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Timestamp: 2017-03-30 14:29:08+00:00

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CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY: CONSTITUTIONAL LAW OF ECUADOR lawtube
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 1996
La República del Ecuador, fiel a sus orígenes históricos
y decidida a progresar en la realización de su destino, en nombre
de su pueblo, invoca la protección de Dios y se organiza fundamentalmente
por medio de esta Constitución Política. TÍTULO PRELIMINAR
Art. 1.- El Ecuador es un Estado soberano, Independiente, democrático,
unitario, descentralizado, pluricultural y multiétnico. Su gobierno
es republicano, presidencial, electivo, representativa, responsable y alternativo. La soberanía radica en el pueblo, que la ejerce por los órganos
del poder público El Idioma oficial y de relación Intercultural es el Castellano.
El quichua y las demás lenguas indígenas son reconocidas
dentro de sus respectivas áreas de uso y forman parte de la cultura
nacional. La Bandera, el Escudo y el Himno establecidos por la Ley son los símbolos
de la Patria. El territorio es Inalienable e irreductible- Comprende el de la Real Audiencia
de Quito con las modificaciones introducidas por los tratados válidos,
las adyacentes, el Archipiélago de Colón o de Galápagos.
el mar territorial, el subsuelo y el espacio suprayacente respectivo. La Capital es Quito, Distrito Metropolitano.
Art. 2.-Es función primordial del Estado fortalecer la unidad
nacional, asegurar la vigencia de los derechos fundamentales del hombre
y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes- Art. 3.- El Estado Ecuatoriano proclama la Paz y la cooperación
Como sistema de convivencia internacional y la igualdad Jurídica
de los Estados, condena el uso o la amenaza de la fuerza como medio de
solución de los conflictos y repudia el despojo bélico como
fuente de Derecho. Propugna la solución de las controversias internacionales
por métodos jurídicos y pacíficos y declara que el
Derecho Internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones
recíprocas. Propugna también la comunidad internacional, así como la
estabilidad y fortalecimiento de sus organismo y, dentro de ello, la integración
iberoamericana, Como sistema eficaz para alcanzar el desarrollo de la comunidad
de pueblos unidos por vínculos de solidaridad nacidos de la identidad
de origen y cultura. El Ecuador podrá formar, con uno o más Estados, asociaciones
para la promoción y defensa de los intereses nacionales y comunitarios. Art. 4.- El Estado Ecuatoriano condena toda forma de colonialismo,
neocolonialismo y de discriminación o segregación racial.
Reconoce el derecho de los pueblos a liberarse de estos sistemas opresivos.
TITUL0 I
DE LOS ECUATORIANOS Y DE LOS EXTRANJEROS
Art. 5.-Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización. Art. 6.- Es ecuatoriano por nacimiento:
El nacido en territorio nacional; y,
El nacida en territorio extranjero:
De padre o madre ecuatoriano por nacimiento que estuviere al servicio
del Ecuador o de un organismo internacional o transitoriamente ausente
del país por cualquier causa, Si no manifiesta su voluntad contraria;
De padre o Madre ecuatoriano por nacimiento, que se domiciliare en
el Ecuador y manifestare Su voluntad de ser ecuatoriano; Y,
De padre o Madre ecuatoriano por nacimiento, que manifestare su voluntad
de ser ecuatoriano entre dieciocho y veintiún años de edad,
no obstante residir en territorio extranjero.
Art. 7.- Es ecuatoriano por naturalización:
Quien hubiere obtenido la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado
servicios relevantes al país;
Quien hubiere obtenido carta de naturalización;
Quien hubiere sido adoptado como hijo por ecuatoriano, mientras sea
menor de edad. Conservará la nacionalidad ecuatoriana Si. no expresare
voluntad contraria al llegar a su mayor edad; y,
Quien naciere en el exterior, de padres extranjeros quo después
se naturalizaren en el Ecuador, mientras sea menor de edad. Al llegar a
los dieciocho años conservará la nacionalidad ecuatoriana
si no hiciere expresa renuncia de ella.
Art. 8.- Ni el matrimonio ni Su disolución alteran lanacionalidad de los cónyuges. Art. 9.- Lo que adquieran la nacionalidad ecuatoriana conforme al
principio de reciprocidad, a los tratados que se hayan celebrado y a la
empresa voluntad de adquirirla, podrán mantener la nacionalidad
de origen. Art. 10.- Quien tuviere la nacionalidad ecuatoriana al expedirse
la presente Constitución continuara en goce de ella. En cuanto a las personas jurídicas ecuatorianas o extranjeras, se
estará a lo dispuesto en la Ley. Los ecuatorianos por nacimiento que adquieran una segunda nacionalidad,
mantendrán la ecuatoriana. Art. 11.- La nacionalidad Ecuatoriana se pierde:
1. Por traición a la Patria, declarada judicialmente; Y, 2. Por cancelación de la carta de naturalización.
La nacionalidad ecuatoriana se recupera conforme a la Ley.
Art. 12.- Son ciudadanos los ecuatorianos mayores de dieciocho años. Art. 13.- Los derechos de ciudadanía se suspenden:
Por interdicción judicial, mientras dure ésta, salvo
el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta;
Por sentencia que condene a pena privativa de libertad. Mientras dure
ésta , salvo el caso de contravención; Y,
En los demás casos determinados en la Ley
De la condición jurídica de los extranjeros
Art. 14.- Los extranjeros gozan, en general de los mismos derechos
que los euatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución
y la Ley. Los extranjeros están excluidos del ejercicio de derechos políticos. Art. 15.- El Estado fomenta y facilita la inmigración selectiva. Exigirá que los extranjeros se dediquen a las actividades para las
que estuvieren autorizados. Art. 16.- Los contratos celebrados por el Gobierno o por entidades
públicas con personas naturales o jurídicas extranjeras llevaran
implícita la renuncia a toda reclamación diplomática.
Si tales contratos fueren celebrados en el territorio del Ecuador, no se
podrá convenir la sujeción a Una jurisdicción extraña,
salvo el caso de convenio internacionales. Art. 17.- Con arreglo a la Ley y a los convenios internacionales,
el Estado reconoce a los extranjeros el derecho de asilo.
Art. 18.-Las personas naturales o jurídicas extranjeras,
ni directa ni indirectamente, pueden adquirir o conservar el dominio u
otros derechos reales sobre bienes inmuebles, ni arrendarlos. obtener el
uso de aguas, establecer industrias, explotaciones agrícolas, ni
celebrar contratos sobre recursos naturales no renovables y, en general,
sobre productos del subsuelo y todos los minerales o sustancias cuyanaturaleza sea distinta a la del suelo, en zonas fronterizas y en las
Areas reservadas establecidas por los organismos competentes, salvo que
en cualesquiera de estos casos se obtuviere la autorización que
prevé la Ley. TÍTULO II
DE LOS DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS
Art. 19.- El más alto deber del Estado consiste en respetar
y hacer respetar los derechos humanos que garantiza esta Constitución.
Todos los habitantes de la República tienen el deber de promover
el bien común fortalecer la unidad nacional, colaborar para el progreso
integral del Ecuador, conservar el Patrimonio natural y cultural de la
Nación y respetar los derechos de los demás. Art. 20.-El Estado garantiza a todos los individuos, hombres y
mujeres que se hallen sujetos a su jurisdicción, el libre y eficaz
ejercicio y goce de los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales enunciadas en las declaraciones, pactos, convenios
instrumentos internacionales vigentes. Art. 21.- Los derechos garantías consagradas en esta Constitución
son plenamente aplicables e invocables ante cualquier Juez, Tribunal o
Autoridad Pública. Art. 22.- Sin perjuicio de otros; derechos necesarios Para el pleno
desenvolvimiento moral y material que se deriva dela naturaleza
de la persona, el Estado le garantiza:
La inviolabilidad de la vida y la integridad personal. No hay pena de muerte. Quedan prohibidas las tortures y todo procedimiento
inhumano degradante;
Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar
la preservación de la naturaleza. La Ley establecerá las
restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades, Para
proteger al medio ambiente;
El derecho a disponer de bienes y servicios de óptima
calidad, así como a ser informado sobre su contenido y características.
La Ley establecerá los mecanismos de control de calidad de bienes
y servicios, las procedimientos de defensa del consumidor y las sanciones
correspondientes por la violación de estos derechos;
El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad
personal y familiar. La Ley protegerá el nombre, la imagen y la
voz de la persona;
El derecho a la libertad de opinión y a la expresión
del pensamiento por cualquier medio de comunicación social, Sin
perjuicio de las responsabilidades previstas en la Ley; Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en su
honra por publicaciones hechas por la Prensa u otros medios de comunicación
social, tendrá derecho a que éstos hagan la rectificación
correspondiente en forma gratuita, inmediata y proporcional;
La igualdad ante la Ley; Se prohibe toda discriminación por motivos de edad, raza, color,
religión, filiación, política o de cualquier otra índole, origen social o posición
económica o nacimiento. Se declara la igualdad jurídica de los sexos. La mujer tiene iguales
derechos y oportunidades que el hombre en todos los ordenes de la vida
especialmente, en lo económico, labora, civil. político,
social y Cultural. El Estado adoptara las medidas para hacer efectivo este derecho toda discriminación; La libertad de conciencia y de religión, en forma
individual a colectiva. en público o privado. Las personas practicaran
1ibremente el culto que profesen, con las únicas limitaciones que
la Ley prescribe para proteger la seguridad, la moral pública a
los derechos fundamentales de las demás personas;
La inviolabilidad de domicilio. Nadie puede penetrar en é1
ni realizar inspecciones a registros sin la autorización de la persona
que en é1 habita o por orden judicial, en los casos y forma que
establece la Ley;
La inviolabilidad el secreto de la correspondencia. Sólo
podrá ser, aprehendida, abierta y examinada en los casos previstos
en la Ley. Se guardara secretos de los asuntos ajenos al hecho que motivare
su examen. El mismo principio se observara con respecto a las comunicaciones,
telegráficas, cablegráficas, telefónicas, electrónicas
y otras similares. Los documentos obtenidos con violación de esta
garantía no harán fe en juicio y los responsables serán
sancionadas conforme a la Ley;
El derecho a transitar libremente par el territorio nacional
y a escoger su residencia.
Los ecuatorianos gozan de libertad para entrar y salir del Ecuador. En
cuánto a los extranjeros, se estará a lo dispuesto en la
Ley;" El derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades,
pero en ningún caso a nombre del pueblo; y a recibir la atención
o respuestas pertinentes y en el plaza adecuado, conforme a la Ley;
La libertad de trabajo, comercio e industria, con sujeción
a la Ley. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito
o forzoso.; La libertad de contratación, con sujeción a la
El derecho de asociación y de libre reunión con
fines pacíficos;
El Estado garantiza el derecho a un nivel de vida que asegure
la salud, la alimentación, vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios. El Estado formulará la política nacional de salud y determinara
su aplicación en los servicios de salud, tanto públicos como
privados. La Ley determinará, en último caso el órgano
de control y supervigilancia de las empresas que se dediquen a los servicios
de salud privados. El sistema nacional de salud con la participación de los sectores
público y privado, funcionará de acuerdo a los principios
de universalidad, equidad, solidaridad eficiencia. Fomentará la
investigación científica el desarrollo tecnológico
con criterios éticos; El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones políticas
y religiosas. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre ellas, sino
en los casos previsto en la ley;
El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad;
Igualmente, se garantiza los derechos de autor sobre las obras
intelectuales, artísticas, científicas y literarias, por
el tiempo y con las formalidades que señala la Ley; y,
La libertad y seguridad personales. En consecuencia:
Prohíbese la esclavitud o la servidumbre en todas sus formas;
Ninguna persona podrá sufrir prisión por deudas, costas, honorarios, impuestos, multas ni otras obligaciones, excepto el caso de alimentos forzosos;
Nadie será reprimido por acto u omisión que en,
el momento de cometerme no estuviere tipificado ni reprimido como infracción,
penal, ni podrá aplicársele una pena no prevista en la Ley.
En caso de conflicto de dos leyes penales, se aplicará la menos
rigurosa, aún cuando ésta fuere posterior a la infracción. La Ley Penal establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las. penas; En caso de duda, la Ley Penal se aplicara en el sentido más favorable al reo. El régimen Penal tendrá por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación social de los penados:
Ninguna persona puede ser distraída del juez competente
ni juzgada por tribunales de excepción o por comisiones especiales
creadas para el efecto, cualquiera quefuere su denominación;
Nadie podrá ser penado sin juicio previoni privado
del derecho de defensa en cualquier estado a grado del proceso. Toda persona
imputada por una infracción penal tendrá derecho a contar
con un defensor, así como a obtener que se compela a comparecer
a los testigos de descargo;
Nadie podrá ser obligado a declarar en juicio penal contra
su cónyuge a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
a Segundo de afinidad, a compelido a declarar en contra de sí mismo,
en asuntos que pudieren ocasionarle responsabilidad penal. Se exceptúan las declaraciones voluntarias de quienes resultaren
víctimas de un delito a las de sus parientes. con independencia
del grado de parentesco, quienes además podrán plantear y
proseguir la acción penal correspondiente. Ninguna persona podrá ser interrogada, ni aún con fines investigativos,
por una autoridad policial, por el Ministerio Público o por cualquier
otra del Estado, sin la asistencia de un abogado defensor privado o, nombrado
por el Estado para el caso de que el interesado no pueda designar a su
propio defensor. Cualquier diligencia judicial, preprocesal o administrativa
que no cumpla con este precepto carecerá de eficacia probatoria;
Se presume inocente a toda persona mientras no se haya declarado
su culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada;
Nadie será privado de su libertad sino en virtud de orden
escrita de autoridad competente, en los casos, por el tiempo y con las
formalidades prescritas por la Ley, salvo delito flagrante, en cuyo caso
tampoco podrá mantenérsele sin fórmula de juicio por
más de veinticuatro horas. En cualquiera de los casos, no podrá
ser incomunicado por más de veinticuatro horas; e,
Toda persona será informada inmediatamente de la causa
Art. 23.-El Estado y más entidades del sector público
estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios
que les irrogaren como consecuencia de los servicios públicos o
de los actos si de sus funcionarios y empleados en el desempeño
de sus cargos. Las entidades antes mencionadas tendrán, en tales casos, derecho
de, repetición y harán efectiva la responsabilidad de los
funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave judicialmente declarada,
hubieren causado los perjuicios. La responsabilidad penal de tales funcionarios
y empleados será establecida por los jueces competentes Art. 24.- Cuando una sentencia condenatoria fuere reformada o revocada
por efecto del Recurso de Revisión, la persona que haya sufrido
una Pena como resultado de tal sentencia será rehabilitada e indemnizada
por el Estado, de acuerdo a la Ley. Art. 25.- El Estado será civilmente responsable en todos
los casos de error Judicial que hayan producido la prisión de un
inocente o la detención arbitraria, así como en los supuestos
de violación de las normas establecidas en el numeral 19 del articulo
22. La Ley establecerá los mecanismos para hacer efectivo este derecho. Art. 26.-En ningún caso se concederá la extradición
de un ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetarán a las leyes del Ecuador. Art. 27.- Los ecuatorianos perseguidos por los delitos políticos
tienen derecho de asilo, que lo ejercerán de conformidad con la
Ley y los convenios internacionales. SECCIÓN II
Del Hábeas Corpus.
Art. 28.- Toda persona que creyere estar ilegalmente privada de
su libertad podrá acogerse al Hábeas Corpus. Este derecho
lo ejercerá por si o por interpuesta persona, sin necesidad de Mandato
escrito, ante el Alcalde bajo cuya jurisdicción se encontrare o
ante quien hiciere sus veces. La autoridad municipal ordenará inmediatamente
que el recurrente sea conducido a su presencia y se exhiba la orden de
privación de su libertad. Su mandato será obedecido sin observación
ni excusa por los encargados del centro de rehabilitación Social
o lugar de detención. Instruido de los antecedentes, el Alcalde dispondrá la inmediata
libertad del reclamante, si el detenido no fuere presentado o si no se
exhibiere la orden, o si ésta no cumpliere los requisitos legales,
o si se hubieren cometidos y vicios de procedimiento o, en fin, si hubiere
justificado el fundamento del recurso. El funcionario o empleado que no
acatare la orden será destituido inmediatamente de Su cargo o empleo,
sin más tramite por el Alcalde, quien comunicara la destitución
a la Contraloría General del Estado y a la Autoridad quo deba nombrar
Su reemplazo. El empleado destituido, luego de haber puesto en libertad al detenido,
podrá reclamar ante los órganos competentes de la Función
Judicial, dentro de ocho días de notificado de su destitución. PARAGRAFO II
Art.. 29.- Habrá un Defensor del Pueblo, con jurisdicción
nacional, para promover o patrocinar los recursos de Hábeas Corpus
y de Amparo de las personas que lo requieran, defender y excitar la observancia
de los derechos fundamentales que esta Constitución garantiza; y,
ejercer las demás funciones que le asigne la Ley. Gozará
de autonomía política, económica, administrativa y
de inmunidad en los mismos términos que los legisladores del Congreso
Nacional. El Defensor del Pueblo será elegido por el Congreso Nacional en
pleno, con el voto de las dos terceras partes, por lo menos, de sus miembros. Para desempeñar este cargo se precisa reunir los mismos requisitos
que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. PARAGRAFO III
Art. 30.- Toda persona tiene derecho a acceder a los documentos,
bancos de datos e informes que sobre si misma o sobre sus bienes consten
en entidades públicas o privadas, así como a conocer el uso
que se haga de ellos y su finalidad. Igualmente, podrá solicitar ante el funcionario o juez competente
la actualización, rectificación, eliminación o anulación
de aquellos si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente
sus derechos. Se exceptúan los documentos reservados por razones de seguridad
nacional. PARAGRAFO IV
Art. 31.- Toda persona podrá acudir ante los órganos
de la Función Judicial que la Ley designe y requerir la adopción
de medidas urgentes, destinadas a hacer cesar, o evitar la comisión,
o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto ilegitimo de autoridad
de la administración pública violatorio de cualquiera de
los derechos constitucionales y que pueda causar un daño inminente,
a más de grave e irreparable. Para este efecto no habrá inhibición del juez que deba conocer
del recurso, ni obstaran los días feriados. El juez convocara de inmediato a las partes para ser oídas en audiencia
pública dentro de veinte y cuatro horas y al mismo tiempo, de encontrarlo
fundado ordenará la suspensión de cualquier acción
actual o inminente que pudiere traducirse en violación del derecho
constitucional. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el juez dictará su
resolución, a la cual se dará de inmediato cumplimiento. La providencia de suspensión será obligatoriamente consultada,
para su confirmación o revocatoria, ante el Tribunal Constitucional,
órgano ante el cual procederá el recurso de apelación
por la negativa de la suspensión, debiendo en ambos casos el juez
remitir de inmediato el expediente al superior. SECCIÓN III
Art. 32.- El Estado protege a la familia como Cédula fundamental
de la sociedad y la garantiza las condiciones morales, culturales y económicas
que favorezcan la consecución de sus fines. Protege, igualmente, el matrimonio, la maternidad el haber familiar.
Ell matrimonio se funda en el libre consentimiento de los contrayentes
y en la igualdad de derecho, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. Art. 33.- La unión estable y monogámica de un hombre
y una mujer, libres de vinculo matrimonial con otra personal que formen
un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancia
que señale la ley , dará lugar a una sociedad de bienes,
que se sujetará a las regulaciones de la sociedad conyugal, en cuanto
fueren aplicables, salvo que hubieren estipulado otro régimen económico
o constituido, en beneficio de sus hijos comunes, patrimonio familiar. Art. 34- Se propugna la paternidad responsable y la educación
apropiada para la promoción de la familia, así Como se garantiza
el derecho de los padres a tener el número de hijos que puedan mantener
y educar. Reconócese el patrimonio familiar inembargable en la cuantía
y condiciones que establezca la Ley; y, con laslimitaciones de
ésta, garantizase los derechos de testar y de heredar. Art. 35.- El Estado protege a los progenitores en el ejercicio de
la autoridad paterna y vigila el cumplimiento de las obligaciones recíprocas
de padres e hijos. Estos- tienen los mismos derechos, sin considerar sus
antecedentes de filiación. Al inscribirse el nacimiento no se exigirá declaración sobre
la calidad de filiación; y, al otorgarse el documento de identidad,
no se hará referencia a la misma, ni a la calidad de adaptado. El hijo será protegido desde su concepción. se garantiza
el amparo del menor, a fin de que Su crecimiento y desarrollo sean. adecuados
para su integridad moral, mental y física, así como para
Su vida en el hogar. Art. 36.- Los menores tienen derecho a la protección de sus
progenitores, de la sociedad y del Estado para asegurar su vida, su integridad
física y psíquica, su salud, su educación, su identidad,
nombre y nacionalidad. Serán consultados de acuerdo con la Ley,
protegidos especialmente del abandono, violencia física o moral
y explotación laboral. Sus derechos prevalecerán sobre los
derechos de los demás Art. 37.- El trabajo del cónyuge o conviviente en el hogar
será tomado en consideración para compensarle equitativamente,
en situaciones especiales, en que éste se encontrare en desventaja
económica. Art. 38.- El Estado, la sociedad y la familia concurrirán
para la protección y la asistencia do las personas de la tercera
edad. SECCIÓN IV
Art. 39.- El Estado fomentará y promoverá la cultura,
la creación artística y la investigación científica;
y velará por la conservación del patrimonio cultural y la
riqueza artística e histórica de la Nación. Art. 40.- La educación es deber primordial del Estado y la
sociedad, derecho fundamental de la persona y derecho y obligación
de los padres. La educación oficial es laica y gratuita en todos
los niveles. Se garantiza la educación particular. La educación desde el nivel primario hasta el Ciclo básico
del nivel medio o sus equivalentes es obligatoria. Cuando se impartan en
establecimientos oficiales se proporcionarán, además, gratuitamente
los servicios de carácter social Se reconoce a los padres el derecho de dar a sus hijos la educación
que a bien tuvieren. La educación se inspirara en principios de nacionalidad, democracia,
justicia social, Paz, defensa de derechos humanos, y estará abierta
a todas las corrientes del pensamiento universal. La educación tendrá un sentido moral, histórico social.
Estimulará el desarrollo de la capacidad crítica del educando
para la comprensión cabal de la realidad ecuatoriana, la promoción
de una auténtica cultura nacional, la solidaridad humana y la acción
social y comunitaria. El Estado garantiza el acceso a la educación de todos sus habitantes,
sin discriminación alguna. Se garantiza la libertad de enseñanza y de cátedra. En los sistemas de educación que se desarrollen las zonas de predominante
población indígena, se utilizará como lengua principal
de educación el quichua o la lengua de la cultura respectiva; y
el Castellano como lengua de relación intercultural. El Estado formulará y llevará a cabo pianos para erradicar
el analfabetismo. Los planes educacionales propenderán el desarrollo integral de la
persona y de la sociedad Se garantiza la estabilidad y la justa remuneración de los educadores
en todos los niveles. La Ley regulará la designación, traslado,
separación y los derechos de escalafón y ascenso. El Estado suministrará ayuda a la educación particular gratuita,
sin perjuicio de las asignaciones establecidas para dicha educación
y para las universidades particulares. Los consejos provinciales y las
municipalidades podrán colaborar para los mismos fines. La educación fisco misional y especial, debidamente calificadas,
bajo los términos y condiciones que señala la Ley podrá
también recibir ayuda del Estado Art. 41.- Las universidades y escuelas politécnicas tanto
oficiales como particulares, son autónomas y se regirán por
la Ley y por su propio estatuto. El Estado garantiza la igualdad de oportunidad de acceso a la educación
universitaria o politécnicas estatales. Nadie podrá ser privado
al acceso a ellas por razones económicas. Las políticas de
admisión o de nivelación las determinarán los correspondientes
centros de educación superior. Para asegurar el cumplimiento de los fines, funciones y autonomía
de las universidades y escuelas politécnicas, el Estado creará
e incrementara el patrimonio universitario y politécnico. Manteniendo el principio do que son instituciones sin fines de lucro y
sin perjuicio de los recursos que le sean asignados en el Presupuesto del
Gobierno Central y demás rentas que les correspondan por Ley, las
universidades y escuelas politécnicas podrán crear fuentes
complementarias de ingresos. Sus recintos son inviolables. No podrán ser allanados sino en los
casos y términos en que pueda serlo la morada de una persona. Su vigilancia y el mantenimiento del orden interno serán de competencia
y responsabilidad de sus autoridades. No podrán, el Ejecutivo ni ninguno de sus órganos, autoridades
o funcionarios, clausurarlas ni reorganizarlas, total o parcialmente, ni
privarlas de sus rentas o asignaciones presupuestarias. Serán funciones principales de las universidades y escuelas politécnicas
el estudio y el planteamiento de soluciones para los problemas del país;
la creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión
en los sectores populares; la investigación científica, la
formación profesional y técnica, le contribución para
crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana, señalando
para ello métodos y orientaciones. SECCIÓN V
De la Seguridad Social y la Promoción Popular
Art. 42.- Todos los ecuatorianos tienen derecho a la seguridad social,
El seguro social, que tiene como objetivo proteger al asegurado
y a su familia en los casos de enfermedad, maternidad, desocupación,
invalidez, vejez y muerte. Se financiará con el aporte equitativo
del Estado, los empleadores y los asegurados. Se procurará extenderlo a toda la población. El seguro social es un derecho irrenunciable de los trabajadores.
Se aplicara mediante una institución autónoma; la Fuerza
Pública podrá tener sus propias entidades de seguridad social;
en sus organismos detectives tendrán representación igual
el Estado, los empleadores y los asegurados. Los fondos y reservas del
seguro social, que son propios y distintos de los del Fisco, no se destinaran
a otros fines que a los de su creación y funciones. Las prestaciones del Seguro social en dinero no serán susceptibles
de cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos
debidos por Ley o de obligaciones contraídas a favor de la institución
aseguradora, y estarán exentas de impuestos fiscales y municipales. El Estado y el seguro social adoptarán medidas para facilitar la
afiliación voluntaria y para poner en vigencia la afiliación
del trabajador agrícola;
La atención a la salud de la población de las Ciudades
y el campo, por medio de la socialización de la Medicina, de los
diferentes organismos encargados de suejecución y de la
creación de la correspondiente infraestructura, de acuerdo can la
La aplicación de programas tendientes a eliminar el alcoholismo
y otras toxicomanías y a disminuir la mortalidad infantil; y,
La asistencia social, establecida y regulada por el Estado, de acuerdo
Art. 43.- El Estado contribuirá a la organización
y promoción de los diversos sectores populares, sobre todo el campesinado,
en lo moral, económico y social , que les permita su efectiva participación
en el desarrollo de la comunidad. Estimulará los programas de vivienda de interés social. Proporcionará los medios de subsistencia a quienescarecen
de recursos y no están en condiciones deadquirirlos, ni
cuentan con persona o entidad obligada por la Ley a suministrárselos. Promoverá el servicio social y civilde la mujer yestimulara
la formación de agrupaciones femeninas para su integración
a la vida activa y al desarrollo del país; y a la capacitación
de la mujer campesina y la de los sectores marginados. SECCIÓN VI
Art. 44.- El Estado protege el derecho de la población a
vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que
garantice un desarrollo sustentable. Se declara de interés público
y se regulará conforme a la Ley:
La preservación del media ambiente, la conservación
de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético
La prevención de la contaminación ambiental, la explotación
sustentable de los recursos naturales y los requisitos que deban cumplir
las actividades públicas o privadas que puedan afectar al medio
ambiente; y,
El establecimiento de un sistema de áreas naturales protegidas
y el control del turismo receptivo y ecológico.
Art. 45.- Se prohibe la fabricación, importación,
tenencia y uso de armas químicas, biológicas y nucleares,
así como la introducción al territorio nacional de residuos
nucleares y desechos tóxicos.
Art. 46.- La Ley tipificará las infracciones y regulará
los procedimientos para establecer las responsabilidades administrativas,
civiles y penales, que correspondan a las personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las
normas de protección al medio ambiente.
Art. 47.- El Estado ecuatoriano será responsable por los
daños ambientales en los términos señalados en el
Art. 48.-Sin Perjuicios de los derechos de los ofendidos y los
perjudicados, cualquier persona natural o jurídica podrá
ejercer las acciones contempladas en la Ley para la protección del
Art. 49.- El trabajo es un derecho y un deber social. goza, de la
protección del Estado, el que asegura al trabajador el respeto a
su dignidad, una existencia decorosa y una renumeración justa que
cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las siguientes
La legislación del trabajo y su aplicación se sujetaran
a los principios del derecho social;
El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación;
El Estado garantiza la intangibilidad de os derechos reconocidos a los
trabajadoras y adoptará las medidas para su ampliación y
Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda
estipulación que implique renuncia, disminución o alteración
de ellos. Las acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo
señalado por la Ley, contado desde la terminación de la relación
Será valida la transacción en materia laboral, siempre
que no implique renuncia de derecho y se celebre ante autoridad administrativa
o juez competente;
En caso de duda sobre el alcance de disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más
favorable a los trabajadores; La remuneración del trabajo será inembargable, Salvo para
el pago de pensiones alimenticias. Todo lo que daba el patrono por razón
del trabajo constituirá crédito privilegiado de primera clase,
con preferencia aún a los hipotecarios; Los trabajadoras participaran en las utilidades líquidas de las
empresas, de conformidad con la Ley; Se garantiza el derecho de organización de trabajadores y empleadores
y su libre desenvolvimiento sin autorización previa y conforme a
la Ley. Para todos los efectos de las relaciones laborales en las entidades
del sector público, el sector laboral estará representado
por una sola organización. Las relaciones de los organismos comprendidos en las letras a) y b) del
articulo 72 y de las personas jurídicas creadas por Ley para el
ejercicio de la potestad estatal con sus servidores, se sujetarán
a las leyes que regulan la administración pública, salvo
las que se refieren al sector laboral determinadas en el Código
del Trabajo. Cuando el sector público ejerza actividades que no pueda delegar
a los otros sectores de la economía, ni estos puedan asumir, las
relaciones con sus servidores se regularán por la Ley de Servicio
Civil y Carrera Administrativa, con excepción de las relaciones
con los obreros que estarán amparados por el Código del Trabajo. Para las actividades ejercidas por el Sector Público y que pueden
ser asumidas por delegación total o parcial por los otros sectores
de la economía, las relaciones con sus trabajadores se regularán
por el Código del Trabajo; con excepción de las funciones
de dirección, gerencia, representación, asesoría,
jefatura departamental o equivalentes, las cuales estarán sujetas
a las leyes pertinentes; Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga en
sus respectivas empresas y el de los empleadores al paro, de conformidad
Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y
dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho
se realice la obra o se preste el servicio es responsable solidaria del
cumplimiento de las leyes sociales, aunque el contrato de trabajo se efectúe
por intermediario; Se garantiza especialmente la contratación colectiva en consecuencia,
el pacto colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado,
desconocido o menoscabado en forma unilateral; Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales
de conciliación y arbitraje, integrados por los empleadores y trabajadores,
presididos por un funcionario del trabajo. Estos tribunales serán
los únicos competentes para la calificación, tramitación
y resolución de los conflictos; y, Para el pago de la indemnización a que tiene derecho el trabajador
se entenderá como remuneración todo lo que el trabajador
perciba en dinero, en servicios o en especies inclusive lo que percibiere
por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo,comisiones,
participación en beneficios o cualquiera otra retribución
que tenga carácter normal en la industria o servicio. Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos
o subsidios ocasionales, la decimotercera, decimocuarta, y decimoquinta
remuneraciones, la compensación salarial, la bonificación
complementaria y el beneficio que representen los servicios de orden social.
Art. 50.- El Estado mejorará las condiciones de trabajo de
las mujeres mediante el respeto de sus derechos laborales, el acceso a
los sistemas de seguridad social, especialmente en el caso de la madre
gestante, la del sector informal, la mujer trabajadora jefe de hogar y
la que se encuentre en estado de viudez.
Art. 51.- Los ciudadanos ecuatorianos gozan del derecho de elegir
y ser elegidos; de presentar proyectos de Ley al Congreso Nacional; de
ser consultados en los casos previstos en la Constitución; de fiscalizar
las actos de los órganos del Poder Público; y de desempeñar
empleos. y funciones públicas, en las condiciones determinadas par
Art. 52.- El voto es universal, igual, directo y secreto, obligatorio
para los que sepan leer y escribir y facultativo para los analfabetos.
Tendrán derecho a voto los ecuatorianos que hubieren cumplido dieciocho
años de edad y se hallan en el goce de los derechos políticos.
Los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo no harán
uso de este derecho.
Art. 53.- Se garantiza la representación proporcional de
las minorías en las elecciones pluripersonales, de conformidad con
Art. 54.- Se garantiza el derecho de fundar partidos políticos
y participar en ellos en las condiciones establecidas en la Ley. Los partidos
políticos gozarán de la protección del Estado para
su organización y funcionamiento.
Art. 55. - Los partidos políticos legalmente reconocidos
pueden prestar o auspiciar candidatos para las dignidades de elección
Pueden también presentarse como candidatos los ciudadanos no afiliados,
ni auspiciados por partidos políticos.
Los ciudadanos elegidos para desempeñar funciones de elección
popular, podrán ser reelegidos limitaciones.
El Presidente y Vicepresidente de la República podrán ser,
reelegidos luego de transcurrido un periodo después de aquel para
el cual fueron elegidos.
La Constitución y la Ley señalarán los requisitos
para intervenir como candidato en toda elección popular.
Art. 56. Para que un partido político pueda ser reconocido
legalmente e intervenir en la vida pública del Estado debe cumplirlos
siguientes requisitos: sustentar principios doctrinarios que lo individualicen
y un programa de acción política en consonancia con el sistema
democrático, y contar con el número de afiliados, estar organizado
a escala nacional y obtener en las elecciones el cuociente electoral, de
Para que un partido político subsista, deberá tener un nivel
de representatividad expresado electoralmente, de acuerdo con la Ley.
Art. 57.- Establécese la consulta popular en los casos previstos
por esta Constitución. La decisión adoptada por este medio
Art. 58.- El Presidente de la República tiene la atribución
para convocar a consulta popular en los siguientes casos:
Cuando el Congreso Nacional no hubiere conocido, aprobado o negado
un proyecto de reformas a la Constitución presentado por el Presidente
de la República, o no lo hubiere aprobado o negado en el término
de ciento veinte días contados desde la fecha de recepción
por parte del Congreso Nacional. En el caso de negativa parcial, la consulta popular se circunscribirá
exclusivamente a la parte negada. El Presidente de la República podrá ejercer la facultad de
convocar en el término improrrogable de treinta días, contados
a partir del día siguiente de que se le notifique con la negativa.
La consulta se efectuara dentro de los sesenta días posteriores
a su convocatoria; y, Cuando a su juicio, se trate de cuestiones de trascendental importancia
Art. 59.- Los resultados de la consulta popular, luego de proclamados
por el Tribunal Supremo Electoral, se publicarán en el Registro
Oficial dentro de los quince días subsiguientes.
Art. 60.- La organización y funcionamiento de la economía
deberá responder a los principios de eficiencia y justicia social,
a fin de asegurar a todos los habitantes una existencia digna, permitiéndoles,
al mismo tiempo, iguales derechos y oportunidades frente a los medios de
El desarrollo, en el sistema de economía de mercado, propenderá
al incremento de la producción y tendera fundamentalmente a conseguir
un proceso de mejoramiento y progreso integral de todas los ecuatorianas.
La acción del Estado tendrá como objetivo hacer equitativa
la distribución del ingreso de la riqueza en la comunidad.
Se prohibe, y la Ley reprimirá, cualquier forma de abuso del poder
económico inclusive las reuniones y agrupaciones de empresas que
tiendan a dominar los mercados nacionales, a eliminar la competencia o
a aumentar arbitrariamente los lucros.
De los sectores de la economía
Art. 61.- La economía ecuatoriana funcionara a través
de cuatro sectores básicos:
El sector público compuesto por las empresas de Propiedad
Son áreas de explotación económica reservadas
Los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo y todos los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta del suelo;
Los servicios de agua potable, fuerza eléctrica y telecomunicaciones; y,
Las empresas estratégicas definidas por la Ley.
El Estado ejerce sus actividades en las ramas empresariales o actividades
económicas que, por su trascendencia y magnitud, pueden tener decisoria
influencia económica o política y se haga necesario orientarlas
hacia el interés social
El Estado, excepcionalmente, podrá delegar a la iniciativa privada
el ejercicio do cualesquiera de las actividades antes mencionadas, en los
casos que la Ley establezca;
El sector do la economía Mixta, integrado por las empresas
de propiedad de particulares en asociación con entidades del sector
El Estado participará en empresas de economía mixta para
promover la inversión en áreas en las cuales el sector privado
no puede hacerlo sin el concurso del sector público;
El sector comunitario o de autogestión, integrado por empresas
cooperativas, comunales o similares, cuya propiedad y gestión pertenezcan
a la comunidad de personas que trabajan permanentemente en ellas.
El Estado dictará Leyes para la regulación y desarrollo
de ese sector; y,
El sector privado, integrado por empresas cuya propiedad corresponde
a una o varias personas naturales o jurídicas de derecho privado
y, en general. por empresas que no estén comprendidas en los otros
Art. 62.- Para fines de orden social, determinados en la Ley, el
sector público, mediante el procedimiento y en los plazos que señalen
normas procesales, podrá expropiar, previa justa valoración,
pago e indemnización, los bienes que pertenezcan a los otros sectores.
Se prohibe toda confiscación.
Art. 63.- La propiedad, en cualesquiera de sus formas, constituye
un derecho que el Estado reconoce y garantiza para la organización
de su economía, mientras cumpla su función social. Esta deberá
traducirse en una elevación y redistribución del ingreso,
que permita a toda la población compartir los beneficios de la riqueza
Art. 64.- El Estado estimula la propiedad y la gestión de
los trabajadores en las empresas por medio de la transferencia de acciones
o participaciones a favor de éstos. El porcentaje de utilidad de
las empresas quo corresponda a los trabajadores será pagado en dinero
o en acciones o participaciones, de conformidad con la Ley, la que establecerá
los resguardos necesarios para que éstas beneficien permanentemente
al trabajador y a su familia.
Art. 65.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda y a la conservación
del medio ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar
y controlar áreas para el desarrollo futuro, de conformidad con
El Estado estimulará los programas de vivienda de interés
Art. 66.- El Estado garantiza la propiedad de la tierra en producción
y estimula a la empresa agrícola. El sector pública deberá
crear y mantener la infraestructura necesaria para el fomento de la producción
La política del Estado, en cuanto a la actividad agropecuaria y
a la estructura de la propiedad en el sector rural, tendrá como
objetivos el desarrollo económico, la elevación el nivel
de vida, la redistribución de la riqueza y de los ingresos.
Se proscribe el acaparamiento de la tierra y el latifundio. Se estimula
la producción comunitaria y cooperativa, mediante la integración
de unidades de producción.
La colonización dirigida y espontánea será regulada
con el propósito de mejorar la condición de vida del campesino,
precautelando los recursos naturales y el medio ambiente, procurando fortalecer
las fronteras vivas del país.
Art. 67.- El régimen tributario se rige por los principios
básicos de la igualdad, proporcionalidad y generalidad. Los tributos
además de ser medios para la obtención derecursos
presupuestarios, servirán como instrumento depolítica
Las leyes tributarias estimularan la inversión, la reinversión,
el, ahorro y su empleo para el desarrollo nacional. Procurarán una
justa. distribución delas rentas y de la riqueza entre todos
Art. 68.- Sólo se puede establecer, modificar o extinguir
tributos por acto legislativo de órgano competente. No sedictarán
leyes tributarias con efecto retroactivo enperjuicio de los contribuyentes.
Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán
Art. 69.- El sistema Monetario velará por la estabilidad
de la moneda nacional y por la solvencia financiera del país.
Art. 70.- A la Junta Monetaria, que ejerce sus funciones dentro
de las normas establecidas por la Ley, le corresponde la conducción
de la política en lo referente a la moneda nacional.
ElBanco Central del Ecuador es el ejecutor de la política
Art. 71.- La unidad monetaria es el sucre. El Presidente dela
República, fijará y modificará la relación
de su cambiointernacional de conformidad con la Ley. La emisión
demonedas metálicas y de billetes, quetienen poderliberatorio ilimitado, es atribución exclusiva delBanco
Art. 72.- El sector público estará conformado por:
Las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral de Control
las diferentes dependencias del Estado;
Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo; y ,
Las personas jurídicas creadas por la Ley para el ejercicio de
la potestad estatal; o para la prestación de servicios públicos;
o para actividades económicas asumidas por el Estado, y las creadas
por acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos.
Art. 73.- Las normas para establecer la responsabilidad penal, civil
y hacendaria por el manejo y administración de los fondos, aportes
o recursos públicos, se aplicarán a todos los servidores
de las entidades a las que se refiere el articulo anterior.
Art. 74.- El ejercicio de dignidades y funciones públicas,
constituye un servicio a la colectividad. No hay dignatario, autoridad
n servidor público exento de responsabilidad por el ejercicio de
sus funciones. Se sancionará el enriquecimiento ilícito de
los ciudadanos elegidos por votación popular; de los delegados o
representantes a cuerpos colegiados del sector público; de los servidores
públicos en general, de conformidad con la Ley.
Quienes participen en esta clase de delitos, aunque no ostenten las calidades
antes señaladas, serán sancionadas en la forma que determine
Todo órgano de `poder público es responsable y no puede ejercer
otras atribuciones que las consignadas en esta Constitución y la
Todo funcionario público, inclusive los representantes de elección
popular, al inicio y al fin de su gestión, deberá presentar
declaración juramentada de bienes y rentas, de acuerdo con la Ley.
Los obreros estarán amparados por el Código del Trabajo.
Art. 75.- La carrera administrativa garantizará los derechos
y establecerá las obligaciones de los servidores públicos.
Art. 76.- Las entidades indicadas en las letras b) y c) del articulo
72 gozarán para su organización y funcionamiento de la autonomía
establecida en las leyes de su origen . En especial, se garantiza
la autonomía de los consejos provinciales, concejos municipales,
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Central del Ecuador, Banco
Nacional de Fomento, Juntas de Beneficencia, Corporación Financiera
Nacional, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Banco del Estado, del Tribunal
Supremo Electoral, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio
Público, las corporaciones de fomento económico regional
y provincial, los organismos de Control y las Universidades y Escuelas
Art. 77.- La Ley garantizará los derechos y establecerá
las obligaciones de los servidores públicos en el servicio civil
y carrera administrativa. Las retribuciones serán proporcionales
a las funciones y responsabilidades de los servidores públicos.
Los regímenes escalafonarios las concesiones especiales o extraordinarias
serán válidas cuando consten en la Ley expresa y sujetándose
a principiosde responsabilidad y equidad.
Art. 78. - Ninguna persona podrá desempeñar dos o
más cargos públicos, con excepción de los profesores
Universitarios, quienes, además del cargo Público, podrán
ejercer la docencia, y de los profesionales telegrafistas y radiotelegrafistas,
quienes podrán ejercer otro cargo público.
Prohíbese el nepotismo en la forma señalada por la Ley.
DE LA FUNCIONLEGISLATIVA
Art. 79. - La Función Legislativa es ejercida porel
Congreso Nacional, con sede en Quito, integrado por doce legisladores elegidos
por votación nacional; dos legisladores elegidos por cada provincia;
y, además, por un legislador elegido por cada trescientos mil habitantes
o fracción que pase de doscientos mil.
Los legisladores son elegidos entre los candidatos presentados en listas
que son calificadas por la Función Electoral, de acuerdo con la
Ley. La base de elección de trescientos mil o fracción de
doscientos mil se aumentará en la misma proporción en que
se incremente la población nacional, de acuerdo con los censos.
Excepcionalmente, el Congreso Nacional se reunirá en cualquiera
Art. 80. - Los legisladores nacionales duraran cuatro años
en sus funciones y podrán ser reelegidos. Deben ser ecuatorianos
por nacimiento; gozar de los derechos de ciudadanía; y tener treinta
años de edad; por lo menos, al momento de la elección.
Los legisladores provinciales duraran dos años en sus funciones
y podrán ser reelegidos.
Para ser elegido diputado provincial se requerirá ser ecuatoriano
por nacimiento; gozar de los derechos de ciudadanía; tener veinte
y cinco años de edad, por loa menos al momento de la elección;
y ser oriundo de la provincia respectiva o haber tenido su residencia principal
de modo ininterrumpido en ella tres años, por lo menos, inmediatamente
anteriores a la elección.
Art. 81.- No podrán ser candidatos al Congreso Nacional:
Los magistrados o funcionarios de las funciones del Estado, sean
del régimen central o seccional.
Los funcionarios públicos de los organismos autónomos
o dependientes y, en general los que perciban remuneraciones del erario
o los que las hubieran percibido ciento veinte días antes de su
elección. Los servidores públicos gozarán de licencia
sin sueldo para participar como candidatos en el proceso electoral y cesarán
en sus funciones al ser elegidos;
Los que ejerzan mando o jurisdicción o lo hubieren ejercido dentro
de seis meses anteriores a la elección;
Los presidentes, gerentes y representantes de los bancos demás
instituciones de crédito establecidas en el Ecuador, así
como los de sus sucursales a agencias;
Los que por si o por interpuesta persona tengan contratos con el Estado,
sea como personas naturales o como representantes de personas jurídicas;
Los ministros de cualquier culto y los miembros de comunidades religiosas;
Los representantes legales apoderados de compañías extranjeras; e,
Los que se encuentran impedidos por otras disposiciones legales.
La dignidad de legislador no significa función o cargo público. Art. 82.- El Congreso Nacional, se reúne en pleno, sin necesidad
de convocatoria, en Quito desde el 1 de agosto hasta el 9 de octubre de
cada año, para conocer exclusivamente los siguientes asuntos:
Nombrar de entre sus miembros al Presidente y Vicepresidente del
Congreso, quienes duraran un año en sus funciones;
Posesionar al Presidente y al Vicepresidente de la República
proclamados por el Tribunal Supremo Electoral;
Interpretar la Constitución y las leyes;
Expedir, reformar y derogar las leyes;
Establecer, modificar o suprimir impuestos, tasas u otros ingresos públicos;
Fiscalizar los actos de la Función Ejecutiva y demás órganos
del poder público y conocer informes que le sean presentados por
sus titulares;
Proceder al enjuiciamiento político durante el ejercicio de sus
funciones, y hasta un año después de terminadas, del Presidente
y Vicepresidente de la República, de los ministros secretarios de
Estado, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los miembros
del Consejo Nacional de la Judicatura, de los miembros del Tribunal Constitucional
y de los del Tribunal Supremo Electoral, del Contralor General del Estado
y del Procurador General del Estado, del Ministro Fiscal General, del Defensor
del Pueblo y del Superintendente de Bancos y de Compañías
por infracciones cometidas en el desempeño de sus cargos, y resolver
su censura en el caso de declaratoria de culpabilidad, lo que producirá
como su destitución e inhabilidad para desempeñar cargos
públicos durante el mismo período, en todo caso la inhabilidad
no podrá ser inferior a un año. Si la acusación implicare responsabilidad penal del funcionario,
después de juzgar su conducta oficial, ordenará que pase
a conocimiento del Juez o tribunal competente en caso de hallar fundamento
para ello. El Presidente y el Vicepresidente de la República sólo podrán
ser enjuiciados por traición a la Patria, cohecho o cualquier otra
infracción que afectare gravemente al honor nacional;
Conocer y resolver sobre las excusas y renuncias del Presidente y el
Vicepresidente de la República y de los magistrados o miembros y
funcionarios de cortes, tribunales y organismos a que se refiere la letra
anterior, con excepción de los ministros de Estado;
Aprobar o desaprobar los tratados públicos y demás convenciones
Nombrar al Contralor General del Estado, al Procurador General del Estado,
al Ministro Fiscal y a los superintendente de Bancos y de Compañías,
de las ternas que le sean enviadas por el Presidente de la República
y removerlos, si fuere del caso; En todos los casos en que el Congreso Nacional deba designar a funcionarios
en base de ternas, éstas deberán serles presentadas durante
los veinte días subsiguientes al de la vacancia; de ni recibirse
tales ternas, luego del plazo señalado, se procederá a los
nombramientos sin ellas; El Congreso Nacional hará las designaciones dentro del plazo de
cuarenta días de haber recibido la respectiva terna;
Conceder amnistía por delitos políticos e indultos por
delitos comunes, cuandolo justifique algún motivo trascendental;
Los demás indicados en la Constitución y en las leyes.
Art. 83.- Para el cumplimiento de sus labores y de las Comisiones
Legislativas, el Congreso Nacional se regirá por la Ley Orgánica
Art. 84.- Los miembros del Congreso Nacional actuaran con sentido
nacional.. No podrán desempeñar ningún cargo
público con excepción de la docencia Universitaria, ni ejercer
su profesión durante el periodo de sesiones del Congreso Nacional
y del Plenario de las Comisiones Legislativas en su caso. Durante el desempeño
de sus funciones gozaran de inmunidad parlamentaria, salva en el caso de
delito flagrante, que deberá ser calificado por el Congreso Nacional.
Los legisladores no podrán manejar fondos del Presupuesto del Estado,
salvo los expresamente asignados para el desenvolvimiento administrativo
Art. 85.- El Congreso Nacional podrá sesionar extraordinariamente
convocado por su Presidente, por el Presidente de la República o
por las dos terceras partes desus miembros, para conocer exclusivamente
los asuntosmateria de la convocatoria.
Del Plenario de las Comisiones Legislativas
Art. 86.- El Congreso Nacional constituirá cinco Comisiones
Legislativas, de siete legisladores cada una.
Estas Comisiones se ocuparán, respectivamente:
De lo Civil y lo Penal;
De lo Laboral y lo Social;
De lo Tributario, Fiscal, Bancario d e Presupuesto;
De lo Económico, Agrario, Industrial y Comercial; y,
Las Comisiones conocerán de materias afines. Laborarán todo
el año a tiempo completo.
El Plenario de las Comisiones Legislativas deberá integrarse en
forma proporcional a la representación que hayan alcanzado los diferentes
partidos políticos y los no afiliados, de acuerdo con la Ley.
Es facultad privativa del Plenario de las Comisiones Legislativas aprobar,
en un solo debate, los Proyectos de codificación de leyes, elaboradas
por la respectiva comisión. También es facultad del mismo
aprobar, en dos debates, los tratados públicos y demás convenios
internacionales, con excepción de los que versen sobre soberanía,
Art. 87.- El Plenario de las Comisiones Legislativas funcionará
en receso del Congreso Nacional. Tendrá su sede en la ciudad de
Quito y estará integrado por el Presidente del Congreso Nacional,
quien lo presidirá, y los legisladores elegidos para integrar las
Las Comisiones Legislativas serán renovadas parcialmente, en los
periodos y en la forma que señale la Ley. Sus miembros podrán
I. De la Iniciativa
Art. 88.- La iniciativa para la expedición de las leyes corresponde
a los legisladores, al Presidente de la República y a la Corte Suprema
Reconócese la iniciativa popular para reformar la Constitución
y para la reforma y expedición de leyes. El ejercicio de este derecho
lo regulara la Ley.
Si el Presidente de la República o la Corte Suprema presentaren
un proyecto de ley, tendrán el derecho para intervenir en su debate,
sin voto, por sí o mediante delegación.
Si un proyecto de Ley en materia económica fuere presentado por
el Presidente de la República y calificado por él de urgente,
el Congreso Nacional, en su receso el Plenario de las Comisiones Legislativas,
deberá aprobarlo, reformarlo o negarlo de un término de quince
días. Si no lo hiciere, el Presidente de la República podrá
promulgarlo como Decreto Ley en el Registro Oficial y entrará en
vigencia hasta que el Congreso Nacional lo reforme o derogue. La reforma
recibirá el mismo trámite previsto en el articulo 91 de esta
Constitución para la formación de la Ley. La derogatoria
se hará en la misma forma, pare el Presidente de la República
no podrá objetarla.
No se podrá presentar más de un proyecto urgente mientras
esté tratándose otro, sin perjuicio de las facultades determinadas
en el literal ñ) del articulo 103.
Si estuviese reunida el Congreso en Periodo Extraordinario que no lo incluya
en su temario, no correrá el término para el tratamiento
de un proyecto de Ley en materia económica calificado de urgente,
que presente el Presidente de la República.
II. De la Formación de Leyes
Art. 89.- Los proyectos de ley se presentarán al Presidente
del Congreso Nacional con exposición de motivos, para que los tramite
en el Congreso si estuviere reunido o, en su receso, en el Plenario de
las Comisionas Legislativas.
Art. 90.- El Congreso Nacional conoce, aprueba o niega proyectos
de Ley. En su receso, esta atribución corresponde al Plenario de
las Comisiones Legislativas, el que tomará sus resoluciones por
mayoría que en ningún caso será inferior a quince
votos conformes.
Art. 91.- La aprobación de una ley exigirá su discusión
en dos debates. Presentado el proyecto el Presidente del Congreso lo remitirá
a la Comisión Legislativa respectiva y lo distribuirá a todos
los legisladores. La Comisión preparará el informe para el
En el curso del primer debate podrán presentarse observaciones al
proyecto, luego de esto volverá a la misma Comisión para
que elabore un informe para el segundo debate.
En el segundo debate el proyecto será aprobado, negado o modificado
con la mayoría de votos de los concurrentes a la sesión,
sin perjuicio de la mayoría establecida en el artículo anterior.
Dentro del plazo de noventa días, contado desde la promulgación
de una Ley, y cuando ésta lo establezca, el Ejecutivo dictará
el reglamento a la misma, para su aplicación, excepto en el caso
previsto en el segundo inciso, letra c) del articulo 79.
Los actos legislativos que no creen o extingan derechos, ni modifiquen
o interpreten la Ley, tendrán el carácter de acuerdos o resoluciones.
Art. 92.- El Congreso Nacional o, en su receso, el Plenario de las
Comisiones Legislativas, luego de aprobar la Ley, la someterá a
conocimiento del Presidente de la República para que la sancione
u objete. Sancionada la Ley, o no habiendo objeciones dentro de los diez
días de recibida por el Presidente de la República, será
Art. 93.- Las leyes aprobadas por el Congreso Nacional o por el
Plenario de las Comisiones Legislativas que fueren objetadas par el Presidente
de la República, sólo podrán ser consideradas por
el Congreso después de un año de la fecha de objeción.
Sin embargo el Congreso Nacional, con el pronunciamiento de las dos terceras
partes de sus miembros podrá pedir al Presidente de la República
que la someta a consulta popular.
Si la objeción recayere en una parte de la Ley, el Congreso Nacional
la rectificara, aceptando la objeción, o la ratificará en
dos debates, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros
y se procederá a su promulgación.
Art. 94.- Las normas contenidas en los tratados y demás convenios
internacionales que no se opongan a la Constitución y leyes, luego
de promulgados forman parta del ordenamiento jurídico de la República.
Del Presupuesto de Estado
Art. 95.- La formulación de la proforma del presupuesto corresponde
a la Función Ejecutiva que la presentará al Congreso Nacional
hasta el primero de septiembre de cada año.
La respectiva Comisión Legislativa, con el asesoramiento técnico
del Ejecutivo, conocerá la proforma presupuestaria debidamente desglosada,
y la aprobará por sectores de gasto.
En caso de discrepancia, informará al Congreso Nacional en Pleno,
el que, en un solo debate, la resolverá hasta el 31 de diciembre
Art. 96.- El Presupuesto se dictará anualmente. Contendrá
todos los ingresos y egresos del Estado incluyendo los de las entidades
autónomas destinadas a la atención de los servicios públicos
y a la ejecución de programas de desarrollo económico y social,
con excepción de las indicadas en la letra b) del articulo 149 así
como de las creadas por acto legislativo seccional para la prestación
Los gastos administrativos del Presupuesto no podrán ser cubiertos
con empréstitos extranjeros.
En el presupuesto se destinará no menos del treinta por ciento de
los ingresos corrientes del gobierno central para la educación y
Art. 97.- El Congreso Nacional no expedirá leyes que aumenten
el gasto público o que deroguen o modifiquen las que establezcan
ingresos comprendidos en el Presupuesto del Estado, sin que, al mismo tiempo,
establezca fuentes de financiamiento, cree nuevas rentas substitutivas
o aumente las existentes.
La creación de nuevos gravámenes para el financiamiento del
Presupuesto del Estado se sujetará a lo dispuesto en la Constitución
DE LA FUNCION EJECUTIVA
Art. 98.- La Función Ejecutiva es ejercida por el Presidente
de la República, quien representará al Estado. Durará
un periodo de cuatro años y podrá ser reelegido, luego de
transcurrido un periodo después de aquel para el que fue elegido.
Art. 99.- Para ser Presidente de la República se requiere
ser ecuatoriano por nacimiento; estar en goce de los derechos de ciudadanía;
tener treinta y cinco años de edad, por lo menos, al momento de
la elección; y ser elegido por mayoría absoluta de sufragios
en votación directa, universal y secreta, conforme a la Ley.
Art. 100.- El Presidente de la República cesará en
sus funciones y dejará vacante el cargo:
Por terminación del período para el cual fue elegido;
Por renuncia aceptada por el Congreso Nacional;
Por incapacidad física o mental declarada por el Congreso Nacional; y,
Por destitución o abandono del cargo declarado por el Congreso Nacional.
Art. 101.- En caso de falta temporal del Presidente de la República
lo reemplazarán en su orden:
El Ministro de Gobierno; o,
El Ministro de Estado designado por el Presidente de la República.
Son casos de falta temporal del Presidente de la República:
La enfermedad u otra circunstancia cuando le impida transitoriamente ejercer su función; y,
No se considerará falta temporal la ausencia del País por
asuntos inherentes al ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de lo cual,
el Presidente podrá delegar determinadas atribuciones al Vicepresidente
Art. 102.- El Presidente de la República, antes de ausentarse
del país, comunicará sobre su viaje al Congreso Nacional
o, en su receso al Plenario de las Comisiones Legislativas. A su retorno,
dentro de un plazo máximo de quince días presentará
Durante el año inmediatamente posterior a la cesación en
sus funciones, para ausentarse del país, comunicará previamente
sobre su viaje al Congreso Nacional o, en su receso al Plenario de las
Art. 103.- Son atribuciones deberes del Presidente de la República:
Dentro del ámbito de su competencia, cumplir y hacer cumplir
la Constitución, leyes, decretos y convenciones internacionales;
En forma privativa, salvo los casos expresamente previstos en la Constitución,
sancionar, promulgar, ejecutar u objetar las leyes que expidiere el Congreso
Nacional o el Plenario de las Comisiones Legislativas;
Dictar, dentro de un plazo de noventa días, los reglamentos para
la aplicación de las leyes, que no podrá interpretarlas ni
alterarlas, sin perjuicio de las reformas que pueda expedir posteriormente. Si el Presidente de la República considerare que el plazo indicado
en el inciso anterior es insuficiente, podrá dirigir al Congreso
Nacional o al Plenario de las Comisiones Legislativas la exposición
de motivos que le permita utilizar hasta noventa días adicionales
para el cumplimiento de esta disposición;
Mantener el orden interior, cuidar de la seguridad Exterior del Estado
y determinar la política de seguridad nacional;
Nombrar y remover libremente a los ministros, jefes de misiones diplomáticas,
gobernadores y demás funcionarios públicos que le correspondiere,
de acuerdo con la Ley y el estatuto jurídico y administrativo dictado
por el Presidente de la República;
Determinar la política exterior y dirigir las relaciones internacionales;
celebrar tratados y demás convenios internacionales,. de conformidad
con la Constitución y las leyes; ratificarlos previa aprobación
del Congreso Nacional; y canjear o depositar, en su caso, las respectivas
cartas de ratificación;
Contratar y autorizar la contratación de empréstitos,
de acuerdo con la Ley;
Ejercer la máxima autoridad de la Fuerza Pública;
Otorgar el grado militar y policial y los ascensos jerárquicos
a los oficiales de la Fuerza Pública, de acuerdo con la Ley;
Decretar la movilización, la desmovilización y las requisiciones
que fueren necesarias, de acuerdo con la Ley;
Disponer el empleo de la Fuerza Pública, a través de los
organismos correspondientes, cuando la seguridad y el servicio público
lo demandaren;
Nombrar y remover a los funcionarlos de la Fuerza Pública, de
acuerdo con la Ley;
Asumir la dirección política de la guerra;
Aprobar, de acuerdo con la Ley y en forma reservada los orgánicos
de la Fuerza Pública; en tiempo de paz, y en caso de emergencia
llamar a toda o parte de la reserva al servicio activo;
Declarar el estado de emergencia nacional y asumir las siguientes
atribuciones o algunas de ellas, en caso de inminente agresión externa,
de guerra internacional o de grave conmoción o catástrofe
interna, y notificar al Congreso Nacional, si estuviere reunido, o al Tribunal
Decretar la recaudación anticipada de impuestos y más contribuciones;
En caso de conflicto internacional inminente invasión o catástrofe
interna, invertir para la defensa del Estado o solución de la catástrofe
los fondos fiscales destinados a otros objetos, excepto los correspondientes
a sanidad y asistencia social;
Trasladar la sede del gobierno a cualquier punto del territorio nacional;
Cerrar o habitar puertos temporalmente;
Establecer censura previa en los, medios de comunicación social;
Suspender o limitar si. fuere necesario, alguno o algunos de los derechos
establecidos en el articulo 22 de la Constitución en los numerales
5, 8, 9, 10, 14 y el literal h) del numeral 19; pero en ningún caso
se podrá disponer la expatriación o el confinamiento fuera
de las capitales de provincia ni a distinta región de la que viviere
el afectado; y,
Declarar zona de seguridad en todo o en parte, el territorio nacional, con sujeción a la Ley. El Congreso Nacional o, en su receso, el Tribunal Constitucional podrá revocar la declaratoria si las circunstancias lo justificaren;
Dar por terminada la declaratoria de el estado de emergencia cuando
hubiere desaparecido las causas que la motivaron y notificar inmediatamente
en tal sentido al Congreso Nacional o al Tribunal Constitucional, en su
caso, sin perjuicio del informe que deberá rendir ante el organismo
Presentar al Congreso Nacional un informe anual de sus labores y del
estado general de la República, que leerá el 10 de agosto
de cada año;
Fijar la políticas generales, económicas y sociales del
Estado y aprobar los correspondientes planes de desarrollo;
Fijar la política poblacional del país, dentro de las
directrices sociales y económicas para la solución de los
problemas nacionales, de acuerdo con los principies de respeto a la soberanía
del Estado y de autodeterminación de los padres; y,
Ejercer las demás atribuciones inherentes a su alta magistratura
que le confieran la Constitución y las leyes
Art. 104.- No podrá ser elegido Presidente de la República:
Quien hubiere ejercido el gobierno de facto;
Quien fuere cónyuge o pariente del Presidente de la República
en ejercicio, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
Quien hubiere ejercido la Vicepresidencia de la República como
titular o por subrogación definitiva, en el periodo inmediatamente
anterior a la elección;
Quien fuere Ministro Secretario de Estado al tiempo de la elección
o seis meses antes;
Quien fuere miembro activo de la Fuerza Pública o lo hubiere
sido seis meses antes de la elección;
Quien fuere ministro o religioso de cualquier culto;
Quien personalmente o como representante de personas jurídicas
tuviere contratos con el Estado; y,
Los representantes legales y apoderados de compañías extranjeras.
Art. 105.- Habrá un Vicepresidente de la República
elegido simultáneamente con el Presidente, en la misma papeleta.
Art. 106.- Para ser elegido Vicepresidente se requerirán
las mismas condiciones que para el presidente de la República. El
período será de cuatro años y podrá ser reelegido,
luego de transcurrido un período después de aquel para el
cual fue elegido.
Art. 107.- El Vicepresidente ejercerá las funciones que le
asigne el Presidente de la República.
Art. 108.- En el caso de falta definitiva del Vicepresidente, el
Congreso Nacional, procederá a elegir Vicepresidente de la República
de una terna que presente el Presidente de la República, con el
voto conforme de la mayoría de sus miembros, para el tiempo que
faltare para completar, el correspondiente período presidencial
establecido por la Constitución.
Cuando la falta fuere temporal, no será necesaria la subrogación.
Art. 109.- Las incompatibilidades establecidas para el Presidente
de la República lo serán también para el Vicepresidente.
De los Ministros Secretarios de Estado
Art.110.- El despacho de los negocios del Estado se hallara a cargo
de los ministros, quienes serán de libre nombramiento y remoción
del Presidente de la República. Le representarán en los asuntos
atinentes al Ministerio a su cargo y responderán por los actos y
contratos que realizaren en el ejercicio de esa representación,
Art. 111.- El número y denominación de los ministerios
serán determinados por el Presidente de la República, en
relación con las necesidades del Estado.
Art.112.- Para ser Ministro se requerirá ser ecuatoriano
por nacimiento, estar en goce de los derechos de ciudadanía y tener
treinta años de edad por lo menos.
Dejará de ser Ministro quien hubiera sido censurado por el Congreso
Nacional y no podrá ser designado para ninguna función pública
Art.113.- Los ministros presentarán anualmente ante el Presidente
de la República y para conocimiento del país un informe de
las labores cumplidas y los planes o programas que se ejecutarán
en su dependencia. Estos informes serán enviados al Congreso Nacional.
Del Consejo Nacional de Desarrollo
Art. 114.- El Consejo Nacional de Desarrollo, con sede en
Quito, fijará las políticas generales, económicas
y sociales del Estado y elaborará los correspondientes planes de
desarrollo, que serán aprobados por el Presidente de la República
Art. 115.- El Consejo Nacional de Desarrollo está integrado
- El Vicepresidente de la República, quien lo presidirá; - Cuatro ministros de Estado, designados por el Presidente de la República; - Un delegado del Congreso Nacional;
- Un representante de los alcaldes y prefectos provinciales;
- Un representante de los trabajadores organizadas;
- Un representante de las Cámaras de la Producción; y. - Un representante de las Universidades y Escuelas Politécnicas.
Los cuatro últimos representantes serán elegidos de conformidad
En caso de empate en la votación, se resolverá conforme al
voto de quien presida la sesión.
Art. 116.- Las políticas determinadas por el Consejo Nacional
de Desarrollo y los planes económicos y sociales que elabore, una
vez aprobados por el Presidente de la República, serán ejecutados
y cumplidos de manera obligatoria por los respectivos ministros y por las
entidades del sector público. Sus directivos serán responsables
Cuando estas políticas y planes requieran modificación, reforma
o expedición de leyes, el Presidente de la República presentará
al Congreso Nacional o al Plenario de las Comisiones Legislativas los correspondientes
TITUL0 IV
Art. 117.- El sistema procesal será un medio para la realización
de la justicia. No Se sacrificará esta por la sola omisión
de formalidades.
Art. 118.- Con arreglo al principio de unidad jurisdiccional, el
ejercicio de la potestad judicial corresponde exclusivamente a los magistrados,
jueces y tribunales determinados en la Constitución, las leyes y
Sin perjuicio de la unidad de la Función Judicial ésta actuará
en forma descentralizada.
Se reconoce el sistema arbitral, la negociación y otros procedimientos
alternativos para la solución de las controversias.
Art. 119.-Las leyes procesales procuraran la simplificación,
uniformidad y eficacia de los tramites. Adoptarán en lo posible
el sistema oral.
El retardo injustificado en la administración de justicia será
reprimidopor la Ley y en caso de reincidencia, constituirá
motivo para la destitución del magistrado o juez, quien además
será responsable de los daños y perjuicios para con las partes
Art.120.- En los casos penales, laborales, de alimentos, de menores
y materias de orden público, la administración de justicia
es gratuita. En los demás casos el Consejo Nacional de la Judicatura
fijará el monto de las respectivas tasas.
Art. 121.- Los juicios serán públicos, salvo los casos
que la Ley señalare, pero los tribunales podrán deliberar
en secreto. En ningún juicio habrá más de tres instancias.
Art. 122.- Los organismos de la Función Judicial serán
independientes en el ejercicio de sus funciones.
Ninguna autoridad podrá interferir en los asuntos propios de aquella.
Se establece la Unidad Jurisdiccional. Por consiguiente, todo acto administrativo
generado por la administración central, provincial, municipal o
de cualquier entidad autónoma reconocida por la Constitución
y las leyes podrá ser impugnado ante los correspondientes órganos
de la Función Judicial, en la forma que determine la Ley.
Art. 123.- Se reconoce la carrera judicial, cuyas regulaciones determine
Los magistrados y jueces de la Función Judicial, con excepción
de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, serán nombrados
previo concurso de merecimientos y de oposición, de acuerdo con
lo establecido con la Ley
De los Organos de la Función Judicial
Art. 124.- Son órganos de la Función Judicial:
La Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Distritales de lo Fiscal
y de Contencioso Administrativo, las cortes superiores y más juzgados
dependientes de ella;
Los demás tribunales y juzgados que las leyes establezcan dentro
del ámbito de la Función Judicial; y,
El congreso Nacional de la Judicatura
Art. 125.- El Congreso Nacional de la Judicatura será el
órgano administrativo y de gobierno de la Función Judicial.
La Ley determinará su integración, forma de elección
de sus integrantes, estructura y funciones.
Da la Organización y Funcionamiento
Art. 126.- La Corte Suprema de Justicia tendrá jurisdicción
en todo el territorio nacional y su sede en Quito. Sus Salas estarán
conformadas por tres magistrados cada una.
La Ley determinara la organización, especialización y funcionamiento
de las salas de la Corte Suprema, Tribunales Distritales de lo Fiscal y
Contencioso Administrativo, cortes superiores y demás tribunales
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de las Cortes superiores
y demás. tribunales y juzgados serán responsables de los
perjuicios que se causaren a las partes por retardo, denegación
de justicia a quebrantamiento de la Ley.
Art. 127.- La Corte Suprema de Justicia actuará como Tribunal
de casación en todas las materias.
Ejercerá además todas las atribuciones que le señalaren
Art. 128. - Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
se requerire:
Hallarse en ejercicio de los derechos de ciudadania;
Tener título de Doctor en Jurisprudencia;
Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado,
la judicatura o la cátedra universitaria en Ciencias Jurídicas
por un lapso mínimo de quince años; y,
Reunir los demás requisitos de carrera judicial que determine la Ley. -
Art-129.- El Congreso Nacional elegirá a los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia con el voto favorable de las dos terceras
partes de sus integrantes, por lo menos, previo informe de la Comisión
de Asuntos Judiciales. Durarán seis años en el ejercicio
de sus cargos y podrán ser reelegidos indefinidamente. Serán
renovados parcialmente cada dos años, en una tercera parte. Sus
atribuciones Y las causas de remoción estarán contempladas
Los miembros de la Comisión de Asuntos Judiciales, serán
nombrados por el Congreso Nacional, en pleno.
Los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán
presentados en números iguales, por el Congreso Nacional, el Presidente
de la República y la Función Judicial.
El Congreso Nacional elegirá adicionalmente al Magistrado alterno,
que sustituirá a quien fuere designado Presidente de la Corte Suprema
Los candidatos del Presidente de la República y de la Función
Judicial serán presentados en lista, de acuerdo con lo señalado
en la Ley. Si uno o más candidatos constantes en las listas no reunieren
los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley, el Congreso
Nacional podrá solicitar su sustitución.
Los conjueces serán elegidos por el Congreso Nacional de acuerdo
con el sistema establecido en la Ley. Los conjueces deberán reunir
los mismos requisitos quo los magistrados titulares.
Las vacantes serán llenadas interinamente por la Corte Suprema de
Justicia, en pleno. Los magistrados designados continuarán en funciones
prorrogadas hasta cuando el Congreso Nacional elija a los titulares.
Art. 130.- La Corte Suprema de Justicia, en pleno, dictará
el caso de fallos contradictorios sobre un mismo punto de derecho, la norma
dirimente, la que en el futuro tendrá carácter obligatorio
mientras la Ley no determine lo contrario
Para el efecto, los ministros jueces serán inmediatamente convocados
después de ocurrida la discrepancia, para dictar la resolución,
a más tardar dentro de quince días de formulada la convocatoria.
Art. 131.- La, Ley determinará la organización de
las cortes superiores y demás tribunales y juzgados.
Art. 132.- Los magistrados, jueces y fiscales no podrán ejercer
la abogacía ni desempeñar otro cargo público a privado,
con excepción de la cátedra universitaria. Tampoco podrán
ejercer funciones directivas en los partidos políticos, ni intervenir
en contiendas electorales.
Art. 133. - Dentro de la respectiva circunscripción territorial,
la competencia de los jueces civiles, penales, del trabajo, inquilinato
y demás jueces especiales, en toda controversia judicial, se radicará
mediante sorteo diario, por lo menos, que se realizará de acuerdo
con el reglamento que dictará la Corte Suprema de Justicia.
Se exceptúa de esta disposición la radicación de la
competencia de los jueces de instrucción penal.
Art. 134.- Por media de sus magistrados, la Corte Suprema de Justicia
podrá concurrir al Congreso Nacional o a las Comisiones Legislativas
para intervenir, sin derecho a voto, en la discusión de proyectos
Art. 135.- El Estado establecerá defensores públicos
para el patrocinio de las comunidades indígenas, de los trabajadores
y de toda persona que no dispusiere de medios económicos.
Art. 136.- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia informará
anualmente, por escrito al Congreso Nacional, sobre sus labores y programas.
TITUL0 V
DE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO
Art. 137.- El Tribunal Supremo Electoral, con sede en Quito y potestad
en todo el territorio nacional, se encargara de dirigir, vigilar y garantizar
el proceso electoral. Su organización, deberes y atribuciones se
determinarán en la Ley. Dispondrá que la Fuerza Pública
colabore para garantizar la libertad y pureza del sufragio.
Se constituirá con siete vocales, uno de los cuales lo presidirá.
Serán elegidos par el Congreso Nacional en la siguiente forma: tres
de fuera de su seno, en representación de la ciudadanía;
y dos, de ternas enviadas por el Presidente de la República; y dos,
de ternas enviadas por la Corte Suprema de Justicia.
El Congreso Nacional elegirá también, en la misma forma,
un suplente por cada vocal principal.
Art. 138.- La Procuraduría General del Estado es un organismo
autónomo, dirigido y representado por el Procurador General del
Estado, quien será elegido por el Congreso Nacional de una terna
enviada por el Presidente de la República.
Art. 139.- El Procurador General será el único representante
judicial del Estado y podrá delegar dicha representación
de acuerdo con la Ley. Deberá reunir los requisitos exigidos para
ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y durará cuatro años
Art. 140.- Corresponde al Procurador General el patrocinio del Estado,
el asesoramiento legal y las demás funciones que determine la Ley.
Art. 141.- El Ministerio Público se ejerce por el Ministro
Fiscal General, los ministros fiscales distritales, los agentes fiscales
y demás funcionarios que determine la Ley.
Art. 142.- El Ministro Fiscal General debe reunir los requisitos
exigidos para ser, Ministro de la Corte Suprema de Justicia y durará
cuatro años en sus funciones. Su designación la hará
el Congreso Nacional de terna enviada por el Presidente de la República.
tendrá las atribuciones, facultades y deberes que determine la Ley.
Dentro del cumplimiento de sus obligaciones, el Ministerio Público
conducirá las indagaciones previas y la investigación procesal
penal con el apoyo de la policía Judicial.
Art.143.- La Contraloría General es un organismo técnico
y autónomo dirigido y representado por el Contralor General; quien
deberá reunir los mismos requisitos exigidos para ser Ministro de
la Corte Suprema de Justicia. El contralor será elegido par el Congreso
Nacional, de terna elevada por el presidente de la república, para
Tiene atribuciones para controlar los lngresos, administración,
custodia, gasto a inversión de los recursos y bienes públicos,
dictar regulaciones para el cumplimiento del control y dar asesoría
La vigilancia de Contraloría se extenderá a las entidades
de derecho privado respecto a los bienes, rentas u otras subvenciones de
carácter público en lo relativo a su correcta utilización.
Art. 144.- De conformidad con la Ley, y sin perjuicio del correspondiente
derecho de defensas tendrá potestad para determinar responsabilidades
administrativas presunciones de responsabilidad civil y penal.
Art. 145.- La Superintendencia de Bancos será el organismo
técnico y autónomo que vigilará y controlará
la organización, actividades, funcionamiento, disolución
y liquidación de las instituciones bancarias, de seguros, financieras,
de capitalización, de créditos recíprocos de la Corporación
Financiera Nacional y de las demás personas naturales y jurídicas
Art. 146. - La Superintendencia de compañías será
el organismo técnico y autónomo que vigilara y controlará
y liquidación de las compañías en las circunstancias
y condiciones establecidas en la Ley.
Art. 147.- El Contralor General del Estado, el Superintendente de
Bancos y el Superintendente de Compañías durarán cuatro
años en sus funciones. La Constitución y la Ley determinarán
los casos de remoción y subrogación.
DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO Y SECCIÓNAL
SECCIÓN IReglas generales
Art. 148.- El territorio del Ecuador es indivisible. Para la administración
del Estado se establecen provincias, cantones y parroquias, cumpliendo
las requisitos señalados por la Ley. Las demarcaciones de provincias,
cantones y parroquias no otorgan ni quitan territorio.
Art. 149.- Mediante la descentralización administrativa del
Estado propende el desarrollo armónico de todo Su territorio, al
estímulo de las áreas deprimidas, la distribución
de los recursos y servicios de acuerdo con las necesidades de las relativas
circunscripciones territoriales; en tal virtud:
El Gobierno Central desconcentrará y descongestionará
su gestión concediendo atribuciones suficientes a los representantes
del Régimen Seccional Dependiente;
Los consejos provinciales y los concejos municipales constituyen los
organismos del Gobierno Seccional que gozarán de autonomía
funcional, administrativa y económica, en sus respectivas circunscripciones
territoriales; la Constitución y la ley señalarán
las funciones y las áreas de su exclusiva competencia;
Para hacer efectiva la autonomía económica, sin perjuicio
de otros recursos que se asignen a los gobiernos seccionales autónomos,
destinase el quince por ciento (15%) del presupuesto del Gobierno central
en beneficio de los consejos provinciales y municipios del país,
y será distribuido conforme con la Ley, en base a planes de inversión
tanto provinciales coma municipales; y,
Se dará preferencia a las obras y servicios en las zonas de menor
desarrollo. A las de la frontera y Galápagos.
La Función Ejecutiva dentro de los primeros 90 días de cada
año informara documentadamente al Congreso Nacional sobre la liquidación
presupuestaria, del ejercicio fiscal inmediato anterior, desglosada por
provincias y sectores.
Art.150.- Dependiente de la Función Ejecutiva, y sin perjuicio
de otras autoridades con potestades delegadas, en las provincial habrá
un Gobernador, en los cantones un Jefe Político y en las parroquias
rurales un Teniente Político, cuyas formas de designación,
Se fijan en la Ley.
Art.151.- El Gobernador es, el representante del Presidente de la
República, para el mantenimiento del orden público y la ejecución
de las políticas generales de administración central. Debiendo
además coordinar las actividades de los órganos administrativos
dependientes del Ejecutivo en cada provincia y representar a los diferentes
ministerios que no cuenten con delegación específica.
Art. 152.- Los gobiernos seccionales autónomos están
constituidos por los consejos provinciales y los consejos municipales.
La Ley determinará la estructura integración, deberes y atribuciones
de los consejos provinciales y los concejos municipales; dando eficaz aplicación
al principio de la autonomía, la desconcentración administrativa
y territorial, propendiendo al fortalecimiento y desarrollo de la vida
provincial y cantonal. Podrán establecerse distintos régimen,
atendiendo a la población, recursos económicos e importancia
de cada circunscripción.
Art. 153.- La entrega de recursos a los organismos del régimen
seccional autónomo deberá ser directa, oportuna ,automática
bajo la responsabilidad del Ministerio de Finanzas sus rentas se incrementarán
anualmente en la misma proporción que el presupuesto del Gobierno
Solo en virtud de la Ley podrán imponerse deberes y regulaciones
a los consejos provinciales o a los concejos municipales.
Art. 154.- Los consejos provinciales y los concejos municipales
podrán asociarse para alcanzar sus objetivos comunes.
La Ley regulará el régimen de los distritos metropolitanos.
La provincia de Galápagos tendrá un régimen especial;
para su protección podrán restringirse los derechos de libre
residencia, propiedad y comercio.
Art. 155.- Los organirmos a que se refiere esta Socción,
Ejercer las funciones y prestar los servicios públicos básicos que les corresponde de acuerdo con la Ley.
Dictar ordenanzas, en uso de su facultad legislativa;
Establecer mediante ordenanzas, las tasas y contribuciones especiales de mejoras necesarias para el cumplimiento de sus funciones;
Participar en las rentas nacionales en forma equitativa mediante transferencias realizadas en la forma señalada en el articulo 153;
Administrar e invertir los recursos de propia generación y los asignados dentro del Presupuesto del gobierno Central; y,
Art. 156.- En cada provincia habrá un Consejo Provincial
con sede en su capital. Sus miembros serán elegidos por votación
popular, directa y secreta. El Prefecto Provincial, elegido en la misma
forma será la autoridad ejecutiva que, solo con voto dirimente,
presidirá el Consejo.
La Ley fijará el número de consejeros provinciales en función
de la población de cada provincia.
Art. 157.- Corresponde, además, al Consejo Provincial:
Coordinar las gestiones de los diferentes municipios en cada provincia
y dirimir las controversias entre estos, en los casos señalados
Propenden al progreso de la Provincia y a la vinculación con
los onanismos centrales;
Promover ejecutar obras provinciales prioritarias; y,
Promover ejecutar las obras de interés intercantonal.
Art. 158.- Cada cantón, construirá un municipio. Su
gobierno estará a cargo del Concejo municipal, cuyos miembros serán
elegidos par votación popular, directa y secreta, con arreglo a
la Ley. El Alcalde elegido en la misma forma, será la autoridad
ejecutiva que presidirá el Concejo solo con voto dirimente; sus
atribuciones y deberes contarán en la Ley. Art. 159.- Corresponde, además, al Concejo Municipal:
Planificar- el desarrollo cantonal;
Dotar de la infraestructura, equipamiento y servicios básicos
para el desarrollo urbano y rural;
Determinar en forma exclusiva el uso de los espacios; y el uso y ocupación
de la áreas de asentamientos poblaciones y organizar su administración;
Dictar las normas necesarias para el control, preservación y
defensa, del medio ambiente, delimitando las áreas de conservación
y reserva ecológica;
Incentivar el desarrollo comunitario a través de las organizaciones barriales;
Preservar los culturales promover sus manifestaciones; y,
Coordinar sus actividades con el Consejo Provincial.
Art. 160.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional constituyen
la Fuerza Pública. Su preparación, organización, misión
y empleo se regulará por la Ley.
Art. 161.- Las Fuerzas Armadas se deben a la Nación. El Presidente
de la República será su máxima autoridad y podrá
delegarla en caso de emergencia nacional, de acuerdo con la Ley.
Art. 162.- La Fuerza Pública está destinada a la conservación
de la soberanía nacional, a la defensa de la integridad e independencia
del Estado y a la garantía de su ordenamiento jurídico. Sin
menoscabo de la misión fundamental, la Ley determinará la
colaboración que la Fuerza Pública deberá prestar
para el desarrollo social y económico del País y en los demás
aspectos concernientes a la seguridad nacional.
Art. 163.- La Fuerza Pública no es deliberante. Solo las
autoridades emanantes serán responsables por las órdenes
contrarias a la Constitución y la Ley.
Art. 164.- Se garantiza la estabilidad de los miembros de la Fuerza
Pública. Sólo al Presidente de la República le corresponderá
conceder o reconocer grados militares o policiales, de acuerdo con la Ley.
Art. 165.- Los miembros de la Fuerza Pública gozan de fuero
especial. No se los podrá procesar ni privar de sus grados, honores
ni pensiones sino por las causas y en la forma determinada por la Ley,
con excepción de las infracciones comunes, que las juzgará
Art. 166.- El mando y jurisdicción militares y policiales
se ejercerán de acuerdo con la Ley.
Art. 167.-además de las Fuerzas Armadas permanentes se organizarán
fuerzas de reservas sagún las necesidades de la seguridad nacional.
Art. 168. - El servicio militar será obligatorio para los
ecuatorianos, en la forma que determine la Ley,
Art. 169.- Los ecuatorianos y los extranjeros estarán obligados
a cooperar para la seguridad nacional, de acuerdo con la Ley.
Art. 170.- La Policía Nacional tiene por misión fundamental
garantizar el orden interno y la seguridad individual y social. Constituirá
fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas.
DE LA JERARQUIA Y CONTROL DEL ORDEN JURIDICO
Art. 171.- La Constitución es la Ley suprema del Estado.
Las normas secundarias y las demás de menor jerarquía deberán
mantener conformidad con los preceptos constitucionales. No tendrán
valor alguno las leyes, decretos, ordenanzas, disposiciones y tratados
o acuerdos internacionales que, de cualquier modo, estuvieren en contradicción
con la Constitución o alteraren sus prescripciones.
Art. 172.- En las causas que conociere, cualquier Sala de la Corte
Suprema de Justicia y de los demás tribunales de última instancia,
sin perjuicio de fallar sobre el asunto controvertido, podrá declarar
inaplicable un precepto legal contrario a las normas de la Constitución.
Esta declaración no tendrá fuerza obligatoria sino en las
causas en que se pronunciare. El Tribunal a la Sala presentará un
informe sobre la declaratoria de inconstitucionalidad para que el Tribunal
Constitucional resuelva con carácter general.
Art. 173.- En caso de duda sobre el alcance de las normas contenidas
en la Constitución, sólo el Congreso Nacional las interpretara
de un modo generalmente obligatorio.
Art. 174.- El Tribunal Constitucional con jurisdicción
nacional tendrá su sede en Quito. Lo integraran nueve vocales y
sus respectivos suplentes, quienes durarán cuatro años en
sus funciones y podrán ser reelegidos. La Ley Orgánica determinara
las normas para su organización, funcionamiento y los procedimientos
para su actuación.
Los vocales del Tribunal Constitucional , que deberán reunir los
mismos requisitos que las ministros de la Corte Suprema de Justicia, estarán
sujetos a las mismas prohibiciones.
Serán designados por el Congreso Nacional, de la siguiente manera:
- Dos de ternas enviadas por el Presidente de la República; - Dos de ternas enviadas por la Corte Suprema de Justicia, de fuera de su seno;
- Dos elegidos por la Función Legislativa, que no ostenten las dignidades de legisladores; - Uno de la terna enviada por los alcaldes municipales y los prefectos provinciales;
- Uno de la terna enviada por las centrales de trabajadores y las organizaciones indígenas y campesinas de carácter nacional, legalmente reconocidas; - Uno de la terna enviada por las cámaras de la Producción legalmente reconocidas.
La Ley regulará la forma y procedimiento para la integración de las ternas a que se refieren los tres últimos incisos.
No serán responsables por los votos que emitan y por las opiniones que formulen en el ejercicio de las atribuciones propias de su cargo.
El Tribunal Constitucional elegirá de entre sus miembros un Presidente
y un Vicepresidente, que durarán dos años en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos.
Art. 175.- Compete al Tribunal Constitucional:
Conocer y resolver las demandas que se presentaren sobre leyes,
decretos-leyes, decretos y ordenanzas, que fueren inconstitucionales por
el fondo o por la forma, y suspender total o parcialmente sus efectos;
Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de los actos administrativos
de toda autoridad pública. La declaratoria de inconstitucionalidad
conlleva la revocatoria del acto, sin perjuicio que el órgano administrativo
adopte las medidas necesarias para preservar el respeto alas normas
Conocer las resoluciones que denieguen los recursos garantizados en
la Sección II "De las Garantías de los Derechos" y los casos
de consulta obligatoria o apelación previstos en el Recurso de Amparo;
Resolverá respecto de las objeciones de inconstitucionalidad
que haya hecho el Presidente de la República, en el proceso de formación
de leyes;
Dirimir conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución; y,
Ejercer lao demás atribuciones que le confieren la Constitución
Art. 176.- La declaratoria de Inconstitucionalidad causará ejecutoria y deberá ser promulgada en el Registro Oficial, desde cuya fecha entrará en vigencia, dejando sin efecto la disposición y el acto declarad
o inconstitucional. La declaratoria no tendrá efecto retroactivo, ni de ella recurso alguno.
Art. 177.- La demanda de inconstitucionalidad podrá ser presentada por:
El Presidente de la República, en los casos previstos en
el numeral 1 del artículo 175;
El Congreso Nacional, previa resolución mayoritaria de sus miembros,
en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 3 del mismo artículo;
La Corte Suprema de Justicia, previa resolución del Tribunal
en Pleno; en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 5 del mismo articulo;
Los consejos provinciales o los concejos municipales, en los casos previstos
en los numerales 2 y 5 del mismo articulo;
El Defensor del Pueblo en los casos previstos en el numeral 3 del mismo
artículo; y,
En los casos previstos en los numerales 1 y2 del mismo articulo,
a petición de mil ciudadanos; o, de cualquier personal previo informe
favorable del Defensor del Pueblo sobre la procedencia.
Art. 178.- El Tribunal Constitucional informará anualmente
por escrito al Congreso Nacional sobre el ejercicio de sus funciones.
INTERPRETACION Y REFORMA DE LA CONSTITUCION
Art.179. - En caso de duda sobre el alcance de las normas
contenidas en esta Constitución solo el Congreso Pleno las interpretará,
de un modo generalmente obligatorio, mediante Ley Especial Interpretativa,
en dos debates, en días distintos, con el voto favorable de las
dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. Una vez aprobada,
se ordenará su promulgación en el Registro Oficial.
Art. 180.- Pueden proponer reformas a la Constitución el
Presidente de la República, los legisladores, la Corte Suprema de
Justicia, el Tribunal Constitucional y por iniciativa popular.
Art. 181.- El Congreso Nacional conocerá y discutirá
los proyectos de reformas constitucionales. siguiendo el mismo trámite
previsto para la aprobación de la leyes. Requerirá del voto
favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros en
cada debate.
Aprobado el proyecto de reforma, el Congreso lo remitirá al Presidente
de la República para su sanción u objeción.
En caso de objeción parcial del Presidente de la República
la rectificación se hará en un solo debate y la ratificación
en dos, con el pronunciamiento de la mayoría antes señalada.
Si no se resuelve la rectificación o la ratificación de las
disposiciones comprendidas en el veto parcial, por falta de mayoría,
ello no obstará la promulgación de las disposiciones aceptadas
por el Presidentes de la República y de las que el Congreso se allane
o ratifique, que no requieran para su aplicabilidad de la promulgación
de las no resueltas.
En caso de que el Congreso Nacional niegue total o parcialmente el proyecto
de reformas constitucionales, se estará a lo dispuesto en la Sección
PRIMERA.- Sin perjuicio de otras reformas a las leyes necesarias
para la aplicación de los nuevos textos constitucionales, el Congreso
Nacional prioritariamente dictará o reformara las siguientes leyes:
Ley Orgánica de la Función Judicial, Ley Orgánica
de la Función Legislativa, Ley Orgánica de la Función
Ejecutiva, Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley de Elecciones
y Ley de Procedimiento de las Garantías de los Derechos Constitucionales.
SEGUNDA.- Hasta que se dicte las reformas a la Ley Orgánica
de la Función Judicial, la Corte Suprema de Justicia, funcionará
con diez de tres Ministros jueces cada una:
- Dos salas para la penal;
- Tres salas para lo civil y mercantil;
- Tres salas para laboral y social;
- Una sala para la contencioso administrativo; y,
- Una sala para lo contenciosa tributario.
La Corte Suprema de Justicia reglamentará a los magistrados en las
respectivas salas. La Corte Suprema de Justicia reglamentará todo lo relacionado a
la casación y a la unificación de la jurisprudencia en las
diversas materias especializadas. TERCERA.- Las causas que actualmente se encuentren por recursos
de tercera instancia en la Corte Suprema de Justicia serán sorteadas,
indistintamente entre las salas creadas por esta reforma para resolución. CUARTA.- Hasta que el Tribunal Constitucional se integre, los miembros
del Tribunal de Garantías Constitucionales se mantendrán
en sus funciones y les corresponderá el cumplimiento y resolución
de las materias de competencia de aquel, de acuerdo al procedimiento señalado
en las reformas de la Constitución, en lo que fuere necesario. Los procesos que se encuentren substanciando actualmente en la Sala de
lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, continuarán substanciándose
hasta su conclusión, en la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Igual tratamiento tendrán en 1o posterior los procesos por recursos
de resoluciones del Tribunal de Garantías Constitucionales, hasta
que se conforme el Tribunal Constitucional. QUINTA.- En los comicios de 1996, los tribunales no podrán
negar la inscripción de ciudadanos independientes como candidatos
a dignidades de elección popular por falta de adecuación
de las leyes pertinentes a las reformas de la Constitución. SEXTA.- Facúltase a la Comisión Especial Permanente
de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional para que, prepare el
proyecto de codificación de la Constitución Política
de la República, el mismo que deberá ser aprobado por el
Plenario de las Comisiones Legislativas. SEPTIMA.- El Congreso Nacional designará, previo informe
de la Comisión Constitucional de Asuntos Judiciales, con el voto
de por lo menos las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros,
24 conjueces permanentes, a fin de que cada uno de los 30 magistrados que
integran las salas de la Corte Suprema de Justicia cuenten con su respectivo
alterno. Los conjueces ocasionales pava cada uno de los magistrados serán
designados, en su oportunidad, a pedido de lao salas, por el Pleno de los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los conjueces permanentes
tendrán como remuneración únicamente los derechos
que al efecto por cada causa despachada fije el Pleno. OCTAVA.- La Corte Suprema de Justicia queda facultada de la manera
más amplia para dictar las normas y procedimiento que se requieran
para el sorteo o resorteo de los procesos en trámite, a fin de que
estas reformas constitucionales tengan cabal e inmediato cumplimiento. La presente Codificación entrará en vigencia a partir de
su publicación en el Registro Oficial. Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en
la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso
Nacional del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de mayo
de mil novecientos noventa y seis. FRANCO ROMERO LOAYZA
PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL (E)
DR. J. FABRIZZIO BRITO MORAN
ABG. ROBERTO F.
MUÑOZ AVILES
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References: in fine
 resolución 
 artículo 175
 resolución 
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