Source: https://www.scribd.com/document/186142518/Derecho-al-Agua
Timestamp: 2016-07-31 06:13:21+00:00

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NOTA Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no entrañan, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud o del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. * * *
La información contenida en la presente publicación podrá citarse libremente siempre que se mencione la procedencia y se envíe un ejemplar de la publicación que contenga la cita reimpresa a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Ginebra 10, Suiza.
SIGLAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	iv INTRODUCCIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1 I.	¿QUÉ ES EL DERECHO AL AGUA?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3 A.	El derecho al agua en la normativa internacional de derechos humanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3 B.	Aspectos fundamentales del derecho al agua. . . . . . . . . . . . .	8 C.	Las ideas falsas más comunes con respecto al derecho al agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	12 D.	El nexo entre el derecho al agua y otros derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	13 E.	¿Cómo se aplica el principio de la no discriminación al derecho al agua? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	14 F.	¿Qué es un enfoque del abastecimiento de agua potable basado en los derechos?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	16 II.	¿CÓMO SE APLICA EL DERECHO AL AGUA A ALGUNOS GRUPOS CONCRETOS?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	19 A.	Los pobres de las zonas urbanas y rurales. . . . . . . . . . . . . . . .	19 B.	Las mujeres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	21 C.	Los niños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	22 D.	Las personas con discapacidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	23 E.	Los refugiados y las personas internamente desplazadas. . . . .	24 F.	Los pueblos indígenas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	26
III.	LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS Y LAS RESPONSABILIDADES DE OTROS ACTORES. . . . . . . . . . . . . . . . . .	28 A.	Obligaciones generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	28 B.	Tres tipos de obligaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	30
III.	(Continuación) C.	Las responsabilidades de otros actores . . . . . . . . . . . . . . . . . .	31 D.	Obligaciones y responsabilidades en situaciones concretas . . .	35
IV.	VIGILANCIA DEL DERECHO AL AGUA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS ESTADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	43 A.	Vigilancia y rendición de cuentas a nivel nacional. . . . . . . . . .	43 B.	Rendición de cuentas a nivel regional. . . . . . . . . . . . . . . . . . .	48 C.	Vigilancia a nivel internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	49
Anexo	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	55 SIGLAS ACNUDH	 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos COHRE	ODM	OIT	OMS	ONG	Centre on Housing Rights and Evictions Objetivos de Desarrollo del Milenio Organización Internacional del Trabajo Organización Mundial de la Salud organización no gubernamental
ONU-Hábitat	 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos PNUD	UNICEF	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
INTRODUCCIÓN El agua es la esencia de la vida. El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud, y fundamentales para la dignidad de toda persona. Sin embargo, 884 millones de personas carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable, y 2.500 millones no disponen de servicios mejorados de saneamiento1. Y aunque estas cifras de por sí ya revelan una situación preocupante, la realidad es mucho peor aún, porque millones de personas pobres que viven en asentamientos precarios simplemente no están contabilizadas en las estadísticas nacionales. Las causas básicas de la actual crisis del agua y el saneamiento radican en la pobreza, las desigualdades y la disparidad en las relaciones de poder, y se ven agravadas por los retos sociales y ambientales, como la urbanización cada vez más rápida, el cambio climático, y la creciente contaminación y merma de los recursos hídricos2. Para afrontar la crisis, la comunidad internacional ha tenido que cobrar conciencia de que el acceso al agua potable y al saneamiento debe encuadrarse en el marco de los derechos humanos. Ese acceso se menciona expresamente, por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas aprobó su Observación general Nº 15 sobre el derecho al agua, en la que este derecho se definió como el derecho de todos “a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Cuatro años más tarde, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, aprobó las directrices para la realización del derecho al agua potable y al saneamiento. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también ha subrayado que el punto de partida y el principio unificador de la acción pública en relación con el agua y el saneamiento es el reconocimiento de que el derecho al agua es un derecho humano básico. En 2008, el Consejo de Derechos Humanos creó el mandato del “Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento” para esclarecer el alcance y el contenido de esas obligaciones. Varias constituciones nacionales protegen el derecho al agua o enuncian la responsabilidad general del Estado de asegurar a todas las personas el acceso a agua potable y servicios de saneamiento. Tribunales de distintos ordenamientos jurídicos han emitido también fallos en causas relacionadas con el disfrute del derecho al agua, respecto de cuestiones tales como
la contaminación de los recursos hídricos, los cortes arbitrarios e ilegales y la falta de acceso a servicios de saneamiento. La presente publicación se basa en la obra The Right to Water (El derecho al agua), publicada en 2003 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), WaterAid y el Centro de Derechos Económicos y Sociales. En primer lugar explica qué es el derecho al agua y luego ilustra lo que ese derecho significa para determinadas personas y grupos y analiza en detalle las obligaciones de los Estados en relación con este derecho. La obra concluye con una reseña de los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas que existen a nivel nacional, regional e internacional. Como se verá en el capítulo I, el agua y el saneamiento no tienen la misma categoría en el derecho internacional. Sin embargo, en muchos casos y en numerosos compromisos y declaraciones internacionales, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el saneamiento se ha asociado estrechamente al derecho al agua. Es por ello que, en algunas partes de la presente publicación, los dos conceptos se mencionan juntos.
I.	¿QUÉ ES EL DERECHO AL AGUA?
A.	E  l derecho al agua en la normativa internacional de derechos humanos Aunque el derecho al agua no está reconocido expresamente como un derecho humano independiente en los tratados internacionales, las normas internacionales de derechos humanos comprenden obligaciones específicas en relación con el acceso a agua potable. Esas obligaciones exigen a los Estados que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico, que comprende el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. También les exigen que aseguren progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuados, como elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada, pero también que protejan la calidad de los suministros y los recursos de agua potable.
Categoría del saneamiento en las normas internacionales de derechos humanos Alrededor de 2.500 millones de personas aún carecen de acceso a servicios de saneamiento adecuados. Ello tiene un profundo efecto negativo en numerosos derechos humanos. Por ejemplo, sin servicios de saneamiento no es posible disfrutar del derecho a una vivienda adecuada. El impacto de la falta de saneamiento en la salud está bien documentado: es responsable de hasta una cuarta parte de las defunciones de menores de 5 años y constituye una grave amenaza al derecho a la salud. El saneamiento deficiente repercute además seriamente en la calidad del agua y pone en peligro también el disfrute de este derecho. Si bien el acceso a servicios de saneamiento aún no se ha reconocido como un derecho independiente, un número creciente de declaraciones nacionales, regionales e internacionales y de legislaciones nacionales parecen indicar un avance en esa dirección. La Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento ha expresado su apoyo al reconocimiento del saneamiento como un derecho aparte (véase A/HRC/12/24).
El concepto de la cantidad básica de agua requerida para satisfacer las necesidades humanas fundamentales se enunció por primera vez en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata (Argentina) en 1977. En su Plan de Acción se afirmó que todos los
pueblos, cualesquiera que sean su etapa de desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas. En el Programa 21, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, se confirmó este concepto. Posteriormente, varios otros planes de acción han mencionado el agua potable y el saneamiento como un derecho humano. En el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994, los Estados afirmaron que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, lo que incluye alimentación, vestido, vivienda, agua y saneamiento adecuados. En el Programa de Hábitat, aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) en 1996, el agua y el saneamiento también se consideraron parte del derecho a un nivel de vida adecuado. El derecho al agua se ha reconocido también en declaraciones regionales. El Consejo de Europa ha afirmado que toda persona tiene derecho a una cantidad suficiente de agua para satisfacer sus necesidades básicas3. En 2007, los dirigentes de Asia y el Pacífico convinieron en reconocer que el derecho de las personas a disponer de agua potable y de servicios básicos de saneamiento es un derecho humano básico y un aspecto fundamental de la seguridad humana4. En la Declaración de Abuja, aprobada en la Primera Cumbre América del Sur-África, en 2006, los Jefes de Estado y de Gobierno declararon que promoverían el derecho de sus ciudadanos al acceso al agua potable y a la sanidad dentro de sus respectivas jurisdicciones. Aunque esas declaraciones no son jurídicamente vinculantes, reflejan un consenso y una declaración política de intenciones sobre la importancia de reconocer y hacer realidad el derecho al agua. En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobó su Observación general Nº 15 sobre el derecho al agua, definido como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico5. Aunque en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no se menciona expresamente el derecho al agua, el Comité subrayó que este derecho forma parte del derecho a un nivel de vida adecuado, al igual que los derechos a disponer de alimentación, de una vivienda y de vestido adecuados. El Comité también subrayó que el derecho al agua está indisolublemente asociado al derecho a la salud y a una vivienda y una alimentación adecuadas.
En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, “incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados”, y son indispensables para su realización. El uso de la palabra “incluso” indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías esenciales para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones más fundamentales para la supervivencia. Fuente: Observación general Nº 15 (2002) sobre el derecho al agua, párr. 3.
En 2006, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos aprobó las directrices para la realización del derecho al agua potable y al saneamiento. En ellas se utiliza la definición del derecho al agua elaborada por el Comité, y el derecho al saneamiento se define como el derecho de toda persona a acceder a un servicio de saneamiento adecuado y seguro que proteja la salud pública y el medio ambiente6. En 2007, el ACNUDH, a petición del Consejo de Derechos Humanos, llevó a cabo un estudio sobre el alcance y el contenido de las obligaciones pertinentes en materia de derechos humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y el saneamiento (A/HRC/6/3). En él, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos concluyó que había llegado el momento de considerar el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano.
Tratados internacionales de derechos humanos que entrañan obligaciones específicas en relación con el acceso al agua potable y el saneamiento •	La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada en 1979 (art. 14 2)); •	El Convenio Nº 161 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los servicios de salud en el trabajo, aprobado en 1985 (art. 5); •	La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 (arts. 24 y 27 3)); •	La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada en 2006 (art. 28).
Las obligaciones específicas relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento se han venido reconociendo también, en
medida creciente, en los principales tratados de derechos humanos, fundamentalmente como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y del derecho a la salud. Las obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento están implícitas también en varios otros tratados internacionales de derechos humanos y se derivan de las obligaciones de promover y proteger otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a una vivienda adecuada, a la educación, a la alimentación, a la salud, al trabajo y a la vida cultural. Al interpretar el derecho a la vida en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos, en su Observación general Nº 6 (1982), subrayó que, además de la protección contra la privación de la vida, el derecho también imponía a los Estados el deber de garantizar el acceso a los medios de supervivencia y les exigía que adoptaran medidas positivas, en particular para reducir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida, así como para eliminar la malnutrición y las epidemias. En su Observación general Nº 14 (2000) sobre el derecho al más alto nivel posible de salud, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales destacó que el historial de la elaboración del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la redacción de su artículo 12 2) constituían un reconocimiento de que ese derecho abarcaba los factores determinantes básicos de la salud, como el acceso al agua potable y al saneamiento. A nivel regional, tanto la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño (1990) como el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África (2003) contienen obligaciones expresas respecto de los derechos humanos relacionados con el acceso al agua potable y el saneamiento. En el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (1988) se subraya que todos tienen derecho a vivir en un entorno sano y a tener acceso a los servicios públicos básicos (art. 11.1). En la Carta Árabe de Derechos Humanos (2004) también se consagra el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel de vida posible, para lo cual los Estados deben garantizar la nutrición básica y el suministro de agua potable para todos, junto con sistemas de saneamiento adecuados (art. 39). Si bien en la Carta Social Europea Revisada (1996), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) no se menciona expresamente la obligación, en el marco de los derechos humanos, de proporcionar acceso a agua potable y servicios de saneamiento, la jurisprudencia conexa ha deri6
vado la protección de ese acceso del disfrute de otros derechos humanos, como el derecho a una vivienda adecuada, a la salud o a la vida.
Obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento en virtud de la Carta Social Europea Revisada El Comité Europeo de Derechos Sociales consideró que el derecho a una vivienda adecuada, reconocido en el artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada, comprendía obligaciones específicas en relación con el acceso a agua potable y servicios de saneamiento: En el artículo 31 1) se garantiza el acceso a una vivienda adecuada, lo que significa una vivienda segura desde los puntos de vista estructural, higiénico y sanitario, es decir, una vivienda dotada de todas las instalaciones básicas, como agua, calefacción, evacuación de desechos, servicios de saneamiento y electricidad, exenta de hacinamiento y con una tenencia segura protegida por la ley. Fuente: Reclamación Nº 27/2004, European Roma Rights Centre v. Italy, decisión sobre el fondo, 7 de diciembre de 2005.
Varias directrices y principios internacionales contienen disposiciones relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. Aunque no son jurídicamente vinculantes, ofrecen una orientación útil sobre las obligaciones específicas de proporcionar ese acceso, especialmente a determinados grupos tales como las personas privadas de libertad, los trabajadores, los refugiados y los desplazados internos, las personas de edad y los pueblos indígenas7. El derecho internacional humanitario y el derecho ambiental también protegen expresamente el acceso al agua potable y el saneamiento. Los Convenios de Ginebra (1949) y sus Protocolos adicionales (1977) destacan la importancia fundamental del acceso al agua potable y el saneamiento para la salud y la supervivencia en los conflictos armados internacionales y no internacionales. El Protocolo relativo al agua y la salud del Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales, de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, de 1992, dispone que los Estados partes deben adoptar medidas apropiadas para asegurar el acceso a agua potable y saneamiento y proteger los recursos hídricos utilizados como fuentes de agua potable contra la contaminación. El Convenio africano sobre la conservación de la naturaleza y los recursos naturales (2003) también establece que los Estados contratantes se esforzarán por garantizar a sus poblaciones un suministro suficiente y continuo de agua adecuada.
Por último, numerosas constituciones contienen referencias explícitas al derecho al agua, entre ellas las del Ecuador, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Democrática del Congo, Sudáfrica, Uganda y el Uruguay. El derecho a servicios de saneamiento también se consagra en algunas constituciones y legislaciones nacionales, como las de Argelia, el Estado Plurinacional de Bolivia, las Maldivas, Sri Lanka, Sudáfrica y el Uruguay. Otras constituciones aluden a la responsabilidad general del Estado de asegurar el acceso al agua potable y el saneamiento8. B.	Aspectos fundamentales del derecho al agua •	El derecho al agua entraña libertades. Estas libertades están dadas por la protección contra cortes arbitrarios e ilegales; la prohibición de la contaminación ilegal de los recursos hídricos; la no discriminación en el acceso al agua potable y el saneamiento, en particular por razón de la clasificación de la vivienda o de la tierra; la no injerencia en el acceso a los suministros de agua existentes, especialmente las fuentes de agua tradicionales; y la protección contra las amenazas a la seguridad personal al acceder a agua o servicios de saneamiento fuera del hogar. •	El derecho al agua entraña prestaciones. Estas prestaciones comprenden el acceso a una cantidad mínima de agua potable para mantener la vida y la salud; el acceso a agua potable y servicios de saneamiento durante la detención; y la participación en la adopción de decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento a nivel nacional y comunitario. En su Observación general Nº 15, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aclaró el alcance y el contenido del derecho al agua explicando qué significa disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. •	El suministro de agua para cada persona debe ser continuado y suficiente para cubrir los usos personales y domésticos, que comprenden el consumo, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. Otros usos domésticos del agua, como el agua para las piscinas o la jardinería, no están incluidos en el derecho al agua.
El VIH/SIDA y las necesidades especiales de agua Las personas que viven con el VIH/SIDA necesitan lavarse con frecuencia y prestar gran atención a la higiene personal [...]. Tienen que limpiarse
las heridas y las lesiones, y lavar a menudo sus prendas de vestir y la ropa de cama. Las fiebres, acompañadas de sudoración, son frecuentes, lo que aumenta la necesidad de beber agua [...]. Es importante que las casas estén limpias y bien ventiladas para evitar la tuberculosis, la más frecuente de las infecciones oportunistas. Todo ello exige cantidades adicionales de agua, que no siempre están disponibles. Fuente: WaterAid Ethiopia y Progynist, "Making the links: Mapping the relationship between water, hygiene and sanitation and HIV/AIDS – a joint think piece" (2004). Disponible en www.wateraid.org.
El derecho al agua abarca, por lo tanto, el acceso al agua necesaria para mantener la vida y la salud y para satisfacer las necesidades básicas, y no confiere a las personas el derecho a una cantidad ilimitada de agua. Según la OMS, se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar la mayor parte de los problemas de salud. El acceso a 20-25 litros por persona al día representa el mínimo, pero esta cantidad suscita preocupaciones sanitarias, porque no basta para cubrir las necesidades básicas de higiene y consumo9. Estas cantidades son indicativas, ya que dependen del contexto particular y pueden diferir de un grupo a otro en función del estado de salud, el trabajo, las condiciones climáticas y otros factores. Las madres lactantes, las mujeres embarazadas y las personas que viven con el VIH/SIDA necesitarán más de 50‑100 litros de agua al día.
En cualquier momento dado, la mitad de las camas de hospital del mundo están ocupadas por pacientes que padecen enfermedades transmitidas por el agua. Fuente: www.un.org/waterforlifedecade.
•	El agua para el uso personal y doméstico debe ser salubre y aceptable. De conformidad con la Observación general Nº 15, el agua debe estar exenta de microbios y parásitos, así como de sustancias químicas y radiológicas, que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. El agua debe tener también un color, un olor y un sabor aceptables, a fin de que las personas no recurran a otras fuentes que puedan parecer más atractivas pero que estén contaminadas. Estos requisitos se aplican a todas las fuentes de abastecimiento, como el agua corriente, el agua de cisternas, el agua comprada a un proveedor y los pozos protegidos.
La salubridad del agua potable se define normalmente mediante normas nacionales y/o locales de calidad del agua potable. Las Guías para la calidad del agua potable, de la OMS, sirven de base para elaborar normas nacionales que, debidamente aplicadas, garantizan la inocuidad del agua potable10.
Alrededor del 90% de las aguas residuales y el 70% de los desechos industriales de los países en desarrollo se descargan en cursos de agua sin ningún tratamiento previo, contaminando a menudo los recursos de agua disponibles. Fuente: www.un.org/waterforlifedecade.
La falta de sistemas de saneamiento adecuados en muchas partes del mundo ha dado lugar a la contaminación generalizada de las fuentes de agua de las que depende la supervivencia de las comunidades. En su Observación general Nº 15, el Comité subrayó que garantizar el acceso a servicios de saneamiento adecuados es uno de los principales mecanismos para proteger la calidad de las reservas y los recursos de agua potable. •	Los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento deben ser físicamente accesibles y estar al alcance de todos los sectores de la población, teniendo en cuenta las necesidades de determinados grupos, como las personas con discapacidad, las mujeres, los niños y los ancianos.
Nuestros principales problemas en las comunidades rurales son que tenemos que caminar largas distancias, de 2 ó 3 km cada día, para llegar a un grifo público, acarrear pesados recipientes en la cabeza, de unos 20 a 25 litros por vez, y hacer largas filas delante de los grifos; si se llegara a contaminar este punto de agua común, toda la aldea estaría en peligro. Fuente: Mujer de Sudáfrica, proyecto "Water Voice", 2003.
Aunque el derecho al agua no significa que todos deban tener acceso a agua y servicios de saneamiento dentro del hogar, sí presupone que estos servicios se encuentren en las cercanías o a una distancia razonable de la vivienda. También debería haber agua y servicios de saneamiento en las escuelas y los hospitales, los lugares de trabajo, los centros de detención y los campamentos de refugiados y de personas internamente desplazadas.
La distancia media que recorren las mujeres de África y Asia para ir a buscar agua es de 6 km.
Puesto que la cantidad de agua a que se tiene acceso cada día depende en gran medida de la distancia a la que está la fuente de agua y del tiempo que se tarda en recorrerla, se considera razonable una distancia que permita a todos recoger suficiente agua para cubrir los usos personales y domésticos. Según la OMS, para tener un acceso básico a 20 litros de agua por día la fuente debe estar a no más de 1.000 m del hogar y el tiempo necesario para ir a buscar agua no debe exceder de 30 minutos. Cuando hay agua corriente en las viviendas, el acceso es óptimo y es probable que se disponga de por lo menos 100 litros por persona al día11. A este respecto, el PNUD confirma en su Informe sobre Desarrollo Humano 2006 que el abastecimiento regular de agua corriente limpia en el hogar es la forma óptima de suministro para el desarrollo humano. El acceso a un abastecimiento regular de agua en la vivienda también evita a las mujeres y los niños tener que dedicar tiempo y energía física a ir a recoger agua a fuentes distantes. •	Los servicios de agua deben ser asequibles para todos. Ningún individuo o grupo debería verse privado del acceso a agua potable por no poder pagar.
La falta de agua a precios asequibles en Haití En Port-de-Paix (Haití), los entrevistados en una encuesta por hogares señalaron que, cuando el agua es demasiado cara, sacan agua de los ríos, muy contaminados y llenos de basura, para cubrir sus necesidades domésticas (31,1%). Además, algunas familias renuncian a bañarse (22,2%) o a cocinar (26,7%). Fuente: Centre for Human Rights and Global Justice y otros, Wòch nan Soley: The Denial of the Right to Water in Haiti, disponible en www.chrgj. org/projects/docs/wochnansoley.pdf (consultado el 28 de abril de 2010).
Por consiguiente, los costos directos e indirectos del agua y el saneamiento no deberían privar a nadie del acceso a estos servicios y no deberían comprometer la capacidad de disfrutar de otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a la educación, a una vivienda adecuada o a la salud. El requisito de la asequibilidad también pone de relieve que la recuperación de los costos no debe erigirse en un obstáculo al acceso al agua potable y el saneamiento, especialmente para los pobres. Por ejemplo, el PNUD propone como punto de referencia un umbral del 3% del ingreso familiar. En general, los hogares más pobres no deberían cargar con una parte desproporcionadamente alta de los gastos en agua y saneamiento.
La relación entre el acceso al agua potable y la recuperación de los costos en las declaraciones internacionales La comunidad internacional ha subrayado que el acceso a agua para el uso personal y doméstico no debe verse amenazado por la necesidad de recuperar los costos. El Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 insiste en que los objetivos de recuperación de los costos no deben representar un obstáculo al acceso a agua potable por los pobres. En el Programa 21 se señala que, por encima de las cantidades requeridas para satisfacer las necesidades básicas de agua potable, los usuarios deben pagar tarifas adecuadas.
C.	Las ideas falsas más comunes con respecto al derecho al agua •	¿Significa el derecho al agua que el suministro debe ser gratuito? El derecho al agua significa que los servicios de abastecimiento de agua deben ser asequibles para todos y que nadie debe verse privado del acceso a ellos por no tener la capacidad de pagar. De por sí, el marco de los derechos humanos no establece el derecho a un suministro de agua gratuito. Sin embargo, en determinadas circunstancias, el acceso a agua potable y servicios de saneamiento puede tener que ser gratuito, si la persona o la familia no pueden pagar. Es una obligación básica del Estado velar por que se satisfagan por lo menos los niveles esenciales mínimos del derecho, lo que comprende el acceso a la cantidad mínima indispensable de agua. En la Observación general Nº 15 se destaca que, para garantizar que el agua sea asequible, los Estados deben adoptar las medidas necesarias, que pueden incluir, en particular, la aplicación de políticas de precios adecuadas, por ejemplo el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo. •	¿Está incluida en este derecho el agua necesaria para la agricultura o el pastoreo? ¿Qué dice el derecho respecto del agua requerida para el medio ambiente? El agua es indispensable para la vida, pero también es fundamental para la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y la protección del medio ambiente. El derecho al agua abarca sólo los usos personales y domésticos, es decir, el consumo, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. No comprende el agua necesaria para la agricultura o el pastoreo, o para el mantenimiento de los sistemas ecológicos. El acceso al agua para la agricultura, en particular por los peque12
ños propietarios, forma parte del derecho a una alimentación adecuada, establecido en el artículo 11 del Pacto. Sin embargo, en la Observación general Nº 15 se declara que debe darse prioridad "a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así como para cumplir las obligaciones fundamentales que entraña cada uno de los derechos del Pacto". Habida cuenta de la interdependencia y la indivisibilidad de todos los derechos humanos, puede decirse que el derecho al agua asigna prioridad al uso de agua para la agricultura y el pastoreo cuando ello sea necesario para prevenir el hambre. Ahora bien, el derecho al agua tiene repercusiones en la ordenación de los recursos hídricos, porque exige que se dé prioridad a la asignación de agua para el uso personal y doméstico de todas las personas. Estos usos representan una fracción mínima de la utilización total de agua, por lo general menos de un 5%, mientras que el riego sigue siendo el sector de mayor consumo de agua y absorbe actualmente más del 80% en los países en desarrollo, según el PNUD. D.	El nexo entre el derecho al agua y otros derechos humanos El acceso a agua potable es una condición previa fundamental para el goce de varios otros derechos humanos, como los derechos a la educación, la vivienda, la salud, la vida, el trabajo y la protección contra tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También es un elemento crucial para lograr la igualdad de género y erradicar la discriminación. Por ejemplo, en lo que respecta al derecho a la educación, cuando las instituciones educativas no cuentan con servicios higiénicos separados para las niñas, muchos padres no permiten a sus hijas asistir a la escuela, especialmente una vez que han comenzado a menstruar12. La falta de acceso a agua potable y servicios de saneamiento también tiene graves repercusiones en el derecho a la salud. Según el PNUD, cada año mueren alrededor de 1,8 millones de niños por diarrea y otras enfermedades provocadas por el agua insalubre y las condiciones deficientes de saneamiento, cifra que es muy superior a la de las víctimas causadas por los conflictos armados. El acarreo de agua desde fuentes distantes también tiene graves consecuencias para la salud, especialmente de las mujeres y los niños. Además del gran peso que deben transportar, las mujeres y los niños se ven expuestos también a las enfermedades que se contraen por contacto con el agua, como la esquistosomiasis. El hecho de que la mayor parte del acarreo de agua recaiga en las mujeres y los niños tiene consecuencias asimismo para la educación y otras actividades productivas (véase también el capítulo II más adelante).
No podemos obtener agua potable de la red de abastecimiento urbano. Tenemos que traerla desde la fuente. Yo ahora tengo una hernia debido al acarreo de agua. Fuente: Mujer de Turquía, proyecto "Water Voice", 2003.
Cuando no se dispone de agua y servicios de saneamiento dentro de la vivienda, la privacidad y la seguridad física pasan a ser un problema. Al no haber servicios adecuados de saneamiento en el hogar, las mujeres y los niños suelen tener que acudir a letrinas comunes o salir al aire libre para defecar. La falta de privacidad y seguridad en esos lugares los expone al acoso, los ataques, la violencia o las agresiones sexuales. El acceso a agua potable y servicios de saneamiento es crucial también para las personas privadas de libertad. Ese acceso es indispensable para que se pueda hablar de un trato humano de los reclusos y del respeto de su dignidad inherente. Al mismo tiempo, el derecho al agua puede verse afectado por la medida en que se respetan otros derechos humanos. El acceso a agua potable y servicios de saneamiento se ve comprometido especialmente en el caso de las personas que están privadas del derecho a una vivienda adecuada, a la educación, al trabajo o a la seguridad social. La inseguridad de la tenencia, elemento fundamental del derecho a una vivienda adecuada, es con frecuencia el motivo que aducen las autoridades para denegar a los habitantes de asentamientos precarios el acceso al agua potable y servicios de saneamiento. El corte del abastecimiento de agua ha sido utilizado también por propietarios y autoridades para obligar a las personas a abandonar sus viviendas. Las mejoras del acceso al agua potable y el saneamiento dependen además de las reivindicaciones hechas por los afectados. Si no se respetan los derechos a la libertad de expresión, reunión o asociación, las oportunidades de las personas y las comunidades de abogar por una mejora de sus condiciones de vida se reducen considerablemente. E.	¿  Cómo se aplica el principio de la no discriminación al derecho al agua? Por discriminación se entiende toda distinción, exclusión o restricción hecha en razón de características específicas de la persona, como la raza, la religión, la edad o el sexo, y que tiene por efecto o finalidad menoscabar o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se relaciona con la marginación de
determinados grupos de población y suele ser una de las causas básicas de las desigualdades estructurales en la sociedad. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2, párrafo 2, contiene la siguiente lista no exhaustiva de motivos no autorizados de discriminación: la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la expresión “cualquier otra condición social” comprende la discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género, el estado de salud y la pobreza y la marginación económica13.
En el mundo hay agua más que suficiente para los usos domésticos, la agricultura y la industria. El problema es que algunas personas, en particular los pobres, quedan sistemáticamente excluidas del acceso al agua a causa de la pobreza, de los limitados derechos que les reconoce la ley o de políticas públicas que restringen su acceso a las infraestructuras de abastecimiento de agua para la vida y el sustento. Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2006.
La no discriminación y la igualdad son principios fundamentales de los derechos humanos y componentes críticos del derecho al agua. La discriminación en el acceso al agua potable y el saneamiento puede hundir sus raíces en leyes, políticas o medidas discriminatorias, en la elaboración de políticas de carácter excluyente, en medidas discriminatorias de ordenación de los recursos hídricos, en la denegación de la seguridad de la tenencia, en una limitada participación en la adopción de decisiones o en la falta de protección contra las prácticas discriminatorias de agentes privados. Los efectos son aún más graves cuando la discriminación es doble o múltiple, por ejemplo, por motivos de sexo y de raza, origen nacional o discapacidad. El Comité subrayó la importancia de combatir esa discriminación intersectorial en su Observación general Nº 16, relativa a la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, cuando el acceso físico al agua es difícil, en las comunidades pobres y económicamente marginadas, la carga de conseguir agua para la familia recae normalmente en la mujer, que se ve así expuesta a riesgos adicionales para su seguridad personal. Los Estados tienen la obligación de prohibir y eliminar la discriminación por todos los motivos, y de garantizar la igualdad, de hecho y de derecho, en el acceso al agua potable y el saneamiento.
F.	¿Qué es un enfoque del abastecimiento de agua potable basado en los derechos? El enfoque del suministro de agua potable y de servicios de saneamiento desde la perspectiva de los derechos humanos puede servir para impulsar la movilización de las personas, en particular de los pobres y los marginados, informarlas sobre los derechos que las asisten por ley y empoderarlas para que los ejerzan. El enfoque basado en los derechos humanos aporta un nuevo paradigma al sector de los recursos hídricos: el abastecimiento de agua potable deja de ser una obra de beneficencia, para convertirse en un derecho legal, con el ser humano como elemento central. Un marco de derechos humanos no resuelve automáticamente las difíciles cuestiones normativas de la financiación, la prestación del servicio o la reglamentación, pero aporta normas internacionales que pueden orientar las decisiones políticas y económicas sobre la asignación de los recursos hídricos, hace que las personas sean escuchadas en la adopción de decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento, y puede fortalecer la rendición de cuentas de los Estados sobre la prestación de esos servicios.
¿Qué es un enfoque del desarrollo basado en los derechos? Un enfoque del desarrollo basado en los derechos es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo se basa en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a promover y proteger los derechos humanos. El enfoque basado en los derechos plasma las normas, reglas y principios del sistema internacional de derechos humanos en planes, políticas y procesos de desarrollo. Las normas y los principios son los que se enuncian en un gran número de tratados y declaraciones internacionales. Entre los principios cabe mencionar la igualdad y la equidad, la rendición de cuentas, el empoderamiento y la participación. Un enfoque del desarrollo basado en los derechos comprende lo siguiente: •	La indicación expresa de los vínculos con los derechos; •	La rendición de cuentas; •	El empoderamiento; •	La participación; •	La no discriminación y la prestación de atención a los grupos vulnerables.
El enfoque del abastecimiento de agua potable y el saneamiento que se basa en los derechos humanos proporciona principios para hacer frente a la actual crisis del agua y el saneamiento. Aun cuando el derecho al agua se aplica estrictamente sólo a los usos personales y domésticos, el enfoque basado en los derechos humanos puede y debe utilizarse al estudiar cuestiones más amplias, como la ordenación de los recursos hídricos. Ese enfoque exige, en particular, que ningún grupo de población quede excluido y que, al asignar los limitados recursos públicos disponibles, se dé prioridad a quienes no tengan acceso o a quienes sean objeto de discriminación en el acceso al agua potable. El enfoque basado en los derechos humanos también ayuda a tomar decisiones con respecto a la ordenación de los recursos hídricos, al otorgar una clara prioridad, en la distribución del agua entre los distintos fines que compiten entre sí, a los usos personales y domésticos según se definen en la Observación general Nº 15. El examen del agua y el saneamiento desde la perspectiva de los derechos humanos indica que las personas y las comunidades deberían tener acceso a información y participar en la adopción de decisiones. Los pobres y los miembros de los grupos marginados suelen quedar excluidos del proceso de adopción de decisiones sobre el agua y el saneamiento, por lo que rara vez se da prioridad a sus necesidades. La participación de la comunidad en la planificación y elaboración de los programas de abastecimiento de agua y de servicios de saneamiento es esencial también para asegurar que los servicios sean pertinentes y adecuados y, por consiguiente, sostenibles a largo plazo.
El acceso a la información en la legislación sudafricana La Ley de servicios de abastecimiento de agua de Sudáfrica (1997) exige que las autoridades encargadas de esos servicios adopten medidas razonables para dar a conocer sus planes preliminares de desarrollo de los servicios de suministro de agua a sus consumidores, los usuarios potenciales y las instituciones de abastecimiento de agua de las zonas bajo su jurisdicción, y los inviten a formular observaciones públicas en un plazo de tiempo razonable. Las autoridades deben también examinar todas las observaciones recibidas antes de aprobar sus planes de desarrollo definitivos y, cuando así se solicite, deben informar sobre la medida en que se ha tomado en consideración una observación concreta o, si ésta no se ha tenido en cuenta, explicar las razones de ello.
Sin embargo, la participación de la comunidad puede a veces acallar la voz de los miembros vulnerables de ésta, como las mujeres o las personas con discapacidad. Por consiguiente, debe velarse por que todas las personas
de la comunidad puedan ejercer sus derechos y tengan un espacio para hacer oír su voz en el proceso de adopción de decisiones sobre el agua y el saneamiento.
Las mujeres no intervienen en la ordenación del agua, como tampoco lo hacen en la adopción de decisiones en ninguna etapa de la vida. Fuente: Mujer de Turquía, proyecto "Water Voice", 2003.
Otro rasgo central de un enfoque basado en los derechos humanos es la importancia que se atribuye a la rendición de cuentas, que pone de relieve la obligación del Estado, como garante de los derechos, de asegurar el acceso de los titulares de los derechos al agua potable y el saneamiento. En la práctica, la rendición de cuentas debe ir aparejada con leyes, políticas, instituciones, procedimientos administrativos y mecanismos de reparación para promover y proteger el acceso al agua potable y el saneamiento.
II.	¿CÓMO SE APLICA EL DERECHO AL AGUA A ALGUNOS GRUPOS CONCRETOS?
Algunos grupos o personas tienen dificultades particularmente grandes para ejercer su derecho al agua, debido a la discriminación, a la estigmatización, o a ambos factores a la vez. A fin de proteger eficazmente el derecho al agua, es necesario prestar atención a la situación concreta de las personas y los grupos, especialmente de los más vulnerables. Los Estados deberían adoptar medidas positivas para asegurarse de que determinados individuos y grupos no sean objeto de discriminación de propósito o de hecho. Por ejemplo, deberían adaptar sus políticas relativas al agua y el saneamiento a quienes estén más necesitados de asistencia, en lugar de atender meramente a los grupos mayoritarios. A veces, los Estados tienen también que asignar recursos financieros y humanos a grupos que históricamente han sufrido discriminación, para asegurarse de que puedan disfrutar de sus derechos en pie de igualdad con los otros grupos de la sociedad. El análisis de determinados grupos que figura a continuación tiene por objeto ilustrar algunas de las consecuencias del derecho al agua. A.	Los pobres de las zonas urbanas y rurales
Vivo en un asentamiento precario en la ciudad de Pune. El barrio tiene alrededor de 200 chozas, habitadas por unas 1.000 personas. Por el costado del barrio pasa un canal abierto que lleva agua a la planta depuradora que abastece a la ciudad. A ambos lados del canal hay algo de terreno abierto. Los habitantes del barrio van a trabajar a la ciudad. Por la mañana, todos tienen prisa por ir al trabajo, pero sólo hay cuatro retretes públicos. Este es un gran problema, especialmente para nosotras, las mujeres, porque los hombres y los niños pueden [hacer sus necesidades] en cualquier parte al aire libre [...]. Los hombres se bañan en el canal. Las mujeres acarreamos agua del canal en baldes y nos bañamos en las chozas. La gente dice que contaminamos el agua que va a la planta depuradora. Pero no tenemos otra opción. Los políticos vienen antes de cada elección y hacen promesas. Pero una vez elegidos con nuestros votos, se olvidan de nosotros hasta la elección siguiente. Fuente: Mujer de la India, proyecto "Water Voice", 2003.
La mayoría de los que no tienen acceso a agua potable y saneamiento son personas pobres de zonas tanto urbanas como rurales. No sólo tienen los pobres menos probabilidades de disponer de agua potable y saneamien19
to, también tienen menos capacidad para hacer frente a los efectos de esta privación. Los pobres de las zonas rurales representan el grueso de la población que carece de agua potable y saneamiento. Más de 1.000 millones de habitantes de esas zonas tienen que hacer sus necesidades al aire libre, con importantes consecuencias para la salud, la vida privada e incluso la seguridad física.
Con frecuencia, los pobres tienen menos acceso al agua y pagan más por ella En muchos países, los pobres no sólo reciben agua en menor cantidad y de peor calidad, sino que también pagan las tarifas más altas. Los habitantes de los asentamientos precarios de Yakarta, Manila y Nairobi pagan entre 5 y 10 veces más por el agua que los residentes en las zonas de ingresos altos de esas mismas ciudades, y más que los consumidores de Londres o de Nueva York. En Accra, buena parte de las 800.000 personas que viven en el umbral de pobreza o por debajo de él pagan 10 veces más por el agua que los residentes de las zonas acomodadas. Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2006.
Los pobres de las zonas urbanas que viven en asentamientos precarios, que representan el 42% de la población urbana en los países en desarrollo, también tienen dificultades particulares a este respecto. Las autoridades, nacionales o locales, suelen ser reacias a conectar esos asentamientos a las redes de agua y saneamiento dada su precariedad. Los proveedores de servicios también aducen una serie de razones para no abastecer a esos lugares, entre otras, que los habitantes no están en condiciones de pagar y asegurar la recuperación de los costos, que no tienen los documentos necesarios para demostrar su derecho a recibir los servicios o que existe el riesgo de desalojo. Como consecuencia de ello, los habitantes de los asentamientos precarios tienen que recoger agua de fuentes no protegidas, como pozos o canales de riego contaminados, o comprarla a un precio más alto que el que pagan las personas conectadas al sistema de agua corriente. Cuando los habitantes de los asentamientos precarios no disponen de una fuente segura de agua potable, su abastecimiento se suele reducir en los tiempos de escasez para mantener el suministro a las zonas más ricas.
El entorno está muy sucio. El saneamiento es deficiente y todo funciona mal. Esto repercute en el agua que bebemos. En esta zona no hay agua. Nuestros gastos han aumentado mucho, por todo lo que tenemos que pagarles a los estafadores que administran las cisternas. Algunas personas
consiguen sobrevivir en esta difícil situación. Los más pobres casi siempre caen enfermos, porque beben la primera agua que encuentran. Cómo quisiera vivir en un ambiente limpio y ordenado, que no contaminara nuestras aguas, y contar con un suministro regular de agua que nos evitara caer enfermos a cada rato. Fuente: Hombre de Ghana, proyecto "Water Voice", 2003.
B.	Las mujeres
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer Artículo 14 2) Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.
La falta de acceso a agua potable y servicios de saneamiento afecta a las mujeres de modo particular. Cuando no hay agua potable en las viviendas, el acarreo de agua corre a cargo principalmente de las mujeres y las niñas. Ir a recoger y acarrear el agua lleva tiempo, y es una pesada carga. Según el PNUD, esa tarea explica también en parte la gran disparidad en la asistencia a la escuela de niños y niñas en muchos países. No es raro que las mujeres pasen hasta cuatro horas diarias caminando, haciendo fila y acarreando agua, en lugar de dedicar ese tiempo a actividades productivas, o a las labores domésticas y a cuidar a los niños. En muchos casos, el agua que recogen está sucia y procede de fuentes no protegidas. La salud de las mujeres puede resentirse profundamente por la pesada carga del acarreo de agua, y también por las enfermedades que se contraen por contacto con el agua, como la esquistosomiasis (véase asimismo el capítulo I anterior). Con gran frecuencia, las mujeres están excluidas de la adopción de decisiones relativas al agua y el saneamiento. Como consecuencia de ello, sus necesidades y circunstancias específicas no se toman en consideración al elaborar los programas de suministro de agua y saneamiento o al ampliar estos servicios.
El acceso a servicios de saneamiento adecuados y la violencia contra la mujer Durante su misión a Kenya, el anterior Relator Especial sobre una vivienda adecuada, Miloon Kothari, recibió testimonios de los habitantes de asentamientos precarios en Kibera, el mayor barrio marginal de Nairobi, sobre los llamados “retretes voladores”. Kibera no está conectado al sistema de alcantarillado municipal. Se han instalado algunas letrinas en la zona, pero distan mucho de ser suficientes para una población de más de medio millón de personas. Por ello, es práctica común utilizar bolsas de plástico para defecar. Las bolsas se arrojan luego —de ahí lo de “voladores”— desde las chozas y los refugios hacia senderos, ríos o vertederos de basura. Si bien el número insuficiente de letrinas fue la principal razón aducida para explicar la práctica de los “retretes voladores”, otros testimonios, especialmente de mujeres, indicaron que la falta de seguridad al atardecer y durante la noche era también un motivo para no utilizar las letrinas. Fuente: E/CN.4/2005/48/Add.2.
C.	Los niños La salud, el adelanto educativo y el bienestar general de los niños dependen en gran medida de que tengan acceso a servicios básicos tales como el agua potable y el saneamiento.
La Convención sobre los Derechos del Niño Artículo 24 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud [...]. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: c) Combatir las enfermedades y la malnutrición [...] mediante, entre otras cosas, [...] el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre [...]; e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos [...].
El agua potable y el saneamiento son fundamentales para la salud de los niños. En los países que tienen una elevada mortalidad infantil, la diarrea provoca más defunciones de niños menores de 5 años que ninguna otra causa —más que la neumonía, la malaria y el VIH/SIDA juntos. Más del 90% de los casos de mortalidad infantil se relacionan con aguas contaminadas y con un saneamiento inadecuado14. La falta de agua potable aumenta la vulnerabilidad de los niños a las enfermedades. Su sistema inmunitario y sus mecanismos de desintoxicación no están plenamente desarrollados, por lo que tienen menos defensas ante las infecciones relacionadas con el agua. Los niños también tienen menos masa corporal que los adultos. Esto significa que las sustancias químicas transportadas por el agua pueden ser peligrosas para ellos a concentraciones que son relativamente inocuas para un adulto. El derecho de las niñas a la educación también se ve afectado. Una razón importante por la que los padres no mandan a sus hijas a la escuela en muchos países es que no existen servicios sanitarios separados para las niñas. En Nigeria, por ejemplo, los padres han sacado a sus hijas de la escuela porque tenían que hacer sus necesidades al aire libre. En Uganda, el 94% de las niñas comunicó que había tenido problemas en la escuela durante la menstruación, y el 61% señaló que en esos períodos no iba a la escuela15.
El acceso al agua potable y el derecho a la educación Cerca del 20% de los entrevistados en una encuesta por hogares realizada en Port-de-Paix comunicaron que la necesidad de acarrear agua impedía o dificultaba la asistencia a la escuela de sus hijos. Casi las tres cuartas partes señalaron también que en las escuelas no había agua potable y que muchos niños tenían que llevar agua consigo o comprarla allí. Fuente: Center for Human Rights and Global Justice y otros, Wòch nan Soley.
D.	Las personas con discapacidad La posibilidad de acceder a servicios de abastecimiento de agua y saneamiento es crucial también para las personas con discapacidad, que históricamente han sufrido marginación y discriminación debido, entre otras cosas, a que sus necesidades especiales no se han tenido en cuenta al diseñar los edificios, los servicios y la infraestructura. Sin embargo, el acceso a agua y a servicios de saneamiento es indispensable para una vida independiente y para el respeto de la dignidad. En muchos casos bastan
pequeños cambios en el diseño y ajustes de bajo costo para que las instalaciones y los servicios de agua y saneamiento se vuelvan accesibles. El diseño universal debería ser una prioridad también en la construcción de nuevas viviendas, servicios e instalaciones16. La Observación general Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deja en claro que la accesibilidad física es una dimensión importante de la accesibilidad, como componente intrínseco del derecho al agua. A su vez, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se refiere expresamente al acceso al agua por las personas con discapacidad en relación con el derecho a un nivel de vida adecuado y a la protección social.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Artículo 28 2) Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas: a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad; [...].
La Convención también pide a los Estados que celebren consultas y colaboren con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en la elaboración, aplicación y vigilancia de legislación y políticas para cumplir las obligaciones enunciadas en la Convención y en la adopción de las demás decisiones que las afectan. La debida consulta es un mecanismo fundamental para evitar la inaccesibilidad en las nuevas instalaciones y servicios y para encontrar soluciones técnicas adecuadas que aseguren el acceso. E.	Los refugiados y las personas internamente desplazadas Cada año, más de 30 millones de personas huyen de sus hogares a causa de conflictos o desastres naturales, y más de 200 millones se ven afectados por peligros naturales17.
Principios Rectores de los desplazamientos internos (1998) Principio 18 1. Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado. 2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes suministrarán a los desplazados internos, como mínimo y sin discriminación, y se cerciorarán de que puedan recibir en condiciones de seguridad: a) Alimentos indispensables y agua potable; [...] d) Servicios médicos y de saneamiento indispensables. 3. Se tratará en especial de garantizar que las mujeres participen plenamente en la planificación y distribución de estos suministros básicos. Fuente: E/CN.4/1998/53/Add.2.
En las situaciones de emergencia, las personas desplazadas tienen dificultades particulares para acceder a agua potable y servicios de saneamiento, con consecuencias que pueden poner en peligro la vida18. Las personas desplazadas son también especialmente vulnerables a la discriminación, el racismo y la xenofobia, que pueden reducir aún más su capacidad de conseguir agua potable y servicios de saneamiento. Los campamentos de refugiados y de desplazados internos de todo el mundo se caracterizan, especialmente cuando el desplazamiento se prolonga, por condiciones ruinosas y de hacinamiento en que la prestación de los servicios básicos, como el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, es inadecuada. El saneamiento deficiente y la falta de acceso a agua potable en estos campamentos conducen con frecuencia a la propagación de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera. Las mujeres y los niños que van a buscar agua a cierta distancia del campamento están expuestos al acoso, las amenazas y la violencia sexual. También es posible que se les pidan favores sexuales a cambio de agua potable. En cuanto a los servicios de saneamiento, incluso en los casos en que se encuentran dentro de los campamentos, por lo general no tienen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, los niños, los ancianos o las personas con discapacidad. En muchos países, los desplazados internos y los refugiados que viven en campamentos disponen de menos agua que el resto de la población, y muchos de ellos sobreviven con 2 a 3 litros diarios.
La suerte de los refugiados, los solicitantes de asilo y los desplazados internos de las zonas urbanas no es mucho mejor. Imposibilitados a menudo en la práctica o debido a su condición jurídica para obtener un alojamiento adecuado, en muchos casos carecen también de agua potable o servicios de saneamiento. F.	Los pueblos indígenas
El agua desempeña un papel importante en la existencia cotidiana de los pueblos indígenas, ya que es un componente central de sus tradiciones, su cultura y sus instituciones. También es un elemento clave de sus estrategias de sustento. El derecho al agua abarca sólo una dimensión pequeña de esta relación, a saber, el acceso a agua potable para el uso personal y doméstico. El acceso de los pueblos indígenas al agua potable está estrechamente relacionado con el control sobre sus tierras, territorios y recursos ancestrales. La falta de reconocimiento o protección jurídicos de esas tierras, territorios o recursos puede, pues, tener consecuencias de largo alcance en su disfrute del derecho al agua. Las fuentes naturales de agua utilizadas tradicionalmente por los pueblos indígenas, como los lagos o ríos, pueden no ser ya accesibles debido a la expropiación o la apropiación gradual de las tierras por otros. El acceso puede verse amenazado también por la contaminación ilegal o la sobreexplotación. Además, las fuentes de agua de los pueblos indígenas pueden haber sido desviadas para abastecer de agua potable a las zonas urbanas. Así pues, para asegurar el derecho al agua de los pueblos indígenas puede ser necesario, en muchos casos, adoptar medidas para asegurar sus derechos a las tierras ancestrales, reforzar sus sistemas tradicionales de aprovechamiento del agua y proteger sus recursos naturales. Aunque la mayoría de los pueblos indígenas aún viven en zonas rurales, un número creciente de indígenas están migrando, voluntaria o involuntariamente, a las zonas urbanas, donde con frecuencia acaban viviendo en condiciones inadecuadas, sin acceso a agua potable ni a servicios de saneamiento. Los pueblos indígenas suelen estar excluidos del proceso de adopción de decisiones relativas al agua y el saneamiento, lo que puede constituir un obstáculo más al acceso a esos servicios.
En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) se establecen las normas internacionales mínimas para la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas necesarios para su supervivencia, bienestar y dignidad. Los siguientes artículos revisten particular interés para asegurar su derecho al agua: Artículo 18 Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. Artículo 21 1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social. [...] Artículo 26 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.
III.	LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS Y LAS RESPONSABILIDADES DE OTROS ACTORES
Los Estados tienen la obligación primordial de proteger y promover los derechos humanos. Las obligaciones a este respecto se definen y garantizan generalmente mediante tratados internacionales de derechos humanos, que crean obligaciones vinculantes para los Estados que los ratifican. A.	Obligaciones generales En la Observación general Nº 15, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales subrayó que, en virtud del Pacto, los Estados tienen la obligación de lograr progresivamente la plena realización del derecho al agua. En otras palabras, el Pacto reconoce que los Estados tienen limitaciones de recursos y pueden requerir tiempo para garantizar el derecho al agua de todas las personas. Algunos componentes del derecho al agua se consideran, pues, sujetos a una realización progresiva. Otros, sin embargo, como la obligación de la no discriminación, son de efecto inmediato y no están sujetos a una realización progresiva.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Artículo 2 1) Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
Si bien no todos los aspectos del derecho al agua pueden hacerse efectivos de inmediato, la Observación general Nº 15 subraya que los Estados deben, como mínimo, demostrar que están haciendo todo lo posible, dentro de los límites de los recursos disponibles, para proteger y promover mejor este derecho. Por recursos disponibles se entiende los que existen dentro del Estado y también los que pone a disposición la comunidad internacional a través de la cooperación y asistencia internacional, como se indica en los artículos 2 1), 11 y 23 del Pacto. En la Observación general Nº 15 se destaca también que existe la obligación inmediata de adoptar medidas, que han de ser concretas, delibera28
das y específicas, para hacer efectivo el derecho al agua. Además, toda medida regresiva impondrá al Estado la obligación de demostrar que ha realizado un examen sumamente exhaustivo de todas las alternativas posibles, considerado el efecto global en todos los recursos humanos y utilizado plenamente todos los recursos disponibles. Puesto que el medio más viable para hacer realidad el derecho al agua variará según el Estado, la Observación general Nº 15 no ofrece prescripciones fijas. El Pacto simplemente declara que la plena realización de los derechos en él reconocidos debe lograrse por “todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Artículo 2 2) Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
El Comité también ha declarado en la Observación general Nº 15 que algunas medidas deben adoptarse con efecto inmediato para garantizar el derecho al agua, por ejemplo, las de velar por que no haya un número importante de personas privadas de la cantidad mínima de agua potable necesaria para prevenir las enfermedades; garantizar que la seguridad personal no se vea amenazada cuando las personas tengan que salir en busca de agua y de servicios de saneamiento; prevenir, tratar y controlar las enfermedades relacionadas con el agua, y en particular garantizar el acceso a un saneamiento adecuado; y supervisar eficazmente en qué medida es efectivo el acceso de las personas al agua potable y el saneamiento. El papel de la asistencia y la cooperación internacional se refleja también en otros instrumentos, tales como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. No exime de las obligaciones internas, pero adquiere particular importancia cuando un Estado no tiene la capacidad de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales y necesita ayuda de otros para hacerlo. La cooperación internacional compete en particular a los Estados que están en condiciones de prestar ayuda a otros a ese respecto. Los Estados deberían, pues, tener un programa activo de asistencia y cooperación internacional, y prestar asistencia económica y técnica para
que otros Estados puedan cumplir sus obligaciones en relación con el derecho al agua. Esto se refleja en las Observaciones generales del Comité Nº 3 (1990), sobre la índole de las obligaciones de los Estados partes, y Nº 14 (2000), sobre el derecho al más alto nivel posible de salud. B.	Tres tipos de obligaciones Las obligaciones de los Estados se dividen en tres categorías, a saber, las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar. La obligación de respetar La obligación de respetar exige a los Estados que se abstengan de obstaculizar directa o indirectamente el goce del derecho al agua. Por ejemplo, los Estados deberán abstenerse de: contaminar los recursos hídricos; efectuar cortes arbitrarios e ilegales de los servicios de agua y saneamiento; reducir el suministro de agua potable a los asentamientos precarios para satisfacer la demanda de las zonas más ricas; destruir los servicios y la infraestructura de abastecimiento de agua como medida punitiva durante un conflicto armado; o agotar los recursos de agua que los pueblos indígenas utilizan para beber. La obligación de proteger La obligación de proteger exige a los Estados que impidan a terceros toda injerencia en el disfrute del derecho al agua. Los Estados deberían adoptar legislación u otras medidas para asegurarse de que los agentes privados —por ejemplo, la industria, los proveedores de agua u otras personas— acaten las normas de derechos humanos relacionadas con el derecho al agua. Por ejemplo, los Estados deberían adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que terceros no efectúen cortes arbitrarios e ilegales de los servicios de agua y saneamiento; las comunidades estén protegidas contra la extracción insostenible, por terceros, de los recursos de agua que necesitan para beber; la seguridad física de las mujeres y los niños no se vea amenazada cuando van a recoger agua o utilizan servicios de saneamiento situados fuera del hogar; las leyes y prácticas relativas a la propiedad de la tierra no impidan a las personas y las comunidades acceder a agua potable; y los terceros que controlen o administren los servicios de abastecimiento de agua no comprometan el acceso físico asequible y en condiciones de igualdad a una cantidad suficiente de agua potable.
La obligación de realizar La obligación de realizar exige a los Estados que adopten medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, de promoción y de otra índole adecuadas para hacer plenamente efectivo el derecho al agua. Los Estados deben, entre otras cosas, adoptar una política nacional sobre los recursos hídricos que dé prioridad en la gestión del agua a los usos personales y domésticos esenciales; defina los objetivos de la extensión de los servicios de abastecimiento de agua, centrándose en los grupos desfavorecidos y marginados; determine los recursos disponibles para cumplir esos objetivos; especifique la forma más rentable de utilizarlos; indique las responsabilidades y los plazos para llevar a la práctica las medidas necesarias; y vigile los resultados, garantizando una reparación adecuada en caso de violación. En virtud de la obligación de realizar, los Estados deben también, progresivamente y en la medida que lo permitan los recursos disponibles, hacer extensivos los servicios de agua y saneamiento a los grupos vulnerables y marginados, aumentar la asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento, y velar por una educación apropiada sobre el uso correcto del agua y los servicios de saneamiento, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir al mínimo el desperdicio. C.	Las responsabilidades de otros actores La obligación de los Estados de proteger los derechos humanos incluye el deber de velar por que los agentes no estatales no vulneren el derecho al agua. Esta es la obligación de proteger arriba descrita. Además, cada vez se discute más sobre el alcance de las responsabilidades que competen a otros actores de la sociedad —particulares, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales (ONG) y empresas— en la promoción y protección de los derechos humanos. En la presente sección se analiza la función de los organismos de las Naciones Unidas y del sector privado. Organismos de las Naciones Unidas Según la Carta de las Naciones Unidas, uno de los propósitos de las Naciones Unidas es promover el respeto de los derechos humanos. Los tratados internacionales de derechos humanos también asignan a los organismos de las Naciones Unidas una función particular en su aplicación. En la
Observación general Nº 2 (1990) sobre las medidas internacionales de asistencia técnica, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales subrayó asimismo que todos los órganos y organismos de las Naciones Unidas que intervinieran en cualquier aspecto de la cooperación internacional para el desarrollo deberían velar por que los derechos consagrados en el Pacto se tuvieran plenamente en cuenta en cada fase de los proyectos de desarrollo.
Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con el agua y el saneamiento En septiembre de 2000, los dirigentes del mundo asumieron una amplia gama de compromisos en la Declaración del Milenio. Los temas eran la paz, la seguridad, los derechos humanos y el medio ambiente, y se establecieron varias metas de desarrollo, con plazos fijos para alcanzarlas. Esas metas se configuraron posteriormente en ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El objetivo 7 es reducir a la mitad, para 2015, la proporción de la población que carece de un acceso sostenible a agua potable y servicios básicos de saneamiento. Aunque el contenido de los ODM guarda cierto parecido con algunos aspectos de los derechos humanos, la elaboración de un enfoque sistemático, basado en los derechos humanos, para entender y alcanzar los ODM sigue siendo una tarea pendiente. Los derechos humanos aún no tienen una función de apoyo o una influencia importantes en las actividades relacionadas con los ODM. Además, las normas de derechos humanos exigen a los Estados que velen por que todas las personas tengan acceso sin discriminación a agua potable y servicios de saneamiento. Es importante señalar que, aun cuando se alcanzaran plenamente las metas de los ODM, en 2015 habría todavía más de 800 millones de personas sin acceso a agua potable y 1.800 millones de personas sin servicios de saneamiento básicos. El Equipo de Tareas del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas sobre recursos hídricos y saneamiento ha afirmado que el acceso al agua potable es un derecho humano y ha puesto de relieve su importancia para alcanzar la mayoría de los ODM. Para obtener más información pueden consultarse las siguientes obras: Reivindicar los objetivos de desarrollo del Milenio: un enfoque de derechos humanos (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: E.08.XIV.6) y Proyecto del Milenio, Health, dignity, and development: what will it take? (Londres y Sterling, Virginia, Earthscan, 2005), págs. 15 a 27.
En tiempos recientes, las reformas de las Naciones Unidas efectuadas por el Secretario General (en 1997, 2002 y 2005) han puesto de relieve la
función y las responsabilidades de los organismos de las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales con respecto a los derechos humanos. En 2003, los organismos de las Naciones Unidas, en una declaración común, afirmaron que todos los programas y la asistencia para el desarrollo deberían hacer realidad los derechos humanos e inspirarse en los principios y las normas de derechos humanos. Los organismos de las Naciones Unidas que se ocupan del agua y el saneamiento, como el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)19, el PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la OMS, se están remitiendo cada vez más al marco de derechos humanos para hacer frente a la crisis actual del agua y el saneamiento. En 2003, el Comité de Alto Nivel sobre Programas creó ONUAgua como mecanismo interinstitucional para promover la coherencia y la coordinación en las medidas del sistema de las Naciones Unidas para aplicar el programa relativo al agua y el saneamiento definido en la Declaración del Milenio y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. El sector privado Las empresas y el sector privado también son actores importantes. El sector privado, en particular los proveedores de servicios de abastecimiento de agua (desde las grandes compañías que administran redes de agua corriente y sistemas de alcantarillado hasta las personas que gestionan las cisternas de agua), interviene directamente en el suministro de agua. El sector privado, especialmente los grandes productores agrícolas y la industria, son también importantes consumidores de agua. El riego sigue siendo el uso principal, pero las proyecciones indican que la industria absorberá la mayor parte del aumento del consumo de agua de aquí a 2025. En ese contexto, existe el riesgo de que los intereses de los pobres se vean eclipsados por los de los grandes productores agrícolas y la industria, dos grupos de interés de mucho poder político20. Aunque las empresas pueden contribuir positivamente al disfrute de los derechos humanos, también pueden menoscabarlo, por ejemplo a través de la contaminación, la sobreexplotación o la apropiación de los recursos hídricos que las comunidades necesitan para beber. Cuando la gestión de los servicios de abastecimiento de agua corre a cargo del sector privado, puede haber preocupaciones en relación con la posibilidad de cortes arbitrarios e ilegales, la asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento y la prestación de esos servicios a los grupos vulnerables y marginados.
El Mandato del Agua de los Directores Generales del Pacto Mundial En julio de 2007, el Secretario General de las Naciones Unidas, en colaboración con dirigentes empresariales internacionales, lanzó el Mandato del Agua de los Directores Generales bajo los auspicios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Esta iniciativa nació del entendimiento de que el sector privado, a través de la producción de bienes y servicios, tiene un impacto en los recursos hídricos. Los directores generales que suscribieron la iniciativa reconocen que, para operar de manera sostenible y contribuir al logro del objetivo último del Pacto Mundial y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tienen que dar prioridad a la gestión de los recursos hídricos y colaborar con los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas, las ONG y otros interesados en esta tarea. Para obtener más información sobre el Mandato del Agua de los Directores Generales, véase www.unglobalcompact.org.
El sector privado puede influir en el disfrute del derecho al agua también en el lugar de trabajo. En el Convenio Nº 161 (1985) de la OIT sobre los servicios de salud en el trabajo se subrayó la responsabilidad de los empleadores por la salud y seguridad de sus trabajadores, lo que incluye el acceso a agua potable y servicios de saneamiento. En varias iniciativas voluntarias y colectivas suscritas por empresas también se ha reconocido la responsabilidad de éstas de proporcionar agua potable y servicios de saneamiento en el lugar de trabajo21. Si el empleador facilita la vivienda, la Recomendación Nº 115 de la OIT sobre la vivienda de los trabajadores destaca que el empleador debe garantizar el acceso a servicios de saneamiento adecuados, así como a agua potable en cantidades suficientes para satisfacer todos los usos personales y domésticos. Aunque la responsabilidad principal de velar por que los agentes privados respeten los derechos humanos sigue recayendo en los Estados, según el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, las empresas comerciales tienen la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos, incluido el derecho al agua (A/HRC/8/5). Esta es la responsabilidad básica que la sociedad espera de las empresas, y se ha reconocido en un amplio abanico de instrumentos jurídicos no vinculantes. También la invocan organizaciones comerciales mundiales y empresas individuales de todo el mundo. Aunque las empresas no tienen obligaciones directas, en virtud de la normativa internacional de derechos humanos, en lo que respecta al derecho
al agua, con frecuencia tienen deberes dimanantes de las leyes nacionales sobre el acceso al agua y su uso que se han establecido en cumplimiento de las obligaciones internacionales de los gobiernos. Independientemente de los requisitos jurídicos de los países en que operan, las empresas tienen que responder a la expectativa cada vez más clara de la sociedad de que sus acciones y actividades respetarán los derechos humanos y no menoscabarán el disfrute de esos derechos por las personas. Esta expectativa se manifiesta también en la creciente tendencia a aceptar la responsabilidad social de las empresas como parte del comportamiento empresarial y social responsable, en algunos casos a instancias de los inversores y los accionistas. Muchas empresas han asumido también el compromiso voluntario de respetar y respaldar los derechos humanos, incluido el derecho al agua, especialmente al firmar el Pacto Mundial de las Naciones Unidas22, en que se definen diez principios relacionados con los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción que las empresas signatarias se comprometen a respetar. Algunas empresas han elaborado también sus propias políticas, programas e instrumentos de derechos humanos para incorporar esos derechos, incluido el derecho al agua, en sus actividades comerciales.
Veolia Water es un operador privado que abastece de agua a 110 millones de personas de 59 países. Reconoce que el derecho al agua es un derecho humano básico y ha contraído compromisos institucionales a ese respecto. Por ejemplo, se ha comprometido a: •	No responder a las licitaciones cuando considere que las especificaciones son incompatibles con los intereses de la población y su capacidad de pago; •	Favorecer una mayor participación de la población en la gestión de los recursos hídricos, y promover el diálogo con los consumidores y sus representantes. Fuente: Aportación de Veolia Water a la consulta del ACNUDH sobre los derechos humanos y el acceso a agua potable y servicios de saneamiento, 13 de abril de 2007. Disponible en www.ohchr.org.
D.	Obligaciones y responsabilidades en situaciones concretas •	¿Qué obligaciones tienen las autoridades locales? Las autoridades locales son responsables, con frecuencia, del abastecimiento de agua potable y de los servicios de saneamiento. A medida que
avanza la descentralización —la transferencia de poderes y responsabilidades del Estado central a los niveles de administración intermedios y locales— en alrededor del 80% de los países en desarrollo y en los países en transición, los gobiernos locales desempeñan un papel cada vez más importante en la realización del derecho al agua. Las obligaciones de derechos humanos que dimanan del derecho al agua se aplican a las autoridades locales porque son parte del gobierno o porque el gobierno nacional ha delegado facultades en ellas. En ambos casos, la obligación principal de promover y proteger el derecho al agua recae en el gobierno nacional, que tiene la responsabilidad de vigilar el comportamiento de las autoridades locales y de facultarlas para desempeñar sus tareas dotándolas de suficientes poderes y recursos23. En su Observación general Nº 15, el Comité subrayó que, cuando el suministro de agua se haya delegado en las autoridades regionales o locales, el Estado deberá velar por que las autoridades no discriminen y por que dispongan de recursos suficientes para mantener y ampliar la prestación y la calidad de los servicios de abastecimiento de agua.
Tribunal argentino ordena al Estado poner fin a la contaminación y mejorar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua La contaminación del agua y la falta de acceso a agua potable, así como los vínculos entre ambas, en los barrios pobres de la ciudad de Córdoba, fueron el tema central del caso Marchisio José Bautista y otros. Al carecer de conexión a las redes públicas de distribución de agua, esos barrios se abastecían a partir de pozos subterráneos que estaban muy contaminados con sustancias fecales y otros contaminantes. Además, río arriba se había construido una planta depuradora de agua que, debido a su capacidad insuficiente, derramaba diariamente aguas residuales no tratadas en el río. En su fallo, el tribunal ordenó a las autoridades municipales que adoptaran medidas urgentes para poner remedio a esta situación y reducir al mínimo el impacto de la planta en el medio ambiente hasta que se encontrara una solución permanente para su funcionamiento. También les ordenó que suministraran 200 litros diarios de agua potable a cada hogar hasta que se les pudiera ofrecer el pleno acceso a los servicios públicos de abastecimiento de agua.
•	¿Qué medidas deben adoptarse respecto de la formulación de políticas? Los principios de la participación y la inclusión son sumamente importantes para asegurar la implicación de todos los interesados en la formulación de políticas. La formulación de políticas participativa puede lograrse
proporcionando información. Para responder a las necesidades locales de agua y saneamiento, los Estados deben preocuparse de hacer extensivo el acceso a las poblaciones y zonas que carecen de servicios, o en que éstos son insuficientes, mediante, por ejemplo, leyes, políticas y estrategias. Con arreglo a las directrices de la Subcomisión para la realización del derecho al agua potable y al saneamiento, "a todos los niveles de gobierno, los Estados deberían... dar prioridad en sus políticas y programas relativos al agua y al saneamiento a las personas que carecen de acceso básico a esos servicios".
En Kenya, ONU-Hábitat y COHRE facilitaron las reuniones de las comunidades con la empresa municipal de agua y alcantarillado de Nairobi (perteneciente al Concejo Municipal), y formularon a ésta recomendaciones basadas en las normas de derechos humanos. Como resultado de ello, la empresa adoptó una política encaminada a hacer llegar el suministro de agua a los asentamientos precarios. Fuente: Comunicación presentada al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas por COHRE y Hakijamii Trust (noviembre de 2007).
En la Observación general Nº 15 se señala que “deberán examinarse la legislación, las estrategias y las políticas existentes para determinar que sean compatibles con las obligaciones relativas al derecho al agua, y deberán derogarse, enmendarse o cambiarse las que no sean congruentes con las obligaciones dimanantes del Pacto”. Ello puede incluir medidas para formular nuevas políticas que respondan a las necesidades y sean compatibles con el derecho al agua o para enmendar o revisar la legislación vigente. La mejor manera de elaborar las políticas, las estrategias y los programas nacionales es mediante la coordinación con todas las partes interesadas, incluidos el público en general y las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que representan a las comunidades con miembros vulnerables y marginados, y su participación en el proceso. Es importante también recordar que la accesibilidad física se refiere no sólo a las generaciones actuales, sino también a las futuras. Para asegurar la posibilidad de acceso de las generaciones futuras, la utilización del agua debe ser sostenible. Por ello, ésta debe distribuirse de manera equitativa, dando prioridad al consumo humano. •	¿Es admisible cortar los servicios de abastecimiento de agua? Un corte puede definirse como una interrupción del suministro de agua. Puede obedecer a distintos motivos, como la falta de pago, la contamina37
ción de los recursos hídricos o una situación de emergencia. En ocasiones, los cortes se utilizan también para desalojar a las familias o para poner fin a una conexión irregular a la red de abastecimiento de agua. El derecho al agua no prohíbe el corte del servicio, pero pone límites y condiciones a esta medida. En general, los cortes deben efectuarse respetando la ley y de un modo que sea compatible con el Pacto. Las personas afectadas deben contar con garantías procesales efectivas, tales como: ¾¾ La oportunidad de una auténtica consulta; ¾¾ El suministro oportuno de información completa sobre las medidas proyectadas; ¾¾ La notificación con una antelación razonable; ¾¾ La disponibilidad de vías de recurso y reparación; ¾¾ Asistencia jurídica para obtener una reparación legal. En la Observación general Nº 15 se subraya además que en ninguna circunstancia deberá privarse a una persona del mínimo indispensable de agua. Por consiguiente, la cantidad de agua potable de que dispone una persona puede reducirse, pero el corte total sólo es admisible si existe otra fuente que pueda proporcionar la cantidad mínima de agua potable necesaria para prevenir las enfermedades. A este respecto, existe una fuerte presunción de que deben prohibirse los cortes en las instituciones que atienden a grupos vulnerables, como las escuelas, los hospitales y los campamentos de refugiados o personas internamente desplazadas.
Intervención judicial en un caso de corte por falta de pago en Colombia Debido a una insuficiencia renal crónica y al tratamiento médico que se le administraba, la Sra. Jiménez de Correa tuvo que dejar de trabajar y no pudo seguir pagando los servicios que le suministraban las Empresas Públicas de Medellín. En vista de ello, la compañía le cortó el suministro de electricidad y de agua. El tribunal decidió que los servicios públicos eran inherentes al propósito del Estado social de derecho y reconoció el deber de garantizar su suministro eficiente a todos los habitantes del país. En apelación, la Corte Constitucional confirmó la decisión del tribunal y ordenó la reinstauración inmediata del suministro de electricidad y agua a la Sra. Jiménez como servicio público, remitiéndose en su fallo, entre otras cosas, a las normas internacionales y las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Si el corte obedece a la falta de pago, la Observación general Nº 15 señala que la capacidad de pago de la persona debe tomarse en consideración antes de proceder a la interrupción del servicio. Este requisito, leído conjuntamente con el criterio de la asequibilidad (véase el capítulo I), implica que, en algunos casos, cuando las personas no puedan pagar por el agua, las autoridades pueden tener que suministrarla gratuitamente. A este respecto, varias legislaciones nacionales restringen los cortes del abastecimiento de agua, especialmente en los casos en que el usuario no paga porque no puede, no porque no quiere. •	¿Cuáles son las obligaciones reguladoras del Estado cuando delega suministro de agua potable en proveedores públicos o privados? La normativa internacional de derechos humanos no indica si los servicios de abastecimiento de agua deben ser prestados por proveedores públicos o privados, o por una combinación de ambos. Sin embargo, el marco de derechos humanos exige a los Estados que velen por que, independientemente de quien lo preste, este servicio garantice el acceso en pie de igualdad a recursos de agua potable asequibles, suficientes, salubres y aceptables. En consecuencia, en la Observación general Nº 15 se señala que, si los servicios de abastecimiento de agua corren a cargo o están bajo el control de terceros, los Estados deben establecer un marco regulador eficaz que prevea una supervisión independiente, una auténtica participación pública y la imposición de multas por incumplimiento. En este deber de regular está implícito que el Estado debería establecer ese marco antes de delegar en otros el suministro de agua potable y los servicios de saneamiento.
Varias leyes nacionales establecen el deber del Estado de regular la provisión de los servicios de agua Por ejemplo, en Nueva Zelandia, la Ley de la administración local estipula que la autoridad local que desee establecer una asociación con el sector privado deberá elaborar una política oficial que indique cómo evaluará y supervisará en qué medida esa asociación beneficia a la comunidad, y cómo informará al respecto. La subcontratación de los servicios de abastecimiento de agua al sector privado no podrá ser por un período superior a 15 años, y la administración local mantendrá el control sobre los precios, la gestión de los servicios y la política de suministro de agua. Fuente: Véase COHRE, Legal Resources for the Right to Water: International and National Standards, Sources 8 (2003), pág. 56.
•	¿Cómo proteger el derecho al agua en las situaciones de escasez de agua y de estrés por déficit hídrico24?
Se estima que para 2025 aproximadamente dos tercios de la población mundial —alrededor de 5.500 millones de personas— podrían vivir en zonas afectadas por estrés por déficit hídrico de moderado a grave. El 25% de la población de África está expuesta a un estrés por déficit hídrico crónico elevado: el 13% experimenta ese estrés en relación con una sequía una vez por generación, y el 17% carece de una fuente de agua renovable. Fuente: www.un.org/waterforlifedecade.
La escasez de agua afecta actualmente a 4 de cada 10 personas del mundo. Y la situación está empeorando, debido al crecimiento de la población, la urbanización, la contaminación de los recursos hídricos y los efectos del cambio climático. Sin embargo, la escasez de agua no es inevitable; en gran medida depende del comportamiento humano, de las costumbres e instituciones sociales y de las políticas de los gobiernos. De hecho, según el Informe sobre Desarrollo Humano 2006 del PNUD, buena parte de los problemas que se consideran causados por la escasez son, en realidad, consecuencias de una política de mala gestión de los recursos hídricos. El derecho al agua conlleva una clara obligación de los Estados de dar prioridad a los usos personales y domésticos, que comprenden el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica, en la gestión y la asignación de los recursos hídricos. En el cumplimiento de esta obligación, las autoridades deberían velar por que quienes no tengan acceso, especialmente los grupos vulnerables y marginados, reciban prioridad con respecto a los que ya lo tienen. Esta obligación persiste en las situaciones de escasez de agua y de estrés por déficit hídrico, en las que el Estado debería, como mínimo, garantizar que todas las personas tengan acceso en condiciones de igualdad a una cantidad de agua salubre suficiente para prevenir las enfermedades. A este respecto, en la Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce (Bonn, 2001) se especificó que el agua debía distribuirse de manera equitativa y sostenible, en primer lugar para satisfacer las necesidades humanas básicas y luego para el funcionamiento de los ecosistemas y los diferentes usos económicos, incluida la seguridad alimentaria.
Varias legislaciones nacionales ya dan prioridad a los usos personales y domésticos esenciales con respecto a otros usos del agua, incluso en períodos de estrés por déficit hídrico y escasez de agua.
Leyes nacionales que dan prioridad al agua para los usos personales y domésticos esenciales con respecto a los otros usos El Código del Agua de Benin dispone que la primera prioridad en la asignación del agua es el consumo humano, seguida del agua para la agricultura, la industria, los usos municipales y la recreación. En el Chad, la Ley Nº 016/PR que regula los recursos hídricos subraya que debe darse prioridad a asegurar el acceso de la población a agua potable. En Francia, el Gobierno modificó el proyecto de ley sobre el agua para afirmar la prioridad del agua para beber sobre los otros usos del agua (Código Ambiental L 211.1). En Marruecos, el artículo 85 de la Ley Nº 10-95 sobre los recursos hídricos estipula que, en caso de escasez de agua, se dará prioridad particularmente al agua para los usos personales y domésticos. En el Níger, el artículo 9 de la Ley Nº 98-041 relativa al agua subraya que, durante las sequías, las autoridades locales podrán prohibir el uso de agua que no se relacione directamente con el consumo humano, por ejemplo, el agua para la jardinería, las piscinas o el lavado de vehículos. En Sudáfrica, el artículo 5 de la Ley de servicios de abastecimiento de agua dispone que, si el agua suministrada por las instituciones proveedoras no alcanza para satisfacer las necesidades de todos los consumidores, se dará preferencia al suministro de agua para las necesidades básicas y el saneamiento básico.
•	¿Cómo proteger el derecho al agua durante las situaciones de emergencia? En su Observación general Nº 15, el Comité señaló que, durante los conflictos armados, las situaciones de emergencia y los desastres naturales, las obligaciones de los Estados comprenden el derecho al agua y las obligaciones que impone el derecho internacional humanitario en relación con el agua. Esto abarca la protección de objetos indispensables para la supervivencia de la población civil, incluidas las instalaciones y reservas de agua potable, y la garantía de que los civiles, los reclusos, los presos y los retornados tengan acceso a agua adecuada. Cabe recordar también que el Pacto no contiene ninguna cláusula de suspensión, lo que significa
que los Estados no están autorizados a suspender sus obligaciones en una emergencia pública. Los Principios Rectores de los desplazamientos internos también estipulan que las autoridades competentes proporcionarán agua potable y servicios de saneamiento a todos los desplazados internos, independientemente de las circunstancias y sin discriminación (véase también el capítulo II). Las directrices operacionales sobre los derechos humanos y los desastres naturales del Comité Interinstitucional Permanente pueden ayudar a los agentes humanitarios a aplicar un enfoque basado en los derechos en las situaciones de desastre natural, entre otras cosas en relación con el suministro de agua potable y servicios de saneamiento. Para las situaciones de emergencia, como los desastres naturales, los conflictos o las situaciones posteriores a conflictos, se ha propuesto un suministro básico mínimo de entre 7,5 y 15 litros por persona al día, ya que puede no haber agua suficiente para cubrir todos los usos personales y domésticos25.
IV.	VIGILANCIA DEL DERECHO AL AGUA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS ESTADOS
La existencia de mecanismos de rendición de cuentas es fundamental para asegurar que los Estados respeten sus obligaciones en relación con el derecho al agua. La vigilancia se efectúa a nivel nacional, regional e internacional y entraña la participación de diversos actores, como el propio Estado, la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos y los mecanismos internacionales de derechos humanos. A.	Vigilancia y rendición de cuentas a nivel nacional La rendición de cuentas obliga al Estado a explicar qué está haciendo y por qué, y cómo está promoviendo la realización del derecho al agua para todos de la manera más rápida y eficaz posible. La normativa internacional de derechos humanos no prescribe una fórmula exacta para los mecanismos nacionales de reparación y rendición de cuentas. Como mínimo, todos estos mecanismos deben ser asequibles, imparciales, transparentes y eficaces. Mecanismos administrativos, regulatorios y políticos Los mecanismos administrativos y políticos son medios complementarios o paralelos a los mecanismos judiciales de rendición de cuentas. Por ejemplo, la elaboración de una política o estrategia nacional respecto del agua y el saneamiento que esté vinculada con planes de trabajo y presupuestos participativos contribuye de manera importante a asegurar la rendición de cuentas del gobierno. Los indicadores basados en los derechos humanos respaldan la vigilancia efectiva de los resultados principales en materia de agua y saneamiento y algunos de los procesos para alcanzarlos. Además, evaluaciones de distintos tipos, por ejemplo de los efectos en los derechos humanos, permiten a los responsables de las políticas prever el probable impacto de una política proyectada y, posteriormente, examinar su repercusión real en el disfrute del derecho al agua. Varias leyes nacionales sobre el agua prevén también recursos administrativos que permiten a los usuarios interponer denuncias. Por ejemplo, la Ley de servicios públicos de Australia contempla la creación de un consejo de consumidores que proteja los derechos de los usuarios y vele por que no se deje sin servicios públicos a las personas que tengan problemas económicos. A este respecto, el consejo de consumidores puede ordenar a la compañía de agua que no corte los servicios o que los restablezca en un plazo de 24 horas. La Ley de servicios de abastecimiento de agua
de Finlandia otorga a un ombudsman del consumidor competencia para asegurar que se cumpla la ley y que se conceda una indemnización a los consumidores en caso de daños causados por un error de los servicios de abastecimiento de agua26. Los mecanismos políticos, como los procesos democráticos, y la vigilancia y la defensa de este derecho por agentes independientes también contribuyen a la rendición de cuentas. Organizaciones de la sociedad civil y otros interesados están utilizando en medida creciente métodos de vigilancia que se basan en indicadores, puntos de referencia, evaluaciones del impacto y análisis presupuestarios para lograr que los gobiernos rindan cuentas del ejercicio del derecho al agua. Los indicadores, especialmente los que están desglosados en función del motivo prohibido de discriminación, proporcionan información útil sobre cómo se hace efectivo el derecho al agua en un contexto nacional particular.
Public Affairs Centre, una ONG de Bangalore (India), ha sido el primero en aplicar un nuevo enfoque de la supervisión reglamentaria de la provisión de los servicios públicos. Esta ONG llevó a cabo un gran estudio social de las ideas de la población acerca de los servicios públicos suministrados por las autoridades municipales. Este “informe de evaluación de los ciudadanos” puso de manifiesto las deficiencias en la provisión de servicios de agua y saneamiento y condujo a un proceso de consultas estructuradas entre el Gobierno estatal, las autoridades municipales y grupos de ciudadanos y asociaciones de residentes locales. Gradualmente, el estudio social comenzó a arrojar mejoras reales, con una marcada reducción de las denuncias de las familias pobres del uso del soborno para obtener la conexión y un aumento de la eficiencia. Fuente: www.pacindia.org.
Mecanismos judiciales Los mecanismos judiciales son un componente crucial de las medidas de aplicación internas, al proporcionar recursos adecuados a las personas cuyo derecho al agua ha sido violado. La incorporación en las leyes nacionales de instrumentos internacionales en que se reconoce el derecho al agua puede ampliar y mejorar considerablemente las medidas de reparación. Permite a los tribunales dictaminar que ha habido una violación remitiéndose directamente al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la constitución o a leyes específicas en que se reconocen e incorporan los elementos del derecho al agua.
Varios tribunales han dictado fallos en casos referentes a la promoción y protección del derecho al agua, especialmente en relación con la contaminación de los recursos hídricos y con cortes del abastecimiento de agua. Los tribunales nacionales están recibiendo también un número creciente de casos relacionados con el acceso al agua potable y el saneamiento en que se invoca la protección del derecho a la vida, a la salud y a una vivienda adecuada, o el derecho a un entorno saludable. Por ejemplo, en el caso Residents of Bon Vista Mansions v. Southern Metropolitan Local Council, el Tribunal Supremo de Sudáfrica decidió que cortar el suministro de agua representaba una violación prima facie del deber constitucional del Estado de respetar el derecho al agua. En el caso Subhash v. State of Bihar, el Tribunal Supremo de la India dictaminó que el derecho a la vida era un derecho fundamental en virtud del artículo 21 de la Constitución e incluía el derecho a disponer de agua no contaminada para el pleno disfrute de la vida.
El caso de los medidores de agua de pago anticipado en Sudáfrica En el caso Mazibuko v. City of Johannesburg, los demandantes impugnaron la legalidad y constitucionalidad de la política del Ayuntamiento de imponer medidores de agua de pago anticipado, así como el suministro de una cantidad básica de 25 l de agua gratuita por persona al día, o 6.000 litros por hogar al mes. Los medidores de pago anticipado de Phiri, un distrito de Soweto, estaban diseñados para un suministro básico gratuito de 25 litros de agua por persona al día, o 6.000 litros por hogar al mes. Una vez agotada esa asignación, los medidores cortaban automáticamente el suministro. Para los demandantes, esto significaba quedarse sin agua los últimos 15 días de cada mes. En su fallo, el Tribunal Supremo decidió que los medidores de agua de pago anticipado del Ayuntamiento de Johannesburgo en Phiri, con sus mecanismos de corte automático, eran ilegales, abusivos e inconstitucionales, ya que no se daba un preaviso razonable que permitiera presentar una petición antes de un corte de agua. El Tribunal señaló también que la instalación de medidores de agua de pago anticipado podía menoscabar el derecho al agua, porque no tenía en cuenta la incapacidad de pago o las necesidades específicas de los usuarios. El Tribunal ordenó al Ayuntamiento que ofreciera a los residentes en Phiri la opción de un suministro de agua con un medidor normal. En el fallo se dictaminó también que la política de Johannesburgo relativa al agua era discriminatoria. Mientras que las personas de bajos ingresos,
pertenecientes históricamente a los distritos de población negra, tenían que pagar el agua por anticipado, los residentes en los suburbios ricos de población tradicionalmente blanca tenían derecho a recibir agua a crédito y a negociar el pago con el Ayuntamiento. El Tribunal ordenó asimismo al Ayuntamiento que suministrara a los residentes en Phiri 50 litros de agua gratuita por persona al día. Esto representaba un aumento en comparación con la asignación anterior, en la que un hogar (integrado en promedio por 16 personas) recibía 200 litros por día. El Tribunal señaló que 25 litros por persona eran insuficientes, especialmente para quienes vivían con el VIH/SIDA. También señaló que el Ayuntamiento disponía del agua y de los recursos financieros necesarios para ofrecer 50 litros por persona al día, entre otras cosas gracias a los fondos proporcionados por el Gobierno nacional para el suministro de agua, que, hasta ese momento, el Ayuntamiento había optado por no utilizar en beneficio de los pobres. Al examinar el proceso por el que se habían introducido los medidores de agua de pago anticipado, el Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que el procedimiento utilizado había sido injusto, pues no había habido consultas, ni un preaviso adecuado, ni asesoramiento sobre los derechos jurídicos, ni información sobre los recursos disponibles. El Ayuntamiento de Johannesburgo apeló contra este fallo ante la Corte Suprema de Apelaciones. Ésta acogió la apelación y dictaminó que 42 litros de agua diarios por persona residente en Phiri serían suficientes, en lugar de los 50 litros decididos por el Tribunal Supremo. Revocando los fallos tanto del Tribunal Supremo como de la Corte Suprema de Apelaciones, el Tribunal Constitucional decidió que la política del Ayuntamiento de suministrar gratuitamente una cantidad básica de 25 litros por persona al día era razonable desde el punto de vista de la Constitución y que el uso de medidores de agua de pago anticipado era legítimo. El Tribunal Constitucional consideró también que los derechos sociales y económicos consagrados en la Constitución contribuían a profundizar la democracia al permitir, entre otras cosas, que los ciudadanos pidieran cuentas al Gobierno no sólo a través de las urnas sino también, de manera diferente, mediante un proceso judicial. El Tribunal declaró que durante el proceso, y tal vez a causa de él, el Ayuntamiento había examinado y revisado repetidas veces sus políticas para asegurarse de que promovieran la realización progresiva del derecho a tener acceso a una cantidad suficiente de agua.
Para garantizar que los recursos judiciales sean eficaces es indispensable que el poder judicial sea independiente y eficiente. Los jueces y los abo46
gados tienen que poder realizar su trabajo de forma imparcial, basándose en los hechos y en la ley, sin influencias, amenazas o injerencias indebidas. Los miembros de la judicatura, los abogados y otros profesionales jurídicos han de ser competentes en el desempeño de su función y deben rendir cuentas de sus acciones.
La asistencia letrada y el acceso a los recursos disponibles Las víctimas de violaciones del derecho al agua pertenecen con frecuencia a los grupos más marginados y discriminados, como los pobres de las zonas urbanas y rurales, las minorías raciales o étnicas, los pueblos indígenas, los migrantes en situación irregular, las personas internamente desplazadas o las mujeres. La prestación de asistencia letrada permite asegurar que las víctimas puedan acceder a los recursos disponibles en los casos relacionados con el acceso al agua potable y el saneamiento. De no ser así, podrían tener que elegir, por ejemplo, entre pagar los honorarios de un abogado o enviar a los hijos a la escuela.
Instituciones nacionales de derechos humanos Las instituciones nacionales de derechos humanos asesoran al Gobierno y recomiendan enmiendas legislativas o cambios de política, tramitan denuncias, realizan investigaciones, velan por que se ratifiquen y apliquen los tratados internacionales de derechos humanos y ofrecen capacitación y educación pública27. Estas instituciones tienen a veces funciones cuasi judiciales, y un mandato que les permite contribuir a la elaboración de legislación. La mayoría de ellas son comisiones u ombudsmen. En algunos países, las instituciones nacionales de derechos humanos se están concentrando cada vez más en asegurar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, pueden ofrecer otra vía de protección del derecho al agua.
Las comisiones nacionales de derechos humanos y el derecho al agua La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya tiene un programa dedicado específicamente a supervisar y promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, ocuparse de las violaciones de esos derechos y efectuar investigaciones y elaborar informes sobre cuestiones relacionadas con su disfrute. Como parte de este trabajo, en uno de sus informes anuales la Comisión evaluó, en particular, la aplicación del derecho al agua en Kenya. En su labor de vigilancia, la Comisión ha
examinado también la promoción y protección del derecho al agua. En una investigación pública de presuntas violaciones de los derechos humanos por empresas elaboradoras de sal, la Comisión determinó que esas empresas eran responsables de la contaminación de los recursos hídricos que las comunidades de los alrededores utilizaban para consumo humano. La institución nacional de derechos humanos del Perú (Defensoría del Pueblo) publicó un informe sobre el derecho al agua, titulado “Ciudadanos sin agua: análisis de un derecho vulnerado”, en que se analizaban la protección de ese derecho en la Constitución, las leyes y las políticas nacionales, y su aplicación. La institución concluyó que gran parte de la población rural y urbana carecía de agua potable y servicios de saneamiento y formuló recomendaciones al Estado y a los proveedores de servicios de abastecimiento de agua para mejorar el acceso en todo el país.
B.	Rendición de cuentas a nivel regional Los mecanismos regionales de derechos humanos de carácter judicial o cuasi judicial, en particular la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Europeo de Derechos Sociales, también se han ocupado de la promoción y protección del derecho al agua y han establecido una jurisprudencia específica al respecto. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha señalado que el hecho de que un gobierno no proporcione los servicios básicos, incluida el agua potable, a su población constituye una violación del derecho a la salud28. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha estudiado el acceso al agua potable y el saneamiento en el contexto del goce del derecho a una vivienda adecuada29.
Corte Interamericana de Derechos Humanos: la falta de acceso a agua potable y servicios de saneamiento como violación del derecho a la vida En el caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay, la Corte Interamericana consideró que las condiciones de vida de los pueblos indígenas sawhoyamaxa, y la muerte de varios de sus miembros como consecuencia de esas condiciones, equivalían a una violación de su derecho a la vida. Privada de sus tierras ancestrales, la comunidad indígena sawhoyamaxa vivía al borde de los caminos, sin ningún servicio básico, como atención de
salud, agua potable o saneamiento. Su fuente más segura de agua para beber era la lluvia y, a falta de depósitos adecuados para almacenarla, esa agua era muy escasa. Aunque las autoridades les habían proporcionado dos estanques de fibra de vidrio de 5.000 litros de capacidad, el agua suministrada no era potable. Con el tiempo, uno de los estanques se había roto y no se había sustituido nunca, y el otro había quedado sin uso porque hacía meses que no se les suministraba agua. No había ningún servicio de saneamiento, y los miembros de la comunidad tenían que defecar a la intemperie. Cuando llovía, el agua estancada cubría el piso de las chozas con excrementos, creando graves problemas sanitarios. De hecho, el 50% de la población examinada sufría infecciones parasitarias. En esta situación, muchos miembros de la comunidad, especialmente niños y ancianos, habían muerto de deshidratación. En su fallo, la Corte ordenó también al Gobierno que adoptara de inmediato medidas regulares y permanentes con el fin de suministrar a los miembros de la comunidad suficiente agua potable para el consumo y la higiene personal, y que instalara letrinas u otros tipos de servicios de saneamiento en los asentamientos de la comunidad. La Corte subrayó que estos servicios deberían prestarse hasta que la comunidad indígena sawhoyamaxa hubiera recuperado efectivamente sus tierras tradicionales.
C.	Vigilancia a nivel internacional Órganos de tratados de las Naciones Unidas La vigilancia de la aplicación de los tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas corre a cargo de comités integrados por expertos independientes, denominados a menudo órganos de tratados, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos comités publican tanto observaciones finales sobre los informes periódicos de los Estados partes como observaciones generales sobre temas determinados. Varios comités, entre ellos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han publicado observaciones finales en que se abordan las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. En su examen de los informes de los Estados partes, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ha ocupado de la falta de acceso a agua potable y servicios de saneamiento en los asentamientos precarios, los estándares inferiores aplicados a las minorías, las restricciones del acceso, la situación de los desplazados internos, la contaminación del agua, los problemas ambientales y sus efectos en el acceso al agua, los desequilibrios en el suministro de agua y servicios de saneamiento en49
tre las zonas urbanas y rurales, los casos en que el Estado no asegura el suministro de agua potable a los grupos vulnerables, la necesidad de que las escuelas tengan agua potable y servicios de saneamiento separados, privados y seguros para las niñas, y las situaciones en que grandes sectores de la población están privados de agua potable, y ha formulado recomendaciones específicas sobre todos esos temas. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha examinado el efecto del agua envenenada en las mujeres rurales y su acceso al agua y el saneamiento, entre otras cosas. El Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos han considerado que la falta de acceso a agua potable y servicios adecuados de saneamiento forma parte de las condiciones de detención y puede ser motivo para que esas condiciones se definan como inhumanas o deficientes. El Comité de los Derechos del Niño se ha ocupado del acceso de los niños a agua potable y servicios de saneamiento, especialmente como parte de los derechos a un nivel de vida adecuado y a la salud. En ese examen, el Comité ha subrayado la necesidad de que los Estados partes adopten una política nacional sobre el agua potable y el saneamiento, vigilen el nivel de acceso a esos dos servicios, combatan la contaminación del agua y mejoren el acceso al saneamiento, y otorguen prioridad a los grupos vulnerables y a los que carecen de acceso a esos servicios. También ha expresado preocupación por los niños contratados para limpiar alcantarillas y letrinas manualmente, así como por la falta de baños separados en las escuelas, que impide la plena participación de las niñas. Además, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tienen mecanismos para las denuncias de particulares, que el Comité sobre la Desaparición Forzada también instaurará. En diciembre de 2008, la Asamblea General aprobó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ofrece a los particulares una nueva vía para presentar denuncias relacionadas con el derecho al agua. El Protocolo Facultativo entrará en vigor cuando lo hayan ratificado diez Estados. Procedimientos especiales de las Naciones Unidas "Procedimientos especiales" es el nombre genérico con el que se denomina a los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos que se ocupan de
los problemas que suscitan preocupación en todo el mundo. Aunque sus mandatos varían, por lo general supervisan, examinan y dan a conocer al público ya sea la situación de los derechos humanos en países concretos o la situación relativa a un aspecto importante de los derechos humanos en todo el mundo. En su resolución 7/22, el Consejo de Derechos Humanos creó el mandato del Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. Catarina de Albuquerque fue designada como primera Experta independiente en 2008.
Mandato del Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento •	Identificar, promover y comentar las buenas prácticas relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento; •	Preparar un compendio de las buenas prácticas; •	Aclarar el contenido de las obligaciones de derechos humanos en relación con el acceso al agua potable y el saneamiento; •	Formular recomendaciones que puedan contribuir a la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular el objetivo 7; •	Aplicar una perspectiva de género, entre otras cosas determinando los elementos de vulnerabilidad específicos del género. Información de contacto: ACNUDH-ONUG 8-14 avenue de la Paix CH-1211 Ginebra 10 Suiza Correo electrónico: iewater@ohchr.org
Varios otros procedimientos especiales también han examinado la relación del acceso al agua potable y el saneamiento con sus mandatos concretos. En particular, los Relatores Especiales sobre el derecho a la alimentación, a una vivienda adecuada y a la salud han prestado atención a ese acceso durante sus visitas a los países, y en sus informes y su interacción con determinados Estados acerca de su situación específica. En 2001, la Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 2001/25, pidió al Relator Especial sobre el derecho a la alimentación que prestara atención en sus informes
a la cuestión del agua potable y su interdependencia con el derecho a la alimentación. El Relator Especial sobre el derecho a la salud ha considerado que el agua potable y el saneamiento son elementos determinantes del derecho a la salud, en tanto que la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado ha analizado estas cuestiones en el contexto de la disponibilidad de infraestructura y servicios vinculados con la vivienda30.
Véase Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Organización Mundial de la Salud, Progress on Drinking Water and Sanitation: Special Focus on Sanitation (2008). Las fuentes mejoradas de agua potable son aquellas que están protegidas de la contaminación externa, en particular por materia fecal. Sin embargo, que las fuentes sean “mejoradas” no significa necesariamente que el agua sea salubre. Los servicios mejorados de saneamiento son aquellos en que las excretas están higiénicamente aisladas del contacto humano. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Human Development Report 2006: Beyond Scarcity–Power, poverty and the Global Water Crisis (Basingstoke (Reino Unido) Palgrave Macmillan, 2006). Recomendación Rec(2001)14 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la Carta Europea de Recursos Hídricos. Mensaje de Beppu, primera Cumbre del Agua Asia-Pacífico, Beppu (Japón), 3 y 4 de diciembre de 2007. Las observaciones generales ofrecen una interpretación autorizada, dimanante de un órgano especializado, de las disposiciones de diversos pactos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. E/CN.4/Sub.2/2005/25. Las directrices tienen por objeto ayudar a los responsables de formular las políticas gubernamentales, los organismos internacionales y los miembros de la sociedad civil a llevar a la práctica el derecho al agua potable y el saneamiento. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos; Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad; Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad; Principios Rectores de los desplazamientos internos; Recomendación Nº 115 de la OIT relativa a la vivienda de los trabajadores; Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Véanse, por ejemplo, las constituciones de Camboya, Colombia, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gambia, el Irán (República Islámica del), México, Nigeria, Panamá, Portugal y Zambia. G. Howard y J. Bartram, “Domestic water quantity, service level and health” (Organización Mundial de la Salud, 2003), pág. 22. Tercera edición (2008), disponible en www.who.int. Howard y Bartram, “Domestic water quantity”, págs. 22 a 26. ONU-Agua, “El saneamiento contribuye a la dignidad y el desarrollo social”, ficha descriptiva Nº 3 (2009).
Véase la Observación general Nº 20 (2009) sobre la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales. UNICEF, “Children and Water, Sanitation and Hygiene: The Evidence”, documento ocasional para el Informe sobre Desarrollo Humano 2006. WaterAid, “Global cause and effect: How the aid system is undermining the Millennium Development Goals” (2007). Pueden encontrarse ejemplos y buenas prácticas interesantes en www.makedevelopment-inclusive.org/toolsen/Includingwatsan.pdf (consultado el 28 de abril de 2010) y en “Technical Issue Note: Access to water and sanitation for persons with disability”, disponible en www.danidadevforum.um.dk. Global WASH Cluster, The Human Right to Water and Sanitation in Emergency Situations: The Legal Framework and a Guide to Advocacy (2009). Véase, por ejemplo, El Proyecto Esfera, Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de desastre (2004), página 66 y, en general, el capítulo 4. Véanse, por ejemplo, Manual on the Right to Water and Sanitation (2007) y Sanitation: A Human Rights Imperative (2008). PNUD, Human Development Report 2006 (Informe sobre Desarrollo Humano 2006), págs. 14 y 15. A/HRC/4/35/Add.4. www.unglobalcompact.org. Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, Local Government and Human Rights: Doing Good Service, 2005, págs. 11 y 20. El estrés por déficit hídrico se produce cuando la demanda de agua supera la cantidad disponible durante un determinado período, o cuando la mala calidad del agua restringe su uso. Véase, por ejemplo, el Proyecto Esfera (www.sphereproject.org/). COHRE, Legal Resources for the Right to Water, pág. 55. Véase la resolución 48/134 de la Asamblea General sobre las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos (“Principios de París”). Free Legal Assistance Group and others v. Zaire, comunicaciones Nos. 25/89, 47/90, 56/91 y 100/93. Véase, por ejemplo, la reclamación Nº 27/2004, European Roma Rights Centre v. Italy. En la dirección electrónica www.ohchr.org figura una lista de todos los procedimientos especiales, junto con información sobre sus mandatos y la información de contacto.
ANEXO Algunos instrumentos internacionales y otros documentos relacionados con el derecho al agua Tratados internacionales Carta de las Naciones Unidas (1945) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y su Protocolo Facultativo (2008) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y su primer Protocolo Facultativo (1966) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y su Protocolo Facultativo (1999) Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) y su Protocolo Facultativo (2002) Convenio Nº 161 (1985) de la OIT sobre los servicios de salud en el trabajo Convención sobre los Derechos del Niño (1989) Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006) y su Protocolo facultativo (2006) Convenio de Ginebra (III) relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (1949) Convenio de Ginebra (IV) relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (1949) Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) (1977) Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales (Protocolo II) (1977) Tratados regionales Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (1990) Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, relativo a los derechos de la mujer en África (2003) Convenio africano sobre la conservación de la naturaleza y los recursos naturales (2003) Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1950)
Carta Social Europea (1961) Carta Social Europea Revisada (1996) Protocolo relativo al agua y la salud del Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales de 1992 (1999) Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (1988) Declaraciones internacionales y otros instrumentos Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (1977) Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (1990) Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, resolución 46/91 de la Asamblea General (1991) Principios Rectores de los desplazamientos internos (E/CN.4/1998/53/ Add.2) Recomendación Nº 115 (1961) de la OIT sobre la vivienda de los trabajadores Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, resolución 61/295 de la Asamblea General (2007) Orientación impartida por mecanismos especializados de derechos humanos Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 3 (1990) sobre la índole de las obligaciones de los Estados partes Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 4 (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 14 (2000) sobre el derecho al nivel más alto posible de salud Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 15 (2002) sobre el derecho al agua Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 20 (2009) sobre la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales
Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 6 (1982) sobre el derecho a la vida Resoluciones del Consejo de Derechos Humanos Resolución 7/22 sobre los derechos humanos y el acceso al agua potable y el saneamiento Documentos finales de conferencias internacionales Declaración de Vancouver sobre los asentamientos humanos (1976) Plan de Acción de Mar del Plata, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (1977) Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) Declaración y Programa de Acción de Viena aprobado por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993) Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994) Programa de Hábitat (1996) Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas "Asamblea del Milenio" (2000) Algunos sitios web Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: www.ohchr.org (Este sitio web contiene información general y documentos de consulta sobre los derechos económicos, sociales y culturales, así como las páginas web sobre los órganos de tratados de derechos humanos y los procedimientos especiales, incluida la Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento.) Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos: www. unhabitat.org (buscar bajo: agua y saneamiento) Organización Mundial de la Salud: www.who.int (buscar bajo: salud, saneamiento e higiene) ONU-Agua: www.unwater.org Centro Derechos Económicos y Sociales: www.cesr.org Centre on Housing Rights and Evictions: www.cohre.org WaterAid: www.wateraid.org
Folletos informativos sobre los derechos humanos*1 Nº 2 (Rev.1)	Carta Internacional de Derechos Humanos
Nº 3 (Rev.1)	 Servicios de asesoramiento y de asistencia técnica en materia de derechos humanos Nº 4 (Rev.1)	Nº 6 (Rev.3)	Nº 7 (Rev.1)	Nº 9 (Rev.1)	Lucha contra la tortura Desapariciones forzadas o involuntarias Procedimientos para presentar denuncias Los derechos de los pueblos indígenas
Nº 10 (Rev.1)	Los derechos del niño Nº 11 (Rev.1)	Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Nº 12	Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
Nº 13	 El derecho humanitario internacional y los derechos humanos Nº 14	Formas contemporáneas de esclavitud
Nº 15 (Rev.1)	 Derechos civiles y políticos: El Comité de Derechos Humanos Nº 16 (Rev.1)	Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Nº 17	Comité contra la Tortura
Nº 18 (Rev.1)	Los derechos de las minorías Nº 19	 Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos Nº 20	Los derechos humanos y los refugiados
Nº 21 (Rev.1)	El derecho humano a una vivienda adecuada
* Los folletos informativos Nos. 1, 5 y 8 han dejado de publicarse. Todos los folletos informativos pueden consultarse en línea en la dirección www.ohchr.org.
Nº 22	Discriminación contra la mujer: la Convención y el Comité
Nº 23	 Prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de la mujer y el niño Nº 24 (Rev.1)	 Convención internacional sobre los trabajadores migratorios y su Comité Nº 25	Nº 26	Los desalojos forzosos y los derechos humanos El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
Nº 27	 Diecisiete preguntas frecuentes acerca de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas Nº 28	 Repercusión de las actividades de los mercenarios sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación Nº 29	 Los defensores de los derechos humanos: protección del derecho a defender los derechos humanos Nº 30	 El sistema de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas – Introducción a los tratados fundamentales de derechos humanos y a los órganos creados en virtud de tratados Nº 31	El derecho a la salud
Nº 32	 Los derechos humanos, el terrorismo y la lucha contra el terrorismo Nº 33	 Preguntas frecuentes sobre los derechos económicos, sociales y culturales Nº 34	Nº 35	El derecho a una alimentación adecuada El derecho al agua
La serie Folletos informativos sobre los derechos humanos es una publicación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra. Trata de determinadas cuestiones de derechos humanos que están en curso de examen o que revisten especial interés. La finalidad de los Folletos informativos sobre los derechos humanos es que cada vez más personas conozcan los derechos humanos fundamentales, la labor que realizan las Naciones Unidas para promoverlos y protegerlos y los mecanismos internacionales con que se cuenta para ayudar a hacerlos efectivos. Los Folletos informativos sobre los derechos humanos son gratuitos y se distribuyen en todo el mundo. Se recomienda su reproducción en idiomas distintos a los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, a condición de que no se modifique su texto, se informe al respecto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra y se la mencione debidamente como fuente de la información.
Las peticiones de información deben dirigirse a: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 8-14, Avenue de la Paix CH-1211 Ginebra 10 Suiza Oficina de Nueva York Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos United Nations New York, NY 10017 Estados Unidos de América Printed at United Nations, Geneva	GE.10-14428 – March 2011 – 4,795 ISSN 1014-5613
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