Source: http://www.libertadidioma.com/2003/20031113.htm
Timestamp: 2018-11-19 20:36:44+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Jueves 13 Noviembre 2003
La cultura en euskera
Luis María ANSON La Razón 13 Noviembre 2003
¿Utopía o abyección
Santiago Araúz de Robles La Razón 13 Noviembre 2003
Cartas al Director ABC 13 Noviembre 2003
PSE-EE o la calumnia
Iñaki Ezkerra La Razón 13 Noviembre 2003
El bloqueado debate del Plan Ibarretxe
Lorenzo Contreras La Estrella 13 Noviembre 2003
Cruzados de la causa
Lorenzo Contreras La Razón 13 Noviembre 2003
Jaime CAMPMANY ABC 13 Noviembre 2003
La patronal alavesa denuncia que el plan Ibarretxe ya genera «problemas económicos»
LINO MONDRAGÓN VITORIA El Correo 13 Noviembre 2003
MADRID. D. MARTÍNEZ / J. PAGOLA ABC 13 Noviembre 2003
San Gil y Rosa Díez advierten del peligro que supone Imaz como sucesor de Arzallus
Diego Mazón - Madrid.- La Razón 13 Noviembre 2003
Expertos juristas creen que el TC frenará a la Cámara vasca, pero no al Gobierno nacionalista
J. Rodríguez/F. Velasco - Madrid.- La Razón 13 Noviembre 2003
Francia, país con 2,5 millones de estudiantes de español, abre en Lyon su tercer Instituto Cervantes
JUAN PEDRO QUIÑONERO CORRESPONSAL ABC 13 Noviembre 2003
Sanidad sella un acuerdo histórico para unificar el calendario vacunal en España
Sergio Alonso - Madrid.- La Razón 13 Noviembre 2003
Los escritores vascos piensan en castellano.Y los pintores.Y los escultores. Y los músicos. Y los políticos.Y los ciudadanos. Soportan con paciencia la enorme farsa montada por el PNV y sus actuales aliados terroristas.
Consideran un desatino la educación que están recibiendo sus hijos, a los que día a día manipulan e intoxican los sectarios de turno. Matías Múgica, en su «Libelo sobre la cultura en euskera», miniensayo que el Ministerio de Educación debería editar y enviar a todos los hogares vascos, denuncia y demuestra de forma incuestionable la mentira que vive hoy Euskalherría y arranca las caretas sin ira y sin piedad.
«He visto muchas veces a personas que nunca hablan entre sí otra cosa que castellano pasarse al euskera, con evidentes muestras de azoramiento, por la única razón de que a distancia auditiva ha ingresado un cofrade, y volver al único idioma que poseen correctamente sólo cuando éste desaparecía». En el mundo de la cultura, «intentar colocar como original vasco lo que se ha concebido, vivido y sentido en otro idioma... no dejará de pasar costosas facturas psicológicas», continúa Múgica. El euskera es una hermosa lengua que conviene preservar y revitalizar, aunque carece de riqueza terminológica para la compleja expresión que hoy exigen a un idioma moderno la ciencia, la filosofía y la literatura. La cultura vasca está hilada en el mismo tejido que el resto de la cultura española y forma parte de él. Matías Múgica afirma que se está descerebrando a los vascos.
Tiene razón. Que la gran farsa suplanta día a día a la realidad. Tiene razón. Que toda la política cultural y educacional de los nacionalistas constituye una inmensa mentira, impuesta por la coacción, las armas, la violencia, el terror. Tiene razón, tiene razón, tiene razón.
¿Utopía o abyección?
Santiago Araúz de Robles es abogado La Razón 13 Noviembre 2003
Alguien ha querido ver el «estatuto político de la comunidad libre asociada de Euskadi» como la concreción de una utopía. Utopía, etimológicamente, es aquello que está fuera del espacio y el tiempo. Siempre: no en tal o cual momento, sino permanentemente. La característica esencial de las utopías es que son irrealizables. Por consiguiente, hablar de materialización de la utopía es una contradicción en sus propios términos. Tanto más si, como ocurren en este caso, la utopía pretende «regresar al pasado» para desde éste construir un futurible. «El pueblo vasco, o Euskal Herría, es uno de los pueblos más antiguos de Europa y, como tal, tiene derecho...», dice el preámbulo de este singular texto (octavo borrador). ¿Derecho, a qué? ¿A una configuración política propia de la que, según reconoce, nunca dispuso (tan ciega y necia es la historia) desde el origen de los tiempos, desde el mismo «homo antecesor»? De ahí el aire melancólico de este proyecto.
Tal propósito de encarnación de una imposible independencia política no pasaría de ser, pues, un ejercicio literario, incluso conmovedor, si no tuviese detrás soplándole en las velas hasta embarrancarlo contra la dura realidad, ya se verá, ochocientos cincuenta muertos y un panorama de libertades y de ilusiones humanas sistemáticamente pisoteadas. Pasa a convertirse, entonces, de bella utopía, en flor del mal, en cristalización de la perversión humana, por más que el propio preámbulo hable, a boca plena, de «una realidad social dinámica, abierta y no excluyente», o «de la defensa de todos los derechos individuales y colectivos reconocidos en los cánones universales declarativos (sic) de los derechos humanos». La realidad es tozuda, sin embargo. Y el único logro histórico que conocemos del nacionalismo vasco, el único, ha sido, precisamente, la exclusión ¬ideológica y práctica¬ y la esterilización de los derechos humanos, de los que ha hecho campo yermo.
Cabe entender, con todo, que es un derecho político proponer aquello en que se cree. Admitámoslo de buen grado. ¿Pero cuál es el proceso del «Plan Ibarretxe», «plan del nacionalismo vasco», «plan de la utopía melancólica y agresiva»? Es necesario reparar en lo «fino» que han hilado los autores del proyecto. Todo impulso, saben, necesita de un punto de apoyo. Y ese punto de apoyo lo encuentran en la Constitución Española. El artículo 1.2 del texto del proyecto, justificativo de toda su viabilidad, apela a la disposición adicional primera de la Constitución; y todavía, en su inciso 3, al «Estado de Derecho» que, por lo que uno sabe, en España se cimenta en la Constitución como piedra angular. No podía ser de otra forma, porque el Gobierno Ibarretxe puede hablar, y habla, desde la legitimidad que recibe del marco constitucional en que se inscribe, del que se alimenta y beneficia, y que le tutela en todas sus acciones. Es decir: aunque le duela entrañablemente, el nacionalismo vasco habla «desde España», constitucional pero también históricamente (puesto que no tiene ningún protagonismo histórico diferenciado de España, lo acaba de recordar Juan Manuel de Prada como verdad de Perogrullo sólo anieblada por la utopía).
¿Y bien? amparado arteramente ¬hay que comenzar a llamar a las cosas por su nombre, y a las acciones por el calificativo que merecen¬ en la Constitución Española, el artículo 2.4 del proyecto, dentro del marco del «ejercicio democrático del Derecho a Decidir» ¬esto último con mayúsculas¬, dice literalmente: «en el supuesto de que las ciudadanas y ciudadanos vascos ¬insigne horterada, muy habitual en la actual jerga política¬, en el ejercicio democrático de su libre decisión, manifestaran su voluntad clara e inequívoca de proceder a la segregación del Estado Español, las Instituciones vascas y españoles se entenderán comprometidas...», etcétera. He aquí la expresión de la abyección. A este extremo de impúdica formulación legal llega la degradación de lo que en otros tiempos fueron valores del pueblo vasco. Los redactores del proyecto, y el Gobierno vasco, y el PNV, y el sector social que lo apoya no sienten sonrojo en decir: «España, dame las llaves de la legalidad constitucional para poder apuñalarte desde dentro de tu propia casa. Yo, Gobierno constitucional y Cortes constitucionales vascas, propongo y apruebo un proyecto que supone la muerte de España; y tú, ciudadano español, estás obligado a aceptar mi designio».
Vuelvo al hilo del discurso: si no fuera melancólico, utópico y risible, el proceso sería, lo es, canallesco. No sé si los dirigentes vascos que lo proponen, y los ciudadanos que no lo repudian y se dejan ir con él, caen en la cuenta de que, peldaño a peldaño, están descendiendo «hasta el fondo de la abyección», utilizando una expresión de Vercors. Hay una absoluta falta de gallardía, o una ceguera ensoberbecida, no ya en el objetivo perseguido, sino en la mezquindad del sistema que se propone. Porque, embriagado en su propia desvergüenza, el proyecto saca pecho y ¬desde la plataforma que le brinda la democracia¬ desborda en afanes expansionistas y absolutistas. Ya sería repudiable el deseo de doblegar a los más, es decir al conjunto de España, al capricho de los menos. Pero a propósito de Navarra, la táctica es, vuelvo al realismo crudo de las palabras, rastrea. El artículo 3 prevé una penetración del reptil: «podrán establecerse (entre Euskadi y Navarra) los vínculos políticos y las relaciones internas a nivel municipal y territorial que consideren más adecuadas...». ¿Y cuál va a ser el motor para esas relaciones de los órganos territoriales inferiores, mediante las que se pretende ¬es claro y diáfano¬ ir mordiendo la integridad territorial, política, cultural y moral de la gran Navarra? No puede ser otro que el que ya hemos conocido: el terror. Unido a la estúpida superioridad del «chikito». Se dinamita Sangüesa, se dinamita Estella...: e irán cayendo en brazos del gran Euskadi, pueblo a pueblo, como frutas brutalmente desgajadas, más que maduras, los distintos pueblos de una Navarra experimentada en el dolor. Esa es la táctica inmoral que, sin tapujos, se pone en letra impresa. Como si Navarra fuese tierra de conquista para el aldeanismo nacionalista vasco (releamos a Unamuno).
Y la misma táctica, aunque ahora cubriéndose la cabeza con el antebrazo por temor a la Comunidad Europea, a propósito de Behenafarroa, Lapurdi y Zuberoa (?). También aquí se intenta agusanar la realidad «incluyendo la capacidad de establecer instrumentos de cooperación a nivel municipal y territorial» (artículo 4). Y remata, sin ambages, esta torticera situación, la redacción del artículo 5 del proyecto: «... podrán agregarse a la comunidad libre asociada de Euskadi los enclaves (ojo de nuevo a la burda sutileza) que, estando situados en su totalidad dentro de su territorio, se manifiesten libre y democráticamente a favor de su incorporación...». Miseria política. Pero lo que es peor, miseria humana de una parte significativa del que, antes de esta locura nacionalista, fue noble pueblo vasco. Y, por desgracia, y como confirmación de esa abyección, ya sabemos con toda certeza en qué consistiría el siguiente paso: el abandono (táctico y temporal, no definitivo y por convicción) del terrorismo de los explosivos, pero no de ese otro más sutil y mucho más cruel que es la muerte de muchos vascos para la ciudadanía diaria. La concesión de «el adiós a las armas» por la coincidencia en el proyecto político contra... Contra todo y contra todos: contra Navarra, contra España, contra Francia, contra Europa y contra las Instituciones Universales de seguridad y cooperación. No estamos únicamente, no, ante un desahogo utópico, sino más bien y con toda claridad ante un proyecto abyecto. España, en su conjunto, no lo va a consentir. ¿Pero quién reparará el feísmo moral con que el nacionalismo odiador está inficcionando al pueblo vasco?
Cualquiera que sea el resultado electoral en las inminentes elecciones catalanas, lo cierto es que el panorama que resulte de las mismas no parece nada halagüeño. Si analizamos las distintas posiciones que mantienen los partidos políticos respecto a la cuestión nacional nos encontramos con lo siguiente: ERC: independentismo; CiU: nacionalismo; IU: federalismo separatista; PSC: federalismo ambiguo; PP: catalanismo. Como quiera que todos los partidos se han apresurado a descartar cualquier tipo de pacto postelectoral con el Partido Popular, nos atrevemos a vaticinar que en los próximos años las leyes, la cultura y el idioma comunes a todos los españoles seguirán estando en una situación de lamentable precariedad en Cataluña. Además, como el Estado español suele permanecer impasible ante determinados atropellos, el nacionalismo seguirá imponiendo su implacable rodillo en contra de los derechos de los demás. Juan Santoro Ruiz. Madrid.
Lo primero que hizo Anasagasti tras las elecciones del 13-M fue decir que los grupos cívicos como el Foro Ermua o el Foro El Salvador, que habían tenido un importante papel en esa campaña, se nutrían de los fondos reservados del Gobierno. La calumnia era sangrante porque quienes hemos participado en la organización del movimiento cívico del País Vasco sabemos las dosis que ha habido que poner de voluntarismo para sacar adelante esos colectivos y podemos mostrar las astronómicas cuentas de teléfono que hemos pagado particularmente para recabar firmas de manifiestos o convocar concentraciones y reuniones. Pero de lo que se trata es de arrojar sombras sobre quien resulta incómodo. La realidad le da igual a quien desde el «Deia» o el «Gara» «calumnia, que algo queda». Todos los días se repite esa acusación contra grupos y personas en esos medios. Aprovecho la ocasión para invitar a unos y a otros, incluido Anasagasti, a que vean mi cuenta corriente y ellos muestren las suyas. ¿Ya está bien de que hablen de fondos reservados los que lo tienen todo que ocultar porque en ellos todo es sucio!
Eso es también lo que le ha respondido Gotzone Mora a José Antonio Pastor, secretario general del PSE-EE vizcaíno, ante una acusación semejante. Porque desde hace unos días ya no sólo son los nacionalistas los que calumnian a quien les parece molesto. El acercamiento socialista al PNV empieza a revelar síntomas de mímesis en el mismo estilo moral. Refiriéndose precisamente a quienes critican el burdo tacticismo que hay en ese acercamiento y postulan la unidad constitucionalista ante el nacionalismo, Pastor ha dicho que «hay militantes del PSE-EE que están a sueldo del PP y por eso coinciden con los análisis de ese partido». Para rematar la jugada, José Manuel Huertas, secretario general del PSE-EE guipuzcoano y hombre que pasaba por sensato, ha ratificado esa villanía, lo cual demuestra que la tragedia moral socialista se acerca ya a la fase catártica.
Gotzone Mora les ha echado el órdago de una auditoría que investigue las cuentas a esos seres turbios y las compare con las de ella, con las cuentas de una profe que ha denunciado los privilegios de ETA en la universidad vasca y sigue dando clases pese al acoso diario; que no ha aprovechado su situación para trepar ni «desertar de la tiza»; que, por no desertar, no deserta ni de su partido pese a que Huertas y Pastor le hagan el trabajo sucio al PNV de calumniarla. Yo creo de veras que esa calumnia tiene algo de piropo: dicen esas cosas de Gotzone Mora porque no pueden creer que haya personas que actúen como ella, de modo tan desinteresado. ¿Si supiera esa gentuza que esta mujer se niega a cobrar hasta los artículos que publica en la Prensa!
Los “derechos históricos de los territorios forales”, que la Constitución ampara y respeta, es el último gran reducto que el nacionalismo vasco, cristalizadas sus aspiraciones en el Plan Ibarretxe, conserva y defiende como invulnerable fortín. Saben que las argumentaciones jurídicas son convertibles y que por ese camino no van a lograr sensibles avances, fuera del procedimiento consistente en desobedecer las resoluciones emanadas de los organos jurisdiccionales. De esta manera se enfrentan dos posiciones irreductibles. Por una parte, la invocación nacionalista de los “derechos históricos”, sacralizados últimamente, en las comunicaciones más o menos privadas, con la autoridad del “gran gurú” Herrero de Miñón, el verdadero inspirador y acuñador de la famosa disposición adicional primera de la Constitución.
Por otro lado, el debate sobre el Plan Ibarretxe y sus ilimitadas previsiones fuera del marco constitucional está bloqueado. Por más que los polemistas se esfuercen, el concepto de diálogo se vuelve inviable. Cuando los nacionalistas vascos parecían caminar resueltamente por la senda del artículo 46.2 del Estatuto de Guernika, que faculta al Gobierno de Vitoria para convocar referendos “por delegación expresa del Estado”, y dentro de ciertas complejidades normativas que el propio Estatuto recoge, dieron marcha atrás al objeto de tramitar una ley ordinaria del Parlamento autónomo que, según la interpretación de sus autores o impulsores, no tendría que someterse a la aprobación de las Cortes Generales. Ha sido entonces cuando el Gobierno se ha dirigido al Tribunal Constitucional, planteando una impugnación cuya mayor debilidad estriba en que prejuzga el contenido de esa ley vasca todavía en estado embrionario.
Ahora el Constitucional tendrá que formalizar la impugnación, aceptándola y provocando así la suspensión del plan nacionalista. Mientras tanto, la Diputación alavesa ha recurrido el Plan Ibarretxe ante el Tribunal Superior del País Vasco, al que niega competencia el Ejecutivo de Vitoria. O sea, el Ejecutivo negándole competencia al Judicial. Por otra parte, la Fiscalía ha pedido al citado Tribunal Superior que admita a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Diputación Foral de Álava contra el acuerdo del Gobierno vasco del pasado 25 de octubre, que dio “luz verde” a la propuesta de reforma estatutaria del señor Ibarretxe.
Las ocho páginas del documento presentado por la Fiscalía ya dan idea por su extensión de la prolijidad con que el problema se aborda. Dice, entre otras cosas, que “bajo la apariencia formal de una iniciativa política de modificación estatutaria se oculta un verdadero objetivo de desbordamiento del sistema constitucional y de ruptura con la legitimidad estatutaria hasta ahora vigente”. Y no acaba ahí la argumentación. El documento de la Fiscalía añade que la propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi “es la más genuina expresión de una estrategia política de camuflaje”, que implica “una verdera reforma constitucional”, con uso fraudulento de las facultades del Gobierno vasco. Recuerda también la Fiscalía que la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ya hizo desaparecer legalmente la noción de “actos políticos” no revisables o excluidos del control judicial. Argumenta que si bien los tribunales no pueden fiscalizar el qué, el cuándo o el porqué de una iniciativa política de reforma estatutaria, sí pueden hacerlo respecto al cómo, “ya que el respeto a los mecanismos legales de reforma y la exigencia de un presupuesto competencial son indispensables para que sea aceptada como una iniciativa acorde con la ley”.
La Fiscalía entiende que el Estado tiene legítima capacidad para hacer frente a extralimitaciones competenciales “tan clamorosamente ofensivas” a valores constitucionales como la jerarquía normativa, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
La maraña de citas jurídicas con que se viene atascando la polémica sobre el Plan Ibarreche recuerda el dicho de que los árboles no dejan ver el bosque. Aquí, según parece, el problema no es argumentar con más o menos solidez, sino ganar un pulso político con las armas que sean, sin mayores disquisiciones verdaderas respecto a las razones que el derecho y sus disposiciones de toda clase faciliten. Cuando en esta controversia entran a participar personajes como Miguel Herrero de Miñón o el alcalde de San Sebastián Odón Elorza, surge siempre la sensación de que los nacionalistas vascos se buscan, de manera más o menos descarada, auxiliares para sus objetivos. Vienen a ser, como decía Valle Inclán refiriéndose a las guerras carlistas, «los cruzados de la causa».
Ellos y otros como ellos representan los árboles que tapan el bosque y protegen los enredos de su espesura. Herrero de Miñón ya se entendió con los nacionalistas cuando era ponente de la Constitución y ganaba el curioso título de «padre de la Patria». ¿De qué Patria? ¿No será por casualidad la patria vasca llamada Euskadi?
Elorza, otro que tal, debe pensar más en la consolidación de su poder municipal que en la justicia de la causa que aparenta defender con las armas de la ambigüedad y la polivalencia de actitudes. Porque al mismo tiempo que acusa al Plan Ibarreche de excluir unilateralmente a «otra parte de Euskadi» y pretender trasladar por consulta popular «la patata caliente a los ciudadanos», anuncia el voto contrario a la moción popular de su ayuntamiento porque «hace abstracción de circunstancias que vienen sucediendo en nuestro país desde hace años y de las que todos somos responsables en mayor o menor medida».
Ya se sabe: «circunstancias» que tal vez no sean otras que las determinadas por el terrorismo etarra y las connivencias nacionalistas con la banda armada a través de los aún no extintos pactos de Estella. El caso es que según Elorza «nuestro país», que para él seguramente no es España, necesita soluciones que él mismo ni siquiera atisba o, por lo menos, dista de aclarar. Ana Mato, secretaria de organización del PP, pide estoicamente a Zapatero que desautorice a su correligionario donostiarra cuyas posturas considera «más cercanas a los nacionalistas que a sus propios compañeros de partido».
Buen descubrimiento. Casi equivalente al que acaba de hacer Herrero de Miñón en la Academia de Ciencias Morales y Políticas cuando describe como deslealtad constitucional el hecho de que se cierren los canales de comunicación para negociar. Pero, ¿quién los cerró antes? Cuando el PNV pactó con ETA en Estella, cargándose para siempre el espíritu de Ajuria Enea porque le convenía contrarrestar la marea de indignación ciudadana por el asesinato del concejal de Ermua, ¿consultó con alguien que no fueran sus ombligos?
Por Jaime CAMPMANY ABC 13 Noviembre 2003
LOYOLA de Palacio, fuerte vasca. Eso le llamaba el poeta a don Miguel de Unamuno: fuerte vasco. Porque don Miguel de Unamuno era un bilbaíno recriado en Salamanca, acunado en el aula de Fray Luis, curtido en el corralón de muertos de Castilla y pasado por los diálogos de Platón y por los versos de Homero. Los nacionalistas no lo quieren, y lo dejan fuera de las antologías oficiales de escritores vascos. También dejan fuera a don Pío Baroja, que nació en San Sebastián y se murió con la chapela puesta. No sé yo a quién pondrán en la antología, a algún chirrichote. A lo mejor, ponen a Anasagasti.
Me parece que Loyola de Palacio es madrileña de nación, pero sus raíces se hunden en tierra de Urrijate, entrañas de Marquina, Vasconia pura, que todo es España, y Loyola es por tanto una vasca por los cuatro costados, ignaciana desde el nombre, peregrina por Castilla y laboriosa de Europa, heñidora de esa Europa cada vez más grande, sin las grescas de siempre, cada día con más hermanas de Urrijate, con más hermanas de Vasconia, con más hermanas de España, todas en paz.
He leído que a Loyola de Palacio quieren traerla de Europa y enviarla al País Vasco a vérselas con las antiguallas nacionalistas que andan a golpes y a tiros con la Historia. O sea, con todos esos del Plan Ibarreche, del Estado libre asociado, de la autodeterminación y de las razones de los etarras. No es la primera vez que oigo hablar de esa idea, qué idea. Incluso creo que alguna vez he hablado de esa posibilidad con la propia Loyola. Y ante esa posibilidad, que a cualquiera tendría que estremecer, ella repetía una y otra vez: «Es mi tierra».
Quieren sacar de Europa a Loyola para mandarla a este País Vasco de hoy, enfermo de aldeanismo, molido por el terror de tantos años, que entierra sus mil muertos por la violencia y ofrece laureles a los asesinos, y que ve cómo crece cada día el éxodo de los amenazados. Es como sacarla del siglo XXI y asomarla de nuevo a la Reconquista. Es como arrancarla de la lectura de Unamuno y de Baroja para obligarla a leer las bobadas del pobre Sabino Arana. Allí fue Jaime Mayor Oreja, fuerte vasco también, a seguir una larga lucha contra el poder de unos y la cobardía de otros, esa dura lucha que no podemos abandonar porque nos jugamos el desgarro de España.
A lo mejor, lo que necesita el País Vasco es un matriarcado que les quite a los hombres las bombas y las pistolas de las manos, y les borre de las cabezas las odiosas ideas de tribu y caverna que enloquecen a algunos. A lo mejor son las santas mujeres las que pueden llevar a los vascos a la solidaridad con todos los hombres, a la iglesia de todos para rezar las oraciones de todos y a resolver los pleitos con la palabra y no con la pólvora. Y sobre todo, que les devuelva la alegría a los tristes que se sumergen en la queja constante, el dolor diario, el luto que no cesa. Porque esos que mandan ahora en Vasconia están siempre de mal humor, con malas caras, con agrias palabras, con gestos destemplados. Están siempre fabricando irrazonablemente su propia infelicidad. Y la nuestra.
Los empresarios sospechan que el clima de incertidumbre ha reducido la inversión en el País Vasco durante los últimos meses
LINO MONDRAGÓN/VITORIA El Correo 13 Noviembre 2003
La inquietud que genera el plan Ibarretxe entre los empresarios alaveses sigue en pie. La «incertidumbre» que se deriva de la propuesta de cambio del estatus jurídico y político del País Vasco empieza a traducirse en «problemas económicos», según denunció ayer la patronal SEA. Su secretario general, José Manuel Farto, aludió al desplome en un 81,77% de la inversión extranjera en Euskadi en el primer semestre -fue de sólo 17 millones de euros, frente a los 92 del mismo periodo de 2002 y los 326 del ejercicio precedente-, y expresó su preocupación por algunos indicadores que, a su juicio, pueden apuntar que la inversión en su conjunto también está cayendo en la comunidad autónoma. El dirigente empresarial exigió «más explicaciones» sobre los «beneficios» que la iniciativa del lehendakari tendría para la economía vasca porque los argumentos esgrimidos hasta ahora «saben a poco».
Farto explicó que la inquietud manifestada por Confebask hace un año al conocer las intenciones de Ibarretxe no se ha diluido con el paso del tiempo, sino que, por el contrario, se ha acrecentado. «Entonces hablamos, sobre todo, de incertidumbre y de que el plan podía generar problemas a la economía, pero ahora constatamos que esos problemas se están creando», subrayó.
El ritmo pausado con los que el Gobierno vasco encara el proceso, lejos de tranquilizar a los empresarios, les inquieta aún más porque, en su opinión, agudiza esa incertidumbre. La patronal -señaló el responsable del SEA- ya contaba con que el intento de cambio jurídico-institucional en Euskadi tendría unos «costos», que serían directamente proporcionales al tiempo de duración del proceso. «Si estamos durante mucho tiempo cuestionando el marco actual, los problemas serían mayores; y parece que va para largo», afirmó. «La sensación que tenemos es que, entre protestas y recursos, debates y referéndos, el proceso no se va a cerrar a corto plazo y esto, desde luego, es negativo». «Lo hemos dicho y lo seguimos repitiendo», aseguró.
El responsable de la patronal alavesa recordó también los empresarios vascos ya advirtieron en octubre de 2002 de que, a la vista de que el cambio iba a tener costos, «teníamos que estar muy seguros de que los beneficios iban a ser sensiblemente superiores a los que ofrece la situación actual». Desde esta perspectiva, y «en la medida en que los costes se incrementen, los que proponen los cambios van a tener que explicar con mucho detalle y precisión cuáles son los beneficios que va a tener el mundo económico vasco para que compensen todos los riesgos y costes previos».
El secretario general de SEA no ocultó la incomodidad que produce entre los empresarios el afán e insistencia con, que, desde distintos sectores, muy diferentes, se emplaza a la patronal a pronunciarse sobre el plan Ibarretxe. «Lo haremos cuando lo creamos conveniente, porque somos tan soberanos como el resto de las organizaciones para decir cuándo hablamos, cuando dejamos de hacerlo y qué decimos», enfatizó.
En cualquier caso, y al hilo de sus argumentaciones, aseguró que quizá «otros tengan que hablar y explicarse más que nosotros», en referencia explícita a los promotores de la propuesta de cambio estatutario.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, Ignacio Echeberria, aseguró que su organización no dispone de «datos objetivos» para afirmar que la puesta en marcha del plan Ibarretxe tendrá repercusiones sobre la economía vasca. «Lo que en estos momentos nos está influyendo más es la situación en Europa; concretamente, en Alemania y Francia», declaró a Europa Press tras asistir a un almuerzo en Madrid con el secretario general del PP, Mariano Rajoy. En cualquier caso, precisó, las cámaras se ajustarán a la legislación vigente en cada momento, «sea la que sea».
El Consejo Superior de Cámaras, del que Echeberria es vicepresidente, reafirmó ayer su compromiso con la Constitución y con «las reglas de convivencia establecidas y libremente aceptadas». En similares términos se pronunció la patronal CEOE.
Los terroristas exigen al PNV que se implique en el independentista «Foro de Debate Nacional» y en la plataforma Batera, a favor de un departamento vasco en Francia.
En su último debate interno, celebrado el pasado agosto, ETA/Batasuna se decantó por apoyar el plan Ibarretxe, siempre y cuando el PNV acepte las «aportaciones» de Sozialista Abertzaleak a través de las enmiendas que presente en el Parlamento vasco. Pero las exigencias de la izquierda abertzale no se quedan ahí. A cambio, pide también al PNV que se implique cada vez más en el denominado «Foro de Debate Nacional» -promovido por antiguos dirigentes batasunos como Tasio Erquicia, Pablo Gorostiaga o Teresa Toda, en defensa de la autodeterminación-, así como en la plataforma Batera -que reivindica la creación de un departamento vasco en el sur de Francia-. Además, ETA pretende actuar como «gendarme» del proceso de negociaciones ya abierto, para lo que se ha propuesto «administrar» su capacidad criminal, según sus intereses estratégicos. En este contexto, la banda podría anunciar una tregua para facilitar el referéndum que pretende Ibarretxe, tal y como adelantó ABC antes del verano.
Las investigaciones abiertas tras las operaciones realizadas contra las tramas políticas de ETA, así como la abundante documentación intervenida a la banda, describen una situación de «total desmoronamiento» en la izquierda abertzale, gracias, en gran parte, a la neutralización de su infraestructura y a la imputación de más de doscientos dirigentes. Todo ello ha llevado al Movimiento de Liberación Nacional Vasco a una desmoralización sin precedentes. Su escasa capacidad de movilizaciones así lo avala. En efecto, los «brazos políticos» de ETA se han quedado sin sedes, medios, recursos económicos, «liberados» o cargos municipales.
En esta situación, las fuentes consultadas por ABC subrayan que sólo la función de «vanguardia» de ETA -eso sí, con una capacidad debilitada-, las iniciativas parlamentarias de Sozialista Abertzaleak -que le permite Atutxa-, y el sindicato LAB, pueden mantener una cierta cohesión interna que evite una desbandada generalizada. En este contexto, ETA/Batasuna afrontó el pasado mes de agosto un debate denominado «¿ETA orain zer?» («¿Y ahora qué?»), en el que se pone de manifiesto la necesidad de «dar un nuevo paso en la acumulación de fuerzas», en referencia a suscribir un nuevo acuerdo con PNV-EA, en la línea de recuperar el consenso logrado en torno al pacto de Estella y en cuyo contexto se entiende el plan Ibarretxe. De hecho, ETA/Batasuna interpreta este proyecto soberanista como la respuesta de PNV-EA a la exigencia formulada por la banda en el verano de 1999 para fijar un calendario con vistas a la independencia.
Paralelamente a ese debate, los responsables de ETA mantuvieron otro denominado «Bidea hartzera» («Camino a seguir») tras el cual llegaron a una serie de conclusiones. Por ejemplo, consideraron que la militancia no había entendido los resultados del «proceso asambleario» llevado a cabo en el verano de 2002, que fue difundido en el «Zutabe» (boletín interno) del pasado junio, tanto por el modo en el que se realizó como por la forma de exponer las conclusiones.
Atentados «selectivos»
Otra conclusión del debate de agosto era que a las bases de la izquierda abertzale les resulta difícil, en el actual escenario, asimilar la «lucha armada» en su actual expresión. Así, los cabecillas de la banda parecen haber orientado su actual estrategia a la comisión de atentados «selectivos», dirigidos contra agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Ertzaintza, Ejército e intereses económicos. Sin embargo, se están planteando excluir de sus objetivos a los empresarios vascos vinculados al nacionalismo, ya que incluso, por primera vez, los considera necesarios «como motor de cambio social» en un hipotético País Vasco independiente. «Hay que evitar su éxodo».
En cualquier caso, ETA ha transmitido a sus bases el mensaje «nítido» de que tomar como punto de partida el plan Ibarretxe no supone asumirlo en su textualidad, ya que su respaldo definitivo sólo será posible si el PNV acepta las «aportaciones» de la izquierda abertzale. Además, la banda aclara que un pacto con PNV-EA no supone ni su desaparición definitiva, ni la entrega de las armas. Más bien al contrario, ETA se erige en «gendarme» del proceso de negociaciones y se reserva su «derecho» a abrir los «diferentes frentes de lucha» de manera unilateral, si no se cumplen sus exigencias.
Pero el caso es que el contexto que ha generado el plan Ibarretxe en el País Vasco ha llevado a la izquierda abertzale, cuando más debilitada está, a mostrar signos de optimismo. Así, sus dirigentes comprueban que PNV-EA necesitan un amplio frente nacionalista para lograr una «tregua» de ETA, así como el apoyo parlamentario de SA. A ETA le conviene el actual escenario para reorganizarse y, mientras tanto, para mantener su protagonismo. Finalmente, a Sozialista Abertzaleak le viene bien el «blindaje» que le ofrecen PNV-EA ante el acoso judicial.
La eurodiputada socialista Rosa Díez y la portavoz del PP en San Sebastián María San Gil, compartieron ayer mesa y planteamientos en la Universidad San Pablo CEU. Ambas criticaron duramente el Plan Ibarreche, calificándolo de «perverso», de «chantaje político» y de haber asumido «las reclamaciones de ETA». Además, tanto San Gil como Díez advirtieron sobre la peligrosidad de que Josu Jon Imaz acabe sucediendo a Arzallus en la presidencia del PNV.
En declaraciones previas a la conferencia que impartieron, recordaron que Imaz fue uno «de los que negoció con ETA el pacto de Lizarra, de los que negoció con ETA durante la tregua». Ya durante la conferencia, la concejal popular pidió «cuidadín con lo que nos viene», y añadió que «alguno de los que se propone como sucesor de Arzallus, con cara de bueno y con ánimo conciliador, es la mente pensante del Plan Ibarreche. Ellos saben que hay que envolver el Plan de concordia, de bondad, de paz, y eso Arzallus no lo puede hacer porque ya le conocemos. Pero cuidado con Imaz, porque con carita de bueno es de los que ha pensado el Plan Ibarreche». En este sentido, la eurodiputada socialista señaló que «ojalá todo el problema de Euskadi fuera Arzallus», y también advirtió de la peligrosidad de Imaz como sucesor. Afirmó que «Arzallus es un amoral, un cínico que se ha ido adaptando a las circunstancias políticas».
El Supremo respaldó ayer la configuración de la Sala que decidirá sobre la actitud de Atucha
En espera de conocer la literalidad del recurso de impugnación que hoy presentará el Gobierno contra los acuerdos tomados por el Ejecutivo vasco y el Parlamento de Vitoria sobre el «plan Ibarreche», varios juristas creen probable que el Alto Tribunal admita a trámite y decida la suspensión de la resolución adoptada por la Mesa del parlamento vasco que daba trámite al plan soberanista. Por el contrario, consideran más difícil que el Constitucional adopte la misma decisión con respecto al acuerdo del Gobierno de Ibarreche por el que se envió a la cámara el plan del lendakari.
Los juristas consultados no observan graves dificultades para la admisión a trámite del recurso de impugnación contra la decisión adoptada el pasado día 4 de noviembre por la Mesa del Parlamento vasco que acordaba tramitar el «plan Ibarreche» por el procedimiento legislativo ordinario y con la calificación de reforma estatutaria y no de proyecto de ley.
Si el Constitucional admite a trámite la impugnación de ese acuerdo, la admisión llevará aparejada la suspensión de la tramitación del plan soberanista en el parlamento de Vitoria por un mínimo de cinco meses, que podrían prorrogarse en caso de que el Tribunal lo considerara necesario. La suspensión es automática, al decidir el Gobierno invocar el artículo 161.2 de la Constitución. Ese mecanismo de suspensión tan pronto como se «formalice» el recurso de impugnación está también previsto en el artículo 64.2 de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal.
Los juristas consideran, en cambio más complicado que prospere la impugnación del acuerdo adoptado el pasado 25 de noviembre por el Consejo de Gobierno vasco de remitir la propuesta soberanista a la Cámara de Vitoria para su tramitación. En concreto, aluden a dificultades derivadas tanto de la complejidad de establecer la naturaleza jurídica del acuerdo como a que supondría crear un precedente que podría ser invocado para impugnar en el futuro «actos de trámite» de un ejecutivo autonómico.
Asimismo, sostienen que también se presenta complicada la suspensión de un acuerdo que ya ha sido ejecutado con la remisión a la Cámara vasca del plan soberanista impulsado por el lendakari Ibarreche.
El recurso de impugnación que hoy presentará el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, elaborado por la Abogacía del Estado plantea que tanto el acuerdo del Gobierno de Ibarreche como el adoptado posteriormente por la Mesa del Parlamento de Vitoria producen directamente efectos jurídicos y sostiene que aún en el caso de que se considerara que su naturaleza jurídica es la «simples actos de trámite» habría base suficiente para un «trabar un conflicto constitucional».
Según el Gobierno, el recurso se sustenta en que con las resoluciones adoptadas se ha infringido la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía y que además, el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara de Vitoria vulnera dos artículos del reglamento del Parlamento vasco.
La fundamentación del recurso se basa en que siendo perfectamente posible iniciar un proceso de reforma de la Constitución, los acuerdos adoptados para dar trámite al «plan Ibarreche» pretenden fraudulentamente sustraerse a las previsiones constitucionales mediante el recurso a un procedimiento manifiestamente inconstitucional.
Argumenta, asimismo, que en las dos instituciones vascas existe una voluntad consciente y deliberada de quebrantar el ordenamiento constitucional y el Estatuto de Autonomía del País Vasco y destaca que incluso los servicios jurídicos de los autores de esos acuerdos advirtieron de la ilegalidad e inconstitucionalidad del acto impugnado.
Varapalo a Atucha
Entretanto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo avaló ayer la composición de la Sala de la Discordia que debe resolver la querella interpuesta por la Fiscalía contra tres miembros de la Mesa del Parlamento vasco, entre ellos el presidente Juan María Atucha, por su negativa a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak.
El Supremo rechazó el recurso presentado por Juan María Atucha, Gorka Knörr y María Concepción Bilbao y refrendó la composición definitiva de la Sala, decidida por el Consejo General del Poder Judicial en atribución de sus funciones.
LYON. Se trata de una encrucijada estratégica por donde transita el 40 por ciento de las mercancías españolas que van a Europa, cuando las demandas francesas de aprendizaje del español han crecido de manera espectacular: 17.700 profesores enseñan a 2.5 millones de estudiantes. Al 18 por ciento de los franceses les gustaría hablar español.
Acompañado de Jon Juaristi, director del Instituto Cervantes en España, y el alcalde de Lyon, Gerard Colom, Don Felipe subrayó el puesto histórico de Lyon en la historia de las relaciones hispanofrancesas, como capital editorial durante el Renacimiento, como tierra de paso y acogida, como encrucijada que acoge una nueva etapa del Instituto Cervantes, por estas razones: «La lengua española ha experimentado un auge extraordinario en los últimos años en todo el mundo, pero es justo reconocer que ha sido en Francia donde este interés comenzó antes que en ningún otro lugar y continúa más vivo que nunca».
Recordó que Lyon está en el centro de una región europea que destaca por su dinamismo, como tierra de tránsito entre Alemania, Suiza, Italia y España. Y esa posición estratégica también es un modelo de convivencia y dinamismo, muy atractivo para la expansión cultural española.
Convivencia e influencia mutuas
Presentando, al mismo tiempo, una exposición excepcional de José Fernández, uno de los más grandes grabadores y dibujantes del último medio siglo europeo, el Príncipe puso la nueva institución española al servicio de las relaciones de fondo entre España y Francia: «Llevamos siglos de estrecha convivencia e influencia mutuas, hasta el punto de que la historia de la cultura española sería difícil de explicar sin tener en cuenta el influjo de la cultura francesa, y viceversa».
Juaristi retomó de manera pedagógica los argumentos de fondo avanzados por el Príncipe, para subrayar que Lyon, la segunda ciudad de Francia, en el valle del Ródano, en el corazón de Francia, está llamada a jugar un papel significativo en la nueva etapa de penetración del español y la cultura española en Francia y Europa. Antes de la inauguración del nuevo Instituto Cervantes, el Príncipe hizo una visita de trabajo a Interpol, para interesarse por los nuevos desafios de la crimininalidad internacional, tras el 11-S.
Las autonomías inmunizarán a todos los niños contra las mismas enfermedades
El Ministerio de Sanidad y las autonomías han alcanzado un histórico acuerdo al decidir unificar el calendario de vacunaciones en toda España a partir de 2004. El pacto, generado en el Consejo Interterritorial, permitirá algo muy simple pero que no se producía hasta ahora: que todos los niños reciban inmunización contra las mismas patologías en idéntico tramo de su vida, con independencia de donde residan. Además, supondrá también la sustitución de la actual vacuna contra la polio por otra distinta.
El Ministerio de Sanidad y Consumo está logrando poco a poco desandar el camino andado en el área de Salud Pública, una de las primeras materias sanitarias que se transfirieron a las autonomías y en las que más descoordinación histórica ha existido, como demostró la última epidemia de meningitis desatada en 1997. Según ha podido saber LA RAZÓN, el departamento que dirige Ana Pastor selló el pasado martes un acuerdo histórico con los responsables sanitarios de todas las comunidades para unificar en toda España a partir de enero de 2004 el calendario de vacunaciones infantiles.
El pacto, impulsado por el director general de Salud Pública del Ministerio, José María Martín Moreno, fue alcanzado en el seno de la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial sobre la base del preacuerdo que Sanidad y las comunidades habían alcanzado previamente en el Pleno de este órgano de coordinación sanitaria del Estado el pasado 13 de enero. En virtud del mismo, las autonomías se han comprometido a modificar el calendario de vacunaciones vigente en busca de una cohesión que no existía hasta ahora en esta materia, con el fin de convertirlo en homogéneo en toda España. Un cambio que permitirá algo tan simple como que todos los niños sean vacunados contra las mismas enfermedades en idéntico tramo de su vida, con independencia de la comunidad autónoma en la que residan, lo que no ocurría hasta ahora.
Nuevas vacuna antipolio
El nuevo calendario vacunal introduce además un importante cambio en nuestro país. En concreto, Sanidad y las autonomías han acordado sustituir la vacuna contra la poliomielitis elaborada a base virus vivos atenuados por otra confeccionada a partir de virus inactivados, lo que permitirá a España continuar con el programa de posterradicación de esta enfermedad, de la que Europa se encuentra libre por el momento Europa, según certificó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2002.
El nuevo calendario, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, fija la vacunación contra la polio en España en cuatro dosis (ver cuadro), aunque permite a las autonomías proporcionar a los niños en sus territorios una quinta dosis siempre que tengan entre cuatro y seis años. Además, mantiene vacunas clásicas como la combinada contra la difteria, el tétanos y el Pertussis, otra contra la Haemophilus-Influenzae b, la triple vírica que previene el sarampión, la rubéola y la parotiditis, y la inmunización contra la hepatitis B y la meningitis meningocócica C. Salvo en el caso de la triple vírica, todas las comunidades autónomas proporcionarán a los niños tres dosis inmunizadoras contra la polio, la difteria-tétanos y pertussis, la haemophilus-influenza b, la hepatitis B y la meningitis meningocócica C cuando cumplan dos, cuatro y seis meses de vida.
El nuevo calendario vacunal no incluye aún la inmunización contra la meningitis neumocócica. Según ha podido saber este periódico, el motivo es que las autoridades sanitarias están evaluando aún la eficacia que tendría esta vacuna en España.

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 46
 resolución 
 artículo 161
 artículo 64