Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-143-de-octubre-2-de-2012?documento=legcol&contexto=legcol_cc4bf6b852c70010e0430a0101510010&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-05 01:13:24+00:00

Document:
﻿ Fondo Nacional del Ahorro
RESOLUCIÓN 143 DE 02 DE OCTUBRE DE 2012
CONTENIDO:REGLAMENTA LOS PROCESOS DE RECAUDO DE CARTERA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO. DEROGA LA RESOLUCIÓN 13 DE 2007.
TEMAS ESPECÍFICOS:FONDO NACIONAL DEL AHORRO, INTERVINIENTES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, RECAUDO DE LA CARTERA DE CRÉDITO, INTERVINIENTES EN EL DERECHO PROCESAL, COBRO COACTIVO POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA, PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO COACTIVO POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIONES DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1442 DE NOVIEMBRE 15 DE 2012, PG.1129
DIARIO OFICIAL N°:48580 DE OCTUBRE 11 DE 2012
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 360 DE 2013 ARTÍCULO 34 DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO
RESOLUCIÓN 143 DE 2012
“Por la cual se reglamentan los procesos de recaudo de cartera y se dictan otras disposiciones”.
(Nota: Derogada por la Resolución 360 de 2013 artículo 34 del Fondo Nacional del Ahorro)
El Presidente del Fondo Nacional del Ahorro, “Carlos Lleras Restrepo”,
en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las otorgadas por la Ley 432 de 1998, los decretos 1454 de 1998 y 2555 de 2010, y
Que la Ley 432 de 1998 transformó el FNA en empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizado como establecimiento de crédito de naturaleza especial, cuyo objetivo es “administrar de manera eficiente las cesantías y contribuir a la solución del problema de vivienda y educación de los afiliados”, otorgando, para lograr esto último, créditos hipotecarios y educativos, los cuales deberán constar en títulos que presten mérito ejecutivo.
Que la administración de la cartera de crédito de vivienda y educación es una actividad relacionada con el objeto legal de la entidad y por lo tanto debe determinar, dirigir y controlar las acciones tendientes para evitar su deterioro.
Que la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Circular 48 de 2008 impartió instrucciones a las entidades vigiladas sobre la forma de adelantar las gestiones de cobranza prejudicial, las cuales atiende el FNA bajo el respeto al derecho a la intimidad y al buen nombre del afiliado - deudor.
Que teniendo en cuenta que el FNA no tiene la estructura suficiente para adelantar directamente el cobro de los créditos en mora por vía administrativa, judicial y extrajudicial, es necesaria la contratación de personas jurídicas o personas naturales con idoneidad profesional para tal labor.
Que mediante Ley 1380 de 2010 se estableció el régimen de insolvencia económica para personas naturales no comerciantes el cual tiene por objeto “permitirle al deudor persona natural no comerciante, acogerse a un procedimiento legal que le permita mediante un trámite de negociación de deudas en audiencia de conciliación extrajudicial celebrar un acuerdo de pago” y por lo tanto la entidad debe estar preparada para atender a los afiliados que se acojan a la citada ley.
Que es necesario efectuar algunos ajustes a la reglamentación interna vigente, tendientes a establecer mecanismos y procedimientos más ágiles y efectivos en la recuperación de cartera morosa, con el fin de dar cumplimiento a los reglamentos de la Superintendencia Financiera en relación con el mejoramiento de los activos de la entidad.
ART. 1º—Elproceso de recaudo de cartera del FNA podrá realizarse en cuatro (4) etapas: Preventiva, administrativa, judicial y extrajudicial.
a) Preventiva: Gestión que se realiza a los deudores días antes del vencimiento de la fecha para el pago de la factura y pretende mantener informado al afiliado sobre su crédito así como preveer posibles dificultades para atender su pago. A través de la cobranza preventiva también se podrán realizar campañas especiales a segmentos específicos de cartera en mora a fin de generar mediante una gestión comercial el pago de la obligación.
b) Administrativa: Es la cobranza persuasiva que se realiza sobre la cartera que presente saldo en mora.
c) Judicial: Es la cobranza que se realiza a través de procesos ejecutivos hipotecarios a fin de obtener por ese medio el pago de una obligación.
d) Extraprocesal: Cobranza basada en mecanismos alternos a un proceso judicial, tendiente a lograr a un acuerdo de pago con el afiliado, la normalización del crédito o su extinción.
(Nota: Derogado por la Resolución 360 de 2013 artículo 34 del Fondo Nacional del Ahorro)
Gestión preventiva de la cartera
ART. 2º—Etapa de gestión preventiva. Gestión comercial que se realiza antes del vencimiento del pago de la cuota del crédito tendiente a verificar el nivel de contactabilidad de los afiliados, la recepción oportuna de la factura, y si el deudor ha tenido inconvenientes con la misma o, en general, si requiere alguna precisión sobre su contenido.
En esta etapa se podrán adelantar campañas especiales a segmentos específicos de cartera vencida, para generar cultura de pago oportuno, mitigar el rodamiento de la cartera, actualizar datos de los deudores y/o brindar una información específica relacionada con el crédito y/o proceso de cobro jurídico.
La gestión en esta etapa se realizará principalmente vía telefónica sin perjuicio de poder emplear otros medios que permitan contactar a los afiliados, tales como mensajes IVR y correo electrónico.
El FNA podrá contratar con personas naturales o jurídicas, que demuestren experiencia en cobranza, infraestructura y tecnología, para el cumplimiento de esta gestión.
Cobro administrativo de la cartera
ART. 3º—Etapa de cobro administrativo. El cobro administrativo de la cartera, se efectuará por parte de la división de cartera o la dependencia que haga sus veces, de forma directa o a través de la contratación de personas naturales o jurídicas.
Este cobro comprende cualquier tipo de acreencias que surjan con motivo de acciones, crediticias, judiciales o administrativas que presenten saldo en mora y se podrá realizar por todo el tiempo mientras permanezca esta situación.
En esta fase el FNA podrá contratar con personas naturales o jurídicas, que demuestren experiencia en cobranza, infraestructura y tecnología, para el cumplimiento de esta gestión.
ART. 4°—Reparto. La división de cartera realizará el reparto de obligaciones para gestión de cobro prejudicial o administrativo, teniendo en cuenta, los siguientes criterios:
a) Únicamente los créditos que se encuentren en mora, serán repartidos a personas naturales y/ojurídicas para la gestión de cobranza administrativa;
b) Los contratistas tendrán un término de 15 días para contactar al deudor; vencido dicho término deberán presentar un informe de avance sobre la gestión realizada. La división de cartera podrá reasignar a otro operador aquellas obligaciones en las cuales no se logró ningún tipo de resultado;
c) El contratista deberá presentar un informe mensual consolidado, detallando la gestión realizada a cada uno de los créditos entregados para su cobro;
d) La división de cartera podrá incrementar o disminuir el reparto a los contratistas de acuerdo con la gestión adelantada.
PAR.—Una vez se inicie la etapa judicial, la oficina jurídica conjuntamente con la división de cartera podrán diseñar estrategias de cobro por medio de campañas especiales.
ART. 5°—Honorarios de los contratistas. El monto a cancelar por concepto de honorarios será establecido contractualmente, de acuerdo con las mejores prácticas y la dinámica del mercado, teniendo en cuenta, los siguientes criterios:
a) Los honorarios deben estimular la eficiencia en la cobranza, por lo tanto, únicamente se cancelarán sobre sumas de dinero efectivamente recaudadas;
b) Se establecerán tarifas diferenciales por franjas de mora que dependerán del porcentaje de eficiencia en el recaudo.
PAR.—Para el pago de los honorarios sobre sumas recaudadas no se tendrán en cuenta los abonos efectuados al crédito por concepto de cesantías.
ART. 6º—Indicadores de gestión para los contratistas de cobranza administrativa. Ladivisión de cartera o la dependencia que haga sus veces, para efecto de la evaluación de la gestión de los contratistas, deberá diseñar e implementar indicadores de gestión, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Recuperación parcial o total de cartera en mora;
b) Recuperación por franja de mora;
c) Mayor localización de deudores y actualización de bases de datos.
Cobro judicial de la cartera hipotecaria
ART. 7º—Etapa cobro judicial. Son sujetos de cobro jurídico las siguientes obligaciones crediticias:
1. Créditos hipotecarios con más de ciento veinte (120) días en mora.
2. Créditos educativos con más de sesenta (60) días de mora.
3. En aquellos casos en los cuales sea exigible el pago total de la obligación de acuerdo con lo establecido en los correspondientes contratos de mutuo o pagarés suscritos por el deudor (persecución de la garantía).
PAR.—Cuando los créditos hipotecarios alcancen una altura de mora igual o superior a noventa (90) días, la división de cartera, o la dependencia que haga sus veces, dará inicio de inmediato al proceso de alistamiento de las garantías para ser remitidas a la oficina jurídica con el fin de que se inicie la acción judicial de cobro.
ART. 8º—Envío de obligaciones para iniciar el cobro judicial. Una vez se cumpla alguno de los presupuestos establecidos en el artículo anterior, la división cartera remitirá a la oficina jurídica la relación de los créditos respecto a los cuales deban iniciarse las acciones judiciales para obtener su recaudo, anexando todos los documentos y soportes necesarios para esa finalidad.
PAR.—Una vez iniciada la etapa de cobro judicial el FNA podrá continuar con la gestión de cobranza de la cartera hipotecaria y educativa a través de llamadas telefónicas, comunicaciones o visitas domiciliarias, entre otros, con el fin de lograr la normalización de la obligación.
ART. 9º—Excepciones para el envío de obligaciones a cobro judicial. No será obligatorio enviar a cobro jurídico los créditos que se encuentren en una de las siguientes condiciones:
1. Cuando los créditos tengan un monto en mora inferior a uno punto cinco (1.5) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv)
2. Cuando se haya celebrado acuerdo de pago, sustitución de deudor o cuando se encuentre en curso la aplicación de cesantías (si con ellas se espera que se normalice la obligación).
3. Cuando se encuentren en curso reclamaciones por concepto de seguros, o acciones judiciales o administrativas en trámite.
ART. 10.—Vinculación de los contratistas. Para el recaudo judicial de la cartera en mora, se vincularán personas naturales (abogados externos) y/o jurídicas por medio de contratos de prestación de servicios profesionales.
Para la selección del contratista, el FNA examinará la experiencia, calidades profesionales del mismo y verificará que cuenten con la infraestructura necesaria para prestar un buen servicio a los afiliados, y los recursos tecnológicos necesarios para llevar el control de los procesos a través del módulo de cobro judicial de la entidad.
PAR. 1º—El FNA contará con una lista de abogados externos o personas jurídicas, correspondiente a los diferentes departamentos del país, quienes preferiblemente deberán estar domiciliados —si se trata de personas naturales— o contar como mínimo con representación —si se trata de personas jurídicas— en el lugar donde se deba adelantar el proceso judicial, y con quienes se realizará el cobro de cartera vencida de los afiliados residentes en la misma ciudad o dentro del área geográfica correspondiente.
Lo anterior no obsta para que, teniendo en cuenta el volumen de la cartera morosa en otras ciudades u otras circunstancias especiales, se decida contratar uno o más abogados externos o personas jurídicas para que adelanten la gestión de cobro jurídico en ciudades diferentes a su domicilio.
PAR. 2º—En los casos de contratos celebrados con personas jurídicas, el representante legal de la empresa deberá indicar el nombre del (los) abogado (s) encargado (s) de llevar los procesos del FNA, a quienes se le otorgará los respetivos poderes, allegando la documentación señalada en los procedimientos internos y en la ley.
ART. 11.—Honorarios de los contratistas. Los honorarios a los abogados estarán a cargo de los deudores y se causarán siempre y cuando se haya admitido la demanda, de acuerdo con las siguientes tarifas:
a) Desde el momento de la admisión de la demanda y antes que se dicte sentencia, en caso que se acceda al pago solamente de la suma en mora al momento de la presentación de la demanda, los honorarios del contratista corresponderán al 15% sobre el valor vencido efectivamente recaudado, de acuerdo con el estado de cuenta expedido por la entidad, adicional a los gastos judiciales en que incurra el contratista y que no hayan sido pagados por el FNA;
b) Desde el momento en que se dicta sentencia y se encuentra en firme la liquidación del crédito y de las costas, los honorarios serán las agencias en derecho fijadas por el juez;
c) Cuando el crédito se encuentre al día, pero sea necesario el inicio de la acción ejecutiva por el FNA por persecución de la garantía hipotecaria, los honorarios corresponderán al cinco por ciento (5%) sobre el valor total de la deuda hasta que se dicte sentencia y se encuentre en firme la liquidación del crédito y las costas. Después de esta, los honorarios serán las agencias en derecho fijadas por el juez.
PAR. 1º—En caso que la persona jurídica o natural, que adelante el proceso de cobro judicial, cobre honorarios por fuera de los límites aquí establecidos, podrá ser una causal de terminación unilateral del contrato sin derecho a realizar reclamación de honorarios sobre los demás procesos que lleve a su cargo, procediéndose a la liquidación y terminación del contrato.
PAR. 2º—Ningún abogado interno o externo podrá iniciar acción judicial o administrativa sin autorización previa y expresa del jefe de la oficina jurídica.
ART. 12.—Responsabilidad del contratista. El contratista responderá hasta por culpa leve por los perjuicios que ocasione al FNA por la pérdida, extravío, deterioro, alteraciones y demás anomalías que sufran los títulos crediticios que le hayan sido entregados para su recaudo judicial.
ART. 13.—Asignación de créditos. La suscripción del contrato no obliga al FNA a confiar al contratista un número determinado de créditos, como tampoco limita la facultad de la entidad para sustituir los procesos asignados a un determinado abogado externo o persona jurídica, cuando sea conveniente a los intereses de la misma.
ART. 14.—Revocatoria de poderes. En caso que los intereses del FNA se vean afectados por cualquiera de los hechos señalados como faltas en el estatuto del ejercicio de la abogacía y demás normas aplicables, por incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución, normas que regulen los procesos judiciales o por sanciones impuesta por el Consejo Superior de la Judicatura o la entidad que ejerza dichas funciones, el FNA podrá revocar los poderes y quedará exonerado del pago de los honorarios que pudieran causarse en los procesos que tenga a su cargo.
ART. 15.—Reparto de créditos. En desarrollo del contrato, y sin perjuicio de las instrucciones que imparta la presidencia, la oficina jurídica hará el reparto entre los abogados externos o personas jurídicas contratadas, de los asuntos o negocios en los que se requieran servicios profesionales de representación judicial.
PAR.—De acuerdo con la evaluación de la gestión que haga la oficina jurídica, o la dependencia que haga sus veces, el FNA podrá abstenerse de efectuar reparto de créditos a los abogados externos o personas jurídicas contratadas cuando a su juicio hayan obtenido un resultado deficiente o se advierta mora o lentitud en el trámite de la cobranza judicial.
ART. 16.—Objeto del contrato. Una vez legalizado el contrato con el abogado el mismo se desarrollará de la siguiente forma:
a) La oficina jurídica, grupo cobro judicial remitirá a los abogados externos los créditos respecto de los cuales se requiere el inicio de las acciones judiciales;
b) Una vez recibidos por parte del abogado los títulos de los créditos asignados deberá efectuar un estudio de los mismos y determinar si son idóneos para el inicio de las acciones judiciales. De no serlo, lo devolverá a la oficina jurídica, grupo cobro judicial;
c) Si el título es idóneo, el abogado a través del módulo de cobro judicial verificará los saldos de los créditos y en aquellos casos en que persista la mora, elaborará el respectivo poder enviándolo dentro de los cinco (5) días siguiente al recibo de los créditos al grupo cobro judicial e indicando los documentos adicionales que requiere para la presentación de la demanda;
d) Una vez recibidos los poderes el FNA los devolverá al abogado, debidamente reconocido notarialmente;
e) Recepcionados por parte de los abogados los poderes, deberán revisar en el sistema de cobro judicial los saldos de los créditos y presentar la demanda dentro de los 5 días siguientes con la información allí registrada;
f) Cualquier documento que requiera el abogado en el desarrollo del proceso deberá solicitarlo al grupo cobro judicial con la debida antelación;
g) Las cuentas de cobro se tramitarán de manera inmediata;
h) El abogado externo debe registrar en el módulo de cobro todas las actuaciones judiciales y mantenerlas actualizadas;
i) El abogado externo reembolsará las sumas que le sean canceladas por gastos judiciales y que hayan sido reconocidas previamente por el FNA.
PAR. 1º—Si durante el término de remisión de documentos al abogado externo y la presentación de la demanda ejecutiva respectiva, el deudor normaliza la obligación, es deber del abogado devolver de manera inmediata el título, y el crédito será excluido de cobro judicial.
PAR. 2º—En los eventos que el FNA no cuente con el título ejecutivo idóneo, el abogado solicitará la copia sustitutiva que preste mérito ejecutivo, presentando a la entidad la cuenta de cobro respectiva para el reembolso de los gastos por dicha gestión.
ART. 17.—Cláusula aceleratoria. En todo caso de cobro por vía judicial se hará uso de la cláusula aceleratoria del crédito, esto es, exigir la cancelación del saldo total que registre la deuda en el sistema de información.
Proferido mandamiento de pago, el abogado deberá registrar en el sistema las actuaciones desarrolladas dentro del proceso.
ART. 18.—Impulso del proceso. Una vez presentada la demanda ejecutiva, dándose en consecuencia por extinguido el plazo de la obligación, el contratista deberá impulsar el proceso de manera ágil teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 317 del código general del proceso y 19 de la Ley 446 de 1998. En los casos en que el abogado sin autorización expresa del FNA suspenda algún (os) proceso (s), la entidad queda autorizada para revocar el poder otorgado sin contraprestación alguna a favor del abogado.
ART. 19.—Instrumentos para obtener la normalización de la obligación. Durante esta etapa los abogados podrán presentar a los deudores los diferentes mecanismos establecidos por la entidad para la normalización de las obligaciones.
ART. 20.—Pago de la mora, terminación del proceso por pago parcial y restitución del plazo. Una vez presentada la demanda dándose por extinguido el plazo, el FNA se reserva el derecho de restituir el plazo de la obligación, para lo cual podrá exigir:
a) Cancelación de la mora;
b) Cancelación de las costas judiciales, lo cual comprende los honorarios, gastos del proceso y arancel judicial;
c) No haber embargo de remanentes ni persecución de la garantía por terceros.
Reunidos los anteriores requisitos se autorizará la terminación del proceso, el desembargo de la garantía y el desglose de los documentos que sirvieron de título para el inicio de la acción, con la anotación que la obligación y su garantía siguen vigentes. Dichos documentos deben ser devueltos por el abogado a la entidad. Su incumplimiento de esta obligación dará lugar a la terminación del contrato.
Una vez cumplido lo anterior se procederá a excluir el crédito de cobro judicial.
ART. 21.—Suspensión de los procesos. Los procesos judiciales no se suspenden por la celebración de acuerdos de pago, salvo la diligencia de remate, siempre y cuando el afiliado está cumpliendo con dicho acuerdo. De igual forma, para no aumentar los costos al deudor, el FNA podrá suspender el avalúo del inmueble y demás diligencias que generen gastos adicionales.
ART. 22.—Secuestro. El FNA podrá autorizar la sustitución del poder para la práctica de la diligencia de secuestro, bajo cuenta y riesgo del abogado titular del proceso.
En la práctica de esta diligencia, el abogado debe velar por la defensa de los intereses del FNA y, en consecuencia, podrá abstenerse de entregar el inmueble en comodato precario, procurando que el inmueble secuestrado genere frutos a fin de que estos contribuyan a cancelar la deuda.
ART. 23.—Gastos procesales. Son a cargo de los deudores todos los gastos necesarios para el desarrollo del proceso ejecutivo, tales como honorarios de auxiliares de la justicia, notificaciones por edicto, publicaciones, arancel judicial y transporte para las diligencias de secuestro, entre otros. Estos serán sufragados por el FNA con cargo al afiliado y podrán cobrarse por separado o a través de la factura mensual de la deuda.
Para cancelar los gastos del proceso que hayan sido asumidos por los abogados, estos deberán presentar la respectiva solicitud para su reintegro previa verificación del pago efectuado.
Para ambos casos deberá allegar los siguientes documentos con sus soportes:
a) Presentación de demanda: Certificado de tradición y libertad del inmueble (Recibo), fotocopia de traslado de la demanda (original de la factura), autenticación de tasa de interés de la Superintendencia Financiera si a ello hay lugar (original de la factura), notificación (providencia judicial);
b) Después de presentada la demanda: Registro de medidas cautelares (original de la factura y el registro de embargo), diligencia de secuestre - transporte (copia acta diligencia), honorarios y/o gastos de secuestre (nombramiento, posesión, auto que fija honorarios, diligencia de secuestro), honorarios de peritos (nombramiento, posesión, auto que fija honorarios y dictamen pericial), honorarios y/o gastos curador (nombramiento, posesión, auto que fija honorarios o los gastos y copia de la contestación de la demanda), gastos judiciales (edicto emplazatorio, aviso de remate, póliza judicial), gastos cerrajero - una sola vez (original de la factura).
En los casos que se allegue la cuenta de cobro o solicitud de pago por parte de un auxiliar de la justicia, esta se cancelará a órdenes del juzgado o a la cuenta que se indique, con copia de la orden judicial. Para el giro interno se requerirá que el abogado externo dé su visto bueno a la cuenta de cobro al grupo cobro jurídico o a la oficina que haga sus veces.
Para compensar los gastos en que haya incurrido el abogado externo en la elaboración, alistamiento y presentación de la demanda, el FNA reconocerá una suma equivalente a cincuenta por ciento de un salario mínimo mensual legal vigente (smlmv) por cada proceso, monto que comprende fotocopias, folios de matrícula inmobiliaria, gastos de notificación de la demanda y demás insumos y servicios necesarios para la elaboración, alistamiento y presentación de la misma.
Estos recursos serán cargados a los deudores en la liquidación judicial del crédito y se cancelarán una vez admitida la demanda y registrada en el módulo.
PAR. 1º—Sin perjuicio de lo anterior, y a fin de unificar criterios en la presentación de demandas, el FNA podrá contratar a un tercero (persona natural o jurídica) que se encargue exclusivamente de la elaboración, alistamiento y presentación de la demanda ejecutiva.
PAR. 2º—El trámite de la disponibilidad presupuestal y del registro presupuestal correspondiente será realizado por la oficina jurídica, grupo cobro judicial, de acuerdo a lo indicado por la división de presupuesto o la dependencia que haga sus veces.
ART. 24.—Avalúo. Para efecto de presentar el avalúo al proceso ejecutivo se seguirán las siguientes reglas:
1.El abogado informará por correo electrónico y correo ordinario que el crédito se encuentra en etapa de avalúo y procederá a solicitar el avalúo catastral.
2. En caso que el abogado externo requiera la realización de avalúo comercial, este solo podrá efectuarse previa autorización del FNA.
3. La oficina jurídica, o la dependencia que esta designe, determinará el avalúo más conveniente a los intereses del FNA.
ART. 25.—Remate. Una vez señalada fecha de remate, se seguirán las siguientes reglas:
1. Dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria del auto que fija la fecha de remate, el abogado informará por correo electrónico y por escrito al grupo cobro judicial, sobre la fecha de remate remitiendo todos los documentos solicitados en el instructivo sobre remate diseñado por la oficina jurídica.
2. Una vez allegados los respectivos documentos, el coordinador del grupo cobro judicial los analizará y remitirá con su visto bueno al jefe de la oficina jurídica para su aprobación; en caso contrario los devolverá al abogado externo con las instrucciones respectivas.
3. Dentro de los 3 días siguientes a la celebración de la diligencia de remate el abogado deberá presentar el informe respectivo al grupo cobro judicial.
4. Una vez ejecutoriado el auto aprobatorio del remate, el grupo cobro judicial, dentro de los siguientes 30 días a su recibo, remitirá a la división de cartera el informe del remate, en donde se indiquen los ajustes que deban realizarse de acuerdo con la liquidación aprobada por el juez.
5. Cuando después de haberse realizado el ajuste señalado en el numeral anterior, quede un saldo insoluto, el valor correspondiente al remate se aplicará al menor saldo entre la liquidación del juzgado y la liquidación del FNA:
PAR.—El jefe de la oficina jurídica podrá autorizar la suspensión del remate, siempre y cuando se advierta un eventual acuerdo por transacción, conciliación, arreglo directo, o cuando el afiliado manifiesta su voluntad inequívoca de acogerse a alguno de los programas de normalización y/o extinción vigente.
ART. 26.—Supervisión. La oficina jurídica por intermedio del grupo cobro judicial o la dependencia que esta designe, tendrá la vigilancia del cobro judicial de la cartera de la entidad, así como la supervisión, control, verificación y evaluación de la gestión desarrollada por los contratistas o abogados externos.
Cobro extrajudicial de la cartera hipotecaria
ART. 27.—Definición. Cobranza efectuadapor la división de cartera directamente o a través de personas naturales y/ojurídicas, basada en mecanismos alternos de recuperación de cartera que se realiza sobre obligaciones que se encuentran en etapa judicial y se logra su normalización o extinción mediante un acuerdo extraprocesal.
ART. 28.—Perfeccionamiento de los acuerdos. Seentiende que un acuerdo ha sido perfeccionado cuando el deudor logra normalizar su obligación y cancela los honorarios generados a favor del abogado externo que adelanta el cobro judicial, así como el pago de la totalidad de los gastos judiciales generados dentro del proceso, para lo cual será indispensable la presentación del paz y salvo del abogado por estos conceptos.
Procesos de insolvencia económica para persona natural
ART. 29.—La oficina jurídica podrá contratar abogados conciliadores para la atención de los procesos y trámites establecidos en el régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes de que trata la Ley 1380 de 2010, o las normas que la modifiquen, reformen o reglamenten.
Los honorarios serán establecidos por la oficina jurídica de acuerdo a los parámetros establecidos en la presente resolución.
ART. 30.—Para aquellos eventos en los cuales deba iniciarse una acción judicial de carácter ordinario para constituir el título que contenga la obligación a favor del FNA, se podrá reconocer al abogado externo hasta una suma equivalente al quince (15%) por ciento del valor de las pretensiones, salvo cuando dicho valor sea inferior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).
PAR.—Similar porcentaje al previsto en el presente artículo podrá reconocerse al abogado externo a título de honorarios cuando la acción judicial curse contra el FNA en procesos de carácter civil, penal o administrativo, o cuando el FNA actúe en calidad de demandante.
ART. 31.—Aspectos no regulados. Los aspectos no regulados en el presente acto administrativo serán analizados y resueltos atendiendo los intereses de la entidad.
ART. 32.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 13 de 2007 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Dada en Bogotá, D.C., a 2 de octubre de 2012.

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 ARTÍCULO 34

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