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Timestamp: 2019-05-22 11:44:38+00:00

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Comentario del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional - CICR
Comentario del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional
01-11-1998por Jean Pictet
Segundo apartado - Derecho de iniciativa humanitaria
Tercero apartado - Acuerdos especiales
Cuarto aparto - Ausencia de efecto sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto
ARTÍCULO 3 DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA
CONFLICTOS NO INTERNACIONALES [1]
1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluido s los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.
No es, por lo tanto, nada sorprendente que la Cruz Roja se haya preocupado desde hace mucho tiempo de socorrer a las víctimas de los conflictos internos, cuyos horrores sobrepasan a veces a los de las guerras internacionales a causa del odio fratricida que los caracteriza. Pero, a las dificultades con que tropezaba la Cruz Roja en este ámbito –como en todos en los que se esfuerza por actuar más allá de los textos convencionales– se agregaban los obstáculos particulares debidos a la política interior del Estado asolado por el conflicto. En una guerra civil, el Gobierno legal –o el que afirma serlo– propende a no ver en sus adversarios más que vulgares criminales. Esta tendencia ha llevado a veces a las autoridades gubernamentales a considerar los socorros que la Cruz Roja proporciona a las víctimas pertenecientes a la parte adversa como una ayuda indirecta a culpables. En cuanto a las solicitudes de intervención caritativa de una sociedad de la Cruz Roja extranjera o del Comité Internacional de la Cruz Roja, fueron más de una vez consideradas como tentativas inamistosas de intromisión en los asuntos internos del Estado. Esta concepción predominaba todavía cuando, en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja de 1912, se presentó por primera vez un proyecto de Convenio relativo al papel de la Cruz Roja en caso de guerra civil o de insurrecció n. El tema no fue ni siquiera discutido.
Pero la Cruz Roja no se desanimó. A pesar de la frecuente incomprensión de las autoridades, logró en ciertos casos llevar a cabo alguna labor humanitaria en conflictos internos [3 ] . La cuestión se incluyó en el orden del día de la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja de 1921 y dio lugar a una resolución que afirmaba el derecho de todas las víctimas de guerras civiles y de disturbios sociales o revolucionarios a ser socorridas de conformidad con los principios generales de la Cruz Roja. En esta resolución se enunciaban, además, de manera bastante detallada, los deberes de la Cruz Roja Nacional del país en cuestión y, en caso de imposibilidad de ésta, el procedimiento que habían de seguir el Comité Internacional de la Cruz Roja y las Sociedades Nacionales extranjeras para proporcionar los socorros necesarios. Por ser una simple resolución, no tenía el valor de un texto convencional, pero permitió al Comité Internacional, en dos casos al menos –la guerra civil en el territorio plebiscitario de la Alta Silesia, en 1921, y la guerra civil española– obtener de las dos partes adversas que se comprometieran, en mayor o menor medida, a respetar los principios del Convenio de Ginebra [4 ] .
En vista de los resultados obtenidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja de 1938 reforzó y completó, considerablemente, el deseo de 1921 mediante una resolución que vale la pena citar:
La Conferencia, [... ] invita al Comité Internacional y a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja a orientar sus esfuerzos comunes con el fin de obtener, en particular:
la aplicación de los principios humanitarios que han hallado su expresión en los dos Convenios de Ginebra de 1929 y el X Convenio de La Haya de 1907, especialmente en lo que se refiere al trato debido a los heridos, enfermos y prisioneros de guerra, así como a la inmunidad del personal y del material sanitarios;
un trato humano para todos los detenidos políticos, su canje y, dentro de lo posible, su liberación;
el respeto de la vida y la libertad de los no combatientes;
facilidades para la transmisión de información de carácter personal y para la reunión de las familias;
medidas eficaces par la protección de los niños;
La Conferencia Internacional se proponía, pues, explícitamente y por primera vez, que las partes en una guerra civil aplicaran, si no todas las disposiciones de los Convenios de Ginebra, al menos los principios fundamentales de éstos. Tanto esta resolución como los resultados obtenidos en los dos conflictos que acabamos de citar, alentaron al Comité Internacional a reemprender el estudio de la inserción en los Convenios mismos de disposiciones relativas a la guerra civil.
Tal era la opinión –una aspiración ideal, pero lógica– del mundo de la Cruz Roja. Quedaba por saber lo que pensarían de ello los círculos gubernamentales. Era de temer que se mostrasen reacios a la idea de comprometer internacionalmente a un Estado con motivo de asuntos internos; que negasen la posibilidad de obligar mediante un convenio a Gobiernos provisionales, partidos o agrupaciones aún inexistentes. Ahora bien, lejos de repetir los argumentos aducidos a menudo contra las intervenciones caritativas de la Cruz Roja, la Conferencia de Expertos Gubernamentales, convocada por el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1947, reconoció la necesidad de incluir en el Convenio las disposiciones pertinentes para extenderlo, al menos parcialmente, a la guerra civil. Sus trabajos culminaron en un proyecto de artículo según el cual, en caso de guerra civil, la Parte contratante aplicaría los principios del Convenio, con la condición de que la parte adversa también se conformase a ellos [6 ] .
Este proyecto se quedaba muy corto con respecto al de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. Sólo pretendía la aplicación de los principios, subordinándola, además, a la condición de reciprocidad. No obstante, animó al Comité Internacional de la Cruz Roja a continuar su labor.
Respaldado por estas opiniones, el Comité Internacional completó el artículo 2 de sus proyectos de Convenios, tanto los revisados como los nuevos, presentados en la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja de Estocolmo, con un cuarto y último apartado, que rezaba así:
“En cualquier caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, en particular en los casos de guerras civiles, conflictos coloniales o guerras de religión, que surjan en el territorio de una o varias de las Al tas Partes Contratantes, todos los adversarios estarán obligados a aplicar las disposiciones del presente Convenio. En tales circunstancias, la aplicación del Convenio no dependerá en modo alguno del estatuto jurídico de las partes en conflicto ni tendrá efectos sobre ese estatuto”.
La primera parte de este artículo respondía a la aspiración de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, suprimiendo incluso la condición que éstas habían previsto. La segunda frase tenía en cuenta un deseo expresado durante la Conferencia de Expertos Gubernamentales. Se trataba de evitar, por un lado, que el Gobierno legal alegase el no reconocimiento del bando adverso para negarse a aplicar el Convenio, y por otro, que este bando utilizara su respeto del Convenio como argumento para hacerse considerar como Gobierno regular.
En la Conferencia de Estocolmo, en la que los Gobiernos estaban representados al lado de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, este proyecto dio lugar a larguísimos debates. La Conferencia aprobó finalmente las propuestas del Comité Internacional de la Cruz Roja para el I y el II Convenios, mientras que, para el III y el IV Convenios, sometía la aplicación del Convenio a la condición de que la parte adversa se conformase también a él.
Fue en esta forma como el proyecto se sometió a la Conferencia Diplomática de 1949.
Ya en el primer debate de orden general, se perfilaron concepciones divergentes [7 ] . Muchas delegaciones se oponían, si no a toda disposición referente a la guerra civil, sí al menos a la aplicación pura y simple del Convenio en este caso. Las principales críticas pueden resumirse así: el proyecto de Estocolmo –se decía– amparaba de antemano todas las formas de insurrección, de rebelión, de anarquía y de desintegrac ión del Estado, incluso el simple bandidaje. A fuerza de buscar la protección de los individuos, se corría el riesgo de olvidar la no menos legítima del Estado. Al obligar al Gobierno de un Estado afectado por disturbios internos a aplicar todas las disposiciones de un Convenio previsto esencialmente para el caso de guerra, se conferiría a sus adversarios, aunque sólo fuesen un puñado de rebeldes, incluso de vulgares bandidos, la condición de beligerantes, quizás hasta un cierto reconocimiento legal. Se corría asimismo el riesgo de alentar a criminales de derecho común a hacerse pasar por una organización para invocar el beneficio de los Convenios e intentar así escapar al justo castigo de sus fechorías, presentadas como “actos de guerra”. Un partido rebelde, por insignificante que fuera, podría, gracias a los Convenios, solicitar la asistencia y la intervención de una potencia protectora. Finalmente, cabía preguntarse si, una vez calmados los disturbios, no estaría el Gobierno legal obligado a liberar a los rebeldes capturados, dado que la aplicación del Convenio tendría el efecto de asimilarlos a prisioneros de guerra. Todo esto, al dar un estatuto legal –y, por consiguiente, un incremento de poder– a los insurrectos, obstaculizaría y limitaría al Gobierno en sus operaciones de legítima represión.
Un Grupo de Trabajo fue encargado de elaborar sucesivamente dos proyectos, que dieron pie a nuevas enmiendas y críticas. Parecía difícil alcanzar una mayoría en favor de una u otra de las soluciones.
El mérito de sacar al Comité del atolladero recae en la delegación francesa. Haciendo suya una idea ya expuesta por la delegación italiana, referente a los conflictos internacionales que no cumplieran las condiciones previstas, la delegación francesa propuso que, en todos los casos de conflictos no internacionales, la aplicación del Convenio se limitase sólo a sus principios. El texto propuesto fue el siguiente:
“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de l as partes en conflicto aplicará las disposiciones del Preámbulo del Convenio para la protección de las personas civiles en tiempo de guerra”.
Hasta ese momento, ante la casi unanimidad de las opiniones contrarias a una aplicación integral, se había buscado la solución limitando los casos en los que el Convenio debería aplicarse. La propuesta francesa veía la solución en otra limitación: la de las disposiciones aplicables.
Era la vía adecuada, pero el proyecto tenía un defecto. Se refería a un proyecto de preámbulo que aún no había sido votado y que, por los demás, nunca lo sería [9 ] . Además, este proyecto de preámbulo se limitaba a enunciar algunas prohibiciones y, aunque hacía alusión a los principios, no los definía.
Tras deliberación, se encargó a un segundo Grupo de Trabajo que elaborara un texto que contuviera, para todos los casos de conflictos no internacionales, una definición de los principios humanitarios que debían aplicarse y un mínimo de normas imperativas. Su proyecto se inspiraba, por lo que respecta a la definición de los principios, en el preámbulo que el propio Comité Internacional de la Cruz Roja había propuesto para los cuatro Convenios [10 ] y, en cuanto a las normas imperativas, en el proyecto de preámbulo para el Convenio sobre “civiles” [11 ] . De aquí salió el texto que, con algunas ligeras diferencias, sería finalmente aprobado. No obstante, éste no logró inmediatamente una adhesión unánime. El proyecto anterior conservaba sus partidarios. Por otro lado, la delegación de la URSS opinaba que no se podía resumir hasta tal punto disposiciones tan importantes como las del Convenio, cuya aplicación se justifica tanto en caso de guerra civil como de conflicto internacional. Esta delegación propuso entonces un nuevo texto:
“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional que surja en el territorio de uno de los Estados participantes en el presente Convenio, cada un a de las partes en conflicto aplicará todas las disposiciones del presente Convenio que:
garanticen un trato humano a la población civil;
prohíban sobre el territorio ocupado por las fuerzas armadas de una u otra parte las represalias contra la población civil, la toma de rehenes, la destrucción o el daño de bienes que no estén justificados por las necesidades militares;
prohíban todo trato discriminatorio de la población civil debido a diferencias de raza, color, religión, sexo, nacimiento o fortuna.
Según expresó un delegado, el artículo 3 se asemeja a una “Convención en miniatura”. Sólo se aplica a los conflictos no internacionales y es el único artículo aplicable a estos conflictos, siempre que un acuerdo especial entre las partes no ponga total o parcialmente en vi gor, para ambas partes, otras disposiciones convencionales. El artículo dista mucho del proyecto inicial del Comité Internacional de la Cruz Roja aprobado en Estocolmo, que preveía la aplicación integral de los Convenios. Pero, como señaló el representante del Comité Internacional en la Conferencia Diplomática, dado que hubo que convencerse de que este texto no tenía ninguna probabilidad de ser aceptado por los Gobiernos y que había que plegarse a una solución intermedia entre los diferentes proyectos elaborados en el transcurso de la Conferencia, era el enunciado al que había que dar la preferencia. Este texto, en efecto, tiene el mérito de la sencillez y la claridad. Garantiza, al menos, la aplicación de normas humanitarias reconocidas como esenciales por los pueblos civilizados y da una base legal a las intervenciones caritativas del Comité Internacional de la Cruz Roja o de cualquier otro organismo humanitario imparcial, intervenciones que, en el pasado, habían sido muy a menudo rehusadas como una injerencia inamistosa en los asuntos internos de un Estado. Otro mérito del texto es el de ser aplicable automáticamente, sin condición de reciprocidad. Su observancia no está subordinada a deliberaciones preliminares sobre la índole del conflicto o de las disposiciones particulares que han de respetarse, como hubiera sido el caso con los otros proyectos debatidos. Aunque el texto sólo prevé la aplicación de los principios del Convenio, define estos principios y los completa mediante la enunciación de algunas normas imperativas. Tiene, por último, la ventaja de formular, en cada uno de los cuatro Convenios, la norma común que los rige.
B. Obligaciones de las Partes
Las palabras “cada una de las Partes” marcan toda la evolución que el derecho internacional ha experimentado en algunos años. Todavía no hace mucho se consideraba como jurídicamente irrealizable la idea de obligar mediante un Convenio internacional a una parte no signataria y, lo que es más, a una parte aún no existente, de la que ni siquiera se exige que represente a una entidad jurídica capaz de comprometerse internacionalmente.
La obligación para cada una de las partes es incondicional. Fue a propósito que se omitió la cláusula de reciprocidad, que figuraba para el IV Convenio en el proyecto de Estocolmo. Esto representa un progreso importante, aunque es cierto que está compensado por el hecho de que ya no es el conjunto del Convenio lo que es aplicable, sino únicamente el contenido del artículo 3 mismo.
La obligación de la parte en conflicto que representa la autoridad establecida no plantea problemas. La mera legalidad del Gobierno implicado en un conflicto interno obliga a este Gobierno, en cuanto Parte contratante en el Convenio. En cambio, ¿cómo se justifica la obligación de la parte adversa, rebelada contra el Gobierno establecido? En la Conferencia Diplomática se expresó la duda de si los “insurrectos” podían estar válidamente obligados por un Convenio que ellos mismos no hubiesen firmado. Pero si la autoridad responsable que los dirige ejerce una soberanía efectiva, está obligada por su propia pretensión de representar al país, o incluso sólo a una parte de éste. Esta “autoridad” sólo podría liberarse de sus obligaciones convencionales haciendo uso del procedimiento de denuncia previsto en el artículo 158. Y aun así, la denuncia sólo tendría valor y sólo podría hacerse materialmente si la autoridad denunciante estuviese reconocida internacionalmente como un Gobierno competente. Observemos, por lo demás, que, de conformidad con el artículo 158, la denuncia no surte efecto inmediatamente.
Si un partido rebelde aplica el artículo 3, tanto mejor para las víctimas del conflicto. Nadie se quejará de ello. Si no lo aplica, dará la razón a quienes consideran su acción como un simple acto de anarquía o bandidaje. En cuanto al Gobierno legal, el hecho de aplicar el artículo 3 no puede tener ningún efecto perjudicial para él. No cabe duda de que no existe ningún Estado cuya autoridad gubernamental reclame el derecho de utilizar la tortura o los demás actos contrarios a la humanidad prohibidos por el Convenio como armas contra sus enemigos.
El artículo 3 tiene cuidado de puntualizar que las disposiciones aplicables representan un mínimo obligatorio. Las palabras como mínimo deben entenderse en ese sentido, a la vez que constituyen un estímulo para superar ese mínimo.
Habida cuenta de que se estaban elaborando cuatro Convenios, cada uno de los cuales protegía a una categoría particular de víctimas de la guerra, cabría pensar que se hubiera debido fraccionar este párrafo, para poner en cada Convenio únicamente la parte correspondiente. De este modo, en el IV Convenio sólo se hubiera hablado de personas civiles. Pero, teniendo en cuenta el carácter indivisible y sagrado del principio proclamado, y dada su brevedad, pareció preferible enunciarlo íntegramente y de manera rigurosamente idéntica en los cuatro Convenios. Sin embargo, nos limitaremos en este comentario a lo que atañe más especialmente a las personas protegidas por el IV Convenio.
¿Qué garantiza el artículo 3 a las personas protegidas?
Un trato humano.
Ya explicaremos más adelante, a propósito del artículo 27, lo que hay que entender por “un trato humano”. Esta definición no es, como veremos, muy precisa. En cambio, es más fácil enumerar lo que es incompatible con un trato humano. Es la vía que sigue el Convenio, enunciando cuatro prohibiciones absolutas. La fórmula no puede ser más clara: “A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar [... ] ”. No hay escapatoria, ni excusa, ni circunstancia atenuante posibles.
Las letras a) y c) conciernen a los actos –cometidos frecuentemente durante la II Guerra Mundial– que repugnan de una manera más particular a la conciencia universal. ¿Es completa la enumeración de estos actos? Se pensó por un momento, en el transcurso de los debates, en agregar a ella, en particular, los “experimentos” biológicos, de siniestro recuerdo, practicados con detenidos en campos de concentración. Se renunció a ello, y con razón. Los experimentos biológicos forman parte de los actos englobados en la letra a). Además, siempre es peligroso, sobre todo en este ámbito, querer puntualizar demasiado. Por mucho cuidado que se ponga en enumerar todos los tipos de atrocidades, siempre se irá a la zaga de la imaginación de los eventuales torturadores que quieran saciar su brutalidad a pesar de todas las prohibiciones. Cuanto más precisa y completa pretenda ser una enumeración, tanto más adquiere un carácter restrictivo. La fórmula aprobada es a la vez más flexible y precisa. Lo mismo sucede con la letra c).
En cuanto a las letras b) –toma de rehenes– y d) –condenas y ejecuciones sin juicio legítimo–, su objetivo es prohibir prácticas bastante generales en tiempo de guerra. Pero, por corrientes que hayan sido estas prácticas hasta un pasado muy reciente, no dejan de repugnar a los espíritus civilizados. La toma de rehenes, lo mismo que las represalias, de las que a menudo no es más que el preludio, es contraria al sentido actual de la justicia, por cuanto se basa en la responsabilidad penal colectiva. Tanto la una como la otra afectan a personas inocentes del crimen que se pretende prevenir o castigar.
Las condenas y ejecuciones sin previo juicio llevan aparejado un riesgo de error demasiado grande. La “justicia sumaria”, por eficaz que sea –lo que aún está por demostrar–, debido al temor que suscita, añade más víctimas inocentes a todas las víctimas inocentes que causa el conflicto. Todo los pueblos civilizados dotan a la administración de la justicia de garantías tendentes a eliminar los errores judiciales. El Convenio ha hecho bien en proclamar que ésta es una necesidad válida incluso en tiempo de guerra. Precisemos bien que el Convenio sólo pretende prohibir aquí la justicia “sumaria”. Mediante esta disposición, el Convenio no confiere ningún tipo de inmunidad. No impide en modo alguno que se ponga al presunto culpable, mediante su detención, en la imposibilidad de hacer daño; deja intacto el derecho del Estado a enjuiciar, condenar y castigar, de conformidad con la ley.
Ya que acabamos de mencionar las represalias, señalemos aquí que éstas no figuran en la enumeración de los actos prohibidos. ¿Quiere esto decir que las represalias –categóricamente prohibidas por el artículo 33– están admitidas en caso de conflicto no internacional, dado que en este caso sólo es aplicable el artículo 3? Como hemos visto antes, la prohibición de los actos mencionados en las letras a) a d) es absoluta y permanente; no admite excepción ni excusa alguna. Por consiguiente, está prohibida toda medida de represalia que implicara uno de estos actos, así como, de un modo general, toda medida de represalia incompatible con el “trato humano” incondicionalmente exigido por el primer apartado del párrafo 1.
Hay que señalar que las prohibiciones enunciadas en las letras a) a d) son igualmente objeto de otros artículos del Convenio, en particular los artículos 27, 31 a 34 y 66 a 77.
Como ya hemos dicho, el artículo 3 tiene un ámbito de aplicación sumamente amplio y concierne tanto a los miembros de las fuerzas armadas como a las personas que no toman parte en las hostilidades. Pero, en el caso presente, queda claro que a quienes se aplica este artículo es ante todo a las personas civiles, es decir, a quienes no llevan armas. Para los miembros de las fuerzas armadas, es la disposición correspondiente, que figura en el III Convenio, la que se invocará principalmente. Todas las personas a las que se refiere el párrafo 1) tienen derecho a un trato humano, sin distinción alguna. En esta disposición se enumeran, a fin de eliminarlos, los criterios que podrían emplearse para tratar de manera desfavorable a una u otra categoría de personas. Fue el recuerdo de las atrocidades perpetradas durante el último conflicto mundial lo que incitó a los autores de los Convenios de 1949 a emplear esta fórmula, que reaparece en otras varias disposiciones del Convenio, particularmente en el artículo 13 y en el artículo 27. Se observará que la noción de la nacionalidad no está incluida entre los criterios eliminados. Lo mismo ocurre, por lo demás, en el artículo 27. Esto no significa en modo alguno que las personas de una nacionalidad determinada puedan ser tratadas arbitrariamente; toda persona, independientemente de su nacionalidad, tiene derecho a un trato humano. Es posible, en cambio, que se tomen medidas particulares de seguridad con personas civiles de determinada nacionalidad; también es posible que ciertas infracciones sean consideradas como más o menos graves según las hayan cometido ciudadanos del país o extranjeros. Se trata en ese caso de medidas administrativas o judiciales que pueden tener como criterio la nacionalidad, pero que no tienen ningún efecto sobre el trato que reciben los individuos, que debe ser humano para todos.
B. Párrafo 2. Asistencia a los heridos y los enfermos
El artículo 3 reafirma aquí, generalizándolo, el principio que está en la base del I Convenio de Ginebra de 1864. En su forma concisa y densa, esta disposición, que está numerada separadamente y que, aunque independiente de la precedente, la completa, adquiere un vigor muy particular. Es un imperativo categórico que no admite restricciones ni siquiera interpretaciones. No cabe menos que felicitarse de ello.
Como sabemos, el Convenio extendió a los heridos y enfermos civiles las garantías que otorgaba a los heridos y enfermos militares el I Convenio, en cuyo artículo 12 se dice: “habrán de ser respetados y protegidos en todas las circunstancias [... ] ”, mientras que el artículo 16 del presente Convenio dispone que “serán objeto de protección y de respeto particulares”. No obstante, hay que admitir que, pese a estas ligeras diferencias de redacción, los textos están basados en la misma idea, es decir, que los heridos y enfermos deben ser respetados y protegidos.
Es evidente que cualquier organismo, e incluso cualquier individuo, puede en cualquier momento “ofrecer sus servicios” a las partes en conflicto. Ofrecer sus servicios no cuesta prácticamente nada y, sobre todo, no compromete en nada a quien se le hace la oferta, pues no está obligado a aceptarla. De hecho, el Comité Internacional de la Cruz Roja, por lo que le atañe, no dejó de proponer sus buenos oficios humanitarios en el transcurso de diversas guerras civiles, cuando lo juzgó útil en interés de las víctimas de las hostilidades, tal y como lo hacía cuando se desencadenaba un conflicto internacional. De todos modos, este apartado puede parecer a primera vista una simple cláusula de estilo, sin alcance real. Sin embargo, tiene un gran valor, tanto moral como práctico. Pese a su extrema simplicidad, es suficiente, y el propio Comité Internacional no pedía nada más. Es una reducción, a escala de este “Convenio en miniatura” que es el artículo 3, de la disposición del artículo 10 del presente Convenio (o del artículo 9 de los Convenios I, II y III), que veremos después, válida en los conflictos internacionales, cuando es aplicable todo el Convenio.
Si bien el Comité Internacional de la Cruz Roja pudo desarrollar una considerable acción humanitaria en ciertos conflictos internos, en otros, por el contrario, le cerraron brutalmente las puertas, al considerarse sus meros ofrecimientos de servicios caritativos como un acto inamistoso, una tentativa inadmisible de injerencia en los asuntos internos del Estado. Con la aprobación del artículo 3, la situación cambia. El ofrecimiento de servicios de una institución humanitaria imparcial está legitimado. Las partes en conflicto pueden, sin duda, declinar tal ofrecimiento si no necesitan esos servicios. Pero ya no podrán ver en él un acto inamistoso, ni reprochar al autor del ofrecimiento que intente socorrer a las víctimas del conflicto.
Es evidente que la ayuda exterior no puede ni debe ser más que supletoria. Es a las partes en conflicto a quienes les corresponde aplicar el artículo 3 y procurar que se observen todas sus disposiciones. Es también evidente que la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, en cuanto órgano auxiliar, es a quien le incumbe, en primer lugar, ayudar a ello y a conseguir, mediante las palabras y las obras, que las exigencias humanitarias prevalezcan en todo el territorio nacional. Puede suceder, no obstante, que las necesidades sobrepasen las posibilidades de las autoridades y de la Cruz Roja del país en cuestión, o que esta última no esté en condiciones de actuar, con la eficacia necesaria, en todas partes donde haría falta. Se impone, entonces, una ayuda complementaria. La parte en conflicto que rehusara en tal caso los ofrecimientos de servicio caritativo del exterior asumiría una grave responsabilidad moral.
Para que los ofrecimientos de servicio sean legítimos, y puedan ser aceptados, deben emanar de un organismo humanitario e imparcial. Y es necesario que los servicios ofrecidos y prestados tengan este mismo carácter de humanidad e imparcialidad. El Comité Internacional de la Cruz Roja se menciona aquí tanto por sí mismo, en cuanto institución estatutaria y tradicionalmente llamada a intervenir en caso de conflicto, como por ser un ejemplo de lo que se entiende por organismo humanitario e imparcial. Para otras observaciones al respecto, nos remitimos, por analogía, al comentario del artículo 10, más adelante.
El artículo 3 –como todo el Convenio, por lo demás– sólo tiene por objeto el individuo y el trato físico debido a su condición de ser humano, independientemente de las otras calidades de la que está revestido, pero carece de efecto sobre el trato jurídico o político que puede acarrearle su comportamiento.
1 Artículo común a los cuatro C onvenios.
2 F. SIORDET, Les Conventions de Genève et la guerre civile, Ginebra, 1950.
3 V. Revue internationale de la Croix-Rouge, 15 de diciembre de 1919, pp. 1427 y ss.
4 V., en particular, XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Documento no 12: Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son action d’août 1934 à mars 1938 y Documento no 12 bis: Rapport complémentaire du Comité international de la Croix-Rouge.
5 V. Rapport sur les travaux de la Conférence préliminaire, pp. 16 y ss. y p. 54.
6 V. Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux, p. 8.
7 V. Actes, II-B, art. 2, pp. 9-15.
8 El Comité Especial de la Comisión Mixta, en cuyo seno se debatió la disposición que nos ocupa: primero con el número que tenía en el proyecto de Estocolmo, es decir, como artículo 2, apartado cuatro, y luego como artículo 2A. V. Actes, II-B, pp. 39-46; 73-76; 79-80; 85; 89-90; 93-97.
9 V. Commentaire IV, p. 19.
10 V. ibíd., p. 18.
11 V. ibíd., p. 17.
12 V. Actes, II-B, pp. 34-35.
13 V. Actes, II-B, art. 2 A, pp. 320-335.
14 Hay que señalar a este respecto que uno de los Estados signatarios de este Convenio, Argentina, hizo una reserva en el momento de la firma. En ella se puntualiza que el artículo 3 común a los cuatros Convenios, con exclusión de todos los demás artículos, será el único aplicable en caso de conflicto armado que no presente carácter internacional.
15 Remarques et propositions, p. 72.
16 V. Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux, p. 9
Extractado del COMENTARIO A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949, publicado bajo la dirección editorial general de Jean S. PICTET, Doctor en Derecho, Director de Asuntos Generales del Comité Internacional de la Cruz Roja, por Oscar M. UHLER, Dr. en Derecho, Ex miembro del Servicio Jurídico del CICR; Frédéric SIORDET, Abogado, Miembro del CICR; Roger BOPPE, Diplomado en Ciencias Políticas, Miembro del Servicio Jurídico del CICR; Henri COURSIER, Dr. en Derecho, Ex miembro del Servicio Jurídico del CICR; Claude PILLOUD, Abogado, Subdirector de Asuntos Generales del CICR; René-Jean WILHELM, Miembro del Servicio Jurídico del CICR; Jean-Pierre SCHOENHOLZER, Secretario de la Dirección Central del CICR.
José Chocomeli Lera, con la colaboración de Mauricio Duque Ortiz.
Referencias: Margarita Serrano García y María Ecuyer.
Primera edición en español: noviembre de 1998
ISBN 1: 90-247-3403-7 (original en francés)
ISBN 1: 90-247-3460-6 (versión inglesa)
ISBN: 958-14-0301-9 (Colombia)
© 1. Comité Internacional de la Cruz Roja - Ginebra 1986
(original en francés), 1987 (versión inglesa)
© 2. Comité Internacional de la Cruz Roja - Ginebra 1956
(original en francés), 1958 (versión inglesa)
© 3. Comité Internacional de la Cruz Roja - Colombia 1998
(traducción parcial al español de 1 y 2)
Edición: PLAZA & JANÉS Editores Colombia S. A.
Calle 23 No. 7 - 84 Santa Fe de Bogotá D. C., Colombia
Preparación editorial: 4x4 Editores Ltda.
Pierre Gassmann, Jefe de la delegación del CICR en Colombia
Comité Editorial de la delegación:
Coordinación: Nohora Ochoa y Christine Studer
Miembros: Reinaldo Botero, Luz Amparo Castro,
Mauricio Duque O., Mauricio Hernández M., Rolin Wavre
Impreso y hecho en Colombia. Printed and made in Colombia

References: artículo 3
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ARTÍCULO 3
 resolución 
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 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 158
 artículo 158
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 27
 artículo 33
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 10
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 artículo 2
 artículo 2
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