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Timestamp: 2017-07-27 14:50:00+00:00

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Etapas históricas de la educación argentinaSexta etapa: Positivismo y normalismo
En la época de la Nueva Argentina cosmopolita (1880-1916), de predominio de la filosofía positivista, el normalismo, como corriente educativa emanada de las escuelas normales, extendió su influencia a toda la República a través del imperio de la ley 1.420 de educación común, convirtiendo en realidad el ideal de Sarmiento, de “hacer del país una escuela”. Del 71 % de analfabetos registrado en el Censo Nacional de 1869, se pasó al 54% en el de 1895 y al 34,1% en el de 1914. Asimismo, se elaboraron numerosos proyectos y se sancionó la ley que debía regir el funcionamiento de las universidades nacionales. También data de entonces la nacionalización de la Universidad de La Plata, que habría de señalar rumbos en la investigación científica del país.
Paralelamente, con la llegada de la gran inmigración, se consolidó el modelo liberal y mercantil y, a través de la ley de educación común, quedó definitivamente acabado el perfil del hombre argentino: la escuela primaria tendría “por único objeto favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico” del niño, con prescindencia de su formación religiosa. Se trataba, como lo había expresado Alberdi en las Bases, de que nuestra juventud fuera “educada en la vida industrial, y para ello ser instruida en las artes y ciencias auxiliares de la industria. El tipo de nuestro hombre sudamericano —agregaba— debe ser el hombre formado para vencer al grande y agobiante enemigo de nuestro progreso: el desierto, el atraso material, la naturaleza bruta y primitiva de nuestro continente”. Tal modelo significaba el abandono de “nociones abstractas sobre religión”1. En consecuencia, se reemplazaron los santos por los próceres y, para limitar la influencia deletérea de la inmigración y evitar la acción disolvente de los anarquistas y de la izquierda revolucionaria, se dio impulso a una educación patriótica, que se expresó fundamentalmente en el culto a los símbolos nacionales y en el estudio de la historia y la geografía vernáculas, que incluía, como ingrediente básico, la reivindicación del territorio de las Islas Malvinas, usurpado por los ingleses en 1833.
La organización institucional dio paso a la denominada “generación del 80”, que fue la constructora de la Argentina del siglo XX. Esta generación, integrada por terratenientes, abogados, periodistas, comerciantes y banqueros, estaba unida por una ideología liberal y mercantil aunque algunos de sus miembros, entre los que sobresalió José Manuel Estrada, no comulgaran con la filosofía positivista predominante y sostuvieran la vigencia de la tradición católica heredada de España, por lo que debieron enfrentarse duramente con la masonería.
En el campo de la educación, la “generación del 80” puso énfasis en la alfabetización y en el cumplimiento de los primeros grados de la escolaridad primaria, con escaso desarrollo de los niveles secundario y terciario universitario y no universitario. Sobre todo, a pesar de lo pregonado por Alberdi, hubo una marcada carencia en cuanto a la educación técnica. Recién a partir de la crisis de 1890 comenzaron a proponerse, sin éxito, proyectos de reforma del sistema, que pretendían vincular la educación con la realidad económica y social del país.
El normalismo y el positivismo pedagógico
Como hemos dicho, la mayor influencia estuvo dada por la corriente positivista, que abrevaba en el pensamiento de Augusto Comte y de Heriberto Spencer y cuyas notas fundamentales fueron la valorización de las ciencias naturales, la aplicación del método experimental y la aceptación del evolucionismo como explicación del origen del universo y del hombre, con desapego de toda concepción religiosa, descalificada por oscurantista. El positivismo tuvo su principal centro de difusión en la Escuela Normal de Paraná y en las subsiguientes escuelas de esa modalidad diseminadas por el país, en las que se originó una nueva corriente educativa conocida con el nombre de normalismo. Según lo explica el profesor Carlos A. Uzin, el normalismo se caracterizó por “la valoración de lo europeo frente a lo hispano-criollo, que es despreciado”; “la adhesión reverente al mito del progreso cientificista, que se traduce pedagógicamente en un enciclopedismo”; y “el criterio de que el magisterio es un sacerdocio laico, con una sacralización de la idea de patria y de sus símbolos, y un fuerte sentido de la autoridad” 2
El positivismo y el normalismo aportaron nombres sobresalientes dentro de la pedagogía argentina, como Pedro Scalabrini —profesor italiano llegado al país en 1868—, que promovió el estudio de las ciencias naturales desde su cátedra de Paraná; Carlos N. Vergara, que sostenía que la educación debe tener por meta la libertad moral; Francisco Berra, profesor de la novel Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, que rescató el pragmatismo pedagógico; y Carlos Octavio Bunge, que sostuvo la necesidad de educar para el contexto social en que se inserta e individuo. De todos ellos, merece especial atención Vergara quien, desde su cargo de director de la Escuela Normal Mixta de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en opinión de la profesora Adriana Puiggros: “Rompió con casi todas las reglas sagradas de los ‘normalizadores’ [por normalistas], alteró el vínculo pedagógico bancario, otorgó poder a los alumnos, promovió la autonomía de decisiones del cuerpo de maestros respecto del poder central, rompió el espacio y el tiempo escolares, [...]” constituyéndose de esta manera en un claro precursor de la pedagogía subversiva del educador brasileño contemporáneo Paulo Freiré, difundida entre nosotros a partir de 1968.
La corriente positivista y normalista también introdujo el psicologismo y el sociologismo en la pedagogía. Exponente de la primera tendencia fue Víctor Mercante, autor de La crisis de la pubertad y sus consecuencias pedagógicas; y de la segunda, Rodolfo Senet, que escribió Educación y evolución y también Psicología de la adolescencia, de la pubertad y de la juventud. Frente a estas concepciones innovadoras, se debatieron impotentes los pensadores católicos, que defendían la corriente tradicional con los argumentos del filósofo español Jaime Balmes.
En esta etapa, la reunión del Congreso Pedagógico en 1882; la sanción de la ley 1.420 de educación común, en 1884; de la ley 1.597 sobre universidades nacionales, en 1885; y de la denominada ley Láinez, en 1905, fueron los hechos más significativos ocurridos en el ámbito de la educación.
El 25 de enero de 1881, como consecuencia de la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, ocurrida a fines del año anterior, se creó el Consejo Nacional de Educación, para gobernar las escuelas primarias situadas dentro del nuevo distrito federal, que habían dejado de pertenecer a jurisdicción provincial. Como superintendente general de educación y presidente del Consejo, fue nombrado Sarmiento, y como consejeros: Miguel Navarro Viola, José Antonio Wilde, Adolfo van Gelderen, Federico de la Barra y Carlos Guido Spano.
Ese mismo año el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Manuel D. Pizarro, tomó la iniciativa de convocar a un Congreso Pedagógico. El decreto pertinente establecía que, sin perjuicio de las cuestiones que el Consejo Nacional de Educación pueda someterle, el programa del Congreso deberá incluir cuatro temas: 1) Estado de la educación común en el país y causas que obstan a su desarrollo, independiente de la extensión del territorio y de la densidad de la población; 2) Medios prácticos y eficaces de renovar las causas “retardatrices”, impulsando el progreso a educación; 3) Acción e influencia de los poderes políticos, su desenvolvimiento y papel que en la educación les corresponde con arreglo a la Constitución; 4) Estudios de la legislación vigente en materia de educación común y su reforma.
El Congreso Pedagógico dio comienzo el 10 de abril de 1882. Ínterin, Sarmiento había renunciado a la presidencia del Consejo, actitud que había sido imitada por los vocales. Ante la situación planteada, el ministro Pizarro nombró a Benjamín Zorrilla como presidente de una Comisión Nacional de Educación para hacerse cargo provisoriamente del Consejo. Poco después renunció el propio Pizarro y fue sustituido por Eduardo Wilde, que se constituyó en el principal promotor de la legislación laicista de la década del 80. La Comisión creó, a su vez, una Comisión Organizadora del Congreso, que fue presidida por Onésimo Leguizamón, quien fue, en definitiva, el que condujo la sesión inaugural. Había entonces 275 inscriptos, entre quienes se encontraban delegados de países extranjeros, de las provincias, de los municipios, directores de escuelas normales, maestros y representantes de sociedades diversas. Entre los extranjeros había representantes del Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Estados Unidos y Centroamérica, aunque varios de ellos con residencia permanente en Buenos Aires. Si bien la Comisión Organizadora había designado a Sarmiento presidente honorario del Congreso, éste no concurrió. En cambio, publicó una serie de artículos críticos en el periódico El Nacional, que contribuyeron a crear un clima de hostilidad en el Congreso, que no fue el más propicio para asegurar la tranquilidad de las deliberaciones.
Las sesiones del Congreso transcurrieron con la exposición y debate de trabajos previamente encargados a algunos especialistas: Paul Groussac hizo un diagnóstico sobre el estado de la educación común; Enrique M. de Santa Olalla se refirió a la difusión de la educación primaria, para lo cual propuso la creación de escuelas ambulantes de medio curso y de escuelas para adultos; José Posse sostuvo que el medio mas eficaz para combatir el analfabetismo era la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza; José María Torres analizó la necesidad de reglamentar el ejercicio del derecho de enseñar y la formación del magisterio, el representante del Uruguay, Jacobo A. Várela, consideró la importancia de la educación de la mujer y sostuvo que los poderes públicos debían ocuparse de promover a las mujeres a los puestos adecuados de la administración; Nicomedes Antelo propuso la división del trabajo aplicada a la enseñanza pública, lo que implicaba la creación de escuelas especiales para las distintas profesiones; Nicanor Larrain expuso sobre la reforma de la legislación escolar argentina e incluyó la propuesta de laicidad de la escuela, con lo cual introdujo la cuestión religiosa en las deliberaciones lo que provocó, en última instancia, el retiro de quince congresistas católicos, entre los que se encontraban José Manuel Estrada —vicepresidente del Congreso—, Pedro Goyena, Tristán Achával Rodríguez, Miguel Navarro Viola, Emilio Lamarca y Adolfo van Gelderen. Estos habían presentado un proyecto para que el Congreso, “en homenaje a Dios, a los derechos de la familia, a la ley y a la paz pública”, declarara que la escuela argentina debe dar una enseñanza “esencialmente católica”, expresión esta última que luego se modificó por “esencialmente religiosa”. Finalmente el Congreso decidió “eliminar de sus debates la cuestión de la enseñanza laica y de la enseñanza religiosa”. Estrada, desde las columnas del periódico La Unión, afirmó en esa oportunidad que: “Ese Congreso, totalmente infecundo para el bien social, sirvió sólo para que se desenmascararan los designios naturalistas y paganos, infiltrados poco a poco en la educación pública, pero que aun no habían tenido la audacia de exhibirse con las pretensiones de un plan doctrinal y sistemático”4.
Estrada había nacido en Buenos Aires el 13 de julio de 1842. Cursó las primeras letras con maestros particulares y los estudios secundarios en la escuela del convento de San Francisco. A los 16 años de edad ganó un premio en un certamen histórico sobre el Descubrimiento de América y a los 24 dictó un curso de historia argentina. Desde su juventud se dedicó al periodismo. Fue fundador, redactor y colaborador de numerosos diarios y revistas, entre las que se destacó la Revista Argentina (1868-1872), donde publicó sus notables Lecciones de Historia Argentina. Al propio tiempo se ocupó tanto de la educación primaria, secundaria, como superior, a pesar de no haber obtenido un grado universitario. En 1869 el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo nombró jefe del Departamento General de Escuelas. En esa ocasión dejó testimonio de su pensamiento pedagógico en su obra Memorias sobre la educación común de la provincia de Buenos Aires. En ella considera que se debe educar la inteligencia como facultad para conocer a Dios como objeto más alto de contemplación. Para ello propuso que la religión se enseñara en las parroquias, por no contar las escuelas con el personal docente adecuado, maestro debía llevar a los niños a la parroquia cercana en un horario determinado, sin obligar a los no católicos.
Estrada fue también legislador en la Convención Provincial Constituyente de 1870 y diputado en la Legislatura de Buenos Aires y en el Congreso Nacional. En 1876 fue nombrado rector del Colegio Nacional de Buenos Aires por el presidente Avellaneda. En el desempeño de sus funciones se propuso conceder mayor importancia a los estudios clásicos, para corregir la tendencia al positivismo que se manifestaba entonces. Al respecto, sostenía que era preciso “no trasladar del dominio de las humanidades al de las matemáticas y ciencias naturales fundamento de una educación que si se ha de proporcionar a sus fines necesita desarrollarse en torno al núcleo de conocimientos que atañen directamente al hombre y no a las cosas”. Como entendía que el cuerpo de profesores necesitaba una formación especial, proyectó crear una escuela normal anexa al Colegio. Según su criterio esta escuela debía dividirse en cuatro secciones: ciencias morales, ciencias positivas, literatura y lenguas clásicas y literatura y lenguas vivas. Además, se dictaría metodología aplicada a la enseñanza secundaria. Los aspirantes debían tener cursado el bachillerato y los estudios demandarían tres años. El proyecto no fue aceptado por el gobierno. En 1882 Estrada fundó el periódico La Unión, que difundió el pensamiento católico combatiendo al gobierno de Roca con vigor. Ese mismo año participó en el Congreso Pedagógico.
Las resoluciones aprobadas por el Congreso se reunieron en un solo cuerpo de doctrina, con el nombre de Declaraciones, ordenadas en los siguientes capítulos: I. Difusión de la enseñanza primaria. II. Principios generales de la educación del pueblo y de la organización e higiene escolares. III. Régimen económico, dirección y administración de las escuelas comunes. IV. Organización y dotación del personal docente. V. Programas de enseñanza y principios de su distribución en las escuelas comunes. VI. Métodos de enseñanza y su aplicación genéricas. VII. Educación de sordomudos. Las Declaraciones excluyeron a la religión como ingrediente necesario para la formación integral de la personalidad educando, aunque destacaron la labor formativa de la familia. Su enunciado comprende por igual a la escuela de iniciativa estatal o privada abarca un conjunto abigarrado de propuestas doctrinarias y técnicas para el mejoramiento de la enseñanza primaria que, sin embargo, no fueron tenidas mayormente en cuenta en los años posteriores.
El Censo Escolar de 1883
En 1883 se realizó un Censo Escolar Nacional, que reveló la existencia de una población escolar infantil, comprensiva de los establecimientos estatales y privados, de 156.325 alumnos, sobre 500.000 aproximadamente en edad de concurrir a los establecimientos educativos, es decir, poco menos del 29,1% del total. Estas cifras pusieron de manifiesto la magnitud de un problema que sólo fue resuelto con la sanción de la ley 1.420 de educación común. De acuerdo con las cifras obtenidas, el total de alfabetos era de 127.038; el de semialfabetos, de 51.814 y el de analfabetos, de 324.739.
La ley de educación común
Como vimos, al convertirse la ciudad de Buenos Aires en Capital Federal de la República, la Provincia cedió a la Nación las escuelas ubicadas dentro de su jurisdicción, para las cuales, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 28 de enero de 1881, continuó rigiendo provisoriamente la ley provincial de 1875, que establecía la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza.
A los efectos de contar con una ley definitiva, el presidente de la Nación, Julio A. Roca, envió al Congreso Nacional, para su aprobación con carácter de ley, el texto del decreto aludido, en el que se mantenía la enseñanza de la doctrina cristiana. En la Cámara de Senadores no hubo ningún inconveniente en aceptarlo, pero en la de Diputados, luego de un prolongado estudio por la Comisión pertinente, que mantuvo la enseñanza religiosa, al iniciarse el debate se presentó un proyecto alternativo, propuesto por Onésimo Leguizamón —ex ministro de Instrucción Pública de Avellaneda, de activa militancia masónica—, que fue aprobado y pasó en revisión al Senado, que también lo aprobó. El Poder Ejecutivo promulgó la ley con el número 1.420, el 8 de julio de 1884. Según la expresión de Juan P Ramos: “Con la ley 1.420 el país tuvo por primera vez en su historia un verdadero código de principios educacionales”5.
Por esta ley, se estableció que la enseñanza primaria sería obligatoria y gratuita y la religión podría ser impartida por los ministros autorizados de los diferentes cultos, fuera del horario escolar, lo que en la práctica significó el fin de la enseñanza de la doctrina cristiana en las escuelas oficiales. En 1904 el Consejo Nacional de Educación prohibió al personal directivo y docente “tomar ninguna participación en esta enseñanza” y posteriormente se dispuso que la clase de religión no podría comenzar hasta media hora después de terminada la última de la tarde o había de terminar media hora antes que comenzaran las clases, si era por la mañana. Al decir de Juan B. Terán, ilustre fundador de la Universidad de Tucumán: “La escuela laica estableció la hostilidad en las clases sociales y rompió nuestra continuidad histórica y espiritual. Al perder su carácter religioso perdió también el carácter patriótico; pues, al despojarse de la fuerza religiosa que significaba tradición y savia argentina la gran masa popular permaneció indiferente por falta de enlace valioso con el pasado de la Nación. A las numerosas deficiencias sociales añadió una nueva, a saber: quiénes pueden costear y quiénes no pueden costear la enseñanza religiosa para sus hijos”.6 En la nueva ley, la obligación escolar comprendía a todos los padres, tutores o encargados de los niños. Los contenidos mínimos abarcaban las siguientes materias: lectura y escritura; aritmética; geografía particular de la República y nociones de geografía universal; historia particular de la República y nociones de historia general; idioma nacional; moral y urbanidad; nociones de dibujo y música vocal; gimnástica y conocimiento de la Constitución Nacional.
Además de las escuelas comunes, se contemplaba la existencia de jardines de infantes, escuelas para adultos y escuelas ambulantes en la campaña. La dirección y administración de las escuelas públicas estaría cargo de un Consejo Nacional de Educación, que funcionaría en la Capital de la República, bajo la dependencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y estaría compuesto de un presidente y cuatro vocales. El nombramiento de los consejeros sería hecho por el Poder Ejecutivo y el del presidente con acuerdo del Senado. Todos durarían en su empleo cinco años, pudiendo ser reelectos. Además, se preveía la existencia de Consejos Escolares de distrito, dependientes del Consejo Nacional, cuyos integrantes durarían dos años en sus funciones. El cargo de consejero de distrito sería gratuito y considerado como una carga pública. En la ley se establecía, asimismo, la constitución del tesoro común de las escuelas y de un fondo escolar permanente. Las escuelas y colegios particulares debían someterse a la supervisión de los inspectores de las escuelas primarias y el Consejo Escolar de distrito.
Por decreto reglamentario del 28 de julio de 1885, se estableció que la obligación de asistir a la escuela pública duraba seis años y que la gratuidad implicaba la obligación de proveer textos y útiles escolares a los niños que no pudieran costeárselos. Además se dispuso que: “Ningún padre, tutor, patrón, director de fábrica o de cualquier otro establecimiento industrial o comercial, podrá sustraer de la obligación escolar a los niños que estén bajo su dependencia”. En cuanto a la enseñanza religiosa, se estableció que: “cuando los ministros de los diferentes cultos quisieran dar en las escuelas públicas conferencias sobre enseñanza religiosa, se dirigirán a los consejos escolares, para que éstos designen el local y la hora, no pudiendo celebrarse aquéllas si no hubiese una concurrencia de más de quince alumnos”.
En principio, la ley se aplicó para las escuelas de la Capital Federal, posteriormente se extendió a los territorios nacionales, creados en ese mismo año 1884 por la ley 1.532, como consecuencia de la conquista del desierto; y más tarde, con la sanción de la denominada ley Láinez, en 1905, a las escuelas nacionales fundadas en las provincias. Esta situación se prolongó hasta 1978, en que se completó la transferencia de las escuelas primarias nacionales a los gobiernos provinciales, iniciada en 1961.
Al momento de sancionarse la ley de educación común, la Capital Federal tenía una extensión menor que la actual, porque todavía no se habían incorporado los partidos de San José de Flores y de Belgrano, hasta entonces pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, que lo hicieron a partir de 1885, en virtud de la ley 1.585, del 31 de octubre del año anterior. Sin embargo, según el informe del jefe de Estadística del Consejo Nacional de Educación, el número de escuelas era notable, pues llegaba a 162, de las cuales 11 eran graduadas; 87, elementales; 47, infantiles y 14, nocturnas. También se contabilizaban un jardín de infantes una escuela dominical y una carcelaria. La parroquia con mayor cantidad de escuelas, era la de Balvanera. En la totalidad se desempeñaban 586 maestros, de los que 196 eran varones y 390 mujeres. Los alumnos sumaban 24.903, de los cuales 11.749 eran varones y 13.154, mujeres. En la enseñanza privada había 119 escuelas, con 565 maestros, de los que 381 eran varones y 184 mujeres; y 11.194 alumnos, de los que 6.546 eran varones y 4.648, mujeres.
La primera Asamblea de los Católicos Argentinos
Al mes siguiente de la promulgación de la ley 1.420, tuvo lugar la primera Asamblea de los Católicos Argentinos, que fue presidida por Estrada. La Asamblea abrió sus sesiones el 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Santísima Virgen María, con la presidencia del arzobispo de Buenos Aires, Mons. Federico Aneiros, y la presencia de representantes de casi todas las provincias e inclusive del Uruguay, cuya delegación fue presidida por Juan Zorrilla de San Martín. Entre los once puntos que se trataron ocupó un lugar preferente la escuela.
La Asamblea manifestó su preocupación por la “creación de Escuelas Católicas y fomento y protección directa a las existentes, combatiendo las llamadas laicas y ateas”. Asimismo, la Asamblea consideró que era deber de los católicos “combatir la escuela laica” y “favorecer la religiosa por todos los medios a su alcance”; que ningún católico debía enviar a sus hijos “a las escuelas dirigidas por protestantes, o por personas que sean reconocidamente anticatólicas”; que los centros y asociaciones católicas “deben incluir entre sus fines principales la creación y sostenimiento de escuelas cristianas”; que las asociaciones católicas “deben tomar nota de las escuelas que en sus respectivos lugares merezcan confianza para la educación religiosa de los niños de uno y otro sexo, a fin de recomendarlas a las familias”; y, finalmente, que: “Conviene que las escuelas populares católicas sean puestas bajo la dirección inmediata de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, u otras Congregaciones religiosas consagradas como ésta, por su instituto a la enseñanza primaria”.
De la Asamblea participaron distinguidas personalidades, como Pizarro, Achával Rodríguez, Goyena, Garro, Navarro Viola y Lamarca. En el discurso de clausura. Estrada hizo referencia a “una conspiración conscientemente dada a desarrollar el programa masónico de la revolución anticristiana”.7 Las sesiones concluyeron el 31 de agosto con una gran peregrinación al santuario de la Virgen de Lujan.
Impotente para contener la prédica de Estrada, el gobierno de Roca lo despojó de su cátedra en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En su despedida, les dijo a sus alumnos: “De las astillas de las cátedras destrozadas por la tiranía, haremos tribunas para enseñar la justicia y predicar la libertad”. Estrada falleció en Asunción del Paraguay, donde se desempeñaba entonces como embajador y ministro plenipotenciario argentino, el 17 de septiembre de 1894. Maestro ejemplar de la juventud, dedicó su vida a la enseñanza de la verdad.
Intolerancia liberal
Contemporáneamente con estos sucesos, se produjo un conflicto entre el gobierno nacional y el delegado apostólico de la Santa Sede, monseñor Luis Matera, que culminó con la expulsión del país de este último. En efecto, debido al fallecimiento del obispo de Córdoba, Mons. Mamerto Esquiú, ocurrido en enero de 1883, fue designado vicario capitular Mons. Jerónimo Clara, quien prohibió a los católicos enviar a sus hijos a la Escuela Normal dirigida entonces por una de las maestras protestantes norteamericanas traídas por Sarmiento. El gobierno respondió separando a Mons. Clara de la sede del obispado. Ante esta circunstancia, Mons. Clara redactó una pastoral en la que sostuvo la libertad de la Iglesia como derecho divino. De inmediato, el delegado apostólico de la Santa Sede, Mons. Matera, fue a Córdoba para consagrar al nuevo obispo, Mons. Capistrano Tissera. Allí se entrevistó con la directora de la Escuela Normal, Francisca de Amstrong, y le impuso como condiciones para que las alumnas retornaran a la misma: que enviara una nota al obispo, permitiera la enseñanza del catecismo y autorizara al obispo a visitar periódicamente el establecimiento para comprobar si efectivamente se impartía esa enseñanza.
Esta actitud del delegado apostólico fue interpretada capciosamente por el gobierno argentino como una intromisión extranjera, por lo que el ministro de Relaciones Exteriores pidió explicaciones. Matera hizo lo propio por los ataques de que era objeto por la prensa. El ministro le devolvió la nota. Matera le escribió una carta a Roca, pero la respuesta fue su expulsión del país, decidida el 14 de octubre de 1884. En esta forma se produjo la ruptura de relaciones con la Santa Sede, que fueron reanudadas recién en 1900 durante la segunda presidencia de Roca.
El informe Fitz Simón
Por esta época, el rector del Colegio Nacional de Corrientes, Santiago Fitz Simón, con motivo de la aplicación de un nuevo plan de estudios remitido por el Ministerio de Instrucción Pública, con fecha 27 de marzo de 1884, elevó a las autoridades un interesante informe en el que propuso que: “La educación secundaria debe tener un fin y un carácter nacional. Debemos siempre —agregaba— tener presente que enseñamos en la República Argentina, y los jóvenes que en los colegios nacionales reciben una liberal instrucción y que mañana desempeñarán en su país cualquiera de los cargos a que un ciudadano puede legítimamente aspirar deben seguramente conocer a fondo la geografía y la historia de la República, su fauna, flora y reino mineral, y el origen y naturaleza de las instituciones que nos rigen [...]. Con la literatura nacional —decía luego— se estudiarán las producciones de los grandes escritores argentinos, cosa que hasta hoy no se ha hecho en estos colegios. En la economía política podrá el profesor hacer comprender a sus discípulos la importancia de los grandes problemas económicos de cuya solución depende en mucho el porvenir de la República, y las nociones de derecho general, especialmente del político y civil, completarán la educación cívica del joven argentino. Nuestra educación secundaria —insistía finalmente— debe ser nacional, debe ser republicana; nuestro sistema de educación debe propender a robustecer las instituciones republicanas bajo las cuales vivimos [...]8.
Las escuelas para adultos
Las primeras escuelas para adultos fueron creadas en 1856 en la provincia de Buenos Aires. A mediados de 1859 se fundó en la ciudad de Buenos Aires la escuela nocturna para adultos que funcionó en el local de la Escuela Catedral al Sud, llamada Escuela Modelo. Se enseñaba lectura, escritura y aritmética, en el horario de 20 a 21. Posteriormente, en 1884, la ley 1.420 de educación común dispuso en su artículo 11º que se establecerían “escuelas para adultos en los cuarteles, guarniciones, buques de guerra, cárceles, fábricas y otros establecimientos donde pueda encontrarse un número, cuando menos, de cuarenta adultos ineducados”. Yen su artículo 12º, determinó que: “El mínimo de enseñanza para las escuelas ambulantes y de adultos comprenderá estas ramas: lectura, escritura, aritmética (las cuatro primeras reglas y el sistema métrico decimal), moral y urbanidad, nociones de idioma nacional, de geografía nacional y de historia nacional, explicaciones de la Constitución Nacional y enseñanza de los objetos más comunes que se relacionan con la industria habitual de los alumnos de la escuela”.
Uno de los primeros y más entusiastas propulsores de las escuelas para adultos, fue el inspector general de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, José P Berrutti, quien en 1912 creó en La Plata la primera escuela popular nocturna de puertas abiertas, con el objeto de estimular la concurrencia de los adultos. En 1920 se nombró a Enrique Codino primer inspector general de Escuelas para Adultos y se crearon, además, los primeros establecimientos en los que se enseñaban materias prácticas como aritmética comercial, contabilidad, dactilografía, dibujo, francés, inglés, labores y taquigrafía. Estas escuelas se llamaron complementarias y en 1924 se fusionaron con las escuelas para adultos. Francisco E Moreno, que se desempeñó como vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, fue un decidido promotor de la enseñanza práctica en las escuelas para adultos. “La escuela de adultos —sostenía—, debe ser primaria y especial y su mínimum de enseñanza desarrollarse [...] de acuerdo con las necesidades del país [...] abarcando la de los objetos comunes a la industria habitual de los alumnos”9.
Diez años más tarde se sancionó la ley 12.119, modificatoria de la 1.420, en la cual, en su artículo 1º se dispuso que: “El mínimum de la enseñanza para las escuelas ambulantes y de adultos comprenderá estas ramas: lectura, escritura, aritmética (las cuatro primeras reglas y el sistema métrico decimal), moral y urbanidad, nociones de idioma nacional, explicación de la Constitución Nacional, enseñanza de los objetos más comunes y cursos especiales elementales relacionados con las actividades industriales de carácter general o regional. En la sanción de esta ley influyó la realización de la Primera Exposición Central de Trabajos efectuados por los alumnos, en la Escuela Presidente Roca, de la Capital Federal, desde el 11 al 18 de diciembre de 1933.
Reorganización de las escuelas normales
En 1886 se procedió a la reorganización de las escuelas normales mediante la aprobación de un nuevo plan de estudios que dividió a los establecimientos de esta modalidad en dos categorías: las Escuelas Normales Elementales, cuyo objetivo era la formación de maestros para la escuela primaria elemental, en cuatro años de estudios; y las Escuelas Normales Superiores destinadas, además, a formar profesores en cinco años “para la superintendencia, inspección y dirección de las escuelas comunes y para el magisterio de las escuelas normales”. Al año siguiente se redujo a tres años el lapso para la formación de maestros. Después del segundo año los alumnos podían obtener el título de subpreceptor.
En 1911, las escuelas normales fueron puestas bajo la jurisdicción del Consejo Nacional de Educación, que debía organizar el servicio de administración e inspección que requiriera su funcionamiento, pero en 1916 volvieron a la dependencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Ínterin, el plan de estudios fue nuevamente reformado y se le dio mayor importancia a la formación pedagógica (pedagogía y observación en primer año; metodología general y práctica de la enseñanza en segundo; metodología especial y práctica de la enseñanza en tercero y práctica de la enseñanza en cuarto). Este plan estuvo vigente hasta 1941, en el que se implantó un ciclo básico común al magisterio y bachillerato, de tres años, y otro superior de formación profesional de dos años. En 1948 se elevó a tres años la duración del ciclo superior del magisterio, pero en 1951 se redujo nuevamente a dos. Esta estructura perduró hasta 1968 en que se suprimieron las escuelas normales y la formación de maestros pasó al nivel terciario de la enseñanza, con el carácter de profesorado de nivel elemental. Esta reforma mejoró la formación académica de los futuros docentes, pero destruyó la mística y el carácter de apostolado laico que hasta entonces había tenido el magisterio, forjado por la escuela normal.
La Asociación Nacional de Educación
En 1886, con la presidencia de José B. Zubiaur —ex rector del Colegio del Uruguay y conspicuo masón—, se constituyó en Buenos Aires la Asociación Nacional de Educación, cuyo objetivo fue la democratización de la enseñanza. La entidad publicó una revista que se llamó La Educación, cuyo principal inspirador fue Carlos N. Vergara que, a la vez, era vicepresidente de la Asociación. A Vergara lo acompañaron en esta empresa: Zubiaur y M. Sarsfield Escobar Los redactores se mostraron reconocidos con José María Torres, a quien honraban como su maestro y con Joaquín V. González, al que le publicaron fragmentos de su obra El Estado y la educación. Sin embargo, la mayor parte del espacio disponible fue dedicada a la enseñanza práctica y el trabajo manual, el problema de la disciplina, la organización de las escuelas normales, la educación de la mujer y la educación patriótica. De la Asociación derivó la Sociedad Progresista, fundada en el mismo año 1886, con idénticos fines, que llegó a tener filiales en Mendoza, Salta y Concepción del Uruguay.
Las escuelas Morris
William C. Morris nació el 16 de febrero de 1863 en Sohan, Cambridge, Inglaterra. En 1886 viajó a América del Sur y residió alternativamente en las ciudades de Asunción —Paraguay—, Rosario y Buenos Aires. En 1888 fundó la primera escuela en el barrio de la Boca, de la ciudad de Buenos Aires. En 1897 viajó de regreso a su país natal y volvió al año siguiente consagrado pastor de la Iglesia metodista. A partir de entonces se dedicó con gran entusiasmo a la actividad docente, con excelentes resultados, a tal punto que en 1923 había logrado fundar diez escuelas diurnas y cuatro nocturnas en el territorio de la Capital Federal, a las que concurrían 6.200 alumnos que eran atendidos por 150 maestros; también estableció un taller de artes y oficios; el Hogar “El Alba” para el cuidado de 350 huérfanos; un museo de historia natural; un gabinete de física y un laboratorio de química. Además publicó una revista de educación, La Reforma, y una revista para niños, Albores. Morris falleció en Inglaterra el 15 de septiembre de 1932. En el lapso de treinta y cuatro años transcurridos desde la primera fundación, pasaron más de 200.000 niños por las escuelas que creara.
Desmembramiento del Colegio Nacional de Buenos Aires
Hacia 1890, el Colegio Nacional de Buenos Aires resultaba insuficiente para absorber la demanda de estudiantes que pretendían ingresar en sus aulas, por lo cual se pensó en desmembrarlo, creando dos establecimientos auxiliares en zonas equidistantes de la ciudad. El problema fue considerado por Juan Balestra, ministro de Justicia e Instrucción Pública del presidente Carlos Pellegrini, quien resolvió llevar a cabo el proyecto. Así fue creado, en primer término, durante 1891, el Colegio Nacional del Sur, después Bernardino Rivadavia, y pocos meses después, ya en 1892, el Colegio Nacional del Norte, luego Domingo Faustino Sarmiento; y más tarde el Colegio Nacional del Oeste, después Mariano Moreno; y, por último, el Colegio Nacional del Noroeste, luego Nicolás Avellaneda. Todos estos institutos dependieron del Colegio Nacional de Buenos Aires o Colegio Nacional Central, hasta 1899 en que adquirieron plena autonomía. En 1911 el Colegio Nacional Central fue incorporado a la Universidad de Buenos Aires, de la que depende hasta ahora, lo que determinó la renuncia del rector Enrique De Vedia, que estaba en desacuerdo. Entre tanto, los colegios dependientes pasaron a jurisdicción del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. En 1938 se inauguró el nuevo y actual edificio del Colegio Nacional de Buenos Aires, en ocasión de celebrarse el 75º aniversario de su fundación.
A raíz de la exoneración en 1891 del rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Adolfo F. Orma, como consecuencia de un desorden estudiantil producido durante la visita del inspector general Fitz Simón al establecimiento, tras lo cual treinta y ocho profesores presentaron la renuncia a sus cátedras, quienes se sintieron agraviados decidieron fundar un instituto libre de enseñanza, semejante a los que ya existían en Inglaterra, Francia, España y los Estados Unidos de América. Uno de los fundadores, Calixto Oyuela, afirmó luego en un discurso conmemorativo que: “El Instituto Libre se fundó con un doble propósito: establecer un Colegio de Segunda Enseñanza independiente del Ministerio público y ajeno a los continuos y poco meditados cambios que la falta de un Consejo de Dirección permanente ha ocasionado a sus similares, con grave daño de la segunda instrucción en la República; y formar un hogar de educación esmerada, de carácter clásico y de tendencia universitaria, subsanando ciertas evidentes deficiencias de los colegios nacionales comunes” 10.
Por consiguiente, luego de las tramitaciones necesarias, el 16 de mayo de 1892, con una inscripción de 90 alumnos, se inauguró el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, cuyo primer rector fue Orma, a quien siguieron en el cargo figuras de la talla de Aristóbulo del Valle, Mariano Domaría, Juan José Montes de Oca, Rafael Ruiz de los Llanos, Ildefonso Ramos Mejía, Coriolano Alberini y Osvaldo Loudet. Por su parte, Vicente Fidel López, que pronunció la alocución inaugural, y Bartolomé Mitre, ambos ya septuagenarios, se ofrecieron para dictar clases. Al año siguiente el Instituto fue reconocido como el primer establecimiento de enseñanza secundaria bajo la superintendencia académica de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual obtuvo el derecho de formular sus propios planes y programas de estudio. Desde entonces, el Consejo Superior del Instituto se integra con dos representantes de cada Facultad.
El primer Consejo Superior fue presidido por Vicente Fidel López, como vemos íntimamente ligado al establecimiento, a quien acompañaron, entre otros: Mitre, Amancio Alcorta, Del Valle, Antonio Malaver y Luis A. Huergo. La Comisión de Enseñanza fue constituida por López, Alcorta y Del Valle.
Las escuelas de los Círculos de Obreros
Los Círculos de Obreros, creados en Buenos Aires por el sacerdote redentorista alemán Federico Grote a partir de 1892, en consonancia con lo pregonado por el Papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum, el año anterior, con el objeto de mejorar la situación en que se encongaban los trabajadores, incluyeron desde un principio la acción educaba, mediante la creación de escuelas primarias diurnas para niños y de escuelas nocturnas para adultos. La primera escuela primaria de varones se fundó en 1893 en el Círculo Central. En el acto inaugural hablaron el presidente del Círculo, Santiago O'Farrell y los tres jóvenes estudiantes: Juan Ochoa, J. Perdriel e Isaac Pearson, que tuvieron a su cargo la atención de la escuela. A partir de entonces las escuelas se multiplicaron en los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y en diversos lugares del interior del país, donde estaban establecidos los Círculos. A fines de 1896 había 17 Círculos y en 1924 llegaban a 87.
El Congreso Pedagógico de 1900
En el año 1900, del 2 al 9 de diciembre, tuvo lugar un nuevo Congreso Pedagógico, que no alcanzó la repercusión del realizado en 1882, pero generó inquietudes en la docencia de la época. Presidió las sesiones el destacado educador J. Alfredo Ferreyra y participaron numerosos docentes e intelectuales de entonces. Durante su transcurso se consideraron los siguientes aspectos: 1) Educación física. 2) Educación moral. 3) Educación literaria. 4) Educación estética. 5) Educación científica. 6) Educación industrial. 7) Legislación escolar. 8) Plan de estudios, programas y horarios. 9) Estudios antropológicos. 10) Textos. 11) Escuelas especiales. 12) Personal docente. 13) Intervención personal en las escuelas. 14) Jubilación y pensión de maestros. Como se ve, el temario era amplio y diverso, lo que dio lugar a un interesante intercambio de opiniones.
Entre los trabajos presentados, pueden destacarse los referentes a: “Edificación escolar”, de Víctor Mercante; “Educación de la mujer”, de José Campi; “Escuelas populares”, de Antonio E. Díaz; “La tendencia utilitaria en la enseñanza”, de Leopoldo Herrera; y “La educación primaria en los lugares remotos de la República”, de Manuel A. Lafone Quevedo. También presentaron ponencias: Pedro Scalabrini, Federico Basaldúa, Maximio Victoria, José M. Aubin, José Blanco, Pedro Caratcoche y José Berrutti.
La Obra de Conservación de la Fe
El 21 de setiembre de 1901, en una reunión efectuada en la sala rectoral de la iglesia de San Miguel, el arzobispo de Buenos Aires, Mons. Mariano Antonio Espinosa, fundó la Obra de Conservación de la Fe, institución de carácter privado, destinada a la educación de los niños según los mandamientos y preceptos de la Iglesia católica, cuyo lema era: “Por Dios, por la Patria y el niño”. Consecuentemente con el pensamiento de su fundador, el fin primordial de la Obra —según se expresa en el Reglamento para el personal directivo y docente— fue “difundir entre los hijos del pueblo [...] el conocimiento y el amor de la Religión Católica, sin lo cual consideraría fracasada la porción más esencial de su misión”. A tal efecto, “la enseñanza religiosa debe ocupar el mismo lugar entre todas las demás asignaturas y ser objeto especial de la dedicación de los maestros el procurar que todos sus alumnos la adquieran de la manera más completa posible”. La Obra estuvo inicialmente bajo la dirección espiritual del R.P Francisco Laphitz y del Pbro. Juan Delheye y la primera comisión directiva fue presidida por la señora Florencia G. de Peña.
El ámbito de acción de la Obra se circunscribió exclusivamente al territorio de la Capital Federal, especialmente de los barrios periféricos que fueron surgiendo con la radicación de los numerosos inmigrantes que llegaban por entonces al país, en los cuales encontraba mayor eco la prédica de socialistas y protestantes. El impulso inicial fue formidable. En los primeros cinco meses se pudieron abrir 5 escuelas gratuitas. Al año siguiente las escuelas eran 6, con un promedio de 800 alumnos; dos años después llegaban a 8 y en 1910 eran 14 las escuelas fundadas. En 1916, según registro del Consejo Nacional de Educación, la Obra contaba con 22 escuelas, con un total de 5.955 alumnos de instrucción primaria, bordado, enfermería, dactilografía, carpintería y telegrafía. Desde 1902 también se crearon talleres, el primero de los cuales fue de costura y planchado. El de mayor envergadura fue la Escuela-taller Fray Mamerto Esquiú, erigida en el barrio de Nueva Pompeya en 1922. De acuerdo con el régimen vigente, regulado por la ley 1.420 de educación común, las escuelas creadas dependían del Consejo Nacional de Educación y debían dar el mínimo de enseñanza obligatoria establecida en su artículo 6º.
Cumplido el medio siglo de existencia, en 1951, la Obra de Conservación de la Fe declinó visiblemente en su actividad, hecho en el que influyeron varias causas: en primer lugar, la multiplicación de la oferta educativa por la gran cantidad de colegios religiosos fundados hasta entonces, algunos de los cuales, en edificios cedidos por la Obra; en segundo término, el restablecimiento de la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales desde 1943; en tercero, el monopolio de la beneficencia ejercido por la Fundación Eva Perón que, aunque eficaz en su cometido, ahogaba toda iniciativa privada; y, por último, la persecución desatada por el Gobierno contra las organizaciones de la Iglesia en 1954. Si bien a partir de 1955, con la revolución militar del 16 de septiembre de ese año desaparecieron la mayor parte de estas causas, ya no se recuperó el nivel alcanzado hasta entonces y la acción emprendida a principios de siglo se desvaneció lentamente.
Debido a la escasez de recursos de las provincias para promover la expansión de la educación primaria, a la que estaban obligadas por el artículo 5º de la Constitución Nacional, en 1857, el Congreso de la Confederación Argentina, reunido entonces en Paraná, dictó la ley 153, por la que se autorizaba al Poder Ejecutivo para “invertir hasta la cantidad de ocho mil pesos en subvencionar la instrucción primaria en las provincias que más lo necesitan”; y en 1871 se sancionó la ley 463, llamada ley de subvenciones, por la que se concedió una contribución económica permanente a las provincias, para la construcción de edificios; adquisición de mobiliario, libros y útiles escolares y el pago de sueldos de preceptores y maestros. Casi dos décadas más tarde, el 4 de octubre de 1890 se sancionó una nueva ley, la 2.737, en virtud de la cual las subvenciones nacionales para el fomento de la instrucción pública se concederían a las provincias que se sujetaran a las siguientes prescripciones: 1. Dictar un presupuesto escolar por el órgano de sus autoridades institucionales, con determinación de la renta destinada al sostén y fomento de sus escuelas. 2. La cantidad total del presupuesto escolar o la cantidad destinada en el presupuesto general, con aquel fin, no podría ser menor al 10 % de sus entradas o rentas generales. 3. Suministrar los datos requeridos por el Consejo Nacional de Educación.
No fue ésta la última ley de ese carácter. El 20 de octubre de 1897 se sancionó la ley 3.559 sobre subvenciones nacionales, en la que se estableció un régimen de entregas anticipadas para subvenciones a las provincias.
Posteriormente, el destacado periodista fundador de El Diario, y entonces diputado nacional, Manuel Láinez, presentó un proyecto de ley, que fue sancionado el 19 de octubre de 1905, con el número 4.874. Por esta ley se autorizaba al Consejo Nacional de Educación a establecer directamente, en las provincias que lo solicitaran, escuelas elementales, infantiles, mixtas y rurales, en las que debía darse el mínimo de enseñanza determinada por la ley 1.420. En el decreto reglamentario, del 14 de febrero de 1906, se dispuso que, sin perjuicio de las inspecciones directas que creyera conveniente ordenar el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para la vigilancia de las escuelas y de la edificación escolar, el Consejo Nacional de Educación podría nombrar encargados o comisiones inspectoras gratuitas, las cuales recibirían las instrucciones del caso directamente o por intermedio de los inspectores nacionales respectivos.
En cuanto a los programas a que se ajustaría la enseñanza en las escuelas el horario y todo lo que se relacionara con las disposiciones técnicas de la ley de educación común, el decreto establece que se determinaría por el Consejo Nacional de Educación. Asimismo, se disponía expresamente que el Consejo Nacional de Educación debía pasar anualmente al Ministerio un informe especial sobre el funcionamiento de estas escuelas y sobre las reformas y demás disposiciones que conviniera adoptar para asegurar su mayor eficacia.
Tres décadas más tarde, en 1938, por iniciativa del senador Alfredo L. Palacios, se sancionó la ley 12.558, por la que el estado nacional concurrió en auxilio de las provincias con menores recursos. A tal efecto se constituyó una Comisión Nacional de Ayuda Escolar Posteriormente, en 1958, se sancionó la ley 14.770, por la cual se encomendó al Consejo Nacional de Educación el cumplimiento de la ley anterior, para la atención de la salud física y moral de los niños en edad escolar “especialmente en las zonas del país de escasa densidad demográfica”. Además se dispuso que el Consejo Nacional de Educación instalaría hogares-escuelas en todos los lugares que fuera necesario. En ellos se debía impartir la educación primaria y una enseñanza práctica que iniciara a los alumnos en una actividad laboral.
El Instituto Nacional del Profesorado Secundario
Ocupa también un lugar preferencial en esta etapa la fundación en Buenos Aires, en 1904, del Instituto Nacional del Profesorado Secundario, tomado luego, como ocurriera con el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Normal de Paraná, como modelo para la instalación de establecimientos análogos en otros lugares del país.
Por iniciativa del ministro de Justicia e Instrucción Pública, Juan Ramón Fernández, el 8 de junio de 1904 comenzó a funcionar un Seminario Pedagógico para la preparación profesional de los docentes de nivel secundario. De esta manera se cumplía con lo dispuesto en los decretos previos, del 17 y 30 de enero de 1903, en los que se establecían los requisitos para obtener el título de profesor de enseñanza secundaria, que culminaban con un curso de pedagogía especial, que debía dictarse en dicho Seminario. En rigor, el Seminario existía desde el año anterior, con el propósito de brindar a los graduados universitarios la metodología especial de cada asignatura, junto con la práctica de la enseñanza. Para dotar al Seminario de personal calificado, fueron contratados especialmente en Europa los catedráticos alemanes Guillermo Keiper, Paolo Gierth, Wolkman Holzer, Jorge Kreuzberg, Emilio Philip y José Stower.
Sobre esta base fue creado el Instituto Nacional del Profesorado Secundario, mediante un decreto del 16 de diciembre de 1904, suscripto por el presidente Manuel Quintana y refrendado por Joaquín V. González, que había sucedido a Fernández en el cargo de ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. Como primer rector del establecimiento se desempeñó Keiper. En 1907 el Instituto pasó a depender de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pero dos años después recuperó su autonomía, que conserva hasta la actualidad. Hoy el Instituto lleva el nombre de Joaquín V. González, que recuerda a quien fuera su creador. En 1913, comprendía los departamentos de Pedagogía, Filosofía, Francés, Inglés, Historia y Ciencias Sociales, Geografía y Geología, Matemática, Física y Mineralogía y Ciencias Biológicas.
En 1907 se creó el Centro de Profesores Diplomados de Enseñanza Secundaria, para la defensa de los títulos otorgados por el establecimiento, que en un principio fueron discutidos por los profesionales universitarios que hasta entonces monopolizaban las cátedras de los colegios secundarios. La primera junta directiva estuvo presidida por Horacio González del Solar.
El Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas
De la misma época data la fundación del Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas, que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, el 10 de febrero de 1904, en el ámbito de la Escuela Normal Nº 2. En el decreto de creación se destacaba que las deficiencias observadas en la enseñanza de los idiomas extranjeros, “habían sido comprobadas en distintos institutos secundarios, normales y especiales, en la inspección técnica realizada durante el año 1903”. De acuerdo con lo establecido en el mismo texto legal, se crearon los profesorados en francés, inglés, italiano y alemán, que debían dictarse para ambos sexos. Sin embargo, por falta de local adecuado, sólo comenzaron a funcionar los dos primeros, para mujeres. En 1925 se dio al establecimiento el nombre de Juan Ramón Fernández, en homenaje al ministro fundador
Cabe agregar que, a partir de 1953, según lo establecido por decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 3.911 del año anterior, los cursos de profesorado de las escuelas normales, los institutos nacionales del profesorado secundario y el Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas, debieron aplicar los mismos planes de estudios, con una duración uniforme de cuatro años, especializados por grupos de materias afines. Esto significó también que debieron regirse por el mismo reglamento orgánico.
La Escuela Normal de Maestros Rurales
Por iniciativa del director de Enseñanza de la Provincia de Entre Ríos profesor Manuel Pacífico Antequeda, que fuera condiscípulo de Alejandro Carbó en la Escuela Normal de Paraná, el 17 de julio de 1904, como se ve, pródigo en iniciativas escolares, se inauguraron los cursos de la Escuela Normal de Maestros Rurales Juan Bautista Alberdi, de la localidad de Tezanos Pinto, en dicha provincia, que fue por entonces la única en su género en América. De acuerdo con el plan de estudios adoptado los alumnos deberían practicar en una escuela rural modelo, para lo cual, como medida complementaria. Antequeda dispuso que las escuelas rurales debían contar con anexos agropecuarios.
También por influencia de Antequeda, en la Constitución de la Provincia de Entre Ríos se estableció que: “La enseñanza normal se contraerá a enseñar la teoría y la práctica profesional del magisterio para las escuelas rurales, estableciendo clases especiales de industrias rurales”.
El primer antecedente de establecimiento dedicado a la educación especial, lo constituye la Escuela Normal anexa al Instituto Nacional de Sordomudos, creada en 1892, con el objeto de formar maestros especiales para la enseñanza del sordomudo. Varios años después, en 1900, se separaron las secciones masculina y femenina del Instituto y se fundó otra Escuela Normal.
En cuanto a la asistencia y educación de alumnos inadaptados y anormales, en general, en 1902, Adolfo Valdez, que se desempeñaba como director del Cuerpo Médico Escolar, propuso al Consejo Nacional de Educación la creación de clases especiales en algunas escuelas primarias de la Capital Federal, pero esta iniciativa no prosperó. Recién en 1929, se fundó el Instituto de Psicología Experimental, para el control psicológico de los alumnos de las escuelas primarias y el dictado de cursos sobre psicología y psiquiatría infantil para maestros. Este Instituto también organizó clases diferenciales para alumnos deficientes en las escuelas primarias, de lo que derivó el proyecto de crear un Escuela Auxiliar, que reuniera a todos esos alumnos, que no llegó a concretarse.
Varios años después, en 1942, se creó la Escuela Primaria de Adaptación, que fue el origen de las posteriormente llamadas Escuelas de Enseñanza Diferencial, donde se proporcionaba una instrucción elemental y el conocimiento de manualidades, con el propósito de dotar al niño deficiente de las habilidades profesionales elementales que le permitieran desempeñarse en la sociedad. A partir de 1974 estas escuelas fueron administradas por la Dirección Nacional de Enseñanza Diferenciada, más tarde denominada de Educación Especial. Con posterioridad se crearon otros establecimientos dedicados a la educación de anormales sensoriales, como el Instituto de Foniatría, que se dedica a la reeducación de irregularidades verbales y corrección de trastornos de la audición, el Instituto Nacional de Ciegos y el Instituto Nacional de Rehabilitación del Lisiado.
En 1876 se fundó en Buenos Aires la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, la que, dos años después creó una Escuela de Dibujo, Pintura y Escultura, que funcionó con el nombre de Academia Libre durante varios años, hasta que, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 19 de abril de 1905, pasó a depender del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. Más tarde fue llamada Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, en homenaje al celebrado pintor argentino, que conserva hasta la actualidad. Por otra parte, en 1924 se creó el Conservatorio Nacional de Música y Declamación, que más adelante tomó el nombre de Carlos López Buchardo, para honrar la figura del destacado músico argentino.
Posteriormente se organizó la Dirección Nacional de Enseñanza Artística, de la que dependían la Escuela Nacional de Artes Visuales, el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional de Danzas, la Escuela Nacional de Cerámica y otros establecimientos afines. La primera de estas escuelas, creada en 1957, agrupaba a las escuelas: Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. El plan de estudios de 1958, comprendía tres ciclos, cada uno de los cuales se desarrollaba en las respectivas escuelas mencionadas. En cuanto al Conservatorio Nacional de Música, formaba profesores de piano, composición, violín, viola, contrabajo, arpa, guitarra, canto, lectura y declamación. Su plan de estudios también abarcaba tres ciclos: elemental, básico y de profesorado. Y en lo que se refiere a la Escuela Nacional de Danzas, comprendía dos tipos de profesorado: en danzas clásicas o modernas y en danzas folklóricas.
El profesorado en Educación Física
En 1902, el ministro Joaquín V González había organizado el Normal Teórico-práctico de Ejercicios Físicos para Maestros Normales, que otorgaba certificados de aptitud para la enseñanza de la educación física. En 1906 este curso pasó a denominarse Curso Normal de Educación Física que, tres años después, se transformó en la Escuela Normal de Educación Física y, finalmente, en 1912, se convirtió en el Instituto Nacional de Educación Física. En 1929 este Instituto se dividió en dos ramas: para varones, con sede en San Fernando, Provincia de Buenos Aires; y mujeres, con asiento en la Capital Federal, respectivamente. Ambos Institutos eran de nivel terciario no universitario y, por lo tanto, requerían para su ingreso, certificados de estudios de nivel medio. Para la conducción de estos Institutos se creó luego la Dirección Nacional de Educación Física, Deportes y Recreación.
La acción educativa de las comunidades religiosas
En esta etapa continuó vigente la acción educativa de los padres jesuitas y bayoneses, a quienes se habían agregado dos congregaciones femeninas, llegadas al país en 1859: las Hermanas Vicentinas o Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul y las Hermanas del Huerto.
Posteriormente, desde 1870 hasta la primera década del siglo XX, fueron llegando a nuestro territorio, o se crearon en él, nuevas congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, la mayoría de las cuales se dedicaron a la educación. De Europa arribaron casi 30 congregaciones, que en su mayor proporción fueron de origen español, francés o italiano. Las que se destacaron en la acción educativa fueron:
- La Sociedad de San Francisco de Sales (salesianos) (llegados en 1875).
- Las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia (1875). Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, de San Nicolás (1877) y de Buenos Aires (1901).
- Las Hijas de María Auxiliadora (rama femenina de los salesianos) (1879). Colegio María Auxiliadora, de Buenos Aires (1900).
- Las Hermanas de la Sociedad del Sagrado Corazón (1880). Colegio Sagrado Corazón, de Buenos Aires (1913).
- Las Hermanas de la Santa Unión de los Sagrados Corazones (1882). Colegio de la Santa Unión, de Buenos Aires (1883).
- Los Hermanos de las Escuelas Cristianas (lasallanos) (1889). Colegio de la Salle, de Buenos Aires (1898).
- La Congregación del Verbo Divino (verbitas) (1889). Colegio Guadalupe, de Buenos Aires (1903).
- Los Hermanos de las Escuelas Pías (escolapios) (1891).
- Las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús de la Madre Cabrini (1895). Colegio Santa Rosa, de Buenos Aires (1895).
- Los Hermanos Maristas (1903). Colegio Champagnat (1914) y Colegio Manuel Belgrano (1916), ambos de Buenos Aires.
- Los Hermanos de la Sagrada Familia (1908). Colegio Sagrada Familia, de Buenos Aires (1910).
En la misma época se fundaron en el país 15 congregaciones que se dedicaron a la educación, entre las cuales pueden mencionarse:
- Las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús (fundada en Córdoba, por la madre Catalina María Rodríguez, en 1872). Colegio Divino Corazón, de Buenos Aires (1893).
- Las Siervas de Jesús Sacramentado (en Buenos Aires en 1876).
- Las Hijas de María Inmaculada (1879).
- Las Hermanas Pobres Bonaerenses de San José (en Buenos Aires por la madre Camila de San José Rolón, en 1880).
- Las Hermanas Adoratrices Argentinas (1887).
- Las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad (1898). Colegio Corazón de María, de Buenos Aires (1898).
Estas comunidades llevaron su acción educativa a toda la extensión del país, inclusive a las Islas Malvinas, en el caso de los salesianos, donde establecieron centros educativos en todos los niveles y modalidades.
Los colegios salesianos
Por la expansión y dimensión de su obra, merece destacarse, en especial, la labor desarrollada por los padres salesianos, conjuntamente con la de las hermanas de María Auxiliadora. La Sociedad de San Francisco de Sales fue fundada en Turín, Italia, por San Juan Bosco, en 1859, con el objeto de dedicarse a la educación. En 1875 llegaron a la Argentina los primeros salesianos, encabezados por el padre Juan Cagliero, para dirigirse a la Patagonia, sin embargo al año siguiente crearon el primer colegio en San Nicolás de los Arroyos, que fue su primera fundación en la Argentina y en América. En los años siguientes establecieron cuatro colegios en la ciudad de Buenos Aires: el Colegio Pío IX, de Artes y Oficios, en el barrio de Almagro y el Colegio San Juan Evangelista, en el barrio de la Boca, ambos en 1877; el Colegio Don Bosco, junto a la iglesia Mater Misericordia —primera fundada en la Argentina por los salesianos— en el barrio de Monserrat, en 1900; y el Colegio León XIII, en el barrio de Palermo, en el mismo año. En todos estos colegios promovieron el desarrollo de la educación técnica, tan necesaria en aquella época de la inmigración masiva, en que era imprescindible establecer una estrecha relación entre educación y trabajo.
A su vez, la congregación de las Hijas de María Auxiliadora, fundada por San Juan Bosco y Santa María Dominga Mazarello, realizo también un aporte considerable al desarrollo de la educación argentina en aquella época. Llegadas las hermanas a la Argentina, como hemos dicho, en 1879, establecieron sus colegios para niñas en forma paralela a las fundaciones de los sacerdotes salesianos.
La creación de las escuelas comerciales e industriales
En 1865 se dio comienzo a la enseñanza comercial con la creación de secciones anexas a los colegios nacionales. Veinte años después se fundó una escuela de comercio anexa al Colegio Nacional de Rosario, que no prosperó por no tener suficiente inscripción. Y el 19 de febrero de 1890, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, suscripto por el vicepresidente Carlos Pellegrini, en ejercicio de la presidencia, y refrendado por el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Filemón Posse, se creó la Escuela de Comercio de la Capital, hoy Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Esta creación respondía a la necesidad urgente de formar jóvenes profesionales especializados en el área administrativo-contable, para desempeñarse en las numerosas empresas que se iban estableciendo en el país a impulso de una profunda transformación económica, que culminaría con la crisis de julio de ese año.
De acuerdo con este modelo, se crearon posteriormente otras escuelas de comercio. En 1896 la Escuela Normal de Maestras de Rosario se transformó en Escuela Comercial y el 13 de julio de 1897 se creó la primera Escuela Comercial de Mujeres, como anexo de la Escuela Normal 2 de maestros. En 1905 se organizaron los estudios en tres niveles: 1) Escuelas elementales, de las que se egresaba con el título de dependiente idóneo de comercio. 2) Escuelas medias, que otorgaban diploma de perito mercantil. 3) Escuelas superiores, que conferían el título de contador público y tenedor de libros. Por decreto del presidente José Figueroa Alcorta, del 16 de febrero de 1910, refrendado por su ministro de Justicia e Instrucción Pública, Rómulo S. Naón, se estableció el Instituto de Altos Estudios Comerciales, el que, luego de varias alternativas, se convirtió en la actual Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, por ley del 30 de setiembre de 1913. Fue entonces cuando la primitiva Escuela de Comercio de la Capital pasó a depender de dicha Facultad, hasta 1931 en que se la puso bajo jurisdicción directa del rectorado de la Universidad.
Por otra parte, en 1897, debido al constante incremento de la inmigración y a la urgente necesidad de contar con técnicos especializados, Sobre todo en la rama de la construcción, por iniciativa del ministro de Justicia e Instrucción Pública, Antonio Bermejo, se creó el Departamento
Industrial, anexo a la Escuela de Comercio de la Capital, con un plan de cuatro años de estudios. Al año siguiente se nombró director técnico del mencionado Departamento al ingeniero Otto Krausse, quien extendió el plan a seis años de estudios, y en el subsiguiente, el Departamento fue separado de la Escuela de Comercio y convertido en la Escuela Industrial Nº1 de la Capital Federal, donde se enseñaron las siguientes especialidades: mecánica, electromecánica, química y maestría mayor de obras. En 1911 la dirección de la Escuela pasó al ingeniero Eduardo Latzina y Krausse se hizo cargo de la conducción general de la enseñanza industrial en el país. Nacido en Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires en 1856, Krausse se recibió de ingeniero y trabajó en los ferrocarriles y luego se dedicó a la docencia.
En 1910 se habían creado las denominadas escuelas de artes y oficios, de nivel elemental, destinadas a capacitar obreros y no formar técnicos. En 1913 se aprobó el reglamento para las escuelas industriales de la Nación. Del mismo año data el “Plan de estudios de los cursos nocturnos para obreros”, que requería 18 años de edad como mínimo para el ingreso, y la aprobación de un examen de conocimientos elementales. Los cursos, que tenían una duración de 1 a 3 años, según los casos, estaban destinados a formar ajustadores de máquinas para metales y montadores de máquinas, maquinistas de establecimientos industriales, maquinistas de locomotoras, foguistas, electricistas, albañiles, ebanistas y variedades de carpinteros.
En 1925 se dio el nombre de Ingeniero Otto Krausse —fallecido en 1920— a la Escuela Industrial Nº 1. Entre tanto, en 1907 se había creado la Escuela Industrial de Rosario, en 1909 la de Santa Fe y en 1910 la de La Plata. A partir de 1935 fueron instaladas Escuelas Técnicas de Oficios, destinadas a formar técnicos en una sola especialidad.
La Sociedad de Educación Industrial
El 24 de agosto del año 1900, por iniciativa de Norberto Pinero, que fue su primer presidente, se constituyó en Buenos Aires, con recursos privados, la Sociedad de Educación Industrial. El sector ejecutivo del primer directorio estuvo integrado, además, por Indalecio Gómez, Federico Leloir, Ramón Santamarina y Alberto Pero. Los objetivos de la Sociedad fueron: 1. Establecer escuelas y talleres de enseñanza práctica-técnica y profesional en los centros urbanos y fabriles. 2. Establecer escuelas prácticas de enseñanza agrícola y agropecuaria en las campañas. 3. Establecer cursos técnicos de trabajo manual para adultos. 4. Crear museos de arte industrial, para fomentar la enseñanza industrial y de las artes aplicadas de la industria. Se sostenía entonces que era
necesario aliviar al obrero en el esfuerzo material que requería su tarea y exigirle, en cambio, “mayor suma de conocimientos técnicos para manejar los instrumentos de su industria”
Las escuelas técnicas profesionales dependientes de la Sociedad contaban en 1901 con 52 alumnos y en 1910, el número de concurrentes a sus aulas alcanzaba a 723. En mérito a la eficaz labor docente desarrollada, en la Exposición Industrial del Centenario de ese año, la Sociedad obtuvo el Gran Diploma de Honor.
Como un antecedente que merece citarse, la Escuela para aprendices mecánicos y electricistas, dependiente de la Sociedad, remuneraba a sus alumnos con una cuota diaria en dinero proveniente de la venta de los productos elaborados en la misma Escuela.
El Patronato de la Infancia
El 23 de mayo de 1892 se creó en Buenos Aires el Patronato de la Infancia, en una asamblea presidida por Rafael Herrera Vegas. En la misma ocasión se aprobaron los estatutos y se designó la primera Comisión Directiva, con la presidencia de José A. Ayerza. De acuerdo con sus estatutos, su principal fin fue: “Proteger a los niños contra el abandono, la ignorancia, la miseria, las enfermedades, la orfandad, la incuria, los malos tratamientos y los ejemplos inmorales”. Y para ello, entre otros objetivos, se propuso: “Propender a la creación de escuelas profesionales públicas de artes y oficios y de colonias agrícolas correccionales”. Ese mismo año se realizó un convenio con la congregación salesiana y las hermanas de María Auxiliadora, para que se hicieran cargo del cuidado y administración de la primera sala cuna, que se inauguró en 1895.
En el primer acto público que realizó el Patronato, el 4 de diciembre de 1895, que contó con la presencia de los arzobispos de Buenos Aires, Mons. Uladislao Castellanos, y de Santiago de Chile, Mons. Mariano Casanova, se colocó la piedra fundamental del edificio de la futura Escuela de Artes y Oficios. También por entonces se inició la construcción de una Escuela Colonia Agrícola e Industrial en Claypole, Provincia de Buenos Aires.
En 1907, por iniciativa de Francisco R Moreno y Alberto Meyer Arana, que propusieron que la acción benéfica del Patronato se extendiera en la Capital Federal a los barrios “de la quema” de basura, en Flores, y “de las ranas”, en el Parque de los Patricios, se fundaron dos escuelas de varones y una de mujeres a las que comenzó a denominarse como escuelas patrias; además se creó un asilo externo para ambos sexos, destinado a niños de 3 a 7 años. En las escuelas funcionaron comedores escolares, que fueron los primeros en instalarse en la ciudad de Buenos Aires. A mediados del mismo año se creó otra escuela patria para niños pobres, con lo cual, en agosto de 1907 eran 985 los alumnos que asistían a estas escuelas, supervisadas por Moreno.
Tres años después, el 20 de noviembre de 1910, se llevó a cabo el acto de inauguración de la Escuela de Claypole, al que asistieron el presidente y el vicepresidente de la Nación, Roque Sáenz Peña y Victorino de la Plaza. En ese momento la Escuela podía albergar a 250 niños. En 1918 comenzó a funcionar en la Escuela un curso para la formación de maestros rurales, con una duración de dos años.
Merced a un subsidio otorgado por el Gobierno nacional y a una donación efectuada por el Jockey Club de Buenos Aires, en 1916 se inauguró el nuevo edificio destinado a unificar las escuelas patrias del barrio de Parque de los Patricios. Posteriormente, en 1937, fue inaugurada otra escuela en el barrio de Mataderos de la misma ciudad. Sin embargo, en 1950 el intendente municipal dejó sin efecto la ordenanza de 1911, por la cual se autorizaba al Patronato el uso del terreno donde se edificaron las escuelas patrias y de inmediato se expropiaron los bienes pertenecientes a las escuelas y luego se destinaron los terrenos, edificios y maquinarias a la Fundación Eva Perón, creada en 1948.
En las primeras décadas de existencia de esta institución, sucedieron a Ayerza en la presidencia prominentes personalidades, como Francisco Bollini, Francisco Uriburu, Luis Ortiz Basualdo —durante dieciocho años— y Ramón J. Cárcano.
La Asociación Biblioteca de Mujeres
Con el objeto de “fomentar la buena lectura”, un grupo de mujeres que formaba parte del Consejo Nacional de Mujeres de la República Argentina, fundó en Buenos Aires, el 8 de octubre de 1903, la Asociación Biblioteca de Mujeres, la que durante mucho tiempo fue conocida como Biblioteca del Consejo de Mujeres. A la actividad inicial se sumó más tarde una Escuela de Bibliotecología, para quienes desearan especializarse en la enseñanza del arte de leer y de la buena lectura. En 1908 comenzaron los primeros cursos regulares, con cátedras dedicadas al arte de leer y declamación y literatura castellana. También se inició un curso de secretarias generales, que fue reconocido oficialmente en 1918, al cual agregaron luego otros de dactilografía, caligrafía, taquigrafía parlamentaria, dibujo técnico y de asistentes jurídicas y expertas contables. En 1928 la inscripción general alcanzaba a más de 500 alumnas. En 1932 se añadió un curso para la formación de “profesoras froebelianas”, del que, dos años después, egresaron 25 maestras jardineras. Con posterioridad se sumaron otros cursos y talleres: de administración y negocios, artes aplicadas, idiomas, formación artesanal y profesional, que ya fueron de carácter mixto.
La educación patriótica
En 1908 se constituyó una comisión integrada por el presidente del Consejo Nacional de Educación, José María Ramos Mejía; el inspector técnico general, Ernesto A. Bavio y el profesor Angel Graffigna, que elaboró un programa de enseñanza patriótica destinado a estimular en los maestros y alumnos una mayor conciencia de sus deberes cívicos y un sentimiento patriótico más acendrado, que preservara la identidad nacional ante la irrupción masiva de la inmigración y la acción disgregadora del anarquismo. Para ello, se le concedió más importancia a la conmemoración de las efemérides patrias, se instituyó la Semana de Mayo, se estableció el Día de los Muertos por la Patria y se le otorgó mayor relieve a la ceremonia de la Jura de la bandera. Todas estas celebraciones debían concitar, además, la presencia de padres y alumnos, con la entusiasta y laboriosa participación de los maestros, encargados de su organización.
En el Nº 437 de El Monitor de la Educación Común, de Mayo de 1909, se publicaron “Instrucciones sobre la Semana de Mayo”, con la firma de Bavio, en las que se disponía que “los señores directores y maestros deberán dar carácter acentuadamente nacional y patriótico a la enseñanza de todos los grados, durante la Semana de Mayo, de acuerdo con la preparación y capacidad mental de los niños, a fin de elevar su pensamiento a la contemplación de las glorias de la República”.
Se trataba así, de promover una educación patriótica, aunque vacía de contenido religioso. Recién en la década de 1940, con el auge del nacionalismo y el advenimiento de la revolución militar de 1943, se introdujeron contenidos definidamente católicos. Fue por esa época, en 1939, que se constituyó la Junta de Recuperación de las Malvinas, con la presidencia del dirigente socialista Alfredo L. Palacios, e integrada, entre otros, por Juan Carlos Moreno, la que, dos años después, aprobó la Marcha de las Malvinas, con letra de Carlos Obligado y música de José Tieri, que recién en 1978 fue incluida con carácter obligatorio en el cancionero escolar. Y en 1942, el Consejo Nacional de Educación, que presidía Pedro M. Ledesma, publicó una Cartilla Patriótica, con textos de Joaquín V. González, Nicolás Avellaneda, Belisario Roldan, Estanislao Zeballos, Bartolomé Mitre y Olegario V. Andrade. Incluía, además, el Acta de la Declaración de la Independencia, el Himno Nacional y la Constitución Nacional. También se agregaba un mapa político de la República Argentina, realizado por el Instituto Geográfico Militar.
Las Sociedades Populares de Educación
Si bien ya existían sociedades populares de educación en la década de 1850, fundadas por inmigrantes italianos, éstas tomaron incremento a partir de la sanción de la ley de bibliotecas populares, de 1870 que promovía su fundación sobre la base de asociaciones populares que se establecieran en las ciudades, villas y otros centros de población; y de la ley de educación común, de 1884, que estableció en su artículo 67º: que toda biblioteca popular fundada por particulares o asociaciones, “tendrá derecho a recibir del tesoro de las escuelas, la quinta parte del valor que sus directores comprobasen necesitar o haber empleado en la adquisición de libros morales y útiles [...]”.
Estas asociaciones celebraron su primer Congreso en mayo de 1909 al que asistieron 72 entidades y, posteriormente, en 1915, 1921 y 1930. En estas asambleas participaron destacadas personalidades y educadores de la época, entre quienes podemos mencionar a Agustín Álvarez, Rosario Vera Peñaloza, Ernesto Nelson, Alfredo Ferreyra, José Berruti, Carlos Vergara, Joaquín V. González, Pablo Pizzurno y Angel Bassi.
Con el curso del tiempo, las sociedades populares de educación fueron reemplazadas por las Asociaciones Cooperadoras Escolares, de fecunda labor y cuya existencia se prolonga hasta nuestros días.
Entre las sociedades populares de educación deben contabilizarse algunas de carácter religioso, como la Sociedad de Madres Cristianas, de San Juan, fundada en 1864 o la Sociedad del Apostolado de la Oración, de Buenos Aires, creada en 1893. Esta última fundó el Colegio del Apostolado, de enseñanza preprimaria y primaria, en 1909.
Proyectos de reforma del sistema educativo. El plan Bermejo
La etapa que estamos considerando fue fecunda en la elaboración de proyectos destinados al mejoramiento y la organización integral del sistema educativo. Así podemos mencionar: el plan Bermejo, de 1897; el proyecto Magnasco, de 1899; la encuesta Naón, de 1909; el plan Garro, de 1912; el plan Nelson, de 1915; y el proyecto de escuela intermedia de Saavedra Lamas, de 1916.
El plan de Antonio Bermejo, ministro de Justicia e Instrucción Pública del presidente José Evaristo Uriburu, proponía la división de enseñanza secundaria en dos ciclos: el primero, de cuatro años de duración, correspondía a “la enseñanza general, integral y enciclopédica, complementaria de la enseñanza primaria”; y el segundo, de dos años, a la enseñanza profesional “en las más importantes de las múltiples direcciones”. Al respecto se clarificaba que la enseñanza que se proponía en los dos últimos años sería “especial y preparatoria, en dirección a las profesiones científicas universitarias, que se cursará en los centros donde existen universidades, y en el resto de los colegios nacionales, la enseñanza agrícola, comercial, ganadera, minera, etc., distribuida según las riquezas más importantes a desarrollar en cada región del país”.
Ya en 1891, Santiago Fitz Simón, entonces inspector general de enseñanza media, había señalado, en otro memorable informe, la responsabilidad de los colegios nacionales en la “deserción del campo del trabajo”.
El proyecto Magnasco
Osvaldo Magnasco nació en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, en 1864. Cursó estudios primarios en Salto, y los secundarios en el Colegio del Uruguay. Posteriormente se inscribió en la Universidad de Buenos Aires, donde, en 1887 se graduó de doctor en jurisprudencia. Tres años después se incorporó al Congreso de la Nación como diputado por Entre Ríos. En 1898, al asumir Roca por segunda vez la presidencia de la República, lo nombró ministro de Justicia e Instrucción Pública. Al año siguiente remitió al Congreso un proyecto de Plan de enseñanza general y universitaria, cuyo propósito era llevar a cabo la reforma del sistema educativo vigente.
Sostenía Magnasco que era necesario cambiar “la deplorable uniformidad del viejo sistema”. Se trataba de eliminar el enciclopedismo y orientar la oferta educativa hacia especialidades técnicas relacionadas con el contexto socio-económico. El proyecto fue rechazado en la Cámara de Diputados, por 53 votos contra 30, luego de un debate en el que Alejandro Carbó, al frente de la oposición, sostuvo que la reforma beneficiaría a los colegios religiosos, en los que primaba la enseñanza de artes y oficios. En esas circunstancias, se afirmó que se hacía la guerra al colegio nacional, que representaba la enseñanza liberal, para favorecer “a la enseñanza de secta, a la enseñanza contraria a nuestros principios democráticos”. La reforma se aplicó, no obstante, por decreto, sólo un año, durante el cual los colegios nacionales se redujeron a nueve y en lugar de los suprimidos se crearon escuelas técnico-prácticas especializadas en agricultura, industria, comercio y minería. El proyecto tuvo un defensor en Carlos Vergara, quien criticó el currículo enciclopedista los colegios nacionales y vio con simpatía la enseñanza práctica que se pretendía imponer. Otro prominente positivista de la época, Juan B. Zubiaur, ya había señalado la necesidad del desarrollo de la enseñanza técnica. Y, con posterioridad, Lucas Ayarragaray presentó otro proyecto para favorecer la enseñanza técnica, que tampoco tuvo éxito.
Ante el fracaso de su iniciativa, Magnasco hizo el propósito de no volver a la vida pública y, a partir de entonces, se dedicó exclusivamente a la atención de su estudio jurídico. Falleció en Buenos Aires en 1920.
La encuesta Naón
A su vez, Rómulo S. Naón, ministro de Justicia e Instrucción Pública del presidente José Figueroa Alcorta, resolvió llevar a cabo en 1909, una Investigación sobre el estado de la escuela secundaria, conocida con el nombre de Encuesta Naón. Para ello se realizó una consulta masiva a todos los profesores de enseñanza secundaria del país, sobre la base de nueve preguntas, referidas a las condiciones de ingreso en la enseñanza secundaria, distribución y correlación de las asignaturas en el plan de estudios y deficiencias con respecto a la enseñanza moral, física y estética y con referencia a la enseñanza científica y literaria; si los programas debían ser analíticos o sintéticos, los métodos de enseñanza, formación del profesorado y medios para mejorar el existente, sistemas de promoción; si la enseñanza secundaria debía ser complementaria de la primaria o preparatoria para la superior, años de duración del ciclo, y si era conveniente que el Estado asegurara la educación secundaria de la mujer en establecimientos especiales.
En opinión de Gustavo Cirigliano y Luis J. Zanotti, “las conclusiones que se pueden obtener, revelan, más que otra cosa, cierta confusión generalizada no sólo con respecto a las ideas sobre enseñanza secundaria sino también con respecto al sentido de las palabras que en el orden educativo es necesario manejar con un mínimo de precisión”11. Entre los profesores que contestaron, puede citarse a Víctor Mercante, Juan Andrés Ferreira, Juan M. Garro, Juan B. Terán, José León Suárez, Alfredo B. Grosso y Ricardo Levene; a quienes deben agregarse los nombres de Juan Ramón Fernández, Osvaldo Magnasco y Victorino de la Plaza, que fueron especialmente invitados a responder.
El plan Garro
El 18 de junio de 1912, el presidente Roque Sáenz Peña y su ministro de Justicia e Instrucción Pública, Juan M. Garro, presentaron en el Congreso un proyecto de reorganización de la enseñanza secundaria por el cual ésta debía ser general y profesional. La primera se daría en los colegios nacionales y la segunda, en “establecimientos especiales destinados al efecto”. Los colegios nacionales serían de dos categorías: colegios elementales con un plan de estudios de cuatro años, para los pueblos de más de 15.000 habitantes; y colegios superiores con un plan de estudios de seis años, para la Capital Federal y capitales de provincia, “sea cualquiera su población”, y para las ciudades de más de 30.000 habitantes.
Según el proyecto, la enseñanza de los colegios nacionales tendría por objeto: “a) dar a los alumnos sólidos y armónicos conocimientos generales, científicos y literarios, y desarrollar en ellos facultades intelectuales y morales, físicas y estéticas, habilitándoles así para actuar eficazmente en la sociedad o dedicarse a estudios superiores; b) formar su carácter e inculcarles el sentimiento del civismo y del deber de cooperar en la realización de los ideales de la nación y de la humanidad”. En definitiva, el proyecto no obtuvo la aprobación del Congreso.
El plan Nelson
Varios años después, en 1915, el inspector general de enseñanza secundaria y especial Ernesto Nelson, sometió a consideración de Tomás R. Cullen, ministro de Justicia e Instrucción Pública del presidente Victorino de la Plaza, un extenso y pormenorizado estudio que configuraba un Plan de reformas a la enseñanza secundaria en sus fines, su organización y su función social. En la nota de presentación sostenía Nelson que: “Tanto el aspecto académico como el social y el administrativo de la enseñanza secundaria revelan los defectos internos de que ésta adolece. Ello explica —agregaba— que hasta el presente ninguna Administración haya omitido esfuerzos para remediar sus visibles males.” Luego, en la exposición de su tesis, al considerar la enseñanza secundaria desde el punto de vista académico, sugería dos cuestiones: “a) Cuál es actualmente la misión del colegio secundario en la sociedad argentina, b) Cuál es la función que le corresponde de acuerdo con las necesidades de nuestro medio ambiente”.
A continuación, después de analizar la función de los colegios nacionales y de plantearse ¿por qué el colegio no instruye ni educa suficientemente?, enumera “los hechos que condicionan el problema y los rasgos que correlativamente deberán caracterizar la reforma que se persigue”. Seguidamente se refiere al colegio secundario “como centro de enseñanza preparatoria”; al colegio en relación con el educando y la vida y el gobierno de la educación, para concluir afirmando categóricamente: “La verdad es que estamos presos en las redes de un despiadado sistema que frustra los anhelos del pueblo, pone cien veces al Estado en conflicto con sus propios intereses, desnaturaliza las actividades educativas y degrada la función de sus agentes”12. Este estudio, de meritoria factura, no logró los efectos que se proponía y ha quedado como otro preclaro antecedente histórico de la reforma educativa.
El proyecto de escuela intermedia
El proyecto de creación de la escuela intermedia, presentado por el ministro Carlos Saavedra Lamas en las postrimerías de esta etapa, fue elaborado por el inspector general Víctor Mercante, de larga trayectoria, en la actividad educativa. Mercante nació en Merlo, provincia de Buenos; Aires, el 21 de febrero de 1870. Cursó la escuela primaria en Italia, adonde había viajado con sus padres. De regreso en su patria, obtuvo una beca para ingresar en la Escuela Normal de Paraná, en la que se recibió de maestro en 1889. Desde 1890 a 1894 se radicó en San Juan, donde se desempeñó como profesor y regente de la Escuela Normal. Fue, además, vocal del Consejo General de Educación de la Provincia, director general de Escuelas y presidente de la Biblioteca Lincoln, fundada por Sarmiento.
Alineado en la pedagogía positivista, que abrevó en Paraná a través de uno de sus grandes maestros, Pedro Scalabrini, introdujo en San Juan el uso del método experimental. De San Juan pasó a Mercedes, Provincia de Buenos Aires, como director de la Escuela Normal, en la que contó con la colaboración de otro gran educador contemporáneo, Rodolfo Senet. En esa época publicó varias obras, entre las que sobresale La educación del niño y su instrucción, e ingresó en la masonería. En 1906, Joaquín Y González, que se encontraba al frente de la Universidad Nacional de La Plata, lo incorporó a esa casa de estudios como encargado de la sección de estudios pedagógicos, que más tarde se transformaría en la Facultad de Ciencias de la Educación. Como decano de la misma cumplió una importante labor de investigación, sobre todo en el campo de la psicopedagogía.
Por fin, en 1915, Mercante fue nombrado inspector general de la Enseñanza Secundaria, Normal y Especial, cargo desde el cual participó en la elaboración del proyecto de escuela intermedia propiciado por el ministro Saavedra Lamas y su subsecretario de Instrucción Pública Horacio C. Rivarola, que fue presentado al año siguiente. Los fundamentos de este proyecto están contenidos en un trabajo publicado por Mercante en 1918, con el título de La crisis de la pubertad y sus consecuencias. De acuerdo con el texto del proyecto, la enseñanza que se daría en las escuelas, colegios e institutos sería: 1º. Primaria, distribuida en cuatro años, a cuyo primer grado se ingresaría con 7 años de edad y sería gratuita. 2º Intermedia, distribuida en tres años y también gratuita, a cuyo primer grado se ingresaría con 11 años y después de aprobar los cuatro años de enseñanza primaria. Comprendía estudios de enseñanza general y enseñanza profesional y técnica. 3º. Secundaria, a la que ingresaría el alumno después de aprobar la escuela intermedia y cuya duración era diferente de acuerdo con la modalidad de que se tratara: normal, comercial, industrial, agrícola o profesional de artes y oficios. 4º. Superior o universitaria, cuya duración, materias de enseñanza y condiciones de ingreso se regirían por las disposiciones de la ley respectiva.
Este proyecto, que apuntaba a la capacitación laboral de los alumnos de la escuela intermedia, no prosperó porque se sostuvo que al acortarse la escuela primaria, se desconocía el principio de obligatoriedad y, en consecuencia, el de gratuidad. El gobierno radical, que asumió el poder en octubre de 1916, se opuso al proyecto y mantuvo el plan tradicional del bachillerato. Tras este fracaso. Mercante, en 1920 se retiró del servicio activo y se dedicó a la composición de varios libros de notable valor, como Charlas pedagógicas (1925), Psicología (1927) y Maestros y educadores (1930). Por otra parte, su Metodología especial de la enseñanza primaria, publicada en dos tomos, en 1911 y 1912, fue utilizada con provecho por varias generaciones. Luego de una vida dedicada a la educación, falleció Mercante el 20 de setiembre de 1934, en el trayecto de regreso de un viaje realizado a Chile para asistir a un congreso internacional sobre educación. Diez años después de su muerte se publicaron sus memorias y veinte años más tarde se exhumó su novela inédita, titulada Los estudiantes.
La ley sobre universidades nacionales
El 3 de julio de 1885 se sancionó la ley 1.597 sobre universidades nacionales, conocida como ley Avellaneda, por haber sido éste quien la propició cuando ejercía el rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Esta ley estableció las normas a las que deberían subordinarse las Universidades Nacionales de Córdoba y Buenos Aires, únicas existentes en el país hasta esa fecha. De acuerdo con dichas normas, el rector sería elegido por la Asamblea universitaria y duraría cuatro años en el cargo, pudiendo ser reelecto. La Asamblea universitaria estaría formada por los miembros de todas las facultades. A su vez, el Consejo Superior se componía del rector, de los decanos de las facultades y de dos delegados de cada una de ellas.
Por la ley se acordaba a cada facultad el ejercicio de la jurisdicción policial y disciplinaria, la capacidad de proyectar los planes de estudios y de conceder los certificados de exámenes. Se reservaba a la Universidad la expedición de los diplomas de las respectivas profesiones científicas; la aprobación o reforma de los programas de estudio presentados por los profesores; la disposición de los fondos universitarios y la fijación de las condiciones de admisibilidad de los estudiantes que aspiraran a ingresar en sus aulas. La provisión de las cátedras se efectuaría según el siguiente procedimiento: la facultad respectiva votaría una de candidatos, que sería pasada al Consejo Superior y si éste la aprobaba, sería elevada al Poder Ejecutivo, quien designaría de ella el profesor que debía ocupar la cátedra.
Esta ley fue complementada en 1895 por la ley 3.271, que reglamentó los estatutos de las dos universidades existentes. En 1898, el diputado Elíseo Cantón presentó un proyecto para reformar la ley 1.597, que no fue aprobado; y hasta 1916 se registraron quince proyectos más, que tampoco tuvieron éxito.
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
El 13 de febrero de 1896 se creó la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y el 27 de mayo siguiente se aprobó el plan de estudios. En el primer consejo académico figuraron personalidades como Bartolomé Mitre, Bernardo de Irigoyen, Carlos Pellegrini, Rafael Obligado, Paul Groussac, Ricardo Gutiérrez, Lorenzo Anadón y Joaquín V González. Fue su primer decano Anadón, a quien le siguieron Miguel Cañé, Norberto Pinero, José Nicolás Matienzo, Rodolfo Rivarola, Coriolano Alberini y Ricardo Rojas, entre otros. Las clases se iniciaron en agosto del mismo año con 30 alumnos aproximadamente, de los cuales sólo 4 eran mujeres. En el curso inicial se desempeñaron prestigiosos maestros como José Tarnassi, Matías Calandrelli, Osvaldo Magnasco, Estanislao Zeballos, Francisco P Moreno, Indalecio Gómez, Norberto Pinero y Paul Groussac. En esta Facultad predominó el positivismo como orientación ideológica, aunque paulatinamente fue receptiva de otras corrientes de pensamiento.
En la cátedra de ciencias de la educación se desempeñaron, sucesivamente, Francisco A. Berra y Carlos Octavio Bunge. El primero, formado en el Uruguay, era autor de Apuntes para un nuevo curso de pedagogía (1878), Resumen de las leyes naturales de la enseñanza (1896) y Código de enseñanza (1898), obras en las que volcó su preocupación por la enseñanza práctica. En cuanto a Bunge, enviado a Europa por el ministro Magnasco para estudiar los sistemas educativos, su concepción pedagógica se orientaba hacia el conocimiento más profundo del educando, para no forzar a la naturaleza y centrar la acción educativa en su individualidad. Sus ideas están expuestas en la obra: La educación. Tratado general de pedagogía (1901).
En 1898 se creó la primera cátedra de sociología, cuyo titular fue Antonio Dellepiane, a quien le sucedieron Ernesto Quesada y Ricardo Levene.
Nacionalización de la Universidad de La Plata
En el año 1905, por iniciativa del ministro de Justicia e Instrucción Pública Joaquín V González, se nacionalizó la Universidad de La Plata, creada en 1890 por iniciativa de Rafael Hernández (hermano menor del poeta José Hernández) que venía funcionando como universidad provincial desde el 18 de abril de 1897, con las facultades de Derecho, Físico-Matemáticas, Química y Ciencias Médicas. Su primer rector fue Dardo Rocha quien, quince años antes, había fundado la ciudad de La Plata. La característica fundamental de esta nueva institución educativa, fue la introducción del positivismo en la enseñanza universitaria. Consecuentemente, se concedió mayor importancia a la investigación científica y a la enseñanza práctica.
Con el rectorado de Joaquín V González, que permaneció en el cargo durante doce años, la Universidad se organizó en cuatro facultades: Ciencias Jurídicas y Sociales, Físico Matemáticas, Química y Ciencias Médicas. Además, extendió su influencia a todos los niveles de la enseñanza, mediante la incorporación de una escuela primaria, un colegio nacional, un liceo de señoritas, una escuela agrícola y una escuela de dibujo. Este hecho le dio un carácter diferenciado con respecto a las otras universidades existentes. Con dependencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se creó, en 1906, una Sección Pedagógica, que fue el origen de la actual Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, establecida en 1914, y contó con la orientación de un brillante grupo de profesores enrolados en la corriente positivista, como Mercante, Senet, Herrera y Carbó que, como vimos, eran egresados y profesores de la Escuela Normal de Paraná.
Por su prestigio y su carácter renovador, la Universidad de La Plata albergó a alumnos llegados desde todos los rincones del país y de otros países hermanos de América, como Bolivia y Perú. Desde el comienzo, en que sólo se inscribieron medio centenar de alumnos, la matrícula fue creciendo lentamente. En 1902 había 105 alumnos inscriptos. El año anterior se había realizado la primera colación de grados, ocasión en la que se otorgaron sólo 5 diplomas.
La Sección Pedagógica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales publicó en 1906 la revista Archivos de Pedagogía y Ciencias Afines, con la dirección de Mercante. Al crearse en 1914 la Facultad de Ciencias e la Educación, la revista cambió su nombre por el de Archivos de Ciencias de la Educación, con lo que inició su segunda época, que perduró hasta 1919. En la revista colaboraron, entre otros: Agustín Alvarez, Florentino Ameghino, Carlos O. Bunge, Alfredo Calcagno, J. Alfredo Ferreyra, Joaquín V. González, Leopoldo Herrera, José Ingenieros, Ricardo Levene, Leopoldo Lugones, Pablo Pizzurno, Ernesto Quesada, Rodolfo Rivarola y Rodolfo Senet.
En 1889 se había creado también la Universidad Provincial de Santa Fe y, en 1912, la de Tucumán, por empeño de Juan B. Terán, que fue su rector en dos períodos: 1914-21 y 1923-29. Católico militante y demócrata sincero, nacido en 1880, Terán se opuso al gobierno radical y, producida la revolución militar de 1930, fue nombrado primero presidente del Consejo General de Educación de la Provincia de Tucumán y luego presidente del Consejo Nacional de Educación. En 1935 ocupó el cargo de miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta 1938, en que falleció.
El Congreso Pedagógico Católico Argentino
Con motivo del Centenario de la Revolución de Mayo, se llevó a cabo en 1910 el primer Congreso Pedagógico Católico Argentino, que fue presidido por monseñor Luis Duprat, que era provisor y vicario general del Arzobispado de Buenos Aires. Como vicepresidente se desempeñó Gilberto Fuenzalida. En su transcurso se consideraron temas de especial interés para el catolicismo en nuestro país en aquella época, como la crisis del sistema educativo, la enseñanza religiosa y las restricciones a la libertad de enseñanza. De las deliberaciones participó el sacerdote jesuita español Ramón Ruiz Amado, autor de un libro de repercusión en aquel entonces, titulado: La Iglesia y la libertad de enseñanza, publicado en Barcelona en 1907.
Intento de fundación de una Universidad Católica
Desde los primeros años del siglo XX se advirtió entre los católicos argentinos un acrecentamiento de su prédica por la enseñanza libre que, como verdadera paradoja del régimen liberal imperante y en pugna con lo establecido en el artículo 14º de la Constitución Nacional, la clase dirigente se resistía a conceder En las asambleas de los católicos realizadas en 1907, en Buenos Aires, y en 1908, en Córdoba, se volvió a considerar el tema de la libertad de enseñanza. Asimismo, en el Primer Congreso de la Juventud Católica, que se reunió en Buenos Aires en 1908, se insistió en la necesidad de la fundación de una universidad católica, propiciada por el Episcopado desde 1902. Esta inquietud se reitero públicamente en ocasión de una manifestación efectuada en Lujan por los estudiantes universitarios católicos, en mayo de 1909. En esa misma oportunidad se constituyeron los Centros Católicos de Estudiantes, que se establecieron en todas las universidades del país. Finalmente, en 1910, el Episcopado Argentino, en adhesión al Centenario de la Revolución de Mayo, resolvió la creación de la Universidad Católica de Buenos Aires.
En ese mismo año —como dijimos— se reunió el primer Congreso Pedagógico Católico Argentino, en el que se sostuvo el derecho de la Universidad Católica para obtener el reconocimiento de los grados y títulos profesionales que otorgara.
Las conclusiones preliminares aprobadas por el Episcopado establecían que para “lograr convenientemente sus trascendentales fines, la Universidad Católica proyectada por aquel cuerpo debe ser libre, con facultades de expedir títulos científicos y diplomas profesionales que habilitan a ejercer las profesiones liberales”. A esto agregaban, con razón, que no existe en la Constitución Nacional ningún obstáculo que se oponga a la creación y funcionamiento de universidades libres. Pero como ésta no era la única preocupación, en otra parte de las conclusiones se decía que: “La Universidad Católica debe tener en mira, no solamente la habilitación a las carreras profesionales como ocupaciones lucrativas, sino que, primordialmente, por todos los medios a su alcance, debe propender a que sus alumnos adquieran en su seno los conocimientos literarios y científicos que correspondan en extensión e intensidad al más alto concepto de la enseñanza universitaria y, al mismo tiempo, dentro de la unidad doctrinaria consagrada por la Iglesia católica, toda la preparación necesaria para defender y propagar los principios civilizadores del Catolicismo en todas las esferas de la actividad humana”
La Universidad Católica de Buenos Aires inició sus actividades el 17 de abril de 1910. Como rector fue nombrado Mons. Duprat, y como miembros del Consejo Superior: Joaquín M. Cullen —quien se desempeñó como vicerrector y luego sucedió a Duprat como rector—, Emilio Lamarca, Ángel S. Pizarro, Apolinario C. Casabal, Bernardino Bilbao, Pedro Olaechea y Alcorta, Pedro C. Alcacer y Rómulo Gamboa. A pesar de que el Episcopado consideraba a la Facultad de Medicina como la más necesaria, se decidió empezar con una Facultad de Derecho, “por ser la de más rápida y fácil fundación”. Esta Facultad comenzó a funcionar en el antiguo edificio del Seminario Metropolitano, cedido por la Compañía de Jesús, según los planes de estudio de la Universidad estatal, al que se agregaron cursos obligatorios de filosofía, historia y apologética, para completar la formación de los alumnos. Entre los profesores merecen citarse los nombres de Héctor Lafaille, Salvador Fornieles, Rómulo Etcheverry Boneo, Adrián Beccar Várela, José J. Olmedo, Emilio Lamarca, Enrique Ruiz Guiñazú, Salvador Oria, Gustavo Franceschi, Ramón Ruiz Amado y Tomás Villaverde, los tres últimos sacerdotes de reconocido prestigio. La asistencia de alumnos fue numerosa, los que se agruparon en un Centro de Estudiantes de la Universidad Católica, que editó una revista mensual denominada Universidades Libres, en la que publicaron trabajos de profesores y alumnos. Las clases eran de asistencia obligatoria y los exámenes eran escritos y orales, los primeros con carácter eliminatorio. Además era de rigor la presentación de una monografía en cada una de las materias que se cursaban.
De acuerdo con lo establecido en la ley 934 sobre institutos particulares de enseñanza, la Universidad Católica solicitó, después de dos años de funcionamiento, se le concediera a sus estudiantes el mismo derecho de que gozaban los alumnos de los colegios particulares de primera y segunda enseñanza, es decir, el de poder rendir examen en carácter de regulares ante mesas mixtas, integradas por profesores de la Universidad privada y de la estatal, a la cual debía quedar incorporada. Esta petición fue denegada por la Universidad de Buenos Aires, por entender que el artículo 6º de la ley 934 no amparaba a los institutos de enseñanza superior creados por particulares. En consecuencia, ante la imposibilidad de otorgar grados y títulos, pese a los esfuerzos realizados para sostenerla, la Universidad Católica cerró sus puertas en 1920, con lo que se frustró un intento que habría de postergarse por el término de casi cuarenta años para su concreción.
En 1916 se había presentado en el Senado de la Nación un proyecto sobre universidades libres, por el cual se establecía como requisito que debían contar con un año de existencia y recursos propios. Además, el plan de estudios debía comprender las asignaturas requeridas por la universidad estatal; los exámenes debían rendirse con tres profesores, uno de los cuales sería de la universidad estatal. Las universidades privadas tendrían que relacionarse con la universidad nacional existente en la misma jurisdicción territorial, la que ejercería una función de superintendencia por medio de una comisión de profesores nombrados al efecto. Este proyecto no obtuvo sanción.
El Museo Social Argentino
De esta época data también la fundación en Buenos Aires del Museo Social Argentino, por iniciativa de Tomás Amadeo, el 23 de mayo de 1911. Desde el año siguiente el Museo Social comenzó a publicar un Boletín en el que se recogieron colaboraciones sobre temas de naturaleza económico-social. Más tarde se constituyó un Centro de Estudios Cooperativos y en 1930 se creó la Escuela de Servicio Social, la primera de ese carácter que existió en nuestro medio. El Museo Social promovió, además, la realización de congresos sobre cooperación, gremialismo, mutualidad, higiene, trabajo y previsión social. En 1956, al concederse la posibilidad de fundar universidades privadas, el Museo Social Argentino, por impulso de Guillermo Garbarini Islas, se organizó como universidad y fue una de las primeras en ser reconocidas por el Estado. Desde el año siguiente funcionaron las facultades de Servicio Social, Ciencias de la Información y Opinión y Eugenesia Integral y Humanismo. Más tarde se agregó la Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Económicas, cuyo primer decano fue Segundo V Linares Quintana. En 1987, el Boletín cambió su nombre por el de Conceptos, y se constituyó en la revista de la Universidad.
En la presidencia de esta prestigiosa institución educativa se sucedieron relevantes personalidades, como Emilio Frers, Juan José Díaz Arana, Enrique Ruiz Guiñazú, Manuel A. Montes de Oca, Julio Iribarne, Cupertino del Campo, Eduardo Crespo y Guillermo Garbarini Islas.

References: artículo 11
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 67
 artículo 14
 artículo 6