Source: https://jurisprudenciaconstitucional.com/sentencias/7110-sentencia-constitucional-0297-2016-s2
Timestamp: 2019-07-16 01:56:14+00:00

Document:
Sentencia Constitucional Plurinacional 0297/2016-S2
Magistrado Relator: Juan Oswaldo Valencia Alvarado
Expediente: 13445-2015-27-AAC
En revisión la Resolución 27/2015 de 8 de diciembre, cursante de fs. 171 a 178 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ingrid Muñuny Maija contra Alex Ferrier Abidar, Gobernador del departamento de Beni.
La accionante mediante memorial presentado el 27 de noviembre de 2015, cursante de fs. 25 a 33 vta., manifestó lo siguiente:
Mediante memorándum 082/2015 de 27 de mayo, emitido por Jorge Ribera Bruckner, Secretario de Desarrollo Humano y Movilidad Social del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, fue designada Directora del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) Beni; notificándose a Carmelo Lens Frederiksen, Gobernador del señalado departamento, mediante oficio CODEPEDIS-Beni 142/2015 de la misma fecha, que la indicada funcionaria gozaba de inamovilidad laboral; calidad que fue ratificada mediante informe legal 10/2015 de igual data, emitido por Celia Ferrier Moreno, Coordinadora de Proyectos dependiente de la Secretaría Departamental de Justicia dirigido a Arnaldo Edmundo Añez Chávez, entonces Secretario de esa cartera, por el que se recomendó se declare la inamovilidad funcionaria de Ingrid Muñuny Maija, otorgándose dicha calidad mediante Resolución “158”/2015 -lo correcto es 157-, suscrita por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, en base a la evaluación del equipo calificador autorizado por el Ministerio de Salud que estableció que su persona contaba con una grado de discapacidad del 40%.
Añade que, una vez posesionadas las nuevas autoridades departamentales, mediante Resolución de Gobernación 3-A/2015 de 5 de junio, se procedió al agradecimiento de sus servicios, designándose a otra persona para el cargo que hasta entonces ejercía, motivo por el cual, remitió nota de comunicación interna DIR. 03/2015 al nuevo Gobernador Alex Ferrier Abidar y oficio Cite OF. SEDEGES DIR-06/2015 de 8 de junio, poniendo en conocimiento de la indicada autoridad su nivel profesional, contando con Licenciatura en Ciencias de la Educación como requisito para acceder al cargo y además informándole sobre el beneficio de la inamovilidad funcionaria de la que gozaba.
Agrega que, no obstante no haber recibido respuesta al indicado oficio, el 11 de junio de 2015, fue notificada en su domicilio particular con el oficio “S.JU. 02/2015”, emitido por el actual Secretario Departamental de Justicia de la Gobernación, Alejandro Yuja Rodríguez, a través del cual se le ofrecía un trabajo adecuado a su perfil profesional sin tomar en cuenta su solicitud de inamovilidad laboral y que cumplía con los requisitos para continuar desempeñando el cargo de Directora del SEDEGES Beni.
En tales circunstancias, expresa que por nota de 11 de junio de 2015, respondió al oficio citado supra haciéndole saber que se estaba actuando de manera discriminatoria y recordándole que se le había comunicado que no importaba en que vía intentare hacer valer sus derechos, éstos no serían restituidos.
Es así que, el 17 de junio de 2015, nuevamente se dirigió al Gobernador del departamento de Beni solicitando restitución a su fuente laboral, sin haber recibido respuesta; por lo que, se dirigió ante la “Inspectoría” -lo correcto es Jefatura- Departamental de Trabajo, cuya autoridad se negó a atenderla con el argumento de que no contaba con el carnet de discapacitada, obviando considerar el certificado de discapacitada que exhibió.
Posteriormente, mediante carta de 29 de junio de 2015, se dirigió nuevamente a la Jefatura Departamental de Trabajo señalada, formalizando su denuncia, habiendo dicha instancia realizado una citación única para el 3 de julio del indicado año, a efectos de que el Gobernador se apersone y se hagan valer sus derechos; sin embargo aquello no sucedió, habiendo la instancia laboral, declinado competencia con el argumento de que se trataba de un caso controversial, pese a que se había demostrado fehacientemente su nivel de discapacidad, hecho establecido en el informe de reincorporación JPCO 02/2015 de igual fecha, emitido por José Pedro Carvalho Ojopi, Jefe Departamental de Trabajo de Beni, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Finaliza indicando que, no se le dio la oportunidad de demostrar su capacidad profesional y que consciente de que el puesto que desempañaba era de confianza, solicitó se le cambie de cargo respetando su nivel salarial; sin embargo, considera que debido a su discapacidad, se la apartó de sus funciones, designándose a otra persona; hecho que considera discriminatorio.
La accionante alega la vulneración de sus derechos al trabajo digno, a la estabilidad laboral y a ser protegida por el Estado, citando al efecto los arts. 13.I, 46, 70, 71 y 72 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se declare “procedente” la tutela, ordenando la inmediata reincorporación a su fuente laboral y se proceda al pago de haberes devengados; aclarándose que la presente demanda, exige el respeto a su nivel salarial y capacidad profesional, no su reincorporación al cargo de Directora del SEDEGES Beni, pudiendo reasignársele en otra función.
I.2.Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
En audiencia de 8 de diciembre de 2015, conforme consta en el acta cursante de fs. 163 a 170 vta., se produjeron los siguientes hechos:
El abogado de la parte accionante, luego de efectuar una breve relación de la normativa aplicable respecto a la inamovilidad laboral de personas con discapacidad, se ratificó en el contenido íntegro de la demanda, haciendo hincapié en que la ahora accionante no había sido sujeto de proceso alguno que ameritara su desvinculación, citando al efecto jurisprudencia constitucional que según la accionante es aplicable al presente caso por analogía.
En ejercicio del derecho a la réplica, señaló que precisamente, que por ser el cargo de Directora del SEDEGES Beni de confianza de la MAE, no se solicitó la restitución al mismo, sino el respeto a la estabilidad laboral y al nivel salarial que ostentaba; en cuanto al tema del carnet de discapacitada, citó la SCP 0390/2014 de 25 de febrero, que estableció que por un tema administrativo no puede negarse el hecho de la propia discapacidad, además, no existe norma legal alguna que establezca el tiempo que debe permanecer en una fuente laboral una persona con discapacidad a efectos de que sus derechos laborales e inamovilidad le sean reconocidos.
Los apoderados de Alex Ferrier Abidar, Gobernador del departamento de Beni, mediante informe escrito cursante de fs. 125 a 133 vta. y en audiencia, manifestaron: a) No es evidente que las notas remitidas por la accionante el 8 y 17 de junio de 2015, no hubieran merecido respuesta; al contrario, se emitieron los informes legales SJU/DP 02/2015 de 10 de junio y SJU/DP 09/2015 de 23 de igual mes y año, mismos que no fueron impugnados, evidenciándose en consecuencia que la accionante no agotó la vía administrativa ante la Jefatura Departamental de Trabajo y ante la negativa de dictarse conminatoria de reincorporación, activó directamente la vía judicial; b) Conforme dispone la Resolución Ministerial (RM) 868 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, la conminatoria es obligatoria en su cumplimiento pudiendo ser impugnada vía judicial; señalándose en el art. 3 de la señalada Resolución Ministerial que ante el incumplimiento de la reincorporación, la trabajadora o trabajador podrá acudir a las acciones constitucionales que corresponda; infiriéndose en consecuencia que, en el caso analizado no ha existido incumplimiento a conminatoria alguna, pues la misma nunca fue dispuesta al haberse declarado la instancia laboral sin competencia para conocer la presente problemática; c) Al momento del agradecimiento de servicios, la ahora accionante no contaba con el carnet de discapacidad conforme dispone el art. 2 inc. e) del DS 28521 de 16 de diciembre de 2005 y tampoco con el certificado único de discapacidad de acuerdo a lo establecido en el art. 3 del indicado cuerpo normativo, habiéndose limitado a la presentación de una certificación emitida por el Comité Departamental de Personas con Discapacidad (CODEPEDIS) Beni, por el que se acreditaba la discapacidad motora de la interesada en un grado de 40%, señalándose además que dicha calidad se encontraría avalada por el equipo calificador autorizado del Ministerio de Salud, documento que tampoco fue exhibido; evidenciándose que la trabajadora actuó de mala fe al proceder al trámite correspondiente para acreditar su calidad de discapacitada recién cuando se produjo el cambio de autoridades departamentales, con el único fin de mantenerse en el puesto de Directora de ese SEDEGES; d) La nueva autoridad electa como Gobernador del departamento de Beni, en uso de sus facultades decidió conformar su equipo de trabajo, procediendo en consecuencia al agradecimiento por los servicios prestados por la ahora accionante; e) El cargo desempeñado corresponde a funcionarios de libre nombramiento, por corresponder a niveles jerárquicos de decisión y confianza de la MAE; es decir que no forman parte de la carrera administrativa y por ende, conforme ha establecido la jurisprudencia constitucional, sin importar se trate de mujeres embarazadas o personas con discapacidad, son de libre remoción; en consecuencia, la naturaleza de este tipo de cargos opera como límite a la garantía de inamovilidad laboral reclamada por la accionante; y, f) La jurisprudencia citada por la accionante, no resulta análoga al presente caso, por cuanto los elementos fácticos que sustentan la misma, son diferentes a los que ahora se analizan.
En uso del derecho a la dúplica, la parte demandada a través de su representación legal, manifestó en audiencia que, de acuerdo a la “SCP 0429/2014”, para la aplicación de la jurisprudencia constitucional, resulta obligatoria la existencia de analogía fáctica de la problemática sometida a revisión; situación que no es evidente en el caso analizado y la jurisprudencia citada por la parte accionante, por cuanto, de acuerdo a los razonamientos expuestos en la Sentencia Constitucional citada por la parte accionante, se evidencia que el sujeto demandante no goza de inamovilidad, sea una persona con capacidades diferentes o en situación de embarazo o lactancia.
La Sala de Trabajo, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 27/2015 de 8 de diciembre, cursante de fs. 171 a 178 vta., denegó la tutela solicitada respecto a la inamovilidad funcionaria, argumentando que la accionante no era funcionaria de carrera sino de libre nombramiento; y, concedió en parte la tutela respecto a la estabilidad laboral emergente del derecho al trabajo de la accionante, disponiendo que la autoridad demandada determine la reasignación de nuevas funciones en el Gobierno Autónomo Departamental a favor de la accionante con el mismo nivel salarial; decisión asumida en base a los siguientes fundamentos: 1) El Estatuto del Funcionario Público clasifica a los funcionarios públicos en electos, designados, de libre nombramiento, de carrera e interinos (art. 5), estableciendo que los funcionarios de carrera son aquellos cuya incorporación y permanencia se ajustan a las disposiciones contenidas en la señalada Norma, referidas al cumplimiento de requisitos de reclutamiento, ingreso y permanencia en la función; por tanto, aquellos funcionarios que se hallen comprendidos dentro de esta categoría, se consideran provisorios y por ende no gozan de los mismos derechos a la inamovilidad funcionaria, a la estabilidad laboral, a ser procesado previa destitución; 2) De acuerdo a la jurisprudencia contenida en la SC 1068/2011-R de 11 de julio, los funcionarios designados o de libre nombramiento, pertenecen al ámbito de los funcionarios provisorios, por cuanto su ingreso a una determinada entidad obedece a una invitación personal y no a un proceso de selección, de donde se infiere que la permanencia en sus funciones es temporal o provisional; consideración que, por mandato expreso de los arts. 70, 71 y 72 de la CPE, no resulta extensiva respecto a personas con discapacidad, cuyos derechos laborales se hallan constitucionalmente protegidos y por ende son directamente aplicables frente a cualquier otra disposición legal de menor jerarquía; 3) El DS 27477 de 6 de mayo de 2004, en sus arts. 1, 3 inc. c) y 5.I, establece que las personas con discapacidad gozan de inamovilidad funcionaria y estabilidad laboral excepto en los casos establecidos por ley, habiéndose emitido además la SC 0739/2010-R de 26 de julio, cuyo contenido jurisprudencial establece a partir del análisis de la Ley de la Persona con Discapacidad y los Decretos Supremos (DDSS) 24807 y 27477, que las personas con discapacidad que presten servicios en el sector público o privado, gozan de inamovilidad laboral y excepcionalmente procederá su despido por causa justa y previo proceso; 4) En base a la interpretación sistemática de los arts. 70.4, 71.I y 14.II de la CPE, las personas discapacitadas tienen derecho a trabajar en condiciones adecuadas sin ser sometidas a ningún tipo de discriminación, lo que implica entonces que esta protección se extiende al ámbito laboral respecto al tipo de nombramiento o forma de vinculación que tengan con la administración pública, protección reflejada en el art. 49 superior que prohíbe el despido injustificado, siendo que en el caso de autos, no consta que contra la accionante se hubiera iniciado proceso interno alguno del cual derive su despido, habiéndose vulnerado su derecho a la estabilidad laboral, por ser una persona con discapacidad física motora con el 42% y consecuentemente su derecho al trabajo; y, 5) Respecto a la inamovilidad laboral, la accionante al establecer que se encuentra consciente de que el cargo que venía desempeñando es uno de confianza de la MAE, acepta el acto u omisión indebida incurriendo en consecuencia en la causal de improcedencia prevista y descrita en el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se concluye lo siguiente:
II.1. Mediante Resolución de Gobernación 157/2015 de 27 de mayo, Carmelo Lens Frederiksen, Gobernador del departamento de Beni, designó a Ingrid Muñuny Maija como Directora del SEDEGES, nombramiento ratificado mediante memorándum 082/2015 de la misma fecha (fs. 2 a 3).
II.2. El 27 de mayo de 2015, Rubén Ardaya Chávez, Director Ejecutivo del CODEPEDIS Beni, remitió al Gobernador de Beni, oficio Cite CODEPEDIS-Beni 142/2015, mediante el cual, informó a la autoridad departamental que, la recientemente designada Directora del SEDEGES, era una persona con discapacidad física motora en un 40%, adjuntando al efecto certificación que acreditaba lo indicado y manifestando además que, el carnet de discapacidad se encontraba en trámite, al haber sido la interesada recientemente evaluada por el equipo calificador autorizado por el Ministerio de Salud; estableciendo en consecuencia que la ahora accionante gozaba de inamovilidad laboral (fs. 5 a 6).
II.4. Por informe legal 10/2015 de 27 de mayo, Celia Ferrier Moreno, Coordinadora de Proyectos dependiente de la Secretaría Departamental de Justicia, recomendó al Secretario de esa cartera se declare la inamovilidad funcionaria de Ingrid Muñuny Maija en el cargo de Directora del SEDEGES Beni, habiendo la MAE de dicha Gobernación, procedido a la emisión de la Resolución de Gobernación 157/2015 de 27 de mayo, por medio de la cual, otorgó inamovilidad funcionaria a la señalada trabajadora (fs. 7 a 8; 9).
II.5. A través de Resolución de Gobernación 3-A/2015 de 5 de junio, Alex Ferrier Abidar, Gobernador del departamento de Beni, agradeció a Ingrid Muñuny Maija por los servicios prestados como Directora del SEDEGES; procediendo a designar en el cargo a Mónica Cecilia Rivas Memm, poniéndose el actuado en conocimiento de la accionante el 8 de igual mes y año (fs. 10 a 11).
II.6. Ingrid Muñuny Maita, mediante nota Cite OF. SEDEGES DIR-06/2015 de 8 de junio, dirigida al Gobernador del departamento de Beni, puso en su conocimiento que contaba con los requisitos para desempeñar el cargo de Directora del SEDEGES y que además, al ser una persona con discapacidad contaba con inamovilidad laboral; mereciendo respuesta el 9 de igual mes y año por medio de OFICIO S.J.U. 02/2015, emitido por el Secretario Departamental de Justicia, a través del que invitaba a la funcionaria a apersonarse ante la Administración Departamental, donde se le ofrecía un trabajo adecuado a su perfil profesional; habiendo la trabajadora remitido contestación el 11 del mismo mes y gestión, expresando una clara molestia por el trato discriminatorio y abusivo del que había sido víctima al momento de “sacarla” de las dependencias del SEDEGES; y que su perfil profesional se adecuaba perfectamente al cargo que desempeñaba (fs. 12 a 14).
II.7. Mediante informe legal S.J.U./D.P 02/2015 de 10 de junio, el Director Procesal de la Secretaria de Justicia del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, concluyó que Ingrid Muñuny Maija, no presentó carnet de discapacidad que acreditara el tipo y grado de la misma; y que, al tratarse el cargo ocupado por la indicada funcionaria de un puesto de libre nombramiento, conforme preveía el art. 5 inc. b) del Estatuto del Funcionario Público (EFP), no gozaba de inamovilidad laboral en ninguna de las formas reconocidas por la Constitución Política del Estado (fs. 40 a 46).
II.8. El 17 de junio de 2015, la accionante dirigió nota al Gobernador de Beni, solicitándole su restitución a su fuente laboral, emitiéndose informe legal S.J.U. 09/2015, por el que se reiteraron las conclusiones contenidas en el informe legal S.J.U./D.P 02/2015, disponiendo además que la interesada esté a dicho documento previo, notificándosela conforme a lo previsto por el art. 33.III de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), en Secretaría del Gobernador (fs. 15 a 16; 53 a 58 vta.).
II.9. La accionante, el 26 de junio de 2015, acudió ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Beni, denunciando retiro ilegal por tratarse de una persona con discapacidad solicitando la restitución de sus derechos (fs. 17 a 18).
II.10. Mediante informe de reincorporación JPCO-02/2015 de 3 de julio, José Pedro Carvalho Ojopi, Jefe Departamental de Trabajo a.i. de Beni, declinó competencia para las partes del conflicto instándoles acudir ante la vía legal, argumentando que el caso trataba de hechos controvertidos (fs. 20 a 21).
La accionante alega la vulneración de sus derechos a al trabajo digno, a la estabilidad laboral y a ser protegida por el Estado, toda vez que sus servicios como Directora del SEDEGES Beni, le fueron agradecidos, designándose en su lugar a otra persona, sin considerar que en su calidad de persona con discapacidad contaba con inamovilidad laboral.
Corresponde analizar, si en el presente caso, se debe ingresar al fondo de la problemática planteada.
III.1. Marco normativo sobre inamovilidad y estabilidad laboral de las personas discapacitadas
El art. 14.II de la CPE, prescribe: “El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”; postulado que consagra la igualdad de las personas entre sí y proscribe toda posibilidad de discriminación.
En este contexto, el mismo cuerpo normativo establece en el art. 71 que: “I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad. II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna. III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad”.
En desarrollo de los derechos constitucionalmente reconocidos a favor de las personas discapacitadas, la Ley de la Persona con Discapacidad -aún vigente- y el DS 24807 de 4 de agosto de 1997, que reglamenta la referida Ley, manifiestan la voluntad estatal de su defensa y materialización; así, el DS 27477 de 6 de mayo de 2004, en su art. 3 inc. c), estableciendo a los principios rectores de dicha Norma, identifica al principio de estabilidad laboral, señalando que: “…las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno”, complementado dicho postulado con el contenido del art. 5 del mismo compilado, que determina: “I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley; II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1° (primer grado) en línea directa y hasta el 2 (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente”.
Por su parte, la Ley General para Personas con Discapacidad, en su art. 34, señala: “I. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad. II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido. III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad. IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo”.
Previsiones normativas que se sustentan en el contenido de instrumentos internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad descrito y previsto en el art. 410 superior; así, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada el 13 de diciembre de 2006, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 8 de junio de 1999, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975 y el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); buscan proscribir situaciones discriminatorias contra las personas discapacitadas, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable.
III.2. Protección constitucional de los derechos laborales de personas con discapacidad
Expresándose respecto a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad; la SC 0477/2011-R de 18 de abril, que a su vez refirió a la SC 0739/2010-R de 26 de julio, estableció: “…la Constitución Política del Estado vigente, establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado, el art. 70, asume para sí la obligación de velar por la protección de distintos derechos como ser; derecho de acceder a la educación y a la salud integral; como también a la comunicación en un lenguaje alternativo -caso de los sordomudos- derecho al trabajo en condiciones adecuadas, de acuerdo, claro está, a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure, tanto a ellos como a sus familias, una vida digna; y finalmente el desarrollo de sus potencialidades individuales. Es claro el concluir que estos derechos no se agotan en su reconocimiento, sino que el espíritu de estas normas constitucionales obligan al propio Estado a tomar acciones positivas que permitan que los derechos se materialicen y que no tengan una existencia solamente formal, así se prevé en el art. 71.II y III de la CPE, que el propio Estado debe generar las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad.
Dentro del mencionado marco constitucional, la Ley de la Persona con Discapacidad, establece los derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad en el territorio del Estado. Efectivamente, el art. 5 de la LPD, concordante con los arts. 9 incs. c) y f) del DS 24807 y 3 inc. c) del DS 27477 de 6 de mayo de 2004; consagran el principio de estabilidad laboral, por el cual las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de su fuente laboral, con las salvedades de ley.
El DS 27477, a tiempo de determinar los principios rectores que deberán regir en la aplicación de dicha norma legal; en su art. 3, dispone la estabilidad laboral, al señalar que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo las causas legalmente establecidas, previo proceso; así también el art. 5 del citado Decreto Supremo, de manera expresa prevé que: ‘I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causas establecidas por Ley; II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1º (primer grado) en línea directa y hasta el 2º (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente’.
‘De las normas desarrolladas precedentemente, se establece que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios con discapacidad, ya sea que éstos presten servicios en los sectores público o privado, implica la inamovilidad laboral y excepcionalmente su despido por causa justa y previo proceso’.
Debe señalarse que el trabajo es entendido como un medio para obtener los medios necesarios destinados a subvenir las necesidades más premiosas del trabajador y su entorno familiar, criterio que engloba también a las personas con potencialidades especiales; quienes frente a un despido intempestivo e injustificado, en virtud a la protección especial que gozan pueden acudir directamente ante la justicia constitucional; pues, como lo ha señalado la SC 1422/2004-R, se trata de un: ‘(…) derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado’.
En ese sentido, la Sentencia aludida, señaló: ‘(…) el DS 27477 de 6 de mayo de 2004, en el art. 1, establece el «OBJETO» de su promulgación al señalar: «El presente Decreto Supremo tiene por objeto promover, reglamentar y proteger la incorporación, ascenso y estabilidad de personas con discapacidad en el mercado laboral (…)». «A su vez el art. 3 inc. c) del mismo DS, se refiere al 'Principio de estabilidad laboral' por el que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno. De la misma manera el art. 5.I de la mencionada norma legal concordante con los preceptos referidos indica que las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público y privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por ley, presupuestos que no se han dado en el caso de autos, en el que el recurrente fue retirado de sus funciones sin proceso previo y por 'supuesta reestructuración», lo que no constituye una causal justificada para su destitución'”.
Entendimiento que fuera complementado por el contenido doctrinario de la SCP 0391/2012 de 22 de junio, que precisó: “La Constitución Política del Estado, dentro del catálogo de los derechos fundamentales de la persona, reconoce expresamente los derechos de las personas con discapacidad, señalando en su art. 70.1, entre otros: 'A ser protegido por su familia y por el Estado'; lo que hace patente la voluntad del Constituyente de velar por este sector de la población, que demanda especial protección debido a su situación de profunda desventaja frente al común de la población, debido a sus propias limitaciones derivadas de las deficiencias de sus funciones físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales de las que padecen, lo que en muchos casos les imposibilita en igualdad de condiciones, acceder por sí mismas a un medio de sustento que les permita vivir dignamente, siendo en muchas circunstancias objeto de discriminación y exclusión social, aspectos que obligan al Estado en todos sus niveles a adoptar medidas que en la búsqueda del 'vivir bien' reivindiquen los derechos de estas personas y les permitan su plena inclusión a la sociedad y el Estado”.
De dichos razonamientos se infiere que las personas con discapacidad, no pueden ser retiradas de su fuente de trabajo salvo causales legalmente establecidas, lo que expresa la manifiesta voluntad del Constituyente de proteger de manera especial a este sector de la población que por su situación de desventaja en sus limitaciones de salud, debe acceder a un medio de sustento que les permita vivir dignamente, en este contexto la protección especial y preferente que ameritan del Estado y sus institucionales, se constituye en una garantía que comprende en sus alcances a las trabajadoras y trabajadores tanto del sector público como privado, incluyendo los gobiernos autónomos municipales y departamentales, como entidades estructurales del Estado Plurinacional sometidas al imperio de la ley y la Constitución Política del Estado.
De acuerdo a los argumentos vertidos por la accionante, el demandado vulneró sus derechos al trabajo digno, a la estabilidad laboral y a ser protegida por el Estado; por cuanto, sin considerar su calidad de persona discapacitada, fue removida del cargo de Directora del SEDEGES Beni; labores que reconoce, corresponden a un funcionario de confianza de la MAE, por lo que no solicita su reincorporación a dichas funciones, sino que se respete su nivel salarial y estabilidad laboral.
En el caso que nos ocupa, de la revisión de antecedentes procesales adjuntos al expediente, se tiene que mediante Resolución de Gobernación 157/2015 y memorándum 082/2015, la accionante fue designada Directora del SEDEGES Beni, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Movilidad Social del Gobierno Autónomo Departamental de Beni; posteriormente, por Resolución de Gobernación 3-A/2015, el Gobernador electo ahora demandado, agradeció a la accionante por los servicios prestados y designó a Mónica Cecilia Rivas en el cargo, habiendo la trabajadora acudido ante las instancias pertinentes de la gobernación a efectos de poner en conocimiento de las respectivas autoridades su condición de persona discapacitada y por ende su inamovilidad funcionaria sin haber recibido respuesta favorable a su pretensión; motivo por el cual, acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni, instancia que, al considerar la existencia de hechos controvertidos, declinó competencia.
Ingresando al análisis de la presente problemática, resulta preciso efectuar algunas consideraciones previas; así, debe tomarse en cuenta que a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, se implementa un nuevo modelo de organización jurídico-política o de Estado, orientado a la construcción de un Estado Unitario, Social de Derecho Plurinacional Comunitario, en busca del vivir bien como su fin último, sustentándose en el respeto de valores y principios para su consecución; reconociendo a este efecto, en el art. 8.II, a la igualdad y a la justicia entre otros, como valores sobre los que se sustenta el nuevo Estado Constitucional Plurinacional, que se rige esencialmente por la aplicación de valores y principios que conforman la parte axiomática del texto constitucional y sobre cuyos parámetros se ejerce la actividad jurisdiccional. El reconocimiento y aplicación efectiva de los mismos permite la directa aplicación de los derechos fundamentales reconocidos por la Ley Fundamental, reforzada por el art. 9.4 del mismo texto, al disponer que es función del Estado garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos en la Constitución Política del Estado que, como norma legal fundamental de todo el ordenamiento jurídico, establece un marco especial de protección de los derechos fundamentales de las personas discapacitadas consideradas como un grupo vulnerable que merece un trato especial por parte del Estado; así, en el catálogo relativo a los derechos sociales y económicos se establece un trato prioritario a las personas discapacitadas, con la finalidad de lograr su desarrollo óptimo, al prescribir en el art. 70 de la CPE, que: “Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado; 2. A una educación y salud integral gratuita; 3. A la comunicación en lenguaje alternativo; 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna; 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales”.
Dicho mandato constitucional, reconoce a las personas con discapacidad, el derecho a ser protegidas tanto por su familia como por el Estado con la finalidad de evitar toda forma de discriminación sea al interior de su núcleo familiar o por el Estado a través de sus distintas reparticiones, obligando al Estado a garantizar la efectiva materialización de sus derechos fundamentales a través de prestaciones y/o condiciones que permitan su desarrollo eficaz en un marco de igualdad, conforme prevé el art. 71 de la CPE.
Ahora bien, el texto constitucional establece también que las personas discapacitadas gozan del derecho fundamental al trabajo en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, resaltando que, a cambio recibirán una remuneración justa que asegure para sí y su familia una vida digna, que implica la satisfacción de sus necesidades básicas y la no dependencia de paradigmas socio culturales.
Entendimiento armónico con el contenido normativo del art. 46.I y II de la CPE, que establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional sin discriminación y con remuneración y salario justo, equitativo y satisfactorio que asegure a la persona y a su familia una existencia digna; instituyendo al mismo tiempo, que esa fuente laboral sea estable y en condiciones equitativas y satisfactorias, imponiéndole al Estado la obligación de proteger el ejercicio del derecho al trabajo en todas sus formas; postulado que concuerda con el art. 49.III superior que determina que el Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiendo el despido injustificado.
En armonía con las previsiones constitucionales señaladas en el parágrafo anterior, el art. 5 del DS 27477 modificado por el DS 29608 de 18 de junio de 2008, establece que: “I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley”; criterio que de igual manera se encuentra reflejado en el art. 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad de 2 de marzo de 2012, “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido”.
Ahora bien, la parte demandada alega que el cargo que ostentaba la ahora accionante, correspondía a un puesto de libre nombramiento por la jerarquía que tenía, y que por ende, al constituirse en una función de alta confianza de la MAE, de acuerdo a las previsiones normativas contenidas en el Estatuto del Funcionario Público, resulta de carácter transitorio.
Al respecto corresponde manifestar que, conforme ha razonado este Tribunal a través de la reiterada jurisprudencia (SSCC 2758/2010-R, 059/2012-R, entre otras) la diferenciación establecida por el Estatuto del Funcionario Público respecto de los funcionarios de carrera y de libre nombramiento o funcionarios provisorios, tratándose de trabajadores con discapacidad o de trabajadores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad y que gozan de inamovilidad laboral reconocida por ley resulta innecesaria, tomando en cuenta la protección especial brindada por la Constitución Política del Estado y la normativa para este grupo vulnerable; pues resulta claro que la intención del legislador es proteger a un grupo de personas considerado en estado de vulnerabilidad.
En tales circunstancias, esta instancia consideró que cuando dentro de las entidades públicas se presentan procesos de reestructuración que involucren cargos de libre nombramiento y remoción, en observancia de los mandatos constitucionales y en resguardo de los derechos fundamentales de los sujetos de especial protección, sin importar que la estabilidad laboral inherente a dichos puestos sea momentánea, la administración pública está obligada a adoptar medidas de diferenciación positiva a favor del servidor público discapacitado como sujeto de especial protección y que, como emergencia del reordenamiento interno de la institución, pueda resultar afectado en su derecho básico y fundamental al trabajo, independientemente de la naturaleza de su nombramiento, del cual se desprenden otros de similar envergadura como el de la estabilidad e inamovilidad funcionaria, a los cuales ineludiblemente se encuentra ligado en contrapartida en su ejercicio, el propio derecho al trabajo; amén de aquellos derechos que por correspondencia se vinculan con el núcleo esencial de aquel: seguridad social, salud, alimentación, etc., que no solamente son inherentes al sujeto objeto de protección reforzada sino que también alcanzan a su entorno familiar.
En este sentido, en virtud de su condición de sujetos de especial protección, las personas con limitaciones físicas o mentales y aquellos que tiene bajo su dependencia a uno de ellos, tienen el derecho preferente a conservar su fuente de trabajo hasta el momento en que su despido o desvinculación obedezca a situaciones tasadas por ley y cuando se configure una causa justa y legal para ello previa verificación de su existencia a través de un debido proceso.
Bajo tales argumentos, resulta necesario establecer que la protección constitucional que se deriva del derecho a la estabilidad laboral reforzada se hace extensiva a todos los procesos de reestructuración de entidades públicas en todos los órdenes sea por la modificación de la estructura de la entidad en sí o como efecto de la renovación de sus máximas autoridades ejecutivas, independientemente -se reitera- de la forma en la que se vincularon con la administración pública.
En base a todo lo expuesto y en aplicación de la jurisprudencia constitucional y entendimientos glosados en los Fundamentos Jurídicos que sustentan la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la Sala Segunda considera que los derechos de la ahora accionante al trabajo digno, a una fuente laboral estable, a la estabilidad laboral y a ser protegida por el Estado, en su condición de persona discapacitada, fueron lesionados al habérsele agradecido por sus servicios como Directora del SEDEGES Beni, desvinculándola de su fuente laboral bajo el argumento de que el cargo que desempeñaba, al corresponder a una función de libre nombramiento y de alta confianza de la MAE, se consideraba transitorio, sin tomar en cuenta la calidad de sujeto de especial protección con la que contaba la interesada y que precisamente por esa condición, la administración pública se veía en la obligación constitucional de respetar sus derechos fundamentales ahora reclamados.
Sin embargo, atendiendo el petitorio formulado por la accionante, bajo el argumento de que, reconoce la especial característica del puesto que fungía como de libre nombramiento y alta confianza de la MAE, esta jurisdicción dispondrá que, el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, tomando en cuenta el perfil profesional de la accionante, a través de la instancia correspondiente proceda a su reincorporación a cualquier dependencia de dicha entidad, sin afectar en lo más mínimo su nivel salarial.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada respecto a la inamovilidad funcionaria; y, concedido en parte la tutela respecto a la estabilidad laboral emergente del derecho al trabajo de la accionante, ha evaluado, de forma parcial los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional en revisión resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 27/2015 de 8 de diciembre, cursante de fs. 171 a 178 vta., pronunciada por la Sala de Trabajo, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo se proceda a la reincorporación de Ingrid Muñuny Maija, tomando el perfil profesional de la accionante.
Fdo. Juan Oswaldo Valencia Alvarado

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