Source: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4028
Timestamp: 2019-08-20 03:51:15+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2013-4028
Documento BOE-A-2013-4028
«BOE» núm. 91, de 16 de abril de 2013, páginas 29041 a 29059 (19 págs.)
BOE-A-2013-4028
https://www.boe.es/eli/es/o/2013/04/11/iet611
La Orden IET/818/2012, de 18 de abril, y la Orden ITC/2366/2011, de 30 de agosto, establecieron las bases para la concesión de ayudas a actuaciones de reindustrialización y para el fomento de la competitividad de sectores estratégicos industriales.
Con arreglo a dichas órdenes, durante 2012 se efectuaron varias convocatorias específicas, con el objetivo común de potenciar la competitividad industrial dando continuidad a los programas de reindustrialización y fomento de la competitividad de sectores estratégicos industriales iniciados en 1997 y 2009 respectivamente aunque se introdujeron modificaciones encaminadas a adaptarlos a las prioridades de la nueva política industrial del Gobierno y a la situación financiera actual.
Tras la experiencia acumulada en ambos programas, y a la vista de las nuevas líneas estratégicas para la política industrial fijadas por el Gobierno, es necesario dictar nuevas normas reguladoras para prestar apoyo financiero a la inversión industrial que permitan, de manera uniforme para ambos programas, incorporar las líneas de actuación y prioridades que se derivan de la nueva política industrial y adaptarlos a los actuales requisitos que exige la gestión eficiente de los presupuestos públicos.
En el momento actual existen justificadas razones de interés público, social y económico para que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo realice actuaciones de estímulo del desarrollo industrial mediante la financiación de proyectos de inversión para la mejora de la competitividad industrial o que contribuyan a la reindustrialización.
Este estímulo adoptará la forma de apoyo financiero a través de la concesión de préstamos a largo plazo, en las condiciones legalmente establecidas en el momento en que se efectúe la correspondiente convocatoria, y siempre que exista crédito presupuestario adecuado y suficiente.
Durante la última década el peso del valor añadido generado por la industria sobre el total de la economía ha caído en más de 5 puntos porcentuales y desde que se inició la crisis, en el año 2008, se han perdido más de 600.000 puestos de trabajo industriales.
Ante esta situación, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha establecido como objetivo fundamental de la política industrial que la industria siga contribuyendo de manera significativa a la generación del producto interior bruto (PIB).
En el marco general del proceso de reformas estructurales que el Gobierno ha emprendido, con el objetivo de generar un entorno lo más favorable posible a la actividad empresarial y a la creación de empleo, los programas de reindustrialización y fomento de la competitividad industrial forman parte de las actuaciones de impulso al desarrollo industrial a través de la mejora empresarial y la eficiencia de los sectores productivos.
A través de esta nueva norma reguladora, ambos programas alinean sus objetivos prestando una atención singular a aquellas empresas que incorporen tecnologías avanzadas en sus productos y procesos, generen empleo cualificado con la mayor aportación posible de valor añadido y, en definitiva, contribuyan a aumentar nuestra base exportadora y la presencia de nuestros productos industriales en otros mercados.
La persistencia de las dificultades de acceso al crédito por parte de determinadas empresas, especialmente las de menor tamaño, que constituyen la mayor parte del tejido industrial español, provoca caídas en la inversión que en el caso de la actividad industrial produce efectos a corto plazo sobre la capacidad de acompañar los cambios en la producción que imponen no ya los mercados, sino las empresas situadas en los eslabones más elevados de la cadena de valor de los productos.
El apoyo financiero a la industria que regula esta orden tendrá dos líneas de actuación diferenciadas. En primer lugar, a través del programa de reindustrialización, se pretende incentivar las nuevas implantaciones industriales, así como los aumentos de capacidad de producción o las relocalizaciones que las empresas industriales decidan acometer para ganar competitividad. El ámbito de este programa se amplía, respecto a su predecesor, abarcando todo el territorio nacional.
En segundo lugar, se prestará apoyo a los planes de inversión para la mejora de la competitividad que sean planteados por empresas de cualquier sector industrial, de manera que se potencie la evolución de las empresas beneficiarias hacia nuevos modelos de producción más avanzados, eficientes y respetuosos con el medio ambiente, y hacia la fabricación de productos y la prestación de servicios de mayor valor añadido, que les permitan acceder e incrementar su presencia en los mercados internacionales.
De esta manera, el anterior programa para el fomento de la competitividad de sectores estratégicos industriales pasará a denominarse de fomento de la competitividad industrial, prestando apoyo a empresas de cualquier sector industrial, por lo que se elimina la calificación de estratégico únicamente para algunos sectores y se traslada dicho calificativo de estratégico a la empresa y al proyecto concreto de inversión.
Dado que el ámbito de aplicación de ambos programas es todo el territorio nacional, y en beneficio de su efectividad y operatividad, es conveniente la concentración de fondos que los financian, ya que no es posible establecer a priori un esquema de distribución territorial del gasto, pues tal distribución debe basarse en una previsión de demanda de apoyo financiero que es desconocida en general.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, exige que con carácter general, el procedimiento de concesión sea el de concurrencia competitiva y que se determine el presupuesto disponible en las convocatorias de ayuda. Estas exigencias impiden la gestión territorializada de los proyectos de inversión objeto de apoyo según esta orden, debido a que muchas de las comunidades autónomas carecen de este tipo de ayudas y a la imposibilidad de establecer criterios apriorísticos para la distribución del presupuesto, lo que hace inviable determinar un reparto del mismo a las comunidades autónomas. Esto determina que el presupuesto no pueda fraccionarse, dándose el supuesto del párrafo segundo del artículo 86.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y determina la competencia estatal y la gestión centralizada de este tipo de apoyos.
Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 86.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la gestión de la concesión del apoyo financiero debe realizarse centralizadamente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para asegurar la plena efectividad de las actuaciones de reindustrialización y de fomento de la competitividad industrial, así como garantizar idénticas posibilidades de obtención o disfrute del mismo por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional.
Adicionalmente, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su disposición adicional segunda, número 1, dice que: «En el ámbito de la Administración General del Estado y de los organismos públicos y restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquélla, los Ministros aprobarán, para los créditos dotados en los estados de gastos en sus respectivos presupuestos, la normativa reguladora de los créditos de la Administración a particulares sin interés o con interés inferior al de mercado y, en su defecto, serán de aplicación las prescripciones de la Ley General de Subvenciones, en los términos previstos en la disposición adicional sexta de ésta, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de esta disposición».
Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las normas reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de apoyos financieros para la promoción de inversiones de carácter industrial que contribuyan a reforzar la competitividad de las empresas industriales y a favorecer el desarrollo de la industria.
Segundo. Líneas de actuación.
a) Programa de reindustrialización: financiará las actuaciones de creación, ampliación y/o traslado de establecimientos industriales definidas en el apartado tercero.a).
b) Programa de fomento de la competitividad industrial: apoyará la ejecución de los planes de mejora de la competitividad regulados en el apartado tercero.b).
2. Ambas líneas de actuación se instrumentarán a través de convocatorias específicas en función de las disponibilidades presupuestarias destinadas a las mismas en cada ejercicio. En ambos casos, las citadas convocatorias fijarán los ámbitos sectoriales o territoriales de las actuaciones financiables.
Podrán financiarse con arreglo a las normas establecidas en esta orden las inversiones industriales de las siguientes tipologías:
1. Podrán tener la condición de beneficiario las sociedades mercantiles del sector privado, válidamente constituidas en el momento de presentar la solicitud de financiación y que desarrollen una actividad industrial productiva.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario entidades en quienes concurra algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la referida Ley General de Subvenciones ni aquellas empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado común.
1. Tendrán la consideración de gastos financiables los que satisfaciendo lo establecido el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se encuadren en alguna de las siguientes categorías:
2. Son reglas aplicables a los conceptos de gasto financiable, las siguientes:
b) En ningún caso se consideran gastos financiables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, según el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c) Sólo se considerarán gastos financiables los imputables a los proyectos de inversión que se produzcan a partir de la fecha de presentación de la solicitud, con el objetivo de garantizar el efecto incentivador de la financiación.
d) Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la concesión.
e) Respecto a los bienes inventariables, será de aplicación lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.
f) De conformidad con el artículo 31.4 de la Ley de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el periodo durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la financiación, será de cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, y de dos años para el resto de bienes, salvo que en las convocatorias se especifiquen distintos períodos, o salvo que la actuación promocionada tenga un plazo de ejecución superior, en cuyo caso dicho periodo será igual al plazo de ejecución.
2. En el caso de que la inversión para la que se solicita financiación suponga la aplicación a escala industrial de tecnologías facilitadoras esenciales: nanotecnología, biotecnología, microelectrónica y materiales avanzados o si se produce en los siguientes ámbitos de actividad industrial: aeronáutica, defensa, bienes de equipo, industria electrónica y de telecomunicaciones, equipamiento y sistemas de energía renovable, e-salud, equipamiento para el tratamiento y/o aprovechamiento de agua, movilidad sostenible y construcción sostenible e inteligente, el porcentaje de financiación anterior se ampliará hasta el 75 por ciento del presupuesto financiable.
Noveno. Límites.
1. El importe máximo del préstamo a conceder por inversión será del 10 por ciento de los fondos consignados en las correspondientes convocatorias que se realicen conforme a estas bases, en función de la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio.
2. La financiación pública total de la inversión, computada como suma de los recursos públicos concedidos por cualquier Administración y/o ente público, no podrá exceder del 80 por ciento sobre el total del presupuesto del proyecto de inversión que haya sido considerado financiable según el apartado quinto.
3. Las convocatorias que se deriven de esta orden podrán establecer límites en cuanto al importe máximo de financiación a conceder en función del riesgo vivo que acumule una empresa o grupo empresarial por préstamos concedidos con fondos públicos.
La percepción de apoyo financiero para la realización de actuaciones en el marco de la presente orden será compatible con la de cualquier otra financiación pública otorgada sobre los mismos costes financiables, ya sea en forma de subvención y/o préstamo, siempre y cuando se respete el límite fijado en el anterior apartado noveno.2.
Undécimo. Régimen de concesión y características de financiación
1. El apoyo financiero regulado en esta orden adoptará la forma de préstamo. Los plazos de amortización, el tipo de interés y la existencia de plazos de carencia, se determinarán en las convocatorias que se efectúen conforme a las presentes normas.
3. La financiación otorgada conforme a las presentes bases se concederá siempre a tipos de interés iguales o superiores a los que resulten de aplicar a los beneficiarios, en el momento de la concesión, la metodología establecida por la Comunicación de la Comisión Europea relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización COM (2008/C 14/02), o las posibles revisiones de la misma.
1. Se exigirá la constitución, en el momento de la solicitud, de una garantía con las siguientes características, salvo que las convocatorias que se deriven de esta orden dispongan otras distintas:
a) Aval prestado por una entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, condicionado suspensivamente a que exista resolución de concesión.
b) El importe del aval será del 10 por ciento del préstamo solicitado en el caso de solicitantes que dispongan de cuentas inscritas en el registro mercantil de los tres últimos ejercicios cerrados, y cuyo resultado neto haya sido positivo en el último ejercicio cerrado. En otro caso, el importe del aval será del 25 por ciento del importe solicitado.
Decimotercero. Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento de concesión y órgano responsable del seguimiento.
Decimocuarto. Convocatorias e inicio del procedimiento.
1. El apoyo financiero a la inversión industrial regulado en las presentes bases se articulará a través de las convocatorias que se determinen en cada ejercicio presupuestario.
Decimoquinto. Tramitación electrónica.
Decimosexto. Representación.
De la obligación de acreditar representación suficiente estarán exentas las entidades inscritas en el Registro de Entidades que solicitan ayudas del Ministerio, habilitado en el Portal de Ayudas alojado en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (https://sede.minetur.gob.es), siempre que el firmante de la solicitud esté acreditado en dicho registro como representante de la entidad. Igualmente estarán exentas de acreditar la representación las personas en quienes concurran las circunstancias previstas en el apartado decimoquinto.7 de esta orden.
Decimoséptimo. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes y de la correspondiente documentación será de 40 días naturales desde la entrada en vigor de las normas por la que se efectúen las convocatorias que se deriven de esta orden, salvo que éstas determinen otro plazo de presentación.
Decimoctavo. Formalización y presentación de solicitudes.
2. Para cada una de las líneas de actuación definidas en el apartado segundo se admitirá una única solicitud por beneficiario y establecimiento industrial en la que vaya a efectuarse la inversión, independientemente del número de convocatorias que se efectúen en cada ejercicio presupuestario por cada una de las referidas líneas.
3. La solicitud de apoyo financiero deberá acompañarse de los siguientes elementos:
b) Cuestionario electrónico.
c) Memoria descriptiva de la inversión a financiar. Dicha memoria tendrá la estructura y contenido especificados en las correspondientes convocatorias.
e) Resguardo de constitución de garantía ante la Caja General de Depósitos, en la modalidad de aval prestado por una entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca.
f) Estados financieros inscritos en el Registro Mercantil de los tres últimos ejercicios cerrados, si el solicitante dispone de los mismos.
g) En caso de no tener inscrito en registro mercantil el último ejercicio cerrado, estados financieros de dicho ejercicio, incluyendo al menos el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y con el mismo formato de presentación que en el Registro Mercantil.
h) CIRBE de la deuda financiera de la entidad solicitante en el momento de la solicitud o con una antigüedad máxima de tres meses, contados desde la emisión de la CIRBE hasta la fecha de solicitud.
i) Acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, sólo en el caso en el que el solicitante no autorice que el órgano concedente obtenga de forma directa dicha acreditación a través de certificados electrónicos.
j) Declaración responsable de no tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
k) Declaración responsable de estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
l) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
4. Los interesados presentarán la solicitud de financiación y el resto de la documentación en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con firma electrónica de la persona que tenga poder de representación suficiente.
Decimonoveno. Criterios de evaluación de las solicitudes.
1. La evaluación se realizará basándose en los criterios que se especifican en este apartado. La puntuación total de la evaluación estará normalizada en el rango entre 0 y 10 puntos. En los casos en los que se establezcan umbrales de puntuación, será necesario superarlos para poder optar a financiación. En ningún caso se podrá conceder financiación a aquellas inversiones cuya puntuación, en los correspondientes criterios, no supere los referidos umbrales.
2. La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el solicitante en la fase de admisión de solicitudes. Por tratarse de procedimientos de concesión en concurrencia competitiva no se admitirán las mejoras voluntarias de la solicitud.
A) Viabilidad económica y financiera de la inversión
a.1) Cociente entre deuda financiera / fondos propios
a.2) Cociente entre activo corriente pasivo corriente
a.3) TIR
a.4) Cociente entre EBITDA / pasivo corriente
B) Capacidad técnica del beneficiario
b.1) Experiencia industrial demostrable del beneficiario en el ámbito de actividad de la inversión durante los últimos 3 años
b.3) Planificación detallada y proporcionada de los medios técnicos y humanos para llevar a cabo la inversión durante las fases de instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento
C) Inversiones orientadas al logro de alguno de los siguientes objetivos
c.1) Adaptación o incremento de la producción para comercializar productos en un mercado exterior distinto a los empleados hasta la fecha de solicitud o incremento del porcentaje de facturación procedente de ventas en el exterior en al menos un 5 por ciento
c.2) Obtención de reducciones cuantificables en algún coste de producción derivadas de mejoras técnicas directamente relacionadas con la inversión
c.3) Generación de manera directa o indirecta de nuevos puestos de trabajo respecto a la situación anterior a la inversión
c.4) Incorporación de tecnologías innovadoras a escala industrial en productos o procesos. Las innovaciones deberán serlo al menos a nivel del sector de actividad del beneficiario
4. La evaluación de la viabilidad económica y financiera de la inversión, se realizará sobre la base de los ratios especificados en los subcriterios anteriores, cuya valoración se efectuará como se describe a continuación.
Si el solicitante dispone de cuentas anuales de al menos los tres últimos ejercicios inscritas en el registro mercantil o ha presentado la documentación requerida en el apartado decimoctavo.g) y las cuentas inscritas de los dos ejercicios inmediatamente anteriores al último ejercicio cerrado:
Ponderación en la puntuación del subcriterio
a.1) Cociente entre deuda financiera/fondos propios
a.2) Cociente entre activo corriente/pasivo corriente
a.4) Cociente entre EBITDA/pasivo corriente
a.2) Cociente entre activo corriente / pasivo corriente
Los datos tomados para el cálculo de los ratios serán para la parte histórica los del último ejercicio cerrado y para la parte de proyecciones la media de los tres primeros años proyectados.
A los efectos de esta valoración se entenderán los siguientes conceptos como se especifica a continuación:
d) Pasivo corriente: es la suma de deudas a corto plazo, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
e) TIR: es la tasa que hace que el valor actual de los flujos de caja del proyecto sea igual a cero. La TIR se calculará para un periodo máximo de diez años. Siendo el flujo de caja de cada año la suma de las inversiones y los rendimientos obtenidos por el proyecto de inversión.
f) Resultado Bruto de Explotación (EBITDA): es el resultado antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones
Vigésimo. Comisión de evaluación.
La comisión de evaluación estará presidida por el Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Serán vocales, el titular de la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales, el de la Subdirección General de Programas Estratégicos y el de la Subdirección General de Apoyo a la PYME, así como un representante con rango al menos de Subdirector General o asimilado, por cada uno de los siguientes órganos directivos: Gabinete del Ministro, Gabinete de la Subsecretaría del Departamento, Gabinete de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Gabinete de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y Gabinete de la Secretaría de Estado de Energía. Actuará como Secretario un funcionario de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
El régimen jurídico de la citada comisión será el establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La comisión de evaluación tendrá como función emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Para ello, podrá contar con la asistencia técnica que considere necesaria, así como en los casos en los que se estime oportuno, requerir la colaboración de Comunidades Autónomas o de Entidades Locales, con las que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo tenga establecidos convenios de colaboración o protocolos de actuación. En este último caso, la composición de la comisión de evaluación se ampliará con los representantes de las referidas entidades que se definan en los citados convenios o protocolos.
Vigésimo primero. Instrucción del procedimiento y resolución.
2. El órgano instructor, verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario, así como la adecuación del proyecto al objeto, ámbito y requisitos para la concesión de financiación e instará a la comisión de evaluación a realizar la valoración de las solicitudes que hayan superado dicha verificación.
Esta propuesta se notificará a los interesados para que, en el plazo de 10 días, formulen las alegaciones que estimen convenientes, o expresen su aceptación.
Se entiende que el solicitante decae de su solicitud en caso de no producirse aceptación expresa o formulación de alegaciones en el citado plazo.
Junto con la notificación de propuesta de resolución provisional se concederá un plazo de diez días, para que los solicitantes actualicen, en su caso, la información aportada en el momento de la solicitud de las siguientes condiciones de obligado cumplimiento para poder ser beneficiario:
Se entiende que el solicitante decae de su solicitud en caso de no acreditarse el cumplimiento en dicho plazo. Si el cumplimiento de estas condiciones ya le constara al órgano instructor, no habría que acreditarlas de nuevo.
4. En el caso de que los interesados planteen alegaciones, una vez examinadas éstas por el órgano instructor se formulará la propuesta de resolución definitiva que será notificada a las entidades solicitantes que hayan sido propuestas como beneficiarias para que, en el plazo de 10 días, comuniquen su aceptación o renuncia a la financiación propuesta. Se entenderá otorgada la aceptación del interesado en ausencia de respuesta en dicho plazo de 10 días desde la notificación de la propuesta de resolución definitiva.
Vigésimo segundo. Modificación de la resolución de concesión.
1. Las inversiones financiadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se recojan en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas, debidamente justificadas, que alteren las condiciones técnicas o económicas recogidas en la resolución de concesión de la financiación, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la citada resolución de concesión. Asimismo, el órgano concedente podrá acordar una prórroga del plazo de ejecución de las inversiones financiadas con carácter justificado y de acuerdo con lo dispuesto en el presente apartado.
a) Los supuestos en los que la modificación haya afectado a las características básicas de la actuación financiada a las que hace referencia el apartado tercero de esta orden, y en ningún caso los que como resultado de la modificación se reduzca el presupuesto financiable de la actuación en un porcentaje igual o superior al establecido en el apartado vigésimo séptimo.3 para entender el incumplimiento total de los fines para los que se concedió la financiación.
4. Si como resultado de la modificación de la resolución de concesión resultara un exceso de capital percibido en la concesión inicial, se procederá de manera inmediata a iniciar el procedimiento de reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, por importe del citado exceso.
Vigésimo tercero. Recursos.
Vigésimo cuarto. Pago.
1. El pago de la financiación quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano gestor de que el beneficiario cumple los requisitos establecidos en la presente orden, así como los señalados en el artículo 34 de la Ley General de Subvenciones, entre ellos: estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro y estar al corriente de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
2. En el caso de que no conste la situación del beneficiario respecto a las obligaciones reseñadas en el subapartado anterior, se le requerirá para que en el plazo máximo de diez días, desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, aporte los oportunos certificados, declaraciones responsables o información requerida. La no aportación o aportación fuera de plazo de los mismos, conllevará la pérdida del derecho al cobro de la financiación.
Vigésimo quinto. Justificación, seguimiento y control de la realización de las actuaciones.
Transcurrido el plazo establecido sin haberse presentado la documentación justificativa ante el órgano competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada, con apercibimiento de que la falta de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Toda la documentación de justificación de la realización de las actividades de la inversión se deberá presentar por vía electrónica y con firma electrónica avanzada, de acuerdo con lo establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de las subvenciones.
1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y en las demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la financiación o, en su caso, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver los percibidos más los intereses de demora correspondientes, en el momento de detectarse el incumplimiento, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el título III de su Reglamento.
Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de quince días.
1. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la financiación, de la realización de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar a la pérdida al derecho al cobro de la financiación concedida y, en su caso, al reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
3. A los efectos de lo dispuesto en los subapartados anteriores se considerará incumplimiento total el equivalente a un porcentaje inferior al 60 por ciento de realización de la inversión financiable, y cumplimiento aproximado de modo significativo al total el equivalente a un 60 por ciento o superior.
Vigésimo octavo. Publicidad.
Toda referencia en cualquier medio de difusión a inversiones financiadas a partir de las convocatorias que se deriven de esta orden deberán incluir que han sido financiadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tal como establece el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Los apoyos financieros concedidos según estas normas se regirán, además de por lo dispuesto en esta orden, en lo que corresponda, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, aprobado por Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre y demás disposiciones que resulten de aplicación.
Disposición transitoria única. Solicitudes para actuaciones financiadas con cargo a las convocatorias dictadas al amparo de la Orden IET/818/2012, de 18 de abril, y de la Orden ITC/2366/2011, de 30 de agosto.
Las solicitudes para actuaciones financiadas con cargo a las convocatorias dictadas al amparo de la Orden IET/818/2012, de 18 de abril, y de la Orden ITC/2366/2011, de 30 de agosto, se seguirán rigiendo por dichas órdenes y sus correspondientes convocatorias hasta su finalización y cierre.
1. Queda derogada la Orden ITC/2366/2011, de 30 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de actuaciones en el marco de la política pública para el fomento de la competitividad de sectores estratégicos industriales para el período 2012-2015, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria anterior.
2. Queda derogado el párrafo b) del apartado cuarto de la Orden IET/818/2012, de 18 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria anterior.
Madrid, 11 de abril de 2013.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López.
Fecha de entrada en vigor: 17/04/2013
Fecha de derogación: 22/04/2014
SE DEROGA, por Orden IET/619/2014, de 11 de abril (Ref. BOE-A-2014-4262).
apartado 4.b) de la Orden IET/818/2012, de 18 de abril (Ref. BOE-A-2012-5329).
Orden ITC/2366/2011, de 30 de agosto (Ref. BOE-A-2011-14364).

References: artículo 86
 artículo 86
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 31
 artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 31
 artículo 31
 resolución 
 artículo 13
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 34
 resolución 
 resolución 
 artículo 18
 Real Decreto 
 Real Decreto