Source: https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cumplir-el-deber-de-resolver-expresamente-los-recursos-administrativos-que-sean-formulados-3/
Timestamp: 2019-09-18 00:58:36+00:00

Document:
Resolver recursos administrativos. Murcia. Defensor del Pueblo
Resolución expresa de los recursos administrativos que sean formulados..
Resolución expresa de los recursos administrativos que sean formulados.
Administración: Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. MURCIA
Queja número: 14010847
Esta Institución agradece la información remitida, en relación con la queja planteada por Dña. (…), relativa a la falta de respuesta expresa al recurso potestativo de reposición interpuesto por la interesada el 21 de abril de 2014, contra la resolución de 31 de marzo de 2014 del tribunal calificador, por la que era aprobada la calificación definitiva de los aspirantes para el puesto de Técnico de Empleo, personal adscrito al Vivero de Empresas, mediante el nombramiento de funcionario interino para la ejecución de un programa de carácter temporal.
En la respuesta remitida por ese Ayuntamiento a la solicitud de información formulada por esta Institución textualmente se indica que “Dicho recurso no fue resuelto expresamente por lo que de conformidad con el artículo 43.1 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el mismo ha de ser considerado desestimado”.
Continúa señalando esa Administración municipal que la Sra. (…) interpuso recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de su recurso de reposición, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número Uno de Murcia.
Al margen de que, en el supuesto que nos ocupa, la interesada haya acudido a la vía judicial para el reconocimiento de su pretensión, tal y como señala la citada ley de procedimiento administrativo, esta Institución no puede compartir la postura mantenida por ese Ayuntamiento, pues lo que establece la norma es que, en el supuesto de inactividad de la Administración, se encuentra al alcance del afectado la posibilidad de acudir a la vía judicial, pero no la obligación de hacerlo, sí teniendo la Administración la obligación de responder expresamente a los recursos potestativos de reposición que le sean planteados.
El artículo 17.2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, por la que se rige esta Institución, dispone que el Defensor del Pueblo, en cualquier caso, velará por que la Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados, cumpliendo así lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
A juicio de esta Institución, el hecho de que la interesada haya acudido a la vía judicial no exime a esa Administración local de su obligación de responder expresamente al recurso interpuesto, pues el recurso aludido se planteaba frente a la propuesta definitiva del nombramiento como funcionarios interinos a los aspirantes que superaron el proceso selectivo, sin que quede al arbitrio de esa corporación la expresa resolución o no al recurso formulado, sino que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contempla la obligación de resolución expresa en todos los procedimientos y establece el sistema de recursos con la finalidad de reforzar las garantías jurídicas de los ciudadanos frente a la actuación de la Administración.
Por tanto, la figura del silencio administrativo negativo actúa en el beneficio exclusivo del ciudadano y a los solos efectos procesales. A este respecto, el Tribunal Supremo ha declarado que dicho silencio “faculta al interesado para entender producida la desestimación presunta del recurso interpuesto por el mero transcurso del plazo fijado para resolverlo, pero sin que ello implique que el recurso haya sido resuelto -sino una mera ficción legal para evitar que la impugnación de los actos administrativos sea fácilmente paralizada por la simple inactividad de la Administración- ni excluya tampoco del deber de ésta de dictar resolución expresa, que aún siendo tardía podría, como es lógico, ser entonces impugnada en la vía pertinente” (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1980).
El marco jurídico vigente configura un sistema de garantías del ciudadano en su relación con la Administración que descansa sobre mecanismos de participación de los ciudadanos a través de la formulación y resolución de los recursos que el ordenamiento jurídico establece, cuya finalidad responde a hacer compatible la actuación eficaz de la Administración con el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, toda vez que, si la Administración soslaya esa actuación, puede incidir en el propio ejercicio del derecho del administrado, lo que supone que el ciudadano se vea impelido a ejercitar el mismo con escasa información en la que fundar el ejercicio de su derecho en la vía jurisdiccional establecida en la legislación ordinaria.
Sobre la base de las argumentaciones expuestas y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, he resuelto formular a ese Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas el siguiente:
“Cumplir el deber legal que le incumbe de resolver expresamente en tiempo y forma los recursos que le hayan sido formulados de acuerdo con lo que al respecto disponen los artículos 42 y 54 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.
A la espera de recibir la información solicitada en la que se indique el cumplimiento del citado recordatorio o los motivos por los que no resulta posible darle efectividad.

References: Resolución 

Resolución 
 resolución 
 artículo 43
 artículo 17
 artículo 42
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 30