000 581.176.000 578.190.000
Remesas y pagos al exterior MA 0 0 0 0
Rendimientos financieros MC 970.000 970.000 970.000 970.000
Honorarios, comisiones y servicios MY 0 0 0 0
Arrendamientos MG 851.000 851.000 851.000 851.000
Ventas MH 653.836.000 653.836.000 653.836.000 653.836.000
Autorretenciones MJ 0 0 0 0
Otros conceptos MI 0 0 0 0
Total retenciones año gravable GR 655.657.000 655.657.000 655.657.000 655.657.000
Menos: saldo fvr. sin sol. dev. o comp./saldo fvr. pers. fis. ant. GN 0 0 0 0
Menos: anticipo por el año gravable GX 0 0 0 0
Más anticipo por el año gravable siguiente FX 0 0 0 0
Más anticipo a la sobretasa OZ 8.794.000 8.794.000 8.794.000 8.794.000
Más: sanciones VS 210.000 644.698.000 644.698.000 640.536.000
Total saldo a pagar HA 0 579.011.000 579.011.000 571.863.000
O total saldo a favor HB 468.667.000 0 0 0
Vr. impuesto liq. C. Estado $ 578.190.000
Menos imp. liq. Privada $ 177.986.000
Myr. imp. establecido base sanc. $ 400.204.000
Tarifa 160% $ 640.326.000
Más sanción liq. priv. $ 210.000
Total sanción $ 640.536.000
2. MODIFÍCASE el numeral segundo de la sentencia apelada el que quedará así:
A título de restablecimiento del derecho FÍJASE el saldo a pagar por el impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2002, a cargo de la sociedad Gaseosas de Duitama S.A., en quinientos setenta y uno millones ochocientos sesenta y tres mil pesos ($ 571.863.000), de conformidad con la liquidación contenida en la parte considerativa de esta providencia (págs. 22 a 24).
3. REVÓCANSE los numerales tercero y cuarto de la sentencia apelada
Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».
(1) Artículo 88 Ley 22 de 1995 “Gastos de funcionamiento. Los recursos necesarios para cubrir los gastos que ocasione el funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades, se proveerán mediante contribución a cargo de las sociedades sometidas a su vigilancia o control. Tal contribución consistirá en una tarifa que se calculará sobre el monto total de los activos, incluidos los ajustes integrales por inflación que registre la sociedad a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior...”.
(2) Sentencias de 13 de octubre de 2005, Expediente 13631 acumulado al 14122, de 25 de octubre y de 6 de diciembre de 2006, expedientes 14796 y 14303, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, de 20 de noviembre de 2008, Expediente 16312 y 13 de agosto de 2009, Expediente 16454, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(4) DRAE.
(5) “DRAE. Falso. 1. adj. Engañoso, fingido, simulado, falto de ley, de realidad o de veracidad. 2. adj. Incierto y contrario a la verdad”.
(6) “DRAE. Equivocación. . Cosa hecha con desacierto.
(7) Lo contrario a completo que significa acabado o perfecto, entonces, lo incompleto hace alusión a lo inacabado, a lo imperfecto.
(8) “DRAE. Desfigurar tr. Disfrazar y encubrir con apariencia diferente el propio semblante, la intención u otra cosa. 4. tr. Alterar las verdaderas circunstancias de algo.
(9) http://lema.rae.es.
(11) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil once (2011). Radicación: 250002327000200600841-01,250002327000200600830-01,250002327000200601231-01, 250002327000200700186-01. Nº interno: 17492, 17366, 17549, 17703 (acumulados). Demandante: Hocol S.A. Demandado: UAE DIAN.
(12) “Rodrigo Uprimny Yepes. Andrés Abel Rodríguez Villabona. Interpretación Judicial. Módulo de Autoformación. Consejo Superior de la Judicatura. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
(13) Cfr. Wróblewsky, Jerzy, “Interpretation juridique”, en Arnaud, André-Jean (dir), Dictionnary encyclopédique de théorie et de sociologie du droit. París: LGDJ, Bruselas: Stroy Scientia, 1988, p. 199, citado por “Rodrigo Uprimny Yepes. Andrés Abel Rodríguez Villabona. Interpretación Judicial. Módulo de Autoformación. Consejo Superior de la Judicatura. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
(14) Op. cit. 38.
(15) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación: 11001-03-15-000-2005-00452-00(S). Actor: Sociedad Karla Limitada. Demandado: Bogotá Distrito Capital.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Susana Buitrago Valencia. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil nueve (2009). Radicación: 11001-03-15-000-2003-00442-01(S). Actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado. Demandado: Ejercito Nacional.
(16) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil nueve (2009). Radicación: 25000-23-27-000-2005-00129-01(16941).
(17) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil once (2011). Radicado: 11001-03-27-000-2006-00032- 00 -16090. Demandante: Diana Caballero Agudelo y Gloria I. Arango Gómez. Demandado: UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
(18) El tratadista Manuel María Diez enseña sobre la motivación de los actos administrativos que se deben distinguir dos elementos: i) Los hechos y consideraciones que sirven de fundamento al acto y se relacionan tanto a la oportunidad del acto como a su legalidad y, ii) la correspondencia de la motivación con la materia reglada por el acto.
(19) Al respecto se puede consultar la sentencia de la Sala del 2 de febrero de 2012, Expediente 250002327000200500478-01 (16760), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(20) Eduardo García de Enterría. Democracia, jueces y control de la Administración. Páginas 137 y 138. Civitas Ediciones, S.L. (2005). Ver también. Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. Páginas 439 a 446. Temis. (2008), y Eduardo García de Enterría. La Lucha contra las inmunidades del poder. Páginas 7 a 30. Civitas Ediciones, S.L. 1995.
(21) “tesis germánica (...) que se diseña para permitir que la administración pueda arribar a una solución justa dentro del “halo conceptual” del concepto jurídico indeterminado, mediante un proceso de cognición o interpretativo”. En: La Discrecionalidad Administrativa. Juan Carlos Cassagne: http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/Cassagne/La%20discrecionalidad%20administrativa-ult.%20versi%C3%B3n-LL-03-09-08.pdf. Y en: La técnica de los conceptos jurídicos indeterminados como mecanismo de control judicial de la actividad administrativa. Allan R. Brewer-Carías: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2396/12.pdf.
(22) “tesis germánica (...) que se diseña para permitir que la administración pueda arribar a una solución justa dentro del “halo conceptual” del concepto jurídico indeterminado, mediante un proceso de cognición o interpretativo”.
En: La Discrecionalidad Administrativa. Juan Carlos Cassagne:
http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/Cassagne/La%20discrecionalidad%20administrativa-ult.%20versi%C3%B3n-LL-03-09-08.pdf. Y en: La técnica de los conceptos jurídicos indeterminados como mecanismo de control judicial de la actividad administrativa. Allan R. Brewer-Carías: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2396/12.pdf.
Conforme lo explica García de Enterría: “Aquí procede establecer, con todo, una distinción, según que los conceptos jurídicos indeterminados sean conceptos de experiencia o conceptos de valor; respecto de los primeros, que se ventilan en la apreciación de los hechos, la competencia de control del juez es ilimitada [169]; los segundos, que no se controlan exclusivamente por la apreciación de los hechos, sino que implican juicios de valor, que pueden ser técnicos (“impacto ambiental”) o políticos (“interés público”, “utilidad pública”) proporcionan a la primera y decisoria apreciación por la administración una cierta presunción a favor de su juicio, que se entiende realizado, en principio desde una posición formalmente objetiva y en virtud de medios técnicos y de criterios políticos que, en la práctica, solo negativamente, cuando el error o la arbitrariedad pueden ser positivamente demostrados, pueden ser controlados por el juez. Esta es una forma simple de explicar la doctrina (en la que no nos detendremos) del “margen de apreciación” de que se beneficia la apreciación administrativa de estos conceptos de valor, margen que otorga una cierta presunción de acierto dentro del “halo del concepto”, pero aunque no llega hasta excluir la entrada del juez en su control directo (el problema sigue siendo “una cuestión jurídica”), sí limita la posibilidad de una apreciación inmediata y propia por el juez de su efectividad y prima la ventaja posicional de la administración respecto a la corrección de su apreciación...”.
Eduardo García de Enterría. Democracia, jueces y control de la Administración. Páginas 137 y 138. Civitas Ediciones, S.L. (2005). Ver también. Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. Páginas 439 a 446. Temis. (2008), y Eduardo García de Enterría. La Lucha contra las inmunidades del poder. Páginas 7 a 30. Civitas Ediciones, S.L. 1995.
(23) Ídem 9.
(24) Eduardo García de Enterría. Tomás Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. Página 440. Temis. Palestra. (2008). Los autores manifiestan que tratándose de conceptos jurídicos indeterminados la pregunta es: “o se da o no se da el concepto; o hay buena fe o no la hay; o es precio es justo o no lo es; o se ha faltado a la probidad o no se ha faltado”.
(25) ART. 421.—Hechos que se consideran venta. “Fuente original compilada: D. 3541/83, art. 2º”. Para los efectos del presente libro, se consideran ventas:
a. Todos los actos que impliquen la transferencia del dominio a título gratuito u oneroso de bienes corporales muebles, independientemente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por las partes, sea que se realicen a nombre propio, por cuenta de terceros a nombre propio, o por cuenta y a nombre de terceros
(26) Cuenta de ingresos.

References: Resolución 
 artículo 107
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 artículo 88
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 artículo 647
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