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Timestamp: 2018-12-18 15:39:25+00:00

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﻿ SENTENCIA SU-428 DE AGOSTO 11 DE 2016 UNIFICACION
SENTENCIA SU-428 DE 11 DE AGOSTO DE 2016
CONTENIDO:LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. SE ACLARA, QUE SI BIEN EL DERECHO A LA PENSIÓN NO PRESCRIBE POR CUANTO ES UN COMPONENTE FUNDAMENTAL QUE INTEGRA EL CONCEPTO Y LA FIGURA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 48 SUPERIOR, ESTA ES DE ÍNDOLE IMPRESCRIPTIBLE, LO CIERTO ES QUE EN ABUNDANTE JURISPRUDENCIA, SE REAFIRMA QUE DICHA IMPRESCRIPTIBILIDAD SE PREDICA DEL DERECHO EN SÍ MISMO, MÁS NO DE LAS PRESTACIONES PERIÓDICAS O MESADAS QUE DE ÉL SE DERIVEN Y QUE NO HAYAN SIDO COBRADAS, PUES EN TAL CASO, LAS ACREENCIAS LABORALES SE ENCUENTRAN SOMETIDAS A LA REGLA GENERAL DE 3 AÑOS DE PRESCRIPCIÓN, CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 488 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. EN EFECTO, LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA PENSIÓN SE DERIVA DE TODOS AQUELLOS POSTULADOS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PREVISTOS POR EL CONSTITUYENTE EN LA CARTA DE 1991, SEGÚN LOS CUALES SE DEBE GARANTIZAR LA SOLIDARIDAD POR PARTE DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO, EN QUIEN RECAE PRINCIPALMENTE LA NECESIDAD DE ASEGURARLE A SUS CIUDADANOS ALGUNA FUENTE FINANCIERA QUE LES PERMITA SU SUSTENTO CUANDO DEBIDO A LAS DISTINTAS CONTINGENCIAS QUE AFRONTAN, TALES COMO LA INVALIDEZ, VEJEZ, VIUDEZ, ETC., PUEDEN VERSEN EXPUESTOS A UN DAÑO O AFECTACIÓN IRREMEDIABLE DE SUS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. SIN EMBARGO, ELLO NO OBSTA QUE EL LEGISLADOR, SIN QUE AFECTE EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA PENSIÓN, ESTABLEZCA UN LÍMITE TEMPORAL PARA RECLAMAR SUS MESADAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD SOCIAL, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, MESADA PENSIONAL, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, PASIVOS LABORALES, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
Sentencia SU-428 de agosto 11 de 2016
Ref.: Expediente T-4.697.245
Demandante: María Luz Dary Urrego Bedoya
Demandados: Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín y Colpensiones (antes ISS en liquidación)
El ISS, en aplicación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el art. 13 de la L. 797/2003), negó tal reconocimiento bajo dos argumentos: (i) que el causante, pese a contar con 73 semanas en los 3 años anteriores, no cumplía con el requisito de fidelidad frente al sistema, en los siguientes términos:
Que revisado el reporte de semanas, (…) se establece que el (la) asegurado(a) Ubarne Ramos cotizó a este instituto 73 semanas en los tres (3) años anteriores al momento del fallecimiento y que acreditó un total de 204 semanas de fidelidad de cotización al sistema de pensiones entre la fecha en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de muerte, cuando para ese mismo periodo debió acreditar un total de 216 semanas cotizadas, así mismo acredita un total de 204 semanas cotizadas en toda su vida laboral, no cumpliendo así los requisitos exigidos para la pensión de sobrevivientes.
Consecuentemente, mediante Resolución 19638 del 25 de octubre de 2005, el ISS negó a María Luz Dary Urrego Bedoya la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del asegurado Carlos Arturo Ubarne Ramos.
1.2. Proceso ordinario laboral contra el ISS.
1.2.1. Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín - 4 de mayo de 2007.
Revisadas las autoliquidaciones e historias laborales anexadas al libelo, se constató que el actor alcanzó a cotizar al sistema general de pensiones (...) 220 semanas. Es decir se encontraron cotizaciones entre mayo de 1987 a noviembre de 1988, de diciembre de 1995 a octubre de 1996, de noviembre de 2002 a abril de 2004.
Por otro lado, en cuanto al otro requisito de la convivencia (...).
De las declaraciones oídas en el transcurso del debate probatorio, versiones que para el despacho tienen un alto grado de credibilidad, toda vez que por un lado son personas que conocieron a la demandante y al causante varios años atrás. En dichas declaraciones se dejó manifestado que la actora convivió con el causante siete años hasta el momento de su muerte e incluso que la actora dependía económica [sic] del señor Carlos Arturo Ubarne (...).
• A pagar $ 16.891.500 correspondiente a las sumas adeudadas por los años 2004, 2005, 2006 y 2007 (parcial).
• A reconocer y pagar los intereses moratorios a partir del 6 de mayo de 2004 y hasta cuando se haga el pago efectivo de la misma.
• A que le sea pagada la pensión de sobrevivientes, desde el mes de junio de 2007, de manera mensual, con las mesadas adicionales de junio y diciembre, sin que la misma pueda ser inferior al mínimo legal mensual vigente.
1.2.3. Tribunal Superior de Medellín - 14 de noviembre 2007.
Pues bien, lo primero que aclara la Sala —luego del estudio de las pruebas arrimadas al plenario—, es que efectivamente el despacho de instancia incurrió en un error en la sentencia, pues aunque afirmó que el señor Ubarne cotizó 220 semanas (...) lo cierto es que solo se encuentran acreditadas 211 semanas, las cuales están por debajo de las semanas mínimas requeridas para que establezca la fidelidad exigida por la Ley 797 de 2003, que como bien lo anotó la recurrente asciende a 212.5 semanas.
No obstante, ello no será motivo para revocar la condena impuesta, toda vez que conforme al principio de la condición más beneficiosa desarrollado por nuestra Carta Política, la aplicación de una nueva norma laboral no debe disminuir las condiciones favorables en que se hubiere podido hallar un trabajador en vigencia de normatividades anteriores, teniendo [en cuenta] lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Nacional (...).
1.3. De la sentencia de instancia en sede de casación: Sala Laboral de la Corte Suprema Justicia - 11 de febrero de 2009 (providencia atacada por vía de tutela).
La Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral— decidió casar la decisión de segunda instancia, por considerar que el ad quem incurrió en errores jurídicos al dar aplicación al artículo 46 de la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta la modificación que le introdujo el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues la normativa que debe gobernar el caso es la vigente para el momento de la muerte del afiliado.
2. Fundamento de la acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
La demandante solicita sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y seguridad social en pensiones y, como consecuencia de ello, sea inaplicado el requisito de fidelidad (L. 797/2003, art.12), en razón a la declaratoria de inconstitucional de ese requisito por parte de la Corte Constitucional, mediante las sentencias C428 y C-556 de 2009.
• Cédula de ciudadanía de María Luz Dary Urrego Bedoya (fl. 13).
• Cédula de ciudadanía de Carlos Arturo Ubarne Ramos (fl. 14).
• Reporte de semanas cotizadas, actualizadas al 22 de septiembre de 2014 (fls. 15 al 20).
• Acta de la audiencia segunda de trámite, realizada el 29 de enero de 2007, practicada dentro del proceso ordinario laboral (fls. 21 al 23).
• Sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín, el 4 de mayo de 2007 (fls. 24 al 34).
• Sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el 14 de noviembre 2007 (fls. 35 al 45).
• Sentencia del 11 de febrero de 2009, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (fls. 46 al 62).
• Registro civil de nacimiento de Carlos Arturo Ubarne Ramos (fl. 63).
• Registro civil de defunción de Carlos Arturo Ubarne Ramos (fl. 64).
• Registro civil de nacimiento de María Luz Dary Urrego Bedoya, según el cual esta nació el 28 de marzo de 1965 (fl. 65).
• Resolución 19638 del 25 de octubre de 2005, por medio de la cual el ISS resolvió la solicitud de prestaciones económicas (fls. 66 al 69).
• Declaración extra proceso rendida, el 29 de septiembre de 2014, por María Luz Dary Urrego Bedoya (fl. 70).
• Declaración extra proceso rendida, el 29 de septiembre de 2014, por Braneis del Carmen Pacheco Muñoz y Pedro Pablo Correa Sánchez (fl. 71).
• Poder especial para instaurar acción de tutela (fls. 2 y 73).
5.1. Sala de Casación Laboral.
5.2. ISS en liquidación.
El 22 de octubre de 2014, el ISS, en liquidación, informó que la Compañía Colombiana de Pensiones, Colpensiones, ha asumido la defensa judicial de los proceso del régimen de prima media con prestación definida, incluyendo las acciones de tutela, a partir del 28 de diciembre de 2012, en virtud a lo dispuesto por el Decreto 2013 de 2012.
5.3. Colpensiones.
Es de señalar que, el 28 de noviembre de 2014, —de manera extemporánea, posterior al fallo de segunda instancia de la acción de tutela—, Colpensiones solicitó la declaratoria de carencia actual de objeto por hecho superado, en consideración a que el asunto en discusión había sido resuelto de fondo a través de la sentencia de primera instancia que resolvió negar el amparo. Por lo que, a su juicio, había desaparecido la presunta causa vulneradora de derechos fundamentales objeto de protección(1).
Mediante sentencia del 14 de octubre de 2014, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió negar la acción de tutela promovida por María Luz Dary Urrego Bedoya, bajo el argumento de ausencia de inmediatez, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha de la providencia acusada (feb. 11/2009) y la presentación de la acción constitucional (oct. 6/2014), esto es, 5 años, 7 meses y 25 días.
La Sala de Selección Uno, por medio del auto del 27 de enero de 2015, seleccionó para revisión el expediente T-4.697.245, el cual fue repartido a la Sala Cuarta de Revisión.
1. Vinculación y pruebas.
• Se ha implementado una medida de defensa jurídica constitucional, cuyo objetivo consiste en generar una vía directa de verificación de los criterios jurídicos utilizados por la entidad en materia de aplicación del precedente constitucional, con el fin de “consolidar una herramienta de seguimiento para optimizar los programas de calidad en la decisión pensional”(2).
• Actualmente, se respeta la cosa juzgada constitucional y el precedente judicial, al incorporar en su doctrina jurídica la regla constitucional consolidada, en virtud de la cual el requisito de fidelidad no ha debido exigirse a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes y de invalidez, en tanto se trata de un requisito contrario a la Carta Política y a los estándares del derecho internacional.
De manera tal que las personas que hayan causado su derecho a la pensión de sobrevivientes o de invalidez, con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del requisito de fidelidad (C-428/2009 y C-556/2009), se les debe reconocer en sede administrativa, sin exigencia de la fidelidad al sistema, siempre y cuando se reúnan los demás requisitos para acceder a la prestación reclamada.
• La administradora dispuso efectuar nuevamente el estudio del caso, lo cual conllevó el desarchivo, digitalización y remisión del expediente administrativo y, concluyó que la accionante no es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, al no cumplir con el requisito de convivencia.
2. Revisión por la Sala Plena.
Conforme a lo previsto en el artículo 54A del reglamento de la Corte Constitucional, el Magistrado Sustanciador informó en su oportunidad a la Sala Plena sobre las circunstancias relevantes de este caso: en especial, respecto de que la demanda de tutela se dirige contra una providencia dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual casó la sentencia de segunda instancia y revocó la de primera instancia, absolviendo al ISS de todas las pretensiones de la demanda ordinaria laboral promovida por María Luz Dary Urrego Bedoya.
La Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo dispuesto en el auto del 27 de enero de 2015, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Uno de esta corporación.
La accionante, María Luz Dary Urrego Bedoya, en calidad de titular de los derechos presuntamente vulnerados interpuso la acción de tutela de manera directa (C.P., art. 86, D. 2591/91, arts. 1º y 10)(3).
La Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral— es una entidad de naturaleza pública, por tanto, la solicitud de amparo es procedente. (C.P., art. 86, D. 2591/91, arts. 1º y 13)(4). También se encuentran legitimados en el proceso la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín y Colpensiones (antes ISS en liquidación), en tanto las actuaciones surtidas por ellos y ante ellos pueden resultar afectadas por la presente demanda de tutela, razón por la cual, en su debida oportunidad, fueron vinculados a este proceso.
4.1. El asunto de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales es un tema que ha sido abordado por esta corporación en múltiples ocasiones, por lo que procederá la Sala a reiterar las premisas en que se fundamenta esta posibilidad, y las reglas establecidas para el examen de su procedibilidad en un caso concreto(5).
Según se ha expresado en la jurisprudencia de esta Corte, la tutela contra decisiones judiciales, tiene un claro fundamento en la implementación de un nuevo modelo de justicia constitucional basado, concretamente, (i) en el carácter normativo y supremo de la Carta Política, que vincula a todos los poderes públicos —C.P., art. 4º—; (ii) en el reconocimiento de la efectividad y primacía de los derechos fundamentales —C.P., arts. 2º y 85—; (iii) en la existencia de la Corte Constitucional, a quien se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, y dentro de tal función, la de interpretar el alcance de las normas superiores y proteger los derechos fundamentales —C.P., art. 241—; y (iv) en la posibilidad reconocida a toda persona para promover acción de tutela contra cualquier autoridad pública, en defensa de sus derechos fundamentales —C.P., art. 86—(6).
No obstante, ha sido la propia jurisprudencia constitucional la que, también, ha dejado en claro que la posibilidad de controvertir las providencias judiciales mediante el recurso de amparo constitucional es, en todo caso, de alcance excepcional y restrictivo; en atención a que están de por medio los principios constitucionales de los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la independencia y autonomía de los jueces, y el sometimiento de los conflictos a las competencias ordinarias de estos(7).
Comprensión que, desde luego, encuentra particular sustento en la condición supletiva que el artículo 86 superior le ha atribuido a la acción de tutela, lo que ha llevado justamente a entender que su ejercicio solo sea procedente de manera residual, es decir, cuando no existan otros medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo estos, se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable(8).
En tal virtud, la acción de tutela no puede admitirse, bajo ningún motivo, como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten(9).
4.2. Conforme con lo anterior, la tarea inicial de este tribunal se orientó, principalmente, a la elaboración y fijación de parámetros a partir de los cuales el operador jurídico pudiera identificar aquellos escenarios en los que la acción de tutela resultara procedente para controvertir los posibles defectos de que puedan adolecer las decisiones judiciales, para con ello determinar si hay o no lugar a la protección excepcional y restrictiva de los derechos fundamentales por vía del recurso de amparo constitucional(10).
Y, en efecto, partiendo de la necesidad de armonizar intereses constitucionales tales como la autonomía de la actividad jurisdiccional del Estado y la seguridad jurídica, junto con la efectiva prevalencia y eficacia de los derechos fundamentales, la Corte ha consolidado una doctrina en torno a los eventos y condiciones para disponer sobre su protección, cuando estos han resultado ilegítimamente afectados con una decisión judicial(11).
Así las cosas, producto de una labor de sistematización sobre la materia, en las sentencias SU-813 de 2007(12) y SU-811 de 2009(13), la Sala Plena de la Corte Constitucional, siguiendo los parámetros consignados en la Sentencia C-590 de 2005(14), distinguió entre requisitos generales y causales específicas de procedibilidad.
• En un defecto orgánico. El cual se configura cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. Dicho en otras palabras, tal defecto se estructura en los eventos en que la decisión cuestionada, vía tutela, ha sido proferida por un operador jurídico jurídicamente incompetente.
• En un defecto procedimental absoluto. Que se origina cuando el juez ha actuado completamente al margen del procedimiento establecido, es decir, cuando este se aparta abiertamente y sin justificación válida, de la normativa procesal que era aplicable al caso concreto.
• En un defecto fáctico. Este surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso.
• En un defecto sustantivo o material. Se presenta cuando la decisión judicial adoptada por el juez, desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al sustentarse aquella en disposiciones claramente inaplicables al caso concreto.
• En error inducido o por consecuencia. Tiene lugar en los casos en que el juez o tribunal ha sido víctima de un engaño por parte de terceros, y ese engaño lo conduce a la adopción de una decisión que afecta derechos fundamentales.
• En una decisión sin motivación. Se configura frente al incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que, precisamente, en tal motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de las providencias que les competen proferir.
• En desconocimiento del precedente judicial. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• En violación directa de la Constitución. La misma tiene lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad interpretativa, la decisión judicial se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados amparados por la Carta Política.
El valor de cosa juzgada de las sentencias y el principio de seguridad jurídica suponen que los fallos son respetuosos de los derechos y ese respeto no se determina a partir de la visión que cada juez tenga de ellos sino del alcance que les fije la Corte Constitucional, pues esta es la habilitada para generar certeza sobre su alcance. Y ello es lógico ya que si algo genera inseguridad jurídica es la promoción de diferentes lecturas de la Carta Política por los jueces y, en particular, sobre el alcance de los derechos fundamentales. Este es precisamente el peligro que se evita mediante la excepcional procedencia de la tutela contra sentencias pues a través de ella se promueven lecturas uniformes sobre el alcance de tales derechos y de la Carta Política como su soporte normativo. Y en lo que atañe a la autonomía e independencia de los jueces y tribunales, ellas deben entenderse en el marco de la realización de los fines estatales inherentes a la jurisdicción y, en especial, de cara al cumplimiento de su deber de garantizar la efectividad de los derechos a todas las personas(15) (resaltado fuera de texto).
5. No se cumple con el requisito de inmediatez para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
5.1. En reiterada jurisprudencia(16) este tribunal ha insistido en que, si bien el artículo 86 de la Constitución Política, señala que la acción de tutela puede ser interpuesta en todo momento, ello no significa que no deba promoverse en un plazo razonable desde el inicio de la amenaza o vulneración pues, de acuerdo con el mismo artículo constitucional, es un mecanismo diseñado para reclamar la protección inmediata(17) de los derechos fundamentales(18). De ahí que le corresponda al juez constitucional tomar en cuenta como dato relevante, el tiempo transcurrido entre el hecho generador de la solicitud y la petición de amparo, pues un lapso irrazonable puede llegar a demostrar que la solución que se reclama no se requiere con prontitud, como se espera de los casos para los cuales el mecanismo preferente y sumario de la tutela está reservado(19).
(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado(20); (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición(21).
Así mismo, se han indicado los dos únicos casos en los que no es exigible el principio de inmediatez de modo estricto: (i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros(22).
En ese sentido, los operadores judiciales señalaron que se dejó transcurrir un tiempo prolongado e injustificado entre la interposición de la acción constitucional —oct. 6/2014— y el hecho que presuntamente generó la vulneración, cual fue la decisión adoptada en casación, el 11 de febrero de 2009, por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la que se resolvió dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Superior de Medellín que confirmó la decisión de conceder la pensión reclamada, proferida por el juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín.
5.3. Con base en los elementos del caso concreto y atendiendo al reiterado precedente que ha fijado sobre el tema la jurisprudencia constitucional, la Corte advierte que no se cumple el requisito de la inmediatez en la presentación de la acción de tutela contra providencias judiciales (por vulneración del derecho al debido proceso), toda vez que fue interpuesta el 6 de octubre de 2014, esto es, pasados cinco (5) años y 7 meses de la providencia objeto de impugnación (feb. 11/2009).
Al respecto, esta corporación ha precisado que las causales genéricas de procedibilidad se refieren a aquellos requisitos que en general se exigen para la procedencia de la acción de tutela, pero que referidas al caso específico de la tutela contra providencias judiciales adquieren un matiz especial. La particularidad se deriva del hecho de que en estos casos la acción se interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución. [Es imprescindible] que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...) En criterio de la Corte, la exigencia de un término razonable entre la vulneración de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la tutela, evita el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia o como elemento que propicie la afectación injustificada de los derechos o intereses de terceros interesados(23).
En conclusión, coincide la Sala Plena con las Salas de Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, primera y segunda instancia de tutela, en que en el asunto sub judice no se cumple con la inmediatez como causal general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por vulneración al derecho fundamental al debido proceso.
6. Nuevo problema jurídico ante la continua vulneración de los derechos fundamentales.
Precisado que no se cumple con el requisito general de inmediatez para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de la Corte Constitucional advierte que la accionante también interpuso la acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social en pensiones y al mínimo vital. Por lo tanto, en atención a las facultades ultra petita y extra petita del juez constitucional(24), este tribunal analizará si dentro del ordenamiento jurídico existe alguna interpretación normativa, a la luz de los principios consagrados en la Carta, que permita proteger dichas prerrogativas.
En efecto, la Sala Plena deberá establecer si el ordenamiento jurídico colombiano permite garantizar el derecho a la seguridad social, con el fin de evitar la consumación de un perjuicio irremediable en los derechos fundamentales de María Luz Dary Urrego Bedoya, quien no cuenta con una fuente propia de ingresos que le permita subsistir autónomamente; no obstante que, al parecer, cumple con los requisitos legales y constitucionales para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes que reclama; siendo que el causante falleció en vigencia de la norma que consagraba el requisito de fidelidad con el sistema de pensiones (L. 797/2003, art. 12, lits. a) y b)). Para resolver este asunto, esta Corte:
7. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales.
La Corte Constitucional(25) ha establecido que, en principio, la acción de tutela se torna improcedente para obtener el reconocimiento y pago de prestaciones económicas, debido a que la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa dependiendo del caso, son las encargadas de recibir las solicitudes, estudiar el cumplimiento de los requisitos legales y dirimir las controversias que surjan entre las partes.
8. La pensión de sobrevivientes y los requisitos exigidos para su reconocimiento.
8.1. A partir de planteamientos constitucionales contenidos en los artículos 48 y 53 de la Carta Política(26), el legislador colombiano ha procurado asumir medidas con objetivos encaminados a garantizar a todos los habitantes del territorio nacional, el acceso a la seguridad social en cumplimiento de las directrices superiores que prevén ese derecho.
Por ello, creó el sistema general de seguridad social el cual contiene un componente en materia pensional que, en términos generales, consagra el conjunto de prestaciones económicas en favor del grueso de la población cotizante(27) a efectos de contar con un auxilio, siquiera económico, cuando se afronta una situación acaecida como consecuencia de la fragilidad del ser humano, como lo es la muerte, la enfermedad, la viudez, etc.
8.2. Naturaleza de la pensión de sobrevivientes.
Luego, es acertado que el juez constitucional ampare los derechos fundamentales de quienes requieren en sede de tutela el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes comoquiera que, cuando se demuestre la dependencia económica respecto del difunto, la afectación al mínimo vital deviene inminente si no se cuenta con un apoyo financiero similar al brindado por el cotizante. En ese sentido, puede verse, por ejemplo, lo dicho por este tribunal, entre otras, en la Sentencia C-1094 de 2003(28), en la que se lee:
(...) La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social... La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia(29), sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido(30) (subrayas propias).
(...) la finalidad de la pensión de sobrevivientes, se reitera, es suplir la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado a los allegados dependientes y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Una decisión administrativa, que desconozca esa realidad, e implique por consiguiente la reducción de las personas a un estado de miseria, abandono, indigencia o desprotección, es contraria al ordenamiento jurídico por desconocer la protección especial que la Constitución le otorgó al mínimo vital y a la dignidad humana como derechos inalienables de la persona, y a los principios constitucionales de solidaridad y protección de quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta, como soportes esenciales del Estado social de derecho(31).
En otras palabras, la pensión de sobrevivientes es una prestación que el sistema general de seguridad social en pensiones reconoce a los miembros del grupo familiar más próximos al afiliado que fallece, con el propósito de garantizarles al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban en vida del causante y salvaguardarlos así de la completa desprotección. En este orden de ideas, su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad(32).
8.3. Requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuando fallece el afiliado al sistema.
Esta corporación ha señalado que, según el desarrollo de esta institución dado por el Congreso de la República, la pensión de sobrevivientes es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Consecuentemente, al establecer exigencias frente a la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito al ámbito de competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social(33).
Adicionalmente, para lograr el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes se exigió por el Congreso, en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993(34), que el causante, al momento de la muerte, a) se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis semanas o b) que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante, por lo menos, veintiséis semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte. Sin embargo, dicha norma sufrió una modificación y solo estuvo vigente hasta el 28 de enero de 2003, fecha en la que el legislador introdujo un cambio a los requisitos de cotización, a través del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual consagró lo siguiente:
a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento(35);
Los apartes subrayados de la disposición transcrita fueron declarados inexequibles por esta corporación mediante providencia C-556 de 2009(36), relativos al requisito de fidelidad al sistema, al considerar que con esta exigencia, pretendiendo proteger financieramente el sistema pensional, se desconocía el fin de la pensión de sobrevivientes, en contra de lo que señala la Constitución.
8.4. Requisito de convivencia. Condición de miembro del grupo familiar, al momento de la muerte del causante.
De otra parte, obra en el expediente(37) copia del documento de identidad de la señora María Luz Dary Urrego Bedoya, con fecha de nacimiento del 28 de marzo de 1965, quien a la fecha del fallecimiento del causante (mayo 6/2004) contaba con 39 años de edad, por lo que le es aplicable lo contemplado en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que establece los requisitos para ser beneficiario, en forma vitalicia, de la pensión de sobrevivientes, en los siguientes términos:
ART. 13.—Los artículos 47 y 74 quedarán así: <Expresiones “compañera o compañero permanente” y “compañero o compañera permanente” en letra itálica condicionalmente exequibles>.
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte(38);
b) En forma temporal, (...)
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia(39) —como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria—, ha señalado que, en cualquiera de las hipótesis que trae el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, es requisito indispensable para acceder a la pensión de sobrevivientes la exigencia de la convivencia real y efectiva(40).
Es indudable que para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente tengan derecho a la pensión de sobrevivientes, deberán demostrar su condición de beneficiarios como “miembros del grupo familiar” del afiliado, tal como lo señala, expresamente, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y esa condición la tienen “quienes mantengan vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en común”(41).
La pensión de sobrevivientes prevista para los regímenes de prima media y de ahorro individual persigue la protección del núcleo familiar del afiliado o pensionado que fallece, frente a las adversidades económicas ocasionadas con su muerte. Es por ello que el legislador, como mecanismo de protección a los miembros del grupo familiar, instituyó el requisito de la convivencia durante los últimos cinco años anteriores a la muerte para el compañero o cónyuge supérstite, con el fin de proteger a los beneficiarios legítimos de ser desplazados por quien solo busca aprovechar el beneficio económico. Dicha finalidad ha sido reconocida por la Corte Constitucional en varias ocasiones. Por ejemplo, en la Sentencia C-336 de 2014(42) se resaltó lo expresado en la Sentencia C-1176 de 2001(43), así:
(...) Que el propósito de la institución es proteger al pensionado y a su familia de posibles convivencias de última hora que no se configuran como reflejo de una intención legítima de hacer vida marital, sino que persiguen la obtención del beneficio económico que reporta la titularidad de una pensión de vejez o invalidez. En este sentido, es claro que la norma pretende evitar la transmisión fraudulenta de la pensión de sobrevivientes.
9. La declaratoria de inexequibilidad del requisito de fidelidad de cotización al sistema y sus efectos.
9.1. Medidas regresivas en el sistema de seguridad social son inconstitucionales.
Bajo tal premisa, esta corporación, al estudiar la demanda impetrada(44) en contra de la modificación realizada a la Ley 100 de 1993, contendida en los literales a y b del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pudo corroborar que la exigencia de los supuestos en ellos previstos, relativos al requisito de fidelidad de cotización al sistema, era una medida regresiva en tanto que no estaba consagrada en la norma original, la cual, además, exigía un requerimiento más riguroso para acceder a la pensión de sobrevivientes.
La Sala Plena sostuvo que la imposición de ese presupuesto hacía más gravoso el acceso al beneficio pensional en relación con las disposiciones previas, porque antes solamente se exigía que el afiliado fallecido hubiera aportado un mínimo de semanas al momento de producirse el deceso y con el requisito de fidelidad se necesitaba, además, cotización al sistema de al menos el 20% o el 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha del fallecimiento. A juicio de esta Corte, esa medida no ofrecía un trato equitativo a los afiliados y desconocía el deber de protección a la población más vulnerable, pues quienes tuvieran más años de edad debían aportar un número de cotizaciones superior para satisfacer el requisito(45). Por tanto, al no estar justificada la regresividad en alguna finalidad constitucional de mayor entidad, ni contarse con mecanismos para mitigar el impacto del tránsito legislativo, la Corte declaró inexequible las disposiciones contentivas del requisito de fidelidad en pensión de sobrevivientes (L. 797/2003, lits. a y b).
Concluyendo que dicho requisito resulta ser una medida regresiva, que pretendiendo proteger la viabilidad del sistema, desconoce el fin último de la pensión de sobrevivientes, la cual, se repite, procura amparar a las personas, que necesitan atender sus necesidades, sin mengua adicional por la contingencia de la muerte del afiliado que quien dependían(46).
9.2. Efectos de la declaratoria de inexequibilidad.
Respecto de los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, debe decirse que estos son hacia futuro, luego es a partir de la fecha de la providencia que se hace exigible. No obstante, en varias ocasiones esta Corte, de manera previa al aludido ejercicio de control abstracto, inaplicó el requerimiento de fidelidad haciendo uso de la excepción de inconstitucionalidad(47).
• T-730 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto). En esa oportunidad, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional tuteló el derecho a la seguridad social de una persona a la cual le negaban la pensión de sobrevivientes sobre la base de que el causante falleció cuando estaba vigente la Ley 797 de 2003 y antes de proferirla Sentencia C-556 de 2009, por eso le era exigible el requisito de fidelidad, el cual no cumplía. En ese contexto, la Corte dijo que tal exigencia “desde siempre fue contraria al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones”, y agregó: si en gracia de discusión se aceptara que resultan constitucionalmente posibles tanto la interpretación que restringe la eficacia de la protección desde el momento en que se profirió la decisión y hacia el futuro, como la que predica su eficacia incluso para las situaciones que se configuraron antes de proferirse la decisión de la Corte, la vigencia del principio pro homine en nuestro orden constitucional obligaría a preferir la interpretación más garantista para los afectados, de manera que también en este caso se estaría ante la misma conclusión, en el sentido de exigir única y exclusivamente los requisitos que siempre estuvieron conforme a la Constitución, en cuanto no incurrían en limitaciones ilegítimas de los derechos sociales fundamentales.
• T-846 de 2009 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En ese fallo, la Corte tuteló el derecho fundamental a la seguridad social de una mujer a la cual se le negó la pensión de sobrevivientes solo porque no cumplía con el requisito de fidelidad al sistema, que el ISS juzgaba aplicable porque se encontraba vigente para el momento de su fallecimiento. La Corte sostuvo que ese requerimiento era inaplicable por ser inconstitucional y precisó: la sentencia de constitucionalidad (C-556/2009) corrigió una situación que antaño era contraria al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones, limitándose por consiguiente a reafirmar el carácter irregular de una disposición contraria a la Constitución, por consiguiente el pronunciamiento de la Corte “tendría un carácter declarativo y no constitutivo”.
• T-950 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo). En ese fallo, la Corte revisó el caso de una mujer con síndrome de Down que reclamó la pensión de sobrevivientes pero se la negaron por no cumplir el requisito de fidelidad, el cual estaba vigente para la fecha en que la causante de la misma falleció. La Sala de Revisión sostuvo que la resolución por medio de la cual se negaba la pensión de sobrevivientes de la accionante no podía hacerse cumplir, respecto de la señora Rendón Muñoz, por cuanto ha perdido su fuerza ejecutoria (pérdida de la obligación de cumplimiento y obedecimiento, tanto por parte de la administración como del administrado), al haber sido declarado inexequible por la Corte Constitucional el literal a) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, mediante Sentencia C-556 de 2009.
• T-166 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En esa oportunidad, la Corte tuteló el derecho a la seguridad social de una mujer a la cual se le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por no cumplir el requisito de fidelidad, el cual era aplicable —a juicio de la administradora de pensiones— porque estaba vigente al momento de elevarse la solicitud. La Corte dijo: la aplicación del requisito de fidelidad aun cuando este hubiere estado vigente al momento de elevarse la solicitud, causó un efecto desproporcionado sobre la demandante y sus menores hijos, por cuanto se les exigieron condiciones más gravosas que las inicialmente consagradas, sin un sustento suficiente que justificara la disminución del nivel de protección del derecho. Además, la señora Maturana Hinestroza y sus menores hijos habrían podido acceder a la pensión de sobrevivientes bajo los lineamientos de la Ley 100 de 1993 en su versión original, es decir antes de la modificación introducida por la Ley 797 de 2003.
• T-755 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En esa ocasión, la Corte tuteló el derecho a la seguridad social de una mujer a la cual se le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por no cumplir el requisito de fidelidad, el cual era aplicable —a juicio de la administradora de pensiones— porque estaba vigente al momento de elevarse la solicitud. La Corte dijo: la aplicación del requisito de fidelidad aun cuando este hubiere estado vigente al momento de elevarse la solicitud, causó un efecto desproporcionado sobre la demandante y sus menores hijos, por cuanto se les exigieron condiciones más gravosas que las inicialmente consagradas, sin un sustento suficiente que justificara la disminución del nivel de protección del derecho. Además, la señora Maturana Hinestroza y sus menores hijos habrían podido acceder a la pensión de sobrevivientes bajo los lineamientos de la Ley 100 de 1993 en su versión original, es decir antes de la modificación introducida por la Ley 797 de 2003.
• T-950 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla). En ese fallo, la corporación estudió varias acciones de tutela interpuestas por personas a quienes las entidades administradoras de pensiones les habían negado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes porque no cumplían con el requisito de fidelidad de cotización al sistema. La Corte amparó el derecho a la seguridad social y concedió la tutela contra una providencia que había juzgado aplicable a un caso los literales que contemplaban el requisito de fidelidad en materia de pensión de sobrevivientes. Al respecto, reiteró que esa exigencia era inconstitucional y señaló que: una norma regresiva en materia de seguridad social, hace inferir su inconstitucionalidad, debido a que la libertad de configuración legislativa para la adopción de normas en esa materia, debe circunscribirse a los presupuestos constitucionales y al principio de proporcionalidad, y tener “una clara justificación superior para la excepcional disminución”. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha reiterado en varias oportunidades que exigir la “fidelidad” al sistema, tanto para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes como de la pensión de invalidez, deviene inadmisible, al constituir una exigencia que hace más gravoso el acceso a dichas prestaciones económicas.
• T-995 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). En esa sentencia, la Corte Constitucional concedió la tutela a una persona a la que el fondo administrador de pensiones le había negado el derecho a la pensión de sobrevivientes, solo con fundamento en que su excónyuge no cumplía con el requisito de fidelidad, que estaba vigente al momento en que el afiliado falleció. Señalo la corporación en esa oportunidad que los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 no se encontraban dentro del ordenamiento jurídico desde cuando fueron declarados inexequibles, y por tanto exigir el requisito de fidelidad como argumento para negar la pensión de sobrevivientes implicaba desconocer el precedente establecido por la Corte Constitucional, según el cual este tipo de normas, en tanto resultan regresivas, son inconstitucionales.
• T-772 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez). En esta providencia la Corte concluyó que a una persona se le violaron los derechos fundamentales cuando se le negó la pensión de sobrevivientes con el argumento de que el afiliado no cumplió con la exigencia de fidelidad, la cual era aplicable —a juicio del fondo administrador de pensiones— en tanto al fallecimiento del causante estaba vigente la Ley 797 de 2003 y no había sido expedida la Sentencia C-556 de 2009. La corporación sostuvo que en ese caso debió haberse inaplicado el requisito de fidelidad. Ello es así, en razón a que si bien es cierto que para el 21 de febrero de 2009, fecha de la muerte de Jorge Luis Recuero Díaz estaban en vigencia los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, también lo es que el imperativo constitucional de aplicar las consecuencias materiales de la cosa juzgada constitucional, proscribe la utilización de una disposición declarada inexequible a situaciones que si bien ocurrieron durante su vigencia, solo surtieron efectos concretos luego de la decisión de inconstitucionalidad, como se señaló en el apartado 6.6 de esta providencia. Además de lo indicado, recuerda la Sala que antes de la declaratoria de inexequibilidad mediante la Sentencia C-556 de 2009, esta corporación venía inaplicando dicha normatividad por encontrarla regresiva frente al derecho a la seguridad social (C.P., arts. 48 y 53), como quedó expuesto en el apartado 5.7 de esta providencia.
• T-043 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). La Sala Cuarta de Revisión, en esa oportunidad, protegió los derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital y seguridad social de una persona de la tercera edad a quien el fondo de pensiones le había negado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por no cumplir el requisito de fidelidad consagrado en los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Al respecto señaló esta corporación: “la aplicación del requisito de fidelidad aun cuando este hubiere estado vigente al momento de presentarse la solicitud, causó un impacto desproporcionado sobre la demandante, toda vez que se le exigió una condición más gravosa que la inicialmente consagrada, sin un sustento suficiente que justificara la disminución del nivel de protección del derecho”.
• T-260 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). En esta ocasión, la Sala Sexta de Revisión sostuvo que la exigencia del requisito de fidelidad al sistema general de pensiones como presupuesto para acceder a la pensión de sobrevivientes, es una medida inconstitucional desde el momento de su expedición y ordenó reconocer y pagar pensión de sobrevivientes a la accionante.
• T-450 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo). En ese fallo, la Sala Segunda de Revisión amparo los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y mínimo vital, vulnerados con la expedición de sentencias dentro del proceso ordinario laboral en las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes debido al incumplimiento del requisito de fidelidad por parte del causante. La Sala reiteró que esa exigencia de fidelidad desde siempre ha sido incompatible con la Carta, por lo que debe inaplicarse en todos los casos.
• T-886 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). En ese fallo, la Sala Tercera de Revisión sostuvo que constituye un deber el inaplicar el requisito de fidelidad para el reconocimiento de la pensión de invalidez y de sobreviviente cuando la misma se estructuró con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad de dicho requisito. Al respecto, explicó que esta corporación, haciendo uso de la figura de excepción de inconstitucionalidad ha inaplicado, en sede de tutela, el requisito de fidelidad al sistema incorporado por esta nueva legislación, por desconocimiento directo del artículo 48 de la Norma Superior, dado que las referidas normas establecían requisitos más exigentes que implicaban un retroceso, pues disminuía el grado de protección de sujetos de especial protección constitucional y hacía más gravoso el acceso a la pensión, sin ninguna justificación acerca de su necesidad y sin que hubiera adoptado medidas alternativas como un régimen de transición para quienes estuvieran cotizando al momento de la modificación. Posición reiterada en su Sentencia T-779 de 2013, en la que sostuvo que el requisito de fidelidad debe inaplicarse por considerarse abiertamente inconstitucional y claramente regresivo.
• T-175 de 2014 (M.P. Nilson Elías Pinilla Pinilla). En esta ocasión, la Sala Sexta de Revisión abordó este asunto desde la perspectiva de ¿qué sucede con las solicitudes de pensiones cuando la fecha en que surgieron los derechos pensionales es anterior a los fallos de inexequibilidad? Para dar solución a este interrogante, explicó: Así, aducir que no se puede dar aplicación a las sentencias C-428 y C-556 de 2009, en los eventos en que el hecho generador del derecho pensional ocurrió antes de julio 1º o agosto 20 de 2009, según el caso, no es jurídicamente válido, debido a que el requisito siempre fue considerado inconstitucional y, por ende, se inaplicó, pues contrariaba ostensiblemente el principio de progresividad que rige todo el sistema general de seguridad social, al consagrar reformas que disminuían derechos reconocidos(48). Posición jurisprudencial sobre que el desconocimiento del precedente vulnera derechos fundamentales fue reiterada en la Sentencia T-211 de 2013, entre otras.
• T-462 y T-571 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). Con estas decisiones, la Sala Cuarta de Revisión protegió los derechos vulnerados por las entidades demandadas que negaron el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, debido a que para la fecha de la muerte de los causantes se encontraba vigente el literal a) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que exigía el requisito de fidelidad de cotizaciones al sistema de seguridad social para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes. La Sala recordó que la Corte Constitucional declaró ese requisito como una medida regresiva.
• T-901 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En esta ocasión, la Sala Cuarta de Revisión protegió los derechos a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social, ante la negativa del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes reclamada por la demandante como consecuencia de la muerte de su compañero permanente, con el argumento de que la norma legal aplicable a este tipo de solicitudes solo contempla como beneficiarios de la prestación, a los cónyuges e hijos del causante. Se afirmó que la pensión de sobrevivientes guarda una estrecha relación con el derecho fundamental al mínimo vital del núcleo familiar del acusante adquiriendo un carácter de fundamental, pues en la mayoría de los eventos esta prestación se convierte en el único sustento económico de quienes dependían económicamente del fallecido, quedando en situación de vulnerabilidad, por tal motivo, su protección puede solicitarse por vía de tutela.
• T-538 de 2015 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). En esta oportunidad, la Sala Tercera de Revisión analizó los siguientes temas: la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de derechos pensionales, la normatividad aplicable para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes en el caso de las personas vinculadas con el magisterio y la aplicación en el tiempo de las consecuencias jurídicas de la declaración de inexequibilidad de los literales a) y b) del numeral 2º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. La Corte amparó los derechos al mínimo vital y a la seguridad social de la accionante.
9.3. Dentro de la línea argumentativa que se viene describiendo, resulta importante tener en cuenta lo manifestado por esta corporación en la Sentencia SU-132 de 2013(49), en la cual se aclaró:
(...) La Corte, en diferentes fallos, ha argumentado que el requisito de fidelidad al sistema no puede ser exigido en ningún caso pues dicho requisito siempre fue contrario al principio de progresividad y a la prohibición de regresividad de los derechos sociales. De igual forma se ha afirmado que “la sentencia de constitucionalidad lo único que hizo fue corregir una situación que desde siempre fue contraria al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones y que, por consiguiente, se limitó a reafirmar el carácter irregular de una disposición que desde antes estaba en contra de la Constitución, por consiguiente el pronunciamiento de la Corte tendría un carácter declarativo y no constitutivo.
Consolidando esta línea jurisprudencial, la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-158 de 2013(50), decidió que una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justica incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución, al resolver sobre el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes aplicando el requisito de fidelidad, el cual consideraba exigible porque aún estaba vigente al momento de la muerte del causante. La Corte sostuvo que (...) la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, incurrió en un defecto por desconocimiento directo de la Constitución ya que [el requisito de fidelidad] que exigía aplicar resultaba inconstitucional. El defecto consistió, puntualmente, en no haber inaplicado la ley pese a ser contraria a la Constitución, tal y como esta última había sido interpretada en numerosos pronunciamientos por la Corte Constitucional, que es la corporación que tiene asignada la función primigenia de guardar la integridad y supremacía de la Constitución Política (C.P., art. 241). Esta misma regla decisional fue aplicada en la Sentencia SU-407 de 2013(51), a propósito de un caso similar.
De igual forma en la Sentencia SU-873 de 2014(52), la Sala Plena reiteró que el requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivientes debe inaplicarse en todo caso, inclusive cuando la muerte del causante sucedió antes de su declaratoria de inexequibilidad. En efecto, este tribunal constitucional ha sostenido que ninguna autoridad administrativa o judicial puede, so pena de violar los postulados constitucionales, aplicar el requisito de fidelidad contenido en los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003(53). Al respecto, esta corporación señaló:
10.1. Examen sobre si la peticionaria María Luz Dary Urrego Bedoya cumple los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.
(i) El causante Carlos Arturo Ubarne Ramos cotizó setenta y siete (77) semanas, dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha del deceso (entre el 6 de mayo de 2001 al 6 de mayo de 2004), según información aportada por Colpensiones(55).
(ii) María Luz Dary Urrego Bedoya, a la fecha del deceso (mayo 6/2004) contaba con 39 años de edad (nacida el 28 de marzo de 1965, según registro civil aportado(56)) y se encontraba haciendo vida marital con el afiliado fallecido.
(iii) La convivencia entre María Luz Dary Urrego Bedoya y el causante Carlos Arturo Ubarne Ramos se dio desde el 15 de julio de 1997 hasta la fecha del deceso, logrando acreditar siete (7) años continuos de convivencia con anterioridad a su muerte(57).
10.2. Vulneración de los derechos fundamentales.
10.2.1. Al estudiar la respectiva solicitud de pensión de sobrevivientes, presentada en el mes de septiembre de 2004, el Instituto de Seguros Sociales —Seccional Antioquia— negó la prestación solicitada, mediante la Resolución 19638 del 25 de octubre de 2005, (i) por no cumplir con el requisito de fidelidad al sistema y (ii) por establecer que “la convivencia con el causante solo inició desde la mitad del año 2001 y culminó en la fecha de su muerte, no reuniendo de esta manera el tiempo mínimo exigido de convivencia marital (...)”(58).
En sede de revisión, se recibió en la secretaría de la Corte Constitucional, el 18 de enero de 2016(59), el oficio BZ_2015_4338788, en el que la entidad accionada —Colpensiones— informó que había iniciado, de oficio, un nuevo procedimiento administrativo en el que resolvió no acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por concluir que la señora Urrego Bedoya no acreditó el requisito de convivencia y vida marital con el causante hasta su muerte, es decir, que hubiese convivido con él no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su deceso (art. 13 de la L. 797/2003). Tal decisión se adoptó, mediante la Resolución GNR 411758 del 18 de diciembre de 2015, bajo el supuesto de la inexistencia de testigos de su convivencia con el afiliado fallecido. De esta forma Colpensiones reiteró una de las razones que, en su momento, adujo el ISS en la Resolución 19638 del 25 de octubre de 2005, para negar la pensión de sobrevivientes a la demandante.
En efecto, según escrito allegado a esta corporación(60), el 21 de enero de 2016, el apoderado de la accionante corroboró esta actuación administrativa y manifestó que la accionada exigió la declaración de los familiares y hermanos del causante, cerrando la investigación, sin recibir las declaraciones extra juicio rendidas por terceros (no familiares del fallecido) en el proceso ordinario ya finalizado.
Así mismo, mediante escrito recibido el 28 de marzo de 2016(61), el apoderado de la demandante aportó la Resolución GNR 85424 del 18 de marzo de 2016, mediante la cual Colpensiones resuelve el recurso de reposición, confirmando íntegramente la Resolución GNR 411758 de 2015.
10.2.2. La decisión del ISS (Res. 19638/2005) que negó la pensión de sobrevivientes a favor de María Luz Dary Urrego Bedoya, con fundamento en que su compañero Carlos Arturo Ubarne Ramos no cumplió el requisito de fidelidad, vulneró sus derechos fundamentales al aplicar el requisito de fidelidad con el sistema de pensiones (L. 797/2003, art. 12) y no tener en cuenta que dicha norma —vigente al momento de la muerte del causante— resulta inconstitucional desde su origen, por lo que ninguna disposición puede juzgarse aplicable mientras sea manifiestamente contraria a la Constitución.
Ahora bien, respecto de la falta de acreditación de la convivencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional advierte que María Luz Dary Urrego Bedoya acreditó ante el juez natural, en el proceso ordinario laboral, su calidad de compañera permanente del causante y que dicha calidad no fue discutida en el recurso de apelación ni en el recurso de casación, limitándose el ISS —en liquidación— a discutir la aplicación del requisito de fidelidad al sistema, por haber fallecido el causante con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del mismo.
10.2.3. Las decisiones de Colpensiones (Res. GNR 411758/2015 y Res. GNR 85424/2016) mediante las cuales, respectivamente, negó y confirmó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de María Luz Dary Urrego Bedoya, con fundamento en el hecho de no haber acreditado el requisito de convivencia, vulneraron sus derechos fundamentales; toda vez que se ha logrado demostrar su vínculo marital con el causante por más de siete (7) años, anteriores al fallecimiento, mediante testimonios y declaraciones de terceros quienes dieron constancia específica de esa situación.
Al respecto, cabe resaltar que, en el libelo de tutela y mediante escrito recibido el 21 de enero de 2016, el apoderado de la accionante aportó testimonio de la peticionaria y sendas declaraciones extrajuicio (declaraciones de las mismas personas valoradas en el proceso ordinario) que acreditan el requisito de convivencia requerido para el reconocimiento de la prestación social impetrada.
Ahora bien, para la Sala Plena de esta corporación es claro que, si bien la acción de tutela no está prevista como recurso adicional que permita volver sobre la causa litigiosa y las etapas procesales ya precluidas, ni como una instancia más para la práctica e inclusión de pruebas que por su naturaleza son propias del proceso ordinario laboral y de los asuntos que se debatieron en él, así como del eventual recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, también lo es que, en este caso, se trata de darle fuerza probatoria, en el proceso de revisión del fallo de tutela, al mismo material aportado en el proceso ordinario.
En efecto, la conclusión fáctica de convivencia entre la peticionaria y el causante fue soportada en las versiones que suministraron, mediante declaraciones extra proceso (rendidas en el mes de septiembre de 2014 y en enero de 2016), por María Luz Dary Urrego Bedoya(62), Braneis del Carmen Pacheco Muñoz y Pedro Pablo Correa Sánchez(63).
(...) bajo la gravedad del juramento declaramos que conocimos durante 20 años de trato, vista y comunicación al señor Carlos Arturo Ubarne Ramos, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 91.233.833, fallecido el 6 de mayo de 2.004, sabemos y nos consta que convivían en unión libre con la señora María Luz Dary Urrego Bedoya CC 43.917.118, convivieron desde el 15 de julio de 1997 hasta el día en que falleció, hecho ocurrido el 6 de mayo de 2004, es decir 7 años, tiempo durante el cual compartieron techo, lecho y mesa, de esta unión no existen hijos. La señora María Luz Dary Urrego Bedoya fuera de esta unión tiene tres hijos de los cuales viven 2 llamados Víctor Alonso, María Alejandra Ubarne Urrego y el señor Carlos Arturo Ubarne Ramos los reconoció.
Igualmente declaramos que la señora María Luz Dary Urrego Bedoya estuvo con su compañero hasta el 6 de mayo de 2004 que fue el día en que él falleció.
Es de señalar que la declaración de Braneis del Carmen Pacheco Muñoz fue ratificada en audiencia de trámite celebrada el 29 de enero de 2007(64). En aquel entonces, la señora Pacheco Muñoz manifestó:
Conozco a María Urrego [Luz Dary] hace 7 años porque convivió con el señor Carlos Ubarne, porque el señor Carlos Ubarne fue mi padre de crianza. () Cuando Carlos Arturo falleció estaba viviendo con Luz Dary y tres hijos de doña Luz Dary. Económicamente Luz Dary dependía económicamente [sic] del señor Carlos Arturo. El señor Carlos Arturo no tiene ningún otro beneficiario a la pensión. Se lo anterior porque en el tiempo que Carlos Arturo y Luz Dary vivían yo convivía algunos tiempos con ellos [sic].
P1. A ud. por qué le consta y afirma que la señora Luz Dary y Carlos Arturo convivieron 7 años. R. porque en esos 7 años yo siempre estuve al lado de Carlos Arturo y cuando los iba a visitar estuve con ambos, hasta su muerte me tocó atenderlo con Luz Dary.
Respecto de la fuerza probatoria de las declaraciones extrajuicio, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia ha explicado que las rendidas ante notario, no requieren de su ratificación para ser valoradas, salvo que la parte contraria lo requiera.
Así lo sostuvo en Sentencia CSJ SL 227/2015(65), en la cual se reiteró la sentencia del 6 de marzo de 2013(66), en los siguientes términos:
A juicio de la Sala, el razonamiento efectuado en la sentencia de 2 de marzo de 2007, radicación 27593, según el cual, las declaraciones extrajuicio recibidas para fines no judiciales, pueden tomarse “(...) como documentos declarativos provenientes de terceros, para cuya valoración, según el artículo 277 del CPC (Mod. L. 794/2003, art. 27), no necesitan ratificación, salvo que la parte contraria lo solicite”, está acorde con la especial situación que se presenta en esta clase de procesos, porque equiparar el documento simplemente declarativo emanado de un tercero, que no es elaborado ni suscrito ante un notario, con la declaración que ese mismo tercero realiza ante este funcionario público, que cuenta con el atributo de ser depositario de la fe pública, es perfectamente válido, en la medida en que, por lo menos, igual poder de convicción tienen estos dos medios de prueba, y no guardaría ninguna lógica, eximir de ratificación al primero, al paso que del segundo se exija el adelantamiento de tal formalidad dentro del proceso, siendo que, además, las declaraciones extrajuicio fueron rendidas bajo la gravedad del juramento.
11.1. La Sala Plena de la Corte Constitucional confirmará los fallos expedidos en el proceso de tutela por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (nov. 27/2014) y Sala de Casación Penal (oct. 14/2014).
11.2. De otra parte, comoquiera que la acción de tutela tiene el fin primordial de obtener la protección de los derechos fundamentales —cuya vulneración persiste—, la Sala Plena procederá a amparar los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social en pensiones y al mínimo vital de María Luz Dary Urrego Bedoya.
12. Otro aspecto relevante: la imprescriptibilidad de la pensión de sobrevivientes. Reiteración de jurisprudencia(67).
12.1. Cabe aclarar, que si bien el derecho a la pensión no prescribe por cuanto es un componente fundamental que integra el concepto y la figura de seguridad social y de conformidad con lo indicado en el artículo 48 superior, esta es de índole imprescriptible, lo cierto es que en abundante jurisprudencia de esta corporación(68), se ha reafirmado que dicha imprescriptibilidad se predica del derecho en sí mismo, mas no de las prestaciones periódicas o mesadas que de él se deriven y que no hayan sido cobradas, pues en tal caso, las acreencias laborales se encuentran sometidas a la regla general de 3 años de prescripción, consagrada en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo(69).
En efecto, la imprescriptibilidad de la pensión se deriva de todos aquellos postulados y principios constitucionales previstos por el constituyente en la Carta de 1991, según los cuales se debe garantizar la solidaridad por parte de la sociedad y del Estado, en quien recae principalmente la necesidad de asegurarle a sus ciudadanos alguna fuente financiera que les permita su sustento cuando debido a las distintas contingencias que afrontan, tales como la invalidez, vejez, viudez, etc., pueden versen expuestos a un daño o afectación irremediable de sus garantías constitucionales. Sin embargo, ello no obsta que el legislador, sin que afecte el contenido esencial del derecho constitucional de la pensión, establezca un límite temporal para reclamar sus mesadas. Frente al particular, la Sentencia C-198 de 1999(70), indicó:
12.2. En consecuencia, se ordenará el pago de la mesada de la pensión de sobrevivientes a favor de María Luz Dary Urrego Bedoya, en el futuro, reconociéndose el pago retroactivo —únicamente— de las mesadas pensionales correspondientes a los tres (3) años anteriores a la fecha de presentación de la acción de tutela sub judice (oct. 6/2014).
1. LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el expediente T-4.697.245, mediante auto del 5 de mayo de 2015.
2. CONFIRMAR las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (el 27 nov./2014) y Sala de Casación Penal (oct. 14/2014), en la cual se declaró y confirmó la improcedencia del amparo contra providencias judiciales (por vulneración al derecho al debido proceso), por no cumplirse el requisito de inmediatez, en el proceso de tutela presentado por María Luz Dary Urrego Bedoya contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
3. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social en pensiones y al mínimo vital de María Luz Dary Urrego Bedoya, vulnerando por las decisiones del ISS en liquidación (en su momento) y Colpensiones.
4. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la Resolución 19638 del 25 de octubre de 2005, mediante la cual el ISS negó el reconocimiento de la pensión solicitada por la parte actora y, así mismo, DEJAR SIN EFECTO la Resolución GNR 85424 del 18 de marzo de 2016 y la Resolución GNR 411758 del 18 de diciembre de 2015, mediante la cual Colpensiones negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a María Luz Dary Urrego Bedoya.
5. ORDENAR a Colpensiones (antes ISS) que, en un lapso no superior a diez (10) días, contados desde la notificación de esta providencia, emita un nuevo acto administrativo de reconocimiento vitalicio de la pensión de sobrevivientes a favor de María Luz Dary Urrego Bedoya, incluyendo el pago retroactivo —únicamente— de las mesadas pensionales correspondientes a los tres (3) años anteriores a la fecha de presentación de la presente acción de tutela (oct. 6/2014).
6. ORDENAR al gerente de Colpensiones que, una vez emitido y notificado el acto administrativo de que trata el ordinal anterior, remita copia del mismo a la Corte Constitucional, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, con constancia de su notificación a la interesada.
Magistrados: María Victoria Calle Correa—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Alejandro Linares Cantillo—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Gloria Stella Ortiz Delgado—Jorge Iván Palacio Palacio, ausente con excusa—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Alberto Rojas Ríos—Luis Ernesto Vargas Silva, ausente con permiso.
1 Cfr. folios 18 al 20 del cuaderno 2 del expediente.
3 El artículo 86 de la Carta Política consagra en favor de “toda persona” la posibilidad de solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o vulnerados, mediante el uso de la acción de tutela. Así, cuando en la disposición se hace alusión a “toda persona”, no se establece diferencia entre la persona natural o jurídica, nacional o extranjera y, por tanto, legitima a todo titular de un derecho fundamental amenazado o lesionado, para solicitar su restablecimiento ante los jueces de la República.
Decreto 2591 de 1991, Artículo 1º. Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela (...).
4 Decreto 2591 de 1991, Artículo 13. ART. 13.—Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior (...).
5 Sobre el tema se pueden consultar, entre muchas otras sentencias, las siguientes: SU-014 de 2001; T-705 de 2002; T-949 de 2003; T-774 de 2004; C-590 de 2005; T-565 de 2006; T-661 de 2007; T-249 y T-594 de 2008; T-264, T-425 y T-537 de 2009; T-167, T-105, T-214 y T-285 de 2010 y T-419 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
6 Consultar, entre otras, la Sentencia T-217 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
7 Sentencia T-233 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
8 Consultar, entre otras, la Sentencia T-608 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
9 Sobre el particular, consultar, entre otras, las sentencias SU-037 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-280 de 2009, T-565 de 2009, T-715 de 2009, T-049 de 2010, T-136 de 2010 y T-524 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
10 Consultar, entre otras, la Sentencia T-462 de 2003.
11 Al respecto, consultar, entre otras, la Sentencia T-1275 de 2008.
13 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
15 Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). La Corte declaró inexequible la norma que impedía interponer la acción de tutela contra sentencias de casación en materia penal, por considerar que dicha restricción vulneraba, entre otras normas, el artículo 86 de la Constitución. Los criterios allí expuestos son plenamente aplicables para reivindicar la procedencia de la tutela contra las sentencias de todos los órganos máximos en las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa y jurisdiccional disciplinaria.
16 Extracto de la Sentencia SU-553 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo).
17 En la Sentencia T-900 de 2004, esta corporación sobre el requisito de inmediatez, señaló: “(...) la jurisprudencia constitucional tiene establecido que el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela, de tal suerte que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable, oportuno y justo. Con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica.
“Esta condición está contemplada en el artículo 86 de la Carta Política como una de las características de la tutela, cuyo objeto es precisamente la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de toda persona, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que establezca la ley. Así, pues, es inherente a la acción de tutela la protección actual, inmediata y efectiva de aquellos derechos”.
18 Sentencia SU-446 de 1999, en la cual se hizo un recuento y unificación de la jurisprudencia hasta entonces existente en torno a este tema.
19 Respecto de este requisito fundamental de procedencia de la acción de tutela, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-961 de 1999, estableció: “la razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo esta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. En jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la acción de tutela se caracteriza por su ‘inmediatez’ (...). Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción”.
20 SU-961 de 1999.
21 SU-961 de 1999 y T-743 de 2008.
22 Sentencia T-584/2011, T-158 de 2006 y T-792 de 2007, entre otras.
23 Corte Constitucional, SU-813 de 2007.
24 Este tribunal ha considerado que al ser la acción de amparo un mecanismo de protección de los derechos fundamentales “(...) reviste al juez que conoce de ella de una serie de facultades que, en ejercicio de la jurisdicción ordinaria, no posee. La principal de ellas, consiste en fallar más allá de lo solicitado por quien hace uso de este mecanismo, fallos ultra o extra petita. Prerrogativa que permite al juez de tutela pronunciarse sobre aspectos que, sin ser expuestos como fundamento del amparo solicitado, deben ser objeto de pronunciamiento, por estar vulnerando o impidiendo la efectividad de derechos de rango constitucional fundamental.” Sentencia T-886 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). En ese mismo sentido, pueden consultarse, entre otros, los fallos T-310 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-553 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y T-464 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
25 Sentencia T-839 de 2010 que a su vez cita la Sentencia T-1025 de 2005 en la que se señaló:
26 Constitución Política de Colombia. Artículo 48. “Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.
ART. 53.—“El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales (...)”.
27 Salvo algunos casos excepcionales que se rigen por sistemas pensionales especiales.
28 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
29 Al respecto esta corporación había señalado que el propósito perseguido por la ley al establecer la pensión de sobrevivientes, es la de ofrecer un marco de protección a los familiares del afiliado o del pensionado que fallece, frente a las contingencias económicas derivadas de su muerte. Sentencia C-1176-01, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
30 Corte Constitucional. Sentencia C-002-99, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
31 Ver Sentencia C-111 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
32 Extracto de la Sentencia C-896 de 2006.
33 Extracto de la Sentencia C-336 de 2014.
34 Ley 100 de 1993. Artículo 46. (texto original) Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
35 Artículo modificado por la Ley 797 de 2003 declarado exequible, por los cargos analizados, salvo el parágrafo 2º que se declara inexequible, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1094 de 19 de noviembre de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), “en el entendido que para el caso del literal a) del numeral 2º será exigible la cotización del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que el afiliado al sistema fallezca cumplió 20 años de edad y la fecha de su muerte”.
36 M.P. Nilson Elías Pinilla Pinilla.
37 Ver folio 13 del cuaderno 1.
38 Apartes subrayados declarados exequibles, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1094-03 de 19 de noviembre de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
39 La Corte Suprema de Justicia hizo un recuento jurisprudencial sobre el grupo de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en sentencia junio de 2012 (Rad. 42631); reiterada en la sentencia del 5 de febrero de 2014 (Rad. 421936).
40 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 20 de mayo de 2008 (Rad. 32393).
41 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 5 de abril de 2005 (Rad. 22560).
44 Corte constitucional. Sentencia C-556 de 2009.
45 En la Sentencia C-556 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) se explicó que el requisito de fidelidad creaba una barrera de acceso a los beneficiarios de aquellos afiliados que fallecían a una edad avanzada, en el sentido de que ellos debían acreditar un número mayor de cotizaciones para satisfacer el presupuesto si se comparaba con otros usuarios menores. Allí se sostuvo, por ejemplo, que “si una persona al fallecer por enfermedad tiene 40 años de edad, debe contar con un mínimo de 5 años de cotizaciones, que correspondería al 25% del tiempo cotizado, el cual se ve incrementado en la medida que pasen los años, pues siguiendo el mismo ejemplo si el afiliado al fallecer cuenta ya no con 40 sino con 60 años de edad, el requisito correspondiente al 25% del tiempo, ascendería a 10 años de cotizaciones”.
47 Cfr. las sentencias T-974/2005, T-1291/2005, T-221/2006, T-043/2007, T-628/2007, T-699/2007, T-580/2007, T-078/2008, T-103/2008, T-658/2008, T-1036/2008, entre otras.
48 Cfr. T-950 de noviembre 25 y T-989 de diciembre 2, ambas de 2010 y M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-609 de septiembre 2 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; entre otras.
50 M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Nilson Pinilla Pinilla.
51 M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Nilson Pinilla Pinilla. En esa sentencia, la Sala Plena de la Corte estableció que las autoridades, bajo ningún pretexto, pueden aplicar o exigir el cumplimiento del requisito de fidelidad al sistema, so pena incurrir en un defecto por violación directa de la Constitución y a los derechos fundamentales de la persona interesada. En ese caso, se dejaron sin efecto dos providencias judiciales que habían negado el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a una ciudadana por no cumplir ese requisito, el cual consideraban exigible porque el causante falleció antes de proferida la Sentencia C-556 de 2009. Al respecto, se sostuvo lo siguiente: “(...) el defecto (por violación directa de la Constitución) consistió en no haber inaplicado el mencionado requisito de fidelidad consagrado en la citada norma, a pesar de ser contrario a la Constitución, tal y como lo había interpretado en numerosos pronunciamientos la Corte Constitucional, que es la corporación que tiene asignada la función de guardar la integridad y supremacía de la Constitución Política (C.P., art. 241). // En conclusión, cuando una autoridad judicial aplica o exige que se apliquen las normas que establecían el requisito de fidelidad para adquirir el derecho a una pensión de sobrevivientes, vulnera el derecho a la seguridad social (C.P., art. 48), dado que esa exigencia de fidelidad desde siempre ha sido incompatible con la Carta, por lo que debe inaplicarse en todos los casos (C.P., art. 4º)”.
53 Como ya se explicó, esta posición ha sido reiterada por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones, sosteniendo que es inconstitucional exigir el requisito de fidelidad para conceder el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, sea que estas se hubieren causado antes o después de la Sentencia C-556 de 2009.
54 Cfr. Corte Constitucional, T-730 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
55 Ver Resolución 411758 de 2015 emitida por Colpensiones, a folio 52 del cuaderno principal de este expediente.
56 Ver folio 65 del cuaderno 1.
57 Ver declaración extra juicio a folio 70 del cuaderno 1 de este expediente.
58 Ver folio 67 del cuaderno 1.
59 Ver folios 27 al 36 del cuaderno principal.
60 Ver folios 38 al 61 del cuaderno principal.
61 Ver folios 65 al 70 del cuaderno principal.
62 Declaración aportada en original, obra a folio 70 del cuaderno 1 del expediente.
63 Declaración aportada en original, obra a folio 71 del cuaderno 1 del expediente.
64 Acta de la audiencia segunda de trámite, ante el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín, 29 de enero de 2007 (fls. 21 a 23, cdno. 1 del expediente).
65 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 11 de febrero de 2015, Radicado 511602.
66 Corte Suprema de Justicia, Radicado 42536.
67 Confrontar las sentencias T-427 de 2011, T-361 de 2012, T-1074 de 2012, T-395 de 2013, T-037 de 2014, T-324 de 2014.
68 Al respecto, ver entre otras, las sentencias C-198 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-932 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-681 de 2011, M.P. Nilson Elías Pinilla Pinilla.
69 Código Sustantivo de Trabajo. Prescripción de las acciones. Artículo 488: “Regla General. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto”.
70 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

References: ARTÍCULO 48
 ARTÍCULO 488
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 artículo 53
 artículo 46
 artículo 12
 Resolución 
 artículo 54
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 46
 artículo 12
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 artículo 13
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