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LEY 27809 | Blog de GROVER CORNEJO YANCCE
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LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL LEY 27809
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CONCORDANCIAS: R. N° 176-2007-SUNAT, Art. 3
El objetivo del Sistema Concursal es la permanencia de la unidad productiva, la protección
del crédito y el patrimonio de la empresa. Los agentes del mercado procurarán una asignación
conseguir el máximo valor del patrimonio en crisis. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
junio 2008, la misma que de conformidad con su Única Disposición Final, entró en
vigencia a los treinta (30) días siguientes de su publicación en el Diario Oficial El
conseguir el máximo valor posible del patrimonio del deudor.”
Los procedimientos concursales tienen por finalidad propiciar un ambiente idóneo para la
negociación entre los acreedores y el deudor sometido a concurso, que les permita llegar a un
acuerdo de reestructuración o, en su defecto, a la salida ordenada del mercado, bajo reducidos
consecuencias de la decisión adoptada.
Los procedimientos concursales buscan la participación y beneficio de la totalidad de los
acreedores involucrados en la crisis del deudor. El interés colectivo de la masa de acreedores
se superpone al interés individual de cobro de cada acreedor.
Los acreedores participan proporcionalmente en el resultado económico de los
los créditos existentes, salvo los órdenes de preferencia establecidos expresamente en la
El impulso de los procedimientos concursales es de parte. La intervención de la autoridad
partícipes de los procedimientos concursales, deben adecuar su conducta a los deberes de
son objeto de sanción, de acuerdo a Ley.
La autoridad concursal no podrá dejar de resolver por defecto o deficiencia de las normas.
En tal caso, aplicará los principios generales del derecho, especialmente aquellos que inspiran
El Estado, a través del INDECOPI, facilita y promueve la negociación entre acreedores y
deudores, respetando la autonomía privada respecto de las decisiones adoptadas en los
a) Sistema Concursal.- El Sistema Concursal está conformado por las normas aplicables a
concursales, así como por las Autoridades Administrativas y Judiciales a las que la Ley y/o sus
b) Comisión.- La Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI y las Comisiones
(*) Literal modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
“b) Comisión: La Comisión de Procedimientos Concursales y las Comisiones
desconcentradas de las Oficinas Regionales del INDECOPI.”
c) Deudor.- Persona natural o jurídica, sociedades conyugales y sucesiones indivisas. Se
incluye a las sucursales en el Perú de organizaciones o sociedades extranjeras.
d) Acreedor.- Persona natural o jurídica, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
otros patrimonios autónomos que sean titulares de un crédito.
e) Crédito.- Derecho del acreedor a obtener una prestación asumida por el deudor como
f) Actividad Empresarial.- Actividad económica, habitual y autónoma en la que confluyen
los factores de producción, capital y trabajo, desarrollada con el objeto de producir bienes o
h) Tribunal.- El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
i) INDECOPI.- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
“l) Crédito concursal: Crédito generado hasta la fecha de publicación establecida en el
Artículo 32 de la Ley General del Sistema Concursal.”
(*) Literal l) agregado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
“ll) Crédito post – concursal: Crédito generado con posterioridad a la fecha de publicación
establecida en el Artículo 32 de la Ley General del Sistema Concursal.” (*)
(*) Literal ll) agregado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
que se encuentren domiciliados en el país, sin admitir pacto en contrario. No son oponibles
para efectos concursales los acuerdos privados relativos a la sustracción de ley y jurisdicción
sistema de seguros, y aquéllas a las cuales la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y
Valores – CONASEV otorga autorización de funcionamiento. Asimismo, tampoco se encuentran
comprendidas en la Ley los patrimonios autónomos, salvo las sociedades conyugales y
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28709, publicada el 12 abril 2006,
” 2.2 No se encuentran comprendidas en la Ley, como deudores, las entidades que integran
la estructura del Estado, tales como los organismos públicos y los demás entes de derecho
del sistema financiero o del sistema de seguros, y aquéllas a las cuales la Comisión Nacional
Supervisora de Empresas y Valores – CONASEV otorga autorización de funcionamiento.
Asimismo, tampoco se encuentran comprendidas en la Ley los patrimonios autónomos, salvo
las sociedades conyugales y sucesiones indivisas.” (*)
(*) Numeral modificado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
“2.2 No se encuentran comprendidas en la Ley, como deudores, las entidades que integran
sucesiones indivisas.”
2.3 En la tramitación y resolución de los procedimientos concursales, las disposiciones
previstas en la Ley se aplicarán preferentemente a cualquier otra norma que contenga
3.1 La Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI y las Comisiones creadas
en última instancia administrativa.
3.2 Corresponde a la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI regular y
fiscalizar la actuación de las Comisiones creadas en virtud de Convenio, Entidades
concursales en el ámbito nacional, para lo cual podrá expedir directivas de cumplimiento
(*) Artículo modificado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
CONCORDANCIAS: R. N° 0149-2003-CCO-INDECOPI
R. N° 0198-2003-CCO-INDECOPI
4.1 La competencia de la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI podrá
ser ejercida temporalmente por las instituciones, públicas o privadas, que el Directorio del
presentarse por el régimen concursal.
4.2 Para el ejercicio de la competencia referida, dichas instituciones suscribirán un
convenio privado por el cual se establecerá lo necesario para la conformación de una Comisión
cuya estructura corresponda a la señalada por ley para la Comisión de Procedimientos
funcionarios públicos integrantes de la Comisión de Procedimientos Concursales del
4.4 En los convenios de habilitación de competencia se establecerán los derechos y las
obligaciones de cada una de las partes intervinientes en los mismos. La retribución que
perciban las entidades públicas o privadas con las que se suscriba el respectivo convenio son
5.1 Por efecto de la habilitación a que se refiere el artículo precedente las instituciones
públicas o privadas, con las que se suscriben los convenios correspondientes, ejercen
5.2 En situaciones excepcionales, la Comisión de Procedimientos Concursales del
INDECOPI podrá redistribuir la carga procesal de las instituciones entre otras instituciones del
mismo ámbito de actuación territorial.
CONCORDANCIA: DIRECTIVA N° 002-2002-CRP-INDECOPI
todos los deudores domiciliados en el Perú.
6.2 Las Comisiones son competentes también para conocer de los procedimientos
concursales de personas naturales o jurídicas domiciliadas en el extranjero en caso de que se
extranjera que declara el concurso o cuando así lo dispongan las normas de Derecho
Internacional Privado. En ambos supuestos, dicha competencia se extenderá exclusivamente a
6.3 La Autoridad Concursal peruana será competente para conocer los procedimientos
concursales que se promuevan contra deudores domiciliados en el país, incluso en aquellos
6.4 La competencia de la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI se
extiende a todo el territorio de la República. Dicha Comisión, mediante directiva, determinará la
(*) Numeral modificado por el Artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
“6.4 El Consejo Directivo del INDECOPI, mediante Directiva, determinará la competencia
territorial de la Comisiones desconcentradas.”
competencia corresponderá a cualquiera de las Comisiones Delegadas que funcione en dichas
b) Si en la provincia en la que domicilia el deudor no funciona ninguna Comisión Delegada,
la competencia corresponderá a la Comisión Delegada que hubiere en la provincia
territorialmente más cercana, salvo que existiese otra Comisión Delegada que, de acuerdo a
las vías de acceso, resultase más próxima a la provincia en que domicilia dicho deudor.
El domicilio del deudor, para efectos de identificar la competencia territorial, será
determinado de acuerdo a los criterios señalados a continuación:
a) Personas jurídicas: El domicilio es la localidad señalada en los estatutos del deudor,
debidamente inscrito en Registros Públicos.
personas naturales y sociedades conyugales es aquel determinado en el Código Civil. El
domicilio de las sucesiones indivisas es el último domicilio conocido del causante.
8.1 En el caso de que se presenten dos o más solicitudes respecto de un mismo deudor
para el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario previsto en la Ley, en dos o más
Comisiones de un mismo ámbito territorial, el procedimiento será seguido ante la Comisión a la
que se presentó la solicitud en fecha anterior. Si las solicitudes fueron presentadas en la misma
fecha, el conocimiento del procedimiento será decidido por el Tribunal.
competencia podrá ser promovida por el deudor únicamente dentro del plazo establecido para
que éste se apersone al procedimiento.
8.3 Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos precedentes, en cualquier momento
anterior a la emisión de la resolución que declara en situación de concurso al deudor, la Sala
podrá declarar nulo lo actuado en el procedimiento sobre el cual considere que no tiene
competencia territorial conforme a las disposiciones de los Artículos 6 y 7, remitiendo el
expediente a la Comisión que resulte competente.
8.4 En ningún caso será válido el acuerdo celebrado entre las partes, referido a la
prórroga de la competencia regulada en el presente artículo.
8.5 Las contiendas de competencia son resueltas por el Tribunal en decisión
naturaleza frente a un mismo deudor, prevalecerá el procedimiento en que se presentó la
solicitud con fecha anterior, decretándose la suspensión del procedimiento iniciado
9.2 Si dichas solicitudes hubieran sido presentadas en la misma fecha, prevalecerá el
procedimiento concursal de naturaleza preventiva, decretándose la suspensión del
9.3 Si en el procedimiento en el que se impulsa el trámite no se aprueba el acuerdo global
de refinanciación, o no se declara el acogimiento al concurso, se levantará la suspensión
decretada y se continuará con el trámite del procedimiento subsistente. En caso contrario, los
procedimientos suspendidos concluyen sin declaración sobre el fondo.
Concursal conforme al Artículo 32, no procederá el inicio de cualquiera de los procedimientos
10.1 Toda información presentada tiene carácter de declaración jurada. El representante
legal, el propio acreedor y el deudor, según el caso, serán responsables de la veracidad de la
información y la autenticidad de los documentos presentados.
10.2 El carácter de declaración jurada respecto de la veracidad de la documentación e
información presentada no releva a las partes de desarrollar la actividad probatoria que les sea
10.3 La omisión en absolver los requerimientos de la autoridad Concursal, podrá generar
sanciones contempladas en el Título VII de la Ley.
11.1 Los procedimientos concursales a pedido de acreedores se tramitarán en reserva
hasta la publicación a que se refiere el Artículo 32. Cautelarán la reserva los funcionarios
públicos que tengan conocimiento del procedimiento y las partes.
11.2 La reserva no impedirá la publicación de edictos cuando se desconozca el domicilio
del emplazado, pero manteniéndose la reserva respecto de la información y documentación
12.1 Para los efectos de la presente Ley, son relaciones que evidencian vinculación entre
c) La relación laboral, presente o pasada, que implique el ejercicio de labores de dirección o
12.2 La existencia de estas relaciones deberá ser declarada por el acreedor y por el
deudor en la primera oportunidad en que se apersonen ante la Comisión. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
CONCORDANCIAS: D.U. N° 061-2009 (Decreto de Urgencia que precisa la participación
13.1 Los acreedores tienen el derecho de acceder a información relevante para tomar
decisiones en los procedimientos concursales. Es obligación de los deudores y de las
entidades administradoras y liquidadoras brindar dicha información. (*)
“Artículo 13.- Acceso a la información concursal
13.1 Los acreedores tienen el derecho de acceder a toda la información que requieran para
contempladas en la Constitución y en el marco legal vigente. Es obligación de los deudores y
de las entidades administradoras y liquidadoras brindar dicha información.”
13.2 En el caso de Juntas, el derecho de información de los acreedores se regula por el
CONCORDANCIAS: R. N° 0988-2005-TDC-INDECOPI (Interpretan alcances del derecho
de acceso a la información en los procedimientos concursales)
concursado, con excepción de sus bienes inembargables y aquellos expresamente excluidos
14.2 El deudor cuyo patrimonio se encuentre sujeto al régimen de sociedad de
gananciales deberá sustituir dicho régimen por el de separación de patrimonios, lo que permita
la identificación exacta de los bienes que integraran su patrimonio comprendido en el
procedimiento. Para tal efecto, el deudor procederá a variar el régimen de sociedad de
gananciales por la separación de patrimonios de conformidad con las exigencias y
formalidades previstas en el Código Civil. Esta condición constituye requisito de admisibilidad
para el caso del deudor que pretenda su sometimiento al régimen Concursal previsto en esta
(*) Numeral modificado por el Artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
“14.2. El deudor cuyo patrimonio se encuentre sujeto al régimen de sociedad de
gananciales deberá sustituir dicho régimen por el de separación de patrimonios, de
objeto de permitir la identificación exacta de los bienes que integrarán su patrimonio
comprendido en el procedimiento. Esta condición constituye requisito de admisibilidad para el
caso del deudor que pretenda su sometimiento al régimen concursal previsto en la Ley.”
14.3 En caso de que fuera emplazado un deudor sujeto al régimen de sociedades
gananciales y se declarara su sometimiento al régimen concursal, deberá proceder a satisfacer
la exigencia prevista en el párrafo anterior de manera previa a la convocatoria a la junta de
acreedores que disponga la Comisión. Durante la tramitación de este procedimiento y en tanto
la exigencia no se satisfaga, los plazos quedarán suspendidos y no será de aplicación la
suspensión de exigibilidad de obligaciones y el marco de protección legal del patrimonio,
regulados en los Artículos 17 y 18 de la Ley.
14.4 En las sucesiones indivisas formarán parte de la masa Concursal los bienes materia
15.1 Las obligaciones del deudor originadas hasta la fecha de la publicación establecida
en el Artículo 32, con la excepción prevista en el Artículo 16.3.
financiero celebrados hasta la fecha indicada en el párrafo anterior, siempre que el titular de los
créditos manifieste expresamente su decisión de incorporar al concurso las cuotas originadas
con posterioridad a la fecha mencionada, con la presentación de la solicitud de reconocimiento
de créditos respectiva, sometiéndose al Plan, Convenio y demás acuerdos que adopte la Junta
a partir de su incorporación.
15.3 En el caso de sucesiones indivisas se considera como obligaciones, además de las
deudas descritas en el Código Civil, las cargas referidas en el Artículo 869 del Código Civil.
Artículo 16.- Créditos generados con posterioridad al inicio del concurso
párrafo del Artículo 15, serán pagadas a su vencimiento, no siendo aplicables las disposiciones
contenidas en los Artículos 17 y 18, con la excepción prevista en el tercer párrafo del presente
artículo. Las solicitudes de reconocimiento de estos créditos serán declaradas improcedentes.
16.2 Los créditos referidos en el párrafo precedente podrán ser ejecutados a su
vencimiento, respetando el rango de las garantías otorgadas.
16.3 En los procedimientos de disolución y liquidación serán susceptibles de
reconocimiento los créditos generados con posterioridad a la fecha en que se efectúa la
publicación establecida en el Artículo 32. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
CONCORDANCIAS: R. N° 0089-2004-SCO-INDECOPI
17.1 A partir de la fecha de la publicación a que se refiere el Artículo 32, se suspenderá la
sin que este hecho constituya una novación de tales obligaciones, aplicándose a éstas, cuando
corresponda la tasa de interés que fuese pactada por la Junta de estimarlo pertinente. En este
caso, no se devengará intereses moratorios por los adeudos mencionados, ni tampoco
procederá la capitalización de intereses.
17.2 La suspensión durará hasta que la Junta apruebe el Plan de Reestructuración, el
Acuerdo Global de Refinanciación o el Convenio de Liquidación en los que se establezcan
procedimiento y la tasa de interés aplicable en cada caso, lo que será oponible a todos los
dirigirse contra el patrimonio de los terceros que hubieran constituido garantías reales o
personales a su favor, los que se subrogarán de pleno derecho en la posición del acreedor
afecta la posibilidad de que los acreedores puedan dirigirse por las vías legales pertinentes
18.1 A partir de la fecha de la publicación referida en el Artículo 32, la autoridad que
contra el deudor, no ordenará, bajo responsabilidad, cualquier medida cautelar que afecte su
patrimonio y si ya están ordenadas se abstendrá de trabarlas.
18.2 Dicha abstención no alcanza a las medidas pasibles de registro ni a cualquier otra
que no signifique la desposesión de bienes del deudor o las que por su naturaleza no afecten el
funcionamiento del negocio, las cuales podrán ser ordenadas y trabadas pero no podrán ser
materia de ejecución forzada.
18.3 Si las medidas cautelares, distintas a las señaladas en el numeral precedente, han
sido trabadas se ordenará su levantamiento y la devolución de los bienes involucrados en la
medida cautelar a quien ejerza la administración del patrimonio del deudor. Sin embargo, no
serán levantadas las medidas cautelares mencionadas en el Artículo 18.2, pero no podrán ser
18.4 En ningún caso el patrimonio del deudor sometido a concurso podrá ser objeto de
ejecución forzosa, en los términos previstos en la Ley, con la excepción prevista en el primer y
segundo párrafos del Artículo 16.
18.5 El marco de protección legal no alcanza a los bienes perecibles. En tal caso, el
producto de la venta de dichos bienes será puesto a disposición del administrador o liquidador,
según corresponda, para que proceda con el pago respectivo, observando las normas
18.6 Declarada la situación de concurso y difundido el procedimiento no procederá la
ejecución judicial o extrajudicial de los bienes del deudor afectados por garantías, salvo que
dichos bienes hubiesen sido afectados en garantía de obligaciones de terceros, con excepción
de los Artículos 16.1 y 67.5.(*)
” 18.6 Declarada la situación de concurso y difundido el procedimiento no procederá la
dichos bienes hubiesen sido afectados en garantía de obligaciones de terceros, en cuyo caso
podrán ser materia de ejecución como en los supuestos de los artículos 16.1 y 67.5″
18.7 La prohibición de ejecución de bienes no alcanza a las etapas destinadas a
determinar la obligación emplazada al deudor. La autoridad competente continuará conociendo
19.1 El juez declarará ineficaces y, en consecuencia, inoponibles frente a los acreedores
del concurso, los gravámenes, transferencias, contratos y demás actos jurídicos, sean a título
perjudiquen su patrimonio y que hayan sido realizados o celebrados por éste dentro del año
anterior a la fecha en que presentó su solicitud para acogerse a alguno de los procedimientos
concursales, fue notificado de la resolución de emplazamiento o fue notificado del inicio de la
19.2 Los actos de disposición que se realicen en virtud a cualquier cambio o modificación
del objeto social del deudor, efectuado en el período anterior, serán evaluados por el juez en
función de la naturaleza de la respectiva operación comercial.
19.3 Podrán ser declarados ineficaces y, en consecuencia, inoponibles frente a los
acreedores, los actos jurídicos celebrados entre la fecha que presentó su solicitud para
acogerse a alguno de los procedimientos concursales, fue notificado de la resolución de
emplazamiento o fue notificado del inicio de la disolución y liquidación hasta el momento en
que la Junta nombre o ratifique a la administración del deudor o se apruebe y suscriba el
respectivo Convenio de Liquidación, según sea el caso, que se detallan a continuación:(*)
” 19.3 El juez declarará ineficaces y, en consecuencia, inoponibles frente a los acreedores,
los actos jurídicos celebrados entre la fecha que presentó su solicitud para acogerse a alguno
de los procedimientos concursales, fue notificado de la resolución de emplazamiento o fue
notificado del inicio de la disolución y liquidación hasta el momento en que la Junta nombre o
ratifique a la administración del deudor o se apruebe y suscriba el respectivo Convenio de
Liquidación, según sea el caso, que se detallan a continuación”:
establecida en el contrato o en el título respectivo;
c) Los actos y contratos a título oneroso, realizados o celebrados por el insolvente que no se
d) Las compensaciones efectuadas entre obligaciones recíprocas entre el deudor y sus
e) Los gravámenes constituidos y las transferencias realizadas por el insolvente con cargo a
bienes de su propiedad, sea a título oneroso o a título gratuito;(*)
“e) Los gravámenes constituidos y las transferencias realizadas por el deudor con cargo a
bienes de su propiedad, sea a título oneroso o a título gratuito;”
f) Las garantías constituidas sobre bienes del deudor, dentro del plazo referido, para
asegurar el pago de obligaciones contraídas con fecha anterior a éste;
g) Las ejecuciones judiciales o extrajudiciales de su patrimonio, desde la difusión del
19.4 El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho del deudor que
en el Registro pertinente aparece con facultades para otorgarlo, no resultará afectado con la
ineficacia a que se refiere el presente artículo, una vez inscrito su derecho.
20.1 La declaración de ineficacia, y su consecuente inoponibilidad a los acreedores del
concurso, se tramitará en la vía del proceso sumarísimo. La persona o entidad que ejerza la
administración del deudor o el Liquidador, o uno o más acreedores reconocidos se encuentran
20.2 El juez que declara la ineficacia de los actos del deudor ordenará el reintegro de los
bienes a la masa Concursal o el levantamiento de los gravámenes constituidos, según
21.1 Dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de la publicación a que se refiere el
Artículo 32, el deudor, bajo responsabilidad, solicitará la inscripción de la resolución que
declara la situación de concurso o su disolución y liquidación en el Registro Personal, los
Registros Públicos en los que se encuentren inscritos sus bienes, cualquier tipo de registros
donde aparezcan bienes o garantías constituidas sobre bienes del deudor y, en su caso, en el
Registro Mercantil o en el Registro de Personas Jurídicas correspondiente.
21.2 Para la inscripción será suficiente copia de la resolución por la cual se inicia el
procedimiento o la disolución y liquidación, según corresponda, y de la publicación a que hace
referencia el Artículo 32.
21.3 Igual obligación recae sobre el deudor en los casos en que los procedimientos
concursales concluyan por inexistencia de concurso o cualquier otra forma de conclusión. Para
la inscripción de la resolución que declara la conclusión del procedimiento por cualquiera de las
formas previstas en la Ley bastará la presentación de copia certificada de dicha resolución, en
la que se señale la fecha en que la resolución quedó consentida o con autoridad de cosa
decidida, según el caso.
21.4 Las inscripciones podrán ser solicitadas por cualquier interesado ante el Registro
El registrador público inscribirá los acuerdos adoptados en Junta, el Plan de
Reestructuración, el Convenio de Liquidación, el Acuerdo Global de Refinanciación y el auto
judicial que declara la quiebra. Para ello, será suficiente la presentación de copia del
instrumento correspondiente, debidamente certificado por un representante de la Comisión.
Artículo 23.- Inicio del procedimiento
El Procedimiento Concursal Ordinario podrá ser iniciado por el propio deudor o por sus
Artículo 24.- Inicio del procedimiento a solicitud del deudor
24.1 Cualquier deudor podrá solicitar el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario
a) Que más de un tercio del total de sus obligaciones se encuentren vencidas e impagas por
un período mayor a treinta (30) días calendario;
b) Que tenga pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, cuyo importe sea mayor al
24.2 En caso de que la solicitud sea presentada por el deudor, éste expresará su petición
de llevar a cabo una reestructuración patrimonial o uno de disolución y liquidación, de ser el
a) Para una reestructuración patrimonial, el deudor deberá acreditar, mediante un informe
suscrito por su representante legal y por contador público colegiado, que sus pérdidas
El deudor también especificará los mecanismos y requerimientos necesarios para hacer
viable su reflotamiento, y presentará una proyección preliminar de sus resultados y flujo de caja
por un período de dos (2) años.
b) De no encontrarse en el supuesto del inciso a) precedente, el deudor sólo podrá solicitar
su disolución y liquidación, la que se declarará con la resolución que declara la situación de
literal a) del numeral precedente, pero tiene pérdidas acumuladas, deducidas reservas,
superiores al total de su capital social, sólo podrá plantear su disolución y liquidación.
24.3 La solicitud que se sustente en una situación distinta de las señaladas en el párrafo
precedente será declarada improcedente.
24.4 Las personas naturales, sociedades conyugales o sucesiones indivisas deberán
cumplir, además, al menos uno de los siguientes supuestos:
b) Que más de las dos terceras partes de sus obligaciones se hayan originado en la
Artículo 25.- Documentos anexos a la solicitud
25.1 El deudor acompañará a su solicitud un Resumen Ejecutivo fundamentando el inicio
del Procedimiento Concursal Ordinario, la viabilidad económica de sus actividades, de ser el
caso y los medios para solventar las obligaciones adeudadas. Asimismo, presentará, en lo que
resulte aplicable, la siguiente documentación:
a) Copia del acta de la Junta de Accionistas o del órgano correspondiente en la que conste
b) Nombre o razón social del deudor, su actividad económica, su domicilio y las provincias
d) Copias del Balance General; Estado de Ganancias y Pérdidas; Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, de los dos (2) últimos años; y de un cierre
mensual con una antigüedad no mayor de dos (2) meses a la fecha de presentación de la
Unidades Impositivas Tributarias, los Estados Financieros referidos deberán encontrarse
debidamente auditados y deberá presentarse, además, el dictamen correspondiente;
e) Información acerca de las fuentes de financiamiento a que ha accedido el deudor durante
los dos últimos ejercicios, así como sobre la forma en que se ha acordado el retorno de dicho
g) Una relación detallada de sus obligaciones de toda naturaleza, precisando la identidad y
y la fecha de vencimiento de cada una de dichas obligaciones. La relación debe incluir las
obligaciones de carácter contingente precisando en estos casos la posición de ambas partes
respecto de su existencia y cuantía. La información referida tendrá una antigüedad no mayor
de dos (2) meses de la fecha de presentación de la solicitud; así como deberá reflejar las
obligaciones del deudor contenidas en el balance presentado según el literal d) del presente
párrafo y encontrarse conciliada con el mismo;
h) Una relación detallada de sus bienes muebles e inmuebles y de sus cargas y
gravámenes, así como los titulares y montos de los mismos. La información referida tendrá una
antigüedad no mayor de dos (2) meses de la fecha de presentación de la solicitud, así como
deberá encontrarse ajustada a valores contables o de tasación, y señalarse cuál de los dos
criterios se siguió. Dicha información deberá reflejar los bienes del deudor contenidos en el
balance presentado según el literal d) del presente párrafo y encontrarse conciliada con el
i) Una relación detallada de sus créditos por cobrar, indicando sus posibilidades de
recuperación. La información referida deberá reflejar los créditos del deudor contenidos en el
k) Declaración jurada de la existencia o inexistencia de vinculación con cada uno de sus
acreedores, de acuerdo a los supuestos establecidos en el Artículo 12.
25.2 Las relaciones señaladas en los literales g), h) e i) del párrafo precedente, deberán
ser actualizadas a la fecha de difusión del procedimiento.
25.3 Si el solicitante fuera persona natural, sociedad conyugal o sucesión indivisa, no
acompañará la documentación detallada en los literales d), e) y f), que anteceden.
25.4 La información y documentación presentadas deberá ser suscrita por el
representante legal del deudor. La documentación identificada en el literal d) que antecede
deberá ser suscrita, además, por contador público colegiado.
25.5 La totalidad de la información señalada en el presente artículo debe ser presentada,
además, en disco magnético u otro medio análogo según las especificaciones que dé la
25.6 De cumplirse todos los requisitos establecidos en el presente artículo, la Comisión
declarará la situación de concurso del deudor.
Artículo 26.- Inicio del procedimiento a solicitud de acreedores
26.1 Uno o varios acreedores impagos cuyos créditos exigibles se encuentren vencidos,
no hayan sido pagados dentro de los treinta (30) días siguientes a su vencimiento y que, en
la fecha de presentación, podrán solicitar el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario de su
deudor. El desistimiento de alguno de los acreedores que presentó la solicitud, luego de
emplazado el deudor, no impedirá la continuación del procedimiento. (*)
(*) Numeral modificado por el Artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
“26.1 Uno o varios acreedores impagos cuyos créditos exigibles se encuentren vencidos, no
luego de emplazado el deudor, no impedirá la continuación del procedimiento.”
proceso de ejecución de dichas garantías resulte infructuoso.
que se encuentren tramitando su disolución y liquidación, al amparo de las disposiciones de la
26.4 La solicitud deberá indicar el nombre o razón, domicilio real y la actividad económica
del deudor con una declaración jurada del acreedor sobre la existencia o inexistencia de
vinculación con su deudor, según el Artículo 12. Acompañará copia de la documentación
sustentatoria de los respectivos créditos e indicará el nombre o razón social, domicilio y, de ser
Artículo 27.- Emplazamiento al deudor
27.1 Verificada la existencia de los créditos invocados, la Comisión requerirá al
emplazado para que dentro de los veinte (20) días de notificado, se apersone al procedimiento
y, como requisito de admisibilidad, presente la documentación prevista en los literales b), c), f),
g), h) e i) del Artículo 25.1 o en el Artículo 25.3, según el caso, copias del Balance General,
Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto de los últimos dos ejercicios. (*)
(*) Numeral modificado por el Artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
“27.1 Verificada la existencia de los créditos invocados, la Comisión requerirá al emplazado
del Patrimonio Neto de los últimos dos ejercicios.”
27.2 A solicitud del emplazado, la información relativa a sus estados financieros podrá ser
declarada reservada, siendo obligación del órgano funcional tomar las medidas necesarias
establecido en el Artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 807. Declarada la situación de concurso
del deudor, dicha información estará a disposición de los acreedores, quedando
automáticamente sin efecto la declaración de reserva.
28.1 El emplazado podrá apersonarse al Procedimiento Concursal Ordinario optando por
a) Pagando el íntegro de los créditos objeto del emplazamiento. Si el acreedor se niega a
recibir el pago, el deudor podrá consignar el íntegro del monto emplazado, conforme a las
disposiciones del Código Civil y del Código Procesal Civil, en cuyo caso la obligación quedará
b) Ofreciendo pagar el íntegro de los créditos objeto del emplazamiento. Se otorgará al
acreedor el plazo de diez (10) días para dar su conformidad. El silencio constituirá una
aceptación del ofrecimiento de pago.
c) Oponiéndose a la existencia, titularidad, exigibilidad o cuantía de los créditos objeto del
emplazamiento. El ejercicio de esta opción no enerva el derecho del emplazado a plantear
subordinadamente la alternativa anterior. La Comisión se pronunciará en el mismo acto
28.2 Cuando el emplazado opte por la alternativa a) precedente, la Comisión expedirá
una resolución denegatoria de la solicitud de inicio de concurso y declarará concluido el
procedimiento, siempre que se acredite el pago o la consignación de los créditos materia del
b) Cuando la oposición presentada por el deudor resulte infundada o improcedente y, en
caso éste hubiese optado subordinadamente por la opción prevista en el literal b) del primer
párrafo, la misma haya sido desestimada por el acreedor.
c) Cuando el emplazado reconoce el monto de los créditos materia del emplazamiento y se
artículo, dentro del plazo establecido en el Artículo 27.1.
28.4 En cualquiera de los supuestos previstos en el párrafo anterior, se declarará la
disolución y liquidación del deudor en la resolución que declara la situación de concurso,
siempre que sus pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, superen todo su capital social
28.5 Si la oposición es fundada se denegará la solicitud de inicio del concurso y se
declarará concluido el procedimiento.
procedimiento, debiendo expedirse resolución denegatoria del inicio del mismo.
Artículo 29.- Compensación de créditos en oposición
Al formular su oposición, el deudor podrá oponer la compensación a efectos de que la
autoridad concursal la declare de manera previa a la declaración de la situación de concurso
del deudor, de conformidad con el Código Civil.
Artículo 30.- Ejecución del apercibimiento dictado en aplicación del Artículo 703 del
Recibidas las copias certificadas del expediente judicial, la Comisión, en ejecución del
apercibimiento hecho efectivo por el juez en aplicación del Artículo 703 del Código Procesal
Civil, dispondrá la publicación en el Diario Oficial El Peruano del nombre de las personas
sometidas a la disolución y liquidación, siendo de aplicación las disposiciones contenidas en el
segundo y tercer párrafos del Artículo 32.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28709, publicada el 12 abril 2006,
“Artículo 30.- Ejecución del apercibimiento dictado en aplicación del artículo 703 del
Civil, dispondrá la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” del nombre de las personas
artículo 32.”
Artículo 31.- Obligación del deudor de presentar información
Declarada la situación de concurso o efectuada la publicación referida en el Artículo 30, el
deudor deberá presentar a la Comisión, si no lo ha hecho antes, en un plazo no mayor de diez
(10) días, la totalidad de la información y documentación señaladas en el Artículo 25, bajo
(*) Artículo modificado por el Artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
Artículo 32.- Difusión del procedimiento
32.1 Consentida o firme la resolución que dispone la difusión del procedimiento, la
Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI dispondrá la publicación semanal en
32.2 En la publicación se requerirá a los acreedores que soliciten el reconocimiento de
sus créditos, se les informará sobre el plazo para el apersonamiento al procedimiento y se
pondrá a su disposición en las oficinas de la Secretaría Técnica la relación de obligaciones
Artículo 33.- Acumulación de procedimientos concursales
Procede la acumulación de procedimientos iniciados frente a un mismo deudor, luego que
se hubiere difundido cualquiera de ellos, conforme a lo previsto en el Artículo 32. La
acumulación se dispondrá en el procedimiento en el que se hizo la primera publicación. Los
otros procedimientos se tramitarán como solicitudes de reconocimiento de créditos.
Artículo 34.- Apersonamiento de acreedores al procedimiento
34.1 Tienen derecho a participar con voz y voto en la reunión de instalación de Junta y en
las posteriores los acreedores que soliciten el reconocimiento de sus créditos dentro del plazo
de treinta (30) días posteriores a la fecha de publicación del aviso que informa sobre la
situación de concurso, más el término de la distancia, y que hayan obtenido su reconocimiento.
34.2 Igual derecho corresponde al acreedor cuyo crédito dio lugar a la declaración de
situación de concurso o al apercibimiento en aplicación del Artículo 703 del Código Procesal
Civil. En ambos casos los créditos correspondientes serán reconocidos de oficio por la
34.3 Carecerán de derecho a voz y voto en las Juntas quienes obtengan el
reconocimiento tardío de sus créditos.
34.4 No son tardías las solicitudes de reconocimiento presentadas dentro del plazo y
cuyos créditos hayan sido declarados contingentes por la Comisión. Definida la contingencia, el
titular del crédito, podrá participar en las Juntas con derecho a voz y voto. Igual regla rige
respecto de los créditos cuyo reconocimiento se solicitó en forma oportuna, inicialmente
denegados y posteriormente reconocidos en vía de impugnación en sede administrativa o
34.5 Cuando se produzca un cambio total o parcial en la titularidad de un crédito
reconocido el nuevo titular tendrá los mismos derechos del acreedor original.
Artículo 35.- Nombramiento de un auditor económico
Los acreedo Sigue leyendo →
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 Artículo 4
 Artículo 5
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 Artículo 7
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 Artículo 869

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 Artículo 15
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 Artículo 8
 Artículo 32
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 Artículo 18
 Artículo 16
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Artículo 23

Artículo 24
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Artículo 25
 Artículo 12

Artículo 26
 Artículo 9
 Artículo 12

Artículo 27
 Artículo 25
 Artículo 25
 Artículo 10
 Artículo 6
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 Artículo 27
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Artículo 29

Artículo 30
 Artículo 703
 Artículo 703
 Artículo 32
 Artículo 1
 artículo 703

artículo 32

Artículo 31
 Artículo 30
 Artículo 25
 Artículo 11

Artículo 32
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Artículo 33
 Artículo 32

Artículo 34
 Artículo 703

Artículo 35