Source: http://www.aireg.es/2013/03/
Timestamp: 2017-12-14 07:58:11+00:00

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AIRE » 2013 » marzo: Asociación Independiente de Registradores
EP Palma de Mallorca 29 marzo 2013 La noticia en elpais.com
La mujer afectada por esta orden vive con sus dos hijos en un piso que compró hace más diez años y en el que le quedaban por abonar cerca de 70.000 euros repartidos en dos hipotecas. La PAH ha indicado que, después de que el padre de los menores le dejase de abonar la pensión alimenticia, acudió a la entidad a negociar el modo de refinanciar la deuda, de manera que, en octubre de 2011, le ofrecieron un descuento de 100 euros en las cuotas durante seis meses y una posterior refinanciación que ella asumió “puntualmente” e “incrementó voluntariamente en cuanto empezó a trabajar de nuevo”.
Según la PAH, este inmueble será subastado el próximo 13 de junio “si la Justicia no lo soluciona” por lo que esta familia quedará sin hogar. Finalmente, ha indicado que esta noticia pone en evidencia la necesidad de que el Gobierno central adopte una decisión “para poner fin a la indefensión en la que se encuentra el ciudadano frente a los sistemas financieros, no a cuando no puede hacer frente a los pagos de las cuotas por falta de ingresos, sino incluso, cuando las paga”.
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Justicia incluye la ‘telepatía’ como vía para tramitar los expedientes de nacionalidad
Ley de Reforma Integral de los Registros
Donde se escribe ‘telepático’ debería poner ‘telemático’
Europa Press | Madrid 30/03/2013 La noticia en elmundo.es
El Ministerio de Justicia ha incorporado la “telepatía” como vía para la tramitación de los expedientes de nacionalidad en el Registro Civil, según consta por error en el borrador del anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros que ha realizado el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón.
Así, en el texto se especifica que se deberá realizar un “acta notarial”, en la que se hará constar que el aspirante a la nacionalidad española ha superado el “examen oficial” -cuyos requisitos se establecerán reglamentariamente- que permita acreditar un grado suficiente de conocimiento del idioma español y de integración de la sociedad española.
Pues bien, según el borrador del anteproyecto, ese “acta notarial” se remitirá “telepáticamente” a la Oficina del Registro Civil competente. Obviamente se trata de un error al haber incluido la “telepatía” para sustituir a la “telemática”.
Allí, la Dirección General de los Registros y del Notariado elaborará la correspondiente propuesta de concesión o denegación de la nacionalidad española para su elevación al Ministro de Justicia, quien resolverá y comunicará su decisión, también “telepáticamente”, al encargado del Registro Civil para que se la comunique al aspirante o promotor del expediente de nacionalidad.
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29.03.2013 | El artículo en laopiniondezamora.es
Angel Aznarez
Â¡Anda Pablito, pasa y entra, que asan carne! (De novela de pícaros)
La escandalera de las hipotecas, ya muy maltrechas, sigue su marcha, a paso y pasito, entre muros laberínticos; unas hipotecas que fueron garantía reina y que hoy son casi basura. Un día, el 13 de febrero de 2013, el Congreso de Diputados -para aplazar el barullo y darse tiempo a decir no- admite a trámite una radical Iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago; otro día, sentencia-bomba de 14 de marzo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara Â«abusivosÂ» artículos del procedimiento de ejecución de hipotecas. Y lo último, el Colegio de Registradores de la Propiedad y la ex directora general de los Registros y del Notariado (durante gran parte del mandato de Zapatero) andan a la greña sobre supuestas responsabilidades en lo pasado acontecido.
Nada de lo ocurrido en la primera década de los años 2000 (Â«década prodigiosaÂ», por los prodigios en ella ocurridos, hipotecarios también), se puede entender sin referencias políticas. Si ha sido fenómeno generalizado en esa década (en Europa y América), la llamada oligarquización de la Política o Â«poder del dinero en pocas manos y mangoneándolo todoÂ», lo ocurrido en España fue de apoteosis o de Apocalipsis, como lo reveló eso tan indiscreto que fue la explosión de la burbuja inmobiliaria, seguida de la crisis y el rescate bancarios, con el gran escándalo -acaso el mayor en la Historia contemporánea española- de la desaparición de las Cajas de Ahorros.
Quienes mandaron -los del dinero- mandaron y de verdad. No mandaron ni políticos, ni esos de los Â«órganos reguladoresÂ» (Â¡qué papelón delictivo el del Banco de España!), ni funcionarios, unos genuinos y otros híbridos (notarios o registradores de la propiedad): que todos al servicio del Poder, es decir, el del dinero. En el libro Â«La política de la impotenciaÂ» de Fitoussi (2005) ya se denunciaban las exageraciones del mercado, que puso en práctica la idea nefasta de que Â«la protección de la población era un obstáculo a las adaptaciones del mercadoÂ», diabolizándose lo social. Y los políticos, de derechas y de izquierdas, en general, muy en el machito corrupto y a gusto. En ese contexto, hablar de consumidores y de abusos de derechos de los consumidores, era y fue una extravagancia.
Pongamos un ejemplo para ver claro y no borroso: resulta que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, insiste en que los notarios y registradores de la propiedad no autorizarán ni inscribirán contratos en los que se pretenda la inclusión de cláusulas declaradas nulas por abusivas e inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Curiosamente, apenas días después, la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, para, según el Preámbulo, Â«mejorar y flexibilizar el mercado hipotecarioÂ», modifica el artículo 12 de la Ley Hipotecaria, obligando a que los registradores de la propiedad no califiquen la legalidad de las cláusulas de vencimiento anticipado y las de carácter financiero, copiándolas literalmente de las escrituras de hipoteca. Y decir eso a los registradores, fue una manera de señalar el camino a los notarios, que ya lo conocían, pues unos padecían lo que era poner Â«pegasÂ» a los bancos y cajas de ahorro, y otros disfrutaban poniéndoles alfombras -para eso tienen bancos y cajas, el Â«derecho a la libre elección de notarioÂ»-.
Seguramente los señores diputados, cuando aprobaron la Ley 41/2007, no conocían el intríngulis de la misma, creyendo a pies juntillas en lo de Â«flexibilizar el mercado hipotecarioÂ», como si se necesitasen más, muchas más hipotecas, y las que se estaban firmando fueren pocas, y eso, meses después del estallido clamoroso de las hipotecas Â«sub primeÂ» en USA (primavera y verano del 2007). Â¡Asombroso! El Â«asuntoÂ» de esa Ley fue de tal atentado contra los consumidores, contra los llamados principios hipotecarios y contra el sentido común, que los patrocinadores de aquello aún hoy tratan de argumentar, en su defensa, con fantasías. Es muy interesante leer lo que el Ministerio de Justicia (época de Zapatero), a través de la Dirección General de los Registros, repetía en tan Â«prodigiosa décadaÂ» (Resoluciones declaradas nulas por los tribunales).
La disparidad denunciada en el apartado anterior, entre lo hipotecario y lo de los consumidores, nos introduce en un asunto crucial. Una constante en el Derecho español es que por un camino vaya la legislación hipotecaria, que data del siglo XIX, y que por otro camino, el opuesto, vaya la legislación protectora de los derechos de los consumidores y usuarios, que es novedad de siglo XX, ya avanzado. Incidentalmente señalaré que a los nuevos derechos fundamentales (¿?), los de protección de consumidores, los relacionados con el medio ambiente y los de la salud, tan proclamados en papeles (leyes), les cuesta enormes esfuerzos Â«levantar la cabezaÂ»: a estas alturas, aún no sabemos qué aire respiramos en nuestras ciudades, ni qué porquerías comemos -la novedad está en los bonitos envoltorios-. La historia hipotecaria lo deja todo muy claro: lo que determinó el desarrollo del crédito hipotecario (préstamos con garantía hipotecaria) no fue la existencia de una novedosa ley sobre hipotecas (Ley de 1861), sino la existencia de un procedimiento judicial excepcional, fácil, abreviado y rápido, con el fin de que el acreedor hipotecario, a la mínima, pudiera Â«hacer efectiva la garantía hipotecariaÂ», o sea, cobrar y cobrar rápido. Un privilegio que, si inicialmente lo tuvo el Banco Hipotecario (1872), por la Ley Hipotecaria de 1909 se generalizó (interesantísimos los debates de esta Ley presentada en Cortes en 1893); así hasta hoy (Ley de Enjuiciamiento Civil). Razón tienen los que consideran la hipoteca como un embargo convencional y anticipado.
Es evidente que el aspecto procesal de la hipoteca fue esencial y lo sigue siendo para la concesión de préstamos hipotecario -el aspecto procesal y ejecutivo de la hipoteca es una de las caras, la fea o dramática (el envés), pues la otra, la de su constitución (haz), es la del momento feliz, el de recibir el dinero prestado y cambiar con ilusión de casa-. Pero, de repente, casi de improviso, en esa facilidad de ejecución hipotecaria, surgen unos nuevos protagonistas, que la lían, los consumidores con sus derechos, inimaginables; a quién se le iba ocurrir que los ejecutados hipotecarios tuvieren derechos fuera del estricto marco hipotecario, si todos los derechos estaban en el otro lado, el de los acreedores. y en ese gran tiberio estamos, sobre todo después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Sentencia de 14 de marzo de este mismo año, declarase que los procedimientos judiciales de ejecución de hipotecas, por abusivos, atentan contra la Directiva 93/13 de la Unión Europea de protección de los consumidores.
Ya tenemos, pues, Â«hermanadosÂ» a los deudores hipotecarios y a los consumidores, muy juntos ahora y muy separados hasta ahora. El problema es que, para que haya hermandad efectiva, las normas procesales han de cambiar y de inmediato -cambiadas las reglas, ya se verá qué pasa con la concesión de hipotecas. Mientras tanto paralización de concesión y ejecuciones judiciales de hipotecas-. Y vuelta a empezar, como en 1872 y en 1909.
El problema es muy grave, y pudiera estar hasta en el aire la solvencia de bonos y cédulas emitidos por las entidades financieras a millares, garantizadas con hipotecas Â«feténÂ», de rápida ejecución. Seguimos, pues, en el laberinto, como el de Creta, a merced del Minotauro, sin poder escapar ni siquiera y provisionalmente por lo alto o volando, como Ícaro, el de las alas de cera. Â¡Es que banqueros y cajeros se creyeron tan listos, tanto, siendo en realidad muy brutos, mucho!
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Suplantación de identidad y ataques a emails, los nuevos enemigos del Gobierno
01 / 03 / 2013 La noticia en Realsec
Hay amenazas a la seguridad que llevan turbantes, otras con fusiles AK47 y bombas trampa, y otras que tienen ojos rasgados y la piel blanquecina de quien pasa mucho tiempo sentado delante de una pantalla. El Ministerio de Defensa ha localizado esta amenaza como una de las más graves para la seguridad nacional y se ha puesto manos a la obra para neutralizarla. Así, el Ministerio de Defensa está rastreando entre las empresas tecnológicas españolas soluciones para los graves ciberataques que está recibiendo tanto la Administración como importantes compañías multinacionales de nuestro país. El empeño es tal que el ministro Pedro Morenés ha puesto en marcha esta misma semana el Mando de Ciberdefensa, a las órdenes directas del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante García Sánchez. El CNI ha registrado más de 300 ataques serios al mes desde hace años -3.000 de índole menos “grave”- y ya tiene una división dedicada a la ciberseguridad.
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El Gobierno quiere traspasar el Registro Civil a los registradores de la propiedad
Jueces, secretarios y notarios critican el proyecto y aseguran que el ciudadano tendrá que pagar
Manuel Altozano 20 marzo 2013 – El artículo en elpais.com
La reforma del Registro Civil aprobada al final del mandato del anterior Gobierno socialista con el apoyo de todos los grupos políticos corre el riesgo de morir antes de aplicarse. La norma fue apoyada por todos los grandes partidos en julio de 2011. También por el Partido Popular, Izquierda Unida, los nacionalistas… Todos votaron a favor. La ley acababa con una organización secular en la que al frente de ese organismo ””en el que se inscriben los nacimientos, matrimonios, divorcios, hijos o defunciones”” estaban jueces de primera instancia para dejar su llevanza a los secretarios judiciales y a los funcionarios con la licenciatura en Derecho. La informatización de su contenido y la interconexión de los diferentes registros hacían ya innecesaria la tradicional dirección de los magistrados que podrían así dedicarse a juzgar en lugar de a estas labores estrictamente burocráticas. Y todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo.
Año y medio después, ese acuerdo se ha hecho añicos. Sin permitir que la norma entre en vigor ””dada su complejidad y el necesario traspaso de los jueces a los secretarios y funcionarios se estableció para julio de 2014”” el Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, ha cambiado de idea y ha decidido entregar la dirección del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles, un cuerpo de funcionarios que no cobra un sueldo mensual del Estado, sino un arancel por cada una de las operaciones en las que intervienen y que va directamente a su bolsillo. Además, a pesar de que se les selecciona por oposición, son autónomos en la organización de sus oficinas que funcionan como empresas en muchos aspectos, por ejemplo, el de contratar a su personal, que no es funcionario.
El Gobierno afirma que no habrá que abonar los registros obligatorios
El pasado 12 de marzo, el director general de Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, Joaquín Rodríguez (de profesión, registrador, al igual que el presidente del Gobierno), aseguró que la mayoría de actos cuya inscripción es obligatoria, como los nacimientos o defunciones, así como sus certificaciones, seguirían siendo gratuitos para el ciudadano. Pero el borrador de anteproyecto también recoge otros hechos a inscribir como el régimen económico del matrimonio ””si se trata de sociedad de gananciales o de separación de bienes””, el domicilio, los poderes de representación o el cambio de nombre, cuyos aranceles ””el precio a pagar”” se están valorando. Por lo pronto, la última versión del borrador solo exime expresamente del pago a las administraciones públicas. Ni una palabra sobre el resto de los usuarios, es decir, el conjunto de los ciudadanos. La reforma se plantea en un momento en el que los registradores ””que cobran en función del número de inscripciones, notas simples y certificaciones que realizan”” han visto reducirse de manera notable sus ingresos con la explosión de la burbuja inmobiliaria.
Puede que, con el nuevo anteproyecto, algunos conceptos queden exentos de pago, como mantiene el Gobierno, pero por otros parece claro que habrá que pagar. El propio decano del Colegio de Registradores, Alfonso Candau, aseguró ayer que eso es lo que se está barajando. “La idea que queremos transmitir al ministerio es que no sean los ciudadanos los que paguen al consultar el registro civil, sino las empresas con las que contraten y que necesiten acceder telemáticamente a esos datos”, afirma el decano, gran defensor de la reforma. Candau estima que la cantidad que se podría pagar por cada una de estas consultas sería de “unos cuatro o cinco euros”, pero, acto seguido, reconoce que lo normal es que esas empresas, después, repercutan esos costes en sus clientes.
El borrador solo exime de pago expresamente a las administraciones
Para asumir las tareas del Registro Civil, los registradores tendrán que asumir una importante carga de trabajo adicional y realizar inversiones que deberán ser remuneradas. Sobre todo, porque el borrador de anteproyecto del Gobierno amplía sustancialmente los hechos inscribibles. Hasta ahora, en él tienen cabida el nacimiento, la filiación, el nombre y apellidos, la emancipación, la limitación de la capacidad de las personas declaradas en concurso de acreedores, las declaraciones de ausencia y fallecimiento (para desaparecidos), la nacionalidad, la patria potestad y la tutela, el matrimonio y la defunción. El plan es que también incluya las uniones de hecho, los poderes (para ir a juicio, para gestionar el patrimonio o hacer algún negocio), el domicilio, los seguros de vida o los testamentos.
El Gobierno justifica la entrega del Registro Civil a los registradores de la propiedad por la necesidad de reformarlo y modernizarlo con el menor coste posible para el Estado y advierte que el servicio público, tal y como está configurado, cuesta 450 millones de euros al año. “Ellos [los registradores] disponen de los medios humanos y técnicos para poder hacerlo”, dijo la semana pasada el director general, que presenta el encargo a ese cuerpo como “un sacrificio” que esos funcionarios deben aceptar en época de crisis y no como un privilegio. Sin embargo, los secretarios judiciales ””los funcionarios que estaban llamados a ocuparse del registro en la ley que el Gobierno ahora trata de reformar”” rechazan que el nuevo sistema represente un gran ahorro. “Sustituir a los jueces como encargados del registro por secretarios u otros funcionarios de carrera no hubiera supuesto ningún coste adicional porque las plazas se hubieran cubierto por concurso y las hubieran cubierto los que ya trabajaban en esas oficinas”, explica Rafael Lara, el presidente del Colegio de Secretarios Judiciales.
Lara recuerda que el Estado deberá seguir pagando el salario de todos estos funcionarios en su nuevo destino. “Los secretarios somos los funcionarios más indicados para realizar esa labor. Somos fedatarios públicos, actuamos con independencia y estamos especializados en ese tipo de asuntos de jurisdicción voluntaria [los que no implican conflicto con otra parte, a diferencia de los juicios]”. Además, sostiene Lara, cobran cada mes de la administración y no por arancel. “No me opongo a que se pague algún tipo de tasa por inscripciones y certificaciones, pero siempre que sirvan para mejorar el servicio”, añade Lara.
Otra de las reticencias que ha levantado la propuesta es que los registradores tienen un régimen especial que los sitúa, de hecho, fuera de la jerarquía de la Administración. Según el anteproyecto de Justicia el ciudadano puede recurrir contra sus actos a la Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, su órgano directivo, en caso de que se le deniegue la inscripción o no se esté de acuerdo con la minuta a pagar, por ejemplo. Pero el registrador no tiene por qué aceptar la resolución de ese organismo ””como sí haría un secretario judicial o un funcionario”” y puede recurrirla al juez. Candau, el decano de los registradores, confirma que la idea es que ese sistema siga vigente cuando hereden el registro civil. Y este último es utilizado, más tarde o más temprano, por todos los ciudadanos.
Pero, además, la reforma deja en manos de este cuerpo de funcionarios otros registros hasta ahora separados. A los que tienen encomendados, el de la propiedad y el mercantil, se suman el civil, el de seguros de cobertura de fallecimiento (de vida) y el de actos de última voluntad (testamentos). Para el decano de los registradores, esto supondrá “un ahorro de costes y de tiempo” para el ciudadano, que pondrá fin “a ese viacrucis de ir de un registro al otro”. “Todo estará junto, en el mismo lugar, y será accesible por medios telemáticos”, explica Candau. Sin embargo, la exdirectora general de Registros y del Notariado Pilar Blanco-Morales, asegura que lo que supone en realidad esa acumulación de información es la creación de una suerte de Gran Hermano. “España se convertirá en un Estado registral que entrega a los registradores el derecho a la privacidad”, escribió en un artículo publicado en EL PAÍS el 9 de enero. “Un Estado en que los registradores carecerán de límites para interferir en la vida de las personas y controlarán el ejercicio de derechos civiles y políticos”.
Este cuerpo asumirá el Registro Civil, de vida y de últimas voluntades
La propuesta también ha suscitado las críticas de los notarios, a pesar de que les atribuye los matrimonios, por los que también cobrarán un arancel. Algunos aseguran que la reforma los posterga respecto a los registradores a pesar de que ellos tienen la misma formación. “Nosotros somos los testigos de los negocios jurídicos de los que damos fe, pero la reforma quita sentido a nuestra función, ya que ellos, a la hora de inscribir, harán el control de legalidad último y podrán rechazar nuestras escrituras”, afirman. El presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, se muestra, sin embargo, más conciliador. “Se trata de un anteproyecto retrógrado, porque supondrá más trámites para el ciudadano al tener que acudir para todo al registro”, afirma. Supone una mayor burocratización, mayores trabas y barreras, cuando la situación económica aconseja lo contrario”. García Collantes se queja, además de que no se les haya tenido en cuenta a la hora de redactar la propuesta. “Necesitamos una buena ley consensuada entre todos. Esta no nos gusta”, concluye.
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Anteproyecto de ley de reforma de los registros
La reforma, según el Gobierno, servirá para mejorar la eficacia del nuevo servicio telemático unificado, evitará fraudes y supondrá un ahorro importante para la Administración
Javier Ílvarez 20-03-2013 La noticia en la cadena SER. cadenaser.com
El anteproyecto de Ley de reforma integral de los registros que ha elaborado el gobierno dota de un poder en exclusiva a los registradores de la propiedad que les permite controlar y dirigir todas las gestiones del tráfico civil, mercantil y de la propiedad cobrando un arancel por los trámites. Un modelo que no existe en ningún país europeo y que encarece los costes de gestiones como la inscripción del matrimonio.
Los colectivos afectados directamente por la reforma como los notarios y asociaciones de registradores anuncian que el anteproyecto supondrá un lastre para el tráfico jurídico ya que aumenta los plazos para conseguir un certificado y obliga a los ciudadanos a inscribir “casi todo”, desde el cambio de domicilio a cualquier poder de otorgamiento e incluso el testamento y los seguros. Estos grupos critican la falta de consenso ya que el texto no incorpora ninguna de sus propuestas.
El anteproyecto será aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas semanas aunque no entrará en funcionamiento hasta el uno de Enero de 2015. El modelo vetusto del siglo XIX fue reformado por el gobierno socialista en 2011 con el visto bueno del Partido Popular pero no llego a entrar en funcionamiento. Ahora el Ministerio de Justicia adjudica el control absoluto y la gestión del tráfico jurídico y mercantil al Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad que pasará a organizar el servicio en régimen de franquicia, cobrando un arancel por sus gestiones. Serán los únicos funcionarios públicos encargados de supervisar y autorizar estos certificados. Una especie de “supremos controladores” del tráfico jurídico en nuestro país ya que antes de calificar un documento para la inscripción, los registradores han de consultar obligatoriamente todos los demás registros y ello supone que cada consulta pueda ser cobrada.
Los tramites como la inscripción del matrimonio, divorcios, cambios de nombre y apellidos así como las peticiones de nacionalidad tendrán un precio aproximado entre los 10 y los 40 euros.
El proyecto contempla un aumento de los actos y negocios que deben ser inscritos obligatoriamente como el cambio de domicilio, el testamento o los seguros incluyendo además los apoderamientos otorgados por personas físicas. El modelo, según sus detractores, va a convertir a los registradores de la propiedad en una especie de “pseudo poder del Estado” que todo lo registra -lo personal, lo patrimonial y lo societario- y que solo responderá de actividad ante los jueces ya que desaparece el recurso gubernativo ante la Administración y es sustituido por una Junta de Letrados, compuesta por por tres notarios, tres registradores y tres catedráticos de universidad, que resolverán los recursos de los ciudadanos.
El texto establece también la creación de una Ley de responsabilidad individual, directa y patrimonial de los registradores para actuar cuando cometen errores o se lesionan derechos. Además tendrán que suscribir un seguro colectivo de responsabilidad.
Bodas civiles a 90 euros
A partir de la nueva entrada en vigor de la nueva ley previsto para Julio de 2014, cada vez que un ciudadano cambie de domicilio deberá comunicarlo al Registro Civil con el depósito previo de un arancel por el certificado correspondiente. En el caso de las bodas civiles, los trámites se alargan y encarecen. Los matrimonios civiles oficiados hasta ahora por los jueces de forma gratuita pasaran a ser competencia de los notarios y los cónyuges deberán pagar alrededor de 90 euros. Además según la reforma el certificado notarial deberá ser autorizado por el registrador, volverá al notario y de nuevo al registrador para su aprobación definitiva (certificación de validez). Trámites que prolongarán la obtención definitiva del certificado civil de matrimonio.
El anteproyecto mantiene la gratuidad para los tramites más habituales que realizan los ciudadanos como la inscripción del nacimiento y las defunciones, un 80 por ciento de la actividad de estas oficinas.
Ahorro de 450 millones
Los redactores del proyecto señalan que el modelo dotará de mayor eficiencia al registros civil al incrementar la interoperabilidad informática y supondrá una ahorro muy importante para la administración ya que ahora este servicio conlleva costes cercanos a los 450 millones de euros.
Sin embargo, los críticos con la reforma apuntan a que el coste de estos servicios no se cubrirá ya por los presupuestos generales del Estado sino por los usuarios. Además denuncian que el proyecto no va acompañado de un estudio sobre su viabilidad económica.
España, país de la excepción
En la mayoría de países de nuestro entorno la figura del registrador de la propiedad se limita a conectar la información registral facilitada por las nuevas tecnologías. El encargado del registro no efectúa calificación jurídica alguna de los documentos. España funciona también de forma excepcional porque es el único lugar donde los registradores cobran por arancel y gestionan la oficina como un negocio propio.
Los colectivos que recelan del anteproyecto lo hacen también en clave política porque dicen que se está legislando para un grupo profesional al que pertenece el presidente del Gobierno de Mariano Rajoy. Dos de sus hermanos son registradores de la propiedad. El director General de Registros y Notarías y el subdirector general son registradores y los redactores de la ley.
Libro de familia electrónico
Con el nuevo modelo se acabó el papel, los modelos impresos, los libros foliados, etc. La intención del Gobierno es que con la puesta en funcionamiento de la ley el libro de familia tal y como lo conocemos desaparecerá aunque los ejemplares tendrán validez hasta que haya que realizar una nueva inscripción a partir de 2015. Los nuevos documentos electrónicos contarán con sistemas de seguridad y trazabilidad.
Inscripción de nacimientos desde el hospital
La inscripción se realizara con una declaración firmada por los declarantes, acompañada del parte facultativo y la dirección del hospital comunicará en 24 horas a la oficina del registro civil el nacimiento. La ley establece que el personal sanitario deberá tomar las cautelas necesarias para asegurar la identificación del recién nacido y efectuará comprobaciones indubitadas. En ningún caso será necesario el consentimiento de los progenitores para la toma de muestras como el ADN que permitan la identificación del recién nacido.
Para evitar el robo de niños se ordena la inscripción de fallecidos después de seis meses de gestación, previa identificación genética
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La troika vuelve a España en mayo para ajustar las cuentas de la Sareb y de las preferentes
El plan de negocio del banco malo no convence a los ‘hombres de negro’
José Antonio Navas 25/03/2013 El artículo en El Confidencial
La troika, formada por la Comisión Europea, el BCE y el FMI, amenaza con una próxima visita a España, que tendrá lugar durante la última semana del mes de mayo. Las agendas se están cerrando estos días con los dirigentes de las distintas entidades de crédito en proceso de reestructuración, que deberán rendir otra vez sus atribuladas cuentas ante los vigilantes de la playa financiera. Los ”˜hombres de negro”™ vienen esta vez con ganas de marcha porque no terminan de ver claro algunas de las derivadas que está generando el célebre rescate bancario.
Los prestamistas supranacionales han ampliado la graduación de la lupa sobre España y quieren comprobar con todo lujo de detalles el destino de los más de 41.000 millones de euros entregados finalmente al Gobierno de Mariano Rajoy. La distribución efectiva de los dos tramos del rescate no es lo más preocupante para los supervisores que, sin embargo, no entienden muy bien el desarrollo de otras obligaciones establecidas en el Memorando de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) que fue suscrito el pasado mes de julio.
Uno de los aspectos que más preocupa en medios comunitarios es el alambicado mecanismo de relaciones entre las entidades que han recibido ayudas públicas y el nuevo banco malo, creado a regañadientes por el Gobierno español. En Bruselas son conscientes de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, se vio obligado a dar carta de naturaleza a la flamante Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) como una imposición derivada de la propia cesión de competencias a la Unión Europea. Quizá por eso, el plan de negocio desplegado por la entidad que preside Belén Romana no ha hecho más que generar suspicacias a los representantes de la troika.
Los ”˜hombres de negro”™ no conciben que la Sareb haya exigido un descuento draconiano en el pago de las transferencias de los activos procedentes de la burbuja del ladrillo para, acto seguido, reclamar un margen adicional del 25% en los precios de venta al público. Dicho spread supone en términos absolutos cerca de 13.000 millones de euros sobre los 51.000 que han sido adquiridos por el banco malo. Se trata, en suma, de una cuantía equivalente al 30% de los recursos empleados en la capitalización de las entidades con problemas.
Los supervisores internacionales se cuestionan también con cierta suspicacia el modo y manera por el cual los bancos que no han sido capaces de encontrar mercado para sus inmuebles van a tener ahora que buscar compradores a los que endosar sus antiguas propiedades a un importe, además, mucho más alto. A la postre, las entidades financieras van a tener que seguir aferradas a un sector inmobiliario que ha sido el principal motivo de sus desdichas.
Los condicionantes que impone la Sareb a sus ”˜clientes”™ financieros adquieren tintes surrealistas si se tiene en cuenta que las más afectados han sido las entidades del grupo 2, teóricamente más sanas que sus competidores del grupo 1, donde se integran los bancos nacionalizados por el FROB. El equipo directivo del banco malo ha ido aquilatando los precios en función de la situación de un mercado en clara tendencia bajista y, por eso, los bancos que han traspasado los activos en último lugar han tenido que asumir un mayor recorte, con el consiguiente efecto negativo en su posición de capital.
Mecanismos para el canje y liquidez de las preferentes
El segundo apartado que contraría especialmente a los emisarios de la troika es la distribución de las cargas provocadas por el fiasco de instrumentos financieros, como las preferentes o la deuda subordinada. El denominado burden-sharing contraviene los postulados de Bruselas, donde han puesto el dedo en la llaga del procedimiento adoptado por el Gobierno para dotar de liquidez a los tenedores de tan aciagos títulos. La habilitación del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para asegurar el canje de las participaciones procedentes de entidades que no están sujetas al escrutinio del mercado produce salpullidos a los más ortodoxos supervisores del rescate.
Los casos más sangrantes para la Unión Europea son los de Catalunya Caixa y Novagalicia, que acumulan un total de 1.900 y 2.500 millones de euros respectivamente en diferentes emisiones. Ni el grupo catalán ni el gallego tienen prevista su cotización en Bolsa como salida de futuro para su reconversión, por lo que el Ministerio de Economía propuso la opción del FGD para calmar las tensiones de todos aquellos inversores que se han quedado ”˜colgados”™ con este tipo de productos híbridos. Luis de Guindos precisó el pasado viernes las condiciones de esta solución, que obligará a todos los bancos a aflojar el bolsillo y destinar el tres por mil de sus depósitos, cerca de 2.000 millones de euros, en una derrama extraordinaria a partir del próximo año. La troika considera que esta fórmula no es la más equitativa a la hora de repartir los esfuerzos que exige la crisis financiera ya que precisamente las entidades que han sido nacionalizadas quedarán fuera de la nueva aportación de fondos. Una vez más, serán los justos los que tengan que pagar a escote por los pecadores.
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Los extranjeros que adquieran la nacionalidad española podrán perderla ‘por razones de seguridad’
Deberán superar un ‘examen’ de ‘españolidad’
Europa Press | Madrid 28/03/2013 La noticia en elmundo.es
Este texto establece que los documentos y pruebas aportadas por el solicitante de la nacionalidad española se incorporarán a un “acta notarial”, en la que se hará constar, en todo caso, que el promotor ha superado el examen oficial -cuyos requisitos se establecerán reglamentariamente- que permita acreditar un grado suficiente de conocimiento del castellano y de integración en la sociedad española.
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La nueva Ley Hipotecaria estará publicada a finales de mayo o primeros de junio
Anuncio del diputado ‘popular’ Martínez-Pujalte
‘Somos conscientes de la incapacidad para hacer frente a las hipotecaras’
‘Hemos hecho enmiendas para adaptar la legislación comunitaria a la española’
Europa Press | Madrid 27/03/2013 La noticia en elmundo.es
El portavoz de Economía del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Vicente Martínez-Pujalte, ha presentado las enmiendas que el PP ha propuesto a la Iniciativa Legislativa Popular(ILP), que pretende ofrecer “mayor protección a los deudores hipotecarios” y que se publicará en un plazo máximo de dos meses -finales de mayo o principios de junio-.
Ha afirmado, en rueda de prensa, que el próximo martes (2 de abril) a las 12.00 horas se reunirán los componentes de la ponencia con el resto de los grupos en el Parlamento con el objetivo de iniciar los trámites, que darán como consecuencia la publicación de la ley “en una plazo máximo de dos meses”.
Martínez-Pujalte ha señalado que “el único partido político en el Gobierno que ha dado pasos adelante en la protección de los consumidores, de los deudores hipotecarios, ha sido el Partido Popular” y ha reiterado que “en los ocho años del señor Zapatero no se hizo nada”.
“Somos conscientes que en la incapacidad para hacer frente a las deudas hipotecarias, que conlleve la pérdida de la única vivienda, se produce la peor de las situaciones para una familia”, ha expresado el portavoz, quien ha recordado que esa fue la razón por la que “se dio una primera respuesta con un primer real decreto ley y una negociación con el PSOE, que ellos rompieron”.
Según Martínez-Pujalte, con el segundo decreto se aprobaba el denominador común de la negociación con el PSOE, “se aprobó aquello en lo que se estaba de acuerdo”. A partir de ahora, “el PP está dispuesto a pactar con el resto de los grupos”. Ha explicado que una nueva sentencia de Bruselas pedía que la legislación española se acogiera a la europea, “y es lo que hemos hecho en la enmiendas presentadas, adaptar la legislación comunitaria a la española”.
La ILP y el Proyecto de Ley, que proviene del Real Decreto Ley, se tramitarán conjuntamente
De este modo, dichas enmiendas “ofrecen más garantías a los consumidores; se acepta la intervención judicial, si el juez estipula que existen cláusulas abusivas; brinda más competencias a los notarios y, en general, una mayor protección”. La Iniciativa Legislativa Popular y el Proyecto de Ley, que proviene del Real Decreto Ley, se tramitarán conjuntamente, para dar lugar a una sola ley que proporcione mayor apoyo a los consumidores.
Para Martínez-Pujalte se tratan de “avances muy notables de protección que guardan un equilibrio necesario entre los depositantes, personas físicas que han puesto dinero en el banco y los deudores hipotecarios, que han obtenido crédito”. “No nos mueve ninguna presión, pues antes de que existiera nosotros ya habíamos dado los primeros pasos; nos mueve mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y proteger a los que más lo necesitan sin romper el mercado hipotecario español”, según ha anunciado el portavoz de Economía del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.
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El mayor ataque ‘hacker’ de la historia ralentiza internet a nivel global
Una disputa entre grupos afecta a todo el planeta
El artículo en elconfidencial.com Alfredo Pascual 27/03/2013
Una disputa entre un grupo que lucha contra el ‘spam’ y un proveedor de ‘hosting’ neerlandés provocó este miércoles la ralentización de internet a nivel global. Los ataques, que alcanzaron en su punto álgido los 300 GB./segundo, han sido definidos por expertos como “el mayor ciber-atentado jamás cometido” y ha forzado a gigantes como Google y Netflix a reorganizar sus recursos apresuradamente para evitar besar la lona. Los departamentos de delitos cibernéticos de cinco países están colaborando en la investigación, aunque se teme que numerosos servicios de banca ‘online’ y correo electrónico pudieran caer en las próximas horas.
El detonante de la situación radica en la inclusión de la empresa de alojamiento CyberBunker en una de las listas negras que elabora la organización sin ánimo de lucro SpamHaus. Con sedes en Londres y Ginebra, SpamHaus ayuda a filtrar el correo indeseado señalando los servidores que hospedan, o ayudan a mover, contenidos maliciosos para el usuario. Y es aquí donde entra en juego CyberBunker, cuya política de admisión tan solo excluye la pornografía infantil y los mensajes que enaltecen al terrorismo, mientras que ‘spam’ y ‘malware’ son bien recibidos.
Sven Ola Kamphuis, portavoz de CyberBunker, lamentaba hace unos días que SpamHaus “esté abusando de su posición de poder y no debe tener el derecho a decidir lo que pasa y no pasa en internet”. Y como suele suceder en estos casos, de las palabras se pasó a los hechos: SpamHaus bloqueó los servidores de la holandesa y ésta ha contraatacado con todo el arsenal disponible. “Incluso están cooperando con bandas criminales de Europa del Este y Rusia”, asegura Kamphuis.
El método de ataque ha sido, una vez más, el DDoS o denegación de servicio, una maniobra que consiste en colapsar las máquinas a base de enviar un volumen de datos que son incapaces de gestionar. Se trata de un tipo de agresión muy difícil de repeler por las víctimas, ya que mantener una infraestructura que mantenga el tipo sale más caro que el tiempo que se pasa ‘offline’. En esta ocasión se ha incidido en la vulnerabilidad de sistema de nombres de dominio (DNS), una suerte de guía telefónica de internet.
Se mantiene ‘online’
Pese a estar sufriendo un tráfico de datos inimaginable para una situación normal, los servidores de SpamHaus han logrado mantenerse ‘online’. “Llevamos una semana sufriendo un ataque a una escala sin precedentes”, explica a BBC Steve Lindford, director ejecutivo de SpamHaus. Para entender la magnitud del asunto, un ataque coordinado por Anonymous suele mover una media de 50 Gb/segundo; en este caso, CyberBunker ha alcanzado picos de 300 Gb./segundo. “Pero seguimos ‘online’. No han sido capaces de derribarnos gracias al inmenso trabajo de nuestros ingenieros. Este tipo de ataque acabaría con casi cualquier cosa”, sostiene Linford.
No obstante, ciertos servicios de la compañía sí han caído, afectando a clientes tan ilustres como la propia BBC británica. El efecto dominó, además, está afectando al tráfico mundial de la red. Lo explica Alan Woodward, experto en seguridad informática de la Universidad de Surrey: “Si se lo imagina como una autopista, los atacantes estarían tratando de colocar el suficiente tráfico como para evitar que nadie se incorpore a la carretera”. Concluye el experto: “En este caso hay tantos ‘coches’ que no solo se han obstruido las entradas, sino la propia autopista”.
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El interés de demora máximo se fija en el 10% y cualquier cláusula que lo supere será abusiva
Los cambios no tendrán carácter retroactivo por las limitaciones legales para hacerlo
Miquel Noguer / Pere Ríos Barcelona 26 marzo 2013 – La noticia en elpais.com
Una de las principales novedades es que se fija un interés de demora máximo que no podrá superar 2,5 veces el interés legal del dinero, de manera que cualquier cláusula hipotecaria que incluya un porcentaje superior se considera abusiva. Eso significa que el incumplimiento de los pagos no se penalizará con más del 10%. Actualmente, algunas entidades financieras aplican un recargo que llega hasta el 30%. El Gobierno del PP anunció en diciembre su intención de fijar este tope en el 12% de interés. La modificación no será retroactiva por las dificultades que comporta para ello actual ley hipotecaria.
Otra modificación afectará a la publicidad de las comunicaciones que reciba el ciudadano. La Generalitat se propone que esos documentos sean claros, objetivos y no engañosos. “Que no se generen falsas expectativas a los consumidores”, dice el Gobierno catalán. Y para eso hace falta que se diga claramente las comisiones que se cargarán y los gastos que se generarán, algo que hasta ahora no existía.
Son obviedades, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos firmaron su hipoteca sin tener claras las consecuencias en caso de impago. Ahora la ley obligará a que se advierta al consumidor sobre la posibilidad de incrementar el tipo de interés, del riesgo de perder la vivienda si no se abonan las cuotas y de las cláusulas que suponen un mayor riesgo.
“No puede volver a ocurrir que gente de buena fe contrate productos y luego por la letra pequeña acaben en un callejón sin salida y en una situación tan lamentable”, dijo ayer el consejero de la Presidencia, Francesc Homs, al acabar la reunión semanal del Gobierno catalán.
El consumidor también podrá escoger el notario que intervendrá en la operación y aportar una tasación del inmueble, que deberá ser aceptada por la entidad bancaria, que es ahora quien la realiza.
También se refuerza la obligación de los notarios para informar al consumidor de todo lo que implica el préstamo que se está firmando y de tener la escritura pública del contrato con una antelación mínima de tres días a la firma. El proyecto promueve la mediación y el arbitraje para resolver conflictos, con especial atención a los relacionados con casos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual.
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Amparándose en la sentencia de la UE
Afirma que el proceso es tan rápido que impide defenderse a los hipotecados
El banco tendrá que acudir a los tribunales ordinarios para recurrir
La anulación de la ejecución se produce justo la víspera de la subasta
Yira Arredondo | Arrecife (Lanzarote) 22/03/2013 La noticia en elmundo.es
La sentencia dictada la semana pasada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo que cuestiona aspectos clave del sistema de garantías de la Ley Hipotecaria española comienza a ser interpretada y aplicada por los jueces españoles.
Según publica en su edición impresa y en Orbyt de hoy de El Mundo, el juez Jerónimo Alonso Herrero, titular del juzgado número 3 de Primera Instancia de Arrecife (Lanzarote), ha dictado el primer auto en España que opta por paralizar una ejecución hipotecaria de una vivienda.
El texto se extiende sobre las nuevas facultades que los tribunales europeos confieren, a partir del 14 de marzo, a los jueces en torno a los intereses de demora y las garantías de protección de los compradores. Alonso argumenta que la rápida ejecución de un procedimiento hipotecario por parte de una entidad bancaria -conocida como ‘vía de apremio’- deja al consumidor en clara desventaja frente a la banco acreedor.
“La expeditiva realización del derecho del acreedor sobre el bien hipotecado cede ante la protección del consumidor”, señala el juez.
Así, el auto da la opción a la pareja de compradores demandados de pedir el archivo de las actuaciones y permanecer en su vivienda, e invita al banco a acudir a los tribunales ordinarios de justicia para reclamar sus derechos, lo que alarga el procedimiento. “Debe concederse al consumidor la posibilidad de instar que las pretensiones de la parte ejecutante se hagan valer a través del juicio ordinario… en cuyo caso se archivará la presente ejecución.
La resolución da un plazo de 20 días para que el banco pueda recurrir la decisión judicial.
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Madrid 18/03/2013 La noticia en ABC
El mundo en el que nos movemos cambia al ritmo de las tecnologías de la información. También lo hacen las empresas y sus procesos y, como no podía ser de otra forma, se transforman también las tendencias en seguridad corporativa. Así lo afirman desde RSA Roberto Llop, director de la firma de seguridad (propiedad de EMC) para el Sur de Europa, Oriente Medio y Ífrica, y Fidel Pérez, director comercial de la filial ibérica, quienes han compartido con un grupo de periodistas su visión sobre este mercado en plena metamorfosis.
Como explica Pérez, Â«se ha producido un cambio de paradigma y en la actualidad es imposible evitar que nos ataquenÂ». Solo hace falta echar un vistazo a los últimos incidentes ocurridos en materia de seguridad, protagonizados por empresas como Apple o Facebook e incluso por el propio Gobierno de los Estados Unidos. De hecho, la propia RSA sufrió ataques hace ya tres años. Â«Partiendo, por tanto, de esta realidad -indica el director comercial-, lo que las organizaciones tienen que hacer es actuar de otra forma mucho más inteligente y no solo a la hora de prevenir sino a la hora de responder con celeridad una vez que se haya producido el incidente, de forma que éste haga el menor daño posible a la entidadÂ».
En este sentido, Llop explica que las empresas siguen inmersas en políticas de seguridad del pasado, en las que el 80% de la inversión se destina a la prevención, el 10% a la monitorización y el 5% a la remediación. Â«Lo ideal en la actualidad sería un reparto de la inversión del 30% en cada una de estas tres áreasÂ».
La propia RSA, tras sufrirlo en sus propias carnes, también ha cambiado su estrategia. Â«El ataque de 2010 nos hizo replantearnos toda nuestra estrategia. Antes nos centrábamos mucho más en tecnologías de prevención y ahora hemos puesto nuestro foco en la monitorización y en la remediación. Esos son los campos donde queremos jugarÂ», indica Llop.
2012 fue un año de transición en la compañía. Un año en el que comenzó a abordar este nuevo enfoque para el que realizó varias adquisiciones como Silver Tale. Â«Este 2013 va a ser un año agitado para RSA en cuanto a nuevos productos, soluciones y estrategiasÂ», avanza Pérez.
Dos áreas claves para la compañía este año serán las de big data y la de detección del fraude online. Â«Somos la primera empresa con una solución real de big data aplicada a la seguridadÂ», afirma Llop en relación a su plataforma Security Analytics. Â«Hay que luchar contra las amenazas analizando toda la información y para ello la tecnología de big data es esencial; no en vano, los propios ciberdelincuentes ya están cruzando los datos que tienen para mejorar sus ataquesÂ», añade.
En cuanto al fraude online, la herramienta que RSA propone es fruto de la compra de la firma Silver Tale Systems. Â«Se trata de un plataforma que permite detectar fraudes online, ataques en portales de ecommerce, banca electrónica”¦Â», explica Pérez.
Finalmente, los directivos confían en el éxito de una tercera solución, la nueva versión de su Autentication Manager (versión ocho), que permite la autenticación basada en riesgos y mejora el nivel de seguridad de las organizaciones en gestión de identidades y para entornos cloud y móviles.
No obstante, el futuro de la tecnología de seguridad está abierto a infinitas opciones, muchas de las cuales parecen salidas de una novela de ciencia ficción. Â«Las soluciones avanzan rápidamente. De hecho, ya estamos probando con algunas operadoras proyectos de biometría a través del teléfono móvil, para identificar al usuario cuando quiera acceder a una determinada aplicación corporativaÂ», revela Llop. Otra tendencia, añade, es la autenticación del usuario basada en el comportamiento de éste, en función de cómo maneja el teclado o el ratón.
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Bruselas apoya que los depósitos de más de 100.000 euros costeen nuevos rescates
La Comisión aboga por que los depósitos de más de 100.000 ayuden a reflotar bancos
La propuesta está incluida en un borrador para una nueva normativa comunitaria
Agencias Madrid / Bruselas 26 marzo 2013 La noticia en elpais.com
La Comisión Europea ha reconocido este martes que su propuesta para reformar el sistema bancario europeo prevé que los depositantes con más de 100.000 euros en el banco paguen parte de la factura de futuros rescates de entidades en apuros. La propuesta está incluida en un borrador presentado en junio de 2012, según ha admitido este martes la propia Comisión. No obstante, ante el hecho de que ya se ha aplicado en el rescate de Chipre, ha vuelto al primer plano de la actualidad ante el temor de que se acelere su entrada en vigor, prevista para 2008. Pese a ello, el Ejecutivo comunitario ha insistido en que todavía está en estudio. Además, se ha esforzado en destacar que los ahorradores con menos de 100.000 euros no se verían afectados en ningún caso por la medida.
“En la propuesta de la Comisión, que está en estos momentos en discusión, no se excluye que los depósitos de más de 100.000 euros puedan formar parte de los activos susceptibles de contribuir al rescate” junto a los bonistas, accionistas o acreedores, ha afirmado Chantal Hughes, portavoz oficial del comisario de Mercado Interior, Michael Barnier.
La cuestión es que este mismo lunes el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, abogó por usar la vía chipriota y recurrir a la quita a los grandes ahorradores en los próximos rescates, con lo que se evitaría que sean los contribuyentes los que paguen el reflotamiento de los bancos. Este fue el mismo principio al que aludió la Comisión cuando presentó su propuesta hace unos meses. Sin embargo, el momento elegido por Dijsselbloem para volver a ponerla sobre la mesa no ha sentado nada bien. Sobre todo, porque la ligó al modelo de rescate aplicado en Chipre y defendió el uso de esta vía en próximas crisis bancarias, lo que choca de frente con las reiteradas explicaciones de Bruselas de que el caso chipriota era único. El resultado de todo ello es que se dispara la confusión, lo que ha puso en alerta a los inversores y ha vuelto a hacer sonar las alarmas este martes en los mercados. Además, es una llamada en toda regla para que los grandes ahorradores saquen su dinero de la eurozona, lo que complicará aún más la situación de las entidades financieras.
El revuelo causado por Dijsselbloem obligó al Eurogrupo, que es la institución que agrupa a los ministros de Finanzas del euro, a emitir un comunicado formal desmintiendo a su presidente. “Chipre es un caso específico con un rescate hecho a su medida en el que no se ha usado un modelo o patrón” extensible a otros países con problemas en su sector financiero, afirmaba el texto.
También el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, o el ministro español de Economía, Luis de Guindos, se han visto obligados a salir al paso de las palabras del jefe del Eurogrupo y han negado que el modelo de rescate aplicado a Chipre pueda servir para España. Según han coincidido Almunia y Guindos, la situación del diminuto país mediterráneo es específica y única, por lo que no puede extrapolarse a otros países.
Asimismo, el portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios de la CE, Simon O’Connor, ha afirmado que ha habido un “malentendido” sobre la posibilidad de que no haya que usar nunca la recapitalización directa de la banca desde los fondos de rescate. “Desear que el uso de este instrumento (no sea necesario, no quiere decir que un acuerdo para hacerlo posible sea algo en lo que no sigamos trabajando”, ha afirmado O”™Connor en referencia a las palabras de Dijsselbloem, que dijo que la eurozona debería tener como objetivo “no tener que utilizar nunca la recapitalización directa”.
“El trabajo en eso, en el instrumento del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para la recapitalización directa sea una opción disponible, continúa en el Eurogrupo, y la CE continúa trabajando para facilitar un acuerdo entre la zona del euro y los Estados miembros”, ha añadido.
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26.03.2013 La noticia en información.com
EP/Madrid El Banco de España afirma en su último boletín económico que una utilización “más intensiva” de las posibilidades que ofrece la reforma laboral para desplazar el ajuste desde el empleo hacia los salarios conllevaría una mayor desaceleración de la productividad y una menor destrucción de empleo.
“Un mejor aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la nueva legislación laboral para adaptar los salarios al tono de extrema debilidad del mercado de trabajo podría tener un importante efecto moderador adicional de la senda de destrucción de empleo”, señala.
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Reducción que contrasta con el incremento de 2012
Los del programa 1993 pasan de 3,86% a 2,70% y de 4,08% a 2,85%; los del Plan de Vivienda 2002-2005, de 3,38% a 2,76%; y los del 2005-2008, de 3,39% a 2,78%
Mantiene el nivel marcada para los créditos de 1995 y 1998, ambos en 2,60%
Europa Press | Madrid 25/03/2013 La noticia en elmundo.es
Para el programa 1998 del Plan de Vivienda 1996-1999, estos tipos también se mantienen en el 2,60%; en el Plan de Vivienda 2002-2005, la rebaja es del 3,38% al 2,76%; y en el caso del Plan 2005-2008, los tipos pasan del 3,39% al 2,78%. Los créditos del Plan 2009-2012 se revisan automáticamente con el Euribor.
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PAH Valencia pide eliminar las ejecuciones hipotecarias extrajudiciales ante notario por favorecer al banco
25 de marzo de 2013 La noticia en terra.es
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas PAH Valencia ha exigido este lunes la eliminación de las ejecuciones hipotecarias extrajudiciales que realizan la venta de la vivienda a subasta ante notario porque “los notarios están cobrando del banco, su cliente es el banco” y el deudor únicamente puede defenderse “cuando ya ha perdido la propiedad“.
Supone “una vulneración de los derechos” del consumidor y su más “abvsoluta indefensión” ya que “no hay posibilidad de que el deudor se pueda oponer y no tiene defensa del abogado de oficio -no puede solicitar justicia gratuita- hasta que no ha perdido la vivienda”. Además, muchas notarías “no dejan acudir a la subasta cuando es un derecho”. Hacen lo que el banco quiere” pues “están cobrando del banco, su cliente es el banco”.
Así lo han puesto de manifiesto Gema Gimeno, una de las afectadas por esta práctica, durante la protesta que este lunes ha llevado a decenas de personas a concentrarse ante la sede del Colegio Notarial valenciano para pedir que sus miembros dejen de realizar ejecuciones extrajudiciales. Posteriormente se han dirigido a la sede de Banesto, uno de los bancos, que según denuncian, más opta por esta vía junto al Santander y la CAM. Ambas entidades les han recibido a su llegada.
La protesta ha arrancado al grito de ‘Basta ya, ni un desahucio más’, ‘Sí se puede, pero no quieren, ‘No son suicidios, son asesinatos’, ‘Terrorismo es no llegar a fin de mes’ o ‘¿Qué nos pasa? Que no tenemos casa’, ante el Colegio de notarios para denunciar que pese a la “sensibilidad” que éste muestra a sus reivindicaciones, “muchos” notarios siguen esta práctica que “vulnera los derechos del deudor”.
Por eso, ha explicado Gimeno, han acudido a la Dirección General de Registros y Notariado a dar cuenta de los procedimientos que se inicien o no resueltos, “advirtiendo de cuáles son las notarías que colaboran con los desahucios”.
Éstas “están pisoteando los derechos de los consumidores y deberían estar fuera de los colegios que tienen algo de sensibilidad con el tema de los desahucios como es este de Valencia”, ha apuntado Manolo Colomer, también miembro de la PAH.
El pasado 13 de marzo, el mismo día que salía la sentencia del TJUE que considera abusiva la ley española de desahucios, una notaría decidió tirar adelante en la venta extrajudicial de la vivienda de un vecino de Orriol, “pese a que ese día siendo operado de cáncer y llevaba mes y medio con quimioterapia. Pedimos que lo suspendieran y nos dijeron que no”, ha relatado Colomer.
Otro afectado vio vivió como subastaron su vivienda “sin poder revisar el dinero que el banco le reclamaba pese a que tenía el dinero para pagar, no de los gastos notariales pero sí la deuda del banco y en otro caso, subastaron la vivienda de unos propietarios sin permitirles estar presentes.
“Casos así tenemos cientos en la plataforma y los vamos a poner en conocimiento del juzgado y de la Dirección General de Registros y Notariado. Hemos conseguido que se sepa que los desahucios son un abuso intolerable, que la legislación española no funciona, ahora vamos a denunciar a los colaboradores con los abusones de la banca”.
“El procedimiento en sí es un abuso”. Así ha recordado, que el TC declaró que la ejecución extrajudicial era inconstitucional, “pero un pequeño juego parlamentario permitió que en lugar de decirle ejecución nombrarlo venta que sea legal. Eso es cambiar el nombre y dejar la misma trampa”.
Tras la reunión el colegio notarial ha emitido un comunicado en el que expresa su “solidaridad y preocupación por el drama social” que están viviendo los afectados por las hipotecas y se reunirá de nuevo con los representantes de la PAH para “escuchar sus demandas”.
Bancos que “actúan a sus anchas”
Posteriormente han llevado su protesta ante la sede de Banesto, uno de los bancos, ha asegurado, “especializado en lugar de ir la juzgado, ir por el atajo de los notarios porque saben que es más fácil para ellos y provoca más indefensión para nosotros. Pero vamos a reventar esa vía”, ha advertido.
Desde la PAH van a denunciar a los bancos que aplican esta vía, “sobre todo Banesto, Santander y CAM, que escapan de los juzgados para actuar a sus anchas”, ha agregado Gimeno.
Mientras varios de sus miembros han sido recibidos por el subdirector de la sucursal bancaria, el resto de sus compañeros coreaba en la puerta “Mi hipoteca camina ‘pa lante’, mi salario camina ‘pa atrás'”, “Hay que acabar con la banca criminal”, “esta ley, la vamos a cambiar”.
A su salida de la entidad, José Luis González, miembro de la PAH, ha señalado que el subdirector les ha garantizado que va a transmitir “inmediatamente” a sus superiores, “una nota para que se analicen todos los casos pendientes de procedimiento extrajudicial” y “otra con la solicitud de la PAH para que no utilice más el procedimiento extrajudicial porque vulnera defensa jurídica de las personas”.
“Nos llamará en breve”, ha dicho. Y les ha comentado que “hoy a primera hora de la mañana un alto cargo de Banesto de Madrid ha llamado para que gestionen este tema porque la PAH está haciendo huella y mala publicidad al banco”, ha celebrado González.
La interpretación de González Pons “no coincide con la realidad”
Por otra, parte, preguntado por las demandas mutuas entre la PAH, que ejerció una campaña de ‘escrache’ en casa del diputado popular Esteban González Pons, ha negado “la interpretación hace diputado” y ha asegurado que “no coincide con la realidad”.
Desde la PAH Valencia “vamos a defender nuestra honorabilidad, nuestra práctica de lucha y no vamos a permitir que los intereses de la gente estén tapados por ningún otro problema que nos parece ridículo y secundario. Tenemos que continuar luchando, no podemos permitir de ninguna manera es dejar que se produzca la pérdida de vivienda de la gente y vamos a continuar la lucha hasta que no hay modificación ley hipotecaria”, ha concluido.
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25/3/2013 España La noticia en ambientum.com
La modificación de la Ley de Costas, que está en trámite parlamentario, podría vulnerar la Carta Europea de Derechos Fundamentales ya que, aunque “se ha producido alguna mejora respecto a la de 1988, “no es totalmente justa con algunos propietarios”, según ha manifestado la europarlamentaria austriaca Angelika Werthmann, la presidenta de una delegación de europarlamentarios que está de visita en España para conocer los pormenores de la norma.
En una rueda de prensa ofrecida por la delegación europea, los parlamentarios explicaron que plasmarán sus impresiones en un informe que elaborarán para su posterior debate en Bruselas. La delegación se ha centrado en “recabar datos y cotejar hechos”, para lo que se han reunido con ciudadanos, propietarios afectados por la ley de costas, con ONG y con el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra.
El objetivo de la visita es estudiar si la reforma de la Ley de Costas vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de propiedad privada.
Para la europarlamentaria danesa Margrete Auken “no se entiende” como con la Ley de Costas se pueden expropiar y demoler casas y luego volver a construir. Además, señala que aunque la ley no puede demoler las expectativas de todo el mundo, a su juicio, la ley de Costas “no resuelve las preocupaciones de los ciudadanos”.
En su opinión, la ley de costas actual (en trámite en el Senado) es “peor” que la anterior y “no sirve para nada, porque no aporta nada desde el punto de vista de la protección”.
Respecto a la protección medioambiental, Werthmann ha valorado que si la ley de 1988 se elaboró para proteger el medio ambiente y se observa lo que ha ocurrido en la costa española desde entonces, “se ve que no ha servido para nada” y ha derivado en una inseguridad jurídica.
Además, Auken considera que las compensaciones a los propietarios afectados por la Ley “se han pensado de forma “sui generis”, muy raro”, mientras que el europarlamentario alemán Peter Jahr ha añadido que el Gobierno español “no paga nada, no compensa y se queda con la propiedad”.
Indefinición e inseguridad
La delegación ha concluido que se necesita una clara definición del concepto dominio público marítimo terrestre y que el registro de la propiedad no es satisfactorio, porque se tendría que saber si una propiedad está afectada o no por la Ley de Costas antes de comprar.
Por otro lado, sobre la reunión mantenida con Saavedra, la británica Marta Andreasen ha contado que el responsable de Costas del MAGRAMA ha defendido “de forma tajante” la constitucionalidad de la Ley, pero ha agregado que la preocupación europea es que la norma no satisface la seguridad jurídica de los propietarios y que la reforma impulsada por el Gobierno español no incrementa dicha seguridad jurídica.
Mientras, el alemán Rainer Wieland ha precisado que desde el punto de vista jurídico, la legislación europea no debe interferir la nacional, pero ha recordado que hay mecanismos para intervenir si la legislación de un país contraviene las Directivas y normas europeas.
Finalmente, ha apuntado que el Tribunal Europeo de Justicia aplica la legislación más rápido que algunos tribunales de los países y ha agregado que la carta europea se aplica cuando se vulnera la legislación comunitaria”.
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La Sareb espera vender 42.500 viviendas en sus primeros cinco años
Banco malo -La mitad de su cartera
Prevé que una parte de las viviendas se destinen al mercado de alquiler
Europa Press | La noticia en elmundo.es – Madrid 21/03/2013
La Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) nació con un horizonte de actividad de 15 años, un plazo que buscaba amortiguar la depreciación de sus activos. Pero su primer plan quinquenal de negocio es ambicioso, pues en él figura que pretende vender 42.500 viviendas, la mitad de las que tiene, en ese periodo.
Igualmente, la Sareb prevé que una parte de las viviendas en cartera se destinen al mercado de alquiler.
El Consejo de Administración de Sareb aprobó el plan de negocio que regirá en los 15 años de vida de la entidad, en el que recoge la información detallada sobre la cartera de activos adquiridos -del Grupo 1 (Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco- Banco Gallego y Banco de Valencia) y del Grupo 2 (Liberbank, BMN, CEISS y Caja3), aunque con mayor detalle en el primer caso-, así como las características de las emisiones de deuda garantizada y deuda subordinada.
El plan de negocio recoge las guías generales sobre las que descansará el proceso de desinversión de la cartera de Sareb, valorada inicialmente en 50.449 millones de euros.
Se contempla que las tres cuartas partes de los ingresos procedan de la venta de activos inmobiliarios, y el resto por la vía de los préstamos.
Asimismo, el plan contempla una rentabilidad acumulada para los accionistas de entre el 13% y el 14%, similar a la que establecía el documento inicial, y ofrecerá a las entidades comercializadoras comisiones de hasta el 6% del valor de los inmuebles.
La aprobación del plan de negocio supone un paso importante en la corta historia de Sareb, y permite a la sociedad de capital público (45%) concentrarse a partir de ahora en la gestión de sus activos, una vez completada su estructura de capital y cerrada la composición de su accionariado.
Además, la aprobación da cumplimiento a una de las recomendaciones formuladas por el FMI y la Comisión Europea que, en su último informe sobre la reestructuración bancaria española, valoraban la importancia de un plan de negocio “robusto y creíble” para cimentar el éxito de Sareb.
El Consejo de Administración también ha aprobado la Política de Conflictos de Intereses y de Operaciones Vinculadas, que tiene por objetivo “preservar en todo momento el interés de la compañía en la toma de decisiones por parte de los órganos de gobierno de la entidad”.
Según indica el Sareb, esta política va más allá de “las exigencias de abstención que impone la Ley de Sociedades de Capital, dado que impide además que los consejeros afectados por un conflicto de interés puedan acceder a la información de la operación o decisión que está en discusión”.
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19.03.2013 El artículo en diariodemallorca.es
Fernando Lacaba Sánchez. Presidente de la Audiencia de Girona
Sin embargo, la sentencia tiene el alcance que tiene, puesto que no cuestiona el sistema de ejecución hipotecaria en su conjunto. La sentencia no implica la paralización de todos los procedimientos ni de todos los lanzamientos -desahucios, de hecho, no es una sentencia que tenga alcance global, sino que cada juez deberá analizar caso por caso. Sólo será aplicable en los casos en los que el hipotecado estime que ha sido víctima de una cláusula abusiva a la hora de contratar el préstamo sobre su vivienda, y sólo tendrá efecto hasta que se resuelva ese extremo; por ello tendrá un impacto limitado para el grueso de los procesos de desahucios en marcha.
No se puede olvidar que la sentencia no entra a considerar cuando una clausula es nula por ser abusiva, es decir, no dice, por ejemplo, a partir de qué porcentaje son abusivos los intereses de demora o si es abusiva la cláusula relativa al vencimiento anticipado de la deuda o la liquidación unilateral de la deuda impagada. Íšnicamente manifiesta que en cada caso será el juez competente quien lo determine en base a la legislación nacional y a unos criterios generales proporcionados por el tribunal. Será cada juez y según su personal criterio, quien determinará, en cada caso concreto si los concretos intereses de demora son o no abusivos. Por poner un ejemplo, los jueces madrileños se reunieron hace un mes para intentar determinar a partir de qué porcentaje se considera abusivo el interés. No hubo acuerdo. No hay que olvidar también que la intención del Gobierno es la de limitar dichos intereses de demora a tres veces el tipo de interés legal del dinero, que en 2012 fue del 4%. La medida se incluye dentro del proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, pero no tendrá carácter retroactivo.
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Cláusulas abusivas y préstamos hipotecarios
Fernando P. Méndez González 22/03/2013 El artículo en elconomista.com
A grandes rasgos, el caso es el siguiente. Un deudor hipotecario, cuya vivienda se está ejecutando por el procedimiento especial previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cree que la cláusula que atribuye a la entidad acreedora la facultad de determinar el importe de la deuda, conforme al artículo 695 de dicha ley, es abusiva. Pero no puede alegar esta causa de oposición en el procedimiento de ejecución, en el cual sólo caben dos opciones: error o falsedad.
En consecuencia, opta por acudir a un Juzgado de lo Mercantil para que declare la nulidad de la citada cláusula por abusiva. Entre tanto, continúa la ejecución hipotecaria y la vivienda se adjudica a un tercero. El juez, señor Fernández Seijo, ante la duda que le plantea la adecuación del Derecho español a la Directiva 93/13/CE referente a los contratos celebrados con consumidores, plantea tres cuestiones al Tribunal de Luxemburgo.
En primer lugar, “si el sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados establecido en el artículo 695 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con sus limitaciones en cuanto a los motivos de oposición previstos en el ordenamiento procesal español, no sería sino una limitación clara de la tutela del consumidor por cuanto supone formal y materialmente una clara obstaculización al consumidor para el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una tutela efectiva de sus derechos”.
Normativa controvertida
El Tribunal declara que “la normativa española controvertida” no se ajusta al principio de efectividad en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la Directiva pretende conferir a estos últimos”. Ello se debe a que la legislación española dificulta que, en la mayoría de los casos, se puedan adoptar medidas cautelares efectivas, por lo que la sentencia que se dicte en su día sobre el carácter abusivo de una cláusula sólo puede tener carácter indemnizatorio.
En segundo lugar, el juez español también requiere al Tribunal para que determine el concepto de desproporción con relación:
a) a las cláusulas de vencimiento anticipado en contratos de larga duración, por incumplimiento de un periodo limitado y concreto. El Tribunal responde que, entre otros factores, está en función de si el consumidor ha incumplido una obligación contractual esencial y de si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado.
A este respecto, cabe decir que el impago de cuotas es, sin duda, incumplimiento de una obligación esencial y que el derecho español prevé remedios para evitar las consecuencias, aunque sólo en el caso de que la hipoteca recaiga sobre la vivienda habitual. En efecto, el artículo 693.3 LEC permite al deudor liberar el bien de la ejecución hipotecaria, tratándose de vivienda habitual, pagando las cuotas vencidas en el momento de presentación de la demanda.
b) A la fijación de unos intereses de demora que están muy por encima de los máximos fijados legalmente en otros contratos que afectan a consumidores -créditos al consumo-, en los cuales podrían ser considerados abusivos. El Tribunal responde que el juez deberá comprobar en particular, por un lado, las normas nacionales aplicables entre las partes si no hubiera habido pacto al respecto o en diferentes contratos del mismo tipo celebrados con consumidores y, por otro, el tipo fijado para la mora en relación con el interés legal, con el fin de verificar que es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que éste persigue en el Estado miembro de que se trate y que no va más allá de lo necesario para alcanzarlos.
A este respecto cabe decir que ello significa que el procedimiento especial de ejecución debe tener un trámite en el que el juez pueda evaluar si el interés de demora pactado es abusivo o no, al tiempo que el legislador debe fijar unos criterios para determinar la proporcionalidad de acuerdo con lo establecido por la sentencia.
El juez no plantea -y, por tanto, el Tribunal no responde- la cuestión esencial de si es abusivo o no que se pacte que la base de cálculo de los intereses de demora sean no sólo las cantidades efectivamente impagadas en el momento de la reclamación y, en su caso, las que vayan venciendo a lo largo del procedimiento, sino aquéllas que resultan impagadas como consecuencia de dar por vencido anticipadamente el préstamo. A mi juicio, esta cuestión debe ser resuelta con el mismo criterio que la relativa a la determinación del nivel del tipo de demora. Y si el legislador español la rehuye, a buen seguro se planteará otra cuestión prejudicial que resolverá en el mismo sentido.
Por lo que se refiere a la cuestión que origina la consulta prejudicial, la relativa al carácter abusivo o no de la cláusula de determinación unilateral de la deuda y su carácter ejecutivo, el Tribunal dice al juez que “deberá determinar si -y, en su caso, en qué medida- la cláusula de que se trata supone una excepción a las normas aplicables a falta de acuerdo entre las partes, de manera que, a la vista de los medios procesales de que dispone, dificulta el acceso del consumidor a la justicia y el ejercicio de su derecho de defensa”. Ante ello es preciso decir que, a falta de acuerdo, el derecho español no permite que la determinación unilateral de la deuda sea título ejecutivo y, para serlo, en caso de acuerdo, se requiere intervención de fedatario público que comprueba la adecuación de la liquidación a lo pactado. A mi juicio, tal pacto, por sí solo, no limita el acceso del consumidor a la justicia ni el ejercicio de su derecho de defensa.
Finalmente, el Tribunal recuerda que los tribunales nacionales deben poder examinar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas en los contratos con consumidores, a lo que hay que añadir que, respecto de tal examen, también debe operar el principio de efectividad. Por último, conviene recordar que, en materia hipotecaria, las partes no quedan obligadas por lo que pactan en la escritura, sino sólo por lo que el registrador acepta a inscripción. Inicialmente, la jurisprudencia registral se mostró muy restrictiva a que los registradores pudieran calificar, a efectos de inscripción, el carácter abusivo de las cláusulas por aplicación de la legislación sobre consumo. Hoy está claro que no pueden inscribir aquellas cláusulas declaradas abusivas por los tribunales, y en la jurisprudencia comienza a abrirse paso la idea de que deben poder calificar aplicando la legislación de consumidores. El Tribunal de Luxemburgo refuerza esta línea.
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El Pentágono reconoce por primera vez que cuenta con equipos preparados para contraatacar en caso de que el país sufra intromisiones de piratas informáticos
Eva Saiz Washington 13 marzo 2013 – La noticia en elpais.com
Los ataques y el espionaje informático se han convertido en la principal preocupación de las distintas agencias de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos, sustituyendo por primera vez al terrorismo internacional en la lista de amenazas del país. Durante la presentación ante el Comité de Inteligencia del Senado del informe anual de los peligros a los que se enfrenta EE UU, el director de la Oficina de Inteligencia Nacional, James Clapper, aseguró este martes que la tecnología informática está evolucionando a tal velocidad que es difícil para los expertos en seguridad hacer frente a esos nuevos riesgos.
“En algunos casos, el mundo está aplicando tecnologías digitales con mayor rapidez que nuestra capacidad para entender las implicaciones que se puedan derivar para nuestra seguridad y para tratar de mitigar los nuevos riesgos”, explicó Clapper en el Senado, en la que estuvo acompañado de los directores de las principales agencias de seguridad de EE UU, el FBI, la CIA, la Agencia Nacional Antiterrorista y la de Inteligencia del Departamento de Defensa.
La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para Estados Unidos. Los ataques informáticos en el país han supuesto para el país pérdidas económicas multimillonarias en el último año. El ex secretario de Defensa, León Panetta, aseguró que cualquiera de los potenciales ataques a los que se exponen las instituciones estadounidenses podría convertirse en el “próximo Pearl Harbour”. La amenaza es tan seria que por primera vez desde los ataques terroristas a las Torres Gemelas del 11-S y dos años después de la captura del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, el temor a sufrir un ataque informático ha suplantado al terrorismo internacional en la lista de amenazas que cada año elaboran las agencias de seguridad de EE UU.
La mayor preocupación para el Gobierno estadounidense es que una agresión de piratas informáticos pueda paralizar Wall Street, dejar sin luz y colapsar las redes de transportes del país o sustraer información de las Administraciones federales. Este mismo miércoles, el presidente se reúne en la Casa Blanca con consejeros delegados de diferentes empresas para discutir sobre la ciberseguridad en el sector privado. Entre los asistentes se encuentran los responsables de Honeywell, AT&T y Northrop Grumman’s Wes Bush.
Mientras Clapper intervenía en el Senado, el jefe del recién creado Comando Cibernético del Pentágono, el general Keith Alexander, anunciaba en el Congreso que se habían creado 13 unidades especiales de programadores y expertos informáticos para desarrollar contraofensivas en países extranjeros en el caso de que las principales redes informáticas de EE UU se vieran atacadas.
Es la primera vez que el Gobierno de EE UU reconoce que dispone de mecanismos para lanzar ataques informáticos. Alexander es el encargado de diseñar la estrategia de seguridad cibernética de EE UU, pero, hasta ahora, siempre se había referido a la misma en términos defensivos, pese a que él fue uno de los principales arquitectos del ataque informático a las instalaciones nucleares de Irán en 2010.
En algunos casos, el mundo está aplicando tecnologías digitales con mayor rapidez que nuestra capacidad para entender las implicaciones que se puedan derivar para nuestra seguridad y para tratar de mitigar los nuevos riesgos”
Este mismo lunes, el asesor de Seguridad Nacional del presidente de EE UU, Thomas E. Donilon, exigió a las autoridades chinas que dejaran de sustraer información comercial de los ordenadores de las empresas estadounidenses. Las declaraciones de Donilon son las primeras en las que un miembro de la Administración Obama responsabiliza directamente a China de lo que muchos funcionarios del Gobierno de EE UU han calificado como una campaña sistemática de ciberespionaje comercial a las empresas estadounidenses.
Donilon exigía a China que se comprometiera a desarrollar un comportamiento responsable respecto a la ciberseguridad. El Gobierno chino, que ha negado estar detrás de los ataques informáticos de los que se le acusa, ha mostrado su voluntad de abrir un diálogo sobre el asunto, un paso que la Casa Blanca ha valorado, tal y como ha explicado su portavoz, Jay Carney, en la rueda de prensa diaria. “Es importante la predisposición de China, pero el Congreso también debe actuar al respecto”.
Hace un mes una publicación vinculó directamente a una unidad del Ejército chino con los ataques reiterados a las redes informáticas de un buen número de compañías de EE UU. La Casa Blanca se refirió a esa denuncia como “un serio desafío para la seguridad y la economía de Estados Unidos”. Días después, The Washington Post, que también reconoció haber sido atacado por piratas informáticos, aseguraba en un artículo que casi todas las instituciones radicadas en Washington, desde organismos del Gobierno a centros de estudio o embajadas extranjeras, habían sufrido intromisiones por hackers.
El propio presidente de EE UU firmó en febrero una orden ejecutiva que le otorga poderes garantizar la seguridad nacional ante posibles ataques cibernéticos. El Gobierno estadounidense ha lanzado una ofensiva para protegerse ante la escalada de ataques sufrido por su Administración que incluye sanciones económicas a los países involucrados en esas prácticas.
Obama se refirió este martes a la amenaza cibernética en una entrevista concedida a la cadena ABC. Aunque el mandatario eludió referirse expresamente al robo de datos personales que ha sufrido su mujer, Michelle Obama, por piratas informáticos rusos -y que también ha afectado al vicepresidente del país, Joe Biden, al Fiscal General, Eric Holder, al director del FBI, Robert Mueller, o a la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton-, sí fue explícito sobre su preocupación. “No deberíamos sorprendernos de que, si tienes hackers que quieren hurgar y se dedican a buscar por miles de fuentes, éstos puedan acceder a información personal de cualquier ciudadano”, aseguró Obama. “Es un gran problema”.
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“Sí, la nota simple decía suelo urbano y no lo era, como cientos de notas”
Un agente inmobiliario, acusado de estafa en la venta de una vivienda ilegal, dice que el comprador no ignoraba lo que adquiría “Sabía cómo funciona Chiclana, cómo era y cómo es”
T. Ramos Cádiz | 19.03.2013 – El artículo en diariodecadiz.es
Uno de los tres acusados de estafa en la venta de una vivienda ilegal en Chiclana en 2006, que era entonces agente inmobiliario y participó como tal en la operación, admitió ayer en la Audiencia que le mostraron al comprador una nota simple del Registro de la Propiedad en la que figuraba que la casa estaba en suelo urbano. Pero lejos de considerar, como la fiscal, que eso indicaba que había un engaño, el hombre restó importancia a ese documento. “Sí, en el Registro constaba como que era suelo urbano. Pero yo no le hice caso a eso cuando me pidieron que la vendiese. En montones de notas simples se ponía suelo urbano y no lo era”, argumentó el procesado.
“Este hombre”, le explicó el acusado a la fiscal, “sabía perfectamente lo que estaba comprando. El cliente sabe que la finca no era urbana aunque la nota simple ponga urbana. Le enseñé casas legales y me dijo que se le iba de precio. Entonces le enseñé viviendas más baratas, construidas sin permiso y sin licencia de primera ocupación ni nada. Vive en Cádiz, no venía de Jerez ni de Sevilla, y sabe cómo funciona Chiclana. Cómo era y cómo es. Era un hombre informado. Él estaba comprando una vivienda ilegal. No había problema. El chalé era monísimo. Estaban encantados con la casa”.
Pero si en la vivienda no había ni luz, planteó la fiscal ante la exposición de unos hechos que contradecían los que han llevado al banquillo a los tres acusados. “Pero se la iban a dar”, dijo el agente inmobiliario, ahora jubilado. ¿Está usted seguro de que la vivienda iba a tener luz? “Claro. La ponían en todos sitios, y más en aquella zona de Chiclana que era muy buena”. ¿Sevillana instalaba contadores en viviendas ilegales? “He vendido viviendas en Chiclana durante treinta años y sé perfectamente que Sevillana instalaba contadores en viviendas sin licencia y sin primera ocupación”.
Junto al agente inmobiliario, en el banquillo, se sentaron el propietario de la vivienda y su tío, que tenía un poder para venderla. Las explicaciones de los procesados no convencieron a la fiscal: sostuvo que los tres se concertaron para engañar al comprador de la casa, que no le advirtieron de que estaba adquiriendo una vivienda construida sin permiso y en un terreno urbanizable no programado. Por eso mantuvo su petición de dos años y medio de prisión para cada uno por un delito de estafa. La acusación particular, ejercida por el comprador, también considera que hubo una estafa.
El comprador, de profesión asesor fiscal, aseguró ayer que en ningún momento le advirtieron los vendedores acerca de la ilegalidad de la casa. Que nunca le dijeron que no era verdad lo que ponía la nota simple del Registro de la Propiedad ni que no tenía licencia de construcción. Que si llega a saber que no era legal, no la hubiese comprado. Explicó también que firmó un contrato de compraventa por 228.000 euros y que abonó 30.000. Pero la casa no tenía luz. De modo que puso una condición para cerrar la compra: que instalasen el contador, que solucionasen eso.
El hombre dijo que pasó el tiempo y la casa seguía sin luz. Que entonces dio un plazo a los vendedores. Pero que al ver que no le respondían, consultó con un abogado amigo, éste estudió el asunto y le dijo: “Te han dado coba; te han engañado como a un chino”. Resulta que el letrado se había topado con que el Ayuntamiento de Chiclana había abierto un expediente sancionador sobre la casa. “Les dije que daba por resuelto el contrato y que me devolviesen los 30.000 euros más los intereses. Pero aún no me los han devuelto”.
Los tres acusados habían asegurado que desconocían la existencia del expediente sancionador cuando fue firmado el contrato de compraventa. Los dos abogados defensores de los procesados le preguntaron entonces al comprador acerca de la vivienda que adquirió días después de rescindir el contrato. La otra casa la compró en El Marquesado por 100.000 euros. Y quedó aclarado en el juicio que esa vivienda tenía luz pero que también fue levantada sin licencia, de manera ilegal, en suelo no urbano.
¿No se preocupó usted de averiguar si esa otra casa tenía licencia después de sentirse engañado? ¿No ha dicho que usted quería comprar una casa legal?, le preguntaron los abogados defensores al denunciante y testigo. Respondió que el hecho de que la vivienda tuviese luz era para él garantía de legalidad. “No hubo engaño: fue a Chiclana a comprar una casa ilegal”, sostuvieron los letrados defensores.
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Tachan la reforma del Registro Civil de Â´negocio redondoÂ´ para los registradores
20.03.2013 La noticia en el farodevigo.es – C. García – Pontevedra.
Los sindicatos de la administración de Justicia en Pontevedra (CSIF, CC OO, STAJ, CIG, USO y UGT) anunciaron ayer que se suman a una campaña a nivel estatal que tiene como objetivo forzar al Ministerio de Justicia a dar marcha atrás en la ley que reformará los registros civiles y que delegará esta labor en los registradores de la propiedad y mercantiles. La primera de las movilizaciones será mañana mismo con una concentración a las 11.30 horas ante la sede judicial de A Parda. También inician una campaña de recogida de firmas.
Los sindicatos llamaron a la ciudadanía a sumarse a estas movilizaciones tras advertir de la fuerte repercusión que la medida tendrá entre los usuarios de este servicio. Para las centrales sindicales, la medida supone una “privatización inaceptable” de un servicio público que además afecta a derechos básicos de los administrados. Consideran que a partir de ahora los ciudadanos se verán obligados a realizar un “repago” por el uso de este servicio que ahora es “gratuito” por una sencilla razón, puesto que “ya lo pagamos vía impuestos”. De esta forma, señalan que trámites como una fe de vida, duplicados de libros de familia, certificados de nacimientos, defunciones…, es decir, certificaciones que habitualmente son requeridas para múltiples trámites administrativos, solo se podrán obtener a través de los registradores previo pago de un arancel. “De esta forma el Gobierno le está entregando a los registradores un negocio redondo”, señalaron los sindicatos. Tras recordar que el presidente Rajoy es registrador de la propiedad, señalan que detrás de la medida se encuentra un intento de que estos profesionales recuperen volumen de negocio perdido tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Los funcionarios advierten de que la nueva ley convertirá en obligatorios trámites que ahora no lo son y por los que también habrá que pagar. Por ejemplo, será obligatorio declarar expresamente el régimen matrimonial.
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Obama acusó a China por los ciberataques contra EEUU
14 de marzo de 2013 La noticia en lacapital.com.ar
El presidente Barack Obama advirtió ayer directamente a China sobre los crecientes ataques informáticos contra Estados Unidos, adelantando conversaciones “serias” con Pekín. Las reacciones estadounidenses a los intentos de presuntos hackers chinos de penetrar las redes de sus empresas o de sus infraestructuras se multiplicaron en las últimas semanas, siendo desmentidas formalmente por China. Pero es la primera vez que Obama sale a la palestra tan frontalmente. “Es absolutamente cierto que ha habido un incremento constante de las amenazas informáticas sobre nuestra seguridad. Algunas están sostenidas por el Estado. Algunas están respaldadas por criminales”, sostuvo el mandatario en una entrevista con la cadena ABC. “Le hemos dicho claramente a China y a algunos otros actores que esperamos que respeten las normas internacionales y actúen según las reglas internacionales”, añadió.
“Tendremos algunas conversaciones bastante fuertes con ellos. Ya las hemos tenido”, agregó Obama, admitiendo que miles de millones de dólares y secretos industriales se perdieron como consecuencia de la actividad de los piratas informáticos (hackers).
Más temprano, China anunció su voluntad de cooperar con Estados Unidos y otros países en el combate contra los hackers y afirmó que también es víctima de esos ataques. “Lo que se necesita en el espacio informático no es guerra sino regulación y cooperación”, dijo la portavoz del ministerio de Exteriores, Hua Chunying.
Ofensiva del Pentágono. La piratería informática y el espionaje digital se impusieron en las últimas semanas como un tema candente en las relaciones ya tensas entre Washington y Pekín. El lunes, el consejero de Seguridad Nacional de Obama, Tom Donilon, había llamado a China a tomar “medidas firmes para investigar esas actividades y ponerles fin”. El martes, el jefe de inteligencia estadounidense, James Clapper, afirmó en su informe anual al Congreso que los ciberataques constituyen, junto a Corea del Norte, la principal amenaza actual contra EEUU.
El mismo día, el jefe de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el general Keith Alexander, había reconocido que las fuerzas armadas forman actualmente “unidades ofensivas que el Pentágono utilizará para defender al país”, en caso de ciberataques.
El 20 de enero, la administración Obama prometió una reacción “vigorosa” a los robos de secretos industriales por parte de empresas u otros países, en un documento marco que menciona numerosos ejemplos de tales actividades en beneficio de entidades chinas. Pekín negó entonces con vehemencia haber organizado una operación de gran envergadura para robar secretos industriales, pese a que una empresa estadounidense de seguridad informática identificó un edificio en los suburbios de Shanghai desde el cual se habrían realizado esos ataques.
Según James Lewis, especialista en seguridad informática del centro de análisis CSIS, el hecho de que Washington alce el tono demuestra su creciente exasperación ante las prácticas de China y de otros países.
Investigan hackeos a la primera dama
Las declaraciones de Obama suceden días después de que las autoridades estadounidenses dijeran que estaban investigando reportes de que la misma familia del presidente había sido víctima de ciberataques. El mandatario dijo ayer que no sabía si eran ciertos los reportes que indicaban que hackers habían publicado información financiera y personal online sobre su esposa, Michelle, junto con la de otros estadounidenses de alto perfil.
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La factura de la luz bajará un 6,5% a partir del 1 de abril
La mayor bajada en años
La subasta eléctrica de este miércoles entre las comercializadoras habilitadas para el suministro a tarifa se cerró con caídas de precios del 14%
República/EP | Madrid 20-03-2013 La noticia en republica.com
La Tarifa de Íšltimo Recurso (TUR) de la luz bajará previsiblemente un 6,5% a partir del 1 de abril después de que la subasta eléctrica de este miércoles entre las comercializadoras habilitadas para el suministro a tarifa se haya cerrado con caídas de precios del 14%, según confirmó el Ministerio de Industria. El ministro Soria ha adelantado que el Gobierno cumplirá con su compromiso de mantener los peajes a los costes regulados del sistema eléctrico. El resultado de estas subastas, de las que depende el coste de la energía, tiene un peso cercano al 50% en el recibo de la luz, mientras que la otra mitad corresponde a los costes regulados del sistema eléctrico, también llamados peajes.
La paradoja es que esta menor demanda y mayor contribución renovable que abarata el mercado eléctrico encarece al mismo tiempo la otra parte del recibo, la de los costes regulados, ya que la caída del consumo reduce los ingresos necesarios para responder a las previsiones de costes, mientras que las tecnologías ”˜verdes”™ aumentan las primas.
Tras la subasta de este miércoles y la previsible bajada de la TUR si Industria cumple lo prometido, los consumidores se encontrarán en pocos días con la mayor bajada trimestral de la tarifa eléctrica en años. Será un alivio, si se tiene en encuentra que el recibo se ha encarecido en un 60% en apenas un lustro.
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Trabajadores de Justicia de Euskadi se concentran contra la privatización del registro civil
22.03.13 -la noticia en diariovasco.com DV| San Sebastián.
Trabajadores de la Administración de Justicia del País Vasco protestaron ayer Â«contra la privatización del servicioÂ» del registro civil. Convocados por los sindicatos con representación en el sector, CC.OO., ELA, LAB, CSIF, CGT y UGT, los trabajadores desplegaron pancartas con lemas como ‘Justiziaren pribatizazioaren kontra-Servicio público de calidad’, para denunciar Â«los intentos del Ministerio de Justicia para privatizar el servicio del Registro Civil , que, hoy por hoy, es público y gratuitoÂ», en referencia al anteproyecto de ley por el cual se establece que los registradores de la Propiedad y Mercantiles se harán cargo del Registro Civil .
Los manifestantes, que en Gipuzkoa se concentraron frente a los registros de los partidos judiciales de Donostia, Tolosa, Eibar, Irun y Azpeitia, advirtieron de las consecuencias para los ciudadanos, como el Â«coste económicoÂ», además de Â«dejar bajo la custodia de intereses privados los datos de toda la ciudadanía a lo largo de su vidaÂ», por lo que exigieron Â«medidas inmediatasÂ» al Gobierno central y al vasco.
Â«Aunque de momento dicen que las inscripciones de nacimiento, matrimonio o defunciones van a seguir siendo gratuitasÂ», la reforma obligaría a los ciudadanos a pagar Â«unas tasas bastante fuertesÂ» cada vez que necesitaran un certificado para el DNI, para casarse o de defunción, según explicó la presidenta de la Junta de Personal de Bizkaia de los sindicatos de la Administración de Justicia, Amaia Goiri, quien adelantó que el Ministerio baraja el pago de unos 18 ó 20 euros dependiendo de cada solicitud de certificación.
Los representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia se han reunido con la Asociación de Municipios Vascos Eudel para exponerles la gravedad de la reforma y para que expongan su oposición a esa privatización.
En la actualidad, en Euskadi hay un registro civil único en cada capital y, además, un servicio en todos los municipios con juzgado de paz, de manera que la privatización afectaría a unos 245 trabajadores en la Comunidad Autónoma.
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iOS 6.1.3 ya está disponible y podría haber bloqueado el Jailbreak
Víctor Rodríguez | 19 marzo 2013 18:30 En movilzona.es
Tras la prueba de las diferentes betas, Apple acaba de liberar una nueva actualización para iPhone, iPad y iPod Touch. Se trata de iOS 6.1.3, una versión que solucionará algunos errores detectados con anterioridad y que incluye mejoras en Apple Maps. No obstante, otra de las consecuencias podría ser el bloqueo de uno de los xploits que permiten realizar el Jailbreak.
Los hacker encargados de compilar las herramientas que permiten hacerse con el control del sistema operativo de equipos como iPhone 5 o nuevo iPad ya lo advertían. Apple cada vez pone más complicado encontrar errores en su software que permitan acceder al kernel. Si bien en otras ocasiones al cabo del tiempo se conseguía otra backdoor, en esta ocasión la nueva actualización supondría un importante freno para los equipos de desarrollo como Evad3rs.
Ya está disponible iOS 6.1.3. Si eres de los que no necesitas Jailbreak puedes actualizar tranquilamente los dispositivos portátiles de la manzana. Las mejoras incluidas en esta nueva actualización son, principalmente, la solución del bug de seguridad que permitía saltarse la pantalla de bloqueo de un iPhone o iPad. También se sabe que la nueva versión de iOS consigue mejorar Apple Maps, esta vez para Japón.
iOS 6.1.3, versión enemiga del Jailbreak
Sin embargo, si eres de los que necesitan obligatoriamente el Jailbreak para funcionar diariamente con tu iPhone 5 o tablet, no actualices. Aún no se ha podido confirmar, pero las cabezas visibles del Jailbreak intuyen que iOS 6.1.3 ha solucionado uno de los cinco bugs de los que se aprovechaba Evasi0n. Con que uno solo de estos errores que haya sido solventado por Apple, la herramienta de desbloqueo no podrá funcionar.
De confirmarse la noticia, queda por ver si Phanetbeing pudiese sustituir uno de los xploits utilizados por otro, detectado y guardado en la recámara ante este tipo de situaciones. No obstante, tampoco existe la certeza de que Apple no haya percibido estos otros errores. De ser así, tendrán que trabajar duro en volver a encontrar una nueva vulnerabilidad del sistema y para ese proceso no hay un patrón que nos diga cuánto tiempo puede pasar hasta lograr el Jailbreak en iOS 6.1.3.
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Amanecí en tus brazos. Natalia Lafourcade
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Podría caer hasta un 35%
El Instituto Juan de Mariana cree que la Sareb no está sirviendo para acelerar el ajuste de precios, “sino todo lo contrario”
EP | Madrid 21-03-2013 La noticia en republica.com
El OCE calculó por primera vez en 2007 la magnitud de la ”˜burbuja inmobiliaria”™ en España y concluyó que los precios de la vivienda estaban sobrevalorados en un 40%.
Desde el punto más alto de la ”˜burbuja”™, los precios de la vivienda de obra nueva han caído un 24%, “por lo que, si en 2007 era necesario que los precios se ajustaran alrededor de un 40% a la baja, en 2012 ese margen se habría reducido hasta el 15%”.
Según el Instituto, el “lento” ajuste de los precios se puede achacar en su mayor parte a un “tardío, ineficaz y mal encaminado conjunto de políticas dirigidas a obstaculizar, en vez de acelerar, este proceso”. Para el centro, la estrategia seguida con el sector bancario es “particularmente detestable”.
“Pese a que se han producido avances en este sentido, lo cierto es que, por una parte, son incompletos y, por la otra, decepcionantes, como por ejemplo lo que se refiere a la Sareb”, ha aseverado la institución, que considera que el ”˜banco malo”™ parece estar teniendo un efecto contrario al deseado, “pues en lugar de actuar como elemento dinamizador del mercado, acelerando el ajuste de precios, está sirviendo para lo contrario”.
El OCE ha resaltado en su informe que la “lentitud” del ajuste español contratas con el “rápido” ajuste de otros países europeos que también experimentaron ”˜burbujas inmobiliarias”™, como Irlanda, donde los precios han caído más de un 50% desde sus máximos.
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Se encuentra usted en los archivos de AIRE de marzo de 2013.

References: Real Decreto 
 artículo 12
 resolución 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
sui generis
 artículo 695
 artículo 695
 artículo 693