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Timestamp: 2017-06-25 03:42:39+00:00

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Derecho Procesal Penal Venezolano: Recurso de Nulidad de la reforma del COPP por Zerpa
Recurso de Nulidad de la reforma del COPP por Zerpa
"...AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA DICTAR DECRETOS CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY EN LAS MATERIAS QUE SE DELEGAN:
"...Sistema Acusatorio y su dependencia del orden constitucional
"En el sistema acusatorio, el juez queda dispensado de la iniciativa de la persecución penal y, por consiguiente, a diferencia del juez instructor inquisidor no se auto propone la materia, objeto del juicio, la cual, por el contrario, se le presenta como contenido de la acusación que se postula y sostiene por un funcionario o interesado distinto del juez. El acusador y el acusado concurren ante el juez en igualdad de derechos y obligaciones, y el juzgamiento se hace, generalmente, con el (o los) imputado (s) en libertad hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Ello no quiere decir que el juez sea un sujeto pasivo, un mero árbitro: se trata de un sujeto activo, aunque sin facultades exorbitantes que cuestionen su imparcialidad.
n) Que a diferencia del juez instructor inquisidor, el juez acusatorio "...no se auto propone la materia, objeto del juicio, la cual, por el contrario, se le presenta como contenido de la acusación que se postula y sostiene por un funcionario o interesado distinto del juez"...; por lo que ..."El acusador y el acusado concurren ante el juez en igualdad de derechos y obligaciones, y el juzgamiento se hace, generalmente, con el (o los) imputado (s) en libertad hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva"...
Se resaltará, de seguida, las específicas disposiciones del COPP-2012, que violan el dispositivo constitucional, por lo que se pide la nulidad de las mismas sobre la base de los siguientes considerandos:
1.1.6. El reintegro al COPP-2012 de la totalidad del Título V del Libro Primero ("De la participación ciudadana"), en todos sus capítulos (el I, "Disposiciones Generales", y elII, "Del tribunal mixto") del COPP-2009, ergo, de su articulado del 149 al 166 del COPP-2009, a saber:
"...el contenido esencial del derecho fundamental que, para el justiciable, representa la garantía constitucional de la defensa en el proceso, estriba en la posibilidad, normativamente tutelada, de obrar y controvertir en los procesos en que haya de juzgarse sobre sus intereses in concreto. Por tanto, se configura un supuesto de indefensión cuando, en determinado procedimiento judicial, se causa perjuicio directo e inmediato a un sujeto de derecho sin habérsele dado audiencia, esto es, sin habérsele permitido el ejercicio de su derecho de contradicción."...
Audiencia ésta que debe reintegrarse a la parte final del Artículo 230 del COPP-2012.
La afirmación de tal violación constitucional se sustenta en lo que precisamente, bajo el supuesto antes dicho, está realizando el Ministerio Público: teniendo el deber-derecho de acusar por la comisión de un delito del que se conoce su víctima, dicha Fiscalía, en vez de accionar, en su lugar, lo que hace es solicitar el sobreseimiento. Imaginémonos que nos encontramos con una causa que, precisamente se inició por la denuncia o la querella interpuesta por la victima, y que tal denuncia o querella le haya sido debidamente admitida, siendo que ahora el Fiscal se fue por la opción del sobreseimiento. En este caso solo queda en interés de sus derechos, la propia víctima, quien acudirá a una audiencia para, en una relación de inmediación, propiciarle al juez el control judicial de la acción. Pero, si ahora, no contamos con tal audiencia (asumiendo el legislador que toda resolución de una solicitud de sobreseimiento representa un punto de mero Derecho, que no amerita prueba), tal falencia legal, por lo demás, es contraria al49.3 Constitucional, porque aun la victima de un delito...
Por ello la previsión que existía en la Parte In Fine del extinto Segundo Aparte del derogado Artículo 363 del COPP-2009 instrumentalizaba la instrucción constitucional a un juez con capacidad objetiva, lo que la Teoría General del Proceso denomina ciertamente como "competencia". Así, de eliminarse tal componente, pudiera darse el desatino que, por ejemplo, un juez de juicio, por la vía de un mal entendimiento de los institutos procesales de la advertencia de "Nueva Calificación Jurídica" (Artículo 333 del COPP 2012), o por vía de la fiscal "Ampliación de la Acusación" (Artículo 334), o a través del llamado "hecho nuevo" (Artículo 342), pueda sentenciar por un delito que no sea de su competencia funcional, territorial, material, personal o conectiva. Por ejemplo, condenar por violación, si todo el procedimiento en esa causa fue por un delito contra la propiedad; o condenar por un delito de instancia de parte agraviada, siendo que el procedimiento llevado a cabo fue por un delito de acción pública.
La condición de procesado, en un proceso penal, supone un componente personal absolutamente distinto que el de ser demandado en otro tipo de proceso. Obviamente que el factor de restricción de la libertad, por escaso que fuere éste, le subraya a ese accionado una dimensión diferente en su condición de parte procesal. Si acuñamos la categoría de los llamados Derechos Humanos Fundamentales (los que algunos señalan como los de "Primera Generación"), allí nos encontramos al Derecho a la Vida, y el Derecho a la Propiedad, como una asunción de natural pertenecía esencial del ser humano. Pero no se queda atrás el Derecho a la Libertad, para cubrir la relación perfecta de que el que está vivo, libremente disfruta lo suyo. Ahora bien, tanto la Teoría General del Proceso como los instrumentos normativos internacionales y nacionales derivados del advenimiento del Constitucionalismo, nos precisan que puede haber restricciones toleradas de la libertad personal con una finalidad netamente instrumental con ocasión del proceso penal. Tal como lo señala la Casación Penal venezolana, en su Sentencia 744 del 18-12-07...
“No existen derechos ilimitados, todo derecho tiene sus límites que, en relación a los derechos fundamentales, establece por si misma la Constitución en algunas ocasiones y, en otras, deriva indirectamente de la necesidad de proteger o preservar otros derechos constitucionales o bienes constitucionalmente protegidos...un límite de cada derecho es respetar el derecho de los demás”... (compilado por Tomas Gui, Jurisprudencia Constitucional 1981-1995, 1618).
Asimismo, la más elemental de las consideraciones frente al problema de la medida cautelar de privación de la libertad en proceso penal es que dicha cautela, obviamente, no es un fin en si mismo, sino que es un instrumento con miras a posibilitar la realización de una finalidad procesal posterior. Tradicionalmente se dice que la finalidad de toda medida cautelar, inclusive las personales, es “...asegurar las resultas del proceso”, ya que está claro que de no hacerse, el imputado podría evadirse haciendo más difícil para los operadores de justicia la búsqueda de la verdad, como lo señala el artículo 13 de la norma adjetiva, que señala: “El proceso debe establecer la verdad de los hechos por la vía jurídica y la justicia en aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el juez al adoptar su decisión”.
En la adopción de las medidas de coerción en el proceso penal no puede prescindirse del análisis del factor, eventual pena, que pudiera aplicarse por el hecho imputado. De ahí que el Numeral 2 del Artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal instruye verificar, para encontrar conforme la Privación Judicial Preventiva de Libertad, “...se tendrá en cuenta, especialmente...la pena que podría llegarse a imponer”. La fuga del imputado o la obstaculización de la investigación podrían impedir que se concrete la realización del derecho material. No obstante con la privación de libertad del mismo, el riesgo cambia de mano y es el imputado que lo corre, de allí que se deben interpretar restrictivamente. De concretarse la fuga del imputado, no sería posible su enjuiciamiento, pues la Constitución prohíbe el juicio en ausencia.
Orlando Monagas R., en las Cuartas Jornadas de Derecho Procesal Penal, de la Universidad Católica Andrés Bello, compartía la postura del español José María Asencio Millado, quien sostiene que la prisión preventiva aparece como un mal necesario, si se toma en cuenta que el proceso penal no es de cumplimiento instantáneo, por lo que en ocasiones es menester adoptar medidas asegurativas de su realización y de su posible resultado en la imposición de las penas (77). Por su parte, José Tadeo Sain S., en ensayo dentro de la obra en conjunto, “Temas Actuales de Derecho Procesal Penal" (Universidad Católica Andrés Bello, 156) opinaba que...
De allí que el Derecho a la Libertad Personal, bajo el aspecto jurídico se le reconoce como un derecho subjetivo que se corresponde con el deber jurídico de abstención de los órganos del estado y de los demás individuos que conforman la sociedad. Es un derecho originario, innato, intransmisible e indisponible, adquirido por el simple hecho del nacimiento del ser humano. En consecuencia éste derecho, no depende exclusivamente de la voluntad de su titular y nadie puede renunciar a él, porque también la sociedad tiene interés en que sea respetado por todos y para todos. Es por ello que la sentencia condenatoria que emane de un órgano jurisdiccional luego de un proceso, constituye el único título jurídico idóneo para legitimar la restricción definitiva del derecho mencionado, como exigencia del propio ordenamiento jurídico que consagra la potestad represiva del Estado y la potestad jurisdiccional. De allí que un encarcelamiento que siga, o bien al decreto de absolución, o bien a la decisión de extinción de la acción penal, es una laceración de la Constitución.
En otras palabras, esta potestad jurisdiccional puede traducirse en actos que restrinjan la libertad personal antes de una sentencia firme solo cuando existan elementos convictivos de culpabilidad y ello sea indispensable para asegurar la efectiva actuación de la ley penal y procesal. Obviamente que las pretensión cautelar descansa en el Ministerio Público en los delitos de acción pública, pero en cualquier supuesto debe quedar claro la potestad revisora y decisoria del juez, y como consecuencia de ello, las posibilidades impugnativas de las partes. Desde un punto de vista meramente teórico, resulta difícil una justificación de las medidas de coerción personal, ya que las mismas constituyen de hecho una imposición punitiva previa a la sentencia, verse como una verdadera pena anticipada. Por otra parte, no podemos desdeñar que existe una línea de opinión (propiciada por los medios generadores de opinión pública) que pretende un endurecimiento de la reacción penal en lo básico, caracterizable por la privación de la libertad no solo del ya condenado sino del mero “sospechoso”. En tal sentido, el Tribunal Constitucional Español ha sentenciado que...
En todo caso, la coerción nunca debe ser más gravosa para el imputado que la propia pena amenazada o la que se espera en caso de condena (la "proporcionalidad" contemplada en el 230 del COPP-2012); y en resguardo de los valores de la personalidad humana, se debe acudir a otros medios menos gravosos que la privación de la libertad personal cuando sea necesario, evitando el encarcelamiento ("subsidiariedad"). Para ello el juez de control solo puede disponerla cuando el fiscal le presente, existentes en autos, elementos de convicción suficientes (alto grado de probabilidad) como para creer que existe un delito y que el imputado es culpable del mismo.
Por ello es que las medidas cautelares de coerción personal y en particular, la privación de libertad, no pueden ni deben tener otro fundamento para implementarse que la peligrosidad procesal. La Teoría General del Proceso le ha impreso a las medidas cautelares dos aspectos característicos que sirven para singularizarlas, a saber: el aseguramiento de los fines del proceso y el empleo de la fuerza estatal (coerción), si fuera necesaria para doblegar resistencias a su instrumentación. Pero dicha concepción "forense" del asunto, en la actualidad, ha encontrado proyección definida hacia otros horizontes, partiendo de la visión “garantista“ del derecho procesal. La coerción procesal es cautelar e instrumental, diferenciándose de la pena, de la cual no puede concebirse como anticipo o sucedáneo. Así, se autoriza la recurribilidad de las medidas de coerción, o su sustitución por otras menos graves; siendo que son de interpretación restrictiva y de aplicación temporal.
destacándose así una tolerancia constitucional a la restricción instrumental de la libertad (si se nos permite la expresión, una "violabilidad" de la libertad). Esto, acudiendo al carácter sistémico de la Constitución, se hará exclusivamente mediando un proceso como lo ordena su artículo 49, mediando una imputación y también mediando una necesidad de aseguramiento procesal. Estas son, precisamente, las llamadas "...razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso"..., como lo exige la trascrita norma constitucional.
• La orden de aprehensión y subsiguiente medida de coerción en "...casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia...a solicitud del Ministerio Público...", contemplado, de nuevo, en la parte final del artículo 236 del COPP; y hasta el...
norma ésta suprema contra la cual, en principio, resultaría a simple vista abiertamente contradictoria el 374 del COPP-2012.Es decir, técnicamente, un "excarcelado" judicialmente queda "encarcelado" también judicialmente, a pesar de ya existir un pronunciamiento de libertad de parte del órgano jurisdiccional que debió haber valorado los extremos que sustentaban tal petición cautelar, tanto en lo que atañe a (i) la existencia o inexistencia de elementos de convicción en autos que sustenten la coerción; o (ii) que el delito esté o no evidentemente prescrito; o (iii) que eventualmente en libertad plena el presentado, éste pudiera incurrir en mecanismos de obstaculización procesal para impedir el encuentro de la verdad frente a un delito cometido.
a) La falibilidad del juzgador: La propia arquitectura del proceso penal venezolano no limita la existencia recursiva solo frente al fallo final, la sentencia -157 del COPP mediante- que puede ser absolutoria, de sobreseimiento o condenatoria resolviendo tanto la pretensión de ius puniendi (la punición por la comisión delictiva) como la pretensión del ius persequendi (el ejercicio de la acción penal de parte de su titular). En efecto, al incluirse dentro del catalogo procesal la llamada apelación de autos (439 y siguientes), dicho recurso se puede intentar, conforme al 7 de la mencionada última norma, frente a las decisiones "...señaladas expresamente por la ley". Nótese que a pesar de la nominalidad enunciativa, "apelación de autos", aquí se habla de "decisiones apelables" que no son sentencias. La precisión la creemos interesante toda vez que en esta causal, la del 439.7, se ubicara la expresa provisión del recurso de apelación descrito "expresamente por la ley", en el 374 eiusdem, el que permite la apelación frente a la decisión del juez de control a otorgar la libertad plena frente al pedimento fiscal coercionante, y así originar el llamado "efecto suspensivo". Esta "decisión" dictada, plasmada en el acta de la audiencia de presentación, pero quizás no instrumentalizada formalmente en un "auto"-, puede, entonces, ser apelada. Ello traduce que, para el legislador procesal penal, la finalidad de tal alzada, es el poder corregir el mal derecho que pudo haber aplicado el juez de primera instancia. Dicho en otras palabras: su posibilidad de haberse equivocado, su posible falibilidad.
Pudiera cuestionarse esta postura de la aparente inadecuación de un componente de ley con una norma constitucional, y su paradójica adecuación con otra norma constitucional. Pero tal paradoja está resuelta en el propio Texto Supremo. Precisamente, ante ello, es la razón de ser de una Sala Constitucional que actúa como dirimente interpretativo frente a aparentes dualidades hermenéuticas del Texto Constitucional, conforme al 335 eiusdem. Todas estas consideraciones la esbozamos frente a la natural tendencia de ejercer el llamado "control difuso" si una norma legal se muestra de entrada en contradicción con la norma suprema, como lo pudiera representar el ya citado artículo 374 del COPP. La negativa a esta posibilidad puede resultar pueril: no sería viable porque a pesar de aparentemente posibilitarlo el 44.5 Constitucional, lo niega el 285.3 eiusdem. Se preguntara: ¿es posible la contradicción interna entre normas constitucionales? La respuesta a la pregunta, obviamente, no se enmarca en la disyuntiva de afirmarlo o negarlo, sino en asumir la concepción integradora de la Constitución, valorativa de la misma: el Texto Supremo está repleto de normas, valores y principios, que en su interpretación racional para aplicarlo en un caso concreto debe entenderse una noción de jerarquía, de preeminencia, frente al caso que se trate. Así, la democracia, por ejemplo, es un valor supremo constitucional; pero obviamente el derecho a la vida está por encima de aquel. En un caso hipotético: si sistemáticamente se permitiere una inmolación, una muerte colectiva, por la defensa de un ideal democrático, ello estaría resquebrando la condición esencial de la vida por encima de un determinado sistema de gobierno, ya que éste se asume frente a ciudadanos vivos.
Es por ello que, volviendo a los valores que sustenta la existencia de un proceso penal, conforme al In Fine del Artículo 30 Constitucional, "...El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados"...; razón por la cual si el proceso penal es el vehículo garantista para procurar tal sanción, dentro del proceso penal existe la posibilidad recursiva, en cuya resolución se concede plena ejecutabilidad y ejecutoreidad a una decisión de libertad mediando una pretensión de aseguramiento de quien constitucionalmente se le atribuye el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública, el Ministerio Público.
b) La perentoriedad de la vigencia de tal efecto suspensivo. Establece el Aparte del 374 del COPP, que si se apeló de la decisión de libertad y por ello se concedió el llamado "efecto suspensivo" de la libertad, " En este caso, la corte de apelaciones considerará los alegatos de la defensa, si ésta los expusiere, y resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir del recibo de las actuaciones". Esto es conforme al 26 Constitucional, que exige una tutela judicial "expedita". De tal forma que la resolución definitiva sobre si hubo o no falibilidad judicial de parte del juez de control que obró negando la instrumental coerción, no se dilata, no se eterniza decisoriamente, es muy finito el lapso decisorio, so pena de la activación de los mecanismos legales que controlen tal dilación de la corte de apelaciones, como el avocamiento, ante la Sala de Casación Penal, conforme al 106 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; o el amparo, ante la Sala Constitucional del mismo Tribunal, conforme al 27 Constitucional, el 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y el 25.20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
c) El expreso "efecto suspensivo" como Principio Recursivo, conforme al 430 del COPP. Ciertamente, las leyes procesales modernas -en abierta vinculación con el esquema garantista del proceso que se deriva del constitucionalismo actual-, más que ser reglamentarias, son francamente principistas. Ello, porque no solo describen los variados institutos procesales que administran la realización de los actos procesales -tanto en el procedimiento ordinario, como en los especiales, o en las diferentes "fases" como se estructuran tales procedimientos-, sino que anticipando la descripción de tales actos procesales (Principio de Legalidad Procesal, de raigambre constitucional, en el Primer Aparte del 253 de nuestra Carta Suprema), primero, en los diferentes títulos y capítulos en los que se dividen las leyes procesales, se anteponen "principios procesales", que sirven de parámetros de interpretación, de baremo aplicador, de cada instituto procesal. De allí que expresamente dispone el Encabezado del 430 del COPP...
Frente a él, de nuevo, vuelve la arquitectura procesal concebida en nuestro sistema acusatorio -con la inclusión de la apelación frente a pronunciamientos trascendentes para las pretensiones de las partes dialécticamente enfrentadas en el proceso, aun no sentencias-, a insistir sobre la necesidad de la ratificación o no del derecho que interpretó el juzgado de control para negar la pretensión de coerción alegada por el Ministerio Público, y decretar en consecuencia la libertad del presentado. Nótese que, en tal sentido, el legislador procesal asumió una postura igualitaria en la situación contraria, es decir, cuando si decidida la privación judicial de libertad del presentado previa solicitud del fiscal, contra tal decisión, conforme al In Fine del 240 del COPP...
y la resolución de tal apelación también es más expedita que las otras hipótesis de apelación de autos, conforme al 442 eiusdem...
Ahora bien, jamás debe confundirse lo cautelar con lo declarativo: lo cautelares instrumental para conseguir una declaración final expresada en una sentencia, bien de sobreseimiento, de condena o de absolución. Por ende, todos los principios que regulan dentro del proceso penal el ejercicio cautelar jamás pueden ser aplicados, por ejemplo, cuando ya se ha impuesto una sentencia, porque lo que legalmente causa la privación de la libertad no es una pretensión de coerción, sino una pena como desiderátum cuasi-final de la pretensión de sanción y de acción. De allí la importancia, por ejemplo, de sentencias tales como la 468 del 29-9-09, de la Sala de Casación Penal...
Sobre si el Artículo 374 del COPP contraviene a la Constitución, expresamente la Sala Constitucional ha interpretado en su Sentencia 592 del 25-3-03 que...
"...la NULIDAD ABSOLUTA del acta de allanamiento y de la orden de allanamiento...la Nulidad Absoluta del acta de allanamiento y de la orden de allanamiento...tiene como consecuencia la nulidad de las actuaciones siguientes que deriven del acto anulado, y por cuanto la detención de los ciudadanos...fue producto del allanamiento declarado nulo en la presente decisión, dicho procedimiento seguido en contra de los mencionados ciudadanos también es NULO DE FORMA ABSOLUTA"...en el artículo 439 “eiusdem”, que establece que “La interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que expresamente se disponga lo contrario.”, se colige que éste no debe ser aplicado si existe dentro del ordenamiento jurídico una norma o mandato expreso que produzca la no aplicación de dicho efecto suspensivo. Y dentro de nuestro ordenamiento jurídico existe expresamente establecido el mandato contenido en el artículo 44, numerales...5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que prevé:...5.Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente, o una vez cumplida la pena impuesta.”(resaltados de la Sala). El artículo constitucional, norma rectora sobre la libertad y su restricción, es clara en determinar que sin orden judicial no existe sustento legal para la privación de libertad y si existe orden de excarcelación ésta debe ser ejecutada. De allí que si la autoridad judicial acordó la libertad de una persona aprehendida, no existe una orden de privación de libertad que sustente la privación material o corporal de esa persona, por lo que, mantener la privación por el efecto suspensivo de la apelación contra el auto que acuerda la libertad previsto en el artículo 374 de la ley pena adjetiva, sería colocar el derecho a la impugnación por encima del derecho fundamental a la libertad, protegido constitucionalmente. Considera la Sala, que el Juez de Control, garante de los derechos y garantías constitucionales, como órgano de la administración de justicia, tiene la facultad y la capacidad de dictar la decisión que acuerde o niegue la libertad del justiciable, sustentado en las leyes, y la parte que se encuentre en desacuerdo con dicha decisión tiene el derecho a impugnar, no obstante, no puede ser conculcado el derecho a la libertad, acordado en virtud de orden judicial, sea por el derecho a la impugnación, sea por las finalidades del proceso, por cuanto el Estado en su función jurisdiccional, tiene amplias potestades para la persecución penal y ello incluye, evidentemente, la capacidad de aprehender nuevamente a una persona que haya sido previamente liberada y que con ocasión de un recurso de apelación sea acordada nuevamente la restricción de su libertad. Por ello, mantener la privación de libertad de una persona, pretextando el efecto suspensivo de la apelación, contra el auto que acuerda la libertad, es una violación al principio de la libertad garantizado en el texto constitucional. En tal virtud, considera la Sala CON LUGAR el planteamiento propuesto por la defensa de los ciudadanos"...
"...otorgando como consecuencia de la sentencia absolutoria, la libertad plena del mismo desde la sala de juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal. Ante tal situación los ciudadanos...actuando en su condición de fiscal...interponen escrito...titulado como apelación en efecto suspensivo, en el cual solicitan se deje sin efecto la decisión del Tribunal...en la cual fue ordenada la libertad del ciudadano...ante la posibilidad de que en la oportunidad legal correspondiente apelaran sobre el fondo de la decisión en la sentencia. En esa misma la Juez de Juicio...ante el pedimento de la fiscalía ordena de conformidad a lo establecido en el artículo 439 del Código Orgánico Procesal, lo siguiente: se trámite a la Corte De Apelaciones...la solicitud de apelación de sentencia absolutoria en efecto la boleta de excarcelación librada a favor del ciudadano...y ordenar librar captura a nivel nacional librando oficio a los diferentes organismos de seguridad del estado...decisión que resultó confirmada por la Corte de Apelaciones del mismo circuito judicial, quedando suspendida la libertad del acusado hasta tanto dicho Tribunal de Alzada, conozca del recurso de apelación de la sentencia definitiva, que en su oportunidad interpondrá el Ministerio Público... cuando el juzgador acuerde la liberación del imputado y el Ministerio Público ejerza el recurso de apelación contra tal decisión, la misma se suspenderá provisionalmente, mientras se tramita el conocimiento del caso en alzada...estando el efecto suspensivo previsto en la ley, como una medida de carácter provisional dirigida a garantizar la aplicación de la ley penal y sin menoscabo de los derechos y garantías del acusado (artículos44 y49, ordinal 6° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), el auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia Mixto en Funciones de Juicio...confirmado por la Corte de Apelaciones...se encuentra ajustado a derecho"...;
b) Son contrarias al Derecho Constitucional a la Presunción de Inocencia (uno de los derechos conformadores, nada menos, que de la garantía procesal al Debido Proceso), puesto que si conforme al 49.2 Constitucional la desvirtuación de la condición de inocente se deriva del ejercicio probatorio, ergo, de la evacuación probatoria, nuestro sistema procesal penal acusatorio está concebido para que la única oportunidad esencial para el debate sobre las pruebas es en el juicio oral y público ya que en ninguna oportunidad anterior la Ley lo tolera, conforme al Último Aparte del 312 del COPP...
Manteniéndose tal redacción legislativa se aseveraría entonces que los llamados "errores de procedimiento y/o juzgamiento", no son esenciales para cuestionar la licitud de un fallo erróneo. Debe recordarse que según la Teoría General Recursiva, puede haber en el fallo errores in procedendo y errores in iudicando, y ambos tipos de errores se perciben en la amplia variedad de motivos para la apelación, casación o revisión de sentencias contenidas en los artículos 444, 451 y 462, respectivamente, del COPP-2012. De allí que si conforme al Primer Aparte del 26 Constitucional la tutela judicial debe ser idónea y transparente, y conforme al también Primer Aparte del 253 eiusdem, debe respetarse la legalidad adjetiva en la administración judicial de los actos procesales, inclusive de los decisorios, que al ser así establecidos por ley, conforme al 257 de la Constitución, tienden a una finalidad esencial de justicia, mal puede concebirse que "errores de procedimiento y/o juzgamiento" no sean considerado esenciales para cuestionar un fallo. Amen que el giro lingüístico adoptado por el legislador, "y/o", promueve a una cantidad de confusiones.
Esto es absolutamente contradictorio: Primero, en el Artículo 435 propugna el legislador que no podrá recurrirse por "formalidades no esenciales", y ahora el legislador, para la apelación de sentencia, si concede como motivo la apelación por "...formas no esenciales o sustanciales de los actos"... (omissis). Esta clara muestra de antinomia legal, también contradice la Constitución porque si la Carta Magna reconoce en su Artículo 257 que el legislador debe realizar normas procesales con formas esenciales que conduzcan a la justicia, ¿por qué entonces permitir la apelación por formas rituales, las que no son esenciales o sustanciales del acto procesal decisorio? La nulidad se hace evidente, prístina, inequívoca.

References: Artículo 230
 resolución 
In Fine
 Artículo 363
 artículo 13
 Artículo 237
 artículo 49
 artículo 236
 artículo 374
In Fine
 Artículo 30
 resolución 
 resolución 
In Fine
 resolución 
 Artículo 374
 artículo 439
 artículo 44
 artículo 374
 artículo 366
 artículo 439
 Artículo 435
 Artículo 257