Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-024-07.htm
Timestamp: 2018-07-21 03:52:20+00:00

Document:
T-024-07
Sentencia T-024/07
ACCION DE TUTELA-Línea jurisprudencial sobre nombramiento del primero de la lista en concurso de méritos
NOMINADOR-Obligación de proveer los cargos de carrera con el primero de la lista de elegibles/NOMINADOR-Motivación de la decisión cuando no se nombra al primero de la lista
CONCURSO DE MERITOS-Posición de la Corte Suprema de Justicia sobre lista de elegibles
ACCION DE TUTELA-Procedencia para restablecer derechos de persona que ocupó primer lugar en la lista de elegibles/DERECHO DE ACCESO AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y CARGOS PUBLICOS-Efectividad de la tutela para proteger derechos a quien la Corte Suprema no le respetó lugar de ubicación en lista de elegibles para cargo de magistrado de tribunal
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil siete (2007).
La Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería y Álvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
-El doctor Luis Carlos González Velásquez, quien en la actualidad ejerce el cargo de Juez Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá, se ha desempeñado durante más de 16 años en la rama judicial del poder público “gracias a los meritorios puntajes obtenidos en los distintos concursos convocados por las entidades administrativas de la Rama Judicial”.
-En los años 2003 y 2004, el doctor González Velásquez ocupó destacados lugares en las Listas de Elegibles, destinadas a proveer vacantes definitivas en el cargo de Magistrado de los diferentes Tribunales Superiores del país, elaboradas por la Sala Administrativa del H. Consejo Superior de la Judicatura[1].
-En enero de 2005, la Sala Plena de la H. Corte Suprema de Justicia prescindió del actor, quien para entonces ocupaba el primer lugar en la mencionada Lista, conformada para proveer la vacante de magistrado de la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Bogotá dejada por el doctor Ramiro Torres Lozano.
2. Material Probatorio
-Constancia elaborada por el Director (E.) de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que da cuenta, “para la fecha en que se produjo la vacante definitiva”, de la Lista de candidatos para proveer el cargo de Magistrado de la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Bogotá, conformada mediante Acuerdo No. 2698 del 1° de diciembre de 2004, integrada, entre otras personas, en su orden, por los doctores González Velásquez Luis Carlos y De La Rosa Quessep Eduin, con un total de 805.745 y 803.35 puntos, respectivamente.
-Trascripción parcial de las Actas Numero Dos y Tres, correspondientes a las Sesiones Ordinarias de Sala Plena de la H. Corte Suprema de Justicia, celebradas el 6 y el 17 de febrero de 2005, a cuyo tenor:
“El señor Presidente invitó a deliberar en torno a los candidatos. La Sala realizó el análisis y el estudio de todos los que aparecen en la lista enviada por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo No. 2698 del 1° de diciembre de 2004. En consecuencia, se sometieron a consideración los siguientes nombres:
1. Dr. LUIS CARLOS GONZALEZ VELASQUEZ
3. Dra. MARIA AMANDA NOGUERA DE VITERI
4. Dra. FANNY ESTHER RAMIREZ ARAQUE
7. DRA. MARIA JULIA FIGUEREDO VIVAS
9. DRA. GLORIA MARIA PACHECO BOHORQUEZ
Efectuada la votación, los Magistrados escrutadores doctores CESAR JULIO VALENCIA COPETE y JORGE LUIS QUINTERO MILANES informaron que el resultado de la misma fue el siguiente:
NO HUBO VOTOS POR LOS DEMÁS CANDIDATOS
En consecuencia la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta para efectos de esta elección los criterios señalados por la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y la Circular No. 02 de 7 de marzo de 1997, proferida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, declaró elegido en propiedad al doctor EDUIN DE LA ROSA QUESSEP como Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (..)”
“Con ponencia del Magistrado LUIS JAVIER OSORIO LÓEZ, fue confirmado el nombramiento en propiedad del doctor EDWIN (sic) DE LA ROSA QUESSEP”, como Magistrado de la Sala Laboral del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
-Certificación emitida por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, el 13 de julio de 2005, que da cuenta de que el doctor Eudin De la Rosa Quessep “viene prestando sus servicios en forma continua e ininterrumpida, así”:
-Del 26 de octubre de 1999 al 28 de febrero de 2005, desempeñó el cargo de Abogado Asistente de la Sala de Casación Laboral, en propiedad.
-Desde el 1° de marzo de 2005, viene desempeñando el cargo de Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en propiedad.
-Desde el 1° de abril de 2005, viene desempeñando el cargo de Magistrado Auxiliar de la Sala de Casación Laboral, en provisionalidad.”
Agrega que el hecho “de que las listas deban conformarse con un número superior a cinco (5) candidatos no otorga al nominador la facultad de seleccionar a cualquiera de los integrantes de la lista (..)”, comoquiera que “la finalidad de las normas de la Carrera Judicial y del Registro de Elegibles es ubicar en sus listados en un lugar preferente a quienes obtuvieron una mejor puntuación como resultado de los exámenes y entrevistas presentados. Por ello suplir una vacante seleccionando a un candidato que obtuvo una puntuación inferior a la de otros candidatos, desnaturaliza y deja sin efectos el concurso convocado y las pruebas practicadas, desconociendo el mejor derecho que le asiste a quien ocupa el primer lugar en la lista de candidatos para proveer el cargo de magistrado”. Se apoya en los artículos 164 a 167 de la Ley 270 de 1996, los cuales trascribe.
Trae a colación las consideraciones esgrimidas por esta Corte, al revisar oficiosamente las normas antes relacionadas y destaca las condiciones que dieron lugar a la exequibilidad condicionada de los artículos 166 y 167 de la normatividad en comento, a cuyo tenor “el nombramiento que se realice deberá recaer sobre el candidato que encabece la lista de elegibles, esto es, el que ha obtenido la mayor puntuación” –negrilla y comillas en el texto-, a la vez que propugna porque los parámetros fijados por esta Corte, al declarar la exequibilidad condicionada de las normas a que se ha hecho mención, sean acatados “toda vez que al proceder de manera contraria se actúa en contravía de la constitución y la ley, más aún cuando el fallo analizado tiene el carácter de cosa juzgada constitucional con efectos erga omnes.”
Relaciona sentencias de constitucionalidad y decisiones de tutela, adoptadas por la Sala Plena de esta Corte y diferentes Salas de Revisión y sostiene que la jurisprudencia constitucional tiene definido que “la finalidad del concurso estriba en últimas en que la vacante existente se llene con la mejor opción, es decir con el concursante que haya obtenido el más alto puntaje”; “quien ha ocupado el primer lugar (..) tiene un derecho de rango constitucional a ser nombrado (..)”; y “(..) si no existen razones objetivas para no seleccionar al primero de la lista (..) existe la obligación de nombrarlo”.
Se detiene en la Sentencia SU- 613 de 2002 de la que dice “guarda estrecha relación con los hechos y planteamientos esbozados”, comoquiera que la acción fue instaurada por un “candidato a Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, que no fue nombrado en la vacante existente pese a ocupar el primer lugar de la lista de candidatos”, con el fin de recordar que “[l]a línea jurisprudencial trazada por esta Corte es unánime y coherente, respecto a la designación de quien ocupa el primer lugar en la lista de candidatos (..)”.
Afirma que la jurisprudencia en mención indica que “el mecanismo apto para lograr la eficacia de los derechos fundamentales vulnerados es la acción de tutela, no obstante la existencia de acciones ante lo contencioso administrativo, por no ser éstas medios idóneos para lograr el nombramiento en el cargo en un tiempo prudente y oportuno”.
“Resulta evidente que las acciones contencioso administrativas no consiguen , en igual grado que la tutela, el amparo de los derechos amenazados en los procesos de vinculación de funcionarios públicos; en muchas ocasiones el acudir a dichas acciones implica la dilación en el tiempo de la actuación vulnerante sin que se logre una efectiva protección.
4 Intervención Pasiva
4.1 Intervención de la H. Corte Suprema de Justicia
El Presidente de la H. Corte Suprema de Justicia, Magistrado Yesid Ramírez Bastidas advierte sobre la improcedencia de la acción que se revisa, debido a que “es claro que se está impugnando un acto administrativo de la Corte Suprema de Justicia cuyo juzgamiento corresponde exclusivamente a la jurisdicción Contencioso Administrativa (..)” y aboga porque la pretensión de amparo se niegue en consideración a que “el referido acto administrativo obedece a la potestad nominadora de la Corte, la cual ejerce fundamentada en el criterio reiterado por la Sala Plena (..)” el cual transcribe.
“Sostener que de la lista integrada por el Consejo Superior de la Judicatura, siempre que debe designarse el primero que en ella aparezca, implica olvidarnos del carácter normativo de la Constitución y de su supremacía, porque tal interpretación desconoce las premisas normativas del art. 256 num. 2, pues deroga la facultad nominadora de la Corte Suprema de Justicia y con ella el carácter complejo de la designación, radicándolo exclusivamente en el Consejo Superior de la Judicatura al elaborar la lista, por cuanto la intervención de la Corte Suprema de Justicia sería eminentemente homologatoria al designar a quien en ella aparezca de primero.
b) En la sentencia C-37 de 5 de febrero de 1996, la Corte Constitucional para efectos de definir la constitucionalidad del art. 166 de la Ley 270 de 1996, que es la que se entrelaza con la norma constitucional atrás citada, dejó por sentado, citando providencia precedente, dictada con ocasión de la revisión de una acción de tutela y a propósito del régimen de carrera administrativa, o sea en sector diferente a la Rama Judicial, que “quien ocupe el primer lugar, de acuerdo con el puntaje obtenido, será el ganador y excluirá a los demás en orden descendente”. Previamente en la misma sentencia acotó que “sólo quien haya obtenido el mayor puntaje” en el correspondiente concurso de méritos, “puede ser beneficiado con el respectivo nombramiento”. Pues bien, este es argumento válido para el sector administrativo o ejecutivo, donde se da un acto de designación, pero no en la Rama Judicial con respecto a funcionarios, porque en este último campo, el acto es de elección.
(..)”[2].
Ahora bien, en lo atinente a la elección del doctor Eduin De la Rosa Qessep, como Magistrado de la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Bogotá, el doctor Ramirez Bastidas afirma que “se tuvieron en cuenta los anteriores lineamientos, tal como consta en el acta (sic) No. 1 de la Sala Plena del 20 de enero de 2005, sometiendo a consideración de la misma los nombres que conformaban la lista para proveer la vacante definitiva de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá a la votación libre, escrita y secreta, conforme al Reglamento Interno de la Corporación, dando como resultado 18 votos a favor del mencionado Doctor, quien se encontraba incluido en la lista enviada por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo 2698 del 1° de diciembre de 2004.
4.2 Intervención del H. Consejo Superior de la Judicatura. Sala Administrativa. Unidad de Administración de la Carrera Judicial
4.3 Intervención del tercero interesado en la decisión
En armonía con lo expuesto y en consideración a las previsiones de los artículos 86 constitucional y 6° del Decreto 2591 de 1991, el doctor De la Rosa Quessep afirma que la acción de tutela no puede ser utilizada “para cuestionar la legalidad de los actos administrativos de cualquier índole o para impedir su cumplimiento (…)”, sin perjuicio de que “excepcionalmente puede admitirse la acción de tutela contra actos administrativos, pero ello sólo cuando la persona corre el riesgo de que se le causen perjuicios irremediables y daños irreparables (…).”
-Que la Lista de Elegibles, conformada luego del concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo No. 117 de 1997, venció en abril de 2005.
-Que él ocupó el primer lugar en dicha Lista “hasta finales de 2004, cuando fui desplazado por el doctor Luís Carlos González Velásquez quedando entonces en segundo lugar”.
-Que no siendo la puntuación de quienes integran las Listas de Elegibles definitiva y pudiendo los aspirantes al cargo cambiar de sede, intervienen factores de incertidumbre que hacen que quien figura de primero bien puede cambiar de lugar, en cualquier momento, de manera que “el criterio de nombrar automática y necesariamente al primero de la lista de elegibles resulta altamente inconveniente (…) salvo que coincida el ascenso al primer lugar de la lista con la producción de una vacante”.
-Que “en los términos el (sic) numeral 2 del artículo 256 de la C.P. la elección de magistrados de tribunales superiores debe hacerse de lista de candidatos enviada por el Consejo Seccional de la judicatura lo cual implica, como se dice en los salvamentos de voto de los doctores Beltrán, Sierra, Córdoba Triviño y Vargas Hernández, a que antes hemos aludido, que existe cierta discrecionalidad moderada para que el nominador escoja a algunos de los integrantes de la lista de candidatos, sin que tenga que motivar la decisión o elegir forzosamente al primero.”
-Que para su elección la H. Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta “mi experiencia y formación profesional en la especialidad laboral y a la carencia de tales elementos en el doctor González Velásquez”, circunstancias éstas a su decir fácilmente comprobables, en las hojas de vida que reposan en la Corte Suprema, las cuales demuestran que el actor se ha desempeñado “en el campo civil”.
-Que esta Corte declaró exequibles los artículos 166 y 167 de la Ley 270 de 1997 “e introdujo un criterio meramente doctrinario acerca de la interpretación de tales preceptos que aun cuando es presentado bajo la forma de exequibilidad condicionada no tiene la misma fuerza vinculante de una declaración de inconstitucionalidad total o parcial”.
-Que esta Corte “al hacer el examen previo de la Ley Estatutaria de Justicia (sic) se advierte claramente que confrontó los artículos 166 y 167 con el artículo 125 de la Carta pero no con el 256 numeral 2”.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca concedió al actor la protección invocada, fundada i) en que “la acción de tutela es el instrumento de mayor eficacia, para dilucidar el tema planteado en el presente evento” y ii) en que “el Dr. GONZALEZ VELASQUEZ ocupó el primer lugar en el concurso de méritos para el cargo de Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá; en el expediente obra la copia de la lista de candidatos remitidos a la Corte Suprema de Justicia en las cuales se constata el hecho, es decir que el tutelante adquirió el derecho a ser nombrado en el cargo al cual aspiraba”.
“PRIMERO: TUTELAR al ciudadano LUIS CARLOS GONZALEZ los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.
SEGUNDO: ORDENAR a la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena- que, en el término de veinte (20) días, contados a partir de la ejecutoria del presente fallo, proceda a nombrar, con los parámetros fijados en la parte motiva de esta sentencia, al ciudadano LUIS CARLOS GONZALEZ VELASQUEZ en el cargo de Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y adoptar las medidas necesarias para el efecto.
TERCERO: Comunicar la presente decisión a la accionada –quien deberá allegar constancia acerca del cumplimiento de lo ordenado- y a los interesados en sus resultados.
QUINTO (sic): De no ser impugnado este fallo, envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.”.
“Según se indicó, el derecho del actor a ser nombrado se desprende no solo de su inclusión como primero en la lista de candidatos, sino del hecho de que la Corte Suprema no señaló razones objetivas –antecedentes penales, antecedentes disciplinarios, grave e injustificado incumplimiento de sus deberes y funciones o absoluta falta de decoro o respetabilidad que permitieran excluirlo. La ausencia de motivación en el acto administrativo no implica que no hayan existido razones para que, en ejercicio de la discrecionalidad antes señalada, la Corte Suprema hubiese excluido a quien por lógica del concurso quedó primero en la lista; es posible que existan empero, tales razones no constan por ninguna parte”.
“Por otra parte, remitiéndose nuevamente esta Sala a lo sostenido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional –Sentencia SU 613 de 2002- es de del caso advertir que la accionada nombró a una persona diferente no obstante hallarse en el segundo lugar de la lista de candidatos. Tal designación, para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, recayó sobre el Dr. EDUIN DE LA ROSA QUESSEP y si en virtud de la orden que aquí se proferirá la propia Corte Suprema deba nombrar al señor LUIS CARLOS GONZALEZ VELASQUEZ, la designación del ciudadano aquel se tornará inválida y no habrá nacido derecho subjetivo alguno a ocupar dicho cargo. Por tal razón, ante la ausencia de un derecho éste no podrá continuar en el cargo de Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá”.
5.2.1 El doctor Yesid Ramírez Bastidas, en calidad de Presidente de la H. Corte Suprema de Justicia, impugna la decisión fundado en que “en ningún momento la Corte Suprema de Justicia con su actuar ha vulnerado derecho alguno al tutelante, quien al igual que todos los candidatos que conformaban la lista enviada por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo N. 2698 del 1° de diciembre de 2004 fue sometido en igualdad de condiciones y siguiendo el debido proceso a la consideración de la Sala Plena en sesión del 17 de junio de 2004 (sic), según consta en el Acta No.14 (sic)”.
Finalmente afirma que “en ningún momento, ni la Constitución Política, ni la ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, obligan a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para el nombramiento de Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial de la lista de elegibles que envía el Consejo Superior de la Judicatura a verificar antecedentes judiciales, disciplinarios etc. requisitos éstos que deben ser estudiados pero para la posterior confirmación del cargo, que igualmente le corresponde al nominador”.
5.2.2 El doctor Eduin De la Rosa Quessep impugna la decisión. Para el efecto reitera lo sostenido en su intervención, relacionado con la eficacia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, “que hace plenamente inviable la tutela en el presente caso, o al menos de manera definitiva”.
“Una solución como la planteada por el fallo de primer instancia significa, ni mas ni menos que la proclamación de los derechos constitucionales de una persona se hace sobre la base de desconocer y pisotear esos mismos derechos de otra, que los tuvo y tiene con creces.
5.2.3 En este estado de la actuación, el apoderado del actor interviene para solicitar que se mantenga la decisión de primer grado, en cuanto la decisión se ajusta a las previsiones de la Carta Política y respeta el precedente jurisprudencial i) en materia de las facultades constitucionales asignadas a la H. Corte Suprema de Justicia, como nominador de los magistrados integrantes de los H. Tribunales de Distrito Judicial; ii) relacionado con la confianza legítima de quienes participan en los concursos de meritos en sus autoridades; y iii) relativo al restablecimiento de los derechos a la igualdad y al debido proceso de quienes aspiran a acceder a un cargo de carrera.
Además, el apoderado del actor destaca la Sentencia T-521 de 2006[3], proferida el 7 de julio del año en curso, por la Sala Novena de Revisión, que reitera la “línea jurisprudencial (…) en materia de concursos en la Rama Judicial”.
Indica al respecto i) que esta Corte tiene definido que los concursos de méritos habrán de evaluar “todos y cada uno de los factores que deben reunir los candidatos a ocupar un cargo (…) por tanto se ha de calificar no sólo la idoneidad profesional o técnica del aspirante, sino también su solvencia moral, su aptitud física y su sentido social, de acuerdo con la categoría del empleo y las necesidades del servicio[4]”; ii) que “la función de calificar a los elegibles quedaba reservada a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, sin perjuicio de que el nominador tenga la posibilidad de realizar una evaluación sobre [a) los antecedentes penales del candidato, b) sus antecedentes disciplinarios, c) el incumplimiento de sus deberes y funciones o d) su falta de decoro y respetabilidad]”; y iii) que esta Corte “concede la tutela para proteger los derechos fundamentales del accionantes frente a un perjuicio irremediable, el cual consiste en la continuación prolongada de la situación de la vulneración de los derechos del accionante lo que es un agravio inminente y grave que debe ser atendido”.
En consecuencia, si el petitum de la demanda de tutela del actor es que se restablezcan sus derechos conculcados, no se entiende o mejor no se concibe cómo el resultado del fallo, pueda ser una decisión en abstracto o no producir una solución real y efectiva frente a la vulneración del derecho fundamental tal y como pretende el tercero con interés en el resultado de la tutela.”.
6. Trámite en sede de revisión
Lo anterior en consideración a que el doctor Luís Carlos González Velásquez, por intermedio de apoderado, reclama sobre el restablecimiento de sus derechos fundamentales, vulnerados por la H. Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de su facultad nominadora, prevista en el artículo 256 constitucional.
“Ahora bien, de conformidad con lo previsto en artículo 17 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la Sala Plena de la H. Corte Suprema de Justicia cumple funciones de “índole administrativa[5]”, entre ellas la designación de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en los términos del artículo 131 de la misma normatividad, atendiendo al Registro de Elegibles conformado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, según lo disponen los artículos 166 y 167 ib.
2. Asunto objeto de decisión
3.1 Procedencia de la acción[6]
3.1.1 El artículo 86 de la Carta Política dispone que toda persona puede reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, el restablecimiento inmediato de sus derechos fundamentales, siempre que no cuente con otro medio judicial de protección y el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 prevé que la existencia del recurso que enerva la acción de tutela se apreciará en concreto, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
"Considera esta Corporación que, cuando el inciso 3o. del artículo 86 de la Carta Política se refiere a que "el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial ..." como presupuesto indispensable para entablar la acción de tutela, debe entenderse que ese medio tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese derecho. De no ser así, mal puede hablarse de medio de defensa y, en consecuencia, aún lográndose por otras vías judiciales efectos de carácter puramente formal, sin concreción objetiva, cabe la acción de tutela para alcanzar que el derecho deje de ser simplemente una utopía”.[7]
No obstante, el actor propende porque se emita una orden consistente en que la H. Corte Suprema de Justicia actúe en consecuencia con su derecho a ocupar la vacante dejada por el Dr. Ramiro Torres Lozano, en la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Bogotá, de conformidad con la Lista remitida por la Sala Administrativa del H. Consejo Superior de la Judicatura con tal fin. Cometido este, que -como pasa a explicarse- solo puede hacer efectivo el juez constitucional.
3.1.2 En armonía con el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, esta Corte ha analizado las acciones previstas en el Código Contencioso Administrativo y establecido sus alcances, en materia de restablecimiento de los derechos fundamentales de quien no es designado en el cargo al que aspira, sin perjuicio de ostentar un mejor derecho y ha concluido que la acción de tutela se erige en el único procedimiento eficaz con que cuenta el afectado, para que el nominador atienda el resultado del concurso y realice la designación atendiendo la conformación de la Lista de Elegibles.
3.1.2.1 Mediante Sentencia SU-133 de 1998, esta Corporación ordenó al H. Tribunal de San Gil proceder “a designar en propiedad [al actor] en el cargo de Juez Civil Municipal de Barbosa” y tener en cuenta a quien fuera designada en su lugar, “para futuros nombramientos, según el puesto que le corresponda en la lista de elegibles”.
Consideró del caso esta Corte, en la oportunidad que se reseña, apartarse de la jurisprudencia sentada en la Sentencia SU-458 de 1993, que rechazaba por improcedente la acción de tutela instaurada con fundamento en una situación fáctica similar[8].
Sostuvo la Corte, hasta 1993, que, “como acertadamente lo manifestó la Corte Suprema de Justicia, se piensa que los motivos de inconformidad que el actor tiene respecto del nombramiento hecho por el Juez Tercero Laboral del Circuito de Manizales (..), son cuestiones del resorte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículos 83, 84 y 85 del decreto 01 de 1984, disposiciones modificadas, respectivamente, por los artículos 13, 14 y 15 del decreto 2304 de 1989, textos que otorgan a dicha jurisdicción la potestad de decidir sobre los "actos administrativos", ante el ejercicio de las llamadas acciones de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho”.
No obstante, en 1998, la Sala Plena de esta Corporación resolvió acoger la jurisprudencia sentada por la Sala Segunda de Revisión en la Sentencia T-256 de 1995[9], al resolver la vulneración de los derechos fundamentales de quien aparecía en una Lista de Elegibles en el lugar que no correspondía al puntaje obtenido, luego de haber participado, con éxito, en un concurso abierto por la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena.
“-La no inclusión de una persona en la lista de elegibles o la figuración de ésta en un lugar que no corresponde, según las consideraciones precedentes, puede implicar la violación de derechos fundamentales, entre otros, a la igualdad, al debido proceso y al trabajo.
-La acción contenciosa administrativa mencionada, en caso de prosperar, tendría como resultado la anulación del acto administrativo en referencia, esto es la lista de elegibles e igualmente el restablecimiento de derecho.
En armonía con lo expuesto -como quedó explicado- la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia SU-133 de 1998, resolvió revocar el fallo que declaraba la acción improcedente, dada la existencia de otra vía para el restablecimiento del derecho y, en su lugar, dispuso i) “que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, [la corporación nominadora accionada] proceda a designar en propiedad a (..) en el cargo de Juez Civil Municipal de (..)”, y ii) que la entidad tendría en cuenta el nombre de quien había sido nombrada, “para futuros nombramientos, según el puesto que le corresponda en la lista de elegibles”.
3.1.2.2 Tal como se aprecia en la Sentencia SU-086 de 1999[10], esta Corte restableció los derechos fundamentales, al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de sendos accionantes, quienes, no obstante ocupar en los Registros de Elegibles lugares que los hacían acreedores a las designaciones a las que aspiraban, no fueron escogidos por los nominadores, como era de esperarse[11].
Sostuvo esta Corte que, ante “la necesidad, impuesta por la Carta, de dar efectividad a los derechos fundamentales (arts. 2, 5 y 86 C.P.), que en cada caso concreto el juez de tutela debe establecer la eficacia del medio judicial que formalmente se muestra como alternativo, para establecer si en realidad, consideradas las circunstancias del solicitante, se está ante un instrumento que sirva a la finalidad específica de garantizar materialmente y con prontitud el pleno disfrute de los derechos conculcados o sujetos a amenaza”.
Destacó la Corporación cómo, “en los distintos procesos de tutela que ahora se examinan”, a diferencia de lo planteado por los jueces de instancia, “en todos ellos se hallan en juego derechos constitucionales fundamentales -el trabajo, la posibilidad de acceder a cargos y funciones públicas, el debido proceso y la igualdad-, puesto que el motivo de las demandas reside en el hecho de que los nominadores han ignorado los resultados del concurso y han llenado las vacantes con nombres de personas calificadas con puntajes inferiores a los de quienes ahora piden protección constitucional”.
Examinó, entonces, esta Corte las diferentes acciones previstas en el Código Contencioso Administrativo con miras a resolver sobre “la inaplicación del artículo 125 de la Carta sobre carrera” y pudo concluir i) que “no es la acción electoral -que puede intentarse ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo- el medio judicial idóneo con efectividad suficiente para desplazar a la acción de tutela”, sin perjuicio de su carácter de “acción pública que puede ser intentada por cualquier ciudadano”, pues “no tiende a reparar de manera directa y con la oportunidad necesaria los derechos fundamentales de quienes han participado en el concurso”; y ii) que tampoco es “idónea la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo objeto difiere claramente del que arriba se expone”, tal como ha quedado expuesto en ocasiones anteriores –T-256 de 1995-.
3.1.2.3 Siguiendo la línea jurisprudencial a que se hace mención, mediante Sentencia SU-613 de 2002[12] esta Corte entró al fondo de la pretensión de amparo constitucional y concedió la protección.
Consideró esta Corte el planteamiento esgrimido por el fallador de instancia, consistente “en que el actor puede controvertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia ante la jurisdicción contencioso administrativa, es decir, cuenta con otros mecanismos judiciales de defensa. Y esta facultad, según el ad-quem, torna improcedente el amparo”.
Sostiene la providencia que “aún cuando esa apreciación parece acertada, lo cierto es que esta Corporación ha señalado en forma reiterada que la acción de tutela constituye el mecanismo idóneo para exigir que quienes ocupan los primeros lugares en los concursos de méritos accedan a los cargos que aspiraron, todo ello en defensa del derecho a la igualdad (..).”.
Recordó la Corte su jurisprudencia sobre la idoneidad de la acción de tutela para “garantizar no sólo los derechos a la igualdad, al debido proceso y al trabajo, sino también el acceso a los cargos públicos” y, de contera, asegurar “la correcta aplicación del artículo 125 de la Constitución”, frente a la negativa de los nominadores de “proveer cargos de carrera en la administración judicial de conformidad con los resultados de los concursos de méritos” y, comoquiera que no encontró motivos para cambiar de posición, consideró que la acción era procedente y que el amparo tenía que concederse.
Destacó esta Corte cómo, “obrar en sentido contrario podría significar la violación a la igualdad del actor, quien a pesar de haber actuado de buena fe y según la jurisprudencia constitucional, ante un cambio repentino de ella se vería incluso imposibilitado para acudir a los mecanismos ordinarios en defensa de sus derechos[13]”.
3.2 Condiciones de ingreso y ascenso a cargos de carrera
3.2.1 La designación “deberá recaer sobre el candidato que encabece la lista de elegibles, esto es, el que ha obtenido la mayor puntuación”[14]
3.2.1.1 Mediante Sentencia C-040 de 1995, siguiendo las previsiones del artículo 125 de la Carta Política, esta Corporación consideró que los concursos públicos de méritos deberán evaluar a los candidatos “no sólo en el aspecto intelectual por medio de exámenes de conocimientos generales y profesionales específicos de acuerdo con el cargo, sino también sus condiciones de preparación, competencia, capacidad o aptitud física, comportamiento social, idoneidad moral, presentación personal, capacidad para relacionarse con las personas, antecedentes personales y familiares, etc, para lo cual se practicarán pruebas sicológicas, entrevistas y todos aquellos otros mecanismos que se consideren aptos para ese fin”[15].
Expuso la Corte, en la oportunidad que se reseña, que “sea cual fuere el método o sistema elegido, éste debe contener criterios específicos y concretos para efectuar una selección en la que aparezcan como valores dominantes la capacidad profesional o técnica del aspirante, sus calidades personales y su idoneidad moral, acordes con las funciones del empleo y las necesidades del servicio público” y concluyó que surtido el concurso y conformada la lista de elegibles atendiendo a su resultado, “el nombramiento siempre tendrá que recaer en quien haya obtenido el mayor número de puntos”.
3.2.1.2 Mediante Sentencia C-037 de 1996[16], con ocasión de la revisión oficiosa del Proyecto número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, esta Corte se pronunció sobre los artículos 131, 156, 157, 159 a 167 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.
Respecto del artículo 131[17] del Proyecto en mención, la Corporación sostuvo que la designación de la H. Corte Suprema de Justicia como entidad encargada de designar a los Magistrados de Tribunales, “se ajusta a los parámetros constitucionales, en especial a los artículos 122 y siguientes del texto superior”; con relación al artículo 156 de la misma normatividad[18], esta Corte reiteró lo expuesto en la Sentencia C-040 de 1995 y concluyó sobre la conformidad de la norma con los artículos 25, 53, 122, 125 y 228 de la Carta Política, puesto que la disposición “procura que dentro del régimen de carrera judicial se aplique siempre el derecho fundamental a la igualdad y se le otorguen plenas garantías a los trabajadores que se vinculen a la administración de justicia”.
También esta Corte encontró compatible el artículo 157 de la Ley Estatutaria en comento con los artículos 125 y 228 constitucionales, a cuyo tenor la “administración de la carrera judicial se orientará a atraer y retener los servidores más idóneos (..)”, toda vez que la norma propende porque “(..) quienes sean vinculados a la rama judicial mediante el sistema de carrera, reúnan las mejores condiciones personales y profesionales (..)”.
También fueron declarados exequibles, con excepción de la expresión recursos humanos[19], contenida en el artículo 163 del Proyecto de Ley a que se hace referencia, los artículos 161 –requisitos adicionales para los cargos de empleados atendiendo a la clasificación del nivel de servicio-; 162 –etapas del proceso de selección: concurso, conformación de listas, nombramiento y confirmación, según el caso y facultades de reglamentación-; y 163 –carácter permanente y público de los concursos-.
Lo anterior i) en consideración a que “la Carta Política le asigna plena competencia al legislador para determinar los requisitos mínimos necesarios para que los empleados de la rama judicial vinculados al sistema de carrera puedan aspirar a ciertos cargos”: ii) debido a que “la preparación y el esfuerzo del trabajador, junto con su experiencia profesional -que para estos casos se constituye en elemento de gran trascendencia- son criterios válidos y razonables que fundamentan las decisiones que las autoridades competentes deban tomar al respecto (..)”; iii) habida cuenta que “la facultad conferida a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para reglamentar las etapas del proceso de selección en comento, se apoya en lo previsto en el numeral 3o del artículo 257 del Estatuto Fundamental”; iv) a causa de que “los procesos de selección de los aspirantes a ocupar cargos dentro de la administración pública buscan evaluar la competencia, el talento y demás calidades, no sólo intelectuales del candidato, sino también sus condiciones físicas, humanas y morales, todos los cuales constituyen factores determinantes para la clasificación final”; y v) comoquiera que “[al señalar la norma que dichos procesos serán permanentes, públicos y abiertos, está garantizando una constante e igual oportunidad a todos los interesados y avalando también la imparcialidad que la misma Carta Política condiciona para escoger al mejor candidato (Art. 125 C.P.)”.
Ahora bien, mediante la Sentencia a la que se hace mención, fue declarado exequible el artículo 164 de la Ley 270 de 1996[20], en cuanto la “disposición acata fehacientemente los parámetros fijados por el artículo 125 superior y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional[21], en el sentido de que el concurso de méritos, como procedimiento idóneo para proveer los cargos de carrera, debe cumplir una serie de etapas que garanticen a las autoridades y a los administrados que el resultado final se caracterizó por la transparencia y el respeto al derecho fundamental a la igualdad (Art. 13 C.P.)”.
Ahora bien, la conformación de la lista de elegibles “con quienes hayan superado las etapas anteriores (..) en orden descendente, de conformidad con los puntajes que para cada etapa del proceso de selección determine el reglamento (..)” con “una vigencia de cuatro años”, sin perjuicio del derecho de quienes lo conforman de “actualizar su inscripción con los datos que estime necesarios y con éstos se reclasificará el registro, si a ello hubiere lugar”, fue declarada exequible .
Disponen las normas en mención i) que la designación se hará “de listas superiores a cinco (5) candidatos con inscripción vigente en el registro de elegibles y que para cada caso envíen las Salas Administrativas del Consejo Superior o Seccionales de la Judicatura”; ii) que cada vez que se presente una vacante en cargo de funcionario “la entidad nominadora comunicará la novedad (..)” y, recibida “la lista de candidatos, procederá al nombramiento dentro de los diez días siguientes”; y iii) que, tratándose “de vacantes de empleados, el nominador (..) solicitará (..) el envío de la lista de elegibles que se integrará con quienes ocupen los primeros cinco lugares en el correspondiente registro de elegibles, previa verificación de su disponibilidad (..)”.
No obstante esta Corte, siguiendo la línea jurisprudencial trazada en la Sentencia C-040 de 1995, ya citada, encontró conformes con la Carta Política los artículos 166 y 167 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, toda vez que “si bien para la escogencia de un candidato existen factores de índole subjetivo que una clasificación objetiva no puede determinar, en realidad un juicioso concurso de méritos llevará a la conclusión de que sólo quien haya obtenido el mayor puntaje puede ser beneficiado con el respectivo nombramiento”.
No obstante, se consideró del caso “advertir”, “que el nombramiento que se efectúe con base en la lista de elegibles deberá recaer sobre el candidato al que se ha hecho referencia” –artículo 166- y, frente a la exequibilidad del artículo 167 de la Ley Estatutaria de la Administración de justicia, puntualizar:
En armonía con lo expuesto, el numeral 3 de la Sentencia C-037 de 1996 dispone:
“TERCERO.- Declarar EXEQUIBLES, pero bajo las condiciones previstas en esta providencia (..) el artículo 166; el artículo 167 (..) del proyecto de ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia (..)”.
3.2.2 Facultad de nominación
3.2.2.1 Exclusión mediante resolución motivada y expresa del aspirante mejor calificado
Como quedó explicado, mediante Sentencia SU-086 de 1999[22], al revisar las sentencias proferidas, separadamente, por diversos jueces de amparo, frente a las pretensiones de funcionarios y empleados de la rama judicial, dirigidas a que se restablezcan sus derechos fundamentales, vulnerados porque sus respectivos nominadores no designaron a quien obtuvo la mayor puntuación, esta Corte reiteró i) que “los resultados del concurso son determinantes para los fines del nombramiento”; ii) que la calificación obtenida dentro del concurso “obliga al nominador”, iii) que los nominadores no pueden desatender el Registro de Elegibles “para dar un trato inmerecido -a favor o en contra- a quienes han participado en el proceso de selección; y v) que, “correlativamente, esos resultados generan derechos en cabeza de los concursantes que obtienen los más altos puntajes”.
Expuso la Corte que “las dos expresiones corresponden al mismo concepto -número plural de personas entre las que debe escogerse para el nombramiento o elección- ya que ni la Constitución ni la Ley Estatutaria introducen distinción entre tales vocablos para darles efectos diversos según el tipo de función pública que haya de desempeñarse”.
Agregó que la “única norma que podría dar lugar al equívoco, la del artículo 162 de dicha Ley -que utiliza las dos expresiones, para funcionarios y empleados respectivamente-, no les otorga contenido ni efectos jurídicos ni administrativos diferentes” y que de los artículos 165, 166 y 167 de la misma normatividad se infiere sin hesitación, “tanto en lo que respecta a empleados como en lo que toca con funcionarios de la Rama Judicial”, que "el nombramiento que se realice deberá recaer sobre el candidato que encabece la lista de elegibles, esto es, el que haya obtenido la mayor puntuación", tal como lo dijo esta Corte en la Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996 (M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa), justamente al declarar la exequibilidad del artículo 167 de la Ley Estatutaria, referente a la designación de una y otra categoría de servidores de la Rama Judicial”.
Insistió la Corte en que las razones que se esgriman para excluir a quien debería ser nombrado “(..) deben ser objetivas, sólidas y explícitas y han de ser de tal magnitud que, de modo evidente, desaconsejen la designación del candidato por resultar claro que sus antecedentes penales, disciplinarios o de comportamiento laboral o profesional, pese a los resultados del concurso, lo muestran como indigno de obtener, conservar o recuperar la investidura judicial, o acusen, fuera de toda duda, que antes incumplió sus deberes y funciones o que desempeñó un cargo sin el decoro y la respetabilidad debidos”.
La reserva moral, que fue relevante y muchas veces decisiva en el pasado, no cabe hoy según los principios y mandatos constitucionales. La objeción respecto al nombre de un candidato o funcionario judicial, en cualquier nivel y para cualquier destino, no puede provenir de razones in pectore, guardadas en el fuero interno de uno o varios de los integrantes de la Corporación nominadora. Tiene que proceder de hechos contundentes y efectivos, que puedan sostenerse ante el afectado, quien obviamente, en guarda de sus derechos a la honra y al buen nombre (art. 15 C.P.), al debido proceso (art. 29 C.P.) y a la rectificación de informaciones (arts. 15 a 20 C.P.), al trabajo (art. 25 C.P.) y al desempeño de cargos públicos (art. 40 C.P.), debe poder defenderse”.
Reiteró la Corte, en la oportunidad que se reseña, la consolidada línea jurisprudencial sobre el punto, trazada entre otras, en las Sentencias T-591 de 1992[23] y T-047 de 1993[24], sobre los factores que hacen surgir en el nominador “la convicción moral de que el funcionario no observa una vida pública compatible con la dignidad del empleo (..)”, para destacar que dicha convicción “no equivale a una pura y simple reserva mental, pues de ser así carecería de asidero constitucional y vulneraría, entre otros principios, la presunción de inocencia, el debido proceso y la misma dignidad humana”.
Expuso la Corte, en la Sentencia T-591 que se trae a colación, cómo “[e]l margen de razonable apreciación, inherente al juicio moral” i) “ debe basarse en hechos comprobables que validen la inferencia que se hace y que, como tales, puedan ser en todo momento conocidos y controvertidos por la persona afectada”; y ii) habrá de emitirse “(..) luego de agotar las diligencias y esfuerzos para recabar elementos y presupuestos de hecho y de derecho que garanticen [su objetividad]”.
"No acontece lo mismo respecto de la vulneración de los derechos a la honra y al buen nombre del petente. Los perjuicios derivados de la decisión inmotivada se prolongan hasta el presente y tienen el carácter de irremediables, siendo procedente la intervención judicial para proteger inmediatamente sus derechos fundamentales, así sea en forma temporal. La vulneración de los mencionados derechos fundamentales en esta caso se origina en la ausencia de motivación de la decisión del Tribunal Superior de Antioquia, que ha impedido al petente conocer y controvertir su verdad y validez. Dicho silencio oficial como presupuesto de la reserva moral, tiene para el sujeto un efecto deletéreo de su honra y buen nombre, y mientras se mantenga autoriza a la sociedad y a sus miembros la elaboración de todo tipo de juicios acerca de la presunta conducta que la motivó. De ahí la urgencia de generar transparencia y evitar que se prolongue una secuencia de discriminación (CP art. 13) alrededor de la persona que sufre semejante descalificación".
Cabe precisar, que en Sentencia C-558 de 1994[25] esta Corte se refirió al derecho del afectado a conocer las objeciones formuladas en su contra y a controvertirlas.
En cuanto al contenido de la motivación, esta Corte ha enfatizado, repetidamente i) en que no resulta posible hacer depender del sexo, del nivel económico o social, de la confesión religiosa, de la ideología, de la región de la cual se procede o el partido político al que se pertenece, como tampoco de las aptitudes para desempeñar el cargo, la exclusión de quien ostenta el mayor puntaje en la lista de elegibles –SU-086 de 1999, C-040 de 1995 y ii) que quien ocupa el primer lugar podría no ser designado en razón de su nacionalidad y de sus antecedentes penales y disciplinarios.
No obstante, como pasa a explicarse, el Presidente de la H. Corte Suprema de Justicia considera que la Corporación que preside no está obligada a designar en el cargo al aspirante mejor calificado, según el Registro de Elegibles, elaborado por la Sala Administrativa del H. Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de la facultad conferida en el numeral 2 del artículo 156 de la Carta.
3.2.2.2 Posición de la H. Corte Suprema de Justicia
Agrega la Corporación que, la expresión “elaborar las listas de candidatos” presente en el numeral 2 del artículo 156 constitucional “implica, necesariamente, que se trata de personas que se someterán a proceso de elección, ya que si se tratara de designar al primero de lista, no se trataría de candidatos en el sentido que se atribuye por la Real Academia de la Lengua[26]”.
Siendo así, puntualizó esta Corte, “normativamente lista de candidatos significa que “La provisión de cargos se hará nombrando el primero de listas superiores a cinco (5) candidatos con inscripción vigente en el registro de elegibles y que para cada caso envíen las Salas Administrativas del Consejo Superior o Seccionales de la Judicatura” –destaca el texto-.
Lo segundo i) comoquiera que “[ú]nicamente respecto de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se ha previsto que sean elegidos por los miembros de la respectiva corporación, a partir de las listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura (C.P. art. 231)”; ii) en razón de que el artículo 125 constitucional dispone que todos los empleos del Estado son de carrera, con las excepciones previstas en la Carta y en la ley y que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley, para determinar los méritos y calidades de los aspirantes y iii) debido a que la igualdad de trato “se proyecta sobre todas las relaciones jurídicas y, muy en particular, sobre las que median entre los ciudadanos y las ramas del poder público”.
Ahora bien, respecto del entendimiento que la H. Corte Suprema de Justicia pretende dar al vocablo “candidatos”, contenido en el numeral 2 del artículo 256 superior y en el artículo 166 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, acudiendo para el efecto a su acepción en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, agrega esta Corte:
“Según aduce la Corte Suprema de Justicia, el distinto modo de selección se deriva de la expresión “candidatos”. Tal como se desprende de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la lista de candidatos corresponde a los cinco integrantes de la lista de elegibles que se presentan a consideración de la autoridad nominadora, para que ésta los designe para un cargo (Art. 166 Ley 270 de 1996). De ahí que no pueda desprenderse directamente que la expresión candidatos aluda a un mecanismo especial de escogencia: mediante elección.
Son candidatos quienes aspiran al cargo vacante. No interesa para estos efectos que ocupen el primero o último lugar de la lista de candidatos. Del hecho de aspirar a un cargo, junto a otras personas, no se desprende que el sistema sea por elección. En tanto que aspirantes toda persona que pretenda ingresar a la administración pública es un candidato (sic). Unicamente será designado aquel candidato que supere el sistema de selección previsto en la ley.
12.- En tercer lugar, la Corte Suprema de Justicia señala que esta interpretación no se compagina con la definición de la expresión “candidato” que contempla el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Sobre el particular, ha de advertirse que dicho diccionario no tiene fuerza normativa alguna. Se trata de una herramienta técnica que asiste al funcionario judicial para la interpretación de un texto normativo. Empero, el “tenor literal de la ley” no es el único criterio para comprender y asignar sentido a una norma constitucional. Si bien el juez no puede traicionar y tergiversar el sentido propio de la expresión –para lo cual le asiste el diccionario-, la interpretación del texto normativo ha de comprender la ubicación de la expresión dentro del texto normativo, así como de dicho texto dentro de la Constitución. Con todo, dicho diccionario indica que la expresión candidato se refiere a (i) “persona que pretende alguna dignidad, honor o cargo” o (ii) “Persona propuesta o indicada para una dignidad o un cargo, aunque no lo solicite”. Adviértase que la Academia de la Lengua reconoce tanto el elemento personal –pretender el cargo- como institucional –ser propuesto o indicado-. El pretender, ser propuesto o indicado no implica que deba ser elegido. Antes bien, la expresión constitucional lista de candidatos se ajusta al segundo sentido -ser propuesto o indicado-, en la medida en que únicamente pueden pretender válidamente al cargo las personas incluidas en la lista, es decir, aquellas indicadas o propuestas”.
Ha resuelto esta Corte, por ejemplo, que el nominador deberá tener en cuenta a quien tendrá que dejar el cargo “para futuros nombramientos, según el puesto que le corresponda en la lista de elegibles” –SU 133 de 1998, SU-086 de 1999- y que el nominador deberá garantizar al tercer interviniente, “un cargo de carrera judicial igual al que ocupaba al momento de ser designado, o en uno superior si reuniere los requisitos (incluido por supuesto el resultado del concurso de méritos) y existiere la correspondiente vacante” –SU-613 de 2002-
En reciente decisión la Sala Novena de Revisión, a la vez que ordenó a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia adoptar, en el término de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la decisión, las medidas necesarias para efectuar la designación del aspirante mejor calificado en el cargo de Magistrado de la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Ibagué, dispuso que el H. Consejo Superior de la Judicatura adelantaría las gestiones necesarias para garantizar la reubicación de quien debía dejar el cargo, sin desmejorar sus condiciones –T-521 de 2006-.
4.1 El doctor Luís Carlos González Velásquez interpone acción de tutela contra la Sala Plena de la H. Corte Suprema de Justicia, porque la accionada no lo designó en el cargo de Magistrado del H. Tribunal Superior Superior de Bogotá, para ocupar la vacante dejada por el doctor Ramiro Torres Lozano, a pesar de que ocupaba el primer lugar en la Lista de Elegibles, remitida por la Sala Administrativa del H. Consejo Superior de la Judicatura, para el efecto.
4.2 Las sentencias de instancia serán confirmadas, porque, como lo sostienen las Salas Jurisdiccional Disciplinaria del H. Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y Jurisdiccional Disciplinaria del H. Consejo Superior de la Judicatura, el 20 de enero de 2005 el actor ocupaba el primer lugar en la Lista de Elegibles para proveer la vacante dejada por el doctor Ramiro Torres Lozano en la Sala Laboral del H. Tribunal de Bogotá, conformada mediante Acuerdo No. 2698 del 1° de diciembre de 2004.
4.3 Como consecuencia de lo anterior y con el objeto de preservar la confianza legítima del doctor Eduin De la Rosa Quessep en las autoridades responsables de la carrera judicial, las sentencias de instancia se adicionarán en el sentido de disponer que la Sala Administrativa del H. Consejo Superior de la Judicatura adopte las medidas necesarias, para que el antes nombrado recupere las oportunidades que fueren del caso, atendiendo al puntaje que ostentaba en enero del año 2005, mediante la inclusión en lista para proveer el cargo de Magistrado de la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Bogotá.
ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA T-024 DE 2007 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
ACCION DE TUTELA-Línea jurisprudencial sobre nombramiento del primero de la lista en concurso de méritos (Aclaración de voto)
NOMINADOR-Motivación de la decisión cuando no se nombra al primero de la lista puede quitarle el derecho a ser nombrado en el cargo vacante a quien obtuvo primero puesto (Aclaración de voto)
En mi concepto, la posición de la Corte respecto de aceptar que motivando la decisión el ente nominador puede quitarle el derecho de ser nombrado en el cargo vacante a quien obtuvo el primer puesto en la lista de elegibles, debe ser modificada en el sentido de aceptar claramente y sin excepciones que la persona que obtuvo el puntaje más alto es el mejor calificado para el cargo vacante y debe ser nombrado para éste, no concediendo lugar a motivaciones o consideraciones que den lugar al desconocimiento de este derecho. Por consiguiente, quiero dejar en claro que mi posición jurídica es que se debe nombrar al primero de la lista de elegibles y no se debe dejar ningún resquicio para la arbitrariedad o el desconocimiento del mérito por parte del nominador.
Acción de tutela instaurada por Luis Carlos Gonzáles Velásquez contra la Corte Suprema de Justicia
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Sala Octava de Revisión, me permito aclarar mi voto a la presente sentencia, manifestando no obstante mi conformidad tanto con la parte motiva como con la parte resolutiva del presente fallo.
En primer término, considero conveniente insistir en las razones y en la jurisprudencia reiterada de esta Corte respecto tanto de la procedencia como de la concesión efectiva de la tutela y el amparo de los derechos invocados, en casos en los cuales se trata de la vulneración al debido proceso, al derecho a la igualdad y al acceso a los cargos y funciones públicas, así como cuando se desconoce el principio de meritocracia que debe prevalecer como regla general en la provisión de cargos públicos en un Estado Constitucional de Derecho. Lo anterior, específicamente en aquellos casos en que a pesar de que profesionales del derecho han ocupado el primer lugar en la Lista de Elegibles, remitida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, no son designados por el nominador en las vacantes para las cuales aparecen como candidatos mejor calificados, tal como ocurre en el caso que nos ocupa.
En este sentido, me permito insistir en que existe una línea jurisprudencial consolidada por parte de esta Corporación, en el sentido de considerar no sólo procedente la tutela en los casos anteriormente anotados, sino de conceder efectivamente dicho amparo constitucional, conformada por varias sentencias de unificación con efectos “erga ommes”, como la SU-133 de 1998, SU-086 de 1999, SU-613 de 2002-; así como sentencias de constitucionalidad como la C-040 de 1995, C-037 de 1996, ésta última sobre la revisión oficiosa de la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia; así como una reciente decisión de tutela -T-521 de 2006 de la Sala Novena de Revisión-; decisiones todas estas en las que se fundamenta la presente sentencia y que se encuentran encaminadas a determinar la nominación en la administración pública, especialmente de los cargos en la administración de justicia, en el sentido de reconocer como regla general que el nominador debe designar al profesional que obtenga el mayor puntaje y sea el aspirante mejor calificado y mejor posicionado en la Lista de Elegibles, en desarrollo y en armonía con los postulados de orden constitucional consagrados en los artículos 125, 150-23 y 228 de la Carta Fundamental.
No obstante lo anterior, creo necesario resaltar fundamentalmente en esta oportunidad, la necesidad de una variación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por cuanto la Corte también ha aceptado que excepcionalmente el ente nominador puede presentar razones para no nombrar en el cargo a quien ocupó el primer lugar, exigiéndose que dichas razones deben ser objetivas, sólidas y explícitas - Sentencias T-591 de 1992, T-047 de 1993, SU-086 de 1999 y SU-613 del 2002-, y exigiendo respecto de los criterios de la motivación de la exclusión, que éstos no pueden tener relación con razones de sexo, nivel económico o social, confesión religioso, ideología, procedencia territorial, partido político, o aptitudes para desempeñar el cargo.
Con base en las razones expuestas, aclaro mi voto a la presente decisión.
[1] En el año 2003, el doctor Luis Carlos González Velásquez ocupó los puestos 7°, 1°, 2°, 2°, 2°, 2°, 5°, 2°, 3°, en la Listas de Elegibles remitidas por la Sala Administrativa del H. Consejo Superior de la Judicatura a la H. Corte Suprema de Justicia, para proveer el cargo de Magistrado de Tribunal, según Acuerdos 1475, 1767, 1904, 1923, 1924, 2019, 2020, 2156 y 2514 de 2003 y los puestos 4°, 2°, 1°, en las Listas elaboradas con base en los Acuerdos 2661, 2368 y 2698 de 2004.
[2] “Corte Suprema de Justicia, H. Magistrado José Fernando Ramírez Gómez. Documento presentado “en la audiencia pública citada por el doctor Vladimiro Naranjo Mesa, Magistrado Sustanciador de la Tutela de Yeanneth Naranjo Martínez contra Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, radicación N° T-17340, como criterio unificado de la corporación”.
[4] Sentencia C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[5] Sentencia C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[6] Si bien el Magistrado Ponente de esta decisión, ha sostenido que dada la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista para resolver sobre la nulidad de las actuaciones de la administración y el restablecimiento de los afectados, la acción de tutela no resulta procedente para confrontar con el ordenamiento los actos de nombramiento proferidos por los organismos nominadores de cargos de carrera, no obstante en acatamiento a la jurisprudencia constitucional que en el cuerpo de esta providencia se transcribe, redactó esta ponencia y la sometió a consideración de la Sala Octava de Revisión siguiendo en todo la línea jurisprudencia trazada por la Corte al respecto.
[7] Sentencia T-03 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[8]M.P. Jorge Arango Mejía. En la oportunidad que se trae a colación, esta Corte resolvió confirmar las providencias de instancia, que negaron el amparo a quien abogaba por el restablecimiento de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad, toda vez que obtuvo el primer puesto en concurso de la Administración de la Carrera Judicial de Caldas, celebrado en 1991, para llenar los cargos de Escribientes Grado VI de los Juzgados Segundo (2o.) y Tercero (3o.) laborales del Circuito de Manizales y no fue escogido. En igual sentido Sentencia T-602 de 1992 M.P. Fabio Morón Díaz.
[9] M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[10] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[11] Mediante la Sentencia SU-086 de 1999, que se trae a colación, la Sala Plena de esta Corte revocó las decisiones de instancia, fundadas en la improcedencia de la acción de tutela para controvertir las designación en cargos de carrera judicial. Sostenían los fallos revisados i) que las accionantes debían “acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho -con posibilidad de pedir la suspensión provisional de los actos en cuestión-“, con pleno ejercicio de las garantías constitucionales; ii) que los actos administrativos de nombramiento se amparan bajo la presunción de legalidad, que corresponde desvirtuar ante el tribunal competente, siguiendo las formas preestablecidas; iii) que “tanto el acceso a la carrera como los derechos que de ella se derivan, son derechos regulados en normas legales, no de estirpe constitucional, por lo que al tenor del artículo 2 del Decreto 306 de 1992, no resultan ser derechos de protección inmediata (..)”; iv) que los conflictos surgidos entre quienes integran el Registro de Elegibles y las entidades nominadoras “deben analizarse y fallarse dentro de un proceso ordinario y no en un proceso breve y sumario como es el de tutela”; v) que no es dable al juez de tutela, “desconocer los derechos adquiridos en cuanto a la estabilidad laboral de quienes vienen desempeñando los cargos de magistrados (..)”; vi) que la designación en un cargo de carrera comporta “la protección de otros derechos cuyo amparo y garantía corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa”; v) que resulta “improcedente la viabilidad de la tutela, ya que se trataba de actos administrativos que alcanzaron su perfección y que para lograr su nulidad debe acudirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”; vi) que “el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes (..) envuelve un debate estrictamente legal y, por tanto, ajeno al ámbito de la tutela”; vii) que “(..) los terceros citados no gozan de todas las garantías para ejercitar plenamente su derecho de defensa”; viii) que los aspectos “subjetivos”, necesariamente considerados por el nominador “difícilmente pueden ser examinados por una persona distinta a quien con su voto contribuye al nombramiento por elección”, sin perjuicio de la competencia de “la jurisdicción de lo contencioso administrativo”; ix) que “no se vislumbraba la ocurrencia de un perjuicio irremediable, motivo por el cual tampoco podía accederse al amparo transitorio”; y x) que no le está “permitido al juez constitucional desconocer los derechos de quienes venían ocupando los cargos”.
[12] M.P. Eduardo Montealegre Lynett, con salvamento de voto, en cuanto a la procedencia de la acción, del Magistrado Alvaro Tafur Galvis.
[13] En igual sentido T-451 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T- 344 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[14] Artículos 166 y 167 Ley 270 de 1996.
[15] Sentencia C-040 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[16] Sentencia C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[17] Ley 270 de 1996 “AUTORIDADES NOMINADORAS DE LA RAMA JUDICIAL. Las autoridades nominadoras de la Rama Judicial, son:
(..)” –artículo 131-.
[18] Ley 270 de 1996 “La carrera judicial se basa en el carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio” –artículo 156-.
[19] El artículo 163 del Proyecto de Ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, Estatutaria de la Administración de Justicia, fue declarado exequible con excepción de la expresión recursos humanos, que fue declarada contraria al “contenido axiológico humanístico que informa a nuestra norma fundamental”.
[20] El artículo 164 de la Ley 270 de 1996 i) define el concurso de méritos –“proceso que permite valorar “conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial”, ii) determina la inclusión en el Registro de Elegibles y la ubicación en el mismo de los aspirantes a ingresar o ascender en la carrera judicial y iii) establece las reglas básicas para la operatividad de los concursos y su eficacia.
[21] Corte Constitucional. Sentencia No. C-040 del 9 de febrero de 1995. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.
[22] M.P. José Gregorio Hernández Galindo, con salvamento de voto de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa –ver notas 9 y 10-.
[23] M.P. Jaime Sanín Greiffestein. El actor presentó acción de tutela, para obtener la protección efectiva de sus derechos fundamentales, porque, no obstante haber cumplido los requisitos legales previstos en el Decreto 052 de 1987, que condicionaban la designación en propiedad en el cargo que desempeñaba en periodo de prueba, el Consejo de Estado aplazó la decisión, aguardando el resultado de una investigación disciplinaria. Encontró esta Corte la decisión del nominador ajustada a la Carta, empero solicitó a la Procuraduría General de la Nación acelerar la investigación y remitir el resultado de la misma al Consejo de Estado para que éste resuelva lo que sea legal dentro de un término razonable.
[24] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. “El peticionario solicita, como medida provisional para evitar se le ocasionen perjuicios irremediables a su estabilidad económica, honor, honra y buen nombre, la suspensión de la decisión proferida por el Tribunal Superior de Antioquia de no reelegirlo en el cargo de Juez Agrario que venía desempeñando, con fundamento en una reserva moral aducida sin motivación alguna”. Por consiguiente la Corte ordenó al juez constitucional de primera instancia “la realización de una audiencia pública en el curso de la cual el Tribunal Superior de Antioquia exponga los motivos que fueron tenidos en cuenta para formular la reserva moral respecto del peticionario, a quien se le dará igualmente oportunidad dentro de la misma audiencia para responder y aclarar su posición personal”.
[25] M.P. Carlos Gaviria Díaz. En esta oportunidad esta Corte resolvió, entre otros aspectos, de declarar inexequible el artículo 3º del Decreto 1888 de 1989 -No podrán ser designados ni desempeñar cargo o empleo en la Rama Jurisdiccional (..) h) Las personas respecto de las cuales exista la convicción moral de que no observan una vida pública o privada compatible con la dignidad del empleo” - por exceder el límite material fijado en la Ley habilitante -30 de 1987-.
[26] Sentencia SU-613 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

References: artículo 256
 artículo 125
 artículo 256
 artículo 17
 artículo 131
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 131
 artículo 156
 artículo 157
 artículo 163
 artículo 257
 artículo 164
 artículo 125
 artículo 167
 artículo 166
 artículo 167
 resolución 
 artículo 162
 artículo 167
 artículo 156
 artículo 156
 artículo 125
 artículo 256
 artículo 166
 artículo 2
 artículo 163
 artículo 164
 artículo 3