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Timestamp: 2017-08-17 15:38:22+00:00

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LA MESTA 4
Bibliografía acerca de la Mesta
La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias B.O.E. núm.71.
La presente Ley establece el régimen jurídico de las vías pecuarias. De este modo, el Estado ejerce la competencia exclusiva que le atribuye el artículo 149.1.23.ª de la Constitución para dictar la legislación básica sobre esta materia. Es indudable la importancia económica y social que durante siglos revistió la trashumancia, de cuya trascendencia es prueba elocuente el apoyo prestado por los monarcas a esta actividad desde la Baja Edad Media, creando, amparando o fortaleciendo a las nacientes agrupaciones pastoriles (juntas, ligallos, mestas), que con el tiempo se erigieron en poderosos gremios -su ejemplo más significativo es el Honrado Concejo de la Mesta-, a cuyo amparo los ganados aprovechaban pastizales complementarios merced a sus desplazamientos periódicos por cañadas reales y otras vías pecuarias- todo lo cual hizo posible en la Edad Moderna el desarrollo de un potente mercado lanero de resonancias internacionales. Sin embargo, desde comienzos de la Edad Contemporánea se advierte un declive rápido de la trashumancia -que se agudiza con la abolición de la Mesta (1836) y con la desamortización comunal (1855)-, y, consiguientemente, un menor uso de las vías pecuarias, cuya infraestructura soporta un intrusismo creciente. De ahí el paulatino abandono de la red viaria por las cabañas de largo recorrido y el correlativo empleo del transporte por ferrocarril y por carretera. Ello no obsta para que, si bien cada vez más relegada, subsista en nuestros días la trashumancia a pie, en coexistencia con otros desplazamientos viarios más cortos, ya entre provincias o comarcas colindantes (trasterminancia), ya entre pastos y rastrojeras de un mismo término municipal. Así pues, la red de vías pecuarias sigue prestando un servicio a la cabaña ganadera nacional que se explota en régimen extensivo, con favorables repercusiones para el aprovechamiento de recursos pastables infrautilizados; para la preservación de razas autóctonas; también han de ser consideradas las vías pecuarias como auténticos «corredores ecológicos», esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres. Finalmente, y atendiendo a una demanda social creciente, las vías pecuarias pueden constituir un instrumento favorecedor del contacto del hombre con la naturaleza y de la ordenación del entorno medioambiental. Todo ello convierte a la red de vías pecuarias -con sus elementos culturales anexos- en un legado histórico de interés capital, único en Europa, cuya preservación no garantiza en modo alguno la normativa vigente. En efecto, aunque la Ley 22/1974, de 27 de junio, de Vías Pecuarias, reconoce la naturaleza demanial de estos bienes, declarando que no son susceptibles de prescripción ni de enajenación, estima, no obstante, innecesarias o sobrantes y, por consiguiente, enajenables todas aquellas vías o parte de las mismas que no se consideren útiles desde la estricta perspectiva del tránsito ganadero o de las comunicaciones agrarias, perspectiva que su Reglamento de aplicación de 3 de noviembre de 1978, amplía todavía más, hasta llegar a incluir como derechohabientes del dominio público a los propios intrusos. De ahí la necesidad de dictar una nueva Ley.
Esta Ley se vertebra en cinco Títulos. El Título preliminar, en el que se recogen las disposiciones generales, define a las vías pecuarias atendiendo al uso al que tradicionalmente se han hallado adscritas, el tránsito ganadero, sin perjuicio de los usos compatibles y complementarios de los que se trata en el Título II. Asimismo, y prosiguiendo con una caracterización jurídica ya centenaria, se establece la naturaleza demanial de estas vías, cuya titularidad se atribuye a las Comunidades Autónomas. La actuación de éstas, por su parte, deberá estar orientada hacia la preservación y adecuación de la red viaria, así como garantizar el uso público de la misma. Este Título se cierra con una tipología de las vías pecuarias, manteniendo, con carácter general, la división tripartita tradicional en cañadas, cordeles y veredas, con las anchuras máximas reconocidas, cuyas denominaciones se declaran compatibles con aquellas otras que bajo las denominaciones de azagadores, cabañeras, caminos ganaderos, carreradas, galianas, ramales, traviesas, etc., reciben en castellano y en las demás lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas correspondientes. El Título I, denominado «De la creación, determinación y administración de las vías pecuarias», se estructura en cuatro capítulos. El primero se ocupa de las potestades administrativas sobre aquéllas, cuyo ejercicio corresponde a las Comunidades Autónomas: investigación, clasificación, deslinde, amojonamiento, desafectación y cualesquiera otros actos relacionados con las mismas; también se prevé la posibilidad de crear, ampliar o restablecer vías pecuarias, cuyas actuaciones llevan aparejadas la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios sobre los bienes y derechos afectados. El capítulo segundo trata de la clasificación, deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias, y establece, como novedad legislativa, que la resolución aprobatoria del deslinde será título suficiente para rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con dicho deslinde, así como para la inmatriculación de los bienes de dominio público deslindados en los casos en que se estime conveniente. El capítulo tercero versa sobre desafectaciones y modificaciones del trazado de vías pecuarias, limitando los supuestos de desafectación a aquellas vías o tramos de ellas que no sean apropiadas para el tránsito ganadero ni sean susceptibles de los usos compatibles y complementarios a que se hace referencia en el Título II. Las modificaciones del trazado, en su caso, y previa desafectación, deberán asegurar el mantenimiento de la integridad superficial y la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, a fin de preservar adecuada y eficazmente el uso público de las vías pecuarias. El capítulo cuarto regula las ocupaciones temporales y aprovechamientos sobrantes de las vías pecuarias, limitándose el período de aquéllas a un plazo no superior a diez años, sin perjuicio de posteriores renovaciones. El Título II, que define los usos compatibles y complementarios, siempre en relación con el tránsito ganadero, constituye una de las novedades más significativas de la nueva normativa, por cuanto que pone a las vías pecuarias al servicio de la cultura y el esparcimiento ciudadano y las convierte en un instrumento más de la política de conservación de la naturaleza. El Título III introduce otra novedad legislativa, la creación de la Red Nacional de Vías Pecuarias, en la que se integran todas las cañadas y aquellas otras vías pecuarias que garanticen la continuidad de las mismas, siempre que su itinerario discurra entre dos o más Comunidades Autónomas, así como las vías pecuarias que sirvan de enlace para los desplazamientos interfronterizos. Los expedientes de desafectación y de expropiación, junto con los negocios jurídicos de adquisición que afecten a terrenos de vías pecuarias integrados en la Red Nacional, serán informados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El Título IV y último de la Ley se dedica de forma minuciosa a enumerar las infracciones administrativas y a determinar las respectivas sanciones. Como ya es habitual en la regulación del dominio público, se establece la obligación del infractor de reparar el daño causado, con independencia de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan.
Artículo 2. Naturaleza jurídica de las vías pecuarias. Las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.
1. La actuación de las Comunidades Autónomas sobre las vías pecuarias perseguirá los siguientes fines: a) Regular el uso de las vías pecuarias de acuerdo con la normativa básica estatal. b) Ejercer las potestades administrativas en defensa de la integridad de las vías pecuarias. c) Garantizar el uso público de las mismas tanto cuando sirvan para facilitar el tránsito ganadero como cuando se adscriban a otros usos compatibles o complementarios. d) Asegurar la adecuada conservación de las vías pecuarias, así como de otros elementos ambientales o culturalmente valiosos, directamente vinculados a ellas, mediante la adopción de las medidas de protección y restauración necesarias.
1. Las vías pecuarias se denominan, con carácter general: cañadas, cordeles y veredas. a)Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 metros. b) Son cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37,5 metros. c)Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros.
2. Dichas denominaciones son compatibles con otras de índole consuetudinaria, tales como azagadores, cabañeras, caminos: ganaderos, carreradas, galianas, ramales, traviesas y otras que reciban en las demás lenguas españolas oficiales.
TITULO I De la creación, determinación y administración de las vías pecuarias
Corresponde a las Comunidades Autónomas, respecto de las vías pecuarias: a) El derecho y el deber de investigar la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes a las vías pecuarias. b) La clasificación. c) El deslinde. d) El amojonamiento. e) La desafectación. f) Cualesquiera otros actos relacionados con las mismas.
Artículo 6. Creación, ampliación y restablecimiento. La creación, ampliación y restablecimiento de las vías pecuarias corresponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales. Dichas actuaciones llevan aparejadas la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados.
CAPITULO II Clasificación, deslinde y amojonamiento
6. Las acciones civiles sobre derechos relativos a terrenos incluidos en el dominio público deslindado aprobación del deslinde.
Las Comunidades Autónomas, en e), podrán desafectar del dominio público los terrenos de vías pecuarias que no sean adecuados para el tránsito del ganado ni sean susceptibles de los usos compatibles y complementarios a que se refiere el Título II de esta Ley. Los terrenos ya desafectados o que en lo sucesivo se desafecten tienen la condición de bienes patrimoniales de las Comunidades Autónomas y en su destino prevalecerá el interés público o social.
1. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés particular, previa desafectación, se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y complementarios con aquél. 2. La modificación del trazado se someterá a consulta previa de las Corporaciones locales, de las Cámaras Agrarias, de las organizaciones profesionales agrarias afectadas y de aquellas organizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente. La modificación del trazado se someterá a información pública por espacio de un mes.
1. Cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno por el que discurra una vía pecuaria, la Administración actuante deberá asegurar que el trazado alternativo de la vía pecuaria garantice el mantenimiento de sus características y la continuidad del tránsito ganadero y de su itinerario, así como los demás usos compatibles y complementarios de aquél. 2. En los cruces de las vías pecuarias con líneas férreas o carreteras se deberán habilitar suficientes pasos al mismo o distinto nivel que garanticen el tránsito en condiciones de rapidez y comodidad para los ganados.
CAPITULO IV Ocupaciones y aprovechamientos en las vías pecuarias
Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés particular, se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquél. En cualquier caso, dichas ocupaciones no podrán tener una duración superior a los diez años, sin perjuicio de su ulterior renovación. Serán sometidas a información pública por espacio de un mes y habrán de contar con el informe del Ayuntamiento en cuyo término radiquen.
1. Los frutos y productos no utilizados por el ganado en el normal tránsito ganadero podrán ser objeto de aprovechamiento. 2. Los aprovechamientos tendrán carácter temporal y plazo no superior a diez años. Su otorgamiento se realizará con sometimiento a los principios de publicidad y concurrencia. Los aprovechamientos podrán ser revisados: a) Cuando se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento. b) En caso de fuerza mayor a petición de los beneficiarios. 3. El importe del precio público que se perciba, en su caso, por los frutos y aprovechamientos de las vías pecuarias se destinará a la conservación, vigilancia y la mejora de las mismas.
1. Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero. Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola deberán respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o la interrupción prolongada de su marcha. Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, las Comunidades Autónomas podrán autorizar la circulación de vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando excluidas de dicha autorización las vías pecuarias en el momento de transitar el ganado y aquellas otras que revistan interés ecológico y cultural. 2. Serán también compatibles las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando permitan el tránsito normal de los ganados.
2. Podrán establecerse sobre terrenos de vías pecuarias instalaciones desmontables que sean necesarias para el ejercicio de estas actividades conforme a lo establecido en el artículo 14. Para ello será preciso informe del Ayuntamiento y autorización de la Comunidad Autónoma. 3. Cuando algunos usos en terrenos de vías pecuarias puedan suponer incompatibilidad con la protección de ecosistemas sensibles, masas forestales con alto riesgo de incendio, especies protegidas y prácticas deportivas tradicionales, las Administraciones competentes podrán establecer determinadas restricciones temporales a los usos complementarios.
1. Se crea la Red Nacional de Vías Pecuarias, en la que se integran todas las cañadas y aquellas otras vías pecuarias que garanticen la continuidad de las mismas, siempre que su itinerario discurra entre dos o más Comunidades Autónomas y también las vías pecuarias que sirvan de enlace para los desplazamientos ganaderos de carácter interfronterizo. 2. Podrán incorporarse a la Red Nacional, a petición de las Comunidades Autónomas, otras vías pecuarias que, discurriendo por sus territorios respectivos, estén comunicadas con dicha Red. 3. Los expedientes de desafectación y de expropiación, junto con los negocios jurídicos de adquisición que afecten a terrenos de las vías pecuarias integradas en la Red Nacional, son competencia de las Comunidades Autónomas, previo informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 4. Las resoluciones aprobatorias del deslinde de vías pecuarias que, de conformidad con el apartado 1 de este artículo, deban integrarse en la Red, harán constar esta circunstancia. La señalización de las mismas reflejará necesariamente su integración en la Red Nacional. 5. La clasificación y demás actos administrativos posteriores, que afecten a las vías pecuarias integradas en la Red Nacional, se incorporarán al Fondo Documental de Vías Pecuarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A estos efectos las Comunidades Autónomas facilitarán a dicho Fondo información suficiente relativa a dichos actos.
1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objetivo lograr, en la medida de lo posible, la restauración de la vía pecuaria al ser y estado previos al hecho de cometerse la agresión. En el caso de que no se pueda restaurar el daño en el mismo lugar deberá recuperarse en otro espacio donde cumpla la finalidad de la vía pecuaria.
2. Asimismo, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá subsidiariamente proceder a la reparación por cuenta del infractor y a costa del mismo. En todo caso, el infractor deberá abonar todos los daños y perjuicios ocasionados en el plazo que, en cada caso, se fije en la resolución correspondiente. 3. Con independencia de las que puedan corresponder en concepto de sanción, el órgano sancionador podrá acordar la imposición de multas coercitivas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 30/1992, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente. La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20 por 100 de la multa fijada por la infracción correspondiente.
1. Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves. 2. Son infracciones muy graves: a) La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase, destinados al señalamiento de los límites de las vías pecuarias. b) La edificación o ejecución no autorizada de cualquier tipo de obras en terrenos de vías pecuarias. c) La instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que impida totalmente el tránsito de ganado o previsto para los demás usos compatibles o complementarios. d) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias o impidan su uso, así como la ocupación de las mismas sin el debido título administrativo.
3. Son infracciones graves: a) La roturación o plantación no autorizada que se realice en cualquier vía pecuaria. b) La realización de vertidos o el derrame de residuos en el ámbito delimitado de una vía pecuaria. c) La corta o tala no autorizada de los árboles existentes en las vías pecuarias. d) El aprovechamiento no autorizado de los frutos o productos de las vías pecuarias no utilizables por el ganado. e) La realización de obras o instalaciones no autorizadas de naturaleza provisional en las vías pecuarias. f) La obstrucción del ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia previstas en la presente Ley. g) Haber sido sancionado, por resolución firme, por la comisión de dos faltas leves en un período de seis meses.
4. Son infracciones leves: a) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias, sin que impidan el tránsito de ganado o demás usos compatibles o complementarios. b) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los correspondientes títulos administrativos. c) El incumplimiento total o parcial de las prohibiciones establecidas en la presente Ley y la omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a ellas.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo 21 serán sancionadas con las siguientes multas: a) Infracciones leves, multa de 10.000 a 100.000 pesetas. b) Infracciones graves, multa de 100.001 a 5.000.000 de pesetas. c) Infracciones muy graves, multa de 5.000.001 a 25.000.000 de pesetas.
3.Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, serán publicadas en la forma que se determine reglamentariamente.
1. Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en la presente Ley prescribirán: en el plazo de cinco años las muy graves, en el de tres años las graves y en el de un año las leves. 2. Las sanciones impuestas por la comisión de faltas muy graves prescribirán a los tres años, en tanto que las impuestas por faltas graves o leves lo harán a los dos años o al año, respectivamente. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido o desde el día en que finalice la acción.
Queda derogada la Ley 22/1974, de 27 de junio , de Vías Pecuarias, y el Real Decreto 2876/1978, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de las Vías Pecuarias, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.
Son normas básicas, a los efectos de lo previsto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, los siguientes artículos y disposiciones: artículos 1 a 7, apartados 1 a 3 y 7 del artículo 8, artículos 10 a 17 y 19 a 25, disposición adicional primera, apartado 1 de la disposición adicional tercera, disposición transitoria única y disposiciones finales primera y segunda. Son normas de aplicación plena en todo el territorio nacional en virtud de lo dispuesto en los artículos 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución los siguientes artículos y disposiciones: apartados 4, 5 y 6 del artículo 8 y disposición adicional segunda.
OTRAS LEYES PUBLICADAS EN EL BOE.
Comunidad Foral de Navarra. Fecha de Publicación:10/02/1998 BOE número: 35-1998
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. B.O.E. núm 71
LEY FORAL 19/1997, de 15 de diciembre, de Vías Pecuarias de Navarra. Fecha de Publicación:10/02/1998 BOE número: 35-1998
B.O.E. 12 julio 1967.
Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término Municipal de Córdoba. Jiménez Barrejón, 1960.
Real Orden de 23 de marzo de 1927
Croquis de las Vías Pecuarias del Término Municipal de Córdoba. Años 1927-1929
Actas de los deslindes de las Veredas Pecuarias del Término Municipal de Córdoba. Años 1927-1929.
Ordenanzas Municipales de Córdoba julio 1884. Antonio Vázquez Velasco.
La Real Dehesa de La Serena, reglamentada por la real cédula 1.734 (de 17 de septiembre).
Quaderno de la Mesta, de 1731, último código mesteño que relaciona sesenta y cuatro privilegios
Recopilación de 1511 realizada por Juan López de Palacios Rubios
Código de Malpartida 1492, recopilación de Leyes de Mesta
Libro de Leyes y privilegios de la Mesta 1489
Privilegios de Gualda (Guadalajara), firmados por Alfonso X en 1273.
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– La adecuación de su régimen a las necesidades actuales del transporte, mejorando la seguridad, rapidez y comodidad de sus usuarios.
– La defensa del patrimonio público y sus elementos funcionales como patrimonio al servicio de la comunidad.
– La adecuación de las mejoras y los usos de la red de caminos al entorno medioambiental del medio rural en el que están insertos.
ARTICULO 1.º - Objeto
El objeto de la Ley es establecer el régimen jurídico privativo de los caminos públicos de Extremadura. Dicho régimen se extiende a todos los aspectos relacionados con la planificación, financiación, proyecto, construcción, modificación, conservación, explotación, uso y defensa de los caminos públicos, así como a los relacionados con la integración de los mismos en su entomo.
ARTICULO 2.º - Definición
ARTICULO 3.º - Clasificación
– Red primaria de caminos rurales: Caminos que constituyan el único acceso entre localidades o de una localidad a la red de carreteras.
– Red secundaria de caminos rurales: El resto de caminos, a excepción de los incluidos en la red de pistas forestales.
– Red de pistas forestales: Caminos y pistas forestales de los montes propios de la Junta de Extremadura y los incluidos en el catálogo oficial de Montes de Utilidad Pública.
ARTICULO 4.º - Titularidad
– Red primaria de caminos rurales: Diputaciones Provinciales.
– Red secundaria de caminos rurales: Ayuntamientos por cuyo término municipal discurra.
– Red de pistas forestales: La Consejería de la Junta de Extremadura que sea competente en materia forestal.
ARTICULO 5.º - Competencias
ARTICULO 6.º - Régimen demanial
Los caminos públicos de Extremadura son bienes de dominio y uso público, por lo que son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
Ni su titularidad ni las actuaciones públicas destinadas a su construcción, conservación o explotación pueden estar sometidas a tributo alguno.
ARTICULO 7.º - Alcance del dominio público
A efectos de lo previsto en esta Ley, todos los terrenos de dominio público viario de un camino constituyen su «zona de dominio público ».
ARTICULO 8.º - Zona de protección
ARTICULO 9.º - Catálogo
ARTICULO 10.º - Desafectación
ARTICULO 11.º - Permutas
ARTICULO 12.º - Investigación, recuperación posesoria, deslinde y amojonamiento
ARTICULO 13.º - Coordinación y colaboración
ARTICULO 14.º - Traspasos de titularidad
ARTICULO 15.º - Planes Viarios
– Relación de nuevos caminos o tramos.
– Programas de mejoras y mantenimiento de los existentes.
– Financiación prevista.
ARTICULO 16.º - Coordinación con la planificación territorial
ARTICULO 17.º - Carácter de utilidad pública
ARTICULO 18.º - Modificación y revisión
ARTICULO 19.º - Recursos financieros
ARTICULO 20.º - Contribuciones especiales y tasas
ARTICULO 21.º - Licencias y permisos municipales
ARTICULO 22.º - Proyectos de obras
ARTICULO 23.º - Contratación de las obras
ARTICULO 24.º - Deslinde y amojonamiento
ARTICULO 25.º - Uso general
ARTICULO 26.º - Ordenamiento jurídico
ARTICULO 27.º - Limitaciones al uso
ARTICULO 28.º - Prohibiciones
ARTICULO 29.º - Otros usos y aprovechamientos
ARTICULO 30.º - Accesos
ARTICULO 31.º - Instalaciones subterráneas y aéreas
ARTICULO 32.º - Señalización
Sólo se excepcionan de lo dispuesto en los dos apartados anteriores la señalización provisional en casos de emergencia.
Sólo podrá colocarse una señal por servicio en cada sentido de circulación y a una distancia no superior a 3 kilómetros del lugar donde se preste el mismo y de 1 kilómetro del acceso exclusivo o principal de aquél.
ARTICULO 33.º - Definición y tipificación
Constituyen infracción administrativa todos los actos y omisiones ilícitos consideradas como tal por la presente Ley que serán tipificadas como muy graves, graves y leves.
ARTICULO 34.º - Infracciones muy graves
ARTICULO 35.º - Infracciones graves
ARTICULO 36.º - Infracciones leves
ARTICULO 37.º - Responsabilidades
Serán responsables de las infracciones las personas fisicas o jurídicas, privadas o públicas, que cometan cualquiera de los actos u omisiones tipificados como infracciones.
ARTICULO 38.º - Medidas restitutorias y sancionadoras
– Sanciones de multa.
– Restitución de las cosas conforme a su estado anterior con cargo del infractor.
– Resarcimiento de daños y perjuicios que la actuación haya podido ocasionar.
ARTICULO 39.º - Procedimiento sancionador
ARTICULO 40.º - Sanciones y multas
– Infracciones leves: De 12.500 hasta 125.000 pesetas.
– Infracciones graves: De 125.001 hasta 500.000 pesetas.
– Infracciones muy graves: De 500.001 hasta 12.500.000 pesetas.
ARTICULO 41.º - Prescripción
ARTICULO 42.º - Restitución e indemnización de daños
ARTICULO 43.º - Ejecución forzosa
ARTICULO 44.º - Responsabilidad Penal e Intervención Judicial
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.–Las administraciones titulares podrán incorporar a su red de caminos públicos caminos particulares o tramos de los mismos, mediante expropiación, previa declaración de su utilidad pública y aprobación por el órgano competente, y con el quórum establecido en la legislación de régimen local, en caso de Ayuntamientos y Diputaciones, o del Consejo de Gobierno en caso de la Junta de Extremadura.
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.–Por borde o línea exterior de la calzada se entiende la arista exterior de la zona pavimentada o de zahorra compactada.
DISPOSICION ADICIONAL TERCERA.–Los caminos construidos o acondicionados por administraciones distintas a la que ostente la competencia original de los mismos, no implicará cambio alguno en su titularidad, que permanecerá inalterada.
DISPOSICION ADICIONAL CUARTA.–Los parques de maquinaria cedidos a Ayuntamientos o Mancomunidades de Ayuntamientos por la Junta de Extremadura para la mejora de caminos, pasarán a ser propiedad de aquéllos a la entrada en vigor de esta Ley.
DISPOSICION TRANSITORIA.–La asunción de la titularidad de la red primaria de caminos rurales por parte de las Diputaciones Provinciales se efectuará formalmente después de la elaboración y aprobación del catálogo oficial de dichos caminos, según lo establecido en el artículo 9.º de la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES.–Se faculta a los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y a la Consejería competente de la Junta de Extremadura en materia de caminos rurales para dictar normas complementarias que permitan el desarrollo de la presente Ley, en el marco de sus competencias.
ORDEN de 23 de junio de 2003, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2000, por la que se regulan las ocupaciones y autorizaciones de usos temporales en las vías pecuarias.
Con fecha 1 de julio de 2000, se publicó en el D.O.E. número 76 la Orden de 19 de junio de 2000 por la que se regulan las ocupaciones y autorizaciones de usos temporales en las vías pecuarias. En el tiempo transcurrido se ha podido comprobar la innecesariedad o inconveniencia de algunas disposiciones para la mejor administración de los terrenos pertenecientes a las vías pecuarias, así como el impacto negativo sobre la vista y el respeto debido al territorio de dominio público que producen determinadas actividades hasta ahora autorizables como los Carteles publicitarios o las cancillas y porteras practicables.
Acorde con la filosofía de la Ley y del Reglamento de vías pecuarias con esta modificación se pretende restringir al máximo las ocupaciones de carácter temporal de terrenos de vías pecuarias con el ánimo de propiciar su recuperación para sus usos tradicionales, compatibles y complementarios, y en definitiva para el disfrute por todos conforme a su naturaleza.
En virtud de lo expuesto, y en uso de mis atribuciones legalmente conferidas
Se modifican los siguientes artículos de la Orden de 19 de junio de 2000 que quedan redactados en los siguientes términos:
Artículo 2.- Actividades y usos objeto de ocupación temporal.
Se podrá conceder ocupaciones de carácter temporal, por las causas y en las condiciones que expresamente establecen los artículos 37 y siguientes del Decreto 49/2000, para las siguientes actuaciones:
1. Líneas aéreas eléctricas para comunicaciones.
2. Tuberías o cables enterrados.
3. Acceso a propiedades colindantes.
4. Apertura y aprovechamiento de pozos de interés público.
5. Instalaciones temporales.
7. Cultivos agrícolas anuales.
8. Aprovechamiento de productos no utilizables por el ganado, de escasa cuantía y consideración.
9. Otras actividades y usos no incluidas en los apartados anteriores, que sean solicitadas razonadamente y que la Administración estime adecuados.
Cualquier usuario podrá solicitar las autorizaciones de uso y ocupaciones temporales de terrenos de vías pecuarias.
Artículo 4.- Características Generales de las Concesiones.
La concesión de las ocupaciones estará supeditada a los condicionamientos técnicos y administrativos que la Administración Autonómica establezca expresamente en la Resolución aprobatoria, tanto en los aspectos relacionados con la ejecución de los trabajos como con el plazo de realización de los mismos.
Las resoluciones de autorización para la utilización de una vía pecuaria para los usos temporales especificarán los términos exactos y condiciones del ejercicio del uso, incluyendo las medidas de cautela necesarias para garantizar la integridad de la vía pecuaria.
En ningún caso se autorizará una ocupación temporal de las superficies que reduzca en más de 1/3 la anchura total útil del tramo de la Vía Pecuaria afectada.
La apertura y aprovechamiento de pozos sólo podrá permitirse por razones de interés público, debiendo permitirse el uso del mismo con carácter preferencial al consumo de ganado que transite por la vía pecuaria.
Mérida, a 23 de junio de 2003.
El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Eugenio Álvarez Gómez

References: artículo 149
 resolución 

Artículo 2

Artículo 6
 artículo 14
 resolución 
 artículo 99
 resolución 
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 9

Artículo 2

Artículo 4
 Resolución