Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1995/048/pda/001.html
Timestamp: 2019-11-17 10:15:02+00:00

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BOC - 1995/048. Miércoles 19 de Abril de 1995 - Anuncio 680
- la ordenación de las infraestructuras territoriales y urbanísticas y la delimitación de las competencias turísticas de las Administraciones públicas canarias. - la garantía y protección del status jurídico del usuario turístico, anudando con ella una regulación exhaustiva y rigurosa del régimen sancionador en materia turística.
a) Los turistas, a los que la Ley denomina usuarios turísticos, puesto que esta expresión es más amplia que la primera, ya que en el acervo popular por turista se entiende de manera fundamental al extranjero que visita nuestras islas, siendo así que también los nacionales en general, e incluso los canarios en particular, son demandantes y receptores de los servicios turísticos. La Ley contempla un amplio abanico de derechos del usuario turístico, alguno de ellos hasta hoy no regulados, como son: a la información veraz; a la calidad de los servicios; a la seguridad, intimidad y tranquilidad y a formular quejas y reclamaciones.
- los requisitos para el ejercicio de la actividad, de entre los que destaca por su novedad y trascendencia, la obligatoriedad de la inscripción previa, en el Registro General de empresas, actividades y establecimientos turísticos, instrumento público creado ex novo por la Ley.
- el régimen jurídico por sectores de actividad, en el que resalta, para los establecimientos alojativos, el control de la sobrecontratación; el principio de unidad de explotación -igualmente novedad de la Ley-; y la regulación de los alojamientos en régimen de uso a tiempo compartido (expresión que sustituye al anglicismo time-sharing).
Además la Ley tiene una incidencia determinante sobre los instrumentos de planificación territorial y urbanística, como vehículos formales a través de los cuales se pretende obtener una rigurosa ordenación del sector, de tal manera que, los Planes Insulares de Ordenación (P.I.O.) con las previsiones turísticas que la Ley obliga a incorporar a ellos, se posicionan jerárquicamente sobre cualquier otra figura del planeamiento municipal, que se tiene que adaptar necesariamente a aquéllos.
c) La concepción de Canarias, como unidad de destino turístico (artículo 3) de la que se infiere la especial protección de su imagen, como bien colectivo (artículo 30), tipificándose como infracción muy grave, los atentados y acciones perjudiciales para la misma (artículo 75.7). d) Las competencias de las distintas Administraciones públicas de Canarias, en materia turística (artículos 5 al 7), así como los principios, bases e instrumentos para sus relaciones interadministrativas (artículos 8 al 10).
- la regulación de las zonas a rehabilitar.
- La regulación de otras actividades turísticas (artículos 49 al 51) comprendiendo las conocidas popularmente como de restauración, junto a otras como las de riesgo y aventura; para las que se exige un seguro de responsabilidad que dé cobertura a los eventuales daños que puedan derivarse de las mismas.
- La configuración del Plan Insular de Ordenación (P.I.O.) como instrumento de ordenación urbanístico-turística y de los recursos naturales del Archipiélago, condicionado a las previsiones de la Ley, que incluso obliga a que la vigente Ley reguladora de los P.I.O., se adecue a ella (Disposición Adicional Primera) y a los que debe adaptarse todo el planeamiento urbanístico municipal.
Además el núcleo representa un ámbito geográfico menor que el municipio: un enclave concreto dentro de éste; y la zona, un área más extensa que el municipio, empleando la Ley este último concepto allí donde parece oportuno que los servicios se comarcalicen o mancomunen.
l) La formación técnico profesional turística (artículos 68 al 71), potenciando los hoteles-escuela; propiciando la unificación de criterios en la formación profesional reglada y ocupacional, la celebración de convenios con las universidades canarias y otros apoyos a la formación turística. Igualmente se prevé la creación de una Comisión para la formación profesional turística (Disposición Adicional Cuarta).
d) Las agencias de viaje, operadores turísticos y demás empresas de intermediación turísticas, que presten sus servicios en el Archipiélago Canario, así como los establecimientos donde desarrollen su actividad.
e) El ejercicio profesional de los técnicos en empresas y actividades turísticas y de los informadores, guías turísticos, guías-intérpretes, animadores, monitores y demás empresas o personas físicas dedicadas al acompañamiento e información turística.
f) Los balnearios, piscinas, parques acuáticos, instalaciones deportivo-turísticas, parques zoológicos y botánicos y los centros de ocio en general, cuando su acceso sea libre, independientemente de que se exija o no contraprestación por el mismo.
g) Las empresas de transporte y las agencias de alquiler de vehículos de cualquier tipo, con o sin conductor, que de forma exclusiva u ocasional realicen actividades turísticas.
Artículo 3.- Canarias, unidad de destino turístico.
A los efectos de esta Ley, Canarias, en su conjunto, se considera como una unidad de destino turístico, con tratamiento unitario en su promoción fuera del Archipiélago. TÍTULO I
1. Las Administraciones públicas de Canarias con competencia en materia turística son: a) La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. Corresponde a los municipios, en materia turística, las competencias que la legislación de régimen local les atribuye, así como el ejercicio de las funciones delegadas por los Cabildos Insulares. 2. En todo caso corresponde a los municipios en materia turística:
Dicho Plan, elaborado por la Consejería competente en materia turística, será concertado en el ámbito de las conferencias sectoriales, una vez informado por el Consejo Regional de Turismo. Aprobado por el Gobierno, será remitido al Parlamento para su examen.
d) Elaborar un informe anual sobre la situación turística de Canarias. e) Cualquier otra que reglamentariamente se le atribuya.
b) Obtener de la administración competente las autorizaciones previas al ejercicio de cualquier actividad turística que pretenda desarrollarse en el Archipiélago Canario. Cuando en los procedimientos iniciados en virtud de solicitudes formuladas por los interesados no haya recaído resolución en un plazo de dos meses, se podrán entender estimadas aquéllas.
c) Cumplir en los establecimientos alojativos, el principio de unidad de explotación en los términos previstos en esta Ley.
d) Cumplir los demás deberes que esta Ley impone.
b) A recibir del establecimiento turístico elegido bienes y servicios acordes, en naturaleza y calidad con la categoría que aquél ostenta. c) A tener garantizada, en el establecimiento, su seguridad, tranquilidad e intimidad personal.
4. La Consejería con competencias en materia turística, determinará las características de la información turística, teniendo en cuenta las previsiones de este artículo y demás normativa de aplicación, así como los casos en que esa información deba exhibirse.
4. En aquellos lugares públicos que estuvieran señalizados o incluidos en una red de senderos oficial, se indicará expresamente los eventuales riesgos que puedan comportar. 5. Con el horario y en las playas que reglamentariamente se determine existirá un servicio de socorrismo y señales sobre la peligrosidad del mar en cada momento.
1. Todo usuario turístico tendrá derecho a la intimidad y tranquilidad. Queda prohibido en los lugares turísticos el uso de sistemas de promoción de venta agresivos, tales como la megafonía o la incitación personal en la calle.
1. Las empresas turísticas vienen obligadas a tener en cada establecimiento las hojas de reclamaciones a disposición de sus clientes. La persona encargada del establecimiento estará obligada a facilitar las hojas de reclamación al usuario turístico que lo solicite y a facilitarle, además, las explicaciones necesarias para su adecuada cumplimentación.
3. El Registro General de empresas, actividades y establecimientos turísticos se compondrá de las dos secciones siguientes: A) Sección primera.
Artículo 24.- Autorizaciones previas al ejercicio de actividades turísticas reglamentadas. 1. El ejercicio de cualquier actividad turística reglamentada requerirá, independientemente de la inscripción en el Registro General de empresas, actividades y establecimientos turísticos, y previa clasificación del establecimiento, en su caso, la correspondiente autorización, cualquiera que sea su denominación, expedida por la administración turística competente, conforme a la normativa de aplicación.
1. La imagen de Canarias, la de cada una de las islas y la de los núcleos turísticos como destinos receptores de turismo, se considera un bien colectivo protegido por la Ley. Nadie tiene derecho a apropiársela, perjudicarla o dañarla como consecuencia de sus actividades turísticas.
g) Las empresas que presten servicios de balneario, medicina preventiva, regenerativa y de rehabilitación. h) Alojamiento en régimen de uso a tiempo compartido. i) Cualesquiera otras que reglamentariamente se determinen.
4. La clasificación de un establecimiento podrá ser revisada, en cualquier momento, por el departamento del Gobierno de Canarias competente en materia turística, de oficio o a instancia de parte interesada.
Estándares Artículo 33.- Exigencia de estándares.
1. El planeamiento urbanístico municipal deberá adaptarse a los estándares mínimos de esta Ley y a los que complementariamente se establezcan en su Reglamento y en los Planes Insulares de Ordenación.
2. Las autorizaciones previas al ejercicio de actividades alojativas en Canarias, se adecuarán igualmente a los referidos estándares.
Artículo 34.- Dispensa de estándares por razones de interés turístico.
1. El planeamiento municipal definirá la densidad máxima admisible en las parcelas destinadas a alojamiento turístico, mediante un estándar mínimo de metros cuadrados de solar por plaza alojativa, que podrá oscilar entre 50 y 60 m2 por plaza, con arreglo a las circunstancias de dimensión y densidad globales de la urbanización, apreciadas conforme a los criterios que reglamentariamente se determinen. 2. Reglamentariamente el Gobierno de Canarias determinará:
2. En caso de sobrecontratación la empresa está obligada al alojamiento del usuario que la sufre en otro establecimiento de la misma zona y de categoría como mínimo igual a la ofertada, sufragando los gastos de traslado hasta el establecimiento que definitivamente lo aloje. 3. De no ser posible alojar al usuario en las condiciones establecidas en el número anterior, la empresa deberá alojarlo en cualquier otro, indemnizándolo por todos los daños que se ocasionen, incluido el sufrido por pérdida de vacaciones, en su caso. 4. Las eventuales responsabilidades de los operadores turísticos en esta materia, serán depuradas en el expediente que se instruya.
Artículo 38.- El principio de unidad de explotación. 1. En los establecimientos alojativos el ejercicio de la actividad turística deberá ser efectuado bajo el principio de unidad de explotación.
Artículo 41.- Excepciones al principio.
2. El incumplimiento del principio de unidad de explotación y de sus requisitos y condiciones se considerará infracción y será sancionado con arreglo a esta Ley. Subsección 5ª
4. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, los Ayuntamientos y, subsidiariamente la Consejería competente en materia turística, podrán en cualquier momento requerir a los titulares de los establecimientos turísticos la ejecución de obras de conservación y mejora de las fachadas o espacios visibles desde la vía pública.
Artículo 45.- Capacitación del personal.
1. Constituye intermediación turística, la actividad empresarial de quienes se dedican comercialmente en exclusividad al ejercicio de actividades de mediación y organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios en la prestación de los mismos. 2. A los efectos de esta Ley, los sistemas de intercambio a los que se acojan los alojamientos en régimen de uso a tiempo compartido, tendrán la consideración de intermediación turística.
3. Los establecimientos a que este artículo se refiere deberán expresar los anuncios oficiales de uso obligatorio en castellano, inglés, alemán y un cuarto idioma de libre elección. Artículo 51.- Actividades turísticas complementarias.
1. El Gobierno de Canarias, a través del departamento con competencia en materia de turismo, elaborará y pondrá en acción programas de fomento en los que, a través de subvenciones, se estimule: a) La fusión y concentración de empresas y los programas de acción conjunta tendentes a mejorar la productividad mediante la disminución de costes, prestaciones de servicios en común u otros medios análogos.
Artículo 56.- Programas y acciones de protección del medio ambiente y de conservación de la naturaleza. 1. Las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y de turismo, llevarán a cabo programas y acciones para la protección del medio natural de las zonas turísticas, con los siguientes objetivos concretos:
2. Cuando tal declaración sea hecha en los planes urbanísticos municipales, se exigirá el informe previo de la Consejería competente en materia de turismo, excepto cuando aquélla sea consecuencia de la adaptación de tales planes a las previsiones de los Planes Insulares de Ordenación Territorial, conforme a esta Ley. Artículo 58.- Previsiones turísticas de los Planes Insulares de Ordenación Territorial.
1. Los Planes Insulares de Ordenación Territorial deberán contener previsiones específicas de desarrollo turístico, identificando cada uno de los atractivos y núcleos, capacidad máxima, zona de influencia y límites de la oferta alojativa. 2. Tales Planes, además, deberán contener previsiones suficientes para zonas en que concurra alguna de estas circunstancias:
d) Asesoramiento sobre los derechos del usuario turístico. e) Recepción de quejas y reclamaciones.
c) Las impuestas por faltas leves, al año. 3. El cómputo del plazo de prescripción será:
6. La negativa u obstaculización a la actuación de la inspección turística que llegue a impedirla o la aportación a la misma de información o documentos falsos. 7. Los atentados y acciones perjudiciales para la imagen turística de Canarias o de cualesquiera de sus destinos turísticos.
Artículo 76.- Infracciones graves.
10. La publicidad turística engañosa, ofertas equívocas o cualquier forma de sugestión que haga inferir una mayor calidad en el servicio de la que es real. 11. El uso de sistemas de promoción de ventas agresivos que perturben la tranquilidad de los usuarios turísticos.
a) Se levantará un acta de inspección turística, que en caso de estimarse que existe infracción, constituirá el inicio del expediente, debiendo contener la misma, los requisitos formales previstos en la normativa vigente sobre el ejercicio de la potestad sancionadora.
3. Se podrán adoptar medidas provisionales o cautelares, de conformidad con lo previsto en el artículo 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Los barrios identificados turísticamente tendrán, asimismo, su organización complementaria mediante la creación de los órganos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias para la gestión desconcentrada y la participación ciudadana, debiendo, en todo caso, crearse un Consejo de barrio, si no existiese, y un Consejo del sector turístico. En todo caso se establecerá la participación en dicho Consejo de las organizaciones empresariales y sociales más representativas del sector. Tercera.- Banco de datos turísticos.
Primera.- Legalización de empresas clandestinas. Las empresas que a la entrada en vigor de esta Ley carecieran de los requisitos previstos en los artículos 21 a 24 de la misma, dispondrán de un plazo máximo de un año, computado desde dicha entrada en vigor, para obtenerlos, sin que durante tal plazo se les pueda sancionar por infracción turística.
Quinta.- Normativa de aplicación a los expedientes en trámite.
Los informadores y guías turísticos que sin la titulación académica correspondiente, hayan venido ejerciendo la profesión durante el periodo de tiempo que el Gobierno de Canarias establezca, serán objeto de habilitación oficial, previa superación de las pruebas de aptitud que se determinen por la Consejería competente en materia turística.
Séptima.- Funcionamiento del Consejo Regional de Turismo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley, de igual o inferior rango.
DISPOSICIONES FINALES Primera.- Se autoriza al Gobierno de Canarias para desarrollar la presente Ley.

References: Artículo 3
 resolución 

Artículo 24
 Artículo 33

Artículo 34

Artículo 38

Artículo 41

Artículo 45
 Artículo 51

Artículo 56
 Artículo 58

Artículo 76
 artículo 136