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Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Políticas y Sociales| Oyarzún G. | Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Portada > Vol. 6, No. 6 (1966) >	Oyarzún G.
Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Políticas y Sociales
Rubén Oyarzún G.1
Segunda Conferencia Latinoamericana
La conferencia a que nos referimos es la segunda reunión general del Instituto Latinoamericano de Ciencias Políticas y Sociales. El Instituto Latinoamericano de Ciencias Políticas y Sociales arranca su origen de una resolución de la II Conferencia Latinoamericana de Facultades de Ciencias jurídicas y Sociales, reunida en Lima en 1961, que fue confirmada por las III y IV Conferencia de las mismas, cuya celebración tuvo lugar los años 1963 y 1964, en Santiago y Montevideo, respectivamente, En efecto, la II Conferencia, de Lima, acordó: 'l. La fundación de un Instituto Latinoamericano de Ciencias Políticas y Sociales, constituido por la Asociación de los Institutos Nacionales de cada uno de los países de América Latina, integrados éstos por profesores de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales (Ciencias jurídicas y Sociales o Derecho y Ciencias Políticas y Sociales) de sus diversas Universidades'. El Reglamento aprobado en la III Conferencia, de Santiago, puntualizó así las finalidades del Instituto:
a) Realizar, directamente o a través de los Institutos Nacionales, estudios e investigaciones orientados al mejor conocimiento de nuestras realidades políticas, económicas y sociales, al planteamiento científico de sus problemas, y a propiciar su más justa solución; b) Asesorar a los organismos internacionales y a los estadistas y legisladores en todo cuanto se refiere a la adopción de estructuras institucionales y jurídicas adecuadas a las necesidades latinoamericanas; c) Promover la creación de Institutos Nacionales en los países latinoamericanos en donde todavía no existan y fomentar las actividades de los existentes; d) Planear y coordinar actividades conjuntas de los Institutos Nacionales, teniendo en vista especialmente el estudio y solución de los problemas jurídicos, políticos, económicos y sociales que plantea la integración de los países latinoamericanos, y e) En general, fomentar las actividades que digan relación con el estudio, conocimiento y divulgación de las ciencias políticas y sociales en estas naciones.
Al constituirse el Instituto, en septiembre de 1965, en la ciudad de Lima, celebró también la Primera Conferencia Latinoamericana de Ciencias Políticas y Sociales, dentro de la cual se eligió Presidente al Profesor Luciano Castillo, del Perú; y Vicepresidentes a los Profesores Guillermo Ahumada, de Argentina, Rubén Oyarzún, de Chile, y Aníbal Barbagelata, de Uruguay. Se acordó, además, fijar a Lima como sede del Instituto, hasta la celebración de la II Conferencia, en 1966, cuya organización se encomendó a Chile. Se acordó, asimismo, encargar a la Mesa Directiva el estudio del financiamiento permanente del Instituto, el cual deberá proponerse a la próxima Conferencia. Nuestra Facultad tomó conocimiento oportuno de estos antecedentes y, para cumplir el mandato recibido, formó una Comisión Organizadora que se constituyó principalmente con profesores de ciencias políticas y que presidió el autor de este preámbulo. El temario aprobado, con la revisión ulterior de nuestro Decano, es el que se reproduce y glosa a continuación:
'Alternativas del Cambio Social América Latina'
I. La Asistencia Económico-Financiera y Técnica
1º Alcance y modalidades de la asistencia foránea:
a) Ayuda bilateral (convenios básicos: agencias intergubernamentales) y multilateral (birf, unicef, fao, nu); b) Ayuda privada (Fundaciones) y regional (bid; nu, y agencias especializadas).
2º La coordinación de las distintas formas de asistencia. 3º El financiamiento de la asistencia.
a) Fuentes continentales; b) Fuentes extra-continentales.
II. Reformas estructurales
A. De las estructuras económicas:
1) La propiedad de los recursos del suelo y del subsuelo (la reforma agraria, la reforma minera); 2) La organización de la producción y del comercio (empresa privada y empresa estatal, empresa nacional y empresa extranjera) ; 3) La redistribución del ingreso (reforma tributaria).
B. De las estructuras de encuadre:
1) Incorporación de la población aborigen al proceso de desarrollo y, en particular, al de integración; 2) La organización familiar y la religión en la dinámica social; 3) Las instituciones armadas como estructuras institucionales, sociales y mentales.
III. La integración
1) Integración Nacional y Regional, Continental e Intercontinental (la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el Mercado Común Centro Americano, el Mercado Común Europeo, etc.); 2) El régimen político y la administración nacional dentro de un esquema de integración (reformas electoral y administrativa); 3) Competencia y órganos de una autoridad supranacional; 4) La educación y la mentalidad integracionista, (el papel de la Universidad y, especialmente de las Facultades de Ciencias jurídicas y Sociales); 5) Un Derecho para la integración.
La Conferencia de Lima dejó ya objetiva constancia de las duras aristas del problema del camino social en nuestra América, como de la complejidad de las alternativas que ese cambio nos plantea. La amplitud y la profundidad con que deben abordarse problemas semejantes, no permitieron, por cierto, agotar el debate en la pasada Conferencia, ni lo permitirán tampoco en la próxima. De allí que el temario envuelva sustancialmente los mismos puntos discutidos en Lima. Aunque comprendemos, sin embargo, que no es fácil delimitar el campo propio de cada uno de esos puntos, nos hemos permitido agruparlos alrededor de tres conceptos centrales: 1º 'La ayuda económico-financiera y técnica'; 2º 'Las reformas estructurales', y 3º 'La integración'. Con ello -y en ese orden- se ha querido tentar a la discusión de las alternativas a partir de las más simples e inmediatas hasta llegar a las más complejas y mediatas. El esquema de desarrollo de cada uno de dichos enunciados, como es obvio, ha de interpretarse más como una sugerencia que como una prescripción. El aparente predominio de enunciados de alcance socio-económico no implica en modo alguno el propósito de preterir o limitar los planteamientos que en la materia -'Las alternativas del cambio social en América Latina'- corresponda hacer a los cientistas políticos. Ello obedece simplemente a la tendencia manifestada en la I Conferencia, cuyo impulso inicial parece lógico preservar. De todos modos, cabe recordar a mayor abundamiento que las estructuras sociales -cuyo análisis habrá de convertirse seguramente en el nódulo de los debates-, están habitualmente organizados bajo Estados políticos. En relación con el Poder, y también en muchas otras relaciones importantes, la unidad de estructura más amplia es el Estado-Nación. El Estado-Nación ha escindido y organizado, en grados y maneras diversos, las 'civilizaciones' y los continentes del mundo. Dentro del Estado-Nación están organizadas ahora las instituciones políticas y militares, culturales y económicas, de decisión y de poder. La mayor parte de los economistas y de los cultivadores de las ciencias políticas consideran evidente que su unidad primordial es el Estado-Nación, aun cuando se interesen por la 'economía internacional' y las 'relaciones internacionales'. Economistas y cientistas políticos, preocupados por estudiar sectores de la estructura social, llegaron -muchos sin pretenderlo- a construir 'modelos' de 'Economías' y de 'Estados' y teorías que tienden a perdurar no obstante los cambios de la vida real. Sin embargo, 'para la economía indudablemente y para la ciencia política y la sociología, a su debido tiempo, dos hechos tienden a restar importancia a los modelos formales de 'Estado' y de 'Economía' con límites claros (que quiere decir tanto como formales y en gran medida mutuamente excluyentes) : 1) el desarrollo económico y político de las zonas llamadas subdesarrolladas, y 2) las tendencias de las formas de la 'economía política' en el siglo XX, tanto las totalitarias como las formalmente democráticas' 1. Al progresar cada una de las ciencias sociales, su acción recíproca con las demás se ha intensificado. El asunto de la economía está volviendo a ser lo que fue en el origen: la 'economía política' vista cada día más dentro de una estructura social total. Respecto al primer capítulo: 'la Asistencia Económico-Financiera y Técnica', debe entenderse que nuestro propósito es el de provocar una disección del abstruso mecanismo asistencial que, con profusión creciente, se esfuerza por amortiguar -cuando no neutralizar- los desajustes económico-sociales de las regiones atrasadas. El estudio crítico desapasionado y acucioso, de los distintos organismos crediticios y asistenciales que corporifican aquel mecanismo, habrá de permitirnos averiguar hasta qué punto todo ello está sirviendo al cambio social, distorsionándolo o retardándolo. Queremos recordar a propósito que en un Seminario celebrado en Valparaíso, a principios de 1965, bajo el patrocinio de las principales Universidades de Chile, acerca de 'Chile y la Asistencia Foránea', se acordó, entre otras cosas, lo siguiente: Que la asistencia técnica foránea debe iniciarse a solicitud del gobierno respectivo y en consideración a las metas establecidas en los planes nacionales de desarrollo, que debe procurarse una coordinación efectiva, tanto interna como externa, de dicha asistencia; y que las prioridades, para la misma deben ser establecidas por un organismo rector de carácter estatal. El propio ex Presidente del Banco Mundial, Eugene R. Black, a la época de dejar su cargo, en 1960, escribió un libro titulado 'La diplomacia del desarrollo económico', en el cual puede leerse: 'Los motivos que están detrás de los programas de ayuda económica de Occidente han tendido a metamorfosearse con el curso cambiante de la política internacional, y difícilmente puede uno sorprenderse de ello, en vista de la novedad de los cambios con que Occidente se enfrenta al mundo subdesarrollado. Pero cuando llegue a ser más obvio que este reto no tiene un sentido temporal y no puede 'resolverse' con un nuevo y atrevido programa o una institución universal, podrá ganarse la aceptación general de la ayuda para el desarrollo, como un signo más o menos permanente de la política de Occidente. Esa aceptación puede obtenerse, creo yo, si los campeones de la ayuda económica permiten a la política del desarrollo que sea juzgada por sus propios méritos, no como medios para -tal vez- fines de dudosa pertinencia'. Oportuno es recordar como expresa el profesor Everett E. Hagen, del Instituto de Tecnología de Massachussets, en 'El desarrollo de los países nuevos', obra publicada por la A. I. D., que 'sin la ruptura de la estructura social tradicional y -lo que es más importante- de las actitudes tradicionales, la ayuda económica y técnica podría producir muy poco cambio económico'. Repitamos, una vez más, con el difunto Dag Hammarskjold, que 'sin un claro sentimiento de comunidad mundial la descontrolada asistencia técnica, económica o militar puede acentuar las querellas entre los pueblos antes que contribuir a su bienestar', y que 'mientras el país beneficiario no sienta que la ayuda recibida es un acto de solidaridad dentro de una organización donde tiene los mismos derechos que los donantes, no se llegará al punto óptimo, ni sicológico, ni político, ni económicamente'. En cuanto al capítulo segundo, 'Las reformas estructurales' lo hemos planteado apoyándonos especialmente en los esquemas de Andre Marchal, Raymond Barre y Francois Perroux. Tal como lo hicimos dentro del capítulo anterior y lo hacemos también en el tercero, las referencias entre paréntesis que acompañan a algunos enunciados aparecen nada más que por vía de ejemplo. De modo que no involucran un criterio excluyente. Los propios enunciados, bastante sintéticos, no pretenden constreñir a los ponentes sino -repetimos- sugerir. Las perspectivas del derecho de propiedad en un continente que avizora las posibilidades de una integración económica -y hasta política- es una de las interrogantes de más confusa respuesta que se atraviesa en el vacilante otear de los integradores. Los teóricos de la reforma agraria han llegado a hablar de una 'propiedad comunitaria', cuyos perfiles distan bastante aún de la nitidez. ¡Cómo no evocar algunas ideas que entresacamos de 'Aspectos jurídicos del capitalismo moderno', de George Ripert!':
a) Es fácil discutir acerca de lo individual y lo social de la empresa y de la comunidad del dirigismo y de la nacionalización, de los grupos financieros y de los trusts. Pero hay que recordar constantemente que los medios de reglamentar la actividad de los hombres son limitados, que hay leyes inaplicables y otras inaplicadas y que las instituciones creadas por la voluntad del poder soberano pueden ser deformadas o quedar sin efecto por el uso. De nada sirve reclamar contra el régimen capitalista si se destruyen solamente algunos de sus resortes y se le deja luego funcionar después de haberlo sacudido importunamente; b) Es inútil creer en el advenimiento de un nuevo sistema económico si no se tienen preparadas las instituciones que le son indispensables; c) Toda revolución social ha de ser al mismo tiempo una revolución jurídica, si no se quiere que sea una vana perturbación política; d) No se podría estudiar ni la actividad productora de los hombres si se ignora a través de qué instituciones se ejerce.
Al abocarnos a las estructuras de encuadre, señalamos en primer lugar la presencia aborigen, por la tremenda gravitación que ineludiblemente ejercerán sobre el éxito de cualquiera fórmula integradora las imponentes masas indígenas, particularmente en Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay. Se trata de un conglomerado humano de muy difícil captación para el sentido 'occidental' de la vida, ya que por múltiples razones se encuentra marginado no sólo del llamado 'circuito monetario', sino que del proceso político y de la cultura. La organización familiar y la religión, consideradas en el segundo lugar, son formas estructurales que no pueden soslayarse al sopesar las posibilidades de integración de una sociedad con más de doscientos millones de habitantes, más heterogénea para muchos -aunque no lo pareciera- que la propia Europa del Mercado Común. 'Nuestras instituciones de formación de actitudes fundamentales se han debilitado en gran manera. La familia está perdiendo su influencia sobre el individuo; va desvaneciéndose el espíritu comunal; la escuela y la iglesia tienden a hacerse convencionales'. 'Los grandes cambios que afectan a la familia en conjunto, y a las relaciones dentro de la familia, no son tanto síntomas de una decadencia de esta institución consagrada por el tiempo, como indicaciones de una transformación en su estructura, un desplazamiento del viejo patrón de la familia rural por un nuevo patrón urbano-familiar'2. Cuando hablamos de religión no nos referimos a éste o aquél credo, sino a una institución básica que se halla bastante bien expresada en la misma palabra religión. Etimológicamente, re-ligare significa 'atar fuertemente' cuanto hagamos a una causa suprema. Así entendidas las cosas, es incontrovertible que, cuando la religión deja de ser en los asuntos humanos la fuerza integradora más profunda, el cambio se manifiesta socialmente, Muchos 'ismos' de la hora presente encuentran en ello el crisol que los fundió. Pero, si el sociólogo comprende que por muchas razones es necesario un poder espiritual para integrar a los hombres, ello no significa que autorice el clericalismo o cualquier credo superimpuesto. Finalizando el capítulo relativo a las reformas estructurales, proponemos el estudio de las instituciones armadas en su triple aspecto de estructuras institucionales, sociales y mentales, porque: a) 'se encuentran entre las más conspicuas organizaciones de concentraciones de poder', dando permanencia y efectividad al Estado; b) porque constituyen hoy una carrera que promueve el avance social de grupos que, de otro modo, ocuparían un status inferior, contribuyendo así a una mayor 'movilidad social vertical' y a una mayor comunicación entre los diversos estratos de la comunidad, y c) porque, en cuanto estructura mental, importar, un modo de entender al Estado, un criterio, una actitud respecto a la nación organizada y a los valores ciudadanos fundamentales. 'Para resolver el problema de la organización de masa, la sociedad moderna tiene que perfeccionar y amplificar sus técnicas sociales, así como las de la máquina'. 'Con la expresión técnicas sociales me refiero a todos los métodos que influyen en la conducta humana, de suerte que ella encaja en los patrones de interacción y organización social existentes. La existencia de técnicas sociales es particularmente evidente en el ejército donde la eficiencia descansa principalmente sobre la organización, el entrenamiento y la disciplina rígida, formas específicas de autocontrol y obediencia'3. Desgraciadamente, por lo común, el problema no se enfoca sino parcialmente, por ignorancia, por ligereza o por interés. Se le confunde con el problema del 'armamentismo' o el del 'cesarismo', cuya variante latinoamericana se ha dado en llamar 'gorilismo'. 'Es cierto que los ejércitos son propensos a utilizar su poder y su influencia política en forma arbitraria durante las crisis de autoridad estatal. Sin embargo, los sistemas de autocontrol del ejército demuestran claramente que incluso los 'partidarios de la violencia' y su arsenal de recursos pueden ser controlados por el orden democrático, gracias a salvaguardias cuidadosamente proyectadas'. En todo caso, 'las nuevas armas, como la bomba atómica y los proyectiles cohetes, de alcance global, han planteado nuevos problemas de defensa y seguridad. Las soluciones a los mismos decidirán en conjunto, si ha de haber en el mundo democracia y libertad, o servidumbre. Mucho menos importante es la pugna entre la libre empresa y la Dirección estatal en la industria. Es probable que el problema se resuelva tomando en cuenta, más las posibles condiciones de una guerra futura, que las consideraciones puramente económicas, jurídicas e ideológicas, puesto que la potencia militar de un país depende, cada vez más, de su poderío científico y militar. Unicamente teniéndolo en cuenta es posible discutir acerca del control de las fuerzas armadas, y acerca de si son o no una salvaguardia para la democracia'4. Por último, en el capitulo tercero, llegamos a 'La Integración', que en estos momentos se divulga urbi et orbi por el Continente como la fórmula que permitirá neutralizar 'desequilibrios', 'cuellos de botella' y violencias multitudinarias contra el 'sistema americano'. El empeño es noble, pero supone una gran maduración de la conciencia continental respecto a regímenes políticos, administrativos y jurídicos y a la propia idea de la integración; frente a todo lo cual persiste todavía gran disparidad de criterios. Podríamos decir que el punto de partida más socorrido cuando se ataca este tema es el que recoge el acta final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebrado en Ginebra, en 1964. Allí se consagra el principio de que, en las relaciones económicas internacionales deberán fomentarse las agrupaciones económicas regionales, la integración y otras formas de cooperación económica entre los países en desarrollo, a fin de ampliar su comercio intrarregional y extrarregional y de estimular su crecimiento económico y su diversificación industrial y agrícola, teniendo debidamente en cuenta las características peculiares de desarrollo de los diversos países interesados, así como sus sistemas económico y social. 'Es un hecho incontrovertible y además comprobado por la documentación y análisis formulados con ocasión de la Conferencia de Ginebra, que las perspectivas a largo plazo del comercio tradicional de las regiones en desarrollo no son halagadoras. Aun suponiendo que en día no muy lejano -siguiendo las demandas del mundo subdesarrollado- los países industrializados del Occidente y Oriente acordasen eliminar todas las barreras y prácticas que entorpecen o distorsionan el comercio internacional de productos primarios y ofreciesen a los países en desarrollo acceso preferencial para sus manufacturas y semimanufacturas, esto no proporcionaría a América Latina, Africa y Asia una capacidad de importación congruente con sus necesidades crecientes de desarrollo. Es cierto que una parte de los recursos que se requieren para aumentar de modo tangible los ingresos per cápita y el bienestar de estas regiones -en condiciones de crecimiento demográfico acelerado- podrá provenir de la ayuda económica externa. Pero si se tiene en cuenta la resistencia de grandes sectores de opinión de los países industriales de Occidente a los programas de ayuda, la cual se ha hecho notar con creciente fuerza en Estados Unidos y en Francia, es difícil pensar que los fondos de ayuda -en el sentido real de ese término- puedan suplir el déficit futuro entre los ingresos de las áreas subdesarrolladas por cuenta de exportaciones a los centros industriales y las necesidades de importaciones de las mismas áreas. Se estima, por ejemplo, que el aumento de la ayuda económica al 1 % del ingreso nacional de los países desarrollados, recomendado en Ginebra, elevaría el flujo de aquélla a unos nueve mil millones de dólares anuales. Por otro lado, se prevé que para 1970 el déficit comercial de América Latina, Africa y Asia en conjunto -suponiendo una tasa de crecimiento económico de un 5 % anual - será de unos veinte mil millones de dólares. Por consiguiente, queda claro que de no estimularse los programas de integración y el comercio intrarregional en las áreas en vías de desarrollo, no habrá manera de movilizar recursos equivalentes a la diferencia entre las dos cifras mencionadas'5. Pero eso es sólo un punto de partida. El problema es mucho más complejo, porque no debe circunscribirse al intercambio comercial. Como se ha dicho tanto en tantas reuniones internacionales sobre la materia, por tantísimos expertos de todas las especialidades y nacionalidades, la integración que sirva al desarrollo entraña un proceso vasto y hondo. Algunos de sus principales puntos neurálgicos están anticipados en las cinco glosas de este capítulo. Mannheim ha dicho que 'Las alternativas no son ya 'la planificación' o el 'laissez faire', sino: ¿planificación para qué? y: ¿qué clase de planificación? De igual modo parece oportuno preguntarnos en América Latina: ¿integración para qué? y: ¿qué clase de integración? Complementariamente, el mismo eminente sociólogo se pregunta: ¿quién planifica a los planificadores. Puede, pues, terminarse así la paráfrasis: ¿quién íntegra a los integradores? Las interrogaciones anteriores equivalen a subrayar una vez más la carencia de unidad conceptual en materia de integración. Ante todo, como hemos visto, algunos se conforman con mejorar por esta vía las relaciones comerciales; otros, aspiran a fortalecer las relaciones económicas en general; y los más ambiciosos -o ilusos- llegan a creer en la consolidación política. Pero, cualquiera que sea el sector sobre el cual recaiga el debate, ha de propugnarse entendimiento, además, respecto al ámbito de aplicación, al alcance espacial del propósito integrador, que puede ser una región (el Altiplano), varios países, un continente y hasta varios continentes. Insoslayablemente, habrá que dilucidar y también si los afanes de la obra común se asentarán sobre el modelo socio-económico y político del país que pese más en el correspondiente bloque o sobre el modelo que convenga a los más numerosos o tal vez -ilusión de los débiles- sobre uno de compromiso. Como si tantas variables fueran pocas, queda aun por considerar otra, que es quizá la más urgente de todas: la integración propia. En efecto, puesto que se trata de analizar la integración como herramienta para el desarrollo, procede no perder de vista el principio de la interacción de las estructuras económicas y las estructuras de encuadramiento, de que habla Raymond Barre, 'principio que puede regir tanto el análisis de los progresos económicos como el de las regresiones o declinaciones. En la medida en que las diversas estructuras que definen el sistema global sean compatibles, el crecimiento económico podrá desarrollarse sin obstrucción. Son las incompatibilidades de estructura las que provocan las crisis de crecimiento'. Son esas incompatibilidades las que deben ser resueltas o superadas si se quiere asegurar el crecimiento de las economías subdesarrolladas. ¿No sería por ejemplo tarea previa - o al menos factible de inmediato, puesto que ya se está intentando- que Chile acelerara la readecuación de su Constitución Política -de típico corte liberal-, dictada en 1925 a la realidad socio-económica vigente en 1966, que configura al Estado -fuertemente intervencionista- como al más grande empresario nacional y lo adscribe al cumplimiento de un Plan Decenal de Desarrollo? He ahí una tarea fundamental que recaerá sobre quienes se enfrenten a un 'derecho para la integración': la actualización de los textos constitucionales y de otros códigos básicos (ya se ha lucubrado un Código Penal Tipo), que reflejan o consagran tantas otras incompatibilidades estructurales, manteniendo las consiguientes barreras a la integración propia. ¡Cómo no habrán de hacerlo respecto a la integración de un Continente! Mientras tales incompatibilidades perduren -y hemos señalado una sola, por vía ilustrativa, porque son demasiado evidentes- los intentos integracionistas no pasarán de la superficie: la gran masa permanecerá ajena a ellos. De allí la importancia del papel que cabe desempeñar a las Universidades -y dentro de ellas en especial a las Facultades de Ciencias Sociales- en la promoción de un auténtico espíritu integrador. También lo subrayó Mannheim al sostener que 'ninguna reforma universitaria resultará satisfactoria a menos que se enfrente al problema de la educación en un plano internacional'. Hasta dónde bastarán los contactos permanentes, el intercambio de estudiantes y maestros, las discusiones conjuntas y los convenios acerca de los planes de estudio; si deberán establecerse universidades internacionales y hasta dónde sea posible hacerlo, son temas que quedan abiertos a la discusión. En la misma obra citada, ya había prevenido su autor que 'la educación tiende a convertirse en parte de una nueva técnica para controlar la conducta humana y puede acabar en instrumento de supresión de la mayoría por la minoría'. Poderoso argumento para apretar filas con renovado brío en torno a la autonomía universitaria.
Reglamento de la Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales.
Artículo 1º. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Políticas y Sociales convocada por el Instituto Latinoamericano del ramo, con el patrocinio de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, se celebrará el 3 al 9 de octubre de 1966, en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, sucesivamente. Artículo 2º . La Comisión Organizadora -designada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile- cesará en sus funciones al asumir las suyas la Mesa Directiva de la Conferencia. Artículo 3º. En la Asamblea Inaugural se elegirá la Mesa Directiva de la Conferencia y se oirá la cuenta del Presidente del Instituto. Artículo 4º. La Mesa Directiva estará integrada por los siguientes miembros: Un Presidente; un Primer Vicepresidente; un Segundo Vicepresidente; un Tercer Vicepresidente y un Secretario General. Artículo 5º. Los acuerdos de la Mesa Directiva se adoptarán por mayoría de votos. Si existiere empate se procederá a una nueva votación, y, si se volviera a empatar, decidirá quien presida. Artículo 6º. Toda cuestión que no estuviere considerada en el presente Reglamento, será resuelta por la Mesa Directiva, la que podrá escuchar a la Asamblea, abriendo un debate que no se prolongará por más de veinte minutos. Artículo 7º. Todo trabajo deberá ser presentado a la Comisión Organizadora hasta el día 25 de septiembre, en dos ejemplares a lo menos. Cada trabajo deberá indicar en su encabezamiento, la materia sobre que versa, el título y subtítulo del Temario en que incide el trabajo, la individualización completa del autor o autores y la Universidad, Instituto u organismo a que pertenece. Los trabajos terminarán, en lo posible, en una conclusión o moción de acuerdo. Se reproducirán en cuantos ejemplares sean necesarios, para el conocimiento de los Delegados. Artículo 8º. Los participantes en la Conferencia serán Delegados Oficiales u Observadores. Artículo 9º. Serán Delegados Oficiales los que designen en esa calidad las Facultades que pertenezcan al Instituto Latinoamericano de Ciencias Políticas y Sociales. Serán Observadores aquellas personas a quienes la Comisión Organizadora les otorgue tal calidad. Artículo 10. Los Delegados Oficiales deberán presentar sus credenciales a la Secretaría General de la Comisión Organizadora, la que les otorgará el distintivo correspondiente que los identifique como tales. Artículo 11. Los delegados oficiales tendrán derecho a voz y voto. Los Observadores sólo tendrán derecho a voz. Los votos se computarán por países, aunque de cada uno de ellos concurra más de una delegación. Para estos efectos, cada delegación, o el grupo de ellos que provenga del mismo país, resolverán previamente la forma en que emitan el voto. Artículo 12. La Segunda Conferencia desarrollará sus trabajos en Asambleas Plenarias. Artículo 13. Las sesiones se realizarán en el día y hora señalados en el Programa Oficial. Habrá sesiones extraordinarias cuando así lo acuerde la Mesa directiva o la Asamblea. Plenaria. Artículo 14. El quórum para sesionar será de la mitad más una de las Delegaciones Oficiales acreditadas en la Conferencia. Se contará como Delegación presente aquélla que tuviere, a lo menos, un Delegado Oficial en la Asamblea. En segunda citación, que se realizará quince minutos después de la hora fijada, comenzará la sesión con las Delegaciones que asistan. Artículo 15. La Segunda Conferencia desarrollará el Temario Oficial aprobado por la Comisión Organizadora. Si alguna delegación propusiere un tema no considerado, la propuesta será sometida a la Comisión Organizadora. Inaugurada la Conferencia, la decisión corresponderá a la Mesa Directiva. Artículo 16. Las Asambleas Plenarias estudiarán, discutirán y resolverán sobre cada uno de los tres Capítulos del Temario en forma sucesiva. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los países presentes, sin perjuicio de los quórum especiales que establezca este Reglamento. Si existiere empate de votos se procederá a una nueva votación. Artículo 17. Si no hubiere acuerdo respecto de alguna moción o ponencia o cuando la Asamblea lo estimare conveniente, se nombrará una Comisión Especial, integrada por no más de cinco Delegados Oficiales, que propondrá a la Asamblea Plenaria un proyecto de acuerdo. Esta Comisión Especial deberá ser presidida por uno de los Vicepresidentes de la Conferencia. Artículo 18. La Comisión Organizadora designará Relatores para cada punto del Temario Oficial.
La función de los Relatores consistirá en presentar un Informe Sintético a las Asambleas Plenarias sobre cada una de las materias contempladas en el Temario, Su exposición no podrá sobrepasar los 15 minutos por punto. El Presidente podrá prorrogar dicho tiempo por un lapso máximo de 10 minutos, término que sólo podrá excederse con autorización de la Asamblea. Inmediatamente de terminada la relación, el Presidente ofrecerá la palabra a los Delegados que se hubieren inscrito con anterioridad, en un Registro que al efecto llevará el Secretario General. Artículo 19. Son atribuciones del Presidente:
a) Presidir las Asambleas Plenarias y la Mesa Directiva, b) Convocar a sesión a la Mesa Directiva cuando lo crea conveniente o así lo solicite alguno de sus miembros; c) Conceder la palabra a los oradores en las Asambleas Plenarias, por 10 minutos sobre cada punto en discusión. Podrá prorrogar este tiempo por 5 minutos más, y, para una prórroga superior, deberá solicitar la venia de la Asamblea; d) Dirimir los empates producidos en la Mesa Directiva.
Artículo 20. Los Vicepresidentes subrogarán al Presidente en todas sus funciones según el orden de precedencia. Artículo 21. La Secretaría General estará a cargo del Secretario General quien servirá todas las funciones administrativas necesarias para la buena marcha de la Conferencia. Llevará el Archivo General y el Registro de Oradores; proporcionará a los participantes en la Conferencia la información que soliciten; y desempeñará, además, todas las funciones que le encomienden la Mesa Directiva o la Asamblea. Artículo 22. Al término de la última sesión plenaria de trabajo, se procederá a la elección de la Mesa Directiva del Instituto Latinoamericano de Ciencias Políticas y Sociales, y se señalará la sede y la época de la próxima Conferencia. Estos acuerdos deberán ser adoptados por los 2/3 (dos tercios) de los países acreditados en la Conferencia. Artículo 23. En la Asamblea de Clausura se escuchará al Secretario General, quien presentará las conclusiones de cada capítulo del Temario. Ninguno de los puntos que ya hubieren sido aprobados en el carácter de conclusión podrán volver a ser discutidos, sino con el acuerdo unánime de la Asamblea. Artículo 24. El Instituto Latinoamericano de Ciencias Políticas y Sociales será el ejecutor de los acuerdos finales de la Segunda Conferencia.
Programa de Trabajo en Santiago
1º al 3 de octubre. Credenciales a Inscripciones. 3 de octubre, 9 a 10.30 horas. Reunión preparatoria del Comité Organizador con los Presidentes de Delegaciones. Local: Escuela de Derecho. Calle Pío Nono con Bellavista. 11 a 12 horas. Acto inaugural en el Salón de Honor del Congreso Nacional. 16 a 19 horas. Continuación de la reunión preparatoria. 4 de octubre. 9 a 12 horas. Primera sesión plenaria. 17 horas. Segunda sesión plenaria. 5 de octubre. 9 a 12.30 horas. Tercera sesión plenaria. 15.30 a 18 horas. Cuarta sesión plenaria. 6 de octubre. 9 a 12.30 horas. Quinta sesión plenaria. 16 a 20 horas. Sexta sesión plenaria.
7 de octubre. 16 horas. Séptima sesión plenaria. 8 de octubre. 9 a 12.30 horas. Octava sesión plenaria. 16 a 20 horas. Novena sesión plenaria. 9 de octubre. 9 horas. Sesión plenaria de clausura en el Teatro Municipal de Viña del Mar.
Programa de Festejos en Santiago
3 de octubre. 19 a 21 horas. Recepción ofrecida por el Decano de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales, en el local de la Escuela de Derecho. 4 de octubre. 13.30 horas, Almuerzo en el 'Paperchase Club', ofrecido por la Comisión Organizadora. 5 de octubre. 18.30 a 20.30 horas. Cóctel ofrecido por el Canciller. 6 de octubre. 22 horas. Comida ofrecida por el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el 'Club de La Unión'. 7 de octubre. 8.30 horas. Partida a Valparaíso.
7 de octubre, 13 horas, Almuerzo ofrecido por el Director de la Escuela de Derecho de Valparaíso en el 'Club Viña del Mar'. 21.30 horas. Comida en el Casino de Viña del Mar ofrecida por el Alcalde de la I. Municipalidad de Viña del Mar. 8 de octubre. 13.30 horas. Almuerzo ofrecido por el Alcalde de la I. Municipalidad de Valparaíso en el Hotel Prat. 9 de octubre. 13 horas. Almuerzo de despedida ofrecido por el Comité Organizador en el Parque de Las Salinas. 18 horas. Regreso a Santiago.
Relación de Delegados y Observadores Asistentes a la Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Políticas y Sociales
1. Dr. Guillermo Ahumada. Vicepresidente del Instituto Latinoamericano de Ciencias Políticas y Sociales. 2. Dr. Benigno Martínez Vásquez. Presidente de Delegación. Universidad Nacional de Cuyo. Escuela Superior de Estudios Políticos y Sociales. 3. Dr. Francisco Leiva Hita, Universidad Nacional de Cuyo. Escuela Superior de Estudios Políticos y Sociales. 4. Dr. Costanzo Moi. Universidad Nacional de Cuyo. Escuela Superior de Estudios Políticos y Sociales, 5. Dr. Oscar Ortiz Baeza. Universidad Nacional de Cuyo. Escuela Superior de Estudios Políticos y Sociales. 6. Dr. Alejandro Rey Tudela. Universidad Nacional de Cuyo. Escuela Superior de Estudios Políticos y Sociales,
7. Dr. Carlos Restrepo Piedrahita. Universidad Externado de Colombia. Bogotá.
8. Dr. Carlos José Gutiérrez. Universidad de Costa Rica. Decano de la Facultad de Derecho.
9. Dr. José Mariano da Rocha. Rector de la Universidad Federal Santa Maria. Río Grande do Sul. 10. Dr. Francisco Danilo Landó. Universidad Federal Santa María. Director del Instituto do Administración y Planeamiento. 11, Dr. José Barbos Guerra. Universidad Federal Santa María. Río Grande do Sul. 12. Dr. Víctor Gradin. Universidad de Bahía, Presidente del Banco de Desarrollo. 13. Dr. Lourival Vilela Viana. Universidad de Minas Gerais. Director de la Facultad de Derecho.
14. Sr. Eugenio Velasco Letelier. Universidad de Chile. Decano de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales. 15. Sr. Luis Cousiño Mac-Iver. Universidad de Chile. Secretario de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales. 16. Sr. Avelino León Hurtado. Universidad de Chile. Director de la Escuela de Derecho. 17. Sr. Fernando Albónico Valenzuela. Universidad de Chile. Profesor de Derecho Internacional Privado. Escuela de Derecho. 18. Sr. Hugo Araneda Dorr. Universidad de Chile. Profesor de Derecho Financiero y Política Económica. Escuela de Derecho. 19. Sr. Humberto Cifuentes B. Universidad de Chile. Profesor de Derecho Administrativo y Director del Seminario de Derecho Público. Escuela de Derecho, 20. Sr. Enrique Escala Barros. Universidad de Chile. Profesor de Derecho Comercial. Escuela de Derecho. 21. Sr. Julio Escudero Guzmán. Universidad de Chile. Director del Seminario de Derecho Internacional Público y Profesor de Derecho Internacional Público. Escuela de Derecho. 22. Sr. Angel Fernández Villamayor. Universidad de Chile. Profesor de Medicina Legal. Escuela de Derecho. 23. Sr. Fernando Fueyo Laneri. Universidad de Chile. Profesor de Derecho Civil ; Director de Seminario. Escuela de Derecho 24. Sr. Eduardo Novoa Monreal. Universidad de Chile. Profesor de Derecho Penal. Escuela de Derecho. 25. Sr. Jorge Ovalle Quiroz. Universidad de Chile. Profesor de Doctrina Política. 26. Sr. Hugo Pereira Anabalón. Universidad de Chile. Profesor de Derecho Procesal. Escuela de Derecho. 27. Sr. Alberto Rioseco Vásquez. Universidad de Chile. Profesor de Política Económica. Escuela de Derecho. 28. Sr. Jorge Rodríguez Merino. Universidad de Chile. Profesor de Derecho Industrial y Agrícola. Escuela de Derecho. 29. Sr. Aníbal Bascuñán Valdés. Universidad de Chile. Profesor Extraordinario de Introducción. Escuela de Derecho. 30. Sr. Rubén Oyarzún Gallegos. Universidad de Chile. Director del Seminario de Ciencias Económicas y Profesor de Economía Política y Política Económica. Escuela de Derecho. 31. Sr. Jorge I. Hübner Gallo. Universidad de Chile. Profesor de Introducción. Escuela de Derecho. 32. Sr. Diego Guzmán Latorre. Universidad de Chile. Profesor de Derecho Internacional Privado. Escuela de Derecho. 33. Sr. Sergio Carvallo Hederra. Universidad de Chile. Profesor de Derecho Financiero. Escuela de Derecho, 34. Sr. Ricardo Claro Valdés. Universidad de Chile. Profesor Agregado de Política Económica. Escuela de Derecho. 35. Sr. Julio Olavarría Avila. Universidad de Chile. Profesor de Derecho Comercial. Escuela de Derecho y Escuela de Ciencias Administrativas. 36. Sr. Marco Aurelio González Berendique. Universidad de Chile. Profesor de Medicina Legal. Escuela de Derecho. 37. Sr. Jorge Guzmán Dinator. Universidad de Chile. Director de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas y Profesor de Doctrina Política de la Escuela de Derecho. 38. Sr. Paul Constantinescu C. Universidad de Chile. Subdirector de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. 39. Sr. Hermes Ahumada Pacheco. Universidad de Chile. Profesor de Seguridad Social. Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. 40. Sr. Julio Auger Valenzuela. Universidad de Chile. Profesor de Derecho del Trabajo. Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas, 41. Sr. Claudio Bonnefoy Bachelet. Universidad de Chile. Profesor de Derecho Internacional Público. Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. 42. Sr. Alvaro Drapkin Bunster. Universidad de Chile. Profesor de Teoría General de Administración Pública. Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. 43. Sr. Jorge Tapia Valdés. Universidad de Chile. Profesor de Derecho Constitucional Chileno. Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. 44. Sr. Germán Urzúa Valenzuela. Universidad de Chile. Profesor de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. 45. Sr. Jorge Turenne Ries. Universidad de Chile. Profesor de Teoría General de Administración Pública. Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. 46. Sr. Oscar Henríquez Escobar. Universidad de Chile. Director de la Escuela de Derecho. 47. Sr. Arturo Ewing Graham. Universidad de Chile. Subdirector de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. Especialidad: Administración Aduanera y Profesor de la Escuela de Derecho. 48. Sr. Alex Varela Caballero. Universidad de Chile. Profesor de Derecho Administrativo. Escuela de Derecho, 49. Sr. Camilo Mori Gana. Universidad de Chile, Profesor de Derecho Internacional Privado. Escuela de Derecho. 50. Sr. Enrique Gajardo Villarroel. Universidad de Chile. Profesor de Derecho Internacional Público. Escuela de Derecho. 51. Sr. Carlos González Soya. Universidad de Chile. Profesor y Director del Seminario de Ciencias Económicas de la Escuela de Derecho de Valparaíso. 52. Sr. Guillermo Schissler Quezada. Universidad de Chile. Profesor de Derecho Constitucional y de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. 53. Sr. Mario Contreras Rojas. Universidad de Chile. Profesor de la Escuela de Derecho de Valparaíso. 54. Sr. Mario Alegría Alegría. Universidad de Chile. Profesor de Historia Constitucional. Escuela de Derecho y Escuela de Ciencias Políticas y Adm. Esp.: Adm. Aduanera. 55. Sr. Oscar Guzmán Escobar. Universidad de Chile. Profesor de Derecho Constitucional. Escuela de Derecho. 56. Sr. Gustavo Lorca Rojas. Universidad de Chile. Profesor de Derecho Romano, Escuela de Derecho. 57. Sr. Juan Guillermo Matus Valencia. Universidad de Chile. Profesor de la Escuela de Ciencias Políticas y Adm. Especialidad: Administración Aduanera. 58. Sr Pedro Lira Urquieta. Universidad Católica de Chile. Decano de la Facultad de Ciencias jurídicas, Políticas y Sociales. 59. Sr. Sergio Gutiérrez Olivos, Universidad de Chile. Profesor de Derecho Internacional. Escuela de Derecho. 60. Sr. Hugo Llanos Mansilla. Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Internacional. Público. Escuela de Derecho. 61. Sr. Alejandro Silva Bascuñán. Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Constitucional. Escuela de Derecho. 62. Sr. Enrique Evans de la Cuadra. Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Constitucional. Escuela de Derecho. 63. Sr. Abel Valdés Acuña. Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Internacional Público. Escuela de Derecho. 64. Sr. Rafael Cañas Lastarria. Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Comercial. Escuela de Derecho. 65. Sr. Rafael Hernández Samaniego. Universidad Católica de Chile. Profesor de Filosofía y Sociología. Escuela de Derecho. 66. Sr. Samuel Lira Ovalle. Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho de Minas. Escuela de Derecho. 67. Sr. Oscar Aramayo Alzérreca. Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Económico. Escuela de Derecho. 68. Sr. Ramón Samaniego García. Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Económico. Escuela de Derecho. 69. Sr. Gustavo Serrano Mahns. Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Tributario. Escuela de Derecho. 70. Sr. Carlos Domínguez Casanueva. Universidad Católica de Chile. Profesor de Filosofía y Sociología. Escuela de Derecho. 71. Sr. Luis Young Reyes. Universidad Católica de Valparaíso. Director del Seminario de Derecho Público, Escuela de Derecho. 72. Sr. Fernando Molina Vallejo. Universidad Católica de Valparaíso. Vicerrector Académico y Director de Estudios Políticos y Sociales, 73. Sr. Alejandro Foxley Rioseco. Universidad Católica de Valparaíso. Dr. en Economía y Miembro del Instituto de Estudios Sociales y Políticos. 74. Sr Ataliva Amengual S. Universidad Católica de Valparaíso. Profesor Investigador del Instituto de Estudios Sociales y Políticos. 75. Sr. Manuel Sanhueza. Universidad de Concepción. Decano de la Facultad de Derecho. 76. Sr. Fernando Henríquez Barra. Universidad de Concepción. Profesor del Seminario de Ciencias Económicas. Escuela de Derecho. 77. Sr. Sergio Jarpa. Universidad de Concepción. Profesor del Seminario de Ciencias Económicas. Escuela de Derecho. 78. Sr. Germán Sepúlveda Durán. Universidad Técnica del Estado. Presidente del Consejo Docente de Ciencias Sociales y Filosofía. 79. Sr. Raúl Cortés Pinto. Universidad Técnica 'Federico Santa María'. Profesor. 80. Sr. Hernán González Aninat. Universidad de Concepción. Profesor del Seminario de Ciencias Económicas. Escuela de Derecho. 81. Sr. Federico Saelzer Baldes. Universidad Austral de Chile. Secretario General y Profesor de Economía Agraria. 82. Sr. Félix Urcullú Molina. Universidad Austral de Chile. Prosecretario General. 83. Sr. Oscar Domínguez Correa. Universidad Austral de Chile. Profesor de Sociología Rural. Facultad de Medicina Veterinaria. 84. Sr. Jorge Rogers. Universidad Austral de Chile. Profesor de Sociología Rural. Profesor de Medicina Veterinaria. 85. Sr. Octavio Aguilar Maggi. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 86. Sr. Francisco Walker Errázuriz. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 87. Sr. Carlos Ugarte Soto. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 88. Sr. Rubén Bustos Lynch. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 89. Sr. Domingo Cereceda Quezada. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 90. Sr. Sergio Correa Reyes. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 91. Sr. Marco A. Díaz Poblete. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 92. Sr. Bernardo Grandón Cocco. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 93. Sr. Héctor Vega Tapia. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 94. Sr. Ricardo Valderrama Pergolesi. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 95. Sr. Juan Luis Sanfuentes. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 96. Sr. Hernán Errázuriz Talavera. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 97. Sr. Enrique Escala Baltra. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 98, Sr. Waldo Fortín. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 99, Srta. Cecilia Medina. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 100. Sr. Alfredo Gutiérrez Samohod. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 101. Sr. Mario Ramírez Necochea. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 102. Sr. Aníbal Salvatierra. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 103. Sr. Mario Seda. Universidad de Chile. Escuela de Derecho. 104. Sr. Jaime Ahumada Pacheco. Universidad de Chile. Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. 105. Sr. Alfonso Inostroza Cuevas. Universidad de Chile. Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. 106. Sr. Hugo Omar Inostroza Sáez. Universidad de Chile. Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. 107. Sr. Emilio Morgado Valenzuela. Universidad de Chile. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. 108. Sr. Jorge M. Quinzio Figuereido. Universidad de Chile. Profesor de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. 109. Sr. Germán Vidal Duarte. Universidad de Chile. Profesor de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. 110. Sr. Fernando Pereira Y. Universidad de Chile. Profesor de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. 111. Sr. Wolfgang Prieu K. Universidad de Chile. Profesor jefe del Departamento de Administración Pública Comparada. Instituto de Ciencias Políticas y Administrativas. 112. Sr. Gustavo Reyes Román. Universidad de Chile. Profesor Investigador del Instituto de Ciencias Políticas y Administrativas. 113. Sr. Antonio Pedrals García. Universidad de Chile. Profesor de la Escuela de Derecho de Valparaíso. 114. Sr. Abraham Toledo. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Económica. Insora. 115. Sr. Hugo Zunino Zunino. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Económicas. Insora. 116. Sr. Narciso Contreras. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Económicas. Insora. 117. Sr. Jorge López. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Económicas. Insora. 118. Sr. Enrique Kenning. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Económicas. Insora. 119. Sr. Manuel Barra. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Económicas. 120. Sr. Mario Góngora. Universidad de Chile. Centro de Estudios Socio-Económicos. 121. Sr. Marcelo Carmaguani. Universidad de Chile. Centro de Estudios Socio-Económicos. 122. Sr. Gonzalo Izquierdo. Universidad de Chile. Centro de Estudios Socio-Económicos. 123. Sr. Marco Colodro. Universidad de Chile. Centro de Estudios Socio-Económicos. 124. Sr. Eduardo Hamuy. Universidad de Chile. Director del Centro de Estudios Socio-Económicos. 125. Srta. Sylvia Hernández. Universidad de Chile. Centro de Estudios Socio-Económicos. 126. Sr. Pío García. Universidad de Chile. Centro de Estudios Socio -Económicos. 127. Sr. Laureano Ladrón de Guevara. Universidad de Chile. Centro de Estudios Socio -Económicos. 128. Sr. Theotonio do Santo. Universidad de Chile. Centro de Estudios Socio-Económicos. 129. Sr. Danilo Salcedo. Universidad de Chile. Centro de Estudios Socio-Económicos. 130. Sr. Edgardo Boenninger Kausel. Universidad de Chile. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas. 131. Sr. Jorge Lehuedé Girardín. Universidad de Chile. Director de la Escuela de Economía. 132. Sr. Iván Yáñez Pérez. Universidad de Chile. Subdirector del Instituto de Economía. Facultad de Ciencias Económicas. 133. Sr. James Locke. Universidad de Chile. Instituto de Economía. 134. Sr. John Strassma. Universidad de Chile. Instituto de Economía. 135. Srta. Herta Castro. Universidad de Chile. Instituto de Economía. 136. Sr. Gustavo Sariego Universidad de Chile. Instituto de Economía. 137. Sr. Pedro Cabezón. Universidad de Chile. Instituto de Economía. 138. Sr. Hernán Benavides C. Universidad de Chile. Jefe del Departamento Docente de Economía. 139. Sr. Ricardo Herrera. Universidad de Chile. Escuela de Economía. 140. Sr. Adolfo Taunenbaum. Universidad de Chile. Escuela de Economía. 141. Sr. José Maige A. Universidad de Chile. Facultad de Agronomía, Profesor de Economía Agraria. 142. Sr. Belisario Prats González. Universidad de Chile. Profesor de Legislación Agraria. Facultad de Agronomía. 143. Sr. Orlando Sepúlveda Z. Universidad de Chile. Profesor de Sociología Agraria. Facultad de Agronomía. 144. Sr. Enrique Delgado C. Universidad de Chile. Profesor de Administración de Empresas. Facultad de Agronomía. 145. Sr. Enrique Olavarría S. Universidad de Chile. Profesor de Legislación Forestal. Facultad de Agronomía. 146. Sr. Manuel Ortiz C. Universidad de Chile. Profesor de Estructura de la Madera. Facultad de Agronomía. 147. Sr. Clodomiro Almeyda. Universidad de Chile. Director de la Escuela de Sociología. Facultad de Filosofía y Educación. 148. Sr. Roberto Munizaga. Universidad de Chile. Profesor de la Facultad de Filosofía y Educación. 149. Sr, Carlos Andrade. Universidad de Chile. Profesor de la Facultad de Filosofía y Educación. 150. Srta. Irma Salas. Universidad de Chile. Directora de las Escuelas Regionales y Prof. de la Facultad de Filosofía y Educación. 151. Sr. Moisés Mussa. Universidad de Chile. Profesor de la Facultad de Filosofía y Educación. 152. Sr. Joseph Morray. Universidad de Chile. Profesor de la Facultad de Filosofía y Educación. 153. Sr. Ernesto Prieto Trueco. Universidad de Chile. Profesor de la Facultad de Medicina. 154. Sr. José Manuel Ugarte Avendaño. Universidad de Chile. Profesor de la Escuela de Salubridad. Facultad de Medicina. 155. Sr Patricio García, Universidad de Chile. Sociólogo del Centro de Planificación Económica. Instituto de Planificación. 156. Sr. Ricardo Lorca. Universidad de Chile. Economista del Centro de Planificación Económica. Instituto de Planificación. 157. Sr. Arpad von Lazar. Universidad de Chile, Instituto de Planificación. Centro de Estudios de Planificación. 158. Sr. Raúl Santa María Universidad Católica de Chile. Abogado - Ayudante del Centro de Investigaciones de Derecho Económico. 159. Sr. Juan Ignacio García. Universidad Católica de Chile. Abogado Ayudante del Centro de Investigaciones de Derecho Económico, Facultad de Ciencias jurídicas. 160. Sr. Crisólogo Bustos. Universidad Católica de Chile. Abogado-Ayudante del Centro de Investigaciones de Derecho Económico. Facultad de Ciencias jurídicas. 161. Sr. Pablo Barahona Urzúa. Universidad Católica de Chile. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas. 162. Sr. Hernán Godoy Urzúa. Universidad de Chile. Profesor del Instituto de Sociología. Facultad de Ciencias Económicas. 163. Sr. Gabriel Gyarmati Kardo. Universidad Católica Chile. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas. 164. Sr. Raúl Iver Oxley. Universidad de Chile. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas.
165. Sr. Julio César Espaillat. Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 166. Sr. Carlos Temístocles Roa Ogando. Universidad de Santo Domingo. Profesor de Derecho Usual. Colegio Universitario-Ciencias jurídicas.
167. Sr. Jorge Cornejo. Universidad Central del Ecuador. Decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales. 168. Sr. Miguel Angel Cevallos Hidrobo. Universidad Central del Ecuador. Profesor de la Facultad de jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales.
169. Sr. Carlos Guillermo Herrera. Universidad San Carlos de Guatemala. Licenciado Facultad de Economía. (Ciene). 170. Sr. Edelberto Torres. Universidad San Carlos de Guatemala. Licenciado en Ciencias jurídicas y Sociales. Experto de Ilpes.
171. Sr. Sergio Domínguez Vargas. Universidad Nacional de México. Jefe del Departamento de Relaciones Inter-universitarias.
172. Sr. Luciano Castillo Colonna. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de la Universidad. 173. Sra. Maria Cabredo de Castillo. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesora de la Universidad. 174. Sr. Vicente Ugarte del Pino. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de la Facultad de Derecho. 175. Sr. Miguel Rodríguez Paredes. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de la Universidad. 176. Sr. Carlos Parodi Remón. Universidad Mayor de San Marcos. Profesor de la Universidad. 177. Sr. Jorge Isaac Castillo Montero. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de la Universidad. 178. Sr. Luis Alberto Sánchez. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Rector de la Universidad. 179. Sr. Mauricio San Martín. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Rector Honorario de la Universidad. 180. Sr. Carlos Ferdinand Cuadros Villena. Universidad Nacional de San Antonio. Decano de la Facultad de Derecho. 181. Sr. Jorge Flores. Universidad Nacional de San Antonio Abad. Profesor de la Facultad de Derecho. 182. Sr. Teófilo Huayhuac. Universidad Nacional de San Antonio Abad. Profesor de la Facultad de Derecho. 183. Sr. Pedro Valcárcel. Universidad Nacional de San Antonio Abad. Profesor de la Facultad de Derecho. 184. Sr. César A. de León. Universidad Peruana de Ciencias y Tecnología. Profesor y Asesor de la Escuela de Ciencias Sociales. Facultad de Humanidades, Ciencias y Artes Aplicadas. 185. Sr. Luis Pacheco Romero. Universidad Peruana de Ciencias y Tecnología. Profesor de la Universidad. 186. Sr. Miguel Cetraro de Souza. Universidad Peruana de Ciencias y Tecnología. Profesor de la Universidad. 187. Sr. César Bazo Ibarburo. Universidad de Lambayeque. Profesor de la Universidad. 188. Sr. Amado Ezaine Chávez. Universidad de Lambayeque. Secretario de la Facultad. 189. Sr. José Horna Torres, Universidad de Lambayeque. Profesor de Sociología y Estadística. 190. Sr. Víctor Matos Mandiola. Universidad Federico Villarroel. Profesor de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas.
191. Sr. Aníbal Barbagelata. Universidad de Uruguay. Profesor de la Facultad de Derecho. 192. Sr. Alberto Ramón Real. Universidad Nacional de Uruguay. Profesor de la Facultad de Derecho.
193. Sr. Andrés Aguilar. Universidad Católica 'Andrés Bello'. Profesor de la Facultad de Derecho. 194. Sr. Carlos Leañez. Universidad Central de Venezuela. Profesor de la Universidad.
195. Sr. Heinz Blecker. 196. Sr. M. Kossok. 197. Sr. Max Zeuske. 198. Sr. George Mueller. 199. Sr. Peter Neumann.
200. Sr. Arnim Bonnemann. 201. Sr. Wolfgang Hirsch-Weber. 202. Sr. Hans-Jürgen Puhle.
203. Sr. Boris Grichine. 204. Sr. Wladimir Kollontai. 205. Sr. Constantin Obiden. 206. Sr. Andrei Sivolobov. 207. Sr. Stepan Mamontov. 208. Sr. Igor Lysigin. 209. Sr. Boris Rudenko.
210. Sr. Víctor Berger-Vachon. 211. Sr. Bernard Mottez. 212. Sr. Aubert Rabenoro. 213. Sr. Henry Roson. 214. Sr. Philippe Madinier.
215. Srta. Helena Bizikova. 216. Sr. Kerel Ruzicka. 217. Srta. Dagmar Srytrova. 218. Sr. Josef Sabza. 219. Sr. Vaclav Solc.
Oservadores de organismos internacionales
clafee. 220. Sr. Juan José Arévalo. alalc (Chile) 221. Sr. Raimundo Barros Charlín. fao 222. Sr. Philippe Cochin. 223. Sr. José Eulasio. oit 224. Sr. Dumont. oms 225. Sr. Jorge Guzmán R. unesco 226. Sra. Luz Viera Méndez. 227. Sr. Francisco Walker Linares. uciss 228. Sr. Jorge Kibedi. desal 229. Srta. Betty Cabezas. 230. Sr. Alaor Passos. 231. Sr. Jorge Riquelme. 232. Sra. Eliana Caraball de Gómez. ford foundation 233. Sr, Bruce Gibb. 234. Sr. Peter Schnell.
programa univ. chile-univ. california 235. Sr. Milton Chernin. 236. Sr. Earl Jones. fundación rockefeller 237. Sr. Rondo Cameron. consejo británico 238. Sr. H. H. A. Cooper. 239. Sra. Pauline Ann de Cooper.
Observadores de organismos nacionales
Asociación de aseguradores 240. Sr. Jorge Bande.
icira 241. Sr. Pedro Moral López. ministerio de educación 242. Sr. Esteban Aguayo Mella. cap 243. Sr. Juan Zapata. soc. chilena de sociología 244. Sr. Astolfo Tapia Moore. comandancia en jefe del ejército 245. Sr. Eduardo Arriagada Lara. 246. Sr. Agustín Toro Dávila. armada 247. Sr. Ismael Huerta. 248. Sr. José Merino. 2 49. Sr. René García. fuerza aérea 250. Sr. Carlos Dinator Espinoza. fuerza aérea (r) 251. Sr. René González Rojas.
centro de alumnos (Escuela de Derecho) 252. Sr. Hernán Vodanovic. 253. Sr. Manuel A. Matta. 254. Sr. Gerardo García Huidobro. 255. Sr. Sergio Insunza. 256. Sr. Luis Rubio.
Escuela Latinoamericana de Ciencias Políticas y Administración Pública
257. Sr. Horacio Godoy (Director). 258. Sr. J. W. Prothro. 259. Sr. Carlos Fortín. 260. Sr. Eric Calcagno. 261. Sr. Juan de Barbieri. 262. Sr. Robert Ayres.
Becarios de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Políticas y Administración Pública
263. Sr. Antonio González Gaviola. 264. Sr. José Luis Najenson. 265. Sr. Edmur José Fonseca. 266. Sr. Luis Alberto Gómez de Souza. 267. Sr. Carlos Estavan. 268. Sr. Deodato Pinto Riveiro Rivera. 269. Sr. José Jaime Ahumada Pacheco. 270. Srta. Dora Cabrera Quezada. 271. Sr. Alberto Leyht. 272. Sr. Jorge Nef Novella. 273. Sr. Ricardo Salas. 274. Sra. Joan Reimer Moyna. 275. Sr. Jaime Quintana. 276. Sr. Pierrot Ramaeu Michand. 277. Sr. Peter Goldberg. 278. Sr. Paul Oquist Jr. 279. Víctor Wallis.
El acto de inauguración de la Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Políticas y Sociales se llevó a efecto en el Salón de Honor del Congreso Nacional, con asistencia del Excmo. Señor Presidente de la Repíblica, Presidente del H. Senado y de la H. Cámara, Rector de la Universidad y de la totalidad de los participantes en la reunión. Usaron de la palabra el señor Presidente del Instituto Latinoamericano de Ciencias Políticas y Sociales, don Luciano Castillo Colonna, el señor Ministro de justicia y subrogante de Relaciones Exteriores, don Pedro Jesús Rodríguez y el Decano de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales, don Eugenio Velasco Letelier, cuyo texto reproducimos a continuación:
Don Eugenio Velasco:
'La Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile me ha encargado expresar su profundo reconocimiento al Instituto Latinoamericano de Ciencias Políticas y Sociales, fundado hace exactamente un año en Lima, por la distinción señalada de entregarle la responsabilidad de organizar su Segunda Conferencia que, no por mera casualidad, inauguramos en esta buena mañana de Primavera bajo la advocación de la más que centenaria Casa de Bello y al alero del Congreso Nacional de Chile, fiel depositario de nuestra sólida tradición de libertad y democracia. Añado con modestia mi personal y honda gratitud por la elección de Presidente con que se me ha distinguido en mi calidad de Decano de la Facultad y, por ende, como un homenaje más de simpatía a la Corporación que presido. Debo agregar también nuestros más sinceros agradecimientos a S. E. el Presidente de la República que ha aceptado gustoso asistir a esta sesión inaugural y solemnizarla con su presencia, al Señor Presidente del Senado de la República del Perú; a los señores Presidentes del Senado, de la Corte Suprema, de la Cámara de Diputados; a los señores Ministros de Estado; a los señores Embajadores; a los señores Magistrados de la judicatura, altos Funcionarios Públicos, Rectores, y Decanos que nos dan una voz de aliento al compartir el inicio de estas Jornadas, al Banco Interamericano de Desarrollo que nos ha estimulado con su alto patrocinio; a los organismos internacionales, institutos y Universidades de Europa y Norte América que han comprendido y apreciado nuestras inquietudes enviando sus representantes u observadores; a los señores profesores venidos desde todos los confines de esta tierra americana para estudiar y discutir, al calor de la hospitalidad chilena, complejas y trascendentales materias que en el camino del progreso social, económico, cultural y político del continente, aguardan ser removidas y transformadas en factores positivos tras la búsqueda, primero, y la ejecución real, en seguida, de los cambios necesarios para lograr el bienestar que nuestros pueblos merecen y reclaman. Vaya a ellos, también, la más cálida y fraternal bienvenida. La Universidad Latinoamericana tiene una limpia trayectoria y una personalidad bien definida en su actitud espiritual y en su rol histórico. Con sus virtudes y defectos, nadie podrá negarle el papel que, con frecuencia, ha asumido de baluarte y defensora de principios y sentimientos que nos son muy caros. Pero en la hora presente, en que somos testigos y, en cierta medida, actores de un proceso de cambios que no tiene precedentes -en que los avances científicos y técnicos nos deslumbran cada día haciéndonos dudar de si estamos frente a la realidad o simplemente soñando y nos ofrecen increíbles posibilidades de bienestar y de progreso, y en que el hombre ha tomado tajante conciencia de sus derechos a una vida mejor y exige con urgencia su incorporación total, sin exclusiones, a las conquistas de una civilización capaz de ofrecer elevados niveles de cultura y de comodidad pero que se presenta aún profundamente injusta- la Universidad Latinoamericana está en el deber de tomar su puesto y desempeñar con eficacia la trascendental tarea que los acontecimientos le señalan. No se trata ya tan solo de formar profesionales bien preparados. No es bastante con el cultivo de las ciencias y de las artes al estilo del medioevo, en que el diálogo entre maestros y discípulos así como el descubrimiento y comunicación de la verdad, se reservaba a reducidas 'elites' de un pequeño mundo privilegiado, muy dado a las especulaciones puras y raramente permeable a las angustias, limitaciones y miserias de la gran masa condenada a una pobreza que se creía parte del orden natural. No podemos considerarnos satisfechos porque la comunidad universitaria sirva de adalid en la defensa de las libertades públicas o de la vida democrática cuando ellas se ven -todavía mucho más a menudo de lo que desearíamos- amagadas en ese o aquel país hermano. Como ha dicho el Presidente Frei, la Universidad 'pertenece a todo el cuerpo social y en ella se expresan todos sus problemas'. Y podemos agregar que el proceso actual llega a todos los rincones de la sociedad; que, por lo mismo, la Universidad está en la marca y, entonces, no puede ser un elemento pasivo para negar su propia esencia sino que tiene una misión decisiva y de gran significación que realizar. La Universidad vive y tiene que vivir hondamente los agudos problemas que la realidad socio-económica de América Latina plantea con fuerza. Debe abrir su torre de marfil a integrarse al pueblo, en su amplio y auténtico sentido, para aportar su experiencia, la preparación de sus hombres, su prestigio moral y científico, a la inmensa tarea de construir la sociedad del futuro, pero no de un futuro romántico y lejano que no podemos darnos el lujo de esperar, sino del mañana inmediato que el hombre indoamericano exige y tiene el derecho de reclamar. Debe entregar profesionales de fina sensibilidad social compenetrados de que sus conocimientos, más que herramientas que le colocan en situación de privilegio en la lucha diaria, son elementos que está obligado a poner al servicio de la colectividad. Debe llevar la cultura y la ciencia, que son el resultado de su esfuerzo, a todos los ámbitos y en provecho de los más. Debe sobrepasar la simple búsqueda y descubrimiento de la verdad para proyectarlas a la investigación y solución de los grandes problemas nacionales y continentales. Debe, en suma, al decir de nuestro Rector, 'orientar hacia objetivos valiosos el movimiento social, defendiendo siempre las conquistas significativas de la personalidad humana'. La Universidad tiene que realizar todo ello como la más alta jerarquía: sin entrar al tráfago de las pasiones y de los intereses creados; sin tomar posición en la lucha partidista, pero sin aceptar tampoco que las presiones políticas o del poder avasallen su autonomía, con el espíritu abierto a la verdad y a la justicia y sin dogmas ni prejuicios, pero sin detenerse en los 'recelos de espíritus asustadizos, que con los ojos fijos en los escollos que han hecho zozobrar al navegante presuntuoso, no querrían que la razón desplegase jamás las velas y de buena gana la condenarían a una inercia eterna, más perniciosa que el abuso de las luces a las causas mismas por que abogan', según hermoso pensamiento de nuestro fundador. Vale decir, tiene que realizarlo en una actitud de elevada y constructiva neutralidad que mantenga incólume el prestigio y el respeto de que goza; de modo que jamás nadie puede sospechar una actitud aviesa o intencionada; en términos de que su expresión de ideas y conclusiones seriamente maduradas, sea sincera y valiente pero no de lugar a que ese hombre o aquel sector pueda, con razón, sentirse ofendido o justamente agraviado; de manera que su voz sea una luz que guía por la senda que conduce a días radiantes de justicia, bienestar y paz y vacíos de miserias y gestos de rebelión. Y como entidad formada por hombres cultos e inteligentes, en ella cada maestro o investigador ha de ser libre para pensar y proceder conforme a su inclinación ideológica y en una atmósfera de verdadero respeto y tolerancia para todas las ideas de todos los hombres, pero sin manchar con prosetilismo la augusta tarea de enseñar. En este medio la investigación se enaltece, alcanza su óptima dimensión y con frecuencia en el silencio de la biblioteca, y del laboratorio los espíritus se acercan y comprenden mejor porque como dijera Bello en magistral discurso, 'todas las verdades se tocan, desde las que formulan el rumbo de los mundos en el piélago del espacio; desde las que determinan las agencias maravillosas de que dependen el movimiento y la vida en el universo de la materia; desde las que resumen la estructura del animal, de la planta, de la masa inorgánica que pisarnos; desde las que revelan los fenómenos íntimos del alma en el teatro misterioso de la conciencia, hasta las que expresan las acciones y reacciones de las fuerzas políticas; hasta las que sientan las bases inconmovibles de la moral; hasta las que determinan las condiciones precisas para el desenvolvimiento de los gérmenes industriales; hasta las que dirigen y fecundan las artes. Los adelantamientos en todas las líneas se llaman unos a otros, se eslabonan, se empujan'. Dentro de este orden de ideas o inspirados por estos principios, hemos elegido como tema central de esta Conferencia 'Las alternativas del cambio social en América Latina', con todas las complejas aristas que la agenda importa y que ya quedaron de relieve en la primera reunión celebrada en Lima. El planteamiento es ambicioso y comprende los problemas difíciles pero más sustanciales y urgentes que exigen una pronta solución doctrinaria y una rápida puesta en marcha para un trabajo de años y que, por lo mismo, se hará menos extenso en la medida en que se aborde con decisión y entereza. No pretendemos llegar a conclusiones categóricas y dogmáticas. Comenzamos liberados de engañosas ilusiones pero sí firmemente dispuestos a prestar una colaboración útil y fructuosa y a poner nuestro dinámico entusiasmo en la tarea de convencer y abrir camino a la idea de que lo más importante es la acción. Premisa no discutida en el mundo científico de hoy es que el desarrollo de los pueblos a niveles más altos de vida es un proceso unitario en que los planes económicos, sociales, culturales, juridicos y educacionales se complementan a influyen en términos de hacerse inseparables y de actuar todos y cada uno como causas y efectos recíprocos. No puede haber progreso técnico ni industrialización adecuada sin capacidad educacional que proporcione los elementos humanos necesarios, ni es posible lograr ese avance en la educación sin los recursos económicos que dependen, a su vez, del desarrollo económico. Y la misma clara observación sugieren los aspectos sociales y culturales y la adecuación de las estructuras jurídicas. Son todas piezas perfectamente sincronizadas de un solo mecanismo. Premisa que tampoco admite discusión es la de que movilizar la economía hacia concepciones modernas con el concurso de las conquistas tecnológicas que son anejas al proceso, no es viable sin mercados de gran amplitud que permitan su racional y mejor utilización. Vivimos la época de los países-continentes y los que no lo somos quedaremos necesariamente a la vera del camino si no corremos a buscar la fórmula de armónica unión que nos nivele con aquellos. Los problemas nacionales han franqueado, pues, las fronteras y solo hallaran una solución real y positiva en la integración de las repúblicas latinoamericanas. ¡Vieja y romántica idea que nace junto al primer grito de independencia! Pero para ser veraces, reconozcamos que en siglo y medio de libertad política, los intentos realizados y los avances conseguidos aparecen como débiles balbuceos si los medimos en comparación con los graves retrocesos que el sentido unitario y la mentalidad integracionista han sufrido desde entonces. Cuando Bolívar, El Libertador, convoca al Congreso de Panamá, el nacionalismo con dosis de soberbia que se yergue en muros de desunión, aún no echa raíces. Simultáneamente brotan aquí y allá ideas que reiteran el pensamiento del Precursor Miranda para dar formas a una federación hispanoamericana; el lugar de nacimiento carece de importancia para que espíritus superiores participen en la lucha emancipadora y, más tarde, en las tareas cívicas de otros países que sienten como el suyo propio porque es tierra americana; Bolívar guerrea por la Gran Colombia y da libertad a Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador y Bolivia y contribuye a la del Perú, mientras chilenos y argentinos combaten estrechamente unidos y llevan la antorcha de la libertad a la misma patria peruana. Las ideas y los sentimientos unionistas están maduros y el magnífico ejemplo norteamericano, recién presente y vivo, es elocuente inspirador. Pero como negro nubarrón que asoma en el horizonte, los Acuerdos de Panamá no son ratificados y cada joven nación fija el rumbo de su destino en orgullosa soledad que solo mira a Europa y Estados Unidos por canales separados de comunicación económica o cultural en estéril y negativo aislamiento. Cada uno trata de crecer y caminar solo, y lo consigue apenas y duramente porque en esa ruta el resultado no puede ser otro. Y entonces la maleza de ese nacionalismo exacerbado que se expresa en principios verbalistas y románticos de escasa significación para el progreso y bienestar de millones de hombres, si que se alza con vigor, limita de manera importante nuestras posibilidades y se transforma en nuevo factor de estancamiento. Frente a esta lamentable verdad, la Unión Panamericana, al despuntar la presente centuria, y la OEA más adelante, marcan una mejoría en el plano de las vinculaciones jurídicas y apenas tímidos ensayos en lo político. En los años más recientes, la ruda realidad socio-económica comienza a ser considerada y el BID --con razón llamado 'Banco de la Integración' y 'Banco de la Universidad'-; el programa de la Alianza para el Progreso contenido en el Acta de Bogotá y en la Carta de Punta del Este; la ALALC; y, en especial, el Tratado General de Integración Centroamericana, señalan nuevas metas más acordes con lo que hoy necesitamos y utilizan vías y elementos de mucho mayor eficacia. Pero en lo esencial, siguen imperando conceptos, como el de la soberanía absoluta del siglo XIX, que coartan grandemente nuestro futuro y hacen que el balance postrero de siglo y medio de independencia no pueda ser halagador. Cuando recién conquistamos la calidad de estados libres, había sin duda diferencias importantes entre el nivel de vida de las antiguas colonias y el de las viejas naciones europeas y los pujantes estados norteamericanos. Pero éramos el Nuevo Mundo y teníamos, en potencia, todo lo necesario para acortar distancias y, dando progresos y bienestar o nuestros pueblos, transformarnos en eje decisivo del devenir de la humanidad. ¡Un siglo y medio ha transcurrido y esas diferencias lejos de atenuarse, han alcanzado desniveles increíbles y, lo que es más trágico, se ahondan cada día! Siglo y medio de independencia política y tenemos un déficit superior a 20 millones de viviendas y 50 millones de adultos analfabetos; nuestra mortalidad infantil es de las más altas del mundo; las inversiones extranjeras son inferiores a la succión que significa el permanente deterioro de los términos del intercambio; el régimen de tenencia de la tierra es casi feudal y el uso de las técnicas en la agricultura, tan rudimentario, que 20 campesinos latinoamericanos producen lo que uno en Estados Unidos o Canadá; el ingreso per cápita es de 430 dólares mientras que el promedio mundial, incluidas Asia y Africa, llega a 600 dólares, en Estados Unidos es de 2.500 y en algunos países hermanos nuestros es inferior a 150; la distribución de ese ingreso es tan brutalmente injusta que los grupos más altos reciben entradas veinte veces superior al promedio de los sectores desposeídos; y ese índice, que aumentó en un 3 % anual después de la Segunda Guerra Mundial, lo hace ahora solo a razón del 1,1%, cuando los países industrializados siguen avanzando entre el 4,5 y el 8 % cada año. La CEPAL ha calculado que, de mantenerse el ritmo actual, a fines del siglo los latinoamericanos dispondríamos de un ingreso per cápita de 650 dólares anuales, o sea, levemente superior al que en 1966 tiene el hombre medio del mundo; y hace algunas semanas; el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Thant, expresaba en discurso pronunciado en nuestra Universidad, que si los países en desarrollo lograsen una tasa mínima anual de crecimiento de 5 % -unas 4 veces superior a la que existe en Latinoamérica- tardaríamos 80 años en llegar al nivel que en la actualidad tiene Europa Occidental y 120 años en alcanzar el que hoy tiene Estados Unidos. Luego, sin una mejoría notoria, con la tasa de crecimiento real que tenemos, necesitaremos más de tres siglos para vivir como hoy lo hace Europa y cerca de 5 siglos para igualar el standard que en esta fecha tiene el habitante de Estados Unidos. ¿Podemos mirar impávidos esta abrumadora realidad? ¿Podemos pretender mejorarla por el fallido camino del nacionalismo vacío y vanidoso y de la soberanía absoluta que mira al orgullo de la nación como si esta fuese un ser abstracto al cual los hombres deben someterse, olvidando que su finalidad es el bienestar de la comunidad hermana; o por la vía del aislamiento que nos ha empujado a este abismo? América Latina es una caldera cercana al punto de ebullición, a un punto crítico en el panorama mundial. Cuando más de 200 millones de hombres han tomado conciencia de sus derechos, la trágica realidad que expresan esas cifras no puede prevalecer sin conducir fatalmente a una grave eclosión. Y hay un solo sendero por el que ella puede y debe evitarse; poniendo ya manos a la obra para hacer justicia a través de nuevas estructuras sociales, económicas y jurídicas en los planes nacionales y de concepciones modernas y audaces en lo continental, que nos permitan trabajar en comunidad, estrechamente unidos para el beneficio de todos. La integración latinoamericana es ardua tarea y debe ser acometida con decisión y en su conjunto. Repitiendo el claro planteamiento que nos ofrece el cuadro interno de cualquier país, resulta esfuerzo vano el intento de abordar uno a otro aspecto y no la totalidad. La integración económica no se logrará en plenitud sin medidas que, simultáneamente, cubran los campos políticos, sociales y jurídicos. Todos están estrechamente entrelazados y recíprocamente influidos. Y tampoco puede dejarse de mano el cambio de las estructuras mentales y la actitud espiritual del hombre latinoamericano. La integración requiere de una atmósfera adecuada y favorable, en que todos la deseen y la apoyen. No podrá ser realidad mientras florezca únicamente en el ánimo de ciertos círculos dirigentes; y tendrá que asentarse en la convicción de que es un esfuerzo colectivo para el progreso de todos, de modo que ningún Estado sienta que recibe un favor y ninguno crea que está dispensando un servicio. Recordemos la sentencia de Jorge Washington: se debe 'tener presente en toda ocasión que es una locura para una nación esperar favores desinteresados de otra, y que todo cuanto una nación recibe como favor, será pagado más o menos tarde con parte de su independencia'. En esta gran empresa, que es de hoy y no de mañana, las Universidades tienen también una elevada y específica misión que urge cumplir. Nos esperan la divulgación de las ideas integracionistas penetrando en el conglomerado social para hacerlas crecer y fructificar; la tarea de crear conciencia, mentalidad y visión nuevas para desplazar conceptos caducos y sustituirlos por los que hoy tienen vigencia y validez para resolver nuestros problemas; la prédica de la auténtica democratización de los sistemas constitucionales y el respeto, sin claudicaciones, a la voz de las mayorías y a sus legítimos representantes, porque la integración necesita estabilidad política apoyada en el pueblo; la investigación acuciosa de los antecedentes útiles para proyectar las fórmulas financieras, económicas, sociales, jurídicas y supranacionales convenientes, para ponerlas a disposición de los gobiernos y organismos que habrán de ejecutar la integración. Todo ello en un trabajo de conjunto que comience por la propia integración de la Universidad Latinoamericana; y, como siempre sin osar salirnos de nuestro rol natural de estudiosos dispuestos a ofrecer nuestro aporte a los poderes públicos para que lo juzguen y lo utilicen en cuanto lo estimen necesario y conveniente. Al iniciar esta Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Políticas y Sociales para abocarnos al examen de las alternativas del cambio social en el continente, estoy cierto de que estas concepciones matrices nos iluminarán y alentarán en la ímproba tarea y que, al final de la jornada, el cansancio será nada frente a la cosecha magnífica de ideas y sugerencias que las Universidades de Latinoamérica entregarán, junto a su firme decisión de empeñarse por hacerlas viva, hermosa y verdadera realidad.
Durante seis días los diferentes delegados y observadores a la Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias jurídicas y Sociales deliberaron en sesión Plenaria en Santiago y Viña del Mar, en las que se presentaron diferentes mociones siendo discutidas ampliamente y con el siguiente resultado: A) SOBRE 'REFORMAS ESTRUCTURALES'
I. La Segunda Conferencia del Instituto Latinoamericano de Ciencias Políticas y Sociales, señala el proceso secular de enfrentamiento de los países desarrollados y el mundo subdesarrollado y recomienda a los Institutos Nacionales afiliados, de cada uno de los países de América Latina, propulsar en el ámbito universitario el tratamiento científico de dicho proceso. La Conferencia señala que el aporte que los planteles universitarios y sus Institutos de investigación científica pueden hacer para el esclarecimiento de las relaciones entre los países desarrollados y los países subdesarrollados es insustituible. La Conferencia declara con especial énfasis que el tratamiento científico del problema es parte de un proceso de estudio y crítica cuya última instancia es esencialmente política. Por esta razón, la Conferencia se hace un deber en explicitar los principales elementos que condicionan dicho esquema de relaciones en América Latina.
A. En los países industrializados las relaciones entre empresarios y trabajadores se rigen por un esquema de producción, social e institucional que garantiza a los trabajadores un poder de regateo. En el caso de los llamados países subdesarrollados, las relaciones entre trabajadores y empresarios se rigen por un esquema de relaciones productivas, sociales e institucionales que corresponden a las formas de un capitalismo mercantil. En América Latina se da esta forma de capitalismo. B. En los países desarrollados se logra una relativa distribución del ingreso. En las áreas subdesarrolladas se observa por el contrario una alta concentración. Esta situación gravita de manera importante en los programas de desarrollo que estas últimas se fijan, produciéndose un retacamiento en las políticas de acumulación, y en la tasa de crecimiento. Tradicionalmente, en América Latina se han buscado soluciones transitorias a travás del endeudamiento externo que en parte mínima se destina a inversión real, dedicándose por el contrario a gastos públicos no productivos. Esta situación ha provocado presiones inflacionarias que han ahondado la concentración de los ingresos. C. En el mundo desarrollado existe un acervo tecnológico de tal magnitud que posibilita implantaciones productivas en el ámbito del mundo subdesarrollado de dudoso beneficio relativo para este último. La Conferencia señala la rigidez en las relaciones interindustriales que implica la inversión de alta tecnología en áreas subdesarrolladas. Casos concretos que ilustran esta afirmación son la explotación de las materias primas en América Latina por los países altamente industrializados y sus efectos se pueden medir por las dificultades que en los países del área han tenido en la diversificación y elevación de sus niveles de oferta. Teniendo en vista estos elementos, la Conferencia declara que un nuevo esquema de relaciones entre los países desarrollados y América Latina solo puede surgir de:
1. Un cambio social profundo que modifique sustancialmente las formas de organización de la producción practicada actualmente en los países de América Latina y la adopción de una planificación efectiva. 2. Un proceso de Toma de conciencia política y modernización social que incorpore a los movimientos de masas al proceso revolucionario o evolutivo que se adopte. 3. Un cambio en las estructuras de poder en la reformulación de las funciones del Estado. 4. Una vía realmente democrática para el logro de los objetivos antes señalados, dentro de la libertad de cada Estado para darse la forma de gobierno que desee.
(Originada en moción presentada por el Prof. Héctor Vega Tapia, Universidad de Chile y modificada por moción del Prof. Eugenio Velasco L., Decano de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile). II. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Políticas y Sociales. Considerando:
1º Qué es necesario superar el clima de críticas mutuas que se lanzan reiteradamente los sectores público y privado y el desaliento hacia las medidas improvisadas, provocadas casi siempre por la invasión de funciones de uno a otro sector, indistintamente; 2º Que corresponde al Estado ubicarse en un justo medio entre un extremado intervencionismo o una mal aplicada economía de libre mercado, de acuerdo con el grado de desarrollo y rasgos propios de cada país, sin invadir irracionalmente campos hasta ahora tradicionalmente ocupados por la empresa privada; 3º Que corresponde al sector privado acatar de manera consciente las medidas gubernamentales tendientes a incrementar el desarrollo y la integración posterior, sin intervenir, como acontece en el ámbito latinoamericano en la marcha de la vida pública en sus aspectos políticos internos.
Auspiciar, a nivel científico, la adecuada coordinación entre los sectores público y privado, para lograr así un desarrollo dinámico a nivel interno y mayor posibilidad de su posterior integración latinoamericana. Tocará al sector público reglamentar, proteger y estimular la actividad privada en el campo productivo y al sector privado tocará tomar conciencia de su papel en el desarrollo y reaccionar ante los estímulos que se le ofrecen. (Moción del Prof. Sergio Domínguez Vargas, de la Universidad Nacional de México, México) .
B) Sobre 'La Asistencia Económico-Financiera y Técnica'
I. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Políticas y Sociales, acuerda:
1º Que la asistencia económico-financiera y técnica internacional se desarrolla siempre en condiciones que aseguren la dignidad y soberanía de los Estados y la autonomía de los organismos que la reciben. Por consiguiente, esta asistencia foránea debe iniciarse a solicitud del Gobierno a otras Instituciones de Derecho Público, y se debe utilizar según las verdaderas necesidades de las entidades nacionales considerando las metas establecidas en los planes nacionales de desarrollo.
2º Como la asistencia económico-financiera y técnica foránea es proporcionada por medio de una gran variedad de Agencias y Organismos, cada uno con sus propios criterios y procedimientos, se hace necesario un mayor conocimiento de sus actividades y campos de acción con el objeto de obtener la máxima utilización de dicha asistencia.
3º La gran variedad de los Organismos que proporcionan asistencia económico-financiera y técnica conduce a veces a un mal aprovechamiento, tanto de recursos nacionales como foráneos, por duplicación y dispersión de esfuerzos.
4º Tales defectos se podrían evitar a través de una coordinación eficaz que permitiría una mejor preparación y selección de proyectos, una evaluación sistemática y periódica de los mismos y una más estrecha relación con las metas de desarrollo, promoviendo así el uso máximo de dicha asistencia foránea. Esta coordinación a nivel nacional debe relacionarse con planes sectoriales y planes regionales de desarrollo.
5º Las prioridades para la asistencia económico-financiera y técnica deberían ser establecidas por el organismo central de planeamiento y coordinación del Gobierno.
6º No hay, en principio, obstáculos para que la asistencia económico-financiera y técnica foránea se proporcione directamente al sector privado siempre y cuando estas operaciones se realicen bajo control de alguna autoridad coordinadora nacional.
7º Que para asegurar mayor libertad contractual y consiguientes ventajas, recomienda que en aquellos países latinoamericanos en que haya limitación en cuanto al origen de la ayuda, estos puedan recibir ayuda económica-financiera y técnica de cualquier nación del mundo, sin discriminación alguna.
II. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Políticas y Sociales, acuerda:
1º Declarar la inconveniencia de que los Estados latinoamericanos soliciten o acepten asistencia técnica militar, pues esta frecuentemente ha tenido por objeto propiciar compromisos bélicos de carácter internacional.
2º Que la ayuda exterior, en forma de empréstitos, no debe estar constituida por créditos vinculados, vale decir, que obliguen a adquirir bienes o servicios en el país prestamista.
3º Declarar la necesidad de que, ajustados los contratos de empréstitos, los prestamistas no puedan suspender unilateralmente los créditos, porque invaden el campo de la soberanía.
4º Propiciar el empréstito sin interés o con los más bajos intereses y a los plazos más largos, como forma efectiva de cooperación al desarrollo económico.
III. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Políticas y Sociales, declara que:
1º Sin perjuicio de la intervención que corresponde al Estado, y sobre la base de una redistribución justa de la tierra, es indispensable para el éxito de la Reforma Agraria, el desarrollo intenso y generalizado de un régimen de cooperativas agrícolas, que permita a los pequeños propietarios hacer en forma adecuada y económica la adquisición de los medios de trabajo, realizar con acierto la venta de productos, permitiendo aun, si fuere posible y lo permitieren las necesidades del país, efectuar exportaciones conjuntas de productos, en términos que los países que lo requieran aumenten el ingreso de divisas, siempre que ello no perjudique la alimentación de la comunidad;
2º Aparte de otras ventajas, la organización cooperativa debe aportar asistencia técnica a la pequeña propiedad, como una ayuda a la acción del Estado;
3º La organización cooperativa debe también solucionar el problema de los medios de transporte de la producción y de otros bienes;
4º En lo posible, la organización cooperativa debe llenar funciones de crédito en favor de la pequeña propiedad, ello, como en los demás casos, sin perjuicio de la acción del Estado y como colaboración a ella;
5º Constituye un ideal cooperativo el que las sociedades cooperativas efectúen las cosechas en las pequeñas propiedades.
(Originado en la moción del Profesor Jorge Rodríguez, de la Escuela de Derecho, Universidad de Chile).
IV. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Políticas y Sociales
1º Recomienda a los Gobiernos de América Latina la puesta en marcha, a la mayor brevedad, de reformas agrarias de vasto alcance que incorporen a las masas campesinas al proceso de desarrollo;
2º Recomienda a los Gobiernos de América Latina que las inversiones en materia de reforma agraria se planifiquen en la esfera regional como un paso para acelerar la integración latinoamericana;
3º Recomienda a los Gobiernos de América Latina que se creen los mecanismo: institucionales adecuados para orientar esta acción hemisférica tanto en el plano nacional como en el ámbito regional.
(Originado en la moción del Prof. Auxiliar Sergio Correa Reyes, de la Escuela de Derecho, Univ. de Chile).
V. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Políticas y Sociales, declara que:
1º Es fundamental la participación justa del agricultor en el producto obtenido que eleve su standard de vida a niveles compatibles con la condición humana;
Esta solución encuadra dentro de un proceso evolutivo de posible aceleración que permitirá el acceso a la propiedad de la tierra a nuestros campesinos.
(Originado en la moción del Prof. Alejandro Rey Tudela, de la Universidad de Cuyo, Argentina) .
VI. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Políticas y Sociales, declara:
1º La impostergable necesidad de reformar el crédito agrario internacional, estableciendo nuevas normas jurídicas contractuales ajustadas a un régimen diferencial sobre montos, plazos, garantías, intereses, etc., en las operaciones de crédito, sujetas a pautas financieras especiales;
2º La prescripción de la tasa diferencial de intereses para el crédito agrario internacional, fijándose a lo sumo el 1% de intereses, en forma compatible con la inversión de capitales en el campo, y sin interes para el crédito de capacitación;
3º Que el crédito agrario internacional se otorgue en condiciones contractuales especiales, con bajos intereses en sus operaciones activas, privilegios específicos respecto al encaje, normas especiales de control y organización del mercado de valores, etc., sin peligro de los principios de soberanía ni de la autodeterminación de los pueblos;
4º Que en las relaciones contractuales derivadas del crédito agrario internacional, expresamente se concierte que el crédito se otorga sin comprometer la soberanía nacional ni la autodeterminación de los pueblos;
5º Que el crédito agrario internacional se democratice para que pueda concertarse con todos los países plenamente desarrollados, en condiciones mas ventajosas;
6º Que los diferentes Institutos de Crédito Internacional, entre ellos el BM, BID, AID, etc., concurran a un plan de reforma de la organización de la asistencia económica a Latinoamérica, dentro de un régimen contractual animado de un profundo sentido social, humano y justo;
7º La inmediata solución de los problemas administrativos y organizativos en los países subdesarrollados, para agilizar el crédito agrario internacional, a efecto de que el crédito sea oportuno y de hecho una realidad;
8º La creación de un organismo supranacional para la solución de los conflictos que pudieran derivarse del crédito agrario internacional, 'liberado de las interferencias de lo que se ha dado en llamar sin mucho fundamento, intereses nacionales de cada país'.
(Originado en la Moción del Profesor Pedro Valcarcel, de la Universidad de Cuzco, Perú).
VII. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Políticas y Sociales, acuerda:
1º Declarar que la Reforma Minera constituye necesidad urgente de atención inmediata por los Estados para el desarrollo de la sociedad latinoamericana;
2º Recomendar que la Reforma Minera Latinoamericana se oriente a invertir la relación actual en la explotación de las riquezas mineras, haciendo que sea predominante la explotación por el Estado;
3º Recomendar que para hacer viable la Reforma Minera, los países latinoamericanos establezcan relaciones comerciales con todos los países del mundo, sin limitación alguna, y financien en condiciones de dignidad los créditos necesarios para el fomento minero a industrial;
4º Que la Reforma Minera constituye parte del proceso de transformación estructural latinoamericana y consiguientemente debe realizarse en forma simultanea complernentaria a la Reforma Agraria; 5? Recomendar que los Institutos de Ciencias Politicas y Sociales de cada pais realicen una profunda revision de la organizacion juridica de los sistemas actuales de explotacion minera. (Originado en la Mocion del Prof. Carlos Ferdinand Cuadros, de la Universidad de Cuzco, Peru) .
VIII. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Acuerda:
1? Recomendar la creacion de organizaciones de paises productores de minerales o el fortalecimiento de las existentes, a fin de mantener un nivel remunerador de precios e intercambiar informaciones y experiencias sobre todos los aspectos de la exploracion, explotacion, refinacion, transporte y comercio de estos productos. (Originado en una Mocion adicional del Prof. Andres Aguilar, de la Universidad Catolica Andres Bello, Venezuela).
IX. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Acuerda:
1) Que aun cuando los diversos paises latinoamericanos tienen diferentes grados de desarrollo economico-social y distintas formas de conduccion politica, debe estimularse la formulacion de planes economicos que signifiquen una transformacion profunda en las normas sobre organizacion de la produccion y el comercio. 2) Que este cambio en la estructura productiva y en los procesos de los paises latinoamericanos debe obedecer a una doctrina avanzada en lo economico y en lo social, y, significar una incorporacion de las grandes mayorias nacionales a los procesos de produccion y acelerar la democratizacion del poder economico; 3) Que la empresa privada es una unidad economica y social, que dentro de una planeacion nacional y de un marco institucional adecuado, puede contribuir eficazmente al crecimiento de los paises latinoamericanos ; 4) Que la inversion extranjera sea de origen estatal o privado, solo se justifica en America Latina, si se ajusta a las siguientes condiciones:
a) Que los capitales foraneos no interfieran en la vida politica y social del pais recipiendario; b) Que no signifique la introduccion de practicas monopolicas en desmedro de las empresas nacionales, que actuan en un medio precario de mercado y competencia; c) Que se orienten las inversiones extranjeras hacia rubros que signifiquen un efectivo aporte tecnologico a las naciones en subdesarrollo y produzcan la incorporacion del maximo valor agregado y no se limite a la explotacion de materias primas; d) Que la inversion extranjera se produzca, en lo posible, a traves de la asociacion con capitales publicos o privados del pais receptor y se integre efectivamente a la comunidad nacional. (Originada en la Mocion del se?or Octavio Aguilar, de la Escuela de Derecho de lo Universidad de Chile).
X. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Declara Que:
1? La evolucion historica demuestra que paises como los de America Latina no pueden dejar libradas las posibilidades del desarrollo al libre juego del mercado y de la empresa privada nacional y extranjera; 2? El desarrollo de America Latina exige: la transformacion profunda de la estructura socioeconomica vigente; el intervencionismo del Estado; la expansion del sector publico; la planificacion intensa y amplia; la participacion activa y directa de las masas populares en las decisiones esenciales de la vida economico-social-politica y cultural, y 3? La Empresa publica debe ser reorganizada, a fin de que pueda cumplir plenanamente un papel positivo en la planificacion para beneficio de la comunidad. (Originada en la Mocion del Delegado-Observador se?or Marcos Kaplan, de Argentina).
XI. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Acuerda:
1? Propiciar la intensificacion del control, por parte de los gobiernos latinoamericanos, de los procesos de produccion y comercializacion de los bienes cuya explotacion, estando en poder de consorcios foraneos, gravitan fundamentalmente en el desarrollo economico de cada pais. 2? Recomendar la intensificacion de los estudios sobre la planificacion. y la nacionalizacion, como instituciones juridicas, como herramientas para el desarrollo economico vinculadas al destino y aprovechamiento optimo de las riquezas basicas latinoamericanas, y como manifestacion del derecho de los Estados soberanos a disponer libremente de los recursos nacionales para el crecimiento economico, social y politico de sus pueblos. (Originada en la Mocion del se?or Marco Antonio Diaz Poblete, del Seminario de Derecho Publico, Universidad de Chile).
XII. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Acuerda:
1? Que la legislacion de los paises defina clara y permanentemente un estatuto para las empresas privadas capitalistas, sobre las siguientes bases: a) un sistema tributario, de precios y creditos, establecido de manera que se les otorguen justos margenes de utilidades, y b) establecimiento de tareas sectoriales de produccion, productividad, reinversion, estandarizacion, calidad, exportacion, etc.; 2? Que los gobiernos de acuerdo con las prioridades del plan de desarrollo y sobre la base del estatuto definido en el numero anterior, celebren convenios con sectores productivos, con el fin de fijar las metas cuantitativas, el tipo de bienes que se suministraran al mercado, etc., siempre con la participacion en los convenios del sector laboral correspondiente, la que debera incorporarse a la direccion y utilidades de la Empresa; 3? Que la legislacion reprima drasticamente las practicas delictivas cometidas en el ambito economico; 4? Que gran parte de la inversion publica y todo el ahorro popular se orienten hacia una via no capitalista de desarrollo, esto es, se destinen a la creacion de empresas de dominio de los que la trabajen, al establecimiento de empresas del Estado regidas, por sistemas de autogestion, al fortalecimiento de industrias artesanales, de peque?as y medianas industrias, y 5? Que se implante de manera progresiva formas de autogestion en las empresas del Estado y semipublicas. (Originada en la Mocion del Profesor Francisco Cumplido Cereceda, Director del Instituto de Ciencias politicas y Administrativas de la Universidad de Chile).
XIII. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Acuerda:
1? Promover la creacion de una renovada conciencia en los sectores productivos nacionales, por la cual adquieran la real importancia que supone elaborar sus productos o prestar sus servicios con el mayor grado de tecnicismo disponible y un minimo de calidad requerido en el mercado. Toca al Estado fijar los sistemas de normalizacion o estandarizacion obligatoria para lograr tales propositos. (Originada en la Mocion del Profesor se?or Sergio Dominguez Vargas, de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico).
XIV. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Acuerda:
Dentro de la fundamentacion que ofrecen los principios de Economia Financiera, con el objetivo de que la presion fiscal no llegue a detener o desacelerar el ritmo del Desarrollo Economico, es esencial que los Sistemas Tributarios de Latinoamerica se estructuren, conforme con la realidad economico-financiera y politico-social en cada caso, sobre la base de las siguientes normas de organizacion: 1. Que los paises latinoamericanos establezcan los sistemas juridico-tecnicos adecuados para lograr la eliminacion de la evasion fiscal a fin de que todos los sectores de la actividad economica contribuyan proporcionalmente al desarrollo economico; 2. Que se atenue hasta ser eliminada la regresividad de los Sistemas Tributarios suprimiendo la imposicion indirecta sobre los consumos de mayor extension popular; 3. Que se generalice un sistema de imposicion sobre las rentas en forma ampliamente progresiva que permita a la accion del sector publico una intensa redistribucion de ingresos de los sectores en los cuales son mayores, a los sectores en donde son menores, brindando un mayor contenido social a la accion estatal;. 4. Que los paises latinoamericanos hagan todo lo posible para detener los intensos ciclos de inflacion y deterioro monetarios originados especialmente en la. presion inflacionista que deriva de los deficit presupuestarios cronicos y acumulativos; inflacion que produce una redistribucion inadecuada de ingresos de unos sectores hacia otros, en perjuicio de los sectores populares de menores ingresos, y siempre que esta accion antiinflacionaria no origine procesos acumulativos de recesion economica, a fin de que no se perturbe la dinamica de un desarrollo intenso y planificado; 5. Que en la medida en que las economias de cada pais latinoamericano logren una mayor evolucion y en aquellas que ya han logrado un nivel apropiado intenten la implantacion de un impuesto global al gasto a fin de sustituir la imposicion sobre las rentas. (Mocion de Alejandro Rey Tudela, Universidad Nacional de Cuyo, Republica Argentina).
XV. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Declara:
I. Los factores determinantes de la estructura del subdesarrollo o del semidesarrollo en America Latina imponen la tendencia a la caida del producto bruto nacional y del ingreso per capita. Ello va acompa?ado de la tendencia a la redistribucion regresiva del ingreso nacional en beneficio de grupos minoritarios nacionales y extranjeros, y de regiones privilegiadas de cada pais, en perjuicio de las mayorias nacionales, de sectores autenticamente productivos y de vastas regiones postergadas y estancadas. II. El subdesarrollo o el semidesarrollo se traducen en las deformaciones a insuficiencias del aparato politico-administrativo. El sistema politico rara vez refleja autenticamente la voluntad y las necesidades del pueblo latinoamericano. El aparato administrativo, heredado de etapas anteriores, resulta inadecuado para cumplir eficazmente las crecientes tareas que el Estado se ve forzado a asumir en una planificacion para el desarrollo. III. El regimen financiero exhibe una serie de fallas que reflejan y refuerzan la falta de desarrollo, tales como las siguientes:
1. El sistema impositivo favorece a las empresas monopolistas nacionales y' extranjeras, a traves de debiles impuestos directos y progresivos a la propiedad, el capital y el ingreso, de exenciones, de subsidios, y de una evasion fiscal tolerada. Una parte substancial de los recursos fiscales deriva de los impuestos indirectos que gravan a las mayorias populares. Los recursos del Estado son insuficientes a irracionalmente utilizados; 2. El proceso de inflacion monetaria no solo es reflejo de los factores determinantes del atraso, sino que actua tambien como instrumento de redistribucion del ingreso en beneficio de los grupos rurales y de los consorcios monopolistas, y en perjuicio de los grupos urbanos, particularmente las capas medias y los asalariados; 3. La estructura del presupuesto nacional responde a necesidades de una fase historica anterior, y debe ser modificada para responder a las exigencias de un proceso de desarrollo ; 4. Los sistemas demasiado rigidos de contraloria fiscal obstaculizan las posibilidades de iniciativa y eficiencia de los funcionarios y de las empresas del Estado.
IV. Un autentico desarrollo supone a implica el aumento y la redistribucion en sentido amplio del ingreso nacional; particularmente el reordenamiento de la distribucion y del use del excedente economico, en beneficio de las mayorias nacionales y de las prioridades esenciales del desarrollo economico. Ello implica y exige las modificaciones estructurales profundas, la nacionalizacion de los centros de decision, la participacion y control de los grupos populares en relacion a dichos centros, en todos los niveles de la economia de la sociedad y del Estado. Un papel esencial al respecto lo desempe?an las formas de descentralizacion regional y administrativa, en los marcos de un plan nacional coherente. (Mocion del Prof. Marcos Kaplan, Delegado Observador, Republica Argentina).
XVI. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Considerando:
1. Que mientras no cambie la mentalidad de nuestras sociedades hacia las poblaciones aborigenes latinoamericanas, el proceso de integracion de la poblacion indigena sera sumamente lento; 2? Que en la idea que se tiene de nuestras poblaciones aborigenes estan incluidas las siguientes notas que no corresponden a la realidad:
a) Que nuestras poblaciones aborigenes no tienen capacidad para incorporarse a los niveles culturales del mundo contemporaneo; b) Que no tienen ninguna condicion para participar en forma positiva en la vida social y politica de nuestras naciones, y c) Que son refractarios a los intentos que se realizan para elevar su situacion economico-social y cultural.
3? Que en la tarea de cambiar esa mentalidad cuyo origen y supervivencia estan ligados a la justificacion del dominio politico y economico de las masas indigenas, las Universidades latinoamericanas pueden jugar un papel significativo;
Recomendar a las Universidades latinoamericanas llevar a cabo a traves de los institutos de investigacion a organismos correspondientes, los estudios que contribuyan a erradicar en el menor plazo posible las falsas ideas que aun tienen grandes sectores latinoamericanos sobre la poblacion indigena. (Mocion del Prof. Cesar A. de Leon, de la Universidad Peruana de Ciencias y Tecnologia, Lima, Peru). XVII. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Recomienda:
a) La devolucion inmediata de las tierras cercenadas a las comunidades indigenas ; b) La transformacion de las comunidades en cooperativas agricolas ganaderas a industriales; c) Dotar de credito suficiente a las comunidades, asi como de elementos tecnicos y de capacitacion, y declara: Que un cambio efectivo en la economia y los derechos indigenas esta vinculado al cambio integral de la estructura social, economica y politica de America Latina.
(Mocion del Prof. Luciano Castillo, Universidad de San Marcos, Lima, Peru).
XVIII. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas Sociales, Declara:
Que la integracion de las comunidades aborigenes latinoamericanas deben ser resultado del proceso general de transformacion estructural.
1. Que es de vital importancia enfatizar la investigacion socio-cultural de las poblaciones aborigenes en los paises donde las hubiere a fin de que su asimilacion a la ciencia y tecnologia moderna no provoquen perturbaciones y disloques dentro de su contexto cultural ; 2. Que los Estados, dentro de los cuales existan poblaciones con diversidad idiomatica, propendan a bilinguizarlas, otorgando tambien valor oficial a los idiomas aborigenes y usando las lenguas nativas como instrumentos para lograr su incorporacion dentro de un proceso racional de integracion. (Mocion del Prof. Jorge Flores, de la Universidad del Cuzco, Peru).
XIX. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Acuerda Recomendar:
1? La separacion completa de las Iglesias y el Estado; 2? Que la educacion impartida por el Estado en todas sus ramas y grados sea laica, y 3? Que el desarrollo economico-social y la democratizacion de las estructuras de poder en America Latina requieren la estricta limitacion de las organizaciones religiosas de cualquier credo a sus cometidos espirituales especificos, sin ingerencia alguna en lo politico. (Mocion de los Prof. Fernando Pinto L. y Moises Mussa, Universidad de Chile).
XX. La Segunda Conferencia Latinoamericana De Ciencias Politicas Y Sociales, Considerando:
1? Que resultaria inutil todo empe?o de los pueblos y gobiernos de America por tratar de encontrar solucion a los graves problemas sociales que estos confrontan, si no se logra el respeto absoluto y total a sus respectivas soberanias a independencias; 2? Que cualquier hecho que atente contra estos atributos, lesiona la dignidad nacional de nuestros pueblos y trastorna, considerablemente, las estructuras juridicas que regulan su pacifica convivencia; 3? Que la intervencion de las llamadas 'Fuerzas Interamericanas de Paz' (fip) en cl ultimo conflicto armado ocurrido en la Republica Dominicana, fue realizada en violacion de las normas establecidas para la solucion de los problemas de tal naturaleza, tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la de la Organizacion de Estados Americanos, lesionando gravemente la soberania del pueblo dominicano y el principio de no intervencion consagrado en ambas cartas; 4? Que la reiteracion de tales hechos, asi como el use de fuerzas armadas extra?as para buscar solucion a problemas surgidos en los paises latinoamericanos, en olvido de los medios pacificos ya previstos, puede ocasionar lamentables resquebramientos en la paz interamericana y alterar las buenas relaciones que entre estos paises deben existir,
1? Emitir un voto de censura por la intervencion de las llamadas 'Fuerzas Interamericanas de Paz' en la Republica Dominicana; 2? Ratificar la aspiracion de los pueblos de America de que sus conflictos se resuelvan por via pacifica, mediante los medios previstos en la Cartas de la onu y de la oea; 3? Condenar todo intento tendiente a la utilizacion de fuerzas foraneas para la solucion de conflictos internos en los paises latinoamericanos, y 4? Comunicar la presente resolucion a la onu y a la oea.
(Mocion de los Prof. J. Cesar Casta?os E. y Carlos Roa, Universidad de Santo Domingo, Republica Dominicana).
XXI. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Recomienda:
1. La iniciacion o el incremento de los estudios sobre las Fuerzas Armadas a nivel universitario; 2. Reafirmar que la condicion basica de la existencia y funcion de las. Fuerzas Armadas es su estricta dependencia con respecto a los poderes politicos constituidos; 3. La reduccion de las sumas dedicadas a gastos militares, con el objeto de destinar los recursos asi economizados a tareas de desarrollo economico-social; 4. La proscripcion de todo sistema que imponga a los ni?os, a cualquier titulo, formacion militar o premilitar; 5. La condenacion de toda tratativa, convencion o acuerdo de cualquiera naturaleza entre militares de distintos Estados, al margen de las vias regulares entre los respectivos Gobiernos; 6. La prohibicion a los integrantes de las Fuerzas Armadas en actividad de la realizacion de cualquier acto publico o privado de caracter politico, salvo el voto; 7. Rechazar, por incompatibilidad con la organizacion democratica, toda practica o interpretacion que asigne a las fuerzas armadas un papel tutorial o moderador con respecto al cuerpo electoral y a las autoridades legitimamente constituidas; 8. Evitar el peligro de subordinacion de las Fuerzas Armadas de los pueblos latinoamericanos a intereses extranacionales, e imponer consecuencialmente:
a) El rechazo de todo condicionamiento en el suministro de materiales belicos o de la privacion arbitraria de los mismos, y b) El rechazo de cualquier suministro belico que se haga para fines ajenos al interes nacional de los Estados Americanos o para quebrar la unidad y armonia de America Latina;
9. Condenar la delegacion en autoridades militares de facultades que, por su naturaleza, solo deban ser ejercidas por los poderes soberana y democraticamente constituidos; 10. Reconocer que las Fuerzas Armadas constituyen organismos de consulta para asesorar a las autoridades de gobierno en materias propias de su especialidad profesional.
Texto refundido de las mociones presentadas por los se?ores: Anibal Salvatierra y Domingo Cereceda (Chile) ; Carlos Jose Gutierrez (Costa Rica) ; Teofilo Huayhuaca (Peru); Anibal Barbagelata y Ramon Real (Uruguay) .
XXII. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Recomienda:
La limitacion de la jurisdiccion penal y militar a los delitos puramente militares, cometidos por militares. (Mocion de los Prof. Anibal Barbagelata y Ramon Real, de Uruguay).
C) Sobre 'La Integracion'.
I. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Acuerda:
1? Se?alar que el proceso de integracion economico y social en Latinoamerica, debe tener como objetivo el logro de las satisfacciones materiales y espirituales de las grandes masas populares de las naciones participantes; 2? Indicar que la integracion debe garantizar el independiente desarrollo economico-social del area, y orientarse hacia el cambio de las estructuras internas que en la actualidad, mantienen una deficiente distribucion de la tierra y del ingreso.
(Mocion del Prof. Carlos G. Herrera, Universidad de Guatemala).
II. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Considerando:
Frente a cada esquema o proyecto de integracion cabe preguntarse cuales son sus fines, que sectores de actividad comprende, con que alcance y con que procedimientos practicos se espera lograr los objetivos propuestos.
acuerda recomendar:
1) La integracion de America Latina debe producirse exclusivamente bajo el signo latinoamericano y para los latinoamericanos conscientes de que en nuestras manos esta la ultima oportunidad para defender no solo los precios internacionales de nuestras materias primas y nuestro progreso economico y social, sino tambien nuestra cultura, lengua, creencias y arte, y 2) No existe necesariamente una contradiccion entre desarrollo nacional a integracion latinoamericana. (Presentada por el Prof. Oscar Ortiz Baeza. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina) . III. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Considerando:
Que es conveniente para lograr la integracion de America Latina utilizar todos los resortes a nuestro alcance; Que alalc representa un eficaz vehiculo de realizacion para este objetivo, que es, sin duda perfectible;
Recomendar a los gobiernos de los paises que integran la Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio (alalc) se incluya en el Tratado de Montevideo una clausula que permita la incorporacion automatica, en la Lista Comun, de todos aquellos productos que hayan permanecido por tres periodos consecutivos dentro de las Listas Nacionales, y, que se aplique inmediatamente esta disposicion para aquellos bienes que al presente hayan satisfecho tal condicion. (Propuesta por el Profesor Francisco V. Leiva Hita, de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Republica Argentina). IV. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Considerando:
Que la generalidad de las actuales Administraciones Publicas Nacionales presentan un caracter nacionalista, centralista y anarquico, que constituye un grave obstaculo para todo esfuerzo de Integracion Latinoamericana; Que estas caracteristicas emanan de la falta de adecuacion de los esquemas politicos vigentes respecto de las funciones del Estado contemporaneo y de la necesidad del desarrollo nacional y coordinacion regional del proceso economico, dentro de un marco de justicia social, y Que a la Administracion Publica corresponde un papel primordial en la materializacion del proceso integrativo, desde su formulacion tecnica inicial hasta su realizacion efectiva, debiendo ella asumir la responsabilidad de concretarla en todas las instancias nacionales a internacionales.
1. Recomendar la pronta ejecucion en los planos nacionales, de reformas a la Administracion Publica que, de acuerdo con las peculiaridades de cada pais, supongan adaptarla a la satisfaccion eficiente de las funciones propias del Estado contemporaneo, principalmente en lo que se refiere al desarrollo economico nacional, en cumplimiento de una politica de planificacion general y central, y a la complementacion y coordinacion de las economias de los paises de la region; 2. Propiciar la formacion de cuadros funcionarios con mentalidad y aptitudes para atender a las necesidades de la integracion latinoamericana y del desarrollo nacional, y 3. Recomendar a las Universidades del continente la preparacion de Administradores Publicos intelectual y animicamente idoneos para dirigir la politica integracionista en el plano administrativo. Propuesta por el Prof. Sr. Jorge Tapia Valdes, de la Universidad de Chile.
V. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales.
1. Es necesario abordar en forma sistematica el analisis de los problemas del trabajo, tanto en su ambito nacional como en su expresion internacional y comparativa; 2. El problema laboral excede de los marcos de una disciplina social por lo que para su debida atencion y conocimiento es menester recurrir a esquemas, metodos y valoraciones interdisciplinarios; 3. Solo la existencia de organismos sindicales poderosos y libres garantiza la debida atencion de los problemas del trabajo de la integracion, y 4. La participacion sindical en los organismos de la integracion asegura la posibilidad de dar solucion adecuada a dichos problemas.
acuerda recomendar que:
1? Las Universidades de Latinoamerica emprendan el estudio de las distintas disciplinas relacionadas con los problemas del trabajo de la integracion; 2? Se inicie la reforma de la legislacion para garantizar la existencia de una efectiva libertad sindical en Latinoamerica, y 3? La participacion sindical en los organismos de la integracion. (Mocion del Prof. Emilio Morgado V., de la Universidad de Chile).
VI. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Considerando:
Que la autonomia universitaria y la libertad academica y de investigacion constituyen el fundamento de la convivencia universitaria y que afectarlas de cualquier modo significa negar ese fundamento v, por lo mismo las posibilidades de progreso y cambio social,
Ratificar las recomendaciones aprobadas en Lima, en septiembre de 19'65, sobre Autonomia Universitaria, y condenar, con la mayor energia, toda forma de atropello o de intento de sofocacion de la autonomia de cualquiera de las Universidades Latinoamericanas. Presentada por la Mesa Directiva de la Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales.
VII. La Segunda Conferecia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Declara:
1? Que la Integracion Latinoamericana debe estimular, a traves de las Universidades del Continente, todo cuanto culturalmente interese a la comunidad latinoamericana, en especial lo referente a las relaciones entre si, cientifico-culturales; 2? Que en tal sentido debe hacerse realidad el anhelo reiterado en numerosas Conferencias, Congresos y expresado en acuerdos internacionales concernientes a relaciones a intercambios culturales, sobre permanente intercambio de publicaciones cientificas, profesores, estudiantes y tecnicos universitarios; 3? Que en tal sentido se conceptua fundamental y urgente intensificar los intercambios entre las distintas universidades, tanto de catedraticos como de estudiantes latinoamericanos, y de acuerdo con lo expresado,
Que estima fundamental el establecimiento efectivo de un intercambio permanente entre las universidades latinoamericanas, tanto de profesores como de alumnos, con la finalidad prioritaria, de asegurar a los pueblos latinoamericanos los beneficios y las ventajas que significan el aprovechamiento oportuno de los logros cientificos que cada una de ellas haga con vista al bienestar general y en especial de la comunidad latinoamericana. 1. Andres Aguilar. (Universidad Catolica 'Andres Bello'. Caracas-Venezuela). 2. Carlos Jose Gutierrez. (Univ. Costa Rica). 3. Mariano Da Rocha. (Brasil). 4. Julio Cesar Casta?os. (Santo Domingo). 5. Miguel Angel Caballos. (Universidad Central de Ecuador). 6. Jorge Cornejo Rosales. 7. Sergio Dominguez Vargas. (Mexico). 8. Carlos Ferdinand Cuadros. (Univ. de Cuzco-Peru). 9. Anibal Barbagelata. (Univ. Nacional de Uruguay). 10. Marco Antonio Diaz Poblete. (Univ. de Chile) . 11. Benigno Martinez Vasquez. (Univ. de Cuyo-Argentina).
VIII. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Considerando:
1. Que la concepcion del desarrollo identificada como un proceso unicamente de crecimiento economico, ha demostrado su insuficiencia y fracaso en el mundo; 2. Que es necesario precisar que la nocion de desarrollo valedera debe tener un caracter integral, o sea, contemplar tanto los aspectos economicos, sociales, culturales y el respeto de los valores autenticos y de las civilizaciones de los diversos paises; 3. Que, en consecuencia, el desarrollo debe ser la gran empresa de ascension humana de los pueblos desposeidos, que deben asumir su liberacion con la leal cooperacion de los paises mas desarrollados; 4. Que para hacer frente a una obra de tal magnitud es indispensable la participacion motivada y comprometida de todos los sectores del pueblo en su propio desarrollo; 5. Que se impone, por lo tanto, que a traves de los ambitos publicos y privados de cada pais, y en primer lugar desde los establecimientos de ense?anza primaria, secundaria y especial, el desarrollo sea uno de los temas de mayor importancia; 6. Que es urgente que la educacion primaria, secundaria y especial, forme personas aptas par ganarse la vida honestamente y en trabajos adecuados a las necesidades del desarrollo de nuestros pueblos, contemplandose las reales necesidades de operarios calificados, de tecnicos y en general de un personal dinamico y eficaz.
I. Que es un imperativo de los pueblos de America Latina la movilizacion de las energias de todos sus sectores sociales para la gran empresa del desarrollo integral y armonizado, antecedente valioso para una integracion realista. II. Que solo es concebible un desarrollo humano verdadero si el pueblo, a traves de sus sectores sociales, interviene activamente en el proceso de desarrollo. III. Que es menester que se forme a traves de todos los grados de la ense?anza -y no solo en la Universidad- una conciencia del desarrollo de nuestra America Latina, libre de tutelas imperialistas de cualquier color, para integrar a todos nuestros pueblos en esta tarea. IV. Que, todos los grados de la educacion Latinoamericana deben habilitar a los ciudadanos, segun los principios de la educacion permanente, divulgados por la unesco y otros organismos a institutos internacionales, para que su real capacitacion y readaptacion profesional determine un positivo mejoramiento de su standard de vida y su elevacion y dignificacion cultural y humana.
Mocion presentada por el Delegado de la U. Catolica de Valparaiso (Chile). Prof. Luis Young Reyes.
X. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Considerando:
a) La importancia de la Universidad como factor de progreso tanto regional como nacional; b) La necesidad de que la Universidad participe en forma activa en el desarrollo del espiritu de Integracion que debe existir entre los pueblos latinoamericanos,
A los Gobiernos de las Naciones latinoamericanas y a los Organismos de financiacion nacionales o internacionales el apoyo en forma prioritaria a todos los proyectos relativos al perfeccionamiento o reequipamiento de Universidades, Escuelas o Institutos. (Mocion del Prof. Jose Mariano da Rocha, Universidad Federal de Santa Maria, Brasil).
XI. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Considerando:
Que a la Universidad Latinoamericana corresponde una mision trascendental en la tarea de promover el desarrollo de cada nacion y el proceso integracionista del continente, mediante la investigacion de la realidad, el estudio de las soluciones cientificamente adecuadas y la divulgacion de unas y otras; Que tambien le toca crear una mentalidad progresista abierta a los cambios sociales necesarios para erradicar la miseria, implantar principios de justicia social y economica y convencer sobre la urgencia de encontrar pronto un camino de trabajos y esfuerzos colectivos para alcanzar la integracion economica, politica, social y juridica de Latinoamerica; Que para ello es indispensable lograr uniformidad de criterios modernos y eficientes encaminados a elevar sus niveles de ense?anza, de cultivo y de investigacion de las ciencias y las artes; Que es tambien necesario buscar una mayor comunicacion entre las universidades latinoamericanas como base de una integracion intelectual y cultural del continente y para alcanzar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de que ellas disponen; Que todo esto debe hacerse en el respeto de principios connaturales a la seriedad, objetividad y progreso de las tareas docentes y cientificas, como son los de autonomia universitaria y libertad de catedra, pero adecuados ellos a las exigencias del proceso de cambio social y del factor recien mencionado de maximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales disponibles; Que el desarrollo socio-economico de los estados latinoamericanos y de la comunidad continental reclama la democratizacion de la ense?anza superior y la posibilidad de que tengan acceso a este nivel todas las generaciones jovenes sin mas limitacion que la capacidad y el espiritu de estudio de los interesados y las verdaderas necesidades de los mercados ocupacionales que conduzcan al desarrollo, y al margen de toda discriminacion derivada de la posicion economica de aquellos,
1? La revision y modernizacion de los planes, programas y metodos docentes, especialmente en el campo de las ciencias sociales, para ponerlos a tono con la realidad vigente hoy dia y con los ultimos adelantos pedagogicos; 2? La orientacion de los metodos de ense?anza hacia una participacion activa de los estudiantes mediante seminarios a investigaciones personales que complementen las explicaciones magistrales; 3? La extension de la autonomia de las universidades estatales y privadas no solo a los ambitos docentes, academicos, cientificos y administrativos, sino tambien al plano economico, sin perjuicio de la coordinacion de las actividades de la educacion superior en cada pass, dentro de planes nacionales de desarrollo, de manera que se evite la multiplicacion de esfuerzos y el dispendio de recursos; 4? La tuicion de las universidades estatales en el otorgamiento de titulos profesionales, como medida de proteccion y resguardo de las conveniencias colectivas; 5? La creacion de becas de estudio en cantidad suficiente para que cualquier estudiante de meritos y capacidad pueda transformarse en un profesional o investigador util a la sociedad, aunque provenga de sectores de escasos recursos; 6? La inclusion de la problematica de la integracion continental en los planes de aquellos establecimientos que cultivan las ciencias sociales; 7? La divulgacion de las ideas integracionistas dentro de las actividades de ex. tension cultural que ejercen las universidades; 8? La creacion, en las Escuelas de Derecho, de organismos destinados a estudiar la uniformidad de la legislacion de los diversos paises latinoamericanos, especialmente en aquellos dominios mas directamente ligados a los propositos de integracion; 9? La celebracion de convenios interuniversitarios que permitan el intercambio de docentes y estudiantes asi como de informaciones, y la realizacion de jornadas de estudio sobre problemas comunes a varios o a todos los paises del continente, y 10. La organizacion de Centros o Institutos Regionales de Investigacion Cientifica, formados y financiados por universidades de varios paises, para el trabajo conjunto de investigadores y alumnos de los paises participantes, y de otros del continente. (Mocion del Decano de la Facultad de Ciencias juridicas y Sociales, Prof. Eugenio Velasco) . XII. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Considerando:
1. Que la Universidad, en su funcion de preparar a la juventud para servir a la comunidad, debe cultivar diferentes capacidades y necesidades economicas, sociales a intelectuales que continuamente crecen dentro de la Sociedad; 2. Que la Universidad, para cumplir ese rol, debe armonizar su crecimiento con el de las necesidades de recursos humanos de alto nivel, lo que evitaria la proletarizacion de ciertas profesiones y el deficit de otras, y 3. Que para ello es necesario contar con organismos tecnicos que permanentemente estudien las tendencias naturales de crecimiento en la formacion de los diversos profesionales y las relaciones con la demanda de recursos humanos con el fin de se?alar una politica universitaria.
1. Que las Universidades de cada pais latinoamericano creen un organismo tecnico y permanente de Planificacion Universitaria, Nacional, y 2. Que periodicamente se realicen reuniones, tanto generales como regionales, de esos organismos con el fin de coordinar los esfuerzos nacionales sobre la base de la integracion Latinoamericana.
Propuesta por el Profesor Mauricio San Martin de la Universidad de San Marcos. Lima-Peru.
XIII. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Considerando:
1? Que la manifestacion de ideas y sentimientos, es parte de la esencia de la naturaleza humana y que esta expresion vital no puede ser coartada sin que exista violacion a los derechos del hombre que han sido consagrados por todas las sociedades civilizadas del mundo; 2? Que para el logro de la integracion latinoamericana es indispensable facilitar el mejor conocimiento de las diferentes naciones entre si, y que uno de los medios mas eficaces de comunicabilidad social en este ambito es el de los organos de publicidad; 3? Que la mejor forma de comunicacion de las necesidades y disponibilidades de todo tipo en cada pais latinoamericano se consigue a traves de un mayor intercambio de noticias, ya sea de caracter escrito, oral o grafico; 4? Que gran parte del intercambio cientifico, tecnico y artistico se obtiene a traves de una prensa libre y que tenga acceso a la mayor parte de las regiones,
acuerda declarar:
Que debe existir en los pueblos latinoamericanos la mas absoluta libertad de expresion a informacion y que es conveniente para el logro de la integracion latinoamericana un amplio intercambio y difusion de publicaciones. considerando:
A) Que el proceso de Integracion continental que conduzca a la unificacion de America Latina debe realizarse simultaneamente en diversos sectores, es decir, en lo economico, juridico y social; B) Que corresponde a los tecnicos encontrar las formulas viables para trazar los lineamientos de una nueva politica de comercio exterior, reglamentacion fiscal y reforma agraria, entre otros esfuerzos; C) Que la tecnica requiere, para no ver frustrados sus propositos, del impulso necesario de los factores politicos en cada pais integracionista; D) Que no basta que los organos politicos propongan los instrumentos de la integracion o que los tecnicos aconsejen los mecanismos idoneos, si la conciencia continental de los pueblos permanece al margen y sin actuacion. (Mocion del Prof. Sergio Dominguez Vargas, Mexico).
Que la integracion se realice dentro de un marco adecuado utilizando simultaneamente los factores tecnicos, politicos y de opinion publica, para crear asi el clima de estabilidad que requiere el cumplimiento del programa general de desarrollo, para nuestra America Latina.
XV. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales:
Ante el proceso acelerado de transformaciones que experimentan las instituciones sociales, la variedad de informaciones y de fuentes de conocimientos de que deben disponer las Universidades, que determinan un papel activo y creador en la indagacion metodologica, el analisis sistematico y la evaluacion de los procesos de desarrollo y de integracion,
1? La Universidad, a traves de sus Facultades de Derecho y de Ciencias Politicas, debera concentrar las informaciones existentes; evaluar y sistematizar los conocimientos resultantes de una actividad metodica y de investigacion; 2? Intensificar la ense?anza activa del Derecho en el proceso del desarrollo economico-social; fijar, substantivamente, la problematica de la integracion hacia problemas generalizados de bienestar colectivo y progreso social; 3? Constituir Institutos o Centros donde se efectue la Investigacion a nivel interdisciplinario, adecuando las funciones del Derecho para crear mejores condiciones de convivencia economico-social. (Ricardo Valderrama, Universidad de Chile).
I. Que se hace muy dificil alcanzar la integracion regional latinoamericana, si no se consideran debidamente los respectivos factores sociales de los distintos paises, en especial los que ata?en a la condicion de las clases trabajadoras y a las modalidades de las relaciones laborales; II. Que las diferencias en las legislaciones del trabajo y de la seguridad social entre los diversos Estados de Latinoamerica crean situaciones injustas y perjudiciales en el orden de la produccion, en forma que los Estados que menos protegen a sus trabajadores producen a un costo mas reducido que aquellos que cuentan con una legislacion social mas avanzada; III. Que para llegar a una autentica integracion se precisa de un regimen legal social mas o menos uniforme que ofrezca una proteccion a los trabajadores que se trasladen libremente de un pais a otro, respetandoles los derechos laborales y de seguridad social ya adquiridos o en cursos de adquisicion; IV. Que corresponde a las Universidades y a los institutos especializados de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social asesorar a los gobiernos para preparar gradualmente la unificacion de las legislaciones laborales y previsionales, inspiradas en principios de justicia social. XVI. La Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Acuerda:
Recomendar a los gobiernos latinoamericanos que procedan a la unificacion de sus legislaciones del trabajo y de la seguridad social como un medio de propender a su integracion economica y social.
a) Que los organos publicos de difusion -prensa, radio y television- juegan y estan llamados a jugar un papel de trascendental importancia en la toma de conciencia que debe operarse en los amplios sectores humanos que integran la sociedad latinoamericana para el logro de la integracion economica y politica de America Latina; b) Que, en tal orden de ideas, se hace indispensable disponer en nuestros paises de organos de publicidad conscientes de la responsabilidad que les corresponde ante el imperativo categorico que exige a nuestros paises, como condicion sine qua non, para el desarrollo de sus sociedades y la existencia de las mismas, la obligacion de integrarse y de estar conscientes de que solo con ello podran existir como paises libres a independientes; c) Que las Universidades de America Latina, como instituciones de maximo grado academico, en nuestro -Continente, estan en la obligacion moral de orientar a tales organos de difusion, se?alandoseles la meta o la sana finalidad de sus propositos.
XVII. La Segunda Conferencia Latinoamericana De Ciencias Politicas Y Sociales, Acuerda:
1? Solicitar a las Universidades de America Latina que den preferencia a los programas de docencia de las materias relacionadas con los organos de difusion publica y en cuanto al proposito de la integracion economica y politica de los paises latinoamericanos; 2? Proveer los medios, dentro de esos programas, para que esta toma de conciencia sea asimilada, en el mayor grado posible, mediante el use de esos organos por las grandes mayorias nacionales. (Casta?os, Roa. Republica Dominicana).
Que la preocupacion que anima indudablemente a todos los paises de Latinoamerica debe empezar a consolidarse sobre bases juridicas y positivas orientandose hacia un derecho integracional; Que si es dable desde ya, hablar de Estados Unidos de America Latina, es indudable que el 'status' americano debe ir concretandose tambien en normas positivas que los consoliden y hagan una realidad 'la ciudadania latinoamericana'; Que ello constituiria la posibilidad, segura y cierta de fundar sobre bases de conocimientos y comprension, una efectiva union latinoamericana. XVIII. La Secunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Politicas y Sociales, Acuerda:
1? Recomendar a los Estados Latinoamericanos consagrar normas positivas condicionadas al principio de reciprocidad, mediante las cuales se reconozca a los ciudadanos de los Estados Miembros, un 'status' Internacional Latinoamericano que garantice en cualquiera de esos Estados el goce de derechos naturales y fundamentales del hombre, amparados en una accion jurisdiccional, por aplicacion de tal norma en caso de transgresion, como vehiculo viable de vigencia de la declaracion universal de los derechos del hombre de las Naciones Unidas, de 1948; 2? Se provea para ello, conforme la forma que se reglamente, de una 'Credencial' adecuada que, por si sola, sirva para el transito de los ciudadanos en el ambito latinoamericano eliminandose toda traba que dificulte el libre ingreso y circulacion y el goce de los derechos apuntados; 3? Que se disponga la creacion, a tal efecto, de un organismo, o se encomiende la tarea a uno existente, para la centralizacion y unificacion de las informaciones interestatales a tal efecto.
Después de varios días de deliberaciones los asistentes a la Segunda Conferencia Latinoamericana de Ciencias Políticas y Sociales se reunieron en sesión de clausura en el teatro Municipal de Viña del Mar, donde usaron de la palabra, a nombre de las universidades latinoamericanas y de los organismos internacionales, los señores Carlos Ferdinand Cuadros V. y don Wolfgang Renner, respectivamente, quienes expresaron sus agradecimientos y felicitaciones por la forma brillante en que se desenvolvió dicho torneo. El discurso de clausura estuvo a cargo del profesor de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de Chile y actual Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, don Felipe Herrera Lane, cuyo texto reproducimos a continuación:
Don Felipe Herrera:
La integración de América Latina es ya no sólo un postulado teórico un tema de discusión académica: es un proceso en marcha. El impulso que ese proceso ha alcanza , do en los últimos años ya no proviene, como en la etapa de la emancipación, de razones de solidaridad política y de afinidad histórica sino, fundamentalmente,,de consideraciones económicas, En la formulación de una estrategia para afrontar con éxito la empresa de elevar las actuales condiciones de vida de la región, se ha puesto en evidencia la necesidad de crear un espacio económico de magnitud suficiente para sustentar en él la transformación de la estructura de la producción latinoamericana y la consiguiente modificación de las condiciones sociales imperantes. Del vigor que ya ha adquirido en el plano de las realizaciones este concepto de la interdependencia entre la aspiración al desarrollo económico y social y la necesidad de la integración regional, son manifestaciones claras a importantes los siguientes pasos dados en el breve lapso de los últimos 6 años.
1. Nuestros países están empeñados en superar su aislamiento comercial recíproco. Las cinco naciones de América Central forman ya un mercado común, en el cual las corrientes de su comercio intrazonal alcanzan hoy un valor que cuadriplica el que tenían antes de iniciar su integración. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, por su parte, agrupa ya a 9 países sudamericanos y México, que en conjunto representan el 94% del producto bruto regional y casi el 90% de la población latinoamericana. Y el comercio en la Zona así creada se ha expandido hasta ser hoy prácticamente el doble. 2. Cuenta ya América Latina con un organismo financiero propio para canalizar recursos externos con fines de desarrollo: el Banco Interamericano. Después de 5 y medio años transcurridos desde su primera operación, el bid puede exhibirse como la principal fuente internacional proveedora de financiamiento público a largo plazo para la región. Además, en el ámbito de América Central, el Banco Centroamericano de Integración Económica cumple similar papel respecto a proyectos de alcance regional. 3. La creación y exitoso financiamiento de una Cámara de Compensación y de una Unión Monetaria en América Central, y los recientes acuerdos de cooperación multilateral y bilateral entre Bancos Centrales de la alalc, dan una nueva dimensión al proceso integracionista, complementando así los avances hechos en materia de comercio y de financiamiento del desarrollo. 4. Una vasta acción técnica, al nivel de organismos regionales, gobiernos y empresarios, se efectúa con vistas a la fusión de intereses indispensable para nutrir de contenido concreto a los esquemas integracionistas generales. En este propósito de 'integración sectorial' tienen especial importancia diversas iniciativas referidas a campos de tanta significación como los transportes y las comunicaciones; la banca de fomento y la banca comercial, a industrias básicas como la siderúrgica, la petroquímica y los fertilizantes. 5. La voluntad política de llevar adelante el proceso de integración no se expresa sólo en los acuerdos regionales de naturaleza comercial, financiera o industrial. Hoy el objetivo de la integración económica latinoamericana, y aun la meta de expresar esa integración en el establecimiento de un Mercado Común, están reconocidos como una finalidad colectiva del sistema interamericano. Expresamente lo estableció así la Carta de Punta del Este; más adelante se le encomendó al ciap, como uno de sus cometidos fundamentales, promover el logro de ese objetivo y, más recientemente, el Acta de Río de Janeiro, que servirá de base para la reforma de la oea, ratificó esa decisión política regional. La creación del Parlamento Latinoamericano es otra muestra tangible de la voluntad política integracionista, reiterada al más alto nivel gubernamental en el Acta de Bogotá suscrita por los Presidentes de Colombia, Chile y Venezuela y los representantes de los jefes de Estado de Perú y Ecuador. 6. Paralelamente con estas medidas de integración 'hacia adentro', América Latina comienza a adoptar acuerdos de acción común 'hacia afuera'. Desde la reunión de Alta Gracia, nuestros países han convenido en actuar conjuntamente para alcanzar mejor trato internacional al comercio latinoamericano de exportación. La posición sostenida por el bloque latinoamericano en la Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo de Ginebra y el mantenimiento de ese espíritu de acción colectiva, quizás, uno de los hechos que, en el plano internacional, mejor demuestra el vigor de la nueva solidaridad regional. Con ser importante estos logros, sobre todo en contraste con la situación imperante antes de 1960, es evidente que el proceso en marcha requiere urgentemente de un nuevo impulso. Porque la integración, por lo mismo que es un proceso -es decir realidad que no se agota en los resultados de hoy sino que cobra sentido en la sucesión dinámica de las nuevas metas por alcanzar- requiere, incesantemente, de nuevos aportes a instrumentos. Ningún proceso histórico que pretenda significar un profundo cambio social puede aspirar al éxito, si no acompaña a las formulaciones políticas y económicas, la creación normativa a institucional adecuada para los objetivos previstos. Nada habremos ganado con detectar, desde los campos de la economía o de la política, que la integración regional puede dar satisfacción a las exigencias de transformación profunda que agitan hoy a todos nuestros países, si no somos capaces de crear formas modernas y adecuadas frente a la nueva realidad que plantea esa integración. Por eso, si hasta ahora ha sido explicable que el proceso de la integración latinoamericana se haya venido nutriendo de planteamientos económicos, comerciales, financieros y aun políticos, ha llegado el momento de que los hombres de Derecho, los constructores de instituciones, asuman su papel en esta tarea latinoamericana. De allí la importancia de reuniones como la presente. De allí, también, la esperanza con que quienes venimos actuando en la esfera internacional o nacional, en el proceso de desarrollo a integración de América Latina, asistimos a la vigorosa toma de posición de nuestras Facultades de Derecho y de Ciencias Políticas, de nuestras asociaciones de juristas, de nuestros centros formativos de hombres de leyes, en esta empresa histórica común. Identificado por vocación con el Derecho y vinculado por mi diaria actividad a los problemas de la economía y del desarrollo nacional y latinoamericano, quiero aprovechar de esta oportunidad para precisar algunos conceptos sobre el tipo de integración que la complejidad de nuestros problemas demanda, las bases económicas y políticas en que esa integración debe sustentarse, y las formas institucionales en que, a mi juicio, ella debería expresarse.
II. El Mercado Común Como Fórmula Para La Integración Latinoamericana
-¿Por qué la aspiracin de nuestros países a un espacio económico más amplio de be adoptar la fórmula de un Mercado Común? -¿Cuál es el alcance político e institucional de una fórmula de Mercado Común-?¿ Por qué el Mercado Común Latinoamericano representa una alternativa de progreso frente a nuestra realidad socioeconómica y a nuestro 'status' hemisférico y en el concierto mundial?Las respuestas a estas interrogaciones nos permitirán perfilar la acción que es indispensable realizar para que el proceso en marcha no se esterilice, 1. ¿ Porqué un Mercado Común?
La tendencia a la integración regional es hoy fenómeno universal. Históricamente, el proceso de industrialización y desarrollo está aparejado con el de la conquista de mercados. En unos casos, la ampliación del espacio económico se ha hecho expandiendo las propias fronteras nacionales. Los ejemplos más representativos son los Estados Unidos y la Unión Soviética. En realidad, la Constitución de Filadelfia que dio origen a la Unión americana significó en sí misma un pacto de 'mercado común' de las 13 colonias iniciales, que fue acrecentándose con la conquista incesante de la siempre 'nueva-frontera' del Oeste, hasta consolidar un 'estado-continente'. En otros casos, la necesidad de crecientes mercados condujo a la formación de imperios coloniales y a la creación de bloques comerciales en torno a las metrópolis. En años recientes, esta tendencia toma caracteres definidos en la asociación económica de los países desarrollados de Europa que apelan a las fórmulas del Mercado Común o de la Asociación Europea de Libre Comercio, como medio de mantener su posición económica, comercial y hasta política, en el nuevo esquema mundial de relaciones internacionales surgido después de la Segunda Guerra. Con mayor motivo que para los países industrializados, la ampliación de los espacios económicos es vital para las naciones en desarrollo. Si aquellos adoptan fórmulas de integración económica para poder aplicar en todo su alcance 'economías de escala' y 'de especialización' que les permitan no sólo acrecentar la propia capacidad de consumo sino preservar su capacidad competitiva en los mercados externos, los países en desarrollo necesitan de tal ampliación de espacios y mercados para poder sustentar en ellos el crecimiento de sus incipientes procesos de industrialización. Puede decirse que prácticamente están en la misma coyuntura en que Estados Unidos se encontraba al romper su dependencia de Inglaterra y renunciar al papel de productor de materias primas, buscando el fortalecimiento de su industria en la creación de su propio mercado. A despecho de los propósitos de organizar las relaciones mundiales en un esquema universalista de 'internacionalismo', que permitiera superar el sistema de 'bloques' comerciales y políticos que condujo a ambas guerras, los países de América Latina y las nuevas naciones emergentes de la liquidación histórica del colonialismo en Asia y Africa, enfrentan la dura comprobación de que ese nuevo orden internacional no ha podido establecerse y de que, entretanto, el esquema actual de las relaciones de comercio es insatisfactorio para sus aspiraciones de desarrollo, que prácticamente se volverían ilusorias si las actuales condiciones persisten. Resulta lógico, entonces, que tales países busquen acrecentar con la integración sus propios mercados y obtener el mejor rendimiento de sus inversiones y recursos, a la vez que procuren la cohesión de sus esfuerzos en esquemas de regionalización, como un medio eficaz de alcanzar en el ámbito mundial a una gravitación mayor que la mínima que hoy tiene aisladamente cada una de las naciones llamadas 'marginales' o 'periféricas'. La necesidad del crecimiento 'hacia adentro' y la aspiración a un mejor trato comercial 'hacia afuera' son, así, las motivaciones básicas 'de la tendencia integracionista en nuestra región y en otras de insuficiente desarrollo. El empleo genérico del término integración ha venido hasta ahora sirviendo para referirse en el ámbito latinoamericano a una variada gama de fórmulas a iniciativas destinadas a cohesionar nuestras economías. A estas alturas del proceso, es indispensable precisar la naturaleza y los alcances de la integración que se requiere para servir realmente a los objetivos de desarrollo económico y social de nuestros países. La teoría de la integración, como es sabido, distingue, según el grado de cohesión que se desea, las fórmulas siguientes:
- La zona de libre comercio, en que se busca la creación de un solo escenario para la importación y exportación recíprocas, suprimiendo paulatinamente, mediante desgravaciones negociadas a automáticas, los aranceles internos entre los países-miembros. - La unión aduanera, en que, avanzando en la integración comercial, se unifican las tarifas con respecto a países extrarregionales. - El Mercado Común, que no sólo presupone un solo espacio para la actividad comercial, mediante la desgravación interna y una tarifa externa común, sino el acuerdo entre las naciones constituyentes de objetivos comunes de desarrollo económico y de bienestar social. Es decir, lineamientos solidariamente convenidos sobre política comercial, orientación de las inversiones, coordinación do normas y políticas monetarias, fiscales, agrícolas y sociales, y en materia de transportes y comunicaciones. El conjunto de medidas, en fin, que permita la realización plena del objetivo cardinal de un Mercado Común: la libre circulación do capitales, personas y servicios dentro del área económica integrada.
En América Latina están funcionando dos do estos esquemas: la alalc, concebida inicialmente sólo como una Zona de Libre Comercio, y el Mercado Común Centroamericano. La evaluación que ya puede hacerse de los resultados alcanzados por ambos sistemas, ilustran la mayor vitalidad que acompaña a un régimen de mercado común, en comparación con un mecanismo basado esencialmente en el desgravamen específico de tarifas aduaneras. Si en países industrializados, de parecido nivel de desarrollo económico y tecnológico, la simple liberación comercial puede bastar para dar nuevo estímulo a la producción en gran escala, en países en desarrollo, como es el caso de América Latina, el efecto de la liberación, no acompañada de una política común de inversiones, determinaría inevitablemente la acentuación del desnivel industrial que hoy existe entre unos y otros países y regiones del continente. Las nuevas inversiones se concentrarían de preferencia en las zonas más industrializadas. La teórica igualdad de oportunidades que implican la liberación comercial existiría sólo en el papel para las áreas de menor desarrollo relativo. Por eso, en la propia alalc, se ha tenido que contemplar un trato preferente transitorio para esos países. No basta, sin embargo, ese estímulo si no va acompañado de posibilidades reales de orientar y localizar inversiones en esas zonas. Por ello, la integración económica de países en desarrollo lleva implícita la necesidad de contar con alguna forma de planificación de las inversiones en escala regional. Eso sólo puede hacerse en el marco de un Mercado Común, que a las características de integración comercial y de coordinación de políticas financieras, monetarias y sociales que ya hemos señalado, une la de requerir para su funcionamiento eficaz, un sistema de normas a instituciones de verdadero alcance comunitario. Ese criterio de enfoque regional y no sólo nacional de las inversiones es precisamente una de las razones que ha hecho que se considere al bid como el 'Banco de la Integración'. Porque en la consideración de cualquier operación tiene presente su incidencia regional, porque asimismo ha dado especial atención a proyectos multinacionales y de integración fronteriza y porque, en fin, acaba de constituir el Fondo de Pre-Inversión regional con el propósito de facilitar la realización de proyectos de desarrollo integrado de América Latina.
2. La Interacción entre Integración Económica y Acción Política: Fórmulas Institucionales
En buena cuenta, en el caso de países en desarrollo, no se trata sólo de integrar sus actuales economías ineficientes y de crear libre circulación entre sus respectivos espacios nacionales, sino de integrar sus políticas de desarrollo en escala regional. Ese es el único medio por el cual la ampliación física del espacio en que ha de desenvolverse la actividad económica produce efectiva expansión de la economía conjunta y efectiva creación de un mercado integrado de magnitud suficiente. Tal coordinación de las respectivas políticas nacionales de desarrollo implica una estrecha interacción entre factores económicos y políticos, a través de mecanismos institucionales que sólo pueden ser creados si existe la voluntad política de superar las limitaciones de las actuales formas de cooperación regional. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que esta interacción entre factores económicos y políticos se proyecta al plano externo, pues también, como ya hemos señalado, la cohesión regional de países en desarrollo tiene, entre sus objetivos, coordinar una acción común en el campo de las relaciones económicas internacionales. Aunque sean motivaciones económicas las que impulsan a esa coordinación, ésta sólo puede lograrse a través de la decisión política de establecerla y sostenerla. Por eso es natural que se haya abierto paso entre nuestros gobiernos, y en gran parte de la opinión pública de nuestros países, el concepto de que, si deseamos acelerar nuestra integración económica, necesitamos actuar políticamente y crear instituciones comunitarias provistas de autoridad regional. Hasta hace muy poco, tal concepto no había podido salir del plano de las utopías. Recordemos que la aspiración a la integración política que nutrió el mensaje emancipador de los constructores de nuestras repúblicas naufragó par la falta de factores de cohesión de carácter económico. Hoy, par el contrario, la realidad de nuestros problemas económicos da impulso renovado al viejo ideal integracionista. Este, sin embargo, naufragará también si no somos capaces de dar la respuesta política que la integración económica requiere para concretarse. Si la integración ha de permitir que nuestras débiles estructuras productivas alcancen dimensiones de verdadera 'economía', ello sólo será posible en la medida en que, al mismo tiempo, demos con decisión los pasos necesarios para llevar a cabo, par primera vez en nuestra historia, una vigorosa 'política de escala' que nos asegure la estatura internacional a que nuestras naciones aspiran. Una posición de exclusivo 'desarrollismo económico' de América Latina, es par naturaleza incompleta. Necesitamos del desarrollo económico para el bienestar de nuestros pueblos; pero la fuerza derivada del crecimiento de nuestra economía nos va a dar mayor gravitación en el mundo del futuro, sólo en la medida que constituyamos una comunidad cohesionada par una política de objetivos comunes en la relación con otros bloques, regiones o grandes naciones. Ha llegado el momento de precisar sin eufemismos que cualquier tipo de integración económica lleva en sí un factor dinámico de avance hacia formas más acentuadas de cohesión. Así, en el supuesto de una zona de libre comercio que llegara a la desgravación interna total, se tornaría indispensable ir a una 'Unión Aduanera' para la armonización posterior de los aranceles con el exterior porque si no las importaciones de terceros países preferirían ingresar par aquel de los miembros de la Zona que ofreciera tarifas más bajas. Como la Unión Aduanera supone la libre circulación de las mercancías, a poco habría de advertirse la insuficiencia de la desgravación arancelaria cuantitativa, a falta de la abolición de otras formas de restricción del comercio. Es decir, la necesidad de crear 'reglas del juego' parejas en materia de políticas monetarias y de cambios. La libre circulación de las mercancías induce a la de capitales y personas. Así, un paso tras otro, llegaríamos al 'Mercado Común' par la necesidad de que las políticas de inversión se orienten con criterio regional, coma único medio de asegurar que la actividad económica generada beneficie a todos los miembros del sistema. Y sólo se puede llegar a esa armonización mediante mecanismos político-institucionales adecuados. Es decir, que todo proceso do integración económica que vaya cumpliendo sus fines inmediatos, va autogenerando formas superiores de cohesión. Hasta que la unión económica completa haga natural la integración política que sin esa etapa previa resultaría irrealizable. Históricamente, los Estados europeos se fueron constituyendo no sólo par la abolición de las aduanas interiores y la creación de una actividad económica fluida. En Francia, el genio político de Richelieu no hubiera bastado sin la posterior, implacable decisión de Colbert para acabar con los privilegios que todavía hasta su tiempo obstaban la libre circulación de la riqueza en el territorio que abarcaba la jurisdicción de Luis XIV. Más recientemente, la formación del Estado alemán reconoce su origen en el 'Zollverein' aunque la unidad política sólo se consagrara posteriormente par el impulso hegemónico de Prusia. En Italia, el factor aglutinante del despertar nacional frente al predominio austríaco pudo concretarse en la cohesión política, por coincidir la visión en perspectiva de Cavour y la espada romántica de Garibaldi, con el dinamismo de los intereses económicos y comerciales de la región septentrional. Por eso un conocido autor británico ha podido señalar gráficamente, que 'incluso si las tendencias separatistas hubieran predominado, era de todas maneras imposible la vuelta a las viejas barreras aduanables. Por muy distintos que fuesen los toscanos de los piamonteses y de los venecianos, o los napolitanos de los hombres del Norte, la fluidez del comercio estimulada por el desarrollo de los ferrocarriles dio a la idea de la unión política sólido sustento de convivencia económica'. Desde luego, las circunstancias históricas no son las mismas hoy y por lo mismo no pueden equipararse esos procesos de integración nacional en el pasado a los de integración regional de los días presentes. Pero en ningún caso la teoría del Estado debe quedar anquilosada en nuestra región en los viejos moldes del Siglo XIX. Sabemos muy bien que el concepto clásico de la soberanía ha ido evolucionando en sus connotaciones políticas, jurídicas y sociológicas, a medida que la realidad de un mundo en transformación ha obligado a un nuevo enfoque de las relaciones internacionales. Cada vez más, el nuevo Derecho Internacional obliga a conjugar la soberanía nacional en marcos más amplios que el del propio Derecho Público Interno. Esa conjugación no supone abdicación ni subordinación a otra potestad soberana nacional, sino recíproca delegación en órganos de naturaleza internacional, regional o comunitaria. Los países de América Latina han sentado ya precedentes de naturaleza análoga, en organismos internacionales en los cuales no desempeñan un papel preponderante. Baste recordar de qué modo puede verse afectada América Latina por el derecho de veto de las grandes naciones, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas; tampoco hay que olvidar que hemos acordado limitar y condicionar importantes aspectos de la soberanía monetaria nacional al ratificar los convenios de Bretton Woods. Sería por eso paradójico que nuestros países se inhibieran de dar un paso de esta naturaleza dentro de su propia región. Por lo demás, si por soberanía se entiende, según la definición clásica, el poder supremo del Estado en lo interno y su capacidad de actuar autónomamente en asuntos internacionales, cabe preguntarse: ¿no verán las naciones débiles y aisladas facilitada su posibilidad de aplicar esos atributos de su soberanía en el mundo internacional, si se refuerzan recíprocamente a través de la regionalización? De otro lado, si el mundo es cada vez más interdependiente en lo político, económico y cultural: ¿no contribuirán las fórmulas comunitarias a evitar que la influencia predominante de las potencias superdesarrolladas avasalle de hecho en el plano de las decisiones internacionales la pretendida autonomía soberana de los pequeños países? Eso es lo que ocurre en el proceso de integración. Lejos de haber en este caso delegación de soberanía. ¿pues no hay subordinación de ésta a ningún otro poder estatal? se logrará por el contrario el robustecimiento de las soberanías nacionales en la soberanía colectiva, representada por las instituciones comunitarias libremente creadas por los estados integrados. El derecho positivo de la integración europea ha dado forma concreta a estas nuevas concepciones de Derecho Público Interno a Internacional. Toca a nuestros estudiosos de las Ciencias Políticas y a nuestros juristas formular las normas y proyectar las instituciones que permitan realizar en América Latina un proceso parecido, de acuerdo a nuestras propias características y circunstancias. 3. El Mercado Común como escenario del Proceso de Cambio Social
Si la integración pretendiera solamente acelerar las tasas de crecimiento económico y robustecer la capacidad de negociación internacional de América Latina, tendrían razón quienes señalan que se trataría, en verdad, de una alternativa conservadora y 'escapista' frente a la tarea impostergable de realizar las profundas transformaciones sociales que las grandes masas de la población latinoamericana demandan. Quienes así arguyen, expresan que la formación de un mercado más amplio en América Latina sólo beneficiará a los sectores tradicionalmente privilegiados, o a los grandes intereses financieros externos, o a ambos, si es que previamente no se realiza en cada país una verdadera revolución estructural. Este tipo de razonamiento corresponde a una concepción estática y mecanicista del devenir histórico. Desconoce que el propio proceso de integración económica y política, al crear nuevas modalidades y categorías de convivencia colectiva, generará también nuevas fuerzas y tendencias hacia el cambio económico y social. Ha sido experiencia extendida, en diversas regiones y épocas, que los procesos de integración traen consigo importantes transformaciones sociológicas. Desde luego, si en lugar de formar un mercado común, la integración se concretara a crear un espacio mayor para el libre juego de las fuerzas del mercado, cobraría entonces validez la preocupación de que la actividad económica continental pasaría a ser dominada por grandes grupos económicos. La 'política regional de inversiones' que preconizamos como pilar fundamental del Mercado Común, tiende precisamente a evitar ese riesgo. Al mismo tiempo, debe propender a un régimen que, si bien atraiga al capital extranjero, a la vez lo oriente hacia aquellos sectores en que los propios latinoamericanos consideren necesaria la cooperación financiera y tecnológica externa. No coincido con quienes creen que la integración de América Latina debe hacerse exclusivamente por el sector público; del mismo modo estoy en desacuerdo con quienes aspiran a que sea la iniciativa espontánea de las fuerzas empresariales el único factor que juegue en el tablero del nuevo espacio geoeconómico. Estos puntos de vista que obedecen a la idea de una pugna artificial entre planificación y empresa privada en la escala nacional, no deben trasladarse al plano regional. Debemos reconocer, por encima de cualquier dogmatismo, que la economía de América Latina es fundamentalmente una 'economía mixta'. Hay quienes la han definido como una economía 'mestiza'. En el Continente, es un hecho, consolidado en los últimos decenios, que junto a empresas públicas laboran empresas privadas; junto a esquemas de planificación, está funcionando la libre iniciativa; junto a una inversión extranjera, que cada vez se orienta más hacia la industrialización, se consolida una clase empresarial típicamente nacional. Una de las características que más diferencia a América Latina de otras áreas en desarrollo es la presencia de una clase industrial autóctona, que en muchos de nuestros países ha podido surgir bajo la protección del Estado, sea en forma de tarifas aduaneras, controles de cambio, créditos y otros incentivos públicos. Ese sector debe ser promovido a una función más dinámica para que utilice las ventajas que el mercado común pueda crear. Sería por eso un error histórico desmantelar indiscriminadamente un sistema protector que, pese a todas sus fallas, ha significado a la larga un factor de afirmación propia para importante grupos sociales de América Latina. Por otra parte, es evidente que si América Latina no acelera las transformaciones nacionales para crear condiciones de mayor equidad en la participación del esfuerzo colectivo, los beneficios de la integración podrían exclusivamente concentrarse en sectores reducidos. Para evitar este peligro, es indispensable adoptar políticas sociales que tiendan a un reparto más justo del ingreso nacional y a la reforma del sector agrícola en algunos países. El mercado común debe definir amplios objetivos de carácter social. La experiencia y el ejemplo de aquellos países miembros que han logrado las transformaciones a las que se aspira, podrán acicatear el cambio en aquellas regiones donde la gente sigue aferrada al atraso. Tal como en el plano empresarial una integración efectuada bajo auténtica orientación latinoamericana podrá fortalecer la importancia y gravitación de los nuevos sectores industriales, también para la clase obrera se abrirán nuevas perspectivas de participación en el proceso colectivo. La integración de América Latina debe hacerse con vocación de supervivencia histórica, hacia una nueva gran acción emergente de nuestro actual fraccionamiento. Si la India o Indonesia tienen presencia internacional pese a constituir verdaderos mosaicos raciales, religiosos y culturales; si las tendencias árabe y africana de regionalización se manifiestan a pesar de las tremendas diferencias políticas de esas naciones entre sí, no hay razón para que nuestros países no puedan darse fórmulas eficaces de concordancia económica y política. Así como es irreal preconizar, como pretenden algunos, la creación de un Mercado Común Hemisférico, desde Alaska hasta la Patagonia, por las abismales diferencias económicas entre Estados Unidos y Canadá, de una parte, y las naciones latinoamericanas, de otra; así también carece de sentido práctico pretender destruir las relaciones de convivencia y cooperación hemisféricas. Un Mercado Común Latinoamericano no sólo permitirá un desarrollo económico y social genuino de nuestros países, sino que al mismo tiempo constituirá la mejor fórmula para perfeccionar un sistema de relaciones interamericanas que se desenvuelva en un plano de recíproco equilibrio y dignidad, evitando frustraciones propias de la relación bilateral entre cada una de nuestras repúblicas y la potencia con mayor gravitación económica y política en el mundo contemporáneo.
III. Bases Para Un Mercado Común
De la precedente exposición surgen algunas sugerencias para un régimen de Mercado Común en América Latina: 1. El Mercado Común debe plasmarse en 'Tratado General' que aspire a incluir a todos los países latinoamericanos. Alternativamente, el Tratado de Montevideo, quizás complementado con un protocolo especial, podría servirle de adecuado marco jurídico. 2. El 'marco institucional' debe proveer la creación de 'organismos comunitarios', a saber:
a) Un Consejo de alta jerarquía política que representara a los países miembros y que tuviera la facultad de supervigilar y orientar la actividad de las entidades y organismos técnicos comunitarios; b) Una, Comisión Ejecutiva que fuera el instrumento para poner en ejecución las orientaciones generales del Consejo. Esta entidad debiera ser de naturaleza técnica y autónoma, exenta de la ingerencia directa de los gobiernos; c) Un Parlamento que representara la opinión pública del Continente, elegido por votación directa. Pudiera adoptarse, en una etapa de transición, el esquema actualmente vigente, de votación a través de los parlamentos nacionales; d) Una Corte de justicia encargada de resolver los conflictos que pudieran suscitarse en la aplicación de las normas comunitarias, o su interpretación, y e) Un Consejo Económico y Social y un Consejo Cultural y Tecnológico, que actuarían como organismos consultivos.
3. El objetivo de alcanzar la circulación, sin restricciones, de personas, servicios y capitales en el ámbito del Mercado Común, debiera estar garantizado por normas sustantivas y de procedimiento, lo que naturalmente implicará modificaciones en los regímenes legales vigentes. Para ello debieran establecerse un calendario progresivo y mecanismos automáticos para lograr la desgravación del comercio intrarregional, la adopción de una tarifa externa común y la formulación de una política comercial solidaria en el ámbito internacional. 4. El sistema institucional comunitario debiera estar dotado de las facultades necesarias para vincular los objetivos de los planes nacionales de desarrollo con los sectores y proyectos de contenido y alcance multinacional o de integración. La adopción de una política regional de inversiones, que se base en el principio del desarrollo regional equilibrado, que implica el reconocimiento de la prioridad de los países de menor desarrollo relativo, debe ser la piedra angular del sistema integrado. Asimismo, deben definirse los principios de una política agraria y de transportes de alcance regional. Y deben fijarse las bases de coordinación de las políticas fiscales y monetarias, como Paso previo a la formación de un sistema regional de Banca Central. 5. En materia financiera, y teniendo como canal principal el Banco Interamericano de Desarrollo, debe contemplarse la necesidad del financiamiento a largo plazo de las inversiones de contenido integracionista y de aquellas necesarias para compensar los desajustes que el enfoque regional ha de producir en algunos sectores de las economías nacionales. Asimismo, deben fijarse los lineamientos de acuerdo a los que debe desenvolverse la cooperación pública internacional y la inversión privada, tanto local como extranjera. 6. Otro objetivo básico del Mercado Común debe ser la armonización de políticas sociales, tanto en el orden de las reformas agrarias, tributarias y administrativas, como en el de la salvaguardia de derechos sociales uniformes para los trabajadores. 7. Debieran preverse los medios y mecanismos para crear simultáneamente un Mercado Común de la Ciencia y la Tecnología Latinoamericanas, lo que supone el compromiso de coordinación multilateral para el aprovechamiento de los recursos internos y foráneos destinados a estos campos; para la absorción y difusión de los conocimientos científicos y tecnológicos; para el intercambio de experiencias y el reconocimiento de equivalencias de programas y títulos en el plano de la educación avanzada; y para la especialización al nivel regional de los centros superiores de investigación y formación profesional. 8. Por último, será necesario un sistema de coordinación jurídica que incluya no sólo el acatamiento de la ley comunitaria sino también la armonización de las respectivas legislaciones nacionales en campos directamente relacionados con las actividades del Mercado Común.
Los fundamentos normativos y el aparato institucional descritos pueden parecer osados, pero ya no son utópicos. Al ritmo que toma cuerpo la idea de la integración en las esferas de decisión política de nuestros países, no sería sorprendente que en breve se vieran los científicos políticos y los hombres de derecho de América Latina ante la tarea imperiosa de dar forma jurídica a institucional a un esquema como el que dejamos descrito. La reunión de Presidentes de las Repúblicas que se proyecta realizar en los primeros meses de 1967 pudiera ser la ocasión para tomar trascendentales decisiones respecto al proceso actual de integración. Si así ocurriera, la hora de la acción habría llegado para ustedes. La responsabilidad es muy grande porque del acierto de las formulaciones jurídico-institucionales depende el porvenir de esta experiencia comunitaria. No es, sin embargo, una responsabilidad fácil de cumplir por la multiplicidad y diversidad de problemas que están envueltos en el funcionamiento de un Mercado Común. La creación institucional comunitaria y la delimitación de sus campos de competencia y de sus relaciones con los organismos de jurisdicción nacional constituyen, por si solas, muy difíciles tareas. En ellas no se agotan, sin embargo, los problemas que los juristas, administradores y políticos deberán ir resolviendo paralelamente. El simple enunciado, aunque sea muy sucinto, de la diversidad de aspectos jurídico-institucionales envueltos en un proceso de integración, bastará para ilustrar la complejidad de tales tareas. La libre circulación de personas demandará la modificación y armonización de todo el actual sistema de regulación del tránsito intrarregional; el libre comercio en el área supone un nuevo enfoque coordinado de las normas sustantivas y procesales del Derecho Comercial de cada país; la creación de un sólo espacio para la inversión obliga a una revisión a fondo de las legislaciones nacionales sobre la banca comercial, y las transferencias; habrá que armonizar las leyes sobre constitución y funcionamiento de sociedades, especialmente en lo que refiere al tipo de empresa de ámbito y estructura multinacional y a la prevención del monopolio regional; no puede pensarse en complementación o localización de empresas manufactureras con criterio regional sin una adecuada coordinación de la legislación industrial y de sus incentivos; las leyes sociales de cada país y las reformas de estructura no podrían ser discordantes, pues crearían nuevos desequilibrios; habrá que armonizar los sistemas tributarios y, así, prácticamente cada uno de los campos de la vida social sometidos a regulaciones jurídicas. Salta a la vista que la vocación política de integración es indispensable para que toda esa vasta formulación jurídico-institucional pueda realizarse. En la formación de esa vocación política en América Latina, les toca a ustedes todos una función de liderazgo. Una corriente de vitalización, de remozamiento, de inquietud creadora está galvanizando ya a nuestras facultades y escuelas jurídicas y políticas. La tarea de la integración es su tarea; es decir, es vuestra tarea. Si en el pasado, el empeño de autonomía se tradujo en aislamiento, hoy esa misma aspiración a la independencia debe ser fuerza integradora, pues un nacionalismo sin viabilidad económica no bastarán para preservarla. La vocación política de integración es la vocación nacional de nuestros pueblos, para la afirmación de su presencia digna, en un mundo en que cada vez son las grandes naciones las que deciden el curso de la historia.
1 C. Wright Mills 'La imaginación sociológica', F. de C. E., 1964. volver
Karl Mannheim, 'Libertad, Poder y Planificación', F. de C. E. volver
3 Karl Mannheim, obra citada. volver
4 Karl Mannheim, obra citada. volver
5 Miguel Wionczek. 'Integración de América Latina'. volver

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