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Timestamp: 2018-03-23 16:21:04+00:00

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olinto uribe febrero 5, 2017	Informe especial Comentar Ahora ! 1,239 Visitas
Colombia tiene una dilatada tradición en códigos de policía. Desde siempre han sido, básicamente, manuales de convivencia social. En épocas postcoloniales y bien entrado el siglo XX, los redactaron las clases dirigentes pensando en los guaches y la indiada; nada diferente a las motivaciones que impulsaron el que nos va a empezar a regir.
Antes de que las almas sensibles de siempre se sientan ultrajadas, les voy a justificar la acepción. El término, incluso, se sigue utilizando hoy en día con diferentes significados, pero el más popular lo identifica con una persona tosca, inculta y maleducada. “No sea guache”, “no sea indio”, escuchamos permanentemente que lo utilizan quienes se sienten de estratos superiores, en este país de estratos ofensivos. La última es, claramente, discriminatoria y humillante.
La muy conocida WikipediA define guache como: “palabra proveniente del quechua «wakcha» ‘pobre’ y que habría tornado en ‘maleducado’ y/o ‘violento’.” La RAE (Real Academia de la Lengua) le da el mismo origen etimológico, reconociendo que es un uso coloquial propio de nuestro país, pero definiéndolo como: “Persona ruin y canalla.”
Reeducar, una tarea muy difícil
El catedrático Juan Carlos Ruiz V., profesor titular y director de la Maestría en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Oxford y máster en Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, entre otros máster, escribió un excelente artículo sobre “El nuevo código de policía (o la difícil tarea de reeducar una sociedad)”.
Comenta el profesor Ruiz en su artículo que: “El combate a las llamadas incivilidades ha sido una constante en los programas de seguridad ciudadana de no pocos gobiernos. Se ha creído que el “desorden” hace que los criminales piensen que pueden delinquir impunemente porque la ciudad se encuentra abandonada por las autoridades o por la misma comunidad.
“Orinar en la calle, poner música estridente o destruir inmobiliario urbano pueden ser malos comportamientos menores, pero lanzan una señal inequívoca de que en ese lugar no hay control y, por ende, crímenes mayores pueden llegar con la convicción de que nunca serán sancionados.”
Si usted quiere que algo no se cumpla, nombre un comité
Ruiz es un escéptico de las bondades del nuevo código y, en general, de todos los códigos de convivencia ciudadana, pero ya tendremos oportunidad de seguirlo citando. Por ahora, concentrémonos en qué va a regular el Código de Policía que empieza su aplicación a partir de este 30 de enero.
En su Artículo 19 el Código obliga a crear unos Consejos de Seguridad y Convivencia y unos Comités Civiles de Convivencia que actuarán a nivel nacional, regional, departamental y municipal. El Gobierno Nacional debe establecer su reglamentación, lo cual quiere decir que quién sabe cuándo tendrán vigencia.
La idea es que los Comités Civiles de Convivencia sean una especie de veedores del actuar policial. Ante ellos se tramitarán las quejas, denuncias, peticiones o reconocimientos de la actividad de Policía.
Pero si la palabra civil le ha dado a entender que tendrá participación de la ciudadanía, será mejor que se desengañe. El Código establece que lo conformarán el alcalde, el personero municipal y el comandante de la estación de policía. Como quien dice, que ponen al diablo a hacer hostias.
De peleas, cuchillos y sprays
El Artículo 27 ya se mete con los comportamientos que ponen en peligro la vida e integridad de las personas. Allí se castigan las riñas, incitar a pelear y, en general, participar en peleas callejeras; lanzar objetos o sustancias peligrosas a las personas, agredirlas físicamente; no retirar de su casa elementos que representen un riesgo para las personas; portar armas, elementos cortantes o punzantes o sustancias peligrosas, a no ser que usted demuestre que hacen parte de una actividad deportiva, de un oficio, profesión o estudio.
La norma prohíbe el uso de armas neumáticas, de aire, de balines, los sprays de defensa personal como los de pimienta u otros parecidos, en lugares abiertos al público. Cualquiera de estas infracciones le puede acarrear unas multas que van de los $196.724 hasta los $393.449.
El 28, prohíbe los comportamientos que afecten los servicios públicos. Es decir, las acometidas clandestinas, el robo de energía (como aquellos vendedores estacionarios que se pegan descaradamente al poste público de la luz). Pero también el que las empresas de servicios públicos no presten el debido cuidado cuando instalen, modifiquen o le hagan mantenimiento a las redes.
Que los políticos se olviden de la pólvora
Arrojar todo tipo de basura al alcantarillado o caños de aguas lluvias y no reparar los daños en las redes de servicios públicos cuando le corresponda al usuario. Todas estas conductas serán multadas con sanciones pecuniarias que van de los $393.449 a los $786.898. Por ejemplo, esta última cantidad será aplicable a quienes arrojen combustibles, lubricantes, lodo o escombros a las alcantarillas.
El Artículo 30 acaba con los juegos pirotécnicos, a excepción de que cuenten con la autorización del alcalde. El negocio se les terminó a los que se ganan la vida en la vía pública, simulando actos circenses con antorchas de fuego, si no tienen autorización del alcalde. Este es uno de los artículos particularmente más oneroso. Cada una de esas infracciones será penada con una multa de $786.898.
El Artículo 33 es el que más ha sido publicitado por los medios de comunicación nacionales. Se refiere a las fiestas, reuniones o eventos ruidosos, (como los que, con alguna periodicidad hace Emserchía y otras instituciones de la alcaldía de Chía en la casona de Santa Rita, un área urbana de vecinos pacíficos y tranquilos en el municipio sabanero).
La reivindicación LGBTI
Pero la susodicha norma igualmente castiga los actos sexuales o de exhibicionismo, el fumar en lugares prohibidos y el consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas en tiendas o sitios no permitidos.
En una reivindicación a la comunidad LGBTI y a otras minorías, por el contrario, prohíbe las limitaciones u obstrucciones a las manifestaciones de afecto y cariño (mediante besos o caricias) “en razón a la raza, origen nacional o familiar, orientación sexual, identidad de género u otra condición similar.”
De modo que aquellos centros comerciales homofóbicos o bares racistas de Bogotá, les valdrá mejor conocer esta norma. Las multas que generan estas conductas van de los $98.362 a los $393.449.
A emigrar las cantinas en colegios y universidades
Igualmente, la guachafita que se había apoderado de universidades y colegios con el consumo de bebidas alcohólicas y todo tipo de estupefacientes y el vandalismo desatado como consecuencia de tal embriaguez, también se acabó, según lo dispone el Artículo 34. Las multas van desde los $196.724 hasta los $786.898.
El 35 acaba con los irrespetos a la Policía, con desacatar sus órdenes, con resistirse a sus procedimientos, con negarse a dar sus datos de identificación, con agredir en general, a las autoridades de Policía y las bromitas de llamar inoficiosamente al 123. El irrespeto le costará $196.724; todas las demás, la módica suma de $786.898.
El Código le establece asimismo la obligación a la Policía, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor, es decir para el primero de mayo, de crear un mecanismo expedito y diligente para que los ciudadanos puedan corroborar que quien los aborda es efectivamente una autoridad de Policía.
Ojalá esta norma no se convierta en un saludo a la bandera, porque conocemos suficientemente los casos de suplantación, con uniformes y distintivos auténticos, incluso con verdaderos policías que utilizan su autoridad de una manera equivocada y fraudulenta.
Niños, niñas y adolescentes especialmente protegidos
El Código buscará proteger especialmente a los niños, niñas y adolescentes en lo que tiene que ver con la utilización o consumo de pornografía, alcohol y estupefacientes; incluso, controlará la participación en videojuegos, el uso de pólvora, los juegos de suerte y azar, la explotación laboral, las citas para peleas múltiples, el uso de piscinas públicas o de conjuntos sin las medidas adecuadas para su protección y la utilización de niños, niñas y adolescentes para evitar el cumplimiento de una orden de Policía. Las multas llegarán hasta los $786.898.
Las personas en condición de vulnerabilidad, discapacidad, niños, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo van a gozar de una especial protección. Por ejemplo, omitir dar la prelación a este grupo social, al igual que a personas con niños en brazos o personas que por su condición de salud requieran preferencia, en las filas, en buses, colectivos o individual, en bienes y lugares públicos y, en general, en cualquier sitio, va a ser objeto de amonestación y multa en muchas otras conductas regladas por el Artículo 40. El correctivo pecuniario empezará en los $98.362 y llega hasta el máximo que es de $768.898.
Este Código, prácticamente, legaliza el ejercicio de la prostitución y reglamenta los requisitos que deben tener los establecimientos donde se ejerza la prostitución. Eso sí, ejercer la prostitución por fuera de las zonas u horarios establecidos para ello implicará la aplicación de una multa por $768.898.
¿La protesta protegida?
Una de las críticas que más se le ha hecho a este Código es lo referente con las concentraciones y reuniones en espacios públicos, porque sus detractores alegan que, sibilinamente, ataca las manifestaciones y la protesta pública.
A mí me parece que la reprobación es un poco exagerada porque, por el contrario, el Artículo 53 con sus parágrafos y el 54, 55, 56 y 57 las garantizan y les dan una especial protección.
De todos modos, para los que quieran estudiar más a fondo el tema, el Derecho de Reunión lo reglamenta el Código desde el artículo 47 hasta el 75. Eso sí, para los anti-taurinos, entre los que me encuentro, tenemos perdida la causa en este Código.
No más servicios públicos en inmuebles ilegales
Uno de los contrasentidos más evidentes con el que se encontraban los alcaldes, cuando querían atacar el problema de las invasiones ilegales, era la instalación legal de servicios públicos en la mayoría de estas precarias viviendas.
El Artículo 77 ahora se lo pone grave a las empresas de servicios públicos domiciliarios, ya que las multas, en caso de “instalar servicios públicos en inmuebles que hayan sido ocupados ilegalmente” serán de $393.449. La sanción parece poca para esos monstruos, pero el Código tiene varias incongruencias de ese tipo.
Dos cosas novedosas que seguramente serán objeto de controversia son: que a partir del presente Código todos los establecimientos de comercio, del orden que sea, deberán comunicar su apertura al comandante de la estación o subestación de Policía.
El baño será obligatorio y público en todo establecimiento
La segunda es que, igualmente, se convierte en obligatorio tener baños y prestar el servicio a niños, mujeres en embarazo y adultos mayores, sean clientes o no. No hacerlo les costará $98.362, la suspensión temporal de actividad o, eventualmente, en caso de reincidencia, la cancelación definitiva de la actividad. La única gabela que les da es que podrán cobrar por el servicio, pero la tarifa será regulada por los entes territoriales.
Todos los parqueaderos deberán ofrecer el servicio de estacionamiento de bicicletas. Además, ya no les servirá el dichoso anuncio que no se hacen responsables por los objetos dejados al interior del vehículo, porque están obligados a responder por ellos también. Eso sí, el conductor deberá dejar una relación de los mismos.
En fin, para todos aquellos que vayan a abrir un establecimiento comercial más les vale enterarse de lo que dice el capítulo 3 del Código, artículos 91 al 94, porque el incumplimiento de estas normas y comportamientos están, casi todos, por el orden de los $786.897 de multa.
Se acaban los bares que discriminan
Les menciono uno solo que tiene esta elevada multa: vetar, limitar, prohibir en general, el ingreso “…a personas en razón de su raza, sexo, orientación sexual, identidad de género, condición social o económica, en situación de discapacidad o por otros motivos de discriminación similar.”
De los celulares y el registro de los mismos y de las tarjetas Simcard se ha referido la gran prensa y doy por supuesto que todos ustedes están debidamente informados del asunto. Por si lo quieren recordar, de eso trata el Artículo 95; las multas por cualquiera de sus prohibiciones van desde los 196 mil pesos hasta los 786 mil largos.
El título IX, artículos 96 al 103, trata todo lo referente al ambiente. Un pequeño ejemplo: si usted es de los que acostumbra a lavar su carro en la vía pública, así sea frente al garaje de su casa, más le vale que se quite la costumbrita. Y si tiene un camión y es de los que lo lleva a lavarlo en el río, canal o quebrada, igual. La multa es la máxima; 786 mil ‘pesares’ del alma.
El título X tiene que ver con la minería y, obviamente, persigue sin tregua la ilegal, incluso a los que venden insumos para su explotación. El XI regula todo lo concerniente a la Salud Pública, entre ellos, los comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros.
Los puercos que no cuidan su basura
Lo encuentran a partir del Artículo 109 hasta el 111; les menciono dos de los más graves: “Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de carácter público o privado” y “Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodos, combustibles y lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento”.
Pero si usted saca la basura en horarios no autorizados o la pone en sitio diferente a su lugar de residencia, también lleva del bulto. Dejar las basuras esparcidas; esparcirla en el espacio público; utilizar para el transporte de escombros uno no adecuado o improvisar un contenedor para recoger la basura, todas le van a ocasionar problemas con la ley.
El título XIII nos interesa a todos los que amamos nuestras mascotas. Ya no se podrá pasear ningún perro, así sea un adorable pekinés, sin su respectivo collar y correa. El Artículo 124 le dirá lo que no puede hacer. Por ejemplo, que su animal evacúe y usted no recoja sus excrementos. Ese solo hecho le puede costar 98 mil pesitos mal contados.
Los peligrosos son los dueños, pero algunas razas se acabarán
Para los que poseen perros considerados potencialmente peligrosos, este Código se los pone bien difícil. El Artículo 126, por ejemplo, establece que los perros potencialmente peligrosos son: “Caninos que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces o híbridos: American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, BullTerrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, de presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés y aquellas nuevas razas o mezclas de razas que el Gobierno Nacional determine.”
Pero el Código va más allá, los dueños de estas mascotas estarán obligados a registrarlos en un censo que deberán establecer las alcaldías. Igualmente, faculta a los conjuntos cerrados y edificios de propiedad horizontal a prohibirlos si la asamblea de copropietarios así lo determina.
Peor aún, esas razas en Colombia irán camino a su desaparición, porque este Código prohíbe su importación y crianza con la única excepción de su utilización por servicios de vigilancia privada y de seguridad de la fuerza pública.
Todo lo que tiene que ver con nuestros animales más queridos lo encuentra desde el Artículo 116 hasta el 134.
Urbanizadores y constructores podrán leer todo lo concerniente a su actividad en el Título XIV, artículos 135 al 138. Para ellos, las multas son más especiales y considerablemente millonarias.
El grafiti desaparecerá
El 140 nos pone en cintura con todo lo que tiene que ver con el espacio público. Mucho me temo que este artículo le da un golpe mortal al arte urbano del grafitero. Para su ejercicio necesitará permiso, lo cual va en contra del espíritu libertario y rebelde que los acompaña.
No hacerlo les acarreará una multa de $196.724. Eso sí, la Policía no podrá incautar sus instrumentos, ni mucho menos utilizar la fuerza “bajo ninguna circunstancia”, específica el Código.
La norma, asimismo, busca acabar con los indeseables ‘meones’ de la vía pública. Con ellos es particularmente estricta porque les clava la máxima sanción de 786 mil pesos.
Potencialmente, acaba con la contaminación visual de la propaganda que generan “…avisos o pasacalles, pancartas, pendones, vallas o banderolas, sin el debido permiso…”. Para ellos habrá igualmente una multa especial.
Todo lo que tiene que ver con libertad de movilidad y circulación lo regula el Título XV y va del 141 al 148.
El Libro Tercero ya trata de todo lo que tiene que ver con procedimientos, mecanismos alternativos de solución de conflictos y las definiciones de medios de Policía, medidas correctivas, autoridades y competencias de la Policía.
La Policía ingresará sin orden escrita
Para los aficionados al derecho baste decirles que, como ya seguramente saben, esta norma permite el ingreso de la Policía a los inmuebles sin orden escrita y en casos debidamente reglamentados. Esta fue una de las normas que más les puso los pelos de punta a los defensores de derechos humanos.
Si quieren conocer en qué casos se puede proceder así, pueden consultar el Artículo 163. Aquellos en los que se necesita ingresar con orden escrita están contemplados en el 162.
En fin, ya saben ustedes que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Son 242 artículos y tratar de resumirlos todos en un informe periodístico es una labor prácticamente imposible. Pero de lo que sí no pueden dudar, créanme, es que les hemos resumido, con toda seguridad, los más importantes.
La autoridad no se respeta
Quiero terminar este largo informe con unos comentarios del catedrático Juan Carlos Ruiz, a quien les mencioné al principio de la crónica: “Para que un código de policía se aplique debe existir un ejercicio básico de la autoridad, cosa que no se da en nuestro medio por varias razones:
“- En primer lugar, por el peso cultural. La máxima de que la ley se acata pero no se cumple y la urticaria que produce la norma entre los colombianos dificultan el respeto por los principios básicos de convivencia que defiende un código.
“- En segundo lugar, está el ethos (Forma común de vida o de comportamiento que adopta un grupo de individuos que pertenecen a una misma sociedad) policial que aquí, como en otros países, hace que el control de incivilidades por los uniformados sea visto por estos como un asunto menor e intrascendente. Los policías de base evitan tener problemas con los ciudadanos y en lo posible tratan de no actuar en los casos de comportamientos antisociales. Por ello, el ciudadano de a pie los ve como indolentes, desinteresados o perezosos.” Espero, sinceramente, que no sea clarividente.
Por Olinto Uribe Guzmán direccion@periodicoelector.com
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References: Artículo 19
 Artículo 27
 Artículo 30
 Artículo 33
 Artículo 34
 Artículo 40
 Artículo 53
 artículo 47
 Artículo 77
 Artículo 95
 Artículo 109
 Artículo 124
 Artículo 126
 Artículo 116
 Artículo 163