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Timestamp: 2019-07-20 06:44:38+00:00

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Normas referentes a la utilización del poder de compra que concentra en su jurisdicción el Estado.
Bs. As., 23/12/70
Artículo 1º — La Administración Pública Nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas o descentralizadas, las empresas del Estado y las empresas concesionarias de servicios públicos, deberán:
a) adquirir materiales, mercaderías y productos de origen nacional, dentro de las normas del Decreto-Ley Nº 5.340/63 y las disposiciones complementarias que establece la presente;
Art. 2º — Cuando en los proyectos de las obras o servicios a contratar existan diferentes alternativas técnicamente viables, se elegirán preferentemente aquéllas que permitan la utilización de materiales y productos que puedan ser abastecidos por la industria nacional, o desarrollados por ella. A este fin:
a) las especificaciones indicarán siempre bienes que puedan producirse en el país, salvo cuando la industria nacional no ofrezca ni sea capaz de ofrecer alguna alternativa, total o parcial viable y a precio razonable. Se juzgará alternativa viable aquélla que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico similar y en condiciones satisfactorias de calidad; y por precio razonable, el que no supere el del bien a importarse, determinado de acuerdo al procedimiento de comparación que establece el Decreto-Ley Nº 5.340/63. Si el bien nacional y el bien a importarse fueran diferentes y distinto el derecho que correspondiere si a ambos se los trajera del exterior, en la comparación se utilizará el derecho mayor;
Art. 3º — Para proceder a una adjudicación a favor de los bienes provenientes del exterior, el comitente deberá preparar previamente y dar a publicidad, un informe técnico que muestre el cumplimiento de los requisitos del artículo 2º de esta Ley y de los que establece el Decreto-Ley Nº 5.340/63 y sus disposiciones complementarias.
Art. 4º — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países u organismos internacionales, condicionadas a la reducción del margen de protección y de preferencia para la industria nacional por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación y concertadas con posterioridad a la vigencia de esta Ley, serán orientadas al cumplimiento de los siguientes requisitos:
(Nota Infoleg: Por art. 3º de la Ley Nº 20.649 B.O. 06/03/1974, se establece que los incisos a) y b) del presente artículo no serán de aplicación a las licitaciones internacionales abiertas por Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. para la realización del plan de obras 1974/76/77.)
Art. 5º — En el caso de compras reiteradas de los mismos bienes o de compras susceptibles de ser normalizadas, los comitentes procurarán concertar acuerdos de largo plazo con la industria nacional a fin de asegurarle una demanda adecuada y programada, y poder exigir como contrapartida inversiones, reducciones en los costos, y mejoras en la calidad. Los Ministerios y las Secretarías de Estado adoptarán el mismo procedimiento cuando dos o más reparticiones o empresas en su jurisdicción realicen compras comunes. Los acuerdos podrán estar condicionados a la inexistencia de licencias que prohiban exportar a las firmas proveedoras y eventualmente al compromiso de exportar una parte de la producción.
Art. 6º — En la aplicación de la presente Ley se contemplará especialmente la situación de materiales, mercaderías y productos originarios y provenientes de los países miembros de ALALC e incluidos en las Listas Nacionales y Especiales argentinas, cuando en sus países de origen se aplique un tratamiento efectivamente igual, a las compras de los materiales, mercaderías y productos de origen argentino.
Art. 7º — Una empresa industrial, de construcción o proveedora de servicios, excluidas las de ingeniería y consultoría, será considerada empresa local si ha sido creada o autorizada a operar de conformidad con las leyes argentinas, tiene su domicilio legal en la República y acredita que el ochenta por ciento (80%) de sus directores, personal directivo y profesionales tiene domicilio real en el país. En todos los casos será factor decisivo para dicha calificación la consistencia y evolución de las inversiones de la empresa en bienes de capital, en los dos años anteriores a la contratación.
Art. 8º — La construcción de obras y la provisión de servicios, salvo casos excepcionales y aprobados previamente por una Resolución del Ministerio competente, en los que se demuestren razones valederas para la licitación o contratación internacional, se contratará exclusivamente con empresas locales. El Poder Ejecutivo podrá imponer condiciones de antigüedad a dichas empresas, en atención a la importancia y a las características de las obras, y restricciones a la cesión o transferencia de los derechos adquiridos en virtud de esta ley.
Art. 9º — Las comparaciones de ofertas de bienes, de obras y de servicios se harán siempre a base de precios reducidos a valores de contado. En el caso de operaciones con financiación del exterior, el valor total de las ofertas, incluyendo intereses y gastos conexos, será disminuido en los montos que corresponden a la aplicación de los intereses y gastos normales en la plaza de origen para este tipo de operación. Igualmente, en caso de ofertas locales financiadas, se procederá a deducir el importe total de los intereses y gastos conexos normales vigentes en la plaza local. Este procedimiento reemplazará al que establece el inciso a) del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 5.340/63 para el caso de las compras financieras.
Art. 10. — En las licitaciones y en los pedidos de cotización que admitan la concurrencia de bienes importados o de empresas del exterior, se podrán exigir a los proveedores locales de bienes, obras o servicios, plazos de financiación mayores de ciento ochenta (180) días, solamente cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:
Art. 11. — Se asignará el carácter de empresas locales de capital interno a las que, además de cumplir con todos los requisitos de empresas locales, tengan la dirección efectivamente radicada en el país, conforme al principio de la realidad económica, sin que medien vínculos de dependencia directa o indirecta respecto a entidades públicas o privadas del exterior. La adecuación del concepto de radicación efectiva de la dirección será determinada por vía reglamentaria e incluirá el requisito de la mayoría de capital interno. En el caso de sociedades anónimas este requisito podrá ser reemplazado por una limitación al monto de remesas al exterior en concepto de dividendos, licencias, etc. Las empresas locales que no se ajusten a la antedicha exigencia, serán consideradas de capital externo. Las licitaciones no podrán contener cláusulas que en los hechos otorguen ventajas a las empresas locales de capital externo, respecto a las de capital interno.
Art. 12. — En los casos de estimarlo justificado, el Poder Ejecutivo podrá disponer o autorizar que los pliegos de licitación incluyan cláusulas de preferencia a favor de las empresas locales de capital interno, suficientes para compensarlas por el mayor costo de financiación derivado de su menor acceso a los avales y a los créditos externos, en comparación al que tienen las empresas del exterior y las locales de capital externo.
Art. 13. — Al mismo fin del artículo anterior, el Banco Central de la República Argentina instrumentará regímenes especiales de créditos y de garantías bancarias, destinados a posibilitar el desenvolvimiento financiero de las empresas locales de capital interno, en lo que atañe al descuento de obligaciones de pago que emitan las entidades comprendidas en el artículo 1º, las provincias, las municipalidades y las entidades que dependan de ellas. Dicho Banco tomará en cuenta esas financiaciones al coordinar con el Ministerio de Economía y Trabajo de la Nación la programación monetaria.
Art. 14. —A los fines del presente régimen, se considerará profesional local al que tenga su domicilio real en el país y esté habilitado por la legislación vigente para ejercer su profesión e inscripto en el Registro Profesional correspondiente. Para ser considerada local, una firma proveedora de servicios de ingeniería o consultoría deberá tener la dirección efectivamente radicada en el país, conforme al principio de la realidad económica, sin que medie vínculo de dependencia directa o indirecta respecto a entidades públicas o privadas del exterior. La adecuación del concepto de radicación efectiva de la dirección será determinada por vía reglamentaria.
Art. 15. — Los profesionales locales y las firmas de ingeniería y consultoría locales, incluidos en el presente régimen, deberán tener absoluta independencia de relación con empresas proveedoras o fabricantes de equipos, contratistas de obras públicas o sociedades financieras que puedan comprometer la objetividad de su juicio.
Art. 16. — Los servicios de ingeniería y de consultoría se contratarán con profesionales o firmas locales. El Poder Ejecutivo podrá restringir el empleo de los primeros e imponer condiciones de antigüedad a los segundos, en atención a la importancia y a las características de la obra, y restringir la cesión o transferencia de los derechos adquiridos en virtud de esta ley. Las modalidades de contratación, y en especial la distribución de los trabajos en el tiempo, se ajustarán a la capacidad local de ejecución. Se podrá contratar con firmas o profesionales extranjeros únicamente en casos excepcionales, aprobados previamente por Resolución del Ministerio competente, que sólo podrá fundarse en la falta de capacidad técnica local en el asunto del servicio o de la consulta, e imposible de suplir por vía de subcontratación, debiendo darse a publicidad el dictamen técnico correspondiente. No se aceptarán, en ningún caso, créditos para financiar estudios atados a la provisión de servicios de consultoría del exterior.
Art. 17. — De contratarse, en el caso previsto por el artículo 16, con firmas o profesionales del exterior, éstos, además de cumplir con las condiciones de dicho artículo, estarán sujetos a la obligación de asociarse con una firma local. Las firmas originarias de países miembros de ALALC que ofrezcan reciprocidad a las firmas locales y llenen, en su país de origen, condiciones equivalentes a las que deben cumplir éstas en Argentina de acuerdo a la presente ley, serán exceptuadas de la restricción prevista en el artículo 16, pudiendo ser contratadas en igualdad de condiciones con dichas firmas locales.
Art. 18. — La contratación de servicios de ingeniería y de consultoría se efectuará fundamentalmente de acuerdo a la calificación de las firmas consultoras hecha por el comitente, con la exigencia de que el precio sea comparable con el que se paga habitualmente, en lugar y tiempos similares, por trabajos de extensión y naturaleza equivalentes, ejecutados por profesionales o firmas de ingeniería y consultoras independientes, altamente calificados. La forma de pago de honorarios y gastos por parte de las entidades comprendidas en el artículo 1º será al contado, en cuotas parciales, en forma proporcional al trabajo realizado y con los anticipos razonables que permitan compensar los requerimientos financieros de las firmas.
Art. 19. — Cuando una entidad utilice sistemáticamente los servicios de profesionales o firmas de ingeniería y consultoría para prestaciones específicamente determinadas y con bases o antecedentes para la fijación de las remuneraciones, podrá asignar los trabajos de acuerdo con un registro confeccionado por medio de un concurso público de antecedentes, teniendo en cuenta para el orden de asignación la calificación que le merezcan los profesionales y firmas y la capacidad técnica que acrediten, como asimismo la necesidad de promover la incorporación de nuevas firmas. Para esto último los registros deberán ser reactualizados periódicamente a fin de dar cabida a los nuevos profesionales y firmas.
Art. 20. — La Comisión Asesora establecida por el Decreto-Ley Nº 5340/63, tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y, en particular, del informe técnico al que se refiere el artículo 3º. La intervención de dicha Comisión Asesora con el mecanismo y a los efectos previstos en los artículos 11 y 12 del Decreto-Ley Nº 5.340/63, será obligatoria.
Art. 21. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dictaren las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente o retardaren la ejecución de los actos precontractuales o contractuales declarados obligatorios por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.
Art. 22. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin animo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias, a las empresas locales, a las empresas locales de capital interno o a los profesionales y firmas consultoras locales, incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.
Art. 23. — En el caso de que la aplicación de la presente anulare, total o parcialmente, ventajas promocionales otorgadas a entidades de las comprendidas en el artículo 1º de esta ley que compitan con empresas a quienes no alcancen sus disposiciones, el Poder Ejecutivo podrá arbitrar las medidas compensatorias pertinentes.
Art. 24. — El Poder Ejecutivo podrá exceptuar en cada caso de las disposiciones de la presente ley, las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios con destino a la defensa nacional, cuando por motivos debidamente justificados ello resultare necesario o conveniente.
Art. 25. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas para establecer, en las respectivas jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.
Art. 26. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquéllas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.
Art. 27. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.
Alejandro A. Lanusse.
(Nota Infoleg: por art. 27 de la Ley N° 27.437 B.O. 10/5/2018 se mantiene la vigencia de la presente ley, en todo aquello que no se oponga a la ley de referencia)
(Nota Infoleg: Por art. 18 de la Ley Nº 25.551 B.O. 31/12/2001 se da por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia de la presente ley, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la mencionada ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.)
(Nota Infoleg: Por art. 23 de la Ley Nº 23.697 B.O. 25/09/1989 se suspende el régimen establecido por la presente ley.)
(Nota Infoleg: Por art. 4º del Decreto Nº 632/87 B.O. 28/05/1987 se exceptúa de lo dispuesto por la presente ley, por razones de grave emergencia nacional, la ejecución de las obras comprendidas en el programa aprobado por el art. 1º del mencionado decreto.)
(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Resolución Nº 33/82 de la Secretaría de Industria y Minería B.O. 22/07/1982 se aclara que en los casos de leyes específicas en las que no se hayan exceptuado expresamente a las importaciones del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, son de aplicación a dichas importaciones, a partir de la fecha de la mencionada resolución, las normas del régimen establecido por la misma.)
(Nota Infoleg: Por art. 7º de la Ley Nº 20.011 B.O. 05/01/1973 se declara inaplicable la presente ley a los fines de la misma.)
(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Ley Nº 19.820 B.O. 11/11/1972 quedan exceptuadas de las disposiciones de la presente ley las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios con destino a las representaciones diplomáticas argentinas acreditadas ante gobiernos extranjeros, organismos internacionales y oficinas consulares.)
(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Ley Nº 19.637 B.O. 19/05/1972 se exceptúa de las disposiciones del régimen de la presente ley a la empresa del estado Aerolíneas Argentina y a las restantes empresas nacionales de aeronavegación comercial, en cuanto se refiere a la adquisición en el exterior e importación de elementos que el Comando en Jefe de la Fuerza Aérea certifique ante las aduanas que son para material de vuelo y/o prestación de servicios aeronáuticos, y que además no se producen en el país con certificado de producto aprobado.)
(Nota Infoleg: Por art. 6º, inciso c), de la Ley Nº 19.347 B.O. 01/12/1971 se exceptúan del cumplimiento de la presente ley, por única vez, todas las contrataciones que efectúe la Dirección Nacional del Registro de las Personas a los fines del cumplimiento de la misión encomendada a la Comisión Organizadora del Sistema Nacional de Empadronamiento, creada por la mencionada ley.)
(Nota Infoleg: Por art. 4º de la Ley Nº 19.339 B.O. 18/11/1971 se declaran inaplicables las disposiciones de la presente ley al contrato 1225 celebrado por la Dirección General de Fabricaciones Militares con la firma Falconbridge Nickel Mines Limited, de Toronto, Canadá.
(Nota Infoleg: Por art. 7º de la Ley Nº 19.334 B.O. 05/11/1971 se exceptúan del presente régimen las adquisiciones y contrataciones de bienes y obras y servicios que efectúe Petroquímica bahía Blanca S.A.I.C., necesarias para la instalación de la planta prevista en el art. 3º de la mencionada ley.)
(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Ley Nº 19.288 B.O. 13/10/1971 se excluye del régimen de la presente ley el contrato a celebrarse entre la Nación Argentina y el banco Interamericano de Desarrollo, concerniente al segundo préstamo para obras del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural.)
(Nota Infoleg: Por art. 7º de la Ley Nº 19.199 B.O. 31/08/1971 se excluyen de las disposiciones de la presente ley las licitaciones y contrataciones correspondientes a las obras de construcción de la Central Hidroeléctrica Futaleufú cuando se financien con fondos provenientes de organismos internacionales de crédito.)
(Nota Infoleg: Por art. 1º del Decreto Nº 3183/71 B.O. 26/08/1971 se declaran exceptuadas del régimen de la presente ley las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios que efectúe Hierro Patagónico de Sierra Grande Sociedad Anónima Minera, necesarios para su instalación.)
(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Ley Nº 19.010 B.O. 05/05/1971 se excluye del régimen de la presente ley el convenio a celebrarse entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, concerniente al tercer préstamo para obras viales.)
(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Ley Nº 18.996 B.O. 29/04/1971 se excluye del régimen de la presente ley el convenio a celebrarse entre la Empresa Ferrocarriles Argentinos y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.)
(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Ley Nº 18.967 07/04/1971 se excluye del régimen de la presente ley los convenios Nros. 205/OC-AR y 280/SF-AR celebrados entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Interamericano de Desarrollo.)
(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Ley Nº 18.969 B.O. 05/04/1971 se excluyen de las disposiciones de la presente ley las licitaciones y contrataciones que se efectúen con fondos provenientes de acuerdos suscriptos con instituciones internacionales de crédito y agencias gubernamentales que hubieran sido aprobados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, con anterioridad a la fecha de vigencia del presente régimen.)

References: Artículo 1
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 249
 artículo 172
 artículo 1
 artículo 23
 Resolución