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Timestamp: 2018-10-21 00:37:12+00:00

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La política fiscal autonómica: entre la melancolía y el fariseísmo | Espacio Tributario
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En esta bitácora ya se ha abordado en alguna ocasión anterior que las peculiaridades tributarias innatas a ciertas figuras civiles autóctonas de alguna comunidad autónoma tienen un difícil encaje en el escenario normativo estatal.
La cuestión es que no es infrecuente -más bien todo lo contrario- que este tipo de episodios, más allá de su obvio fondo técnico-tributario (que lo tienen, y eso es palmario), susciten unas pasiones que, excediendo ese ámbito estrictamente impositivo, vienen a evidenciar algunas de las patologías que nos han llevado a la delicada situación nacional que hoy nos toca vivir.
Pero vayamos por partes. La cuestión es que una ley autonómica (en concreto, la 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia; si bien el caso pudiera ser extrapolable a instituciones jurídicas específicas de otras CC. AA.) contemplaba la existencia de unas figuras civiles -los conocidos como “pactos de mejora” y las “apartaciones”- que, más allá de otras peculiaridades iusprivatistas (que las tienen), se configuran como “pactos sucesorios”. A partir de ahí, y ya desde el mismo inicio de su vigencia, se generó una creciente controversia acerca del tratamiento que estas instituciones habrían de tener en el IRPF del transmitente, habida cuenta que es lícita la duda de, si pese a tratarse de “pactos sucesorios”, le habrían de generar a aquél una plusvalía gravable en su IRPF pues la transmisión se perfecciona en vida, o bien al contrario, si precisamente su naturaleza sucesoria permitiría sostener su carácter mortis causa y que, por tanto, aquel incremento de patrimonio quedara “extramuros” del IRPF. Éste y no otro es el debate técnico.
Así las cosas, ya desde un principio (así en su CV2355-08, seguida, entre otras, de las 1854-10, 1902-10, 1438-11, 2643-13, 3558-13 y 1932-14, ésta última de hace menos de medio año), la Dirección General de Tributos (DGT) del Ministerio de Hacienda -que, cabe recordar, es quien tiene legalmente atribuida la competencia para la “interpretación de la normativa del régimen tributario”- entendió que “aunque se trata de un pacto sucesorio, al producirse la adjudicación (transmisión) de los bienes o derechos por un acto inter vivos y no a causa del fallecimiento del contribuyente, la ganancia patrimonial que pueda producirse no se encuentra amparada por la excepción de gravamen del artículo 33.3.b) de la Ley” del IRPF. La Agencia Tributaria (AEAT), por su parte, con fundamento en esa interpretación de la DGT, llevó a cabo actuaciones de comprobación ante aquellos contribuyentes que, como transmitentes, participaban en esos pactos sucesorios, liquidándoles el IRPF correspondiente a la plusvalía en ellas puesta de manifiesto.
Estos, los contribuyentes, a su vez, acudieron al TEAR que, repetidamente, desestimó sus argumentos haciendo suya la interpretación sostenida por la DGT. Pero la cuestión es que el tiempo pasó (de aquella ley autonómica, y de sus efectos, ya han pasado 8 años en los que, además, hemos transitado desde una aparente bonanza a una cruda realidad de crisis) y muchas de aquellas resoluciones desestimatorias del TEAR fueron impugnadas ante el TSJ-Galicia que hizo una “relectura” del carácter de los “pactos sucesorios” señalando que “es esencial conciliar la naturaleza inter vivos de la adquisición patrimonial con la del pacto de no suceder, en cuanto que ambos integran la apartación, lo que solo se consigue otorgando la naturaleza de título mortis causa a la apartación, y que a su vez permite mantener la naturaleza gratuita de la adquisición, que como tal deberá ser entendida, si consideramos que estamos ante un pacto sucesorio de realización anticipada o inmediata”. La reiteración de esta interpretación judicial (así, entre otras, en sus sentencias de 28/10/2010, 24/9/2012, 19/6/2013, o 11/6/2014), y el hecho de que la AEAT no la impugnara, llevó finalmente a que el propio TEAR, en su resolución del pasado 15/9, “con el fin de evitar a los interesados un peregrinaje por las distintas instancias revisoras para ver satisfechas sus pretensiones, este Tribunal ha decidido modificar el criterio que había venido manteniendo hasta la fecha, asumiendo lo argumentado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia”. Desde aquí no podemos más que felicitarnos por este sustancial giro interpretativo que, protagonizado por el TEAR-Galicia, ya permite que los contribuyentes vean estimados sus argumentos sin necesidad de acudir a los siempre más dilatados y costosos procesos judiciales.
Bien, hasta aquí, como digo, el relato técnico-jurídico del asunto en cuestión, porque lo que en paralelo se desarrolla es un escenario que pone de manifiesto nuestro endeble andamiaje institucional/territorial que, a modo de envoltorio de celofán, no hace sino acreditar el delicado momento histórico por el que pasa España. Veamos:
Tal y como ya puse de manifiesto en un artículo anterior, este episodio viene a reforzar la sensación -siquiera a “nivel de usuario”- de que algo no funciona en un país cuando los pronunciamientos judiciales se manifiestan reiteradamente en un sentido mientras que, por su parte, la Administración (en el caso que aquí nos ocupa, la AEAT) sigue en sus trece haciendo oídos sordos. Y es que, en las acertadas palabras de Navarro Sanchís (a esta fecha, ya Magistrado del Tribunal Supremo), puede decirse que “vivimos en un mundo de relaciones jurídicas bastante convulso, donde la Administración ha logrado crear la impresión, arraigada en diversos sectores del mundo jurídico-tributario, de que sus criterios son alternativos o, al menos, distintos de los que derivan de la interpretación de las normas por los Tribunales”.
Pero es que, además, coincidiendo en el tiempo con esa resolución del TEAR que ya asume como propia la interpretación del TSJ, en el Parlamento gallego se presenta una proposición no de ley mediante la que se pretende que la Cámara autonómica “inste a la Xunta de Galicia a que demande de la Administración tributaria estatal que tenga en cuenta los pronunciamientos del TSJ sobre la tributación de los pactos de mejora y apartación en el IRPF”. Al hilo de esta iniciativa parlamentaria, cabe hacer las siguientes consideraciones:
a) Si el debate con la AEAT (y con ella, con la DGT y, hasta hace apenas unas fechas, también con el propio TEAR) se remonta a hace casi 8 años y, además, ya hace 4 que el TSJ inició su senda interpretativa contraria a los intereses de la AEAT, parece claro que el Parlamento no se mueve precisamente con la celeridad que sería deseable a la hora de conectar con la realidad de la ciudadanía a la que dice representar y a la que, como tal, se debe.
b) Es del todo recomendable la lectura del Diario de Sesiones del Parlamento – vid páginas 106 a 111- para analizar los términos del debate (en este caso, de guante blanco; tan es así que la iniciativa fue aprobada por unanimidad) al que dio pie esa proposición no de ley, pues nos ilustra sobre diversos aspectos de interés; así:
- El parlamentario que defiende la proposición, se remonta nada menos que al Reino Suevo como punto de arranque para explicar la idiosincrasia autóctona de la que, por vicisitudes de la historia, se derivan finalmente las instituciones civiles hoy objeto de controversia, a las que sin arredrarse califica como “expresión de esa voluntad creativa de nuestro pueblo”. En este punto me resulta del todo inevitable rememorar a Jon Juaristi y su célebre “El bucle melancólico”.
- En ese discurso de defensa de la proposición, se jacta, sin sonrojo, de que ya en 1995 la segunda Ley de Derecho Civil de Galicia logró alcanzar los ¡170! artículos; hito que, no obstante, se supera con creces apenas una década después cuando la Ley 2/2006 (precisamente la que incluye los pactos sucesorios objeto de debate) llega a los ¡308! artículos. A ver, porque este punto reconozco que me enerva especialmente: nuestra “clase” política, ¿es consciente de que en España hay más de 210.000 normas?, ¿es sabedora de que en el período 1985/2008, el contenido de los Diarios Oficiales de las CCAA se multiplicó por 7 y que, durante ese mismo lapso temporal, el BOE no logró adelgazar un ápice?, ¿sabe que nuestra producción normativa es exponencialmente superior a la de Alemania (ésta con una población un 75% superior a la española)?, ¿no le inquieta saber que esa elefantiasis normativa reduce sensiblemente la generación de patentes o el índice de productividad? Porque, si todo esto no lo sabe (prefiero pensar que es así, porque la alternativa sería aún más desalentadora), es tiempo ya de que tome consciencia del lío descomunal al que su desmedido afán de producción regulatoria nos ha abocado…
- Pero el asunto, más allá de bucolismos historicistas y de obstáculos propios de “leyes celofán, placebo u oropel”, que de todo hay, va llegando a su genuino nudo gordiano cuando se cifran en más de 50.000 los contratos sucesorios notarialmente otorgados en algo menos de dos décadas, siendo así que la actitud de la AEAT al calificarlos como “inter vivos” y exigir su correspondiente IRPF, “retrae a muchas personas de hacer” estos pactos y “todo esto, además, conlleva gastos”, puesto que -y, atención aquí, que vienen curvas- “la Hacienda autonómica deja de ingresar como consecuencia de que hay personas que no hacen la apartación o la mejora”. ¡Acabáramos! O sea, que al amparo de la inquietud que lleva al Parlamento a instar al Gobierno autonómico que demande de la AEAT un mejor trato a los contribuyentes, se esconde farisaicamente otra finalidad más espuria: que la Xunta no deje de recaudar en la medida en que los contribuyentes son remisos a hacer estas operaciones, y eso menoscaba la siempre deseable liquidez autonómica…
Hagamos aquí un alto para reflexionar, siquiera un minuto, sobre este extremo porque, a ver: si tan autóctona es la institución, y si tan seguros estamos de su carácter “mortis causa”, la lógica consecuencia sería que, en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD; tributo cedido, ¡ojo al dato!) al que estos pactos sucesorios quedan sometidos en sede del adquirente, el devengo hubiera de producirse al fallecimiento del transmitente y no al del otorgamiento de la escritura que protocoliza ese pacto, ¿no? Pero, sin embargo, el Parlamento en este punto no considera oportuno promover ante el Estado ninguna modificación del artículo 24.1 “in fine” de la Ley del ISD que es el que anticipa el devengo (y, en consecuencia, el pago del tributo) a la fecha del documento notarial y no a la del fallecimiento. ¡Qué curioso!, ¿no?
- Ítem más: no deja de ser paradójico que el Parlamento se muestre tan sensibilizado con esos pronunciamientos del TSJ-Galicia relativos a los pactos sucesorios y que, sin embargo, no muestre esa misma inquietud ante la “praxis” de la Xunta girando cientos de “paralelas” a los adquirentes de inmuebles tras la práctica de masivas comprobaciones de valores inmobiliarios al amparo del método de “precios medios”, sistema expresamente desautorizado por el Tribunal Supremo (TS) en su sentencia del pasado 11/7 (ratificando, por cierto, una previa del propio TSJ-Galicia; pero, claro, ésta como que no interesa tanto traerla a colación…) en la que apuntó expresamente que este método “puede servir para que la Administración decida aceptar la declaración del contribuyente, si su contenido se ajusta o aproxima a aquellos baremos, o, en caso contrario, resolver practicar la comprobación de valores, pero nunca pueden ser tales datos genéricos motivación suficiente de aquella”. Ergo la rebaja de estos “precios medios”, anunciada con gran profusión el pasado 18/12, no subsana el problema de fondo denunciado por el TS, pues sus carencias son conceptuales y no cuantitativas…
En ese mismo sentido, resulta igualmente llamativo, también así a vuela pluma, el tan reiterado como indebido uso del método de la capitalización de beneficios para comprobar el valor de una empresa familiar a los efectos del ISD, contrariando así la tajante interpretación a este respecto del -¡otra vez!- mismísimo TSJ-Galicia en su, por ejemplo, sentencia de 28/5/2012 que, quizá, tampoco interese recordar…
- A mayor abundamiento: mientras que la DGT ha sostenido, tan expresa como oficialmente, en concreto en su CV3087-13, que “la normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones regula supuestos de acumulación aplicables a negocios jurídicos gratuitos e “inter vivos” (donaciones y demás transmisiones “inter vivos” equiparables”), pero no supuestos de acumulación de títulos sucesorios. Por tanto, la adquisición de diversos bienes y derechos del mismo transmitente mediante pactos sucesorios sucesivos no supone que los pactos anteriores deban acumularse a los posteriores”, sin embargo, por su parte, la Dirección Xeral de Tributos de la Consellería de Facenda de la Xunta parece no darse por enterada y, así, mantiene en su base de datos su V0001-10 en la que, previo reconocimiento de su incompetencia para pronunciarse sobre este extremo, afirma que “sin embargo, para su información, la consulta NO -la mayúscula es mía- vinculante de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, de 8 de febrero de 1986 (es decir, de hace ya casi ¡30 años, glups!; matizo), señala: “(…) para evitar una quiebra de los principios de progresividad y auténtica capacidad económica, el valor de los bienes objeto de la apartación debería acumularse al resto de los bienes que integran la porción hereditaria del causahabiente. Ahora bien, el valor que se sumaría, de los bienes integrantes de la apartación, debería ser el comprobado en su día para aquellos, aunque hubiese variado en el momento de la acumulación”. Y, tan es así, que desde instancias notariales ya se advierte de que la interpretación sostenida por la DGT estatal es “un criterio novedoso que no está aplicando la Xunta de Galicia y que no tiene intención de aplicar, según comentarios efectuados por la Subdirección General de Tributos… Así, en la actualidad se continúan acumulando los pactos sucesorios efectuados por un mismo contribuyente a favor de un mismo adquirente sin límite temporal (…)”.
Pero claro, este asunto de índole doméstica no es merecedor de la atención del Parlamento, siendo más fácil y productivo apuntarse a la tesis del “enemigo exterior” (en este caso, la siempre socorrida AEAT). Ahora, ¿de qué cabe extrañarse cuando, ya desde 2011, esa misma DGT estatal ha venido relativizando la eventual incidencia de la doctrina “Mahou” para el cumplimiento de los requisitos acreedores del disfrute de las bonificaciones fiscales aplicables a las transmisiones intergeneracionales de la empresa familiar y, sin embargo, mientras tanto la Xunta se empecina, un día sí y otro también, en utilizar aquella para girar “paralelas” por el ISD?
- Pero, y ya voy acabando, no se vayan a creer que esta iniciativa parlamentaria viene motivada esencialmente por “ahorrar molestias a los contribuyentes”, si no que “sobre todo, y no en último lugar sino en el lugar más importante, también para que quede clara la manifestación y el compromiso de esta Cámara en la defensa de lo que es una de las evidencias más claras de nuestro existir como pueblo (…)”. Cuidado con esas ínfulas egocéntricamente megalómanas, pues se empieza por ensalzar las grandezas del “pueblo” y se termina por proclamar nuestra pretendida innata condición de “elegidos” y todo lo que ello conlleva: entre otros deslices, el que ya en su día este mismo Parlamento tuviera algún que otro revolcón en el Tribunal Constitucional por creer, precisamente, que ese mantra del “volk” le atribuye un cheque en blanco que le permite casi todo.
Y en ese mismo sentido, es también impagable (aquí por demagoga) la intervención de uno de los representantes de la oposición cuando entiende que el episodio le da pie para comenzar su discurso con un “¿Ve (…) cómo los españoles no nos entienden?”. A ver, el deseable sistema de “contrapesos” de poderes que predicó Montesquieu (y del que, el hoy ya exdiputado, Alfonso Guerra afirmó que “había muerto”), supondría que el poder legislativo debería controlar al ejecutivo, pero es que, además, por obra y gracia de nuestro peculiar sistema “partitocrático”, en España ese papel de control parece atribuido en exclusiva a la oposición, siendo así que es aún más chocante que ésta, lejos de pedir explicaciones por alguna de las más que cuestionables actuaciones de la propia Administración tributaria autonómica respecto a los contribuyentes (graves patologías, algunas de ellas someramente expuestas en este mismo “post”), prefiere cargar las tintas contra la incomprensión del Estado… Me temo que estamos ante una manifestación más de ese “ver la paja en el ojo ajeno (AEAT) y no la viga en el propio (Xunta)”.
En fin, que también llama poderosamente la atención, por el grave desconocimiento de la realidad que denota, el hecho de que en la fecha de ese debate (11/11/2014) varios de los parlamentarios intervinientes se refirieran al hecho de que el TEAR mantenía la calificación de los pactos sucesorios como negocios jurídicos “inter vivos”, cuando lo cierto es que éste, ya dos meses antes, había cambiado su criterio oficial… Y es que, como bien decía un viejo amigo, “¡no se puede estar a todo!”. Sin embargo, sí que se está -¡y mucho!- al hecho, también abordado en ese debate parlamentario, de que la modificación operada en la normativa estatal del ISD para adaptarla a la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo del pasado 3/9 (haya traído consigo “otro problema (…), que es quién se queda con esa recaudación. Porque no se queda en la Xunta, si no en el Estado, que ésa es la cuestión”. Efectivamente, en eso estoy del todo de acuerdo, y por ahí es por donde deberíamos haber empezado: el dinero y, sobre todo, quién lo recauda, ¡ésa, y no otra, es LA cuestión! Al fin y al cabo, se trata de decidir si la política es el “arte de negociar la conveniencia propia” (como denunciaba el Padre Feijoo) o si, por el contrario, es la “profesión de hacer bien a muchos, aun con pérdida propia” (beato Juan de Ávila).
¡Qué país! Confiemos (aunque no depositemos excesivas e ingenuas esperanzas en ello) en que el ya inminente 2015 nos depare algún atisbo de luz en este tenebroso túnel. ¡Feliz año!
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8 respuestas a La política fiscal autonómica: entre la melancolía y el fariseísmo
30 diciembre, 2014 en 13:08
Un relato brutal, Javier. Enhorabuena, gracias y feliz año. Esaú
19 enero, 2015 en 13:37
Hola Javier , te felicito por el Blog , y por este interesante artículo en particular .
Yo soy Asesor Fiscal , y siempre quedan dudas , en torno si aconsejar al cliente de si acogerse a esta figura (pacto de mejora o apartación) para tributar menos , lo cierto es que me interesaría mucho que dieses un enlace de esa reolución del TEAR del 15/9 donde cambia de criterio normativo .
23 enero, 2015 en 14:20
Gracias a ti, Jorge, por leernos.
Bueno, lo cierto es que esa relevante resolución del TEAR no tiene enlace pues no está en BDD, sino que su existencia (y contenido) se ha ido divulgando progresivamente entre los profesionales del asesoramiento tributario. En cualquier caso, entiendo que lo que reviste interés es tener constancia de su fecha y de su asunción de la previa tesis del TSJ, aspectos ambos que ya se indican expresamente en este “post”.
Marcelino Martinez Dieguez dijo:
27 mayo, 2015 en 3:27
Respecto a la resolución del TEAR me gustaria que comentar que:
-Resolución DGT de 3 de noviembre de 2014 (V2948-14) hace oidos sordos a esta interpretación
-Además parece que, con fecha 29 de enero de 2015, la AEAT ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo
¿Habida cuenta de estas dos cuestiones, como se esta manifestado actualmente el TEAR a las reclamaciones que se le formulen?
12 diciembre, 2015 en 17:22
Hola, felicidades por el blog y por el artículo.
Estoy haciendo un trabajo sobre pactos sucesorios gallegos y su régimen tributario, y ando muy metida en esta cuestión.
Tengo mucha información artículos, sentencias del TSJ, resoluciones de la DGT. El problema me llega cuando quiero hacer constar la opinión sobre el TEAR, porque aunque encuentro artículos que mencionan su tesis, en ningún momento mencionan el número de la resolución, busco en buscadores de jurisprudencia tipo Westlaw y no encuentro nada, sólo resoluciones del TEAC que no me sirven. Tienes algún consejo para poder buscar las resoluciones del TEAR, porque veo que en el artículo haces referencia al TEAR.
11 febrero, 2016 en 18:01
El Tribunal Supremo confirma que el transmitente no debe tributar en su IRPF con motivo de los pactos sucesorios: http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2016/02/11/herencias-pactos-sucesorios-vida-tributaran/1040713.html
15 febrero, 2016 en 18:36
Hola, muy interesante el artículo y no pierde interés con el paso del tiempo.
Una vez claro que no se debe tributar por IRPF en el caso de las aportaciones, quisiera saber si hay novedad en cuanto a la acumulación de apartación y sucesión en Galicia, ya que entiendo que la Atriga sigue interpretando que hay que acumularlas sin límite temporal.
es decir, la cuestión se plantea ya que en la actualidad la tributación gallega es muy favorable pero todos “creemos”
15 febrero, 2016 en 18:38

References: artículo 33
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
in fine
 resolución 
 resolución