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Timestamp: 2017-05-25 01:08:01+00:00

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Miércoles 17 de Mayo de 2017Gaceta: LXIII/2SPR-5/71432	Miércoles 17 de Mayo de 2017Gaceta: LXIII/2SPR-5/71432	Iniciativas de Ciudadanos Legisladores Del Dip. Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto al apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.El que suscribe Diputado Alfredo Bejos Nicolás, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 1 del artículo 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOSconforme a la siguiente:
Las Constituciones, entendidas no sólo como un documento sino como una serie de principios y valores axiológicos, procesan, condensan y sedimentan tanto las expectativas como la experiencia social, estableciéndose éstas de manera formal y sustancial en el marco normativo fundamental, teniendo como ejes transversales la parte política y social. Así, esta amalgama de ámbitos da pie a la conjugación de la política y del derecho, la cual tiene como elemento fundamental generar la posibilidad de llevar a cabo o efectivizar las decisiones los derechos establecidos de manera formal. Por lo tanto, el derecho o régimen político reacciona a la complejidad social, generando, a través de la aplicación del estado de derecho la creación, distribución y límite al ejercicio de poder político pero a su vez, procura las condiciones necesarias y suficientes para que todos los derechos y libertades sean ejercidos con plenitud.
Estas decisiones colectivamente generadas y vinculantes sobre cuestiones de interés público tratarán de generar consenso en torno a ellas, generando opinión pública, la cual, a través de los mecanismos generados en la esfera pública,desde foros ciudadanos hasta propuestas legislativas, se transmitirá.
Por ello que las expectativas normativas son el presupuesto básico, las reglas de partida, que supone un orden social diferenciado en la sociedad moderna, ya que a través de su formalización se generan estructuras normativas operativamente funcionales, mediante instituciones formalmente establecidas que dan pie a la efectivización y ejercicio de derechos y de decisiones políticas y sociales.
En este contexto, le corresponde una tarea sustancial al Estado, la cual, es establecida en el marco fundamental en los artículos 25 y 26 Inciso A Párrafo Primero: Artículo 25. “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.” Artículo 26. A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
La generación de políticas públicas tendrán por ello un marco referencial, tanto normativo como político, el Sistema Nacional de Planeación y Desarrollo Nacional, el cual teniendo como fundamento la obligación constitucional, y los objetivos planteados en las leyes generales aplicables el fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultura, la preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno.
La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población, el respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, políticos y culturales,el fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional, el equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo, en un marco de estabilidad económica y social, la perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y la factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.
Así, la Planeación Nacional de Desarrollo será, citando el artículo 3 de la Ley de Planeación:
“(…) la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.”
Y, en lo referente al aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano se establecen como objetivos en el artículo 1. dela Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente; Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional;
Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y Conservación de los Centros de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos; Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los Centros de Población, y Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.
Así, el Sistema Nacional de Desarrollo tendrá que reflejar la realidad y dinámica de la sociedad, su evolución tanto demográfica como geopolítica; establecer instrumentos y procedimientos de planeación a largo plazo, de manera consensuada pero también vinculatorios entre los tres órdenes de gobierno, relacionando planes y presupuestos, incluyendo la dimensión metropolitana.
La Zona Metropolitana es definida como: “El conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos predominantes urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.”
Adicionalmente, se definen como Zonas Metropolitanas todos aquellos municipios que concentran a un millón de habitantes o más, así como aquellos con 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.
Actualmente tres cuartas partes de la población mexicana habitan en 383 ciudades (centros de población de 15 mil y más habitantes) que integran el Sistema Urbano Nacional, quienes generan alrededor de 97% del PIB nacional en no más de 10% del territorio del país; indicativo de que México es un país predominantemente urbano.
De este total, 59 son zonas metropolitanas integradas por 367 municipios que representan 56.8% de la población nacional, con 63.8 millones de habitantes, por lo que la población urbana es particularmente metropolitana. Así pues, en materia de ordenación del territorio, todo apunta a que los principales desafíos que enfrenta México son urbanos y, sobre todo, metropolitanos.
Las ciudades se deben de entender como un gran complejo colectivo, con enfoques sociales, culturales, económicos, políticos y jurídicos; espacios físicos en donde surgen demandas y necesidades pero también mecanismos innovadores de sustentabilidad. La generación e intercambio de opiniones e ideas, de consensos y disensos que son transmitidos por los actores sociales de forma mediática abren las posibilidades de información y generación de juicios valorativos en torno a la realidad social, económica política e institucional.
Las ciudades tienen retos y metas complejas e importantes, los cuales comparten, desde el abastecimiento de agua, energía eléctrica, seguridad pública, saneamiento, servicios de mercado, gestión de residuos hasta generación de empleo y mejor calidad de vida.
Así, el día de hoy, las ciudades se están convirtiendo en monstruos urbanos, megalópolis, en donde la interacción de los individuos así como la gestión de solución de demandas se hace cada vez más complejo.
En este contexto se celebró Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), en la Ciudad de Quito, Ecuador en Octubre del año 2016. En esta Conferencia se constituyó la “Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos” y, establece, la Nueva Agenda Urbana, la cual, cambia radicalmente el paradigma para un nuevo entender de las ciudades, conceptualizándolas, ahora, como una oportunidad y no como un problema; una coyuntura para mejorar la calidad de vida de la mayoría de las personas.
Resulta evidente que el municipio, entendido como esta primera asociación natural constituido por muchas familias, pero formado en virtud de relaciones que no son cotidianas y, además, buscando de manera natural el bien común, ha sido rebasado por su crecimiento demográfico, necesitando medidas de coordinación regional y metropolitano. El reconocimiento formal de las Zonas Metropolitanas, no sólo en el cuerpo del Sistema Jurídico Mexicano a través de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, sino “positivizadas” en el marco constitucional como un instrumento de planeación, propiciaría mejores condiciones de coordinación para generar un desarrollo urbano acorde a las necesidades poblacionales actuales, impulsaría la gestión coordinada de acciones y políticas públicas con una planificación urbana más eficiente. El tema de la gestión de recursos regionales y metropolitanos se dimensiona de manera diferente, convirtiéndose en un eje toral de la dinámica de integración social y económica, destinando recursos específicos para el desarrollo de infraestructura básica pero en ámbitos más amplios que van ahora de lo local a lo metropolitano, que con el establecimiento de las Zonas en el maco constitucional consolidaría una acción vinculante desde los principios axiológicos mismos del Deber Ser.
Por lo anteriormente expuesto y con el fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta Soberanía la siguiente Iniciativa con ProyectoDECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Único. Se adiciona un párrafo Cuarto aldel apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Para el cumplimiento de los objetivos del sistema de planeación del desarrollo nacional establecidos en esta Constitución, se deberá tomar en consideración a las Zonas Metropolitanas, definidas como, los centros de población o conurbaciones que, por su complejidad, interacciones, relevancia social y económica, conforman una unidad territorial de influencia dominante y revisten importancia estratégica para el desarrollo nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de abril de 2017.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/minimonografias/m_zmm_ce2014.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Estado-actual-planeacion-ordenamiento-metropolitano-docto151.pdf
http://senado.senado.gob.mx:80/index.php?ver=cp&mn=4&id=71432 INFOMEX

References: artículo 26
 artículo 71
 artículo 6
 ARTÍCULO 26
 Artículo 25
 Artículo 26
 artículo 3
 artículo 1
 ARTÍCULO 26
 artículo 26