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Timestamp: 2019-02-22 17:49:10+00:00

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INDEMNIZACION GLOBAL: enero 2014
LEGITIMACION DE UN DEFENSOR JUDICIAL PARA RECLAMAR UNA INDEMNIZACION DEL CONCORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS
EL PERJUDICADO DE UN ACCIDENTE DE TRAFICO MENOR DE EDAD TIENE DERECHO A INDEMNIZACIÓN DEL CONSORCIO AUNQUE SU MADRE SUPIERA QUE EL VEHÍCULO NO ESTABA ASEGURADO.
A) La sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª, S 28-11-2013, nº 749/2013, estima el recurso de casación presentado por el defensor judicial del menor y condena al Consorcio de Compensación de Seguros a indemnizar al menor por el fallecimiento de su madre en un accidente de tráfico cuando viajaba de ocupante en un vehículo no asegurado. El conocimiento por la fallecida de la falta de aseguramiento es irrelevante por cuanto el perjudicado que sufre el daño indemnizable es el hijo y a él no se le puede aplicar la causa de exoneración de la obligación de resarcir del art. 11.1 g) par. 2 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, ya que era ajeno a la inexistencia de seguro.
B) ANTECEDENTES DE HECHO: El defensor judicial de un menor, formuló demanda en nombre de éste contra el Consorcio de Compensación de Seguros y contra el padre del menor (conductor del vehículo), en reclamación de la cantidad de 172.981,89 euros, más los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro y costas.
Dicha reclamación traía causa del fallecimiento de la madre del menor en un accidente de tráfico sufrido cuando viajaba en el vehículo conducido por el padre -codemandado y en rebeldía, accidente ocurrido sobre las 6,10 horas del día 11 de abril de 2004 al circular por la vía CM-200, a la altura del punto kilométrico 79,800, a la entrada de la población de Albacete de Zorita (Guadalajara).
La Abogacía del Estado se opuso a la demanda en nombre del Consorcio de Compensación de Seguros, alegando que la fallecida -esposa del conductor y madre del demandante- conocía que el vehículo no estaba asegurado y ello excluye la responsabilidad del Consorcio por aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.
La sentencia de primera instancia estimó la demanda y condenó solidariamente al Consorcio de Compensación de Seguros y al codemandado don Juan Pablo a indemnizar al menor Rafael en la cantidad de 172.981,89 euros más los intereses correspondientes según lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, con imposición de costas a los referidos demandados.
La Abogacía del Estado, en la representación dicha, recurrió en apelación y la Audiencia Provincial de Guadalajara (Sección 1ª) dictó sentencia de fecha 19 de julio de 2011, por la que estimó el recurso y absolvió al Consorcio de Compensación de Seguros sin especial declaración sobre costas causadas en ambas instancias.
C) Contra dicha sentencia de la AP recurre en casación el defensor judicial en nombre del menor.
El TS estima el recurso de casación. Es cierto que el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor , tras establecer en su apartado 1 b) como función del Consorcio de Compensación de Seguros la de indemnizar los daños en las personas y en los bienes causados por un vehículo que no esté asegurado -como sucede en el presente caso- también establece en el apartado g), párrafo segundo, que en tal supuesto "quedarán excluidos de la indemnización por el Consorcio los daños a las personas y en los bienes sufridos por quienes ocuparan voluntariamente el vehículo causante del siniestro, conociendo que éste no estaba asegurado o que había sido robado, siempre que el Consorcio probase que aquellos conocían tales circunstancias".
En este sentido, dando por probado la sentencia impugnada que la fallecida -madre del demandante- conocía la falta de aseguramiento, concurriría el supuesto de exoneración del Consorcio anteriormente referido si no fuera porque el Anexo dispone en su apartado Primero.4 que la condición de "perjudicado" -y, por tanto, quien sufre el daño en caso de fallecimiento de la víctima- no corresponde a la propia víctima sino a las personas enumeradas en la Tabla I y entre ellas, en el caso presente, al hijo menor, que en la fecha del accidente no llegaba a los dos años, al que no se puede aplicar la citada causa de exoneración de la obligación resarcitoria por parte del Consorcio al ser ajeno a la inexistencia de seguro.
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Etiquetas: Un menor de edad tiene derecho a indemnizacion del Consorcio de Compensación aunque el vehículo no estuviese asegurado y lo supiera su madre
CABE RECLAMAR UNA INDEMNIZACION POR LUCRO CESANTE Y DAÑO MORAL POR LA PERDIDA DE UNA ADMINISTRACION DE LOTERIAS
LA RESPONSABILIDADPATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN POR LA ANULACIÓN DE LA RESOLUCION DEADJUDICACIÓN DE UNA ADMINISTRACION DE LOTERIA.
1º) La sentencia de la Audiencia Nacional Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 3ª, de 9-4-2013, estima el recurso contencioso contra denegación de indemnización por responsabilidad patrimonial derivada de una adjudicación de Administración de Loterías anulada. Tras exponer doctrina los requisitos que concurren para apreciar responsabilidad patrimonial como consecuencia de la anulación de dicho acto administrativo, el Tribunal accede a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios derivados del hecho de haberse visto privada durante un tiempo de la explotación de su Administración de Loterías. El quantum indemnizatorio responde a un lucro cesante calculado por dictamen pericial no desvirtuado y a otra cantidad por daño moral más los intereses legales desde que se presentó la reclamación administrativa (FJ 4).
2º) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de los servicios públicos viene proclamada en el art. 106-2 de la CE y su desarrollo se contiene en los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el RD 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
Dicho esto para que surja la responsabilidad patrimonial, se exige que concurran una serie de requisitos , que, según la jurisprudencia, pueden sintetizarse en los siguientes: primero, la existencia de un daño real, efectivo, individualizado y ponderable económicamente; segundo, que el daño resulte imputable a la Administración como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación directa e inmediata de causa a efecto, sin incidencia de fuerza mayor, hecho de un tercero o conducta propia del perjudicado que alteren dicho nexo causal, teniendo en cuenta que sólo se excluye en los supuestos de fuerza mayor y no de caso fortuito, lo que implica, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 1989, que "El carácter fortuito del hecho causante de una lesión no excluye la responsabilidad patrimonial"; y tercero, que se exija dentro del plazo de un año señalado en la Ley.
Por ello ha de sostenerse igualmente el carácter objetivo de la responsabilidad de la Administración cuando la misma se establezca como consecuencia de la anulación de resoluciones administrativas tanto en vía jurisdiccional como en vía administrativa, siempre y cuando concurran los requisitos para ello, ya que el 142-4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al igual que su precedente normativo - artículo 40-2 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado -, no establece un principio de exoneración de la responsabilidad de la Administración en los supuestos de anulación de resoluciones administrativas, sino que afirma la posibilidad de que tal anulación sea presupuesto inicial para que tal responsabilidad pueda nacer siempre y cuando se den los restantes requisitos exigidos con carácter general para que opere el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración, requisitos cuya concurrencia, si se quiere, tal y como indica el TS en S. 18-12- 2000 (Rec. 8669/1996), " ha de ser examinada con mayor rigor en los supuestos de anulación de actos o resoluciones que en los de mero funcionamiento de los servicios públicos, en cuanto que estos en su normal actuar participan directamente en la creación de riesgo de producción de resultado lesivo; quizás por ello el legislador efectúa una específica mención a los supuestos de anulación de actos o resoluciones administrativas tratando así de establecer una diferencia entre los supuestos de daño derivado del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y aquellos otros en los que el daño evaluable e individualizado derive de la anulación de un acto administrativo, sin alterar por ello un ápice el carácter objetivo de dicha responsabilidad en uno y otro supuesto siempre que exista nexo causal entre el actuar de la Administración y el resultado dañoso producido, no concurriendo en el particular el deber jurídico de soportar el daño ya que en este caso desaparecería el carácter antijurídico de la lesión.".
En conclusión, la obligación de indemnizar exigida con base en el artículo 142-4 de la LRJ-P no es consecuencia obligada de la simple anulación de las resoluciones administrativas, sin que ello suponga obstáculo para que tal derecho a ser indemnizado pueda ser reconocido cuando se cumplan los restantes requisitos del artículo 139LRJ-PAC (daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente, nexo causal entre el actuar de la administración y el resultado dañoso, y lesión antijurídica en el sentido de ausencia de deber jurídico del administrado de soportar el resultado lesivo).
En cuanto a este último requisito (antijuridicidad), no es el aspecto subjetivo del actuar antijurídico de la Administración el que debe exigirse para sostener el derecho a la indemnización , sino el objetivo de la ilegalidad del perjuicio, en el sentido de que el ciudadano no tenga el deber jurídico de soportarlo, ya que en tal caso desaparecería la antijuridicidad de la lesión al existir causas de justificación en el productor del daño, esto es en el actuar de la Administración. La antijuridicidad del daño no se anuda a la conformidad o no a Derecho de la actuación administrativa sino a que el resultado que misma suponga en el administrado un perjuicio que este no tenga el deber de soportar.
Se trata de abandonar el debate sobre la conducta de la Administración, donde lo sitúa la parte actora, y trasladarlo al resultado, la antijuridicidad de la lesión, atendiendo a las peculiaridades del caso concreto y sin introducir, por tanto, el requisito de culpa o negligencia en la actuación jurídica de la Administración.
En los supuestos de ejercicio de potestades discrecionales por la Administración, el legislador ha querido que ésta actúe libremente dentro de unos márgenes de apreciación con la sola exigencia que se respeten los elementos reglados que puedan existir, de tal manera que el actuar de la Administración no se convierta en arbitrariedad al estar ésta rechazada por el artículo 9- 3 de la Constitución. En tales supuestos parece que no existiría duda de que siempre que el actuar de la Administración se mantuviese en unos márgenes de apreciación no sólo razonados sino razonables debería entenderse que no podría hablarse de existencia de lesión antijurídica, dado que el particular vendría obligado por la norma que otorga tales potestades discrecionales a soportar las consecuencias de su ejercicio, siempre que éste se llevase a cabo en los términos antedichos. Estaríamos por tanto ante un supuesto en el que existiría una obligación de soportar el posible resultado lesivo.
3º) El caso que contemplamos no se agota en los supuestos de ejercicio de potestades discrecionales, sino que ha de extenderse a aquellos supuestos, asimilables a estos, en que en la aplicación por la Administración de la norma jurídica al caso concreto no haya de atender sólo a datos objetivos determinantes de la preexistencia o no del derecho en la esfera del administrado, sino que la norma antes de ser aplicada ha de integrarse mediante la apreciación, necesariamente subjetiva de la Administración llamada a aplicarla, de conceptos indeterminados determinantes del sentido de la resolución. En tales supuestos es necesario reconocer un determinado margen de apreciación a la Administración que haría desaparecer el carácter antijurídico de la lesión. Ello es así porque el derecho de los particulares a que la Administración resuelva sobre sus pretensiones, en los supuestos en que para ello haya de valorar conceptos indeterminados, o la norma legal o reglamentaria remita a criterios valorativos para cuya determinación exista un cierto margen de apreciación, conlleva el deber del administrado de soportar las consecuencias de esa valoración siempre que se efectúe en la forma anteriormente descrita. Lo contrario podría incluso generar graves perjuicios al interés general al demorar el actuar de la Administración ante la permanente duda sobre la legalidad de sus resoluciones.
Como se dice en la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2009 (Recurso Núm.: 57/2005) al no presuponer la anulación en la vía administrativa o jurisdiccional de un acto o de una disposición de la Administración, el derecho a indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial ( artículo 142.4 de la Ley 39/1992 de 26 de noviembre), para resolver si existe o no ese derecho hay que examinar si concurren los requisitos que una constante y reiterada jurisprudencia concreta y del que interesa destacar el requisito de la antijuridicidad del resultado o lesión, inexistente, cuando "la solución adoptada se produce dentro de los márgenes de lo razonable y de forma razonada" ( Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2.009, recurso de casación 1887/2007, y las en ella citadas). En esos supuestos, según se expresa en la Sentencia de mención "el administrado queda compelido a soportar las consecuencias perjudiciales que para su patrimonio jurídico derivan de la actuación administrativa, desapareciendo así la antijuridicidad de la lesión...".
En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2009 (Recurso Núm.: 1887/2007), en la que se declara lo siguiente: En esta tesitura, como hemos subrayado en la citada sentencia de 14 de julio de 2008 (FJ 4 º) y en la de 22 de septiembre del mismo año (casación para la unificación de doctrina 324/07, FJ 3º), para determinar si un sujeto de derecho está obligado jurídicamente a soportar el daño que le ha infligido el funcionamiento de un servicio público, uno de los elementos a tomar en consideración es la naturaleza misma de la actividad administrativa.
Decíamos entonces que el panorama no es igual si se trata del ejercicio de potestades discrecionales, en las que la Administración puede optar entre diversas alternativas, indiferentes jurídicamente, sin más límite que la arbitrariedad que proscribe el artículo 9, apartado 3, de la Constitución, que si actúa poderes reglados, en lo que no dispone de margen de apreciación, limitándose a ejecutar los dictados del legislador.
Y ya en este segundo grupo, habrá que discernir entre aquellas actuaciones en las que la predefinición agotadora alcanza todos los elementos de la proposición normativa y las que, acudiendo a la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, impelen a la Administración a alcanzar en el caso concreto la única solución justa posible mediante la valoración de las circunstancias concurrentes, para comprobar si a la realidad sobre la que actúa le conviene la proposición normativa delimitada de forma imprecisa. Si la solución adoptada se produce dentro de los márgenes de lo razonable y de forma razonada, el administrado queda compelido a soportar las consecuencias perjudiciales que para su patrimonio jurídico derivan de la actuación administrativa, desapareciendo así la antijuridicidad de la lesión (véase nuestra sentencia de 5 de febrero de 1996, ya citada, FJ 3º, rememorada en la de 24 de enero de 2006 (casación 536/02, FJ 3º); en igual sentido se manifestaron las sentencias de 13 de enero de 2000 (casación 7837/95, FJ 2 º), 12 de septiembre de 2006 (casación 2053/02, FJ 5 º), 5 de junio de 2007 (casación 9139/03, FJ 2 º), 31 de enero de 2008 (casación 4065/03, FJ 3 º) y 5 de febrero de 2008 (recurso directo 315/06, FJ 3º).
Ahora bien, no acaba aquí el catálogo de situaciones en las que, atendiendo al cariz de la actividad administrativa de la que emana el daño, puede concluirse que el particular afectado debe sobrellevarlo.
En definitiva, para apreciar si el detrimento patrimonial que supone para un administrado el funcionamiento de un determinado servicio público resulta antijurídico ha de analizarse la índole de la actividad administrativa y si responde a los parámetros de racionalidad exigibles.
Esto es, si, pese a su anulación, la decisión administrativa refleja una interpretación razonable de las normas que aplica, enderezada a satisfacer los fines para los que se la ha atribuido la potestad que ejercita. Así lo hemos expresado en las dos sentencias referidas de 14 de julio EDJ 2008/128263 y 22 de septiembre de 2008, dictadas en unificación de doctrina (FFJJ 4º y 3º, respectivamente).
En conclusión: ".... el administrado queda compelido a soportar las consecuencias perjudiciales que para su patrimonio se derivan de la actuación administrativa anulada cuando ésta se produjo dentro de los márgenes de lo razonable y de forma razonada,..." Así: "... las consecuencias lesivas derivadas de la anulación de un acto administrativo.... pueden dar derecho a una indemnización , siempre y cuando.... concurran los presupuestos o requisitos determinantes de la responsabilidad patrimonial de la Administración: daño efectivo que por ser antijurídico el perjudicado no tiene el deber jurídico de soportar, económicamente valuable, y conectado causalmente con la actividad administrativa, ya que la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización , pues no cabe interpretar el art. 139 de la Ley 30/1992 con tesis maximalistas de uno y otro sentido, como si se dijera que de la anulación de una resolución administrativa no cabe nunca derivar responsabilidad patrimonial de la Administración, ni tampoco se puede afirmar que siempre se producirá tal responsabilidad, dado el carácter objetivo de la misma". y "... la concurrencia de tales requisitos cuando la responsabilidad patrimonial se deduzca en relación con la anulación previa de actos administrativos, debe exigirse incluso con más rigor en dicho supuesto que en el de daños derivados del funcionamiento de los servicios públicos, en cuanto que estos en su normal actuar participan directamente en la creación de riesgo de producción de resultado lesivo" ( STS 14-2-2012 Recurso Núm.: 6051/2010).
4º) Dicho lo anterior, el Tribunal Supremo en un caso similar al presente en el que se reclamaba responsabilidad patrimonial por la anulación de la resolución de adjudicación de Administración de Loterías que supuso la frustración inicial de un derecho preferente que solo pudo ser restablecido tras el oportuno peregrinaje procesal, reconoce la existencia de la responsabilidad patrimonial y la causación de unos perjuicios, individualizados y evaluables económicamente, entre ellos el lucro cesante por el quebranto económico sufrido en el tiempo que no pudo ser titular de la Administración de Lotería solicitada (Sentencia TS 3-11- 2009, recurso 734/2008).
En igual sentido la S del TS de fecha 26-9-2011 (recurso 1396/2007) en el que se parte de que el hecho desencadenante del perjuicio es la ilegal adjudicación de la Administración de Lotería realizada por la Administración e impugnada por el recurrente. En dicha sentencia, que desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de esta Sala, Sección 6ª, de fecha 17-11-2006, y se señala lo siguiente:
"CUARTO.- Esta Sala y Sección tiene jurisprudencia que resulta aplicable al caso de autos en razón de las concomitancias entre unos y otros asuntos que resulta oportuno recordar.
1. En primer lugar la Sentencia de 3 de noviembre de 2009, recurso de casación 734/2008 desestimó el recurso interpuesto por el Abogado del Estado frente a sentencia que se había pronunciado acerca de la procedencia de la responsabilidad patrimonial de la administración del estado. Declaró este Tribunal que concurrían las circunstancias del art. 139.2 LRJAPAC por cuanto el recurrente sufrió unos perjuicios, individualizados y evaluables económicamente que no estaba obligado a soportar. Así se trataba de un reclamante por los perjuicios causados por la actuación administrativa que no adjudicó inicialmente al allí recurrente una determinada Administración de Loterías que finalmente fue obtenida mediante resolución del Patronato de Loterías y Apuestas del Estado. La razón de ser de tal adjudicación fue la acreditación de mayor puntuación tras haber logrado una sentencia anulatoria del concurso con orden a la administración para que resolviera con criterios concretos que justificasen la puntuación de cada concursante.
2. En fecha más reciente la Sentencia de 23 de noviembre de 2010, recurso de casación 1325/2009 estima parcialmente el recurso de casación formulado contra sentencia que desestima la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada a consecuencia de los daños y perjuicios derivados de la ejecución de sentencia judicial firme que anuló el otorgamiento de una Administración de Loterías en razón de su impugnación por otro concursante. Recoge el FJ cuarto de la Sentencia de esta Sala que la concesión de la administración de Loterías ocasionó perjuicios individualizables y evaluables económicamente al realizar una considerable inversión económica en el local que debía desarrollarse la actividad. En consonancia con el anterior aserto en el FJ 5º se reconocen los daños emergentes por las obras realizadas en el local para acondicionarlo a fin de poder realizar la actividad autorizada mas se rechaza el lucro cesante por la pérdida de beneficios dejados de percibir en razón de que derivan de una autorización anulada lo que conlleva que el daño o perjuicio no fuere antijurídico.
3. Posición análoga se ha mantenido en otro ámbito en que entra en juego la autorización administrativa para la puesta en marcha de una actividad regulada al encontrase sometida al régimen de concurrencia competitiva. Así las Sentencias de 10 de febrero de 2010, recurso de casación 3505/2005, Sección Sexta y 22 de febrero de 2011, recurso de casación 669/2009, Sección cuarta, al apreciar la existencia de la antijuridicidad del daño en la demora en la obtención de autorización para la apertura de oficina de farmacia, inicialmente denegada por la administración y posteriormente reconocida en sede jurisdiccional."
5º) Se trata hic et nunc de verificar si la anulación por la sentencia del Tribunal Supremo de 7-6-2006 de la Orden del Ministerio de Hacienda de 18-1-2001 ha generado o no un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado. Y ya en este punto es de reconocer que la meritada orden ministerial ha ocasionado unos daños y perjuicios a la parte aquí actora pues la referida sentencia del Tribunal Supremo de 7-6-2006 ha reconocido que dicha parte tenía mejor derecho para alzarse con la adjudicación de la Administración de Loterías de referencia, cuya explotación solo ha conseguido tras un largo pleito en la vía contencioso-administrativa, de tal modo que resulta llano la presencia en el caso de los requisitos relativos al nexo causal y los daños y perjuicios, si bien queda por dilucidar si estos últimos merecen la consideración de antijurídicos para completar el requisito de la lesión resarcible. Y al respecto pocas dudas ofrece el supuesto litigioso desde el momento en que la propia sentencia del Tribunal Supremo de 7-6-2006 nos dice que la precitada orden ministerial de adjudicación incurrió en un error en la interpretación y aplicación de determinada base del concurso público de referencia, cuya base tenía un contenido jurídico de tal naturaleza que excluía el juego de la discrecionalidad técnica o la posibilidad de dar lugar a varias soluciones igualmente lícitas en Derecho o susceptibles de ser consideradas razonables, de tal manera que es de concluir que la solución a que llega la meritada sentencia del Tribunal Supremo era la única aceptable en una recta interpretación jurídica de la meritada base del concurso, por lo que no puede alegarse con éxito que la actuación de la Administración al resolver el concurso de referencia fue razonable y razonada, y siendo ello así es de concluir que presente está en el caso el requisito de la antijuridicidad de los daños y perjuicios aducidos, que por ello mismo merecen la consideración de lesión resarcible.
6º) Dicho lo anterior, y sobre la premisa de la concurrencia de los requisitos necesarios para la vivencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, resta la determinación del "quantum" indemnizatorio .
Son dos las partidas que configuran el monto resarcitorio impetrado en la demanda, el lucro cesante y el daño moral.
A) Respecto del lucro cesante hemos de notar que con la demanda se ha aportado un dictamen pericial suscrito por economista, cuyo dictamen no ha merecido ninguna consideración en el escrito de contestación a la demanda. El mentado dictamen trata de alcanzar el valor económico del lucro cesante durante el período de tiempo en que la parte actora se vio privada de la plena explotación de la Administración de Loterías de referencia, y ello sobre la aplicación de los parámetros de los rendimientos de la actividad obtenidos en 2011 menos los gastos de explotación fiscalmente deducibles en el mismo período, más la aplicación de determinados índices correctores en los tres primeros años del negocio, los incrementos y disminuciones porcentuales en las cantidades jugadas en España en el período objeto de análisis y los incrementos de los precios al consumo publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), llegando el perito en función de todo ello a un lucro cesante durante el período de tiempo considerado ascendente a 626.555,72 Eur., que aquí acogemos al no haber sido objeto de crítica alguna procedente de la parte demandada.
B) A lo anterior hemos de añadir la indemnización correspondiente al daño moral por todo el tiempo en que se vio la actora privada de la explotación del negocio y sometida a la incertidumbre y sinsabores propios de todo pleito judicial, que esta Sala valora prudencialmente en 30.000 Eur. en función de lo actuado y circunstancias concurrentes.
La suma de las dos partidas que anteceden hace el monto de 656.555,72 euros, que representa la cifra en que queda definida la indemnización reconocida a la demandante, más los correspondientes intereses legales desde la fecha de la presentación de la reclamación administrativa en 5-5-2011, cual se impetra en el suplico de la demanda.
Publicado por Pedro Torres Romero en 9:49 No hay comentarios:
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 artículo 142
 artículo 139
 artículo 9
 artículo 142
 artículo 9
 resolución 
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