Source: http://elinversorinquieto.es/Noticia.aspx?id=12158
Timestamp: 2018-05-20 17:42:50+00:00

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El Real Decreto – Ley pone en marcha un mecanismo voluntario para acceder a un procedimiento desolución extrajudicial para la aplicación del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la retroactividad de la resolución judicial, concretamente la Sentencia 241/2013 del Tribunal Supremo, que consideró indebidamente satisfechas por los consumidores determinadas cantidades en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.
Esta medida se aplicará a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una cláusula suelo y cuyo prestatario sea un consumidor, entendiendo como tal cualquier persona física que reúna los requisitos previstos en el artículo 3 de Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios, es decir, que actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesional.
De acuerdo con el procedimiento recién aprobado, las entidades de crédito deben implantar unsistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales, que tendrá un carácter voluntario para el consumidor. Además, deberán garantizar que este sistema de reclamación sea conocido por todos los consumidores que tuvieran cláusula suelo en sus préstamos hipotecarios. El procedimiento, que deberá permitir la rápida resolución de las reclamaciones, deberá estar operativo en el plazo de un mes a contar desde el 22 de enero de 2017. A ello contribuirá que las entidades tendrán un departamento específico para la resolución de las reclamaciones.
Es requisito esencial para la presentación de la reclamación y su resolución, que las partes no ejerciten entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con el objeto de la reclamación previa durante el tiempo en que ésta se sustancie. Si se interpusiera una demanda antes del fin del procedimiento, cuando se tenga constancia de este hecho el proceso se suspenderá hasta la resolución de la reclamación previa.
En los procedimientos judiciales en curso en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto – Ley, las partes, previo acuerdo, podrán acordar someterse a este procedimiento, solicitando la suspensión del proceso.
Los consumidores que presenten su reclamación previa de acuerdo con este procedimiento, recibirán la contestación de la entidad de crédito sobre la procedencia o no de su reclamación. En caso de que sea procedente, se incluirá en dicha contestación el desglose de las cantidades a las que tenga derecho el consumidor, incluyendo las cantidades que correspondan en concepto de intereses. En todo caso, el plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo será de tres meses a contar desde la fecha de presentación de la reclamación.
En caso de llegar a un acuerdo, se podrá acordar una medida compensatoria distinta de la devolución de efectivo. Esta medida compensatoria distinta de la devolución de efectivo deberá ser acordada por la entidad y el consumidor, quien tendrá un plazo de quince días para mostrar su conformidad, siendo necesario además que la entidad le informe de manera suficiente y adecuada sobre la medida compensatoria, su valoración y sus efectos económicos.
Estos procedimientos devengarán únicamente los derechos notariales y registrales correspondientes a un documento sin cuantía y a una inscripción mínima, cualquiera que sea la base.
El Real Decreto – Ley también regula las consecuencias fiscales derivadas de los acuerdos, añadiendo una nueva Disposición Adicional Cuadragésima Quinta al la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
- No se integran en la base imponible del IRPF las cantidades percibidas en virtud de los acuerdos celebrados con las entidades financieras, junto con los intereses compensatorios que correspondan.
- Cuando los importes recibidos hubieran formado parte de la base de cálculo de la deducción por adquisición de vivienda habitual establecida en el IRPF, deberán regularizarse las cantidades deducidas indebidamente en los ejercicios en que no hubiera prescrito el derecho de la administración a comprobar las declaraciones. Esta regularización se practicará en la declaración del ejercicio en que se llegue al acuerdo con la entidad de crédito. Como excepción, esta regularización no procederá cuando el acuerdo con la entidad financiera consista en la minoración del principal del préstamo. Esta regularización no comportará la imposición sanción o intereses de demora.
- Cuando los importes hubieran sido objeto de deducción como gasto deducible en alguno de los supuestos previstos en la normativa (ejemplo: rendimientos del capital inmobiliario), deberán presentarse declaraciones complementarias en relación con los ejercicios en que no hubiera prescrito el derecho de la administración a comprobar las declaraciones. La presentación de estas declaraciones complementarias no comportará la imposición de sanción, recargo o intereses de demora.
Lo anterior también se aplicará cuando la devolución de cantidades hubiera sido consecuencia de la ejecución o cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales.
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References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
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 Real Decreto 
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