Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5519
Timestamp: 2020-01-20 15:36:21+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 259/2005
SENTENCIA 259/2005, de 24 de octubre
ECLI:ES:TC:2005:259
En relación con la alegada vulneración del art. 18.3 CE, entiende el Fiscal que lo acordado por el Juez de Instrucción y la práctica de las escuchas por la policía respetan las exigencias del derecho fundamental, pues la intervención de cada teléfono, con indicación del titular y de las causas que la justifican, es objeto de una petición específica de la policía, que expone razonadamente los motivos que la justifican —folios 1, 3 y 5 de las actuaciones— habiéndose dictado los pertinentes Autos por el Juez Instructor, que contienen un suficiente razonamiento por remisión a los oficios policiales sobre la necesidad y duración de la medida que, en todo caso, no llegó a durar ni el tiempo concedido en dicho Auto.
En cuanto al segundo motivo de amparo, entiende que debe ser igualmente desestimado. Por una parte, no habría indefensión, puesto que los interesados pudieron impugnar —y lo hicieron— las diligencias practicadas. Por otra, al no apreciarse vulneración del art. 18.3 CE, es evidente que las escuchas pudieron servir de base a la posterior investigación y que no resulta de aplicación la teoría del árbol envenenado. Además, afirma el Fiscal que puede entenderse que la interceptación del vehículo Range Rover y los registros domiciliarios son independientes de las conversaciones telefónicas intervenidas, destacando que —aunque las Sentencias no dicen nada al respecto— en el informe policial obrante al folio 35 de las actuaciones se indica que ante la imposibilidad de obtener información concreta por las conversaciones, se decidió someter a los interesados a una “tenaz e intensa vigilancia”.
Respecto de los domicilios en los que se efectuaron los registros, se constata que todos ellos fueron objeto del oportuno mandamiento mediante Auto motivado, documentándose la correspondiente acta, firmada por los actuantes y la persona que se encontraba en la vivienda en el momento de practicarse el registro; y la lectura de dichas actas y los correspondientes autos evidencia, entre otros extremos, la irrelevancia de la queja referida al garaje donde también se encontró parte de la sustancia intervenida —cabe constatar que en algunos domicilios únicamente se encontraron importantes cantidades de dinero en efectivo—, puesto que debe considerarse que el Auto que autorizaba la entrada en el chalet incluía el garaje anejo, situado dentro de la misma parcela —folios 12, 13 y 15 de las actuaciones. Entiende el Fiscal que sólo podría tener relevancia, desde la perspectiva del derecho de defensa, la no presencia de los detenidos en los registros, pero advierte que, en todo caso, tuvieron oportunidad de impugnar en el acto del juicio oral su resultado, y que, vistas las horas de detención —sobre las 19 horas del día 22 de noviembre, folio 36—, de instrucción de derechos —20:10 h. y 20:40 h., folios 45 y 46—, y de los registros, resultaba difícil asegurar la presencia de los detenidos en cada uno de ellos. En definitiva, la posible preconstitución de pruebas en los registros —única razón en que fundan este motivo— no supuso indefensión alguna y, por tanto, debe ser desestimado.
Tales precisiones son indispensables, habida cuenta que el juicio sobre la legitimidad constitucional de la medida exige verificar si la decisión judicial apreció razonadamente la conexión entre el sujeto o sujetos que iban a verse afectados por la medida y el delito investigado (existencia del presupuesto habilitante), para analizar después si el Juez tuvo en cuenta tanto la gravedad de la intromisión como su idoneidad o imprescindibilidad para asegurar la defensa del interés público, pues la conexión entre la causa justificativa de la limitación pretendida —la averiguación del delito— y el sujeto afectado por ésta —aquél de quien se presume que pueda resultar autor o participe del delito investigado o pueda haberse relacionado con él— es un prius lógico del juicio de proporcionalidad (SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 8; 166/1999, de 27 de septiembre, FJ 8; 171/1999, de 27 de septiembre, FJ 8; 126/2000, de 16 de mayo, FJ 7; 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 4; 14/2001, de 29 de enero, FJ 5; 138/2001, de 18 de junio, FJ 3; 202/2001, de 15 de octubre, FJ 4).
La relación entre la persona investigada y el delito se manifiesta en las sospechas que, como tiene declarado este Tribunal, no son tan sólo circunstancias meramente anímicas, sino que precisan para que puedan entenderse fundadas hallarse apoyadas en datos objetivos, que han de serlo en un doble sentido; en primer lugar, en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control; y en segundo lugar, en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona. Esta mínima exigencia resulta indispensable desde la perspectiva del derecho fundamental, pues si el secreto pudiera alzarse sobre la base de meras hipótesis subjetivas, el derecho al secreto de las comunicaciones, tal y como la Constitución lo configura, quedaría materialmente vacío de contenido. Estas sospechas han de fundarse en datos fácticos o indicios que permitan suponer que alguien intenta cometer, está cometiendo o ha cometido una infracción grave o en buenas razones o fuertes presunciones de que las infracciones están a punto de cometerse (Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de septiembre de 1978 —caso Klass— y de 15 de junio de 1992 —caso Ludí) o, en los términos en los que se expresa el actual art. 579 LECrim, en ‘indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa’ (art. 579.1 LECrim) o ‘indicios de responsabilidad criminal’ (art. 579.3 LECrim; SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 8; 166/1999, de 27 de septiembre, FJ 8; 171/1999, de 27 de septiembre, FJ 8; 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 4; 14/2001, de 29 de enero, FJ 5; 138/2001, de 18 de junio, FJ 3; 202/2001, de 15 de octubre, FJ 4).
De otra parte, aunque lo deseable es que la expresión de los indicios objetivos que justifiquen la intervención quede exteriorizada directamente en la resolución judicial, ésta puede considerarse suficientemente motivada si, integrada incluso con la solicitud policial, a la que puede remitirse, contiene los elementos necesarios para considerar satisfechas las exigencias para poder llevar a cabo con posterioridad la ponderación de la restricción de los derechos fundamentales que la proporcionalidad de la medida conlleva (SSTC 200/1997, de 24 de noviembre, FJ 4; 166/1999, de 27 de septiembre, FJ 7; 171/1999, de 27 de septiembre, FJ 6; 126/2000, de 16 de mayo, FJ 7; 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 4; 138/2001, de 18 de junio, FJ 3; 202/2001, de 15 de octubre, FJ 5)”.
a) Al folio 1 de las mismas consta una solicitud policial de intervención telefónica, de fecha 10 de noviembre de 1993, cuyo tenor literal es el siguiente: “Se ha tenido conocimiento que en la urbanización Nueva Andalucía, Casas Agrupadas número 10-13, que pertenece a William Pollick, y que está siendo utilizado por Francisco Chacón Ruiz, nacido en La Línea de la Concepción (Cádiz) el 6-9-50, hijo de Francisco y Rogelia, así como el teléfono de la vivienda número 281.01.06, en unión de un tal José García Torres. Ambos se dedican al tráfico ilícito de estupefacientes entre Marbella y otras ciudades de España, constándoles a los reseñados diversos antecedentes por tráfico de drogas.- Se significa a V.I., que los reseñados utilizan preferentemente vehículos de alquiler para el transporte de sustancias estupefacientes, solicitándose de Su Autoridad la intervención del abonado referido, dándose cuenta en caso positivo del resultado del mismo”.
El mismo día el Juzgado decreta esta tercera intervención, también en idéntico documento- modelo en el que varían sólo los datos del teléfono a intervenir.
En efecto, el oficio policial, cuyo contenido hace suyo el Auto de 11 de noviembre de 1993, se limita a señalar que “se ha tenido conocimiento” —sin especificar cómo, ni si se han llevado a cabo actuaciones policiales y en qué han consistido, ni cuál ha sido el resultado de la investigación— de que el afectado por la medida y otra persona se dedican al tráfico ilícito de estupefacientes entre Marbella y otras ciudades de España, utilizando para el transporte de las sustancias vehículos de alquiler, sin aportar dato alguno que corrobore tal afirmación, más allá de la constancia de antecedentes por tráfico de drogas, hecho que aun siendo un dato objetivo no puede servir por sí solo de fundamento de la solicitud. Como este Tribunal ya ha tenido ocasión de declarar en numerosas ocasiones, si el conocimiento de la existencia del delito deriva de investigaciones policiales previas, resulta exigible que se detalle en la solicitud policial en qué han consistido esas investigaciones y sus resultados, por muy provisionales que puedan ser en ese momento, precisiones que lógicamente debió exigir el Juzgado antes de conceder la autorización, sin que la concreción del delito que se investiga, las personas a investigar, los teléfonos a intervenir y el plazo de intervención pueda suplir la carencia fundamental de la expresión de los elementos objetivos indiciarios que pudieran servir de soporte a la investigación, ni la falta de esos indispensables datos pueda ser justificada a posteriori por el éxito de la investigación misma (SSTC 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 5; 138/2001, de 18 de junio, FJ 4; 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 3; 165/2005, de 20 de junio, FJ 5).
Por tanto, ha de afirmarse que el citado Auto no contiene una motivación suficiente para poder afirmar la legitimidad constitucional de la medida, pues no incorporó —aunque existiera— ningún dato objetivo que pueda considerarse indicio de la existencia del delito y de la conexión de la persona cuyas comunicaciones se intervienen con el mismo, por lo que hay que concluir que el órgano judicial no ha valorado, en los términos constitucionalmente exigibles, la concurrencia del presupuesto legal habilitante para la restricción del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) y, en consecuencia, ha declararse la lesión de este derecho fundamental.
Este Tribunal tiene declarado que, aun cuando la naturaleza de la intervención telefónica, su finalidad y su misma lógica requieren, no solamente que la investigación y su desarrollo se lleven a cabo por el Juez de Instrucción, sino además que se realicen dentro de un proceso legalmente existente, el hecho de que la decisión judicial se lleve a cabo en las denominadas diligencias indeterminadas no implica, per se, la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, pues lo relevante a estos efectos es la posibilidad de control, tanto de un control inicial (ya que, aun cuando se practiquen en esta fase sin conocimiento del interesado, que no participa en ella, aquél ha de suplirse por la intervención del Ministerio Fiscal, garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos por lo dispuesto en el art. 124.1 CE), como de otro posterior (esto es, cuando se alza la medida, control por el propio interesado que ha de poder conocerla e impugnarla). Por ello hemos considerado que no se quiebra esa garantía cuando, adoptada la medida en el marco de unas diligencias indeterminadas, éstas se unen, sin solución de continuidad, al proceso incoado en averiguación del delito, “satisfaciendo así las exigencias de control de cese de la medida que, en otro supuesto, se mantendría en un permanente, y por ello inaceptable, secreto” (SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 6; 126/2000, de 16 de mayo, FJ 5). En aplicación de la doctrina expuesta hemos considerado, por el contrario, que vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones la falta de notificación al Ministerio Fiscal de la resolución judicial que autoriza la intervención telefónica, pues con ello se impide “el control inicial de la medida ... en sustitución del interesado, por el garante de los derechos de los ciudadanos” (SSTC 205/2002, de 11 de noviembre, FJ 5; 165/2005, de 20 de junio, FJ 7).
Pues bien, en el caso ahora examinado, de las actuaciones se desprende que las intervenciones telefónicas se acordaron en el seno de las diligencias indeterminadas núm. 416/93, que éstas se unen sin solución de continuidad al proceso incoado en averiguación del delito, pero que ninguno de los tres Autos por los que se autorizaban fue notificado al Ministerio Fiscal, lo que impidió su intervención y, por consecuencia, un eventual control inicial de la medida por parte de éste. Por tanto, junto al defecto de motivación de las resoluciones judiciales del que se ha dejado constancia en los fundamentos jurídicos precedentes, por sí solo suficiente para declarar la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, es apreciable también, como causa concurrente de la lesión de este mismo derecho, la falta de notificación al Ministerio Fiscal de las resoluciones judiciales que autorizaron las intervenciones telefónicas referidas, lo que ha impedido a aquél ejercer la función de promoción de la defensa de los derechos de los ciudadanos —art. 124.1 CE.
En relación con la primera queja, ciertamente, de los autos deriva que, tal y como se señala en el recurso, los demandantes de amparo no estuvieron presentes ni en el registro del vehículo, ni en los registros domiciliarios practicados, en los que se halló la droga y el dinero, conforme se recoge en el relato fáctico de la Sentencia de instancia. Ahora bien, sin entrar a considerar en este momento si el cumplimiento de dicho requisito legalmente establecido para la recogida de efectos del delito —art. 569 y ss. de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim)— era exigible o concurrían razones de urgencia o necesidad que pudieran justificar la ausencia, lo cierto es que el que dichas diligencias se practicaran de hecho sin contradicción podría determinar que las actas que las documentan no pudieran acceder directamente al proceso como prueba anticipada o preconstituida, pero no impide que el resultado de las mismas se incorpore al proceso por vías distintas de la propia acta (por todas, SSTC 303/1993, de 25 de octubre, FJ 5; 171/1999, de 27 de septiembre, FJ 12). Y en el presente caso el resultado de tales diligencias se incorpora al proceso a través de las declaraciones de los funcionarios policiales que las practicaron, declaraciones realizadas en el juicio oral con todas las garantías necesarias para salvaguardar los derechos de defensa de los demandantes de amparo, incluidas las de inmediación y contradicción, como evidencia la lectura del acta de la vista, y que son las que constituyen el sustrato probatorio del relato fáctico de la Sentencia de instancia, como se señala expresamente en el fundamento jurídico tercero de la misma.
Sin embargo, ninguna de las dos resoluciones judiciales realiza juicio alguno de desconexión de antijuridicidad entre la prueba viciada por la vulneración del derecho fundamental y el resto de las pruebas, en las que de modo directo no se produce esa vulneración, pero que derivan de aquélla y que sirven de fundamento a la condena, un juicio que corresponde realizar a los órganos de la jurisdicción ordinaria, limitándose nuestro control a la comprobación de la razonabilidad del mismo, como anteriormente se expuso. Al no haberse llevado a cabo por aquéllos el mencionado juicio de desconexión respecto de las pruebas derivadas que sirven de base para el pronunciamiento condenatorio, ha de entenderse vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE —STC 28/2002, de 11 de febrero, FJ 5. Y en este punto se agotan las posibilidades de control en el presente caso, pues no existiendo pronunciamiento previo de los órganos de la jurisdicción ordinaria sobre la posible conexión entre una y otra prueba, y no desprendiéndose ni del examen de las actuaciones, ni de las resoluciones recurridas datos inequívocos que permitan ejercer a este Tribunal su control sin necesidad de reenvío, debemos evitar nuestro pronunciamiento sobre la validez constitucional de la prueba derivada, retrotrayendo las actuaciones, para que sean los órganos judiciales los que resuelvan acerca de la existencia o no de la conexión de antijuridicidad y sobre la suficiencia de la prueba no contaminada, si la hubiere, para sustentar la condena. Tampoco nos corresponde pronunciarnos en este momento acerca de la denunciada vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), que sólo se produciría si no hubiera existido prueba de cargo válida sobre la que fundar las condenas (SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 14; 139/1999, de 22 de julio, FFJJ 5 y 6; 149/2001, de 27 de junio, FJ 7; 202/2001, de 15 de octubre, FJ 8; 28/2002, de 11 de febrero, FJ 5; 184/2003, de 23 de octubre, FJ 14).
2º Anular los Autos del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Marbella de 11, 16 y 19 de noviembre de 1993 (diligencias previas 987/93), que autorizaron las intervenciones telefónicas.
3º Anular parcialmente la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo núm. 672/2001, de 11 de abril, y la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga de 17 de mayo de 1999, en lo que se refiere a la condena de los recurrentes como autores de un delito contra la salud pública.
4º Retrotraer las actuaciones al momento anterior al fallo en la instancia, a los fines previstos en los fundamentos jurídicos ocho y nueve de esta resolución.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Javier Delgado Barrio respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 3325-2001.
Por otra parte, desde el punto de vista del resultado, esto es, del conocimiento adquirido a través de la injerencia inconstitucionalmente practicada, es de señalar que ciertamente existe una conexión causal o natural entre las intervenciones telefónicas y las actuaciones policiales posteriores, nexo que reside —conforme a lo señalado en el relato fáctico de la Sentencia de instancia— en que a través de dichas intervenciones se tuvo conocimiento de “la llegada de un alijo de droga y del transporte de parte de la mercancía, por lo que se intensificaron los seguimientos sobre los acusados”, a consecuencia de los cuales se producen las detenciones y la incautación de la droga y el dinero. Pero es ese seguimiento y vigilancia de los sospechosos —como se desprende de la Sentencia de instancia y de la lectura de las declaraciones de los funcionarios policiales plasmadas en el acta del juicio, y que sirven de fundamento a la condena— el que permitió observar a los policías la actividad desempeñada por los sospechosos en la tarde del día 22 de noviembre de 1993, motivo directo de la detención de los ahora demandantes de amparo, del registro del vehículo y de los registros domiciliarios en los que se halló la droga y el dinero. Por otra parte, en el atestado ratificado por los policías en el acto del juicio consta, como destaca el Ministerio Fiscal, al folio 35 de las actuaciones, que, tras conocer a través de las conversaciones intervenidas la llegada del alijo de droga y que se iba a producir un transporte de “mercancía”, se hace “difícil la comprensión en las interpretaciones de las conversaciones, por lo que en vista de ello el señor Instructor dispone se someta a los reseñados a una tenaz e intensa vigilancia sobre los mismos”, resultando de la misma la observación de lo acaecido en la tarde el día 22 de noviembre de 1993. A la vista de todo lo cual, en las circunstancias del caso y dada la relevancia que para la ocupación de la droga tuvieron los directos “seguimientos sobre los acusados”, podemos concluir, como lo hacíamos en la STC 81/1998, de 2 de abril, FJ 5, “que esa ocupación se hubiera obtenido, también, razonablemente, sin la vulneración del derecho”.
Madrid, a veinticuatro de octubre de dos mil cinco.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 3325-2001
Promovido por don Francisco Chacón Ruiz y otro frente a las Sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Málaga que les condenaron por un delito contra la salud pública.
Al no haberse llevado a cabo ninguna de las dos resoluciones judiciales realiza juicio alguno de desconexión de antijuridicidad entre la prueba viciada por la vulneración del derecho fundamental -las intervenciones telefónicas- y el resto de las pruebas, en las que de modo directo no se produce esa vulneración, pero que derivan de aquélla y que sirven de fundamento a la condena, ha de entenderse vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE (STC 28/2002) [FJ 8].
El Auto en el que decreta la intervención telefónica no contiene una motivación suficiente para poder afirmar la legitimidad constitucional de la medida ya que no incorporó ningún dato objetivo que pueda considerarse indicio de la existencia del delito y de la conexión de la persona cuyas comunicaciones se intervienen, ni valoró, en los términos constitucionalmente exigibles, la concurrencia del presupuesto legal habilitante para la restricción del derecho al secreto de las comunicaciones por lo que, en consecuencia, lesionó este derecho fundamental [FJ 4].
Es apreciable, como causa concurrente de la lesión del derecho al secreto de las comunicaciones, la falta de notificación al Ministerio Fiscal de las resoluciones judiciales que autorizaron las intervenciones telefónicas referidas, lo que ha impedido a aquél ejercer la función de promoción de la defensa de los derechos de los ciudadanos [FJ 5].
Doctrina constitucional sobre la motivación de las decisiones judiciales limitativas del derecho al secreto de las comunicaciones (STC167/2002) [FJ 2].
La ausencia de los demandantes en el registro del vehículo, y en los registros domiciliarios, en los que se halló la droga y el dinero, podría determinar que las actas que las documentan no pudieran acceder directamente al proceso como prueba preconstituida, pero no impide que el resultado de las mismas se incorpore al proceso a través de las declaraciones de los funcionarios policiales que las practicaron, declaraciones realizadas en el juicio oral con todas las garantías necesarias para salvaguardar los derechos de defensa de los demandantes de amparo, incluidas las de inmediación y contradicción [FJ 6].
Artículo 558, f. 3
Artículo 18.3, ff. 1, 2, 4, 6 a 9, VP
Artículo 24.2 (derecho a la presunción de inocencia), ff. 1, 6 a 8, VP
Artículo 24.2 (derecho a un proceso con todas las garantías), ff. 1, 6 a 9
Artículo 124.1, f. 5, VP
Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2001
Notificación al Ministerio Fiscal de la autorización de intervención telefónicaNotificación al Ministerio Fiscal de la autorización de intervención telefónica, f. 5
Conexión de antijuridicidad con la vulneración de derechos fundamentalesConexión de antijuridicidad con la vulneración de derechos fundamentales, ff. 7, 8

References: resolución 
 resolución 

Artículo 558

Artículo 18

Artículo 24

Artículo 24

Artículo 124