Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-246-16.htm
Timestamp: 2017-10-22 04:37:27+00:00

Document:
Sentencia T-246/16
PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES/INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Alcance
Para esta Corte resulta importante reafirmar la regla según la cual, lo idóneo es que los hijos permanezcan al lado de sus padres, que constituyan una familia y que éstos no sean separados de ella. No obstante, dicha regla tiene una salvedad en tratándose del interés superior prevalente de los niños.
DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA-Derechos y obligaciones para con los hijos
MENORES EN ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS-Caso en el que es procedente negar que menor de edad sea trasladada de forma permanente a la cárcel donde se encuentra progenitora
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Permanencia de menores hijos de las internas hasta determinada edad
VISITA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Registro de seguridad realizado a los menores para el ingreso a un establecimiento carcelario a efecto de visitar a sus familiares
Un proceso de revisión como el que se realiza al momento de ingresar a un establecimiento carcelario no puede poner en riesgo los derechos de los niños pues éstos son acreedores de un mayor y acentuado amparo y, por lo mismo, no pueden ser sometidos a tratos similares a los que se da a los adultos en estos casos. Por el contrario, el procedimiento de seguridad exigido para un niño no debe, de manera alguna, imponer un tratamiento o una exigencia superior a la que se les demanda a los adultos sino que, por el contrario, debe procurar por dársele a los niños un trato acorde al Estado de indefensión en el que se encuentran, evitando el uso de lenguaje tosco, de gritos o cualquier otro componente que, maximice el impacto, de por sí ya causado con su ingreso a un ambiente tan fuerte como lo impone los establecimientos carcelarios del país.
DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Improcedencia para ordenar traslado de menor de manera permanente a establecimiento carcelario junto con su madre
Un establecimiento penitenciario no puede considerarse el lugar más adecuado para garantizar su desarrollo y crecimiento, máxime si se tiene en cuenta que la menor ha sufrido de algunos problemas de salud.
VISITA DE MENORES EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Orden a establecimiento carcelario realizar los controles de ingreso a menor sin que los mismos resulten excesivos o traumáticos
Referencia: expediente T-5.322.985
Demandante: Magaly Cortés Bolaños a nombre propio y en representación de su hija Ana Lucía Cortés Bolaños
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciséis (2016)
En la revisión del fallo proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín que, a su vez, confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Primero Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la misma ciudad, en el trámite de la acción de tutela promovida por la señora Magaly Cortés Bolaños, a nombre propio y en representación de su hija, Ana Lucía Cortés Bolaños, en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Complejo Penitenciario y Carcelario de Medellín “El Pedregal” e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Centro Zonal Integral Número 1 Nororiental.
Magaly Cortés Bolaños, a nombre propio y en representación de su hija, Ana Lucía Cortés Bolaños, interpuso la presente acción de tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC), el Complejo Penitenciario y Carcelario de Medellín “El Pedregal” (en adelante COPED) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Centro Zonal Integral Número 1 Nororiental (en adelante ICBF), con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales y los de su hija, a la dignidad humana, a la intimidad familiar, a la igualdad, a no ser sometidas a un trato cruel e inhumano, a tener una familia y no ser separada de ella, a ser protegidos contra toda clase de abandono y, por último, al cuidado y el amor, los cuales considera vulnerados puesto que se encuentra recluida en el aludido establecimiento y le han impedido trasladar, de manera permanente, a la guardería de dicho lugar a su hija, para que conviva con ella hasta el cumplimiento de los 3 años de edad, como lo permite la Ley 65 de 1993.
2.2. Al momento de ser apresada, vivía con su hija Ana Lucía Cortés Bolaños, quien, para ese entonces, tenía 3 meses de edad por lo que, debido a su captura, fueron separadas.
La demandante solicita el amparo de sus derechos fundamentales y los de su hija Ana Lucía Cortés Bolaños, a la dignidad humana, a la intimidad familiar, a la igualdad, a no ser sometidas a un trato cruel e inhumano, a tener una familia y no ser separada de ella, a ser protegida contra toda clase de abandono y, por último, al cuidado y el amor, y, como consecuencia de ello, se ordene a las entidades demandadas trasladar a su pequeña, de manera permanente, y hasta cumplir los 3 años, al COPED.
- Copia del Certificado de Nacido Vivo de la menor (folio 1, cuaderno 2).
- Copia de la respuesta que dio la Defensora de Familia del Centro Zonal Nororiental, Regional Antioquia, a una petición presentada por la demandante (Folio 3 al 5, cuaderno 2).
- También hacen parte del proceso las pruebas que se recaudaron por esta Corporación en sede de revisión, relacionadas con el aspecto conductual, comportamental y sicológico de la demandante y a las cuales se hará mención detallada más adelante.
5.1. Complejo Penitenciario y Carcelario “El Pedregal”
Entrando en el meollo del asunto expuesto por la actora, informó al despacho judicial de instancia que, una vez revisados sus archivos y, en especial, la hoja de vida de la interna se evidenció que ya había interpuesto otra acción de tutela, a su juicio, por los mismos hechos, la cual fue estudiada y fallada por el Juzgado Veintidós Administrativo Oral del Circuito de Medellín, radicada con el No. 2015-000969, procedimiento que culminó con una sentencia favorable a las pretensiones de la señora Cortés, como quiera que ordenó tutelar sus derechos fundamentales y los de su hija y, en consecuencia, ordenó al ICBF, en coordinación con el COPED, garantizar efectivamente la realización de las visitas periódicas de la menor al lugar en que se encuentra recluida la progenitora.
Agregó que, según información dada por la trabajadora social del establecimiento, la interna, “dejo (sic) a su hija pequeña a cargo de otra persona y cuando la niña se enfermo (sic) fue necesario que la atendieran en salud, al no poder sustentar la tenencia de la menor, la pequeña terminó a cargo del ICBF”[1].
Así mismo, refirió que el 19 de febrero[2], solicitaron nuevamente al ICBF un acercamiento de la menor con su madre, ante lo cual la defensora de familia manifestó que no es conveniente, situación que se escapa de la órbita de sus competencias, habida cuenta que el desplazamiento de la menor y las decisiones sobre la misma se encuentran en cabeza, como se dijo, de dicha institución y del defensor de familia.
Finalmente, indicó que en relación con la solicitud de que la pequeña haga parte del programa de Atención a Niños y Niñas hasta los 3 años de edad, la administración del penal ha establecido una serie de políticas que están plasmadas en el procedimiento PT 51-021-03 y en la circular No. 000007 del 13 de febrero de 2014, las cuales determinan la aplicación del citado procedimiento en articulación de la estrategia de atención integral a la primera infancia “De cero a siempre”, por lo que, en vista de lo anterior, la dirección del COPED no consideró viable el traslado pretendido como quiera que la actora no cumple con los requisitos que establece tal lineamiento, a saber:
· Presentar compromiso firmado por la interna asumiendo las responsabilidades, derechos y deberes, participación en los programas propuestos por el Área de Atención y Tratamiento según recomendación del equipo interdisciplinario, con el motivo del ingreso de su hijo(a) al Programa.
· Presentar fotocopia del Registro Civil o Certificado de nacido Vivo del niño o niña que ingresará al programa, a fin de constatar el parentesco real con la interna que presenta la solicitud.
· Presentar carnet (sic) de vacunas y crecimiento y desarrollo del niño o niña.
· Presentar carnet (sic) y/o afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
· Mantener adecuadas normas de convivencia. No presenta adecuadas normas de convivencia en el patio con sus compañeras.
· Contar con calificación de conducta en grado de: buena o ejemplar (manteniendo esta calificación de forma permanente) En este caso la accionante no presento (sic) buen comportamiento en su estado de gestación y después de el. (sic).
· Contar con red familiar o social para el reintegro del niño o niña una vez cumpla los tres (3) años de edad.
· Tener por lo menos un (1) acudiente para que asista al niño o niña en salidas de: atención médica, por solicitud de la interna (estas deben únicamente (sic) eventuales), recreación, integración familiar, y vacaciones. No cuenta con un familiar o acudiente para que la asiste (sic) en caso de presentarse alguna actividad de alas (sic) anteriores mencionadas.”[3]
5.2. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC
El INPEC, aunque fue notificado de la admisión del recurso constitucional mediante oficio del 26 de agosto de 2015[4], guardó silencio a los requerimientos contenidos en el escrito de demanda.
Teniendo en cuenta lo anterior, reiteró la prevalencia de los derechos de los niños frente los demás pero consideró que, a pesar de ellos, no se pueden desconocer en el caso la existencia de una situación que puede poner en riesgo la salud física y mental de la menor, pues si bien es cierto que se debe procurar porque los pequeños crezcan acompañados de su familia, en especial de la madre, lo cierto es que un establecimiento penitenciario no puede considerarse el lugar más adecuado para garantizar su desarrollo y crecimiento, máxime si se tiene en cuenta que Ana Lucía ha sufrido de algunos problemas de salud.
En el análisis del caso concreto el operador judicial argumenta que es claro que los derechos de los niños prevalecen sobre las garantías de los demás. Sin embargo, advierte que no se pueden desconocer situaciones que pongan en riesgo la salud física y mental de los pequeños, como ocurre en el presente asunto pues la menor padece unos problemas de salud que se podrían acentuar si permanece residiendo en el establecimiento carcelario. Lo anterior, a pesar de que se deba procurar porque los pequeños permanezcan y se desarrollen en compañía de su familia, principalmente, de su madre.
Adicionalmente, dentro de la audiencia de fallo y práctica de pruebas[5], la actora manifestó, inicialmente, que no reconocía a la menor Ana Lucía, de quien ni siquiera había elegido el nombre que se le asignó[6], a lo que se suma el hecho de que la dejó al cuidado de distintas personas, lo que impone una actividad riesgosa para la pequeña, por lo que, a su parecer, si no cumplió con el deber de brindar a la niña el debido cuidado cuando estaba en libertad, mucho menos lo hará ahora en el centro de reclusión.
Agregó que Ana Lucía por las afecciones respiratorias que afronta requiere de tratamientos tendientes a fortalecer su sistema inmunológico que no pueden ser suministrados en el penal, lo que hace que sean necesarios los cuidados actuales que le son suministrados por el ICBF.
En ese sentido, para el ad quem, la madre ha incurrido en la violación de los derechos fundamentales de la menor desde el principio y, por tanto, no es viable acceder a lo pretendido. No obstante, refirió que, en caso de que la actora, en el futuro, logre satisfacer los requisitos previstos en el procedimiento PT-51021-03 y la circular 000007 del 13 de febrero de 2014, podrá acogerse y beneficiarse del programa que el COPED tiene para los niños hasta los 3 años.
Al efecto, tienen que concurrir tres elementos: (i) una identidad en el objeto, es decir, que “las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental”[7]; (ii) una identidad de causa petendi, que hace referencia a “que el ejercicio de las acciones se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa”[8]; y, (iii) una identidad de partes, o sea que las acciones de tutela se hayan dirigido contra el mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por el mismo demandante, ya sea en su condición de persona natural o persona jurídica, de manera directa o por medio de apoderado[9].
En caso de que el juez, en el análisis de la existencia de la temeridad, observe la concurrencia de los tres elementos indicados, tendrá igualmente la obligación de descartar que para la interposición de la segunda acción de tutela concurra una razón válida que justifique su interposición para que sea posible el rechazo de ésta, o la denegación de la solicitud que ella contenga.
Lo anterior, por cuanto el estudio de la existencia de la temeridad tiene que partir de la premisa de la buena fe de los particulares en sus actuaciones ante la administración de justicia, esto quiere decir que se debe hacer un examen minucioso sobre la procedencia de esta institución jurídica, para así evitar cualquier otra vulneración de derechos.[10]
En efecto, este alto tribunal ha señalado que pueden existir eventos en los cuales, si bien concurren los tres elementos que configuran la temeridad, esta no se configura, como cuando (i) el juez vislumbra la presencia de nuevos elementos fácticos o jurídicos; (ii) o al resolver la primera acción no se pronunció con respecto a la verdadera pretensión del accionante y se observe que la violación de los derechos del accionante se mantiene. En estos casos, el juez deberá entrar a decidir de fondo el problema planteado.[11]
Lo anterior, por cuanto son los padres de Ana Lucía Cortés Bolaños y no la han podido ver desde abril de 2014 a pesar de haber presentado diversas solicitudes, en consecuencia, solicitaron que se les permitiera visitar a la menor habida cuenta que no obstante estar privados de la libertad no han perdido su derecho como padres.
“PRIMERO.- Por Secretaría General, ofíciese a la ciudadana Magaly Cortés Bolaños, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente Auto, se sirva informar a esta Sala:
Para efectos de su pronunciamiento, allegar las pruebas documentales que considere pertinentes.”[12]
“SEGUNDO. Por Secretaría General, ofíciese al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Centro Zonal Integral Número 1 Nororiental para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente Auto, remita, por intermedio del Instituto Nacional de Medicina Legal, por un médico adscrito a su red de profesionales o por un galeno adscrito a la EPS a la que se encuentra afiliada la menor Ana Lucía Cortés Bolaños, un concepto detallado respecto de sus condiciones actuales de salud.
Del mismo modo, informe si dentro del ICBF se adelantó algún procedimiento interno en el que hayan arribado a la conclusión de que la señora Magaly Cortés Bolaños abandonó a su hija, Ana Lucía Cortés Bolaños, y, en caso afirmativo, rinda un informe pormenorizado de este y si la progenitora fue vinculada, en su oportunidad, efectos de ejercer su derecho a la defensa.
Por último, ponga en conocimiento de este despacho judicial si ha realizado algún proceso de investigación tendiente a establecer la red familiar de la señora Magaly Cortés Bolaños y si ha mantenido contacto con ellos.”[13]
“TERCERO. Por Secretaría General, ofíciese al Complejo Penitenciario y Carcelario “El Pedregal” a efectos de que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente Auto, informe las condiciones físicas de la guardería o de los espacios físicos que tiene a disposición de los menores de 3 años residentes en el lugar.
Allegue las pruebas documentales que considere pertinentes.”[14]
“CUARTO. Por Secretaría General, ofíciese a la Trabajadora Social del Complejo Penitenciario y Carcelario “El Pedregal” a efectos de que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de este Auto, rinda un informe acerca del comportamiento que tiene la señora Magaly Cortés Bolaños durante las visitas supervisadas que ha mantenido con su hija, así como también, el presentado por la menor.”[15]
“QUINTO. Por Secretaría General, ofíciese a la oficina Jurídica del Complejo Penitenciario y Carcelario “El Pedregal” a efectos de que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente Auto, allegue un informe en que indique la situación judicial actual de la demandante.”[16]
“PRIMERO.- ORDENAR que por conducto de la Secretaría General de esta Corporación se ponga en conocimiento del Defensor de Familia de la Regional Antioquia, Centro Zonal Nororiental, el contenido de la demanda de tutela que obra en el expediente T-5.322.985, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente auto, se pronuncie respecto de los hechos y las pretensiones que en ella se plantean o, en todo caso, actúe en los términos previstos en el numeral 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.”[17]
En el informe del proceso administrativo de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes de Ana Lucía Cortés Bolaños[18], elaborado el 28 de marzo de la presente anualidad, firmado por el Defensor de Familia de la Regional Antioquia, Zonal Nororiental, en compañía con la trabajadora social y la psicóloga reconocieron que la niña nació el 11 de enero de 2014, en la ciudad de Manizales, hija de la aquí accionante y del señor Wilson López.
Del mismo modo, refirieron que durante el procedimiento administrativo que se adelanta en favor de Ana Lucía se ha logrado identificar la amenaza y vulneración de otros derechos, así:
Adicionalmente, la nutricionista que valoró a la menor concluyó que tenía, de cara a los parámetros de la OMS, una “desnutrición aguda severa, desnutrición global, (…) y delgadez según índice de masa corporal.” y, para el momento del chequeo, no se contó con alguna persona que pudiera dar información acerca del tipo alimentario y nutricional de la niña, por lo que, ante su estado de salud, le prescribió un tratamiento con supervisión constante para alcanzar el peso adecuado y solicitó que se gestionara, cuanto antes, el registro de nacimiento a efectos de ingresarla al programa de crecimiento y desarrollo.
El 27 de agosto de 2014, la defensora de familia practicó visita al COPED en la que le realizó la recepción de la declaración y la notificó del auto de apertura del proceso de restablecimiento de derechos en favor de su hija Ana Lucía, oportunidad en la que el equipo psicosocial de la Defensoría le realizó una entrevista a la reclusa.
“Yefry Cortés Bolaños, de once años de edad y William Steven Hernández Cortés, con nueve años, están bajo el cuidado de William Hernández y Marina, abuela paterna, desde hace cuatro años, según la entrevistada, el señor trabaja en una marquetería en el sector de Paso Ancho en Cali. El niño Erik Alexander Hurtado Cortés, de cinco años de edad, permanece con Alexander Hurtado, su padre quien trabaja en “Junchis” (fábrica de alimentos) radicados en el barrio La Granja en la ciudad de Cali. Justin Alejandro Ibargüen Cortés, de dos años y medio de edad esta (sic) al cuidado de su padre, José Alejandro Ibargüen Gómez, vendedor ambulante de CD en la ciudad de Medellín, pero la madre afirma que se radica en la ciudad de Cali, no aporta dirección ni teléfono. Ana Lucía Cortés Bolaños, presunto padre: Wilson López Díaz, privado de la libertad en la cárcel de Pedregal en Medellín, desde hace un año, al parecer por resultar involucrado en una riña.”
Del mismo modo, se pone de presente el informe realizado el 10 de septiembre por una trabajadora social en la que dan cuenta que “La niña ha sido víctima de trato negligente desde sus primeros días de vida, esta situación ha afectado su salud, crecimiento y desarrollo, poniendo incluso, en peligro su vida (…). La madre (…) actuó en forma negligente, al no garantizar los cuidados adecuados para su hija a través de personas responsables y proveer los recursos suficientes y oportunos para satisfacer las necesidades básicas de la niña” y, continua señalando que “La madre de Ana Lucía evidencia la escasa capacidad para medir las consecuencias de sus actos y establecer autocontrol, modificar los patrones de comportamiento a favor de garantizar a sus hijos los cuidados y la protección que correspondería con su rol materno, ha demostrado su incapacidad para priorizar los intereses de sus hijos, su salud y bienestar, por encima de su consumo y hábitos socialmente sancionados (…)”.
Ahora, respecto a la red vincular de apoyo que presentó la madre de Ana Lucía con miras a un reintegro a un medio familiar extenso o social, la misma trabajadora social conceptuó de la siguiente manera:
“La madre ha propuesto como red social de apoyo a una persona prácticamente desconocida por ella, pues ha sido solo el contacto en la institución carcelaria con la señora Adriana Herlinda Pulgarin, en su función de voluntariado religioso, sin mediar conocimiento de sus condiciones de vida o características del grupo familiar (…) repitiendo nuevamente el error de abandonar a la niña en manos de personas desconocidas. Por todo lo anterior se considera que contemplar el reintegro de Ana Lucía a familia extensa o red social de apoyo, la expondría a tratos negligentes, abandono y condiciones de vida altamente vulnerables.”
Y, continúa el informe de esta profesional señalando, respecto de la madre de Ana Lucía, lo siguiente: “La madre biológica de Ana Lucía es producto de un contexto familiar: Proviene de una familia inestable y abandonante (…) cuando Magali entra en la etapa de la adolescencia se comienza a desencadenar una serie de conflictos a nivel comportamental, hasta el momento la señora no ha hecho transformaciones para bien de su vida, con un estilo de vida social al margen de la ley, donde prioriza otros factores, poniendo en riesgo su vida y la de sus hijos. Magali ha adquirido conductas de riesgo a temprana edad viviendo al margen de un sistema normativo y de adquisición de conductas delictivas, esta condición la ha llevado a sostener un estilo de vida que limita la posibilidad de adquirir y sostener relaciones significativas y emocionalmente estables, además de contribuir a su reducida capacidad de reflexión. La progenitora de la niña hace una negación de los efectos que a nivel físico, social, cognitivo y emocional causan sus decisiones y su comportamiento, está lejos de ser consciente de la magnitud del deterioro que su estilo de vida le ha causado. En su sistema de creencias no ha considerado el reconocimiento de construir amistades significativas, trabajar en un proyecto de vida y adquirir condiciones para permanecer al lado de su hija y garantizar bienestar y protección; su actitud abandonante, incidir en conductas delictivas lo cual da cuenta de su ingreso a la cárcel a temprana edad, da cuenta de una desesperanza en ausencia del reconocimiento a través del discurso, su capacidad de prever que su comportamiento, su actitud, su historia de vida y sus elecciones que no desea abandonar, la alejan del ejercicio del rol protector que exige el ejercicio de la maternidad; sabe las consecuencias derivadas de sus decisiones pero se niega a reconocerlo por la ausencia de reflexividad y en su efecto, responsabiliza al otro de su situación.”
Por todo lo anterior, consideró la psicóloga que “(…) la madre en la actualidad no cuenta con las condiciones mínimas de cuidado y protección, ya que presenta alta vulneración social que le imposibilita asumir y comprometerse con el cuidado, estimulación y el sano desarrollo de la niña; en su medio familiar la niña no tendría la mínima oportunidad de experimentar la garantía de sus derechos básicos y salvaguardar las condiciones físicas y cognitivas dentro de un marco de estabilidad.”
Con fundamento en la anterior información, conocieron a la señora Luz Marina Manquillo, abuela paterna de los dos hijos mayores de la demandante, quien se sorprendió con la noticia de la existencia de una nueva hija de la actora, al igual que los dos hermanos de Ana Lucía quienes se muestran emocionados al saber que tienen una hermana.
Del mismo modo allegaron copia del acta de notificación a la demandante del proceso de restablecimiento de derechos a favor de Ana Lucía, con fecha 27 de agosto de 2014 y, también, aportaron copia de la declaración juramentada que esta rindió a la defensora de familia, en la misma fecha.
“Niña de 2 años de edad con desarrollo neurosensorial acorde a su edad, manipula objetos pequeños, escribe líneas, se relaciona visualmente con el examinador y la cuidadora de la institución, talla y peso adecuados para la edad, buen estado nutricional. La institución anexara (sic) la historia clínica en donde figuran los controles y las citas médicas, y nutrición y evaluación por el pediatra. Como las notas referidas verbalmente a la pediatra. La niña es apta para traslado de considerarlo la autoridad, es de anotar que no tiene deficiencias, y que no tiene signos de trauma físico.”
Agrega que Ana Lucía se torna temerosa cuando se encuentra en espacios desconocidos y, por ello, requiere del acompañamiento de una persona que ella reconozca como figura de protección.
Sin embargo, Ana Lucía obtuvo un puntaje de 75 en la escala de desarrollo evolutivo que la ubica en un desempeño medio. Por tanto, para la trabajadora social, es necesario brindarle un entorno rico de conocimiento y experiencias de nuevos aprendizajes con una persona experta en el área educativa para que inicie el aprestamiento por competencias, por lo que se postuló su traslado al grupo de párvulos.
Frente al contacto de la niña con su madre dentro del establecimiento señalaron que, aunque con el pasar de los minutos Ana Lucía va permitiendo la familiaridad con ella, aún no ha logrado establecer un vínculo afectivo fuerte con su progenitora, de ahí que no se muestra angustiada en el momento que se termina la visita y al igual que lo hace con otras personas, entra en interacción con facilidad, lo cual permite a que la jornada transcurra con tranquilidad, mediante juego y risa.
Con relación a la calificación de la conducta de la interna se le ha dado por dos periodos trimestrales el grado regular en razón a la sanción referida de conformidad con el acuerdo 011 de 1995 que, en su artículo 77, señala que “no podrá calificarse como ejemplar la conducta de quien haya sido sancionado disciplinariamente dentro de los seis (6) meses anteriores; como buena, la conducta de quien haya sido sancionado en el mismo periodo por falta grave o más de una falta leve (…)”. No obstante, en la actualidad, la demandante cuenta nuevamente con calificación ejemplar debido a que con el pasar del tiempo no la han vuelto a sancionar y ha cumplido con lo estipulado para el grado de conducta ejemplar.
Por último, remitieron el informe que profirió la trabajadora social del COPED respecto de las visitas sostenidas por la demandante con Ana Lucía, en el que la referida profesional pone de presente que la menor ingresa acompañada de una trabajadora social del hogar en el que se encuentra la niña y que se muestra emocionada y emotiva con su madre y la interna se muestra amorosa y afectuosa con su hija, ambas comparten ese tiempo con el fin de fortalecer, en la medida de lo posible, sus vínculos familiares y afectivos.
En consonancia con la norma Superior, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991[19], establece lo siguiente:
En esta oportunidad, la acción de tutela fue presentada por la señora Magaly Cortés Bolaños, a nombre propio y en representación de su hija, menor de edad, Ana Lucía Cortés Bolaños, razón por la que se encuentra legitimada para actuar en esta causa.
Corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si existió, por parte de las entidades demandadas, violación a los derechos fundamentales alegados por la demandante, al negarle el traslado permanente de su hija a las instalaciones del COPED, en donde se encuentra cumpliendo una pena privativa de la libertad. Lo anterior, a pesar de la existencia de un marco legal que así lo permite a efectos de garantizar los derechos de los niños.
4. El interés superior prevalente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el componente de prerrogativas básicas que les asiste a los menores
En ese sentido, para que un juez pueda determinar la necesidad de satisfacer el interés superior del niño, por vía jurisprudencial se han señalado una serie de estándares fácticos y jurídicos que permiten estudiar, por un lado, las circunstancias específicas del caso y, por el otro, los parámetros y criterios establecidos por el ordenamiento jurídico en procura del bienestar de los menores[20], lo cual le da un amplio margen de discrecionalidad al momento de fallar y, por ende, las órdenes proferidas deben procurar por adoptar una medida que se acompase, como se indicó, con el interés superior del niño.
(vi) Necesidades de razones poderosas que justifiquen la intervención del Estado en las relaciones paterno/materno –filiales. En ese sentido, no se puede justificar la separación de un menor salvo que existan unas situaciones hagan temer por el bienestar y desarrollo del menor.
5. Los deberes legales de los padres respecto de los hijos
En efecto, en la sentencia T-339 de 1994[21] se indicó por esta Corte:
“(…) la maternidad no es un mero asunto biológico, sino, ante todo, una actitud afectiva y espiritual que implica un status tendiente a la protección y promoción del menor, fundada en el amor. Así como hay quienes sin ser los padres biológicos llegan a adquirir el status de padres por la adopción, igualmente hay quienes, pese a tener el vínculo sanguíneo con el menor, en estricto sentido, no son padres, porque sus actos desnaturalizados impiden que se configure en ellos tal calidad.”
6. Los menores en establecimientos carcelarios
Del mismo modo, más adelante, en su artículo 9, prevé “1. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y deben adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.”.
Y continúa el numeral 4 indicando lo que ocurre cuando uno de los padres del menor es recluido en un establecimiento. En efecto, el aludido aparte refiere lo siguiente: “Cuando esta separación sea el resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o al muerte (Incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o los familiares ausentes, a no ser que ello resulte perjudicial para el bienestar del niño.
Los Estados se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entraña por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.”
Por otro lado, esta problemática fue tratada por Naciones Unidas en el Día de Debate General celebrado en el año 2011 en el Comité de Derechos de la Niñez[22], lo que denominó “Niños y niñas de padres presos”, oportunidad en la que se estudió, por un lado, el tema de los menores que quedan afuera del establecimiento penitenciario cuando su padre fue apresado y, por el otro, los que conviven con su progenitor en prisión o lo visitan en el establecimiento.
También se expresó preocupación respecto a los asuntos y políticas que a menudo socavan la seguridad y los derechos del niño. Aclarando, que las prerrogativas de éstos deben ser consideradas como un factor relevante en la determinación de la política de seguridad en relación con padres encarcelados, incluso con la proporcionalidad de las medidas en las áreas que afectaría la interacción con los niños afectados.
Ahora, en cuanto a nuestra reglamentación interna, el asunto ha sido abordado por los siguientes apartes legales: Ley 65 de 1993, Ley 1709 de 2014, Decreto 2553 de 2014 y Resolución No. 2570 de 2010, entre otras.
En tratándose de la Ley 65 de 1993[23], por medio de la cual se reguló inicialmente el asunto de la permanencia de los niños hasta los 3 años en compañía de sus progenitores, se indicó en su artículo 153:
El servicio social penitenciario y carcelario prestará atención especial a los menores que se encuentren en los centros de reclusión. Las reclusiones de mujeres tendrán guardería.” (Subrayas y negrillas propias).
Dicho mandato fue modificado por la Ley 1709 de 2014[24], la cual, en su artículo 88, textualmente señaló:
“ARTÍCULO 88. Modifícase el artículo 153 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:
PARÁGRAFO 1o. En los eventos en los que se determine que un niño o niño no puede permanecer en el establecimiento carcelario, o cuando este sea mayor de tres (3) años, el juez competente podrá conceder la custodia del niño o niña al padre o familiar que acredite vínculo de consanguinidad.
PARÁGRAFO 2o. En los eventos en los que por razones de protección del interés superior del niño o niña no se le conceda la custodia al padre o familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar será quien la asuma.”
En lo que respecta al Decreto 2553 de 2014[25], en su artículo 3º, se consagró lo siguiente: “Convivencia de internas con niños y niñas menores de tres (3) años en establecimientos de reclusión. Los niños y niñas menores de tres (3) años, hijos de internas procesadas, sindicadas o condenadas, podrán permanecer con su madre en el establecimiento de reclusión si ésta así lo solicita, salvo que la autoridad administrativa correspondiente o un juez de la República ordenen lo contrario.” (Subrayas propias).
Del mismo modo, dentro de su contenido se emiten mandatos encaminados a brindar asesoría integral al INPEC por medio de la formación de los funcionarios que manejan los establecimientos carcelario y se ordenó realizar el diseño de una historia socio familiar de la mujer privada de la libertad de modo tal que permita caracterizar su perfil físico, social y sicológico con miras a organizar la convivencia y garantizarle a ella y su hijo su atención y seguridad en el establecimiento carcelario (art. 4).
En ese sentido, también se dictaron medidas tendientes a garantizar el acceso a la educación inicial a los niños que conviven con sus madres privadas de la libertad (art. 5).
Además, que le corresponde al ICBF ofrecer servicios para la atención integral de los niños que habitan en las cárceles en el marco de la estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia “De cero a siempre”, así como también la formación para el ejercicio de la maternidad de las mujeres gestantes que se encuentran en reclusión (art. 6).
La custodia del niño menor de 3 años que convive con su madre interna en el establecimiento de reclusión le corresponde a ésta según lo establece el artículo 23 de la Ley 1098 de 2006[26]. Sin embargo, en aquellos casos en los que la madre interna muestra negligencia en el cuidado del niño o que ha incurrido en alguna conducta que influya de manera negativa en su integridad o que lo haya maltratado o converja cualquier circunstancia que atente contra el interés superior del niño, podrá la defensoría de familia iniciar el proceso de restablecimiento de derechos a efecto de determinar la permanencia o no del niño junto con su madre en el lugar de reclusión.
Por otro lado, se tienen las directrices previstas en la Resolución No. 2570 de 2010[27], por medio de la cual se establecieron políticas encaminadas a garantizar la alimentación adecuada para los niños que residen en establecimientos carcelarios en compañía de sus madres, y se fijaron rutas dirigidas a garantizar la atención para los pequeños que se encuentran en cárceles del orden nacional con la finalidad de asegurar su protección integral.
En ese sentido, puede tenerse en cuenta que la Corte Constitucional, mediante providencia C-157 de 2002[28], estudió una demanda presentada contra el artículo 153 de la Ley 65 de 1993 y procedió a declarar la constitucionalidad de la norma, sujetando la exequibilidad del inciso primero a un condicionamiento.
Así pues, como la Constitución del 91 no resolvió el asunto de manera concreta, sino que dejó un margen de discrecionalidad al legislador, éste decidió resolverlo, en su momento, de conformidad con las previsiones que consagró en el artículo 153 de la Ley 65 de 1993.
7. El registro de seguridad realizado a los menores para el ingreso a un establecimiento carcelario a efecto de visitar a sus familiares
- El sometimiento a las condiciones de seguridad establecidas por la dirección del penal[29].
También existe un componente de visitantes especiales, los niños, a quienes el anterior procedimiento se les debe hacer de una manera menos invasiva y rigurosa, pues éstos son sujetos que no pueden tener la misma capacidad de análisis y comprensión que los adultos desarrollan frente a una experiencia de esta naturaleza, luego pueden sentirse agredidos en su integridad y dignidad con la imposición de protocolos exigentes.
Un proceso de revisión como el que se realiza al momento de ingresar a un establecimiento carcelario no puede poner en riesgo los derechos de los niños pues éstos son acreedores de un mayor y acentuado amparo y, por lo mismo, no pueden ser sometidos a tratos similares a los que se da a los adultos en estos casos.
No puede esta Corte desconocer, como indicó desde la Sentencia T-1030 de 2003[30], que “La presencia de los niños en nada compromete la seguridad del penal, todo lo contrario, de conformidad con las mismas pruebas aportadas por el INPEC, está demostrado, por diversos estudios psicológicos, que el contacto frecuente de los internos con sus familiares, y en especial con los hijos, constituye un enorme aliciente, baja los niveles de ansiedad y disminuye los riesgos de suicidio y de agresiones entre internos (…)”. (Subrayas propias).
Como soporte de su solicitud expone el fundamento legal que le asiste y la necesidad de obtener protección a sus derechos a la dignidad humana, a la igualdad, a no ser sometida a tratos crueles e inhumanos lo que, a su parecer, se prevendría si convive en la cárcel junto con su hija Ana Lucía de quien tuvo que desprenderse cuando tenía 3 meses de nacida. Medida que, a su vez, garantizaría los derechos de la niña a tener una familia y a no ser separada de ella, a ser protegidas contra toda clase de abandono y al cuidado y el amor, máxime si se tiene presente que no cuenta con una red de apoyo familiar en disposición de cuidarla.
Sin duda alguna a la demandante le ha sido negado el traslado permanente de la niña al establecimiento carcelario por parte de las autoridades administrativas encargadas de autorizarlo. Sin embargo, la motivación de esa decisión no se centró de manera exclusiva en el cuadro de salud de la pequeña, sino que se soportó en otros criterios y factores que permiten entrever que la convivencia permanente con la madre no resulta ser lo que mejor se ajuste al interés superior de Ana Lucía.
Por otro lado, la negativa a su petición también obedeció a que por las diversas transgresiones a las prerrogativas básicas de la niña en la actualidad se adelanta un proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor de Ana Lucía, el cual se encuentra en curso y del que fue notificada y vinculada la demandante.
A lo que se sumó que ha mantenido patrones repetitivos pues tiene otros cuatro hijos mayores a Ana Lucía los cuales ha dejado al cuidado de sus padres o de terceros, de quienes desconoce sus paraderos exactos y, si bien manifiesta un afecto particular en razón al género de Ana Lucía, lo cierto es que ello no garantiza su estabilidad y cuidado, pues en nada constituye un criterio que asegure un cambio en los patrones de vida que ha llevado.
En ese sentido, para esta Corte resulta importante reafirmar la regla según la cual, lo idóneo es que los hijos permanezcan al lado de sus padres, que constituyan una familia y que éstos no sean separados de ella. No obstante, dicha regla, como se señaló, tiene una salvedad en tratándose del interés superior prevalente de los niños.
Tales conceptos recomiendan no remitir a Ana Lucía al establecimiento carcelario de manera permanente pues muy seguramente se crearía un vínculo emocional con su progenitora, que en la actualidad no existe, como lo indicaron los profesionales a cargo del cuidado de aquella, que puede verse alterado por los patrones comportamentales repetitivos de la madre, y por el hecho de que al cumplir los tres años, en pocos meses, esa situación variaría, en desmedro de la estabilidad afectiva que hoy la niña mantiene.
Insiste esta Corte en que tal consideración se fundamenta en los conceptos que los psicólogos y trabajadores sociales han proferido en torno a la madre de Ana Lucía y la viabilidad que repita su comportamiento en desmedro de la estabilidad emocional de la niña.
De otra parte, esta Corte considera que resulta inaceptable el protocolo de extrema seguridad que se le practica a Ana Lucía para poder visitar a su mamá en tanto que implica un trato riesgoso para su estabilidad habida cuenta que, según la trabajadora social que la acompaña, le toca pasar varios controles en los que le quitan la ropa y es estrictamente revisada, lo que resulta desproporcionado y amerita que esta Corte imparta órdenes en ese sentido a la autoridad concernida, en procura de hacer prevalecer el interés superior de la niña.
Por tanto, con fundamento en lo precedido, esta Corte confirmará las decisiones de instancia pero ordenará al personal de seguridad del COPED que, en el futuro, realice las revisiones de seguridad a Ana Lucía, al momento de ingresar al penal a visitar a su madre, de forma tal que el procedimiento respectivo evite exponerla a situaciones invasivas o mortificantes que la desestabilicen o le generen traumas. En ese sentido, deberá enviar al juez de conocimiento, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente proveído, un informe sobre las medidas que a efecto de dar cumplimiento a esta orden sean adoptadas, en coordinación con los funcionarios del Bienestar Familiar que tiene la custodia de la niña.
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín que le negó el amparo de los derechos fundamentales alegados por la señora Magaly Cortés Bolaños, a nombre propio y en representación de su hija.
SEGUNDO.- ORDENAR al Centro Penitenciario y Carcelario “El Pedregal” que, en adelante, cada vez que pretendan ingresar la menor Ana Lucía Cortés Bolaños a ese establecimiento realicen los controles que haya lugar sin que los mismos resulten excesivos o traumáticos, teniendo en cuenta lo señalado en la parte motiva de esta providencia. En ese sentido, deberá enviar al juez de conocimiento, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente proveído, un informe sobre las medidas que a efecto de dar cumplimiento a esta orden sean adoptadas, en coordinación con los funcionarios del Bienestar Familiar que tiene la custodia de la niña.
[1] Folio 29 del cuaderno 2.
[2] Sin especificar anualidad alguna.
[3] Folio 30 del cuaderno 2.
[4] Folio 23 del cuaderno 2.
[5] Dentro de la sentencia, el juzgador no hace referencia al marco procedimental en el que se adelantó la aludida etapa procesal.
[6] Del material obrante en el expediente, se advierte que el defensor de familia, en cumplimiento de las funciones que le fueron impuestas en el numeral 19 del artículo 82 de la Ley 1098 de 2006, procedió a asignarle un nombre a la pequeña puesto que no había sido registrada por su progenitora.
[7] Corte Constitucional, sentencia T-1103 del 28 de octubre de 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería, Sentencia T-1122 del 1º de diciembre de 2006, MP. Jaime Córdoba Triviño, entre otras.
[9] Corte Constitucional, sentencia T-1103 del 28 de octubre de 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería, Sentencia T-1022 del 1º de diciembre de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Sentencia T- 1233 del 10 de diciembre de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[10] Corte Constitucional, sentencia T-1022 del 1º de diciembre de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[11] Corte Constitucional, sentencia T- 1233 del 10 de diciembre de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[12] Folio 14 del cuaderno 2.
[13] Folio 15 del cuaderno 2.
[14] Folio 16 del cuaderno 2.
[15] Folio 17 del cuaderno 2.
[16] Folio 18 del cuaderno 2.
[17] Folio 67 del cuaderno 2.
[18] Visible a folio 19 del cuaderno 2.
[19] Decreto 2591 de 1991: “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[20] Así fue indicado, por ejemplo, en la Sentencia T-510 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[21] Vladimiro Naranjo Mesa.
[22] Tomado de: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2011/DGD2011ReportAndRecommendations.pdf
[23] “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario.”. Disposición declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-157 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[24] “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones.”.
[25] “Por el cual se reglamentan los artículos 26 y 153 de la Ley 65 de 1993, modificados por los artículos 18 y 88 de la Ley 1709 de 2014”.
[26] Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
[27] “LINEAMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA LA MODALIDAD ICBF – INPEC. ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS HASTA LOS TRES (3) AÑOS DE EDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE MUJERES”
[28] Manuel José Cepeda Espinosa.
[29] Tomado de: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ElInpecComoInstitucion/EstablecimientosPenitenciarios/Establecimientos%20Regional%20Occidente/EPMSC%20JAMUNDI

References: artículo 140
 artículo 77
 artículo 10
 artículo 9
 Resolución 
 artículo 153
 artículo 88
 artículo 153
 artículo 3
 artículo 23
 Resolución 
 artículo 153
 artículo 153
 artículo 82
 artículo 86