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Timestamp: 2018-12-17 03:21:12+00:00

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﻿ Sentencia T-731 de noviembre 27 de 2015
SENTENCIA T-731 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:LA RECTIFICACIÓN O ACLARACIÓN DE INFORMACIÓN EN CONDICIONES DE EQUIDAD. SE SEÑALAN LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN, A FIN DE GARANTIZAR QUE ESTA SE REALICE EN CONDICIONES DE EQUIDAD: (I) QUE LA RECTIFICACIÓN O ACLARACIÓN SE HAGA POR QUIEN LA DIFUNDIÓ(II) QUE SE HAGA PÚBLICAMENTE(III) QUE TENGA UN DESPLIEGUE Y UNA RELEVANCIA EQUIVALENTES AL QUE TUVO LA INFORMACIÓN INICIALMENTE PUBLICADA Y (IV) QUE LA RECTIFICACIÓN CONLLEVE PARA EL MEDIO DE COMUNICACIÓN EL ENTENDIMIENTO DE SU EQUIVOCACIÓN, ERROR, TERGIVERSACIÓN O FALSEDAD. CUANDO LA OBLIGACIÓN DE RECTIFICAR LA IMPONGA UNA AUTORIDAD JUDICIAL, ÉSTA DEBE ESTABLECER EN LA RESPECTIVA PROVIDENCIA “LOS LINEAMIENTOS PRECISOS BAJO LOS CUALES ÉSTA DEBERÁ SER REALIZADA. LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE PROTEGER EFECTIVAMENTE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE QUIEN FUE AFECTADO CON LA INFORMACIÓN FALSA DIVULGADA Y ASEGURAR SU EFECTIVO RESTABLECIMIENTO”. ADICIONAL A ESTO, CUANDO SE ANALIZA LA COMPATIBILIDAD DE UNA NOTA DE PRENSA DE CONTENIDO MIXTO A LA LUZ DE LOS DERECHOS A LA INFORMACIÓN Y LIBRE EXPRESIÓN STRICTO SENSU, SE DEBE ESTABLECER SI EL PERIODISTA Y EL MEDIO DE COMUNICACIÓN CUMPLEN CON: (I) LAS CARGAS DE VERACIDAD E IMPARCIALIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y (II) SI PRESENTAN UNA OPINIÓN RELEVANTE QUE NO SE CONFUNDE CON HECHOS NI IMPACTA NEGATIVAMENTE LOS DERECHOS DE LOS TUTELANTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHOS FUNDAMENTALES, DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN, DERECHO A LA INFORMACIÓN, DERECHO DE RECTIFICACIÓN, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Sentencia T-731 de noviembre 27 de 2015
LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSU-Definición/LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSO-Doble dimensión
• W Radio, en entrevista del 7 de noviembre de 2014 a la Directora de la EGDD.
• Columna de Jorge Figueroa publicada en el diario Vanguardia Liberal el 12 de noviembre de 2014.
• Programa la “Hora de la Verdad” en entrevista del 14 de noviembre de 2014 a la Directora de la EGDD.
• Columna de Gustavo Álvarez Gardeazabal en el diario ADN del 18 de noviembre de 2014.
• Reproducción de la anterior columna en el Blog “El Reverbero de Juan Paz” el 20 de noviembre de 2015.
• Periódico Extra del 22 de noviembre de 2014.
• Portal www.elfrente.com.co en la que se habría publicado “la nota de Gustavo Rugeles, prácticamente con idéntico contenido, el día 18 de diciembre de 2014”.
• Columna de Abelardo De La Espriella(2) publicada el 22 de febrero de 2015 en los periódicos El Heraldo y el portal www.kienyke.com.
• Columna de Abelardo De La Espriella publicada el 1 de marzo de 2015 con el título “Los Intocables II”, en los periódicos El Heraldo y el portal www.kienyke.com.
1.10. Días después, Las 2 Orillas contestó la solicitud, reiterando su posición en torno a la corrección de la información difundida, y consideró que la solicitud de rectificación resultaba improcedente(3).
“1. Que se ordene a los demandados, el informativo digital Las 2 Orillas [www.las2orillas.co]; a su directora, María Elvira Bonilla; y al periodista Gustavo Rugeles, retirar de dicho portal el artículo ‘Los contratos de la Escuela para la democracia Galán'(4), firmado por el periodista Gustavo Rugeles; y rectificar los asuntos mencionados en nuestras solicitudes del 12 de noviembre de 2014 y del 23 de febrero de 2015, indicando con toda claridad:
(i) Que ni JUAN MANUEL GALÁN ni CARLOS FERNANDO GALÁN tenemos injerencia alguna en las actividades de la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia, ni en su funcionamiento, ni mucho menos en los contratos que ella celebra; y que nuestra acción política no ha tenido ni tiene ningún impacto en la posibilidad o node la Corporación para firmar convenios o contratos con entidades estatales, por lo cual son FALSAS las aseveraciones o insinuaciones en sentido contrario, que contiene el artículo aquí comentado.
2. Respuesta de los accionados(5).
2.2. Argumentó la oposición a la acción de tutela por la diferencia que existe entre el ejercicio de la libertad de información y la de opinión, destacando que la jurisprudencia constitucional ha diferenciado su fundamento, consecuencias y exigencias desde el punto de vista del emisor. Recordó, citando las sentencias T-904/2013, T-219/2009 y C-417/2009 que el derecho a la información debe tener un respaldo en la realidad y cumplir con los requisitos de veracidad e imparcialidad, mientras que la opinión “es una idea, un parecer o forma de ver el mundo, que de hallarse injusta o impertinente, debe combatirse con otras opiniones o pareceres”(6), frente a la cual no se pueden exigir las cargas de veracidad e imparcialidad. Se resaltó igualmente el papel de la libertad de expresión en la consolidación de la democracia y en la formación de la opinión pública.
3. Vinculación de oficio ordenada por el juez de primera instancia(7).
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, al admitir la demanda, dispuso la vinculación oficiosa de las emisoras W Radio y Cadena Súper, de los periódicos ADN(8), Extra(9), El Heraldo, Vanguardia Liberal(10), y las propietarias de los portales de internet www.kienyke.com y www.elfrente.com.co, Kieneskien Editorial S.A.S. y el diario El Frente, respectivamente(11). En contra de esta decisión los accionantes formularon recurso de reposición(12) solicitando la desvinculación de los medios de comunicación antes enlistados argumentando que solo fueron nombrados en el escrito de tutela “para efectos de demostrar el ‘efecto multiplicador’ que ha tenido el artículo de Las 2 Orillas”, y reiterando que ninguna de las pretensiones expuestas en la acción de tutela se refería a ellos.
3.1. Los medios de comunicación Kieneskien Editorial S.A.S, propietario del portal www.kienyke.com(13), la Casa Editorial El Tiempo S.A. como propietaria del diario ADN(14), El Heraldo S.A., Galvis Ramírez y Cia. S.A. editor del diario Vanguardia Liberal:
• Manifestaron que la demanda de tutela se refería a una columna de opinión elaborada y fundamentada de manera libre y autónoma por el respectivo columnista, no estando el medio de comunicación legitimado para alterar la opinión del columnista. En este sentido, no serían directamente responsables del contenido de las mismas.
• Solicitaron su desvinculación del proceso con base en la ausencia de responsabilidad con respecto a las vulneraciones alegadas por los accionantes en su escrito de tutela y la falta de solicitud de rectificación previa por parte de los accionantes.
• Manifestaron que los accionantes no estaban haciendo cuestionamientos directos a sus notas periodísticas, no solicitaron rectificación alguna frente a las mismas, y las pretensiones plasmadas en el escrito de tutela no tenían relación alguna con ellas.
• Solicitaron su desvinculación del proceso o bien que no se emitieran órdenes frente a ellos como medios de comunicación.
• El texto de la nota de prensa analizada, como anexo 1.
• El texto de la solicitud de rectificación del 12 de noviembre de 2014, suscrito por los accionantes como anexo 2.
•El texto de la solicitud de rectificación del 23 de febrero de 2015, suscrito por los accionantes como anexo 3.
5.1. Primera Instancia. Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, sentencia del 25 de marzo de 2015(15).
• Debían excluirse del título la expresión "El éxito político y contractual de la familia se multiplicó en el gobierno Santos".
• Debían eliminarse los incisos 5º y 7º de la nota de prensa(16).
• Ordenar a los accionados efectuar la rectificación al artículo citado en la que se indicara:
“1.- Que ni Juan Manuel Galán ni Carlos Fernando Galán, tienen injerencia en las actividades de la Corporación "Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia" ni en su funcionamiento ni en los contratos que ella celebra.
2.- Que quien ha suscrito los contratos con algunas entidades estatales, es una Corporación Mixta, en la que el Estado tiene el 85.57% de aportes y es presidida por el Ministerio de Educación, en la que la familia Galán Pachón no tiene ninguna participación.
3.- Que la afirmación en el sentido de que ’El éxito político y contractual de la familia se multiplicó en el gobierno de Santos’, y de que ‘su presencia en el Congreso y en la escena política nacional ha tenido eco en la suerte de la fundación’, no tiene sustento en información cierta y veraz y se construyó a partir de la creencia equivocada de que Juan Manuel Galán y Carlos Fernando Galán, tenían participación en la ‘Escuela para la Democracia Galán’.
• La rectificación en los términos ordenados debía realizarse a través del portal de internet del medio de comunicación accionado, publicándola durante un tiempo equivalente al de la publicación de la nota de prensa, en la misma ubicación en la respectiva página y replicarse en las páginas de Facebook y Twitter del medio de comunicación.
5.2. Impugnación(17).
5.3. Segunda Instancia. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Séptima de Decisión Civil, sentencia del 14 de abril de 2015(18).
5.3.2. Recordó que la Corte Constitucional ha establecido que “[l]a información sobre hechos, en tanto ejercicio de la libertad de información, ha de ser veraz e imparcial, mientras que la expresión de opiniones sobre dichos hechos, cubierta por la libertad de expresión stricto sensu, no está sujeta a estos parámetros. Las opiniones equivocadas y parcializadas gozan de la misma protección constitucional que las acertadas y ecuánimes”(19).
“1) La existencia de un artículo periodístico soportado en una investigación en la cual se expresan algunas opiniones que no son compartidas por los accionantes, 2) En el mencionado texto no se afirma expresa ni específicamente que los Senadores Juan Manuel y Carlos Fernando Galán Pachón hayan tenido injerencia directa en la contratación de entidades Estatales con la CORPORACIÓN ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA o que hubieran intervenido de alguna manera para que se les adjudicara contrato alguno, 3) Analizado el texto ‘El efecto político de Carlos Fernando y Juan Manuel liderando Cambio Radical y el Partido Liberal, partidos claves de la coalición de gobierno y su presencia en el Congreso y en la escena política nacional ha tenido eco en la suerte de la fundación que atraviesa por su mejor momento en términos de volumen de contratos adjudicados por el gobierno’, la Sala es del criterio que es una opinión personal del periodista y que como tal, está amparada bajo el manto de la ‘libertad de expresión stricto sensu’, 4) Por tener los accionantes la calidad de ‘Senadores de la República’ están expuestos a un escrutinio más severo de la comunidad y los medios de comunicación, pues, no debe olvidarse que las actividades que desempeñan son de interés público, y a que ‘tienen una amplia posibilidad de controvertir públicamente las afirmaciones que los afectan’(20)”.
6. Insistencias para la selección del caso(21).
6.1. Insistencia presentada por la Procuraduría General de la Nación(22).
• La imprecisión frente a la naturaleza jurídica de la EGDD fue precisamente lo que “llevó a los accionados a trazar una conexión inexistente entre la familia Galán Pachón y la contratación de la citada Corporación”, lo que generaría la vulneración del derecho al buen nombre de los actores.
• Señaló que la libertad de expresión e información “son derechos que deben ser ejercidos con responsabilidad, es decir, deben cumplir con los requisitos de veracidad e imparcialidad”.
• Recordó que la libertad de expresión está limitada por los derechos a la intimidad y al buen nombre.
• Consideró que cuando existe un conflicto entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, “se debe efectuar un juicio que permita establecer cuál de las partes está haciendo un uso ilegítimo de su derecho”, juicio que echa de menos la Procuraduría en el caso concreto.
• Solicitó específicamente “otorgar protección a los derechos fundamentales de los señores Juan Manuel Galán Pachón y Carlos Fernando Galán Pachón, los cuales considero que se están viendo afectados por los accionados”.
6.2. Insistencia presentada por la Defensoría del Pueblo(23).
• Los accionantes no eran titulares de ningún derecho ni participación en la EGDD y menos aún en el Instituto para el Desarrollo de la Democracia. No puede por ello vinculárseles a la gestión de la entidad.
• Existió equívoco en cuanto a la naturaleza jurídica de la EGDD, pues esta corresponde a una corporación mixta y no a una fundación.
• La EGDD no es la misma “Fundación Luis Carlos Galán”, pero el artículo de prensa induce “al lector desprevenido a creer que la entidad a la cual se refiere el éxito contractual es la referida fundación”.
• Carece de veracidad la información, pues la premisa principal del artículo se ubica en esa supuesta participación y en el vínculo que habría entre ellos y los contratos celebrados por la EGDD. La investigación a este respecto fue deficiente.
• “[S]e concluye que el buen nombre y la honra de los accionantes y de su familia puede verse vulnerado con la publicación que de dicho artículo se hizo en el portal ‘las2orillas’ pues no solo se expresaron opiniones fundadas en hechos inexactos, sino que fue replicado en otros medios en los que se les juzgó como responsables de los contratos que la citada corporación celebró”.
4.1. La libertad de expresión stricto sensu es uno de los contenidos básicos del derecho a la libre expresión lato sensu, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política(24) que establece que “[s]e garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones”.
4.2. La sentencia T-391 de 2007 definió la libertad de expresión stricto sensu como “[l]a libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a través de cualquier medio de expresión –sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico, electrónico u otro de elección de quien se expresa-, y el derecho a no ser molestado por ellas […] y tiene una doble dimensión – la de quien se expresa, y la de los receptores del mensaje que se está expresando”(25), y “[a]pareja el derecho de su titular a no ser molestado por expresar su pensamiento, opiniones, informaciones o ideas personales”. Como se puede ver de las definiciones constitucional y jurisprudencial, la libertad de expresión stricto sensu cobija la libertad de opinión.
“[E]xisten ocho rasgos del ámbito constitucionalmente protegido que la Corte considera indispensable resaltar con detalle, para efectos de llegar a una decisión adecuada en el caso presente: (1) su titularidad es universal sin discriminación, compleja, y puede involucrar intereses públicos y colectivos, además de los intereses privados del emisor de la expresión; (2) sin perjuicio de la presunción de cobertura de toda forma de expresión por la libertad constitucional, existen ciertos tipos específicos de expresión respecto de los cuales la presunción es derrotada, por consenso prácticamente universal plasmado en tratados internacionales que obligan al Estado colombiano; (3) existen diferentes grados de protección constitucional en los variados ámbitos de la expresión humana amparados por la libertad de expresión stricto senso, por lo cual hay tipos de discurso que reciben una protección más reforzada que otros – lo cual tiene efectos directos sobre la regulación estatal admisible y el estándar de control constitucional al que se han de sujetar las limitaciones; (4) la expresión protegida por esta libertad puede ser tanto la del lenguaje convencional, como la manifestada a través de conducta simbólica o expresiva convencional o no convencional; (5) la expresión puede efectuarse a través de cualquier medio elegido por quien se expresa, teniendo en cuenta que cada medio en particular plantea sus propios problemas y especificidades jurídicamente relevantes, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su forma y su manera de difusión; (6) la libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono; (7) su ejercicio conlleva, en todo caso, deberes y responsabilidades para quien se expresa; y (8) impone claras obligaciones constitucionales a todas las autoridades del Estado, así como a los particulares”(26).
• La expresión de contenidos en los que se involucra el interés público. Al respecto ha dicho la Corte que esta característica de la expresión resulta constitucionalmente relevante “porque éste se entremezcla con el interés del receptor o la audiencia de la emisión –caso en el cual opera como un refuerzo a la protección de la libertad en comento”(27).
• El discurso político, dada su importancia, es la modalidad expresiva que requiere el mayor grado de protección. Esto, por cuanto constituye la base para el ejercicio de otros derechos fundamentales, para el desarrollo de un criterio público sano y para el funcionamiento adecuado de una sociedad democrática(28). Al respecto dijo la Corte Constitucional:
“Las expresiones de contenido político, o que contribuyen al debate abierto sobre asuntos de interés público o general, reciben –y han recibido tradicionalmente- un nivel especialmente alto de protección constitucional frente a todo tipo de regulación. Es claro que el discurso de contenido político, o que forma parte del debate público, no se agota en las publicaciones y discursos políticos relacionados con temas electorales; esta categoría cubre toda expresión relevante para el desarrollo de la opinión pública sobre los asuntos que contribuyan a la vida pública de la nación”(29).
• Cuando la expresión stricto sensu se da en el marco de una columna de opinión difundida por los medios de comunicación. En esta situación, la Corte ha considerado que:
“[S]iempre ha llamado la atención que se alegue en materia de opiniones en medios de comunicación, la exigencia de veracidad e imparcialidad, porque a priori se considera contrario a la libertad plena de expresión que se afirme tal posibilidad. De este modo, como se dijo en la sentencia T-213 de 2004, tales exigencias no se predican de las columnas de opinión dado que la sociedad debe asumir como parte del pluralismo que se reivindica, incluso las opiniones y expresiones subjetivas que causen molestia o afecten el amor propio de las personas. Por ende, desde esta perspectiva, es imposible exigir la veracidad e imparcialidad de una columna de opinión”(30).
Para esta situación se ha dicho que aunque prima facie las opiniones de un columnista en un medio de comunicación no serían susceptibles de rectificación, esta ha sido considerada procedente, excepcionalmente “en caso de que la información en la que se soporta la columna de opinión, carezca de veracidad o afecte, al generar confusión en la opinión pública de presentarse como opinión información que es noticia, la vulneración de derechos fundamentales”(31).
4.5. En tanto faceta de la libertad de expresión lato sensu, la libertad de expresión stricto sensu –y la libertad de opinión-, gozan de una presunción que las favorece frente a un eventual conflicto con otros derechos fundamentales. Sin embargo, y a pesar de la amplia protección que debe recibir la libertad de expresión, no es un derecho absoluto, y conlleva responsabilidades y limitaciones. Así, el ejercicio de la libre expresión stricto sensu “conlleva, en todo caso, deberes y responsabilidades para quien se expresa. El alcance de estos deberes y responsabilidades variará, dependiendo del tipo de discurso que se exprese, el ámbito en el cual se haga uso de él y los medios utilizados. Tales deberes y responsabilidades han de estar definidos con previsión en la ley, sin perjuicio de la aplicación directa de los derechos fundamentales de terceros, como el buen nombre y la intimidad”(32).
5. La libertad de información. Reiteración de jurisprudencia(33).
5.1. La libertad de información es uno de los contenidos básicos del derecho a la libre expresión lato sensu, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política(34), “que cobija tanto información sobre hechos como información sobre ideas y opiniones de todo tipo, a través de cualquier medio de expresión; junto con la libertad de buscar información y la libertad de recibirla”(35).
5.2. La Corte Constitucional ha destacado que “en la libertad de información el interés del receptor de la misma es crucial”(36), por lo que las cargas y exigencias a quienes la desarrollan son más estrictas que las que aplican a la libertad de expresión stricto sensu. Al respecto dijo la Corte Constitucional que:
“la libertad de información está sujeta a una mayor regulación por parte de las autoridades que la libertad de expresión en sentido estricto, dada la diferencia en los bienes e intereses jurídicamente protegidos por cada una de ellas.(37) […] este mayor margen de regulación se traduce en la existencia de ciertas características que ha de tener la información transmitida, así como en claros deberes y responsabilidades para quien ejerce su libertad de informar, y derechos correlativos del receptor de la información.
Las principales obligaciones que impone el ejercicio de esta libertad, así como los derechos correlativos de los receptores de la información, se refieren a las características de la información que se transmite – dicha información ha de ser “veraz e imparcial”, y respetuosa de los derechos fundamentales de terceros, particularmente a la intimidad y al buen nombre(38)”(39).
5.3. Simultáneamente, la Corte ha destacado la importancia de la libertad de información para la preservación y estímulo del orden democrático y pluralista, que se ha concretado en el énfasis en la garantía de los derechos de los receptores de la información. Esto por cuanto el ejercicio de la libertad de información supone no solamente una dimensión individual, sino también una colectiva, pues es esencial para el informador que su mensaje llegue a un receptor. Así, no es posible concebir el ejercicio informativo sin tener en cuenta el interés de la comunidad, que construye un criterio social a partir de la información, se ilustra e involucra en su contexto comunitario a través de los contenidos que recibe, y que requiere para ello partir de una base equilibrada que le permita conseguir estos propósitos de manera ecuánime y lo más objetiva posible. A esto conduce no solo el desarrollo de la libertad de información, sino también la responsabilidad de los medios de comunicación, establecida en el mismo artículo 20 de la Carta(40).
5.4. Como ocurre con todos los derechos fundamentales, la libertad de información no es absoluta. Por mandato expreso del artículo 20 Superior, se exige que la información transmitida atienda los requisitos de veracidad e imparcialidad, que se garantice el derecho a la rectificación y que se haga una diferenciación entre difusión de opiniones e informaciones. Por ser los dos primeros requisitos los esenciales para la resolución del caso concreto, la Sala se concentrará en ellos(41).
5.4.1. Frente al requisito de veracidad en la difusión de informaciones, ha aclarado la Corte que este no implica la verificación de la “verdad absoluta de los hechos que se denuncian, pues esto haría imposible la actividad periodística”(42), es decir que no equivale a una exigencia de certeza frente a lo informado. En este sentido la carga que implica para el medio de comunicación el cumplimiento del requisito de veracidad no puede asimilarse al cumplimiento de una obligación de resultado, en el sentido de exigir que todo lo informado sea en efecto cierto, sino que está más cercano a la evaluación del cumplimiento de una obligación de medio, que se entenderá cumplida cuando el proceso para afirmar la veracidad de una determinada información ha sido razonable y adecuado: “el medio satisface el estándar de veracidad cuando la información ha sido obtenida luego de un proceso razonable de verificación y cuando no induce a error o confusión al receptor. El medio será responsable cuando se demuestre que existió una evidente negligencia en la tarea de verificar la información reportada o cuando sea claro que existe mala fe o intención de daño al publicarla”(43).
Ha dicho la Corte que “[l]a carga que se exige al periodista en este aspecto es que haga un esfuerzo (a) previo y (b) razonable de constatación de la información que pretende presentar como un hecho. El comunicador ‘solo debe transmitir como hechos, lo que ha sido objeto de previo contraste con datos objetivos’(44)”(45). La razonabilidad en el proceso de verificación previo a la emisión de la información tiene en cuenta la diligencia del periodista en pro de encontrar la verdad, por lo cual “la Corte le da importancia a la actitud que el periodista asume en el proceso de búsqueda de la verdad y lo protege cuando ha sido diligente a lo largo del proceso informativo, así la información no sea totalmente exacta”(46); se exige entonces el cumplimiento de cargas que la jurisprudencia ha resumido así:
“[U]n deber de diligencia razonable con base en el cual sea factible afirmar que: (i) se realizó un esfuerzo por constatar y contrastar las fuentes consultadas; (ii) se actuó sin un ánimo expreso de presentar como ciertos, hechos falsos y (iii) se obró sin la intención directa y maliciosa de perjudicar el derecho al honor, a la intimidad y al buen nombre de otras personas.”(47)
En este sentido, la Corte Constitucional tuvo en cuenta que la jurisprudencia interamericana ha establecido que la exigencia de veracidad no puede “interpretarse de modo tal que se reclame prueba incontrovertible acerca de que la información publicada o emitida sea verdadera o imparcial. De ser esto así, el precio de la verdad y de la imparcialidad sería el silencio y significaría una clara amenaza para la democracia”(48).
“A partir de la jurisprudencia(49) promulgada por esta corporación, es posible identificar tres casos representativos en los que un medio de comunicación incumple las cargas mínimas de veracidad que impone la Constitución Política: (i) Cuando el dato fáctico es contrario a la realidad y fue publicado por (a) negligencia (soportado solo en rumores, invenciones) o (b) mala intención del emisor. (ii) Cuando la información emitida en realidad corresponde a un juicio de valor u opinión pero se presenta como un hecho cierto. (iii) Cuando la información pese a ser literalmente cierta, es presentada de manera tal que induce al lector a conclusiones falsas o erróneas”(50).
“Ahora bien, en lo que respecta a la imparcialidad, la exigencia es que el periodista guarde distancia frente a sus fuentes, a fin de no aceptar de plano y de manera automática todas sus afirmaciones, sino que pueda aportar variadas posiciones cuando un hecho así lo requiera. La información que le sea suministrada ha de ser, en consecuencia, contrastada con versiones diversas sobre los mismos hechos, por los directamente involucrados o expertos(51), para plantear todas las aristas del debate. Además, “el comunicador está en el deber de cuestionar sus propias impresiones y preconceptos, con miras a evitar que sus preferencias y prejuicios afecten también su percepción de los hechos”(52) y sólo su posición particular, de manera inexacta, sea la que se presente”.
En consecuencia, se ha destacado en la jurisprudencia que el Constituyente del 91 “optó por vincular la exigencia de imparcialidad al equilibrio informativo, es decir, al ‘derecho al público a formarse libremente una opinión, esto es, a no recibir una versión unilateral, acabada y pre-valorada de los hechos que le impida deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de vista contrarios expuestos objetivamente’”(53).
5.5. Por integrar la libertad de expresión lato sensu, el derecho a la información goza de una presunción que la favorece en caso de conflicto con otros valores constitucionales o derechos fundamentales. Al respecto ha dicho la jurisprudencia constitucional que “en caso de conflicto existe un mandato constitucional de favorecer prima facie la preeminencia de la libertad de expresión -en sentido lato o estricto- y con ello la libertad de información. Ha admitido también que ello deberá fijarse siempre teniendo en cuenta las características del asunto en concreto, pues es algo que no puede fijarse de antemano, en abstracto y de manera general. Como también lo ha recordado la Corte, ‘el caso más frecuente de conflicto se establece con los derechos constitucionales a la honra, la intimidad y el buen nombre’(54)”(55).
En el caso concreto de la tensión entre la libertad de información y los derechos al buen nombre y a la honra, se ha defendido la prevalencia de la primera “salvo que se demuestre por el afectado la intención dañina o la negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que vulneran o amenazan sus derechos fundamentales”(56).
5.6. La Corte Constitucional también ha destacado la responsabilidad que implica el ejercicio de la libertad de información, pues es un “un derecho de doble vía, que garantiza tanto la potestad de proveer información, como el derecho a recibir una información veraz e imparcial”(57). La exigencia de estas responsabilidades debe ser posterior a la emisión de la información previa demostración de la omisión de los deberes del periodista o medio de comunicación por parte de la persona que alega la vulneración de sus derechos constitucionales(58). Así, “la buena fe del periodista no excluye la posibilidad de que pueda caer en error, a pesar de que haya cumplido con la obligación de verificar su información, pues la misma naturaleza dinámica de su labor le impide, en algunos casos, ser tan exhaustivo. Por lo tanto, esta presunción de buena fe no excluye la posibilidad de error y tampoco, ostenta el carácter de una presunción de derecho que no admita prueba en contrario. El juez de tutela debe entrar a constatar en cada caso si el medio de comunicación ha incurrido en un error evidente o si, existen elementos que permitan desvirtuar la presunción constitucional de buena fe del periodista”(59).
6. Los derechos al buen nombre y a la honra. Reiteración de jurisprudencia(60).
6.1. La Corte ha definido el buen nombre como “la buena opinión o fama adquirida por un individuo en razón de la virtud y el mérito, como consecuencia necesaria de las acciones protagonizadas por él”(61), es decir, la reputación de la persona derivada de la exteriorización de sus conductas(62). El derecho al buen nombre, consagrado en el artículo 15 de la Constitución(63), se relaciona entonces con la conducta que observe la persona dentro de la sociedad(64), “se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas […y…] se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”(65).
En la sentencia T-015 de 2015, la Corte Constitucional recordó que “[s]egún la Corte Interamericana de Derechos Humanos el buen nombre ‘es un derecho de valor porque se construye por el merecimiento de la aceptación social, esto es, gira alrededor de la conducta que observe la persona en su desempeño dentro de la sociedad’(66)”. Se ha dicho, igualmente, que el buen nombre “también tiene una cercana relación con la dignidad humana, en la medida en que, al referirse a la reputación, protege a la persona contra ataques que restrinjan exclusivamente la proyección de la persona en el ámbito público o colectivo”(67).
De lo dicho antes, se puede decir que “la afectación del buen nombre se origina, básicamente, por la emisión de información falsa o errónea y que, a consecuencia de ello, se genera la distorsión del concepto público”(68), aunque se debe indicar que la protección del derecho se da con relación a la estimación pública de la conducta del individuo “al punto de no ser posible el reclamo de su afectación cuando el comportamiento de la persona misma es el que impide a los asociados ‘considerarla digna o acreedora de un buen concepto o estimación’(69)”(70).
“[L]a honra hace alusión al respeto que la persona merece por su propia condición de tal(71), “(…) entendiendo por ella, la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana. Es por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad”.(72)”(73)
La Corte Constitucional estableció que la honra “se refiere a la valoración de comportamientos en ámbitos privados, así como la valoración en sí de la persona […y…] a la apreciación de la sociedad hacia una persona, a partir de su propia personalidad y comportamientos privados directamente ligados con ella”(74), y que se afecta “tanto por la información errónea, como por las opiniones manifiestamente tendenciosas respecto a la conducta privada de la persona o sobre la persona en sí misma”(75).
6.3. Los intereses jurídicos derivados de la realización de los derechos al buen nombre y a la honra “pueden ser protegidos tanto en sede de tutela como mediante las instancias penales y civiles(76), cuando ello sea conducente”(77).
7.1. La Constitución Política consagra en su artículo 20 el derecho a la rectificación “el derecho a la rectificación en condiciones de equidad”. La jurisprudencia ha resaltado que la rectificación “[e]s la forma jurídica directamente adoptada por el Constituyente de 1991 para dirimir conflictos entre las libertades de expresión, información y prensa, y de éstos con otros derechos constitucionales”(78), y ha sido reconocido como un derecho fundamental en sí mismo(79).
“(i) que la rectificación o aclaración se haga por quien la difundió; (ii) que se haga públicamente(80); (iii) que tenga un despliegue y una relevancia equivalentes al que tuvo la información inicialmente publicada y (iv) que la rectificación conlleve para el medio de comunicación el entendimiento de su equivocación, error, tergiversación o falsedad(81). Cuando la obligación de rectificar la imponga una autoridad judicial, ésta debe establecer en la respectiva providencia “los lineamientos precisos bajo los cuales ésta deberá ser realizada. Lo anterior, con el objeto de proteger efectivamente los derechos fundamentales de quien fue afectado con la información falsa divulgada y asegurar su efectivo restablecimiento”(82)”(83).
• La parte final del subtítulo corresponde con un contenido informativo, pues sostiene que la directora de la EGDD “Maruja Pachón firmó 7 contratos por $114 mil millones a través del DPS y la Unidad de Víctimas”, situación que es sustentada más adelante en el desarrollo de la nota periodística.
• Los párrafos 1º al 6º de la nota se ocupan de narrar la suerte de la familia Galán Pachón luego del asesinato de Luis Carlos Galán, de la creación de la EGDD y el ascenso en la vida pública de sus hijos. La redacción de estos párrafos, su forma y estilo sugieren que lo que se presenta son hechos, y no se aprecia la expresión de opiniones o valoraciones que rompan la naturaleza informativa de los mismos.
• Los párrafos 8º al 10º, y la reseña de los contratos (7 en total), hablan sobre la representación legal de la EGDD, de la contratación con la entidad, y de los valores, fechas y el estado de los contratos suscritos desde el 2012 con la misma. La presentación de esta sección, su redacción y estilo sugieren que lo que se presenta son hechos, y no se aprecia la expresión de opiniones o valoraciones que rompan la naturaleza informativa de los mismos.
• “El éxito político y contractual de la familia [Galán Pachón] se multiplicó en el gobierno Santos”.
• “El efecto político de Carlos Fernando y Juan Manuel liderando Cambio Radical y el Partido Liberal, partidos claves de la coalición de gobierno y su presencia en el Congreso y en la escena política nacional ha tenido eco en la suerte de la fundación que atraviesa por su mejor momento en términos de volumen de contratos adjudicados por el gobierno”.
8.4.1. La situación fáctica presentada en la nota fue verificada por el periodista Rugeles y el medio de comunicación accionado a partir de lo que denominaron “registros oficiales”, específicamente el Registro Único Empresarial – RUE(84). Los datos obtenidos de esta fuente fueron presentados en el cuerpo de la nota periodística, y sirvieron como sustento para la afirmación según la cual “[c]omo representante legal de la Escuela Galán para la democracia, Maruja Pachón ha firmado entre el año 2012 y 2014 siete contratos que suman $114 mil millones de pesos para desarrollar diferentes actividades de capacitación con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS-”. Se expuso en la nota lo siguiente:
Hay que destacar en este punto que no se dice en la nota de prensa que los accionantes hubieran tenido un papel directo en los procesos de contratación de la EGDD, que la controlen o que les pertenezca. Simplemente se señala la coincidencia entre una actividad contractual significativa y la posición política de los hermanos Galán. Es claro a lo largo de la nota de prensa que la EGDD es una persona jurídica independiente por completo de los accionantes y sus familiares, que el comunicador caracteriza explícitamente como “de carácter mixto, sin ánimo de lucro”(85) y que de contera no es controlada ni en conjunto ni independientemente por miembros de la familia Galán Pachón, aunque su representante legal sea la señora Maruja Pachón. Es claro que tampoco se sugiere que los accionantes hubiesen tenido un éxito contractual, ni es razonable interpretar las opiniones contenidas en la nota en el sentido de creer que se acusa a los accionantes de obtener réditos económicos o políticos de la exitosa contratación de la EGDD. Por estas circunstancias, no se aprecia un impacto tangible de la opinión del señor Rugeles frente a los derechos invocados por los accionantes, ni se vislumbra necesidad de amparar derechos fundamentales por virtud del ejercicio del derecho a la libre expresión stricto sensu del periodista.
8.5.3. Como conclusión frente al adecuado ejercicio del derecho a la libre expresión stricto sensu por parte de los accionados, estima esta Sala que no se vulneraron derechos de los accionantes a la intimidad, al buen nombre, la honra o a la rectificación, puesto que la opinión presentada (i) se basa en hechos ciertos y verificables, por lo que no tiene la virtualidad de generar un impacto negativo frente al prestigio social y al reconocimiento público del que los accionantes gozan(86); (ii) la opinión no se presenta de un modo tal que pretenda hacerse pasar como un hecho cierto, por lo que tampoco busca engañar al lector; (iii) la presentación de las opiniones como tales permiten al público tomarlas de acuerdo a su buen criterio y con ello conformar su opinión libremente, (iv) por tratarse de una opinión razonable, no existiría la posibilidad para los accionantes de solicitar una rectificación(87). En suma, los argumentos de los accionantes no consiguen desvirtuar la presunción de validez de la opinión expresada por el periodista Rugeles.
“La jurisprudencia constitucional ha sido respetuosa del empleo que los medios de comunicación hacen del lenguaje tratando de no restringir esa libertad siempre que respeten los criterios de veracidad e imparcialidad. En este sentido, ha reconocido que la necesidad de divulgar una información a veces choca con la rigurosidad lingüística y ha señalado que “existe una tensión natural entre la libertad de información que ampara a los medios de comunicación, con su correlativa necesidad de utilizar un lenguaje asequible a la generalidad de los receptores de la información, por una parte, y, por la otra, la existencia de ámbitos especializados con lenguaje técnico y profesional específico”(88)
Varias sentencias de esta Corporación se han concentrado en examinar el uso científico del lenguaje periodístico indicando que la prensa no puede ser inhibida en el ejercicio de la actividad periodística y que por eso no puede exigírsele emplear siempre un lenguaje técnico, científico y preciso. Así, la responsabilidad del medio de comunicación o del informador en la utilización del lenguaje consiste en no confundir al informado evitando utilizar términos que distorsionen la realidad pero dicha obligación no puede llegar hasta el punto de exigirle emplear con exactitud el lenguaje específico de cierta disciplina correspondiente al tema de la noticia”(89)
Magistradaos: Myriam Ávila Roldán (E)—Luis Guillermo Guerrero Pérez, magistrado Con aclaración de voto—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General
1 Cuaderno Principal, fl.165-203. La acción de tutela fue interpuesta el 9 de marzo de 2015.
2 Los accionantes afirman haber solicitado la rectificación de la información al columnista Abelardo De La Espriella, a la que este se negó, reiterando sus argumentos.
3 Cfr. Cuaderno Principal, fl.139-149.
4 http://www.las2orillas.co/los-contratos-de-la-escuela-para-la-democracia-galan/.
5 Cuaderno Principal, fls. 267-294.
6 Sentencia C-417/2009.
7 Cuaderno Principal, fls. 234-266, 295-331 y 333-362.
8 La contestación del periódico ADN fue elaborada por la Casa Editorial El Tiempo S.A., como su propietaria.
9 La contestación del periódico Extra fue elaborada por el Grupo Editorial El Periódico, como su propietario.
10 La contestación del diario Vanguardia Liberal fue elaborada por la sociedad Galvis Ramírez y Cia. S.A., como editor del mismo.
11 Cfr. Cuaderno Principal fl. 211.
12 Cuaderno Principal, fl. 332.
13 Kieneskien Editorial S.A.S solicitó la vinculación del columnista Abelardo de la Espriella al proceso.
14 La Casa Editorial El Tiempo S.A. solicitó la vinculación del columnista Gustavo Álvarez Gardeazabal al proceso.
15 Cuaderno Principal, fls. 363-375.
16 Del siguiente texto: “Las dos hermanas, Gloria y Maruja Pachón tomaron las riendas del Instituto para la democracia con el vigor necesario para hacerlo despegar. El Instituto operó en una vieja casona de la zona de Teusaquillo hasta que en el 2003 decidieron cambiarle el nombre a Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia y funcionan en dos sedes en el barrio La Candelaria en Bogotá. Maruja Pachón de Villamizar fue nombrada directora y representante legal de la nueva institución, una fundación de carácter mixto, sin ánimo de lucro y que desde un comienzo se focalizó en la capacitación de jóvenes en valores democráticos y con miras a preservar el legado del inmolado líder liberal” y “El efecto político de Carlos Fernando y Juan Manuel liderando Cambio Radical y el Partido Liberal, partidos claves para la coalición de gobierno y su presencia en el Congreso y en la escena política nacional ha tenido eco en la suerte de la fundación que atraviesa por su mejor momento en términos de volumen de contratos adjudicados por el gobierno”.
17 Cuaderno Principal, fls. 430-444.
18 Segundo Cuaderno, fls.3-11.
19 Sentencia T-256/2013, citada en el fl.9, Segundo Cuaderno.
20 Se cita en la providencia (fl.10, Segundo Cuaderno), el caso un aparte del caso Tristán Donoso vs. Panamá, resuelto mediante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de enero de 2009, (Serie C No. 193).
21 De acuerdo con el Art. 57 del Acuerdo 02 de 2015 “Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”, en caso de que el expediente al que se refiera una insistencia sea seleccionado, en la sentencia se hará referencia al contenido de la misma.
22 Cuaderno Corte Constitucional, fls. 3-6
23 Cuaderno Corte Constitucional, fls. 9-20.
24 Constitución Política, Art. 20, “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. || Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. (Subrayas fuera del texto original). Cfr. Sentencia T-391/2007.
25 Negrilla fuera del texto original.
26 Sentencia T-391/2007.
28 En la sentencia T-391/2007 se dijo: “En una democracia, los intereses de los que reciben el influjo de distintas expresiones son primordiales, puesto que de ello depende la formación de sus preferencias como ciudadanos”.
29 Sentencia T-391/2007.
30 Sentencia T-218/2009. (Subrayas fuera del texto original).
33 Las consideraciones relacionadas con el derecho a la información se retoman en gran medida de las plasmadas por esta Sala en la reciente sentencia T-688 de 2015, en la que se reiteraron los elementos fundamentales del derecho a la información, en tanto resultan aplicables al análisis del presente caso.
34 Constitución Política, Art. 20, “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. || Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. (Subrayas fuera del texto original). Cfr. Sentencia T-391/2007.
35 Sentencia T-391/2007.
36 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-488 de 1993. En aquella ocasión la Corte indicó que el objeto de esta libertad fundamental es la información veraz e imparcial: “El sujeto de este derecho es universal: toda persona -sin ninguna distinción- y el objeto de tal derecho es la información veraz e imparcial, como lo consagra el artículo 20 de la Carta Política”.
37 En la sentencia C-488 de 1993 también se señaló que la libertad de expresión es más amplia que la libertad de información y admite menores limitaciones: “Es una figura jurídica más amplia que la del derecho a la información. Abarca una generalidad que admite múltiples especies y, en virtud de la libertad de opinión y de pensamiento, no tiene tantas limitaciones como las que tienen el derecho a la información y el derecho de informar. Lo que el sujeto puede expresar no necesariamente tiene que estar sometido a la imparcialidad ni contener una verdad, porque perfectamente puede el ser humano expresar todo lo que su ingenio e imaginación produzcan, mientras dicha expresión no lesione derechos ajenos, ni vaya contra el orden público o el bien común”.
38 Así, en la sentencia C-033 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) la Corte explicó que el derecho a la información de los usuarios o receptores exige que la información transmitida sea cierta, objetiva y oportuna: “Para el usuario o receptor de la información, la plena realización de su derecho constitucional fundamental se garantiza en la medida en que la información reúna tres requerimientos: que ella sea cierta, objetiva y oportuna. // - La información es cierta cuando ella dice la verdad, esto es, cuando ella tiene sustento en la realidad. // - La información es objetiva cuando su forma de transmisión o presentación no sea sesgada, tendenciosa o arbitraria. Como lo ha establecido la Corte Constitucional, es necesario que la información "se halle despojada de toda manipulación o tratamiento arbitrario; libre de inclinación tendenciosa y deliberada; ajena a la pretensión de obtener de las informaciones efectos normalmente no derivados de los hechos u opiniones que las configuran, considerados en sí mismos, sino del enfoque usado por el medio para distorsionarlas" [Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia N° T-512 de septiembre 9 de 1992]. // - Y la información es oportuna cuando entre los hechos y su publicación existe inmediación, esto es, que no medie un lapso superior al necesario para producir técnicamente la información, o bien que entre el hecho y su publicación no transcurra un período tal de tiempo que la noticia carezca de incidencia e interés, pasando de ser "noticia" a ser historia.” En igual sentido, en la sentencia SU-1723/00 la Corte aclaró que el derecho a informar sobre hechos encuentra un límite en las actuaciones que menosprecian la verdad o falsedad de lo que se comunica, o en la transmisión de hechos o situaciones no constatados como ciertos, pues ello lesiona el derecho de los receptores a recibir una información acertada. La constatación de los hechos no equivale a una simple remisión a fuentes indeterminadas – debe cumplirse una tarea cuidadosa de asegurarse sobre la verosimilitud de la información. Asimismo, se explicó que el derecho a la información también encuentra un límite en la protección de la vida privada de las personas, en ámbitos estrictamente personales como cartas o diarios que forman parte del ámbito irreductible de tal derecho: “De cualquier manera, la garantía esencial del derecho a la información no puede cobijar a quienes actúan con menosprecio de la verdad o falsedad de lo comunicado y con negligencia e irresponsabilidad al transmitir como ciertos, hechos o situaciones carentes de constatación durante el proceso comunicativo. Ello vulnera el derecho de los sujetos pasivos a recibir una información acertada. Naturalmente, esta verificación no se cumple con la pura y simple remisión a fuentes indeterminadas, sino que es necesaria una tarea acuciosa por parte del informador para asegurar la verosimilitud de la misma. (…) En estos términos, una injerencia podrá alcanzar aspectos de la vida en ámbitos usualmente reservados como la casa o el ambiente familiar: allí hay una intensa protección constitucional pero eventualmente podrá haber una inspección legítima. Sin embargo, jamás será admisible una intromisión en la órbita de la esfera privada mas íntima, esto es, pensamientos o sentimientos más personales y autónomos del individuo que solo expresa a través de medios muy confidenciales como cartas o diarios estrictamente privados, porque ello constituye el ámbito irreductible de este derecho, no susceptible de ser afectado”.
39 Sentencia T-391/2007.
40 Se dijo en la sentencia T-260 de 2010 que “Esa responsabilidad social de los medios de comunicación se manifiesta de diversas maneras. Así respecto de la transmisión de informaciones sobre hechos, los medios están particularmente sujetos a cumplir requisitos de: (i) veracidad e imparcialidad; (ii) distinción entre informaciones y opiniones, y (iii) garantía del derecho de rectificación”.
41 Al respecto cabe destacar que el accionante no sostiene que hubiere ocurrido confusión entre opiniones e información, así como tampoco argumenta el incumplimiento por parte del medio de comunicación del deber de rectificar, pues incluso prescindió del agotamiento del tiempo con el que contaba el medio de comunicación para analizar la situación planteada en las solicitudes elevadas a él en tal sentido (ver supra II. 2.6.).
42 Sentencia T-298/2009.
44 Sentencia T-040 de 2013.
45 Sentencia T-914/2014.
46 Sentencias T-914/2014, T-135/2014, T-094/993, T-219/2009 y T-260/2010.
47 Sentencia T-260/2010.
49 Ver, entre muchas otras sentencias, T-259 de 1994, SU-1720 de 2000, T-298 de 2009, T-439 de 2009 y T-040 de 2013.
50 Sentencia T-914/2014. Cfr. Sentencias T-135/2014, T-315/2015.
51 Corte Constitucional. Sentencias T-080 de 1993 y T-219 de 2009.
52 Corte Constitucional. Sentencias T-066 de 1998 y T-219 de 2009.
53 Sentencia T-914/2014, citando la sentencia T-626/2007.
54 Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007.
55 Sentencia T-260/2010.
56 Sentencia T-080/1993.
57 Sentencia T-1198/2004.
58 Corte Constitucional. Sentencia SU-056 de 1995.
59 Sentencia T-260/2010.
60 Las consideraciones relacionadas con los derechos a la honra y el buen nombre reproducen las expuestas por esta Sala en la reciente sentencia T-688 de 2015, en la que se reiteraron sus elementos, relevantes para el análisis del presente caso.
61 Sentencia T-411/1995.
62 Cfr. Sentencia C-442/2011.
63 Constitución Política, Art. 15 “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. […]” (subrayas fuera del texto original).
64 Corte Constitucional. Sentencia T-1319 de 2001.
65 Sentencia C-489/2002.
66 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Fontevecchia y D´Amico vs Argentina. Sentencia del 29 de noviembre de 2001.
67 Sentencia C-442/2011.
69 Corte Constitucional. Sentencia SU-056 de 1995.
70 Sentencia T-260/2010.
71 Sentencia T-411 de 1995 reiterada en la Sentencia C-442 de 2011.
73 Sentencia T-914/2014.
74 Sentencia C-442/2011.
76 Ver Corte Constitucional. Sentencias T-1319 de 2001 y C-489 de 2002, entre otras.
77 Sentencia T-260/2010. Al respecto también se pueden consultar las sentencias C-442/2011 y C-635/2014.
78 Sentencia T-218/2009. Ver también, sentencia T-260/2010.
79 Cfr. Sentencias T-074/1995, T-472/1996, T-479/1993, T-066/1998, T-626/2007 y T-218/2009, entre otras. Este derecho también es reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -"Pacto de San José de Costa Rica" aprobado en la Ley 74 de 1968, en su artículo 14.
80 Corte Constitucional. Sentencia T-274 de 1993. Allí dijo la Corte que “la rectificación, en rigor, implica el reconocimiento público del error”. Ver, además, la sentencia T-332 del 12 de 1994.
81 Sobre la rectificación en condiciones de equidad se pueden consultar las sentencias T-332 de1993; T-603 de 1992; T-274 de 1993; T- 332 de 1993; T-479 de 1993; T-595 de 1993; T-259 de 1994; T-381 de 1994; T-074 de 1995; T-472 de 1996; T-066 de 1998; T- 1198 de 2004; T-626 de 2007; T-787 de 2004.
82 Corte Constitucional. Sentencia T-684 de 2004. “La rectificación en sí, no contiene formulas sacramentales, pues la forma como ésta debe realizarse depende de cada caso concreto. Con todo, la jurisprudencia constitucional ha indicado que ésta debe hacerse con igual despliegue e importancia y por el mismo conducto utilizado inicialmente”.
83 Sentencia T-260/2010. Al respecto también referirse a la sentencia T-626/2007.
84 Varios de los cuadros presentados en la nota periodística pueden consultarse en la página web http://www.rues.org.co/RUES_Web/consultas/DetalleRUP?codigo_camara_proponente=04&inscripcion=000000035018.
85 Párrafo 5 de la nota periodística.
86 Ver supra, II. num. 4.4.
87 Ver supra, II. num. 4.4.
88 Sentencia T-1198/2004.
89 Sentencia T-934/2014.

References: artículo 20
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 artículo 20
 resolución 
 artículo 15
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 14