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Sentencia A.P. Barcelona 11/2005, de 19 de enero
Protección de menores: Acuerdo del acogimiento preadoptivo como la medida más adecuada para un menor. Situación legal de desamparo: Imposibilidad manifiesta de ambos progenitores para cuidar adecuadamente al menor.
ROLLO N.º 67/2004
OPOSICIÓN MEDIDAS PROTECCIÓN DE MENORES N.º 1001/2002
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 17 DE BARCELONA
D. ENRIQUE ANGLADA FORS
D. JOSÉ MARÍA BACHS ESTANY
D.ª ANA MARÍA GARCÍA ESQUIUS
En la ciudad de Barcelona, a diecinueve de enero de dos mil cinco.
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimoctava de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de oposición de medidas de protección de menores, n.º 67/2004, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia n.º Diecisiete de Barcelona, a instancia de DON Domingo y de DOÑA Blanca representados por la Procuradora DOÑA MELANIA SERNA SIERRA y dirigidos por el Letrado DON JOSE-MANUEL RAMIREZ MERIDA, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL MENOR DE LA GENERATITAT DE CATALUNYA, dirigido por el Letrado DON MARINO VILLA RUBIO, y con la debida intervención del MINISTERIO FISCAL; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por los demandantes, contra la Sentencia dictada en los mismos el día 5 de noviembre de 2003, por la Ilma. Sra. Juez del expresado Juzgado.
Primero.-La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que debo desestimar y desestimo la oposición formulada por Doña Blanca y Don Domingo respecto de la resolución dictada por la D.G.A.I.A en fecha 26 de marzo de 2001, respecto del menor Luis Francisco ".
Segundo.-Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de los demandantes, del que se dio el pertinente traslado a las otras partes en litigio, presentando tanto la D.G.A.M. como el Ministerio Fiscal escritos de oposición al mismo, tras lo cual se remitieron los autos a esta Superioridad, y recibidas las actuaciones, se designó Ponente y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 13 de enero de 2005.
Tercero.-En la tramitación del presente rollo se han observado y cumplido las prescripciones legales.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Presidente de la Sección, D. ENRIQUE ANGLADA FORS.
Primero.-1. La sentencia recurrida, que desestima la oposición formulada por D. Domingo y por D.ª Blanca contra la resolución de la Dirección General de Atención al Menor de fecha 26 de marzo de 2001, en la que se acuerda el acogimiento preadoptivo como la medida más adecuada para el menor Luis Francisco (folios 215 y 216), debe ser ratificada por sus propios y acertados razonamientos, al resultar éstos perfectamente coherentes con la situación de hecho y con la problemática jurídica planteada en el presente proceso; abundando en la tesis de la Juzgadora de Instancia y frente a los argumentos revocatorios vertidos por la parte apelante, es de remarcar, de forma somera, que en el supuesto enjuiciado, no ha existido ni error en la valoración de la prueba practicada, ni infracción de la normativa de pertinente aplicación al caso por parte de la Juez "a quo", pues en el supuesto objeto de examen, cual concluye la misma con sumo acierto, siguiendo la tesis mantenida por el Ministerio Fiscal -quien actúa en interés del menor- (folio 505 en relación con los folios 456 al 458), que el menor Luis Francisco, que fue cuidado primero por una vecina del barrio desde la fecha de su nacimiento -el día 10 de diciembre de 1999 (folio 15)- y luego ingresado en un centro residencial en fecha 7 de mayo de 2000 (folios 120, 122 y 123), declarándose seguidamente en situación legal de desamparo, debido a la imposibilidad manifiesta de ambos progenitores para cuidar adecuadamente al menor -ingresado en prisión el padre y afecta de toxicomanía habitual la madre, con padecimiento de varias patologías trascendentes- (folios 134 al 136), en cuyo centro permaneció el menor por un período de 19 meses, hasta que el día 21 de diciembre de 2001 fue entregado a la familia acogedora (folios 250 al 280), durante los cuales la familia biológica se abstuvo de asumir responsabilidad alguna respecto del menor, ni siquiera los hoy actores, quienes vienen a reconocer su posición abstencionista, tanto en el momento del internamiento de su sobrino Luis Francisco en un centro de la D.G.A.M., como durante su estancia en el mismo, como incluso después, pues no presentan su solicitud de oposición a la resolución acordando que la medida más idónea para el menor era el acogimiento preadoptivo hasta el día 27 de noviembre de 2002 (folios 3 al 13), tras hacer una comparecencia ante el EAIA de Horta-Guinardó, el día 3 de octubre de 2002, manifestando su deseo de recuperar a su sobrino, pese a que en su momento no se hizo petición alguna al respecto por motivos de intimidación y amenazas de sus padres (vid. folio 25), y ello tan sólo 10 días antes del fallecimiento de la madre biológica, acaecido el 13 de octubre de 2003 (folio 14), en cuyo escrito rector de este proceso ya manifiestan que no habían hecho nada antes, pues prefirieron respetar el criterio de la madre, creyendo que si cogían el niño con ellos se iba a enturbiar y complicar la situación que aquélla creía bien enderezada a fin de quedarse con el menor (vid. folio 8 "in fine" y 9 "in principio"), lo cual ha sido reiterado en el escrito de interposición del recurso, al manifestar que "su único error fue no forzar la voluntad de la madre del niño, persistente hasta el final de sus días en que ella misma solucionaría la situación" (folio 494), lo que, obviamente, de ser cierto, tenían que haber realizado si realmente querían "cuidar" y quedarse con el niño, máxime cuando la invocada postura de la madre resultaba inviable, amén de ilógica, pues no podían desconocer que con anterioridad había tenido otros dos hijos, los cuales tampoco pudo atender y eso que ella estaba en mejores condiciones físicas y de salud que cuando nació Luis Francisco, lo que evidencia claramente que los ahora apelantes no mostraron, inicialmente, interés alguno para lograr el bienestar del menor, que es precisamente cuando éste más lo precisaba.
2. Pero es más, tal como destaca el Ministerio Público y recoge la Juez "a quo" en la resolución impugnada, de lo actuado ha quedado debidamente acreditado que los actores conocían perfectamente que el menor fue ingresado en un centro residencial de la Entidad pública, por lo menos desde mediados del año 2001 -aunque, debido a que mantenían contacto con la madre del niño, probablemente, tuvieron conocimiento desde el mismo momento de su ingreso (aunque ahora sea negado por ellos)-, es decir, mucho antes, no obstante, de su comparecencia ante la EAIA en el mes de octubre de 2002, sin que durante este período temporal -superior a un año- formularan petición alguna, ni siquiera la de mantener visitas con el menor Luis Francisco. De otra parte, no puede ignorarse ni obviarse, además, un hecho realmente primordial y básico, como es el que el menor, prácticamente no ha visto a su familia biológica y no ha conocido a otra familia que la de acogida, con quienes se ha ido integrando perfectamente, pese a las dificultades y carencias afectivas padecidas en su primer año de existencia (fundamental para el correcto desarrollo psico-emocional de todo niño), y ahora que ya se halla en vías de conseguir una plena vinculación a unas figuras de amor estables, un nuevo cambio podría descompensarle y ocasionarle un retraso irreversible, cual concluyen en sus valoraciones los técnicos del SATAV en su informe de fecha 4 de septiembre de 2003 (folios 427 al 433).
3. Todo ello, pone claramente de relieve que por el órgano jurisdiccional no se ha conculcado normativa alguna concerniente a la protección de menores desamparados -en el presente caso la resolución declarando el desamparo es firme-, ni siquiera lo estatuido en el artículo 56 del Reglamento de Protección de los Menores Desamparados y de la Adopción de 27 de mayo de 1997, pues aunque el acogimiento en familia extensa, en principio, goce de preferencia respecto del acogimiento en familia ajena, para ello han de concurrir las circunstancias establecidas a tal efecto en el artículo 57 del mentado Reglamento; y en el supuesto aquí enjuiciado, es palmario que no se dan, pues, aparte, de la falta de interés demostrado para la consecución del bienestar del niño hasta sólo unos días antes del fallecimiento de su madre, no existe ningún vínculo afectivo entre los solicitantes y su sobrino carnal, ni tampoco ha quedado acreditado que puedan preservarlo de la agresividad y de las amenazas del padre biológico del menor -que ha sido una de las causas, según sus propias alegaciones, que en su día determinaron su "proceder" omisivo-.
Segundo.-Sentado lo precedente y una vez expuesta la situación personal y familiar tanto de los apelantes como del menor, la Sala quiere dejar constancia que la presente controversia, en la que asimismo se cuestiona y se impugna por parte de los mencionados tíos biológicos del niño, la bondad de la medida de acogimiento preadoptivo propuesta por la D.G.A.I.A, ciertamente entraña y significa un problema humano de gran contenido ético y moral en el que los intereses en conflicto se concretan en el deseo de aquéllos de acoger a su nieto, frente a la actitud de la Entidad Pública de mantener el actual "statu quo", en el ámbito familiar de los acogedores, en cuyo seno el niño se encuentra desde hace más de tres años de los cinco de su existencia, durante los cuales ni siquiera ha visto nunca a los referidos tíos maternos. Como proclama reiterada y pacífica doctrina jurisprudencial, de la que son un fiel exponente las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1987 y 19 de febrero de 1988, y de esta misma Audiencia Provincial de 23 de octubre de 1989 (Sección 14.ª) y de 30 de septiembre de 1999 y 30 de septiembre de 2004 (Sección 18.ª), así como los Autos de 26 de abril de 1999, 13 de enero de 2000, 10 de diciembre de 2001, 28 de abril de 2003 y 30 de septiembre y 13 de diciembre de 2004 (Sección 18.ª), en esta clase de procesos, los Tribunales han de velar, prioritariamente y de modo decidido, por los intereses de los menores, que son, sin duda, los mas dignos de protección, y cuyo interés superior debe presidir cualquier resolución en esta materia, en el que el principio fundamental del "favor minoris", consagrado solemnemente en la Constitución Española (Art. 39) y sancionado en Convenios Internacionales (Nueva York), así como en la Convención de las Naciones Unidas de 1989, es una constante plenamente afianzada. Y por tanto en el caso que nos ocupa, en que la convivencia del menor con los acogedores -tras un acoplamiento satisfactorio y una evolución favorable y positiva- ha contribuido a solidificar una situación sentimental y afectiva del niño en un entorno concreto y adecuado, que realiza para él el esquema ideal y creativo de la familia, al ser éste su único referente parental, implica, acorde con lo indicado asimismo por el Ministerio Fiscal - actuando precisamente en interés del menor-, la inviabilidad de modificar la situación actual en la que se encuentra el niño, quien está en vías de alcanzar una plena estabilidad con la familia acogedora, y, por ende, cualquier remoción o separación del menor respecto de los acogedores, superponiendo vínculos puramente biológicos, a realidades concretas de una estructura propiamente familiar, que desde el remedio del acogimiento y de la futura adopción enriquece tanto a acogedores como a acogido, equivaldría o representaría la negación del fundamental principio del "favor minoris" de constante alusión, resultando, en consecuencia, el acogimiento preadoptivo en su día propuesto por la entidad pública, como la medida mas adecuada para la protección del niño Luis Francisco, tal como ha resuelto certeramente la Juzgadora de Instancia en la sentencia impugnada
Tercero.-Consecuentemente con todo lo hasta aquí expuesto y sin necesidad de mayor argumentación, en evitación de reiteraciones inútiles e innecesarias, procede la plena y total confirmación de la resolución apelada, con desestimación del recurso contra la misma formulado.
Cuarto.-No se hace una expresa condena de las costas de esta alzada a los recurrentes, pese a la confirmación íntegra de la sentencia de instancia, habida cuenta la naturaleza y especificidad del proceso y de la cuestión objeto de controversia, lo que, en definitiva, determina que la Sala aprecie, en el caso enjuiciado, la concurrencia de circunstancias excepcionales para su no imposición, a tenor de lo dispuesto en el artículo 398, 1. en relación con el 394, 1. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación de DON Domingo y de DOÑA Blanca, contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de Primera Instancia n.º Diecisiete de Barcelona, en fecha cinco de noviembre de dos mil tres, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS íntegramente la mentada resolución; ello, sin hacer una especial declaración acerca de las costas causadas en esta alzada.
Publicación.-La extiendo yo la Secretaria Judicial para hacer constar que en el día de la fecha ha sido leída y publicada la anterior sentencia estando celebrando audiencia pública. DOY FE.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 
 artículo 56
 artículo 57
 resolución 
 resolución 
 artículo 398