Source: http://www.libertadidioma.com/2006/20060309.htm
Timestamp: 2020-04-05 05:45:57+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Jueves 9 Marzo 2006
Bronca institucional
IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 9 Marzo 2006
Boadella dice sí a España
Aurelio Alonso Cortés Libertad Digital 9 Marzo 2006
Por un referéndum nacional
Defensa de la Nación Española Libertad Digital 9 Marzo 2006
Germán Yanke Estrella Digital 9 Marzo 2006
ETA airea el acta de Suiza
Lorenzo Contreras Estrella Digital 9 Marzo 2006
Persistencia terrorista
Editorial El Correo 9 Marzo 2006
Batasuna, ilegalizada, le echa un pulso al Estado en la calle
Editorial Elsemanaldigital 9 Marzo 2006
Gotzone Mora, la dignidad del socialismo español
Luis Miguel de Mairena elsemanaldigital 9 Marzo 2006
11-M: Once manchas ocultan lo que de verdad sucedió aquel día
José Javier Esparza elsemanaldigital 9 Marzo 2006
Estatut. El patenazo.
Román Cendoya Periodista Digital 9 Marzo 2006
A quién restará votos Ciudadanos de Cataluña?
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 9 Marzo 2006
EL PSOE QUIERE DOMAR AL PODER JUDICIAL
santiago fontenla fontela minutodigital 9 Marzo 2006
El primer paso de "Ciutadans de Catalunya"
Jorge M. Quintas Periodista Digital 9 Marzo 2006
Ante la manifestación de Batasuna, el Gobierno vasco se limita a prohibir lemas
César Sinde Periodista Digital 9 Marzo 2006
Rajoy califica de "inconstitucional" y "retrógado" el Estatuto catalán que pretende construir un "pseudoestado"
Agencias Libertad Digital 9 Marzo 2006
La Generalitat duplica en un año las multas a comercios y empresas por no rotular en catalán
M. Pardeiro / J. Planes La Razón 9 Marzo 2006
La administración ha avisado a más de 200 establecimientos para que cumplan la norma
M. P. / J. P. La Razón 9 Marzo 2006
«Los ejes inconstitucionales del Estatuto siguen todos ahí»
C. Morodo La Razón 9 Marzo 2006
Estallan dos bombas de ETA en carreteras de Navarra y Cantabria
Efe/Ep. La Razón 9 Marzo 2006
Irán: mentiras y amenazas
EDITORIAL Libertad Digital 9 Marzo 2006
Editorial ABC 9 Marzo 2006
IGNACIO CAMACHO ABC 9 Marzo 2006 Bronca institucional
Por IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 9 Marzo 2006
El acoso del Gobierno al Poder Judicial está provocando una grave crisis institucional. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial se ha negado a asistir a la convocatoria solicitada por la Comisión de Justicia del Congreso para explicar su aplicación de las normas sobre el cumplimiento de las penas impuestas por delitos de terrorismo. Quienes critican la negativa invocan la necesaria cooperación institucional y el desprecio que la negativa entraña al Parlamento y, con él, a la soberanía nacional. ¿De qué nación? Incluso, con insondable desmesura, invocan «rebeldía». También apelan a la norma que permite que las comisiones parlamentarias recaben información y ayuda a los poderes del Estado y de las comunidades autónomas. Sin embargo, la razón asiste al magistrado Hernando. El Gobierno ha emprendido una campaña de críticas y descalificaciones al CGPJ y a su presidente, dentro de la que se inscribe la petición de comparecencia. No se trata de una solicitud de ayuda o información, sino de un rendimiento de cuentas y de una intromisión en la función jurisdiccional, que desprecia la división de poderes. Las decisiones del Poder Judicial no están sometidas al criterio de la mayoría parlamentaria. La democracia no es sólo una forma de nombrar y deponer a los gobiernos.
La ley sólo establece la obligación de comparecer ante las comisiones de investigación. La solicitud de comparecencia vulnera la naturaleza del control parlamentario que se ejerce sobre el Gobierno y la Administración, pero no sobre los jueces y sus decisiones. La negativa a comparecer carece de toda sanción jurídica y sólo sería acreedora a una eventual, e inadecuada en este caso, crítica política. El presidente del Supremo ha contado con el apoyo unánime de la Sala de Gobierno del tribunal, de la mayoría del CGPJ, de las asociaciones mayoritarias de la Magistratura, y del PP, que representa a casi la mitad del cuerpo electoral. Además, probablemente compartan su decisión muchos ciudadanos que no votaron al PP. Aunque se trata de un hecho pésimo para el buen orden institucional, Hernando ha hecho lo que debía hacer. La responsabilidad compete a un Gobierno desmedido.
Resulta llamativo que el Ejecutivo pida cuentas sobre una interpretación judicial de la aplicación de las penas que perjudica a los terroristas y que beneficia a la justicia. ¿Acaso dificulta las negociaciones del Gobierno con ETA e impide eventuales concesiones? ¿Acaso el Gobierno utiliza como cambio en su política antiterrorista monedas ajenas? La política del Ejecutivo sigue provocando focos de tensión y motivos de bronca institucional. Cautivo del autoritarismo y de un entendimiento antiliberal, e incluso totalitario, de la democracia, se atribuye la exclusiva de la legitimidad. Pero la omnipotencia de la mayoría no es la democracia sino su defunción. El Gobierno del diálogo no deja de abrir frentes de discordia y tensión. Quien no se somete a su voluntad, es, para él, antidemócrata, rebelde y «crispador».
Boadella le dijo sí a España al lanzar el partido "Ciudadanos de Cataluña", el último sábado, en el Tívoli de la barcelonesa calle Caspe. Con certera intuición comercial ya lo había anunciado la semana precedente en el Foro Nueva Economía del Ritz madrileño. Le deseo éxito no obstante el pasado laicista –prescrito y olvidado por el paso del tiempo– de quien con modestia se llama a si mismo "comediante" siendo, como es, político valeroso e inteligente. Lo que más importa es su valentía para defender que Cataluña es España ante los secesionistas y en su territorio. Y además con "valor acreditado" ya que afronta por ello graves amenazas y el boicot de sus representaciones.
El laicismo no debiera ser motivo para que el PP rehúse tratar con Ciutadans como anticipó Mariano Rajoy, prematuramente, este martes, en un programa de radio. Tampoco cabe achacarles eventuales izquierdismos. Resulta superfluo comparar programas concretos en lo económico, social o fiscal cuando el objetivo no es fusionar partidos sino coordinar acciones para salvar la integridad de España. El abanico iría desde la formación de una lista conjunta electoral con el PPC para las autonómicas, hasta la creación de una plataforma –incluso a título de prueba–, en la que cada formación mantendría su personalidad diferenciada. Si el resultado fuere satisfactorio cabría abordar pactos más estables de cara ya a las nacionales.
"Ciudadanos de Cataluña" posee los ingredientes del éxito. Ha encontrado un valioso hueco de mercado –el de quienes se sienten españoles– tiene como clientes a un público objetivo vacante –el de los "estafados" por el PSOE catalán– y sus gerentes el valor y determinación de los que carecen otros que no señalo. Y no le faltan intelectuales. Ha sabido reunir intelectuales bien visibles entre los 6.000 firmantes del manifiesto constitutivo. Destacan entre ellos Francisco de Carreras, el catedrático de Derecho Constitucional, y Arcadi Espada, un prestigioso periodista. Con Boadella al frente que aporta el humor imprescindible para sobrevivir en tiempos críticos.
Hará también mella en CIU. Corrige los tiros del nacionalismo en cuatro áreas principales: la historia será la común de todos los españoles sin manipulaciones; la lengua deja de ser arma arrojadiza; la educación abandona el odio a España explicado durante generaciones; y los medios de comunicación se alejan del pensamiento único de la Generalitat. Todo adobado con seny, que falta hace.
Hay quienes temen que restará votos al PPC de Piqué. No lo creo. Sus espacios políticos son diferentes y coinciden en lo esencial. Los derechos a defender no son los históricos regionales sino los derechos constitucionales de 1978. Iguales para todos y pertenecientes a los individuos –los ciutadans– no a los territorios.
El ejemplo Boadella estimulará la aparición de plataformas similares en el País Vasco de cara a las próximas elecciones. No hace falta imaginación para ver agrupados a la gente pluripartidista del Foro de Ermua, por ejemplo, y a buenos socialistas como la concejala Gotzone Mora, el catedrático Mikel Buesa o Rosa Diez. Así lo presagia la reciente carta abierta que la eurodiputada ha dirigido a Zapatero desde El Mundo. Precisamente en Vascongadas, el pasado 25 de noviembre, recibió Arcadi Espada, presidente de Ciutadans, el "premio Gregorio Ordóñez" de la Fundación del mismo nombre. Allí pronosticó que "el movimiento 'de y para' los ciudadanos se extenderá por toda España para formar partidos políticos". Y le acompañaba Alejo Vidal Quadras, el gran ausente del PPC.
El lunes Ciutadans ha dado otro paso en la buena dirección. Catorce de sus asociaciones cívicas presentaron en Madrid la agrupación informática Todos decidimos. Ofrecen su web a la campaña del PP para la recogida de firmas instando un referéndum previo al Estatuto y anuncian la entrega conjunta en el Congreso de los Diputados. Espero que se sume Piqué. Más allá de esta concreta iniciativa de aproximación es necesario que las plataformas informáticas existentes –tipo Fundación para la Defensa de la Nación Española o HazteOir.org– se coordinen entre si y aglutinen a los millares de blogs que predican la unidad española.
Termino con dos noticias contrapuestas también del lunes. El Gobierno alemán de coalición que preside la canciller Merkel, aprobó un proyecto de ley destinado a reformar la Constitución de 1949 y redefinir las competencias entre Estado central y administraciones regionales. Modifica más de 40 artículos para blindar las competencias del Estado. En sentido opuesto, PSOE y el tripartito –ayudados de otras "parteras nacionalistas"–, alumbraban un preámbulo para "su Estatuto" basado –sin restricciones– en el autogobierno como derecho inalienable de toda la "ciudadanía catalana" que "siente que Cataluña es una nación".
¿Veremos algún día al PSOE, en coalición con el principal partido de la oposición al estilo alemán, desandar lo andado y recuperar el sentido de lo español? No lo creo. Por eso Ciutadans es la esperanza en la medida que Cataluña es electoralmente decisiva.
Desde la Fundación para la Defensa de la Nación Española hemos tomado la decisión de apoyar el planteamiento de un referéndum para dirimir mediante consulta popular la admisibilidad del nuevo Estatuto de Cataluña así como del nuevo marco político que se pueda llegar a negociar en el País Vasco con la participación de un partido ilegalizado como es Batasuna.
Más allá de la concreta formulación de la eventual pregunta, consideramos que el referéndum es un procedimiento estrictamente democrático que además permite contrarrestar un serio defecto de nuestro sistema político: los partidos nacionalistas pesan demasiado en la gobernación de España, mientras que los partidos nacionales quedan a menudo a merced de aquellas minorías. Dar voz directa al conjunto de la sociedad española en cuestiones de especial trascendencia para la convivencia colectiva, ahora amenazada, será un paso adelante en la construcción de la democracia.
Los asuntos que están sobre el tapete merecen, sin duda, un pronunciamiento popular. El Estatuto de Cataluña pretende redefinirse en unos términos tales que afectan gravemente a todos y cada uno de los ciudadanos y de las demás regiones de España. La modificación del sistema de financiación repercute directamente en todas las demás Comunidades Autónomas, dañando seriamente los mecanismos de solidaridad. La imposición del catalán como lengua obligatoria permite augurar una limitación práctica de la libertad de circulación de las personas en el territorio nacional. El encaje del término "nación" en el preámbulo del Estatuto no deja de representar una excepción al edificio constitucional de 1978, pues viene a decirnos que la soberanía descansa en la nación española, salvo que uno viva en Cataluña. Todas estas cuestiones son extremadamente preocupantes. Y como nos afectan a todos los españoles, por todos tienen que ser decididas.
La discusión sobre la viabilidad reglamentaria de pronunciarse en referéndum sobre una cuestión como el nuevo Estatuto Catalán es, a estas alturas, de escasa entidad. El hecho relevante es que la propuesta de Estatuto de Cataluña rompe la letra y el espíritu de la Constitución en numerosos aspectos. Y es igualmente un hecho que esos puntos de ruptura están siendo aprobados por cauces ajenos a los que reglamentariamente exige una reforma de la Carta Magna. Si se trata de amparar la reforma del Estatuto en la representatividad de una exigua mayoría parlamentaria, exijamos que sea el voto popular quien directamente decida. Y el referéndum es el método adecuado para ello.
Para impulsar que el referéndum tenga lugar, nos hemos unido en una iniciativa conjunta con movimientos cívicos como el Foro Ermua, Convivencia Cívica Catalana o el sindicato Manos Limpias. Queremos denunciar conjuntamente que está en marcha una operación para introducir de forma fraudulenta cambios en el sistema constitucional, a través de la reforma de diversos Estatutos de Autonomía y que la propia estructuración territorial del Estado y la igualdad y derechos fundamentales de los ciudadanos españoles están en peligro de verse alterados sin las garantías inherentes al procedimiento de reforma constitucional establecido.
Doce asociaciones cívicas hemos puesto en la red la página web Todosdecidimos.com en la que los españoles que compartan nuestro planteamiento pueden apoyar con su nombre y DNI esta iniciativa que, promovida inicialmente por el Partido Popular, refleja nuestra preocupación por el futuro de España, motivo por el que hemos decidido hacerla nuestra, sumando nuestras fuerzas a la recogida de firmas en su favor.
En la sesión de este martes en el Senado, el portavoz del PP, Pío García Escudero, reprochó al presidente Zapatero que, en dos años, haya pasado de ser una suerte de adalid de la ciudadanía —lo que ya es concederle— a creerse un ilusionista que pretende hacer desaparecer de las calles a un millón de personas porque no le gusta lo que dicen. Se levanta el presidente y, entre otras cosas, responde que ellos, los socialistas, nunca han replicado a las manifestaciones del PP esgrimiendo el resultado de las urnas como hicieron los conservadores cuando se protestaba, por ejemplo, contra el apoyo español a la intervención militar en Iraq. Nada nuevo. Ni en los temas a debatir ni en los modos. Uno hace una gracia y el otro responde con esa costumbre de decir que no va a hacer lo que precisamente está haciendo: “Usted piensa que soy tonto. No seré yo quién diga que pienso que usted también es tonto”. Y así hasta las próximas elecciones.
Pero la anécdota sirve para constatar la calidad del debate público, en el que, una y otra vez, se elude el fondo de las cuestiones. La mayoría parlamentaria da la legitimidad de las decisiones democráticas, pero no es un argumento. El malestar ciudadano, canalizado por distintas formas de protesta como las multitudinarias manifestaciones, no sustituye a las urnas pero sí da cuenta de estados de opinión, que son hechos políticos, que deberían ser tenidos en cuenta. Pero negarse a una política concreta no es, por sí sólo, un argumento, sobre todo cuando a continuación se remacha la cifra y no, si la hubiere, la propuesta.
En el pasado, la indudable mayoría parlamentaria (tan indudable que era mayoría absoluta) era un hecho pero no un argumento. El presidente Aznar cometió, en este sentido, el error de decir a los diputados y a los ciudadanos en general que él sabía, como presidente, lo que era bueno para España y que, en consecuencia, debíamos confiar en él. Pero su papel no era el de llevarnos detrás cual flautista de Hamelín, por mucha mayoría que los electores le hubieran concedido, sino el de convencernos, con ideas, con argumentos, con proyectos elaborados y explicados, de las grandes decisiones de su política. Grandes manifestaciones mostraban un amplio descontento, pero en ningún caso dejaban sin valor, por el hecho de ser muchos y estar en la calle, los argumentos de quienes consideraban correcto y adecuado que los aliados, con el apoyo exterior de España, invadieran Iraq y terminaran con la dictadura de Sadam Husein.
Ahora, el presidente Zapatero —que tan crítico se mostró con la posición de su predecesor— explica en público y en privado que, como presidente, sabe más que nosotros y sabe, además, lo que nos conviene a todos en relación con ETA. Y, en vez de aclararlo, de argumentarlo y someterlo al debate, pide que se confíe ciegamente en él, que se le siga. En este caso ni sirve la imagen del flautista, porque el presidente pretende que se le siga en silencio. Y en la calle, multitudes también en contra de la política oficial que, igualmente, ni invalidan la legitimidad de otras opciones ni sustituyen a la mayoría democrática.
Pero estas manifestaciones tienen un valor. Como he dicho, manifiestan un estado de opinión. Y una democracia es un sistema de opinión pública en el que, a las mayorías en las urnas, debe seguir necesariamente el debate, la argumentación y el ejercicio de convencer a la ciudadanía. Rodríguez Zapatero, a pesar de la broma de García Escudero, no es un mago, no puede hacer desaparecer el descontento, que va más allá de la última manifestación en Madrid. Pero el PP debería añadir el argumento y explicarlo pedagógicamente a una sociedad cada vez con mayores síntomas de cansancio y desconcierto. Y a Zapatero no le basta, para convencer, ni con la mayoría parlamentaria, en este caso menor y superpuesta a intereses ajenos al propio PSOE, ni con los llamamientos a la fe y, por la fe, a ser bendecidos.
ETA se ha desmadrado más que nunca en materia de extorsiones. El diluvio de cartas enviadas a empresarios en reclamación del llamado impuesto revolucionario demuestra que la banda necesita mucho dinero para mantener sus efectivos y para dotarse del material que le permita sostener su campaña de atentados por ahora incruentos. Son sus constantes tarjetas de visita no sólo para intimidar a los empresarios que se niegan al pago de las cantidades exigidas, sino también para demostrarle al Gobierno la vigilancia de su potencial terrorista, cuyos efectos devastadores con víctimas humanas sólo dependen de que haya o no aviso previo de la instalación de los explosivos.
El recrudecimiento de estas prácticas mafiosas ha coincidido con la intensificación de las versiones que apuntan a la autoría de la banda en el 11M, con o sin colaboración islamista. Por otra parte, las declaraciones de Aznar en la convención reciente del PP ha motivado que ETA se haya decidido a reeditar en Gara el acta de la reunión de varios dirigentes etarras con tres representantes del anterior Gobierno, concretamente, en nombre de Aznar, Ricardo Martí Fluxá, Francisco Javier Zarzalejos y Pedro Arriola.
El acta contiene elementos de bastante interés, demostrativos de que, efectivamente, aunque el ex presidente lo haya negado, hubo un intento de establecer desde el Gobierno negociaciones o contactos de cierta continuidad con la organización terrorista, identificada en su momento por Aznar, el olor de la tregua de final de siglo, como expresión armada del Movimiento de Liberación Nacional Vasco.
Los elementos de interés no evitan que, al final de lo que el acta refleja, la impresión no sea otra que la entrada en una especie de diálogo de sordos o, por lo menos, de prólogo de ruptura del diálogo, como los hechos demostraron poco después.
El acta ahora reproducida en “Gara” ya fue publicada por este diario en el año 2000. Ahora se destaca como dato más significativo, al menos para ETA, que uno de los representantes gubernamentales manifestó lo siguiente. “No pensamos que ETA se va a rendir (...) No venimos a la derrota de ETA”. Como se recordará, José María Aznar, en la citada Convención, dijo que no se negoció con ETA, sino que “sólo preguntamos a ETA si estaba dispuesta a rendirse”.
Según los redactores del acta publicada, los representantes de Aznar “manifestaron que venían con las manos en los bolsillos, sin ninguna propuesta concreta”. Luego, uno de los comisionados de Aznar, siempre según los términos del acta, dijo que “cabría explorar actuaciones que no signifiquen contrapartida”.
Los comisionados del presidente demostraron mucho interés en hacer constar que en aquella reunión de Suiza ni había espionaje y que sólo una persona sabía de la existencia del contacto. Los etarras hablaron de la conveniencia de consolidar “un canal comunicativo a salvo de coyunturas”, y un “representante español”, tras un silencio, hizo ademán de asentir. En cuanto al secreto de la reunión, quedaba claro que sólo Aznar la conocía, aunque el obispo Uriarte oficiaba en este diálogo como intermediario, cuya identidad habría que proteger, según puso de relieve uno de los comisionados del presidente. Añade el acta que, por parte gubernamental, alguien recomendó mantener una vía a salvo de “contaminaciones policiales”. Los etarras se quejaron de que la prensa era difícil de controlar y preguntaron si el CESID sería otra cosa. Se les respondió: “Eso, más”.
Se habló de crear un clima de confianza, y uno de los interlocutores gubernamentales propuso “avanzar sin contraprestaciones”. Otro añadió: “No venimos a convencerles de que dejen de ser una organización armada. Es una decisión suya en función de sus análisis. Eso será un desarrollo unilateral de ETA, por razones estratégicas, de evolución, de eficacia. No venimos a ver si ustedes van a mantener la tregua. Es ETA la que decide”.
Cuando los comisionados aludieron a la utilidad de consolidar un escenario de cese definitivo de la violencia y de apertura a la normalización, el acta dice que, por parte etarra, lo que el Estado podría hacer es comparable con la situación de un niño pobre al que se le hace entrar en unos grandes almacenes de juguetes para que elija lo que quiera. De lo cual, los autores del acta deducen que el planteamiento gubernamental es inviable.
A partir de este momento, la conversación se hace más alejada de cualquier idea de solución. Con plena sinceridad, uno de los comisionados dice, según el acta: “La posibilidad de negociar con una organización armada es ilegal. No tenemos posibilidad de negociar la salida de las fuerzas armadas, el derecho de autodeterminación... Lo que aquí representamos no puede abordar ese tipo de cuestiones”.
Un pasaje del acta que conviene reproducir hace decir a uno de los comisionados: “Hemos hecho un esfuerzo para asumir la lógica del otro, y dentro de esa lógica no pensamos que ETA se va a rendir. Sabemos que ETA tiene todavía capacidad mortífera (...) No venimos a la derrota de ETA”.
Los etarras reclamaron no crear falsas expectativas. Propusieron dejar la puerta abierta a una asegunda reunión. Entonces, “el intermediario” acepta este punto, pero acerca del nuevo lugar, uno de los comisionados expresa, según el acta, una broma de mal gusto al proponer que se celebre en “el Caribe”.
La conversación decae y nada consta al final sobre fracaso presumible. Lo que hace falta recordar es que todo terminó cuando ETA anunció el final de la tregua, llamada “tregua trampa” por los portavoces oficiales. Por cierto que lo último que el acta recoge es esta frase de un representante del Gobierno: “El Estado no va a tender una trampa”.
De todos modos, palabras, palabras y palabras. Daba igual. Fue el penúltimo experimento. Ahora parece que estamos, o están, en otro. Es el turno del señor Zapatero.
Cada día que pasa las expectativas alentadas respecto a un pronto final del terrorismo decaen o se diluyen frente a la tenacidad con la que ETA se resiste a abandonar la escena pública. Atentados como el perpetrado ayer en Santoña contra la sede local del partido Movimiento Falangista, la enésima campaña de extorsión llevada a cabo por la trama mafiosa, el rebrote de la violencia callejera y la propia convocatoria de una huelga para hoy extienden un manto de escepticismo sobre los anuncios y especulaciones más optimistas. Resulta vano elucubrar preguntándose a qué responde este empecinamiento terrorista. Si nos acercamos realmente hacia el principio del tiempo en el que ETA decrete su propio final o si, por el contrario, los acontecimientos de violencia y chantaje reflejan la incapacidad de los terroristas para encaminarse hacia una vereda inédita para ellos. Los hechos son incontrovertibles y su interpretación cabal ha de situarse más cerca de esta segunda hipótesis que del paisaje dibujado desde el voluntarismo. Paisaje en el que se pretende volver insignificante la continuidad del terror.
La orientación de la política frente al terrorismo no puede reducirse a un acto de fe esperanzada o a la presunción, por razonable que resulte, de que ETA se halla en su fase final. Simplemente porque, aun si ello fuese así, nadie sabría precisar cuánto tiempo y sobre todo cuánto dolor y miedo restan antes de que el horror acabe. La perspectiva de que la banda terrorista haya decidido mantenerse en el terror es tan descorazonadora como imposible de rebatir mientras su comportamiento no demuestre lo contrario. Los leves indicios de que ETA hubiera podido ceder parte de su posición dominante sobre el conjunto de la izquierda abertzale en favor del protagonismo de la ilegalizada Batasuna han acabado sepultados por la constatación de que ésta continúa a remolque del mandato terrorista. Sin ir más lejos, con la convocatoria de huelga para hoy. Llamamiento que tanto por su sectaria naturaleza como por el nulo sentido de la realidad con que han procedido los convocantes representa un elocuente reflejo del bárbaro ensimismamiento en que la banda terrorista quiere mantener encuadrada a la izquierda abertzale. La inmensa mayoría de la sociedad comparte un mismo anhelo: que el terrorismo anuncie ya su propio final. Que la violencia física desaparezca incluso como amenaza. Pero en la medida en que los hechos apunten en sentido contrario, partidos e instituciones, comenzando por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el PP, están obligados a responder de manera unitaria y sin concesiones a la perpetuación del desafío terrorista.
La organización proetarra ha convocado una huelga general en el País Vasco y Navarra. Ibarretxe y Zapatero tienen la obligación de garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos.
9 de marzo de 2006. Batasuna ha convocado para hoy jueves una jornada de huelga y movilizaciones en las tres provincias vascas y en Navarra. Por primera vez desde que gobierna José Luis Rodríguez Zapatero la izquierda nacionalista vasca le plantea un desafío; y por primera vez desde que se habla de "procesos de paz" el presidente autonómico Juan José Ibarretxe tendrá que enfrentarse en las calles con el brazo político de ETA.
Batasuna, conviene recordarlo, no es un partido político, sino una parte de la banda terrorista ETA. Como tal, y en aplicación de la Ley de Partidos que Zapatero pactó con José María Aznar cuando éste ocupaba La Moncloa, es ilegal. No sólo la huelga de hoy es ilegal, sino que sobre todo lo son sus convocantes.
El desafío al Gobierno toma como excusa la muerte en prisión de dos criminales de ETA, uno de ellos por enfermedad y otro por suicidio. Que una parte importante del nacionalismo vasco se eche a la calle para protestar por esas muertes, acusando de ellas al sistema penitenciario, a las Fuerzas de Seguridad y a los jueces, es significativo. Sobre todo porque esas mismas personas no son capaces de condenar la violencia y los crímenes que los muertos y todos los miembros de ETA han causado.
Particularmente notable es la posición del Partido Comunista de las Tierras Vascas, el partido que Cándido Conde-Pumpido como Fiscal General del Estado y Zapatero como presidente del Gobierno permitieron autorizar alegando que no era ni ETA ni Batasuna. El PCTV se ha adherido a la convocatoria de huelga general, demostrando así una perfecta sintonía con la llamada "izquierda abertzale", cosa que el PP y otras instituciones del Estado denunciaron desde un buen principio. Para los comunistas vascos, "las políticas represivas no hacen más que prolongar el conflicto": el mismo discurso de Batasuna en la misma huelga que Batasuna.
La pelota está ahora en el tejado del gobierno vasco y en el nacional. Por efecto de las transferencias de competencias la policía autónoma vasca tiene amplias responsabilidades en materia de seguridad y de orden público en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Ibarretxe tiene que decidir hoy si cumple con sus obligaciones y asegura para los ciudadanos pacíficos el ejercicio completo de sus derechos en paz y seguridad o si prefiere seguir tendiendo puentes a ETA-Batasuna.
Pero el gran desafío es para el PSOE: para Zapatero en Madrid y para Patxi López en el País Vasco. Vuelven a intentar implantarse la coacción y la violencia, del mismo modo que han vuelto las bombas. La idea de un final negociado de los crímenes de ETA, con un precio político, ha contribuido a hacer posible este día de huelga. El PSOE tiene que pensar si quiere seguir por este camino.
En la desapacible tarde madrileña que pudimos apreciar en las imágenes televisivas, discurría la manifestación convocada por la Asociación de Victimas del Terrorismo para protestar contra la actitud del Gobierno en el llamado proceso de negociación para un posible final de la violencia terrorista.
Desfilaban calle abajo una inmensa multitud de ciudadanos. Vimos banderas de España, miles de banderas. Y pancartas. Todas constitucionales, respetuosas. Nos trasladaban el ambiente de preocupación y tragedia que asola a millones de españoles. Encabezaban las diversas organizaciones convocantes las víctimas del terrorismo, abriendo un lento caminar con una pancarta que abarcaba el ancho de la calle Serrano: En nuestro nombre, NO.
Me percaté del dolor en los rostros contraídos por la emoción de algunos de los más conocidos miembros de estas organizaciones. Y después, tras pasar una muchedumbre que abarrotaba hasta las aceras, me fijé en otra pancarta que no pretendía protagonismo alguno, y llevaba impresas unas hermosas palabras; Memoria, Dignidad, Justicia. Tras esta pancarta, allí estaba, menuda, casi imperceptible, Gotzone Mora. Detuve la imagen de la cinta de vídeo que había grabado y me fijé con detenimiento.
Efectivamente, entre multitud de Ikurriñas y banderas españolas, flanqueada por el periodista y escritor César Vidal, y por representantes de otras organizaciones sociales y políticas, Gotzone Mora brillaba con un áurea de dignidad difícilmente descriptible. Española del alma, vasca de profundas raíces asentadas en esa hermosa tierra, socialista sincera, luchadora infatigable, ejemplo de insobornable honestidad, para miles de españoles representa la expresión singular de un compromiso intelectual y político, con tal coherencia, con tal dignidad que su actitud redime al socialismo español del siglo XXI.
Gotzone Mora nos propone un abrazo fraterno con todas las víctimas defendiendo la memoria, la dignidad y la justicia. Resulta inútil que José Blanco dedique algunos adjetivos sobre esta manifestación, Gotzone Mora es la memoria vergonzante de tantos que como el propio Blanco balbucean asustados ante la fortaleza moral de esta socialista vasca.
No está sola Goztzone Mora en esta digna y valiente causa. Sin prejuicios ideológicos, sin barreras partidistas, son muchos los españoles que vibran cada vez que se escucha su inquebrantable compromiso para con las víctimas. Por ello, nada le resulta sencillo a esta luchadora por la libertad. Objetivo marcado por la banda terrorista, ha de vivir con escolta permanente sin disfrutar de esa libertad que ella reclama para todos los vascos. Y, en sus propias filas, ha de soportar las críticas de ese otro socialismo entregado a la causa de la rendición. Su actitud y su presencia irrita a ese cuantioso rebaño de oportunistas, de acomodados, de mediocres y de cobardes. A todos los que embisten contra su enorme dignidad, por defender un lugar en el pesebre.
La Universidad de Barcelona la vetó en un acto institucional. Los muy progresistas y europeos estudiantes catalanistas radicales tuvieron la desvergüenza de abuchearla. Ha pasado a engrosar la lista de los "malditos", de tanta tradición en el solar patrio, y que alimenta la larga sombra de los nacionalismos mas excluyentes con las complacencias monclovitas y sus tentáculos mediáticos.
Pero todo resulta, insisto, absolutamente inútil: la figura y la voz de Gotzone Mora adquieren resonancias a lo largo y ancho de esta España herida. Y las distancias se agrandan entre unos y otros según lo percibimos millones de españoles. ¿Habrá alguien en el PSOE capaz de medir la distancia entre Gotzone Mora y Pilar Bardem? Por poner un ejemplo. Y para abundar en el símil ¿quién medirá la distancia entre Nicolás Redondo Terreros y Pedro Almodóvar? Porque algunas distancias hay.
Puede que sea una cuestión más sutil, para espíritus selectos, pero a mí esa socialista vasca, menuda y vertical, se me antoja la mejor imagen del socialismo español, y su mensaje me llega al corazón con la fraternidad y el coraje que ha distinguido a todos los españoles que han sufrido la adversidad por proclamar su amor a España, a la dignidad y la justicia.
Todas se resumen en una: el PSOE no quiere que determinados aspectos de la matanza, de su gestación y de su aprovechamiento electoral, se investiguen. ¿Por qué?
9 de marzo de 2006. El sábado hará dos años. Ciento noventa y dos muertos, un millar largo de heridos, un cambio de Gobierno, los cimientos de un cambio de régimen, el chalaneo con ETA, los bandazos en política exterior… Son demasiadas cosas como para inhibir el juicio. Sobre todo porque aquellos crímenes siguen rodeados de incógnitas.
Una. Sabemos que los protagonistas fundamentales del crimen estaban siendo vigilados por la policía española hasta poco antes de los atentados. ¿Cuándo y por qué se levantó la vigilancia?
Dos. Sabemos que los teléfonos empleados para las detonaciones fueron "liberados" bajo control de un policía español de origen sirio. ¿Qué ha sido de él? ¿Ha declarado ante el juez? ¿Sigue en la policía?
Tres. Sabemos que distintos funcionarios de la seguridad del Estado fueron desleales hacia el Gobierno Aznar antes y después del 11-M. ¿Cuándo supo el Gobierno del PP que estaba siendo engañado?
Cuatro. Sabemos que, con posterioridad a los hechos, alguien "reconstruyó" pruebas en dependencias policiales. ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? ¿Quién está investigando ese falseamiento de los hechos?
Cinco. Sabemos que el Partido Socialista disponía de información privilegiada sobre la autoría islamista de los atentados. ¿Quién se la proporcionó? ¿Cuándo? ¿Se la comunicó el PSOE al Gobierno?
Seis. Sabemos que la policía, la guardia civil y el CNI fueron informados sobre los contactos del "Chino" con los etarras que conducían la segunda furgoneta con explosivos. ¿Por qué se ocultó esa información?
Siete. Sabemos que el PSOE desencadenó una violenta campaña contra las sedes del PP, reventando la jornada de reflexión pre-electoral, bajo la consigna de "El Gobierno miente". ¿Por qué pensaba que el PSOE que el Gobierno mentía?
Ocho. Sabemos que Marruecos se negó a facilitar la identidad del teléfono que los terroristas marcaron antes de estallar ellos mismos en Leganés. ¿Qué ha hecho el Gobierno para averiguar ese dato crucial? ¿Marruecos ha facilitado ya la información?
Nueve. Sabemos que diversos altos cargos policiales han mentido ante la comisión parlamentaria. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién va a sancionar esas conductas?
Diez. Sabemos que hay suficientes conexiones entre los presuntos autores del 11-M, el tráfico de explosivos en Asturias y las actividades de ETA como para pensar en una trama compleja. ¿Por qué el Gobierno insiste en descartar cualquier tipo de vínculo etarra con el 11-M?
Once. ¿Por qué el Gobierno y sus aliados cerraron la comisión parlamentaria? ¿Por qué se le dio un sesgo tan partidista? ¿Por qué no declararon quienes debían declarar –y por qué se dejó mentir a algunos de los que declararon?
Son sólo once manchas en la versión oficial del 11-M. Hay muchas más. Han pasado dos años. No sabemos lo fundamental. Y lo que sabemos es aterrador. Es posible que los españoles, mayoritariamente, deseen olvidar. Pero la verdad siempre termina sabiéndose. El Gobierno está transmitiendo la impresión de que quiere echar tierra sobre el asunto. Lo que la gran mayoría de los españoles se pregunta es: ¿Por qué?
(Mañana, once respuestas).
No podía haber otra. Rodríguez tenía siete soluciones imaginativas para solventar el problema de definir a Cataluña como nación. Por fin hemos podido descubrir cuáles eran esas soluciones imaginativas: nación, nación, nación, nación, nación, nación y nación.
Rodríguez ha hecho de la claudicación y la rendición su política. “Como sea” es sinónimo de “vale todo” con tal de perdurar. Rodríguez mintió e incumple su promesa de “cumplir y hacer cumplir la Constitución”, ya que la reforma del Estatuto catalán incumple la Constitución en muchos aspectos. Enrique Múgica ya ha anunciado la interposición de un recurso al Tribunal Constitucional.
Los líderes catalanes anuncian a los cuatro vientos que, por primera vez, el parlamento español reconoce que Cataluña es una nación.
Rodríguez y CiU se han constituido en constituyentes. En el post del veinticuatro de enero advertía de que:
“Unos pocos definen los conceptos y los términos que se aplican a todos los españoles. Hasta ahora, el término “nacionalidad” estaba establecido en abstracto por el Constituyente. Como nadie ha recurrido su interpretación no se ha modificado y se ha dejado conforme al criterio que en su día se acordó. El significado de “nacionalidad” era interpretable. Lo que estaba claro era que España es en la Constitución el único sujeto político definido como nación. El creador del término “nacionalidad” es el alemán Maineke, que atribuía a “nacionalidad” una equiparación posible con “nación” en el ámbito de lo cultural. De ahí que se utilizara, en origen, esa definición para aquellos territorios de España que gozaban de una lengua propia.
Uno de los peligros de esta cesión a los nazionalistas radica en el criterio que suelen aplicar los Tribunales Constitucionales denominado como “el principio de interpretación conforme”, según el cual, los términos se interpretan conforme a los desarrollos legislativos que se establezcan y a lo que digan las propias leyes.”
El nuevo Estatuto para Cataluña es una reforma constitucional encubierta, que rompe los consensos constitucionales básicos y que se realiza de espaldas al pueblo español. Dicha reforma estatutaria incluye extremos tan anticonstitucionales como: la configuración de Cataluña como una nación, la afirmación de que los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña, la invención de unos derechos históricos como fuente de reconocimiento del autogobierno, la imposición de la lengua catalana a todos los ciudadanos de Cataluña, la atribución de derechos y deberes específicos para los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma distintos de los del resto de los españoles, el alto componente ideológico del modelo de sociedad diseñado en el proyecto de Estatuto, el insoportable intervencionismo social y económico reflejado por el texto, la práctica desaparición de la Administración del Estado en Cataluña, la limitación de la autonomía local con práctica desaparición de la Provincia, la creación de un Consejo de Garantías como embrión de un Tribunal Constitucional propio, la limitación de las competencias del defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas en Cataluña y su transferencia a órganos propios, la creación de un Fiscal General propio de Cataluña y la creación de un Consejo General del Poder Judicial propio (Consejo de Justicia de Cataluña), dotado de amplios poderes para determinar la existencia de una justicia diferente de la del resto de España. Todo esto supone una grave vulneración de la Constitución de 1978. Rodríguez no sabe lo que quiere decir “limpio”, ni qué es una “patena”. Esta reforma de Estatuto es el “patenazo”.
Es legítimo que el Parlamento de Cataluña pretenda tener ese Estatuto. Pero se pierde toda la legitimidad cuando se vulnera el procedimiento establecido para una reforma semejante, ya que, además de ser una reforma de Estatuto, es una reforma de la Constitución. Todos los españoles, como sujetos depositarios de la soberanía, tenemos derecho a pronunciarnos sobre esta reforma.
Felipe González dijo en 1981 que “si se entra en la OTAN con una mayoría no cualificada, con una mayoría igual nos saldremos” Esa misma cita se le puede aplicar a este Estatuto. También queda el artículo 155 de la Constitución. Otro problema es que actuar así provoca gran inseguridad jurídica a causa de la inestabilidad.
El portavoz del PSOE en esta mascarada, López Garrido, ha afirmado que “el texto es bueno para España, bueno para Cataluña y además garantiza la solidaridad”. Si es así ¿por qué no nos dejan votar la aceptación de un texto tan estupendo a todos los españoles? La reforma del Estatuto de Cataluña, además de lo que supone para España y para la Constitución, va a poner a prueba la dignidad y la honestidad de muchos políticos. José Bono anunció que el término “nación” no figuraría ni en el preámbulo, ni en el articulado. Ahí está y él ahí sigue. Comparar lo que Alfonso Guerra ha escrito en su revista y ver el bodrio que ha salido bajo su presidencia dice muy poco de su coherencia. Por un cargo se puede perder todo. Se puede perder la historia, la Constitución y España.
En el ámbito de opinión del centroderecha se ha discutido estos días sobre el nacimiento en Cataluña de un nuevo partido político no nacionalista promovido por intelectuales y artistas de izquierda, a raíz de los elogios que Federico Jiménez Losantos le ha dedicado con la intención de poner en evidencia la tibieza del PP catalán.
Comprendo la postura del famoso periodista, pues yo también he sido muy crítico con las abdicaciones ideológicas del PP de Galicia ante el nacionalismo, basadas en sofismas como "hay que quitarles argumentos", "es por la paz social" y similares. Va a ser divertido observar la reacción del sector del PP gallego que se autoproclama seminacionalista, atrincherado en cierta Diputación provincial del interior, cuando los nacionalistas de verdad reclamen en el debate de la reforma del Estatuto de Autonomía la supresión de las provincias y las Diputaciones, de acuerdo con el más acrisolado ideario galleguista. Veremos si entonces el galleguismo lleva a algunos a hacerse el hara-kiri o predomina el instinto de supervivencia.
Otra postura, la oficial del PP, es denunciar que el nuevo partido constituye una maniobra de la izquierda para restarle apoyos. Algo de razón también tiene, ya que es altamente improbable que el PSC vaya a sufrir una merma apreciable de votos por ese lado.
Yendo más al fondo de las cosas, este diario ha sostenido en su línea editorial que en una situación como la actual hay que unir esfuerzos, no dividirlos. Por eso, todos los que rechazan la insania nacionalista a la que se ha rendido el PSOE deberían agruparse alrededor del PP.
Sin embargo, es dudoso que quienes han fundado Ciudadanos por Cataluña tengan su sitio en el PP, y que fuese bueno para el partido que estuviesen en él o con él. No se debe olvidar que los principales responsables de que los nacionalistas hayan llegado a donde lo han hecho son los intelectuales progresistas que han destruido todo sentido nacional español en la izquierda.
Esas personas, como lo demuestra el reciente exabrupto fisiológico de Savater sobre España, no han cambiado en su antipatriotismo. Simplemente, como están contra todas las patrias, también lo están contra la de los nacionalistas. Pero eso no es lo que preconiza un partido que defiende un concepto no nacionalista ni excluyente de patriotismo español que abarca el amor por todas y cada una de las regiones del país, por lo que difícilmente convencerán a sus votantes.
En mi modesta opinión, los intelectuales y artistas que ahora se sienten avasallados por un totalitarismo nacionalista que no respeta sus credenciales progresistas y que ellos mismos contribuyeron a encumbrar con su nihilismo, no le quitarán votos ni al PSC, ni al PP, ni a nadie.
Una de las características esenciales para que un Estado de Derecho funcione es la independencia judicial. Esta independencia mide muy mucho la calidad democrática de una sociedad.
No parece pues de recibo que el PSOE quiera usar el Congreso para enmendarle la plana al presidente del Tribunal Supremo. Comprendemos que para la estrategia del PSOE, puesta en evidencia con la postura del Fiscal General del Estado a favor de las tesis de Parot, la reciente jurisprudencia fijada por el alto Tribunal haya caído como un jarro de agua fría. El ‘caso Parot’ obligará a prolongar su estancia en prisión a 230 de los 497 presos de ETA actualmente encarcelados, chanfando así la triquiñuela ideada por los socialistas para excarcelar a los asesinos sin asumir el coste social de un indulto masivo.
En todo caso es inconcebible en ningún país serio que el poder político llame a un juez para que explique las razones por la que ha adoptado un determinado fallo judicial. Pero este gobierno está convirtiendo a España en un país bananero, con sus continuas arbitrariedades. Son continuos los ataques al Estado de Derecho: la derogación de facto de la Ley de partidos políticos que no se aplica de forma deliberada y sistemática a Batasuna; la cacicada de la OPA sobre ENDESA y ahora este ataque a la independencia judicial.
Otro de los argumentos del PSOE para descalificar la negativa del presidente del Supremo a participar en su juego político ha sido su postura respecto al estatuto de Cataluña. Cuestión que ignoramos qué tiene que ver con la comparecencia del Sr. Hernando, salvo, que desde el PSOE se quiera hacer con los jueces igual que con los militares. El diputado socialista Villarrubia recordó que Francisco José Hernando ha dicho en público "un montón de barbaridades" sobre el Estatuto de Cataluña, "que rayan lo inconstitucional". Hombre, si hablamos de barbaridades y disparates en esta materia creemos que el gobierno Zapatero se lleva la palma.
En todo caso es inadmisible que el PSOE haya querido implicar al poder judicial en la lucha política. "El presidente del Tribunal Supremo tenía que haber tranquilizado a los ciudadanos diciendo que el Estado de Derecho es fuerte y que no ha habido, ni habrá ninguna intromisión del Gobierno en estas materias", reiteró el portavoz socialista., ignorando que al que le incumbe tranquilizar a los ciudadanos con sus actos es al gobierno, no a los jueces. Otra cuestión es que el gobierno nos esté demostrando una y otra vez con su actuación que sí tenemos motivos para estar intranquilos.
El nuevo partido político “Ciutadans de Catalunya” ha dado su primer paso hacia la intrusión en la vida política catalana. Su presentación tuvo lugar en el teatro Tívoli de Barcelona, donde el aforo de 1800 personas fue colmado sin ningún problema, incluso dejando fuera de dicho enclave a más de 1000 personas que querían escuchar las intervenciones de los miembros de la prometedora institución. Los principales integrantes del grupo, Arcadi Espada, Albert Boadella y Francesc de Carreras, dieron sendos discursos, los cuales fueron aplaudidos con gran algarabía. Asimismo otros personajes de renombre apoyaron la iniciativa del partido, el más destacado fue el magnánimo filósofo Fernando Savater. El filosofo vasco otorgó al gentío un magnífico discurso, y la muchedumbre le respondió con una de las mayores ovaciones de la presentación.
El comienzo de la presentación fue un espectáculo( aunque un poco circense por la vestimenta de mosso d'esquadra llevada por Boadella)digno del gran actor del Els Joglars, Albert Bodella. Una sucesión de imágenes fueron proyectadas en la gran pantalla que se erguía tras el escenario, entre ellas los problemáticos escándalos sucedidos durante la legislatura de CIU, la inolvidable acusación de Maragall sobre el célebre 3%, un grupo de independistas coreando “puta España” y demás imágenes inolvidables del ámbito político en Cataluña.
Los temas más comentados durante el acto fueron lógicamente la interminable historia de la reforma del Estatut catalán y la situación de los idiomas imperantes en tierras catalanas. Muchas dictámenes fueron expuestos por los diferentes conferenciantes, entre ellas las más destacadas y aplaudidas fueron aplaudidas con fervor por la muchedumbre que acudió al teatro, la cual antes de entrar al emplazamiento alzó la voz gritando y pidiendo “Libertad”. Francesc Carreras menciono una de las principales causas del nacimiento de este grupo:“Nunca la política había estado tan lejos de los ciudadanos. Desde el pasado junio, los parlamentarios no han hecho más que acumular irracionalidades, disparates, irresponsabilidad y sectarismo”. Otros contertulios de menos renombre dejaron las siguientes palabras en el aire: “Nadie debería sentirse acomplejado porque sus padres sean de Córdoba o de Zamora”, “No somos bichos raros por pensar de forma distinta a la políticamente correcta”, “¿Por qué todo el mundo da por hecho que soy nacionalista?, ¿Qué pasaría si digo que Cataluña no es una nación y que lo de las selecciones deportivas es una chorrada?”, estas fueron algunas de las perlas dejadas el pasado día 4 de Marzo.
El próximo paso oficial, y quizás el más importante sucederla en el mes de Junio, donde se elegirá al miembro que encabezará las listas para las elecciones de la Generalitat. Además en este congreso se creará el programa político del partido.
Esperemos que esta iniciativa llegue a buen puerto esquivando los escollos que le van dejando otros grupos políticos e instituciones privadas, que saben que este grupo puede hacer daño a sus expectativas políticas. Esta primera toma de contacto con el pueblo ha sido esperanzadora, y ha callado muchas bocas que defendían la incapacidad de este grupo para llegar a mil votos. Yo auguro un buen futuro para “Ciutadans de Catalunya”, e insto a otras personas capaces a llevar acabo iniciativas del mismo tipo en el resto de España, intentando desbancar la triste política realizada en los últimos lustros por PP, y PSOE en la actualidad.
En los actos, manifestación y huelga convocados por el partido abertzale ilegalizado, Javier Balza sólo recuerda que hay lemas prohibidos.
El Departamento de Interior del Gobierno vasco ha remitido a los convocantes de los actos previstos para hoy y convocados por Batasuna, una resolución de la dirección de la Ertzaintza que recuerda que ‘no se podrán usar pancartas, lemas o eslóganes en alusión directa a instituciones y organizaciones, o personas que los representan, que supongan una amenaza o intimidación hacia las mismas, ni podrá realizarse alusión a organización terrorista que suponga conductas de enaltecimiento’.
Asimismo, la resolución recuerda que en los actos ‘no podrán participar mediante anagramas o textos organizaciones declaradas ilegales’. El departamento que dirige Javier Balza recuerda que el incumplimiento de los términos recogidos en la resolución ‘dará lugar a la instrucción de informes por infracciones administrativas y/o a su suspensión en el caso de apreciarse ilícitos penales con peligro para las personas y los bienes’.
En relación con la posibilidad recogida por algunos medios de comunicación de prohibir la convocatoria de huelga de Batasuna, al no haberse comunicado la misma con la antelación prevista legalmente, el Departamento desea dejar patente que son abundantes las sentencias judiciales que desechan esta posibilidad al tratarse del ejercicio de un derecho fundamental.
Por su parte, la presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, pidió ayer al Gobierno vasco, ante la huelga convocada para mañana por la izquierda abertzale, que ‘disponga de todos los medios’ para que ‘todo el mundo pueda trabajar si quiere’ y que ‘nadie se sienta amedrentado para ejercer su derecho al trabajo’.
San Gil realizó estas declaraciones en un acto de recogida de firmas sobre la consulta del Estatuto catalán propuesta por el PP, donde afirmó que Batasuna ‘se encuentra como en sus mejores momentos convocando una huelga general, algo que pensábamos que había pasado a la historia’.
San Gil confió en que el Gobierno vasco ‘disponga de todos los medios’ para que ‘todo el mundo pueda trabajar si quiere’ y que ‘nadie se sienta amedrentado para ejercer su derecho al trabajo’.
A su juicio, ‘habría que hacer una profunda reflexión política para ver que la política antiterrorista llevada a cabo por el Gobierno central y vasco no es la oportuna’.
La presidenta del PP vasco insistió en que lo que se están haciendo es ‘dar alas a los terroristas, hacer que se sientan cada día más crecidos, que se sientan cada día con más capacidad para hacer lo que les dé la gana’.
Por ello, consideró que una nueva convocatoria de huelga en 2006 ‘por parte de los batasunos debería hacer reflexionar a quienes gobiernan’.
María San Gil condenó ayer los diferentes ataques y sabotajes y manifestó su ‘solidaridad absoluta con los empresarios vascos’.
ZAPATERO ACEPTA A ÚLTIMA HORA LOS "SÍMBOLOS NACIONALES" DE CATALUÑA
El líder del PP ha sostenido en la primera jornada de debate en la Comisión Constitucional del Congreso que el Estatuto sigue siendo contrario a la Constitución. Y ello pese a los cambios introducidos en ponencia porque, a su juicio, tiene los mismos "vicios y defectos". Para Carod, que intervino después, el problema no es el Estatuto, sino la propia España. A altas horas de la noche del miércoles, se ha cerrado un acuerdo entre Zapatero y Mas para incluir en el artículo 8 la terminología "símbolos nacionales" de Cataluña.
Mariano Rajoy ha sostenido ante la Comisión que el Estatuto sigue siendo contrario a la Constitución pese a los cambios introducidos en ponencia porque tiene los mismos "vicios y defectos", y ha asegurado que el PSOE va a apoyarlo aunque sabe que no respeta la Carta Magna. El nuevo Estatuto, que Rajoy ha considerado "ininteligible" además de "retrógado", obedece a su entender a la pretensión de construir un "pseudoestado" a cambio de "debilitar el Estado español", por lo que ha anticipado que acarreará "ineficacia" y aumentará la conflictividad y los problemas jurídicos, "que van a pagar los ciudadanos".
El presidente del PP, ha exigido a los promotores de la reforma del Estatut catalán que actúen con "patriotismo, generosidad y valentía", asuman que han creado "un lío" y retiren su propuesta. A cambio, garantizó que él les apoyará "en lo que sea" si aceptan "empezar desde el principio". Rajoy ponía así punto y final a su intervención en la Comisión Constitucional del Congreso, que hoy inicia el debate sobre el Estatut. "Tengan un rasgo de generosidad con los ciudadanos, un rasgo de patriotismo, un rasgo de valentía, digan que esto es un lío, que no merece la pena y vamos a empezar desde el principio. Yo puedo asegurarles que les apoyaré en lo que sea, y que estoy dispuesto a hacer lo que exija el patriotismo. La política a veces requiere algunos rasgos de grandeza", sentenció.
El líder de los 'populares', que se ratificó en todos los argumentos que ya expuso en el debate de toma en consideración del pasado 2 de noviembre, recalcó que pronunciaba su discurso como "representante de la soberanía nacional y en defensa de los intereses de los ciudadanos de Cataluña". "Y a ver quién me demuestra lo contrario", retó. Durante su alocución analizó algunos artículos del texto surgido de la Ponencia que, aunque ya no es "el mismo" que envío a las Cortes el Parlamento catalán, sigue conteniendo, en su opinión, "decenas de motivos de inconstitucionalidad" y es "ininteligible y malo para el conjunto de los españoles y de forma muy especial para los catalanes".
Además, subrayó que el "error esencial" de la reforma es la afirmación de que los poderes de la Generalidad emanan del "pueblo de Cataluña" y la definición de "nación" que contiene el preámbulo, porque de estos conceptos deriva en "coherencia" todo el articulado. Denunció también que el modelo de financiación que contiene la reforma supone "un fraude" y que muchos puntos son premeditadamente "ambiguos" para que cada uno pueda "venderlos" según "les convenga".
"España ya no será lo mismo"
Mariano Rajoy dio especial importancia al hecho de que la reforma estatutaria haya incluido el término "nación" en su preámbulo para definir a Cataluña, al entender de que de este concepto emanan las "decenas" de motivos de inconstitucionalidad que salpican el articulado. Se preguntó por qué se ha incorporado esta fórmula si el PSOE dice "que no significa nada" y lo atribuyó a una manera de "quitarse de en medio a algunos y de quedar bien", por lo que pidió "que se corrija" porque "un dirigente socialista no puede dar su apoyo" a este texto, al contrario que un nacionalista, que sí puede hacerlo "si quiere ser coherente" con su manera de pensar.
A lo largo de su discurso, Rajoy preguntó en reiteradas ocasiones si los beneficios que el Estatuto concede a Cataluña en cuanto a relaciones bilaterales con el Estado, planificación económica, Justicia, competencias o la posibilidad de participar en la política exterior se van a aplicar también a las demás autonomías. Advirtió en este sentido que "si esto se generaliza", tal y como señala el PSOE, el modelo que quedará en España ya no será el mismo, y ello gracias a un Estatuto que negó que sólo sea una reforma, sino un Estatuto "nuevo y con hechura y estructura de una Constitución". Rajoy criticó la obligación de conocer el catalán, algo que consideró "lógico" que figure en una norma que se inspira en los conceptos de "soberanía y nación".
En este punto se dirigió a los representantes socialistas: "Están votando algo a favor sabiendo que es radicalmente inconstitucional". Remarcó el dirigente del PP las "contradicciones" de las que en su opinión están repletos los artículos referidos al "derecho a morir con dignidad", a la educación religiosa o el relativo a la competencia de las cajas de ahorro. Para Rajoy, el sistema de financiación pactado en la ponencia supone, asimismo, "un fraude", "papel mojado", "maquillaje y cara a la galería".
En otra parte de su intervención, Rajoy consideró que este Estatuto "divide a la sociedad en España y a Cataluña", donde, a su juicio, "ha creado un clima político lamentable". "La sensación que da el texto a cualquier persona es que esto es una broma", señaló antes de hacer hincapié en el modelo de sociedad que, a su entender, "impone" el proyecto y en el "intervencionismo" que el texto "destila por todas partes". "Y de la libertad de los ciudadanos, ¿quién habla?, ¿el 'Tato'?", se preguntó. Por ello, pidió a los partidos catalanes y al PSOE que "tengan un rasgo de generosidad, de valentía y de patriotismo y digan que no vale la pena, que empiecen desde el principio, y el PP les apoyará en lo que sea". Después de haber acusado a los socialistas de tener "una idea vaga y ambigua de España" que se aprecia en el proyecto, Rajoy concluyó: "El papelón que han asumido el PSOE y el presidente del Gobierno es antológico".
Zapatero y Mas pactan de noche incluir "símbolos nacionales" de Cataluña
El comienzo de la Comisión viene precedido por la reunión que mantuvieron este miércoles los representantes del PSOE y del PSC con los líderes de ERC. Se trataba de convencer a los republicanos de que apoyasen el nuevo Estatuto. Pero estos no han sido los únicos contactos. A altas horas de la noche el PSOE acepta incluir en el artículo 8 del Estatuto la terminología "símbolos nacionales" de Cataluña, aunque se añade la definición de Cataluña "como nacionalidad" para evitar que se ligue el adjetivo "nacional" a un reconocimiento de la "nación" catalana. El acuerdo obligó incluso a contactos telefónicos entre Artur Mas y José Luis Rodríguez Zapatero, según informaron a Europa Press fuentes de la federación nacionalista.
El artículo 8 era uno de los siete escollos en los que la delegación catalana y los socialistas mantenían diferencias a dirimir en la Comisión Constitucional y provocó que los socialistas perdieran una votación en el debate en ponencia. Los socialistas no aceptaban la utilización del epíteto "nacionales" para los símbolos, la lengua o la bandera, y a excepción del primer apartado del artículo, han logrado sustituirlo por la apostilla "de Cataluña".
En 2005 fueron sancionadas al menos 62 empresas, mientras que en 2004 las castigadas fueron un total de 28
Barcelona- La maquinaria inspectora y sancionadora de la Generalitat está perfectamente engrasada. En menos de un año, la Administración autonómica ha duplicado las multas a empresas y establecimientos por no rotular en catalán. Si en 2004 el Govern multó a 28 comercios, durante 2005 sancionó a un mínimo de 62. Sin embargo, esta cifra podría aumentarse, ya que no incluye la actividad del departamento de Comercio, Consumo y Turismo durante el pasado mes de diciembre.
Estos datos fueron facilitados por el propio consejero de Comercio, Josep Huguet, tras una pregunta parlamentaria del diputado del PP catalán Daniel Sirera a la que tuvo acceso este diario. Huguet destacó que las 62 empresas castigadas sólo representan el 0,01 por ciento de los más de 350.000 establecimientos y eludió poner de manifiesto la progresión geométrica de las sanciones de la Generalitat aplicadas por la Agencia Catalana del Consumo (ACC).
La fusta de la Generalitat ha afectado a los sectores más diversos, desde comercios minoristas a grandes superficies, pasando por el negocio de las telecomunicaciones y los servicios de correos. Todos ellos han sido víctimas de la Ley de Política Lingüística (1998) que el tripartito se ha encargado de aplicar después de que su capítulo inspeccionador fuera ignorado por los gobiernos de CiU. La ACC tiene previsto ofrecer más detalles a principios del mes de abril. Será entonces cuando se conozca el importe que ha recaudado la Generalitat mediante las, de momento, 62 sanciones, ya que se publicará el balance anual.
Entretanto, el PPC ha presentado más preguntas parlamentarias, interesándose por la ubicación geográfica de los multados y por la cantidad de dinero que la Administración ha exigido. En 2004 el valor total alcanzó los 52.800 euros. Visto el ahínco de la Generalitat en acelerar la aplicación de la Ley de Política Lingüística, los comercios catalanes deberán medir los riesgos que comporta no rotular en catalán y no disponer de documentación y hojas informativas en la lengua vernácula.
El PP ha criticado reiteradamente esta iniciativa del Gobierno catalán porque en el resto de comunidades autónomas no existen multas para los que abren un establecimiento y lo rotulan, por ejemplo, en danés. «Se vulneran las libertades», denuncian los populares. Desde el departamento se avisó a principios del año pasado que hasta ese momento «casi no se había aplicado la ley». Incluso se quejaron de que CiU no había realizado ninguna inspección a comercios por la rotulación en catalán. De esta manera, durante el año 2003 se realizaron 348 inspecciones, que en 2004 pasaron a ser 1.401, un incremento del 400 por ciento. Todas estas operaciones derivaron en 156 expedientes sancionadores, con 28 multas por un valor total de 52.800 euros. En 2003 sólo se habían realizado 3 multas. El consejero Huguet detalló que de todas estas inspecciones, 1.102 fueron por iniciativa propia de la Consejería y las 299 restantes fueron debidas a consumidores u organizaciones defensoras del catalán. «Los consumidores van tomando conciencia de la situación», comentó Huguet.
Del total de denuncias por no usar el idioma catalán, el 27 por ciento procedió del comercio minorista, el 23 por ciento de correos y telecomunicaciones, el 15 por ciento de hostelería y turismo y el 9 por ciento de supermercados y grandes superficies. Por lo tanto, 2003 y 2004 fueron realmente los primeros años en los que la Generalitat comenzó a aplicar a rajatabla una ley que se había aprobado en 1998 pero que sin embargo no entró en vigor hasta dos años más tarde. «Seguiremos acelerando la aplicación de la Ley de Política Lingüística», es un comentario que ha salido más de una vez de la boca del consejero Huguet.
Barcelona- Quien avisa no es traidor. En lugar de aplicar una masiva ola de sanciones, la Generalitat ha optado por advertir a muchos comercios de cuál es la normativa vigente y cuáles son las consecuencias derivadas de la infracción de no rotular «como mínimo» en catalán. En total, el departamento de Comercio, Consumo y Turismo, dirigido por Josep Huguet (ERC), envió durante el pasado año 211 cartas de emplazamiento a empresas para que se ajusten a la normativa, cuya aplicación está en vigor desde el año 2000. No obstante, esta cifra no recoge las misivas que se hayan podido enviar en el mes de diciembre.
«Por sectores o actividades, los requerimientos se han enviado, por orden de importancia, a comercios minoristas, grandes superficies, telecomunicaciones, correos y loterías», explica el consejero Huguet en una respuesta parlamentaria. En la misma nota aclara que ningún particular ha recibido un comunicado similar, ya que éstos no son objeto del ámbito de la Ley de Política Lingüística que aplica la Agencia Catalana del Consumo (ACC), creada hace poco más de un año. De igual forma, la ACC tampoco se encarga del control de etiquetaje de los productos con denominación de origen y, por tanto, no se ha enviado ninguna carta instando a etiquetar productos en catalán ni se ha abierto ningún expediente sancionador. La cuestión del etiquetaje en catalán fue abanderada por ERC en los trabajos del Estatut, pero no se incluyó –según los republicanos– por la presión de «lobbies».
S. Sáenz de Santamaría / Secretaria Política Autonómica PP
Madrid.- El PP intentará utilizar las sesiones abiertas en la comisión constitucional para explicar a los ciudadanos, con la mayor claridad posible, que el PSOE no ha corregido las vulneraciones a la Carta Magna que recogía el texto que salió del Parlament.
-¿Para qué cree que va a servir el paso del Estatut por la comisión? -
Debería servir para que los ciudadanos pudieran tener conocimiento de un debate amplio sobre un Estatuto que va a cambiar la fisonomía de este país y el régimen de igualdad y de libertad. Espero que el PSOE entienda que no lo puede utilizar sólo como trámite de desinformación para hacer creer que se ha cambiado todo mientras que sus socios siguen vendiendo en Cataluña que no ha variado casi nada.
-¿Prevé alguna «rebaja» más del proyecto en esta última fase?
-Durante la ponencia no hemos visto ningún intento por parte del PSOE de ajustarlo a la Constitución, sino simplemente maniobras para salvar con disfraces y con maquillajes lo que es un Estatuto inconstitucional.
-¿El PP votará en comisión contra todos los apartados?
-El PP se sentará en la comisión y veremos cómo evoluciona el debate. Llevaremos nuestras enmiendas porque son las únicas que ajustan el proyecto a la Carta Magna y nos gustaría que se tuvieran en cuenta. Acto de soberanía del Parlament.
-¿Pero todavía cree que hay posibilidad de acuerdo?
-No veo ningún interés en el PSOE, pero será él quien tendrá que dar cuenta a los ciudadanos de por qué ha roto la trayectoria constitucional de pacto en los temas de Estado.
-¿El resultado del trabajo en ponencia confirma que estaban en lo cierto cuando advertían del peligro de ruptura de España? - Con este Estatuto se debilita al Estado, además de que se acaba con el principio de igualdad y de solidaridad. Como dice el propio Artur Mas, las Cortes Generales van a refrendar un acto de soberanía del Parlamento catalán y no hay que olvidar que las naciones se excluyen entre sí. ¿Qué es este país? ¿Una nación que es Cataluña y otra que es el resto de España? Esto supone un cambio radical del pacto constitucional del 78.
-¿Ya hay base suficiente para recurrir al TC?
- El PP ya ha pedido que se recupere el recurso previo de inconstitucionalidad para el caso de los estatutos.
-Pero usted sabe que eso tiene pocas posibilidades de prosperar, y lo que le he preguntado es si ve motivos que justifiquen un recurso de inconstitucionalidad.
-El PP ha presentado una enmienda pidiendo la recuperación de ese recurso previo y en un ejercicio de responsabilidad por parte de todos sería conveniente que se votase a favor.
-Parece que hay un empeño en moderar el lenguaje que quita fuerza al peligro de la amenaza que representa el proyecto...
-No hay ningún cambio en la respuesta de mi partido. Ni tampoco en los defectos estructurales que tiene el Estatuto de Cataluña.
-¿Es decir, que siguen vivos todos los motivos que les llevaron a llamar a la gente a concentrase en la Puerta de Sol?
-Sí. Los ejes inconstitucionales continúan ahí, añadiéndose además la oscuridad deliberada del PSOE en ciertos preceptos que se han hecho incomprensibles para el común de los mortales. Cuando la gente no entiende una ley, es porque sus autores no quieren que se entienda.
-Si se aprueba, ¿cuándo empezará a dar problemas?
-Este Estatuto va a poner de manifiesto que para cualquier decisión que quiera adoptar el Gobierno de la Nación, antes tendrá que sentarse a discutirla con la Generalitat. Es decir, que va a exigir una previa reunión bilateral. Por ejemplo, ninguna obra pública que vaya a realizarse en el territorio de Cataluña podrá empezar a desarrollarse sin el consentimiento de la Generalitat. ¿Es que alguien piensa que con esto la Generalitat no va a decidir si se hace o no un trasvase o el trazado de las grandes carreteras o de las grandes líneas de ferrocarril? Y mi pregunta es: ¿se va a generalizar a todas las comunidades? Porque si se hace, ¿en qué queda el Gobierno de la Nación y el Congreso de los Diputados? ¿O es que todos los españoles no estamos representados en las Cortes Generales?
Dos bombas colocadas por la banda terrorista ETA han hecho explosión esta mañana en la carretera A-8 que une Bilbao y Santander, a la altura de la localidad cántabra de Ontón, y en un camino próximo a la N-111 en Viana (Navarra).
La DYA recibió esta mañana el aviso, por parte de un comunicante, que dijo hablar en nombre de ETA, de la colocación de cuatro artefactos en diversos puntos de la red viaria que enlaza el País Vasco con otras Comunidades autónomas. Advirtió de que las bombas harían explosión entre las siete y las nueve de la mañana.
Las bombas se habrían colocado en un tramo de la A-1 que enlaza Vitoria y Burgos, de la carretera que une Pamplona con Logroño, de la autopista A-8, entre Bilbao y Santander, y de la carretera que va de Pamplona a Zaragoza, A-68, entre los kilómetros 245 y 247, a la altura del término municipal de Gallur.
Además, la Ertzaintza ha levantado el cordón policial en el área que rodea la oficina de Correos en Lasarte tras inspeccionar las instalaciones y comprobar que se trataba de un falso aviso de bomba, según informaron fuentes de la Policía autónoma. La Policía municipal de la localidad recibió a las nueve y veinte de la mañana un aviso de bomba. La Erzaintza se desplazó al lugar y procedió a acordonar la zona y a inspeccionar las instalaciones, en las que no encontró ningún artefacto.
El primer artefacto en hacer explosión fue el Ontón (Cantabria), que estaba colocado en un camino vecinal que pasa por debajo de un viaducto de la autovía A-8, según indicaron fuentes de la Delegación del Gobierno, que confirmaron que se ha tratado de una explosión de «baja potencia». La explosión, ha dejado un «cráter» de unos dos metros, según la información facilitada por el delegado del Gobierno. Como consecuencia del aviso a la DYA, la Guardia Civil cortó al tráfico la A-8 a su paso por Castro Urdiales y Ontón, ya que el comunicante de la banda terrorista indicó que el artefacto se encontraba entre los kilómetros 140 y 142 de la autovía. El corte de la A-8 ha provocado retenciones del tráfico tanto en la autovía como en la N-634, que se ha utilizado como desvío alternativo.
La segunda explosión tuvo lugar en un camino de la ruta jacobea de la localidad navarra de Viana y tampoco produjo daños personales. En el momento de la explosión, la Guardia Civil tenía acordonada una amplia zona de pinar y había cortado el tráfico, que era desviado por la carretera NA-601, en sentido Logroño, y por la NA-112, en sentido Pamplona.
Por su parte parte, la zona de búsqueda del posible artefacto colocado por ETA en la AP-68, entre los puntos kilométricos 245 a 247, en el término municipal de Gallur, se ha ampliado, ya que en principio, no ha sido encontrada la bomba, según informa la Delegación del Gobierno en Aragón. El tráfico sigue cortado y la zona acordonada. En las labores de rastreo participan la Guardia Civil, así como su equipos de Desactivación de Explosivos y fuerzas de reserva de la Benemérita. Desde esta mañana se ha peinado la zona de dos kilómetros antes mencionada, que ha sido ampliada tanto en dirección Logroño como en sentido Zaragoza, donde según un comunicante que dijo hablar en nombre de ETA, se había colocado un artefacto.
Asimismo, la Subdelegación del Gobierno en Burgos confirmó la falsa alarma de una bomba en la AP-1, a la altura de Miranda de Ebro, que provocó el corte del tráfico a primera hora de la mañana de hoy en esta vía. El tráfico, que quedó cortado sobre las 8.00 horas, se restableció en la AP-1 sobre las 9.30 horas por la aparición de un saco sospechoso bajo un puente, según informaron fuentes de la investigación.
El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Mohamed El Baradei, ha asegurado en Viena que el programa nuclear iraní será remitido "inmediatamente" al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con capacidad sancionadora. El anuncio viene a coincidir con las amenazas de "daño y dolor" contra los Estados Unidos que los fanáticos representantes iraníes intercalan con su supuesto compromiso con "la paz, la seguridad y la justicia para todos los pueblos". Todo ello, mientras mantienen imperturbable su voluntad de seguir incumpliendo los compromisos internacionales que tratan de impedir que un régimen de sus criminales características pueda dotarse de armamento nuclear.
Mientras tanto, los expertos de la ONU cifran en 85 toneladas la cantidad de uranio en forma de gas que ya dispone Irán; "cantidad suficiente –tal y como el embajador de EE UU ha advertido ante la OIEA– para enriquecer uranio para fabricar unas diez bombas.
Conviene recordar, por otra parte, que la república islámica ya ha probado hace meses con éxito el lanzamiento de misiles susceptibles de transportar tres cabezas nucleares y de alcanzar, no sólo Israel, sino también la Europa suroriental. Claro que, vista la desfachatez con la que hablan de los "objetivos civiles" de su programa nuclear, no nos extrañaría que los diplomáticos iraníes nos aseguraran que lo que pretenden con estos proyectiles fuera lanzar, más allá de sus fronteras, mensajes en pro de la "Alianza de Civilizaciones" o en pro de "la paz, la seguridad y la justicia para todos los pueblos".
En cualquier caso, ante un régimen que se basa en la violación sistemática de los derechos humanos, que constituye uno de los principales patrocinadores del terrorismo islámico y que ha hecho llamamientos tan "pacifistas" como el de "borrar a Israel del mapa", la comunidad internacional no debe correr el riego de basarse en certezas de otra índole.
De la misma forma que en los estados de derecho se establecen para determinados individuos "ordenes de alejamiento" –y se castiga su incumplimiento, con independencia de las intenciones del infractor a la hora de infringirlas–, el fanático y criminal régimen de los ayatolás merece una "orden de alejamiento" a cualquier actividad susceptible de ser transformada en armamento nuclear.
La comunidad internacional, incluso tras el descubrimiento en el verano de 2002 de las partes clandestinas del programa atómico que Teherán mantuvo ocultas durante 18 años, le ha ofrecido toda clase de incentivos y contrapartidas a cambio de no producir el uranio enriquecido. La respuesta ha sido o el engaño o la abierta retirada del precinto internacional de sus plantas.
La comunidad internacional ya es suficientemente permisiva tolerando la impunidad y la existencia de un régimen corrupto, empobrecedor y liberticida como el de los ayatolás; ya hace bastante la vista gorda ante el incuestionable apoyo y respaldo de Teherán al terrorismo islámico. Lo que ya sería una pulsión absolutamente suicida, sería reconocer el derecho de erigirse en un riesgo nuclear a un régimen que, como el iraní, carece de toda legitimidad y conculca todo derecho.
LA Agencia Internacional de la Energía Atómica no ha sido capaz de resolver la crisis nuclear con Irán y no ha tenido más remedio que resignarse a remitir el expediente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde ha empezado el camino para la previsible imposición de sanciones a Teherán. La reacción de los ayatolás a esta decisión ha sido una declaración desafiante, en la que se habla claramente de amenazas y de «causar dolor» de una manera que evidencia sus intenciones reales. No sabemos todavía si Irán tiene capacidad nuclear, pero ya nos dicen para qué quieren tenerla: para amenazar con ella. «O la negociación o la confrontación», dijo claramente ayer su embajador en la OIEA. La negociación es que se les permita seguir con el proceso tecnológico para dotarse de armas nucleares, y la confrontación, la amenaza de usarlas. Es decir, deja a la comunidad internacional la opción de ceder a su chantaje ahora o dejarlo para más adelante, algo claramente inaceptable.
Por eso es tan importante que las gestiones diplomáticas de Europa y Estados Unidos en el Consejo de Seguridad se lleven a cabo con la máxima eficacia y determinación, porque de ellas dependerá el resultado que pueda tener esta grave crisis. Si la ONU no puede impedir que Irán se convierta en una potencia nuclear, no sólo habrá fracasado en su misión de hacer de este mundo un lugar más seguro para todos, sino que habrá abierto la puerta para que docenas de regímenes poco presentables puedan seguir el mismo camino, ahora que la tecnología se ha hecho lo bastante barata y accesible.
Rusia y China están destinados a ser dos actores fundamentales en esta situación, no solamente porque tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad, sino porque hasta ahora han sido el mejor parapeto para el régimen de Teherán. Si ambos quieren ser considerados como parte de una comunidad de intereses y de valores, éste es el momento de demostrarlo, para decirle al mundo que, efectivamente, no hace falta acudir a la opción extrema del uso de la fuerza para resolver un gravísimo problema en el que todos nos jugamos mucho.
Por IGNACIO CAMACHO ABC 9 Marzo 2006
SE despidió ayer de La Coruña con una ofrenda a María Pita al son del «La, la, la» de Massiel, peculiar guiño al topónimo en castellano de la ciudad que ha gobernado durante 23 años, de cuyo artículo determinado hizo una verdadera batalla política. Francisco Vázquez siempre ha llamado La Coruña a La Coruña, brechtiana manera de luchar por lo evidente, a contraviento incluso de la Xunta de su amigo y rival Manuel Fraga, que llegó a recurrirle en los tribunales este singular desafío lingüístico. Alcalde carismático, populista y levantisco en esa hispánica tradición de regidores rebeldes del linaje de Zalamea y de Móstoles, Vázquez encarna la estirpe más honesta y decente del socialismo español, cuyos rasgos de identidad empiezan justamente por el concepto de una profunda españolidad a partir de la cual surge la causa igualitaria de una nación de ciudadanos, para cuya defensa no parece haber sitio en medio de la presente zarabanda de aldeanismos, exclusiones y confusos derechos históricos. Por eso se va camino de una embajada de pompa y rango junto al Tíber, a ver de lejos el espectáculo de un país empeñado en bailar con sus demonios más pertinaces, aquellos que según Gil de Biedma han convertido nuestra Historia en la más triste de todas las historias de la Historia. Eso que sale ganando.
Y eso que salimos perdiendo sus conciudadanos, coruñeses y españoles, condenados a la descapitalización de una clase política que a base de coraje, fe en los principios y respeto al adversario bordó el proceso democrático más ejemplar de la Europa moderna. Ya no queda lugar aquí para los hombres y mujeres que se dejaron la juventud y la energía en construir desde la Transición un país moderno y solidario, arrumbados por la crecida de otra generación empeñada en darle una vuelta de tuerca a aquel proceso de cohesión histórica. Los tipos como Vázquez, autónomos, individualistas, aficionados a ir por libre bajo el código de su propio compromiso civil, se han vuelto gente fastidiosa en esta sociedad acomodaticia de perfiles tibios, de corrección política, de modas confortables y éticas indoloras. Un tipo que se empeña en considerarse español, cristiano y socialista, qué engorro. Que se vaya a Roma, a tratar con los sinuosos curiales vaticanos de esas cosas abstractas y obsoletas de la religión, las creencias, las doctrinas. Qué hombre tan cargante.
Y a Roma se va, tras cuatro décadas ganando elecciones a base de modernizar su ciudad y trabajar por ese asunto tan cansino y absurdo del bienestar de las personas. Se despidió al compás, provocador y castizo, del pasodoble «Suspiros de España», e inaugurando una calle dedicada a Albert Camus, otro espíritu resistente e indómito que creía en la fuerza agrupada de los ciudadanos como motor de la libertad. Quizás en el fondo, cercado en los últimos años por una marea de nacionalismos rampantes y exacerbados, él mismo haya terminado sintiéndose extranjero, exilado interior, intruso social como el antihéroe condenado del escritor de Mondovi. O a la manera machadiana: extranjero, ay, en los campos de su tierra. Vaya con Dios, alcalde.

References: artículo 155
 resolución 
 resolución 
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 artículo 8
 artículo 8
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