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Timestamp: 2018-12-11 12:12:46+00:00

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Todos Los Caminos Hacia Ti: Chile: Agresivo lobby de laboratorios contra resolución que baja millonario precio de medicamento....Por Nicolás Sepúlveda......HEPATITIS C: EN JAQUE MONOPOLIO QUE PERMITE COBRAR HASTA $25 MILLONES POR TRATAMIENTO
Chile: Agresivo lobby de laboratorios contra resolución que baja millonario precio de medicamento....Por Nicolás Sepúlveda......HEPATITIS C: EN JAQUE MONOPOLIO QUE PERMITE COBRAR HASTA $25 MILLONES POR TRATAMIENTO
El 9 de marzo, dos días antes de que se iniciara el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la entonces ministra de Salud, Carmen Castillo, firmó una resolución que, en los hechos, termina con el monopolio que ejerce el Laboratorio Gilead (estadounidense) sobre la venta en Chile de un eficaz y nuevo tratamiento para la Hepatitis C. Más de 50 mil chilenos padecen esa infección, la que, de no ser tratada, puede derivar en cirrosis hepática, cáncer y causar incluso una dolorosa muerte.
Un ejemplo de lo que ocurre cuando la patente es “derribada”: en India, donde se comercializa como genérico, el mismo tratamiento para la Hepatitis C puede conseguirse por $1,5 millón, 16 veces más barato que en Chile.
El lobby que desplegó la industria farmacéutica en Chile y en el extranjero ha sido efectivo. A casi cinco meses de la firma de la resolución, su trámite está congelado. El Laboratorio Gilead, dueño de la patente, presentó dos recursos ante el Ministerio de Salud que paralizaron la tramitación de la “licencia obligatoria”. La amenaza que esgrimen los laboratorios es que si Chile la aprueba, puede ser castigado por organismos internacionales por vulnerar tratados comerciales.
En la reunión se informó que la resolución del Minsal afecta al Laboratorio Gilead (no forma parte de la CIF) y a Bristol–Myers Squibb (BMS), un laboratorio que sí es socio y que produce uno de los compuestos con el que se puede aplicar la terapia contra la Hepatitis C. Luego delinearon su estrategia: acercarse a las autoridades pertinentes, en particular del área económica; mantener un bajo perfil comunicacional; reunirse con los representantes de las embajadas y pedirle a sus abogados que elaboraran un documento con los posibles cursos legales para detener la decisión de la autoridad (revise aquí el acta de ese directorio).
Las gestiones estaban mucho más avanzadas el 22 de marzo (ver acta), cuando volvió a reunirse el directorio de la CIF. Entonces ya se había concretado (14 de marzo) una reunión con su poderoso símil estadounidense: Phrma, gremial que agrupa a los más grandes laboratorios de Estados Unidos. El objetivo era que Phrma informara a la USTR (Oficina del representante comercial de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) lo que estaba ocurriendo en Chile, y le enviara una copia de la resolución del Ministerio de Salud. También despachó minutas a la European Federation of Pharmaceutical Industries (Effpia).
Otra acción internacional destinada a presionar al Estado de Chile fue la gestión del Laboratorio GSK (británico, con presencia en 70 países) ante el Department for a International Trade (DIT), del Reino Unido. El plan fue que se incluyera las “licencias obligatorias” en la agenda de las negociaciones entre Chile y la Unión Europea para actualizar los Acuerdos de Asociación, un tratado comercial vigente hace 15 años.
El problema lo había anunciado el vicepresidente ejecutivo de la CIF, Jean Jacques Duhart, quien fue subsecretario de Economía en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Lo hizo el 26 de marzo en las mismas dependencias de la Sofofa, cuando se realizó una reunión informativa sobre los avances de la negociación para actualizar el acuerdo comercial de Chile con la Unión Europea. Allí Duhart planteó también las inquietudes de la CIF por la tramitación del proyecto de Ley de Fármacos II, que representa, dijo, un “riesgo para la posición negociadora de Chile”.
El 23 de marzo los directivos de la CIF se reunieron con Amandine Montredou, representante para Latinoamérica del Instituto de Propiedad Industrial de Francia, y con Florence González, la jefa de políticas sectoriales de la embajada de Francia en Chile. Por la CIF asistieron Jean Jacques Duhart y Henry Ordóñez, gerente en Chile del Laboratorio Sanofi Adventis (franco-alemán), líder de Europa.
En la planificación de la CIF, a la Amcham le correspondió presionar al ministro de Salud, Emilio Santelices, como registra el acta del directorio de la CIF del 20 de abril (ver acta). Según información de Ley de Lobby, el 16 de abril tres representantes de la Amcham (entre ellos Guillermo Carey) se reunieron con el ministro Santelices. Cuatro días antes, el 12 de abril, hicieron lo mismo con el ministro de Economía, José Ramón Valente.
La que sí quedó registrada fue la reunión del ministro Valente con los representantes de los laboratorios Gador y Gilead (el distribuidor de la terapia y el poseedor de la patente, respectivamente), la que se realizó el 30 de mayo en el ministerio. El registro público solo anuncia que se conversó sobre la “revisión de planes nacionales sobre Hepatitis C”.
La misma delegación estuvo el 20 de abril en el Ministerio de Salud, donde se reunieron con la jefa de la División de Políticas Públicas Saludables, María Godoy Gabler. El 16 de mayo el Laboratorio Bristol Myerss Squibb (BMS, que forma parte de la CIF), también acudió al Minsal a una cita con asesores. El registro de esta última reunión incluye la respuesta de los personeros del Ministerio de Salud al laboratorio:
Para: Laboratorio Gador y Laboratorio Gilead
El registro de aquella reunión solo informa que se trató el tema de “las licencias obligatorias para productos farmacéuticos”. Esa gestión tuvo el respaldo de Meacham, un hombre clave en la ofensiva desplegada por los laboratorios en Chile. El gobierno ha señalado que uno de sus objetivos económicos es incrementar la inversión extranjera en el país, por lo que los representantes de los intereses económicos de Estados Unidos podrían tener en Meacham un micrófono más potente ante nuestras autoridades. Eso va en la misma línea estratégica trazada por la CIF: anular la “licencia obligatoria” para la Hepatitis C para no espantar a los inversionistas.
Meacham es uno de los representantes clave de los intereses estadounidenses en Latinoamérica. Tiene 46 años, con estudios en ciencias políticas, relaciones internacionales y administración pública. Creció en Chile (su madre es chilena) pero desarrolló su carrera en Estados Unidos. Entre 2002 y 2013 trabajó en el influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Allí también asesoró al senador republicano Richard Lugar. Luego se desempeñó en el Center for Strategic and International Studies, dependiente del mismo comité del Senado, como encargado de América Latina. Desde esa plataforma recorrió el continente y fue prolífico en entrevistas sobre las coyunturas de Cuba, Venezuela y Argentina.
Carl Meacham, lobista estadounidense (captura de Youtube)
Sus visitas no se limitaron a la política, el acento fue defender los intereses comerciales de su país. En 2008 dijo a El Mercurio que el objetivo de sus viajes de ese año era elaborar un informe para el G-8 donde se analizara si en los países estudiados “hay corrupción o impuestos injustificados” (revise esa entrevista).
Un mes después de su primera gestión ante la Direcon, Carl Meacham llegó a la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera (InvestChile, del Ministerio de Economía), y se reunió con el jefe del organismo, Ian Frederick. La tabla se mantuvo: las “licencias obligatorias” y la Ley de Fármacos II, que se tramita en el Congreso (vea el registro).
Al igual que Campos, Francisco Zúñiga jugó un rol importante en el gobierno pasado. En 2013 integró el comando de campaña de Michelle Bachelet, coordinando la comisión encargada de elaborar una propuesta para modificar la Constitución. En 2014 asesoró al Ministerio de Hacienda durante la tramitación de la Reforma Tributaria (recibió $24 millones por esa labor). Entonces también tenía un pie en el sector privado: en paralelo asesoraba a la Asociación de Bancos en su oposición a la ley que fortalecía el Sernac. En 2015 presentó en el Congreso un informe encargado por Parque Arauco en contra del proyecto que establecía dos horas y media de gratuidad en los estacionamientos de centros comerciales, y en esa misma época era el asesor legal de la empresa Morpho, que presta servicios al Registro Civil.
Ante el directorio de la CIF, Francisco Zúñiga enumeró los “vicios de juridicidad” e “infracciones constitucionales y legales” que, a su parecer, tiene la resolución firmada por la ex ministra Castillo. Zúñiga dijo a los representantes de los 22 laboratorios que forman parte de la gremial que, además, la decisión del Minsal infringe el principio de competencia, que la motivación económica que esgrimen no es válida y que se cometió infracción en el procedimiento administrativo, porque no se le permitió al laboratorio participar de la decisión.
Abogado Francisco Zuñiga (PS)
El directorio de la CIF decidió ese mismo día acudir a la Contraloría y solicitar a Zúñiga su tarifa por hacerse cargo del trámite. El acta de la reunión de directorio de la CIF del 3 de abril (ver acta), indica los honorarios que se le pagarán a Zúñiga por la presentación ante la Contraloría: 200 UF más un bono de 100 UF si la operación es exitosa (unos $8,7 millones en total). Zúñiga recibe además otros pagos de la CIF, ya que es su asesor permanente al menos desde 2016.
Actualmente el sofosbuvir (compuesto principal de la cura para la Hepatitis C) se vende en el país bajo el nombre de Sovaldi, la denominación utilizada por el Laboratorio Gilead, propietario de la patente. Su precio en farmacias oscila entre los $3,8 y los $5,2 millones para una caja de 28 comprimidos, que solo sirve para un tercio del tratamiento. La dosis completa –tres de esas cajas­– puede llegar a costar $15,6 millones.
Pero Sovaldi no se toma solo, sino que se combina con otros compuestos. La Farmacia Salcobrand ofrece el Harvoni (sofosbuvir más ledispasvir) a $6,6 millones la caja de 28 pastillas. En Farmacias Ahumada cuesta $7,5 millones. Multiplicado por tres, el tratamiento puede costar $22,5 millones. Otra opción es Epclusa (sofosbuvir más velpatasvir) que en Salcobrand cuesta $6,6 millones.
No es un caso aislado, las estimaciones de los hepatólogos es que existen alrededor de 50 mil personas infectadas con Hepatitis C en Chile, y que de ellas solo mil están diagnosticadas en el sistema público (que atiende al 80% de la población). Eso significa que solo poco más de un 2% de los infectados sabe el mal que padece. El hepatólogo Alejandro Soza lo explica en este video que subió a Youtube la Fundación de Pacientes con Hepatitis C:
En marzo de 2017, Julia y su esposo Álvaro comenzaron los trámites para acceder al tratamiento:
Cuando Álvaro Villagrán empezó a tomar las pastillas de la India, tenía 63 años. Alto y corpulento, comenzó a debilitarse rápidamente. En noviembre pesaba 44 kilos. Su esposa Julia, relata:
VUVUZELAS AFUERA DEL MINSAL
Marcos Aguirre también estuvo infectado con Hepatitis C. Hace cuatro años se la diagnosticaron. Preguntando y navegando en internet llegó a Fupahep. Cuenta que en ese momento el tratamiento para la enfermedad costaba entre $25 millones y $99 millones, dependiendo de la mezcla de fármacos que el paciente debía ingerir según el tipo de Hepatitis C que padecía.
Marcos realizó un bingo junto a su familia y amigos en septiembre de 2015. Juntaron $1,2 millón. No alcanzaba para las pastillas, pero él le dio otra utilidad y de paso se convirtió en dirigente de la Fupahep:
-Con esa plata compré vuvuzelas, pancartas y unas poleras que dicen “la espera nos mata”. Me paré con dos personas más afuera del Minsal y nos dijeron que pidiéramos una reunión vía Ley de Lobby. Nosotros convocamos a todas nuestras familias y con las vuvuzelas y las pancartas llegamos a protestar. A los 15 minutos estábamos con el entonces subsecretario Jaime Burrows –cuenta Marcos Aguirre a CIPER.
Protesta de Fupahep
Lograron impacto mediático y pudieron instalar el problema. Como una medida de emergencia, en junio de 2016 el Minsal compró 50 dosis del tratamiento. La Fupahep se encargó de contactar a las 50 personas más graves en ese momento. Según la Fupahep, el Minsal pagó $12 millones por cada tratamiento al laboratorio: $600 millones en total.
Todos los que habían protestado y luego recibieron el tratamiento, se fueron para sus casas. En la Fupahep solo quedó Marcos Aguirre y el directorio.
-En 2017 descubrimos que en la India los remedios eran más baratos, que se podían conseguir por $1,5 millón, así que un paciente se ofreció a probarlos, y funcionaron –recuerda Marcos Aguirre.
-El doctor me dijo: es caro. Yo pensé que el tratamiento completo era de $10 millones, pero nunca pensé que fueran $45 millones. Era impactante el precio. Sé que después esos precios bajaron –cuenta Patricia Espejo a CIPER.
-Lo que sí me resulta molesto es que quieran recuperar la inversión en una semana. Aunque lo pongo en forma caricaturizada. Porque no puedo creer que una pastilla pueda llegar a costar mil dólares… ¡una pastilla! No puedo creer que tenga ese valor. No me consta que haya sobreganancia, pero puedo presumir que quieren recuperar la inversión en muy poco tiempo y luego comenzar a ganar (lea aquí la entrevista completa a la periodista Patricia Espejo).
Hemos tenido conversaciones informales en las que nos han ratificado que hay un problema político que escaló incluso a La Moneda, y ahora estamos solicitando formalmente información sobre los plazos del proceso de “licencia obligatoria
Entre marzo y abril el Laboratorio Gilead presentó un recurso de reposición (ver) y un téngase presente en contra de la resolución del Minsal (ver). El abogado de la Corporación Innovarte, Luis Villarroel, quien respondió esos recursos el 19 de junio (ver respuesta), señala a CIPER:
Jean Jacques Duhart (captura CNN Chile)
-La preocupación del Minsal es muy válida, pero que el ministro de Hacienda reconozca entonces que el gobierno tiene otras prioridades. No pongamos a los pacientes de rehenes de esta situación. Esto no debe afectar a los pacientes, ya que estos deben recibir sus tratamientos del Estado. Alguien habrá hecho bien los estudios para decidir incluir este tratamiento en el GES. No se puede a la hora 25 tomar otro tipo de decisiones. Este no es un tema humanitario: está cubierto y el Estado tiene que responder. Si no revisaron bien la plata, tendrán que hacer las revisiones del caso. Aquí se quiere sacar las castañas con la mano del gato –dice Jean Jacques Duhart a CIPER.
-Se genera un precedente que significa vulnerar reglas fundamentales a las que Chile se ha comprometido (lea aquí la entrevista completa a Jean Jacques Duhard).
Etiquetas: Chile, Las Corporaciones, Salud Medicina

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