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Timestamp: 2018-03-25 05:04:06+00:00

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Contexto político: 2016
LA BRECHA ENTRE POBRES Y RICOS
Hace pocos días se aprobó otra ley de pequeñas causas en el congreso de la república, que busca acelerar la justicia en los delitos de menor impacto, en la que entre otras, se incluye el desarrollo legal de la figura del acusador privado en materia penal, introducida en el pasado acto legislativo 006 de 2011; pero en que consiste realmente esta figura?, en este artículo me ocupare de explicar esta creación legal, no tan novedosa.
El acusador privado consiste en que la fiscalía general de la nación o su delegado, designan el ejercicio de la acción penal a la víctima u a otras autoridades distintas de la fiscalía General de Nación; es una especie de conversión privada de la función del ente acusador, para que cuente con facultades y cargas procesales iguales a las del estado, salvo algunas limitaciones de orden de afectación a derechos fundamentales.
En el ordenamiento jurídico colombiano, la figura del acusador privado se implementó a través del Acto Legislativo 006 de 2011, conforme al cual, se facultó al Fiscal General de la Nación o su delegado de asignar el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas de la Fiscalía General de la Nación. La idea del proyecto es que la conversión de la acción penal pública a privada se haga únicamente en el procedimiento abreviado por conductas contravencionales, que no es otra cosa que procedimiento para investigar, juzgar y sancionar las contravenciones que quedarán definidas en el proyecto de ley y los delitos que se mencionan en el artículo 74 del CPP, esto es, los delitos querellables.
La conversión de la acción penal en privada implica que el acusador privado cuente con facultades y cargas procesales semejantes a las que tiene un fiscal dentro del proceso penal, con la salvaguarda de que éste no puede realizar actos complejos de investigación que comporten una grave afectación los derechos fundamentales, o por lo menos eso dice el proyecto. No obstante, hasta aquí, ya tenemos serios problemas, y es la profunda brecha que se acentuaría aún más en el procesal penal, entre ricos y pobres.
No nos digamos, mentiras, hay abogados como Lombana, Granados, De la Espriella, con sendos bufetes que cuentan con todo el dinero para sus investigaciones y juicios; Pero a Doña Juana, que le robaron el Celular ayer en la esquina de su barrio, no puede acceder a dichos abogados, le toca con el Dr Clodomiro, que apenas tiene una oficina en el centro Comercial cerca donde vive y que a veces no tiene ni para pagar el arriendo.
Como podemos ver, este panorama ya lo dice todo, claro, pero como aquí somos expertos en copiar legislaciones prominentes como la europea y la americana, sin pensar en el impacto que estas tienen en la población colombiana.
Porque lo que dice la norma es que la investigación es a motu proprio, y eso solo para señalar un delito simple, pero que diríamos, del trabajador frente a su empleador, o de los delitos contra la administración pública, o contra funcionarios públicos?
La desmonopolización de la investigación, en mi concepto no es más que una demostración de que la jurisdicción penal fracasó, pues la capacidad adquisitiva de los ciudadanos serán los determinantes en el proceso y hay si que se pone peor la cosa.
Como suele pasar en este país, ya se oyen voces para demandar la inconstitucionalidad de esta norma, por violar preceptos sagrados de la constitución política, y es que uno no entiende entonces, porque el acusador privado no puede emitir ordenes de captura, el solo hecho de imaginarlo ya me da miedo.
Pero estén o de acuerdo con mi análisis, lo cierto, es que una vez más queda claro, la falta de celeridad, eficiencia y eficacia para la recta impartición de justicia.
El derecho penal estratificado así, es un esperpento, que deja a los más pobres a merced de criminales y bandidos, adueñados de la justicia por décadas, que ponen y quitan abogados a su conveniencia, enquistados en la más absoluta impunidad.
SUBROGADOS PENALES Y MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.
En esta ocasión quiero exponer sin grandes sobresaltos, una de las figuras jurídico penales que más expresan interés y son los denominados subrogados penales.
Es común encontrar conceptos de muchos colegas con algún tipo de imprecisión, respecto a la aplicabilidad frente a unos delitos de los cuales proceden.
Pues bien la jurisprudencia se ha pronunciado en muchas ocasiones indicando que los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena, tienen como fundamento la humanización de derecho penal y la motivación para la resocialización del delincuente. Sentencia T -035 de 2013 que reitera la C-425 de 2008:
“…Que la existencia de los mecanismos sustitutivos de la pena están conectados con la política criminal del estado colombiano, con una orientación a la humanización de la sanción penal, que los mismos fines se pueden lograr a través de otros mecanismos…”
Los subrogados penales están consagrados en el código penal en sus artículos 63 y siguientes, estos son alternativos para el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, de forma extramuros y se concede siempre que reúnan los requisitos y condiciones que continuación les presentaré:
1. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA.
Permite a quien ha sido condenado a pena privativa de la libertad que se suspensa el cumplimiento de la misma por determinado periodo.
Anteriormente conocida como suspensión condicional de la ejecución de la pena, esta reglada en el artículo 63 de la ley 599 de 2000, articulo posteriormente reformado mediante Ley 1709 de 2014 y quedo así:
Artículo 29. Modificase el artículo 63 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
REQUISITOS Y CAUSALES DE EXCLUSIÓN
Esta medida puede ser concedida de oficio o a petición del interesado, quiere decir que el juez una vez dicte sentencia puede proceder a reconocerla dependiendo de los siguientes requisitos:
1. La privación de la libertad que se impuso no exceda de cuatro (4) años.
2. Cuando quien ha sido condenado no tiene antecedentes penales por un delito doloso dentro de los 5 años anteriores y además no ha sido condenado por alguno de los delitos excluidos de beneficios articulo 68 A del Código Penal.
3. Cuando quien ha sido condenado, si tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, en efecto el juez analizará los antecedentes familiares, sociales, personales.
4. No es necesario el pago de la multa conforme a la ley 1709 de 2014.
1. Asistir a los requerimientos de las autoridades judiciales.
2. Solicitar autorización del juez para salir del país.
3. Reparar el daño causado por el delito
4. Informar el Cambio de residencia
6. Estas obligaciones deben ser garantizadas mediante caución.
Es otro de los subrogados penales mediante el cual el juez permite salir de prisión a quien lleva determinado tiempo privado de su libertad, en virtud de sentencia condenatoria, lo anterior quiere decir que el sentenciado ya se encuentra privado de su libertad y puede recobrarla.
Se encuentra estipulado en el artículo 64 del Código Penal, ley 599 de 2000, modificado recientemente por la ley 1709 de 2014 artículo 30:
Artículo 30. Modificase el artículo 64 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:
2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el trata­miento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.
Solo al juez le corresponde valorar todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia del arraigo, no obstante la reparación a la víctima y del aseguramiento del pago.
1. Haber cumplido las tres quintas partes 3/5 de la pena
3. Demostrar arraigo social y familiar
Es necesario indicar que con la reforma de la ley 1709, ya no es necesario valorar la gravedad de la conducta, que se exigia para la ley 1453 de 2011.
La libertad condicional no está excluida para los condenados por delitos del artículo 68ª del Código Penal.
Sin embargo la libertad condicional si está excluida de los delitos establecidos en el código de la infancia y adolescencia ley 1121 de 2006, lucha contra el terrorismo ley 733 de 2002.
Las condiciones son las mismas para la suspensión de la ejecución de la pena.
Ambos subrogados penales pueden revocarse por:
Durante el periodo de prueba el condenado viole cualquiera de las normas establecidas por la autoridad judicial.
Estrictamente al referirme a la ejecución de la pena si el sentenciado no comparece a la autoridad judicial dentro de los 90 días siguientes será revocada la medida.
3. RECLUSIÓN DOMICILIARIA U HOSPITALARIA POR ENFERMEDAD MUY GRAVE
Se encuentra establecida en el artículo 68 del Código Penal.
La enfermedad que aqueja al condenado de una parte, ha de ser considerada como muy grave, de acuerdo a los criterios del informe médico.
La enfermedad debe ser incompatible con las condiciones concretas de la reclusión en las que vive el condenado en el centro penitenciario.
Debe haber un concepto de medicina legal
Sera el mismo sentenciado quien corre por los gastos que genere cuando no sea el INPEC, el que determine el centro hospitalario.
Si el condenado muestra mejoría que permita al juez considerar que deba continuar recluido, se revocara la medida y debe haber una compatibilidad entre el centro carcelario y el tratamiento médico.
Si no hay mejoría en la salud y ya se ha cumplido el tiempo de la pena privativa, el juez debe declarar extinguida la sanción penal.
4. PRISION DOMICILIARIA
Consiste en un mecanismo a través del cual se sustituye la pena privativa de la libertad, en un establecimiento carcelario, para que este pase a cumplirla en el domicilio.
Artículo 38 del Código Penal.
Artículo 38. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. Modificado por el art. 22, Ley 1709 de 2014. La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el Juez determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víctima, siempre que concurran los siguientes presupuestos:
Modificado por el art. 31, Ley 1142 de 2007, Modificado por el art. 1, Ley 1453 de 2011. El control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el Juez o Tribunal que conozca del asunto o vigile la ejecución de la sentencia, con apoyo en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, organismo que adoptará, entre otros, un sistema de visitas periódicas a la residencia del penado para verificar el cumplimiento de la pena, de lo cual informará al despacho judicial respectivo.
REQUISITOS Y CAUSALES DE EXCLUSIÓN.
Conforme al artículo 38 B se debe tener en cuenta:
La prisión domiciliaria se concede solo para los delitos cuya pena privativa de la libertad no exceda mínimo de ocho (8) años.
No puede concederse a quien fue condenado por delitos señalados en el artículo 68 A del Código Penal.
Demostrar que el condenado tenga arraigo social y familiar.
Garantizar mediante caución:
- Que non se cambiara de residencia sin autorización judicial
- Que sean reparados los daños ocasionados por el delito.
Es necesario cumplir las condiciones de seguridad que impone el juez en la sentencia.
Hay que comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.
Se debe permitir el ingreso de autoridades al lugar del domicilio.
De acuerdo con el articulo 38 D adicionado, ley 1709 de 2014, articulo 25, la prisión domiciliaria no se concederá cuando este pertenecía al grupo familiar de la víctima,
Se autoriza al condenado a trabajar y estudiar fuera de la residencia, solo mediante vigilancia electrónica.
REVOCACIÓN DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA
La revocatoria de la prisión domiciliaria está contenida en el artículo 29 f del código penitenciario y carcelario y con la adición de la ley 1709 de 2015, articulo 31:
Artículo 31. Adicionase un artículo a la Ley 65 de 1993 el cual quedará así:
En lo que respecta a la vigilancia electrónica me referiré es otro articulo.
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LOS DOMINICALES Y FESTIVOS LEGISLACIÓN LABORAL El trabajo dominical o festivo se refiere al trabajo desarr...

References: artículo 74
 artículo 63

Artículo 29
 artículo 63
 artículo 64
 artículo 30

Artículo 30
 artículo 64
 artículo 68
 artículo 68

Artículo 38

Artículo 38
 artículo 38
 artículo 68
 artículo 29

Artículo 31