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Concepto (Enero 6 de 2011)
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Eugenia San Segundo Robles
1 Ministerio de la Protección Social República de Colombia Concepto (Enero 6 de 2011) Señora MARIA EUGENIA CASTELLON RUIZ Montería, Departamento de Cordoba Respetada señora: Asunto: No. Rad , Pensión, rehabilitación y fuero de discapacidad. Es de precisar que el inciso tercero del artículo 52 de la Ley 962 de 2005, señala que el acto que declara la invalidez que expida cualquiera de aquellas entidades señaladas en el mencionado artículo, "deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a la decisión, así como la forma y oportunidad en que el interesado puede solicitar la calificación por parte de la Junta Regional y la facultad de recurrir esta calificación ante la Junta Nacional"(Subrayado del Despacho). Luego, es obligatorio que toda calificación de origen o perdida de la capacidad laboral la entidad Administradora de Riesgos Profesionales o Fondo de Pensiones según el caso, avise la posibilidad de recurrir a la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez. En caso de que el dictamen que emita la Junta Regional de Calificación de Invalidez, le continúa generando inconformidad, se interponen los recursos correspondientes, y el caso será enviado a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Si el dictamen emitido, por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, usted no está de acuerdo, se agota la vía administrativa, y puede llevar el proceso ante la justicia laboral ordinaria, mediante demanda en contra del dictamen. Una vez se haya aclarado, si el origen de su enfermedad es común o profesional, la entidad correspondiente, le tendrá que reconocer las prestaciones asistenciales y económicas, a que usted tiene derecho. En el caso de origen profesional, la ARP está en la obligación de asistir a la persona en la parte médica, quirúrgica, en servicios de hospitalización, medicamentos, prótesis, rehabilitación física y profesional, gastos de traslado necesarios para la prestación de los servicios y las prestaciones económicas como el subsidio por incapacidad temporal, la indemnización por incapacidad permanente parcial, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. Incapacidad temporal (de origen profesional). Se da cuando el trabajador se encuentra imposibilitado temporalmente para trabajar tiene derecho a subsidio equivalente al 100% del salario base de cotización por cada día que ha sido incapacitado.
2 El derecho se adquiere desde el día siguiente de la ocurrencia del accidente de trabajo o diagnostico de enfermedad profesional y podrá percibirse durante 180 días prorrogables más. Sin embargo, si existe concepto favorable de rehabilitación, la entidad Administradora de Riesgos profesionales podrá posponer el reconocimiento de la pensión por invalidez hasta por 720 días más, tiempo durante el cual el afiliado continuara percibiendo su incapacidad. Incapacidad permanente parcial. Es la pérdida de capacidad laboral permanente por daño parcial, en la salud del trabajador, calificado entre el 5 y el 49,9 por ciento. Esta genera la prestación económica de indemnización. Pensión de invalidez. Es un pago mensual que se adquiere por haber perdido el 50% o más de la capacidad laboral, como consecuencia de un Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional. El artículo 10 de la Ley 776 de 2002, define que todo afiliado al que se le establezca una invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el caso: a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación; b) Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso base de liquidación; c) Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el literal anterior se incrementa en un quince por ciento (15%). No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el mismo evento. Enfermedad de Origen Común Para acceder a la pensión de invalidez por riesgo común, se considera invalido la persona que por cualquier causa de cualquier origen, hubiera perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Decreto 692 de 1994 Art. 2. Los requisitos que se necesitan para acceder a la pensión de invalidez, es que la persona debe ser declarada inválida y acreditar que se ha cotizado 50 semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración o al hecho causante y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años. Art. 39 Ley 100/93, modificado por Art. 1 Ley 860/03. El monto de la pensión de invalidez es: Cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66% será el 45% del Ingreso Base de Liquidación - IBL hasta 500 semanas, mas el 1.5% del IBL por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500 semanas. Cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al 66% será el 54% del IBL hasta 800 semanas más un 2% por cada 50 semanas adicionales a las primeras 800 semanas.
3 La pensión de invalidez no puede ser superior al 75% del IBL. Art. 40 L. 100/93. De otra, parte en lo referente a las semanas de cotización que informa, es de mencionar que los requisitos que se necesitan para acceder a la pensión de vejez son los siguientes: 55 años de edad la mujer o 60 años de edad el hombre. A partir del año 2014 la edad de pensión se incrementará en 57 años de edad para las mujeres y 62 años de edad para los hombres y semanas de cotización en cualquier tiempo. A partir del año 2005, el tiempo de cotización se incrementará en 50 semanas más y a partir el 1 de enero de 2006, el tiempo de cotización se incrementará en 25 semanas más por año, hasta alcanzar semanas en el año El valor total de la Pensión no podrá ser superior al 80% del Ingreso Base de Liquidación, ni inferior a la pensión mínima. Sin embargo, si no tiene los requisitos para acceder a una pensión, puede optar al subsidio a pensiones a través Fondo de Solidaridad Pensional, que tiene por objeto subsidiar los aportes al Régimen General de Pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción. El subsidio se concederá parcialmente para reemplazar los aportes del empleador y del trabajador o de este último en caso de que tenga la calidad de trabajador independiente, hasta por un salario mínimo como base de cotización. Para mayor información puede acercarse a cualquiera de las sedes del CONSORCIO PROSPERAR HOY con fotocopia de la cédula, fotocopia del carné de la EPS ó EPSS donde demuestre que está afiliado y fotocopia del último pago ó carta del Sisben, ó llamar al Pbx. (571) , con sede central en la Cra 7 No Piso 5 de Bogotá. PROTECCIÓN AL TRABAJADOR DISCAPACITADO O LIMITADO: En relación a la protección del trabajador discapacitado o limitado, la empresa no puede dar por terminado el vínculo laboral de un trabajador por el hecho de estar incapacitado, limitado o discapacitado, y al respecto se aplica el artículo 26 de la ley 361 de 1997, la Convención Interamericana para la eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad, aprobada por la Ley 762 de 2002 y la Sentencia C- 531 del 10 de mayo de 2000 de la Corte Constitucional, consagran el fuero de discapacidad. Al respecto el artículo 26 de la Ley 361/97, determina: "En ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo de Trabajo y demás normas que modifiquen, adicionen, complementen o aclaren". (Subrayado del Despacho). La Ley 361 de 1997, se aplica igualmente al trabajador incapacitado temporalmente, quien es un limitado o disminuido físico, sensorial y síquico, el cual esta enmarcado en el concepto de discapacitado, conforme al literal b) del artículo 7 del Decreto 917 de 1999, el cual señala:
4 b) DISCAPACIDAD: Se entiende por discapacidad toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, producida por una deficiencia, y se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, y progresivos o regresivos. Representa la objetivación de la deficiencia y por tanto, refleja alteraciones al nivel de la persona." Mediante las sentencias T-309 de 2005, T-661 de 2006 y T-687 de 2006, se ordena el reintegro de trabajadores vinculados mediante contratos a término fijo, que vieron disminuida su capacidad laboral como consecuencia de accidentes de trabajo y que fueron desvinculados por razón de su estado de salud La Corte en la sentencia T-687 de 2006, consagra: en ciertas circunstancias muy especiales el derecho a la estabilidad laboral reforzada puede oponerse, incluso, a la terminación del contrato a término fijo por el vencimiento del plazo. En efecto, en aquellos contratos que materialmente corresponden a contratos a término indefinido, cuyas obligaciones han sido plenamente satisfechas por el trabajador, que han sido sucesivamente renovados y que satisfacen necesidades permanentes de la empresa, el trabajador tiene derecho a que el patrono no adopte la decisión de no renovar el contrato fundado en razones discriminatorias o con la intención de lesionar o impedir el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la asociación sindical. En estos casos, como se verá adelante, el derecho a la estabilidad en conexidad con el derecho a la no discriminación o con el derecho de asociación sindical, resulta plenamente aplicable. Sobre la garantía a la estabilidad laboral reforzada en los contratos a término fijo, la Corte ha señalado lo siguiente: "(...) el sólo vencimiento del plazo inicialmente pactado, producto del acuerdo de voluntades, no basta para legitimar la decisión del patrono de no renovar el contrato, sólo así se garantizará, de una parte la efectividad del principio de estabilidad, en cuanto "expectativa cierta y fundada" del trabajador de mantener su empleo, si de su parte ha observado las condiciones lactas por el contrato y la ley, y de otra la realización del principio, también consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, que señala la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral. Dicho principio, ha dicho esta Corporación, implica que "más que las palabras usadas por los contratantes para definir el tipo de relación que contraen, o de la forma que pretendan dar a la misma, importa, a los ojos de/juez y por mandato expreso de la Constitución, el contenido material de dicha relación, sus características y los hechos que en verdad la determinen." En caso de discriminación por el estado de salud del trabajador, la Corte Constitucional mediante sentencia T- 519 de 2003, señala la eventualidad del reintegro al trabajador despedido por su estado de salud, limitación o incapacitado temporalmente de la siguiente manera: "En conclusión se puede afirmar que (i) en principio no existe un derecho fundamental a la estabilidad laboral; sin embargo, (ii) frente a ciertas personas se presenta una estabilidad laboral reforzada en virtud de su especial condición física o laboral. No obstante, (iii) si se ha presentado una desvinculación laboral de una persona que reúna las calidades de especial protección la tutela no prosperará por la simple presencia de esta característica, sino que (iv) será necesario probar la conexidad entre la condición de debilidad manifiesta y la desvinculación laboral, constitutiva de un acto discriminatorio y un abuso del derecho. Por último, (y) la tutela sí puede ser mecanismo para el reintegro laboral de las personas que por su estado de salud ameriten la protección laboral reforzada, no olvidando que de presentarse una justa causa podrán desvincularse, con el respeto del debido proceso correspondiente ".
5 LA REHABILITACIÓN INTEGRAL COMO REQUISITO PREVIO A LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE DESPIDO. Si el trabajador, asociado o trabajador independiente con limitaciones, independientemente de su origen profesional o común o la condición de discapacidad temporal o permanente recupera su capacidad de trabajo; los empleadores, empresas, entidades o instituciones están obligados, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba, o a reubicarlo en cualquier otro para el cual esté capacitado, de la misma categoría, compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios conforme al numeral 14 de la Resolución 1016 de 1989, los 4 y 8 de la Ley 776 de Si luego de realizar el procedimiento de rehabilitación integral, el empleador desea realizar el trámite o autorización de despido del trabajador en razón a su discapacidad o problemas de salud ante el Inspector de Trabajo, debe soportar con documentos que se ha cumplido, adelantado y culminado el proceso de rehabilitación integral, o por el contrario que dicho proceso no es posible o viable, conforme lo determina el Decreto 2177 de 1989, el Convenio 159 de la OIT, y el artículo 21 del Decreto 1295 de 1994 y la Resolución 1016 de Conforme al Manual Guía de Rehabilitación y Reincorporación Laboral (Ministerio de la Protección Social), establece que las posibilidades de reincorporación o reubicación laboral pueden ser: Reintegro laboral sin modificaciones. Reintegro laboral con modificaciones. Reubicación laboral temporal. Reubicación laboral definitiva. Reconversión de mano de obra. El responsable de la reincorporación o reubicación laboral por contingencias comunes o profesionales es el empleador, quien puede asesorarse de los médicos que contrate para atender los servicios de salud de los trabajadores, o de la entidad administradora de riesgos profesionales correspondiente, con el fin de prevenir agravamientos y para evitar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales derivadas de reincorporación o reubicación laboral. La consulta anterior, se atiende en los precisos términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, en virtud del cual las respuestas dadas no comprometerán la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución, constituyéndose simplemente en un criterio orientador. Cordialmente, ANA MARÍA CABRERA VIDELA Directora General DE Riesgos Profesionales Este documento fue tomado directamente de la página oficial de la entidad que lo emitió.

References: artículo 52
 artículo 10
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 7
 artículo 53
 Resolución 
 artículo 21
 Resolución 
 artículo 25