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Timestamp: 2018-12-11 23:17:41+00:00

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﻿ Sentencia C-233 de mayo 11 de 2016
SENTENCIA C-233 DE 11 DE MAYO DE 2016
CONTENIDO:EXCLUSIÓN DE LAS VÍCTIMAS PARA INTERVENIR EN FASE DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PENAL. SE PRECISA QUE NO SE PRESENTA UNA OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA POR HABER EXCLUIDO A LAS VÍCTIMAS DE INTERVENIR EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y PRESENTAR RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES QUE ADOPTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS EN RELACIÓN CON LOS MECANISMOS SUSTITUTOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. ASÍ MISMO, SE DETERMINA QUE NO CONSTITUYE EL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER ESPECÍFICO IMPUESTO POR EL CONSTITUYENTE AL LEGISLADOR, PUES LA LEY PUEDE LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA EN LA FASE POSTERIOR AL JUICIO ORAL CUANDO SE RELACIONA CON ESTA ETAPA DEL PROCESO. POR LO QUE EL ALTO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXPRESA: “EL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS, AL MOMENTO DE ESTUDIAR LAS SOLICITUDES DE LIBERTAD CONDICIONAL O DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA, ADEMÁS DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE EXIGE LA LEY, CONSTATA QUE EL CONDENADO HAYA REPARADO A LA VÍCTIMA O ASEGURADO EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN MEDIANTE GARANTÍA PERSONAL, REAL, BANCARIA O ACUERDO DE PAGO”. DE OTRA PARTE, SE ADVIERTE QUE LAS VÍCTIMAS PUEDEN SER REPRESENTADAS DE FORMA INDIRECTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO, QUE TIENE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE VELAR POR LOS INTERESES DE LAS VÍCTIMAS, AL ESTAR HABILITADO PARA INTERVENIR EN TODO LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LA CONDENA. FINALMENTE SE DECLARA LA EXEQUIBILIDAD DE ALGUNOS APARTES DE LOS ARTÍCULOS 459, 472 Y 478 DE LA LEY 906 DEL 2004, SOBRE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:VÍCTIMA, REPARACIÓN A LA VÍCTIMA, DERECHOS DE LA VÍCTIMA, JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL
Sentencia C-233 de mayo 11 de 2016
Ref.: Expediente D-11065
Demandante: Jorge Enrique Ramírez Pulgarín.
4. Los numerales 1º y 2º del artículo 150 de la Constitución Política, establecen la cláusula general de competencia que atribuye al legislador la regulación en su totalidad de los procedimientos judiciales. Debido a ello, goza de un amplio margen de autonomía o libertad de configuración normativa para evaluar y definir sus etapas, características, términos, efectos y demás aspectos de las institucionales procesales en general, así como los poderes y deberes del juez, que han de orientar a las personas para que puedan ejercer de forma legítima sus derechos ante las autoridades públicas, en especial el debido proceso (artículo 29 de la C.P.) y el acceso efectivo a la administración de justicia (artículo 229 de la C.P.), constituyéndose en reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado social de derecho.
5. Justamente el Congreso de la República que es competente para expedir los códigos de todos los ramos de la legislación, goza de un amplio margen de configuración para desarrollar esa función, por cuanto a través de ella busca atender los requerimientos y particularidades propias de las cambiantes exigencias de la realidad nacional. Con el fin de otorgarle desarrollo, “por regla general, la determinación de los sujetos procesales y de los momentos en que ellos pueden intervenir en los procesos judiciales, hace parte de la libertad de configuración normativa del legislador que debe responder a las necesidades de la política legislativa, para lo cual evalúa la conveniencia y oportunidad de los mecanismos o instrumentos procesales para hacer efectivos los derechos, libertades y las garantías públicas respecto de ellos”(2).
Como ha reconocido la jurisprudencia constitucional, tal libertad se ve limitada “por la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto éstas se encuentren acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan la realización material de los derechos sustanciales”(3). Con todo, tal potestad legislativa de configuración no puede consistir en regulaciones excesivas o irrazonables que se conviertan en obstáculos a la efectividad de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y participación en las decisiones que afectan a las personas cuando existe un interés directo de éstas.
7. Así, la Corte ha identificado limitaciones que surgen de la propia Constitución a esta libertad de configuración y las ha sintetizado como subreglas en cuatro ítems: “(i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; (ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos(4) como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia; (iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas y (iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.)(5)“(6).
Los derechos de las víctimas de un injusto penal a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, así como a la igualdad ante los tribunales y el acceso a la administración de justicia
9. En nuestro ordenamiento, la jurisprudencia constitucional al interpretar armónicamente los artículos 1º, 2º, 15, 21, 93, 229, y 250 de la Carta, ha ido decantando una protección amplia de los derechos de las víctimas del delito y precisando el alcance de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, dentro de una concepción amplia -no restringida únicamente a una reparación económica-(7) que recoge los avances del derecho internacional de los derechos humanos en la materia(8).
10. Esta concepción de los derechos de las víctimas a partir de los estándares internacionales, como se indica, encuentra respaldo en varios principios y preceptos constitucionales: (i) En el mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (art. 93 C.P.); (ii) en el hecho de que el Constituyente hubiese otorgado rango constitucional, a los derechos de las víctimas (art. 250 num. 6 y 7 C.P.); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (art. 2° C.P.); (iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (art. 1° C.P.); (v) en el principio del Estado Social de Derecho que propugna por la participación, de donde deviene que la intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera preponderante en el derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229), del cual se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones,la resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias.
31. El conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad(9) (principios 1° a 4) incorporan en este derecho las siguientes garantías: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de las víctimas a saber.
El derecho a la verdad presenta así una dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la memoria colectiva”(10), y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte.(11)
32. Proyectando estos principios en el ámbito nacional, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el derecho de acceder a la verdad, implica que las personas tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso. La dignidad humana de una persona se ve afectada si se le priva de información que es vital para ella. El acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen de la víctima(12).
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a que se haga justicia. Este derecho involucra un verdadero derecho constitucional al proceso penal(13) , y el derecho a participar en el proceso penal(14), por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser eminentemente participativo. Esta participación se expresa en “que los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda información pertinente a la investigación y tendrán derecho a presentar otras pruebas”(15).
34. El derecho de reparación, conforme al derecho internacional contemporáneo también presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas.(16)
La integralidad de la reparación comporta la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación”(17) (Negrillas fuera del texto original).
12. Centrándonos específicamente en el derecho a la justicia del cual son titulares las víctimas y perjudicados por un hecho punible, este se relaciona con el derecho a que no haya impunidad(18) y con el acceso a los recursos judiciales efectivos y adecuados que permitan la realización de las investigaciones, el desarrollo imparcial, serio y diligente de las mismas, la persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables del injusto penal(19). Así, el derecho a la justicia implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, con el fin de conseguir que su agresor sea juzgado y condenado a penas adecuadas y proporcionales al delito investigado(20), respetando las reglas propias del debido proceso.
De esta forma, el derecho a la justicia impone a los Estados la obligación de otorgar ese recurso accesible, efectivo y viable para que las víctimas puedan lograr el reconocimiento y restablecimiento de sus derechos, el cual incluye el derecho a contar con amplias oportunidades para participar y ser escuchados tanto en el esclarecimiento de los hechos, como en el establecimiento de la sanción a los responsables y en la búsqueda de una justa compensación. Como lo ha dicho la CIDH, el derecho a la justicia implica la garantía del pleno acceso y la capacidad de actuar de la víctima, en todas las etapas e instancias de las investigaciones y los procesos “de manera que puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y en síntesis hacer valer sus intereses”(21).
13. Justamente como el derecho a la justicia incluye el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, resulta pertinente señalar que la tendencia del derecho internacional es otorgar una tutela judicial efectiva a través de la cual las víctimas no sólo obtengan reparación por el daño sufrido, sino también se garanticen sus derechos a la verdad y a la justicia(22).
De acuerdo con la Observación General Nº 32 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la igualdad ante los tribunales garantiza los principios de igualdad de acceso e igualdad de medios procesales, y asegura que las partes en los procedimientos en cuestión sean tratadas sin discriminación alguna. En cuanto a la igualdad de medios procesales, precisa que “[e]sto significa que todas las partes en un proceso gozarán de los mismos derechos en materia de procedimiento, salvo que la ley prevea distinciones y éstas puedan justificarse con causas objetivas y razonables, sin que comporten ninguna desventaja efectiva u otra injusticia para el procesado”(23). Dicha observación por desarrollar un marco interpretativo del artículo 14 del Pacto, sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, tiene un carácter vinculante e impone la obligación de observarse y ejecutarse de buena fe por el Estado, toda vez que regula un lineamiento en materia de derechos humanos(24). Por consiguiente, salvo una razón suficiente objetiva que justifique otorgar diferencias, el Estado debe garantizar la igualdad ante los tribunales a las partes e intervinientes en el proceso penal.
El derecho de participación de la víctima, como interviniente especial, en el proceso penal de tendencia acusatoria. Especial enfoque en el interés directo que ha identificado la jurisprudencia constitucional para habilitar su intervención
16. De acuerdo con el Acto Legislativo Nº 03 de 2002, su desarrollo normativo en la Ley 906 de 2004 y la jurisprudencia constitucional, el sistema penal es un modelo propio, singular y específico con marcada tendencia acusatoria, en el cual se identifican principalmente dos etapas: la de investigación y la de juicio, siendo ésta última donde se acentúa la característica de ser adversarial. En este modelo resulta indispensable asegurar las mejores condiciones para que la decisión que se adopte garantice tanto los derechos del acusado, como los de la víctima del injusto penal.
17. En cuanto a los derechos de las víctimas, la Corte ha señalado que “(…) si bien la Constitución no define el concepto de víctima, el mismo hace parte de la Carta Política, en la medida en que el numeral 6º del artículo 250 establece entre las atribuciones de la Fiscalía General de la Nación, la de solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas y disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito”(25).
Justamente con base en el artículo 250 Superior, este Tribunal ha precisado que dentro de las funciones constitucionales asignadas a la Fiscalía General de la Nación, se encuentran varias que tienen una relación directa con las víctimas, a saber: (i) solicitar ante el juez de control de garantías las medidas necesarias para la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas; (ii) solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales indispensables para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito; y, (iii) velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y los demás intervinientes en el proceso penal(26).
18. Así mismo, la jurisprudencia de la Corte ha decantado que aún cuando en el proceso penal con tendencia acusatoria el fiscal representa los intereses del Estado y de la víctima, ello no implica que esta carezca del derecho de participación en el proceso penal. Por consiguiente, ha reconocido que con base en el numeral 7° del artículo 250 de la Carta Política, la víctima actúa como interviniente especial(27) sin sustituir ni desplazar al fiscal. Si bien no cuenta con las mismas facultades del procesado ni de la Fiscalía, la víctima tiene capacidades especiales que le permiten intervenir activamente en el proceso penal, actuación que depende de varios factores: “(i) del papel asignado a otros participantes, en particular al fiscal; (ii) del rol que le reconoce la propia Constitución a la víctima; (iii) del ámbito en el cual ha previsto su participación; (iv) de las características de cada una de las etapas del proceso penal; y (v) del impacto que esa participación tenga tanto para los derechos de la víctima como para la estructura y formas propias del sistema penal acusatorio”.(28)
20.1. Las víctimas tienen derecho a que se les comunique el archivo de las diligencias cuando la Fiscalía constante que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan identificar la existencia o características de un delito: En la Sentencia C-1154 de 2005(29) se estudió la constitucionalidad del artículo 79 de la Ley 906 de 2004, que faculta a la Fiscalía para archivar las diligencias cuando tenga conocimiento de un hecho respecto del cual no existan motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito.
20.2. Las víctimas tienen derecho a que se les comunique la inadmisión de las denuncias: En la Sentencia C-1177 de 2005(30), la Corte analizó la constitucionalidad de la expresión “en todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento” contenida en el artículo 69 de la Ley 906 de 2004, la cual se acusaba de vulnerar el derecho de acceso efectivo a la administración de justicia (art. 229 de la C.P.).
20.3. Las víctimas tienen derecho a intervenir en preacuerdos y negociaciones con poder de afectar su derecho a un recurso judicial efectivo: En la Sentencia C-516 de 2007(31), la Corte declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 348, 350, 351 y 352 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la víctima también puede intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado o acusado, para lo cual le habilitó la oportunidad de ser oída e informada de su celebración por el fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo.
20.4. Las víctimas tiene derecho a la representación técnica plural durante la etapa de la investigación: En la misma Sentencia C-516 de 2007(32), la Corte declaró inexequible el numeral 4º del artículo 137 de la Ley 906 de 2004, porque encontró desproporcionada la medida que regulaba la intervención de las víctimas durante la investigación previendo que en caso de existir pluralidad de éstas el fiscal podía solicitar la limitación hasta dos apoderados. Esta corporación señaló que durante la etapa de la investigación se configura un espacio procesal de enorme valor en términos de búsqueda de la verdad y de obtención de los soportes fácticos para perseguir la justicia y la reparación, por consiguiente, limitar el derecho de postulación resultaba lesivo a los intereses de las víctimas para el impulso de la causa.
En la Sentencia C-209 de 2007(33), la Corte al estudiar una demanda contra el numeral 2º de esa norma, declaró su exequibilidad condicionada “en el entendido de que la víctima también puede solicitar la práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías”. Para llegar a tal decisión, evidenció que el legislador había incurrido en una omisión legislativa relativa porque (i) la norma excluía a la víctima de los actores procesales que podían solicitar la práctica de pruebas anticipadas para lograr el esclarecimiento de los hechos, de las circunstancias de su ocurrencia, la determinación de los responsables, de la magnitud del daño sufrido y el esclarecimiento de la verdad; (ii) no existía una razón objetiva que justificara la exclusión de la víctima de esta facultad, toda vez que su participación no conlleva una modificación de los rasgos estructurales del sistema penal con tendencia acusatoria, ni altera el principio de igualdad de armas, (iii) esa omisión generaba una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal en las etapas previas al juicio, y, (iv) entrañaba un incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una verdadera intervención de la víctima en el proceso penal.
20.6. Las víctimas tienen derecho a solicitar al juez competente la adopción o la modificación de las medidas de protección o de aseguramiento: En la misma Sentencia C-209 de 2007(34), la Corte analizó si los artículos 306, 316 y 342 de la Ley 906 de 2004 al señalar que solo el fiscal podía solicitar ante el juez de control de garantías o ante el juez de conocimiento las medidas de protección o de aseguramiento, incurrían en una omisión legislativa relativa por excluir a las víctimas como interviniente especiales, de participar directamente ante omisiones del fiscal o ante circunstancias apremiantes que motivaran su protección en sentido estricto.
20.7. Las víctimas están facultadas para recurrir la providencia mediante la cual el juez de control de garantías decide la aplicación del principio de oportunidad: También la Sentencia C-209 de 2007(35) estudió la constitucionalidad de los artículos 324 y 327 de la Ley 906 de 2004, los cuales no contemplaban la posibilidad de que las víctimas impugnaran la decisión mediante la cual el juez de control de garantías se pronunciaba sobre la aplicación del principio de oportunidad. Sobre el punto, la Corte constató que las víctimas del delito tenían un interés directo en esta decisión e impedirles impugnar la renuncia del Estado a la persecución penal, comprometía sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, porque las causales de aplicación del principio de oportunidad exigen que el encartado hable con la verdad respecto a la realización de la conducta, su adecuación típica y su participación, para que el fiscal sopese la procedencia de aquel principio en procura de garantizar la justicia. Así, declaró inexequible la expresión “y contra esta determinación no cabe recurso alguno” contenida en el artículo 327 en comento.
20.8. Las víctimas tienen derechos frente a la solicitud de preclusión del Fiscal: En la Sentencia C-209 de 2007(36), está corporación reconoció a las víctimas la posibilidad de hacer uso de la palabra para controvertir la petición del Fiscal, la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas que demuestren que sí existe mérito para acusar, o que no se presentan las circunstancias alegadas por el fiscal para su petición de preclusión, y el ejercicio del derecho de apelación contra la decisión que resuelve la solicitud de preclusión. Así, declaró la exequibilidad del artículo 333 de la ley 906 de 2004, “en el entendido de que las víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del fiscal”.
20.9. Las víctimas tienen derecho a estar presentes en la audiencia de formulación de la imputación: Así lo reconoció la Corte en la misma Sentencia C-209 de 2007(37), luego de analizar la constitucionalidad del artículo 289 de la Ley 906 de 2004 en el “entendido de que la víctima también puede estar presente en la audiencia de formulación de la imputación”. Para tal efecto, señaló que en esta etapa de la actuación penal se pueden adoptar medidas de aseguramiento y se interrumpe la prescripción penal, siendo entonces relevante que la víctima pueda controlar posibles omisiones o inacciones del fiscal en procura de garantizar sus derechos, sin que ello altere los rasgos estructurales del proceso penal de tendencia acusatoria, ni el rol de interviniente especial que tiene la víctima del injusto.
20.10. Las víctimas tienen derecho a solicitar la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente: En la Sentencia C-839 de 2013(38), esta corporación estudió una demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 1º del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, el cual habilitaba de forma exclusiva a la Fiscalía para que en cualquier momento antes de la audiencia de acusación, solicitara al juez de control de garantías la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existieran motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente. El cargo se fundó sobre la existencia de una omisión legislativa relativa porque la norma excluyó de su supuesto fáctico a un sujeto que en principio debía estar incluido, cual es, la víctima, quien es la persona más interesada en que el bien no circulo por el tráfico jurídico para garantizar su derecho a la reparación integral.
22. Ahora bien, en la etapa del juicio la intervención de la víctima está mediada por el fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima, sin perjuicio, de la intervención del Ministerio Público quien como garante de las prerrogativas procesales, puede abogar por los derechos de las partes e intervinientes, incluidas las víctimas, sin sustituir al fiscal ni a la defensa. Dada la importancia que tiene para la víctima la posibilidad de que el fiscal le oiga, esta corporación ha precisado que el juez deberá velar para que dicha comunicación sea efectiva, y cuando así lo solicite el fiscal del caso, decretar un receso para facilitarla.(39) De esta forma, la Corte ha reconocido una intervención indirecta de las víctimas en la etapa del juicio, por cuanto su expresión se encuentra habilitada a través del fiscal con el fin de garantizar el principio de igualdad de armas, y no ocasionar que existan dos acusadores –Fiscalía y víctima- en contra del encartado. Algunas decisiones que se han pronunciado sobre esta intervención son las siguientes:
22.1. En la Sentencia C-454 de 2006(40), la Corte estudió la constitucionalidad del artículo 357 de la Ley 906 de 2004 y concluyó que no existía una justificación constitucionalmente admisible para no incluir al representante de las víctimas dentro de las partes o intervinientes facultadas para solicitar pruebas en la audiencia preparatoria. Al respecto, constató que la omisión legislativa relativa era transcendente para el derecho de acceso a la justicia del cual es titular la víctima, en cuando obstruye sus posibilidades efectivas de realización de los derechos a la verdad, justicia y reparación, y la ubica en una posición de desventaja en relación con otros actores e intervinientes procesales. En ese sentido, condicionó la exequibilidad de la norma “en el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía”.
22.2. En la Sentencia C-209 de 2007(41), esta corporación analizó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 339 de la Ley 906 de 2004, el cual señalaba de manera expresa y taxativa quiénes podían intervenir en la audiencia de formulación de la acusación, a saber: las partes procesales, la Fiscalía, la defensa y el Ministerio Público, excluyendo a la víctima de los actores procesales que participaban en dicha audiencia.
22.4. Con ese mismo panorama, en la Sentencia C-260 de 2011(42) la Corte declaró exequible la expresión “una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso” contemplada en el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, al considerar que la exclusión de la posibilidad de que las víctimas formulen directamente preguntas complementarias no constituye una omisión legislativa relativa contraria a los derechos de los perjudicados, por cuanto existen motivos fundados que justifican de manera objetiva y suficiente el tratamiento disímil previsto en la norma, ya que tanto al juez como al Ministerio Público les compete, en cumplimiento de sus roles, el deber de mantener la imparcialidad y evitar desequilibrios a favor o en contra de una de las partes, en tanto que a la víctima le asiste un interés por defender la acusación formulada por la Fiscalía y por esa vía obtener un fallo condenatorio.
22.5. Posteriormente, en la Sentencia C-782 de 2012(43) esta corporación estudió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 90 de la Ley 906 de 2004, la cual alegaba la existencia de una omisión legislativa relativa que desconocía el derecho a la reparación que le asiste a la víctima, pues la excluía de la facultad de solicitar la adición de la sentencia para provocar el pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso. Tal facultad estaba expresamente limitada a la defensa, el Fiscal y el Ministerio Público.
En esa oportunidad, la Corte declaró la exequibilidad de la norma “en el entendido que también la víctima podrá solicitar en la audiencia de que trata esta norma, la adición de la sentencia o de la decisión con efectos equivalentes, que omita un pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso, con el fin de obtener el respectivo pronunciamiento”. Para sustentar lo anterior, indicó que si bien el fiscal representa los intereses del Estado y de la víctima, ello no implica que la víctima carezca del derecho de participación en el proceso penal, señalando que su participación depende de los siguientes factores:”(i) del papel asignado a otros participantes, en particular al fiscal; (ii) del rol que le reconoce la propia Constitución a la víctima; (iii) del ámbito en el cual ha previsto su participación; (iv) de las características de cada una de las etapas del proceso penal; y (v) del impacto que esa participación tenga tanto para los derechos de la víctima como para la estructura y formas propias del sistema penal acusatorio”(44).
22.6. Finalmente, en la Sentencia C-616 de 2014(45) la Corte declaró exequible el inciso 3º del artículo 443 de la Ley 906 de 2004, referente a los turnos para alegar en la etapa de juicio. Al respecto, la norma consagra la posibilidad de que la defensa exponga sus argumentos contra las alegaciones, los cuales solo podrán ser controvertidos por la Fiscalía, caso en el cual aquella tiene el derecho de réplica. La demanda de inconstitucionalidad esbozaba que ese inciso no le permitía a la víctima del injusto penal presentar réplica respecto de los alegatos de conclusión de la defensa, situación que configuraba una omisión legislativa relativa.
24. En la fase posterior a la sentencia el derecho de participación de la víctima en el proceso adquiere una especial relevancia, toda vez que de conformidad con la configuración prevista en el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004, la discusión sobre la responsabilidad civil se trasladó a esta etapa, una vez establecida la responsabilidad del acusado(46). En efecto, en el capítulo cuarto del título segundo del Código de Procedimiento Penal(47), el legislador penal reguló lo atinente al incidente de reparación integral de los daños ocasionados con la conducta punible, escenario en el cual la víctima podrá desplegar a cabalidad todas sus facultades con miras a la satisfacción de sus derechos.
En la Sentencia C-250 de 2011(48), la Corte adoptó una decisión encaminada a garantizar la intervención directa de las víctimas, en la fase posterior a la Sentencia Condenatoria. En efecto, en esa ocasión juzgó la constitucionalidad del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el 100 de la Ley 1395 de 2010, que autorizaba al juez para conceder únicamente al fiscal y a la defensa el uso de la palabra para referirse “a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable”, en aquellos eventos en que el fallo fuere condenatorio o se aceptare el acuerdo celebrado con la Fiscalía. La Corte estimó, en el mencionado precedente, que el legislador había incurrido en una omisión legislativa relativa por no incluir a las víctimas dentro del grupo de quienes podían hacer uso de la palabra en la etapa de individualización de la pena y la sentencia.
En esencia, la corporación consideró que esa omisión era contraria a los derechos que tienen las víctimas a ser tratadas de igual forma que el condenado, pues la defensa sí tenía derecho a intervenir para efectuar las declaraciones del caso, mientras que las víctimas Nº Además, la Corte manifestó que se violaba también el derecho al debido proceso y limitaba el derecho de acceso a la administración de justicia, en tanto no había razones constitucionales para restringir su derecho a perseguir el mayor nivel posible de verdad, justicia y reparación, en una etapa en la cual ya se ha tomado la decisión de condenar al individuo. Por lo tanto, procedió a declarar la exequibilidad condicionada de la disposición demandada, bajo el entendido de que “las víctimas y/o sus representantes en el proceso penal, podrán ser oídos en la etapa de individualización de la pena y la sentencia”.
La ejecución de las penas como una fase de política penitenciaria ejecutada por el INPEC y vigilada por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que cumple unos fines encaminados a la resocialización del condenado y a la prevención especial positiva
Del otro lado, la ejecución de las penas y las medidas de seguridad como sanciones penales impuestas en la Sentencia Condenatoria en firme, corresponde a las autoridades penitenciarias bajo la supervisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -en adelante INPEC-, y además cuenta con la vigilancia coordinada por parte del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, a quien es remitido el expediente penal como autoridad competente para hacer seguimiento y resolver los asuntos relacionados con la ejecución de la sanción(49).
28. Profundizando puntualmente en la ejecución de las penas, conviene señalar que el sistema penal consagra como funciones de la pena la prevención general, la retribución justa, la prevención especial, la reinserción social y la protección al condenado. No obstante, solo la prevención especial y la reinserción social son las principales funciones que cobran fuerza en el momento de la ejecución de la pena de prisión (art. 4º del Código Penal), de tal forma que como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional desde sus inicios(50), en el Estado social de derecho la ejecución de la sanción penal está orientada hacia la prevención especial positiva, esto es, en esta fase se busca ante todo la resocialización del condenado respetando su autonomía y la dignidad humana como pilar fundamental del derecho penal.
De allí que la teoría actual de la pena refiera a que el tratamiento penitenciario deba estar dirigido a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados, y deba propender por hacer que el condenado tenga la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal, en desarrollo de una actitud de respeto por su familia, el prójimo y la sociedad en general. Es lo que se conoce como la humanización de la pena a partir del postulado de la dignidad humana que establece el artículo 1º de la Constitución Política(51).
29. Ahora bien, muchas veces se presentan tensiones entre la prevención general, entendida como la tipificación legal de los hechos punibles que pretende desestimular conductas lesivas de bienes jurídicos dignos de ser tutelados por el derecho penal otorgando criterios retributivos y de proporcionalidad entre delito-pena(52), y la prevención especial positiva. Tales tensiones se materializan en que la prevención general aconseja penas más severas, mientras que la prevención especial positiva parte de la base de políticas de resocialización que siguieren penas bajas.
30. Esa discusión fue abordada en la Sentencia C-261 de 1996(53), en la cual la Corte concluyó que (i) durante la ejecución de las penas debe predominar la búsqueda de la resocialización del delincuente, ya que esto es una consecuencia natural de la definición de Colombia como un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana; (ii) el objeto del derecho penal en un Estado como el colombiano, no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción en el mismo; y, (iii) diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos establecen la función resocializadora del tratamiento penitenciario, de tal forma que la pena de prisión o intramural no puede ser considerada como la única forma de ejecutar la sanción impuesta al condenado.
31. Esa misma coherencia argumentativa fue expuesta por esta corporación de forma más reciente en la Sentencia C-757 de 2014(54). En esa ocasión juzgó la constitucionalidad de la expresión “previa valoración de la conducta punible” contenida en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, el cual refiere a la posibilidad de que el juez de ejecución de penas conceda la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando acredite los requisitos legales.
El actor plantea que dicha exclusión (i) no cuenta con un principio de razón suficiente, más aún porque durante la etapa de ejecución de la pena no existe un sujeto procesal que proteja los intereses de justicia que tiene la víctima; (ii) genera una desigualdad injustificada porque en la ejecución de la pena se discute el componente de justicia, es decir, cómo el condenado debe purgar la sanción penal por el crimen cometido; e, (iii) incumple el deber que impone el Constituyente al legislador de garantizar los derechos al debido proceso, la tutela judicial efectiva, la justicia y la igualdad ante los tribunales, de los cuales son titulares las víctimas del hecho punible de acuerdo con los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, así como los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que refiere a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, y el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José, en cuanto a garantías judiciales.
Igualmente, el artículo 111 del CPP dispuso que el Ministerio Público en el marco de las actuaciones penales obra como garante de los derechos humanos y fundamentales, y como representante de la sociedad. En desarrollo de esas funciones, debe (i) procurar que las decisiones judiciales cumplan con los cometidos de lograr la verdad y la justicia; (ii) procurar que el cumplimiento de la pena se ajuste a lo establecido en los tratados internacionales, la Constitución y la ley; (iii) velar porque se respeten los derechos de las víctimas, testigos, jurados y demás intervinientes en el proceso, así como verificar su efectiva protección por el Estado (numeral 2, lit. c), entre otras.
38. Por ser relevante para el presente estudio, la Sala precisa que la libertad condicional es una medida a través de la cual el juez de ejecución de penas permite que la persona condenada que se encuentra en establecimiento penitenciario y carcelario cerrado (medida intramural) pueda recobrar su libertad antes del cumplimiento total de la pena que se impuso en la sentencia, previo el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 64 del Código Penal(55), cuales son: haber cumplido las 3/5 parte de la pena, haber observado buena conducta durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, demostrar arraigo social y familiar que el juez pueda valorar a través de elementos de prueba allegados a la actuación. Además de tales requisitos, el juez competente debe previamente evaluar la conducta punible teniendo en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal de la Sentencia Condenatoria(56); debe verificar que se haya surtido la reparación a la víctima o se haya asegurado el pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre la insolvencia del condenado, y finalmente debe analizar si de acuerdo con el delito cometido es procedente aplicar la libertad condicional.
41. La Corte Constitucional(57) ha señalado que cuando se plantean cargos de inconstitucionalidad por omisiones legislativas, sólo son admisibles los que se refieren a omisiones legislativas relativas, y no a omisiones legislativas absolutas. Así, ha precisado que quien alega la inconstitucionalidad de una norma, por existencia de una omisión legislativa relativa, tiene la carga de demostrar los siguientes rasgos característicos: “(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador”(58).
42. En las sentencias C-454 de 2006(59) y C-209 de 2007(60), con el fin de evaluar el impacto que tales rasgos característicos de las omisiones legislativas relativas generan sobre los derechos de las víctimas, la Corte adoptó una metodología consistente en resolver cuatro preguntas: (i) ¿Se excluye de su presupuesto fáctico a un sujeto que por encontrarse en una situación asimilable a los que la norma contempla, debería subsumirse dentro de ese presupuesto?; (ii) ¿Existe una razón objetiva y suficiente que justifique esa exclusión?; (iii) ¿Se genera una desigualdad injustificada entre los diferentes actores del proceso? y (iv) ¿Esa omisión entraña el incumplimiento por parte del legislador de un deber constitucional, en este caso del deber de configurar una verdadera intervención de la víctima en el proceso penal?
47. En cuarto lugar, los preceptos acusados no generan una desigualdad negativa para las víctimas, habida cuenta que el Ministerio Público al estar habilitado para intervenir en todo lo relacionado con la ejecución de la pena, podría llegar a defender indirectamente los intereses de aquellas ya que de acuerdo con el artículo 111 del Código de Procedimiento Penal, en el marco de las actuaciones penales obra como representante de la sociedad y además vela porque se respeten los derechos de las víctimas en el trámite judicial (art. 111 del CPP, numeral 2º, literal c), obligaciones que se extienden hasta la fase de ejecución de las penas.
1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “en todo lo relacionado con la ejecución de la pena, el Ministerio Público podrá intervenir e interponer los recursos que sean necesarios”, contenida en el artículo 459 de la Ley 906 de 2004, por el cargo que fue estudiado en esta providencia.
2. Declarar EXEQUIBLE el inciso 1º del artículo 472 de la Ley 906 de 2004, por el cargo formulado en la presente demanda.
3. Declarar EXEQUIBLE la expresión “son apelables ante el juez que profirió la condena de primera o única instancia”, contenida en el artículo 478 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado en este proveído.
2 Sentencias C-782 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
3 Sentencia C-250 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo).
4 Sentencia C-728 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-1104 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
5 Sentencia C-426 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
6 Sentencia C-250 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo).
7 La Corte Constitucional estableció una doctrina en la que explícitamente abandonó una concepción reductora de los derechos de las víctimas, fundada únicamente en el resarcimiento económico, para destacar que las víctimas, o los perjudicados con el delito, tienen un derecho efectivo al proceso y a participar en él, con el fin de reivindicar no solamente intereses pecuniarios, sino también, y de manera prevalente, para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. Sobre el desarrollo de esta doctrina se pueden consultar las sentencias C-454 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-209 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-516 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y C-936 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), entre otras.
8 En el derecho internacional, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos consagran el derecho de todas las personas a acudir a los procesos judiciales para ser escuchadas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, para la determinación de sus derechos y obligaciones, al igual que refieren a la protección judicial a la cual está obligado el Estado y que se materializa mediante el acceso a recursos efectivos ante los jueces y tribunales competentes. En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece obligaciones del Estado relativas a la investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones de derechos humanos, indicando en los artículos 2 y 14 que toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido violadas, tiene derecho a interponer un recurso judicial efectivo y a ser tratado con igualdad ante los tribunales.
9 Esta sistematización se apoya en el “Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. Anexo del Informe final del Relator Especial acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos. E/CN.4/Sub2/1997/20/Rev.1. Presentado a la Comisión de Derechos Humanos en 1998. Estos principios fueron actualizados por la experta independiente Diane Orentlicher, de acuerdo con informe E/CN. 4/2005/102, presentado a la Comisión de Derechos Humanos.
10 Principio 2 del Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
11 Entre otras las sentencias C-293 de 1995 y C-228 de 2002.
12 Cfr. Sentencias T-443 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C- 293 de 1995, MP, Carlos Gaviria Díaz.
13 Cfr. Sentencia C-412 de 1993, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
14 Cfr., Sentencia C-275 de 1994, MP, Alejandro Martínez Caballero.
15 Cfr. Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, aprobado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante resolución 1989/65 del 29 de mayo de 1989, y ratificado por la Asamblea General. mediante resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989. Citados en la Sentencia C-293 de 1995.
16 Cfr. Art. 33 del Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
17 Sentencia C-454 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), reiterada en la sentencias C-936 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-260 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
18 La impunidad ha sido definida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como “una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones” Esta definición fue acogida en los principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, más conocidos como los Principios de Joinet (Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, febrero 5 de 2005).
19 Sentencia C-250 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo).
20 El principio Joinet Nº 19, indica como deber del Estado en materia de administración de justicia, procesar, juzgar y condenar debidamente a los responsables de violaciones a los DDHH y al DIH.
21 CIDH, Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Sentencias de 27 de noviembre de 2008.
22 Artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y artículos 2º y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
23 Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 32 del 23 de agosto de 2007, relacionada con el artículo 14 del Pacto sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. La misma fue adoptada en el marco del 90° periodo de sesiones llevado a cabo en Ginebra, del 9 al 27 de julio de 2007.
24 Sentencia SU-378 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
25 Sentencia C-782 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
26 Sentencia C-516 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
27 En la Sentencia C-209 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte señaló que la víctima es un interviniente especial dentro del proceso penal con tendencia acusatoria. “La asignación de este rol particular determina, entonces, que la víctima no tiene las mismas facultades del procesado ni de la Fiscalía, pero si tiene algunas capacidades especiales que le permiten intervenir activamente en el proceso penal”.
28 Sentencia C-209 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), reiterada en las sentencias C-651 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa) y C-782 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
29 Sentencia C-1154 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
30 Sentencia C-1177 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
31 Sentencia C-516 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
32 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
33 Sentencia C-209 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
34 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
35 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
36 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
38 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
39 Sentencia C-209 de 2007.
40 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
41 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
42 Sentencia C-260 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
43 Sentencia C-782 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
44 Al respecto, sobre esos factores se pueden consultar las sentencias C-782 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), Sentencia C-209 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), reiteradas en la Sentencia C-651 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa).
45 Sentencia C-616 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
46 Al respecto consultar la Sentencia C-409 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
47 Artículos 101 a 108 Código de Procedimiento Penal.
48 Sentencia C-250 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo).
49 Artículo 41 de la Ley 906 de 2004. Además, el artículo 38 de la misma ley establece las competencias específicas de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, siendo algunas de ellas conocer (i) de las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones penales se cumplan; (ii) de las solicitudes de libertad condicional y su revocatoria, (iii) de lo relacionado con la rebaja de la pena y redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza; (iv) de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias o de las solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en las condiciones del cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad, y, (v) de la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida de seguridad, entre otras.
50 Sentencia C-261 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), reiterada en la Sentencia C-757 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
51 En la sentencia T-718 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), la Corte se refirió al modelo de política criminal, el tratamiento penitenciario y la resocialización del condenado. Puntualmente señaló que “la política criminal colombiana y su modelo de justicia están encaminados a satisfacer el restablecimiento de los derechos de las víctimas y a lograr una efectiva resocialización del autor de la conducta penal, porque en el marco de un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana y que propende por un orden social justo, la intervención penal tiene como fines la prevención, la retribución y la resocialización, esta última se justifica en que la pena no persigue es excluir de la sociedad al infractor sino otorgarle las herramientas para que alcance la reincorporación o adaptación a la vida en sociedad”. Más adelante, precisó que la resocialización del infractor es la finalidad central del tratamiento penitenciario, por consiguiente, “ya en el momento de purgar la pena, a las instituciones públicas no solo les corresponde asegurar la reparación y garantía de no repetición de las víctimas, sino que deben volcarse a lograr que el penado se reincorpore a la vida social, es decir, asegurarle la resocialización”.
52 En palabras de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, “[e]n la prevención general, la pena representa una amenaza dirigida a los ciudadanos para que se abstengan de incurrir en delitos, conminación que, de acuerdo con la concepción clásica de Feuerbach, opera en el momento abstracto de la tipificación penal. Por ende, tanto la amenaza punitiva como la ejecución de la pena deben producir un efecto intimidatorio en los autores potenciales para así evitar que lleguen a delinquir. // Claro está, a partir del principio democrático, la prevención general no puede fundarse exclusivamente en su efecto intimidatorio derivado (prevención general negativa), sino que, apuntando a fortalecer el consenso social, la pena también debe dirigirse a reforzar en la conciencia colectiva la vigencia del ordenamiento jurídico (prevención general positiva)”. Sentencia del 27 de febrero de 2013, radicado 33254. (M.P. José Leonidas Bustos Martínez).
53 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). En esa oportunidad la Corte estudio la exequibilidad de un tratado internacional suscrito entre Colombia y Venezuela para la repatriación de personas condenadas, el cual finalmente declaró ajustado a la Carta Política. // Esta tensión también fue objeto de estudio en la Sentencia C-144 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en la cual se declaró exequible el Segundo Protocolo Facultativo para Abolir la Pena de Muerte, adicional al Pacto de Derechos Civil y Políticos.
54 Sentencia C-757 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
55 Artículo 64 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014.
56 Lo anterior a partir de la declaratoria de exequibilidad condicionada del artículo 30 de la ley 1709 de 2014, que decidió la Corte Constitucional en la Sentencia C-757 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
57 Ver entre otras las sentencias C-041 de 2002 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-215 de 1999 (M.P. E: Martha Victoria Sáchica Méndez), C-146 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); C-543 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-155 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y C-509 de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
58 Sentencia C-936 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
59 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
60 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

References: artículo 150
 resolución 
 artículo 14
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 79
 artículo 69
 artículo 137
 artículo 327
 artículo 333
 artículo 289
 artículo 101
 artículo 357
 artículo 339
 artículo 397
 artículo 90
 artículo 443
 artículo 447
 artículo 1
 artículo 30
 artículo 8
 artículo 111
 artículo 64
 artículo 111
 artículo 459
 artículo 472
 artículo 478
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 Artículo 41
 artículo 38
 Artículo 64
 artículo 30
 artículo 30