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Timestamp: 2018-05-21 04:46:57+00:00

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COMUNICADO No 22 DE MAYO 11 DE 2009
La Corte Constitucional, en la sesión de la Sala Plena celebrada el día 11 de mayo de 2009, adoptó la siguiente decisión:
EXPEDIENTE OP-120 - SENTENCIA C-321/09
1.1 Norma objetada
PROYECTO DE LEY No. 012/06 CAMARA – 087/07 SENADO
“Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito y s e dictan otras disposiciones”
Artículo 3º. El artículo 5° de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Parágrafo 3º. Los excedentes financieros del Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, serán destinados en señalización turística del país por la entidad administradora del sistema.
Primero. DECLARARSE INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en relación con el parágrafo 3º del artículo 3º del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, por carencia actual de objeto.
Habida cuenta que el Congreso de la República acogió las objeciones presidenciales formuladas respecto del parágrafo 3º del artículo 3º cuestionado, si bien no por razones de forma sino de fondo, ha desaparecido la controversia suscitada entre el Ejecutivo y el Legislador y por ende, lo procedente es un fallo inhibitorio por carencia actual de objeto. La corte reiteró que de conformidad con el artículo 167 de la Constitución Política, la insistencia de las Cámaras en la sanción del proyecto de ley objetado, es un presupuesto de procedibilidad del ejercicio del control de constitucionalidad por parte de la Corte.
Artículo 4º. El artículo 17 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Dentro de las características técnicas que contendrán las licencias de conducción se incluirán, entre otros, un código de barra bidimensional u otro dispositivo electrónico, magnético u óptico con los datos del registro que permita la lectura y actualización de estos. Las licencias de conducción, que no cuenten con estos elementos de seguridad, deberán ser renovadas de acuerdo con la programación que expida el Ministerio de Transporte al respecto, en un periodo de 4 años, contados a partir de la implementación del Registro Unico Nacional de Tránsito, RUNT.
Las nuevas licencias de conducción deberán permitir al organismo de tránsito confrontar la identidad del respectivo titular de conformidad con las normas de ley vigente s sobre la materia, sin costo alguno.
Parágrafo 1º. Al titular de la licencia de conducción de cualquier categoría, se le asignará un total de doce (12) puntos, los cuales serán reducidos o recuperados de acuerdo con su comportamiento, como conductor, de conformidad con lo establecido en este código.
Parágrafo 2º. Quien actualmente sea titular de una licencia de conducción, que no cumpla con las condiciones técnicas establecidas en el presente artículo y en la reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Transporte, deberá sustituirla en un término de cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, de conformidad con lo previsto por el artículo 15 de la ley 1005 de 2006. Para tal efecto, deberá presentar paz y salvo por infracciones de tránsito y el certificado indicado en el artículo 19 del presente código.
Parágrafo 3º. Para garantizar la gratuidad del cambio de licencias se autoriza a los organismos de tránsito descontar, por una sola vez, una suma igual a 1 salario mínimo, legal diario vigente (SMDV), por cada licencia expedida, de los recursos que obligatoriamente debe transferir al Ministerio de Transporte por concepto de especies venales.
Segundo. DECLARAR INFUNDADA la objeción presidencial presentada contra el parágrafo 3º del artículo 4º del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, que en consecuencia, se declara EXEQUIBLE.
Revisado el trámite surtido por el artículo 4º parcialmente objetado, la Corte encontró que en su aprobación en las Cámaras no se desconocieron los principios de identidad relativa y consecutividad. Advirtió que si bien es cierto que fue en el Senado de la República donde se discutió acerca de si las nuevas licencias de conducción iban a ser gratuitas, simplemente fue la continuación de un debate que tuvo lugar en el seno de la Cámara de Representantes, referente a dotar de nuevas especificaciones técnicas a las futuras licencias. En otras palabras, no se trató realmente de un tema novedoso planteado exclusivamente en el tercer debate del proyecto de ley. Por tanto, la objeción presidencial resulta infundada.
3.1. Normas objetadas
Artículo 5º. El artículo 19 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
4. Certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir expedido por un centro de reconocimiento de conductores habilitado por el Ministerio de Transporte y debidamente acreditado como organismo de certificación de personas en el área de conductores de vehículos automotores.
Parágrafo 1º. Para obtener la licencia de conducción por primera vez, o la recategorización, renovación, y refrendación de la misma, se debe demostrar ante las autoridades de tránsito la aptitud física, mental y de coordinación motriz, valiéndose para su valoración de los medios tecnológicos sistematizados y digitalizados requeridos, que permitan medir y evaluar dentro de los rangos establecidos por el Ministerio de Transporte según los parámetros y límites internacionales entre otros: las capacidades de visión y orientación auditiva, la agudeza visual y campimetría, los tiempos de reacción y recuperación al encandilamiento, la capacidad de coordinación entre la aceleración y el frenado, la coordinación integral motriz de la persona, la discriminación de colores y la phoria horizontal y vertical.
Parágrafo 2º. El Ministerio de Transporte reglamentará para que en un plazo de hasta 12 meses los centros de reconocimiento de conductores cumplan con los requisitos de habilitación y acreditación.
Parágrafo. Quien no porte dicho documento incurrirá en las sanciones previstas en la ley. Para todos los efectos legales este será considerado como documento público.
Tercero. DECLARAR INFUNDADA la objeción presidencial presentada contra el numeral 4 del artículo 5 e inciso 1 del artículo 13 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, que en consecuencia, se declara EXEQUIBLE.
La Corte reiteró que en materia de libertades económicas se aplica un control de constitucionalidad que implica que sólo procede a excluir del ordenamiento jurídico aquéllas medidas que sean abiertamente discriminatorias, situación que no se vislumbra en el presente caso. En efecto, la disposición objetada no está excluyendo la posibilidad de que otras empresas presten los servicios de calificación de conductores, ni mucho menos creando o autorizando la conformación de un monopolio.
Artículo 8º. El artículo 28 de la Ley 769 de 2002 quedara así:
Parágrafo 2.° La Superintendencia de Puertos y Transporte, contratará los servicios de un centro de llamadas, el cual estará bajo su vigilancia, inspección y control, mediante el cual cualquier persona podrá reportar la comisión de infracciones de tránsito, o la violación al régimen de sanciones por parte de las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor. Las llamadas no tendrán costo alguno. Los costos de dicho servicio serán sufragados por las empresas de servicio público de transporte automotor en proporción al número de vehículos vinculados.
Cuarto. DECLARAR INFUNDADA la objeción presidencial presentada contra el parágrafo 2 del artículo 8º del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, que en consecuencia, se declara EXEQUIBLE.
La Corte determinó que en la norma objetada el legislador estableció, de conformidad con el artículo 338 de la Constitución, los elementos del gravamen a cargo de las empresas transportadoras. En tal sentido, señaló que efectivamente el Congreso estableció una tasa, a cargo de las empresas de servicio automotor, destinada a sufragar los costos de mantenimiento de un centro de llamadas contratado por la Superintendencia de Puertos y transporte, al cual podrán acudir los usuarios del servicio para reportar la comisión de infracciones de tránsito o la violación al régimen de sanciones por parte de aquéllas. Esto es, se está imponiendo una contraprestación al funcionamiento de un servicio público. De esta forma, el sujeto activo del gravamen es el Estado, representado por la mencionada Superintendencia, el sujeto pasivo, las empresas de servicio público terrestre automotor y el hecho generador, que lo constituye la prestación del servicio público de transporte terrestre. En cuanto a la tarifa, estableció que es determinable, ya que la norma dispone que “Los costos de dicho servicio serán sufragados por las empresas de servicio público de transporte automotor en proporción al número de vehículos vinculados.”. En ese orden, la Corte concluyó que el legislador estableció la totalidad de los elementos configuradores del tributo, motivo por el cual no se desconoció el principio de legalidad del mismo. En consecuencia, se declaró infundada la objeción presidencial formulada respecto del parágrafo 2º del artículo 8º del proyecto de ley examinado.
5.1. Norma objetada
Artículo 51. Revisión periódica de los vehículos. Todos los vehículos automotores, deben someterse anualmente a revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes. Los vehículos nuevos de servicio particular, se someterán a dicha revisión cada dos (2) años durante sus primeros seis (6) años contados a partir de la fecha de su matrícula; las motocicletas lo harán anualmente.
Quinto. DECLARARSE INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en relación con la expresión “nuevos” del artículo 11 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, por carencia actual de objeto.
5.3. Razones de la decisión
La Corte encontró que procedía un fallo inhibitorio, toda vez que el Congreso aceptó las objeciones del Gobierno Nacional respecto de esta expresión, por lo cual hay ausencia de objeto sobre el cual deba ejercerse el control de constitucionalidad.
6.1. Norma objetada
Parágrafo. Está prohibido a los conductores de vehículos participar en actividades comerciales o benéficas a doscientos (200) metros a la redonda de semáforos, señales de tránsito, paso a nivel, paso peatonal a desnivel, paso peatonal a nivel, separadores, berma, ciclovías, ciclorrutas, estacionamientos, paraderos, todo tipo de puentes y en las zonas destinadas a la circulación de todo tipo de vehículos.
El incumplimiento de esta norma se sancionará con treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes, s.m.l.d.v.
Sexto. DECLARARSE INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en relación con el parágrafo del artículo 15 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, por carencia actual de objeto.
6.3. Razones de la decisión
El Congreso aceptó la objeción presidencial respecto del parágrafo del artículo 15 del proyecto examinado, pero con base en argumentos distintos de los aducidos por el Gobierno Nacional, por cuanto estimó que la norma no establece una restricción a las actividades que realizan los conductores, sino que prevé medidas que buscan mejorar la movilidad y seguridad tanto de conductores, pasajeros y peatones. Razones de orden económico que afectan a la población menos favorecida, llevaron al Congreso a excluir el citado parágrafo del proyecto de ley. Por tanto, lo que procede es una decisión inhibitoria al no existir objeto sobre el cual deba ejercerse control de constitucionalidad.
7.1. Normas objetadas
Artículo 93. Control de Infracciones de Conductores. Los organismos de tránsito deberán reportar diariamente al Sistema Integrado de Multas y Sanciones por infracciones de tránsito las infracciones impuestas, para que este a su vez, conforme y mantenga disponible para el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT.
Se establece el siguiente sistema de puntos:
Por cada infracción mayor o igual a 8 smlvd 2 puntos.
Por cada infracción mayor o igual a 15 smlvd 6 puntos.
Por cada infracción mayor o igual a 30 smlvd 8 puntos.
Parágrafo 1º. La Superintendencia de Puertos y Transporte sancionará con multa equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv) a las empresas de transporte público terrestre automotor, que tengan en ejercicio a conductores con licencia de conducción suspendida o cancelada .
Parágrafo 2º. Las empresas de transporte público terrestre automotor deberán establecer programas de control y seguimiento de las infracciones de tránsito de los conductores a su servicio. Dicho programa deberá enviarse mensualmente por las empresas de transporte público terrestre automotor a la Superintendencia de Puertos y Transporte. Las empresas que no cumplan con lo antes indicado serán sancionadas por dicha entidad con una multa equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv).
Parágrafo 3º. La consulta a la base de datos del Simit será gratuita. La expedición de certificados tendrá un costo de un salario mínimo legal diario vigente (1 smldv), los cuales serán recaudados por la entidad responsable del Sistema Integrado de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito.
Artículo 131. Pérdida de puntos y multas. Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas o con multas y pérdida de puntos, de acuerdo con el tipo de infracción así:
B. Será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes y la pérdida de un (1) punto, el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
B.14 Remolcar otro vehículo violando lo dispuesto por este código.
B.15 Conducir un vehículo de servicio público que no lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones de fácil lectura para los pasajeros o poseer este aviso deteriorado o adulterado.
C. Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes y la pérdida de dos (2) puntos, el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
C.1 Presentar licencia de conducción adultera da o ajena, lo cual dará lugar a la inmovilización del vehículo.
C.27 Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el sistema de dirección, frenos o seguridad, además el vehículo será inmovilizado.
D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes y la pérdida de tres (3) puntos, el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
D.1 Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos, hasta que este sea retirado por una persona autorizada por el infractor con licencia de conducción.
D.6 Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.
D.7 Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito correspondiente lo indique. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.
D.8 Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.
D.9 Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición, direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las horas o circunstancias en que lo exige este código. Además, el vehículo será inmovilizado, cuando no le funcionen dos (2) o más de estas luces.
D.10 No permitir el paso de los vehículos de emergencia.
D.11 Conducir un vehículo para transporte escolar con exceso de velocidad.
D.12 Permitir el servicio público de pasajeros que no tenga las salidas de emergencia exigidas. En este caso, la multa se impondrá solidariamente a la empresa a la cual esté afiliado y al propietario. Si se tratare de vehículo particular, se impondrá la sanción solidariamente al propietario.
D.13 Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días.
D.14 En caso de transportar carga con peso superior al autorizado el vehículo será inmovilizado y el exceso deberá ser transbordado.
D.15 Las autoridades de tránsito ordenarán la inmovilización inmediata de los vehículos que usen para su movilización combustibles no regulados como gas propano u otros que pongan en peligro la vida de los usuarios o de los peatones.
D.16 Cambio del recorrido o trazado de la ruta para vehículo de servicio de transporte público de pasajeros, autorizado por el organismo de tránsito correspondiente. En este caso, la multa se impondrá solidariamente a la empresa a la cual esté afiliado el vehículo y al propietario. Además el vehículo será inmovilizado, salvo casos de fuerza mayor que sean debidamente autorizados por el agente de tránsito.
E. Será sancionado con multa equivalente a cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales diarios vigentes y con la pérdida de seis (6) puntos el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
E.3. Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas, se atenderá a lo establecido en el artículo 152 de este código. Si se trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa pecuniaria, la pérdida de puntos y el período de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de embriaguez el vehículo será inmovilizado y el estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
E.4. Transportar en el mismo vehículo y al mismo tiempo personas y sustancias peligrosas como explosivos, tóxicos, radiactivos, combustibles no autorizados etc. En estos casos se suspenderá la licencia por un (1) año y por dos (2) años cada vez que reincida. El vehículo será inmovilizado por un (1) año cada vez.
Parágrafo 1°. El conductor que no haya sido sancionado en un período de un (1) año, se le restablecerán los puntos perdidos.
Parágrafo 2°. Las infracciones de tránsito, cuya sanción sea la imposición de multas descritas en otros artículos de la Ley 769 de 2002, darán lugar además, a la pérdida de 1, 2, 3 ó 6 puntos, si la sanción de multa es en su orden de 8, 15, 30 ó 45 salarios mínimos legales diarios vigentes.
Séptimo. DECLARAR FUNDADA la objeción presidencial presentada contra el artículo 21 y las expresiones “Se establece el siguiente sistema de puntos: Por cada infracción mayor o igual a 8 smlvd 2 puntos. Por cada infracción mayor o igual a 15 smlvd 6 puntos. Por cada infracción mayor o igual a 30 smlvd 8 puntos”, del artículo 17 del proyecto de ley, por violar el artículo 29 Superior, que en consecuencia se declaran INEXEQUIBLES.
La Corte consideró fundada la objeción parcial en relación con las expresiones demandadas de los artículos 17 y 21 del proyecto de ley examinado, por cuanto no pueden coexistir en un mismo texto normativo, dos sistemas sancionatorios por puntos diferentes, por cuanto ello dejaría al arbitrio del juzgador cual aplicar, lo cual configura un desconocimiento del principio de legalidad. Precisó que si bien la objeción sólo se había formulado en relación con el artículo 17, los argumentos expuestos por el Presidente de la República se vinculan al artículo 21, que establece un sistema sancionatorio distinto, razón por la cual procedió a integrar la unidad normativa de las dos disposiciones legales.
Octavo. DECLARARSE INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en relación con el parágrafo 3° del artículo 17 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, por carencia actual de objeto.
8.3. Razones de la decisión
La Corte encontró que el Congreso de la República acogió la objeción planteada por el Gobierno nacional respecto de este parágrafo, cuyo texto se excluyó del proyecto de ley. Al no haberse dado insistencia de las Cámaras, hay ausencia de objeto de control de constitucionalidad por lo que procede proferir en este caso un fallo inhibitorio.
9.1. Norma objetada
Artículo 24. El artículo 136 de la Ley 769 de 2002, quedará así.
Artículo 136. Reducción de la Sanción.
Artículo 136. Reducción de la Multa. Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá sin necesidad de otra actuación administrativa, cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco días siguientes a la orden de comparendo, igualmente, o podrá cancelar el setenta y cinco (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo, en estos casos deberá asistir a un curso sobre normas de tránsito. Si aceptada la infracción, esta no se paga en las oportunidades antes indicadas, el inculpado deberá cancelar el (100%) del valor de la multa más sus correspondientes intereses moratorios.
Los organismos de tránsito, la entidad responsable del sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito y los Centros Integrales de Atención, podrán recaudar las multas mediante convenio con entidades financieras legalmente vigiladas por la Superintendencia Financiera, en las cuales se haga la transferencia automática del valor que a cada uno corresponde de acuerdo a lo previsto en la ley.
9.2. Decisión
Noveno. DECLARAR INFUNDADA la objeción presidencial presentada contra el parágrafo 2º del artículo 24 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, que en consecuencia, se declara EXEQUIBLE.
9.3. Razones de la decisión
La Corte consideró que la intervención de legislador al establecer un descuento por pago de las infracciones pendientes dentro de un plazo de doce meses, se ajusta a la Constitución Política, toda vez que se trata de un recurso de fuente exógena de financiación de las entidades territoriales, como son los recursos provenientes del pago de multas de tránsito. Resaltó que basta señalar que la norma busca un objetivo constitucionalmente admisible, como lo es mejorar el recaudo del pago de multas de tránsito, mediante la previsión de estímulos económicos al infractor, relacionados con la celeridad con que cancele las sanciones. Por consiguiente, la objeción presidencial por la presunta vulneración de la autonomía territorial no prospera.
10.1. Norma objetada[1]
Artículo 136. Reducción de la Multa. Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá sin necesidad de otra actuación administrativa, cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco días siguientes a la orden de comparendo, igualmente, o podrá cancelar el setenta y cinco (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo, en estos casos deberá asistir obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en el Centro Integral de Atención, donde se cancelará un 25 % y el excedente se pagará al organismo de tránsito. Si aceptada la infracción, esta no se paga en las oportunidades antes indicadas, el inculpado deberá cancelar el (100%) del valor de la multa más sus correspondientes intereses moratorios.
10.2. Decisión
Décimo. DECLARARSE INHIBIDA para proferir un fallo de fondo, por el cargo de violación al principio de legalidad, en relación con el artículo 24 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”.
10.3. Razones de la decisión
En atención a que el Congreso de la República aceptó la objeción formulada por el Gobierno Nacional respecto de la supuesta violación del principio de legalidad y procedió a modificar algunos aspectos de la disposición legal cuestionada, la Corte procedió a declarar la inhibición. De igual manera, estima que el hecho de haber ajustado un nuevo texto tampoco le permite asumir competencia por cuanto las objeciones no recayeron sobre ellos.
11. 1. Norma objetada
Artículo transitorio. Facultase a los Gobernadores y Alcaldes municipales y distritales hasta el 31 de diciembre de 2009, para decretar amnistías a los infractores de tránsito y para adoptar medidas para el saneamiento de cartera de infracciones que no haya sido objeto de notificación del mandamiento de pago por vía ejecutiva y no supere los cinco (5) años de ocurridos los hechos que dieron lugar a la actuación.
11.2. Decisión
Undécimo. DECLARARSE INHIBIDA para proferir un fallo de fondo, por el supuesto cargo de violación al principio de igualdad, en relación con el artículo transitorio del artículo 27 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, por inepta objeción.
11.3. Razones de la decisión
En relación con la supuesta violación al principio de igualdad, la Corte encontró que en realidad el Presidente de la República no estructuró realmente un cargo de inconstitucionalidad. Como se advierte de los argumentos esgrimidos por el Gobierno Nacional, no se indican las razones por las cuales facultar a Gobernadores y Alcaldes para decretar “amnistías a los infractores de tránsito y para adoptar medidas para el saneamiento de cartera de infracciones que no haya sido objeto de notificación del mandamiento de pago por vía ejecutiva y no supere los cinco (5) años de ocurridos los hechos que dieron lugar a la actuación”, desconozca el principio de igualdad. En consecuencia, procede la inhibición.
12.1. Norma objetada
12.2. Decisión
Duodécimo. DECLARAR INFUNDADA la objeción presidencial presentada contra el artículo transitorio del artículo 27 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, por el cargo de violación al principio de autonomía de las entidades territoriales.
12.3. Razones de la decisión
De igual modo, la Corte no encontró de qué manera la disposición objetada afecta la autonomía de las entidades territoriales en lo atinente al manejo de sus recursos, cuando lo cierto es que serán las propias autoridades locales las que decidirán sobre la conveniencia de aplicar la medida. A lo anterior se agrega que se está ante una fuente exógena de financiación de las entidades territoriales, y que por ende, el margen de intervención del legislador es muy amplio, en los términos de la jurisprudencia constante de la Corte. Por consiguiente, declaró infundada la objeción presidencial presentada contra el artículo transitorio del artículo 27 del proyecto, por el cargo de violación del principio de autonomía de las entidades territoriales.
13. Devolución del proyecto de ley objetado
Décimo tercero. Ordenar que este proyecto de ley se DEVUELVA al Congreso de la República, con el fin de que lo rehaga y una vez cumplido lo anterior, se devuelva a la Corte para que se verifique su cumplimiento, conforme al artículo 167 de la Constitución Política, de conformidad con la parte motiva del presente fallo.
[1] Corresponde al texto final del informe de conciliación aprobado por las cámaras. Inicialmente se había incluido la norma del proyecto sin modificaciones.

References: Artículo 3
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 167

Artículo 4
 artículo 17
 artículo 15
 artículo 19
 artículo 4
 artículo 4

Artículo 5
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 13

Artículo 8
 artículo 28
 artículo 8
 artículo 338
 artículo 8

Artículo 51
 artículo 11
 artículo 15
 artículo 15

Artículo 93

Artículo 131
 artículo 152
 artículo 21
 artículo 17
 artículo 29
 artículo 17
 artículo 21
 artículo 17

Artículo 24
 artículo 136

Artículo 136

Artículo 136
 artículo 24

Artículo 136
 artículo 24
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 167