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Timestamp: 2019-10-15 04:39:06+00:00

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﻿ SENTENCIA 12319 DE MAYO 12 DE 2000
SENTENCIA 12319 DE 12 DE MAYO DE 2000
CONTENIDO:SENTENCIA PENAL DE CASACIÓN. RESPUESTA INMEDIATA A LOS CARGOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN EN MATERIA PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:343 DE JULIO DE 2000, PÁG.1164
Sentencia 12319 de mayo 12 de 2000
SENTENCIA PENAL DE CASACIÓN
RESPUESTA INMEDIATA A LOS CARGOS
EXTRACTOS: «La demanda. 1. Invocando la causal 3ª del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal (subrogado por el art. 3º de la L. 553/2000), el señor defensor de los procesados afirma que la sentencia fue proferida en un juicio viciado de nulidad debido al quebranto en que incurrió el fallador, de las garantías del debido proceso y de la defensa, al tenor de los artículos 29 de la Constitución Nacional y 304-2.3 del Código de Procedimiento Penal.
2. En extensa introducción teórica sobre el tema propuesto recuerda el censor, con referencia jurisprudencial del 19 de mayo de 1995, que la Corte ha considerado transgresión al derecho de defensa cuando el procesado es oído en indagatoria sin un defensor abogado en lugares en donde hay profesionales del derecho como lo es Medellín y considera inadmisible que la ley establezca excepciones para la asistencia al procesado por personas carentes de esa condición porque así se vulneran las garantías mencionadas.
3. Tras aludir al fallo de inexequibilidad del primer inciso del artículo 148 del Código de Procedimiento Penal objeta el principio de regencia de la inexequibilidad hacia el futuro acogido por el artículo 45 de la ley estatutaria de la administración de justicia, que en su sentir, viola el artículo 4º de la Constitución Nacional.
4. Concretándose al caso, explica que sus poderdantes en la diligencia de indagatoria y las ampliaciones de la misma fueron oídos sin la asistencia de un profesional del derecho y que con la misma orfandad defensiva se les notificó la resolución definitoria de su situación jurídica y se practicaron pruebas. Advierte que estas glosas fueron aducidas ante el Tribunal Superior sin éxito porque la corporación, aunque aceptó como realidad lo sucedido, consideró con un argumento violatorio del debido proceso, que la intervención de los defensores abogados en las diligencias posteriores convalidó la eventual irregularidad. (...).
1. Entre las modificaciones que el legislador introdujo al capítulo VIII del título IV del Código de Procedimiento Penal con la Ley 553 del año 2000, se encuentra la inclusión del artículo 226 A, el que autoriza a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a dar una respuesta inmediata a los cargos presentados en la demanda contra la sentencia de segunda instancia, haciendo referencia al antecedente, para lo cual se deben reunir las siguientes condiciones: a) Que sobre el tema exista unanimidad en los pronunciamientos de la Sala, y b) Que de igual manera la Corte considere que no es necesario reexaminar el punto.
2. El mandato legal que se viene invocando representa un instrumento jurídico fundamental, quizás uno de los más importantes en sede casación, para alcanzar el propósito de brindar a la sociedad una pronta y eficaz administración de justicia, meta que a la vez constituye una de las tareas primordiales del Estado. Veamos entonces si en el sub judice se cumplen los presupuestos para dar respuesta inmediata a las pretensiones de la demanda.
3. Como la indagatoria de Gustavo Adolfo Rondón se recibió a las once de la noche del 1º de diciembre de 1994 y Alberto Antonio de Jesús Echavarría Arango se oyó en diligencia de descargos el 2 de diciembre del citado año, a la una y cinco minutos de la madrugada, el funcionario instructor lo que hizo fue obrar de conformidad con lo establecido por la ley vigente a la fecha en que se cumplió la actuación procesal cuestionada por el demandante, esto es, dentro de las facultades conferidas expresamente por el inciso 1º del artículo 148 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 34 del Decreto 196 de 1971.
4. En el presente caso, la sentencia de la Corte Constitucional C-49 del 8 de febrero de 1996 no tiene incidencia, por cuanto que ella sólo produce efectos hacia el futuro, según lo dispone el artículo 45 de la Ley 270 de 1996.
5. El criterio expuesto ha sido el que de manera uniforme ha venido sosteniendo pacíficamente la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte, como puede constatarse en las providencias de fecha 26 de junio y 25 de julio de 1996, 6 de mayo y 22 de septiembre de 1998, 25 de febrero, 14 de julio y 10 de octubre de 1999, y más recientemente en la sentencia del 2 de febrero del presente año.
6. Siendo uno de los fines de la casación la unificación de la jurisprudencia, ningún objeto tendría en esta oportunidad el reexamen del asunto propuesto por el libelista, pues no se advierte la existencia de algún presupuesto que así lo amerite, como sería una condición nueva o diferente en relación con las situaciones que ha venido considerando en sus decisiones la Sala y que exija un análisis de la situación para garantizar la efectividad del derecho material, el desarrollo de la jurisprudencia o los derechos fundamentales.
7. Lo dicho es suficiente para explicar el por qué la respuesta en este asunto se satisface acudiendo al antecedente jurisprudencial citado (L. 553/2000, art. 10), pues por lo demás, en la actuación se demostró ampliamente que los procesados constituyeron con posterioridad —14 de diciembre— sendos defensores, que los asistieron en ampliación de indagatoria, cumplida el 7 de febrero de 1995 (fls. 419 y 423 cdno. 2º), profesionales que desempeñaron con responsabilidad sus cargos, p.e. solicitando pruebas, presentando alegatos calificatorios y notificándose de las decisiones adoptadas. Igual respeto por las garantías procesales se tuvo en la etapa del juicio, en donde el defensor público común designado intervino activamente en la audiencia pública, llegando a impugnar los fallos de instancia.
(Sentencia de casación, mayo 12 de 2000. Radicación 12.319. Magistrado Ponente: Dr. Mario Mantilla Nougués).

References: artículo 220
 artículo 148
 artículo 45
 artículo 4
 resolución 
 artículo 226
 artículo 148
 artículo 34
 artículo 45