Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421350.html
Timestamp: 2019-03-24 09:35:26+00:00

Document:
A S - 350
Auto Supremo: 350/2014
Sucre: 03 de julio de 2014
Expediente: LP-49-14-S
Partes: Aurelia Cerezo Condori.c/Luisa Esther Rada Navarro.
Proceso: Mejor derecho, reivindicación y pago de daños y perjuicios.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la formas interpuesto por Luisa Esther Rada Navarro, de fs. 370 a 373 vta., contra el Auto de Vista Nº 363/2013 de 23 de diciembre de 2013, cursante de fs. 365 a 366, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de mejor derecho y reivindicación seguido por Aurelia Cerezo Condori contra Luisa Esther Rada Navarro, la concesión de fs. 387, los antecedentes del proceso, y;
El Juez de Partido Mixto y Sentencia de Viacha, Dpto. de La Paz, dictó Sentencia Nº 70/2013 de 11 de marzo de 2013, cursante de fs. 325 a 330 vta., declarando probada la demanda de fs. 19-21, 47, 55 determinando que se proceda a la entrega de la propietaria del inmueble ubicado en la Urbanización Urkupiña, signado con el Nº 58, Mzna. 128, más pago de daños y perjuicios y la entrega deberá procederse previo pago de las mejoras introducidas.
Resolución de fondo que es apelada por Luisa Esther Rada Navarro y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista Nº 363/2013 de 23 de diciembre de 2013, cursante de fs. 365 a 366, que confirma la Sentencia Nº 70/2013; decisión jurisdiccional de Alzada que es recurrida de casación por ambas demandantes que merece el presente análisis.
La recurrente acusa violación y aplicación indebida dela ley y error de hecho y derecho de la apreciación de la prueba de descargo, ya que el Auto de Vista habría referido que la demandada se encuentra ocupando ilegalmente el inmueble, señalando ella que es falso porque su persona cuenta con título de propiedad (E.P. Nº 252/2004), por lo que se habría violado el art. 110 del Código Civil, por su contrato de compra venta que fue perfeccionado con la entrega del terreno por el propietario, sin que haya medido vicio alguno y por tanto su derecho está garantizado por el art. 56.II de la CPE.
Acusa también errónea interpretación y aplicación de la ley y error de hecho y de derecho en la apreciación dela prueba documental, señalando que el juzgador concluye que la oponibilidad que otorga el registro es suficiente para declarar probada la demanda de mejor derecho, cosa absolutamente falsa –dice- porque una cosa es la oponibilidad y otra la preferencia, a que la recurrente señala que la oponibilidad es la base para la reivindicación y haya que demostrar el derecho propietario, pero esta acción no procede contra otro propietario y en el caso la actora debió dirigir la acción contra la vendedora por la eviccióno por resolución. A continuación la recurrente señala que en la documental sellegó a establecer vicios, alo que hace una relación dominial y señala que el Poder no tenía la firma de Juan Felipe Flores, (titular primigenio) por lo que esas compras están viciadas de nulidad y su conducta sesubsume a los tipos penales. Y Además señala que la Escritura Pública 252/2004 otorgado por Juan Felipe Flores Ticona a favor de Luisa Esther Rada Navarro se evidencia que el Sr. Tenía 10 años de edad cuando se otorgó el poder. Asimismo señala que la partida de la actora de donde parte su derecho fue realizado en virtudde un Poder que no fue otorgado.
También dice que si su persona no ha podido inscribir su derecho es porque precisamente está pendiente la división y partición que va establecer y restituir el terreno de su causante. Por otro lado, señala que en el proceso de estelionato fue declarada absuelta lo que demuestra que su persona en ningún momento desapoderó a la demandante, que es imprescindiblepara la acción reivindicatoria.
También acusa la existencia de disposiciones contradictorias, por cuanto dispone la inexistencia de cualquier derecho propietario de la demandada sobre el inmueble referido, como si fuera acción negatoria, y que con esa determinación se está conculcando su derecho propietario y prestándose a un despojo injusto.
La recurrente acusa violación a las garantías constitucionales y procesales del debido proceso, la publicidad y la defensa y la igualdad de las partes, argumenta que la actora pretendió llevar un juicio sin prueba legalmente válida presentó simples fotocopias de fs. 1 a 40, y que fue opuesta en segunda instancia, que no era de reciente obtención, violando el art. 331 del CPC. Señala también que por memorial de fs. 91 se le notificó con la demanda en fotocopias simples sin la debida legalización del secretario ni la firma y sello del oficial de diligencias ocasionándole indefensión, también indica que a fs.138 consta notificación practicada con la Resolución 58/2009 en secretaria de juzgado y en día sábado coartándole el derecho a la publicidad y vulnerando el art. 137 -4) del CPC.
Finalmente solicita se admita su recurso para que pronuncie resolución casando el Auto de Vista y fallar sobre el fondo de la demanda.
En relación a la acusación de presentación de prueba inoportuna que viola el art. 331 del Código de Procedimiento Civil y que la notificación practicada con la Resolución Nº 58/2009 en secretaria de juzgado en día sábado que supuestamente coarta el derecho a la publicidad de la reclamante, se debe señalar que esas supuestas infracciones al procedimiento no fueron oportunamente reclamadas mediante los recursos idóneos que la ley franquea, por lo que en aplicación del art. 258-3) del Código de Procedimiento Civil no es permisible presentar nuevas causas de nulidad cuando no hubiesen sido reclamados ante los Tribunales inferiores, en esas circunstancias se hace inadecuada las denuncias proferidas.
Respecto al reclamo de que la citación fue efectuada con simples fotocopias sin la legalización del secretario ni la firma y sello del oficial de diligencias, se debe señalar que ese aspecto fue considerado por el Juez de primera instancia emitiendo la Resolución Nº 58/2009 (fs. 135 y vta.), decisión que no fue impugnada en el tiempo oportuno mediante el recurso idóneo, lo que hace insustancial cualquier reclamo al respecto. Bajo las consideraciones vertidas se observa la improcedencia del recurso por ser inoportunas las observaciones a las formas realizadas en el desarrollo del proceso.
En función a las alegaciones señaladas en el recurso se hace necesario establecer lo siguiente:
El art. 105 del Código Civil señala que la propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa; asimismo establece que el propietario puede reivindicar la cosa de manos de un tercero y ejercer otras acciones en defensa de su propiedad; en otras palabras, la ley preceptúa que el derecho propietario que le asiste al titular de la cosa le permite usar, gozar y disponer de ella, y es ese mismo poder que le permite el ejercicio de acciones de defensa de su propiedad. Sin embargo, para que aquel derecho sea oponible frente a terceros se hace necesario proceder con su registro que permite la publicidad de su derecho, así el art. 1538 del sustantivo de la materia, regla que ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por ley.
Ahora bien, si el propietario de un bien inmueble pretender activar la acción de reivindicación del bien inmueble en defensa de su propiedad debe poseer el derecho propietario publicitado, a efectos de que se otorgue la tutela jurisdiccional debida.
En el asunto de análisis, se reclama que el juzgador concluyó que la oponibilidad que otorga el registro es suficiente para declarar probada la demanda de mejor derecho, a lo que discrepa porque si bien puede ser base para reivindicar pero esta acción no procede contra otro propietario, que es la recurrente. A esta alegación se debe señalar que conforme los antecedentes desarrollados en proceso, el fundamento principal para estimar la pretensión de la actora Aurelia Cerezo Condori es que ella cuenta con título de propiedad debidamente inscrito en el Registro de Derechos Reales, bajo la matrícula Nº 2.08.1.01.0014695, (fs. 275), haciendo énfasis que la demandada Luisa Esther Rada Navarro no cumple con el art. 1538 del Código Civil al no acompañar Escritura Pública registrada en Derechos reales para ser oponible a terceros.
En ese marco, resulta válido haber considerado la pretensión de la actora por la titularidad sobre el bien inmueble con efecto “erga omnes” por la publicidad de su derecho, situación que no puede ser menoscabada por la recurrente en virtud a su título de propiedad que no es oponible a un tercero de la relación jurídica que originó su derecho. El pretender converger el fundamento de la decisión de Alzada sólo al mejor derecho no es correcto, porque la decisión jurisdiccional en lo principal tuvo soporte para reivindicar el bien inmueble que la actora reclamaba, que bien podía pasar por un examen de mejor derecho, empero esa situación no fue necesaria ante la falta de publicidad y oponibilidad del derecho en los márgenes establecidos en el art. 1538 del Código Civil, pues aún la recurrente se considere propietaria por el derecho traslativo contenido en el títulode fs. 102 de obrados, al no haberse procedido con su publicidad surte sus efectos sólo entre las partes contratantes sin ser oponible a terceros. Por lo señalado, no se hace consistente el alegato de la demandada respecto al derecho propietario que ella imputa, más allá de la permisión que se tomó el de Alzada al señalar la ilegal ocupación, que resulta para el caso intrascendente por lo referido anteriormente; como también es trivial la causa de falta de inscripción de su título y el resultado de un proceso penal anterior.
Por otro lado, sobre el reclamo de supuestos vicios de nulidad o anulabilidad postulados en el recurso de casación, al ser estos ajenos a la controversia suscitada, ya que no fueron parte del tema decidemdum, no es posible realizar examen al respecto, siendo impertinente aquellos postulados recursivos. Además respecto a la contradicción resolutivaque señala la inexistencia de cualquier derecho propietario sobre el inmueble, es de indicar que esa consideración es emergente de los antecedentes fácticos y la pretensión estimada en proceso, y en esas circunstancias se hace ostensible la carencia de derecho sobre el inmueble de litis.
Por lo precedentemente fundamentado, se hace evidente la falta de fundamento por parte de la recurrente para revertir la decisión asumida por el Tribunal Ad quem, por lo que el recurso deviene en infundado.
Este Tribunal de casación, en mérito al argumento descrito, emite Resolución en la manera determinada por los arts. 271 num. 1) y 2) y 273 del Código Adjetivo Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 num. 1) y 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma e INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por Luisa Esther Rada Navarro, de fs. 370 a 373 vta., contra el Auto de Vista Nº 363/2013 de 23 de diciembre de 2013. Con costas.

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