Source: https://tc.vlex.es/vid/competencias-asociaciones-sanidad-legislacion-701270205
Timestamp: 2019-10-13 20:28:18+00:00

Document:
STC 144/2017, 14 de Diciembre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 701270205
Número de Recurso: 1534-2015
Con fecha 16 de marzo de 2015, el Abogado del Estado, en la representación que por ministerio de la ley ostenta, interpone recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra. En el escrito se invocaba el artículo 161.2 CE a fin de que se acordase la suspensión de la norma impugnada en el presente recurso. Los motivos esgrimidos, de naturaleza competencial, en síntesis, son los siguientes:
En primer lugar, la Ley no hace referencia a título competencial alguno que le sirva de base, aunque se enmarca en el ejercicio del derecho de asociación del artículo 22 CE.
Para delimitar el ámbito del recurso, se ha de partir de la calificación jurídica del cannabis como estupefaciente, incluido en la listas I y IV de la Convención única sobre estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961, como reconoce la exposición de motivos de la Ley impugnada. La actualización y adaptación de las normas vigentes a dicha Convención se realizó por la Ley 17/1967, de 8 de abril, que en su artículo 1 reservó al Estado el derecho de intervenir, dentro de su territorio, en todas las actividades relacionadas con la producción y consumo de estupefacientes, así como su persecución y sanción. El artículo 2 de esta ley decía que, a sus efectos, son estupefacientes las sustancias naturales o sintéticas incluidas en las listas I y II anexas y que se prohibían los incluidos en la lista IV, exceptuando la investigación médica y científica. El artículo 19 de la Ley 17/1967 regulaba la venta en farmacias de preparados a base de estupefacientes y el artículo 22 prohibía otros usos distintos de los industriales, terapéuticos, científicos y docentes autorizados por la Ley.
Aunque la Ley Foral, en la exposición de motivos, justifica su regulación en la jurisprudencia que considera atípico el autoconsumo esporádico, privado e insignificante de drogas y estupefacientes, dicha jurisprudencia no establece esa atipicidad, en particular, respecto del consumo de cannabis sativa. La jurisprudencia se refiere, en general, al consumo en grupo de drogas cuando se trata de un pequeño grupo de consumidores adictos identificables (incluidos los adictos de fin de semana) que consumen en lugar cerrado (sin ostentación ni promoción del consumo) de forma inmediata y sin contraprestación especulativa, una cantidad insignificante. El Tribunal Supremo tiene declarado que la posible atipicidad se ha de analizar caso por caso. De forma similar, la Ley Orgánica 1/1992, no tipifica como infracción el consumo privado.
Por lo expuesto, la Ley Foral recurrida invade, en primer lugar, la competencia estatal para la regulación de los estupefacientes que resulta del artículo 149.1.16 CE. Según este título, como ya se interpretó en la STC 54/1990 , la competencia legislativa en materia farmacéutica corresponde al Estado y la de ejecución a las Comunidades Autónomas conforme a sus estatutos. Esta Sentencia establece la distribución competencial en el caso de dispensación de estupefacientes cualificados como medicamentos, no en el supuesto en que los estupefacientes no lo sean, en el cual los títulos de intervención del Estado son más intensos. La misma sentencia consagra, en todo caso, la competencia exclusiva del Estado en cuanto a fabricación, elaboración, autorización, registro, exportación e importación de estupefacientes, incidiendo en los riesgos que entrañan para la seguridad pública, a su vez, competencia exclusiva estatal. Este marco competencial se valida por sentencias como la STC 131/2013 según la cual la determinación, con carácter general, de los requisitos técnicos y condiciones mínimas para, entre otras, la organización y funcionamiento de centros, servicios, actividades o establecimientos sanitarios debe entenderse como una competencia de fijación de bases, de titularidad estatal en virtud del artículo 149.1.16 CE.
La Ley Foral también invade la competencia estatal sobre legislación penal del artículo 149.1.6 CE, íntimamente relacionada con el control de las actividades de consumo de drogas y estupefacientes. Así, la STC 52/1983 , al resolver un conflicto positivo de competencias sobre un real decreto que regulaba el registro sanitario de alimentos, declaró que la prohibición del uso de determinados aditivos es una medida básica amparada en el artículo 149.1.16 CE que, además, se corresponde con un control represivo de los delitos contra la salud pública tipificados en el Código penal, de competencia exclusiva estatal en virtud del artículo 149.1.6 CE. Esta interpretación se aplica a la regulación foral ya que sustrae al legislador estatal la regulación del consumo, abastecimiento y dispensación del estupefaciente cannabis sativa.
La Ley recurrida invade también la competencia estatal sobre seguridad pública del artículo 149.1.29 CE. La regulación del consumo con fines lúdicos y paliativos de algunas dolencias, así como de su abastecimiento y dispensación por medio de clubes, incide en esta materia, como la define, por ejemplo la STC 86/2014 , en cuanto afecta a la tranquilidad y el orden ciudadanos.
Navarra regula los clubes de cannabis a través de la figura de las asociaciones de usuarios lo que excede, con mucho, el ámbito de las asociaciones del artículo 22 CE. Aunque según la Ley Orgánica 13/1982, de amejoramiento del régimen foral navarro (art. 43.19) esta Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico o asistencial que desarrollen principalmente sus funciones en Navarra, es evidente que los colectivos de usuarios de cannabis no se integran en una asociación de ninguno de esos tipos. Por otro lado, aunque según el artículo 53 de la misma Ley Orgánica, Navarra tiene competencia de desarrollo legislativo en materia de sanidad interior, este título no ampara normas sobre consumo, abastecimiento y dispensación de estupefacientes. Por tanto, no existe título competencial autonómico para dictar la Ley.
Por último, se precisa que el recurso se dirige contra la Ley Foral 24/2014 en su totalidad puesto que realiza una regulación completa del consumo, abastecimiento y dispensación de cannabis sativa en Navarra a través de los clubes de consumidores. El Consejo de Estado se pronunció en su informe en favor de la impugnación total de la norma, lo que ha sido admitido, por ejemplo, en la STC 143/2012 .
Por providencia de 14 de abril de 2015 el Pleno de este Tribunal, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso y dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, al Gobierno de Navarra y a su Parlamento, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y formular alegaciones. Se acordó, asimismo, tener por invocado por el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 CE, lo que, su tenor y conforme al artículo 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley impugnada desde la fecha de interposición del recurso (16 de marzo de 2015) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el “Boletín Oficial del Estado” para los terceros, ordenándose la comunicación de la suspensión a los Presidentes del Gobierno y del Parlamento de Navarra, así como publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de Navarra”.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 23 de abril de 2015, la Vicepresidenta Primera y Presidenta en funciones del Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. Lo mismo hizo el Vicepresidente Primero del Senado, por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 22 de abril.
El 24 de abril de 2015 tuvo entrada en el registro general del Tribunal, escrito del Director del Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa del Gobierno de Navarra, en el que daba cuenta del acuerdo de dicho Gobierno, adoptado en sesión de 22 de abril de 2015, en el que éste se da por enterado de la interposición y admisión a trámite del recurso.
El 12 de mayo de 2015 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal escrito del Letrado del Parlamento de Navarra por el que se personó en el recurso en la representación que ostenta y solicitó su desestimación. Mediante otrosí interesaba en dicho escrito el levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados. El Letrado del Parlamento de Navarra esgrime, en síntesis, los siguientes argumentos:
Tras resumir el contenido y objeto de la Ley Foral 24/2014, afirma que, desde un punto de vista competencial, ésta tiene amparo en el artículo 44.19 de la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra (LORAFNA) que atribuye la competencia exclusiva a Navarra en materia de asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, asistencial y similares. A pesar de ello, el Parlamento de Navarra no ha visto la necesidad de aprobar una Ley foral específica de asociaciones por lo que se aplica en la Comunidad Autónoma, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y el Reglamento del registro nacional de asociaciones aprobado por Real Decreto 1497/2003.
El Parlamento de Navarra actuó en esta materia a instancia de la Comisión promotora de la iniciativa legislativa popular que dio lugar a la Ley Foral 24/2014. Aporta copia de dicha iniciativa, los debates del Pleno de la Cámara y los informes de los servicios jurídicos parlamentarios.
El objeto de la Ley Foral es establecer las normas generales para la constitución, organización y funcionamiento de los clubes de personas consumidoras de cannabis para lo que Navarra tiene competencias al amparo del artículo 44.19 LORAFNA. Se trata, en este caso, de una de las asociaciones similares al resto de las que cita el precepto, cuya existencia no cabe negar. No se pretende legalizar el consumo de cannabis, para lo que la Comunidad Autónoma carece de competencia. Simplemente, se trata de dotar de un marco legal a estos clubes que ya están funcionando al amparo del derecho de asociación dentro de los límites establecidos por la jurisprudencia. Su existencia se permite, pues, no por la Ley Foral sino por la legislación estatal de aplicación: Código penal y Ley de seguridad ciudadana.
Basta leer el articulado de la Ley para comprobar que no regula el consumo, abastecimiento y dispensación de cannabis sativa, como dice el recurrente, sino la constitución, organización y funcionamiento de unos clubes, por lo que no invade las competencias estatales del artículo 149.1.16 CE. Por lo mismo, tampoco afecta al artículo 149.1.6 y 29 CE puesto que la Ley parte de una realidad permitida, tanto por el Código penal como por la Ley Orgánica 1/1992, de seguridad ciudadana. Específicamente se rechaza la impugnación de la totalidad de la Ley Foral insistiendo en que sus artículos se limitan a regular el funcionamiento de unas asociaciones.
En el suplico del escrito, el representante del Parlamento navarro pide la desestimación del recurso o, subsidiariamente, que se dicte sentencia interpretativa declarando la conformidad de la Ley a la Constitución.
Mediante providencia de 18 de mayo de 2015, el Pleno del Tribunal acuerda incorporar a los autos el escrito de alegaciones del Letrado del Parlamento de Navarra y dar traslado a éste y al Abogado del Estado por cinco días para alegaciones sobre la solicitud de levantamiento de la suspensión de la Ley impugnada.
Evacuado por el Letrado parlamentario y el Abogado del Estado el traslado conferido, mediante ATC 170/2015 , de 7 de octubre, el Pleno del Tribunal acordó mantener la suspensión de la Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra.
Por providencia de 12 de diciembre de 2018, se señaló el día 14 de dicho mes y año para deliberación y votación de la presente Sentencia.
El objeto del presente recurso de inconstitucionalidad es analizar la constitucionalidad de la Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra (en adelante, Ley 24/2014).
Puesto que nos encontramos ante un debate de naturaleza exclusivamente competencial, habremos de encuadrar la controversia en la materia correspondiente, a fin de identificar el título competencial aplicable al caso. Con este objetivo, previamente, resulta necesario referirnos al contenido de la Ley Foral 24/2014, así como a la calificación jurídica del cannabis y normativa aplicable al mismo. También haremos referencia a la legislación penal aplicable y a los pronunciamientos jurisdiccionales al respecto.
La Ley Foral 24/2014 impugnada, en su exposición de motivos, explica que “pretende insertar en la legislación actual a los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra … aportando seguridad jurídica … beneficiándose de esta manera la protección de la salud pública”. Destaca que “[u]na de las sustancias más consumidas actualmente en Navarra es el cannabis sativa, tanto en su carácter lúdico como por sus efectos paliativos de determinadas dolencias”, y menciona que aunque “se encuentra incluido en la lista I de la Convención única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, sometida a fiscalización internacional”, es considerado “sustancia que no causa grave daño a la salud”. El preámbulo legal sigue relatando los supuestos en que la posesión o consumo de cannabis están tipificados como delito o infracción administrativa, y expone la jurisprudencia que considera atípicos algunos supuestos de consumo compartido y de abastecimiento para el propio consumo. En este contexto, dice, nacen los clubes de consumidores de cannabis, como asociaciones sin ánimo de lucro cuya constitución regula la Ley, sujetos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, del derecho de asociación (Ley Orgánica 1/2002), que deben respetar la jurisprudencia mencionada.
Por lo que respecta a la calificación jurídica del cannabis, se hace necesario partir de la Convención única de Naciones Unidas sobre estupefacientes de 1961, citada, como se ha visto, en la exposición de motivos de la Ley Foral 24/2014. Esta Convención consagra en su preámbulo la preocupación de los firmantes por la salud física y moral de la humanidad y reconoce la toxicomanía como un peligro social y económico, al mismo tiempo que asume que el uso médico de los estupefacientes continuará siendo indispensable. A partir de estas premisas, la Convención incluye varios listados de sustancias estupefacientes sujetas a distintos niveles de fiscalización. En concreto, el cannabis sativa y su resina, se incluyen en las listas I y IV, caracterizada la segunda, según dice el artículo 2.5 a), por medidas de control adicionales “en vista de las propiedades particularmente peligrosas de los estupefacientes de que se trata”.
El panorama legislativo anterior debe necesariamente completarse con una referencia a las normas penales y administrativas a las que alude la misma Ley Foral 24/2014 en su exposición de motivos. Así, el artículo 368 del Código penal, allí citado, dentro de los delitos contra la salud pública, castiga con pena de prisión de tres a seis años a: “los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines”. Por su parte, la Ley de protección de la seguridad ciudadana actualmente vigente es la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, que en su artículo 36, tipifica como infracciones graves el consumo o tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares públicos (número 16); el traslado de personas para facilitarles el acceso a estas sustancias que no sea delito (número 17); el cultivo en lugares visibles al público que no constituya infracción penal (número 18) y la tolerancia del consumo ilegal o tráfico en locales o establecimientos públicos (número 19).
Una vez expuesto todo lo anterior, estamos ya en condiciones de analizar los títulos competenciales esgrimidos por las partes.
Comenzando por el título competencial invocado por el Parlamento de Navarra, en las SSTC 133/2006 y 135/2006 relativas, respectivamente, a la Ley Orgánica 1/2002, impugnada por el Parlamento de Cataluña y la Ley catalana 7/1997, de asociaciones, recurrida por el Estado, recordamos el contenido de la competencia autonómica sobre asociaciones. Para ello, partimos de la base de que esta competencia se ejerce sobre una materia cuyo núcleo es el derecho fundamental proclamado en el artículo 22 CE cuyos elementos esenciales se definen, a tenor del artículo 81 CE, por el Estado mediante Ley Orgánica. En esas mismas Sentencias explicamos que las asociaciones no se mencionan como título competencial específico en ninguno de los apartados de los artículos 148 y 149 CE, de manera que sólo se contemplan formalmente como tales a partir de los distintos Estatutos de Autonomía de Comunidades que, como Navarra, ostentan competencia exclusiva sobre determinadas asociaciones, y de otras que ostentan sólo competencia ejecutiva de la legislación estatal en la materia. En los pronunciamientos citados ya dijimos que “[l]a calificación de esta competencia autonómica como exclusiva no puede interpretarse como un total desapoderamiento del Estado, pues además de estar condicionada por la normativa de carácter orgánico dictada en desarrollo del artículo 22 CE, el artículo 149.1 CE otorga al Estado títulos competenciales que tienen una notable incidencia sobre las asociaciones” y, además: “la calificación jurídica y el alcance de las competencias de las Comunidades Autónomas no puede hacerse derivar únicamente de una lectura aislada de la denominación que reciben en los textos estatutarios, sino de una interpretación sistemática de todo el bloque de la constitucionalidad” pues, como también dijo la STC 173/1998 , al resolver el recurso del Presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley vasca 3/1988, de asociaciones, FJ 6, “al precisar el alcance de la competencia autonómica, debe tenerse en cuenta que en las asociaciones objeto de la competencia autonómica existen elementos de muy diversa índole, civiles, administrativos, procesales, fiscales e incluso penales, sobre los que el Estado tiene títulos competenciales que deben hacerse compatibles con el título exclusivo atribuido a la Comunidad Autónoma.”
En todo caso, en cuanto al contenido material de la competencia autonómica sobre asociaciones, en las mismas SSTC 133/2006 y 135/2006 , de reiterada cita, repetimos lo ya dicho en la STC 173/1998 , FJ 5, para no circunscribirlo sólo a los aspectos administrativos de las asociaciones, es decir “sus relaciones de fomento, policía y sanción con los poderes públicos”, sino extenderlo también al “régimen jurídico de las mismas tanto en su vertiente externa, es decir, la relativa a su participación en el tráfico jurídico —constitución, adquisición de personalidad jurídica, capacidad jurídica y de obrar, régimen de responsabilidad, extinción y disolución—, como en su vertiente interna —organización, funcionamiento interno y derechos y deberes de los asociados”.
Respecto a los títulos competenciales esgrimidos por el Abogado del Estado, éste invoca acumulativamente en su escrito, en los términos ya expuestos, por este orden, los títulos de los apartados 16, 6 y 29 del artículo 149.1. CE, que se refieren, respectivamente, a la competencia estatal en materia de legislación sobre productos farmacéuticos, legislación penal y seguridad pública. A partir de aquí, debemos aplicar nuestra doctrina según la cual “ante la posible concurrencia de dos títulos competenciales del Estado procede, en principio, identificar un título prevalente que, por regla general, es el más específico”, si bien, no cabe descartar, “pues así lo hemos admitido ocasionalmente (entre otras, SSTC 81/2012 , de 18 de abril, y 120/2012 , de 5 de junio), que, en función de la naturaleza de los títulos concurrentes o del contenido de la regulación, quepa entender que diversos títulos competenciales confluyen o incluso se solapan y son, por tanto, indistinta o simultáneamente invocables por el Estado” (STC 26/2016 , FJ 6).
A la hora de identificar el título competencial estatal más específico en el sentido indicado, se ha de considerar que la premisa del recurso es la afirmación de que la Ley Foral 24/2014, en realidad regula el consumo, abastecimiento y dispensación de cannabis en Navarra. Partiendo de este enfoque —que, por ser el del recurrente, es el que hemos de resolver— la calificación jurídica del cannabis como estupefaciente sometido al Real Decreto Legislativo 1/2015 y a la Ley 17/1967 a los que ya nos hemos referido, podría fundamentarse en el artículo 149.1.16 CE, en cuanto atribuye al Estado competencia exclusiva sobre la legislación de productos farmacéuticos. En las SSTC 211/2014 , FJ 3; 6/2015 , FJ 2, y 33/2017 , FJ 5, recordamos que el título competencial relativo a la legislación sobre productos farmacéuticos tiene por objeto “la ordenación de los medicamentos en cuanto ‘sustancias’ cuya fabricación y comercialización está sometida —a través de las correspondientes actividades de evaluación, registro, autorización, inspección y vigilancia— al control de los poderes públicos, en orden a garantizar los derechos de los pacientes y usuarios que los consumen (STC 98/2004 , de 25 de mayo, FJ 5)”. Sin embargo, no puede desconocerse que el cannabis no es, en sentido estricto, un fármaco o medicamento, sino una sustancia que, calificada como estupefaciente, contiene elementos o principios activos susceptibles de aplicación terapéutica.
Consecuencia de lo anterior, hemos necesariamente de considerar los otros dos títulos competenciales invocados por el Estado (legislación penal y seguridad pública ex art. 149.1.6 y 29 CE). En virtud del primero, hemos declarado (SSTC 142/1988 y 162/1996 ) que, siendo la legislación penal competencia exclusiva del Estado, las Comunidades Autónomas no pueden prever concretos delitos ni sus correspondientes penas. En las SSTC 120/1998 , FJ 4; 162/1996 , FJ 4, y 142/1988 , FJ 7, dijimos que “incurriría en la tacha de invadir la competencia exclusiva del Estado sobre legislación penal el precepto de la legislación autonómica que tipificase de manera efectiva y concreta algún supuesto de responsabilidad penal” así como el “precepto autonómico que reproducía y ampliaba un tipo penal, por cuanto aquél ‘merece ser calificado por sus contenidos como ‘legislación penal’, puesto que se trata de la configuración de un tipo ..., ámbito material este que el art. 149.1.6 de la Constitución reserva a la competencia exclusiva del Estado y que, por tanto, está vedado al legislador autonómico”. Respecto al artículo 149.1.29 CE, hemos afirmado (STC 184/2016 ) que “la ‘seguridad pública se refiere a la actividad dirigida a la protección de personas y bienes (seguridad en sentido estricto) y al mantenimiento de la tranquilidad u orden ciudadanos’; aunque no se limita a regular ‘las actuaciones específicas de la llamada Policía de seguridad’, pues incluye ‘un conjunto plural y diversificado de actuaciones, distintas por su naturaleza y contenido, aunque orientadas a una misma finalidad tuitiva del bien jurídico así definido’ (STC 235/2001 , de 13 de diciembre, FJ 6, y las allí citadas”. El hecho de que el cannabis sea un estupefaciente justifica las restricciones a que están sometidos su fabricación, venta y consumo. Con apoyo en los artículos 43.2 y 149.1.16 y 29 CE, la normativa estatal ha establecido restricciones y sanciones respecto de su utilización. Así, en el ámbito administrativo, la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, tipifica en su artículo 36.16, 18 y 19 determinadas infracciones graves relacionadas con la tenencia, cultivo y consumo de estupefacientes.
A partir de la doctrina constitucional que ha quedado expuesta y del contenido de la Ley Foral 24/2014 al que hemos aludido, se ha de dilucidar primero si, como afirma el Abogado del Estado, la Ley Foral 24/2014 realmente regula el consumo, abastecimiento y dispensación de cannabis. Ello, partiendo de la base de que la aprobación de una normativa sobre clubes de cannabis no conlleva per se y necesariamente la regulación del consumo y abastecimiento de esta sustancia, ya que cabe concebir asociaciones o clubes dirigidos a fines relacionados con el cannabis pero distintos de su obtención y consumo (fines informativos, de estudio, debate y similares).
Tras el análisis expuesto, llegamos a la conclusión de que la Ley Foral 24/2014 invade la competencia exclusiva estatal en materia de legislación penal, puesto que efectivamente regula, con incidencia sobre el tipo penal definido en la legislación estatal, el consumo, abastecimiento y dispensación de cannabis, en el marco de las asociaciones de usuarios a las que se refiere.
La competencia autonómica en materia de asociaciones (única invocada en apoyo de la Ley Foral 24/2014) en las Comunidades Autónomas cuyos estatutos se la atribuyen (como es el caso de Navarra) no incluye, desde luego, la legitimación de fines o medios que sean delictivos. En este caso, ya el artículo 22.2 CE dice qué asociaciones son ilegales. Pero, en sentido más amplio, tampoco puede la Ley, por el simple expediente de reconocer asociaciones que se dediquen a determinadas actividades, reducir el ámbito de tipos delictivos, menoscabando la exclusiva competencia estatal y dando cobertura legal a comportamientos delictivos. La competencia en materia de asociaciones, como ya se ha indicado, se refiere a la regulación de su régimen jurídico interno y externo, pero no puede hacerse extensiva a la regulación material del objeto asociativo, cualquiera que éste pueda ser, en cuanto ello implicaría una expansión competencial potencialmente ilimitada, con el correlativo vaciamiento de competencias estatales en ámbitos que, como ya se apuntaba en la STC 173/1998 , pueden ser de índole muy diversa. Pues es al Estado al que compete en exclusiva la materia relativa a la legislación penal (art. 149.1.6 CE); título prioritario que no impide la existencia de otros complementarios como son los comprendidos en el artículo 149.1.16 y 29 CE.
Aunque algunos de sus preceptos, aisladamente considerados, pudieran efectivamente disociarse de la regulación del consumo y la puesta a disposición de los socios del cannabis o sus derivados y en sí mismos no incurrirían en tacha alguna de inconstitucionalidad, deben correr la misma suerte que los preceptos que reconocen a los clubes de usuarios de cannabis funciones de adquisición y distribución de dicha sustancia, pues carecería de cualquier efecto y podría inducir a confusión dejar vigentes algunos preceptos aislados en el seno de una Ley cuya finalidad es, como se deduce de su propio título, proporcionar cobertura legal a comportamientos que el legislador penal considera delictivos (en este sentido, SSTC 143/2012 , de 2 de julio, FJ 7, y 51/2017 , de 10 de mayo, FJ 7).
SAP Vizcaya 212/2012, 16 de Marzo de 2012
SAP Barcelona 443/2005, 26 de Octubre de 2005

References: artículo 161
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 artículo 22
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 real decreto 
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
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 artículo 34
 artículo 161
 artículo 30
 artículo 88
 artículo 44
 Real Decreto 
 artículo 44
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 2
 artículo 368
 artículo 36
 artículo 22
 artículo 81
 artículo 22
 artículo 149
 artículo 149
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 149
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 artículo 22
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