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Timestamp: 2020-02-24 04:56:41+00:00

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﻿ SENTENCIA 16139 DE SEPTIEMBRE 24 DE 1998
SENTENCIA 16139 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1998
CONTENIDO:SERVIDORES DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. NATURALEZA CUANDO SE TRATA DE SOCIEDADES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, ENTIDAD PÚBLICA, PROCESO ADMINISTRATIVO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:326 DE FEBRERO DE 1999, PÁG.210
Sentencia 16139 de septiembre 24 de 1998
SERVIDORES DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
NATURALEZA CUANDO SE TRATA DE SOCIEDADES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS
EXTRACTOS: «Debe la Sala primeramente dilucidar lo concerniente a la naturaleza jurídica de Electrocesar S.A. y su régimen legal.
De acuerdo con la escritura pública 1460 del 11 de agosto de 1995 de la Notaría Segunda de Valledupar, por la cual se protocolizó la reforma estatutaria de la empresa demandada,
“La electrificadora del Cesar S.A., es una sociedad anónima clasificada legalmente como sociedad entre entidades públicas, indirecta del orden nacional, vinculada al sector administrativo del Ministerio de Minas y Energía sometida al régimen jurídico previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado”.
Lo primero que se advierte es la indiferencia mostrada por la asamblea de accionistas frente a los preceptos inscritos en la Ley 142 de 1994 sobre definición y nomenclatura de las empresas de servicios públicos domiciliarios. En efecto, siendo la Electrificadora del Cesar una sociedad entre entidades públicas, dentro de la definición debió especificarse su condición de empresa de servicios públicos oficial (art. 14.5 de la ley) sujeta al régimen jurídico establecido en el artículo 19 ibídem, y en lo no previsto allí, a lo normado por el Código de Comercio sobre sociedades anónimas.
La adecuación estatutaria a los nuevos parámetros jurídicos de las empresas de servicios públicos domiciliarios ha sido un imperativo predicable desde la expedición misma de la ley 142; sin embargo, la empresa demandada mantuvo sus estatutos aferrados al régimen tradicional del sector descentralizado por servicios, ignorando por completo los sustanciales cambios introducidos por la ley de servicios en torno a este sector, los cuales dan cuenta de un régimen especial y preferente para las empresas de servicios públicos.
En este sentido debe observarse cómo las definiciones que sobre empresas de servicios públicos trae el artículo 14 de la Ley 142 corresponden a la noción de libre iniciativa privada de que trata el artículo 333 de la Carta Política, a las facultades deferidas por el constituyente al legislador mediante el artículo 365 y al proceso de apertura económica que desde hace varios años filtra la economía pública y privada de nuestro país. Siendo pues consecuente, como en efecto ocurre, la implantación de un régimen jurídico y económico cercano al dinamismo que informa la libre competencia en la prestación de los mencionados servicios.
De lo anterior se sigue que las prescripciones de la ley de servicios sobre sociedades entre entidades públicas se deben aplicar de preferencia cuando quiera que en su discurrir aparezcan discrepancias con el régimen tradicional de tales sociedades, surgiendo al punto la preeminencia del artículo 19 de la Ley 142 de 1994 sobre el artículo 4º del Decreto-Ley 130 de 1976.
La prevalencia de la ley de servicios indica que en el escenario sistemático del orden jurídico nacional las sociedades entre entidades públicas ya no se pueden someter automáticamente a las normas previstas para las empresas industriales y comerciales del Estado. Antes bien, conveniente es destacar la necesidad de una metodología hermenéutica que le permita al intérprete precisar y plantear convenientemente el problema a resolver, para luego sí deducir las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de la respectiva ecuación problema-solución. Para una mejor comprensión de esta tesis veamos las siguientes aplicaciones prácticas de una tal metodología de interpretación jurídica:
Al cotejar los artículos 14.5, 17, 19 y 180 de la Ley 142 de 1994 con el artículo 4º del Decreto-Ley 130 de 1976 surge como conclusión preliminar la de que las empresas de servicios públicos de carácter oficial (integradas exclusivamente por entes públicos) no se asimilan a empresas industriales y comerciales del Estado. Empero, al pasar de este postulado al terreno presupuestal nos hallamos ante la circunstancia de que el artículo 5º del Decreto-Ley 111 de 1996 prevé:
“Las empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo capital la Nación o sus entidades descentralizadas posean el 90% o más, tendrán para efectos presupuestales el régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado”.
Vale decir, en la arena presupuestaria las empresas de servicios públicos de linaje oficial, constituidas como sociedades entre entidades públicas, en los órdenes nacional y territorial, se someten indefectiblemente a las normas previstas para las empresas industriales y comerciales del Estado.
Pasemos ahora al campo laboral. A este respecto establece el artículo 41 de la ley de servicios:
“Aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Las personas que presten sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el carácter de trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta ley. Las personas que presten sus servicios a aquellas empresas que a partir de la vigencia de esta ley se acojan a lo establecido en el parágrafo del artículo 17, se regirán por las normas establecidas en el inciso primero del artículo 5º del Decreto-Ley 3135 de 1968”(1).
(1) La locución “inciso primero” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional a través de su sentencia C-253 de 1996. En su lugar debe entenderse “inciso segundo”, dada su fidelidad jurídica frente a los servidores de las empresas industriales y comerciales del Estado. Cabe anotar que la Corte Constitucional cita en el mismo proveído un pronunciamiento del Consejo de Estado, que en lo pertinente expresa: “(...) En efecto, de los antecedentes de la ley y de su texto se aprecia que la intención del legislador fue la de que toda entidad dedicada a la prestación de servicios públicos domiciliarios que no se constituya o transforme en sociedad por acciones, tiene que adoptar la forma de empresa industrial y comercial del Estado con todas las implicaciones que de ello se sigan; entre otras, la de que a sus empleados se les debe dar el tratamiento de trabajadores oficiales, concepto incompatible con el de que pueda tenérseles como empleados públicos; esto por cuanto el inciso primero del artículo 5º del Decreto 3135 de 1968 reserva esta calidad a quienes presten sus servicios a los ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos”. (Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 19 de julio de 1995; M.P. Roberto Suárez Franco).
Como bien se aprecia, la norma se refirió expresamente a las personas que presten sus servicios personales a tres tipos de empresas: privadas, mixtas (sin excepción) e industriales y comerciales del Estado. ¿Qué suerte tendrán entonces las personas vinculadas a las empresas de servicios públicos constituidas como sociedades entre entidades públicas?
Dado el eminente carácter oficial del vínculo laboral que liga a tales servidores con la administración, y apelando por analogía al artículo 4º del Decreto-Ley 130 de 1976, claro es que no siendo de buen recibo su asimilación a las relaciones laborales propias de quienes prestan su concurso personal a las empresas privadas o mixtas, indudable resulta su sometimiento al régimen legal estipulado en el inciso segundo del artículo 5º del Decreto-Ley 3135 de 1968, esto es, el de los servidores de las empresas industriales y comerciales del Estado. Y así, reeditando el sentido teleológico de la hipótesis presupuestal, diremos también que para efectos laborales las empresas de servicios públicos oficiales constituidas como sociedades entre entidades públicas están gobernadas por las reglas establecidas para las empresas industriales y comerciales del Estado. Asimismo debe destacarse que en tratándose del sector eléctrico las mencionadas empresas deben sujetarse en lo pertinente a las previsiones de la Ley 143 de 1994.
Con arreglo a todo lo anterior procede reconocer a la Electrificadora del Cesar S.A. como empresa de servicios públicos oficial, configurada como una sociedad integrada por entidades públicas, esto es, por Corelca, el departamento del Cesar y varios municipios del mismo departamento. Igualmente, que si bien Electrocesar S.A. en principio se rige por las disposiciones especiales de las leyes 142 y 143 de 1994, en lo tocante a las esferas presupuestal y laboral se sujeta a lo previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado.
En lo atinente a la clase de vínculo laboral del actor se encuentra que éste se hallaba ligado a la entidad por una relación legal y reglamentaria, en virtud del nombramiento hecho por la asamblea general de accionistas el 29 de septiembre de 1995 y del acto de posesión del 9 de octubre de 1995 (fls. 104 a 106 y 163 a 166)».
(Sentencia de septiembre 24 de 1998. Expediente 16139 Consejero Ponente: Dr. Carlos A. Orjuela Góngora ).

References: artículo 19
 artículo 14
 artículo 333
 artículo 365
 artículo 19
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 41
 artículo 17
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 5