Source: https://www.wcl.american.edu/humright/repertorio/art4.cfm
Timestamp: 2015-08-02 10:25:40+00:00

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Artículo 4Derecho a la Vida
4.0.1. relaci�n con el art�culo 1.1 4.1.1. "[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida" 4.1.1.1. alcance de la protecci�n acordada
4.1.1.2. desaparici�n forzada
4.1.1.2.1. general 4.1.1.2.2. crimen de lesa humanidad 4.1.1.2.3. pr�ctica
4.1.1.2.4. prueba
4.1.1.2.4.1. carga de la prueba 4.1.1.2.4.2. criterios de valoraci�n 4.1.1.2.4.3. guantum de prueba 4.1.1.2.5. violaci�n múltiple y continuada 4.1.2. "[e]ste derecho estar� protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepci�n" 4.1.3. "[n]adie puede ser privado de la vida arbitrariamente" 4.1.3.1. uso desproporcionado de fuerza 4.2.1. r�gimen de la pena de muerte en la Convenci�n 4.2.2. "[e]n los pa�ses que no han abolido la pena de muerte, �sta s�lo podr� imponerse . . ." 4.2.3. prohibici�n de extender la pena de muerte a delitos a los cuales no se la aplique actualmente 4.3.1. prohibici�n de restablecer la pena de muerte en los Estados que la han abolido 4.4.1. prohibici�n de aplicar la pena de muerte por delitos pol�ticos o conexos con los pol�ticos 4.5.1. "[n]o se impondr� la pena de muerte a personas . . . ." 4.6.1. "[t]oda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar . . . ."
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoria de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
4.0.1. relación con el artículo 1.1.
4.1.1. "[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida"
4.1.1.1. alcance de la protección acordada
Voto Disidente de los Jueces Picado Sotela, Aguiar-Aranguren y Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, Serie C No 16, párrs. 2-4
Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No 20, párr. 60
4.1.1.2. desaparición forzada
4.1.1.2.1. general
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 149-152.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 157-160.
Corte I.D.H., "Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 155.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 163.
4.1.1.2.2. crimen de lesa humanidad
4.1.1.2.3. práctica 158. La práctica de desapariciones, a más de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, como las señaladas, significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención. La existencia de esa práctica, además, supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención . . . .
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr.147.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 153.
Corte I. D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párrs. 154-159.
40. La Corte entra ahora a considerar los hechos relevantes que estima probados o no controvertidos, los cuales resultan del estudio de las actuaciones del Estado y la Comisión Interamericana, así como de prueba documental, testimonial y pericial aportada en el presente caso.
4.1.1.2.4.1. carga de la prueba 122. Antes de examinar las pruebas recibidas, la Corte debe comenzar por precisar algunas cuestiones relacionadas con la carga de la prueba y los criterios generales que orientan su valoración y la determinación de los hechos probados en el presente juicio.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 122-126.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 128-132. Corte I.D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párrs. 125-129.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 135-136.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 141-142. Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, párr. 49.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 138
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 144. 4.1.1.2.4.2. criterios de valoración
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 127-130.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 133-136. Corte I.D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párrs. 130-133.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 131.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 137. 146. A un gran número de recortes de prensa aportados por la Comisión no puede dárseles el carácter de prueba documental propiamente dicha. Muchos de ellos, sin embargo,constituyen la manifestación de hechos públicos y notorios que, como tales, no requieren en sí mismos de prueba; otros tienen valor, como ha sido reconocido por la jurisprudencia internacional (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, supra 127, párrs. 62-64) en cuanto reproducen textualmente declaraciones públicas, especialmente de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, del Gobierno o de la propia Corte Suprema de Justicia de Honduras, como algunas emanadas del Presidente de esta última; finalmente, otros tienen importancia en su conjunto en la medida en que corroboran los testimonios recibidos en el proceso respecto de las desapariciones y la atribución de esos hechos a las autoridades militares o policiales de ese país.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 146.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 152.
Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No 34, párrs. 72-74.
4.1.1.2.4.3. quantum de prueba 127. . . . Sin embargo, la jurisprudencia internacional ha sostenido la potestad de los tribunales para evaluar libremente las pruebas, aunque ha evitado siempre suministrar una rígida determinación del quantum de prueba necesario para fundar el fallo (cfr. Corfu Channel, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1949, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, párrs.29-30 y 59-60).
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 127-129.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 133-135. Corte I.D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párrs. 130-132.
4.1.1.2.5. violación múltiple y continuada
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 155-157.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 163- 165.
4.1.2. "[e]ste derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción"
4.1.3. "[n]adie puede ser privado de la vida arbitrariamente"
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 155 y 157.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 163 y 165.
Corte I. D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párrs. 147 y 150.
. . . . 188. El razonamiento anterior es aplicable respecto del derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención (supra 157). El contexto en que se produjo la desaparición y la circunstancia de que siete años después continúe ignorándose qué ha sido de él, son de por sí suficientes para concluir razonablemente que Manfredo Velásquez fue privado de su vida. Sin embargo, incluso manteniendo un mínimo margen de duda, debe tenerse presente que su suerte fue librada a manos de autoridades cuya práctica sistemática comprendía la ejecución sin fórmula de juicio de los detenidos y el ocultamiento del cadáver para asegurar su impunidad. Ese hecho, unido a la falta de investigación de lo ocurrido, representa una infracción de un deber jurídico, a cargo de Honduras, establecido en el artículo 1.1 de la Convención en relación con el artículo 4.1 de la misma, como es el de garantizar a toda persona sujeta a su jurisdicción la inviolabilidad de la vida y el derecho a no ser privado de ella arbitrariamente, lo cual implica la prevención razonable de situaciones que puedan redundar en la supresión de ese derecho.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 159, 185 y 188.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 168, 195 y 198.
57. En lo que se refiere a la muerte del señor Asok Gangaram Panday, encontrándose detenido y recluido en el "albergue para deportados, que se encuentra en [el] complejo de la Brigada de Zanderij", aprecia la Corte lo siguiente:
a. Encuentra la Corte demostrado que el señor Asok Gangaram Panday falleció encontrándose recluido y bajo la custodia de miembros de la Policía Militar de Suriname (cfr. informe del cuerpo de Policía Militar de Suriname, suscrito por Achong J. G., Alférez de la Policía Militar el 17 de noviembre de 1988; proceso verbal instruido por R. S. Wolfram, Inspector de Policía del Servicio Técnico de Pesquisas y Reconocimientos de Paramaribo, de fecha 8 de noviembre de 1988; informe de la autopsia y certificado de defunción del señor Choeramoenipersad (Asok) Gangaram Panday, suscritos ambos por el patólogo doctor M. A. Vrede, los días 11 y 14 de noviembre de 1988, respectivamente).
b. También está demostrado que la víctima falleció por asfixia mecánica debida a suspensión (ahorcamiento) (cfr. informe de autopsia, suscrito por el doctor M. A. Vrede; opinión, dada a instancias del profesor Claudio Grossman asesor de la Comisión, del doctor Richard J. Baltaro, anatomopatólogo, el 4 de febrero de 1990; informe médico forense del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, expedido en noviembre de 1992; experticia médico legal preparada por la División General de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Venezuela; fotografías del cadáver suspendido de la víctima).
58. En lo relativo a la etiología de la muerte de Asok Gangaram Panday y en favor de una probable hipótesis de homicidio, en los términos que sugiere el texto de la memoria de la Comisión cuando dice que "el mismo 20 de marzo [de 1990] el Profesor Grossman remitió a la Comisión una copia del certificado del Dr. Vrede del día 14 de noviembre de 1988, en el que se señala que Asok Gangaram Panday murió por asfixia causada por violencia" (subrayado de la Corte), no aparecen de los autos indicios al respecto.
59. Consta en el certificado de defunción con fines de cremación, la declaratoria del forense de que "la víctima pereció de muerte violenta" y también consta que dicho certificado fue emitido sobre un modelo o machote del Laboratorio Patológico Anatómico del Hospital Académico de Paramaribo, en otro de cuyos ejemplares, anexo al expediente, por vía contraria, se indica "[n]o ha habido muerte violenta". De suyo, entonces, siendo la causa determinada de la muerte de Asok Gangaram Panday asfixia por suspensión, mal podía certificarse su muerte como no violenta, es decir, por causas naturales.
60. El suicidio es la hipótesis más probable dentro del expediente, avalada por el Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica y por la experticia Médico Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Venezuela. En el texto de este último se lee lo siguiente:
Basándonos en la absoluta ausencia de violencia física, la posición del cadáver al ser hallado, las características del lazo y su posición con respecto al lavamanos, la aparente ausencia de lesiones en la laringe o tráquea con la excepción de la "hemorragia en los músculos del cuello" y la presencia de congestión y edema pulmonar, concluimos que la causa de muerte fue: "ASFIXIA MECÁNICA POR AHORCAMIENTO, SECUNDARIA A SÍNDROME VASO-VAGAL O A INSUFICIENCIA CIRCULATORIA CEREBRAL AGUDA POR COMPRESIÓN DE VENAS YUGULARES Y/O ARTERIAS CAROTIDAS. LAS EVIDENCIAS MOSTRADAS PARA EL ESTUDIO: MATERIAL FOTOGRÁFICO Y PROTOCOLO DE AUTOPSIA, FAVORECEN AL SUICIDIO COMO MÓVIL" (Mayúsculas en el original).
62. Podría, sin embargo, argumentarse que la circunstancia de que la Corte considere, por vía de inferencia, que la detención de la víctima fue ilegal, debería llevarla, igualmente, a concluir que hubo una violación del derecho a la vida por parte de Suriname porque, de no haber sido detenida la persona, probablemente no habría perdido la vida. Sin embargo, la Corte piensa que en materia de responsabilidad internacional de los Estados por violación de la Convención
[l]o decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la Convención (Caso Velázquez Rodríguez, supra 49, parr. 173; Caso Godínez Cruz, supra 49, parr. 183).
Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, Serie C No 16, párrs. 57-62.
Voto Disidente de los Jueces Picado Sotela, Aguiar-Aranguren y Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, Serie C No 16, párrs. 2-5.
74. El artículo 4.1 de la Convención estipula que "nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente". La expresión "arbitrariamente" excluye, como es obvio, los procesos legales aplicables en los países que aún conservan la pena de muerte. Pero, en el caso que nos ocupa, el análisis que debe hacerse tiene que ver, más bien, con el derecho del Estado a usar la fuerza, aunque ella implique la privación de la vida, en el mantenimiento del orden, lo cual no está en discusión. Hay abundantes reflexiones en la filosofía y en la historia sobre cómo la muerte de individuos en esas circunstancias no genera para el Estado ni sus oficiales responsabilidad alguna. Sin embargo, como aparece de lo expuesto con anterioridad en esta sentencia, la alta peligrosidad de los detenidos en el Pabellón Azul del Penal San Juan Bautista y el hecho de que estuvieren armados, no llegan a constituir, en opinión de esta Corte, elementos suficientes para justificar el volumen de la fuerza que se usó en éste y en los otros Penales amotinados y que se entendió como una confrontación política entre el Gobierno y los terroristas reales o presuntos de Sendero Luminoso (supra 52), lo que probablemente indujo a la demolición del Pabellón, con todas sus consecuencias, incluida la muerte de detenidos que eventualmente hubieran terminado rindiéndose y la clara negligencia en buscar sobrevivientes y luego en rescatar los cadáveres.
75. Como ya lo ha dicho esta Corte en casos anteriores, "[e]stá más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral.
Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana". (Caso Velásquez Rodríguez, supra 62, párr. 154; Caso Godínez Cruz, supra 63, párr. 162).
Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No 20, párrs. 74-75.
76. De las circunstancias que rodearon la debelación del Penal San Juan Bautista y del hecho de que ocho años después de ocurrida no se tengan noticias del paradero de las tres personas a que se refiere el presente caso, del reconocimiento del señor Ministro de Relaciones Exteriores en el sentido de que las víctimas no aparecieron dentro de los sobrevivientes y de que "tres de los [cadáveres no identificados] sin duda corresponden a esas tres personas" y del uso desproporcionado de la fuerza, se desprende la conclusión razonable de que ellos fueron privados arbitrariamente de su vida por las fuerzas peruanas en violación del artículo 4.1 de la Convención.
Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No 20, párr. 76.
Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No 22, párr. 53.
Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No 34, párr. 72.
53. La Corte entra ahora a determinar los hechos relevantes que considera probados:
a. Que el Municipio de San Alberto (Cesar), lugar donde ocurrieron los hechos sub judice, era en esa poca una zona de intensa actividad del Ejército, paramilitares y guerrilleros (particularmente los testimonios e Gonzalo Arias Alturo, Carlos Julio Parra Ramírez, Elizabeth Monsalve Camacho, Armando Sarmiento Mantilla y Juan Salcedo Lora).
b. No obstante que los diversos testimonios rendidos ante este Tribunal en la audiencia pública y en Colombia, así como en los procesos internos tramitados en ese país, difieren sobre los detalles relativos al lugar y a la hora de la detención, sí existen indicios suficientes para inferir la razonable conclusión de que la detención y la desaparición de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana fueron efectuadas por personas que pertenecían al Ejército colombiano y por varios civiles que colaboraban con ellos (testimonios de Rosa Delia Valderrama; la menor Sobeida Quintero; Elida González Vergel y Javier Páez y las declaraciones de Gonzalo Arias Alturo). La circunstancia de que a más de seis años de transcurridos los hechos no se haya tenido noticias de ellos, permite razonablemente inducir que Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana fallecieron.
c. Esta conclusión se refuerza con los datos que constan en el proceso penal que se siguió ante el Juez Segundo de Orden Público de Valledupar por secuestro de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, juicio en el cual se dictaron medidas de detención preventiva contra Gonzalo Pinzón Fontecha, el Capitán Héctor Alirio Forero Quintero y Gonzalo Arias Alturo, pues el juez consideró que había elementos que hacían presumible su responsabilidad en ese delito. Después fueron absueltos por no existir pruebas suficientes, pero con motivo de posteriores declaraciones de Gonzalo Arias Alturo, se ordenó la reapertura de ese juicio criminal.
d. Además, debe tomarse en consideración que, en otros procesos ante las jurisdicciones penal y militar, se condenó a los inculpados y al cabo Norberto Báez Báez por otros ilícitos (hurto agravado, abuso de confianza y porte ilegal de armas) realizados un mes después de la desaparición de Isidro Caballero y María del Carmen Santana. Esto demuestra que los militares y los civiles mencionados actuaban de concierto para cometer delitos. Las declaraciones dadas por el Capitán Forero en este proceso hicieron necesario que fuera sometido a exámenes psiquiátricos y a tratamiento en un hospital militar por padecer, según el examen médico respectivo, de trastorno mental paranoide de carácter permanente.
e. Finalmente, en la resolución de 26 de abril de 1990 del fuero disciplinario militar, se dio de baja definitiva del Ejército colombiano al mencionado Capitán Forero porque "no llevó a cabo su obligación de guarda, como garante de la vida e integridad personal de [dos] ciudadanos, conducta que conllevó el desaparecimiento de los aprehendidos a manos de los efectivos militares...", sucedida un año antes, en región próxima a la cual ocurrió la de Isidro Caballero y María del Carmen Santana.
Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No 22, párrs. 53 y 63.
Las normas jurídicas de los tratados deben interpretarse en el sentido de que produzcan un resultado y no en el de que no produzcan ninguno, como lo indica la sana hermenéutica. En el derecho penal, si una persona es muerta con un puñal, es obvio que también fue víctima de lesiones personales, pero es el asesinato el delito que se cometió y a ningún Juez se le ocurriría interpretar las normas en el sentido de que el muerto fue víctima de asesinato y lesiones. Lo mismo sucede en materia de violaciones a los derechos humanos. La Comisión parece no entender esto porque demanda por una retahíla de violaciones conexas pero absorbidas por otras que luego no puede sustentar debidamente. La Corte no puede incurrir en el mismo error.
Esto no quiere decir que, en materia de derechos humanos, no se puedan consumar varias violaciones simultáneas o sucesivamente, como en los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, en los que la Corte consideró probadas una detención prolongada sin fórmula de juicio por largo tiempo con presumibles torturas, antes de la muerte. En el caso sub judice, sin embargo, no se presenta el mismo cuadro, ya que según los autos las dos personas fueron aparentemente detenidas alrededor de las 7:00 p.m. y muertas antes de medianoche, de manera que, si bien es cierto que el proceso que se siguió en Colombia lo fue por secuestro, aquí de lo que se trata es de violación del derecho a la vida (artículo 4), ya que la Corte tampoco encontró probada la tortura. En el caso Gangaram Panday la Corte dijo que "no [era] posible fijar la responsabilidad del Estado en los términos descritos, en virtud, entre otras razones, de que la Corte está determinando una responsabilidad por detención ilegal por inferencia y no porque haya sido demostrado que la detención fue, en efecto, ilegal o arbitraria o que el detenido haya sido torturado" (Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 62).
Voto Disidente del Juez Nieto Navia, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No 22.
68. La Corte examina ahora si hubo violación al artículo 4 (Derecho a la Vida) por parte del Estado. Dicho artículo, en su inciso 1, establece que . . . .
69. En su demanda, la Comisión consideró que la desaparición forzada de personas implica
múltiples violaciones de la Convención y como fundamento de su alegato, citó la jurisprudencia de esta Corte. En cuanto a la supuesta violación del artículo 4, la Comisión alegó que "desde su detención por miembros de la fuerza policial en octubre de 1990, Ernesto Rafael Castillo Páez continúa desaparecido lo que hace presumir su muerte".
70 En su contestación a la demanda, el Estado alegó que una desaparición no significa necesariamente la muerte de la víctima y que no podía castigar al posible autor de la detención por un delito de asesinato, "pues faltaría precisamente el cuerpo del delito, condición que es exigida unánimemente por la doctrina penalista contemporánea". Además, el Estado señaló que "una cosa es la situación misma de hecho de la indeterminación del paradero de una persona, y otra cosa muy distinta es la muerte de ésta, con la consiguiente lesión del bien jurídico vida". El Estado manifestó también que la Comisión no ha probado "a cabalidad que hayan sido efectivos policiales quienes han privado de la libertad a Ernesto Rafael Castillo Páez y menos aún que hubieran atentado contra su vida". Agregó que con sólo la indeterminación del paradero del señor Castillo Páez no podría llegarse a la afirmación de que el Estado es responsable. Al finalizar su análisis sobre el artículo 4, el Estado consideró que la Corte debió "rechazar de plano este extremo de la demanda que no se sustenta en prueba alguna, pero sí en una fuerte dosis de especulaciones que intenta involucrar al Estado Peruano en hechos en los que no tiene responsabilidad alguna, pues éste no ha violado el derecho a la vida".
71. La Corte considera demostrada la violación del artículo 4 de la Convención que protege el derecho a la vida, ya que el señor Castillo Páez fue detenido arbitrariamente por agentes de la Policía del Perú; que dicha detención fue negada por las mismas autoridades, las cuales, por el contrario, lo ocultaron para que no fuese localizado, y que desde entonces se desconoce su paradero por lo que se puede concluir que, debido al tiempo transcurrido desde el 21 de octubre de 1990 a la fecha, la víctima ha sido privada de la vida (supra, párr. 43).
Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No 34, párrs. 68-74.
4.1.3.1. uso desproporcionado de fuerza
62. En el informe de mayoría de la comisión investigadora del Congreso del Perú se dice que "[d]el resultado logrado se infiere, sin embargo, la desproporción del potencial bélico empleado. La demolición final, luego de la rendición producida a las 14:30 horas del día diecinueve, no tendría explicación lógica y en consecuencia sería injustificada". También el informe de minoría dice: "Está demostrado que el Gobierno, al incumplir con su obligación de proteger la vida humana dio órdenes que trajeron como consecuencia un injustificado número de muertos . . . La fuerza militar utilizada fue desproporcionada en relación al peligro realmente existente y las formas de ataque implementadas tampoco revelaron precaución alguna por reducir los costos humanos de la debelación". (supra 43).
63. Se considera innecesario analizar si los funcionarios y autoridades que tomaron parte en la debelación del motín actuaron o no dentro de sus funciones y de acuerdo con su derecho interno, ya que la responsabilidad de los actos de los funcionarios del Gobierno es imputable al Estado con independencia de que hayan actuado "en contravención de disposiciones de derecho interno o desbordando los límites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno" (Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 170; Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 179).
64. De los noventa y siete cadáveres a los que les fueron practicadas necropsias, únicamente fueron identificados siete. No consta que se hayan realizado todas las diligencias necesarias para obtener mayor número de identificaciones, ni que se haya solicitado la ayuda de los familiares de las víctimas para ese propósito. Es de notar la discrepancia que existe entre el número de los detenidos con el Pabellón Azul antes del motín y la suma de los amotinados que se rindieron más el número de muertos. Según el proceso realizado en el Fuero Militar, hubo 111 muertos (restos óseos de 14 personas y 97 cadáveres) y 34 sobrevivientes, lo que daría un total de 145 personas, mientras que la lista extraoficial entregada por el Presidente del Consejo Nacional Penitenciario comprende 152 reclusos antes del motín. La remoción de los escombros se efectuó entre el 23 de junio de 1986 y el 31 de marzo de 1987, es decir, en un lapso de nueve meses.
65. La Corte considera que no corresponde a la Comisión demostrar el paradero de las tres personas a que se refiere éste proceso, sino que, por la circunstancia de que en su momento los penales y luego las investigaciones estuvieron bajo el control exclusivo del Gobierno, la carga de la prueba recae sobre el Estado demandado. Estas pruebas estuvieron a disposición del Gobierno o deberían haberlo estado si éste hubiera procedido con la necesaria diligencia. La Corte en casos anteriores ha dicho:
[a] diferencia del Derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado. Es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio. La Comisión, aunque tiene facultades para realizar investigaciones, en la práctica depende, para poder efectuarlas dentro de la jurisdicción del Estado, de la cooperación y de los medios que le proporcione el Gobierno . (Caso Velásquez Rodríguez, supra 63, párrs. 135-136; Caso Godínez Cruz, supra 63, párrs. 141-142).
[l]os presuntos desaparecidos Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar, no se encuentran entre los amotinados que se rindieron en los sucesos del penal de San Juan Bautista, de 18 a 19 de junio de 1986, ni sus cadáveres están entre los pocos que pudieron ser identificados, de acuerdo con los autos.
69. La Corte considera probado que el Pabellón fue demolido por las fuerzas de la Marina peruana, como se desprende de los informes presentados por los peritos en la audiencia (supra párrs. 47 y 48) y de la declaración rendida el 16 de julio de 1986 ante el juez instructor del Vigésimo Primer Juzgado de Lima por el Presidente del Consejo Nacional Penitenciario y de la circunstancia de que muchos de los muertos según las necropsias lo hubieran sido por aplastamiento. Los informes de mayoría y de minoría del Congreso (supra párr. 43) son congruentes en lo que se refiere al uso desproporcionado de la fuerza, tienen carácter oficial y son considerados por esta Corte como prueba suficiente de ese hecho.
71. La Corte considera también probado que no se usó de la diligencia necesaria para la identificación de los cadáveres, pues sólo unos pocos de los que fueron rescatados en los días inmediatamente siguientes a la terminación del conflicto fueron identificados. De los demás, que fueron recuperados en un lapso de nueve meses, ciertamente muy largo, aunque según declaración de los expertos (supra 56 y 57) con ciertas técnicas hubiera podido hacerse la identificación, tampoco se hizo. Este comportamiento del Gobierno constituye una grave negligencia.
76. De las circunstancias que rodearon la debelación del Penal San Juan Bautista y del hecho de que ocho años después de ocurrida no se tengan noticias del paradero de las tres personas a que se refiere el presente caso, del reconocimiento del señor Ministro de Relaciones Exteriores en el sentido de que las víctimas no aparecieron dentro de los sobrevivientes y de que "tres de los [cadáveres no identificados ] sin duda corresponden a esas tres personas" y del uso desproporcionado de la fuerza, se desprende la conclusión razonable de que ellos fueron privados arbitrariamente de su vida por las fuerzas peruanas en violación del artículo 4.1 de la Convención.
Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No 20, párrs. 61-76.
4.2.1. régimen de la pena de muerte en la Convención
53. El asunto está dominado por un principio sustancial expresado por el primer párrafo, según el cual "toda persona tiene derecho a que se respete su vida" y por un principio procesal según el cual "nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente". De ahí que, en los países que no han abolido la pena de muerte, ésta no pueda imponerse sino en cumplimiento de sentencia ejecutoriada dictada por un tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito (supra, párr. no. 9). La circunstancia de que estas garantías se agreguen a lo previsto por los artículos 8 y 9 indican el claro propósito de la Convención de extremar las condiciones en que sería compatible con ella la imposición de la pena de muerte en los países que no la han abolido.
54. Un nuevo grupo de limitaciones aparece a propósito del género de delitos que podrían acarrear dicha pena. Por una parte, se dispone que la pena de muerte no podrá imponerse sino para los delitos más graves (artículo 4.2) y por la otra, se excluye de modo absoluto su aplicación por delitos políticos o por delitos comunes conexos con los políticos (artículo 4.4). La circunstancia de que la Convención reduzca el ámbito posible de aplicación de la pena de muerte a los delitos comunes más graves y no conexos, es reveladora del propósito de considerar dicha pena aplicable sólo en condiciones verdaderamente excepcionales. Por último, en relación con la persona del convicto, la Convención excluye la imposición de la pena de muerte a quienes, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años o más de setenta y prohibe su aplicación a mujeres en estado de gravidez (artículo 4.5).
56. Es, sin embargo, en otro sentido como aparece más marcada y decisiva la tendencia limitativa de la aplicación de la pena de muerte, subyacente en el artículo 4 de la Convención. En efecto, según el artículo 4.2 in fine, "tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente" y, según el artículo 4.3, "no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido". No se trata ya de rodear de condiciones rigurosas la excepcional imposición o aplicación de la pena de muerte, sino de ponerle un límite definitivo, a través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse tanto en los países que no han resuelto aún abolirla, como en aquellos que sí han tomado esa determinación. En el primer caso, si bien la Convención no llega a la supresión de la pena de muerte, sí prohibe que se extienda su uso y que se imponga respecto a delitos para los cuales no estaba prevista anteriormente. Se impide así cualquier expansión en la lista de crímenes castigados con esa pena. En el segundo caso, prohibe de modo absoluto el restablecimiento de la pena capital para todo tipo de delito, de tal manera que la decisión de un Estado Parte en la Convención, cualquiera sea el tiempo en que la haya adoptado, en el sentido de abolir la pena de muerte se convierte, ipso jure, en una resolución definitiva e irrevocable.
58. Los trabajos preparatorios de la Convención confirman el sentido resultante de la interpretación textual del artículo 4. En efecto, la propuesta de varias delegaciones para que se proscribiera la pena de muerte de modo absoluto, aunque no alcanzó la mayoría reglamentaria de votos afirmativos, no tuvo un solo voto en contra. (Ver en general, Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7-22 de noviembre de 1969, Actas y Documentos, OEA/Ser. K/XVI/1.2, Washington, D.C. 1973 (en adelante "Actas y Documentos") repr. 1978, esp. págs. 161, 295-296 y 440-441). La actitud general y la tendencia ampliamente mayoritaria de la Conferencia fueron recogidas en la siguiente declaración presentada ante la Sesión Plenaria de Clausura por catorce de las diecinueve delegaciones participantes (Costa Rica, Uruguay, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Honduras, República Dominicana, Guatemala, México, Venezuela, Nicaragua, Argentina y Paraguay):
Las Delegaciones abajo firmantes, participantes de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, recogiendo el sentimiento ampliamente mayoritario expresado en el curso de los debates sobre la prohibición de la pena de muerte, concorde con las más puras tradiciones humanistas de nuestros pueblos, declaramos solemnemente nuestra firme aspiración de ver desde ahora erradicada del ámbito americano la aplicación de la pena de muerte y nuestro indeclinable propósito de realizar todos los esfuerzos posibles para que, a corto plazo, pueda suscribirse un Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José, Costa Rica- que consagre la definitiva abolición de la pena de muerte y coloque una vez más a América en la vanguardia de la defensa de los derechos fundamentales del hombre (Actas y Documentos, supra, pág. 467).
Coincide con tales expresiones lo señalado por el Relator de la Comisión I, en el sentido de que "la Comisión dejó constancia, en este artículo, de su firme tendencia a la supresión de la pena (de muerte)" (Actas y Documentos, supra, pág. 296).
Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No 3, párrs. 51-58.
4.2.2. "[e]n los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse . . ." 52. El objeto del artículo 4 de la Convención es la protección al derecho a la vida. Pero dicho artículo, después de definir de modo general ese propósito en su primer párrafo, dedica los cinco siguientes al tratamiento de la aplicabilidad de la pena de muerte. En verdad el texto revela una inequívoca tendencia limitativa del ámbito de dicha pena, sea en su imposición, sea en su aplicación.
Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No 3, párrs. 52-53.
4.2.3. prohibición de extender la pena de muerte a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
. . . . 59. De modo que, al interpretar la parte final del artículo 4.2 "de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin" (artículo 31.1 de la Convención de Viena), no es posible albergar duda alguna respecto de la prohibición absoluta contenida en esa disposición, según la cual ninguno de los Estados Partes puede disponer la aplicación de la pena de muerte respecto de delitos para los cuales no estuviese contemplada previamente por su legislación interna. Ninguna disposición de la Convención autoriza para dar un sentido distinto al de por sí claro texto del artículo 4.2, in fine. El único camino para llegar a una conclusión diferente sería una reserva formulada oportunamente que excluyera en alguna medida la aplicación de la mencionada disposición respecto del Estado reservante, siempre que dicha reserva fuera compatible con el objeto y fin de la Convención.
Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No 3, párrs. 56 y 59.
67. Con base en las anteriores consideraciones, y en vista de que la primera pregunta formulada por la Comisión encuentra respuesta directa en el texto mismo del artículo 4.2 de la Convención, la Corte pasa a examinar la segunda de las cuestiones que le ha sido sometida: "2. ¿Puede un Gobierno, sobre la base de una reserva hecha al momento de la ratificación al artículo 4, inciso 4 de la Convención, legislar con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención imponiendo la pena de muerte a delitos que no tenían esa sanción cuando se efectuó la ratificación?". En otros términos: ¿puede un Estado que ha reservado el artículo 4.4 de la Convención, el cual prohibe aplicar la pena de muerte a los delitos comunes conexos con los políticos, considerar que esa reserva se extiende al artículo 4.2 e invocarla para imponer esa pena a delitos a los que no se aplicaba anteriormente, a pesar de la prohibición contenida en esta última norma? Las dificultades que podrían surgir al intentar responder esa pregunta en abstracto quedan superadas desde el momento en que la Comisión trajo a colación la reserva específica formulada por Guatemala, en función de la cual se hará el análisis siguiente y que será objeto de algunas consideraciones particulares.
71. Tampoco puede darse a una reserva del artículo 4.4 un sentido extensivo hacia el artículo 4.2 con base en el argumento de que la reserva respecto de la proscripción de la pena de muerte para delitos políticos o conexos con ellos, carecería de sentido si no pudiera aplicarse a nuevos delitos no sancionados antes con esa pena. En efecto, una reserva de esta clase tiene aplicación y sentido en sí misma en cuanto evita que constituya violación a la Convención para el Estado reservante el mantenimiento de la pena de muerte para los delitos políticos y conexos ya sancionados con ella al entrar en vigencia la misma. Además, habiendo la Corte establecido que ambas disposiciones regulan supuestos diferentes (ver supra, párr. no. 68), no hay ninguna razón lógica ni jurídica para presumir que un Estado que, al ratificar la Convención, reservó sólo una de ellas en realidad pretendía reservar las dos.
72. Las anteriores conclusiones son aplicables, en general, a la reserva hecha por Guatemala al ratificar la Convención. Esta reserva se fundamenta únicamente en el hecho de que "la Constitución de la República de Guatemala, en su artículo 54, solamente excluye de la aplicación de la pena de muerte, a los delitos políticos, pero no a los delitos comunes conexos con los políticos". Con esto simplemente se señala una realidad del derecho interno. No puede deducirse de la reserva que la Constitución de Guatemala imponga la pena de muerte a delitos comunes conexos, sino únicamente que no la prohibe. Pero nada hubiera impedido a Guatemala comprometerse a más en el orden internacional.
73. Como la reserva modifica o excluye los efectos jurídicos de la disposición reservada, para comprobar cómo opera esa modificación nada mejor que leer dicha disposición tal como queda luego de la reserva. La parte sustancial de ésta "solamente excluye de la aplicación de la pena de muerte, a los delitos políticos, pero no a los delitos comunes conexos con los políticos". Es claro y no ambiguo ni oscuro, ni conduce a un resultado absurdo o irrazonable de acuerdo con el sentido corriente de las palabras, entender el artículo por obra de la reserva de la siguiente manera: "4.4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos", excluyendo así los delitos comunes conexos con los políticos objeto de la reserva. De dicha reserva no puede desprenderse ninguna otra modificación a la Convención ni que el Estado pretendía ampliar la pena de muerte a nuevos delitos o reservar también el artículo 4.2.
Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No 3, párrs. 67-75.
4.3.1. prohibición de restablecer la pena de muerte en los Estados que la han abolido
56. Es, sin embargo, en otro sentido como aparece más marcada y decisiva la tendencia limitativa de la aplicación de la pena de muerte, subyacente en el artículo 4 de la Convención. En efecto, según el artículo 4.2 in fine, "tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente" y, según el artículo 4.3, "no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido". No se trata ya de rodear de condiciones rigurosas la excepcional imposición o aplicación de la pena de muerte, sino de ponerle un límite definitivo, a través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse tanto en los países que no han resuelto aún abolirla, como en aquellos que sí han tomado esa determinación. En el primer caso, si bien la Convención no llega a la supresión de la pena de muerte, sí prohibe que se extienda su uso y que se imponga respecto a delitos para los cuales no estaba prevista anteriormente. Se impide así cualquier expansión en la lista de crímenes castigados con esa pena. En el segundo caso, prohibe de modo absoluto el restablecimiento de la pena capital para todo tipo de delito, de tal manera que la decisión de un Estado Parte en la Convención, cualquiera sea el tiempo en que la haya adoptado, en el sentido de abolir la pena de muerte se convierte, ipso jure, en una resolución definitiva e irrevocable. Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No 3, párr. 56.
4.4.1. prohibición de aplicar la pena de muerte por delitos políticos o conexos con los políticos.
4.5.1. "[n]o se impondrá la pena de muerte a personas . . . ."
4.6.1. "[t]oda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar . . . ."

References: artículo 1
 artículo 4
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