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Timestamp: 2018-09-21 18:26:23+00:00

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﻿ SENTENCIA T-386 DE JULIO 28 DE 2016
SENTENCIA T-386 DE 28 DE JULIO DE 2016
CONTENIDO:PRECISIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE EL CONCURSO DE JUECES Y MAGISTRADOS. EN RELACIÓN CON EL CARÁCTER DE ACTO GENERAL DIRIGIDO A TODOS LOS CONCURSANTES DE LA RESPUESTA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN DEL ACCIONANTE, SE ENCUENTRA QUE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL YA SE HA REFERIDO A ESTE TIPO DE SITUACIONES Y HA INDICADO QUE NO GENERAN NINGUNA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, PUES CORRESPONDE A LA OBLIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ADELANTAR SUS TAREAS CON EFICIENCIA. ASÍ LAS COSAS, SE CONCLUYE QUE LAS DIFERENCIAS DE FONDO PLANTEADAS RESPECTO AL PROCEDIMIENTO EFECTUADO EN ESTE CONCURSO DE MÉRITOS “DEBERÁN SER DISCUTIDAS MEDIANTE LAS ACCIONES ORDINARIAS ANTE LA JUSTICIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, PUES EL ANÁLISIS DE LA PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA ÚNICAMENTE SE RESTRINGÍA A LA VERIFICACIÓN DE SU UTILIZACIÓN COMO MECANISMO DE PROTECCIÓN TRANSITORIA”. LO ANTERIOR CON EL FIN DE QUE SEA PARÁMETRO DE INTERPRETACIÓN PARA OTROS JUECES QUE CONOZCAN DE CAUSAS SIMILARES. POR ESTA RAZÓN REVOCÓ LA SENTENCIA PROFERIDA EN ÚNICO FALLO DE INSTANCIA, Y EN SU LUGAR, DECLARAR IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA PRESENTADA CONTRA LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, MAGISTRADO, JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONCURSO DE MÉRITOS, DERECHOS FUNDAMENTALES, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, JUEZ
Sentencia T-386 de julio 28 de 2016
Ref.: expediente T-5.466.709
Acción de tutela instaurada por Carlos Enrique Pinzón Muñoz contra la Unidad Administrativa de Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad de Pamplona(1).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa, y los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente.
1.1 El señor Carlos Enrique Pinzón Muñoz se inscribió en la Convocatoria Nº 22 de la Rama Judicial, correspondiente al concurso de méritos para proveer los cargos de funcionarios judiciales en todo el territorio nacional. En su caso, se presentó a la Convocatoria para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo.
1.4 Resalta que en la Resolución CJRES 15-252 del 24 de septiembre de 2015 se resolvieron de forma general los recursos de reposición formulados por diferentes concursantes, y se retiraron 5 preguntas del componente común, por aspectos subjetivos para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo, tales como ausencia de posibilidad de respuesta, mala redacción o ambigüedad en las preguntas.
La acción de tutela de la referencia fue asignada(3) por reparto al Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, en donde a su vez correspondió su conocimiento al magistrado Marino Cárdenas Estrada. Mediante, auto del 24 de noviembre de 2015 el magistrado Cárdenas se declaró impedido para conocer del proceso y señaló que se encontraba incurso en la causal prevista en el numeral 9º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, no explicó en qué consistían las circunstancias de hecho que configuraban la citada causal.
En auto del 25 de noviembre de 2015, los magistrados John Jairo Acosta Pérez y Hugo Alexander Bedoya Días consideraron improcedente la manifestación de impedimento planteada por el magistrado Cárdenas Estrada, al considerar que “analizada la causal (…) relacionada con existir amistad íntima con el actor en la presente acción constitucional, los demás miembros de la Sala, consideran que no es procedente admitirla al no existir justificación alguna para ello (…)”. En consecuencia, dispusieron que se devolviera el expediente al magistrado que le correspondió el reparto para que procediera al trámite correspondiente.
En particular, consideró que la eliminación de preguntas y respuestas no era una de las reglas de juego dentro de la convocatoria 22, y que todo lo contrario constituía “en sí misma una decisión arbitraria de las accionadas”. Agregó que quienes participan en un concurso de méritos lo hacen con la seguridad de que se respetarán las reglas impuestas y que cuando estas son desconocidas se desconoce abiertamente el principio constitucional de la buena fe.
1 Sergio Rafael Álvarez Márquez
2 Lina Maryori Orozco Román
3 Nelson Omar Meléndez Granados
4 Delewvsky Susan Yellyzza Contreras Álvarez
5 Adriana del Pilar Arenas Niño
6 Andrés Fernando Muñoz Quintero
7 Suly Elizabeth Paz Zambrano
8 Mónica Teresa Hidalgo Oviedo
9 July Pauline Obando Paz
10 Melisa Andrade Ruiz
11 Ángelo Alberto Zapata Gallego
12 Adriana Paola Ramírez Buelvas
13 Paola Andrea Guerrero Osejo
14 Juan Diego Rosero Ramírez
15 Diego Fernando Burbano Muñoz
16 Martha Elizabeth Báez Figueroa
17 Diego Fernando Guerrero Osejo
18 Robinson González Pérez
19 Mary Elena Solarte Melo
20 María Consuelo Dulce Rosero
21 Camilo Gutiérrez González
22 William Mauricio Molina España
23 Héctor Alfredo Almeida Tena
24 Hernando Ayala Peñaranda
25 Lorena Mariela Arguello Valderrama, William Fernando Cruz Soler, Jaime Leonardo Chaparro Peralta y Ángela Carolina Fonseca Valderrama
26 Lubin Fernando Nieves Meneses
27 Carolina Paola López Pretelt
28 Oscar Javier Arias Mera
29 Andrea Roldán Noreña y Ángela María Hoyos Correa
30 Isabel Cristina Moreno Carabalí
31 Fabián Andrés Rincón Herreño
32 Jeimmy Julieth Garzón Olivera
33 María del Pilar Grijalba Sánchez
34 Luis Arturo Salas Portilla
35 Juan Carlos Arteaga Caguasango
36 Paola Andrea Álvarez Isaza
37 Hernán Darío Narváez Ipúz
38 Katherine Andrea Rolong Arias y Gloria Elena Torres Zapata
39 Deissy Daneyi Guancha Aza
40 Diana Constanza Tique Legro
41 María Margarita Lozano Pérez y Joaquín Rafael González
42 Valentina Jaramillo Marín, Ricardo Carvajal Cárdenas y Vanessa Prieto Ramírez
43 Jorge William Campos Foronda y Elizabeth Vélez Galvis
44 Consuelo Piedrahita Álzate
45 Sandra Milena Solano Guerrero
46 Ángela María Botina Benavides
47 Lina Marcelo Ramos Girado y Rafael Guillermo Vásquez
48 Angely Amparo Maya Jurado
49 Deisy Johanna Burbano Pantoja
50 Jorge E. González Bastidas
51 Halinisky Sánchez Meneses
52 Oscar Hernando Guevara Idarraga
53 Laura Freidel Betancourt
54 José Luis Gualacó Lozano
55 Martha Lucía Zamora Ávila Presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
56 María Martha Araujo Gámez
57 Ricardo León Contreras Giraldo
58 Karen Andrea Molina Ortiz
59 Stella Johanna Delgado Cadena
60 Jackeline García Gómez
61 María José Casado Brajín y Carlos Andrés Pérez Alarcón
62 Diana Patricia Ureña Sanabria
63 Leidy Diana Holguín García
64 Edwin Hernando Medina Cuesta
65 Luz Patricia Quintero Calle y Diego Alejandro Correa
66 Jaime Aristizábal Gómez
67 Judy Paulina Zuluaga Zuluaga
68 Lina Maryory Orozco Román
69 Natalia Vallejo Rios
70 Deisy Janeth Barrientos Pérez
71 Luisa Fernanda Soto Pinto
72 Yeidy Eliana Bustamante Mesa
73 Cristian Javier Hernández Iriarte
74 Juan Carlos Santacruz López
75 Rogers Arias Trujillo
76 Diana Carolina Conde Castellanos, Álvaro Andrés Páez Uribe y Nubia Martínez Duquino
77 Luis Alfonso Forero Roa
78 Nayla Johana Alfonso Mogollón, Nohora Linda Angulo García, Iván Darío Herrera Álvarez, Gustavo Adolfo Aguilera Becerra, David Ricardo Rodríguez Navarro, Juan Pablo Morales Hernández y María de loa Ángeles Díaz Fonque
79 Oscar Eduardo García Gallego
80 Juan Manuel Pinzón Aguilar
81 Myriam Liliana Vega Merino
82 Estephany Alexandra Bowers Hernández
83 Alonso Andrés Pinto Villegas
84 Tinker Rafael Lafont Mendoza
85 Catalina María Manrique Calderón
86 Olga Lucia Becerra Dorado
87 Marta Elina Dejoy Tobar
88 José Rafael Guerrero Leal
89 Fabián Enrique Yara Benítez
90 Omar Fernando Muriel Palacios
91 Erika Yomar Medina Mera
92 Nayibe Catalina Vargas Torres
93 Lessdy Denisse López Espinosa
94 Enver Iván Álvarez Rojas
95 Gloria Patricia Ruano Bolaños
96 Jorge Daniel Torres Torres
97 Juan Pablo Apraez Muños
98 Ángela María Jojoa Velásquez
99 Diana Marcela Álvarez Echeverry
100 Ángela Mercedes Meneses Osorio
101 Andrés Giovanny Rojas Calvo y Álvaro Andrés Pinzón Jerez
102 Karen Johanna Mejía Toro
103 Gloria Tatiana Villamil Hidalgo
104 Eduardo Enrique de Ávila Solano
105 Sergio Forero Mesa
106 Carlos Eduardo Arias Correa
107 Álvaro Eduardo Ordoñez Guzmán
108 Hernán Alonso Arango Castro
109 Liliana Arias Trejos y Julián Esteban Hurtado Atehortua
110 Mario Fernando Barrera Fajardo
111 Liliana Patricia Cano Restrepo
112 Wilson René Traslaviña Giraldo
113 Paula Andrea Sierra Caro
114 Mónica Andrea Barrera Velásquez
115 Leidy Diana Cortés Samacá, Carlos Alberto Plata Villareal y Fabio Hernando Vargas Torres
116 Nuria Mayerly Cuervo Espinosa
117 Juan Guillermo Ángel Trejos
118 Julián Ochoa Arango
119 Luz Karime Salazar González
120 Ader José Vergara Imbett
121 Juliana Barco González
122 Leonardo Rodríguez Arango
123 Diego Fernando Enrique Gómez
124 Rozelly Edith Paternostro Herrera y José Ignacio Galván Prada
125 Yasmín del Rosario Castilla Badel
126 Diana Lucia Alvarado Benítez y Andrés Canal Flores
127 Julieth Bibiana Gutiérrez Cruz
128 Yahir Armando Vega García, Cristian David Ariza Camacho, Jhosman Uriel Díaz Murcia y Fabio Ricardo Martínez Ardila
129 María Clara Ocampo Correa
130 Luis Daniel Lara Valencia
131 Karen Elizabeth Jurado Paredes y Diego Alexander Marín Bedoya
132 Sandra Lorena Arias Forero
133 Catalina Rendón López
134 Juan David Franco Bedoya
135 Alexis Fernando Pulgarín Baena
136 Carlos Mauricio García Barajas
137 Sandra María Rojas Manrique
138 Kelly Yahaira Acosta Buelvas
139 Giovanny Hernán Diago Urrutia
140 Héctor Roveiro Agredón León
141 Guillermo Ramírez Espinosa
142 Hugo Alexander Diago Urrutia
143 Manuel Andrés Obando Legarda
144 Gladys Amparo Acosta Arcos
145 Paola Andrea Jiménez Ordoñez
146 Mauro Antonio Valencia Ruiz
147 María del Rosario Garzón Calderón
148 Katherine Jaramillo Caicedo y Gustavo Andrés Valencia Bonilla
149 Cristian Jesús Torres Bustamante
150 Fabio Hernán Bastidas Villota
151 Magda Lorena Belalcazár Revelo
152 Andrés Medina Pineda
153 Mónica Jiménez Reyes Martínez y Lady Carolina Gómez Tovar
154 Jané Catalina Cortés Escárraga
155 Inés Lorena Varela Chamorro y Martha Liliana Arteaga
156 Yohana Elizabeth Ruano Mejía y Tania Marcela Martínez Muñoz
157 Marino Cárdenas Estrada en relación con la solicitud presentada por la ciudadana Patricia Ruano Bolaños
158 María Claudia Rivas Rojas
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Así mismo, la presente acción de amparo fue seleccionada para revisión a través del auto de 29 de abril de 2016 proferido por la Sala de Selección número Cuatro de la Corte Constitucional.
(ii) ¿la eliminación de unas —5— preguntas del componente común de la prueba de conocimientos por problemas en su estructura, información errónea, contenido confuso o mala elaboración, vulnera el derecho al debido proceso del actor?
3.1 La Corte ha señalado desde sus primeros pronunciamientos que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario debido a que su objeto no es el de reemplazar a los medios judiciales ordinarios con los que cuentan los ciudadanos(4). En este sentido, ha indicado que ante la existencia de otros medios de defensa judicial la acción de tutela por regla general no es procedente. Lo anterior, sustentado en lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional que señala que la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Dicho mandato fue reiterado en el desarrollo normativo de la acción de tutela en el numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991(5).
3.2 También ha advertido este Tribunal que la tutela no constituye un mecanismo o una instancia para definir aquellos conflictos que la ley ha establecido como competencia de otras jurisdicciones. Esto, por cuanto el ordenamiento jurídico dispone la existencia de jurisdicciones diferentes a la constitucional, que de forma especializada atienden cada uno de los diferentes conflictos que los ciudadanos elevan ante la administración de justicia. Pero precisando además, que las decisiones de todas las autoridades, incluidas por supuesto las judiciales, deben someterse al ordenamiento jurídico (arts. 4º y 230 C.N.), marco dentro del cual los derechos fundamentales tienen un carácter primordial(6).
De manera que si los procesos ordinarios están diseñados para solucionar los conflictos jurídicos y por tanto para proteger los derechos de las personas, la tutela no puede ser empleada como un mecanismo alterno o complementario(7). Bajo esta premisa, la procedencia de la tutela está supeditada a que para su ejercicio se hayan agotado todas las instancias y los recursos con los que cuenta el afectado para la protección de sus derechos(8).
3.3 No obstante lo anterior, esta Corporación ha precisado que debido al objeto de la acción de tutela, esto es, la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas, al analizar su procedibilidad es necesario valorar en cada caso concreto su viabilidad o no. Ello, debido a que no basta con la existencia del medio ordinario de defensa judicial, pues habrá que determinar (i) si este es idóneo y eficaz, y en última instancia, (ii) la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que ponga en riesgo la afectación de los derechos fundamentales de las personas(9).
3.3.1 En el primer caso, la Corte ha precisado que la tutela procede cuando un medio de defensa judicial no es idóneo o eficaz para proteger los derechos fundamentales del accionante. Y además ha explicado que la idoneidad hace referencia a la aptitud material del mecanismo judicial para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, lo que ocurre cuando el medio de defensa se corresponde con el contenido del derecho(10). Respecto a la eficacia, se ha indicado que se relaciona con el hecho de que el mecanismo esté diseñado de forma tal que brinde de manera oportuna e integral una protección al derecho amenazado o vulnerado(11).
De manera que, para determinar la concurrencia de estas dos características del mecanismo judicial ordinario, deben analizarse entre otros aspectos: los hechos de cada caso; si la utilización del medio o recurso de defensa judicial existente ofrece la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela(12); el tiempo de decisión de la controversia ante la jurisdicción ordinaria; el agotamiento de la posibilidad de ejercicio del derecho fundamental durante el trámite(13); la existencia de medios procesales a través de los cuales puedan exponerse los argumentos relacionados con la protección de los derechos fundamentales(14); las circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya promovido o no espere promover los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance(15); la condición de sujeto de especial protección constitucional del peticionario que exige una particular consideración de su situación(16).
Así las cosas, la Corte ha admitido excepcionalmente el amparo definitivo en materia de tutela ante la inexistencia de un medio de defensa judicial o cuando el existente no resulta idóneo o eficaz para la protección de los derechos fundamentales de las personas que solicitan el amparo de sus derechos fundamentales, lo que se justifica por la imposibilidad de solicitar una protección efectiva, cierta y real por otra vía(17).
3.3.2 Adicionalmente, la jurisprudencia ha precisado que si el mecanismo existe y es idóneo y eficaz, la tutela solo resultaría procedente si se evidencia la amenaza de ocurrencia de un perjuicio irremediable(18). En este caso, la tutela se torna viable y el amparo se otorga transitoriamente hasta tanto la situación sea definida en la jurisdicción competente. Para ello, el demandante del amparo deberá instaurar las acciones ordinarias correspondientes dentro de un término máximo de 4 meses a partir del fallo, lapso que se suspende con la presentación de la demanda ordinaria(19). En este caso, el término señalado es imperativo, y si el actor no cumple con la obligación señalada, el amparo pierde su vigencia(20). En estos términos, la persona que solicita el amparo, deberá demostrar de forma suficiente la necesidad de la medida para evitar la consumación de un perjuicio irremediable(21). En este tema la jurisprudencia constitucional ha decantado los elementos que deben concurrir en el acaecimiento de un perjuicio irremediable:
(iv) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable”(22).
3.4 Ahora bien, en el caso de la procedibilidad de la acción de tutela en concursos de méritos esta Corte ha realizado algunas precisiones adicionales. En la Sentencia SU-617 de 2013(23), la Corte señaló que era necesario determinar si en el marco de un concurso la demanda radica sobre actos administrativos de trámite, pues estos simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias, que preceden a la formación de la decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los casos, no crean, definen, modifican o extinguen situaciones jurídicas(24).
3.5 Recientemente, en la Sentencia SU-553 de 2015(25), la Sala Plena de la Corte se refirió de manera especial a la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos expedidos en el marco de un concurso de méritos relacionados con la provisión de cargos en la rama judicial. Al respecto, se explicó que por ejemplo la acción de tutela era procedente, cuando la persona que pretende acceder al cargo para el cual participó en un curso de méritos, se ve expuesta al riesgo de que el registro o la lista de elegibles pierda vigencia, pues como consecuencia de ello, no se le podría garantizar la protección de su derecho por las vías judiciales existentes, lo que generaría un perjuicio irremediable.
Igualmente, en la citada sentencia de unificación se reiteró que la Corte ha fijado (Sentencia T-090 de 2013(26)) dos subreglas para la procedencia excepcional de la tutela contra actos administrativos que regulan o ejecutan un proceso de concurso de méritos: ”(i) cuando el accionante la ejerce como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual debe cumplir con los requisitos de ser inminente, de requerir medidas urgentes, de ser grave y de ser impostergable; y, (ii) cuando el medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca y que en caso de no ser garantizado, se traduce en un claro perjuicio para el actor”.
4. Reglas constitucionales en relación con el sistema de carrera judicial. Énfasis en la competencia del Consejo Superior de la Judicatura para administrar y regular la carrera judicial. Reiteración de jurisprudencia(27).
4.1. La jurisprudencia de esta Corte ha señalado(28) que el sistema de mérito y carrera en materia de función pública es uno de los ejes definitorios y esenciales de la Constitución de 1991. El artículo 125 de la Constitución establece que “los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera”, con excepción de los “cargos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”, razón por la que la regla general es el sistema de provisión por carrera, en tanto las excepciones son aquellas que establece taxativamente la Constitución y la ley(29).
4.2. Los sistemas de carrera creados a partir del nuevo diseño constitucional(30), basados en el seguimiento irrestricto del principio de mérito, son el mecanismo para proveer el ingreso, garantizar la permanencia, y permitir la promoción y retiro a los empleos del Estado(31). De esta manera, los procedimientos que se siguen en el marco de las diferentes etapas de la carrera (ingreso, permanencia, evaluación y retiro) deben garantizar el debido proceso (art. 29 C.N.), la igualdad de oportunidades para el acceso a los cargos y funciones públicas (art. 40.7 C.N.), la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en el servicio público para el cumplimiento de los fines del Estado (arts. 1º, 2º, 122 a 131 y 209 C.N.), así como la protección de los derechos de las personas vinculadas a la carrera (arts. 53 y 125 C.N.).(32)
4.3. En el caso del sistema especial de la carrera judicial (art. 256-1), la Corte ha reiterado que esta se encuentra sujeta a los criterios impuestos por el artículo 125 superior(33), razón por la que, por regla general, el concurso público de méritos debe ser utilizado para proveer cargos en la Rama Judicial, en tanto, constituye el procedimiento preferente para garantizar que los ciudadanos más calificados para el efecto, desempeñen las funciones que demanda la trascendental actividad de administrar justicia(34).
4.4 Sobre los lineamientos y características de la carrera judicial, la jurisprudencia constitucional ha emitido diversos pronunciamientos en los cuáles ha podido señalar su alcance(35), y en los que ha establecido de manera decantada que la provisión de cargos en la Rama Judicial debe hacerse a través de las reglas del concurso público y abierto contenido en la Ley 270 de 1996 y, teniendo en cuenta la lista de elegibles vigente. De tal manera que dicho régimen proteja los derechos y garantías constitucionales de aspirantes y servidores públicos, al mismo tiempo que, cumpla los fines estatales de transparencia y eficacia, comprometidos en los mecanismos de ingreso al servicio público.
4.5. La jurisprudencia constitucional ha señalado que en el sistema especial de la carrera judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y específicamente su Sala Administrativa, tiene la atribución de administrar la función judicial en general, y los concursos que para la provisión de cargos se realicen de manera particular(36). En este sentido, el numeral 2º del artículo 257 de la Constitución le asigna a dicho órgano la función de crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. Por tal motivo, y como desarrollo del anterior mandato constitucional, el artículo 75 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—, modificada por Ley 1285 de 2009, otorga a la Sala Administrativa la función general de administrar la rama judicial, mientras que, el artículo 85, le concede la labor de administrar y reglamentar la carrera judicial de acuerdo con las normas constitucionales y con sujeción a lo previsto por el legislador(37).
4.6. Sobre el alcance de la administración de la rama judicial, la Corte ha emitido algunos pronunciamientos en los que ha explicado cuáles son los alcances de dicha facultad y cómo se concretan. En este sentido, es necesario recordar que en la Sentencia C-037 de 1996(38), en la que se revisó en su integridad la Ley 270 de 1996 —Ley Estatutaria de Administración de Justicia—, la Corte estudió las funciones otorgadas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Así por ejemplo, se dijo que esa Corporación le compete administrar la Rama Judicial y reglamentar la carrera administrativa, siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador, en los términos previstos en los artículos 125 y 150-23 de la Carta Política.
4.7. De manera igualmente importante, en la Sentencia SU-539 de 2012(39), la Corte determinó que las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, particularmente aquella relativa a su facultad de reglamentar la carrera judicial, corresponden a lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado “potestad reglamentaria de los órganos constitucionales”, la que se concreta en la expedición de las normas de carácter general que sean necesarias para la cumplida ejecución de la ley, en este caso, la Ley 270 de 1996.
5. Al analizar el trámite de la acción de tutela que ahora se revisa, la Sala constata que la demanda presentada por el señor Carlos Enrique Pinzón Muñoz fue radicada el día 23 de noviembre de 2015 en la Oficina Judicial de Medellín de la Dirección Seccional de la Rama Judicial de Antioquia y Chocó. El acta individual de reparto(40) indica que la tutela correspondió al magistrado Marino Américo Cárdenas Estrada, integrante de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.
“Para el conocimiento del Doctor John Jairo Acosta Pérez, Magistrado que sigue en turno dentro de la Sala Primera de Decisión Laboral de este Tribunal, informo que por concurrir en el suscrito ponente la causal de recusación prevista en el numeral 9º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía al procedimiento laboral, de conformidad con el artículo 145 del CPL, me declaro impedido para conocer de esta acción de tutela instaurada por el señor Carlos Enrique Pinzón Muñoz en contra de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, unidad representada por su Directora María Claudia Vivas Rojas o quien hagas sus veces.
Envíese el expediente al Doctor John Jairo Acosta Pérez, para que la Sala decida si acepta el impedimento (inciso 4º del artículo 149 del CPC)”(41) (subrayado adicionado al texto).
“En la presente Acción de Tutela instaurada por Carlos Enrique Pinzón Muñoz contra la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Doctor Marino Cárdenas Estrada, miembro de esta Sala Primera de Decisión, por auto del 24 de noviembre de 2015 se declaró impedido para conocer del mismo de conformidad con lo establecido en el numeral 9º del artículo 150 del CPC, aplicable por analogía al procedimiento laboral, de conformidad con el artículo 145 del CPT y la S.S.
No obstante, analizada la causal de impedimento propuesta por el Magistrado Cárdenas Estrada, relacionada con existir amistad íntima con el actor en la presente acción constitucional, los demás miembros de la Sala, consideran que no es procedente admitirla al no existir justificación alguna para ello; en consecuencia, se dispondrá la devolución del expediente para que el Magistrado a quien le correspondió por reparto, proceda con el trámite pertinente”(42) (subrayado adicionado al texto).
9. Para empezar, el magistrado Marino Cárdenas Estrada informó a la Sala de Decisión del Tribunal que estaba incurso en la causal del numeral 9º del artículo 150 del CPC y que por tanto se declaraba impedido para conocer del proceso. Sobre este punto, la Sala encuentra que el mencionado magistrado invocó una regulación que no corresponde con la remisión que ordena el Decreto 2591 de 1991 en relación con las causales de impedimento en materia de acciones de tutela, pues el funcionario judicial invocó el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil cuandoquiera que el Decreto 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela, señala en su artículo 39 que “[e]l juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente”.
10. En principio, esta inobservancia pudiera no ser grave si se tiene en cuenta que existe una gran similitud entre las causales previstas en la norma que cita el funcionario judicial (art. 150 CPC(43)) y las previstas en la norma de adecuada aplicación (art. 56 CPP(44)), lo que no generaría mayor preocupación que una equivocación en la remisión normativa. Sin embargo, lo que sí llama la atención de la Sala es que en el trámite del impedimento presentado por el magistrado sustanciador del proceso, se incumplió con el debido procedimiento que las manifestaciones y la resolución de los impedimentos de los funcionarios judiciales.
11. Así por ejemplo, además de la incorrecta remisión normativa, se encuentra que el magistrado Marino Cárdenas Estrada no expresó en qué condición específica de la causal de impedimento invocada se encontraba incurso, y tampoco puso en conocimiento de los demás magistrados las razones de hecho en que se fundaba la presunta causal para que esta fuera debidamente resuelta(45).
12. En efecto, la causal prevista en el numeral 9º del artículo 150 del CPC y que es prácticamente idéntica a la prevista en el numeral 5º del artículo 56 del CPP (norma que correspondía invocar) consiste en “[e]xistir enemistad grave por hechos ajenos al proceso, o a la ejecución de la sentencia, o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado”. Como se puede apreciar la causal regula dos hipótesis distintas: (i) existir enemistad grave por hechos ajenos al proceso o la ejecución de la sentencia; y (ii) existir amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado. Sin embargo, en este caso, no era posible, en principio, determinar cuál de las hipótesis era la invocada por el magistrado Cárdenas Estrada, debido a este que no expuso las razones de hecho que sustentaban su declaratoria de impedimento.
13. Ahora bien, no siendo suficiente lo anterior, la Sala encuentra que en el auto que resolvió la solicitud de impedimento(46), se afirma que la causal invocada es la amistad íntima del magistrado Cárdenas Estrada con el actor, sin que esta situación de hecho hubiera sido puesta de presente en el escrito de la declaratoria de impedimento. Adicionalmente, y de manera aún más contradictoria la Sala de decisión dual del Tribunal señaló que no era procedente admitir la causal de impedimento “al no existir justificación alguna para ello”.
15. Como ha explicado esta Corte(47), el trámite de las declaraciones de impedimento tiene un valor capital en todas las actuaciones judiciales —incluidos los procesos de tutela—, debido a que protegen dos principios esenciales de la administración de justicia: la independencia y la imparcialidad. Estos principios quedan amparados cuando el funcionario judicial “por un acto voluntario o a petición de parte, debe apartarse del proceso que viene conociendo cuando se configura, para su caso específico, alguna de las causales que se encuentran expresamente descritas en la ley”.
16. Adicionalmente, los impedimentos procesales tienen su fundamento constitucional en el derecho fundamental al debido proceso “ya que aquel trámite judicial, adelantando por un juez subjetivamente incompetente, no puede entenderse desarrollado bajo el amparo de la presunción de imparcialidad a la cual se llega, solo en cuanto sea posible garantizar que el funcionario judicial procede y juzga con absoluta rectitud; esto es, apartado de designios anticipados o prevenciones que, al margen del análisis estrictamente probatorio y legal, puedan favorecer o perjudicar a una de las partes”(48). Por lo tanto, la figura del impedimento permite que un juez que conoce de un proceso, abandone la dirección de ese caso si considera que existen límites legales que le imposibilitan actuar con imparcialidad e independencia.
20. No obstante lo anterior, también se ha precisado que la regla general de improcedencia tiene dos excepciones, a saber: cuando (i) se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual el juez concederá la protección transitoria mientras la jurisdicción competente decide de manera definitiva sobre la legalidad del acto; y cuando (ii) a pesar de que existe un medio defensa judicial, este resulta ineficaz para conjurar la violación del derecho fundamental invocado. Además, se ha precisado que (iii) el acto que se demanda no puede ser un acto de trámite, sino que debe tener la potencialidad de definir una situación especial y sustancial dentro de la actuación administrativa, siendo además necesario que se produzca a raíz de (iv) una actuación administrativa irrazonable que vulnere alguna garantía constitucional.(49)
21. En el caso que ahora se revisa, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín consideró que la acción de tutela era procedente porque en su criterio la acción de nulidad y restablecimiento del derecho era ineficaz para amparar los derechos del actor debido al trámite que debería agotar en una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Al respecto, dicho juez colegiado sostuvo que: “la acción contenciosa administrativa, no reviste la celeridad que se requiere para en caso de ser procedente lo peticionado por el accionante, este pueda pasar a la siguiente etapa del concurso de méritos”(50).
23. Así para empezar, al efectuar el análisis era necesario determinar si efectivamente el acto administrativo impugnado por el actor constituía una verdadera actuación que definiera su situación sustancial en el desarrollo del concurso de méritos, o si se trataba de un mero acto de trámite que no admitía la procedibilidad de la acción de tutela. Sobre este aspecto, la Sala encuentra que la Convocatoria Nº 22(51), norma rectora del concurso de méritos, señala que el concurso se compone en su etapa de selección de dos fases: (i) la prueba de conocimientos y psicotécnica y (ii) un curso de formación judicial.
26. Al respecto, el Tribunal debía tener en cuenta que es obligación del juez de tutela -en cada caso concreto- evaluar la idoneidad y la eficacia de los diferentes medios ordinarios de defensa para valorar la posible vulneración de un derecho fundamental(52). De esta manera, en el presente caso, el Tribunal Superior de Medellín omitió analizar que el actor contaba con un medio judicial ordinario al cual podía acudir: las medidas cautelares previstas en el CPACA. Y frente a estas, debió determinar si constituían un mecanismo adecuado para salvaguardar los derechos del accionante, para de esta manera establecer la procedencia de la acción de tutela.
27. Pues bien, sobre la valoración de las medidas cautelares en la jurisdicción contencioso-administrativa, la jurisprudencia reciente de esta Corte(53) ha establecido que estas han sido reformadas con la finalidad de ofrecer una mayor eficacia a la protección de los derechos fundamentales en los procesos que se desarrollan ante los jueces administrativos. Con base en estas razones, en la Sentencia SU-355 de 2015 este Tribunal explicó que la nueva regulación en dicho campo es relevante para el examen de subsidiaridad que deben hacer los jueces de tutela.
29. En relación con el análisis de la protección ofrecida por las medidas cautelares en lo contencioso administrativo, se encuentra que estas últimas pueden ser de dos tipos: ordinarias o de urgencia(54). Estas últimas, a su vez, pueden ser adoptadas desde el momento en que se presente una solicitud en ese sentido y sin necesidad de notificar previamente a la otra parte. De manera que la autoridad judicial puede adoptar una medida cautelar cuando verificadas las condiciones generales previstas para su adopción(55), evidencie que por la urgencia que se presenta no puede agotarse el trámite previsto y deba adoptarse la medida. Adicionalmente, la decisión es susceptible de los recursos respectivos.
31. De esta manera, la Sala encuentra que en principio las medidas cautelares del procedimiento contencioso administrativo serían un mecanismo idóneo y eficaz para salvaguardar los derechos del actor, y que ni el actor, ni el Tribunal Superior de Medellín —Sala Laboral— plantearon ninguna justificación para no acudir a las mismas, o de por qué estas medidas no serían eficaces en el caso del demandante.
34. Por lo tanto, si bien existen las medidas cautelares de urgencia ante la jurisdicción contencioso-administrativa y estas pueden resultar, en principio, idóneas y eficaces para conjurar un perjuicio irremediable por la no habilitación para continuar en una etapa sustancial y determinante, como el curso-concurso como el que ahora se analiza, lo cierto es que la regla jurisprudencial también permite que los ciudadanos acudan a la acción de tutela para conjurar este tipo de perjuicios —irremediables— siempre y cuando se cumplan y acrediten los requisitos que pare ello ha señalado la jurisprudencia constitucional —inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad—.
“Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso” (subrayado adicionado al texto).
38. Como se reiterado en los fundamentos de esta decisión, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que la procedibilidad de la acción de tutela en los casos de concursos de méritos es excepcional pues el acto que se demanda debe tener la potencialidad de definir una situación especial y sustancial dentro de la actuación administrativa. Esta situación ya fue efectivamente corroborada en los párrafos precedentes.
39. Sin embargo, el juicio de procedibilidad en estos casos no solamente se agota en la naturaleza sustancial y definitoria del acto administrativo demandado, sino que además implica que la actuación administrativa sea fruto de una actuación flagrantemente irrazonable y desproporcionada por parte de la administración, y que por tanto con ella se evidencie la vulneración de las garantías establecidas en la Constitución(56).
44. Contrario a lo planteado por el demandante, la actuación de las entidades accionadas es razonable y proporcionada pues al evidenciar que existían inconsistencias en las preguntas formuladas en la prueba de conocimientos presentada por los concursantes, era necesario retirar dichas preguntas para garantizar la idoneidad de la prueba en condiciones de igualdad a todos los concursantes (igualdad de trato). Mantener este tipo de preguntas —con fallas técnicas— contrariaría la finalidad del concurso de méritos pues la prueba no se fundamentaría en los conocimientos del concursante, sino en el azar de una respuesta sobre la que no existe certeza. Por lo tanto, la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso del accionante carece de fundamento.
45. Sobre este mismo aspecto es necesario señalar que contrario a lo expuesto por el Tribunal Superior de Medellín —Sala Laboral— no es posible considerar que existió un cambio en las reglas de juego dentro de la Convocatoria 22, y que la actuación de las entidades accionadas constituía “en sí misma una decisión arbitraria”, pues lo que sí constituiría una afectación de los derechos de los concursantes sería mantener un grupo de preguntas inconsistentes, que benefician a un grupo de concursantes.
48. Esta situación —perjuicio irremediable— no se acreditó en este caso, pues por ejemplo no existía una fecha cierta de convocatoria para la etapa de curso-concurso que implicara la inminencia de afectación de sus derechos, tampoco se probó que los mecanismos cautelares de lo contencioso administrativos no fueran idóneos para salvaguardar sus derechos, y mucho menos se demostró que la decisión de la autoridad accionada fuera irrazonable o desproporcionada.
51. En este sentido, el actor solicitó en la acción de tutela que “se ofreciera una respuesta efectiva a la petición especial sobre información de resultados del examen presentado con el fin de permitir mi derecho de defensa y debido proceso administrativo, entregando los datos solicitados y permitiendo mi acceso real al contenido de mi examen, respuestas y valoraciones hechas en el caso concreto”.
52. Pues bien, al contrastar la anterior solicitud presentada en la demanda de tutela, con el derecho de petición que se anexó como prueba al proceso(57), la Sala encuentra que la solicitud de amparo del actor es improcedente debido a que el recurso de reposición formulado en el derecho de petición no se corresponde con lo que posteriormente el actor solicitó mediante tutela. En este sentido, al examinar el mencionado recurso de reposición, el actor formuló las siguientes peticiones:
1. Que se revoque o modifique la decisión individual contenida en la Resolución CJRES 15-20 (Febrero 12 de 2015), la que de manera clara y particular afecta mis derechos constitucionales. Y que como consecuencia:
2. Se aplique en las reglas del concurso, los principios Constitucionales, Legales y especialmente los precedentes jurisprudenciales, claramente referidos.
3. Que se realice una nueva evaluación a la prueba de conocimientos, aplicando una ecuación paramétrica que incluya una desviación estándar para la prueba esperada, acorde a la realidad misma de los concursantes para Magistrado de Tribunal Administrativo, conforme a lo previamente planteado.
4. Que la ecuación paramétrica aplicada sea la más favorable de las posibles a aplicar; ello en atención a los principios de favorabilidad y pro homine.
5. Que en atención al derecho a la igualdad, los resultados de esa ecuación, arrojen un mínimo de 4.6. % de concursantes con 800 o más puntos. Igualdad ampliamente detallada y precisada en este libelo.
6. Que los resultados de la prueba de conocimientos garanticen la construcción de un Registro Nacional de Elegibles con un número suficiente, que permita nombrar por mérito todos los cargos de Magistrado de Tribunal Administrativo, y que también garantice que dicho registro durante su vigencia nunca va a estar con menos de 6 integrantes.
8. Que si en respuesta a otro recurso interpuesto por otro concursante, se aprecia, situaciones que me favorezcan, me sean aplicadas en atención a los principios de favorabilidad, pro homine e igualdad y extensión de fallo favorable.
9. Que como consecuencia de lo anterior me sea reconsiderado el puntaje otorgado a las pruebas presentadas y según el caso se proceda con el ajusta y admisión a la lista de admitidos a la siguiente fase del concurso”(58) (subrayados y negritas son originales).
a. Cuántas, del total de preguntas formuladas en la prueba de conocimiento, fueron calificadas en mi hoja de respuestas como incorrectas, indicando el número de la pregunta y la respuesta seleccionada por el suscrito.
b. Cuál era la opción correcta de respuesta dada por la Universidad que realizó la prueba, específicamente frente a las preguntas que me fueron calificadas como incorrectas.
c. Una transcripción o se entregue copia de las preguntas que me fueron calificadas como incorrectas con sus respectivas opciones de respuestas.
Se hace inviable el ejercicio material del derecho de defensa, lo que de manera palmaria evidencia la lesión que con la respuesta genérica y ambigua que dio la administración a mi recurso, causó a mi derecho de primer grado”(59).
54. Como se puede apreciar, la presunta vulneración del derecho de petición es inexistente pues el actor hace alusión a un conjunto de temas que no fueron objeto de la solicitud inicial, lo que hace improcedente la tutela. Lo anterior, debido a que no es posible juzgar como desconocido el contenido de una petición cuyos aspectos no fueron del estudio de la autoridad accionada. Al respecto, es necesario recordar que la protección del derecho fundamental de petición se genera cuando existe una omisión en otorgar una respuesta, o la misma no fue oportuna(60). Sin embargo, no se puede endilgar una responsabilidad por la ausencia de respuesta en relación con aspectos que no fueron planteados por el solicitante.
55. En contraste con lo planteado por el accionante, al revisar la Resolución CJRES 15-252 del 24 de septiembre de 2015(61), mediante la cual se dio respuesta a las peticiones y recursos de reposición presentados por los concursantes, se puede evidenciar que en dicho acto se exponen diferentes causales de cuestionamiento así como sus correspondientes respuestas, dentro de las que se incluyeron las formuladas por el actor. Así por ejemplo, se hace un listado de temas y respuestas dentro de las que se destacan:
8. Revisión del proceso de selección debido al elevado porcentaje de aspirantes que no aprobaron la prueba de conocimiento”.
57. Ahora bien, en relación con el carácter de acto general —dirigido a todos los concursantes— de la respuesta del recurso de reposición del accionante, la Sala encuentra que la jurisprudencia constitucional(62) ya se ha referido a este tipo de situaciones y ha indicado que no generan ninguna vulneración de derechos fundamentales, pues corresponde a la obligación de la administración de adelantar sus tareas con eficiencia, economía y celeridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política. La utilización de este tipo de instrumentos se enmarca dentro de la amplia “potestad reglamentaria de los órganos constitucionales” como el Consejo Superior de la Judicatura, que es reconocida por la propia Constitución.
58. Por lo tanto, y como ha reconocido esta Corte(63) es posible la notificación global o general, en tanto ella se adecúe al cumplimiento de los requisitos trazados por la jurisprudencia constitucional tratándose de múltiples solicitudes sobre el mismo punto, formuladas con idénticos argumentos. En este sentido, la equivalencia, similitud y convergencia de lo solicitado posibilita dar una respuesta común, siempre y cuando se garantice a los interesados la satisfacción específica de lo individualmente pedido.
1. REVOCAR la sentencia de nueve (09) de diciembre de dos mil quince (2015), proferido en único fallo de instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en el asunto de la referencia. En su lugar, declarar IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Carlos Enrique Pinzón Muñoz contra la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por las razones expuestas en la presente providencia.
2. ADVERTIR a los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín para que, con base en las consideraciones expuestas en la presente sentencia(64), en lo sucesivo apliquen en debida forma la regulación procesal correspondiente al trámite de los impedimentos que se presenten en el marco de las acciones de tutela que se sometan a su conocimiento. Lo anterior, de manera que se garanticen en su plenitud los principios de independencia e imparcialidad que deben caracterizar a todas las actuaciones judiciales.
3. ORDENAR a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a partir de la notificación de la presente sentencia, publique la presente decisión en la página web de la Convocatoria 22 para la selección mediante concurso de méritos de funcionarios de carrera de la Rama Judicial.
4. por Secretaría General, LÍBRESE las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
1 La Universidad de Pamplona fue vinculada al trámite de la acción de tutela en sede de instancia ante el Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, mediante auto de 25 de noviembre de 2015, admisorio de la demanda.
2 En este apartado se relacionan tanto los hechos descritos por la accionante en la demanda de tutela como algunos elementos fácticos y jurídicos que obran en el expediente.
3 Acta individual de reparto, folio 1 del expediente de tutela.
4 Sentencia T-001 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
5 Al respecto dispone esta norma que “[l]a acción de tutela no procederá (…) Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
6 Sentencia T-590 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
7 Sentencias C-543 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía y T-590 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8 Sentencias C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-858 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-179 de 2009 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-510 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-590 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9 Consultar las sentencias T-589 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-590 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
10 Ver entre otras las sentencias T-999 de 2000 M.P. Fabio Morón Díaz, T-847 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-972 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-580 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-068 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-211 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-589 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-590 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Por su parte, Botero considera que un medio de defensa judicial idóneo es aquel que garantiza la definición del derecho controvertido y que en la práctica tiene la virtualidad de asegurar la protección del derecho violado o amenazado, o, en otros términos, es el camino adecuado para el logro de lo que se pretende, Cfr. Botero, Catalina, La acción de tutela en el Ordenamiento Constitucional Colombiano, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Consejo Superior de la Judicatura, Bogotá, 2006, P. 108.
11 Ver, entre otras, las sentencias T-106 de 1993 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-280 de 1993 M.P: Hernando Herrera Vergara y T-847 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-425 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-1121 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-021 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-514 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-211 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo, T-858 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-160 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-589 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-590 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Nuevamente trayendo a colación el concepto de Botero, la autora sostiene que la eficacia está relacionada con que el medio judicial ordinario proteja de manera integral, vigorosa y oportuna el derecho fundamental que aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una acción u omisión de una autoridad pública o de particulares en los casos señalados por la ley. Respecto a la diferencia entre idoneidad y eficacia, Botero sostiene que esta última “está relacionada con la protección oportuna del derecho, mientras la idoneidad se refiere a la protección adecuada del mismo”. Op. Cit. Botero, Catalina.
12 Ver sentencias T-414 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón, T-384 de 1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-822 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-068 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gi.
13 Ver sentencias T-778 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-979 de 2006 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-864 de 2007 M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-123 de 2007 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
14 Ver sentencias T-966 de 2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-843 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-436 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-809 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-816 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-417 de 2010 M.P. María Victoria Calle Correa.
15 Ver, entre otras, las sentencias T-512 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-039 de 1996 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
16 Ver, entre otras, las sentencias T-656 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-329 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-573 de 1997 M.P. Jorge Arango Mejía, T-654 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-289 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
17 Sentencias T-083 de 2004 M.P Rodrigo Escobar Gil, T-400 de 2009 M.P Juan Carlos Henao Pérez, T-881 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-421 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez y T- 208 de 2012 M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Respecto a la procedencia definitiva en materia de tutela, Botero sostiene que esta fórmula se aplica en aquellos casos en los que la violación que está en juego es una de aquellas cuestiones de carácter “meramente constitucional”. Para otorgar esta forma de amparo, es necesario la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) que las circunstancias de hecho estén meridianamente claras y que sobre ellas no exista discusión; (ii) que las disposiciones jurídicas aplicables no ofrezcan dudas; (iii) que no exista alguna controversia mayor que solo pueda ser resuelta en un proceso ordinario; (iv) que la tutela transitoria tenga como único efecto un desgaste y congestión innecesarios del aparato judicial. Op. Cit. Botero, Catalina.
18 Consultar sobre este tema las sentencias C-531 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-719 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-086 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
19 Decreto 2591 de 1991, artículo 8º: “La tutela como mecanismo transitorio. Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…). En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela (…). Si no la instaura cesarán los efectos de este (…)”.
20 Sentencias T-098 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-608 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería y T-1062 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21 Ver sentencias T-278 de 1995 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-1068 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-043 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
22 Sentencias T-107 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-816 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-1309 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
24 Cfr. SU-617 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
26 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
27 En este apartado se siguen de manera especial algunas de las consideraciones expuestas en la sentencia de unificación SU-553 de 2015.
28 Cfr. Sentencias C-588 de 2009, T-569 de 2011, C-319, T-502 de 2010, C-588 de 2009 y C-901 de 2008. Al respecto, la Corte ha señalado que el mérito y el concurso público son los dos pilares fundamentales de la carrera administrativa dentro de la Carta Política de 1991. En virtud del mérito se pretende que las capacidades, cualidades y eficacia del aspirante sean los factores determinantes “para el acceso, permanencia y retiro del empleo público”. (C-315 de 2007). Por su parte, el concurso público es el mecanismo para establecer el mérito, ya que aquel está exclusivamente dirigido a comprobar “las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos.”(C-112 de 2005). La Corte ha manifestado que el concurso público debe ser comprensivo de “todos y cada uno de los factores que deben reunir los candidatos a ocupar un cargo en la administración pública”, incluidos aquellos factores en los cuales “la calificación meramente objetiva es imposible”, ya que aquello garantiza la erradicación de cualquier margen de subjetividad en la escogencia del concursante.
29 Sentencia C-315 de 2007.
30 Al respecto, es importante señalar que la doctrina y la jurisprudencia han clasificado los sistemas de carrera, con base en las normas constitucionales (art. 130 C.P.) y legales (Ley 909 de 2004 y leyes de regímenes especiales de carrera), en: (i) sistema general de carrera administrativa, (ii) sistemas especiales de origen constitucional y (iii) sistemas especiales de origen legal (también denominados sistemas específicos de carrera). En este sentido, consultar la Sentencia T-716 de 2013 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva).
31 Sentencia C-671 de 2001.
32 Sentencia C-101 de 2013.
33 Al respecto consultar Sentencia C-532 de 2006 y Sentencia C-553 de 2007.
34 Específicamente, las reglas del concurso público de méritos para proveer cargos en la rama judicial se encuentran señaladas en los artículos 156, 164 y siguientes de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, modificada por Ley 1285 de 2009.
35 Dentro de los pronunciamientos emitidos por la Corte en esta materia se pueden resaltar los siguientes: En la Sentencia C-713 de 2008 fijó la regla conforme a la cual los funcionarios judiciales deben ser elegidos de una lista o registro conformado mediante concurso público de méritos, sin importar que su cargo fuese tan solo temporal. Posteriormente, en la Sentencia C-333 de 2012, la Corte estudió la constitucionalidad de la carrera judicial y la provisión de cargos mediante concurso público de méritos, con ocasión de la norma (artículo 67 de la Ley 975 de 2005) que regulaba el sistema de elección de los magistrados de justicia y paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. En el caso reiteró la regla fijada en la sentencia C-713 de 2008 y concluyó que el artículo 125 de la Constitución imponía como regla la carrera administrativa fundada en el mérito, como criterio principal y primordial de selección de las personas dedicadas a la función pública. // En la sentencia C-532 de 2013, que estudió la constitucionalidad del artículo 28 de la Ley 1592 de 2012, se planteó el desconocimiento del concurso público de méritos como requisito constitucional para acceder a la carrera judicial, cuando los cargos tienen vocación de transitoriedad, como los de la jurisdicción de justicia y paz. La Corte decidió que la norma demandada era exequible bajo el entendido que los empleos de magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial, deberán ser provistos de las listas de elegibles vigentes enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en materia penal por ser esta especialidad en la que se enmarca la actuación de los Jueces de Justicia y paz.
36 Cfr. Sentencia SU-553 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo).
37 Al respecto, en la Sentencia C-265 de 1993 la Corte sostuvo que: “[l]a Sala administrativa por su parte, también fue creada orgánicamente con funciones propias, para cumplir funciones administrativas, con representación de las corporaciones nominadoras y como garantía de la autonomía administrativa de la Rama Judicial perseguida por el Constituyente. Esta Sala Administrativa ejerce funciones que tienen su fuente en la Constitución y la ley (posteriormente en la ley estatutaria de la administración de justicia y en otras leyes especiales), tales funciones son administrativas por su propia naturaleza y traducen la representación unificada de la Rama Judicial que expresan las Corporaciones nominadoras (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado)”.
39 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
40 Folio Nº 1 del expediente de tutela.
41 Folio Nº 34 del expediente de tutela.
42 Folio 35 del expediente de tutela.
43 Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970), Artículo 150. Causales de recusación: “(Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012) Son causales de recusación las siguientes: // 9. Existir enemistad grave por hechos ajenos al proceso, o a la ejecución de la sentencia, o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado. //”.
44 Código de Procedimiento Penal, Artículo 56: “Causales de impedimento. Son causales de impedimento: // 5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial”.
45 Ley 1564 de 2012 —Código General del Proceso—, artículo 140: Declaración de impedimentos: “(…) El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en conocimiento del que le sigue en turno en la respectiva sala, con expresión de la causal invocada y de los hechos en que se funda, para que resuelva sobre el impedimento y en caso de aceptarlo pase el expediente a quien deba reemplazarlo o fije fecha y hora para el sorteo de conjuez, si hubiere lugar a ello” (resaltado adicionado al texto).
46 Auto de 25 de noviembre de 2015, folio 35 del expediente de tutela.
47 Cfr. Sentencias C–365 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y T-800 de 2006 (M.P. Jaime Araujo Rentería).
48 Cfr. Sentencia C–365 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
49 Cfr. Sentencia SU-617 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
50 Folio 75 del expediente de tutela.
51 Cfr. Acuerdo No. PSAA13-9939 del 25 de Junio de 2013, por el cual se adelanta el proceso de selección mediante concurso de méritos de los cargos de funcionarios judiciales de la rama judicial.
52 Cfr. Sentencias T-427 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-343 de 2015 (M.P. (e) Myriam Ávila Roldán), T-404 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-702 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
53 Cfr. Sentencia SU-355 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo).
54 Cfr. Sentencia SU-355 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo).
55 El artículo 231 del CPACA señala los siguientes requisitos para la procedencia de una medida cautelar: “1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. // 2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados. // 3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. // 4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: // a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o // b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios”.
56 Cfr. Sentencia SU-617 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
57 Derecho de petición presentado el 27 de febrero de 2015 por el señor Carlos Enrique Pinzón Muñoz a la Directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Folios 19 a 33 del expediente de tutela.
58 Derecho de petición presentado de 27 de febrero de 2015, (acápite de peticiones) folios 32 a 33 del expediente de tutela.
59 Demanda de tutela, folio 15 del expediente.
60 Al respecto, se pueden consultar entre muchas otras, las sentencias T-999 de 2002, T-1213 de 2005, T-061 de 2009, T-558 de 2012, T-903 de 2014 y T-048 de 2015.
61 https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10635/3963932/C22-CJRES15-252.pdf/82e814f9-d5b9-4f1e-9a2e-c6130b49fe38.
62 Al respecto, consultar la sentencia SU-617 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
63 Cfr. Sentencia SU-617 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
64 Cfr. Análisis del caso concreto: “a. Cuestión previa: el indebido trámite del impedimento presentado en sede de instancia en la acción de tutela”.

References: Resolución 
 artículo 150
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 257
 artículo 75
 artículo 85
 artículo 150
 artículo 145
 artículo 149
 artículo 150
 artículo 145
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 39
 resolución 
 artículo 150
 artículo 56
e contrario
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 209
 artículo 36
 artículo 8
 artículo 125
 artículo 28
 Artículo 150
 artículo 626
 Artículo 56
 artículo 140
 artículo 231