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Timestamp: 2020-04-05 09:42:21+00:00

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Dictamen : 164 del 31/05/2001
C-164-2001 31 de mayo del 2001
C-164-2001
Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me es grato referirme a su oficio sin número de fecha 20 de abril del 2001, recibido en la Procuraduría el día 11 de mayo del año en curso, y asignado a la suscrita el día 14 de los corrientes, dando respuesta en los siguientes términos:
En su misiva, solicita se rinda el dictamen a que hace referencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dentro del expediente N°0333-00 tramitado para determinar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que otorgó Grupo Profesional PT-6 en puesto administrativo docente a la servidora XXX.
Según se desprende del expediente administrativo, el procedimiento seguido a la funcionaria XXX tiene como finalidad anular la asignación al grupo profesional PT-6 en puesto administrativo docente otorgado a esa servidora; sin embargo en ningún momento se individualiza el acto administrativo que efectivamente realiza dicha asignación. En ese sentido, es importante acotar que ninguno de los documentos que conforman el expediente es el acto administrativo que realiza la asignación en el puesto en estudio a la señora XXX.
"a) Principio de intimación: consiste en el acto procesal por medio del cual se pone en conocimiento del funcionario la acusación formal. La instrucción de los cargos tiene que hacerse mediante una relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos que se le imputan y sus consecuencias jurídicas. b) Principio de imputación: es el derecho a una acusación formal, debe el juzgador individualizar al acusado, describir en detalle, en forma precisa y de manera clara el hecho que se le imputa. Debe también realizarse una clara calificación legal del hecho, estableciendo las bases jurídicas de la acusación y la concreta pretensión punitiva. Así el imputado podrá defenderse de un supuesto hecho punible o sancionatorio como en este caso, y no de simples conjeturas o suposiciones." (Voto N° 632-99 de las 10:48 horas del 29 de enero de 1999. En sentido similar, véase los votos N° 2253-98 de las 13:03 horas del 27 de marzo y el N° 2376-98 de 1° de abril ambos de 1998).
Por otra parte, es de advertir que ni en la resolución que da inicio al procedimiento, N° 0135-2001 de las once horas con treinta minutos del dieciséis de enero del dos mil uno (folios 34 y 35), ni en la que se cita a la servidora XXX a la comparecencia oral y privada, N° 0300-2001 de las quince horas del veinte de febrero del dos mil uno (folios 40 y 41), se le previene que debe señalar lugar para oír notificaciones.
Teniendo como parámetro lo anterior se constata que en el caso en comentario las notificaciones efectuadas no se ajustan a la normativa reseñada; y sobre el particular se puede observar que no está la debida constancia de la notificación a la señora XXX de los folios 34 y 35, por ejemplo.
CON RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DEL ÓRGANO DIRECTOR.
Mediante resolución N° 0980-2000 del Despacho del Ministro de Educación Pública, de las once horas del diecisiete de octubre del dos mil, se designa como órgano director al Departamento de Procedimientos Legales de ese Ministerio de Educación Pública (folios 21 y 22); no obstante, en la primera resolución que emite ese Departamento, a saber la supracitada resolución N° 0135-2001, no se indica si el órgano es unipersonal o colegiado, y mucho menos el funcionario o funcionarios (personas físicas) que van a llevar a cabo el procedimiento.
Amén de lo anterior, en el acta de la audiencia legal firma la Licda. Mercedes Mejía Saénz en representación del órgano director (folios 69 a 71); sin embargo tanto en la mencionada resolución que da inicio del procedimiento administrativo, como en la que cita a la comparecencia oral y privada, la única que firma en calidad de representante del órgano director es la Licda. Zeydi Palma Grijalba, Directora del Departamento de Procedimientos Legales.
Es claro entonces que no se le pone en conocimiento oportunamente a la interesada sobre quiénes son los miembros del órgano director que estará a cargo de la tramitación del desarrollo del procedimiento administrativo, siendo importante a efectos de que esa interesada tenga la posibilidad de hacer uso del instituto jurídico de carácter procesal como es la recusación, a tenor de los numerales 230 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Valga acotar que, en cuanto a los motivos o causales para que proceda la recusación, la Ley General de Administración Pública remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial y ésta al Código Procesal Civil en sus artículos 53 y siguientes.
No se omite indicar que, si bien es cierto la servidora XXX en la comparecencia oral y privada no recusó a ninguna de las funcionarias, y por consiguiente en ese sentido la omisión señalada no da lugar a una nulidad absoluta del procedimiento, ello no impide que esta Procuraduría recomiende la aplicación correcta del procedimiento administrativo en aras de un debido proceso.
En el expediente administrativo en estudio se vislumbra que no está el documento en el que conste el acto administrativo que realiza la asignación en el puesto de marras a la señora XXX (tal y como se indicó líneas arriba). Por otra parte, existen diversos documentos que son simples fotocopias no certificadas como en Derecho corresponde, verbigracia folios 3 a 11 y el 14. Además, el folio 28 es una hoja completamente en blanco, y el documento que consta en el folio 29 no tiene la firma del Jefe, ni el sello de la Sección respectiva.
declarado previamente que el acto es lesivo a los intereses públicos, económicos o de otra naturaleza (artículos 10.4 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Empero, dicha regla conoce una excepción, establecida en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública. A su tenor, queda la Administración autorizada a declarar, en la vía administrativa y sin necesidad de recurrir al contencioso de lesividad, la nulidad de un acto declaratorio de derechos, cuando la misma, además de ser absoluta, sea evidente y manifiesta. Aún así y también en garantía del administrado, en el procedimiento respectivo subsiste la intervención de un órgano ajeno al autor del acto en cuestión: la Procuraduría General de la República. Su actuación en estas hipótesis, se plasma mediante la emisión de un dictamen vinculante, que reviste la naturaleza de un actode control preventivo de legalidad; lo anterior, en el tanto que dicho dictamen, que ha de rendirse antes de dictar el acto final del procedimiento, debe ser favorable a la pretensión anulatoria de la Administración, en el sentido de acreditar que en la especie los vicios del acto son efectivamente de tal magnitud" .(Dictamen Nº C-080-94 del 17 de mayo de 1994).

References: artículo 173
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