Source: http://msjmontalban.blogspot.com/2011/08/proyecto-de-ley-de-justicia-comunal.html
Timestamp: 2018-06-20 07:22:52+00:00

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MISIÓN SUCRE MONTALBÁN: PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA COMUNAL
A partir de la conquista y colonización española, en nuestro país al igual como aconteció en toda Latinoamérica, el sistema de justicia siempre ha sido el resultado de la aplicación de un derecho ajeno, implantado primero por el conquistador español y, más tarde, por la otra conquista, aquella de la “ilustración”, que entronizó las ideas de la Revolución Francesa y el modernismo para justificar el predominio del capitalismo en Latinoamérica y en el resto del mundo. Ese derecho impuesto por España fue “remodelado” luego por los criollos, quienes conquistaron el poder político para su propio beneficio, pero ha seguido imperando con su lógica hasta nuestros días.
En el primer momento, durante el dominio de España, la conquista introdujo en estas latitudes el derecho de propiedad, justificándose con el “discurso propietario” de John Löcke, según el cual, nuestros aborígenes no debían poseer las tierras que trabajaban porque no las hacían producir lo suficiente para satisfacer “las demandas” de ese objeto impersonal conocido como “mercado”. Aquel discurso sirvió de pretexto para imponer la propiedad del conquistador sobre las tierras que trabajaba el aborigen, o sea, creando un “propietario” despojador y un “no propietario” despojado de la tierra a la cual estaba vinculado culturalmente.
Desde ese momento, se busca refundar la República bajo principios y valores distintos, que sirven de fundamento a la Constitución Nacional vigente desde 1999, en la cual, por primera vez, se reconoce el “Poder Constituyente” como hecho que marca un hito en la historia continental y mundial. Ese poder es el “poder constituyente originario”, el poder de poderes, sobre el cual no existe ningún otro poder. Es el poder que constituye, modifica o elimina cualquier poder constituido, de acuerdo con la voluntad soberana del pueblo que tiene esa suma mayoritaria de “Poder Originario”.
Esta circunstancia, en medio de la construcción de un país no dependiente y soberano, unido a los principios establecidos en la Constitución vigente, obliga a una transformación profunda de todas las estructuras del Estado, incluyendo la jurídica, pues todo este ordenamiento debe adecuarse a una lógica distinta, que surja de la idiosincrasia popular y de los valores de nuestras culturas ancestrales. Uno de los problemas más graves que debe atender el nuevo Estado Social de Derecho y de Justicia, es precisamente establecer la nueva Justicia, la que pertenece al pueblo, porque la anhela y quiere establecerla de acuerdo a sus creencias, valores y principios.
Artículo 1. Las normas de esta Ley se fundamentan en principios y valores existentes en la cultura de las diversas comunidades ancestrales establecidas en el territorio nacional, como también en aquellos principios y valores pertenecientes a todas las demás comunidades nacionales, las cuales por la voluntad soberana del pueblo venezolano, constituyen una manifestación inequívoca de poder constituyente originario y forman parte del legítimo Derecho Comunitario aplicable en todas las comunidades existentes dentro del territorio nacional.
Artículo 2. El Derecho que ancestralmente vienen ejerciendo los distintos pueblos aborígenes de Venezuela constituye derecho comunitario originario y, como tal, no está sujeto a las normas establecidas en esta Ley. Por lo tanto, las decisiones que de acuerdo a su propio derecho adopten los pueblos aborígenes, ó también, las que adopten aquellas comunidades de origen afro-descendientes que hayan desarrollado históricamente sus propias normas dentro del territorio nacional, deben ser respetadas y acatadas en su totalidad por cualquier Poder del Estado u organismo público o privado, salvo las únicas limitaciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 3. Estas normas son aplicables en todas aquellas otras comunidades que no sean de origen estrictamente indígena o aborigen, o afro-descendiente, para todos los ciudadanos que de manera continua o temporal, viven, trabajan o ejercen actividades productivas concebidas y dirigidas por la comunidad, por iniciativa individual, por cuenta de otra persona o por cualquier empresa que funcione dentro del ámbito comunitario.
Artículo 4. A los efectos de esta Ley se entiende por:
Ciudadanos: A las personas naturales que pertenecen a una nación y tienen el derecho y la disposición de participar activamente en una comunidad, a través de acciones que pueden ser reguladas por ellos mismos, de manera justa, inclusiva y equitativa, pacífica, corresponsable, participativa y protagónica, con la finalidad de alcanzar el mayor y mejor bienestar colectivo que sea posible tanto para su comunidad como para toda la nación.
Comunidad. Núcleo espacial básico e indivisible constituido por personas y familias que habitan en un ámbito geográfico determinado, vinculadas por características e intereses comunes; comparten una historia, necesidades y potencialidades culturales, económicas, sociales, territoriales y de otra índole (Proyecto de Ley de las Comunas).
Control: el control es un proceso mediante el cual, la administración, evalúa si los hechos sobre los cuales se ejerce control, se corresponden con los objetivos y, en caso contrario, advertir oportunamente las correcciones que sean necesarias.
Informe: es la descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de un suceso.
Justicia Comunitaria Socialista: es la Justicia que emana del Derecho Comunitario impulsado por el Poder Popular, que se ejerce desde las comunidades para reconstruir al hombre como ser social, en condiciones de vida digna protegida por la justicia y la equidad.
Pronunciamiento: es el acto de la Instancia de Justicia Comunitaria correspondiente, mediante el cual la Vocería designada por el Colectivo de Justicia Comunitaria que pertenece a dicha Instancia, presenta en forma escrita la decisión que pone fin al conflicto o controversia suscitado en la comunidad.
Ser social: es la condición que le permite al hombre socializarse porque, debido a las limitaciones de su propia naturaleza, no puede bastarse a sí mismo ni en el aspecto material ni en el espiritual y, por tal razón, necesita compartir con otros hombres lo que le es posible dar, para recibir en compensación lo necesario para subsistir, conseguir alimentos, vivienda, abrigo y dignas condiciones de vida.
: es la observación hecha con regularidad sobre un proyecto o programa de actividades de la administración pública y, al mismo tiempo, el registro de dichas actividades.
Socialismo: Período de transición durante el cual el ser humano se reconstruye como ser social actuando colectivamente en la transformación de las estructuras y superestructuras del mundo productivo, para alcanzar una sociedad plenamente humana, justa, igualitaria, equitativa y sin distinción de clases o grupos de poder, donde exista la máxima suma de felicidad posible en armonía con la naturaleza.
Artículo 7. El derecho comunitario debe establecer normas redactadas en forma sencilla, concisa, precisa y fácilmente comprensible, a través de las cuales se impida la explotación y la apropiación indebida del trabajo humano, para que éstas sirvan a una sociedad emancipada, donde todo ciudadano las conozca y se sirva de ellas para hacer reclamaciones y exigir el derecho que le corresponde a una vida digna tanto a él, a su comunidad o a cualquier miembro de ésta.
­PRINCIPIOS
Artículo 9. Pertenecen al Derecho Comunitario y se incorporan dentro de sus normas, los acuerdos que el Estado celebre con los Estados de otras naciones, para conformar la gran Patria Latinoamericana, como también los acuerdos entre pueblos para disponer de espacios territoriales donde vivan ciudadanos y ciudadanas de todos los pueblos del Abya Yala y gocen de una nacionalidad común para todos, sin perder por esa razón sus nacionalidades de origen.
Artículo 10. El Derecho Comunitario es un derecho que pertenece al pueblo y, desde sus comunidades, le corresponde a éste ejercerlo directamente sin intermediarios o representantes y sin necesidad de asistencia o intermediación de profesionales del derecho. En casos de conflicto, el Derecho Comunitario solamente debe perseguir que se actúe con equidad y plena justicia en beneficio de las partes involucradas, procurando siempre recuperar los niveles de armonía y solidaridad entre los ciudadanos y las ciudadanas de la comunidad, la comuna y la nación.
Artículo 13. La competencia de la Justicia Comunitaria está relacionada con los conflictos o controversias entre ciudadanos que pertenezcan a la misma comunidad o que provengan de distintas comunidades, de estos ciudadanos con asociaciones de trabajadores, empresas, entes públicos o privados vinculados con la comunidad, ya sea porque viven, trabajan, o bien desarrollan actividades en ésta, cuando estén involucrados aspectos tales como la vida, la salud, la convivencia, el trabajo, la educación, la seguridad, la producción de alimentos y de objetos en general, la prestación de servicios, el desplazamiento dentro y fuera de la comunidad, las relaciones culturales y de intercambios entre los pueblos del Continente y, también, cualquier otro aspecto de interés colectivo o nacional que afecte a la comunidad.
Artículo 15. La Justicia Comunitaria es competente en aquellos casos en los cuales se encuentren en riesgo o estén comprometidos los intereses generales de la nación, de la comuna, de la comunidad o los de algunos de sus habitantes, cuando el sistema de justicia ordinario que rige dentro del ámbito del Poder Judicial, resulte insuficiente para resolver con justicia, legitimidad, celeridad y eficacia dichos casos.
Artículo 16. La Justicia Comunitaria es competente en aquellos casos donde las partes involucradas la escogen voluntariamente para que ésta resuelva los conflictos que les afectan, si es que los mismos ocurren dentro de la comunidad y cuando ello no signifique evadir otras normas contempladas en el ordenamiento jurídico vigente que, de aplicarse, evitarían que resultaren comprometidos el bienestar común de todos sus ciudadanos y los intereses generales de la nación.
Artículo 17. Será competente la Justicia Comunitaria de una determinada comunidad, cuando a su Colectivo de Justicia le soliciten el Pronunciamiento las partes de un conflicto o controversia, el cual correspondería ser tratado por el colectivo de justicia de otra comunidad aledaña, si es que en ésta no se encontrare constituido o no funcionare el correspondiente colectivo de justicia.
Artículo 18. Serán inviolables las normas del derecho comunitario establecido en atención a las normas contenidas en la presente ley y al desarrollo de los principios constitucionales. Por lo tanto, no podrá ningún derecho distinto al derecho comunitario interferir en las decisiones o pronunciamientos de este último, por cuanto el mismo es el resultado del poder constituyente originario proveniente de la participación y el protagonismo del pueblo soberano.
EL PODER CONSTITUYENTE SOBERANO
Artículo 19. El Estado reconoce el Poder Constituyente Soberano, entendido como aquel poder que emana directamente de la suma mayoritaria de voluntades de todos los ciudadanos de la República.
Artículo 20. Este Poder Constituyente Soberano representa el poder de poderes y, por lo tanto, actúa soberanamente sobre cualquier poder u ordenamiento legal constituido. En consecuencia, puede legislar directamente sin intermediarios o representantes y sin autorización de persona alguna o poder constituido.
Artículo 21. El Poder Constituyente Soberano puede deliberar, legislar o ser consultado de acuerdo con las modalidades que este Poder acepte o adopte como propios, sin necesidad de atender a ninguna exigencia externa al mismo.
Artículo 22. El Estado reconoce como Poder Constituyente Soberano a aquél que se conforma gradualmente, consultando a todas y cada una de las comunidades existentes en el territorio nacional, dentro de un lapso de tiempo suficiente que sólo establece el dinamismo que emane del propio pueblo soberano, para realizar separadamente las consultas o pronunciamientos en todas y cada una de las comunidades existentes en todo el territorio nacional.
Artículo 24. El Derecho Comunitario tiene competencia y puede pronunciarse para:
Proteger de manera efectiva y con efectos vinculantes para cualquier ciudadano, empresa pública o privada, órganos del Poder Público o Municipal, las nuevas relaciones sociales de producción que surjan en las comunidades, a través de las cuales sus habitantes produzcan bienes y servicios colectivamente, en razón al tiempo de trabajo invertido, que luego vendan o intercambien para disfrutar del producto de ellos en forma social y equitativa.
Prohibir la comercialización de cualquier producto que haya sido elaborado en asociación por los trabajadores habitantes de una comunidad, del cual se haya apropiado indebidamente cualquier persona o empresa con poder económico y control sobre el mercado, para venderlo con un margen de beneficio no acordado previamente con la comunidad o que no esté permitido a nivel nacional por las demás comunidades.
Prohibir la comercialización de cualquier producto que haya sido elaborado para una persona o empresa por los trabajadores habitantes de una comunidad, cuando el valor de su venta exceda el precio límite acordado previamente entre la comunidad y dicha persona o empresa, si de ese exceso no se le retribuye proporcionalmente a la comunidad donde fue producido, la cantidad que exceda el precio límite preestablecido.
Prohibir cualquier cambio de zonificación y de planificación urbanística hecha por el municipio, cuando no se haya consultado previamente a la comunidad o comunidades afectadas.
Prohibir los anuncios publicitarios que incidan negativamente en la conducta de las personas que hacen vida en las comunidades.
Prohibir las transmisiones radioeléctricas que emitan mensajes subliminales que degraden la condición humana de las personas o incidan en conductas negativas de personas hacia la colectividad.
Proteger a los nuevos gobiernos comunitarios que surjan como resultado de la aplicación de la Justicia y el Derecho Comunitario, para que los ciudadanos y las ciudadanas participen en el Poder Popular Comunal, reorganizando la distribución equitativa del presupuesto nacional.
Establecer espacios culturales en las comunidades, destinados al diálogo de saberes para el surgimiento de la universidad popular, que facilite la elaboración de normas para el Derecho Comunitario, consolidando el parlamentarismo legislativo popular.
DE LAS INSTANCIAS DE LA JUSTICIA COMUNITARIA
Artículo 25. En la Instancia de Justicia Comunitaria Local deben atenderse todos los casos de conflictos o controversias relacionados con la comunidad. En esta Instancia debe instalarse un Colectivo de Justicia Comunitaria Local conformado por todos los ciudadanos y las ciudadanas que viven en la comunidad, con excepción de aquellos que hubieren cometido faltas graves, y de aquellos no hayan reparado sus faltas con las víctimas o con la propia comunidad, quienes resolverán la controversia por mayoría de votos o por consenso.
Artículo 29. Se considerará falta grave, aquella cuando a la persona que resulte víctima de la misma, se le ocasionan daños físicos o psíquicos, o se le privare de la vida intencional o premeditadamente.
Artículo 30. Las reparaciones de las faltas exigidas por los pronunciamientos de acuerdo con esta Ley, deberán contemplar la restitución total del daño ocasionado a la víctima y también a la comunidad cuando proceda, como asimismo la reparación del daño que en el futuro ocasione la falta cometida.
Artículo 34. Las nuevas normas de la Justicia Comunitaria que se incorporen, modifiquen o eliminen algunas de las contempladas en la presente Ley, incluyendo las relativas a las sanciones que se establezcan en casos de incumplimiento por reparaciones de faltas cometidas, se considerarán parte del Derecho Comunitario y parte de esta Ley, razón por la cual, una vez que éstas resulten aprobadas por la voluntad soberana del pueblo, se tendrán por publicadas y de obligatorio cumplimiento, con independencia de que dichas normas se difundan a través de cualquier medio de información existente.
Artículo 35. A los efectos de esta Ley, se entenderá como la nación del Abya Yala, a todos los pueblos y nacionalidades que habitan los territorios que comprenden el continente latinoamericano o hispanoamericano, incluyendo Brasil.
Artículo 36. Los ciudadanos pertenecientes a naciones y pueblos latinoamericanos o del Abya Yala, que cometan faltas o faltas graves en las comunidades nacionales, podrán ser sometidos a la Justicia Comunitaria, si así lo determina la comunidad donde haya ocurrido la falta, o si lo exigen los familiares e incluso la propia víctima de dicha falta.
Artículo 37. La función principal del Colectivo de Justicia Comunitaria es impartir justicia en los casos que deba considerar, preservando la convivencia pacífica entre las partes y entre todos los ciudadanos y las ciudadanas de la comunidad o comunidades relacionadas con el caso. La actuación del Colectivo de Justicia Comunitaria debe guiarse por los principios contemplados en esta Ley y en todas aquellas leyes del Derecho Comunitario que se hayan establecido por el ejercicio del poder constituyente que como tal concibe esta ley. El Pronunciamiento del Colectivo de Justicia Comunitaria debe estar obligatoriamente fundamentado en el análisis y en la reflexión sobre de los hechos que ocasionaron el conflicto o controversia, tomando en consideración la realidad social existente y las normas del Derecho de la Justicia Comunitaria.
Artículo 38. El Pronunciamiento de la Instancia de Justicia Comunitaria Local debe expresar la decisión sobre el caso de conflicto o controversia, la cual se emite con el voto favorable de la mayoría absoluta del Colectivo de Justicia Comunitaria Local.
Del control social y de la contraloría social
Objeto del Control Social Comunitario
Artículo 48. La Contraloría Social Comunitaria es una organización que tiene como finalidad la participación y el protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad mediante unplan de acción, para ejercer dentro de la comunidad el control, la vigilancia y el seguimiento a las actividades productivas y de servicios, la conducta de los servidores públicos y la gestión de políticas públicas, desde la etapa de planificación hasta la de culminación de cualquier obra, servicio o programa social.
Carácter vinculante de las actuaciones de la Contraloría Social Comunitaria
Principios que guían a quienes ejercen la
Contraloría Social Comunitaria
Artículo 50. El control social que los ciudadanos y las ciudadanas ejerzan a través de la Contraloría Social Comunitaria, se rige por los principios de corresponsabilidad, disciplina, honestidad, transparencia, rectitud, imparcialidad, participación, coordinación, eficiencia, justicia, equidad, rendición de cuentas e interacción permanente con los ciudadanos de la comunidad.
Artículo 51. Las disposiciones de la presente ley, se aplican a las personas naturales, empresas privadas o públicas, empresas de producción social en general, consejos comunales, entes del Estado y del Municipio que actúan en el ámbito de la comunidad. Se practicará la contraloría social, especialmente, sobre los procesos de producción y de prestación de servicios de empresas privadas o públicas, a fin de determinar los verdaderos costos de producción dentro de la cadena de distribución y de comercialización, para coadyuvar a los entes del Estado en el control de la calidad y de los precios de productos y servicios.
Obligación de publicidad ante la
Artículo 52. Las autoridades de todos los entes estatales, estadales y municipales, de las empresas privadas y públicas, de las empresas de producción social y de los consejos comunales, a que se refiere el artículo anterior, están en la obligación de dar publicidad a los actos de su respectiva gestión que sean de interés general, tales como proyectos, licitaciones, contrataciones, costos de las mismas y de cualquier otra información relevante, con la finalidad de permitir y contribuir con el cumplimiento de las funciones de los ciudadanos y las ciudadanas que integran la Contraloría Social.
Obligación de dar seguridad a los miembros de la
Artículo 53. Toda persona tiene derecho a tener la debida protección del Estado a través de los órganos de seguridad del mismo, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o menoscabo de los derechos concernientes al ejercicio de la Contraloría Social Comunitaria. En consecuencia, todo ciudadano o ciudadana en el ejercicio de dicha función, tiene derecho a solicitar demostración de cuentas, a supervisar y a controlar sin resultar amenazado por ello. Las autoridades del Estado, de los estados, o del Municipio que nieguen este derecho serán sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, pudiendo incluso ser obligadas mediante Pronunciamiento de la Justicia Comunitaria a reparar la falta con la comunidad, y también ser destituidas por decisión soberana del Poder Constituyente originario del pueblo.
Ejercer control social sobre los diferentes procesos de producción de bienes y servicios de los entes, organismos y empresas sujetas a control social, para determinar el precio real de dichos bienes y servicios.
Participar en la elaboración y difusión de talleres, cursos, foros, y recursos necesarios, para la formación y evaluación de los ciudadanos y las ciudadanas, en su desempeño dentro de las comunidades, los consejos comunales y las comunas.
Todas aquellas acciones ajustadas a las normas del Derecho Comunitario que permitan el cumplimiento del objeto de la Contraloría Social Comunitaria.
Los que ejercen la
Artículo 55. La Contraloría Social Comunitaria la ejercen los ciudadanos y las ciudadanas de la comunidad, participando de forma organizada en el ámbito comunitario sin otra limitación que la derivada de una falta grave contra la comunidad o algún miembro de la misma.
Artículo 56. Las sanciones que pudieren derivarse de los informes y otros documentos emanados de la Contraloría Social Comunitaria, solamente pueden ser adoptadas por el Colectivo de Justicia Comunitaria que corresponda. En sus documentos la Contraloría Social Comunitaria debe informar al Colectivo de Justicia Comunitaria sobre:
Publicadas por Misión Sucre Montalbán el 8/03/2011 08:27:00 a. m.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 7

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 13

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 48

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 55

Artículo 56