Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2014/se201400109.html
Timestamp: 2019-04-24 18:25:22+00:00

Document:
se201401109
SENTENCIA: 109/2014.
EXP. N°: 284/2007.
PARTES: Elena Agueda Munguia Cuevas contra la Superintendencia Tributaria General hoy Autoridad General de Impugnación Tributaria.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por Elena Agueda Munguia Cuevas contra la Superintendencia Tributaria General hoy Autoridad General de Impugnación Tributaria.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 46 a 50, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0104/2007 de 9 de marzo y el Auto Motivado STG-RJ/0004/2007 de 29 de marzo, emitida por la Superintendencia Tributaria General, la contestación de fs. 80 a 82, los antecedentes procesales.
CONSIDERANDO I: Elena Agueda Munguia Cuevas, en el plazo previsto por el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contenciosa administrativa, con los siguientes argumentos:
Denuncia que, la Superintendencia Tributaria General a través de la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0104/2007 y el Auto Motivado STG-RJ/0004/2007 incurre en error, no solo a tiempo de valorar los antecedentes del proceso sino también cuando fundamenta de oficio la posible confusión en su inscripción en el Padrón Municipal de Contribuyentes sin tomar en cuenta la inexistencia del hecho generador del tributo, porque, si bien existe declaración de un inmueble con 10.000 m2 de superficie, con código catastral 6 – 228 – 67 en la Zona de 5 dedos, este no se encuentra en la zona de Bolognia tal cual se evidencia del formulario de empadronamiento ofrecido por el Gobierno Municipal de La Paz.
Señala que, el Superintendente Tributario General desconoce el valor probatorio de la inspección judicial relativizándola en el entendido de que la inspección judicial no constituye prueba que desvirtué la declaración de propiedad, sin tomar en cuenta que en el caso presente la prueba de inspección era para demostrar la inexistencia física del inmueble, contradiciendo con esta actitud lo establecido en el art. 81 del Código Tributario boliviano, referido a la apreciación, pertinencia y oportunidad de la prueba.
Indica que, la Superintendencia Tributaria General, contrariamente a todo ordenamiento jurídico basa su fallo en el formulario de declaración jurada Nº 401 efectuado por su persona y que cursa de fs. 40 a 41, pero que esa declaración no corresponde al inmueble fiscalizado y determinado contraviniendo los arts. 95 y 99. II del Código Tributario Boliviano.
Indica que, no puede entender que la Superintendencia Tributaria General, como ente encargado de dirimir asuntos en la vía administrativa, corrija de oficio errores administrativos advertidos por su persona reiteradamente y que no fueron respondidos por el Gobierno Municipal de La Paz, y peor aun si la Administración Tributaria Municipal en ninguna de sus instancias administrativas observó el fondo del proceso y menos el error en la denominación de la zona, limitándose a fundamentar la validez de sus actuados formales, desconociendo que, en materia tributaria la declaración jurada es un acto personalísimo, que identifica no solo al firmante, sino también las características de los bienes declarados específicamente.
Con los fundamentos expuestos, solicita declarar probada la demanda y dejar sin efecto la Resolución del Recurso Jerárquico STG -RJ/0104/2007 de 9 de marzo, así como el Auto Motivado STG-RJ 004/2007 de 29 de marzo.
CONSIDERANDO II: Admitida la demanda por providencia de 8 de agosto de 2007, cursante a fs. 53 y corrido el traslado correspondiente, Rafael Rubén Vergara Sandoval, en su condición de Superintendente Tributario General, previo apersonamiento, responde negativamente por memorial de fs. 80 a 82 vuelta, solicitando se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Elena Agueda Munguia Cuevas, manteniendo firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico STG -RJ/0104/2007 de 9 de marzo, en base a los siguientes fundamentos:
Señala que, el medio para demostrar el derecho propietario se halla determinado por la legislación civil o agraria, en tanto que, el empadronamiento como declaración jurada que describe el inmueble, con ubicación, extensión superficial, nombre del titular, así como la firma de este, constituye información básica y suficiente para que la administración tributaria ejerza sus atribuciones de fiscalización en el ámbito de la Ley Nº 843 y la Ley Nº 1340, como ha sucedido en el presente caso.
Indica que, de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la demandante no ha presentado descargos consistentes en los comprobantes de pago de impuestos municipales, de ahí que, la administración tributaria en cumplimiento de los arts. 43. II y 44 del Código Tributario, procedió a la determinación sobre base presunta.
Manifiesta que, la demandante pretende soslayar su responsabilidad tributaria, negando su derecho propietario sobre el inmueble y la superficie referida en la resolución determinativa, pese a la declaración de empadronamiento en el formulario 401 que tiene carácter de declaración jurada, que contiene una manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria, que se presumen ser el reflejo fiel de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes la suscriben a los fines de actos de fiscalización o determinación tributaria.
Fundamenta que, si bien la contribuyente alegó no ser propietaria del inmueble objeto de la fiscalización, debió en virtud del art. 6 del Código Tributario Boliviano, demostrado dicho extremo a través de las pruebas plenas como la certificación de no propiedad emitida por el Registro de Derechos Reales o testimonio de compra y venta mediante el cual se hubiere transferido el derecho propietario.
Con los fundamentos expuestos, solicita declarar improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por Elena Agueda Munguia Cuevas, manteniendo firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico STG -RJ/0104/2007 de 9 de marzo.
Cumplidos los trámites correspondientes y no existiendo réplica ni dúplica, por providencia de fojas 86, se decretó "autos para sentencia".
CONSIDERANDO III: Antes de ingresar al análisis y resolución de la presente causa, corresponde establecer de manera previa que el procedimiento contencioso administrativo es garantía formal que beneficia al sujeto administrado, librándolo del abuso de poder de los detentadores del poder público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.
Establecida así la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, corresponde a éste Tribunal Supremo analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Superintendencia Tributaria General hoy Autoridad General de Impugnación Tributaria, en el marco legal de los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil.
Del análisis y compulsa de los datos procesales y la resolución administrativa impugnada, se desprende, que el objeto de la demanda se circunscribe a las siguientes pretensiones:
1.- Establecer, si la Superintendencia Tributaria General a través de la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0104/2007 y el Auto Motivado STG-RJ/0004/2007 incurre en error en la valoración de los antecedentes del proceso desconociendo la inexistencia del hecho generador del tributo.
2.- Si el Superintendente Tributario General ha desconocido el valor probatorio de la inspección judicial.
3.- Si la Superintendencia Tributaria General, contrariamente a todo ordenamiento jurídico basa su fallo en el formulario 401 que cursa de fs. 40 a 41 que no corresponde al inmueble fiscalizado, contraviniendo los arts. 95 y 99. II del Código Tributario Boliviano.
4.- Si la Superintendencia Tributaria General, no puede basar sus fallos corrigiendo de oficio errores administrativos advertidos por su persona reiteradamente y que no fueron respondidos por el Gobierno Municipal de La Paz.
Establecidas las pretensiones objeto de la presente demanda, analizado el contenido de los actos y resoluciones administrativas, así como los argumentos de la autoridad demandada en la presente controversia, se sabe que, el 28 de marzo de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz emitió la Orden de Fiscalización OF – N 2613/2006, comunicándole a la demandante Elena Agueda Munguia Cuevas el inicio de fiscalización del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente al inmueble ubicado en la “calle …Nº…Zona Bolognia”, por las gestiones 2000, 2001 y 2002, solicitándole documentación consistente en fotocopias de Boletas de Pago del (IPBI), testimonio de propiedad, CIM – 02, formulario “B” o formulario único y otros documentos de descargo. El 6 de abril de 2006, el Gobierno Municipal de La Paz emitió el informe final de fiscalización, señalando que el contribuyente no presentó ningún documento de descargo en el plazo otorgado; que el inmueble no tiene pagos registrados por las gestiones fiscalizadas ni registro catastral sistematizado y que para la determinación del impuesto recurrieron a los datos técnicos del sistema de Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), correspondiendo la emisión de la vista de cargo.
El 11 de abril de 2006, el Gobierno Municipal de La Paz notificó mediante cédula a Elena Agueda Munguia Cuevas con la Vista de Cargo CIM 2613/2006 de 6 de abril, estableciendo el incumplimiento de las obligaciones tributarias del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 2000 a 2002, procediendo a liquidar el tributo sobre base presunta de acuerdo a tabla aprobada mediante resolución suprema, surgiendo un saldo a favor del fisco de Bs. 1.478, calificando la conducta tributaria de la contribuyente, como contravención y aplicando una sanción del 50% sobre la deuda tributaria, concediéndole una plazo de 30 días para formular descargos y presentar pruebas referidas al efecto.
El 10 de mayo de 2006, la demandante Elena Agueda Munguia Cuevas respondió a la Vista de Cargo CIM Nº 2613/2006, señalando que no tiene declarado derecho propietario alguno sobre el inmueble fiscalizado, por lo que, solicita se deje sin efecto la orden de fiscalización y su correspondiente vista de cargo, toda vez que la liquidación efectuada no le corresponde y de persistir la ilegal determinación, se le otorgue la declaración jurada referida al padrón municipal Nº MCE 121D6192C del inmueble 47553 con código catastral 6-228-67-0.
El 16 de mayo de 2006, el Gobierno Municipal de La Paz, emitió el informe DEF/UER/AF Nº 261/2006, que señala, al no haberse presentado ningún documento de descargo, corresponde continuar el proceso, sugiriendo se emita la resolución determinativa.
El 22 de mayo de 2006, la demandante Elena Agueda Munguia Cuevas fue notificada mediante cédula con la Resolución Determinativa Nº 2613/2006 de 17 de mayo, estableciéndose el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles sobre base presunta por las gestiones 2000, 2001 y 2002, con un monto total adeudado de 2.792, de los cuales 1.478 corresponden al impuesto omitido, Bs. 262 a mantenimiento de valor, Bs. 482 a intereses, Bs. 174 a multa por incumplimiento de deberes formales y Bs. 348 por la conducta del contribuyente tipificada como evasión según los artículos 114, 115, y 116 de la Ley Nº 1340.
El 21 de junio de 2006, Elena Agueda Munguia Cuevas interpuso recurso de alzada ante la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, que mereció la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0375/2006 a través del cual se revocó totalmente la Resolución Determinativa Nº 2613/2006, dejando sin efecto la obligación tributaria.
El 28 de noviembre de 2006, el Gobierno Municipal de La Paz, interpuso recurso jerárquico ante la Superintendencia Tributaria General, que mereció la Resolución Jerárquica STG – RJ/ 0104/2007 que revoca totalmente la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0375/2006, de 10 de noviembre, y dejando firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 2613/2006, decisión que dio lugar a la presente demanda contencioso administrativa.
La Constitución Política del Estado, en su art. 14 numeral V, establece: “Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras en el territorio boliviano”. El art. 109. I de la Constitución Política del Estado dispone: “Todos los derechos por ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”. El art. 116. II señalo que: “Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible” El art. 99. II del Código Tributario Boliviano, en cuanto al contenido de la resolución determinativa, establece: “deberá contener como requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la resolución determinativa”.
El artículo 52 de la Ley Nº 843 señala: “Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio nacional que se regirá por las disposiciones de este Capítulo. Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición…”
Bajo la normativa constitucional y legal precedentemente expuesta, se ingresa a considerar las pretensiones expuestas en la presente demanda, y se tiene:
1.- En cuanto a la denuncia de que la Superintendencia Tributaria General a través de la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0104/2007 y el Auto Motivado STG-RJ/0004/2007 incurre en error en la valoración de los antecedentes del proceso desconociendo la inexistencia del hecho generador del tributo.
Si bien el Gobierno Municipal de La Paz a través de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz está facultada para controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por el Código Tributario Boliviano y otras disposiciones legales tributarias, sin embargo, su actuar debe estar enmarcado en derecho y observar el principio de legalidad, en virtud del cual, sólo a través de una norma jurídica con carácter de ley, se puede definir todos y cada uno de los elementos de la obligación tributaria, esto es, el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la base para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las infracciones, sanciones y las exenciones, así como el órgano legitimado para recibir el pago de los tributos. La máxima latina nullum tributum sine legem determina que para que un tributo sea considerado como tal debe estar contenido en una ley, de lo contrario no es tributo. Principio de legalidad que en el presente fue inobservado por la Administración Tributaria, y amparado por la Superintendencia Tributaria General, en la emisión de la orden de fiscalización, la vista de cargo y la resolución determinativa sancionando a la demandante Elena Agueda Munguia Cuevas por incumplimiento de las obligaciones tributarias del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, por las gestiones 2000 a 2002, con la suma total de Bs. 2.792, en relación al inmueble ubicado en la “calle …Nº…Zona Bolognia”, en clara vulneración a lo establecido en el art. 52 de la Ley Nº 843, tomando en cuenta que, por disposición de la indicada norma los sujetos pasivos del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles son las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, calidad que no tenía la demandante en relación al bien objeto de fiscalización, de ahí que, no se podía emitir orden de fiscalización, vista de cargo y resolución determinativa sobre un inmueble del cual la demandante no era propietaria, el cual ni siquiera estaba debidamente individualizado, o comprobada su existencia física. Bajo estas consideraciones, la Superintendencia Tributaria General, no podía amparar una sanción tributaria cuando no existía el hecho generador del impuesto que resulta ser el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria sin la existencia de prueba que acredite que la demandante Elena Agueda Munguia Cuevas sea propietaria del inmueble objeto de la fiscalización sito en calle …Nº…Zona Bolognia”, con código catastral Nº 6-228-67-0, con una extensión de 10.000 mts2.
2.- En cuanto a las denuncias contenidas en los puntos 2, 3 y 4 referidas a que el Superintendente Tributario General ha desconocido el valor probatorio de la inspección judicial; que el fallo está basado en el formulario 401 que cursa de fs. 40 a 41 el cual no corresponde al inmueble fiscalizado lo que contraría lo establecido en los arts. 95 y 99. II del Código Tributario Boliviano; que la Superintendencia Tributaria General, no puede fallar corrigiendo de oficio errores administrativos efectuados por el Gobierno Municipal de La Paz.
La Superintendencia Tributaria General al dictar la Resolución Jerárquica STG-RJ/0104/2007, incurre en error en la valoración de la prueba cursante a fs. 40 vuelta, al considerar hechos distintos no comprobados y en base a una información inexistente, tomando en cuenta que, la copia legalizada del Padrón Municipal de Contribuyentes consistente en una declaración jurada efectuada por la demandante Elena Agueda Munguia Cuevas, cuyo contenido es la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la administración tributaria sobre los inmuebles de su propiedad y que se presumen son fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de la declarante, mediante la cual se refiere a la existencia de un inmueble ubicado en la Zona de 5 Dedos – Bosquecillo, con Código Catastral Nº 6 – 228 – 67, con una superficie de 10.000 m2. Sin embargo y no obstante la claridad del contenido de esta declaración en cuanto a la ubicación del inmueble, la Superintendencia Tributaria General de forma equivoca y oficiosa, supliendo o justificando la negligencia de la Administración Tributaria en cuanto a los datos precisos de ubicación e identificación del inmueble sujeto a control o fiscalización tributaria, asegura de manera equivoca que el inmueble Nº 47553, con Código Catastral Nº 6-228-67-0, con una extensión superficial de 10.000 mts2 es de propiedad de la contribuyente Elena Agueda Munguia Cuevas, y que si bien el inmueble de acuerdo a la declaración jurada de la demandante se encuentra ubicado en la Zona o Barrio Villa 5 Dedos – Bosquecillo, afirmando sin ningún respaldo, que el haberse consignado el inmueble en la Zona de Bolognia, se debió a un error de transcripción del Gobierno Municipal de La Paz, cuando en los hechos la Administración Tributaria en la elaboración de la orden de fiscalización, como en la vista de cargo y la resolución determinativa establecieron de manera expresa y contundente que el inmueble se encuentra ubicado en la zona de Bolognia, es más, la Administración Tributaria en ninguna de sus fases administrativas o en fase recursiva observó o justificó algún error de transcripción en cuanto al error en la denominación de la Zona, ni siquiera respondió ni positiva o negativamente al memorial interpuesto por la demandante Elena Munguia Cuevas en el que hacia conocer que su persona no tiene declarado derecho propietario alguno sobre el inmueble fiscalizado, solicitando se deje sin efecto la orden de fiscalización y su correspondiente vista de cargo, toda vez que la liquidación efectuada no le corresponde y de persistir la ilegal determinación, se le otorgue la declaración jurada referida al padrón municipal Nº MCE 121D6192C del inmueble 47553 con Código Catastral 6-228-67-0. Pero además, la Superintendencia Tributaria General no consideró que la Administración Tributaria con las facultades de control y fiscalización establecidas en los arts. 66, 81 y 100 del Código Tributario Boliviano, debía subsanar dicho aspecto o presunto error de transcripción en sede administrativa, es más, la Administración Tributaria al haber determinado una fiscalización tributaria de oficio, tenía la obligación de probar los hechos en los cuales se basó la determinación impositiva, tal cual refiere el art. 76 del Código Tributario Boliviano en cuanto a la carga de la prueba, desconociendo además el valor probatorio de la inspección judicial, relativizándola en el entendido de que la inspección judicial no constituye una prueba que desvirtué la declaración de propiedad, sin tomar en cuenta, que en el caso presente la prueba de inspección era para demostrar la inexistencia física del inmueble, contradiciendo con esta actitud lo establecido en el art. 81 de la Ley Nº 2492, referido a la apreciación, pertinencia y oportunidad de la prueba, pretendiendo además contra toda lógica procedimental, que sea la demandante quien tenga que presentar prueba documental consistente en el testimonio de derecho de propietario, así como el formulario de pago de impuestos sobre un bien inmueble que no es de su propiedad al no coincidir los datos de identificación o individualización del mismo con los datos contenidos en su declaración jurada cursante a fs. 40.
De lo expuesto se establece que, si bien la Administración Tributaria tiene amplias facultades para la materialización del pago de los tributos y en su caso imponer sanciones, lo que a su vez permite al Estado satisfacer las necesidades de la sociedad y realizar sus fines, debe ejercer dichas facultades dentro de los límites que la ley tributaria y sus reglamentos le imponen, lo que no ha ocurrido en el presente caso, en que la Superintendencia Tributaria General hoy Autoridad de Impugnación Tributaria, al emitir la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0104/2007 y el Auto Motivado STG-RJ/0004/2007 ha incurrido en errónea o falsa aplicación del derecho en relación al art. 52 de la Ley Nº 843, arts. 95 a 99 y 104 del Código Tributario Boliviano, así como error de hecho en la valoración de las pruebas producidas en el proceso administrativo, especialmente de la prueba cursante a fs. 40 vuelta (Declaración Jurada en el Padrón Municipal de Contribuyentes).
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de lo establecido en el art. 10 de la Ley Nº 212 y art. 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 46 a 50, presentada por Elena Agueda Munguia Cuevas, en consecuencia deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0104/2007 de 9 de marzo y el Auto Motivado Nº STG-RJ/0004/2007 de 29 de marzo, dictada por la Superintendencia Tributaria General, actual Autoridad General de Impugnación Tributaria, y en su mérito se mantiene firme y subsistente la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0375/2006 de 10 de noviembre, la cual revoca totalmente la Resolución Determinativa Nº 2613/2006 de 17 de mayo, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, consecuentemente se deja sin efecto la obligación tributaria de Bs. 1.478 determinada contra la Elena Agueda Munguia Cuevas, por el impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2000 a 2002, por inexistencia del objeto gravado en la zona de Bolognia, así como sus accesorios y multas por incumplimiento de deberes formales y evasión.
No suscriben las Magistradas Norka Natalia Mercado Guzmán, Maritza Suntura Juaniquina y Rita Susana Nava Duran por emitir voto disidente.

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