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Timestamp: 2018-11-17 22:01:37+00:00

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﻿ Sentencia 2010-00033 de agosto 4 de 2011
SENTENCIA 2010-00033 DE 04 DE AGOSTO DE 2011
CONTENIDO:DECISIONES ADOPTADAS AL INTERIOR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO PUEDEN SER JUZGADAS POR LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN EFECTO, PESE A QUE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS TIENEN EN LA ACTUALIDAD CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL, Y QUE SU PAPEL EN LA VIDA POLÍTICA NACIONAL ES TRASCENDENTAL POR TRATARSE DE LAS ORGANIZACIONES QUE PROVEEN LOS CANDIDATOS A OCUPAR LOS CARGOS Y CORPORACIONES PÚBLICAS DE ELECCIÓN POPULAR Y POR SU CONDUCTO LOGRAR LA DIRECCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD, ES CLARO QUE LOS MISMOS NO SON ENTIDADES PÚBLICAS NI CUMPLEN FUNCIONES PROPIAS DE ALGUNO DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, PARTIDO POLÍTICO, DOBLE MILITANCIA POLÍTICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:478 DE OCTUBRE DE 2011, PGS.1912, 1914 Y 1916
Sentencia 2010-00033 de agosto 4 de 2011
Exp.: 110010328000201000033-00
Demandantes: Luis Jairo Ibarra Obando y Gladys Canacue Medina
Demandados: Representantes Cámara - Huila
La competencia de esta corporación para conocer de esta acción electoral está fijada por lo dispuesto en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 597 de 1988 artículo 2º y por la Ley 446 de 1998, artículo 36; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
Con copia auténtica del Acuerdo 005 del 29 de junio de 2010, expedido por el Consejo Nacional Electoral, se probó la elección de los doctores Carlos Augusto Rojas Ortiz y Silvio Vásquez Villanueva por el Partido Conservador Colombiano, y de los doctores Luis Enrique Dussán López y Consuelo González de Perdomo por el grupo significativo de ciudadanos Unidad Liberal, como representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento del Huila, para el periodo constitucional 2010-2014(1).
1. Copia auténtica del formulario E-6 CT, mediante el cual los señores Flora Perdomo Andrade y Carlos Julio González Villa, a nombre del grupo significativo de ciudadanos Unidad Liberal, inscribieron como candidatos a representantes a la Cámara por el departamento del Huila, a los doctores Julio César Triana Quintero, Consuelo González de Perdomo, Luis Enrique Dussán López y Héctor Javier Osorio Botello(2).
2. Copia auténtica de la Resolución 2329 del 18 de enero de 2010, expedida por el PLC, mediante la cual se dispuso:
“ART. 1º—Autorizar la conformación de una lista de coalición con otros sectores de extracción liberal para aspirar a la Cámara de Representantes en el departamento del Huila, conformada de la siguiente manera:
Julio César Triana, número en el tarjetón: 101
Consuelo González de Perdomo, número en el tarjetón: 102
Luis Enrique Dussán, número en el tarjetón: 103
Héctor Javier Osorio, número en el tarjetón: 104
PAR.—La coalición de que trata este artículo se denominará “Unidad Liberal”.
ART. 2º—En la coalición de que trata esta resolución se podrá utilizar el logo del Partido Liberal Colombiano, para la promoción de la lista y sus candidatos”(3).
3. Copia auténtica de la Resolución 2379 del 29 de enero de 2010, expedida por el PLC, mediante la cual se dispuso:
“ART. 1º—Autorizar a la coalición ‘Unidad Liberal’ para que en la inscripción de la lista a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Huila, periodo constitucional 2010-2014, en el tarjetón electoral hago (sic) uso del logo del Partido Liberal Colombiano.
ART. 2º—Autorizar que en el logo del Partido Liberal Colombiano se identifique la coalición ‘Unidad Liberal’(4)”.
4. Copia auténtica del Oficio CNE-P-0026 de enero 29 de 2010, mediante el cual el Presidente del CNE le hace saber a sus delegados (no identifica su sede), que los partidos políticos “... pueden a través del órgano competente según lo determinen sus estatutos permitir y autorizar el uso de su símbolo por otro partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos”(5).
5. Muestra No válida para votar de tarjeta electoral impresa por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la elección de representantes a la Cámara, la que en la casilla dispuesta para la circunscripción del Huila contiene el logotipo del Partido Liberal con la expresión “Unidad Liberal”(6).
6. Copia auténtica de los estatutos del Partido Liberal Colombiano, que en sus artículos 97 y 98 consagra (sic):
“ART. 97.—Alianzas y acuerdos. El Partido Liberal Colombiano podrá realizar alianzas, coaliciones electorales y acuerdos programáticos con otros partidos o movimientos independientes para luchas (sic) por objetivos comunes, lo mismo que para participar en procesos electorales. Las alianzas, coaliciones y acuerdos deberán ser aprobados por las correspondientes instancias o autoridades partidistas y en ningún caso podrán ser pactados por grupos o individuos.
ART. 98.—Autorización. El partido solo (sic) autorizará coaliciones a través del Congreso Nacional, las asambleas departamentales, municipales o del Distrito Capital de la colectividad, según corresponda, para la Presidencia de la República, las gobernaciones y las alcaldías.
El partido podrá autorizar, a través de sus directivas territoriales, la conformación de coaliciones con otros movimientos o partidos con personería jurídica, para las elecciones de corporaciones públicas, siempre y cuando la lista sea inscrita con el aval del Partido y sea expresa la mención del mismo, de tal manera que siempre aparezca su nombre en la tarjeta electoral.
En dicha autorización deberá estipularse la forma como se repartirán los dineros provenientes de la reposición de gastos de campaña”(7).
7. Copia auténtica de la Resolución 1074 del 26 de mayo de 2010, dictada por el CNE, mediante la cual no accedió a la petición de revocatoria de inscripción de la lista inscrita por el grupo significativo de ciudadanos Unidad Liberal(8).
8. Copia auténtica de la Resolución 1367 del 26 de junio de 2010, expedida por el CNE, por medio de la cual no se repuso la Resolución 1074(9).
9. Certificación expedida el 6 de diciembre de 2010 por el director de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que hizo saber que el Partido Liberal Colombiano “... no presentó lista en el departamento del Huila para las Elecciones a la Cámara de Representantes para el periodo constitucional 2010-2014(10)”.
10. Certificación expedida el 6 de diciembre de 2010 por el secretario general del Partido Liberal Colombiano, mediante la cual informa que en el IV Congreso Nacional del Partido Liberal Colombiano, realizado los días 12 y 13 de diciembre de 2009, el delegado Alan Jara propuso autorizar al Dr. Rafael Pardo Rueda, Director Nacional del Partido, “... para adelantar conversaciones y suscribir acuerdos con las diferentes fuerzas políticas y sociales... con el fin de participar en una consulta interpartidista en las elecciones del 14 de marzo de 2010...” y “... para la celebración de alianzas políticas en la segunda vuelta de elección a la Presidencia de la República”(11).
11. Copias de diferentes medios de comunicación escrita (sic), en las que aparecen notas periodísticas alusivas a la aspiración política del grupo significativo de ciudadanos Unidad Liberal(12).
4.1. Excepciones del representante Dr. Carlos Augusto Rojas Ortiz.
Su apoderado judicial formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e intangibilidad de la elección de mi representado, que sustentó en similares argumentos, esto es, en que según los artículos 228 y 229 del Código Contencioso Administrativo, la demanda de nulidad electoral procede contra actos de elección popular siempre y cuando existan razones que la fundamenten, lo cual no se presenta en su caso porque los reparos de ilegalidad se dirigen exclusivamente contra los candidatos electos por la lista inscrita por el grupo significativo de ciudadanos Unidad Liberal, de la cual no hizo parte, dado que su elección fue por parte del Partido Conservador Colombiano.
La legitimación en la causa se establece a partir de la figura del litisconsorcio necesario,(13) según la cual al proceso deben vincularse forzosa y necesariamente, en calidad de partes, las personas sin cuya presencia no sería posible resolver la controversia jurídica, y que de llegar a serlo se haría contrariando el debido proceso y otras garantías fundamentales de los ausentes.
En materia electoral la legitimación por pasiva se determina, entre otras disposiciones, con fundamento en lo prescrito en el artículo 233 del Código Contencioso Administrativo (modificado por D. 2304/89, art. 60), por virtud del cual la acción debe dirigirse en contra del “nombrado o elegido”, lo que en principio lleva a sostener que ostentando esa calidad se puede ser convocado como demandado a un proceso electoral. Sin embargo, la condición de demandado no se adquiere siempre por ese solo hecho, dado que los actos electorales de naturaleza popular, cuando se refieren a corporaciones públicas, contienen la elección de un número plural de candidatos, de modo que las imputaciones subjetivas de ilegalidad pueden referirse a todos o a unos cuantos, configurándose entonces la legitimación por pasiva en aquellos que además de ser elegidos sean objeto de los cargos subjetivos de nulidad elevados por el accionante.
Con todo, observa la Sala que la legitimación por pasiva en el proceso electoral igualmente se gobierna por lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 233 ibídem, según el cual “Si por virtud de la declaración de nulidad hubiere de practicarse nuevo escrutinio, se entenderán demandados todos los ciudadanos declarados elegidos por los actos cuya nulidad se pretende” (negrillas de la Sala). Así, la legitimación examinada no puede circunscribirse solamente a quienes son objeto de reparos de ilegalidad, pues si la eventual declaración de nulidad conduce a la práctica de nuevos escrutinios, es preciso que al proceso sean citados todos los proclamados en la misma elección, ya que el nuevo escrutinio puede llegar a tener alguna incidencia en la votación válida y desde luego en los resultados de la respectiva jornada electoral.
Ahora, aunque la demanda pretende la nulidad del Acuerdo 005 del 29 de junio de 2010, mediante el cual el CNE declaró la elección de los 4 representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del Huila (2010-2014), y el único cargo se funda en infracción de normas superiores, referida exclusivamente a los candidatos electos por el grupo significativo de ciudadanos Unidad Liberal, doctores Luis Enrique Dussán López y Consuelo González de Perdomo, para la Sala estuvo bien que se vincularan como demandados a los candidatos proclamados por la lista inscrita por el Partido Conservador Colombiano, doctores Carlos Augusto Rojas Ortiz y Silvio Vásquez Villanueva.
Lo anterior, en atención a que de prosperar la demanda tendría que practicarse nuevo escrutinio, puesto que la nulidad por irregularidades en la inscripción de Unidad Liberal no afectaría únicamente a sus candidatos electos, sino a la lista misma, al punto que la falta absoluta que la nulidad propiciaría, no podría suplirse en la forma indicada en los artículos 125, 134 y 261 de la Constitución. Tendría que tomarse en cuenta que la exclusión integral de la lista conduciría a su vez a la exclusión de su votación, motivo por el cual sería inevitable hacer nuevo recuento de votos válidos y asignar las curules con fundamento en el sistema de la cifra repartidora implementado con el Acto Legislativo 01 de 2003.
Así, al quedar demostrado que por los alcances que podría llegar a tener la prosperidad del único cargo formulado con la demanda, era necesario citar a todos los electos con el Acuerdo 005 de junio 29 de 2010, concluye la Sala que se desvirtúan las excepciones planteadas por esta parte.
4.2. Excepciones del representante Dr. Silvio Vásquez Villanueva.
Las excepciones formuladas por su apoderado son las de inepta demanda e inoponibilidad de la misma. Como la última se edifica sobre similares razones a las esgrimidas por el apoderado del Dr. Carlos Augusto Rojas Ortiz en su excepción de falta de legitimación por pasiva, en cuanto afirma que la nulidad no puede solicitarse con base en reparos dirigidos “... en contra del comportamiento de una colectividad totalmente diferente a la de mi prohijado”, la Sala la tendrá por impróspera acudiendo a los mismos argumentos plasmados en el apartado anterior.
Considera el apoderado que la demanda es inepta porque se basó en una causal general de nulidad (CCA, art. 84), no desarrollada, con la finalidad de no tener que demostrar alguna de las causales especiales de nulidad (art. 223, ib.); de igual forma señaló que es al legislador a quien compete determinar la sanción legal por violar las disposiciones de la Ley 130 de 1994, que la extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones por cuenta por (sic) los representantes de los partidos y movimientos políticos solamente tiene control disciplinario por esa colectividad y que la doble militancia no da lugar a pérdida de investidura.
Como el apoderado hace una mixtura entre planteamientos que son propios de la excepción formulada y argumentos que aluden directamente al fondo de la discusión y que por tanto no pueden abordarse en esta oportunidad, la Sala únicamente se ocupará de lo primero.
Frente a ello dirá la Sala que la excepción no está llamada a prosperar, en atención a que si bien los actos administrativos electorales, por voto popular, pueden juzgarse a través de las causales especiales de nulidad previstas en los artículos 223, 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo, de igual modo lo pueden ser por las causales generales consagradas en el artículo 84 de la misma obra, como así lo viene aceptando esta Sección en su jurisprudencia que data de 1999:
“En los procesos electorales también procede la declaración de nulidad de los actos de elección y nombramiento por las causales de nulidad establecidas para la generalidad de los actos administrativos, es decir por las consagradas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo”(14).
Y, menos aceptable resulta aún la afirmación del excepcionante, en el sentido de que el cargo no se desarrolló. La lectura de la demanda evidencia que el accionante sí acató lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, ya que el cargo único, por infracción de norma superior, se cimenta en la supuesta violación de los artículos 5º de la Ley 130 de 1994 y 107 constitucional, entre otros, frente a los cuales se esgrimen razones suficientes para entender que sí hay concepto de violación, y por ende desarrollo del cargo.
En suma, se declararán infundadas las excepciones de inepta demanda e inoponibilidad de la misma, propuestas por el apoderado del representante Silvio Vásquez Villanueva.
5. Cargo único: por infracción a las normas en que debería sustentarse el acto acusado, el cual a su vez se subdivide en tres reproches.
Sostiene el actor que la elección de los doctores Luis Enrique Dussán López y Consuelo González de Perdomo por el grupo significativo de ciudadanos Unidad Liberal, como representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento del Huila (2010-2014), está viciada de nulidad por los siguientes reproches:
1.) Porque las resoluciones 2329 y 2379 de enero 18 y 29 de 2010 respectivamente, expedidas por el Director Nacional del Partido Liberal Colombiano (PLC), Dr. Rafael Pardo Rueda, violaron los artículos 107.4 de la Constitución y 5.2 de la Ley 130 de 1994, así como los artículos 32, 36, 97 y 98 de los estatutos del PLC, a raíz de que: i) no hubo consulta interna, popular o interpartidista; ii) fueron proferidas por autoridad incompetente, ya que las mismas solo podían dictarse por las directivas territoriales; iii) las coaliciones solo están estatutariamente autorizadas con partidos o movimientos políticos con personería jurídica; iv) la coalición fue aparente porque no se observaron las normas estatutarias; v) el logo no puede prestarse por los partidos porque esas normas prohíben su utilización por terceros, y porque ello configura doble militancia política; y vi) lo autorizado no fue el uso del nombre y el logo del PLC sino una lista de coalición, que debió inscribirse con su aval.
2.) Porque los electores fueron inducidos a error con la utilización de dicho logo, pues creyeron estar votando por candidatos del PLC, cuando en verdad lo hacían por candidatos del grupo significativo de ciudadanos Unidad Liberal. Y,
3.) Porque el Dr. Luis Enrique Dussán López incurrió en doble militancia política, debido a que luego de su elección como representante a la Cámara por Unidad Liberal, expresó públicamente que acompañaba la aspiración presidencial del Dr. Juan Manuel Santos Calderón, inscrito por el Partido de la U, y que con este haría bancada en el Congreso de la República.
Para despachar los anteriores planteamientos, en lo que se tomarán en cuenta las razones esgrimidas por la parte demandada, la Sala hará la respectiva valoración jurídica en tres acápites: 5.1. De la viabilidad jurídica de juzgar la legalidad de actos administrativos electorales por voto popular, con base en reproches jurídicos a los actos de los partidos políticos; 5.2. Del vicio en la voluntad de los sufragantes del grupo significativo de ciudadanos Unidad Liberal, por inducción a error, y 5.3. De la doble militancia del representante a la Cámara Dr. Luis Enrique Dussán López.
5.1. Del control de legalidad de las decisiones de los partidos políticos.
En el proceso se probó que la Dirección Nacional del PLC mediante Resolución 2329 del 18 de enero de 2010, “Autoriz[ó] la conformación de una lista de coalición con otros sectores de extracción liberal para aspirar a la Cámara de Representantes en el departamento del Huila...”, integrada, entre otras personas, por los Drs. Consuelo González de Perdomo y Luis Enrique Dussán López, cuyo nombre sería Unidad Liberal, y que “... podr[ía] utilizar el logo del Partido Liberal Colombiano, para la promoción de la lista y sus candidatos”; y que con Resolución 2379 de enero 29 de 2010 se autorizó al mismo grupo que “... en el tarjetón electoral hag[a] uso del logo del Partido Liberal Colombiano”, símbolo con el cual se identificaría dicha coalición.
Como la utilización del logo del PLC por parte de Unidad Liberal se basó en lo decidido por la dirección nacional de esa colectividad en las resoluciones 2329 y 2379 de 2010, debe determinarse si el juez de lo electoral puede, con miras a enjuiciar la legalidad del Acuerdo 005 de junio 29 de 2010, revisar a su vez la conformidad jurídica de esas resoluciones con las disposiciones invocadas por el actor, en particular con las prescripciones estatutarias.
Luego de valorar la situación, observa la Sala que ello no es procedente, según las siguientes razones:
En primer lugar, porque la jurisdicción de lo contencioso administrativo se instituyó con el propósito de “... juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado” (CCA, art. 82,(15)), sin que se pueda ubicar dentro de alguna de esas categorías las decisiones adoptadas al interior de los partidos y movimientos políticos.
En efecto, pese a que los partidos y movimientos políticos tienen en la actualidad consagración constitucional, y que su papel en la vida política nacional es trascendental por tratarse de las organizaciones que proveen los candidatos a ocupar los cargos y corporaciones públicas de elección popular y por su conducto lograr la dirección política del Estado y de la sociedad, es claro que los mismos no son entidades públicas ni cumplen funciones propias de alguno de los órganos del Estado.
Lo primero, en atención a que una interpretación a rúbrica de la Constitución lleva a establecer que los partidos y movimientos políticos no hacen parte del Estado, puesto que no corresponden a ninguna de las entidades aludidas en el título V de la organización del Estado, esto es porque no integran ninguna de las ramas del poder público, ni corresponden a ninguno de los órganos autónomos o independientes que allí se establecieron (art. 113). Por el contrario, su ubicación en la Constitución Política, título IV de la participación democrática y de los partidos políticos, reafirma la idea que esas organizaciones políticas no forman parte del Estado, así lleguen a él por virtud de los votos depositados en las urnas.
Y lo segundo, porque si bajo un criterio orgánico no son dependencias estatales, las funciones que cumplen no pueden tenerse como públicas o administrativas; a contrario sensu, las decisiones que al interior de los partidos y movimientos políticos se asumen son de naturaleza política. Además, la jurisprudencia de esta corporación precisó que los partidos y movimientos políticos no son entidades públicas:
“Los partidos y movimientos políticos, desde el punto de vista de la realidad social y política del Estado, son organizaciones cuya mediación entre los ciudadanos y el poder político contribuye a consolidar y actualizar la democracia.
Sobre la naturaleza y entidad jurídica de esta clase de instituciones, la jurisprudencia de la Sala ha señalado en forma reiterada, que, los partidos políticos no son entidades públicas, dado que no hacen parte de la estructura del Estado, ni son sociedades, corporaciones o fundaciones privadas de aquellas que tratan los títulos XXVI del libro primero y XXVII del libro cuarto del Código Civil y el libro segundo del Código de Comercio, modificado por la Ley 222 de 1995(16).
También ha precisado la jurisprudencia que “las funciones que cumplen las directivas de los partidos, son políticas, no privadas; luego el desempeño de tales dignidades no puede calificarse de carácter privado sino de carácter político”(17)”(18) (negrillas de la Sala).
En segundo lugar, porque el proceso electoral se instituyó con la finalidad de juzgar la legalidad de actos administrativos electorales, esto es aquellos mediante los cuales se hace un nombramiento o se declara una elección, sea esta popular o no. Por lo mismo, no es posible que la Sala entre a determinar si la decisión adoptada por el PLC en sus resoluciones 2329 y 2379 de 2010, se ajusta o no a sus normas estatutarias y al ordenamiento jurídico, pues sin ser acto administrativo y siendo en cambio un acto político de sus directivas, son las mismas organizaciones las que, en principio, deben ocuparse de su control acudiendo para ello a sus estamentos estatutarios.
Contra lo anterior podría decirse que lo que se juzga en esta acción es el Acuerdo 005 de junio 29 de 2010, mediante el cual el CNE declaró electos los representantes a la Cámara por el Huila (2010-2014), pero a ello respondería la Sala que los reproches de ilegalidad más que centrarse en esa decisión administrativa, se focalizan en la decisión política asumida por la Dirección Nacional del PLC en las mencionadas resoluciones, que en tanto manifestación política de esa organización se hace intangible para la jurisdicción, por el grado de autonomía e independencia que los partidos y movimientos políticos tienen frente al Estado, entre quienes si bien existe una correlación política, no permite que las autoridades jurisdiccionales interfieran directamente en sus decisiones.
En tercer lugar, porque se violaría la garantía constitucional del debido proceso si esta Sala, con miras a juzgar la legalidad del Acuerdo 005 de junio 29 de 2010, practicara control de legalidad a lo decidido por el PLC en sus resoluciones 2329 y 2379 de 2010. Recuérdese que el CNE es la entidad constitucionalmente facultada para regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, así como de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos (C.P., art. 265; modificado por A.L. 01/2009), por virtud de lo cual puede igualmente establecer si las decisiones adoptadas al interior de esas organizaciones se avienen o no a sus estatutos y a las normas jurídicas pertinentes, tal como así lo dispone el artículo 7º de la Ley 130 de marzo 23 de 1994 “Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”, al señalar:
“ART. 7º—Obligatoriedad de los estatutos. La organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos se regirá por lo establecido en sus propios estatutos. Cualquier ciudadano, dentro de los veinte días siguientes a la adopción de la respectiva decisión, podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral las cláusulas estatutarias contrarias a la Constitución, a la ley o a las disposiciones del Consejo Nacional Electoral, o las decisiones de las autoridades de los partidos y movimientos tomadas contraviniendo las mismas normas (...)” (se imponen negrillas).
Según la anterior disposición, es el CNE la autoridad competente para conocer de las impugnaciones formuladas por los ciudadanos o contra las cláusulas estatutarias o contra las decisiones adoptadas por las autoridades de los partidos y movimientos políticos, que hayan sido asumidas inobservando las prescripciones constitucionales, legales, estatutarias o reglamentarias que hayan sido expedidas por esa entidad de la organización electoral. Solo después de que las mismas hayan sido conocidas y decididas por el CNE a través de actos administrativos, podría esta corporación ocuparse de examinar su legalidad, como en cierto modo lo advirtió la Corte Constitucional al examinar la exequibilidad del citado artículo 7º:
“La competencia del Consejo Nacional Electoral consistente en velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos (C.P., art. 265), tiene naturaleza policiva y conduce a la aplicación de las sanciones que consagra la ley (proyecto, arts. 8º y 39-a). La controversia sobre la validez de una norma estatutaria, expresión de los derechos fundamentales de asociación y de constitución de partidos y movimientos políticos, por tener ese origen y suponer su pronunciamiento una definición sobre el alcance de las libertades públicas, requiere que la resuelva un juez, lo que en el presente caso es posible, pues, contra las decisiones del Consejo Nacional Electoral caben los recursos ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”(19).
En este orden de ideas, la garantía del debido proceso, en lo que respecta a la impugnación de las decisiones de las autoridades de los partidos y movimientos políticos, se asegura si la jurisdicción de lo contencioso administrativo interviene sobre las decisiones administrativas adoptadas por el CNE, pero no si lo hace directamente, ya que fue el constituyente quien decidió que sea el último quien cumpla las funciones de inspección, vigilancia y control de la actividad de esas organizaciones políticas.
Y, en cuarto lugar, porque si tuviera la Sala que examinar la legalidad de lo dispuesto por la Dirección Nacional del PLC en las resoluciones 2329 y 2379 de 2010, diría que no contrarían las normas jurídicas indicadas por el actor, por las siguientes razones:
1. Según él la autorización dada por el PLC al grupo significativo de ciudadanos Unidad Liberal, para que en su aspiración a la Cámara de Representantes por el departamento del Huila utilizara su logo o símbolo, es contraria a lo prescrito en los artículos 107 inciso 4º de la Constitución y 5º de la Ley 130 de 1994, ya que ese elemento distintivo del partido no puede ser empleado por otra organización política, ni siquiera con la autorización de su titular.
El artículo 5º de la Ley 130 de 1994 prescribe que los partidos y movimientos políticos “... son propietarios de su nombre y de su símbolo...”, los cuales deben estar registrados en el CNE, y que los mismos “... no podrán ser usados por ningún otro partido u organización política reconocida o no...” (negrillas de la Sala). Así, el legislador reconoce a esas organizaciones la titularidad de su nombre y símbolo, y lo hace en la calidad de propietario, lo que si bien podría caracterizarse a la luz de lo prescrito en el artículo 669 del Código Civil, esto es con los atributos de uso, goce y disposición, debe precisarse que no pueden equipararse a una cosa, pues además de no estar en el comercio, son intangibles importantes de los partidos políticos que cumplen cometidos determinantes en la conformación del poder político, en la medida que se vuelven elementos de cohesión y concentración ideológica para quienes comparten unos mismos principios y proyectos políticos, de modo que sería impensable que se pudieran transferir esos emblemas, pues por ser intuitu personae o inherentes a la persona jurídica que los adopta, solo perdurarán mientras la organización conserve su personería jurídica.
Por lo mismo, la prohibición de uso por otra organización o partido político, aplica solamente frente a terceros que lo pretendan hacer contra la voluntad del titular de los emblemas, pero no respecto de terceros que lo hagan con la autorización de su propietario, quien legalmente puede extender esa habilitación, siempre que no contraríe el ordenamiento jurídico.
Como dicho ordenamiento contempla la posibilidad de que las organizaciones políticas hagan coaliciones (C.P., arts. 107, 264, 303, 314 y 323; L. 130/94, art. 13) o que realicen consultas interpartidistas (C.P., art. 107, inc. 4º), resulta conforme al mismo que los partidos y movimientos políticos permitan que otras fuerzas políticas usen sus emblemas en los procesos electorales, restringido desde luego, entre otras cosas, por el respeto al postulado constitucional según el cual “Para todos los procesos de elección popular, los partidos y movimientos políticos presentarán listas y candidatos únicos...” (C.P., art. 263; modificado por A.L. 01/2009, art. 11), que puede terminar inobservado si, por ejemplo, el partido que autoriza el uso de su logo para que otra organización política presente lista de candidatos, de igual modo inscribe lista de candidatos, evento que no se presenta en el sub lite ya que el PLC no inscribió lista de candidatos para la Cámara de Representantes por el departamento del Huila.
La prescripción de que esos emblemas “... no podrán ser usados por ningún otro partido u organización política reconocida o no...” no puede interpretarse según la propuesta del actor, para quien tiene un carácter omnicomprensivo y por ello aplica tanto para su titular como para terceros; como se trata de una norma que, además de enlazarse con aquella que reconoce que los partidos y movimientos políticos son propietarios del nombre y el logo, y que de alguna forma desarrolla el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.P., art. 40), su interpretación no puede ser amplia porque contrariaría la garantía constitucional de efectividad de los derechos allí consagrados (art. 2º, ib.), sino que debe ser estricta, comoquiera que permitir su uso conforme a derecho puede ayudar a que su titular acceda al poder político por la vía democrática. Y,
2. Cuestiona el actor lo dispuesto por la Dirección del PLC en las resoluciones 2329 y 2379 de enero 18 y 29 de 2010 en lo que respecta a la “... conformación de una lista de coalición con otros sectores de extracción liberal...”, en específico el grupo significativo de ciudadanos Unidad Liberal, porque se “...realiz[ó] una aparente coalición entre dos organizaciones políticas sin seguir los trámites y procedimientos constitucionales y legales para consolidar su unión en debida forma...” (fl. 350), que para este tipo de situaciones exigía que la lista se inscribiera con el aval del PLC.
Lo anterior lleva a la Sala a indagar por lo que se entiende por coalición y qué exigencias deben cumplirse si un grupo significativo de ciudadanos decide coaligarse con un partido o movimiento político, con miras a participar en los procesos electorales.
La definición que comúnmente se emplea para la colación es la “Unión transitoria de personas, grupos políticos o países con un interés determinado”,(20) y la expresión con la que de ordinario se le equipara —alianza—, se concibe como “Acción de aliarse dos o más naciones, gobiernos o personas. Pacto o convención”(21). En uno u otro terreno lo que subyace es la suma de esfuerzos, la repartición de tareas y la existencia de un propósito común, que puede llegar a ser pre-electoral y post-electoral.
En la doctrina especializada se suelen distinguir esas actividades, que ubica cada una en un momento distinto de la actividad política, pues concibe la alianza como la unión temporal para asistir a la contienda electoral, en tanto que le otorga vocación de mayor permanencia a la coalición, con origen posterior a las elecciones para fines de gobierno. En efecto, al respecto se ha dicho:
“Alianza electoral es la unión temporaria de dos o más partidos políticos con el fin de concurrir unidos a la competencia electoral, presentando la misma candidatura en todos o algunos de los niveles de gobierno (federal o nacional, provincial, local) y en todas o algunas de las categorías de cargos a elegir.
Las legislaciones de muchos países latinoamericanos utilizan la denominación “coalición” en lugar de alianza (v. gr. Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México). La literatura política reserva, sin embargo, el término “coalición” para el acuerdo de varios partidos para la formación de gobierno en los sistemas parlamentarios. La formación de una coalición, en el sentido tradicional, es una unión post-electoral, mientras que la alianza es una unión pre-electoral (v. gr. La Alianza, en Argentina, o la Concertación por la Democracia, en Chile)”(22).
Pese a ello, ni la jurisprudencia ni el ordenamiento jurídico interno distinguen con tanta claridad la coalición de la alianza; por el contrario, se les toma como sinónimas o equivalentes. Por ejemplo, esta Sección, en la sentencia de septiembre 4 de 2000,(23) afirmó que las coaliciones se pueden clasificar dentro de las “asociaciones de todo orden”,(24) y señaló a renglón seguido que tal disposición “... regula, en forma más o menos explícita, el fenómeno de las coaliciones, por lo menos en cuanto a su conformación”, para lo cual se apoyó en tratadista que habla de la alianza, así:
“Las alianzas entre partidos tienen formas y grados muy variables. Algunas son efímeras y desorganizadas: simples coaliciones provisionales, para beneficiarse de ventajas electorales, para echar abajo un gobierno o para sostenerlo ocasionalmente. Otras son durables y están provistas de una sólida armazón (sic) que las hace parecerse a veces a un superpartido”(25).
A su vez, la Sección Primera, en fallo de marzo 31 de 2005,(26) igualmente equiparó los términos coalición y alianza al señalar que “Asistió razón al a quo al considerar que las coaliciones son alianzas propias del proceso democrático en que se desenvuelven los movimientos y partidos, no prohibidas por las leyes electorales”(...).
Lo propio ocurre en la doctrina constitucional, pues el tribunal constitucional al pronunciarse sobre la exequibilidad del reglamento 01 de julio 25 de 2003, equiparó igualmente las coaliciones y las alianzas, al señalar por ejemplo que “... resulta obvio que la presentación de listas por parte de coaliciones o alianzas partidistas o de movimientos políticos con personería jurídica secunda el espíritu de la reforma”,(27) y “... que las coaliciones o alianzas no desconocen el mandato superior de presentar candidatos o listas ‘únicos’”(28).
Además, en el derecho positivo el constituyente y el legislativo se han valido de las dos expresiones para referirse a la unión que puede suscitarse entre diferentes organizaciones políticas. Así, en el reglamento 01 de julio 25 de 2003 “Por medio del cual se regula el artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 2003”, se dedicó el artículo 5º(29) para tratar lo relativo a las “Alianzas” que pueden darse entre partidos y movimientos políticos, incluso entre estos y los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos; además, en los artículos 107, 264, 303, 314 y 323 de la Constitución Política, define el mismo fenómeno bajo la expresión de “Coalición”.
Lo anterior evidencia que en el contexto colombiano la decisión libremente adoptada por las organizaciones políticas de juntar esfuerzos para lograr un fin común en el campo de lo político, bien puede calificarse como coalición o como alianza; de igual forma demuestra que desde el punto de vista cronológico esas formas de asociación pueden ocurrir con antelación a las elecciones, con miras a juntar fuerzas electorales para alzarse con el poder político, como así lo pone de presente el artículo 107 superior (modificado por A.L. 01/2009, art. 1º), al precisar que esos colectivos están autorizados a presentar “... candidatos propios o por coalición...”, para lo cual pueden acudir a instrumentos como las consultas populares o internas o interpartidistas.
Las alianzas o coaliciones también tienen lugar cuando ya se han cumplido las elecciones, con fines distintos al de conquistar cargos unipersonales o escaños en corporaciones públicas. Uno de esos casos es el señalado en el artículo 264 constitucional (modificado por A.L. 01/2003, art. 14), que prevé la coalición para que mediante el sistema de cifra repartidora los partidos o movimientos políticos con asiento en el Congreso de la República puedan designar los integrantes del Consejo Nacional Electoral.
Además, esas asociaciones que surgen en el escenario político pueden acordar coaliciones o alianzas en torno a gobiernos o programas de gobierno, con lo que la adhesión se encamina hacia la realización de políticas públicas o el establecimiento de un gobierno con el suficiente respaldo político en el congreso para sacar avante las reformas requeridas para patentizar ese proyecto político. Así lo señaló recientemente la Sala, quien al respecto adujo:
“Porque no se puede confundir el partido o movimiento político del Presidente de la República con la coalición que concurre al programa de gobierno. Esta coalición política que se conforma por distintos partidos en apoyo del programa de gobierno, por cuya virtud deciden participar en el gabinete, no representa ni significa que a sus integrantes, en razón de ello, pueda equiparárseles como pertenecientes al partido o movimiento político que inscribió al presidente.
El acuerdo programático no crea un partido que equivalga al del presidente”(30).
Lo dicho hasta el momento permite afirmar que las coaliciones o alianzas surgen de la manifestación libre y voluntaria de las organizaciones políticas, llámense partidos o movimientos políticos, o asociaciones o grupos significativos de ciudadanos; que se pueden pactar antes de las elecciones y con el propósito de conquistar el poder político en las urnas, y que también se pueden dar esos acuerdos con fines programáticos o de gobierno, posteriores a la jornada electoral.
Ahora, de conformidad con las anteriores premisas, en particular que la coalición y la alianza son equivalentes política y jurídicamente, es dable traer a colación lo que al efecto preveía el reglamento 01 de julio 25 de 2003, que si bien se expidió por el CNE para regular el artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 2003, que autorizó a ese órgano electoral a regular lo atinente a esa enmienda constitucional “... para las elecciones de las autoridades de las entidades territoriales que sigan a la entrada en vigencia del presente acto legislativo...”, sí resulta bastante ilustrativo de los alcances que ha tenido esa figura en el ordenamiento jurídico interno.
Pues bien, en el artículo 5º de dicho reglamento se reguló, como ya se dijo, lo concerniente a las alianzas o coaliciones, tanto frente a los partidos o movimientos políticos, como respecto de los movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, así:
“ART. 5º—Alianzas. Se podrán inscribir candidaturas a cargos uninominales gobernadores y alcaldes (sic) en alianza con otros partidos o movimientos con personería jurídica, en cuyo caso, el partido postulante otorgará el aval correspondiente y los partidos o movimientos adherentes anexarán un escrito en el que manifiesten su apoyo a dicho candidato.
En el evento en que el postulante sea un movimiento social o grupo significativo de ciudadanos, este deberá acreditar el número de firmas y la garantía de seriedad de la candidatura, de conformidad con la Resolución 1940 de 2003, o la que haga sus veces, proferida por el Consejo Nacional Electoral.
Así mismo, en cada circunscripción electoral y una vez un partido o movimiento político con personería jurídica o, un movimiento social o grupo significativo de ciudadanos opte por conformar una alianza, esta misma agrupación política no podrá inscribir ningún otro candidato”.
Lo primero que se advierte en la norma es que no prohibía —como no podía hacerlo— que las coaliciones o alianzas se pudieran llevar a cabo entre partidos o movimientos políticos y los movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, ya que si bien los últimos carecen de personería jurídica, son importantes actores de la vida política nacional, a quienes no se les puede restringir su derecho a acudir a este tipo de decisiones legalmente previstas para que junto a otros colectivos políticos pudieran tener mejores posibilidades para acceder los cargos o curules de elección popular, o mayor legitimidad a la hora de gobernar.
De igual forma enseñaba que si la coalición o alianza se daba entre partidos o movimientos políticos con personería jurídica, sería el partido postulante quien inscribiría y otorgaría el aval a la respectiva candidatura. Sin embargo, si la coalición o alianza surgía con movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, incluso con la participación de un partido o movimiento político, la inscripción de la candidatura ya no requeriría de aval, ya que para estos casos bastaría acreditar el número de firmas exigido y la garantía de seriedad. En las dos situaciones se restringía a los coaligados avalar o apoyar otras candidaturas para el mismo certamen electoral, porque así se honra el postulado constitucional de listas y candidatos únicos, que apunta al fortalecimiento de los colectivos políticos y a la eliminación de las microempresas electorales.
Para la doctrina constitucional el requisito de la inscripción por firmas y garantía de seriedad, en tratándose de movimientos o grupos significativos de ciudadanos, se halló conforme al ordenamiento constitucional, bajo apreciaciones como estas:
“El inciso segundo se refiere a la inscripción de listas o candidatos por coaliciones, no ya de partidos o movimientos políticos con personería jurídica, sino de movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos. Para tal evento exige que el movimiento social o grupo significativo de ciudadanos, así constituido por la coalición, acredite el número de firmas y la garantía de seriedad de la candidatura, “de conformidad con la Resolución 1940 de 2003, o la que haga sus veces, proferida por el Consejo Nacional Electoral”.
En cuanto al requisito de las firmas exigidas, como se dijo, equivale al aval de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, requerido para la inscripción que estos hacen de candidatos y listas, y pretende garantizar que los nombres y las listas postulados a la contienda electoral cuenten con un mínimo de respaldo popular. Lo cual realiza el propósito del constituyente de evitar la proliferación de inscripciones provenientes de agencias de intereses minoritarios”(31).
Así, de lo dicho se infiere que (i) las coaliciones y alianzas se toman como equivalentes en el ordenamiento jurídico interno, (ii) las mismas se pueden realizar con fines pre-electorales y post-electorales, (iii) el requisito fundamental es el acuerdo de voluntades entre las organizaciones políticas, (iv) se requiere que la inscripción sea avalada si la coalición o alianza se surte únicamente entre partidos y movimientos políticos con personería jurídica, pero si de la misma participa un movimiento social o grupo significativo de ciudadanos es viable que la inscripción se haga por firmas con la garantía de seriedad, y (v) ninguno de los coaligados puede inscribir, por separado, otra lista o candidato para el mismo certamen electoral.
Pues bien, a la luz de los anteriores parámetros sí hubo coalición o alianza entre el PLC y Unidad Liberal, no solo porque los inscritos fueron las mismas personas autorizadas por el PLC, sino también porque dicho partido político no inscribió lista de candidatos para la misma elección, a todo lo cual se suma que la inscripción sí podía hacerse por firmas, como efectivamente ocurrió.
5.2. Del vicio en la voluntad de los sufragantes del grupo significativo de ciudadanos Unidad Liberal, por inducción a error.
Afirma el demandante que el acto acusado debe anularse porque las personas que sufragaron por la lista inscrita por Unidad Liberal, lo hicieron bajo la convicción de hacerlo por el PLC, equivocación que se produjo por la expedición de las resoluciones 2329 y 2379 de 2010, y que por lo mismo vició el voto de cada uno de esos electores.
El planteamiento no es de recibo por estas razones:
En primer lugar, porque esa afirmación, que no está exenta de prueba,(32) debió acreditarse en el plenario con cualquiera de los medios de prueba autorizados en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, a la aseveración solamente le siguió la omisión de la parte demandante, quien no aportó ni solicitó ninguna prueba al respecto.
No se puede establecer la existencia de ese error a partir de la autorización dada por la Dirección Nacional del PLC en sus resoluciones 2329 y 2379 de 2010, ya que por el contrario con la misma se evidencia que en la lista inscrita por el grupo significativo de ciudadanos Unidad Liberal se utilizó legalmente el símbolo de ese partido político, cuidándose en todo caso de hacer saber a la generalidad de los electores que eran una fuerza política diferente al PLC, como así lo acredita la muestra no válida para votar de la tarjeta electoral empleada para la elección de representantes a la Cámara por el departamento del Huila, donde a dicho logo se le insertaron, en la parte superior e inferior, las inscripciones “Unidad Liberal” y “Preferente” (fl. 35).
Y, en segundo lugar, porque no resulta creíble que las 79.507 personas que sufragaron por la lista inscrita por el grupo significativo de ciudadanos Unidad Liberal, lo hayan hecho bajo la errada convicción de que estaban votando por candidatos del PLC, sobre todo porque ese grupo se inscribió a la Cámara de Representantes por el departamento del Huila, con 68.814 firmas de apoyo, para cuya recolección fueron necesariamente enterados de cuál era la alternativa política que se estaba impulsando.
5.3. De la doble militancia del representante a la Cámara Dr. Luis Enrique Dussán López.
Sostiene el demandante que esta específica elección es nula porque el Dr. Luis Enrique Dussán López, electo por Unidad Liberal, grupo significativo de ciudadanos que contó con la autorización para emplear el logo del PLC, una vez proclamado expresó en público que en el Congreso de la República integraría la bancada del Partido de la U y que en la aspiración a la Presidencia de la República acompañaría la candidatura del Dr. Juan Manuel Santos Calderón, inscrito por dicho partido.
Para refutar este reproche dirá la Sala que la doble militancia política se configuró por el constituyente como la prohibición a los ciudadanos de “... pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica”. (C.P., art. 107; modificado por A.L. 01/2009, art. 1º). En el presente evento además de que la censura se basa únicamente en señalar que el recién elegido representante a la Cámara por el departamento del Huila afirmó que haría parte de la bancada del Partido de la U y que apoyaría la aspiración presidencial del Dr. Juan Manuel Santos Calderón, es preciso tener en cuenta que no resultó elegido por un partido ni movimiento político, sino por un grupo significativo de ciudadanos, situación que no hace parte de la prohibición constitucional.
Ahora, en el artículo 107 constitucional, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2009, se consagran las siguientes prohibiciones que pueden llegar a afectar la legalidad de una elección, a saber:
“En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio.
PAR. TRANS. 1º—Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 134, dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, autorízase, por una sola vez, a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia” (negrillas de la Sala).
Sin embargo, del único cargo formulado por el actor se advierte que no solicita la confrontación del acto acusado respecto de las anteriores disposiciones.
Por último, el hecho que el doctor Luis Enrique Dussán López, una vez elegido representante a la Cámara por el Huila, haya expresado en público y ante distintos medios de comunicación, su decisión de adherirse a las aspiraciones presidenciales del doctor Juan Manuel Santos Calderón, inscrito por el Partido de la U, resulta inane e intrascendente respecto a la presunción de legalidad de su elección como congresista que así haya obrado.
6. Acotaciones finales.
6.1. Nulidad del acto de inscripción.
Dentro del capítulo de pretensiones, que incluye la nulidad del acto de elección o Acuerdo 005 de junio 29 de 2010 del CNE, se solicitó igualmente la nulidad del “... acto administrativo de inscripción de la lista del grupo significativo de ciudadanos Unidad Liberal...”. Sin embargo, observa la Sala que no hay lugar a efectuar pronunciamiento expreso sobre el particular, porque según el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo, “Para obtener la nulidad de una elección... deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se declara, y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecte a estos” (negrillas de la Sala). Por tanto, comoquiera que la decisión electoral está contenida en el acto de elección y no en el acto de inscripción que lo precede, el examen de legalidad de este acto previo se entiende realizado a través de los argumentos esgrimidos frente al único cargo que se formuló con esta demanda, que como se vio resultaron infundados.
6.2. Nulidad de las resoluciones 1074 de mayo 25 de 2010 y 1367 de junio 26 de 2010 del CNE.
Del mismo modo pidió en la cuarta pretensión de la demanda la nulidad de las citadas resoluciones, por medio de las cuales el CNE negó la revocatoria de la inscripción efectuada por el grupo significativo de ciudadanos Unidad Liberal, solicitud que se sustentó en razones similares a las esgrimidas en el único cargo aquí planteado, esto es la violación de los artículos 107.4 constitucional (modificado por A.L. 01/2009), 5º de la Ley 130 de 1994, y 97 y 98 de los estatutos del PLC, porque los símbolos del último no podían ser usados por Unidad Liberal, como en efecto lo hizo.
Pues bien, una vez expedido el acto declarativo de la elección de representantes a la Cámara por el departamento del Huila, la legalidad de las resoluciones 1074 y 1367 de 2010 dictadas por el CNE, queda atada a la legalidad del primero, puesto que se presenta una unidad inescindible con dicho acto, situación jurídica que no permite proferir un pronunciamiento autónomo o independiente frente a tal, sino que las irregularidades que se atribuyan en la demanda a esa etapa se examinan y juzgan como un vicio existente en la formación del acto de elección.
Por lo mismo, el análisis y decisión de los reparos presentados contra las resoluciones 1074 y 1367 de 2010, que son iguales a los que formuló la parte actora contra el acto de elección acusado, se entienden despachados en el mismo sentido y con los mismos argumentos que expuso la Sala para desestimar el cargo propuesto con esta demanda.
De acuerdo con lo discurrido, la Sala declarará improbadas las excepciones de falta de legitimación en la causa e intangibilidad de la elección de mi representado, propuestas por el apoderado del representante Dr. Carlos Augusto Torres Ortiz, por haberse demostrado que su presencia en el proceso sí era necesaria. En cuanto a las excepciones formuladas por el apoderado del representante Dr. Silvio Vásquez Villanueva, se declarará infundada la de inoponibilidad de la demanda, por concordar con las anteriores, y de igual forma se tendrá por improbada la de inepta demanda, porque el proceso electoral también se puede basar en las causales generales de nulidad (CCA, art. 84), la que en este caso fue debidamente desarrollada por el actor.
Y, se denegarán las pretensiones de la demanda, en atención a que para juzgar la legalidad del Acuerdo 005 de junio 29 de 2010, expedido por el CNE, no es posible revisar a su vez la conformidad jurídica de las resoluciones 2329 y 2379 de 2010, proferidas por la Dirección Nacional del PLC, dado que las funciones de inspección, vigilancia y control de la actividad y decisiones de los partidos y movimientos políticos está a cargo del CNE; e igualmente porque el demandante no probó que todas las personas que votaron por la lista inscrita por el grupo significativo de ciudadanos Unidad Liberal fueron inducidos a error, y porque la doble militancia política no se configura en este caso, además de no tener asignada una sanción legal por su infracción.
1. DECLARAR infundadas las excepciones propuestas por los demandados.
2. DENEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral, interpuesta por el ciudadano Luis Jairo Ibarra Obando contra la elección de representantes a la Cámara por el departamento del Huila, periodo 2010-2014.
3. Reconocer al Dr. Julio César Ortiz Gutiérrez como apoderado judicial de la demandada Dra. Consuelo González De Perdomo, en los términos y para los fines del memorial poder conferido.
4. En firme esta providencia, archívese el expediente, dejando las anotaciones correspondientes.
(1) Cuaderno 1, folios 6 a 16.
(2) Cuaderno 1, folios 18 y 19.
(3) Cuaderno 1, folios 20 y 21.
(4) Cuaderno 1, folios 22 y 23.
(5) Cuaderno 1, folios 25 a 29.
(6) Cuaderno 1, folio 35.
(7) Cuaderno 1, folios 37 a 100.
(8) Cuaderno 1, folios 305 a 308.
(9) Cuaderno 1, folios 322 a 330.
(10) Cuaderno 1, folio 482.
(11) Cuaderno 1, folio 199.
(12) Cuaderno 1, folios 501 a 559 y 589 a 596.
(13) Su consagración legal aparece en el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, que en lo pertinente dispone:
(14) Fallo del 20 de septiembre de 1999. Expediente: 2238. Actor: Carlos Arturo Burbano Ortiz. En el mismo sentido pueden consultarse: i) fallo de mayo 6 de 2005. Expediente 3544, actor: Artemio Samuel Solarte Apraez; ii) fallo de septiembre 8 de 2005. Expediente: 3644. Actor: Héctor Guillermo Enrique Miranda; iii) fallo de octubre 2 de 2009. Expediente: 4063-4055. Actor: Clara Eugenia López Obregón.
(15) Modificado por el artículo 12 del Decreto 2304 de 1989, por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998 y por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006.
(16) Sentencias del 23 de febrero de 1994. Expediente AC 1386, M.P.: Ernesto Rafael Ariza; del 13 de diciembre del mismo año. Expediente AC 2051, M.P.: Delio Gómez Leyva; del 29 de abril de 1997. Expediente AC 4534, M.P: Mario Alario Méndez, y sentencia de 20 de enero de 2004, Expediente 11001-03-15-000-2003-1159-01 (AP,) M.P.: Ana Margarita Olaya Forero.
(17) Sentencia ya citada de 20 de enero de 2004. Expediente 11001-03-15-000-2003-1159-01 (AP).
(18) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de diciembre de 2010. Expediente: 110010315000201000872-00 (PI). Actor: César Julio Gordillo Núñez. Demandado: Mauricio Jaramillo Martínez. C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
(19) Sentencia C-089 del 3 de marzo de 1994.
(20) Diccionario de la Real Academia Española.
(22) Ferreira Rubio, Delia. Diccionario Electoral. Instituto Interamericano de Derechos Humanos - Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL). Tomo I. Páginas 23 y 24.
(23) Expediente 2406. Actor: Carlos Luis Dávila Rosas y otros. Demandado: alcalde de San José de Cúcuta. M.P.: Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá.
(24) Ley 130 de 1994, artículo 9º.
(25) Duverger Maurice. Los Partidos Políticos. Fondo de Cultura Económica, México, 1974, página 349.
(26) Expediente: 250002324000200101189-01 (8575). Actor: Movimiento de Reconstrucción Democrática Nacional. Demandado: Consejo Nacional Electoral. C.P.: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(27) Sentencia C-1081 del 24 de octubre de 2005. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(29) Aunque la Corte Constitucional, con su Fallo C-1081 de octubre 24 de 2005, declaró inexequibles varios artículos y expresiones del reglamento 01 de 2003 del CNE, mantuvo la constitucionalidad de su artículo 5º que trata de las alianzas o coaliciones políticas.
(30) Fallo de julio 11 de 2011. Proceso electoral 11001032800201000118-00. Actor: Lenin Francisco Saavedra Saavedra. C.P.: Dra. Susana Buitrago Valencia.
(31) Corte Constitucional. Sentencia C-1081 del 24 de octubre de 2005.
(32) Según el inciso 2º del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, están exentos de prueba “Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas...”.

References: artículo 128
 artículo 2
 artículo 36
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 233
 artículo 233
 artículo 84
 artículo 84
 artículo 137
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 669
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 107
 artículo 264
 artículo 12
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 107
 artículo 1
 artículo 134
 artículo 229
 artículo 83
 artículo 12
 artículo 30
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 177