Source: https://erreius.com/Legislacion/documento/20190809122850335
Timestamp: 2019-08-21 11:51:24+00:00

Document:
Guía de Adecuación Práctica de Internaciones Civiles
ACUERDO REGLAMENTARIO SERIE A 1575/2019
2) Implementar, como Anexo único del presente acuerdo, la “Guía de adecuación práctica de internaciones civiles”, la cual será comunicada a tal efecto a cada uno de los operadores involucrados - sean estos del Poder Judicial o Ejecutivo- a fin de que ionicen el proceso de implementación.
6) De forma.
Esta etapa se lleva a cabo en el Área de Salud y, para el caso que el diagnóstico compruebe la existencia de riesgo cierto e inminente de daño grave para sí y/o para terceros de una persona, dicha Área tiene la facultad de ordenar como recurso terapéutico excepcional la internación involuntaria (art. 50 Ley 9.848).
Siendo así -y tal como lo ha discriminado a su turno el Acuerdo 1122, serie “A” del año 2012 que por este Acuerdo se reemplaza-, la internación queda dividida en voluntaria e involuntaria (discriminación que claramente efectúa la Ley Nacional de Salud mental Nº 26.657 (LNSM), correspondiendo a esta última todos aquellos casos en que la apuntada estrategia de abordaje le es impuesta a la persona como una forma extrema de resguardo de su salud.
A.- INTERNACIONES INVOLUNTARIAS
a) Equipo de Salud Mental para atención de urgencias domiciliarias, dependiente de la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba; b) Hospital Público Provincial y/o Municipal y/o Comunal (art. 6 Ley 9848); c) Profesionales o Instituciones del Sistema de Salud Mental de naturaleza privada; d) Instituciones Municipales (arts. 11 y 7 Ley 9848 - Dec. Regl. 1022/11); f) En el interior provincial, el Hospital General más cercano al domicilio de la persona, en atención a la zona geográfica donde se encuentran (arts. 6 inc. a y 7 Ley 9848 - Dec. Regl. 1022/11 y art. 8 ley 26.657 y Dec. Regl. 603/2013).
II) Conforme las premisas especificadas en el marco anterior, la internación involuntaria judicializada en sede civil procede únicamente en casos ineludibles respecto de personas mayores de edad (18 años), no siendo aplicable a menores de edad la previsión del art. 26 última parte del C.C.C.N. Si bien la persona que tiene más de dieciséis (16) años puede tomar decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo, en este supuesto concreto de internación coactiva (art. 26 LNSM) la previsión legal no le alcanza por la naturaleza de la medida.
Cabe destacar que un requisito sustancial de la internación involuntaria es contar con la evaluación previa de un equipo sanitario (Cfr. art 8 Dec. Regl. 603/2013 L.N.S.M.) que habrá de determinar conforme criterio profesional adecuado, la existencia de “riesgo cierto e inminente de un daño para sí o para terceros” (art. 41 C.C.C.N. y art. 20 LNSM, arts. 48 a 50 LPSM y Principio 16 de los “Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental” - O.N.U., Res. Nº 46/119 del 17/12/1991-) .
1.- Datos esenciales de la persona internada: nombre, apellido, documento, domicilio, teléfono como así también de los familiares y/o contactos allegados. Deberá indicar como llegó el paciente a la evaluación: si solo o acompañado y/o por la fuerza pública y toda otra información que se considere relevante.
2.- Valoración de riesgo efectuada y mención de la estrategia implementada en orden a lograr el consentimiento informado del paciente en función de su estado de salud al momento de la admisión (Cfr. Principios 4,5 y 11 para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental -Res. de la Asamblea Gral. de la O.N.U. Nº 46/119 del 17/12/1991-).
3.- Ante la imposibilidad de cumplir con el presupuesto anterior, se deberá explicitar si se trata de una admisión involuntaria por cuanto responde al presupuesto de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad para sí o para terceros (Cfr. Principios 11 inc. 8; 16 del cuerpo normativo referenciado supra) y art. 41 inc. b) C.C.C.N.).
4.- El informe deberá ser fundado por un equipo de salud que deberá referir los motivos que justifican la internación, su duración probable y la inexistencia de una alternativa eficaz menos restrictiva (art. 41 inc. a) C.C.C.N.), debiendo especificar el diagnóstico y su grado. Asimismo, la redacción deberá ser en términos claros para que pueda entenderlo alguien no vinculado al área de salud.
5.- Dejar constancia de la existencia de cobertura social y su identificación. Una vez que el ciudadano concurrió a algunos de los efectores de la Red Prestacional de Salud de la Provincia y se concretó la internación involuntaria, el nosocomio dará intervención inmediata al Poder Judicial para el ejercicio del control de legalidad (art. 41 inc. d) C.C.C.N.), instancia que estará sujeta al siguiente Protocolo de Actuación:
a.- La Dirección de la Institución de Salud interviniente - pública o privada - deberá comunicar al Poder Judicial la internación involuntaria, consignando en ella los datos indicados precedentemente.
Esta comunicación es de carácter obligatorio y se cumplirá en un plazo de diez (10) horas de concretada la internación, debiéndose remitir dentro de las cuarenta y ocho (48) horas como máximo las restantes constancias de lo actuado, de conformidad a las previsiones de la Ley Nacional de Salud Mental (arts. 20 y 21 LNSM y respectivo Dec. Regl. 603/2013). Estos plazos se computarán corridos (arts. 16 LNSM y respectivo Dec. Regl.) y art. 6 del C.C.C.N. última parte.
Es menester señalar que los breves plazos asignados a la comunicación han sido fijados por la Ley Especial - LNSM y su Dec. Regl.- y ratificados por el Código Civil y Comercial en atención a la naturaleza excepcionalísima de la medida y a fin de resguardar los derechos y garantías conforme la legislación particular.
La comunicación obligatoria referenciada deberá ser cursada: En ciudad capital, a la Mesa de Atención Permanente del Poder Judicial (M.A.P.) a la dirección de correo electrónico mesapermanentet2@justiciacordoba.gob.ar, disponible las veinticuatro (24) horas. Anoticiado el Poder Judicial, procesará tal información y la reenviará a las direcciones de correo electrónico de la Asesoría Civil de turno y de la Oficina de Gestión y Apoyo de las Asesorías Civiles (O.G.A.) (asecivsec cba@justiciacordoba.gob.ar ) a sus efectos.
En las sedes del interior, la organización de los procesos de trabajo se encuentran condicionados a distintos factores, entre ellos la disponibilidad de medios por lo cual en este punto la comunicación obligatoria se realizará al área jurisdiccional de turno (Asesor-Fiscalía o Juzgado) de acuerdo a la organización particular y la competencia asignada para cada Sede. Judicial.
b.- Informada la decisión de internación involuntaria por el profesional del Área de Salud al Poder Judicial, el Asesor Letrado de turno el día de recepción de la comunicación o el que hubiere prevenido, según el caso, deberá solicitar el mantenimiento de la internación involuntaria ante el Juez Civil de turno o el que hubiere prevenido, según corresponda, en un plazo de diez (10) días. Cuando el vencimiento de dicho plazo opere en día inhábil se debe considerar que el plazo se extiende al primer día hábil, toda vez que el derecho de salud de la persona con todo lo que implica se encuentra preservado.
c.- En virtud de la confidencialidad contemplada en el principio 6 de los “Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental” (Res. Nº 46/119 del 17/12/1991), este tipo de proceso estará excluido de su visualización por los usuarios de la Extranet.
d.- La competencia del tribunal para este tipo de procesos estará dada del siguiente modo:
1.- El Juez que está de turno en internaciones será el competente para intervenir en la internación involuntaria conforme el lugar de la internación. Sin perjuicio que de operarse el desplazamiento por razones de conveniencia de la persona y su grupo familiar se radique la causa en donde se encuentre el causante.
2.- El Juez que previno en la internación de una persona es el competente para conocer en las nuevas internaciones dado los principios de inmediación, celeridad y economía procesal que deben primar por sobre cualquier situación. Ello así, independientemente de si el expediente de la causa ha quedado en “Archivo” o en “Casillero externo”.
3.- Las actuaciones labradas con motivo de la internación de una persona con presunta limitación de la capacidad y con una demanda iniciada con anterioridad traen aparejado que sea el Juez que conoce en la demanda quien deba entender. Para el caso que primero se tramite la internación involuntaria y luego la demanda de limitación de capacidad, esta última acción deberá ser incoada por ante el Juez de la internación. Ello es así porque en ambos supuestos se prioriza a la persona en su acceso a la justicia optimizando la gestión y teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad y el conocimiento que tiene el Juez que previno, quien en todo momento buscará preservar los derechos humanos de la persona.
e.- Tras su avocamiento, el Juez en lo Civil y Comercial que corresponda deberá dictar resolución en un plazo de tres (3) días corridos.
La resolución que apruebe la internación deberá especificar su finalidad, duración y periodicidad de su revisión (art. 41 C.C.C.N.), como así también ordenar su inscripción en el Registro de Internados (Ac. Regl. Nº 492 Serie A del 11/05/1999). A esos efectos, se implementa a partir del dictado del presente un nuevo formulario que cuenta con datos de la persona internada y de su entorno, conforme al modelo que aquí se adjunta.
f.- El Juez interviniente deberá proceder a la designación de un defensor especial a la persona internada a los fines de garantizar el debido proceso (art. 41 inc. d) C.C.C.N., 22 LNSM y Principio 18 de los “Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental”- O.N.U., Res. Nº 46/119 del 17/12/1991-). Dicha designación, recaerá en un Asesor letrado civil, salvo que la persona designe un letrado particular de su confianza.
g.- El Juez hará saber el equipo tratante que deberá informar a su juzgado y a la defensa interviniente la evolución experimentada por la persona internada en un plazo no mayor a los treinta (30) días corridos.
En esta línea, el equipo tratante -con anuencia de la dirección del hospital- tiene la facultad para decidir, con criterio terapéutico, los permisos de salida, traslado y cualquier otra alternativa que flexibilice el abordaje terapéutico implementado como así también el alta institucional sin necesidad de requerirse el permiso judicial para ello (art. 23 Ley 26.657 y Dec. Regl. 603/2013).
h.- Tanto el Juez interviniente como el defensor especial, deberán verificar las condiciones de la internación (art. 11 Ley 9848 y Dec. Regl. 1022/11).
i.- La ejecución de los traslados deberá ser efectuada a través de los recursos destinados para ello por la respectiva órbita ministerial (Área de Salud), respetando siempre los marcos normativos actuales en la materia.
Una vez ordenada la internación, si es necesario el traslado del paciente de una institución a otra, este se llevará a cabo a través de la Dirección de derivación de pacientes o ambulancia de la obra social - si contare con ella - o del Estado - ya sea provincial, municipal o comunal-, y solo para casos que no admitan dilaciones podrá solicitarse la colaboración de la fuerza policial en razón de la función de ayuda que debe brindar.
j.- En los supuestos en que una persona que se encuentra internada se retire del nosocomio sin autorización deberá este: 1) requerir inmediatamente al organismo policial la ubicación de su paradero y 2) sin perjuicio de ello comunicar idéntica circunstancia al poder judicial, el que librará de oficio orden de ubicación de paradero al Sr. Jefe de la Policía de la Provincia, la que caducará de pleno derecho a los noventa (90) días corridos, salvo prórroga debidamente fundada (conforme Ac. Regl. Nº 1477, serie “A”, del 05/03/2018).
k.- Cabe poner de manifiesto que conforme la Resolución de la Administración General del Poder Judicial Nº 61 de fecha 29/03/2019, no es factible que las instituciones hospitalarias - en el supuesto de pacientes civiles - soliciten al Poder Judicial la derivación al Centro Psico Asistencial (CPA).
l.- La custodia policial a un paciente internado en un proceso civil no es factible por cuanto es una medida violatoria de los derechos humanos resguardados por los tratados internacionales y los cuerpos legales de nuestro país. (Cfr.-Pacto San José de Costa Rica (Ley 23054 del 19/03/1984); Declaración de Caracas (OMS-OPS 11-1990); “Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental”(OEA Res. 46/119-12/1991); Reglas de Brasilia (4 a 6 de marzo de 2008); Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD- (Ley 27.044- 2014- rango constitucional art. 75 inc. 2 CN) Código Civil y Comercial de la Nación y leyes específicas de Protección de la salud mental .-(Provincial Nº 9848 y Nacional Nº 26.657).
ll.- Cuando la internación se concrete en una unidad terapéutica abierta el tribunal, a pedido de parte u oficiosamente, cuando se evidencie un estado de vulnerabilidad de la persona de acuerdo al informe de los médicos tratantes que importe un riesgo efectivo y no eventual, podrá ordenar el traslado a otra Institución que cuente con instalaciones para un tratamiento adecuado a las particularidades del caso.
La derivación puede concretarse en un nosocomio Público o Privado, que garanticen el efectivo derecho a la Salud. Para el supuesto, que en la Red prestacional Pública no existiera capacidad asistencial ya sea por falta de plazas o por no realizar el tratamiento necesario de acuerdo al informe médico, el Estado Provincial deberá derivarlo al área de salud privada a su costo (art. 6 Carta del Ciudadano -Ley Nº 8835).
m.-Para el caso que la internación involuntaria se convierta en voluntaria el Área de Salud deberá comunicar al Tribunal tal circunstancia a los fines del Archivo de la causa, previo comunicar a todas las partes.
n.- En el caso que la internación debiera ser extendida por causas “socio-ambientales”, el Juez deberá ordenar al órgano administrativo correspondiente la inclusión en los programas o dispositivos previstos para la solución de dicha situación (art. 48 LPSM); concluyendo su actuación con el libramiento y diligenciamiento de los respectivos oficios.
ñ.- El impulso procesal de este tipo de procesos es de oficio y está a cargo del Juez interviniente.
a.- Cédula de Notificación Digital. En el marco del Servicio Extranet del sitio del Poder Judicial de Córdoba y conforme lo dispuesto por el Ac. Reg. Nº 1103, Serie "A", de fecha 27/06/2012 y el Ac. Reg. Nº 1493, Serie "A", de fecha 21/05/2018, resulta oportuno y conveniente hacer extensivo el sistema de notificación mediante cédula digital a las causas de internaciones que tramitan ante los Juzgados y Cámaras del Fuero Civil y Comercial con intervención de las Asesorías en lo Civil y Comercial en razón que el impulso del trámite es de oficio.
b.- Oficios Judiciales Electrónicos Los Acs Regls. Nº 1494, Serie A, de fecha 21/05/2018 y 1514 Serie A, de fecha 27/08/2018, implementan y regulan los Oficios electrónicos (“e-oficios”) como vía idónea para las comunicaciones entre el Poder Judicial y distintas entidades provinciales. Por las razones y fundamentos allí vertidos, corresponde en esta instancia ampliar la modalidad de comunicación dispuesta en el referido Acuerdo a los casos y a los fines previstos en el presente con aquellas entidades que se ha celebrado el convenio marco de colaboración tecnológica, sin perjuicio de que se procure ampliar los convenios con otras reparticiones involucradas con la debida incorporación de estas en la grilla de instituciones del S.A.C.
c.- Teléfono celular. Si bien el Acuerdo Reglamentario que aquí se deroga no fijaba un modo de comunicación específico entre los operadores, corresponde validar el sistema de “Whatsapp” como modo comunicacional, entre el Poder Judicial y las instituciones sanitarias, a los números que se oficialicen tanto para capital e interior y que resultarán aplicables a partir de la validación por parte de la Administración General del Poder Judicial, toda vez que importa optimizar recursos humanos y tiempo.
d.- Correo electrónico. La comunicación electrónica es ágil y eficiente y se reconoce como método comunicacional entre el Poder Judicial y el Área de Salud. Los emails institucionales deberán ser oficializados y su validación para todos los operadores será a través de la Administración General del Poder Judicial y su resolución respectiva.
e.- Método tradicional. Sin perjuicio de lo expresado en los apartados anteriores, en atención a que los ámbitos de salud y judicial, tanto en capital como en el interior, tienen distintas realidades que complejizan el sistema operativo en función de los recursos humanos y materiales disponibles, cualquier acto comunicacional con las distintas instituciones involucradas podrá seguir realizándose a través de los métodos tradicionales (cédulas de notificación y oficios en papel o comunicaciones vía telefónica con certificación del funcionario) en forma subsidiaria.
f.- Uso de la fuerza Pública. Los operadores están facultados a solicitar la colaboración de la Policía de la Provincia de Córdoba. Ello así en función de lo dispuesto por el art. 166 inc. 2° de la Constitución de la Provincia de Córdoba; el art. 12 inc. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley Nº 9235 (arts. 15 y 16 correl. y conc.) y el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 42). Es dable recordar que la Policía de la Provincia integra el Sistema Provincial de Seguridad Pública y es una institución que tiene por misión el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Provincia, adjudicándole el legislador en forma expresa la misión de cooperar con el Poder Judicial dado que dentro de sus funciones está la de resguardar la vida, los bienes y los derechos de la población.
Para ello se recurrirá a los medios comunicacionales convencionales -telefónicamente o por oficio- o a las nuevas vías tecnológicas a las que se tuviere acceso (art. 42 del C.C.C.N. y del art. 16 de la Ley Nº 9235). Dados los intereses involucrados, en el caso que no hubiere respuesta inmediata, podrán requerir al Juez de turno que libre la orden pertinente.
Ingresan a esta hipótesis aquellas internaciones con consentimiento del paciente o de los representantes legales (curador/apoyo con facultad designada por sentencia) obtenido libremente para realizar el tratamiento indicado por el Área de Salud después de haber proporcionado al paciente información del diagnóstico, evolución y modalidad del tratamiento (Cfr. Principio 11 de los “Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental” - Res. Nº 46/119 del 17/12/1991-).
La evaluación interdisciplinaria que deberá cumplirse por los profesionales del Equipo Técnico del Fuero Civil deberá traducirse en un documento con la firma de profesionales idóneos (art. 18 LNSM).
Este grupo de población requiere una tutela diferenciada conforme los derechos reconocidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (O.E.A. A-70), para lo cual es relevante realizar algunas especificaciones en temas puntuales, útiles no solo para las personas que pertenecen a este rango etario sino también a la judicatura en las tareas que le son propias.
a.- Internación por motivo de salud mental. Esta internación ya sea voluntario o involuntaria, debe quedar sujeta a los lineamientos trazados en el presente (Cfr. apartados A y B del presente Anexo).
b. Otros problemas de la persona mayor desde un aspecto social y humanitario. Lo establecido en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (O.E.A. A-70), impone a este Alto Cuerpo la necesidad del efectivo goce y ejercicio de los derechos fundamentales, para ello el Asesor letrado civil efectuará el requerimiento que corresponda conforme el caso concreto ante el Juez Civil que corresponda y de acuerdo al siguiente Protocolo de Actuación:
2.- Si la persona mayor cuenta con referente familiar es necesario requerir a la familia que tome a cargo la atención de la situación, en función de la responsabilidad familiar que impone el Código Civil y Comercial de la Nación.
3.- En el presupuesto que la persona mayor no tenga referente familiar, es el Estado Provincial, Municipal o Comunal, según el caso, el que debe tomar un papel activo y procurar que el ciudadano envejezca con seguridad y dignidad respetando los principios establecidos en los arts. 6 y 7 “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” (O.E.A. A-70).
El Poder Judicial, como última garantía, y en forma excepcional, cuando sea un caso urgente esto es de riesgo para sí o para terceros) tomará intervención para cumplir con la manda constitucional (arts. 14 bis y 75 inc. 23 Const. Nac. y art. 28 Const. Prov.).
4.- En razón de las distintas aristas que puede tener la cuestión y, por ende, las medidas que se tomen (vgr.“hogarización”, “geriatrización”, etc.), se encauzará procesalmente como una medida innominada, con el objetivo de garantizar la salud e integridad constitucionalmente resguardada (Const. Nac. art. 75 inc. 22 -23 y Const. Prov. art. 59).
5.- El Poder Judicial a través de los distintos organismos públicos deberá requerir al Estado que viabilice los medios con su asistencia y protección, a fin de propiciar su retorno al marco familiar y comunitario lo antes posible (art. 16 LNSM y Dec. Regl. 603/13 y art. 48 LPSM Dec. Regl. 1022/11).
6.- El traslado de la persona adulta mayor se realizará con ambulancia a cargo de su obra social, si la tuviere; caso contrario, en una ambulancia provista por el Estado o a su cargo, o en última instancia con la colaboración de la institución policial.
III.- Fuero de Niñez, Adolescencia Violencia Familiar y de Género
Adviértase que la LPSM (art. 12) y su Dec. Regl. Nº 1022/11 ponen de manifiesto los derechos de los niños y adolescentes con padecimiento mental y refiere específicamente a la norma especial.
En este punto, la norma especial -Ley Nº 9944 de Promoción y Protección integral de los derechos de los niños y adolescentes en la Provincia de Córdoba- regula la actividad en el Fuero y fija la competencia del Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar (art. 64) y del Asesor de Niñez y Juventud (art. 67), y las tareas que le son propias, entre ellas, el resguardo del derecho de salud (arts. 5 a 8, 11 a 13, 50, 64, 67, 72).
IV.- Fuero Penal.
La articulación de la intervención del Asesor letrado civil con el fuero se sujetará a los lineamientos fijados por el Anexo 1, punto 8, del Ac. Regl. Nº 1477, Serie “A”, del 5/03/2018.
a. La evaluación interdisciplinaria efectuada en sede penal, una vez especificado el riesgo acorde a los parámetros de la normativa actual -, en informe acorde a protocolo que dispondrá a estos efectos la administración general -, resulta suficiente para la reconducción de la internación en sede civil.
c. Una vez anoticiado el internamiento en los términos establecidos en el punto anterior y cumplimentadas las exigencias especificadas al respecto en el Ac. Regl. Nº 1477, Serie “A” citado y los instructivos que al respecto se dictaren, cesará la intervención del Fuero Penal en el asunto.
V.- Demanda de Limitación de la Capacidad. Internación.
En el interior se hará con los recursos profesionales que corresponda según la Sede. La práctica impone la necesidad de fijar pautas de actuación para el supuesto que en oportunidad de realizar dicha evaluación se advierta que la persona está en una situación de riesgo cierto de un daño para sí o para terceros que amerita la internación inmediata.
1.- Los profesionales evaluadores del causante deberán requerir al Juez interviniente la internación fundada en la pericia técnica que adjuntarán.
2.- La internación se ordenará como medida cautelar.
3.- Para concretar la internación, el Tribunal encomendará al Asesor letrado civil interviniente que procure la derivación al Área de Salud pública o privada de acuerdo a los recursos existentes.
4.- En caso que se concrete la internación en forma involuntaria, se deberá actuar conforme el protocolo fijado en el apartado A- II), del presente.
Córdoba, ... de ... del 201... .-
Y VISTO: Estos autos caratulados “............. - INTERNACIÓN” - Expediente nro................................, la presentación efectuada por la Asesora Letrada del............. turno y las constancias de autos, corresponde pasar los presentes a despacho a los fines de dictar resolución respecto a la judicialización y mantenimiento de la internación de ...................... D.N.I........ en el nosocomio indicado, ...................................................................-
Y CONSIDERANDO: 1) Del oficio del Área de Salud acompañado surge la decisión asumida por los expertos respecto a que en virtud del examen efectuado a ...................D.N.I. se evidencia la necesidad de recurrir a la internación involuntaria en el nosocomio - ...............2) El diagnóstico engasta en un presupuesto de situación de riesgo cierto e inminente para el paciente o para terceros en los términos del art. 41 del C.C.C.N. y las leyes específicas que imponen la intervención del Poder Judicial a los fines de que se ejerza en forma inmediata el control de la medida para garantizar los derechos del paciente.
3) En este estado y frente al pedido de mantenimiento efectuado por la Asesora Letrada del...........turno debe dictarse resolución aprobando la internación. En virtud de ello y conforme lo dispuesto por el art. 41del C.C.C.N. cabe especificar que la finalidad de la medida es evitar un daño en función de la situación de riesgo cierto e inminente aludida precedentemente, la cual durará el periodo que los facultativos estimen para sortear esta etapa y será supervisada cada treinta (30) días.-
4) A los fines de proteger al paciente con padecimientos mentales deberá darse intervención al Sr. Asesor Letrado que por turno corresponda en los términos del art. 12 de la Ley nro. 7982 y lo dispuesto por el art. 41 inc. d) del C.C.C.N., art. 22 de la Ley nro. 26.657 y el Acuerdo Reglamentario nro. / /2019, quien deberá cumplir la función de defensor especial y aceptar el cargo con las formalidades de ley.
4) De acuerdo a lo expresado corresponde mantener la internación de ..............D.N.I........ debiéndose poner en conocimiento del Director del nosocomio que deberá informar el diagnóstico y avances del tratamiento interdisciplinario del internado en el plazo de diez (10) días y, en el caso de continuar la internación, deberá informar mensualmente sobre las novedades que se produzcan en la historia clínica del paciente. Asimismo, que podrá autorizar salidas transitorias u otras alternativas terapéuticas que juzgue conveniente para la recuperación del internado, las que deberán ser comunicadas al Tribunal a sus efectos.
Por todo ello y a los fines de salvaguardar los derechos del paciente con padecimiento mental, conforme los arts. 41 y 42 del C.C.C.N. y las leyes específicas nros. 26.657 y 9848;
RESUELVO: I. - Mantener la internación de ......................... D.N.I. .......en el..................ordenada por el Área de Salud; a cuyo fin, líbrese el oficio respectivo.
II.- Designar como Defensor Especial al Asesor letrado civil que por turno corresponda.
III.- Hacer saber al Sr. Director del establecimiento que deberá tomar las medidas tendientes a asegurar que la internación no se prolongue más de lo indispensable, debiendo producir los informes conforme lo explicitado en el considerando cuarto.
V.- Comuníquese al Registro de Internados y a la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA.-
Córdoba, de de 201 .-
Y VISTOS: Estos autos caratulados “............................INTERNACIÓN” - Expediente nro.......................” de los que resulta que el equipo de Salud tratante - ...............- informa el alta médica de ..................D.N.I......................con indicaciones de continuar su tratamiento en forma ambulatoria.
Y CONSIDERANDO: 1) De acuerdo a los nuevos lineamientos en salud mental, la internación involuntaria como tratamiento terapéutico considerarse con carácter restrictivo, debiendo tomarse todas las medidas pertinentes para que dure el menor tiempo posible (art. 41 C.C.C.N., art. 15 Ley nro. 26.657 y art. 48 Ley nro. 9848).
3) Por ello, conforme el Acuerdo Reglamentario dictado por el Tribunal Superior de Justicia....... y disposiciones legales específicas;
RESUELVO: I) Tomar razón de la externación de......................,
D.N.I.................
II) Ordenar la comunicación de la presente resolución al Registro de Internados y la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial de Córdoba. PROTOCOLÍCESE,
HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA.
AUTO NRO.: / / 201
FECHA DEL DIAGNÓSTICO: ........../........./.......... -
LUGAR DE INTERNACIÓN:
FECHA DE INTERNACIÓN: : ./ ./ -
FECHA DE EXTERNACIÓN: ./ ./ -
CARÁTULA.............................................................................................................
FECHA DE INICIACIÓN: ........... /......./......... -
ASESOR LETRADO REQUIRENTE:
ASESOR LETRADO DEFENSOR ESPECIAL
DOMICILIO (real y laboral; Referencias de ubicación)
3. Datos útiles del entorno
El jefe del Registro de Internados que suscribe, CERTIFICA: que en la fecha ha quedado inscripta en el Registro a mi cargo la presente internación, ordenada por Auto nro. de fecha / /201 y que a partir de la creación del Registro de Internados si/no consta anterior a nombre de..................................cuyos datos anteceden. Of.; / . /201 .-

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 Resolución 
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