Source: https://www.otrosi.net/administrativo/legislacion/2019-4825
Timestamp: 2019-05-20 00:19:56+00:00

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La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce, en su art. 22, que toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Asimismo, el art. 25.1 consagra el derecho de toda persona, así como de su familia, a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
El art. 34.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todas aquellas personas que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales.
Mediante la Recomendación (UE) 2017/761 de la Comisión, de 26 de abril de 2017, sobre el Pilar Europeo de los Derechos Sociales, en el ámbito de la igualdad de oportunidades, se reconoce que toda persona tiene derecho a la igualdad de trato y de oportunidades en relación con el empleo y la protección social. Y en el ámbito de la protección e inclusión social, se considera que toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado laboral. Por su parte, la Constitución española determina en su art. 9.2 que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural. De igual modo, atribuye a los poderes públicos la obligación de fomentar medidas para el empleo y de establecer prestaciones económicas que aminoren los efectos de la exclusión.
En el marco autonómico, el art. 9.1.27 del Estatuto de Autonomía de Extremadura atribuye a la Comunidad Autónoma de Extremadura la competencia exclusiva en materia de acción social, y en particular sobre la prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por cualquier tipo de discapacidad, dependencia o cualesquiera otras circunstancias determinantes de exclusión social, y sobre las prestaciones económicas de asistencia social diferentes de las de seguridad social. Asimismo, insta a los poderes públicos extremeños, en su art. 7.14, a que velen por la especial protección de aquellos sectores de población con especiales necesidades de cualquier tipo.
El aumento de la pobreza y del número de personas en riesgo de pobreza es una de las consecuencias que ha dejado la llamada “crisis económica”. En España, en general, y en Extremadura, en particular, hay diversos indicadores que datan perfectamente el significativo impacto que ha tenido en las situaciones de pobreza y desigualdad, como la tasa AROPE, el número de personas paradas de larga duración, la proporción de hogares sin ingresos, con baja intensidad en el empleo, el porcentaje de personas paradas sin prestaciones por desempleo o los índices de desigualdad social. Esta situación tiene múltiples efectos, siendo los más evidentes la carencia de recursos económicos para hacer frente a las necesidades básicas de la vida, los problemas de alojamiento y vivienda y los problemas de exclusión social o de riesgo de padecerla.
Otra consecuencia derivada de esta crisis es que el empleo tampoco ha protegido a todos los sectores de población frente a las situaciones de exclusión social o de riesgo.
Actualmente, disponer de un empleo ya no garantiza ni la superación de la pobreza ni la obtención de ingresos netos superiores a los garantizados por las diversas prestaciones ysubsidios. Particularmente grave es el impacto en las mujeres, conocida como “feminización de la pobreza”, que ha tenido efectos especialmente negativos sobre este sector de población tales como el incremento de los hogares monomarentales con dificultades económicas y de conciliación personal y laboral, el aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres o la precariedad laboral creciente con un impacto superior en las mujeres.
Los sistemas públicos de protección social de último recurso de las comunidades autónomas, las conocidas como “rentas mínimas de inserción”, como la vigente Renta Básica Extremeña de Inserción, han servido para hacer frente al incremento de la demanda de protección económica, tanto por el aumento de los índices de pobreza como por la reducción de los niveles de personas atendidas por el sistema de protección por desempleo.
En relación con lo anterior, el acceso a los Servicios Sociales de Acompañamiento de la Inclusión se recoge en esta ley como una prestación diferenciada, nacida de la lógica de intervención social, con independencia de si en un momento u otro de dicha intervención se accede o no a una prestación económica. Esta lógica responde a que las personas que acceden a uno y otro tipo de apoyo público no se encuentran siempre en las mismas circunstancias personales, sociales y/o laborales. No todas las personas con ingresos insuficientes necesitan el mismo tipo o intensidad de acompañamiento de inclusión ni la necesidad de estos apoyos se debe acotar solo a las personas perceptoras de una renta mínima, sino que deben comprender a personas beneficiarias de otras prestaciones del sistema público o a quienes, aun sin problemas de ingresos, requieren de procesos de acompañamiento para su inclusión. Ahora bien, en consonancia con la Recomendación (UE) 2017/761 de la Comisión, de 26 de abril de2017, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado laboral en aquellos casos de personas o familias sin impedimento para desempeñar una actividad laboral.
Artículo 2. Contenido del derecho.
b) No disponer de una cantidad de ingresos, rentas o recursos económicos considerada mínima para atender las necesidades básicas de una vida digna, en los términos previstos en el art. 7 de la presente ley.
4. Cuando se haya sido víctima de violencia de género conforme a los medios de prueba calificada para la identificación de las situaciones de violencia que aparecen en el art. 79 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura.
f) Para los supuestos de renovación de la prestación, haber cumplido con las obligaciones determinadas en el art. 9, o no haber sido sancionado por incumplimiento de los objetivos del Programa de Acompañamiento para la Inclusión, según lo dispuesto en el art. 31.
b) Personas que hayan abandonado su domicilio habitual, junto con sus descendientes, en su caso, como consecuencia de una ruptura matrimonial por separación o divorcio o como consecuencia de la ausencia de recursos económicos suficientes, conforme a lo dispuesto en los arts. 7 y 8 de esta ley, para sufragar los gastos de alojamiento, o por alguna otra situación de necesidad acreditada.
6. En aquellos casos en los que en la misma vivienda convivan parientes de tercer grado de la persona solicitante o de su cónyuge o pareja de hecho, se podrá optar por su inclusión en el conjunto de la unidad familiar; pero si alguno de aquellos percibieracualquier tipo de prestación pública que pudiera verse afectada, deberá contarse con su expresa autorización para la inclusión. En cualquier caso, la Administración competente para la tramitación informará de esta posibilidad y de la opción económicamente más ventajosa para la persona solicitante a la vista de los datos obrantes en el momento de la solicitud.
Artículo 7. Capacidad económica que da acceso.
2. A fin de determinar el derecho a percibir la Renta Extremeña Garantizada, se tendrá en consideración la capacidad económica de la unidad de convivencia en su conjunto, en los términos establecidos en el art. 6 configurada por los ingresos imputables a la misma del modo previsto en el art. 8.
Artículo 8. Compatibilidad y cómputo de rentas.
d) La prestación económica vinculada al servicio y la prestación económica de asistencia personal, establecidas en los arts. 17 y 19 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
h) Cumplir las obligaciones previstas en el Programa de Acompañamiento para la Inclusión, en los términos previstos en el art. 31.
Artículo 10. Cuantía de la prestación.
6. Las cuantías de las prestaciones se revalorizarán anualmente, mediante resolución de la persona titular de la consejería con competencias en la materia, de acuerdo con el porcentaje que a estos efectos se apruebe anualmente en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Estas cuantías se actualizarán como mínimo con el valor mayor entre el incremento del IPC en Extremadura y el de los salarios medios de Extremadura.
La referida resolución se publicará en el Diario Oficial de Extremadura.
Artículo 11. Periodo de percepción.
La concesión de la Renta Extremeña Garantizada tendrá una duración de doce meses, renovables por periodos de igual duración mientras continúe la situación que motiva su concesión y se cumplan las obligaciones determinadas en los arts. 9 y 31 de la presente ley.
Artículo 12. Reconocimiento y abono de la prestación.
Artículo 13. Modificación de la cuantía de la Renta Extremeña Garantizada.
Artículo 14. Suspensión del derecho a la Renta Extremeña Garantizada.
2. La suspensión del derecho a la prestación supondrá la interrupción del abono de la misma, con efectos a partir del día siguiente a aquel en que se hubieran producido los motivos que la causan, reduciéndose el periodo de percepción de la prestación por tiempo igual al de la suspensión producida, sin que en ningún caso la suspensión pueda acordarse por un período superior a seis meses. En los supuestos en que se perciban rentas o ingresos de cualquier tipo durante el periodo de suspensión, los mismos serán computados a efectos de determinar el derecho a la reanudación o la cuantía de la prestación a percibir tras la reanudación del modo previsto en el art. 8.
c) Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento o incumplimiento de las obligaciones exigidas a cualquier miembro de la unidad familiar en los términos previstos en el art. 31.
f) Traslado efectivo de la residencia fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura por tiempo superior a tres meses. g) Realización de trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a seis meses, siempre que se perciban retribuciones mensuales superiores al importe de la Renta Extremeña Garantizada.
Artículo 16. Subrogación en el derecho a la percepción de la Renta Extremeña Garantizada.
3. A la solicitud de subrogación se adjuntará, informe de los Servicios Sociales de Atención Social Básica y documentación acreditativa del hecho causante. En los supuestos de no poder acreditarse documentalmente, se realizará una declaración responsable por parte de la persona solicitante con los efectos previstos en el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, autorizando al órgano gestor a comprobar de oficio los hechos declarados.
Artículo 17. Iniciación e instrucción.
5. Los y las trabajadores sociales de los Servicios Sociales de Atención Social Básica facilitarán a la persona solicitante cuanta información y orientación sea necesaria para la tramitación, evaluando su situación y, en su caso, del resto de miembros de la unidad familiar de convivencia, y redactarán un Programa de Acompañamiento para la Inclusión en los términos previstos en el art. 30. Asimismo, asistirá a la persona solicitante en la cumplimentación de la solicitud a través de la aplicación informática citada, supervisando la aportación de la documentación necesaria y velando por el cumplimiento de todos los requisitos mencionados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, y los previstos en esta ley.
c) Certificado de empadronamiento de la persona titular y resto de miembros de la unidad familiar, en caso de residir en domicilio distinto del que figure en el DNI, que será expedido de oficio por el Ayuntamiento d) Certificado de convivencia, expedido de oficio por el Ayuntamiento, en el que se haga constar todas las personas que convivan en el domicilio de la persona solicitante, con indicación del periodo de residencia.
f) En el caso de personas extranjeras, documentación acreditativa de su residencia legal en España. Si se trata de personas refugiadas o con solicitud de asilo en trámite o depersonas que tengan autorizada su estancia en España por razones humanitarias, documentación acreditativa de estas circunstancias.
g) En los supuestos de miembros que pudieran constituir unidades familiares independientes a que se refiere el apartado 6 del art. 6, deberán aportar declaración firmada por los parientes a que se refiere dicho artículo, expresando su consentimiento para la tramitación de la prestación.
En la imposición de sanciones se tendrán en cuenta los criterios recogidos en el art. 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 21. Responsabilidad de la infracción.
2. Las infracciones graves se sancionarán con la imposibilidad de acceder a la prestación de Renta Extremeña Garantizada por un periodo de cuatro a seis meses.
Artículo 29. Del derecho a la inclusión.
Artículo 30. Del Programa de Acompañamiento para la Inclusión.
Artículo 31. Del derecho a la inclusión social de las personas beneficiarias de la Renta Extremeña Garantizada.
Disposición adicional primera. Carácter de crédito ampliable y de desarrollo reglamentario de la ley.
Disposición adicional segunda. Aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria.
Los titulares de la prestación de la Renta Extremeña Garantizada estarán exentos de aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria, según lo dispuesto en el art. 94 bis 8 de la Ley 29/2006, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, modificada por el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Disposición adicional tercera. Modificación del art. 12 de la Ley 7/2016, de 21 de julio, de Medidas Extraordinarias Contra la Exclusión Social.
Uno. Se modifica el apartado 1 del art. 12, que queda redactado como sigue:
Dos. Se modifica el apartado 7 del art. 12, que queda redactado como sigue:
Disposición adicional cuarta. Comparecencia ante la Asamblea de Extremadura y memoria anual.
Disposición adicional quinta. Comisión de Seguimiento.
La Comisión de Seguimiento de la Renta Extremeña Garantizada, adscrita a la consejería competente, será el órgano de evaluación, participación, seguimiento y control de las prestaciones, y estará constituida por representantes de las consejerías competentes en materia de servicios sociales, educación, empleo, sanidad y hacienda, así como de la Administración local, agentes económicos y sociales, y colectivos sociales relacionados con la materia y grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura. Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
Queda derogada la Ley 9/2014, de 1 de octubre, por la que se regula la Renta Básica Extremeña de Inserción, así como el título III, art. 11, de la Ley 7/2016, de 21 de julio, de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social.
En Mérida, a 20 de febrero de 2019.

References: Artículo 2

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 10
 resolución 
 resolución 

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 21

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31