Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A144-00.htm
Timestamp: 2017-11-23 22:08:26+00:00

Document:
A144-00
Auto 144/00
Referencia: expediente I.C.C. - 159
Peticionario: Horacio Salazar Gomez
La Nacion Y Otros.
Bogotá, D.C., noviembre veintiuno (21) del año dos mil (2000)
Mediante el presente auto, procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a pronunciarse sobre el conflicto negativo de competencias suscitado entre el Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, dentro de la acción de tutela incoada por HORACIO SALAZAR GOMEZ, contra la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
El ciudadano HORACIO SALAZAR GOMEZ, el día 13 de julio del 2000, instauró acción de tutela contra la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública, buscando la protección de los derechos constitucionales a la vida digna y al trabajo desconocidos por la decisión de los demandados en no incrementar su salario para la vigencia fiscal de la presente anualidad.
El Juzgado Undécimo Civil del Circuito de Medellín, en proveído calendado el 21 de julio del 2000, se declaró incompetente para conocer de dicha acción de tutela, en virtud de lo preceptuado por el Decreto 1382 del 2000, artículo 1º numeral 1º, en el entendido que se formula "en contra de LA NACION... " y en consecuencia ordenó su remisión a la Oficina de Apoyo Judicial para que fuera repartida entre los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Secciónales de la judicatura.
El 28 de julio del 2000, procedente del Juzgado Once Civil del Circuito de Medellín, se recibió en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, la acción de tutela en comento.
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante auto del pasado 2 de agosto, respecto de tal remisión consideró que obedeció a una incompleta interpretación de la norma, por cuanto una de las salvedades la constituye justamente la atribución de las tutelas instauradas como mecanismo transitorio contra la aplicación de un acto administrativo de carácter general proferido por una autoridad del orden nacional, al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que sería entonces el competente para conocer de esta acción de tutela, toda vez que está dirigida como mecanismo transitorio contra la aplicación del Decreto que estableció el incremento salarial para los empleados al servicio del Estado, proferido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. En consecuencia, y previa proposición de colisión negativa de competencias en el evento de no compartirse los criterios expuestos, ordenó su remisión a dicha Corporación, donde fue recibida el 11 de agosto del 2000.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, en proveído del 16 de agosto del 2000, se declaró incompetente para conocer del asunto, habida consideración que la competencia determinada por el factor territorial para conocer del litigio , corresponde al Tribunal Superior de Medellín.
Consideró que no era viable sostener que las omisiones en que incurra la Nación o alguno de los organismos nacionales suceden en la sede principal de sus funciones, pues tal apreciación implicaría que todas las omisiones atribuidas a funcionarios del orden nacional se producirían en esta ciudad, no obstante que tales organismos desarrollan su actividad en todo el territorio nacional y es el lugar en el que debe realizar la función, donde puede producirse el hecho o la omisión en forma concreta.
Por lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, remitió el expediente al Consejo Superior de la Judicatura para dirimir el conflicto negativo de competencias suscitado entre dicho tribunal y el juez colegiado de Medellín.
El Consejo Superior de la Judicatura a través de proveído del 14 de septiembre del 2000, decidió remitir el presente conflicto a la Corte Constitucional, al considerar que si bien es cierto los operadores jurídicos en conflicto forman parte de distinta jurisdicción, también lo es que cuando se trata de acciones de tutela que hacen parte de la misma jurisdicción esto es, la constitucional, por lo tanto al no tener superior jerárquico en común los conflictos de competencia deben ser resueltos por la máxima guardiana del Estatuto Superior, esto es, la Corte Constitucional apoyándose para esto en lo estipulado por dicha Corporación mediante acto del 1 de septiembre de 1994 M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.
2. Teniendo en cuenta que el presente asunto se refiere a una controversia generada entre la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y para los solos efectos de la acción de tutela hacen parte de la misma jurisdicción, pues orgánica y funcionalmente se hallan integrados a la jurisdicción constitucional, por lo tanto, son jueces de tutela en lo que respecta a la acción instaurada por HORACIO SALAZAR GOMEZ, contra la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
3. Ahora bien, con independencia de la materia sobre la que versa la tutela, esta Corporación reiterará su jurisprudencia[1], según la cual, "en términos generales, cuando con ocasión del trámite de acciones de tutela cualquier juez o Tribunal de la jurisdicción constitucional se vea en la necesidad de decidir sobre un conflicto de competencia, originado en consideraciones de orden territorial o material, deberá hacerlo apoyándose en las disposiciones ordinarias vigentes, las cuales son perfectamente aplicables por analogía...."
5. De otro lado, debe reiterar la Corte en esta ocasión la doctrina vertida en el Auto I.C.C.-118, en cuanto a los alcances del decreto 1382 del 2000.
"Mientras el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que para el conocimiento de dicha acción tienen competencia, "a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud", el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 fija unas reglas nuevas de competencia teniendo en cuenta para ello si la acción de tutela se interpone contra cualquier autoridad pública nacional, departamental o municipal, hipótesis en las cuales la acción habrá de ejercerse en unos casos ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura, en otros ante los Jueces del Circuito o con categoría de tales, en algunos otros casos ante los Jueces Municipales y, además, se agrega que cuando la acción se dirija en relación con "la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".
En varios Autos, I.C.C.-117 M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell, I.C.C.-119 M.P. Dra. Martha Sáchica de Moncaleano, I.C.C. 123 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz, esta Corporación ratificó los anteriores criterios e hizo especial énfasis en el argumento de la extralimitación de la potestad reglamentaria por parte del Presidente de la República para expedir el Decreto 1382 del 2000.
6. A juicio de la Corte en el presente caso también se considera pertinente inaplicar el numeral 1º del artículo 1º del decreto 1382 del 2000, por contrariar los preceptos superiores, en razón a la supremacía de la Carta Política (art. 4 C.P.) y a los criterios jurisprudenciales referidos anteriormente.
En este orden de ideas, no ignora la Corte que la acción de tutela fue repartida en primera instancia al Juzgado 11 Civil del Circuito de Medellín, quien inicialmente se declaró incompetente y luego lo remitió a la Oficina de Apoyo Judicial correspondiéndole al Tribunal Superior de esa misma ciudad, quien a su vez planteó conflicto de competencia con el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera. Es decir, observa la Corte que si bien es cierto, la controversia negativa se ocasionó entre los referidos tribunales, también lo es, que dicho asunto tuvo como primer operador jurídico al Juzgado de la ciudad de Medellín de la referencia, por lo tanto la Sala estima oportuno dirimir el presente conflicto, remitiéndole el expediente al juez singular en razón a la reiterada inaplicación del decreto 1382 del 2000 y con fundamento en el denominado factor de competencia a prevención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la C.P. y el artículo 37 del decreto 2591 de 1991.
En el presente caso, INAPLICAR, por inconstitucional el numeral 1º. del artículo 1º del Decreto 1382 del 2000. En consecuencia, remítase el expediente al Juzgado Once Civil del Circuito de Medellín, para que asuma el conocimiento de la acción de tutela instaurada por el ciudadano HORACIO SALAZAR GOMEZ, contra la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

References: artículo 1
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 37
 artículo 1