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Timestamp: 2020-07-13 22:57:15+00:00

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Registro Oficial. 28 de MAYO del 2004 Suplemento
Viernes, 28 de mayo del 2004 - R. O. No. 344
99-04	Jorge Zambrano Torres y otro\n por muerte a Kleiner Marcelo Ortiz Morán
100-04	Ramón Eugenio Quijije\n Espinel y otro por asesinato a Gustavo Saúl Portilla Quiroz
104-04	María Carmelina Berrezueta\n Mendieta por injurias, en perjuicio de George Edwuars Maya Viteri.
106-04	Alfonso Verdugo Verdugo por\n injurias en perjuicio de Galo Arturo Ordóñez Gárate.
111-04	José Pachacama Umachiza\n por lesiones en perjuicio de Acencio Troya.
112-04	Germán Patricio Wanputsrik\n Katán por disposición fraudulenta de bienes\n y falsificación de cheque, en perjuicio de Santiago Peralta\n Cordero..
113-04\n Marco Sarabia\n Changotasig por injurias en perjuicio de George Edwuars Maya\n Viteri
114-04\n Vinicio Cevallos\n Campana por estafa..
77-IP-2003\n Interpretación\n Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal\n a), 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado\n de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso \n Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno NA 7631.\n Actor: FABRICA DE CALZADO KONDOR LTDA. Marca: KONKOR..
82-IP-2003\n Interpretación\n Prejudicial de los artículos 1, 2, 4 y 28 de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.\n Interpretación de oficio de los artículos 27 y\n 29 de la misma Decisión, Actor: THE PROCTER & GAMBLE\n COMPANY. Patente: "COMPUESTOS FARMACÉUTICOS NOVEDOSOS\n DE 5-(2-IMIDAZOLINILAMINO) BENCIMTOAZOL, ÚTILES EN EL\n TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE DESORDENES RESPIRATORIOS,\n OCULARES E INTESTINALES". Expediente interno 6753.
85-IP-2003 Interpretación Prejudicial\n de los artículos 81, 83 literal a) y 107 de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.\n Marca: WEGA. Actor: SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION).\n Proceso Interno No 6903.
84-IP-2003 Interpretación Prejudicial\n de los artículos 81 y 82 literales a) y b), de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.\n Actor: PFIZER PRODUCTS INC. Marca: "consistente en una figura\n geométrica, notándose que nene cuatro lados cuyos\n bordes aparecen redondeados, para distinguir preparaciones\n y sustancias farmacéuticas y veterinarias, productos comprendidos\n en la clase 5ta de la dosificación internacional. Proceso\n Interno N ° 7386.
Cantón\n El Pangui: Reformatoria\n a la Ordenanza que reglamenta el proceso de escritura masiva.
Gobierno\n de la Provincia de Mambí:\n Que reglamenta la entrega de méritos y reconocimientos.\n \n
N°\n 99-04
Quito, 22 de marzo del 2004; las 15h00.
VISTOS: El Quinto Tribunal Penal del Guayas impone a Jorge\n Zambrano Torres y Charle Darwin Hernán Jiménez\n la pena de dieciséis años de reclusión mayor\n extraordinaria por muerte a Kleiner Marcelo Ortiz Moran, cuando\n fue asaltado un bus de la cooperativa Pedro Carbo, para desvalijar\n a pasajeros, hecho ocurrido el domingo 28 de marzo de 1999, en\n la vía pública que sale de Nobol- De la sentencia\n condenatoria interpuso recurso de casación Jorge Efrén\n Zambrano Torres, sustanciado conforme el rito procesal pertinente,\n sin omisión de solemnidad sustancial alguna. Por tener\n esta Sala potestad jurisdiccional y competencia para decidir\n la impugnación según los mandatos del articuló\n 200 de la Constitución Política, 349 del Código\n de Procedimiento Penal, y 60 de la Ley Orgánica de la\n unción Judicial, para hacerlo considera: PRIMERO.- El\n recurrente alega que huyó con los asaltantes y que por\n ello se le atribuye ser coautor en el ilícito imputado,\n esto es el delito de robo con violencia, que ha causado la muerte\n de una persona, sin que se haya comprobado la preexistencia de\n las cosas supuestamente sustraídas ni su participación\n en el asesinato de Kleiner Ortiz Moran, tanto más que\n el juzgador declara en la sentencia que quien le disparó\n con arma de fuego fue Charles Darwin Hernán Jiménez.-\n Por ello, aduce violación en la sentencia de los artículos\n 61, 66, 67, 88 y 157 del Código de Procedimiento Penal,\n afirmando que se ha considerado como prueba material de la infracción\n el parte policial de investigación -que no constituye\n prueba-, y no se ha tomado en cuenta lo favorable de su declaración\n preprocesal, por considerar el juzgador su ineficiencia probatoria\n al no haberla rendido en presencia de abogado. Ataca también\n el fallo por violación del artículo 552 inciso\n cuarto del Código Penal, "por cuanto se reprime el\n delito derivado y no el presunto ilícito de robo que no\n se ha justificado", por no haberse demostrado la preexistencia\n de los bienes sustraídos; y, finalmente señala\n violación del articulo 451 del Código Penal, ya\n que hallándose plenamente identificado el autor del los\n disparos a Kleiner Ortiz Moran -que le causaron la muerte-, el\n autor de los mismos era el único que debía ser\n condenado y no el recurrente. SEGUNDO.- Las alegaciones del impugnante\n referentes a violación de los artículos 61, 66,\n 67, 88 y 157 del Código de Procedimiento Penal de 1983,\n aplicable en esta causa, entrañan pretensión procesal\n de que se revalorice la prueba, lo que no cabe en casación\n a menos que fuese evidente en el fallo, que el juzgador se aportó\n de las reglas de la sana crítica en la valoración\n de la prueba, o consideró como prueba actuaciones procesales\n carentes de eficacia probatoria, lo que no ocurre en la presente\n causa y deja sin sustento la impugnación de la sentencia\n con tales argumentaciones. TERCERO.- En cuanto a la alegada Violación\n del articulo 552 inciso cuarto y del artículo 451 del\n Código Penal, la Sala encuentra que dichas disposiciones\n legales fueron aplicadas correctamente por el juzgador, pues\n la primera de esas normas, reprime con reclusión mayor\n extraordinaria de doce a dieciséis años, a quienes\n mediante violencias o amenazas contra las personas, sustrajeren\n fraudulentamente cosas ajenas con ánimo de apropiarse,\n si las violencias hubieren ocasionado la muerte de una persona.\n Es incontrastable que el procesado recurrente participó\n en el asalto y robó de los pasajeros de un bus de la Cooperativa\n Pedro Carbo, con violencia y amenaza sobre las personas, hecho\n en el cual murió Kleiner Ortiz Moran; y si bien es cierto\n que por declaraciones testimoniales válidamente actuadas\n se identificó a Charles Darwin Hernán Jiménez\n como autor de los disparos de arma de fuego a consecuencia de\n los cuales se produjo el fallecimiento del agredido, también\n es cierto que conforme al artículo 451 del Código\n Penal, "cuando hayan concurrido a un robo u otro delito\n dos o más personas, todas serán responsables del\n asesinato que con ese motivo u ocasión se cometa, a menos\n que se pruebe quien lo cometió y que los demás\n no tuvieron parte en él, ni pudieron remediarlo o impedirlo",\n sin que de autos aparezca prueba alguna que demuestre que Jorge\n Zambrano Torres hubiere tratado de impedir a Charles Darwin \n Hernán Jiménez que dispare a la víctima.-\n RESOLUCIÓN: Por lo expuesto, estimándose que el\n recurso de casación deducido por Jorge Efrén Zambrano\n Torres es improcedente, esta Primera Sala de Casación\n Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN EL NOMBRE DE LA REPÚBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, así lo declara.- Devuélvase\n el proceso al inferior.- Notifíquese.
f.) Dr. Eduardo Brito Mieles, Magistrado - Presidente.
f.) Dr. Carlos X. Riofrío Corral, Magistrado.
f.) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.
Certifico.- f.) Secretario Relator.
Corte Suprema de Justicia.- la Sala de lo Penal.- Es fiel\n copia de su original.
Quito, 14 de abril del 2004.- Certifico." f.) Secretario\n Relator.
No 100-04
\n PRIMERA SALA DE CASACIÓN PENAL
Quito, 26 de marzo del 2004; las l0h00.
VISTOS: El Tribunal Penal del Ñapo, con sede en Tena,\n condenó a Ramón Eugenio Quijije Espinel y Celso\n Nahum Piure Granillo, por el delito de asesinato tipificado y\n sancionado en el artículo 450 numerales 1, 7 y 9 del Código\n Penal, al primero de los nombrados en calidad de autor y al.\n segundo en grado de cómplice, por la muerte de Gustavo\n Saúl Portilla Quiroz; y les impuso la pena de doce y seis\n años de reclusión mayor, respectivamente, más\n el pago de daños y perjuicios por considerar procedente\n la acusación particular de Fidelina María Quiroz\n Álvarez, madre de la víctima.- Celso Nahum Piure\n Granillo, impugnó la · sentencia por vía\n de casación.- Concluida la sustanciación del recurso\n conforme el rito procesal pertinente, sin omisión de solemnidad\n sustancial alguna; y, por tener esta Sala potestad jurisdiccional\n para decidir la impugnación según los mandatos\n del artículo 200 de la Constitución Política\n y 349 del Código de Procedimiento Penal, habiéndose\n radicado competencia en esta Sala por el sorteo de ley, para\n resolver considera: PRIMERO.- El recurrente en el escrito de\n fundamentación del recurso de casación alega violación\n de la ley en la sentencia por haber sido condenado sin demostración\n conforme a derecho de su responsabilidad penal, pues sostiene\n que no se comprobó que él hubiera colaborado con\n el autor para la ejecución del delito, más bien\n de autos - dice - se ha justificado que al momento del ilícito\n se hallaba dormido a consecuencia de su estado de ebriedad, sobre\n una mesa del bar "Casa Blanca", del cual salieron Ramón\n Eugenio Quijije Espinel y Gustavo Saúl Portilla Quiroz,\n siendo por ello imposible que se le atribuya participación\n en el delito, tanto más que Quijije Espinel confesó\n ser el único responsable de la muerte de Portilla Quiroz.-\n Argumenta también violación del artículo\n 72 del Código Penal por no haberse rebajado la pena, no\n obstante haberse demostrado la existencia de circunstancias\n atenuantes de los numerales 5, 6, 7 y 10 del artículo\n 29 ibídem, pues dice que él se presentó\n voluntariamente a la justicia, que se acreditó su conducta\n ejemplar con posterioridad a la infracción, que se probó\n no ser persona peligrosa, y que rindió su confesión\n en forma espontánea y verdadera, sin que haya existido\n en la comisión del delito circunstancias agravantes, mucho\n menos las de los numerales 1 y 5 del artículo 30 del Código\n Penal, invocadas por el Tribunal Penal para no modificar la sanción.\n SEGUNDO.- Examinada la sentencia y los autos, en relación\n con las alegaciones del recurrente, la Sala constata que el juzgador\n sustenta la condena a Piure Granillo en el testimonio del acusado\n Quijije Espinel, concordante con su versión preprocesal\n (rendida sin presencia de un abogado defensor, circunstancia\n determinante de ineficacia probatoria al tenor del numeral\n 5 del artículo 24 de la Constitución Política),\n en que admite que portaba un cuchillo, que le entregó\n a Ramón Quijije Espinel, arma con la que se victimó\n a Portilla Quiroz, reconociendo también que fue éste\n junto con el recurrente quienes fueron a dar aviso a los familiares\n de la víctima y retomaron al sitio donde se encontraba\n el occiso, con el propósito de no levantar sospecha sobre\n su participación en el delito, declaración en base\n a la cual el juzgador considera que hubo intervención\n del impugnante, indirecta y secundaria, en la ejecución\n del acto punible, que le hace responsable como cómplice\n conforme el artículo 43 del Código Penal, desechando\n el argumento de defensa sobre que Piure Granillo estuvo dormido\n y ni siquiera observó la
\n infracción.- Al respecto, este Tribunal de Casación\n reitera anteriores pronunciamientos sobre el testimonio del acusado\n como medio de defensa y prueba a su favor, sin que pueda tenérselo\n como , prueba de cargo para determinar responsabilidad penal,\n salvo cuando el declarante admita en forma libre y voluntaria\n su culpabilidad, y siempre que se hubiere probado la existencia\n del delito, al tenor del articulo 143 del vigente Código\n de Procedimiento Penal.- Celso Nahum Piure Granillo no admite\n en su testimonio, en forma libre y voluntaria su culpabilidad\n como para que esa declaración dé sustento a la\n condena; y de autos no aparece, ni refiere la sentencia, ningún\n otro testimonio o evidencia que acredite que este procesado recurrente\n cooperó de manera indirecta y secundaria, mediante actos\n anteriores o simultáneos, en la ejecución del asesinato\n de Portilla Quiroz.- Así pues, esta Sala encuentra que\n Piure Granillo ha sido condenado, sin demostración conforme\n a derecho de su responsabilidad penal como cómplice, violándose\n con ello el artículo 250 del Código de Procedimiento\n Penal y el artículo 43 del Código Penal. TERCERO.-\n El señor Director General de Asesoría, subrogante\n de la señora Ministra Fiscal General, en su dictamen de\n fojas 37 a 38 de los autos opina que el juzgador ni siquiera\n cita indicios, menos pruebas, que lleven a considerar demostrada\n la responsabilidad del casacionista en el asesinato de la víctima,\n "ni intención deliberada del procesado o propósito\n malicioso de ayudar al autor del delito; tanto más cuanto\n que, el único testigo presencial del hecho afirma que\n fue una sola persona la que actúo sobre la víctima,\n habiendo sido identificado posteriormente como Ramón Eugenio\n Quijije Espinel, quien al rendir su testimonio en el juicio acepta\n ser el autor de las puñaladas que causaron la muerte del\n ofendido y así lo reconoce el Tribunal en el considerando\n cuarto del fallo". Y agrega, "por otra parte, el informe\n investigativo y la versión de Quijije mencionados en la\n sentencia carecen de legalidad y eficacia jurídica, porque\n no han sido judicializados".- En razón de lo expuesto,\n el representante del Ministerio Público pide que se case\n la sentencia, porque hay violación del Tribunal a quo\n de los artículos 85, 86, 87, 88, 250 y 252 del Código\n de Procedimiento Penal; y, por falta de prueba, absuelva a Celso\n Nahum Piure Granillo.- RESOLUCIÓN: Por las consideraciones\n precedentes, coincidiendo con el dictamen de la Fiscalía\n General del Estado; y, al estimar procedente el recurso deducido\n por el sentenciado, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, esta Sala casaba sentencia impugnada\n por existir en ella violación del artículo 250\n del Código de Procedimiento Penal y del artículo\n 43 del Código Penal, por condenar al recurrente como cómplice\n en el asesinato de Gustavo Saúl Portilla Quiroz, sin demostración\n conforme a derecho de su responsabilidad penal. En consecuencia,\n absuelve a Celso Nahum Piure Granillo del delito que le fue imputado\n en esta causa; calificando la denuncia y acusación particular\n de Fidelina María Quiroz Álvarez, respecto de Celso\n Nahum Piure Granillo, como lo temeraria ni maliciosa.- Devuélvase\n el proceso al inferior para los fines de ley.- Notifíquese.
Quito, veinte y seis de marzo del dos mil cuatro a partir\n de las quince horas, notifico mediante boletas con la nota de\n relación y sentencia que anteceden, a la señora\n Ministra Fiscal General en el casillero No 1207; a Celso Piure\n en el casillero No 580.- Certifico.- f.) Secretario Relator.
Razón: En esta fecha devuelvo el juicio No 92-03 MG;\n que por asesinato se sigue en contra de Celso Piure Granillo,\n en 302 fs. incluida la ejecutoria suprema, cuatro cuerpos.- Quito,\n 1 de abril del 2004.- Certifico.- Secretario Relator.
Quito, 14 de abril del 2004.- Certifico.- f.) Secretario Relator.
N°\n 104-04
Quito. 30 de marzo del 2004; las 17h05.
VISTOS: George Edwuars Maya Viteri en su acusación\n particular de fojas uno que dirige en contra de María\n Carmelina Berrezueta Mendieta señala que es Rector del\n Colegio Nacional Patrimonio de la Humanidad por más de\n seis años, sin embargo de lo cual desde hace aproximadamente\n seis meses, un grupo de profesores de la institución han\n venido causando varios disturbios que han afectado notablemente\n al desenvolvimiento de las actividades del plantel. Que, Carmelina\n Berrezueta el día 17 de octubre del 2001 aproximadamente\n a las ocho horas en la puerta de ingreso del colegio ubicada\n en las calles Santa Teresa y Juan Garzón, parroquia Cotocollao\n de esta ciudad de Quito, en presencia del alumnado del plantel,\n padres de familia, profesores y personas que se encontraban en\n la calle, manifestó con la única razón de\n perjudicarme "que soy un homosexual, que acoso sexualmente\n a las profesoras del plantel, que recibo dinero por los cupos\n para que ingrese los alumnos y que me dispongo en mi beneficio\n de los fondos que pertenecen al Colegio que dirijo". El\n Juez de primera instancia en sentencia de 3 de septiembre del\n 2002, por no haberse comprobado a su juicio la responsabilidad\n penal en el ilícito imputado a Carmelina Berrezueta, desechó\n la acusación particular propuesta en su contra por Maya\n Viteri, considerando no maliciosa ni temeraria la querella. El\n acusador interpuso recurso de apelación de la sentencia\n antedicha. La Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de\n Quito, el 25 de febrero del 2003 revocó el fallo absolutorio\n de primera instancia e impuso a Carmelina Berrezueta la pena\n de quince días de prisión correccional y seis dólares\n de multa considerándole autora del delito de injuria grave\n no calumniosa, sin precisar el tipo penal aplicado para sancionarle.\n En el mismo fallo se aceptó la acusación particular\n y se condenó a la querellada al pago de daños y\n perjuicios causados y costas procesales. Carmelina Berrezueta\n propuso el recurso de casación, remitido previo el sorteo\n de ley a este Tribunal, que para resolver formula las consideraciones\n que siguen: PRIMERA.- De conformidad con el artículo\n 200 de la Constitución Política de la República,\n el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal,\n la resolución del Tribunal Constitucional, publicada\n en el Registro Oficial 194 del 21 de octubre del 2003 y el articulo\n 60 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, esta\n Sala tiene jurisdicción y competencia para decidir \n el ' recurso interpuesto. SEGUNDA.- En el presente juicio el\n argumento único de la Juez Séptimo de lo Penal\n de Pichincha para absolver a la querellada» es considerar,\n que del análisis de los testimonios presentados "se\n desprende incoherencia en las respuestas". TERCERA.- La\n Cuarta Sala de la Corte Superior de Quito formula también\n un examen deficiente de la prueba y por ello se expresa en el\n fallo que el delito cometido es de injuria grave no calumniosa,\n cuando lo correcto era sancionar el acto punible de la querellada\n por los delitos de calumnia y de injuria grave; pues, con los\n testimonios de cargo rendidos por Doris Guadalupe Vega Vargas\n y Rosa Taipe, se acredita con absoluta claridad, que lleva a\n la convicción de éste Tribunal de Casación,\n haberse encontrado presentes en el lugar, en el día y\n la hora en que la querellada injurió al querellante, con\n las falsas imputaciones de haber cometido los delitos de acoso\n sexual a las profesoras del plantel, y de peculado por apropiación\n de fondos del colegio en propio beneficio, según las expresiones\n que ellas escucharon, así como las imputaciones de falta\n de moralidad hechas a Maya Viteri cuando le oyeron decir que\n es homosexual. No ocurre lo mismo con las declaraciones de descargo\n de las testigos presentadas por la acusada: Sonia Mercedes Guillermo\n Maxi, Cecilia del Pilar Laines Rodríguez, María\n Lastenia León Landacay y María Elena Salazar Alaba,\n pues éstas, examinadas según las reglas de la sana\n crítica resultan dudosas y parcializadas. CUARTA.- En\n el escrito de fundamentación de su recurso, María\n Carmelina Berrezueta Mendieta hace una extensa relación\n del proceso, tratando resaltar el valor de sus pruebas, para\n que sean revaluadas por este Tribunal, lo que procede en casación\n penal, conforme reiterados pronunciamientos de esta Sala, sólo\n cuando del fallo impugnado aparezca en forma incontrastable\n que el juzgador violó las disposiciones legales relativas\n a la valoración de la prueba, lo que ocurre en la presente\n causa, en que por deficiente análisis de la prueba, como\n ya se dijo, se desecha la existencia del delito de calumnia\n para condenar a la querellada sólo por injuria grave.\n QUINTA.- La sentencia impugnada en la cual se condena a Carmelina\n Berrezueta a la pena de quince días de prisión\n correccional y a la multa, de seis dólares, por ser autora\n de injuria grave no calumniosa, omite mencionar las disposiciones\n legales aplicadas para declarar comprobada la infracción\n e imponer sanción a la acusada, error de derecho por el\n cual se observa a los ministros jueces que expidieron la sentencia,\n y que obliga a este tribunal supremo a casar el fallo, precisando\n aquellas disposiciones legales que omitió el juzgador,\n incumpliendo el requisito previsto en el numeral 4 del artículo\n 309 del Código de Procedimiento Penal. SEXTA.- De autos\n aparece comprobada conforme a derecho la existencia material\n del delito tipificado en el numeral 1 del artículo 490\n del Código Penal, infracción que (junto con la\n acusación del delito de calumnia) fue precisada por el\n querellante en su escrito de fundamentación de la acusación\n particular, norma que señala que es injuria grave no calumniosa\n la imputación de un vicio o falta de moralidad cuyas\n consecuencias puedan perjudicar considerablemente la fama,\n crédito o intereses del agraviado. Expresar que el Rector\n del Colegio es homosexual no es imputar un delito (en ello no\n hay calumnia) pero sí falta de moralidad que perjudica\n considerablemente la fama y honra del agraviado. Por el contrario,\n decir que George Edwards Maya Viten acosó sexualmente\n a profesoras del plantel y que ha dispuesto en su beneficio de\n los fondos que pertenecen al colegio, sin existir prueba legal\n justificante en autos, es imputar falsamente el cometimiento\n de delitos, y en ello, hay evidente injuria calumniosa, no declarada\n por el juzgador, hecho que no fue impugnado por el acusador particular,\n lo que impide sancionar dicho delito de calumnia por esta Sala\n - de Casación Penal, prohibida de empeorar la situación\n de la querellada por ser la única recurrente, según\n la parte final del numeral 13 del articulo 24 de la Constitución\n Política, y artículo 328 del Código de Procedimiento\n Penal. SÉPTIMA.- Las injurias graves no calumniosas se\n sancionan, cuando han sido proferidas en un lugar público\n como es un establecimiento de educación superior en horas\n de concurrencia del alumnado- con prisión correccional\n de tres a seis meses; pero el juzgador, también con evidente\n error, impone a la acusada quince días de prisión\n correccional, sin que se hubieren justificado atenuantes para\n rebajar la pena, falencia que no puede enmendarse por el precepto\n antes enunciado, del "non reformatio in pejus", recogido\n como garantía para el debido procesó en el numeral\n 13 del artículo 24 de la Constitución Política,\n - concordante con el articulo 328 del Código de Procedimiento\n Penal.- RESOLUCIÓN: Por lo expuesto, reiterando esta Sala\n que la sentencia impugnada viola la ley por no aplicar el inciso\n primero del artículo 489 del Código Penal, y sancionar\n este delito (calumnia) perpetrado en lugar público, con\n la pena prevista en el artículo 491 ídem (seis\n meses a dos anos de prisión correccional), determina que\n también hay violación de derecho por inaplicación\n del artículo 495 del Código Penal en relación\n con el artículo 491, estando demostrada la existencia\n del delito de injuria grave no calumniosa cometido en lugar público\n sobre el que recae pena de tres a seis meses de prisión\n correccional; tomando en cuenta así mismo que no obstante\n esas violaciones de la ley, no puede enmendarse la sentencia\n en perjuicio de la recurrente; y, que en el fallo examinado se\n ha omitido señalar las normas legales aplicables para\n sancionar a la querellada, error que debe corregirse sin afectar\n la situación jurídica de la impugnante, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE\n LA LEY, este Tribunal declara improcedente el recurso de casación\n de María Carmelina Berrezueta Mendieta, y al encontrar\n violación de la ley en la sentencia por omisión\n del requisito previsto en el numeral 4 del artículo 309\n del Código de Procedimiento Penal, de oficio casa la sentencia\n expedida por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Quito, señalando que del contexto de aquella se desprende\n que la querellada fue considerada responsable del delito de injuria\n grave no calumniosa tipificado en el numeral 1 del artículo\n 490 del Código Penal en relación con el inciso\n segundo del artículo 489 del mismo; y que con error -que\n no puede enmendarse- se le impuso la pena de quince días\n de prisión correccional prevista en la parte final del\n artículo 495 ídem, como si las imputaciones las\n hubiere hecho privadamente.- Devuélvase el proceso al\n órgano judicial de origen para la ejecución de\n la sentencia expedida por la Cuarta Sala de la Corte Superior\n de Quito.- Notifíquese.
f.) Dr. Carlos Riofrío Corral, Magistrado.
\n Certifico.- f.) Secretario Relator,
Corte Suprema de Justicia 1a Sala de lo Penal.- Es fiel copia\n de su original.
No 106-04
Quito. 30 de marzo del2004; las 17h10.
VISTOS: Alfonso Verdugo Verdugo el día 9 de enero del\n 2004 recurre vía casación de la sentencia de la\n Segunda Sala de la Corte Superior de Azoguez dictada el 8 de\n diciembre 2003 a las 1 lh25, que en el juicio penal por injurias\n promovido por el querellante Galo Arturo Ordóñez\n Gárate, confirma el fallo del Presidente subrogante de\n aquella Corte e impone al acusado la pena de 15 días de\n prisión correccional y costas, con aplicación del\n articulo 492 del Código Penal. El conocimiento y resolución\n del reclamo impugnatorio correspondió por sorteo a esta\n Sala, cuya competencia está reconocida por los artículos\n 200 de la Constitución Política de la República,\n 60 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, 349\n y siguientes del Código de Procedimiento Penal relativos\n al recurso de casación, en armonía con la Resolución\n No 006-2003-DI del Tribunal Constitucional, promulgada en el\n Registro Oficial No 194 de 21 de octubre del 2003, para viabilizar\n el recurso de casación de sentencias dictadas por delitos\n de acción privada. Concluido el trámite de casación,\n para sentencia el Tribunal, considera: PRIMERO.-El recurso fue\n interpuesto el 9 de enero del 2004, a las 17h50 en el término\n que prevé el articulo 6 del Código de Procedimiento\n Penal, luego de la notificación del auto de 22 de diciembre\n 2003, a las 10h50 en que la Sala superior negó la aclaración\n de la sentencia pedida el 11 de diciembre del 2003. SEGUNDO.-\n El proceso es válido por tramitado conforme a las exigencias\n y solemnidades de la ley. TERCERO.- Concedido el recurso por\n el inferior el día 19 de enero del 2004 -fojas 24- el\n proceso fue sorteado en la Corte Suprema de Justicia el día\n 3 de febrero del 2004 y llegó a esta Sala el 4 de febrero\n del mismo año en 695 fojas, fecha en la cual, por admitida\n a trámite aquella impugnación, notificó;\n al sentenciado para que la fundamente acorde con la ley, como\n en efecto hace dentro del término respectivo con escrito\n en que señala: "las expresiones atribuidas al compareciente,\n citadas en el escrito de querella y reproducidos en el considerando\n séptimo de la sentencia impugnada, como base esencial\n de la misma, han sido extraídas de una grabación\n magnetofónica del programa "Análisis"\n transmitido por la Radio "La Voz de Ingapirca" el viernes\n 22 de febrero del 2002, la cual se ha transcrito como diligencia\n preparatoria en el Juzgado Cuarto de lo Penal del Cañar,\n con la intervención del señor Agr. Paúl\n Espinosa Vintimilla, en calidad de perito designado para el efecto,\n aspecto del cual infiere y concluye: a) que tal diligencia no\n acredita con rigor legal y eficacia probatoria la existencia\n material del pretenso delito que se le atribuye en la especie,\n por contravenir a lo ordenado en los artículos 80 y 83\n del Código de Procedimiento Penal concordante con el precepto\n del No 14 del artículo 24 de la Constitución Política\n de la República, porque la transcripción de la\n grabación magnetofónica, fue pedida, ordenada y\n practicada al margen del presente proceso penal sin notificación\n al compareciente; b) que no consta de autos que el transcriptor\n Espinosa Vintimilla estuviere calificado como perito por el Ministerio\n Público; y, e) que tampoco existe en autos prueba de haberse\n practicado el reconocimiento de la grabación, objeto de\n la aludida transcripción peor aún la identificación\n de las voces grabadas como prevé el artículo 156\n del Código de Procedimiento Penal y con lo que sostiene,\n no estar comprobada conforme a derecho la existencia de la infracción\n que motiva el recurso. Además, sostiene que la conducta\n de reproche que se le atribuye no se adecua al delito de injurias\n tipificada en el artículo 489 del Código Penal,\n pues examinadas con objetividad las expresiones atribuidas al\n compareciente y reproducidas en la sentencia impugnada como base\n esencial de la misma, se advierte que no entrañan agravio\n injuriante para el querellante, ni admiten por tanto penalidad....porque\n de tales expresiones, ni las palabras o vocablos que forman las\n mismas, son etimológica, semántica o idiomáticamente\n ofensivas, ni pueden tenerse como imputaciones contra el querellante,\n cuyas consecuencias pudieran afectar considerablemente su\n fama, honra e intereses, de aquellas definidas en el articulo\n 490 del Código Penal, como injurias no calumniosas mucho\n menos como imputaciones de delito o hechos criminosos, de aquellos\n definidos en la ley y la doctrina como injurias calumniosas.\n Expone también el casacionista que "por las circunstancias\n que precedieron y acompañaron al debate radial de cuyo\n marco aparecen proferidas las expresiones atribuidas al compareciente,\n fluye con claridad meridiana que antes que un propósito\n de injuria llevan implícita la intención de censura\n de algunas actuaciones públicas específicas cumplidas\n por el querellante como Presidente del Concejo Cantonal de Cañar,\n y luego, como Alcalde y la defensa de los intereses de la ciudadanía\n del cantón con los cuales estaba comprometido como Concejal.........\n expresiones inócuas en el fondo y en la forma y que no\n traducen ánimos injuriandi" y que por ello, el Tribunal\n de Apelación violó la ley al confirmar en sentencia\n el fallo de primer nivel, donde se interpreta tales expresiones\n como "injurias calumniosas" y bajo esta falsa premisa,\n me impone la pena de 15 días de prisión correccional,\n pues al no haber en la especie tipicidad concreta de los artículos\n 489 y 492 del Código Penal, señalado como fundamentó\n del susodicho fallo, se ha violado el principio de legalidad\n consagrado en el artículo 24 de la Constitución\n y su concordancia en el artículo 2 del Código de\n Procedimiento Penal; inobservado las reglas relativas de la prueba,\n artículo 85 y 88 ordinal 1° ibídem, y contravenido\n los principios que disciplinan la recta administración\n de justicia". La fundamentación concluye invocando\n que si hipotéticamente se tuviera como ofensivas al honor\n y personalidad moral del querellante, "a lo mucho devendría\n en injurias no calumniosas, pero de ninguna manera, injurias\n calumniosa, como indebidamente ha interpretado el Tribunal inferior,\n y en tal caso, habría lugar a la compensación de\n injurias que opuse con carácter subsidiario al contestar\n la querella", aspecto que rechazado en sentencia, también\n genera -dice el impugnante- violación del artículo\n 496 del Código Penal. CUARTO.- El querellante respondiendo\n a la fundamentación manifiesta que la injuria punible\n existe y que la conducta de Verdugo Verdugo se ajustó\n al tipo legal, al haber proferido falsas imputaciones y ultrajes\n que vulneran sus derechos de hombre honrado, injurias que alcanzaron\n trascendencia social por haberse realizado a través de\n un medio de comunicación colectiva, y que el querellado\n sabía lo que decía y el porque, obrando así\n con conciencia y voluntad, con ánimo de injuriar o denigrar,\n deshonrar o afrenta a su persona, estando comprobado en autos\n la infracción, sin que el acusado hubiere probado sus\n excepciones. QUINTO.- Las partes procesales ejerciendo el derecho\n de defensa, expusieron sus alegatos jurídicos en audiencia\n de estrados efectuada el 11 de marzo 2004, complemento con el\n cual, viene en conocimiento de la Sala de Casación: a)\n que de folios 1 al 34 obra la diligencia judicial, promovida\n por Galo Arturo Ordóñez Gárate ante el Juez\n Cuarto de lo Penal del Cañar, previo el sorteo legal de\n 28 de febrero del 2002 y con el cual, se solicitó con\n arreglo al artículo 387 del Código de Procedimiento\n Penal relacionado con el artículo 43 de la Ley de Radiodifusión\n y Televisión, oficiar al Director de la Radio "La\n Voz de Ingapirca", remitir los originales de la grabación\n del programa "Análisis" dirigido por Rolando\n Siguencia Pinos y transmitida el día 22 de febrero del\n 2002 a eso de las 14h30 con la intervención de Jaime Siguencia\n Gavilanes y Alfonso Verdugo, "quienes entre otros",\n han procedido a injuriarlo gravemente, en actitud cobarde, violando\n su legítimo derecho a su buena fama, a su buen nombre\n y a su honor; b) La Sala observa que tal pedimento fue presentado\n el 28 de febrero del 2002 a las 14hl5; sorteada el mismo día,\n pero sin precisar la hora; y, finalmente, calificado y admitido\n a trámite ese mismo día a las 15h40, esto es, una\n hora y quince minutos después de su presentación\n y sorteo, según se aprecia en los folios uno; uno vuelta\n y página 2 del proceso; e) El Juez Penal, con apoyo en\n el artículo 387 del Código de Procedimiento Penal,\n ordenó oficiar al Gerente de la Radio, para que en la\n brevedad posible remita a la judicatura los originales de la\n grabación del programa en referencia, del día 22\n de febrero del 2002 y menciona en su providencia que "la\n diligencia se realizará como lo establece el articulo\n 27 inciso 2 del cuerpo de leyes antes invocado". En el mismo\n folio dos, donde consta esta providencia de 28 de febrero del\n 2002 a las 15h40, debajo de la firma del Juez que la suscribe,\n hay una razón de la misma fecha que dice: "se ofició\n como se ordena en la providencia que antecede" Cañar\n febrero 28 del 2002; d) El Gerente de la radiodifusora, a folios\n 7, responde en comunicación de marzo 5 del 2002 dirigida\n al Juez, y expresa que por "el oficio 16-JCP de fecha 28\n de febrero del año en curso" le entrega la grabación\n solicitada, con lo cual se provee el 5 marzo del 2002, 15h45\n la designación de Paúl Espinosa Vintimilla como\n perito para la diligencia judicial de transcripción de\n la grabación, señalada para el 8 de marzo del 2002\n que en efecto realizan Juez, Secretario y perito, previa aceptación\n del cargo que jura desempeñarlo fiel y legalmente, firmando\n el acta respectiva de dicha transcripción de dos cáseles\n de la versión magnetofónica, en cuyo contenido\n se describe y señala las personas que intervinieron en\n el programa radial con sus informes de labores, respuestas, y\n comentarios sobre los interrogantes del Director de ese espacio\n de opinión; la marcha de la Municipalidad de Cañar\n y evaluación de proyectos y problemas institucionales,\n como aparece entre fojas 5 a 32 y los tramos finales de la conversación\n radial, identificándose en la grabación como concejales\n del cantón, quienes abordan el tema de un equipo caminero,\n un préstamo del Banco del Estado con referencia imprecisa\n del tipo de interés; cotización del dólar\n frente al sucre; entrega de documentos de ese trámite,\n criticados como incompletos, y en una parte (folios 23) se menciona\n a Alfonso Verdugo diciendo: "verá licenciado mire,\n lo que pasa también fue que nos mintió el ex -\n Alcalde"..." había falsedad" ^había\n documentos que faltaban y había estado todo negociado"\n "todo había estado hecho" "y es ahí\n cuando . cuatro Concejales no aprobamos el préstamo porque\n los negociados estaban oscuros» queremos cosas\n transparentes y claras"; e) La Sala aprecia también\n controversia entre los intervinientes expositores, sobre aspectos\n presupuestarios del año dos mil dos, glosas sin precisión\n conceptual, contenidos y motivos genéricos y el decir\n del señor Verdugo: "y las glosas de la zanahoria"\n y Jaime Siguencia quien dice: "de la zanahoria, sí\n pues de los millones de compra" ...Alfonso Verdugo agrega:\n "de la gasolina de la campaña, bueno una cantidad\n que ya la Contraloría un informe final no" frase\n incoherente en la transcripción y sin claridad en su contenido;\n f) El texto de lo transcrito versa sobre aspectos varios de la\n Municipalidad hasta la página 31, dando cuenta el perito\n que se termina el lado A del Casete Análisis 2 y luego,\n en el lado B, la transcripción señala que interviene\n Marcelo Serrano, y el periodista quien dice: "por un pedido\n del señor ex Alcalde del Cantón Cañar el\n señor Galo Ordóñez, le estamos previniendo\n entonces que puede utilizar el espacio que ha sido concedido\n para efecto de las declaraciones que estime pertinentes de mi\n parte, yo quiero agradecerles a ustedes señores Concejales\n en el último año de su funciones, han tenido la\n gentileza de concurrir a este espacio tan importante de opinión,\n en que han podido ustedes expresar sus puntos de vista, sus iniciativas\n sus planes, su trabajo, nosotros hemos sido un poco agudos en\n nuestras preguntas, pero ustedes comprenderán esa es nuestra\n función de pueblo, seguramente tenga 'preguntas más\n radicales, todavía mucho más punzantes"; y,\n g) El documento de la transcripción, consigna en la parte\n final del folio 31, que "en este momento interviene el señor\n Galo Ordóñez quien según el acta de transcripción,\n textualmente dice: Tenido una situación de esa yo creo\n que la mejor arma es la honradez, la capacidad, las ochocientas\n y pico de obras que hice en el Cantón Cañar, eso\n es lo que vale para el pueblo no quiero cansar la atención,\n felicito a quienes debo felicitar, en este caso a un hombre limpio\n como lo ha demostrado Marcelo Serrano y algunos Concejales más»\n pero estos dos señores que uno de ellos que dé\n cuentas de la plata que recibió de la colina de San Antonio,\n de las fiestas de las últimas fiestas, eso lo dijo Andrade,\n lo dijo Campoverde y algunos de los priostes el otro señor\n que no» que mi pidió una camioneta para quedarme\n bien conmigo y que no me va a molestar, Siguencia roe estoy refiriendo\n que me pidió que le regale una camioneta yo donde le iba\n a dar si yo no he robado un centavo, yo le agradezco, agradezco\n a Cañar, agradezco la capacidad de la gente que sabrá\n catalogar, que sabrán decidir que hoy dicen estén\n trabajando, estén hablando antes fueron mudos e incapaces\n gracias", versión igualmente impersonalizada, que\n así mismo no atribuye cargo injuriante contra uno u otro\n Concejal identificado por su nombre. SEXTO.- En base de lo constante\n en esta transcripción. Galo Arturo Ordóñez\n Gárate, con apoyo en el articulo 371 y siguientes del\n Código de Procedimiento Penal se querella por el delito\n de injurias calumniosas contra Alfonso Verdugo Verdugo por hacerlo\n "víctima de delito, difundidos en aquel programa\n radial de manera deliberada y consciente, lesionando sus dignidad\n de persona honrada" con los términos constantes en\n la querella que reconocida y citada legalmente en persona al\n acusado éste comparece a juicio a folios 42 y como excepciones:\n 1) Niega en forma pura y simple los fundamentos del libelo, reconociendo\n que "quienes intervenimos en el programa "Análisis"\n que se difunde en la "Voz de Ingapirca", de manera\n general referimos hechos ocurridos en las administraciones Municipales,\n habida cuenta deque el exponente (Verdugo Verdugo) se desempeña\n como Concejal de la Municipalidad de Cañar y el querellante\n no ha sido siempre el Presidente del Concejo o d Alcalde para\n darse por aludido el señor Galo Arturo Ordóñez\n Gárate 2) Compensación de injurias, porque en el\n Programa radial y vía telefónica, en tono desafiante\n el señor Ordóñez Garete profirió\n en su contra estas injurias: "Alfonso Verdugo era mudo y\n nunca hablaba.....que responda por dineros de tos priostes de\n las fiestas de San Antonio...Que Verdugo y Siguencia eran mudos\n e incapaces". 3) "Improcedencia de la acción,\n porque la querella incumple tos requisitos del artículo\n 55 del Código de Procedimiento Penal". 4) "Falta\n de derecho del querellante" "pues la sola atribución\n que quiera darse, no es suficiente para entablar la presente\n acusación en la forma que lo ha hecho". SÉPTIMO.-\n Evacuada la audiencia de conciliación sin acuerdo de las\n partes, éstas presentan las pruebas documentales y testimoniales\n de autos y el mismo expediente con el cual según Verdugo\n Verdugo, el acusador particular fundamenta la querella y a cuyo\n texto, el acusado formula dos observaciones: a) "Que en\n ninguna foja de este expediente se menoscaba el nombre de Galo\n Arturo Ordóñez Gárate, a quien ni siquiera\n se lo ha mencionado; y, b) Que el acusador, me ofende y así\n consta su injuria en la transcripción de la cinta magnetofónica\n del Programa "Análisis". OCTAVO.- La Sala de\n Casación ha examinado la sentencia recurrida contrastando\n su texto con los méritos procesales, a partir de las frases\n que d querellante describe, transcribe y califica en su libelo\n como injuria calumniosa, proferidas en su contra y que están\n tomadas del acta de folios 9 a 32. Para el caso, el enjuiciamiento\n promovido se apoya en la transcripción de la versión\n magnetofónica de aquel programa radial, aplicándose\n el procedimiento previsto en el Art. 387 del Código de\n Procedimiento Penal» que el querellado reconoce y utiliza\n en su propia defensa, conforme a las dos observaciones expuestas\n en la parte final del considerando precedente, apreciando este\n Tribunal que el fallo cuestionado por casación, en parte\n alguna desentraña la naturaleza, circunstancias y objetivos\n del programa radial con la participación de concejales\n en funciones, quienes responden y comentan en libertad las preguntas\n del director del programa radial sobre temas ligados a la Municipalidad\n de la que forman parte e informan aún con acento vehemente\n y convicción personal aspectos de su respectiva actuación\n municipal, pero sin que en forma alguna sean expresiones dirigidas\n de manera concreta, especifica y directa contra persona alguna\n en particular, que pudiera ser afectada en la garantía\n que a su favor consagra el numeral 8 del Art. 23 de la Constitución\n Política, es decir, en su derecho a la honra, a la buena\n reputación; y que, por consiguiente, tales expresiones\n , sometidas a crítica racional valorativa, configuren\n agravio injuriante personalizado contra el honor del querellante,\n menos aún con el calificativo calumnioso, que sólo\n es posible cuando la injuria consista en la falsa imputación\n de un delito, que en el caso materia del recurso» es inexistente\n contra el accionante, sin lesionar la garantía del No\n 8 del Art. 23 de la Constitución Política y Art.\n 489 del Código Penal, porque las expresiones vertidas\n durante el programa, no están dirigidas al actor de este\n juicio, a cuya honra y buena reputación no podían\n afectar, por no haber sido dirigidas por Verdugo Verdugo, intuito\n personaje, con ánimo injuriante, contra el señor\n Galo Arturo Ordóñez Gárate, a juzgar por\n la trama del programa, en tomo a la Municipalidad, sus proyectos,\n realizaciones y problemas institucionales, de los que los intervinientes\n dieron cuenta, sin ánimo doloso de deshonrar ni imputar,\n vicio o falta de moralidad contra nadie en particular identificado\n por sus nombres, de lo que resulta impropio, ilógico y\n forjado, que en el considerando octavo, la sentencia en casación,\n determine que "el querellado hubiere atribuido al accionante\n la autoría de los hechos delictuosos", que en la\n especie no se configuran, ni puede calificarse como injurias\n calumniosas, las que el querellado Verdugo Verdugo reprocha a\n Ordóñez Gárate, cuando éste»\n al final del mismo programa radial, profirió las frases\n con las cuales el acusado articula la inadmisible excepción\n de compensación de injurias, por no existir agravio moral\n entre las partes por las frases señaladas en la querella\n y su contestación. En consecuencia, no siendo la sentencia\n jurídicamente corolario de los autos, y prescindir de\n la valoración en sana crítica imparcial del fundamento\n en que se apoya la querella, ésta deviene ilegalmente\n inepta para adecuar la conducta del acusado en el ámbito,\n esencia y responsabilidad del Art. 489 del Código Penal.\n Por ello, sin cumplirse en la causa la doble finalidad de la\n prueba (artículo 85 del Código de Procedimiento\n Penal) relativa a la existencia de la infracción y la\n responsabilidad del acusado. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE.\n DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, estima procedente\n el recurso de casación del acusado Alfonso Verdugo Verdugo\n y al casar la sentencia corrige el error de derecho por falsa\n e incongruente aplicación de los artículos 489\n y 492 del Código Penal, ya que el primero tipifica la\n injuria calumniosa y no calumniosa; y, la segunda norma, castiga\n la imputación privada o en concurrencia de menos de diez\n personas; aspectos que no se dan en la presente causa; y, al\n desechar la querella que motiva el presente enjuiciamiento, revoca\n el fallo impugnado; absuelve al querellado recurrente y califica\n como no maliciosa ni temeraria la acusación particular.\n Sin costas ni honorarios que regular en este nivel. Lo declara\n así con orden de remitir el proceso al juzgador de origen\n para los fines de ley.- Notifíquese y cúmplase.\n
f.) Dr. Carlos Riofrío Corral, Magistrado, (Voto Salvado).
Corte Suprema de Justicia.- 1a Sala de lo Penal.- Es fiel\n copia de su original.
VOTO SALVADO DEL DOCTOR CARLOS XAVIER RIOFRÍO CORRAL.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO PENAL
Quito, 30 de marzo del 2004; las 17h10.
VISTOS: Me aparto del criterio de mayoría por considerar\n que las expresiones del querellado licenciado Alfonso Verdugo\n Verdugo Concejal del cantón Cañar-, en el programa\n "Análisis", transmitido por Radio La Voz de\n Ingapirca el 22 de febrero del 2002, fueron dirigidas en contra\n del querellante Galo Arturo Ordóñez Gárate,\n afectando su derecho a la honra y buena reputación, pues\n expresamente el querellado se refiere al querellante, que fue\n Alcalde de Cañar y miembro del Directorio del Banco del\n Estado, en la época analizada en aquel programa radial,\n cuando el licenciado Alfonso Verduga manifestó: ".../o\n que pasa también fue que nos mintió el ex - alcalde...nos\n dijo vamos hacer un préstamo por medio del Banco del Estado,\n por ser yo miembro, un préstamo no reembolsable, y todos\n estábamos felices y aplaudimos... Todo habla estado hecho,\n nos presentó medio paquete de documentos, vimos, leímos,\n analizados, porque si aprendí yo a sumar, restar, multiplicar\n y dividir; habla falsedad y había documentos que faltaban,\n y había estado todo ya ' negociado, sin que nosotros tuviéramos\n conocimiento del costo, ni de cuantas empresas o cuantas compañías\n estaban yendo a vender maquinaria... Por eso fue que nos opusimos\n cuatro concejales, por que los negociados estaban oscuros, queríamos\n cosas transparentes y claras". Poco después o

References: artículo 552
 artículo 451
 artículo 451
 artículo 450
 artículo 200
 artículo 30
 artículo 24
 artículo 43
 artículo 250
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 artículo 250
 artículo 349
 resolución 
 artículo 490
 artículo 328
 artículo 24
 artículo 489
 artículo 491
 artículo 495
 artículo 491
 artículo 309
 artículo 489
 artículo 495
 artículo 24
 artículo 156
 artículo 489
 artículo 24
 artículo 2
 artículo 85
 artículo 387
 artículo 43
 artículo 387