Source: http://politicaderecho.blogspot.com/2009/10/
Timestamp: 2018-01-17 18:21:31+00:00

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POLITICA Y DERECHO: octubre 2009
¿CÓMO REDUCIR EL COSTO DE LA POLÍTICA?
En esta temporada de aprobación de presupuestos y de contracción de ingresos públicos se vuelve casi un lugar común clamar por la disminución de los recursos públicos a los partidos. En los medios, en las tertulias, se repite una y otra vez que los partidos nos salen muy caros y que es la hora de quitarles privilegios. En las líneas que siguen voy a desentonar con buena parte del eco que produce la voz mayoritaria, señalando que ya se dio una reducción significativa de los dineros a los partidos y señalando que, en todo caso, un nuevo recorte a su financiamiento no puede responder sólo a la lógica del castigo a unas instituciones que son indispensables para la democracia.
Con la reforma electoral de 2007 se decidió que el dinero que reciben los partidos políticos a nivel federal se determinara a partir de multiplicar el 0.65 de un día de salario mínimo por el total de ciudadanos inscritos en el padrón. Quienes aseguran que en México hay “partidos ricos” no suelen tomar en cuenta que, en promedio, a cada ciudadano tener un sistema de partidos –con todas sus deficiencias– le cuesta unos 35 pesos al año, menos de 10 centavos al día; es decir, no es un monto que, utilizado en otro fin, pudiese resolver alguno de los grandes problemas nacionales o de bienestar. Pero la cancelación de esos fondos, de esos dos euros al año por persona empadronada, llevaría a los partidos políticos a buscar recursos en el sector privado para sobrevivir. En el mejor de los casos, los partidos que lograran reunir suficientes ingresos para mantener sus estructuras dependerían de los particulares, por lo que el partido puede ser “capturado” por algún grupo de interés económico privado. Entonces, castigar los recursos de los partidos no resuelve nada pero sí genera un problema político de magnitud considerable.
En lo que toca al financiamiento para cubrir las erogaciones de los partidos durante las épocas de proselitismo electoral, la reforma de 2007 especificó lo siguiente: que en año de campañas el monto de financiamiento público se ampliara, pero sin duplicarse –como ocurrió entre 1996 y 2006–, y se diferenciaran los procesos electorales en que se renueva la totalidad del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República de aquellos en que sólo se eligen los 500 asientos de la Cámara de Diputados. Así, en una elección total se amplía el monto de recursos públicos en un 50 por ciento, y en un 30 en las llamadas votaciones intermedias.
Esa disposición impactó a la baja los costos de las elecciones federales en México y, en particular, de las campañas. En la elección de 2009, la primera a nivel federal que se llevó a cabo bajo las nuevas disposiciones, el financiamiento público en términos reales disminuyó frente a la de 2003 en 74 por ciento (819 millones frente a tres mil 142 millones de pesos). Es decir, se trata de un ahorro de dos mil 323 millones de pesos a precios de 2009. Esa es una reducción de costos evidente, tangible.
Algo que hizo factible que se redujera el financiamiento en gastos de campaña fue la decisión del Constituyente permanente de prohibir la compra de publicidad electoral en radio y televisión. Así, los partidos no tuvieron que destinar grandes montos de recursos a las empresas de comunicación electrónica del país para asegurar que sus mensajes llegaran a la ciudadanía. Este cambio en el modelo de acceso de los partidos a la radio y la televisión favoreció que se desactivaran parte de los incentivos estructurales de los partidos para buscar recursos financieros adicionales, lo cual contribuye a “blindar” la vida política de la injerencia de dinero de origen opaco e incluso delincuencial.
Con la nueva legislación en materia de medios y elecciones se avanzó en la equidad en la contienda. Por ejemplo, en 2006 el IFE detectó la existencia de 601 mil anuncios en televisión y de un millón 385 mil en radio, los cuales tuvieron un costo agregado de casi dos mil millones de pesos (mil 973 millones de pesos). En promedio cada anuncio de radio y televisión costó dos mil 606 pesos al erario, pues los spots se pagaron con los recursos públicos que a través de financiamiento del IFE se entregaron a los partidos. De esos spots, en televisión, al PAN le correspondió el 25.7 porciento, a la coalición del PRI el 44.5 por ciento, a la alianza encabezada por el PRD el 21.2 por ciento, al Panal el ocho por ciento y a Alternativa Socialdemócrata el 0.5 por ciento.
Gracias a la reforma electoral, la presencia de los partidos en los medios se debe no a su capacidad financiera ni al trato más favorable o desfavorable que reciban de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, sino de un criterio que otorga el 30 por ciento del tiempo del Estado a todos los partidos por igual y el 70 por ciento restante en función del porcentaje de votos alcanzado en la elección previa. En 2009, el partido que más presencia tuvo en los medios fue el PAN, con un 28 por ciento, y el que menos el Partido Socialdemócrata, con un 5.8 por ciento. Lo anterior evidencia que la reforma electoral hizo más equitativo el acceso a los medios de comunicación.
La clave para reducir el costo de las elecciones está en haber prohibido la compra de anuncios en radio y TV, al tiempo que se garantizó el acceso de los partidos a los medios electrónicos a través de los tiempos oficiales del Estado.
Se trata del modelo que puede ser favorecido. La propuesta de volver a reducir el dinero a los partidos, como ya se vio, no significa mayores economías; es una propuesta que puede ser popular, pero también es poco racional.
¿Quién apagó la luz en el gobierno federal, en el Congreso de la Unión, en los partidos políticos y también en las entidades federativas? ¿Quién? Nadie encuentra el tablero de mandos ni se identifica por ningún lado a los pilotos. El país va al garete, extraviado, siguiendo una perturbadora ruta de colisión. Los operadores, la mayoría de ellos descalificados e improvisados, chocan los unos contra los otros en la absoluta oscuridad, culpándose anticipadamente del desastre que viene. A pesar del rumbo suicida que ha tomado la nación, ignorando irresponsablemente el margen de maniobra con el que todavía se cuenta, aún así, en lugar de escucharse voces angustiosas de alarma, se oye, en cambio, un intenso intercambio de golpes, seguido de epítetos altisonantes en la lucha por hacerse a cualquier precio del timón. Muy pocos se localizan en sus puestos y quienes se encuentran al frente de ellos desconocen el manejo profesional del aparato político. Las brújulas se perdieron al caer por la borda de buen tiempo atrás. Ningún miembro de la tripulación domina los instrumentos de navegación ni logra someter a los demás con un conocimiento superior. Ninguna voz vale. La autoridad y el liderazgo son inexistentes. Todos quieren imponer sus puntos de vista en función de sus propios intereses personales, por lo general inconfesables. Los desplantes furiosos se suceden los unos a los otros, al igual que las recriminaciones y las amenazas. Los expertos parecen haber sido los primeros en ser barridos de la proa. La ignorancia dirige las operaciones entre carcajadas de horror. No hay quien reconozca sus limitaciones. En lugar de palabras se dan los empujones. En lugar de argumentos se dan los insultos. En lugar de las negociaciones para evitar el naufragio se dan los arrebatos, la expresión de las ambiciones más descastadas. La política ha fracasado junto con la exposición de razones. Las perspectivas han desaparecido del horizonte.El Presidente, supuestamente el capitán, perdido en el griterío, manda, a modo de solución, un proyecto de ruta tortuoso que, lejos de conducir la nave a buen puerto, sólo complicará la ya, de suyo, difícil situación. En plena tormenta, en lugar de arriar las velas para oponer menos resistencia al viento, ordena que aquellas se desplieguen sin percatarse de que puede provocar un percance catastrófico. ¿Por qué imponer gravámenes en plena crisis económica para complicar aún más la precaria posición de los desposeídos, en lugar de aligerar el bajel arrojando al mar la pesada carga que amenaza las posibilidades de flotación? Es decir, ¿por qué no cancelar los subsidios, como los de la gasolina, entre otros más, contraer violentamente el dispendio público, con tal de no aumentar las cargas tributarias? Nadie se sacrifica. Ahoguémonos juntos. Muera la inteligencia. Viva la muerte. El “Jefe” dice que las empresas poderosas “rara vez pagan sus impuestos en forma correcta.” ¿Sabrá el dicho “Jefe” que existe un equipo de mecánicos auditores federales que supuestamente están capacitados para evitar fraudes fiscales? ¿Por qué no audita a fondo a los gigantes que no pagan? ¿Por miedo a enfrentar otros poderosos intereses creados? ¡Que lea a Franklin Delano Roosevelt y aprenda a ser valiente! Franklin, ¿qué..?¿Quién apagó la luz? ¿Por qué no encenderla para diseñar una estrategia económica de largo plazo? ¿No hay quien la diseñe? ¿Ya se murieron los grandes economistas mexicanos? ¿Ya no hay estrategas? ¿Y el PRI que pretende gobernar otra vez en 2012 sólo sabe parchar y enmendar hasta agotar la paciencia ciudadana? ¿Cuánto falta para que ésta se agote? ¿Cuánto falta para que el pueblo enfurecido vuelva a entrar con lujo de violencia en el Congreso de la Unión para echar a patadas a esos presupuestívoros que piensan en todo menos en sus representados? Todo parece indicar que en 2012, afortunadamente, el PAN se irá de Los Pinos, para que desafortunadamente vuelva el PRI dentro de tres años…El susto que nos llevaremos cuando finalmente prendan la luz en el Poder Ejecutivo Federal y en el Congreso de la Unión, sólo para descubrir rostros desconocidos que ignoran los principios elementales de operación del aparato político cuando nos encontramos al borde de una gigantesca catarata…Al analizar el origen del desastre debemos preguntarnos, ¿dónde acaba la culpa de los gobernantes y empieza la de los gobernados? ¿O existen las culpas absolutas..?
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 17:19 No hay comentarios:
HOMENAJE A MAXIMO CARVAJAL
Al concurrir al acto en el que se develó una placa con el nombre de Máximo Carvajal Contreras en una aula de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, me hizo recordar un pequeño Tratado que Marco Tulio Cicerón escribió en el año 44 a. de C. sobre la amistad. Dícese que desde Platón y Aristóteles no se habían escrito tan bellas palabras y yo agrego que difícilmente se han agregado otras más a las del príncipe de los oradores romanos. Este estudio, ya al fin de la vida del orador, hombre de gobierno, filósofo y político, nos define dentro de un diálogo espontáneo y natural cuáles son los elementos necesarios para que la amistad exista entre los hombres. Es, dice, nacida de la misma naturaleza del hombre como espontánea inclinación del alma y no de mezquinos egoísmos. El amor debe ser de benevolencia y no de interés, porque cuando éste aparece destruye la amistad. Pero ni Máximo ni yo nos hemos buscado con fines políticos que, como bien se sabe, son siempre del interés de la naturaleza humana.
Dice uno de los más notables juristas de la antigüedad que la amistad supone una elección de amor y en ella difiere de la amistad por parentesco que aquí tampoco ocurre, porque aunque su tío Máximo fue secretario del ministro de la Suprema Corte de Justicia en el cardenismo Hermilo López-Sánchez, mas no hay vínculos tampoco de sangre. Y para comprender mejor la relación entre el homenajeado y el que escribe, ésta se fraguó siempre en la igualdad de un mismo sentir y querer, que como él bien dijera, son la nación, el país y nuestro México. En las varias décadas de esta insólita amistad, jamás se ha dado la simulación, el recelo y la ruptura, pese a que sin duda no pensamos igual de las cosas de Chiapas, que es su tierra.
En nuestros diálogos del jurista y funcionario con el diplomático y el profesor nunca hubo ni la severidad ni el rigor y si bien reconozco que algún favor se me hizo al ingresar al claustro académico de nuestra Facultad, más fue un favor honesto y noble, y si ahora aconsejo al amigo es también a la manera de servirlo, porque en mis venas "bassolianas" no ha cabido la adulación a nadie, que como Cicerón dice, es el mayor azote de la amistad. Digo hoy, por tanto, que espero ansioso y confiado oír a Máximo dictar cátedra como jurista espléndido que lo es y sacudirse de rufianes en la tribuna, cuando ministros de la Suprema Corte y amigos están presentes.
Todo esto aquí dicho es un prólogo a un hombre que ingresó a la UNAM en 1958 y que llegó al codiciado y satisfactorio puesto de director de la Facultad en 1991 y por espacio de 8 años. Fue a mi vuelta de 30 años al servicio de los mejores valores de la Cancillería que él me volvió a abrir la puerta de la enseñanza, en la que prosigo con mayor ahínco y ciertamente con mayor experiencia. Fui testigo de una importante reforma al plan de estudios de la escuela que ciertamente se "exigía", porque México de rodillas y en las rodillas había firmado el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. No tengo la cualidad para valorar los cambios que se hicieron al crearse nuevas materias pero sí pude ver la transformación del pensum del posgrado.
Vi entrar a una nueva generación de profesores, algunos de ellos de excelencia, aunque no coincido en que el grado académico necesariamente les da jerarquía, porque entonces sería yo doctor en política exterior, que es lo que merece todo embajador de carrera que haya cumplido con su conciencia. Se reconoció también a numerosos maestros que sin duda es y será lo más legítimo y, la escuela, dice Máximo, produjo de sus profesores 400 obras publicadas. Si bien el reconocimiento de Conacyt al doctorado en derecho fue valioso, más lo fue el nivel académico de sus egresados. Cupo, concluyendo, el honor al doctor Carvajal de que una generación de futuros internacionalistas ganaran un concurso mundial con la muy valiosa asesoría de sus maestros.
Bien puede entonces el amigo sentirse seguro de que entre los dos hemos cumplido a cabalidad el mensaje del autor de las célebres Filípicas contra Catilina. "Hasta cuándo Catilina seguirás abusando de nuestra paciencia...".
La vigencia plena de los derechos humanos debería ser el piso de nuestra convivencia social. Se trata del mínimo necesario para que la existencia se convierta en vida civilizada. Sin ello lo que debería ser una coexistencia armónica muta en relaciones marcadas por el abuso y la discriminación. Y por desgracia, la eficacia de los derechos humanos no se decreta. No existe posibilidad alguna de que por arte de magia se instalen entre nosotros. Se trata de una construcción que reclama desde operaciones legislativas hasta la pedagogía que irradien las escuelas, desde prácticas institucionales que los conviertan en rutinas hasta medios de comunicación comprometidos con su fortalecimiento. Y un eslabón fundamental es la institución que por ley debe ser la que vele por su cabal vigencia.
Por ello es tan importante el nombramiento del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La siguiente es mi glosa del documento que Emilio Álvarez Icaza (EAI) presentó al Senado.
1. EAI no se mimetiza con una pulsión muy extendida entre algunas organizaciones no gubernamentales que piensan que la relación entre Estado y sociedad civil es un juego de suma cero, que lo que gana uno lo pierde la otra. Sabe que la mejor garantía para la eficacia plena de los derechos es la edificación de un Estado democrático, único capaz de construir las condiciones para una convivencia con el menor número posible de injusticias y violaciones a los derechos.
2. EAI sabe que el conflicto es parte de la vida, máxime de la vida política. Diversos intereses y visiones tienden a entrar en contradicción y pretender la supresión de los enfrentamientos por decreto no es más que un ensueño conservador o en el peor de los casos una pulsión autoritaria. "Por ello -dice- es indispensable que el defensor del pueblo ejerza la función de facilitador del diálogo plural para la búsqueda de acuerdos". No se trata sólo de una declaración. El Diagnóstico y el Programa que construyó con otras instituciones del DF son el mejor ejemplo de esa capacidad concertadora.
3. Ninguna buena voluntad debe estar por encima de la ley. Por esa vía no son pocas las autoridades que acaban descarrilando a las instituciones. "La defensa de la legalidad" es un piso que da certeza a todos y es la base sobre la que puede y debe trabajar una institución responsable. Ese basamento, ejercido con plena autonomía, es lo que puede fortalecer a la CNDH y su ascendiente moral.
4. Dos conductas tienden a erosionar a las instituciones. La sub actuación y la sobre actuación. La primera es sinónimo de omisión, y la segunda de exceso. Tiene razón EAI cuando afirma que "la inacción o la intervención incorrecta en casos de conflictos sociales resultado de violaciones a derechos humanos ha provocado en la historia reciente... que algunos de estos se acrecienten -siempre en contra de la situación de las víctimas...". La experiencia como ombudsman del DF lo ha templado en ese renglón.
5. Las comisiones no pueden estar a la espera de que les lleguen las denuncias. Por el contrario, "es fundamental atender las causales y no sólo los casos", asumir una actitud "proactiva". En esa dirección los informes que elaboró la CDHDF en los últimos años son una muestra significativa de lo que se debe hacer.
6. No se descubre nada si se afirma que la violación a los derechos humanos es más persistente y profunda entre las franjas de la población más pobre. A la pobreza material hay que sumar la exclusión de los circuitos que hacen posibles la apropiación de los derechos (educación, salud, acceso a la justicia, etcétera). "La integralidad de los derechos es indispensable para hacer posible que derechos humanos, democracia y desarrollo constituyan un círculo virtuoso".
7. La causa de los derechos humanos debería servir para sumar e incluso multiplicar esfuerzos. No es una tarea exclusiva de la CNDH y las otras comisiones, sino una auténtica causa social. Por ello la "vinculación con la sociedad para la corresponsabilidad" es uno de los temas privilegiados en la agenda de EAI.
8. Promover, educar, capacitar son verbos con los que se conjugan los derechos humanos. Todo lo que se pueda hacer en ese terreno debe ser realizado. Muchos mexicanos no saben que son sujetos de derechos, otros no los ejercen, e incluso no pocas autoridades dan la espalda a esa dimensión. Por ello, promover...
9. Las instituciones públicas deben ser públicas, también en el sentido de rendir cuentas, trabajar con austeridad, verificar su eficiencia en el cumplimiento de sus encomiendas. No deben estar sujetas sólo a la voluntad de su titular sino a la de sus equipos de trabajo y al de su cuerpo colegiado de consulta. Y el paso de EAI por la CDHDF da testimonio de ello.
10. En materia de derechos humanos ningún país debería ser una isla. La cooperación internacional es imprescindible para promoverlos en todo el orbe y también para que México no encuentre excusa para que nuestros estándares sean los internacionales.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 10:52 No hay comentarios:
Es posible que, llevados por el oportunismo de un compromiso político con el clero, los partidos que han promovido las reformas a las constituciones en contra del aborto y de la eutanasia en 17 estados no hayan advertido la magnitud del dislate jurídico, histórico y ético que han perpetrado.En la mayor parte de esos estados las reformas a sus constituciones contienen tres elementos constantes y uno variable. Los constantes son: la vida queda protegida desde el momento de la concepción; esa protección se extiende hasta la terminación natural de la vida, y el concebido se considera como nacido para todos los efectos legales. De esta manera el cigoto, incluso antes de su implantación en el endometrio, es constitucionalmente una persona nacida con todos sus derechos. El elemento variable es una prevención conforme a la cual algunas constituciones aclaran que no derogan “las excusas absolutorias ya contempladas en la legislación penal” (este texto corresponde al proyecto de Sinaloa). Sin embargo, con o sin reserva, las reformas constitucionales en esos estados tienen el efecto jurídico de derogar el delito de aborto y dejan sólo el de homicidio o infanticidio. Como tipo penal, el aborto consiste en provocar la muerte del producto de la concepción, en tanto que el homicidio se produce al privar de la vida a otro. Al reputar como persona nacida al óvulo recién fecundado, la muerte de cualquier cigoto es un homicidio, sea que resulte de un aborto o de la disposición de material fecundado en un laboratorio. Los médicos y técnicos que intervengan en maniobras de inseminación artificial también serán homicidas por lo que respecta a los óvulos fecundados no desarrollados. Por esa pendiente al absurdo, los productores y los distribuidores de espermaticidas podrían ser considerados cómplices de un delito muy grave. Si la pérdida del producto resultara de algún problema fisiológico involuntario, sería un homicidio culposo y, como señala el proyecto sinaloense, cabrían algunas de las causas excluyentes del delito previstas en el artículo 26 del Código Penal; pero si el aborto fuera intencional, se estaría ante el caso de un homicidio con todas las agravantes.Supóngase que se trata de una mujer violada, o de una que corre riesgo de morir, o de otra cuyo producto presenta malformaciones. Si cualquiera de esas mujeres decidiera abortar, su acción sería un homicidio agravado. Para seguir con el ejemplo de Sinaloa, veamos lo que el Código dice: hay premeditación cuando el agente reflexiona sobre la comisión del delito; hay ventaja cuando el ofendido no tiene oportunidad de defensa, y hay traición cuando el victimario viola la expectativa de seguridad y confianza del ofendido. En suma, en Sinaloa las actuales sanciones por abortar, que van de tres meses a tres años de prisión, pasarán a un mínimo de 22 y a un máximo de 50 años de reclusión, equivalentes a las aplicables en ese mismo estado con motivo de un homicidio precedido de secuestro. Si el delito imputado fuera el de infanticidio, la pena oscilaría entre 25 y 50 años.Celebro que en Michoacán haya habido legisladores responsables que evitaron una reforma análoga, y felicito a la nueva legislatura de San Luis Potosí que, en oposición al criterio de su antecesora, promovió una inteligente y muy bien fundada acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ejemplos que ofrezco en este artículo muestran hasta dónde se puede llegar cuando el fanatismo se adueña de la vida pública y hace escorar al Estado secular. La ciudadanía califica al secuestro seguido de homicidio como el más deleznable delito posible; ahora los legisladores de dos partidos en varios estados equiparan a las mujeres que abortan con esos asesinos. Tenía razón Goya cuando afirmaba: “El sueño de la razón produce monstruos.”
PAQUETE FISCAL EVIDENCIA ERRORES PANISTAS Y DIVISIONES PRIISTAS
La aprobación del paquete fiscal en la Cámara de Diputados y su tránsito al Senado evidenció la novatez y desaseo político de los operadores panistas
La aprobación del paquete fiscal en la Cámara de Diputados y su tránsito al Senado evidenció la novatez y desaseo político de los operadores panistas, empezando por su dirigente nacional César Nava, y la cada vez más clara división al interior del PRI, que puede generar más encontronazos entre las dos cámaras del Congreso de la Unión, pues entre el nuevo líder de los diputados tricolores y el líder de los senadores no existe la cercanía que existía en la anterior legislatura. Si bien el paquete fiscal aprobado por los diputados no era exactamente el propuesto por el Ejecutivo federal, básicamente por el Presidente Felipe Calderón y el Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, sí era muy cercano y casi plenamente satisfactorio para ellos. Y aquí aparecen los errores de operación: primero, Hacienda y, el Ejecutivo en general, no se tomaron la molestia de negociar, o al menos, informar formalmente los cambios, con su bancada, dan por un hecho que los diputados blanquiazules tienen que seguir la línea de su coordinadora; segundo, es evidente que tampoco tomaron en cuenta al líder de su partido, que se enteró como todos los diputados simplemente cuando recibió la orden de apoyar; y tercero, el joven líder blanquiazul sin consultar con nadie trata de cargar los costos del alza en la tasa del IVA, la propuesta más rechazada por la población en general, al PRI. El PRI nuevamente muestra su oficio político y para marcar su distancia simplemente filtra un oficio del subsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, dirigido al presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, el también panista, Mario Becerra, en el que señala: "Para resolver este punto del paquete fiscal al cual no se ha llegado a un acuerdo [el 2 por ciento propuesto] y con el ánimo de construir los consensos necesarios entre los diferentes grupos parlamentarios representados en esa Cámara, esta Secretaría [Hacienda] considera una alternativa incrementar en un punto porcentual la tasa del Impuesto al Valor Agregado, tanto la general, como la aplicable en la frontera". Al día siguiente, el jueves 22, tanto la dirigente nacional, Beatriz Paredes, como otros connotados priistas aprovecharon las declaraciones de Nava para disfrazar sus diferencias. Es evidente que el aumento del IVA fue un asunto negociado con los gobernadores, encabezados por Enrique Peña Nieto, que saben que de cada peso adicional que se capte por esta vía, el 30 por ciento, casi la tercera parte, les llegará directamente a sus gobiernos. Así los gobernadores son los principales interesados en apoyar esta iniciativa, que sí les permite recibir recursos adicionales, contra la del 2 por ciento generalizado al consumo para combate a la pobreza, que se pretendía utilizar para apoyo a los programas federales, pero sin repartir recursos a los estados. Los más ávidos de incrementar su caudal de recursos son los gobernadores de los ocho estados gobernados por priistas que tendrán elecciones el próximo año: Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, salvo este último en todos los casos hay elecciones para gobernador. Una buena parte del éxito electoral del PRI descansa en el manejo de los recursos públicos para hacerse de clientela electoral, sea por la vía de regalos, el metro y el agua gratis, como hizo el Gobernador neoleonés en plena contienda electoral, o el aumento inusitado en la distribución de despensas, al estilo Peña Nieto, o por la vía de presionar a los electores para que voten por su partido a través de retenerles su credencial de elector, pasar por ellos el día de la jornada electoral, obligarlos a mostrar fotos de su boleta cruzada por un partido político y otras más, como muestra la encuesta que realizó la organización de la sociedad civil, Alianza Cívica, en 23 distritos de diez estados de la república, donde el 28 por ciento de los encuestados manifestó haber sido víctima de alguna de estas prácticas. Todas estas maniobras requieren dinero contante y sonante, particularmente las que tienen que ver con la presión a los electores, pues además de los del aparato humano que se requiere para lograrlo, se necesita efectivo para compensar, por cualquier vía, a los electores; por ejemplo, en el caso de la retención de credenciales uno de los usos comunes es darles una cierta cantidad de dinero por entregar su credencial de elector el viernes previo a la jornada electoral y regresárselas el lunes posterior, una vez que hayan transcurrido los comicios y ellos no hayan podido sufragar, esto se hace normalmente en zonas identificadas con partidos opositores y aquí la lógica que priva es "prefiero una abstención que un voto en contra". Estas prácticas no son exclusivas del priismo, se han extendido a todos los partidos políticos, sin embargo, como los tricolores retienen 19 gobiernos estatales, contra 7 de los blanquiazules y 6 de los amarillos, son los que más aprovechan las participaciones federales a los estados. Por ello no es de extrañar que las declaraciones de todos los gobernadores en funciones hayan sido favorables a la reforma fiscal. Así, dentro del PRI, por un lado se encontraban los gobernadores, encabezados precisamente por Peña Nieto, que aunque no tiene elecciones el próximo año, sí quiere conservar su caudal de recursos para continuar con su posicionamiento televisivo para estar en una inmejorable posición para competir por la Presidencia de la República y, que operó a través del coordinador de los diputados tricolores, Francisco Rojas; por otro, Manlio Fabio Beltrones, que prefiere erigirse como el defensor de la ciudadanía y aprovechar sus buenos oficios para beneficiar a los poderes fácticos, particularmente a Televisa, a través del control de los senadores priistas, así como de un puñado de diputados. Y con una tercera posición, Beatriz Paredes, que aprovechó la intervención de Nava para culparlo de cualquier cambio en la posición tricolor, pues "Estas declaraciones, además de inoportunas, además de tener un claro cariz electorero, además de pretender involucrar a quienes con responsabilidad han actuado en el marco de una situación difícil para la Patria, enrarecen el ambiente político de diálogo", y señaló que junto con los coordinadores de las bancadas priistas y ahora los gobernadores, definirán su nueva posición. Estas posiciones se hicieron todavía más evidentes en la reunión que sostuvo la dirigencia tricolor con los líderes de las bancadas y los responsables de las negociaciones económicas en ambas cámaras, así como, 16 de los 19 gobernadores. Al concluir la negociación el domingo por la tarde, fue evidente que no había acuerdo alternativo, pero sí la férrea oposición del líder del Senado Manlio Fabio Beltrones a autorizar el aumento de un punto porcentual en el IVA. Así aunque la aprobación del paquete fiscal en el Senado siempre estuvo en riesgo, por las diferencias priistas, la inoportuna y vociferante intervención de Nava, fue un pretexto inmejorable para cubrir esa división tricolor.
¿MÉXICO UN MODELO? ¿PARA QUIÉN?
¿A quién le puede interesar nuestro ejemplo? El tamaño del fracaso político del México de hoy lo da el hecho de que nadie considere al actual proceso mexicano como un caso a imitar. Sin embargo, resulta que en algún lado a alguien le parece interesante reexaminar, de cara al futuro, el modelo anterior, ese que creíamos deslegitimado y superado: ¡el priista y autoritario! Lo anterior se desprende de una pequeña pero reveladora referencia aparecida en la prensa extranjera. En su tiempo, el México de la Revolución y su régimen fueron considerados fuente de inspiración por algunas corrientes nacionalistas y progresistas de América Latina. La post Revolución atrajo el interés del otro extremo, de la derecha, como resultado de la aparición de la Revolución Cubana. Entonces ciertos círculos norteamericanos vieron en el México de los 1960 una alternativa frente a Cuba, pues su sistema se presentó como revolucionario pero democrático, con una mezcla adecuada de economía de mercado y estatal y con una política exterior independiente. Hoy no hay nada semejante. Ni a la derecha ni a la izquierda o a lo que está entre ambas, les parece que haya algo original y positivo en un país que llegó tarde la transición democrática y que lo hecho a partir de entonces carece de calidad e incluso viabilidad. Actualmente, los mexicanos que se interesan en lo que sucede allende las fronteras tienen plena conciencia de que nuestro país ya no puede ser visto como paradigma por nadie y, en cambio, miran con interés y cierta envidia al proceso brasileño. En realidad, esa envidia mexicana que aflige desde a empresarios hasta ciudadanos de a pie frente al éxito brasileño ya se nota y mucho. Por ejemplo, The Economist, 17 a 23 de octubre, señala con algo de sorna que hoy "En México la envidia en relación a Brasil es más intensa que nunca". Y es que si bien el gigante sudamericano tiene muchos de los problemas que nosotros tenemos, en él domina el optimismo y un proyecto de futuro en tanto que acá campea el pesimismo y una sensación de ir a la deriva. La raíz de la diferencia de actitudes en Brasil y México se explica no es sólo porque mientras la economía del primero va hacia delante la nuestra retrocede, sino también porque Brasil cuenta con un liderazgo político de gran calidad y México no. En el reinicio de su vida democrática los brasileños se toparon con un gran fracaso llamado Fernando Collor de Melo, de derecha y corrupto, pero que pudo ser superado mediante su destitución en 1992. Luego, el par de presidentes que desde 1994 han habitado en el Palacio do Planalto, Fernando Henrique Cardozo y Luis Inacio Lula da Silva, han resultado excepcionales. El primero, un académico de fama mundial que se convirtió en hombre de acción; el segundo, un líder obrero sin educación formal pero con una personalidad y sensibilidad formidables que le permitieron llegar a una posición hasta entonces vedada a los de su clase. Ambos resultaron figuras a la altura de sus desafíos históricos. En contraste, los dos últimos jefes del Ejecutivo mexicano simplemente sorprenden por la mediocridad de su personalidad, su idea de la política y sus colaboradores, por su falta de sensibilidad social y su tolerancia de la corrupción e injusticia. En las condiciones actuales, nuestro País no puede ser interesante para nadie. Y sin embargo, el Financial Times, 19 de octubre, al abordar el caso de otro país que fue modelo para muchos pero que hoy ya no lo es, Rusia, señala que en ese enorme país al que actualmente lo mantiene a flote su riqueza petrolera y el duro puño de Vladimir Putin, hay quienes se interesan por estudiar el exitoso modelo chino, un partido comunista que mantiene el control total de la política y un sistema económico exitoso, mezcla de capitalismo salvaje y estatismo. Ahora bien, además del modelo chino, al círculo de Putin le interesan otros dos casos: Japón, donde un solo partido, el Liberal Democrático, dominó la escena política desde 1955 hasta hace apenas unas semanas y el México del PRI, donde también un solo partido dominó la vida política desde su creación en 1929 hasta el 2000. Se trata, como lo señala el diario británico, de un par de países donde, bajo una apariencia democrática, funcionó un sistema de partido único: ¡el ideal de Putin! Lo ejemplar de México: su autoritarismo. La pregunta del inicio: ¿quién se puede ocupar del modelo mexicano? tiene como respuesta: los interesados en el sistema que prevaleció en México hasta antes de 2000; ese viejo modelo aún despierta interés entre los autoritarios. Y es que el sistema priista fue uno de los no democráticos más longevos, y en ese sentido, más exitosos del Siglo 20. El grupo que crearía al PRI en 1929 llegó al poder 13 años antes, por la vía armada y montado en el triunfo del carrancismo. En virtud de lo anterior, se puede afirmar que monopolizó el poder por 84 años ininterrumpidos, hazaña no igualada en el siglo pasado por ningún otro grupo político en el mundo. Los bolcheviques rusos, por ejemplo, se hicieron del poder a fines de 1917, es decir, un poco después que los carrancistas y lo perdieron en 1991, nueve años antes que los herederos del carrancismo. Desde la perspectiva anterior, la longevidad del autoritarismo priista es mayor que la del totalitarismo soviético, de ahí el comprensible interés de algunos en el círculo de Putin por conocer la naturaleza del sistema político mexicano del siglo pasado. Y ese interés debería aumentar si los rusos toman en cuenta que, mientras el PC soviético dejó de existir al perder el poder, el PRI no, pues en más de la mitad de los estados ha sobrevivido intacto. Finalmente, los interesados en desentrañar los secretos de autoritarismos de carrera larga, se impresionarán más por el caso mexicano si toman en cuenta la recuperación del PRI en las elecciones de 2009 y, sobre todo, si el viejo partido creado por Plutarco Elías Calles recupera el poder en 2012. Y es aquí donde el tema cobra gran importancia ya no para los rusos sino para los mexicanos. ¿El PRI o el Pasado Como Futuro? Se comprende que en la Rusia actual se pueda considerar un avance pasar de la estabilidad totalitaria de Stalin o Breshnev a una posible estabilidad de corte autoritario, pero en México eso significaría un retroceso. Sin embargo, el triunfo electoral del PRI en las elecciones intermedias de este año, combinado con la debilidad de una izquierda dividida, abre la posibilidad de que una mayoría ciudadana, por ahora sólo relativa, decida reaccionar al fracaso panista aceptando como verdad un viejo proverbio conservador: "Más vale malo por conocido que bueno por conocer". Es posible que en las 10 elecciones estatales del año entrante el PRI avance en su recuperación. Sin embargo, lo verdaderamente dramático, y traumático, sería que esa circunstancia fuera el anuncio de que esa mayoría relativa dará su voto a quien gane la contienda interna priista en curso. Y es que a estas alturas todos los precandidatos del PRI para 2012, Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, etcétera, fueron forjados en la antigua fragua antidemocrática. La derrota de 2000 no llevó al PRI a cambiar su esencia. El que fuera un partido de Estado sigue comportándose acorde a su naturaleza original. Una prueba de ello se tiene al examinar cómo procesaron sus crisis políticas los actuales gobiernos priistas de Puebla y Oaxaca. Mario Marín y Ulises Ruiz actuaron en sus respectivas coyunturas críticas de la misma manera en que lo hicieron antaño todos los gobiernos priistas. En Veracruz o el Estado de México, otro par de notables feudos priistas, la política cotidiana no presenta diferencias mayores respecto de lo que era la norma nacional antes de 2000. Es verdad que si dentro de tres años el PRI llegara a recuperar el poder a nivel nacional, su conducta como responsable del Gobierno ya no podría ser una exacta réplica del pasado porque tendría que actuar en un entorno político distinto al existente en la época del priismo clásico. Sin embargo, no hay que confiarnos. Las grandes instituciones de la democracia como el IFE o el IFAI ya no son lo que fueron: han perdido calidad. Y la sociedad mexicana, con una cultura política moldeada por una historia no democrática e influida por unos medios de información electrónicos de igual naturaleza, no necesariamente estaría en la posibilidad y con la voluntad de impedir el retorno de las prácticas tradicionales priistas, sobre todo si estas se le presentan como precondición para recuperar lo perdido: seguridad, empleo, estabilidad y proyecto de largo plazo.
En esta semana el Senado deberá aprobar el paquete económico enviado la semana pasada por la Cámara de Diputados. Es muy importante que los senadores, en ejercicio de su facultad revisora, rectifiquen el primer transitorio de la ley federal de derechos, que dispone una exención de 5 mil 600 millones de pesos a los operadores de telecomunicaciones que resulten concesionarios de la banda de frecuencia del espectro radioeléctrico que va de 1.7 a 2.1 gigahertz, para servicios móviles de tercera generación. Lo debe hacer porque se trata de un privilegio fiscal indebido para unos cuantos, mientras que a la población en general el paquete ha impuesto nuevas cargas fiscales y aumentos de tasas impositivas.
En los próximos meses el gobierno de la República licitará esos dos rangos de frecuencias en diferentes bloques: dos redes nacionales de 30 mhz cada una y otros tres segmentos regionales de 10 mhz (90 en total). El valor de cada megahertz nacional para el pago de derechos está calculado en 32 millones de pesos, lo que nos arroja 2 mil 800 millones de pesos.
En nuestro país las concesiones de espectro para servicios de telecomunicaciones se otorgan con subasta y el Estado fija dos momentos para imponer un aprovechamiento: la base mínima de entrada a la licitación y luego el pago de un derecho anual. El precio de entrada es muy bajo; para esta banda será alrededor de 6 millones por cada megahertz, y el pago del derecho sube a casi 32 millones por cada megahertz nacional. Las concesiones se otorgan por 20 años, durante los cuales debe pagar el derecho.
Se trata del sector más rentable de la economía nacional que opera a partir de un bien que nos pertenece a todos. El uso, goce y aprovechamiento de ese bien nacional ha llevado, por ejemplo, a don Carlos Slim a colocarse en los más ricos del planeta. Esta banda es una de las más codiciadas por todos los operadores de telecomunicaciones y de televisión, pues les dará movilidad y les permitirá asociar varios de los servicios que ya prestan a sus nuevas concesiones móviles, y así podremos ver televisión o tener acceso a internet desde un móvil, con más ancho de banda y por lo tanto mucha más velocidad.
No por algo se dice que el que esté fuera de la banda de 1.7, estará fuera del mercado. Y por eso es tan apetecible, en México como en el mundo. En nuestro país se va a concursar por primera vez, como se hizo en Canadá en 2008, y este año en Estados Unidos. Los estadounidenses licitaron también 90 megahertz —obviamente, con otra densidad poblacional—, y obtuvieron sólo en la subasta 13 mil 400 millones de dólares.
Aquí se aprobó la semana pasada condonarles los dos primeros años el pago de derechos. Lo cuestioné en la sesión de pleno de la Cámara de Diputados, y se atajó la discusión. Nadie contestó las acusaciones directas que hice. Después de eso he recibido como respuesta toda clase de absurdos como el que señala que se trata de no desincentivar la inversión. ¿En la banda más rentable para los servicios de tercera generación? ¿Por qué un plazo de gracia para los que más tienen?
Las épocas de crisis pueden ser una oportunidad para generar los cambios profundos de largo plazo que un país necesita, pero a veces algunos políticos se aprovechan de esa circunstancia para llevar agua a su molino y hay funcionarios públicos que les ayudan. Ese es el caso del senador Manlio Fabio Beltrones y del subsecretario de Hacienda José Antonio Meade, los impulsores de esa medida que —según ellos mismos lo han confesado— sería la condición sin la cual no pasaría en el Senado el 3% de impuesto a las telecomunicaciones.
La primera propuesta de Manlio era conceder ese privilegio sólo a los entrantes, esto es, a los que por primera vez entrarán a operar servicios de telecomunicaciones y, a saber, este actor se llama Televisa. Pero era tan descarada la medida que el propio secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se opuso, según nos ha confiado un alto funcionario de Hacienda. Sin embargo, la componenda y el chantaje se impusieron: para que no perdiera Televisa la exención de dos años se la extendieron presumiblemente a todos, entrantes e incumbentes.
¿Cuántos podrán entrar realmente a los dos bloques nacionales de esa banda, que son las dos redes de 30 mhz? A lo mucho dos: Televisa y Nextel. La Comisión Federal de Competencia puso un límite de espectro para los competidores de telecomunicaciones de 80 mhz. Telcel, por ejemplo, sólo podrá ir por un segmento de 10 mhz, como Telefónica por otro de 10, porque rebasarían el límite con lo que ya tienen. Pero de todas maneras, hasta a don Carlos Slim y a los españoles les vamos a condonar dos años de derechos de espectro.
Si Beltrones quiere ser candidato a la Presidencia de la República y para ello necesita granjearse la gracia de Televisa, está muy bien y comprendo esa dinámica mediática de la política actual, pero que use su dinero y la gane dentro de su partido. No se vale usar bienes del dominio de la nación para intercambiar favores políticos con toda la mira puesta en el 2012. Y menos se vale que el gobierno de la República convalide estos esquemas de negociación. Y mucho menos que el PAN y el PRI avalen un daño al patrimonio de la nación de este tamaño.
Uno de los mitos fundamentales sobre los que se edificó la Iglesia católica es el de Pablo en el camino de Damasco.Autores de muchos países y muchas generaciones lo han tratado desde muy distintos puntos de vista. El más reciente, Álvaro Enrigue, en sus Vidas perpendiculares. La anécdota es sencilla, pero plena de sentido. Saulo de Tarso persigue a los cristianos porque ve en ellos una amenaza a su cultura. Encontrándose camino de Damasco, Saulo se vio envuelto en una nube de luz, cayó en tierra —la tradición dice que cayó de su caballo aunque no queda claro si, en efecto, los judíos, aunque fueran ciudadanos romanos, tenían derecho a una cabalgadura— y oyó una voz que le dijo: “¿Por qué me persigues?” A raíz del hecho, Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles, el principal promotor de la Iglesia perseguida. La iconografía católica representa al apóstol con una espada.
A lo largo de los siglos, esa institución ha jugado con maestría el papel de perseguida y de perseguidora, papeles que alterna con maestría proteica. Son capaces de clamar porque el poder secular atenta contra su libertad de expresión y minutos después declarar que algún candidato no puede presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque es un “connotado pro abortista”. Nada resulta más peligroso que el perseguido vuelto perseguidor.
El propio Vaticano ha tenido la práctica de convertir al cuerpo diplomático, en un club exclusivo donde no pueden ingresar divorciados, sospechosos de izquierdismo de cualquier tinte, presuntos homosexuales o defensores de la diversidad sexual. De acuerdo, es probable que no quieran ver por los pasillos de la Santa Sede a gente que piensa diferente de ellos. Pero cuando se trata de volver pública la moral que es estrictamente privada, entonces estamos en presencia de la negación de la democracia, de las libertades y de la posibilidad de la convivencia civilizada.
Que la capacidad de un candidato esté fuera de duda es el tema; que sus ideas puedan no gustarle a algunos, es también algo natural; pero lo imperdonable es suponer que toda la sociedad piensa como una Iglesia día a día más abandonada y más vacía de ideas y seguidores.
Los derechos humanos son la impronta de la democracia, en nuestros días y en adelante. Se trata del espacio en el que el Estado, por ningún motivo y con ningún pretexto, puede penetrar. Es el corazón de la ciudadanía y la razón de la convivencia de los seres humanos en la comunidad política. El credo de la moral laica se basa en la posibilidad de ser compartido por todos los miembros del cuerpo social, dejando claro que las creencias individuales que determinan prácticas y conductas propias de los sujetos no pueden ser impuestas a quienes practican formas diferentes de ver el mundo.
La historia de la Iglesia demuestra cómo, al imponer el dogma, se pervierte la fe. Pablo fue enviado a predicar la palabra a los pueblos no judíos. Hacerlo mediante la espada garantizaría la obediencia, pero nunca la convicción. En palabras de Unamuno, “venceréis, pero no convenceréis”.
GENERACIÓN DE AHORRO PÚBLICO
ALGUNAS ALTERNATIVAS SIMPLES A CONSIDERAR El país cruza por un momento difícil. No sólo no hemos logrado superar el rezago social histórico, sino que según cifras oficiales miles de mexicanos han pasado a engrosar las filas de pobreza en este último año. Este escenario social se ha visto agravado por el hecho de que los ingresos fiscales destinados a atender la demanda al Estado de mínimos de bienestar, se ha visto reducido. Ello ha llevado a los poderes políticos del gobierno federal -Congreso y Presidente- a reordenar las prioridades del gasto público. Decisiones políticas dramáticas sin duda. El debate sobre la ley de ingresos, y la necesidad de determinar qué segmento de la población cargará con el mayor peso de nuevos deberes fiscales, deja la impresión que las decisiones políticas que enfrenta el Congreso y el Presidente parecen ser entre una decisión mala y una peor. Pero no en todos los casos debe ser así.La atención del Congreso y el Presidente a ciertas reformas pendientes en materia judicial podrían ahorrar recursos para dirigir al gasto social, además de fortalecer nuestro Estado de Derecho y garantizar con mayor eficacia la supremacía de la Constitución. Ello sin afectar el bolsillo de nadie, sino por el contrario liberando recursos para gasto social que beneficiaría a muchos mexicanos. Concretamente me refiero a la aprobación de la nueva ley de amparo que establece efectos generales a la declaración de inconstitucionalidad de una ley. Por el momento, la inconstitucionalidad de una ley puede ser impugnada exitosamente por un particular por vía del amparo, pero de dicha resolución de inconstitucionalidad se benefician solo las partes en el juicio y aquellos mexicanos que tienen recursos suficientes para contratar a los mejores despachos del país. Pero aún los que se encuentran en este último supuesto de beneficio, deben echar a andar la maquinaria judicial para ejercer su derecho a que no se les aplique una ley inconstitucional. Este fenómeno se presenta con bastante claridad en materia fiscal. El resultado es que se consumen horas hombre del Poder Judicial de la Federación en esos nuevos amparos, desde luego con cargo a los contribuyentes que pagan la planta burocrática del Poder Judicial. Si en cambio se aprobara la nueva ley de amparo que pretende otorgar efectos generales a la declaración de inconstitucionalidad de una ley, un solo amparo bastaría para echar abajo la ley y por consiguiente no se invertirían más horas hombre del Poder Judicial en sucesivos amparos. Con ello ganaría la supremacía de la Constitución, pues no se seguiría aplicando una ley inconstitucional a otros mexicanos que no hayan reclamado su inconstitucionalidad, como absurdamente seguimos haciendo.Una segunda medida de ahorro, posible, simple e incluso popular, es impulsar decididamente la colegiación de los abogados para garantizar una mayor calidad de los prestadores de servicios de abogacía, y la imposición de medidas disciplinarias efectivas al abuso del derecho procesal. Esta última práctica, conocida en el foro como "chicanería", es un medio habitual de ciertos abogados de ganar tiempo con cargo a sus clientes, litigando a pesar de saber perdida su causa; pero al hacerlo ganan ganando tiempo, pues como ya dije cobran por sus extendidos servicios a sus clientes. Desde luego, en esta ecuación el que pierde no sólo es el cliente defraudado, sino también el contribuyente que debe mantener una planta judicial que recibe peticiones de justicia. En esta área hay ya algunas disposiciones legales, pero aún bastante tímidas. Incidir por esta vía nos podría generar ahorro de gasto público en el Poder Judicial, en la medida en que llegarían menos litigios. La colegiación de los abogados para garantizar la calidad de los servicios que prestan dichos operadores jurídicos también podría generar ahorro de recursos al incrementar la calidad de los litigantes. Me explico: es bien sabido en medios académicos que la calidad de las leyes que aprueban los congresos evita litigios en el Poder Judicial, y que inversamente leyes pobremente redactadas producen litigios. La resolución de un litigio, sobra decirlo, implica horas hombre invertidas del Poder Judicial pagadas por los contribuyentes. Por ello incluso se han dedicado estudios muy profundos bajo el rubro de "La técnica legislativa". Algo similar ocurre con el litigio. Su calidad, medida incluso en términos de cuantas hojas se requieren para expresar por escrito un argumento en forma sucinta y clara, ha llevado en otros países a un movimiento en sede judicial que se denomina "lenguaje simple", que bien valdría la pena considerar con la mayor seriedad en México. La idea subyacente de dicho movimiento que en este momento me interesa destacar, es que es más costoso para los contribuyentes del país que un juez lea cien hojas para expresar un argumento que podría haber sido elaborado -incluso con mayor claridad- en cinco o diez folios.En mi próxima participación presento un tercer argumento, el de un nuevo federalismo judicial, para generar ahorro público por vía del diseño institucional.
Los triunfos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tanto en las elecciones de Tabasco como en la aprobación del paquete fiscal en la Cámara de Diputados, se levantan sobre un escenario político que evapora cualquier vanagloria para el viejo partido del Estado. En ambos casos, el PRI gana perdiendo y los resultados sientan las bases para una intensa lucha política a lo largo de 2010.Es falso que el PRI haya consolidado su hegemonía en las elecciones municipales de Tabasco. Si bien es cierto que el partido gobernante en aquel estado pudo arrebatar cinco municipios al Partido de la Revolución Democrática (PRD), incluyendo el simbólico poblado de Macuspana, se ha pasado por alto que el PRD a su vez recuperó de manos del PRI otros cuatro municipios en la misma elección. Asimismo, por primera vez en la historia de ese estado, el Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo la victoria en dos municipios. Como bien señala el encuestador Dan Lund, los comicios en Tabasco revelan una fuerte soberanía popular y una clara capacidad de los ciudadanos para evaluar y someter a cuentas a sus gobernantes. Todos y cada uno de los 17 municipios de dicho estado han experimentado una alternancia política en por lo menos dos ocasiones durante los últimos 10 años. El predominio del PRI en esa entidad no es de ninguna manera estable o garantizado. Al contrario, la norma es una intensa competitividad política y una gran sensibilidad a la coyuntura de parte de los electores.Consciente de esta situación, el PRI no se atrevió a lanzar su contrapropuesta fiscal de aumentar el IVA y el ISR sino hasta después de que se hubieran cerrado las casillas electorales en Tabasco y en Coahuila. Los dirigentes priistas saben que su propuesta atenta claramente contra la economía popular y el desarrollo nacional, por lo que buscan evitar cualquier costo político por esa decisión.El aumento de los impuestos tiene una evidente finalidad política. Los gobernadores del PRI están desesperados por obtener nuevos recursos para revitalizar sus maquinarias clientelares en el contexto de la crisis actual. Saben que necesitan liquidez para manipular a la ciudadanía y comprar liderazgos. De otra forma, la situación rápidamente podría escapar de su control. Por fortuna, la rebeldía de los diputados del Partido del Trabajo (PT), así como el voto en contra de todos los diputados del PRD, pusieron en evidencia la antipopular alianza fraguada entre el PAN y el PRI. Ha fracasado de manera monumental el intento priista de cobrarle al PAN los costos políticos por estas medidas. La izquierda ha dejado constancia una vez más de la necesidad de transformar la correlación de fuerzas en el país.La actitud de la izquierda parlamentaria, y en particular de los diputados vinculados a Andrés Manuel López Obrador, molesta a la clase política y a la mayor parte de los medios de comunicación. La toma de las tribunas les parece “vergonzosa” y es presentada como un ataque a la “dignidad” de las instituciones del país. Tales voces muestran una gran nostalgia por aquel sistema en el que la oposición no tenía acceso al poder y solamente podía manifestarse en las calles. Añoran los viejos tiempos en que era posible silenciar las protestas y fingir que el país estaba en paz o tranquilidad. Olvidan ciegamente que el Parlamento es precisamente el espacio donde debería aflorar la mayor pluralidad posible. El Congreso de la Unión es hoy una de las únicas válvulas de escape con las cuales todavía cuenta la ciudadanía ante la creciente desesperación social.Ahora bien, un estado donde el control centralizado del poder sí se mantiene vigente es Coahuila. Aquí el PRI demostró su músculo al volver a conquistar la gran mayoría de los municipios y las diputaciones locales. La recuperación de la ciudad de Torreón es también un indicador de la fortaleza del PRI en la entidad. Muy a pesar de las estridentes declaraciones de César Nava al respecto, aquí el viejo partido del Estado sí se llevó el “carro completo”. El caso de Coahuila y el de las elecciones federales del pasado 5 de julio demuestran que el poder de los gobernadores, la fuerza del clientelismo y la compra y coacción del voto siguen vivitos y coleando. Habría que preguntarnos, por ejemplo, si el sorprendente nivel de participación ciudadana que se ha visto últimamente se debe a un auténtico interés de parte de los electores por participar en los comicios, o si es únicamente el resultado de la renovación de las prácticas clientelares del pasado.Un estudio reciente de la organización civil Alianza Cívica ha demostrado que la manipulación de la voluntad popular por medio de la compra y coacción del voto está hoy más presente que nunca. Por ejemplo, durante las elecciones federales de 2009, el 27% de los encuestados expresaron que no creen que el voto sea secreto, y 12% de los consultados afirmaron que por recibir un programa o servicio gubernamental están obligados a votar por un partido determinado. El mismo estudio demuestra que dichas prácticas son particularmente generalizadas en el Estado de México. Ante esta situación, llama la atención la inacción de los organismos electorales del país en la materia. Ni el Instituto Federal Electoral (IFE) ni los institutos de las entidades federativas se han atrevido a entrarle al toro por los cuernos para prevenir, vigilar y castigar esta abierta defraudación a la democracia en México. Si no se hace algo desde ahora para romper las cadenas del clientelismo electoral, independientemente del color del partido o el gobierno que lo implemente, podemos despedirnos desde ya de cualquier esperanza de construir una democracia auténticamente participativa y popular. Asimismo, se sacrificará el desarrollo económico, ya que actualmente cualquier aumento a la recaudación únicamente servirá para engrasar las máquinas electorales en lugar de apalancar el desarrollo nacional.
Para que no quedara duda alguna del interés corporativo de Televisa en la licitación futura de la banda de 1.7Ghz, clave para el futuro del triple play a través de la telefonía móvil, los dos principales ejecutivos de esta empresa, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia declararon al periódico Milenio que la principal empresa mediática del país está muy interesada en este nuevo negocio, pero que la exención del pago de derechos por dos años, aprobada en la Cámara de Diputados, no es ningún beneficio para Televisa porque será un privilegio "para todos" los futuros entrantes.Gómez y De Angoitia respondieron así, a través del periódico que se ha convertido en vocero de las posiciones de Televisa, a las críticas expresadas por los diputados Javier Corral, del PAN, y José Narro, del PRD, quienes han subrayado que la inclusión del candado 244-E de la Ley Federal de Derechos tiene una dedicatoria especial para esta empresa.De hecho, el panista Javier Corral, adversario constante de los intereses del monopolio televisivo, dijo a la revista Proceso que esta concesión representará 5,600 millones de pesos que no ingresarán a las arcas federales.Ambos funcionarios, integrantes de lo que sus hagiógrafos llaman Los Cuatro Fantásticos de Televisa, se defendieron con el argumento de que el corporativo ha pagado alrededor de 8 mil millones de pesos en impuestos. De esta manera, respondieron a la versión y a la percepción casi generalizada entre los legisladores de que ellos presionaron para lograr este periodo de gracia."Son fantasiosas y mal intencionadas" estas versiones, afirmó Bernardo Gómez, el mismo artífice del decretazo que negoció con Marta Sahagún, en octubre de 2002, y que le permitió a Televisa que se disminuyera de 12.5 a 1.25 el tiempo fiscal que existía desde 1969. Otro privilegio que el panismo le entregó a Televisa a cambio de su apoyo y de que no se impulsara una reforma profunda a la ley de medios.A su vez, De Angoitia también explicó que quien participe en la banda 1.7Ghz tendrá que hacer "considerables" inversiones para montar la infraestructura necesaria, a fin de prestar los servicios de telefonía móvil.Los promotores del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos subrayaron que no es un privilegio sólo para Televisa, sino para todos los futuros corporativos que puedan licitar los 90 Mghz de la banda 1.7 y de la banda 1.9. Señalaron que al igual que Televisa pueden participar otros corporativos como Telcel, Telefónica, Iusacell, Axtel-Avantel, Nextel, Alestra y hasta Maxcom.Por supuesto, los tres primeros no podrán licitar en los paquetes correspondientes a 30Mghz, gracias al candado de competencia que impuso la Comisión Federal de Competencia: ninguna empresa puede tener más de 80Mghz en esta banda. Telcel, Telefónica y Iusacell, acumulan más de 30 Mghz, cada uno, por lo que sólo podrán participar en algunos de los tres bloques de 10Mghz que licitará la SCT.El presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, le aclaró a Procesoque, de ninguna manera, la opinión de este organismo busca privilegiar a Televisa. "La propuesta original de Cofetel es que uno de los bloques de 30Mghz fuera exclusivo para uno de los nuevos operadores", algo que sí tenía dedicatoria. Ahora, aclara Pérez Motta, por lo menos 5 posibles competidores pueden participar. Sobre el tema de los dos años de exención fiscal, Pérez Motta aclaró que no fue el organismo que él dirige quien lo propuso, sino la Comisión de Hacienda. "Nuestro papel consiste en determinar si un esquema es discriminatorio o no para la competencia", explicó Pérez Motta. Otros organismos también están pendientes de lo que suceda con la posibilidad de que Televisa se convierta en nuevo operador de telefonía móvil, asociada con una empresa extranjera o con alguna de las empresas de televisión por cable que forman parte de su red (Cablemás, Cablevisión o TVI).En una carta enviada al Senado de la República, Raúl Trejo Delarbre, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), considera que la exención establecida en el artículo 244-E "no tiene sustento jurídico ni económico, y mucho menos social o político"."Independientemente de los beneficiarios de tales frecuencias, resulta inadmisible la dispensa fiscal establecida en la Ley Federal de Derechos", subraya en la misiva. El titular de la Amedi también anota que "la tercera parte de los diputados federales tuvo reticencias para respaldar esas modificaciones. Y no es de sorprender, porque significan un privilegio insostenible para quienes resulten favorecidos en la mencionada licitación".Todo parece indicar que en el Senado de la República esta reforma polémica pasará. No en balde, el senador Manlio Fabio Beltrones, a quien se le atribuye la paternidad de este artículo, ha sostenido reuniones con Javier Tejado Dondé, director jurídico de Televisa, y uno de los principales promotores de la licitación en esta banda.El cabildeo de Televisa, mucho más intenso que el que TV Azteca ha realizado en contra, incluyó al senador Carlos Navarrete. Una semana antes de que se aprobara la reforma, el presidente del Senado y coordinador de la bancada del PRD se reunió con Leopoldo Gómez, director de información de Televisa, en el restaurante El Cardenal, del Centro Histórico. No se trató de una reunión en lo oscurito. Por el contrario, se trataba de hacer público que la banda que quiere Televisa debe ser respetada, bajo las condiciones que reclama.
UN EJEMPLO QUE SÍ FUNCIONA
Hasta los años 80, la República de Irlanda era el país más pobre de Europa y el mayor exportador de migrantes en esa zona geográfica; su economía era de miseria y parecía que nada podía salvar a esa nación de un destino de miseria y retraso permanentes.
Frente a esa realidad abrumadora, los dirigentes de Irlanda, durante la década de los 90, cambiaron radicalmente esa tragedia por un éxito nunca visto, alcanzando durante casi 20 años una tasa de crecimiento económico sobresaliente con un promedio de 7%; su desempleo cayó de 17% a 4%, y a partir de 2003 tiene el tercer nivel más alto de producto interno per cápita de la Unión Europea, por encima de Alemania, Francia e Inglaterra; su capacidad exportadora se multiplicó en forma geométrica, pasando de 12 mil millones de euros a 124 mil millones; su deuda pública se redujo de 113 millones de euros a 30 millones, y en este momento su ingreso per cápita es 400% mayor que el de México; y durante este año, en que sufrieron una considerable reducción en su Producto Interno Bruto, semejante al de pequeñas repúblicas de alta productividad, como Singapur, Taiwán y otras, cuyo mercado interno es difícil incrementarlo en momentos de crisis por su reducido número de habitantes, mientras el decremento del mercado externo las afectó momentáneamente, en lugar de subir impuestos ajustaron el gasto público e incrementaron la productividad, para así volver a remontar esa crisis de origen externo; mientras, Alemania sigue ese mismo ejemplo.
Durante estos 20 años de referencia, México nunca pudo obtener un promedio de más de 2.5% de crecimiento anual, a pesar de que tuvimos los ingresos petroleros más altos de nuestra historia; su ingreso per cápita se halla en el número 78 junto con Gabón, Botswana y Libia; ocupamos también uno de los últimos lugares de crecimiento en América Latina, mientras los índices de corrupción nos llevan a uno de los niveles más altos de desprestigio mundial, en tanto el número de pobres se incrementa a diario y el desempleo se eleva en forma galopante, en medio de una masacre de asesinatos y ejecuciones que no tienen paralelo.
Frente a estos contrastes tan descarnados, ¿qué fue lo que hicieron los irlandeses que nosotros no hemos podido lograr? Y la respuesta es muy sencilla:
1. Los índices de corrupción en la República de Irlanda son bajísimos, y de los nuestros mejor ni hablamos.
2. El gasto público en Irlanda es moderado y transparente, y en cambio nuestro ogro filantrópico no tiene límites en su voracidad, su corrupción y su ineptitud.
3. Irlanda le bajó los impuestos a las empresas y a los salarios menores, y le subió la tasa impositiva a quienes más ganan; nosotros estamos haciendo lo contrario.
4. En Irlanda todo mundo paga sus impuestos y la informalidad es prácticamente inexistente, mientras aquí promedia en más de 60% y en algunos rubros llega hasta 90%.
5. El proyecto educativo de Irlanda está basado en el incremento significativo en los resultados de la educación, mientras nosotros nos debatimos en los últimos lugares.
6. En Irlanda tal parece que los irlandeses aman a su país, mientras aquí permitimos que nuestros líderes se devoren el nuestro.
Ante esta realidad, hemos presentado en el Congreso una propuesta para unir a los mexicanos en una tarea insoslayable y urgente para reconstruir a nuestro país, sobre las bases de un proyecto de decencia y honestidad que le permita a la sociedad civil lo siguiente:
a) Auditar y castigar los abusos del poder público y privado, a través de una verdadera contraloría general de la nación independiente y manejada por la sociedad civil.
b) Que de inmediato se unan las fuerzas políticas y trabajen con el Poder Ejecutivo para plantear una reforma fiscal integral, bajo las normas del ejemplo de Irlanda, adaptadas a nuestras necesidades.
c) Que reformemos el sistema de seguridad y justicia para obligarlo a rendir cuentas, devolviéndole a las víctimas y a la sociedad el derecho a defenderse, que le ha sido arrebatado.
d) Crear un sistema alternativo de educación que vaya sustituyendo libremente y sin imposiciones el modelo que nos ha llevado al último lugar en la OCDE, y así generar la base fundamental del progreso y el crecimiento de nuestro país.
No cabe la menor duda de que si logramos unirnos en un proyecto que rescate a México de la desgracia en la que está inmerso, tendremos un presente y un futuro que nos enorgullecerá y que nos llevará al destino que este país merece.
DEBATE ENTRE CÁMARAS
Es sabido que, en vísperas de concluir su mandato, Ernesto Zedillo manifestó a Vicente Fox, Presidente electo, su disposición de enviar al Congreso una iniciativa de reforma tributaria, asumiendo el compromiso de que la mayoría de los legisladores del PRI, recién electos, dieran su voto aprobatorio. Lo que a Fox correspondía era asegurar el voto de los diputados y senadores del PAN.
Lo que Zedillo propuso a Fox era el mismo paquete de ajustes tributarios que en 1999 las bancadas y la dirigencia del PAN se negaron a respaldar: reducir la tasa del IVA del 15% al 12%, eliminando la exención generalizada en alimentos y medicinas, dejando protegida la canasta de alimentos básicos con mayor peso en el gasto de los segmentos de menor ingreso; la eliminación de los regímenes especiales de tributación; cambios sustanciales a las reglas en materia de consolidación y una revisión integral de los impuestos especiales.
El Presidente electo rechazó la propuesta de Zedillo. En abril de 2000 Fox envió al Congreso su propuesta de reforma fiscal, que en lo fundamental era la misma que había rechazado a su antecesor. Las cosas habían cambiado, los legisladores del PRI no estaban dispuestos a dar su voto, ni había nadie que los pudiera convencer de lo contrario.
Diez años después seguimos en la misma discusión y en peores condiciones. Espantados por el fantasma de la roqueseñal, Ejecutivo y Congreso repiten la incapacidad para transitar hacia la reforma fiscal; prefieren seguir cargando la mano a los contribuyentes cautivos y parchando un sistema tributario plagado de agujeros. Ningún esfuerzo por ensanchar la base de contribuyentes, tampoco para reducir el abultado gasto corriente. Más IVA, más ISR y más impuestos especiales a quienes pagan; mientras que los privilegios para unos cuantos se mantienen y hasta amplifican.
Se afirma que el número de pobres llega a 60 millones. Si damos la cifra por buena hay 45 millones con ingresos por arriba de la línea de pobreza. Para que 60 millones de pobres no paguen IVA por los pocos alimentos que pueden comprar, 45 millones que podrían pagarlo no lo hacen. No se paga IVA por las tortillas, el frijol y la leche, tampoco por el jamón jabugo, el paté de ganso y el caviar.
La solución que han encontrado los diputados y Hacienda es la prescripción, en dosis más alta, de la misma receta que ha mantenido postrada a la economía y debilitado los ingresos tributarios durante más de una década. Sólo que ahora la medicina se aplicará a un paciente en estado comatoso. El fracaso es inevitable.
Las alternativas planteadas por senadores del PRI provocaron la reacción de diputados de todos los partidos y la crítica de algunos economistas del sector privado. En particular, el rasgado de vestiduras se produce por la idea de elevar el déficit a un punto porcentual del PIB -apenas un cuarto de punto más que lo aprobado en San Lázaro- así como por la sugerencia de aumentar el precio de la gasolina y subir el de referencia del barril de petróleo de 59 a 63 dólares. Me parece que el argumento crítico atendible es el relativo al efecto inflacionario del precio de la gasolina, pero advierto que no hay solución perfecta, todas implican costos y beneficios, de lo que se trata es de encontrar la que reduzca los primeros y maximice los segundos. Eso es lo que el Senado debe intentar en su calidad de Cámara revisora, viendo por el interés de la mayoría.
Llevar el debate entre las dos Cámaras al terreno de los dimes y diretes, inevitablemente aderezados con futurismo al 2012, empobrece los argumentos y el análisis. Que los gobernadores intervengan en la discusión y construcción de soluciones es una práctica de hace al menos tres lustros; el problema no es que participen, sino que pretendieran imponer sus particulares visiones e intereses, que no son, necesariamente, los del conjunto del país.
La solución a que se arribe tendrá que ser evaluada con el criterio que nos enseñaron en la Facultad de Economía de la UNAM: ¿A costa de quiénes y en beneficio de cuántos?
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 15:52 No hay comentarios:
CNDH: EL CASO A LA CAUSA
Las comisiones en el Senado encargadas de procurar una terna para el relevo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han anunciado que solicitarán al pleno una prórroga. Está claro que hoy la prioridad de los legisladores es la Ley de Ingresos y que ocuparán todas sus energías para intentar acuerdos en esa materia. Puede ser una buena noticia que esos debates no contaminen una decisión tan transcendente como la del nombramiento del nuevo titular de la CNDH. Veamos.La designación de quien la va a presidir, en tanto que se trata de quien encabezará un órgano autónomo de Estado, ofrece la oportunidad de ensayar una designación que vele más por el interés estratégico del Estado, que por un intercambio de favores o cuotas que, hemos visto, terminan por dañar a las instituciones. Hagamos un breve repaso. Cuando el tema de la creación de órganos autónomos irrumpió en la agenda pública no sólo como deseo, sino como necesidad, los actores políticos fueron extremadamente cuidadosos en seleccionar a quienes encabezarían dichos órganos. Esos funcionarios, además de concitar el consenso entre los partidos políticos, ostentaban al menos tres atributos: gozaban de un prestigio profesional intachable, su trayectoria hacía pensar que eran ellos quienes podían darle vida a la nueva agenda que se estaba diseñando y, sobre todo, garantizaban el resguardo de la autonomía durante su gestión. Con esas premisas se dio vida a las primeras generaciones de órganos autónomos.Pero, con el paso del tiempo, la mecánica de negociación pareciera haberse simplificado en extremo: no se antepone (ni se examina) la agenda de los órganos autónomos y, por tanto, no se busca reclutar a quienes mejor cumplan con ese cometido. Hoy los nombramientos simplemente expresan cuotas. La génesis de la autonomía quedó en el olvido. Los daños están a la vista. Aquellos órganos autónomos que a finales de los noventa aparecían como los grandes logros del cambio político, los referentes en la construcción de una agenda de transformaciones, una década después parecen palidecer ante las premisas que les dieron origen. La renovación en la CNDH, insisto, ofrece una oportunidad de rectificar la dinámica pragmática de negociaciones políticas que hemos padecido, para volver a poner en el centro de la deliberación cuál es la agenda deseable y cuál la mejor fórmula para fortalecer a los órganos autónomos que hemos construido.Y, a partir de ahí, de identificar cuál es la conveniencia del Estado, poder perfilar a quien mejor cumpla con dicho cometido. Por fortuna, en el proceso de selección del nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos conocido a destacados personajes que pueden llegar a cumplir con dicha encomienda. Permítaseme, sin embargo, intentar razonar mis preferencias. Si de lo que se trata es de recuperar la ruta de una elección de Estado, y sin descalificar a los demás aspirantes, me parece que Emilio Álvarez Icaza es el que reúne de mejor manera tres ingredientes centrales: posee la experiencia necesaria, tiene una concepción moderna, actualizada, de la agenda de los derechos humanos, y ofrece además la garantía, constatable, de que ejercerá el cargo anteponiendo el irrestricto cuidado de la autonomía. Si queremos hacer pasar la agenda de los derechos humanos de los casos a las causas y, además, si se trata de que las nuevas designaciones también pasen del pragmatismo de los casos a una deliberación genuina de las causas, no tengo duda de que Álvarez Icaza es la mejor opción.
El paquete fiscal aprobado por PRI y PAN en la Cámara de Diputados, y del cual ambos reniegan su paternidad, reproduce las mismas medidas que han debilitado la economía nacional y precarizado a los sectores medios y populares en el país. Se trata de una paquete regresivo, que si bien dio marcha atrás a la contribución de 2% al consumo general y a gravar alimentos y medicinas, incrementa el IVA a 16% y el ISR que, además de elevarse a 30%, grava los ingresos a partir de 6 mil pesos mensuales, lo que daña aún más el poder adquisitivo del salario y la economía familiar, ya que un trabajador con ese salario pagará casi 8% más de impuestos, mientras las grandes corporaciones —que mantienen sus privilegios— pagarán sólo 1.5% de sus ganancias; además, al impuesto sobre depósitos en efectivo, un instrumento de control, lo han convertido en un impuesto recaudatorio, al bajar el rango del monto gravable a 15 mil pesos, con una tasa de 3%. Se insiste así en tapar un “boquete fiscal” y se resisten a corregir, como la mayoría de los países lo hacen, las condiciones que propiciaron la crisis.
Un estudio que realizó Alianza Cívica en 23 distritos de 10 estados evidencia el crecimiento de los mecanismos de compra y coacción del voto en el proceso electoral federal del pasado mes de julio: El 28% de los electores consultados fueron sujetos a alguna práctica de compra y coacción del voto, mientras que hace seis años la cifra correspondiente fue de 18%, de acuerdo con la encuesta Naturaleza del Compromiso Cívico, realizada por el IFE.
Dos de las entidades que estudió Alianza Cívica renovarán gobernador el próximo año: Oaxaca y Veracruz. En ambas se observaron altos porcentajes de compra y coacción del voto: 30% en la primera y 27% en la segunda. La cifra más elevada correspondió al Estado de México (casi 40%), aunque en un distrito con cabecera en el Valle de Chalco el 57% de los encuestados dijo haber sido sometido a alguna práctica de esta naturaleza.
El 18% de los ciudadanos aseguró que le solicitaron su credencial de elector para condicionarlo a votar por algún partido; el 7%, que le pidieron esperar para que lo fueran a recoger y llevarlo a sufragar; al 3% se le ordenó tomar una foto de su boleta tachada para demostrar que había cumplido su compromiso a favor de algún partido; e inclusive casi el 2% fue obligado a depositar una boleta previamente cruzada y a entregar la suya en blanco: el famoso carrusel.
Así, más allá de las disputas entre el PAN y el PRI acerca de quién hizo la propuesta de aumentar el IVA, lo cierto es que ambos requieren dinero: el PAN para mantener operando al gobierno federal y también atraer electores, y los priistas, sobre todo, para que sus gobernadores impulsen programas que reditúen en una mayor votación para su partido, como lo hace Enrique Peña Nieto, quien incrementó notablemente su programa de despensas en el año electoral.
A raíz de los pasados excedentes petroleros, el gasto de los estados se incrementó notablemente, al punto de que en los últimos años llegó a más de la tercera parte del gasto público total. Ello permitió a los mandatarios estatales realizar más obra pública, impulsar programas sociales y, desde luego, en época electoral, financiar las actividades clientelares de sus institutos políticos.
Debe advertirse que estas prácticas no son exclusivas de ningún partido político, pues también se reproducen en entidades con gobernador panista, como en Jalisco, donde según la misma encuesta ese tipo de acciones fueron testimoniadas por más del 20% de los encuestados.
A esto se debe que los gobernadores de las entidades con elecciones en 2010 y quienes tienen aspiraciones presidenciales, como es el caso de Enrique Peña Nieto, hayan sido los principales aliados del presidente para elevar los impuestos. Según versiones periodísticas, el presidente Calderón los reunió en Los Pinos, mientras el secretario de Hacienda negociaba con los diputados priistas. Todos saben que requieren más presupuesto y que el destino de esos ingresos adicionales depende exclusivamente de los diputados priistas, pues éstos y los del Partido Verde tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, pueden decidir el destino del gasto público.
Los priistas más interesados en incrementar la recaudación fueron los gobernadores de Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, quienes deberán entregar sus gubernaturas el próximo año, y la gobernadora de Yucatán, quien también enfrentará un proceso electoral en 2010, aunque únicamente para renovar el Congreso y los ayuntamientos.
Al aprobar la elevación de los impuestos, los diputados priistas simplemente siguieron las instrucciones de los gobernadores, y los panistas, las órdenes del presidente. Pero en la mente de los legisladores de los dos partidos nunca estuvo la ciudadanía.
Peor aún, estos fenómenos seguirán presentándose de aquí al 2012,
pues es claro que los aspirantes presidenciales únicamente están pensando en cómo ganar la elección, sin importar las prácticas a las que tengan que recurrir.
Personaje casual de un texto de Vicente Leñero, el poderoso dirigente obrero del callismo, Luis N. Morones, líder de la CROM y exsecretario de Industria, Comercio y Trabajo, perora desde la tribuna de la Cámara de Diputados. En las atestadas galerías hay barullo, gritería a la que tiene que imponerse el orador. Los insultos van y vienen, pues Morones se enfrasca en un ruidoso diálogo con el público. De pronto, por encima de todas las voces una resuena con la orden que nadie quiere escuchar o mucho menos acatar:–¡Morones, chinga a tu madre!Se sacude el poderoso callista con esa invocación. Pero pretende obtener provecho de ella:–Yo tengo dos madres –explica a su auditorio–: una que está disponible para que sobre ella se cebe el odio mercenario de los enemigos de la Revolución, como el que ha querido ofenderme. A ella pueden zarandearla cuanto quieran. Hay otra, sin embargo, que está a salvo de la grosera insolencia de los reaccionarios. A ella la mantengo lejos del debate público, dentro de mi corazón, en un nicho.Se impone de nuevo entre el bullicio la misma voz que antes se hizo escuchar. Como en las artes marciales, aprovecha el vuelo de las frases del jefe cromista para espetarle contundente:–¡Morones, chinga a tu madre… la del nicho!Aunque se trata de una recreación literaria, el momento refleja la relación entre legisladores y gente común que, acarreada o por voluntad propia, acudía a las galerías del Palacio del Factor, donde antes funcionó la Cámara de Diputados y es hoy la sede de la Asamblea Legislativa. Es impensable que no haya un espacio en todo el edificio destinado a la discusión de asuntos que conciernen a los ciudadanos, a la sociedad, al pueblo.Y sin embargo, en el Palacio Legislativo de San Lázaro la presencia del público no es bienvenida. O lo es bajo ciertas y rigurosas condiciones. Cuando éstas no se cumplen, como el jueves 22, el ruido en las galerías puede ser aprovechado para una chicana parlamentaria, como la de dar por concluida una comparecencia que iba a desnudar algunas de las maniobras gubernamentales más recientes, las que buscan la disolución del Sindicato Mexicano de Electricistas y para lograrlo ordenaron la extinción del organismo público Luz y Fuerza del Centro.Como otros miembros del gabinete, el secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón había sido convocado para exponer, ante comisiones, el contenido del tercer informe de gobierno del presidente Calderón, en materia laboral, la que le concierne. Dado que estaba en curso el conflicto interno en el SME, y la injerencia que a favor de una de las corrientes en contienda desempeñaba Lozano, era previsible que ese tema iba a imponerse en la comparecencia programada para las cinco de la tarde del martes 13 de octubre. Pero como el sábado 10 el gobierno tomó por asalto las instalaciones de esa empresa pública y al día siguiente emitió un decreto para extinguirla y liquidarla, Lozano rehusó enfrentar a los legisladores en el tórrido ambiente que esa decisión produjo y simplemente, con la arrogancia de quien tiene poder nuevo y prestado, anunció que no concurriría.En la Comisión de Trabajo, ni siquiera en la mesa directiva de la Cámara, se recibió la notificación correspondiente, apenas unas horas antes de la cita abruptamente cancelada, y cundió la irritación por el desplante del secretario del Trabajo. Por unanimidad, los coordinadores de los grupos parlamentarios, incluido el del PAN, partido del que es catecúmeno el secretario después de su militancia priista, manifestaron su extrañeza por la conducta de Lozano y lo convocaron a cumplir el compromiso que pretendió eludir. Pero se presentaría ante el pleno, ya no en comisiones, el miércoles 21, en sesión especial. De cualquier modo, el habilidoso poblano había conseguido aplazar su cita una semana. Los avatares fiscales envolvieron a la Cámara desde la noche del lunes 19 hasta el alba del día en que Lozano debía comparecer y fue candelada la sesión especial y fijada una nueva cita para el jueves 22.Ésta sería asimismo cancelada, después de dos recesos. Tardó en comenzar y luego se produjo un largo preámbulo que denotaba la hostilidad con que un grupo de diputados recibiría al secretario. Dos diputados panistas pidieron desde ese momento suspender la reunión porque no había condiciones para realizarla. El presidente de la mesa directiva, Francisco Ramírez Acuña, estaba en el Senado, en la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez, y por lo tanto dirigía los debates el vicepresidente panista Francisco Javier Salazar, antecesor de Lozano en la secretaría del Trabajo y autor de la autoritaria línea antisindical que practica el actual titular. Por esos datos en común era claro que Salazar procuraba proteger a Lozano. Por la tensión que embargaba al recinto, decretó dos recesos, el segundo de los cuales duró más de una hora. Finalmente pudo empezar la comparecencia y el invitado expuso su tema en diez minutos, ni uno de los cuales se refirió a Luz y Fuerza ni al SME, como si no invocándolos esos temas desaparecerían del escenario. Varios oradores fueron rudos y ásperos pero ninguno llegó al extremo dramático de Adán Augusto López, que montó una breve parodia de la conducta de Lozano que le merece reproches: tiró un puñado de billetes delante del secretario, que cabizbajo, a ratos tomando notas o con la mirada puesta en su laptop o la mesa, soportaba la andanada. Le explicó que era su indemnización y lo conminó: "y ahora váyase".Poco después, ya con Ramírez Acuña al frente de los debates, ingresaron a la galería decenas de trabajadores electricistas. Como todo ciudadano, tenían derecho a entrar. Para eso se construye esa parte del edificio legislativo. Pero como se teme al público, sin atribución legal ninguna se restringe el acceso a la gente. Suele ubicarse en esas galerías, sin embargo, a grupos invitados por algún legislador, a quienes el presidente de la mesa de debates suele saludar. El martes mismo, mientras se esperaba el fin de las discusiones de la Ley de Ingresos en la Comisión de Hacienda, Ramírez Acuña mencionó a muchos grupos de visitantes, probablemente más que ningún otro día.Los electricistas no entraron silenciosos ni se mantuvieron callados. Gritaron a todo pulmón ¡fascista! a Lozano. Y su vocinglería fue aprovechada por el exsecretario de Gobernación para suspender la sesión y dar por concluida la comparecencia del secretario. Apenas tres partidos habían tomado posición sobre los temas a tratar, y estaba lejos aún el momento en que comenzara la ronda de preguntas y respuestas, la mera sustancia de la presencia del secretario. Paradójicamente, los hostigantes de Lozano fueron sus salvadores, para perjuicio del debate que debe haber sobre la liquidación de Luz y Fuerza y la suerte del SME.Ramírez Acuña abusó de la ignorancia sobre las normas internas de la Cámara que priva en la generalidad de los diputados. El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso contiene un capítulo titulado "De las galerías", de ninguno de cuyos artículos se desprende la posibilidad de que el desorden del público en ellas sea causa para suspender una sesión. Al revés, se prevé que una sesión continúe después de que se pida al público retirarse, o se ordene forzarlo a salir. Si ello ocurre, "el presidente levantará la sesión pública y podrá continuar en secreto", según el artículo 210 del vetusto ordenamiento, el cual dispone en el 207 que "Los concurrentes a las galerías se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio y compostura, y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración". Pero ni siquiera se les instó a guardar silencio, lo cual se hubiera explicado si de las galerías hubiera brotado, como en el imaginario caso de Morones, alguna invocación a la madre, sea la expuesta al escarnio público o la del nicho.
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References: artículo 26
 resolución 
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 artículo 244
 artículo 244
 artículo 210