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Timestamp: 2018-04-23 12:18:33+00:00

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SENTENCIA DEL TS DE 13-06-2017
SENTENCIA DEL TS DE 13-06-2017 SOBRE UNIDAD DE CÓMPUTO PARA DETERMINAR LA SUPERACIÓN O NO DE LOS UMBRALES DEL ARTÍCULO 51.1 DEL E.T..
Extinción de la totalidad de los contratos de trabajo de quienes prestan servicios en un centro de una empresa con más de 20.000 trabajadores, cuando esa extinción afecta únicamente a los 12 empleados de dicho centro.
No se superan umbrales del art. 51 ET y la Directiva 98/59.
Es posible el cierre total del centro de trabajo y que no exista despido colectivo
Recurso de casación interpuesto por D. Cesáreo, representante de los trabajadores del Centro Ecuestre "El Asturcón", contra la sentencia del TSJ de Asturias de 30-6-2016, en actuaciones seguidas por dicho recurrente, contra el Ayuntamiento de Oviedo y Urbaser, S.A., sobre despido colectivo.
D. Cesáreo formuló demanda ante el TSJ de Asturias, sobre impugnación de despido colectivo
El 30-6-2016, se dictó sentencia el TSJ de Asturias, cuya parte dispositiva dice:
«Fallamos: Declarar la incompetencia de esta Sala para conocer en única instancia de la extinción de los contratos de trabajo de los 12 trabajadores que prestaban servicios para Urbaser en el Centro Ecuestre "El Asturcón", por no constituir despido colectivo, y desestimar la demanda formulada en esta materia por D. Cesáreo, en su condición de representante legal de los trabajadores, contra el Ayuntamiento de Oviedo y la empresa Urbaser, sin entrar a conocer del fondo del asunto por corresponder la competencia a los Juzgados de lo Social de Oviedo»
D. Cesáreo formaliza recurso de casación por infracción del art. 51.1 del E.T., en relación con el art. 1.1 de la Directiva 1998/59/CE de 20-7.
El Ministerio Fiscal considera que el recurso debe ser desestimado.
Procede el debate por la Sala en Pleno
PRIMERO.- 1. Debemos resolver en el presente caso la cuestión referida a la posible existencia de un despido colectivo en aquellos supuestos en los que se produce la extinción de la totalidad de los contratos de trabajo de quienes prestan servicios en un centro de una empresa que cuenta con más de 20.000 trabajadores, cuando esa extinción afecta únicamente a los 12 empleados de dicho centro, sin que la empresa haya acudido a los mecanismos previstos en los arts. 51 ET y 124 LRJS.
2.- La demanda de despido colectivo que ha dado origen al presente recurso de casación después de ser desestimada, contiene la pretensión de que se declare la nulidad de aquella medida extintiva, solicitándose la condena del Ayuntamiento propietario de las instalaciones y, subsidiariamente, la de la empresa adjudicataria de la explotación, Urbaser.
El 5-3-2004 el Ayuntamiento de Oviedo suscribió con la referida empresa un contrato para la gestión y explotación del campo municipal de golf y determinadas instalaciones del centro ecuestre "El Asturcón", quedando establecido que la titularidad de dichas instalaciones y del servicio permanecería en la corporación municipal y que la reversión de las obras y servicios no produciría la sucesión de empresas.
El 27-4-2016 la empresa adjudicataria comunicó al Ayuntamiento que cesaba en la prestación del servicio y que daría de baja al personal, que debería ser asumido por la nueva concesionaria o por el propio Ayuntamiento, en su caso.
2 días después el Ayuntamiento aprobó la supresión con efectos de día 1 de mayo siguiente el servicio de estabulación del centro ecuestre, razón por la que la empresa comunicó el cese el día 30 de abril a los 12 trabajadores que allí prestaban servicios, indicándoles que podrían pasar a prestar servicios en el propio Ayuntamiento o en la nueva empresa contratista, lo que realmente nunca se produjo.
3.- El TSJ de Asturias, en la sentencia de 30-6-2016 que ahora se recurre en casación acogió su propia incompetencia objetiva para conocer de la pretensión de la demanda, por entender que no se había producido despido colectivo alguno, teniendo en cuenta para ello los umbrales numéricos previstos en los artículos 51.1 ET y 1.1 de la Directiva 98/59 CE, en relación con el artículo 124 LRJS, asumiendo que correspondía a los Juzgados de lo Social de la capital el conocimiento de las pretensiones que pudieran deducirse frente a los 12 despidos practicados por la empresa.
SEGUNDO.- El recurso de casación se denuncia infracción del art 51.1 del ET en relación con el art 1.1 de la Directiva 998/59/CE, de 20-7, así como la "doctrina jurisprudencial" establecida en las sentencias que cita, si bien señala el recurrente que todas ellas han sido "dictadas en aplicación de la doctrina establecida en la sentencia del TJUE de 13-5-2015.
La clave para resolver la discrepancia jurídica se encuentra en primer lugar en el artículo 51.1del ET, en el que se establecen los umbrales numéricos precisos para que a un despido se le atribuya la condición de "colectivo", con todas las consecuencias legales, formales y materiales que de ello se derivan.
En el precepto se dice que:
"Se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un periodo de noventa días, la extinción afecte al menos a:
b) El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores.
c) 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores".
Por su parte, el art. 1.1 de la Directiva 98/59 CE establece en este extremo que:
"A efectos de la aplicación de la presente Directiva:
- al menos el 10 % del nº de los trabajadores, en los centros de trabajo que empleen habitualmente como mínimo 100 y menos de 300 trabajadores,
ii) o bien, para un período de 90 días, al menos igual a 20, sea cual fuere el nº de los trabajadores habitualmente empleados en los centros de trabajo afectados;...."
En el caso que resolvemos nadie discute que en el centro de trabajo afectado se ocupara habitualmente a más de 20 trabajadores o que, en un período de 90 días, se hubiesen producido al menos 20 despidos. Lo único acreditado es que se procedió en la misma fecha a la extinción de los contratos de los 12 trabajadores que estaban adscritos al centro, por lo que no se alcanzaban ninguno de los umbrales establecidos en el artículo 1.1 a) de la Directiva 98/53, ni tampoco se superaban los que se establecen en artículo 51.1 ET, desde el momento en que la empresa Urbaser cuenta con una plantilla superior a los 20.000 trabajadores.
Acertadamente la sentencia recurrida rechazó que existiera en este caso y a efectos legales un despido colectivo, en aplicación tanto del art. 51.1 ET como de la Directiva 98/59/CE, del Consejo, de 20-7-1998, referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, con expresa y acertada invocación de la jurisprudencia del TJUE representada en su sentencia de 13-5-2015, a lo que cabría añadir que también y con cita de esa sentencia, se llega al mismo resultado con la aplicación de la doctrina del Pleno de esta Sala de lo Social del TS contenida en la Sentencia del TS de 17-10-2016, conforme a la cual, en esencia, la regulación del art. 51.1 ET resulta contraria a la Directiva 98/95, al establecer como única unidad de referencia para el despido colectivo la empresa y no el centro de trabajo, dicho lo cual, y en cuanto a este último, señala previamente que "ofrece el TJUE los diferentes items a tener en cuenta desde el punto de vista cualitativo para determinar cuando una determinada unidad productiva de la empresa puede calificarse como centro de trabajo a efectos del despido colectivo, para concluir que "a efectos de la aplicación de la Directiva 98/59, puede constituir concretamente un «centro de trabajo», en el marco de una empresa, una entidad diferenciada, que tenga cierta permanencia y estabilidad, que este adscrita a la ejecución de una o varias tareas determinadas y que disponga de un conjunto de trabajadores, así como de medios técnicos y un grado de estructura organizativa que le permita llevar a cabo esas tareas ", características, todas éstas, que son aplicables al centro de trabajo del presente caso, donde, de manera claramente diferenciada del resto de la empresa concesionaria, han prestado servicios los 12 trabajadores a los que se ha comunicado la extinción de sus contratos, que constituían, por otra parte y como se ha dicho la totalidad de la plantilla de ese centro.
TERCERO.- 1.- Sobre esta base resulta oportuno resaltar lo que en la Sentencia del TS de 17-10-2016, se insiste en que:
"conforme a la Directiva 98/59 y desde la perspectiva puramente cuantitativa, solo puede aplicarse la normativa del despido colectivo en los centros de trabajo que empleen habitualmente más de 20 trabajadores, descartando la posibilidad de extender estas garantías a aquellos en los que presten servicios un número inferior. Así lo establece claramente la antedicha STJUE al excluir los centros de trabajo con un menor nº de trabajadores.....
El concepto de centro de trabajo al que se refiere el art. 1.1º de la Directiva 98/59 y que impone a la legislación interna la obligación de respetar las garantías que caracterizan los despidos colectivos, esta exclusivamente referido a los centros en los que presten habitualmente servicio más de 20 trabajadores, no estando obligado el legislador nacional a reconocerlo en favor de aquellos otros que empleen a un menor nº como es lógico y razonable en función de esa dimensión plural del despido colectivo, que necesariamente requiere una mínima incidencia cuantitativa en el nº de trabajadores afectados en función de los destinados en el concreto centro de trabajo.
Lo contrario sería tanto como admitir que la normativa del despido colectivo fuese de aplicación en cualquier centro de trabajo por reducido que fuese, lo que ya hemos visto que niega la propia doctrina del TJUE, porque no se corresponde con lo dispuesto en el art. 1.1º de la Directiva 98/59 que claramente se limita a los centros que emplean a más de 20 trabajadores o en los que se hubieren producido un mínimo de 20 despidos. A salvo que la regulación interna de cada Estado pudiere establecer un sistema más favorable a los trabajadores en uso de la posibilidad que a tal efecto concede el art. 5 de la Directiva, incluyendo cualquier centro de trabajo con independencia del nº de trabajadores destinados en el mismo, lo que no es el caso del art. 51.1 ET".
Y tras referirse nuestra sentencia a la primacía vinculante del Derecho de la Unión y sus límites en un litigio entre particulares, concluye que:
"el art. 51 ET no solo no excluye directa o indirectamente los centros de trabajo de su ámbito de aplicación para circunscribirlo únicamente a la empresa, sino que, por el contrario, contiene distintas alusiones en las que expresamente los incluye ... lo pretendido por el art. 51.1º ET es dar cobertura a una situación más favorable con carácter general para los trabajadores que la prevista en la propia Directiva, que no la de excluir la protección en aquel nivel mínimo de garantía que su art. 1.1º ha residenciado en los centros de trabajo...
"...nuestro legislador interno no ha querido en modo alguno excluir de toda esta normativa el centro de trabajo para limitarse única y exclusivamente la empresa............lo que nos permite afirmar que la interpretación conforme de nuestra norma nacional es la que nos lleva a entender que su objeto no es otro que extender a la empresa la unidad de cómputo de los umbrales que separan el despido colectivo del objetivo, pero sin contener previsión alguna de la que se derive la exclusión de los centros de trabajo que reúnan esos mismos requisitos numéricos, dando con ello lugar a una confusa redacción que puede ser integrada con la aplicación del principio de interpretación conforme, que permite interpretar el precepto en el sentido de que procede su aplicación no solo cuando se superen los umbrales fijados en el mismo a nivel de la totalidad de la empresa, sino también cuando se excedan en referencia a cualquiera de sus centros de trabajo aisladamente considerados en el que presten servicio más de 20 trabajadores.......la dimensión necesariamente plural del despido colectivo impide la aplicación de este régimen jurídico a cualquier centro de trabajo, lo que nos lleva a insistir en la circunstancia de que esa misma interpretación conforme al Derecho de la Unión del art. 51.1º ET obliga a entender que el concepto de centro de trabajo, a efectos del despido colectivo, no puede ser otro que el previsto en el art. 1.1º de la Directiva 98/59 , esto es, aquel que emplea habitualmente a más de 20 trabajadores, al ser este último requisito cuantitativo consustancial al propio concepto de centro de trabajo en los términos establecidos en la Directiva, sin que en la norma interna haya elementos que permitan ninguna otra posible interpretación diferente en materia de despidos colectivos".
2.- De todo ello se desprende que no resulta jurídicamente aceptable mezclar los elementos normativos antes analizados, extrayendo las cifras de las extinciones producidas para proyectarlas después sobre los conceptos de empresa o centro de trabajo, de manera que se produzcan resultados no contemplados ni por una norma ni por la otra a efectos de calificar un despido como colectivo. Por ello, la solución adoptada por la sentencia recurrida fue absolutamente ajustada a derecho, al entender que en el presente caso claramente no concurría ninguno de los supuestos normativos invocados y aplicables para que pudiésemos entender que estamos en presencia de un despido colectivo.
Del mismo modo cabe añadir a lo anterior que tampoco puede atribuirse a los despidos producidos la condición de "colectivo" por el hecho cierto de que los 12 empleados constituyesen n la totalidad de la plantilla del centro. En este sentido, el artículo 51.1 ET dice lo siguiente:
"Se entenderá igualmente despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial...".
La mera lectura del precepto nos indica con claridad que la Ley Nacional, el ET, ha establecido en esa norma un supuesto específico de despido colectivo, que, como hemos visto, en absoluto podría encajar en los umbrales numéricos previstos para el despido colectivo en el art. 1.1 de la Directiva 98/59, razón por la que sin duda cabe calificar el supuesto del art. 51.1 ET transcrito como encuadrable en el artículo 5 de aquélla, en el que se prevé la posibilidad de que los Estados miembros introduzcan disposiciones más favorables para los trabajadores.
Dicho esto, esa norma más favorable ha de interpretarse en el sentido propio de sus palabras, de manera que no cabe en absoluto extrapolar aquí el concepto comunitario de "centro de trabajo" donde el art. 51 ET establece la excepción numérica para "la empresa", y además no cualquier empresa, sino aquella que prescinda de la totalidad de su plantilla, siempre y cuando las extinciones sean superiores a cinco, y cuando el despido determine el cese completo de la actividad empresarial, situación que de manera obvia en absoluto es la que abordamos y resolvemos en el presente caso.
Esta sala ha decidido: Desestimar el recurso de casación interpuesto por D. Cesáreo, representante legal de los trabajadores del Centro Ecuestre "El Asturcón", contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 30-6-2016 , en actuaciones seguidas por dicho recurrente, contra el Ayuntamiento de Oviedo y la mercantil Urbaser, S.A., sobre despido colectivo.
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References: ARTÍCULO 51
 artículo 124
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 artículo 51
 artículo 51
 artículo 5