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Timestamp: 2018-03-18 00:03:09+00:00

Document:
Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, Versión 30/03/2017
BOE 50 de 27/02/2008
Disposición adicional cuarta. Viviendas vacías o permanentemente desocupadas
Disposición transitoria cuarta. Viviendas adaptadas
Versión 26/10/2017
Versión 01/10/2016
Versión 05/08/2015
Versión 26/03/2015
Versión 09/01/2008
Incluye la corrección de erratas publicada en DOGC núm. 5065, de 7 de febrero de 2008.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del Derecho a la Vivienda
La vivienda es una de las preocupaciones más importantes para la ciudadanía catalana, que ve como desde hace años los precios de este bien de primera necesidad han aumentado muy por encima de su salario, lo que obliga a las familias –en el mejor de los casos– a endeudarse hasta límites que ponen en peligro su capacidad de consumo, con plazos de amortización de los préstamos cada vez más largos y sujetos a los riesgos e incertidumbres ante cambios futuros, ya sean laborales, familiares o de tipos de interés. La oferta de viviendas en alquiler es manifiestamente insuficiente o no es competitiva, dado que las rentas son elevadas en comparación con las cuotas hipotecarias a largo plazo. En consecuencia, cada vez más los sectores sociales sensibles, tales como los jóvenes, las personas de la tercera edad, los inmigrantes y las personas en situación de riesgo, sufren situaciones de exclusión del derecho a la vivienda.
Las causas de esta realidad deben hallarse en el fracaso de las políticas de vivienda tradicionalmente adoptadas, tanto en España como en Cataluña; políticas que durante años cumplieron su función, pero a partir de la segunda mitad de los años noventa se revelaron claramente insuficientes y superadas por las nuevas circunstancias. Así, el aumento de la demanda en el mercado libre, provocado por la reducción de los tipos de interés –beneficio que fue absorbido automáticamente por los precios–, y la mejora general en la situación económica o la propia estabilidad social, entre otras muchas causas, provocaron que el sector de la promoción y la construcción de viviendas dirigiese los esfuerzos a atender otras clases de demanda emergente no siempre vinculada a la necesidad vital de provisión de un techo. Pero ante este fenómeno las políticas de vivienda no se modificaron y siguieron adoptándose medidas de mero fomento de la construcción de viviendas de protección oficial –mediante los planes de vivienda estatales, desarrollados por la Generalidad– y de fomento de la adquisición en el mercado libre –mediante las desgravaciones fiscales generalizadas para la compra, reguladas por el legislador estatal.
Para cumplir los objetivos de los planes locales de vivienda –que pueden simplificarse en el caso de municipios de menos de 3.000 habitantes– y cumplir la exigencia de incrementar el parque de viviendas vinculadas a políticas sociales o facilitar la conservación y rehabilitación de edificios, entre otras causas, la Ley faculta a los municipios para delimitar áreas en las que pueda ejercerse el derecho de tanteo y retracto en unas condiciones determinadas.
La presente Ley se ocupa de la adjudicación del parque de viviendas de protección oficial, con lo que se supera la ausencia en el ordenamiento jurídico catalán de una regulación con rango de ley de aspectos tan significativos para los derechos de la ciudadanía. Se pretende corregir varias disfunciones detectadas en el funcionamiento del sistema vigente hasta el momento ampliando el alcance del control público sobre la adjudicación de la vivienda de protección oficial –incluidas las promociones de iniciativa pública y privada– y se establecen parámetros para los futuros reglamentos de desarrollo, con el objetivo de racionalizar el sistema dotándolo de la necesaria transparencia en beneficio de toda la ciudadanía de Cataluña.
Se modifica la letra k) por la disposición final 7 de la Ley 3/2017, de 15 de febrero. Ref. BOE-A-2017-2466.
Se modifica la letra l) por el art. 148 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-546.
Artículo 4. Servicio de interés general.
Artículo 5. Cumplimiento de la función social.
Se declara el mantenimiento de la suspensión de la vigencia y aplicación de las letras e), f) y g) del apartado 2, en la redacción dada por la disposición final 3 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, por auto del TC de 20 de septiembre de 2016. Ref. BOE-A-2016-8959.
Se suspende la vigencia y aplicación de las letras e), f) y g) del apartado 2, en la redacción dada por la disposición final 3 de la Ley 24/2015, de 29 de julio.. Ref. BOE-A-2015-9725. desde el 5 de mayo de 2016 para las partes del proceso y desde el 3 de junio de 2016 para los terceros, por providencia del TC de 24 de mayo de 2016, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad nº 2501-2016. Ref. BOE-A-2016-5337.
Se añaden las letras e), f) y g) al apartado 2 por la disposición final 3 de la Ley 24/2015, de 29 de julio. Ref. BOE-A-2015-9725.
Se modifica el apartado 2.b) por el art. 149 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-546.
Artículo 7. Competencias de la Generalidad.
1. La Administración de la Generalidad debe contribuir a garantizar el derecho a la vivienda. A tal fin, ejerce las competencias que permiten asegurar la preservación efectiva de los intereses generales en materia de vivienda, la coordinación con la actuación de los entes locales, respetando el principio de subsidiariedad, y la concertación y colaboración con los agentes de iniciativa social y privada que actúan sobre el mercado de vivienda protegida y libre.
Artículo 8. Competencias locales.
1. Los entes locales, bajo el principio de autonomía para la gestión de sus intereses, ejercen las competencias de vivienda de acuerdo con lo establecido por la legislación de régimen local, la legislación urbanística y la presente ley, sin perjuicio de la capacidad de suscribir convenios y concertar actuaciones con otras administraciones y agentes de iniciativa social y privada que actúan sobre el mercado de vivienda protegida y libre.
Artículo 9. El Consejo Asesor de la Vivienda.
1. El Consejo Asesor de la Vivienda es el organismo consultivo y asesor de la Generalidad en materia de vivienda. Está adscrito al departamento competente en materia de vivienda. Le corresponden las siguientes funciones:
Se modifican los apartados 3 y 4 y se añade el 4 bis por el art. 150 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-546.

References: artículo 65

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9