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Timestamp: 2018-03-23 17:05:59+00:00

Document:
COMPOSICIÓN DE COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA
NUEVO PLAZO PARA INDICACIONES
PROCEDIMIENTO DE TOMA DE RAZÓN Y REGISTRO ELECTRÓNICO
NORMAS TRANSITORIAS PARA PESCADORES ARTESANALES ANTE TERREMOTO Y MAREMOTO EN REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y DE TARAPACÁ
PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS DE ACTOS QUE REQUIERAN DIFUSIÓN NACIONAL, REGIONAL O LOCAL
PETICIÓN DE INICIATIVA SOBRE CAMBIO DE MODALIDAD PARA NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA. PROYECTO DE ACUERDO
INCORPORACIÓN DE RETINITIS PIGMENTOSA Y DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD EN PATOLOGÍAS AUGE. PROYECTO DE ACUERDO
INQUIETUD DE GOBIERNO DE CHILE POR SITUACIÓN DE PRESOS POLÍTICOS PALESTINOS. PROYECTO DE ACUERDO
Sesión 6ª, en martes 8 de abril de 2014
Concurrieron, además, los Ministros Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González; de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes, y de Justicia, señor José Antonio Gómez Urrutia.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Las actas de las sesiones 4ª y 5ª, ordinarias, en 1 y 2 de abril del presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero expone que ha resuelto retirar del Congreso Nacional el proyecto que modifica la ley que crea la Empresa Nacional del Petróleo, en materia de gobierno corporativo (boletín N° 9.264-08).
Con el segundo hace presente la urgencia, calificándola de "suma", acerca del proyecto de ley sobre comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos (boletín N° 7.765-07).
De Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Carlos José Cerda Fernández (boletín Nº S 1.646-05).
1.- Proyecto de ley que establece normas transitorias para enfrentar las consecuencias en el sector pesquero artesanal del terremoto y posterior maremoto de 1 de abril de 2014 en las regiones de Arica y Parinacota, y de Tarapacá (boletín N° 9.293-21) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
2.- Proyecto que modifica la ley N° 19.327, que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, a fin de tipificar los delitos de lesiones y amenazas en contra de las personas que indica (boletín N° 9.058-29).
Remite copia de la resolución dictada en el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de señores Senadores respecto de la actuación de la Honorable Cámara de Diputados que declaró la inadmisibilidad de observaciones del Presidente de la República sobre el proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19).
Asimismo, acompaña copia de resoluciones recaídas en el requerimiento interpuesto por un grupo de señores Diputados en cuanto al decreto supremo Nº 153, de 13 de septiembre de 2013, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre de 2013, que aprueba el reglamento sobre manifestación expresa de la aceptación del consumidor en contratos de adhesión de productos y servicios financieros.
Envía copia de la resolución pronunciada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 2°, número 1, y 3° de la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, en relación con los artículos 474 y 476 del Código Penal.
Atiende solicitud de información, cursada en nombre del Honorable señor Navarro, atinente al número y tipo de procedimientos que Carabineros ha llevado a cabo en la comunidad Marihuén, de la comuna de Coronel, a contar del año 2013.
Responde consulta, enviada en nombre del Honorable señor Larraín, relativa a la inquietud hecha presente por las juntas de vecinos de Junquillar y La Vega, de la comuna de Chanco, para que se mejore la protección policial en el sector con la instalación de un retén.
Responde petición, cursada en nombre del Honorable señor Horvath, sobre la ampliación de la cinta de transportación y del cuartel del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeródromo Balmaceda, en la Región de Aysén.
Confirma pronunciamiento de esa entidad en el caso del señor Raúl Antonio Silva Bastidas, concerniente a la improcedencia del pago de licencias médicas por períodos posteriores a la obtención de una pensión de invalidez, sin que el pensionado haya vuelto a trabajar empleando su capacidad residual de trabajo, materia consultada en nombre de la entonces Senadora señora Rincón.
Responde solicitud de antecedentes, hecha en nombre del Honorable señor Navarro, en cuanto a la fiscalización de protocolos de seguridad y de disponibilidad de implementos adecuados para que los conserjes de edificios o condominios desempeñen sus funciones.
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre procedimiento de toma de razón y registro electrónico (boletín N° 9.173-07).
De los Honorables señores Navarro y De Urresti, con la que dan inicio a un proyecto de ley que establece medidas de protección en favor de las áreas de servicio de los comités o cooperativas de agua potable rural (boletín N° 9.295-09).
De los Honorables señor Harboe, señora Goic y señores Araya, De Urresti, Guillier, Letelier, Montes y Pizarro, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que interceda ante el Consejo de Defensa del Estado respecto de la posibilidad de poner término, por vía de equivalentes jurisdiccionales, a las causas en que sean actores ex prisioneros de la isla Dawson y que se abstenga de alegar la prescripción extintiva de esas acciones civiles, así como también que envíe un proyecto de ley reparatoria acorde con la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (boletín Nº S 1.644-12).
De la Honorable señora Pérez San Martín, con el que solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de una iniciativa que incorpore al Servicio Nacional de Menores y al Servicio Nacional del Adulto Mayor entre los órganos llamados a proponer al Gobierno las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Violencia Intrafamiliar (boletín Nº S 1.645-12).
Del Honorable señor Chahuán, acerca de los siguientes asuntos:
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario General para dar cuenta de los acuerdos de Comités.
1.- Que sea tratado como si fuera de Fácil Despacho, en la presente sesión ordinaria, el proyecto de ley sobre procedimiento de toma de razón y registro electrónico (boletín N° 9.173-07).
2.- Autorizar a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura para reunirse simultáneamente con la Sala en la sesión ordinaria de hoy, con el objeto de tratar el proyecto de ley que establece normas transitorias a fin de enfrentar las consecuencias en el sector pesquero artesanal del terremoto y posterior maremoto de 1 de abril de 2014 en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá (boletín N° 9.293-21); y que sea discutido sobre tabla en esta misma oportunidad, con informe oral, siempre que se encuentre despachado por ese órgano técnico.
3.- Que se rinda homenaje en memoria del Obispo Emérito de Linares, Monseñor Carlos Camus Larenas, recientemente fallecido, en la sesión ordinaria del próximo martes 15 de abril, a las 18.
4.- Constituir la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, que se conformará con un representante por Comité y será encabezada por el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, quien representará, asimismo, al Comité Partido Por la Democracia e Independiente. Contará con un plazo de 60 días para evacuar su informe.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero solo destacar la extrema relevancia del proyecto al cual hace referencia el segundo acuerdo de Comités para que los pescadores artesanales de las regiones que han sufrido el terremoto, una vez arreglada la situación en las caletas, puedan desarrollar su actividad, particularmente en los días próximos, ya que viene la Semana Santa. Es lo que están aguardando con mucha ansiedad. Creo que sería muy importante que el Senado votara hoy día mismo. Así lo esperamos.
Aprovecho la ocasión, además, para lamentar, en nombre de la Mesa y de la Corporación, el nuevo sismo y las seis víctimas registrados en las Regiones de Arica y Parinacota, y de Tarapacá.
También deploramos muchísimo las diez personas fallecidas en la comuna de Paillaco, caso que igualmente estimamos muy dramático y que ojalá nunca más vuelva a ocurrir en Chile, y que refleja la necesidad, tal vez, de fiscalizar mejor.
Les expreso nuestro pesar a las familias y a todos y a cada uno de los que han sufrido estas dos situaciones, las cuales nos han afectado como país.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Es necesario votar la integración de la Comisión de Ética y Transparencia, último organismo técnico permanente que no estaba constituido.
Para tal efecto, los Comités han propuesto a los Senadores señor García, por el Comité Renovación Nacional; señor Guillier, por el Comité Partido por la Democracia; señor Larraín, por el Comité Unión Demócrata Independiente; señor Montes, por el Comité Socialista, y señor Zaldívar, por el Comité Demócrata Cristiano.
Si le parece a la Sala, ello se aprobará por la unanimidad de los 23 Senadores presentes, si se agrega la Honorable señora Muñoz, ya que estoy segura de que también va a estar de acuerdo con la integración expuesta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se ha planteado la necesidad de fijar un nuevo plazo de indicaciones, de una semana, para los proyectos de ley que dicen relación con la identidad de género y el multirrut. Sería hasta el próximo lunes.
Boletín N° 9173-07
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, en virtud del acuerdo unánime de Comités, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre procedimiento de toma de razón y registro electrónico, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9173-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 84ª, en 8 de enero de 2014.
Certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 91ª, en 4 de marzo de 2014.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 6ª, en 8 de abril de 2014.
Sesión 92ª, en 5 de marzo de 2014 (se aprueba en general).
Entiendo que hay algunas normas de quórum especial.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos primero y segundo transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que conservan el mismo texto aprobado en general. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, contando con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión o votación. No son de quórum especial, por lo que podrían darse por aprobadas de inmediato.
La Comisión de Constitución realizó dos enmiendas al proyecto de ley aprobado en general, las que acordó por unanimidad.
Las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, a menos que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión.
De estas enmiendas unánimes, las recaídas en los artículos 10 B y 10 D, contenidos en el artículo único permanente, deben ser aprobadas por 21 votos, por incidir en normas orgánicas constitucionales.
Con el mismo quórum de 21 votos deben aprobarse en particular los artículos 10 A y 10 C, propuestos en el artículo único permanente, normas también de rango orgánico constitucional que no fueron objeto de enmiendas en el segundo informe.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado donde aparecen las distintas disposiciones y sus respectivas enmiendas.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, el propósito fundamental de la iniciativa es agilizar el trámite de toma razón y registro de los actos administrativos por la vía de la implementación del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, instrumento que permitirá tramitar de manera rápida, transparente y estandarizada, por medio de plataformas electrónicas, documentos afectos a toma de razón o exentos de ella.
El proyecto se enmarca en el proceso de modernización del Estado, lo que supone, entre otras medidas, el empleo de tecnologías de la información para agilizar procedimientos que utilizan las instituciones públicas y, en particular, la Contraloría General de la República.
Como Sus Señorías recordarán, para lograr estos objetivos se incorporan cuatro artículos nuevos a la Ley Orgánica Constitucional del organismo contralor. Asimismo, se consignan dos disposiciones transitorias que regulan la entrada en vigencia de las normas permanentes.
En los mencionados artículos se precisa que la toma de razón y el registro se podrán efectuar mediante el empleo de documentos y firmas electrónicas. Se indica que el Contralor General establecerá, a través de una resolución fundada, los actos administrativos cuya toma de razón se podrá hacer electrónicamente y los servicios que, previo convenio, se someterán al sistema.
Se agrega que, para la toma de razón o registro que emplee la firma electrónica, los requisitos que deban cumplir los actos administrativos se verificarán mediante consultas en línea a registros o bancos de datos que permitan su tratamiento. Si estos no se encuentran disponibles o no existen, el encargado de acreditar la existencia de los requisitos legales para un determinado acto administrativo será el ministro de fe de cada servicio. Al respecto, se precisan sus obligaciones y también sus funciones.
Si el servicio respectivo da cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre digitalización de documentos, los actos administrativos sometidos a tramitación electrónica deberán mantenerse en soporte digital, mas el Contralor podrá disponer, en casos excepcionales, que los antecedentes se conserven en soporte de papel.
Por último, en las disposiciones transitorias se precisa que los servicios de la Administración del Estado, una vez que entre en vigencia la normativa, deberán realizar el trámite de registro de actos administrativos en materia de personal exentos de toma de razón a través del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado. Tratándose de los que sí están sujetos a control de legalidad, se dispone que los servicios públicos tendrán el plazo de dos años para adecuarse al nuevo sistema.
Durante la discusión particular de la iniciativa, la Comisión aprobó dos enmiendas al articulado:
1.- La primera de ellas dice relación con el inciso segundo del artículo 10 B, con el fin de precisar que el ministro de fe designado por los servicios públicos para acreditar el cumplimiento de determinados requisitos vinculados al nombramiento de una persona en un cargo público incurrirá en responsabilidad administrativa no solo si da por ciertos antecedentes inexistentes, sino también cuando certifique antecedentes notoriamente falsos o ilegibles, o a los que les falten los requisitos o formalidades legales para su validez.
2.- Se modificó el artículo 10 D para precisar que la Contraloría, en el ejercicio de la tarea de supervigilancia y control de los actos de los servicios públicos, podrá realizar la verificación de antecedentes de los actos administrativos sometidos al sistema de tramitación electrónica. Mediante el cambio se precisa que su labor no persigue validar determinados actos, sino simplemente comprobar o verificar que cumplieron con los requisitos que fija la ley.
Ambas enmiendas contaron con el respaldo unánime de los miembros presentes de la Comisión de Constitución, Senadores señores De Urresti, Espina, Larraín y quien habla.
Por todas estas razones, el órgano técnico propone la aprobación en particular de la iniciativa.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de seguir otorgando la palabra, permítanme saludar -y le doy mis disculpas por no haberlo hecho antes- al Ministro de Justicia, nuestro excolega don José Antonio Gómez.
Le damos la bienvenida a la Sala en su nuevo cargo.
A continuación, se halla inscrito el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, creo que el proyecto en discusión representa un tremendo avance para Chile. Fue impulsado fuertemente por la Contraloría General de la República con el apoyo del anterior Gobierno. Y me parece excelente que la Comisión de Constitución lo haya despachado en la primera sesión de esta legislatura.
En la actualidad, la Contraloría debe tomar razón de una cantidad enorme de actos para el solo efecto de dar cuenta del cumplimiento de requisitos formales. Su tramitación, que hoy se hace no por vía electrónica sino por papel, toma horas y demora las funciones del Órgano Fiscalizador, en circunstancias de que ello se podría llevar a cabo perfectamente bien a través de las redes sociales, de Internet o de una comunicación electrónica (esta última es la expresión más precisa).
Obviamente, no se trata de aquellos casos en que la Contraloría tiene que hacer un examen a fondo respecto de una iniciativa, para analizar su constitucionalidad u otros aspectos, pues no hay duda de que eso requiere un estudio mucho más acucioso.
Los nombramientos de personal, por ejemplo, en donde se analiza si se cumplió con los requisitos formales que la ley establece, demandan, al procederse "por mano", una gran cantidad de tiempo.
Por lo tanto, el proyecto implica para dicha entidad un proceso de modernización de la máxima importancia. Y quiero destacar los esfuerzos que ha hecho el Contralor en esta materia, porque en los últimos años se ha dado paso a un gigantesco esfuerzo modernizador. Un organismo que durante muchas décadas era mirado con cierto letargo se ha transformado en una institución ágil que actúa en forma extraordinariamente expedita. Estoy hablando de un órgano que, de acuerdo a nuestra institucionalidad, cumple nada menos que la labor de certificar el momento a partir del cual una resolución o un acto administrativo pasa a ser válido.
También se regula la hipótesis de la toma de razón de un decreto que aborda una actuación cuyos antecedentes no son correctos. Se generó un debate bien interesante en la Comisión. ¿Es válido o no el acto respecto del cual se toma razón? Se estableció que el acto es válido, y que el aporte de nueva información no invalida el acto originario respecto del cual se tomó razón.
No era un tema menor. En la Comisión se debatió profusamente. Porque, si se hubiese indicado que la resolución por la cual la Contraloría toma razón de un acto administrativo es distinta de aquella que en principio tramitó, lo que ocurriría es que, en los días que mediaran entre el momento en que se toma razón del acto y aquel en que posteriormente se ratifica, el acto sería teóricamente nulo y no habría producido efectos legales.
Sé que este es un aspecto supertécnico, pero creo que, en síntesis, el proyecto, desde el punto de vista político, constituye un gran avance en la modernización del Estado. Es importantísimo que nosotros lo aprobemos y que la Contraloría siga liderando los cambios que se requieren para contar con una Administración Pública que atienda con más rapidez a la gente, que resuelva prontamente sus problemas, que gaste menos tiempo en burocracia, y que, de esa manera, pueda dedicarse a los temas de fondo, que son los que realmente tienen trascendencia respecto del rol que ella cumple.
Así que me alegro de que hayamos aprobado este proyecto en la Comisión, de que además lo hiciéramos por unanimidad, de que usted, señora Presidenta, haya sugerido ponerlo en la tabla de hoy -entiendo que a petición del señor Contralor-, y de que exista voluntad general para despacharlo. Eso demuestra que estas son materias que deben ser tratadas como políticas de Estado, y que la modernización de la Contraloría no es de un sector o de otro, sino del país en su conjunto.
Por supuesto, los Senadores de Renovación Nacional vamos a votar con mucho agrado a favor de esta iniciativa.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias, Su Señoría.
Efectivamente, puedo dar fe de que el señor Contralor me llamó para manifestarme su interés de que el proyecto se viera en el día de hoy. Y agradezco a los Comités por haber acordado unánimemente tratarlo como si fuera de Fácil Despacho a fin de acelerar se tramitación.
Por lo tanto, puede intervenir el Senador señor Navarro.
Sobre la iniciativa en debate, cuyo informe me acaba de llegar, quiero señalar lo siguiente.
En materia de la Contraloría General de la República, siempre he priorizado que los actos cuya legalidad examine sean aquellos que cualquier ciudadano pueda plantear, es decir, que todo ciudadano pueda recurrir al Órgano Fiscalizador a solicitar el examen de legalidad de un acto administrativo de cualquier autoridad del país.
Esa es la razón por la cual muchas personas concurren a la Contraloría; también los parlamentarios, de manera permanente.
Sin duda, el proyecto va a facilitar y agilizar el trámite de toma de razón.
Sin embargo, dado que estamos tratando de colaborar para que la institución pueda dictar con mayor eficiencia sus dictámenes, creo que un asunto de fondo que no podemos dejar de considerar es aquel que se produce cuando ella propone la realización de sumarios. Cuando establece irregularidades, señala: "Se sugiere al municipio tanto que efectúe un sumario". Pero el municipio no toma en consideración alguna la recomendación de la Contraloría.
Siento, entonces, la necesidad de que este órgano, que es un órgano contralor-administrador de legalidad, tenga también imperio cuando dictamine la existencia de un elemento sobre el cual debe haber una investigación mayor, un sumario administrativo, de modo que este efectivamente se lleve a cabo. Si no, el establecer las causas pero no ir al fondo para que se apliquen penas o multas hace que la recomendación de la Contraloría muchas veces sea pura burocracia.
Por consiguiente, tan importante como facilitar la parte administrativa en la dictación de sus resoluciones es revisar de manera imperiosa por qué nuestra Entidad Fiscalizadora, cuando detecta hechos ilícitos o ilegales, solo puede recomendar la realización de un sumario cuyo inicio queda a criterio de la autoridad de Gobierno, de empresas públicas o de municipios. Son demasiados los casos en que la Contraloría recomienda seguir sumarios y estos no se efectúan.
Voy a votar a favor, señora Presidenta, pues sin duda las normas del proyecto ayudarán a que la toma de razón sea automática o mucho más expedita, pero, claramente, hay un elemento de fondo que tiene que ser evaluado, cual es que las recomendaciones que formule la Contraloría frente a un hecho de cualquier organismo público declarado ilegal sean efectivas, de modo que, si recomienda sumario, haya sumario, y que la misma Contraloría u otro organismo se encargue de verificar si lo sugerido se cumple o no. Tal como están planteadas, se trata de meras recomendaciones administrativas que, por cierto, le quitan fuerza a la transparencia que este órgano público tan importante debe brindar a la Administración nacional.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Estamos en Fácil Despacho y aún quedan dos Senadores inscritos. Sin embargo, creo que no habría problema.
Le ofreceré la palabra primero al Senador Hernán Larraín y luego al Senador Andrés Zaldívar.
Después de sus intervenciones procederé a abrir la votación.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, solamente deseo subrayar que este es un paso muy decisivo, porque se busca que la tramitación de ciertos documentos pueda llevarse a cabo vía electrónica, particularmente a través de firma electrónica.
El proyecto tiene una normativa general, que regirá de aquí en adelante, y dos disposiciones transitorias.
A partir de ahora, la Contraloría queda facultada para tomar razón y registrar, a través de mecanismos electrónicos, los documentos y las firmas. Con esto da un paso en eficiencia realmente gigantesco.
La Contraloría es uno de los organismos que, sin grandes reformas estructurales, ha logrado cambiar su fisonomía. Y eso se debe en gran medida, creo yo, a la gestión que ha realizado el actual Contralor con su equipo.
Algunos cambios ya han sido mencionados. Se acogió una indicación de la Senadora Allende porque ayudaba a la interpretación, y se corrigió otra que podía prestarse a equívocos, relativa a la validación de un documento posterior. Si es válido, no podría haber un nuevo dictamen; simplemente, se trataría de una verificación de antecedentes. Pero lo más importante es que, en lo sucesivo, el Contralor, a través de acuerdos, podrá ir incorporando a distintos servicios que operen con documentación y firma electrónica. Con todo, entra a regir desde ya todo lo que dice relación con el trámite de materias de personal, fundamentalmente nombramientos, que corresponde a cerca del 90 por ciento de la actividad que realiza la Contraloría. Por tanto, el paso que se está dando va a producir un brinco inmediato en su efectividad.
Sin perjuicio de que más adelante todos los servicios podrán beneficiarse de estas modificaciones, es el cambio en el ámbito de los nombramientos el que nos motiva a dar todo nuestro respaldo a la presente iniciativa.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Finalmente, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, a mi juicio, este es el mayor proceso de modernización que se ha llevado a cabo en la Contraloría durante todo este tiempo, y nadie podría dejar de reconocerlo.
Se elimina la obligatoriedad de la toma de razón para determinados actos que no tienen la trascendencia de los decretos supremos y que han tornado cada vez más demoroso y dificultoso ese trámite.
Mediante el sistema de registro y firma electrónica la Contraloría sigue adelante el proceso de modernización que requiere.
Ahora bien, sin perjuicio de expresar mi absoluto respaldo al proyecto, deseo manifestar que, tal como lo ha reconocido el propio Contralor, en el próximo tiempo habrá que revisar la ley orgánica de la institución para que, junto con entregarle más elementos e instrumentos para el cumplimiento de sus funciones, se aborde el tema de su descentralización. Actualmente existen contralorías regionales, pero muchas veces para actos que debieran resolverse a ese nivel se concurre a la Contraloría General.
Voy a poner un solo caso: los llamados "planes reguladores". Normalmente, en vez de resolverse el plan regulador de una comuna en la propia región a la que esta pertenece, este es llevado a la Contraloría General de la República. Por supuesto, no por responsabilidad de este órgano, sino por lo que significa ese tipo de trabajo, muchos planes reguladores, entre sus trámites de ir y venir, han demorado de diez a doce años. Conozco varios lugares de mi región en que esta situación se ha producido, no -insisto- por responsabilidad de la institución, sino, precisamente, por la necesidad de descentralizar la gestión administrativa en los órganos regionales donde está desconcentrada su actividad.
Por lo tanto, así como estamos modernizando la Contraloría mediante un sistema de registro y firma electrónica en la toma de razón, espero que ese otro aspecto también sea considerado en el próximo tiempo como un paso necesario para los procesos de descentralización.
Por ello, voy a votar a favor, pero dejando esa constancia.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, según ya explicó el Secretario General, los artículos primero y segundo transitorios no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones, por lo que conservan el mismo texto aprobado en general.
--Se aprueban los artículos primero y segundo transitorios.
La señora ALLENDE (Presidenta).- A continuación, pasamos a ver las normas que fueron modificadas, aunque por unanimidad, por la Comisión de Constitución.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Como se señaló, la Comisión de Constitución realizó varias enmiendas, todas las cuales aprobó por unanimidad. De ellas, las recaídas en los artículos 10 B y 10 D deben ser aprobadas con 21 votos, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
Además, aun cuando no fueron objeto de enmiendas, los artículos 10 A y 10 C deben aprobarse con el mismo quórum de 21 votos.
Si Sus Señorías lo estiman pertinente, podría hacerse una sola votación, naturalmente tocando los timbres para dejar constancia del quórum correspondiente.
Entonces, se tocarán los timbres, pues hay una Comisión funcionando en paralelo con la Sala, hasta que se reúna el quórum requerido.
Mientras tanto, queda abierta la votación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Me parece que ya se ha reunido el quórum necesario, señor Secretario.
--Se aprueban las enmiendas unánimes propuestas por la Comisión de Constitución y los artículos 10 A y 10 C (27 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional requerido, y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, Espina, García, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde abocarse a dos resoluciones pendientes en el proyecto que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos.
Sesiones 39ª, en 7 de agosto de 2012 (vuelve a Comisión para un nuevo primer informe); 58ª, en 1 de octubre de 2013 (vuelve a Comisión para informe complementario del nuevo); 5ª, en 2 de abril de 2014 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- En sesión de 2 de abril pasado se aprobó en general la iniciativa, en primer trámite constitucional, que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos, respecto de la cual corresponde fijar plazo para indicaciones.
Además, quedó pendiente la petición formulada por algunos señores Senadores relativa a que, para el segundo informe, el proyecto fuera a la Comisión de Constitución, en circunstancias de que estaba destinado a la de Transportes. De consiguiente, hay que decidir si va a ambas Comisiones, o a las dos, unidas, o como Sus Señorías lo estimen pertinente.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, señor Secretario.
¿Ya se resolvió que esta iniciativa vaya a la Comisión de Transportes?
El señor LABBÉ (Secretario General).- Algunos señores Senadores solicitaron que fuera a la de Constitución.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Los Senadores que formularon esa petición la reiteran? Si no, dejaremos que sea enviada solo a la de Transportes, porque todos somos conscientes de la recarga de trabajo que presenta la Comisión de Constitución.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, como soy uno de los autores de este proyecto, junto con el Senador Girardi, debo decir que en la Sala se pidió en determinado momento que este fuera a la Comisión de Constitución. Pero a nosotros nos gustaría seguir tratándolo en la de Transportes.
Si no me equivoco, esta discusión fue planteada en su oportunidad por el Senador Larraín, y tiene que ver con una percepción sobre la tipificación del delito. Su criterio fue recogido, y creo que podemos resolver este punto en la Comisión de Transportes.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Hay acuerdo, entonces, para que la iniciativa vaya a la Comisión de Transportes?
Se debe fijar plazo para formular indicaciones. ¿Tiene alguna sugerencia, Honorable señor Letelier? ¿Es suficiente una semana?
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, pido que se establezca un período de dos semanas, porque el Presidente de la Comisión está recién comenzando su labor y debe tener tiempo para estudiar el proyecto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se fijará plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 21, a las 12.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un registro voluntario de contratos agrícolas, con segundo y nuevo segundo informe de la Comisión de Agricultura e informe de la Comisión de Hacienda.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Agricultura deja constancia, para efectos reglamentarios, de que los artículos 1°, 2°, 9° (pasa a ser 10), 10 (pasa a ser 11), 11 (pasa a ser 12), 12 (pasa a ser 13) y 13 (pasa a ser 14), y los artículos primero, segundo y tercero transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
En consecuencia, esas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Ahora bien, la Comisión de Agricultura efectuó diversas enmiendas al proyecto aprobado en general, todas las cuales aprobó por unanimidad.
Por su parte, la Comisión de Hacienda no introdujo modificaciones al proyecto despachado por ese órgano técnico.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o existieren indicaciones renovadas.
De estas enmiendas unánimes, la recaída en el artículo 17 (pasa a ser 18) debe ser aprobada con 21 votos favorables, por cuanto se trata de una norma de rango orgánico constitucional.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado en que se consignan las modificaciones introducidas por la Comisión de Agricultura en el segundo y nuevo segundo informe, y el texto como quedaría de ser aprobadas.
Por lo tanto, lo primero que habría que hacer -como señalé- es dar por aprobadas las disposiciones que individualicé precedentemente.
La tiene el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, quiero explicar muy brevemente cuál es el sentido de este trámite.
Recordemos que nosotros aprobamos en general el proyecto de ley que crea un registro de contratos agrícolas, que fue largamente discutido en la legislatura anterior.
Esta iniciativa tiene por objeto establecer un sistema de inscripción voluntaria de contratos de compraventa de productos agrícolas en un registro público, electrónico, nacional, único, con el objetivo de dotar de mayor certeza jurídica a las relaciones comerciales entre productores agrícolas y agroindustriales.
Ese fue el concepto acordado en el Senado.
Posteriormente, la Sala decidió enviar este proyecto a la Comisión de Agricultura para un nuevo segundo informe, ya que surgió una duda en cuanto a la redacción del artículo 16 original, donde se establecía que, habiendo estado inscrito el contrato, si una persona distinta del comprador adquiriera los productos objeto de dicha convención, para todos los efectos legales sería solidariamente responsable con quien hubiere comparecido como vendedor.
Esa fórmula se había usado originalmente. Se decía: "Aquí está el contrato inscrito, las dos partes tienen que cumplirlo; si ese producto es comprado por un tercero, él responde respecto de las obligaciones del vendedor".
Y en la Sala se planteó con razón que era bastante extraña esta solidaridad hacia un tercero, de buena fe. Podría ocurrir que a alguien le vendieran 200 quintales de trigo, y que después justo hubiera un contrato relativo a ese trigo que beneficiara a un vendedor, quien, al estar dañado, tendría que ser indemnizado por el nuevo comprador.
Esta duda surgió en la Sala; fue a la Comisión, y ahí buscamos una redacción distinta -la considero bastante mejor-, que en el fondo consagra que, si el productor vende los productos objeto del contrato registrado a una persona distinta de quien hubiere comparecido como comprador, o si este último no adquiere los productos que se había comprometido a adquirir, debe pagar, como indemnización de perjuicios, el 25 por ciento del precio del contrato, sin olvidar los derechos que pueda tener la parte afectada en orden a recurrir a la justicia de existir un costo superior.
Pienso que eso se halla bien inspirado, pues se dice: "Mire, esto usted tiene que cumplirlo".
El problema es que los precios agrícolas, como los de las papas, el maíz y el trigo, varían bruscamente. Entonces, si de repente a una persona que tenía un contrato y, a su vez, suscribía otro no le cumplían porque el precio variaba, según la fórmula establecida originalmente podía reclamar y el que compraba era solidariamente responsable. Pero eso no funcionaba.
Ello fue evaluado: varios integrantes de Comisiones -Hacienda, entre otras- y de la Sala buscamos otra fórmula con distintos especialistas, y creo que lo que se propone resulta mucho más razonable. O sea, la persona que incumple, que dice que va a comprar y no compra -esto existe en otras legislaciones- tiene una multa de 25 por ciento del precio del contrato, independiente de los perjuicios que pueda acreditar. Al revés, si el que va a vender no vende, recibe igual multa y no tiene efectos en terceros de buena fe.
Ello fue largamente analizado en la discusión en general. En esta fórmula concordaron todos en la Comisión de Agricultura. Incluso invitamos a destacados especialistas en Derecho Civil de Valparaíso -aprovecho de decirlo-, como el profesor Opazo, quien hizo un muy buen aporte. Y en definitiva, considero que es lo adecuado para la iniciativa que hoy día estudiamos.
Por tal motivo, propongo votar a favor de este proyecto, a fin de poder despacharlo, porque es muy importante para el mundo agrícola.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, esta iniciativa es necesaria, y busca dar mayor operatividad, y sobre todo mayor respaldo, a los contratos que normalmente se suscriben entre productores agrícolas y empresas destinadas, normalmente, a usar sus productos, ya sea para la reventa o como materia prima.
El hecho de que dispongamos de este registro de contratos agrícolas va a significar, por ejemplo, su utilización como respaldo para operaciones financieras. Uno va a poder demostrar ante un banco, ante una empresa de factoring, que cuenta con un contrato permanente, por ejemplo, entre un productor de leche y una compañía dedicada a recepcionarla, o entre productores de trigo y determinado molino.
Evidentemente, eso va a permitir abaratar líneas de financiamiento, créditos, en directo beneficio de los productores agrícolas.
Este proyecto fue perfeccionado en la Comisión de Agricultura. Todas las indicaciones y los mejoramientos que se proponen fueron aprobados por unanimidad. Pero quiero referirme particularmente a los introducidos al artículo 16 original, que pasó a ser 17, y que finalmente -según entiendo- será 18.
Inicialmente, se proponía una suerte de solidaridad, en el sentido de que quien compraba un bien que ya había sido objeto de un contrato, a sabiendas de que el contrato original no se había cumplido, pasaba a ser solidariamente responsable por los efectos económicos de esa operación.
Sin embargo, la pregunta natural que surgía era: ¿cómo uno podía saber que le estaban vendiendo algo sobre lo cual existía un compromiso previo?
Lo anterior parecía muy engorroso y difícil.
De ahí que concluimos -repito: por unanimidad- terminar con la solidaridad del comprador y, simplemente, establecer una sanción fuerte para quien no cumple con el contrato: quien le vende a una persona distinta, quien no está dispuesto a entregar el producto al precio al cual se había comprometido o quien no desea pagar el precio acordado.
Así, se dispone que "la parte incumplidora deberá pagar a la otra, por concepto de indemnización de perjuicios, el veinticinco por ciento del precio del contrato. Dicha indemnización se deberá al acreedor, sin que sea admisible que el deudor alegue que el incumplimiento no ha causado perjuicios al acreedor o que el monto de los perjuicios causados es inferior al señalado".
Se dispone, además, que "Si se hubiese estipulado una cláusula penal, el acreedor deberá optar entre la indemnización fijada en el inciso precedente -esto es el 25 por ciento- o la pena, a menos que se hubiese estipulado expresamente que se pueden cobrar ambas".
Finalmente, "Si alguna de las partes hubiese sufrido perjuicios por un monto superior a la indemnización fijada en el inciso primero -es decir, superior al veinticinco por ciento-, podrá demandar la indemnización del exceso, probando, en este caso, el monto de los perjuicios efectivamente sufridos".
Creemos que de esta manera le damos mucho más agilidad al sistema de compras de productos que cuentan con contrato previo y lo hacemos bastante más operativo y, sobre todo, sancionamos fuertemente a quien usa cualquier desvío para no dar cumplimiento a un contrato de esta naturaleza.
En consecuencia, señora Presidenta, invito a la Sala a aprobar por unanimidad -tal como lo hizo la Comisión de Agricultura- las modificaciones que introdujimos.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, este proyecto contó con mi voto favorable en la Comisión de Hacienda, porque va en beneficio, más que nada, de la agricultura y del comercio dentro de esta, en relación con todos los contratos de compraventa de productos agrícolas.
Ya se dijo aquí cuáles son los beneficios, y no los voy a repetir. Solo deseo remarcar algo muy importante: el registro de este tipo de contratos a lo mejor permitirá crear un sistema para obtener recursos a través del sistema financiero, ya que estos contratos tendrán registro, veracidad y conocimiento.
Lo único que me llama la atención, no lo hice ver en la Comisión de Hacienda pero lo menciono ahora -tal vez es una cosa de detalle-, es que este registro deba ser llevado por el Ministerio de Economía, donde lo radicamos, y no por el de Agricultura. Creo que resultaría más lógico, desde el punto de vista de lo que representa este tipo de proyecto, que este sistema de registro de contratos agrícolas estuviera en el Ministerio de Agricultura.
Sin embargo, así fue aprobado, y creo que efectivamente su texto representa un avance. Este sistema de registro será conveniente para el mundo de la agricultura, porque será público, electrónico y estará a disposición de todo el mundo que desee conocer las transacciones que se realicen en él, lo cual seguramente permitirá la existencia de un mejor sistema financiero para el sector campesino, agrícola.
En todo caso, dejo constancia de mi opinión en cuanto a que el registro debió haberse colocado en el Ministerio de Agricultura.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Están inscritos a continuación los Honorables señores Harboe y Letelier, pero ambos no se encuentran en la Sala.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, la verdad es que le doy enorme importancia a esta iniciativa. Por ello, felicito a los miembros de la Comisión de Agricultura por haberla despachado, y al Gobierno anterior por impulsarla y, también, por haber acogido las sugerencias que hizo esta Sala respecto a ciertos errores que, a mi juicio, contenía su texto.
Quiero recordar que los contratos, en cuanto a su materialización, pueden ser de tres tipos.
Primero, los contratos consensuales, que se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes. Es el caso, por regla general, de los contratos de compraventa de los bienes muebles. Si yo quiero vender a una persona un bien mueble -los productos agrícolas lo son-, no requiero más que el consentimiento, ponerme de acuerdo en el precio, la cosa y proceder a su entrega.
Segundo, los contratos reales, que para ser perfectos necesitan la tradición de la cosa que se transfiere, es decir, yo tengo que entregarle físicamente a una persona el bien que voy a transferir, y en ese momento se materializa el contrato.
Y los contratos solemnes, el más típico de los cuales es la compraventa. La tradición de la compraventa de bienes inmuebles se materializa cuando se inscribe en el conservador de bienes raíces, y eso significa que una parte le transfiere el dominio a la otra.
En definitiva, los contratos agrícolas son, simplemente, por consenso. La pregunta que cabe hacerse es: si son contratos simplemente por consenso, ¿las partes se hallan en condiciones de igualdad por regla general en los contratos de bienes agrícolas? No. Porque la regla general es que hay un productor que le vende con esfuerzo a un distribuidor o a un comprador sus productos y, de una u otra forma -esto lo veo en la Región de La Araucanía en el caso del trigo, del raps y de cualquier producto agrícola-, quien compra siempre tiene una posición dominante y el que vende siempre está sujeto a las circunstancias del momento.
¿Qué ocurría hasta ahora? Que el productor de trigo, por ejemplo, que buscaba vender su cosecha a un distribuidor o a un comprador, nada podía hacer si le bajaban el precio, pese a existir un compromiso al respecto. Y, entonces, ¿qué hacía el vendedor? ¡Estaba obligado a aceptar que le disminuyeran el precio! Más encima, le califican el trigo como "de primera categoría", "de segunda categoría", "de tercera categoría".
En consecuencia, no hay condiciones reales de igualdad entre las partes en el mundo agrícola, por regla general. Es lo que sucede entre el molino, que compra el trigo para hacer harina, y el productor, a quien le urge vender rápidamente su producción antes de que los precios se derrumben.
Ante ello, ¿cuál es el valor del proyecto en estudio? Que establece la posibilidad de que el comprador acuerde con el vendedor inscribir el contrato, lo cual garantiza que se pague el precio convenido. Si una de las partes se desistiera, se aplicaría, por anticipado, una indemnización de perjuicios equivalente al 25 por ciento del precio del contrato.
En segundo lugar, el productor que venda su cosecha con esta modalidad podrá perfectamente, como dijo el Senador señor García, presentar el documento del contrato a los efectos de asegurar alguna otra operación financiera. Este lo respalda, porque da fe de que existe un comprador que garantiza los recursos en determinado plazo y en las cuotas en que se haya pactado.
Y, en tercer término, este instrumento le permitirá al productor el día de mañana acreditar ingresos, con la finalidad no solo de acceder a una operación comercial, sino también de pedir los recursos o dineros que requiera, por ejemplo, para concretar su próxima cosecha.
Me parece que esta iniciativa es muy importante, por cuanto dejará a las partes en plano de igualdad, lo que no ocurría en esta actividad económica.
Y eso es muy bueno, muy tranquilizador para el productor.
Por ello, señora Presidenta, valoro este proyecto.
Creo que generará un cambio cultural. Estas normas se irán sociabilizando de a poco. El país se va a ir acostumbrando. Los productores agrícolas quedarán más protegidos. Y las alteraciones en las reglas del juego no podrán materializarse sin que pague la indemnización respectiva la parte que no cumpla la palabra empeñada, que, en este caso, estará a firme en un contrato escrito.
Por esa razón, voto a favor.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, espero no ser reiterativa en mis argumentos, ya que el Honorable señor García, de la bancada de Renovación Nacional, ha expresado muy bien lo positivo de esta iniciativa.
Creo que ella promueve tres factores, que son de gran importancia para este tipo de actividades -lo digo como Senadora de una zona con muchísima agricultura-: la transparencia, la eficacia y la efectividad.
En la actualidad, las formas de comercializar en el mercado agrícola carecen de las tres cualidades recién mencionadas.
Son dos las maneras de comercializar la producción: primero, está la modalidad spot o por cosecha, a través de la cual el agroindustrial compra al productor una vez que se ha obtenido la cosecha, y, segundo, está la venta mediante contratos celebrados con anticipación a la cosecha, incluso antes de la siembra.
Si tomamos en cuenta el actual mercado; la alta competencia y extrema sofisticación, y la incertidumbre lógica que conlleva este tipo de actividad agrícola -más todavía en regiones como la nuestra, donde tenemos altos niveles de sequía-, nos percataremos de que esos dos tipos de comercialización significan una grave desventaja para todos los que participan en el mercado.
Este tipo de comercialización no le permite al productor conocer con precisión la variedad más conveniente para sembrar o plantar, según los mercados internacionales, y tampoco le posibilita acceder a asesoría técnica o a financiamiento, dejándolo en una situación de incertidumbre al quedar expuesto a las variaciones del mercado, una vez que ha obtenido su cosecha.
Respecto de los clientes o posibles compradores, la falta de información provoca, además, serios perjuicios que pueden ir desde optar por otros mercados hasta decidirse por la reducción de volúmenes de compra si el conocimiento sobre la cosecha no es directo.
La venta agrícola por contrato, por su parte, trae amplios beneficios y soluciones, en el sentido de que entrega certeza sobre la variedad y el volumen del producto previamente establecido, lo que facilita la negociación con clientes tanto nacionales como internacionales, quienes, lógicamente, exigen un nivel mínimo de certeza.
En consecuencia, el aumento de la certidumbre gracias a estos contratos va a abrir la puerta a otros beneficios, tales como: la asesoría técnica y jurídica para quienes celebren dichos contratos; la facilidad para que los agricultores accedan a financiamiento, ya que contarán con un respaldo de sus proyectos; el incentivo a los posibles compradores, dado que podrán verificar la base de datos de los vendedores.
Asimismo, el hecho de que sea el Ministerio de Economía el encargado de la administración del Registro de Contratos de Compraventas de Productos Agrícolas y de que este cumpla las normas de la presente ley y el reglamento respectivo, además de ser público, constar en un sitio electrónico y estar sometido a actualización permanente de manera fiel y oportuna -así lo consigna el texto del proyecto-, es un paso enorme en algo que, a juicio de la mayoría de nosotros -por no decir, todos y todas-, es demasiado importante: la transparencia.
En conclusión, considero que este proyecto es un aporte concreto al sector de la agricultura, por cuanto propone una solución a un problema real y, a la vez, aprovecha de modernizar y perfeccionar el mercado en el cual la agricultura hoy se desenvuelve.
Como Senadora de una región ampliamente agrícola, estimo muy positivo que esta actividad se entienda como una competitiva y de gran importancia y beneficio para nuestro país.
Espero que este proyecto prospere, ya que es necesario fomentar la agricultura de contratos; dar, en lo posible, certeza a una actividad que vive en la incertidumbre, y continuar desarrollando e innovando mecanismos que hagan que el rubro de la agricultura, que es tan importante, siga desarrollándose y creciendo.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, creo que ya se han entregado los argumentos centrales de esta iniciativa. Solo quiero subrayar algunos elementos que me parecen muy importantes.
Como se ha señalado, la agricultura tiene que ir modernizándose. Todavía sigue operando en un sistema contractual muy antiguo. Ha habido una cierta escasez o ausencia de cultura contractual, lo que ha impedido que este instrumento se use para muchos objetivos, como el de acceder a más mercados.
Los contratos se celebran normalmente con los agroindustriales, quienes son los eventuales compradores. Ahora ello permitirá al agricultor o al productor recibir apoyo tecnológico.
Al mismo tiempo, esta modalidad dará al productor la posibilidad de "factorizar", por decirlo así; o sea, podrá acceder a financiamiento para satisfacer otras necesidades.
Finalmente, cabe señalar que esta vía ayudará a integrar la agricultura a los mercados futuros.
Por otra parte, el mecanismo propuesto, que es voluntario en su origen, generará obligaciones una vez firmado.
Al respecto, en una sesión anterior se planteó que, en caso de incumplimiento, la responsabilidad solidaria no correspondía. Entonces, se introdujo una enmienda consistente en el pago de una indemnización de perjuicios por parte del que no cumplía, equivalente al 25 por ciento del precio del contrato, aparte de las cláusulas penales que se pudieran invocar.
Con eso se zanjó la inquietud que hizo presente el Senado en su oportunidad. Y me parece que ahora podemos proceder a la aprobación del articulado.
Por último, quiero aclarar la interrogante que manifestó el Senador Andrés Zaldívar acerca de por qué el registro será administrado por el Ministerio de Economía y no por el de Agricultura. La razón fundamental -lo conversé con el Senador Coloma, con quien analizamos el asunto en su momento, junto con el resto de la Comisión de Agricultura- es que todos los registros en esta materia ya están en el Ministerio de Economía. Dado que ahí se encuentra el conjunto de ellos, lo propuesto asegura una mayor fluidez del sistema, desde el punto de vista del acceso de los eventuales interesados. Abrir nuevos nichos en otras Carteras pareció poco razonable, en atención a la fluidez existente en los registros del mismo ámbito que el Ministerio de Economía ya administra.
Por esas razones, señora Presidenta, creemos que el proyecto es muy bueno.
Apoya a las regiones agrícolas -somos parte activa de ellas-, las que necesitan modernización en todos los ámbitos. En ese sentido, la agricultura de contrato, sin lugar a dudas, permitirá, en la medida en que vayan estandarizándose ciertos aspectos, un mejor comercio para los productores, quienes en esta materia siempre son la parte más débil.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, hace muchos años, junto con la entonces Diputada Adriana Muñoz -hoy Senadora-, procuramos regular los contratos de los productores frutícolas con las empresas exportadoras. Un distinguido Senador de la primera fila de las bancas de enfrente y otros colegas cuestionaron violentamente el que se tratara de "atentar contra la mano invisible del mercado".
En el esfuerzo de amarrarle la mano al abuso del sector exportador nos acompañó también el entonces Diputado García-Huidobro -no militaba en la UDI en ese tiempo-, quien, a partir de su experiencia práctica, tenía la convicción de que era importante regular esa área, en la cual se producen tremendos abusos.
Cabe señalar que la naturaleza del contrato que opera en la agricultura -al respecto, solicito que el señor Ministro del ramo en algún momento intervenga en este debate- no es igual a la de otros contratos. Muchas veces se entrega la producción casi en consignación. Se trata de un instrumento con el que se traspasan al productor -es el caso del sector frutícola- riesgos que no corresponden.
Las empresas exportadoras en Estados Unidos tienen sus propias filiales -claro, funcionan con otro RUT, creando otra sociedad-, con lo cual se compran a sí mismos. De ese modo, los fruticultores nacionales salen muy para atrás, porque deben correr riesgos, además de tener que pagar por el embalaje, por la cadena de frío, por las fumigaciones, en fin, por una serie de variables cuyo precio no siempre es tan exacto.
Se nos dijo en aquella oportunidad que uno no podía entrar a regular los contratos en la agricultura. Por eso estoy muy contento de que algunos de los colegas que antes se opusieron a este debate hoy respalden un mecanismo como el que plantea la iniciativa. Si bien es distinto del que habíamos propuesto, igual se basa en un principio -a lo menos en uno de ellos- similar: los precios no siempre son transparentes en este mercado, por cuanto hay situaciones cambiantes, escenario en el cual es el productor el que se encuentra en mayor debilidad relativa en esta actividad.
Los cambios climáticos no afectan a los exportadores o a los intermediarios, sino a los productores. Basta mencionar la situación de los productores de miel. Lo que pasa con las abejas es un drama.
Como se ve, aquí hay varios temas que abordar.
A mí no me parece mal la existencia de este registro voluntario de contrato. Eso sí, se debe reconocer que tal instrumento no es para el pequeño agricultor; no es para la agricultura familiar campesina; no es para los maiceros -al menos no para el 90 por ciento de ellos-; tampoco lo es para los pequeños trigueros. ¡No! No es para ellos. Esto servirá para quienes, como bien dijo el Senador señor García, deseen obtener financiamiento de la banca usando el contrato como respaldo.
A mí no me parece malo eso, pues genera garantías que les permiten a los agricultores financiarse. Ello está bien. Así logran zafarse de aquello de lo cual los pequeños no logran zafarse: de las empresas que les condicionan los insumos y los precios de venta; de Copeval y de otras compañías con las que no se puede negociar mucho, pues tienen amarrados a los pequeños productores.
Señora Presidenta, en mi opinión, este proyecto es un aporte para un sector de la economía agrícola. Por lo mismo, creo que vale la pena aprobarlo.
Sin embargo, eso significa un costo para el Estado, y no sé quién le retribuirá a este los recursos. Me gustaría saber con cuánto se van a poner los empresarios para implementar este sistema, que los va a beneficiar. Además, los bancos van a ganar plata con esto. Dejo manifestada esa duda.
Y mi última interrogante, señora Presidenta: considerando que lo propuesto es bueno, que tendrá un costo fiscal y que generará algunos beneficios, ¿cuándo vamos a abordar la situación de los contratos de los pequeños productores agrícolas, quienes deben vender¿
El señor LETELIER.- ¿ su producción a una exportadora del grupo Penta, a Dole o a Unifrutti, sin contar con capacidad de negociación?
En consecuencia, junto con anunciar que votaré a favor del articulado de la iniciativa, hago presente que espero que los colegas de las bancas de enfrente que antes tuvieron dudas sobre la necesidad de regular los contratos entre los productores frutícolas y los exportadores, o entre los maiceros y el gran poder comprador del maíz (Agrosuper o Ariztía), o de normar lo que pasa en las otras industrias de transformación, ahora estén dispuestos a apoyar a los otros productores de esta patria, pertenecientes al sector donde está la mano de obra, donde están los electores, donde está el Chile profundo que algunos de nosotros aspiramos a representar de mejor y buena forma en este Parlamento.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, a pesar de lo que acabo de escuchar y de que, probablemente, el estado de tramitación de este proyecto no permita hacer más modificaciones, quiero de todos modos dejar constancia de las observaciones que me merece su contenido, algunas de carácter general y otras de índole particular, atendida la importancia de esta iniciativa.
Anticipo que voy a dar mi voto a favor, porque creo que esta propuesta legislativa es muy relevante.
Mucho se habla de la modernización de nuestra economía, cada vez más abierta y globalizada. Sin embargo, a diario nos enfrentamos con situaciones anacrónicas inaceptables para los estándares de una economía que pretende tener una posición de liderazgo.
Nuestro desarrollo económico tiene un lado luminoso, que genera crecimiento y permanente innovación, pero también un lado gris, donde prima el abuso y no la justa retribución del trabajo; donde prevalece la opacidad y no la transparencia en la información de los mercados; donde la mala fe no tiene una sanción eficiente y se ampara en farragosos procedimientos judiciales más propios del siglo XIX que del siglo XXI.
Nuestra agricultura y el sistema contractual que la sostiene es expresión de esta realidad dual. Hay esfuerzos destacados por mejorar las cosas, particularmente en aquellas zonas donde la naturaleza es más dura, como la Región que represento, pero también se mantienen situaciones retrógradas, especialmente en la relación entre empleadores y trabajadores agrícolas y entre grandes poderes compradores y los pequeños o medianos productores agropecuarios.
En la Región de Los Lagos, por ejemplo, es recurrente el reclamo de los productores de leche en contra de poderes compradores que imponen sus reglas.
En esta línea, el proyecto de ley en discusión constituye un avance importante para la transparencia y modernización del mercado agrícola en el país.
Iniciativas como esta demandan también un cambio cultural entre los actores del mercado. Si no hay voluntad mayoritaria de transparentar la información, el registro que se está creando puede resultar ineficaz. En mi opinión, no se agotó el análisis de los costos y beneficios de un sistema obligatorio y no voluntario, como el que se está discutiendo. Tampoco me parece suficientemente fundada la exclusión del precio dentro de las anotaciones obligatorias de la inscripción.
Con todo, el texto final de los artículos 17 y 18 propuestos por las Comisiones de Agricultura y de Hacienda, que se somete a nuestra consideración, recoge lo que yo entiendo es el espíritu de esta ley: hacerse cargo del conflicto siempre latente entre las partes de un contrato de compraventa agrícola.
En su tenor literal, los artículos aludidos se refieren a los efectos del incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, a través de una cláusula penal, pero no se incluyeron normas más específicas respecto de las causas de esos incumplimientos, entre las cuales las situaciones de emergencia agrícola que debemos enfrentar cada cierto tiempo cobran particular importancia.
No se puede obviar, en la Región de Los Lagos, que represento, la situación que afecta, por ejemplo, a los productores de papas, expuestos a imprevistos tales como estaciones secas o prolongadas o inviernos excesivamente lluviosos que les hacen perder sus cosechas.
Si el Estado tiene la facultad de declarar un territorio como zona de emergencia o catástrofe agrícola, estimo conveniente que la declaración posea un efecto morigerador o liberador en el cumplimiento de las obligaciones del productor; es decir, que se le dé el tratamiento de caso fortuito o fuerza mayor, al tenor del artículo 45 del Código Civil.
Para materializar esa idea, sugiero agregar al artículo 17 -si es posible- un inciso final que señale: "Las declaraciones de la autoridad, de emergencia o catástrofe agrícola, serán apreciadas por el juez de la causa, como una presunción grave para establecer la existencia del caso fortuito o fuerza mayor alegada por las partes".
Ruego comprender, señora Presidenta, que por el hecho de haber asumido mi cargo solamente el 11 de marzo no tuve la oportunidad de plantear las indicaciones correspondientes. Pero la importancia de este tema para mi Región -y entiendo que para otras también, como pudimos ver a propósito de las heladas que afectaron a la zona central hace pocos meses- me motiva a proponer en esta instancia la aprobación del texto que leí.
La señora MUÑOZ.- Señora Presidenta, solo deseo manifestar una duda que me ha surgido al escuchar las intervenciones de los colegas, particularmente la del Senador Larraín.
En efecto, Su Señoría ha señalado que, si bien la iniciativa dispone la creación de un registro público voluntario, la inscripción misma deviene en una obligación.
Quisiera saber -dado que vimos este proyecto hace ya bastante tiempo en la Cámara de Diputados- qué normas permiten sostener que para poder celebrar contratos sería una obligación estar inscrito en el registro. Lo que yo entiendo, por lo que he leído y por lo que debatimos en la Cámara, es que se trata de un registro público de inscripción voluntaria.
Entonces, no sé si eso cambió aquí, durante el debate en el Senado. Porque de la intervención del Senador Larraín me pareció entender que la inscripción deviene en obligatoria. Y eso, de alguna manera, debe tener impacto en las normas generales y jurídicas de la relación contractual.
Por tanto, me gustaría que me indicaran en qué parte del articulado se contempla la obligatoriedad. Vale decir, ¿los productores que no quieran inscribirse -dado que ello es voluntario- no van a tener posibilidad de entrar en un proceso de contratación?
Esa es mi duda, señora Presidenta. Sobre todo, me interesa conocer el impacto jurídico de la norma obligatoria.
El señor LARRAÍN.- ¿Me concede una interrupción, señora Senadora?
El señor PROKURICA.- ¡No es obligatorio!
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, por su intermedio, deseo manifestarle a mi colega Juan Pablo Letelier que antes, durante y después de mi inscripción en la UDI he pensado de la misma forma. En eso no se cambia: es un proceso normal.
Quienes conocemos la agricultura sabemos de los problemas que afectan a los productores. Y nuestra mayor preocupación es que muchas veces existen bancos que en realidad no son tales, sino vendedores de insumos. Y hoy día, si Sus Señorías analizan la situación que se vive en mi Región -posiblemente más al sur también se da-, advertirán que los agricultores dependen de dos empresas que les entregan financiamiento vía insumos, vía abonos, o que los amarran a la venta de los productos. Porque, al comprarles a ellas los insumos, enfrentan el problema de que de alguna manera les harán descuentos especiales para que lo que producen vaya a la venta por su intermedio.
Este proyecto ayuda fuertemente a que exista competencia; a que la bolsa de productos, que no ha tenido éxito todavía en nuestro país, abra la posibilidad de que los agricultores -y pienso especialmente en los pequeños, porque a ellos les cuesta mucho operar de esta forma- se agrupen, dado el incentivo.
Porque, si INDAP promoviera la compra de insumos, serían muy distintos los precios que toma un pequeño agricultor de la zona de Nancagua, por ejemplo, en el costo de la urea o del fosfato.
¡Pagan un porcentaje mucho mayor si no se agrupan!
Creo, entonces, que hay que fomentar la agrupación. Y este proyecto va en ese camino, en la medida que a los pequeños o a los medianos que lo hagan les abre la posibilidad, incluso, de vender sus productos en forma anticipada. Y un tercero corre el riesgo. Pero, de alguna manera, el productor tiene algo de seguridad respecto de una eventual utilidad.
En tal sentido, señor Presidente, creo que este proyecto va en la dirección correcta. Y quiero felicitar a los miembros de la Comisión de Agricultura, quienes fueron perfeccionándolo en los distintos informes.
Por otro lado, hoy en día, si alguien compra o vende y después no respeta el contrato, a la larga no tiene castigo. Por eso, este articulado va en el camino correcto, pues el agricultor y el tercero que compró el producto que ya estaba vendido en un contrato inscrito son responsables solidariamente por los perjuicios que se causen. Y eso es muy muy importante. Porque existe una cultura de que, si hay un contrato, se llegó a un acuerdo, se hicieron anticipos y después sube el precio, se entrega un porcentaje de ese contrato y luego se vende a un mejor precio. Eso es razonable, humanamente; es parte de la cultura agrícola, por la realidad que les ha tocado vivir históricamente a los agricultores.
Pero este proyecto les da la posibilidad de ser más independientes y de llegar también al financiamiento bancario, en forma directa o indirecta. La suscripción voluntaria de este tipo de contratos podrá mejorar la competitividad en un sector que ha sufrido mucho en todo lo que son sus relaciones comerciales.
Señor Presidente, reitero que, a mi entender, el proyecto va en el camino correcto. Ojalá se ayude a los agricultores. Y en eso le hago un llamado al Gobierno -estaba el Ministro de Economía por aquí- para que colabore, con el fin de permitirles a los pequeños y medianos agricultores vender en mejor forma que hoy día. Y ello se logra entregándoles incentivos para que se agrupen.
Esa es la única manera de que puedan tener mejores precios tanto en la venta como en la compra de insumos.
Por eso, señor Presidente, votaré a favor del proyecto. Creo que va a ayudar a que la bolsa agrícola realmente empiece a despegar y a alcanzar el sitial que todos esperamos desde hace muchos años.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Para ser justa -yo le llamé la atención en algún momento al Honorable señor Orpis por lo mismo-, quiero reiterarles a los queridos señores Senadores la petición de que se dirijan a mí como "señora Presidenta".
Yo entiendo que los cambios culturales tardan; a veces no son fáciles. Sé que llevamos muchos años con Mesas dirigidas por señores Senadores. Sin embargo, con mucho cariño les ruego que hagan un pequeño esfuerzo en tal sentido.
El señor ORPIS.- ¡Yo ya aprendí la lección, señora Presidenta¿!
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, este proyecto de ley, sin duda, abre un espacio extraordinario para llevar mayor certeza a los pequeños y medianos agricultores, como también a los ganaderos.
En el caso de Bulnes y en el de San Carlos, en la Región del Biobío, provincia de Ñuble, la situación ganadera, que está incluida en la iniciativa, es insostenible cuando se intenta vender ganado en pie. El precio ha llegado a los 600 pesos el kilo en pie. Ese mismo kilo de carne, después, en el supermercado Lider está a 8 mil pesos.
Y, por cierto, llegan los pequeños ganaderos con 10, 20, 30 animales, piden 800 pesos y se bajan a 600; si no, se tienen que devolver con todos ellos a su lugar de origen. En consecuencia, deben negociar por el precio "de mercado" en pie.
Siento que la posibilidad de tener una participación del Estado en que se reflejen los contratos -porque ese es su rol, ya que hay un costo de 185 millones al inicio, y después, uno de 26 millones para mantener el sitio electrónico- va a generar un proceso de mayor equidad y transparencia en las transacciones.
Por tanto, es una buena idea. Porque en la actualidad, cuando hay acuerdo previo, cuando le dicen al vendedor "Trae tus animales" y después bajan los precios en la feria, cambia el acuerdo contractual.
Creo que la iniciativa va a significar mayor transparencia para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos, particularmente cuando son pequeños y medianos. Los grandes, los poderosos -como siempre he dicho- se cuidan solos. A los que hay que proteger es a los medianos y a los pequeños.
Pero, aprovechando la presencia del Ministro de Economía -ya se lo mencioné-,¿
El señor PROKURICA.- ¡No le pegue al Gobierno¿!
El señor NAVARRO.- ¿ quiero señalar que cuando discutamos de nuevo el proyecto modificatorio de la Ley de Pesca vamos a tener a la vista una idea tan positiva como esta. Porque hoy día en el sector pesquero sucede exactamente lo mismo.
Cuando salen a la pesca los pescadores artesanales, que son los últimos cazadores del mundo -no hay otros cazadores, salvo el Rey de España, en África; pero ya se trata de una práctica bien regulada, con cotos de caza mucho más pequeños-, van por la sardina, la anchoveta, el jurel. Cuando más escasea el recurso, cuando menos volúmenes tienen autorizados, el precio se mantiene o baja. Y cuando hay mayor demanda del mercado de consumo, el precio se mantiene.
O sea, ¡allí no funciona el mercado!
¿Y cuál es el problema? Cuando llega un barco con 80 toneladas, ¿a quién se lo vende? Por cierto, a la planta industrial. Y si no se lo recibe, bueno, se devuelve y tiene que ir a botarlo a alta mar, porque el descarte a orilla de costa está prohibido, como también lo está en alta mar.
Por tanto, ojalá tuviéramos el mismo mecanismo de transparencia para una actividad muy similar, que se basa en la captura de peces, que tiene un mercado establecido, pero contratos "brujos" o "blancos".
Lo que hay en la pesca artesanal, señora Presidenta, son contratos en blanco. Porque, al igual que en el caso de los agricultores cuando falta plata para insumos, para semillas, en el caso de la pesca las empresas les pasan a los pescadores para petróleo, para insumos, para habilitar el casco, y luego les dicen: "Bueno, pero este es el precio: 63 mil pesos la tonelada de sardinas o anchovetas", en circunstancias de que todos los estudios revelan que a precios de mercado de hoy, cuando el producto escasea, su valor debiera estar sobre los 100 mil pesos: 110 mil, 115 mil.
Entonces, al igual como se les adelanta plata a los campesinos, se les adelanta plata a los pescadores artesanales. La deuda global en el sector llega a 70, 75 millones de dólares. Y yo creo que tendremos que abordarla, porque parte importante de la presión por más y más cuotas se debe a que el precio no sube, a pesar de que el bien sea escaso.
Uno aprendió de pequeño que cuando hay pocas papas en la feria están caras -las dueñas de casa lo saben- y cuando existen en abundancia están baratas.
Todos sabemos que cuando un bien tiene gran demanda y es escaso sube de precio. No ocurre eso en la pesca, donde el precio se mantiene igual o incluso baja.
Por eso, señora Presidenta, vamos a apoyar el mecanismo propuesto.
Creo que, en definitiva, esta opción del Ministerio de Economía, donde está radicada la pesca, que será finalmente el encargado de la administración y del registro, no debiera acarrear ningún problema. Me parece un buen Ministerio. En los hechos, va a ser un gran notario público. Porque uno tendría que esperar que cada uno de estos contratos se firmara ante un notario. Pero ese va a ser un gran notario público y transparente.
Señora Presidenta, voto a favor, y espero que cuando discutamos el problema de la pesca tengamos a la vista este interesante y positivo proyecto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, ciertamente, voy a concurrir con mi voto favorable. Pero cuando uno escucha hablar de este proyecto dan ganas de dar una opinión, aunque sea en un solo tema.
Todas las bondades están claras: se inscribe; es voluntario; da seguridad; está mirado más desde el punto de vista de los productores que del comprador, aunque este también tiene sus garantías, según entiendo, por la forma como está definida la iniciativa; puede servir para requerir créditos, porque acá existe un documento que señala que va a haber una transacción.
Todo eso está perfecto.
Pero deseo hacer dos o tres reflexiones.
Primero, no recuerdo en nuestra legislación situaciones similares -puede que existan- en las cuales el Estado de Chile pase a ser garante, en el fondo, y a financiar un registro de esta naturaleza para asegurar el cumplimiento de un contrato entre privados.
No me opongo al principio. Pero creo -y esta es mi segunda reflexión- que se abre la posibilidad (lo anticipábamos con los Senadores Navarro y Guillier) de pensar en otras áreas de la actividad económica chilena donde se hace necesario tal vez tener al Estado presente para velar por el cumplimiento, no de la ley, sino de los contratos. Porque eso es lo que tenemos acá. Esto no es la ley: es un contrato entre particulares.
En tal sentido, me parece que el proyecto ayuda pero no resuelve el tema de fondo: la asimetría existente. Porque lo que pretenden sus normas es hacerse cargo de una asimetría negociadora entre "un pequeño productor" o "muchos pequeños productores" y aquel comprador monopsónico que al final del día decide: "Mire, la condición era equis y hoy día va a ser equis menos. En consecuencia, usted va a perder. Pero si no le gusta, no le gusta no más. Yo pongo las condiciones".
Lo que se quiere acá es decir: en algún minuto concordaron las voluntades, y esas voluntades quedan fotografiadas e inscritas en un registro -eso hace el proyecto-; y el que no cumple esas voluntades que coincidieron en el tiempo o las quiere modificar tiene que pagar. Hay unas arras detrás. Eso es lo que se señala aquí.
Entiendo la idea, la comparto. Sin embargo, quiero agregar tres cosas.
Primero, es el Estado el que está haciendo esta garantía.
Segundo, no se termina con la asimetría, porque se requiere la voluntad de ese pequeño productor, pero de todas maneras el comprador monopsónico podría decir: "Mire, amigo, yo le voy a comprar su trigo, pero si usted me obliga a inscribirlo no va a ocurrir".
Entonces, yo no sé cuál será la fuerza que van a tener los productores para hacer exigible el compromiso. Tendrán que trabajarlo colectivamente, pero no se va a resolver el problema.
Y, tercero, hago mías también las palabras de la Senadora Muñoz y del Senador Letelier, entre otros, en el sentido de que cuando hemos querido hacer este mismo tipo de razonamiento ante asimetrías de esta naturaleza nos hemos encontrado con la oposición de algunos Diputados o Senadores por razones que cuesta entender o que tal vez tengan otra explicación. A lo mejor se cambió el criterio -siempre es bueno cambiar; nadie puede decir que nunca lo ha hecho en la vida- o simplemente existe uno especial para el sector agrícola.
Aquello, señora Presidenta, me lleva a algo que he conversado en numerosas oportunidades con el Senador Coloma,¿
El señor LAGOS.- ¿ quien es muy activo a la hora de proponer medidas para la agricultura chilena, pero a mi juicio a veces se excede.
En el proyecto de ley -lo aprobamos hace un año o fracción- sobre envío de muestras y contramuestras de los pequeños productores, nunca entendí por qué había que exigírselo a los productos importados cuando quien lo vendía no reclamaba y el que lo compraba tampoco, salvo que la idea fuera generarles un negocio a los laboratorios o entorpecer el comercio. Por lo demás, creo que el articulado respectivo podría ser inconsistente con algunas de nuestras obligaciones internacionales.
Dicho eso, debo connotar que en esta iniciativa no se resuelve todavía la cuestión de fondo. Es un avance. Y yo me alegro y me congratulo, uno, de que hoy tengamos en esta materia consenso en el sentido de que el Estado sea garante de los contratos, y dos, de que ello pueda servir de precedente -se lo digo especialmente al Senador Coloma, por intermedio de la señora Presidenta- para que en otros sectores de la actividad económica donde exista esta asimetría tengamos un criterio similar para tratar de resolverla.
El señor COLOMA.- ¡Más información, mejor!
El señor LAGOS.- ¡Pero lo apoyé cien por ciento!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Evitemos los diálogos, estimados Senadores.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, solo quiero, a propósito de una inquietud planteada por la Senadora Adriana Muñoz, aclarar que, cuando yo señalaba que el proyecto establece un sistema de inscripción voluntaria y que en cierto momento se convierte en obligatorio, pretendía decir que una vez que las partes celebran el contrato y este se registra el mecanismo se convierte en obligatorio para ellas. Porque de lo contrario no tendría sentido hacer el contrato. Pero no es que eso cambie la naturaleza voluntaria de la inscripción, que era la duda de la Senadora Muñoz.
Sobre esa base, creo que habría plena conformidad ante la inquietud planteada.
Aprovecho la ocasión, señora Presidenta, para manifestar que la indicación sugerida por el Senador Quinteros fue consultada con miembros de los Comités de este sector y que nos parece una contribución valiosa, porque en el fondo abre el caso de la emergencia agrícola en el sentido de que, si una vez decretada afecta al objeto del contrato, ello pudiera ser considerado por el juez de la causa como presunción grave susceptible de modificar las responsabilidades inherentes.
En ese tenor, nosotros estaríamos llanos a dar la unanimidad para acoger la inquietud que planteó el Senador Quinteros, que nos parece complementaria y una buena contribución al éxito del proyecto.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, simplemente deseo señalar que los Senadores de Renovación Nacional estamos de acuerdo con la indicación del colega Quinteros. Nos parece que enfrenta bien una situación que podría prestarse para dudas, en el sentido de que, ante una declaración de emergencia, se considere fuerza mayor lo que la motivó.
Hallándonos en la discusión particular, creo que, si media unanimidad, la Sala puede aceptar la indicación pertinente, que, a nuestro entender, significa un muy buen aporte. La señora ALLENDE (Presidenta).- Entiendo que hay unanimidad. Y si esta se manifiesta, el Honorable señor Quinteros deberá entregar la indicación a la Mesa, para que nos pronunciemos sobre ella en el momento oportuno.
El señor COLOMA.- En forma telegráfica, señora Presidenta, quiero hacer referencia a dos temas.
Me alegra que el colega Lagos me dé el título de "defensor de la agricultura": nada me halaga más en lo que respecta a esta forma de vida.
Quiero, sí, puntualizarle a Su Señoría que no se trata de confiar o no en el Estado.
El Estado es muy importante para algunas cosas y las personas lo son para otras. Empero, aquí no hay un aval de él. Lo que hace es registrar los contratos, que, como dijo el Senador Larraín, luego de ello pasan a ser obligatorios. Y el Ministerio de Hacienda tiene una plataforma -la instaló y la ha desarrollado a propósito de la factura electrónica, de la constitución de sociedades en veinticuatro horas, en fin- que facilita el registro.
Yo confío mucho en el Estado, mas no para todo, pues algunas cosas las hacen bastante mejor los privados.
Ahora, mi mentalidad no cambia al aprobar este proyecto. Estimo que se halla bien inspirado, y por eso lo he defendido.
En seguida, señora Presidenta, deseo hacer una pequeña precisión en torno a la indicación del Senador Quinteros.
Me parece bien instalar la lógica de cierta presunción (por así decirlo); por ejemplo, cuando existe una catástrofe agrícola derivada de fuerza mayor. Sin embargo, hay que tener cuidado.
Entiendo el espíritu de la indicación. Pero quiero señalar, al menos para la historia de la ley, que debe estar superentendido que aquello ha de ser en función del producto objeto del contrato.
Porque dónde está el punto.
A veces la zona de catástrofe agrícola se declara -así ha sucedido en la Región que represento- por una helada del mes de noviembre que genera un drama en la producción de cerezas. Y es factible que además exista un contrato de compraventa de trigo o de maíz y que este producto no haya sido afectado por aquel fenómeno climático. Pero, hasta ahora, la zona de catástrofe agrícola no se declara por producto -hay que tener cuidado-, sino por lógicas de clima, de escasez.
Ojalá que la indicación -lo señalo para la historia de la ley- se entienda acotada al hecho de que el producto sea afectado. Si no, por la vía excepcional, en vez de solucionar un problema vamos a complicarlo.
Me parece que una situación como la descrita es fundamento para determinar la fuerza mayor. Pero -insisto- no todo afecta por igual a la generalidad de los productos, pues en el ámbito agrícola hay una amplia variedad.
Por consiguiente, uno debe procurar resguardar el principio de la buena fe, a los fines de que nadie pueda aprovecharse de un drama para no dar complimiento a un contrato que rige la compraventa de un producto no dañado por una emergencia agrícola.
Hago ese aporte al menos para la historia de la ley, pues, según visualizo, la indicación en comento será admitida a tramitación y aprobada.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, por su intermedio, solo quiero decirle al colega Coloma que acoté la indicación al producto objeto de un contrato de compraventa, pues no se trata de permitir que una catástrofe provoque una revolución que dé lugar al incumplimiento de un instrumento de esa índole.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias por su aclaración, señor Senador.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Tal como explicité durante la relación, los artículos 1°, 2°, 9°, 10, 11, 12 y 13 permanentes (del 9 al 13, pasan a ser, 10, 11, 12, 13 y 14, respectivamente) y los artículos primero, segundo y tercero transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En cuanto a las enmiendas unánimes introducidas por la Comisión de Agricultura, que la de Hacienda no modificó, la recaída en el artículo 17, que pasa a ser 18, debe aprobarse con 21 votos favorables, por ser orgánica constitucional la norma en que incide. Y es justamente en esta última disposición que el Senador señor Quinteros pidió incluir un inciso final que señala: "Las declaraciones de la autoridad de emergencia o catástrofe agrícola, que afecte al objeto del contrato, serán apreciadas por el juez de la causa, como una presunción grave para establecer la existencia del caso fortuito o fuerza mayor alegada por las partes".
No sé si existe unanimidad en torno a dicha indicación. Porque si hubiera alguna duda al respecto, sería necesario analizarla separadamente y no incluirla en la votación de las enmiendas unánimes, que podría ser una sola, incluyendo la de quórum especial, que incide en el artículo 17, que pasa a ser 18, y la indicación recaída en ella.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Hay acuerdo para pronunciarse en una sola votación sobre las enmiendas unánimes propuestas por la Comisión de Agricultura, incluyendo la que incide en el artículo 17, que pasa a ser 18 (norma orgánica constitucional), y la indicación del Senador señor Quinteros -ya se aceptó unánimemente, según lo expresado en la Sala-, que recae en esa última norma?
--Se aprueban tanto las modificaciones unánimes sugeridas por la Comisión de Agricultura cuanto la indicación del Senador señor Quinteros (28 votos afirmativos); se deja constancia de que en el caso del artículo 17, que pasa a ser 18, se reúne el quórum constitucional exigido, y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Boletín N° 9293-21
La señora ALLENDE (Presidenta).- En reunión de hoy, los Comités acordaron tratar sobre tabla en esta sesión, con informe oral, el proyecto que establece normas transitorias para enfrentar las consecuencias en el sector pesquero artesanal del terremoto y posterior maremoto de 1 de abril último en las Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, de ser despachado hoy por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Como dicho órgano técnico, que sesionó paralelamente con la Sala, ya cumplió su cometido, trataremos de inmediato la referida iniciativa.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9293-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 6ª, en 8 de abril de 2014.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (verbal): sesión 6ª, en 8 de abril de 2014.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Para rendir el informe pertinente, tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, durante la tarde sesionó la Comisión de Pesca con la totalidad de sus miembros para estudiar y aprobar un proyecto de ley que beneficia a los pescadores artesanales de las Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Estuvo presente también el Ministro de Economía, con algunos de sus asesores.
Dicha iniciativa consta de dos artículos, mediante lo cuales se trata de minimizar los daños que el terremoto y el maremoto ocasionaron al mencionado sector.
Con el artículo 1º se evita la pérdida del registro por la paralización derivada del daño que sufrieron las naves. A tal efecto dispone que, para todos los efectos de la Ley de Pesca, "no se considerará la paralización de operaciones extractivas durante los años 2014 y 2015 en la que puedan incurrir los pescadores artesanales y sus embarcaciones".
Y mediante el artículo 2º se les permite a dichos pescadores operar, por un plazo de dos años, con un navío que no sea de su propiedad.
Tras diversas consultas a los distintos personeros del Ministerio de Economía, ambos artículos fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Pesca.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Terminó su relación, señora Senadora?
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Solo me resta acotar, señora Presidenta, que hasta el momento, de acuerdo a los informes de la CONAPACH, las embarcaciones destruidas son alrededor de 123.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, ante todo, le agradezco al Parlamento, y también al Gobierno, por la celeridad con que se ha tramitado esta iniciativa.
Uno de los sectores productivos más afectados por el terremoto y el maremoto recientes es el de la pesca artesanal. Y la ley en proyecto contribuirá a ir superando una etapa muy difícil, pues para los pescadores artesanales la actividad que realizan es la única fuente de ingresos que les procura sustento.
Dicho eso, debo señalar que, tras haber estado en la Comisión de Pesca, me surge una inquietud. Y al menos voy a consignarla, no con el objeto de dilatar el despacho de esta iniciativa, sino para poner de manifiesto una situación que podría presentarse y, por tanto, dejar abierta la posibilidad a los efectos de que el Ejecutivo, si ello ocurre, presente un nuevo proyecto de ley.
En la práctica, la lógica de esta iniciativa es permitir que la embarcación siniestrada de un pescador artesanal sea remplazada por otra, la que necesariamente debe estar inscrita en el Registro respectivo.
Yo pregunto qué ocurre si, de todas las naves inscritas en el Registro, no hay ninguna de remplazo porque todas están operando. De acuerdo al requisito en comento, los pescadores afectados no podrán desarrollar su actividad.
Por consiguiente, de presentarse la situación que explicité, lo lógico es dar la posibilidad de sustitución con una nave de similares características aunque no esté inscrita en el Registro, para que el afectado lleve a cabo su actividad en 2014 y 2015.
Repito que no pretendo demorar el despacho del proyecto, sino tan solo advertir sobre una situación que puede registrarse, para que, si ella tiene lugar, el Gobierno presente una iniciativa tan rápidamente como lo hizo ahora.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, como usted manifestó, los Comités acordamos tratar este proyecto sobre tabla y, a tal efecto, autorizamos a la Comisión de Pesca para sesionar paralelamente con la Sala.
La urgencia está más que clara -la manifestó el Gobierno, e imagino que el señor Ministro la va a ratificar-, en el sentido de que hay que buscar una solución práctica y urgente para que los pescadores afectados por el terremoto y el tsunami recientes sigan trabajando y procurándose ingresos.
Me queda claro -ya lo señaló la señora Presidenta de la Comisión de Pesca, quien rindió a la Sala un informe oral- que el propósito de la iniciativa es, por una parte, evitar que los pescadores artesanales pierdan el registro por el hecho de que sus embarcaciones resultaron siniestradas -en efecto, ante una situación de tal índole, el registro, que permite determinada cuota de captura, permanece-; y por otra, autorizarlos de manera excepcional -se plantea por dos años: 2014 y 2015- para extraer sus cuotas con otra nave.
Me parece una salida práctica, que ayudará directamente a los afectados. Entonces, lógicamente, desde ese punto de vista, debemos respaldarla.
Son varios los pescadores perjudicados. No sé si la cifra que se entregó, de 123, es exacta.
También sería importante considerar en qué caletas se registra el problema.
Ahora, señora Presidenta, no entiendo el planteamiento del Senador Orpis.
Lo que sucede en la práctica -ya ocurrió luego del terremoto de febrero de 2010- es que, tras sufrir la destrucción de sus embarcaciones, muchos pescadores, gracias al aporte del Estado o a las donaciones de particulares, adquieren otras, nuevas, que pueden ser distintas de las registradas originalmente.
No sé si lo vieron, señor Ministro, pero sería bueno que nos aclarara cómo se va a operar cuando se dé esa situación, la que de todas formas tendrá lugar.
Algunas de las embarcaciones siniestradas podrán recuperarse. Otras, no. En este caso, lisa y llanamente, habrá que acceder a navíos diferentes; y ello significa registros distintos.
En consecuencia, me parece que, si bien por un lado se resuelve el problema inmediato, por otro la situación que planteó el Senador Orpis tendrá lugar en los próximos 30, 60, 90 días. Entonces, sería bueno ir anticipando una solución.
Nosotros vamos a respaldar el proyecto, señora Presidenta.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, cada vez me convenzo más de lo indispensable de una ley de reconstrucción y de la necesidad de delegar facultades a los intendentes.
En mi concepto, no corresponde venir al Parlamento para tomar una decisión de carácter administrativo que fácilmente pueden adoptar los gobiernos regionales.
Se trata de una medida transitoria, menor, de administración pesquera, que debiera estar radicada en los lugares de catástrofe.
Este país centralista y esta monarquía presidencial obligan a la gente del norte a venir a pedir permiso a Santiago.
Hemos dicho claramente en el norte -en la oportunidad anterior se lo planteé al Presidente Piñera, cuando visitó la Segunda Comisaría de Concepción- que se requiere una ley de reconstrucción, para que los ministros no vayan de viaje a cada rato: el ministro anda allá, vuelve, va de nuevo, regresa otra vez. En definitiva, seguimos mandando las cosas desde la Región Metropolitana y no hacemos uso de las ventajas del norte.
Claramente, esta es una lección, y habrá que aprenderla.
Yo espero que exista espacio para conversar.
Con el Senador Guillier presentamos un proyecto de acuerdo para detener los embargos, solucionar los problemas que se registran con las hipotecas. El Senador Orpis dice "Solo para los siniestrados". Lo vamos a ver.
Pero en el caso particular que nos ocupa, señora Presidenta, estamos ante una medida administrativa cuya adopción fácilmente se habría podido radicar, de existir una ley que lo autorizara, en las intendencias, en los servicios regionales y en el propio Ministerio de Economía, sin necesidad de ley.
Ahora, yo pregunto si, concretada la ley, las naves de la Octava Región -hay más de 460, y muchas no están trabajando- podrán ir a apoyar las tareas y ser parte del remplazo, o si este se dará solo dentro de la inscripción zonal.
No me queda claro si embarcaciones inscritas en otras regiones del país podrán ir al norte a remplazar de manera temporal. Debiera ser así. Y tendría que contratarse en las mejores condiciones con los armadores que no tienen sus naves. Si no, en un mercado estrecho, puede darse la situación que plantea el Senador Orpis.
Yo no conozco aún el volumen del daño.
Señora Presidenta, en uno de los incisos se plantea una figura que creo que obedece a lo complicados que resultan la Ley General de Pesca y el Registro Pesquero: se obliga al armador a inscribir una nave que no le pertenece y a suspender la inscripción de la propia.
A mi juicio, el proyecto es necesario. Vamos a apoyarlo.
Hubiéramos podido llevar a cabo un debate mayor acerca de qué requieren exactamente los armadores. Nuevamente lo señalo: estamos elaborando una ley. Entiendo que ha participado la CONAPACH. Ello no se consigna en un texto, porque hemos recibido un informe verbal de la señora Presidenta de la Comisión. Conviene preguntarles a los operadores, a los armadores, cuál es la mejor figura. Me parece que se debió haber realizado algún esfuerzo a fin de que, si aprobamos la iniciativa, no se presenten después rigideces ni hechos que pudieran no ser lo suficientemente adecuados para la operatividad.
En el proyecto se señala que una resolución del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura va a determinar los mecanismos pertinentes. Todo el ripio o todas las asperezas que pudiera presentar un marco estricto de la normativa que estamos aprobando sería posible resolverlos por esa vía. Creo que se le deja esa facultad al Director. Por lo tanto, cabe la posibilidad de mejorar cualquier situación, de manera de hacer operativa la ley.
De paso, el Senador que habla hubiera especificado cuál será el apoyo a los pescadores en la recuperación de sus naves, un asunto que tendremos que discutir. Habríamos preferido contar con una cuantificación.
Conviene recordar que en el norte, desde la Primera Región a la Cuarta, el 95 por ciento de los derechos de pesca pertenecen a un solo gran captor, que es Angelini. ¡Es para toda la flota industrial! La artesanal corresponde al 5 por ciento, y hay que cuidarla mucho.
Y ojalá que el problema no haga volver a ningún tipo de concentración, sino que se traduzca en mucha protección a los pescadores.
Con las observaciones expuestas, votaré a favor, señora Presidenta.
Sería deseable que pudiéramos recibir un informe más detallado del daño sufrido por las naves artesanales en el norte, a fin de poder discutir, no en relación con el proyecto de Ley de Presupuestos, sino mucho antes, cómo ayudamos a recuperarlas.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de darle la palabra al Honorable señor García-Huidobro, hago presente que se me ha solicitado abrir la votación.
Además, hay que constituir la Comisión de Zonas Extremas, una instancia importante para aquellos Senadores que las representan.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Me permite, señora Presidenta, en forma previa? Porque me gustaría que se considerara una propuesta, sin perjuicio de que después se abra la votación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir, Su Señoría
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Estimo bastante razonable la inquietud de mi Honorable colega Orpis, porque el inciso tercero del artículo 2° dice que las embarcaciones "deberán encontrarse inscritas en el Registro de Naves a cargo de la Autoridad Marítima". La consulta es qué pasa si no lo están. En ese caso, al pescador artesanal le sería imposible acceder a una de ellas.
Por lo tanto, le hemos expuesto una alternativa al señor Ministro para que sea estudiada. Si el proyecto vuelve mañana a la Cámara de Diputados, la cuestión se puede subsanar por la vía de eliminar la frase citada, independientemente del resto, en orden a que será preciso "contar con certificado de navegabilidad vigente y estar en condiciones operativas", etcétera.
A mi juicio, podríamos dejar solucionado el problema en esa forma.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, quisiera precisar lo que expuse anteriormente.
Para ser muy sencillo en mi planteamiento, me estoy colocando en una hipótesis que el texto no considera. El propósito que se persigue es que el pescador artesanal vuelva lo más rápidamente posible a su actividad. La condición que se contempla es que, cuando una nave siniestrada sea reemplazada por otra, esta última necesariamente se halle inscrita en el Registro. Lo que pregunto, a fin de simplificar y de que se vuelva a operar rápido, es qué pasa si una institución, por ejemplo, presta una embarcación similar para que se pueda salir a pescar de inmediato. Algunas de las siniestradas en el norte tienen cierto tonelaje, pero muchas de ellas son pequeñas. Aquí no se contempla el préstamo de un bote a un pescador artesanal.
Y eso no significa -quiero ser categórico, ya que puede existir alguna duda- un aumento del esfuerzo pesquero, porque la otra nave se encuentra siniestrada. Cuando esta última sea reparada o reemplazada definitivamente, la que se prestó saldrá de la actividad.
Repito que tal hipótesis no se incluye en la iniciativa.
Por lo tanto, el Honorable señor García-Huidobro tiene toda la razón. Es decir, con la eliminación de la frase a la cual hizo referencia, podría darse de manera muy expedita la posibilidad de que alguien, mientras una nave se halle siniestrada, facilite otra no inscrita en el Registro.
No soy partidario de la participación de pescadores de otras regiones. Ello quiero eliminarlo de manera categórica, porque genera un precedente extremadamente delicado. Si algo ha defendido el Congreso es la existencia de registros regionales y que no se pase de una zona a otra, porque cada región protege sus recursos pesqueros.
Hago hincapié, sin embargo, en la hipótesis que acabo de destacar: la de que se facilite una nave mientras se repara o se reemplaza la siniestrada, aun cuando no esté en el Registro.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, dada la urgencia de la iniciativa en debate, creo que conviene acogerla. Pero también es verdad que se suscita una serie de dudas, aunque eventualmente podrían no materializarse. Me pregunto, entonces, si la premura con que ha de restablecerse la normalidad en el trabajo de los pescadores puede autorizar la aprobación del texto tal como está, sin perjuicio de estar atentos más bien a alguna disposición que pudiera agregarse con urgencia, si fuese necesario. Ello, para no seguir demorando la resolución.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ante lo solicitado por un señor Senador, se planteó la posibilidad de abrir la votación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede usar de ella, señor Ministro.
El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señora Presidenta, solo deseo aclarar un punto respecto al registro de las embarcaciones.
Efectivamente, para que los pescadores artesanales puedan vender sus productos certificados, estos tienen que haber sido capturados en una nave registrada. Por eso existe el reemplazo con tal característica, precisamente para favorecerlos y para que puedan hacerlo.
No obstante lo anterior, nosotros vamos a estar monitoreando en los próximos días y semanas, tal como lo expresó el Honorable señor Guillier, el cumplimiento y la implementación del proyecto, y si surgiera alguna limitante, enviaríamos otro, con la misma prontitud con que hemos actuado ahora, para solucionar la situación.
Ese es el compromiso que contraemos.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, como representante de una de las regiones que dieron lugar a la generación de una ley similar en la época del terremoto de 2010, quiero solo alertar -quizás no todos pueden expresarlo de la misma forma, pero en la Sexta Región existe una situación particular de los pescadores artesanales- sobre el abuso que se originó. Aparecieron una cantidad de pescadores nuevos y embarcaciones que no sé cómo estaban inscritas, lo que objetivamente dio lugar a un caso especial.
Me preocupan los plazos que aquí se establecen y la posibilidad de que se abuse de la norma. El proyecto se propone en un momento en que las cuotas de captura autorizadas se han reducido al mínimo producto de la sobreexplotación de los recursos hidrobiológicos. Y apostaría doble contra sencillo que en estas dos Regiones vamos a tener más inscritos, a la vuelta del reloj, que antes del terremoto. Y eso me preocupa.
Solo quiero dejar constancia de estas aprensiones.
Sé que la Subsecretaría de Pesca enfrenta mucho trabajo. Estoy seguro de la buena voluntad del señor Ministro de Economía, presente en la Sala. Pero únicamente deseo consignar una cosa: los recursos del mar, los recursos hidrobiológicos, no son de los pescadores artesanales ni de la industria. Su explotación sustentable es responsabilidad de todos nosotros.
Y esta es la puerta de entrada. La ley se prestó para muchos abusos la vez pasada. En general, el sistema de registro ha exhibido esa tremenda debilidad, porque la inscripción es por pesquería. Se recurre al cuento de que la sardina va junto a la anchoveta, de modo que se trata de fauna acompañante. Es necesario transparentar lo que estamos haciendo en el mar si se pretende contar con pesca durante mucho tiempo.
Dejo establecido lo anterior. Insisto en que es un aspecto que me inquieta.
Entiendo que el Ejecutivo quiere darles una mano y una facilidad a los afectados. No obstante, estimo que el plazo de dos años es excesivo. No comprendo la razón. Lo que no se puede hacer en dos meses lleva a concluir que no tiene ningún sentido la mantención del mecanismo. Si se desea, podrían ser seis. Pero dos años me generan una interrogante acerca del porqué. Y pienso que la ventanilla que se abriría es una pésima señal.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Orpis, a quien le quedan cinco minutos.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, quisiera descartar, por lo menos en el caso del norte, la situación expuesta por el Senador señor Letelier. Hacemos referencia a un universo de pescadores muchísimo más pequeño: en Caleta Riquelme se registran 130 naves siniestradas; en Caramucho, diez, y en Arica también el problema es muy acotado. Ello difiere de otras zonas del país en que el universo de artesanales es bastante mayor.
Quedo tranquilo con la explicación que se ha dado en el sentido de que el señor Ministro está plenamente disponible para presentar un proyecto de ley, con esta misma urgencia, si surge algún inconveniente.
Repito que la idea -y en eso concuerdo con mi Honorable colega- es que estas personas puedan retomar a la brevedad posible su actividad productiva, porque prácticamente representa el único ingreso que obtienen. En consecuencia, también me parece excesivo un plazo de dos años para hacerlo, ya que, en ese caso, se trataría de otro tipo de situación de carácter social.
Pero no voy a hacer mayor cuestión al respecto. Presumo que si existe una necesidad y se dan las condiciones y los medios requeridos, se retomará de manera mucho más rápida la actividad productiva.
El señor LETELIER.- ¿Se va a abrir la votación, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se han formulado varias solicitudes en el mismo sentido.
Nos encontramos en la discusión general.
El señor ORPIS.- Es general y particular a la vez.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Debería ser así, pero no sé si se insistirá en la modificación.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- No.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Existe unanimidad en cuanto al paso siguiente, entonces.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir la Honorable señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, solo deseo ratificar lo manifestado por el Senador señor Letelier. Efectivamente, en estas situaciones a veces se incurre en abusos. Pero asimismo es cierto que, en una emergencia de esta naturaleza, es preciso dar prontitud a la reactivación de las funciones de los pescadores.
Quisiera también pedirles al señor Ministro y al SERNAPESCA una evaluación constante, porque de alguna parte aparece una cantidad increíble de registros de pesca que no corresponden a actividad previa y las embarcaciones se tienden a multiplicar.
Coincido en que dos años es un período bastante amplio, pero no vamos a hacer cuestión de ello, para poder sacar la ley en los plazos requeridos por los pescadores.
Así que, habiendo hecho esta acotación y formulado la solicitud al Ministerio, particularmente al SERNAPESCA, me pronunciaré a favor.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (27 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Muñoz, Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se agradece a Sus Señorías el despacho de la iniciativa, como también la presencia del titular de Economía. Creo que es muy importante el acuerdo que hemos logrado.
El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señora Presidenta, extiendo mi reconocimiento a todos los señores Senadores por su disposición a tratar la materia con rapidez.
El Gobierno trabajará en forma fuerte para que los pescadores del norte efectivamente puedan volver a navegar lo antes posible, de manera que los plazos que hemos comprometido sean mucho menores y, de esa forma, retornen a la normalidad, al igual que toda la zona.
Boletín N° 8314-07
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje del anterior Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que autoriza la publicación en medios electrónicos de actos que deban ser publicados en periódicos de circulación nacional, regional o local, con segundo y nuevo segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8314-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 19ª, en 22 de mayo de 2012.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 41ª, en 14 de agosto de 2012.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 20ª, en 7 de mayo de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (nuevo segundo): sesión 91ª, en 4 de marzo de 2014.
Sesión 43ª, en 28 de agosto de 2012 (se aprueba en general).
El órgano técnico, en su segundo informe, efectuó diversas enmiendas al proyecto de ley aprobado en general, las que fueron acordadas por unanimidad, con excepción de la relativa al artículo 2°, que oportunamente será puesta en discusión y votación.
En el nuevo segundo informe no se introdujeron cambios respecto de lo acordado con anterioridad.
Es preciso recordar que las modificaciones unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado cuya tercera columna transcribe las enmiendas efectuadas por el órgano técnico y que en la cuarta consigna el texto que quedaría si fueran aprobadas.
Tiene la palabra el Honorable señor Harboe, Presidente de la Comisión de Constitución.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, el proyecto, como bien se expresó, fue iniciado en mensaje del anterior Primer Mandatario y su idea central es permitir que cada vez que la ley exija que una publicación se realice en diarios o periódicos de circulación nacional, regional, provincial o local, esta pueda hacerse también a través de un medio electrónico.
La iniciativa se fundamentó en criterios tales como:
1) La conveniencia de promover el uso de los medios electrónicos de comunicación.
2) La necesidad de los ciudadanos de disponer de información en forma permanente, sin supeditarse a los días de venta de una edición impresa o al número de ejemplares que se imprima.
3) La conveniencia de reducir los costos de las publicaciones, tanto para quienes publican como para quienes consultan las publicaciones.
Ante la envergadura del cambio que este proyecto importa -que significa dejar atrás el respaldo físico tradicional que representa una publicación en papel-, desde el inicio la Comisión orientó su trabajo a buscar los resguardos necesarios para garantizar la seguridad jurídica de las nuevas publicaciones y evitar la indefensión de las personas.
De este modo, al finalizar la discusión general, se consensuaron con el Ejecutivo los aspectos del proyecto que debían perfeccionarse durante la discusión particular.
Teniendo en cuenta tales inquietudes, la Comisión analizó las indicaciones que se presentaron y procedió a aprobar aquellas que permiten, justamente, introducir en el proyecto los ajustes que se necesitaban.
-Se establece un conjunto de requisitos para la validez de la publicación electrónica, entre los cuales se exige que el sitio electrónico que la realice tenga un certificado de sitio electrónico seguro, otorgado por una entidad certificadora de calidad o de reconocido prestigio, el que se actualizará cada doce meses. Asimismo, se prescribe que la documentación referida a la certificación de sitio seguro se enviará a la gobernación provincial o intendencia regional, con copia al Director de la Biblioteca Nacional. Complementariamente, se dispone que la mencionada publicación electrónica constará en un "documento indexable", lo que permitirá que sea encontrada a través de motores de búsqueda, y se agrega que la consulta a las publicaciones electrónicas será gratuita, entendiendo que la gratuidad es un elemento necesario para cumplir con el espíritu de la ley en cuanto a que los ciudadanos dispongan de información en forma permanente.
-Se contempla el envío diario de la publicación electrónica a la Biblioteca Nacional, en microfilms o soporte electrónico, debiendo el respectivo aviso constar en un formato de lectura que permita su accesibilidad en el tiempo.
-Se dispone, igualmente, que el incumplimiento de la obligación recién señalada no afectará la validez de la publicación.
-Se amplía a cinco años el lapso en que la publicación estará disponible en el sitio electrónico del medio que la publique.
-Finalmente, se introducen nuevas normas destinadas a establecer que aquellas publicaciones que deban hacerse en el Diario Oficial se efectuarán insertándose en el sitio electrónico de esa institución y tendrán el mismo valor legal que si se hubieran hecho en la edición en papel.
Los acuerdos adoptados contaron con el voto favorable de la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con excepción del que se refiere a la sustitución del artículo 2°, que contó con tres votos a favor y dos abstenciones.
Una vez despachado el segundo informe, la Sala devolvió el proyecto a la Comisión para un nuevo segundo informe.
En esta última oportunidad, se recibió una única indicación, de los Senadores señores García-Huidobro, Pérez Varela y Uriarte, que fue debidamente analizada pero que no resultó acogida.
En consecuencia, en este nuevo segundo informe se mantienen las modificaciones propuestas en nuestro segundo informe, en los mismos términos.
La Comisión estima que de este modo se ha alcanzado un texto que refleja en forma adecuada la necesidad de abrir caminos en nuestro medio a las publicaciones electrónicas, cuidando que ello se haga con los niveles adecuados de seguridad jurídica y de accesibilidad a la información por parte de la ciudadanía.
Agradezco al ex Presidente de la Comisión de Constitución, que tuvo la gentileza de pedirme que hiciera este informe, pero la verdad es que los méritos recaen en el Senador Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Muchas gracias.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, cuando uno lee el proyecto de ley en estudio, la verdad es que no puede levantar objeción alguna a que las publicaciones se hagan en medios electrónicos. La modernidad y lo accesible que ellos resultan por supuesto que hacen que todo sea más fácil.
Sin embargo, voy a pedir segunda discusión para este proyecto de ley, porque el acuerdo a que llegamos con el Gobierno anterior a través del Ministro de entonces esperamos corroborarlo ahora con la actual titular de la Cartera.
Los miembros de la Comisión de Minería -¡todos!- pedimos que el Boletín Minero -uno de los documentos cuya publicación se haría, según el proyecto, en medios electrónicos- siga siendo publicado por escrito en un medio de comunicación regional. Nosotros ya habíamos aprobado un proyecto de ley para establecer dicha publicación, aparte de las que se hacen en internet y en el Diario Oficial.
Lo anterior, con un doble objetivo: por un lado, proteger a quienes trabajan en la pequeña minería y en la minería artesanal, que no tienen acceso a medios electrónicos, y por el otro, resguardar a los medios de comunicación regional escritos, que muchas veces tienen su razón de ser precisamente en estas publicaciones.
Por lo tanto, pido segunda discusión, a fin de lograr un acuerdo con la señora Ministra de Minería en el sentido de que en el proyecto de ley en estudio siga vigente la obligación de que el Boletín Minero se imprima en papel, además de ser publicado en internet.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Sin perjuicio del derecho del Senador Prokurica a solicitar segunda discusión, voy a seguir otorgando la palabra a los diversos Senadores inscritos para intervenir en la primera.
El señor HORVATH.- Señora Presidenta, más que segunda discusión, que obliga a poner el proyecto en el primer lugar de la tabla de la próxima sesión, lo que se requiere es que este sea revisado en atención a sus méritos.
El objeto de las publicaciones es que la gente se entere y formule las observaciones u oposiciones que correspondan. Todos los medios de comunicación que antes publicaban en el Diario Oficial han ido complementando esta publicación con la que hacen en diarios de circulación regional o local, justamente con el afán de llegar a gente que, incluso en nuestro país, no tiene acceso a internet.
Igualmente, estas publicaciones siempre han ido acompañadas de un mensaje radial, muy importante para las zonas aisladas que no tienen acceso a periódicos ni a diarios. Ahí las personas se informan a través de la radio o mediante el mecanismo de traspasarse la información los unos a los otros.
Considero un avance que las publicaciones se efectúen en medios electrónicos, pero siempre y cuando los interesados o afectados mantengan un mecanismo alternativo para informarse. Si aquella queda como modalidad casi única, no se conseguirá el objetivo perseguido.
Por eso, más que segunda discusión, solicito que se abra un nuevo plazo para presentar indicaciones con el objeto de analizar el proyecto bajo un espectro más amplio.
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, primero, quiero recordar el contexto en que se sitúa este tema en la legislación actual. Específicamente, se halla en la Ley de Prensa, que en su oportunidad se vio fuertemente impulsada por el Colegio de Periodistas con miras a la consecución de varios propósitos, entre ellos, promover los medios regionales. Por eso voy a hacer el siguiente comentario.
Desde luego, con los medios electrónicos -que nadie puede negar- se agregan otros medios posibles, en el entendido de que, como lo establece el proyecto, no puede ser cualquier medio electrónico, sino aquel que cumpla con determinadas características de visibilidad.
Quiero recordar que el propósito de este proyecto de ley es ahorrarle al Estado -me imagino- el avisaje publicitario de todos los anuncios y convocatorias que correspondan.
El objetivo de la Ley de Prensa, sin embargo, apuntaba a lograr una distribución más equitativa, más democrática de los fondos públicos asignados a estos fines, en medios exclusivamente regionales. Por tanto, la normativa en estudio podría mermar los recursos, potenciales o reales, de los medios regionales.
Una alternativa podría ser que el ahorro que se busca, en el caso del Estado al menos, tal como lo propuso en un documento anterior el Senador Lagos Weber -quien nos podría explicar un poco más la idea, que me parece interesante-, se compensara si se usan medios electrónicos. Es decir, que el ahorro que el Estado haga vaya al Fondo de Fomento de Medios Regionales y se cumpla la finalidad de la Ley de Prensa, porque, si no, uno de sus principales puntos perderá sentido.
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, me sumo a la solicitud del Senador Prokurica en cuanto a una segunda discusión del proyecto y también a las inquietudes formuladas por el Senador Horvath en orden a revisar entero su texto.
Si uno lee el proyecto, llega a la conclusión de que hace una sola cosa, que no es mala: que todo aquello que hoy día se exige publicar en papel sea posible publicarlo en un medio electrónico. ¡Punto!
Entonces, si vamos a hacer un esfuerzo que tal vez puede significar un ahorro a los particulares que recurran a un medio electrónico, bajo el supuesto de que este es más barato que uno escrito, el proyecto apunta en la dirección correcta.
Sin embargo, y a esto hacía referencia el Senador Guillier, hay que tener presente que hoy el Estado de Chile debe hacer una serie de publicaciones. No estoy hablando de los particulares, a pesar de que el proyecto cubre tanto al Estado como a los particulares. Los extractos, las notificaciones, etcétera, son publicaciones que los privados deben costear directamente de su bolsillo.
Por mi parte, quiero concentrarme en lo que concierne al Estado.
En la actualidad, este realiza dos o tres tipos de publicaciones: todas las licitaciones para la compra de bienes, servicios, etcétera, y las campañas de utilidad pública.
Entonces, si uno revisara los gastos que el Estado chileno hace en notificaciones sobre licitaciones de tal cosa o de tal otra ("Hágame un ripiado de 40 kilómetros en tal parte") y concentrara, única y exclusivamente, esas publicaciones en el sitio web oficial del Gobierno, se ahorrarían muchos recursos que, a mi juicio, deberían ir al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, que hoy cuenta con una cifra ridícula de 1.200 millones de pesos.
Por ello, los 8 o 10 millones de dólares que el Estado de Chile invierte para hacer una buena y transparente política pública tal vez podría ahorrarlos utilizando la vía electrónica, entendiendo que algunos medios regionales o locales pueden sufrir un perjuicio al dejar de publicarse en ellos, perjuicio que podría ser compensado generándoles un espacio mayor en el Fondo Concursable de Fomento de Medios Regionales, que cada Senador conoce bien y que sabe que es extremadamente importante y popular en las radios chilenas, tanto comerciales como comunitarias o de mínima cobertura.
Planteé este tema cuando fui Ministro. ¡No sirvió! Lo planteé de nuevo cuando ya no era Ministro. ¡Tampoco sirvió! Volví a proponerlo cuando fui Senador de Oposición. ¡Lo mismo!
Entonces, ahora tengo la esperanza, con el actual Ministro de Economía presente en la Sala, de que, conforme a una sana política pública, no todo se publique por vía electrónica, pero sí se emplee este medio por lo menos en aquellas áreas donde los interesados sepan que deben buscar la noticia dirigiéndose al sitio oficial del Gobierno.
Ciertamente, para las campañas de utilidad pública -vacunaciones, llamados a concursos, beneficios, "bonos marzo"- habrá que usar las radios y medios locales. Pero todo lo que sea más permanente del Estado hay que sacarlo de los medios escritos, aunque sea enojoso. Porque el Estado tiende a privilegiar las cadenas nacionales, para llegar más barato, llegar más rápido, a veces en desmedro de los propios medios locales, que no tienen la misma cobertura y no rebajan los precios, pues en esta materia no existen economías de escala. Si uno va a una conocida radio de cadena nacional, verá que cobra más barato que una local, en términos proporcionales.
Por eso, me gustaría que de esa forma pudiéramos acercarnos a aquella materia.
El señor TUMA.- Señora Presidenta, este proyecto va en la dirección correcta, toda vez que permite al Estado hacer un ahorro.
Si nosotros revisamos la legislación de otros tiempos, cuando el Código Civil recién comenzaba a imponer esta exigencia, seguramente nos encontraremos con que el diario que circulaba era La Aurora de Chile o que había un solo medio de comunicación que unos pocos leían.
En realidad, creo que la norma legal se estableció para algo más que para que los ciudadanos se informaran si un derecho de aguas se inscribió, o si se solicitó determinada zona de operación sanitaria, o si el titular de una cuenta corriente extravió un cheque. ¿Alguno de nosotros lee esa información? ¿Leemos el extracto que comunica que un cheque se le perdió a fulanito de tal? ¿Alguien anota o registra eso? Sin embargo, el titular de la cuenta que perdió un cheque tiene la obligación de efectuar la publicación y pagarle al medio que la realiza, aun cuando a nadie le interese la información y nadie la lea.
En definitiva, el espíritu del legislador pretende dar seriedad al acto de decir: "Mire, se me perdió el cheque", o "Mire, advierto que estoy solicitando la concesión de tal área en materia de derechos de agua, de electricidad, en fin". Pero la publicación se hace no necesariamente con la convicción de que la información se va a leer, sino por cumplir una formalidad y dar seriedad al acto de decir, por ejemplo: "Mire, extravié un cheque, hice la denuncia correspondiente y aquí está la constancia de que realicé la publicación antes de que alguien fuera a cobrarlo al banco".
En consecuencia, el acento aquí no debe estar en la búsqueda de qué medio electrónico, escrito o radial prefieren los ciudadanos, sino en cómo nos aseguramos de que se establezca una constancia en alguna parte. Y me parece que va en la línea correcta que ella se realice en un medio electrónico, que es más barato, más económico, y en el cual puede utilizarse, incluso, la firma electrónica.
Pienso que el proyecto está acorde con los tiempos actuales y termina con la sanción social, tanto a particulares como al Estado, de tener que seguir cancelando grandes sumas de dinero por cumplir con una norma que no responde al objetivo pensado por el legislador, que es, en definitiva, dejar constancia de una situación determinada.
Si algunos colegas quieren segunda discusión, no tengo problema. Desconozco lo que ocurre en las zonas mineras y cuál es la utilidad de contar con una publicación complementaria. Es posible que ahí la situación sea diferente, pero sí creo que debemos dar cuenta de que el espíritu del legislador al establecer la exigencia no obedeció a que la gente fuera a leer las publicaciones, sino -repito- a dejar constancia de una situación determinada.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, coincido con lo que ha expresado el Senador Tuma en orden a que este proyecto es un gran avance en cuanto a la forma como se regula actualmente la publicación de aquellos actos, avisos, extractos, declaraciones, resoluciones, comunicaciones, notificaciones que el Estado debe realizar o que las leyes obligan a hacer.
Hoy no se regula adecuadamente la publicación en medios electrónicos a pesar de que estos ya se utilizan para tal efecto. De hecho, un tribunal perfectamente puede decretar que una publicación se efectúe en un medio electrónico. Pero esta es una situación que está operando de hecho y a la cual falta darle una regulación.
Y lo que este proyecto hace es simplemente establecer que las publicaciones contempladas por la ley, sean del Estado o de un particular, podrán efectuarse en un medio electrónico o en un medio escrito, a decisión de la parte interesada. Y si la parte interesada es el Estado, tendrá que llamar a licitación para determinar a través de qué mecanismo la efectúa.
Pero ya se está operando actualmente por la vía de medios electrónicos. No hacerlo sería absurdo, puesto que, al final, gran parte de las publicaciones terminará haciéndose de esa forma.
Ahora bien, si se considera que un medio escrito da más certeza, más difusión, mayor cobertura de conocimiento, lo más probable es que la parte interesada, el afectado, resuelva efectuar su publicación por esa vía. Si yo quiero notificar una resolución que producirá determinados efectos, no me interesa esconderla, pues posteriormente el acto puede ser declarado nulo. Voy a tratar de que la mayor cantidad de gente se entere con la finalidad de que el acto tenga la mayor validez posible.
En cuanto a la situación que se da en regiones, quiero ser muy claro. En La Araucanía, en los últimos años la proliferación de medios electrónicos ha sido -y el Senador Tuma coincidirá conmigo- espectacular. Yo diría que todos los medios escritos cuentan con portal electrónico. Me costaría encontrar uno que no lo tenga.
Además, me da la impresión de que cada vez es más la gente que se informa a través de sitios electrónicos y no de medios escritos. Se piensa que la gente del campo o que vive en zonas rurales tiene vedada la posibilidad de acceder a un medio electrónico. Tal vez es más difícil; la tecnología se demora más en llegar allí. Pero su empleo es cada vez más usual, particularmente entre los jóvenes.
En el fondo, lo que el proyecto está diciendo es: "Si usted tiene que efectuar una publicación, puede hacerla en un medio escrito o en un medio electrónico. Eso tiene que decidirlo usted, que es el interesado. Ahora, si se trata del Estado, debe licitar. Pero lo importante es que la publicación la haga en un medio serio".
La Comisión determinó un conjunto de características que permitirán brindar plena certeza y seriedad al medio electrónico que se encargue de publicar. Si no se hubiese hecho esto, ahí sí que tendríamos un problema, porque se podría crear, entre gallos y medianoche, un medio electrónico para el solo efecto de practicar una publicación y después desaparecer.
En mi opinión, el proyecto no daña para nada a la prensa local. Me parece que ese es un profundo error. Hoy, cualquier medio local que quiera que sus noticias se difundan debe contar con un sitio web. Por lo menos en la Región de La Araucanía la inmensa mayoría de ellos, si no todos -me atrevo a decir-, cuentan con esta modalidad.
En segundo lugar, quien resuelve dónde publicar es la parte interesada, pero debe hacerlo en un medio que cumpla determinadas exigencias, no en cualquiera. Se trata de los mismos requisitos que se piden para la instalación de un medio escrito. Incluso, tiene que contar con certificación de firma electrónica avanzada. Además, la información debe guardarse durante cinco años y ser enviada diariamente -según recuerdo- a la Biblioteca Nacional en microfilms o soportes electrónicos y contar con un formato que permita su accesibilidad en el tiempo.
Respecto a la legítima objeción del Senador Prokurica, debo señalar que ella no se topa con esta iniciativa. Porque, si se pretende legislar para que se mantenga un medio escrito, eso será materia de un proyecto que regule esa situación en particular. Pero el que estamos discutiendo es de regulación general, no particular. Y, de establecerse excepciones para cada caso en la presente iniciativa legal, esta carecerá de sentido.
Si alguien estima que hay suficiente argumento o fuerza¿
El señor ESPINA.- ¿Me puede dar un minuto adicional, señora Presidenta?
Si alguien piensa que existe suficiente argumento o fuerza para fijar una excepción, que patrocine un proyecto de ley que permita esa circunstancia distinta. Porque la iniciativa en debate plantea una aplicación general. Y lo que hace es ratificar qué ocurre en la actualidad.
¿Ustedes creen que hoy día no se publica en diarios electrónicos? ¡Sí se hace! Solo que no se cuenta con una regulación adecuada, que sí tendremos con esta ley en proyecto. Estamos normando algo que ocurre actualmente.
Por último, en cuanto a la petición del Senador Lagos Weber, me parece que ese asunto requiere un análisis que traspasa esta iniciativa y que es mucho más de fondo: que el Estado posea en determinadas materias el monopolio de la publicación en un medio electrónico.
Ahí radica el punto de lo relativo al monopolio, y los medios de comunicación privados podrían preguntar: ¿Por qué el Estado no me permite publicar?
Considero que ese debate es más profundo. Su Señoría dice que con eso se ganaría en certeza jurídica, pues "La gente sabrá que podrá recurrir a tal página para obtener la información y no tendrá que andar buscando datos".
Eso es factible de hacer hoy día en Google o en otro buscador. Sin embargo, reconozco que se trata de una materia de fondo, de mayor avance, que esta iniciativa no pretende resolver. Los proyectos solucionan los problemas que pueden, no todos.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Debo advertir a Sus Señorías que hay seis oradores inscritos, que el Honorable señor Prokurica pidió segunda discusión -se halla en su derecho- y que el Senador señor Horvath solicitó que el proyecto volviera a la Comisión de Constitución a fin de que emita un informe complementario del nuevo segundo informe.
Entonces, me gustaría que la Sala se pronunciara sobre lo último, ya que significaría que hubiera más plazo para formular indicaciones.
Obviamente, vamos a seguir esta discusión, pues la estimo importante y no quiero coartar el uso de la palabra a quienes se hallan inscritos.
¿Habría acuerdo en enviar nuevamente el proyecto a la Comisión de Constitución para un informe complementario del nuevo segundo informe, sin perjuicio de continuar el debate?
El señor PROKURICA.- Sí, señora Presidenta.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, estimo muy valioso que la iniciativa vuelva a Comisión, ya que hay Senadores que no estuvieron en las discusiones anteriores y, por lo tanto, sería muy relevante conocer su opinión en la elaboración del informe complementario, con el objeto de que se analice seriamente cuáles requisitos se deberán cumplir para la existencia de un diario electrónico en que se publique este tipo de avisaje.
¿Por qué lo decimos? Junto con el Senador Pérez Varela y el entonces Senador Uriarte presentamos en la Comisión de Constitución dos indicaciones. Una de ellas fue rechazada y en la otra se registró un empate, por lo que tampoco fue aprobada.
No obstante, en esa oportunidad llegamos a un acuerdo en cuanto a reestudiar la presentación de una indicación que apunte a la máxima transparencia con la finalidad de evitar la creación de "diarios fantasmas", que aparecen y después desaparecen, por parte de personas e instituciones interesadas en distintas áreas y con precios que de alguna forma pueden ser muy interesantes para quienes los fijan.
En consecuencia, quiero manifestar mi preocupación por tal situación, sobre todo por lo que sucede en zonas sin acceso a Internet.
Actualmente, sectores muy importantes de la región que represento no tienen la posibilidad de contar con teléfono fijo, ni siquiera con celulares, ni menos con Internet. Y cuando hay personas que pueden verse afectadas por remates al no recibir los avisos legales respectivos, resulta bastante complejo que no existan requisitos importantes para el funcionamiento de este tipo de medios de comunicación.
Lo digo, ya que así me lo señalan personas con experiencia en medios de comunicación regionales y que, además, poseen diarios electrónicos.
El punto es qué requisitos se van a exigir a estos nuevos medios electrónicos para que la ciudadanía pueda obtener una información oportuna.
Porque, si hubiera cien diarios electrónicos, cualquier persona que se sintiera afectada o interesada en una licitación, o lo que fuera, estaría todo el día buscando dónde figura información sobre el particular. Es decir, se trata de algo muy complejo y que se puede prestar para bastante abuso y corrupción.
En ese punto debemos estar preocupados, sobre todo cuando hay avisos de remate de propiedades o la publicación de un llamado a licitación del Estado. Tenemos que mantenernos muy atentos con el objeto de que no se produzca una situación como la que planteo.
Además, les voy a relatar un hecho que nos comentó en la Comisión el director de un medio de comunicación.
Cuando se dio a conocer el Plan Cuadrante en la comuna de Rengo, ¿saben ustedes dónde se publicó la información? En el diario La Nación. Y a la zona llegan solo cuatro ejemplares de ese periódico.
Independiente de que otro medio de comunicación dio a conocer la noticia o de que después fuera ratificada la información, ¿ustedes creen que alguien de Rengo supo que partía formalmente el Plan Cuadrante en esa comuna?
Me inquieta esta situación, porque nuestros grandes medios de comunicación tienen cobertura nacional. Con todo, lo relativo a la identidad y la información en las comunas resulta fundamental, pues la vida en cada localidad de nuestras regiones es esencial para sus habitantes.
Mucho nos pueden interesar las noticias nacionales, pero también la comunidad quiere saber lo que ocurre en su zona.
Por tal motivo, nos preocupa la desaparición paulatina de medios de comunicación regionales, a los cuales tenemos que apoyar.
En consecuencia, junto con el Senador Pérez Varela presentamos una indicación, que es perfectible, así lo conversamos con el Senador Patricio Walker -entonces Presidente de la Comisión de Constitución-, ante la eventualidad de llegar a acuerdo.
Yo pido, señora Presidenta, que en esta vuelta a Comisión del proyecto -sería la segunda- acordáramos con los Senadores de regiones qué requisitos mínimos debe exigirse a un medio electrónico para cumplir esta función. Ello, con el fin de obrar con la mayor transparencia y rapidez y de evitar que exista abuso o corrupción.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, se abre un debate extraordinario, que espero continuar en la Sala y en Comisión.
En el periódico electrónico El Mostrador, del 4 de abril de 2014 -hoy es 8, así que está "calentito"- se señala:
"Nadie fiscaliza en serio los gastos, las cifras oficiales son a medias y no hay manera de transparentar los criterios mediante los cuales los gobiernos privilegian ciertos medios de comunicación al momento de realizar sus publicaciones y campañas publicitarias. Esa es la realidad de Chile sobre el avisaje estatal. Según el Departamento de Estado de EE.UU. y expertos en el tema, la mayor tajada de la torta es para El Mercurio y Copesa. La ausencia de normas al respecto permite la arbitrariedad de la autoridad pública al momento de escoger en qué medio publicar, lo que para las organizaciones de derechos civiles es una de las formas de censura indirecta con dinero de todos los ciudadanos".
Con toda claridad, esos medios de comunicación se financian con plata de todos los chilenos.
"Hay dos convenios, una ley insuficiente -continúa El Mostrador- y cerca de 60 millones de dólares en juego. Eso es lo que gasta anualmente el Estado en publicidad oficial y avisos en medios de comunicación. Todo se rige bajo la Ley de Compras Públicas (N°19.886) y los dos Convenios Marco que hay para estos casos. Uno es para `avisaje en medios impresos y electrónicos', mientras que el otro es para `campañas comunicacionales y servicios de asesoría creativa'.
"En el caso del primero, fueron gastados, durante 2013, cerca de 19 millones de dólares, de los cuales más de 13 millones fueron para los conglomerados mediáticos El Mercurio y Copesa. Las instituciones estatales que más desembolsaron en este convenio son: Servel (USD 1.576.597); la Universidad de Chile (USD 1.164.161); Dirección Nacional del Servicio Civil (USD 963.808) y el SERNATUR (562.789)".
En Chile el negocio funciona así: existe el avisaje legal (obligatorio), que no se registra de manera central y cuya disposición, aparentemente, depende de los jefes de los servicios públicos, porque en la Ley de Presupuestos no están identificados los costos y se da completa y absoluta arbitrariedad para que aquellos publiquen donde deseen.
Acabamos de aprobar la publicación gratuita de los contratos del sector agrícola y ganadero. De modo que en un espacio manejado por el Ministerio de Economía se publicarán los contratos que voluntariamente celebren comprador y vendedor.
Señora Presidenta, mi pregunta es ¿qué necesidad tiene el Estado de publicar una información en tal o cual medio si, en definitiva, aquella estará en Internet y cualquier persona podrá llegar a ella? Los medios electrónicos posibilitan ese libre acceso.
Si el Fisco desea ahorrar 60 millones de dólares para destinarlos al Fondo de Medios Regionales o al Fondo del Desarrollo de las Comunicaciones a fin de que los pequeños empresarios del sector puedan desarrollarse de verdad y enfrentar el duopolio comunicacional, podríamos decir: el Gobierno creará una página web propia donde estarán todas las publicaciones del Estado. De ese modo, no se tendría que pedir al consumidor o al usuario que recorriera toda la red o que adivinara en cuál de los cientos de sitios se encuentra la información que necesita.
Con ello, tratándose de medios electrónicos, todos los usuarios, los ciudadanos, sabrían dónde se publica el avisaje estatal.
Aquí hay una situación rara. Hemos dicho que se debe regular el avisaje estatal que se concentra en dos medios -Copesa y El Mercurio-, pero hoy día se quiere repetir lo mismo con los digitales. ¿Qué va a pasar cuando, efectivamente, algún jefe de servicio intente desafiar a esos dos grandes conglomerados no publicando en ellos?
Recordábamos con el Senador Montes que cuando éramos Diputados la Cámara publicaba todas las versiones de sus sesiones en el diario La Tercera. Y sucedió que el entonces Diputado Montes formuló la observación de por qué se publicaba en un solo medio. A raíz de ello lo "cortaron" de todos los diarios y "pasaron tijeras" a sus intervenciones; lo borraron durante años.
Por consiguiente, ¿cuál es la diferencia hoy día con los medios digitales? Los poderosos adquirirán estos medios, tal como lo hicieron con El Mostrador. Se producirá la misma concentración que ha ocurrido en Chile con las farmacias, las AFP, los supermercados. Es decir, los dos grandes conglomerados comprarán a todos los pequeños. Por lo tanto, dará lo mismo dónde se publique; al final, todo el dinero irá a un mismo pozo.
Señora Presidenta, siento que en la segunda discusión debemos analizar cuál es la diferencia -por favor, que algún señor Senador me la explique- entre publicar en uno u otro medio y en una página web del Estado. Porque el medio de acceso es el mismo.
Al haber mayor concentración de la información pública, cada ciudadano sabrá dónde está y tendrá más facilidad para adivinar el medio en que la publica tal o cual servicio. De manera que las personas no tendrán que pasearse por todos los sitios electrónicos para saber dónde aparece determinado concurso o revisar otro aviso estatal.
En una Comisión de la Cámara de Diputados -algunos Senadores que vienen llegando de esa rama legislativa la integraron- se realizó una evaluación de la situación del avisaje estatal. Y puedo decir que en la Ley de Presupuestos hay una deficiencia: no contempla un ítem en los organismos públicos que diga "Publicidad Oficial". Esto se desagrega en distintos ítems.
Se nos presenta un problema mayor. La propuesta que nos ocupa está bien encaminada, pero va a repetir exactamente lo mismo: en definitiva, focalizará el gasto en los dos grandes conglomerados del sector, y cuando pase el tiempo suficiente -reitero- se concentrarán. No veo ninguna diferencia.
Si el Estado pagará 185 millones y 26 millones mensuales por la página donde se publicarán los contratos agrícolas, ¿por qué no puede tener su propio sitio electrónico para publicar todos sus avisos y también el Diario Oficial? ¿Por qué pagar 60 millones de dólares anuales a un mercado oligarquizado, duopolizado y no contar con un medio propio de expresión?
En el Gobierno del piñerismo se liquidó el diario La Nación, y el Estado quedó a tabula rasa. Es decir, no posee ningún medio de comunicación.
A mi juicio, esta es una gran oportunidad para discutir a fondo cómo pueden acceder los chilenos a mayor información pública. Particularmente, cómo puede ahorrarse el Estado los millones de dólares que hoy día concentra en solo dos medios, y facilitar así el acceso de los usuarios y de los consumidores a esa información.
El proyecto no se votará hoy día. No obstante, si así fuera, me abstendría, porque no estoy a favor de su texto tal como está.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, como señalé antes, hay acuerdo para que la iniciativa vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento con el objeto de que emita un informe complementario.
Por lo tanto, hay que fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones. Sugiero el 21 de abril.
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, estoy inscrito para intervenir.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, Su Señoría. No se preocupe, vamos a respetar el tiempo de los oradores inscritos.
Pienso que todavía hay cierta confusión, porque algunos señores Senadores están hablando de segunda discusión, y ello no corresponde. La Sala aprobó que la iniciativa volviera a la Comisión de Constitución para un informe complementario. Y hay que fijar un nuevo plazo para formular indicaciones y aclarar las dudas surgidas en este importante debate.
Si le pareciera a la Sala, se fijaría un nuevo plazo para presentar indicaciones hasta el 21 de abril próximo.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No es por contradecirla, señora Presidenta. Sin embargo, a mi juicio, el tema en discusión -no he querido intervenir, porque lo haré después- es muy delicado y mucho más profundo que lo que señala el propio texto del proyecto.
Es posible discutir si acaso debe haber un órgano oficial para la notificación y las publicaciones que correspondan al aparato del Estado o a los intereses particulares. Se sabe que en numerosas oportunidades se utiliza un medio de comunicación para publicar solo una vez, tras lo cual se deja de hacer; se han cometido actos de todo tipo para justificar la realización de notificaciones.
Aquí, incluso, es posible trabajar en la creación de un órgano oficial que realmente notifique y respecto al cual uno pueda decir: "Este es el órgano oficial". Pero, si hay 20, es diferente. Y como señaló un señor Senador, existen lugares donde no llega Internet. De manera que todavía bastante gente no tiene acceso a ese tipo de notificación. ¡Y para qué decir -seamos francos- que aún no se desarrolla una cultura electrónica en este país! ¡Esta solo abarca a un sector de la sociedad!
Entonces, estamos frente a una materia muy delicada.
Por eso, fijar plazo para indicaciones hasta el 21 de abril es un tiempo muy corto. Si queremos avanzar, hagámoslo bien. Veamos con el Ministerio de Justicia, con los expertos en esta materia, cómo desarrollar un sistema de notificación o de publicación de actos que le importen a la opinión pública, sin poner en riesgo los intereses ni de las personas ni del país.
En tal sentido, al menos debemos darnos 30 a 45 días de plazo, para hacer las cosas bien. Y que la Comisión trabaje a fondo para presentarnos un proyecto de ley bien estructurado.
Yo entiendo la modernidad. Con todo, esta hay que acogerla en la misma medida que somos capaces de aplicarla.
Por consiguiente, señora Presidenta, solicito extender ese lapso.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Considero bastante razonable el planteamiento del Senador señor Zaldívar. La Mesa no tiene ninguna objeción.
Podemos perfectamente fijar el 12 de mayo. Creo que es un período adecuado -un poco más de 30 días- para efectuar un estudio más concienzudo. Asimismo, se sabe muy bien que, evidentemente, en la Comisión se pueden suprimir o agregar artículos, en fin. Ese es el objetivo de que vuelva al órgano especializado.
--Se fija como plazo para formular indicaciones al proyecto el lunes 12 de mayo próximo, a las 12.
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, estoy absolutamente de acuerdo en revisar el texto propuesto.
La iniciativa tiene varias cosas positivas, como la desconcentración del poder en los medios de comunicación. En ello también ayuda el uso de los recursos que provienen del avisaje.
Este es uno de los famosos proyectos llamados "verdes", que aportan mucho al cuidado y sustentabilidad del medio ambiente, y también dispone de información permanente y gratuita para los ciudadanos.
Pero tiene algunas falencias, y por eso es importante estudiarlo.
Como un tercio de la población en Chile es analfabeta digitalmente, si no se toman los resguardos necesarios, se podría dispersar la información sobre algunos actos.
De otro lado, me impresiona que no se haga distingo entre la publicación en un medio local y en uno nacional. O sea, se deben tomar resguardos para que una publicación que se necesita (como dijo el Senador García-Huidobro) en Rengo, no aparezca en un medio de Arica con el propósito de que pase rápido.
Por lo tanto, estoy a favor de esta iniciativa, pero estimo necesario mejorarla.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señora Presidenta, la verdad es que vamos a tener la oportunidad de discutir otra vez este asunto cuando lo trate nuevamente la Comisión.
Sin embargo, debo hacer presente que, hoy día, la publicación de muchas resoluciones, avisos, estados financieros se hace por los medios electrónicos. Esto es una realidad. Es cosa de ver El Mostrador, la prensa electrónica, para darse cuenta de que así ocurre.
El problema es que el sistema no se halla bien regulado, y no todo tipo de actos o resolución se acepta que sea publicado por medios electrónicos.
Los periódicos regionales hoy día -en la Undécima Región, por ejemplo, los diarios Aysén y El Divisadero- disponen en su mayoría de formatos digitales, razón por la cual no se verán perjudicados con lo propuesto.
Ahora bien, si queremos fomentar una mayor desconcentración de la publicación del avisaje público en los medios de comunicación, se deberá buscar alguna fórmula, mediante indicación, que cuente con el apoyo del Estado. Pero la realidad hoy día es imposible de modificar.
Acá no estamos hablando de cualquier medio electrónico, sino de los que cumplen con los requisitos estipulados en el artículo 2º de la ley Nº 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo. No detallaré todos los requisitos ahí contemplados, pero sí diré que esa norma es tremendamente estricta sobre el particular.
Es muy importante -Sus Señorías lo pueden ver- lo que establece el artículo 3º del proyecto, que indica que las publicaciones que hoy día se hacen en medios impresos de circulación nacional, regional, provincial, comunal o local podrán realizarse a través de medios electrónicos. Se habla de "un aviso, extracto, declaración, resolución, comunicación, notificación, anuncio u otro acto o hecho de cualquier naturaleza".
No daré lectura a toda la disposición. Sin embargo, cabe señalar que se halla absolutamente precisado lo que se podrá publicar en soporte digital, respecto de lo cual actualmente no existe claridad.
Asimismo, se establecen requisitos muy exigentes para que la publicación electrónica tenga eficacia. Se pide firma electrónica avanzada; un sistema con claves tanto privadas como públicas que garantice la integridad del mensaje de datos -ello asegura que el contenido de la publicación no pueda ser alterado-; que no exista suplantación de personas, entre otras cosas. Todo eso se halla claramente establecido en la ley en proyecto.
También es muy importante dejar constancia de que habrá acceso gratuito a todo lo que se publique en medios electrónicos, según lo dispone el numeral 5 del artículo 4º de la iniciativa.
Además, habrá un período de conservación de las publicaciones durante al menos cinco años. Ello es muy relevante. Un señor Senador preguntó: "¿Y por qué no se informa por la radio?". Porque tales actos no siempre quedan grabados. En cambio, el proyecto estipula que deberá haber un período de custodia de cinco años y un registro público, lo que dará respaldo a todas las publicaciones.
Por lo tanto, si la publicación electrónica va a afectar a una comuna, a una provincia, estoy de acuerdo en tomar más resguardos en tal sentido durante la discusión complementaria que se efectuará en la Comisión de Constitución.
Pero lo propuesto es absolutamente imprescindible.
Si hoy día las publicaciones electrónicas son una realidad, entonces regulémoslas. ¡Y hagámoslo bien! Por eso estamos legislando.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de darles la palabra a los Senadores señores Coloma y Larraín, que se hallan inscritos para intervenir -no pretendo impedirles el uso de ese derecho, a pesar de que ya estamos casi al término del Orden del Día-, transmito a la Sala la solicitud del Ministro de Justicia, señor Gómez -nuestro excolega, quien nos ha acompañado pacientemente esta tarde-, para que el proyecto sobre comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos (boletín Nº 7.765-07), que es bastante importante, vuelva a la Comisión de Constitución, porque hay algunos cambios y ajustes que hacerle a su articulado.
¿Habría acuerdo para acceder a la petición de dicho Secretario de Estado?
--Se acuerda que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para un nuevo segundo informe.
El señor LARRAÍN.- ¿Qué más quiere, señor Ministro¿?
¡A todo le hemos dicho que sí!
El señor ESPINA.- ¿Algo más, Ministro¿?
El señor COLOMA.- ¡Pida nomás¿!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ahora debemos fijar un plazo para la presentación de indicaciones.
¿Le parece a la Sala el lunes 5 de mayo, a las 12?
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, este es un tema superrelevante, interesante, en el que hay que armonizar la lógica de futuro con la de la seguridad de las personas, lo cual, obviamente, es difícil.
Desde mi perspectiva, este problema -lo que voy a plantear es por completo discutible- no se soluciona otorgándole al Estado un rol en los medios de comunicación. Yo no soy partidario de ello. Lo reitero. De hecho, hemos dado muestras claras al respecto. Cuando fuimos Gobierno, se puso fin al diario La Nación, que, teóricamente, era un instrumento muy útil para quien estuviese gobernando. A mi juicio, esa fue una prueba de la blancura que nadie en el Senado podrá reclamar.
La cuestión de fondo es de índole conceptual. Cabe preguntarse: ¿cuáles son los roles en juego?, ¿dónde deben ubicarse?, ¿cuáles deben ser las prioridades en esta materia? El Estado ha de estar concentrado en lo que le corresponde: haciendo muy bien su labor para que al país le vaya bien.
A mi entender, aquí se aborda un tema distinto: cómo facilitamos la vida a la gente. Ese es el concepto matriz que se esconde detrás de este proyecto.
Se debe analizar en qué medida las nuevas tecnologías pueden hacerle más fácil y más barata la vida a las personas. Eso depende de con quiénes emprendan, con quiénes se asocien y con quiénes se relacionen en la vida cotidiana.
Lo propuesto, señora Presidenta -aquí algunos lo han planteado-, debe armonizarse más con la seguridad de las personas. No cabe, a propósito de "facilitarles la vida a las personas y hacérsela más barata", generar un grado de incertidumbre a otra gente, ocasionándole así una vida más injusta.
No todo lo barato es justo. En este caso, puede haber una dosis de injusticia muy importante.
Contrario a lo que señalaba el Senador Patricio Walker sobre las complejidades para crear diarios digitales, yo he visto la aparición de centenares de medios de comunicación electrónicos, lo cual es parte de la modernidad. Y, a medida que pasen los días, probablemente habrá muchos más. Sin embargo, de la propuesta legislativa que nos ocupa, se podría entender que bastaría cualquier diario electrónico para publicar una resolución o una notificación sobre alguna materia que puede afectar la vida de terceros. Desde mi perspectiva al menos, eso es bastante discutible.
Asimismo, sería bueno mirar la práctica actual en este ámbito, más allá del rol del Diario Oficial, que nadie pretende alterar. ¡Por algo existen notificaciones regionales! Cabe preguntarse por qué sucede esto si los diarios de circulación nacional han existido desde siempre, desde antes incluso que los regionales. Hay algo en la especificidad de los actos que requieren publicación en un medio de comunicación cercano a las personas. Opera la lógica de que, si ocurre algo, debe aparecer en ese medio local, obligación que se ha mantenido centenariamente.
Más allá de que hoy día los diarios regionales cuenten con formatos digitales, nada obsta para que en los próximos días o meses aparezca una multiplicidad de otros medios electrónicos -no asociados necesariamente a periódicos regionales- que cumplan los requisitos señalados por el Senador Patricio Walker.
En consecuencia, considero que esta es una materia supercompleja si la vemos en función de la seguridad de las personas. No tengo inconveniente en que se planteen ciertas materias. Lo importante es que haya certeza al respecto. Sin embargo, hay publicaciones que provocan efectos jurídicos sobre terceros, caso en el cual debemos ser mucho más exigentes. Y en este proyecto, desde mi perspectiva por lo menos, tal asunto no está bien resuelto.
Por eso, reconozco el esfuerzo que hizo el Senador García-Huidobro, quien en otro momento de la discusión expuso el punto y presentó una indicación en ese sentido -según entiendo, al ser votada se produjo un doble empate-, que precisamente buscaba darle esa identidad regional a las publicaciones en forma más nítida. ¿Para qué? Para la seguridad de las personas.
No es lo mismo publicar una información en Talca, en Puerto Montt o en Linares -más aún, si se trata de un tema que tendrá efecto en determinada zona- que hacerlo en un diario electrónico, que se encuentra en cualquier parte, porque este puede registrar múltiples domicilios en distintas Regiones.
El Senador García-Huidobro nos invita a pensar en el sentido de dar esa seguridad y de defender también el patrimonio regional. ¿Cuál es el problema de resguardar algo que existe? Los medios regionales son relevantes para la identidad de los lugares, y creo que, con lo propuesto, claramente se debilitan.
Por eso, señora Presidenta, me parece bien que esta discusión sea más profunda, más de fondo, porque hay mucho en juego.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, estando tan avanzada la discusión y dado que el proyecto volverá a Comisión, haré un breve comentario.
A mi entender, este tipo de propuestas resulta inevitable.
Creo que nos dirigimos a una sociedad sin papel. Hoy día la gente joven ya no lee los diarios en el formato tradicional, sino a través de medios electrónicos.
Sin embargo, nosotros tendemos a defender, con razón, las publicaciones de nuestras comunas, de nuestras Regiones. Pero ¿cuánta circulación tienen? Uno se sorprendería al saberlo. Nadie publica en esos medios, porque su tiraje en menor.
En cambio, es creciente el influjo de los medios electrónicos. Por lo tanto, no abrir ese espacio significa cerrarse al mundo de mañana. Podemos establecer restricciones, regulaciones, en fin. Pero no dar este paso es no entender hacia dónde van las cosas.
Además, implica seguir encareciendo ese tipo de situaciones. Porque, en realidad, para los ciudadanos resulta muy cara la publicación en los medios tradicionales. De hecho, hoy día un aviso comercial en cualquier diario de papel es muchísimo más caro que lo que cuesta en El Mostrador, en Terra o en otro medio electrónico.
Esas son señales de lo que está ocurriendo, respecto de las cuales no debemos restarnos.
En seguida, se habla de que estas publicaciones podrán hacerse en un medio electrónico. Cabe preguntarse: ¿qué se entiende por "medio electrónico"? El número 1 del artículo 2º del proyecto dispone que es "aquel medio de comunicación social a que alude el inciso segundo del artículo 2º de la Ley Nº 19.733".
¿Y qué señala este artículo?
El inciso primero dice: "Para todos los efectos legales, son medios de comunicación social aquellos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público, cualesquiera sea el soporte o instrumento utilizado.".
Y su inciso segundo indica: "Se entenderá por diario todo periódico que se publique a lo menos cuatro días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en la ley.".
Entonces, señora Presidenta, estamos estableciendo una propuesta no al albur, a lo que venga, sino sobre algo que tiene una reglamentación.
Y cuando se trate de publicaciones que la ley exige que se hagan en el Diario Oficial, estas podrán realizarse en el sitio electrónico de dicho medio.
Por lo tanto, creo que todas esas situaciones se hallan cauteladas.
¿Se puede más? Por cierto que sí.
Pero -repito- ir en contra de esta iniciativa me parece que es ir en contra de la historia.
Yo aprobé este proyecto en su momento en la Comisión de Constitución. Y ahora que volverá a dicho órgano técnico, estoy disponible para precisar, corregir, rectificar y ver qué podemos hacer en esta materia. Estimo que las inquietudes expresadas por varios señores Senadores, sobre todo de regiones, tienen asidero.
Pero no podemos impedir que lo propuesto sea una realidad en nuestro país. Porque, por lejos, el impacto masivo de los medios electrónicos es cada día más relevante, por su mayor circulación y presencia, sobre todo en las nuevas generaciones, que, en mi concepto, son las que van a ir cambiando el mundo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- La verdad es que el Orden del Día terminó hace unos minutos. Pero está inscrita la Senadora señora Lily Pérez.
Si la Sala está de acuerdo, le daré la palabra a Su Señoría por cinco minutos, al igual que a los demás oradores.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Gracias, queridas Senadoras y queridos Senadores.
Señora Presidenta, lo dicho por el colega Hernán Larraín me representa cien por ciento.
Creo que hay un poquito de desvinculación con la realidad en los señores Senadores que han planteado en la Sala que Internet o las redes sociales no llegan a todos masivamente. Yo estimo que sí llegan. Algunos nos sorprendemos cuando en nuestros recorridos la gente nos señala que vio mucha más información en Twitter, en Facebook, en las redes sociales o en los portales de Internet que en los medios de comunicación escrita (periódicos y diarios).
Por lo tanto, no podemos negarnos a algo que ya nos cayó encima y que, probablemente, a futuro va a abrir una discusión superinteresante, relativa a cómo resguardamos los derechos de las personas en este nuevo mundo de la tecnología de la información, donde las asambleas son remplazadas por intercambios a través de páginas web.
Lo anterior es sumamente importante.
Nosotros mismos deberemos actualizarnos, sobre la base de la legislación comparada, para saber cómo otros países están enfrentando, por ejemplo, las injurias y calumnias mediante portales de Internet o el anonimato en Twitter.
En fin, hay un mundo enorme en el ámbito de las comunicaciones, y tenemos que usarlo positivamente.
Por esa razón, estoy con quienes piensan que este proyecto, sin duda, es un paso adelante. ¡Sin duda!
Entiendo los resguardos que plantea el Senador García-Huidobro. Y los comparto. Hay que poner requisitos para aquellos que levantan un sitio electrónico, porque, efectivamente, pueden nacer en forma muy espontánea para cumplir una sola función, y luego ser bajados.
Estimo que, de aquí en adelante, debemos revisar bien qué vamos a hacer como Senado con la legislación relacionada con el nuevo mundo de las comunicaciones, que tiene prácticamente de rodillas al sector de la prensa escrita, pues lo que se publica en un diario queda absolutamente obsoleto con el contenido de una página web, que puede golpear con la noticia en cualquier momento del día.
Por lo tanto, considero muy importante mirar qué viene a futuro, obviamente valorando el tremendo rol y aporte de los medios escritos regionales, aunque estos también están incursionando en el formato digital.
En realidad, noto que todos los medios -y con esto concluyo, señora Presidenta- ya están con portales web, incluidas las publicaciones regionales relevantes. Y lo veo en mi Región: prácticamente todos los medios de comunicación -las radios y la prensa escrita, como El Observador- ya cuentan con un sitio de Internet. Y mucha más gente los consulta en comparación a quienes leen las páginas escritas.
Entonces, creo que debemos avanzar en forma más acelerada y no ir siempre más atrás que la gente.
--El proyecto vuelve a Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para un informe complementario del nuevo segundo informe.
Boletín N° s1641-12
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde tratar el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Horvath, señora Muñoz y señores Araya, Bianchi, Chahuán, Guillier, Navarro, Prokurica, Quinteros y Patricio Walker.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1641-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 3ª, en 19 de marzo de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República la remisión de una iniciativa legal que disponga que el Director Nacional de Gendarmería de Chile sea nombrado de entre oficiales penitenciarios con el rango de coronel, con el propósito de reconocer la experiencia y la calificación de dichos oficiales.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Boletín N° s1642-12
La señora ALLENDE (Presidenta).- A continuación, corresponde tratar el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Chahuán, Girardi, Moreira y Prokurica.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1642-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 4ª, en 1 de abril de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito del proyecto es pedirle a Su Excelencia la Presidenta de la República incluir la retinitis pigmentosa y la degeneración macular asociada a la edad en las patologías garantizadas del AUGE, con la finalidad de que las personas afectadas por esas dolencias puedan acceder a los beneficios contemplados en el referido plan.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
Boletín N° s1648-12
La señora ALLENDE (Presidenta).- Finalmente, cabe tratar el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Tuma, señoras Allende, Muñoz y Von Baer y señores Araya, Chahuán, Girardi, Guillier, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Quinteros y Andrés Zaldívar.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1648-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- La finalidad del proyecto es solicitarle a Su Excelencia la Presidenta de la República que, en nombre y representación del Gobierno de Chile, exprese su preocupación por la situación que afecta a los presos políticos palestinos, entre los que se encuentra el dirigente Marwan Barghouthi; haga presente la necesidad de velar por el respeto a los derechos humanos y las garantías procesales que deben asistir a todo ciudadano; manifieste el interés de Chile por promover el proceso de paz en el Oriente medio, fundado en el respeto al Derecho Internacional y al cumplimiento de las diversas resoluciones de Naciones Unidas, e inste a la adopción de acciones humanitarias, por parte del Estado de Israel hacia los presos políticos, que garanticen sus derechos fundamentales y permitan avanzar en el proceso de paz que, de manera urgente, la comunidad internacional promueve entre Palestina e Israel.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Habiéndose cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Ministro de Educación, para solicitar REMISIÓN DE COPIA DE CONVENIO EN REGIÓN DE LOS RÍOS SOBRE TEXTOS PARA ENSEÑANZA DE MAPUDUNGUN.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para que remita antecedentes y resultados de PROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN DE TRÁNSITO Y DEPÓSITO DE CONTENEDORES EN PUERTOS DEL PAÍS, PARTICULARMENTE DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO, CON RELACIÓN A POSIBILIDAD DE EMERGENCIAS GENERADAS POR TERREMOTOS Y TSUNAMIS, y a la señora Ministra de Minería, pidiéndole hacer llegar CATASTRO SOBRE RELAVES MINEROS POR REGIÓN y realizar FISCALIZACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ELLOS, A RAÍZ DE FUERTES SISMOS OCURRIDOS, EN ESPECIAL, EN ZONA NORTE.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, solicitándole informar sobre NÚMERO DE DESVINCULACIONES Y DE CONTRATACIONES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS ENTRE 11 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2014; al señor Ministro de Educación, requiriéndole antecedentes acerca de MATERIAS RELACIONADAS CON AUMENTO DE COBERTURA DE SALAS CUNA, PROPUESTO EN PROGRAMA DE GOBIERNO, y al señor Ministro del Medio Ambiente, para que informe sobre TONELADAS POR AÑO DE MATERIAL PARTICULADO GENERADAS POR ENTES PRODUCTIVOS QUE INDICA.
Al señor Presidente del Consejo Directivo de BancoEstado, pidiéndole resolver SOLICITUD DE ALCALDESA DE FUTRONO PARA INSTALACIÓN DE SUCURSAL EN DICHA COMUNA.

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