Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0140_ES.html
Timestamp: 2020-02-17 13:34:35+00:00

Document:
Procedimiento : 2018/2210(DEC)
Ciclo relativo al documento : A8-0140/2019
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sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de las agencias de la Unión Europea para el ejercicio 2017: rendimiento, gestión financiera y control
– Vistas sus Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de las agencias de la Unión Europea para el ejercicio 2017,
– Visto el informe de la Comisión sobre el seguimiento en relación con la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio de 2016 (COM(2018)0545),
– Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas(1) sobre las cuentas anuales de las agencias correspondientes al ejercicio 2017,
– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012(3), y en particular su artículo 70,
– Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo(4), y en particular su artículo 108,
– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0140/2019),
A. Considerando que la presente Resolución contiene, para cada uno de los organismos a que se refiere el artículo 70 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046, observaciones transversales que acompañan a la decisión sobre la aprobación de la gestión de conformidad con el artículo 110 del Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión y con el anexo V, sección V, del Reglamento interno del Parlamento;
B. Considerando que las recomendaciones del Grupo de trabajo interinstitucional sobre los recursos de las agencias descentralizadas fueron aprobadas por la Conferencia de Presidentes el 18 de enero de 2018; recordando las seis recomendaciones formuladas en el marco de su mandato, en particular en relación con el objetivo de reducción de personal del 5 %, el tratamiento de nuevas tareas, la evaluación periódica de las agencias, la puesta en común de servicios, la evaluación de las agencias con múltiples sedes, y las agencias financiadas mediante tasas;
C. Considerando que, en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión, la autoridad de aprobación de la gestión hace hincapié en la importancia que reviste reforzar aún más la eficiencia, la eficacia, la economía y la rendición de cuentas de las instituciones de la Unión, y aplicar el concepto de presupuestación basada en el rendimiento y la buena gobernanza de los recursos humanos;
1. Subraya que las agencias gozan de gran visibilidad en los Estados miembros y de una influencia considerable en la elaboración de políticas, la toma de decisiones y la ejecución de los programas en ámbitos de vital importancia para los ciudadanos europeos, como la seguridad, la salud, la investigación, los asuntos económicos, el medio ambiente, la igualdad de género, la energía, el transporte, la libertad y la justicia; reitera la importancia de la labor realizada por las agencias y su impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos de la Unión; reitera, asimismo, la importancia de la autonomía de las agencias, en particular de las agencias reguladoras y de las encargadas de recoger información de manera independiente; recuerda que las principales razones para la creación de las agencias fueron poner en marcha los sistemas de la Unión, facilitar la implementación del mercado único europeo y realizar evaluaciones técnicas y científicas independientes; celebra, a este respecto, el rendimiento eficaz de las agencias en general y los progresos realizados en la mejora de su visibilidad frente a los ciudadanos europeos;
2. Toma nota con satisfacción de que, según el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo (en lo sucesivo, «Tribunal») sobre las agencias de la Unión para el ejercicio 2017 (en lo sucesivo, «informe del Tribunal»), el Tribunal emitió una opinión de auditoría sin reservas sobre la fiabilidad de las cuentas de todas las agencias; señala asimismo que el Tribunal emitió una opinión sin reservas sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas de todas las agencias; observa que el Tribunal emitió una opinión sin reservas sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas de todas las agencias, excepto en el caso de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO); señala con preocupación que, en el caso de los pagos de la EASO, el Tribunal emitió una opinión desfavorable;
3. Toma nota de que, en el caso de las treinta y dos agencias descentralizadas de la Unión, los presupuestos de 2017 ascendieron a unos 2 350 millones de euros en créditos de compromiso, lo que representa un aumento aproximado del 13,36 % en comparación con 2016, y a 2 240 millones de euros en créditos de pago, lo que supone un incremento del 10,31 % respecto a 2016; señala, además, que de los 2 240 millones de euros, unos 1 620 millones de euros se financiaron con cargo al presupuesto general de la Unión, lo que representa el 72,08 % de la financiación total de las agencias en 2017 (69,81 % en 2016); reconoce, además, que unos 627 millones de euros se financiaron mediante tasas y contribuciones directas de los países participantes;
4. Recuerda su petición de racionalizar y acelerar el procedimiento de aprobación de la gestión para decidir sobre la aprobación de la gestión en el año inmediatamente posterior al año para el que se concede la aprobación de la gestión y cerrar el procedimiento en el año siguiente al ejercicio de que se trate; se felicita, a este respecto, por los esfuerzos constructivos realizados y la buena cooperación con la Red de Agencias de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Red») y con cada una de las agencias, y en particular con el Tribunal, lo que evidencia un claro potencial de racionalización y aceleración del procedimiento por su parte; aprecia los progresos realizados hasta la fecha y pide a todos los agentes pertinentes que prosigan sus esfuerzos de cara a seguir adelantando el procedimiento;
Principales riesgos detectados por el Tribunal
5. Observa con satisfacción que, según su informe, el Tribunal estima que el riesgo global para la fiabilidad de las cuentas es bajo en todas las agencias, ya que las cuentas de las agencias se basan en normas de contabilidad internacionalmente aceptadas y el número de errores materiales que se han detectado en el pasado ha sido limitado;
6. Señala que, según su informe, el Tribunal considera que el riesgo global para la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas de las agencias es medio, si bien varía entre bajo y elevado en títulos presupuestarios específicos; observa que el riesgo para el título I (gastos de personal) es en general bajo, que para el título II (gastos administrativos) se considera medio, y que para el título III (gastos operativos) se considera que el riesgo es entre bajo y elevado, en función de cada agencia y del carácter de sus gastos operativos; señala que, por lo general, las fuentes de riesgo se derivan de la contratación pública y el pago de subvenciones;
7. Observa que, según el informe del Tribunal, el riesgo que afecta a la buena gestión financiera es medio y se centra, sobre todo, en las áreas de tecnologías de la información y contratación pública; lamenta que estas áreas sigan siendo dos áreas proclives a error;
8. Hace hincapié en que, desde una perspectiva más amplia, el número de pequeñas agencias, cada una con sus propias estructuras y procedimientos administrativos, comporta un riesgo de ineficiencia administrativa y de posible solapamiento de métodos que no guardan coherencia entre sí, a menos que se garantice la armonización y que los recursos se compartan de manera eficiente;
9. Observa con satisfacción que, según el informe del Tribunal, el número de observaciones sobre la legalidad y la regularidad de los pagos pasó de once en 2016 a ocho en 2017, lo que ilustra los continuos esfuerzos de las agencias para cumplir el Reglamento Financiero;
10. Pide a la Comisión, a la Red y a las distintas agencias que colaboren y faciliten información constructiva a lo largo de las negociaciones para el marco financiero plurianual posterior a 2020, y que estudien nuevas fuentes de financiación para las agencias además de las actuales contribuciones del presupuesto de la Unión; insiste en que las futuras decisiones sobre los recursos no deberían tomarse de forma global, sino estar vinculadas a las tareas atribuidas a las agencias sobre la base de la legislación vigente; subraya, a este respecto, la importancia de la agrupación temática de las agencias y la cooperación en función de los ámbitos políticos;
11. Observa que, en el caso de algunas agencias, los informes de ejecución presupuestaria objeto de auditoría difieren de los de la mayoría de las demás agencias por el nivel de detalle que aportan, lo que pone de manifiesto la necesidad de impartir directrices claras sobre la notificación presupuestaria por parte de las agencias; reconoce los esfuerzos realizados para garantizar la coherencia en cuanto a la presentación y notificación de las cuentas; observa discrepancias en determinados datos y documentos publicados por las agencias, especialmente en lo que se refiere a las cifras relativas al personal, incluidos los informes sobre la plantilla (puestos cubiertos o número máximo de puestos autorizados en virtud del presupuesto de la Unión); señala que algunas agencias no indican claramente en sus informes los indicadores de rendimiento presupuestario utilizados, y que las agencias no siempre calculan los importes y porcentajes respectivos de manera coherente utilizando los mismos elementos de cálculo; pide a la Comisión, a la Red y a cada agencia que trabajen con indicadores simplificados y armonizados y que informen a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de las medidas adoptadas a este respecto; pide asimismo a la Comisión que, en los próximos años, proporcione automáticamente a la autoridad de aprobación de la gestión el presupuesto oficial (en créditos de compromiso y de pago) y las cifras de personal (plantilla, agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios a 31 de diciembre del ejercicio de que se trate) de las treinta y dos agencias descentralizadas;
12. Recuerda la propuesta de la Red en relación con la notificación de las prórrogas anuladas superiores al 5 % del presupuesto total del ejercicio anterior; considera, no obstante, que la notificación del porcentaje de prórrogas anuladas del ejercicio N-2 al N-1 constituye un indicador más pertinente por lo que se refiere a la aplicación del principio presupuestario de anualidad; destaca que el nivel de anulaciones de prórrogas es indicativo de la medida en que las agencias han previsto correctamente sus necesidades financieras; pide al Tribunal y a la Comisión que propongan y definan una fórmula coherente para el cálculo de las prórrogas anuladas, y pide a las agencias que incluyan esta información en sus respectivos informes anuales de actividades consolidados para los próximos ejercicios;
13. Subraya la necesidad de establecer definiciones claras de las prórrogas aceptables para racionalizar las notificaciones del Tribunal y de las agencias a este respecto, así como para permitir a la autoridad de aprobación de la gestión diferenciar las prórrogas que reflejan una mala planificación presupuestaria de las prórrogas utilizadas como un instrumento presupuestario de apoyo a los programas plurianuales y a la planificación de la contratación pública;
14. Anima a las agencias y a la Comisión a que apliquen el principio de presupuestación basada en el rendimiento, a que busquen sistemáticamente las formas más eficaces de aportar un valor añadido y a que sigan estudiando posibles mejoras de la eficiencia en relación con la gestión de los recursos;
15. Observa con satisfacción que la Red fue concebida por las agencias de la Unión como una plataforma cooperativa con el fin de aumentar su visibilidad, identificar y promover posibles mejoras de la eficiencia y aportar valor añadido; reconoce el valor añadido de la Red en su cooperación con el Parlamento y celebra sus esfuerzos por coordinar, recopilar y consolidar acciones e información en beneficio de las instituciones de la Unión; aprecia, además, las orientaciones facilitadas por la Red a las agencias en sus esfuerzos por optimizar su capacidad para planificar y hacer un seguimiento de los resultados, el presupuesto y los recursos utilizados, e informar sobre ello;
16. Observa con satisfacción que algunas agencias ya cooperan en función de su agrupación temática, como es el caso de las agencias que operan en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior(5) y de las Autoridades Europeas de Supervisión(6); anima a las demás agencias a que cooperen en mayor medida entre sí siempre que sea posible, no solo estableciendo servicios compartidos y sinergias, sino también en sus políticas comunes; acoge con satisfacción el nuevo formato agregado del informe del Tribunal, que presenta las agencias con arreglo a las rúbricas del marco financiero plurianual y, por lo tanto, las agrupa por ámbitos políticos;
17. Hace hincapié en que se tenga en cuenta la eficiencia cuando se (re)ubiquen agencias en los Estados miembros; manifiesta su descontento por el resultado alcanzado a este respecto por el Grupo de trabajo interinstitucional sobre las agencias descentralizadas, en la medida en que no formuló propuestas específicas para fusionar o agrupar en un mismo lugar las agencias que trabajan en ámbitos de actuación conexos; insta a la Comisión a que presente sin demora una evaluación de las agencias con múltiples ubicaciones, tal como recomienda el Grupo de trabajo interinstitucional, así como propuestas de posibles fusiones, cierres o transferencias de competencias a la Comisión, a partir de un análisis detenido y minucioso y con criterios claros y transparentes, conforme a la posibilidad que estaba prevista en el mandato del Grupo de trabajo interinstitucional, pero que nunca fue examinada de forma adecuada debido a la falta de propuestas de la Comisión en este sentido;
18. Lamenta que, aunque las agencias hayan incrementado la utilización de sistemas contables y de gestión presupuestaria similares, aún sigan utilizando una multitud de soluciones informáticas en otros ámbitos clave, como la gestión de recursos humanos o la gestión de la contratación pública y los contratos; comparte el parecer del Tribunal de que una mayor armonización de las soluciones informáticas en estos ámbitos mejoraría la rentabilidad, reduciría los riesgos en el control interno y fortalecería la gobernanza informática;
19. Observa que, en 2017, las treinta y dos agencias descentralizadas empleaban a 7 324 funcionarios, agentes temporales, agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios (6 941 en 2016), lo que representa un aumento del 5,52 % en comparación con el ejercicio anterior;
20. Señala que, a fin de desempeñar nuevas tareas correctamente, perseguir una mejora constante de la eficiencia, cubrir los puestos vacantes con rapidez y eficacia y reforzar su capacidad para atraer a expertos, las agencias deberían supervisar y evaluar continuamente su dotación de personal y sus necesidades de nuevos recursos humanos y financieros, así como cursar las correspondientes solicitudes cuando sea necesario para poder llevar a cabo su labor y cometidos de manera adecuada;
21. Recuerda que, durante la reunión de seguimiento del Grupo de trabajo interinstitucional celebrada el 12 de julio de 2018, la Comisión presentó una nota sobre la evolución del número de puestos de plantilla en la que consideraba que se había alcanzado el objetivo de reducción del 5 %; señala que esta conclusión fue respaldada por el Parlamento(7);
22. Señala que la Comisión ha aplicado una reducción adicional del 1 % durante el período de cinco años de 2014 a 2018 a fin de crear una reserva de reasignación a partir de la cual asignar puestos a las agencias a las que se confieran nuevas tareas o que estén en fase de puesta en marcha(8);
23. Observa que las agencias descentralizadas han recurrido a un mayor número de agentes contractuales para desempeñar nuevas tareas, compensando parcialmente la reducción del 5 % del personal y la reducción adicional para la creación de la reserva de reasignación; pide a la Red que desarrolle una política general para no sustituir al personal permanente por consultores externos que resultan más caros;
24. Toma nota de las dificultades a que se enfrentan algunas agencias por carecer de personal suficiente, en especial cuando se les atribuyen nuevos cometidos sin prever un aumento de personal para su ejecución; lamenta que la Comisión no haya tomado en consideración la solicitud de las agencias afectadas de incrementar su personal, lo que pone en riesgo su buen funcionamiento;
25. Observa con preocupación el número de factores que obstaculizan el funcionamiento operativo de determinadas agencias, como las dificultades para contratar a personal cualificado en determinados grados, en parte debido al bajo coeficiente corrector de algunos Estados miembros, y la ejecución de actividades a través de procesos de subvención, de gran duración y muy exigentes desde el punto de vista administrativo; pide a la Red y a cada agencia que estudien las soluciones oportunas y que informen a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de los progresos realizados a este respecto;
26. Pide a todas las agencias que comuniquen su índice de rotación del personal y que indiquen claramente los puestos que están cubiertos efectivamente a 31 de diciembre del ejercicio de que se trate, con el fin de garantizar la comparabilidad entre las agencias;
27. Lamenta el desequilibrio de género que se da en algunas agencias; pide a todas las agencias que trabajen permanentemente por lograr una distribución equilibrada en todos los niveles del personal y que informen a la autoridad de aprobación de la gestión sobre las medidas aplicadas y los avances conseguidos;
28. Observa con preocupación que la mayoría de agencias no publican las convocatorias de plazas vacantes en la página web de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO); comprende, no obstante, la preocupación de las agencias por los elevados costes de traducción; acoge con satisfacción, a este respecto, que la Red haya creado y mantenga el portal interagencias de anuncios de empleo e invita a las agencias a que aprovechen al máximo esta plataforma; pide asimismo a la EPSO que promueva dicho portal en su sitio web general para las convocatorias de plazas vacantes en la Unión;
29. Anima a las agencias de la Unión a que estudien la posibilidad de: adoptar una estrategia en materia de derechos fundamentales que incluya una referencia a los derechos fundamentales en un código de conducta que defina los deberes de su personal y la formación de este; establecer mecanismos para detectar y comunicar posibles violaciones de los derechos fundamentales y poner rápidamente en conocimiento de los órganos principales de la Agencia los riesgos de tales violaciones; crear, cuando sea pertinente, el cargo de responsable de derechos fundamentales, dependiente directamente de los consejos de administración para asegurar cierto grado de independencia frente al resto del personal, al objeto de garantizar que las amenazas a los derechos fundamentales sean abordadas de inmediato y que se actualice de forma permanente la política de derechos fundamentales dentro de la organización; desarrollar un diálogo regular con las organizaciones de la sociedad civil y con las organizaciones internacionales pertinentes sobre cuestiones relativas a los derechos fundamentales; y hacer que la observancia de los derechos humanos sea un elemento fundamental de la labor de colaboración de cada agencia con actores externos, incluidos, en particular, los miembros de las administraciones nacionales con las que interactúan a nivel operativo;
30. Observa con preocupación que, según el informe del Tribunal, persisten las carencias en la gestión de la contratación pública, y que se registran deficiencias en este ámbito en catorce agencias, mayoritariamente en la contratación de servicios; observa que son fuente de estas deficiencias, en particular, la falta de un equilibrio adecuado entre el precio y la calidad en la adjudicación de los contratos, una configuración subóptima de los contratos marco, unos servicios de intermediación injustificados y la utilización de contratos marco sin un grado de detalle suficiente; pide a las agencias que presten especial atención a las observaciones del Tribunal y que sigan mejorando la gestión de la contratación pública;
31. Acoge con satisfacción que las agencias recurran cada vez más al portal de contratación pública conjunta (el registro central de las oportunidades de contratación pública conjunta) albergado en la extranet de las agencias, que incluye funcionalidades como el intercambio de documentos y el diálogo en foros, lo que hace más transparente y más fácil la comunicación entre agencias en materia de servicios de contratación pública;
32. Comparte la opinión del Tribunal sobre el uso de herramientas similares y una solución única para la contratación de suministros o servicios (contratación pública electrónica) a fin de lograr un entorno informático más armonizado entre las agencias; pide a la Red que informe a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de los progresos que realice a este respecto;
33. Observa que el 77 % de las agencias ya habían establecido y aplicado normas o directrices internas sobre denuncia de irregularidades y que el 23 % restante estaba en vías de adoptarlas; insta al resto de las agencias a que establezcan y apliquen sin más demora normas internas sobre la denuncia de irregularidades; pide a la Red que informe a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de la adopción y aplicación de estas medidas;
34. Celebra que veintinueve agencias (94 % de ellas) dispongan de directrices para permitir el acceso público a los documentos; pide a las demás agencias que no disponen de directrices similares que las adopten a la mayor brevedad; aprueba el desarrollo de sistemas internos para tramitar las solicitudes, incluida la creación de equipos especialmente formados para encargarse de la tramitación de las solicitudes de acceso a los documentos en las agencias que reciben solicitudes cada vez con más frecuencia y de mayor complejidad; pide a la Red que elabore directrices comunes para el acceso del público a los documentos que deberán aplicar las agencias;
35. Observa que en casi todas las agencias existen declaraciones de intereses de los miembros de los consejos de administración y de los altos directivos, que son publicadas por la mayoría de las agencias en su sitio web, junto con los currículos correspondientes; pide a la Red que siga informando a la autoridad de aprobación de la gestión sobre esta cuestión; destaca que los miembros de los consejos de administración y los altos directivos deben presentar declaraciones de intereses en lugar de declaraciones de ausencia de conflicto de intereses; reitera que no corresponde a dichos miembros o directivos declararse a sí mismos libres de conflictos de intereses; recuerda que la existencia de conflictos de interés debería ser evaluada por un organismo neutral;
36. Recuerda que varias agencias, en particular las que conceden autorizaciones a terceros para la comercialización de productos, son vulnerables si no tienen y aplican normas claras y eficaces para evitar los conflictos de intereses; pide a todas las agencias que participen en el acuerdo interinstitucional sobre el Registro de transparencia que está siendo actualmente objeto de negociación entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento;
37. Pide a las agencias que apliquen una política global y horizontal para evitar los conflictos de intereses y que utilicen la política de independencia de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) como mejor práctica y sistema ejemplar de seguimiento y prevención de conflictos de intereses; recuerda que dicha política de independencia hace obligatorias para todo el personal y todos los expertos las declaraciones anuales de intereses, que deben ser actualizadas si se producen cambios en su situación, y excluye de las decisiones o dictámenes al respecto a las personas que hayan declarado un interés en la cuestión de que se trate; anima asimismo a las agencias a que creen un comité consultivo para los conflictos de intereses;
38. Toma nota de la observación del Tribunal relativa a la necesidad de reforzar la independencia de los contables, haciéndolos depender directamente de los directores y los consejos de administración en el caso de once agencias; toma nota asimismo de la respuesta de la Red, en la que afirma que no hay antecedentes ni un análisis de riesgos que justifiquen esta observación; pide al Tribunal y a la Red que adopten un enfoque común sobre esta cuestión y que informen a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de la evolución al respecto;
39. Observa con satisfacción que la gran mayoría de las agencias (veintiocho de ellas) no presenta deficiencias en la aplicación de sus normas de control interno relativas a los planes de continuidad de las actividades; pide al resto de agencias que mejoren su situación a fin de reducir posibles riesgos y que informen a la autoridad de aprobación de la gestión sobre las medidas adoptadas;
40. Pone de relieve que, el 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su decisión de retirarse de la Unión; observa con preocupación que, a diferencia de la mayor parte de las demás agencias, cinco de ellas no llevaron a cabo un análisis exhaustivo de la posible incidencia de la retirada del Reino Unido en su organización y en sus operaciones y cuentas;
41. Toma nota del acuerdo alcanzado en el Consejo de Asuntos Generales de 20 de noviembre de 2017 por el que se trasladan las sedes de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) de Londres a Ámsterdam y París respectivamente; observa con preocupación las posibles repercusiones de la retirada del Reino Unido de la Unión para ambas agencias en cuanto a costes futuros y pérdida de conocimientos especializados, lo cual supondrá un riesgo para la continuidad de sus actividades; observa asimismo la posible incidencia en los ingresos y actividades de varias agencias que no tienen su sede en Londres; pide a las agencias que se preparen para reducir los posibles riesgos que puedan generarse y que informen a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de la aplicación de estas medidas preparatorias;
42. Señala con preocupación que algunas agencias siguen teniendo una doble sede operativa y administrativa; considera esencial acabar lo antes posible con las dobles sedes que no ofrezcan un valor operativo añadido;
43. Lamenta que el nuevo Reglamento Financiero(9) no prevea una reducción de la carga administrativa que siguen soportando las agencias descentralizadas; observa que la fiscalización de las agencias descentralizadas «[seguirá] siendo responsabilidad del [Tribunal], que gestionará todos los procedimientos administrativos y de contratación pública necesarios»; reitera que el nuevo enfoque en materia de auditoría que implica a auditores del sector privado se ha traducido en un aumento significativo de la carga administrativa de las agencias, y que el tiempo dedicado a la contratación pública y a la administración de los contratos de auditoría ha ocasionado gastos adicionales, lo que ejerce una mayor presión sobre los limitados recursos de las agencias; recalca que es necesario resolver esta cuestión; pide a las partes implicadas que ofrezcan soluciones a este problema a fin de reducir significativamente la carga administrativa;
44. Toma nota de que las evaluaciones externas de las agencias son, por lo general, positivas, y de que las agencias han elaborado planes de actuación para responder a los problemas señalados en los informes de evaluación; observa que, si bien la mayoría de los reglamentos constitutivos de las agencias prevén que se lleve a cabo periódicamente una evaluación externa (generalmente cada cuatro a seis años), los reglamentos constitutivos de cinco agencias descentralizadas no incluyen ninguna disposición al respecto y el reglamento constitutivo de la EMA tan solo prevé una evaluación externa cada diez años; pide a la Comisión y a las agencias afectadas que aborden esta cuestión e informen a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de las medidas adoptadas;
45. Acoge con satisfacción la revisión de los reglamentos constitutivos de las tres agencias tripartitas, a saber, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA);
46. Recuerda que el intercambio de puntos de vista anual sobre los proyectos de programas de trabajo anuales y las estrategias plurianuales de las agencias en las comisiones competentes contribuye a garantizar que esos programas y estrategias reflejen las verdaderas prioridades políticas, especialmente en el contexto del pilar europeo de derechos sociales y la Estrategia Europa 2020;
47. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a las agencias sujetas al presente procedimiento de aprobación de la gestión, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).
1. Acoge con satisfacción la revisión de los reglamentos constitutivos de las tres agencias tripartitas, a saber, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA);
2. Toma nota de los resultados de la evaluación externa de las cuatro agencias de la Unión que operan en el ámbito del empleo, los asuntos sociales y la inclusión, a saber, el Cedefop, la Eurofound, la EU-OSHA y la Fundación Europea de Formación (ETF); reconoce que las agencias han aplicado satisfactoriamente las recomendaciones en ocho amplios sectores operativos;
3. Destaca la importancia de garantizar los recursos de personal y financieros que permitan a las agencias la realización de sus tareas;
4. Recuerda que el intercambio de puntos de vista anual sobre los proyectos de programas de trabajo anuales y las estrategias plurianuales de las agencias en las comisiones competentes contribuye a garantizar que esos programas y estrategias reflejen las verdaderas prioridades políticas, especialmente en el contexto del pilar europeo de derechos sociales y la Estrategia Europa 2020;
5. Acoge favorablemente y alienta la cooperación entre las agencias dentro y fuera del marco de la Red de Agencias de la Unión Europea (la «Red»), que facilita la creación de sinergias y el intercambio de ideas y buenas prácticas en aras de una gobernanza más equilibrada, una eficiencia mejorada, unos costes reducidos y una mayor coherencia entre dichas agencias;
6. Observa que la mayoría de las agencias publican anuncios de vacantes en sus propios sitios web y en las redes sociales, pero con frecuencia no en el sitio web de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO); anima a las agencias a que publiquen sus anuncios de vacantes en el sitio web de la EPSO, lo que aumentaría la transparencia y la publicidad, teniendo en cuenta la rentabilidad;
7. Acoge con satisfacción que, de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo, se redujo el número de observaciones sobre la legalidad y la regularidad de los pagos, lo que ilustra los esfuerzos continuados de las agencias para cumplir con el marco jurídico, en particular con las disposiciones establecidas por el Reglamento Financiero y el Estatuto de los funcionarios;
8. Insta a las agencias a hacer que los contables sean independientes de cualquier persona delegada o subdelegada para autorizar compromisos y pagos, ya que la posición jerárquica de un contable dentro de una agencia puede afectar a su independencia;
9. Reconoce los progresos realizados por las agencias a la hora de armonizar las soluciones informáticas en los ámbitos de los sistemas de gestión y de contabilidad; apoya la recomendación del Tribunal de aspirar a una mayor utilización de las soluciones informáticas en ámbitos clave tales como la gestión de los recursos humanos y la contratación pública o la gestión de contratos, a fin de reducir los riesgos en el control interno y reforzar la gobernanza de las TI; recuerda que el uso de herramientas electrónicas similares para la adquisición de suministros o servicios (contratación pública electrónica) supondría un paso importante hacia una mayor armonización del entorno informático de las agencias; alienta a las agencias a que sigan introduciendo y aplicando la facturación electrónica y la licitación electrónica.
1. Acoge con satisfacción las conclusiones del Tribunal de Cuentas (en adelante, «Tribunal») según las cuales las cuentas anuales definitivas de todas las agencias que operan en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su posición financiera a 31 de diciembre de 2017 y sus operaciones son legales y regulares;
2. Reconoce, no obstante, que, con respecto a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), el Tribunal emitió una opinión desfavorable en lo referente a la legalidad y regularidad de sus pagos debido a una serie de casos significativos y sistemáticos de incumplimiento de las obligaciones de pago conforme a lo establecido en el Reglamento Financiero de la Oficina y otras normas y disposiciones aplicables, en particular los pagos subyacentes en concepto de contratación pública y de contratación de personal; lamenta que el error combinado de los pagos no conformes ascienda a, al menos, 7,7 millones EUR, lo que supone el 10,3 % del volumen total de los pagos realizados por la Oficina en 2017 y representa un incremento sustancial del porcentaje de error con respecto a 2016; toma nota del deterioro exponencial de la situación de los recursos humanos en la EASO en 2017; lamenta que la EASO no contara en 2017 con capacidad administrativa para cubrir su elevado número de puestos vacantes, lo que supone un riesgo significativo para la continuación de sus operaciones a la escala actual; acoge con satisfacción el firme compromiso de la EASO de corregir sin demora sus deficiencias organizativas y de gestión; toma nota de que el Parlamento denegó la aprobación de la gestión del presupuesto de la EASO para 2016 en octubre de 2018;
3. Señala que, en el caso de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), el Tribunal volvió a señalar en 2017 que los justificantes de los gastos declarados por los países cooperantes fueron con frecuencia insuficientes; acoge con satisfacción la decisión de Frontex de introducir un modelo simplificado de reembolso de los gastos para solucionar este problema, que se repite desde 2014; observa asimismo, en este contexto, que el Tribunal informó de las anulaciones de créditos presupuestarios prorrogados de ejercicios anteriores, lo que pone de manifiesto una clara sobreestimación, por parte de las administraciones públicas de los Estados miembros y de otros países que cooperan, de las necesidades presupuestarias de Frontex durante estos años;
4. Toma nota de que la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) sigue siendo la única agencia de las que operan en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior que ha delegado sus funciones de contabilidad en el contable de la Comisión sobre una base contractual; anima a las demás agencias a hacer lo mismo, ya que esto aumentará la eficacia de la preparación de las cuentas y garantizará su fiabilidad;
5. Subraya que, por lo que respecta al desarrollo y la aplicación de proyectos informáticos, la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) tuvo que aplicar un modelo de externalización en el que el 90 % del trabajo, como la gestión operativa de los sistemas, lo realizan tres contratistas, porque carece de los recursos humanos necesarios; reconoce que, si bien los proyectos informáticos son propiedad de la Agencia y están bajo su control, teme que un modelo en el que las actividades de evolución y desarrollo de sistemas informáticos tan delicados se externalizan hasta tal punto entrañe un riesgo de exceso de confianza en los contratistas y de excesiva dependencia con respecto a estos; recalca que la reducida plantilla de unidades operativas clave ocasiona riesgos importantes para la continuidad de las operaciones; acoge con satisfacción las medidas adoptadas hasta la fecha por eu-LISA a este respecto y pide que eu-LISA tome medidas adecuadas, tanto a nivel organizativo como posiblemente tecnológico y operativo, para mitigar esos riesgos a largo plazo y garantizar la continuidad de las operaciones de la Agencia y el funcionamiento del espacio Schengen; pide a eu-LISA que vele por que los contratistas no estén vinculados por ninguna ley de terceros países que pudiera entrar en conflicto con los necesarios acuerdos en materia de confidencialidad establecidos con la Agencia;
6. Lamenta que, en el caso de eu-LISA, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y la CEPOL, también el Tribunal (además de la EASO) detectara insuficiencias en la contratación pública, relacionadas en su mayor parte con los servicios, que pusieron en riesgo la rentabilidad; indica que, entre las frecuentes deficiencias detectadas, cabe mencionar las siguientes: ausencia de un equilibrio adecuado entre precio y calidad en los criterios de adjudicación de contratos, redacción mejorable de los contratos marco, uso de contratos marco que permitían la adquisición de servicios cuyas especificaciones o precio no se detallaban lo suficiente, y el uso injustificado de servicios de intermediación; pide a estas agencias que adopten medidas correctoras para evitar problemas similares en el futuro;
7. Lamenta que las distintas agencias del ámbito de la justicia y los asuntos de interior publiquen únicamente anuncios de vacantes en su propio sitio web y en un número limitado de lenguas; pide a todas las agencias del ámbito de la justicia y los asuntos de interior que publiquen sistemáticamente todos sus anuncios de vacantes en el sitio web de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) en todas las lenguas de la Unión con el fin de aumentar la transparencia ante los ciudadanos de la Unión; es consciente de los costes adicionales relacionados con la traducción de los avisos de vacantes en todas las lenguas oficiales de la Unión y pide a la Comisión Europea que estudie la posibilidad de adoptar medidas destinadas a reducir la carga financiera que supone para las agencias la traducción de los anuncios de vacantes, en particular mediante el establecimiento de un acuerdo marco ad hoc con el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT).
DO C 434 de 30.11.2018, p. 1.
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), Escuela Europea de Policía (CEPOL), Oficina Europea de Policía (Europol), Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y Unidad Europea de Cooperación Judicial (Eurojust).
Carta de J. Arthuis a A. Tajani: ref. D(2018)30134.
Según la terminología utilizada por la Comisión para clasificar las agencias descentralizadas en las categorías de «fase de puesta en marcha», «nuevas tareas» o «velocidad de crucero» en función de su fase de desarrollo y del aumento de sus contribuciones de la Unión y de su plantilla.
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

References: artículo 70
 artículo 208
 artículo 108
 Resolución 
 artículo 70
 artículo 110
 Resolución