Source: http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/article/view/IIMEI7-N13-167189/926
Timestamp: 2018-02-26 01:13:22+00:00

Document:
Aspectos jurídicos de la lectura digital | Ramón Fernández | Métodos de información
Inicio > Vol. 7, Núm. 13 (2016) >	Ramón Fernández
Legal aspects of digital reading
En el presente trabajo se analizan algunos aspectos jurídicos referentes a la lectura digital, desde la perspectiva de los sujetos que intervienen. Se prestará atención a la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual y legislación asimilada para determinar cuáles son los principales problemas no resueltos y poder aportar una solución al caso concreto.
Biblioteca, Digital, Propiedad intelectual, Legislación
In this paper some legal aspects concerning the digital reading is analyzed from the perspective of the subjects involved. attention to the applicable law will be given on intellectual property and assimilated legislation to determine what are the main unresolved problems and to provide a solution to the case.
Library, Digital, Intellectual property, Law.
DOI: http://dx.doi.org/10.5557/IIMEI7-N13-167189
Descripción propuesta: RAMÓN FERNÁNDEZ, Francisca, 2016. Aspectos jurídicos de la lectura digital. Métodos de Información [en línea], 7(13), pp. 165-187
La evolución de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, las denominadas TICs, aplicadas a la misma han supuesto una superación de la denominada analogía, para sumirnos en la sociedad digital.
En el ámbito de la lectura, cómo no, también ha habido una evolución de los hábitos de los lectores y usuarios de bibliotecas (Magro, 2014), ya que, al día de hoy, la imagen de un lector de periódicos, revista o libros en papel es difícil de encontrar, y vemos a lectores de esos mismos contenidos, pero con un soporte informático (tablets, ebooks, ordenadores, teléfonos móviles…). Esa imagen del lector digitalizado es algo habitual en las bibliotecas y fuera de ellas. Pese a que algunos lectores , todavía reticentes, siguen utilizando el formato analógico (en papel); no hay inconveniente en la coexistencia de ambos formatos, que tienen en común la portabilidad.
Como usuaria habitual de las bibliotecas, principalmente la Central de la Universitat Politècnica de Valencia, a la que suelo ir prácticamente a diario, y de la que hago uso, tanto de forma digital (para realizar actividades de docencia e investigación), como analógica (como lectora de contenidos no jurídicos, en la que todavía me resisto a utilizar el formato digital en la lectura de novela, poemas, etc.), considero que la era digital nos aporta muchos beneficios, pero que, como jurista, también plantea muchas cuestiones legales no resueltas. El libro digitalizado no es una moda, sino que puede ser una herramienta muy útil para personas con alguna discapacidad, y también para el aprendizaje de idiomas (a través de los denominados club de lectura digital. Por ejemplo, Nubeteca), entre otros.
En este trabajo vamos a intentar acercarnos a la lectura digital desde distintos prismas: la legislación que se le aplica o no, y los problemas jurídicos que nos podemos encontrar. Para ello, la metodología que vamos a utilizar es el análisis de la principal legislación aplicable, haciendo referencia a la normativa en materia de propiedad intelectual y relacionadas con la misma, y la postura de la doctrina especializada que se ha pronunciado en el ámbito científico ante los problemas que se han ido planteado, para lograr aportar una solución, en su caso, y reflexionar sobre determinadas cuestiones, pero centrándonos en las bibliotecas.
Nos vamos a centrar en indicar cuáles son las normas que se aplican en el caso de la lectura digital, desde el punto de vista de la propiedad intelectual y de los distintos operadores que intervienen (como es el caso de las bibliotecas).
Orden EHA 2343/2006, de 3 de julio, relativa a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de declaración de mercancías sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual (BOE núm. 171, de 19 de julio de 2006). Se aplica en los supuestos en los que se tenga una sospecha de vulneración de los derechos de autor en el caso de las mercancías.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 281, de 24 de noviembre de 1995). Se contemplan los delitos relativos a la propiedad intelectual. Destaca el art. 270. En este precepto se castiga a quien con ánimo de obtener un beneficio económico directo e indirecto y perjudicando a terceros, realice las actividades consistentes en reproducir, plagiar, distribuir, comunicar públicamente o cualquier otra forma de explotación, ya sea en su totalidad o parcialmente, una obra o prestación literaria, artística o científica, o la transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada por cualquier medio, sin contar con la autorización de los titulares de los derechos o los cesionarios.
También se aplica la misma pena (prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses) en el caso de la prestación de servicios de la sociedad de la información, “con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios”.
También serán objeto de castigo quienes realicen las siguientes actividades:
“a) Exporten o almacenen intencionalmente ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se refieren los dos primeros apartados de este artículo, incluyendo copias digitales de las mismas, sin la referida autorización, cuando estuvieran destinadas a ser reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente”.
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (BOE núm. 97, de 22 de abril de 1996), modificado por Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1999, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 268, de 5 de noviembre de 2014).
Respecto a la compensación equitativa por copia privada, el art. 25, excluye de la consideración de reproducciones para uso privado las que se realicen mediante equipos, aparatos y soportes de reproducción digital adquiridos por personas jurídicas que no se hayan puesto, de hecho ni de derecho, a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas.
Art. 37 bis. Obras Huérfanas. Las bibliotecas podrán reproducir, a efectos de digitalización, puesta a disposición del público, de conformidad con lo indicado en el art. 20.2.i), las obras huérfanas indicadas en el precepto, siempre que lo realicen sin ánimo de lucro y con el fin de conservación y restauración, y facilitar el acceso de las mismas con fines culturales y educativos. Este régimen ha sido desarrollado por Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas (BOE núm. 141, de 11 de junio de 2016). Son entidades beneficiarias las bibliotecas, que deberán llevar a cabo sus actos sin ánimo de lucro y con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión de interés público (art. 2). Podrán catalogar obras huérfanas, a efectos de digitalización, conservación o restauración y ponerlas a disposición del público con las condiciones indicadas anteriormente (art. 3). La percepción de ingresos sólo se admite a los efectos de cubrir los gastos que se generen para digitalizar la obra y siempre que no sean cubiertos por otra institución. La obtención de copia podrá sujetarse al pago de una contraprestación.
Art. 154, referente al reparto, pago y prescripción de derechos, indica que las cantidades que se recauden y no sean reclamadas por su titular en el plazo previsto en la norma serán destinadas por las entidades de gestión a la promoción de la oferta digital de las obras y prestaciones cuyos derechos gestionan, según lo indicado en el art. 155.1.c) 1º y 3º.
Art. 155. Función social y desarrollo de la oferta digital legal. Las entidades de gestión fomentarán la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos gestionan comprendiendo distintas actividades como las campañas de formación y sensibilización del consumo legal de contenidos protegidos; promoción de las obras a través de plataformas tecnológicas, la integración de autores con discapacidad en el entorno digital.
Art. 158 ter. Función de salvaguarda de los derechos en el entorno digital. Se regula el procedimiento de restablecimiento de la legalidad, en el caso de que haya una vulneración de los derechos de propiedad intelectual.
Art. 162 ter. Se contempla la clasificación de las infracciones cometidas por las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio del desarrollo de la oferta digital legal.
El Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual (BOE núm. 75, de 28 de marzo de 2003), en su art. 7, establece que se podrá crear y mantener vigente un sistema de digitalización de los asientos registrales.
El Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2011) se dicta en cumplimiento del art. 158.4 del Real Decreto Legislativo 1/1996, y el procedimiento para el ejercicio de sus funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, frente a la vulneración por los responsables de los servicios de la sociedad de la información.
Como indica la norma “la revolución digital está suponiendo una oportunidad formidable para la creación y la difusión de contenidos culturales, pero también ha hecho surgir y continúa haciendo aparecer, en paralelo, nuevas modalidades de defraudación de los derechos de propiedad intelectual a través de los propios servicios de la sociedad de la información, que intentan obviar que la puesta a disposición del público de obras o prestaciones protegidas sólo es lícita –también en internet- cuando cuenta con autorización por parte del titular de los derechos de propiedad intelectual o con amparo en algún límite legal de éstos.
La protección de los derechos de autor en el entorno digital en línea constituye una preocupación persistente del ámbito internacional y de las instituciones europeas, pudiendo citarse el artículo 14 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio, la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de abril de 2008 sobre una Agenda Europea para la Cultura en un Mundo en vías de Globalización, las Conclusiones del Consejo de Ministros de la Unión Europea, de 20 de noviembre de 2008, relativas al desarrollo de las ofertas legales de contenidos culturales y creativos en línea y a la prevención y la lucha contra la piratería en el entorno digital, o la Resolución del Consejo de Ministros de la UE, de 1 de marzo de 2010, sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior, que ha destacado que, en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines, la piratería de bienes culturales en un entorno digital en rápido desarrollo daña la comercialización legal de los medios, dificulta la aplicación de modelos de negocio competitivos de suministro legal de contenido cultural y creativo, pone en entredicho la adecuada retribución de los titulares de los derechos y frena el dinamismo de la industria cultural europea que brinda acceso a una oferta cultural legal, diversa y de alta calidad.
Asimismo, la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, considera que, sin medios eficaces de tutela de los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la creación se desincentivan y las inversiones se reducen. A este respecto, los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual tienen una importancia capital para el éxito del mercado interior, si bien resulta asimismo esencial garantizar un justo equilibro entre éstos y otros derechos a proteger en el entorno digital como son la libertad de expresión e información, o el secreto de las comunicaciones, igualmente tutelados por el marco comunitario y constitucional”.
Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas (BOE núm. 150, de 23 de junio de 2007). Se establecen una serie de definiciones, como biblioteca digital. Como se precisa la difusión en línea, a través de las bibliotecas digitales, permitirá el acceso al material cultural y a la difusión del conocimiento, además de integrarse en la Biblioteca Digital Europea, proyecto en común para llevarlo a cabo.
Las bibliotecas digitales, según el art. 2, son colecciones organizadas de contenidos digitales que se ponen a disposición del público. El contenido está integrado de material en formato digital entre los que se incluye ejemplares digitales de libros u otro material documental que proceda de bibliotecas, archivos y museos, o basarse en información que se produzca directamente en formato digital.
Como servicios de las bibliotecas públicas que se indican en el art. 13 se incluye el acceso a la información digital a través de internet o redes análogas que se puedan desarrollar, siendo el acceso a este servicio libre y gratuito.
Según el art. 14, se promoverá por parte del Ministerio de Cultura la creación de bibliotecas digitales para accesibilidad en línea, como condición previa para optimizar los beneficios que pueden extraer de la información los ciudadanos, investigadores y empresas; la digitalización de colecciones analógicas con la finalidad de ampliar su uso en la sociedad de la información, y la preservación y almacenamiento para garantizar que las generaciones futuras puedan acceder al material digital y evitar la pérdida de dicho patrimonio.
De acuerdo con lo indicado en materia de accesibilidad, la disposición adicional tercera, referente al acceso a la lectura, al libro y a las bibliotecas de las personas con discapacidad, los planes de fomento de la lectura y los programas de apoyo a la industria del libro, tendrán en cuenta la promoción difusión y normalización de formatos y métodos accesibles, en concreto el braille y los soportes sonoros y digitales.
Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine (BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2007). Se establece la protección del patrimonio cinematográfico y audiovisual, en su art. 6. De este modo, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, a través de la Filmoteca Española, velará por la salvaguarda y difusión, mediante la conservación y restauración, así como de las obras digitales. En las bibliotecas los fondos audiovisuales forman parte del préstamo habitual.
Orden PRE/2418/2015, de 6 de noviembre, por la que se regula el número de identificación de las publicaciones oficiales (BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 2015). Se indica que se utiliza los términos “electrónicos” y “digital”, pero que se mantiene la primera denominación ya que el corpus legislativo que se refiere a bibliotecas utiliza como genérico dicho término.
El número de identificación de las publicaciones oficiales (NIPO) se aplica a todas las publicaciones, que sean editadas por la Administración General del Estado, en cualquier soporte y formato.
Se asignará el NIPO, según el art. 7, a las digitalizaciones de ediciones previas en papel que no incorporen labores de edición que enriquezcan la publicación, elaboradas con la finalidad de preservación o difusión de forma gratuita.
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público (BOE núm. 276, de 17 de noviembre de 2007). Se establece que se persigue armonizar la explotación de la información en soporte digital en el sector público incluyéndose distintos ámbitos (educación, económica, legislación…) para la creación de productos y servicios de información basados en documentos del sector público, y reforzar la eficacia del uso más allá de las fronteras.
El art. 4 indica que las Administraciones y organismos del sector público podrán facilitar licencias-tipo para la reutilización de documentos, que deberán estar disponibles en formato digital.
En cuanto a los derechos exclusivos, el art. 6, indica que “Excepcionalmente, cuando exista un acuerdo exclusivo relacionado con la digitalización de los recursos culturales, el periodo de exclusividad no será superior, por regla general, a diez años. En el caso de que lo sea, su duración se revisará durante el undécimo año y, si procede, cada siete años a partir de entonces. Tales acuerdos deben ser también transparentes y se pondrán en conocimiento del público”.
Se preceptúa, además, que en el caso de que haya un acuerdo exclusivo “deberá facilitarse gratuitamente a la Administración u organismo del sector público en cuestión, como parte de dichos acuerdos, una copia de los recursos culturales digitalizados de la misma calidad y características técnicas del original, tales como formato, resolución, gama de colores, etc., con sus metadatos y requisitos técnicos de digitalización establecidos en las normas nacionales e internacionales pertinentes. Esa copia estará disponible para su reutilización una vez finalizado el periodo de exclusividad.
Para la promoción de los contenidos digitales, la disposición adicional primera indica que el Gobierno desarrollará planes y programas para facilitar la reutilización para promover el crecimiento del sector de contenidos digitales.
Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal (BOE núm. 269, de 8 de noviembre de 2011). En cuanto a las modalidades de puesta a disposición de los documentos reutilizables, el art. 8 incluye que se realizará con sujeción a las condiciones específicas establecidas en licencias-tipo disponibles en formato digital.
Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal (BOE núm. 182, de 30 de julio de 2011). Relaciona el patrimonio bibliográfico y la necesidad de preservación. Dentro de este concepto se incluye al digital, y añade que “para que éste pueda ser accesible a todos los ciudadanos y contribuya al desarrollo cultural, social y económico de España (…), es preciso contar con la colaboración de editores, impresores, productores, así como del mundo bibliotecario, cuya actuación conjunta resulta imprescindible para conservar este patrimonio, en unos casos, cediendo en depósito a las Administraciones Públicas ejemplares o copias de todos los recursos de información creados en cualquier soporte o medio que se distribuya públicamente, y en otros, gestionando la accesibilidad universal a esos recursos”.
Se contempla en esta norma el depósito de los nuevos soportes de la edición y documentos en red. “En el ámbito de la Unión Europea se ha propuesto y recomendado la adopción de iniciativas por los Estados miembros en el campo de la conservación digital del material cultural. Las instituciones de la Unión han advertido sobre los desafíos que plantea el depósito de patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital en un entorno digital y han propuesto soluciones cuyo objetivo es la exploración de nuevas técnicas de recogida de material en línea con fines de difusión y conservación.
La regulación que se hace del depósito legal en la presente ley lo configura no sólo como una prestación patrimonial pública, sino que cifra su esencia y verdadera finalidad en la reunión, conservación y difusión de las publicaciones del patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de las culturas de España. A estos efectos, es cuestión pacífica en la doctrina jurídica que los bienes, que por su naturaleza constituyen ese patrimonio, forman parte del patrimonio cultural de un país y por tanto del genérico concepto constitucional de la «cultura», y es en base a ello como se articula esta renovación normativa y el cambio de sujeto obligado principal al depósito legal, trasladando ese protagonismo del impresor al editor”.
El principal objeto de la Ley es la regulación del depósito legal, una de cuyas finalidades es la preservación del patrimonio digital, y permitir el acceso al mismo con fines culturales, de investigación o información, de conformidad con lo indicado en la normativa sobre propiedad intelectual.
Como objetivos, según el art. 2, se señalan los siguientes:
“1. Recopilar, almacenar y conservar, en los centros de conservación de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, las publicaciones que constituyen el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital español, con objeto de preservarlo y legarlo a las generaciones futuras, velar por su difusión y permitir el acceso al mismo para garantizar el derecho de acceso a la cultura, a la información y a la investigación.
Describir el conjunto de la producción bibliográfica, sonora, visual, audiovisual y digital española, con el fin de difundirla y posibilitar el intercambio de datos con otras agencias o instituciones bibliotecarias españolas y extranjeras”.
Se definen en la Ley lo que se considera como edición: “todos los ejemplares de un recurso bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital producidos sustancialmente desde el mismo original y editados por la misma agencia o grupos de agencias o por una persona”; como productor: “persona física o jurídica que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de obras y contenidos sonoros, visuales, audiovisuales o digitales”.
Mencionar también que la disposición segunda indica referente a la habilitación normativa que “Cuando por motivos de preservación del patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital español se revele como necesario un aumento del número de ejemplares que se deban depositar en la Biblioteca Nacional de España, o en la biblioteca pública o centro que determine la Comunidad Autónoma como centro de conservación, o cuando las circunstancias técnicas o culturales lo aconsejen, oídos los sectores implicados, podrá determinarse reglamentariamente un número diferente de ejemplares”.
Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea (BOE núm. 177, de 25 de julio de 2015). Se regula el procedimiento de gestión y constitución del depósito legal de las publicaciones en línea, con la intención de preservar el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital, de acuerdo con lo indicado en la anterior norma analizada, la Ley 23/2011.
Las publicaciones en línea forman parte del patrimonio documental y bibliográfico según establece el art. 48 y sigs. de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE núm. 155, de 29 de junio de 1985), y si se encuentran en soporte tangible la normativa de depósito legal se rige por la Ley 23/2011, sin perjuicio de las competencias autonómicas.
Se define lo que se considera como repositorio seguro, entendido como plataforma digital de conservación que cumple los requisitos que establecen las normas técnicas internacionales para la auditoría y certificación de la fiabilidad de los repositorios.
Las publicaciones en línea que son objeto de depósito legal, junto con los metadatos, son las siguientes, según el art. 3:
“todo tipo de sitios web y las publicaciones en ellos contenidas –tanto de acceso libre como restringido-; cualquiera que sea el procedimiento de producción, edición o difusión; cualquiera que sea el soporte o medio no tangible por el que sean distribuidas o comunicadas; cualquiera que sea la localización física del servidor o servidores a partir de los cuales se difunden a las redes electrónicas; y cualquiera que sea el dominio que albergue la publicación; siempre que contengan patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual o digital de las culturas de España; y siempre que cumplan alguna de las condiciones siguientes:
Asimismo, el depósito legal incluirá cualquier otra forma, presente o futura, de contenido electrónico difundido a través de redes de comunicación”.
Se regula en el art. 10 la colaboración en la conservación de las publicaciones en línea. De esta forma, se establecerán acuerdos de colaboración (deberán indicar las características del repositorio de la entidad colaboradora; los procedimientos para la conservación de las publicaciones y el período de vigencia de la colaboración) por parte de los centros de conservación y la Biblioteca Nacional de España con las entidades, sean públicas o privadas, que dispongan de plataformas de distribución en línea de las publicaciones y recursos digitales, que ellas mismas editen o produzcan, y que sean consideradas como “repositorios seguros”, con la finalidad de conservación, siempre que estas plataformas cumplan con los requisitos establecidos.
3. Problemas y reflexiones jurídicas que se pueden plantear
a) Leer en formato digital es un derecho. La opción de leer en formato analógico o digital no debe conllevar un incremento de costes para la lectura del libro electrónico. Desde la Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI) (2014) y de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID), y la European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA), se ha indicado que las bibliotecas deben facilitar el derecho a leer en electrónico, pero que ello contrasta con el marco legal que dificulta cumplir a éstas con los servicios en la era digital, principalmente en el ámbito del desarrollo del mercado electrónico. A ello debemos apuntar la existencia de
la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos digitales, COM (2015), (Plaza, 2016b) en la que se indica que dichos contenidos deben estar libres de derechos de terceros, con inclusión de los derechos de autor contemplados en la legislación de propiedad intelectual.
Esta propuesta de Directiva no tiene como objeto el tratamiento de los derechos de autor ni aspectos referentes con la propiedad intelectual del suministro de contenidos digitales, por ello, como indica la propuesta “debe entenderse sin perjuicio de los derechos y obligaciones en virtud de la legislación sobre derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual”.
En este sentido, como precisa la propuesta, “el proveedor estaría obligado a garantizar que los contenidos digitales están libres de cualquier derecho de un tercero, por ejemplo una reclamación en concepto de derechos de autor en relación con los contenidos digitales en virtud del contrato”.
En el caso de suministro durante un periodo de tiempo, el proveedor también debe garantizar que durante ese periodo los contenidos están libres de derechos.
Junto a esta propuesta normativa, debemos mencionar la reciente Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión.
La campaña iniciada por APEI y EBLIDA anteriormente indicada abogaba por varias desideratas:
-Adquisición de libros en condiciones de precio justo y uso razonable.
-Contraprestación adecuada a los sujetos de los derechos de autor por el préstamo de libros electrónicos.
-Inclusión del préstamo electrónico en las bibliotecas.
-Modificaciones legislativas que permitan que los libros electrónicos se puedan suministrar a las bibliotecas, ya que no debe imperar la negativa del editor.
-Mayor accesibilidad al conocimiento, fomentando la biblioteca virtual.
b) Las licencias de préstamo digital. El libro electrónico no es la conversión del libro en papel para verlo en una pantalla digital, sino que va mucho más allá del libro analógico (Alonso y Cordón, 2015c). La imposibilidad de aplicación de normas previstas para un formato y que nos va a resultar complejo aplicarlas para otro distinto. Como señala Alonso y Cordón (2015a) “uno de los grandes retos que han de acometer las bibliotecas en los próximos años será la incorporación de libro electrónico a sus colecciones. La incorporación del nuevo formato no supone una simple transposición del formato papel a la pantalla, ya que este proceso implica nuevos modelos de comercialización, adquisición, propiedad, alfabetización y servicios”.
En este sentido, y siguiendo a Alonso y Cordón (2015a) las condiciones que ofrecen las editoriales no siempre son favorables a las bibliotecas, ya que, en ocasiones, las novedades sólo están disponibles una vez transcurrido el periodo de embargo, o están limitadas a un número por licencia, y, junto a ello, el coste de las licencias, que suelen estar incrementadas en el caso de las tarifas a diferencia de las que pagan los particulares, unido a la escasa capacidad adquisitiva de las bibliotecas, por los recortes presupuestarios (Alonso y Cordón, 2015b).
Ejemplo de préstamo digital lo encontramos en eBiblio.
Es preciso, pues, la adaptación al entorno digital por parte de las bibliotecas (Carbajo, 2003)
c) Gestión de derechos digitales. Otra cuestión es la dificultad asociada a los sistemas DRM (Digital Right Management) de gestión de derechos digitales. Como señalan Alonso y Cordón (2015a) este sistema se utiliza en las bibliotecas para el préstamo digital. Se trata de un sistema para la gestión de los derechos de autor y evitar usos indebidos. Este sistema no soluciona el problema del préstamo interbibliotecario, en el caso de préstamo digital, ya que, hasta el momento, no está solucionado (se apunta la solución adoptada por la Universidad Tecnológica de Texas, consistente en el Proyecto Occam´s Reader que facilita un documento pdf, aunque se podría también realizar a través de un enlace facilitado por correo electrónico y una lectura en streaming).
Respecto a los problemas de los DRM, Alonso y Cordón (2015a) señalan los siguientes:
“-el uso de la copia privada o de seguridad.
-las excepciones de copia que en alguna legislación se establece para casos específicos –el llamado uso justo (fair use), como puede ser la autorización de cambio de formato para usuarios con discapacidad visual.
-el uso con fines de docencia e investigación.
-la realización de obras derivadas a partir de la original (traducciones, remixes, versiones, críticas…).
-la copia para su preservación digital”.
De entre las recomendaciones que establece el Observatorio de la lectura y el libro del Ministerio de educación, cultura y deporte (2016) indicamos las siguientes: implantación del Tratado de Marrakesh para accesibilidad digital en el ámbito de las personas con discapacidad; fomentar la interoperabilidad y estimular los servicios transfronterizos en el ámbito digital; ajuste tributario del IVA en el caso de libros electrónicos, y armonización de publicaciones en formato electrónico. Ello mismo lo ha puesto de manifiesto la Asociación de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras (CEDRO) (2016).
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha abordado el problema de las entidades de gestión en el ámbito digital, con algunas lagunas en cuanto a las soluciones aportadas (Calvo, 2015).
d) La lucha contra la piratería a través del libro electrónico. Distintos autores de la doctrina científica (Cabutí, 2016; Carbajo, 2016; Gómez, 2016; Plaza, 2016a) han aportado su postura respecto a la lucha contra la piratería. Indudablemente la posibilidad de la lectura digital con descarga autorizada por parte de las bibliotecas ayuda a eliminar la mala praxis de las descargas no autorizadas por internet, y así evitar infracción de los derechos de autor. Mención especial merece la cita para la enseñanza y la investigación regulada por el art. 32 del TRLPI, modificado en la última reforma por Ley 21/2014 (Véase, Ramón, 2013).
e) Las licencias Creative Commons y Copyleft. Ambas licencias pueden ser utilizadas en el denominado acceso abierto, con la diferencia de la versatilidad o adaptación y maleabilidad de la primera, que puedes adaptar y la segunda en la que el autor decide de forma libre poner su obra a disposición del público (Carbajo, 2010 y 2011).
f) La biblioteca como editora de contenidos digitales. Un aspecto interesante a destacar es el indicado por Alonso y Vázquez (2015) respecto a la posibilidad de una plataforma de libros electrónicos para su posterior venta. Esta opción que está implantada en algunas bibliotecas de América, permitiría que el público interesado pudiera adquirir contenidos digitales. Para ello, serían precisos los acuerdos pertinentes con las editoriales y el software necesario (Alonso y Vázquez, 2015).
g) El acceso abierto (Open Access). La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE núm. 131, de 2 de junio de 2011) establece la difusión en acceso abierto, en su art. 37, y la versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios institucionales de acceso abierto.
Ello se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación en los casos en los que los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección.
Como señala Casal(2013), es preciso que el investigador conozca aspectos relativos a la propiedad intelectual, así como el uso de las licencias para publicación, distribución, uso y reutilización, y cita las Recomendaciones de la European University Association, 2008, en su punto 4. De ahí también la importancia de la labor de los bibliotecarios en el asesoramiento sobre estas cuestiones.
Se han puesto de manifiesto las ventajas de la lectura digital, 3Ciencias (2016) tales como la superación del espacio físico (copia de seguridad para una mayor conservación); precio más ajustado; comodidad para la lectura (luz, diccionario de referencias); rapidez (no agotamiento de los ejemplares); mayor accesibilidad (adaptación para deficientes visuales, al poderse aumentar el tamaño de la tipografía); lectura en la nube (mayor portabilidad en distintos dispositivos); posibilidad de personalización de la lectura (anotaciones, subrayado); intercambio de opiniones, a través de foros y plataformas especializadas).
La necesidad de un marco jurídico para facilitar la digitalización es preciso, y sería deseable que se completara la legislación existente en dicho sentido (sobre la previa modificación del TRLPI, se puede consultar, Gay, 2006). La digitalización de las obras huérfanas (las que están protegidas por derechos de autor o afines, pero no se conocen los titulares o bien no han sido localizados) con la última norma promulgada (Real Decreto 224/2016) posibilita el desarrollo de la denominada Agenda Digital para Europa, ya establecida en la Estrategia Europa 2020, de 3 de marzo de 2010, y la Declaración Ministerial de Granada, de 2010.
Los problemas jurídicos planteados por parte de los prestadores de servicios, como es el caso de las bibliotecas, tienen que ser solucionados con la adopción de medidas ecuánimes que faciliten la consulta de los documentos digitalizados, a través de la biblioteca digital (libros electrónicos, revistas electrónicas, bases de datos, repositorios institucionales…), sin menoscabo de los documentos analógicos.
Proyecto I+D Excelencia MINECO DER2015-65810-P (2016-2018). El avance del Gobierno Abierto. Régimen jurídico constitucional de la implantación de políticas de datos abiertos, colaboración y participación especialmente a través de las TIC y del gobierno electrónico. Investigador Principal el Dr. D. Lorenzo Cotino Hueso, Catedrático acreditado de Derecho constitucional, Universitat de València-Estudi General, del Proyecto MINECO (DER2013-4256R), siendo los Investigadores Principales la Dra. Dª. Luz María Martínez Velencoso, Profesora Titular de Derecho civil, Universitat de València-Estudi General, y el Dr. D. Javier Plaza Penadés, Catedrático de Derecho civil, Universitat de València-Estudi General, y del Microcluster “Estudios de Derecho y empresa sobre TICs (Law and business studies on ICT)”, dentro del VLC/Campus, Campus de Excelencia Internacional (International Campus of Excellence), coordinado por el Dr. D. Javier Plaza Penadés, Catedrático de Derecho civil, Universitat de València-Estudi General, y Proyecto “Derecho civil valenciano y europeo” del Programa Prometeo para Grupos de Investigación de Excelencia de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, GVPROMETEOII2015-014.
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