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Timestamp: 2019-09-20 18:52:51+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 465/2010 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 465/10
“PEDRO RODRIGUEZ GAONA Y GUSTAVO FERREIRA SAUCEDO C/ RESOLUCIONES Nº.15 Y 16, ACTA Nº.13, DE FECHA 20 DE MARZO DE 2.007, DICTADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS”.-
En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los cuatro del mes de Octubre del año dos mil Diez, estando reunidos en la Sala se Acuerdos los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Doctores: ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y CESAR GARAY, (quien integra Sala Penal para el caso) por ante mí la Secretaria autorizante , se trajo el expediente titulado: “PEDRO RODRIGUEZ GAONA Y GUSTAVO FERREIRA SAUCEDO C/ RESOLUCIONES Nº.15 Y 16, ACTA Nº.13, DE FECHA 20 DE MARZO DE 2.007, DICTADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nº 46 de fecha 17 de Junio de 2008, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.-
Es nulo el Acuerdo y Sentencia impugnado?
¿Resulta viable el Recurso de Apelación interpuesto?.-------
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y CESAR ANTONIO GARAY.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA DRA. ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA DIJO: Que uno de los recurrentes el Abogado Richard Ferreira desistió expresamente del Recurso de Nulidad planteado, mientras que el otro recurrente el Abogado Aldo Eduardo León no lo ha fundado específica y concretamente, por lo que se los debe tener por abdicados del mismo. Por otro lado, no se observa en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los arts.113 y 404 del C.P.C. Corresponde en consecuencia tener por desistido el presente Recurso. Es mi voto.-
A su turno los señores Ministros Sindulfo Blanco y Cesar Antonio Garay, manifiestan que se adhieren al voto de la preopinante, por los mismos fundamentos.-
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA DRA. ALICIABEATRIZ PUCHETA DE CORREA DIJO: El Tribunal de Cuentas 1ª Sala, por Acuerdo y Sentencia Nº. 46 de fecha 17 de Junio de 2.008, resolvió: “RESUELVE…….1.-) HACER LUGAR, con costas a la demanda contencioso administrativa instaurada en autos por Pedro Rodriguez Gaona c/Resoluciones Nº.16, Acta 13 de fecha 20 de Marzo de 2.007, dictadas por el Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente Resolución, y en consecuencia; 2.-) REVOCAR la Resolución Nº.16, Acta Nº.13, de fecha 20 de Marzo de 2.007, dictada por el Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios. 3.-) NO HACER LUGAR a la demanda contencioso administrativa, promovida por Gustavo Ferreira Saucedo c/Resolución Nº.15, Acta Nº.13, de fecha 20 de Marzo de 2.007, dictada por el Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente Resolución, y en consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes dicha Resolución y Acta. 4.-) IMPONER LAS COSTAS en el orden causado en este último.
Que el Abogado Richard Rodríguez cuestionó la conclusión del Tribunal Aquem que rechazó la demanda promovida por el Sr. Gustavo Ferreira Saucedo porque supuestamente este no agotó la instancia al no haber interpuesto el Recurso de Reconsideración contra la Resolución que lo privó de percibir la suma de G.300.000 mensuales en concepto de asignación adicional. Acotó que el art. 22 de la Ley Nº.2.856/06 de la Caja Bancaria en su art. 22 dispone: “Las Resoluciones del Consejo podrán ser objeto de reconsideración dentro de los cinco días hábiles de la notificación a los interesados”, y que cuando la ley dice podrán implica que concede una facultad y como tal puede o no ser utilizada por el administrado al solo criterio de éste, pero nunca puede constituirse en un obstáculo para que el mismo ejercite la acción contencioso administrativa en procura de sus derechos legítimamente consagrados. Recalcó que el Tribunal se equivocó grande al aplicar al caso de su mandante la disposición del art.87 de la Ley de la Función Pública, pues ocurre que el Consejo de Administración es el órgano de mayor jerarquía dentro de la Caja de Jubilados Bancarios y por sobre él no hay otra instancia administrativa superior. Asimismo señaló que la norma utilizada por el Tribunal de Cuentas claramente establece la condición de su aplicabilidad y ella misma establece que cuando la resolución la dictare la máxima autoridad de la entidad u organismo, quedará expedita la vía judicial, es decir el Tribunal de Cuentas. Resaltó que la utilización del Recurso de Reconsideración no es una obligación que necesariamente debe agotar el administrado, pues para él en materia administrativa rige distinto principio que para la administración. Esto significa que cuando la ley otorga una facultad al administrado, no puede obligárselo a utilizarla so pena de perder sus derechos, derechos que legítimamente en este caso se están reclamando. Puso de manifiesto que el Sr. Ferreira Saucedo es dirigente sindical, y que con lo decidido por el Tribunal de Cuentas se violó el derecho del señor Ferreira Saucedo previsto en el art.96 última parte de la Constitución Nacional y lo dispuesto en el art.317 del C.T., referente a la estabilidad sindical, sobre todo en lo que hace a la prohibición de ser alteradas sus condiciones de trabajo, siendo esta norma de aplicación al caso por expresa remisión del art.4º de la Caja Bancaria. Finalizó solicitando la revocación del apartado tercero de la Resolución apelada, y la admisión de la demanda contencioso administrativa promovida por Gustavo Ferreira Saucedo en las mismas condiciones que el Tribunal lo hizo respecto de Pedro Rodriguez Gaona.-
Que por su parte el Abogado Aldo Eduardo León se agravió en contra de la Sentencia de referencia, señalando que la misma peca de incongruencia, puesto que ante dos actores con identidad de objeto y causa; en el primero Pedro Rodriguez Gaona, hace lugar a la demanda, y en el segundo Gustavo Pereira, no hace lugar, siendo ambas situaciones idénticas. Resaltó que la situación planteada, sorprende a propios y extraños, por lo que esta instancia debe necesariamente anular o revocar la Resolución recurrida, ateniendo al pésimo precedente que pudiera causar este tipo de Resolución dentro del ordenamiento positivo. Siguió diciendo el apelante que extrañamente pese a sostener el principio de la instancia administrativa previa, el Tribunal exonera de este principio y hace lugar a la demanda. Manifestó que si la norma que impone al administrado seguir un procedimiento para el ejercicio de sus derechos, debe ser cumplida, no haciéndolo así, mal puede ejercer un derecho sin haber agotado los canales establecidos en la propia ley y reconocidos por una sentencia. Igualmente acotó que la Resolución apelada le niega el derecho a percibir honorarios, siendo su parte ganadora de la presente litis, por lo que tal situación debe ser corregida.-
Que pasando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, advierto que el Tribunal de Cuentas 1ª Sala, trató primeramente lo referente al Sr. Pedro Rodríguez Gaona, señalando que la Resolución Nº 16, dictada por la Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones de Empleados Bancarios, que lo afecta, no se ajusta a derecho al disponer el cese del viático que se la pagaba por sus funciones de Auditor Médico, por transgredir las disposiciones contenidas en el Código Laboral vigente, respecto a las garantías y derechos que benefician a todo trabajador, las que no podrán ser alteradas en detrimento de éste. Con relación a la supuesta falta de agotamiento de las instancias administrativas, manifestaron que al existir otro juicio pendiente relacionado estrechamente al presente, es condicionante el planteamiento del Recurso de Reconsideración, resultando trascendente además según los mismos, que la institución empleadora tampoco observo el estricto cumplimiento de la orden judicial por la cual se dispuso su reposición en el empleo, con todos los beneficios sociales correspondientes. En lo que atañe al Sr. Gustavo Ferreira Saucedo, el ad-quem indicó que de acuerdo a las documentaciones que se encuentran glosadas a estos autos, el accionante no ha presentado instrumental alguna que demuestre que hayan solicitado ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, el recurso pertinente establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº.1.626, art.87 y concordantes. Denotaron que al no interponer el accionante el Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº 15 que lo agravia ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, no ha agotado dicha instancia, resultando la acción instaurada por el mismo ante dicho Tribunal, totalmente improcedente.-
Que teniendo en cuenta la forma de resolver la presente controversia que tuvo el Tribunal Inferior, en primer lugar debo dilucidar el tema referente a si los administrados agotaron o no los recursos administrativos antes de recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa? Al respecto, resulta pertinente puntualizar que la Ley Nº.2.856/05 “Que sustituye las Leyes Nos.73/91 y 1.802/01 De la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios”, en su art. 22 establece lo siguiente: “Las Resoluciones del Consejo podrán ser objeto de reconsideración, dentro de los cinco días hábiles de la notificación a los interesados. Resuelta la reconsideración, ésta podrá ser recurrida ante el Tribunal de Cuentas, de acuerdo a lo establecido en el art.62 de la presente ley. A su vez el art.62 de este plexo legal señala: “La Caja actúa como órgano administrativo en relación al otorgamiento de las jubilaciones y pensiones, y en todo lo referente a la aplicación de esta ley. Las resoluciones que dicte el Consejo, serán apelables ante el Tribunal de Cuentas dentro del plazo de ocho días de la notificación, que puede ser hecha por nota, acta notarial o telegrama colacionado. Se concederán los mismos sin efecto suspensivo. Los Recursos contra las resoluciones del Consejo de Administración de la Caja deberán ser interpuestas en forma fundada ante el Tribunal de Cuentas, sin que dependa de la reconsideración previa señalada en el art.22 de la presente ley”. Interpretando lo dispuesto en los precitados artículos que rigen todo lo referente a los recursos que se pueden interponer contra las resoluciones del Consejo de Administración de la Caja, claramente se desprende del texto del art.22 que los afectados por las Resoluciones de este órgano tienen la opción de plantear o no el Recurso de Reconsideración dentro de los cinco días hábiles de la notificación. No se trata de una norma imperativa que impele la interposición de dicho Recurso y su resolución posterior para dejar abierta la vía judicial, sino como reitero, deja a criterio de los administrados utilizar la vía que crean más conveniente en defensa de sus intereses. Lo dispuesto en esta norma se engarza con lo preceptuado en el art.62 párrafos 2º y 3º de la Ley Nº 2856/05, en los cuales se establece el plazo para la interposición de los recursos ante el Tribunal de Cuentas y que los mismos deben ser fundados, sin que su formulación dependa de la reconsideración previa señalada en el art. 22.-
Que de las disposiciones señaladas en el parágrafo anterior, no queda el menor género de dudas que no es necesaria la interposición del Recurso de Reconsideración por parte de los eventuales perjudicados por la resoluciones emanadas del Consejo de Administración de la Caja, sean estos jubilados o personal en relación de dependencia, para que quede expedida la opción judicial, pues al ser este órgano la máxima autoridad de esta institución, sus determinaciones automáticamente pueden ser judicialmente impugnadas, con la salvedad que los Recursos deben ser incoados con los recaudos exigidos en la Ley Nº 2856/05. Resulta incomprensible que el Tribunal de Cuentas 1ª Sala, en el caso del Sr. Pedro Rodríguez Gaona diga que no agoto los recursos administrativos, pero pese a ello le da curso favorable a la demanda. En tanto, que con relación al Sr. Gustavo Ferreira Saucedo, dándose las mismas circunstancias, rechaza la demanda basado en este mismo argumento. Es más, en este último caso utiliza para fundar su determinación el art.87 de la Ley Nº.1.626,que no resulta aplicable, pues la Caja se rige por una ley específica que es la 2856/05. Pero aún cuando este articulado sea aplicable, su texto igualmente favorece a los recurrentes, al establecer: “El recurso de reconsideración sólo procederá contra las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa, cuando ellas no emanasen de la máxima autoridad jerárquica del organismo o entidad respectiva….”. En conclusión, cualquiera sea el cuerpo legal que apliquemos para dilucidar el caso sub - examine, la vía judicial estaba accesible para los accionantes desde el momento en que fueron notificados de las Resoluciones Nos. 15 y 16, dictadas por el Consejo de Administración de la Caja, al ser éste órgano la máxima autoridad de esa institución, no siendo necesario ningún trámite o recurso previo.-
Que resuelto el tema referente a los recursos en el ámbito administrativo, debo determinar si las Resoluciones Nos. 15 y 16 del Consejo de Administración de la Caja, que dispusieron que los Sres. Gustavo Ferreira Saucedo y Pedro Rodríguez Gaona, dejen de percibir el primero de ellos la suma de G.300.000 en concepto de asignación adicional, y el segundo la cantidad de G.300.000 en concepto de viático, se hallan ajustadas a derecho o no. En ese orden de cosas, estimo que las mismas al suprimir dichos beneficios infringieron varias disposiciones del Código Laboral, que protegen al trabajador. Entre estas disposiciones se encuentran el art. 14 del Código del Trabajo, que dispone que “nadie podrá ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución fundada en ley…..” Además el art. 65 de ese cuerpo legal prohíbe en su inc. a) a todo empleador reducir, retener o compensar suma alguna del importe de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sino en la forma y dentro de los límites establecidos por ley”. Al no haberse configurado los supuestos establecidos por la ley, para que se dé algún tipo de reducción en los emolumentos que percibían los accionantes, su ilegalidad resulta patente. Igualmente hay que tener en cuenta que tanto la doctrina como la jurisprudencia laboral consideran que toda gratificación o pago extraordinario que realiza el empleador al trabajador se convierte automáticamente en obligatoria y exigible judicialmente desde el momento en que estos adquirieron las características de habitualidad en su otorgamiento. En consecuencia, al convertirse las asignaciones adicionales y los viáticos que percibían los demandantes en habituales, estos pagos extraordinarios pasaron automáticamente a convertirse en parte de sus salarios.-
Que teniendo en cuenta las consideraciones que he formulado precedentemente, no me resta otra opción que disponer la revocación del apartado tercero de la parte resolutiva del Acuerdo y Sentencia Nº 46 de fecha 17 de Junio de 2.008, dictada por el Tribunal de Cuentas 1ª Sala, debiendo consecuentemente disponerse la revocación de la Resolución Nº 15, Acta Nº.13 de fecha 20 de Marzo de 2.007, emitida por el Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Empleados Bancarios. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas en ambas instancias a la parte perdidosa, en virtud del principio contenido en el art.192 del C.P.C., por ende el apartado cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de referencia, debe igualmente ser revocado. ES MI VOTO.-
A SUS TURNOS los señores Ministros Dres. SINDULFO BLANCO y CESAR GARAY, manifiestan que se adhieren al voto de la Sra. Ministra Dra. ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, por sus mismos fundamentos.-
Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por Ante mi de que lo certifico quedando acordada la sentencia que sigue inmediatamente:-
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 465.-
Asunción, 04 de Octubre del 2010.-
1.- DESESTIMAR el Recurso de Nulidad.-
2.- REVOCAR del apartado tercero de la parte resolutiva del Acuerdo y Sentencia Nº.46 de fecha 17 de Junio de 2.008, dictada por el Tribunal de Cuentas 1ª Sala, debiendo consecuentemente disponerse la revocación de la Resolución Nª.15, Acta Nº.13 de fecha 20 de Marzo de 2.007, emitida por el Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Empleados Bancarios, conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución.-
3.-IMPONER las costas a la perdidosa.-
4.-ANOTAR y registrar.-

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