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Timestamp: 2020-01-28 01:46:27+00:00

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SALA CIVIL SALA TERCERA DE DECISIÓN - Sala civil familia laboral
DECLARACIÓN OFICIOSA DE NULIDAD DE CONTRATO / OBJETO ILICITO / EMBARGO DEL BIEN OBJETO DE COMPRAVENTA / RESTITUCIONES MUTUAS
SALA CIVIL SALA TERCERA DE DECISIÓN Magistrado ponente
ACCIÓN EJECUTIVA SINGULAR / DESISTIMIENTO TÁCITO / ENTIDAD PÚBLICA EN LIQUIDACIÓN / SUCESIÓN PROCESAL
CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / ACCIÓN DE SIMULACIÓN / ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA SU CONFIGURACIÓN / PRUEBA
RESOLUCIÓN DE CONTRATO / DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO Y PAGO DE PERJUICIOS / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / CONSTRUCCIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE MEDIDORES
ACCIÓN EJECUTIVA HIPOTECARIA / PAGARÉ / CLAUSULA ACELERATORIA / PRESCRIPCIÓN
CANCELACIÓN DEL GRAVAMEN HIPOTECARIO / CESIÓN DE CRÉDITO
COMPETENCIA DEL AD QUEM EN TRÁMITE DE APELACIÓN DE AUTOS
ACCIÓN EJECUTIVA SINGULAR / EJECUTORIEDAD Y FIRMEZA DE LA SENTENCIA / LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO DEBE ESTAR ACORDE CON LAS ORDENES IMPARTIDAS EN LA SENTENCIA
PAGO POR CONSIGNACIÓN EN PROCESO JUDICIAL
RESTITUCIÓN DE PREDIO RURAL / CONOCIMIENTO CORRESPONDE A LA JURISDICCIÓN AGRARIA
DILIGENCIA DE INSPECCIÓN JUDICIAL / NULIDAD / SANEAMIENTO POR FALTA DE AGOTAMIENTO DE RECURSOS Y POR CONVALIDACIÓN
CADUCIDAD DE ADJUDICACIÓN DE PREDIO RURAL / RESTITUCIÓN DEL BIEN / MEJORAS / MALA FE
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE TERCERO ACREEDOR / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / BIENES GRAVADOS CON HIPOTECA
INSTITUCIÓN FINANCIERA / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA / CANCELACIÓN DE CRÉDITO HIPOTECARIO
Neiva, veinticinco (25) de noviembre de dos mil nueve (2009).
Radicación número: 41001-31-03-001-2006-00044-01
Actor: SANTIAGO DELGADO Y SAIRA SILVA PERDOMO
Demandado: OSCAR FERNANDO COLLAZOS SANCHEZ
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos señalar que la medida cautelar que ponía el inmueble fuera del comercio estuvo vigente desde el 3 de noviembre de 2005, hasta el 4 de septiembre de 2006 –anotación 11-, momento en el cual se produce la cancelación de dicha medida por parte del órgano judicial, para nuevamente quedar cautelado y a disposición de otro despacho judicial –anotación 12-. Así las cosas, si el negocio jurídico materializado por escritura pública No 390, se verificó el 23 de febrero de 2006, en la Notaría Quinta del Círculo de Neiva, sin esfuerzo alguno se puede deducir que existía objeto ilícito en la enajenación, lo que arrojaría la NULIDAD ABSOLUTA del mismo, según los Art. 1740 y 1741 del C.C., sin que exista posibilidad de que sea saneada según el Art. 1742 ibídem, y con la advertencia de que es viable hacer tal pronunciamiento en cuanto los contratantes en el acto que se declara nulo, son las mismas personas que han intervenido dentro de este proceso como integrantes de las partes procesales en contienda.
Neiva, cuatro (4) de mayo de dos mil diez (2010).
Radicación número: 41001-31-03-001-2006-00150-01
Actor: LEONOR IRIARTE DE MANRIQUE
Demandado: CESAR AUGUSTO y JUAN CARLOS CARDONA TRUJILLO
Salvamento de voto: Magistrado EDGAR ROBLES RAMIREZ
4°.- En el presente caso, inactivo el proceso en espera de que la ejecutante realice un emplazamiento, el ente acreedor entra en liquidación -capacidad jurídica restringida, y hasta se finiquitaran los negocios y operaciones que estaban en curso al disolverse, se produjera la realización de sus activos, y la solución de los créditos a su cargo, es decir, hasta la finalización de su existencia conservaba tal capacidad.
Desde luego, aunque se hubiera liquidado y extinguido en el curso del juicio la entidad, el proceso sigue su marcha y a la persona jurídica extinguida la sucede el adjudicatario del derecho controvertido sucesor que soporta los efectos del proceso, haciéndose presente en el juicio y en uso de la potestad que para el efecto se le concede, o manteniéndose al margen de él como lo estatuye el artículo 60 del C.P.C. al regular lo atinente a la sucesión procesal en relación con las personas jurídicas, que dispone: “si en el curso del proceso sobreviene la extinción de personas jurídicas o la fusión de una sociedad que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos…”
Neiva, diez (10) de noviembre de dos mil nueve (2009).
Radicación número: 41001-31-03-002-2002-00385-01
Actor: INCORA EN LIQUIDACIÓN
Demandado: ROQUE CASILIMA PERDOMO
El a quo interpretó lo solicitado hasta el punto de tener que ubicar la acción de simulación en su contexto absoluto y relativo, pues no existe enunciación de tal carácter.
Evidente es entonces que no se violó el principio de la congruencia por parte del juez de instancia al fallar el presente caso, pues dictó sentencia bajo proposición de la acción de simulación, la cual enmarcaba el tema relativo a la posición del verdadero comprador.
7º.- Si la acción de simulación se sustenta en que quien se encuentre amenazado por el mantenimiento o la consolidación de la apariencia de negocio jurídico, pueda remover tal situación y evitar sus secuelas dañosas, demostrando la verdadera intención de los fingidores, según lo anotado, es imperioso que se demuestre el perjuicio que se le causó al interesado con la acción, pero en el presente caso no existe, pues fue el mismo accionante en compañía de su esposa quien dio origen a la situación que hoy demanda. En idéntico sentido debe demostrar el accionante y no lo hizo, la verdadera intención de los fingidores, quienes en este caso serían para el momento de la ocurrencia de los hechos el menor de tres (3) meses de nacido en calidad de comprador y el señor ALVARO ARIZA LONDOÑO en calidad de vendedor, quien fue igualmente demandado y evidenció que no participó en la simulación. (Cuad 1, fol. 57). Opcional
9º.- En el debate no existe prueba de un acuerdo fraudulento entre las partes (comprador – vendedor), que permitiera cambiar la posición de comprador; simplemente se evidencia que los padres quisieron beneficiar a un hijo y por tal motivo actuaron en su nombre y representación, no existe la intención de aparentar la calidad de comprador y menos la de vendedor en tal negocio, pues el mismo se dio en las condiciones que quisieron los contratantes.
Como se exalta la voluntad real y sincera de los contratantes, no cabe imputar que deliberadamente se hicieron declaraciones distintas de las consignadas dentro de los documentos y las declaradas en el debate probatorio de este asunto, por lo mismo se debe confirmar lo expuesto por el funcionario de primera instancia, dado que aquí también se estableció que se esta frente a un convenio totalmente verídico, por lo que no hay lugar a la declaratoria de simulación impetrada.
Neiva, dos (2) de julio de dos mil nueve (2009).
Radicación número: 41001-31-03-002-2003-00203-01
Actor: MARIO ANGEL CÁRDENAS
Demandado: Menor BRAULIO FEDERICO ANGEL PASCUAS, representado por su madre CAROLINA PASCUAS CIFUENTES.
RESOLUCIÓN DE CONTRATO / DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO Y PAGO DE PERJUICIOS / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / CONSTRUCCIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE MEDIDORES / ANALISIS PROBATORIO
Distinto es el hecho de que la UTNUN deseara aclarar unas direcciones a la no provisión de información, por lo que no se puede colegir incumplimiento del convenio en esta materia, más como se demuestra, que el término para el suministro de la información se cumplió a cabalidad, y donde se exigía un mínimo del 50% de la totalidad de usuarios calculados, esto es, 2750 aproximado, se cumplió a cabalidad y sobrepasó dicha cantidad.
No se puede ahora endilgar responsabilidad a la ELECTRIFICADORA por inexactitudes en la información, cuando fue ésta la que le permitió notificar la cantidad de 5878 usuarios, como claramente lo señala la UTNUN en escrito del 9 de abril de 2001, por tal motivo el cargo por este aspecto no prospera.
Revisado el material probatorio aludido, se confirma que lo expuesto por el Juez de la primera instancia respecto de falta de actividad por parte de la UTNUN se encuentra manifiesto -folios 80 y 81, 104 y del cuaderno 4-; sus trabajadores se vieron envueltos en actos de deslealtad -folios 79, 118 cuaderno 4-; y que al ejecutarse de manera incompleta la obra en determinados puntos, esto conllevaba a que el sellamiento de los medidores se dilatara –ver folios 245, 247 cuaderno 1-, siendo entonces atribuible tal demora a quien realizó los trabajos, no a la demandada, y si a ello se suma que realizó incorrectamente el diligenciamiento de la documentación para que se aprobara la obra , el incumplimiento en el sellado no devenía de la negligencia de la Electrificadora, luego mal podría ahora imputarse esta responsabilidad por los hechos aludidos.
El hecho de suscribir el 6 de julio de 2001 entre las partes un OTRO SI en donde se ampliaba el plazo del convenio, no amerita asumir de entrada una responsabilidad, pues la parte que observaba el incumplimiento en lo pactado de forma inicial en el convenio No 047, debía reprimirse de firma, evento éste no presentado. Por el contrario lo que se hizo fue evaluar la situación y aplicar los correctivos necesarios y pasados por alto al momento de firmar el convenio, como lo fue el seguir contemplando la necesidad de las actas de visitas.
De igual forma se encuentran gestiones de fecha 25 de enero, 7 de febrero, 9 y 27 de marzo, 6 y 9 de abril, 25 de septiembre, 31 de octubre, 13, 16 y 20 de noviembre, 14 de diciembre de 2001, 16, 17 y 25 de enero, 1 de febrero, 20 de marzo de 2002 -Cuad 4, fol. 18, 30, 31, 37, 47, 59, 61, 80, 83, 89, 93, 95, 96, 104, 107, 110, 111, 114, 118, 126-, donde queda plasmada la actuación y el interés por parte del interventor en el desarrollo del convenio, motivo por el cual no se acierta al atribuir responsabilidad por ello a la ELECTRIFICADORA. (…)
Se evidencia que la ELECTRIFICADORA en ningún momento incumplió con la obligación asumida respecto de los puntos de conexión, por el contrario la demora es atribuida única y exclusivamente a la UTNUN quien no suministraba a tiempo la licencia de un programa para que se pusiera en funcionamiento dicho computador, por tal motivo este cargo no prospera.
Neiva, catorce (14) de octubre de dos mil nueve (2009)
Radicación número: 41001-31-03-002- 2004-00093-02
Actor: CITROL LTDA
La forma de vencimiento, requisito esencial establecido en el artículo 709-4 para el pagaré, puede ser pactada por instalamentos o cuotas periódicas. En esta última eventualidad, el día del vencimiento que se debe tener en cuenta para el cómputo del lapso prescriptivo, habiendo cláusula aceleratoria, es el del instalamento o cuota incumplida, la cual origina el cumplimiento de la condición resolutoria que extingue el derecho de pagar por cuotas. En consecuencia, a partir de ese momento nace el derecho al ejercicio de la acción cambiaria para el acreedor, y a partir de ese momento, empieza a contarse en su contra el término de la prescripción, y, en caso de no ejercitarse la acción cambiaria directa dentro de los de tres años establecidos en la ley, el otorgante será liberado de la obligación.
Ahora bien, en aplicación de lo informado, como en el presente caso no hay duda que en demanda ejecutiva la acreedora unificó la obligación, procediendo a cobrar no solamente las cuotas atrasadas, sino también las pendientes -por vencer-, esto de entrada impide que salga avante la postura de la parte ejecutante, consistente en reconocer la prescripción solamente de las cuotas vencidas en el tiempo, ordenándose seguir adelante con el procedimiento ejecutivo hipotecario respecto de futuras cuotas, pues cosa distinta hubiese acaecido si la reclamación ejecutiva no pretendiera el pago de las cuotas pendientes en el tiempo, sino solamente las atrasadas, ya que así esta postura vincularía bajo la figura de la prescripción solamente a las últimas.
Como la parte ejecutante señaló en los hechos de la demanda que los deudores dejaron de pagar la obligación el 10 de abril del año 2002, momento desde el cual se hace exigible la misma, se inició en tal fecha y de igual forma el término de prescripción de la acción de tres (3) años. De otro lado, como la demanda se interpuso el 22 de febrero del año 2006, esto sin lugar a dudas permite deducir que para dicho momento la acción se encontraba prescrita y no era procedente la interrupción de la misma estar consolidada la extinción.
Frente a la petición de la parte ejecutada de que se debe ordenar la cancelación del gravamen hipotecario, la misma resulta procedente bajo el entendido de que lo accesorio corre la suerte de lo principal, por tal motivo, al no existir obligación alguna por estar la misma prescrita, no tendría sentido que siga en la vida jurídica su garantía, por tal motivo se ordenará el levantamiento del gravamen por parte de la ejecutante y dentro del lapso requerido para ello, que no podrá exceder de 30 días siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo.
Respecto de la notificación de la cesión del crédito reconocida por el numeral 6º de la parte resolutiva de la sentencia, la misma en la actualidad carece de fundamento jurídico, bajo el entendido de que la obligación que se cede no existe, y por tal motivo no requiere de notificación a los deudores, pues perdieron dicha calidad.
Neiva, diez (10) de febrero de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41001-31-03-002-2006-00028-01
Actor: CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
Demandado: contra JUAN CARLOS ANDRADE SANTACOLOMA
Invoca la Sala ahora lo preceptuado en el artículo 357 del C.P.C., que ilustra la competencia del Superior, y que en materia de la impugnación señala: “En la apelación de autos, el superior solo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, liquidar costas y decretar copias y desgloses…”
Claro se debe tener en cuenta entonces, que aquí será tema de estudio los puntos en que se centra el escrito de impugnación, siendo importante resaltar la trascendencia que tiene para nuestro Ordenamiento Jurídico y el Estado Social de Derecho el PRINCIPIO DE LA SEGURIDAD JURIDICA (…)
Se advierte así, que un acto posterior a la ejecutoria de la sentencia, como es el auto que aprueba la liquidación del crédito, no puede entrar a modificar la sentencia en su contenido sustancial, menos aún, cuando las partes en debate no realizan refutación de ninguna índole, pues guardaron silencio, y por tal hecho aceptaron lo ahí decidió siendo esto una Cosa Juzgada.
Se considera, que no podía él a quo, realizar en un auto posterior a la sentencia, apreciaciones y conjeturas que beneficien o perjudiquen a una u otra parte, quien tuvo la posibilidad bajo el marco del Debido Proceso, de interponer los recursos del caso si observaba que la decisión no se ajustaba a derecho, o afectaba sus intereses económicos.
Así las cosas, esta Corporación acoge el pronunciamiento traído a colación por la parte ejecutante respecto de la efectividad del pago por consignación, y tiene como fecha de corte para realizar las deducciones del dinero pagado por Ecopetrol, el día 28 de enero de 2005, momento en el cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito ordenó la entrega del título por el valor de $223.314.654.oo., a su beneficiario – título y auto de 24 de enero de 2005 vistos en el Cuaderno 1 fol. 81 y siguiente, resaltando que si con anterioridad el mismo título se encontraba en Juzgado distinto incluso de aquel que produjo la condena penal, no se puede tener como fecha cierta del desembolso otra, que no sea la acogida por esta Corporación.
Neiva, doce (12) de mayo de dos mil nueve (2009)
Radicación número: 41001-31-03-003-2004-00123-01
Actor: GLORIA LUZ CUELLAR CASTRO Y OTROS
Demandado: EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS –ECOPETROL S.A.- Y OTROS.
3º.- De entrada advierte la Sala que el asunto que conoce corresponde a la jurisdicción agraria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 2303 de 1989, toda vez que es un conflicto originado en relaciones de esta naturaleza, sobre predio con vocación agrícola, y que desencadena el lanzamiento de quien se entiende como tenedor, derivado de una relación jurídica distinta del arrendamiento y de la aparcería, como lo es la fulminación por caducidad de la adjudicación de la tierra hecha a la convocada, que la tornó en tenedora o seguida a restituir.
Se observa que la declaratoria de caducidad conlleva a predicar la tenencia del bien, se repite, para la parte demandada, y la posibilidad de su restitución por el INCORA, por tal razón no hay lugar a predicar violación a las normas de procedimiento que establecen la competencia y el adecuado trámite de esta controversia, como ya tuvo a bien señalarlo esta Corporación en oportunidad anterior, por lo mismo no prospera la apelación por esta temática.
Para la Sala, es claro que las partes de este proceso gozaron de la oportunidad procesal para solicitar la práctica de la diligencia de inspección, de igual forma y bajo el manto del Debido Proceso guardaron silencio a este respecto, y si ahora la demandada enrostra como omitido por él a quo este trámite, lo que se evidencia es que al no ser reclamada en oportunidad, no es de recibo ahora tal argumento, no obstante que aluda a que era indispensable la práctica de dicha prueba, pues no es esta la oportunidad procesal para escudriñar si estuvo dispuesta o no a su práctica, dando lugar a la hipotética anulación del extenso trámite, pues conviene traer a colación lo enunciado en el parágrafo del artículo 140 de nuestro Código de Procedimiento Civil “Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que éste Código Establece.”
Como la existencia de posibles irregularidades se entienden purgadas cuando el presunto perjudicado con ese vicio las consiente, tácita o expresamente, no prospera este argumento como mecanismo para destruir el fallo.
Al analizar el contenido de la Resolución No 757 del 4 de mayo de 1990, mediante la cual se declaró la caducidad de la adquisición del predio hoy reclamado, a la demandada, se tiene que este ha sufrido el debate acerca de su legalidad en más de una oportunidad ante la jurisdicción contenciosa, y ella la ha encontrado ajustada a derecho. Se deduce de la resolución, que sus conclusiones son definitivas.
Si esta Resolución tiene más que probada su calidad de ajustada a la legalidad, las decisiones que ella contiene también son de obligatorio cumplimiento, y entre estas tenemos las relativas a la restitución de inmueble por parte de la demandada, al reconocimiento de las mejoras a esta última y al pago de las mismas, así como de las cuotas sufragadas que en ella están comprendidas.
Para la Sala es claro que el valor de las mejoras reconocidas por el INCORA, tuvo como base el avalúo comercial que realizó INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI el 2 de diciembre de 1.996, donde se observó la ubicación del sector, la carretera, los servicios públicos existentes, así como la investigación económica del sitio, lo que arrojó un monto de de $7.481.500, los cuales se consignaron en el mes de agosto del año 1.997.
Este avalúo de las mejoras se hizo por la época en que cobró firmeza la resolución de caducidad, luego, guarda concordancia con la ejecutoria de la determinación por parte del Instituto, por cuanto tiene en cuenta lo realmente plantado hasta la fecha en que la adjudicataria vencida tenía la disposición plena del inmueble, y sus actos reconocidos como señora y dueña.
Después de emitida la resolución que decretó la caducidad, la adjudicataria pasó a ser tenedora, y no le era permitido válidamente realizar actos de dueña, pues como estaba pendiente que restituyera el inmueble, y ella lo sabía por haber impugnado la decisión fallidamente, la implementación de nuevas mejoras no serían reconocidas pues no tenía derechos sobre el mismo. (…)
6º.- La Sala acoge la postura del Juzgado 4º Civil del Circuito de Neiva, en lo que respecta a la mala fe de la señora ROSA MARIA GORDO, desde el 4 de mayo año 1.990, momento en el cual le fue declarada la caducidad, unido a la inexistencia de pruebas que demostraran el monto a devolver en calidad de frutos que produjese o hubiera producido el predio en manos de la demandada.
Neiva, diecisiete (17) de junio de dos mil nueve (2009)
Radicación número: 41001-31-03-004-1998-00169-01
Actor: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA –INCORA
Demandado: ROSA MARIA GORDO DE CORDOBA
Como la última entidad, con vocería para actuar judicialmente, fue quien inició la presente acción ejecutiva;
por tanto puede señalarse que nos encontramos con un tercero acreedor, distinto de la persona jurídica que dio origen a los pagarés, y que por haber recibido y ser tenedora de los documentos contentivos de la deuda, como tal esta legitimada en causa para demandar la solución de la misma, pues, se repite, ostenta la condición de tenedor justificado de los títulos valores que documentan las obligaciones. Además, si las obligaciones a su vez se encuentran garantizadas en su pago con gravamen hipotecario, bien podía la misma entidad tenedora de los títulos perseguir a quienes aparecen relacionados en el Registro de Instrumentos Públicos como propietarios de los bienes – garantía. (…)
Ante la claridad normativa, verificada la calidad de titular del dominio en la ejecutada, y comprobado que los bienes tienen anotación de ser garantía de solución de la deuda cobrada, se encuentra validez en la convocatoria para que a la demandada se le haga el cobro, so pena de que sus propiedades corran el riesgo de ser rematadas y con el producto se solucione la obligación que garantizan. (…)
Luego de analizar los hechos expuestos por la demandada en este trámite de ejecución, y confrontarlas con las pruebas obrantes en el expediente, se advierte que la confianza legítima que tenía la demandada de que sus inmuebles no soportaban gravamen en razón de la documentación de cancelación que le fuera expedido a su favor por parte del Banco, la corroboró con comunicaciones que recibió del mismo Banco, y que dentro del proceso de ejecución se anunció tal proceder, con notas y pedidos al Juez, donde le delataba que se había dado traslado al representante judicial de la parte demandante para que levantara las cautelas. En ningún momento puso de presente el Banco, ni la entidad ejecutante, alguna inconsistencia que hiciera sospechar una equivocación o injusticia en los pedidos, y del lado de la ejecutada se tenía pleno convencimiento de que su gravamen estaba cancelado.
Como se modificó la posición jurídica frente a la obligación hipotecaria que meses antes había dado por exigible la entidad ejecutante, y como no es posible imponer una nueva carga económica a la demandada, pues ya la obligación se encuentra extinguida, ha de suponerse que actualmente se está reclamando el pago de un crédito hipotecario inexistente por haberse este cancelado. (…)
A esta misma conclusión llega esta Sala, pues no sería aceptable que la propietaria en este caso, se viera obligada a asumir el pago de un crédito hipotecario ya cancelado, por el simple hecho de que el Banco quien dio por pagado dicho crédito, transfiriera la obligación a otra entidad para que esta reclame el pago de una obligación inexistente.
Por las razones anteriores prosperará la impugnación, y se modificará el fallo materia del recurso de apelación en el sentido de declarar probada la extinción de la obligación que estaba garantizada con la hipoteca, a favor de la demandada, y además, se ordenará la iniciación de los trámites necesarios para levantar la hipoteca que recae sobre los parqueaderos de propiedad de la ejecutada.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 60

RESOLUCIÓN 
 artículo 709
 artículo 357
 Artículo 1
 artículo 140
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución