Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520949.html
Timestamp: 2019-03-24 11:44:11+00:00

Document:
as201520949
Auto Supremo: 949/2015 - L
Expediente: CB – 111 – 11 – S
Partes: Arminda España Vda. de Arzabe y otra. c/ Efraín España Vargas e
Isabel Vargas Vda. de España y otros.
Proceso: Reivindicación de bien inmueble, entrega material y posesión real,
corporal y judicial
VISTOS: El recurso de casación de fs. 280 a 284, interpuesto por Isabel Vargas Vda. España y Efraín España Vargas, contra el Auto de Vista de 04 de marzo de 2011, cursante a fs. 275 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba en el proceso ordinario de reivindicación de bien inmueble, entrega material y posesión real, corporal y judicial, seguido por Arminda España Vda. de Arzabe por sí y en representación de su hermana Alicia España Paniagua contra Efraín España Vargas e Isabel Vargas Vda. España; el Auto de concesión de fs. 287; los antecedentes del proceso, y:
Arminda España Vda. de Arzabe por sí y en representación de su hermana Alicia España Paniagua, por memorial de fs. 6 a 7, adjuntado las literales de fs. 1 a 5, interpone demanda de reivindicación de bien inmueble, entrega material y posesión real, corporal y judicial. Señala que su recordado padre Mario España adquirió dos lotes de terreno para ambas hermanas; uno por documento de fecha 27 de junio de 1969, inscrito en Derecho Reales a Fs. 327, Ptda. Nº 654 del Libro Primero de Propiedad de la Provincia Quillacollo, en fecha 01 de julio de 1970, terreno cuya extensión superficial es de 165 m2., ubicado en calle “Seis de Agosto” (hoy Av. Martín Cárdenas) de la localidad de Quillacollo y otro mediante Escritura de 06 de septiembre de 2000 inscrita en Derechos Reales a Fs. 3386, Ptda. 3386 del libro de Propiedad de la Provincia Quillacollo en feche 06 de septiembre de 2000 lote cuya extensión superficial es de 175 m2., ubicado en el mismo lugar, fusionados ambos arrojan una superficie total de 340 m2., formando esquina entre la Av. Martín Cárdenas y calle Demetrio Canelas, habiendo realizados varias mejoras con la intención de construir sus viviendas.
Denuncian que al fallecimiento de su padre, su medio hermano Efraín España Vargas conjuntamente su madre Isabel Vargas Vda. de España sin que les asista derecho alguno de manera arbitraria tomaron posesión forzada de las mejoras existentes en el inmueble, incurriendo en actos ilegales de disposición como disponer parte del mismo otorgando en calidad de anticresis a favor de terceras personas, aislándonos a ocupar dos ambientes de medias aguas ubicadas en el sector Este del inmueble.
Con estos antecedentes y en mérito al derecho propietario que les asiste interponen demanda ordinara de reivindicación del inmueble de su propiedad sito en Av. Martín Cárdenas y calle Demetrio Canelas de la ciudad de Quillacollo, debidamente registrado en Derecho Reales a sus nombres, pidiendo la entrega real, judicial y corporal del mismo en ejecución de Sentencia, más el pago de costas, daños y perjuicios. Solicitud que la hace al amparo de los arts. 1.453 y 1454 del Código Civil y arts. 316 y 327 del Código de Procedimiento Civil, demanda que la dirige contra Efraín España Vargas, Isabel Vargas Vda. de España, Simón López y Leny Argote.
Citados los demandados, se apersona Isabel Vargas Vda. de España, oponiendo excepciones previas de impersoneria, oscuridad e imprecisión de la demanda, niega la demanda y opone excepciones perentorias de ilegalidad, falta de acción y derecho y prescripción, finalmente reconviene por nulidad de los documentos compra venta de fecha 27 de junio de 1.969, registrado el 01 de julio de 1970 y el documento de fecha 18 de diciembre de 1.978, registrado el 06 de septiembre de 2000.
Sustanciado el proceso en primera instancia el Juez Segundo de Partido en lo Civil de Quillacollo, mediante Sentencia de 06 de febrero de 2006, cursante de fs. 216 a 220 y vta., declaró improbada la demanda principal interpuesta por Arminda España Vda. de Arzabe por sí y en representación de Alicia España Paniagua y probada la excepción de improcedencia formulada por Isabel Vargas Vda. de España, improbada la demanda reconvencional y probada las excepción de improcedencia formulada por Arminda España Vda. de Arzabe. Contra esa Resolución de primera instancia, ambas partes; las demandantes Arminda España Vda. de Arzabe por sí y en representación de su hermana Alicia España Paniagua y los demandados Efraín España Vargas e Isabel Vargas Vda. de España interpusieron recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, por Auto de Vista de 04 de marzo de 2011, confirma la Sentencia apelada; en contra de esta última Resolución de segunda instancia los demandados recurren de casación, mismo que se pasa a considerar y resolver.
Del contenido del Recurso de Casación, se tiene lo siguiente:
Acusan que tanto la Sentencia como el Auto de Vista habrían incurrido en violación de normas legales, así como interpretación errónea de la ley, violación de principios básicos del derecho a la defensa y al debido proceso (art. 119 inc. I y II y art. 115 inc. II de la Constitución Política del Estado).
Denuncian contradicciones en las que hubieran incurrido la Sentencia y el Auto de Vista al confirmar la misma, dejando a la parte demandante como demandada reconvencionista en completo estado de inseguridad jurídica y vacío legal sobre el derecho propietario que “ambas partes sobre el bien inmueble motivo de la litis”. Habiendo la Sentencia señalado de manera injusta y parcializada que el derecho propietario sería solo de la demandante Arminda España y su mandante dejando de lado a los demandados Efraín España Vargas e Isabel Vargas Vda. de España por no haber demostrado derecho propietario alguno sobre el inmueble; sin embargo señala que la ocupación sería legitima por el derecho sucesorio que les asistiría, siendo esta la mayor contradicción, dejando a las partes en la mayor orfandad.
Con referencia a la mala apreciación de la prueba, alega que el Juez de primera instancia no se habría valorado de manera concreta y correcta la prueba producida en juicio, este extremo se puede evidenciar con los documentos presentados de fs. 41 a 66, mismos que no hubieran sido valorados, así como tampoco las confesiones provocadas de las demandantes de fs. 91 y 92, con referencia al concubinato de Isabel, Vargas Vda. de España ni la prueba pericial elaborada por el Sgto. 2do. Julio Torrez Pérez, finalmente el Auto de Vista recurrido tampoco habría tomado en cuenta la prueba de reciente obtención presentada en fecha 13 de octubre de 2006, misma que hubiera cambiado el curso del proceso.
Acusa a los de instancia haber dejado a las parte contendientes en un vacío legal completo, habiendo sido tramitada con vicios desde el inicio de la demanda, misma que carecía de los requisitos establecidos por el art. 327 del Código de Procedimiento Civil, pues de haber la demanda cumplido con estos requisitos, simple y llanamente no hubiera sido declarada improbada. Además de no haber sido adjuntado el folio real actualizado ni los formularios de pago de impuestos por la parte actora, ya que las certificaciones emitidas por Derechos Reales no tendrían ninguna validez.
Incumplimiento de los arts. 191 y 192-3) del Código de Procedimiento Civil, debido a que el A quo no habría resuelto menos se habría pronunciado respecto de las otras excepciones planteadas.
Por lo expuesto, al amparo del art. 250 y siguientes del Código de Procedimiento Civil recurren en casación y nulidad del Auto de Vista Nº 23/2011 de fecha 04 de marzo de 2011, pidiendo se proceda a la nulidad hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la admisión de la demanda principal de fecha 25 de marzo de 2004.
Del análisis y contrastación del recurso de casación interpuesto por los demandados, se advierte que el mismo se centraliza en acusar que los de instancia no habrían valorado las pruebas producidas en juicio, como ser documentales, confesiones provocadas, informes periciales, cuyo análisis legal resultaría contradictorio, dejando a las partes en completo estado de inseguridad jurídica, por consiguiente violando principios constitucionales como el derecho a la defensa y al debido proceso.
Establecido lo anterior, corresponde señalar que el proceso comprende distintas fases o etapas que deben desarrollarse de manera ordenada y secuencial para otorgar a las partes la máxima garantía de igualdad y defensa de sus derechos, en resguardo del debido proceso, no obstante, el mismo en su desarrollo, no está exento de que se produzcan u omitan actos que afecten su normal avance e incluso impidan el cumplimiento de su principal fin que es la resolución del conflicto planteado por las partes, es decir la efectivización de la tutela judicial que se hace patente solo cuando los Jueces y Tribunales emiten resoluciones que resuelven el conflicto planteado por las partes, entendiendo que el derecho a la tutela judicial efectiva está vinculado con el derecho a obtener una resolución de fondo a la cuestión planteada, sea esta favorable o desfavorable, con el cumplimiento de los requisitos procesales. Ahora bien, si como se ha señalado, el derecho a la tutela judicial efectiva se relaciona con el derecho a obtener una resolución de fondo de los Jueces y Tribunales, en cuanto ésta se encuentre debidamente motivada y en el marco del debido proceso, en resguardo del derecho a la defensa y la igualdad de las partes, la misma no podrá ser desvirtuada bajo el argumento de que por no ser favorable a alguna de las partes, la misma ha producido indefensión o que se ha conculcado o privado el derecho a la tutela judicial efectiva, en todo caso, el incumplimiento de las partes respecto de la carga procesal, podrá ocasionar que no se obtenga la resolución de fondo deseada, sin embargo esto no es óbice para que se dé una respuesta que satisfaga el derecho a la tutela judicial efectiva que en el ejercicio de sus derechos, recibirá una respuesta acorde a los mismos.
Establecido lo anterior corresponde asimismo señalar que el principio de impugnación que está presente en la sustanciación de todo proceso judicial, se encuentra garantizado por el artículo 180.II de la Constitución Política del Estado, reconocido asimismo en el art. 8-h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, normas que garantizan a las partes el derecho a recurrir de un fallo ante Juez o Tribunal superior, cuando consideran que el mismo resulta lesivo a sus pretensiones, derecho que se materializa no con el simple enunciado que la norma franquea la posibilidad de interponer un recurso de Alzada sino con la respuesta que el Tribunal superior brinde respecto a los motivos que fundan la impugnación, la misma que además de ser pertinente, motivada y estar debidamente fundamentada, pues, como se tiene señalado supra, solo así se materializa el derecho a la tutela judicial efectiva.
Corresponde asimismo señalar que el recurso de apelación se constituye en el más importante y usual de los recursos ordinarios, el remedio procesal a través del cual se pretende que un Tribunal superior, revoque o modifique una resolución judicial que se considera errónea en la interpretación o aplicación del derecho; o en la apreciación de los hechos o de la prueba, recurso en el que el Tribunal está constreñido a emitir pronunciamiento respecto a aquellos puntos que han sido resueltos por el inferior y que han sido reclamados por la parte recurrente en previsión de los arts. 236 con relación al 227, ambos del Código de Procedimiento Civil, pero de ninguna manera, habiendo identificado la veracidad de los agravios acusados, puede soslayar la obligación que tiene de otorgar la tutela judicial solicitada por el agraviado.
En el caso de Autos, el Tribunal de Alzada confirmó la Sentencia recurrida que declaro improbadas la demanda principal y la demanda reconvencional. Ahora bien, establecido como esta que la finalidad primigenia del proceso es contribuir en la solución efectiva del conflicto planteado por las partes que recurren al sistema judicial precisamente porque al margen de la intervención de autoridad competente no han podido superar sus dificultades, no resulta coherente que el Tribunal de Alzada, quienes debieron advertir las infracciones en que ha incurrido el A quo al emitir una Resolución que infringe el deber que le impone la norma y conculcando los principios constitucionales de eficacia y eficiencia de la justicia ordinaria, no ha resuelto la causa manteniendo latente el conflicto entre partes y lejos de poner fin a la controversia, la ha agudizado innecesariamente y, sumado a esto, advertidos estos yerros, niega nuevamente la tutela judicial a la que se encuentra reatado, sin advertir que en el caso de Autos, se trata de un conflicto familiar en el que están involucrados hermanos cuyos derechos se encuentran contrapuestos, cuando en obrados existen suficientes elementos para resolver el conflicto en el marco de la verdad material y del debido proceso poniendo fin al litigio, por consiguiente esta Resolución resulta ser incongruente y vulneratoria del art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
Por todo lo expuesto, corresponde a este Supremo Tribunal fallar en la forma prevista por los artículos 271 num. 3), 275 con relación al artículo 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 3), con relación al art. 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista de 04 de marzo de 2011, cursante a fs. 275 y vta., disponiendo que previo sorteo y sin espera de turno, la Sala Civil Primera del Tribunal Superior de Cochabamba, emita nueva Resolución, en sujeción a lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 180
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 254
 artículo 42