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El Control Difuso de la Constitucionalidad, de 1961 a 1999.
Posted by alberto blanco-uribe en marzo 10, 2012
Por: Alberto Blanco-Uribe Quintero[1].
Se trata de determinar la evolución de la institución del control difuso de la constitucionalidad de la ley, incorporada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999[2], en relación con lo establecido sobre la misma en la Constitución de la República de Venezuela de 1961[3].
Asistimos a un análisis de Derecho Constitucional Venezolano Comparado, con base a la metodología de la Comparación Diacrónica, que tiene como finalidad establecer la evolución de la institución desde la anterior Constitución a la actual, toda vez que esta última forma parte del fenómeno constituyente denominado “Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano”.
Desarrollo de las ideas centrales:
Ante todo conviene descollar que, si hablamos del control difuso (o también subjetivo, indirecto o concreto) de la constitucionalidad de las leyes formales y demás actos jurídicos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, a la luz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de 1999, nos encontramos sin duda dentro del ámbito del “Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano”, puesto que, partiendo de los rasgos comunes de tal Constitucionalismo, primero dentro de la perspectiva material, se observa la consagración de cada vez mas mecanismos de protección de la integridad de la Constitución, con énfasis en los que funcionan a iniciativa de las personas, como formas específicas de democracia participativa; y segundo, enfocando la perspectiva formal, se pone de manifiesto lo solemne, al potenciar una suerte de neo rigidez constitucional, salpicado todo ello de demasiada retórica. Muy elocuentemente se observa esta circunstancia si la revisamos en cuanto concierne a la enunciación y tutela de los derechos humanos.
En este orden de ideas, podemos apreciar que el control difuso de la constitucionalidad es un mecanismo de protección de la integridad de la Constitución, que se encuentra confiado a todos los jueces, dentro de las competencias materiales que les corresponde día a día atender, y que si bien puede ser ejercido de oficio por el juez, es fundamentalmente una herramienta jurídica defensiva puesta a la disposición de la iniciativa de las personas que sean parte, principal o accesoria, en un juicio, con la finalidad de excluir la aplicación al caso concreto de normas infra o subconstitucionales que puedan vulnerar la Constitución, sea en la forma o en el fondo, dando preferente aplicación al Texto Fundamental, y garantizando de ese modo su integridad y supremacía.
Ciertamente el control difuso de la constitucionalidad no es una invención del “Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano”. A decir verdad, como sabemos, a nivel mundial esa institución nace en el derecho norteamericano decimonónico (con la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América del 24 de febrero de 1803, Juez John Marshall, caso Marbury vs. Madison). Empero, no estando en nuestro caso prevista en la Constitución de la República de Venezuela de 1961, ingresa reforzada dentro de la lista de aportes de América Latina al Constitucionalismo, con el ejemplo venezolano, como veremos.
Y, en idéntica aproximación, tenemos que mal podría haber control difuso de la constitucionalidad, ni concentrado tampoco, si no se asistiera a la aprobación de una constitución rígida, ubicada en el vértice del ordenamiento jurídico, bajo la idea de Supremacía de la Constitución, con el deber de asegurar su plena integridad.
En ese sentido, no obstante que ambas Constituciones, de 1961 y de 1999, son rígidas, es lo cierto que tal carácter es sin duda reforzado por la segunda, con la adopción de recursos lingüísticos altamente retóricos, como podremos apreciar.
Supremacía e integridad de la Constitución:
Conforme con lo previsto por el artículo 117 de la Constitución de 1961, “La Constitución y las leyes definen las atribuciones del Poder Público, y a ellas debe sujetarse su ejercicio”.
Igualmente, acorde con su artículo 52: “Tanto los venezolanos como los extranjeros deben cumplir y obedecer la Constitución y las leyes, y los decretos, resoluciones y órdenes que en ejercicio de sus atribuciones dicten los órganos legítimos del Poder Público”.
En consecuencia, quedaba normativamente claro que la Constitución gozaba de supremacía, debiendo el Poder Público, incluso al actuar en ejecución directa e inmediata de la Constitución, por ejemplo a través de leyes formales del Congreso de la República, o de Decretos-Leyes del Presidente de la República, acatar sin restricciones el imperativo constitucional.
Normas similares nos encontramos en el artículo 137 de la Constitución de 1999, al expresar que: “La Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”; y, en su artículo 131: “Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público”.
De la simple lectura de estos cuatro dispositivos se desprende que sus contenidos esenciales son los mismos, aunque con un lenguaje innecesariamente más florido en la segunda Constitución.
Ahora bien, mientras que aquellas normas de los citados artículos 117 y 52 bastaron, por treinta y ocho años, para cimentar el principio de supremacía de la Constitución, basamento del deber de asegurar su integridad, a cargo de todas las autoridades pero sobre todo de los jueces, y, sin mayores cambios (o ninguno) hubieran podido continuar haciéndolo en su versión de los indicados artículos 137 y 131, palabras más o palabras menos, es lo cierto que el “Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano” hace gala de presencia, con la retórica que lo caracteriza.
Así, en el artículo 7 de la Constitución de 1999 se lee: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.
Rigidez constitucional:
Solamente para que quede establecido sin duda, toda vez que mal podría concebirse un sistema de control de la constitucionalidad de las leyes formales y demás actos jurídicos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, si no se parte de la existencia de un régimen de Constitución rígida, es decir, con la dicha supremacía total dentro de las fuentes del derecho, se hace menester evidenciar que ambas Constituciones pertenecen a la tipología racional normativa con Constitución rígida, al no poder ser modificadas, y menos derogadas, por medio del mecanismo previsto para la creación, modificación o derogatoria de las leyes formales, sino únicamente por medio de procedimientos especiales y sacramentales a esos efectos.
En este orden de ideas, se patentiza que la Constitución de 1961 establecía únicamente los mecanismos de enmienda y reforma constitucionales, en sus artículos 245 a 249, mientras que la Constitución de 1999 hace lo propio, en sus arículos 340 a 347, pero agregando además, en su artículo 348, la posibilidad permanente de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual no deja de ser retórica, puesto que ello es así lo diga o no la Constitución, por no poder ser limitado el poder constituyente originario. Esto en nuestra historia constitucional sucedió precisamente con la derogatoria de la Constitución de 1961 y la aprobación de la Constitución de 1999, sin que ello estuviere previsto en la primera.
Se trata pues, en ambos casos, de Constituciones rígidas, en cuya circunstancia es evidente la necesidad de establecer mecanismos de control de la constitucionalidad de los actos del poder público, particularmente de los que tienen rango de ley, de modo de asegurar su supremacía e integridad.
Los sistemas de control de la constitucionalidad de las leyes formales y demás actos jurídicos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, tales como actos parlamentarios sin forma de ley, decretos con rango, valor y fuerza de ley, decretos declaratorios de estados de excepción, etc., son dos, como es sabido: el control concentrado (directo, objetivo y abstracto) de la constitucionalidad, y el control difuso (indirecto, subjetivo y concreto) de la constitucionalidad.
El control concentrado lo vemos consagrado en la Constitución de 1961, cuando en su artículo 215, numerales 3, 4 y 6, se incluyó, dentro de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: “Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos de los cuerpos legislativos que colidan con esta Constitución“, “Declarar la nulidad total o parcial de las leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados o Municipios que colidan con esta Constitución“ y “Declarar la nulidad de los reglamentos y demás actos del Ejecutivo Nacional cuando sean violatorios de esta Constitución“, dando la competencia para conocer de esas atribuciones a la Corte en Pleno.
Por tanto, aunque no se lo mencionara de ese modo expresamente, la Constitución de 1961 había ya instituido la jurisdicción constitucional, dentro del Poder Judicial, y confiada al máximo tribunal de la República, encargada de ejercer el control concentrado de la constitucionalidad.
Por su parte, la Constitución de 1999, podríamos aceptar que menos por razones retóricas que por motivos técnicos, acogió mejor terminología al respecto, cuando leemos, en su artículo 266 que: ”Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: 1. Ejercer la jurisdicción constitucional conforme al Título VIII de esta Constitución”.
Y, es en esa remisión al Título VIII donde asistimos a un tanto de retórica, si por ella entendemos el uso de lenguaje efectista, estilos de redacción ideológicos, palabras adornantes o hasta ideas completas que ya estaban presentes en el texto constitucional, en otras normas o dispositivos, tornándose innecesarias por saltar a la vista a la simple interpretación, como ocurre con los dispositivos consagratorios del principio de supremacía de la Constitución anteriormente evocados.
Efectivamente, partimos de la propia denominación de ese Título VIII, que se enuncia “De la Protección de la Constitución“, siguiendo su Capítulo I con el nombre “De la Garantía de la Constitución”, para luego rematar en el encabezamiento (primer párrafo) de su artículo 334: “Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución”. Obviamente, si la Constitución es rígida y los órganos del Poder Público se encuentran obligados a acatarla, como vimos ya el tratamiento normativo fundamental al respecto, todos los tribunales deben asegurar su integridad.
Posteriormente, en el ámbito de la jurisdicción constitucional, es decir, del control concentrado de la constitucionalidad, el tercer párrafo de ese artículo 334 estatuye que: “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley”. Y, en su artículo 336 pasa al detalle, al especificar las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, concretamente en sus numerales 1, 2, 3 y 4, como sigue: “Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de los cuerpos legislativos nacionales que colidan con esta Constitución”, “Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ésta”, “Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con esta Constitución” y “Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público”.
Hay entonces una regulación muy parecida, hablando desde
[1] Abogado egresado “Magna cum Laude” (U.C.V., 1983); especialista en derecho administrativo (U.C.V., 1987); D.E.S.S. en derecho ambiental y de la ordenación del territorio (Universidad Robert Schuman, Francia, 1988); D.E.A. en derecho público (constitucional, administrativo, tributario e internacional) (Universidad Robert Schuman, Francia, 1989); especialista en justicia constitucional, garantías constitucionales y derechos humanos (Universidad de Castilla-La Mancha, España, 2006, 2007 y 2008); profesor agregado de derecho constitucional (pregrado UCV) y de contencioso tributario y de ambiente y derechos humanos (postgrados UCV, UCAB y UNIMET); conferencista y articulista; asesor y litigante en temas constitucionales, administrativos, tributarios y ambientales; socio en alianza profesional con Abogados Klemprer Rivas Pérez Trujillo; y Coordinador General de la Cátedra Libre y Voluntariado en Derechos Humanos UCV.
[2] Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 36.860 del 30 de diciembre de 1999, y vuelta a publicar (con correcciones dichas de estilo) en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nro. 5.453 del 24 de marzo de 2000 (con una posterior enmienda que no afecta estos conceptos). [3] Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 662, del 23 de enero de 1961 (sufrió dos enmiendas que no afectaron estos conceptos).
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References: artículo 117
 artículo 52
 artículo 137
 artículo 131
 artículo 7
 artículo 348
 artículo 215
 artículo 266
 artículo 334
 artículo 334
 artículo 336