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Timestamp: 2019-03-22 18:08:05+00:00

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#CompromisoConAndalucía: Derechos: Andalucía para las personas. – EQUO Verdes – Iniciativa Andalucía
#CompromisoConAndalucía: Derechos: Andalucía para las personas.
Aquí te detallamos el tercer bloque sobre Derechos:
Bloque 3: Derechos: Andalucía para las personas.
Capítulo 1: Educación.
Capítulo 2: Salud Pública. Columna vertebral de Andalucía.
Capítulo 3: Pensiones. Dependencia. Derechos de las personas Mayores.
Capítulo 4: Derecho a la vivienda.
Capítulo 5: Derecho a la Renta Básica Universal.
Capítulo 6: Derechos para justicia social y la igualdad de oportunidades.
Capítulo 7: Derechos sin fronteras ni barreras.
Capítulo 8: Derechos de los animales.
3.- DERECHOS: ANDALUCÍA PARA LAS PERSONAS.
Una sociedad avanzada pone en el centro la educación y la salud pública como pilares para lograr la calidad de vida. Así como los derechos de vivienda, agua, luz, pensiones, dignas, dependencia, derechos de los animales, etc. como elementos primordiales para garantizar el bienestar de las personas.
Los sucesivos gobiernos andaluces del partido socialista han contribuido a recortar estos servicios públicos de ciudadanía cuya calidad no puede estar basada en la eficiencia sino que son derechos humanos universales que tienen garantizarse para consolidar una sociedad justa, igualitaria, inclusiva y para el bien común.
La educación y la salud pública tienen que tener la financiación necesaria para mejorar la dotación de plantillas de personal, disponer de los medios necesarios y adoptar en el caso de la educación la condición de “educación para toda la vida” llegando a un gran Pacto Andaluz por la educación que fortalezca la red de centros públicos de Andalucía y en el caso de la salud pública que refuerce su carácter preventivo mejorando las condiciones de vida de las personas y sus entornos vitales.
La financiación de las pensiones debe garantizarse con la expansión del empleo de calidad y mejores salarios y la financiación de la dependencia es básica si queremos lograr una sociedad justa e igualitaria que atiende la diversidad.
Los derechos de los animales en la sociedad andaluza del siglo XXI deben garantizarse y hemos de adoptar medidas efectivas para acabar con el abandono y el maltrato animal en todas sus manifestaciones, muchas de ellas asumidas en el marco de tradiciones culturales que no son tales.
La Junta de Andalucía es la competente en materia de educación desde el año 1982, aunque comparte la competencia con el Estado en el establecimiento de los planes de estudio, gracias a la conquista de las andaluzas y andaluces de la autonomía del artículo 151. Por tanto, la gestión del sistema educativo ha sido una materia desarrollada íntegramente por gobiernos socialistas, ya que todos los gobiernos de la autonomía han sido presididos por alguien del PSOE y, concretamente, todas las personas que han estado al frente de la Consejería de Educación han sido militantes del mismo partido. Esto es un hecho para bien y para mal y que determina en gran medida la necesidad de un giro en las políticas educativas de una manera radical.
La ensoñación basada en el avance del sistema educativo andaluz se queda parada por la realidad tozuda de las cifras y de los resultados. No es necesario hacer hincapié en ello, en ocasiones por decisiones del gobierno andaluz y, en ocasiones, por efecto de “fuego amigo” de las decisiones de políticas estatales el estado actual de la educación andaluza es desolador. Ocupamos los puestos de cola de todas las clasificaciones educativas del estado español, aunque sea preciso reconocer que los avances han sido muchos, como por otra parte es lógico, mejorar se ha mejorado pero no a los niveles que otras comunidades.
La obsesión por la eficiencia como si las inversiones en educación fueran un gasto de consumo y como si las familias fueran clientes que manejan a su antojo al objeto preciado de la educación que es el alumnado andaluz, base esencial de un desarrollo armonioso de una sociedad democrática y desarrollada como la actual.
No decimos que la educación sea un desastre en función de, no sabemos que desgracia divina; de ninguna de las maneras esa es la situación, pero es bien cierto que esta no es la que debiera, los recortes de los últimos años han llevado a un estado de cosas que aún no se ha recuperado a pesar de la anunciada recuperación, ésta no ha llegado en los términos en que debiera. La excesiva burocratización de los centros y la presión institucional con respecto a la falta de presupuesto para la educación pública, solo se ha visto maquillado por la acción del profesorado, que a pesar de todo, ha seguido haciendo lo imposible porque los niveles de servicio público no se vinieran abajo.
Otro elemento clave del momento actual es la actual tendencia del gobierno andaluz, de no apoyar adecuadamente a la red pública de centros educativos, hay datos que lo demuestran de forma fehaciente, mientas se cierran unidades en centros públicos, se siguen manteniendo unidades en centros concertados. En términos económicos esta situación es palpable, en Andalucía la diferencia, en cuanto al sector público, entre 2011 y 2016 (últimos datos publicados por el MEC) es de 50.238.000 € menos y por contra, en el sector de los centros concertados ha crecido en 12.310.000 €. Esta situación es especialmente importante porque es un indicador fiable de la apuesta del PSOE Andalucía por el mantenimiento de la educación concertada frente a la educación pública.
Consideramos que el sistema educativo andaluz actual no ha modificado sustancial ni adecuadamente su entramado organizativo en favor de la ciudadanía. La educación es un Derecho Humano, y su garantía, que corresponde a las instituciones, debe aportar además utilidad, justicia, equidad y universalidad; la calidad educativa no puede ser sólo derecho de unos pocos, ha de garantizarse en igualdad para todos y todas. En este sentido, entendemos que las escuelas públicas andaluzas están viendo mermadas sus posibilidades de formar a personas para la vida, para transformarla y mejorarla.
El profesorado no está satisfecho, las familias no están satisfechas y el alumnado ni siquiera es preguntado. El proyecto transformador que presenta la Coalición EQUO – INICIATIVA integra en su seno la consideración de los cuidados como elemento principal y metodológico, por lo tanto, una comunidad educativa cuidada es la base para una sociedad más preparada para afrontar los cambios que sin duda necesita.
El sistema educativo andaluz, en consecuencia con el resto de medidas expresadas en este programa, ha de experimentar también una transformación profunda. La transición ecológica así como la despatriarcalización de las políticas han de impregnar también las aulas y los espacios potencialmente educativos.
La política en educación, investigación y cultura son de capital importancia siempre, pero de forma muy especial en momentos de cambio social acelerado como el que se produce por la transición, ya en marcha y no exenta de conflictos y amenazas, desde la sociedad industrial a la postindustrial. Una sociedad que habrá de ser sostenible en sus modos de producción y consumo, en las relaciones sociales, en el modo de organizarse y tomar decisiones y en su relación con la naturaleza.
En este sentido, la escuela puede y debe jugar un papel de motor de cambio en las formas de pensar, de comprender el mundo y la sociedad, en las actitudes y en los valores. El sistema educativo, en todos sus niveles, debe dar herramientas para comprender el mundo y para transformarlo de forma creativa, colaborativa, solidaria, responsable y emprendedora. Debe ayudar a desarrollar las potencialidades de las personas y ponerlas en juego para lograr el bien común. Rechazamos el modelo competitivo y de gestión empresarial, recogido en la propuesta de Estatuto Docente y en la Ley Educativa de Andalucía.
Debe orientarse al pleno desarrollo físico, mental, emocional, ético y creativo. Como señala la UNESCO, el objetivo de la educación debe ser formar una ciudadanía que se sienta responsable de la construcción de un mundo mejor para todos los seres humanos, en equilibrio y respeto hacia la naturaleza. Para ello, es preciso procurar la interacción constante de los centros educativos con su medio social y natural y entender que la educación no se produce sólo en las aulas, ni es responsabilidad exclusiva de los y las educadoras. La sociedad entera es educadora, para bien o para mal, y debe asumir esa responsabilidad de forma consciente.
En función de la situación actual, EQUO Verde-INICIATIVA Andalucía propone establecer un programa de actuaciones dirigidas a los siguientes objetivos:
Evaluar en profundidad la situación real del actual sistema educativo, tanto en sus aspectos de servicio público, así como de la mejora de los centros y las distintas enseñanzas que comprende el sistema educativo público no universitario.
Profundizar en los procesos de formación del profesorado en activo como elemento clave de la mejora de los procesos educativos implicados en las necesidades educativas del alumnado y los centros.
Apostar por una verdadera autonomía de los centros que permita mejorar a los mismos de forma contextual y pegados a la realidad educativa. Resulta vital esta autonomía para que la escuela inclusiva sea una realidad.
Transformar el actual sistema educativo en un espacio democrático, plural, laico e inclusivo donde las familias y el alumnado tengan a su alcance las posibilidades de avanzar en una sociedad más justa, equitativa y libre.
Para todo ello impulsaremos el Pacto Andaluz por la Educación como consenso estable de toda la sociedad andaluza en defensa del progreso y la calidad de la enseñanza y educación públicas.
Gestión, dotación y financiación del sistema educativo andaluz
Impulsar un amplio debate social para elaborar de forma participada un Plan Estratégico Educativo y de Investigación para la transición hacia una sociedad sostenible, que consiga un amplio consenso social y en la comunidad educativa.
Acometer un proceso participado para una Reforma en profundidad del Sistema Educativo Andaluz. Para ello, necesitamos contar con un equipo trabajo plural y conocedor de las prácticas educativas en todos los ámbitos y niveles. El sistema educativo actual no funciona; se hace precisa una reflexión cooperativa, incluso entre diferentes consejerías, para acometer posteriormente una transformación de fondo que se traduzca en un nuevo sistema, inclusivo, justo y eficaz.
La financiación pública se destinará prioritariamente a los centros públicos. Nos proponemos una ampliación progresiva de la inversión en educación hasta alcanzar el 7% del PIB. La financiación debe ser transparente y debe estar sometida a un control social democrático.
Planificación y dotación presupuestaria para el desarrollo y fortalecimiento de la red educativa pública, la reducción progresiva de los colegios concertados con financiación pública hasta conformar un sistema educativo que cuente con centros públicos de financiación y gestión de titularidad pública, centros públicos de economía social en régimen cooperativo (de financiación pública y gestión y titularidad cooperativa) y centros privados sin financiación de la administración andaluza. En tanto que existan centros concertados, estos deberán cumplir estrictamente la legislación en materia educativa de no discriminación de alumnado por procedencia, religión y no segregación por sexo y de prohibición del cobro de toda cantidad dineraria a las familias.
Proponer al Gobierno estatal la existencia de un cuerpo de Alta Inspección Educativa del Estado para supervisar el pleno cumplimiento de la legislación educativa en todas las administraciones públicas competentes en materia educativa.
Eliminar los conciertos educativos con aquellos centros privados que segreguen al alumnado en función de género, opciones religiosas, nivel económico, procedencia o cualquier otra que sea discriminatoria.
Los centros concertados ofertarán todos los recursos y servicios prescriptivos para los centros públicos, nos referimos concretamente a las especialidades que garantizan la diversidad: Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, etc.
Plan de choque “Pobreza 0 en las escuelas andaluzas”. Es intolerable que el sistema actual replique en algunos, demasiados, centros escolares la pobreza instalada en su entorno. El reconocimiento público de que estas zonas existen es necesario para combatir la marginalidad a la que se encuentran sometidas. Así, proponemos un plan que identifique, realice un diagnóstico y, partiendo del mismo, establezca un plan de acción que dote a las escuelas infradotadas de todos los recursos necesarios para revertir la situación en que se encuentran.
Cada comarca andaluza tendrá cubiertas todas las etapas educativas obligatorias y post-obligatorias, así como los servicios de orientación, equipos psicopedagógicos, transporte, aulas matinales y comedores.
Bajar la ratio en los centros escolares, pero especialmente en aquellos donde el alumnado requiera una atención más individualizada.
Todos los centros educativos andaluces deberán ser de hecho centros de inclusión y contar con las plantillas de profesorado, o las condiciones arquitectónicas y físicas necesarias para poder educar en la diversidad de forma óptima. En este sentido, el alumnado con necesidades educativas especiales deberá ser atendido por suficiente profesorado especialista en pedagogía terapéutica o audición y lenguaje; para lo que deberá existir al menos un profesional por centro para prevenir las dificultades de aprendizaje de este alumnado o ayudar a subsanarlas lo antes posible.
Plan de apoyo a la diversidad, con especial atención a la diversidad social y cultural, para que se garantice el logro de la igualdad en todos los centros educativos.
Creación de un Equipo de Orientación Pedagógica (EOE) en todos los centros de educación primaria y secundaria, que incluya en su plantilla, además de las figuras que ya los integran, educadores y educadoras sociales.
Establecer unos requisitos mínimos para todos los centros escolares de Andalucía en lo referido a infraestructuras y dotaciones materiales. Impulsaremos una concepción más flexible de los espacios y los tiempos educativos.
Elaborar un Plan de inversión en la modernización de los centros educativos para adecuar sus espacios y sus medios a las nuevas necesidades, adaptando la escala de los espacios educativos para propiciar el trabajo en equipo y el debate en el aula, y para lograr que los centros sean acogedores, ejemplares y educadores en cuestiones de autosuficiencia energética, ahorro y reciclaje de agua y otros recursos materiales. En relación con esto, en Andalucía es fundamental priorizar un programa de Bio-climatización de los centros educativos, empezando por invertir en medidas de aislamiento y rehabilitación energética y en entornos de arbolado y vegetación y continuando con la instalación, en todos los casos posibles del auto-abastecimiento energético solar para una alimentación sostenible de los sistemas de calefacción y aire acondiciones.
Procurar que los centros tengan una dimensión más pequeña que la mayoría de los centros convencionales y con una arquitectura escolar que responda a los principios que se expresan en este programa. Queremos colegios e institutos dignos, con aspectos atractivos, limpios, que recreen ambientes naturales. El entorno educativo es esencial para la motivación e implicación del alumnado.
Asignaremos una mayor dotación y desarrollo de los medios tecnológicos y de aquellos materiales didácticos necesarios para facilitar los procesos de investigación del alumnado. Vigilaremos exhaustivamente que todos los centros escolares dispongan de estos recursos.
Invertiremos en una educación 100% sostenida con fondos públicos sin servicios externalizados a empresas privadas que, en la actualidad, ni ofrecen la calidad que consideramos necesaria ni cuidan de su propio personal. En este sentido, promoveremos comedores escolares auto-gestionados por la comunidad educativa y evitaremos una oferta de actividades extraescolares que actúen como “guarderías públicas” durante las jornadas laborales de padres y madres.
Los centros educativos estarán abiertos fuera del horario lectivo con oferta pública y gratuita de actividades, no sólo para el alumnado del centro, sino abiertos al barrio o el pueblo. Queremos que las escuelas sean espacios de encuentro vecinal, participación y cooperación para emprender acciones de mejora de la vida en el entorno.
Principios educativos. Un nuevo modelo metodológico
Los principios rectores de las políticas educativas del gobierno andaluz serán los de una educación pública, laica, gratuita y de calidad, que cuente con financiación suficiente y estable. Entendemos la educación pública como un factor imprescindible para acercarnos a la igualdad social. Una educación de calidad debe ser coherente en la definición de sus objetivos, métodos pedagógicos y medios.
Los centros públicos promoverán la cultura del bien común, el espíritu crítico, creativo y proactivo, la equidad social, la inclusión, la interculturalidad, el respeto a la diversidad, la educación ecologista, los valores democráticos, la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad social. La enseñanza confesional de cualquier doctrina religiosa quedará fuera del curriculum escolar.
El curriculum dará respuesta a la crisis sistémica actual, reinterpretando los contenidos existentes y programando nuevos contenidos relativos a temas como el cambio climático, el agotamiento de los recursos, justicia social, etc. Los contenidos trabajados en la escuela tienen que responder a las necesidades de los/las estudiantes, deben servir para construir respuestas útiles para comprender el mundo y promover su transformación.
El diseño del currículo y su desarrollo no se formulará en términos de listados de contenidos “mínimos” con un atiborrado compendio de competencias, sino de forma global, integrada y compleja en términos de resolución de problemas, situaciones sociales y éticas relevantes. Concediendo suficiente relevancia al lenguaje musical, el movimiento corporal, la expresión artística y el desarrollo de habilidades sociales e inteligencia emocional. Sustituyendo la compartimentación actual del conocimiento por una propuesta integral, flexible e interdisciplinar (o globalizada) consensuada por la comunidad educativa y partiendo de las necesidades e intereses del alumnado, que utilice metodologías activas y participativas centradas en el alumnado, incorporando el conocimiento que los alumnos y alumnas construyen colectivamente y respete los diferentes ritmos de aprendizaje.
Promover una vertebración feminista de los centros escolares. La educación para la Igualdad de Género cobrará relevancia de carácter institucional, siendo imprescindible que toda la comunidad educativa se implique, tanto en su diagnóstico como en la implementación de medidas a partir del mismo. Los planes de Igualdad pasarán a formar parte de los documentos de centro, con igual categoría a otros como el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Impulsar la organización del curriculum en torno a actividades educativas centradas en investigaciones realizadas por los y las estudiantes frente a la memorización mecánica de los contenidos, aprovechando lo que niños y niñas saben, experimentan, y ajustando la intervención del profesorado a las características y necesidades del alumnado. La metodología investigativa está ligada al desarrollo de la autonomía, el espíritu crítico y la creatividad, por lo tanto, fomentaremos el desarrollo de proyectos de trabajo globalizados sobre problemas del entorno, rompiendo con la compartimentación de los contenidos.
Potenciar la autonomía pedagógica de cada centro para que se puedan establecer y reforzar programas de atención a la diversidad en función de su contexto e impulsar proyectos educativos innovadores. Fortaleceremos el papel de los claustros y de los consejos escolares, dotándolos de mayores competencias para que dejen de ser meros órganos consultivos y actúen como verdaderos impulsores y artífices de la organización y gestión de los centros educativos. Facilitaremos, además, la interacción entre las escuelas y su entorno, en todos los niveles educativos, incluyendo esta dinámica como criterio indispensable para la innovación y la transformación social.
Promover la supresión de los deberes tradicionales. Cuando convenga realizar tareas en casa, éstas deben ser motivadoras, vinculadas a los procesos de investigación y compatibles con los momentos necesarios de juego e interacción social.
Iniciar un proceso para sustituir los tradicionales libros de texto por otros recursos menos costosos y colectivizados mediante redes de profesorado eficaces. Consideramos mucho más útil contar con un banco de recursos de la propia administración que puedan ser utilizados en función de los proyectos de trabajo y se adapten a las necesidades del alumnado. El gasto anual que supone la gratuidad de los libros de texto de empresas privadas, bien puede redirigirse a la inversión en otro tipo de recursos materiales, accesibles y abiertos a otro modelo de enseñanza no tradicional.
Sustituir progresivamente la evaluación “calificativa” por otra más cualitativa, que permita valorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en su conjunto y evite la selección del alumnado. En este sentido, proponemos también eliminar la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE), huyendo así de las evaluaciones externas homogeneizadoras del alumnado.
Acometer una reflexión acerca de los Planes de Bilingüismo y Plurilingüismo, respecto a su carácter segregador, a la idoneidad de la metodología aplicada, a la formación del profesorado en lenguas extranjeras, a su repercusión en los tiempos escolares, etc.
Establecer medidas de protección y promoción social, así como organizativas y curriculares en el ámbito escolar contra el absentismo escolar. Consideramos que el absentismo, así como el fracaso escolar son indicadores de una mala gestión y concepción del sistema educativo.
Cuidamos al profesorado
Dotar a los centros educativos de una plantilla de profesorado y de personal no docente suficiente, para lograr que éstas se adapten a las necesidades educativas actuales.
Elaborar un Estatuto del Profesorado acordado con los sindicatos que establezca el marco de las condiciones de trabajo de los y las docentes, elimine la precarización laboral fijando las obligaciones del desempeño de tareas que desbordan la jornada lectiva y que dé estabilidad docente para conformar equipos de trabajo estables en torno a proyectos educativos de centro. Reducir al mínimo imprescindible la interinidad como sistema de provisión de puestos docentes.
Promover una formación inicial que asegure una sólida formación pedagógica y práctica que posibilite la atención diversificada a un alumnado cada vez más diverso con un equilibrio e integración del conocimiento de la materia, el conocimiento didáctico específico y los conocimientos generales vinculados a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y todo ello en el contexto de experiencias prácticas ejemplares, donde cobren sentido y funcionalidad los componentes disciplinares de la formación. Una preparación que facilite la innovación educativa en los centros, que promocione el trabajo en equipo y que fomente una actitud positiva y creativa hacia las nuevas exigencias culturales y pedagógicas. Todo ello en una formación equivalente con grados y posgrados que garanticen un cuerpo único de profesorado. Exigiremos, por tanto, la actualización del profesorado universitario que imparte la formación inicial.
Potenciar la innovación, la experimentación y la investigación educativa en todos los niveles educativos, propiciando la formación de equipos mixtos de docentes de los colegios, institutos y universidades andaluzas. En este sentido, crearemos espacios Universidad-Escuela para que ambos ámbitos se interrelacionen y obtengan una comunicación fluida que redunde en la mejora del sistema educativo en su conjunto.
Los Centros del Profesorado (CEP) contarán con una mayor autonomía y flexibilidad para organizar una formación del profesorado, que será obligatoria, y preferiblemente en horario laboral, en el propio centro y ligada a las necesidades del equipo docente y de las redes de profesorado.
Vamos a proponer, en el marco de los procesos participativos descritos, la creación de un cuerpo único de profesionales de la docencia, con la titulación inicial de grado y con un plan de estudios que incluya conocimientos teóricos y prácticos referidos al desempeño de la función docente en lo que afecta a las características psicológicas y sociales del alumnado, o las técnicas y dinámicas de aprendizaje más adecuadas para cada una de las diferentes etapas educativas. Impulsaremos la creación de grados específicos para la formación del profesorado de secundaria en las diferentes especialidades, de manera que se equilibre en cuanto al tiempo la formación en contenidos, la formación en las Ciencias de la Educación y la formación práctica. Mientras no existan grados que contemplen itinerarios de formación para ser docente de áreas específicas, habría que garantizar un funcionamiento de calidad del Máster en Profesorado de Secundaria (MAES), preservando su carácter de formación profesional docente.
Los Servicios de Inspección Educativa desarrollarán funciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad educativa, tanto en su tarea diaria como en los procesos de autoevaluación.
Promover el máximo reconocimiento y valoración social de la función docente, apoyando al profesorado y fortaleciendo la educación pública y la figura del docente, como experto en el ámbito del conocimiento y especialista en educación. En este sentido, defenderemos aquellos procesos formativos y de práctica docente que huyan de las metodologías tradicionales y la competitividad escolar.
Reforma, tanto del sistema de acceso a la función pública docente como del modelo de ordenación y movilidad del profesorado. Consideramos que, en la actualidad, el sistema que gestiona y organiza al colectivo docente no cuida a las personas ni a los centros educativos en su conjunto ni al planeta, dada la cantidad innecesaria de desplazamientos por toda la comunidad andaluza.
Facilitaremos la estabilidad del profesorado en aquellos centros en los que la comunidad educativa está comprometida con un proyecto concreto, bien sea de innovación educativa, de convivencia o, prioritariamente, en centros de difícil desempeño, donde la labor de un equipo sensibilizado y vinculado en la mejora de la dinámica escolar no puede quedar limitada por la movilidad del profesorado.
Educación Infantil, de 0 a 6 años, pública y gratuita, ofertada en centros para los dos niveles (0-3 y 3-6), donde la participación de las familias es eje fundamental y donde el cuidado mutuo y salir de las aulas al barrio o la naturaleza vertebran el modelo pedagógico. No vamos a promover un sistema de “guarderías públicas” que den soporte a una sociedad productivista que pretendemos transformar, de hecho, nuestras propuestas de empleo van también en la línea de preservar más los tiempos para los cuidados y las familias. No obstante, consideramos que los centros de Educación Infantil de 0 a 3 años han de ser gratuitos, de titularidad pública, regidos por los mismos principios que el resto de niveles educativos, y rigurosamente inspeccionados para que en todos los casos se cumplan unas condiciones óptimas para niños y niñas, condiciones que afectan a la cantidad de tiempo diario en el centro, instalaciones, cualificación del personal, etc.
Mejoraremos la formación profesional, garantizando el control público de las actividades formativas, así como sobre los títulos y certificados de competencias profesionales adquiridas por el alumnado que los curse. Desarrollar una FP inicial reglada y continuada, de calidad y que favorezca su dimensión profesionalizadora. Los cursos de formación ocupacional y de formación continua deben estar incluidos en los centros educativos para optimizar los talleres, los materiales y el profesorado, y ligarlos con la educación formal que se realiza a través de la enseñanza reglada. Ampliar la oferta educativa completando familias profesionales en los centros educativos, de manera que estos cuenten con programas de cualificación profesional, ciclos de grado medio y ciclos de grado superior.
Incremento de la oferta de educación permanente de personas adultas, que deberá contemplar: tareas de alfabetización, la formación básica para la obtención del graduado en educación secundaria obligatoria, cursos preparatorios para el acceso a los ciclos formativos de FP, el acceso a la universidad para mayores de 25 años, o la formación ocupacional, la formación en idiomas o en nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Elaborar y ejecutar planes de formación y empleo orientados a la incorporación de los desempleados hacia sectores productivos emergentes que pongan las bases de la nueva economía sostenible.
Escuelas democráticas y participativas. Escuelas para la convivencia
Extender los valores participativos y la corresponsabilidad en la gestión de la convivencia en toda la comunidad educativa, fomentando el trabajo comunitario con otras instancias y figuras como los educadores, los colectivos y los servicios municipales.
Coordinación de todas las administraciones públicas para abordar la prevención y el abordaje de los problemas de convivencia en su raíz social, comprometiéndose en la lucha efectiva por la reducción de las desigualdades sociales a través de políticas compensadoras y transformadoras del entorno.
Potenciar la convivencia escolar, mediante planes integrales de formación y el fomento de la competencia social. Impulsaremos la educación en valores y los contenidos de la cooperación y la convivencia en positivo. Los afectos, la solidaridad, la empatía, la escuela activa, las habilidades sociales, el diálogo y la resolución no violenta de conflictos en los centros educativos han de estar presentes en la vida diaria de la escuela, implicando a toda la comunidad educativa en los procesos que se emprendan en cada centro.
Una escuela democrática gestionada por toda la comunidad educativa, con participación real del alumnado en las decisiones colectivas. Las asambleas de clase en todos los niveles serán la dinámica iniciática para progresar en la efectiva participación en consejos de la infancia, la juventud, y en los propios consejos escolares de las escuelas.
Fomento de la edición de materiales curriculares con licencias libres, así como la promoción de las webs cooperativas y software libres.
Implantar el servicio de comedor escolar en todos los centros educativos públicos con gestión directa de la Administración andaluza o en cooperación en la AMPAS. Adecuar el servicio de transporte escolar a unas condiciones de seguridad y calidad óptimas y adecuadas y a las características y necesidades del alumnado. Se cuidará de que la comida de los centros educativos sea sana, preferentemente procedente de producción ecológica y/o de proximidad.
La integración y participación de la Coalición EQUO – INICIATIVA en el Movimiento Andaluz de Educación Pública (MAEP), será el vehículo para acometer la transformación del Sistema Educativo Andaluz. Nos apoyamos, por tanto, también en su documento “La escuela que queremos, que recogemos como ANEXO a este programa.
Capítulo 2. SALUD PÚBLICA. COLUMNA VERTEBRAL DE ANDALUCÍA
El austericidio impuesto por Europa y asumido fielmente por el gobierno andaluz ha llevado al “caos” a la sanidad andaluza, que ha dejado de ser ese modelo público de Salud, que fuera en otros tiempos, para encaminarse hacia una privatización encubierta, disfrazada de diferentes modalidades de externalización, que va depauperando el sistema público en detrimento de la calidad de la atención, la salud – incluso la vida- usuarios y usarías y de calidad de las condiciones en las que los profesionales sanitarios tienen que realizar su trabajo.
Es palpable la situación de deterioro de la calidad asistencial que están sufriendo los centros sanitarios públicos de nuestra comunidad autónoma como consecuencia de las deficiencias en personal, inversiones y reposición de material que se vienen manteniendo en los últimos años. Estas carencias se ven agravadas en verano, donde coinciden las vacaciones de los profesionales con una mayor afluencia de población en las zonas costeras y turísticas, lo que en Andalucía tiene una gran incidencia por ser destacado destino turístico. Como consecuencia, las consultas, urgencias y plantas de hospitalización que permanecen abiertas están sobrecargadas y no se puede prestar la atención debida a los pacientes.
La marea blanca andaluza ha luchado contra esta situación en diferentes movilizaciones y ha denunciado los recortes presupuestarios y de recursos, con su traducción asistencial, que se suceden día sí y día también, en nuestros hospitales y centros de salud. Los Sentencias judiciales ponen de manifiesto que se está obligando a los profesionales a encadenar contratos temporales, contraviniendo la ley; con sospechas sobre fraudes en las listas de espera en las consultas de algunos hospitales.
El gobierno andaluz ha ofrecido una imagen propagandista y triunfalista, inaugurando nuevas instalaciones que luego han de permanecer medio vacías, porque no se dispone de personal, mobiliario y aparataje para ponerlas en funcionamiento; o se ponen pero con actividad muy reducida y parcial como los hospitales de alta resolución de Alcalá la Real, Lebrija y Loja, lo que es un auténtico fraude a la ciudadanía andaluza.
No hay nada mejor que contar con los que realmente conocen la situación, sentarse con los profesionales y representantes sindicales y hablar de qué necesita cada centro, cada hospital, para atender a la ciudadanía con criterios de calidad y eficiencia”, señala Molina. La Coalición EQUO – INICIATIVA insiste en la necesidad de diseñar un “plan de acción con medidas concretas de recuperación y refuerzo de la atención sanitaria pública”, con actuaciones y dotación presupuestaria suficiente.
La Coalición EQUO – INICIATIVA se compromete a convertir la Salud en la columna vertebral de su acción de gobierno y en eje transversal de todas la políticas públicas, posicionándose en contra de las políticas austericidas y en defensa un mayor esfuerzo para contrarrestarlas, con medidas de eficiencia en la gestión del gasto público y políticas sanitarias sostenibles que centren sus objetivos más en la calidad de la atención que se presta a la ciudadanía que en ostentosas inauguraciones de infraestructuras y sofisticadas tecnologías.
Reclamamos de la administración sanitaria la racionalidad necesaria para establecer prioridades y optimizar el uso de los recursos, para que el sistema sanitario público del que nos sentimos orgullosos y que ha sido un referente a nivel nacional e internacional durante las últimas décadas no se nos venga abajo.
Es urgente aliviar en lo posible el sobreesfuerzo que quienes trabajan en los servicios sanitarios soportan diariamente para poder atender dignamente a la población que tienen a su cargo, así como garantizar un tiempo mínimo de atención en las consultas y una espera razonable para las operaciones. De lo contrario, las demoras hacen más complicado el tratamiento de las enfermedades y se propician las condiciones para los errores y las tensiones entre profesionales y pacientes.
Hace falta, sin más demora, un Plan de Acción de Recuperación de la Atención Sanitaria Pública, de forma transparente y contando con la participación de la ciudadanía y los profesionales del sector a través de los múltiples órganos creados al efecto, cuya actividad y cometidos reales son prácticamente inexistentes. Dichas medidas deben tener su plasmación económica en los próximos Presupuestos del ejercicio 2019.
La prevención de enfermedades es clave en una política sanitaria para el siglo XXI, y uno de los factores más relevantes que impactan negativamente en la salud es la degradación de nuestro entorno: contaminación urbana, agua sucia, residuos tóxicos, incendios en basureros, radiactividad… son elementos que destruyen nuestra salud, además de degradar el medioambiente.
Según la Organización Mundial de la Salud, los factores de riesgo ambientales conocidos y evitables provocan, al menos, 13 millones de muertes al año y aproximadamente un cuarto de la carga mundial de morbilidad. Para confrontar esta situación los gobiernos deben enfrentar una combinación de problemas ambientales y sanitarios nuevos y pendientes de resolución de desde hace tiempo. Estos problemas abarcan desde la falta de acceso universal a energías domesticas limpias, agua potable y saneamiento, hasta las consecuencias del desarrollo insostenible, como la contaminación del aire, el agua y el suelo; la exposición a productos químicos peligrosos, pasando por el aumento de las desigualdades y el estancamiento de los progresos relativos a la salud ambiental.
Entre 1990 y 2014, según datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, Andalucía (15,4% del total nacional) y Cataluña (13,3%) son las Comunidades Autónomas que más que más emiten a la atmósfera Gases de Efecto Invernadero (GEI). El Observatorio de la Sostenibilidad, organización independiente de científicos y profesionales, aporta cifras similares: Andalucía es la comunidad autónoma española que acumula las mayores emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) entre 1990 y 2015, con 1,32 millones de toneladas equivalentes de CO2, que suponen el 14% del total nacional y es la Comunidad Autónoma donde más han crecido en ese período, un 40% sus emisiones totales de GEI, mientras que la media nacional creció el 17%.
Los problemas se agravan con el Cambio Climático, que a está teniendo -y tendrá aún más- especial incidencia sobre Andalucía, con consecuencias negativas de todo tipo. En lo que afecta a la salud, la contaminación no depende solo de las emisiones sino también de la meteorología: la reducción de lluvias y las situaciones de estabilidad favorecen la acumulación de la contaminación atmosférica. Por otro lado, las olas de calor, además de incidir directamente sobre nuestra salud, especialmente en población más sensible, también harán aumentar previsiblemente el ozono y, por tanto, también incidirán sobre ella de forma indirecta.
Financiación básica del Servicio Sanitario Público Andaluz (SSPA) con el 7% del PIB. Se propone alcanzar una inversión del 7,5% para recuperar la inversión perdida entre 2009 y 2017. Para atención primaria, destinar un 20% del total del gasto público sanitario para 2020 y llegar 25% al final de la legislatura.
Establecimiento de una financiación de la investigación biomédica pública de al menos el 1% del gasto sanitario público (GSP) gestionado por una agencia pública de investigación que integre centros sanitarios públicos y universidades y otras entidades públicas andaluzas. Se promoverá su integración en el ámbito estatal.
Crear una Agencia Pública de Evaluación del sistema y tecnología sanitaria a nivel andaluz o integrado a nivel estatal.
Modificar los criterios de selección y fijación de precios de los medicamentos primando la calidad y el abastecimiento seguro. Desarrollo de una empresa farmacéutica pública en coordinación con el resto de Comunidades Autónomas que garantice el acceso a medicamentos esenciales y el desarrollo investigativo.
Reversión de conciertos hospitalarios y servicios de terapia y diagnóstico, hostelería, limpieza, mantenimiento, hacia una gestión y prestación 100% pública. Para ello será necesario el uso intensivo de los recursos del SSPA, dignificando las condiciones laborales del personal sanitario y no sanitario.
Reactivar la capacidad de resolución de los servicios de atención primaria de salud con la recuperación de plantillas previa a los recortes y dotación adecuada valorando edad, nivel socioeconómico y morbilidad de la población a atender en atención primaria, no superando nunca los cupos de medicina de familia y enfermería las 1500 tarjetas individuales sanitarias (TIS) ó 1900 tarjetas ajustadas por edad (TAE).
Y si es zona catalogada de transformación social (ZNTS): 1000 TIS ó 1500 TAE. Los cupos en pediatría no superarán las 1200 TIS ó 1800 TAE (en ZNTS adecuarlas a 1000 TIS ó 1200 TAE).
En cualquier caso, garantizar una cobertura suficiente de las vacantes y ausencias del personal.
Ampliar la dotación de personal de enfermería, muy por debajo de la media estatal, ya de por sí baja, y se impulsará la incorporación a los centros de salud de la especialidad de enfermería familiar o comunitaria.
Potenciar la salud mental con equipos multi-profesionales con especial atención a la continuidad de los cuidados en el ámbito sanitario. Apoyar el movimiento asociativo de pacientes y familiares promoviendo la participación en la gestión y la elaboración de planes de atención a la salud mental.
Recuperación y adecuación de plantillas y medios diagnósticos y su utilización intensiva. No se seguirá desarrollando la concertación privada y, en los casos posibles, se revertirá.
Con el objetivo de conseguir el mejor aprovechamiento posible de las infraestructuras y de los recursos humanos y técnicos con que cuenta la sanidad pública andaluza, reduciendo al mínimo imprescindible el gasto destinado a conciertos con centros sanitarios privados, articular fórmulas flexibles de integración en una estructura organizativa única de las empresas públicas sanitarias y el Servicio Andaluz de Salud, evitando duplicidades en sistemas de información, gestión, contratación y aprovisionamiento.
Puesta en funcionamiento de un plan para la eliminación de las listas de esperas que es consecuencia no solo de la falta de medios materiales y humanos sino también de la falta de aplicación de metodologías de gestión y coordinación eficientes.
Se mantendrá el carácter estatutario del personal del SSPA. Se potenciará la dedicación exclusiva, delimitando claramente lo público de lo privado. Se mejorarán las retribuciones y las condiciones de los contratos del personal sanitario ajustándolas a niveles estatales y europeos para combatir la fuga de profesionales formados en nuestra comunidad. Se cubrirá con personal interino todas las plazas vacantes.
Se establecerá una política de incentivos salariales y no salariales a los profesionales sanitarios basada en la calidad asistencial, transparente y con control democrático, no sólo en criterios monetarios.
Se acabará con la libre designación de cargos intermedios cubriendo dichas plazas por concurso público de méritos y evaluación cuatrienal. Se seleccionará democráticamente a las personas coordinadoras de los centros de salud elegidas entre y por todos los profesionales de dicho centro, al igual que se hace en los centros educativos.
Formación continuada de todo el personal sanitario independiente de la industria farmacéutica incluida en la jornada laboral y facilitando la formación externa a los centros.
Implementar la estructura de Salud Pública a nivel autonómico en áreas y distritos sanitarios en coordinación con atención primaria y especializada.
Establecer un sistema de participación ciudadana y profesional efectiva en todos los niveles del SSPA con capacidad de decisión y control de la gestión.
Incorporación de la salud ambiental y otros determinantes de salud en las políticas y estructuras sanitarias: control y vigilancia de la calidad del agua, el aire y la gestión de residuos no peligrosos, peligrosos, agrícolas, industriales, de vertidos de estas actividades que puedan contaminar aguas superficiales y subterráneas, etc.
Realizar evaluaciones de impacto en salud de actividades contaminantes: mineras, industriales, agrícolas y ganaderas. Aplicación de eco-incentivos que motiven a las empresas a reducir estos impactos.
Regulación legal y programación con compromisos de plazos para la eliminación definitiva del uso del glifosato en jardinería, zonas verdes, carreteras, etc., así como el de otros productos nocivos para la salud ambiental.
Reforzar la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía (especialmente en las zonas industriales de Andalucía como Bahía de Algeciras, Huelva y Bailén).
Impulso de un Plan Autonómico de Mejora de la Calidad del Aire, incluyendo el fomento de elaboración -y el apoyo para su ejecución- de planes de reducción de emisiones en aquellos municipios cuyas evaluaciones de impacto en salud y medioambiente así lo recomienden.
Promover la elaboración de mapas de ruido y los planes de acción para reducirlos en los municipios andaluces.
Regulación legal de ámbito andaluz que limite el uso de la pirotecnia sonora por su impacto negativo -avalado por informes de la OMS y de organizaciones de profesionales- sobre la salud de las personas menores y mayores y/o con enfermedades mentales o neurológicas, así como la de nuestros animales domésticos y fauna silvestre urbana.
Se promoverán políticas urbanísticas de vivienda y movilidad sana y sostenible, así como espacios libres para el ejercicio físico y el deporte.
Aprobación de normativa que permita prevenir la contaminación electromagnética aplicando el principio de precaución, el de mínima emisión técnicamente posible y la fijación de distancias de seguridad a zonas residenciales.
Restauración forestal de los márgenes de las grandes vías de circulación de vehículos a motor, especialmente las zonas más contaminadas.
Incentivos y ayudas a las corporaciones locales que desarrollen competencias relacionadas con la promoción de la salud.
Capítulo 3. PENSIONES. DEPENDENCIA. DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES
La reforma de las pensiones que aprobó en 2013 el Partido Popular es insoportablemente injusta y políticamente insostenible. Tal como afirman “Economistas frente a la crisis” es una reforma que pretende reducir de forma continuada y persistente las pensiones durante al menos los próximos cuarenta años, que persigue que cada una de las pensiones pierda de manera permanente y acumulativa poder adquisitivo, y que cada pensionista actual y futuro sea más pobre a medida que va cumpliendo años.
La reforma fue insoportablemente injusta, y terminará castigando a las formaciones políticas que la defienden. La reforma ha sido la respuesta equivocada a las implicaciones de la llegada a la jubilación de la generación del baby boom, un sistema para rebajar las pensiones a medida que aumenta el número de pensionistas. La generación más numerosa de la historia, la que por ello ha aportado el mayor volumen de cotizaciones que se ha registrado nunca, la que ha impulsado el desarrollo económico del Estado durante décadas, llega al momento de jubilarse y tiene derecho a participar de aquello que ha contribuido a generar.
La generación del baby boom que antes aportó mucho, ahora tiene derecho a recibir lo que le corresponde. La respuesta de la reforma del PP fue interesada. Afirmamos que en la mayor parte de los problemas económicos no hay una sola respuesta. Que entre las opciones económicas posibles se ha optado por aquella que responde a los intereses que están detrás de los fondos privados de pensiones. Es decir, se ha optado por aquella que recorta las pensiones y debilita el sistema público de pensiones.
Existen medidas para garantizar las pensiones sin estos recortes y con un nivel de gasto total, en el momento futuro de mayor número de jubilaciones, similar al que ya hoy destinan otros países europeos. Desde la perspectiva económica, hay otras opciones viables que son las que deben ponerse en práctica para garantizar las pensiones de hoy y las de los pensionistas futuros.
Si se reducen las pensiones públicas y se expanden las privadas, los jubilados de mayores rentas tendrán grandes pensiones privadas y los más desfavorecidos, reducidas pensiones públicas, agravando las desigualdades.
Las medidas que ya ha tomado el Gobierno socialista y las tiene proyectadas van en la buena dirección pero son insuficientes.
El sistema público de pensiones se encuentra ante la necesidad de una transformación de su sistema de financiación, no ante un riesgo de insostenibilidad. La cuestión es de reparto, de redistribución. En casi toda decisión económica subyace un problema distributivo.
Es imprescindible, conseguir un mayor nivel de cotizaciones sociales y de redistribución fiscal. Las cotizaciones son la fuente de financiación fundamental del sistema público de pensiones. Aumentar esta fuente de ingresos depende de elevar tanto como se pueda el nivel de empleo y su calidad, la productividad y los salarios reales de una mayor población en edad de trabajar. Junto a ello, la contribución de los Presupuestos del Estado ha de ser como en los países de nuestro entorno con un elevado nivel de gasto en pensiones- el complemento necesario para mantener en el presente y en el futuro unas pensiones suficientes y actualizadas, tal y como establece la Constitución Española que, hoy más que nunca, debería cumplirse en sus aspectos sociales. Hay que garantizar el Estado de Bienestar, mucho más reducido en España que en los países vecinos, cuyo componente más importante son las pensiones públicas.
La financiación de las pensiones debe garantizarse con la expansión del empleo de calidad y mejores salarios en una economía más productiva, que permita la necesaria financiación complementaria de las pensiones con cargo a los presupuestos, a través de la redistribución.
Se trata asimismo de una cuestión de justicia. La generación del baby boom ha aportado a lo largo de su vida laboral muchos ingresos por cotizaciones: con esos ingresos se han financiado políticas públicas que no tenían que ver con las pensiones, que de otra forma se hubieran debido pagar con mayores impuestos. Ahora el proceso se debe invertir: los impuestos deben complementar a las cotizaciones para sostener las pensiones.
Los impuestos deben complementar a las cotizaciones para asegurar el aumento del nivel de gasto y el pago de pensiones dignas a un número mayor de pensionistas que aportaron mucho al progreso del país.
La reforma de 2013 está, por otra parte, aquejada de dudas en cuanto a su legitimidad política, que aconsejan su sustitución. La reforma fue aprobada en solitario por el Partido Popular, sin negociación con los interlocutores sociales, ni consulta a las restantes fuerzas políticas en el marco del Pacto de Toledo. La reforma del sistema público de pensiones -elemento central del Estado de Bienestar- con pretensión además de condicionar las pensiones públicas durante décadas, no debe decidirse sin consenso alguno, tan solo sobre la base de una mayoría coyuntural, además ya inexistente. Nunca se había hecho así antes porque así no debe hacerse.
Es preciso volver a una reforma pactada del sistema de pensiones. Una reforma pactada con los sindicatos y apoyada, como todas las anteriores, por la mayoría de los grupos parlamentarios.
La Coalición EQUO – INICIATIVA asume la Tabla Reivindicativa de las Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones y defiende que se establezca el compromiso de llevar a cabo un debate profundo a corto plazo sobre el Sistema Público de Pensiones de la Seguridad Social, con la participación necesaria de las organizaciones de los/as trabajadores/as y pensionistas como paso previo a la puesta en marcha de la legislación necesaria para garantizar el mantenimiento de Sistema Público de Pensiones e importes dignos.
Así mismo, defendemos acometer una verdadera reforma fiscal y una verdadera reforma laboral, en positivo para los derechos de la mayoría social, como herramientas para facilitar la redistribución de rentas y recursos.
Es necesario asumir un incremento del gasto en pensiones sobre PIB entre un 3-4%, desde los niveles actuales, situándonos a mediados de siglo en niveles comparables a los que hoy ya financian otros países europeos (Francia, Italia, Finlandia, Austria, etc.).
Igualmente el principal reto del Sistema de Dependencia es la garantía de atender con una prestación efectiva a los más de 400.000 dependientes que aún no reciben una prestación efectiva. Por lo que reclamamos que en los instrumentos presupuestarios se incrementen la financiación, tanto estatal como autonómica, para garantizar los 2.450 millones de euros que necesitará la atención de este colectivo. Con esta financiación adicional se podría completar la implantación del sistema de dependencia en los términos de protección que actualmente se encuentran reconocidos (66% servicios profesionales, 34% prestaciones económicas) y llevaría el total de financiación del sistema desde los 7.500 millones de euros que actualmente se destinan hasta el entorno de los 10.000 millones de euros anuales (0,88% PIB).
Por su parte, el coste total que conllevaría la implementación del Sistema de Dependencia en los términos de calidad establecidos en el diseño original, donde las prestaciones económicas fuesen realmente excepcionales y los servicios profesionales recuperasen la intensidad reducida en los recortes de 2012 y se prestasen con una intensidad suficiente, se situaría entre el 1% y el 1,5% del PIB, según la intensidad de las prestaciones que finalmente se regulasen.
Además de la asistencia para aquellas personas mayores que tengan algún grado de dependencia es fundamental que los Poderes Públicos fomenten una vida propicia para los mayores, basada en la erradicación de la idea que asocia jubilación y pasividad. Esta etapa de nuestra vida puede ser tan activa, en todos los sentidos como cualquier otra, pero es necesario que dispongan de las condiciones materiales para ello.
Jubilación anticipada, sin penalizar, con 40 o más años cotizados igual al 100%.
Rechazamos el llamado “producto europeo de pensiones individuales” (PEPP) porque supone incentivar la vía de la privatización de las pensiones públicas, reduciendo progresivamente sus cuantías para complementarlas con con fondos privados de capitalización.
Pensión de viudedad al 100% del cónyuge.
De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la Ley 39/2006 de Promoción de Autonomía Personal, propuesta de Reforma de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que consideramos insuficiente para promover la vida independiente, atendiendo a todas las variables que intervienen en su consecución: asistencia personal, educación inclusiva, ayudas técnicas, diseño universal y prestaciones económicas.
Financiación de la ley de Dependencia con 500 millones más.
Plan de envejecimiento activo desde la acción intersectorial y la solidaridad intergeneracional basadas en la salud, la participación y la seguridad.
Plan normativo de regulación de la atención socio-sanitaria.
Establecer planes especiales para atender los principales problemas de la tercera edad que afectan tanto a cuestiones económicas, médicas, soledad, rechazo familiar, marginación social.
Asistencia médica y social, particularmente establecer instrumentos para un seguimiento de actitudes de rechazo social y de malos tratos a las personas mayores.
Establecer fórmulas para que la gente mayor pueda integrarse en empresas para trasladar su experiencia para aconsejar, sentirse útil, trabajar, ayudar a la familia, disfrutar de la vida y descansar.
Redefinir los objetivos de la geriatría para conseguir mantener a las personas mayores a su domicilio en condiciones funcionales e independientes con una digna calidad de vida. Favorecer su salud física y mental, en condiciones físicas, psíquicas y sociales de autosuficiencia.
Desarrollo de un sistema asistencial a todos los niveles con atención integral (trabajo en equipo) y movilización de todos los recursos necesarios para su reinserción.
Garantizar la asistencia prolongada en caso de necesidad tanto fuera como dentro del domicilio.
Hay que crear una red de Centros de día públicos, en el marco de desarrollo de la Ley de Atención a las personas con dependencia.
Establecer unidades de larga estancia adaptadas a sus circunstancias así como residencias asistidas.
Reorganización de los servicios sanitarios dirigiéndolos más hacia la prevención que hacia la recuperación.
Planes de vivienda específica para la gente mayor con desgravaciones fiscales de adaptación de las viviendas.
Fomento de las cooperativas residenciales de primera o segunda residencia de gente mayor.
Desgravación fiscal de las inversiones en las cooperativas residenciales de gente mayor.
Aprobación de una ley de cooperativismo residencial para gente mayor.
Regular las hipotecas inversas para los mayores con el fin de establecer garantías. Control sobre las nuevas fórmulas de venta de viviendas a cambio de una renta y control exhaustivo sobre las cesiones testamental de residentes mayores en residencias privadas.
La Administración pública debe tomar las medidas necesarias para garantizar los protocolos de atención sociosanitaria y los equipamientos específicos para evitar la marginación o discriminación de las personas mayores LGTB, especialmente de aquellas personas que se encuentran en situación de dependencia y desamparo. Es importante, en este sentido, realizar un informe sobre la situación de las personas mayores LGTB.
Proporcionar formación específica a las personas profesionales que trabajan y atienden a las personas mayores LGTB. Ofrecer asesoramiento y acompañamiento a los usuarios y usuarias LGTB que están en las residencias sin poder expresar ni vivir públicamente su afectividad y sexualidad. Retirada de las subvenciones públicas a las residencias y centros de mayores que cometen prácticas LGTBfòbicas.
Capítulo 4. DERECHO A LA VIVIENDA
Andalucía es una Comunidad de cuidados donde unos y otros velamos por todos. Hablar de vivienda es hablar de algo más que de la mera tenencia de un inmueble. Y es así porque los derechos humanos no se ejercitan aisladamente. Y el derecho a una vivienda digna forma parte de los derechos básicos a unas condiciones dignas de vida.
Es fundamental ser consciente y asumir el impacto de las políticas de vivienda de cualquier gobierno. En la mayoría de los países europeos en los que el alquiler es una forma significativa de acceder al techo, la vivienda pública y/o asequible alcanza porcentajes apreciables -Holanda 32%, Austria 23%, Reino Unido 18% o Francia 17%-, sin embargo, en España y en Andalucía, el alquiler y la vivienda pública han sido marginales, y la vivienda social, directamente testimonial (1’1%). Si sumamos viviendas de renta antigua y otras de promoción social, la vivienda asequible alcanza un ridículo 2’5 %. Esta situación de divergencia entre Europa y Andalucía ha ido en aumento por el impacto de las políticas públicas estatales y autonómicas ya que, el gasto público en vivienda es de un 0’059% del PIB en el estado español mientras en países del entorno europeo con un importante parque de vivienda asequible se sigue invirtiendo entre un 1 a 1’5 % de su PIB.
Andalucía, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha ocupado en los últimos años, los primeros puestos en cuanto a ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler. La inacción y desidia de la Junta de Andalucía en estos últimos cuatro años en materia de vivienda ha agravado la situación respecto al derecho humano a la vivienda.
Cada vez son más personas que no tienen satisfecho su derecho a la vivienda, los desahucios se mantienen en unos niveles intolerables, la sobre-ocupación por varias generaciones de una vivienda también, la infravivienda, la dificultad y a veces, la imposibilidad de emancipación juvenil o las personas sin hogar. También aumenta el deterioro estructural y energético de las edificaciones, muchas de ellas con dificultades de accesibilidad, lo que se ve agravado por la escasez de financiación en los planes de rehabilitación, de los que el gobierno andaluz ha venido presumiendo sin motivo.
A esta situación se suma que el precio medio de los alquileres ha subido, iniciándose un nuevo ciclo especulativo inducido por la “turistización” en barrios históricos de las ciudades andaluzas. Los mayores propietarios de viviendas en arrendamiento en España son fondos internacionales de inversión, fondos buitre, así llamados por su interés en maximizar los beneficios a toda costa. El resultado a la subida del precio es que Andalucía lidera el ranking de desalojos por impago del alquiler.
Esta segunda burbuja inmobiliaria, de los precios del alquiler, originada por fenómenos como la concentración en la tenencia de vivienda, su función inversora y el destino al uso turístico es, de nuevo, un círculo vicioso que genera graves problemas a la economía y las familias andaluzas.
Todas las andaluzas tenemos derecho a vivir en cualquier ciudad o pueblo de Andalucía en condiciones de seguridad, paz y dignidad. Y si esto no se cumple no se cumplirá tampoco el derecho de los menores y de las familias porque se impide el ejercicio de un mínimo vital del que forma parte el espacio habitacional.
Para garantizar que el derecho de la ciudadanía andaluza a una vivienda digna se cumple, está la obligación que tiene la administración autonómica de intervenir activamente y garantizar el cumplimiento efectivo de las condiciones que posibiliten el ejercicio de ese derecho. Y hay que decir que no siempre el ejecutivo andaluz ha velado por el efectivo respeto de los derechos y garantías habitacionales de la ciudadanía andaluza.
Se precisa generar un modelo de ciudad sobre el que la administración autonómica reconozca y dote presupuestariamente los programas de rehabilitación de aquellas viviendas que no cumplan las condiciones de habitabilidad, de edificios eficientes energéticamente, de recuperación del espacio público, de manera que hagan de la ciudad «el marco adecuado para la vida colectiva» y no un mero «escenario de visita» para personas de paso.
Queremos que se garantice la igualdad de oportunidades para lo cual es importante la transparencia. Las políticas públicas en materia de vivienda deben contemplar medidas que garanticen la transparencia y control.
Impulsar el objetivo de que en Andalucía se alcance una inversión pública de hasta el 2’5% del PIB andaluz destinado a lograr viviendas asequibles para todas. Porque Andalucía necesita recursos económicos para satisfacer el derecho a la vivienda y es urgente el aumento significativo de viviendas públicas y/o asequibles. Promoveremos un parque residencial al servicio de la ciudadanía, habitable, y de entidad suficiente para satisfacer el derecho constitucional al disfrute de una vivienda digna y adecuada.
Proporcionar, a pueblos y ciudades, más herramientas para dar respuesta a sus necesidades habitacionales según sus características singulares. Por ello, buscaremos instrumentos legales para facilitar la actuación directa desde los municipios con relación al derecho a la vivienda de sus vecinos, y garantizando que la administración autonómica sea diligente en el deber de vigilancia respecto a acciones especulativas que pudieran darse en el ámbito del mercado de la vivienda. Se establecerán normas para evitarla y sancionarla.
Garantizar la función social de la vivienda. Y no lo está: cuando se incumple el deber de conservación o rehabilitación de la vivienda o edificio; cuando el alojamiento está desocupado o sobreocupado; cuando, tratándose de una vivienda o alojamiento protegido no se destina a residencia habitual y permanente de la persona adjudicataria; o cuando la vivienda, el alojamiento o la edificación se sometan a un uso diferente del de su calificación urbanística, autorización o destino legal.
Diseñar y ejecutar programas de actuación y rehabilitación que aseguren la erradicación de las viviendas que no sean habitables. La vivienda debe reunir características y prestaciones en materia de funcionalidad, seguridad, solidez estructural, habitabilidad, accesibilidad, salubridad y sostenibilidad.
Promover, en colaboración con las entidades legales que correspondan, el establecimiento de un “Consumo Mínimo Vital mensual” de agua, electricidad y gas, y establecer la prohibición del “desahucio energético y de suministros”, por lo que no será posible la interrupción de los suministros básicos en hogares con familias vulnerables. Una vivienda en la que no hay garantía de los servicios mínimos de luz, agua, gas, electricidad y acceso a la Red, no es una vivienda digna.
Promover un cambio legislativo que asegure el acceso a un alojamiento o vivienda protegida en alquiler a personas con insuficiencia de ingresos económicos. Para ello la administración autonómica debe contemplar líneas de ayudas y subvenciones destinadas a hacer frente al pago de las rentas, pudiendo llegar estas ayudas a la totalidad de su importe. Por ello, también propondremos importantes reformas en la Ley de Vivienda de Andalucía, procurando la recuperación de viviendas públicas en manos de las entidades financieras que les fueron adjudicadas tras procesos de desahucios.
Reformar el actual Observatorio Andaluz de Vivienda abriéndolo a la sociedad andaluza. La Consejería de Vivienda elaborará un programa de evaluación participativa de la política pública de vivienda por municipio o barrio.
Efectuar evaluaciones en tiempo real de los efectos de las políticas públicas sobre el mercado de la Vivienda. Para ello, se implementará un Sistema de Información a tiempo real del Parque Residencial de Andalucía.
Completar el Inventario Andaluz de Vivienda protegida de titularidad pública al objeto de que se conozcan en cada momento los bienes inmuebles que integran los servicios públicos de vivienda en Andalucía. Aspiramos a establecer un plan de adquisiciones de viviendas que complementen el Parque Público Residencial Andaluz y que se destinen sobre todo al alquiler y a aumentar los recursos habitacionales transitorios destinados a los colectivos más vulnerables y a situaciones de emergencia.
Ubicar en el portal web de transparencia los programas específicos de vivienda que se financien mediante la liquidación de las fianzas de arrendamientos de viviendas, locales y suministros.
Remunicipalizar y comarcalizar las Políticas de Vivienda. Porque cuanto más cerca más eficientes son los servicios. Por ello, la gestión se hará en los municipios y comarcas.
Creación del Servicio Público de Vivienda Asequible de Andalucía, con el conjunto de viviendas públicas de titularidad autonómica y municipal, regulando por ley su régimen y estableciendo medidas para su incremento, potenciación y cuidado.
Proteger el patrimonio inmobiliario público de vivienda y suelo y detener su privatización, estableciendo la tasa de reposición de vivienda pública y desarrollo del suelo público.
Nuestro compromiso es con el derecho humano al uso y disfrute de una vivienda. Por tanto, la administración solo debe promover vivienda de alquiler de titularidad pública. Un mecanismo fundamental para la ampliación del parque de vivienda pública de alquiler será la movilización de los pisos vacíos que se encuentran en manos de las entidades bancarias. Particularmente se auditará el cumplimiento del convenio de cesión de vivienda firmado con la SAREB.
Creación del índice de precios del alquiler público de referencia. La Junta de Andalucía lo establecerá de manera participativa (entre todos los agentes sociales implicados), referido a variables socioeconómicas como la renta familiar disponible, ubicación del inmueble, y estado de conservación. La elección por el arrendador de una renta que supere al índice de precios de alquiler tendrá como consecuencia efectos económicos y fiscales para dicho arrendador.
La Comunidad Autónoma de Andalucía garantizará a la ciudadanía, en situaciones de exclusión habitacional, energética o de suministros, unos mínimos de recursos públicos habitacionales, sanitarios, educativos, de justicia, etc., así como los propios del sistema público andaluz de servicios sociales mediante la coordinación y cooperación entre los diferentes servicios públicos andaluces.
Reforzar económicamente la inversión en las Áreas de rehabilitación integral, ampliar su número, fortalecer con medios humanos y materiales la presencia de la Consejería de Vivienda en las mismas, así como implementar las necesarias mejoras tras realizar una auditoría de la intervención pública. Todo ello con el objetivo de invertir los procesos de degradación urbana y residencial y recuperar la ciudad existente.
La Consejería de Vivienda en colaboración con las administraciones locales intervendrá en los cascos históricos de las ciudades sometidos a procesos de especulación, gentrificación y “turistización”, al objeto de garantizar el derecho de la ciudadanía andaluza a su ciudad.
Poner al alcance de las pequeñas promotoras-constructoras, cooperativas y en particular empresas de la economía social la contratación de las promociones de vivienda pública. Para ello se generalizarán los criterios sociales, ambientales y de género –que ya contempla la legislación pero que aún se aplican escasamente- en la adjudicación de los contratos públicos, así como la aplicación de pliegos de licitación y baremos de adjudicación que fomenten la utilización de técnicas y productos que favorezcan el reciclaje.
Se priorizarán los planes que apuesten por la rehabilitación, regeneración y reordenación de modelos urbanísticos en desuso, apostando por la edificación en solares vacíos y la rehabilitación de edificios cerrados.
Reforzar el cuerpo de inspectores de vivienda con la convocatoria de nuevas plazas de empleo público Precisamos una administración que vele porque los recursos y bienes comunes estén destinados al interés general.
Nuevas formas de tenencia para una sociedad en constante evolución. Para ello, abordar la elaboración de una Ley que regule las Cooperativas de Cesión de Uso y se la dotará presupuestariamente. Las Cooperativas de Cesión de Uso son aquellas en las que la ciudadanía adquiere un derecho de uso de su inmueble y de las zonas comunes e infraestructuras del edificio, con la forma jurídica del usufructo vitalicio. La propietaria del edificio en su totalidad es la cooperativa.
Capítulo 5. DERECHO A LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL
Casi 3,5 millones de andaluces, el 41,7 por ciento de la población, vive en situación de riesgo de pobreza (8.497.841 personas) según la tasa Arope. Pese a haber disminuido 1,5 puntos, aún se continúa a una distancia de 13,8 puntos de la media de España (27,9%)”, según las conclusiones informe sobre pobreza y exclusión social de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) de 2017. Además, según dicho informe, “más de 6,5 millones de andaluces (6.551.111 personas) experimentan dificultades para llegar a fin de mes (78,1% de la población) y esta cifra sigue aumentando año tras año.
El Estatuto de Autonomía establece en su art. 23 del derecho de todos los andaluces y andaluzas a una renta básica que garantice las condiciones de vida digna y a recibirla de los poderes públicos. Sin embargo, el conocido como “salario social” actualmente vigente en Andalucía está lejos de acercarse al cumplimiento de este objetivo. Tres de cada diez andaluces tienen ingresos anuales por debajo de los 4000 euros. Los 198 millones presupuestados por la Junta de Andalucía para sostener la Renta Mínima de Inserción están muy lejos de los 600 millones que Save The Children considera necesarios para erradicar la pobreza infantil en nuestra comunidad autónoma.
Impulsar una Renta Básica Incondicional para lograr erradicar la pobreza y como base para garantizar la autonomía y libertad de todas las personas y permitirles emprender con libertad su propio proyecto económico. Responde al principio de justicia distributiva de la riqueza socialmente producida. El avance en la robótica ha abierto el debate sobre el futuro del empleo a nivel mundial y la Renta Básica emerge como mecanismo necesario para lograr la inclusión social y la propia base que sustente la economía. Puede que en el futuro gran parte de la producción, y por tanto del trabajo, esté robotizado. Pero los robots no consumen lo que producen.
La Renta Básica Incondicional, ampliamente estudiada y desarrollada en el mundo académico será el pilar del nuevo contrato social. Con Renta Básica es posible redistribuir y reducir el tiempo de trabajo, algo que va ser imprescindible y que al mismo tiempo es una oportunidad para vivir mejor, haciendo que los avances tecnológicos en lugar de ser una amenaza se conviertan en fuente del buen vivir de la sociedad. Vamos a impulsar un amplio debate social sobre este elemento que consideramos clave para impulsar el proyecto de futuro que Andalucía necesita.
La Renta Básica que proponemos está asociada a una reforma en sentido redistributivo y progresivo del impuesto sobre la Renta, de modo que aquellas personas que no logren alcanzar unos ingresos mínimos por debajo del umbral de la pobreza, los complementarían a través de la misma.
La Carta Social europea obliga a España, como al resto de los miembros de la Unión, a garantizar un mínimo vital. El debate social debe centrarse en cuál de las dos vías existentes es mejor para conseguir el objetivo. ¿Por qué en EQUO Andalucía Verdes defendemos que es mejor la renta básica universal que la renta mínima garantizada que proponen otros? El objetivo final de ambas medidas es garantizar ingresos mínimos que estén por encima del nivel de la pobreza. Pero mientras la primera vía funciona de forma automática para conseguirlo y evita ser estigmatizado como pobre demandante de ayudas, la segunda vía, al obligar a demostrar la falta de recursos lleva al estigma. La primera incentiva la búsqueda de empleo o el emprendimiento, la segunda no porque es incompatible. La RBU crea autonomía y la segunda dependencia y fomenta el clientelismo.
Una forma de lograr la Renta Básica Universal y comprenderla como un mecanismo de solidaridad y de redistribución de la riqueza es ligarla a una reforma fiscal progresiva que actúe al mismo tiempo para lograr unos ingresos mínimos y para limitar unos ingresos máximos. Al hacer la declaración, quiénes no lleguen a justificar ingresos mínimos por encima del nivel de la pobreza tendrán como resultado un ingreso compensatorio. Como los ingresos mínimos vitales son necesarios mes a mes, se puede establecer un mecanismo anticipatorio. Esa es la Renta Básica Universal.
En cualquier caso, es la declaración de la renta de las personas físicas la que fija finalmente el nivel de renta que corresponde a cada cual según sus ingresos. Ambas medidas unidas logran reducir la desigualdad extrema que provoca el capitalismo y que no son compensadas con las políticas fiscales actuales. Evidentemente quiénes tienen ingresos muy por encima de la Renta Básica son quiénes la financian mientras que los que tienen ingresos medios quedan como están, al tiempo que acabaríamos con la pobreza.
Por tanto, aunque técnicamente todos reciben la RBU, en la práctica sólo lo hacen realmente, de forma neta, quiénes la precisan para llegar al ingreso mínimo socialmente acordado, por encima del umbral de la pobreza. Los trabajadores en paro con derecho a percepción lo seguirían cobrando suplementando la Renta Básica con lo que les corresponda por los derechos adquiridos. Lo mismo sucedería con las pensiones. De este modo se incentiva el trabajo al tiempo que se garantiza una red social de protección.
La Renta Básica que pretendemos implementar en Andalucía es una asignación monetaria incondicional a toda la población: ciudadanía y residentes acreditados. Todo miembro de la ciudadanía y toda persona residente acreditada recibirá esa cantidad monetaria.
Regulación legal, desarrollo normativo y planificación para la implantación de la Renta Básica Universal (RBU) igual o superior al umbral de la pobreza. Proponemos para Andalucía unos ingresos anuales de 7.500 € distribuidos en 625 €/mes. La RBU viene a sustituir toda prestación pública monetaria de cantidad inferior. Será complementada, cuando sea inferior a la prestación pública monetaria a la que actualmente se tenga derecho. Esta implantación de la RBU se sin menoscabo alguno para los presupuestos de la Junta de Andalucía de Sanidad, Educación o Servicios Sociales.
Capítulo 6. DERECHOS PARA LA JUSTICIA SOCIAL Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Las cifras de pobreza y desigualdad en las que Andalucía se encuentra nos obligan a hacer un análisis amplio y riguroso. Pasado y presente de estas cifras y su comparativa con la media europea nos hacen llegar a la conclusión de que éstas, no son consecuencia de una situación de crisis sino rasgos estructurales de un modelo de sociedad instaurado por la vía de la imposición. Es una falacia pretender convencer de que el crecimiento económico permitirá superar este escenario marcado por la precariedad, la pobreza, la falta de movilidad social y el incremento de las desigualdades.
Para la inmensa mayoría de la población el futuro no existe. No sirven los indicadores tradicionales de crecimiento del PIB o los índices de desempleo o las cotizaciones a la Seguridad Social para medir el sufrimiento de tantos andaluces. Es necesario pisar las calles e introducirse en el día a día de la atención social, desde los barrios, en los ayuntamientos para trascender las estadísticas y observar las consecuencias y los riesgos de esta permanente precariedad, los riesgos que conllevan la imposibilidad de planificar el futuro y el impacto en la vida de las personas y por consiguiente en la convivencia.
El incremento de los problemas de salud mental y aumento vertiginoso del número de suicidios, las enormes dificultades de convivencia familiar, la soledad y especialmente la cronificación de la pobreza y su carácter transmisible entre generaciones, nos lleva a la necesidad de procurar no solo los recursos para vivir sino también oportunidades para una vida personal y socialmente activa.
Esta situación es fruto de un modelo político, económico y social injusto por la forma en que se organiza la economía desvinculada de los procesos socio-políticos, y ha dado como resultado una desigualdad mucho más agudizada que la del resto de países de nuestro entorno que no se corresponde con el nivel de desarrollo que se supone.
Esto tiene que ver sin lugar a dudas con un mercado laboral desregularizado y con un sistema fiscal injusto y al mismo tiempo que con un desmantelamiento del Sistema de Protección Social.
La medida del gasto público, la proporción del gasto social y el nivel de cobertura desmontan poco a poco, la falacia de un Estado de Bienestar real. El gasto público en España representa el 43,6% de su PIB mientras que la media europea es de un 48,1%. Además España dedica menos recursos a la protección social, sanidad o educación un 17,6% del PIB frente a países como Francia, Dinamarca o Finlandia que rozan el 25% y los recortes con un claro perfil ideológico, han deteriorado al mismo tiempo nuestro Estado de Bienestar.
En Andalucía este deterioro conlleva además un doble discurso. Se aprueba, 30 años después de la primera, la nueva Ley de Servicios Sociales, una ley que proclama derechos subjetivos en su filosofía al mismo tiempo que privatiza la atención social y precariza los servicios públicos, suponiendo un retroceso y una merma en las prestaciones y servicios que materializan esos derechos.
El índice de desarrollo de los Servicios Sociales (DEC) no es solo el resultado de medir el esfuerzo económico sino el resultado también de formas de organización y gestión. La descentralización y el protagonismo local son hoy determinantes para mejorar la eficacia y eficiencia del sistema. Una descentralización que en el caso de la gestión de la protección social en Andalucía es una falacia en la actualidad.
La beneficencia con el desprecio a la dignidad humana y un exhibicionismo inmoral con campañas de alimentos, ropa o medicamentos, vuelven con más fuerza si cabe, sustituyendo derechos y principios básicos del Estado de Bienestar por la caridad y el asistencialismo, juzgando y adoctrinando a las personas, destruyendo la capacidad de las personas de desarrollar su potencial y afectando gravemente a la autoestima y salud emocional.
Pese a la nueva Ley de Servicios Sociales hemos vuelto peligrosamente a la Ley de Pobres, donde la Administración hace al individuo responsable de su propia pobreza. Haciendo recaer en él, la culpa de no saber encontrar la manera de subsistir, de la forma más hipócrita, obviando la situación de un mercado laboral extinto o caduco.
Estamos frente a un sistema que divide a las personas, que las enfrenta obligándolas a competir por unos recursos exiguos repartidos arbitrariamente por entidades religiosas o voluntarias, y ayudas burocratizadas que exponen a los profesionales a situaciones imposibles y los relegan al papel de meros inspectores de pobres, despreciando su potencial como agentes de desarrollo local.
Andalucía tiene un gasto social actual que no llega a los niveles de 2012, una ratio de profesionales de 1 por cada 2003 habitantes cuando la media estatal está en 1 por cada 2436 habitantes, presta una Ayuda a Domicilio que da cobertura a un escaso 4,8% de la población y una Renta Mínima de Inserción que ha iniciado lentamente su implementación con 8 meses de retraso.
Ante este panorama es urgente que las instituciones tomemos conciencia de las diferentes formas de dar respuesta pública a lo que se formula como un problema de primer orden, la “Organización Social del Cuidado”. El eje central que vertebra la salud de las personas y de la sociedad en su conjunto es la Salud Mental y sin embargo, es al mismo tiempo, la gran olvidada dentro de nuestro sistema de protección, volviéndose invisible.
La gran transición socio-ecológica que necesitamos y queremos emprender en Andalucía tiene que descansar en un nuevo contrato social que nos permita:
Avanzar hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el reparto de los trabajos de cuidados y los productivos, en la participación política y en las retribuciones económicas.
Erradicar la pobreza y redistribuir la renta de modo que cerremos la brecha de la desigualdad extrema.
Favorecer la plena inclusión social de todos los colectivos diversos por su cultura y su funcionalidad.
Crear las condiciones que hagan efectiva la solidaridad intergeneracional.
Nuestras prácticas y discurso son muchas veces contradictorios ignorando la necesidad de cuidados y las relaciones de dependencia e interdependencia. El reto es trasladar los principios de la ética del cuidado a la acción política, lograr idear un sistema que desde la igualdad de género permita desarrollar las potencialidades de todas las personas y colectivos, a la par que asumir y respetar sus limitaciones, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa.
Por eso, para la coalición EQUO – INICIATIVA proteger la salud mental en la primera infancia será objetivo prioritario y eje vertebrador de las políticas sociales. Es lo permite asegurar unas buenas relaciones interpersonales, explorar el entorno y aprender todo lo necesario para construir una sociedad sana. La familia, en todas sus formas y las redes de apoyo comunitario, son la cuna de nuestra salud y nuestro Sistema de Protección Social debe hacerse plenamente consciente de ello.
Vistos los parámetros desde los que se desarrolla la atención social, ¿estamos promoviendo contextos vitales de crecimiento? ¿Cómo están los contextos donde se están desarrollando nuestros niños? ¿Cuál es el estado emocional de sus cuidadores principales, la familia? Destacamos algunos de los factores determinantes en la salud mental de nuestros niños y niñas. El desempleo prolongado, la falta de recursos para atender las necesidades básicas, los desahucios, la violencia de género. Solo una familia que ha pasado por eso, conoce el impacto que un desahucio tiene en la salud de todos sus miembros.
El marco normativo que da forma a nuestro imaginario respecto de los cuidados es el Sistema de la Dependencia. La dependencia se ha definido como un problema de primer orden en la última década y sin embargo el sistema de la dependencia se considera, en muchos aspectos, uno de los mayores obstáculos para la igualdad de género y la equidad.
Nuestra Ley de la Dependencia acota el término “dependencia” a los límites presupuestarios y en consecuencia lo contrapone a la autonomía, algo que es solo un constructo teórico, alejado de la realidad, dejando fuera del sistema la necesidad de cuidados de los cuidadores y ciñéndolo solo a algunas patologías. Por si fuera poco, además, esta definición ha sufrido un proceso de reclasificación a raíz de las medidas de restricción del gasto público en políticas sociales generando un proceso de regresión a la privacidad de los cuidados del ámbito familiar sobre cargándolo hasta límites insostenibles. El punto de partida y el abordaje de los cuidados que nos ofrece el “empequeñecido” sistema de la Dependencia de una parte que atiende la patología “permanente e irreversible” y los “recortes” de los últimos años, en recursos económicos y humanos en Servicios Sociales, que se suponen que debe atender todo lo que no es permanente ni irreversible, están dejando fuera del sistema y por tanto absolutamente invisibilizado la mayor parte de la necesidad de cuidados de las personas, especialmente nuestros ciudadanos más pequeños, la infancia.
Debemos conseguir organizaciones sociales y políticas más cercanas a las necesidades reales, garantizando la continuidad de los cuidados entre la esfera privada y la pública. La perspectiva del cuidado nos lleva irremediablemente a ampliar la noción política de dependencia, cuestionando la posición social actual de las personas que prestan cuidados y otorgándoles el reconocimiento merecido y ser así percibidas como personas con necesidades de cuidado, asumiendo en definitiva que la salud no es algo del ámbito privado, sino de ámbito público, que la salud es una Cuestión de Estado. Debemos trasladar la ética del cuidado a la acción política y todas las administraciones desempeñan un papel fundamental.
Se hace evidente la urgencia de una revisión de las políticas económicas que reviertan los enormes recortes en políticas sociales como se hace evidente la revisión del sistema de la dependencia, de los conceptos de dependencia y autonomía, desde la perspectiva de género y la teoría de los cuidados.
Hay una urgencia que nos obliga a redirigir la mirada desde la Administración hacia la infancia. Tenemos la oportunidad y la obligación de elaborar un diagnóstico certero, que con la colaboración del resto de administraciones, evalúe la salud emocional de nuestros niños y niñas, por su vulnerabilidad y también por su plasticidad, imponiéndose un abordaje desde la prevención desde todas las facetas de la vida de las personas y áreas de acción política.
A pesar de que lo que proponemos es un giro de 180º en los pilares sobre los que se sustenta actualmente la Protección Social en Andalucía, avanzaremos en esa dirección con medidas concretas que superen por un lado la falacia de que con el crecimiento económico habría más para repartir y redistribuir, y por otro la idea torticera que responsabiliza a los individuos de su pobreza.
La COALICIÓN EQUO – INICIATIVA apuesta por invertir la tendencia actual del aumento de población bajo el umbral de pobreza y corregir las causas estructurales que incrementan las desigualdades, con el objetivo de eliminar la exclusión y la pobreza extrema, garantizando los derechos fundamentales de todas las personas. Este Pacto deberá cimentarse sobre un contrato social intergeneracional que contemple la redistribución de riqueza y la actividad económica desde parámetros de sostenibilidad.
Se trataría de abordar las necesidades sociales con una perspectiva que supere el marco nacional y comience a repensar la política desde la concepción de ciudadanía universal, gestión pública y de amplia participación social del Estado de Bienestar. Las cifras de pobreza y desigualdad en las que Andalucía se encuentra nos obligan a hacer un análisis amplio y riguroso. Pasado y presente de estas cifras y su comparativa con la media europea nos hacen llegar a la conclusión de que éstas, no son consecuencia de una situación de crisis sino rasgos estructurales de un modelo de sociedad instaurado por la vía de la imposición. Es una falacia pretender convencer de que el crecimiento económico permitirá superar este escenario marcado por la precariedad, la pobreza, la falta de movilidad social y el incremento de las desigualdades. Para la inmensa mayoría de la población el futuro no existe. No sirven los indicadores tradicionales de crecimiento del PIB o los índices de desempleo o las cotizaciones a la Seguridad Social para medir el sufrimiento de tantos andaluces. Es necesario pisar las calles e introducirse en el día a día de la atención social, desde los barrios, en los ayuntamientos para trascender las estadísticas y observar las consecuencias y los riesgos de esta permanente precariedad, los riesgos que conllevan la imposibilidad de planificar el futuro y el impacto en la vida de las personas y por consiguiente en la convivencia.
El incremento de los problemas de salud mental y aumento vertiginoso del número de suicidios, las enormes dificultades de convivencia familiar, la soledad y especialmente la cronificación de la pobreza y su carácter transmisible entre generaciones, nos lleva a la necesidad de procurar no solo los recursos para vivir sino también oportunidades para una vida personal y socialmente activa. Esta situación es fruto de un modelo político, económico y social injusto por la forma en que se organiza la economía desvinculada de los procesos socio-políticos, y ha dado como resultado una desigualdad mucho más agudizada que la del resto de países de nuestro entorno que no se corresponde con el nivel de desarrollo que se supone. Esto tiene que ver sin lugar a dudas con un mercado laboral desregularizado y con un sistema fiscal injusto y al mismo tiempo que con un desmantelamiento del Sistema de Protección Social.
Tenemos que superar un sistema que gestiona la pobreza y caminar hacia la erradicación de la misma. El fortalecimiento del resto del Sistema de Protección Social, (educación, sanidad, empleo, garantía de rentas) liberará a los profesionales de los Servicios Sociales de la dura carga de sustituirlos en su ineficacia y posibilitará el desarrollo de las funciones intrínsecas e insustituibles de prevención de situaciones de exclusión social y desarrollo comunitario, fortaleciendo redes de apoyo vecinales y favoreciendo así la cohesión social de los barrios. “Las realidades del presente nacen de los sueños que soñamos juntos cuando éramos niños” (Pablo García Túnez. Psiquiatra de la Unidad de Salud Mental Infantil de Granada y Fundador de las Escuelas Municipales de Educación Infantil de la Ciudad de Granada.
Consecución de un Pacto Andaluz por la Inclusión Social, con el compromiso del conjunto de las Administraciones que garantice los derechos y las prestaciones. Este Pacto estará en consonancia con la Estrategia Europa 2020 y desarrollará un Plan Andaluz de Inclusión Social, enfocado desde la perspectiva de la inclusión activa y la activación de las personas (combinación de ingresos, servicios, apoyos y acompañamiento a la inserción, especialmente por el empleo).
Impulsar el desarrollo normativo de la nueva Ley de Servicios Sociales, Catálogo, Mapa de Recursos, Plan Estratégico, Cartera de Servicios y Prestaciones, Derechos y Deberes de las personas usuarias que materialicen los derechos subjetivos y los aleje de voluntades políticas, de la beneficencia y que al mismo tiempo permita una estabilidad de las prestaciones y una homogeneización territorial. Alejándonos de criterios arbitrarios y discriminatorios.
Profundizar en la descentralización de la gestión fortaleciendo la red de Centros de Servicios Sociales Comunitarios de las Entidades Locales, haciendo especial hincapié en las zonas rurales actualmente en situación de abandono y lastrados por la intromisión de los gobiernos municipales.
Promover un modelo de gestión que se asiente sobre la más amplia participación social para establecer las necesidades, las prioridades y la provisión pública y de calidad de los servicios para todos los ciudadanos. La provisión privada de los servicios solo podrá hacerse de manera complementaria o subsidiaria y con un funcionamiento regulado y controlado desde las administraciones públicas, priorizando a las entidades especializadas sin ánimo de lucro del Tercer Sector de Acción Social (TSAS) como actores fundamentales en las políticas de inclusión.
Reforzar los Equipos Interdisciplinares, aumentando las ratios de profesionales por habitantes con equidad en todo el territorio andaluz. Garantizando así el desarrollo de las funciones que le son propias de desarrollo comunitario, la participación y la cohesión social. Superando las labores asistencialistas que intentan suplir además la incompetencia del resto del Sistema de Protección Social (Sanidad y Educación).
Promover fórmulas para agilizar la enorme carga burocrática que conllevan la tramitación de prestaciones sociales que impiden muchas veces de facto, una atención personalizada y la relación terapéutica entre los profesionales y las personas usuarias.
Promover la obligación de disponer de Equipos de Supervisión en los Centros de Atención Social que acompañen la relación terapéutica que se establece con las personas usuarias. La atención directa de los profesionales supone una implicación emocional y una relación terapéutica en las que resulta imprescindible la incorporación de parámetros objetivos de supervisión y que proporcionen a los profesionales la ampliación de los recursos necesarios para mejorar la calidad de la atención y la equidad de la relación con el profesional.
Establecer mecanismos para garantizar la libre elección de trabajador social frente a otros criterios de asignación de profesional, en equidad en todo el territorio de Andalucía.
Desvincular la atención social de la cobertura de necesidades de mera subsistencia. La Renta Básica Garantizada y Universal liberará a los profesionales de las tareas de “inspección de pobres” y posibilitará la búsqueda de las potencialidades de cada individuo hacia la plena participación social en la vida de su ciudad.
Transitoriamente, habrá que establecer un catálogo de servicios y prestaciones mínimas incluyendo la implantación de una renta social mínima para personas que no tienen ningún tipo de ingreso o prestación.
Elaboración de un Acuerdo Marcos de Colaboración y Coordinación con el resto del Sistema en equidad en todo el territorio de Andalucía. La necesidad de acuerdos de coordinación socio-sanitaria en atención primaria, acuerdos de colaboración socio-educativa con los colegios para hacer planes conjuntos de intervención y atender situaciones de bullying, absentismo escolar, atención a las minorías étnicas, etc.
Elaboración de acuerdos de colaboración y coordinación con el Sistema de Justicia con protocolos ágiles de atención y prevención de los desahucios y cobertura real de las necesidades de emergencia habitacional desde un Parque Público de Vivienda. Promover la accesibilidad a vivienda pública de toda la población, a alquileres adaptados a todos los niveles de renta, garantizando la libre elección de la zona de residencia y evitando la formación de guetos y procesos de segregación social.
Reforzar los equipos psicosociales de los Juzgados de Menores y los equipos interdisciplinares de los Servicios de Protección de menores, dotando de contenido atencional a dichos equipos para el desarrollo de sus funciones, y promover la estrecha coordinación con los servicios de atención a las familias y centros de servicios Promover los procesos de prevención y mediación en los casos de conflictos de convivencia especialmente en los casos detectados de menores procedentes de familias donde concurra la violencia de género.
Superar un modelo de gestión económica basada en subvenciones finalistas a las entidades locales que impiden de facto el derecho a la autodeterminación de los municipios y su auto-organización en la gestión de los Servicios Sociales Comunitarios y resto de programas de desarrollo local.
Promover programas y procesos de Intervención Comunitaria Intercultural con la ciudadanía como principal protagonista de sus procesos de desarrollo superando la delimitación territorial de Zonas con Necesidades de Transformación Social sino dirigidos a toda la ciudad e incluyendo a todos los barrios.
Caminar hacia la recuperación de la gestión pública y titularidad pública de los centros residenciales, casas de acogida para mujeres víctimas de Violencia de Género, albergues para Personas Sin Hogar… una red de centros hoy 100% de titularidad privada concertada en su mayoría por entidades religiosas. Empresas, Fundaciones y Entidades Religiosas que hoy suplen la competencia de la administración autonómica. Este camino no es ni corto ni fácil pero posible. La atención social a los colectivos más vulnerables no puede depender de los criterios económicos de las licitaciones ni de criterios arbitrarios en su funcionamiento. Los Reglamentos de funcionamiento de estos centros deben ser establecidos, vigilados y supervisados rigurosamente por la administración autonómica, desde la debida transparencia y publicidad, donde queden expresamente recogidos los derechos y deberes de usuarios y del centro.
Incrementar el presupuesto para el desarrollo de la Ley de Dependencia dentro de los plazos establecidos normativamente. Garantizar la independencia del profesional en su juicio técnico respecto de la implementación de la prestación que mejor se acomode a la situación personal y familiar de las personas dependientes, sin interferencias políticas ni instrucciones basadas en criterios económico.
Promover el adecuado desarrollo de la Estrategia Regional para situación de sinhogarismo. Igualmente el Programa Housing-First desde una gestión pública del parque de vivienda, así como el fortalecimiento de la red de centros y alberges de acogida de titularidad pública en toda la Comunidad Autónoma para:
Atención a las personas sin hogar y desplazados.
Atención residencial a toda persona en situación de desplazado por motivos laborales, temporeros del campo, por motivos de asilo político o refugio, por motivos de hospitalización, etc.
La ampliación de la oferta de recursos para toda la población desplazada que ofrezca garantías de cobertura, es la mejor opción para evitar comportamientos y discursos clasistas o xenófobos alejados de la realidad.
Todo ello sin obviar que la mejor estrategia dirigida a Personas Sin Hogar es la prevención de la pérdida de la vivienda y la erradicación de la situación de infravivienda de la que hoy se desconocen incluso las cifras reales.
Exigir al Gobierno de Estado mecanismos de compensación y equilibrio territorial para la atención de la emergencia de la personas migrantes llegadas a nuestras costas. Establecer mecanismos de solidaridad territorial dentro de la Comunidad Autónoma para atender la emergencia.
Fortalecimiento de los Servicios de Atención al Inmigrantes y su coordinación con Extranjería.
Capítulo 7. DERECHOS SIN FRONTERAS NI BARRERAS
La crisis ecológica y nuestro modelo económico son las causas últimas de los movimientos migratorios actuales. Guerra, injusticia social, falta de oportunidades y de derechos son el desencadenante de que millones de personas en el mundo abandonen sus países en búsqueda de un futuro mejor. Y estas personas no pueden ser desposeídas de sus derechos, solo por haber cruzado fronteras “sin papeles”.
Queremos una sociedad cohesionada, que reconozca principios tales como la interculturalidad, la igualdad, la diversidad, y la no discriminación, entienda la migración como oportunidad y reto, que abogue por un modelo de integración como un proceso recíproco, holístico y sostenible a largo plazo. Abogamos por la de igualdad de oportunidades: sobre todo en el acceso al mercado laboral.
Derechos humanos, civiles y sociales son principios fundamentales de la ecología política. Garantizarlos es requisito imprescindible para la transformación ecológica de la sociedad y, por tanto, son intrínsecos a las aspiraciones de libertad, igualdad, paz y justicia social del proyecto político de “los verdes” en todo el mundo.
La Coalición EQUO – INICIATIVA integrará y consolidará la lucha por la igualdad y no discriminación en todos los ámbitos, y de forma integral, prestando especial atención hacia aquellas discriminaciones que no aparecen tipificadas en la normativa actual, edad, diversidad funcional, orientación sexual, identidad de género, etnia, origen social.
Apoyaremos a las personas LGTBQ+ en sus justas aspiraciones a ser respetadas y a no sufrir ningún tipo de discriminación, acoso o violencia. Igualmente a tener voz y participar en la toma de decisiones legislativas y administrativas que les afecten y encaminadas a eliminar las barreras que les impidan disfrutar de una ciudanía plena, en libertad e igualdad. Para erradicar los Delitos de Odio y la LGTBIQ + fobia es fundamental trabajar en la visibilidad del colectivo LGTBIQ+.
Los menores tienen derecho a ser protegidos y a crecer en entornos que les proporcionen los recursos necesarios, la salud, la seguridad, el afecto, el respeto y la educación necesarios para desarrollarse como ciudadanas y ciudadanos y plenos y con igualdad de oportunidades.
Generaremos políticas transversales acordes al ideario de los Derechos Humanos y el modelo de la Vida Independiente (Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) para combatir la discriminación de los hombres y mujeres con diversidad funcional (discapacidad). Nuestras políticas estarán centradas en la persona, no en las instituciones generadoras de dependencia tomando como política ejemplar el sistema de Asistencia Personal. Esta posibilita la autonomía e independencia de la persona, permitiendo su ejercicio como ciudadano-a de pleno derecho, como se recoge en el art. 19 de la mencionada Convención.
Otra gran asignatura pendiente de los Derechos Humanos en España es la que el Estado tiene con las víctimas del golpe militar de 1936, la Guerra civil desencadenada por éste y los cuarenta años de dictadura fascista. La denominada “justicia transicional”, recogida por acuerdos internacionales y demandada por la ONU, es fundamento ineludible de la paz y la democracia.
El gobierno del Partido Popular dejó sin efecto la Ley de Memoria Histórica estatal de 2007, retirándole los escasos recursos de que disponía y desoyendo los informes de la ONU y de organizaciones no gubernamentales como Human Rigth Watch o Amnistía Internacional, que reclamaban verdad justica y reparación. La Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía fue redactada y aprobada con un amplio consenso entre el movimiento memorialista. Sin embargo, sigue pendiente su desarrollo normativo, la dotación de recursos suficientes y las medidas de impulso para implicar a todas las administraciones públicas.
Aunque es cierto que la Ley andaluza 2/2017, sigue dejando en la impunidad delitos tan graves como desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, robo de bebés o expolios de bienes a sus legítimos propietarios, su reforma debe realizarse sin perjuicio del desarrollo y aplicación urgente del texto legal actual.
Defender los derechos de todas las personas extranjeras en Andalucía, de acuerdo con las diversas situaciones jurídicas y vitales en las que se encuentren. Desde el gobierno andaluz se apoyará y asistirá a los migrantes que lleguen a nuestra tierra, con absoluto respeto a sus derechos humanos y jurídicos, y se reclamará ante todas las instancias estatales y europeas la desaparición de los Centros de Internamiento para Extranjeros.
Desarrollar acciones comunitarias y de empoderamiento de los grupos que conviven en un mismo territorio, atendiendo al objetivo fundamental de la Cohesión Social.
Elaborar una Ley Integral de Igualdad que erradique la discriminación en todos los ámbitos: la diversidad familiar, orientación sexual, diversidad funcional, identidad de género, etnia, origen social, etc.
Desarrollar e implementar la Ley 2/2014 integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, sin perjuicio de su revisión y mejora en permanente diálogo con los colectivos LGTBIQ+.
Apoyar sin fisuras al matrimonio igualitario, como derecho fundamental de ciudadanía, integrando a las familias homoparentales como realidad normalizada en todas las políticas públicas de nuestra comunidad autónoma.
Poner en marcha de estudios y campañas que visibilicen la realidad del colectivo LGTBIQ+. Sólo conociendo la realidad se pueden tomar decisiones acertadas para luchar contra la discriminación. Desarrollar programas contra los Delitos de Odio y la LGTBIQ+fobia en todos los ámbitos sociales, atendiendo especialmente al ámbito educativo, cultural, de ocio y deportivo.
Lectura de Declaraciones Institucionales tanto el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, y el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.
Supresión, en la documentación oficial, de requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier orientación sexual o de género. Inclusión de la casilla de género no binario u otros en los documentos oficiales que hagan referencia al género de la perosna.
Realizar de estudios sobre la situación de acoso y violencia LGTBQ-fóbica en los centros educativos andaluces y articular un plan integral que luche de una manera efectiva contra el bullying homofóbico en las escuelas.
Impulsar la normativa legal que garanticen la imparcialidad en la adopción, primando siempre el interés del menor y no la orientación sexual o identidad de género de las personas solicitantes.
Creación de instrumentos de protección jurídica y administrativa, para poder defenderse de los actos u omisiones discriminatorias. Reforzamiento de los protocolos de detección e intervención en el acoso moral, psicológico, sexual, etc. (mobbing), en el trabajo y en la escuela.
Desarrollar políticas de apoyo a las unidades familiares en sus diversos modelos: familias monoparentales, biparentales, acogida, etc. Se otorgarán los permisos de crianza teniendo en cuenta todas las tipologías familiares tanto en términos de contabilización del tiempo (permisos a tiempo completo o parcial) como en términos económicos.
Se adoptará una terminología de dichos permisos acorde con las diversas tipologías familiares existentes, sustituyendo los permisos de paternidad/maternidad por permisos de crianza.
Garantizar los derechos de los y las menores, teniendo en cuenta el interés superior del menor por encima de cualquier otra consideración, y establecer políticas integrales de apoyo a las familias en situación de riesgo y/o vulnerabilidad para favorecer el desarrollo de los/as menores en su entorno.
Fomentar políticas integrales de apoyo al acogimiento familiar como medida de protección de menores frente a la institucionalización, con objeto de evitar ésta, prioritariamente en menores de 6 años. Revisar la adopción nacional. Introducción del acogimiento familiar profesionalizado en caso necesario. Todo ello con el objeto de garantizar el derecho de todo/a menor a una familia. Establecer políticas integrales de apoyo y fomento de los mecanismos de coordinación socio-sanitaria para mejorar la atención a los/as menores con trastornos de conducta. Revisión de las políticas referidas a menores infractores, garantizando la transparencia y la garantía de derechos.
Promover mecanismos para garantizar la vida independiente de las personas con diversidad funcional y de los colectivos en situación de dependencia. Favoreciendo prestaciones como la ayuda a domicilio o las prestaciones económicas de cuidado en el entorno y que favorezcan la autonomía. Al mismo tiempo debemos caminar hacia una ampliación de la oferta de recursos residenciales para todos aquellos casos en los que es imposible la implementación de prestaciones que posibiliten la continuidad en su entorno normal de convivencia a todos los sectores de población en esta situación.
Implantación progresiva de un Sistema Público de Asistencia Personal mediante regulación de una prestación, para la contratación el asistente personal escogido por la persona beneficiaria. La Junta de Andalucía, en coordinación con las administraciones locales, se ocupara de que la prestación para asistencia personal sea ofrecida a las posibles personas beneficiarias, para que éstas tengan conocimiento de su existencia y puedan optar a ella en libertad. Esta apuesta desde el sistema público por la Asistencia Personal favorece una eficaz inversión en empleo, ya que el 100% se revierte en empleo directo, ofrece un mayor número de puestos de trabajo respecto a otras prestaciones como las residencias y libera a las mujeres de su papel tradicional de cuidadora de sus familiares con diversidad funcional. La prestación por asistencia personal no estará sometida a restricciones por motivos de edad, tipo de diversidad funcional o actividad de la persona beneficiaria y deberá ser suficiente para atender las necesidades individuales de la persona, con base a un proyecto personal de vida independiente. Los elementos que hacen viable esta prestación y que están interrelacionados entre si son: las ayudas técnicas, la accesibilidad y las ayudas económicas. Cuanta mayor inversión pública en accesibilidad y ayudas técnicas para una Vida Independiente menos inversión en asistencia personal.
El concepto de Diseño Universal, diseño para todas las personas, se aplicará en todas las iniciativas legislativas, normativas y ejecutivas, por afectar de forma grave al ejercicio de derechos humanos elementales. Se acortarán los plazos que lleven a configurar entornos totalmente accesibles. Se desarrollarán programas para su aplicación real y eficaz, incluyendo auditorías sectoriales (educación, salud, transporte…) para evaluar el grado de implantación de las condiciones de accesibilidad en dichos entornos y su impacto en los derechos civiles, así como medidas sancionadoras contundentes.
Revisar los protocolos de prevención de la violencia contra personas con diversidad funcional en entornos residenciales e instituciones y se desarrollarán un programa de detección y erradicación. Adoptar medidas basadas en la sensibilización, la transmisión de valores para luchar contra el estigma, la discriminación y toda forma de violencia que incide especialmente en las mujeres y las niñas con diversidad funcional.
Impulso de medidas legislativas y ejecutivas que reconozcan que las acciones que violan los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica de estas mujeres y hombres, tales como el asalto psiquiátrico, la institucionalización forzada o la esterilización no solicitada, son actos de violencia equiparables al acoso sexual, al denominado bullying, etc., crímenes todos ellos que no revisten igual condena o tratamiento social en el caso de las personas con diversidad funcional, con especial incidencia entre niñas y mujeres.
Directrices administrativas fortalecedoras del derecho a una vida digna, en comunidad, auto-determinada y en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía, serán transversales a todas las actuaciones del gobierno andaluz.
Promover una escuela inclusiva, en todos los niveles y con los apoyos precisos que garantice una integración social y una vida plena para el alumnado con diversidad funcional, sin perjuicio de los recursos y dotaciones especiales y específicas para alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.
Se proveerán los recursos suficientes para cumplir con la mayor celeridad la responsabilidad legal de la Junta de Andalucía de exhumar a las cerca de 50.000 personas asesinadas que aún están en “fosas y cunetas” para que puedan tener digna sepultura y ofrecer a sus familiares y a la sociedad entera el conocimiento oficial aportado por investigación científica en el curso de las exhumaciones. Igualmente se dotarán partidas presupuestarias para el desarrollo de los demás contenidos de la mencionada Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
Se redactará y aprobará su desarrollo reglamentario pendiente, y se pondrán en marcha medidas de impulso y fomento, con especial atención a las educativas, divulgativas, de investigación y protección de la memoria– oral, lugares, documentos-, así como de inspección para sancionar los incumplimientos y no signan impunes actos tales como la exaltación de los genocidas y represores fascistas, la no retirada los elementos determinados por la ley o la destrucción de monumentos y placas de recuerdo y homenaje a las víctimas.
Constitución inmediata del Consejo de la Memoria, órgano de participación de las Asociaciones de Víctimas y de Memorias Histórica y Democrática, para la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad y de los planes cuatrienales y anuales de Memoria Democrática.
Capítulo 8. DERECHOS DE LOS ANIMALES
La protección animal es una asignatura pendiente de los poderes legislativo y ejecutivo en Andalucía. La creciente demanda ciudadana de derechos para los animales es el nuevo reto del siglo XXI que la Coalición EQUO – INICIATIVA afronta en su programa.
Nos respalda una parte importante de las ciudadanas y ciudadanos, que rechazan el sufrimiento animal. Seguir permitiendo las prácticas que lo provocan y no poner medidas para erradicarlas nos degrada individual y socialmente.
Es necesaria una Ley de Protección Animal, basada en la consciencia colectiva, que se abre paso con fuerza creciente, basándose en los nuevos avances científicos que demuestran que los animales son seres sensibles y poseedores de conciencia, tal y como quedó reflejado en el Tratado de Ámsterdam de la Unión Europea en su anexo C con el protocolo sobre la protección y bienestar de los animales y en la declaración de Cambridge, respectivamente.
Una ley que otorgue a los animales los derechos que por sí mismos no pueden reclamar; que prohíba y penalice su maltrato, que establezca unas condiciones de vida dignas y saludables haciendo cumplir los estándares de bienestar animal, así como medidas de fomento y educación que, revertirán en una mejora moral de la sociedad andaluza y en una actualización de nuestra identidad colectiva que, sin renegar de sus raíces culturales, debe adecuarse a las bases éticas de la civilización contemporánea.
Redactar, para su aprobación, una Ley de Protección Animal de Andalucía, con participación de las organizaciones animalistas y de protección animal, que realmente proteja a todos los animales, ya sean domésticos o silvestres en cautividad, que les otorgue el derecho a una vida digna y a no ser maltratados y que incluya medidas sancionadoras proporcionales así como el establecimiento de los mecanismos de control necesarios para su cumplimiento.
Promover y fomentar la implantación en los municipios de Programas de Gestión Integral de Colonias Felinas mediante el método CES/R (captura, esterilización y suelta o retorno, incluyendo el control sanitario de los animales, la limpieza y adecuación de la zona y el seguimiento/mantenimiento del programa). Regular la creación de una red de personas alimentadoras/cuidadoras acreditadas, mediante un programa de formación específica en el cumplimiento de sus funciones, respecto de las colonias de gatos urbanos, que se implantará en cada municipio donde resulte necesario, para el cuidado y manejo de los animales bajo el cumplimiento de los deberes y obligaciones que se establezcan.
Regular y fomentar desde el gobierno de la Comunidad Autónoma un cambio en la gestión de los animales perdidos, abandonados o sin hogar, potenciando al máximo las estrategias que conduzcan a alcanzar en el menor tiempo posible el Sacrificio cero en perreras/albergues públicos y privados, salvo eutanasia compasiva en casos irreversibles e incurables, siempre por prescripción veterinaria y llevada a cabo por personal veterinario colegiado, así como métodos y manipulación libres de sufrimiento y estrés. Igualmente la obligatoriedad de atender sanitariamente a los animales recogidos en instalaciones municipales y privadas. Para ello, se pondrán en marcha planes de formación de la ciudadanía andaluza en la tenencia responsable de animales, para el personal de los Ayuntamientos, con el objetivo de implicar a la sociedad y las instituciones en este cambio en la atención de los animales sin hogar.
Fomentar en los municipios el que se dé prioridad en la contratación de la gestión de perreras /albergues municipales a entidades de protección animal de Andalucía, debidamente acreditadas y que reúnan los requisitos que reglamentariamente se establezcan, mediante la aplicación de las clausulas, sociales, ambientales en los baremos de la licitación para la adjudicación del correspondiente contrato público.
Regulación de la cría y venta de animales de compañía. Ésta sólo podrá llevarse a cabo por criadores profesionales que dispongan de un núcleo zoológico y estén dados de alta legalmente en dicha actividad. Estos serán inscritos en un Registro de Criadores Profesionales de Andalucía. No podrán hacer criar a las hembras más de 1 camada al año y sólo en edades comprendidas entre 2 y 5 años de la hembra. Todo ello quedaría reflejado y ampliado en nuestra propuesta de Ley de Protección Animal de Andalucía.
Actualizar la regulación de la accesibilidad de los animales considerados de compañía –no solo en el caso de personas invidentes- para que puedan acceder con sus propietarios/as al transporte público, en las condiciones que se establezcan, tal como sucede en muchos países europeos. Igualmente para que sean admitidos en casas de acogida, dichos animales considerados de compañía, propiedad de personas víctimas de violencia de género, o en los albergues municipales, que los usuarios puedan entrar acompañados de sus perros. Por otro lado, fomentar la habilitación, por parte de los municipios de parques y playas de esparcimiento canino.
Prohibición de uso de los animales como reclamo en actividades mendicantes, mediante acciones u omisiones que supongan un maltrato para el animal. Las sanciones podrán conllevar la retirada del animal y su ingreso en un albergue. Igualmente se impulsará la prohibición de atracciones feriales con animales vivos y los circos con animales.
Oposición a la Declaración de la Montería y Rehala como Bien de Interés Cultural de Andalucía. Se impulsará la desaparición de la tenencia y caza con rehalas y galgos, dado que estas modalidades de caza no son selectivas; a este respecto cabe señalar que en algunos países de la Unión Europea ya no se permite utilizar a los perros como armas de caza.
No se autorizará la creación de nuevos zoológicos/delfinarios/acuarios en Andalucía y se impulsará la transformación progresiva de los existentes en centros de recuperación y conservación (reproducción in situ de especies en peligro de extinción y liberación a su hábitat natural), tanto de fauna autóctona como de los animales exóticos decomisados, estableciendo programas de educación, divulgación y promoción de estudios científicos realizados en dichas instalaciones.
Justificamos esta medida en la realidad actual de zoos y delfinarios, en los que se acantonan animales por mero interés comercial, sin tener en cuenta sus necesidades etológicas y sin posibilidad de mostrar su comportamiento innato, por lo que no pueden disfrutar de un estado satisfactorio de bienestar. Los más de 900 kilómetros de costa que posee Andalucía, brindan la posibilidad de realizar salidas para visualizar cetáceos en libertad y observar su verdadero comportamiento.
Redacción y puesta en marcha de un Plan de Tenencia Responsable. Éste incluirá : proyectos educativos en todos los niveles, divulgación en todos los canales de Radio y TV de la RTVA, así como distintas iniciativas y campañas formativas e informativas relativas a la protección animal enfocadas a todos los colectivos ciudadanos. Incluyendo también campañas de esterilización en todo el territorio Andaluz financiadas por las administraciones públicas.
Fomentar la protección y la recuperación de las poblaciones de fauna silvestre creando corredores biológicos y financiando la gestión de los espacios naturales protegidos. Creación de la figura del Defensor Autonómico de la flora y la fauna silvestre.
Financiación y apoyo para la conservación y protección del Lobo Ibérico en el territorio Andaluz.
Eliminar la pérdida de la condición de animales domésticos de compañía a perros, gatos y hurones abandonados. Así al no considerarse “asilvestrados” sólo se les podría capturar en vivo, mediante métodos de inmovilización a distancia o dardos, con esterilización posterior para su reubicación en áreas especialmente destinadas a ellos.
Modificación del Reglamento Taurino de Andalucía, que suponga el fin de la tortura y la muerte del animal en la plaza (corrida sin sangre y sin muerte). Políticas del gobierno andaluz orientadas a la abolición de festejos y espectáculos que conlleven sufrimiento tanto físico como psicológico de los animales. En primer lugar, y de forma inmediata, implantación de la “SUBVENCIÓN CERO”; es decir, la no utilización de fondos públicos para sostener artificialmente espectáculos basados en el maltrato y muerte de animales o para escuelas o programas de formación taurina o de caza.
Defender ante la Comisión Europea la eliminación de las excepcionalidades del Reglamento (CE) nº 1099/2009, que permiten el sacrificio animal sin aturdimiento previo.
Prohibición de las peleas de gallos sin excepciones.

References: artículo 151
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