Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/22712
Timestamp: 2020-06-05 03:44:43+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 4/2012
SENTENCIA 4/2012, de 13 de enero
ECLI:ES:TC:2012:4
2. La cuestión de inconstitucionalidad se plantea en el seno del procedimiento abreviado 514-2003 en el que se impugnaba la base tercera de la convocatoria para la provisión de una plaza de Subinspector de la policía local en el Ayuntamiento de Rute (Córdoba), publicada en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” de 4 de diciembre de 2003.
a) La norma legal cuya constitucionalidad se cuestiona es la disposición transitoria primera, apartado 2 de la Ley del Parlamento de Andalucía 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de policías locales, que establece lo siguiente: “La titulación de diplomado universitario o equivalente para el acceso a la categoría de subinspector, establecida en el art. 38, sólo será exigible a partir de los dos años de la entrada en vigor de la presente Ley, exigiéndose hasta tanto la titulación de bachiller o equivalente”.
b) La Ley estatal 30/1984, de 2 de agosto, de medidas de reforma de la función pública, fija las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos. En particular su art. 1.3 incluye entre las “bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictadas al amparo del artículo 149.1.18 CE, y en consecuencia aplicables al personal de todas las Administraciones Públicas”, entre otros, los arts. 22.1 (a excepción de los dos últimos párrafos) y 25. El art. 22.1 de la Ley 3/1984, sobre fomento de la promoción interna, exige, entre otros requisitos, que, para promocionar desde cuerpos o escalas de un grupo de titulación a otros del inmediato superior, “los funcionarios deberán para ello poseer la titulación exigida para el ingreso en los últimos”. Y el art. 25 de la misma ley determina la ineludible exigencia de estar en posesión de determinadas titulaciones académicas para el ingreso en los diferentes grupos. En concreto, para ser subinspector (grupo B) se exige por la ley estatal ser diplomado universitario, mientras que el precepto autonómico cuestionado —aun de forma transitoria durante dos años— permite el acceso a dicha condición desde la titulación de bachiller. Por esta razón el precepto cuestionado vulnera la competencia estatal establecida en el art. 149.1.18 CE, tal como se desprende de la STC 388/1993, de 23 de diciembre, cuyo contenido literal reproduce parcialmente.
4. Mediante providencia de 19 de abril de 2005, la Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.2 LOTC, dar traslado de las actuaciones recibidas al Congreso de Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, así como al Parlamento y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. En la misma providencia se acordó publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado” y en el de la Junta de Andalucía, lo que se produjo, respecto del primero, en el del día 27 de abril de 2005.
Con fecha 13 de mayo de 2005 tuvo entrada en este Tribunal escrito del Presidente del Senado por el que pone en su conocimiento el acuerdo de la Mesa de la Cámara de dar por personada a la Cámara en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC
7. La representación procesal de la Junta de Andalucía formuló alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el 16 de mayo de 2005. Aduce que para comprender la finalidad de la disposición transitoria primera, apartado 2 es importante tener en cuenta la situación anterior a la establecida en la Ley 13/2001. Con arreglo a la legislación previa (Ley 1/1989, de 8 de mayo, de coordinación de policía local) existían tres escalas: técnica, con las categorías de inspector, subinspector y oficial; ejecutiva, con las categorías de suboficial y sargento; y básica, con las categorías de cabo y policía (art. 14). Con respecto a la titulación exigida para acceder a las distintas escalas se establecía la siguiente correspondencia con la establecida para los grupos fijados en el art. 25 de la Ley 30/1984: Escala técnica, grupo A; escala ejecutiva, grupos B y C; y escala básica, grupo D (art. 16). Lo que hizo la nueva Ley 13/2001, fue una reclasificación dentro de cada una de las escalas de los diferentes grupos. Así, los arts. 18 y siguientes establecen las siguientes escalas: técnica, con las categorías de superintendente, intendente mayor e intendente; ejecutiva, con las categorías de inspector y subinspector; básica, con las categorías de oficial y policía. Esta reclasificación requería igualmente un ajuste de grupos con sus correspondientes titulaciones: Escala técnica, grupo A; escala ejecutiva, grupo B; y escala básica, grupo C. La Letrada de la Junta de Andalucía estima que en ningún momento se altera el sistema de titulaciones exigido para cada grupo por la Ley de reforma de la función pública, el único cambio siendo que en la escala ejecutiva desaparece el grupo C que pasa a escala básica, desapareciendo igualmente el grupo D. A su juicio, la resolución impugnada convoca una plaza del grupo C, para el cual el art. 25 de la Ley 30/1984 exige la titulación de bachiller, formación profesional de segundo grado o equivalente. A ello respondería precisamente la disposición transitoria cuestionada, que demora esa exigencia de titulación hasta transcurridos dos años; en otras palabras, se aplica la anterior ley en cuanto a la titulación exigida pero siempre teniendo en cuenta la exigida para los grupos previstos en la Ley 30/1984. Por tanto, si antes en la escala ejecutiva se incardinaban dos grupos, el B y el C, lo que hace la convocatoria en aplicación de la disposición transitoria primera, apartado 2 es exigir la titulación correspondiente al grupo de la plaza que se convoca, resultando que es una plaza del grupo C, y por ello se exige la titulación de bachiller, formación profesional de segundo grado o equivalente, con la única diferencia de la denominación de la plaza “subinspector” a los efectos de unificarlas con las que se apliquen por la nueva ley.
Tras reproducir las disposiciones estatales y autonómicas aplicables al caso, el Fiscal General estima que la disposición cuestionada no es relevante para la resolución del caso, por lo que debería ser inadmitida. Para ello se basa en la lectura detenida de las bases de la convocatoria impugnada en el procedimiento contencioso-administrativo. En la base primera se establece que “la plaza citada adscrita a la Escala Ejecutiva, conforme determina el artículo 108 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadra en el Grupo C del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Ley de la Función Pública, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición transitoria primera de la citada Ley 13/2001”. Aunque consta una referencia a la disposición transitoria primera, está claro el encuadramiento en el grupo C de la plaza de subinspector que simultáneamente está adscrita a la escala ejecutiva. De forma que cuando en la base tercera, sobre los requisitos de los aspirantes, se establece como requisito b) “estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente”, únicamente se está señalando la consecuencia —en cuanto al título exigible— del encuadramiento de la plaza en el grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984. Concluye su razonamiento el Fiscal General del Estado señalando que las bases de la convocatoria no han hecho aplicación de la disposición transitoria cuestionada, lo que no obsta para considerar —sin pretender inmiscuirse en la función judicial de resolución del conflicto— que el encuadramiento de la plaza en cuestión en el grupo C parece contrario al art. 19 de la Ley 13/2001. Como no puede saberse si el Ayuntamiento, en caso de anulación de las bases y nueva convocatoria con un encuadramiento de la plaza en el grupo B, podrá aplicar la disposición transitoria cuestionada, procede la inadmisión de la cuestión planteada, ya que en la convocatoria impugnada no se ha aplicado la repetida disposición transitoria.
La anterior conclusión es reforzada con la reproducción de parte del párrafo segundo de la base primera de la convocatoria, en el cual se afirma que “la plaza citada adscrita a la Escala Ejecutiva, conforme determina el artículo 108 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadra en el Grupo C del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Ley de la Función Pública, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición transitoria primera de la citada Ley 13/2001”. La rotundidad con la que se expresa la base citada, unida al hecho de que no haya sido impugnada en el proceso a quo y que la Sentencia que se dicte ha de ser congruente con la pretensión del recurrente, pone también de manifiesto que, aunque se declarase la invalidez de la disposición cuestionada, el fallo del proceso no habría de ser necesariamente estimatorio de la pretensión anulatoria del demandante, pues en cualquier caso la plaza objeto de la convocatoria, en tanto no se impugnase la base primera de la misma, continuaría perteneciendo al grupo C.
“La titulación de diplomado universitario o equivalente para el acceso a la categoría de Subinspector, establecida en el artículo 38, sólo será exigible a partir de los dos años de la entrada en vigor de la presente Ley, exigiéndose hasta tanto la titulación de bachiller o equivalente.”
2. Dos son las razones por las cuales el órgano judicial considera que la disposición transitoria cuestionada resulta contraria al orden constitucional de competencias. En primer lugar, entiende que la dispensa de un grado de titulación que para la promoción interna de los funcionarios de policía local se contiene en el precepto legal indicado, es contraria a lo dispuesto por los arts. 22.1 y 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, en los cuales se exige que los funcionarios que participen en procesos de promoción interna posean la titulación exigida para el grupo funcionarial superior. Dado que estos preceptos, a tenor de lo dispuesto por el art. 1.3 de la propia ley, se “consideran bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictadas al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución”, y que la oposición entre la norma cuestionada y estos preceptos es patente, el órgano judicial concluye que aquélla resulta contraria a la competencia exclusiva del Estado dispuesta en el art. 149.1.18 CE. En segundo lugar, de no apreciarse el anterior motivo de inconstitucionalidad, el órgano judicial considera que la norma cuestionada vulnera la competencia exclusiva estatal para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales establecida en el art. 149.1.30 CE.
Sin duda existe una relación lógica entre el contenido de la disposición transitoria primera, apartado 2 de la Ley 13/2001 y la titulación académica requerida en la base tercera de la convocatoria de la plaza de policía local cuya legalidad se discute en el proceso a quo. Ciertamente la única razón jurídica plausible por la que las bases de una convocatoria de una plaza de subinspector de policía local que pertenece a la escala ejecutiva y al grupo B (arts. 18 y 19 de la Ley 13/2001) y para la cual la legislación autonómica establece claramente que la titulación académica requerida a tal efecto es la de ingeniero técnico, diplomado universitario, arquitecto técnico, formación profesional de tercer grado o equivalente (art. 38 de la Ley 13/2001 en conexión con el art. 25 de la Ley de medidas para la reforma de la función pública) podrían separarse de dicha exigencia general y determinar que la titulación académica requerida sea inferior sólo puede encontrarse cabalmente en la norma cuestionada que prevé una dispensa de titulación en un grado específica para el acceso a la categoría de subinspector durante un periodo de tiempo de dos años a partir de los dos años de la entrada en vigor de la ley, exigiéndose “hasta tanto la titulación de bachiller o equivalente”. Al mismo tiempo es indiscutible que la norma cuestionada resulta aplicable ratione temporis a la convocatoria para la provisión de una plaza de subinspector cuyos requisitos han sido impugnados en el proceso a quo, pues la Ley 13/2001 entró en vigor a los veinte días de su publicación en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” (lo que ocurrió en el boletín núm. 144, de 15 de diciembre de 2001) y el Decreto de la Alcaldía convocando la provisión de una plaza de subinspector se adoptó el 19 de noviembre de 2003 y se publicó en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” el 4 de diciembre de 2003, esto es, dentro del plazo de dos años establecido por la norma cuestionada.
Por otra parte, debemos rechazar el argumento del Parlamento de Andalucía de que la disposición cuestionada, aunque sí permite que durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de la ley pueden ingresar en la categoría de subinspector quienes sólo posean la titulación correspondiente al grupo C, en ningún momento establece que estos subinspectores queden o vayan a quedar integrados en el grupo B. La simple lectura de las disposiciones subsiguientes a la cuestionada evidencia lo contrario: así, durante el periodo de dos años a partir de la entrada en vigor de la ley, los funcionarios que accedan a la categoría de subinspector con arreglo a la disposición transitoria primera, apartado 2 “se entenderán clasificados, sólo a efectos retributivos” en el grupo B (disposición transitoria primera, apartado.3) y, posteriormente, a los dos años de la entrada en vigor de la ley, los funcionarios que carezcan de la titulación académica requerida para la categoría a la que pertenecen “se clasificarán en el correspondiente nuevo grupo [en este caso, el grupo B] como situación a extinguir, con respeto de sus derechos, permaneciendo en dicha situación hasta que acrediten haber obtenido los nuevos niveles de titulación exigidos en cada caso” (disposición transitoria tercera). Así pues, aun recogiendo algunas restricciones que no viene al caso analizar ahora, la propia Ley 13/2001 establece cómo los funcionarios que, de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria primera, apartado 2, accedan a la categoría de subinspector con la titulación de bachiller o equivalente se integrarán en el grupo B.
4. Descartado en la forma expuesta el óbice planteado resulta necesario ahora precisar el canon de enjuiciamiento de la presente cuestión pues, como recuerda la STC 175/2011, de 8 de noviembre, FJ 2, en las cuestiones de inconstitucionalidad, “el control de los preceptos que pudieren haber incurrido en un exceso competencial no ha de efectuarse con arreglo a las normas del bloque constitucional vigentes en el momento de dictarse la Sentencia, sino de acuerdo con las normas vigentes en el momento en que fue planteada la cuestión en el proceso a quo”. En efecto, debemos valorar la tacha de inconstitucionalidad que se imputa al precepto cuestionado de acuerdo con la normas vigentes en el momento en que fue planteada la cuestión en el proceso a quo, lo que conduce a tomar en consideración lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre así como lo dispuesto en los arts. 22.1 y 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, preceptos estos últimos propuestos por el órgano a quo como parámetro de control de la disposición cuestionada, careciendo, por el contrario, de relevancia para la resolución de la presente cuestión la modificación estatutaria realizada por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, ni tampoco las modificaciones introducidas por la Ley 7/2007, de 12 abril, del estatuto básico del empleado público.
Pues bien, sobre el encuadramiento material de una norma semejante a la ahora cuestionada ya se ha pronunciado este Tribunal en la citada STC 175/2011, de 8 de noviembre, cuya doctrina y conclusiones son de plena aplicación al presente supuesto. En ella, tras analizar las normas que configuran el régimen jurídico de los funcionarios de policía local —análisis contenido en el fundamento jurídico 4 al que nos remitimos ahora— concluíamos que de él se desprende que “la ‘titulación’ se erige en requisito esencial de la ‘promoción interna’ (ex art. 92 LBRL), elemento éste del ‘régimen estatutario de los funcionarios públicos’, lo cual conduce al título competencial del art. 149.1.18 CE” (STC 175/2011, FJ 5). Seguidamente, sirviéndonos de la doctrina sentada en las SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 4, y 388/1993, de 23 de diciembre, FJ 2, llegábamos a la conclusión de que en este ámbito funcionarial “la regulación de las materias de ‘promoción interna’ y ‘titulación’, ostentan carácter básico (ex art. 1.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública), y se encuadra sin dificultad en el ‘régimen estatutario de los funcionarios públicos’ del art. 149.1.18 CE” (STC 175/2011, FJ 5).
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 1836-2005
Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Córdoba en relación con el apartado segundo de la disposición transitoria primera de la Ley del Parlamento de Andalucía 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de policías locales.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Córdoba plantea cuestión de inconstitucionalidad, presentada el 16 de marzo de 2005, acompañando Auto de planteamiento de la cuestión de 22 de febrero de 2005, en relación con la disposición transitoria primera, apartado 2 de la Ley del Parlamento de Andalucía 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de policías locales, por posible vulneración del art. 149.1.18 y 30 CE.
Aplica la doctrina sobre promoción interna de funcionarios que presten sus servicios en los Cuerpos de Policía Local de la STC 175/2011 [FFJJ 5, 6].
En las normas que configuran el régimen jurídico de los funcionarios que presten sus servicios en los Cuerpos de Policía Local, la titulación se erige en requisito esencial de la promoción interna –ex art. 92 LBRL–, elemento éste del régimen estatutario de los funcionarios públicos, lo cual conduce a su encuadramiento material en el título competencial del art. 149.1.18 CE (STC 175/2011) [FJ 5].
En el ámbito funcionarial de la policía local, la regulación de las materias de ‘promoción interna’ y ‘titulación’, ostentan carácter básico –ex art. 1.3 LMFP–, y se encuadra sin dificultad en el ‘régimen estatutario de los funcionarios públicos’ del art. 149.1.18 CE (STC 175/2011) [FJ 5].
No puede estimarse encuadrable la materia de ‘titulación’, aunque se refiera a las policías locales, en el art. 149.1.29 CE de ‘seguridad pública’, porque el art. 39 c) LOFCS no habilita a las Comunidades Autónomas para alterar el régimen de titulaciones del art. 25 LMFP en contra de la legislación básica de homogeneización de los principios del ‘mérito’ y la ‘capacidad’ para toda la función pública (STC 175/2011) [FJ 5].
Procede declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición cuestionada, por cuanto en ella se establece, aún con carácter transitorio, una dispensa de la titulación necesaria para el acceso a la categoría de Subinspector, que es contraria a la ordenación que con carácter básico ha establecido el Estado en el ejercicio de su competencia exclusiva, ex art. 149.1.18 CE, para la regulación de las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos [FJ 6].
En las cuestiones de inconstitucionalidad el control de los preceptos que pudieren haber incurrido en un exceso competencial no ha de efectuarse con arreglo a las normas del bloque constitucional vigentes en el momento de dictarse la Sentencia, sino de acuerdo con las normas vigentes en el momento en que fue planteada la cuestión en el proceso a quo (STC 175/2011) [FJ 4].
Ha de entenderse adecuadamente formulado el juicio de relevancia dado que existe una relación lógica entre la eventual anulación de la disposición legal cuestionada y la satisfacción de la pretensión ejercitada en el proceso a quo, por cuanto la resolución de aquel proceso judicial depende, en último término, de la validez de la norma cuestionada (SSTC 27/1991, 12/1999) [FJ 3].
Ley del Parlamento de Andalucía 13/2001, de 11 de diciembre. Regula la coordinación de policías locales
Disposición transitoria primera, apartado 2 (anula)
Artículo 149.1.30, ff. 2, 6
Artículo 1.3, ff. 2, 5
Artículo 25, ff. 2 a 5
Artículo 39 c), f. 5
Disposición transitoria primera, apartado 2, ff. 1 a 4, 6
Disposición transitoria primera, apartado 3, f. 3
Competencias en materia de seguridad públicaCompetencias en materia de seguridad pública, ff. 5, 6
Encuadramiento competencialEncuadramiento competencial, ff. 5, 6
Dispensa de titulación en la promoción internaDispensa de titulación en la promoción interna, ff. 1 a 6
Policía localPolicía local, ff. 5, 6
Procesos selectivos en la función públicaProcesos selectivos en la función pública, ff. 5, 6
Promoción internaPromoción interna, ff. 2, 5
Régimen estatutarioRégimen estatutario, ff. 5, 6

References: artículo 149
 resolución 
 resolución 
 artículo 108
 artículo 25
 resolución 
e contrario
 artículo 108
 artículo 25
 artículo 38
 artículo 149
 resolución 
 resolución 

Artículo 149

Artículo 1

Artículo 25

Artículo 39