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Timestamp: 2020-07-02 10:23:30+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1990-645
Documento BOE-A-1990-645
Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 11, de 12 de enero de 1990, páginas 1054 a 1059 (6 págs.)
BOE-A-1990-645
https://www.boe.es/eli/es-ct/l/1989/12/14/13
1. La Administración de la Generalidad se organiza en los trece Departamentos siguientes:
Economías y Finanzas.
2. El Gobierno de la Generalidad, con el objetivo de economía del gasto publico o de mejora de la eficacia de los servicios, podrá proceder, del marco legal y con el límite numérico establecidos, a agrupar, dividir o suprimir los Departamentos y alterar su denominación. También podrá crear nuevos Departamentos, dentro del límite numérico establecido en el apartado 1.
Excepcionalmente, el Gobierno podrá nombrar Comisionados, con la categoría de alto cargo –salvo que se trate de Consejeros del mismo Gobierno–, a quienes se asignará un ámbito de actuación específico.
2. En cada Departamento existirá una Secretaría General, excepcionalmente una Secretaría General Adjunta y las Direcciones Generales imprescindibles que exijan los servicios especializados que se integran en el mismo. Al amparo de las correspondientes leyes sectoriales se podrán crear las Secretarías necesarias de acuerdo con las previsiones presupuestarias correspondientes.
3. La creación, modificación, supresión, agrupación, división y cambio de denominación de las Direcciones Generales se acordará por Decreto del Gobierno.
e) Proponer el nombramiento y el cese de altos cargos del Departa-mento, nombrar y cesar a los demás cargos, así como ejercer la potestad disciplinaria, en el marco establecido por el ordenamiento vigente.
g) Suscitar conflictos de atribuciones con otros Departamenos.
a) Representar al Departamento por delegación del Consejero y ejercer, bajo la dirección del titular del Departamento, las funciones que éste le delegue.
d) Ser el órgano de comunicación con otras Administraciones y Entidades que tengan relación con el Departamento y con los demás Departamentos, Organismos y Entidades que de él dependan, sin perjuicio de las atribuciones que al respecto tienen los Directores generales.
i) Elaborar, conjuntamente con los Directores generales, el anteproyecto de presupuesto del Departmento para someterlo al Consejero, tramitar el de los Organismos y Entidades adscritos al Departamento, y dirigir y controlar la gestión del presupuesto del Departamento.
l) Proponer las reformas encaminadas a mejorar y perfeccionar los servicios de los diferentes centros del Departamento y preparar los métodos de trabajo, teniendo en consideración costos y rendimiento.
1. Los Secretarios generales de cada Departamento integrarán el Consejo Técnico, al que corresponderá realizar el análisis y estudio de las disposiciones y asuntos que deberán ser sometidos a la aprobación del Gobierno, de acuerdo con sus normas de funcionamiento.
1. Las Delegaciones Territoriales del Gobierno dependerán del Departamento al que hayan sido adscritas reglamentariamente.
3. Los Delegados Territoriales del Gobierno tendrán las funciones de representación, información, coordinación y régimen interior que se establezcan reglamentariamente.
Son Órganos consultivos de la Administración de la Generalidad aquellos que tienen asignada expresamente funciones de informe, consulta, asesoramiento o propuesta.
1. A efectos de la presente Ley, salvo los Órganos superiores y altos cargos, son Órganos activos de la Administración de la Generalidad las Subdirecciones Generales, Servicios, Secciones y Negociados. Cualquier Órgano activo deberá asimilarse a alguno de los anteriores.
2. La dirección de los órganos activos será ejercida por funcionarios de carrera, de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley 17/1985, de la Función Pública de la Generalidad.
1. Corresponderán al Gobierno la creación, modificación, cambios de adscripción o supresión de los Órganos activos con nivel igual o superior al de Sección.
2. Corresponderán al Consejero, dentro de su Departamento, la creación, modificación, cambios de adscripción o supresión de Órganos activos inferiores al de Sección.
1. La creación o modificación de un Órgano de cualquier tipo que comporte un incremento del gasto público exigirá la tramitación de un expediente administrativo en el que deberá constar en qué Departamento se integra, el estudio económico del coste de funciona-miento y del rendimiento o la utilidad de sus servicios, y el incremento máximo del gasto anual corriente y de la inversión anual o, si procede, plurianual previsto, sin perjuicio de lo que dispone la Ley 10/1982, de Finanzas Públicas de Cataluña.
2. No podrán crearse nuevos Órganos que supongan duplicación de otros existentes si, al mismo tiempo, no se suprime o restringe su competencia.
3. Los Departamentos deberán formular anualmente una guía actualizada de su organización, sus competencias y tipos de procedimientos administrativos en los que actúen.
1. Los Órganos colegiados, cualquiera que sea la naturaleza de sus funciones, se regirán por las normas que los creen, que, en todo caso, deberán establecer su composición y sus funciones.
2. Si no existen normas específicas de funcionamiento, los Órganos colegiados se regirán por las normas contenidas en este capítulo.
1. El Presidente y el Secretario de un Órgano colegiado serán nombrados por el mismo Órgano por mayoría absoluta de sus miembros, en primera votación, o por mayoría simple, en segunda votación. Dichas votaciones podrán realizarse dentro de la misma sesión.
2. En casos de ausencia, vacante o enfermedad del Presidente, lo sustituirán los Vicepresidentes, según el orden de nombramiento; si éste no existiera, el Vocal más antiguo y, si dos o más Vocales tienen la misma antigüedad, el de más edad.
1. Corresponde al Presidente de un Órgano colegiado asegurar el cumplimiento de las Leyes y la regularidad de las deliberaciones, convocar las sesiones, fijar el orden del día y ordenar las deliberaciones y debates.
2. El Secretario levantará acta de las reuniones, que deberá contener la indicación de las personas que hayan intervenido, las circunstancias de lugar y tiempo en que se han celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y resultados de la votación y el contenido de los acuerdos. El acta deberá ir firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente, y se deberá aprobar en la misma reunión o en la siguiente. Asimismo, corresponderá al Secretario extender los certificados pertinentes.
1. La convocatoria de la sesión, con el orden del día correspondiente, se notificará a los miembros del Órgano colegiado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, salvo en el caso de urgencia apreciada por el Presidente, que deberá hacerse constar en la convocatoria.
1. La documentación necesaria para la deliberación y adopción de acuerdos que no pueda acompañar la convocatoria deberá estar a disposición de los componentes del Órgano colegiado desde la fecha de recepción de aquélla, salvo que haya motivos justificados que lo impidan. En este caso, se hará constar en el acta los motivos que han impedido la disposición de dichos documentos a los miembros del Órgano.
2. A pesar de no haberse cumplido los requisitos de la convocatoria, un Órgano colegiado queda válidamente constituido cuando se han reunido todos sus miembros y lo acuerdan por unanimidad.
3. Antes del inicio de la sesión, los miembros del Órgano colegiado podrán presentar enmiendas, adiciones o propuestas alternativas que deberán ser debatidas y votadas en las sesiones.
En primera convocatoria, el quórum de constitución de los Órganos colegiados será el de la mayoría absoluta de sus componentes; en segunda convocatoria, el quórum se alcanzará con la asistencia de una tercera parte de los miembros, con un mínimo de tres.
1. Los acuerdos de un Órgano colegiado serán adoptados por mayoría de los asistentes, salvo que una norma específica exija una mayoría calificada o reforzada. En caso de empate, dirime el resultado de las votaciones el voto del Presidente.
3. Sin perjuicio de las facultades del Presidente para ordenar el debate, en las deliberaciones de un Órgano colegiado previas a la votación podrá existir un turno a favor y otro en contra.
1. Las votaciones de un Órgano colegiado serán ordinarias en caso de que no se haya promovido debate; en caso contrario serán nominales. Las votaciones sólo podrán ser secretas si lo permite la regulación específica por la que se rige el Organo, salvo que las cuestiones a tratar afecten a los derechos fundamentales amparados por el artículo 18.1 de la Constitución o bien porque lo solicite expresamente la mayoría absoluta de los asistentes.
2. En el acta deberán constar los acuerdos tomados por el Órgano colegiado, el sentido de los votos y, a petición de los interesados, una explicación sucinta de su punto de vista.
3. Los miembros de los Órganos colegiados que hagan constar en acta su voto contrario a un acuerdo adoptado quedarán exentos de la responsabilidad que, llegado el caso, pueda derivarse. Si se trata de Órganos colegiados que deben formular propuestas a otros órganos de la Administración, los votos particulares de sus miembros deberán hacerse constar en la misma acta.
La competencia administrativa la ejercerá el Órgano que la tenga legalmente atribuida, sin perjuicio de las facultades de alterarla o de las condiciones de su ejercicio establecidas por la Ley, en especial por los artículos siguientes.
Las funciones del Presidente de la Generalidad serán delegables en un Consejero en los términos establecidos por la Ley 3/1982, de 23 de marzo, del Parlamento, del Presidente y del Consejo Ejecutivo de la Generalidad.
a) Que los actos deban estar sometidos a la aprobación o puestos en conocimiento del Gobierno.
2. Los actos dictados por delegación se atribuirán a todos los efectos al órgano que ha realizado la delegación como si emanaran directamente de él.
4. Los actos dictados por delegación llevarán en la antefirma las palabras «Por delegación», seguidas del rango y fecha de la resolución que ha efectuado la delegación, así como la del «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» en el que se publique.
Los órganos de la Administración podrán, en asuntos de su competencia, autorizar la firma a los titulares de los órganos que de ella dependan.
La autorización de firma no es necesario que haya sido publicada. La firma autorizada deberá ir precedida de la identificación del cargo que autoriza y de las palabras «Por autorización», seguidas de la denominación del órgano autorizado.
1. Los titulares de los órganos unipersonales inferiores a Consejero son suplidos en caso de vacante, ausencia o enfermedad por quien designe expresamente el Consejero.
2. Los titulares de los órganos inferiores a Director general son suplidos en caso de vacante, ausencia o enfermedad por el titular del órgano inmediatamente inferior, y en caso de que existan varios, por el más antiguo, excepto que el superior al sustituido haga designación expresa a favor de otro titular.
El Gobierno, y dentro de su competencia, cada Consejero podrán emitir orientaciones o criterios dirigidos a los Órganos de la Administración de la Generalidad para alcanzar más coherencia en los objetivos respectivos o una armonización de sus actuaciones, sin que ello implique el ejercicio de la potestad reglamentaria.
1. Sin perjuicio de lo que establece el artículo 52.1, los conflictos de atribuciones entre órganos u Organismos dependientes de diferentes Departamentos podrán ser resueltos mediante el arbitraje administrativo de una Comisión nombrada a dicho efecto por el Presidente de la Generalidad.
3. Los acuerdos de las Comisiones de arbitraje deberán ser adoptados dentro del plazo de dos meses, a partir de la fecha de constitución de éstos.
1. La Administración de la Generalidad actuará de acuerdo con los principios de descentralización, desconcentración y coordinación, que informan las prescripciones de la presente Ley.
1. El Gobierno podrá acordar la constitución de consorcios entre la Generalidad y otras Administraciones públicas para finalidades de interés común o con Entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan finalidades de interés público concurrentes con las de la Administración.
3. El contenido de los, programas de acción administrativa se determinará reglamentariamente. Dichos programas incluirán, como mínimo, una definición de objetivos y las actuaciones necesarias para conseguirlos.
1. Los Departamentos incluirán en su programación previsiones sobre la racionalización y la simplificación administrativas de su actividad. Dichas previsiones expresarán el alcance que tienen y justificarán los costos que implican.
2. La coordinación de las diferentes actuaciones inversoras de la Administración de la Generalidad podrá corresponder a un órgano especializado que asistirá al Gobierno en las tareas de programación y seguimiento de las inversiones públicas tal como se determine reglamentariamente.
4. El contenido de las auditorías y las resoluciones de las inspecciones deberá hacerse público.
3. Las órdenes van firmadas por el titular del Departamento competente. Se exceptúan las órdenes que afectan a varios Departamentos, que van firmados por el titular del Departamento de la Presidencia, a propuesta de los Consejeros respectivos.
2. La propuesta de disposición irá acompañada de una memoria, que deberá expresar previamente el marco normativo en que se inserte la propuesta, justificar la oportunidad y adecuación de las medidas propuestas a los fines que se persigan y hacer referencia a las consultas que se puedan haber formulado y a otros datos de interés para conocer el proceso de elaboración de la norma. Deberá adjuntarse a ésta un estudio económico en términos de coste-beneficio, una lista de las disposiciones afectadas por la nueva propuesta, y también la tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia, en la que se consignarán de forma expresa las que deban quedar total o parcialmente derogadas.
Si una ley lo exige o si lo decide, según los casos, el Gobierno o el Consejero competente, la propuesta de disposición general será sometida a información pública o a audiencia de las entidades que, por ley, tienen la representación y defensa de intereses de carácter general o afectados por dicha disposición.
2. Los anteproyectos de disposición general serán sometidos a informe del Gabinete Jurídico Central, que lo emitirá en el plazo de un mes.
3. Una vez emitido el informe a que se refiere el apartado 1 y con la conformidad previa del Consejero, los anteproyectos de disposiciones generales deberán ser sometidos al Consejo Técnico, de acuerdo con lo establecido por el artículo 17.
4. Los proyectos de disposiciones generales que se dicten para la ejecución de las leyes podrán ser sometidos a informe de la Comisión Jurídica Asesora, en los términos establecidos en la legislación que sea aplicable.
Los requisitos establecidos en esta Sección para la elaboración de disposiciones generales se aplicarán a los proyectos de ley elaborados por la Admistración de la Generalidad.
Además de los registros de entrada y salida de documentos que preceptúan las normas vigentes, se establecerán los registros comunes a toda la Administración de la Generalidad y oficinas de gestión unificada para determinar procedimientos.
2. Los registros comunes admitirán las peticiones e instancias que se dirijan a cualquier Departamento de la Administración de la Generalidad, a sus organismos autónomos y, si procede, a los entes locales, y los tramitarán al destinatario dentro del plazo de cuarenta y ocho horas.
1. Por decreto del Gobierno se crearán tantas oficinas de gestión unificada como procedimientos complejos haya establecidos y así lo aconsejen el volumen o la incidencia económica y social de éstos. El decreto de creación regulará el procedimiento y las normas de funcionamiento de la oficina de gestión unificada.
2. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por procedimiento complejo aquel en que, por disposición legal o reglamentaria, deban intervenir órganos de varios Departamentos.
2. Con relación a dichos procedimientos, las oficinas de gestión unificada ejercerán la función de oficina de registro, se encargarán del seguimiento de expedientes y proporcionarán información a los interesados. Sustituirán, además, a los órganos tradicionales de gestión si el decreto de creación no lo dispone de otra forma.
1. Si no se ha procedido a la creación de una oficina de gestión unificada y se trata de procedimientos en los que, aunque se refiera a un único asunto u objeto, deban intervenir con facultades decisorias dos o más Departamentos o varios centros directivos o delegaciones territoriales, el órgano con competencia más específica instruirá un expediente único y dictará una resolución única.
2. A los efectos del presente artículo, el Gobierno podrá determinar, con carácter general, los órganos con competencia más específica en los asuntos de carácter repetitivo en los que concurran varios órganos con competencias decisorias.
La Administración adoptará las medidas adecuadas para facilitar, en el trámite de vista y audiencia del interesado, la reproducción de los documentos de los expedientes necesarios para la defensa de los derechos e intereses legítimos del mismo, sin perjuicio del abono de las tasas correspondientes.
La demora, sin causa justificada, en la adopción de la resolución administrativa que pone fin al procedimiento iniciado a instancia de los particulares, podrá dar lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños y perjuicios efectivamente ocasionados, en los términos y casos establecidos por la legislación general sin responsabilidad administrativa.
2. Los actos administrativos resolutorios serán motivados con una referencia sucinta de los hechos y fundamentos jurídicos, con la identificación de las normas aplicables y, si procede, del régimen de recursos que sea procedente.
3. La resolución decidirá sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y otras derivadas del expediente.
Los actos administrativos resolutorios se denominan «acuerdos» si provienen del Gobierno, y «resoluciones» si emanan del Consejero o de otros órganos directivos.
a) Se trata de un acto administrativo de naturaleza reglada que habilita al solicitante para el ejercicio de derechos o intereses legítimos preexistentes tes en su patrimonio, y
1. En los supuestos establecidos en el artículo 81, siempre que no sean incluidos en preceptos estatales de aplicación directa, se entenderá que el silencio positivo se produce cuando ha transcurrido el plazo legalmente establecido para el procedimiento de que se trate. En caso de no haberse establecido, el plazo será de seis meses.
2. La Administración que haya dado lugar al acto obtenido por silencio positivo podrá, si lo considera contrario al ordenamiento jurídico, realizar su revisión de oficio o, si procede, interponer recurscde lesividad, sin perjuicio de la indemnización que pudiera corresponder por daños y perjuicios que ella misma haya podido producir, y exigir, si procede, responsabilidades a los funcionarios causantes de la demora en la adopción de la resolución.
2. Si la Generalidad actúa en relaciones de derecho privado responderá directamente de los daños y perjuicios ocasionados por sus autoridades, funcionarios o agentes, cuya actuación será considerada acto propio de la Administración.
3. En cualquiera de los supuestos de los apartados 1 y 2, la Administración de la Generalidad podrá instruir expediente para declarar la responsabilidad patrimonial de las autoridades, sus funcionanos o agentes quienes, por falta grave o negligencia inexcusable hayan ocasionado daños y perjuicios a la Administración o a terceros, si éstos deben ser indemnizados por aquélla.
1. No se podrá interponer ninguna acción por vía judicial sin autorización previa del Presidente de la Generalidad o del Consejero afectado. La acción se interpondrá mediante el Director del Gabinete Jurídico Central. Para acceder a las demandas y para desistir de los procedimientos en curso se seguirán los mismos trámites. Excepcionalmente, en casos de urgencia, salvo que sea preceptivo el acuerdo del Gobierno, el Director del Gabinete Jurídico Central podrá decidir la interposición de acciones judiciales, de las que dará cuenta inmediatamente al Presidente de la Generalidad o al Consejero afectado.
2. La representación y defensa de la Administración de la Generalidad corresponderá a los Letrados adscritos al Gabinete Jurídico Central, salvo que, excepcionalmente, previo informe del Director del Gabinete Jurídico Central, el Consejero respectivo designe a un Abogado colegiado para que la represente y defienda.
3. Las notificaciones y citaciones y el resto de diligencias procesales se tramitarán directamente con los letrados del Gabinete Jurídico Central en el domicilio y población que, a estos efectos, se designen, salvo en los casos en que se haya designado a un Abogado colegiado para representar y defender a la Generalidad.
Palacio de la Generalidad, 14 de diciembre de 1989.
JOSEP GOMIS I MARTÍN,	JORDI PUJOL,
Consejero de Gobernación	Presidente de la Generalidad de Cataluña
(Publicada cn el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 1.234, de 22 de diciembre de 1989)
Fecha de disposición: 14/12/1989
Fecha de publicación: 12/01/1990
Publicada en el DOGC núm. 1234, de 22 de diciembre de 1989.
parcialmente , por Ley 26/2010, de 3 de agosto (Ref. BOE-A-2010-13313).
los arts. 6, 9, 10, 17, 19, 36, 61, 62 y 66 y se modifica el art. 5.1 , por Ley 13/2008, de 5 de noviembre (Ref. BOE-A-2008-19526).
los arts. 52.1 y 53.1, por Ley 1/2005, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2005-6224).
los arts. 81, 82 y 83, por Ley 23/2002, de 18 de noviembre (Ref. BOE-A-2002-25139).
el art. 63.2, por Ley 4/2001, de 9 de abril (Ref. BOE-A-2001-8974).
el art. 9, por Ley 1/2000, de 30 de marzo (Ref. BOE-A-2000-7353).
SE DICTA EN RELACION, sobre Organización de los servicios Juridicos de la Administración de la Generalidad: Ley 7/1996, de 5 de julio (Ref. BOE-A-1996-18659).
SE MODIFICA los arts. 10 y 11, por Ley 2/1992, de 7 de julio (Ref. BOE-A-1992-18088).
SE DEROGA el art. 65.4, por Decreto Legislativo 1/1991, de 25 de marzo (Ref. DOGC-f-1991-90002).
SE MODIFICA el art. 9.1, por Ley 4/1991, de 22 de marzo (Ref. BOE-A-1991-9289).
SE DEROGA el art. 65.4, por Ley 21/1990, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1991-2940).
DE CONFORMIDAD con los arts. 9.3 y 10.1.1 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre (Ref. BOE-A-1979-30178).
Ley 3/1982, de 25 de marzo (Ref. DOGC-f-1982-90009).

References: artículo 18
 resolución 
 artículo 52
 artículo 17
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 81