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Timestamp: 2020-04-04 06:52:20+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 169, de 27/05/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 169
celebrada el jueves, 27 de mayo de 2010
- Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. (B.O.E. número 126, de 24 de mayo de 2010). Correcciones de error en B.O.E. número 127, de 25 de mayo de 2010 y B.O.E. número 128, de 26 de mayo de 2010. (Número de expediente 130/000031.) ... (Página 3)
- Proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 55-1, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 121/000055.) ... (Página 22)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Votación.) ... (Página 32)
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 285, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 110/000186.) ... (Página 32)
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 15 de diciembre de 2009.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 287, de 9 de abril de 2010. (Corrección de error en "BOCG, serie A, número 288, de 12 de abril de 2010). (Número de expediente 110/000188.) ... (Página 32)
- Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007 y declaraciones al mismo. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 292, de 16 de abril de 2010. (Número de expediente 110/000189.) ... (Página 32)
- Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el intercambio de información en materia fiscal, hecho en Madrid el 14 de enero de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 293, de 16 de abril de 2010. (Número de expediente 110/000190.) ... (Página 32)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Croacia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 294, de 16 de abril de 2010. (Número de expediente 110/000191.) ... (Página 32)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 3)
Del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público ... (Página 3)
La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez), expone las razones que han obligado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.
En turno en contra interviene el señor Rajoy Brey, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, el señor Salvador Armendáriz; las señoras Díez González y Oramas González-Moro y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ridao i Martín y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Alonso Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 22)
Proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos ...
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Barkos Berruezo y el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista.
Interviene el señor ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves).
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, se aprueba por 169 votos a favor, 168 en contra y 13 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se rechaza por 168 votos a favor, 169 en contra y 13 abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.) ... (Página 32)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2009 ... (Página 32)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 15 de diciembre de 2009 ...
Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007 y declaraciones al mismo ... (Página 32)
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el intercambio de información en materia fiscal, hecho en Madrid el 14 de enero de 2010 ... (Página 32)
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Croacia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 ...
Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, así como el texto del dictamen.
- REAL DECRETO-LEY 8/2010, DE 20 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO. (Número de expediente 130/000031.)
Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
El Gobierno tiene la palabra para exponer las razones que han obligado a la promulgación de este real decreto-ley.
La señora vicepresidenta segunda tiene la palabra.
Señorías, me corresponde presentar en su debate de convalidación el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Como bien saben,
vivimos una coyuntura económica muy difícil. La situación es extraordinariamente volátil y los indicadores económicos presentan una tendencia a la mejoría que, sin embargo, no está exenta de riesgos. Por un lado, la economía mundial ha iniciado el camino de la recuperación, un camino al que se ha unido España desde comienzos de año, pero, al mismo tiempo que la reactivación de la economía real gana terreno, resurgen los brotes de inestabilidad financiera. Ahora han desplazado su foco desde los mercados de financiación privada hacia los de deuda soberana, con un fuerte impacto sobre el mercado cambiario y la renta variable. En estas circunstancias ha sido necesaria de nuevo la actuación coordinada y decidida a nivel europeo para poner freno a las tensiones financieras, unas tensiones que habían aumentado hasta niveles desconocidos desde el nacimiento del euro y que han llegado a amenazar la estabilidad de nuestra moneda común. Estas presiones financieras deben ser afrontadas con decisión y de manera inmediata para evitar que se conviertan en un serio obstáculo para la recuperación. Nos encontramos en un momento crucial, un momento en el que las medidas que adoptemos van a ser determinantes para el desarrollo de nuestra economía durante los próximos años.
Señorías, durante la primera semana de mayo las tensiones en los mercados financieros europeos alcanzaron su máxima intensidad. En esos días los gobiernos europeos mantuvimos una intensa actividad para buscar una respuesta adecuada para contener las turbulencias financieras. Se convocó un eurogrupo extraordinario el día 2 de mayo, que decidió unánimemente poner en marcha un sistema de préstamos bilaterales a Grecia, coordinados por la Comisión, por importe de 80.000 millones de euros. A partir de ese momento, los gobiernos de la zona euro pusieron en marcha sus procedimientos legislativos para poder llegar a tiempo en este primer desembolso, de manera que el día 8 de mayo se firman los acuerdos requeridos. No obstante, el efecto estabilizador del acuerdo de 2 de mayo duró solamente un día y el martes 4 se acentuó el nerviosismo y la desconfianza en los mercados financieros, poniendo en cuestión la estabilidad del euro. El contagio debido a la inquietud creciente sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas no solamente se evidenciaba en los países periféricos de la zona euro, sino que se extendió a todos los mercados. A lo largo de esa semana se produjo un fuerte incremento de las primas de la deuda pública, especialmente notable en Grecia, Portugal e Irlanda, pero importante también en España, Italia o Bélgica, así como una considerable caída de las bolsas. El índice eurostoxx 50 perdió un 11 por ciento y el euro se depreciaba más de un 4 por ciento frente al dólar. Adicionalmente, y ante la volatilidad en estos mercados, la falta de liquidez se fue acentuando a medida que crecía la incertidumbre, generando así mayores tensiones.
Ante esta situación, los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro se reunieron el 7 de mayo para reafirmar el compromiso de asegurar la estabilidad, la unidad y la integridad de la unión económica y monetaria.
Se convino que la Comisión propusiera un mecanismo europeo de estabilización financiera que habría de ser aprobado en el Consejo Ecofin que se convocó de manera extraordinaria el 9 de mayo. En este Consejo los ministros de Economía aprobamos la creación del mecanismo europeo de estabilización financiera que, en colaboración con el Fondo Monetario Internacional, podrá movilizar hasta 750.000 millones de euros para apoyar a cualquier Estado miembro en dificultades causadas por circunstancias extraordinarias. Paralelamente, el Banco Central Europeo aprobó medidas extraordinarias para proveer liquidez e intervenir en los mercados de deuda a fin de reducir su volatilidad. Se alcanzó también un acuerdo para reforzar la coordinación económica a nivel europeo como un mejor mecanismo de prevención de crisis en el futuro. En paralelo, seguimos trabajando intensamente en la reforma del sector financiero para corregir algunos fallos del mercado, fallos que en ocasiones pueden llevar a que los mercados financieros actúen como un mecanismo de amplificación de los shocks, convirtiéndose en un foco de estabilidad con efectos económica y socialmente indeseables. Pero esta reforma no debe hacerse de manera precipitada, sino que debe orientarse a asegurar un mejor sistema financiero en el medio plazo. Tan importante como actuar a nivel europeo es hacerlo a nivel nacional. Ciertamente, los ataques especulativos contra la deuda o cualquier otro mercado financiero de un país se pueden iniciar por motivos escasamente relacionados con los fundamentos económicos, incluso por rumores que rozan lo disparatado, pero la realidad es que a medio plazo los mercados tienden a orientar su comportamiento en función de la situación real de una economía. Por ello, el riesgo de que las presiones de los mercados se hagan persistentes y amenacen con tener un fuerte impacto real se reduce significativamente cuando se corrigen los principales desequilibrios macroeconómicos. En consecuencia, es urgente replantear el ritmo de la estrategia de salida de la crisis. Así lo están haciendo los principales países de nuestro entorno, que han anunciado también medidas para acelerar la reducción de sus déficit públicos.
Señorías, el Gobierno tiene dos preocupaciones principales: el paro y el déficit público. La reducción del desempleo continúa siendo un objetivo absolutamente prioritario, pero, ante la gran inestabilidad reinante en los mercados de deuda, ahora es más cierto que nunca que la estabilidad macroeconómica constituye una condición imprescindible para impulsar la recuperación de la actividad económica y del empleo. El Gobierno ya acometió las primeras medidas de consolidación en los presupuestos para 2010, medidas que fueron complementadas por otras adicionales que el Consejo de Ministros acordó el pasado 29 de enero al aprobar la actualización del programa de estabilidad. Entre ellas, destaca el acuerdo de no disponibilidad por importe de 5.000 millones de euros y una reducción de la oferta de empleo público, todo ello en el marco del Plan de austeridad
2011-2013 y del Plan de acción inmediata para reducir el gasto público.
Igualmente, en esa fecha se aprobaron sendos acuerdos marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas con comunidades autónomas y administraciones locales. Con posterioridad, se ha aprobado un plan de racionalización del gasto farmacéutico y una racionalización de la estructura de la Administración General del Estado.
Ahora, manteniendo el objetivo presupuestario para el año 2013, pero a la vista de las nuevas circunstancias que motivaron los acuerdos del Ecofin a los que me he referido, es imprescindible y urgente realizar un nuevo esfuerzo extraordinario de ajuste y austeridad presupuestaria para reducir con mayor rapidez el déficit público. Y este es el objetivo que justifica el real decreto-ley que hoy presentamos a la Cámara. Se trata de un conjunto de iniciativas en distintos ámbitos de la Administración con el objetivo principal de acelerar la senda de consolidación fiscal prevista en el programa de estabilidad y crecimiento, que permitirá cerrar el ejercicio de 2011 con un déficit público del 6 por ciento del PIB frente al 7,5 previsto inicialmente. En concreto, las medidas aprobadas conducen a concentrar casi dos terceras partes del ajuste entre 2010 y 2011, dejando para los dos últimos años del programa un tercio de la consolidación total. Estaríamos así hablando de un déficit del 9,3 por ciento en el año 2010, del 6 por ciento en 2011, del 4,4 por ciento en 2012 y del 3 por ciento en 2013.
Permítame que, antes de explicar el contenido concreto del real decreto ley, me refiera a las medidas contempladas en otros tres acuerdos que adoptó el Consejo de Ministros el pasado jueves con la idéntica finalidad de acelerar la reducción del déficit. Mediante estos acuerdos se declaran no disponibles créditos por importe de 2.425 millones de euros en el presupuesto del Estado para 2010, que se corresponden con una reducción de 2.125 millones de euros en inversiones y de 300 millones en ayuda oficial al desarrollo. Es una declaración de no disponibilidad adicional a la efectuada en enero de este año. Asimismo, se aprueba el plan de revisión de todos los programas y políticas de gasto, dando así concreción a lo establecido en los planes aprobados en el Consejo de Ministros del pasado 29 de enero. El Plan de revisión del gasto 2011-2013 contempla que por el lado del gasto los factores esenciales que contribuyan a este ajuste serán la retirada de las medidas transitorias, el menor gasto por prestaciones por desempleo, como consecuencia de un escenario de progresiva recuperación económica, y las medidas de ajuste que el Gobierno va a aplicar en los próximos tres ejercicios. Entre estas medidas de ajuste se encuentran la aplicación de la tasa de reposición del 10 por ciento en las ofertas de empleo público hasta el año 2013; la reducción en un 15 por ciento en términos nominales en los gastos en bienes corrientes y servicios; la aplicación de los acuerdos de no disponibilidad a las inversiones de infraestructuras en 2010 y 2011 y el ajuste a las necesidades de consolidación en los dos ejercicios siguientes, además de una reducción en un 25 por ciento del resto de inversiones en el periodo 2011-2013; la reducción de la ayuda oficial al desarrollo en 2011 en 500 millones adicionales a los 300 millones para 2010; y, finalmente, se prevé también la reducción de otros gastos de la Administración General del Estado en el volumen necesario para hacerlo compatible con los objetivos de estabilidad acordados.
Además, el Consejo de Ministros aprobó las propuestas de modificación del acuerdo marco con las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía y con las corporaciones locales sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas para el periodo 2010-2013 de 22 de marzo y 7 de abril de 2010, respectivamente. Es una modificación que obedece a la necesidad de que las administraciones territoriales cooperen también en este nuevo objetivo más ambicioso de consolidación fiscal. A este objetivo de consolidación fiscal se dirigen tanto los acuerdos que acabo de mencionar como el real decreto-ley sobre cuya convalidación ha de pronunciarse hoy la Cámara.
Señorías, en esta norma se prevé, en primer lugar, una reducción media del 5 por ciento en términos anuales de los salarios de los empleados públicos, que se aplicará con criterios de progresividad, de modo que el porcentaje de reducción sea mayor para aquellos que perciben unas mayores retribuciones. Con ello se pretende minimizar sus efectos sobre los salarios más bajos. Por su parte, los altos cargos verán reducidos sus salarios entre un 8 por ciento y un 15 por ciento correspondiente al Gobierno. En cuanto al personal laboral, la aplicación del descuento será del 5 por ciento sobre los conceptos retributivos que integran la nómina y quedarán completamente excluidos de la reducción quienes cobren menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. A partir de ahí, en el ámbito de cada convenio se establece la posibilidad de abrir el proceso de negociación para acordar una aplicación diferente, pero ya sobre una masa salarial reducida en un 5 por ciento. La reducción de las retribuciones será de aplicación para todas las administraciones públicas. El ahorro total que supone esta medida para la Administración General del Estado se cuantifica en 535 millones de euros en 2010 y en 1.035 millones en 2011. El efecto en las administraciones territoriales será de un menor gasto de 1.765 millones este año y de 3.465 millones en el año 2011. La adopción de estas medidas se realiza al amparo del artículo 38.10 del Estatuto básico del empleado público, suspendiendo parcialmente la aplicación de las cláusulas con contenido retributivo del Acuerdo Gobierno-sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social firmado en septiembre de 2009. Igualmente, para el caso de notarios y registradores de la propiedad y mercantiles se introduce una rebaja arancelaria general del 5 por ciento para los documentos de cuantía.
En segundo lugar, se suspende excepcionalmente la revalorización de las pensiones de carácter contributivo, con las matizaciones que señalaré, para el año 2011. Los perceptores de pensiones han tenido en todo momento
garantizado mediante las correspondientes revalorizaciones su poder adquisitivo, y especialmente los perceptores de pensiones mínimas, pues sus cuantías han mejorado en los últimos años, año tras año, por encima del índice de precios al consumo. En esta medida también hemos tratado de aplicar un principio de equidad, de manera que hemos entendido que la suspensión excepcional de la revalorización no debe afectar a las personas con prestaciones más bajas, como son aquellas que están por debajo de la pensión mínima fijada para cada año y que por sus circunstancias económicas y familiares son perceptoras de complementos a mínimos, así como las pensiones del SOVI no concurrentes y las pensiones no contributivas. Esta medida aportará 1.400 millones de euros al ajuste en el régimen de Seguridad Social y otros 130 millones en el de Clases Pasivas del Estado. El real decreto-ley recoge también la supresión del régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007. El texto aprobado hoy adelanta con efectos a partir del próximo 1 de junio de 2010 la eliminación de este régimen cuya suspensión estaba ya prevista para el 1 de enero de 2013; un régimen que preveía unos requisitos menores en el acceso a la jubilación parcial hasta esa fecha.
La reducción del gasto que se derivará de esta medida supondrá 400 millones de euros en el conjunto de los dos años, de los cuales 250 millones se restarán ya este mismo año, sumándose a esta cifra 150 millones adicionales en el año 2011.
Una tercera medida consiste en la supresión para los nuevos solicitantes de la retroactividad del pago de las prestaciones por dependencia, estableciéndose paralelamente un plazo máximo de resolución de seis meses, cuyo incumplimiento llevará aparejado retroactividad desde la fecha en que se incurra en el mismo. Así, desde el 1 de junio de 2010 el derecho de acceso a las prestaciones correspondientes se generará a partir de la resolución en que se reconozca la concreta prestación a percibir por la persona beneficiaria. El real decreto-ley establece igualmente la posibilidad de aplazar hasta un máximo de cinco años el pago de los derechos de retroactividad generados hasta ahora. La aplicación de esta medida va a originar un menor gasto de 300 millones de euros en el año 2011, de los que 200 millones corresponderán al Estado y 100 a las administraciones territoriales.
Asimismo, el Gobierno ha decidido dejar sin efecto la prestación por nacimiento o adopción de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011.
Ello supone un ahorro estimado de 1.250 millones de euros. En concreto, para los nacimientos o adopciones producidos a partir del 1 de enero de 2011 se modifica la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas para suprimir esta deducción por nacimiento o adopción, y se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para suprimir la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción.
El decreto-ley contiene otra serie de medidas destinadas a reducir el gasto farmacéutico. Los ajustes en este ámbito se sitúan en la línea establecida por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 18 de marzo; un consejo que acordó un conjunto de acciones para promover la calidad, la equidad, la cohesión y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, así como unas medidas de racionalización del gasto farmacéutico a corto plazo que ya fueron objeto del Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo. El real decreto-ley que presento hoy introduce medidas complementarias a las ya adoptadas, ajustes adicionales para reducir la factura farmacéutica pública de productos sanitarios no afectados por el real decreto-ley anterior. Se facilita, además, la adecuación del número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos y la dispensación de medicamentos en unidosis. El Gobierno estima el ahorro total de estas medidas sobre la factura farmacéutica en 1.300 millones de euros, en torno a 275 millones se podrán detraer del gasto público este mismo año.
Asimismo, se adoptan medidas en materia económico-financiera relacionadas con las entidades locales para garantizar su contribución al esfuerzo de consolidación fiscal, así como para mejorar el control de la gestión económico-financiera de dichas entidades. Se establece la afectación de los ahorros derivados de la reducción de los gastos de personal al saneamiento de remanentes negativos, la reducción del endeudamiento o, en su caso, la financiación de inversiones. Se señala, además, que durante 2011 las entidades locales no podrán concentrar operaciones de endeudamiento a largo plazo. Asimismo, se introducen varias medidas en materia de provisión de puestos de trabajo de los empleados públicos para mejorar el control de la gestión económico-financiera y garantizar la independencia en su función. Señorías, el real decreto-ley contiene medidas para reforzar el control del gasto público, entre ellas el reforzamiento de las competencias del Ministerio de Economía y Hacienda, que habrá de emitir informe preceptivo y vinculante en los contratos de colaboración público-privada y en los de concesión de obra pública para evaluar las repercusiones presupuestarias, compromisos financieros e incidencia en déficit de tales contratos. En el mismo sentido, el Ministerio de Economía ha de emitir informe favorable para la aprobación de decisiones que puedan tener un impacto sobre el déficit en relación con la acción del servicio público estatal en el exterior. Con esta misma finalidad, se recogen otras medidas, como la no creación de ninguna nueva agencia estatal durante este año.
En cuanto al requisito constitucional habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, creo que mi intervención ha sido suficientemente explícita sobre la necesidad evidente, a juicio del Gobierno, de adoptar y aplicar sin dilaciones estas medidas de reducción del déficit público.
Lo requiere la respuesta a las vicisitudes de la crisis que he descrito al principio de mi intervención, lo demanda el compromiso contraído por todos los países europeos de restaurar la estabilidad de la unión monetaria y lo exige, sobre todo, la necesidad de afianzar la recuperación de la economía española, su crecimiento
sostenible y el del empleo, porque para ello ahora es imprescindible la confianza y la credibilidad en nuestro proceso de consolidación fiscal y en nuestra solvencia. Podemos y debemos hacerlo. Les aseguro que la determinación del Gobierno es y va a seguir siendo plena y resuelta hasta conseguir el objetivo propuesto, a pesar de la dificultad que entraña tomar algunas decisiones por el esfuerzo que comporta para nuestros conciudadanos, de lo que somos muy conscientes.
Señorías, el Gobierno sabe del gran esfuerzo que hoy está pidiendo a la sociedad española, en particular a los pensionistas y a los empleados públicos: a los pensionistas, con la excepción, como he mencionado, de los perceptores de pensiones no contributivas, de los perceptores de pensiones contributivas que reciben complementos de mínimos y del antiguo régimen del SOVI no concurrente, pero a los pensionistas que son destinatarios de una decisión que incide, aunque excepcional y transitoriamente, en su poder adquisitivo; y a los empleados públicos, porque reconocemos el valor de su trabajo, de su dedicación, de lo que día a día aportan todos ellos, los profesionales sanitarios, los policías y guardias civiles, los educadores, los empleados del servicio público de empleo y tantos y tantos excelentes profesionales, excelentes servidores públicos. El esfuerzo que les pide hoy el Gobierno es para que otros muchos ciudadanos puedan seguir protegidos ante la situación de desempleo que padecen, para ayudar al futuro del país, para recuperar el crecimiento y la creación de empleo, para garantizar que las próximas generaciones sigan disfrutando del Estado del bienestar que hemos construido entre todos. No debemos olvidar lo que entre todos hemos conseguido y podemos preservar: el aumento de casi el 50 por ciento de la cuantía de las pensiones mínimas; el incremento del salario mínimo interprofesional; el número de becas que tienen hoy nuestros jóvenes; la mayor cobertura para nuestros desempleados; el esfuerzo en vivienda protegida y en facilitar el acceso a la vivienda de alquiler de nuestros jóvenes; las más de 500.000 personas que reciben ya atención por dependencia, por no hablar de los pilares fundamentales de nuestro Estado del bienestar: la educación y la sanidad públicas.
Señorías, el Gobierno ha reaccionado a las distintas fases de esta crisis global, que ya nadie duda de que es la más compleja e intensa en muchas décadas. En cada momento hemos tomado medidas dirigidas a la consecución de dos objetivos básicos: mitigar la caída de la actividad y asegurar la cohesión social. Ahora las circunstancias han vuelto a cambiar, en apenas unas semanas, y lo han hecho en toda Europa. Es necesario que nos acomodemos a esas nuevas circunstancias, que aceleremos nuestro esfuerzo de consolidación fiscal y que hagamos un esfuerzo adicional colectivo para alcanzarla. Es necesario que cumplamos con nuestros compromisos europeos, que restablezcamos la estabilidad para propiciar que la recuperación se fortalezca, que nos impongamos todos exigencias adicionales de austeridad y de rigor y que reforcemos la confianza en nuestra economía, porque hay motivos, y muchos, para confiar en ella y, ahora, con decisiones como la que hoy trae el Gobierno a la Cámara, debe haber todavía más.
Señorías, la mayor contención del gasto público hace necesario revisar nuestro objetivo de crecimiento económico para los próximos años. El menor gasto de las administraciones públicas indudablemente tendrá un impacto sobre la reactivación de la demanda agregada. Este efecto alcanzará su mayor intensidad el año que viene, para el que esperamos un crecimiento del producto interior bruto 5 décimas inferior al contemplado en la actualización del programa de estabilidad. A medio plazo, sin embargo, el impacto inicialmente contractivo se irá viendo compensado, porque la consolidación contribuirá a la reducción de la incertidumbre y tendrá así un impacto positivo sobre el coste de la financiación pública y privada.
Señorías, tan importante como las medidas de austeridad, lo son las reformas estructurales. En este momento las reformas pueden tener un efecto positivo inmediato sobre la confianza sin detraer ningún impulso por el lado de la demanda. Y más relevante incluso que ese efecto positivo inmediato, lo es el beneficio que van a reportar sobre nuestro crecimiento potencial, sobre la competitividad de nuestra economía y sobre su mayor capacidad de adaptación a los cambios, algo particularmente necesario en la eurozona. El Gobierno continuará realizando las reformas necesarias que hay planteadas en prácticamente todos los ámbitos significativos de la actividad económica con parecida determinación a la que hoy queremos mostrar ante nuestros conciudadanos, sin pausa, también con equidad y, desde luego, con máxima ambición de futuro y confianza en nuestro país. Ya se han dado pasos muy importantes para eliminar las trabas al desarrollo del sector servicios, para corregir las distorsiones existentes en el sector inmobiliario y, de forma general, para orientar nuestra economía hacia un modelo más competitivo y más sostenible. Ahora es el momento de sacar adelante la reforma laboral y de dar un último impulso a la reordenación del sector financiero como paso previo a la reforma de la normativa que regula las cajas de ahorro. La demanda privada debe ahora tomar el relevo del gasto público como estímulo para la reactivación. Por eso es preciso actuar para favorecer la reactivación de la financiación al sector privado. Esta es la vía más efectiva para adoptar medidas de impulso a la demanda sin que suponga un coste presupuestario.
Señorías, en estos momentos no es tan necesario un aumento del crédito agregado como asegurar que no haya colectivos que por sus peculiares características, particularmente las pymes, queden sin acceso al crédito a pesar de ser solventes y contar con proyectos de inversión interesantes. Para corregir esta debilidad del sector financiero privado, además de acelerar la reestructuración del sector, el Gobierno está actuando directamente a través del ICO. Como saben, señorías, el paquete de medidas de Zurbano ha supuesto un refuerzo del papel
del ICO, destacando la próxima puesta en marcha de una nueva línea de préstamos directos a pymes y autónomos. Igualmente, hemos adoptado medidas para favorecer la actividad empresarial en general, así como iniciativas sectoriales centradas en las actividades más afectadas por la crisis, y ya están en marcha o lo estarán en breve. Señorías, el proceso de Zurbano sigue buscando soluciones compartidas en dos sectores básicos de nuestra economía, el sector de la energía y la reactivación de nuestra política industrial.
El Gobierno busca en cada momento la respuesta más apropiada frente a los cambios inesperados en la situación económica y financiera europea y global y trata de distribuir el esfuerzo que la sociedad debe realizar de la forma más equitativa posible. Las medidas que hoy les hemos presentado son dolorosas pero inevitables, ponen de manifiesto que el Gobierno no duda, ni lo va a hacer en el futuro, en asumir su responsabilidad y en adoptar las decisiones más convenientes para España en todo momento, por difíciles que estas puedan ser. Indudablemente, cuanto más amplio sea el respaldo político y social a las diversas iniciativas económicas, mayor será su eficacia y mayor la confianza en la misma. Por eso les pido, señorías, que faciliten y apoyen la convalidación del presente real decreto-ley.
A continuación, pregunto a los grupos ¿alguno desea utilizar el turno en contra? (Pausa.) El Grupo Popular y el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida. Según el Reglamento, solo cabe un turno en contra y considera la Presidencia que debe ser para el grupo mayoritario.
En consecuencia tiene la palabra don Mariano Rajoy. (Aplausos.)
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, señorías, simple y claramente, no.
Eso es lo que dice el Grupo Parlamentario Popular al decreto-ley que el Gobierno ha traído a esta Cámara para su convalidación. Vamos a votar en contra por estimarlo improvisado, insuficiente e injusto. Las medidas que comprende se han tomado a la ligera, no atienden a las exigencias de la presente situación y cargan injusta e innecesariamente los desaguisados del Gobierno sobre los sectores más indefensos de la sociedad. Por lo tanto, reducción del déficit, sí. Y lo decimos desde la autoridad que nos otorga haberlo pedido desde hace mucho tiempo y de forma muy concreta en el debate de los Presupuestos Generales del Estado, cuando solicitamos una reducción de 10.000 millones de euros, justamente la cantidad que, tras el recorte del mes de febrero, le obligan a hacer ahora para este año. Insisto, reducción del déficit, sí, pero no así, no haciéndolo recaer sobre las capas más indefensas de nuestra sociedad.
Señorías, en la improvisación no necesito insistir demasiado porque es palmaria. Son medidas que se han adoptado de la noche a la mañana, precipitadamente, con el acostumbrado estilo del como sea, y así ha sido, como sea. Tres días antes de tomar estas medidas, el señor Rodríguez Zapatero dijo -y todo el mundo pudo oírlo- que incrementar la reducción del déficit era un error. Tres días más tarde sostuvo todo lo contrario; este es el plazo que dedicó a una metamorfosis de esta envergadura, tres días. Tan de improviso se iluminaron las ideas de S.S., tan repentinamente y tan sin preparación, que ha necesitado once días y todo el aparato administrativo del Estado para que sus decisiones pudieran llegar al Boletín Oficial del Estado. Tan de improviso y tan atropelladamente se han confeccionado los recortes del gasto que a las pocas horas de aparecer las medidas en el Boletín Oficial del Estado las han tenido que reformar. Por cierto, señora vicepresidenta, ¿cómo era aquello de que los españoles nos merecemos un Gobierno que no nos mienta? (Aplausos.) Porque vamos a ver, ¿dijo usted o no dijo el pasado martes que el cambio de fechas era una simple corrección de errata? ¿Y dijo o no dijo ayer el presidente del Gobierno en los pasillos de esta Cámara que era una rectificación? Pues eso, un Gobierno que no nos mienta.
Y es que, con las prisas, no les ha dado tiempo para consultar ni con la Federación de Municipios, ni con los socios del Pacto de Toledo, ni con nadie que pudiera poner límite a esta arbitrariedad apresurada. Rectifica el señor Rodríguez Zapatero de la noche a la mañana y nos dice que se debe a un cambio en las circunstancias. ¿A qué llama circunstancias S.S.? ¿A las exigencias del Fondo Monetario? ¿A las imposiciones de los socios europeos? ¿A esa especie de consenso internacional que le ha dicho: hasta aquí hemos llegado? Porque esas son las únicas circunstancias que han motivado este decreto-ley. Al señor Rodríguez Zapatero se le ha obligado a cumplir un deber que no cumplía, que no quería cumplir y que no pensaba que le cayera encima como le ha caído. No hay más circunstancias que las que él mismo ha creado, y no son de hoy, no han surgido en tres días. Lo que ocurre es que ahora no le queda más salida que aceptar a las duras lo que no quiso reconocer a las maduras. Pero quede claro que le obligan al recorte, que le fijan la cuantía, pero que nadie le ha dicho en qué partidas tenía que meter la tijera. (Aplausos.) La elección es suya y solo suya. (Aplausos.)
Señorías, he mencionado antes que este decreto-ley, además de improvisado, era insuficiente. Esto tampoco necesita mucha argumentación. A cualquiera se le alcanza que con este real decreto no se creará ni un solo puesto de trabajo, todo lo contrario. Por eso estas medidas acentúan la necesidad de adoptar otras que fomenten el crecimiento y el empleo, las que llevamos dos años reclamando sin que el señor Rodríguez Zapatero reaccione, las mismas que le ha solicitado hace tres días el Fondo Monetario Internacional, que es quien, junto con la Unión Europea, tutela ya su política económica. Es obvio que no será posible reducir de verdad el déficit sin que mejoren los ingresos públicos, y no será posible que
estos mejoren sin crecimiento y sin empleo. Para salir de este trance, lo vuelvo a repetir en esta Cámara, España necesita un plan integral de actuaciones (Aplausos.) que, además de ahondar en la reestructuración del gasto público, liberalice mercados y consolide el sistema financiero.
Hablamos de reformas reales, de reformas eficaces, no de meras palabras, ni de sucedáneos para enseñar en un telediario. Señor presidente, cualquier tipo de recorte del gasto público debe estar incardinado en un plan global de actuación, porque en caso contrario el sacrificio será inútil y vendrán más sacrificios todavía.
En tercer lugar, señorías, este decreto-ley es rechazable porque es injusto, profundamente injusto. Contempla un recorte en los gastos sociales como no se había conocido en esta democracia; nunca se había conocido un recorte igual. El señor Rodríguez Zapatero, con las prisas, con las improvisaciones y con el como sea, ha ido a lo fácil, a lo débil, a lo resignado, y castiga particularmente a aquellos a los que ya no les queda ninguna capacidad para defenderse, que son los pensionistas.
(Rumores.-Aplausos.) Señorías, ¿qué esperanza tiene un pensionista de mejorar su situación, de recuperar un día el poder adquisitivo que hoy pierde? Señorías del Grupo Socialista, ¿qué clase de decreto-ley es este que deposita en las espaldas de los más débiles las consecuencias del despilfarro irresponsable del señor Rodríguez Zapatero? A ustedes se lo pregunto. (Aplausos.) Señorías, ¿de verdad no había 1.500 millones de euros en el presupuesto de donde recortar, antes que recortárselo a los pensionistas? (Aplausos.) ¿De verdad que no los había? Los hay.
Señora vicepresidenta, ¿por qué algunos empleados públicos quedan excluidos del recorte y otros no? ¿Será porque pueden hacer una huelga? Los pensionistas no pueden hacer una huelga. ¿Es por eso por lo que están en el decreto, porque son los sectores más débiles de la sociedad? ¿Es por eso? (Aplausos.) ¿Y qué es esto de que el Gobierno se permita tocar las pensiones por su cuenta y por real decreto? Señorías, es la primera vez desde hace quince años, desde 1995, cuando se creó el Pacto de Toledo, que alguien hace esto, cargárselo porque quiere. Porque ¿para qué queremos ahora el Pacto de Toledo? ¿Qué caso se puede hacer de un pacto que el gobernante de turno puede cargarse por decreto? Oiga, es que aquí teníamos un acuerdo que resolvía un problema, y lo resolvía satisfactoriamente, y el señor Rodríguez Zapatero ha destrozado el acuerdo. Un gran pacto de Estado, otro pacto de Estado más que destroza, y ha resucitado el problema. (Aplausos.) Eso es lo que ha pasado aquí.
Ni siquiera han intentado hacer, señorías, todo lo que fuera posible para evitar el recorte de los gastos sociales, ni siquiera lo han intentado.
El otro día ofrecí algunas ideas, pero no insistiré hoy. (Varios señores diputados: ¡Oh!) Lo que este decreto-ley revela no es tanto la falta de ideas... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (Pausa.) Silencio, por favor.
El señor RAJOY BREY: Lo que este decreto-ley revela no es tanto la falta de ideas como la falta de voluntad. Lo más sarcástico, escuchen ustedes, señorías, es que con los 13.000 millones que se han despilfarrado por parte del Gobierno para que los municipios arreglaran aceras y jardines, sin crear un solo puesto de trabajo estable,... (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor RAJOY BREY: ...el Gobierno no hubiera necesitado arramblar con el dinero de las pensiones, ni tocar el bolsillo de los funcionarios, ni hacer un decreto-ley tan injusto como este. Esta es la verdad.
En suma, señorías, no podemos aprobar este decreto-ley porque responde a la improvisación, porque las medidas son insuficientes, no crean crecimiento económico ni empleo, y sobre todo porque son profundamente injustas y, además, sin necesidad, que es lo peor. Decirle no a este decreto no significa negar la necesidad de reducir el déficit, ni mucho menos. El señor Rodríguez Zapatero el pasado martes, en sede parlamentaria, en el Senado, tuvo la desfachatez de afirmar que el Partido Popular es el único en toda Europa que se opone a la reducción del déficit. Faltaba a la verdad. (Un señor diputado: Como siempre.) Y faltaba a la verdad a sabiendas de que lo estaba haciendo, porque fui yo, en nombre de este grupo parlamentario, quien en esta misma Cámara, el pasado 9 de septiembre, hace ya casi un año, le dijo lo siguiente (Un señor diputado: A ver.): Yo le ofrezco un pacto, un pacto para reducir el gasto del conjunto de las administraciones públicas y también para explicárselo al conjunto de los españoles. Y fue el Partido Popular, como recordaba antes, el que presentó enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para reducir el déficit en 10.000 millones de euros. Y falta a la verdad a sabiendas, porque fue el Partido Popular al que el presidente del Gobierno le dijo que se equivocaba al pedir una mayor reducción del déficit, en fecha tan cercana como el pasado 5 de mayo, señor presidente del Gobierno. (Aplausos.) Señorías, no nos oponemos a la reducción del déficit. Era una tarea que debía haberse hecho ya hace mucho tiempo. Hay una alternativa a este real decreto improvisado e injusto, que hace daño a mucha gente que no tiene por qué pagar los errores del Gobierno.
Ustedes no han querido.
Señor presidente, a todo esto añado que no vamos a apoyar este real decreto porque el primer problema, el primero de la economía española hoy, se llama desconfianza, y ocurre que es el señor Rodríguez Zapatero y su peculiar manera de hacer y sobre todo de no hacer las cosas la principal fuente de esa desconfianza, porque no se le ve ni plan global de actuación ni intención de procurar
la salida de la crisis. Vamos a ver, señoría, ¿acaso ha hablado con el resto de los grupos políticos sobre estas cosas? Yo terminaba mi intervención el pasado día 12 en esta Cámara diciendo lo siguiente, el pasado día 12: Señor presidente, si está usted dispuesto a hablar de todo esto, yo estoy a su disposición y, además, lo estoy esta misma tarde. Por tanto, quedo a la espera de su respuesta. Es obvio que el presidente del Gobierno no ha encontrado un hueco en su agenda para tratar de llegar a un acuerdo sobre una reducción más justa y más equitativa del déficit.
Señores socialistas, saben ustedes que es verdad. Saben ustedes que en una hora podíamos encontrar una alternativa a la reducción de las pensiones que se le hace a los pensionistas españoles. Saben que es verdad y no han querido hacerlo. El real decreto-ley no merece nuestro apoyo ni está el señor Rodríguez Zapatero en condiciones de pedirlo. Más bien al contrario. En mi modesta opinión, el presidente del Gobierno ha logrado convertirse en el principal problema de la economía española.
(Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Bien! ¡Muy bien!) No estamos asistiendo solamente a la quiebra de sus propios planteamientos. Este decreto-ley simboliza el fracaso de toda su política, no solo la económica; de toda su política. Y, desde luego, mi grupo parlamentario no va a contribuir con su voto a que su problema, el principal de la economía española, usted, siga ahí. Y si otros lo hacen será su responsabilidad, la nuestra está muy clara. (Aplausos.-Rumores.)
El señor RAJOY BREY: En resumen, el real decreto-ley es improvisado, es injusto, es insuficiente porque no crea empleo ni riqueza, rompe los acuerdos del Pacto de Toledo, se impone y se ha hecho sin hablar con nadie y, además, lo presenta una persona en la que no creemos y que es el peor lastre para la economía española.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie.-Varios señores diputados: ¡Bravo!)
Para fijar la posición, por el Grupo Mixto tiene la palabra en primer lugar doña Uxue Barkos.
Señorías, señor presidente del Gobierno, hay otra manera de hacer las cosas a como se han reseñado ahora mismo desde esta tribuna y a como nos ha presentado usted este real-decreto. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio.
La señora BARKOS BERRUEZO: Se lo planteábamos ayer un grupo de diputados y de partidos en esta Cámara, y hay otras maneras de contener el déficit.
En cualquier caso, el voto de Nafarroa Bai al real-decreto que hoy nos presenta es inequívoco, un no rotundo, por muchos motivos pero agrupados en dos ejes. En primer lugar, porque la propuesta que nos trae usted no es un planteamiento integral de respuesta a la contención del déficit.
(Rumores.) Nos ha presentado un tijeretazo por donde caiga, fe de errores en torno a los ayuntamientos...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Barkos, un momento.
Por favor, les ruego, si tienen la bondad, que quienes piensen abandonar el salón de sesiones lo hagan con la mayor rapidez posible y en silencio, por respeto a la oradora que está en la tribuna. Espere un momento.
(Pausa.) Adelante.
Les decía que lo que nos trae es un tijeretazo por donde caiga, fe de errores sobre ayuntamientos incluida y sin buscar alternativas. Y las hay. Hay otras maneras de afrontar la situación, empezando por ajustar el capítulo de gastos y el capítulo de ingresos. Insisto en que ayer mismo se lo ofrecíamos con mayoría sólida en esta Cámara, si ustedes quisieran.
Si el esfuerzo ha de ser igual para todos, habrá que pedir un mayor esfuerzo también en aquellas rentas de trabajo y de capital que tienen un margen amplio para arrimar el hombro. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
De este argumento se deduce también el segundo motivo para el no, la voluntad uniformizadora de este decreto y por tanto su deriva injusta e ineficaz. Injusta porque, si atendemos a las realidades individuales, el decreto exige un esfuerzo especialmente duro a los pensionistas, para los que propone no ya una congelación -no es cierto-, es una rebaja, porque estamos en la antesala de una subida de 2 puntos del IVA. Además, es absolutamente ineficaz por uniforme en lo sectorial y en lo territorial.
Voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo se les puede negar a todos los ayuntamientos, a todos por igual, una posibilidad de endeudamiento acorde con el compromiso europeo? ¿Cómo que aquellos ayuntamientos que hicieron bien el trabajo en vacas gordas no van a poder utilizar su margen de endeudamiento para superar un momento de escasez? ¿Cómo puede pedir a los ayuntamientos o a los territorios forales que cedan su capacidad de gestión porque otros lo hicieron mal? Y sobre todo, fundamental, ¿dónde está en este decreto la garantía de que quienes lo han hecho bien no se vean arrastrados?
Lo voy a explicar de otra manera. Algunos quisieron hacer hace bien poco de la economía española una nueva Grecia. Usted, todo su Gobierno, todos nosotros, todas las instituciones, nos hemos negado absolutamente a esa similitud. Pues bien, no quiera ahora hacer de todos los ayuntamientos pequeñas grecias. No podemos comparar, es inadmisible, el déficit de Madrid o de Valencia con el
déficit de todos los ayuntamientos, porque pueda ser rentable en un momento dado. Para poder decir sí a estas medidas que hoy nos propone, al documento le faltan elementos de corresponsabilidad territorial, no la tiene y sobre todo no tiene garantías de todo ello. Además de todo ello, pero sobre todo por todo ello, este real decreto es un contrafuero y tristemente es un contrafuero que se va a aprobar exclusivamente esta mañana por la complicidad del que hoy es Gobierno de Navarra, no la institución, un gobierno reo de las decisiones tomadas aquí en Madrid desde hace tres años, como usted sabe bien. Hoy va a tomar una decisión, vulneren sí o sí los derechos y los intereses de los ciudadanos.
No quiero terminar, si me lo permite, presidenta, muy brevemente, sin hacer una llamada al sentido común. Yo agradecería al Gobierno, al Grupo Parlamentario Socialista, que no se apele a la responsabilidad.
Anunciando ante Europa un pacto, un real decreto, para el que ustedes no tenían mayoría, no se puede apelar a la responsabilidad. Lo que nos están pidiendo es un auto de fe y hoy no es lo que la situación requiere.
Por el mismo grupo tiene ahora la palabra el señor Salvador Armendáriz.
He de confesarle, señor presidente, que al intervenir para defender la posición de UPN en este debate me siento como ese paciente al que su médico le acaba de decir que tiene que cortarle al menos una pierna para impedir que la gangrena se extienda por todo el cuerpo y acabe con él.
Nos piden ahora, casi nos exigen, cuando el agua les llega al cuello, y nos llega al cuello, que entendamos la situación y que actuemos con la máxima responsabilidad, pensando exclusivamente en el bien de España. No duden, señor presidente, que así lo haremos, porque así lo hemos hecho siempre, pero no por ello nos vamos a abstener de decirles lo que ustedes deben escuchar hoy.
No son ustedes los únicos responsables de la crisis, pero, al negarla durante tanto tiempo, han provocado que el déficit público sea hoy un verdadero agujero negro, un pozo sin fondo. Son ustedes, señor presidente, los mayores responsables de acercarnos con su incapacidad a una situación límite. Son ustedes responsables de haber gestionado muy mal la política económica de España. Lo suyo ha sido gastar, gastar y gastar exclusivamente. Y, por evitar en este tiempo tomar medidas impopulares, han acabado aprobando medidas injustas, como las que recoge el real decreto-ley y que tendrán que soportar hoy jubilados y pensionistas y mañana, quién sabe. Son ustedes también responsables de haber estado más preocupados de ganar estériles batallas ideológicas que de ver la gravedad de la crisis y perder un tiempo precioso en lograr un mejor entendimiento para llegar a consensos que hoy vemos que eran y son muy convenientes. Son responsables de ignorar la necesidad que tenemos de construir España los unos junto a los otros. Y son ustedes responsables de que sean otros los que les digan lo que se debe hacer para no llevar a la quiebra a todo un país. La llamada del presidente americano supone un antes y un después en la historia política de la independencia de España.
Fueron ustedes responsables de liquidar una saludable continuidad en la gobernanza del país en temas importantes, como el agua, la educación, la justicia, la lucha antiterrorista, el modelo territorial, sin aportar en ninguna de ellas ninguna alternativa mejor Son ustedes responsables de no haber propiciado una reforma laboral absolutamente necesaria que pare la sangría insoportable de parados que está destruyendo las finanzas públicas. Y son ustedes responsables de desaprovechar los tiempos de bonanza para proponer grandes acuerdos de futuro, como el de las pensiones, la financiación local o la energía. Deben entender que no basta con bajarse el sueldo para justificar los sacrificios que hoy piden a jubilados y funcionarios; ustedes deben plantear una reforma integral y equitativa de la estructura administrativa a todos los niveles, porque la actual ya no se sostiene, y eso lo sabemos todos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Y no es verdad que no hubiera otro camino antes de tener que llegar a proponer este real decreto-ley, porque otros países en Europa han sido mucho más previsores que usted. No le sacaré una vez más el ejemplo de Navarra, pero han tenido ustedes en nuestra comunidad un espejo en el que mirarse y no lo han querido hacer. Son ustedes responsables, en suma, porque se han comportado durante demasiado tiempo como la cigarra de la fábula y ahora son las hormigas, las que no tienen la culpa de la situación, los españoles de a pie, los que tienen que sacarles las castañas del fuego, aunque les duela. Actuaremos con responsabilidad, señor presidente, no lo duden, siempre lo hacemos, y no porque confiemos en este Gobierno, sino porque España de verdad lo necesita. Votamos hoy únicamente para salvar a España de la quiebra, no para hacernos partícipes de sus irresponsabilidades.
Por último, señor presidente, pónganse a trabajar y a gobernar mejor, y háganlo, señor presidente, con convicción e iniciativa propia. Por favor, no nos hagan pasar otro bochorno planetario con otra llamada telefónica.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidente, señorías, señores del Gobierno, tomo la palabra para anunciar el voto negativo sobre este conjunto de medidas antisociales, injustas y perfectamente evitables. Injustas, porque rebajan el sueldo a los profesores, porque rebajan el
sueldo al personal sanitario -los peor pagados de Europa, por cierto-, porque rebajan el sueldo a los guardias civiles, a los policías nacionales, a los bomberos; injustas, porque recaen sobre los más débiles; injustas, porque limitan las pensiones, bloquean el crecimiento de las mismas, rompiendo así el último pacto en vigor; porque van contra los dependientes. Evitables, porque todo esto se podría haber evitado si ustedes hubieran hecho lo contrario de lo que hicieron, o sea, si hubieran evitado despilfarrar con medidas populistas durante la primera parte de esta legislatura; evitables también si ustedes hicieran lo que tienen que hacer, eso es aplicar sobre las comunidades autónomas los criterios Maastricht. Con los criterios de las tres mejores, nos ahorraríamos 21.000 millones de euros al año. Con las mismas competencias, sin restringir ningún tipo de servicio de las comunidades autónomas a los ciudadanos, solamente con que aplicaran los criterios Maastricht, los criterios de las más eficientes, 21.000 millones. Por tanto, injustos, estos recortes antisociales, y, además, evitables.
Anuncio también mi voto en contra porque no es cierto lo que nos han dicho; no es cierto que estas sean las mismas medidas que han tomado en el resto de países europeos y que España esté haciendo lo mismo que hace el resto de países europeos. Señores del Gobierno, señora vicepresidenta, la primera gran diferencia, nuestro hecho diferencial como españoles en esta materia, es que ustedes no tienen ni mayoría ni consensos. No tienen mayoría en este Parlamento porque ustedes han decidido no tener mayoría y no tienen consenso porque han dedicado la primera parte de esta legislatura a romper, continuando con lo que hicieron en la anterior, todos los consensos básicos, todos los acuerdos de Estado; todos, absolutamente todos. Por eso, no se comparen ustedes con los países de nuestro entorno, que han tomado medidas económicas y sobre el déficit porque tenían acuerdos con los grupos políticos de la oposición -caso de Portugal- antes de llevar el decreto, o porque tenían acuerdos básicos, mayorías parlamentarias. No estamos en la misma situación. Además, y peor todavía, no estamos en la misma situación porque también el hecho diferencial de España, de esta España a la que ustedes nos han llevado, a la que su Gobierno nos ha llevado, es que aquí su política nos ha conducido a la quiebra. No solo a la quiebra económica, que también, no solo a la quiebra social, esa de los 5 millones de parados, que también, a la quiebra política, a la quiebra institucional, a la ruptura de lo común. Han hecho tanto alarde de lo importante que es lo diferente que al final en este país no hay nadie que defienda lo común porque su propio Gobierno se ha dedicado a quitar importancia a la defensa de lo común.
Ustedes nos han llevado a la quiebra política; lo más grave que está ocurriendo en España en este momento es precisamente eso. Y además de que han roto todos los puentes, de que nos han llevado a la quiebra, estamos en una situación, señora vicepresidenta, señores del Grupo Socialista y señores del Gobierno, de emergencia nacional; de emergencia nacional desde el punto de vista político, no desde el punto de vista económico que ya hasta para ustedes está claro; de emergencia nacional, de emergencia política, esta es nuestra grandísima debilidad. ¿Qué tiene que ocurrir, señores vicepresidentes y señores ministros, para que ustedes se den cuenta de que estamos en una situación de gravísima emergencia nacional sin instrumentos, sin cuajo político, sin unidad suficiente para enfrentarnos a esta crisis política? ¿Qué tiene que ocurrir o en qué idioma se lo tienen que decir para que nos demos cuenta de que estamos en esta situación de emergencia nacional? Es una situación de emergencia nacional que no se arregla con decretos ni con llamadas a la responsabilidad porque los primeros que no asumen su responsabilidad son ustedes. La única responsabilidad que ustedes pueden asumir y que les pido nuevamente que asuman es la responsabilidad que le corresponde a quien ha dejado el banco vacío en este momento, la responsabilidad de devolvernos a los ciudadanos españoles nuestra autonomía, la autonomía de decidir quién queremos que nos gobierne y, sobre todo, cómo queremos que nos gobiernen.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señores vicepresidentes, pásenle el recado al ausente, pásenle el recado al presidente del Gobierno y díganle que, por favor, por patriotismo y por autonomía política convoque elecciones.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra doña Ana Oramas.
Señora vicepresidenta, ¿son buenas estas medidas que se traen a convalidación? Ni lo son todas las que están ni están todas las que son.
Unas responden a lo que dijo que nunca haría y otras ausentes le queman como brasas, más que hace un año cuando debió haberlas tomado. Se negaron a congelar los salarios el año pasado y hoy se ven obligados a pedir a los funcionarios un esfuerzo cinco veces superior, un esfuerzo -el de todas estas medidas- que ya no puede estar dirigido a lo que hasta ahora era el primer objetivo: el crecimiento del PIB y el empelo. Esos grandes objetivos se han de subordinar ahora a lo que no era un fin en sí mismo, sino un medio, la tranquilidad de los mercados internacionales para que no se dispare el costo de nuestra deuda pública ni tampoco el de la privada cuando tenga que acudir al exterior.
No podemos salir a la calle y decir a las familias que todo está encarrilado, ya no le van a creer. Es cierto que España se ha empobrecido, pero hay una cosa peor que ser más pobre, y es no saber encontrar salida. Este país tiene salida, siempre lo ha demostrado, y necesita un modelo de gestión de crisis que se mantenga en el tiempo
y que sea estable, no de alguien que diga hoy voy a hacer justo lo que dije que nunca haría. Se ha estado engolosinando al país con anuncios de una crisis primero pequeña, luego corta y pasajera, después perfectamente superable con amplios estímulos fiscales basados en la deuda y ahora, desechos todos los augurios, con el mayor recorte social de la historia de este país.
El Partido Popular sabe en el fondo de los fondos que parte de los recortes del Estado del bienestar en España y en Europa son necesarios para la propia supervivencia de este Estado del bienestar. Señorías, están haciendo el esfuerzo los pensionistas, los parados, los empleados públicos y las empresas privadas con reducciones de salario y de puestos de trabajo, pero falta ese mismo esfuerzo en el conjunto de las empresas, sobre todo las financieras, y especialmente en el conjunto de las altas rentas. Todos deben sentirse comprometidos, señor presidente.
Estas medidas pueden resolver el déficit, que nunca debe ser el fin sino que debe ser un instrumento importante, pero pueden agravar la falta de crecimiento y de aumento del empleo que realmente son los objetivos. Y si el PSOE ha tenido que abandonar sus refugios electorales, el Partido Popular debe hacer lo mismo si quiere seguir siendo considerado como un partido serio y solvente, un partido de gobierno. El momento requiere un rigor exquisito y una responsabilidad profunda; en definitiva, patriotismo con mayúscula. Es el momento de aplicarnos juntos a una gran reforma equilibrada y eficiente del país, aplicarnos todos a un modelo de gestión de crisis responsable y consecuente con la gravedad de la situación. Lo sabemos casi todo, pero solo lo asumiremos con la decisión necesaria cuando los cortes y recortes sean equitativamente repartidos.
Eso es lo que esperan los ciudadanos, que ya saben que esta gran crisis, como ninguna otra, no nos va a salir gratis, lo que esperan es que sepamos repartir los costos, que a nadie se le abrume con los recortes, pero que nadie se quede atrás, sin arrimar el hombro. Y ese gran objetivo no aparece en el decreto y en los acuerdos del Gobierno porque siguen siendo parciales, porque siguen olvidando dos temas claves, el mercado laboral y la fluidez del crédito, porque siguen siendo socialmente injustos al recargar el peso en los más débiles. Los pensionistas de este país, señor presidente, merecen que busquemos alternativas en las próximas semanas a la congelación salarial de sus pensiones, y hay camino. Reconocemos que este decreto y sus medidas no son buenos, pero no aprobarlo en estos momentos sería peor para este país y para los ciudadanos. Por eso nos abstenemos, en la confianza de que en el futuro sea más previsor, escuche más a los técnicos de su Gobierno y a esta Cámara, y tenga la gallardía de asumir ante los ciudadanos el alcance de su responsabilidad como presidente.
Señor presidente, usted, solo usted y su irresponsabilidad nos metieron en esta situación y lo más triste es que ha querido, y va a intentar, sacarnos de esto también solo. Ha rechazado que lo hagamos todos juntos; es su exclusiva responsabilidad y por eso hoy, señor presidente, no le vamos a apoyar.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Francisco Jorquera.
Señoras y señores diputados, señora vicepresidenta segunda, señor presidente del Gobierno, dos son las razones por las que el BNG va a votar en contra de la convalidación de este decreto, que representa el mayor retroceso social en la historia reciente de la democracia, pero, además, que las medidas contenidas en este decreto son contraproducentes para salir de la crisis, como ustedes mismos admiten, al bajar en medio punto las estimaciones de crecimiento de la economía para el próximo ejercicio. Utilizando el símil de un líder sindical que pertenece a su partido, ustedes optan por sacarle el oxígeno al enfermo cuando este aún está en la UCI. Este será el efecto, señorías, que tendrá en la recuperación económica y en la generación de empleo la drástica reducción de la inversión pública, unido a la pérdida de poder adquisitivo que conllevará, además de la subida del IVA, la congelación de las pensiones y la reducción del salario de los empleados públicos. Y para completar el cuadro, sacan de la chistera iniciativas que incrementarán la asfixia económica de los ayuntamientos por mucho que rectificasen parcialmente a través de una vía un tanto sui géneris, la fe de erratas. Se han plegado ustedes a los planteamientos de la derecha y del FMI, que, no contento con su plan de ajuste, propone ahora que las cajas se transformen en bancos, se abarate el despido y se vuelva a subir el IVA. Sí, señorías, se han plegado ustedes a los planteamientos de la derecha, aunque la derecha no esté dispuesta a reconocer este gesto, pues prefiere que ustedes se cuezan solos en la salsa de la crisis. La derecha ha tenido la gran habilidad de hacer del déficit público el centro del debate, cuando, señorías, el déficit ha sido consecuencia de la crisis; no ha sido la causa de la crisis, sino consecuencia de la crisis. Y lo hace para que una crisis que tuvo su origen en el sector privado por falta de regulación por parte de los poderes públicos de la economía, se intente resolver paradójicamente desarmando las políticas públicas. Lo increíble, señorías, es que ustedes se hayan dejado arrastrar por estos planteamientos. Por eso, es importante recordar algunos datos. Pese al déficit, el Estado español tiene, con Grecia y con Portugal, el menor gasto público por habitante de la Europa de los Quince. Quizá por ello el Estado español tiene también, junto con Grecia y Portugal, el menor índice de desarrollo humano de la Europa de los Quince.
Además, señorías, si hablamos de reducir el déficit ustedes han escogido los caminos equivocados, tanto por
la vía del gasto como por la vía de los ingresos. ¿No apelaba usted, señora vicepresidenta, a que la redistribución de la riqueza también se podía conseguir operando en el gasto para oponerse con este argumento a una reforma fiscal que dotase de mayor justicia al sistema impositivo? Ahora, con este plan de ajuste la reducción del gasto se concentra en la inversión productiva y en el gasto social. ¿Dónde está esa redistribución? Y la vía de los ingresos ustedes siguen sin enmendarla.
Ustedes optaron por subir el IVA en vez de exigir un mayor esfuerzo fiscal a las rentas altas. Y ahora, como mucho, ante el descontento social y tras continuos vaivenes, solo parecen dispuestos a introducir un pequeño maquillaje; eso sí, provisional y con efecto sobre el 0,1 por ciento de los contribuyentes.
Señorías, pudieron acometer una verdadera reforma fiscal en los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio, como demandó el BNG. Pudieron acometer una verdadera reforma fiscal en el proceso de Zurbano, como demandó el BNG. Pudieron hacerlo ahora y tampoco lo han hecho. Mejor dicho -y cito palabras textuales suyas, señora vicepresidenta segunda, al término del último Consejo de Ministros-: Está en estudio, pero no es inminente. No es inminente. Esta frase, señorías, me recuerda unas declaraciones de un significado cargo público en Galicia en el año 1987, cuando el embarrancamiento del Casón frente a las costas de Fisterra cargado de productos tóxicos desató la alarma en toda la zona, en toda la comarca. Este cargo público para serenar los ánimos declaró: El peligro de muerte no es inminente. Y desató una huida masiva de toda la población. Señorías, señores del Gobierno, por el camino que van pueden desatar ustedes una huida masiva de los 11 millones de votantes que les dieron su confianza para gobernar el Estado español.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra en primer lugar don Joan Ridao.
Señorías, modestamente, no será porque no hace ya tiempo que este Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no haya venido exigiendo al Gobierno otra política económica y también reformas para cambiar un modelo productivo basado en el dinero fácil del ladrillo, de la especulación, de la avaricia del sistema financiero; a un Gobierno socialdemócrata pero contaminado de liberalismo, que es poco menos que un remedo progresista de la política económica que hizo el Partido Popular. Por el contrario, el Gobierno, como don Tancredo, ya hace tiempo que se alzó sobre el pedestal de sus 11 millones de votos e impasible, marmóreo, sin escuchar a nadie, sin hacer la más mínima autocrítica, pensó que nada ni nadie le iba a embestir. Al final el toro le ha empitonado y, además, desde fuera le han impuesto los deberes. Eso es así, señorías, porque no ha habido capacidad ni liderazgo político ni económico y ahora los que mandan -y mandan más que este Parlamento y que el propio Gobierno- son los mercados, los mismos sumos sacerdotes que nos llevaron al desastre.
Ahora, cuando el Gobierno está al borde del precipicio, nos trae un plan; un plan doloroso, como dice la señora vicepresidenta, pero más doloroso de lo deseable e incluso de lo necesario, porque el Gobierno se ha visto golpeado con extrema dureza por su inmovilismo y también por la profunda desconfianza que genera. Quiero que quede claro que si al menos durante una generación vamos a vivir en medio de la penumbra, no es solo por la magnitud de esta crisis financiera global -que evidentemente no negamos-, sino también porque este Gobierno se ha empecinado en matar al enfermo a base de tosquedades y de improvisaciones. Así, mientras que Europa va enderezando poco a poco sus pasos, nosotros continuamos dando traspiés con un gobierno que se contradice, que esta misma semana se enmienda a través del Boletín Oficial del Estado y que, finalmente, ha acabado renunciando a su principal divisa, que era la protección social, aquella que, según el presidente del Gobierno, nunca iba a tocar. Además, lo ha hecho con un decreto-ley que va a lo fácil, que va a lo práctico, aun a costa de poner en cuestión la política social de este Gobierno y los avances y logros de estos últimos años. Lo ha hecho a base de recortar los derechos de pensionistas, de casi 8 millones de pensionistas que van a ver congelada su pensión por primera vez en toda la historia de la democracia; de las personas dependientes; de los trabajadores públicos, y también de la inversión productiva en materia de infraestructuras; algo que nadie ha hecho en Europa en estos últimos tiempos. Y luego, para endulzar este jarabe de palo, nos dice el Gobierno que a subir los impuestos de los más ricos. Sin duda, otro parche para repintar la ahora maltrecha fachada progresista de este Gobierno mientras, por cierto, los bancos y los especuladores se muestran felices. Y esto no nos parece serio. No es serio, señorías, señor presidente del Gobierno, que ustedes hagan de Robin Hood de día y de príncipe Juan de noche. Creemos que la crisis exige ciertamente un esfuerzo colectivo, pero un esfuerzo para todos, no solo para los más débiles.
Pongan ustedes de una vez todas las cartas encima de la mesa. Me refiero a la reforma laboral, la del sistema financiero, un ajuste severo del sector público estatal, pero sobre todo no se olvide, señor presidente, de que el motivo por el que estamos hoy aquí, que no es otro que la vulnerabilidad de nuestra deuda soberana en el mercado financiero, la ha provocado básicamente la especulación y el sobreendeudamiento privado, sobre todo la burbuja inmobiliaria. Por tanto, no pueden pagar justos por pecadores. Reformas y ajustes sí, pero sin lastrar el crecimiento económico y la creación de empleo; reformas
y ajustes sí, pero con equidad y con un mínimo sentido de la justicia social. En cambio, el Gobierno nos trae hoy un plan de ajuste en el que no hay una sola medida contra los causantes de la crisis. Entre refundar el capitalismo y dejar indemnes a los bancos que exhiben impúdicamente beneficios multimillonarios o esos 85 consejeros ejecutivos del IBEX que ganan de media 3 millones de euros al año, media todo un abismo, señora vicepresidenta, seor presidente del Gobierno. Además de que el problema de nuestro déficit -que es la consecuencia de la crisis pero no su origen- no es solo el gasto sino también los ingresos, que son raquíticos. Después de seis años de Gobierno socialista las rentas del trabajo y el ahorro tributan al 37 por ciento, las del capital al 17 por ciento, la tasa más baja de toda la OCDE, mientras que el fraude fiscal es enorme. Después de Grecia somos todavía el principal balneario fiscal de toda Europa. Con una reforma fiscal equitativa y progresiva podrían ustedes ingresar 8.000 millones de euros que podrían suponer perfectamente ahorrarse la congelación de las pensiones. Pero no, la opción del Gobierno es otra. La opción del Gobierno es la austeridad pero por la vía del gasto social y, no se olvide tampoco, de las infraestructuras y del gasto productivo. Es decir, los platos rotos de la crisis los van a pagar los de siempre. Y la pregunta es: ¿dónde está el ajuste del Estado? ¿Dónde está, señorías, señor presidente del Gobierno, la dieta baja en calorías de este Gobierno? Ahora hay que meter al todo el mundo en vereda, incluso a ayuntamientos y comunidades autónomas, a las que se presenta como auténticas derrochadoras por su desahogada opulencia. Falso. ¿Dónde está el mea culpa del Gobierno por este auténtico bazar y subasta electoralista y populista ruinosa de estos últimos años: los 3.500 millones de euros de la deducción por adquisición de vivienda, los 7.000 por la deducción de 400 euros, los 3.000 del cheque bebé? ¿Y qué decir de los 3.000 millones de euros que se podían haber ingresado si no se hubiera suprimido el impuesto sobre el patrimonio para las rentas superiores a 600.000 euros? ¿Y los 13.000 millones de euros del Fondo de inversión local por el bárbaro método de financiar el ladrillo, sin ningún tipo de valor añadido, para alquitranar simplemente calles y para que por ejemplo Torrejón de Ardoz haya erigido una replica de la Puerta de Brandeburgo?
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señor presidente.
Y la cosa no termina ahí. ¿Qué decir del gasto improductivo de un sector público ineficiente, con unos ministerios que duplican las funciones que hacen las comunidades autónomas; con una estructura ministerial sobredimensionada; con unos intereses de la deuda que en solo dos años se han triplicado; con unas inversiones de nuevo rico ineficientes económicamente, y con un AVE que, si ustedes se descuidan, llegará a cada capital no de provincia sino de partido judicial?
Señorías, señor presidente, vamos a votar que no porque lo primero que hay que hacer para salir del agujero es, lógicamente, no hacerlo más profundo. El problema de este Gobierno no es solo lo que hace, recortar derechos sociales, sino sobre todo lo que no hace, las reformas estructurales necesarias.
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente del Gobierno, si hubiera usted podado antes alguna rama, seguramente hoy no haría falta talar el árbol entero.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
Señora vicepresidenta del Gobierno, señor presidente del Gobierno, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a votar que no en favor de los trabajadores, en favor de los ciudadanos y también en favor de la izquierda y de la política; de la política con mayúsculas, porque este decreto es la plasmación de un ataque especulativo, de un golpe antidemocrático contra el Estado social europeo y porque este decreto plasma la renuncia del Partido Socialista y del Gobierno a sacarnos de la crisis de manera justa. La propuesta del Gobierno que hoy tenemos encima de la mesa es una propuesta impuesta; impuesta por los mercados financieros, que primero atacaron la estabilidad del euro, más tarde atacaron a la propia Unión Europea y ahora imponen el diktat de la política económica junto con el Fondo Monetario Internacional. Los mismos actores que empobrecieron hace décadas América Latina quieren ahora empobrecer el sur de Europa, señorías.
Pero además el Gobierno nos presenta un decretazo antisocial. Pasaron los tiempos del ajuste compasivo y de los diálogos de Zurbano y hemos entrado directamente en los tiempos del derechazo. Señorías, la propuesta que ponen encima de la mesa significa que los más débiles, los trabajadores, los pensionistas, los funcionarios, los países en vías de desarrollo, todos ellos, pagarán el grueso de la crisis y los que han provocado la crisis, los banqueros, las principales rentas de este país, no comprometerán ni siquiera un ápice para sacarnos de la crisis, si acaso alguna medida cosmética para salvar la imagen de izquierdas del Partido Socialista y del Gobierno. Esa es la verdadera naturaleza de las medidas que hoy nos traen aquí. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Y eso, señora vicepresidenta, no es lo peor. Lo peor es que estas medidas van a profundizar la crisis y son el punto de partida o, mejor dicho, el punto sin retorno para mayor crisis económica, mayor desafección de los ciudadanos,
mayor confrontación social. Comienzan ustedes con estas medidas el camino prácticamente irreversible hacia la movilización social y la huelga general, porque estas medidas van a profundizar la crisis, son añadir crisis a la crisis, desempleo al desempleo, falta de ingresos a la falta de ingresos, nuevo problema de deuda y de déficit y nuevas medidas aún más duras de recorte. Ese es el camino que ustedes han iniciado y que terminará -sin necesidad de tener gran olfato político- en una reforma impuesta, que terminará en la reforma financiera que pide el Fondo Monetario Internacional y que terminará seguramente también en una reforma de las pensiones, porque la medida adoptada no es otra cosa que el sacrificio de las pensiones a los que quieren entrar en los fondos privados de pensiones y especular con ellos. Señorías, hay otro camino; hay una alternativa. No estamos condenados entre la cura de adelgazamiento de los menos fuertes del Gobierno y la cura de hambre del Partido Popular. No estamos condenados entre el Partido Socialista y el Partido Popular, podemos tener una alternativa. A nosotros no nos obsesiona el presidente del Gobierno, no nos obsesiona el Gobierno, nos obsesiona la prioridad, que no es el déficit público, es el desempleo. Y para ello proponemos una reforma fiscal que nos permita tener ingresos -ingresos que el Gobierno va a sacar de los bolsillos de los de abajo- de forma justa, de tal forma que podamos llegar a un acuerdo social y a un acuerdo político para repartir las cargas y los beneficios y salir juntos de la crisis.
Señorías, en estos momentos parece que van a sacar adelante este decreto, y parece que por la mínima, pero las victorias pírricas, sobre todo cuando se hacen con las ideas del adversario, son, señorías, las derrotas más amargas. Menos mal que nos quedan los trabajadores, los ciudadanos y la izquierda, que mantendrán unos valores de los cuales ustedes hoy abjuran, hoy renuncian y hoy de alguna manera acaban en este decreto que, en nuestra opinión, debe rechazarse no solamente por parte de la izquierda, sino también en favor de la democracia, en favor de la política, porque no está en riesgo únicamente la salida de la crisis, sino que está en riesgo el propio prestigio de la política. Si los mercados se salen con la suya, si imponen la política económica a los Estados y a la democracia, poco va a quedar y poca calidad democrática vamos a tener.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señoras vicepresidentas, señor presidente del Gobierno, hoy nos encontramos con una economía maltrecha, gravemente herida, y con un presidente cuyo liderazgo está seriamente en entredicho. Ambas cuestiones nos preocupan enormemente porque, amén de aspectos personales a los que no soy en absoluto insensible, lo peor para una economía débil y con graves problemas como la española es un presidente sin rumbo y sin credibilidad que ha tenido que retractarse de toda su política, de la política social desplegada a lo largo de los últimos años. La crisis desatada hace dos años y medio, inicialmente financiera y localizada en Estados Unidos, se propagó por el mundo desarrollado a una velocidad desconocida hasta el momento generando la mayor crisis económica desde la Gran Depresión. Se pensaba que no iba a afectar a la economía española, el Gobierno decía que el sistema financiero español era sólido. Lo que no se quería ver era que, más allá de lo estrictamente financiero, la economía española había creado una enorme burbuja financiera inmobiliaria, las empresas y familias estaban excesivamente endeudadas y los fundamentos económicos de fondo, la productividad y la competitividad de la economía, eran realmente endebles y vulnerables. Así, se ha llegado a una situación económica insostenible cuyos indicadores más significativos son que el pasado año la economía disminuyó casi un 4 por ciento, que las cuentas públicas han pasado en dos años del superávit a un déficit del 11,2 por ciento y, sobre todo -lo que es el reflejo más cruel de la crisis-, que la tasa de paro ha superado el 20 por ciento, afectando especialmente a los jóvenes que deben ser el futuro del mercado de trabajo.
A lo largo de estos años la política económica del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero ha sido, en nuestra opinión, errática, confusa y en muchas ocasiones equivocada. A las lógicas aunque discutibles apuestas por la reactivación económica -léase Fondo de reactivación local- y a los inevitables gastos obligados por la crisis que operan a través de los estabilizadores automáticos, como las prestaciones por desempleo, se han sumado unas políticas caprichosas, ineficaces y excesivamente costosas, como la de los famosos 400 euros y el cheque bebé, una de ellas afortunadamente ya suprimida y la otra en camino de serlo. Estos tres elementos, la política anticíclica, más estabilizadores automáticos y caprichos poco explicables desde el punto de vista económico -no desde el electoral- han llevado, junto a la brusca caída de la recaudación de los ingresos tributarios derivada del desmantelamiento de la base productiva por motivo de la profunda crisis, a la situación descrita de las cuentas públicas. Además la falta de decisión, de consenso político y de liderazgo para abordar y enfrentarse a las ineludibles reformas estructurales nos ha conducido a que no se hayan sentado mínimamente las bases de la recuperación para ganar en productividad y generar crecimiento y empleo. Incomprensiblemente la reforma laboral está aún pendiente, la reforma del sistema financiero va dando bandazos y evoluciona muy lentamente, la reforma energética, educativa, I+D+i parece no preocupar en exceso, y la política de gasto público y de racionalización del sector público no se atisba por ninguna parte más allá de los recortes indiscriminados que se recogen en el real decreto-ley que nos trae el Gobierno para su convalidación, y a los que me referiré más adelante.
En este contexto de crisis y debilidad institucional y política los mercados han visto que la economía española corría el riesgo de ser insolvente y le han puesto en un serio aprieto. La bolsa cae día sí y día también generando enormes pérdidas; las emisiones de bonos tienen serias dificultades para ser colocadas en los mercados, a pesar de que el spread con el bono alemán se sitúe prácticamente en los 200 puntos básicos, con el enorme encarecimiento que eso supone para el coste de la deuda, y el euro está también siendo cuestionado y devaluado día a día. Así hace menos de tres semanas el Banco Central Europeo, los presidentes de la Unión Europea -especialmente la canciller Merkel- y el Ecofin, tras haber dado una solución a la europea a la cuestión griega y tras crear un fondo para la estabilización de 750 millones de euros para frenar los ataques especulativos a los mercados y al euro, le han dicho a España que ya está bien; que no van a consentir que la economía y la política españolas pongan en peligro al euro; que el Gobierno español debe acometer sin demora una drástica reducción del déficit público, cuantificado en 15.000 millones de euros, en el presente y en el próximo año, y que el déficit no debe superar, al finalizar 2013, el 3 por ciento del PIB.
Con esta orden europea, el presidente Rodríguez Zapatero compareció ante esta Cámara, el pasado día 12, para proponer unas medidas de recorte de gasto público centradas básicamente en medidas de recortes sociales y paralizaciones de obras públicas. Dichas medidas fueron aprobadas el 20 de mayo por el Consejo de Ministros mediante el real decreto que hoy debatimos en esta Cámara. ¿Y qué nos propone el Gobierno? El Gobierno quiere que apoyemos la congelación de las pensiones. El Gobierno quiere que apoyemos las reducciones salariales de los maestros, médicos, policías, trabajadores sociales, de la justicia, de los funcionarios de los ministerios, de los gobiernos autonómicos, de los ayuntamientos, etcétera. El Gobierno quiere que apoyemos los recortes de inversión pública que van a generar contracción económica y desempleo. El Gobierno quiere que apoyemos la reducción de los gastos vinculados a la dependencia. También quiere que le apoyemos, entre otras cosas, a reducir el cheque bebé, la factura farmacéutica, el gasto de cooperación al desarrollo y a que las comunidades autónomas reduzcan también sus gastos públicos.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), después de una profunda, serena y nada fácil reflexión, le tengo que decir a este Gobierno que no le podemos apoyar, que no le vamos a apoyar. No estamos dispuestos a que los más débiles y los que no han tenido nada que ver con esta crisis sean los primeros y únicos que paguen la factura. Ni los pensionistas ni los empleados públicos ni los dependientes -los más necesitados en este caso de ayudas- han sido los responsables de la situación y, si no lo son, no pueden ser los únicos que la paguen. Las operaciones financieras especulativas y los despilfarros electoralistas del Gobierno están en el núcleo de la crisis y del déficit público, y no hemos oído al Gobierno plantear medida alguna para atajar las operaciones financieras especulativas, para gravar a los bancos que, amén de congelar el crédito a empresas y familias, dificultando así la salida de la crisis, exhiben beneficios escandalosos. Poco se ha dicho sobre las medidas para luchar contra el fraude fiscal, que ha aumentado de forma considerable a lo largo de la crisis. Tampoco le hemos oído, más allá de la promesa aún inconcreta de crear un nuevo impuesto para los más ricos, propuesta alguna de reducción de ministerios, de supresión de gastos superfluos duplicados e ineficientes ni de revisión del sistema tributario para que la crisis la paguemos entre todos, empezando por los que más responsabilidad tienen y también por los que más recursos tienen.
No nos engañemos, no seamos ingenuos, el ajuste viene obligado por Europa y como tal es ineludible. Para pertenecer al club de la Unión Europea hemos de respetar sus reglas, nos gusten o no. No podemos jugar con la economía ni con el euro ni con la unión económica ni con la unión política europea. Nos ha costado mucho ingresar y pertenecer a la Unión Europea como para ponerla en riesgo. Los ajustes hay que hacerlos. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pensando que éramos más ricos de lo que éramos y ahora nos toca volver a la cruda realidad, a apretarnos el cinturón. Tampoco debemos pensar que no tenemos que hacer ningún esfuerzo, que el esfuerzo lo tienen que hacer los demás; eso no es realista, lo tenemos que pagar entre todos. Los 4,6 millones de parados lo están haciendo ya y en muchos casos de manera dramática. Hay que hacer un ajuste y pagar la factura entre todos, pero en ningún caso podemos empezar por los pensionistas, por los empleados públicos y por las personas en situación de dependencia. Los débiles no pueden ser los primeros.
Por todo ello, señor presidente, señora vicepresidenta, señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario va a votar que no a la convalidación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Duran.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Gobierno, señoras vicepresidentas, me permitirá, señor presidente del Gobierno, que dirija prácticamente mi intervención a su persona, aunque no haya sido quien ha presentado el real decreto, y no es por falta de respeto que ya sabe que le tengo y mucho a la vicepresidenta, sino porque estamos ante una sesión excepcional, razón por la cual, si bien no es habitual que tome la palabra en debates económicos y que lo haga nuestro portavoz en economía, este es un día en el que hay que asumir todas las responsabilidades que sean necesarias.
No voy a enjuiciar, señor presidente del Gobierno, señorías, el voto y la actitud de otros grupos de la Cámara, aun sabiendo que muchos de ellos esconden la cabeza debajo del ala confiando en que sea nuestro grupo quien asuma responsabilidades. Si pensáramos en las próximas elecciones, qué duda cabe de que nuestro discurso sería radicalmente negativo -por otra parte, lo va a ser- con relación al Gobierno y a su presidente, en particular. Pero no pensamos simplemente en las próximas elecciones; es más, soy muy consciente de que nuestra intervención y nuestra decisión en el día de hoy puede no ser entendida por parte de nuestros electores, y a ello voy a referirme sin ambages a lo largo de mi intervención. Hoy ustedes nos piden una adhesión, simplemente una adhesión a una decisión -por otro lado, los grupos de la Cámara no solo lo deberían saber, sino que lo saben y conocen, por lo que deben ser responsables de sus posiciones- que no es querida por el Gobierno, en este caso por el Gobierno socialista. Es una decisión -tiene razón el señor Gaspar Llamazares; otra cosa es que, como es lógico, yo discrepe de su modelo político- que nos la imponen los mercados, nos la impone el Fondo Monetario Internacional, nos la impone la Unión Europea, en definitiva, nos la impone la realidad económica. Nos piden un acto de adhesión y por muchas razones este grupo parlamentario, con mayor autoridad moral que otros, tendría motivos y los tiene para decirles que no. En primer lugar, porque durante toda la anterior legislatura reflexionamos ya sobre que el modelo de crecimiento económico que sostenía su Gobierno -que tenía antecedentes en el anterior Gobierno- no era el modelo económico para España, que estábamos creciendo por encima de nuestras posibilidades, que estábamos creciendo falsamente, sobre pies de barro: construcción, demanda interior exagerada, déficit exterior exagerado. Eran tiempos en los que, señor presidente, usted lucía ante la opinión pública española, ante esta Cámara y ante la opinión pública europea que ya pasábamos a Italia, que estábamos a punto de pasar a Francia; tiempos en los que se ha lucido que España tiene más kilómetros de AVE que otros países de Europa, el que más kilómetros tiene de AVE; tiempos, en definitiva, en los que España ha vivido por encima de sus posibilidades. Y todo eso se acabó. La fiesta en realidad se acabó.
Como decía, tenemos razones morales para oponernos a este decreto.
Nosotros propusimos desde el principio de legislatura un pacto de Toledo.
Si se hubiera hecho caso a nuestra propuesta hoy no estaríamos donde estamos. Entre todos hubiéramos adoptado decisiones que nos ahorrarían hoy tener que enjuiciar un decreto-ley sobre cuyo contenido, en todo caso, haré comentarios después. Si se nos hubiera hecho caso en cada una de las sesiones en las que hemos propuesto fomentar la ocupación, hoy no estaríamos pagando más de 30.000 millones de euros de subsidio de paro, hoy estaríamos creciendo y estaríamos impulsando la rebaja del déficit público a través de ingresos y no de gastos, como ustedes nos proponen.
Si nos hubieran hecho caso, insisto, muchas de las medidas las hubiéramos adoptado entre todos y no requerirían ese acto de adhesión que hoy nos solicitan.
No vamos a poder decir que sí a su acto de adhesión. No vamos a poder votar favorablemente la propuesta del Gobierno y no lo vamos a hacer por muchas razones. En primer lugar, porque ustedes actúan simplemente para rebajar el déficit, que hay que hacerlo, sobre el gasto, y no sobre los ingresos. Hemos dicho fuera y dentro de sede parlamentaria que puede y debe hacerse también a través de activar los ingresos, se puede hacer vendiendo activos que tiene el Estado. No tiene sentido alguno, por ejemplo, que el Estado tenga una participación en una empresa azucarera o que tenga participación en otras empresas. Sé que el momento para vender activos no es el mejor, en función del bono bursátil, pero hay que pensar en la venta de activos para incrementar ingresos de cara al futuro.
No estamos de acuerdo tampoco con este decreto por la razón que decía antes: ustedes operan simplemente mediante gasto. No hay una sola medida que fomente la ocupación, que cree empleo, cuando es a través del empleo como podemos hacer posible que este país se recupere, porque con las medidas que usted está aportando hoy a la Cámara no va a haber recuperación económica, más bien van a caer un poco las perspectivas -como ustedes han reconocido- de esa recuperación. No estamos de acuerdo, porque entendemos que deberían haber congelado antes los sueldos de los funcionarios y hoy no recaería sobre ellos la rebaja que ustedes van a imponer. No estamos de acuerdo, porque en ese ámbito tenemos dudas de la seguridad jurídica que plantean las medidas que ustedes adopten, si realmente se puede imponer ese tipo de acuerdo a los funcionarios, si realmente se puede imponer al personal laboral contratado, si realmente se puede imponer al personal de las mutualidades laborales. No estamos de acuerdo tampoco con el decreto por lo que hace referencia a las medidas en torno al sector farmacéutico, en torno a las oficinas de farmacia.
Ustedes no se atreven a plantear de una vez por todas que, si bien es cierto que el gasto farmacéutico es excesivo, hay otros instrumentos que simplemente castigar a las oficinas de farmacia y a las industrias farmacéuticas para combatir ese exceso de gasto farmacéutico. No podemos compartir este decreto porque no estamos para nada de acuerdo -vamos a defender lo que diré después- con la posición que mantienen respecto a la congelación de las pensiones por injusta, y porque al mismo tiempo contradice algo que es básico. Usted, señor presidente, es el primer presidente del Gobierno desde que Convergència i Unió propuso en su día el Pacto de Toledo que contraviene las indicaciones del mismo, porque la decisión que adoptan en este real decreto-ley de congelar las pensiones contraviene el acuerdo del Pacto de Toledo de que en cualquier caso van a incrementarse conforme al nivel de coste de la vida.
Por todas estas razones, señor presidente, no podemos apoyar su decreto-ley. Son medidas que algunos dicen que son impopulares e injustas. Por impopulares tenga la convicción, señor presidente del Gobierno, que estaríamos dispuestos a votar que sí; por injustas, en cualquier caso, no. Por eso ya le digo en estos momentos respecto a las pensiones, que este grupo parlamentario va a dedicar todos sus esfuerzos para que en el marco del Pacto de Toledo se adopte una decisión que después sea convertida en una disposición legal, para que en el supuesto de que haya una inflación que comporte como realidad de cara a los pensionistas que pierdan capacidad adquisitiva, esta se subsane con el pago de una paga extraordinaria. No estamos dispuestos a que los pensionistas pierdan capacidad adquisitiva. No estamos dispuestos a que se incremente el nivel de la vida y no se revaloricen las pensiones como ustedes plantean. Por consiguiente, nuestro grupo parlamentario no renuncia, todo lo contrario, anuncia que va a hacer todo lo posible -estoy convencido de que eso será viable por el apoyo de la Cámara, como se ha demostrado esta misma semana en una iniciativa del Grupo Popular- para que aquí finalmente no se pueda aceptar esa propuesta de pensiones.
Dicho esto en contra del real decreto-ley, señor presidente, no puedo sustraerme a la realidad. Todo el mundo en esta Cámara y muchas personas informadas fuera de ella saben qué sucedería si hoy el Gobierno no tuviera capacidad, aunque fuera simplemente con sus votos, de aprobar este decreto-ley. Todo el mundo lo sabe. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Parece que alguien quiere ignorarlo, pero todo el mundo sabe que mañana los mercados reflejarían una caída importante de nuestra bolsa; que más allá de la caída de la bolsa, mañana los mercados castigarían nuestra deuda. Sería más difícil emitir deuda pública. (Un señor diputado: ¿Más todavía?) Más todavía, señor diputado, mucho más todavía.
El señor DURAN I LLEIDA: Hay ejemplos en países europeos que demuestran que todavía se puede ir más allá. La obligación y responsabilidad de un diputado -al menos de este que les habla- es intentar que España no caiga todavía en un pozo más profundo, que todavía tiene posibilidades.
(Aplausos.) No me aplaudan, señores diputados del Grupo Socialista, porque no estoy de acuerdo con ustedes. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento. Por favor, les ruego silencio.
El señor DURAN I LLEIDA: Dije antes que renunciaba a enjuiciar la posición de la oposición. Si ustedes tienen interés en entrar en un debate sobre la posición de la oposición podemos hacerlo también, pero dije antes que renunciaba a entrar a enjuiciar la responsabilidad o no de la posición adoptada hoy por el principal partido de la oposición. Déjenme, por favor, explicar mis posiciones y no inciten a que entre en el debate con respecto a cuál ha sido la posición del principal partido de la oposición.
Todos debemos saber, todos -aquellos que deseamos que los pensionistas no pierdan capacidad adquisitiva, aquellos que deseamos que a los funcionarios no se les recorten sus sueldos-, que si no se aprueba este real decreto los funcionarios estarán en peores condiciones no para cobrar un sueldo rebajado sino, incluso, para cobrar su sueldo, para cobrar su nómina, porque gracias a ustedes el país está como esta. Todos, dentro y fuera de la Cámara, deben ser conscientes de ello. Y deben ser conscientes de ello porque ustedes nos han llevado a esa situación, y de que si no se aprobase ese decreto -que se va a aprobar simplemente con sus votos- la situación de los pensionistas todavía sería peor, a partir de mañana que lo que ustedes proponen para el futuro. No quiero que España sea intervenida como Grecia, porque si España es intervenida como Grecia, el precio político y económico que va a pagar nuestra sociedad, que van a pagar los funcionarios, que van a pagar los pensionistas va a ser muy superior. Y no quiero que paguen un precio superior sobre aquel del que ya no estoy de acuerdo y que hoy nos formula el presidente del Gobierno.
Señor presidente del Gobierno -acabo-, el problema no son los funcionarios, no son las oficinas de farmacia, no son los pensionistas.
El problema, señor presidente del Gobierno, es usted, usted y su Gobierno. Se acabó, a nuestro juicio, su etapa como presidente del Gobierno. Ahora, debe asumir las funciones que le corresponden de acuerdo con lo que económicamente todo el mundo nos dice que España debe hacer.
En los próximos meses, sin duda, debe traer a esta Cámara -cuanto antes mejor, la próxima semana si cabe- una propuesta de reforma laboral. Debe acabar de una vez por todas la reforma del sistema financiero, garantizar que haya liquidez, garantizar que haya crecimiento económico, que haya empleo. Usted tiene esa tarea; usted tiene esos deberes. Pero esto ya no se aguanta más. Su etapa, señor presidente, está ya finiquitada. No convoque elecciones ahora, porque lo peor que le podría suceder a este país -todo el mundo lo sabe- es que en plena crisis económica, la peor de España en ochenta años, nos quedáramos sin Gobierno. Sin embargo, después de hecha la reforma laboral y asumidas las normas que le proponen el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, cuando venga el momento de aprobar el techo de gasto, de aprobar los presupuestos -que no va a contar con el apoyo de este grupo parlamentario, y después de lo visto hoy en función de lo que han votado los grupos parlamentarios no tendrá apoyo-, señor presidente, será la hora de que convoque elecciones.
Convergència i Unió ejerce su responsabilidad, pero responsabilidad por responsabilidad haga usted lo mismo y asuma la propia. En primer lugar, haga los deberes que le imponen desde fuera. En segundo lugar, deshaga todo lo que ha hecho mal, que no es poco. Y, en tercer lugar,
cuando lleguen los presupuestos y no pueda sacarlos adelante, convoque usted elecciones que es lo que espera y necesita este país.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don José Antonio Alonso.
Señoras y señores diputados, la crisis más dura y profunda en ocho décadas, en ochenta años, de la historia del mundo condujo en una primera etapa de la misma a todos los gobiernos del mundo desarrollado, por supuesto a los europeos, a llevar a cabo una política fiscal expansiva para estabilizar el ciclo económico; un ciclo que, como bien saben, se caracterizó por una caída brusca, profunda e incluso brutal del crecimiento y del empleo. Como consecuencia de ello, de hecho actualmente la mayoría de los países europeos tienen un déficit excesivo, prácticamente todos ellos y desde luego los más grandes. España no ha hecho, señorías, cosas distintas de las que se han hecho en Europa, de las recomendaciones del G-20 para el conjunto del mundo en crisis económica, la peor crisis económica de estos últimos ochenta años de la historia del mundo.
Por eso, señorías, precisamente ahora todos los países europeos -todos- están anunciando programas de consolidación fiscal similares al nuestro.
Recientemente lo han visto en la prensa nacional e internacional, y lo han visto en vivo y en directo, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, entre otros y por citarle los más importantes, que han anunciado duros ajustes fiscales. Todos, absolutamente todos los gobiernos europeos lo están haciendo y todos cuentan con el apoyo de sus respectivas oposiciones. ¿Cuál es la originalidad de la crisis de España? No la que dice el Partido Popular. La única originalidad, señoras y señores diputados, es que el único partido europeo de tamaño que se opone y que está haciendo una auténtica rebelión en contra de la reducción del déficit es el Partido Popular de nuestro país. (Aplausos.) Señorías, a la derecha, al Partido Popular, no le importa ni la crisis económica ni los trabajadores en paro ni el futuro de las políticas sociales en España; no les importa dañar la imagen de España en el exterior porque carecen de cualquier lealtad institucional. (Rumores.) Señor Rajoy, es usted el político y preside el partido político más antisocial y más antieuropeo de toda Europa y el más irresponsable en términos políticos y económicos de toda la historia de la democracia española. (Aplausos.-Rumores.)
Señoras y señores diputados, tras el acuerdo histórico para defender el euro que ya es bien conocido y ha sido suficientemente glosado aquí, y una vez que la economía se empieza a estabilizar, es el momento de apostar con determinación y con valentía por la austeridad de las cuentas públicas; es el momento de medidas que piensan en el interés de todos por encima del interés partidista. La difícil situación por la que está atravesando la zona euro en su conjunto y la necesidad de adoptar una decisión de apoyo financiero común, como es el mecanismo europeo de estabilización, nos debe hacer valorar a todos los grupos parlamentarios el momento histórico que estamos viviendo, y subrayo y enfatizo, momento histórico que estamos viviendo. El principal problema que ahora se dirime, por decírselo claramente, en la escena internacional y europea es evitar otro pánico financiero similar al vivido con Lehman Brothers a finales de 2008, lo que podría volver a hundir la economía mundial en la recesión.
Señorías, nosotros pertenecemos a Europa, utilizamos una moneda común, pertenecemos a Europa de pleno derecho y esa moneda está respaldada por todos y cada uno de los Estados miembros, y tenemos que defenderla porque tenemos que defender nuestra calidad y nuestro bienestar en la vida. Hace tan solo dos semanas, ustedes saben que los países de la zona euro aprobamos 750.000 millones de euros para garantizar la deuda soberana, y lanzamos un mensaje claro a la parte del mercado financiero que es clara y potentemente especuladora. Nos comprometimos todos juntos a defender nuestra moneda y demostramos capacidad de respuesta ante desafíos que nunca se habían planteado. Por esto, pido a los grupos parlamentarios que sean conscientes de la trascendencia que va a tener la decisión que hoy tomemos en la Cámara. Señorías, estas medidas han sido plenamente apoyadas por todo el mundo, por todos los países de la Unión Europea, por nuestros socios, por todos los organismos internacionales, por la Comisión Europea, como les digo, por la OCDE y por el Fondo Monetario Internacional, excepto a lo que se ve por el Partido Popular en nuestro país. Señorías, estas medidas son el compromiso y la responsabilidad que adquiere España con Europa, que es el mismo que adquieren con Europa el resto de los países de la Unión Europea, pero son también, señoras y señores diputados, medidas imprescindibles para nuestro futuro económico, social y político.
Desde el punto de vista económico, señor presidente, señoras y señores diputados -hay que decirlo claramente-, tenemos un endeudamiento del sector privado aproximadamente del 178 por ciento del PIB, deuda privada que triplica la del sector público, que está bien, es la segunda más baja de la Unión Europea. En consecuencia, el verdadero reto es garantizar, como bien se ha dicho por parte de algún interviniente aquí, que el coste de la financiación, fundamentalmente la del sector privado, que es el más endeudado, no ahogue la economía española -señor Rajoy, que parece que no se entera- por una razón esencial: si no queremos tener un lastre por el pago de intereses en los presupuestos de cada año, tendremos que aplicar con determinación estas medidas que reducen el déficit de una manera rápida y eficaz. Por ello, desde el punto de vista económico este ajuste es responsable con las generaciones futuras; tengámoslo
muy claro, señor Rajoy, que -le repito- usted no lo tiene nada claro porque no le interesa; lo único que le interesa -según dijo- es que el señor Zapatero deje de estar ahí, algo que no va a conseguir porque los ciudadanos van a seguir teniéndole a usted ahí, que es donde se merece estar. (Señalando a ambos lados de la tribuna.- Aplausos.)
Señoras y señores diputados, desde el punto de vista social son medidas necesarias para seguir manteniendo nuestro modelo social. Queremos preservar nuestra sanidad pública, nuestra educación pública y unas pensiones dignas; en general, la acción pública del poder público del Estado y del resto de las administraciones para garantizar la calidad de vida en nuestro país. Pero ahora tenemos que hacer un esfuerzo de ahorro para garantizar a medio plazo que nuestros ciudadanos puedan seguir disfrutándolo. Y desde el punto de vista político, señorías, son medidas acordadas a nivel europeo que profundizan en la coordinación de las políticas económicas. Señorías, no aprobar este decreto-ley sería incumplir nuestros compromisos europeos, porque no se trata de una vigilancia recíproca. No sé qué sentido de país puede tener una persona que dice que nos están tutelando, vigilando o algo por el estilo. Una de tres, o no ha hecho política internacional en la vida -señor Rajoy- o no se ha enterado de qué va la política internacional o no tiene sentido de la dignidad de su país, porque a España no la tutela nadie. España es un país que al mismo nivel que el resto de sus socios coparticipa en la toma de decisiones comunes responsables. (Prolongados aplausos.)
Quiero, eso sí, señoras y señores diputados, expresar un reconocimiento unánime del Grupo Parlamentario Socialista a aquellos colectivos a los que más directamente afecta este esfuerzo, a los empleados públicos y a los pensionistas. A los empleados públicos, porque sabemos que dedican lo mejor que tienen en su tarea de servidores públicos, unos servidores públicos que, por cierto, no merecen el cinismo y la demagogia del Partido Popular teniendo en cuenta cómo los trató. (El señor González Pons y la señora Mato Adrover pronuncian palabras que no se perciben.- Risas.) Los 6 puntos de poder adquisitivo durante sus ocho años de Gobierno y 16 por ciento de aumento salarial durante los seis años de nuestros gobiernos; esos son los hechos, y de ahí el cinismo y la demagogia del Partido Popular. (Rumores.) También me gustaría aclarar una vez más que ningún pensionista de este país va a cobrar menos de lo que cobra este año, y algunos van a cobrar más porque vamos a seguir revalorizando las pensiones no contributivas y las pensiones mínimas.
Señor presidente, señoras y señores diputados, si de algo estamos orgullosos los socialistas es del auténtico avance social que hemos hecho desde que gobernamos; nadie -nadie- nos puede dar lecciones en este ámbito. Hemos aumentado un 50 por ciento el gasto social desde 2004; el gasto social, señor Rajoy, ha sido y será la seña de identidad que guíe la acción de los socialistas, porque nosotros nos preocupamos de los ciudadanos y no los dejamos tirados. (Aplausos.) Esa es la enorme diferencia con el Partido Popular, el partido más antisocial de toda la Unión Europea. (Rumores.- Aplausos.- Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Señoras y señores diputados, por ser más preciso les diré que durante estos años hemos hecho el mayor esfuerzo de subida de las pensiones que nunca se ha hecho en democracia, después de ocho años con los pensionistas ignorados en algunos casos y maltratados directamente en otros por el Partido Popular, el señor Aznar y, recordémoslo, por el señor Rajoy. (Rumores.- Un señor diputado: ¡Venga, hombre!)
El señor ALONSO SUÁREZ: ¿Qué dice a eso la derecha? Nada, porque no tiene nada que decir; carece de argumentos. También desde 2004 hemos incrementado el salario mínimo interprofesional un 35 por ciento -como nunca se había hecho- y hemos implementado un sistema de atención a la dependencia. Gracias a esa ley hay medio millón de personas que tienen atención y que la necesitan mucho. ¿Qué han hecho ustedes? ¡Nada; nunca; jamás! (Rumores.) A su vez, hemos aumentado considerablemente las becas como instrumento para la igualdad de oportunidades. Con la derecha bajaron las becas. Este es el Gobierno que se ha acordado por primera vez de los autónomos; el primero que aprobó el Estatuto del trabajo autónomo y el primero que ha reconocido prestación por desempleo a los autónomos.
Con ustedes, también ¡Nada! (Varios señores diputados: ¡El paro, el paro!)
Señorías, es la hora de la responsabilidad y de la altura de miras para apoyar un decreto-ley, este, que dé un mensaje de seguridad, de confianza y de credibilidad a Europa y a los mercados. Somos una unión monetaria compleja, no tengo ni que decirlo, pero lo que necesitamos claramente no es menos Europa sino más política, más integración, más coordinación y más instituciones europeas en el destino común que los españoles compartimos con el resto de los europeos desde hace veinticinco años.
Hoy, señorías, no es el momento de políticas miopes, ventajistas y especuladoras. La responsabilidad de este decreto-ley la asume el Gobierno, pero la oposición tiene la oportunidad histórica, histórica, de ser una alternativa fiable y seria o, mejor dicho, la tenía, porque acaba de desperdiciarla el señor Rajoy haciendo un ejercicio de irresponsabilidad histórica antieuropea y absolutamente desconocida en la historia democrática de nuestro país que le incapacita para ser la alternativa de Gobierno nunca jamás. (Aplausos.)
Señorías, la economía europea se enfrenta a un cambio estructural de envergadura que va a ser difícil y duro, un cambio estructural en sus finanzas públicas, en su mercado de trabajo y en su sector financiero.
Hoy es la hora del compromiso con la austeridad de las cuentas públicas.
Pedimos lo mismo que el resto de los gobiernos e instituciones
europeas están pidiendo recíprocamente. Por citarle a la parte de la derecha conservadora de la Cámara un ejemplo directo y claro, ustedes saben bien que el Gobierno de la señora Merkel había prometido una rebaja de impuestos en su día y ha tenido que rectificar porque, dadas las circunstancias, ha tenido que anunciar un recorte del gasto y una subida de impuestos, lo contrario de lo que había previsto. También, por citarles un ejemplo de una institución central de la Unión Europea, la que maneja la política monetaria, el presidente del Banco Central, el señor Trichet, siempre negó la posibilidad de comprar deuda pública. Sin embargo, ante una situación verdaderamente excepcional, la institución decidió intervenir en los mercados de renta fija. Por tanto, aquí, señoras y señores diputados, no improvisa nadie. Gobernamos una situación dura, lo hacemos todos los europeos y además les digo que lo estamos haciendo de una manera capaz, y el primero el Gobierno español.
Señoras y señores diputados, aún estamos esperando que el señor Rajoy deje de mirar los toros desde la barrera y diga de una vez por todas qué es lo que él propondría para reducir el déficit público, porque hoy de nuevo nos ha venido con las tapas del cuento. En las tapas del cuento pone: Necesitamos un plan integral. Y cuando abrimos el cuento de las tapas del plan integral, el cuento está en blanco. En blanco llevan dos años sin proponer nada, solo poniendo palos en la rueda. (Rumores.) Porque le voy a repetir al señor Rajoy que con el capítulo de iniciativas que ha presentado en la Cámara a lo largo de la legislatura, no solo no habrían congelado ni mucho menos reducido o contenido el déficit; lo habrían aumentado exponencialmente porque el Partido Popular aquí en esta Cámara no ha dejado de pedir reducción de ingresos y aumento de gastos, lo que hace justamente donde gobiernan y, si no, véase por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, el más endeudado en términos absolutos y relativos de toda España.
El tamaño del ajuste, señor Rajoy, requiere eficacia, no demagogia y populismo, y usted, señor Rajoy, está actuando objetivamente contra los intereses de su país, contra los intereses de Europa y se está convirtiendo, si no lo es ya, en el político más demagogo de toda la Unión Europea. (Aplausos.-Rumores.)
El señor ALONSO SUÁREZ: Señorías, sin austeridad no es posible recuperar el crecimiento y el empleo. La austeridad es una condición necesaria que debe completarse con reformas para afrontar con mayores posibilidades la recuperación económica. El Gobierno gobierna para todos los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, debe acabar.
El señor ALONSO SUÁREZ: Voy acabando, señor presidente.
El Gobierno gobierna y debe hacerlo para todos los ciudadanos, para el interés general, y hoy el interés general es reducir gastos para garantizar, como les ocurre a todos los países, nuestra solvencia y credibilidad como país. Hay que generar confianza y la confianza se genera siendo coherentes y responsables. Señorías, nosotros y el resto de los países de Europa somos y debemos ser realistas. Nuestro nivel de vida no puede depender del ahorro externo en el futuro.
Señoras y señores diputados, en una primera fase de la crisis, la más dura, respondimos con una gran cantidad de recursos todos los países y también España para parar el golpe. Ahora pedimos a los ciudadanos un esfuerzo de ahorro colectivo para poder superar esta situación, un esfuerzo de responsabilidad que hago extensivo a los grupos parlamentarios para convalidar estas medidas. A los que han anunciado su apoyo o, al menos, a los que han anunciado que no van a poner palos en la rueda se lo agradezco. Un país, este país, con más de 46 millones de ciudadanos, no puede renunciar -no va a renunciar- a vivir mejor en el futuro, a pesar de la oposición que tenemos en esta Cámara. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, le ruego que termine.
El señor ALONSO SUÁREZ: Por eso les pido un voto de confianza en el real decreto-ley.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Prolongados aplausos.- Rumores.)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE UN SISTEMA ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. (Número de expediente 121/000055.)
El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día... (Varios señores diputados: ¡No! - Rumores.) Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley por el que se establece un sistema específico de protección... (Continúan los rumores.) Les ruego que tengan la bondad de guardar silencio. Proyecto de ley por el que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. En favor de las enmiendas, en primer lugar, tiene la palabra la señora Barkos.
Tomaremos la palabra en relación con este punto del orden del día, presidente, el señor Perestelo, en nombre
de Coalición Canaria, y yo misma para defender las enmiendas de Nafarroa Bai presentadas a este proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. No es una cuestión baladí ni mucho menos en un día como hoy el asunto que nos compete en estos momentos y tampoco es baladí reseñar -es importante- que en el proyecto de ley al que nos enfrentamos, en este caso sí, el acuerdo entre los grupos nos ha permitido, tras un trabajo intenso en Comisión, llegar al dictamen que traemos hoy al Pleno de la Cámara, en relación con el cual quiero citar de manera breve, para no tener que batallar contra el runrún de la sala, el artículo 8, acordado por el conjunto... (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Barkos.
Les ruego que quienes no deseen escuchar a la diputada tengan la bondad de dejar el salón de sesiones y hacerlo con la mayor cortesía y silencio posibles. Espere un momento a ver si lo conseguimos. (Pausa.) Adelante, señora Barkos.
Citaba como ejemplo de aquellos elementos en los que el consenso, incluso en circunstancias económicas graves y duras, es posible el artículo 8 de este proyecto de ley, en el que sin la satisfacción ni mucho menos de todas las partes, pero sí con el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios, se ha llegado a un acuerdo en torno -hablaba de ese artículo, sobre la duración de la prestación económica- al periodo de la protección por desempleo para los trabajadores autónomos. Quiero que quede por tanto reflejado en el "Diario de Sesiones" como ejemplo de lo que un día como hoy demuestra que es posible el acuerdo cuando la voluntad política existe para hacer frente a circunstancias y embates económicos como a los que nos enfrentamos.
Doy con mis palabras por defendidas las enmiendas de Nafarroa Bai y quiero señalar también, señor presidente, que el Bloque Nacionalista Galego retira las suyas, para el orden de las votaciones.
Por el mismo grupo parlamentario don José Luis Perestelo tiene la palabra.
Intervengo brevemente, en este caso para fijar la posición de Coalición Canaria en relación con este proyecto de ley que hoy se debate en esta Cámara. Entiendo que la señora Barkos ha dado por defendidas el resto de enmiendas vivas del Grupo Mixto.
Coalición Canaria valora de manera positiva este proyecto de ley, que afecta a los trabajadores autónomos económicamente dependientes, a los que por su actividad de especial naturaleza tóxica, peligrosa o penosa se establezca posteriormente de manera reglamentaria y a los autónomos que hayan suscrito la cobertura por contingencias profesionales. En el preámbulo se dice textualmente que se trata en definitiva de un colectivo que demanda un nivel de protección social semejante al que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Se sustenta en dos principios fundamentales que entendemos importantes: unas razonables condiciones de acceso a la situación legal de cese de actividad y una digna duración de la prestación y un razonable coste de cotización de cese de la propia actividad, habida cuenta de que va unida de forma inexorable a la cotización por contingencias profesionales. Hay todavía alguna enmienda viva que plantea alguna reivindicación más del sector y que probablemente podamos apoyar en el debate de hoy.
Como decía, hacemos una valoración positiva porque por primera vez se está proyectando una mayor protección social para los autónomos, cubriendo una reivindicación histórica como es la prestación por desempleo; en segundo lugar, se da respuesta y se desarrolla el Estatuto del trabajo autónomo y, en tercer lugar, se articula una forma mixta de cotización entre la obligatoriedad y la voluntariedad, que en principio, hasta ver los resultados obtenidos, nos parece correcta. De esta manera, Coalición Canaria va a apoyar este proyecto de ley.
En relación con el proyecto de ley de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, tenemos que expresar nuestro acuerdo por haber dado respuesta a una demanda histórica de un sector de la población española tan numeroso y tan vulnerable como es este colectivo. Era necesario e imprescindible dar respuesta a sus demandas, porque es justo permitir la continuidad de ingresos de quienes han cesado en su actividad por causa no voluntaria al objeto de evitar situaciones de precariedad y de reducción brusca de sus ingresos, facilitando de esta manera la búsqueda de un nuevo empleo sin la angustia que genera la ausencia brusca de los ingresos que viniera generando el trabajador o la trabajadora autónoma. Era conveniente establecer también un mecanismo público basado en los criterios de reparto y solidaridad en términos similares a los contemplados para los trabajadores asalariados, evitando de esta manera que la única alternativa fueran los seguros privados de capitalización individual.
Señorías, nuestro grupo parlamentario ha apostado desde el inicio por conseguir la ampliación de las prestaciones sociales de todos colectivos -y de este colectivo en particular-, entre las que tiene una importante trascendencia social para la mejora de las condiciones de vida la prestación por desempleo o cese de actividad. Por eso y partiendo de la valoración positiva de esta novedad legislativa desde las entidades que representan a los autónomos, vamos a apoyar y valoramos positivamente el resultado del trabajo parlamentario realizado hasta hoy. Valoramos también positivamente la aceptación de enmiendas presentadas por nuestro grupo atendiendo a demandas del sector para la ampliación del periodo de prestación, incluido el trato especial para los autónomos mayores de 60 años, así como la obligatoriedad de evaluación del funcionamiento, la sostenibilidad y la gestión de esta cobertura social en el máximo de dos años. Lo hacemos porque en el texto que se somete a votación tenemos dudas por la opción por un sistema de aseguramiento mayoritariamente voluntario, salvo para los Trade y autónomos ocupados en actividades peligrosas, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad y la aplicación del principio de solidaridad, a pesar de lo cual -y a la vista del consenso en el colectivo de autónomos- optamos por facilitar la puesta en marcha de esta protección social que es imprescindible. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Esto no implica una conformidad plena con el proyecto que se somete a votación, puesto que se han quedado en el camino algunas de las enmiendas que este grupo ha venido defendiendo y que consideramos fundamentales.
Fundamental es en nuestra opinión la enmienda en relación con la gestión de esta prestación, porque se atribuye esta gestión a asociaciones empresariales como mutuas de accidentes de trabajo, lo que en nuestra opinión es un contrasentido. En estos momentos está entre interrogantes el futuro de las mutuas, y al tratarse de una prestación del sistema público de la Seguridad Social, es aún más paradójico. Es un nuevo paso en la privatización de la gestión de prestaciones públicas con todo lo que ello conlleva de reducción de garantías para los autónomos, de peor gestión y de disminución de su seguridad jurídica en la satisfacción de los derechos. También es un contrasentido otorgar a las mutuas esta competencia cuando los trabajadores autónomos no tienen acceso alguno por ahora -ni parece que más adelante- a sus órganos de gobierno ni al control de su gestión. La coherencia con el principio de contributividad tampoco ha sido contemplada totalmente al mantener la aplicación de las prestaciones de una parte de la recaudación de las cuotas abonadas para contingencias diferentes.
En definitiva, señorías, consideramos que será deseable mejorar esta prestación, siempre que las condiciones financieras del sistema lo permitan, para lo que instaremos al seguimiento y la evaluación periódica de su evolución en estos primeros años y seguiremos apostando por su ampliación. En todo caso, votaremos favorablemente este proyecto de ley de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos que culmina el Estatuto del trabajo autónomo, en nuestra opinión un avance social importante en nuestro país.
Señorías, dado que disponemos de poco tiempo, permítanme destacar algo importante para nuestro grupo, pactado con el Grupo Socialista, que ha quedado reflejado en la disposición adicional décima (nueva) en la que se fija que transcurridos veinticuatro meses desde la entrada en vigor de la ley, debe elaborarse un estudio sobre la evolución del mismo sistema, por dos razones, en primer lugar porque deja abierta la puerta a un incremento de la duración de la prestación por cese de actividad y en segundo lugar porque -y ha significado que hayamos retirado las enmiendas que cuestionaban la gestión a cargo de las mutuas- el Grupo Socialista ha aceptado incorporar el propio modelo de gestión en el conjunto de ítems a evaluar. Según nuestro criterio, las mutuas tienen que especializarse -de hecho, históricamente este ha sido su papel- en el tratamiento de las prestaciones vinculadas a la salud y a los accidentes pero no en prestaciones de este tipo. Quien debería hacerse cargo de esta prestación son los servicios públicos de empleo, como ocurre en el régimen general, y en consecuencia tendrá que pertenecer a la Seguridad Social la gestión de las funciones y servicios que se derivan. Señorías, creo que no tiene demasiado sentido que sean las mutuas, pero este punto se ha debatido profundamente a lo largo de la tramitación parlamentaria y hoy estamos donde estamos.
Celebramos haber conseguido rebajar el porcentaje del 40 al 20 de pérdidas y del 50 al 40 de impagados sobre el volumen del ejercicio para poder acogerse a la prestación, aun cuando reconozco que lo pretendido por Esquerra Republicana no fijaba porcentajes en el primer caso y en el segundo lo fijaba en el 25 por ciento, pero las cosas están como están.
De la misma manera, nos sentimos relativamente satisfechos, aun cuando no hemos alcanzado todo lo que pretendíamos, respecto a la duración prevista de la prestación en el proyecto de ley. De todas formas, repito, haber ampliado a ocho meses para quienes cotizaban ente cuarenta y tres y cuarenta y ocho, y doce para aquellos que sobrepasaran estos meses ciertamente es un avance, así como también lo es haber reducido los veinticuatro meses que se exigían desde la extinción del derecho anterior para que el trabajador autónomo pudiera volver a solicitar un nuevo reconocimiento.
Retiramos la enmienda 160, que habíamos guardado como póliza de seguro, puesto que no conocíamos exactamente
cuál sería el texto final del dictamen. Me refiero al artículo 12 respecto a las incompatibilidades y todo aquello que afectaba al mundo agrario.
Como ustedes saben, era una reivindicación de la Unió de Pagesos y de otros sindicatos que se incorporaran algunas salvedades y hemos aceptado la transaccional que se remitía al desarrollo reglamentario de lo aceptado por el Grupo Socialista.
Mantenemos viva una enmienda que por falta de tiempo no voy a comentar.
Está relacionada con los autónomos dependientes. Creemos que no tiene ningún sentido que estén sujetos a doce meses para poder acogerse de nuevo a la prestación, en tanto en cuanto solamente en algunos casos muy concretos se recogen doce meses de prestación, de manera que mantenemos esta enmienda.
En definitiva, señorías -ya lo dijimos en su momento y en este caso creo que es honrado repetirlo- estamos muy satisfechos de la relación que hemos tenido con el Grupo Socialista en la tramitación de esta ley y, en concreto, con el diputado Jesús Membrado. Creo que hemos hecho un buen trabajo, continuación de aquellos que se hicieron ya en la pasada legislatura. Las cosas están como están. Hay que poner en valor que por primera vez existe una legislación en ese sentido. Por primera vez los trabajadores autónomos tienen reconocida una prestación por cese de actividad. Hemos llegado a una situación de diálogo, hemos avanzado y hemos mejorado el proyecto de ley. Ojalá -ya lo dijimos en su momento- el Grupo Socialista en todos los ámbitos hubiera tenido la misma predisposición al diálogo con la izquierda que ha tenido en este caso durante la tramitación de esa ley. Bien. Las cosas están como están.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
Señorías, vamos a votar que sí a este importante proyecto de ley que complementa el de 2007 y regula el Estatuto del trabajo autónomo, pero, señor presidente del Gobierno, le tengo que decir que esta norma acredita de nuevo ese deambular un tanto errático que está caracterizando su política económica. Se va a convalidar probablemente un real decreto-ley que recorta el gasto y aquí con esta norma lo incrementamos. Se crea una nueva prestación que va a gravar los presupuestos del Ministerio de Trabajo en concreto. Son cosas contradictorias. Usted sabrá cómo se tienen que fijar los puntos de equilibrio, pero esta forma de operar en el ámbito de los recursos económicos o en el manejo de los recursos públicos nos tiene particularmente despistados.
La pretensión de la norma sería que la capitalización de los futuros beneficiarios de la protección por desempleo fuera suficiente para abonar la protección del desempleo, pero el señor ministro de Trabajo sabe perfectamente que eso no va a ocurrir nunca. Las mutuas van a tener que abonar esta protección a través de las transferencias de crédito que tendrán que realizarse desde el ministerio. No sé si ustedes han evaluado el impacto económico de este incremento, de los recursos que van a tener que allegar al pago de una protección o de una prestación nueva, que se crea ex novo, pero es una prestación en la que nosotros creemos, señor ministro, y por tanto vamos a apoyar el proyecto de ley. Nos parece que está bien configurada. Se ha logrado además elevar la protección hasta los doce meses, que era una de las peticiones de mi grupo parlamentario y de otros. Ha habido que arrancarle prácticamente la asunción de ese compromiso de elevar la protección hasta los doce meses mediante un gradiente en donde en dos líneas se establecen los periodos de cotización y en la otra línea se establece el periodo de protección. El periodo de protección va a llegar ya hasta los doce meses, siempre que se coticen más de cuarenta y tres meses, pero con un nivel de capitalización manifiestamente insuficiente, y usted tendrá ya que ir asumiendo la transferencia a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las cantidades necesarias -es un compromiso además asumido por su Gobierno- que tendrán que utilizar para hacer frente a esta protección.
Este proyecto de ley no nos gusta. Vamos a votar que sí, pero no nos gusta. El señor Membrado y yo hemos discutido hasta la saciedad, con el señor De la Rocha también, un experto en derecho del trabajo. Aquí se crean figuras híbridas que descolocan y desestructuran el derecho del trabajo en su concepción clásica. Se convierte al trabajador autónomo -una figura basada en contratos extralaborales, no en contratos laborales, en contratos de naturaleza mercantil, en contratos de naturaleza civil, fundamentalmente el contrato de sociedad, el de arrendamiento de servicios y el de ejecución de obra- en un híbrido de trabajador vinculado por una relación cuasi laboral, que no hace referencia solo ya a la protección social, que hace referencia a las características, a la etiología, a la identidad del trabajo que se desarrolla. Esto nos parece preocupante y todavía nos parece más preocupante que se cree una figura que constituye una contradicción en sus propios términos, cual es la del trabajador autónomo dependiente.
Señor ministro, señor Membrado, o una persona es trabajadora autónoma o es dependiente. Usted sabe que aquí hay una diferencia insoslayable e incuestionable desde la perspectiva del derecho del trabajo. Hasta el señor De la Rocha lo reconoció, y no quiero generar un turno de alusiones por esta vía. La dependencia existe desde que existen los contratos de trabajo, configurados en la primera revolución industrial, basada en dos principios troncales que identifican al contrato de trabajo contra los que se utilizaban antes para articular las relaciones de producción, que son los citados, el contrato de sociedad, arrendamiento de servicios y ejecución de obra. La dependencia necesita la concurrencia -y el
contrato de trabajo también- de dos requisitos, el de ajeneidad y el de sumisión al poder de dirección de otra persona.
Dependencia y ajeneidad, esto es lo que caracteriza el contrato de trabajo y esto no ocurre con los trabajadores autónomos dependientes, que trabajan para un cliente principal y para otros subsidiarios e incluso pueden seguir trabajando aunque desaparezca el cliente principal. Esto es una aberración desde una perspectiva jurídica. La ajeneidad supone, como sabe perfectamente el señor Membrado, que el trabajador prescinde de los frutos de su trabajo a cambio de una retribución que ingresa en el patrimonio del empresario y la dependencia que se sujeta al poder de dirección de dicho empleador o empresario. No hay nada de esto, ninguna de estas características ocurren con el trabajador autónomo dependiente.
Por lo tanto, hemos tenido que realizar un verdadero esfuerzo, un verdadero encaje de bolillos para ubicar esta figura en la normativa, pero nosotros estamos satisfechos por todo lo demás.
Estamos satisfechos porque se protege el desempleo de los autónomos, por fin -era una vieja reivindicación de mi grupo parlamentario y de otros-, por fin se consagra normativamente incrementando el gasto de las administraciones públicas en este ámbito -todo hay que decirlo- justo el día en que se aprueba un real decreto-ley que pretende recortar el gasto de las administraciones públicas o de la Administración pública. Se crea una protección a la que tienen derecho los trabajadores autónomos, los más de 6 millones de trabajadores autónomos, reconocida por la propia Constitución, y se atribuye la gestión de esa protección a las mutuas de accidentes de trabajo que, en contra de lo que decía el señor Llamazares, no son entidades privadas sino entidades colaboradoras de la Seguridad Social. Por eso la Seguridad Social va a ver comprometido su presupuesto a la hora de afrontar los gastos dimanantes de esta nueva prestación o de esta nueva protección, y se establece la protección o se eleva la protección, a pesar de sus resistencias originales -que luego se han convertido en un consenso por el cual yo me felicito y les felicito- hasta los doce meses en el caso de que el trabajador autónomo haya trabajado y haya cotizado más de cuarenta y tres meses, empezando con los dos meses para los trabajadores que hayan trabajado diecisiete meses.
Desde esa perspectiva, nosotros estamos satisfechos por los logros adquiridos.
Tenemos dudas conceptuales sobre esta laboralización excesiva, en donde el riesgo económico -las pérdidas económicas y la morosidad- es sustituido por conceptos extravagantes a la figura del trabajador autónomo, como ha sido esta concebida habitual y tradicionalmente por el ordenamiento jurídico. No se pueden aplicar al trabajador autónomo criterios diferentes a los quebrantos financieros, a las pérdidas económicas contabilizadas, introduciendo conceptos que pertenecen solo al derecho del trabajo, como el despido por causas objetivas, por causas de producción, por causas técnicas. Es un exceso de laboralización, con el problema que además dimana de esta circunstancia, de esta laboralización, dado que si para identificar la concurrencia de estas causas objetivas que justifican el cese de actividad y la causación del derecho a la protección de desempleo se recurre a la jurisdicción laboral, usted sabe que en vía de recurso, contra decisiones de la jurisdicción laboral, se tiene que acudir a una jurisdicción no especializada como es la jurisdicción Contencioso-administrativa, otra disfunción que podríamos haber corregido en el debate y que no se ha hecho.
No me voy a regodear con los aspectos más críticos y más discutibles desde una perspectiva normativa, porque se ha conseguido lo que todos queríamos y lo que era una reivindicación vieja en esta Cámara, el reconocimiento de la protección por desempleo a los trabajadores autónomos mediante algunas manipulaciones semánticas que también es menester identificar, y con esto acabo, señora presidenta, mis palabras. Primero a esto se le llamó indemnización por cese de actividad, dándole un carácter indemnizatorio extraño, cuando se le podría haber llamado desde el principio como lo que es, lo que está en la naturaleza de la protección o de la prestación, protección por desempleo de los trabajadores autónomos.
Al final se optó por regularizar semánticamente esto que estamos regulando y ya se llama protección por desempleo de los trabajadores autónomos. Pero al margen de las manipulaciones semánticas, de las dificultades para conseguir alargar la protección hasta los doce meses, de la incorporación de figuras híbridas que no tienen encaje en el ordenamiento jurídico laboral ni en ningún otro, como el trabajador autónomo dependiente; a pesar de todas estas dificultades, señor Membrado y señores del Grupo Socialista, nos debemos felicitar todos, porque por fin los trabajadores autónomos van a ser protegidos en algo tan importante como el desempleo. Y esto no es baladí en una circunstancia económica en la que estamos conviviendo con la desaparición de hasta 300 trabajadores autónomos por día. Esto es terriblemente importante, esto sí es justicia social, esto sí es equidad, esto sí es solidaridad y esto sí es también, señor Corbacho, incremento del gasto público para la Administración. ¿Es todo ello compatible y asumible con el real decreto-ley que probablemente se va a convalidar después? Los hechos nos lo dirán.
Señorías, llega al Pleno este proyecto de ley que regula un sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Recordaba el señor Olabarría hace unos instantes que esta es una vieja demanda del sector, del mundo del trabajo autónomo, que algunos
grupos parlamentarios venimos exigiendo desde hace muchos años. Creo recordar que en el informe de la subcomisión de economía sobre microempresa y trabajo autónomo, del año 2002, ya se mantuvo una discusión importante sobre la necesidad de incorporar una protección de estas características. Finalmente esa reivindicación ha empezado a concretarse en este proyecto de ley, y todo ello en el contexto de un camino de plena equiparación en la protección social de los trabajadores autónomos respecto de los trabajadores por cuenta ajena.
Si recuerdan los debates de finales de los años noventa y de principios de los años dos mil en esta materia, sobre la protección social de los autónomos respecto de los trabajadores por cuenta ajena, constatarán que en este ámbito la mejora del proceso en estos últimos diez o doce años ha sido importante y significativa. Pero también hemos de decir que en este periodo en el que hemos ido avanzando en esa equiparación de la protección de unos trabajadores y otros continúan quedando cuestiones abiertas, y este proyecto de ley en el que se produce ese avance no cierra las aspiraciones legítimas de los autónomos y de algunos grupos parlamentarios para continuar mejorando esa protección. En ese sentido algunas de las enmiendas que Convergència i Unió mantiene vivas afectan a cuestiones de la protección social que hoy nuestra legislación sobre Seguridad Social continúa sin garantizar a este colectivo. Luego, si tengo tiempo, me referiré a algunas de ellas.
También hemos de decir que este proyecto de ley, comprometido en el Estatuto del trabajo autónomo y aprobado en la pasada legislatura, llega tarde para cientos de miles de autónomos que durante esta crisis han tenido que cerrar sus negocios, que han perdido sus contratos, que han quedado abandonados a la intemperie; trabajadores autónomos para los que no ha existido ningún tipo de protección frente a esa realidad, ni siquiera la protección de los 420 euros aprobada hace un año por el Gobierno. Llega por fin este proyecto de ley pero llega tarde para todos esos cientos de miles de trabajadores. Quizá llega este proyecto de ley en un momento -las últimas cifras ya lo indican- en el que el régimen de autónomos, después de un año y medio dando datos negativos, empieza a recuperarse, empieza a haber más trabajadores autónomos que se incorporan al RETA que los que se dan de baja en el mismo. Ojalá este proyecto de ley hubiese llegado antes, porque también debemos recordar -y sobre ello me gustaría poner el acento- que para la mayoría de los trabajadores autónomos toda esa protección no se va a producir de manera efectiva hasta que se hayan producido los periodos correspondientes de cotización.
Y ahí mi grupo le quiere solicitar al Gobierno que en estas semanas de explicación de aquello que estamos discutiendo y aprobando seamos prudentes; no generemos más expectativas de las estrictamente necesarias.
Seguramente el debate de ahora no va a tener mañana un reflejo especialmente sustancial en los medios de comunicación -el debate importante ha sido el que hemos tenido hace escasos minutos-, pero en las próximas semanas el Gobierno hará bien en explicar ese avance social que se ha producido, pero antes de que haya un autónomo que empiece a beneficiarse de esta prestación económica va a pasar un periodo muy largo. Por tanto no generemos frustración, que nadie tenga la sensación de que a partir de mañana o del mes que viene los autónomos tienen una protección en esta materia. Seamos prudentes, no generemos más frustración en una sociedad muy cansada y muy escéptica sobre las capacidades colectivas para dar respuesta a los problemas que tenemos.
El trámite parlamentario ha servido para mejorar sustancialmente el proyecto de ley. Decía antes que no agota las ambiciones que Convergència i Unió tenía en esta materia, pero hemos mejorado las condiciones de acceso a esta protección. Hemos ampliado a doce meses el periodo de protección de esta prestación por cese de actividad, y aprovecho este momento para saludar a don Lorenzo Amor, que nos acompaña en la tribuna, porque la organización que representa el señor Amor, ATA, ha estado insistiendo ante todos los grupos parlamentarios en la necesidad de que esta protección tuviese una equiparación lo más parecida posible a la protección que existe para los trabajadores por cuenta ajena. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere reconocer esa acción de lobby, en el mejor sentido de la palabra, de ATA y de Pimec, en el caso de Cataluña, en defensa de los trabajadores autónomos.
Tengo que decir también que el proyecto de ley mejora sustancialmente al incorporar el espíritu del grupo de expertos que elaboró el primer borrador de proyecto de ley que encargó el Gobierno, en el sentido de que esta fuese no tan solo una política pasiva, una política para proteger a ese autónomo que ve cerrado su propio negocio, sino que también fuese un instrumento que pusiese el acento en la recolocación del autónomo, en la reincorporación del autónomo a la actividad de trabajo. Porque, señorías, lo que fundamentalmente nos están pidiendo los autónomos no es que los protejamos ante el riesgo de perder su actividad económica, su negocio, sino que los ayudemos a mantener su propia actividad o que facilitemos su reincorporación a la actividad económica. En este sentido el proyecto de ley incorpora algunas consideraciones defendidas por Convergència i Unió en esa dirección. Desde este mismo punto de vista se establece que, con un 1 por ciento de los ingresos obtenidos por las cotizaciones que pagarán los autónomos, las comunidades autónomas podrán gestionar políticas activas para este colectivo. Nos parece fundamental haber incorporado este precepto en el proyecto de ley porque vamos a dotarles, en base a las cotizaciones de los autónomos, de esas medidas que puedan dar sentido a la recolocación, a la reactivación, a la reincorporación de los autónomos en el mercado de trabajo, en la puesta en marcha de sus propios negocios. Estas medidas son importantes, significativas, y lógicamente justifican el apoyo de Convergència i Unió a este proyecto.
También les decía que nuestras ambiciones no se agotan en lo que hemos acordado con el Grupo Parlamentario Socialista y con el resto de los grupos de la Cámara, y mantenemos aún vivo un importante paquete de enmiendas. Vamos a ver si algunas de ellas se incorporan esta mañana al proyecto de ley, y en todo caso vamos a continuar planteándolas durante la tramitación del proyecto de ley en el Senado. Quiero insistir en la enmienda número 105, en la que pretendemos claramente que la situación de morosidad para un autónomo implique la generación de esta prestación por cese de actividad. La morosidad se ha convertido durante esta crisis en uno de los principales factores de mortandad de los autónomos. Muchos negocios han tenido que cerrar por los problemas de morosidad, y por tanto sería razonable que la morosidad pudiese generar también derecho a esta prestación por cese de actividad. La enmienda 120 no es menor, porque plantea que el sistema no debe financiarse exclusivamente sobre la base de cotizaciones. El sistema, igual que sucede con el de protección para los trabajadores por cuenta ajena, debería contemplar otros mecanismos de financiación que no fuesen exclusivamente las cotizaciones ante situaciones en las que no se tuviese la solvencia suficiente.
También queremos insistir en la enmienda 132, que establece el concepto de pago único de la prestación, precisamente para reincorporar al autónomo a la actividad económica; la enmienda 136, que establece una prestación no contributiva a cargo del Estado para los autónomos; la enmienda 137, que regula el trabajo a tiempo parcial de los autónomos, y las enmiendas que regulan la jubilación anticipada para los autónomos.
Señorías, aún nos queda camino por recorrer en este campo. Hoy damos un paso adelante en la buena dirección. Nos sentimos corresponsables del mismo, pero estamos seguros de que debemos de continuar por este camino para alcanzar ese objetivo, que creo que la Cámara comparte en el fondo, que es la plena equiparación de la protección social de los autónomos a la de los trabajadores por cuenta ajena.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre el dictamen de Comisión en relación con el proyecto de ley de cese de actividad de los trabajadores autónomos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Y lo primero que quiero manifestar es que el objetivo político fundamental que el Grupo Parlamentario Popular se planteaba en este proyecto de ley ha sido conseguido. Ya habíamos manifestado públicamente antes del proyecto de ley la intención de hacer nuestra -y aprovecho para saludar a los representantes de diversas asociaciones de autónomos, especialmente de ATA- una reivindicación que se nos planteó, y que nos pareció extremadamente justa. La prestación inicial del proyecto de ley del Gobierno establecía una duración del paro de los autónomos de seis meses, y desde las asociaciones, especialmente de ATA, se planteaba una reivindicación de doce mensualidades. Pero esta reivindicación venía unida a la asunción de un plus de cotización del trabajador autónomo, con lo cual la prestación que se ampliaba -que se amplía con este proyecto de ley- no era gratuita, sino financiada con las cotizaciones de los trabajadores autónomos.
El Grupo Parlamentario Popular ha demostrado coherencia, responsabilidad y justicia cuando ha sido el único grupo que ha planteado no solo la demanda de ampliación del periodo de paro de los autónomos, sino también la financiación voluntaria, salvo en los Trade, de la cotización ampliada por parte de esta contingencia. En un principio al grupo parlamentario que sustenta al Gobierno le costó ver esto, pero finalmente, creo que con acierto, el señor Membrado hizo de la necesidad virtud y ante una eventual derrota asumió algo razonable, y lo hizo casi prácticamente en los términos que nosotros habíamos planteado, y que asumimos en una transaccional. Desde esta perspectiva, pese al día de ajuste, pese al día en que obviamente el tsunami político es el punto precedente al que ahora estamos tratando, nos debemos felicitar, porque supone un avance para los autónomos. En estos tiempos de zozobra, señor ministro, que un diputado de la oposición diga esto tiene algún valor. Creo que es positivo reconocer que el trabajo que hemos hecho todos los grupos parlamentarios, especialmente el que me honro en representar, ha sido decisivo para poder expresar esta felicitación, en mayúscula.
Hemos formulado veinticuatro enmiendas, tres de ellas fueron aceptadas en Comisión o ponencia, otras siete fueron transaccionadas y tres subsumidas. No obstante, hoy nos quedan ocho enmiendas vivas, la 1 y la 6 las retiraré, y algunas son de carácter técnico. No quiero ocultar que tengo una preocupación que he manifestado, tanto en ponencia como en Comisión, en relación con la materialización de este derecho. ¿Por qué? Porque se parte de determinados supuestos a la hora de acreditar la situación de cese de actividad que no es fácil delimitar. Cuando se habla de pérdidas de un trabajador autónomo, cuando muchos de ellos cotizan por módulos, careciendo de contabilidad, realmente es muy difícil que el concepto pérdidas se acabe traduciendo en algo evaluable, contrastable y objetivo. No obstante queda el desarrollo reglamentario, que veremos si es capaz de dar una satisfacción, una respuesta jurídicamente correcta a este tema, porque o bien acabamos teniendo una ley que es el cuello de botella que impide que muchos autónomos en el futuro, una vez -como decía el señor Campuzano- hayan cotizado, puedan acceder a esta situación de paro del autónomo por cese de su actividad, o por el contrario se convertirá en una trágala. En todo caso, hemos tenido la cautela de prever una revisión en el plazo de dos años
de la evolución del sistema para verificar su viabilidad, su sostenibilidad financiera y, en la medida de lo posible, continuar mejorando y contribuyendo a una mejor respuesta al problema de los autónomos. En esto estoy satisfecho, pero no lo estoy tanto en algunas cuestiones que plantea la ley. Por ejemplo, si un autónomo ha sido beneficiario de la prestación del cese de actividad, ¿por qué se le somete a que transcurran dieciocho meses hasta poder volver a tener derecho a una prestación, cuando la prestación mínima de dos meses se causa con doce mensualidades de cotización? El Grupo Parlamentario Socialista redujo de los veinticuatro que venían en el proyecto de ley a dieciocho meses, pero lo correcto es que sean doce meses. Si se reúnen todos los requisitos legales con doce meses de cotización debería haber derecho a dos meses de prestación.
En la enmienda número 4 incluimos una cuestión que no es vital, pero que nos parece de sentido común, que es el tema de la morosidad. En esto coincidimos con otros grupos parlamentarios. Se nos dice que la palabra economía engloba las circunstancias técnicas o económicas, pero en un momento de especial dificultad de financiación y morosidad en las empresas y en los autónomos parecía necesario incluir esta demanda que nos han formulado diversas asociaciones. Además el propio desarrollo de la ley tiene luego un epígrafe específico para tratar de la morosidad al autónomo como causa para poder acceder al desempleo. La enmienda número 14 es técnica. La enmienda número 12 mantiene nuestra pretensión de que con doce meses haya nuevamente derecho al paro. Las enmiendas 19 y 20 son unas enmiendas sobre las que me voy a detener medio minuto. Tratan del artículo 9, la cuantía de la prestación económica por cese de actividad.
Se dice: la cuantía máxima de la prestación por cese de actividad será del 175 por ciento del Iprem, salvo cuando el trabajador autónomo tenga uno o más hijos a su cargo. En tal caso, señorías, la cuantía será respectivamente del 200 por ciento o del 225 por ciento. Formulamos una enmienda, la 19, que plantea modificar la cuantía mínima de la prestación, porque la cuantía mínima de la prestación en el proyecto de ley solo contempla el supuesto de que el beneficiario cobre una cantidad o una superior cuando tenga hijos. ¿Qué plantea el Grupo Parlamentario Popular? Lo siguiente: la cuantía mínima de la prestación por cese de actividad será del 80 por ciento del Iprem, salvo cuando el trabajador autónomo tenga uno o más hijos a su cargo. En tal caso la cuantía será del 107 por ciento o del 130 por ciento de dicho indicador. Desde las bancadas que se dicen socialistas reiteran -y el señor Alonso lo ha hecho hace unos momentos- el argumento machacón de que la derecha y el Grupo Parlamentario Popular nunca son sensibles a los temas sociales, y la verdad es que me sorprende mucho. En la cuantía máxima de la prestación los socialistas están dispuestos a poner un tramo más favorable a los autónomos que tengan dos o más hijos, y en la mínima no. Es decir, los que cobran menos, aunque tengan más hijos, van a continuar cobrando menos. Esto tendría una fácil solución, la de las enmiendas números 19 y 20, que creo que los portavoces de los diversos grupos parlamentarios deberían considerar si no quieren incurrir en una flagrante contradicción. Obviamente esto cobra un singular valor, porque no debe haber una diferencia negativa para los autónomos con menos derecho a prestación, sobre todo en un momento en que una de las políticas sociales como el cheque-bebé acaba de ser disuelto por el real decreto que esta mañana hemos tratado, en un país, por cierto, donde la población joven esta desapareciendo y donde la natalidad, que es un tema del que hablamos poco, realmente no está dando respuesta a la regeneración de nuestra población, y este no es un tema menor, esto incide en muchas cuestiones.
Ustedes están cometiendo hoy aquí un error que todavía están a tiempo de subsanar, y que por supuesto nosotros reproduciremos -si hoy no prospera- en el Senado, y procuraremos tener los apoyos suficientes para que no haya una discriminación a los autónomos más pobres, a los más necesitados, a los que en definitiva cotizan menos, porque ustedes les están penalizando en razón a que les dan menos que a los que ganan más, en función de que para unos sí, valen más sus hijos, y para otros no, y valen menos sus hijos. Pese a ello reitero mis palabras iniciales. El Grupo Parlamentario Popular está satisfecho porque ha escuchado al sector de los autónomos; y está satisfecho porque ha hecho bandera de pretensiones fundamentales de los mismos; y está satisfecho porque creemos que hemos sido decisivos a la hora de que esto haya prosperado, y que lo hemos hecho además con coherencia, con responsabilidad y con equilibrio financiero, es decir, asumiendo los costes de la medida y sin demagogia. Algunas asociaciones no querían esto; subir un 0,70 como finalmente ha sido la cotización del autónomo es poco dinero; algunos no lo veían, pero hoy es el día en que todos se felicitan de que de esta Cámara salga un paro para los autónomos de doce meses y no tan solo de seis.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Jesús Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, quisiera comenzar mi intervención trasladando un saludo a los representantes de las asociaciones de autónomos que hoy nos acompañan aquí. Quería saludar a UPTA, a los representantes de OPA, a los representantes de CEAC, a los representantes de ATA y a otras asociaciones que están aquí presentes, y agradecerles también que quieran compartir con nosotros la aprobación de un proyecto de ley que indudablemente es histórico para el sector, pero también es una satisfacción enorme para los miembros de la Cámara que hoy podremos poner en marcha un sistema de prestación que hasta ahora venía siendo enormemente demandado.
Hace tres años, señorías, el Parlamento aprobó la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo; un estatuto que fue el resultado de un proceso de negociación y de debate con las organizaciones representativas de los autónomos, con los interlocutores y con los grupos parlamentarios. Con esta aprobación el Gobierno socialista adquirió el compromiso de desarrollarla íntegramente. De ahí surgió el reglamento de los Trade, de la representación de las asociaciones del sector, y la puesta en marcha de esta norma emblemática e imprescindible para avanzar en equidad con la protección dispensada al trabajador por cuenta ajena, y en concreto en un aspecto tan crucial como la protección por desempleo.
Señorías, esta es una norma novedosa y una protección social más a un sector que tiene sus propias características y su propia cultura de trabajo. No hay país europeo que tenga un modelo de cese de actividad con estas características. Por eso el Gobierno encargó a un grupo de expertos la elaboración de un informe que incluyera una propuesta de sistema específico para la prestación del cese de actividad, y mandató a través de la disposición adicional cuarta de la Ley del Estatuto que el informe sirviese para la puesta en marcha de un proyecto de ley que fue consultado con los interlocutores sociales, con las asociaciones de autónomos y con el Consejo Económico y Social. Por tanto es un proyecto que viene de una larga historia de trabajo concienzudo, a través de los expertos y a través de la participación de las distintas organizaciones.
Es un proyecto consensuado con la parte social, y al mismo tiempo introduce un sistema de carácter mixto entre voluntario y obligatorio por el cual tendrán derecho y obligación de protección por cese de actividad los trabajadores autónomos que tengan la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Señorías, en la actualidad hay 550.000 trabajadores autónomos que cotizan por esta cobertura, incluyendo a los del sector agrario, que son 175.000.
La duración de la protección estará en función de los periodos de cotización efectuados dentro de los cuarenta y ocho meses anteriores a la situación legal de cese de actividad, de los que al menos doce meses deberán ser continuados. La cuantía del subsidio durante todo su periodo de disfrute será del 70 por ciento de la base por la que venían cotizando durante los doce meses anteriores, sobre la base mínima del régimen especial de trabajadores autónomos. Señorías, actualmente la base mínima son 833 euros, por tanto los autónomos podrán recibir, con una cotización de 14 euros mensuales, una prestación de casi 600 euros al mes, lo cual no es una mala inversión para el sector. Se ha establecido un tipo de cotización para los trabajadores del 2,2 por ciento de la base, con una reducción del 0,5 en función de las contingencias comunes; por tanto el autónomo desembolsará el 1,7 por ciento de la base reguladora. Cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado actualizará y controlará también la propia evolución de la caja, así como la propia evolución de la cotización.
Señorías, la tramitación de este proyecto de ley ha sido desde nuestro punto de vista una grata experiencia que ha demostrado una vez más que, con una actitud constructiva, todos salimos ganando; que cuando se tiene la voluntad de mejorar, de sumar, de apoyar es posible hacer las cosas bien y elaborar normas que, como esta, dan respuesta a las demandas de los ciudadanos. Ha demostrado también que este Gobierno sigue desarrollando políticas de protección social; sigue haciendo frente a problemas históricos de colectivos como los autónomos que no tenían más protección que las de sus ahorros al cerrar sus negocios. Señorías, desarrollar políticas sociales en este u otros sectores es una seña de identidad de quien ha demostrado sus compromisos con los problemas de la mayoría.
Hoy, en un día en el cual hemos visto la irresponsabilidad de algunos grupos no queriendo corresponsabilizarse con la situación crítica que vive el país (Rumores.), esta es una demostración de cómo la colaboración puede hacer frente a los problemas que todos tenemos. (Aplausos.- Rumores.) Señorías, podemos afirmar que alrededor de cien enmiendas se han incorporado y se han transado o retirado como consecuencia de la negociación que se ha producido en las fases de ponencia y de Comisión.
Muchas de ellas han introducido mejoras técnicas, de redacción o de estilo; otras han servido para realizar modificaciones respecto del texto original que suponen cambios de fondo. Entre ellas quiero destacar las transaccionales que todos los grupos hemos hecho para la flexibilización de los requisitos de acceso; también para compatibilizar la prestación de los Trade; para facilitar mediante diferentes vías la acreditación de la situación de cese de actividad; la suavización de los requisitos para resolver los problemas de la prestación; la preocupación de los grupos parlamentarios por el fomento de la actividad emprendedora que ha quedado perfectamente registrada, así como la incompatibilidad con el régimen de pluriactividad; se ha introducido la posibilidad de prestar reclamación previa de la jurisdicción a la hora de tener una respuesta negativa por parte del órgano gestor; se ha reconocido la condición de beneficiario por cese de actividad, como causa de la renovación de la autorización de residencia y trabajo, para los autónomos extranjeros, que es una parte importante dado el peso que los autónomos extranjeros tienen en el conjunto de los autónomos de nuestro país, y se ha mandatado al Gobierno para que, transcurridos veinticuatro meses desde la entrada en vigor de la ley, elabore un estudio sobre la evolución del sistema y en este caso también sobre el modelo de gestión de la prestación.
Quiero resaltar que la elaboración de un sistema de gestión a través de las mutuas es un modelo que está en estos momentos pendiente de la auditoría que supondrá la puesta en marcha del sistema con posterioridad y que, indudablemente, entre todos podremos rectificar en caso de que no resuelva los problemas planteados. Por último, señorías, hemos resuelto el problema de las escalas,
hemos resuelto el problema de la duración y hemos resuelto el problema de la prestación.
Señorías, quiero agradecer a todos los portavoces de los grupos parlamentarios que han formado parte de esta Comisión, desde el señor Azpiroz a la señora Barkos, pasando por el señor Olabarría, el señor Campuzano, el señor Tardà y el señor Llamazares, el trabajo que han hecho a lo largo de estos meses y el compromiso que han demostrado tener con el sector de los autónomos. Y lo quiero resaltar en positivo, porque esto demuestra que cuando los intereses generales se imponen por encima de los intereses particulares somos capaces de poner en valor la política, hacer política y estar a la altura de lo que nos piden los ciudadanos en nuestro país en este momento y en todos. Esta es una muestra que, desde mi punto de vista, sería una irresponsabilidad no asumirla y, además, no valorarla positivamente.
Quiero también trasladar mi felicitación, en primer lugar, al Gobierno, que nos trajo el proyecto de ley en la medida en que tenía tiempo, disponibilidad y los pasos dados a lo largo de estos meses; la prontitud del mismo no responde a los intereses del Gobierno, sino a la necesidad de cubrir los pasos a los que nos habíamos comprometido. Asimismo, señor ministro, quiero agradecer al Ministerio de Trabajo el trabajo realizado y el hecho de que se haya comprometido de una manera tan clara con un proyecto de estas características, porque con él damos respuesta a demandas de más de 2 millones de autónomos que a lo largo de los meses y los años siguientes podrán acogerse a esta prestación, a numerosas familias, pero también a numerosos trabajadores que dependen de ellos y que pensarán que con una prestación de estas características pueden hacer una oferta de trabajo de continuidad en sus negocios y no quedarse en la calle sin ningún tipo de protección.
Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo e Inmigración.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quisiera saludar a las organizaciones de autónomos que nos acompañan y a la vez hacerles el reconocimiento por la colaboración y el trabajo que desarrollaron con el que contribuyeron durante el tiempo que tuvimos para la discusión de este proyecto de ley, que hoy finalmente se ve ya en esta Cámara para su conclusión final.
Señorías, no quisiera dejar pasar la ocasión para dirigir unas breves palabras a la Cámara antes de la votación de este proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Creo, sinceramente, que todos debemos felicitarnos por la aprobación de esta iniciativa. Ante todo debe estar satisfecho el colectivo de trabajadores autónomos y sus organizaciones representativas en la medida en que se reconoce una nueva prestación que mejora su protección social y con ello las garantías con las que se desarrolla su actividad emprendedora. De este modo se atiende una reivindicación histórica de los trabajadores autónomos, que dispondrán de un sistema de protección propio para momentos de dificultad como el que actualmente estamos atravesando.
Este proyecto de ley es también un reconocimiento a la actitud emprendedora de estos trabajadores por cuenta propia y su importante contribución al desarrollo económico y al bienestar colectivo de nuestro país. Por otro lado, también debe sentirse satisfecho el conjunto de los ciudadanos por la aprobación de este proyecto de ley, por lo que supone de mejora en el conjunto del sistema de protección social de nuestro país y, además, porque en su tramitación se ha constatado que los diferentes grupos parlamentarios han sido capaces de trabajar juntos y ofrecer respuestas concretas a las necesidades de la ciudadanía, en este caso de las trabajadoras y los trabajadores autónomos. En tal sentido, el trabajo riguroso desarrollado por todos los grupos políticos, sin excepción, a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley ha resultado muy fructífero. Así, el texto aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre del año pasado, con el que se daba cumplimiento al mandato establecido en el Estatuto del trabajo autónomo, se ha visto enriquecido con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios.
Señorías, la aprobación de este proyecto de ley es más relevante y necesaria, si cabe, en estos momentos de graves dificultades económicas.
Por todo ello, en nombre del Gobierno, quiero concluir reiterándoles mi agradecimiento por el esfuerzo, el trabajo y el sentido de la responsabilidad en dicha tramitación.
Comenzaremos las votaciones dentro de cinco minutos, pero antes quería decir a SS.SS. que se encuentra en la tribuna presidencial el presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento de Austria, acompañado de un grupo de diputadas y diputados, a los que saludamos afectuosamente.
(Aplausos.-Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar las votaciones. Por favor, ruego a los ujieres que cierren las puertas.
Pasamos a votar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. El voto sí es por la convalidación, el voto no es por la derogación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 169; en contra, 168; abstenciones, 13.
A continuación, pregunto si algún grupo parlamentario desea su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. (Pausa.) Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En tal caso, pasamos a someter a votación la solicitud de tramitación antedicha.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 168; en contra, 169; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud de que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 30 DE OCTUBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000186.)
(CORRECCIÓN DE ERROR EN "BOCG, SERIE A, NÚMERO 288, DE 12 DE ABRIL DE 2010). (Número de expediente 110/000188.)
- CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL, HECHO EN LANZAROTE EL 25 DE OCTUBRE DE 2007 Y DECLARACIONES AL MISMO. (Número de expediente 110/000189.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA FISCAL, HECHO EN MADRID EL 14 DE ENERO DE 2010. (Número de expediente 110/000190.)
(Número de expediente 110/000191.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores. Señorías, ¿se pueden dar aprobados por asentimiento los que figuran en el orden del día? (Asentimiento.)
Quedan aprobados por asentimiento.
El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, las enmiendas al proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Díez. Votamos la enmienda número 25.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 155; en contra, 183; abstenciones, 12.
A continuación, votamos el resto de las enmiendas de la señora Díez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, uno; en contra, 334; abstenciones, 15.
Enmiendas de la señora Barkos; todas en su conjunto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 21; en contra, 328; abstenciones, una.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Votamos las enmiendas 28, 29, 37, 40, 41, 43, 46, 47, 51 y 58.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, ocho; en contra, 339; abstenciones, tres.
A continuación, votamos el resto de enmiendas de este grupo parlamentario.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 170; en contra, 176; abstenciones, cuatro.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. En concreto, votamos la 84, 85 y 87.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 11; en contra, 333; abstenciones, seis.
Votamos la enmienda 86.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 21; en contra, 171; abstenciones, 158.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 21; en contra, 170; abstenciones, 159.
Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Enmiendas 138 y 140.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 13; en contra, 175; abstenciones, 160.
Votamos, a continuación, la enmienda 136.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 166; en contra, 176; abstenciones, ocho.
A continuación, votamos el resto de enmiendas del Grupo Catalán.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 13; en contra, 326; abstenciones, 10.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Votamos todas en conjunto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 163; en contra, 179; abstenciones, ocho.
Votamos ahora el dictamen con las correcciones técnicas que han sido distribuidas a todos los grupos parlamentarios.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 350.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el dictamen.

References: real decreto 
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 9
 real decreto