Source: https://syfeed.com/es/news-details/monasterio-condiciona-la-investidura-de-diaz-ayuso-a-que-vox-acceda-a-concejalias-en-el-ayuntamiento_21526424.html
Timestamp: 2019-07-18 07:47:43+00:00

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Rocío Monasterio ha cambiado el paso a las intenciones de PP y Ciudadanos de avanzar para alcanzar un acuerdo programático y de investidura. Media hora después de que los portavoces de ambas formaciones –César Zafra y Miguel Ángel García– informaran de su primera reunión en términos de cordialidad, Monasterio ha asegurado que ha cancelado las reuniones con el PP y cortado «toda relación» ante lo que considera «un incumplimiento de contrato de su socio». «Se han cancelado sine die», ha añadido. La líder de Vox en la Comunidad de Madrid ha condicionado así su apoyo a la investidura de Isabel Díaz Ayuso a que los populares en el Ayuntamiento cedan la «parte proporcional de las concejalías y el presupuesto» de los votos obtenidos. Así lo ha anunciado en los pasillos de la Asamblea de Madrid, en declaraciones a los medios de comunicación, justo después de que PP y Ciudadanos mantuviesen en la Cámara autonómica su primer encuentro para acordar un programa de gobierno conjunto. «Hasta que se nos aclare qué es lo que está pasando en el Ayuntamiento creemos que no tiene sentido seguir avanzando en la Comunidad. Hay un contrato entre el PP y Vox que contempla una coalición de gobierno y que incluye concejalías de Gobierno para Vox. Eso es lo que se ha firmado, y además una proporción en presupuesto», ha lanzado Monasterio.
Monasterio condiciona la investidura de Díaz Ayuso a que Vox acceda a concejalías en el Ayuntamiento Rocío Monasterio ha cambiado el paso a las intenciones de PP y Ciudadanos de avanzar para alcanzar un acuerdo programático y de investidura. Media hora después de que los portavoces de ambas formaciones –César Zafra y Miguel Ángel García– informaran de su primera reunión en términos de cordialidad, Monasterio ha asegurado que ha cancelado las reuniones con el PP y cortado «toda relación» ante lo que considera «un incumplimiento de contrato de su socio». «Se han cancelado sine die», ha añadido. La líder de Vox en la Comunidad de Madrid ha condicionado así su apoyo a la investidura de Isabel Díaz Ayuso a que los populares en el Ayuntamiento cedan la «parte proporcional de las concejalías y el presupuesto» de los votos obtenidos. Así lo ha anunciado en los pasillos de la Asamblea de Madrid, en declaraciones a los medios de comunicación, justo después de que PP y Ciudadanos mantuviesen en la Cámara autonómica su primer encuentro para acordar un programa de gobierno conjunto. «Hasta que se nos aclare qué es lo que está pasando en el Ayuntamiento creemos que no tiene sentido seguir avanzando en la Comunidad. Hay un contrato entre el PP y Vox que contempla una coalición de gobierno y que incluye concejalías de Gobierno para Vox. Eso es lo que se ha firmado, y además una proporción en presupuesto», ha lanzado Monasterio.
Llegan los Pirineos al Tour de Francia
La primera jornada de Pirineos llega al Tour de Francia 2019 este jueves. Son 209,5 kilómetros, la etapa más larga de todas las que quedan por delante, para ir de Toulouse a Bagnères de Bigorre, punto de final conocido en esta región pirenaica...
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Aitana “Vivimos en un mundo donde devoramos más que disfrutamos”
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“¡Envíala de vuelta, envíala de vuelta!”. La polémica racista prende en el mitin de Trump
El presidente se ceba en la congresista musulmana Ilhan Omar y los seguidores corean pidiendo su expulsión de Estados Unidos
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Los ciudadanos salen a la calle para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, quien se niega a dimitir. Ricky Martin, Bad Bunny y Lin-Manuel Miranda se unieron a la multitudinaria protesta
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Se trata de una aplicación para móvil que envejece rostros y supone acceso a datos y fotografías personales. El Comité Nacional Demócrata ha pedido a los empleados en campañas que los borren inmediatamente
Los demócratas piden al FBI que investigue a FaceApp por sus lazos rusos Se trata de una aplicación para móvil que envejece rostros y supone acceso a datos y fotografías personales. El Comité Nacional Demócrata ha pedido a los empleados en campañas que los borren inmediatamente
El congreso de Estados Unidos votó ayer a favor de impedir la venta de España a Arabia Saudí de 400 bombas de guiado láser modelo Paveway fabricadas por la empresa norteamericana Raytheon. La Cámara de Representantes adoptó una resolución, aprobada ya antes por el Senado el 20 de junio, en la que abiertamente prohíbe a la Casa Blanca y el Pentágono la transferencia de componentes y el mantenimiento del sistema Paveway a todos aquellos países que hayan acordado venderlos al reino árabe, reprobado por el Capitolio por sus abusos en materia de derechos humanos. El presidente, por su parte, ha anunciado que vetará la resolución. La Cámara de Representantes, donde tienen mayoría los demócratas, votó a las 18.00 de ayer la resolución contra la venta o transferencia de cualquier artículo relacionado con las bombas Paveway de EE.UU. a Reino Unido, España e Italia, y de estos a Arabia Saudí. Finalmente se sumaron cuatro republicanos a los demócratas. Ya en el Senado hicieron lo mismo otros siete republicanos. El asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul propició esta condena, que Trump ha amenazado con vetar en cuanto llegue a su despacho en la Casa Blanca. El 3 de junio, el departamento de Estado notificó formalmente al Capitolio de la intención de autorizar la fabricación y exportación de de «artículos de defensa, incluida información técnica y servicios de defensa a Arabia Saudí, Reino Unido, España en Italia para la asistencia en la coproducción, fabricación, ensamblaje, desarrollo, integración, reparación y decomiso del sistema Paveway para los aviones F-15, Tornado y Eurofighter Typhoon de la fuerza aérea saudí». En octubre 2018, a pesar de la presión de parte del PSOE y sus socios de Podemos, el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, decidió mantener la venta de esas 400 bombas a Arabia Saudí alegando que el contrato lo había firmado el PP en 2015 y cumple la normativa internacional. «Si me piden dónde tengo que estar es en la defensa de los intereses de España, ahí estaré y a todos ustedes les pido altura de miras para compartir esta visión», dijo entonces Sánchez. El voto de ayer en el Capitolio forma parte de una iniciativa de los demócratas para dificultar el envío de armamento a Arabia Saudí, después de que Donald Trump autorizara la venta de material por valor de casi 8.000 millones de euros por la vía urgente. Uno de los líderes demócratas, el diputado de Nueva York Eliot Engel, criticó abiertamente que la Casa Blanca haya maniobrado para facilitar esa venta indirecta a Arabia Saudí a través de sus socios europeos. «Es un hecho que Donald Trump dijo que esta es una situación de emergencia simplemente para trasladar puestos de trabajo fuera de Estados Unidos. El presidente ha enviado a otros países esos puestos de trabajo fijos y estables, los que merecen los estadounidenses. ¿Por qué ha declarado una emergencia para luego autorizar la fabricación de unas bombas que se demoraría meses y meses», dijo Engel al presentar la resolución. Los demócratas han forzado este veto como una forma de reprobar a la Casa Blanca y a todos aquellos que, como el gobierno de Sánchez en España, opten por seguir haciendo negocios con Arabia Saudí a pesar del asesinato de Khashoggi y el elevado número de víctimas civiles en el conflicto en Yemen, que suma ya más de cuatro años. Al contar con pocos apoyos republicanos no han alcanzado la mayoría de dos tercios necesaria para sortear el veto de Trump.
El Capitolio reprueba la venta de bombas de España a Arabia Saudí El congreso de Estados Unidos votó ayer a favor de impedir la venta de España a Arabia Saudí de 400 bombas de guiado láser modelo Paveway fabricadas por la empresa norteamericana Raytheon. La Cámara de Representantes adoptó una resolución, aprobada ya antes por el Senado el 20 de junio, en la que abiertamente prohíbe a la Casa Blanca y el Pentágono la transferencia de componentes y el mantenimiento del sistema Paveway a todos aquellos países que hayan acordado venderlos al reino árabe, reprobado por el Capitolio por sus abusos en materia de derechos humanos. El presidente, por su parte, ha anunciado que vetará la resolución. La Cámara de Representantes, donde tienen mayoría los demócratas, votó a las 18.00 de ayer la resolución contra la venta o transferencia de cualquier artículo relacionado con las bombas Paveway de EE.UU. a Reino Unido, España e Italia, y de estos a Arabia Saudí. Finalmente se sumaron cuatro republicanos a los demócratas. Ya en el Senado hicieron lo mismo otros siete republicanos. El asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul propició esta condena, que Trump ha amenazado con vetar en cuanto llegue a su despacho en la Casa Blanca. El 3 de junio, el departamento de Estado notificó formalmente al Capitolio de la intención de autorizar la fabricación y exportación de de «artículos de defensa, incluida información técnica y servicios de defensa a Arabia Saudí, Reino Unido, España en Italia para la asistencia en la coproducción, fabricación, ensamblaje, desarrollo, integración, reparación y decomiso del sistema Paveway para los aviones F-15, Tornado y Eurofighter Typhoon de la fuerza aérea saudí». En octubre 2018, a pesar de la presión de parte del PSOE y sus socios de Podemos, el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, decidió mantener la venta de esas 400 bombas a Arabia Saudí alegando que el contrato lo había firmado el PP en 2015 y cumple la normativa internacional. «Si me piden dónde tengo que estar es en la defensa de los intereses de España, ahí estaré y a todos ustedes les pido altura de miras para compartir esta visión», dijo entonces Sánchez. El voto de ayer en el Capitolio forma parte de una iniciativa de los demócratas para dificultar el envío de armamento a Arabia Saudí, después de que Donald Trump autorizara la venta de material por valor de casi 8.000 millones de euros por la vía urgente. Uno de los líderes demócratas, el diputado de Nueva York Eliot Engel, criticó abiertamente que la Casa Blanca haya maniobrado para facilitar esa venta indirecta a Arabia Saudí a través de sus socios europeos. «Es un hecho que Donald Trump dijo que esta es una situación de emergencia simplemente para trasladar puestos de trabajo fuera de Estados Unidos. El presidente ha enviado a otros países esos puestos de trabajo fijos y estables, los que merecen los estadounidenses. ¿Por qué ha declarado una emergencia para luego autorizar la fabricación de unas bombas que se demoraría meses y meses», dijo Engel al presentar la resolución. Los demócratas han forzado este veto como una forma de reprobar a la Casa Blanca y a todos aquellos que, como el gobierno de Sánchez en España, opten por seguir haciendo negocios con Arabia Saudí a pesar del asesinato de Khashoggi y el elevado número de víctimas civiles en el conflicto en Yemen, que suma ya más de cuatro años. Al contar con pocos apoyos republicanos no han alcanzado la mayoría de dos tercios necesaria para sortear el veto de Trump.
Contratos "de investigación" a dedo: así pagó la Generalitat a los observadores del 1-O
La acción exterior siempre fue una de las prioridades de los Gobiernos catalanes presididos por Artur Mas y Carles Puigdemont con el fin de lograr el apoyo internacional suficiente que aplaudiera la legitimidad de su anhelo de independencia y que proyectara una imagen de país democrático en contraposición al Estado español que reprime el derecho a decidir de la ciudadanía.Por esa razón, la Generalitat nunca reparó en gastos para garantizar ese respaldo. Un informe del Tribunal de Cuentas publicado en marzo pasado señalaba que entre 2011 y 2017 la Generalitat había invertido 417 millones de euros de caudales públicos para esos fines. Según reveló el Tribunal de Cuentas, la acción exterior independentista centralizada administrativamente en Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, también conocido como Diplocat, solo empleó 60,5 millones en ese periodo de siete años para el programa 231 de relaciones exteriores, pero al final otras muchas partidas presupuestarias se originaron en diferentes organismos del Ejecutivo regional catalán para alcanzar la suma de los 417 millones referidos.Así lo refleja de forma muy pormenorizada la documentación incorporada a la causa abierta en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona a la que ha tenido acceso El Confidencial. Los múltiples documentos del sumario sobre la acción catalana pro soberanista incluyen facturas con todos sus detalles, textos de informes encargados a organismos y consultores internacionales, transferencias bancarias, bases de datos que recogen miles de asientos de gastos en la acción exterior independentista, la minuta de los contratos y otros muchos tipos de escritos en diferentes formatos electrónicos.El jefe del Diplocat, Albert Royo, declara como testigo en el juicio del 'procés' ante el TS. (EFE)En la causa del juzgado número 13 se investiga a decenas de procesados por planificar el referéndum del 1-O de 2017. Transcurre en paralelo al denominado juicio del 'procés' en el que el Tribunal Supremo juzga a responsables políticos independentistas aforados. La causa de Barcelona se sigue principalmente contra la actuación de funcionarios y asesores del Govern por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos en los preparativos del 1-O.En lo que respecta a los 14 observadores internacionales contratados a dedo por la Generalitat y su Diplocat en las semanas previas al referéndum del 1 de octubre de 2017, las arcas públicas catalanas invirtieron hasta 206.567 euros para que el llamado Equipo Internacional de Expertos en Investigación Electoral (IEERT, por sus siglas en inglés) acudieran a vivir ‘in situ’ el antes, el durante y el después de la jornada del referéndum del 1-O y elevaran un informe independiente sobre el contexto político de Cataluña en el periodo justo a la consulta no autorizada por el Tribunal Constitucional. El día de la votación prohibida por el Tribunal Constitucional estuvieron en las ciudades catalanas de Barcelona, Figueras, Gerona, Lérida y Tarragona para seguir a pie de urna el desarrollo del referéndum.Jornada 23 | Una observadora internacional del 1-O: "Diplocat nos lo pagó todo"Sara de DiegoDos integrantes de delegaciones que viajaron a Cataluña el 1-O negaron ser observadores internacionales que tratasen de validar los resultados. Una admitió que el Diplocat corrió con los gastosEsos observadores internacionales, cuya jefa de misión desde el 4 de septiembre hasta el 6 de octubre fue la neozelandesa Helena Catt, presentaron ese mismo otoño el titulado ‘Análisis del contexto político de Cataluña en el periodo previo al referéndum de independencia de Cataluña 2017’. En el equipo de observadores había expertos en procesos electorales y prácticas democráticas, analistas de medios de comunicación, consultores políticos, juristas y economistas. Los países de donde provenían eran Francia, Irlanda, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda. Sus contratos con la Generalitat siempre se hicieron sin publicidad, según indica la documentación oficial del propio Ejecutivo autonómico en poder de El Confidencial, y la figura usada para justificarlos consistió en denominarlos como “proyectos de investigación”.Las licitaciones relacionadas con las actividades de los observadores internacionales (servicios administrativos, logística de los viajes de los expertos, alquiler de despachos, chóferes a sus órdenes a lo largo y ancho de Cataluña) también se realizaron sin publicidad o mediante contratos menores.La primera de las tres facturas enviadas a Diplocat por el jefe del proyecto de los observadoresEntre todos los observadores, cobraron 105.000 euros por unos días de trabajo en el entorno temporal del 1-0. Además, la logística de sus viajes y su alojamiento, el alquiler de su lugar de trabajo en Barcelona y el abono de los servicios administrativos complementaron las partidas de gastos de este misión internacional de observadores hasta los 206.567 euros. Lloyd Dalziel ejerció como jefe de proyecto de la misión. Este canadiense experto en procesos electorales y que ha trabajado en multitud de países en vías de desarrollo (Afganistán, Sudán, Timor Leste, Egipto, Ucrania, Haití) facturó a la Consejería de Exteriores que lideraba entonces el hoy encausado Raül Romeva un total de 24.500 euros en tres pagos diferentes por participar en la elaboración del informe sobre el contexto político de Cataluña entre el primeros de julio y el 6 de octubre de ese año 2017.Todos los contratos establecidos con los observadores fueron firmados por Albert Royo, secretario general del Patronat Catalunya Món y Consell de Diplomácia Pública de Catalunya (PCM - Diplocat). Royo autorizaba todos los acuerdos con los expertos internacionales y el pago de sus honorarios que siempre se hacían desde una cuenta oficial de Diplocat en el CaixaBank.Honorarios de los observadores presupuestados por Diplocat en junio de 2017. Pinche para descargar el documentoLa Generalitat siempre negó oficialmente que los observadores hubieran recibido emolumentos por su labor. De hecho, la ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación sancionada por el Ejecutivo de Puigdemont prohibía que el presupuesto oficial cubriera ese gasto. En el artículo 10.2 de esa ley se especificaba lo siguiente: “Las administraciones públicas catalanas deben mantenerse neutrales en la campaña electoral y abstenerse de utilizar sus recursos presupuestarios para favorecer cualquiera de las opciones en la campaña del referéndum".El propio Alberto Royo, investigado por estos hechos en el Juzgado 13 de Barcelona, declaró como testigo en el juicio del ‘procés’ que se sigue en el Tribunal Supremo. En sede judicial, obligado por ley a decir la verdad como testigo, Royo dijo en marzo pasado lo siguiente: "No dimos ningún honorario a observadores internacionales". Añadió el responsable del Diplocat: “No era observadores, eran visitantes internacionales (…) Querían estar en esas fechas para ver lo que sucedía". Los documentos firmados por el propio Royo (contratos de servicios, transferencias bancarias, convenios con organizaciones no gubernamentales) que están en el sumario del juzgado de instrucción 13 de la capital catalana ponen en serias dudas su testificación ante el Tribunal Supremo.Contrato firmado en junio de 2017 entre Alberto Royo y el jefe de los observadores, Lloyd DalzielPor su lado, la jefa de la misión de observadores, Helena Catt, admitió ante los magistrados del Tribunal Supremo en marzo que el Diplocat se había encargado de abonar sus servicios mediante "transferencia bancaria", pero fue incapaz de explicar con qué líderes independentistas se había reunido durante el tiempo que pasó en Cataluña entre verano y comienzos de otoño de 2017. "No sé lo que hacían más allá del referéndum, se nos presentaron como gente que nos daba información sobre lo que pasaba en el referéndum", llegó a decir con una sonrisa. Tampoco aclaró quién la nombró coordinadora del grupo de 'observadores' ni por qué. "No sé si me nombró John Ault [otro de los expertos y segundo responsable del proyecto de elaboración de un informe] porque estaba en su equipo, o si me nombró Diplocat".La memoria de la observadora Helena Catt se mostró quebradiza ante el presidente de la Sala del Tribunal Supremo del juicio del 'procés', Manuel Marchena, pero los documentos y los datos son amores. El 23 de junio de 2017, Catt, jefa de la misión de observadores internacionales, firmó junto a Albert Royo un contrato por el que la ligaba hasta el 6 de octubre a servir a los intereses políticos del Diplocat. El 19 de octubre, el Diplocat envió una transferencia a la experta neozelandesa a su cuenta del Royal Bank of Scotland por el conjunto de su retribución: 8.775 euros.La documentación prueba que 14 elegidos a dedo por la Generalitat recibieron remuneración y las facilidades logísticas para viajar a Cataluña Factura de H. Catt a la Generalitat como jefa de la misión de los observadoresLo que resulta evidente de las declaraciones de los observadores en el juicio del 'procés' y en los cientos de documentos que versan sobre su misión de control de la legitimidad democrática del referendo y que están en manos de la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil Lima, y de este diario es que todos ellos cobraron una remuneración por su labor. La documentación existente prueba que los 14 elegidos a dedo por la Generalitat recibieron todas las facilidades logísticas para viajar a Cataluña y seguir de cerca el antes, el durante y el después de la consulta del 1-O, y que, por tanto, el propio Ejecutivo catalán contravino la ley que aprobó el 6 de septiembre de 2017 para regular la celebración de la votación al no mantenerse neutral en el trato otorgado con los observadores internacionales.Las 'embajadas' estuvieron muy activas el 1-OLa aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña disolvió temporalmente el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya o Diplocat tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O apoyado por el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Pero en mayo pasado, el 'president' Quim Torra lo reactivó. Y, por tanto, las 'embajadas' catalanas por el mundo se siguen expandiendo.En las fechas cercanas a la consulta del 1-O, hubo dos delegaciones de la Generalitat especialmente activas: la representación en Bruselas ante las instituciones de la Unión Europea y la de Suiza ante los organizaciones internacionales radicadas en Viena, París, Ginebra y Estrasburgo. Ambas llegaron a formalizar contratos de consultoría con The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), un 'think tank' de Países Bajos que se dedica a realizar servicios de consultoría sobre política internacional, diplomacia, ciberseguridad, 'lobby' en instituciones internacionales o análisis de riesgos, entre otras cuestiones.Contrato de la 'embajada' catalana en Ginebra con HCSS fechado en julio de 2017Las 'embajadas' de Bruselas y Ginebra de la Generalitat contrataron los servicios de HCSS para que ejerciera 'lobby' entre las organizaciones comunitarias y de organismo de Naciones Unidas con el objetivo de que Cataluña encontrara un lugar en la arena de la geopolítica internacional como nuevo estado. Para ello, la delegación del Govern en Bruselas desembolsó 167.065 euros en la cuenta bancaria de HCSS en ING Direct allá por agosto de 2017, mientras que la legación catalana en Ginebra hizo una transferencia similar de 172.400 euros en septiembre de ese mismo año.En septiembre de 2017, el director del HCSS, Paul Sinning, señaló a 'El País' que la misión en Cataluña del 'think tank' que encabezaba no estaba financiada por la Generalitat, palabras que desmienten los papeles en poder de El Confidencial. El jefe de la misión del HCSS, el diplomático holandés Daan Everts, comentó al reportero de 'El País': “No me importa de dónde viene el dinero. No estoy en el bolsillo de ningún Gobierno. No tenemos ningunas instrucciones. No las aceptaríamos”. Las facturas en poder del sumario que residen en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y que tiene archivadas este medio sí son locuaces sobre quién abonó los servicios al grupo de cabildeo del HCSS: el Diplocat.
Contratos "de investigación" a dedo: así pagó la Generalitat a los observadores del 1-O La acción exterior siempre fue una de las prioridades de los Gobiernos catalanes presididos por Artur Mas y Carles Puigdemont con el fin de lograr el apoyo internacional suficiente que aplaudiera la legitimidad de su anhelo de independencia y que proyectara una imagen de país democrático en contraposición al Estado español que reprime el derecho a decidir de la ciudadanía.Por esa razón, la Generalitat nunca reparó en gastos para garantizar ese respaldo. Un informe del Tribunal de Cuentas publicado en marzo pasado señalaba que entre 2011 y 2017 la Generalitat había invertido 417 millones de euros de caudales públicos para esos fines. Según reveló el Tribunal de Cuentas, la acción exterior independentista centralizada administrativamente en Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, también conocido como Diplocat, solo empleó 60,5 millones en ese periodo de siete años para el programa 231 de relaciones exteriores, pero al final otras muchas partidas presupuestarias se originaron en diferentes organismos del Ejecutivo regional catalán para alcanzar la suma de los 417 millones referidos.Así lo refleja de forma muy pormenorizada la documentación incorporada a la causa abierta en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona a la que ha tenido acceso El Confidencial. Los múltiples documentos del sumario sobre la acción catalana pro soberanista incluyen facturas con todos sus detalles, textos de informes encargados a organismos y consultores internacionales, transferencias bancarias, bases de datos que recogen miles de asientos de gastos en la acción exterior independentista, la minuta de los contratos y otros muchos tipos de escritos en diferentes formatos electrónicos.El jefe del Diplocat, Albert Royo, declara como testigo en el juicio del 'procés' ante el TS. (EFE)En la causa del juzgado número 13 se investiga a decenas de procesados por planificar el referéndum del 1-O de 2017. Transcurre en paralelo al denominado juicio del 'procés' en el que el Tribunal Supremo juzga a responsables políticos independentistas aforados. La causa de Barcelona se sigue principalmente contra la actuación de funcionarios y asesores del Govern por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos en los preparativos del 1-O.En lo que respecta a los 14 observadores internacionales contratados a dedo por la Generalitat y su Diplocat en las semanas previas al referéndum del 1 de octubre de 2017, las arcas públicas catalanas invirtieron hasta 206.567 euros para que el llamado Equipo Internacional de Expertos en Investigación Electoral (IEERT, por sus siglas en inglés) acudieran a vivir ‘in situ’ el antes, el durante y el después de la jornada del referéndum del 1-O y elevaran un informe independiente sobre el contexto político de Cataluña en el periodo justo a la consulta no autorizada por el Tribunal Constitucional. El día de la votación prohibida por el Tribunal Constitucional estuvieron en las ciudades catalanas de Barcelona, Figueras, Gerona, Lérida y Tarragona para seguir a pie de urna el desarrollo del referéndum.Jornada 23 | Una observadora internacional del 1-O: "Diplocat nos lo pagó todo"Sara de DiegoDos integrantes de delegaciones que viajaron a Cataluña el 1-O negaron ser observadores internacionales que tratasen de validar los resultados. Una admitió que el Diplocat corrió con los gastosEsos observadores internacionales, cuya jefa de misión desde el 4 de septiembre hasta el 6 de octubre fue la neozelandesa Helena Catt, presentaron ese mismo otoño el titulado ‘Análisis del contexto político de Cataluña en el periodo previo al referéndum de independencia de Cataluña 2017’. En el equipo de observadores había expertos en procesos electorales y prácticas democráticas, analistas de medios de comunicación, consultores políticos, juristas y economistas. Los países de donde provenían eran Francia, Irlanda, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda. Sus contratos con la Generalitat siempre se hicieron sin publicidad, según indica la documentación oficial del propio Ejecutivo autonómico en poder de El Confidencial, y la figura usada para justificarlos consistió en denominarlos como “proyectos de investigación”.Las licitaciones relacionadas con las actividades de los observadores internacionales (servicios administrativos, logística de los viajes de los expertos, alquiler de despachos, chóferes a sus órdenes a lo largo y ancho de Cataluña) también se realizaron sin publicidad o mediante contratos menores.La primera de las tres facturas enviadas a Diplocat por el jefe del proyecto de los observadoresEntre todos los observadores, cobraron 105.000 euros por unos días de trabajo en el entorno temporal del 1-0. Además, la logística de sus viajes y su alojamiento, el alquiler de su lugar de trabajo en Barcelona y el abono de los servicios administrativos complementaron las partidas de gastos de este misión internacional de observadores hasta los 206.567 euros. Lloyd Dalziel ejerció como jefe de proyecto de la misión. Este canadiense experto en procesos electorales y que ha trabajado en multitud de países en vías de desarrollo (Afganistán, Sudán, Timor Leste, Egipto, Ucrania, Haití) facturó a la Consejería de Exteriores que lideraba entonces el hoy encausado Raül Romeva un total de 24.500 euros en tres pagos diferentes por participar en la elaboración del informe sobre el contexto político de Cataluña entre el primeros de julio y el 6 de octubre de ese año 2017.Todos los contratos establecidos con los observadores fueron firmados por Albert Royo, secretario general del Patronat Catalunya Món y Consell de Diplomácia Pública de Catalunya (PCM - Diplocat). Royo autorizaba todos los acuerdos con los expertos internacionales y el pago de sus honorarios que siempre se hacían desde una cuenta oficial de Diplocat en el CaixaBank.Honorarios de los observadores presupuestados por Diplocat en junio de 2017. Pinche para descargar el documentoLa Generalitat siempre negó oficialmente que los observadores hubieran recibido emolumentos por su labor. De hecho, la ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación sancionada por el Ejecutivo de Puigdemont prohibía que el presupuesto oficial cubriera ese gasto. En el artículo 10.2 de esa ley se especificaba lo siguiente: “Las administraciones públicas catalanas deben mantenerse neutrales en la campaña electoral y abstenerse de utilizar sus recursos presupuestarios para favorecer cualquiera de las opciones en la campaña del referéndum".El propio Alberto Royo, investigado por estos hechos en el Juzgado 13 de Barcelona, declaró como testigo en el juicio del ‘procés’ que se sigue en el Tribunal Supremo. En sede judicial, obligado por ley a decir la verdad como testigo, Royo dijo en marzo pasado lo siguiente: "No dimos ningún honorario a observadores internacionales". Añadió el responsable del Diplocat: “No era observadores, eran visitantes internacionales (…) Querían estar en esas fechas para ver lo que sucedía". Los documentos firmados por el propio Royo (contratos de servicios, transferencias bancarias, convenios con organizaciones no gubernamentales) que están en el sumario del juzgado de instrucción 13 de la capital catalana ponen en serias dudas su testificación ante el Tribunal Supremo.Contrato firmado en junio de 2017 entre Alberto Royo y el jefe de los observadores, Lloyd DalzielPor su lado, la jefa de la misión de observadores, Helena Catt, admitió ante los magistrados del Tribunal Supremo en marzo que el Diplocat se había encargado de abonar sus servicios mediante "transferencia bancaria", pero fue incapaz de explicar con qué líderes independentistas se había reunido durante el tiempo que pasó en Cataluña entre verano y comienzos de otoño de 2017. "No sé lo que hacían más allá del referéndum, se nos presentaron como gente que nos daba información sobre lo que pasaba en el referéndum", llegó a decir con una sonrisa. Tampoco aclaró quién la nombró coordinadora del grupo de 'observadores' ni por qué. "No sé si me nombró John Ault [otro de los expertos y segundo responsable del proyecto de elaboración de un informe] porque estaba en su equipo, o si me nombró Diplocat".La memoria de la observadora Helena Catt se mostró quebradiza ante el presidente de la Sala del Tribunal Supremo del juicio del 'procés', Manuel Marchena, pero los documentos y los datos son amores. El 23 de junio de 2017, Catt, jefa de la misión de observadores internacionales, firmó junto a Albert Royo un contrato por el que la ligaba hasta el 6 de octubre a servir a los intereses políticos del Diplocat. El 19 de octubre, el Diplocat envió una transferencia a la experta neozelandesa a su cuenta del Royal Bank of Scotland por el conjunto de su retribución: 8.775 euros.La documentación prueba que 14 elegidos a dedo por la Generalitat recibieron remuneración y las facilidades logísticas para viajar a Cataluña Factura de H. Catt a la Generalitat como jefa de la misión de los observadoresLo que resulta evidente de las declaraciones de los observadores en el juicio del 'procés' y en los cientos de documentos que versan sobre su misión de control de la legitimidad democrática del referendo y que están en manos de la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil Lima, y de este diario es que todos ellos cobraron una remuneración por su labor. La documentación existente prueba que los 14 elegidos a dedo por la Generalitat recibieron todas las facilidades logísticas para viajar a Cataluña y seguir de cerca el antes, el durante y el después de la consulta del 1-O, y que, por tanto, el propio Ejecutivo catalán contravino la ley que aprobó el 6 de septiembre de 2017 para regular la celebración de la votación al no mantenerse neutral en el trato otorgado con los observadores internacionales.Las 'embajadas' estuvieron muy activas el 1-OLa aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña disolvió temporalmente el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya o Diplocat tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O apoyado por el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Pero en mayo pasado, el 'president' Quim Torra lo reactivó. Y, por tanto, las 'embajadas' catalanas por el mundo se siguen expandiendo.En las fechas cercanas a la consulta del 1-O, hubo dos delegaciones de la Generalitat especialmente activas: la representación en Bruselas ante las instituciones de la Unión Europea y la de Suiza ante los organizaciones internacionales radicadas en Viena, París, Ginebra y Estrasburgo. Ambas llegaron a formalizar contratos de consultoría con The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), un 'think tank' de Países Bajos que se dedica a realizar servicios de consultoría sobre política internacional, diplomacia, ciberseguridad, 'lobby' en instituciones internacionales o análisis de riesgos, entre otras cuestiones.Contrato de la 'embajada' catalana en Ginebra con HCSS fechado en julio de 2017Las 'embajadas' de Bruselas y Ginebra de la Generalitat contrataron los servicios de HCSS para que ejerciera 'lobby' entre las organizaciones comunitarias y de organismo de Naciones Unidas con el objetivo de que Cataluña encontrara un lugar en la arena de la geopolítica internacional como nuevo estado. Para ello, la delegación del Govern en Bruselas desembolsó 167.065 euros en la cuenta bancaria de HCSS en ING Direct allá por agosto de 2017, mientras que la legación catalana en Ginebra hizo una transferencia similar de 172.400 euros en septiembre de ese mismo año.En septiembre de 2017, el director del HCSS, Paul Sinning, señaló a 'El País' que la misión en Cataluña del 'think tank' que encabezaba no estaba financiada por la Generalitat, palabras que desmienten los papeles en poder de El Confidencial. El jefe de la misión del HCSS, el diplomático holandés Daan Everts, comentó al reportero de 'El País': “No me importa de dónde viene el dinero. No estoy en el bolsillo de ningún Gobierno. No tenemos ningunas instrucciones. No las aceptaríamos”. Las facturas en poder del sumario que residen en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y que tiene archivadas este medio sí son locuaces sobre quién abonó los servicios al grupo de cabildeo del HCSS: el Diplocat.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 10
 artículo 155
 artículo 10
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