Source: http://absta.info/corte-suprema-de-justicia-v4.html?page=4
Timestamp: 2018-12-10 18:32:22+00:00

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Aquiescencia - Corte suprema de justicia
Aquiescencia y connivencia denotan, además, conocimiento de los elementos estructurales o componentes de la conducta punible cuya ejecución material corre por cuenta del grupo armado ilegal.
Así, el oficial a cargo de la tropa que, para facilitar la acción armada de la agrupación contra la población civil, decide ladinamente retirar el contingente de los hombres bajo su mando, muestra conocimiento idóneo sobre el carácter delictivo de la conducta o conductas que fundadamente sabe se irán a cometer.
En lo relacionado con la existencia de un ataque simultáneo a la base militar, que, por obligar a los soldados a defenderse, inhabilitándolos para salir del cuartel, y con la instalación de un retén esporádico, que no permanente –que tornaba normal que en la fecha de los asesinatos hubiera sido levantado en horas de la tarde-, aspectos en los que la acusación fundó la derivación de responsabilidad -al valorarlos en sentido contrario a los descargos-, el proceso muestra los siguientes elementos de juicio:
Oficio 259 del 22 de agosto de 1999, mediante el cual el mayor Mauricio Llorente Chávez, comandante del Batallón de Contraguerrilla, denunció la masacre cometida por las autodefensas. Aclaró que fue realizada en circunstancias ajenas al proceder militar, pues en forma simultánea con la agresión a la población, también fue atacada la base oficial.
En declaración del día siguiente, el oficial afirmó que a eso de las 8:45 de la noche, por radio, el procesado le informó del ataque contra la base, situación que Llorente Chávez puso en conocimiento de sus superiores y pidió el apoyo de un helicóptero. Agregó que permanentemente se recibían informes sobre la presencia en la región del Catatumbo de grupos ilegales, en contra de quienes se realizaban operativos con resultados positivos y que en el casco urbano se ejecutaban patrullajes y retenes a diferentes horas para evitar la rutina.
Dijo que la guarnición militar mostraba algunos cráteres e impactos de bala, producto de la agresión de las AUC.
El 7 de septiembre, dentro del proceso por la denominada “masacre de Tibú”, aclaró que siempre que se dirigían a enfrentar a las autodefensas en los retenes ilegales, una vez desactivaban los explosivos puestos en la carretera y llegaban al lugar, aquellos ya se habían ido. Explicó que la base de Tibú, que estaba a su mando, sufrió un ataque similar, mientras, simultáneamente, la población civil era masacrada. Por razones de seguridad, aclaró, los retenes sólo se hacían en el día.
Los soldados, suboficiales y oficiales Faustino Cáceres Rodríguez, Fabio Rincón Rincón, José del Carmen Leal Ortega, William Adolfo Muñoz Correa, Nicolás Valderrama Ramírez, Osfar George Paredes Rojas, Miguel Antonio Gualteros García y Daladier Rivera Jácome dieron cuenta que, encontrándose en la base, a eso de las 8:45 de la noche recibieron un ataque “de todos lados” con fusiles y granadas. Dijeron que quedaron muestras de dos impactos de granada y muchos de fusil.
Rincón Rincón describió retenes y patrullajes esporádicos (también, Muñoz Correa) y que el día de los asesinatos hubo puesto de control en horas del día. Leal Ortega dijo que no se necesitó el apoyo del helicóptero. Valderrama Ramírez aseveró que en las horas de la noche no se realizaban patrullajes en la zona.
Paredes Rojas explicó que hizo un retén hasta las 6 de la tarde, que luego visitó varios establecimientos y a las 7:30 de la noche se refugió en la base por orden del teniente procesado; agregó que el puesto de control era permanente en horas diurnas, pero que se realizaban patrullajes día y noche y que incluso se ordenaba el cierre de los establecimientos. Rivera Jácome dijo que el acusado había grabado el ataque y que la misión principal del Ejército era proteger a la población civil y controlar los ataques de los grupos ilegales.
En declaración inicial del 22 de agosto de 1999, el teniente Luis Fernando Campuzano Vásquez dijo que el día de los hechos dispuso un patrullaje en el pueblo y un puesto de control, que ordenó levantar a las 6 de la tarde; que a las 7:30 los soldados estaban recogidos en la base y sobre las 8:40 comenzó el ataque a las instalaciones, que duró unos 50 minutos. Dispuso defender el sitio y por radio informó a sus superiores.
Al día siguiente, agregó, se percató de los homicidios. Explicó que no tenía conocimiento de alguna incursión armada a La Gabarra, que los pobladores no manifestaban saber algo al respecto y que no había recibido informes sobre ese tema. Afirmó que los disparos dejaron algunos rastros y que grabó varios momentos del ataque.
Similar relato hizo el acusado en un informe que rindió a sus superiores el 22 de agosto de 1999.
Dos días después, el 24, ante la Procuraduría, el oficial reiteró lo del ataque al puesto militar. Explicó que contaba con 65 soldados, 2 oficiales y 8 suboficiales. Reiteró que a las 6 de la tarde se levantó el retén y se registraron bares y prostíbulos hasta las 7:30. Aclaró que a la base pasó un señor que afirmó que tuviera cuidado porque sobre el puente habían sido dejados unos paquetes extraños.
En diligencia de indagatoria del 24 de marzo del 2000 se negó a contestar las preguntas, porque, dijo, había rendido descargos por los mismos hechos ante un juez penal militar.
En esos descargos, rendidos ante la justicia penal militar el 18 de febrero del 2000, el procesado reiteró que a las 6 ordenó levantar el retén y registrar el pueblo, que sobre las 7:30 de la noche dispuso que los soldados se recluyeran en la base, porque no habían comido y no tenía personal para relevos. Luego se presentó el ataque.
Agregó que previo a los sucesos sus tropas dieron muerte a 4 integrantes de las AUC y que días después del hecho, en persecución de los agresores, sus soldados hicieron otro tanto con otros dos delincuentes e incautaron armas y vehículos. Explicó que antes de asumir el mando, por los medios de información se enteró de los comunicados de las AUC que anunciaban su incursión en el área del Catatumbo. Dijo que la relación con los pobladores y sus autoridades, en especial con la corregidora, eran cordiales y de ayuda mutua.
En la audiencia pública explicó que la agresión de las AUC no generó daños porque la base no contaba con una infraestructura física. Reiteró que nadie lo alertó sobre el hecho que estaba por suceder y que las órdenes recibidas fueron las de combatir los grupos ilegales, no las de proteger a la población.
De las versiones reseñadas, cabe precisar que en contra de la confiabilidad de sus relatos obra el natural propósito del acusado de salir avante en los cargos, la “solidaridad de “cuerpo” que lleva a compañeros y subalternos a respaldar al oficial caído en desgracia y, respecto del mayor Llorente Chávez, que, como ya se dijo, en los momentos de su relato era cuestionado e investigado penalmente por hechos idénticos, de donde resultaría obvio colegir que buscase avalar una excusa que podría hacerle eco a la suya.
Sobre el mismo punto, se cuenta con las siguientes declaraciones:
Carmen Emiro Ropero Suárez afirmó que se desempeñaba como mesero del restaurante “La Parada”, cuando escuchó disparos, cerró el establecimiento y se subió a la terraza a “chismosear” y desde allí escuchaba cómo los soldados de la base militar gritaban que eran atacados por todos lados y el testigo, en efecto, percibía las detonaciones.
Wilson Peñaloza Santander también se encerró en su casa y desde ahí escuchó explosiones y disparos en contra de la base militar, razón por la que, dijo, el Ejército no pudo acudir a socorrer a los ciudadanos.
El pésimo interrogatorio judicial a los declarantes impidió conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se encontraban el día y hora de los hechos, para así colegir la fiabilidad de su descripción. Pero debe decirse que si la base militar ocupaba un campo abierto, no parece coincidir con la lógica que un restaurante público funcionara en forma tan ligada a ella, al extremo que desde la terraza pudiera advertirse lo sucedido en su interior.
En relación con que se escuchaban disparos y detonaciones en la guarnición, ello ni quita ni pone sobre el real o supuesto ataque, como que el ruido podría apuntar a las dos tesis, pues no debe olvidarse que se ha señalado que en forma simulada los militares disparaban, o al aire, o con destino al río.
Las mismas conclusiones son de buen recibo respecto de la trascripción de un casete aportado, que puso de presente que un oficial –Mayor-, superior de “Ballesta 6” –el acusado-, le dijo que todo indicaba que los “bandidos” estaban rodeando La Gabarra, lo que exigía alerta máxima y la realización de retenes nocturnos, circunstancia ésta que, entre otras cosas, ratifica que el acusado sí estaba enterado anticipadamente de la masacre por venir.
Como en otro aparte, el documento refleja ruidos de disparos y explosiones y manifestaciones de militares, propias de un combate, la inferencia debe ser la misma señalada en el anterior aparte.
El alcalde de Tibú, Raúl Centeno Porras, afirmó que los retenes del Ejército eran esporádicos. Lo mismo hicieron el capitán Guillermo Contreras Amaya y el teniente coronel Víctor Hugo Matamoros Rodríguez, quien aclaró que por órdenes del comando no podían existir puesto fijos de control, sino móviles.
Desde estas otras pruebas se ratifica que los puestos de control eran esporádicos, no permanentes, lo que tornaría normal su levantamiento en horas de la tarde del día de la incursión.
Sobre este tópico, en consecuencia, hay versiones opuestas en relación con lo esporádico o permanente del puesto de control y lo que constituye un retén móvil. Pero, con independencia del tema, no debe dejarse de lado que los testigos han precisado que los soldados patrullaban el poblado, al extremo de encargarse del cierre de los establecimientos públicos, circunstancia admitida por el oficial procesado. No obstante ello, en la noche de los hechos, por órdenes del acusado no se realizaron tales actividades. Por el contrario, los militares abandonaron las calles.
En oposición a esos elementos de juicio, se encuentran las versiones de los residentes en La Gabarra, que ya se vio y se reitera, en aspectos relacionados con el “maridaje” Ejército-AUC constituyen pruebas directas. Si bien en punto de la participación del imputado en los homicidios no lo son, porque especifican que sus aseveraciones obedecían a “rumores”, a lo que “la gente dice”, a lo que “se comentaba” en el pueblo, se tornan creíbles y admisibles, en cuanto narran con sinceridad lo percibido, y lo escuchado no fue a cualquier persona, sino a sus vecinos. Además, sí tuvieron percepción directa sobre las afirmaciones del acusado de no combatir a las AUC y permitirles su accionar.
La Corte concluye, en consecuencia, que sobre la participación del procesado en los homicidios cometidos, la incertidumbre fue despejada, en el entendido que tácita y expresamente permitió que las AUC actuaran como a bien tuvieran, como lo venían anunciando, y se comprometió, y así lo hizo saber, a no combatirlas y a dejar que hicieran lo que quisieran con la población civil, porque “el que la debe, que la pague”.
Los antecedentes conocidos del grupo criminal y sus manifestaciones públicas de que se “tomarían La Gabarra” para matar a los ciudadanos por ser guerrilleros o colaborar con la subversión, ejecutando previamente muertes selectivas para dar validez a las amenazas, son circunstancias que permitieron al oficial procesado conocer con antelación la comisión de los múltiples homicidios, no obstante lo cual hizo expresa su intención, finalmente cumplida, de no defender a los civiles y de no combatir al grupo ilegal.
Es claro, entonces, que con conciencia y voluntad cohonestó esas acciones y su contribución a tal resultado consistió en esos actos concretos.
Por tanto, esa consecuencia debe serle imputada a título doloso, como que por todos los medios fue enterado, sabía, de la masacre por venir y no hizo nada para evitarla, siendo ese su deber constitucional y legal.
Esta imputación coincide con los estándares internacionales. Así, en relación con el artículo 30 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, se tiene dicho que en punto del “resultado” o la “consecuencia” de la conducta, hay lugar a deducir dolo, así:
“deben serle imputados al autor los resultados intermedios o secundarios necesarios para el resultado final, que sean prácticamente seguros (“a virtual certainty”) y que no se basen en un acontecimiento fuera de lo normal (“wholly improbable supervening event”). Por ejemplo, si el autor hace saltar por los aires una aeronave para obtener la suma del seguro (objetivo final), entonces se corresponde con el “curso normal de los acontecimientos” que también mueran allí los pasajeros (resultado intermedio o secundario).
Para la imputación basta por tanto con el conocimiento de la producción del resultado fundado en la experiencia general de la vida; el conocimiento necesario es objetivado por medio del criterio del “curso normal de los acontecimientos”. Tales consecuencias secundarias pueden considerarse también como “queridas”, porque el autor cuenta con seguridad con su producción. En todo caso, con esto se exige más que el dolus eventualis, pues allí el tener seriamente por posible la producción del resultado se funda en una base fáctica insegura, mientras que aquí se puede partir de un modo relativamente seguro de la producción del resultado. Este criterio se corresponde más bien con el propuesto en Noruega y Finlandia de la “conciencia” de “que la acción realice con seguridad o con alta probabilidad (‘sikkert eller mest sansynlig’) los elementos del tipo”. También habla de considerar suficiente el dolo eventual el hecho de que tal concepto había sido suprimido ya antes de la Conferencia de Roma”22.
Sobre “el elemento intencional”, en el marco del derecho penal internacional se tiene dicho, en traducción libre:
“XI. Artículo 30. Elemento de intencionalidad23.
Este artículo fue, en principio, uno de los temas de mayor dificultad en el debate, por las diferencias conceptuales entre los sistemas legales (“dolo eventual” contra “probable necesidad”, “imprudencia temeraria” contra la “negligencia temeraria”), pero finalmente resultó bastante fácil llegar a un acuerdo. El texto definitivo esta basado en un anteproyecto Canadiense.
Otra dificultad la encontramos en el enlace del “elemento mental” y el “elemento material”, y en el asunto relacionado con el rol que jugaría la omisión en el “elemento material”. Este tema se resolvió reemplazando “acto u omisión” por “conducta”. Se entendió que la cuestión relacionada con la omisión sería resuelta junto con la propuesta de un artículo especial sobre “actus reus”, proposición que posteriormente fue abandonada.
El único tema que realmente faltó abarcar sobre el “elemento mental” durante la Conferencia de Roma, fue el de evaluar la necesidad de definir la “imprudencia temeraria” (o de algún concepto similar). Allí se acordó que, en principio, todos los crímenes de competencia de la Corte requerirían intención y conocimiento, salvo que específicamente se previera lo contrario. Después, se señaló que la palabra “imprudencia temeraria” no aparecía por ninguna parte en la definición de crimen, y se acordó que era innecesaria. El artículo entonces fue adoptado.
Debía adicionarse, sin embargo, el concepto de “imprudencia temeraria”, aunque no el término en sí mismo, existe en el artículo 28 del Estatuto de Roma, que fue negociado después del artículo 30”24.25
Desde luego que no se trata de aplicar un instrumento que para la fecha de los hechos no se encontraba vigente. Lo que se quiere significar es que la disposición del dolo, como dolo eventual y, que aplicamos en el derecho interno, coincide con el estándar antes señalado.
En las condiciones dichas, se demuestran, con grado de certeza, los tipos objetivo y subjetivo del homicidio agravado por haberse cometido con fines terroristas, que la acusación ubicó en los artículos 323 y 324 del Código Penal de 1980, que rezan:
“Artículo 323. Modificado por la Ley 40 de 1993, artículo 29. Homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) años”.
“Artículo 324. Modificado por la Ley 40 de 1993, artículo 30. Circunstancias de agravación punitiva. La pena será de cuarenta (40) a sesenta (60) años de prisión, si el hecho descrito en el artículo anterior se cometiere: (...)
8. Con fines terroristas...”.
En aplicación del principio y derecho constitucional fundamental de la favorabilidad, deben aplicarse retroactivamente los artículos 103 y 104.8 del Código Penal del 2000, Ley 599, que dejan los topes de 25 a 40 años. Estas conductas se cometieron en concurso homogéneo y sucesivo, en los términos del artículo 31 del Estatuto penal, como que con cada muerte se recorrió en su integridad el tipo penal del homicidio.
Demostrada la ilegalidad de la sentencia del Tribunal, en cuanto incurrió en los errores demandados, y la certeza sobre la comisión de los tipos objetivo y subjetivo señalados en la acusación, se impone su casación, para en su lugar condenar al señor Luis Fernando Campuzano Vásquez como coautor de las conductas descritas.
El procesado es hijo de Luis y Doris, nacido en la ciudad de Cali el 24 de agosto de 1970, casado, oficial del Ejército de Colombia e identificado con la cédula de ciudadanía 79.522.975, expedida en Bogotá.
Por sustracción de materia, la Sala no se ocupará de los cargos tercero y cuarto formulados por el apoderado de la parte civil, porque la prosperidad de los precedentes torna inoficioso su estudio.
Las consecuencias punibles.
La acusación ubicó la conducta de concierto, por la que se ha de condenar, en el artículo 2° del Decreto 1194 de 1989, recogido como permanente por el artículo 6° del Decreto 2266 de 1991, que fija pena de prisión de 10 a 15 años y pecuniaria de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de 1999.
El mismo comportamiento, bajo el nombre de concierto para delinquir, fue recogido por el inciso 1° del artículo 340 de la Ley 599 del 2000, que señaló de 3 a 6 años de prisión.
No se citan las modificaciones posteriores de la Ley 890 del 2004, no solo por perjudiciales, sino porque la jurisprudencia ya ha decantado que sus lineamientos punitivos operan exclusivamente para el denominado sistema acusatorio oral de la Ley 906 del 2004.
El comportamiento debe ser tipificado en el inciso 2° del artículo 340 del Código Penal vigente, que prevé penas de 6 a 12 años de prisión y multa de 2000 a 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, porque la Sala ha venido afirmando que la pertenencia a un grupo armado ilegal se entiende como concierto para “organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley”. Así se afirmó en auto del 17 de octubre del 2001 (radicado 18.790) y se reiteró el pasado 18 de abril (radicado 26.470).
Así las cosas, se debe escoger la norma original del Código Penal actual y, en punto de la restricción de la libertad, aplicarla retroactivamente por resultar benigna al procesado.
En relación con los parámetros de dosificación se impone igualmente el recibo de las disposiciones del sistema de cuartos de la Ley 599 del 2000, porque las normas vigentes en las época de los hechos permitirían la posibilidad de imponer el máximo de la sanción, lo que no sucede con aquellas.
Como la acusación no dedujo fáctica ni jurídicamente circunstancias genéricas o específicas de mayor punibilidad, el juzgador debe ubicarse en el cuarto mínimo (de 6 a 7,5 años).
La historia reciente de país muestra como un hecho notorio, que no requiere de prueba diversa, las implicaciones extremadamente graves que en todos los ámbitos del acontecer nacional (económico, cultural, político, social, de arraigo de la población, de imagen internacional, de desplazamiento de la población con el incremento consiguiente de los cinturones de miseria, etc.) implica el despiadado accionar de los grupos armados al margen de la ley, y específicamente de los mal llamados paramilitares.
Esa situación conlleva un reproche considerable al ciudadano que de cualquier manera coadyuve a esas actividades ilegales. Mayor reparo debe merecer la conducta del servidor público que participe de ese accionar, y de extrema gravedad debe tenerse el actuar de quien precisamente ha sido llamado no solamente a proteger a los ciudadanos, sino a combatir esas formas de violencia, porque el mensaje a la ciudadanía es de desolación, de incredulidad e irrespeto para con las instituciones, pues no puede concebir, dentro de ninguna lógica, que su aliado natural, a cuyo sostenimiento contribuye con sus impuestos, se convierta en adalid de aquellos que han poblado de miseria y terror la patria.
En esas condiciones, en los términos del artículo 61 de la Ley 599 del 2000, la mayor gravedad de la conducta y el daño potencial generado para la ciudadanía, impone señalar el tope máximo permitido, que será de 7,5 años de prisión.
Los mismos lineamientos, aplicados a uno de los delitos de homicidio agravado, permiten ubicar el cuarto inferior de movilidad de 25 años a 28 años y 9 meses de prisión, siendo el último límite el que se impone.
En aplicación de las reglas del concurso de conductas punibles, se tiene como el “delito más grave”, o “delito base”, uno cualquiera de los homicidios, para partir de 28 años y 9 meses y, bajo los criterios ya expuestos, por el “otro tanto” se adicionarán los 11 años y 3 meses que faltan para completar los 40 años permitidos como límite máximo por el artículo 37 original de la Ley 599 del 2000, igualmente aplicable por beneficiar al procesado, entendiéndose que ese monto de 11 años y 3 meses agrupa las sanciones por los restantes atentados contra la vida y por el concierto para delinquir, en proporciones iguales para cada una de tales infracciones.
Trasladando los mismos criterios, se fijará pena de multa por suma equivalente a 62,5 salarios mínimos mensuales vigentes para el año de 1999, correspondientes al tope máximo del primer cuarto, deducidos del artículo 2° del Decreto 1194 de 1989, norma aplicable ultractivamente por favorabilidad.
Como sanción accesoria se impondrá la de interdicción de derechos y funciones públicas por el lapso máximo de 10 años permitido por el artículo 43 del Decreto 100 de 1980, recogido ultractivamente por resultar benigno frente a los artículos 51 y 52 de la Ley 599 del 2000, que amplían el término a 20 años.
Las sanciones legales previstas para las conductas imputadas descartan la posibilidad de conceder los subrogados penales de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, además que el grave comportamiento del procesado, puesto de presente a lo largo de esta determinación, permite colegir fundadamente que representa un peligro para la comunidad, imponiéndose la necesidad de que pague en un centro carcelario la totalidad de la sanción impuesta.
En relación al bien jurídico protegido con la conducta de concierto para delinquir, no hay lugar a imponer la obligación de indemnizar perjuicios.
En punto de los homicidios, la Corte se abstendrá de ordenar el pago de daños, porque no fueron demostrados dentro de la actuación y la tasación prudencial que puede hacer el juez parte del supuesto necesario de su acreditación probatoria, pues el juzgador debe considerar, entre otros aspectos, las condiciones de la persona ofendida y la naturaleza y consecuencias de los agravios sufridos, aspectos sobre los que no existen bases probatorias.
Lo anterior no obsta para que las víctimas acudan ante la jurisdicción civil respectiva.
Se librarán las comunicaciones de ley.
La Corte estima prudente solicitar de la Procuraduría General de la Nación que así como en el evento que hoy se decide intervino activamente, haga lo propio en las restantes investigaciones que se han originado debido a las múltiples rupturas de la unidad procesal, en aras de que se imparta una recta y cumplida justicia y se evite que casos tan graves queden en la impunidad.
1. Casar la sentencia del 28 de abril del 2005, proferida por el Tribunal Superior de Cundinamarca.
(a) Declara al señor Luis Fernando Campuzano Vásquez, de condiciones personales reseñadas en esta providencia, coautor penalmente responsable del concurso de conductas punibles de homicidio agravado y concierto para delinquir, previstas en los artículos 103 y 104.8 y en el inciso 2° del artículo 340 de la Ley 599 del 2000.
(b) Imponerle 40 años de prisión, 10 de interdicción para el ejercicio de derechos y funciones públicas y multa equivalente a 62,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 1999.
(c) Abstenerse de señalar la obligación de indemnizar perjuicios.
2. Declarar que el señor Campuzano Vásquez no tiene derecho a los subrogados de la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni de la prisión domiciliaria.
Expídase la respectiva orden de captura.
3. Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 472 del Código de Procedimiento Penal.

References: artículo 30
 Artículo 30
 artículo 28
 artículo 30
 artículo 29
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 340
 artículo 340
 artículo 61
 artículo 37
 artículo 2
 artículo 43
 artículo 340
 artículo 472