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ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS - PDF
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Carlos Giménez Iglesias
1 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS ALEGACIONES QUE FORMULA LA ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS (ANECPLA) A LA PROPUESTA DE DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL PARA EL SECTOR DE SERVICIOS BIOCIDAS Se denominan Servicios Biocidas las personas físicas o jurídicas que efectúan tratamientos con aplicación de biocidas, definidos como aquellas sustancias activas y preparados que contienen una o más sustancias activas, presentados en la forma en que son suministrados al usuario, destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer el control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo por medios químicos o biológicos. En el artículo 3.1 de la Ley de Responsabilidad Medioambiental se establece que: Esta ley se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades económicas o profesionales enumeradas en el anexo III, aunque no exista dolo, culpa o negligencia. A continuación, dispone en su artículo 24.1 que: Los operadores de las actividades incluidas en el anexo III deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar. Y en su anexo III, se incluye: 8. La fabricación, utilización, almacenamiento, transformación, embotellado, liberación en el medio ambiente y transporte in situ de: (...) d) Los biocidas definidos en el artículo 2.a) del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas. Sin embargo, en su artículo 28 ( Exenciones a la obligación de constitución de garantía financiera obligatoria ) la citada Ley declara que quedan exentas de la obligación de constituir garantía financiera obligatoria:
2 c) La utilización de los productos fitosanitarios y biocidas a los que se refiere el apartado 8.c) y d) del anexo III, con fines agropecuarios y forestales. No entendemos que el ámbito de la exención se restrinja en el caso de los biocidas a su utilización con fines agropecuarios y forestales. Es decir, que cuando los biocidas se aplican en el interior de una instalación ganadera en el medio rural como, por ejemplo, unos establos, la actividad queda exenta de constituir garantía financiera obligatoria; pero, sin embargo, cuando ésta se realiza en el interior de un edificio en el medio urbano sí existe obligación de constituir la garantía. Se da lugar con ello a una diferencia de trato que resulta incongruente para una misma actividad y que carece de la debida justificación en relación con la responsabilidad medioambiental del operador. Por otra parte, en lo que se refiere al riesgo de utilización de un biocida con respecto a un producto fitosanitario, la utilización de los biocidas presenta menos riesgo, ya que: a) los productos fitosanitarios se utilizan, generalmente, en extensiones abiertas y sobre una mayor superficie que los biocidas; éstos se aplican para el control de insectos, roedores y microorganismos en edificios, instalaciones industriales, centros sanitarios, etc. b) las dosis de utilización de los productos fitosanitarios son mucho más elevadas que las dosis de aplicación de los biocidas. Por lo tanto, el criterio de exención de constituir garantía debería ser extensivo a las empresas de servicios biocidas, independientemente de los fines, agropecuarios o no, que justifiquen su utilización. Además, los biocidas son productos regulados por la Directiva 98/8/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero, relativa a la comercialización de biocidas, la cual armoniza en el ámbito europeo la legislación sobre estos productos, estableciendo principios comunes de evaluación y autorización de biocidas y evitando, de esta forma, barreras económicas y administrativas. Esta Directiva, ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas. En su preámbulo, la Directiva 98/8/CE establece una serie de consideraciones, entre las que destacamos: Considerando que la revisión de la Comisión ha mostrado diferencias en las normativas de los Estados miembros; que tales diferencias pueden constituir no sólo barreras para el comercio de los biocidas sino también para el comercio de los productos tratados con los mismos, afectando por ello al
3 funcionamiento del mercado interior; que la Comisión ha propuesto, por consiguiente, la definición de un marco normativo referente a la comercialización de los biocidas para su utilización, estableciendo como condición un nivel elevado de protección para los hombres, los animales y el medio ambiente; que, atendiendo al principio de subsidiariedad, las decisiones a nivel comunitario deberían limitarse a las necesarias para el funcionamiento adecuado del mercado común y para evitar duplicaciones en las actuaciones de los Estados miembros; que el modo más adecuado para establecer el mencionado marco es una directiva sobre los biocidas; Considerando que es necesario, en el momento de la autorización de los biocidas, garantizar que, cuando se utilicen adecuadamente para los fines previstos, sean lo suficientemente eficaces y no tengan efectos inaceptables sobre los organismos objetivo (es decir, que no produzcan una resistencia o una tolerancia inaceptables y, en el caso de los animales vertebrados, sufrimientos y dolor innecesarios) ni, a la luz de los conocimientos científicos y técnicos actuales, influencia adversa inaceptable sobre el medio ambiente ni, en particular, efectos nocivos sobre la salud humana o animal; Considerando que no debe impedirse a los Estados miembros imponer requisitos adicionales para la utilización de biocidas, en la medida en que dichos requisitos adicionales se ajusten a la legislación comunitaria y, en particular, no contravengan las disposiciones de la presente Directiva; que estas disposiciones pretenden proteger el medio ambiente y la salud humana y animal por medios tales como el control epidemiológico y la protección de los alimentos y piensos; Considerando que, por lo que atañe a la evaluación de riesgos, al evaluarse una sustancia activa para su inclusión o no en los anexos correspondientes de la Directiva es preciso que tal evaluación, cuando corresponda, se refiera a los mismos aspectos que la evaluación que se lleve a cabo con arreglo a la Directiva 92/32/CEE del Consejo, de 30 de abril de 1992, por la que se modifica por séptima vez la Directiva 67/548/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (1) y al reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes (2); que, por consiguiente, los riesgos vinculados a la producción, utilización y eliminación de la sustancia activa y de los materiales tratados con ella deben considerarse de modo similar a como se consideran en tales disposiciones; Por otra parte, en cuanto a las Condiciones para la concesión de una autorización, la Directiva dispone que: Los Estados miembros sólo autorizarán un biocida: a) si la sustancia o sustancias activas en él incluidas se encuentran mencionadas en las listas de los anexos I o IA y se cumplen todos los requisitos que disponen los anexos;
4 b) si, a la luz de los conocimientos científicos y técnicos actuales y como consecuencia del examen del expediente especificado en el artículo 8 de acuerdo con los principios comunes de evaluación de expedientes, tal como se establece en el anexo VI resulta que, si se utiliza según está autorizado y teniendo en cuenta: todas las condiciones normales en las que puede usarse el biocida, cómo puede utilizarse el material tratado con dicho biocida, las consecuencias del uso y la eliminación, el biocida: i) es suficientemente efectivo, ii) no tiene efectos inaceptables en los organismos objetivo, como resistencia inaceptable, o resistencia cruzada, o sufrimientos y dolores innecesarios para los vertebrados, iii) no tiene efectos inaceptables, por sí mismo o como consecuencia de sus residuos, en la salud humana o animal, directa o indirectamente (por ejemplo, por el agua potable o los alimentos destinados al consumo humano o animal, el aire interior o consecuencias en el lugar de trabajo), o en las aguas superficiales y subterráneas, iv) no tiene efectos inaceptables por sí mismo o como consecuencia de sus residuos en el medio ambiente, teniendo en cuenta, en particular: su destino y distribución en el medio ambiente, en particular la contaminación de las aguas superficiales (inclusive las aguas marinas y de estuario), el agua potable y el agua subterránea, su repercusión en los organismos distintos de los organismos objetivo; En la evaluación de un biocida, entre otros, se requieren los siguientes estudios: Toxicidad aguda en peces. Toxicidad aguda en Daphnia magna. Ensayo de inhibición del crecimiento en las algas. Inhibición de la actividad microbiológica. Bioconcentración. Alcance y comportamiento en el medio ambiente. Degradación: Biótica (Biodegradabilidad fácil y Biodegradabilidad intrínseca, cuando proceda) Abiótica: Hidrólisis en función del ph e identificación de los productos de descomposición y Fototransformación en agua, incluida la identidad de los productos de transformación Ensayo preliminar de absorción/desorción. Resumen de los efectos ecotoxicológicos y del alcance y comportamiento en el medio ambiente. Precauciones y métodos recomendados relativos al manejo, utilización, almacenamiento, transporte e incendio. En caso de incendio, naturaleza de los productos de reacción, gases de combustión, etc. Medidas de emergencia en caso de accidente. Posibilidad de destrucción o descontaminación tras liberación a: a) aire, b) agua, incluida el agua potable, c) suelo.
5 Procedimientos de gestión de residuos por usuarios industriales o profesionales: Posibilidad de reutilización o reciclado, Posibilidad de neutralización de efectos, Condiciones de vertido controlado, incluidas las condiciones de eliminación del lixiviado, Condiciones de incineración controlada. Observaciones de efectos colaterales indeseados o indeseables, por ejemplo, en organismos beneficiosos u otros organismos distintos del organismo objetivo. Todo lo anteriormente indicado, pone de manifiesto que los biocidas autorizados en la UE han pasado rigurosos controles y evaluaciones sobre su impacto medioambiental. A partir de estos estudios se determinan las condiciones de autorización (dosis, modo de aplicación, etc.) que garantizan su uso eficaz y seguro, tanto para la salud pública, como para el medio ambiente. Estas condiciones están recogidas en la etiqueta del producto. Por si esto no fuera suficiente, las empresas de servicios biocidas disponen de las Fichas de Datos de Seguridad. El contenido de la ficha de datos de seguridad está regulado por la normativa sobre comercialización de productos químicos peligrosos en los RR.DD. 363/1995 y 1078/1993, que obligan a que todo producto químico esté debidamente etiquetado tanto si va destinado al público en general como al usuario profesional, en cuyo caso deberá también disponer de la FDS. La ficha de datos de seguridad incluye obligatoriamente los siguientes epígrafes: a. Identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización. b. Composición/información sobre los componentes. c. Identificación de los peligros. d. Primeros auxilios. e. Medidas de lucha contra incendios. f. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental. g. Manipulación y almacenamiento. h. Controles de exposición/protección individual. i. Propiedades físico-químicas. j. Estabilidad y reactividad. k. Informaciones toxicológicas. l. Informaciones ecológicas. m. Consideraciones relativas a la eliminación. n. Informaciones relativas al transporte. o. Informaciones reglamentarias, y p. Otras informaciones (usos recomendados y restricciones, referencias escritas).
6 Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que las empresas cuya actividad sea la prestación de servicios biocidas no deben estar obligadas a constituir garantía financiera.

References: artículo 3
 artículo 24
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 28
 Real Decreto 
 artículo 8