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Timestamp: 2020-03-28 23:55:05+00:00

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febrero 2016 – Blog Control 2000
De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 40, fracción II, 53, segundo párrafo, inciso a), 85, fracción I y 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se colige que la multa aplicable como medida de apremio cuando los sujetos obligados impidan el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, al no presentar de inmediato los libros y registros que formen parte de la contabilidad del contribuyente, es la establecida en la última disposición citada, pues el marco normativo que integran contiene una adminiculación coherente, razonada y clara para identificar dicha medida pecuniaria. Lo anterior, porque en el artículo 53 aludido se encuentra la obligación de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, de presentar los informes o documentos que les soliciten las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, entre los cuales se consideran los libros y registros indicados, los que deberán presentarse de inmediato, y en el diverso 40, fracción II, se precisa que en caso de oposición de los obligados a ello, dichas autoridades podrán imponer como medida de apremio la multa que corresponda en los términos del Código Fiscal de la Federación, el cual prevé en su artículo 86, fracción I, en relación con el diverso 85, fracción I, el monto de dicha multa. No se opone a esta conclusión que estos últimos preceptos consideren la multa como sanción a una conducta infractora, pues su aplicación, como medida de apremio, procede por la remisión expresa del legislador, a quien jurídicamente nada impide que, para identificar el monto de las multas impuestas como medio de apremio previstas en alguna disposición del propio código tributario, se remita a otra del mismo ordenamiento, a fin de evitar ser repetitivo o redundante, pues dicha técnica legislativa encuentra justificación en la estructuración sistemática del ordenamiento jurídico.
Amparo directo 221/2015. Centro Empresarial, S.A. de C.V. 26 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Edmundo Raúl González Villaumé.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer el 22 de febrero por medio del Diario Oficial de la Federación, el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de febrero de dos mil dieciséis, por el que se modifican el título y el punto tercero, párrafo primero, del Acuerdo General número 10/2015, de diez de agosto de dos mil quince, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se ordena a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, la suspensión del envío a los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, también con residencia en el Distrito Federal, y en consecuencia la remisión directa a este Alto Tribunal de amparos en revisión en los que subsista el problema de constitucionalidad, indistintamente, de los artículos 17-K, 18, 28, fracciones III y IV, 29, y segundo transitorio, fracciones III, IV y VIII, del Código Fiscal de la Federación, reformados mediante Decreto publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, del diverso 22, fracciones IV y VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, así como de las diversas disposiciones de observancia general que regulan lo previsto en los referidos preceptos en relación con el buzón tributario y la contabilidad en medios electrónicos; y se dispone el aplazamiento en el dictado de la resolución de los asuntos de esa naturaleza que se radiquen en los citados Tribunales Colegiados.
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO SE RIGE POR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA PREVIA.
El precepto citado prevé que, tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones, una vez impuestas las multas por el incumplimiento a los requerimientos respectivos y habiéndose requerido hasta en tres ocasiones la presentación de la declaración omitida, las autoridades fiscales podrán hacer efectiva al contribuyente o al responsable solidario que incurra en la omisión, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Lo anterior implica la emisión de un crédito fiscal de carácter provisional (y no definitivo), cuya finalidad es que el contribuyente presente la declaración omitida y, en caso de existir diferencias a su favor, podrán compensarse en declaraciones subsecuentes. Por tanto, el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, no se rige por el derecho fundamental de audiencia previa, pues constituye un acto de molestia que afecta la esfera jurídica de los contribuyentes que restringe de forma provisional o preventiva sus derechos, con la finalidad de verificar el efectivo cumplimiento de la obligación de contribuir contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que sea necesaria la existencia de un procedimiento previo al ejercicio de tales facultades en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
Amparo directo en revisión 2484/2015. ISMS Servicios Mineros, S.A. de C.V. 21 de octubre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.
Con gran preocupación el Ombudsman del Contribuyente da a conocer el robo de identidad más alto del que tenga registro, en perjuicio de una joven residente en el estado de Nayarit. En primer lugar, los delincuentes falsificaron en el año 2006 una credencial de elector a nombre de la joven, en la que coinciden todos sus datos, con excepción de su foto y su firma.
En segundo lugar, la joven fue dada de alta en el RFC como comerciante al por mayor en productos farmacéuticos, con destilación y venta de grandes volúmenes de alcohol etílico, proporcionando un domicilio fiscal que le era totalmente ajeno.
Como tercer paso, los delincuentes, que permanecen en carácter de desconocidos, aperturaron una cuenta de cheques en una institución bancaria y procedieron a ingresarle durante el año 2009 depósitos por cerca de 800 millones de pesos, conducta que fue observada por el SAT.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) destacó que la joven ya cuenta con una sentencia definitiva de un tribunal competente en donde se reconoce la falsificación de la credencial de elector, ello en virtud de un informe rendido en el juicio, por el propio Vocal estatal del Registro Federal de Electores de la Junta local ejecutiva del anterior Instituto Federal Electoral.
Otro dato sumamente relevante dado a conocer por PRODECON, es que la propia institución bancaria en la que se realizaron los depósitos ha expedido una constancia en donde detalla: “Que la cuenta de cheques antes mencionada no le corresponde” a la joven y por lo cual dio de baja dicha cuenta desde 2010, pero ya con posterioridad a que se realizaran los depósitos multimillonarios, probablemente vinculados con lavado de dinero y delincuencia organizada.
A la joven, con motivo de dichos depósitos, se le siguió el procedimiento de comprobación o revisión fiscal como no localizada, pues obviamente jamás se le ubicó en el domicilio falsamente declarado por los delincuentes y como consecuencia, autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) le emitieron una resolución en donde le fijan un adeudo fiscal por más de 1,800 millones de pesos, por concepto de ISR, IVA y IEPS por la venta del alcohol etílico.
PRODECON recordó la importancia de que las diversas instancias federales se coordinen para el combate de robo de identidad, pues ya se encuentran listas las bases de colaboración respectivas.
REGLA MISCELÁNEA 2.5.17
Para los efectos de los artículos 27, primer párrafo, 31, primer párrafo del CFF, 29, fracción IV y 30, fracción III de su Reglamento, derivado del cambio de denominación ￼￼￼de Distrito Federal a Ciudad de México previsto en el “DECRETO por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México”, publicado en el DOF del 29 de enero de 2016; la autoridad fiscal realizará el cambio de domicilio fiscal a los contribuyentes que se encuentren ubicados en la Ciudad de México, sin necesidad de que se presente el aviso respectivo, asimismo, la autoridad actualizará dentro de un plazo de tres meses sus sistemas para indicar Ciudad de México, no obstante, en este plazo la denominación jurídica que deberá considerarse en la base de datos del RFC es Ciudad de México.

References: artículo 53
 artículo 86
 resolución 
 ARTÍCULO 41
 artículo 41
 artículo 31
 resolución