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Timestamp: 2019-05-26 18:56:43+00:00

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TEJADA SILVA - Procedimiento de Hábeas corpus
EXPTE. N° P- 14.951 “H.C. TEJADA SILVA, Víctor Hugo”
Mendoza, 16 de Junio de 2009
I) Que en oportunidad de notificársele formalmente al interno Víctor Hugo Tejada Silva, alojado en el Complejo Penitenciario número tres –Almafuerte- el rechazo formal de la acción de Habeas Corpus interpuesta ante el Juzgado de Ejecución N° 1 de la Provincia (Art. 440 y sgtes. y cc. del C.P.P), el mismo manifestó su voluntad de apelar la resolución aludida, recurso que fue debidamente mantenido conforme a derecho por su defensa técnica, Dra. Mirtha Olivera, titular de la Primera Defensoría de Pobres y Ausentes (35).
II- Concedido el recurso impetrado (fs. 27) y elevados los autos a este Tribunal (fs. 33), durante el término de emplazamiento estableci-do en el Art. 468 del Código Procesal Penal, el apelante presentó informe sobre el fundamento de sus pretensiones (fs. 35/36), dando cumplimiento así a lo normado por el Art. 471 del cuerpo legal referido, pasando los autos a resolver.
III- Peticiona el recurrente en oportunidad de informar, se revoque el pronunciamiento efectuado por el Juzgado de Ejecución y se ordene a la Dirección de Penitenciaria la ampliación de las horas de recreo para el interno, como así también se arbitren los medios para que el mismo pueda continuar con sus estudios. Al expresar agravios, manifiesta que la resolución aludida es arbitraria y causa un gravamen irreparable a su asistido, toda vez que la circunstancia de que el interno tenga solamente dos horas de recreo por veintidós de encierro, tal como fue informado por el Complejo Penitenciario en el que se encuentra alojado, es claramente abusivo y violatorio de un trato digno y humano para quien esta cumpliendo una condena.
Como segundo punto de agravio, expone la falta de fun-damentos para afirmar que el derecho del interno a estudiar y capacitarse se encuentra debidamente resguardado, toda vez que de las constancias de autos se colige que el mismos se encontraba asistiendo al CENS, cursando el Primer Año de Polimodal hasta el día 18 de Abril del corriente año, pero no se refiere a los motivos por los que Tejada dejó de recibir la educación que se le impartía, ni tampoco si actualmente recibe algún tipo de terapia laboral que colabore con el proceso de reinserción social del mismo.
Concluye la defensa expresando que el excesivo encierro y la falta de terapia laboral atentan contra los fines de la ejecución penal, esto es, “...que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley...” Art. 1 ley 24.660, diluyéndose los fines de prevención especial que tiene nuestro ordenamiento jurídico, citando además en respaldo de las consideraciones efectuadas, los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución Nacional, en cuanto prevén la reinserción social del interno con condiciones dignas, las que no son cumplidas adecuadamente, agravándose así las condiciones de detención del condenado.
IV-Remitidos los autos a la Fiscalía de Cámara de Apela-ciones en lo Criminal a los efectos de la notificación del recurso interpuesto, y a los fines del ejercicio de las facultades por ley otorgadas, emitió dictamen la titular del Ministerio Público en esta instancia, (fs. 38/39), refiriendo que corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, ello, en virtud de entender que falta la motivación del auto de fs. 19/20, lo cual hace que el mismo devenga en total y absolutamente nulo.
En este sentido, entiende la magistrada que el Juez de Ejecución se expide solamente valorando el informe remitido por la Dirección del Complejo Penitenciario III Almafuerte, estableciendo que sobre la base de los mismos, los derechos que le reconocen al interno aparecen debidamente resguardados, no asistiendo razón en consecuencia al presentante, omitiendo de esta manera motivar la resolución por la cual considera que la acción de Habeas Corpus debe ser rechazada.
Afirma que el auto atacado no hace referencia al motivo por el cual el interno dejó de concurrir a la terapia educacional a la que asistía y que le posibilitaba completar el EGB3, no expidiéndose además acerca del reagravamiento de sus condiciones físicas por la pérdida de un miembro inferior izquierdo, impidiendo así que se pueda conocer cuál ha sido el razonamiento seguido para llegar a la conclusión a la que a arribado el Sr. Juez, tornándose por ende la resolución en análisis nula (arts. 155, 197 y 199 del C.P.P).
A fs. 19 obra auto del Primer Juzgado de Ejecución Penal, por medio del cual se resuelve rechazar formalmente la acción de Habeas Corpus interpuesta por el interno VICTOR HUGO TEJADA SILVA (Arts. 440 sgtes. y cc. del C.P.P).
Motivó la interposición de la acción oportunamente, la circunstancia de encontrarse alojado el mismo en un lugar donde tiene veintitrés horas de encierro y una de recreo, como así también el impedi-mento de que el mismo pueda finalizar los estudios que estaba cursando, razones por las que manifestó encontrarse en huelga de hambre y seca.
Informó el establecimiento penitenciario, que en virtud de encontrarse el condenado alojado de forma separada al resto de la po-blación en el Módulo V Ala II, por la peligrosidad y perfil criminológico puesta de manifiesto, y por la necesidad de encontrarse bajo control permanente del personal penitenciario, es que el recreo es sectorizado y la duración de los mismos es acorde a la cantidad de internos que habitan el ala, siendo de dos horas por cada persona alojada. Asimismo, que Tejada se encontraba asistiendo al CENS N° 3-494 cursando el Primer Año del Polimodal hasta el día 18 de Abril de 2009 y que no existen registros de huelga de hambre por parte del mismo.
Conforme a lo informado, la Sra. Jueza de Ejecución manifestó que resultaba evidente que los derechos que le reconocen al interno aparecen debidamente resguardados y que no asiste razón al presentante, toda vez que su detención no se ve agravada por las razones invocadas.
VI- Entrando en el análisis de los agravios objeto de estu-dio y adelantando la resolución a aplicar, entiende el suscripto que el auto puesto en crisis padece de un vicio que lo torna nulo, de nulidad absoluta, sobre la base de los fundamentos que paso a exponer.
Surge de la simple lectura de la resolución aludida, que los fundamentos proporcionados por la Dra. Vargas Romero, Subrogante del Primer Juzgado de Ejecución Penal, no son suficientes para poder dar por cumplimentado el deber impuesto por el Art. 155 de nuestro Código adjetivo, el cual reza “El tribunal deberá fundamentar, bajo pena de nulidad, las sentencias y los autos. Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando la ley lo disponga”.
En efecto, en el auto ya referido, que por disposición legal requiere ser fundado –entiéndase por tal la explicación racional y comprensible de las razones por las resuelve de tal forma- , no se advierte que se haya argumentado debidamente los motivos por los que la Sra. Jueza estima que no se están lesionando los derechos del interno que implicarían un agravamiento de las condiciones de detención, sino que, muy por el contrario, tras efectuar una síntesis de lo manifestado por Tejada en el escrito presentado y lo informado al respecto por el Complejo Penitenciario Almafuerte, simplemente concluye que resulta evidente que los derechos que le reconocen al interno aparecen debidamente resguardados, sin emitir ningún tipo de fundamento de porqué llega a ese desenlace.
Sobre este punto debió expedirse sobre el motivo por el cual dos horas de recreo por veintidós de encierro no constituye un agrava-miento de las condiciones de detención, ni si ello debe complementarse con otras horas de terapia no comprendidas y de las cuales se ignora si se encuentra cumpliendo o no; por cuanto lo informado sobre el Polimodal, no permite establecer si actualmente se encuentra o no cursando el mismo.
Tampoco hace referencia alguna a la reagravación de las condiciones físicas denunciadas por el interno como consecuencia de la pérdida de un miembro inferior izquierdo, situación que cabe destacar, no surge de la compulsa de las actuaciones que haya sido constatada por el magistrado actuante o informada por el establecimiento.
En tal inteligencia, no surge del auto en examen los míni-mos argumentos que toda resolución jurisdiccional debería proporcionar acerca de las razones de hecho y derecho que justificaron que se adoptara esa decisión y no otra disímil, efectuando solamente una descripción de las razones por las que se interpuso la acción que dio origen a las presentes actuaciones y los elementos probatorios colectados, pero no del denominado juicio lógico efectuado entre esos elementos y el resolutivo.
Tal como lo establece José I. Cafferata Nores-Aída Tarditti en la Obra “Código Procesal Penal de la Prov. de Córdoba”, T.I, Ed. mediterránea, año 2003, pág. 389, “La exigencia de la motivación obedece a una doble razón. Por un lado, se conecta con la garantía de defensa en juicio, ya que a través de ella las partes del proceso conocen las razones que explicarán la decisión y pueden interponer los recursos que la ley concede. Por el otro, plasma un deber de transparencia propio del Poder Judicial como integrante del Estado democrático de derecho, ya que responde al propósito de que la colectividad pueda controlar así la conducta de quienes administran justicia en su nombre”.
Corroborando lo hasta aquí sentado, la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, en el precedente “Tourilles” en fecha 12 de Julio de 1999 sentó “...En otras palabras, importa la obligación de consignar las causas las causas que determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo”, siendo coincidente en el punto referido tanto la jurisprudencia nacional como la provincial, toda vez que junto a la publicidad de los actos, la citada constituye una garantía insoslayable del sistema republicano de gobierno .
Todo lo ut supra expuesto, en opinión coincidente con lo dictaminado con la Fiscalía de Cámara de Apelaciones –consideraciones a las que adhiero en su totalidad - hacen que el auto que corre agregado a fs. 15 padezca un defecto formal previsto por el Código de Rito expresamente bajo sanción de nulidad (Art. 155), que al involucrar garantías de naturaleza constitucional hace que revista el carácter de absoluta.
No obstante no constituir un agravio planteado por la defensa, entiende el suscripto necesario, a los fines de evitar futuros planteos recursivos, dictaminar acerca de la inobservancia del procedimiento pre-visto por la Ley N° 23.098 para dar trámite a las acciones de Habeas Corpus, destacando que por expresa remisión del Art. 440, tercer párrafo, en los casos de reagravamiento de las condiciones de prisión impuestas por órgano judicial competente, es dicha ley la que sienta las pautas del procedimiento a seguir.
El art. 11 de la citada ley establece “Cuando se tratare de la privación de la libertad de una persona, formulada la denuncia el juez ordenará inmediatamente que la autoridad requerida, en su caso, presente ante él al detenido con un informe circunstanciado del motivo que funda la medida...”. Puede inferirse de la disposición transcripta en su parte pertinen-te, el mandato estatuido por el legislador de presentar al detenido ante la autoridad judicial una vez que se haya dado inicio a las actuaciones, lo que resulta por demás conveniente, ya que ésta es la única manera de tomar un conocimiento acabado de las pretensiones del interno, que en la gran mayoría de los casos no quedan reflejadas debidamente en las presentaciones escritas que efectúan.
Veamos además de la obligación, la utilidad de efectuar la audiencia dispuesta por ley en el presente caso, donde poco comprensi-ble resulta lo denunciado por Tejada en el tercer punto de la presentación obrante a fs. 6, circunstancia que se habría podido remediar mediante la audiencia prevista ante la autoridad judicial, a los fines de que este se ex-playe acerca de porqué considera que existe un reagravamiento de las condiciones físicas, como así también acerca de las razones por las que se le coarta el derecho a la educación y se le impide asistir al ciclo educativo al que concurría, única manera en que el Juez podrá expedirse sobre las circunstancias reales que motivan la acción incoada y valorar efectivamente la procedencia o no del instituto en cada caso.
Por las consideraciones referidas,
I- HACER LUGAR AL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Primera Defensoría de Pobres y Ausentes a fs. 26, y en consecuencia DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA del auto obrante a fs. 15/16, dictado por el Primer Juzgado de Ejecución, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 155, 198, 199 y conc. del Código Procesal Penal, por las razones explicitadas en los considerandos (Art. 473 C.P.P).
II- RECOMENDAR al Juez A Quo de observancia al trámite dispuesto por la Ley N° 23.098, Art. 11, atendiendo a lo establecido por el Art. 440 del C.P.P.
II- REMITIR las actuaciones al Primer Juzgado de Ejecución Penal a fin de que de el trámite que por ley corresponda y emita un nuevo pronunciamiento de conformidad a lo que aquí se resuelve.

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