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Timestamp: 2020-07-14 18:41:31+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 533/04 de Corte Constitucional, 27 de Mayo de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 43621563
Sentencia de Constitucionalidad nº 533/04 de Corte Constitucional, 27 de Mayo de 2004
Ley 840 de 2003. Tratado sobre cooperacion judicial mutua entre el salvador y colombia. Tramite legislativo. Advertencia al gobierno sobre termino de remision. exequibles.
Sentencia citada en: 106 sentencias, 2 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas
Revisión constitucional de la Ley 840 del 2 de octubre de 2003 "Por medio de la cual se aprueba el ''TRATADO SOBRE COOPERACION JUDICIAL MUTUA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA'', suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Bogotá D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil cuatro (2004).
El Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, allegó a esta Corporación, el día 12 de noviembre de 2003, fotocopia auténtica de la Ley 840 del 2 de octubre del año 2003 por medio de la cual se aprueba el ''TRATADO SOBRE COOPERACION JUDICIAL MUTUA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA'', suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
CXXXIX No. 45.329 del 3 de octubre de 2003. P.. 20 a 23.
por medio de la cual se aprueba el "Tratado sobre Cooperación Judicial Mutua entre el Gobierno de la República de El S. y el Gobierno de la República de Colombia", suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Visto el texto del «Tratado sobre Cooperación Judicial Mutua entre el Gobierno de la República de El S. y el Gobierno de la República de Colombia», suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que a la letra dice:
El Gobierno de la República de El S. y el Gobierno de la República de Colombia;
El presente Tratado entrará en vigor a partir de la fecha en que se realice el Canje de los Instrumentos de Ratificación.
El presente Tratado tendrá una vigencia indefinida y podrá ser denunciado por una de las Partes en cualquier momento, mediante Nota Diplomática la cual surtirá efecto seis (6) meses después de la fecha de recepción por la otra Parte Contratante.
Por el Gobierno de la República de El S.,
R.A.M.P.,
A.G.D.,
Artículo 1º. Apruébase el "Tratado sobre Cooperación Judicial Mutua entre el Gobierno de la República de El S. y el Gobierno de la República de Colombia", suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el "Tratado sobre Cooperación Judicial Mutua entre el Gobierno de la República de El S. y el Gobierno de la República de Colombia", suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
M.C.B.I..
Para efectos del presente estudio se ofició a los Ministros del Interior y de Justicia y de Relaciones Exteriores, con el fin de que remitieran a esta Corporación los antecedentes del Tratado materia de revisión, como también el pronunciamiento respecto de la constitucionalidad del mismo. De la misma manera se ordenó correr traslado al P. General de la Nación con el fin de que rindiera el concepto de rigor.
Igualmente se ofició a los S.s Generales del Senado de la República, de la Cámara de Representantes y de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes, de ambas Cámaras Legislativas, para que enviaran copia de las Gacetas del Congreso donde se publicó el proyecto que culminó con la expedición de la Ley 840 del 2 de octubre de 2003 y las ponencias e informes de ponencia para los respectivos debates constitucionales; así mismo, para que certificaran respecto del desarrollo de los debates que se llevaron a cabo para la discusión y aprobación del referido proyecto, especificando la fecha en la que fue aprobado, el quórum y la votación obtenida finalmente.
Aduce que cumplido el término de ocho días exigido por el artículo 160 superior, el proyecto de ley pasó a estudio de la Plenaria de la Cámara de Representantes, en donde se presentó ponencia favorable publicada en la Gaceta del Congreso No. 333 del 16 de julio de 2003, Corporación que le dio aprobación el día 2 de septiembre de 2003, con el quórum reglamentario exigido para ese tipo de iniciativa, y, finalmente fue sancionado por el P. de la República en concurso con los Ministros del Interior y de Justicia y de Relaciones Exteriores.
Así pues estima que: ''... la iniciativa legislativa fue discutida y aprobada en las comisiones y plenarias del Congreso, respetando los plazos y trámites establecidos en la Carta y en la Ley 5ª de 1992, por lo que a este respecto no se encuentra incompatibilidad alguna entre el trámite dado en el Congreso al proyecto de Ley aprobatoria del tratado sub-examine y la Carta Política...''.
Finalmente señala que las previsiones contenidas en el Tratado objeto de estudio se avienen a los mandatos constitucionales, en particular al artículo 9º de la Constitución que prevé que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Así mismo, guardan armonía con el inciso segundo del artículo referido que dispone que la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración Latinoamericana y del C..
En ese sentido precisa que: ''...se han suscrito tanto a nivel multilateral, como a nivel bilateral un sin número de acuerdos en todo tipo de materias desde acuerdos sobre devolución de vehículos, repatriación de bienes culturales, ejecución de sentencia civiles, hasta cooperación para la prevención, control y represión del tráfico ilícito, repatriación, traslado de personas condenadas y extradición...''.
Así mismo alude que en materia penal la Organización de Naciones Unidas adoptó mediante Resolución No.112 de 1998, un ''Tratado Modelo de Asistencia Recíproca en Asuntos Penales'', como una ayuda para los Estados que necesitaran adoptar medidas conjuntas para luchar contra la delincuencia e igualmente el 15 de noviembre de 2000 se adoptó por la Asamblea General de Naciones Unidas la ''Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional'' y el ''Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas especialmente Mujeres y Niños'' que complementa la ''Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional'' que fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-962 de 2003.
Precisa que el Tratado objeto de estudio fue suscrito en Cartagena de Indias a los 10 días del mes de junio de 1994 por el Ministro de Justicia de la República del S. y por el Ministro de Justicia de la República de Colombia, instrumento internacional que posteriormente fue refrendado el 27 de junio de 1994, por el entonces P. de la República Doctor C.G.T., de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados.
Advierte que el 5 de marzo de 2002 el entonces P. de la República Doctor A.P.A., impartió la respectiva aprobación ejecutiva al Tratado Internacional sub examine y ordenó someterlo a la consideración del Congreso para los efectos constitucionales, aprobación que fue suscrita igualmente por el Ministro de Relaciones Exteriores de ese periodo, S.G.F. de S. y en consecuencia, una vez impartida la referida aprobación el Gobierno Nacional por intermedio de la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Justicia y del Derecho presentaron ante la Secretaria General del Senado de la República, el proyecto de Ley por medio de la que se aprobaba el instrumento internacional objeto de estudio, proyecto que fue radicado bajo el No. 31 de 2002.
Indica que una vez surtidos los trámites correspondientes el Congreso de la República aprobó el Tratado Internacional sobre Cooperación Judicial Mutua entre el Gobierno de el S. y el Gobierno de la República de Colombia, proyecto que se convirtió en la Ley 840 de 2003 que fue sancionada por el P. de la República Doctor A.U.V. el 2 de octubre de 2003 y publicada en el Diario Oficial No. 45.329 del 3 de octubre de 2003.
Recuerda que uno de los postulados del preámbulo de la Constitución de 1991 es la búsqueda de la justicia y además hacerla eficaz dentro del conglomerado social y para esos fines el Estado Social de Derecho entendido como Estado bienestar ha creado un sistema de administración de justicia que permita cumplir con el fin propuesto, ésto es, la búsqueda de la justicia, de suerte que: ''...el Estado cuenta con la facultad de administrar justicia, es decir, con jurisdicción, especificando éste como el mecanismo a través del cual se busca cumplir el preámbulo y los fines del Estado...''.
En ese sentido considera que el Estado debe orientar su conducta a la implementación de instrumentos que permitan lograr una eficaz administración de justicia, de forma tal que: ''...habrá que entender que un tratado internacional de cooperación judicial, no es cosa distinta que el uso de esa potestad que tiene el Estado en aras de hacer cumplir el anhelo mayor de justicia de la mano del respeto a la soberanía nacional tal y como se establece en el artículo 9º de la Carta Política...'', especialmente si se tiene en cuenta que para cumplir esa finalidad de una eficaz administración de justicia se deben fortalecer los lazos de ayuda mutua entre los diferentes Estados, toda vez que, la justicia y su administración, dejaron de ser un tema del orden nacional y han adquirido transcendencia internacional.
Finalmente señala que la búsqueda de la justicia en el Estado colombiano, no puede pensarse simplemente a partir de los mecanismos originarios de administración de justicia sino que además debe considerar otras ayudas adicionales que en esa materia proporcionen otros Estados, de forma tal que: ''...la cooperación judicial entre países es un tema de vital importancia en la actualidad, por cuanto el fin último de la justicia no puede entenderse como un anhelo circunscrito a un territorio sino como un bien perteneciente a la humanidad...''.
El P. General de la Nación, mediante concepto No. 3506 recibido en esta Corporación el 8 de marzo de 2004, solicitó a esta Corporación declarar la exequibilidad del Tratado sometido a estudio así como la Ley aprobatoria del mismo, por las razones que a continuación se explican.
Recuerda que el Tratado Internacional bajo estudio fue suscrito Ad Referendum en la ciudad de Cartagena de Indias el 10 de junio de 1994, por el Ministro de Justicia y del Derecho, siendo refrendado el 27 de junio del mismo año por el P. de la República y la Ministra de Relaciones Exteriores de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados, en consecuencia, se concluye que en lo relativo a la negociación y suscripción del Tratado no se advierte reparo alguno que constituya causal de inexequibilidad del mismo.
Manifiesta que el informe de ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional del Senado, fue presentado por el Senador H.M.M. y publicado en la Gaceta del Congreso No. 428 del 11 de octubre de 2002 (págs. 13 y 14). Afirma que de conformidad con la certificación expedida por el S. de la Comisión Segunda del Senado, en sesión del 20 de noviembre de 2002, esta Comisión aprobó en primer debate el proyecto de ley por unanimidad cumpliéndose así el requisito de quórum exigido por el artículo 146 constitucional.
Afirma que la ponencia para segundo debate fue presentada en la plenaria del Senado por el Senador G.R.M. y el correspondiente informe de ponencia se publicó en la Gaceta del Congreso No. 590 del 13 de diciembre
En relación con la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara precisa que fueron ponentes para primer debate los Representantes J.E.G.A. y F.A.T., esa ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 228 del 29 de mayo de 2003 (págs.20 y 21). Afirma que según certificación expedida por el S. General de esa Corporación de fecha 12 de diciembre de 2003, la Comisión Segunda de la Cámara dio su aprobación al proyecto mediante voto favorable de diecisiete (17) representantes en sesión del 4 de junio de 2003, cumpliéndose así el requisito de quórum deliberatorio y decisorio exigido por la Constitución, de suerte que, se dio cumplimiento al término que debe mediar entre la aprobación de un proyecto de ley en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, esto es quince días mínimo.
Afirma que la ponencia para segundo debate fue presentada por los Representantes J.E.G.A. y F.A.T. y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 333 del 16 de julio de 2003 (págs.7 y 8) y el proyecto fue aprobado por mayoría en sesión plenaria de la Cámara el 2 de septiembre de 2003, con un quórum deliberatorio de 142 Representantes de la Corporación, según consta en el acta No. 068 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 514 del 3 de octubre de 2003 (págs. 15 y 16), de forma tal que, no solamente se cumplió con el requisito del quórum sino también con el término que debe mediar entre la aprobación de un proyecto de ley en la Comisión Constitucional respectiva y la plenaria correspondiente, esto es ocho días.
Recuerda que el 2 de octubre de 2003 el P. de la República sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional bajo examen, convirtiéndose en la Ley 840 de 2003, la citada ley fue remitida posteriormente por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a la Corte Constitucional el 12 de noviembre de 2003, de conformidad con lo previsto para el efecto en el artículo 241, numeral 10 de la Carta Política. Sin embargo, advierte que la oficina referida no cumplió el término de 6 días establecido en el numeral 10 para efectos de la remisión del proyecto, asunto que si bien no genera la inconstitucionalidad de la Ley aprobatoria ni del instrumento internacional objeto de estudio, sí merece un llamado de atención para que se cumplan los términos. Al respecto cita las sentencias C-314 de 1993 y C-059 de 1994.
En ese sentido afirma que: ''... ese instrumento internacional, constituye el marco global para el desarrollo de programas y proyectos bilaterales específicos de cooperación, encaminados a fortalecer y modernizar la administración de justicia en las diferentes áreas del derecho, tales como la penal, la laboral, la civil y la económica, generando una mayor intercambio sobre las experiencias que cada uno tenga con relación a las técnicas judiciales, investigativas y procesales, entre otros asuntos...''.
Concluye que: ''...si la cooperación objeto del instrumento internacional en estudio, puede desarrollarse a través de mecanismos complementarios y programas específicos de cooperación legal y judicial (arts. I y II), ésta debe realizarse bajo una estricta observancia de las normas constitucionales, legales y administrativas, lo mismo que de los principios de soberanía, integridad territorial y no intervención...''; e igualmente, la designación de autoridades centrales para coordinar, desarrollar y ejecutar las diferentes formas de cooperación, lo mismo que para dar solución a cualquier controversia que pueda surgir de la interpretación o aplicación del Tratado (arts. III y IV) facilita la ejecución del mismo y debe efectuarse bajo una estricta observancia de las normas constitucionales.
En los términos del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse en forma definitiva sobre la exequibilidad del ''TRATADO SOBRE COOPERACION JUDICIAL MUTUA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA'', suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Examen de constitucionalidad del Tratado y de su Ley Aprobatoria
El ''TRATADO SOBRE COOPERACION JUDICIAL MUTUA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA'', fue suscrito por el señor Ministro de Justicia y del Derecho -Ad Referendum- A folios 3 a 6 del Cuaderno Principal, obra copia del texto del Tratado Internacional sub examine en donde consta que éste fue suscrito por el Ministro de Justicia y del Derecho Doctor A.G.D., en nombre y representación del Gobierno Nacional el diez (10) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), y posteriormente, el entonces P. de la República Doctor C.G.T. y la entonces Ministra de Relaciones Exteriores Doctora N.S. de Rubio, expidieron el veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994) el correspondiente instrumento de refrendación A folio 154 del Cuaderno Principal, obra copia del Instrumento de Refrendación..
Por su parte, el cinco (5) de marzo de dos mil dos (2002) el entonces P. de la República, doctor A.P.A., impartió al instrumento la correspondiente aprobación ejecutiva, y ordenó someterlo a la consideración del Congreso de la República.
Por lo anterior, de acuerdo con reiterada jurisprudencia Sentencia C-400 de 1998 M.P A.M.C. En el mismo sentido ver, entre otras, las sentencias C-834/01 M.P.M.G.M.C. y C-369/02 M.P.E.M.L.. la suscripción del instrumento que se examina, cumple con lo dispuesto por el artículo 189-2 de la Constitución Política que asigna al P. de la República la dirección de las relaciones internacionales y, en ejercicio de dicha facultad, la posibilidad de celebrar tratados o convenios con otros Estados y con entidades de derecho internacional.
2.1.2.2. Dicho proyecto con la exposición de motivos fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional del Senado y se surtió el primer debate con base en la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso No. 428 del 11 de octubre de 2002 (págs.13 a 15) (Folios 75 a 90, Cuaderno de Pruebas) y fue debatido y aprobado con un quórum deliberatorio y decisorio de 12 votos a favor y ninguno en contra de los trece (13) miembros que integran la Comisión, en sesión del 20 de noviembre de 2002 según consta en el Acta No. 13 del 20 de noviembre de 2002 y según certificación del 16 de diciembre de 2003, enviada por el S. General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República (Folio 200, Cuaderno de Pruebas).
2.1.2.3. La plenaria del Senado adelantó el segundo debate con base en la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso No. 590 del 13 de diciembre de 2002 (págs.12 a 13) (Folios 115 a 133, Cuaderno de Pruebas). El proyecto fue aprobado por 98 de los 102 Senadores que conforman la plenaria, según consta en el Acta No. 48 del 22 de abril de 2003 publicada en la Gaceta del Congreso Año XIII, No. 188 del 7 de mayo de 2003 (Folios 135 a 198, Cuaderno de Pruebas) y según certificación del S. General del Senado de la República del 15 de diciembre de 2003. (Folio 1, Cuaderno de Pruebas).
2.1.2.4. Una vez radicado el proyecto de ley en la Cámara de Representantes bajo el No. 230 de 2.003 Cámara, la Comisión Segunda Constitucional Permanente adelantó el primer debate con fundamento en la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso Año XII No. 228 del 29 de mayo de 2003 (págs. 20 y 21) (Folios. 30 a 53, Cuaderno Principal). Dicho proyecto fue discutido y aprobado con la asistencia de 17 Representantes, en forma unánime, en sesión del 4 de junio de 2003, según certificación del S. General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes expedida el 12 de diciembre de 2003. (Folio 21, Cuaderno Principal).
2.1.2.5. La plenaria de la Cámara adelantó el segundo debate del proyecto de ley, a partir de la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso Año XII No. 333 del 16 de julio de 2003 (págs. 7 y 8) (Folio 24, Cuaderno Principal) que fue discutida y aprobada en sesión plenaria del 2 de septiembre de 2003 por mayoría de los presentes 142 Representantes de la Corporación, según consta en el Acta No. 068 del 2 de septiembre de 2003 publicada en la Gaceta del Congreso No. 514 del 3 de octubre de 2003 (págs. 8, 15 y 16) (Folios 114 a 147, Cuaderno Principal) y según certificación expedida por el S. General de la Cámara de Representantes del 15 de diciembre de 2003 (Folio 56 Cuaderno Principal).
Cabe precisar que dada la aprobación por el Congreso de la República del Acto Legislativo 01 de 2003 que entró en vigencia el 3 de julio de 2003, debía darse en este caso cumplimiento al mandato contenido en el último inciso del artículo 160 constitucional según el cual ''Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.''
Al respecto la Corte constata que en la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes del día miércoles 20 de agosto de 2003, según consta en el acta 065 de la misma fecha (Gaceta del Congreso Año XII N°503 del 30 de septiembre de 2003 P.. 8 y 9) en el punto de negocios sustanciados por el Presidencia se ordenó la lectura de los proyectos que estarían en consideración el siguiente martes para ser discutidos y votados, dentro de los que figuraba el ''Proyecto de ley N°230 de 2003 Cámara, 031 de 2002 Senado, por medio del cual se aprueba el `Tratado sobre Cooperación Judicial Mutua entre el Gobierno de la República de El S. y el Gobierno de la República de Colombia", suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994)'.''
Finalmente según consta en el Acta No. 068 de la sesión ordinaria del martes 2 de septiembre de 2003 publicada en la Gaceta del Congreso No.514 del 3 de octubre de 2003 (pág.8), dentro del orden del día para dicha sesión se incluyeron los proyectos de ley que habían sido anunciados ''para ser objeto de discusión y votación para la próxima plenaria'' en la sesión del 20 de agosto de 2003 según consta en el acta respectiva (pag 9 del Acta 065 del 20 de agosto de 2003). Proyectos dentro de los que se encontraba el ''Proyecto de ley N°230 de 2003 Cámara, 031 de 2002 Senado, por medio del cual se aprueba el `Tratado sobre Cooperación Judicial Mutua entre el Gobierno de la República de El S. y el Gobierno de la República de Colombia", suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994)'.''que fue efectivamente discutido y votado en dicha sesión.
Para la Corte en el presente caso ha de entenderse cumplido el requisito señalado el inciso final del artículo 160 constitucional, en la medida en que, atendiendo la finalidad de la norma -a saber permitir a los Congresistas conocer previamente cuales proyectos serán sometidos a votación, sin que pueda sorprendérseles con votaciones intempestivas- y dadas las circunstancias que se presentaron en la sesión del 26 de agosto de 2003 donde fue necesario levantar la sesión por falta de quórum para decidir, el proyecto que culminó con la expedición de la Ley 840 de 2003 fue discutido y aprobado previo anuncio en sesión anterior de que sería discutido y votado en la siguiente sesión plenaria destinada a la votación de proyectos de ley, sesión plenaria que se realizó efectivamente el martes 2 de septiembre de 2003.
Téngase en cuenta al respecto que según consta en el Acta 065 del 20 de agosto de 2003 en la que precisamente se discutió el informe de la subcomisión encargada de analizar el alcance del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 que introdujo el inciso final del artículo 160 superior a que se ha hecho referencia, en relación con los proyectos de ley anunciados en esa fecha se hizo especial énfasis en la necesidad de cumplir con el nuevo requisito así establecido, y en este sentido se dio lectura uno a uno a los títulos de los proyectos de ley que deberían ser votados en la siguiente sesión plenaria, por lo que no puede considerarse que los H.H Representantes hayan podido ser sorprendidos con una votación no anunciada, que por lo demás figuró en el orden del día sometido a discusión y aprobación tanto de la sesión del 26 de agosto de 2003 como de la sesión del 2 de septiembre de 2003. Al respecto es pertinente recordar además que el artículo 80 de la Ley 5ª de 1992 señala que ''Cuando en una sesión no se hubiere agotado el orden del día señalado para ella, en la siguiente continuará el mismo orden hasta su conclusión.'' ARTÍCULO 80. ELABORACIÓN Y CONTINUACIÓN. Las respectivas Mesas Directivas fijarán el orden del día de las sesiones plenarias y en las Comisiones Permanentes.
y que ello fue lo que precisamente sucedió en la sesión del 26 de agosto que debió levantarse por ausencia de quórum para decidir sobre los asuntos de dicho orden del día.
2.1.2.6 El P. de la República sancionó la Ley aprobatoria del Tratado sub exámine, el 2 de octubre del año 2003, bajo el No. 840 del mismo año que fue publicada en el Diario Oficial, Año CXXXIX No. 45.329 del 3 de octubre de 2003. P.. 20 a 23.
Así mismo fueron presentados en las Comisiones Segundas Permanentes de cada Cámara los informes de ponencia que exige el artículo 160 superior, de la misma manera que fueron respetados los plazos allí establecidos que deben mediar entre el primero y el segundo debate en cada Cámara, así como entre la aprobación del proyecto en una de ellas y la iniciación del debate en la otra Corporación. De la misma manera que se cumplió con el requisito señalado en el mismo artículo a partir de la aprobación del Acto legislativo 01 de 2003 en relación con el anuncio previo de que el proyecto sería sometido a votación. Siendo finalmente sancionada por el P. de la República, también dentro del término constitucional.
Para la Corte, en atención a reiterada jurisprudencia Ver, entre otras, las sentencias C-314 y C-489/93 M.P.A.B.C., C- 059/94 M.P.V.N.M., es claro que esta circunstancia compromete la responsabilidad del Gobierno al incumplir un deber constitucional. Por lo tanto en la parte resolutiva de esta sentencia, se advierte al Gobierno acerca del cumplimiento oportuno del deber constitucional a que alude la norma del numeral 10 del artículo 241.
Empero, como también lo ha señalado claramente esta Corporación, y como lo recuerda el señor P. General de la Nación, la omisión anotada, no configura un vicio de forma o de procedimiento en la formación del Tratado y de su ley aprobatoria, pues se trata de una irregularidad externa que se relaciona específicamente con la responsabilidad del Gobierno de acatar el mandato constitucional contenido en el numeral 10o. del artículo 241 constitucional. Al respecto cabe reiterar lo señalado por la Corte en la Sentencia C- 059 de 1994 donde se señaló lo siguiente:
''2.2. Efectos jurídicos de la mora por parte del Gobierno Nacional en remitir a la Corte Constitucional la ley aprobatoria y el tratado internacional
"La Corte, como en otras oportunidades lo ha dicho, considera que, la omisión anotada, no configura propiamente un vicio de forma o de procedimiento en la formación del Tratado y de su ley aprobatoria, pues se trata de una irregularidad externa, que más bien compromete la responsabilidad del Gobierno al incumplir un deber constitucional" (sentencia C-489/93 M.P.A.B.C.).
Lo anterior no significa que el Gobierno Nacional, y particularmente el P. de la República en su calidad de director de las relaciones internacionales, pueda decidir a discreción en qué momento la Corte Constitucional puede examinar la exequibilidad del tratado y de su ley aprobatoria, ya que, como se ha establecido reiteradamente por esta Corporación, la decisión que se tome sobre el asunto señalado es condicionante para que el J. de Estado pueda realizar el respectivo canje de notas con las demás naciones u organismos internacionales intervinientes. Por tanto, si el P. no obedece los términos constitucionales a los que se ha hecho alusión -y ello no produce efectos jurídicos respecto de la constitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado-, las consecuencias serán jurídicas respecto del deber que le asiste al primer mandatario de cumplir con sus funciones, y también diplomáticas o políticas, toda vez que se estaría comprometiendo la responsabilidad de nuestro país frente a las otras partes contratantes.
En efecto, la ley aprobatoria de un tratado internacional, es, desde un punto de vista material y formal, una ley, aunque en este caso ella está sometida a una condición, cual es la de ser revisada por la Corte Constitucional una vez haya sido remitida por el Gobierno dentro del lapso anteriormente señalado. El hecho de que el Gobierno no haya cumplido con su deber de enviarla para su revisión dentro del plazo previsto por la Carta para ello, no significa que la ley aprobatoria haya perdido su carácter de tal. En consecuencia, una vez vencido el término aludido, cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción pública de constitucionalidad, podrá, con base en el numeral 4o. del artículo 241 superior, demandar tanto el contenido como los posibles vicios de procedimiento de la mencionada disposición. En este último evento, y en concordancia con lo expresado anteriormente, la demanda que presente cualquier ciudadano contra una ley aprobatoria de un tratado internacional cuando ésta no ha sido enviada por el Gobierno Nacional a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción, permite a esta Corporación realizar el examen correspondiente, no sólo con base en los argumentos expuestos por el actor y respecto de las normas acusadas por él, sino que aprehenderá de oficio el análisis de constitucionalidad de la totalidad de la ley y del tratado sobre el cual versa, de acuerdo con la facultad superior que le asiste de revisar en forma previa y automática los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias.'' Sentencia C-059/94 M.P.V.N.M..
Como se recuerda en la exposición de motivos presentada por el Gobierno para la aprobación de la ley de la referencia, la suscripción del Tratado ''sobre cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de el S. y el Gobierno de la República de Colombia'', responde al interés de crear un marco general que sirva de base para el futuro desarrollo de programas y proyectos específicos de cooperación en las diferentes áreas del Derecho tales como la administración de justicia en materia penal, laboral, civil y económica, en donde no se excluya ninguna forma de asistencia que tenga un carácter judicial.
Dicho texto pretende, según el Gobierno, ''crear todo un horizonte para que los Estados Partes tengan la oportunidad de brindarse la más amplia cooperación en todos aquellos aspectos judiciales y legales que se susciten en sus relaciones''.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional, a través de la Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores y del Ministro de Justicia y del Derecho, sometió a consideración del honorable Congreso de la República el Tratado sobre Cooperación Judicial Mutua entre el Gobierno de la República de El S. y el Gobierno de la República de Colombia, suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
De acuerdo con el Preámbulo del instrumento internacional sub examine el Gobierno de la República de El S. y el Gobierno de la República de Colombia animados por el propósito de intensificar la asistencia legal y la cooperación en materia judicial, convienen en prestarse la más amplia cooperación en materia judicial en observancia de las normas constitucionales, legales y administrativas de cada Estado, así como de los principios conducentes de Derecho Internacional, en especial el de soberanía, integridad territorial y no intervención.
2.2.3. Constitucionalidad material del Tratado sobre cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de el S. y el Gobierno de la República de Colombia
Al respecto cabe resaltar que el Tratado, tanto en el preámbulo como en su articulado, alude al estricto cumplimiento de los respectivos ordenamientos jurídicos de los estados contratantes en el desarrollo del mismo, lo que significa, como lo recuerda el señor P. General de la Nación, que la cooperación objeto del instrumento internacional en estudio, que podrá desarrollarse a través de mecanismos complementarios y programas específicos de cooperación legal y judicial, ha de realizarse bajo la estricta observancia de las normas constitucionales, legales y administrativas de cada Estado lo mismo que de los principios de soberanía, integridad territorial y no intervención.
Al respecto no sobra recordar que esta Corporación ha señalado que si para el desarrollo de un tratado de cooperación se hace necesaria la suscripción de otros instrumentos internacionales, que no generen nuevas obligaciones para Colombia, por ser desarrollo directo de un tratado negociado, suscrito, aprobado y revisado en la forma prevista en la Constitución Política ( artículos 189, numeral 2, 150, numeral 16, 241, numeral 10) puede prescindirse del trámite de aprobación parlamentaria y ponerse en vigor por el P. de la República, en ejercicio de la competencia que posee para la dirección de las relaciones internacionales.
''Ahora bien, la importancia de estos acuerdos está en que, por la práctica del derecho internacional, la celebración de tratados y convenios de cooperación, por su naturaleza, implica la inclusión de cláusulas generales que exigen, por su especialidad, de la celebración de acuerdos futuros que y complementen la voluntad de los Estados incluída en el respectivo tratado o convenio internacional.
En efecto, esa orientación, dentro del contexto constitucional colombiano busca impedir que sin el lleno de los requisitos constitucionales pueda el Estado Colombiano comprometerse internacionalmente ex novo; por ello, en la medida en que el acuerdo simplificado forme parte, como necesario instrumento de ejecución, de un tratado que haya sido sometido al trámite completo y propio de los tratados y no contenga obligaciones nuevas que excedan el marco de los compromisos expresamente enunciados en el tratado sujeto a aprobación legislativa y control de constitucionalidad, no se ve razón constitucional que imponga la sumisión a los trámites completos y al control de la Corte. En ese supuesto se estaría confrontando el acuerdo no tanto con las normas constitucionales como con el texto del Tratado a cuyo desarrollo y ejecución propende, lo cual excede de manera evidente la precisa competencia de esta Corporación en la materia.'' Sentencia C-363 de 2000 M.P.Á.T.G.. En el mismo sentido ver, entre otras las sentencias C-1439 y de C-1258 2000 M.P (E), M.V.S.M., C-953 y C-862 de 2001, C-264 de 2002, M.P.M.J.C.E. y C-715 de 2002, M.P, E.M.L..
En consecuencia, como ocurre en el presente caso, aprobado el ''Tratado sobre cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de El S. y el Gobierno de la República de Colombia'', con las formalidades establecidas en la Constitución, podrán validamente celebrarse los mencionados acuerdos complementarios entre los Gobiernos de las Repúblicas de El S. y Colombia, con el preciso objeto de poner en práctica las cláusulas contenidas en el Tratado del cual derivan su validez.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el ''TRATADO SOBRE COOPERACION JUDICIAL MUTUA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA'', suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Cuarto.- Ordenar la comunicación de la presente sentencia al P. de la República y a la Ministra de Relaciones Exteriores, para los fines contemplados en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política.
No se cumplió en la Cámara de Representantes con el artículo octavo del Acto Legislativo 01 de 2003, que dice: ''Ningún proyecto de Ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.''

References: Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1
 artículo 160
 artículo 9
 Resolución 
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 146
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 189
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 80
 ARTÍCULO 80
 artículo 160
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 241