Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520398.html
Timestamp: 2019-03-23 10:43:13+00:00

Document:
as201520398
Auto Supremo: 398/2015 Sucre: 09 de junio 2015 Expediente: CB-38-15-S Partes:Roberto Quiroga Pinto. c/ Dionisio Montaño Medrano. Proceso:Resolución de contrato, resarcimiento de daños y perjuicios. Distrito:Cochabamba.
VISTOS:El recurso de casación en la forma de fs. 404 a 409 interpuesto por Roberto Quiroga Pinto, contra el Auto de Vista de 12 de diciembre de 2014 cursante de fs. 397 a 398, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justica de Cochabamba, en el proceso deResolución de Contrato, Resarcimiento de Daños y Perjuicios, seguido por Roberto Quiroga Pinto contra Dionisio Montaño Medrano, respuesta de fs. 416 y vta., laconcesión de fs. 417, los antecedentes del proceso y:
El Juez Quinto de Partido en lo Civil comercial de Cochabamba, dictó Sentencia de 08 de octubre de 2013 cursante de fs. 338 a 341 vta., por el que se declara: PROBADA en parte la demanda de 19 de agosto del año 2008 (fs. 39 a 42) en lo que toca a la resolución del contrato de 3 de julio de 1.992 e IMPROBADA la misma en cuanto a la solicitud de pago de daños y perjuicios, a ordenarse al demandado y su familia abstenerse de ingresar a su inmueble, a ordenarse la entrega de su ganado vacuno y lanar, a ordenarse a Zacarías Omonte abandonar su inmueble y a ordenarse el retiro de bienes muebles del demandado. IMPROBADA la excepción perentoria de falta de acción y derecho opuesta a la demanda principal e IMPROBADA la acción reconvencional de prescripción de acción. En consecuencia se declara resuelto el contrato de sociedad accidental de producción lechera de fs. 2.
Resolución contra la que se interpuso recurso de apelación por Roberto Quiroga Pinto mediante memorial de fs. 349 a 352 vta.
En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justica de Cochabamba, emitió el Auto de Vista cursante de fs. 397 a 398, por el que ANULA obrados, sin reposición, hasta el decreto de 21 de agosto de 2008 inclusive (fs. 43), disponiendo que el Juez A quo instruya a las partes acudan a la vía Agroambiental, para la solución de la problemática planteada.
Resolución que dio lugar al recurso de casación en la forma interpuesto por parte de Roberto Quiroga Pinto, que se analiza.
Luego de realizar consideraciones respecto a los antecedentes del proceso, en el punto VI concreta el “Recurso de casación en la forma”.Señalando que procedería recurso de casación en la forma contra resoluciones que anulen o confirmen la anulatoria de procesos, que el caso fuera uno en que se aperturaría el control jurisdiccional de la casación.
El Auto de Vista habría vulnerado el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, al no haberse circunscrito a los fundamentos de la apelación y de oficio removido actos procesales precluidos en primera instancia. Que el principio de congruencia delimitaría las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional, exigiendo identidad entre lo resuelto y lo reclamado por los litigantes, que en el caso se habría producido. Se habría vulnerado el art. 236 del Código de Procedimiento Civil atentado contra el espíritu del art.251.I y II de la misma norma.
El Auto de Vista violaría los arts. 190 y 254-4) del Código de Procedimiento Civil, porque no se habría pedido nulidad de obrados, sin embargo de modo ultra petita se habría anulado obrados hasta dejarlo en foja cero. Siendo que la disposición legal fuera determinante y expresa porque definiría que la Sentencia y por extensión el auto de vista, recaerían sobre las cosas litigadas y en la forma en la que fueron demandadas, en aplicación del art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil correspondería anular obrados o el Auto de Vista, por haberse violado formas esenciales del proceso. Hace referencia a otro Auto de Vista en el que el mismo relator habría emitido criterio diverso.
Que interpone recurso de casación en la forma a fin de que “casando en la forma” ordene la anulación del Auto de Vista y resuelvan la apelación pendiente por efecto de la nulidad de obrados.
Estando planteado recurso de casación en la forma, cuestionando el razonamiento vertido por el Tribunal Ad quem que anuló obrados al considerar que la problemática suscitada gira en torno a temas que debiera conocer de manera válida el Tribunal Agroambiental, es que se hace necesario confrontar los antecedentes del proceso y verificar en sujeción a lo reclamado en casación si lo expuesto por el Ad quem es evidente o por el contrario los argumentos explanados por el recurrente tienen razonamiento válido.
En ese antecedente se tiene que en su demanda (fs. 39 a 42) el actor refirió a una propiedad agraria, y la existencia de un contrato suscrito con el demandado que fuera referido asimismo a actividades del rubro, cual es la producción de leche, la producción de forraje a ese propósito, con esos antecedentes y las argumentaciones expuestas su pretensión es clara, “Resolución del Contrato de 3 de julio de 1992” incluyendo a la anterior petición que “el demandado y su familia queden estrictamente prohibidos de ingresar a mis terrenos y entreguen mis bienes abusivamente detentados como ser el ganado tanto vacuno como lanar”. Elementos que debieron ser tomados en cuenta por el propio actor a fin de no confrontar la problemática hoy suscitada, en consideración a que la demanda iniciada data de fecha 19 de agosto de 2008 y la norma que rige la materia, data de fecha28 de noviembre de 2006 (Ley 3545 que sustituyó la redacción del art. 30 de la Ley Nº 1715), es decir al momento de inicio de la demanda ya se encontraba vigente la norma adecuada para el tratamiento y la dilucidación de la controversia planteada, en consecuencia aun de establecer que el contrato fuera de data anterior a la entrada en vigencia de la ley especial, la pretensión de resolución de un contrato referido a actividades de índole agroambiental, de manera correcta debió activarse esta jurisdicción por su especialidad.
Los fundamentos del Auto de Vista para anular obrados y disponer que las partes acudan a la vía agroambiental, fueron luego de realizar observaciones respecto a la competencia en razón de materia, habiendo advertido que la pretensión de resolución de contrato, estaba referido eminentemente a actividades relacionados con materia agraria, consecuentemente no existe equivocación en aquel razonamiento.
Para mejor comprensión, corresponde señalar que el art. 179 parágrafo I de la Constitución Política del Estado establece que: “La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el tribunal y jueces agroambientales…”. Asimismo se tiene que el art. 11 de la Ley No. 025 del Órgano Judicial, expresa que la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia, que es ejercida por las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial; en su art. 12 señala asimismo que la competencia es la facultad que tiene un magistrado, Vocal, Juez o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto. Estableciéndose entonces que la competencia es improrrogable e indelegable.
Por otro lado, ya ingresando a verificar los alcances de la norma que rige la materia, es preciso acudir a lo dispuesto por el art. 17 de la Ley Nº 3545 de 28 de noviembre de 2006, que sustituyó la redacción del art. 30 de la Ley Nº 1715, de la siguiente manera: “La judicatura agraria es el órgano de administración de justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria…”, de su parte, el art. 23 de la Ley Nº 3545 que sustituyó los numerales 7 y 8 del parágrafo I del art. 39 de la Ley 1715, con el siguiente texto: “Art. 39. Los jueces agrarios tienen competencia para: “Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias”. Consiguientemente, a partir de la publicación de la Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, se ha ampliado la competencia de la jurisdicción agraria a otras acciones personales y mixtas, además de las reales, que provinieren de la propiedad, posesión y actividad agraria.
De acuerdo a lo señalado, se advierte suficiente claridad de la norma al disponer su competencia en asuntos relativos a acciones reales, personales y mixtas emergentes de la propiedad y posesión agrarias, más aun, cuando en virtud del art. 13 de la Ley del Órgano Judicial permite la prórroga de la competencia solamente por el territorio pero no por materia o asunto, consecuentemente, tanto la jurisdicción como la competencia deben ser reguladas de oficio por las autoridades competentes. En consecuencia, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, Ley Nº 3545, precedentemente referida, que modificó la Ley Nº 1715, conforme al mandato constitucional se constituye en una norma especial y de preferente aplicación en asuntos derivados de la propiedad, posesión y actividad agrarias en el marco de las acciones reales, personales y mixtas cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción especializada agraria, la que está regulada específicamente por dicha ley.
Concluyendo entonces que al haber el hoy recurrente demandado la Resolución de un contrato referido a actividades de carácter agrario como se estableció supra, debe comprender que las mismas ante la existencia de jurisdicción especializada en esa materia, deben ser tratados en esa esfera, es decir, la jurisdicción agroambiental, de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. arts. 30 y 39 num. 8) de la Ley Nº 3545 que modificó la Ley Nº 1715.
Consecuentemente los reclamos efectuados por el recurrente no tienen sustento válido, pues las mismas fueran sustentables en caso de que no hubiera conflicto de competencia en razón de materia y al fallarevidentemente sobre aspectos no reclamados, y el Ad quem de manera ultra petita hubiera resuelto sobre cuestiones no reclamadas en apelación, situación que no se adecua en el caso de autos como se verificó y el Tribunal de segunda instancia actuó de manera correcta.
Por lo expuesto, corresponde emitir resolución en sujeción a lo previsto por el art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma interpuesto contra el Auto de Vista que cursa de fs. 397 a 398, por parte de Roberto Quiroga Pinto mediante memorial de fs. 404 a 409 de obrados. Sin costas.
No se regula honorario profesional por no existir contestación al recurso de casación.

References: resolución 

Resolución 

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