Source: http://icefconsultores.blogspot.com/2015/11/asesorando-en-un-dia-cualquiera.html
Timestamp: 2018-05-27 11:23:25+00:00

Document:
Realizando un análisis de dicha Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia[1] y, más concretamente, del artículo que regula la exigencia de certificación negativa así como las disposiciones, tanto transitoria cuarta y disposición final decimoséptima, nos topamos con la disyuntiva de si, a fecha presente, los obligados establecidos en la lista que tiene el cariz de numerus apertus[2] o las entidades que contratan laboralmente o mercantilmente a dichos obligados, deben desde la entrada en vigor de dicha ley acreditar o certificar negativamente sus antecedentes penales, especialmente, los sexuales. Pero, dicha disyuntiva no solamente pudiere abarcar a los obligados y empresas que se encuentren mencionados en el propio articulado de la ley, sino que, desde el 20 de octubre, otros sujetos y/o sectores se encuentren en la misma tesitura, puesto que la nueva Ley del Voluntariado[3], efectúa mención expresa a la certificación negativa y a la declaración responsable de antecedentes penales por violencia doméstica.
Derivado del presente, me pregunto ¿Por qué no se ha ampliado la exigencia a oficios, actividades y profesiones que ya se ejercen? ¿Por qué no se ha ampliado o se ha tenido en cuenta sectores educativos de enseñanza reglada no universitaria -colegios concertados y privados- ya existentes respecto a sus profesores y/o respecto a colaboradores de clases extra-escolares? ¿Podría una empresa obligar a sus trabajadores, colaboradores o empresas de servicios con contacto con menores a exigir para la continuación de la relación laboral o mercantil la aportación acreditativa negativa de no figurar en dicho registro central? ¿Cuánto tiempo de vigencia o caducidad dispondrá el certificado negativo? Respuestas complejas que, bajo mi apreciación, espero sean previstas en el Real Decreto que regule el Registro Central de Delincuentes Sexuales que, a la vista del Informe Jurídico del Ministerio Fiscal[6] y la unanimidad del Consejo General del Poder Judicial al Informe del Proyecto del referenciado Real Decreto[7], no tiene previsión alguna que se contemple, por lo que considero que no habrá más remedio que, como asesor de empresas y, con la finalidad de eximir de responsabilidad penal a aquellas, establecer o adicionar como protocolo de actuación dentro del Compliance Social la facultad de instar al trabajador o a la entidad con la que se colabora, siempre que tenga contacto habitual con menores a acreditar que no figura en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, arriesgando la confianza con el proveedor y, más complejo aún, la posibilidad de atentar contra el derecho fundamental de trabajadores. Siendo práctico, considero que, bajo un pensamiento utópico, en muchas regulaciones, se debería diferenciar el certificado para uso personal o para uso de acreditación hacia terceros, siempre instados a nombre del interesado, pero con la restricción o reproducción de información que distara ante la motivación de la solicitud a cursar.
Ligado al precedente, existen dos ámbitos, por una parte el sistema de información de acceso a los ciudadanos -interesados, sea persona física, jurídica y entes sin personalidad- con la finalidad de solicitar o disponer de la información contenida en aquellos registros y, especialmente, a los menores, los cuales solamente podrán solicitar y acceder a la información a través de representante legal[10]. Por otra parte, la cancelación de la información contenida, la cual adquiere gran relevancia el Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores. Un par de apuntes relacionados que he de mirar -otra cosa que anoto en mi cuaderno de cuadros- cuando disponga de un poco más de tiempo: La reciente publicación del Esquema Nacional de Seguridad[11], disponiendo de 24 meses para adaptar sus sistemas a lo contemplado en dicha normativa -aquí hago nota aparte, propia y sonrío, con motivo de una referencia, la cual está prevista, igualmente, en la Disposición Adicional Única del Real Decreto 1720/2007[12] y que, casualmente, no se tiene en demasiada consideración, por parte de las empresas y por parte de las consultoras de protección de datos: la exigencia de certificación o acreditación en las condiciones técnicas del programa de ordenador o software que trata datos de carácter personal en cumplimiento con las medidas de seguridad en virtud de alcance de los datos personales: básico, medio o alto, sea para cualquier tipo de entidad o sujeto obligado al cumplimiento de la normativa afecta[13].- El otro apunte que realizo es a lo establecido en el artículo 136 del Código Penal respecto al derecho de cancelación de los antecedentes penales[14], el cual establece, principalmente, los plazos de cancelación en virtud de las penas recaídas, debiendo, bajo mi punto de vista establecer aquellos plazos en relación con el nuevo Registro Central de Delincuentes Penales, pero con una salvedad, la cual establece el propio Ministerio Fiscal en su Informe: la consideración de elementos psicológicos o situaciones que impidan cerciorar un cambio del perfil del condenado, especialmente, en asuntos de pedofilia, por lo que determinados extremos asociados al tipo de perfil del condenado y de las penas impuestas deberían ser reguladas de forma complementaria o anexa con el establecimiento de determinados aspectos legales, técnicos y organizativos respecto a la información y acceso al particular caso expuesto.
Tomándome un café a media mañana, es el tercero del día, haciendo un pequeño descanso con la finalidad de retomar pequeñas fuerzas, ya me gustaría dado que se generan en mi cabeza otros aspectos relevantes en relación al “estudio, a fecha de hoy imaginario” que me ha llevado el posible cliente de animación para menores, me he dado cuenta de otro concepto que aparece en la dichos normativa que modifica la Ley de Protección a la Infancia y su repercusión con el Registro Central de Delincuentes Sexuales que, bajo mi parecer, puede llevar a confusión o a no contemplarse en su desarrollo reglamentario. Me estoy refiriendo al término: “contacto habitual con menores”, el cual se repite en la Ley del Voluntariado en el artículo 8, la cual aún está pendiente de analizar. Me “choca” dicho concepto porque considero que el legislador no ha previsto contactos adicionales que no sea el físico, es decir, cualquier tipo de contacto, indistintamente del tipo de medio a través del cual se produzca, no bajo la característica física, tal y como la entendemos, sino a través de Internet, teléfono o de cualquier otra tecnología, previsión que sí, por el contrario está contemplada en el Código Penal a la hora de regular los delitos contra la libertad e indemnidad sexual[15] así como en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/93/U[16] y, partiendo de dicha obviedad o falta de previsión, la cual es supuesta por esta parte, actividades como la telemedicina para menores, tanto en guarderías como en colegios; las salas de chat de determinadas plataformas dirigidas a menores con moderador o persona para resolver las dudas a través de comunicaciones a distancia, especialmente, las plataformas de videojuegos en línea; el sistema educativo a través de entornos digitales respecto a contenidos asociados a menores; plataformas de cursos de formación dirigido a menores con tutores a distancia; o cualquier actividad o profesión u oficio que, no sólo física sino mediante contacto a distancia, puedan disponer o acceder a información del menor -imagen, sonido, información, etc.-
Recuerdo, porque me ha saltado otro aviso en el ordenador, a ver si cambio el dichoso tono, efectuar una llamada a una asociación de voluntarios, a los cuales he de informarles, al respecto de la certificación negativa para que aquellas personas que deseen colaborar con la asociación en condición de voluntarios, han de precisar, no sólo la referida certificación negativa sino además acreditar bajo declaración responsable de no tener antecedentes penales. Si contemplo, en el inicio de mi reflexión legal, el ámbito de aplicación de la nueva Ley del Voluntariado, esta engloba, entre otros a “voluntarios, destinatarios y entidades de voluntariado que participen, se beneficien o lleven a cabo programas de voluntariado de ámbito estatal o supraautonómico, ya se desarrollen dentro o fuera de España”, siéndole aplicable a los voluntarios las exigencias legales de certificación[17] y declaración[18] responsable referenciadas en el presente parágrafo. Pero, no acaba en dichas exigencias la presente novedad legislativa y las reflexiones efectuadas hasta ahora, sino que dicha ley permite ser voluntarios a los menores de edad, diferenciando, dos franjas, entre 16 y 18, así como entre 12 y 16, siéndoles, igualmente, aplicables la acreditación mediante certificación negativa de antecedentes penales por delitos contra la libertas sexual e indemnidad sexual, y respecto a la declaración responsable de antecedentes penales por delitos contemplados en artículo 8 apartado 5. De las previsiones contempladas para los menores, se diferencia, por una parte el consentimiento de representante legal del menor -16 a 18- y la autorización expresa de los representantes legales -12 a 16- y, por otra parte, el acceso a la información para obtener el certificado negativo de antecedentes penales, sin olvidarme, el supuesto que el menor que desee ostentar dicha condición de voluntariado no se encuentre en el Registro de Responsabilidad Penal de Menores. De la presente situación, vuelvo a la exigencia, por parte de los sujetos obligados -asociaciones, ONG´s, fundaciones y otros- como responsables de la acción de voluntariado de exigir la certificación y la declaración, siendo curiosa la exención -temporal de un año[19]- de dicha exigencia que, en su caso, pudiere producirse, para aquellos entidades que ya cuenten con voluntarios dentro de su ámbito interno.
Creo que es hora de acabar la jornada laboral, bastante ajetreada, pero me viene un “flash”, antes de guardar las alegaciones del procedimiento sancionador, que por fin he terminado, apagar el ordenador, la impresora, coger mis bártulos y regresar a la otra rutina. El referido “fogonazo” es la sentencia del Tribunal Supremo respecto a las hemerotecas digitales, la cual ya he leído y he visionado en Internet los comentarios u opiniones de otros compañeros de profesión, todas ellas acertadas, pero al respecto, me acordé del artículo que elaboré bajo el título “Minions de Datos Personales”[23], y pensé o, mejor dicho, me pregunto: ¿Por qué, tras la sentencia del Supremo las entidades editoriales no efectúan un código ético común sobre la publicación de noticias ya reproducidas en sus medios y su consiguiente acceso a través de sus hemerotecas, diferenciando la indexación en su propia plataforma o en prestadores de servicios de búsqueda en virtud de la relevancia pública del personaje de la noticia? ¿Por qué los propios medios de comunicación no definen el carácter temporal de una noticia, pasando a tener esta un cariz histórico? ¿Por qué no ha de ser aplicable el procedimiento especial del artículo 157[24] del Real Decreto 1720/2007 cuando una noticia con datos personales e indexada en buscadores deja de tener ese cariz noticiable a tener un cariz histórico porque, a pesar que constitucionalmente el derecho de información y opinión esté amparado constitucionalmente y, dicho derecho, en la mayoría de ocasiones prime respecto al derecho de intimidad y privacidad, sin embargo, la disposición de datos personales con una finalidad amparada constitucionalmente debe de cumplir con las exigencias y excepciones establecidos en la normativa que regula la materia, pero si dicha finalidad varia, pasa a ser histórica, entonces, no debe cambiar, igualmente, y adaptarse a esa nueva finalidad y, por tanto, solicitar el procedimiento de ficheros históricos ante la Agencia Española de Protección de Datos?
[2] Artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor “[…] acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores […]”
[6] Informe del Consejo Fiscal al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales de fecha 21 de octubre del 2015 y accesible en la dirección web siguiente https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Informe_Proyecto_Registro_Central%20Delincuentes_Sexuales.pdf?idFile=6ba403af-7251-494a-8428-f1c08e123a5e
Etiquetas: actualidad artículo derecho dircom dpo información internet legal tic ley menores normativa opinión penal protección de datos

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 136
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 157
 Real Decreto 
 Artículo 13
 Real Decreto