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BOE.es - Documento BOE-A-1972-1885
Documento BOE-A-1972-1885
«BOE» núm. 309, de 26 de diciembre de 1972, páginas 23031 a 23034 (4 págs.)
BOE-A-1972-1885
La preocupación por estos temas alcanza dimensiones mundiales. La Organización de las Naciones Unidas declaró a mil novecientos setenta como «Año de Protección de la Naturaleza», como paso previo a un intento de toma de conciencia, que ha culminado el presente año con la reunión en Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. La universalidad del movimiento en favor de una defensa sistemática de la Naturaleza excluye radicalmente toda posible actitud de abstencionismo. El Estado debe asumir una posición activa respecto a estos temas, y con mayor razón en aquellos países, como España, en los que por el grado actual de industrialización no se han alcanzado aún niveles intolerables de degradación del medio ambiente, salvo en casos muy excepcionales. Precisamente porque no es aún demasiado tarde es por lo que los esfuerzos para la protección del medio ambiente deben iniciarse sin más demora. Tal es, por lo demás, la postura que el Estado español mantiene, como aparece reflejado en el texto del III Plan de Desarrollo Económico y Social.
Con todo, la dificultad primaria de los programas de defensa del medio ambiente radica en su extrema complejidad, lo que obliga, más que en ninguna otra acción del Gobierno, a una actuación coordinada. La defensa del paisaje, la restauración y mejora de las zonas de interés natural y artístico, la contaminación del aire, de las aguas continentales y marítimas y del suelo por la utilización abusiva de pesticidas y abonos, la protección de la fauna y la flora, la lucha contra los incendios y las plagas forestales, la eliminación o tratamiento de los residuos, la defensa de las zonas verdes y espacios libres, la reinstalación de las industrias fuera de las zonas urbanas residenciales, la congestión del tráfico urbano, la lucha contra el ruido y otros tantos, no son sino aspectos parciales de una política general de múltiples facetas, en buena parte inexploradas, y cuya comprensión y ordenación global exige unos instrumentos legales de los que hoy no se dispone.
En esta línea no cabe duda de que el criterio óptimo de actuación sería preparar una Ley general para la defensa del medio ambiente, en la que se considerasen armónicamente todos los problemas apuntados. Sin embargo, la presión de las circunstancias obliga a aplazar momentáneamente la antedicha solución legislativa; la falta de experiencia en no pocos aspectos, la necesaria dosificación de los medios económicos que han de afectarse a estas atenciones, el diverso desarrollo de los estudios en unos y otros temas, el diferente grado de urgencia de los problemas planteados, han aconsejado al Gobierno adoptar una actitud pragmática e iniciar sus programas de actuación con regulaciones sectoriales, comenzando por el tema, ya grave en muchas de nuestras aglomeraciones urbanas, de la contaminación del aire, problema que ha de abordarse teniendo muy presente que la Naturaleza es una unidad y que, por tanto, actuar para preservar la atmósfera de elementos contaminantes puede, si no se considera el problema en su conjunto, tener consecuencias negativas inmediatas sobre otros aspectos del medio ambiente, como el agua y el suelo.
La saturación de la atmósfera —es decir, el agotamiento de todas sus posibilidades de asimilación de nuevos contaminantes por haberse alcanzado los niveles de contaminación máximos legalmente admisibles—, producida por las emisiones de contaminantes provenientes de las actividades ubicadas en una zona determinada, deberá encontrar como justificación, en último extremo, un adecuado retorno a la comunidad en forma de un mayor bienestar para la mayoría de los individuos que la componen. Por consiguiente, la saturación del medio atmosférico por las emisiones de un foco contaminador perteneciente a una actividad que, aun cumpliendo las normas sobre niveles máximos de emisión, aporte a la comunidad unos beneficios que no compensen los perjuicios que produce a la salud pública, podrá ser declarada ilegal, y la actividad causante de esta perturbación podrá ser sometida, por la fuerza del Derecho, a normas de emisión e inmisión más estrictas con el fin de dejar paso a otras actividades que satisfagan mejor los intereses económicos, sociales y comunitarios. Es, pues, necesario considerar que las normas sobre las emisiones e inmisiones son índices que no deben ser considerados como valores absolutos, sino que, según las condiciones de cada caso particular, pueden ser ajustadas en orden a su integración en un sistema de optimización.
Los controles realizados sobre la presencia de sustancias contaminantes en la atmósfera revelan una acusada tendencia del alza del índice de contaminación en diversas áreas del territorio nacional, constitutiva de estados generales de perturbación del medio ambiente que requieren una urgente acción para lograr su contenido dentro de unos niveles máximos tolerables, al objeto de evitar que puedan presentarse graves situaciones de incomodidad y morbilidad en la población localizada en determinadas zonas de alta concentración demográfica, industrial y de tráfico, en donde la creciente expansión económica produce un efecto multiplicador en la utilización y funcionamiento de los focos emisores de contaminantes. La resolución del problema requiere por parte del Gobierno, y entre otras acciones, la promulgación de disposiciones generales sobre criterios de calidad del aire, niveles de emisión de sustancias contaminantes, calidades de los combustibles y carburantes utilizables, controles de fabricación y homologación de motores, generadores de calor y otras fuentes de emisión de contaminantes, fijas y móviles.
Las normas que se promulgan deben surgir de un compromiso entre las exigencias higiénico-sanitarias, por una parte; por otra, los imperativos económicos —impuestos por las disponibilidades globales y efectivas de recursos financieros para cada sector, y por la competitividad en el mercado internacional—, y, finalmente, las posibilidades técnicas de la depuración de las emisiones de sustancias contaminantes a la atmósfera, de acuerdo con los conocimientos tecnológicos del momento.
Consciente de la gravedad del problema, el Gobierno deberá, en casos justificados, ayudar a los industriales a corregir sus emisiones y de sustancias contaminantes a la atmósfera mediante la concesión de créditos en condiciones favorables, de subvenciones y beneficios tributarios, además del apoyo tecnológico preciso para ello; todo ello en el supuesto de que dichos industriales tengan en pleno funcionamiento las medidas correctoras exigidas por la legislación anterior, y en atención a que las inversiones en instalaciones de depuración generalmente no son productivas ni van destinadas a mejorar la productividad o sanear la economía de la Empresa, constituyendo, en cambio, un nuevo concepto que gravita sobre los costes de fabricación.
Uno. La presente Ley tiene por objeto prevenir, vigilar y corregir las situaciones de contaminación atmosférica, cualesquiera que sean las causas que la produzcan.
Dos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el Gobierno podrá establecer unos límites de emisión más estrictos que los de carácter general cuando, aun observándose éstos y ponderando debidamente las circunstancias, estime que resultan directa y gravemente perjudicados personas o bienes localizados en el área de influencia del foco emisor o se rebasen en los puntos afectados los niveles generales de inmisión. En estos casos se exigirá la adopción por los titulares de los focos emisores de los sistemas o medidas correctoras, que, de acuerdo con el estado de la técnica, aseguren la reducción del vertido de contaminantes a la atmósfera.
b) La obligación de que en las instalaciones industriales que se determinen se disponga de una reserva de combustibles especiales que cubra sus necesidades de consumo durante un mínimo de seis días para ser utilizadas si se declarase mientras dure la situación de emergencia prevista en el artículo séptimo de esta Ley, como medida transitoria y previa al paro o limitación de horario en el funcionamiento de la instalación.
Dos. El Gobierno aprobará, con carácter general, a propuesta de la Comisión Interministerial del Medio Ambiente y previo informe de la Organización Sindical, el Reglamento aplicable a las zonas en situación de emergencia, en el que se establecerá la duración y características de este régimen. Declarada la situación de emergencia, el Gobernador civil adoptará las medidas pertinentes del artículo anterior, y además, todas o algunas de las siguientes:
Limitar o prohibir la circulación de toda clase de vehículos, con las excepciones necesarias para garantizar la atención de los servicios sanitarios, de incendios, de seguridad y de orden público y de defensa nacional.
Uno. Se establecerá por el Gobierno una red nacional de estaciones fijas y móviles para la vigilancia y previsión de la contaminación atmosférica que dependerá administrativamente del Ministerio de la Gobernación. Dicha red estará integrada, únicamente a efectos funcionales, por todas las estaciones sensoras estatales, locales o privadas que existan actualmente o se creen en el futuro.
a) Con multa de hasta cinco mil pesetas, tratándose de vehículos a motor; de hasta veinticinco mil pesetas en relación con los generadores de calor, y de hasta quinientas mil pesetas cuando se trate de los demás focos emisores de contaminantes a la atmósfera o de suministros de combustibles y carburantes que no se ajusten a lo establecido en el artículo cuarto de esta Ley.
a) A los Alcaldes, cuando la cuantía no exceda de cien mil pesetas.
b) A los Gobernadores civiles, cuando la cuantía exceda de cien mil pesetas y no sobrepase las doscientas cincuenta mil pesetas.
Dos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo séptimo de esta Ley, el precintado de generadores de calor domésticos corresponderá a los Alcaldes, el precintado de los vehículos de motor a los Gobernadores civiles, la suspensión o clausura de establecimientos industriales y, en su caso, de la distribución de sus productos, al Ministerio de Industria, y la suspensión o clausura de actividades agrarias sujetas a la competencia del Ministerio de Agricultura, a este Ministerio.
Sin perjuicio de ulterior recurso ante los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los actos administrativos sancionadores a que se refiere el artículo anterior, serán recurribles en la forma y plazos previstos por la Ley de Procedimiento Administrativo, ante los órganos siguientes:
Para el mejor cumplimiento y eficacia de lo dispuesto en esta Ley, el Gobierno, a propuesta de la Comisión Interministerial del Medio Ambiente, podrá llevar a cabo las modificaciones, refundiciones y supresiones de aquellos órganos y entes que existan en la actualidad con competencias en materia de contaminación atmosférica, cualquiera que sea el rango de la disposición que los regule. En todo caso, se procurará dotar de personal y medios suficientes a los Departamentos y Organismos competentes en la materia.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición final primera, el Gobierno, en el plazo de un año, adaptará a lo prescrito en la presente Ley los preceptos que resulten afectados del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pelisas, aprobado por Decreto dos mil cuatrocientos catorce/mil novecientos sesenta y uno, de treinta de noviembre y de cuantas disposiciones existan en relación con aquélla.
Los focos emisores ya establecidos, en montaje o simplemente autorizados a la publicación de esta Ley en el «Boletín Oficial del Estado», deberán adaptarse progresivamente, en los plazos y en las formas que se determinen, a las condiciones técnicas fijadas en las disposiciones que la desarrollen, disfrutando a tal fin de los beneficios del artículo once. El mismo régimen se aplicará a los traslados de focos ya establecidos o en montaje que se produzcan como consecuencia de la aplicación de esta Ley.
Entrada en vigor: de las disposiciones Finales primera, segunda, tercera, cuarta y quinta el 26 de diciembre de 1972.
Fecha de derogación: 17/11/2007
SE DEROGA, por Ley 34/2007, de 15 de noviembre (Ref. BOE-A-2007-19744).
sobre contaminación por ozono: Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-616).
sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiental: Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre (Ref. BOE-A-2002-20933).
SE DEROGA lo indicado y se modifica el art. 12.1, por Ley 16/2002, de 1 de julio (Ref. BOE-A-2002-12995).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre contaminación por Ozono: Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre (Ref. BOE-A-1995-21347).
SE DESARROLLA, por Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre (Ref. BOE-A-1992-22027).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 11, dictando normas para su aplicación: Real Decreto 2512/1978, de 14 de octubre (Ref. BOE-A-1978-26860).
el art. 11, por Orden de 30 de marzo de 1976 (Ref. BOE-A-1976-7152).
por Decreto-ley 12/1975, de 2 de octubre (Ref. BOE-A-1975-21650).
por Decreto 833/1975, de 6 de febrero (Ref. BOE-A-1975-8450).
art. 11 por Decreto 795/1975, de 20 de marzo (Ref. BOE-A-1975-8169).
por Decreto 3025/1974, de 9 de agosto (Ref. BOE-A-1974-1780).
plan aprobado por Ley 22/1972, de 10 de mayo (Ref. BOE-A-1972-707).

References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto