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Timestamp: 2018-03-23 01:07:07+00:00

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REFLEXIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVAS A LA VISTA DE “EL MEJOR ALCALDE, EL REY” | MONSIEUR DE VILLEFORT
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REFLEXIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVAS A LA VISTA DE “EL MEJOR ALCALDE, EL REY”
El pasado domingo el humilde redactor de estas líneas hacía un ejercicio de nostalgia al visionar la adaptación que la antaño cualificadísima Radio Televisión Española hacía en sus recordados Estudio Uno de la célebre comedia de Lope de Vega El mejor alcalde, el Rey. Es auténticamente impagable la interpretación que hicieran unos jovencísimos Emilio Gutiérrez Caba y Elisa Ramírez como la pareja de enamorados Sancho y Elvira; la del entrañable Agustín González como Nuño, el padre de Elisa consciente de su posición de vasallo feudal que debe obediencia a su señor, y que ante los comportamientos abusivos de éste no opta por responder frente a alguien de clase superior a la suya, sino mediante el único mecanismo previsto, la apelación directa al rey; la del recientemente desaparecido Fernando Guillén como don Tello, el noble cuya bondad inicial es trocada por una ciega pasión por Elisa que le lleva a cometer dos crímenes imperdonables: el forzamiento de una vasalla y la desobediencia a una orden real; y el de Paco Morán como el rey Alfonso VII, el monarca que decide asumir en persona su papel de administrador de justicia en lugar de enviar a uno de sus subordinados a solventar el problema dado que, como indica en un verso de la obra que da título a la misma “el mejor alcalde, el rey”. Lope de Vega urdió la trama tomando como base argumental un episodio verídico obrante en la cuarta parte de la Crónica de España, aunque en manos del Fénix de los ingenios la trama argumental se desborda haciendo del episodio inicial una mera anécdota. ¿Qué nos decía la Crónica de España? Pues que un infanzón había sido desposeído de sus tierras por un noble de categoría superior. Ante el despojo, el infanzón hizo lo único que estaba a su alcance, es decir, solicitar la justicia al monarca, a la sazón Alfonso VII, quien no sólo le recibió, sino que le otorgó una carta redactada de su puño y letra para que el noble cesase en su actitud y restituyera al despojado los bienes que le fueron arrebatados por la fuerza. El destinatario de la misiva, fiado de la lejanía física del monarca, hizo caso omiso a la orden real y rehusó devolver los bienes ocupados, ante lo cual el infanzón, impertérrito, regresó a la corte y puso al monarca al corriente de lo sucedido. La reacción del rey-emperador fue tajante: ordenó a sus chambelanes hacer público en la corte que el monarca se encontraba enfermo, con la finalidad de permitirle acudir al lugar para hacer justicia de forma personal e inmediata. En resumidas cuentas: orden real desobedecida, y monarca que ejecuta la orden de forma personal y directa.
Choca tal situación descrita en la Crónica de España con el régimen que actualmente existe de ejecución de sentencias contencioso-administrativas. Si trasplantamos la situación actual a la acaecida en aquellos años del primer cuarto del siglo XII el infanzón despojado hubiese dejado sus escasos bienes en viajes a la corte. Veamos cómo nuestro sistema de justicia administrativa permite dilatar las ejecuciones sobre el papel y cómo en la práctica los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos contribuyen a dilatar aún más el llevar a la práctica lo dispuesto en sus propias sentencias.
1.- Plazo de ejecución. El artículo 548 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil establece que no se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de acuerdos de mediación dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena sea firme; es decir, que basta la mera firmeza de la sentencia, es decir, que la misma no haya sido impugnada dentro del plazo, para que en los veinte días hábiles siguientes pueda solicitarse la ejecución. ¿Qué ocurre en el orden contencioso? Una doble trampa mortal es la que establece el artículo 104 de la Ley 29/1998, pues en su primer párrafo indica que “Luego que sea firme una sentencia, el Secretario judicial lo comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto de recurso”, mientras que en su párrafo segundo establece que las partes podrán instar la ejecución “transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia”, plazo que el artículo 106.1 eleva injustificadamente a tres meses en el caso de condena de cantidad líquida. El problema deriva que el plazo de ejecución ha de contarse a partir de la “comunicación” de firmeza de la sentencia, comunicación que ocioso es decir jamás de los jamases respeta ese plazo de diez días, sino que suele realizarse en el más generoso de los supuestos en un mes desde la firmeza de la sentencia (quien suscribe ha visto en un caso cómo el órgano judicial ha tardado hasta tres meses). Así pues, la Administración no sólo gana un plazo de cumplimiento voluntario desorbitado (dos/tres meses, en comparación con el reducido de veinte días que establece la legislación procesal civil) sino que a esos dos o tres meses se añade el tiempo que en la práctica tardan los órganos jurisdiccionales en “comunicar” esa firmeza, que rara vez desciende del mes.
2.- Despacho de ejecución. Conviene en este caso retomar la diferencia entre la legislación procesal civil y contenciosa.
A.- Orden civil. El artículo 551.1 de la Ley 1/2000 establece que presentada la demanda ejecutiva, el Tribunal “siempre que concurran los presupuestos y requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma”; el despacho de ejecución es, pues, automático, pero es más, incluso en los casos en que exista oposición por parte del ejecutado, el artículo 556.2 establece que “no suspenderá el curso de la ejecución”.
B.- Orden contencioso. Para empezar, llama la atención que no se regule un proceso ejecutivo propiamente dicho, sino un haz de medidas que la ley otorga al juez para vencer la resistencia administrativa y una serie de peculiaridades (o, hablando con propiedad, privilegios en favor de una de las partes) en el orden contencioso; ello debiera conllevar la aplicación supletoria de los preceptos de la Ley 1/2000 por mor de lo dispuesto en la Disposición Final Primera de la Ley 29/1998, dado que únicamente los artículos 109 y 110 podemos decir que contienen especialidades; el segundo de los preceptos regula el denominado incidente de extensión de efectos de sentencia. Pero volvamos la vista al primero de ellos, al artículo 109 porque los órganos judiciales, tomando la parte por el todo, se han acogido a este precepto para orillar la aplicación de las disposiciones generales sobre ejecuciones civiles.
El artículo 109 de la Ley 29/1998 regula el denominado incidente en ejecución de sentencia; subrayamos la preposición utilizada porque mediante una sutil mutación preposicional se ha pasado del incidente en ejecución de sentencia a incidente de ejecución de sentencia. Pero el precepto citado no autoriza tal interpretación, pues su tenor literal establece que “La Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia, podrán promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución, y en especial las siguientes”, cuestiones entre las cuales se encuentra el órgano administrativo competente, plazo máximo y medios con que ha de llevarse a efecto. Es decir, se trata de un incidente en, es decir, en el seno del procedimiento ejecutivo, y cuya efectividad está limitada a cuestiones puramente accesorias (órgano competente, medios y plazo –cuestión esta última ridícula a la vista de la generosidad de los plazos legalmente previstos y que ya hemos analizado-). ¿Por qué los órganos judiciales han mutado esa preposición? Para evitar el despacho de ejecución automática y, en aplicación del artículo 109.2 de la Ley 29/1992, dar traslado a la ejecutada para que “en plazo común que no excederá de veinte días, aleguen lo que estimen conveniente”; es decir, sumar y sumar plazos a ver si entre tanto la Administración cumple y los Tribunales puedan evitar mancharse con un molesto proceso ejecutivo.
Mas no crea el lector que todo acaba aquí, porque incluso transcurrido ese plazo, donde la Administración bien no alega nada o bien presenta un escrito con tres o cuatro vaguedades (la Abogacía del Estado llega incluso a pedir la inadmisión sin entrar en el fondo si el escrito lleva la forma de demanda ejecutiva), tribunales hay que incluso suelen conceder generosamente un nuevo plazo a la Administración. Quizá porque, como indica en este aspecto José Eugenio Soriano García en su libro El poder, la Administración y los Jueces, los magistrados del orden contencioso consideran por satisfecha su labor con el mero dictado de la sentencia, considerando la ejecución como algo molesto.
3.- Intereses de mora procesal. De nuevo existe una notable diferencia entre ambos regímenes civil y contencioso. El artículo 576.1 de la Ley 1/2000 establece que “Desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de ley”; en otras palabras, devengo automático del interés de mora procesal desde la fecha de la sentencia de instancia. ¿Qué ocurre en el contencioso? Otro privilegio más que incentiva el incumplimiento: dicho interés no existe, únicamente es potestativo para el juez imponerla en fase ejecutiva y, eso sí, siempre escuchando al ejecutado: “En este supuesto [transcurridos tres meses desde la “comunicación” de la sentencia], la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar siempre que apreciase falta de diligencia en el cumplimiento”; este precepto no sólo es una burla, sino un auténtico escarnio, pues ya me pueden explicar cómo es posible que transcurridos más de tres meses desde la “comunicación” de la sentencia (plazo al que hay que añadir el concedido graciosamente por el órgano judicial mediante entre la firmeza y la “comunicación”) puede apreciarse que no existe no ya una falta de diligencia, sino una auténtica desgana en la ejecución. Bien es cierto que en esta materia el artículo 576.3 en la redacción dada al mismo por la Ley 5/2012 establece que lo dispuesto en los apartados anteriores (intereses de mora procesal) será de aplicación a “todo tipo de resoluciones de cualquier orden jurisdiccional“, pero también que introduce como excepción “salvo las especialidades legalmente previstas para las haciendas públicas“, es decir, que orilla de nuevo de su aplicación a los entes públicos
En el final de la obra de Lope, Alfonso VII, pese a la rapidez con la que obró (nada más que Sancho le comunicó la desobediencia de don Tello a la orden real acordó de inmediato desplazarse in situ para ejecutar personalmente su sentencia), lamentó en su último parlamento, ya al final de la obra “haber llegado tarde”. Imagínese el lector lo que hubiese padecido Sancho con el ordenamiento contencioso-administrativo actual: Sancho acudiría al monarca impugnando una vía de hecho del señor don Tello, quien podría oponer a la carta real que la misma no era “firme” ni se le había “comunicado” la firmeza; que en todo caso, y dado que la misma contenía una obligación de hacer, el plazo que tenía para reintegrar a la raptada Elisa era de dos meses, por lo cual Sancho debía aguardar la quita procesal correspondiente; una vez transcurrido dicho plazo, podría instar al monarca la ejecución de la orden real, pero siempre y cuando el monarca le escuchase por un plazo no superior a veinte días para que don Tello pudiese alegar lo que a su derecho conviniese, trancurrido el cual el monarca podría bien otorgarle un nuevo plazo para el cumplimiento o, entonces sí, valerse de la fuerza pública para obligarlo a acatar la regia disposición. Porque, no perdamos de vista este aspecto, don Tello es un señor feudal, es decir, que en su territorio es administrador y juez y, por tanto, poder público.

References: artículo 548
 resolución 
 artículo 104
 artículo 106
 artículo 551
 artículo 556
 artículo 109
 artículo 109
 artículo 109
 artículo 576
 resolución 
 artículo 576