Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/445
Timestamp: 2020-03-29 15:39:44+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 65/1985
SENTENCIA 65/1985, de 23 de mayo
ECLI:ES:TC:1985:65
En el recurso de amparo núm. 248/1983, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Justo Alberto Requejo Pérez de Soto, en nombre y representación de don José Ramón Castilla Prados, bajo la dirección del Letrado don José María Iglesias Altuna contra Auto de 6 de diciembre de 1982 del Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de los de Madrid, denegatorio de ejecución a efectos civiles de sentencia canónica de nulidad matrimonial. Han comparecido el Ministerio Fiscal y doña Rosa María Gil Sotres, representada por el Procurador de los Tribunales don Saturnino Estévez Rodríguez, siendo Ponente la Magistrada doña Gloria Begué Cantón, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito de 13 de abril de 1983, el Procurador de los Tribunales don Justo Alberto Requejo Pérez de Soto, en nombre y representación de don José Ramón Castilla Prados, interpone recurso de amparo ante este Tribunal Constitucional contra el Auto de 6 de diciembre de 1982, del Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de los de Madrid, que deniega la solicitud de ejecución a efectos civiles de la sentencia canónica de nulidad de matrimonio dictada por el Tribunal eclesiástico de Madrid-Alcalá el día 12 de junio de 1981.
a) El día 25 de marzo de 1979 don José Ramón Castilla Prados formuló ante el Tribunal eclesiástico del Arzobispado de Madrid-Alcalá demanda de nulidad de matrimonio, que fue admitida a trámite el 2 de mayo siguiente.
3. El recurrente en amparo fundamenta su demanda en la presunta vulneración del art. 24 de la Constitución, producida, a su juicio, por el proceder del Juzgado de Primera Instancia de Madrid que, no obstante estar pendiente la causa de nulidad ante los Tribunales eclesiásticos cuando entró en vigor el mencionado Acuerdo con la Santa Sede, no aplicó la disposición transitoria segunda del mismo, según la cual tales causas seguirán tramitándose ante los mismos Tribunales eclesiásticos y «las Sentencias tendrán efectos civiles a tenor de lo dispuesto en el art. XXIV del Concordato de 1953». En consecuencia, solicita de este Tribunal la anulación del Auto de 6 de diciembre de 1982 del Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de Madrid, que declaró no haber lugar a la eficacia en el orden civil de la sentencia canónica dictada por el Tribunal eclesiástico de Madrid-Alcalá, respecto al matrimonio contraído entre el recurrente y doña Rosa María Gil y Sotres, devolviendo los autos al referido Juzgado a fin de que proceda a la ejecución de la Sentencia según el Derecho del Estado que resulta aplicable al caso, teniendo en cuenta el momento en que se inició el proceso ante el Tribunal eclesiástico, anterior a la entrada en vigor del Acuerdo jurídico con la Santa Sede, de 3 de enero de 1979.
4. Admitida a trámite la demanda de amparo por providencia de 11 de mayo de 1983 de la Sección Primera de la Sala Primera de este Tribunal Constitucional, se persona en el procedimiento el Procurador de los Tribunales don Saturnino Estévez Rodríguez, en nombre y representación de doña Rosa María Gil Sotres, y recibidas las actuaciones remitidas por el Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de Madrid, la Sección acuerda conceder un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a los Procuradores señores Requejo Pérez de Soto y Estévez Rodríguez, a fin de que dentro de dicho término puedan alegar lo que a su derecho convenga.
5. El Procurador don Saturnino Estévez, en un primer escrito de 5 de julio de 1983, formula las siguientes excepciones con carácter previo a la discusión sobre el fondo del recurso planteado:
6. Posteriormente, en un segundo escrito presentado el 14 de julio de 1983, la representación de doña Rosa María Gil formula las siguientes alegaciones sobre el fondo de la cuestión debatida:
En conclusión, entiende la representación de doña Rosa María Gil que, con independencia de las excepciones previamente planteadas en su escrito de 5 de julio de 1983 debe denegarse el amparo solicitado, pues la tutela jurisdiccional que se dice violada no puede exigirse del órgano judicial contra el que se promueve el recurso, al no haberse sujetado el solicitante, en su petición del derecho alegado, a las prescripciones del ordenamiento jurídico estatal.
Por lo que se refiere al segundo aspecto, en opinión del Ministerio Fiscal, la expresión contenida en la disposición adicional segunda, dos, de la Ley 30/1981, de 7 de julio, «no habiéndose formulado oposición», no implica una mera alegación de disconformidad deducida por alguien que opere de forma automática, sino que entraña un procedimiento encaminado a constatar si, efectivamente, existen razones o fundamentos reales para la oposición o se trata de meras fórmulas dilatorias que obligan a quien solicitó la eficacia en el orden civil de la decisión canónica a acudir al «procedimiento correspondiente» a que se refiere la misma disposición adicional segunda en su núm. 3, ya que, en otro caso, resultaría inútil el proceso canónico, pues la simple presentación de un escrito oponiéndose convertiría en nula su efectividad. Por ello, en el presente caso, al haberse limitado el Juez civil a denegar la eficacia de la Sentencia canónica por el mero hecho de haberse presentado un escrito de oposición, sin que éste condujera a actividad judicial de ninguna clase, puede afirmarse que también por esta vía se ha denegado la tutela judicial efectiva a que tenía derecho el recurrente.
10. Por escrito de 13 de mayo de 1985, don Víctor Requejo Calvo, Procurador de los Tribunales, y de don José Ramón Castilla Prados, solicita de este Tribunal que, por haber fallecido el Procurador que anteriormente ostentaba la representación, se le tenga por personado y parte en nombre de su poderdante y se entiendan con él las sucesivas diligencias, accediéndose a lo solicitado por providencia de 14 de mayo de 1985.
1. La representación de doña Rosa María Gil Sotres, personada en el presente recurso de amparo en su calidad de parte en el procedimiento antecedente, formula con carácter previo en el período de alegaciones dos excepciones o posibles causas de inadmisión del recurso: a) la falta de personalidad en el actor por carecer éste de las cualidades necesarias para comparecer en juicio, y b) el incumplimiento por el mismo de los requisitos procesales exigidos por los arts. 44.1 a) y 44.2 de la LOTC. Es preciso, por lo tanto, proceder a examinar dichas excepciones antes de entrar a analizar la cuestión de fondo planteada.
En relación con tal alegación ha de afirmarse, en primer término, que la resolución recurrida en el presente proceso constitucional es el Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de los de Madrid, de 6 de diciembre de 1982, por el que se deniega la ejecución a efectos civiles de la Sentencia canónica que declara la nulidad del matrimonio contraído por el hoy demandante de amparo y doña Rosa María Gil Sotres. En efecto, el recurrente manifiesta en el encabezamiento del escrito de demanda interponer recurso de amparo «ante la violación... del art. 24 de la Constitución por el Auto dictado en 6 de diciembre de 1982»; en el cuerpo del escrito se insiste en esta misma afirmación, y en el suplico del mismo se solicita la nulidad de dicho Auto por violación del art. 24 de la Constitución. La argumentación debe centrarse, por lo tanto, en la admisibilidad del recurso de amparo interpuesto contra la expresada resolución, pues de otro modo se alteraría la pretensión formulada por la parte recurrente.
El análisis ha de limitarse, pues, a determinar, en relación con dicho Auto, si se ha incumplido, como pretende la representación de doña Rosa María Gil, el requisito establecido en el art. 44.2 de la LOTC. A su juicio, el recurso es extemporáneo, pues debió formularse dentro de los veinte días siguientes al de la notificación del mencionado Auto, pero tal requisito debe entenderse en conexión con el art. 44.1 a) de la misma Ley, por lo que el plazo establecido para la interposición del recurso de amparo ha de contarse desde la fecha de la notificación de la resolución recaída en el proceso que pone fin a la vía judicial por haberse agotado todos los recursos utilizables en dicha vía.
Por otra parte, es de destacar la divergencia entre las posturas mantenidas en relación con esta cuestión, de un lado, por el Juzgado de Primera Instancia, y de otro, por la propia representación de la esposa hoy personada en los autos. El Juzgado de Primera Instancia admite el recurso de reposición por providencia de 21 de enero de 1983, pero, posteriormente, a la vista del escrito presentado por la representación de doña Rosa María Gil, deja sin efecto dicha providencia y declara su inadmisión por Auto de 29 de enero siguiente, considerando que son de aplicación las disposiciones adicionales segunda y tercera de la Ley 30/1981. Por su parte, la representación de doña Rosa María Gil mantuvo en la vía judicial ordinaria la improcedencia del recurso de reposición por estimar procedente directamente el recurso de apelación al tratarse, a su entender, de un Auto resolutorio de incidente comprendido en el art. 382 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (escritos presentados ante el Juzgado en fecha de 25 de enero de 1983), mientras que en el escrito presentado ante este Tribunal por el que dice formular excepciones de carácter previo en el recurso de amparo no mantiene exactamente la misma posición, pues une la extemporaneidad del recurso de amparo a la fecha de notificación del Auto impugnado, dando implícitamente por supuesta la no procedencia de recurso alguno, y al mismo tiempo sostiene la procedencia del recurso de reposición y posterior de apelación frente al Auto de 29 de enero de 1983, que inadmite el recurso de reposición frente al Auto de 6 de diciembre de 1982, alegando los arts. 377 y 380 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Otorgar el amparo solicitado y, en su virtud, anular el Auto de 6 de diciembre de 1982 del Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de los de Madrid, que declaró no haber lugar a la eficacia en el orden civil de la Sentencia canónica dictada por el Tribunal eclesiástico de Madrid-Alcalá respecto al matrimonio contraído entre don José Ramón Castilla Prados y doña Rosa María Gil y Sotres, devolviendo los autos al referido Juzgado a fin de que proceda a la ejecución de la Sentencia según el Derecho del Estado que resulta aplicable al caso, teniendo en cuenta el momento en que se inició el proceso ante el Tribunal eclesiástico, anterior a la entrada en vigor del Acuerdo jurídico con la Santa Sede, de 3 de enero de 1979.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 248-1983
Contra Auto del Juzgado de Primera Instancia de Madrid, denegatorio de ejecución a efectos civiles de Sentencia canónica de nulidad matrimonial
El plazo establecido para la interposición del recurso de amparo ha de contarse desde la fecha de la notificación de la resolución recaída en el proceso que pone fin a la vía judicial por haberse agotado todos los recursos utilizables en dicha vía.
El agotamiento de los recursos utilizables dentro de la vía judicial se refiere a los medios procesales que razonablemente puedan ser conocidos y ejercitados por los litigantes a fin de que los órganos del poder judicial a los que corresponde la tutela general de los derechos fundamentales puedan cumplir su función, dado el carácter subsidiario del recurso de amparo, y no exige del ciudadano que supere unas dificultades de interpretación que excedan de lo razonable.
Aun cuando la determinación de la normativa aplicable y su interpretación corresponde a la jurisdicción ordinaria por tratarse de una cuestión de mera legalidad, se convierte en materia constitucional si de ella deriva la vulneración de un derecho fundamental.
El derecho a la tutela efectiva no agota su contenido en la exigencia de que el interesado tenga acceso a los Tribunales de Justicia y pueda ante ellos defender su pretensión jurídica en igualdad con las otras partes, ni se limita a garantizar la obtención de una resolución de fondo fundada en Derecho; exige también que el fallo judicial se cumpla, pues lo contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos en meras declaraciones de intenciones.
El proceso de reconocimiento de efectos civiles a las Sentencias y resoluciones de los Tribunales eclesiásticos que prevé el artículo XXIV del Concordato es equiparable al de ejecución de una Sentencia o resolución judicial. Por ello, el reconocimiento de efectos civiles a las Sentencias canónicas que deriva del régimen transitorio previsto en la disposición transitoria segunda del Acuerdo de 3 de enero de 1979 ha de encuadrarse dentro de la exigencia constitucional contenida en el art. 24.1 de la C.E.
Artículo 377, f. 4
Artículo 380, f. 4
Artículo VI.2, f. 6
Disposición transitoria segunda, ff. 4, 6, 7
Artículo 44.1 a), ff. 1, 3, 5
Artículo 44.2, ff. 1, 3, 5
Disposición adicional segunda, ff. 4, 6, 7
Jurisdicción constitucionalJurisdicción constitucional, ff. 5, 7
Recurso útilRecurso útil, f. 5
Acuerdos con la Santa SedeAcuerdos con la Santa Sede, f. 6
Derecho transitorioDerecho transitorio, f. 6
Eficacia civil de sentencias canónicasEficacia civil de sentencias canónicas, f. 6
Procedimiento para declarar la eficacia civil de sentencias canónicasProcedimiento para declarar la eficacia civil de sentencias canónicas, f. 6
Sentencia canónicaSentencia canónica, f. 6

References: resolución 
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Artículo 377

Artículo 380

Artículo 44

Artículo 44