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Timestamp: 2017-10-22 06:09:35+00:00

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PROYECTO DE LEY DEL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA 2013
PROYECTO DE LEY DEL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA
ARTÍCULO 1 (OBJETO). -
La presente Ley tiene por objeto regular el ejercicio de la abogacía y el registro de abogadas y abogaos.
ARTÍCULO 2 (ÁMBITO DE APLICACIÓN).-
La presente ley de aplica a todas las abogadas y todos los abogados en el ejercicio de la profesión, dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
ARTÍCULO 3 (FUNCIÓN SOCIAL).-
El ejercicio de la abogacía es una función social al servicio del Derecho y la Justicia. Su ejercicio es una función pública pero de desempeño particular.
ARTÍCULO 4 (PRINCIPIOS).-
Son principios del ejercicio de la abogacía los siguientes:
1. Independencia. El ejercicio de la abogacía, en todo momento, se encuentra exento de cualquier presión o nfluencia externa, ajenos al Derecho y a la justicia.
2. Idoneidad. El ejercicio de la abogacía debe observar en todo momento una conducta íntegra, ecuánime.
3. Fidelidad. El ejercicio de la abogacía se rige por la obligación de no defraudar la confianza del patrocinado ni defender intereses en conflicto con los de aquél.
4. Lealtad. Por la que debe defender los intereses de la persona patrocinada, así como ser veraz, sin crear falsas expectativas ni magnificar las dificultades.
5. Libertad de defensa. El ejercicio de la abogacía goza la libertad de preparar y desarrollar la defensa por todos los medios legales permitidos por ley, a favor de la persona patrocinada.
6. Confidencialidad. La abogada o el abogado debe guardar para sí las revelaciones de la persona patrocinada.
7. Dignidad. La abogada y el abogado debe actuar conforme a valores inherentes a la profesión, absteniéndose de todo comportamiento que suponga infracción a la ética o descrédito.
8. Modernidad. La abogada o el abogado debe actualizarse permanentemente.
ARTÍCULO 5 (LA ABOGADA Y EL ABOGADO).
Las abogadas y los abogados son profesionales que prestan un servicio a la sociedad en interés público; ejercen su trabajo bajo los principios establecidos en la presente Ley por medio del asesoramiento y la defensa de derechos e intereses tanto públicos como privados, mediante la aplicación de la ciencia y técnica jurídica.
ARTÍCULO 6 (EJERCICIO).
1. Título profesional de abogada o abogado; y
2. Matriculación en el Ministerio de Justicia.
ARTÍCULO 7 (INHABILITACIÓN E IMPEDIMENTOS).
I. Las abogadas y los abogados están inhabilitados para ejercer la abogacía por las siguientes causales:
a) Inhabilitación especial conforme a lo establecido en el Código Penal;
b) Declaratoria de interdicción ejecutoriada; o,
c) Suspensión por resolución ejecutoriada por infracciones a la ética, conforme al a presente Ley.
II. La servidora y servidor público, de profesión abogada o abogado, está impedido de patrocinar casos particulares, salvo el caso de patrocinio en causa propia, la de sus ascendientes o descendientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
ARTÍCULO 8 (DERECHOS).-
Las abogadas y los abogados, conforme a la presente Ley, tienen los siguientes derechos:
1. Ejercer la profesión de conformidad al ordenamiento jurídico y la presente Ley.
2. Ser tratados con respeto y consideración en el ejercicio de la profesión.
3. Percibir honorarios profesionales.
4. A la inviolavilidad por las opiniones verbales o escritas que emita en el ejercicio profesional.
5. A no ser perseguidas o persiguidos, detenidas o detenidos ni procesadas o procesados judicialmente, salvo el caso de la comisión de un hecho delictivo.
6. A la inviolabilidad de su oficina, así como documentos u objetos que le hayan sido confiados por sus patrocinados, salvo previa y expresa resolución de autoridad competente.
7. Aceptar o rechazar los asuntos sobre los que se solicite su patrocinio, salvo en los casos de designación de abogada o abogado de oficio.
8. A ofertar sus servicios como especialista en una rama determinada para el ejercicio de la profesión en general.
9. A no ser excluido de beneficios, garantías e información técnica o laboral, por el hecho de pertenecer o no a algún Colegio.
10. A fortalecer sus conocimientos continuamente.
11. A que se respeten principios democráticos en los Colegios a los que esté afiliado.
12. A conformar sociedades civiles, colegios, fundaciones u organizarse en forma libre y voluntaria.
13. A renunciar a la afiliación de un Colegio, salvo obligación o proceso pendiente.
ARTÍCULO 9 (DEBERES).
1. Registrarte ante el Ministerio de Justicia.
2. Sujetarse al tratamiento de las infracciones a la ética.
3. Defender con lealtad y eficiencia los intereses de sus patrocinados.
4. Observar en todo momento una conducta íntegra, honesta, ecuánime, digna y respetuosa del ordenamiento jurídico.
5. Prestar sus servicios de manera personal, salvo impedimento justificado y la aceptación por parte de la persona patrocinada.
6. Denunciar los actos contrarios al ordenamiento jurídico de servidoras y servidores judiciales, personal de apoyo, administrativo o de otros profesionales abogados, ante las autoridades competentes.
7. Denunciar el ejercicio ilegal de la abogacía.
8. Facilitar o promover la conciliación u otros medios alternativos de resolución de conflictos cuando se encuentren previstos por ley.
9. Guardar respeto con la persona patrocinada, las partes, las servidores y los servidores judiciales, abogadas o abogados y terceros interesados.
10. Informar a la persona patrocinada sobre los asuntos de su interés, el estado y avance de la causa.
11. Hacer conocer al patrocinado las relaciones de amistad o parentesco con la otra parte o autoridades jurisdiccionales u otra circunstancia, que sea motivo suficiente para el patrocinado prescinda de sus servicios.
12. Abstenerse de patrocinar una causa que previamente fue encargada a otra u otro profesional.
13. Guardar el secreto profesional, excepto en los casos de su propio resguardo, defensa de la verdad o si la persona patrocinada autoriza su revelación de manera expresa u orden judicial.
14. Negarse a patrocinar al contrario sobre la misma causa.
15. Guardar los bienes o documentos que la persona patrocinada le hubiere entregado como emergencia de una causa, así como devolverlos cuando lo solicite.
16. No disponer los bienes dados en guarda por la persona patrocinada bajo ninguna causa o circunstancia, salvo con poder especial y suficiente. No adquirir bienes de la persona patrocinada para sí mismo o parientes ni aún contando con autorización expresa.
17. Prestar defensa de oficio.
ARTÍCULO 10 (OFERTA DE SERVICIOS PROFESIONALES).-
La Información al público destinada a hacer conocer la cualidad profesional, se limitará a señalar los servicios ofrecidos y la especialidad de la abogada o del abogado.
ARTÍCULO 11 (GRATUITDAD Y DEFENSA DE OFICIO).-
I. Las abogadas y los abogados en ejercicio libre de la profesión podrán prestar atención gratuita a las personas de escasos recursos económicos.
II. El Ministerio de Justicia remitirá listas de las abogadas y los abogados registrados al Órgano Judicial para la designaciones de abogado de oficio, para que presten asistencia judicial; están excentos de tal obligación quienes se encuentren en relación de dependencia.
REGISTRO, MATRICULACIÓN Y COLEGIOS DE ABGOADOS
REGISTRO PÚBICO
ARTÍCULO 12 (REGISTRO PÚBLICO).-
I. Es la función del Estado por la que se establece un registro de las abogadas, los abogados y sociedades civiles, con calidad de documento público, para el ejercicio de la abogacía.
II. El Registro Público y la matriculación estarán a cargo del Ministerio de Justicia, de acuerdo a reglamento.
ARTÍCULO 13 (MATRICULACIÓN).-
I. El Ministerio de Justicia, en el caso de abogadas y abogados, luego de su registro, en acto público y formal, otorgará una credencial en el que estará signado un número único de matrícula.
II. En el caso de las sociedades civiles, luego de cumplidos los requisitos establecidos en reglamento, el Ministerio de Justicia otorgará la correspondiente matrícula.
ARTÍCULO 14 (ATRIBUCIONES).-
1. Registrar a las abogadas y abogados y las Sociedades Civiles de Abogadas y Abogados.
2. Designar a los miembros del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía y a los Tribunales Departamentales de Ética de la Abogacía para el control de los Abogadas y Abogados que no estén afiliados a algún Colegio de Abogados.
3. Coordinar con los Colegios y Sociedades Civiles de Abogadas y Abogados acciones referidas al cumplimiento de la presente Ley.
4. Velar por el correcto ejercicio profesional de la abogacía.
5. Velar por el cumplimiento transparente y oortuno de los procesos por infracciones a la ética.
6. Establecer y ejecutar las sanciones por infracciones a la ética, impuestas conforme a la presente Ley.
7. Remitir listas de registro de abogadas y abogados a los Tribunales Departamentales de Justicia, para la designación de abgoados y abogadas de oficio.
8. Promover actividades académicas o investigativas.
9. Administrar recursos propios y los provenientes del Tesoso General de la Nación.
COLEGIOS DE ABOGADAS Y ABOGADOS
ARTÍCULO 15 (LIBRE ASOCIACIÓN).-
Toda abogada y abogado podrá afiliarse en un Colegio Profesional, de la misma forma, tendrán derecho a renunciar a dicha afiliación, salvo obligación o proceso pendiente.
ARTÍCULO 16. (PRECEPTOS DE ORGANIZACIÓN).-
Tanto el Colegio Nacional como los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados, se sujetarán a los siguientes preceptos de organización:
1. La asamblea de todos sus miembros es su máxima instancia de decisión.
2. La organización de su Directorio y sus diferentes instancias garantizarán que los principios de participación democrática establecidos en la Constitución Política del Estado.
3. Los miembros de los Directorios, en representación del Colegio Nacional o de derechoteca los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados no podrán realizar actividades político-partidarias o religiosas, siendo pasibles a sanción por infracción gravísima a la ética.
ARTÍCULO 17 (ESTATUTOS Y REGLAMENTOS).-
La organización, tanto del Colegio Nacional como de los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados se regirá por sus propios estatutos y reglamentos.
ARTÍCULO 18 (FINALIDAD).-
Los Colegios se conformarán para el cumplimiento y control de la ética profesional de la abogacía y podrán tener fines académicos o investigativos.
ARTÍCULO 19 (AFILIACIÓN).-
I. Los Colegios podrán incorporar a las abogadas y los abogados que tuvieran domicilio procesal en el departamento respectivo con la sola presentación de la copia legalizada de la credencial emitida por el Ministerio de Justicia y el señalamiento de domicilio procesal.
II. En ningún caso los Colegios podrán incorporar a abogadas o abogados que no estén previamente registrados en el Ministerio de Justicia.
ARTÍCULO 20 (DISPOSICIÓN COMÚN).-
I. Los Colegios de Abogadas y Abogados deberán remitir periódicamente, al Ministerio de Justicia, las listas actualizadas de sus afiliados, conforme reglamento.
II. Los Colegios de Abogadas y Abogados podrán contar con recursos propios específicos, provenientes de aportes voluntarios de sus miembros, donaciones o créditos de organismos nacionales e internacionales.
COLEGIO NACIONAL DE ABOGADAS Y ABOGADOS
ARTÍCULO 21 (COLEGIO ANCIONAL DE ABOGADAS Y ABOGADOS).-
Es la organización nacional que coordina las labores de los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados, tiene plena personalidad representativa de los Colegios Departamentales; así como de sus Colegiados y tiene por sede la ciudad de La Paz.
ARTÍCULO 22 (ORGANIZACIÓN).-
I. El Colegio Nacional de Abogados está constituido por un Directorio Nacional que es su órgano ejecutivo y estará conformado por un ente colegiado formado por los Presidentes de los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados.
II. Cada uno de los presidentes de los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados asumirán la presidencia del Colegio Nacional de Abogados de manera rotativa.
III. La renovación de los miembros del Directorio Nacional se realizará anualmente en reunión convocada específicamente para el efecto.
ARTÍCULO 23 (FUNCIONES).-
1. Promover el fortalecimiento académico de sus afiliados a través de la realización o auspicio de cursos, seminarios, conferencias, charlas y debates.
2. Designar a los miembros del Tribunal Nacional de Honor de la Abogacía, para el conocimiento y sustanciación, en segunda instancia, de las infracciones a la ética cometidas por abogadas y abogados afiliados a los Colegios Departamentales.
3. Representar dentro de sus atribuciones específicas a los abogados afiliados en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
4. Coordinar y coadyuvar en las funciones del Ministerio de Justicia de acuerdo a la presente ley.
5. Promover el ejercicio correcto de la profesión de sus miembros.
6. Aprobar sus propios estatutos y reglamentos conforme a la presente Ley.
7. Velar por el bienestar social y económico del profesional abogado.
COLEGIOS DEPARTAMENTALES DE ABOGADAS Y ABOGADOS
ARTÍCULO 24 (COLEGIOS DE PROFESIONALES).-
Son Colegios de Abogadas y Abogados, aquellas agrupaciones de profesionales que se constituyan y gocen de personalidad jurídica de derecho público de acuerdo a Ley. En cada Capital de departamento solo existirá un Colegio de Abogados.
ARTÍCULO 25 (ORGANIZACIÓN).-
I. Los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados estarán organizados por un Directorio, que es el Órgano Ejecutivo del Colegio Departamental y estará integrado por un ente colegiado formado por un Presidente, dos Vicepresidentes y los Vocales que se consideren necesarios, conforme a reglamento.
II. La renovación del Directorio de los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados será cada dos años improrrogables y solo podrán ser reelectos por una sola vez.
ARTÍCULO 26 (FUNCIONES).-
I. El Directorio de los Colegios Departamentales de Abogados y Abogadas tiene las siguientes funciones:
2. Designar los miembros de su Tribunal Departamental de Honor, para el conocimiento y sustanciación, en primera instancia, de las infracciones a la ética de acuerdo a la presente Ley y su reglamento.
3. Representar, dentro de sus atribuciones específicas a los abogados afiliados al interior del Departamento que corresponda.
4. Promover el ejercicio correcto de la profesión de sus miembros.
5. Aprobar sus propios estatutos y reglamentos conforme a la presente Ley.
6. Velar por el bienestar social y económico del profesional de las abogadas y los abogados.
7. Desarrollar y difundir la práctica y el conocimiento de la ciencia del Derecho.
II. Los Colegios de Abogadas y Abogados podrán generar instancias de asistencia jurídica gratuita.
ARTÍCULO 27 (SOCIEDADES CIVILES).-
I. Las abogadas o abogados mediante acuerdo expreso de sociedad o documento público o privado podrán ejercer su profesión organizando Sociedades Civiles, designando expresamente a la directora o al director responsable de la misma, su régimen económico, su razón social y su reglamento, para su registro en el Ministerio de Justicia.
II. Las Sociedades Civiles de Abogadas o Abogados deberán registrarse obligatoriamente en el Ministerio de Justicia, conforme a la presente Ley y su reglamento.
III. Los miembros de una Sociedad Civil no podrán pertenecer paralelamente a otra, sin perjuicio de ejercer la profesión individualmente.
ARANCELES Y HONORARIO PROFESIONAL
ARTÍCULO 28 (ARANCELES).-
I. El Ministerio de Justicia, mediante Resolución Ministerial aprobará cada (2) años el arancel de honorarios profesionales de la abogacía, el que será publicado en un medio de circulación nacional.
II. En caso de que la abogada o el abogado y su patrocinado no hubieran acordado el honorario profesional, regirá el arancel de honorarios profesionales de la abogacía.
ARTÍCULO 29 (RETRIBUCIÓN).-
Los resultados obtenidos que sean favorables para el patrocinado, sean estos por litigio o por conciliación u otro medio alternativo de solución de conflictos, tendrán la misma retribución, sin importar el tiempo empleado.
ARTÍCULO 30 (RECLAMO DE HONORARIOS).-
La abogada o el abogado que no fuera satisfecho en el pago de sus honorarios, podrá reclamar el pago ante la jueza o el juez o autoridad que tramitó la causa de acuerdo a los honorarios pactados o ajustando su petición al arancel profesional.
ARTÍCULO 31 (CAMBIO DE PATROCINIO).-
I. La abogada o el abogado no podrá patrocinar una causa que fue encomendada a otro abogado.
II. El cambio de patrocinio sobreviene por fallecimiento o renuncia de la abogada o del abogado que patrocinó la causa o a petición de la parte patrocinada, misma que será de conocimiento de la jueza o juez que conoce la causa.
III. Las servidoras y servidores judiciales están prohibidos de exigir a cualquiera de las partes, la autorización de cambio de patrocinio o la certificación de no adeudar honorarios.
PROCESAMIENTO DE LAS INFRACCIONES A LA ÉTICA
NORMAS GENERALES Y AUTORIDADES COMPETENTES
ARTÍCULO 32 (APLICACIÓN).-
La y los abogados son responsables en el ejercicio libre, el servicio público, la función judicial, fiscal o administrativa de la profesión, incurran en infracciones a la ética, previstas por la presente Ley, para su procesamiento ante las instancias establecidas.
La responsabilidad por infracciones a la ética es independiente de la responsabilidad penal, civil o administrativa.
ARTÍCULO 33 (AUTORIDADES).
I. Las autoridades que sustanciarán y resolverán las denuncias que se plantean contra abogadas o abogados por infracciones a la ética son las siguientes:
En el Ministerio de Justicia:
a) Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía; y
b) Tribunales Departamentales de Ética de Abogadas y Aboagdos.
En los Colegios de Abogados:
a) Tribunal Nacional de Honor de la Abogacía; y
b) Tribunales Departamentales de Honor de los Colegios de Abogadas y Abogados.
II. La labor de los Tribunales estará sometida exclusivamente a la presente Ley y su reglamento.
III. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los Tribunales Nacionales y Departamentales son independientes de los Colegios, así como del Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Justicia y los Colegios Departamentales de abogados tienen el deber de cooperación para remitir de oficio las denuncias por infracciones a la ética que no correspondan a sus competencias.
ARTÍCULO 35 (TRIBUNALES NACIONALES).-
I. Los Tribunales Nacionales de la Abogacía del Ministerio de Justicia y del Colegio Nacional de Abogados, estarán conformados por tres (3) miembros titulares y seis (6) suplentes, designados conforme al Reglamento de la presente Ley. Ejercerán sus funciones por el periodo de dos (2) años.
II. Los Tribunales Nacionales conocerán y resolverán en segunda instancia los recursos de apelación de las resoluciones de primera instancia dictadas por los Tribunales Departamentales del Ministerio de Justicia y de los Colegios de Abogadas y Abogados.
ARTÍCULO 36 (TRIBUNALES DEPARTAMENTALES).-
I. Los Tribunales Departamentales del Ministerio de Justicia y de los Colegios Departamentales de Abogados, estarán conformados en proporción al número de registrados o colegiados. Ejercerán sus funciones por el periodo de dos (2) años.
II. Los Tribunales Departamentales conocerán y resolverán en primera instancia las infracciones a la ética previstas por la presente Ley.
ARTÍCULO 37 (REQUISITOS).-
I. Los miembros de los Tribunales Nacionales y Departamentales del Ministerio de Justicia y de los Colegios de Abogados, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener cuatro (4) años de experiencia en el ejercicio de la abogacía.
b) No tener sanción ejecutoriada por infracciones a la ética de la abogacía.
c) Tener conocimientos o experiencia en materia disciplinaria o preocsal, debidamente acreditados.
II. El desempeño de las funciones de los miembros de los Tribunales Nacionales y Departamentales, será honorífico y no percibirán dietas o remuneración alguna, quedando cubiertos sus gastos de operación conforme a reglamento.
INFRACCIONES A LA ÉTICA Y SANCIONES
ARTÍCULO 38 (INFRACCIÓN A LA ÉTICA).-
Se considera infracción a la ética a toda acción u omisión prevista y sancionada conforme a la presente Ley y su reglamento.
ARTÍCULO 39 (CLASIFICACIÓN).-
Las infracciones a la ética se clasificación en:
c) Gravísimas
ARTÍCULO 40 (INFRACCIONES LEVES).-
a) No promover o no favorecer la conciliación, cuando fuera permitida.
b) Hacer falsas citas doctrinales o jurisprudenciales que induzcan en error a jueces o magistrados.
c) Ofrecer sus servicios profesionales mediante formas engañosas o referencias anticipadas sobre tiempo o resultado o menoscabando el prestigio de sus colegas.
d) No defender los intereses o mandatos de la persona patrocinada.
e) No guardar respeto a la persona patrocinada, servidoras y servidores judiciales, abogadas o abogados, a las partes o terceros.
f) No informar a la persona patrocinada sobre los temas de su interés, estado y avance de la causa.
g) Patrocinar una causa que previamente fue encargada a otra u otro profesional, sin que exista renuncia del anterior abogado o abogada patrocinador o solicitud del patrocinado y autorización del juez que conoce la causa, para la contratación de un nuevo patrocinio.
h) No registrar su domicilio profesional o el cambio de éste ante el Ministerio de Justicia en el plazo de noventa (90) días, si se estuviera ejerciendo la abogacía individual o colectivamente.
i) No denunciar los actos manifiestamente contrarios al ordenamiento jurídico de servidoras y servidores judiciales, personal administrativo u otros profesionales.
j) No prestar atención profesional personal a su patrocinado o hacerlo por intermedio de otro, salvo impedimento justificado o aceptación expresa del patrocinado.
k) Patrocinar causas cuando se encuentre en la función pública.
l) No asistir, injustificadamente, a un acto señalado por autoridad competente dentro de un proceso judicial, ocasionando dilación o perjuicio a la persona patrocinada.
m) No prestar atención gratuita a las personas de escasos recursos económicos, en conformidad a lo establecido en la norma vigente.
n) No asociarse al Colegio o Asociación de Abogadas y Abogados en el departamento donde señale domicilio procesal, conforme a la presente Ley y su reglamento.
ARTÍCULO 41 (INFRACCIONES GRAVES).-
a) La reincidencia de una infracción leve, dentro de los siguientes trescientos sesenta y cinco (365) días.
b) No informar a su patrocinado de la relación de amistad o parentesco que tiene con la otra parte, fiscal, juez o magistrado.
c) Ejercer influencias sobre una autoridad judicial, servidora pública o un servidor público o personal particular a fin de obtener una ventaja ilegítima para si o un tercero.
d) Permitir el aprovechamiento de su firma por persona ajena o permitir que su nombre o firma sea usado para facilitar el ejercicio ilegal de la profesión.
e) Asistir en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias controladas o tóxicas, a audiencias en juzgados o tribunales jurisdiccionales o administrativos.
f) Propiciar o participar en agresiones físicas o verbales en dependencias judiciales o de servicio público.
g) Retener o no hacer entrega de bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión encomendada.
h) No resguardar los bienes o documentos que la persona patrocinada le hubiere entregado.
i) No asociarse al Colegio o Asociación de Abogadas y Abogados en el departamento donde señale domicilio procesal, conforme a la presente Ley y su reglamento.
ARTÍCULO 42 (INFRACCIONES GRAVÍSIMAS).-
Constituyen infracciones gravísimas, las siguientes.
a) Ejercer la profesión teniendo sanción de suspensión o inhabilitación especial.
b) La reincidencia de una falta grave, dentro de los siguientes trescientos sesenta y cinco (365) días.
c) Patrocinar o asesorar intereses opuestos dentro de la misma causa.
d) Anteponer su propio interés al de su patrocinado, o solicitar o aceptar beneficios económicos de la parte contraria.
e) El incumplimiento del depósito por sanción emitida por infracción a la ética.
f) Registrar para si, o de un tercero, bienes del litigio de la persona que hubiera patrocinado.
g) Patrocinar causas sin estar registrado en el Ministerio de Justicia.
ARTÍCULO 43 (SANCIONES).-
a) Infracciones leves: Llamada de atención y multa pecuniaria de un (1) salario mínimo nacional;
b) Infracciones graves: Suspensión temporal de uno (1) a doce (12) meses y multa de dos (2) a seis (6) salarios mínimos nacionales; o,
c) Infracciones gravísimas: Suspensión temporal de un (1) año a dos (2) años y multa de seis (6) salarios mínimos nacionales.
ARTÍCULO 44 (PRESCRIPCIÓN).-
I. El régimen de prescripción opera en el siguiente orden:
a) En un año (1), por infracciones leves;
b) En dos años (2) años por las infracciones graves;
c) En tres años (3) años para faltas gravísimas.
II. Los plazos de la prescripción serán computables a partir del día de la comisión de la infracción o desde el día que cesó su consumación.
III. El plazo de la prescripción se interrumpirá con la interposición de la denuncia contra la abogada o el abogado.
ARTÍCULO 45 (REMISIÓN DE ANTECEDENTES).-
Toda autoridad jurisdiccional o administrativa que sancione a una o un profesional abogado en el ejercicio profesional que hubiera cometido delito o infracción a la ética en su calidad de magistrado, juez, fiscal como profesional libre; remitirá los obrados, la resolución o sanción impuesta, al Ministerio de Justicia y al Colegio respectivo, para que sea incorporado en su archivo personal.
ARTÍCULO 46 (DENUNCIA).-
El procedimiento por infracciones a la ética se iniciará por denuncia de cualquier persona con interés legítimo o de oficio ante el Ministerio de Justicia o los Colegios Departamentales de Abogados
La denuncia contendrá una relación circunstanciada y clara del hecho, derechoteca el nombre y dirección de la oficina de la abogada o el abogado, o el domicilio procesal que le sea conocido, y deberán acompañarse o señalarse las pruebas que sustenten la denuncia.
ARTÍCULO 47 (CONCILIACIÓN).- Las partes podrán conciliar hasta antes de la emisión de la resolución de primera instancia, con efectos de cosa juzgada.
ARTÍCULO 48 (SUMARIO).-
I. Recibida la denuncia los Tribunales Departamentales del Ministerio de Justicia y de los Colegios de Abogados, en el plazo de setenta y dos (72) horas, pronunciará auto de apertura sumarial o auto de rechazo de la denuncia, éste último sin recurso ulterior.
II. Con el auto de apertura sumarial se abrirá un periodo de prueba de diez (10) días hábiles, plazo que correrá a partir del día siguiente de la última notificación.
III. Concluido el plazo probatorio, los Tribunales Departamentales del Ministerio de Justicia y de los Colegios de Abogados, dictarán resolución sumarial de primera instancia en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, declarando probada o improbada la denuncia.
ARTÍCULO 49 (RECURSO DE APELACIÓN).-
I. El recurso de apelación procederá contra la resolución de primera instancia, la persona procesada o la denunciante podrán presentar recurso de apelación ante el tribunal, en el efecto suspensivo, fundamentando los agravios en el plazo perentorio de setenta y dos (72) horas computables a partir de su notificación.
II. Los Tribunales Departamentales del Ministerio de Justicia y de los Colegios de Abogados remitirán los antecedentes ante el Tribunal Nacional que corresponda en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas.
III. Los Tribunales Departamentales del Ministerio de Justicia y de los Colegios de Abogados podrán abrir un nuevo término de prueba de hasta 10 días.
ARTÍCULO 50 (RESOLUCIÓN FINAL).-
I. Los Tribunales Nacionales del Ministerio de Justicia y del Colegio Nacional de Abogados emitirá resolución final de segunda instancia en el plazo de diez (10) días hábiles, sin recurso ulterior.
II. La resolución final de segunda instancia podrá ser confirmatoria total o parcial, revocatoria total o parcial, o anulatoria.
ARTÍCULO 51 (ACLARACIÓN O ENMIENDA).-
En el plazo de veinticuatro (24) horas de la notificación con la resolución de primera o segunda instancia, las partes podrán solicitar aclaración o enmienda, sobre aspectos formales, para lo cual los Tribunales Nacionales del Ministerio de Justicia y del Colegio de Abogados se pronunciarán en el plazo de tres (3) días.
ARTÍCULO 52 (NOTIFICACIONES).-
I. Se podrán realizar notificaciones mediante fax u otro medio tecnológico. Se considerarán la ampliación de los plazos en razón de la distancia. Las notificaciones se practicarán por cédula en secretaría de los Tribunales Nacionales del Ministerio de Justicia y del Colegio de Abogados que corresponda, de forma personal si se apersonan las partes, dejando constancia en el acto respectivo.
II. La resolución de auto de apertura sumarial se notificará de manera personal, debiendo el profesional procesado señalar domicilio procesal. La resolución sumarial y la resolución final, será notificada en el domicilio procesal y, en caso de no ser habido, podrá ser notificada por cédula con testigo de actuación.
ARTÍCULO 53 (IMPROCEDENCIA DE INCIDENTES O EXCEPCIONES).-
El procedimiento no admitirá, por su naturaleza y especialidad, ninguna clase de incidentes o excepciones, los cuales serán rechazados sin mayor trámite. Excepcionalmente podrán plantearse la prescripción de accesión, cosa juzgada, exclusión o eximentes de responsabilidad, cuyo pronunciamiento se emitirá en resolución.
No serán aplicables otros recursos procesales que no están previstos en la presente Ley.
ARTÍCULO 54 (EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES).-
I. Las resoluciones finales por infracciones a la ética serán ejecutadas por el Ministerio de justicia y los Colegios Departamentales de Abogados.
II. Las multas serán depositadas a las cuentas del Ministerio de Justicia y del Colegios Departamentales de Abogados, creadas para el efecto, computables hasta los siguientes treinta (30) días calendario a partir de la notificación con la ejecutoria de la resolución. De teca En caso de incumplimiento serán ejecutables por la vía jurisdiccional correspondiente.
III. Las sanciones de suspensión, en caso que la o el abogado sancionado incumpla la misma será pasible a la acción penal por ejercicio ilegal de la profesión.
IV. La suspensión del ejercicio de la abogacía será puesta en conocimiento oficial del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, la Fiscalía General del Estado, los nueve Tribunales Departamentales de Justicia y las nueve Fiscalías Departamentales.
ARTÍCULO 55 (RECURSOS ECONÓMICOS).-
Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a asignar el presupuesto y realizar las transferencias de los recursos necesarios al Ministerio de Justicia, para la implementación de la presente Ley, de acuerdo a la disponibilidad de recursos.
ARTÍCULO 56 (FUENTES DE FINANCIAMIENTO).-
I. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Ministerio de Justicia tendrá las siguientes fuentes de financiamiento:
1. Recursos propios específicos, provenientes del ejercicio de sus actividades;
2. Asignaciones presupuestarias anuales del Tesoro General de la Nación; y,
3. Donaciones o créditos de organismos nacionales e internacionales.
II. El Ministerio de Justicia aprobará los montos a depositarse por concepto de registro y renovación de credenciales de las abogadas y los abogados, así como el registro y actualización de Sociedades Civiles, los que serán exclusivamente destinados al cumplimiento de la presente Ley.
PRIMERA. La presente Ley se aplicará a los procesos en trámite, y es la que rige al momento de la actuación procesal.
SEGUNDA. Los procesos ya iniciados con el anterior régimen disciplinario, así como los por iniciarse, se sujetarán a los dispuesto por la presente Ley.
Continuarán rigiéndose por régimen disciplinario anterior, los actos procesales en plena ejecución, así como las impugnaciones interpuestas, manteniéndose los plazos que empezaron a correr.
Se aplicará la norma sustantiva que se más favorable.
TERCERA. Las matrículas de abogadas y abogados que, con anterioridad a la promulgación de la presente Ley, hayan sido expedidas por los Colegios de Abogados, tendrán validez mientras dure el plazo para su registro en el Ministerio de Justicia.
CUARTA. Las abogadas y los abogados que se hayan matriculado en algún colegio y no estuvieran registrados en el Ministerio de Justicia tendrán el plazo de un (1) año para registrase, a partir de la promulgación de la presente Ley.
PRIMERA. El Órgano Ejecutivo, mediante Decreto Supremo reglamentará la presente Ley, en el plazo de noventa (90) días calendario, computables a partir de su promulgación.
SEGUNDA. Los colegios de abogadas y abogados, con personalidad reconocida antes de la promulgación de la presente Ley, deberán adecuar sus estatutos y reglamentos a lo establecido en la presente Ley.
TERCERA. Las matrículas extendidas por la Oficina del Registro Público de Abogados, dependiente del Ministerio de Justicia, con anterioridad a la publicación de la presente Ley, mantendrán su plena vigencia.
ÚNICA. I. Se abrogarán las siguientes disposiciones:
- Decreto Supremo No 29783 de 12 de noviembre de 2008
- Decreto Supremo No 26084 de 23 de febrero de 2001
- Decreto Supremo No 26052 de 19 de enero de 2001
- Decreto Supremo No 11782 de 12 de septiembre de 1974
- Decreto Supremo No 19845 de 17 de octubre de 1983
- Ley de 9 de diciembre de 1941, que eleva a rango de ley el Decreto Supremo del estatuto orgánico para el ejercicio de la abogacía, de 18 de enero de 1938.
Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a los ….. días del mes de …. de dos mil trece años.
Jefe Bancada Nacional de Senadores MAS-IPSP
Fuente: Derechoteca.com, http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/proyecto-de-ley-del-ejercicio-de-la-abogacia
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