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Timestamp: 2017-10-21 17:29:06+00:00

Document:
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 19/2016, JCA - Barcelona, Sec. 1, Rec 251/2014, 21-01-2016 | Iberley
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 19/2016, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Barcelona, Sección 1, Rec 251/2014 de 21 de Enero de 2016
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 69/2017, JCA - Barcelona, Sec. 11, Rec 150/2015, 23-03-2017
Órden: Administrativo Fecha: 23/03/2017 Tribunal: Juzgado De Lo Contencioso Administrativo - Barcelona Ponente: García Muñoz, Pedro Luis Num. Sentencia: 69/2017 Num. Recurso: 150/2015
Núm. Sentencia: 19/2016
Núm. Recurso: 251/2014
Núm. Cendoj: 08019450012016100076
Núm. Ecli: ES:JCA:2016:2305
Núm. Roj: SJCA 2305:2016
Procedimiento abreviado núm.: 251/2014-2
Parte actora: Marisol , Victoriano y Salvadora
Representante parte actora: Letrado José Obis Artal
Parte demandada: AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
Representante parte demandada: Letrado Joan Carles Saladich Abós
SENTENCIA Nº 19/2016
En la ciudad de Barcelona, a 21 de enero de 2016.
Vistos por mí, Francisco José González Ruiz, magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 de Barcelona y su provincia, los autos del recurso contencioso administrativo de anterior referencia en los que ostentan la condición de parte actora Marisol , Victoriano y Salvadora , representados y defendidos por el letrado José Obis Artal, y la condición de parte demandada elAJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC, representado y defendido por el letrado Joan Carles Saladich Abós, en nombre de SM El Rey y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que emanada del pueblo me confieren la Constitución y las leyes, he dictado esta sentencia con arreglo a los siguientes
PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso por la parte actora ante el Decanato de estos juzgados dentro del plazo legal prefijado en la Ley Jurisdiccional con fecha 294 de mayo de 2014, se dio trámite procesal adecuado por el procedimiento abreviado ordenándose reclamar el expediente administrativo de autos y señalándose día y hora para la celebración del acto del juicio oral.
SEGUNDO.- Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto el mismo en secretaría a la parte recurrente para que durante el acto del juicio pudiera realizar sus alegaciones, como así ha hecho ésta en el acto del plenario que ha tenido lugar el pasado 19 de los corrientes en la fecha señalada al efecto, habiendo comparecido al acto las dos partes litigantes.
TERCERO.- La parte actora en el acto del juicio se afirmó y ratificó en su demanda contestando seguidamente a la misma la representación de la parte demandada en los términos que constan en las actuaciones. Practicadas las pruebas válidamente propuestas por las partes y admitidas por el juzgador, expusieron a continuación las partes comparecidas sus respectivas conclusiones y, seguidamente, quedaron los autos conclusos y a la vista para dictar sentencia.
CUARTO.- En la tramitación de los autos se han cumplido todas las prescripciones legales, salvo aquéllas que han devenido de imposible cumplimiento por razones estructurales de sobrecarga de asuntos pendientes de resolución ante este juzgado.
PRIMERO.- El objeto procesal de este recurso contencioso administrativo reside en las pretensiones cruzadas por las partes litigantes en el presente proceso en torno a la impugnación jurisdiccional actora de la Resolución de 19 de marzo de 2014 de la Alcaldía del ayuntamiento demandado, notificada a los codemandantes el día 2 de abril siguiente (documento 2 demanda, ramo probatorio parte actora; folios 1 y ss. expdte. adtvo.), por la que se desestimara el previo recurso administrativo de reposición interpuesto por los actores en fecha 6 de marzo anterior (documento 7 demanda, ramo probatorio parte actora; folios 8 y ss. expdte. adtvo.) contra las tres liquidaciones tributarias correspondientes al Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), giradas a cargo de cada uno de los tres antiguos copropietarios codemandantes por razón de transmisión por compraventa en fecha 30 de diciembre de 2013 de la finca sita en la CALLE000 , NUM000 NUM001 , de la localidad de Montcada i Reixac (Barcelona), liquidaciones nº. NUM002 , NUM003 y NUM004 , respectivamente, por importes respectivos de 7.221,83 euros la primera de ellas y de 8.907,17 euros las dos restantes (documentos 4 a 6 demanda, ramo probatorio parte actora; folios 17 y ss. expdte. adtvo.).
En su demanda rectora de autos, la parte recurrente solicita que se dicte sentencia estimatoria de su recurso y anulatoria de las actuaciones administrativas tributarias impugnadas por su disconformidad a derecho, peticionando asimismo la condena en costas procesales de la parte contraria. En defensa de sus pretensiones, en síntesis, tras exposición de antecedentes, alude la parte recurrente a la presunta contrariedad a derecho de las liquidaciones tributarias recurridas por no haberse producido en el caso particular ahora enjuiciado plusvalía alguna sino minusvalía del valor de la finca transmitidas, con infracción así de lo previsto por el artículo 104.1 del TRLHL 2/2004 y, consecuentemente, indebida aplicación del artículo 107 del mismo TRLHL 2/2004, invocando al efecto copiosa jurisprudencia territorial o menor.
En su posterior turno, por la representación procesal letrada de la parte demandada se contestó a la demanda con oposición a la misma por los propios fundamentos de las resoluciones administrativas aquí recurridas, afirmando la plena conformidad a derecho de las liquidaciones tributarias recurridas en el marco de las competencias propias de los entes locales reconocidas a su favor en relación con un tributo local cuya liquidación se remite por las normas aplicables a valores catastrales fijados por una administración distinta y que no pueden ser obviadas por la corporación local demandada, por lo que solicitó la íntegra desestimación del recurso, con la plena confirmación de las actuaciones recurridas sin interesar la condena en costas de la adversa.
SEGUNDO.- No habiéndose opuesto por las partes litigantes en el presente proceso óbice de procedibilidad alguno que se oponga al conocimiento de las cuestiones de fondo suscitadas por las mismas en el debate procesal de autos, y constreñido éste en lo que al principal motivo de la impugnación actora de las liquidaciones tributarias de autos se refiere a la no concurrencia en el caso particular enjuiciado del hecho imponible del tributo local subyacente por la ausencia de plusvalía alguna en la correspondiente valoración de la finca transmitida a la fecha de la compraventa de autos -esto es, a la supuesta infracción en el caso del artículo 104.1 TRLHL 2/2004-, una vez acreditada la minoración efectiva del importe de dicha valoración con respecto a las propias fechas de adquisición por cada copropietario codemandante de su respectiva parte del pleno dominio de la finca transmitida, deberá anotarse ahora al respecto que la resolución de las pretensiones formalizadas por las partes en la litis exigirá atender aquí a la resultancia fáctica del caso particular dimanante del expediente administrativo de autos y de las pruebas documentales y pericial practicadas a propuesta de las partes en el acto del juicio plenario celebrado en las presentes actuaciones, siempre con la atención principal puesta aquí en el marco normativo regulador del impuesto local de autos (IIVTNU), tributo local potestativo y directo de gestión compartida estatal y local -gestión catastral y gestión liquidatoria, respectivamente- que regulan hoy los artículos 104 y ss. del vigente Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales , aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo -en adelante TRLHL 2/2004-.
Siendo así que, en lo que ahora principalmente aquí nos interesa, los artículos 104.1 y 107.1 de dicho TRLHL 2/2004 -referidos respectivamente a los distintos conceptos tributarios del hecho imponible y de la base imponible del impuesto de referencia-, se pronuncian en los siguientes términos:
1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo quegrava el incremento de valorque experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. (.....)'
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años. A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4. (.....)'-subrayados nuestros-
TERCERO.- A partir de lo anterior, importará ahora destacar que, como es sabido por las partes, no es esta la primera ocasión en la que los juzgados de este mismo orden y capital -entre ellos, este mismo órgano judicial en Sentencia núm. 111/2015, de 28 de mayo , dictada por este juzgador en el procedimiento abreviado 423/2013-2 seguido ante este Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 de la provincia de Barcelona- se encuentran frente a la obligación de revisar en esta sede jurisdiccional paralelas actuaciones tributarias de otras tantas entidades locales de esta provincia en aplicación del mismo precepto legal a otros supuestos paralelos de sujetas al repetido impuesto local (IIVTNU) en relación con iguales alegaciones y pretensiones -así, entre otras, en Sentencias núm. 48/2015, de 10 de marzo , del Juzgado núm. 6, la núm. 56/2015, de 24 de marzo, del Juzgado núm. 4, la núm. 112/2015, de 29 de abril, del Juzgado núm. 9 y la núm. 51/2015, de 19 de febrero , del Juzgado núm. 8, todos ellos de este mismo orden y capital, coincidentemente estimatorias de las respectivas pretensiones procesales actoras, sosteniendo un criterio al respecto que este juzgador no puede sino compartir en sus líneas generales y, en particular, en su conclusión estimatoria por estimarlo bien fundado en derecho.
Y, consecuentemente, reproducir íntegramente aquí dicho criterio como fundamento propio de esta resolución -entre otras razones, por la necesaria efectividad aquí de los principios de unidad de doctrina y de seguridad jurídica, que en caso contrario quedarían en cierto modo comprometidos, y por cuya efectividad debe siempre velar el órgano judicial, siendo así que tales principios, entre otros, demandan de los órganos judiciales, con carácter general, igual solución jurisdiccional para casos procesalmente en lo más esencial idénticos en aras a la necesaria efectividad del principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley (así, entre otras muchas más, STC 2/2007, de 15 de enero , 147/2007, de 18 de junio , 31/2008, de 25 de febrero , y 13/2011, de 28 de febrero ), aun no desconociendo tampoco este juzgador el criterio contrario sentado también al respecto, entre otras, por Sentencias núm. 317/2014, de 19 de noviembre , del Juzgado núm. 14, núm. 291/2014, de 11 de diciembre, del Juzgado núm. 15, núm. 90/2015 y núm. 91/2015, de 17 de marzo, del Juzgado núm. 2, todos ellos también de esta misma clase y capital, desestimatorias allí de los respectivos recursos, cuya fundamentación y conclusión este juzgador no puede compartir por las razones que se dirán.
En dicho sentido, y no difiriendo el caso particular aquí enjuiciado del supuesto allí resuelto más que en las circunstancias objetivas y subjetivas propias de cada caso singular que en nada sustancial alteran las mismas conclusiones también deducibles en esta sede impugnatoria jurisdiccional, resolvió ya el mismo debate jurídico de autos la citada Sentencia núm. 48/2015, de 10 de marzo , dictada por el Juzgado núm. 6 de los de esta misma clase y provincia, concluyendo allí en la estimación de la demanda bajo siguiente tenor literal:
'SEGUNDO.- (.....) Alega ausencia de incremento de valor de los terrenos entre la fecha de adquisición y la de transmisión posterior, que fundamenta en los siguientes motivos: -la vivienda fue transmitida por un valor inferior al que tenía en el momento de su adquisición, según las tasaciones emitidas por XXX, SA (una vez finalizadas las obras de edificación)- del precio de venta estipulado en la escritura pública de compraventa y la aplicación del valor de comprobación no prioritaria fijado por la Instrucción de la Agencia Tributaria de Catalunya de comprobación de valores de los bienes inmuebles en los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y los coeficientes correctores de los valores catastrales de la provincia de Barcelona correspondientes al ejercicio 2013, resulta un decremento de valor entre 2007 y 2013 entorno al 60 %. Por ello, la existencia de un decremento se constata igualmente si la valoración se realiza a partir del valor mínimo de comprobación no prioritaria. -A su vez los coeficientes correctores que se aplican para obtener dicho valor mínimo a lo largo de dicho período también han sufrido un descenso del 18,75 %. -Añade que el Ministerio de Fomento facilita una información, en términos generales de mercado, que refiere que el precio medio del suelo urbano entre 2006 y 2012 ha pasado del índice 250 a un índice de 170. -Unido a ello, en la fase de prueba aporta un dictamen pericial emitido por el Sr xxx, ingeniero de caminos, canales y puertos cuyas conclusiones son las siguientes: (.....) El escrito de demanda se articula, esencialmente, en torno a un único argumento: no ha habido incremento del valor de los terrenos, por lo que no se ha producido el hecho imponible y, en consecuencia, no cabe exigir el tributo. La Administración demandada, por su parte, se opone a las pretensiones actoras de acuerdo con los fundamentos que constan en las actuaciones.
TERCERO.- No ha sido objeto de discusión en este pleito ni las fechas de adquisición y de enajenación de los terrenos, ni que alguna de las pruebas presentadas por la recurrente lo sean -globalmente y no individualizadas para la finca de autos. Como señala la sentencia dictada por el Juzgado nº 1 de Girona en fecha 7 de mayo de 2014 (PA 21/2014), para la resolución de la cuestión central planteada, es preciso acudir a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 21 de marzo de 2012 (Sec. 1ª, rec. 432/2010 , ponente D. Dimitry Teodoro Berberoff Ayuda), en cuyos fundamentos de Derecho Quinto y Sexto, puede leerse lo que sigue: ««Quinto.- (...) El actual IIVTNU, cuyos antecedentes se remontan al año 1919 con la instauración del denominado Arbitrio sobre el incremento de valor de los terrenos, podría llegar a generar ciertos problemas de justicia tributaria a la hora de acometer el cálculo de la base imponible. En efecto, si bien no deben confundirse ni superponerse hecho imponible con base imponible lo cierto es que el eventual aumento de valor real del terreno urbano no se calcula en la actualidad por las diferencias (en términos absolutos) entre el valor de transmisión y el de adquisición sino que el parámetro matemático que se maneja viene dado por la aplicación de un porcentaje sobre el valor catastral del suelo. Obviamente, por pequeño que sea el incremento del valor catastral en un contexto de crisis económica marcado por la disminución de los precios del mercado, la disociación de la que habla la demanda podría producirse eventualmente. Por otra parte el margen de maniobra de la Administración tributaria municipal es inexistente a los efectos de realizar determinadas correcciones -obviamente, después de fijar el correspondiente tipo- a tenor del artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la medida que con relación a las autoliquidaciones, 'el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas'. Por tanto, el centro de gravitación de la problemática parece estructurarse no tanto en torno a la determinación del hecho imponible como a la de la magnitud económica o valorativa del mismo obtenida a través de la base imponible. Dicho de otra manera, la argumentación de la parte recurrente tendría ciertos visos de éxito -cuando menos, a efectos de estimar procedente el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad- sólo cuando la aplicación del referido cálculo (fundamentado en el valor catastral), arrojase un resultado positivo pese a la efectiva disminución del valor real del inmueble puesto de manifiesto como consecuencia de una transmisión. Si la base imponible debe medir o cuantificar adecuadamente el hecho imponible, no hay que olvidar que, en este sentido, con anterioridad a la Ley 51/2002, de modificación de la Ley de Haciendas Locales, el artículo 108. 1 de ésta última establecía que la base imponible del impuesto estará constituida por el incremento real de valor de los terrenos. Sin embargo, con la expresada Ley 51/2002 se suprimió el término de valor real: en efecto, el actual artículo 107.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apunta que 'la base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos'. En consecuencia, podría ocurrir que ese incremento de valor no fuese el real, sino el derivado de las reglas establecidas para calcular la base imponible, no resultando descartable un saldo de plusvalía positiva con independencia -o, de manera más explícita, de espaldas- del incremento o disminución del valor que en la realidad determine el mercado. Recapitulando, la censura del recurrente podría tener cierto sentido si acreditase que con relación a la finca sita en (.....), pese a haberse producido una disminución en términos reales o absolutos del valor del inmueble -insistimos, basada en el precio o valor del mercado- la magnitud del hecho imponible determinada por las reglas de la base imponible del impuesto arrojasen un incremento de valor. (.....)
SEXTO.- Sin perjuicio de lo expuesto, parece evidente que la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del «método de cálculo» y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica. La misma conclusión ha de aplicarse cuando sí ha existido incremento de valor, pero la cuantía de éste es probadamente inferior a la resultante de la aplicación de dicho método de cálculo, al infringirse los mismos principios. Estas conclusiones, ya sostenidas por diversos criterios doctrinales y pronunciamientos jurisprudenciales, han de considerarse incuestionables en el momento actual, a la vista de la realidad económica citada. De esta forma, de ser la de la ficción jurídica la única interpretación posible del art. 107 LHL, éste habría de considerarse inconstitucional, pero como consecuencia de la obligación de los Jueces y Tribunales, contenida en el art. 5.3 LOPJ , de acomodar la interpretación de las normas a los mandatos constitucionales, ha de entenderse que las reglas del apartado 2 del art. 107 son subsidiarias del principio contenido en el apartado 1 sobre el incremento (como ya hemos dicho, antes «real», y ahora «incremento» a secas, lo que no quiere decir que haya de ser irreal o ficticio).
Las consecuencias no pueden ser otras que las siguientes: 1.ª)Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo (art. 104.1 LHL), y éste no podrá exigirse, por más que la aplicación de las reglas del art. 107.2 siempre produzca la existencia de teóricos incrementos. 2.ª) De la misma forma, la base imponible está constituida por el incremento del valor de los terrenos, el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación delas reglas del art. 107, que sólo entrarán en juego cuando el primero sea superior. Por tanto, seguirá siendo de aplicación toda la jurisprudencia anterior sobre la prevalencia de los valores reales, pudiendo acudirse incluso a la tasación pericial contradictoria, en los casos en los que se pretenda la existencia de un incremento del valor inferior al que resulte de la aplicación del cuadro de porcentajes del art. 107. En esta hipótesis, la base imponible habrá de ser la cuantía de tal incremento probado, sin que sea admisible acudir a fórmulas híbridas o mixtas, que pretendan aplicar parte de las reglas del art. 107 al incremento probado.»»
En este mismo sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 22 de marzo de 2012 (Sec. 1ª, rec. 511/2011 , ponente D. Emilio Rodrigo Aragonés Beltrán), explica que: ««El vigente sistema legal de determinación de la base imponible, contenido en el art. 107 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LHL), parte del supuesto de que en toda transmisión de los terrenos sujetos al impuesto ha habido un incremento de valor, que se calcula mediante la aplicación de unos porcentajes anuales sobre el valor catastral fijado en el momento del devengo, esto es, de la transmisión. Con este sistema, el legislador de 1988 se limitó a elevar a modelo para todos los Ayuntamientos de España la solución que había adoptado el Ayuntamiento de Madrid por razones de equidad y para hacer frente a la situación resultante de unos valores iniciales muy alejados de la realidad y unos valores finales muy próximos a ella. Y se partió para ello del axioma del continuado incremento de valor de los terrenos, cierto durante décadas, pero que ha quebrado dramáticamente en los últimos años, como es notorio, dando lugar a la actual y conocida situación económica, y siendo retroalimentado por sus consecuencias. Desde su implantación en 1988, ha sido objeto de amplia polémica si dicho sistema ha de considerarse como una ficción legal (la impropiamente llamada presunción iuris et de iure) o, por el contrario, se trata de un sistema sólo aplicable cuando el incremento verdaderamente producido es superior al resultante de aquel sistema (sería una presunción iuris tantum, en el sentido de que siempre correspondería al contribuyente probar que el incremento real es inferior). El art. 107.1 LHL dispone que la base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años, pero se ha sostenido que este precepto legal es una mera declaración de intenciones o un eufemismo amable, pues ha de estarse en todo caso al sistema legal, del que siempre resulta un incremento, quedando reforzada esta interpretación por la eliminación en la Ley 51/2002 de la referencia al carácter «real» del incremento del valor que se contenía en la redacción originaria del precepto ( art. 108.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre , reguladora de las Haciendas Locales). Sin embargo, el impuesto grava, según el art. 104.1 LHL, el incremento de valor que experimenten los terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o por la constitución o transmisión de cualquiera de los derechos reales que cita la norma. Por tanto, el incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana constituye el primer elemento del hecho imponible, de manera que en la hipótesis de que no existiera tal incremento, no se generará el tributo y ello pese al contenido de las reglas objetivas de cálculo de la cuota del art. 107 LHL, pues al faltar un elemento esencial del hecho imponible, no puede surgir la obligación tributaria. En conclusión,la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del «método de cálculo» y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica. Las mismas conclusiones han de aplicarse cuando sí ha existido incremento de valor, pero la cuantía de éste es probadamente inferior a la resultante de la aplicación de dicho método de cálculo, al infringirse los mismos principios. Estas conclusiones, ya sostenidas por diversos criterios doctrinales y pronunciamientos jurisprudenciales, han de considerarse incuestionables en el momento actual, a la vista de la realidad económica citada. De esta forma, de ser la de la ficción jurídica la única interpretación posible del art. 107 LHL, éste habría de considerarse inconstitucional, pero como consecuencia de la obligación de los Jueces y Tribunales, contenida en el art. 5.3 LOPJ , de acomodar la interpretación de las normas a los mandatos constitucionales, ha de entenderse que las reglas del apartado 2 del art. 107 son subsidiarias del principio contenido en el apartado 1 sobre el incremento (antes «real», y ahora «incremento» a secas, lo que no quiere decir que haya de ser irreal o ficticio)»» En base a ello, dicha sentencia establece las mismas dos consecuencias ya transcritas en la anterior sentencia. Y lo mismo ha sido reiterado en las sentencias de la misma Sala y Sección de 9 de mayo de 2012 (rec. 501/2011 ), o 18 de julio de 2013 (rec. 515/2011 ). Partiendo, pues, de que el hecho imponible del IIVTNU, según establece el art. 104 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, viene constituido por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o por la constitución o transmisión de derechos reales de goce, limitativos del dominio, resulta que, en el supuesto concreto de autos, consta acreditado por las valoraciones contenidas en los informes y tasaciones ya reseñados, que el valor de los terrenos transmitidos en el momento de la enajenación (año 2013) es muy inferior al que tenían en el momento de adquisición (año 2007), por lo que no existiendo un incremento objetivo de valor en la transmisión, con independencia del resultado que pueda derivarse de la aplicación del método de cálculo de la base imponible y de la cuota, no puede considerarse realizado el hecho imponible y, consecuentemente, no puede exigirse el pago de cuota alguna por el referido impuesto. Lo anterior determina la estimación del recurso contencioso- administrativo en este punto y la anulación de la resolución directamente recurrida y de las liquidaciones tributarias de las que trae causa. (.....)'-subrayados nuestros-
CUARTO.- Larga cita la anterior de precedente judicial, plenamente justificada aquí por la práctica identidad sustancial de los supuestos procesales que presentan los casos particulares allí y aquí resueltos y que, en suma, por los propios fundamentos del mismo resultará obligado seguir en la resolución ahora de estos autos, sin más que efectuando para ello las necesarias adaptaciones de las circunstancias objetivas y subjetivas propias de cada supuesto particular que en nada sustancial o relevante alteran aquí las mismas conclusiones estimatorias deducibles asimismo aquí en orden a la estimación del recurso interpuesto en lo que a la pretensión anulatoria actora se refiere por no concurrir tampoco en el caso particular aquí enjuiciado el hecho imponible gravado por las actuaciones tributarias aquí recurridas.
Ello, sin más que añadir aquí que, ciertamente, en los supuestos de la transmisión de inmuebles generadores de pérdidas ominusvalías, que no plusvalías -supuesto este radicalmente contrario al que, en suma, alude expresamente el fundamento causal propiamente constitucional que ciertamente destaca en el concreto impuesto local aquí considerado (IIVTNU) proclamado por el artículo 47 de la Constitución española ['Artículo 47. (.....) La comunidad participaráen las plusvalíasque genere la acción urbanística de los entes públicos.' -subrayado nuevamente nuestro-]- la inexistencia del hecho imponible en tales casos resulta manifiesta, como han venido a subrayar los pronunciamientos de la llamada jurisprudencia menor o jurisprudencia territorial citados en la sentencia anteriormente transcrita - STSJ de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, núm. 305/2012, de 21 de marzo, rec. 432/2010 , núm. 310/2012, de 22 de marzo, rec. 511/2011 , y núm. 805/2013, de 18 de julio, rec. 515/2011 -, recogidos por STSJ Madrid, Sala Contencioso- Administrativo, Sección 2ª, núm. 1580/2013, de 11 de diciembre -rec. 767/2013- y, Sección 9 ª, núm. 1356/2014, de 16 de diciembre -rec. 295/2014 -, con la consiguiente consecuencia de invalidez jurídica de las actuaciones tributarias producidas en tales supuestos de no sujeción por relación al concepto impositivo de autos.
Sin venir ello precisado del planteamiento a tal efecto de cuestión de prejudicialidad constitucional ante el Tribunal Constitucional por referirse en tal supuesto la cuestión controvertida alhecho imponible-artículo 104.1 del TRLHL 2/2004- y no a labase imponible-artículo 107 del TRLHL 2/2004- del impuesto de continua referencia, en términos de presunta infracción del principio de capacidad económica y asimismo del derecho fundamental subjetivo a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos, sin indefensión, y a la prueba - artículos 31.1 y 24 CE - en los que se fundara la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado núm. 3 de los de este mismo orden de Donosti-San Sebastián en procedimiento abreviado 245/2014, admitido a trámite por providencia de 28 de abril de 2015 del Pleno del Tribunal Constitucional (BOE núm. 103, de fecha 30-04-2015), quedando en su caso relegada dicha necesidad del planteamiento de la referida cuestión prejudicial tan sólo a los supuestos distintos de transmisiones lucrativas u onerosas generadoras de incrementos, aun escasos o inferiores a los considerados por completo al margen de la realidad por la regla legal objetiva de cuantificación de la base imponible del impuesto de autos impuesta por el artículo 107 del TRLHL 2/2004, por relación en tales casos distintos, quizás, a la infracción en los mismos del artículo 47 CE antes mencionado -en los supuestos de la eventual absorción de todo el incremento o la ganancia económica por la concreta liquidación del impuesto, que noparticiparíaasí sino que se apropiaría directamente de toda la plusvalía generada en la transmisión-,o del límite constitucional propio del sistema impositivo que impone el principio de no confiscatoriedadex artículo 31.1 CE .
Sin que resulte ocioso a tal efecto anotar aquí que, ciertamente, es ya reiterada la jurisprudencia contenciosa administrativa que viene sentando que, en efecto, la falta de materialización del hecho imponible impide la aplicación de las normas aplicables para la determinación de la base imponible en relación, precisamente, con el tributo local potestativo de autos (entre otras más, por STS, Sala 3ª, de 29 de abril de 1996 -rec. 3279/1993 -, 25 de septiembre de 1997 -rec. 336/1993- y 30 de noviembre de 2000 -rec. 2306/1995-), siendo así que, como ya se dijera, el hecho imponible del repetido IIVTNU tiene una caracterización técnica constitucional propiaex artículo 47 CE .
QUINTO.- Ello, habiendo resultado asimismo suficientemente acreditada en autos por la parte recurrente en este proceso la inexistencia de incremento o de plusvalía alguna como consecuencia de la transmisión inmobiliaria subyacente en estas actuaciones y sí, por el contrario, de minusvalía relativamente importante, a partir de las inequívocas conclusiones ofrecidas por la prueba pericial técnica rendida bajo la inmediación judicial y con plenas garantías de contradicción procesal en el acto del juicio plenario celebrado en estos autos por el perito propuesto por la parte actora -el arquitecto superior Sr. Octavio -, con su ratificación personal y debidas aclaraciones de su dictamen, cuya correspondiente valoración judicial, como es bien sabido, se encuentra imperativamente sometida a las reglas de la sana crítica por el artículo 348 de la Ley 1/2000 , de Enjuiciamiento Civil, quien viniera a acreditar la significativa disminución del valor de repercusión del suelo atribuible a la finca subyacente en las actuaciones desde las respectivas fechas de adquisición de sus respectivas cuotas partes del pleno dominio de tal finca por los tres codemandantes -la Sra. Marisol el 50% por herencia de su difunto esposo fallecido el 22-01-2008 y los Sres. Victoriano y Salvadora el 25% cada uno de ellos por compraventa en escritura pública notarial de fecha 22-06-1999- hasta la fecha de la compraventa determinante de las actuaciones tributarias aquí impugnadas -escritura pública notarial de fecha 30-12-2013 (documento 3 demanda, ramo probatorio actora; folios 26 y ss. expdte. adtvo.)-, lo que por el indicado perito arquitecto quedara cifrado, sin proposición de elemento probatorio contradictorio alguno que eficazmente lo desvirtuase, en 601.012,10 € en el año 1999, 834.447,28 € en el año 2008 y 517.812,32 € en el año 2013, con la consiguiente repercusión en los respectivos valores del suelo de 332.857,69 € en el año 1999, de 385.638,13 € en el año 2008 y de 85.714,58 € en el año 2013 (dictamen pericial de 24 de mayo de 2014, documento 10 demanda, ramo probatorio parte actora).
Por todo ello, en definitiva, se impondrá estimar la demanda aquí deducida, y con ella el recurso interpuesto, con la consiguiente anulación en esta sede jurisdiccional de las actuaciones administrativas tributarias recurridas, a tenor de lo previsto en el orden procesal por los artículos 68.1.b ), 70.2 y 71.1.a) de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción , al resultar las mismas contrarias a derecho al no haberse materializado en el caso particular el hecho imponible gravado por el impuesto local liquidado.
ÚLTIMO.- A tenor de los artículos 68.2 y 139.1 de la Ley Jurisdiccional , modificado este último por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, las costas procesales se impondrán en primera o en única instancia a aquella parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones en la sentencia o en la resolución del recurso o del incidente, salvo que el órgano judicial, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen la no imposición, sin que obste a ello, en su caso, la falta de solicitud expresa de condena en costas por las partes, toda vez que tal pronunciamiento sobre costas es siempre imperativo para el fallo judicial, sin incurrir por ello en el vicio de incongruencia procesalultra petita partium- artículos 24.1 CE y 33.1 y 67.1 LJCA -, al concernir dicha declaración a cuestión de naturaleza jurídico procesal, a tenor del propio dictado del artículo 68.2 de la Ley Jurisdiccional y de la reiterada jurisprudencia contenciosa administrativa y constitucional ya sentada al respecto (entre otras más, por STS, Sala Contenciosa Administrativa, de 12 de febrero de 1991 ; y STC, Sala Primera, núm. 53/2007, de 12 de marzo , y 24/2010, de 27 de abril ).
Se recoge así el principio del vencimiento mitigado que deberá conducir aquí a la no imposición de costas habida cuenta que la singularidad de la cuestión debatida veda estimar que se hallare totalmente ausente en el presente casoiusta causa Iitigandi('serias dudas de hecho o derecho'), teniendo en cuenta la jurisprudencia ya recaída en casos similares para apreciar que el caso era jurídicamente dudoso, tal como señala el artículo 394.1 de la Ley 1/2000 , de Enjuiciamiento Civil, vista en particular aquí la efectiva disparidad de criterios judiciales mantenidos por los distintos órganos judiciales de esta jurisdicción y grado respecto a la misma cuestión controvertida.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, y resolviendo siempre dentro del límite de las pretensiones deducidas por las partes en sus respectivas demanda y contestación a la demanda,
ESTIMAR el recurso contencioso administrativo núm. 251/2014-2 interpuesto por Marisol , Victoriano y Salvadora , bajo la representación procesal letrada especificadas en el encabezamiento de la presente resolución, contra las actuaciones administrativas tributarias a las que se refieren los antecedentes de la misma, por resultar éstas contrarias a derecho y, en consecuencia, ANULAR los actos administrativos y liquidaciones tributarias aquí impugnadas, con las consecuencias y efectos legales inherentes; sin imposición de costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe la interposición de recurso ordinario de apelación por razón de la cuantía del recurso, a tenor del artículo 81.1.a) de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción .
Comuníquese esta sentencia en el plazo máximo de diez días al órgano que realizó la actividad objeto del recurso para que por el mismo:
1. Se acuse recibo de la comunicación en idéntico plazo de diez días desde su recepción indicando el órgano responsable del cumplimiento de la sentencia.

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 104
 artículo 107
 artículo 104
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 110
 Real Decreto 
 artículo 108
 artículo 107
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 artículo 47
 artículo 107
 artículo 47
 artículo 31
 artículo 47
 artículo 348
 resolución 
 artículo 68
 artículo 394
 artículo 81