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Timestamp: 2017-12-14 08:00:35+00:00

Document:
MFAEB – Página 2 – UNA ENERGÍA LIMPIA PARA UN PLANETA LIMPIO
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 249 16102017
Núm. 249 Lunes 16 de octubre de 2017 Sec. I. Pág. 99879
11782 Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes
de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.
El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos,
establece que previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital podrá dictar las disposiciones
necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del
petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de
gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles
por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un
sistema de determinación y actualización automática de las mismas.
para el Impulso a la Productividad, establece que mediante Orden ministerial, previo
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las
gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los
consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados
del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo
los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y
actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas
para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades.
Ya anteriormente, la Orden de 16 de julio de 1998, del Ministerio de Industria y Energía,
determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los
gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización.
Principalmente, esta orden determina que los precios máximos de venta al público,
antes de impuestos, se determinarán como suma de distintos términos: por un lado, la
cotización internacional de los gases licuados del petróleo y flete, que se revisarán
mensualmente y por otro, los costes de comercialización que se revisarán anualmente, en
el mes de julio de cada año, utilizando las fórmulas contempladas respectivamente en los
apartados primero.1 y 2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se
modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.
El apartado octavo de la mencionada Orden de 16 de julio de 1998, establece que la
Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación
del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de
los precios máximos que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en
vigor el tercer martes de cada mes.
Mediante esta resolución por tanto, se determinan los precios de aplicación a los
suministros de gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales y a los
suministros granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización.
Para su cálculo se han tenido en cuenta los costes de comercialización por tanto, ya
fijados por resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo por canalización.
cve: BOE-A-2017-11782
Núm. 249 Lunes 16 de octubre de 2017 Sec. I. Pág. 99880
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política
Energética y Minas, resuelve:
Desde las cero horas del día 17 de octubre de 2017, los precios de venta antes de
impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad
de suministro serán los que se indican a continuación:
Término fijo: 1,57 €/mes.
Término variable: 81,0564 c€/kg.
Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por
canalización: 66,4776 c€/kg.
Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes
impuestos vigentes:
a) Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el
b) Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias
sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario.
c) Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la
importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos.
En los cálculos de los precios establecidos en el apartado primero se han tenido en
cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios:
Cotización internacional ($/Tm): Propano = 522,90; butano = 517,10.
Fletes ($/Tm): 15,8.
Media mensual del cambio dólar/euro: 1,191457.
Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la
presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 17 de
octubre de 2017, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos
efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se
hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 17 de
Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases
licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que
incluya la fecha del 17 de octubre de 2017, o en su caso del día a partir del cual produzcan
efectos o entren en vigor otras resoluciones u órdenes anteriores o posteriores relativas al
mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo
total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una
de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que
correspondan a las distintas resoluciones u órdenes aplicables.
Las empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo por canalización, adoptarán
las medidas necesarias para la determinación de los consumos periódicos efectuados por
cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la correcta aplicación de los precios de
gases licuados del petróleo por canalización a que se refiere la presente resolución.
Esta resolución será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá
efectos desde el 17 de octubre de 2017.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Madrid, 6 de octubre de 2017.–La Directora General de Política Energética y Minas,
María Teresa Baquedano Martín.
Vacunas libres e iguales
Mientras los diputados hablan de patatas regionales, el AVE se acerca a Galicia y hace parada, vía licitación, en la estación nueva de una pedanía de Sanabria, Zamora. Dos deseos para ella: que sea un acicate para llevar a urbanitas a la España despoblada y que tenga más éxito que estaciones convertidas en símbolo del despilfarro de la burbuja de obra pública. La Y vasca se adentra también en territorio Mondragón y ya nadie protesta. 14 millones gasta Valencia en vacunas contra la meningitis B, recomendada por los pediatras a más de 100 euros cada una de las tres dosis y que solo está en el calendario oficial de algunas comunidades. La reforma constitucional podría empezar por un calendario común de vacunación y las mismas gratis en todas partes: Libres de virus e iguales en la disposición de anticuerpos. La Generalitat de Ximo Puig, “matrias y patrias” dijo el otro día, también libera un millón de euros en publicidad para animar a ser amables con los turistas. Nos consuela que ellos no sean del Fuck Tourism. Los nobles también leen el BOE, más que La Vanguardia, porque de vez en cuando dan noticias sobre herederos de títulos, aunque muchos querrían ver cómo se le quita el suyo al Conde de Godó. Una mujer de nombre extranjero, Alexandra Marie Duenkel, será la próxima Condesa de la Reunión de Cuba y Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg es ya condesa de San Martín de Hoyos y varios títulos más, nobles del Marbella Club y de la Casa Pilatos de Sevilla. También tenemos nueva Condesa de los Gaitanes, Macarena Ussía. A ver si su tío Alfonso escribe sobre estas aristócratas del siglo XXI que ponen fotos de magdalenas en Pinterest.Nadie escribe las gestas épicas de los que acuden a los tribunales del contencioso, pero esta semana tenemos al héroe que consigue anular un nombramiento de catedrático en la Autónoma de Madrid, tres años después de ocurrido. Seguro que hay ambientazo en el departamento, casi igual que en el Banco de España, que convoca plazas de inspectores para que no digan que son flojos con los bancos. A la vez, la Carlos III saca plazas de catedrático y profesor titular por “promoción interna”, rendición ante la endogamia. La de Málaga adjudica la construcción de edificio para Psicología: 24 millones de euros. Los ladrillos no cotizan en los rankings internacionales.
La Junta reclama al Ministerio que rectifique y atienda las necesidades reales de nuevos juzgados en Andalucía
La Consejería de Justicia e Interior, ante la publicación este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto por el que se crean un total de 19 nuevos órganos judiciales en la comunidad autónoma de Andalucía, ha solicitado al Ministerio del ramo que “rectifique” y, en la próxima creación de juzgados, atienda “las necesidades reales” respecto a la planta judicial de la región andaluza.
16/10/2017 19:07
En este sentido, fuentes del departamento que dirige Rosa Aguilar han indicado a Europa Press que este Real Decreto no cuenta con el “respaldo total” de la Junta, ya que el Ministerio sólo ha tenido en cuenta de manera parcial la propuesta que le remitió la Junta y que había sido consensuada previamente con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Las mismas fuentes consultadas han manifestado que el Real Decreto únicamente recoge algunos de los órganos judiciales planteados por la Consejería, otros no los incluye y, finalmente, plantea de manera “unilateral” la creación de nuevos juzgados que no han sido interesados por el departamento de Rosa Aguilar en esa propuesta consensuada con el Alto Tribunal andaluz.
Por ello, las fuentes critican que el Ministerio que dirige Rafael Catalá “no haya tenido en cuenta” la opinión de Junta y TSJA y le solicitan que “rectifique” y, en la próxima creación de órganos judiciales en la región andaluza, “atienda las necesidades reales” respecto a la planta judicial, “corrigiendo” de este modo “el desequilibrio creado” con este Real Decreto.
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó el pasado viernes un Real Decreto por el que se crean un total de 93 nuevos órganos judiciales, de los cuales 19 corresponden a la comunidad autónoma de Andalucía.
El objetivo, según destacó el Ejecutivo, es “adecuar la planta judicial a las necesidades existentes y garantizar a los ciudadanos la efectiva protección de sus derechos”. Las nuevas plazas se distribuyen entre diferentes juzgados de primera instancia, primera instancia e instrucción, contencioso-administrativo, social y mercantil.
En concreto, se crearán nueve juzgados de Primera Instancia, uno en cada una de las ciudades de Almería, Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga. Además, de estos juzgados se crearán dos en la ciudad de Sevilla y otros dos en la provincia de Cádiz que tendrán su ubicación en Algeciras y Jerez de la Frontera.
Por otra parte, se crearán seis juzgados de Primera Instancia e instrucción en Andalucía que se ubicarán en El Ejido (Almería), Roquetas de Mar (Almería), Vera (Almería), Santa Fe (Granada), Estepona (Málaga) y en Sanlúcar La Mayor (Sevilla).
“NECESIDADES ESTRUCTURALES”
Por último se creará un juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Almería capital, un juzgado de lo Social en Algeciras y un juzgado de lo Mercantil en la ciudad de Sevilla. Además, se transforma el Juzgado de Menores número 2 de Córdoba en Juzgado de lo Penal número 6.
Para llevar a cabo esta distribución se ha atendido, según explicó la Delegación del Gobierno en Andalucía, a las “necesidades estructurales de unos juzgados con altas tasas de cargas de trabajo, teniendo en cuenta el gran número de asuntos que ingresan cada año en los tribunales andaluces”.
Fomento licita el contrato para redacción del proyecto de la variante de El Villar de Arnedo de la N-232
La actuación se encuentra recogida en el protocolo de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de la Rioja para mejorar la funcionalidad y movilidad del corredor viario formado por la autopista AP-68 y la carretera N-232.
La variante tiene por objeto descongestionar y mejorar la seguridad vial de la travesía de la carretera N-232 a su paso por el núcleo urbano de El Villar de Arnedo, que soporta una media de 9.342 vehículos al día, de los que cerca de un 40 por ciento son pesados.
Para los usuarios de la N-232 supondrá una notable mejora de la comodidad, seguridad y velocidad del tránsito al evitar el paso por el esta población y las intersecciones existentes. Para los vecinos de El Villar de Arnedo, una mejoría de su calidad de vida al evitar las molestias y peligros generados por el transito diario miles de vehículos.
El contrato licitado tiene por objeto desarrollar, a la escala y nivel de detalle propios de un proyecto de trazado y construcción, la alternativa de trazado seleccionada en la aprobación en junio de 2009 del estudio informativo sometido a información publica y con declaración de impacto ambiental favorable (BOE de 13 de enero de 2009). Esta consiste en un tramo de autovía con inicio y final en la carretera N-232, que discurre por el Sur de la localidad El Villar de Arnedo, de 5,7 kilómetros de longitud.
La nueva variante constituiría un tramo de la futura autovía A-68. Para ello esta dotada con dos calzadas, una por sentido, con 2 carriles de 3,5 m, arcenes exteriores de 2,5 m e interiores de 1,0 m, y una mediana de 3,0 m. Estará diseñada para velocidades de 120 km/h.
La variante tendrá dos enlaces:
Enlace Este de El Villar de Arnedo, que a su vez sirve de conexión con la futura variante de Pradejón que ejecutara el Gobierno de La Rioja.
El enlace centro de El Villar de Arnedo, en la intersección de la variante con la carretera autonómica LR-123
Para mantener el paso a ambos lados de la variante, así como para asegurar la continuidad de los caminos, se contempla la construcción de cuatro pasos inferiores, dos de los cuales corresponden a los enlaces.
BOE publica licitación de enlace de Sierrapando y creación del nuevo juzgado
Santander, 16 oct (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes la licitación de las obras del enlace de Sierrapando-Barreda en la A-67 y el decreto de creación de nuevos juzgados, entre ellos el séptimo de Torrelavega.
El presupuesto de licitación de las obras del ramal de continuidad Sierrapando-Barreda y la mejora de las enlace de Sierrapando, Barreda y Torrelavega asciende a 165,22 millones de euros.
El Ministerio de Fomento recuerda hoy, en una nota, que el expediente de información pública y el documento de información pública a efectos de expropiaciones del proyecto de trazado fueron definitivamente aprobados el pasado 29 de septiembre.
La licitación de esta obra fue aprobada el viernes, en la última reunión del Consejo de Ministros, que también dio luz verde a la creación de 93 nuevos juzgados y plazas judiciales en toda España.
En Cantabria se creará el Juzgado de Instancia e Instrucción número 7 de Torrelavega.
¿Quién tiene la concesión?
¿Hormigones y Contratas? ¿Se llama de esa forma?, esa empresa que es la presidenta una mujer; que por cierto lo hace bien, porque está en la lista esa de los millonarios.
Creo que también está cotizando en bolsa y tiene muchos millones de beneficio, pero, no paga los impuestos que se tienen que pagar porque creo, que el gobierno los tienen o perdonados o reducidos.
Lo que significa que paga Juan Pueblo, mientras estos se garantizan un puesto de trabajo cuando salen de la política, junto con una pensión; nada parecida a las pensiones de viudedad o a las de mayores sin derecho a pensión, cobrando los impuestos de los amiguitos y retirando sus pensiones, tenemos para alimentar a medio mundo durante 1 mil años y a mantel puesto.
Es ironía. Quien la entienda que la explique.
La región mediterránea alberga una población en aumento constante que suma ya más de 500 millones de personas con crecientes demandas energéticas. También es una de las regiones más afectadas por los efectos del cambio climático y se enfrenta a desafíos como la subida de la temperatura del mar y la escasez de agua. Se estima que los países del sur del Mediterráneo experimentarán un incremento de la demanda energética del 98 % para el 2040 1.
Aun así, el Mediterráneo también cuenta con una agenda positiva en relación con la energía y la acción contra el cambio climático. Las proyecciones para ese mismo año sugieren que las fuentes de energía sin emisiones representarán el 60% de la capacidad instalada2. Asimismo, la producción de energía renovable se incrementará en un 365% a lo largo de los próximos tres años3. Por ello, avanzar en la construcción de una economía más sostenible y resiliente en los países del Mediterráneo pasa por promover las inversiones en el sector de la energía, y se espera que la región requiera inversiones por valor de unos 25.000 millones de euros anuales durante los próximos 30 años4.
Con ocasión del Día Mundial de la Energía, la Unión por el Mediterráneo reafirma su compromiso para reforzar la cooperación y el diálogo en la región. Un buen ejemplo de ello es la próxima celebración del primer Foro Empresarial de Energía de la UpM, que tendrá lugar el día 18 de octubre en El Cairo y donde más de 150 representantes gubernamentales, de grandes empresas privadas y start-ups que trabajan en el ámbito de las energías renovables, así como de instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo, debatirán sobre nuevas oportunidades de negocio y cooperación que ayuden a reforzar una transición energética sostenible y resistente al cambio climático.
Durante la última conferencia ministerial se crearon tres plataformas de diálogo regional en materia de energía con el acuerdo de los 43 ministros de Energía de los Estados miembros de la UpM. Su objetivo es promover y desarrollar las energías renovables y la eficiencia energética, lo cual incluye el mercado del gas, el transporte fiable de los suministros, el despliegue progresivo de las energías renovables y la adopción de medidas de eficiencia energética, así como la integración progresiva del mercado de la electricidad.
Para lograrlo, la UpM ha aprobado y apoyado tres proyectos específicos centrados en la producción de energías renovables y en la transición energética con los que se pretende movilizar 1.000 millones de euros en seis países mediterráneos. El Parque Eólico de Tafila cubre el 3 % de la demanda eléctrica nacional de Jordania. A través del SPREF (Marco Privado de Energías Renovables en el Mediterráneo Sur y Este) el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) proporcionará financiación y movilizará inversiones adicionales de terceros de hasta 834 millones de euros para evitar la emisión de 780.000 toneladas anuales de CO2. Por último, la Universidad UpM de la Energía de Schneider Electric ayuda a los profesionales en el campo de la sostenibilidad y la transición energética ofreciéndoles más de 200 módulos de formación en línea así como una plataforma para la creación de redes colaborativas globales.
“Las energías renovables y la eficiencia energética ofrecen a los países una oportunidad única de reducir su vulnerabilidad en materia de seguridad energética y cambio climático, y de este modo favorecen un desarrollo más humano y sostenible en nuestras sociedades”, ha declarado Jorge Borrego, vicesecretario general para la Energía y la Acción Climática de la UpM. “La UpM reitera su compromiso a la hora de reforzar el diálogo y la cooperación regional con el objetivo de avanzar hacia un nuevo modelo energético en el Mediterráneo, siguiendo las directrices estipuladas por el Acuerdo de París en la COP21 y la COP22”.
En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y la nueva hoja de ruta orientada a la acción de la UpM para reforzar la cooperación regional, la UpM está intensificando su colaboración con todas las iniciativas y organizaciones a nivel global, regional y subregional para desarrollar una estrategia integral para la cooperación en materia de energía y acción contra el cambio climático en el Mediterráneo.
Mediterranean Energy Perspectives 2015, Observatoire Méditerranéen de l’Energie.
New Energy Outlook 2016, Bloomberg.
EIB FEMIP Study on the financing of Renewable Energy Investment in the Southern and Eastern Mediterranean Region. BEI, octubre de 2010.
Energy in Mena. Banco Mundial
La patronal eléctrica releva a su presidente Eduardo Montes
Marina Serrano presidirá Unesa para “para adaptarse al nuevo contexto”
Madrid 16 OCT 2017 – 21:09 CEST
La Junta Directiva de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) ha acordado hoy por unanimidad la puesta en marcha de “un plan de renovación integral” con el objetivo de reforzar su papel ante las prioridades y necesidades actuales del sector eléctrico español. La principal consecuencia es la sustitución del presidente, Eduardo Montes, cuyo cargo pasa a ser ocupado por Marina Serrano, hasta ahora responsable del departamento jurídico de la patronal. Montes llevaba en la organización siete años en los que ha cumplido las directrices de las eléctricas en el proceso de transición que supuso la crisis y el cambio regulatorio aplicado por el Gobierno.
Sin embargo, no responde al modelo que quieren ahora las compañías para la nueva etapa. La patronal, que fue una de las poderosas en las etapas pasadas, está ahora integrada por las cinco eléctricas tradicionales (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP) y ha perdido mucho del peso que tuvo en otros tiempos, algunos no tan lejanos. Gran parte de esa pérdida de influencia ha ido en paralelo con la entrada de nuevas tecnologías al sector, como las energías renovables.
Precisamente, tras el largo periodo de Montes, la asociación emprende ahora una nueva etapa en un contexto muy diferente, “marcado por la transición energética hacia un sistema descarbonizado, la creciente competencia en el mercado eléctrico y la necesidad de renovar la definición de sus actuaciones para adaptarlas a este nuevo contexto”, factores que han conducido al relevo en su Presidencia.
De acuerdo con los nuevos planes, Unesa centrará sus actuaciones de manera prioritaria en temas de carácter regulatorio y en aspectos relacionados con la distribución eléctrica. Además, “reforzará su compromiso con la transición energética y con la implantación de un sistema energético más limpio y eficiente, y potenciará tanto sus relaciones con otros agentes interesados como las posibilidades de abrirse a nuevos miembros que tienen un papel relevante en el contexto eléctrico actual, impulsando así la función de la asociación como plataforma de debate entre los principales agentes del sector”.
Marina Serrano es licenciada en Derecho y Premio Extraordinario fin de Carrera por la Universidad de Zaragoza, licenciada en Filosofía y Letras, y diplomada por el Centro de Estudios Constitucionales. En 1982, ingresó en el cuerpo de Abogados del Estado y en 2014, se incorporó al despacho de abogados Pérez-Llorca. Es, asimismo, miembro del consejo de administración de Abertis Infraestructuras.
La nueva presidenta de Unesa afirmó este lunes, tras su nombramiento, que “es para mí un gran honor asumir este reto en un momento en el que el sector energético necesita afrontar retos muy importantes y en el que es ineludible avanzar en la transición energética hacia un sistema plenamente descarbonizado, para lo cual es imprescindible contar con un adecuado marco regulatorio. Estoy convencida de la necesidad de impulsar y propiciar un entorno que favorezca una clara mejora de nuestra eficiencia energética y que contribuya positivamente a la mayor competitividad de las empresas eléctricas”.
Demanda de ANPIER
El Supremo respalda el “impuesto al sol” que aprobó el Gobierno en 2015
El Tribunal da su apoyo a las sanciones por incumplir la norma de hasta 6 millones, aunque admite que están en el límite de lo admisible
Lunes, 16 Octubre 2017, 20:53
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de energías Renovables (ANPIER) contra el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre. El decreto, conocido como “impuesto al sol”, regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
La sentencia, con fecha del día 13 de octubre, no solo da la razón al Gobierno frente a los demandantes, sino que cuestiona incluso el término “impuesto al sol”, algo que según los demandantes da al fallo de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo un claro sesgo político.
En concreto, el Supremo sostiene que “no hay por tanto y frente a la expresión que ha hecho fortuna impuesto al sol propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite”.
Otro aspecto destacable de la sentencia es que apoya el régimen de sanciones para los incumplimientos de la norma de autoconsumo. Esas sanciones iban desde los 600.000 euros hasta los seis millones de euros, algo que se calificó de desproporcionado.
Cantidades no exorbitantes
Muy al contrario, el Supremo considera que no son cantidades exorbitantes, aunque llega a reconocer que posiblemente, se encuentren al límite de lo admisible. “La tipificación efectuada por los referidos artículos de la Ley del Sector Eléctrico cumple con las exigencias constitucionales de concreción de las conductas sancionadas”. No obstante, añade que “la formulación se encuentra, posiblemente, en el límite de lo admisible”.
El Tribunal tampoco admite los argumentos sobre la retroactividad de la norma y sostiene que “las instalaciones de autoconsumo en funcionamiento previas al RD 900/2015, no pueden quejarse de las nuevas modificaciones normativas que se les imponen, pues no cabe retroactividad al ser esta la primera norma que regula con amplitud el autoconsumo”.
Para la asociación demandante, ANPIER “la valoración es realmente negativa. El texto de la sentencia habla por sí solo. El Tribunal Supremo ha decidido bordear una vez más el sentido común, fallando sobre cuestiones que difícilmente pueden entenderse por los ciudadanos, aceptando criterios del legislador que se alejan completamente del interés de los ciudadanos”.
El Gobierno aprobó el controvertido real decreto sobre autoconsumo eléctrico en octubre de 2015. La norma incluyó la obligación de pagar peajes por la utilización de la red eléctrica a los usuarios de paneles fotovoltaicos para consumo propio.
El decreto no contemplaba, como se demandaba desde el sector, el balance neto (cuenta final entre producción y autoconsumo), algo que habrñia potenciado la implantación de estos sistemas de autoconsumo en España. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendió la norma como un “impulso a las renovables”. No se le creyó. Asociaciones y partidos de la oposición acusaron al Gobierno de obstaculizar el desarrollo de las energías limpias.
Alberto Vázquez IFS nos permite ser más eficientes y modernos en el mantenimiento de nuestras plantas
Las soluciones de IFS ayudan a Torresol Energy a mantener sus plantas energéticas de la manera más moderna y eficiente posible, y siempre operativas.
Torresol Energy tiene como objetivo promover el desarrollo tecnológico, la construcción, explotación y mantenimiento de grandes plantas de energía solar por concentración (CSP, Concentrating Solar Power) en todo el mundo.
Por eso, en cada proyecto introduce nuevas tecnologías con el fin de convertir dicha energía en una alternativa viable, económicamente competitiva y ecológica respecto a las energías tradicionales.
Una estrategia en la que las soluciones de IFS juegan un papel esencial, como explica su jefe de Planificación y Control de Costes, Alberto Vázquez: “Además de una compañía moderna y líder a escala mundial en desarrollo tecnológico, queremos liderar las operaciones y mantenimiento de las plantas solares. Un propósito en el que la ayuda de IFS es clave. No en vano, sus soluciones nos permiten ser más eficientes y modernos en el mantenimiento de dichas plantas”.
La relación entre ambas compañías no puede considerarse más que satisfactoria. Especialmente, como apunta Alberto Vázquez, “por el valor humano de los consultores de IFS, que nos ha ayudado en las dificultades del día a día”.
Y es que en la decisión de contar con las soluciones de aquella compañía pesó un aspecto clave, como quiere resaltar el jefe de Planificación y Control de Costes: “IFS se adaptaba muy bien a la idea de operación y mantenimiento que teníamos de las plantas. A lo que hay que unir otro detalle: nos permitía que todos los procesos de la empresa estuvieran vinculados a una. Por eso, y tras un estudio de mercado, concluimos que se trataba del ERP que mejor se adaptaba a nuestros objetivos, además de permitirnos funcionar de una manera muy común con todos los procesos corporativos de la compañía”.
Sistema eléctrico por sus hechos los conoceremos
Alberto Cuartas, miembro de la Junta Directiva de Anpier, se sirve de un informe elaborado por el economista Jorge Fabra Utray para demostrar lo dados que son el poder político y judicial en España a la hora de defender los intereses de los ciudadanos. Sobre todo cuando esos intereses chocan con los de las grandes empresas a las que prefieren no molestar. El artículo se publicó el 14 de octubre en El Diario Montañés.
Jorge Fabra Utray es un profesional español cuya formación académica como licenciado en Ciencias Económicas y doctor en Derecho y su experiencia profesional como delegado del Gobierno en la Explotación del Sistema Eléctrico Español de 1983 a 1988, presidente de Red Eléctrica de España de 1988 a 1997 y Consejero de la Comisión Nacional de la Energía de 2005 a 2011 hace de él uno de los grandes conocedores del sistema eléctrico y, por tanto, un experto con el que cualquier gobierno estaría deseoso de poder contar como asesor cualificado.
Claro, que damos por sentado que los gobiernos desean tener en tan estratégico sector a profesionales independientes, cuando la triste realidad es que han demostrado sistemáticamente que se las apañan muy bien con las propuestas que les formulan los técnicos más cercanos al entorno eléctrico-empresarial convencional, indudablemente expertos en la materia pero, como es lógico, dedicados a orientar sus planteamientos en la defensa de los intereses de las empresas que les pagan, lo que hace que las sucesivas reformas del sector eléctrico adolezcan del mismo defecto, cual es que todas y cada una de ellas solo tratan de reforzar el papel de las grandes eléctricas y salvaguardar sus intereses y beneficios.
Así lo pone de manifiesto el propio Dr. Fabra en un informe elaborado para el Tribunal Supremo en el que concluye lo siguiente:
Previa a la aprobación de la Ley 54/97 del sector eléctrico, el Gobierno pactó con las empresas de Unesa el conocido como “Protocolo para el establecimiento de una Nueva Regulación del Sistema Eléctrico Nacional”, por el que todas las centrales de generación pasarían a cobrar el precio más alto ofertado en las subastas horarias realizadas cada 24 horas.
En el mismo Protocolo se estableció la compensación a las centrales históricas, mediante los llamados Costes de Transición a la Competencia, por los quebrantos que se estimó podría causar el nuevo sistema regulatorio a las citadas centrales históricas.
Tanto la Moratoria Nuclear, primero, como los Costes de Transición a la Competencia, después, son antecedentes indiscutibles, en la moderna y reciente regulación del Sector Eléctrico, de medidas transitorias y compensatorias por derogación de las normas legales que amparaban situaciones consolidadas anteriores al ser sustituidas por nuevas normas.
El informe de la Comisión Nacional de la Energía de 20 de mayo de 2008 refleja con claridad que la principal responsabilidad de la brecha entre precios y costes del mix energético recae en la excesiva retribución de las centrales nucleares e hidroeléctricas.
El mismo informe refleja con claridad que la moratoria nuclear y la inexistencia, en términos significativos, de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos determinan que no hay posibilidad de que exista competencia real con estas tecnologías.
En ninguna de las normas que configuran la conocida como “reforma eléctrica”, consta que el legislador haya tomado en consideración otras alternativas que hubieran tenido igual o mayor efecto sobre los objetivos buscados de lograr la estabilidad financiera del sector eléctrico y de la moderación de los costes de la electricidad.
Los precios percibidos por las centrales nucleares se sitúan entre un 180 y un 227% por encima de sus costes remanentes mientras que en las centrales hidroeléctricas los precios percibidos se sitúan entre un 480 y un 600% por encima de sus costes remanentes.
A la vista de lo expuesto la duda que surge es si a algunos de los que intervienen en la información publicada o en las decisiones que afectan al sector les ha interesado hasta ahora el conocimiento de la verdad. Y es que a muchos medios de comunicación, y comunicadores de postín, más parece preocuparles las sustanciosas campañas publicitarias de las grandes empresas eléctricas que la situación real del sector. De quienes nos representan en las Cortes Generales solo cabe decir, siendo benévolos con muchos de ellos, que prefieren continuar ignorando la realidad de tan estratégico sector y seguir cumpliendo disciplinadamente las instrucciones de sus jefes de Partido, sin importarles lo que prometieron en su programa electoral. El Gobierno, pues eso, a la orden. ¿Y los jueces del Tribunal Constitucional y de los altos Órganos Judiciales?, pues por sus sentencias los vamos conociendo.
Confiemos que algún día, unos y otros, se den cuenta del enorme daño que están haciendo a la imagen de España al dejar en evidencia la falta de seguridad jurídica en nuestro país y el desamparo en el que entre todos han dejado a un colectivo muy grande de familias españolas cuyo único pecado fue creer en su Gobierno, y en lo que éste les dijo a través del Boletín Oficial del Estado, para que invirtieran sus ahorros en plantas solares para la generación de energía limpia.
Seguir ignorando tales problemas sería una falta difícilmente justificable y menos aún perdonable, pues cuando se inicia el camino de la inseguridad jurídica –y quien debiera impedirlo prefiere cerrar los ojos– puede llevarnos a un abismo de consecuencias imprevisibles en el que hoy son unos los afectados pero mañana indefectiblemente serán otros, pues cuando a un Gobierno se le consiente una primera acción de este tipo tendrá la tentación de seguir haciéndolo cuantas veces le resulte conveniente para sus intereses.

References: Resolución 
 artículo 94
 resolución 
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 Real Decreto 
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