Source: https://supremo.vlex.es/vid/complemento-productividad-pago-27816814
Timestamp: 2020-07-14 09:29:25+00:00

Document:
STS, 2 de Marzo de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 27816814
Número de Recurso: 7396/2005
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD. PAGO. Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución dictada por el Director General de la Policía, por la que se desestimaba la solicitud formulada por el hoy actor en orden al abono del complemento de productividad en la cuantía correspondiente al puesto de trabajo de origen, durante el periodo del curso de formación para el acceso a la Escala Ejecutiva. Debe señalarse que la Instrucción para la Elaboración de propuestas de asignación individual de productividad al Cuerpo Nacional de Policía tenía por objeto establecer los criterios generales de aplicación de la masa global de productividad a los Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía a fin de permitir la confección de las nóminas mensuales oportunas en las que hacer efectivas las cuantías concretas que corresponden. No se hace lugar al recurso de casación.
Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación número 7396/ 2005 interpuesto, por el Abogado del Estado, contra los Autos de 20 de junio de 2003 y 11 de octubre de 2005 sobre reconocimiento de extensión de efectos de la sentencia dictada, con fecha 17 de mayo de
Por escrito fechado de entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 17 de enero de 2003, don Alberto solicitó la extensión de los efectos de la sentencia de fecha 17 de mayo de 2002 dictada en el recurso número 123/ 99 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Consta en el expediente administrativo la solicitud de extensión de efectos formulada por el anteriormente referido a la Administración en fecha 8 de noviembre de 2002, así como la Resolución denegatoria dictada por aquélla en fecha 9 de diciembre de 2002.
"Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo número 123/ 99, interpuesto por DON Jon, contra la resolución de fecha 11 de diciembre de 1998 dictada por el Director General de la Policía, por la que se desestimaba la solicitud formulada por el hoy actor en orden al abono del complemento de productividad en la cuantía de 40.000 pesetas desde el mes de enero de 1.998 correspondiente al puesto de trabajo de origen, durante el periodo del curso de formación para el acceso a la Escala Ejecutiva, Segunda Categoría, del Cuerpo Nacional de Policía, que se anula por no ajustarse al Ordenamiento Jurídico.
Y debemos declarar y declaramos el derecho que ostenta D. Jon a que la Administración le abone el complemento de productividad en la cuantía de 40.000 pesetas mensuales, a partir del 1 de enero de
El Abogado del Estado interpone recurso de casación contra los Autos de 20 de junio de 2003 y 11 de octubre de 2005 de extensión de efectos de la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 17 de mayo de 2002 .
En el Auto de 20 de junio de 2003 se indica:
" En el supuesto que nos ocupa, se pretende la extensión de los efectos de la sentencia de fecha 17 de mayo de 2002, dictada en el recurso contencioso- administrativo número 123/ 99, cuya parte dispositiva estimaba el recurso. (...). En el caso de la extensión de efectos de dicha sentencia a D. Alberto, se observa, a la vista de las alegaciones y del expediente, que concurren las mismas circunstancias jurídicas en que se basó la sentencia antes mencionada; el peticionario es igualmente funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, y reclama el mismo complemento de productividad que para sus compañeros, que venía percibiendo, durante el periodo en que realizó el curso de ascenso a la categoría de Inspector, sin que la Administración haya demostrado que su situación jurídica, a estos efectos, sea distinta de la contemplada por la aludida sentencia. Por ello, procede acceder a la extensión de efectos pretendida al darse todos los requisitos del art. 110.1º de la citada Ley 29/ 1998, de 13 de julio. Ha de señalarse que lo que el citado artículo 110 exige es la igualdad de las situaciones "jurídicas", no la identidad de los hechos, y resulta obvia la igualdad jurídica, pues en el caso de la sentencia y en el caso de este incidente se trata de funcionarios de policía cuyos compañeros en el precedente destino percibían el complemento reclamado, y que se hallaban desarrollando un curso de promoción a categoría superior; el hecho de que los cursos comprendiesen periodos distintos o que el ascenso fuese a categorías también distintas en nada influye para que jurídicamente la situaciones sean equivalentes."
En el Auto de 11 de octubre de 2005 se rechaza la impugnación en súplica del Abogado del Estado, añadiendo los siguientes argumentos:
" En cuanto al primero de los reparos citados, consideramos que la identidad de situación jurídica, que en este caso se reduciría a la efectiva realización del curso de ascenso a categoría superior, y a la falta de abono durante el mismo del complemento que se reclama, viene a ser reconocida por la propia Administración en la resolución que dio contestación a la solicitud de extensión de Sentencia dado que en la misma no se pone en duda ninguno de esos extremos, oponiéndose a la extensión solicitada por otros motivos -el diferente periodo en que se realizó el curso de ascenso, que lo fue a distinta categoría que el favorecido con el fallo o el diferente destino o puesto de trabajo y consiguiente complemento de productividad del favorecido con el fallo y el solicitante de la extensión-, que revelan en definitiva la conformidad con el hecho de la realización del curso y la falta de abono del complemento.
Así, la exigencia de identidad de situación jurídica con el favorecido por el fallo del artículo 110.1 .a) no puede ser interpretada de forma tan estricta que desnaturalice la finalidad de la institución de la extensión de efectos, incluyendo en esa exigencia circunstancias ya no jurídicas, sino fácticas o meramente accidentales como las referidas, ya que lo decisivo, a nuestro juicio, es si la norma o razón en cuya virtud la Sentencia reconoce la situación jurídica del favorecido por el fallo, es aplicable igualmente al solicitante de la extensión, lo que ocurre en el supuesto que nos ocupa, dado que la normativa aplicada y los argumentos en que se funda la Sentencia cuya extensión se solicita, son trasladables a la resolución de las reclamaciones del complemento de productividad durante cualquiera de los cursos de ascenso, independientemente de cuál sea la categoría a la que se va a ascender.
Tampoco puede merecer favorable acogida la denegación de la extensión por no haberse reclamado en su día en vía administrativa, y ello porque en el artículo 110.1 de la Ley 29/ 98, de 13 de julio, no existe referencia alguna a que deba preexistir una solicitud a la Administración, o un previo recurso contra un acto anterior para que pueda hacerse uso del mecanismo de la extensión de efectos que en el mismo se regula, y porque así se deduce a sensu contrario, de las causas tasadas de desestimación del incidente previstas en la redacción dada al artículo 110 por la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley Orgánica 19/ 2003 de 23 de diciembre .
Así la desestimación del incidente por haber consentido el interesado una resolución administrativa firme (...) solo podrá darse cuando, como especifica el apartado c) del propio artículo 110.5, la Administración hubiera dictado una resolución que -en este caso- hubiera denegado o prohibido el abono del complemento de productividad que se reclama, bien motu propio, bien como respuesta a una petición previa. Pero, dado que tal resolución no existe y que el interesado no formuló petición alguna anterior a la formulada ahora por la vía de la extensión de efectos, no hay acto consentido y firme, no pudiendo en consecuencia ser desestimada por esta causa la solicitud de extensión de efectos. (...). Debe recordarse, por otra parte, que el impago por parte de la Administración de una cantidad a la que un funcionario tenga derecho, lo que crea en el mismo es un derecho de crédito que se extingue, no porque no recurra una o varias nóminas concretas, en este caso, las correspondientes al periodo de tiempo durante el que estuvo realizando el curso de ascenso, sino única y exclusivamente porque el funcionario afectado no reclame el cumplimiento del mismo antes del transcurso del plazo de cinco años a que alude la Ley General Presupuestaria como plazo prescriptivo."
Tal planteamiento no puede acogerse. En primer lugar porque la nueva redacción del artículo 110.5.c) de la LJCA, operada por la Ley Orgánica 19/ 2003, que invoca expresamente el Abogado del Estado, no resulta de aplicación al supuesto que nos ocupa, por no encontrarse en vigor en el momento en que el Sr. Alberto formuló la entonces preceptiva solicitud de extensión de efectos a la Administración, ni tampoco cuando formuló la posterior petición al órgano jurisdiccional competente.
En la medida en que la productividad se incluye, en caso de tener derecho a percibirla, en cada nómina, como un componente retributivo más, cada funcionario interesado tiene la posibilidad de impugnar la nómina como acto singular quedando abierta la posibilidad de interponer recurso contencioso administrativo frente a cada nómina. El hecho de que el Sr. Alberto acudiera al mecanismo de la extensión de efectos a fin de obtener el reconocimiento de la misma situación jurídica que la reconocida en la sentencia relativa al Sr. Jon no significa que no pudiera impugnar con posterioridad cualquiera de sus nóminas y conseguir el mismo pronunciamiento judicial, habiéndose limitado a solicitar en plazo la extensión de efectos de dicha sentencia al entender que se encontraba en la misma situación jurídica que el favorecido por el fallo, de manera que ha de rechazarse la excepción de acto firme y consentido que invoca el Abogado del Estado.
En los otros dos motivos, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/98, denuncia el Abogado del Estado la infracción de los apartados 1 a) y 3 del artículo 110 de la LJCA, y señala que el incidente de extensión de efectos ha de ser objeto de interpretación restrictiva, limitado a los actos administrativos dictados en masa, excluyendo los casos que para acreditar la similitud de situaciones precisan de una actividad probatoria que debería llevarse a cabo en un procedimiento ordinario y en ningún caso en un incidente de ejecución de sentencia como es el previsto en el artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción . Entiende el Abogado del Estado, que el solicitante no ha acreditado la identidad a través de los oportunos documentos y que no hay la imprescindible identidad de situaciones jurídicas entre la del funcionario al que se refiere la Sentencia de 17 de mayo de 2002 de la Sala de Madrid y la del Sr. Alberto .
La sentencia cuyos efectos se pretenden extender advierte que las Instrucciones que regulan el reconocimiento de la productividad en la Dirección General de la Policía han venido a desvirtuar la esencia del complemento de productividad vinculándolo al desempeño objetivo de un puesto de trabajo con independencia de la manera en que este es desempeñado por el funcionario, quedando excluidos de la percepción de dicho complemento, únicamente los funcionarios de nuevo ingreso del Centro de Formación de Ávila o que se encuentren en situación de segunda actividad sin destino. Por esa razón, resultan irrelevantes las características del curso realizado (formación o perfeccionamiento) o el periodo durante el que hayan sido realizados pues no alteran la razón de ser del derecho a su percepción. Tampoco puede prosperar la afirmación relativa a que los autos recurridos han invertido la carga probatoria, porque la efectiva realización del curso de ascenso y la falta de abono durante el mismo del complemento de productividad que el solicitante venía percibiendo en su destino con anterioridad al inicio del curso no fue cuestionada, sino admitida implícitamente por la Administración en la Resolución denegatoria de la solicitud. En consecuencia, acreditado que el solicitante de la extensión de efectos reunía las mismas condiciones analizadas por la sentencia cuya extensión de efectos se pretende, ha de afirmarse la concurrencia del requisito de la plena identidad de situación jurídica, pues ni el Abogado del Estado justifica, ni esta Sala aprecia que los Autos impugnados consideren otra razón de decidir que la indicada.
Debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación 7396/ 2005, interpuesto por el Abogado del Estado, contra los Autos de 20 de junio de 2003 y 11 de octubre de 2005, dictados en la pieza de extensión de efectos tramitada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con imposición de costas a la parte recurrente.
ATS, 27 de Noviembre de 2001
STS 190/1999, 1 de Marzo de 1999
SAP Valencia 76/2007, 13 de Febrero de 2007

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 110
 resolución 
 artículo 110
 resolución 
 artículo 110
 artículo 110
 resolución 
 artículo 110
 resolución 
 resolución 
 artículo 110
 artículo 88
 artículo 110
 artículo 110
 Resolución