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Timestamp: 2018-08-18 15:46:21+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN 802 DE 2004
RESOLUCIÓN 802 DE 05 DE MARZO DE 2004
CONTENIDO:SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. DESESTIMA LA RECLAMACIÓN POR POSIBLE APLICACIÓN DE RESTRICCIONES POR PARTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, AL EXPEDIR LA NÓMINA DE MERCADERÍAS DE PROHIBIDA IMPORTACIÓN Y DE AQUELLAS QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 802 DE 2004
Recurso de reconsideración interpuesto por la República del Perú, reclamaciones del Gobierno de Colombia y revisión de oficio de la Resolución 784 de la secretaría general, que desestimó la reclamación por posible aplicación de restricciones por parte de la República del Ecuador, al expedir la nómina de mercaderías de prohibida importación y de aquellas que requieren autorización previa.
VISTOS: El artículo 30.a) y el capítulo VI sobre Programa de liberación del acuerdo de Cartagena, el reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general adoptado mediante la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Resolución 784 de la secretaría general; y,
Que el 6 de noviembre de 2003, la secretaría general emitió la Resolución 784, publicada en la Gaceta Oficial 1009 de 7 de noviembre de 2003, mediante la cual declaró infundadas las reclamaciones del Gobierno del Perú dirigidas a que la secretaría general calificara como restricción al comercio la obligatoriedad de la obtención de licencias previas para la importación de mercancías, supuestamente establecida en la Resolución 145 del Comexi; la expedición de la nómina de prohibida importación a que se refiere la Resolución 182 del Comexi; y la exigencia de una “autorización previa”, adicional a los procedimientos de control sanitario, orden público, seguridad, medioambiente u otros objetivos legítimos para la lista de productos contenida en la Resolución 183 del Comexi;
Que el 18 de diciembre de 2003, dentro del término previsto en el artículo 44 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, el Gobierno de Perú solicitó la reconsideración de la Resolución 784 de la secretaría general;
Que el 13 de enero de 2004, el Gobierno del Perú solicitó que la secretaría general acumule en un solo procedimiento las denuncias de Colombia y de Perú, relacionadas con la exigencia de autorizaciones previas, teniendo en cuenta que son sustancialmente similares y contra la misma norma legal. Cabe señalar que las denuncias del Gobierno de Colombia sobre las autorizaciones previas exigidas por el Ecuador para la importación de productos agropecuarios fueron tramitadas y acumuladas en un procedimiento de restricciones independiente al recurso de reconsideración formulado por el Perú;
Que mediante comunicación SG/X/2.15.19/043/2004 de 20 de enero de 2004, la secretaría general puso en conocimiento de la República del Ecuador y de los demás Países Miembros el recurso de reconsideración así como la solicitud de acumulación de procedimientos relacionados con las autorizaciones previas y las licencias de importación exigidas por el Ecuador. La secretaría general concedió un plazo de diez (10) días calendario para que los países miembros presentaran las consideraciones o elementos de información que tuvieran sobre el particular;
Que el 30 de enero de 2004, al amparo del artículo 29 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general y tomando en cuenta que éste es un tema de mucha trascendencia para los intereses de su país, el Gobierno del Ecuador solicitó una prórroga para dar respuesta al recurso de reconsideración;
Que, mediante comunicación de fecha 2 de febrero de 2004, la secretaría general fijó como plazo máximo de respuesta el 9 de febrero de 2004;
Que el 9 de febrero de 2004, en respuesta a la comunicación de la secretaría general SG/X/2.15.19/043/2004, el Gobierno del Ecuador presentó sus argumentos en relación con el recurso de reconsideración del Perú y las denuncias del Gobierno de Colombia;
Sobre la solicitud de acumulación de procedimientos
Que, por tratarse de una cuestión previa, procede que la secretaría general se pronuncie en primer término sobre la solicitud de acumulación de procedimientos planteada por el Gobierno del Perú mediante comunicación de fecha 13 de enero de 2004;
Que el Gobierno de Colombia, mediante comunicación 2-2003-007474 de 25 de marzo de 2003, solicitó el inicio de una investigación en relación con las posibles restricciones que estaría aplicando el Ecuador al haber dispuesto que las autorizaciones previas para la importación de productos agropecuarios fueran restringidas. A su reclamación, el Gobierno de Colombia acompañó una copia del Oficio 030056 SPICIS/DCIE, de 14 de febrero de 2003, suscrito por el director de comercio interno y externo del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, dirigido a los directores provinciales agropecuarios de El Oro, El Carchi y Loja (provincias limítrofes con Colombia y Perú), en el cual se expresa:
“Las importaciones de productos agropecuarios autorizados en las direcciones provinciales de El Oro y Carchi principalmente representan un volumen significativo de productos en el mercado ecuatoriano, lo cual está afectando a la producción interna por lo que es importante tomar medidas de salvaguardia de nuestros agricultores.
Por instrucciones del subsecretario de políticas agradeceré se sirva restringir las autorizaciones previas hasta un valor de US$ CIF 2.000,00 semanal por persona o empresa, debiendo tomarse en cuenta que los precios declarados sean ajustados a los del mercado.
Finalmente debo recordar que la nómina de productos que pueden ser autorizados por los directores provinciales se refiere a productos sensibles pero que pueden tener estacionalidad de producción por lo que deberá restringirse la importación de los productos en época de cosecha. En cuanto a productos sensibles corresponde a los comités consultivos definir la política sobre los mismos, por lo tanto no pueden autorizarse entre otros productos cárnicos, lácteos, cereales, café, cacao, etc.”;
Que, mediante comunicación de 28 de marzo de 2003, la secretaría general inició una investigación con el fin de determinar si la medida adoptada por la República del Ecuador constituye una restricción injustificada al comercio intrasubregional;
Que el 22 de abril de 2003, el Gobierno del Ecuador presentó sus observaciones a la reclamación de Colombia y al inicio de investigación, puntualizando que el Oficio 030056 SPICIS/DCIE del director nacional de comercio interno y externo dirigido a los directores provinciales agropecuarios haría referencia a disposiciones administrativas internas del Ministerio de Agricultura y Ganadería que reglamentan el manejo interno del proceso de importación de productos agropecuarios al país. Señaló además que las importaciones agropecuarias, sin limitación en volumen o valor, se han tramitado y tramitan normalmente a través de las oficinas del Ministerio de Agricultura en Quito y Guayaquil sin restricción de ninguna clase. A su respuesta, el Gobierno del Ecuador adjuntó una copia del Oficio 030128/A SPCIS/DCIE de 27 de marzo de 2003, dirigida a los directores provinciales agropecuarios de El Oro, El Carchi y Loja, en el cual se expresa:
“Como alcance a nuestra comunicación 030056 SPICIS/DCIE de fecha 14 de febrero de 2003, relacionada con las autorizaciones para la importación de productos agropecuarios agradeceré se sirvan remitir las solicitudes con un valor CIF superior a US$ 2.000,00 a esta dirección o a la subsecretaría del Litoral Sur para la aprobación de los aspectos sanitarios respectivos.
En relación a los insumos agropecuarios, incluido el material vegetativo, se seguirán aprobando únicamente en las dependencias antes citadas, en razón de que se requiere la verificación o aprobación de registro sanitario correspondiente, o de productividad en el caso de semillas, animales y plantas, temas que podrán ser resueltos con la implementación de la red electrónica que permitirá acceder a informaciones técnicas centralizadas”;
Que mediante Oficio 030228 SPIS/DCIE del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, recibido el 29 de abril de 2003, se puso en conocimiento de la secretaría general las disposiciones aclaratorias emitidas por dicho ministerio a las direcciones provinciales agropecuarias de frontera. A esta comunicación, se acompañó una copia del Oficio 0034 SPIS/DCIE fechado el 25 de abril de 2003, a través del cual el subsecretario de política, comercio e información sectorial informó a los directores provinciales de El Carchi, El Oro y Loja, lo siguiente:
“1. El Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA, al contar en los controles fitosanitarios de frontera con personal capacitado únicamente en dicho control e inspección, se requiere que las funciones orgánicas del SESA que permiten establecer requisitos, normas y resoluciones que contienen medidas sanitarias y fitosanitarias para la importación de productos agropecuarios en concordancia con lo establecido en la normatividad andina y multilateral sean realizadas por la dirección del SESA y sus organismos centrales, tal como lo establece el orgánico funcional de la institución y la ley de sanidad vegetal y animal.
2. En ese sentido, me permito reafirmar lo dispuesto en el Oficio 030128/A/SPCIS/ DCIE del 27 de marzo del año en curso, en cuanto a la remisión de solicitudes de autorización sanitaria para la importación de productos agropecuarios por un valor superior a CIF 2.000 US$ a esta subsecretaría o la del Litoral Sur y Galápagos, y se sigan emitiendo en las direcciones provinciales respectivas los permisos sanitarios con valores inferiores a dicho valor, manteniendo la observancia de un estricto control y cumplimiento de la normativa sanitaria correspondiente. Por lo tanto, con esta aclaración, queda insubsistente el Oficio 030056 SPCIS/DCIE del 14 de febrero de 2003”;
Que el 29 de abril de 2003, la secretaría general puso en conocimiento del Gobierno de Colombia las comunicaciones enviadas por el Ecuador y le concedió diez (10) días hábiles para que informara si efectivamente existían permisos de importación de productos agropecuarios que no hubiesen sido atendidos por el Ministerio de Agricultura;
Que, en respuesta al requerimiento de la secretaría general, mediante comunicación de 14 de mayo de 2003, el Gobierno de Colombia informó que el Ecuador no estaba autorizando las importaciones de productos cárnicos procedentes de Colombia. Para demostrar dicha afirmación, presentó copia de las cartas de 8 de abril y 12 de mayo de 2003, mediante las cuales la firma colombiana Agropec S.A. denunció que el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador no está expidiendo la autorización para importación al producto correspondiente al cuarto trasero (cortes finos) de bovino e igualmente porcino. Además, el Gobierno de Colombia presentó una copia de la solicitud realizada por Colombia al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad del Ecuador, de 28 de abril de 2003, con el fin de que se restableciera el libre comercio de estos bienes. De otra parte, el Gobierno de Colombia informó que la firma colombiana “Elizabeth Núñez Parra” había tenido inconvenientes en la exportación de pollo entero y troceado, a pesar de que cuenta con los permisos autorizados del Servicio de Sanidad Agropecuaria del Ecuador, SESA, en razón de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador no había expedido las autorizaciones de importación respectivas. El Gobierno de Colombia destacó que los exportadores colombianos no pueden aportar pruebas diferentes a las comunicaciones anotadas ya que las autoridades ecuatorianas no entregan copia de la radicación de la solicitud;
Que el 20 de mayo de 2003, la secretaría general puso en conocimiento del Gobierno del Ecuador la información proporcionada por Colombia. No obstante, la secretaría general no recibió respuesta alguna de parte del Gobierno ecuatoriano;
Que el 3 de octubre de 2003, mediante comunicación SG/F/2.15.19/1645/2003, la secretaría general se dirigió al Gobierno del Ecuador con el fin de solicitarle que precisara, entre otros, si la autorización sanitaria se refiere a la expedición de los respectivos permisos o documentos fito o zoosanitarios o si se refieren a otro trámite. Además, requirió que informara si para la solicitud del permiso o documento fito o zoosanitario para la importación de productos agropecuarios por un valor superior a 2000 dólares semanales se requiere previamente una autorización de la subsecretaría del Ministerio de Agricultura antes de ser expedida por la autoridad oficial de salud vegetal o animal del Ecuador;
Que, mediante Oficio 2289 CXC de 9 de octubre de 2003, el Gobierno del Ecuador informó que la consulta de la secretaría general sería atendida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, por lo que solicitó la ampliación del plazo para remitir la información solicitada. El 10 de octubre de 2003, la secretaría general accedió a la solicitud de prórroga y concedió cinco días hábiles para que el Ecuador presentara su respuesta;
Que, mediante Oficio 030598 SDEA/DCIE de 13 de octubre de 2003, la subsecretaría de direccionamiento estratégico agroproductivo del Ecuador informó:
“El tratamiento para los productos agropecuarios se refiere a las licencias no automáticas, están sujetas a autorizaciones previas del Ministerio de Agricultura que permiten al SESA establecer los condicionamientos que señalan las leyes pertinentes, se aplica en las importaciones a las subpartidas de productos agropecuarios puntualizando la base legal para cada caso y conforme a las directrices internacionales de la OMC, OIE, Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria, entre otras.
La Resolución 183 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, Comexi, publicada en el Registro Oficial en su edición especial Nº 6 del 5 de mayo de 2003, se expide la normativa que regula los procedimientos de licencia de importación en la cual se señala las razones técnicas y legales para el otorgamiento de dichas autorizaciones y no de otra índole. Como referencia se adjunta las descripciones específicas de la Resolución 183 del Comexi.
Con respecto a la segunda y tercera consulta, con el objeto de facilitar el otorgamiento de permisos sanitarios y fitosanitarios a nivel de frontera norte y sur se delegó a la jefatura provincial del SESA y al director agropecuario, como autoridad para que puedan emitir y autorizar el otorgamiento de dichos documentos conforme a las normas administrativas de nuestro país, sin estar sometidos a disposiciones de autoridades superiores. Cualquier persona natural o jurídica puede ser atendida en los trámites que requiera, sin limitación en número y hasta por el valor mencionado para cada trámite”;
Que, de otra parte, mediante comunicación recibida el 24 de octubre de 2003, el Gobierno de Colombia se dirigió a la secretaría general con el fin de denunciar los problemas y restricciones que afrontan los exportadores de frutas de Colombia para vender sus productos en el Ecuador, debido a que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la subsecretaría de agricultura y políticas sectoriales, no tramita las solicitudes de autorizaciones previas a la importación de frutas y retienen las mismas por períodos que van desde tres meses, sin aprobarlas. El Gobierno de Colombia presentó comunicaciones de la empresa Agrocomercial Delivalle dirigidas al Ministerio de Agricultura y al director ejecutivo del Comexi del Ecuador con el fin de obtener una solución a estos problemas. Además, presentó una copia del acta de diligencia de constatación y verificación de documentos llevada a cabo por un notario público de la República del Ecuador en las oficinas de la subsecretaría de políticas e inversión sectorial del Ministerio de Agricultura. En dicha diligencia se constató que 19 “formularios de autorización previa DUI” para la importación de frutas fueron presentados en los meses de agosto y septiembre de 2003;
Que el 10 de noviembre de 2003, la secretaría general solicitó al Gobierno de Colombia que informara si su reclamación se refería a una autorización previa, propiamente dicha, a la importación de frutas o a la autorización previa a la importación relacionada con el otorgamiento de los permisos fitosanitarios por parte de la autoridad competente en Ecuador. Requirió además que el Gobierno de Colombia presentara copia de los formularios de autorización previa;
Que el 2 de diciembre de 2003, el Gobierno de Colombia informó que de acuerdo con la empresa ecuatoriana Comercializadora Internacional Delicias del Valle Ecuadelicias Cía. Ltda., las autorizaciones no tramitadas en agosto de 2003, no obedecen a restricciones fitosanitarias debido a que el exportador Agrocomercial Delivalle cumple con los parámetros establecidos por el ICA en Colombia y el SESA en Ecuador. El Gobierno de Colombia presentó copia de cuatro formularios “autorizaciones previas para importación” presentados por la empresa Comercializadora Internacional Delicias del Valle Ecuadelicias Cía. Ltda. al Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador;
Que el 18 de diciembre de 2003, la secretaría general se dirigió al Gobierno del Ecuador con el fin de referirse a la comunicación SG/F/2.15.19/488/2003 de 28 de marzo de 2003, a través de la cual se dio inicio a la investigación por posibles restricciones al comercio por parte de la República del Ecuador, a raíz de la denuncia del Gobierno de Colombia, según la cual se estaría restringiendo la importación de productos agropecuarios hasta un valor de US$ 2000 semanales por importador y no se estarían autorizando la importación de otros productos. La secretaría general consideró que la nueva información presentada por el Gobierno de Colombia está relacionada con la investigación por posible aplicación de restricciones por parte del Ecuador a productos agropecuarios, las que se concretarían en la exigencia de una “autorización previa” como requisito adicional a los documentos fito o zoosanitarios previstos en la normativa comunitaria. Se observó que de los documentos aportados por Colombia y la información suministrada por el Ecuador, la autorización previa se estaría exigiendo para todos los productos agropecuarios que se encuentran identificados en la Resolución 183 del Comexi. Con base en estos elementos, y en atención a los principios de economía procesal y de uso de los procedimientos y formalidades para lograr el cumplimiento de los objetivos de la norma (artículo 5 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general), la secretaría general acumuló en una sola investigación las denuncias formuladas por el Gobierno de Colombia. En este sentido, la secretaría general concedió un plazo de cinco (5) días hábiles para que el Ecuador remitiera información detallada respecto a la exigencia de una “autorización previa” para la importación de productos agropecuarios originarios de los países miembros de la Comunidad Andina, incluyendo la base normativa, la autoridad encargada de tramitarla así como los criterios y procedimientos para el otorgamiento de dicha autorización. Adicionalmente, requirió que el Ecuador informara acerca del trámite que se habría dado a las solicitudes presentadas por la empresa ecuatoriana Comercializadora Internacional Delicias del Valle Ecuadelicias Cía. Ltda. Dicha comunicación fue puesta en conocimiento de los demás países miembros;
Que el 21 de enero de 2004, a solicitud del Gobierno ecuatoriano, la secretaría general concedió una prórroga de diez (10) días calendario para que presentara las consideraciones que estimara pertinentes;
Que el 29 de enero de 2004 el Gobierno del Ecuador se refirió a la acumulación de procedimientos y a la exigencia de la “autorización previa” para la importación de productos agropecuarios. Al respecto señaló:
“En la Resolución Comexi 183 publicada en el Registro Oficial suplemento 6, del 5 de mayo de 2003, se regula las autorizaciones previas a la importación de los productos de países originarios de la CAN y de terceros países, normando las licencias previas para terceros países que no son miembros de la CAN, regulando adicionalmente el trámite para obtener las indicadas licencias. Este instrumento normativo se dictó apegado estrictamente a las disposiciones de la Comunidad Andina, OMC y leyes nacionales que rigen en materia de sanidad agropecuaria, salud, medio ambiente, y seguridad nacional.
Particularmente tienen un tratamiento especial los productos que se importen al Ecuador provenientes de la CAN, puesto que estamos en un régimen especial de integración que no requiere de ninguna autorización previa ni trámite adicional a los procedimientos de control permitidos en algunos casos regulados por la normativa comunitaria. En este sentido debemos recordar que la secretaría general de la CAN en Resolución 784 del 6 de noviembre del año 2003 declaró infundada la reclamación presentada por el Gobierno del Perú en el sentido que la Resolución 183 del Comexi exige una autorización previa adicional a los procedimientos de control sanitario, orden público, seguridad, medio ambiente y otros objetivos legítimos para la lista de productos contenidos en la Resolución 183.
Los registros de los productos procedentes de los países miembros de la CAN demuestran pública y fehacientemente que no se ha registrado ningún tipo de restricción y obstáculo al comercio por parte del Ecuador con motivo del cumplimiento fitosanitario.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería de oficio ha iniciado una investigación prolija de la documentación presentada por esta compañía [Ecuadelicias Cía. Ltda.] para la importación de ciertos productos provenientes de Colombia. Los resultados de esta investigación serán levantados a un expediente administrativo con efectos legales y vinculantes para las partes involucradas en esta solicitud. Prontamente le haremos llegar el informe aquí referido.
Con los antecedentes expuestos solicito a usted archivar la investigación iniciada por ser una causa que ha sido conocido y resuelta por la secretaría, puesto que la Resolución 183 guarda concordancia con la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, los tratados internacionales, las leyes y reglamentos internos del Ecuador”;
Que el 1 de marzo de 2004, el Gobierno de Colombia presentó una comunicación de la empresa Comercializadora Internacional Delicias del Valle Ecuadelicias Cía. Ltda., dirigida a desvirtuar los argumentos del Ecuador y a probar que dicho país miembro aplica “con acciones de hecho restricciones a la importación de productos provenientes de Colombia, generando incumplimientos a los acuerdos vigentes y viéndose avocados a las sanciones internacionales”. En esta última comunicación se realizan las siguientes puntualizaciones y ofrecimiento de pruebas:
“1. Aporto para que sirva como prueba, copia del formulario o documento exigido por el Gobierno ecuatoriano, denominado “autorización previa” (anexo 1) debidamente notariada (Corresponde a una de las pocas que nos han autorizado el presente año), que demuestra que SÍ existen exigencias de autorización previa, las cuales son negadas o condicionadas en cantidad, periodicidad y productos, generando con esto una violación a los convenios celebrados en la CAN.
Como ejemplo, le informo que se nos ha condicionado a importar sólo el 30% de nuestras necesidades, y no están autorizando tomate de árbol y pitajaya.
Para que sirva como prueba anexo el informe técnico del Ministerio de Agricultura en el que se prohíbe la importación de tomate de árbol (anexo 2A).
Se argumenta …que el documento anotado antes, es una consecuencia de un requisito aduanero, pero es exactamente lo contrario la aduana lo exige por mandato del Ministerio de Agricultura.
2. Para que sirva como prueba aporto copia notariada de los permisos fitosanitarios que acompañan a la autorización previa …que se entregan juntos pero son diferentes, firmados por funcionarios y dependencias diferentes, a los que firman las autorizaciones previas.
Vale la pena resaltar que los permisos fitosanitarios nunca son negados ya que las empresas exportadoras colombianas y el ICA ejercen un control estricto al riesgo fitosanitario, por eso no se trata de impedimentos fitosanitarios. Pero, si la subsecretaría de políticas no tramita la autorización previa, el SESA no puede tramitar el permiso fitosanitario, por ello el gobierno ha establecido que se deben tramitar juntos.
4. Efectivamente la resolución 183 de 2003 coincide con los acuerdos de la CAN, pero el problema no es la norma, sino las acciones de hecho en contra de esas normas y las de la CAN y OMC.
Si no hubiese medidas restrictivas nuestra empresa no las hubiera denunciado, pero el funcionario encargado…, no permite radicar las autorizaciones previas conforme al procedimiento establecido sino que las retiene en sus manos, firma las que a él le parece, las condiciona, las niega, por ello presentamos constancia material de este hecho.
7. A pesar que la Resolución 183 consagra 60 días de plazo para la importación, actualmente a las pocas que salen se les da 30 días, las entregan luego de pasados 10 días restando 20 para hacer la importación, lo cual lo hace casi imposible. Esto es otra forma de restricción disimulada.
En resumen hemos probado con las copias notariadas aportadas que sí existe un documento de autorización previa diferente a los permisos fitosanitarios para la importación, y éste se ha convertido en el instrumento para restringir el libre comercio entre ambos países, lo cual es contrario a lo establecido por las normas de la Comunidad Andina de Naciones”;
Que entre las pruebas presentadas por el Gobierno de Colombia, se encuentra copia del memo Nº 589SPCIS/DIA de 29 de septiembre de 2003 del coordinador del Consejo Consultivo de Frutales dirigido al subsecretario de política, comercio e información sectorial del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, en el cual se señala que “sería del caso restringir la importación de tomate de árbol, salvo su mejor criterio, por cuanto la producción de dicha fruta, abastece el mercado nacional”. Además, se señala que “la manzana se debería autorizar su importación hasta diciembre, por cuanto en los meses de febrero, marzo y abril, contamos con la producción nacional. En relación con el resto de frutas que constan en las autorizaciones previas, su producción no abastece el mercado nacional”;
Que también aparece entre las pruebas presentadas por Colombia, copia del acta notarial de la diligencia realizada con el objeto de recabar información sobre las solicitudes de autorización previa y permisos sanitarios para la importación de productos agropecuarios y agroindustriales ingresadas por la compañía Ecuadelicias. En dicha diligencia se constató que varias solicitudes de autorización previa presentadas en octubre y septiembre de 2003 no habían sido despachadas hasta la fecha de la diligencia llevada a cabo el 13 de noviembre de 2003;
Que de los antecedentes expuestos, se observa que el recurso de reconsideración interpuesto por la República del Perú pretende que la secretaría general revoque la Resolución 784 y declare que “la conducta ecuatoriana que establece la obligatoriedad de obtener licencias o autorizaciones previas de importación, así como la prohibición de importar ciertas mercancías, materializada a través de las resoluciones 182 y 183 del Comexi, constituye una ‘restricción’ al comercio subregional en los términos del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena”;
Que la Resolución 784 de la secretaría general, entre otros, declaró infundada la reclamación presentada por el Gobierno del Perú relativa a supuestas restricciones aplicadas por la República del Ecuador al exigir una “autorización previa” adicional a los procedimientos de control sanitario, orden público, seguridad, medio ambiente, u otros objetivos legítimos, para la lista de productos contenida en la Resolución 183 del Comexi;
Que, adicionalmente, la Resolución 784 dejó expresa constancia de que “la presente resolución no impedirá que la secretaría general, de oficio o a instancia de un país miembro o particulares interesados, y siempre que cuente con los suficientes elementos de hecho, inicie una nueva investigación sobre la posible aplicación de restricciones como consecuencia de la exigencia de autorizaciones previas por parte de la República del Ecuador a productos originarios de la subregión”;
Que, por su parte, las reclamaciones presentadas por el Gobierno de Colombia y acumuladas por la secretaría general en un solo procedimiento de calificación de restricciones, tienen por finalidad que este órgano comunitario se pronuncie sobre las autorizaciones previas exigidas por la República del Ecuador para la importación de productos agropecuarios;
Que el Gobierno del Ecuador, al dar respuesta a las reclamaciones de Colombia puso de relieve que “en la Resolución Comexi 183 publicada en el Registro Oficial suplemento 6, del 5 de mayo de 2003, se regula las autorizaciones previas a la importación de los productos de países originarios de la CAN y de terceros países, normando las licencias previas para terceros países que no son miembros de la CAN, regulando adicionalmente el trámite para obtener las indicadas licencias”;
Que el Gobierno del Ecuador no se opuso ni presentó observaciones a la solicitud del Gobierno del Perú para que se acumulen las reclamaciones de Colombia y Perú. Por el contrario, el Gobierno del Ecuador ha reconocido implícitamente que dichas reclamaciones tienen que ver con un mismo asunto: las autorizaciones previas que estarían reguladas a través de la Resolución 183 del Comexi. En efecto, como defensa de las reclamaciones presentadas por el Gobierno de Colombia, el Gobierno del Ecuador se amparó en consideraciones de la Resolución 784 de la secretaría general y en la legalidad comunitaria de la Resolución 183 del Comexi. Además, al dar respuesta al recurso de reconsideración del Perú, el Ecuador también se refirió a las reclamaciones del Gobierno de Colombia, relacionadas con la disposición administrativa dirigida a los directores provinciales de las zonas fronterizas para que otorguen permisos fitosanitarios hasta por US$ 2000 por importación;
Que, en razón de lo expuesto, la secretaría general considera que la conducta que es materia del recurso de reconsideración así como del procedimiento de restricciones de productos agropecuarios, se concreta a la exigencia de una “autorización previa” como requisito para la importación de los productos que aparecen en la “nómina de subpartidas arancelarias sujetas al trámite de licencias de importación” (anexo I de la Res. 183 del Comexi);
Que la secretaría general, en el curso del procedimiento de restricciones iniciado a instancia del Gobierno de Colombia y en el marco del recurso de reconsideración interpuesto por el Gobierno del Perú, ha garantizado el derecho de defensa de la República del Ecuador, con el fin de que pueda presentar sus argumentos y descargos en uno y otro procedimiento. La República del Ecuador, dentro del procedimiento de restricciones que dio lugar a la Resolución 784, tuvo la oportunidad de presentar los argumentos para desvirtuar las alegaciones del Perú acerca de la exigencia de autorizaciones o licencias previas, por lo que el presente pronunciamiento constituye una revisión de las constataciones y consideraciones realizadas por la secretaría general en un procedimiento previo;
Que, por lo tanto, en aplicación de los principios de economía procesal y de uso de los procedimientos y formalidades para lograr el cumplimiento de los objetivos de la norma y de racionalización de la actividad administrativa, recogidos en el artículo 5º del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, este órgano comunitario considera procedente pronunciarse en un solo acto sobre las reclamaciones de los gobiernos del Perú y de Colombia;
Que, en este sentido, la secretaría general se referirá, en primer lugar, a los argumentos expuestos por la República del Perú en su recurso de reconsideración, con la finalidad de precisar los alcances de la Resolución 784 y determinar la procedencia de los alegatos del recurso. En una segunda parte, la secretaría general entrará a analizar el fondo del asunto materia de las reclamaciones del Perú en el procedimiento original y de las reclamaciones de Colombia acerca de la existencia de una autorización previa o una licencia de importación, los efectos restrictivos y la defensa del Ecuador acerca de que se trataría de una medida justificada por el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena. En esta segunda parte, la secretaría general basará su pronunciamiento en las reclamaciones e información proporcionada por el Perú y por Colombia, así como en las investigaciones y observaciones propias de este órgano comunitario;
Sobre los argumentos del recurso de reconsideración
Pretensiones del recurso y facultades de revisión de la secretaría general
Que en su recurso de reconsideración, el Gobierno del Perú solicitó que la secretaría general declare que “la conducta ecuatoriana que establece la obligatoriedad de obtener licencias o autorizaciones previas de importación, así como la prohibición de importar ciertas mercancías, materializada a través de las resoluciones 182 y 183 del Comexi, constituye una ‘restricción’ al comercio subregional en los términos del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena”;
Que procede recordar que la Resolución 784 de la secretaría general no se pronunció exclusivamente sobre las resoluciones 182 y 183 del Comexi del Ecuador, sino también sobre las reclamaciones del Gobierno del Perú respecto de la obligatoriedad de licencias previas para la importación de mercancías supuestamente establecida en la Resolución 145 del Comexi (cfr. art. 1º de la Res. 784 de la secretaría general). La secretaría general declaró infundado este extremo de la reclamación del Perú, considerando que dicho país miembro no se refirió ni presentó argumento alguno relativo a la nómina de productos de “prohibida importación” que aparecía en la hoy derogada Resolución 145 del Comexi. En cuanto a la posible exigencia por parte del Ecuador de una “autorización previa” para la nómina de productos del anexo II de la Resolución 145, la secretaría general constató que el Gobierno del Perú en el curso de la investigación no había demostrado en qué consiste o a través de qué disposiciones la República del Ecuador aplicaba el mecanismo de “autorizaciones previas” para los productos comprendidos en el anexo II de la Resolución 145 del Comexi. Se constató, además, que tampoco había demostrado el Gobierno peruano cuáles son los procedimientos o prácticas administrativas que mantenía la República del Ecuador para los productos sometidos al régimen de “autorización previa”;
Que, a pesar de que el Gobierno del Perú no solicitó la reconsideración del artículo 1º de la Resolución 784, la secretaría general considera que, en ejercicio de su función de velar por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y de la específica atribución contemplada en el artículo 34 de su reglamento de procedimientos administrativos que le faculta a revocar de oficio o a solicitud de parte sus actos, puede revisar ex officio la Resolución 784 en su integridad, a la luz de las nuevas pruebas incorporadas al expediente. En consecuencia, la secretaría general procederá a revisar su Resolución 784 en aquellos aspectos que estime procedente, en los apartados correspondientes a la existencia de las autorizaciones previas o licencias de importación y a la posible justificación de esta medida a la luz del Acuerdo de Cartagena;
Solicitud de reconsideración respecto de la Resolución 182 del Comexi
Que el recurso de reconsideración solicita que la secretaría general declare que “la prohibición de importar ciertas mercancías” materializada a través de la Resolución 182 del Comexi, “constituye una ‘restricción al comercio subregional en los términos del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena”;
Que en su Resolución 784, la secretaría general declaró infundada la reclamación presentada por el Gobierno del Perú dirigida a que la secretaría general califique como restricción al comercio la expedición de la nómina de mercaderías de prohibida importación a que se refiere la Resolución 182 del Comexi. A tal efecto, la secretaría general consideró que la medida adoptada por la República del Ecuador de prohibir la importación de una lista de productos se justifica, prima facie, por razones de orden público y de protección a la salud y vida de las personas, animales y vegetales. Constató, además, que el Gobierno del Perú no había presentado fundamento alguno que permitiera a la secretaría general entrar en un riguroso análisis dirigido a desvirtuar esa posible justificación que ampararía la prohibición de importar los productos incluidos en la nómina expedida a través de la Resolución 182 del Comexi. Agregó que de acuerdo con los principios que rigen la carga de la prueba correspondía a la parte reclamante presentar los argumentos y pruebas pertinentes que conduzcan a establecer a priori que la medida adoptada por un país miembro constituye una restricción al comercio, concepto que involucra tanto el efecto de “impedir” u “obstaculizar” las importaciones así como también que la medida no está destinada a la protección de los objetivos del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena. Y, finalmente, concluyó que en el expediente no obraba prueba alguna que permitiera establecer con certeza que alguna de las medidas de prohibición de importaciones, para los productos incluidos en la Resolución 182 del Comexi, no se encuentra justificada por los objetivos legítimos contemplados en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, tomando en cuenta que existen estándares internacionales y comunitarios que regulan el comercio de esos productos;
Que, por consiguiente, la secretaría general constató en su Resolución 784 que la prohibición de importar determinados productos impuesta por la República del Perú, al menos prima facie, se encuentra justificada por estándares comunitarios e internacionales, entre los cuales aparecen: el Convenio de Estocolmo (POP’s) sobre contaminantes orgánicos persistentes, el Convenio de Rotterdam “Procedimiento de consentimiento previo fundamentado aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional” (PIC), la Convención sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, el Convenio de complementación en el sector automotor celebrado entre Colombia, Ecuador y Venezuela y la Decisión 337 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que prohíbe la importación de ropa usada;
Que, en su recurso de reconsideración, el Gobierno del Perú no presentó argumento alguno dirigido a desvirtuar las constataciones de la secretaría general acerca de que la prohibición de importar los productos, a que se refiere la Resolución 182 del Comexi, se encontraría justificada, prima facie, por las excepciones al concepto de “restricción de todo orden” previstas en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena;
Que, en su recurso de reconsideración, el Gobierno del Perú se limitó a reiterar que “la secretaría general profundice las investigaciones tomando como base todos los elementos de prueba que han sido presentados por el Perú y que obran en el expediente hasta la fecha”;
Que una vez analizadas las denominadas “pruebas” presentadas por el Gobierno del Perú durante el procedimiento que originó la Resolución 784, la secretaría general confirma su criterio de que en el expediente no obra prueba o argumento alguno que permita establecer con certeza que alguna de las medidas de prohibición de importaciones, para los productos incluidos en la Resolución 182 del Comexi, no se encuentre justificada por los objetivos legítimos contemplados en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, tomando en cuenta que existen estándares internacionales y comunitarios que regulan el comercio de esos productos;
Que, por tanto, procede desestimar la pretensión del Gobierno del Perú de que la secretaría general declare como restricción al comercio la prohibición de importar los productos a los que se refiere la Resolución 182 del Comexi, y en consecuencia confirmar el artículo 2º de la Resolución 784 de la secretaría general;
Sobre los argumentos del recurso de reconsideración referidos a la Resolución 183 del Comexi
Que la República del Perú señala que la secretaría general está obligada a velar por la aplicación del Acuerdo de Cartagena y por el cumplimiento de las normas comunitarias. Sin embargo —agrega— en el presente caso la secretaría general se habría limitado a realizar un vago análisis del caso, evaluando únicamente las afirmaciones expuestas por ambas partes. Sobre este punto, el recurso concluye que, en el presente caso, es necesario que la secretaría general profundice las investigaciones tomando como base todos los elementos de prueba que han sido presentados por el Perú y que obran en el expediente hasta la fecha, así como las inspecciones in situ de la conducta de las autoridades ecuatorianas, de manera tal que pueda apreciar por sí misma que la conducta ecuatoriana constituye una restricción al comercio subregional. Sin perjuicio de ello, el Gobierno del Perú anticipó que se encuentra recopilando información adicional que demuestra las serias restricciones que impone Ecuador;
Que, sobre estas apreciaciones del Perú, cabe señalar que la Resolución 784 no pasó inadvertidas las competencias de la secretaría general para actuar de oficio. En efecto, en la Resolución 784 se precisó que si bien la secretaría general dispone de la competencia para calificar ex officio si una medida constituye una restricción al comercio y consecuentemente está facultada para adelantar las investigaciones que estime conducentes, en el presente caso no disponía de los suficientes elementos de hecho para establecer con certeza que la “autorización previa” constituía una exigencia adicional, desproporcionada o no vinculada con los procedimientos de control que los países miembros deben aplicar para proteger los objetivos legítimos que preserva el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, como es el caso de los registros sanitarios, permisos fito o zoosanitarios, control de mercancías que afecten la seguridad, moral pública, el patrimonio histórico, entre otros. Consideró igualmente que, a pesar de haber sido requerido por la secretaría general en varias oportunidades, el Gobierno del Perú no había demostrado en qué consiste, cómo opera en la práctica ni de qué manera las “autorizaciones previas” impiden u obstaculizan la libre circulación de mercancías;
Que es oportuno recordar que los países miembros tienen el deber y la obligación de cooperar lealmente en las investigaciones que lleve adelante la secretaría general. Esta obligación se encuentra expresamente prevista en el artículo 39 del Acuerdo de Cartagena:
“En el caso de procedimientos que deban culminar en la adopción de una resolución o dictamen, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas de los países miembros, deberán colaborar con las investigaciones que realice la secretaría general en el desarrollo de sus funciones y en tal sentido deberán suministrar la información que al efecto esta les solicite”;
Que para cumplir su misión de velar por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, la secretaría general necesariamente debe apoyarse en las administraciones de los países miembros, en las denuncias e información que éstos y los particulares presenten. De ahí la importancia que los países miembros cumplan su obligación de colaborar con las investigaciones que realice la secretaría general;
Que, observa la secretaría general, que en su Resolución 784 constató que las partes en el procedimiento no habían cumplido con debida diligencia sus obligaciones que los principios de la actividad procesal les imponen. Se observa además que, durante el procedimiento que dio lugar a la Resolución 784, la secretaría general dirigió sendas comunicaciones a los Gobiernos del Ecuador y del Perú, con la finalidad de esclarecer la regulación, el funcionamiento y la práctica administrativa de las denominadas “autorizaciones previas” exigidas por la República del Ecuador. Sin embargo, la información aportada fue incompleta y en algunos casos impertinente o evasiva;
Que le llama la atención a la secretaría general las afirmaciones del Gobierno del Ecuador en su respuesta al recurso de reconsideración en el sentido de que las importaciones originarias de la Comunidad Andina “no requiere de ninguna autorización previa ni trámite adicional a los procedimientos de control permitidos y regulados por la normativa comunitaria”, tomando en cuenta que en el procedimiento de calificación de restricción de importaciones de productos agropecuarios iniciado a instancia del Gobierno de Colombia, y que formará parte de la presente resolución, se ha comprobado la existencia de un formulario del Banco Central del Ecuador denominado “autorización previa para importación” y en otros casos “licencia de importación” que debe ser presentado ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, documento y trámite administrativo que es distinto al “permiso fitosanitario para la importación”;
Que, en conclusión, la secretaría general se encuentra obligada a actuar de oficio en defensa del interés comunitario, como lo hará en el presente caso, siempre que tenga a su disposición los medios y elementos de información que le permitan determinar con certeza que una conducta de un país miembro atenta contra el orden jurídico de la comunidad;
Que un segundo bloque de argumentos del Gobierno del Perú está dirigido a demostrar que la secretaría general se ha pronunciado en diversas oportunidades en el sentido de que las licencias previas o autorizaciones previas de importación son consideradas restricciones de conformidad con el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena;
Que a este respecto, debe tenerse presente que la secretaría general en su Resolución 784 expresamente recogió y enfatizó el criterio del Tribunal Andino, reflejado en la sentencia de fecha 24 de septiembre de 1998 dentro del proceso 2-AI-97, en el sentido de que “las solicitudes y aprobación de licencias previas por una autoridad gubernamental, caen bajo el contenido de restricciones, que es lo que el Acuerdo de Cartagena trata de eliminar en la circulación de bienes en el área subregional” (énfasis añadido). No obstante, la Resolución 784 llegó a la conclusión de que, en el presente caso, no había quedado fehacientemente demostrado que el Ecuador se encuentre exigiendo una “autorización previa” como trámite adicional a los procedimientos de control permitidos y, en algunos casos, regulados por la normativa comunitaria;
Que, por tanto, la Resolución 784 no se apartó de los lineamientos de la jurisprudencia andina y de los propios precedentes de la secretaría general en materia de restricciones al comercio;
Que, en tercer lugar, el Gobierno del Perú argumenta que el gobierno ecuatoriano no justificó cómo las licencias previas que aplica están amparadas por las excepciones del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena. Manifiesta, además, que la Resolución 784 señala que la conducta ecuatoriana estaría justificada por las excepciones del artículo 73. La secretaría general —agrega— no habría tenido en cuenta que la interpretación de las excepciones se realiza en forma restringida, y que en el presente caso se habría basado en el solo dicho de la parte denunciada, sin que hubiera mediado una investigación cabal y profunda que permitiera comprobar definitivamente y no “prima facie” que la conducta ecuatoriana está acorde con el ordenamiento comunitario. Asimismo, según el Gobierno del Perú, de la lectura de la Resolución 784 se desprendería que la secretaría general evaluó un número reducido de productos y subpartidas arancelarias que la llevaron a concluir que las medidas ecuatorianas estarían amparadas en las excepciones del artículo 73. En consecuencia, para el Gobierno del Perú es inaceptable que la secretaría general concluya que la conducta ecuatoriana está “exceptuada” habiéndose realizado un análisis mínimo respecto de un número reducido de productos, que es irrelevante teniendo en consideración la totalidad de subpartidas sujetas al régimen denunciado.
Que sobre esta argumentación, debe señalarse que cuando la Resolución 784 consideró que la medida adoptada por la República del Ecuador se justifica prima facie por razones de orden público y de protección a la salud y vida de las personas, animales y vegetales, sólo se refirió a la Resolución 182 del Comexi que establece la lista de productos de prohibida importación. En la Resolución 784 no existe una constatación similar para la nómina de productos sujetos a autorización previa. Como se ha indicado, el fundamento principal para haber desestimado la reclamación del Perú no fue que la autorización previa no constituye una restricción al comercio, sino que no había quedado fehacientemente demostrado que el Ecuador se encuentre exigiendo una “autorización previa” como trámite adicional a los procedimientos de control permitidos y, en algunos casos, regulados por la normativa comunitaria. La Resolución 784 destacó que, a pesar de haber sido requerido por la secretaría general en varias oportunidades, el Gobierno del Perú no había demostrado en qué consiste, cómo opera en la práctica y de qué manera las “autorizaciones previas” impiden u obstaculizan la libre circulación de mercancías. Por lo demás, debe resaltarse que la Resolución 784 expresamente dejó constancia de que dicha Resolución no impediría que la secretaría general, de oficio o a instancia de un país miembro o particulares interesados, y siempre que cuente con los suficientes elementos de hecho, inicie una nueva investigación sobre la posible aplicación de restricciones como consecuencia de la exigencia de autorizaciones previas por parte de la República del Ecuador a productos originarios de la subregión;
Que, en definitiva, la Resolución 784 no declaró que las autorizaciones previas no constituyen restricciones al comercio conforme con el Acuerdo de Cartagena; y menos aún constató que las autorizaciones previas se encontraban justificadas por el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena. La secretaría general se limitó a declarar infundada la reclamación del Perú por no haber probado la existencia de tales autorizaciones previas;
Que, por último, al referirse al argumento del Ecuador en el sentido de que el régimen de licencias de importación se basa en el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación de la OMC, en el recurso de reconsideración del Gobierno del Perú se solicitó que la secretaría general se pronuncie enfatizando que el ordenamiento de la OMC es independiente al ordenamiento jurídico andino y que las disposiciones de este último son las que rigen las relaciones entre los países miembros;
Que, al respecto, la secretaría general considera que, para calificar que una medida constituye una restricción al comercio, debe limitarse a tener en cuenta el efecto de “impedir” u “obstaculizar” las importaciones y que la medida no esté destinada a la protección de los objetivos del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, independientemente que la base normativa de la medida sea una disposición nacional o un tratado internacional del cual sea parte el país miembro;
Que en relación con la solicitud del Gobierno del Perú de que la secretaría general tenga en cuenta como parte de su recurso de reconsideración las pruebas aportadas por el Gobierno de Colombia en un procedimiento independiente, cabe señalar que el artículo 45 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general (Decisión 425) establece que los interesados no podrán solicitar la reconsideración del acto impugnado basándose en alegatos o pruebas no presentados durante el procedimiento original, salvo cuando se trate de pruebas que no hayan sido conocidas o estado disponibles durante la tramitación del expediente, o cuando no hubieren tenido la oportunidad de presentarlas;
Que, aun cuando durante el procedimiento original el Gobierno del Perú tuvo la oportunidad de presentar las pruebas que demostraran la existencia de la autorización previa, en el presente caso la secretaría general considera que, la exigencia de una autorización previa para una lista de productos que supera las mil subpartidas arancelarias podría comprometer el interés de la comunidad y los objetivos fundamentales del Acuerdo de Cartagena. En tal sentido, con independencia de que resulte o no procedente la solicitud de pruebas del Gobierno del Perú, la secretaría general se pronunciará sobre la medida adoptada por la República del Ecuador no sólo en relación con los productos agropecuarios a los que se refieren las denuncias de Colombia, sino para la totalidad de los productos que aparecen en el anexo I de la Resolución 183 del Comexi “Nómina de subpartidas arancelarias sujetas al trámite de licencias de importación”;
Que, tal como se ha señalado, la secretaría general ha respetado el legítimo derecho de defensa de la República del Ecuador en el marco de las investigaciones dirigidas a determinar la existencia y legalidad del requisito de autorizaciones previas;
Que, tomando en cuenta las reclamaciones presentadas por Perú y por Colombia dirigidas a demostrar la aplicación de restricciones al comercio por parte del Ecuador, así como las investigaciones y observaciones de la secretaría general, a continuación se examinará si ha quedado probada en el expediente la existencia de las denominadas “autorizaciones previas” o “licencias de importación”. Una vez verificado este presupuesto, se analizará si la medida impide o dificulta las importaciones, por decisión unilateral. Finalmente la secretaría general evaluará los argumentos del Ecuador en el sentido de que la medida no está comprendida en el concepto de “restricción de todo orden”, por supuestamente estar destinada a cumplir los objetivos legítimos del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena. Con base en estos elementos la secretaría general determinará si la medida constituye una restricción a los efectos del programa de liberación, de conformidad con la competencia atribuida por el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena;
Sobre la existencia del requisito de autorizaciones previas o licencias de importación
Que el principal aspecto debatido en la Resolución 784 de la secretaría general fue la existencia de una “autorización” o “licencia” previa” como trámite adicional a los procedimientos de control permitidos y, en algunos casos, regulados por la normativa comunitaria. En efecto, la secretaría general constató que de la lectura del artículo 5 de la Resolución 183 del Comexi se desprende que el concepto de “trámite de licencia de importación” contenido en la Resolución 183 del Comexi engloba la diversidad de procedimientos administrativos regidos por “tratados internacionales, leyes u otras normas o regulaciones de la República” y que requieren de la presentación de solicitudes o documentación distinta a la necesaria a efectos aduaneros. En este sentido, la secretaría general consideró que del referido concepto de trámite de licencias de importación no se desprendía que la “autorización previa” sea una exigencia adicional a un registro, certificación, permiso, licencia u otro procedimiento destinado a proteger los intereses que tutela el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena y que, en ciertas materias, expresamente se encuentran regulados por la normativa comunitaria, como es el caso de los permisos fito y zoosanitarios o las notificaciones sanitarias obligatorias;
Que el Gobierno del Ecuador, en su respuesta al recurso de reconsideración sostuvo que “la importación de productos al Ecuador provenientes de la CAN, tienen un tratamiento especial dentro del régimen de integración que no requiere de ninguna autorización previa ni trámite adicional a los procedimientos de control permitidos y regulados por la normativa comunitaria andina; por lo tanto la Resolución 183 no impone ninguna restricción arancelaria comercial a los productos originarios de la CAN, a no ser por excepción, los requisitos fitosanitarios exigidos por la Decisión 515 de la Comunidad Andina y la ley de sanidad vegetal;
Que, sin embargo, la anterior afirmación es contradictoria con otras declaraciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, aportadas al expediente por el Gobierno de Colombia. En efecto, en el Oficio 030056 SPICIS/DCIE, de 14 de febrero de 2003, suscrito por el director de comercio interno y externo del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, dirigido a los directores provinciales agropecuarios de El Oro, El Carchi y Loja (provincias limítrofes con Colombia y Perú), se expresa que “Por instrucciones del subsecretario de políticas agradeceré se sirva restringir las autorizaciones previas hasta un valor de US$ CIF 2000,00 semanal por persona o empresa, debiendo tomarse en cuenta que los precios declarados sean ajustados a los del mercado” (énfasis añadido).
Que asimismo en el Oficio 030128/A SPCIS/DCIE de 27 de marzo de 2004, en el cual se señala que “Como alcance a nuestra comunicación 030056 SPICIS/DCIE de fecha 14 de febrero de 2003, relacionada con las autorizaciones para la importación de productos agropecuarios agradeceré se sirvan remitir las solicitudes con un valor CIF superior a US$ 2000,00 a esta dirección o a la subsecretaría del Litoral Sur” (énfasis añadido);
Que en el Oficio Nº 030598 SDEA/DCIE de 13 de octubre de 2003, la subsecretaría de direccionamiento estratégico agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador se precisó que “El tratamiento para los productos agropecuarios se refiere a las licencias no automáticas, están sujetas a autorizaciones previas del Ministerio de Agricultura que permiten al SESA establecer los condicionamientos que señalan las leyes pertinentes, se aplica en las importaciones a las subpartidas de productos agropecuarios puntualizando la base legal para cada caso y conforme a las directrices internacionales de la OMC, OIE, Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria, entre otras”. Dicha comunicación agregó que “la Resolución 183 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, Comexi, publicada en el Registro Oficial en su Edición Especial Nº 6 del 5 de mayo de 2003, se expide la normativa que regula los procedimientos de licencia de importación en la cual se señala las razones técnicas y legales para el otorgamiento de dichas autorizaciones y no de otra índole” (énfasis añadido);
Que en su comunicación de 29 de enero de 2004 el Gobierno del Ecuador se refirió a la acumulación de procedimientos y a la exigencia de la “autorización previa” para la importación de productos agropecuarios, precisando que “en la Resolución Comexi 183 publicada en el Registro Oficial suplemento 6, del 5 de mayo de 2003, se regula las autorizaciones previas a la importación de los productos de países originarios de la CAN y de terceros países” (énfasis añadido);
Que en el curso de la investigación el Gobierno de Colombia presentó como prueba de la existencia de la autorización previa copias de varios formularios, en cuyo encabezado aparecen preimpresas las palabras “BANCO CENTRAL DEL ECUADOR” y “AUTORIZACIÓN PREVIA PARA IMPORTACIÓN”. En formularios de fecha más reciente (febrero de 2004), en lugar de “autorización previa para importación” aparece “LICENCIA DE IMPORTACIÓN”. De la información que dispone la secretaría general, este formulario debe ser adquirido por el interesado por un valor de US$ 0,40, y además debe ser llenado y presentado por el importador ante el correspondiente Ministerio señalado en la Resolución 183 del Comexi. En este formulario se exige una descripción de las mercancías, la cantidad, su valor, el país de origen, el lugar de embarque, el lugar de destino, el proveedor o exportador, la vía de transporte, la identificación y firma del solicitante. Además, el formulario tiene una sección de uso oficial en la cual aparece un número de licencia o autorización, una fecha de aprobación, una fecha de caducidad, una casilla para observaciones, dos firmas autorizadas y un sello del Ministerio de Agricultura y Ganadería;
Que la secretaría general ha comprobado que el formulario de autorización previa o licencia de importación debe presentarse anexo al documento único de importación (DUI) y es distinto al formulario del “permiso fitosanitario para la importación”;
Que, por tanto, la secretaría general ha verificado que la República del Ecuador se encuentra exigiendo una “autorización previa” y en otros casos denominada “licencia de importación”, para la lista de productos que constan en el anexo I de la Resolución 183 del Comexi. También se ha podido constatar que la “autorización previa” o “licencia de importación”, en la práctica, constituye un requisito adicional y distinto a la documentación necesaria a efectos aduaneros. De igual manera ha comprobado que en el caso de productos agropecuarios, la “autorización previa” o “licencia de importación” es un requisito adicional y distinto al permiso fitosanitario de importación previsto en la Decisión 515 de la Comisión de la Comunidad Andina;
Que, en consecuencia, procede evaluar si la medida aplicada por la República del Ecuador puede ser considerada como una restricción al comercio;
Sobre los efectos restrictivos de la “autorización previa” o “licencia de importación”
Que la “autorización previa” o “licencia de importación” exigida por la República del Ecuador es un requisito necesario para poder realizar una importación que se origine en un país miembro de la Comunidad. Se trata de una formalidad o medida administrativa que exige el cumplimiento de trámites que inciden, dificultan y hacen más oneroso el proceso de importación;
Que de los documentos que obran en el expediente se aprecia que el requisito de “autorización previa” o “licencia de importación”, en ciertos casos, ha tenido por efecto impedir la importación de productos agropecuarios originarios de los países miembros;
Que procede recordar que el Tribunal Andino ha considerado que a los efectos del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena es “suficiente que [la medida] tenga como efecto directo o indirecto el de dificultar la libre circulación de mercancías (sent. de 2 de junio de 2000, en el proceso 2-AN-98);
Que el Tribunal Andino también ha considerado que “las solicitudes y aprobación de licencias previas por una autoridad gubernamental, caen bajo el contenido de restricciones, que es lo que el Acuerdo de Cartagena trata de eliminar en la circulación de bienes en el área Subregional” (sent. de 24 de septiembre de 1998, en el proceso 2-AI-97);
Que, por su parte, la secretaría general, entre otras, en las resoluciones 69, 184, 604, 638 y 724 ha declarado que los “permisos”, “licencias”, “vistos buenos”, “autorizaciones” o la exigencia de solicitudes y aprobación de importaciones, tienen por efecto obstaculizar o, en su caso, impedir las importaciones, por lo que caen dentro del concepto de “restricción de todo orden” a que se refiere el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena;
Que, en conclusión, la “autorización previa” o “licencia de importación”, exigida para la importación de los productos que constan en el anexo I de la Resolución 183 del Comexi, provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina, constituye una medida de carácter administrativo que dificulta y, en algunos casos, impide las importaciones, por decisión unilateral de la República del Ecuador;
Sobre las excepciones al concepto de “restricción de todo orden”
Que el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena establece que no quedarán comprendidos en el concepto de “restricciones de todo orden” la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la protección de varios objetivos legítimos, como son: la moralidad pública; la seguridad, el comercio de armas; materiales de guerra, artículos militares; la protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales; el comercio exterior de oro y plata; el patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico; y el comercio de materiales nucleares;
Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha declarado que “la legitimidad de cualquier control, procedimiento o formalidad que un país miembro pudiere exigir, como consecuencia del hecho de la importación procedente de otro país miembro, sólo podría ser apreciada dentro del marco del derecho comunitario. En este sentido, la exigencia de formalidades en los intercambios entre los países miembros no se justifica más que en la medida necesaria para establecer si la mercancía importada está comprendida en alguna de las excepciones de carácter no económico previstas en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena… o para aplicar el régimen de cláusulas de salvaguardia establecido en el capítulo IX del Acuerdo de Cartagena. La toma de datos estadísticos en las fronteras internas o la recaudación de impuestos estatales no son razones suficientes para justificar los controles sistemáticos y las formalidades excesivas que imponga un país miembro a las importaciones”. Además el tribunal ha destacado que “los países miembros se encuentran obligados a simplificar sus procedimientos y formalidades aplicables a las importaciones provenientes de la subregión, minimizando los efectos restrictivos que los controles y las formalidades —los justificados por el derecho andino, se entiende— pudieren provocar en el comercio intracomunitario” (sent. de 2 de junio de 2000, en el proceso 2-AN-98);
Que el Gobierno del Ecuador, en su comunicación de fecha 29 de enero de 2004, sostuvo que “la Resolución 183 [del Comexi] no impone ninguna restricción paraarancelaria comercial a los productos originarios de la CAN, a no ser, por excepción, los requisitos fitosanitarios exigidos por la Decisión 515 de la CAN, y la ley de sanidad vegetal”. Adicionalmente, el Gobierno del Ecuador señaló que “este instrumento normativo se dictó apegado estrictamente a las disposiciones de la Comunidad Andina, OMC y leyes nacionales que rigen en materia de sanidad agropecuaria, salud, medio ambiente y seguridad nacional”;
Que de lo anterior se deduce que, según el Gobierno del Ecuador, la “autorización previa” o “licencia de importación”, para el caso de los productos agropecuarios, cumpliría el objetivo de proteger de la vida y salud de las personas, animales y vegetales, consagrado en el artículo 73, literal d), del Acuerdo de Cartagena;
Que, sin embargo, observa la secretaría general que, de acuerdo con la Decisión 515 sobre el sistema andino de sanidad agropecuaria, el instrumento que cumple la finalidad de identificar los requisitos fito y zoosanitarios para la importación de plantas, productos vegetales, artículos reglamentados, animales y sus productos, es el permiso o documento fito y zoosanitario para Importación (artículo 41). Debe tenerse en cuenta que el sistema andino de sanidad agropecuaria se estableció con el objetivo de “facilitar el comercio intrasubregional y con terceros países de plantas, productos vegetales, artículos reglamentados, animales y sus productos, evitando que las medidas sanitarias y fitosanitarias se constituyan en restricciones encubiertas al comercio” (art. 4.c);
Que los requisitos que deben contener los permisos o documentos fito y zoosanitarios se encuentran establecidos en los anexos II-1 y II-2 de la Decisión 515. De otra parte, tales documentos sólo pueden ser firmados por los funcionarios que los países miembros hubieren informado a la secretaría general, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Decisión 515;
Que la “autorización previa” o “licencia de importación” exigida por la República del Ecuador no es un permiso fito o zoosanitario para importación, por lo que constituye un requisito adicional y distinto al previsto en la normativa comunitaria;
Que tal como se desprende del expediente, la “autorización previa” o “licencia de importación”, en ciertos casos, ha sido utilizado por funcionarios del Ecuador como un instrumento dirigido a proteger la producción nacional y a evitar el ingreso de productos de la subregión, con fines distintos a los previstos en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena. Esta constatación se evidencia de varias comunicaciones internas del Ministerio de Agricultura así como de declaraciones de empresas interesadas y las certificaciones que dan fe que las autorizaciones previas no han sido tramitadas o lo han sido en condiciones impuestas por los funcionarios gubernamentales;
Que, por lo expuesto, la secretaría general considera que las “autorizaciones previas” o “licencias de importación” para los productos que constan en el anexo de la Resolución 183 del Comexi no se encuentran justificadas por las excepciones del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena;
ART. 1º—Confirmar el artículo 2º de la Resolución 784.
ART. 2º—Revocar los artículos 1º y 3º de la Resolución 784 de la secretaría general.
ART. 3º—Determinar que la exigencia por parte de la República del Ecuador de una “autorización previa” o “licencia de importación”, adicional a los procedimientos de control permitidos por el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, para la lista de los productos identificados en la Resolución 183 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones Comexi, publicada en la Edición Especial 6 del Registro Oficial de 5 de mayo de 2003, constituye una restricción al comercio.
ART. 4º—De conformidad con el literal e) del artículo 55 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, se concede a la República del Ecuador un plazo máximo de treinta (30) días calendario para el levantamiento de la restricción determinada en el artículo anterior para las importaciones originarias de los demás países miembros.

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RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
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 artículo 30
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 Resolución 
 artículo 44
 Resolución 
 artículo 29
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 artículo 73
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 artículo 5
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 artículo 73
 artículo 73
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 artículo 1
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 artículo 34
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 artículo 73
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 artículo 73
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 artículo 73
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 artículo 73
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 artículo 2
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 artículo 39
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 artículo 74
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 artículo 5
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 artículo 73
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 artículo 73
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 artículo 73
 artículo 2
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 artículo 73
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 artículo 55