Source: http://corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?lang=en&nId_Ficha=255
Timestamp: 2020-01-18 09:43:54+00:00

Document:
Technical Data: Comunidad Moiwana Vs. Surinam
Pobladores de la comunidad Moiwana
- Moiwana ’86
- Association Moiwana
Demanded Country: Surinam
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de investigación y sanción de los responsables de la muerte y maltratos de pobladores de la comunidad Moiwana por parte de agentes militares, así como por su desplazamiento forzado.
Keywords: Garantías judiciales y procesales, Libertad de circulación y residencia, Propiedad privada, Protección judicial, Protección judicial, Pueblos indígenas
American Convention: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 21 (Derecho a la propiedad privada) , Artículo 22 ( Derecho de circulación y de residencia) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales)
Other instruments: Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados – Naciones Unidas, Principios rectores de los desplazados internos – Naciones Unidas
- Los hechos del presente caso se refieren a la comunidad N’djuka está conformada por personas originarias del África que habitan en la zona oriental de Suriname desde el siglo XVII. Esta comunidad tiene su propio idioma e historia, así como tradiciones culturales y religiosas que la distinguen de otras comunidades indígenas que habitan en el mismo territorio.
- La aldea de Moiwana fue fundada por clanes N’djuka a fines del siglo XIX. En 1986, el régimen militar de Desire Bouterse se enfrentó al grupo armado opositor conocido como el Jungle Commando. Cientos de indígenas fallecieron producto de las hostilidades entre ambos grupos.
- El 29 de noviembre de 1986 se efectuó una operación militar en la aldea de Moiwana. Agentes militares y sus colaboradores mataron al menos a 39 miembros de la comunidad, entre los cuales había niños, mujeres y ancianos, e hirieron a otros. Asimismo, la operación quemó y destruyó la propiedad de la comunidad y forzó a los sobrevivientes a huir. Desde su huida de la aldea de Moiwana, los pobladores han sufrido condiciones de pobreza y no han podido practicar sus medios tradicionales de subsistencia.
- La aldea de Moiwana y sus tierras tradicionales circundantes quedaron abandonadas desde el ataque de 1986. A los miembros de la comunidad les ha sido imposible recuperar los restos de sus familiares que murieron durante el ataque. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables de los hechos.
- Fecha de presentación de la petición (11.821): 27 de junio de 1997
- Fecha de informe de admisibilidad (26/00): 7 de marzo de 2000
- Fecha de informe de fondo (35/02): 28 de febrero de 2002
- Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 20 de diciembre de 2002
- Petitorio de la CIDH: La CIDH solicitó al Tribunal que declare la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la presunta violación de los derechos reconocidos en los siguientes artículos de la Convención Americana: 8, y 25 en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los miembros
- Petitorio de los representantes de las víctimas: Los representantes coincidieron, en general, con las violaciones alegadas por la Comisión Interamericana. Sin embargo, adicionalmente a los alegatos de la CIDH, los representantes estimaron violado los derechos reconocidos en los artículos 5 y 21 de la Convención Americana,
- Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 9 de septiembre de 2004
4. Suriname es Estado Parte en la Convención Americana desde el 12 de noviembre de 1987 y en esa misma fecha reconoció como obligatoria la competencia de la Corte. El Estado ha alegado en sus excepciones preliminares que el Tribunal no tiene competencia para conocer del presente caso (…). Por lo tanto, la Corte decidirá primero sobre las excepciones preliminares interpuestas por Suriname; posteriormente, si fuera jurídicamente procedente, el Tribunal pasará a decidir sobre el fondo y las reparaciones solicitadas en el presente caso.
2.1. “La Corte carece de competencia ratione temporis porque la Convención Americana no es aplicable a la República de Suriname en el presente caso”
37. La principal defensa del Estado en el caso sub judice consiste en su rechazo de la competencia ratione temporis de la Corte. En este sentido, Suriname argumenta que las violaciones alegadas por la Comisión y por los representantes se originaron en hechos que ocurrieron en noviembre de 1986, un año antes de su ratificación de la Convención Americana y su reconocimiento de la competencia de la Corte. (…)
38. (…). A la luz de la naturaleza de la presente excepción preliminar, es necesario referirse al artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, el cual establece que: [l]as disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.
39. De conformidad con este principio de irretroactividad, en el caso de violaciones continuadas o permanentes, las cuales comienzan antes del reconocimiento de la competencia de la Corte y persisten aun después de ese reconocimiento, el Tribunal es competente para examinar las acciones y omisiones que hayan ocurrido con posterioridad al reconocimiento de competencia, así como sus respectivos efectos.
43. En el caso sub judice, la Corte distingue tanto entre presuntas violaciones a derechos de la Convención Americana que son de naturaleza continua y presuntas violaciones ocurridas después del 12 de noviembre de 1987. En relación con las primeras, el Tribunal advierte que se ha alegado la perpetración de una masacre en 1986; como consecuencia de ella, habría nacido para el Estado la obligación de investigar, procesar y juzgar a los responsables (…) Por otra parte, se ha alegado que las presuntas víctimas fueron desplazadas forzadamente de sus tierras ancestrales. Aunque este desplazamiento presuntamente sucedió en 1986, la imposibilidad del retorno a estas tierras supuestamente ha subsistido. La Corte tiene también jurisdicción para decidir sobre estos presuntos hechos y sobre la calificación jurídica que a ellos corresponda. Finalmente, en cuanto a las presuntas violaciones ocurridas después del 12 de noviembre de 1987, que se estima innecesario detallar aquí, es evidente que caen bajo la competencia de la Corte Interamericana.
44. En consecuencia, se rechaza esta excepción preliminar en los términos que se han señalado.
2.2. “Los peticionarios no han agotado los recursos internos tal como lo requieren la Convención Americana y el Reglamento de la Comisión Interamericana”
49. Sobre este asunto, la Corte ya ha establecido criterios claros. En efecto, de los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, a los cuales se refiere la regla del agotamiento de los del agotamiento de los recursos internos, resulta, en primer lugar, que el Estado demandado puede renunciar en forma expresa o tácita la invocación de esa regla. En segundo lugar, la excepción de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual se presume la renuncia tácita a valerse de la misma por parte del Estado interesado. En tercer lugar, el Estado que alega el no agotamiento debe señalar los recursos internos que deben agotarse y proporcionar la prueba de su efectividad.
50. En el presente caso (…), tal como lo ha señalado la Comisión en reiteradas ocasiones, y se desprende inequívocamente del expediente, la mencionada primera objeción de Suriname sobre este asunto no se remitió sino hasta después de que la Comisión había emitido sus Informes de Admisibilidad el 7 de marzo de 2000 y de Fondo el 28 de febrero de 2002.
51. Por lo tanto, como consecuencia de no haber objetado este punto a tiempo, la Corte concluye que el Estado ha renunciado tácitamente a su derecho a objetar este punto, y en razón de ello desecha la presente excepción preliminar.
2.3. “Debido al retraso de la Comisión en presentar la demanda, la Corte carece de competencia, de conformidad con el artículo 51.1 de la Convención”
57. La Corte ya ha establecido que está permitida la prórroga del plazo de tres meses mencionado en el artículo 51.1 de la Convención, en el entendido, por supuesto, que se mantenga el debido equilibrio procesal. (…)
58. Además, según la práctica internacional, cuando una parte en un litigio ha adoptado una actitud determinada que redunda en beneficio propio o en deterioro de la contraria, no puede luego, en virtud del principio del estoppel, asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera. Para la segunda conducta rige la regla de non concedit venire contra factum proprium
59. Por las razones anteriormente expuestas, la Corte rechaza la presente excepción preliminar.
2.4. “En su Informe de Fondo No. 35/02 la Comisión ‘concluyó otras violaciones diferentes a aquéllas por las cuales fue admitido el caso’”
63. El Tribunal afirma que, de conformidad con el artículo 62 de la Convención Americana, su competencia concierne a la interpretación y aplicación de las disposiciones de dicha Convención. (…) [L]as conclusiones de la Comisión en relación con violaciones específicas de la Declaración Americana no se relacionan directamente con el trámite del caso ante este Tribunal. Por otra parte, las consideraciones de la Comisión respecto de presuntas violaciones de la Convención Americana no son de obligatorio acatamiento para la Corte.
64. Por lo tanto, la Corte desecha la cuarta excepción preliminar del Estado.
2.5. “La Comisión omitió enviar todas las partes pertinentes de la denuncia al Estado, tal y como está establecido en el artículo 42 de su Reglamento”
68. (…) [L]a Corte considera inapropiada la objeción preliminar de Suriname relativa a la falta de transmitir “las partes pertinentes de la denuncia” al Estado. Al haber decidido no ejercer su derecho de defensa ante la Comisión durante las oportunidades procesales apropiadas, Suriname no puede interponer tal excepción ante esta Corte.
69. Por la razón anteriormente señalada, el Tribunal rechaza la quinta excepción preliminar del Estado.
I. Derecho a la integridad personal en relación con la obligación de respetar derechos
92. En cuanto al presente caso, el Tribunal decidió anteriormente que no tiene competencia para examinar los hechos del 29 de noviembre de 1986. Sin embargo, tiene competencia para examinar el cumplimiento por parte del Estado de su obligación de garantizar el derecho a la integridad personal, que se traduce aquí en la obligación de investigar las posibles violaciones al artículo 5 de la Convención.
93. La falta de cumplimiento de esta obligación ha impedido a los miembros de la comunidad Moiwana honrar adecuadamente a sus seres queridos fallecidos y ha implicado la separación forzosa de éstos de sus tierras tradicionales, situaciones que afectan los derechos de estos miembros consagrados en el artículo 5 de la Convención. (…)
94. (…) [N]o existe indicación alguna de que haya habido una investigación seria y completa sobre los hechos del 29 de noviembre de 1986 (…). Asimismo, los miembros de la comunidad no han recibido reparación alguna por esos hechos .Tal ausencia de recursos efectivos ha sido considerada por la Corte como fuente de sufrimiento y angustia para víctimas y sus familiares; incluso, en el presente caso, ha creado en los miembros de la comunidad la convicción de que el Estado los discrimina activamente (…).
95. Más aun, la impunidad persistente ha tenido un grave impacto en los miembros de la comunidad de Moiwana, como pueblo N’djuka. (…)
98. (….) [E]l pueblo N’djuka tiene rituales específicos y complejos que se deben seguir después de la muerte de un miembro de la comunidad. (…) Sólo quienes han sido considerados indignos no reciben un entierro honorable.
100. Por esta razón, una de las principales fuentes de sufrimiento para los miembros de la comunidad es que ignoran lo que aconteció con los restos de su seres queridos y, como resultado, no pueden honrarlos y enterrarlos según los principios fundamentales de la cultura N’djuka. (…)
103. Con fundamento en el anterior análisis, la Corte concluye que los miembros de la comunidad Moiwana han sufrido emocional, psicológica, espiritual y económicamente, en forma tal que constituye una violación por parte del Estado del artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de aquéllos.
II. Derecho de circulación y residencia en relación con la obligación de respetar derechos.
108. Los hechos probados establecen que los miembros de la comunidad residían en la aldea de Moiwana, y que esta aldea y sus tierras tradicionales circundantes no han sido habitadas desde los hechos del 29 de noviembre de 1986 (…). En razón de ello, el Tribunal puede ejercer su competencia sobre el desplazamiento continuo de la comunidad, el cual – a pesar de que inicialmente se produjo por el ataque de 1986 – constituye una situación que persistió después de que el Estado reconoció la competencia del Tribunal en 1987 y se mantiene hasta el presente.
110. Esta Corte ha sostenido que la libertad de circulación es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona. (…)
113. Se ha demostrado claramente que los miembros de la comunidad tienen la convicción de que no podrán regresar a su territorio ancestral mientras no obtengan justicia por los hechos de 1986. (….) Todos los miembros de la comunidad que testificaron ante la Corte expresaron temores similares con respecto a espíritus vengadores, y afirmaron que sólo podrían vivir en la aldea de Moiwana nuevamente si se purificaran primero sus tierras tradicionales.
118. En resumen, sólo cuando se obtenga justicia por los hechos del 29 de noviembre de 1986 los miembros de la comunidad podrán: 1) aplacar a los espíritus enfurecidos de sus familiares y purificar su tierra tradicional; y 2) dejar de temer que se hostilice a su comunidad. (…)
119. (…) Sin perjuicio de que pueda existir en Suriname una norma que establezca este derecho, sobre lo cual esta Corte no ve necesidad de pronunciarse, en este caso la libertad de circulación y de residencia de los miembros de la comunidad se encuentra limitada por una restricción de facto muy precisa, que se origina en el miedo fundado descrito anteriormente, que los aleja de su territorio ancestral.
121. Por las razones anteriores, la Corte declara que Suriname violó el artículo 22 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de los miembros de la comunidad Moiwana.
III. Derecho a la propiedad en relación con la obligación de respetar derechos.
128. (…) Suriname no ha establecido las condiciones, ni provisto los medios que permitan a los miembros de la comunidad vivir nuevamente en su territorio ancestral en forma segura y pacífica; en consecuencia, la aldea de Moiwana ha estado abandonada desde el ataque de 1986.
129. (…) [L]a Corte debe considerar, naturalmente, si la aldea de Moiwana pertenece a los miembros de la comunidad, tomando en cuenta para ello el concepto amplio de propiedad desarrollado en la jurisprudencia del Tribunal.
131 .(…) [E]sta Corte ha sostenido que, en el caso de comunidades indígenas que han ocupado sus tierras ancestrales de acuerdo con sus prácticas consuetudinarias – pero que carecen de un título formal de propiedad – la posesión de la tierra debería bastar para que obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro. (…) La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. (…)
133. En este sentido, los miembros de la comunidad, un pueblo tribal N’djuka, poseen una “relación omnicomprensiva” con sus tierras tradicionales, y su concepto de propiedad en relación con ese territorio no se centra en el individuo, sino en la comunidad como un todo. En virtud de lo anterior, la jurisprudencia de esta Corte en relación con las comunidades indígenas y sus derechos comunales a la propiedad, (…) debe también aplicarse a los miembros de la comunidad tribal que residía en Moiwana: su ocupación tradicional de la aldea de Moiwana y las tierras circundantes (…). Los límites exactos de ese territorio, sin embargo, sólo pueden determinarse previa consulta con dichas comunidades vecinas
135. Por todo lo expuesto, la Corte concluye que Suriname violó el derecho de los miembros de la comunidad al uso y goce comunal de su propiedad tradicional. Consecuentemente, el Tribunal considera que el Estado violó el artículo 21 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de los miembros de la comunidad Moiwana.
IV. Derechos a las garantías judiciales y protección judicial en relación con la obligación de respetar derechos
142. La Corte ha sostenido que, según la Convención Americana, los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1) (…).
4.1. Recurso legal adecuado
144. Durante el trámite del caso ante esta Corte, el Estado ha sostenido que los miembros de la comunidad debieron haber iniciado acciones civiles en las cortes nacionales para obtener reparación por las violaciones de derechos humanos que alegan haber sufrido. (…)
145. La Corte observa que, eventualmente, las acciones civiles pueden servir como medio para reparar parcialmente las consecuencias de las violaciones de derechos humanos sufridas por los miembros de la comunidad, realizadas por agentes del Estado y sus colaboradores. Sin embargo, se encuentra probado (…) agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29 de noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la aldea de Moiwana (…) en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva.
146. (…) La Corte ha establecido que tal investigación debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Además, esta búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y definitivamente no depende de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus familiares o de su aportación de elementos probatorios.
147. (…) La Corte ha establecido que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad con respecto a esas violaciones – esto es, a ser informados sobre los hechos y los responsables. Por lo tanto, los miembros de la comunidad tienen derecho en el presente caso a que las muertes y violaciones a la integridad personal producto del ataque de 1986 sean efectivamente investigadas por las autoridades estatales, a que se juzgue y sancione adecuadamente a los responsables de las acciones ilegales, y a recibir compensación por los daños y perjuicios sufridos.
4.2. Efectividad de la investigación
149. (…) Las autoridades estatales que conducen una investigación deben intentar como mínimo, inter alia: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte; y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, la Corte hace notar que: a) se debe investigar exhaustivamente la escena del crimen, y b) profesionales competentes deben llevar a cabo autopsias rigurosamente, así como análisis de restos humanos, empleando los procedimientos más apropiados.
152. La Corte observa (…) sólo los limitados pasos de investigación descritos anteriormente fueron realizados por el Estado desde los hechos del 29 de noviembre de 1986. Asimismo, el Estado ha sostenido su posición de indiferencia a pesar de la directiva adoptada el 19 de diciembre de 1995 por la Asamblea Nacional de Suriname, que requirió al Poder Ejecutivo “iniciar una investigación inmediata” de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar.
153. (…) En este sentido, la Corte reconoce las difíciles circunstancias por las que ha atravesado Suriname en su lucha por la democracia. Sin embargo, las condiciones del país, sin importar qué tan difíciles sean, generalmente no liberan a un Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones legales establecidas en ese tratado, que subsisten por lo que respecta a ejecuciones extrajudiciales. (…)
157. La Corte además observa que en el expediente consta abundante prueba que acredita el involucramiento del régimen militar de Suriname en la obstrucción de justicia en el presente caso. (…)
158. Los hechos probados (…) también ponen de manifiesto que los actores esenciales en la búsqueda de justicia en el presente caso sufrieron grave violencia y hostigamientos (…).
159. Esta Corte considera que los referidos actos de violencia y las mencionadas amenazas se dirigían a disuadir a las personas mencionadas de sus respectivos papeles en la investigación y el esclarecimiento de los hechos relativos al ataque de 1986 a la aldea de Moiwana. (…) Para garantizar el debido proceso y la protección judicial en una nueva investigación oficial sobre el ataque de 1986 y las violaciones de derechos humanos relacionadas con aquél, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los investigadores, testigos, fiscales, jueces y a los miembros de la comunidad.
4.3 Principio de plazo razonable
160. Desde que Suriname reconoció la competencia de la Corte el 12 de noviembre de 1987, han pasado casi 18 años y el Estado no ha realizado una investigación seria y efectiva de estos hechos (…). El Tribunal considera que una demora tan prolongada constituye per se una violación de las garantías judiciales, que difícilmente podría ser justificada por el Estado (…).
163. (…) [L]a Corte considera que la gravemente deficiente investigación de Suriname sobre el ataque de 1986 a la aldea de Moiwana, la obstrucción violenta de justicia y el largo período transcurrido sin que se logre el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables han violentado las normas de acceso a la justicia y debido proceso establecidas en la Convención Americana.
164. En consecuencia, el Tribunal declara que el Estado violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de los miembros de la comunidad Moiwana.
165. La Corte toma nota de que el 19 de agosto de 1992 el Presidente de Suriname promulgó oficialmente la Ley de Amnistía de 1989, la cual otorga amnistía a quienes cometieron ciertos actos criminales, con la excepción de crímenes de lesa humanidad, entre enero de 1985 y agosto de 1992 (…)
166. En este sentido, la Corte estima necesario reiterar sus consideraciones anteriores: en respuesta a las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron el 29 de noviembre de 1986, el primer remedio que el Estado debió haber aportado era una investigación y un proceso judicial efectivos y prontos, tendientes al esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y la compensación adecuada a las víctimas.
167. Como el Tribunal ha afirmado en repetidas ocasiones, ninguna ley o disposición interna – incluyendo leyes de amnistía y plazos de prescripción – podría oponerse al cumplimiento de las decisiones de la Corte en cuanto a la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos(…)
- El Estado debe, a la brevedad posible, recuperar los restos de los miembros de la comunidad Moiwana que fallecieron durante los hechos del 29 de noviembre de 1986, así como entregarlos a los miembros de la comunidad Moiwana sobrevivientes.
- El Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para asegurar a los miembros de la comunidad Moiwana su derecho de propiedad sobre los territorios tradicionales de los que fueron expulsados y asegurar, por lo tanto, el uso y goce de estos territorios. Estas medidas deberán incluir la creación de un mecanismo efectivo para delimitar, demarcar y titular dichos territorios tradicionales.
- El Estado debe garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad Moiwana que decidan regresar a la aldea de Moiwana.
- El Estado debe implementar un fondo de desarrollo comunitario.
- El Estado debe realizar un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional.
- El Estado debe construir un monumento y colocarlo en un lugar público apropiado.
- El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el párrafo 187 de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas a favor de los miembros de la comunidad Moiwana, por concepto de daño material.
- El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el párrafo 196 de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas a favor de los miembros de la comunidad Moiwana, por concepto de daño inmaterial.
- El Estado debe pagar la cantidad fijada en el párrafo 223 de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, por concepto de gastos.
- Supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 232 de la misma
- El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad Moiwana.
- El Estado violó el derecho de circulación y de residencia consagrado en el artículo 22 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad Moiwana.
- El Estado violó el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad Moiwana.
- El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad Moiwana.
- Fecha: 8 de febrero de 2006
- Solicitud: El Estado puso de manifiesto su disconformidad con ciertos aspectos de la sentencia o con determinadas normas o procedimientos de la Corte. La solicitud de Surinam expresamente indica su visión de que la facultad de solicitar una interpretación otorga a las “partes que no están de acuerdo con la sentencia, la oportunidad de peticionar a la Corte”.
(i) Resolver las cuestiones sometidas por el Estado de Surinam y los representantes, así como también aclarar aspectos de la sentencia sobre excepciones preliminares, cuestiones de fondo y reparaciones, dictada el 15 de junio de 2005 en el caso de Comunidad Moiwana aquí referidas, conforme a los términos de los párrafos 13 a 19 de esta resolución.
(ii) Continuar supervisando que el Estado cumpla con la sentencia del 15 de junio de 2005.
- Fecha de última resolución: 22 de noviembre de 2010 (disponible en inglés)
- The Court declares,
(i) That in accordance with Considering clause 44 of this Order, the Republic of Suriname has fully complied with the following obligation contained in the Judgment that had been pending fulfillment:
a) Building a memorial in a suitable public location (Operative Paragraph seven of the Judgment);
(ii) That in accordance with Considering clause 39 of this Order, the Republic of Suriname has partially complied with the following obligation contained in the Judgment:
a) Establishing a community development fund for health, housing, and educational programs (Operative Paragraph five of the Judgment).
(iii) That the Tribunal will continue proceedings for monitoring the Republic of Suriname's compliance with the orders of the Judgment pending fulfillment, namely the obligations to:
a) Implement the measures necessary to investigate the facts of the case, as well as to identify, prosecute, and, if applicable, punish the responsible parties (Operative Paragraph one of the Judgment);
b) Recover the remains of the Moiwana Community members killed during the events of November 29, 1986, as soon as possible, and deliver them to the surviving Community members (Operative Paragraph two of the Judgment); 22
c) Adopt legislative, administrative, and other measures necessary to ensure the property rights of the members of the Moiwana Community in relation to the traditional territories from which they were expelled and provide for the members' use and enjoyment of those territories (Operative Paragraph three of the Judgment and Operative Paragraph one of the Judgment on Interpretation);
d) Guarantee the safety of those Community members who decide to return to Moiwana Village (Operative Paragraph four of the Judgment); and
e) Establish a community development fund (Operative Paragraph five of the Judgment).
- The Court decides,
(i) To require the Republic of Suriname to take the necessary measures to fully and immediately comply with the Operative Paragraphs pending fulfillment of the Judgment on the preliminary objections, merits, reparations and costs, delivered by the Court on June 15, 2005, and this Order, according to the provisions of Article 68(1) of the American Convention on Human Rights.
(ii) To continue monitoring compliance with the unfulfilled orders of the Judgment on the preliminary objections, merits, reparations, and costs of June 15, 2005.
(iii) To require the Republic of Suriname to submit to the Court, by March 30, 2011, a detailed report on the actions taken in order to comply with its orders on reparations still pending fulfillment, as set forth in Considering clauses 11 to 14, 18, 24 to 28, 32, 33, and 37 to 40, as well as Declarative Paragraphs 2 and 3 of this Order. The Republic of Suriname is to submit the schedules requested in Considering clauses 28 and 39 along with its report. Thereafter, the Republic of Suriname must submit a report on its compliance with the Judgment every three months.
(iv) To request the representatives of the victims and their family members and the Inter-American Commission on Human Rights to file observations to the Republic of Suriname’s reports within four and six weeks, respectively, as of the date on which they are served.
(v) To request the Secretariat of the Court to serve notice of this Order upon the Republic of Suriname, the Inter-American Commission on Human Rights, and the representatives of the victims..

References: Artículo 1
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 25
 Artículo 5
 Artículo 8
 artículo 1
 artículo 28
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 62
 artículo 42
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 21
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 21
 artículo 1
 artículo 1