Source: https://www.consulta.tse.go.cr/actas/2016/116-2016-del-13-de-diciembre-de-2016.html
Timestamp: 2018-01-17 07:12:37+00:00

Document:
TSE, Acta 116-2016
ACTA N.º 116-2016
Sesión ordinaria celebrada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez horas del trece de diciembre de dos mil dieciséis, con asistencia de los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González –quien preside–, Eugenia María Zamora Chavarría y Max Alberto Esquivel Faerron.
A) Audiencia a la UNEC respecto de la propuesta de reforma y adición de artículo al Reglamento Autónomo de Servicios del TSE. De las señoras Ilenia Ortiz Ceciliano y Arlene Castro Jiménez, Secretaria General y Secretaria de Actas, respectivamente, de la Unión Nacional de Empleados Electorales y Civiles (UNEC), se conoce oficio n.° UNEC-60-2016 del 7 de diciembre de 2016, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual –según lo dispuesto en el acuerdo adoptado en el artículo quinto de la sesión ordinaria n.° 109-2016, celebrada el 22 de noviembre de 2016– se refieren a proyecto de reforma y adición del Reglamento Autónomo de Servicios.
Se dispone: Tener por atendida la audiencia conferida a la Unión Nacional de Empleados Electorales y Civiles (UNEC). Promúlguese el decreto que interesa, cuya publicación se ordena, de conformidad con el siguiente texto:
adición de un artículo 55 BIS y Reforma a los artículos 55 y 58 inciso d) del Reglamento Autónomo de Servicios del Tribunal Supremo de Elecciones
ARTÍCULO 1.- Adiciónase un artículo 55 bis y refórmanse los artículos 55 y 58 del Reglamento Autónomo de Servicios del Tribunal Supremo de Elecciones, decreto n.º 3-1996 del 9 de setiembre de 1996, publicado en La Gaceta n.º 201 del 21 de octubre de 1996 y sus reformas, para que se lean de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 55 bis.- En casos de faltas de mera constatación derivadas de irregularidades en la asistencia, corresponderá a los directores generales institucionales dar audiencia al funcionario, de previo a la imposición de la sanción de amonestación o suspensión sin goce de salario de hasta ocho días hábiles.
La audiencia que se le otorgue a la persona funcionaria, no se entenderá como una extensión del plazo para justificar su irregularidad en la asistencia.
Cuando a juicio del respectivo director general corresponda la imposición de una amonestación, este la dispondrá en primera instancia, decisión contra la cual cabrá el recurso de revocatoria ante esa instancia y/o de apelación ante el Tribunal, a interponerse dentro de tercero día hábil a partir de su notificación. Cuando a su juicio corresponda la imposición de una suspensión sin goce de salario igual o menor a ocho días hábiles, así lo recomendará al Tribunal Supremo de Elecciones para que este sea quien, previo pronunciamiento de la Junta de Relaciones Laborales, dicte la resolución final, contra la que cabrá el recurso de reposición, a interponerse dentro de tercero día hábil a partir de su notificación.
Cuando la sanción a imponer sea una suspensión sin goce de salario mayor de ocho días hábiles o bien el despido, corresponderá al Tribunal disponerla, previa instrucción del procedimiento administrativo ordinario previsto en la Ley General de la Administración Pública, cuya tramitación estará a cargo de la Inspección Electoral, así como de la recomendación que al respecto emita el director general y previo pronunciamiento de la Junta de Relaciones Laborales, todo lo cual valorará el Tribunal para determinar finalmente la procedencia de aplicar tales sanciones, contra las que cabrá el recurso de reposición, a interponerse dentro de tercero día hábil a partir de su notificación.
El Tribunal también conocerá en consulta la resolución del director general institucional para el caso de amonestaciones escritas, cuando la Junta de Relaciones Laborales discrepe de lo resuelto por el referido director.".
"ARTÍCULO 55.- Corresponde a los directores generales institucionales imponer las sanciones de amonestación escrita y apercibimiento indicadas en el artículo anterior así como lo relativo a la responsabilidad civil de sus funcionarios, previo desarrollo del procedimiento administrativo ordinario previsto en la Ley General de la Administración Pública que dispondrán y cuya instrucción estará a cargo de la Inspección Electoral. Los indicados funcionarios podrán ordenar que, previo a decidir la apertura del respectivo procedimiento, la Inspección Electoral realice una investigación preliminar.
Cuando, con base en el procedimiento administrativo ordinario llevado a cabo, a juicio del respectivo director general corresponda la imposición de una suspensión sin goce de salario o del despido, así lo recomendarán al Tribunal Supremo de Elecciones para que este sea quien, previo pronunciamiento de la Junta de Relaciones Laborales, dicte la resolución final en la que se valorará la procedencia de aplicar tales sanciones.
Contra la resolución final de los procedimientos administrativos dictada por el respectivo director general institucional, cabrá recurso de revocatoria ante esa instancia y/o de apelación ante el Tribunal, lo anterior, dentro de tercero día hábil a partir de su notificación.
Cuando el Tribunal disponga la resolución final que decida sobre la recomendación de imponer las sanciones de suspensión sin goce de salario o despido, contra estas cabrá el recurso de reposición, a interponerse dentro de tercero día hábil a partir de su notificación.
El Tribunal también conocerá en consulta la resolución cuando la Junta de Relaciones Laborales discrepe de lo resuelto por el respectivo director general institucional. También se someterán a consulta del Tribunal las resoluciones del órgano de primera instancia cuando este se aparte del criterio favorable a la apertura del procedimiento administrativo que emita la Inspección Electoral, previa investigación preliminar.".
"ARTÍCULO 58.- (…)
d) La Junta conocerá y recomendará con el carácter indicado, sobre todas las resoluciones relativas a las sanciones disciplinarias de todo tipo, dictadas por los directores generales institucionales, para lo cual estas le deberán ser notificadas y la Junta tendrá acceso al expediente administrativo donde conste la instrucción realizada por el propio Director o la Inspección Electoral según corresponda, a los efectos de que pueda apreciar la prueba y establecer si la resolución adoptada se ajusta o no a los elementos de hecho y de derecho investigados.
Cuando se trate de la recomendación de suspender o despedir a una persona funcionaria, una vez emitida la correspondiente sugerencia por parte del director general respectivo, el asunto será trasladado a la Junta para que se pronuncie sobre esta, de previo a que el Tribunal Supremo de Elecciones emita la resolución final dentro del procedimiento administrativo.
La Junta podrá recomendar que se ordene prueba para mejor resolver -a los efectos de esclarecer lo más adecuadamente posible la verdad real del asunto- e incluso que se revoque en todas sus partes la resolución dictada o que no comparta la recomendación del Director en casos de suspensiones o despidos, para lo cual deberá razonar con fundamentos de hecho y de derecho cualquiera de esas decisiones. En todo caso, el asunto se elevará a conocimiento del Tribunal si la Junta discrepa total o parcialmente de la resolución o de la recomendación dada, según corresponda, y el Tribunal deberá razonar conforme a derecho el por qué se aparta de esa recomendación, en caso de que decida confirmar íntegramente dicha resolución o recomendación, según se trate.".
ARTÍCULO 2.- Se establece un transitorio único a la entrada en vigencia del presente decreto, que dirá:
"Transitorio único. Todos los procedimientos administrativos de carácter disciplinario en los que el director general respectivo haya dictado la resolución final -disponiendo aplicar la sanción de suspensión sin goce de salario o despido-, continuarán el trámite dispuesto en el Reglamento Autónomo de Servicios antes de la publicación del presente decreto.".
B) Encargos y recargos de funciones en distintas unidades administrativas. Del señor Ricardo Carías Mora, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-3167-2016 del 8 de diciembre de 2016, recibido en la Secretaría General de este Tribunal el 12 de diciembre de 2016, mediante el cual literalmente manifiesta:
-11 días
y 2 de enero
Laura Quesada Ramirez
-15 días-
2 al 27 de enero
Profesional en Derecho 2 [sic]
Jose Francisco Rodríguez Siles
-12 días-
En lo que concierne a la primera línea del cuadro anterior, es importante advertir que la señora Pamela Garbanzo Valverde no cumple con los requisitos que establece el Manual Descriptivo de Clases de Puestos para el cargo de jefatura que se indica. Sin embargo, en este caso resultaría aplicable la excepción que contempla el artículo 40 del reglamento a nuestra Ley de Salarios, pues se trata de una funcionaria que tiene más de cinco años de haber sido nombrada en propiedad. Asimismo, si bien la institución estará cerrada al público en la semana del 26 al 30 de diciembre por vacaciones colectivas y un día de asueto, se nos ha informado que la Sección de Ingeniería de Software laborará normalmente en esas fechas.
C) Nombramientos interinos en plazas de servicios especiales para el 2017. Del señor Ricardo Carías Mora, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-3244-2016 del 9 de diciembre de 2016, recibido en la Secretaría General de este Tribunal el 12 de diciembre de 2016, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Actualmente laboran en la institución 236 personas con nombramientos interinos en plazas de servicios especiales, las cuales se distribuyen en diferentes oficinas y programas electorales de acuerdo con el siguiente detalle:
Todas ellas fueron nombradas para reforzar a la institución con ocasión de los proyectos específicos de algunas oficinas y además las actividades propias de la organización de las elecciones nacionales previstas para inicios del año 2018.
De acuerdo con el presupuesto institucional aprobado para el año 2017, tenemos que todas esas plazas continuarán siendo de servicios especiales y tendrán contenido económico por la cantidad de meses que se indica en los cuadros anexos, lo que implica que a los funcionarios que actualmente las ocupan se les puede prorrogar su nombramiento interino por todo el contenido presupuestario de cada una, lo mismo que el de todas aquellas personas involucradas en las cadenas de movimientos interinos aprobados con ocasión de las citadas plazas de servicios especiales.
De conformidad con lo anterior, se solicita al Tribunal Supremo de Elecciones adoptar el acuerdo correspondiente para prorrogar el contrato de los funcionarios que continuarán laborando el año entrante, todo según los listados que se muestran al final de este oficio.
PUEDE PRORROGARSE PARA EL AÑO 2017
ECONÓMICO POR 12 MESES DURANTE EL AÑO 2017
Suárez Fallas Azariel Antonio
Brenes Tortós Andrey Alfonso
Castro Ulate Deiver Jesús
Carvajal Hernández Berny Alejandro
Chavarría Jiménez Jenniffer Patricia
Rivera Arguedas Gean Francisco
Hernández Chavarría Francisco Esteban
Pollack Halford Othoniel Nimrod
Pérez Moraga Johannes Alejo
Mora Suárez Jhonny Alberto
Picado Sánchez Luis Antonio
Angulo López Andrés
ECONÓMICO POR 9 MESES DURANTE EL AÑO 2017
ECONÓMICO POR 4 MESES DURANTE EL AÑO 2017
POR 12 MESES DURANTE EL AÑO 2017 Y SUS RESPECTIVAS CADENAS
Fonseca Matamoros Marco
Ruiz Dinarte Aura Cristina
Méndez Araya Ileana
Matarrita Edved Alexander
Mena Morales Cindy Jeannette
Martínez Jiménez Jose Alfredo
Valverde Rodríguez Milena Gabriela
Arias Fajardo Rigoberto
Marquez Hudgins Marcela
Guerrero Villarreal María del Rocio
Sandoval Peñaranda Maickel
Granados Valverde Johanna María
Xirinachs Jiménez Priscilla Isabel
Henríquez Henríquez Yeny
Chinchilla Fernández Magally
Chacón Hernández Miguel Ángel
Durán Ruiz María de los Ángeles
Céspedes Naranjo Ronald Alberto
Sánchez Sequeira Shirley Xiomara
Valverde Cespedes Jefferson Rafael
Guzmán Víndas Vera Julieta
349942,
Barrantes Víquez Junior Armando
Rodríguez Granados Melissa Andrea
Balderramos Castillo Melvin Antonio
Martínez Gutiérrez Oldemar
Cordoba Valverde Sonia Vanessa
Ramírez Montero Alejandro Rafael
Chacón Barquero Héctor Ricardo
Quesada Masís Andrea
Gómez Gómez Carlos Damid
Avendaño Hernández Ángel Russel
Espinoza Rodríguez Mónica
Sección de Sección de Servicios Generales
Nombramiento interino generado como producto del ascenso también interino de su propietario a un cargo de mayor nivel.
1°-ENE al 30-JUN de 2017
Nombramiento interino generado como producto del ascenso de su propietario a un cargo de mayor nivel.
POR 9 MESES DURANTE EL AÑO 2017
Se requiere prorrogar el nombramiento interino de los funcionarios anotados en las líneas 319 y 320 a partir del 1° de enero de 2017 y por el lapso que se indica para cada uno de los casos o hasta que se concrete el trámite respectivo para nombrar al nuevo propietario o hasta que regrese el titular de la plaza a ocuparla, lo que ocurra primero y según corresponda.".
A) Informe sobre la venta de especies fiscales en el TSE. Del señor Luis Guillermo Chinchilla Mora, Oficial Mayor del Departamento Civil, se conoce oficio n.° DC-3771-2016 del 7 de diciembre de 2016, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Desde el año 1990, con el fin de mejorar sus servicios, el Tribunal concedió el uso de parte de sus instalaciones para que la entonces Asociación de Empleados, hoy Asociación Solidarista del TSE, expendiera especies fiscales, siendo que hasta el 23 de octubre del 2002, esa Asociación prestó dicho servicio. Por ello, en acuerdo tomado en sesión extraordinaria n. °141-2002 del 25 de octubre de 2002, el Superior dispuso conceder permiso de uso a la Sra. Ana Yolanda Arguedas Campos para que desarrollara dicha actividad.
El 19 de diciembre del 2005 fue formalizado el contrato de “Permiso de uso de las instalaciones del Tribunal para la venta de especies fiscales” entre el señor Oscar Fonseca Montoya, Presidente en ese momento del Tribunal Supremo de Elecciones y la Sra. Arguedas Campos, con fundamento en los acuerdos adoptados por el Tribunal en la sesión extraordinaria n.° 141-2002 del 25 de octubre de 2002, y único sesión ordinaria n.° 88-2005 del 13 de setiembre de 2005, artículo sétimo, inciso a) y de acuerdo a lo que establece el artículo 54 de la Ley General de la Administración Pública. Asimismo, en la sesión ordinaria n.° 4-2006 del 12 de enero de este año, el Superior designó al Oficial Mayor Civil como Órgano Fiscalizador de dicho contrato.
Mediante el oficio STSE-4168-2012 del 13 de diciembre de 2012, el señor Erick Guzmán Vargas informa el acuerdo tomado en la sesión ordinaria n.°107-2012 celebrada el 13 de diciembre de 2012, en la que se dispone “…se prorroga por un año más dicho permiso. Proceda el Órgano Fiscalizador a definir la cantidad máxima de prórrogas del referido contrato y el Departamento Legal a tramitar lo relativo a la respectiva modificación…”.
Por medio del oficio DC-3606-2015 del 02 de diciembre del 2015, el suscrito remitió a consideración por parte de los señores Magistrados, la solicitud de la señora Arguedas Campos, a fin de renovar por un año más el contrato denominado “PERMISO DE USO DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL PARA LA VENTA DE ESPECIES FISCALES”.
En el oficio DE-3457-2015 del 07 de diciembre de 2015, el Sr. José Francisco Rodríguez Siles, Director Ejecutivo aprobó la prórroga n.°1 al contrato supra indicado, sin embargo, en nota del 26 de julio de este año, la Sra. Arguedas Campos comunico su decisión de no renovar el permiso respectivo.
Por lo indicado en el párrafo anterior, mediante el oficio DC-2685-2016 del 25 de agosto de 2016, este despacho comunicó lo correspondiente al Sr.Luis Antonio Bolaños Bolaños, Director General del Registro Civil.
En virtud de lo anterior, desde el 5 julio del año en curso, este Departamento ha realizado gestiones con el Sr. Christian Salas Salas, Director Regional Occidental de Correos de Costa Rica, tendientes a analizar la posibilidad de llevar a cabo un convenio para la administración de la venta de especies fiscales en la Institución.
Según oficio DC-2137-2016 del 6 de julio de 2016, dirigido al Sr. Salas Salas, se envió información estadística, así como otros aspectos para elaborar un Modelo de Negocio que se podría aplicar, para lo cual, personeros de Correos de Costa Rica realizaron estudios de campo sobre la cantidad de personas usuarias que nos visitan y para que efectos se compran especies fiscales, información relevante para determinar la viabilidad del mismo.
El 22 de noviembre de este año, mediante llamada telefónica, el Señor Salas Salas informó a este despacho que los señores Luis Felipe Muñoz Chacón, Director de Puntos de Venta y Jorge Solano Méndez, Gerente Comercial, dieron su aprobación al proyecto y manifestaron que este sería presentado a la Junta Directiva el 6 de diciembre del 2016.
En respuesta al oficio CDIR-324-2016 del 10 de octubre del 2016, relacionado con el artículo cuarto, inciso B), del acta de la reunión n.° 67-2016, celebrada el 7 octubre del 2016, referente al “contrato de especies fiscales”, se remitió el oficio DC-3694-2016 del 30 de noviembre de este año, mediante el cual el suscrito informó al Consejo de Directores del TSE sobre el avance de las negociaciones del proyecto, indicándose que:
“Este modelo de negocios con Correos de Costa Rica pretende satisfacer la necesidad de venta de especies fiscales a las personas usuaria que hacen uso de los servicios que ofrece la institución, en virtud de que este sete servicio quedaría descubierto a partir de enero del próximo año por la solicitud de cese del contrato manifestada por la prestaría actual de dicho servicio.
Como parte de las gestiones relacionadas a este plan de negocios y en vista de que la comisión que eventualmente obtendría Correos de Costa Rica por la venta de especies fiscales es del 6% del total de las ventas. La firma de Correos de Costa Rica, en caso de ser autorizada la venta de especies fiscales en nuestra Organización, estaría brindando también los servicios de EMS, BN Servicios, Recargas, Certificaciones, Envíos Certificados, Encomiendas, Aparatados Postales, entre otros, como punto de equilibrio para su rentabilidad.
Asimismo, mediante correo electrónico del 5 de octubre del 2016 el señor Salas Salas remitió al suscrito el estudio de factibilidad, denominado “SUCURSAL REGISTRO CIVIL””, copia que se adjunta.
Mediante correo electrónico del 06 de diciembre de este año, el Sr. Salas Salas comunicó que fue aprobado en firme, por parte de Correos de Costa Rica, el proyecto para la apertura de sucursal en las instalaciones del TSE, que vendría a expedir y vender especies fiscales para nuestros usuarios, entre otros servicios postales.
El día de hoy, Correos de Costa Rica remitió, vía correo electrónico, el borrador del eventual convenio a suscribirse, copia que se adjunta.
En virtud de lo anterior, respetuosamente le solicito por su intermedio, remitir este asunto a conocimiento de la señora y señores Magistrados, con el propósito de que el Departamento Legal analice la conveniencia de suscribir un convenio entre Correos de Costa Rica y este Tribunal, toda vez que por ser esta firma una empresa pública, la administración cuenta con la facultad legal de contratar directamente y poder contar con dicho servicio con la prontitud del caso.".
Se dispone: Para su inmediata atención, pase al Departamento Legal. Tome nota la Dirección Ejecutiva. ACUERDO FIRME.
A) Comunicación de no uso del permiso concedido para atender asuntos sindicales. De la señora Ilenia Ortiz Ceciliano, Secretaria General de la Unión Nacional de Empleados Electorales y Civiles (UNEC), se conoce oficio n.° UNEC-61-2016 del 7 de diciembre de 2016, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"En relación con el permiso concedido para el día de hoy y comunicado mediante el oficio STSE-2213-2016, del 06 de diciembre de 2016, les comunico que la suscrita no hizo uso del mismo solicitado por la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum.".
Se dispone: Tomar nota, como también lo harán las jefaturas del Departamento de Recursos Humanos y la inmediata de la señora Ortiz Ceciliano. ACUERDO FIRME.
A) Consulta legislativa del proyecto de “Reforma del artículo 148 y adición del artículo 148 bis al Código Electoral, y reforma de los incisos a) y l) del artículo 13 y los incisos e) y l) del artículo 17 del Código Municipal”, expediente n.° 19.611. De la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, se conoce nuevamente oficio n.° CPEM-168-16 del 5 de diciembre de 2016, recibido –vía correo electrónico– el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
Objeto del proyecto. La Asamblea Legislativa somete a consulta de este Tribunal el proyecto legislativo tramitado en expediente n.° 19.611, denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 148 Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 148 BIS A LA LEY Nº8765 [sic], CÓDIGO ELECTORAL, Y REFORMA DE LOS INCISOS A) Y L) DEL ARTÍCULO 13 Y LOS INCISOS E) Y L) DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY Nº 7794, CÓDIGO MUNICIPAL”.
La iniciativa legislativa consultada –en esencia– pretende: a) establecer como requisito para la inscripción de candidaturas a los cargos ejecutivos de los gobiernos nacional (presidencia y vicepresidencias de la República) y local (alcaldía y vicealcaldías), la presentación de un plan de gobierno; b) sancionar la no presentación del citado plan con la no inscripción de las candidaturas que omitieren tal requisito; c) encargar al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) la elaboración del formato de presentación del plan, sin que ello implique la definición de pautas de contenido específicas; d) que este Tribunal garantice la difusión de los referidos documentos programáticos; y, e) modificar los incisos a) y l) del artículo 13 y los incisos e) y l) del numeral 17 –ambos del Código Municipal–, con el fin de unificar los conceptos “programa de gobierno” (utilizado en la iniciativa) y “plan de gobierno” (nomenclatura que actualmente utiliza el Código Municipal).
Importa señalar, también, que esta iniciativa ya había sido conocida por este Pleno en la sesión n.° 66-2015 –celebrada el 6 de agosto de 2015–; sin embargo, en razón de las variaciones que ha sufrido, corresponde pronunciarse, de nuevo, sobre ella.
Sobre el proyecto de ley objeto de consulta. De una lectura integral del proyecto de ley en consulta, se arriba a la conclusión que el Poder Legislativo –en el texto sustitutivo incorporado– acogió las recomendaciones que, sobre la iniciativa base, había hecho esta Autoridad Electoral.
En efecto, en la citada sesión n.° 66-2015 se señaló que era contrario a los principios de autonomía y autorregulación partidarias que el Estado –por intermedio de este Tribunal y el MIDEPLAN– definiera los lineamientos generales del contenido de los programas de gobierno que, como requisito de inscripción de las candidaturas, se le exigirían a las agrupaciones políticas. Sin embargo, en su versión actual, la iniciativa corrige el yerro apuntado: al establecerse que el MIDEPLAN solo determinará “un formato de diseño general de presentación” (sin prescribir pautas de contenido) del documento programático, el control estatal sobre el libre funcionamiento de los partidos se mantiene dentro de los legítimos cauces que prescribe el artículo 98 de la Constitución Política.
En abono a esta conclusión, debe agregarse que cualquier extralimitación del MIDEPLAN en la formulación de ese formato quedaría, por razones de principio, sujeta a revisión y enmienda por parte del Tribunal Supremo de Elecciones.
De esa suerte, al haberse solventado la incorrección que en su momento apuntó este Tribunal y no determinándose otros cambios sustanciales que pudieran incidir en el criterio vertido en agosto de 2015, este Pleno no tiene ninguna objeción respecto del nuevo texto del proyecto de ley n.° 19.611.
Como se hizo ver en su momento, esta Autoridad Electoral considera que las medidas que se proponen (la presentación de un plan de gobierno como requisito para la inscripción de una candidatura y su adecuada divulgación) favorecen la participación política y mejoran los niveles de acceso a la información de la ciudadanía; ese contexto, además, fomenta un sano debate de planteamientos programáticos y crea herramientas para la ulterior rendición de cuentas de los gobernantes.
Conclusión. Este Tribunal, en los términos y alcances del artículo 97 constitucional, no objeta ni se opone al proyecto de ley n.° 19.611 en su formulación actual. ACUERDO FIRME.

References: artículo 55

ARTÍCULO 1
 artículo 55
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 2
 resolución 
 artículo 40
 artículo 54
 artículo 148
 artículo 148
 artículo 13
 artículo 17
 ARTÍCULO 148
 ARTÍCULO 148
 ARTÍCULO 13
 ARTÍCULO 17
 artículo 13
 artículo 98
 artículo 97