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Timestamp: 2020-07-14 06:41:48+00:00

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﻿ Sentencia 2011-00652 de julio 25 de 2013
SENTENCIA 2011-00652 DE 25 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO Y PAGO DE MORA DE CESANTÍAS. EL RÉGIMEN APLICABLE A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS QUE SE VINCULEN A PARTIR DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1996, ES EL RÉGIMEN ANUALIZADO DE CESANTÍAS (LEY 344 DE 1996)EL CUAL ESTABLECE QUE LAS CESANTÍAS CAUSADAS DURANTE UN AÑO, DEBERÁN SER CONSIGNADAS ANTES DEL 15 DE FEBRERO DEL AÑO SIGUIENTE AL FONDO ADMINISTRADOR ELEGIDO POR EL EMPLEADO. POR TANTO, CUANDO EL EMPLEADOR NO CONSIGNA A TIEMPO LAS CESANTÍAS EN EL FONDO SELECCIONADO, INCURRE EN MORA DEL PAGO DE LAS MISMAS, LA CUAL SE CONTABILIZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE DEBIÓ CONSIGNARLAS HASTA LA FECHA EN QUE EFECTIVAMENTE PAGO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, AUXILIO DE CESANTÍAS, EMPLEADO PÚBLICO, MORA EN EL PAGO DE CESANTÍAS
Sentencia 2011-00652 de julio 25 de 2013
Ref.: expediente 080012331000201100652 01
Número interno: 0297-2013
Actor: Carmen Eva de la Hoz Quevedo
“Las disposiciones del presente decreto, tanto en lo que se refiere a los trabajadores del servicio oficial como a los de las empresas particulares, solo le serán aplicables mientras no existan normas legales de carácter especial, o estipulaciones contractuales, que les concedan derechos más amplios o que regulen su situación jurídica en lo referente al auxilio de cesantía de una manera más favorable”. (Subraya la Sala)
“Las normas antes referidas tuvieron aplicación inicial para el sector público en los órdenes nacional, seccional y local. Además, contemplaron para efectos de su liquidación tener en cuenta el último salario fijo devengado —a menos que hubiere tenido variación en los tres últimos meses— y todo lo recibido por el trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios. La preceptiva jurídica no contemplaba hasta este momento pago alguno por concepto de intereses. (Negrillas)
Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo. (Resalta la Sala)
“PAR.—En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este”. (Negrillas)
En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria. (...)”(2)
“Inciso 3º. Inexequible”
PAR.—El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”. (Negrillas fuera del texto)
“(...) Con la salvedad hecha sobre beneficios incontrovertibles para los trabajadores, los cambios que contemple la nueva legislación únicamente pueden hacerse obligatorios para las relaciones laborales futuras, es decir, las que se entablen después de haber entrado aquella en pleno vigor, y, en consecuencia, excepto el caso de anuencia expresa y enteramente voluntaria del trabajador afectado, no es admisible cobijar bajo las nuevas disposiciones las situaciones jurídicas nacidas a partir de vínculos de trabajo que se venían ejecutando al producirse la reforma. Respecto de ellas, el único que puede optar por incorporarse al régimen posterior, pudiendo permanecer en el antiguo, es el empleado, libre de toda coacción externa y bajo el supuesto de su mejor conveniencia”. (Se destaca)
Por su parte, el Decreto 1582 de 1998, reglamentario del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, previó en relación con los servidores públicos del nivel territorial que:
“ART. 1º—El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculado a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5º y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
En el presente caso la demandante pretende el reconocimiento y pago de la mora por el pago tardío de las cesantías causadas entre 2002 y 2008, las cuales no se han consignado por parte de la entidad municipal.
Dentro del proceso quedó acreditado que la actora ha trabajado en la administración municipal a partir del 18 de febrero de 2002 y el 4 de octubre de 2011, fecha de expedición de la certificación aportada por el secretario de talento humano (fl. 59), en la que consta que continuaba vinculada a la entidad.
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, el régimen aplicable a los empleados que se vinculen a partir del 27 de diciembre del mismo año, es el anualizado de cesantías, que establece que las cesantías causadas durante un año, deberán ser consignadas antes del 15 de febrero del año siguiente al fondo administrador elegido por el empleado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 50 de 1990.
En el caso sub examine la demandante prestó sus servicios a la alcaldía municipal de Soledad desde el 18 de febrero de 2002 (fl. 16), por lo tanto es beneficiaria del régimen anualizado de cesantías.
De acuerdo con lo establecido con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no existe justificación para dejar de pagar las cesantías causadas por la actora en el régimen anualizado, pues es obligación del empleador consignarlas en el fondo escogido por el funcionario a más tardar el 14 de febrero del año siguiente al que fueron causadas.
Ahora bien, de acuerdo con el Oficio STH 990.10 de 24 de noviembre de 2010 (fls. 18 a 23), la entidad demandada manifestó que las prestaciones que se adeuden no pueden ser pagadas teniendo en cuenta el proceso de restructuración de pasivos que adelantó el municipio; al respecto la Sala establece lo siguiente:
De la restructuración de pasivos de las entidades públicas y el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
“En cuanto a las acreencias pensionales y laborales, se exige que en aquellos eventos en los cuales el deudor tenga pensionados a su cargo, debe incluir en el acuerdo cláusulas relativas a la normalización de sus pasivos pensionales. Por otra parte, se admite la celebración de convenios que tengan por objeto la suspensión total o parcial de cualquier prerrogativa laboral de naturaleza económica que exceda el mínimo legal correspondiente a las normas del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales deber ser concertados directamente entre el deudor y el sindicato que legalmente pueda representar a sus trabajadores, y entre el deudor y los trabajadores no sindicalizados que individualmente consienten en ello”. (Subraya la Sala).
Por su parte la Sentencia C-1143 de 2001, magistrada ponente doctora Clara Inés Vargas, en el análisis de constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 550 de 1999, respecto de la actividad del empleador durante la negociación del acuerdo, consideró que las empresas sometidas a esa normatividad no podían dejar de atender sus acreencias laborales las cuales debían ser pagadas de manera preferente. Al respecto indicó:
“Si una de las finalidades de la intervención del Estado en la economía es la promoción de su reactivación y siendo uno de los objetivos de la Ley 550 de 1999 el restablecer la capacidad de pago de las empresas, de manera que puedan recuperarse dentro del plazo y condiciones que se prevean en el acuerdo correspondiente, es claro que las empresas sometidas a este mecanismo deben continuar desarrollando normalmente sus actividades, lo cual implica que no pueden dejar de atender sus obligaciones de carácter laboral. El pago preferente de las acreencias laborales como gastos administrativos se consagró expresamente en el artículo 121 de la Ley 222 de 1995, para los efectos del régimen de los procesos concursales, e igualmente esta previsto en el artículo 2495 del Código Civil subrogado en lo correspondiente por las leyes 165 de 1941, artículo 1º y 50 de 1994, artículo 36, preferencia que tiene pleno soporte en la protección de carácter constitucional que tienen dichas acreencias al tenor de lo establecido en los artículos 1º, 25 y 53 de Carta Política.
Es de anotar que en casos semejantes al estudiado en la presente oportunidad, la Corte ha aplicado el principio de hermenéutica constitucional de la conservación del derecho, en virtud del cual el juez de la Carta preserva al máximo la ley en defensa del principio democrático, cuandoquiera que una disposición sometida a su control admite varias interpretaciones, una de las cuales se aviene al ordenamiento constitucional. En tal evento, se deja la norma en el ordenamiento jurídico, pero condicionando su exequibilidad a la lectura conforme a los dictados fundamentales.” (Subraya la Sala).
La Sala ha considerado en anteriores oportunidades(4), que dicha protección no ha sido solo de carácter interno, pues la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a través del Convenio C-173 de 1972, también la ha contemplado y ha sido muy específica en el caso de insolvencia del empleador.
Por lo tanto, no son de recibo los argumentos expuestos por la entidad demandada, pues como quedó expuesto, si bien es cierto el municipio de Soledad (Atlántico) se encontraba en un proceso de reestructuración económica para evitar un cierre por las deudas adquiridas, también lo es que el carácter de prestación laboral irrenunciable de las cesantías no le permite su negociación, el pago debió realizarse.
A efectos de agotar la vía gubernativa, el 19 de noviembre de 2010 (fl. 17) la demandante mediante derecho de petición solicitó al municipio de Soledad (Atlántico) el reconocimiento de la sanción moratoria por no consignar oportunamente sus cesantías para el periodo comprendido entre 2002 y 2008.
Ahora bien, como en el caso de las cesantías anualizadas existe certeza sobre la fecha a partir de la cual se hacen exigibles, a más tardar el 14 de febrero del año siguiente al que fueron causadas, se entiende que el término de prescripción del derecho y de la sanción por no pago, empieza a correr el 15 de febrero.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”. (Se destaca).
En este caso la demandante interrumpió la prescripción con la reclamación de la sanción moratoria presentada el 19 de noviembre de 2010, es decir, que las cesantías y la sanción que se causó por el pago tardío de las mismas antes del 19 de noviembre de 2007 se encuentra prescrita.
Así las cosas, las cesantías causadas a partir del año 2007 y cuya consignación debía realizarse a más tardar el 15 de febrero del año siguiente no han prescrito y por ende, la sanción moratoria que deriva por el no pago tampoco.
La sanción moratoria entonces se tendrá que liquidar a partir del 16 de febrero del año 2008 hasta que la entidad certifique el pago del auxilio correspondiente al periodo no cancelado.
Por lo tanto en el caso de autos es necesario revocar la sentencia apelada, pues el tribunal negó las pretensiones argumentando que la demandante no invocó la norma correcta, argumento que de acuerdo a lo establecido anteriormente no es de recibo, teniendo en cuenta que se demostró que la actora seguía vinculada a la entidad.
Como consecuencia de lo anterior, se accederá parcialmente a las pretensiones teniendo en cuenta que los derechos causados con anterioridad al 19 de noviembre de 2007 se encuentran prescritos.
REVÓCASE la sentencia de 10 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Carmen Eva de la Hoz Quevedo, y en su lugar se dispone.
DECLÁRESE la nulidad del Oficio STH de 14 de enero de 2011, proferido por el funcionario de control disciplinario interno, que negó la solicitud de cancelación de la indemnización o sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías al fondo elegido por la señora Carmen Eva de la Hoz Quevedo.
ORDÉNASE a la alcaldía municipal de Soledad (Atlántico) reconocer la mora de las cesantías de la señora Carmen Eva de la Hoz Quevedo identificada con cédula de ciudadanía 32.828.425, causadas desde el 19 de febrero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2008 de acuerdo a lo establecido en la presente sentencia.
CONDÉNASE a la alcaldía municipal de Soledad (Atlántico) a pagar la mora de las cesantías de la señora Carmen Eva de la Hoz Quevedo identificada con cédula de ciudadanía 32.828.425, a partir del 19 de noviembre de 2007 hasta que la entidad certifique el pago del auxilio correspondiente al periodo no cancelado.
DECLÁRESE la prescripción de los derechos causados con anterioridad al 19 de noviembre de 2007, de acuerdo a lo establecido en la parte motiva de la sentencia.
(1) Sentencia de 19 de julio de 2007, M.P. Jaime Moreno García, expediente 15001-23-31-000-2000-02033-01(9228-05), actor: Óscar Armando Rodríguez.
(3) Ver, entre otras, las sentencias de 27 de enero de 2011, expediente 1506 de 2008, actor: Mauricio Russo Janica, consejera ponente Berta Lucía Ramírez de Páez y de 10 de febrero de 2011, expediente 0910-2010, actor: Fabio Guerrero Salgado, magistrado ponente Gustavo Gómez Aranguren.

References: artículo 13
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 99
 artículo 17
 artículo 121
 artículo 2495
 artículo 1
 artículo 36