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Timestamp: 2019-11-17 03:17:32+00:00

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Las notificaciones mediante correo electrónico y conforme al CNPP
25 febrero, 2018 Tópicos Comentarios desactivados en Las notificaciones mediante correo electrónico y conforme al CNPP
Materializar una Defensa técnico-jurídica, implica que el justiciable y su defensor se encuentren en situaciones en las que se les permita contar con un plazo razonable para preparar adecuadamente su estrategia, argumentos y peticiones conforme al objeto del proceso en el sistema penal acusatorio y oral. Si lo anterior no se logra, el abogado debe analizar las hipótesis en las que se actualicen violaciones a Derechos Fundamentales o Derechos Humanos.
En caso de que no se cumplan los estándares y formas procesales, podemos aseverar que se violan y transgreden lo establecido en el artículo 1, 14,16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a lo que a continuación habremos de exponer.
Es dable considerar lo que debe atenderse por fundamentación y motivación de los actos de autoridad a que alude el artículo 16 constitucional, que a la letra el legislador instauró lo siguiente:
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”
En la transcripción anterior, se consagran las garantías de legalidad y seguridad jurídica, mismas que constituyen los elementos fundamentales que debe cumplir todo acto de autoridad, a fin de asegurar a los gobernados que su actuar no es arbitrario, sino por el contrario apegado al marco jurídico que la rige, es decir se debe expresar con exactitud el precepto legal aplicable al caso y señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitirlo, además debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.
Así, por fundamentación se entiende la obligación de la autoridad que emite el acto para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye su actuar; asimismo, por motivación, se ha comprendido la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considerar que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal invocada como fundamento de su acto. Lo anterior, se concatena con las tesis de jurisprudencia de rubro:
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el “para qué” de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.
Por tanto, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendente para tratar de establecer sobre bases objetivas, la racionalidad y legalidad de aquellos a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y arbitrariedad en las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos en los cuales se sustentan.
La notificación de cualquier acto procesal es una institución que se encuentra ligada a las garantías de audiencia, legalidad y debido proceso consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues por medio de este acto las partes involucradas tienen conocimiento del proceso seguido en su contra, y así podrá ser oído y vencido en juicio.
Luego entonces, el acto de notificar es el medio de comunicación procedimental al través del cual se hace saber, a la persona que se reconoce como interesada respecto de una actuación procesal.
II. Las notificaciones mediante correo electrónico y conforme al CNPP
Una vez precisado lo anterior, queremos comentarles una hipótesis que es posible se actualice en la defensa de un justiciable, en el que la notificación necesariamente debe ser realizada vía electrónica por los funcionarios Judiciales quienes deben cumplir las formalidades establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En dicho contexto, resulta claro que las decisiones emitidas por el Juez de Control, el Tribunal de Enjuiciamiento y/o el Juez de Ejecución de Sanciones Penales pueden ser comunicadas a las partes mediante el correo electrónico designado por éstas; ya que dicho medio de comunicación, con los avances tecnológicos permite a los expertos identificar y verificar su fiabilidad respecto de cómo fue generada, comunicada, recibida o archivada, así como constatar el contenido de la decisión jurisdiccional remitida.
El correo electrónico se encuentra contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales como un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), con base en el cual es posible remitir información a las partes que en el proceso penal así lo designaron; las decisiones jurisdiccionales comunicadas mediante correo electrónico también permiten verificar la hora y fecha en que:
La remitió el órgano jurisdiccional; y
Lo acusan las partes.
Si se siguen los estándares que establecen las normas procesales, estaremos en condiciones de deducir su valor probatorio, derivado de ser confiable el medio y las formas en que fue comunicada la decisión jurisdiccional. Respecto de las normas que se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es dable considerar lo siguiente:
De dicha norma procesal es posible identificar que la notificación deberá realizar mediante correo electrónico, por lo que el justiciable y su Defensor desde su primera intervención pueden decidir que se les notifique por correo electrónico y proceder a proporcionar la dirección electrónica en las que se realizarán dichas notificaciones.
En este contexto, es dable considerar que el término notificación se comprende como el acto de hacer saber o comunicar adecuadamente una decisión o acto jurisdiccional; y en dicho contexto, es posible que la notificación comunicada a cualquiera de las partes les cause un perjuicio por lo que será necesario que se actualice una transgresión y/o violación de realizar lo que se manda conforme las normas procesales. Luego entonces, por notificación debe entenderse el acto mediante el cual el órgano jurisdiccional hace del conocimiento de las partes las determinaciones dictadas en el proceso penal, mismas que deben realizarse de conformidad con las formalidades establecidas por la ley, a fin de las partes estén en aptitud de alegar y realizar lo que a su derecho convenga.
Bajo estos argumentos, la notificación que se debe realizar por correo electrónico tiene como finalidad el comunicar una decisión jurisdiccional a una persona determinada; y comprende las siguientes hipótesis:
Personales: las realizadas por el Secretario o Actuario del Órgano Jurisdiccional a cualquiera de las partes.
En la audiencia: cuando las partes concurren ante el Órgano jurisdiccional con el fin de intervenir en cualquier acto procesal.
Es dable considerar lo instaurado por el legislador en el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se precisa que las resoluciones del órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos. Por otra parte, también es necesario analizar lo establecido en el artículo 83 del Citado Código Nacional, que a la letra se transcribe:
El uso de los medios a que hace referencia este artículo deberá asegurar que las notificaciones se hagan en el tiempo establecido y se transmita con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la resolución o de la diligencia ordenada.
Es claro, que los actos que se peticionen al Órgano Jurisdiccional, éstos deben ser notificados por los funcionarios judiciales mediante el correo electrónico a efecto de estar en condiciones de comparecer e incluso pronunciarnos respecto del acuerdo que recayó a dicha petición.
Cuando se está ante la hipótesis de realizar la notificación por los medios tecnológicos, éstas deben realizarse a partir de que sea señalado por el interesado o su Defensor; es decir, autorizar que las notificaciones de carácter personal se realizarán de manera electrónica, lo que implica que dichas notificaciones cuando son realizadas de manera adecuada y conforme a las exigencias procesales se tengan por legalmente practicadas.
De lo anterior, es posible deducir que en materia penal, la notificación mediante correo electrónico es el acto procesal mediante el cual, se respetan y se sujetan los funcionarios judiciales a las formalidades establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales con la finalidad de hacer del conocimiento a las partes interesadas las decisiones jurisdiccionales a través de la utilización del correo electrónico conforme a lo establecido en el artículo 83 del Código Nacional de Procedimientos Penales; el correo electrónico, deviene en el medio adecuado para notificar un acuerdo o resolución judicial, que al practicarla, será necesario que la autoridad ordenadora anexe al expediente la constancia fidedigna a las partes, pues la omisión de esa constancia y el cumplimiento a dichas exigencias normativas actualiza transgresiones y violaciones a las normas procesales, constitucionales y convencionales que afectaran indudablemente el derecho a una debida defensa. A efecto de asimilar lo anterior, es dable analizar los siguientes artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales:
Es claro, que, si la notificación si no es realizada dentro de las veinticuatro horas, tal y como se advierte de dichos preceptos, y sin perder de vista que sea realizada en el correo electrónico que fue precisado por el Justiciable o su Defensor particular necesariamente se actualizará una afectación a la esfera jurídica del justiciable. Y también, habremos de considerar que si de las constancias judiciales se advierte que se incumplieron dichas formalidades procesales. Véase:
La notificación electrónica, actualiza que una decisión jurisdiccional sea comunicada a las partes cumpliendo las formalidades procesales, con la finalidad de que se les permita conocer a las partes el contenido de las mismas a través del correo electrónico; es decir que se les informe las partes la decisión jurisdiccional; por lo que, al practicarla, el funcionario judicial anexe el instructivo o el auto del expediente judicial del que derive dicha decisión jurisdiccional, la constancia de recepción por su destinatario (acuse) así como la razón actuarial; la omisión de lo anterior, constituye una violación que transgrede las leyes del procedimiento y afecta las defensas del quejoso conforme a los parámetros constitucionales y convencionales.
Con base en todo lo anterior, es dable advertir que las notificaciones por correo electrónico comprenden una modalidad particular que exige cumplir de manera específica con las notificaciones; es necesario que se confirme la recepción del mismo mediante el correo indicado por justiciable o su Defensor.
Todo lo anterior, nos permite establecer que al precisarse e indicarse el correo electrónico como medio de notificación, es posible que se actualicen los siguientes supuestos:
La existencia de decisiones jurisdiccionales emitidas por el Órgano Jurisdiccional que deben notificarse personalmente vía correo electrónico.
Al no realizarse dicha notificación se actualizan los supuestos que comprenden las hipótesis de procedibilidad en tratándose de la declaración de nulidad de dichas notificaciones.
Es posible que el funcionario judicial encargado de realizar la notificación mediante correo electrónico incurra en omisiones o vulneraciones a las formalidades esenciales del procedimiento respeto de dichas notificaciones.
La transgresión a las formalidades respecto de las notificaciones actualiza diversas circunstancias que afectarán y vulnerarán el derecho a una adecuada defensa del justiciable.
La nulidad deberá ser planteada por la parte afectada conforme a lo establecido en los artículos 97 a 102 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En la actualidad, tenemos un caso en el que la notificación que debió realizarse por correo electrónico fue realizada por el funcionario judicial a una dirección electrónica distinta con lo que evidentemente se incumplieron las formalidades del procedimiento; pero al tener conocimiento de dicha violación a las normas procesales, constitucionales y convencionales planteamos la nulidad y se volvió a incurrir en violaciones a las normas procesales.
Al acudir al Juzgado, nos constituimos a las 10:30 am y nos comentaron que habría audiencia a las 11:00 am por lo que decidimos presentarnos a dicha audiencia y una vez iniciada la audiencia se le dio cuenta al Juzgador de Control de dichas violaciones que en la especie impedían que se respetará el derecho de contar con un plazo razonable para preparar la defensa así como las transgresiones y violaciones al derecho de ser notificado vía electrónica conforme a las exigencias que para ello establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En contraste, el contra argumento del Ministerio Público fue orientado únicamente en invocar el contenido del artículo 89 del Código Nacional de Procedimientos Penales que estable lo siguiente: “Si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma prevista en este ordenamiento, la persona que debe ser notificada se muestra sabedora de la misma, ésta surtirá efectos legales”
Es dable precisarles que el fallo del Juez de Control consistió en tener por aceptado como procedente el artículo invocado por la Representación Social y precisar los siguientes aspectos:
Que efectivamente existían violaciones a las formalidades que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece por parte del funcionario judicial encargado para realizar las notificaciones vía correo electrónico.
A su “juicio” que, si bien se actualizaban violaciones respecto de la notificación no realizada en el correo electrónico indicado por el justiciable y su defensor, éstas no eran relevantes pues no se transgredía derecho fundamental o derecho humano alguno.
Por tanto lo procedente resultaba negar la petición del defensor de decretar la nulidad de dichos actos procesales.
El presente caso que les compartimos se actualizan transgresiones y violaciones respecto de las normas contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales que comprenden el derecho a ser notificado adecuadamente mediante el correo electrónico indicado por el justiciable y su defensor por parte de los funcionarios judiciales.
Lo anterior es relevante, pues los Defensores deben considerar que el derecho fundamental a ser notificado mediante un correo electrónico tiene la finalidad procesal de que las partes estén en condiciones de conocer las decisiones jurisdiccionales, contar con un plazo razonable para preparar alegatos, producir datos de prueba, medios de prueba o prueba, obtener una decisión fundada y motivada por parte del órgano Jurisdiccional y controvertir la misma.
En este contexto, también es posible considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado en diversos casos respecto del Derecho Humano a ser oído, ejercer el derecho de defensa, de audiencia y también respecto del principio contradictorio; Derechos Humanos reconocidos en el artículo 8.1, el derecho de defensa establecido en el artículo 8.2.d y 8.2.e de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como estándar mínimo del debido proceso y que aquellos actos procesales en que no se respeten dichas formalidades deben ser declarados inválidos sin que sean susceptibles de convalidar o subsanar, toda vez que dichas garantías no admiten graduaciones: se cumplen o no se cumplen.
Por último, es dable comentarles que en el presente caso se han interpuesto los correspondientes medios de defensa, pero en tratándose del amparo indirecto nos encontramos con la práctica actual en los Juzgados de Distrito, consistente en formular un arsenal de prevenciones y exigencias que devienen en limitaciones materiales al derecho de acceso a la justicia, así como a un recuso sencillo y efectivo (pero esto será materia de otra opinión).
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References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 63
 artículo 83
 resolución 
 artículo 83
 resolución 
 artículo 89
 artículo 8
 artículo 8