Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2008-03303.htm
Timestamp: 2017-08-19 11:17:49+00:00

Document:
B.O.E. Nº 46 de 22/02/2008
Real Decreto 103/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripciÃ³n en el registro de empresas de ventas a distancia.
El Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripciÃ³n en el Registro de empresas de ventas a distancia, se aprobÃ³ con el fin de adaptar la regulaciÃ³n del Registro al nuevo marco normativo definido por la sentencia 124/2003, de 19 de junio de 2003, del Tribunal Constitucional y para mejorar su regulaciÃ³n en aspectos tales como la coordinaciÃ³n de la actividad sancionadora de las comunidades autÃ³nomas. El Gobierno de la Generalidad de CataluÃ±a, en su reuniÃ³n celebrada el dÃ­a 23 de mayo de 2006, adoptÃ³ el acuerdo de dirigir al Gobierno del Estado un requerimiento de incompetencia contra el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por considerar que el artÃ­culo 10 del citado real decreto vulnera la competencia exclusiva de la Comunidad AutÃ³noma de CataluÃ±a en materia de comercio interior y defensa del consumidor y usuario. El requerimiento de incompetencia se concreta en solicitar del Gobierno que derogue o, subsidiariamente, dÃ© una nueva redacciÃ³n al artÃ­culo 10 del Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por considerar que altera el rÃ©gimen de distribuciÃ³n de competencias al no respetar el principio de territorialidad en el ejercicio de las competencias sancionadoras en materia de consumo. El artÃ­culo 10 del Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, que se modifica, establece en el caso de empresas espaÃ±olas, el domicilio social como punto de conexiÃ³n a la hora de determinar la comunidad autÃ³noma competente para iniciar un procedimiento sancionador por las infracciones a que se refiere el artÃ­culo 65.1.Ã±) de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de OrdenaciÃ³n del Comercio Minorista. En relaciÃ³n con lo anterior, la comunidad autÃ³noma entiende que corresponde a la Generalidad de CataluÃ±a la potestad sancionadora respecto de las infracciones cometidas en el Ã¡mbito de su mercado interior independientemente del domicilio social de la infractora. El Gobierno de la NaciÃ³n, en contestaciÃ³n al requerimiento de incompetencia, aclara que el fin de la normativa en materia de infracciones y sanciones de la Ley 7/1996, de 15 de enero, es disciplinar la actividad comercial y no el consumo, si bien tiene en cuenta el principio general de protecciÃ³n de los consumidores y usuarios. El Gobierno recuerda que, si bien cada comunidad autÃ³noma es competente para sancionar las infracciones cometidas en su territorio dentro de sus competencias materiales, independientemente del domicilio del sancionado, el Estado es el competente para determinar los puntos de conexiÃ³n en materia de procedimiento sancionador para el caso de infracciones supraautonÃ³micas. El Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, en la reuniÃ³n celebrada el dÃ­a 23 de junio de 2006, por el que se da contestaciÃ³n al requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno de la Generalidad de CataluÃ±a, en relaciÃ³n con el artÃ­culo 10 del Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, acepta dar una nueva redacciÃ³n al artÃ­culo 10 del citado real decreto. Ocurre que en el momento de la adopciÃ³n del acuerdo, el artÃ­culo 10 diferencia dos tipos de infracciones a la hora de determinar los puntos de conexiÃ³n, las infracciones del artÃ­culo 65.1.a) y las del artÃ­culo 65.1.Ã±) de la Ley 7/1996, de 15 de enero. Como quiera que durante la tramitaciÃ³n de este real decreto ha tenido lugar la aprobaciÃ³n del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que incorpora a su articulado la prÃ¡ctica totalidad del rÃ©gimen de ventas a distancia, es Ãºnicamente necesario referirse a las infracciones del artÃ­culo 65.1.a) puesto que las contempladas en el ya derogado 65.1.Ã±) estÃ¡n previstas en el actual artÃ­culo 49.2 del citado real decreto legislativo. De esta forma, en el supuesto de las infracciones contempladas en el artÃ­culo 65.1.a) de la Ley 7/1996, de 15 de enero, el domicilio social serÃ¡ el Ãºnico criterio para determinar el punto de conexiÃ³n. Este real decreto se dicta de acuerdo con lo dispuesto en los artÃ­culos 38.2 y 63.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, en los que se prevÃ© la existencia de un Registro de empresas de ventas a distancia de Ã¡mbito nacional y se atribuye la competencia sancionadora en materia de comercio interior a las comunidades autÃ³nomas. En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, con la aprobaciÃ³n previa de la Ministra de Administraciones PÃºblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 1 de febrero de 2008,
ArtÃ­culo Ãºnico. ModificaciÃ³n del Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripciÃ³n en el Registro de empresas de ventas a distancia.
El artÃ­culo 10 del Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripciÃ³n en el Registro de empresas de ventas a distancia queda redactado de la siguiente manera:
Â«ArtÃ­culo 10. Procedimiento sancionador.
Las infracciones tipificadas en el artÃ­culo 65.1.a) de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de OrdenaciÃ³n del Comercio Minorista, serÃ¡n sancionadas por la comunidad autÃ³noma donde radique el domicilio social de la empresa infractora, dentro del marco normativo definido por dicha ley.
En el supuesto de las empresas extranjeras inscritas directamente en el Registro de ventas a distancia del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el procedimiento sancionador corresponderÃ¡ a cualquiera de las comunidades autÃ³nomas en las que la empresa ejerciera su actividad. Con el fin de evitar la apertura de varios procedimientos sancionadores por un mismo hecho, la comunidad autÃ³noma que incoe un procedimiento sancionador a una empresa extranjera, deberÃ¡ comunicarlo sin dilaciÃ³n alguna, una vez iniciado el procedimiento, al Registro de empresas de ventas a distancia del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el cual a su vez lo pondrÃ¡ en conocimiento del resto de comunidades autÃ³nomas donde la empresa viniere operando.Â»
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artÃ­culo 149.1.13.Âª de la ConstituciÃ³n, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinaciÃ³n de la planificaciÃ³n general de la actividad econÃ³mica.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto