Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/15269
Timestamp: 2019-10-14 23:54:13+00:00

Document:
Sentencia: C-434-2013
No se vulneran los principios de legalidad y de non bis in ídem, ni el derecho al debido proceso cuando se dispone como sanción una inhabilidad de 5 años al interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato por actos de corrupción
C-434-2013
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL PARÁGRAFO 2° DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY 1474 DE 2011
“ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS INTERVENTORES.
k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente."
¿Puede el Congreso de la República disponer como sanción una inhabilidad por un término de 5 años para el interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, sin vulnerar los principios de legalidad y non bis in ídem, y el derecho al debido proceso?
« (…) Cargo 1. Vulneración del principio de legalidad.
(…) La respuesta parte del contenido que el principio de legalidad tiene en nuestro ordenamiento, el cual implica i) determinación previa y plena de las conductas sancionables y de las sanciones a imponer; ii) que dicha determinación la realice la autoridad competente para ello, que, generalmente, es el legislador; y iii) que exista correlación entre la conducta y la sanción . Respecto del primer elemento, esto es la tipicidad en el derecho sancionatorio, se ha entendido que el mismo también se satisface cuando la conducta, aunque no plenamente determinada en la disposición que la describe, resulta determinable a partir de otras disposiciones que integran el ordenamiento jurídico; en este sentido, la jurisprudencia constitucional ha aceptado la existencia de tipos sancionatorios en blanco, siempre y cuando éstos garanticen el mínimo de determinación razonable en cada situación.
(…)en el ordenamiento colombiano sí existen instrumentos jurídicos a partir de los cuales es posible determinar el significado de la expresión “hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles” contenida en el parágrafo demandado, por lo que no se aprecia que la misma implique un desconocimiento a las exigencias de tipicidad en materia penal que se derivan del principio de legalidad –artículo 29 de la Constitución-.
Las etapas, actuaciones, posibilidades y garantías que brinda el procedimiento previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 demuestran la existencia material –por contraposición a la mera formalidad- de un procedimiento para la imposición de sanciones derivadas de los contratos sometidos al régimen de contratación pública; esta evidencia es suficiente para rechazar el cargo planteado por el accionante y, por consiguiente, declarar la exequibilidad de la disposición por el cargo analizado. (...) »
El Congreso de la República puede disponer como sanción una inhabilidad por un término de 5 años para el interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, sin vulnerar los principios de legalidad y non bis in ídem, y el derecho al debido proceso, porque:
La norma acusada, aunque indeterminada, resulta determinable a partir de una lectura integral del ordenamiento jurídico vigente. En el ordenamiento colombiano existen instrumentos jurídicos a partir de los cuales es posible determinar el significado de la expresión “hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles”, por lo que no implica un desconocimiento a las exigencias de tipicidad en materia penal que se derivan del principio de legalidad.
La identidad del sujeto activo y de los hechos que generan la sanción disciplinaria prevista en el numeral 34 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 y la inhabilidad de la norma acusada, no vulnera el principio non bis in ídem, pues en este caso, cada una de estas disposiciones, al hacer parte de un régimen sancionatorio distinto, tiene una finalidad diferente. Sin embargo, en caso de que se impongan las dos inhabilidades a la misma persona, por el mismo hecho, sólo deberá aplicarse la que implique un término de inhabilidad más largo.
La disposición demandada prevé la declaratoria de incumplimiento de un deber legal por parte de un interventor, quien está vinculado a la administración por un contrato sometido al régimen del estatuto general de contratación pública. De manera que la sanción prevista es de aquellas cuya imposición exige el cumplimiento del procedimiento del artículo 86 de la ley 1474 de 2011. Así, al estar previsto un procedimiento administrativo sancionatorio contractual previo y no existir un vacío jurídico que limite las garantías procesales, no existe vulneración al debido proceso.
Artículos 29 y 123 de la Constitución Política.
Numeral 34 del artículo 48 de la ley 734 de 2002.
Artículo 86 de la ley 1474 de 2011.
El principio non bis in ídem: « (…) tiene dos significados principales en nuestro ordenamiento jurídico: i)	El primero hace referencia a su faceta subjetiva –esto es, como un derecho fundamental-, que se concreta en la imposibilidad de que, una vez emitida sentencia sobre un asunto, el sujeto activo del mismo pueda ser objeto de nuevo juzgamiento por parte de las autoridades de un Estado. Se evita así un constante estado de zozobra cuando se prohíbe a las autoridades públicas retomar una causa judicial, disciplinaria o administrativa para someter al sujeto activo a una nueva valoración y, por consiguiente, una nueva decisión. Desde esta perspectiva el principio non bis in ídem sería la concreción de principios como la seguridad jurídica y la justicia material. ii)	El otro significado resalta a la faceta objetiva del principio, consistente en la imposibilidad de que el legislador permita que un sujeto activo sea procesado y sancionado ante una misma jurisdicción en más de una ocasión por los mismos hechos.(…) »
Diferencia entre sanciones disciplinarias e inhabilidades contractuales: « (…) La jurisprudencia antes mencionada ratifica el carácter diverso que tienen en nuestro ordenamiento jurídico las sanciones disciplinarias y las inhabilidades contractuales. Mientras las primeras buscan que quienes desempeñen funciones públicas realicen su tarea de acuerdo con los postulados constitucionales y legales que rigen dicha función, las segundas son previstas con el objetivo de salvaguardar los principios de eficiencia, moralidad y transparencia en la actividad contractual. (…)»
Ficha: No se vulneran los principios de legalidad y de non bis in ídem, ni el derecho al debido proceso..
No se vulneran los principios de legalidad y de non bis in ídem, ni el derecho al debido proceso..

References: ARTÍCULO 84
 artículo 86
 artículo 48
 artículo 86
 artículo 48

Artículo 86