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Timestamp: 2019-10-19 07:23:48+00:00

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﻿ Sentencia T-75 de febrero 14 de 2013
SENTENCIA T-75 DE 14 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. CONFORME A LA VERIFICACIÓN DE LA GARANTÍA Y PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, LA NIÑA O EL ADOLESCENTE, EL DEFENSOR Y EL COMISARIO DE FAMILIA, COMO EJECUTORES DEL TRÁMITE DE RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN QUE DEBE EJERCER EL ESTADO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD, DEBEN IR MÁS ALLÁ DEL SIMPLE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y LAS EXIGENCIAS DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR UNA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS SUSTANCIALES DEL ASUNTO Y ESTABLECER SI LA DECISIÓN VIOLA DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS INVOLUCRADOS, DETERMINANDO SI LA MEDIDA ADOPTADA ES OPORTUNA, CONDUCENTE Y CONVENIENTE, SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEL MENOR DE EDAD
Sentencia T-75 de febrero 14 de 2013
Ref.: Expediente T-3649279
Acción de tutela instaurada por Diana Milena Pardo Hernández en representación de su hija María Fernanda López Pardo, menor de edad, contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF
1. La actora afirmó que a su hija de 9 años se le diagnosticó “microcefalia, retardo psicomotor, comportamientos pervasivos y síndrome de Rett”, por lo cual requiere diferentes cuidados y tratamientos(1).
2. Señaló que en virtud de los padecimientos de la niña, en agosto 1º de 2009 el ICBF la incluyó en el programa “Hogar gestor”, donde recibía una ayuda económica para solventar las necesidades básicas de su hija (compra de pañales desechables, Pediasure, leche deslactosada, elementos de aseo, ropa, alimentos, transporte, etc.)(2).
3. Sin embargo, indicó que la defensoría de familia, centro zonal de Kennedy, equipo 1 de asuntos no conciliables, mediante Resolución 99 de 2012, excluyó a su primogénita del referido beneficio, argumentando cese del estado de vulnerabilidad de la beneficiaria y vencimiento del término de permanencia más la respectiva prórroga, ante lo cual la actora interpuso recurso de reposición, que no fue resuelto por extemporáneo(3).
4. Agregó que la mencionada dependencia no consideró que el estado de salud de la niña es el mismo y, por tanto, sus necesidades siguen iguales o mayores que las iniciales, mientras los costos que demanda la satisfacción de las prioridades básicas y especiales se han incrementado(4).
5. Alegó que no posee los recursos para atender el adecuado cuidado de su hija y brindarle mejores condiciones de vida, siendo la actora madre cabeza de familia, que convive con sus tres hijos menores en una habitación en arriendo y trabaja en el servicio doméstico por términos muy cortos (días), donde lo que devenga se destina al sostenimiento de su familia(5).
6. Así, pidió al juez de tutela proteger los derechos fundamentales de su representada a los derechos de los niños, a la vida y a la eficiente prestación de los servicios de seguridad social y salud y, en consecuencia, ordenar a la entidad demandada “el restablecimiento de la inclusión” de la menor María Fernanda López Pardo en el programa “Hogar gestor”(6).
1. Cédula de ciudadanía de la señora Diana Milena Pardo Hernández(7).
2. Tarjeta de identidad de María Fernanda López Pardo(8).
3. Fórmulas médicas emitidas en abril 24 y julio 18 de 2012, donde el galeno tratante de María Fernanda reportó “paciente con Dx. Retardo psicomotor severo, parálisis cerebral (...) usa pañal y en silla de ruedas”, al igual que “no control de esfínteres, con dificultad para la alimentación por trastorno deglutorio, quien requiere suplemento vitamínico diario y uso de pañales (...) paciente que se certifica tiene dependencia total para actividades básicas e instrumentales...”(9).
4. “Solicitud apoyo diagnóstico y terapéutico”, de julio 28 de 2010, a nombre de María Fernanda López Pardo(10).
5. “Formato de referencia y contrarreferencia” diligenciado en marzo 5 de 2012, donde se requirió el servicio de neurología pediátrica, haciendo referencia a “paciente con antecedente de retardo en el crecimiento y desarrollo, al igual que (...) espasticidad en miembros inferiores, ocasional se comunica con señales y sonidos guturales, obedece órdenes”(11).
6. Resolución 99 de junio 21 de 2012(12), proferida por el ICBF, regional Bogotá, centro zonal Kennedy, mediante la cual resolvió “se declara en situación de restablecimiento de derechos de la niña María Fernanda López Pardo y se da por terminada la medida de hogar gestor con discapacidad, y se ordena como medida ubicación en medio familiar con la progenitora”.
7. Escrito de julio 4 de 2012(13), con el cual la señora Diana Milena Pardo interpuso recurso de reposición contra la referida resolución.
8. Oficio 2968 de julio 6 de 2012(14), emitido por el ICBF, regional Bogotá, centro zonal Kennedy, dando respuesta negativa al recurso antes referido.
9. Lineamiento técnico para el programa especializado “Hogar gestor para la población con discapacidad”(15), expedido por la subdirección de restablecimiento de derechos del ICBF.
10. Reporte de consulta de afiliados al régimen subsidiado Distrito Capital(16), generado en julio 23 de 2012, desde la base de datos de la Secretaría de Salud de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Mediante auto de julio 16 de 2012(17), el Juzgado 41 Civil del Circuito Adjunto de Bogotá admitió la acción de tutela y corrió traslado al ICBF, para que en un término de dos días siguientes a la respectiva notificación, ejerciera su derecho de defensa.
En cumplimiento de lo anterior, la defensora de familia del ICBF, equipo 1 de asuntos no conciliables, presentó escrito en julio 24 de 2012(18), solicitando no tutelar los derechos invocados por la demandante, ante la no vulneración de los mismos, que están garantizados por la familia de la menor.
Al respecto, argumentó que “en ningún momento el ICBF, está vulnerando los derechos fundamentales de María Fernanda López Pardo, antes todo lo contrario ha intentado garantizárselos día a día”(19), y “en el seguimiento realizado por el equipo técnico interdisciplinario de la defensoría de familia, conformado por trabajadora social, nutricionista y psicóloga, quienes igualmente a través de sus valoraciones, experticia y conceptos (...) estiman que la niña, posee sus derechos garantizados por parte de su familia biológica, razón por la cual no avalan nueva prórroga a la medida Hogar gestor”(20).
Igualmente indicó que el ICBF no es una “entidad promotora de salud”, ni está adscrito al “Ministerio de la Protección Social”, por lo tanto no le es exigible el cumplimiento del régimen aplicable a los mencionados entes, pues no posee afiliados como tal; además, considera garantizada la salud de la menor, porque recibe la atención especializada conforme a sus afecciones y asiste a los controles médicos mensuales(21).
En fallo de julio 30 de 2012(22), el Juzgado 41 Civil del Circuito Adjunto de Bogotá negó el amparo solicitado por Diana Milena Pardo Hernández a favor de su hija María Fernanda López Pardo, al considerar improcedente la tutela y concluir que la entidad demandada no vulneró los derechos de la menor.
Para tal efecto, expuso que “la accionante interpuso el correspondiente recurso de reposición frente a la Resolución 99 de 2012 mediante la cual la parte accionada dio por terminada la medida de Hogar gestor, de donde se concluye que al existir otros mecanismos ordinarios de defensa judicial, resultaba imperativo que la interesada acudiera a ellos a tiempo y se estuviera a lo allí resuelto, pues dicho recurso no se tramitó en razón a que fue presentado extemporáneamente, luego la acción de tutela es un instrumento de carácter excepcional, que no goza de la facultad de instituirse en una herramienta supletoria para revivir oportunidades...”(23).
También asevero que “no se percibe que con el mentado acto administrativo se hubieren transgredido los derechos fundamentales invocados en la presente acción, pues es claro para el despacho que la decisión de declarar vulnerados y restablecidos los derechos de la menor María Fernanda López Pardo no obedece al capricho o voluntad del ICBF, por cuanto se corroboró por parte del equipo técnico interdisciplinario de la defensoría de familia, que los derechos de la niña se encuentran garantizados por parte de su familia biológica”(24).
En escrito de agosto 10 de 2012(25), la demandante impugnó la decisión del a quo, reiterando la petición de inclusión de María Fernanda López Pardo en la medida Hogar gestor, así como la inaplicación de toda norma que atente contra los derechos de la menor, dadas las condiciones apremiantes de salud en que la niña se encuentra y la precaria situación económica que afrontan(26).
En fallo de agosto 27 de 2012(27), la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión, señalando que la desvinculación de la menor del renombrado programa se debió a la culminación del término del mismo y su prórroga, con fundamento en concepto técnico emitido por el equipo interdisciplinario del ICBF, donde se dijo que la niña “tiene sus derechos garantizados por su medio familiar”.
Agregó no observar “que con la decisión adoptada en la aludida resolución, se estén afectando los derechos a la salud y a la vida de la niña María Fernanda López Pardo puesto que se encuentra afiliada al sistema de seguridad social integral a través de una EPS del régimen subsidiado...”(28).
En desarrollo del valor constitucional del interés superior del niño y su preeminencia, en Sentencia T-514 de septiembre 21 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, explicó esta corporación que es el reconocimiento de una “caracterización jurídica específica”, basada en la naturaleza prevaleciente de los intereses y derechos del menor de edad, que impone a la familia, a la sociedad y al Estado la obligación de darle un trato “que lo proteja de manera especial, que lo guarde de abusos y arbitrariedades y que garantice el desarrollo normal y sano del menor desde los puntos de vista físico, psicológico, intelectual y moral y la correcta evolución de su personalidad”.
Igualmente, en Sentencia T-979 de septiembre 1º de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte indicó que “el reconocimiento de la prevalencia de los derechos fundamentales del niño (...) propende por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en consideración al grado de vulnerabilidad del menor y a las condiciones especiales requeridas para su crecimiento y formación, y tiene el propósito de garantizar el desarrollo de su personalidad al máximo grado”.
Sobre la protección concreta del interés del niño y su carácter superior, en Sentencia T-510 de junio 19 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte señaló que la determinación se debe efectuar en atención a las circunstancias específicas de cada caso: “... el interés superior del menor no constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales de aplicación mecánica. Al contrario: el contenido de dicho interés, que es de naturaleza real y relacional, solo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad, que en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal”.
Así, en todas las situaciones en que entren en conflicto los derechos e intereses de los niños y los de las demás personas, deberá dárseles prelación a aquellos.
“... para establecer cuáles son las condiciones que mejor satisfacen el interés superior de los niños en situaciones concretas, debe atenderse tanto a consideraciones (i) fácticas —las circunstancias específicas del caso, visto en su totalidad y no atendiendo a aspectos aislados—, como (ii) jurídicas —los parámetros y criterios establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil—”.
Así, esta Corte en Sentencia T-397 de abril 29 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, concretó la siguiente regla:
En apropiado desarrollo de la preceptiva constitucional, el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes ha sido definido como fundamental en sí mismo, teniendo carácter prevalente respecto de los derechos de los demás, por expresa disposición de la carta(29). Así, recuérdese que el artículo 44 superior impone como derechos fundamentales de los niños “la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social (...) La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”, que “prevalecen sobre los derechos de los demás”.
Adicionalmente, en cuanto a las personas en situación de discapacidad, el artículo 47 de la Constitución ordena al Estado adelantar “una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”, lo cual deja en evidencia el propósito concreto del constituyente de promover la recuperación y la protección especial de quienes padecen este tipo de disminuciones, incentivando así el ejercicio real y efectivo de la igualdad de la que también gozan, por virtud del reconocimiento consagrado en el artículo 13 de la carta(30).
Ahora bien, como respaldo al tratamiento especial del derecho fundamental per se a la salud de niños, niñas y adolescentes, existen varios instrumentos jurídicos internacionales que les otorgan estatus de sujetos de protección especial, entre los cuales se puede destacar(31):
8. El Protocolo adicional a la Convención americana de derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales(32), en el literal e) del artículo 13 estatuye que “se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales” y en su artículo 18 indica que “toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”. Así, en procura de alcanzar los propósitos señalados, los Estados parte se comprometen a “incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo”.
9. La Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad(33), en su artículo 3º dispone que es obligación de los Estados parte adoptar “medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración”.
En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha señalado sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes en alguna circunstancia de discapacidad, que “la situación de indefensión propia de su edad y condición agrega la derivada de su defecto psíquico y, por consiguiente, plantea a la sociedad la máxima exigencia de protección. La Constitución impone, consciente de esta circunstancia, deberes concretos a los padres, docentes, miembros de la comunidad y autoridades públicas, que se enderezan a la ayuda y protección especial al menor disminuido físico o mental, de modo que se asegure su bienestar, rehabilitación y se estimule su incorporación a la vida social”(34).
Conforme a lo normativamente establecido, el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, implica la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos y de la capacidad para realizar un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados(35). En ejercicio del restablecimiento, las autoridades deberán surtir procedimientos tendientes a garantizar el cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y aplicarán oportunamente las medidas conducentes a ello.
Según el artículo 96 de la referida ley, las autoridades administrativas competentes para adelantar dicho trámite, son las defensorías y comisarías de familia, quienes se encargan de prevenir, garantizar y restablecer los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución y en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Sin embargo, para el cumplimiento de las anteriores funciones, estos cuentan con un equipo técnico e interdisciplinario, cuyos conceptos tienen carácter de dictamen pericial.
PAR. 1º—De las anteriores actuaciones se dejará constancia expresa, que servirá de sustento para definir las medidas pertinentes para el restablecimiento de los derechos”.
En desarrollo del rango constitucional fundamental prevalente que rodea los derechos de los niños y a fin de hacer efectiva la referida protección superior, fue expedido el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006(36), desarrollando la consagración constitucional de las garantías fundamentales a favor de este grupo de especial protección, para que fueran reconocidas sin ningún tipo de discriminación y se consolidaran la debida protección, el cuidado y la asistencia necesaria, con el objetivo primordial de lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social de los menores.
El programa hogar gestor encuentra sustento en la Ley 1098 de 2006, “Código de la Infancia y la Adolescencia”, específicamente en las siguientes disposiciones: el artículo 15 que establece “Es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños, niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. La autoridades contribuirán con este propósito...”; el 22 que reza “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia (...) solo podrán ser separados cuando esta no garantice las condiciones para la realización del ejercicio de sus derechos (...) En ningún caso, la condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación”; el 17 que indica “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente...”.
Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena y a que se les proporcionen las condiciones necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad”.
El ICBF, como ente coordinador del sistema nacional de bienestar familiar, en cumplimiento de lo ordenado por el parágrafo del artículo 11 del referido código, ha venido definiendo los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento, teniendo como último el expedido en noviembre de 2010(37), aprobado en diciembre 30 de 2010, con el cual se busca generar procesos de atención que permitan prevenir mayores niveles de vulneración, dependiendo de la situación o condición particular del niño, niña o adolescente y sus familias o redes sociales próximas.
El ICBF define tal modalidad de restablecimiento de derechos como el acompañamiento, la asesoría y el socorro económico para el fortalecimiento familiar, de manera que con el apoyo del Estado, la familia corresponsablemente asuma la protección integral del niño, niña o adolescente(38).
La población pasible de esta modalidad de apoyo y fortalecimiento, incluye a niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad o con enfermedad de cuidado especial, y los mayores de 18 años con discapacidad mental absoluta, que cuentan con familia de origen o red vincular de apoyo (interacción con hermanos, primos y otros familiares, compañeros de preescolar y de colegio, vecinos, amigos, etc.), pero que por sus condiciones de pobreza se encuentran bajo adicional amenaza de vulneración de derechos(39).
7.2. Como se indicó en principio, el presente asunto gira en torno a la protección de una niña de 9 años, a quien le fue diagnosticada “microcefalia, retardo psicomotor, comportamientos pervasivos y síndrome de Rett”, para lo cual requiere especiales cuidados y tratamientos. A raíz de tales padecimientos, se encontró que en agosto 1º de 2009, el ICBF incluyó a la niña en la modalidad hogar gestor, mediante la cual recibía acompañamiento, asesoría y apoyo económico para solventar las necesidades básicas de la misma (compra de pañales desechables, Pediasure, leche deslactosada, elementos de aseo, ropa, alimentos, transporte, etc.).
7.3. También se constató que la entidad demandada, a través de la defensoría de familia, centro zonal de Kennedy, equipo 1 de asuntos no conciliables, mediante Resolución 99 de 2012 excluyó a María Fernanda López Pardo del referido beneficio, argumentando el cese del estado de vulnerabilidad de la niña, el vencimiento de los términos y prórroga de permanencia en dicho programa y la suficiente capacidad económica de la madre.
7.4. Contrario a lo antes anotado y según visita domiciliaria a la vivienda de la menor, realizada por la trabajadora social que integra el equipo técnico interdisciplinario de la defensoría de familia, órgano que adelantó el proceso de restablecimiento de los derechos de la niña, se tiene que la mencionada profesional emitió informe al respecto, en donde verifica: “... la progenitora manifiesta que actualmente no se encuentra trabajando ya que María Fernanda necesita de atención diaria y permanente por ser una niña dependiente de un adulto, lo que le dificulta tener un empleo estable, así mismo informa que la persona que la apoya económicamente es el señor (...) padre de su hijo mayor y con quien mantiene una relación que no especifica pero que en ocasiones se queda a dormir en casa”(40).
Igualmente, la profesional en el mismo escrito sugiere “revisar la posibilidad de cambiarse de residencia que le ofrezca otra habitación adicional donde pueda de alguna manera darle independencia a sus hijos y más teniendo en cuenta que el señor (...) la visita y duerme en la misma habitación y cama de ella donde se encuentran los tres hijos, lo cual daría a exposición de situaciones de adultos en presencia de niños, los cuales se vuelven conductas repetitivas en diferentes contextos cotidianos”(41).
7.6.1. No se procuró la satisfacción de los derechos constitucionalmente protegidos cuando, de conformidad con el acervo probatorio, la niña y la familia no han podido superar, ni tan siquiera mitigar, las circunstancias de vulnerabilidad siempre enfrentadas. De manera inconstitucional y sin sustentar la magnitud del aducido detrimento patrimonial, el ente demandado se limitó a tratar de justificar la terminación de la modalidad protectora con un énfasis meramente económico y de afectación presupuestal, dejando de lado que la propia Constitución, reformada al efecto por el Acto Legislativo 3 de 2011, estatuye en el parágrafo del artículo 334:
1. REVOCAR el fallo proferido en agosto 27 de 2012 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, mediante el cual confirmó el dictado en julio 30 del mismo año por el Juzgado 41 Civil del Circuito Adjunto de Bogotá, que negó la acción de tutela promovida por la señora Diana Milena Pardo Hernández, en representación de su hija, contra el ICBF.
2. En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales de María Fernanda López Pardo a la salud y a la vida digna y ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, incluya nuevamente a la referida niña en la medida de restablecimiento de derechos “modalidad hogar gestor para población con discapacidad” y se abstenga de limitar o suspender su continuidad, mientras subsistan las circunstancias que dieron lugar a la concesión de tal modalidad.
Magistrados: Nilson Pinilla Pinilla—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Alexei Julio Estrada, con aclaración de voto.
(1) Fl. 19, cdno. inicial.
(6) Fl. 24 ib.
(7) Fl. 1 ib.
(8) Fl. 2 ib.
(9) Fls. 3 y 68 ib.
(10) Fl. 4 ib.
(11) Fl. 5 ib.
(12) Fls. 8 y 9 ib.
(13) Fl. 7 ib.
(14) Fl. 6 ib.
(15) Fls. 45 a 52 ib.
(16) Fl. 52 ib.
(17) Fl. 26 ib.
(18) Fls. 29 a 44 ib.
(19) Fl. 36 ib.
(20) Fl. 43 ib.
(21) Fl. 36 ib.
(22) Fls. 61 a 63 ib.
(23) Fl. 62 ib.
(24) Fls. 62 y 63 ib.
(25) Fls. 66 y 67 ib.
(26) Fl. 67 ib.
(27) Fls. 3 a 7, cdno. 2.
(28) Fl. 6 ibídem.
(29) Cfr., entre otros fallos sobre la protección especial a los niños, T-397 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-943 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-510 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-864 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-550 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-765 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(30) Cabe recordar que el artículo 13 superior ordena al Estado la protección especial de las personas que por sus condiciones físicas o mentales se hallan en condiciones de debilidad manifiesta: “... El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
(31) Cfr. T-765 de octubre 10 de 2011, precitada.
(32) Aprobado por Ley 319 de 1996 y declarado exequible en Sentencia C-251 de mayo 28 de 1997, M.P. Alejandro Martínez caballero.
(33) Aprobada por la Ley 762 de 2002 y declarada exequible en Sentencia C-401 de mayo 20 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(34) Cfr. T-298 de junio 30 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(35) Artículo 50 de la Ley 1098 de 2006, “Código de la Infancia y la Adolescencia”.
(36) Derogó el precedente estatuto, Código del Menor, Decreto 2737 de 1989.
(37) Además de los lineamientos técnicos para Hogares gestores, que fueron expedidos en mayo 7 de 2007 y aprobados mediante Resolución del ICBF 913 de 2007, surgen modalidades de: apoyo y fortalecimiento a la familia para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años con discapacidad, con sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados (cfr. Res. 6024 de dic. 30/2010 del ICBF).
(38) Lineamiento técnico de noviembre de 2010, aprobado por el ICBF mediante Resolución 6024 de diciembre 30 de 2010.
(40) Fls. 29 a 31, cdno. inicial.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 44
 artículo 47
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 3
 artículo 96
 artículo 15
 artículo 11
 Resolución 
 artículo 334
 artículo 13
 Artículo 50
 Resolución 
 Resolución