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Timestamp: 2019-06-20 07:57:38+00:00

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Legislación: Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.
Este reglamento regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita por la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Este reglamento será de aplicación al reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita en relación con todo tipo de procesos ante órganos jurisdiccionales españoles cuya sede radique en el territorio de comunidades autónomas que no hayan recibido los traspasos en materia de provisión de medios al servicio de la Administración de Justicia o que extiendan su competencia a todo el territorio nacional.
Fecha: 07/08/2003 Ambito: Nacional
(Se incluyen modificaciones por Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio. BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 2005)
(Se incluye Corrección de errores del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita. BOE núm. 230, de 25 de septiembre de 2003)
BOE. núm. 188, de 7 de agosto de 2003
ANEXO I.I. Solicitud de asistencia gratuita.
ANEXO I.II. Solicitud del beneficio de asistencia jurídica gratuita por asistencia letrada en el procedimiento especial de en enjuiciamiento rápido.
ANEXO II. Módulos y bases de compensación económica - Abogados.
ANEXO III. Momento del devengo de la indemnización.
Se modifica, pues, la estructura del vigente Reglamento de asistencia jurídica gratuita, dividiendo el capítulo II, Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, en dos secciones: una sección I , de Procedimiento general, y una sección II, de Procedimiento especial para los procesos de enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Asimismo, con el fin de clarificar los conceptos asistencia letrada de oficio y asistencia y representación gratuitas, el capítulo III pasa a denominarse Organización de los servicios de asistencia letrada, defensa y representación, que se divide asimismo en dos secciones, sección I, Asistencia letrada de oficio, y sección II, Asistencia jurídica gratuita.
Según modificaciones presentadas por Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre. BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 2005 queda derogada la disposición adicional única
Según modificaciones presentadas por Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre. BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 2005 queda modificado el artículo 1 quedando redactado de la siguiente forma:
3. Se exceptúan de lo dispuesto en los apartados anteriores los artículos 16; 20; apartados 1, 3 y 4 del artículo 27; 33; 34 y 35 de este reglamento, que, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, serán de aplicación general en todo el territorio nacional
Un Abogado del Estado, designado por el Abogado General del Estado­Director del Servicio Jurídico del Estado.
Un funcionario que ocupe un puesto de trabajo cuyo desempeño corresponda a funcionarios pertenecientes a cuerpos o escalas del grupo A, que ejercerá las funciones de secretario de la comisión y que será designado conforme a las siguientes reglas:
Para las comisiones de aquellas provincias en las que exista Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, el funcionario será designado por el Subsecretario de Justicia, de entre los destinados en dicha Gerencia.
Para las comisiones de aquellas provincias en las que no exista Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, el funcionario será designado por el Delegado o Subdelegado de Gobierno, en su caso, de entre los destinados en la Delegación o Subdelegación de Gobierno respectiva.
Para las comisiones de las islas, en las que no radica la capital de provincia, el funcionario será designado por el Director Insular de la Administración General del Estado, de entre los destinados en la respectiva Dirección Insular.
El Decano del Colegio de Abogados de la provincia, o el abogado que aquél designe.
El Decano del Colegio de Procuradores de la provincia, o el procurador que aquél designe.
Efectuar las comprobaciones y recabar la información que a lo largo de la tramitación de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita se estimen necesarias, y requerir de la Administración correspondiente la confirmación de la exactitud de los datos alegados por los solicitantes, para lo cual podrán utilizarse, a tal efecto, los procedimientos telemáticos de transmisión de datos, siempre que el interesado así lo autorice.
Recibir y trasladar al juzgado o tribunal correspondiente el escrito de impugnación de las resoluciones que, de modo definitivo, reconozcan o denieguen el derecho.
Supervisar las actuaciones de los servicios de orientación jurídica previstos en el artículo 32, y actuar como órganos de comunicación con los colegios profesionales, a efectos de canalizar las quejas o denuncias formuladas como consecuencia de las actuaciones relacionadas con los servicios de asistencia jurídica gratuita, en aquellos casos en que tales iniciativas no se hayan planteado directamente ante los colegios.
Según modificaciones presentadas por Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre. BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 2005 Se adiciona al capítulo II del título I, una sección 3.ª, con el siguiente contenido:
Según modificaciones presentadas por Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre. BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 2005 queda redactado el articulo 27 tal y como sigue:
4. Sólo en el orden penal los letrados designados podrán excusarse de la defensa, siempre que concurra un motivo personal y justo, que será apreciado por los decanos de los colegios. En el supuesto de atención a las víctimas de violencia de género, la aceptación de la excusa en el orden penal implicará el cese en los demás procedimientos y la designación de un nuevo letrado
Según modificaciones presentadas por Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre. BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 2005 queda redactado el articulo 28 tal y como sigue:
Según modificaciones presentadas por Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre. BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 2005 queda redactado el articulo 29 tal y como sigue:
4. El régimen de prestación de servicios de guardia que se determine requerirá ser conocido, con carácter previo, por el Ministerio de Justicia.»
Según modificaciones presentadas por Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre. BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 2005 queda redactado el articulo 30 tal y como sigue:
3. Cuando se trate de asistencia a la mujer víctima de violencia de género, se asegurará dicha asistencia desde el momento en que la mujer lo solicite, produciendo la falta de reconocimiento del derecho iguales efectos a los señalados en el apartado anterior
La resolución final, que acuerde o desestime la indemnización reclamada, será adoptada, previo dictamen del Consejo de Estado, por la Junta de Gobierno del colegio respectivo.
Según modificaciones presentadas por Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre. BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 2005 queda redactado el articulo 36 tal y como sigue:
Según modificaciones presentadas por Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre. BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 2005 queda redactado el articulo 38 tal y como sigue:
6. En todos los casos, la documentación acreditativa de la actuación profesional realizada ha de ser presentada en el colegio, dentro del plazo de un mes natural, contado a partir de la fecha de su realización
Colegios de Abogados: 30 euros por expediente tramitado.
Colegios de Procuradores: 3 euros por expediente tramitado.
Número total de prestaciones de asistencia letrada realizadas, así como su distribución en cada uno de los colegios.
Número total de servicios de guardia realizados en los colegios.
Cantidad distribuida a cada colegio para indemnizar las prestaciones de asistencia letrada en servicio de guardia y relación, por colegios, de las indemnizaciones percibidas por cada profesional que haya intervenido en la prestación del servicio.
Número total de prestaciones de asistencia jurídica gratuita, excluidas las correspondientes a los servicios de guardia, así como su distribución entre cada uno de los colegios, desglosados ambos datos por tipo de procedimiento.
Cantidades distribuidas a cada colegio para indemnizar las anteriores prestaciones y relación por colegios de las indemnizaciones percibidas por cada profesional que haya intervenido en aquéllas.
Importe destinado a atender los gastos de infraestructura y funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita.
Relación de las cantidades distribuidas a cada colegio por el Consejo General, para atender los gastos de organización, infraestructura y funcionamiento de los servicios, con indicación de los criterios seguidos para ello y detalle de la aplicación que de dichas cantidades haya realizado cada colegio.
Importe de los intereses devengados, en su caso, por los sucesivos libramientos y aplicación de aquéllos.
Aplicación de los requisitos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.
Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso haya pronunciamiento sobre costas a favor del titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Cuando, venciendo en el pleito el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y no existiendo en la sentencia pronunciamiento expreso sobre costas, los beneficios obtenidos por aquél en el procedimiento superen en tres veces la cuantía de las costas causadas en su defensa.
Tiempo previsto para la realización de la pericia y valoración del coste por hora.
Gastos necesarios para su realización.
Copia de la resolución judicial que dio lugar a la realización de la prueba.
Solicitud de asistencia gratuita.
(Modificación BOE núm. 230 Jueves 25 septiembre 2003)
1.	Un 70 %.
a.	En procesos civiles, incluidos los de familia, a la presentación de la copia de la providencia de admisión de demanda o teniendo por formulada la contestación de ésta.
b.	En apelaciones civiles, a la presentación de la copia de providencia admitiendo a trámite el recurso o, en su caso, la personación en la alzada.
c.	En procedimientos penales, a la presentación de la copia de la diligencia o solicitud de actuación procesal en la que intervenga el letrado o procurador, o de la apertura del juicio oral.
d.	En apelaciones penales, a la presentación de la copia de la resolución judicial teniendo por formalizado o impugnado el recurso o del señalamiento para la vista.
e.	En los demás procedimientos, a la presentación de la copia de la diligencia judicial acreditativa de la intervención del letrado, o procurador de los tribunales.
f.	En los recursos de casación formalizados, a la presentación de la copia de la providencia por la que se tenga por formalizado el recurso.
g.	En los recursos de casación no formalizados, a la presentación de la copia del informe dirigido al colegio, fundamentando la inviabilidad del recurso.
2.	El restante 30 % de los asuntos procedentes, a la presentación de la copia de la sentencia o resolución que ponga fin a la instancia.
3.	En las transacciones extrajudiciales e informe de insostenibilidad de la pretensión, se devengará la totalidad de la indemnización correspondiente a la presentación de documento suscrito por el interesado o del informe de insostenibilidad.
4.	En las salidas a centros de prisión, se devengarán la totalidad de la indemnización a la presentación de certificación expedida por el centro penitenciario, acreditativa de la actuación realizada.
5.	En la vía administrativa previa (extranjería y asilo), se devengará la totalidad de la indemnización a la presentación de la copia de la resolución o acto administrativo que suponga la finalización del procedimiento.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 27
 artículo 32
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
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