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Timestamp: 2020-01-21 16:35:44+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 24-9, de 27/03/2001
Serie A: 27 de marzo de 2001 Núm. 24-9 PROYECTOS DE LEY
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas y del índice de enmiendas al articulado presentadas en relación con el Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (núm. expte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.
Nota.-La enmienda de totalidad de devolución, fue retirada por escrito de dicho grupo de 6 de marzo de 2001.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta las siguientes enmiendas parciales al Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (núm. expte. 121/000024).
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2001.-Marisa Castro Fonseca, Diputada.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Al artículo 2.1.
Se propone crear una nueva letra d), del siguiente tenor literal:
«d) Garantizar la seguridad y la calidad de los alimentos para las personas, incluidos los aspectos referidos a la nutrición.»
Ampliación de objetivos básicos de la Agencia.
Se propone crear una nueva letra e), del siguiente tenor literal:
«e) Garantizar la seguridad de toda la cadena alimentaria, abarcando todas sus fases e incluyendo alimentos derivados de animales, plantas, sustancias sintéticas y organismos modificados genéticamente, así como las aguas de consumo público.»
Al artículo 2.2.
Se propone crear una nueva letra o), del siguiente tenor literal:
«o) Revisar y actualizar permanentemente el Código Alimentario Español, y especialmente con lo referido a la producción, elaboración, conservación y distribución de alimentos.»
Necesidad de ampliar las funciones a desarrollar por la Agencia.
Se propone crear una nueva letra p), del siguiente tenor literal:
«p) Evaluar las necesidades de recursos relacionados con la seguridad alimentaria y planificar su adecuación acorde a las necesidades detectadas.»
Se propone crear una nueva letra q), del siguiente tenor literal:
«q) Determinar el perfil profesional y catalogar los puestos de trabajo en relación con la seguridad alimentaria, iniciando las acciones necesarias para instaurar las titulaciones académicas pertinentes.»
Se propone crear una nueva letra r), del siguiente tenor literal:
«r) Diseñar y poner en marcha campañas orientadas a la adquisición por parte de los consumidores de hábitos alimentarios saludables.»
Se propone crear una nueva letra s), del siguiente tenor literal:
«s) Diseñar y poner en marcha campañas informativas sobre riesgos derivados del consumo alimentario.»
Se propone sustituir el texto del apartado 1 por el siguiente:
«1. a) El Consejo de Administración, que será el órgano rector de la Agencia. Le corresponde el control de la actividad de la Agencia, velar por la consecución de los objetivos asignados y ejercer la superior dirección de la misma.
- Seis miembros, elegidos a partes iguales por el Congreso de los Diputados y por el Senado, por mayoría de tres quintos.
- Cuatro miembros, nombrados por el Gobierno de la Nación, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente.
- Ocho miembros, designados por las Comunidades Autónomas.
- Tres miembros, nombrados por Real Decreto, a propuesta de la Asociación de Entidades Locales con mayor implantación en el Estado.
- Cuatro miembros, nombrados por Real Decreto, a propuesta, respectivamente, del Consejo de Consumidores y Usuarios, y de las organizaciones ecologistas, sindicales y empresariales más representativas del sector agroalimentario.
- Cuatro miembros, dos a propuesta del Comité Científico de Evaluación de Riesgos Alimentarios y dos a propuesta del órgano de coordinación, contemplados, respectivamente, en los apartados 1 y 3 del artículo 4 de esta Ley.
c) El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración deberá recaer en personas de reconocida competencia profesional en cualesquiera de los ámbitos relevantes para el funcionamiento de la Agencia. Su mandato será de cuatro años, renovable por una sola vez.
d) El Presidente y el Vicepresidente serán elegidos por el Consejo de Administración de entre sus miembros por un período de cuatro años, renovable por una sola vez.
e) La organización y funcionamiento del Consejo de Administración será regulado por los Estatutos de la Agencia, siendo de aplicación, en lo regulado en esta Ley y sus Estatutos, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.»
El control de la Agencia se debe ejercer desde un organismo plural en donde estén representados todos los sectores y Administraciones que tengan algún tipo de interés en la seguridad y calidad alimentaria, con el fin de ejercer un mayor control en este aspecto tan importante para los ciudadanos.
Al artículo 3.2.
Se propone sustituir el texto por el siguiente:
«2. a) El Director, que ostentará la representación legal de la Agencia y ejercerá todas aquellas funciones de dirección que no correspondan al Consejo de Administración, asistirá a las reuniones del Consejo de Administración con voz pero sin voto. Sus atribuciones serán fijadas en los Estatutos del organismo.
b) El Director será nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo de Administración, por un período de cuatro años, renovable por una sola vez.
c) El Director cesará por alguna de las siguientes causas:
- Renuncia, aceptada por el Consejo de Ministros.
- Por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena por delito doloso.
d) El Director tendrá la condición de alto cargo y estará sujeto al régimen de incompatibilidades previsto en la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y Altos Cargos de la Administración General del Estado.
e) El Director deberá dar cuenta de su gestión al Consejo de Administración, al que deberá someter para su aprobación los proyectos de trabajo, la Memoria de actividades realizadas y el anteproyecto de presupuestos.»
Concretar más la figura del Director de la Agencia.
Al artículo 4.1.
De adición Se propone añadir «in fine» el siguiente texto:
«... teniendo en cuenta para ello la diversidad de disciplinas que requiere el análisis y la gestión de los riesgos relacionados con la seguridad alimentaria y por tanto la necesidad de que en este Comité estén representados el conjunto de profesionales implicados en la seguridad alimentaria.»
Necesidad de que en el Comité Científico estén representados los distintos grupos profesionales que puedan, de forma directa o indirecta, estar relacionados con la seguridad alimentaria.
Se propone crear un nuevo párrafo, del siguiente tenor literal:
«Entre sus funciones se encontrará la de emitir un pronunciamiento sobre la inocuidad de las tecnologías o métodos empleados en la producción de alimentos, así como el consumo de los mismos, estando prohibida su comercialización hasta que el pronunciamiento sea favorable.»
Ejercer un mayor control sobre el proceso de producción de alimentos, así como el resultado final del mismo, no permitiendo su comercialización hasta que no se tenga la certeza de su inocuidad en la salud humana.
Al artículo 4.2.
Se propone suprimir la expresión «... y privadas...».
Sería necesario el que desde la Agencia se propiciara la creación de una red científica de carácter público, con el fin de que los intereses privados no entorpecieran o presionaran su labor y sus resultados, que pudiera dar el soporte técnico y científico necesario para obtener un alto grado de fiabilidad en la inocuidad de los alimentos disponibles para el consumo humano.
Al artículo 6.1.d).
Se propone sustituir la expresión «... entes públicos o privados...», por la siguiente: «... distintos entes...».
En coherencia con otras enmiendas y mejora de redacción.
Se propone crear una nueva disposición transitoria, del siguiente tenor:
«Disposición transitoria (nueva).
En el plazo de un mes desde la publicación de la presente Ley en el «Boletín Oficial del Estado», el Gobierno, mediante Real Decreto, aprobará el Estatuto de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, al que hace referencia el artículo 1.3 de la presente Ley.
La constitución definitiva de la Agencia no tendrá lugar hasta que no se aprueben los Estatutos por el Consejo de Ministros.» MOTIVACIÓN
Necesidad de imponer un plazo concreto para la presentación del Estatuto de la Agencia y no dejarla como un elemento decorativo.
En el plazo de un mes desde la publicación de la presente Ley en el «Boletín Oficial del Estado», el Gobierno elaborará el Reglamento referente a la composición y funcionamiento del Comité Científico de Evaluación de Riesgos Alimentarios al que se hace referencia en el artículo 4.1 de la presente Ley.»
Necesidad de imponer un plazo concreto para concretar la composición y el funcionamiento de este Comité Científico.
En el plazo de un mes desde la publicación de la presente Ley en el «Boletín Oficial del Estado», el Gobierno elaborará el Reglamento referente a la composición y funcionamiento del órgano de coordinación al que hace referencia en el artículo 4.3 de la presente Ley.»
Necesidad de imponer un plazo concreto para concretar la composición y el funcionamiento de este órgano de coordinación.
En el plazo de seis meses desde la publicación de la presente Ley en el «Boletín Oficial del Estado», la Agencia Española de Seguridad Alimentaria deberá presentar la actualización del Código Alimentario Español.»
Necesidad de acometer con urgencia una actualización del Código Alimentario.
En el plazo de seis meses desde la publicación de la presente Ley en el «Boletín Oficial del Estado», la Agencia Española de Seguridad Alimentaria deberá presentar un informe sobre la situación de los recursos destinados a seguridad alimentaria, así como un plan dotacional de nuevos recursos.» MOTIVACIÓN
Necesidad de acometer con urgencia un plan que garantice la suficiencia de recursos, técnicos, económicos y humanos destinados a seguridad alimentaria.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Carlos Aymerich Cano, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de creación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (núm. expte. 121/000024).
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2001.-Carlos Aymerich Cano, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
PRIMER FIRMANTE: Don Carlos Aymerich Cano (Grupo Parlamentario Mixto)
Al artículo 2.1, a).
El texto del apartado a) del artículo 2.1 se sustituye por el siguiente:
«a) Propiciar la colaboración y coordinación de las Administraciones Públicas dependientes de la Administración Central del Estado competentes en materia de seguridad alimentaria.»
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria es un organismo público autónomo, vinculado a la Administración General del Estado, de conformidad con el artículo 41 de la LOFAGE y la propia definición del artículo 1 de este Proyecto de Ley. Las facultades de coordinación deben ceñirse a Administraciones dependientes de la Administración estatal, correspondiendo la coordinación entre las Administraciones Públicas, Central (del Estado) y autonómicas con competencias compartidas a un órgano neutral, compuesto de forma paritaria por representantes de esas Administraciones.
El texto del proyecto en este apartado consagra la coordinación unilateral de diferentes Administraciones Públicas al atribuírsela a un órgano situado bajo dependencia directa de una de las Administraciones coordinadas.
Al artículo 2.1, b).
En el apartado b) del artículo 2.1 se propone añadir al final:
«... sin perjuicio del establecimiento de mecanismos de colaboración análogos por parte de las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial.»
El establecimiento de procedimientos de colaboración entre Administraciones Públicas y sectores interesados a nivel estatal no debe obstruir la existencia e impulso de otros niveles de colaboración a nivel autonómico impulsados por las autoridades competentes en materia de salud y consumo de las Comunidades Autónomas con las organizaciones representativas de los sectores interesados y las asociaciones de consumidores y usuarios implantadas en su ámbito territorial.
Al artículo 2.1.c).
Se sustituye el texto del apartado c) del artículo 2.1 por el siguiente:
«c) Actuar, en coordinación con las Comunidades Autónomas como órgano de referencia, en la evaluación de los riesgos alimentarios y en la gestión y comunicación de aquéllos en las situaciones de crisis o alarma.»
La evaluación de los riesgos alimentarios debe ser tarea compartida por todas las Administraciones con competencias en salud, consumo y agricultura. Por ello, es improcedente establecer un órgano unitario de referencia, siendo más aconsejable la participación de todas las Administraciones Públicas interesadas a través de técnicas y procedimientos de coordinación.
Al artículo 2.2.b).
Se modifica el apartado b) del artículo 2.2, que queda redactado como sigue:
«b) Colaborar con los órganos competentes en materia de control sanitario de los alimentos de las Comunidades Autónomas para que, conjuntamente, promuevan las actuaciones ejecutivas y, en su caso, normativas a las autoridades competentes en situaciones de crisis o alarma.»
La posibilidad de imposición de medidas ejecutivas por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria a todas las autoridades competentes supone invadir la esfera competencial de muchas Comunidades Autónomas, entre ellas Galicia, que asumieron la competencia de control sanitario de los alimentos. Por ello, debe promoverse la participación en la adopción de las actuaciones concretas en situaciones de crisis alimentaria y no la imposición unilateral.
Al artículo 2.2.i).
Se sustituye el texto del apartado i) del artículo 2.2 por el siguiente:
«i) Determinar los requisitos sanitarios de las reglamentaciones técnico-sanitarias en los alimentos, para que sean desarrollados por las autoridades con competencias en el control sanitario de la producción, almacenamiento, transporte, manipulación y venta de alimentos.»
En coherencia con las actuaciones atribuidas a la Administración General del Estado por el artículo 40.2 de la Ley General de Sanidad.
Al artículo 2.2.j).
Se modifica el apartado j) del artículo 2.2, sustituyéndolo por el siguiente texto:
«j) Diseñar los programas marco de formación continua de los profesionales del control de alimentos, contando para ello con la participación de las Comunidades Autónomas.»
Las competencias de control de alimentos residen en las Comunidades Autónomas, por lo que la formación continua del personal que desarrolla esas tareas debe contar con la participación destacada de las mismas, con especial atención al diagnóstico de las necesidades de formación.
Al artículo 2.2.l).
De adición En el apartado l) del artículo 2.2 se añade el texto que a continuación se subraya:
«l) Elaborar, a partir de las informaciones de la propia Agencia y de las que le suministren las Comunidades Autónomas, una Memoria anual... (sigue igual).»
El control oficial de la seguridad en los alimentos depende directamente de las Comunidades Autónomas, por lo que la Memoria anual a efectuar por la Agencia de Seguridad Alimentaria deberá realizarse a partir de las informaciones suministradas por aquéllas.
Se suprime la expresión que se subraya a continuación:
«... la creación de una red de entidades públicas y privadas de carácter científico y técnico... (sigue igual).»
La seguridad alimentaria es una cuestión de enorme transcendencia, como demuestran las recientes crisis alimentarias sucedidas en la UE en los últimos años. La seguridad y salubridad de los alimentos debe garantizarse desde los poderes públicos, que en el ejercicio de sus funciones optarán por un control público absoluto de los aspectos relativos a la seguridad alimentaria, coordinándose exclusivamente con otras entidades del mismo carácter.
Al artículo 4.4 (nuevo).
Se incorpora un nuevo apartado 4 al artículo 4:
«4. Se crea el Consejo Interterritorial de Seguridad Alimentaria, que estará integrado por el Ministro de Sanidad y Consumo, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y los Consejeros de Sanidad y Consumo de las Comunidades Autónomas, que será el órgano permanente de comunicación e información de los distintos órganos competentes en materia de seguridad y control de los alimentos, además de coordinar las actuaciones relativas a la seguridad alimentaria cuya competencia esté compartida entre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y las Comunidades Autónomas.»
Al margen de los órganos de asesoramiento y coordinación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, debe establecerse un órgano de coordinación neutral entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, integrado por una representación paritaria de todas las Administraciones Públicas, con competencias en materia de seguridad alimentaria, y que asuma las funciones de fijar las directrices de coordinación entre ambas Administraciones.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas al articulado al Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (núm. expte. 121/000024).
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2001.-Iñaki Anasagasti Olabeaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV).
PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Al artículo 2, apartado 1.c).
De modificación Se propone sustituir el texto de la letra c) en el apartado 1 de artículo 2 del Proyecto por el siguiente texto:
«c) Interactuar como foro de referencia que integre los mecanismos de información y apoyo y los conocimientos técnicos y científicos disponibles en la evaluación de riesgos alimentarios, y en la gestión y comunicación de aquéllos en las situaciones de crisis o alarma.»
Adaptar el contenido de este objetivo a la línea estratégica y a las justificaciones ya plasmadas en el Libro Blanco de la Seguridad Alimentaria y en la propuesta de Reglamento de la Unión Europea, que ya auspician la próxima creación de una autoridad alimentaria europea encargada principalmente de la misión fundamental de proporcionar asesoramiento científico y técnico independiente, que deberá servir de base para la política y la legislación en los ámbitos de la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud y el bienestar de los animales y las cuestiones fitosanitarias, tanto a nivel europeo como internacional.
En concreto, la propuesta de Reglamento europeo se refiere textualmente a la existencia de un foro consultivo compuesto por representantes de agencias u organismos análogos de los Estados miembros «para asegurar el funcionamiento eficaz de las diversas redes de recopilación de información y de los mecanismos de apoyo».
Añade la evidencia de que «... algunos Estados miembros tendrán que plantearse el modo de interactuar con la autoridad europea alimentaria en ese foro, pues no todos los Estados miembros han establecido agencias alimentarias...».
Parece, en definitiva, que debe acomodarse la redacción dada en el Proyecto para que no resulte contradictoria con los objetivos que se plantean en la Unión Europea, además de corregir la exageración que supone pretender actuar de «elemento unitario» en una materia que se encuentra globalizada desde todos los puntos de vista científicos, sociales, económicos e incluso medioambientales.
Al artículo 2, apartado 2.a).
Se propone suprimir la expresión inicial «... Programar y...», de modo que el texto se inicie exclusivamente del siguiente modo: «a) Coordinar las actuaciones relativas...».
La tarea de «programar» tiene un contenido gestor pero que también comprende inseparablemente la función política que corresponde al Gobierno correspondiente, por lo que no puede ser encomendada a la Agencia sin invadir la esfera competencial asignada constitucionalmente, según los casos, a las Comunidades Autónomas.
Al artículo 2, apartado 2.b).
Se propone modificar el texto de la letra b) del apartado 2 de artículo 2 del Proyecto, que deberá quedar redactado como sigue:
«b) Proponer actuaciones ejecutivas y, en su caso, normativas a las autoridades competentes en situaciones de crisis o alarma, incluyendo la elaboración de planes operativos de gestión y la puesta a disposición del apoyo científico y técnico disponible.
El término «instar» es confuso respecto a la identificación de los límites de la capacidad que puede ostentar la Agencia respecto al conjunto de poderes públicos.
Asimismo, se sustituye la expresión relativa a la caracterización de la Agencia como un «centro estatal unitario de referencia», porque resulta incorrecto técnicamente la asimilación de la Agencia con una manifestación organizativa concreta de la misma y, sin embargo, se añade una referencia importante y mucho más necesaria al tipo de trabajos de los que debiera fundamentalmente encargarse, en similares términos a los previstos respecto a la futura agencia europea.
Al artículo 2, apartado 2.f).
«f) Informar, previo su conocimiento en el órgano de coordinación de la Agencia, la propuesta de posición de España en los asuntos de seguridad alimentaria que se traten en la Unión Europea, el "Codex Alimentarius", el Consejo de Europa y en cualesquiera organismos internacionales.»
Sustituir la expresión «informar sobre...» porque resulta confusa a los efectos de configurar un papel digno y eficaz de la Agencia respecto a la configuración de la posición de España en foros europeos e internacionales, que además incluya el conocimiento para su debate en el órgano de coordinación en el que se encuentran representados todos los interesados.
Adviértase que en esta función se encuentra en juego el principio de transparencia, que informa la legislación y la política de seguridad alimentaria.
«Artículo 3. Órganos de dirección.
Son órganos de dirección de la Agencia:
1. La Junta Directiva, que estará integrada por el Presidente y el Vicepresidente a los que se refiere el apartado siguiente, así como por siete representantes designados por las Comunidades Autónomas, que hayan asumido competencias exclusivas y de desarrollo legislativo en materias relacionadas con la seguridad alimentaria. A la Junta Directiva le corresponde
velar por la consecución de los objetivos asignados a la Agencia, así como supervisar y aprobar sus planes de gestión.
2. El Presidente y el Vicepresidente... (sigue igual)... Les corresponde ejercer la superior dirección en la gestión encomendada a la Agencia.
3. ... (igual)...»
Dotar a la Agencia de un nuevo órgano de dirección, que requiera de consensos políticos, con un plano mixto entre quienes ejercen las mayores cotas de responsabilidad técnica y política, y que además es congruente con el papel real que desempeñan las Comunidades Autónomas.
Conforme dispuso la resolución aprobada en el Congreso de los Diputados en junio de 1999, que el Proyecto de Ley recoge como fundamentación del mismo, se instó la creación de la Agencia bajo las condiciones textuales de respetar las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas y, asimismo, contar con su participación en el seno de la Agencia (las Comunidades Autónomas dentro de la asimetría propiciada por lo que hayan dispuesto sus respectivos Estatutos de Autonomía, conforme al artículo 147 CE, han asumido en muchos casos competencias exclusivas y de desarrollo legislativo en las materias implicadas en la política de seguridad alimentaria, además de constituirse en las autoridades principales de gestión, como expresa el Real Decreto 1397/1995, al disponer que «por autoridad competente en materia de control oficial de productos alimenticios se entenderá el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, excepto cuando se trate de productos destinados a intercambios con países no comunitarios, en cuyo caso la competencia recaerá en el órgano correspondiente de la Administración del Estado»).
Parece correcto que en la Agencia exista un órgano de coordinación (artículo 4.3) en el que tengan participación representantes de los sectores interesados, de los consumidores y de las Administraciones Públicas, entre las que se incluirán las respectivas de las Comunidades Autónomas. Pero no parece apropiado ni práctico que esa sea toda la participación que cabe entender necesaria, al margen incluso de consideraciones políticas, sobre como actúan su posición político-institucional.
Al amparo de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (núm. expte. 121/000024), a instancia del Diputado Joan Saura Laporta, de Iniciativa per Catalunya-Verds.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2001.-Joan Saura Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Mixto
Añadir al final del primer párrafo del apartado 1, después de «y sectores interesados», el texto siguiente:
«y las asociaciones de consumidores y usuarios.»
Mantener la coherencia del texto del artículo 2. Con este redactado, se cuenta con el sector al que, según la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se le deben proteger y defender sus derechos referentes a su salud y su seguridad.
Se modifica el punto b) del apartado 2, que pasa a tener el siguiente texto:
«b) Instar acciones ejecutivas y, en su caso, normativas de las autoridades competentes, especialmente en situaciones de crisis o alarma, en las que la Agencia actuará como centro estatal de referencia dentro del marco definido por la Unión Europea.»
La creación de la Agencia Europea en materia de Seguridad Alimentaria deberá coordinar el intercambio
de información entre todos los organismos análogos estatales. La política de seguridad alimentaria que adopte la Unión Europea deberá tener su receptividad en el Estado español.
Se añade un nuevo apartado, con el siguiente contenido:
«3. El Consejo Interterritorial de Seguridad Alimentaria, que estará formado por una persona representante de la Agencia, una representante del Gobierno, una representante de cada Comunidad Autónoma y cuatro representantes de las asociaciones municipalistas, ejercerá las atribuciones que se le asignen en el Estatuto del organismo.»
De la misma forma que no es posible plantear una política estatal de seguridad alimentaria sin tener en cuenta la política que realice la Unión Europea, es imprescindible que una Agencia estatal cuente con la participación de todas las Administraciones implicadas en la salud pública.
Se modifica el apartado 1, que pasa a atener el siguiente texto:
«1. Se creará un Comité Científico de Evaluación de Riesgos Alimentarios, formado por personas de reconocido prestigio entre personas del mundo científico y académico, cuya elección y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.» JUSTIFICACIÓN
El redactado que se propone determina el carácter independiente de un Comité Científico que, entre otras funciones, se prevé que elabore informes preceptivos. Este hecho sitúa la Agencia estatal a la altura de agencias de otros países europeos, como son Alemania o Francia.
Suprimir, en el apartado 2, «y privadas».
Es imprescindible asegurar que la gestión de la seguridad alimentaria se realice desde las Administraciones Públicas. Cabe tener en cuenta que, para facilitar objetivos definidos por las Administraciones Públicas, éstas pueden crear organismos de titularidad pública que se regulan mediante el derecho privado.
Sustituir, en el apartado 3, «las Administraciones Públicas» por:
«la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración local.»
Este redactado pretende asegurar, en coherencia con lo expresado anteriormente, la participación de todas las Administraciones implicadas en la salud pública.
Se añade una disposición transitoria única, con el siguiente texto:
«Disposición transitoria única. Financiación extraordinaria para el año 2001.
En el plazo de un mes, el Gobierno presentará un Proyecto de Ley para habilitar un crédito extraordinario para el correcto funcionamiento de la Agencia durante el año 2001.»
Para el 2001, el presupuesto de la Agencia procede del presupuesto de Ministerio de Sanidad y Consumo y, por lo tanto, ya está cerrado.
Esta enmienda pretende habilitar una línea de financiación para el buen funcionamiento de la Agencia que, con la coyuntura actual, debe realizar más acciones que las ya previstas en los presupuestos para el 2001.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, publicado en el BOCG, número 24-1, serie A (núm. expte. 121/000024).
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2001.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
De adición Se propone la adición, a continuación del tercer párrafo, de uno nuevo, con la siguiente redacción:
«Además de que la seguridad alimentaria sea una exigencia constitucional y de la obligación de los poderes públicos de promoverla, los ciudadanos exigen que aquélla prevalezca sobre cualquier otro tipo de intereses.»
Debe destacarse que los ciudadanos exigen la prevalencia de la seguridad de los alimentos que consume sobre cualquier otro tipo de intereses que concurren en la producción, elaboración y distribución de los alimentos.
A la exposición de motivos, párrafo cuarto.
Se propone la adición al final del cuatro párrafo del siguiente texto:
«De todo ello se desprende que es necesario un profundo replanteamiento de la política de seguridad alimentaria que permita afrontar los problemas que puedan asociarse a la cadena alimentaria con las mayores cuotas de seguridad.»
Se ha de incidir, al igual que lo hizo el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria elaborado en la Unión Europea, en la necesidad de un replanteamiento de la política de seguridad alimentaria, a cuyo efecto la creación de una Agencia es un instrumento esencial.
Recientes crisis han puesto de manifiesto algunas deficiencias de la seguridad alimentaria y es necesario que la política desarrollada en este ámbito sea un instrumento anticipador, dinámico, coherente y global.
Se propone la adición, a continuación del párrafo noveno, del siguiente texto:
«En todo este contexto, la presente Ley crea la Agencia Española en la consideración de que ha de ser un elemento fundamental en la construcción de la seguridad alimentaria en el marco de la Unión Europea. La creación de la Agencia responde a los mismos objetivos que han dado o están dando lugar a la creación de estos organismos en otros Estados de la Unión Europea y a la propia autoridad alimentaria europea. Con todos ellos habrá de colaborar estrechamente, por lo que se ha considerado conveniente que, sin perjuicio de las necesarias adecuaciones y sobre todo del respeto al marco competencial que en las materias concernidas está establecido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, sus objetivos, principios, formas organizativas y métodos de trabajo sean similares y compatibles con aquéllos.
Las líneas directrices que informan la creación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria son, por lo tanto, las siguientes:
- Su objetivo general es proteger la salud pública, contribuyendo a que los alimentos destinados al consumo humano -considerando la cadena alimentaria en su integridad, desde la producción primaria hasta el consumo- sean seguros y garantizando su calidad nutricional y la promoción de la salud.
- La Agencia debe proteger los intereses de los consumidores actuando bajo los principios de transparencia e independencia y adoptando sus decisiones en una valoración científica rigurosa y de excelencia de los riesgos existentes, con la participación activa de consumidores, operadores económicos y sociales y comunidad científica.
- La Agencia ha de asumir una función relevante en la definición de las nuevas necesidades normativas y ejecutivas relativas a la seguridad alimentaria y, en su caso, incorporar en su ámbito de actuación aspectos emergentes que directa o indirectamente estén relacionados con la cadena alimentaria, con particular referencia a los aspectos del bienestar animal relacionados con la seguridad alimentaria.» MOTIVACIÓN
Expresar en la exposición de motivos las líneas directrices que informan el objetivo, las funciones y los principios de actuación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
Se propone la adición de un último párrafo a la exposición de motivos, que tendrá la siguiente redacción:
«Transcurrido un período de tiempo desde la constitución de la Agencia, se procederá a un análisis de su funcionamiento y, si de éste se concluyera que para el mejor ejercicio de sus funciones fuera conveniente dotarla de un mayor ámbito de autonomía funcional, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se procederá a realizar las modificaciones necesarias a tal fin.»
Expresar en la exposición de motivos la previsión de que, a la vista del funcionamiento de la Agencia durante un período de tiempo, pudiera resultar conveniente intensificar su autonomía funcional.
Al artículo 2, apartado 1.
«La Agencia se crea con el objetivo general de promover la seguridad alimentaria, como aspecto fundamental de la salud pública, y de ofrecer garantías e información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario español, desde el ámbito de actuación de las competencias de la Administración General del Estado y con la cooperación de las demás Administraciones Públicas y sectores interesados.
b) Favorecer la colaboración entre las Administraciones Públicas y los distintos sectores interesados y las asociaciones de consumidores y usuarios.
c) Actuar como elemento de referencia en la evaluación de riesgos alimentarios y en la gestión y comunicación de aquéllos, especialmente en las situaciones de crisis o emergencia.
Sus ámbitos de actuación serán los siguientes:
- La seguridad de los alimentos para las personas, incluidos la nutrición y los aspectos de calidad con incidencia en la salud.
- La seguridad de toda la cadena alimentaria, abarcando todas sus fases.
- Aquellos aspectos de sanidad animal y sanidad vegetal que incidan directa o indirectamente en la seguridad alimentaria.
- Cualquier otro que se le asigne a la luz de los avances científicos y las nuevas demandas sociales.»
La enmienda tiene por finalidad destacar que el objetivo de la Agencia es promover el mayor grado posible de seguridad alimentaria, como un aspecto esencial de la salud pública, y ofrecer garantías a los consumidores y sectores implicados con el fin de que haya una creciente confianza de éstos en la política de seguridad alimentaria desarrollada por las Administraciones Públicas. Todo ello desde el respeto absoluto al marco competencial existente.
Se incorporan los ámbitos específicos de actuación de la Agencia desde el enfoque de que las funciones de ésta se proyectan sobre toda la cadena alimentaria -«de la granja al consumidor»-, dada la interdependencia que existe entre todas las fases de la producción de alimentos.
Al artículo 2, apartado 2.
Se propone la modificación del apartado 2, que tendrá la siguiente redacción:
«2. Para la consecución de dichos objetivos y en sus ámbitos de actuación, la Agencia desarrollará las siguientes funciones:
a) Coordinar las políticas nacionales relacionadas con la seguridad alimentaria.
b) Programar y coordinar las actuaciones relativas a los aspectos sanitarios de control oficial de productos alimenticios, previstas en el Real Decreto 50/1993, de 15 de enero, por el que se regula el control oficial de los productos alimenticios, y es el Real Decreto 1397/1995, de 4 de agosto, por el que se aprueban medidas adicionales sobre el control oficial de productos alimenticios, así como sus adiciones y ulteriores modificaciones.
c) Instar actuaciones ejecutivas y, en su caso, normativas de las autoridades competentes, especialmente en situaciones de crisis o emergencia.
e) Censar y actualizar los recursos públicos o privados, relacionados con la seguridad alimentaria, favoreciendo las relaciones entre todos ellos.
g) Diseñar programas anuales de estudios prospectivos en materia de seguridad alimentaria para que sean desarrollados por las autoridades competentes.
h) Informar sobre la posición de España y, en su caso, representarla en los asuntos de seguridad alimentaria que se traten en organismos internacionales, especialmente la Unión Europea, el "Codex Alimentarius" y el Consejo de Europa.
i) Proporcionar un soporte técnico que, para el conjunto de las Administraciones con competencias, garantice el manejo de la mejor evidencia científica.
j) Asesorar a las Administraciones Públicas en el planeamiento y desarrollo de sus políticas de seguridad alimentaria.
k) Asesorar a los sectores económicos y sociales implicados en la seguridad alimentaria, con los que establecerá cauces de comunicación permanente.
n) Elaborar un procedimiento general de actuación en situaciones de crisis y emergencia alimentarias.
o) Coordinar el funcionamiento de las redes de alerta existentes en el ámbito de la seguridad alimentaria en el territorio español y su integración en los sistemas de alerta comunitarios e internacionales.
p) Elaborar procedimientos certificados de control de alimentos, procesos y establecimientos, que sirvan de referencia a efectos de acreditación por las autoridades competentes.
q) Promover la simplificación y unificación de las normas en materia de seguridad alimentaria.
r) Aprobar las autorizaciones que correspondan a la Administración General del Estado en este ámbito.
s) Identificar las necesidades de formación continuada de los profesionales del control de alimentos y diseñar programas marco para satisfacer aquéllas.
t) Constituir las bases de datos que puedan colaborar al desarrollo armónico de las funciones encomendadas a las autoridades.
u) Elaborar una Memoria anual que refleje las actuaciones de control oficial en el conjunto del Estado y que analice la situación general de la seguridad alimentaria en España, señalando los campos prioritarios de acción y, en particular, los peligros emergentes.
v) Establecer y mantener los mecanismos necesarios para actuar de modo integrado en la red europea de agencias u organismos de seguridad alimentaria.
w) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias, así como las correspondientes a los órganos y unidades integrados en las estructuras de la Agencia.»
Esta enmienda tiene por objeto incorporar determinadas funciones para la consecución de los objetivos que tiene encomendados la Agencia a las previstas en el Proyecto de Ley. Entre éstas cabe destacar las de coordinar las políticas en materia de seguridad alimentaria, elaborar y promover estudios y trabajos de investigación, funciones de asesoramiento a las Administraciones Públicas competentes y a los sectores implicados en la seguridad alimentaria, coordinar el funcionamiento de las redes de alerta y ser responsable de su integración en los sistemas de alerta comunitario e internacionales, promover la simplificación y unificación de normas en este ámbito y aprobar las autorizaciones que correspondan a la Administración General del Estado. Conviene que estas funciones estén expresamente determinadas en el texto de la Ley, aun cuando algunas de ellas están implícitas en el texto del Proyecto.
«3. Órganos de la Agencia:
- El Director Ejecutivo.»
La estructura organizativa de la Agencia que se propone es la que se considera más adecuada para hacer frente al nuevo enfoque de la política de seguridad alimentaria, propugnada tanto a nivel comunitario como nacional, que ha de ser más coherente, eficaz y dinámica y que ha de desarrollarse de manera transparente y fomentando la participación de todos los interesados.
Se propone por ello, además de los órganos de dirección -Consejo de Dirección y Director ejecutivo- y del Comité Científico, la creación de una Comisión Institucional, integrada por representantes de las Administraciones Públicas con competencia en este ámbito, y de un Consejo Consultivo, compuesto por representantes de los sectores económicos, profesionales y sociales relacionados con la seguridad alimentaria.
«Artículo 4. Consejo de Dirección.
1. El Consejo de Dirección es el órgano rector de la Agencia. Le corresponde velar por la consecución de los objetivos asignados a la Agencia y ejercer la superior dirección de la misma.
2. El Consejo de Dirección estará compuesto por:
- El Presidente del Consejo de Dirección.
- Cuatro miembros, nombrados por el Gobierno de la Nación a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente.
- Cuatro miembros, designados por las Comunidades Autónomas.
- Dos miembros nombrados a propuesta de la Asociación de Entidades Locales con mayor implantación en España.
- Cuatro miembros, dos a propuesta del Consejo de Consumidores y Usuarios y dos a propuesta de las organizaciones económicas con implantación en el sector de producción y transformación agroalimentario.
3. El nombramiento de los miembros del Consejo de Dirección deberá recaer en personas de reconocida competencia profesional en cualesquiera de los ámbitos relevantes para el funcionamiento de la Agencia. Su mandato será de cuatro años, renovable, en su caso, en la forma que se determine en los Estatutos.
4. El Presidente será nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo, y se podrán nombrar hasta dos Vicepresidentes en la forma que reglamentariamente se determine.
5. El Consejo de Dirección se reunirá, al menos, una vez al mes, así como cuantas veces le convoque su Presidente o a petición de un tercio de sus miembros.
6. Los miembros del Consejo de Dirección en el ejercicio de las funciones que le corresponden actuarán con plena autonomía.
7. La organización y funcionamiento del Consejo de Dirección será regulado por los Estatutos de la Agencia, siendo de aplicación, en lo no regulado en esta Ley y sus Estatutos, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
Se configura el Consejo de Dirección como máximo órgano rector de la Agencia. Sus miembros han de ser profesionales de reconocida competencia, cuya designación corresponde a los diversos poderes públicos y sectores concernidos en materia de seguridad alimentaria.
Esta composición, junto con la configuración de un mandato estable y la periodicidad de sus reuniones, garantizarán que el funcionamiento del Consejo -y por ende, de la Agencia- tenga un alto grado de profesionalidad y facilite la cooperación.
Se propone la adición de un nuevo artículo 4 bis:
«4 bis. Comisión Institucional.
1. La Comisión Institucional es el órgano de la Agencia encargado de establecer mecanismos eficaces de coordinación y cooperación entre las Administraciones Públicas con competencias en materia de seguridad alimentaria.
2. La Comisión Institucional estará compuesta por un representante del Ministerio de Sanidad y Consumo, un representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un representante del Ministerio de Medio Ambiente, un representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología y un representante de cada una de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, así como cuatro representantes de las entidades locales, estos últimos designados por la asociación de ámbito estatal de mayor implantación.
3. La Comisión Institucional estará presidida por el Director ejecutivo de la Agencia. Tendrá dos Vicepresidentes, elegidos por y de entre sus miembros.
4. La Comisión Institucional podrá funcionar en pleno o en grupos de trabajo.»
Se considera que la constitución y composición de la Comisión Institucional, órgano en el que participan representantes de todas las Administraciones Públicas que ostentan competencias en materia de seguridad alimentaria, es fundamental para que las actuaciones en este ámbito se desarrollen de forma coordinada y con el mayor grado de cooperación.
Se propone la adición de un nuevo artículo 4 ter:
«4 ter. Consejo Consultivo.
1. El Consejo Consultivo, como órgano de participación activa de la sociedad en los asuntos relacionados con la seguridad alimentaria, estará compuesto por representantes de las organizaciones de consumidores y de las organizaciones económicas, profesionales y sociales cuyo ámbito de actividad incida directa o indirectamente en la seguridad alimentaria.
2. El Consejo Consultivo asesorará al Consejo de Dirección y al Director ejecutivo en el ejercicio de sus funciones y será consultado preceptivamente por éstos en aquellos asuntos que se determinen en los Estatutos.
3. La composición del Consejo Consultivo se establecerá en los Estatutos. El Presidente del Consejo será el Director ejecutivo de la Agencia. Podrán nombrarse dos Vicepresidentes, elegidos por y de entre los miembros del Consejo Consultivo.»
La creación del Consejo Consultivo responde a la necesidad de la existencia de un foro de relación permanente con los sectores económicos, profesionales y sociales cuyo ámbito de actividad esté relacionado con la seguridad alimentaria.
Se propone la adición de un nuevo artículo 4 quáter:
«4 quáter. Comité Científico.
1. Se creará un Comité Científico que tendrá, entre sus funciones, la de proporcionar a la Agencia dictámenes científicos en el ámbito de la seguridad alimentaria, definir el ámbito de los trabajos de investigación necesarios para las funciones de la Agencia y coordinar los trabajos de los grupos de expertos.
2. La composición tendrá en cuenta la diversidad de disciplinas que requiere el análisis y la gestión de los riesgos relacionados con la seguridad alimentaria.
3. El Consejo de Dirección nombrará a los miembros del Comité Científico, por un período determinado y a través de los procedimientos que se establezcan en los Estatutos.
4. Bajo la dependencia del Comité Científico, se constituirán diversos grupos de expertos. El número y denominación de los grupos de expertos se determinará por el Consejo de Dirección, a propuesta del Director ejecutivo, tras consulta al Comité Científico.
5. La Agencia impulsará la creación de una red de instituciones que colabore permanentemente, a las que podrá encargar trabajos de investigación e informes científicos y técnicos.»
La existencia del Comité Científico, órgano esencial en la estructura de la Agencia, garantiza que ésta dispondrá de los mejores conocimientos científicos existentes en este ámbito, base fundamental para la correcta adopción de decisiones por la Agencia y para generar la confianza de los consumidores y sectores implicados.
Se propone la adición de un nuevo artículo 4 quinquies:
«4 quinquies. Director Ejecutivo.
1. El Director Ejecutivo, que ostenta la representación legal de la Agencia, ejercerá todas las funciones de dirección de la Agencia que no correspondan al Consejo de Dirección. Sus atribuciones serán fijadas en los Estatutos.
2. El Director Ejecutivo será nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo de Dirección, por un período de cuatro años, renovable.
- Expiración del período de su mandato.
- Por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción de expediente, en el que será oído el Consejo
de Dirección, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena por delito doloso.
3. El Director ejecutivo tendrá la consideración de alto cargo y estará sujeto al régimen de incompatibilidades previsto en la Ley 12/ 1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y Altos Cargos de la Administración General del Estado.
5. El Director ejecutivo dará cuenta de su gestión al Consejo de Dirección, al que deberá someter para su aprobación los programas de actividades, la Memoria de actividades realizadas y el anteproyecto de presupuestos.»
Se configura como un órgano con funciones gerenciales en la estructura de la Agencia, que actúa bajo las directrices y dando cuenta de su gestión al Consejo de Dirección. El período de su mandato está predeterminado y fijadas las causas de su cese con el fin de dotar de estabilidad el ejercicio de este cargo.
Se propone la adición de un nuevo artículo 4 sexies:
«4 sexies. Principios específicos de actuación de la Agencia.
1. La Agencia actúa de acuerdo con los principios de independencia en la protección de la salud pública y defensa de los consumidores, transparencia en su gestión, evaluación continua de su actividad y control permanente.
2. Las decisiones de la Agencia se basarán en conocimientos y datos objetivos de evaluación de riesgos y serán adoptados de acuerdo con la protección de la salud, el interés público y el principio de precaución.
3. A los miembros del Consejo de Dirección, Comisión Institucional y Comité Científico les serán de aplicación las causas de abstención y recusación establecidas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa que proceda.
4. Los miembros del Consejo de Dirección y del Comité Científico realizarán declaraciones de intereses y de causas que puedan incidir directa o indirectamente en la imparcialidad requerida para el ejercicio de sus funciones. Los Estatutos establecerán el procedimiento para el cumplimiento de este deber.
5. De acuerdo con el principio de transparencia, y sin perjuicio del respeto del derecho a la intimidad de las personas y a las materias protegidas por el secreto industrial y comercial, siempre que no comprometan la protección de la salud pública:
- Todos los ciudadanos tienen el derecho de acceder a los dictámenes científicos elaborados por la Agencia, a los documentos que obren en su poder y al informe anual de actividades.
- Se establecerá un procedimiento para que las actas de las reuniones del Consejo de Dirección y del Comité Científico puedan ser consultadas por los ciudadanos.
- La Agencia comunicará por su propia iniciativa la información relevante para la población, especialmente en situaciones de crisis alimentaria. A tal efecto, la Agencia elaborará un plan general de comunicación de riesgos y uno específico para situaciones de crisis.
6. La elaboración de las normas que competa a la Agencia serán sometidas al trámite de información pública.
7. Los programas de actividades, así como la Memoria de actividades de la Agencia, una vez aprobados por el Consejo de Dirección, serán presentados a las Cortes Generales, al Gobierno de la Nación y a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.»
La enmienda tiene por objeto determinar los principios específicos de actuación de la Agencia, que son fundamentales para que pueda cumplir sus objetivos y funciones asignados en el artículo 2 y para que sus actuaciones generen un alto nivel de confianza en los consumidores.
Junto a la exposición de estos principios, se incorporan los instrumentos necesarios para que aquéllos no se conviertan en meras declaraciones.
Se propone la adición de un nuevo artículo 4 septies:
«4 septies. Relaciones con otras autoridades alimentarias.
1. La Agencia será responsable de la interlocución con la autoridad alimentaria europea y con otras instituciones internacionales en el ámbito de la seguridad alimentaria.
2. La Agencia impulsará la coordinación y las acciones conjuntas con las autoridades alimentarias de las Comunidades Autónomas y, en su caso, de las Corporaciones Locales.
3. La Agencia prestará sus servicios de evaluación de riesgos y elaboración de dictámenes a las autoridades de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos.»
Definir las relaciones de la Agencia con otras instituciones alimentarias, tanto en la futura autoridad alimentaria europea u otras internacionales como con las correspondientes a las Comunidades Autónomas y, en su caso, entidades locales.
Se propone la adición de un nuevo artículo 4 octies:
«4 octies. Redes de alerta.
La Agencia coordinará el funcionamiento de las redes de alerta alimentarias existentes en el Estado y será responsable de su integración en el sistema comunitario de alerta alimentaria y en cualquier otro de carácter internacional.»
Hacer explícita la responsabilidad de la Agencia en la coordinación de las redes de alerta.
Se propone la adición de un nuevo artículo 4 nonies:
«4 nonies. Comités de Crisis y Emergencia.
En situaciones de crisis y emergencia, y de acuerdo con el procedimiento de actuación establecido con carácter general, la Agencia establecerá un plan específico para cada crisis, realizará un seguimiento continuo de la misma y constituirá un Comité de Crisis específico en cada caso, dotándole de todos los medios para que pueda coordinar las actuaciones necesarias y el ejercicio de sus funciones resulte rápido y eficaz.»
Establecer la metodología general de actuación de la Agencia en situaciones de crisis y emergencia, previendo un plan y un Comité específicos para cada crisis, según la naturaleza de la misma.
Al artículo 6, apartado 1, letra d).
Se propone la supresión del inciso «o de aportaciones realizadas a título gratuito».
Mejora técnica. Se pretende que las eventuales aportaciones de entes privados sean consecuencia de la existencia de conciertos o convenios.
Al artículo 10.
Se propone la adición de un segundo párrafo al apartado 2 y de un nuevo apartado 5, que tendrán la siguiente redacción:
«Dicho Real Decreto deberá ser sometido a la aprobación del Consejo de Ministros en un plazo no superior a seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.»
«5. A la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno encomendará a un grupo de expertos la elaboración de un informe que sirva de base al proyecto de Estatuto de la Agencia, informe que será hecho público como documento de consulta.»
Se establece un plazo máximo de elaboración y aprobación de los Estatutos en aras de la más pronta constitución de la Agencia.
Además, se prevé la elaboración de un informe por un grupo de expertos en la materia que sirva como base al proyecto de Estatutos de la Agencia.
Se propone la adición de una disposición final segunda, pasando la actual segunda a ser tercera, con la siguiente redacción:
Transcurridos tres años desde la constitución de la Agencia, se procederá a un análisis del funcionamiento de la misma, con el fin de, en su caso, proceder a dotarla de un mayor ámbito de autonomía funcional, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, si ello fuera conveniente para el mejor ejercicio de sus funciones.»
Prever una intensificación de la autonomía funcional de la Agencia si, tras unos años de funcionamiento de la Agencia, resultara conveniente para la consecución de sus objetivos.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley 121/000024, por el que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2001.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado. Joan Saura Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
PRIMER FIRMANTE: Don Joan Puigcercós i Boixassa (Grupo Parlamentario Mixto)
Al artículo 1.1.
El artículo 1.1 queda redactado de la siguiente forma:
«Se crea la Agencia Española de la Seguridad Alimentaria como un ente público de carácter institucional que, como autoridad independiente dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, tanto en el ámbito público como en el privado, actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones. La Agencia, que tiene autonomía orgánica y funcional, se rige por lo que dispone esta Ley, por las disposiciones que la desarrollan y por su Estatuto orgánico y de funcionamiento.»
Al artículo 1.2.
Al artículo 2.k).
El texto se completa con estas palabras:
«... y facilitar el acceso a las mismas a toda la ciudadanía.»
Al artículo 2.o)
De adición de un nuevo punto
El artículo 2.o) quedaría así:
«Facilitar la coordinación entre los diferentes organismos relacionados con la materia dependientes de la administración y competentes en seguridad alimentaria.»
De sustitución El artículo 3 quedaría así:
«Artículo 3. Organización de la Agencia.
La organización de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria se basa en el Consejo de Administración, el Consejo Asesor y la Dirección.»
El artículo 4 quedaría así:
«Artículo 4. Consejo de Administración, Consejo Asesor y Dirección.
4.1 El Consejo de Administración.
El Consejo de Administración es el órgano de gobierno de la Agencia y está integrado por representantes del Congreso, del Gobierno y de los diferentes colectivos que participan en alguna de las fases de la cadena alimentaria, según determinará el Reglamento correspondiente.
Su composición no será superior a las 12 personas y los representantes de la administración no superarán un tercio de sus miembros.
El Consejo de Administración ejerce las siguientes funciones:
- Aplica las directrices de actuación que determina el Consejo Asesor.
- Somete a la aprobación del Congreso y del Gobierno la propuesta de planificación en materia de seguridad alimentaria y la revisión legislativa correspondiente.
- Aprueba el anteproyecto de presupuesto de la Agencia.
- Aprueba los programas de actuación de la Agencia.
- Propone al Gobierno el nombramiento del Director o Directora de la Agencia.
- Las otras que se determinen reglamentariamente.
4.2 El Consejo Asesor.
a) Integran el Consejo Asesor un número de personas no superior a 50, representantes de las asociaciones
de productores y productores de la materia prima en relación a los alimentos, de las entidades ecologistas y de defensa de los animales, de las asociaciones de vecinos, de las organizaciones de consumidores y usuarios, de las organizaciones sindicales, de las Universidades, de las relacionadas con la transformación y transporte de los alimentos y de personas expertas en materia de seguridad alimentaria.
Su nombramiento será realizado según el Reglamento correspondiente.
b) Son funciones del Consejo Asesor:
- La recopilación de información, el asesoramiento y la formulación de propuestas de actuación en materia de seguridad alimentaria.
- La elaboración del informe sobre la planificación en materia de seguridad alimentaria y la revisión correspondiente de la legislación en dicha materia.
- La elaboración y posterior ejecución de los programas de actuación de la Agencia.
- Supervisión y vigilancia de la calidad y seguridad de los productos alimentarios, así como de los acontecimientos que se produzcan en relación a la seguridad alimentaria.
- Velar por la gestión de todos los mecanismos de comunicación creados para informar de la gestión de la Agencia.
- La propuesta de designación por parte del Consejo de Administración, del Director o Directora de la Agencia.
4.3 La Dirección.
a) La Dirección es el órgano ejecutivo unipersonal que dirige y representa a la Agencia, y le corresponden las siguientes funciones:
- La ejecución de las propuestas aprobadas por el Consejo de Administración.
- La representación del organismo.
- Autorizar los gastos con cargo a créditos presupuestarios de la Agencia, dentro de los límites que se establecen por reglamento.
- Actuar como órgano de gestión y administración ordinarios de la Agencia, ejerciendo la dirección del personal y autorizando los gastos dentro de los límites establecidos por el Reglamento con cargo a los créditos presupuestarios de la Agencia y ordenando su pago.
- Convocar, a instancias del Consejo de Administración, donde ejercerá las funciones de Secretaría con voz y sin voto.
b) El Gobierno español nombrará al Director de la Agencia a instancias del Consejo de Administración.» ENMIENDA NÚM. 66
Al artículo 10.1.
El texto se completa con las siguientes palabras:
«... en un plazo no superior a los quince días.»
Al artículo 10.2.
«... y en un plazo no superior a los quince días.»
Al artículo 10.3.
«... garantizando la presencia de los sectores implicados en todos los puntos de la cadena alimentaria, tanto en el Consejo de Administración como en el Consejo Asesor en una proporción no inferior a los dos tercios del total de personas que los constituyan.»
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta nueve enmiendas al Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2001.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Al apartado 1 del artículo 2.
1. La Agencia se crea con el objetivo de unificar y gestionar las competencias de la Administración General del Estado que directa o indirectamente recaen sobre la seguridad de los alimentos y para coordinar las competencias de las demás Administraciones Públicas en seguridad alimentaria a lo largo de toda la cadena, requiriendo para ello la cooperación de las mismas y de los sectores interesados.»
Garantizar una mayor unificación de las competencias que detenta la Administración Central del Estado en materia de seguridad alimentaria.
A la letra c) del apartado 1 del artículo 2.
De modificación Redacción que se propone:
«Artículo 2.1.
c) Actuar como elemento de referencia en la evaluación de riesgos alimentarios y en la comunicación de aquéllos en las situaciones de crisis o alarma.»
Adecuar la redacción inicial del Proyecto de Ley a los objetivos planteados en el Libro Blanco de la Seguridad Alimentaria y en la propuesta de Reglamento de la Unión Europea, que ya apuesta por la intervención de todos los Estados miembros, por lo que difícilmente podrá tener un carácter unitario.
Nueva letra d) del apartado 1 del artículo 2.
d) (nueva) Crear un órgano independiente de carácter científico para la evaluación de los riesgos alimentarios.»
Incrementar en mayor medida, si cabe, el control de la seguridad alimentaria.
A la letra a) del apartado 2 del artículo 2.
«Artículo 2.2.
a) Coordinar las actuaciones relativas a la seguridad alimentaria a lo largo de toda la cadena alimentaria y, especialmente, las relativas a los aspectos sanitarios del control oficial de productos alimenticios... (resto igual).»
Precisión técnica para corregir un mayor respeto a las competencias que, en materia de programación, corresponden a los poderes ejecutivos, ya sean de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas.
A la letra b) del apartado 2 del artículo 2.
b) Proponer actuaciones ejecutivas... (resto igual).»
Clarificar la redacción a los efectos de determinar más claramente los límites que debe tener la Agencia en relación a la potestad de instar acciones ejecutivas, cuando éstas pertenecen también a otros ámbitos de los poderes públicos.
A la letra e) del apartado 2 del artículo 2.
e) Diseñar programas anuales en control sanitario de alimentos, control de la alimentación animal, control de la sanidad animal y vegetal y todos aquellos ámbitos con influencia sobre la seguridad alimentaria para que sean desarrollados por las autoridades competentes.»
Los programas anuales deben ceñirse a las funciones que tiene encomendadas la Agencia.
Tres nuevas letras ñ), o) y p) en el apartado 2 del artículo 2.
ñ) (nueva) Ejercer y gestionar de forma unificada las competencias que, directa o indirectamente, inciden en la seguridad alimentaria y pertenezcan a la Administración General del Estado.
o) (nueva) Coordinar todas las actuaciones de las Administraciones con competencias que incidan, directa o indirectamente, en la seguridad alimentaria.
p) (nueva) Elaborar los estándares para el control de los alimentos, de sus materias primas, de sus procesos y de los establecimientos, para su utilización por los responsables del mismo en las Administraciones competentes.»
Completar las funciones que puede realizar la Agencia al objeto de garantizar una mayor coordinación de las Administraciones competentes en ámbitos tan sensibles como la seguridad alimentaria.
Un nuevo apartado, que será el primero, en el artículo 3.
1. (nuevo) La Junta Directiva, que estará integrada por el Presidente y el Vicepresidente a los que se refiere el apartado siguiente, así como por dos miembros propuestos por el Gobierno del Estado, seis miembros a propuesta de las Comunidades Autónomas, un miembro a propuesta de la Federación Española de Municipios, un miembro en representación de las asociaciones de consumidores, un miembro en representación de la industria alimentaria y un miembro en representación de las asociaciones de agricultores y ganaderos. A la Junta Directiva le corresponde velar por la consecución de los objetivos asignados a la Agencia, así como supervisar sus planes de gestión.
Los actuales apartados 1 y 2 pasarán a ser 2 y 3, respectivamente.»
Crear un nuevo órgano de dirección en la Agencia, la Junta Directiva, integrada por representantes de la Administración Central del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y otras organizaciones directamente vinculadas con la seguridad alimentaria.
Se trata de garantizar el respeto a las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas en el ámbito de la salud pública.
1. Se creará, bajo dependencia del Ministerio competente en materia científica, un órgano para la evaluación permanente de los riesgos alimentarios, formado por profesionales relevantes, cuya composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.
2. Asimismo, y para gestión de las crisis alimentarias se creará un Comité de Emergencias, con capacidad ejecutiva para proponer al Gobierno las medidas necesarias, en el que estarán representadas, además de las Administraciones Públicas con competencia en la materia, dos organizaciones del sector productivo primario, dos de la fabricación y dos de la distribución: Comité cuya composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.»
Coherentemente, con la enmienda presentada al artículo 4, se pretende asegurar el carácter independiente de la unidad de referencia científica y la creación de un Comité de Emergencia y en el que participen, además de los responsables de la Agencia, una representación de las Comunidades Autónomas y de los sectores sociales implicados.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (núm. expte. 121/000024).
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2001.-María del Mar Julios Reyes, Diputada. José Carlos Mauricio Rodríguez, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
A la exposición de motivos, párrafo 9.
«La Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que se crea mediante la presente disposición, viene a dar respuesta a los mandatos y necesidades expuestas y a integrar todos aquellos elementos que promueven la seguridad de los productos alimenticios y alimentarios, y los procesos que intervienen en su elaboración y comercialización y, en consecuencia, procede a articular, en un mismo organismo, los distintos instrumentos dedicados tanto a la salud y seguridad alimentaria como a la nutrición y dieta del consumidor.»
Mejora técnica basada en las recomendaciones realizadas por el Comité Económico y Social sobre el Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria.
A la exposición de motivos, párrafo 11.
«Se prevé además la participación de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Ciencia y Tecnología y de Medio Ambiente, así como de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en los órganos de la Agencia, en su designación, así como en la consecución de objetivos y en la elaboración del Estatuto de la Agencia.»
En coherencia con el resto de enmiendas presentadas y ante la necesidad de dar concreción a lo que el propio texto en la exposición de motivos expresa sobre el papel de la Agencia, articulando en un mismo organismo los distintos instrumentos dedicados a la seguridad alimentaria.
Al artículo 1, título.
«Creación de la Agencia Española de Salud y Seguridad Alimentaria.»
En coherencia con el resto de las enmiendas presentadas.
Al artículo 1, punto 2.
«2. Dicho organismo autónomo se adscribe al Ministerio de Sanidad y Consumo, al que corresponde su dirección estratégica, la evaluación y control de los resultados de su actividad.
El Estatuto de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria deberá especificar los centros directivos y las Unidades administrativas que habrán de adscribirse a la citada Agencia, así como la participación de los distintos Departamentos en los órganos de la misma.»
En la línea de lo expuesto en la propia exposición de motivos del Proyecto de Ley, que resalta el carácter intersectorial y la naturaleza multifactorial de la seguridad alimentaria, se trata de que la creación de la Agencia, desde su nacimiento, aporte un valor añadido a la gestión integral de la seguridad alimentaria en toda la cadena, desde la producción, elaboración, distribución, hasta el consumo.
En el borrador de Estatuto de la Agencia, así como en la Memoria económica sólo figuran los centros
directivos correspondientes al Ministerio de Sanidad y Consumo, entendemos es necesario incorporar los correspondientes a otros Ministerios, para que la Agencia nazca con la suficiente fortaleza administrativa como para garantizar una respuesta más integral que la actual.
Al artículo 2, punto 1.
«1. La Agencia se crea con el objetivo general de promover de salud y seguridad alimentaria y la protección del consumidor, dándole un tratamiento, global y armonizado, de forma que se contemplen todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo, desde el ámbito de competencias de la Administración General del Estado, con la cooperación y coordinación de las Administraciones autonómicas y sectores implicados.»
La ampliación de los contenidos de la Agencia hacia la promoción de la salud y seguridad alimentaria del consumidor, estarían en mayor consonancia con la Resolución número 8 aprobada por el Pleno del Congreso de Diputados con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, en ella se especifica como finalidades de la Agencia todas aquellas que faciliten la salud y seguridad alimentaria de los ciudadanos.
Asimismo, la propia Ley 14/1986, en su artículo 18.10, establece que «Las Administraciones Públicas, a través de los Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada caso, desarrollará las siguientes actuaciones:
El control sanitario y la prevención de los riesgos para la salud derivados de los productos alimentarios, incluyendo la mejora de sus cualidades nutritivas».
También estará en sintonía con lo expresado en el Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, en donde se recoge la figura de Agencia, dándosele en todo momento un tratamiento integral, global y armonizado a la seguridad alimentaria «de la granja al consumidor», de forma que ésta contemple todas las etapas de la cadena alimentaria, con el objeto último de conseguir el llamado riesgo cero.
Al artículo 2, punto 1, apartado a.
«a) Propiciar y potenciar la colaboración y coordinación de las Administraciones Públicas del Estado entre sí, así como entre la propia Agencia y las Comunidades Autónomas, en materia de salud y seguridad alimentaria.»
Necesidad de especificar la importancia de la colaboración y coordinación de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas para dar una mayor eficacia a las actuaciones y medidas adoptadas desde la Agencia.
Al artículo 2, punto 1, apartado c.
Se propone sustituirlo por el siguiente texto:
«c) Actuar como elemento unitario de referencia en la evaluación y gestión de los riesgos alimentarios, respetando el marco competencial de las Administraciones autonómicas en la materia.»
Al artículo 2, punto 1, apartado d) (nuevo).
Se propone añadir un punto d), con el siguiente texto:
«d) Actuar como elemento unitario de referencia en las situaciones de crisis o alarma, cuando éstas excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y en cooperación con las mismas. Coordinar las políticas informativas del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de comunicación de riesgo en las citadas situaciones.»
Al artículo 2, punto 1, apartado e) (nuevo).
Se propone añadir un punto e), con el siguiente texto:
«e) Proponer nuevos desarrollos legislativos sobre alimentos, sobre sus materias primas, así como sobre los procesos o substancias que intervengan en la cadena alimentaria y puedan afectar a la inocuidad de los mismos.»
La inclusión de este objetivo y función de la Agencia estaría en mayor consonancia con la Resolución número 8 aprobada por el Pleno del Congreso de Diputados con motivo del debate de política general en torno el estado de la Nación, en ella se especifica como finalidades de la Agencia la de «Promover la actualización de la normativa básica sanitaria en materia de alimentos».
También en este sentido se manifiesta el Libro Blanco ya mencionado, en donde se hace mención expresa a la necesidad de actuar en el ámbito de la mejora de la legislación vigente que permita garantizar una protección adecuada.
Al artículo 2, punto 1, apartado f) (nuevo).
Se propone añadir un punto f), con el siguiente texto:
«f) Formular dictámenes científicos independientes sobre todos los aspectos relacionados con la salud y seguridad alimentaria, que garanticen unas políticas en esta materia, basadas en el recurso del asesoramiento científico y en los principios de excelencia, transparencia e independencia.»
La profundidad de las crisis de seguridad alimentaria que actualmente se están viviendo tanto en España como en Europa producen una importante crisis de confianza en el consumidor, lo que hace necesario reforzar el carácter científico e independiente de la Agencia, transmitiendo al consumidor la seguridad de que a la luz de los conocimientos científico-técnicos existentes en cada momento se tomarán de forma decida las mejores medidas, tanto en tiempos como en contenidos y formas, para asegurar la inocuidad de los alimentos y la salud alimentaria de los consumidores.
Por las razones expuestas, es por lo que proponemos que a pesar de que en el texto propuesto del Proyecto de Ley, figura recogido un Comité Científico, que debe desarrollar sus actuaciones con el espíritu de independencia mencionado, ha de especificarse este objetivo como uno de los principales de la propia Agencia.
Al artículo 2, punto 2, apartado a) (nuevo).
Se propone añadir un primer punto, que sería el a), modificando de forma correlativa los siguientes apartados, el texto sería el siguiente:
«a) Elaborar los planes anuales de actuación que desarrollen en las diferentes áreas de competencia de la
Agencia los siguientes contenidos: objetivos específicos, cuantificación de metas e indicadores de evaluación, asimismo, también se especificarán los mecanismos de coordinación y los recursos adicionales que hubieran de desarrollarse para la consecución de objetivos anuales.»
En coherencia con el propio contenido del Proyecto de Ley, donde en el artículo 2, punto 2, apartado I, del texto originario se especifica como función de la Agencia la elaboración de una Memoria anual que refleje, además de las actuaciones realizadas y el análisis de la situación, el señalar campos prioritarios de acción. El proceso de planificación-evaluación debe de ser continuo, la evaluación y posterior priorización debe concluir en un nuevo proceso de planificación, que especifique nuevos objetivos y metas para un nuevo período de tiempo. Entendemos que de esta forma se dota también a la Agencia de la suficiente flexibilidad y agilidad para poder dar respuesta a los nuevos riesgos emergentes.
Al artículo 2, punto 2, apartado b) (nuevo).
Se propone añadir un punto b), con el consiguiente cambio correlativo en el resto de los apartados y con el siguiente texto:
«b) Programar y coordinar las actuaciones relativas a la salud y seguridad alimentaria, así como la protección del consumidor, considerando para ello no solo las recomendaciones de la Unión Europea y otros organismos internacionales, sino las necesidades e iniciativas específicas de las Comunidades Autónomas en la materia.»
Al artículo 2, punto 2, apartado c).
Se propone modificar el texto por el siguiente:
«c) Crear, identificar y coordinar los foros intersectoriales, interdepartamentales e interterritoriales con competencias en materia de seguridad alimentaria en los que se encontrarán obligatoriamente representadas las Comunidades Autónomas.»
Además de identificar los foros ya existentes y coordinar, también debe quedar abierta la posibilidad de crear nuevos foros ante nuevas necesidades.
Al artículo 2, punto 2, apartado e).
«e) Diseñar programas anuales de estudios prospectivos en el mercado para su desarrollo por las autoridades competentes, sobre aquellos riesgos que puedan influir en la salud alimentaria. Considerando para ello la problemática específica de las diferentes Comunidades Autónomas.»
Al artículo 2, punto 2, apartado f).
«f) Coordinar y consensuar con las diferentes autoridades con competencias en seguridad alimentaria, tanto interdepartamentales como con las Comunidades Autónomas, las posiciones que debe mantener España en los asuntos de salud y seguridad alimentaria que se traten en organismos internacionales, especialmente la Unión Europea, el "Codex Alimentario", el Consejo de Europa, la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Oficina Internacional de Epizootias (IOE).»
Debido a la existencia de especificidades en el territorio español en torno a la problemática de la salud y seguridad alimentaria, es importante que la postura española recoja adecuadamente el conocimiento de dicha problemática.
Al artículo 2, punto 2, apartado nuevo.
Añadir un nuevo apartado con el siguiente texto, produciéndose los cambios correlativos correspondientes:
«Informar al conjunto de Administraciones con competencias sobre la posición mantenida por España, los debates y las decisiones producidas en el seno de los organismos internacionales.»
Al artículo 2, punto 2, apartado g) (originario).
De modificación Se propone sustituir el texto por el siguiente:
«Proporcionar el soporte científico, técnico e informativo que, para...»
Incluir un nuevo apartado después del g) originario y antes del h), también originario.
«Coordinar y consensuar con las diferentes autoridades con competencias en seguridad alimentaria los procedimientos a establecer con respecto a los resultados de las evaluaciones de riesgo realizadas por los Comités Científicos responsables de dicha actividad.»
Al artículo 2, punto 2, apartado h) (originario).
«Difundir informes y criterios científico-técnicos que elaboren los correspondientes Comités Científicos de Evaluación de Riesgos Alimentarios, así como promover cuantas acciones de información sean precisas para consumidores y usuarios, en colaboración y coordinación con las Comunidades Autónomas.»
Al artículo 2, punto 2, apartado i) (originario).
«Elaborar procedimientos certificados de control de productos alimenticios y alimentarios, de sus procesos, establecimientos e instalaciones y útiles, que puedan servir de referencia a efectos de acreditación por las autoridades competentes, basándose para ello en el análisis y la evaluación de los posibles riesgos.»
Al artículo 2, punto 2, apartado j) (originario).
«j) Identificar coordinadamente con las Comunidades Autónomas las necesidades de formación continuada de los profesionales que participan en el proceso de la seguridad y salud alimentaria y, conjuntamente diseñar y financiar la ejecución de programas que den respuestas a las necesidades detectadas.»
De adición Se propone añadir un nuevo apartado después del redactado en la enmienda al artículo 2, punto 2, apartado j), con el siguiente texto:
«Gestionar la red de alerta alimentaria del Estado español o el sistema coordinado de intercambio rápido de información.»
En el Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria de la Unión Europea se incorpora esta tarea entre las que ha de realizar el Organismo Alimentario Europeo Independiente, entendiendo que en este mismo sentido ha de incorporarse al organismo que, de semejantes características, se pretende crear en España.
Al artículo 2, punto 2, apartado k) (originario).
«k) Desarrollar y coordinar conjuntamente con las Comunidades Autónomas los sistemas de información y las bases de datos que permitan facilitar y consolidar de forma homogénea la información necesaria tanto, para la toma de decisiones como para la evaluación y determinación de riesgos, así como de las demás funciones encomendadas a las autoridades con competencias ejecutivas.»
El Libro Blanco de Seguridad Alimentaria ya comentado recalca la necesidad de una previsión sistemática de datos de determinación de los riesgos y esto dependerá de que existan datos científicos exactos y actualizados, datos epidemiológicos, cifras de prevalencia, etc.
Incluir un nuevo apartado con el siguiente texto:
«Diseñar y coordinar conjuntamente con las Comunidades Autónomas sistemas de información sobre nutrición y consumo de alimentos, así como sistemas de vigilancia de enfermedades relacionadas con la dieta.»
Se propone añadir un nuevo apartado después del k) originario y antes del l), también originario, con el siguiente texto:
«Coordinar y cooperar con las Comunidades Autónomas y otras Administraciones Públicas con competencias en todas aquellas acciones que permitan conocer, evaluar y dar solución a las necesidades específicas que sobre la materia existan en cada territorio.»
Al artículo 2, punto 2, apartado l) (originario).
«l) Elaborar una Memoria anual que refleje las actuaciones realizadas en materia de salud y seguridad alimentaria, así como la evaluación de los objetivos recogidos en el Plan Anual de Actuación de la Agencia. Debe reflejar un análisis de la situación general de la salud y seguridad alimentaria en España, así como las principales prioridades de acción, con especial énfasis en el análisis de los riesgos emergentes.»
En coherencia con la enmienda de adición al artículo 2, punto 2, apartado a) (nuevo).
Añadir un nuevo apartado, con el siguiente texto:
«Publicar los dictámenes de los Comités Científicos, una vez presentados en el Consejo de Dirección y en el Comité Ejecutivo de Coordinación, así como difundirlos en la sociedad civil en general y en particular a las asociaciones de consumidores y a los sectores implicados.»
1. El Director, que ostenta la representación legal de la Agencia, ejercerá las atribuciones que se le asignen en el Estatuto del organismo.
a) Es el órgano de dirección de la Agencia al que le corresponde la elaboración de las propuestas de planes anuales de actuación, Memorias anuales, así como los proyectos de presupuestos y velar por el cumplimiento de los objetivos de la Agencia.
b) El Consejo de Dirección estará compuesto por: Director de la Agencia; miembros nombrados por el Gobierno del Estado a propuesta de los Ministerios de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología, y miembros nombrados en representación de las Comunidades Autónomas del Estado.
c) La cuantificación del número de integrantes del Consejo de Dirección, así como la proporción que le corresponda a cada una de las Administraciones participantes, y el Reglamento de organización y funcionamiento del mismo, serán regulados en los Estatutos de la Agencia.
3. Comité Ejecutivo de Coordinación:
a) Es el órgano de dirección de la Agencia, al que le corresponde la ejecución de los mecanismos de coordinación y cooperación de las Administraciones Públicas con competencias en materia de salud y seguridad alimentaria, asimismo le corresponde la aprobación de las propuestas elaboradas por el Consejo de Dirección, especialmente las referidas a los planes anuales de actuación, Memorias anuales, así como los proyectos de presupuestos.
b) El Comité Ejecutivo de Coordinación estará compuesto por:
* Director de la Agencia.
* Miembros nombrados por el Gobierno del Estado a propuesta de los Ministerios de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología.
* Miembros de cada una de las Comunidades Autónomas del Estado, así como de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
* Miembros nombrados en representación de las Administraciones locales.
A dicho Comité podrán acudir, a requerimiento del Director de la Agencia, miembros del Comité Científico, con voz pero sin voto, y que en función del asunto a tratar puedan ayudar a adoptar la mejor de las decisiones.
c) La cuantificación del número de integrantes del Comité Ejecutivo de Coordinación, así como la proporción que le corresponda a cada una de las Administraciones participantes, y el Reglamento de organización y funcionamiento del mismo, serán regulados en los Estatutos de la Agencia.
a) Se creará un Comité Científico de carácter permanente para asesorar en todo a lo concerniente a salud y seguridad alimentaria.
Especialmente en evaluación de riesgos alimentarios se crearán los Comités Científicos que se precisen, para dar respuesta a las necesidades de evaluación de riesgos diversos existentes en los distintos territorios del Estado. La misión, oportunidad, composición y funcionamiento se determinará reglamentariamente, debiendo ser escuchadas las Comunidades Autónomas. Dichos Comités se podrán apoyar en los grupos "ad hoc" o Subcomités que se consideren necesarios para la más eficaz consecución de sus objetivos.»
El incorporar dentro de los órganos de dirección de la Agencia un Comité Ejecutivo de Coordinación, que incorpore a las Administraciones autonómicas, estaría en mayor consonancia con la Resolución número 8 aprobada por el Pleno del Congreso de Diputados con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, en ella se especifica que la Agencia debe contar con participación de las Comunidades Autónomas y destaca entre sus finalidades la de «articular los mecanismos de cooperación de todas las Administraciones Públicas responsables del control sanitario e higiénico de los alimentos, asegurando sistemas homogéneos de inspección y control alimentario y de nutrición».
En la actual redacción del Proyecto de Ley, la participación de las Comunidades Autónomas sólo se ve reflejado dentro de los llamados órganos de asesoramiento y coordinación, artículo 4.3, en un órgano donde participan los sectores interesados y las asociaciones de consumidores. No parece que el carácter ejecutivo y de gestión que implica la coordinación efectiva de las Administraciones estatales y autonómicas, y donde ambas concurren con niveles competenciales ya preestablecidos, pueda darse por medio de un órgano de asesoramiento y participación social como el mencionado, en el que entre otras cosas no queda debidamente especificado cuál es el tipo de relación a mantener con los órganos de dirección y sus decisiones.
Con la incorporación de este Comité se intenta dar forma a una de las recomendaciones del Libro Blanco, capítulo 4, punto 41: «Para recuperar la confianza de los consumidores, el organismo tendrá que actuar con independencia de las presiones externas y, además, lograr que todas las partes interesadas acepten este proceder. No obstante, el organismo habrá de ser representativo y estar sometido a control.
La Comisión estudiará las distintas opciones para lograr una combinación adecuada, por lo que respecta a la independencia y a la obligación de dar cuenta de esta entidad, examen en el
que tendrá en consideración las opiniones de las restantes instituciones y partes interesadas. Convendrá prestar especial atención a la designación de la dirección del organismo.» En esta enmienda también proponemos que el Comité Científico forme parte de los órganos de dirección, pues entendemos que quedaría más reforzado su papel dentro de la Agencia y facilitaría el ejercicio de los principios de independencia, excelencia y trasparencia de los dictámenes científicos de la Agencia.
«Asesoramiento y participación.»
1. Consejo de Salud y Seguridad Alimentaria:
a) Es el órgano colegiado de asesoramiento y participación social para la consulta y el seguimiento de la gestión de la Agencia y del cumplimiento de los objetivos de la misma. Entre sus funciones se incluirán:
* Verificar las actuaciones de la Agencia en relación a los objetivos de ésta.
* Orientar y elevar informes y propuestas a los órganos de dirección.
* Proponer necesidades de estudios específicos y sus prioridades al Comité Científico.
* Promover formas de participación y diálogo de los consumidores y los productores, entre sí y con los expertos y científicos sobre los problemas de salud y seguridad alimentaria.
* Conocer e informar los planes anuales de actuación, así como las Memorias
b) El Consejo de Salud y Seguridad Alimentaria estará compuesto por:
* Miembros nombrados por el Gobierno del Estado a propuesta de los Ministerios que participan en los órganos de dirección de la Agencia.
* Miembros nombrados en representación de las Comunidades Autónomas del Estado.
* Miembros nombrados por las organizaciones de consumidores más representativas.
* Miembros nombrados por las organizaciones profesionales y sectores empresariales más representativos que intervengan en los procesos de salud y seguridad alimentaria: fabricación de alimentos para animales, agricultores, acuicultores, pescadores, ganaderos y aquellos que intervengan en la producción o manipulación de alimentos.
A dicho Consejo podrán acudir, a requerimiento del Director de la Agencia, miembros del Comité Científico, con voz pero sin voto, y que en función de los asuntos a tratar puedan ayudar a adoptar la mejor de las decisiones.
c) La cuantificación del numero de integrantes del Consejo de Salud y Seguridad Alimentaria, así como la proporción que le corresponda a cada una de las Administraciones participantes, así como de las organizaciones, se regulará en los Estatutos de la Agencia, atendiendo a criterios de proporcionalidad y a la normativa vigente de aplicación. Asimismo, en dichos Estatutos se regulará la organización y funcionamiento del Consejo.
Al artículo 10, punto 1.
«Corresponde al Gobierno aprobar el Estatuto de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, mediante Real Decreto, a iniciativa de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Agricultura, Pesca y Alimentación, previo conocimiento de los restantes Ministerios implicados y a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones Públicas y de Hacienda. Previamente a su aprobación, habrán de realizarse las pertinentes consultas a las Comunidades Autónomas y sectores implicados, asimismo también habrá de remitirse el borrador de Estatuto para su debate y dictamen a la Comisión de Sanidad de la Cámara del Congreso de los Diputados.»
En la medida en que se dejan al desarrollo del futuro Estatuto aspectos de gran relevancia para el desarrollo de la Agencia, por ejemplo, órganos de dirección, de participación, adscripciones de centros directivos de la Administración, etc.; de cuyo contenido dependerá en gran medida el papel y el futuro de la Agencia.
Entendemos debe garantizarse desde su nacimiento un proceso de participación y consenso, tanto de las diferentes Administraciones con competencias en la materia como de los sectores implicados y de las diversas fuerzas políticas del arco parlamentario.
La importancia de los contenidos y objetivos a cumplir por la Agencia, en un contexto de internacionalización de los riesgos de la salud alimentaria, requieren de que su trabajo se desarrolle con estabilidad y con garantías de continuidad en las líneas de trabajo prioritarias. En esta misma línea argumental, cabe resaltar el comentario realizado en el capítulo 4: Hacia la creación de un organismo alimentario europeo, del Libro Blanco, donde dice:
«... el sistema que se aplique para restablecer la confianza debe de ser lo suficientemente duradero y flexible para garantizar que la confianza de los consumidores se mantiene de manera duradera.»
Este proceso debe realizarse con anterioridad a la entrada en funcionamiento efectiva de la Agencia, tal como recoge la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado en su artículo 62.3: «Los Estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del organismo público correspondiente».
Al artículo 10, punto 4.
Se propone añadir al final del texto original, la siguiente frase:
«...otros Departamentos ministeriales y de las Comunidades Autónomas en los órganos de la Agencia.»
Mejora técnica A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (núm. expte. 121/000024).
Madrid, 16 de marzo de 2001.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se añade al final del párrafo primero de la exposición de motivos de un inciso del siguiente tenor literal:
Donde dice: « ... la seguridad, la salud y los legítimos intereses de los mismos (artículos 43 y 51)».
Debe decir: « ... la seguridad, la salud y los legítimos intereses de los mismos (artículos 42, 51 y 149.1.16)».
El artículo 149.1.16, que no constaba en el texto del Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno, otorga a la Administración General del Estado la competencia exclusiva en la fijación de las bases y la coordinación de la sanidad, lo que contribuye a reforzar el soporte constitucional de la argumentación justificativa del Proyecto de Ley de creación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
c) Actuar como centro unitario de referencia en la evaluación de riesgos alimentarios y en la gestión y comunicación de aquéllos, especialmente en las situaciones de crisis o emergencia.
- La seguridad de los alimentos destinados al consumo humano, incluyendo la nutrición y los aspectos de calidad con incidencia en la salud.
- La salud de los animales y plantas directa o indirectamente relacionados con la seguridad alimentaria.
Se considera importante destacar, ya en el texto de la Ley, que la seguridad alimentaria se incardina en el más amplio concepto de salud pública, en la que la seguridad alimentaria ocupa un lugar preeminente.
El papel referencial de la Agencia en la evaluación y gestión de riesgos no ha de limitarse, en modo alguno, a las situaciones de crisis alimentarias. No es ésa la voluntad del legislador, como se comprueba en el apartado b) del artículo 2.2 del texto del Proyecto, en el que se enfatiza en la importancia de este papel referencial en las situaciones de crisis, pero no se circunscribe a las mismas.
Por otra parte, por razones más terminológicas que conceptuales, se opta por el término «centro de referencia» frente al más inespecífico «elemento de referencia». Igualmente, se opta por el término «emergencias» sustituyendo al de «alarmas», pues la labor de la Agencia a este respecto se entiende verdaderamente ante situaciones consecutivas a la aparición de peligros emergentes, con independencia de la alarma social que pueda o no concurrir.
Por último, se considera clarificador el hacer figurar, entre la enunciación de los objetivos y la enumeración de funciones especificas, la acotación, en términos generales y no necesariamente restrictivos, de los ámbitos de actuación de la Agencia, incluyendo la previsión para abordar nuevos ámbitos emergentes en el futuro, siempre en el marco de la seguridad alimentaria.
a) Programar y coordinar las actuaciones relativas a los aspectos sanitarios de control oficial de productos alimenticios, previstas en el Real Decreto 50/1993, de 15 de enero, por le que se regula el control oficial de los productos alimenticios, y en el Real Decreto 1397/1995, de 4 de agosto, por el que se aprueban medidas adicionales sobre el control oficial de productos alimenticios, así como sus adiciones y ulteriores modificaciones.
b) Instar actuaciones ejecutivas y, en su caso, normativas de las autoridades competentes, especialmente en situaciones de crisis o emergencia, en las que actuará como centro unitario de referencia.
c) Identificar y coordinar los foros intersectoriales e interterritoriales con competencias en seguridad alimentaria.
d) Censar y actualizar los recursos públicos o privados relacionados con la seguridad alimentaria, favoreciendo las relaciones entre todos ellos.
e) Elaborar y promover estudios y trabajos de investigación.
f) Diseñar programas anuales de estudios prospectivos de evaluación de productos alimenticios y alimentarios, para que sean desarrollados, en su caso, por las autoridades competentes.
g) Informar sobre la posición de España y, en su caso, representarla en los asuntos de seguridad alimentaria que se traten en organismos internacionales, especialmente la Unión Europea, el "Codex Alimentarius" y el Consejo de Europa.
h) Proporcionar un soporte técnico que, para el conjunto de las Administraciones con competencias, garantice el manejo de la mejor evidencia científica.
i) Asesorar a las Administraciones Públicas en la planificación y desarrollo de sus políticas alimentarias.
j) Asesorar a los sectores económicos y sociales implicados en la seguridad alimentaria, con los que establecerá cauces de comunicación permanente.
k) Difundir los informes y criterios técnicos que elabore el Comité Científico.
1) Promover cuantas acciones de información sean precisas para consumidores y usuarios.
m) Elaborar un procedimiento general de actuación en situaciones de crisis y emergencia alimentarias.
n) Coordinar el funcionamiento de las redes de alerta existentes en el ámbito de la seguridad alimentaria en el territorio español y su integración en los sistemas de alerta comunitarios e internacionales.
p) Promover la simplificación y unificación de las normas en materia de seguridad alimentaria.
q) Identificar las necesidades de formación continuada de los profesionales del control de alimentos y diseñar programas marco para satisfacer aquéllas.
r) Constituir las bases de datos que puedan colaborar al desarrollo armónico de las funciones encomendadas a las autoridades.
s) Elaborar una Memoria anual que refleje las actuaciones de control oficial en el conjunto del Estado y que analice la situación general de la seguridad alimentaria en España, señalando los campos prioritarios de acción y, en particular, los peligros emergentes.
t) Establecer y mantener los mecanismos necesarios para actuar de modo integrado en la red europea de agencias u organismos de seguridad alimentaria.
u) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias, así como las correspondientes a los órganos y Unidades integrados en las estructuras de la Agencia.»
La presente enmienda obedece, con carácter general, a la conveniencia de expresar de forma explícita, ya en el texto de la Ley, algunas funciones que en principio, pudieron considerarse implícitas en las mencionadas en el texto del Proyecto y susceptibles de mención específica en el desarrollo estatutario. Sin embargo, considerando la entidad de algunas de aquéllas, se ha optado por mencionarlas expresamente. Tal es el caso de las funciones que figuran, en el texto de la presente enmienda, bajo los epígrafes reasignados en la misma como e), i), j), m), n), p).
En otras funciones, que ya figuraban en el texto del Proyecto, se introducen, en aras de la concordancia con otras partes del texto del Proyecto, así como de una mayor claridad, enmiendas fundamentalmente redaccionales, que vienen a concretar el alcance de la función descrita. Es el caso de las que figuran en el texto de la enmienda bajo los epígrafes f), g), s). La función que figura en el Proyecto bajo el epígrafe h), se desdobla en dos incisos, k), l), en el texto de la enmienda, pues comprendía en realidad dos funciones con entidad independiente cada una de ellas.
«Son órganos de dirección de la Agencia:
La presente enmienda persigue plasmar, ya en el texto de la Ley, el desarrollo que inicialmente estaba previsto abordar en el Estatuto de la Agencia en relación con los órganos de dirección de la misma, avanzando en consecuencia, las directrices generales de estructura y funcionamiento de dichos órganos, que se encuentran desarrolladas en enmiendas al artículo 4 ulteriores, que deberán ser consideradas en relación con la presente.
Establece un modelo organizativo que, sustentando adecuadamente la independencia del organismo autónomo que se crea, mediante el establecimiento de un Consejo de Dirección como órgano rector de la Agencia, asegura la implicación en el análisis de riesgos alimentarios, a nivel de los órganos de gobierno de la misma, de todas las partes que de una u otra forma se ven concernidas por la seguridad alimentaria: las Administraciones con competencias en la gestión de los riesgos alimentarios -General del Estado, autonómicas y locales-, los evaluadores científicos, con neta separación funcional de las primeras, y los consumidores y agentes económicos.
Se propone la incorporación de un nuevo apartado 1 al artículo 4, con la siguiente redacción:
«Artículo 4.1 Consejo de Dirección.
- El Presidente del Consejo de Dirección de la Agencia, que ostentará la presidencia del Organismo.
- El o los Vicepresidentes.
- Cuatro miembros, nombrados por el Gobierno de la Nación, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, Agricultura, Pesca y Alimentación, Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología.
- Dos miembros, designados por las Entidades locales, a propuesta de la Asociación de Entidades Locales con mayor implantación en España.
- Dos miembros, nombrados, uno a propuesta del Consejo de Consumidores y Usuarios y otro, a propuesta de las organizaciones económicas más representativas.
3. El nombramiento de los miembros del Consejo de Dirección deberá recaer en personas de reconocida competencia profesional en cualesquiera de los ámbitos relevantes para el funcionamiento de la Agencia. Su mandato será de cuatro años, con excepción de los miembros del Consejo de Dirección nombrados por el Gobierno de la Nación a los que se refiere el segundo guión del apartado 2 del presente artículo. El mandato será renovable, en su caso, en la forma que se determine en el Estatuto.
4. El Presidente será nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del titular del Departamento de Sanidad y Consumo y se podrán nombrar hasta dos Vicepresidentes en la forma que reglamentariamente se determine.
5. El Consejo de Dirección se reunirá al menos una vez al mes, así como cuantas veces le convoque su Presidente o a petición de un tercio de sus miembros.
7. La organización y funcionamiento del Consejo de Dirección será regulado por los Estatutos de la Agencia, siendo de aplicación en lo no regulado en esta Ley y sus Estatutos, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
Obedece a la conveniencia de expresar ya en el texto de la Ley aspectos que podrían haberse reservado al desarrollo reglamentario de la misma -Estatuto de la Agencia-, concretamente en lo que se refiere a la definición, composición y funciones generales del órgano rector de la misma, es decir: El Consejo de Dirección.
Se propone la adición de un nuevo apartado 2 al artículo 4:
«4.2 Comisión Institucional.
2. La Comisión Institucional estará compuesta por un representante del Ministerio de Sanidad y Consumo, un representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un representante del Ministerio de Medio Ambiente, un representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología y un representante de cada una de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, así como cuatro representantes de las Entidades Locales, estos últimos designados por la Asociación de ámbito estatal de mayor implantación.
3. La Comisión Institucional estará presidida por el Presidente de la Agencia. Tendrá dos vicepresidentes elegidos por y de entre sus miembros.
Responde a la conveniencia de abordar un nivel de desarrollo del artículo 4.3 del Proyecto que, aún con cabida en un texto legal y sin incurrir en elementos puramente instrumentales más propios del Estatuto, establezca de forma inequívoca la pluralidad interterritorial que sirva de base a una adecuada coordinación de todas las Administraciones con competencias en seguridad alimentaria.
Se apunta con ello un tratamiento independiente, con entidad propia, para el foro de coordinación interterritorial de la Agencia, sin menoscabo del que, en lo intersectorial, se establece en el Consejo Consultivo (que se instituye en el artículo 4.3, igualmente a incorporar mediante la correspondiente enmienda).
La Comisión Institucional responde al principio inspirador de todo el texto del Proyecto, en lo que se refiere a la implicación en los Órganos de Gobierno de una representación adecuada y suficiente de todas las partes involucradas en la seguridad alimentaria.
Obviamente, las Administraciones con competencias precisan, a este respecto, de un tratamiento participativo por excelencia en los Órganos de Gobierno de la Agencia. Se ha elegido, no obstante, un modelo organizativo que presenta diferencias con las directrices de composición que vienen caracterizando a las Conferencias Sectoriales ya existentes: Se mantiene, coexistiendo con una representación de cada una de las diecisiete Administraciones Autonómicas, la de los Departamentos competentes de la Administración General del Estado que deberán trabajar coordinadamente con aquéllas en la gestión de la seguridad alimentaria. Se incorpora, además, la presencia significativa de las Administraciones Locales, por cuanto en ellas reside una parte muy importante de las competencias ejecutivas en el Control Oficial Sanitario de los Productos Alimenticios. Se persigue, con ello, asegurar verdaderamente la coordinación de iniciativas y criterios a lo largo de toda la cadena alimentaria.
Para asegurar la plena funcionalidad de la participación de la Comisión Institucional se establece ya en la Ley la previsión de que aquélla pueda funcionar en pleno o constituir grupos de trabajo «ad hoc», que propicien tanto la mayor agilidad en función de las necesidades que se identifiquen, como la mayor implicación selectiva, igualmente en función del ámbito territorial o de la materia que se trate en cada caso.
La Presidencia común -por parte del Presidente de la Agencia- del Consejo de Dirección, de la Comisión Consultiva -y, como se detalla oportunamente, del Consejo Consultivo- viene a aportar un elemento de uniformidad y cohesión entre los diferentes Órganos de la Agencia.
En concordancia con su pluralidad, se prevén igualmente dos vicepresidentes, que no sólo son propuestos por los miembros de la Comisión, sino elegidos de entre dichos miembros.
Se propone la adición de un nuevo apartado 3 al articulo 4:
«4.3 Consejo Consultivo.
2. El Consejo Consultivo asesorará al Consejo de Dirección y al Director Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones y será consultado preceptivamente por éstos en aquellos asuntos que se determinen en el Estatuto.
3. La composición del Consejo Consultivo se regulará en el Estatuto.
Existirán dos Vicepresidentes, elegidos por y de entre los miembros del Consejo Consultivo.
Responde a la conveniencia de apuntar, ya en el texto legal, el desarrollo, con entidad propia, del Órgano de la Agencia en el que se asienta la participación activa de la sociedad en las tareas de gobierno del Organismo, si bien se reserva para este Consejo Consultivo la actividad de asesoramiento al Consejo de Dirección, sin que se establezcan para aquél responsabilidades ejecutivas como Órgano de Gobierno.
Viene a recoger los Principios consagrados por el Codex Alimentarius, en cuanto al papel que pueden y deben representar, en la gestión de riesgos alimentarios, otros elementos adicionales y distintos de la pura evaluación científica. En términos similares, responde a la necesidad de conjugar la protección de los intereses sanitarios con otras exigencias imperativas, igualmente legítimas, por más que no prevalezcan en ningún caso sobre la protección de la salud.
Por otra parte, responde a la necesidad, tantas veces reiterada de contar, en los Órganos de la Agencia, con todas las partes implicadas en la seguridad alimentaria, generándola -la directiva 92/59/CE relativa a la Seguridad General de los Productos responsabiliza a los
operadores económicos de la Seguridad de los Productos que ponen en el mercado- y exigiéndola.
Al mismo tiempo, la presencia en uno de los Órganos de la Agencia de los consumidores y usuarios, así como los agentes económicos, sociales y profesionales, persigue un mejor ejercicio de transparencia, redundando con ello a favor de la credibilidad de la labor de la Agencia.
En aras de la cohesión entre los distintos Órganos de la Agencia se mantiene la figura del Presidente de la misma como Presidente, a su vez, de este Consejo Consultivo abierto y plural que, precisamente en concordancia con tal pluralidad, se dota de dos vicepresidentes elegidos por y de entre los miembros del propio Consejo.
Se propone la adición de un nuevo apartado 4 al artículo 4:
«4.4 Comité Científico.
1. Se creará un Comité Científico que tendrá, entre sus funciones, la de proporcionar a la Agencia dictámenes científicos en materia de seguridad alimentaria, definir el ámbito de los trabajos de investigación necesarios para las funciones de la Agencia y coordinar los trabajos de los grupos de expertos que realicen actividades de evaluación de riesgos en el marco de las actuaciones de la Agencia.
3. El Consejo de Dirección nombrará a los miembros del Comité Científico, por un período determinado y a través de los mecanismos que se establezcan en el Estatuto.
5. La Agencia impulsará la creación de una red de instituciones que colabore permanentemente, a las que podrá encargar trabajos de investigación e informes científicos y técnicos.» JUSTIFICACIÓN
Desarrolla los aspectos esenciales de los apartados 1 y 2 del artículo 4 del Proyecto, sin llegar a abordar cuestiones instrumentales que se remiten al desarrollo estatutario.
Se ha optado por plasmar ya en el texto de la Ley las líneas directrices de este Órgano de la Agencia, por cuanto es la evaluación de los riesgos, que aporte en cada momento la mejor evidencia científica disponible, el elemento primario, por importancia y por correlación, en la configuración de la estructura organizativa del Organismo, sustentándose sobre su papel el resto de las actuaciones.
Se ha considerado, por ello, oportuno, abordar en la Ley un cierto nivel de desarrollo que sustente la independencia, funcionalidad y agilidad de respuesta del Comité Científico, en el cual y en torno al cual se organiza y estructura toda la actividad de evaluación e investigación en seguridad alimentaria que ha de desempeñar la Agencia, con vistas a la adecuada gestión y comunicación de los riesgos alimentarios.
Se establece el carácter multidisciplinar del Comité, para dar respuesta al carácter multifactorial de la seguridad alimentaria considerada en el conjunto de la cadena productiva. Y se subordina el nombramiento de sus miembros al Consejo de Dirección, aunque se eluden en este texto cuestiones exclusivamente procedimentales que se desarrollarán en el Estatuto.
Se contempla ya, aún en términos suficientemente abiertos, la constitución de grupos de expertos, persiguiendo la consecución de los niveles de especialización adecuados, así como la agilidad de respuesta y la optimización de los trabajos. En este sentido, el apartado 5 de este nuevo artículo 4.4 viene a reproducir el apartado 2 del artículo 4 del proyecto, en cuanto a la cooperación científica con una red permanente de instituciones, de carácter científico- técnico identificada e instituida a tal efecto.
Se propone la adición de un nuevo apartado 5 al artículo 4:
«4.5 Director Ejecutivo.
1. El Director Ejecutivo, que ostenta la representación legal de la Agencia, ejercerá todas las funciones de dirección de la Agencia que no correspondan al Presidente de la misma o al Consejo de Dirección.
2. El Director Ejecutivo será nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Consejo de Dirección, con el preceptivo informe de dicho Consejo y por un período de cuatro años renovable.
- Por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción de expediente, en el que será oído el Consejo de Dirección, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función o incompatibilidad.
- Por condena por delito doloso.
- A propuesta del Consejo de Dirección y acordado por el Consejo de Ministros.
4. El Director Ejecutivo tendrá la consideración de alto cargo y estará sujeto al régimen de incompatibilidades previsto en la Ley 12/ 1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y Altos Cargos de la Administración General del Estado.
5. El Director Ejecutivo asistirá a las reuniones del Consejo de Dirección con voz pero sin voto.
6. El Director Ejecutivo dará cuenta de su gestión al Consejo de Dirección al que deberá someter para su aprobación los programas de trabajo, la memoria de actividades realizadas y el anteproyecto de presupuestos.»
Sin incurrir en cuestiones procedimentales propias del Estatuto, desarrolla el apartado 2 del artículo 4 del Proyecto, a fin de clarificar ya en el texto de la Ley algunos aspectos que se consideran esenciales para asegurar el adecuado desempeño de la función del Director Ejecutivo en el marco de los Órganos de la Agencia.
Se pretende asegurar el ejercicio de su función ejecutiva y gerencial separándola claramente de las labores de gobierno de la Agencia que competen al Consejo de Dirección y de las institucionales que correspondan al Presidente del Organismo (apartado 1).
Se establecen las bases del procedimiento para su nombramiento por el Presidente de la Agencia, con el concurso del dictamen preceptivo emitido por el Consejo de Dirección (apartado 2).
En aras de la independencia del Director Ejecutivo se ha optado por mencionar expresamente en la Ley los mecanismos de cese o remoción, aportando al puesto la estabilidad adecuada a su función (Apartado 3). Igualmente, se independiza su labor gerencial de la del Consejo de Dirección (apartado 5).
Se establece igualmente, de acuerdo con las funciones que se le encomiendan, la consideración de alto cargo para este puesto, extremo importante para el adecuado desarrollo del mismo que no se mencionaba en el Proyecto (apartado 4).
A la vez que se asegura su independencia, se establecen las directrices básicas de los mecanismos de control de su gestión (apartado 6).
Se propone la adición de un nuevo apartado 6 al artículo 4:
«4.6 Principios específicos de actuación de la Agencia.
2. Las decisiones de la Agencia se basarán en conocimientos y datos objetivos de análisis de riesgos formalmente realizados y serán adoptados de acuerdo con la protección de la salud, el interés público y el principio de precaución.
3. A los miembros del Consejo de Dirección, Comisión Institucional y Comité Científico les serán de aplicación las causas de abstención y recusación establecidas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa que proceda.
4. Los miembros del Consejo de Dirección y los del Comité Científico, en caso de incurrir en incompatibilidad por razón de intereses, habrán de manifestarlo en el plazo y forma que reglamentariamente se determine, ante el Consejo de Dirección, para su análisis, valoración y decisión.
5. De acuerdo con el principio de transparencia, y sin perjuicio del respeto del derecho a la intimidad de las personas y a las materias protegidas por el secreto
industrial y comercial, siempre que no comprometan la protección de la salud pública:
- Se establecerá un procedimiento para que los acuerdos reflejados en las actas de las reuniones del Consejo de Dirección y del Comité Científico puedan ser consultadas por los ciudadanos.
- La Agencia comunicará por su propia iniciativa la información relevante para la población, especialmente en situaciones de crisis alimentaria. A tal efecto la Agencia elaborará un plan general de comunicación de riesgos y uno específico para situaciones de crisis.
6. Las normas que se promuevan en materias que afecten a la Agencia, serán sometidas al trámite de audiencia establecido en el articulo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Aunque se trata de una enmienda de adición que no guarda correspondencia literal con el texto del Proyecto, viene a recapitular y mencionar explícita y ordenadamente los principios de independencia y transparencia que lo inspiran, en el espíritu y en la letra.
Su inclusión es necesaria para ratificar la evaluación de riesgos alimentarios como base de la gestión de los mismos, incluyendo en ésta el recurso al Principio de Precaución, extremo cuya mención en el texto de la Ley redunda a favor de la mayor seguridad jurídica en las decisiones que la Agencia deba adoptar, al contemplar como legítima tal alternativa en el ejercicio de la gestión de los riesgos alimentarios.
Refuerza el principio de independencia de la Agencia asegurando la independencia de sus miembros (apartados 3 y 4). En el caso de los del Consejo de Dirección y los del Comité Científico impone la obligación de declaración de incompatibilidad en razón de intereses.
En aras de la transparencia y en íntima conexión con los principios de la comunicación de riesgos, se establecen las bases para el acceso de los ciudadanos a los informes de la Agencia. En el mismo sentido, se ha preferido explicitar ya en la Ley, mediante esta enmienda, el mandato a la Agencia para elaborar un Plan General de Comunicación, así como planes específicos de comunicación de riesgos en situaciones de crisis.
Con el mismo objetivo, de fomentar la transparencia e informar adecuadamente a las más altas instancias de la Nación, se prevé la presentación a aquéllas de los programas y memorias aprobados por el Consejo de Dirección.
Se propone la adición de un nuevo apartado 7 al artículo 4:
«4.7 Relaciones con otras autoridades alimentarias.
3. La Agencia prestará sus servicios de evaluación de riesgos y elaboración de dictámenes a las autoridades de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto.»
Se incorpora un nuevo artículo sin correspondencia literal con el Proyecto, si bien viene a desarrollar y definir aspectos enunciados a lo largo del texto de dicho Proyecto, fundamentalmente en su artículo 2, relativo a los objetivos y funciones de la Agencia.
Se persigue aportar claridad al Proyecto al agrupar, bajo un mismo artículo, los aspectos relativos a la interlocución con otras autoridades, agencias e instituciones alimentarias, de ámbito internacional -particularmente, la Autoridad Alimentaria Europea-, nacional, regional o local.
Lo anterior es fundamental para impulsar la coordinación interterritorial y alcanzar un valor añadido sobre el simple sumatorio de las acciones independientes, impulsando acciones conjuntas.
A fin de ejercer la función que se encomienda a la Agencia en el apartado c) del artículo 2.1, se establece que la Agencia pueda llevar a cabo actividades de evaluación de riesgos demandadas por las distintas autoridades competentes, evaluaciones que pasarán a considerarse de referencia en todo el territorio del Estado.
Se propone la adición de un nuevo apartado 8 al artículo 4:
«4.8 Redes de alerta.
Sin perjuicio de la existencia de diversos sistemas de intercambio rápido de información en el ámbito de la salud pública, en el de la sanidad animal y en el de los productos de consumo no alimentarios, es preciso asegurar la funcionalidad de una red unificada de alerta alimentaria gestionada por la Agencia, por cuanto este sistema coordinado de intercambio rápido de información, de ámbito estatal e incardinado a su vez en sistemas supranacionales, se ubica en el marco de la gestión de riesgos alimentarios que la Agencia debe llevar a cabo como referente unitario en todo el territorio del Estado. Lo contrario pondría absolutamente en cuestión la rapidez, selectividad y eficacia de cualquier sistema nacional de red de alerta alimentaria.
Este nuevo artículo es concordante con una de las funciones de la Agencia introducidas «ex novo» en relación al proyecto, mediante la enmienda correspondiente.
Al artículo 4.9.
De adición Se propone la adición de un nuevo apartado 9 al artículo 4:
«4.9 Comité de Crisis.
En situaciones de crisis y emergencia y de acuerdo con el procedimiento de actuación establecido con carácter general, la Agencia establecerá un plan específico para cada crisis, realizará un seguimiento continuo de la misma y constituirá un Comité de Crisis específico en cada caso, dotándole de todos los medios para que pueda coordinar las actuaciones necesarias y el ejercicio de sus funciones resulte rápido y eficaz.»
Viene a desarrollar y establecer directrices básicas de actuación en relación con aspectos ya recogidos en el artículo 2 (objetivos y funciones) del Proyecto, y en concordancia igualmente con el tercer guión del apartado 5 del nuevo artículo 4.6 -Principios específicos de actuación de la Agencia- recogido en la enmienda correspondiente.
Desde la orientación de estabilidad en la gestión de la seguridad alimentaria, opuesta a la actuación puntual o coyuntural ante un incidente o crisis alimentaria, se considera en todo caso la conveniencia de abordar aquéllas con la necesaria especificidad en cada caso, estableciendo para ello las bases que permitan la constitución de comités de crisis específicos para cada suceso que así pudiera requerirlo. Todo ello, sin perjuicio de la existencia de un procedimiento «marco» de actuación ante las crisis, contemplado en el artículo correspondiente.
Se persigue, con esta enmienda de supresión, incidir en la independencia de la actuación de la Agencia, renunciando a cualquier vía o mecanismo de financiación, real o potencial, que pudiera llegar a comprometer, si no la independencia, sí la imagen de independencia sobre la cual, junto con la excelencia y la transparencia, se sustentará la credibilidad de los ciudadanos e Instituciones hacia la Agencia.
Se propone añadir al apartado 2 del artículo 10, a continuación de «... el Real Decreto de aprobación de su Estatuto», el siguiente texto:
«Dicho Real Decreto deberá ser sometido a aprobación por el Consejo de Ministros en un plazo no superior a seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.»
La adición de un inciso al apartado 2 del artículo 10 obedece a la conveniencia de afianzar el compromiso de someter a aprobación el proyecto de Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto de la Agencia, dentro de un plazo determinado, evitando cualquier dilación.
Se persigue llevar el compromiso de creación de la Agencia hasta los más rigurosos extremos de cumplimiento. Para ello, no cabe demorar la aprobación del Estatuto, toda vez que la constitución efectiva de la Agencia precisa de la previa aprobación de dicho Estatuto.
A la disposición adicional única (Régimen jurídico aplicable a la resolución administrativa en determinadas materias).
Se propone incorporar el siguiente procedimiento:
«Evaluación y registro de preparados alimenticios para regímenes especiales. (Real Decreto 2695/1976, de 16 de octubre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de preparados alimenticios para regímenes dietéticos y/o especiales, y Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, sobre Registro General Sanitario de Alimentos.» JUSTIFICACIÓN
La complejidad de las composiciones de este tipo de productos, cuyos ingredientes y dosis pueden llegar a incidir negativamente sobre la salud, impone un estudio riguroso y pormenorizado de los expedientes presentados a efectos de inscripción registral. En casos de particular complejidad de las formulaciones presentadas, la resolución de dichos expedientes puede superar los tres meses establecidos al efecto. En tal caso, en virtud del silencio administrativo positivo, el producto estaría en el mercado, legalmente inscrito pero incompletamente evaluado.
A la disposición final (nueva).
- Se incorpora una nueva disposición final primera, con la siguiente redacción:
«Primera. Título Competencial.
La presente Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.16.a, bases y coordinación general de la sanidad, de la Constitución Española.»
- Consecuentemente, la disposición final que en el Proyecto figura como «Primera» («Desarrollo reglamentario»), pasa a denominarse «Segunda» y la que figura como «Segunda» («Entrada en vigor»), pasa a denominarse «Tercera».
El título competencial, ya expresado en la exposición de motivos -en virtud de la enmienda correspondiente- debe figurar en todo caso en la parte dispositiva, en las disposiciones finales.
El título competencial 149.1.16.a de la Constitución ampara plenamente la Ley, por sus fines y contenido, a referirse a la coordinación general de la sanidad.
ÍNDICE DE ENMIENDAS ALARTICULADO
- Enmienda n.o 109 del G.P. Popular, párrafo primero. - Enmienda n.o 41 del G.P. Socialista, tras párrafo tercero (nuevo). - Enmienda n.o 42 del G.P. Socialista, párrafo cuarto. - Enmienda n.o 43 del G.P.
Socialista, párrafo noveno. - Enmienda n.o 78 del G.P. Coalición Canaria, párrafo noveno. - Enmienda n.o 79 del G.P. Coalición Canaria, párrafo undécimo. - Enmienda n.o 44 del G.P. Socialista, párrafo final.
- Enmienda n.o 80 del G.P. Coalición Canaria, al título del artículo.
- Enmienda n.o 60 del Sr. Puigcercós Boixassa (G.P.
Mixto), apartado 1. - Enmienda n.o 61 del Sr. Puigcercós Boixassa (G.
Mixto), apartado 2. - Enmienda n.o 81 del G.P. Coalición Canaria, apartado 2.
- Enmienda n.o 45 del G.P. Socialista, apartado 1. - Enmienda n.o 110 del G.P. Popular, apartado 1. - Enmienda n.o 34 del Sr. Saura Laporta (G.P.
Mixto), apartado 1. - Enmienda n.o 69 del G.P. Catalán (CiU), apartado 1. - Enmienda n.o 82 del G.P. Coalición Canaria, apartado 1.
- Enmienda n. 20 del Sr. Aymerich Cano (G.P.
Mixto), apartado 1.a). - o Enmienda n.o 83 del G.P. Coalición Canaria, apartado 1.a). - Enmienda n. 21 del Sr. Aymerich Cano (G.P.
Mixto), apartado 1.b). - Enmienda n.o 22 del Sr. Aymerich Cano (G.P.
Mixto), apartado 1.c). - Enmienda n.o 29 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 1.c). - Enmienda n.o 70 del G.P. Catalán (CiU), apartado 1.
c). - Enmienda n.o 84 del G.P. Coalición Canaria, apartado 1.c). - Enmienda n.o 2 del G.P. Federal Izquierda Unida, apartado 1.d) (nueva). - Enmienda n.o 71 del G.P. Catalán (CiU), apartado 1.d) (nueva). - Enmienda n.o 85 del G.P. Coalición Canaria, apartado 1.d) (nueva). - Enmienda n.o 3 del G.P. Federal Izquierda Unida, apartado 1.e) (nueva).
- Enmienda n.o 86 del G.P. Coalición Canaria, apartado 1.e) (nueva).
- Enmienda n.o 87 del G.P. Coalición Canaria, apartado 1.f) (nueva).
- Enmienda n.o 46 del G.P. Socialista, apartado 2. - Enmienda n.o 111 del G.P. Popular, apartado 2. - Enmienda n.o 30 del G.P. Vasco (EAJ- PNV), apartado 2.a). - Enmienda n.o 72 del G.P. Catalán (CiU), apartado 2.a). - Enmienda n.o 88 del G.P. Coalición Canaria, apartado 2.a). - Enmienda n.o 23 del Sr. Aymerich Cano (G.P.
Mixto), apartado 2.b). - Enmienda n.o 31 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2.b). - Enmienda n.o 35 del Sr. Saura Laporta (G.P.
Mixto), apartado 2.b). - Enmienda n.o 73 del G.P. Catalán (CiU), apartado 2.b). - Enmienda n.o 89 del G.P. Coalición Canaria, apartado 2.b). - Enmienda n.o 90 del G.P. Coalición Canaria, apartado 2.c). - Enmienda n.o 74 del G.P. Catalán (CiU), apartado 2.e). - Enmienda n.o 91 del G.P. Coalición Canaria, apartado 2.e). - Enmienda n.o 32 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2.f). - Enmienda n.o 92 del G.P.
Coalición Canaria, apartado 2.f). - Enmienda n.o 94 del G.P.
Coalición Canaria, apartado 2.g). - o Enmienda n.o 95 del G.P.
Coalición Canaria, apartado 2.h) (nuevo). - Enmienda n. 96 del G.P.
Coalición Canaria, apartado 2.h). - o Enmienda n.o 24 del Sr. Aymerich Cano (G.P.
Mixto), apartado 2.i). - Enmienda n.o 97 del G.P. Coalición Canaria, apartado 2.i). - Enmienda n.o 25 del Sr. Aymerich Cano (G.P.
Mixto), apartado 2.j). - Enmienda n.o 98 del G.P. Coalición Canaria, apartado 2.j). - Enmienda n.o 99 del G.P. Coalición Canaria, apartado 2.j). - Enmienda n.o 62 del Sr. Puigcercós i Boixassa (G.P.
Mixto), apartado 2.k). - Enmienda n.o 100 del G.P. Coalición Canaria, apartado 2.k). - Enmienda n.o 102 del G.P. Coalición Canaria, apartado 2.l) (nuevo). - Enmienda n.o 26 del Sr. Aymerich Cano (G.P.
Mixto), apartado 2.l).
- Enmienda n.o 103 del G.P. Coalición Canaria, apartado 2.l). - Enmienda n.o 75 del G.P. Catalán (CiU), apartado 2.ñ) (nueva). - Enmienda n.o 4 del G.P. Federal Izquierda Unida, apartado 2.o) (nueva). - Enmienda n.o 63 del Sr. Puigcercós i Boixassa (G.P.
Mixto), apartado 2.o) (nueva). - Enmienda n.o 75 del G.P. Catalán (CiU), apartado 2.o) (nueva). - Enmienda n.o 5 del G.P. Federal Izquierda Unida, apartado 2.p) (nueva). - Enmienda n.o 75 del G.P.
Catalán (CiU), apartado 2.p) (nueva). - Enmienda n.o 6 del G.P.
Federal Izquierda Unida, apartado 2.q) (nueva). - Enmienda n.o 7 del G.P. Federal Izquierda Unida, apartado 2.r) (nueva). - Enmienda n.o 8 del G.P. Federal Izquierda Unida, apartado 2.s) (nueva). - Enmienda n.o 93 del G.P. Coalición Canaria (apartado nuevo). - Enmienda n.o 101 del G.P. Coalición Canaria (apartado nuevo). - Enmienda n.o 104 del G.P. Coalición Canaria (apartado nuevo).
- Enmienda n.o 33 del G.P. Vasco (EAJ-PNV). - Enmienda n.o 47 del G.
P. Socialista. - Enmienda n.o 64 del Sr. Puigcercós i Boixassa (G.P.
Mixto). - Enmienda n.o 105 del GP. Coalición Canaria. - Enmienda n.
112 del G.P. Popular. - Enmienda n.o 9 del G.P. Federal Izquierda Unida, apartado 1. - Enmienda n.o 76 del G.P. Catalán (CiU), apartado 1. - Enmienda n.o 10 del G.P. Federal Izquierda Unida, apartado 2. - Enmienda n.o 36 del Sr. Saura Laporta (G.P.
Mixto), apartado 3.
- Enmienda n.o 48 del G.P. Socialista. - Enmienda n.o 65 del Sr.
Puigcercós i Boixassa (G.P.
Mixto). - Enmienda n.o 77 del G.P. Catalán (CiU). - Enmienda n.o 106 del G.P. Coalición Canaria. - Enmienda n.o 11 del G.P. Federal Izquierda Unida, apartado 1. - Enmienda n.o 12 del G.P. Federal Izquierda Unida, apartado 1. - Enmienda n.o 37 del Sr. Saura Laporta (G.P.
Mixto), apartado 1. - Enmienda n.o 113 del G.P. Popular, apartado 1.
- Enmienda n.o 13 del G.P. Federal Izquierda Unida, apartado 2. - Enmienda n.o 27 del Sr. Aymerich Cano (G.P.
Mixto), apartado 2. - Enmienda n.o 38 del Sr. Saura Laporta (G.P.
Mixto), apartado 2. - Enmienda n.o 114 del G.P. Popular, apartado 2.
- Enmienda n.o 39 del Sr. Saura Laporta (G.P.
Mixto), apartado 3. - Enmienda n.o 115 del G.P. Popular, apartado 3.
- Enmienda n.o 28 del Sr. Aymerich Cano (G.P.
Mixto), apartado 4 (nuevo). - Enmienda n.o 116 del G.P. Popular, apartado 4 (nuevo). - Enmienda n.o 117 del G.P. Popular, apartado 5 (nuevo). - Enmienda n.o 118 del G.P. Popular, apartado 6 (nuevo). - Enmienda n.o 119 del G.P. Popular, apartado 7 (nuevo). - Enmienda n.o 120 del G.P. Popular, apartado 8 (nuevo). - Enmienda n.o 121 del G.P.
Popular, apartado 9 (nuevo).
- Enmienda n.o 49 del G.P. Socialista.
o - Enmienda n. 50 del G.P. Socialista.
Artículo o 4 quáter (nuevo)
- Enmienda n.o 51 del (G.P. Socialista.
Artículo 4 quinquies (nuevo)
- Enmienda n.o 52 del G.P. Socialista.
Artículo 4 sexies (nuevo)
- Enmienda n.o 53 del G.P. Socialista.
Artículo 4 septies (nuevo)
- Enmienda n.o 54 del G.P. Socialista.
Artículo 4 octies (nuevo)
o - Enmienda n. 55 del G.P. Socialista.
Artículo 4 nonies (nuevo)
- Enmienda n.o 56 del G.P. Socialista.
- Enmienda n.o 14 del G.P. Federal Izquierda Unida, apartado 1.d). - Enmienda n.o 57 del G.P. Socialista, apartado 1.d). - Enmienda n.o 122 del G.P. Popular, apartado 1.d).
- Enmienda n.o 66 del Sr. Puigcercós i Boixassa (G.P.
Mixto), apartado 1. - Enmienda n.o 107 del G.P. Coalición Canaria, apartado 1. - Enmienda n.o 58 del G.P. Socialista, apartado 2. - Enmienda n.o 67 del Sr. Puigcercós i Boixassa (G.P.
Mixto), apartado 2.
- Enmienda n.o 123 del G.P. Popular, apartado 2. - Enmienda n.o 68 del Sr. Puigcercós i Boixassa (G.P.
Mixto), apartado 3. - Enmienda n.o 108 del G.P. Coalición Canaria, apartado 4. - Enmienda n.o 58 del G.P. Socialista, apartado 5.
- Enmienda n.o 124 del G.P. Popular.
- Enmienda n.o 15 del G.P. Federal Izquierda Unida. - Enmienda n.o 16 del G.P. Federal Izquierda Unida. - Enmiendan.o 17 del G.P. Federal Izquierda Unida. - Enmienda n.o 18 del G.P. Federal Izquierda Unida.
- Enmienda n.o 19 del G.P. Federal Izquierda Unida. - Enmienda n.o 40 del Sr. Saura Laporta (G.P.
- Enmienda n.o 125 del G.P. Popular.
- Enmienda n.o 59 del G.P. Socialista.

References: artículo 97
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 4
in fine
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 41
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 40
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 109
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 resolución 
 artículo 147
 Real Decreto 
 artículo 110
 artículo 2
 artículo 110
 artículo 2
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 110
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 110
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 18
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 62
 artículo 10
 artículo 110
 artículo 149
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 10
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 10
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 149

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 4