Source: http://consejosdederecho.com.ar/158.htm
Timestamp: 2018-11-18 12:47:33+00:00

Document:
LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA EXCLUSIVA TITULARIDAD DE LA ACCIÓN PENAL POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - LAS LESIONES A LOS CIUDADANOS - ACTOS OMISIVOS - INCONSTITUCIONALIDAD - EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL NO ES TITULAR EXCLUSIVO DE LA ACCIÓN PENAL - PROBLEMA GRAVE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - GARANTÍAS CONSTITUCIONALES NO TUTELADAS POR LOS JUECES - EJERCICIO DE JURISDICCIÓN POR PARTE DE LOS FISCALES - EL INÚTIL AVISO AL JUEZ. DESCARGA EN AUDIO TEXTO IMPLICA QUE LO PUEDE ESCUCHAR AL TEMA POR INTERNET O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC.
RECOMIENDO PARA ESTE CASO POR SU GRAVEDAD LA LECTURA COMPLETA Y BAJARLO EN AUDIO. TEMA QUE CONSIDERO MUY IMPORTANTE.
He tratado tabién el tema
LA VIABILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONTRA ACTOS ARBITRARIOS DE LOS FISCALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FALTA DE PROHIBICIÓN - NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEYES QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO - SU ALCANCE COMO PROMOTOR DE LA JUSTICIA - ¿QUE SE ENTIENDE POR "FORMAR PARTE" DEL PODER JUDICIAL? - TRATADOS INTERNACIONALES EN PELIGRO - GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN PELIGRO - LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL RESPECTO DEL MINISTERIO PÚBLICO - LO QUE SEÑALA LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - LO QUE DICE EL TEXTO CONSTITUCIONAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - LA INSTITUCIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA CONTRADICCIÓN EN LOS DERECHOS QUE SE SEÑALA SE POSEEN POR PARTE DE LAS MISMAS - EL CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA EQUIVALENCIA QUE POSEEN LOS ARCHIVOS DE LAS CAUSAS. Para leer este otro tema haga clic aquí
Me posiciono, absolutamente, en la inconstitucionalidad de la titularidad exclusiva del ejercicio de la acción penal por parte de los fiscales.. Puntualmente por lo dispuesto por el artículo 56 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires donde se establecen criterios especiales de archivo y se señala: “El Ministerio Público Fiscal podrá archivar las actuaciones respecto de uno o varios de los hechos imputados, o de uno o más de los partícipes, en los siguientes supuestos: 1. Cuando la afectación del bien jurídico o el aporte del imputado en el hecho fuera insignificante y siempre que la pena máxima del delito imputado no supere los seis años de prisión; 2. Cuando, el daño sufrido por el imputado a consecuencia del hecho torne desproporcionada, superflua o inapropiada la aplicación de una pena, excepto que mediaren razones de seguridad o interés público; 3. Cuando la pena en expectativa carezca de relevancia en consideración a las de los otros delitos imputados.” En consecuencia tenemos que: Estos incisos inconstitucionales, dependen de una valoración subjetiva de un órgano administrativo, y que debería proteger los bienes y la vida de los habitantes de la Nación y no sólo velar por el imputado de un delito. Aunque sea designado de manera vertical, al igual que los jueces, ello no significa que su función no deba ser representativa. El dejar a criterio de un órgano administrativo como el Ministerio Público Fiscal un ejercicio o prerrogativa de tan alta discrecionalidad en la valoración de los bienes, garantías y derechos que debe proteger, la necesidad de cognición, no puede darse como meros supuestos subjetivos de apreciación sin debate alguno siquiera en el orden judicial. Son los jueces establecidos y organizados por la Constitución Nacional, quienes son los encargados de velar por las garantías constitucionales. De modo que el archivo de actuaciones, sin la debida ponderación del bien jurídico protegido - en concreto - y no, en la construcción de una mera abstracción, como la norma misma prevé, importa una disvaliosa ponderación de los bienes puntualmente en juego, teniendo en consideración las realidades que sufre o puede sufrir un habitante de la Nación que debería gozar de la protección judicial en las garantías que la Carta Magna establece. Ciertos archivos dispuestos con la discrecionalidad que hoy día se están presentando, implican que, el Ministerio Público no pueda ejercer lo que cree poseer: esto es, la jurisdicción, que, como he dicho, es privativa de los jueces y no de los fiscales. Lo que es lo mismo que la aplicación de soluciones justas o equitativas conjugando leyes y realidades. Mas la norma solamente repara en las penas y su cuantía de cumplimiento, sin otra valoración de los bienes de los habitantes de la Nación. Son estos habitantes los que, tienen derecho a proteger sus bienes, sus derechos, en concreto, y no con alusión a la pena que corresponda a determinado delito que no tiene nada que ver con la función garantizadora de los derechos y garantías constitucionales que el Ministerio Público en colaboración con un juez, están obligados a defender. Especialmente los jueces, que fueron establecidos por la Carta Magna para dar protección al individuo respecto a sus derechos y garantías jurisdiccionales. El derecho penal, cumple una función tuitiva, y para ello necesita de una apreciación debatida de los temas en los que el Ministerio Público Fiscal, se considera, no ya parte, sino titular exclusivo de la acción penal. Y así lo sostiene la jurisprudencia bonaerense. La acción penal no está dirigida exclusivamente al reo, sino también a la protección de los habitantes de la Nación. Y esto hay que tenerlo especialmente en cuenta. Se trata de garantías constitucionales que no están protegidas por ningún juez cuando el Fiscal dispone el archivo y, le cursa, nada más que un aviso de ese proceder. Sabido es que existen delitos llamados de bagatela, que no tienen demasiada repercusión en lo que al interés general atañe. Pero esa cuestión, de moderna apreciación, es absolutamente incomprensible. Quien ha cometido un delito, debe ser penado. Pero no solo cuadra, en el caso, el miramiento del interés general, sino el de cada caso en particular, lo que la norma, no señala, sino, con una mera alusión a un concepto “bien jurídico”, el que está desprovisto de contenido fáctico concreto y, por consiguiente, se pone en riesgo puntuales situaciones de los habitantes de la Nación que constituyen garantías constitucionales, a las que un juez, está llamado a proteger, y no un órgano administrativo con facultades políticas, para, hasta, disponer la soltura de un delincuente, sólo por un posicionamiento de lo que ahora se llama “política criminal”. Expresión absurda ésta, ya que nada tiene que ver con el mundo del Derecho y de las garantías constitucionales. Por ello la norma, en lo que atañe al inciso indicado, está en colisión con el Código Sustantivo, de carácter tuitivo, no pudiendo ser derogado por una legislación provincial como ocurre en la Provincia de Buenos Aires, teniendo la responsabilidad especial, para el caso presente, el doctor Novo, fiscal general. El caso tenido en cuenta pone en riesgo hasta la salud de las personas y su vida incluida. Por ejemplo, si tenemos en cuenta los riesgos de faltas de servicios esenciales, como lo es, el suministro de agua corriente en debida forma, derecho éste, directamente tutelado por el artículo 42 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, el ejercicio del derecho del archivo, no puede soslayar realidades concretas y puntuales, como lo es, en el ejemplo dado, el servicio de agua corriente, o la luz eléctrica y su robo, o los servicios de telefonía e internet. Esos son también derechos constitucionales. Si bien no somos titulares de la acción penal – ya que la ley no nos lo permite -, ciertamente, a los efectos del archivo, es necesario, previamente, un análisis jurisdiccional, el que sólo se presta, no con arreglo a normas legales solamente, sino con adecuación entre las mismas y las realidades que el caso plantea, las que no tienen connotación meramente normativa, por tratarse de hechos, que no pueden prever todas las disposiciones legales, por mas buena intención que se posea. Y si bien el inciso segundo, traído a examen, en esta cuestión, hace una alusión a este punto en particular, no es menos cierto que, dicho análisis, puntual y concreto de cada hecho dañoso que se produzca, o sea de la proporción de la realidad subyacente tras la comisión de un delito determinado, es de imposible inferencia, necesitándose, para este caso, el análisis de la norma en el caso concreto, esto es, en el daño que realmente ocasiona el delito, y no en el que, apriorísticamente apunta la norma en cuestión sin tener en cuenta realidades muy concretas y visibles, o que se llegue a estimar por vía de la imaginación. No obstante lo expuesto, la aplicación del Código Penal y todo su contenido, es obligatorio para todo el territorio Nacional y su aplicación garantizadora corresponde a los jueces. Así lo señala la Carta Magna. Los jueces aplican las normas teniendo presentes las circunstancias de cada caso en particular, lo que llamamos ejercicio jurisdiccional, mas los mencionados incisos, impiden el examen de dicho ejercicio. En este sentido el artículo 116 de la Constitución Nacional establece que “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación” Ello que llamamos “jurisdicción”, y que, es verdaderamente jurisdicción, es un derecho del habitante de la Nación. No trata otra cosa que la aplicación de la ley a realidades puntuales, y no a conceptos abstractos o vacíos de contenido, reducidos a ideas netamente jurídicas, sin examen de sus consecuencias fácticas, como lo son “el bien jurídico protegido”, pues, tal apreciación, sólo es apriorística, normativa e ideal, y no real en consideración a los daños ocasionados y a los potenciales. Por lo tanto, suele ocurrir, y de hecho, ocurre, que muchos archivos dispuestos por el Ministerio Público Fiscal, al no tener jurisdicción, no se plantean las gravedades de ciertos delitos, no se juzgan, no se los consideran en lo más mínimo. Estas consecuencias dañosas a las garantías constitucionales se las evalúan al vacío y se señalan, por estos señores fiscales, cuyo incremento de funciones, los ha transformado en payasos, si el hecho, solamente, constituye o no un delito. De hecho, se comportan sólo de esa manera. Sin, ningún examen de las consecuencias en el plano de las realidades y la afectación posible de importantes garantías constitucionales. Importa además, y esto es lo más significativo, que la decisión de archivar una causa, resulte contraria a las facultades que la Constitución Nacional otorga a los magistrados, toda vez que, si podemos sostener que el Ministerio Público Fiscal, es parte del Poder Judicial, de ello se deriva que no actúa el Poder Judicial, desde que, si como se señala, sólo es parte, entonces, en verdad, el Ministerio Público Fiscal, debería entenderse con un juez respecto al archivo de una causa. Precisamente si es parte, entonces, este Ministerio Público, del Poder Judicial, no puede, o no debería poder, por sí sólo, decidir archivos que involucren desprotecciones graves a los habitantes de la Nación, por sí solos. De manera que la aplicación, lisa y llana, y sin sentido de equidad, de las mencionadas normas, puede llevar a decidir el archivo de una causa a expensas de dejarse al interés particular en total desprotección, cuando las garantías de los individuos, son operativas por sí mismas. Máxime cuando la Constitución Nacional encarga a los jueces y no a los fiscales el velar por las garantías constitucionales. El examen de cada caso en particular, impone, en especial, para estos casos extremos, la intromisión judicial completa en el caso que puntualmente restrinja bienes de los habitantes de la Nación. Por lo tanto, el sistema legal vigente en la provincia de Buenos Aires, al violar leyes sustantivas de mucha mayor importancia, como tratados internacionales, es inconstitucional. El artículo 83 inciso 8 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, al hablar, del derecho de las víctimas, no sanea la cuestión, pues solamente podemos debatir el tema, tal como hace mención la ley de Ministerio Público, de ser “parte” del Poder Judicial por ante el mismo y no ante un juez. Transcribo, por tanto, lo que señala dicha disposición legal: Artículo 83. - Derechos y facultades. Se garantizará a quienes aparezcan como víctimas los siguientes derechos y facultades: 1. A recibir un trato digno y respetuoso; 2. A la documentación clara, precisa y exhaustiva de las lesiones o daños que se afirman sufridos por causa del hecho de la investigación; 3. A obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación, debiendo anoticiársele la fecha, hora y lugar del juicio, así como la sentencia final cuando no concurriera a la audiencia de debate; 4. A que se hagan mínimas las molestias que deban irrogársele con motivo del procedimiento; 5. A la salvaguarda de su intimidad en la medida compatible con el procedimiento regulado por este Código; 6. A la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que depongan en su interés, preservándolos de intimidaciones o represalias, sobre todo si se trata de una investigación referida a actos de delincuencia organizada; 7. A requerir el inmediato reintegro de los efectos sustraídos y el cese del estado antijurídico producido por el hecho investigado en las cosas o efectos de su pertenencia, cuando ello corresponda según las disposiciones de este Código; 8. A procurar la revisión, ante el fiscal de Cámara Departamental, de la desestimación de la denuncia o el archivo; 9. A reclamar por demora o ineficiencia en la investigación ante el superior inmediato del agente fiscal interviniente. En los procesos por lesiones dolosas, cuando la convivencia entre víctima y victimario haga presumir la reiteración de hechos del mismo carácter, el juez de garantías podrá disponer como medida cautelar, la exclusión o la prohibición del ingreso al hogar. Una vez cesadas las razones que motivaran fundadamente la adopción de la medida, se podrá requerir su inmediato levantamiento. Pero no es Poder Judicial el que entiende en esa temática sino el Ministerio Público, órgano del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Más allá de tratarse, la norma transcripta, en sus efectos, una mera declaración de principios, es evidente que el trato dispensado – que puede violar más garantías constitucionales, lo que sucede con mucha frecuencia, por ejemplo, no es revisable por un juez. Y en ese artículo se está hablando concretamente de más garantías constitucionales. Y por esta cuestión que vengo tratando, en el sentido de que un juez, ante un archivo, sólo recibe un aviso sin poder hacer absolutamente nada para impedirlo, sin poder repeler dicho archivo, de ninguna una causa penal y de ninguna manera, se evidencia que, ese archivo, y esas posibilidades que se le otorgan a las víctimas de un delito, y que son únicamente tuteladas, conforme a la Constitución Nacional, por los jueces, que los fiscales, están haciendo un ejercicio de la jurisdicción que no les corresponde. Ni por lo tanto, dada esta legislación, puede examinarse cada caso en particular, a fin de preservar los bienes y derechos de los habitantes de la Nación y sus garantías constitucionales. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, dictada en congruencia con la de la Nación, establece que “Los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley, y gozan de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional, los que emanan en su consecuencia a través de los tratados celebrados por la Nación y los que se expresan en esta Constitución” ( artículo 11 ) De donde se sigue que el Derecho en su faz tuitiva, tiene las mismas características declaradas y garantizadas por la Constitución Nacional. Con este cuadro podemos sostener que el simple aviso sostenido en el artículo 228 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, además de inútil es burlesco, cuando el mismo no comporta ningún efecto en la faz jurisdiccional. El juez, nada puede hacer. Faz jurisdiccional ésta, que, reitero, involucra, el análisis funcional de la pena y la protección en concreto de los bienes jurídicos de los que son titulares los habitantes de la Nación claramente identificados en normas y tratados internacionales. El ejercicio de la jurisdicción importa un cabal conocimiento de todos los hechos, tanto del acto delictivo como de sus consecuencias. O sea que debe tratarse de un juicio de cognición, lo que involucra, por otro lado, tener en comprensión los intereses de las víctimas, no existiendo un mecanismo por parte del Ministerio Público para llegar a tal cognición, pues, como reza la propia ley que regula su funcionamiento, sólo es parte integrante del Poder Judicial, pero no lo completa y los derechos que se consagran a las víctimas son concedidos por este órgano administrativo dependiente del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, denominado Ministerio Público Fiscal. Estos fiscales no comprenden que no tienen jurisdicción. No pueden, por ejemplo, decidir inconstitucionalidad de leyes ni dictar sentencias o conceder recursos a jueces, pero, de hecho, a través de los numerosos archivos, los efectos son iguales. Para finalizar y demostrar acabadamente la inconstitucionalidad de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, en cuanto a la exclusividad de la acción penal, dejando un mero aviso a los jueces, en el sentido de que van a archivar una causa sin que estos jueces pueda impedirlo cualquiera sea el delito del que se trate. Me pregunto ¿Para qué el mencionado aviso?. ¿Tal vez para reírse de los magistrados?. Transcribo una parte de dicha ley orgánica número 12069 al decir: Artículo 44 - Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal. Tiene a su cargo la elaboración de proyectos en materia de política criminal y de Ministerio Público, su seguimiento y relevamiento. Es el área a través de la cual se canalizan las denuncias que se formulen ante la Procuración General, como también la encargada de ejecutar las directivas y políticas generales que en materia de Policía Judicial y Policía en función judicial, imparta el Procurador General. Comprende, al menos, los siguientes departamentos: 1. Política Criminal. 2. Coordinación Fiscal y Policía en función judicial. 3. Oficina de denuncia. 4. Policía Judicial que comprende el gabinete pericial y el Cuerpo de Instructores. Vemos como quien ha cometido un delito, puede, entonces, a pesar de la ley del Congreso, al dictar el Código Penal, tener una resolución de soltura. Y transcribo nuevamente para su comprensión el mencionado artículo 44 de la ley 12069 orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Préstese por favor mucha atención. Señala, esta ley, que el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo: 1. Política Criminal. 2. La elaboración de proyectos en materia de política criminal y de Ministerio Público, su seguimiento y relevamiento. 3. Ejecuta las directivas y políticas generales que en materia de Policía Judicial y Policía en función judicial, imparta el Procurador General. Comprende, al menos, los siguientes departamentos. Ahora bien, por lo expuesto, quien ha cometido un delito, conforme hemos visto, mediante la disposición del artículo 56 bis del Código de Procedimientos Penales de la Provincia de Buenos Aires, hasta puede ser relevado de pena y todo ello en virtud de una política criminal. Por ello, y para atención del lector, vuelvo a transcribir. Artículo 56 bis: “El Ministerio Público Fiscal podrá archivar las actuaciones respecto de uno o varios de los hechos imputados, o de uno o más de los partícipes, en los siguientes supuestos: 1. Cuando la afectación del bien jurídico o el aporte del imputado en el hecho fuera insignificante y siempre que la pena máxima del delito imputado no supere los seis años de prisión; 2. Cuando, el daño sufrido por el imputado a consecuencia del hecho torne desproporcionada, superflua o inapropiada la aplicación de una pena, excepto que mediaren razones de seguridad o interés público; 3. Cuando la pena en expectativa carezca de relevancia en consideración a las de los otros delitos imputados.” Esto no significa otra cosa, que, el mundo del Derecho ha sido olvidado para reemplazarse por lo que se denomina ahora “política criminal.”. Dicho de otra manera: usted puede cometer un delito, violar las normas del Código Penal, pero, el Ministerio Público Fiscal, que en teoría se va a compadecer de las víctimas, conforme hemos visto, puede dejar sin efecto, la aplicación de la ley dictada por el Congreso de la Nación. O sea: el Código Penal Argentino. Punto, hasta ahí llegamos, y, en la práctica, con suerte. También son, por lo tanto, inconstitucionales las normas que, en su conjunto, operan de esta manera. Ya no se trata de la inadecuada y risible asistencia a la víctima, sino que el Ministerio Público Fiscal, no necesita, siquiera, en la Provincia de Buenos Aires, declarar la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de una norma aunque el sujeto imputado cometa un delito. Pues, la política criminal, ( expresión risible ), puede hacer que la pena que la norma penal establece para el delincuente, no sea aplicada, se archive la causa, con un mero aviso al señor juez y nada mas pueda hacer éste.

References: artículo 56
 artículo 42
 artículo 116
 artículo 83
 Artículo 83
 artículo 11
 artículo 228
 Artículo 44
 resolución 
 artículo 44
 artículo 56
 Artículo 56