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Timestamp: 2018-12-15 14:53:42+00:00

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Legislatura LV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19931027 - Número de Diario: 17
Legislatura LV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19931027 - Número de Diario 17
(L55A2PcpN017F19931027.xml)Núm. Diario: 17
Correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio
Senador Emilio M. González Parra
AÑO II México, D.F., miércoles 27 de octubre de 1993 No. 17
El diputado Héctor Morquecho Rivera, informa que da por terminada la licencia que se le había concedido. De enterado comuníquese a la Cámara de Diputados.
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL
Proposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la integración de dicha sala. Se turna a la Primera Comisión con la solicitud de que presenten dictamen en esta misma sesión.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Arsenio Farell Cubillas pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese país. Aprobación y turno al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN SAO PAULO, BRASIL
Se somete a discusión un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano José Angel Abelardo Treviño Martínez, como Cónsul General de México en aquella ciudad. Se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Comisión y protesta.
REPÚBLICA DE VENEZUELA (II)
Informe de las actividades durante el presente receso legislativo. Inclúyase en el Diario de los Debates.
El diputado Juan Gualberto Campo Vega, opina sobre dichos trabajos.
El diputado Juan de Dios Castro, denuncia la venta de terrenos expropiados del ejido de San Juan Ocotán.
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL (II)
Dictamen de la Primera Comisión sobre la elección de magistrados propietarios y suplentes propuestos por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aprobación, comisión y propuesta.
COMISIÓN PERMANENTE (II)
Para expresar sus opiniones respecto de los trabajadores de este cuerpo colegiado, hacen uso de la palabra los legisladores:
Jesús Mario del Valle Fernández
El senador Emilio M. González hace un reconocimiento a quienes colaboraron con la Comisión Permanente.
Se designan las comisiones para participar la clausura de los trabajadores de la Comisión Permanente, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN
Con una aclaración del diputado Juan de Dios Castro, se aprueba.
Presidencia del senador Emilio Manuel González Parra
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una lista de asistencia de 27 legisladores.
El Presidente (a las 11.50 horas):
«Comisión Permanente. - Segundo Receso. - Segundo Año. - LV Legislatura.
27 de octubre de 1993.
Lectura al acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de legisladores.
Propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para integrar la sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral.
Del licenciado Arsenio Farell Cubillas, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito en el Trabajo en la Primera Clase, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano José Angel Abelardo Treviño Martínez, como cónsul general de México, en Sao Paulo, Brasil.
Información sobre las actividades realizadas por la Comisión Permanente.
Intervención de legisladores de los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente.
Designación de comisiones de Cortesía.
Declaratoria de terminación formal de los trabajos de la Comisión Permanente.»
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con doce minutos del día veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de veintisiete legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
A continuación, la misma Secretaría da cuenta con los siguientes documentos:
Invitaciones del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo septuagésimo noveno aniversario de la promulgación de la Constitución Política de Apatzingán; al acto cívico conmemorativo del centésimo vigésimo aniversario del natalicio de
Francisco I. Madero, así como del Congreso del Estado de Oaxaca, en la sesión solemne en la que el gobernador de esa entidad rendirá el primer informe de su encargo constitucional. Se designan comisiones para representar a la Comisión Permanente en cada uno de esos actos.
Se da cuenta con diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, San Luis Potosí, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite las aprobaciones de legislaturas de los estados respecto de las reformas a los artículos treinta y uno, cuarenta y cuatro, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y nueve, ochenta y nueve, ciento cuatro, ciento cinco, ciento siete, ciento veintidós, la denominación del Título Quinto; adición de una fracción novena al artículo setenta y seis y de un primer párrafo al artículo ciento diecinueve, y derogación de la fracción décimo séptima del artículo ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Primera Comisión, con la solicitud de que presente su dictamen en esta misma sesión.
Se da primera lectura y se dispensa la segunda de los siguientes dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Bache Lorenzo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Cuba; para que el ciudadano Javier Ramón Brito Moncada, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Vaticano para que el ciudadano Arturo Wenzel Villalobos, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania en el Estado de Veracruz; para que la ciudadana Lorena Rocío Fernández Lemus, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; para que las ciudadanas Mónica Gabriela Martínez Gay y María de Lourdes Cervantes Contreras, puedan prestar sus servicios en la Embajada Británica en México, y para que los ciudadanos María Pía Iraida Cortés González y Germán Raphael Koby, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
No habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por veintisiete votos. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a la certificación que la Primera Comisión otorga a las aprobaciones de las legislaturas de los estados respecto de reformas constitucionales a las que se dio lectura durante esta misma sesión. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba y el Presidente hace la declaración correspondiente. Pasa al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Se someten a discusión dos dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo relativos a los nombramientos de los ciudadanos José Nemorio Caballero Bazán y Manuel Martínez del Sobral y Penichet, como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México ante los gobiernos de Nueva Zelandia y de la República de Perú, respectivamente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en sendas votaciones económicas se aprueban y se turnan al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Aprobados cada uno de los dos anteriores dictámenes, el Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentran los ciudadanos Caballero Bazán y Martínez del Sobral y Penichet y nombra sendas comisiones para que los introduzcan y los acompañen en los actos de rendir su protesta constitucional. Terminados los actos protocolarios, las mismas comisiones acompañan a los embajadores hasta las puertas del recinto.
Para referirse a cuestiones relativas a los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Issste - León), hacen uso de la palabra los legisladores Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones y José Treviño Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, también en dos ocasiones.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional, quien da cuenta con un memorial de ciudadanos del octavo distrito electoral federal del Distrito Federal. Con respecto a este punto intervienen los legisladores Cristóbal Arias Solís, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones y Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional.
Para referirse a la situación poselectoral en el Estado de Nayarit, suben a la tribuna los
legisladores: Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, quien acepta una interpelación del diputado Castro Lozano y Salvador Sánchez Vázquez, del Partido Revolucionario Institucional, también en dos ocasiones, quien acepta una interpelación del diputado Vázquez López.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a una comunicación de reclusos, del Centro de Readaptación Social de Andonegui, en Tampico, Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con treinta y tres minutos, citando para la que tendrá lugar a las once horas del próximo miércoles veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y tres.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
La secretaría senadora Idolina Moguel Contreras:
«Senador Emilio M. González Parra, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Por este conducto, me permito informarle que a partir del día 1o. de noviembre del presente año, me reintegro a las labores de la LV Legislatura por haber concluido los trabajos que motivaron la solicitud de mi licencia.
México, D.F., a 27 de octubre de 1993. Diputado Héctor Morquecho Rivera.»
De enterado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
El secretario senador Antonio Melgar Aranda:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Suprema Corte de Justicia de la Nación. - Presidencia. - México.
Señor senador Emilio M. González Parra, Presidente de la Comisión Permanente. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 269 - 6 del Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, me permito comunicar a usted que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acordó en la sesión privada celebrada el día 19 de los corrientes, proponer como miembros de la sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral, a las siguientes personas:
Magistrados propietarios: Margarita Luna Ramos, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Meza, Guillermo Velasco Félix.
Magistrados suplentes: Leonel Castillo González, Germán Tena Campero.
México, D.F., a 21 de octubre de 1993. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Ulises Schmill Ordóñez.»
Se turna a la Primera Comisión, con el ruego de que en el transcurso de la sesión presente el dictamen correspondiente.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Ciudad.
El Gobierno de la República de Venezuela, por conducto del ministro del trabajo, doctor Luis Horacio Vivas Peña, ha tenido la gentileza de otorgarme la condecoración de La Orden al Mérito en el Trabajo en la Primera Clase.
A fin de aceptar y, en su caso, usar la expresada condecoración, vengo a solicitar la autorización del honorable Congreso Federal.
México, D.F., a 25 de octubre de 1993. El secretario, licenciado Arsenio Farell Cubillas.»
CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN SAO PAULO BRASIL
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente integrado al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del ciudadano José Angel Abelardo Treviño Martínez como cónsul general de México en Sao Paulo, Brasil, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la propia Carta Magna.
Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el nombrado, consta que el ciudadano Treviño Martínez nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el dieciocho de febrero de mil novecientos cuarenta y dos. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionales por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece que realizó estudios en la Escuela Superior de Economía de Praga en Holesov. Posteriormente, cursó estudios de licenciatura y maestría en la Universidad Comeniana de Bratislava, Eslovaquia.
Los miembros de la Comisión que dictamina deseamos mencionar que el ciudadano Treviño Martínez se desempeñó como secretario auxiliar del director de Escuelas Tecnológicas Industriales del Distrito Federal, y como secretario auxiliar del director de Escuelas Tecnológicas Agropecuarias.
En lo que se refiere a su actividad docente, podemos señalar que impartió clases en las Escuelas Tecnológicas Industriales "4" y "5" de esta capital.
La Comisión que suscribe estima pertinente indicar que el Cónsul General designado cuenta con una amplia experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, al cual ingresó en el año de 1977. En tal virtud, fue agregado cultural en la Embajada de México en Polonia de 1977 a 1980; en la U.R.S.S. fue Agregado Cultural de 1980 a 1982 y consejero de Prensa de 1982 a 1985. Posteriormente, fue Jefe de Cancillería de nuestras Embajadas en Honduras de 1985 a 1988; en Canadá de 1988 a 1991; y en Japón de 1991 a 1992. De agosto de 1992 a la fecha se venía desempeñando como Cónsul General de nuestro país en Río de Janeiro, Brasil.
En acatamiento al Acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó al ciudadano Treviño Martínez a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, la situación de la ciudad de Sao Paulo como un punto importante para la promoción de los intereses de México.
Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma los legisladores que integramos la Comisión que dictamina, dialogamos ampliamente sobre los citados temas con el cónsul general nombrado, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional. De igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.
En dicha entrevista, el ciudadano Treviño Martínez demostró su conocimiento sobre la realidad política, económica, social y cultural de la ciudad de Sao Paulo. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra Patria.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que el ciudadano Treviño Martínez posee los requisitos ordenados por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado Cónsul General.
Por lo antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el ciudadano José Angel Abelardo Treviño Martínez, reúne
en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de Cónsul General de México en Sao Paulo, Brasil, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
Único. En uso de la facultad que le confiere la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano José Angel Abelardo Treviño Martínez como cónsul general de México en Sao Paulo, Brasil.
Salón Leona Vicario y Andrés Quintana Roo del Palacio Legislativo de San Lázaro. - México, Distrito Federal, 27 de octubre de 1993. - Segunda Comisión. - Diputado Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto A. Lugo Gil, secretario; senadores: Leonardo Rodríguez Alcaine, Héctor Terán Terán, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Joaquín González Castro; diputados: Mario del Valle Fernández, Eloy Vázquez López, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Lerdo de Tejada y Manuel Rivera del Campo.»
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano José Angel Abelardo Treviño Martínez, cuyo nombramiento como cónsul general de México, en Sao Paulo, Brasil, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.
Para que lo introduzcan en este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: diputado José Treviño Salinas, senador Raúl Enrique Carrillo Silva y senador Héctor Hugo Olivares Ventura.
Rogamos a los mencionados cumplir con el encargo.
Ciudadano José Angel Abelardo Treviño Martínez:
¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de cónsul general de México, en Sao Paulo, Brasil, que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano José Angel Abelardo Treviño Martínez:
Si no lo hiciéreis así, que la nación os lo demande.
Cuando el señor cónsul desee retirarse, la misma comisión hará el favor de acompañarle.
REPÚBLICA DE VENEZUELA II
La Primera Comisión de Trabajo entregó a esta Presidencia el dictamen relativo a la solicitud de permiso para que el ciudadano licenciado Arsenio Farell Cubillas, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito en el Trabajo en la Primera Clase que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
Ruego a la Secretaría dar cuenta con este asunto.
«Primera Comisión
Honorable Asamblea: la Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano licenciado Arsenio Farell Cubillas, secretario del Trabajo y Previsión Social, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito en el Trabajo, en la Primera Clase, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que
establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Arsenio Farell Cubillas, secretario del Trabajo y Previsión Social, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito en el Trabajo, en la Primera Clase, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 27 de octubre de 1993. - senador Alfonso Martínez Domínguez, presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; senadores: Netzahualcóyotl de la Vega García; Roberto Robles Garnica; Angel Sergio Guerrero Mier; Ricardo Monreal Ávila; diputados: Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Esther Scherman Leaño; Cecilia Soto González y Alberto Carrillo Armenta.»
En virtud de ser ésta la última sesión de esta Comisión Permanente, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se le dispensa la segunda lectura, señor Presidente.
Se ruega a la Secretaría poner a discusión el proyecto de decreto.
Está a discusión el siguiente proyecto de decreto:
Artículo único. Se concede permiso al licenciado Arsenio Farell Cubillas, secretario de Trabajo y Previsión Social, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito en el Trabajo en la Primera Clase que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Señor Presidente, se emitieron 27 votos en pro y dos en contra.
Aprobado el proyecto de decreto con 27 votos en pro y dos en contra.
«Informe de las labores desarrolladas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Honorable Asamblea: Toda vez que en esta fecha se celebra la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente electa para el presente receso legislativo, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 120 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 180 y 181 del Reglamento para su Gobierno Interior, presento el informe de las labores que se llevaron a cabo durante el segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura en funciones.
Durante el presente receso legislativo:
Se efectuaron 16 sesiones ordinarias, una extraordinaria y tres secretas.
Se designaron comisiones de cortesía para participar la instalación y término de esta Comisión
Permanente, tanto al titular del Poder Ejecutivo Federal como a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su vez se designaron 37 comisiones para representar a la Comisión Permanente en informes de gobernadores constitucionales de entidades federativas y en diversos actos cívicos que se realizaron tanto en la ciudad de México como en distintos estados de la Federación.
Se convocó a un período de sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión solicitado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, con objeto de conocer, deliberar y resolver sobre diversas iniciativas de reformas constitucionales y a la legislación ordinaria, así como a un período de sesiones extraordinarias del Senado, con objeto de que ese Cuerpo Colegiado cumpliera con las disposiciones legales y reglamentarias de la Medalla de Honor Belisario Domínguez.
Se formularon seis declaratorias de reformas constitucionales en los términos de los decretos aprobados por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados de la Federación.
Se formularon 11 declaraciones políticas sobre asuntos de carácter nacional e internacional.
Se dio cuenta con la comunicación de un diputado federal que optó por el cargo de gobernador de una entidad federativa y con las de otros dos diputados federales que participaron su reincorporación a sus funciones representativas.
Se otorgaron licencias para separarse de su encargo a siete diputados federales.
Se turnaron a diversas comisiones de la Cámara de Diputados ocho iniciativas de reformas constitucionales y de ley que presentaron diversos grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente.
Se aprobaron dos decretos para otorgar sendos permisos al Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional con objeto de atender invitaciones para la realización de visitas de Estado, oficiales y de trabajo a distintas naciones con las que México sostiene relaciones diplomáticas.
Se aprobó el nombramiento de un Ministro Numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se eligieron cuatro magistrados propietarios y dos magistrados suplentes para integrar la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral.
Se ratificaron los nombramientos de dos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México ante gobiernos extranjeros y de un cónsul general de nuestro país en el exterior.
Se aprobó el nombramiento de un Magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación.
Se ratificaron 50 grados militares conferidos por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a otros tantos miembros de las fuerzas armadas.
Se otorgaron 13 permisos constitucionales a otros tantos conciudadanos para aceptar y usar condecoraciones que les fueron conferidos por gobiernos extranjeros.
Se concedió permiso a cuatro connacionales, para fungir como cónsules honorarios de gobiernos extranjeros en México y a 30 conciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas extranjeras acreditadas en el país.
Se recibieron 20 comunicaciones informando que otros tantos connacionales habían dejado de prestar servicios en representaciones diplomáticas acreditadas en México.
Se recibió una comisión de cortesía de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que comunicó actos propios de su funcionamiento constitucional.
Se aprobó invitar al Estado Mayor Presidencial para colaborar con los órganos de administración de la Cámara de Diputados en los trabajos previos de logística y seguridad de la sesión de Congreso General para la apertura del primer período de sesiones ordinarias del tercer año legislativo de esta Quincuagésima Quinta Legislatura.
Se recibieron seis informes de distintas dependencias de la Administración Pública Federal.
Se recibieron 39 comunicaciones sobre actividades propias de diferentes legislaturas de los estados de la Federación.
Se dio cuenta con ocho memoriales de particulares sobre distintos asuntos.
Se formuló una excitativa a la Comisión de Trabajo para que formulará el dictamen a su cargo.
Se produjeron 267 intervenciones en tribuna, tanto en la discusión de proyectos de decreto sometidos a la consideración de la Asamblea, como en ocasión de la deliberación sobre distintos asuntos abordados por los distintos grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente sobre asuntos inscritos fuera del orden del día.
México, Distrito Federal, a 27 de octubre de 1993. - Senador Emilio M. González, Presidente.»
De enterado. Insértese en el Diario de los Debates, remítase a las cámaras de Diputados y Senadores, imprímase y distribúyase.
Para dar tiempo a que la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente emita el dictamen correspondiente y evitar si es posible un breve receso, vamos a proceder a darle la palabra al diputado Juan Campos Vega, a nombre de su partido.
Los partidos harán uso de la palabra en la Comisión Permanente, para precisar su pensamiento y opinión política.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeros senadores; compañeros diputados:
Creo que hoy que concluyen los trabajos de la Comisión Permanente que funcionó durante este segundo receso del segundo año de la LV Legislatura, es momento propicio para hacer un balance, aunque sea de carácter muy general, sobre lo que hemos realizado durante estos meses. Pero no podríamos tener una opinión adecuada de la importancia de lo que aquí ha sucedido, si no nos remontamos a los tiempos en que el Poder Legislativo, particularmente su Cámara de Diputados, adquirió una nueva dinámica en su labor.
Los miembros del Partido Popular Socialista, estamos profundamente convencidos de que las reformas constitucionales que abrieron la posibilidad para la presencia de los partidos políticos en la década de los 60, para ser precisos en el año de 1964, propiciaron nuevas condiciones para el trabajo legislativo que lo enriquecieron.
Han contribuido a lo largo de estos años a que se vaya ejerciendo cada vez más una mayor vigilancia de la labor que desempeña la administración pública y desde luego la confrontación de ideas, de opiniones, de concepciones políticas e ideológicas, le dio una nueva dimensión al trabajo del Congreso de la Unión, porque aquí se inició en esa época y se ha hecho ya costumbre, que tanto en las cámaras que integran el Congreso de la Unión, como en esta Comisión Permanente, los partidos políticos vengamos a expresar nuestros juicios, nuestras opiniones sobre los problemas más diversos, los que aquejan a las entidades federativas de nuestro país, los problemas de carácter nacional e inclusive de carácter internacional.
A partir de esa histórica XLVI Legislatura, esta práctica no sólo se ha mantenido, sino que se ha enriquecido y es evidente que esta Comisión Permanente no podría ser ajena a este proceso, y también se efectuaron modificaciones en cuanto al número de sus integrantes y también para incorporar en sus trabajos, a representantes de todas las fuerzas políticas que tienen presencia en el Congreso de la Unión.
Y es evidente que estando esta Comisión Permanente limitada desde el punto de vista constitucional para realizar trabajo legislativo, vaya adquiriendo cada vez mayor peso el trabajo parlamentario, y en esta ocasión iniciamos esta labor en un clima de expectación, sobre todo por los frutos que pudiera tener el trabajo de la Comisión Plural, creada en la Cámara de Diputados, para presentar propuestas en materia político electoral.
Durante estos meses hemos podido constatar aquí que si bien tenemos criterios diferentes, valoramos de distinta manera los hechos que se dan en el mundo de nuestro tiempo y en nuestro país. Hay algunos elementos que permiten que se manifiesten importantes coincidencias de todas las fuerzas políticas, independientemente de sus discrepancias en otros terrenos. Y creo que un aspecto fundamental en este sentido del que nos daba cuenta el informe que acaba de ser leído, es la coincidencia de todos los partidos políticos en rechazar las agresiones contra nuestra patria, en rechazar las agresiones contra otros pueblos del mundo que pugnan por su libertad e independencia.
Hemos en estos meses conocido de diversas presiones: por problemas migratorios, agresiones a intelectuales y a artistas mexicanos, declaraciones insolentes de representantes del gobierno norteamericano y ex presidentes de ese país, de injerencia en los asuntos internos de México a pretexto de la ratificación del Tratado de Libre
Comercio; de actos unilaterales y arbitrario, como la llamada "operación bloqueo", y ellos han propiciado en algunas ocasiones, declaraciones políticas que fueron suscritas unánimemente por los seis partidos políticos aquí representados y estos indudablemente que representa un aspecto positivo.
Ha servido también el trabajo que hemos realizado durante estos meses, para expresar nuestra convicción común de que los principios de política internacional contenidos en nuestra Constitución, son compartidos y defendidos por todas las fuerzas políticas, que el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos hizo que nos pronunciáramos favorablemente en torno de diversas acciones internacionales, trátese de reuniones de jefes de Estado, de organizaciones que aglutinan a diversas fuerzas políticas y de declaraciones que condenan actos criminales, como el bloqueo que el gobierno norteamericano mantiene aún contra el pueblo de Cuba.
Esto también representa algo positivo, porque nos permite expresar que estos principios de política internacional que son producto de la historia y de las luchas de nuestro pueblo, siguen orientando en lo fundamental, la política exterior de nuestro país.
Pero es evidente también que aquí hemos tenido y seguiremos teniendo profundas discrepancias, sobre todo cuando confrontamos nuestras opiniones en torno a la política económica que sigue el actual Gobierno.
El Partido Popular Socialista ha expresado en diversas ocasiones, en la Cámara de Diputados y en esta Comisión Permanente, su rechazo a este proyecto neoliberal. Porque este proyecto está demostrando, en todo el mundo y también en nuestro país, que no se está dando solución a los graves problemas que enfrentan México y su pueblo; aunque se trata de ocultar la grave situación por la que atraviesa la gran mayoría del pueblo mexicano, a través de la difusión de estadísticas que no reflejan la realidad, ésta es más terca y nos hace preocuparnos porque los aparentes logros de política económica no se han revertido en una mayor justicia en la distribución de la riqueza, no han revertido el proceso de empobrecimiento a que ha estado sujeto el pueblo de México.
También hemos discrepado de otros instrumentos de política económica, del Tratado de Libre Comercio, que ahora complica aún más su situación con los cambios de gobierno que se han dado en Canadá. Pero creo que la mayor discrepancia, tanto en la propia Cámara de Diputados como en esta tribuna, innegablemente se dio en torno a las reformas constitucionales y legales en materia político - electoral.
Dijimos en aquella ocasión reiteramos ahora, fueron cambios regresivos que no tienden a fortalecer la presencia plural de los partidos políticos en la vida de México; que fomentan un bipartidismo; que ponen un conjunto de trabas y obstáculos a partidos políticos que tienen coincidencias programáticas para poder presentar alternativas conjuntas en los procesos electorales.
Discrepamos aquí también de la solución a problemas sociales que afectan a una gran parte de la población, particularmente de esta capital de la República, como el caso que se refiere al problema inquilinario. Y en torno a todos estos hechos y otros más, debatimos aquí durante largas horas.
En lo fundamental, discutimos cuestiones trascendentales, discutimos cuestiones que interesan al pueblo y que interesan a la nación, con algunas salvedades.
Aquí venimos a expresar, y quiero hacer ese reconocimiento, con entera libertad nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, nuestras posturas. No hubo ninguna cortapisa para los partidos políticos para expresar sus juicios, y creo que eso el Partido Popular Socialista lo valora positivamente y agradece ese gesto de parte de quienes presidieron los trabajos de la Comisión Permanente.
Lamentablemente nuestra labor no se refleja adecuadamente en los medios de comunicación. Quizá interese en algún momento en mayor medida una confrontación cargada de adjetivos, las disputas ríspidas que pudiera haber entre quienes integramos este cuerpo, las notas de carácter amarillista o chusco, que los aspectos trascendentes que aquí se debatieron. Y esto debe preocuparnos a todos los que integramos esta Comisión Permanente, a los diputados y a los senadores, porque gran parte del pueblo de México no sabe lo que nosotros hacemos, no sabe cómo funciona este Poder Legislativo, no sabe cuál es la trascendencia de los actos del Poder Legislativo y así tenemos una gran responsabilidad, como órganos representativos del pueblo y como individuos, de difundir nuestra labor, nuestra opinión, nuestros actos, para que el pueblo de México valore, en su justa dimensión, el papel que este Poder, el único que se integra en forma plural en nuestro país, hace en torno a problemas fundamentales del pueblo y de la nación.
Creo que es sano que esta confrontación ideológica y política continúe y se enriquezca. Creo que no es ocioso intercambiar nuestros conocimientos y nuestras opiniones. Y a juicio del Partido Popular Socialista ha llegado también el momento para que esta Comisión Permanente no solamente cumpla con las funciones que le asigna la Constitución, particularmente en su artículo 79, sino que se recojan en cambios legales estas tareas nada despreciables de la labor parlamentaria que aquí semana tras semana realizan los legisladores mexicanos.
Quiero concluir, compañeros senadores, compañeros diputados, agradeciendo la comprensión de todos ustedes, su participación en los debates aquí suscitados y reiterarles la posición del Partido Popular Socialista, de confrontar ideas en lugar de intercambiar adjetivos. Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
En esta intervención que debiera realizar por parte de lo que corresponde a Acción Nacional un balance sobre las actividades realizadas en la Permanente, me veo obligado por la importancia que tiene, a tratar un problema que confronta una ciudad muy querida para todo México, para todos los mexicanos, por el golpe, uno más, uno más que se intenta dar al pueblo de Guadalajara, un golpe que lamentamos todos, con carácter imprudencial; la explosión de Petróleos Mexicanos; otro golpe moral para el pueblo de Guadalajara; la muerte del cardenal Posadas, y otro golpe, señoras y señores legisladores, éste intencional, por parte del gobernador del Estado de Jalisco y de funcionarios menores, que se pretende asestar al pueblo de Guadalajara.
Tal parece que este pueblo de Guadalajara está destinado en estos últimos años del sexenio a recibir golpe tras golpe, unos por situaciones fortuitas y otros por desidia, negligencia, e irresponsabilidad y me atrevería a decir con dolo, del Ejecutivo del Estado. Voy a dar antecedentes, señoras y señores, acerca del problema que quiero plantear ante ustedes.
El Gobierno Federal, mediante un decreto que expropia del ejido de San Juan de Ocotán 124 hectáreas y media de los terrenos que corresponden a ese ejido, este decreto se dicta en el año de 1989; a cambio de la expropiación, la indemnización que se entrega a los ejidatarios del ejido San Juan de Ocotán se cuantifica en la cantidad de dos mil millones de viejos pesos.
Los terrenos expropiados, 124 hectáreas y media, la Secretaría de la Reforma Agraria los cede al Estado de Jalisco, con las mismas limitantes que se establecieron en el decreto expropiatorio; el objeto, el destino de los terrenos expropiados era la creación de zonas arboladas y convertirlo en parque de recreación para los habitantes de la zona conurbada de la ciudad de Guadalajara.
Para ese efecto, señoras y señores legisladores, se crea un organismo descentralizado que tomó la denominación del parque metropolitano de Guadalajara, ese organismo descentralizado denominado parque metropolitano de Guadalajara, elaboró un proyecto, de los más completos que está todavía en procedimiento de ejecución, proyecto en el que se destinarían 124 hectáreas del pulmón para la zona metropolitana y esta zona y este parque sería el más grande rescate ecológico sin precedente en todo el territorio nacional, un proyecto que se está realizando con el trasplante de árboles adultos que en la actualidad son cerca de cuatro mil árboles con promedio de 20 años de edad.
Un proyecto ecológico en donde se autorizó para su ejecución por el entonces gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, que se continuó con el inicio de la administración del actual gobernador interino, Carlos Rivera Aceves, con objeto de que los árboles adultos que por alguna razón de peso se tuvieran que remover del sitio en que se encontraran, son patrimonio de todos los jaliscienses y no tuvieran que transformarse en desecho.
Se preveía que este parque ecológico sería autofinanciable en su construcción y su mantenimiento vitalicio, lo que garantizaría que no sería una carga para el erario estatal. Y entonces, cuando se creo el organismo descentralizado, se preveía, señoras y señores legisladores, la posibilidad de que gobernadores irresponsables en el futuro, pudieran mutilar este rescate ecológico y se dijo en el proyecto que era necesario instrumentar los mecanismos necesarios para evitar que futuras administraciones sin responsabilidad, mutilaran este rescate ecológico y se conservaran íntegras las 124 hectáreas y media que eran patrimonio de los tapatíos.
No podían, señoras y señores legisladores, permanecer ajenos a este proyecto los legisladores locales de todos los partidos políticos de la entidad, y el día 18 de julio de 1990, se aprobó por unanimidad, con el apoyo de los legisladores de todos los partidos políticos representados en el Congreso local, la iniciativa de decreto que creaba el Parque Metropolitano de Guadalajara como organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Y el proyecto como reserva ecológica, no sólo era y es ambicioso, el proyecto como reserva ecológica no sólo para el Estado de Jalisco, no sólo para la ciudad de Guadalajara; para todo el país es un proyecto extraordinario.
Ese proyecto contemplaba una serie de estaciones con espacios abiertos, para esparcimiento, de deportes, como pudieran ser correr, caminar, ejercicios al aire libre, con establecimiento en ésas áreas de aditamentos que permitieran el esparcimiento de todos los visitantes del área, se proyectaban núcleos de sanitarios, bebederos, teléfonos públicos, colectores de basura, se contemplaba espacio para auditorio al aire libre con capacidad para un mil personas, donde se podrían realizar eventos culturales, audiciones musicales y eventos idóneos a un recinto como ése.
Se proyectaban canchas para competencias de tenis y frontenis, se ha planeado un campo de golf, se han establecido áreas para esparcimiento de todo el pueblo de Guadalajara.
Este proyecto, señoras y señores, después del decreto expropiatorio, los ejidatarios de San Juan de Ocotán afectados por el decreto expropiatorio, donde se les compensaba con dos mil millones de viejos pesos, interpusieron amparo en contra del decreto que expropiaba las tierras que pertenecían al ejido. No por cuanto al objeto, no en contra de la expropiación propiamente dicha, no oponiéndose a la creación del parque, sino única y exclusivamente por lo que respecta a la cuantía de la indemnización.
Únicamente por lo que respecta, señoras y señores legisladores, a la cuantía de la indemnización. Yo no discuto el derecho de los ejidatarios a interponer un amparo cuando se afecta el patrimonio del ejido, no discuto tampoco el derecho que tienen, en caso de que se haya violentando el dispositivo constitucional que establece las condiciones en que debe realizarse la expropiación, para que en apego al principio de estricto derecho y de estado de derecho, se les pudiera conceder la protección de la justicia federal.
Y no me cabe la menor duda tampoco, señoras y señores legisladores, que una autoridad responsable como el gobernador, con responsabilidad por el pueblo de Jalisco, consciente de lo que ese parque significaba para la reserva ecológica del país, incluso la autoridad responsable federal, pudiera haber llegado a un arreglo económico con la parte agraviada y la parte quejosa en el juicio de amparo.
Se trataba del bien común, se trataba del bien del Estado, se trataba del bien del pueblo de Guadalajara, tan golpeado en los últimos años, con actos unos tras otro, y ¿cuál fue la respuesta del gobernador del Estado, Rivera Aceves?, yo digo que una respuesta dolosa e irresponsable, y me quedo corto, señoras y señores.
Una entidad privada, ni siquiera la Universidad del Estado, ni siquiera, repito, la Universidad del Estado, que podía haber utilizado esos terrenos, en caso de que se aceptara su cesión, para jardín botánico o para otros destinos propios del área de investigación. Una entidad privada, la Universidad Panamericana, a espaldas del pueblo de Jalisco, a espaldas de la opinión pública, sin autorización del Congreso local.
¿Qué hace el gobernador, señores? El gobernador celebra, a espaldas de todos, convenio con la Universidad Panamericana, y mediante ese convenio, olvidándose de aquel párrafo de la exposición de motivos, cuando el decreto expropiatorio que obligaba a instrumentar los mecanismos para evitar que futuras administraciones irresponsables pudieran mutilar el parque de Guadalajara, el Parque Metropolitano, celebra convenio para mutilar de este hermosísimo parque, reserva ecológica del pueblo de Jalisco, mutilar 13 hectáreas. ¿Para árboles? No, señores, para estacionamientos de la Universidad. Quiero pensar para canchas de la Universidad.
Esto se supo ya cuando pretende enviarse por parte del gobernador al Congreso local, pretende la autorización para la transferencia de la propiedad. Esto, señoras y señores, no puede tolerarse, no puede tolerarlo el pueblo de Jalisco ni lo puede tolerar el pueblo de México.
La más alta, extensa y grande reserva ecológica dentro de una ciudad, destinada sino dentro de una ciudad. Yo no tengo las pruebas de que haya negocio turbio del gobernador, que pretenda en tan corto tiempo hacer una actividad especulativa con los terrenos y obtener un lucro, pero hay un dato objetivo: ¿saben ustedes a qué precio obtiene la Universidad Panamericana? A 47 nuevos pesos el metro, y ¿saben cuál es el
valor de los terrenos en esa área? A 600 ó 700 nuevos pesos el metro. Ese, señores, es el hecho objetivo.
El convenio celebrado antes ¿en qué consistió?, señores, la Universidad Panamericana entrega cinco mil millones de pesos a los ejidatarios para que se desistan del juicio de amparo, cinco mil millones de viejos pesos para que se desistan del juicio de amparo, y los ejidatarios se desisten del juicio de amparo. ¿Ustedes creen que la Universidad Panamericana desembolsa cinco mil millones de viejos pesos para resarcir las pretensiones, que yo quiero pensar justas de los ejidatarios afectados por la expropiación, sin tener elementos de parte del Gobierno del Estado? La propia Universidad Panamericana manifiesta que hubo un convenio con el Gobierno del Estado, a espaldas del pueblo, y cuando llega su consumación, cuando se pretende enviar al Congreso, es cuando se da a conocer a la opinión pública.
Yo quiero decirles, señores legisladores, que de parte de la autoridad ejecutiva del pueblo de Jalisco, no existe la conciencia entre la diferencia que existe entre el bien común y el bien particular. Quiero pensar incluso que podría hacerse para una universidad estatal, no para este fin, no para este objeto, estacionamiento y canchas, a las que no tendrá acceso el pueblo de Jalisco.
La Universidad dice, y claro que hay defensa, dice: es que yo compro a 47 pesos y no a 600 como vale, porque la adquisición de propiedad tiene límites; yo no puedo construir, van a ser estacionamiento y canchas. Si tuviera libertad plena para construir valdría más, pero argumento que se revierte, y yo pregunto, ¿y por qué no compró terrenos colindantes?, ¿por qué no compró terrenos colindantes?
Iría más allá, iría más allá sobre la responsabilidad de la parte compradora, una universidad, una universidad que desprecia la ecología y el bien común. No lo entiendo.
Señoras y señores, en uno u otro día, de hoy a mañana, de hoy a mañana, de un momento a otro, enviará el gobernador la solicitud al Congreso local de Jalisco, de un momento a otro.
Yo tomo este tiempo, distraigo este tiempo de los señores legisladores de la Comisión Permanente, para tratar de hacer conciencia del golpe que se le pretende asestar al pueblo tapatío; del golpe que se pretende dar al pueblo de Jalisco; del golpe que se pretende dar a esta reserva ecológica por parte de un gobernador. Hasta ahora por parte de un gobernador y funcionarios menores; funcionarios menores que al mismo tiempo que son funcionarios del Estado, representan los intereses de la Universidad Panamericana, y cuya decisión favorece, favorece, repito, el bien particular, sacrificando el bien común.
Yo no creo que sea poco para el tiempo de los legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el que tomen conocimiento de este asunto, el que la opinión pública se entere de que el pueblo de Jalisco no está dispuesto a tolerar esta agresión, nueva agresión, a los intereses del pueblo jalisciense, y menos por parte de una autoridad que debiera luchar por el bien común y no por los intereses particulares de una universidad.
Si se dice, señoras y señores, que no había recursos económicos para poder resarcir, yo les digo que el costo total del proyecto del Parque Metropolitano, el costo total, estaba proyectado en 91 millones de nuevos pesos, y el costo de los ingresos proyectados en el desarrollo del programa, implicaba 100 millones de nuevos pesos.
Tenía y tiene un remanente el Parque Metropolitano de nueve millones de viejos pesos. No puede alegarse falta de recursos; no hay justificación para una decisión irresponsable del gobernador, que ha sido recibida con molestia por todos los medios de comunicación social del Estado de Jalisco, por todo el pueblo de Jalisco.
Convertir pasto, árboles, verdor, vida en Jalisco, en asfalto y propiedad privada, señoras y señores, no es hacer lo mejor para lograr el bien común. Muchas gracias.
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL II
La Primera Comisión de Trabajo, entregó a esta Presidencia el dictamen relativo a la propuesta de magistrados para integrar la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral.
Ruego a la Secretaría dar cuenta con él.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe se turno para su estudio y formulación del dictamen correspondiente, la proposición
formulada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención a la elección de magistrados propietarios y de magistrados suplentes para integrar la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral para el proceso electoral federal del año entrante.
A partir del conocimiento y análisis de la propuesta formulada, con fundamento en el párrafo vigésimo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 113 y 118 de la Ley Orgánica del Congreso y en los artículos 83, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos permitimos someter a la consideración de ustedes el siguiente
I. Normatividad constitucional y legal.
Como es del conocimiento de esta Asamblea, en los términos del decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en materia político - electoral se publicó en el Diario Oficial de la Federación de 3 de septiembre próximo pasado, se otorgó al Tribunal Federal Electoral la calidad de órgano autónomo y de máxima autoridad jurisdiccional para resolver las impugnaciones inherentes a los procesos comiciales. A su vez, se estableció que en su integración participarían los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, al tiempo que se le dotó de competencia para resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones que se presenten en el ámbito electoral de carácter federal.
En sí, la característica fundamental de las modificaciones constitucionales en esta materia se resuelve en el establecimiento de un sistema de heterocalificación de las elecciones para diputados federales y senadores de la República. En efecto, conforme al nuevo texto del artículo 60 de la Carta Magna, es facultad de los órganos competentes del Instituto Federal Electoral la declaración de validez de las elecciones de declaración puede ser impugnada ante las Salas del Tribunal Federal Electoral. Estas emitirán sus resoluciones en los términos de ley, mismas que pueden ser revisadas por la Sala de Segunda Instancia del propio Tribunal Federal Electoral, cuyos fallos serán definitivos e inatacables.
Conforme al párrafo decimosexto del mencionado artículo 41 de la Carta de Querétaro, es procedente la integración de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral, para cada proceso comicial federal ordinario que se celebre en la República. Su integración se hará con la participación del Presidente del Tribunal Federal Electoral, a quien compete presidirla, y con cuatro miembros de la judicatura federal.
Conforme al párrafo decimonoveno del propio artículo 41 de la Ley Suprema, es facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proponer a los cuatro miembros de la judicatura federal que integrarán la Sala de Segunda Instancia, con objeto de que la Cámara de Diputados o la Comisión Permanente, durante los recesos del Congreso de la Unión, haga la elección correspondiente mediante una votación de las dos terceras partes de sus miembros presentes en la sesión que corresponda. En efecto, los párrafos decimonoveno y vigésimo de la disposición constitucional que nos ocupa señalan lo siguiente:
"Los cuatro miembros de la judicatura federal, que con el Presidente del Tribunal Federal Electoral integren la Sala de Segunda Instancia, serán electos para cada proceso electoral por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre los propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no se alcanza esta mayoría, se presentarán nuevas propuestas para el mismo efecto, y si en este segundo caso tampoco se alcanzara la votación requerida, procederá la Cámara a elegirlos de entre todos los propuestos por mayoría simple de los diputados presentes. La Ley señalará las reglas y el procedimiento correspondientes.
"Durante los recesos del Congreso de la Unión, la elección a que se refieren los dos párrafos anteriores será realizada por la Comisión Permanente."
A partir de esta normatividad constitucional, el nuevo capítulo IV del Título Segundo del libro sexto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se refiere precisamente a la Sala de Segunda Instancia. Por su parte, el Capítulo quinto del Título y del libro señalados se refiere en el párrafo seis del artículo 269 al procedimiento de propuesta y elección de los magistrados a la mencionada Sala.
En primer término, cabe señalar que el citado párrafo seis del artículo 269 del ordenamiento invocado señala que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enviará a la Cámara de Diputados o a la Comisión Permanente, según corresponda, una lista suficiente para la elección de cuatro magistrados propietarios y de dos magistrados suplentes a la Sala de Segunda
Instancia. En todo caso, como lo señala la Constitución, la elección se hará con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión que al efecto celebre el órgano del Poder Legislativo de que se trate. De no alcanzarse esa mayoría, se procederá en los términos de la parte final del transcrito párrafo décimo noveno del artículo 41 de la Ley Fundamental. Por otro lado, en el propio párrafo seis del artículo 269 se previene que los magistrados suplentes cubrirán las ausencias temporales o definitivas de los propietarios.
Por su parte, en el párrafo primero del artículo 268 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se precisa la obligación de integrar la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral, cuyos trabajos formales deberán iniciarse en la última semana del mes de agosto del año de la elección, según se desprende de lo dispuesto de la fracción XXIV del artículo octavo transitorio del decreto de reformas al ordenamiento señalado, publicado en el Diario Oficial de 24 de septiembre próximo pasado.
II. Proposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Debe señalarse que en los términos de las disposiciones constitucionales y legales invocadas, el Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró sesión privada el día 19 del mes en curso, misma en que se resolvió proponer a cuatro magistrados propietarios y a dos magistrados suplentes para la integración de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral.
En ese sentido, la proposición que nos ocupa emana de una determinación del más alto órgano del Poder Judicial de la Federación en favor de los licenciados Margarita Luna Ramos (Magistrada del Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia de trabajo); Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia administrativa); Juan Nepomuceno Silva Meza (Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito) y Guillermo Velasco Félix (Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia penal), con el carácter de propietarios; y en favor de los licenciados Leonel Castillo González (Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia civil) y Germán Tena Campero (Magistrado del Primer Tribunal Colegiado de Circuito con residencia en Hermosillo), con el carácter de suplentes.
A continuación se expone una breve síntesis de los antecedentes biográficos y jurisdiccionales de los magistrados propuestos:
a) Magistrada Margarita Luna Ramos. Originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde nació el 4 de enero de 1958. Obtuvo el título de licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha efectuado cursos de posgrado en la división de estudios superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ingresó a laborar en el Poder Judicial Federal en 1975, como oficial adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y desde entonces ha prestado servicios a ese Poder de la Unión, como Actuario Judicial, Segundo Secretario Proyectista en Juzgado de Distrito, Secretario Proyectista de Tribunal Colegiado, Secretario de Estudio y Cuenta de Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juez de Distrito y Magistrada de Circuito.
b) Magistrado Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Nació el 10 de febrero de 1941 en Misantla, Veracruz. Obtuvo el título de licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1965, desempeñándose como Actuario de Juzgado de Distrito durante 13 meses; posteriormente, en enero de 1970 reingresó a ese Poder de la Unión con el carácter de Secretario de Acuerdos de Juzgado de Distrito y desde entonces ha desempeñado los cargos de Secretario de Estudio y Cuenta de Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juez de Distrito y Magistrado de Circuito.
c) Magistrado Juan Nepomuceno Silva Meza. Originario de México, Distrito Federal, donde nació el 13 de septiembre de 1944. Obtuvo el título de licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha prestado sus servicios en el Poder Judicial de la Federación con el carácter de Secretario de Tribunal Colegiado de Circuito, Secretario de Estudio y Cuenta de Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juez de Distrito y Magistrado de Tribunal Unitario de Circuito.
d) Magistrado Guillermo Velasco Félix. Es originario del Distrito Federal, donde nació el 19 de octubre de 1932. Obtuvo el título de licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1963 con el rango de Oficial Judicial y ha desempeñado los cargos de Actuario
Judicial, Secretario de Tribunal Colegiado de Circuito, Secretario de Estudio y Cuenta de Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juez de Distrito y Magistrado de Circuito.
e) Magistrado Leonel Castillo González. Nació en Atapaneo, Michoacán, el 22 de agosto de 1944. Obtuvo el título de licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1971 como Secretario Proyectista de Tribunal Colegiado de Circuito y ha prestado servicios a ese Poder de la Unión como Secretario de Estudio y Cuenta de Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juez de Distrito y Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito.
f) Magistrado Germán Tena Campero, originario de Morelia, Michoacán, donde nació el 25 de septiembre de 1957. Obtuvo el título de licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y ha cursado los programas de especialización en derecho privado, civil y mercantil y en derecho constitucional y administrativo de la división de estudios superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como el programa de especialización judicial en el Instituto dependiente del Poder Judicial Federal. Ingresó a ese Poder de la Unión en 1981 con el carácter de Secretario Proyectista de Tribunal Colegiado de Circuito y se ha desempeñado como Secretario de Estudio y Cuenta de Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juez de Distrito y Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito.
Como puede observarse, los magistrados propuestos han hecho carrera en el Poder Judicial de la Federación, donde se han desempeñado en puestos de eminente preparación para el ejercicio de la atribución constitucional de la impartición de justicia que compete a ese Poder de la Unión, así como en el ejercicio de dicha facultad.
También debemos señalar que ninguno de los magistrados propuestos ha llevado a cabo actividades políticas de orden partidista, por lo que desde luego no han figurado como dirigentes de organizaciones partidistas en ningún nivel y tampoco han fungido como candidatos de algún partido político a puestos de elección popular.
Con base en la información que se desprende del expediente remitido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados que nos ocupan reúnen requisitos idóneos para su nombramiento y desempeño como magistrados de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral.
En virtud de lo expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de ustedes la aprobación del siguiente
Artículo 1o. En los términos de los párrafos decimonoveno y vigésimo del artículo 41 constitucional y del párrafo seis del artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se elige a los magistrados del Poder Judicial de la Federación Margarita Luna Ramos, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Meza y Guillermo Velasco Félix, como magistrados propietarios a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral.
Artículo 2o. En los términos de los párrafos decimonoveno y vigésimo del artículo 41 constitucional y del párrafo seis del artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se elige a los magistrados del Poder Judicial de la Federación Leonel Castillo González y Germán Tena Campero, como magistrados suplentes a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral.
Artículo 3o. Los magistrados propietarios y suplentes a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral rendirán protesta constitucional ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Artículo 4o. Comuníquense estas determinaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Federal Electoral y al Instituto Federal Electoral.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal a 27 de octubre de 1993. - La Comisión. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, presidente; diputados: Diego Fernández de Cevallos, Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Esther Scherman Leaño, Cecilia Soto González, Alberto Carrillo Armenta; senadores: Netzahualcóyotl de la Vega García, Roberto Robles Garnica, Angel Sergio Guerrero Mier y Raúl E. Carrillo Silva.»
En virtud de ser ésta la última sesión de esta Comisión Permanente, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.
En consecuencia, está a discusión el proyecto de decreto. Se abre el registro de oradores.
No habiendo orador en contra, se va a proceder a recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor hacer los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.
Señor Presidente, fue aprobado el proyecto de decreto por unanimidad de 29 votos en pro.
Aprobado el proyecto de decreto por 29 votos.
Comuníquese al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Se encuentran en este salón los ciudadanos Margarita Luna Ramos, Guillermo y Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Meza, Guillermo Velasco Félix, Leonel Castillo González y Germán Tena Campero. Para que los introduzcan a este salón y los acompañen a rendir la protesta correspondiente, se designa a los siguientes legisladores: diputado Pedro Ojeda Paullada, senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputada Cecilia Soto González y senador Manuel Aguilera Gómez, a quienes encargamos den cumplimiento a esta encomienda.
Los ciudadanos, Margarita Luna Ramos, Guillermo y Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Meza, Guillermo Velasco Félix, Leonel Castillo González y Germán Tena Campero:
¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Magistrado de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral, que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Los ciudadanos Margarita Luna Ramos, Guillermo y Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Meza, Guillermo Velasco Félix, Leonel Castillo González y Germán Tena Campero:
¡Sí, protestamos!
Si así no lo hiciereis, que la nación os lo demande.
Para cuando los funcionarios deseen retirarse de este salón, a la misma comisión le suplicamos acompañarlos.
COMISIÓN PERMANENTE II
Tiene la palabra la diputada Cecilia Soto González.
La diputada Cecilia Soto González:
Quiero iniciar el análisis breve o el balance breve de esta Comisión Permanente, leyendo dos frases de un comentario del historiador Gastón García Cantú, a propósito del último debate en la Permanente que me ha conmovido de manera profunda. Dice así: "Si hubiera una forma democrática de referendum para determinar la legitimidad representativa de diputados y senadores, la respuesta sería inequívoca: barrer con ellos, pero tal recurso no existe, así es que sólo nos queda el registro crítico de sus acciones".
Dice después con respecto a los ataques a nuestro país en el seno del Congreso norteamericano y ciertas frases de defensa del presidente Clinton: "El folclórico Congreso mexicano no ha
respondido absolutamente en nada a las siguientes dudas del norteamericano; cuando sean publicadas las actas de estas discusiones se verá que la defensa de México corrió a cargo de algunos diputados o senadores republicanos, el colmo histórico, ciertamente porque ninguna voz desde México se da por enterada de las calumnias". Y para finalizar: "Pasarán lustros para que otra generación más apta para servir al país reconozca en las lecciones de la Reforma cómo se defiende una patria".
Frases extremadamente duras que si vinieran de alguien con menos lustre como historiador, como académico, podrían tomarse a la ligera. Creo que son juicios que nos deben hacer reflexionar. Y es en este sentido que al comparar el registro de nuestras sesiones a través de las actas y comparar los titulares de los asuntos que conmovieron a la nación durante este período de sesiones, interrumpido por un período extraordinario del Congreso, en efecto hay una disparidad importante entre el peso que en nuestros debates legislativos ocuparon los grandes asuntos nacionales y la situación difícil por la que está pasando nuestra nación.
Tenemos mucho que hacer, hay mucho que hacer por restablecer la confianza entre el electorado mexicano del papel de los legisladores, mucho que hacer por nosotros mismos como legisladores y mucho que demandar y exigir a los otros poderes, en especial al Poder Ejecutivo. En trato, en respeto, en envío de trámites a tiempo, que no nos obligue a decidir en materia de horas cosas que pueden ser determinantes para el futuro de la nación.
Durante estas sesiones que llevamos a cabo, la Comisión Permanente incluso fue rehén durante dos horas de una toma violenta del Poder Legislativo, hechos que nunca quedaron suficientemente aclarados y que de nuevo ensombrecieron la confianza de la población en sus legisladores.
En particular creo que no se trata de que no hayamos traído a la tribuna estos grandes temas: el tema de la situación económica, los debates en cuanto al Tratado de Libre Comercio, los ataques en cuanto a nuestros emigrantes, las declaraciones en el Congreso norteamericano en cuanto a los acuerdos paralelos, la política delicada de la situación del campo, fueron temas que fueron tratados, en efecto, sin limitante de tiempo, pero desde mi punto de vista sin la pasión, sin el convencimiento de que éste puede ser el gran foro de la nación. Debate tras debate se fueron diluyendo simplemente en declaraciones, en propuestas, en llamamientos a la Comisión que no tuvieron más repercusión. Creo, como les decía, que tenemos todavía mucho que hacer por recuperar esta confianza. Creo que un juicio como el que refleja el artículo que mencioné, es muy importante a tomar en cuenta, pero también refleja la necesidad de que este Congreso tenga capacidad por sí propia y no a través de los medios de información solamente para informar a la nación de nuestros debates.
Yo quisiera proponer aquí que estas dos cámaras reflexionaran sobre la necesidad de proponer en nuestro presupuesto que aprobaremos en el curso de menos de dos meses, la posibilidad de que el Congreso tuviera su propio canal de televisión para llevar a cabo los debates a toda la población, sin tener que estar sujetos a la necesidad de pagar tarifas comerciales, esto ya ha sucedido en otros países y que de esta manera quien está interesado en los debates de la nación pueda tener una idea certera de lo que debatimos y lo que no debatimos, y no se entere solamente a través de lo que gustan dar a conocer los medios de comunicación.
Esta sería mi reflexión, señor Presidente, señoras y señores legisladores. Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Alberto Carrillo Armenta.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:
Señor Presidente; compañeros legisladores:
Hoy concluyen los trabajos de esta honorable Comisión Permanente, que discutió y debatió en un período muy significativo de la vida política nacional, significación acrecentada como todos sabemos por el hecho de que le correspondió aprobar la convocatoria a un período extraordinario de sesiones en que el Congreso de la Unión, reformuló el marco institucional para normar los procesos electorales, los mecanismos para la integración y representación nacional, y el sistema de partidos políticos en México, en vísperas de la renovación de los poderes y órganos de representación federal.
¿Cuál es la característica principal del tiempo y de los acontecimientos ocurridos? Es difícil decirlo, es un período, desde mi punto de vista, confuso y contradictorio, lleno de paradojas en donde se apuntan soluciones a partir de situaciones
ambiguas y los proyectos gubernamentales parecen salir adelante, además de por su lógica y coherencia a pesar de sus limitaciones y secuelas, porque no hay alternativas mejores.
Peligroso argumento, porque hemos avanzado por un camino que parece claro, pero mucha de su claridad proviene del hecho de que no hay retorno y tampoco existe la posibilidad de quedarnos donde estábamos.
Los marcos de referencia para analizar la realidad pierden capacidad de hacerlo, se achatan instrumentos, conceptos, valoraciones, las ideologías demuestran estar trastornadas y trastocadas, hay que ir a los hechos, examinarlos, valorar a quién sirven, interpretándolos, sabiendo de antemano que un mismo hecho tiene no una, sino varias lecturas posibles y varios beneficiarios que las intenciones no cuentan, nunca han contado, ahora menos porque en la lucha política y social "come más pinole quien acierta en la estrategia". Y como acertadamente precisaba Clousewicks, en la estrategia no hay victoria, la victoria siempre se produce en el combate, en el reino de la táctica, organizada, claro, alrededor de una estrategia.
¿Cómo leer pues la realidad contradictoria? ¿Cómo armar interpretaciones? ¿Cómo vincularlas a puntos de referencia? ¿Cómo valorar estrategias? ¿Cómo saber si un movimiento corresponde a una retirada táctica o a una derrota estratégica? ¿Cómo descubrir los nuevos intereses, los nuevos actores sociales, los grupos de presión, las fuerzas en proceso de constituirse como hegemónicas? Lo rico de este período es eso.
El período significó la exhibición pública de todas las contradicciones, de todas las apuestas, de todos los posibles escenarios y por un momento pudo pasar cualquier cosa, pudo al perfilarse varias opciones, escogerse con los mismos objetivos declarados, con el mismo discurso, caminos distintos. Pero no, se impuso uno solo, se abrió con fuerza inusitada un rumbo, se descubrieron de pronto puntas de iceberg, donde se creía que existían fantasmas, aparecieron fuerzas dominantes y donde se creía había opciones se difuminaron en fantasías.
Se encadenan fuerzas, se definen grupos, se reconstruyen relaciones, se reformulan liderazgos, rodaron cabezas y preparan purgas, mejor dicho reacomodos internos en todas las fuerzas políticas del país.
Se aventuran nombres para la grande y se reflexiona sobre actos sucesorios, algunos llevan sus reflexiones a las masas y procesos internos de preselección, aunque en el fondo induzcan burdamente estrategias imposibles de disociar de su tipo correspondiente de personaje protagónico.
El jefe del partido gobernante reflexiona íntimamente y en secreto, poniendo nerviosos a los llamados a continuar el continuismo anunciado y aparentemente predeterminado.
La situación se aprecia complicada y por complicarse aún más en los próximos meses. La vorágine transformadora del sexenio capaz de realizar transformaciones radicales, profundas, históricas, destructora de tabúes, capaz de convertir piedras angulares y puntos de referencia históricos en mitos geniales, sin que pase nada, sin que se agiten las aguas, tiembla ante la necesidad de transitar esas mismas aguas en la sucesión presidencial.
Temor ante la "calma chicha" del continuismo o lo que es peor, a posibles tormentas, teniendo conflictos y maremotos, se amarra al mástil del bipartidismo y sella con cera los oídos de los marinos que le acompañan para no ceder a la tentación de sirenas que con melodiosos cantos de pluripartidismo o reformulaciones de política económico . social, pueden llevar a la nave a estrellarse en las duras rocas de las insuficiencias, rezagos, reclamos sociales, deudas históricas y demás; cuando el verdadero objetivo requiere más tiempo de navegación para llegar a un destino intuido y señalado por los dioses: la modernidad.
Se comprenderá que a la mejor no es a las sirenas contra las que se debe reaccionar, sino contra el propio Neptuno, que irritado puede emerger del fondo donde duermen los mitos, como el viejo topo marxista, para reaparecer y demostrar precisamente por qué son mitos y por qué el mito es necesariamente recurrente.
Se sigue adelante, seguiremos adelante, al frente, donde ha marchado siempre la estrategia del vencedor; los demás, obligados por ahora a marchar al son que nos toquen, madurando nuestra propia estrategia. Sólo que ahora dos grupos antes antagónicos, reclaman y reivindican la estrategia triunfadora.
¿Qué grupo político realmente gobierna el país? Confusiones hay al respecto; también a este respecto fue aleccionador el pasado período, descubrimos azorados una nueva clase dirigente conformada por una tecnocracia móvil que se desplaza sin ambages entre las cúpulas gubernamentales y las élites del poder. Un nuevo bloque
dirigente, un bloque unificado por valores, algunos hasta culturales, pero principalmente económicos e internacionales. Un bloque que se pretende histórico, pero plagado de añoranzas del pasado, envuelto en los imperativos del presente, pero sin la suficiente fuerza por ahora, para gastarse a sí mismo, depende demasiado de las fuerzas del pasado, de las corporaciones laborales, ejidales, caciquiles, burocráticas, del viejo partido del viejo gobierno que se pretende dejar atrás de su disciplina y su capacidad de aguante.
Si algo es claro en este bloque, es que está más allá de los partidos, más allá incluso, de la clase política que incorpora a sectores del PRI y del PAN, de la producción y de las finanzas, de los jóvenes y de los viejos, del clero político y del clero religioso y hasta algunos opositores jóvenes más distanciados por los ritmos que por los principios. Un bloque que se pretende trasideológico, eficiente, moderno, audaz. Sin embargo, entre el bloque del poder y su programa, se desenvuelve la realidad que a veces, aunque sólo sea a veces, es mucho más terca. La exclusión nunca podrá ser una política duradera, tampoco los sobre privilegios a financieros, mucho menos el olvido de las mayorías, más de 40 millones de pobres o el ninguneo a las nuevas expresiones políticas y sociales, las que tienen menos de 20 años. La reconstrucción del sistema político mexicano no se logrará con los partidos del viejo sistema político, curioso gobierno de jóvenes que quiere gobernar sin ellos, sin sus expresiones, sin sus necesidades.
En este tiempo, la política pareció escenificarse arriba, volteamos todos arriba. En el próximo período que abre sus puertas, tendrá su opuesto. La política tendrá que hacerse abajo, en la lucha por el voto de las mayorías y estas recobrarán su lugar, su espacio, su peso, pronto irá a las urnas una generación que ha crecido en medio de las crisis y de las políticas de ajuste y estabilización, electores que no han conocido realmente una situación en que convivan el crecimiento, la estabilidad de precios, y sobre todo, distribución progresiva de la riqueza. No han sabido de la movilización social, han crecido en medio de la amargura económica y social, en una situación desfavorable para la conformación de hombres seguros, responsables y forjadores de cambios.
Veremos si la solución bipartidista fue el mejor camino para trazar un escenario de certidumbre y confianza para las próximas elecciones federales. Veremos si la nación se fortalece a pesar de las estrategias fatales de confrontación impulsadas como fondo de discursos democráticos. Frente a riesgos y amenazas, insistimos, todos tenemos un papel que jugar. En el Frente Cardenista, lo haremos valorando el país que tenemos, por el país que deseamos construir. Curioso período que vivimos, claro en su confusión, en la confusión de los cambios, contradictorio, aleccionador. Gracias.
Tiene la palabra el diputado Eloy Vázquez López.
El diputado Eloy Vázquez López:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
En ésta, que es la última sesión de esta Comisión Permanente, venimos a exponer algunas reflexiones en torno, tanto a la situación actual que priva en nuestro país, como en torno a los trabajos desempeñados por todos nosotros en este órgano del Poder Legislativo.
Por principio de cuentas, tocó en este período un debate fundamental para la vida del país, como lo fue el que se desarrolla tanto en México como en los Estados Unidos y Canadá, en relación con el Tratado de Libre Comercio. No sabemos, aún hoy, cuál será el destino que correrá este acuerdo, suscrito ya por los ejecutivos de los tres países, ni deseamos, cualquiera que sea el resultado, que se dé en detrimento de nuestro pueblo y de nuestra economía.
Hemos debatido con lealtad, expuesto nuestras opiniones, criticado el mecanismo mediante el cual se procesó y la forma como el Gobierno de México enfocó el asunto. De ello hay suficiente material dentro del Diario de los Debates y en la prensa y otras publicaciones.
Sabemos que las actuales condiciones le son adversas, sobre todo después del triunfo de la oposición liberal en Canadá y con la actitud que se demuestra por parte de los legisladores estadounidenses, y en todo caso los mexicanos creemos, debemos mantener abierta la posibilidad de la renegociación puntual de este Tratado, poniendo siempre a un lado los intereses de coyuntura, los dogmas, y por delante los intereses de la nación y del pueblo mexicano.
Durante este período también se desarrollaron dos eventos importantes, en donde se habló del más profundo problema de nuestro país, como es la pobreza. Se desarrolló en Oaxaca una
reunión internacional en torno a la pobreza y la CEPAL y el INEGI publicaron estadísticas en donde presentan la disminución de los pobres de extrema pobreza en nuestro país.
El hecho de que en ambos momentos se haya planteado una reducción aparente de la pobreza, no descarta que hoy en México haya pobres más pobres que al inicio del sexenio, independientemente de la situación que guarden los que están en la extrema pobreza. Hay más desempleados, hay menos trabajo y la economía está en una situación de desaceleración, que no se ha podido revertir aún con las medidas de política económica que se han implantado.
Esperamos que en el próximo Informe de Gobierno el Presidente de la República ajuste las cifras adecuadamente y nos presente el escenario real de la pobreza, del desempleo y de la reactivación económica.
Creemos nosotros que jugar con las variables macroeconómicas para presentar avances en lo relativo o en lo absoluto, cuando en la realidad existe un deterioro de la vida social y de los grandes conglomerados de trabajadores de nuestro país, no es sino simplemente un recurso político válido que ocupan todos los gobiernos, pero que mientras no se refleje en el bolsillo y en la mesa de las familias mexicanas, no tendrá sustancia material real ni reconocimiento por parte de nosotros.
En lo político, este receso en donde funcionó la Comisión Permanente coincidió con un incremento importante del movimiento social por reivindicaciones económicas y democráticas. Asistimos así a una respuesta inmediata y categórica a las modificaciones al Código Civil en materia inquilinaria, que incluso involucró a esta Comisión Permanente en hechos que nosotros consideramos debieran servir como experiencia para que las leyes aprobadas en ese momento no dejaran el precedente de su mecanismo y que posteriormente el procesamiento de aquello que tuviera efectos sociales, se diera a través del consenso, primero de las fuerzas políticas y de los representantes sociales involucrados.
También asistimos a la modificación constitucional, tanto en materia penal como en materia electoral y aquí comentamos ampliamente cómo en ambos el Ejecutivo Federal se arrogó mayores facultades.
Por lo que toca a las modificaciones penales, virtualmente restableció el desaparecido Ministerio de Justicia, que actuaba plenipotenciariamente y que ahora podrá hacerlo como ministerio público, a través de esas facultades que por presunciones podrá utilizar.
En materia electoral tuvimos un amplio debate en torno a las reformas que se impulsaron y cuyos resultados veremos actuando en la realidad en 1994. Dijimos aquí lo que considerábamos correcto y aceptable, como la ampliación del Senado y algunas otras disposiciones. Criticamos también que encubrieran artificios que le permiten al partido mayoritario sobrerrepresentarse. Y también criticamos el procedimiento electoral que queda en la ley, porque no permite la claridad de los resultados electorales y escamotea la posibilidad de la revisión acuciosa a través de los paquetes electorales y de otros mecanismos que pudieran esclarecer situaciones conflictivas poselectorales.
Dijimos también que asistiremos a las elecciones de 1994 fundados en la actual legislación, queremos dar una muestra de ello y por ello votamos favorablemente el dictamen que hoy se presentó para la composición de la Tercera Sala del Tribunal Federal Electoral. No lo hacemos por ingenuidad ni mucho menos. Si la fuerza mayoritaria y el Ejecutivo Federal entienden nuestra actitud, estamos dispuestos a consensar nombre por nombre la composición de todos los órganos electorales que vigilen y califiquen las elecciones de 1994 si esto es posible y está en el ánimo para que las elecciones sean calificadas y sean organizadas por órganos con una alta calidad moral y con una total capacidad de acción y decisión en nuestro país.
En cuanto al otro punto que nos preocupa basados en esta legalidad, tenemos el asunto del padrón electoral, deseamos un padrón electoral inobjetable en los marcos de la Ley actual, es posible, dijimos antes y reiteramos, encontrar los mecanismos dentro de la Ley, viendo la conflexibilidad que permitan una acuciosa revisión e integración del padrón electoral y del proceso de fotocredencialización. No ha sido atendida adecuadamente esta solicitud y ya desde el Registro Nacional de Electores se avanza en la conformación de un padrón que tendrá objeciones, aún estamos a tiempo y quien tiene la capacidad para responder a este llamado, ojalá le llegue a sus oídos y sea sensible para que el padrón no se constituya en el elemento de discordia del próximo año, como ya lo fue en elecciones locales.
El otro punto que nos interesa sobremanera y haremos en su momento la presentación ante la respectiva Cámara de Diputados, es el relativo
a la libertad de asociación de los mexicanos, no es posible que una disposición menor niegue la posibilidad de integración de coaliciones y candidaturas comunes. Anteriormente era frecuente que al candidato del partido mayoritario se agregaran otros partidos y respaldaran su candidatura por la vía de las candidaturas comunes.
Si esto se eliminó ha sido por pura conveniencia de coyuntura y no porque se base en un análisis sereno de la situación nacional; la libertad de asociación debe ser restablecida, las coaliciones y las candidaturas comunes deben volver a permitirse sin ninguna cortapisa.
Vamos a disputar el próximo año la Presidencia de la República y el Poder Legislativo, lo haremos con una gran vocación de propuesta y con una gran vocación de gobierno, no seremos, no lo somos desde hoy, el partido que incite a la ilegalidad ni a la violencia, tenemos un compromiso con los mexicanos de impulsar nuestra propuesta democrática a través de la vía constitucional y así lo haremos, así lo ha dicho nuestro candidato el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y así lo tenemos presente todos y cada uno de los miembros del PRD.
Asistiremos por lo tanto, con una gran actitud de concertación; esperamos de las otras partes la misma actitud para que podamos encontrar las vías de un consenso nacional que garantice una transición democrática, que garantice elecciones libres, elecciones respetadas, elecciones legítimas. Los resultados, de aceptarse estas condiciones, serán respetados por todos y no sucederán entonces casos como los que hemos comentado acá, de Nayarit, de Guerrero, de Michoacán, de Guanajuato y otros como San Luis Potosí, en donde los conflictos poselectorales han sido resultado de la obstinación de quienes ostentan el poder y quieren mantenerlo y de quienes promueven un candidato impopular por sostenerlo y de quienes pueden promover la realización de elecciones extraordinarias, su negativa a organizarlas y realizarlas.
Creemos que México debe dejar atrás, debe dejar de ser un país de problemas poselectorales, e iniciar una nueva etapa de institucionalidad democrática en donde los procesos electorales se conviertan nuevamente en espacios de legitimación del poder. Para ello estamos dispuestos a contribuir y por ello precisamente, volvemos a reiterar nuestra demanda.
En Michoacán, se requieren elecciones extraordinarias, el actual gobernador está actuando fuera de la Constitución; se ha excedido en sus funciones el Congreso local al extenderle un mandato que no le corresponde, debiera restablecerse la constitucionalidad de aquel Estado y con ello restablecer las condiciones de convivencia democrática entre las fuerzas.
En Guerrero, avanzamos con capacidad de concertación y hoy se están revisando paquetes electorales para esclarecer los resultados municipales; se ha remontado ya la disputa por la gubernatura, independientemente de la naturaleza del actual gobernador y de la elección que lo llevó; sin embargo, quisiéramos reiterar que nuestra actitud no es una actitud ingenua; es una actitud política que debe valorarse, es la actitud de un PRD que está dispuesto, como lo ha estado siempre, a llegar a acuerdos concretos para darle el pueblo estabilidad, confianza, seguridad de que sus gobiernos pueden ser legítimos y legitimados.
El caso de Nayarit requiere una atención especial, aquí lo comentamos en dos ocasiones; hemos dicho que en Nayarit hubo fraude electoral y el fraude electoral se inició desde el proceso de elaboración de las listas nominales de electores y culminó con distintos procedimientos de alteración de los cuales hemos traído pruebas, incluidas boletas semiquemadas que estaban sufragadas a favor del PRD y que fueron desaparecidas de los paquetes electorales por los funcionarios.
Hemos demostrado en la comisión bipartita en la Secretaría de Gobernación, que tenemos la razón, que existen irregularidades suficientes para que el proceso hubiera sido anulado.
Había un acuerdo político mediante el cual Rigoberto Ochoa Zaragoza no entraría al Palacio de Gobierno, hasta que se restableciera o se estableciera un consenso que eventualmente pudiera considerar su reconocimiento como gobernador. Sin esperar al resultado, porque sabía que le sería adverso, Rigoberto Ochoa Zaragoza violó el acuerdo y con ello se llevó entre los pies a las instituciones con las que tiene relación, incluida la Central de Trabajadores de México, don Fidel Velázquez y quien preside esta Comisión Permanente.
Hemos dicho y lo reiteramos: el responsable de los hechos del día 17 y 18 en Nayarit, es estrictamente Rigoberto Ochoa Zaragoza, se le deben fincar sus responsabilidades y él debe responder por ellas, directamente se le debe solicitar su renuncia por quienes tienen la autoridad moral y política para hacerlo. De manera contraria, el Senado de la República, en cumplimiento de
su responsabilidad, debiera iniciar el procedimiento de desaparición de poderes.
Lo que es claro es que en Nayarit existe una inconformidad social que va mucho más allá de lo que es el Partido de la Revolución Democrática. Sectores como la Iglesia y parte del empresariado, han sido agredidos por una política que no tiene nada de razonable ni nada de conciliadora. Se ha puesto al servicio de las armas y de la represión a las instituciones de Nayarit, que debieran garantizar la constitucionalidad y la estabilidad para todos los nayaritas.
No puede permitirse ni por la Secretaría de Gobernación, ni por el Senado de la República ni tampoco por quienes han sido los jefes políticos de Rigoberto Ochoa, que siga manchando el nombre de las instituciones de México, el nombre personal de quienes están relacionados con él y, por lo tanto, se debe buscar la mejor salida.
El PRD no está diciendo que se le entregue a un perredista la gubernatura del Estado, no de manera exclusiva, éste es uno de los escenarios probables de solución, pero no el único. Estamos dispuestos, reiteramos aquí, a estudiar cualquier propuesta sensata de un nayarita honorable que pueda gobernar por consenso. Si esto se diera, el PRD se sentaría en la mesa de negociaciones y haría todo lo posible por restablecer la institucionalidad en torno al gobernador interino y desde luego, esto al margen de establecer las condiciones en que se pudieran realizar elecciones extraordinarias.
Hemos desarrollado una intensa actividad en esta Comisión Permanente y tenemos sin embargo un escenario adverso, a nivel nacional, en torno a nuestras propuestas de acercamiento y conciliación.
Requerimos el consenso nacional y sin embargo hay fuerzas que se empeñan en romperlo, en polarizar. No es el PRD quien pretende la confrontación. Deseamos la competencia leal, porque tenemos capacidad para ganar. No deseamos el enfrentamiento estéril entre los mexicanos, porque sabemos que esto siempre traería costos más allá de los propios responsables. Por ello criticamos la forma en que en este período que abarcó la Comisión Permanente, se dio la actuación de algunos sectores de la administración pública en torno a los medios de comunicación.
Aquí venimos a criticar el que se persiguiera al periodista Miguel Ángel Granados Chapa; nos solidarizamos con la desaparición de espacios televisivos, como el de María Victoria Llamas y otros de carácter radiofónico, y también en esta ocasión quiero aprovechar para brindar la más amplia solidaridad al Diario del Istmo, cuyo editor, señor José Robles Martínez, envió una carta al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en donde le denuncia las presiones a que ha estado sometido este diario, porque el señor Miguel López Azuara, Jefe de Prensa de Patricio Chirinos, pretende que el Gobierno lo adquiera en propiedad, para que deje de ser un diario con vocación abierta, plural, y se convierta en un órgano al servicio del gobierno estatal, esto después de la negativa de los editores de este diario a reseñar en exclusiva las actividades del PRI y a desdeñar la información relacionada opositiva que tenga que ver con el PRD.
Entre las denuncias que este periodista realiza, hay algunas muy graves en relación con Miguel Angel Yunes, que es el Secretario General de Gobierno del Estado de Veracruz. Se le acusa de haber fraguado la provocación en contra de Cuauhtémoc Cárdenas en Veracruz en su gira anterior, y se dan algunos datos que para no abrumarlos se los voy a hacer llegar posteriormente a todos y cada uno de manera particular, en una copia fotostática de la misma carta.
Pero el dato más relevante que da este periodista, es que el gobernador Dante Delgado le entregó a Miguel Angel Yunes 25 millones de dólares para la campaña de Patricio Chirinos, y dice que de ahí surgen algunas propiedades que Yunes ostenta hoy en Veracruz. Puede ser cierto o falso lo que aquí se afirma, lo que es muy constatable es que el asesor fiscal del Diario del Istmo, después de haber desaparecido 10 días, fue encontrado el día de antier asesinado en la zona del Ajusco de esta ciudad. Estos hechos gravísimos, debieran llamar a la reflexión. El asesor fiscal estaba defendiendo justamente a esta empresa de una auditoría que le organizó y propició el propio Miguel Angel Yunes, según la denuncia que hace esta persona en la carta de referencia.
Ojalá la muerte de este licenciado, se pueda aclarar lo más pronto posible para así fincar las responsabilidades en quienes corresponda y deslindar aquellos que pudieran involucrarse por su posición política, como el caso del propio secretario de gobierno de Veracruz. El más interesado en aclarar esa muerte y todos esos hechos debiera ser esta persona, a quien ya hemos tenido aquí en esta Cámara el gusto de debatir con él. Por cierto, conociendo sus posiciones, sabemos que puede ser capaz de varias cosas de las que se le atribuyen.
En cuanto a la Comisión Permanente, particularizando, queremos decir que tenemos una
propuesta para ampliar facultades a este Comisión. Creemos que no es suficiente a que se dedique al mero trámite de algunos asuntos, y debiera por lo menos corresponderle tres funciones más:
Una. La posibilidad de realizar investigaciones. Existen referencias en algunos países de que sus comisiones permanentes tienen esas facultades investigadoras y las ejercen plenamente.
Debiera fiscalizar, en ausencia de las Cámaras, las actividades de los propios funcionarios del Poder Ejecutivo; debiéramos realizar incluso comparecencias de algunos secretarios de Estado en el marco de la propia Comisión Permanente, dando con esto una capacidad mayor de diálogo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Y quizá un elemento adicional sería que esta Comisión Permanente tuviera mecanismos que agilizaran la aprobación de aquellos trámites que constituyen únicamente reconocimientos o autorizaciones, a través de alguna de sus comisiones, sin que tales autorizaciones pasaran por la plenaria, de manera que su labor de la Comisión Permanente, como la puerta de acceso para la iniciación de leyes, tuviera un papel más dinámico.
Para concluir, quiero mencionar únicamente que el próximo 1o. de noviembre se realizará el Quinto Informe del señor Presidente de la República.
Hemos dicho que debiéramos cambiar el carácter ritual de esta ceremonia; que el Poder Legislativo debiera dialogar, franca y respetuosamente, con el Poder Ejecutivo, y la única oportunidad de que el Presidente pueda responder de manera directa a las preocupaciones que el pueblo le hace llegar a los legisladores, es el momento del informe; así los legisladores cumpliríamos nuestro papel como representantes populares.
El PRD ha hecho propuestas y las sigue haciendo en torno a esta ceremonia.
Tenemos tres propuestas. Cualquiera de las tres significaría un avance a las condiciones actuales que tiene todo este procesamiento del Informe Presidencial.
La primera es que el Presidente, al término de la presentación de su informe, responda preguntas que le hagan legisladores en forma respetuosa, organizada y pactando, por un acuerdo parlamentario, el número de intervenciones a que tendrá derecho cada partido.
La segunda propuesta: Que los partidos, en lugar de decir los discursos, en donde fijan posición, antes de que el Presidente presente su informe, los presenten en presencia del Presidente y que éste reciba las opiniones de los distintos partidos, y regrese cinco días después a responder a los cuestionamientos que en sus intervenciones le hagan los señores diputados y senadores, en un acto que sería único y que permitiría, por lo menos, el mínimo diálogo entre ambas instancias de poder, que deben ser consideradas iguales, de acuerdo a su condición constitucional.
La tercera propuesta, que no lo es tanto, es, se constituye más bien en una excitativa: Ya existe la posibilidad, por lo menos en el proyecto de la Ley Orgánica, de que después del informe el secretario de cada rama asista a responder la parte del informe que corresponde a sus actividades, en reuniones con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores o las comisiones respectivas, combinando esta posibilidad con alguna de las otras anteriores, se pudiera encontrar la mejor forma de convertir el Informe Presidencial en un acto verdaderamente republicano, que impulse el equilibrio de poderes y establezca en nuestro país un nuevo clima de relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Quiero concluir reconociendo a todos aquéllos con los que debatimos. Hicimos un debate leal, franco y de acuerdo con nuestras convicciones.
Agradecer también a la Presidencia y a quienes estuvieron al frente de esta Comisión Permanente, sobre todo su actitud en momentos álgidos, como cuando estuvieron presentes organizaciones sociales en esta misma sala y se pudo mantener la institucionalidad de la Comisión Permanente.
Desde luego, agradecer a mi grupo parlamentario la confianza que nos otorgó, y especialmente a su coordinador, el diputado Ricardo Valero, y al grupo de asesores que nos asistió, en quienes pudimos descansar y tuvimos un respaldo eficiente para poder jugar el papel que hemos jugado en esta Comisión Permanente. Muchas gracias.
Se concede el uso de la palabra el diputado Mario del Valle.
El diputado Jesús Mario del Valle Fernández:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Termina hoy un período de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Se cumplió con amplitud un mandato constitucional de la Ley y Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En este período de sesiones, las Cámaras de Diputados y Senadores han sido dignamente representadas y se ha mantenido la atención sobre los asuntos de la vida política, económica y social del país, así como la problemática nacional y la demanda de protección de nuestros connacionales.
No cabría hacer un recuento pormenorizado de este intenso trabajo, mismo del que ha dado cuenta la Secretaría y que ha quedado consignado en el Diario de los Debates.
Pero sí conviene señalar que a esta Comisión Permanente le ha tocado vivir tareas y circunstancias especiales, así como críticas, en que se puso de manifiesto la voluntad política, madurez y liderazgo parlamentario del Presidente de esta Comisión Permanente, senador Emilio M. González y el equipo de trabajo plural que le apoyó. Vaya por ello el reconocimiento de mi fracción parlamentaria.
En las jornadas de trabajo desarrolladas permeó la vehemencia, la pasión, las razones, los argumentos y a veces hasta el humor. Todos los legisladores cumplieron su cometido en la tribuna en comisiones y en el pleno. Todos ejercimos la libertad para analizar y opinar, bajo una perspectiva personal y partidista, las cambiantes circunstancias políticas, económicas y sociales del país, así como la problemática nacional e internacional que nos afecta. Cuenta de ello dieron los medios de comunicación aquí representados a todo el país, por lo que reconocemos su labor.
Ha habido consensos y disensos en la discusión de los asuntos que atañen a los ciudadanos y a la nación, no ha habido diferencias de perspectiva, sólo énfasis y a veces más que esencias y sesgos que abismos. Más que inclinaciones moderadas que posiciones irreductibles, las discusiones contribuyeron a elevar la cultura del análisis, el debate plural y que mucho enaltece la vida política nacional partidaria y parlamentaria. Los debates pusieron de manifiesto que la nación está viva y delibera, discute y polemiza, y lo hace a través de sus representantes populares.
Que se buscan cambios posibles para el cambio de las circunstancias nacionales, que se buscan alternativas viables para el país y la sociedad, que integramos todos. Asimismo se han hecho pronunciamientos y se han tomado las acciones conducentes, para enfrentar controversias externas que implicaban un daño a nuestras instituciones y a nuestros connacionales. No hemos evadido nuestra responsabilidad de vigilar la soberanía nacional y la integridad de nuestra sociedad.
En este período que hoy concluye, se verificaron 17 sesiones. Fueron más de 70 horas de trabajo, ha habido más de 277 intervenciones en tribuna considerando las del día de hoy.
Se llevó a cabo un trabajo político legislativo, en que los representantes populares del pueblo de México ratificamos nuestra disposición, para que a través de la búsqueda de consensos encauzar la voluntad popular hacia un progreso en un marco de libertad.
El balance que hacemos hoy los legisladores del Partido Revolucionario Institucional respecto a los trabajos de esta Comisión Permanente resulta positivo, no sólo por el contenido sustantivo de las labores realizadas sino por la enorme riqueza de acervo político discursivo que en este recinto que se ha vertido por todos y todas las fracciones parlamentarias.
Indiscutiblemente que en la libertad de expresión con que los legisladores de los diversos partidos políticos hemos hecho gala, se han sostenido ópticas diferentes de la problemática nacional. Sin embargo, estamos seguros que todos hemos estado animados por una vocación de servicio y amor a México.
Este ha sido un ejercicio democrático, plural, pletórico de actividad, tanto de priístas como de los compañeros de otros partidos que juntos trabajamos con intensidad y entrega. El trabajo colectivo que se llevó a cabo no es patrimonio de ninguna fracción parlamentaria, sino que constituye un esfuerzo conjunto de cuyo contenido será juez la historia de México. Muchas gracias.
Habiendo llegado hoy al fin de la sesión en el trabajo de esta Comisión Permanente, la directiva de la misma desea expresar su reconocimiento a los medios de difusión, al personal administrativo que colaboró con nosotros y, sobre todo, destacar la importancia que han representado
los trabajos de esta Comisión Permanente; la unidad ha sido nuestra norma.
Tratamos durante los trabajos de la Comisión Permanente que la cordialidad, la decencia política y la acción política y electoral normaran en el campo de la democracia, las actividades de la Comisión Permanente.
La Comisión Permanente trató, a través de su directiva, durante las actividades de sus trabajos, mantener la armonía y la cordialidad, el afecto y la amistad y el respeto para todos; amplia libertad para participar en los debates que hemos realizado; amplia libertad a efecto de que en la Comisión Permanente no hubiera una sola cortapisa que entorpeciera el derecho a la libertad y al de la palabra.
Procuramos que en la Comisión Permanente fuera la unidad en la actividad y en el trabajo la que encauzara y orientara el rumbo; procuramos tratar a ustedes lo mejor posible, brindar a ustedes durante los trabajos, las actividades que representaron nuestra responsabilidad, y esperamos haber dado respuesta a este hecho, a este acontecimiento y a esta responsabilidad.
Quisimos y hemos querido actuar en un campo político de excelsa responsabilidad, ojalá que lo hayamos logrado. Para todos nuestro saludo, nuestro respeto y nuestra consideración.
Para proceder a la designación de comisiones, pedimos a la Secretaría dé cuenta con ellas.
Por instrucciones de la Presidencia, la mesa directiva, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa para participar la terminación de las sesiones ordinarias de esta Comisión Permanente, las siguientes comisiones de cortesía:
Al Presidente de la República: la Comisión Permanente en pleno. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, senador Antonio Melgar Aranda, diputado Manuel Rivera del Campo, diputado Mario del Valle Fernández y senador José Joaquín González Castro.
Se hace del conocimiento de la Asamblea que la Comisión Permanente concurrirá a la residencia oficial de Los Pinos el día de mañana jueves 28 de octubre a las 18.30 horas.
Por lo que hace a la visita de cortesía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se realizarán las gestiones correspondientes para cumplir con el cometido.
Ahora, para proceder a la declaratoria de clausura por el ciudadano Presidente de la Comisión Permanente, senador Emilio M. González, se invita a los presentes a ponerse de pie.
La Comisión Permanente del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio durante el segundo receso del segundo año de la LV Legislatura, hoy, 27 de octubre de 1993, declara formalmente concluidas las sesiones ordinarias de su período constitucional.
Se va a dar lectura al acta de esta sesión.
«Acta de la sesión de clausura de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LV Legislatura.
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cincuenta y tres minutos del día veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de veintisiete legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da cuenta con la propuesta que formula el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la elección de magistrados propietarios y suplentes de la sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral y sobre la solicitud del licenciado Arsenio Farell Cubillas, sobre el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela. Se turnan a la Primera Comisión, con la súplica de que formulen y presenten su dictamen en el transcurso de la sesión.
Se somete a discusión un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano José Angel Abelardo Treviño Martínez, como cónsul general de México en Sao Paulo, Brasil. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Treviño Martínez y designa una comisión para que lo introduzca y lo acompañe en el acto de rendir su protesta constitucional.
Terminado el acto protocolario, la misma comisión acompaña al Cónsul de México en Sao Paulo hasta las puertas del recinto.
La propia Secretaría da cuenta con el dictamen de la Primera Comisión que propone conceder el licenciado Arsenio Farell Cubillas el permiso solicitado para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Venezuela. Se le dispensa la segunda lectura y puesto a discusión, se aprueba en votación nominal. Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
La Secretaría da cuenta con el informe de actividades realizadas por la Comisión Permanente durante el presente receso legislativo. Inclúyase en el Diario de los Debates.
Para referirse a los trabajos de esta Comisión Permanente hace uso de la palabra el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
Con relación a la expropiación de terrenos del ejido de San Juan Ocotán, que efectuó el gobernador de Jalisco, hace uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional.
En seguida la Secretaría da cuenta con el dictamen de la Primera Comisión que propone elegir a los magistrados propietarios y suplentes propuestos por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para integrar la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral. Sin discusión se aprueban por unanimidad en votación nominal y la Presidencia designa una comisión que acompañe a los magistrados al rendir su protesta constitucional. La misma comisión los acompaña al momento de retirarse del recinto de la Comisión Permanente.
Para continuar con las expresiones sobre el desarrollo de los trabajos de este órgano del Congreso General, el Presidente concede el uso de la palabra a los oradores representantes de los grupos parlamentarios del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional.
Se designan las comisiones de cortesía para informar de la terminación de los trabajos de la Comisión Permanente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Puestos todos de pie, el Presidente hace la declaratoria formal de clausura.
Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al acta de la presente sesión.»
Señores legisladores, está a discusión el acta...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Perdón señor Presidente, nada más una precisión en el acta.
El motivo central de mi intervención no fue propiamente la expropiación, sino la pretensión de vender parte de los terrenos expropiados a una entidad privada. Con esa aclaración.
Pasa a la Secretaría para la inscripción correspondiente.
Habiendo tomado nota de la precisión que hizo el señor diputado Juan de Dios Castro, de Acción Nacional, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada...Aprobada señor Presidente.
La Presidencia con toda cortesía se permite recordarles que la visita a Los Pinos, es el día de mañana jueves 28 a las 18.30 horas.
El día de mañana jueves 28 a las 6.30 de la tarde, para visitar al señor Presidente de la República.
(A las 14.45 horas.) Se levanta la sesión.
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

References: artículo 269
 artículo 79
 artículo 89
 artículo 23
 artículo 79
 artículo 37
 artículo 59
 artículo 161
 artículo 79
 artículo 41
 artículo 60
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 269
 artículo 269
 artículo 41
 artículo 269
 artículo 268

Artículo 1
 artículo 41
 artículo 269

Artículo 2
 artículo 41
 artículo 269

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 59
 artículo 161
 artículo 11