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Timestamp: 2018-03-23 01:02:37+00:00

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EJECUCION DE PENAS Y ALGO MAS: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROCESO No. 26409 04/02/09
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROCESO No. 26409 04/02/09
Proceso No 26409
Aprobado Acta No. 27
Ocurrió que, en las horas de la mañana del sábado 15 de junio de 2002 hizo su arribo al inmueble en mención la menor Marla Lizeth Calderón Losada, de 9 años de edad, en compañía de su progenitor, Henry Enrique Calderón Cortés, quien desde tres meses atrás poseía en arriendo un lote del citado predio.
Poco después, mientras Calderón Cortés se dispuso a reparar unos cercos, solicitó a su hija Marla Lizeth que se desplazara cerca de allí, con el fin de cerrar un “broche” que dejó abierto; así, en cumplimiento de la orden que para tal efecto su padre le impartió, la menor se dirigió al lugar indicado en compañía de los canes.
Un día antes, el 15 de octubre, el ente instructor admitió la demanda de constitución de parte civil promovida por Belén Losada Claros y Henry Enrique Calderón Cortés, padres de la menor Marla Lizeth Calderón Losada.
El conocimiento de la causa se asumió por el Juzgado Penal del Circuito de Garzón (Huila), despacho que luego de realizar las audiencias públicas preparatoria y de juzgamiento –en sesiones del 29 de abril de 2004, la primera, y 10 de marzo y 7 de julio de 2005, la última-, dictó sentencia de primera instancia el 29 de julio siguiente, en la que condenó a CEDIEL MOLANO por el delito de “homicidio culposo, por omisión”.
Y, por auto del 13 de febrero de 2007, la Corte, como se dijo antes, admitió la demanda de casación, advirtiendo que por tratarse de un delito de comisión por omisión, respecto de esta temática “se precisa de desarrollo jurisprudencial, específicamente en lo relativo a la manera como debe responder quien a su cargo tiene animales domesticados, por los daños que éstos causen”.
Agrega que si se hubiesen examinado en su entera dimensión los medios que obran en la actuación -testimonios, anuncio de la existencia en el fundo de perros bravos, escritos de la Junta de Acción Comunal de la vereda y otros documentos, pericia y la propia confesión de la procesada, entre otros-, el sentido del fallo habría sido sustancialmente diferente al que en últimas se adoptó, en cuanto “MARÍA RUTH CEDIEL MOLANO tenía el deber jurídico de vigilar y garantizar la indemnidad de uno o varios bienes jurídicos pertenecientes a determinadas personas y que se hallan previamente individualizados y de una manera concreta. Ese no hacer cuando se tenía la obligación jurídica de actuar conlleva a la responsabilidad penal de la implicada, o considerarla digna de sanción punitiva”.
Discrepa el impugnante del razonamiento del Tribunal y cataloga de antagónica su argumentación, cuando esa Colegiatura advierte que por la “amistad” surgida entre la menor y su padre con los animales en cuestión, era menester entender que el deber de cuidado de la garante era menos exigente, con lo cual trasladó la responsabilidad de lo ocurrido al progenitor de la víctima, sin reparar en que los perros, tal como lo sostienen guías y adiestradores caninos, actúan instintivamente y atacan a cualquier tipo de especie, inclusive a su propios amos, al punto que Calderón Cortés tuvo que segar la vida de uno de esos canes frente a su dueña, ante el ataque del que fue víctima por parte del fiero animal. Una tal negligencia solo le es imputable a su propietaria, que no precavió el daño que aquél podía causar. Incurre pues el juzgador en error cuando en su fallo alude al principio de confianza, que bien decantado tiene la jurisprudencia de la Corte en su Sala Penal, uno de cuyos pronunciamientos cita.
Tras referirse a las “múltiples discusiones” que en el ámbito de las relaciones sociales ha suscitado la convivencia de los humanos con los animales domésticos, el censor concluye que la persona bajo cuya dependencia se encuentran los mismos debe responder por los daños que ellos causen, como garante de la fuente de riesgo creada, en este caso la procesada, tal como se halla instituido en el artículo 25 del Código Penal, como quiera que a su cargo estaba la protección del bien jurídico que el ordenamiento tutela.
Así, entonces, dejó de aplicar la citada Corporación los artículos 29 de la Carta Política; 6°, 13, 23, 25, 103 y 109 del Código Penal; y 25, 232, 233, 266, 280 y 284 a 287 del Código de Procedimiento Penal, por lo cual solicita se case la sentencia impugnada y en su lugar se confirme la de carácter condenatorio proferida por el juzgador primario.
Como punto de partida, la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal resume el aporte probatorio, con el fin de destacar los antecedentes fácticos relevantes y precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la muerte de la menor. Ello, aclara, teniendo en cuenta que la demanda de casación se cimentó en la presunta existencia de una violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho, bajo la modalidad de falso juicio de identidad, como quiera que el actor consideró que hubo por parte del Tribunal una errada valoración probatoria, a partir de la cual concluyó que de los diferentes medios de convicción no se podía derivar responsabilidad penal alguna en contra de la sindicada MARÍA RUTH CEDIEL MOLANO.
Seguidamente, apoyada en las razones por las cuales la Corte declaró ajustada la demanda, alude al delito de comisión por omisión imprudente, significando que la omisión impropia –como también es denominada la figura-, surge, en palabras de Günter Jackobs, “al complementar los delitos de comisión con una variante omisiva”. Por tanto, añade, requieren de una cláusula general de transformación para su configuración como delito, pues ante la ausencia de un tipo omisivo expreso, el autor que no impide la producción de un resultado prohibido, es responsable solo si jurídicamente está obligado a impedirlo.
A partir del anterior concepto, la Delegada considera que la imputación jurídica del resultado en esos eventos no puede partir de un criterio causal naturalístico en el que se precise de un determinado movimiento para impedirlo, sino que, por el contrario, el concepto que mas se adecua es el de imputación objetiva, a partir del cual la atribución del resultado a una persona depende del deber jurídico que tenga de actuar y evitar el daño en el caso concreto, según su posición de garante, entre otros elementos.
Y, agrega, como se trata del análisis del la estructura del delito omisivo imprudente, debe verificarse, igualmente, la infracción al deber de cuidado, “la que se encuentra acreditada con la trasgresión a la posición de garante”.
En este orden de ideas, refiere, en primer término, que la situación de peligro en que se en encontraba la menor, se desprende de la gran cantidad de perros que se hallaban por fuera de sus perreras sin ningún tipo de seguridad, lo que les permite conformarse como manada -forma en la que se organizan para cazar-, lo cual no encuentra justificación en el hecho de que la niña tuviera alguna familiaridad con ellos.
Para el caso, indica a continuación, la procesada CEDIEL MOLANO tenía la posición de garante por el solo hecho de tener los mencionados animales, perros desafiantes y agresivos que habían tenido episodios de agresiones a personas –como el padre de la víctima- y otros animales, dado que la ley le asigna la responsabilidad jurídica por los peligros que frente a los bienes jurídicos puedan surgir .
Por ello, entonces, la enjuiciada tenía la capacidad de adoptar las previsiones mínimas que hubieran impedido la producción del resultado –en este caso la afectación de la vida de la niña Marla Lizeth Calderón Losada-, con algo tan simple como haber guardado los animales en sus perreras y dejar la limpieza para otro momento, o mantenerlos con bozal o alguna otra medida de seguridad que impidiera agresión por parte de ellos.
Esa falta de adopción de medidas de seguridad, precisamente, manifiesta la representante del Ministerio Público, es la que permite pregonar la existencia del nexo causal entre la omisión de la acusada y la muerte de la menor, pues, al sobreponer hipotéticamente la condición de “haber puesto los perros en condiciones de seguridad”, los mismos no se hubieran ido con la niña, no la hubieran atacado y, de manera concluyente y definitiva, la pequeña Marla Lizeth no habría muerto por su agresión.
Acorde con lo anterior, la Delegada estima colmado el análisis de la tipicidad, al cual suma los de antijuridicidad -como quiera que, sin justa causa, se lesionó el bien jurídicamente tutelado de la vida de una menor- y culpabilidad –habida cuenta que el agente podía y debía actuar de otro modo, pues, teniendo la posibilidad de comprender y determinar su comportamiento conforme a derecho, actúa contrariando las exigencias normativas-.
Por último, la Procuradora, aclarando que no corresponde acá analizar la responsabilidad penal del padre de la menor, sostiene que aún demostrándose que éste incurrió en un delito de comisión por omisión culposa, dada su especial posición de garante para con la niña, esta situación no excluye la responsabilidad penal de MARÍA RUTH CEDIEL MOLANO, como erradamente lo aseveró el Ad quem al revocar la decisión de primera instancia.
Ello, añade, porque frente a un mismo resultado pueden coexistir dos posiciones de garante independientes, lo cual genera dos autores con responsabilidades penales autónomas, ya que en un momento dado puede establecerse que las dos infracciones al deber jurídico de cuidado determinaron el resultado muerte, sin que sea dable decir que una posición de garante es mas relevante que la otra y por tanto la excluye.
En suma, para la Procuradora Tercera Delegada, la valoración conjunta de la prueba permite inferir con certeza la responsabilidad penal de la MARÍA RUTH CEDIEL MOLANO. Pide, por consiguiente, se case la sentencia objeto de recurso extraordinario y en su reemplazo, se condene a la procesada como autora del delito de homicidio culposo, en la modalidad de omisión impropia.
La censura planteada por el recurrente, apoyada en un error de hecho por falso juicio de identidad respecto de la equivocada valoración de la prueba, se torna bastante confusa y ambigua. Ello porque el demandante deja el cargo en el mero enunciado, pues, marginándose del tipo de censura anunciado -ya que no indica que medios de convicción fueron cercenados, tergiversados o adicionados-, critica que el juzgador no haya apreciado determinados elementos de juicio y en cambio supuso otros, ubicándose así en el campo del error de hecho por falso juicio de existencia que tampoco desarrolla, limitándose a decir genéricamente que “el problema subyace en la errónea apreciación de las pruebas”, sin precisar cuál es el tópico atacado.
Así las cosas, antes de abordar el estudio del asunto jurídico propuesto –en el que se tratarán temas como los delitos de comisión por omisión imprudente, la posición de garante, la responsabilidad de los dueños por los actos de los animales y, desde luego, la incidencia de estos en el caso concreto-, la Corte, de acuerdo con lo probado, establecerá el marco fáctico que permitirá, en últimas, adoptar la decisión que corresponda.
Para la custodia del fundo, por lo menos para la época de los hechos, su dueña tenía alrededor de veinte perros, de los cuales nueve eran adultos y los demás pequeños. Solo uno de los canes, el dálmata, era de pura raza, mientras los demás correspondían a cruces con pincher, french poodle, pastor alemán, labrador y dálmata. Eran, en términos generales, “perros criollos”. Insistentemente aseguró la sindicada CEDIEL MOLANO en cada una de sus intervenciones , que los animales no ofrecían ningún peligro, justificando su tenencia en la inseguridad de la zona, donde constantemente se cometían hurtos.
Pero contrario a la manifestación de la procesada, sus perros se caracterizaban por la extrema ferocidad, tal como lo reportan los vecinos del sector, quienes veían en ellos una constante amenaza, no solo por haber sido víctimas directas de sus agresiones, sino también por los frecuentes ataques a sus animales domésticos -se afirma así que era de tal naturaleza la bravura de estos canes, que estaban entrenados para matar culebras y, como su propietaria los sometía a largos periodos de ayuno, se alimentaban hasta de las mazorcas del cacao y los racimos de plátano que hallaban en el suelo-.
Así lo hicieron saber las 44 personas que firmaron el memorial remitido a la fiscalía instructora , quienes pidieron a las autoridades tomar cartas en el asunto, pues, además del caso de la niña Calderón Losada, “se sabe de personas que en anteriores ocasiones ya han sido atacadas” por estos animales y que además han devorado terneros y aves de corral de los lugareños; agregan que su mayor preocupación es la ubicación del fundo, al borde de la carretera, por donde permanentemente transitan menores hacia su centro educativo.
Del mismo modo, comparecieron a declarar los residentes del sector Hernando Castañeda Aragonés, Argemiro Bravo Ramírez, Jesús Antonio Polo Castillo, Gilberto Toquica González, Alfredo Rivera Parra, Leonor López Triviño, Guillermo león Oviedo Arias y Bertulfo Botello Perdomo, los cuales relatan diversos episodios protagonizados por los perros de CEDIEL MOLANO, relacionados con ataques a las personas y al ganado de los vecinos de San Rafael .
Incluso uno de ellos, Polo Castillo, presentó demanda civil en contra de la sindicada, a quien reclamó la indemnización por la muerte de una de sus reses, debido a las “múltiples heridas recibidas por el fiero ataque de unos perros de propiedad de la señora MARÍA RUTH CEDIEL” .
Al unísono, uno de los aspectos que mas critican los quejosos, es la indiferencia de su vecina, quien pese a toda evidencia, insiste en la mansedumbre de sus animales, advirtiendo que no han causado daño alguno y no representan ningún peligro para la comunidad.
Sin embargo, es la misma procesada quien relata un episodio que termina contradiciendo sus asertos, al reconocer que dos de sus perros atacaron al señor Henry Enrique Calderón Cortés, ganadero de ocupación y padre de la menor Marla Lizeth Calderón Losada, quien, de igual manera, se refiere a este suceso .
A pesar de que en este incidente MARÍA RUTH CEDIEL MOLANO perdió uno de sus animales –el único que, junto con el dálmata, era de pura raza-, optó por restarle importancia al mismo y finalmente le arrendó un lote a Calderón Cortés en terreno de su propiedad, para que allí ejerciera su profesión de ganadero.
En los tres meses subsiguientes a la celebración del contrato de arrendamiento, Calderón Cortés acudió con cierta regularidad a la finca de CEDIEL MOLANO, ya que allí guardaba su herramienta de trabajo. Muchas veces, en especial los sábados, lo acompañaba en sus labores su hija Marla Lizeth, de 9 años de edad, quien por esa razón terminó familiarizándose con varios perros de la finca, los cuales la saludaban y le jugueteaban cuando llegaba al lugar .
Así, cuando Calderón Cortés tomó sus implementos de trabajo para luego desplazarse hacia el sitio de labores, CEDIEL MOLANO le pidió el favor de que se llevara los perros, con el fin de que se “desaburrieran y desperezaran”, petición esta que fue aceptada por el ganadero, quien no tuvo el menor inconveniente en ir, junto con su hija y cerca de quince canes, hacia el lote que tenía arrendado.
En su declaración, la procesada CEDIEL MOLANO afirma que el señor Calderón Cortés se llevó los perros por iniciativa propia. Sin embargo, la evidencia recaudada indica que fue ella quien le pidió el favor a su arrendatario, quien aceptó su pedimento, según dijo, porque “como ella era la dueña de la finca yo que le podía decir”. Lo cierto del asunto es que, al margen de quien haya tenido la iniciativa, Calderón Cortés, no obstante los antecedentes de los animales -de los cuales él mismo fue víctima en el pasado-, accedió a llevarlos consigo, sin que pueda decirse que cumplía una orden, porque es claro que ninguna relación de dependencia tenía con la propietaria de la hacienda, con quien celebró un contrato civil que lo ubicaba, con relación a ella, en un plano de igualdad.
La menor, en cumplimiento a lo solicitado por su padre, se desplazó, acompañada de los perros, hasta el sitio donde debía cerrar el broche, localizado a unos sesenta metros de allí, en un terreno montañoso y pendiente, desde donde su progenitor no podía observarla, como tampoco podían escucharse gritos de auxilio .
Minutos después, ante la tardanza de la menor, Calderón Cortés fue en su búsqueda, encontrándose en el camino a varios de los perros que venían “lamiéndose el hocico”; luego, al llegar al sitio donde la niña debía cerrar el broche, fue atacado por otro de los animales al que logró esquivar, para seguidamente observar a su hija totalmente desangrada en el suelo, rodeada de cinco canes que tuvo que ahuyentar. Aunque en su desespero trató de auxiliarla, cuando llegó con la niña entre sus brazos a la casa de CEDIEL MOLANO, ya era demasiado tarde, pues, Marla Lizeth había fallecido a consecuencia del bestial ataque que le infligieron los perros.
Así lo reportó el dictamen de necropsia , en el que concluye el médico legista que la menor Marla Lizeth Calderón Losada “muere por shock hipovolémico, por sección de vasos sanguíneos de los miembros superiores e inferiores como consecuencias de múltiples mordeduras caninas”.
Por último, obra concepto de los agentes Luis Ortiz Martínez y Ricardo Gamboa Muñoz, guías caninos de la Escuela de Formación de Guías y Adiestramiento de Caninos –ESGAC- , adscrita a la Escuela Nacional de Carabineros de la Policía Nacional, a quienes se consultó por la acción que pudo motivar el comportamiento de los perros de MARÍA RUTH CEDIEL MOLANO y la posibilidad de que uno de ellos pueda agredir a persona conocida, en este caso, la menor Calderón Losada.
“El perro en el ambiente que se aprecia en las fotografías y descrito por la propietaria, es normal que tienda a defender su territorio y ver a las personas extrañas como invasores, adoptando actitudes agresivas.
El comportamiento pasivo de los perros se genera debido a la protección brindada por la dueña quien este caso juega un papel de máxima jerarquía entre éstos.
Con respecto al comportamiento agresivo debemos tener en cuenta que los animales, en este caso los perros actúan instintivamente, para sobrevivir atacan su presa después de haber estado expuestos a la privación de alimentos.
En caso de haber sido privados de alimentos como se mencionó anteriormente, no hay objetividad sobre la víctima es decir, podrían atacar cualquier tipo de especie.
La conducta descrita en el numeral tres es inducida por el dominante de la manada y éste estimula a los otros caninos a la misma acción”.
A partir de los años 30 ENGISH empezó a elaborar una teoría que es la que se ha terminado por imponer en torno a los delitos imprudentes y es la relativa al cuidado debido. Éste comenzó a hablar del incumplimiento del cuidado debido como elemento esencial de los delitos culposos. Ese cuidado se ha venido perfilando doctrinalmente y se le ha calificado como objetivo (situaciones concretas en las que se desenvuelve el sujeto), general (porque gobierna todas las situaciones en que se infringe el cuidado debido) y normativo (porque implica la realización de un proceso valorativo). Cuando una persona actúa de manera cuidadosa, respetando todas las normas, imposible resulta afectarla en un juicio por incumplimiento del cuidado, pues el resultado ya no depende de una actitud desconsiderada del agente.
Se ha tenido la teoría de la imputación objetiva del resultado como el instrumento teórico idóneo para explicar la relación que debe mediar entre la acción y el resultado, entre otros, en los delitos culposos. Reemplaza una relación de causalidad sobre bases exclusivamente naturales, introduciendo consideraciones jurídicas, siguiendo las pautas marcadas por la teoría de la relevancia. En este marco, la verificación de la causalidad natural será un límite mínimo, pero no suficiente, para la atribución del resultado. Conforme a estos postulados, comprobada la necesaria causalidad natural, la imputación del resultado requiere además verificar si la acción del autor ha creado o incrementado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado y si el resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro —jurídicamente desaprobado— creado por la acción. Caso de faltar algunos de estos dos condicionantes complementarios de la causalidad natural, se eliminaría la tipicidad de la conducta y, por consiguiente, su relevancia para el Derecho penal . Recuérdese que el causalismo se preguntaba si la acción era la causa de un resultado, en cambio la imputación objetiva se pregunta si una relación de causalidad concreta es la que quiere ser evitada por el ordenamiento jurídico. Por ello ahora la cuestión jurídica principal no es averiguar si se presentan determinadas circunstancias sino establecer los criterios conforme a los cuales se quiere imputar determinados resultados a una persona.
Por todo lo expuesto, hoy se afirma que en el delito culposo el tipo objetivo se integra a partir de los siguientes elementos esenciales: (i) el sujeto; (ii) la acción; (iii) el resultado físico; (iv) la violación del deber de cuidado impuesto por las normas legales o reglamentarias que regulan el tráfico automotor ; (v) la relación de causalidad entre la acción y el resultado ; y, (vi) la imputación objetiva que debe surgir a partir de la atribución jurídica del resultado a la acción desplegada por el sujeto.
Resáltese el influjo que en el curso causal de las imprudencias y en la gradación de las mismas puede tener lugar la llamada culpa de la víctima. La concurrencia de esta última circunstancia puede llegar a exonerar de responsabilidad al autor del hecho culposo cuando la naturaleza de la misma sea de tal entidad que minimice la causalidad de la conducta desencadenante del resultado o cuando jurídicamente el resultado no pueda ser imputable a la acción riesgosa .
Así se tiene que, para hacer referencia a la doctrina más autorizada , y para poner de presente las diferentes posturas que reclaman atención sobre el asunto, ROXIN expone que resulta adecuado reconocer en la imprudencia consciente un tipo subjetivo que consiste en la representación de todas las circunstancias del hecho como un peligro no permitido y en la confianza en la ausencia de realización del tipo; pero en la imprudencia inconsciente falta el tipo subjetivo porque precisamente el sujeto no ha incluido en su representación los elementos y presupuestos del tipo objetivo. STRUENSEE dice que el tipo subjetivo del delito imprudente consiste en que el que actúa conoce una porción típicamente relevante de las condiciones del resultado producido de lo cual surge según la valoración del ordenamiento jurídico un peligro intolerable (riesgo no permitido), para concluir que el injusto del delito imprudente y el injusto doloso tienen una estructura similar. Del lado hispanoamericano se tiene dicho por ZAFFARONI que en el tipo culposo hay requerimientos tanto objetivos como subjetivos, pero la estructura del tipo es diferente a la del delito doloso; indica como elementos propios del tipo subjetivo del delito culposo la finalidad, la previsibilidad del resultado y la posibilidad de conocimiento o conocimiento potencial del hecho.
Hoy, la acción no se identifica con un movimiento muscular como trasformador del mundo físico, sino desde un punto de vista normativo, así también se entiende el comportamiento omisivo del cual se entra a verificar el nexo de evitación, esto es, la conducta esperada que de haber sido realizada, el sujeto habría interrumpido o evitado el resultado .
2.	Previsiones en el Código Penal de 2000.
Como principio rector se estableció en el artículo 10º la necesidad, en sede de tipicidad, que en los tipos de omisión el deber ha de estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución Política o en la Ley.
Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones
Parágrafo. Los numerales 1, 2, 3 y 4 sólo se tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal, la libertad individual, y la libertad y formación sexuales”.
“Se regulan las situaciones materiales de la imputación del resultado en materia de delitos impropios de omisión. Con ello se lleva al texto legal las recomendaciones de la doctrina acerca de una regulación expresa de la materia y en lo posible de las llamadas posiciones de garantía. Constitucionalmente rige el principio de solidaridad, el cual, principalmente, viene exigido cuando se trata de la protección de bienes jurídicos relacionados con la vida e integridad personal (artículos 1° y 95 numeral 2° de la Carta Política); por lo que la propuesta busca desarrollar tales normas en un ámbito de estrechas relaciones y situaciones jurídicas” .
3.	Posición de la jurisprudencia bajo el ordenamiento sustantivo de 1980.
La Corte Suprema de Justicia de conformidad con las previsiones del artículo 21 del Código Penal de 1980 dio cabida a la teoría de posición de garante. Así, abordó específicamente el tema de la participación en los delitos de omisión impura o comisión por omisión cuando estableció que tanto el autor como el cómplice deben tener la obligación legal de impedir el resultado típico: “Es lo que se desprende del inciso segundo del artículo 21 del Código Penal de 1980 -norma aplicable por la fecha de ocurrencia del hecho, y que no distingue entre autor y partícipe-, de acuerdo con el cual, ‘Cuando se tiene el deber jurídico de impedir el resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo’. Y es lo que emana del inciso segundo del artículo 25 del Código Penal del 2000, en virtud del cual, quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, queda sujeto a la pena prevista en la norma correspondiente. Para esto, además, se requiere que la persona tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico, o que se le haya encomendado como garante la custodia o vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme con la Constitución o la ley” ”.
En complemento de lo anterior, en la sentencia del 2 de julio de 2008 (Radicado 28.441), la Sala analizó la figura de la “concurrencia de riesgos” en los delitos culposos, tema este que es necesario plantear, como quiera que en el caso sub-examine, acorde con lo decidido por el Ad quem, se plantean dos posiciones de garante diferentes y, por consiguiente, una doble violación al deber objetivo de cuidado: la primera, por parte de la dueña de los animales, la segunda, en cabeza del padre de la menor.
“La Sala no discute los hechos sobre los cuales el sentenciador de segundo grado cimentó el fallo absolutorio a favor de J.L.C.R., al encontrar que la falacia de su argumentación radica en la solución adoptada por una indebida aplicación de las normas sustanciales y, en particular, del artículo 9 del Código Penal en su aparte relativo a que “la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado”, consecuentemente aplicó indebidamente el artículo 10 ibídem, referido a la categoría de la tipicidad, y el 109 ejusdem, en virtud del cual se sanciona la conducta punible de homicidio culposo.
Y, por otro lado, con la conducta de C.R.M., conductor del vehículo motocicleta en el cual viajaba como parrillera la víctima, por no conservar la distancia exigida para los vehículos en carretera, omisión que impidió su reacción oportuna precipitando su colisión con el vehículo de servicio público que lo antecedía, la subsiguiente caída de su pasajera en plena vía y su inmediato arrollamiento precisamente por el tracto camión conducido por el procesado J.L.C.R..
El fenómeno de concurrencia de riesgos, o concausalidad, ha sido uno de los temas más complejos a través de la dogmática jurídico penal. De acuerdo con dicha figura, en la realización del resultado intervienen varios cursos lesivos, los cuales pueden ser producto de la acción de un tercero o por la propia víctima, esto último en especial cuando infringe sus deberes de auto protección .
Frente a esa constelación de casos “existen supuestos en los que concurre, sin duda alguna, una conexión suficiente entre el riesgo inicial creado por el autor y el resultado final, y en los que esa conexión no se ve desvirtuada por una conducta de la víctima o una conducta de otro sujeto. En los supuestos en los que se trata de una conducta concurrente de otro sujeto, cuando son dos los riesgos que explican el resultado —cadena de imprudencias—, la solución es sencilla: se tratará de un supuesto de autoría accesoria, ambos sujetos responderán” .
En orden a establecer la conexidad entre el riesgo y el resultado producido, la teoría de la imputación objetiva ha diseñado mecanismos en la mayoría de las veces de gran utilidad para su determinación apelando a los denominados cursos causales hipotéticos, conforme a los cuales se asume que aún frente a un comportamiento diverso del autor la consecuencia en todo caso se hubiera producido, básicamente porque “un resultado no puede serle imputado al creador de un riesgo jurídicamente desaprobado si dicho resultado se hubiere producido incluso con una conducta diversa del autor” , problemática que conduce a confrontar esta situación con la inevitabilidad del resultado”.
Ante el extenso desarrollo jurisprudencial que frente a estas temáticas, se ha dado con posterioridad a la admisión de la demanda de casación, la Sala se releva en este oportunidad de ahondar en las mismas, por sustracción de materia.
2.2.	Responsabilidad por los actos de los animales.
La consideración de animal doméstico es una cuestión de hecho, por cuanto según las zonas geográficas y costumbres populares, ciertas especies podrán o no ser consideradas domésticas. De todas maneras, el animal doméstico se caracteriza por su obediencia al hombre y para mantenerlo en ese estado, no es necesario aterrorizarlo, ni amenazarlo, ni castigarlo .
De acuerdo con la norma, todo propietario de un animal -perro, gato, caballo, burro, etc.-, responderá civilmente de los daños que éstos ocasionen a terceros, bien físicamente o a las propiedades que colindaren.	Se trata de una responsabilidad especial, derivada de los daños causados por un animal no fiero , que no ha sido debidamente vigilado, es decir, de la responsabilidad por el hecho de las cosas, que se funda según la doctrina y la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
“… en los presuntos descuidos e imprevisión con que su propietario o poseedor las guarda o conserva” .
Es importante reseñar que en tales eventos es responsable no sólo el dueño del animal, sino también el poseedor o el que se sirva de él. Es decir la persona que alberga, posee, custodia y alimenta, por ejemplo, a un perro en su casa, sea o no su dueño, será responsable por los daños que causa ese animal.
De acuerdo con el tratadista Javier Tamayo Jaramillo, en materia civil no son excluyentes la responsabilidad del dueño y la de quien se sirve del animal. Ello, porque, explica, en Colombia la guarda es acumulativa y no alternativa , de donde puede ocurrir que el dueño y un tercero se sirvan de un animal, caso en el cual ambos son responsables solidariamente.
“Esta responsabilidad, como en general la de los demás casos que contempla el citado título del Código Civil se cimenta en la culpa del tenedor; y a pesar de que se aproxima o penetra de cierto modo en la esfera de la responsabilidad objetiva, no logra sin embargo adquirir la naturaleza de esta en vista de que la culpa presunta que consagra en canon aludido, es su fundamento.
“La culpa del tenedor del animal fiero en el evento del artículo 2354, consiste no propiamente en la falta de vigilancia o cuidado de este, sino en el simple hecho de tenerlo en su poder sin que de ello se derive utilidad para la guarda o servicio de un predio, lo que por sí sólo constituye falta de diligencia o cuidado de su parte. La presunción en este caso no acarrea la mera inversión de la carga de la prueba de la culpa que se desplazaría del demandante al demandado como sucede en la presunción juris tantum, sino que equivale a una culpa automática y constituye un medio más eficaz de protección a la víctima del daño, por extremar la ley así la diligencia exigible al tenedor del animal a quien no le permite alegar que observó suficientes precauciones en su custodia para evitar el perjuicio ya que la sola producción de este revela que aquellas fueron inadecuadas.
“Mientras esté en poder del tenedor el animal fiero, o abandonado a sus propios impulsos o haya escapado a su cuidado, perdura la culpa de aquél por la virtualidad o potencialidad en que está el animal causador del daño.
“Pero la presunción tal como se configura en el canon que se analiza, se refiere únicamente al elemento subjetivo de la responsabilidad, esto es decir, la culpa de quien tiene la cosa. Los otros presupuestos necesarios para la integración de la responsabilidad como son el perjuicio y la relación de causalidad y también el hecho que le sirve de antecedente a la presunción, escapan al ámbito de esta por formar parte del onus probandi a cargo del demandante quien debe evidenciarlos en el proceso so pena de verse expuesto a sucumbir en la pretensión indemnizatoria.
“Es dable considerar finalmente, que la responsabilidad que sanciona el artículo 2354 del Código Civil fluye también del especial peligro que constituye la tenencia del animal ‘fiero’, no propiamente bravío en el sentido que señala el artículo 687 del Código Civil, ya que como ser vivo, obra a impulsos propios y está en aptitud permanente de causar daño; por lo tanto, la responsabilidad de quien lo tiene se puede enmarcar dentro del espíritu del artículo 2356 del Código Civil según la interpretación jurisprudencial que viene haciéndose de este texto a partir de los fallos de su Sala de Casación Civil de 30 de noviembre de 1935; 14 de marzo y 31 de mayo de 1938 (G.J., t.XLVI)” .
Respecto del concepto de animal “fiero”, cabe señalar que no es asimilable con los conceptos de “salvaje o bravío”, pues, como lo explica el tratadista colombiano arriba citado , muchos animales, siendo salvajes, son mansos, como las ovejas, ardillas, conejos, etc., mientras que otros, por el contrario, siendo domésticos o domesticados conservan una agresividad que esperada o inesperadamente los lleva a atacar a las personas, sin que pueda evitarse su acción dañina, a no ser que se tomen medidas extremas. Y agrega:
“… no se puede generalizar diciendo que el animal que ha sido amaestrado deja de ser fiero, pues a pesar de ello, habrá situaciones en las que el animal conserva la fiereza, no obstante la aparente mansedumbre; desde que el daño se produzca por el solo instinto agresivo del animal, este debe considerarse como fiero; si unos conejos acaban con un sembrado, estaremos en el caso del artículo 2353 del Código Civil; en cambio, si un toro bravo, un perro, o un tigre lesionan a una persona, estaremos ante el supuesto comprendido dentro de la responsabilidad por los animales fieros. Pero hay que distinguir la naturaleza del daño para saber cuál es la norma aplicable en algunos casos. Si un toro de casta se introduce a un predio vecino y allí se come el pasto que encuentra, la acción se rige por el principio general del artículo 2353, pues el daño no surge de la fiereza del animal, sino de la condición de inconciencia e instinto que rige el comportamiento animal; igual daño habría sido causado por un animal no fiero; en cambio, si ese mismo toro embiste a un tercero, el daño debe ser imputado a su fiereza (art. 2354)”.
“Artículo 25. Acción y omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión.
Sobre la posición de garante esta Corporación ha sostenido que:
La legislación penal colombiana sigue el criterio restringido, en el entendido que, con fundamento principal en los artículos 1º y 95.2 de la Constitución Política, que construyen el principio de solidaridad, el artículo 25 del Código Penal dice expresa y taxativamente en cuáles casos es predicable la posición de garante, siempre con referencia a la omisión impropia o impura”.
La primera –incisos 1º y 2º-, obediente al primer paso en la evolución del tema, a la inicial y más tradicional posición de garante, se relaciona directamente con la persona a la que se puede imputar la realización de una conducta, cuando tiene el deber jurídico de impedir un resultado jurídico y no lo evita pudiendo hacerlo, es decir, apunta, como se dijo, a los delitos de comisión por omisión.
La segunda –inciso 3º con sus cuatro numerales, y parágrafo-alude al ulterior desenvolvimiento del estudio del tema, si se quiere, cuando el análisis de la posición de garante comienza a separarse de lo estrictamente legal o jurídico y a ser penetrado por construcciones en general sociales, culturales y extralegales, tales como la “cercanía o proximidad social”, la “relación social especialmente estrecha”, las “relaciones de confianza”, la “tópica-analógica”, las “situaciones de compenetración social”, los “vínculos de solidaridad o de fidelidad”, la “creación previa del riesgo”, la “fusión de bien jurídico y rol social” o “teoría sociológica de los roles”, “el dominio sobre la causa del resultado”, los “deberes de aseguramiento en el tráfico”, etc. Por estas vías se abre espacio, entonces, a criterios como aquellos mencionados en los cuatro numerales del inciso 3º del artículo 25 del Código Penal.
De manera específica, en relación con los perros, el inciso final del artículo 108-F de la Ley 746 de 2002 , señala que:
La Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, avalando la petición del apoderado de la parte civil, solicita se case la sentencia impugnada y, en su lugar, se condene a la procesada MARÍA RUTH CEDIEL MOLANO como autora del delito de homicidio culposo, por omisión impropia. Ello, primordialmente, porque no tomó ninguna de las precauciones que para el mantenimiento de perros peligrosos establece la Ley 746 de 2002, razón por la cual infringió los deberes mínimos de cuidado y la posición de garante, creando con ello un riesgo jurídicamente desaprobado que se concretó en el fallecimiento de la menor Marla Lizeth Calderón Losada.
Frente a dicha postura, debe aclararse que la Ley 746 de 2002 no es aplicable en este evento, como quiera que entró en vigencia el 19 de julio de 2002, es decir, al mes siguiente de la ocurrencia de los hechos.
No obstante lo anterior, es menester reiterar que a pesar del vacío legislativo, para la fecha de los sucesos, frente a las medidas preventivas sobre perros rabiosos, las conclusiones a las cuales ha llegado la Sala en torno a la responsabilidad por los actos de los animales son válidas, como quiera que estas se fundamentan en la figura de la posición de garante, determinada expresamente desde el código penal de 2000 y objeto de análisis jurisprudencial bajo el estatuto sustantivo de 1980, conforme se señaló en uno de los acápites precedentes.
Por lo demás, en el campo penal tiene cabida la figura que aquí se denomina del “tercero civilmente responsable”, con un radio de acción restringido a la indemnización puramente civil y que remite a condiciones jurídicas específicas tales como aquella del padre que responde por los hechos dañosos de sus hijos menores, o el empleador respecto de sus dependientes, o, para lo que ahora se examina, el amo en torno de sus animales .
Ahora bien, en principio el tipo de responsabilidad que cabría atribuir a la procesada, dentro del espectro del deber de garante, remite a lo dispuesto en el artículo 25 del Código Penal, particularmente en su numeral primero, en cuanto señala que una de las situaciones constitutiva de posición de garantía, ocurre “Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio.”
Pero, dentro de otro ámbito de lo examinado, ocurre que el padre también tiene posición de garante respecto de su hija menor de edad, no en el contexto de la legislación civil arriba reseñada, pues, claramente esa normatividad se dirige a atribuir responsabilidad a los padres por los hechos de sus hijos, no a brindar protección a éstos.
Sin embargo, por el solo hecho de la paternidad el padre o los padres tienen el deber de velar por la protección y desarrollo de sus hijos, en obligación perentoria que parte de la regulación constitucional y se despliega por toda la normatividad , sin que sobre este punto pueda existir mayor discusión.
Para efectos penales, en lo concerniente al deber de garante, el numeral 2° del artículo 25 del Código Penal, señala que esa condición jurídica se presenta “Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas”.
Estima la Corte que en el mismo momento en el cual el progenitor de la víctima tomó consigo los perros y los llevó hacia lugar alejado de la vivienda, asumió, en términos del numeral 1° del artículo 25 del Código Penal “…voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio”.
De esta manera, si sucede que el propietario de un vehículo automotor, en perfectas condiciones mecánicas, decide prestarlo a su vecino, de quien conoce que posee licencia de conducción y además aprecia en adecuadas condiciones físicas y mentales; y después ocurre que el amigo arrolla con el automóvil a un transeúnte, es claro que dentro del proceso penal adelantado, el tenedor del bien debe ser vinculado a título de autor del delito, pero respecto del propietario apenas es posible el llamado a título de tercero civilmente responsable y únicamente en ésta condición puede eventualmente condenársele.
Con un dicho actuar negligente, para rematar este aspecto del discurso, se puso el progenitor de la víctima en esa condición señalada por la Corte Constitucional al momento de evaluar la exequibilidad de la normatividad que regula la materia de la tenencia de perros –que, reconoce la Corte, no estaba vigente para el momento de los hechos, pero en este aspecto del discurso tiene plena vigencia respecto de lo que se discute-, así señalada:
“…[s]i los padres, tutores, curadores o quien tenga a su cargo la representación legal del menor, por acción o por omisión en el deber de cuidado y vigilancia, permite que éste tenga contacto con perros altamente peligrosos, y se produce un daño al menor o a su familia o a terceros, aquél debe responder civil y penalmente por la falta al deber de protección. A este respecto es indispensable hacer notar que aunque la norma se refiera exclusivamente a los propietarios de los animales, la disposición debe cobijar a quien ostenta la posición de garante, es decir, a quien por su relación con el animal tuviere el deber jurídico de evitar el daño”.
Y tampoco, para incursionar en el tema de la concurrencia de riesgos, es dable aplicar en este caso la jurisprudencia más reciente de la Sala, precisamente porque una adecuada lectura de lo plasmado en la Sentencia arriba transcrita , permite advertir que lo ocurrido no se aviene con los puntuales hechos allí referenciados.
Todo lo contrario, precisamente esa profunda disertación acerca del tema de la concurrencia de riesgos sirve para sustentar la absolución que desde la segunda instancia ha favorecido a la procesada, en tanto, no es posible definir en ella un concreto comportamiento omisivo –no, desde luego, la sola referencia al deber de cuidado abstracto y general que por razón de la fuente de riesgo de ella se pregona-, que por la vía de la causalidad se sume al del padre de la menor, o mejor, lo acompañe de tal manera inescindible que sin el mismo no habría tenido lugar el luctuoso suceso.
Y la respuesta es necesariamente negativa, pues, como se recuerda, la propietaria ofreció al padre de la menor -o este lo solicitó, asunto que no ha sido posible dilucidar pero tampoco incide trascendentemente en el asunto-, que tomara los animales y los llevase a los potreros a “desperezarse o desaburrirse”, procediendo luego a realizar esa labor el señor Henry Enrique Calderón Cortés.
Ello dista mucho de representar lo ahora analizado, como quiera que, de un lado, no se trata de dos fuentes de riesgo independientes, sino de una sola que fue asumida por el padre del menor, supliendo el deber de control que cabía a la propietaria de los animales; y del otro, el curso causal de lo ocurrido, objetivamente conduce a significar que lo dejado de realizar por la propietaria –haber puesto los perros en condiciones de seguridad, en palabras de la Procuradora-, no tuvo efectiva incidencia causal en el hecho dañoso.
Y, si se utiliza esa especie de test de comprobación ofrecido en la jurisprudencia que sirve de base a la Sala para abordar el tópico de causalidad, la conclusión es la misma, toda vez que si mentalmente se elimina el actuar u omisión del progenitor de la menor, evidentemente surge que nunca se habría materializado la conducta. Y a la inversa, dentro del caso concreto –no en función del deber de garante abstracto y general que dimana de la condición jurídica de propietaria de los animales-, si se elimina el comportamiento, activo u omisivo, de la procesada, sigue vigente en toda su condición el encadenamiento de hechos que derivó en el fatal resultado.
Claro, podrá decirse, dentro del fenómeno de la causalidad extrema –por cuya virtud es posible significar también que el vendedor de los animales, y hasta la persona encargada de llevarlos al fundo, para no seguir en esa cadena causal infinita, tienen responsabilidad en la muerte violenta-, que si la propietaria de los animales no hubiese aceptado la solicitud del progenitor de la menor –u ofrecido al mismo-, para llevarse los animales a los potreros, el resultado tampoco habría acaecido.
Se explica así la determinación tomada en el fallo materia de impugnación, donde se comparte la infracción al deber objetivo de cuidado en su condición de garantes de la fuente de riesgo, entre la propietaria de los animales y el padre de la obitada, decisión que se debe desatender parcialmente puesto que, se insiste, esa exigencia requerida en el agente para derivar un comportamiento en la modalidad culposa según el artículo 23 del Código Penal –violación al deber objetivo de cuidado-, se vio menoscabada por la falta de diligencia y cuidado exigida a Henry Enrique Calderón, ante su actitud negligente asumida desde el momento mismo en que visitó el fundo el día de autos, haciéndose más ostensible al retirarse con su hija acompañada de los perros que sabía eran furiosos, acrecentada por un acto de irresponsabilidad en el momento en que la envía sola a un lugar distante con el pretexto de que cerrara una puerta, sin detenerse a pensar los peligros que la niña corriera atendida sus escasos nueve años de edad por los que atravesaba en ese entonces”.
El cargo, por tanto, no prospera, y como quiera que no observa la Corte violación a garantías fundamentales, se impone dejar incólumes los efectos de la sentencia atacada.
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ	SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO	MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE L.
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN	JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS	JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ
Publicado por MANUEL MOSQUERA GARCES en 2/24/2009 07:32:00 p. m.

References: artículo 25
 artículo 10
 artículo 21
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 artículo 25
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 2354
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 artículo 687
 artículo 2356
 artículo 2353
 artículo 2353
 artículo 25
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 artículo 108
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 artículo 25
 artículo 23