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Timestamp: 2018-08-15 08:46:49+00:00

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Convenio de Barcelona de 1976 para la protección del Mar
CONVENIO DE BARCELONA DE 1976 PARA LA PROTECCIÓN
DEL MAR MEDITERRÁNEO CONTRA LA CONTAMINACIÓN
por JOSÉ ANTONIO DE YTURR1AGA BARBERAN (')
I. ELABORACIÓN DEL CONVENIO: 1. Conferencia de Neuilly de 1972; 2. Conferencia de Roma de 1972; 3. I Reunión consultiva de la FAO en Roma de
1974; 4. Conferencia de Atenas de 1974; 5. II Reunión consultiva de la FAO
en Roma de 1974; 6. Reunión Intergubernamental de Barcelona de 1975;
7. Reuniones de expertos de Ginebra de 1975 y 1976.—II. ADOPCIÓN Y
FIRMA DEL CONVENIO.—III. EXAMEN DEL CONVENIO: 1. Fin: a) Convenio;
b) Protocolos. 2. Ámbito de aplicación: a) Límite exterior; b) Límite interior.
3. Alcance y sustancias reguladas: a) Alcance; b) Prohibición; c) Regulación; d) Excepciones. 4. Cooperación ínter-regional: a) Prevención de la
contaminación; b) Lucha contra la contaminación; c) Coordinación. 5. Organización: a) Secretaría; b) Reuniones de las Partes; c) Conferencias diplomáticas. 6. Otras disposiciones: 3) Vigilancia; b) Responsabilidad; c) Arreglo de controvers-ias. 7. Calidad de miembro: a) Estados; b) Comunidad
Económica Europea y similares.—IV. JUICIO CRITICO DEL CONVENIO: 1. Aspectos negativos: a) Tratamiento diferencial de la contaminación por buques; b) Anomalías en el ámbito de aplicación; c) Exclusión de los buques
de guerra y aeronaves militares; d) Inserción de una cláusula de emergencia en tierra; e) Ausencia de zonas de vigilancia. 2. Aspectos positivos:
a) Carácter omnlcomprensivo; b} Respeto de las nuevas tendencias del
Derecho del Mar; c) Aumento de las sustancias prohibidas; d) Establecimiento de un centro regional; e) Colaboración intermediterránea.
I. ELABORACIÓN DEL CONVENIO
OMO antecedentes remotos, cabe mencionar las Conferencias de Neuilly (París)
y Roma de 1972 y la Conferencia de Atenas de 1974, y, como antecedentes próximos, las consultas de la FAO en Roma en 1974, la Reunión Intergubernamental
de Barcelona de 1975 y las reuniones de expertos de Ginebra en 1974 y 1975.
1. Conferencia de Neuilly de 1972.
Los días 24 y 25 d eabril y 20 y 21 de junio de 1974 se celebró en Neuilly una
Conferencia, convocada por el Gobierno francés, para adoptar un acuerdo relativo a la
cooperación en materia de lucha contra la contaminación de las aguas del Medite(•)
Doctor en Derecho. Consejero de Embajada.
DE YTURR1AGA
rráneo occidental por hidrocarburos (1). Participaron en la Conferencia representantes
de los nueve Estados ribereños de la cuenca occidental del Mediterráneo (Argelia,
España, Francia, Italia, Libia, Malta, Marruecos, Monaco y Túnez), así como representantes de Gran Bretaña, República Federal de Alemania, Bélgica, Países Bajos y
Noruega. A los efectos del acuerdo, se estimó que el límite entre las dos cuencas
del Mediterráneo quedaría establecido por una línea quebrada que iría desde la punta
del tacón de la bota italiana hasta ,|a frontera entre Libia y Egipto (2).
El proyecto elaborado en Neuilly —inspirado en el Acuerdo de Bonn de 1969, relativo a la cooperación en materia de lucha contra la contaminación de las aguas
del Mar del Norte por hidrocarburos— obligaba a las Partes en el Acuerdo a informarse en cuanto tuvieran conocimiento de un accidente o de la; presencia de hidrocarburos que constituyeran un peligro grave e inminente para las costas o intereses
conexos de los Estados ribereños de la zona. Para la efectiva aplicación del Acuerdo
se dividía el Mediterráneo occidental en zonas de vigilancia común entre dos o
tres Estados ribereños (3).
El Acuerdo no se llegó, sin embargo, a adoptar por dificultades de última hora,
en que la delegación argelina presentó una serie de importantes enmiendas al proyecto elaborado en Neuilly. Suspendida la reunión, no llegó a convocarse una tercera sesión de Ja Conferencia con el fin de ultimar el acuerdo y proceder a su
adopción (4).
2. Conferencia de Roma de 1972.
El 11 y 12 de julio de 1972 se celebró en Roma, bajo los auspicios del Gobierno
italiano, una conferencia para elaborar un convenio sobre prevención de la contaminación marina en el Mediterráneo occidental provocada por vertidos desde buques
y aeronaves. Asistieron a la reunión representantes de los Estados invitados a la
Conferencia de Neuilly y se estableció el mismo ámbito de aplicación que en el
proyecto elaborado en la citada conferencia.
Las delegaciones de España e Italia presentaron sendos proyectos de convenio,
inspirados ambos en el Convenio de Oslo de 1972 para la prevención de la contaminación marina provocada por vertidos desde buques y aeronaves, si bien el proyecto español pretendía reforzar sus normas, dadas las características geográficas
y ecológicas del Mar Mediterráneo. La Conferencia elaboró un proyecto de convenio qu.e seguía muy de cerca las disposiciones del ya citado Convenio de Oslo,
quedando para una reunión ulterior los puntos más contravertidos (aplicación del
Convenio a los buques de guerra, cláusula de emergencia en tierra, fijación definitiva
(1) YTURRIAGA, José A.: «Preservación del medio marino: perspectiva global». Instituto Español de
Estudios Políticos. -La actual revisión del Derecho del Mar: una perspectiva española». Vol. I (2). Madrid, 1974 (pág. 393).
(2) ROS, Joaquín: «Acuerdos regionales sobre preservación- del medio marino». Vol. cit. en la nota 1
(página 440).
(3) Artículos 2, 4 y 5 del Proyecto y Anexo al mismo. París, 21 de junio de 1972.
(4) YTURRIAGA y ROS, op. cit en las notas 1 y 2 (págs. 394 y 441).
ds la lista de sustancias prohibidas, cláusula de autoprotección y responsabilidad,
etcétera) (5).
Las diferencias surgidas entre Francia e Italia con motivo de los vertidos de «lodos
rojos» realizados por la empresa Monte Edisort, en las cercanías de Córcega, no fueron
ajenas a que la prevista segunda fase de la Conferencia de Roma no se llegara a realizar.
3. I Reunión consultiva de la FAO en Roma de 1974
Del 19 al 23 de febrero de 1974 se celebró en Roma, bajo los auspicios de la FAO
(y más concretamente del Consejo General de Pesca del Mediterráneo), una reunión
consultiva sobre la protección de los recursos vivos y la pesca contra la contaminación
en el Mediterráneo. El objetivo de la reunión era examinar la posibilidad de elaborar un
convenio que —a semejanza del elaborado en Helsinki por los ribereños del Mar Báltico—
cubriera las distintas fuentes de contaminación marina en el Mediterráneo (6). A la
reunión asistieron representantes ds catorce Estados mediterráneos —todos menos Albania, Chipre, Libia y Siria (7)—, abordándose por primera vez la problemática de la
contaminación del Mar Mediterráneo ,en toda su extensión.
La secretaría de la FAO había preparado un proyecto de principios orientadores que
sirviesen de base a la elaboración de un convenio para la protección de los recursos vivos
en el Mediterráneo (8). Sobre la base de estos principios —y sin pronunciarse aún sobre
la conveniencia de elaborar un convenio único o varios convenios—, la reunión de Roma
adoptó once directrices orientadoras de un futuro convenio (o convenios) que cubrían
todas las posibles fuentes de contaminación en el Mediterráneo y que ampliaban su
ámbito de aplicación al no limitarlo a los solos efectos nocivos sobre Jos recursos
vivos y la pesca (9). Para ultimar la discusión sobre el tema se decidió celebrar una
4. Conferencia de Atenas de 1974
Del 11 al 14 de marzo de 1974 se celebró en Atenas la III Conferencia Diplomática
de los Estados Mediterráneos sobre el Derecho del Mar, ert la que participaron representantes de catorce Estados ribereños del Mar Mediterráneo que eran miembros de Ja
Comisión de Fondos Marinos de las Naciones Unidas (a saber, todos menos Albania,
Israel, Monaco y Siria).
Entre los diversos temas tratados se abordó el de las contaminación del Mediterráneo.
La delegación griega presentó sendos proyectos de convenio sobre vertidos desde buques
y aeronaves y sobre cooperación para luchar contra la contaminación por hidrocarburos,
(5) YTURRIAGA y ROS, op. clt. en las notas 1 y 2 (págs. 394 y 455).
(6) YTURRIAGA, op. clt. en la nota 1 (pág. 407).
(7] Doc. FID/PPM/74/REP. 3: «Consulta sobre la protección de los recursos vivos y la pesca contra
la contaminación en el Mediterráneo». Roma. Abril, 1974 (pág. 5).
(8) Doc. FID/PPM/74/6: «Principios que se sugieren para un proyecto de Convenio para la protección
de los recursos vivos y la pesca contra la contaminación en el Mediterráneo*. Roma. Octubre, 1973.
(9) Doc. clt, en la nota 7. Apéndice E (pág. 16). Ver YTURRIAGA, op. clt., en la nota 1 (pág. 408).
inspirados, respectivamente, en los proyectos de Roma y Neuiliy anteriormente citados.
La delegación española, por su parte, presentó un esquema de convenio-marco que
cubría todas las fuentes de contaminación en el Mediterráneo. Este super-convenio
constaría de un convenio de base (que contendría los principios generales, las disposiciones comunes a las distintas fuentes de contaminación, las cuestiones de organización
y las cláusulas finales), de cinco anejos relativos a las distintas fuentes de contaminación (por vertidos desde buques y aeronaves, por descargas de los buques, por vertidos
de origen terrestre, por exploración y explotación de los fondos marinos y por vía atmosférica) y de un sexto anejo sobre cooperación intermediterránea para la prevención de la
contaminación y la lucha contra la misma (10). La Conferencia no llegó a profundizar
sobre el tema por falta de tiempo.
5. II Reunión consultiva de la FAO en Roma de 1974
Del 27 al 31 de mayo de 1974 tuvo lugar, igualmente en Roma, | a II Reunión consultiva convocada por la FAO para estudiar la protección de los recursos vivos y la pesca
contra la contaminación en ,el Mediterráneo. A ella asistieron representantes de los
catorce Estados que habían participado en 'la primera reunión, más el de Libia.
La reunión ultimó la preparación de los principios orientadores y —ante la opción
de adoptar un convenio o varios convenios— se pronunció por la conveniencia
de adoptar un solo convenio-marco, que sería completado por una serie de protocolos
distintos. En consecuencia, se adoptaron veintidós directrices «que pudieran servir como
base para la formulación de un convenio-marco sobre la protección del medio marino
contra la contaminación en el Mediterráneo» (11).
Las delegaciones no se pusieron de acuerdo sobre quién debería seguir adelante con
los preparativos de una conferencia diplomática para la adopción del convenio-marco,
pues mientras unos se pronunciaron por la FAO (países árabes, Yugoslavia, Israel...),
otros expresaron preferencia por el Programa de las Naciones Unidas para e| Medio
Ambiente (España, Francia, Italia...). En lo que sí hubo pleno acuerdo fue en que la
conferencia diplomática en cuestión fuera celebrada bajo los auspicios de algún organismo de la familia de las Naciones Unidas (12).
6. Reunión Intergubemamenta] de Barcelona de 1975
Tras una serie de consultas en el seno de la ONU, se decidió que las tareas de
preparación de un posible convenio-marco sobre protección del Mediterráneo contra
la contaminación serían encomendadas al Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), quien trabajaría en estrecho contacto con la FAO y otras organizaciones internacionales interesadas. A estos efectos, y por iniciativa del Gobierno español,
(10) «Schéma d'une Covention cadre sur la préservation du milieu marln dans la Méditerranée et la
lutte contra la pollution.» Ver YTURRIAGA, José A.: «La actual revisión del Derecho del Mar: una perspectiva española.» Textos y Documentos. Vol. II (2). Madrid, 1974 (pág. 521).
(11) Doc. FID/R. 148: «Protección del medio ambiente marítimo contra ia contaminación en el Mediterráneo.- Informes de Pesca. Roma, 1974. Anexo I (pág. 5).
(12) Doc cit. en la nota 11. Apartados 15 a 17 (pág. 3).
el PNUMA convocó en Barcelona una Reunión Itergubernamental sobre la Protección
del 'Mediterráneo. La reunión se celebró del 28 de enero al 4 de febrero de 1975 y a
ella asistieron representantes de dieciséis Estados mediterráneos (todos menos Albania
A la reunión se presentaron los siguientes proyectos: Convenio-marco para la
protección del medio marino contra la contaminación en el Mediterráneo (13), elaborado por la FAO; protocolo sobre cooperación para combatir la contaminación del
Mar Mediterráneo causada por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales (14),
preparado por un consultor de la Organización Consultiva Marfitma Intergubernamental
(OCMI), y protocolo sobre prevención de la contaminación del Mar Mediterráneo provocada por vertidos desde buques y aeronaves (15), elaborado por <la delegación
española. En el curso de los debates esa misma delegación presentó un contra-proyecto de convenio-marco (16).
Tras un estudio preliminar de los distintos proyectos, la reunión de Barcelona pidió
el Director Ejecutivo del PNUMA que convocara los grupos de trabajo de expertos
jurídicos y técnicos que fuesen necesarios para dar forma definitiva a los instrumentos jurídicos mencionados, con miras a su adopción por una conferencia de plenipotenciarios (17).
7. Reuniones de expertos de Ginebra de 1975 y 1976.
Del 7 al 11 de abril de 1975 tuvo lugar en Ginebra una primera reunión de expertos jurídicos y técnicos de catorce países mediterráneos, en la que se discutieron
y perfilaron los textos de los tres proyectos de instrumentos jurídicos presentados
en la Reunión Intergubernamental de Barcelona: Convenio para la protección del medio marino contra la contaminación en el Mediterráneo (18), protocolo sobre cooperación para combatir en situaciones de emergencia la contaminacón del Mar Mediterráneo causada por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales (19) y protocolo
sobre la prevención de la contaminación del Mar Mediterráneo causada por vertidos
desde buques y aeronaves (20).
Los puntos sobre los que no hubo acuerdo fueron dejados entre corchetes y se
tomó nota de las observaciones y propuestas hechas por distintos expertos (21).
Finalmente se encomendó a la secretaría encargada de preparar 1a conferencia diplomática que hiciera un proyecto de cláusulas finales.
Para dar una última revisión a 'los proyectos de convenio y protocolos y elaborar
(13) Doc. UNEP/WG. 2/INF. 3. Ginebra. Enero, 1975.
(14) Doc. UNEP/WG. 2/INF. 4. Ginebra. Enero, 1975.
(15) Doc. UNEP/WG. 2/INF. 5. Ginebra. Enero, 1975.
(16) Doc. UNEP/WG. 2/CRP. 3/Add. 8. Barcelona. Febrero, 1975.
(17) Resolución A de la Sección III del «Plan de Acción». Doc. UNEP/WG. 2/5. Barcelona. Febrero 1975.
Ver asimismo CIMA: •Reunión Intergubernamental sobre la protección del Mediterráneo*. Madrid, 1975
lina 34).
(18) Doc. UNEP/WG. 3/5. Ginebra. Julio, 1975.
(19) Doc. UNEP/WG. 3/4. Ginebra. Julio. 1975.
(20) Doc. UNEP/WG. 3/3. Ginebra. Julio, 1975.
(21) Doc. UNEP/WG. 3/2. Ginebra. Julio, 1975.
las cláusulas finales, se celebró igualmente en Ginebra, de1! 7 al 9 de enero de
1976, una segunda reunión a la que asistieron expertos de quince países mediterráneos. En dicha reunión se llegó a un acuerdo sobre algunos de los problemas pendientes (los no resueltos siguieron figurando sntre corchetes) y se elaboraron las
cláusulas finales sobre la base del proyecto preparado por la secretaría (22).
II. ADOPCIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO
Del 2 al 16 de febrero de 1976 se celebró en Barcelona la Conferencia de Plenipotenciarios de los Estados Ribereños de la Región del Mediterráneo sobre la Protección del Mar Mediterráneo. Representantes de dieciséis Estados mediterráneos participaron en lia Conferencia (Chipre, Egipto, España, Francia, Grecia, Israel, Jtaiia,
Líbano, Libia, Malta, Marruecos, Monaco, Siria, Túnez, Turquía y Yugoslavia), siendo
de destacar las ausencias de Albania (que no tomó parte en ninguna de las reuniones
preparatorias) y de Argelia (al parecer, por motivos políticos coyunturales). Tres Estados no mediterráneos (Estados Unidos, Gran Bretaña y Unión Soviética) asistieron en
calidad de observadores, al igual que las siguientes organizaciones internacionales:
FAO, OOMI, OMS, CEE, OCDE, Liga Árabe y Consejo Internacional para la Exploración
Científica del Mediterráneo (23).
La Conferencia tomó como base de discusión los proyectos de convenio y protocolos
elaborados en la Reunión Intergubernamental de Barcelona y en las reuniones de expertos de Ginebra (24), así como un Informe del Director Ejecutivo del PNUMA sobre
la propuesta de creación de un centro regional de lucha contra la contaminación por
hidrocarburos en el Mediterráneo (25).
Aunque, de conformidad con el Reglamento de la Conferencia, se preveía que
ésta adoptaría las decisiones sobre cuestiones de fondo por mayoría de dos tercios
de los representantes presentes y votantes (26), el Presidente propuso, y la Conferencia
aceptó, que en la medida de lo posible se procuraría actuar por consenso, recurriéndose tan sólo al voto cuando fuera materialmente imposible la consecución de citado
Semejante decisión hizo particularmente ardua la negociación de determinados puntos controvertidos, tales como los de la participación de la CEE en el Convenio, el
arbitraje, las listas de sustancias cuyo vertido se prohibe o regula y la cuestión de los
centros regionales y subregionales en relación con el protocolo sobre cooperación.
No obstante, un espíritu de entendimiento y compromiso superó estas dificultades y
todas las decisiones fueron adoptadas por consenso, sin necesidad de recurrir al procedimiento de voto.
Al término de sus sesiones, la Conferencia de Barcelona adoptó, e l 16 de febrero
(22) Doc. UNEP/CONF. 1/INF. 4. Ginebra. Enero, 1976.
(23) Acta Final de la Conferencia. Barcelona. Febrero, 1976. Apartados 4 a 6 (pág. 2). El texto íntegro
del Acta Final aparece en la sección documental del presente volumen.
(24) Docs. UNEP/CONF. 1/3, 4 y 5. Ginebra. Septiembre, 1975; Doc. UNEP/CONF. 1/INF. 4. Ginebra.
Enero, 1976.
(25) Doc. UNEP/CONF. 1/9. Ginebra. Septiembre, 1975.
(26) Artículo 36-1 del Reglamento. Doc. UNEP/CONF. 1/6. Ginebra.- Noviembre, 1975.
de 1976, un Convenio para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación,
un Protocolo sobre la prevención de la contaminación del Mar Mediterráneo causada
por vertidos desde buques y aeronaves, y un Protocolo sobre cooperación para combatir en situaciones de emergencia la contaminación del Mar Mediterráneo causada
por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales (27).
La Conferencia adoptó asimismo diez resoluciones sobre los siguientes temas:
1) Firma, ratificación, aceptación y aprobación de los instrumentos jurídicos y adhesión
a ios mismos; 2) disposiciones provisionales: 3) aplicación del artículo 11 del Protocolo
sobre vertidos; 4) designación de un comité de expertos encargado de estudiar el establecimiento de un fondo interestatal ds garantía para el Mar Mediterráneo; 5) comunicación por buques y aeronaves de los incidentes de contaminación por hidrocarburos;
6) futuro mejoramiento del sistema de comunicaciones marítimas; 7} creación de
un centro regional de lucha contra la contaminación por hidrocarburos en el Mediterráneo; 8) centros subregionales de lucha cotra la contaminación por hidrocarburos;
9) celebración de una reunión intergubernamental en 1977, y 10) homenaje a! Gobierno español (28).
Cabe destacar la resolución número 7 por la que la Conferencia de Estados ribereños del Mar Mediterráneo, teniendo en cuenta que en el Protocolo sobre cooperación
se prevé el establecimiento de un centro regional en el Mediterráneo para el desempeño de una serie de funciones, «decide aceptar el ofrecimiento del Gobierno de la
República de Malta de dar acogida a ese centro regional». La Conferencia pide al Director Ejecutivo del PNUMA que, en consulta con el Gobierno maltes y la OCMI (organización a la que se encomienda las funciones de supervisión del centro), preste !a asistencia necesaria para la pronta creación del centro y que, a dichos efectos, obtenga
la autorización del Consejo de Administración del PNUMA para que —con cargo
al Fondo de dicho Programa— se consigan «las sumas necesarias para sufragar los
gastos que entrañe la creación del centro y el comienzo de sus operaciones» (29).
De forma harto inusitada en la práctica internacional, el mismo 16 de febrero,
minutos después de firmada el Acta Final de la Conferencia, plenipotenciarios de doce
de los dieciséis países • representados en Barcelona (Chipre, Egipto, España, Francia,
Grecia, Israel, Italia, Líbano, Malta, Monaco, Marruecos y Turquía) firmaron el Convenio y el Protocolo sobre cooperación. El Protocolo sobre vertidos fue asimismo firmado por once Estados (todos los anteriormente citados salvo Grecia). Por otra parte, los representantes de Túnez y Yugoslavia expresaron la intención de sus respectivos países de firmar en breve plazo los instrumentos jurídicos adoptados por la Conferencia de Barcelona.
A la ceremonia de firma asistieron el Ministro español de la Presidencia, señor
Osorio, el Ministro francés de la Calidad de la Vida, señor Fosset y el Secretario de
Estado marroquí de la Vivienda, Turismo y Medio Ambiente, señor Essaid.
Los plenipotenciarios de Líbano y España firmaron el Convenio y los Protocolos
«ad referéndum». Para la firma por parte española de los documentos citados sin la
(27) Apéndice 1, II y III al Acta Final citada en la nota 23.
(28) Apéndice IV al Acta Final citada en la nota 23.
(29) Apartado 4 del Preámbulo y apartados 1, 2 y 4 de la parte operativa de la Resolución número 7.
Apéndice IV al Acta cit. en la nota 23 (págs. 8 y 9).
preceptiva autorización del Consejo de Ministros hubo de recurrirse al procedimiento
excepcional previsto en el Decreto 801/1972, relativo a la firma o delegación de firma'
«ad referéndum» por parte dsl Ministro de Asuntos Exteriores (30).
III. EXAMEN DEL CONVENIO
tas Partes en ei Convenio se comprometen a tomar todas las medidas apropiadas
—de acuerdo con las disposiciones del mismo y de los protocolos pertinentes en vigor— «para prevenir, reducir y combatir la contaminación de la zona del Mar Mediterráneo y para proteger y mejorar el medio marino en dicha zona» (31). Por contaminación se entiende «la introducción directa o indirecta en el medio marino por si hombre de sustancias o energía que produzcan ¡efectos deletéreos tales como daños a los
recursos vivos, peligros para la salud humana, obstáculos para las actividades marinas, incluida la pesca, la deterioración cualitativa del agua del mar y la reducción
de las posibilidades de esparcimiento» (32).
A efectos definitorios de la contaminación se ha preferido la definición clásica elaborada por el Grupo de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Contaminación
del Mar (GESAMP) —incorporada en los principios orientadores sobre la preservación
del medio marino sancionados por la Conferencia de Estocolmo de 1972 (33) y en el
Convenio de Helsinki de 1974 sobre la protección del medio marino en la zona del
Mar Báltico (34)—, a 'la establecida, con ciertas variantes, en el Convenio de Oslo de
1972 para la prevención de la contaminación marina provocada por vertidos desde buques y aeronaves (35), el Convenio de Londres de 1972 sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias (36) y el Convenio
de París para la prevención de la contaminación marina de origen terrestre (37).
Esta objetivo de luchar contra la contaminación se concreta algo más a] comprometerse las Partes a tomar todas las medidas apropiadas para prevenir, reducir
y combatir la contaminación del Mar Mediterráneo causada por operaciones de vertido
desde buques y aeronaves, por la exploración y explotación de los fondos marinos, y
(30) Artículo 14 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales. «B. O. E.>, número 85. 8 de abril de 1972
{páginas 6264).
(31) Artículo 4-1 del Convenio.
(32) Artículo 2-a) del Convenio.
(33) Apartado sobre «definición» en los «Principios orientadores sobre preservación del medio marino y
la lucha contra la cotaminación». Ver YTURRIAGA, op. clt, en la nota 10 (pág. 319).
(34) Artículo 2-1 del Convenio de Helsinki. El texto ha sido reproducido en esta Revista. Vol, 2(2).
Mayo-agosto 1975 (pág. 620).
(35) Artículo 1 del Convenio de Oslo. El texto ha sido reproducido en esta Revista. Vol, 1 (1). Eneroabril 1974 (pág. 131). Ver asimismo YTURRIAGA, op. cit., en la nota 10 (pág. 154).
(36) Artículo 1 del Convenio de Londres. Ver YTURRIAGA, op. cit. en la nota 10 (pág. 162).
(37) Artículo 1 del Convenio de París. El texto ha sido reproducido en esta Revista. Vol. 2(1). Eneroabril, 1975 (pág. 329). Ver asimismo YTURRIAGA, op. cit., en la nota 10 (pág. 271).
por «desagües de ríos, establecimientos costeros o emisarios, o procedente de cualesquiera otras fuentes terrestres» (38).
El proyecto de Convenio incluía un compromiso similar en relación con la contaminación procedente de buques (39), más —a instancia de las delegaciones de Francia
y Túnez— se rompió la uniformidad textual prevista para las cuatro fuentes de contaminación, al incluirse el siguiente texto: «Las Partes tomarán todas las medidas
conformes con el derecho internacional para prevenir, reducir y combatir la contaminación de la zona del Mar Mediterráneo causada por descargas desde buques y para
asegurar la aplicación efectiva en dicha zona de las normas generalmente reconocidas
en el ámbito internacional relativas a la lucha contra ese tipo de contaminación» (40).
Semejante modificación está motivada por la existencia de un Convenio universal
—el Convenio de Londres de 1973 para prevenir la contaminación marina por los buques—, en el que se prevén unas disposiciones especiales para la zona del Mar Mediterráneo (41). El cambio introducido no está justificado e incluso, en una interpretación conjunta de los artículos 5 a 8 que contemplan las cuatro distintas fuentes de
contaminación marina, podría llegarse a la conclusión, a «sensu contrario», de que en
los otros tres casos las medidas apropiadas podrían no ser conformes con el derecho
internacional, lo cual sería un absurdo.
b) Protocolos,
El Convenio se limita a establecer una obligación genérica de luchar contra las distintas fuentes de contaminación. El desarrollo de esta obligación se lleva a cabo mediante una serie de protocolos —presentes o futuros— que regulan de forma detallada la contaminación procedente de estas distintas fuentes. En Barcelona tan sólo
se adoptó un protocolo sobre los vertidos desde buques y aeronaves, más las Partes
Contratantes se comprometen a cooperar en la elaboración de «protocolos adicionales
que establezcan medidas, procedimientos y normas convenidos para la aplicación del
presente Convenio» (42).
A dichos efectos, se establece un procedimiento para la adopción de protocolos
adicionales mediante una conferencia diplomática que deberá convocar el PNUMA
cuando lo soliciten dos tercios de las Partes. Se prevé asimismo la posibilidad de que,
incluso antes de la entrada en vigor del Convenio, el PNUMA —previa consulta con
los signatarios— convoque la conferencia en cuestión (43). Esta posibilidad ha quedado
reforzada con la adopción de una resolución en la que se pide al Director Ejecutivo
del PNUMA que, en cooperación con las organizaciones internacionales interesadas,
«continúe los trabajos preparatorios sobre un proyecto de protocolo para la protección
del Mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre» y «siga convocando
Artículos 5, 7 y 8 del Convenio.
Articulo 5 del Proyecto del Convenio. Doc. UNEP/CONF. 1/3 cit. en la nota 24.
Artículo 6 del Convenio.
Regla 10 del Anexo I del Convenio de Londres. Ver YTURRIAGA, op. clt. en la nota 10 (págs. 202Artículo 4-2 del Convenio.
grupos de expertos para preparar potocolos adicionales» (44). Los trabajos preparatorios sobre la contaminación de origen terrestre han sido ya iniciados bajo la dirección técnica de la OMS, en colaboración con el PNUMA y la FAO.
La relación entre el Convenio y los Protocolos es un tanto compleja. Ante la opción
entre un convenio único (como en el Mar Báltico con el Convenio de Helsinki) o una
pluralidad de convenios (como en el Océano Atlántico Noroccidental con los Convenios de Oslo y París y otros posibles convenios), se ha preferido una fórmula mixta,
original aunque necesariamente complicada. Hay un convenio único, con disposiciones
de tipo general, y una serie de protocolos complemetarios, si bien autónomos. No- se
puede ser Parte únicamente en el Convenio, sino que se ha de ser simultáneamente
Parte en al menos uno de ios protocolos; de otro lado, no se puede ser Parte en un
protocolo si no se es ya o llega a ser Parte en el Convenio (45).
Hay tan sólo una ligera excepción a esta doble correlación prevista en el propio
Convenio (46): éste entrará en vigor para quienes sean Partes en un protocolo que
haya entrado en vigor (regla general) y para quienes sean «Partes Contratantes» en
otro protocolo, aún cuando dicho protocolo no haya, entrado aún en vigor (excepción) {47). El objeto de esta excepción es evitar la posible situación, un tanto anómala, de que un Estado que «ha consentido en obligarse» por un Convenio pueda no
ser considerado Parte en dicho Convenio, aun cuando éste haya entrado en vigor.
, Así, pues, cada protocolo más el Convenio forma un tratado independiente y autónomo. Se puede ser Parte solamente en uno de los protocolos y no en el otro (u otros,
en el futuro). Cualquiera de los protocolos del Convenio únicamente obligará a quienes
sean Parte en el protocolo de que se trate (48).
a) Límite exterior.
El primer proyecto de Convenio elaborado por la PAO (49) había seguido en la
delimitación exterior de la zona del Mar 'Mediterráneo el precedente del • Convenio
de Londres de 1973 para prevenir la contaminación por los buques, que configuraba
la «zona especial» del Mediterráneo, al Este, por «la divisoria con el Mar Negro en el
paralelo 41° N" y, al Oeste, por «el meridiano 5o 36' W que pasa por el Estrecho
de Gibrsltar» (50). El límite occidental coincidía, por otra parte, con el establecido
(44) Apartados 2 y 3 de la Resolución número 2. Apéndice IV al Acta cit. en la nota 23 (pág. 10).
(45) Artículo 23-1 del Convenio.
(46) Artículo 27-1 y 2 dal Convenio.
(47) En el sentido que de «Parte Contratante» da el artículo 2-f) del Convenio de Viena de 1969 sobre
el Derecho de los Tratados; a saber, «un Estado que ha consentido en obligarse por un tratado, haya
entrado o no en vigor el tratado». El artículo 27-2 del Convenio utiliza la fórmula menos afortunada de
quienes «hayan cumplido los requisitos formales para ser Parte Contratante en...».
(48) Artículo 23-2 del Convenio.
(49) Artículo 1-1 del Proyecto del Convenio. Doc. UNEP/WG. 2/INF. 3 clt. en la nota 13.
(50) Regla 10-1-a) del Anexo 1 del Convenio de Londres. Op cit. en la nota 10 (pág. 202).
(51) Artículo 2 del Convenio de Oslo. Op. cit. en la nota 35 (pág. 132).
en los Convenios de Oslo de 1972 (51) y de París de 1974 (52) para separar el Atlántico Noroccidental del Mediterráneo.
Sin embargo, ya en la Reunión Intergubernamental de Barcelona de 1975 la delegación turca puso objeciones al límite oriental (53) y propuso su sustitución por «los
límites meridionales del Estrecho de los Dardanelos, entre los faros de Mehmstcik y
Kumkale», con lo que el Mar de Mármara quedaba excluido del ámbito de aplicación
del Convenio. La propuesta turca fue aceptada en la primera reunión de expertos de
Ginebra e incorporada al proyecto de Convenio (54).
En la Conferencia de Barcelona la delegación marroquí, a su vez, objetó el límite
occidental previsto en el proyecto y propuso su ampliación hasta el meridiano 7 u
8." W. A ello se opuso la delegación española por estimar: de un lado, que la ampliación era excesiva e incluiría dentro del ámbito de aplicación del Convenio zonas
generalmente reconocidas como pertenecientes al Océano Atlántico; de otro, que
—al no coincidir con los límites de los Convenios de Oslo de 1972, de Londres de
1973 y de París de 1974— se establecería una zona en la que se superpondrían distintos regímenes jurídicos internacionales.
Tras la correspondiente negociación entre las dos delegaciones directamente afectadas, la Conferencia admitió una pequeña ampliación del ámbito de aplicación del
Convenio, al pasar el límite occidental del meridiano 5o 36' W (Punta Tarifa) al meridiano 5o 55* 56" (Cabo Esparte!). En consecuencia, la zona del Mar Mediterráneo
comprende, a los efectos del Convenio, «las aguas marítimas del Mediterráneo propiamente dicho, con sus golfos y mares tributarios, limitada al Oeste por el meridiano que pasa por el faro de Cabo Espartel, en la entrada del Estrecho de Gibraltar,
y al Este por los límites meridionales del Estrecho de los Dardanelos, entr e los faros
Mehmetcik y Kumkale» (55).
Límite interior.
Siguiendo el tenor de los Convenios de Oslo de 1972 (56), de Londres de 1972 (57)
y de Helsinki de 1974 (58), el Convenio de Barcelona excluye de su ámbito de aplicación, en principio, las aguas interiores de los Estados Parte. Prevé, no obstante,
la posibilidad de que cualquiera de los protocolos pueda disponer lo contrario (59).
La razón de esta posible excepción se basa en que, en el caso —harto previsible—
de que se adopte un protocolo sobre contaminación de origen terrestre, quizá sea conveniente incluir las aguas interiores dentro de su ámbito de aplicación. En efecto,
así se ha hecho en el Convenio de París de 1974, que incluye las aguas marinas
«situadas más acá de las líneas de base que sirven para medir la anchura del mar
Artículo 2 del Convenio de París. Op. elt. en la nota 37 (pág. 330).
Párrafo 53 del Informe de la Reunión Intergubernamental de Barcelona. Doc. UNEP/WG. 2/5 cit, en
17 (pág. 10).
Articulo 1-1 del Proyecto de Convenio. Doc. UNEP/WG. 3/5 cit. en la nota 18.
Articulo 1-1 del Convenio.
Articulo 2 del Convenio de Oslo. Op. cit. en la nota 35 (pág. 131).
Articulo 3-3 del Convenio de Londres. Op. cit, en la nota 10 (pag. 163).
Artículo 1 del Convenio de Helsinki. Op. cit. en la nota 34 (pág. 620).
Artículo 2-1 del Convenio.
territorial» (60); a saber, bahías, puertos, rías, estuarios y desembocaduras de los
ríos (61).
En el caso de los cursos de agua, el Convenio de París prevé que el límite interior
se extenderá, salvo decisión en contrario, «hasta el límite de las aguas dulces», quedando este límite definido, a su vez, como el lugar en que «en marea baja y en
época de débil caudal, el grado de salinidad aumenta sensiblemente a causa de la
presencia de aguas marinas» (62).
3. Alcance y sustancias reguladas,
a) A'cance.
Como ya se ha indicado, el Convenio contiene una enunciación sucinta de la
obligación genérica de luchar contra las distintas fuentes de contaminación. En este
apartado me voy a referir ai alcance del único protocolo hasta ahora adoptado, que
se refiere a una fuente concreta de contaminación: la provocada por las operaciones
de vertido desde buques y aeronaves.
El protocolo sobre la prevención de la contaminación del Mar Mediterráneo causada por vertidos desde buques y aeronaves es un acuerdo regional que se inserta
dentro del Convenio universal ya existente en Ja materia; de aquí la referencia en
su preámbulo al Convenio de Londres de 1972 sobre prevención de la contaminación
del mar por vertimiento de desechos y otras materias (63). En efecto, el Convenio
de Londres prevé que, para facilitar el logro de sus objetivos, las Partes que tengan
intereses comunes que proteger en el medio marino de una zona geográfica determinada se esforzarán en concertar acuerdos en e] plano regional, «teniendo en cuenta
los aspectos característicos de la región y en conformidad con el presente Convenio» (64).
En el proyecto de Reykjawik, en el que se basó el Convenio de Londres, se
establecía que las Partes «respetarán los criterios o prohibiciones más estrictas que
impongan un acuerdo regiolnal si realizan vertimientos en esa región» (650. Ejsta
fórmula fue hallada demasiado radical por la Conferencia de Londres y sustituida
por otra más matizada conforme a la cual las Partes s© esforzarán en obrar de conformidad con los objetivos y disposiciones de los acuerdos regionales que la Organización (en la actualidad la OCMI) les notifique y procurarán cooperar con las Partes
en acuerdos regionales para elaborar procedimientos armonizados que deban ser observados por las Partes en los diversos convenios en cuestión (66).
(60) Artículo 3-a) del Convenio de París. Op. cit. en la nota 37 (pág. 330).
(61) YTURRIAGA, José A.: «Convenio de París de 1974 para la prevención de la contaminación marina de origen terrestre». Revista de Instituciones Europeas, vol. 2 (1). Enero-abril 1975 (pág, 54).
(62) Artículo 3-b) del Convenio de París. Op. cit. en la nota 37 (pég. 330).
(63) Apartado 4 del Preámbulo del Protocolo.
(64) Artículo 8 del Convenio de Londres. Op. cit. en la nota 36 (pág. 166).
(65) Artículo 7-b) del Proyecto de Reykjawik. Doc. IMOD-2. Reykjawik. Abril 1972. El texto se encuentra en el Anuario del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, núm. 4. 1973
(página 424).
(66) YTURRIAGA, José A.: «Convenio de Londres de 1972 sobre la prevención de la contaminación
del mar por vertimiento de desechos y otras materias». Vol. cit. en la nota 65 (págs. 372-373).
Siguiendo la pauta marcada por la Conferencia de Helsinki —que adoptó una resolución en la que se pedía a los Estados ribereños del Báltico que procuraran que los
demás Estados cumplieran las disposiciones del Convenio de Helsinki sobre contaminación causada por buques— (67), la Conferencia de Barcelona invita a las Partes
en el Protocolo a que se esfuercen por conseguir que otros Estados tomen las medidas adecuadas para que sus buques y aeronaves cumplan con la disposiciones
básicas del protocolo (prohibición del vertido de ciertas sustancias y regulación del
vertido de las restantes). Asimismo invita a la OCMI a que «persuada a otros Estados
de que actúen en conformidad con el referido protocolo» (68).
Para la definición de vertido se ha seguido la establecida en el Convenio de Londres (69), si bien se ha excluido la referenca a «plataformas u otras construcciones
en el mar», que se incluyen en la definición de «buques y aeronaves». Así, se entiende por vertido la evacuación deliberada en el mar de desechos u otras materias
efectuadas desde buques y aeronaves y e| hundimiento igualmente deliberado de buques y aeronaves (70).
Como en el Convenio de Londres (71), quedan excluidas las evacuaciones que
sean incidentales a las operaciones normales de buques y aeronaves y la colocación
de materias para un fin distinto del de su mera evacuación (72) No recoge el Protocolo, sin embargo, la exclusión prevista en e! Convenio de Londres relativa a las
evacuaciones derivadas de la exploración, explotación y tratamiento de los recursos
minerales de los fondos marinos (73). Ello me parece acertado, pues una cosa es la
contaminación procedente de las operaciones de exploración y explotación de los fondos marinos —que deberá ser regulada en un Protocolo «ad hoc»— y otra bien
distinta la contaminación causada por operaciones de vertidos de desechos derivados
de la explotación y tratamiento de los recursos minerales de dichos fondos (probablemente en factorías flotantes «off shore»)— que debe quedar cubierta por el Protocolo
sobre vertidos.
El Protocolo considera como sujetos activos inmediatos de las operaciones de vertido a los buques, aeronaves, las plataformas fijas o flotantes y otras construcciones
en el mar. Como en el Convenio de Oslo, se da una definición conjunta de «buques
y aeronaves», para superar el problema de técnica jurídica planteado por los «hovercraft», que en las legislaciones de algunos países son considerados como buques y
en otras como aeronaves (74). Por tales se entiende los vehículos que se muevan por
el agua o por el aire, de cualquier tipo que sean, quedando incluidos en esta expresión
los vehículos que se desplazan sobre un colchón de aire y los vehículos flotantes
—autopropulsados o no—, así como las plataformas u otras construcciones en el mar
(67) Resolución número 1: -Final Act of the Diplomatlc Conference on the protection of the marine
environment of the Baltic Sea Área». Anexo B. Helsinki. Marzo 1974.
(68) Resolución número 3: Apéndice IV al Acto clt. en la nota 23 (pág. 4).
(69) Artículo 3-1-a) del Convenio de Londres. Op. cit. en la nota 10 (pég. 163).
(70) Artículo 3-3 del Protocolo.
(71) Articulo 3-1-b) del Convenio de Londres. Op. cit. en la nota 10 ¡página 163).
(72) Artículo 3-4 del Protocolo.
(73) Artículo 3-1-c) del Convenio de Londres. Op. cit. en la nota 10 (pág. 163).
(74) VTURRIAGA, José A.: «Convenio de Oslo de 1972 para la prevención de la contaminación marina
provocada por vertidos desde buques y aeronaves». Revista de Instituciones Europeas, vol. 1 (1). Enero-abril
1974 (pág. 127).
y sus equipos (75). Otra innovación en relación con los Convenios de Oslo, Londres
y Helsinki es la referencia —sn este caso, a mi juicio, inadecuada— a los equipos de
las plataformas y estructuras.
A diferencia del Convenio de Oslo, que era aplicable a toda clase de buques y
aeronaves —sin que ello afectara a la inmunidad de que gozan algunos de ellos de
conformidad con el derecho internacional (76)—, el Convenio de Barcelona no se
aplica a los buques y aeronaves que, siendo propiedad de un Estado Parte, o estando
a su servicio, sólo prestan servicios gubernamentales de carácter no comercial. Las
Partes se limitan a garantizar que, «dentro de lo razonable y practicable», tales buques
y aeronaves actuarán en consonancia con el Protocolo, siempre que «ello no perjudique sus operaciones o su capacidad operativa» (77).
Admitida la excepción prevista en el Convenio de Londres d© 1972 (78), se ha p r e ferido, sin embargo, la fórmula incluida en el Convenio de Helsinki (79), procedente
a su vez de Convenio de Londres de 1973, para prevenir la contaminación por buques (80). En todo caso, el compromiso de aplicar las disposiciones del Protocolo a
los buques y aeronaves de Estado está sometido a tal cantidad de condicionamientos
que es prácticamente inexistente.
Para fijar la competencia de las Partes respecto a los buques y aeronaves a los
que se aplican las disposiciones del Protocolo, se han estabecido los siguientes c r i terios: matrícula (cuando el buque o la aeronave esté registrado o abanderado en e!
territorio de un Estado Parte, dondequiera que se realice el vertido), lugar de la carga
(cuando el buque o la aeronave, cualquiera que sea su matrícula, cargue en el t e r r i torio de un Estado Parte materias destinadas a ser vertidas) o lugar de vertido (cuando el buque o la aeronave, cualesquiera sean su matrícula o el lugar de |a carga, se
dedique a operaciones de vertido en zonas situadas a esos efectos bajo la jurisdicción de un Estado Parte (81).
Este último apartado fue el más discutido. Mientras los Convenios de Oslo (82) y
Helsinki (83) hablan dé operaciones de vertido en el mar territorial, el Convenio de
Londres utiliza una formulación sumamente ambigua —«buques y aeronaves y plataformas fijas o flotantes bajo su jurisdicción que se crea ss dedican a operaciones de
vertimiento» (84)— y que, aún así, estuvo a punto d© dar al traste con el éxito de
la Conferencia (85).
La fórmula del Protocolo de Barcelona es clara, precisa y acertada. Cubre los
supuestos de operaciones de vertido en zonas situadas, a los efectos del Protocolo,
bajo la jurisdicción de un Estado Parte. Frente a la insuficiencia de los Convenios
de Qslo y Helsinki (reducción al mar territorial) y la ambigüedad querida del de
Artículo 3-1 del Protocolo.
Artículo 15-6 del Convenio de Oslo. Op. cit. en la nota 35 (pág. 134).
Artículo 11-2 del Protocolo.
Artículo 7-4 del Convenio de Londres. Op. cit. en la nota 10 (pág. 166).
Artículo 4-4 del Convenio de Helsinki. Op. cit. en la nota 34 (pág. 622!.
Artículo 3-3 del Convenio de Londres. Op. cit. en la nota 10 (pág. 177).
Artículo 11-1 del Protocolo.
Artículo 15-1 del Convenio de Oslo. Op. cit. en la nota 35 (pág. 134).»
Articulo 9-3 del Convenio de Helsinki. Op. cit. en la nota 34 (pág. 623).
Artículo 7-1 del Convenio de Londres. Op. cit. en la nota 10 (pág. 166).
YTURRIAGA, op. cit. en la nota 66(págs. 351-355).
CONVENIO DE BARCELONA PARA I A PROTECCIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO
Londres {ya que no se sabe si la expresión «bajo su jurisdicción» se refiere a una
zona, a los buques, aeronaves y plataformas, o incluso solamente a las plataformas),
el Protocola sigue la tónica de las modernas corrientes del derecho internacional
(expresadas especialmente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, actualmente en curso) y prevé la posibilidad de que haya zonas de
jurisdicción, generales o particulares, para luchar contra la contaminación, que excedan de los limites del mar territorial. En cualquier caso, y como en el Convenio
de Londres (86), se incluye en el Convenio de Barcelona una cláusula de reserva de
derechos de los Estados («reivindicaciones y tesis jurídicas presentes o futuras») y
de salvaguardia de los resultados de la Conferencia sobre el Derecho del Mar (87).
A diferencia del Convenio de Helsinki —que parte de una prohibición absoluta
de vertido, con muy contadas excepciones (88)—, el Protocolo sigue la técnica de los
Convenios de Oslo y Londres de prohibir tan sólo el vertido de ios desechos y otras
materias considerados más peligrosos, que se enumeran en su Anexo I (89).
No obstante, «teniendo en cuenta las especiales características hidrográficas y
ecológicas de la Zona del Mar Mediterráneo y su especial vulnerabilidad a la contaminación» (90), la «lista negra» del Protocolo es más estricta que la de los Convenios de Oslo y Londres. Veamos lo que tiene de común con los citados Convenios,
así como las notas diferenciales.
Es nota común a los tres textos la prohibición del vertido de los compuestos
orgánicos halogenados, del mercurio, del cadmio y de los plásticos persistentes (91).
Coincide asimismo el Protocolo con el Convenio de Oslo en la prohibición de los
compuestos orgánicos del silicio, que en el Convenio de Londres figuran entre las
sustancias reguladas en el Anexo II (92).
Como el Convenio de Londres, el Protocolo incluye en la «lista negra» al petróleo,
las materias nucleares y los materiales producidos para la guerra química y biológica, con la importante diferencia, en relación con las segundas, de incluir las
materias de alto, medio y bajo nivel radiactivo, mientras que el texto de Londres
sólo prohibe las de alto nivel, dejando las restantes para el Anexo II (93). El texto
(86) Artículo 13 del Convenio de Londres. Op. cit. en la nota 10 (pág. 167).
(87) Articulo 3-2 del Convenio.
(88) Artículo 9 y Anexo V del Convenio de Helsinki: -Final Act-. Helsinki. Marzo 1974 (págs. 4-5 y
39-40). Ver YTURRIAGA, José A.: «Convención de Helsinki de 1974 sobre la protección del medio marino
de la Zona del Mar Báltico». Revista da Instituciones Europeas, vol. 2(2). Mayo-agosto, 1975 (pág. 398).
(89) Artículo 4 del Protocolo en relación con el artículo 5 del Convenio de Oslo y el artículo 4-1-a) del
Convenio de Londres. Op. clt. en las notas 35 (pág. 132) y 10 (pég. 164).
(90) Apartado 4 del Preámbulo del Convenio.
(9!) Párrafos 1, 3, 4 y 5 del apartado A del Anexo I del Protocolo, en relación con loa párrafos 1,4, 5 y
6 del Anexo I del Convenio de Oslo, y párrafos 1, 2, 3 y 4 del Anexo I del Convenio de Londres. Op. clt. en
las notas 35 (pág. 137) y 10 (pág. 171).
(92) Párrafo 2 del apartado A del Anexo I del Protocolo en relación con el párrafo 2 del Anexo I
del Convenio de Oslo, y el apartado A del Anexo II del Convenio de Londres. Op. cit. en las notas
35 (pág. 137) y 10 (pág. 172).
(93) Párrafos 6, 7 y 9 del apartado A del Anexo I del Protocolo en relación con loa párrafos 5, 6 y 7
del Anexo I y apartado O del Anexo II del Convenio de Londres. Op. cit. en la nota 10 (págs. 171-173).
del Protocolo es, por otra parte, bastante más categórico, pues se refiere a los «residuos u otras materias, según sean definidos por et Organismo Internacional de la
Energía Atómica», mientras que el Convenio de Londres habla de desechos u otras
materias «que, por razones de salud pública, biológica o de otro tipo, hayan sido
definidos por el órgano internacional competente en esta esfera, actualmente el Organismo Internacional de la Energía Atómica, como inapropiados para ser vertidos en
el mar».
Por último, el Protocolo contiene una novedad adicional, al prohibir el vertido de
los «compuestos ácidos y básicos que por su composición y cantidad puedan poner
gravemente en peligro la calidad de las aguas del mar» (94).
El origen remoto de este texto se remonta al incidente franco-italiano surgido
en 1972 con motivo de los vertidos de «lodos rojos» realizados por la empresa Monte
Edison en las proximidades de Córcega, a los que me referí anteriormente. El primitivo anteproyecto español no contenía ninguna disposición al respecto, mas —en el
curso de la 1 reunión de expertos de Ginebra— los expertos franceses propusieron
la inclusión de un nuevo párrafo, en los términos siguientes: «grandes cantidades de
ácidos y bases resultantes de las industrias del titanio y del aluminio». Ante la falta
de acuerdo —especialmente por la oposición de los expertos italianos—, se decidió
dejar el texto propuesto entre corchetes (95).
En la Conferencia de Barcelona, las delegaciones de Francia e Italia llegaron a
una solución de compromiso, por la que, si bien se establece el principio de la
prohibición del vertido de ciertos «compuestos ácidos y básicos», no se menciona
expresamente ©1 titanio, y, sobre todo, la precisión de la prohibición se hace depender de la voluntad de las Partes, al añadirse que éstas determinarán «la composición y cantidad que hayan de tomarse en consideración» (96).
Hay que hacer la salvedad de que la rigidez de la prohibición del vertido de las
sustancias enumeradas en el Anexo I viene matizada por dos excepciones. En primer
lugar, se exceptúan en ciertos casos los compuestos «que no sean tóxicos o que
se transformen rápidamente en el mar en sustancias biológicamente inocuas, siempre
que no den mal sabor a la carne de los organismos marinos comestibles». Mientras
en el Convenio de Londres la excepción afecta a todas las sustancias enumeradas
en el Anexo I (97), en el Protocolo se limita a los compuestos orgánicos halogenados
y de silicio y a las materias producidas para la guerra química y biológica (98).
En segundo lugar, el Anexo I del Protocolo no se aplica a materias tales como
«lodos de aguas residuales y escombros de dragados que contengan como vestigios
de contaminante las sustancias enumeradas en los. párrafos 1 a 6» (a saber, todas
excepto las materias radiactivas, los compuestos ácidos y básicos y las materias
(94} Párrafo 8 del apartado A del Anexo I del Protocolo.
(95) Párrafo 8 del proyecto de Anexó ! del Protocolo. Doc. UNEP/WG. 3/3, cit. en la nota 20.
(96) Párrafo 8 del apartado A del Anexo I del Protocolo >!n fine».
(97) Párrafo 8 del Anexo 1 del Convenio de Londres. Op. cit. en la nota 10 (pág. 172).
(98) Párrafos 1, 2 y 9 del apartado A del Anexo 1 del Protocolo. En este último párrafo se atada la
frase «o no pongan en peligro la salud del hombre o de los animales», que figura en el Convenio de
Londres (si bien en éste se limita a los animales •domésticos»).
producidas para la guerra química y biológica). El vertido de estos desechos estará
regulado por las disposiciones de los Anexos ll y III (99).
c) Regulación.
Como los Convenios de Oslo y Londres, el Protocolo regula el vertido en el mar
de todas las demás sustancias. Para el vertido de determinadas materias enumeradas
en el Anexo II, se requerirá en cada caso urt previo permiso especial expedido por
las autoridades nacionales competentes (100); para el vertido de las restantes materias bastará la expedición de un permiso general (101). Antes de conceder los
respectivos permisos, las autoridades competentes deberán considerar cuidadosamente todos los factores enumerados en el Anexo III del Protocolo (102).
Respecto a las sustancias incluidas en el Anexo II, son comunes a los tres Convenios las siguientes: ciertos minerales (arsénico, plomo, cobre y cinc), cianuros,
floururos y pesticídas ,así como los contenedores, chatarras y otros desechos voluminosos (103). Las diferencias radican en el que el Convenio de Londres incluye los
compuestos orgánicos del silicio (que en el Protocolo de Barcelona y en el Convenio
de Oslo aparecen, como ya se ha indicado, en el Anexo I), y en que el Protocolo
añade toda una serie de minerales (berilio, cromo, níquel, vanadio, selenlo y antimonio) que no figuran en los otros dos Convenios (104).
El Protocolo coincide con el Convenio de Oslo al incluir las sustancias que, aun
sin tener carácter tóxico, puedan resultar nocivas o perturbadoras (105), y con el de
Londres al mencionar los desechos radiactivos no mencionados en e| Anexo I (108).
Finalmente, es privativo del Protocolo la inclusión de las sustancias químicas orgánicas sintéticas, no incluidas en el Anexo I, que puedan producir ciertos efectos
nocivos, y de los compuestos ácidos y básicos cuya composición y cantidad no se
haya aún determinado o a los que no se aplique el Anexo I (107).
(93) Apartado B del Anexo i del Protocolo en relación con el párrafo 9 del Anexo I del Convenio
de Londres. Hay una disposición similar en el artfculo 8-2 del Convenio de Oslo. Op. cit. en las notas
10 (pág. 172) y 35 (pág. 132).
(100) Articulo 5 del Protocolo en relación con el artfculo 6 del Convenio de Oslo y el artfculo 4-1-b)
del Convenio de Londres. Op. clt. en las notas 35 (pág. 132) y 10 (pág. 164).
(101) Artfculo 6 del Protocolo, en relación con el artículo 7 del Convenio de Oslo, y el artículo 4-1-c)
del Convenio de Londres. Op. clt. en las notas 35 (pág. 132) y 10 (pág. 184).
(102) Artfculo 7 del Protocolo en relación con el artfculo 10 del Convenio de Oslo y el artfculo 4-2
del Convenio de Londres. Op, cit. en las notas 35 (pág. 133) y 10 (pág. 164).
(103) Párrafos 1-1, II e III) y 3 del Anexo II del Protocolo en relcalón con el párrafo 1-a) y b) del
Anexo II del Convenio de Oslo y los apartado A y C del Anexo II del Convenio de Londres, Op. clt. en
ias notas 35 (pág. 137) y 10 (págs. 172-173).
(104) En el apartado B del Anexo II del Convenio de Londres se Indica, no obstante, que a! conceder permiso para vertido de grandes cantidades de ácidos y álcalis ae tendrá en cuenta la presencia
en los desechos de berilio, cromo, níquel o vanadio. Op. clt. en la nota 10 (pág. 172).
(105) Párrafo 4 del Anexo II del Protocolo en relación con el párrafo 1-c) del Anexo II del Convenio de Oslo. Op. cit. en la nota 35 (pág. 137}.
(106) Párrafo 5 del Anexo II del Protocolo en relación con el apartado D del Anexo II del Convenio
de Londres. Op. clt. en la nota 10 (pág. 173). En el caso del Protocolo de Barcelona, cabe preguntarse
a qué residuos se refiere el párrafo que no sean de alta, media o baja radiactividad.
(107) Párrafos 1-lv) y 2-1 e IU del Anexo II del Protocolo.
Las autoridades nacionales competentes deberán expedir los certificados correspondientes para el vertido de los desechos y otras materias que sean cargados en
sus respectivos territorios (cualquiera que sea la matrícula del buque o la aeronave)
o que sean cargados en buques o aeronaves registradas o abanderadas en dichos
territorios, cuando el embarque se realice en el territorio de un Estado que no sea
Parte en el Protocolo (108).
El Protocolo contiene dos excepciones a su aplicación: una relativa a todas las
sustancias (cláusula de fuerza mayor) y otra extensible tan sólo a las sustancias
enumeradas en el Anexo I (cláusula de emergencia en tierra).
E| texto de la excepción de fuerza mayor sigue la fórmula clásica, tal como fue
consagrada en el Convenio de Qslo: «cuando resulte amenazada la vida humana o
la seguridad de un buque o aeronave» (109). Dicha formulación. contrasta por su simplicidad con el texto barroco e impreciso del Convenio de Londres (110).
La cláusula de emergencia en tierra sigue la formulación de una cláusula paralela
incluida a petición de Holanda en el Convenio de Oslo, para paliar los rigores de
la prohibición de vertido en los casos en que ciertas sustancias no puedan ser eliminadas en tierra «sin provocar riesgos o daños inaceptables» (111). El texto ha sido,
sin embargo, ligeramente matizado al calificar la emergencia de «carácter excepcional», al subrayarse que 'los riesgos o daños resulten inaceptables, «especialmente
para la seguridad de la vida humana» y al establecerse que, antes de hacer la correspondiente recomendación, la Organización (en este caso el PNUMA) deberá consultar con las Partes en el Protocolo (112).
Cabe señalar que esta cláusula de emergencia en tierra —<la oportunidad de cuya
inserción es más que discutible y, en ese sentido, fue criticada por las delegaciones españolas en las Conferencias de Oslo y Londres— ha sido, sin embargo, omitida
en el Convenio de París de 1974 sobre contaminación de origen terrestre, donde
tendría mayor sentido, dada la urgencia de la evacuación en circunstancias de grave
emergencia (113).
Como en el caso de la cláusula de fuerza mayor, el texto del Protocolo mejora
notablemente la formulación del Convenio de Londres, que —en los casos de emergencia en tierra «que provoquen riesgos inaceptables para la salud humano y en
los que no quepa otra solución factible»— autoriza a las Partes a que expidan un
Artículo 10-2 del Protocolo en relación con el articulo 6-2 del Convenio de Londres. Op. clt.
10 (pág. 165).
Articulo 8 del Protocolo en relación con el artículo 8-1 del Convenio de Oslo. Op. clt. en
(pág. 132).
Artículo 5-1 del Convenio de Londres. Op. cit. en la nota 10 (pég. 164). Ver YTURRIAGA, op. clt.
66 (pág. 366).
Artículo 9 del Convenio de Oslo. Op. cit. en la nota 35 (pág. 133). Ver YTURRIAGA, op. cit.
74 (pág. 129).
Artículo 9 del Protocolo.
YTURRIAGA, op. cit. en la nota 61 (págs. 69-70).
permiso especial para el vertido de las sustancias «numeradas en el Anexo I (114).
También ha ignorado el Protocolo el «Memorándum técnico de acuerdo de la Conferencia de Londres», que establecía una moratoria de cinco años para el vertido en
ciertas condiciones de desechos que contengan pequeñas cantidades de compuestos
inorgánicos de mercurio y cadmio (115).
4, Cooperación interregional.
Las Partes en el Convenio de Barcelona se compromenten a cooperar entre sí
para tomar las disposiciones necesarias en situaciones de emergencia que ocasionen
contaminación en la zona del Mar Mediterráneo —cualquiera que sea la causa—, así
como para reducir o eliminar los daños resultantes (116).
Este compromiso de cooperación —sucintamente enunciado en el Convenio— ha
sido desarrollado en el Protocolo sobre cooperación para combatir en situaciones de
emergencia la contaminación del Mar Mediterráneo causada por hidrocarburos y otras
sustancias perjudiciales. Dicho Protocolo se ha inspirado erv buena parte en e! Acuerdo de Bonn de 1969, relativo a la cooperación en materia de lucha contra la contaminación de las aguas del Mar del Norte por hidrocarburos, el Proyecto de Acuerdo
de Neuilly de 1972, relativo a la cooperación en materia de lucha contra la contaminación de las aguas del Mediterráneo occidental por hidrocarburos,, y el Anexo VI
del Convenio de Helsinki de 1974, para la protección del medio marino en la Zona
Por el Protocolo, las Partes deberán cooperar entre sí para tomar las disposiciones necesarias en caso de peligro grave e inminente para el medio marino, el
litoral o los intereses conexos (actividades costeras, intereses turísticos y sanitarios,
conservación de la fauna y flora marinas) de una o varias Partes, ocasionado por
la presencia de grandes cantidades de hidrocarburos o de otras sustancias perjudiciales, producida por accidentes o debida a la acumulación de pequeñas descargas,
que contaminen o puedan contaminar la zona del Mar Mediterráneo (117).
En relación con los textos del Acuerdo de Bonn (118) o el Proyecto de Neuilly (119), el Protocolo de Barcelona contiene las novedades siguientes: amplía su
ámbito de aplicación a «otras sustancias perjudiciales», incluye el «medio marino»
entre los intereses que deben ser tenidos en cuenta y establece la necesidad de
cooperación no sólo en los casos de emergencia debidos a accidentes, sino también
cuando el peligro se deba a la acumulación de sustancias contaminantes procedentes de distintas descargas.
La cooperación prevista en el Protocolo persigue un doble objetivo: la prevención de la contaminación y la lucha contra la misma.
Articulo 5-2 del Convenio de Londres. Op. cit. en la nota 10 (pág. 164). Ver YTURRIAGA. op. clt. en
68 (págs. 366-369).
Memorándum Técnico anejo al Acta Final de la Conferencia de Londres. Op. clt. en la nota 65
403-404).
Articulo 9-1 del Convenio.
Artículos 1 y 2 del Protocolo.
Artículo 1 del Acuerdo de Bonn. Imprlmerle des Journaux Officlels. París, 1969.
Artículo 1 del Proyecto de Neuilly. París. Junio 1972.
a) Prevención de >a contaminación.
Como medida previa, las Partes en el Protocolo se comprometen a informarse
mutuamente sobre las autoridades nacionales respectivas competentes para luchar
contra la contaminación, de los nuevos métodos y medidas que adopten al efecto
y de los programas de investigación relacionados con dichas actividades (120).
Cada Estado Parte deberá cursar instrucciones a sus capitanes y pilotos para
que informen lo más rápidamente posible sobre cualquier- accidente que cause o
pueda causar contaminación, así como sobre la presencia, características y extensión
de cualquier mancha importante de hidrocarburos u otras sustancias perjudiciales observada en el mar (121). Tal información deberá ser transmitida de conformidad con las
disposiciones establecida en un anejo al Protocolo, inspirado en un texto similar
incluido en el Convenio de Londres de 1973, para prevenir la contaminación por los
buques (122).
El proyecto de Protocolo incluía una disposición extraída del Convenio de Helsinki (123), en i!a que se pedía el cumplimiento de una obligación similar a los capitanes y pilotos de todos los países (124), mas esta disposición fue considerada,
con razón, excesiva, y no fue retenida por la Conferencia de Barcelona. Esta se limitó
a adoptar una resolución en la que se pide a las Partes en el Protocolo que inviten
a otros Estados a que tomen las medidas adecuadas para que sus buques y aeronaves cumplan lo dispuesto en el artículo 8 del Protocolo (125).
Con objeto de disponer de la información más precisa que quepa obtenerss sobre
las situaciones de emergencia, las Partes «instituirán y .ejercerán, ya actuando por
separado, ya en cooperación bilateral o multilateral, una vigilancia activa en la Zona
del Mar Mediterráneo» (126). En este importante tema de la vigilancia, sin embargo,
el Protocolo de Barcelona ha sido más cauto que el Acuerdo de Bonn o e| Proyecto
de Neuilly, e incluso que el Convenio de Helsinki. En efecto, el Acuerdo de Bonn
divide el Mar del Norte en zonas de vigilancia individual o colectiva (127), el Proyecto
de Neuilly establece en el Mediterráneo occidental ocho zonas de vigilancia común
a dos o tres países ribereños (128), y el Convenio de Helsinki —si bien no fija
zonas de vigilancia en el Mar Báltico— prevé, no obstante, la posibilidad de que
se adopten acuerdos bilaterales o multilaterales en los que se establezcan dichas
zonas (129).
(120) Artfculo 6-1 del Protocolo.
(121) Artículo 8-1 del Protocolo y Anexo I del mismo.
(122) Artículos 4 y 5 del Protocolo I del Convenio de Londres. Op. eit. en la nota 10 (págs. 189-190).
(123) Regla 5-2 del Anexo VI del Convenio de Helsinki. Acta clt. en la nota 88 (pág. 42).
(124) Artículo 9 del proyecto de Protocolo. Doc. UNEP/CONF/1/5, clt. en la nota 24.
(125) Apartado 1 de la Resolución número 5. Apéndice IV al Acta eit. en la nota 23 (pág. 6).
(126) Artículo 4 del Protocolo.
(127) Artículo 4 del Acuerdo de Bonn y Anexo al mismo. Op. cit. en la nota 118. Se establecen
seis zonas de vigilancia individual (Alemania, Dinamarca, Gran Bretaña, Países Bajos, Noruega y Suecia),
una bilateral (Francia y Gran Bretaña) y otra trilateral (Bélgica, Francia y Gran Bretaña).
(128) Artículo 5 del proyecto de Neuilly y Anexo ai mismo. Op. cit. en la nota 119. Se establecían
tres zonas de vigilancia bilateral y cinco trilateral. En lo que a España se refería, tenía tres zonas de
vigilancia bilateral con Francia, Marruecos y Argelia, respectivamente, y una cuarta zona en común con
Francia y Argelia.
(129) Regla 7-1 del Anexo VI del Convenio de Helsinki, Acta cit. en la nota 88 (pág. 42).
En un primer anteproyecto de Protocolo se preveía el establecimiento en el Mediterráneo de diversas zonas de vigilancia individual o colectiva; sirt embargo, atinadas
consideraciones de realismo político llevaron a| abandono de la idea, ante las enormes dificultades de todo tipo provocadas por la peculiar situación geopolítica de
Por último, las Partes en el Protocolo ss comprometen a coordinar la utilización
de los medios de comunicación de que dispongan con el fin de garantizar —con la
rapidez y fiabilidad necesarias— la recepción, transmisión y difusión de los informes
y datos pertinentes (130). Se trata de una disposición original que no figura en ninguno de los otros textos comentados.
b) Lucha contra la contaminación.
Como una medida a caballo entre la prevención y el combate de la contaminación,
las Partes en el Protocolo deberán esforzarse en mantener y fomentar los planes de
urgencia y los medios (buques, aeronaves, equipo y personal) que destinen a luchar
contra la contaminación marina (131).
Todo Estado Parte que se enfrente con una situación de emergencia deberá evaluar la naturaleza y extensión del siniestro, tomar las medidas posibles para evitar
o reducir los efectos de la contaminación, informar inmediatamente a las otras Partes
y proseguir durante el mayor tiempo posible su labor de vigilancia (132), En e| caso
de caída al mar de sustancias perjudiciales en paquetes o contenedores, cooperarán
en la medida de lo posible en las tareas de salvamento y recuperación de dichas
sustancias (133).
Por último, cualquier Parte podrá pedir a las demás asistencia para combatir la
contaminación o el riesgo de contaminación en sus costas (asesoramlento técnico,
suministro de productos, equipos y medios náuticos...), y las Partes cuya asistencia
haya sido requerida «se esforzarán a| máximo por prestarla» (134). Se trata de una
obligación sumamente matizada en una cláusula a la que conceden gran Importancia
En el Protocolo se hacen diversas referencias a un «centro regional», que no ea
otro que el Centro regional de lucha contra la contaminación por hidrocarburos en el
Mediterráneo, que la Conferencia de Barceilona acordó fuera establecido en Malta (135).
(130) Artículo 7 del Protocolo.
(131) Artículo 3 del Protocolo en relación con la regla 2 del Anexo VI del Convenio de Helsinki.
Acta cit. en la nota 88 (pág. 41).
(132) Artículo 9-1 del Protocolo.
(133) Artículo 5 del Protocolo en relación con la regla 4 del Anexo VI del Convenio de Helsinki.
(134) Artículo 10 del Protocolo. Una disposición similar se encuentra en el Acuerdo de Bonn (artículo 7¡, el Proyecto de Neuilly (artículo 6) y el Convenio de Helsinki (regla 8 del Anexo VI). Op. cit. en las
notas 118 y 119, y Acta cit. en la nota 88 (pág. 42).
(135) Resolución número 7. Apéndice IV del Acta cit. en la nota 23 ípág. 8).
La misión fundamental del Centro es la de reunir y difundir la información que
se le suministre en relación con la lucha contra la contaminación en el Mediterráneo.
Así, el Centro deberá transmitir a las Partes la información recibida de cada Parte
sobre las autoridades competentes en los distintos Estados y sobre los métodos,
medidas y programas de investigación existentes para combatir la contaminación; la
información recibida de capitanes y pilotos sobre la producción de accidentes y |a
presencia, características y extensión de manchas contaminantes; y la información
recibida de cualquier Parte sobre la evaluación de los siniestros y sobre las medidas
adoptadas para luchar contra la contaminación (136).
El Centro podrá ser, asimismo, utilizado como intermediario en las solicitudes de
asistencia para combatir la contaminación y. si las Partes interesadas se ponen de
acuerdo, como coordinador de las actividades desarrolladas con los medios aportados por las Partes que presten la citada asistencia (137).
£| Centro de Malta será, sin duda, un elemento de gran utilidad para la cooperación intermediterránea, pues —dada la situación política en el Mediterráneo y la
ausencia de relaciones o el mal estado de las mismas entre algunos de sus ribereños— podrá ser utilizado como punto neutro de conexión entre las distintas Partes
Otra de las cuestiones más debatidas fue la de los centros subregionales, defendidos con tenacidad por diversas delegaciones, especialmente las de Grecia y Turquía. Al no haberse logrado un acuerdo sobre el tema en las reuniones de expertos
de Ginebra, se decidió incluir entre corchetes, en el proyecto de Protocolo, una
referencia a los centros subregionales cada, vez que se mencionaba el centro regional (138).
El tema fue ampliamente debatido en la Conferencia de Barcelona, pues varias
delegaciones se oponían a la mención de unos centros subregionales aún inexistentes
y de los que s® desconocía sus objetivos y funciones. Finalmente, se acordó suprimir las referencias a los centros subregionales e insertar un nuevo artículo, en virtud
del cual la aplicación de las disposiciones pertinentes de los artículos 6 al 10 deí
Protocolo concernientes al centro regional «se hará extensiva, según convenga, a
los centros subregionales en el caso de su eventual creación, habida cuenta de sus
objetivos y funciones y de su relación con dicho centro regional» (139).
Por otra parte, la Conferencia adoptó una resolución en la que se pide al Director
Ejecutivo del PNUMA que celebre consultas con los Estados ribereños de |a región
de| Mediterráneo acerca de los objetivos y funciones de posibles centros subregionales y de su relación cori el centro regional (140).
La aplicación y desarrollo del Convenio y de sus Protocolos se realizará a tres
niveles distintos: Secretaría, Reuniones de las Partes y Conferencias diplomáticas.
Artículos 6-2, 8-2 y 9-1-c) de! Protocolo.
Artículo 10 del Protocolo.
Artículos 6 a 11 del proyecto de Protocolo. Doc. UNEP/CON. 1/5, c!t. en la nota 24.
Artículo 11 del protocolo.
Resolución número 8. Apéndice IV del Acta cit. en la nota 23 tpág. 11).
El proyecto ds Protocolo sobre vertidos presentado por la delegación española
había sugerido —siguiendo los precedentes de los Convenios de Oslo, París y Helsinki— la constitución de una Comisión «ad hoc» encargada de supervisar la aplicación ds! Protocolo y desempeñar las correspondientes funciones de secretaría (141).
En cambio, el proyecto de Convenio-marco elaborado por la FAO había seguido
las directrices del Convenio de Londres y establecido, por tanto, una distinción entra
las funciones burocráticas —encomendadas a una organización innominada— y las
funciones sustantivas —competencia de las Partes, que las resolverían a través de
reuniones periódicas o extraordinarias— (142).
Ya en la Reunión Intergubernamenta! de Barcelona se optó por |a segunda variante. Así, se estableció que las Partes designarían a X como organización responsable de la ejecución de las funciones de secretaría (143). Ante la dualidad de candidatos (FAO y PNUMA), se prefirió insertar unos provisionales puntos suspensivos.
Las funciones de secretaría consisten en convocar y preparar las reuniones de
las Partes y las conferencias diplomáticas, enviar a las Partes ciertas notificaciones
e informes, examinar las peticiones de información recibidas, desempeñar las f u n ciones que le atribuyen los Protocolos o le puedan atribuir las Partes y mantener
la coordinación necesaria con otros organismos internacionales (144),
En cuanto a la «organización» competente para si desempeño de las funciones
de secretaria, hubo consenso en la Conferencia de Barcelona para encomendársela
al PNUMA. La aceptación de esta comisión por parte del Director Ejecutivo del citado
organismo quedó plasmada en una resolución en la que, por otra parte, se le pide
que —mientras no entren en vigor el Convenio y ios Protocolos— tome las disposiciones provisionales que sean necesarias para el logro de los objetivos dsl Convenio (145).
Reuniones de las Partes.
El Convenio prevé que las Partes celebrarán reuniones ordinarias cada dos años
y extraordinarias cuando se estime necesario, a petición de tres Partes por lo menos.
El objetivo de estas reuniones es velar por la aplicación del Convenio y de sus
Proocolos y, en particular, someter a examen la situación de la contaminación marina
y sus efectos en el Mediterráneo, examinar los informes presentados por las Partes,
adoptar y enmendar los anexos técnicos del Convenio y de los Protocolos, proponer
la adopción de nuevos Protocolos y formular enmiendas a los Protocolos existentes
y al Convenio, crear los grupos de trabajo que se estimen necesarios y examinar y
aplicar cualquier medida adicional precisa para e| logro de los objetivos del Convenio y de sus Protocolos (146).
Artículos 14 y 15 del proyecto da Protocolo. Ooc. UNEP/WG. 2/INF. 5, cit. en la nota 15.
Artículos 13 y 14 del proyecto de Convenio. Doc. UNEP/WG. 2/INF. 3, cit. en la nota 13.
Artículo 12 del proyecto de Convenio. Doc. UNEP/CONF. 1/3, cit. en la nota 24.
Articulo 13 del Convenio.
Apartados 1 y 3 de la Resolución número 2. Apéndice IV al Acta cit. en la nota 23 (pág. 3).
Artículo 14 del Convenio.
Aparte de las referidas funciones, a las reuniones de las Partes competen misiones
específicamente relacionadas con los Protocolos, tales como velar por su aplicación,
evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y la necesidad de adoptar otras medidas, o estudiar y evaluar i|os datos relativos a los permisos de vertido expedídos (147).
Una de las misiones más importantes de estas reuniones es la discusión y adopción
de anexos técnicos al Convenio o a los Protocolos, así como la enmienda de los anexos
ya adoptados. Para la adopción de nuevos anexos o para la modificación de los existentes se requiere una mayoría de tres cuartos de las Partes en el Convenio o en el Protocolo de que se trate. Para la entrada en vigor de las enmiendas se establece un
procedimiento matizado de consentimiento tácito: las Partes, al adoptar una enmienda,
fijarán un plazo al término del cual la enmienda entrará en vigor para todas las Partes,
salvo aquellas que hayan notificado por escrito su oposición a la misma. De este procedimiento queda excluido el Anexo sobre arbitraje, para cuya modificación se exigen
los mismos requisitos que para la enmienda del texto del Convenio o de los Protocolos (148).
Aunque en las reuniones de las Partes s© tratará sucesivamente de los temas
relacionados con el Convenio y con cada uno de los Protocolos, a la hora de tomar
decisiones tan sólo participarán en las votaciones quienes sean Partes en el Protocolo en cuestión (149).
c) Conferencias diplomáticas.
Las Partes en el Convenio se han comprometido a cooperar en la elaboración y
adopoián de protocolos adicionales a los ya existentes, qus establezcan medidas y
normas ¡para la debida aplicación del Convenio (150). Par» la adopción de estos protocolos se requiere la celebración de una conferencia diplomática, que habrá de ser
convocada por el PNUMA a petición de dos tercios de las Partes en el Convenio.
Asimismo, se prevé un procedimiento especial de convocatoria en tanto el Convenio
no hay entrado en vigor: a saber, convocatoria por iniciativa del PNUMA, una vez
consultados los signatarios del Convenio (151).
También se requiere la celebración de una conferencia diplomática para la adopción de cualquier enmienda al Convenio, a su anexo sobre arbitraje o a cualquiera
de los Protocolos. Las enmiendas podrán ser propuestas por cualquier Parte en el
Convenio o los Protocolos, mas para su adopción se requiere una ¡mayoría de tres
cuartos de las Partas en el instrumento que se pretenda enmendar. Las enmiendas
adoptadas deberán ser sometidas a la aceptación de todas las Partes y entrarán en
vigor para las Partes que las hayan aceptado cuando el depositario haya recibido
la aceptación de no menos de tres cuartos de quienes sean Parte °n el instrumento
enmendado (152).
Artículo 14 del Protocolo de vertidos y articulo 12 del Protocolo sobre cooperación,
Articulo 17 del Convenio.
Artículo'23-3 del Convenio.
Artículo 4-2 del Convenio.
Artículo 16 del Convenio.
La vigilancia de la contaminación marina («monltoring») ha sido uno de los temas
que más ha interesado a los Estados ribereños de! Mediterráneo. Ya en la Reunión
Intergubernamental de Barcelona se presentaron dos estudios básicos sobre la cuestión: un «programa coordinado de investigación, vigilancia e intercambio de información y evaluación del estado de la contaminación y de las medidas de protección» (153) y un «estudio de viabilidad para ia ejecución de programas coordinados
de vigilancia e investigación de la contaminación del Mediterráneo» (154).
Dentro del «Plan de Acción» adoptado en Barcelona en 1975, se acordó la iniciación, a título experimental, de siete proyectos, entre los que se encontraban sendos
estudios básicos de vigilancia de la contaminación marina causada por aceites e hidrocarburos del petróleo, por metales (especialmente si mercurio) y por el DDT, el PCB
y otros hidrocarburos clorados (155).
Al mismo tiempo —y ya en un plano más institucionalizado—, el proyecto de Convenio-marco presentado por la FAO incluía un artículo por el que las Partes se
comprometían a establecer un sistema de vigilancia de la contaminación para ia
región del Mar Mediterráneo, designar las instituciones nacionales o regionales apropiadas para participar en dicho sistema y cooperar en la elaboración y aprobación
de anexos técnicos que establezcan procedimientos y normas para la recolección e
intercalíbración de datos y para el establecimiento de programas de vigilancia (156).
Semejante propuesta fue considerada excesivamente ambiciosa y su alcance fue
rebajado en la primera reunión de expertos de Ginebra (157). De conformidad con
el texto adoptado por la Conferencia de Barcelona, las Partes tratarán de establecer
programas complementarios o conjuntos de vigilancia de la contaminación en la zona
de) Mar Mediterráneo y un sistema de vigilancia en dicha zona. A estos efectos,
las Partes designarán a las autoridades computantes para la vigilancia en zonas
bajo su jurisdicción nacional y «participarán en la medida que esa factible» en arreglos Internacionales para vigilar la contaminación en zonas situadas fuera de los
límites de sus jurisdicciones respectivas. Por último, las Partes se comprometan
a cooperar en la elaboración, adopción y aplicación de los anexos al Convenio que
puedan resultar necesarios para establecer procedimientos y normas comunes para
la vigilancia de la contaminación (158).
A semejanza del Convenio de Londres de 1972 (159) y del de Helsinki de 1974 (160),
(153) Doc. UNEP/WG.2/3. Ginebra. Enero 1975.
(154) Doc. UNEP/WG. 2/INF. 6. Ginebra. Enero 1975.
(155) Sección II del Plan de Acción: •Programa coordinado de vigilancia e investigación de la contaminación en el Mediterráneo.. Doc. UNEP/WG.2/5, cit. en la nota 17.
(156) Articulo 9 del proyecto de Convenio. Doc. UNEP/WG. 2/INF. 3, cit. en la nota 13.
(157) Artículo 9 del proyecto de Convenio. Doc. UNEP/WG. 3/5, cit, en la nota 18.
(158) Articulo 10 del Convenio.
(159) Articulo 10 del Convenio de Londres. Op. cit. en la nota 10 (pág. 167).
(160) Artículo 17 del Convenio de Helsinki. Op. cit. en la nota 34 (pág. 627).
JOSÉ ANTONIO DE YTURRUGA BARBERAN
el Convenio de Barcelona contiene un artículo sobre responsabilidad e indemnizaci6n, Por él, las Partes se comprometen a cooperar, tan pronto como sea posible,
en la elaboración y adopción de procedimientos adecuados para la determinación
de la responsabilidad y de la indemnización por daños resultantes de la contaminación del medio marino, como consecuencia de cualquier violación de las disposiciones de Convenio o de" sus Protocolos (161).
En el curso de los debates en la Conferencia de Barcelona, la delegación marroquí criticó este artículo por su falta de precisión y propugnó el establecimiento de
un sistema de responsabilidad objetiva y la creación de un fondo interestatal ds
garantía. Con todas las cuestiones de responsabilidad se podrían .elaborar —a juicio de la delegación de Marruecos— un nuevo protocolo que se insertaría en el
Convenio (162).
Era consecuencia, la delegación marroquí —junto con la tunecina— presentó un
proyecto de resolución en la que se pedía al Director Ejecutivo dsl PNUMA que
tomara las medidas necesarias para estableder un Comité de Expertos encargado
de estudiar la creación de un fondo interestatal de garantía que, pasado un cierto
límite, «compense los daños sufridos por los Estados ribereños qus sean víctimas
de un perjuicio muy grave debido a la contaminación, cualesquiera sea su origen»,
y de presentar un proyecto de protocolo' relativo a la estructura y funcionamiento
de dicho fondo (163),
Ante las críticas presentadas por varias delegaciones, las dos delegaciones norteafricanas modificaron su propuesta, limitándose a pedir al PNUMA que, una vez
entrado en vigor e| Convenio y celebrada la primera reunión de las Partes, propusiera
el estudio de la creación de un fondo interestatal de garantía para la zona del Mar
Mediterráneo, por un Comité de expertos de las Partes en el Convenio; dicho Comité
debería informar a las Partes sobre las consecuencias de la creación del fondo, «a fin de
proceder ulteriormente a la eventual elaboración de los instrumentos jurídicos apropiados» (164). La resolución fue, finalmente, adoptada por la Conferencia de Barcelona,
con la única reserva expresa de la delegación francesa (165).
En el proyecto de Convenio-marco presentado por la FAO se incluía un artículo por
el que cualquier controversia sobre la interpretación o aplicación del Convenio que
no pudiera ser resuelta mediante la negociación, podría ser sometida —a petición de
una de las partes— a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes se
pusieran de acuerdo para someterla a arbitraje (166). En el contraproyecto español
presentado en la Reunión Intergubernamental de Barcelona se incluía una cláusula similar, si bien alterando el orden de los factores: la controversia sería sometida a arbitraje,
Artículo 12 del Convenio.
Doo. UNEP/CONF. 1/CRP. 12. Barcelona. Febrero 1976.
Doc. UNEP/CONF. 1/CRP. 17. Barcelona. Febrero 1976.
Doc. UNEP/CONF. 1/CRP. 17/rev. 1. Barcelona. Febrero 1976.
Resolución número 4. Apéndice IV al Acta c¡t. en la nota 23 (pág. 5).
Artículo 18 del proyecto de Convenio. Doc. UNEP/WG. 2/INF. 3, cit. en la nota 13.
salvo que las partes de común acuerdo decidieran plantearla ante e! Tribunal Internacional de Justicia (167).
Durante la primera reunión de expertos en Ginebra se expresaron diversas críticas
a la mención dsl TU, por lo que se decidió hacer referencia únicamente al arbitraje.
Ahora bien, las opiniones se dividieron entre los partidarios del Convenio de París —-que
prevé el recurso al arbitraje «a petición de una de las partes» (158).— y los seguidores
del Convenio de Helsinki —que para ello requiere el «común acuerdo» (169)—. Ante la
disparidad de criterios se optó por dejar las dos variantes entre corchetes (170).
En la Conferencia de Barcelona volvió a surgir el desacuerdo, defendiendo la unilateralidad las delegaciones de Francia, Italia y Monaco, y la necesidad del común acuerdo entre las delegaciones de Grecia, Turquía y los países árabes. Se llegó, finalmente,
a una solución de compromiso: se mantiene la fórmula del común acuerdo para
el recurso al arbitraje —de conformidad con las disposiciones de un Anexo al
Convenio—, pero se prevé la posibilidad de que las Partes hagan una declaración
inspirada en el Estatuto del TU (171)—, por la que reconozcan como obligatoria, «ipso
facto» y sin convenio especial, la aplicación del procedimiento de arbitraje, con respeto
a cualquier otra Parte que acepte la misma obligación (172).
El Convenio de Barcelona y sus Protocolos están abiertos a la firma no sólo de
Estados, sino también de la Comunidad Económica Europea y de «cualquier agrupación
económica regional semejante».
El Convenio y los dos Protocolos adoptados por la Conferencia de Barcelona quedaron abiertos, en dicha ciudad (por un día) y ulteriormente en Madrid, a la firma de
los Estados invitados como participantes a la citada Conferencia; a saber, los dieciocho
siguientes: Albania, Argelia, Chipre, Egipto, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Líbano, Libia, Malta, Marruecos, Monaco, Siria, Túnez, Turquía y Yugoslavia (173).
En el proyecto de Convenio presentado por la FAO se preveía que éste estaría
abierto a la firma de «cualquier Estado ribereño del Mar Mediterráneo» (174). El contraproyecto español, en cambio, se inclinaba por la fórmula de 'los Estados que fueran
invitados a participar en la Conferencia de Barcelona (175). Dada la delicadeza del tema
y sus implicaciones políticas, las reuniones de expertos de Ginebra prefirieron incluir
las dos variantes entre corchetes (176).
(167) Artículo 15 del contraproyecto español de Convenio. Doc. UNEP/WG. 2/CRP. 3/Add. 8, cit. en la
(168) Artículo 21 del Convenio de París. Op. clt. en la nota 37 ípág. 334).
(169) Artículo 18 del Convenio de Helsinki, Op. cit. en la nota 34 (pág. 627).
(170) Artículo 20 del proyecto de Convenio. Doc. UNEP/WG. 3/5. cit. en la nota 18.
(171) Artículo 36-2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
(172) Artículo 22 del Convenio y Anexo A al mismo.
(173) Apartado 3 del Acta cit. en la nota 23 (pág. 2).
(174) Artículo 20-1 del proyecto del Convenio. Ooc. UNEP/WG. 2/INF. 3, cit. en la nota 13.
(175) Artículo 16-1 del contraproyecto español de Convenio. Doc. UNEP/WG. 2/CRP. 3/Add. 8, cit. en
la nota 16.
(176) Artículo 21-2 del proyecto de Convenio. Doc. UNEP/WG. 3/5, cit. en la nota 18,
En la Conferencia de Barcelona, la delegación española mantuvo que el término
«Estados ribereños del Mediterráneo» no era suficientemente preciso y podría dar lugar
a problemas de interpretación qu pusieran al Estado depositario (precisamente España)
en una situación embarazosa. Si alguna duda existía entre los participantes en la
Conferencia quedó disipada por la intervención d&\ observador soviético, quien se lamentó de que la URSS hubiera sido invitada tan sólo en calidad de observador y expresó el interés de su país, en cuanto ribereño del Mar Negro, en ser Parte de pleno
derecho en el Convenio (177). En consecuencia, la Conferencia optó por la fórmula de
los «Estados invitados como participantes a la Conferencia de Barcelona» (178).
Siguiendo asimismo una sugerencia del contraproyecto español (179) —ulteriormente recogida en el proyecto de Convenio (180)—, se posibilita también la firma del
Convenio a «cualquier Estado facultado para firmar un determinado Protocolo, de conformidad con las disposiciones de dicho Protocolo» (181).
La razón de esta adición —por e| momento innecesaria, ya que en los dos Protocolos adoptados en Barcelona no se incluye ninguna disposición al efecto— radica
en que puede haber protocolos (especialmente el de contaminación de origen terrestre) en los que interese que sean Partes otros Estados que —si bien no son «strictu
sesu» ribereños de| Mediterráneo y, por tanto, no fueron invitados a la Conferencia
de Barcelona— tengan ríos que desemboquen en el Mediterráneo y a través de los
cuales podría provocarse su contaminación. Tal es e] caso, por ejemplo, de Etiopía,
Kenya, Uganda y Sudán (ribereños del Ni¡lo) o de Suiza (ribereña del Ródano). Disposiciones al efecto han sido incluidas en el Convenio de París de 1974 (182). Ahora bien,
como según el Convenio no se podrá ser Parte en un Protocolo si no se es ya o se llega
a ser al mismo tiempo Parte en el Convenio (183), ha habido que prever la posibilidad
de que este tipo de Estados puedan ser Partes en el Convenio.
A partir del 17 de febrero de 1977 —fecha en que concluye el plazo de firma—,
el Convenio y sus Protocolos quedarán abiertos a la adhesión de los Estados anteriormente citados (184). También se prevé un caso especial de adhesión —una vez entrado en vigor el Convenio— para aquellos Estados que, habiendo expresado su interés en ser Partes en un determinado Protocolo, hayan sido aceptados por una mayoría
de tres cuartos de los Estados Parte en el Protocolo en cuestión (185).
Comunidad Económica Europea y similares.
Ya en la primera reunión de expertos de Ginebra, la delegación francesa llamó la
atención sobre el hecho de que los Estados miembros de la CEE habían transferido
Doc. UNEP/CONF. 1/CRP. 14. Barcelona. Febrero 1976.
Artículo 24 del Convenio.
Artículo 16-2 del contraproyecto español de Convenio. Doc. UNEP/WG. 2/CRP. 3/Add. 8, cit. en
Variante A del artículo 21-2 de! proyecto de Convenio. Doc. UNEP/WG. 3/5, clt. en la nota 18.
Artículo 24 de! Convenio.
Artículo 24-3 del Convenio de París. Op. cit. en la nota 37 (pág. 335).
Artículo 23-1 del Convenio.
Artículo 26-1 del Convenio.
Artículo 26-2 del Convenio.
a dicha Organización parte de sus competencias —especialmente en materia de contaminación de origen terrestre— y que, en consecuencia, habría que adoptar las modificaciones adecuadas para que la Comunidad pudiera ser Parte en el Convenio y en los
Protocolos que se estaban elaborando (186).
En la segunda reunión de expertos de Ginebra se volvió a plantear el problema
y la delegación española sugirió que se elaboraran los textos pertinentes, siguiendo
el precedente del Convenio de París de 1974, más las delegaciones comunitarias prefirieron dejar la discusión del tema para la Conferencia de Barcelona.
Nada más abrirse la Conferencia, las delegaciones de Francia e Italia presentaron
una serie de enmiendas —idénticas a los textos del Convenio de París, con excepción
de un artículo relativo al Anexo de arbitraje— (tendente a permitir que la '.CEE
pudiera ser Parte er» el Convenio y los Protocolos (187). A su vez, la Comunidad —que
sólo figuraba como observador en la Conferencia!— hizo una declaración en la que reproducía los textos propuestos por sus dos miembros mediterráneos (188).
La propuesta comunitaria, formulada con excesiva tardanza, no cayó demasiado
bien entre las delegaciones árabes y fue duramente criticada por la Delegación y u goslava, quien se opuso a Ja misma. Una de las objeciones principales formuladas
era por qué dar un tratamiento especial tan sólo a la CEE, tal como proponían las
delegaciones comunitarias siguiendo la tónica del Convenio de París (189). Se llegó,
finalmente, a una solución de compromiso, por la que se permitía la firma del Convenio y la adhesión al mismo no sólo a la CEE, sino también a «cualquier organización económica regional semejante en la que al menos uno de sus miembros sea Estado
ribereño de la Zona del Mar Mediterráneo y que ejerzan competencias en esferas
comprendidas dentro del ámbito del presente Convenio y de cualquier Protocolo que les
afecte» (190).
Una vez aceptada la CEE como Parte en el Convenio, se planteaba e| problema del
derecho a voto. ¿Coexistía el derecho de voto de la Comunidad con el de sus miembros o eran mutuamente sustituivos? El problema —que ya se había planeado en la
Conferencia de París— fue resuelto mediante la fórmula sustitutiva que evitaba la
duplicidad de voto de ciertos Estados Parte (191). En consecuencia, se insertó en el
Convenio un artículo denominado «ejercicio especial del derecho de voto», por el cual
se establece que la CEE y organizaciones similares, en las esferas de su competencia,
ejercerán el derecho de voto con un número de votos igual al número de sus Estados
miembros que sean Partes en el Convenio o Protocolo, no ejerciendo su derecho de
voto en e! caso de que sus Estados mimbros Interesados ejerzan el suyo y viceversa (192).
Por último, se estimó necesario incluir una cláusula que dejara a salvo el derecho
de la CEE y organizaciones similares a ser sujetos activos y pasivos de) procedimiento
¡191)
Nota 2 del Informe de la I Reunión de Expertos. Doc. UNEP/CONF. 1/2. Ginebra. Septiembre 1975.
Doc UNEP/CONF. 1/CRP. 1. Barcelona. Febrero 1976.
Doc. UNEP/CONF. 1/CRP. i. Barcelona. Febrero 1976.
Artículos 22 y 24-1 del Convenio de París. Op. cit. en la nota 37 (pág. 335).
Artículos 24 «in fine- y 26-1 del Convenio.
Articulo 19 del Convenio de París. Op. cit. en la nota 37 {pág. 334). Ver YTURRIAGA. op. cit. en
61 (págs. 65-67).
Artículo 19 del Convenio.
previsto para el arreglo de controversias, tas delegaciones comunitarias habían presentado una propuesta en virtud de la cual cuando un Estado Parte tuviera una controversia
con otro Estado, a su vez miembro de la CEE, la demanda debería ser dirigida no sólo
contra ese Estado, sino también contra la Comunidad, quien podría constituirse conjuntamente en parte en la controversia (193).
La delegación española se opuso a esta propuesta por estimar que era discriminatoria para los Estados no miembros de la OEE y propuso una fórmula similar a la establecida en el Convenio de París, en la que meramente se dice que la Comunidad
podrá actuar como parte demandante o demandada ante un tribunal arbitra] (194).
La Conferencia adoptó, finalmente, el texto de París con las correspondientes adapta, ciones de estilo (195).
IV. JUICIO CRITICO DEL CONVENIO
El Convenio de Barcelona y sus dos Protocolos presentan aspectos negativos y positivos, como se ha ido deduciendo del examen de sus disposiciones fundamentales.
No obstante, quiero destacar ahora —a modo de resumen— los puntos que me parecen más significativos.
Tratamiento diferencial de la contaminación por buques.
Mientras en e| Convenio se da un tratamiento similar a la contaminación causada
por operaciones de vertido, por exploración y explotación de los fondos marinos y por
actividades de origen terrestre, la contaminación causada por buques es objeto de
una formulación diferente, a todas luces injustificada, y que, en una interpretación en
conjunto, podrán llevar a conclusiones absurdas: a saber, que las medidas que se
adopten para luchar contra las tres fuentes de contaminación primeramente citadas
podrían no estar en conformidad con el derecho internacional
El que ya exista un convenio universal sobre la contaminación causada por buques —el
de Londres de 1973— no es suficiente motivo, pues también existe un convenio universal sobre la contaminación por vertidos —el de Londres de 1972—, y probablemente se
adoptarán en el futuro convenios universales sobre otras fuentes de contaminación.
En definitiva, lo que refleja este tratamiento diferencial es una cierta desconfianza
sobre la buena fe de las Partes en el Convenio —que siempre se debería presumir—,
al temer que vayan a adoptar medidas contrarias al derecho internacional general, que
puedan poner en peligro el régimen internacional de la navegación. La fórmula más
adecuada para ahuyentar este temor sería, a mi juicio, la adopción de un Protocolo
adicional sobre la contaminación causada por descargas desde buques.
Anomalías en el ámbito de aplicación.
En comparación con la delimitación de la zona del Mar Mediterráneo consagrada
en otros instrumentos internacionales, el Convenio de Barcelona presenta unas ciertas
(193) Enmienda al artículo 8 del Anexo A del Convenio. Doo. UNEP/CONF, 1/CRP. 1, cit. en la
nota 187.
(194) Artículo 8 del Anexo 8 del Convenio de París. Op. cit. en la nota 37 (pág. 339).
(195) Artículo 8 del Anexo A del Convenio.
anomalías por defecto o por exceso. De un lado, el Convenio excluye de su ámbito
de aplicación al Mar de Mármara, con lo que se crea un «vacío jurídico» entre el Mar
Mediterráneo y el Mar Negro. Esto afecta fundamentalmente a la contaminación causada por buques, ya que el Convenio de Londres de 1973 comprende e| Mar Mediterráneo hasta la divisoria con el Mar Negro.
De otro, el Convenio incluye dentro de su ámbito de aplicación una zona en la
parte occidental del Estrecho de Gibraltar —la comprendida entre los meridianos
5o 36' y 5o 55' 56" —actualmente cubierta por otros convenios similares, dándose por
consiguiente una superposición de regímenes jurídicos diferentes en dicha zona. Para
comprender las consecuencias que ello podría tener ante esta concurrencia de normas
internacionales, basta citar el caso del vertido de sustacias nucleares: mientras el
Convenio de Oslo lo permite, el Convenio de Londres prohibe el vertido de las sustancias de alto nivel radiactivo y el Convenio de Barceona el de las sustancias
de alto, medio y bajo nivel.
c) Exclusión de los buques de guerra y aeronaves militares.
A diferencia del Convenio de Oslo —que se aplica a todo tipo de buques y aeronaves—, el Protocolo de Barcelona sobre vertidos excluye de su ámbito de aplicación
a los buques y aeronaves que sean propiedad de un Estado Parte o que, estando a
su servicio, sólo realicen misiones gubernamentales de carácter no comercial. Aun
cuando las Partes se comprometan a procurar aplicarles las normas de] Protocolo, el
compromiso aparece rodeado de tal cantidad de reservas y condicionamientos que es
prácticamente ilusorio.
Esta excepción para el Mediterráneo deja en situación de desigualdad a Estados
que —como Francia o España— son Partes en el Convenio de Oslo y deben, por tanto,
aplicar sus disposiciones a toda clase de buques y aeronaves. Si bien es cierto que el
ámbito de aplicación es diferente —salvo en la pequeña zona anteriormente citada en
la que ambos Convenios se superponen—, no hay que olvidar que, de conformidad
con el Convenio de Oslo, las Partes acuerdan aplicar las medidas que adopten de forma
que no se produzca un desplazamiento de las operaciones de vertido «hacia mares situados fuera de la zona de aplicación del Convenio» (196).
Inserción de una cláusula de emergencia en tierra.
El Protocolo sobre vertidos contiene una cláusula que prevé |a posibilidad de verter
sustancias prohibidas cuando se den determinadas circunstancias de emergencia. Como
ya he manifestado en otra ocasión (197), una interpretación excesivamente lasa de esta
excepción puede constituir una seria laguna en la efectividad del Protocolo y equivaler, en último término, a la supeditación de los intereses de la Comunidad Internacional a los intereses particulares de un Estado.
No obstante, cabe afirmar que, dada la inserción de este tipo de cláusula en otros
Convenios similares —tanto universales, como regionales—, hubiera sido discriminatorio
para los Estadas mediterráneos su no inclusión en el Protocolo. Por otra parte,
(196) Artículo 3 del Convenio de Oslo. Op. cit. en la nota 35 (pág. 132).
(197) YTURRIAGA, op. cit. en la nota 74 (pág. 129).
hay que añadir que ei texto adoptado ha mejorado ligeramente en relación con el Convenio, de Oslo y de forma notable en relación con el de Londres.
e) Ausencia de zonas de vigilancia.
En relación con otros acuerdos similares —como el de Bonn de 1969— es de señalar la ausencia en el Protocolo sobre cooperación de disposiciones que establezcan en
e! Mar Mediterráneo zonas de vigilancia á& la contaminación bajo la responsabilidad
individual o conjunto de los Estados ribereños de >la región.
Esta omisión —criticable en él terreno de los principios— es, sin embargo, excusable, e incluso encomiable, desde un punto de vista de realismo político. En efecto,
el ya de por sí difícil problema de establecer «zonas de influencia» —aunque sólo
sea «a ios efectos del presente Protocolo»— se ve considerablemente magnificado
en un escenario geográfico donde prevalecen intereses políticos antitéticos y confrontados. Un irrealista insistir sobre el tema habría probablemente impedido la adopción
por consenso del Protocolo.
a) Carácter omnicomprensivo.
El Convenio de Barcelona contempla todas las fuentes de la contaminación, así como
otros aspectos importantes en la preservación del medio marino en el Mediterráneo,
tales como la cooperación interregional, la vigilancia de la contaminación o la responsabilidad por los daños cuasados. Si bien sólo cuenta en la actualidad con dos Protocolos,
se prevé que en un futuro más o menos próximo s e irán adoptando protocolos adicionales, hasta llegar a una regulación integral e ¡ntegrda tanto de las causas de la contaminación como de los medios para combatirla o para reducir sus efectos.
A mitad de camino entre la unicidad seguida en el Mar Báltico (Convenio de Helsinki) y la pluralidad de instrumentos en el Océano Atlántico noroccidental (Convenios
de Oslo y París, y otros posibles), el Convenio de Barcelona es una obra realista que
establece ©I punto d© partida y una serie de jalones en el esfuerzo común de luchar
contra la contaminación marina del Mediterráneo en todos sus aspectos.
Respecto de las nuevas tendencias del Derecho del Mar.
El Convenio de Barcelona no se ha limitado a insertar una cláusula de salvaguardia
en relación con los eventuales resultados de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre ©I Derecho del Mar o con las reivindicaciones y tesis jurídicas, presentes
o futuras, de cualquier Estado en esta materia. En sus distintas disposiciones procura tener en cuenta las nuevas tendencias que sobre el tema han ¡do forjándose
Buena prueba de ello es la acertada redacción de las disposiciones sobre el alcance
del Protocolo de vertidos, en relación con los buques y aeronaves que estén registrados en un Estado Parte, carguen en su territorio las sustancias destinadas a ser vertidas
o se estime se dedican a operaciones de vertido «en zona situadas, a estos efectos,
bajo su jurisdicción». Esta formulación supera a disposiciones paralelas contenidas en
los Convenios de Oslo y Helsinki (que limitan el alcance en el último de los supuestos
al mar territorial), así como en el Convenio de Londres {que incluye una fórmula sumamente ambigua y susceptible de contradictorias interpretaciones).
c) Aumento de 'as sustancias prohibidas.
La principal novedad del Protocolo de vertidos en relación con los Convenios de Oslo
y Londres es la prohibición del vertido en el Mediterráneo de todo tipo de residuos
radiactivos, lo que supone una importante salvaguardia para un mar cuya fragilidad es
notoria. También cabe mencionar como un logro positivo parcial —dada la cantidad
de condicionamientos con que ha sido formulada— la prohibición de vertido de los
compuestos ácidos y básicos que por su composición y cantidad puedan poner gravemente en peligro la calidad de las aguas del mar.
Además de las sustancias prohibidas que figuran en los tres instrumentos jurídicos,
el Protocolo i'de Barcelona ha tenido la virtud de completar al máximo la «lista negra»,
incluyendo sustancias que aparecen en el Convenio de Londres, pero no en el de Oslo
{petróleo e hidrocarburos de él derivados y materias producidas para la guerra química y biológica) y viceversa (compuestos orgánicos del silicio}.
d) Establecimiento de un centro regional.
Aun cuando la decisión de establecer en Malta un centro regional de lucha contra la
contaminación por hidrocarburos en el Mediterráneo ha sido adoptada por los representantes asistentes a la Conferencia de Barcelona relativamente al margen del Convenio, no es menos cierto que el Protocolo sobre cooperación prevé la existencia de tal
centro, ál que encomienda una serie de funciones.
La creación del citado centro es un hecho positivo que pone de manifiesto el espíritu de cooperación de los ribereños del Mediterráneo. Si las funciones que le han
sido encomendadas son un tanto modestas, a medida que vaya entrando en funcionamiento podrá írsele encomendando nuevas misiones en el ámbito de la lucha contra
la contaminación. Por otra parte, el centro de Malta puede servir como intermediario
y punto de conexión entre los distintos Estados mediterráneos. Su mero establecimiento —impensable hace tan sólo unos años— es una conquista notable que merece ser destacada.
e) Colaboración intermediterránea.
Si el aspecto político más destacado del Convenio de Helsinki es el de la colaboración institucionalizada de países pertenecientes a los dos grandes bloques antagónicos de Europa (198), algo semejante cabe señalar en el Convenio de Barcelona: por
la primera vez desde la postguerra se ha logrado adoptar un convenio que consagra
¡nstituclonalmente la colaboración entre todos los Estados ribereños del Mediterráneo,
YTURRIAGA, op. c l t .
en la nota 88 (pég. 402).
por encima de sus diferencias ideológicas, políticas, socio-económicas y culturales
o, al menos, dejándolas de lado. Como no ha dejado de destacar uno de los más influyentes medios de difusión internacional, el Convenio de Barcelona supon© «una verdadera declaración de guerra a la contaminación, lanzada por una amplia coalición que
ha reunido a Estados poco habituados a sentarse en la misma mesa» (199).
«Vivimos el año 1 del Mediterráneo», afirmó el Ministro francés de la Calidad de la
Vida señor Fosset en la ceremonia de firma del Convenio. E| llamado «espíritu de Barcelona» no tía sido sino él reflejo de esta decidida voluntad de colaboración de los
Estados ribereños del Mediterráneo, voluntad que se manifestó de forma inequívoca en
el hecho poco corriente de que, el mismo día de su adopción, doce Estados firmaron el
(199) «Au chevet de la Médlterranée». Editorial de Le Monde, de 18 de febrero de 1976.

References: Resolución 
 Artículo 36
 artículo 11
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 14
 Artículo 4
 Artículo 2
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 Artículo 1
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Artículo 6
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 Artículo 23
 Artículo 27
 artículo 2
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 Artículo 1
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 artículo 5
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