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Timestamp: 2019-12-14 16:20:04+00:00

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Nacionalidad para descendientes de Judíos Sefardíes: Instrucción de desarrollo - Parainmigrantes
Nacionalidad para descendientes de Judíos Sefardíes: Instrucción de desarrollo
Pueden efectuar la solicitud los mayores de 18 años cualquiera que sea su nacionalidad o residencia habitual, ya que dicho artículo establece este requisito con independencia de la ley personal o reguladora de la responsabilidad parental o de medidas de protección que le pudieran ser aplicables. En el caso de los emancipados será de aplicación el artículo 9.1 del Código Civil que dispone que la ley personal correspondiente a las personas físicas sea la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte, por lo tanto el solicitante deberá acreditar su condición de emancipado conforme a su respectiva ley personal.
La misma norma es aplicable para el caso de incapacitados mayores de 18 años, debiendo acreditarse la declaración de incapacidad y las medidas adoptadas para la protección del incapaz, así como las personas designadas como representantes legales conforme a su ley personal. La solicitud de la concesión de la nacionalidad debe realizarse por el propio interesado mayor de 18 años que deberá efectuar su comparecencia ante el notario designado personalmente sin posibilidad de representación voluntaria alguna.
Con respecto a la atribución o la extinción de la responsabilidad parental, el artículo 16 del referido Convenio regula su atribución o extinción en los siguientes términos: «1. La atribución o la extinción de pleno derecho de la responsabilidad parental, sin intervención de una autoridad judicial o administrativa, se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del niño. 2. La atribución o la extinción de la responsabilidad parental en virtud de un acuerdo o de un acto unilateral, sin intervención de una autoridad judicial o administrativa, se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del niño en el momento en que deviene eficaz el acuerdo o el acto unilateral. 3. La responsabilidad parental existente según la ley del Estado de la residencia habitual del niño subsiste después del cambio de esta residencia habitual a otro Estado. 4. En caso de cambio de la residencia habitual del niño, la atribución de pleno derecho de la responsabilidad parental a una persona que no estuviera ya investida de tal responsabilidad se rige por la ley del Estado de la nueva residencia habitual.»
Y el artículo 17 establece que: «El ejercicio de la responsabilidad parental se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del niño. En caso de cambio de la residencia habitual del niño, se rige por la ley del Estado de la nueva residencia habitual». Tratándose de menores, cobra especial importancia la residencia habitual de éstos a los efectos de justificar quién ostenta su representación legal. Si son residentes en España y el menor está sometido a patria potestad que esté siendo ejercida conjuntamente, la solicitud deberá efectuarse por ambos progenitores, o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro, pues como ya se recogió en la Instrucción de esta Dirección General de 26 de julio de 2007, sobre tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, afectando la adquisición de la nacionalidad al estado civil del menor, el cual está presidido por un principio general de estabilidad, la cuestión excede de los actos que pueden ser realizados por uno solo de los titulares de la patria potestad, por no constituir la mutación del «status nacionalitatis» del menor un acto de aquellos en que el Código Civil excepciona la regla general de ejercicio conjunto de la patria potestad. En el caso de ejercicio de la patria potestad por un solo progenitor, acreditando debidamente esta circunstancia o por habérsele asignado en procesos de separación, nulidad o divorcio, será este quien deba realizar la solicitud.
En estos casos habrá que examinar cuidadosamente el contenido de la sentencia en cuanto pueda afectar al ejercicio de la patria potestad. Por último en caso de desacuerdo entre ambos progenitores sobre la conveniencia y oportunidad o no de promover el expediente de nacionalidad deberán obtener la oportuna resolución judicial favorable a la solicitud. En el caso de que los menores residan en el extranjero, de conformidad con lo anteriormente expuesto, los responsables parentales del menor deberán acreditar dicha condición conforme a la ley del Estado de la residencia habitual del menor, para asistirle si es mayor de 14 años, o efectuar la solicitud en su nombre en el caso de que sea menor de dicha edad.
En el caso de la Ley 12/2015, de 24 de junio, no se aprecia «a priori» que la adquisición de la nacionalidad española pueda conllevar consecuencias contrarias a los intereses del menor. No obstante la autorización deberá obtenerse siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) cuando corresponda, conforme a la ley aplicable, el ejercicio de la responsabilidad parental a ambos progenitores y la solicitud la efectúe uno solo de ellos; b) en el caso de que la responsabilidad parental deba ejercitarse, conforme a la ley aplicable, por uno solo de los progenitores y no constare el consentimiento expreso del otro a la presentación de la solicitud; c) en los casos de guarda, tutela o acogimiento y en general, en todos los casos de representación legal distinta a la atribuida a los progenitores. Puesto que la residencia en España no es un requisito para la obtención de la nacionalidad española al amparo de esta Ley, en el caso de no residentes la competencia para autorizar la solicitud corresponderá al Encargado del Registro Civil consular correspondiente al domicilio del solicitante previo dictamen del Canciller del Consulado en funciones de Ministerio Fiscal y, en defecto de sustituto reglamentario, por dos españoles capaces e instruidos, nombrados por el Jefe de la Oficina Consular o de la Misión Diplomática, conforme a las reglas generales del procedimiento (artículo 54 del Reglamento del Registro Civil).
En cuanto a la inclusión del peticionario o de su ascendencia directa en las listas de familias sefardíes protegidas por el Decreto-ley de 29 de diciembre de 1948 o que obtuvieron su naturalización mediante el Real Decreto de 20 de diciembre de 1924, a que hace referencia la letra c) del apartado 3 del artículo 1 y al parentesco de consanguinidad del solicitante con alguna de dichas personas a que se refiere el apartado d), deberá acreditarse debidamente la condición de descendiente directo o pariente consanguíneo del solicitante. Para acreditar la condición de descendiente de las familias protegidas por España a través de dichas normas, el interesado podrá aportar, entre otros medios probatorios, copia del expediente de inmigración o naturalización del pariente a quien le fue concedida la nacionalidad española o la protección consular correspondiente, asícomo los certificados de nacimiento que sean necesarios para acreditar su parentesco de consanguinidad con el interesado.
El notario podrá solicitar el certificado de ley expedido por el consulado español en el país de origen del interesado para constatar el texto de una ley o disposición legal aplicable y la fecha en que está o estuvo vigente, así como su interpretación conforme a los usos y costumbres del país. De igual forma y con la misma finalidad podrá solicitar aseveración oinforme de un Diplomático, Cónsul o funcionario competente del país de la legislación que sea aplicable.
En todo caso, si los apellidos atribuidos conforme a la legislación española resultan distintos de los que el interesado ostentaba conforme a su anterior estatuto personal, podrá solicitar la anotación prevista en el artículo 38.3.ª de la Ley del Registro Civil.
También podrá solicitar la expedición del Certificado de diversidad de apellidos previsto en el Convenio n.º 21 de la Comisión Internacional de Estado Civil de la Haya.
La presente instrucción entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 29 de septiembre de 2015.

References: artículo 9
 artículo 16
 artículo 17
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 38