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Timestamp: 2020-08-05 16:30:06+00:00

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CUESTIONES RELACIONADAS CON LA INTERPRETACIÓN Y LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE MONTREAL DE 1971, PLANTEADAS DE RESULTAS DEL INCIDENTE AÉREO DE LOCKERBIE (LA JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) (MEDIDAS PROVISIONALES) Providencia de 14 de abril de 1992 | Derecho Internacional Público - www.dipublico.org
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA INTERPRETACIÓN Y LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE MONTREAL DE 1971, PLANTEADAS DE RESULTAS DEL INCIDENTE AÉREO DE LOCKERBIE (LA JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) (MEDIDAS PROVISIONALES) Providencia de 14 de abril de 1992
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA INTERPRETACIÓN Y LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE MONTREAL DE 1971, PLANTEADAS DE RESULTAS DEL INCIDENTE AÉREO DE LOCKERBIE (LA JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) (MEDIDAS PROVISIONALES)
En una providencia dictada en el asunto relativo a las cuestiones relacionadas con la interpretación y la aplicación del Convenio de Montreal de 1971, planteadas de resultas del incidente aéreo de Lockerbie (la Jamahiriya Árabe Libia contra los Estados Unidos de América), la Corte determinó, por 11 votos contra 5, que, habida cuenta de las circunstancias del caso, no se le podía exigir que ejercitase las facultades que le correspondían en virtud del Artículo 41 de su Estatuto a los efectos de indicar medidas provisionales.
En su providencia, la Corte recuerda que el 3 de marzo de 1992 la Jamahiriya Árabe Libia incoó un procedimiento contra los Estados Unidos con motivo de “una controversia … entre Libia y los Estados Unidos sobre la interpretación y la aplicación del Convenio de Montreal” de 23 de septiembre de 1971, controversia que había surgido de resultas del incidente aéreo que tuvo lugar sobre Lockerbie (Escocia) el 21 de diciembre de 1988 y que llevó, en noviembre de 1991, al Lord Advocate de Escocia a acusar a dos nacionales libios de, entre otros cargos, haber “colocado una bomba a bordo [del vuelo 103 de Pan Am]…, de resultas de cuya explosión el avión fue destruido”.
“b) Que los Estados Unidos han violado y continúan violando las obligaciones jurídicas que les incumben con respecto a Libia en virtud de los párrafos 2 y 3 del artículo 5, el artículo 7, el párrafo 2 del artículo 8 y el artículo 11 del Convenio de Montreal;
“c) Que los Estados Unidos están obligados a poner inmediatamente fin a esas violaciones y a no recurrir a la fuerza ni a las amenazas contra Libia, incluida la amenaza del uso de la fuerza, así como a no violar la soberanía, la integridad territorial ni la independencia política de Libia.”
La Corte se refiere también a la petición de Libia (presentada, como la solicitud, el 3 de marzo de 1992, pero en un momento posterior) de que se indicasen ias siguientes medidas provisionales:
“a) Prohibir a los Estados Unidos que emprendan cualquier acción contra Libia con objeto de presionarla o forzarla a entregar a los sospechosos a autoridades que no sean las de Libia, y
La Corte se refiere más adelante a las observaciones y conclusiones presentadas por Libia y por los Estados Unidos en la vista pública celebrada los días 26, 27 y 28 de marzo de 1992 para examinar la petición de indicación de medidas provisionales.
La Corte toma nota luego de la declaración conjunta formulada el 27 de noviembre de 1991 por los Estados Unidos de América y el Reino Unido como consecuencia de los cargos imputados por el Lord Advocate de Escocia a dos nacionales de Libia en relación con la destrucción del vuelo 103 de Pan Am, cuyo texto es el siguiente:
“Profundamente preocupado por los resultados de investigaciones que involucran a funcionarios del Gobierno Libio y que figuran en documentos del Consejo en los cuales se incluyen las peticiones dirigidas a las autoridades libias por los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con las actuaciones judiciales vinculadas con los ataques perpetrados contra los vuelos 103 de Pan Am y 772 de Union de transports aériens,
3. Exhorta al Gobierno libio a que proporcione de inmediato una respuesta completa y efectiva a esas peticiones a fin de contribuir a la eliminación del terrorismo internacional;”.
“1. Decide que el Gobierno de Libia debe acatar de inmediato y sin más demoras el párrafo 3 de la resolución 731 (1992) con respecto a las peticiones formuladas al Gobierno libio por los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;
“Considerando que tanto Libia como los Estados Unidos de América, como Estados Miembros de las Naciones Unidas, están obligados a aceptar y aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad de conformidad con el Artículo 25 de la Carta; considerando que la Corte, que se halla en la etapa de las actuaciones sobre las medidas provisionales, considera que prima facie esa obligación se extiende a la decisión que figura en la resolución 748 (1992), y considerando, de conformidad con el Artículo 103 de la Carta, que las obligaciones de las partes a ese respecto prevalecerán sobre las obligaciones que hayan contraído en virtud de cualquier otro convenio internacional, incluido el Convenio de Montreal;
“Considerando, además, que la indicación de las medidas solicitadas por Libia menoscabaría probablemente los derechos de los que prima facie parece gozar los Estados Unidos en virtud de la resolución 748 (1992) del Consejo de Seguridad;
“Considerando que, para pronunciarse sobre la presente petición de medidas provisionales, la Corte no tiene que decidir respecto a ninguna de las otras cuestiones que se le han sometido en las presentes actuaciones, incluida la cuestión de su competencia para entender del fondo del asunto, y considerando que la decisión pronunciada en estas actuaciones no prejuzga en modo alguno ninguna de esas otras cuestiones ni afecta a los derechos del Gobierno de Libia y del Gobierno de los Estados Unidos de presentar argumentos respecto a cualquiera de esas cuestiones;
El Magistrado Ni considera que la petición de Libia debía haberse rechazado basándose únicamente en el incumplimiento del requisito de que hubiera transcurrido un periodo de seis meses, sin tener que decidir al mismo tiempo respecto a las demás cuestiones. En consecuencia, Libia podrá recurrir a la Corte de conformidad con las disposiciones del Convenio de Montreal de 1971 si meses más tarde la controversia subsiste y ése es el deseo del demandante.
Declaración conjunta de los Magistrados Evensen, Tarassov,,Guillaume y Aguilar
Los Magistrados Evensen, Tarassov, Guillaume y Aguilar, en una declaración conjunta, expresan su completo acuerdo con la decisión de la Corte, pero hacen algunas observaciones adicionales. Subrayan que, antes de que el Consejo de Seguridad interviniera en el asunto, ios Estados Unidos y el Reino Unido tenían derecho a exigir que Libia extraditara a los acusados y, con tal objeto, a adoptar cualquier medida compatible con el derecho internacional. Por su parte, Libia tenía derecho a rehusar dicha extradición y a recordar a ese respecto que, lo mismo que el derecho de muchos otros países, su legislación prohíbe la extradición de nacionales.
El Magistrado Shahabuddeen considera que la exigencia del demandado de que “Libia debe pagar la indemnización correspondiente… cabalmente y sin demora” presupone la determinación previa por el demandado de que los acusados son culpables, ya que la responsabilidad del Estado libio presupone la culpabilidad de los acusados. A juicio del Magistrado Shahabuddeen, las consecuencias para un juicio imparcial en el Estado demandado son importantes. Eso se debe a que, en un sentido fundamental, puede decirse que la cuestión de un juicio imparcial constiye la base de toda la controversia relativa a la petición del demandado de que se le entreguen los dos acusados, siendo la posición sostenida por el demandado que no puede celebrarse un juicio imparcial en Libia.
Con sujeción a ese matiz, es evidente que la Corte no podía por menos de tomar nota de la situación y determinar que, en esta fase de las actuaciones, ese “conflicto”, regido por el Artículo 103 de la Carta, daba como resultado, de hecho, que fuera inútil cualquier indicación de medidas provisionales. Sin embargo, las partes dispositivas de las dos providencias se hallan en el umbral de toda la operación, en la medida en que la Corte manifiesta en ellas que, habida cuenta de las circunstancias, no se le puede exigir que ejercite las facultades que le corresponden a los efectos de indicar medidas provisionales. La puntualización hecha por el Magistrado Bedjaoui es que en el presente asunto estaba justificado el ejercicio efectivo de esas facultades; sin embargo, señala también que los efectos de ese ejercicio habían sido anulados por la resolución 748 (1992). Por consiguiente, el Magistrado Bedjaoui llega, concretamente, al mismo resultado que la Corte, por un camino enteramente diferente, pero también con el importante matiz mencionado, de resultas del cual no rechaza la petición de medidas provisionales, sino, más bien, declara que han desaparecido sus efectos.
Por consiguiente, el Magistrado Bedjaoui lamenta que la Corte no fiiera capaz de indicar ni medidas provisionales concretas del tipo que pretendían los Estados solicitantes, ni, motu proprio, medidas generales, una solución que le hubiera permitido hacer su propia contribución positiva al arreglo de la controversia. Ésa es la razón por la que, en definitiva, no podía por menos de votar en contra de las dos providencias.
Sin embargo, en contra de la opinión de la mayoría de los miembros de la Corte, el Magistrado Ranjeva considera que, teniendo presente el desarrollo de la jurisprudencia relativa a la aplicación de los Artículos 41 del Estatuto y 75 del Reglamento, así como el carácter autónomo de una apelación hecha por la Corte a las partes en relación con la indicación de medidas provisionales (asunto relativo al Paso por el Gran Belt (Finlandia contra Dinamarca)), [la Corte podía señalar] medidas consistentes, en particular, en un llamamiento a las partes instándolas a adoptar un línea de conducta que impida la agravación o la ampliación del conflicto. Ésa fue la posición de la Corte en ¡os casos relativos a las Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua contra los Estados Unidos de América) y a la Controversia fronteriza.
Ajuicio del Magistrado Ranjeva, las nuevas dimensiones del problema implicaban que la Corte no podía limitarse a un enfoque pasivo de su función jurisdiccional, la cual, en un sentido dinámico, queda incluida en la obligación fundamental establecida en el párrafo 1 del Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, a saber, el mantenimiento de la paz, en el contexto de sus funciones.
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References: Artículo 41
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 11
 resolución 
 Artículo 25
 resolución 
 Artículo 103
 resolución 
 Artículo 103
 resolución 
 Artículo 1