Source: http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/exteriores/Libroweb/cap8.htm
Timestamp: 2019-04-21 08:40:57+00:00

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EL CONGRESO, LA POSGUERRA, LA GUERRA FRÍA Y LA BÚSQUEDA DE AUTONOMÍA INTERNACIONAL
Ésta época abarca la historia del Perú y en particular la participación del Congreso en una etapa que se inicia luego de la segunda guerra mundial hasta fines de la década de los 80, lapso en el que tuvieron vigencia las Constituciones de 1933 y 1979.
La época que abarca la posguerra así como a la denominada guerra fría a nivel internacional, tuvo en el Perú como marco constitucional la Constitución de 1933, cuya vigencia fue interrumpida en la década de los años 70 por los golpes de Estado. Fue la Constitución de 1979 la que finalmente reinstauró un sistema democrático.
Esta Constitución estableció un marco constitucional en el que también se normó la gestión externa del Estado.
En efecto, la Constitución de 1979 en su artículo 211, inciso 14, establece como atributo y obligación del Presidente de la República de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, y celebrar y ratificar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. De este modo este artículo fijó la condición expresa de que los acuerdos internacionales fueran sometidos a la aprobación del Congreso, según el artículo 186, inciso 3. En materia de tratados, esta carta magna introdujo una innovación. El artículo 104 facultó al Primer Mandatario para celebrar o ratificar convenios internacionales «sobre materias de su exclusiva competencia», sin aprobación previa del Congreso. Aún cuando se trató de una mayor extensión en las competencias del Ejecutivo en materia de acuerdos internacionales, debe notarse que se prescribió que debía dar cuenta inmediata al Poder Legislativo.
Con respecto a la representación del Estado, el artículo 211, inciso 2, estableció como obligación del Presidente representar al Estado dentro y fuera del territorio nacional. En lo concerniente a la conservación de la Seguridad Exterior, el artículo 211, inciso 4, atribuyó también al Primer Mandatario el mantenimiento del orden interno y la seguridad exterior de la República.
El artículo 211, inciso 19, estableció que en caso de que el país se encontrara ante un peligro inminente, como un conflicto armado, el Presidente tiene la atribución de declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso.
Con respecto a los funcionarios diplomáticos, el artículo 211, inciso 15, facultó al Presidente para nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros. El nombramiento requería la ratificación del Senado. Asimismo en el mismo artículo, inciso 16, se establece que el Presidente está facultado para recibir a los agentes diplomáticos extranjeros y autorizar a los cónsules el ejercicio de sus funciones.
La presentación de este período ha sido dividido en dos subperíodos: la posguerra y la guerra fría por una parte y, por otra, la búsqueda de la autonomía. La primera abarca desde 1945 a los inicios de la década del 60. La segunda se inicia el año 1962, que coincide con la interrupción democrática previa al mandato del Presidente Fernando Belaúnde en su primer período, y abarca hasta 1990, en que el Presidente Alberto Fujimori toma el mando de la nación.
Diversos asuntos de carácter internacional tuvieron que llegar a decisión del Congreso. De manera preliminar es conveniente presentar un interesante debate que revela la tradicional pugna entre Parlamento y Ejecutivo respecto de algunas atribuciones constitucionales. En este caso se trataba del procedimiento de nombramiento de agentes diplomáticos.
En la sesión del 8 de noviembre de 1946, Oscar Arrús, Senador por el Callao, presentó un proyecto de ley para modificar el inciso 17 del artículo 154, de la Constitución de 1933. Este inciso señalaba que una de las atribuciones del Presidente era “nombrar y remover a los Agentes Diplomáticos, con aprobación del Consejo de Ministros”.
La propuesta de Arrús era añadir: “El nombramiento de los Embajadores y Ministros Plenipotenciarios será, además, ratificado por el Senado con el voto aprobatorio de las dos terceras partes del número total de miembros expeditos. Durante el receso del Congreso, ejercerán la función de ratificación la Comisión Directiva y las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado, por igual proporción de votos” (276) .
La Comisión de Constitución y Leyes Orgánicas integrada por Nicanor León Díaz, J.A. Benites y el propio Arrús, emitió un dictamen favorable a la propuesta presentada, el 12 de noviembre. Los fundamentos eran tres. En primer lugar, era una forma de “garantizar un mínimo de virtudes y capacidad” en los representantes oficiales del país en el extranjero. En segundo lugar, la función ratificatoria del Senado en el nombramiento de jefes de Misiones Diplomáticas, era un principio ya incorporado en otros países americanos; más aún, había existido en la Constitución peruana de 1919. En tercer lugar, el Senado ya intervenía en los ascensos militares y la elección de vocales supremos, por lo tanto dicha función podía extenderse a los representantes oficiales de la Nación en el extranjero.
Además, la Comisión de Constitución sugirió que la función ratificatoria fuera ejercitada en sesión secreta, con la finalidad de “salvaguardar el prestigio personal de los Agentes Diplomáticos cuyos nombramientos no sean ratificados”. Finalmente, la Comisión de Constitución propuso que la “proporción de votos” incluida en la iniciativa de Arrús, fuera incorporada al Reglamento Interno de la Cámara y no a la Constitución (277 ).
La versión definitiva de lo añadido al inciso 17 del artículo 154 de la Constitución debía ser, a propuesta de la Comisión de Constitución, la siguiente:
“Los nombramientos de Embajadores y Ministros Plenipotenciarios serán, además, ratificados por el Senado en sesión secreta. Durante el receso del Congreso, ejercerán la función de ratificación la Comisión Directiva y las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado” (278) .
El 14 de noviembre, Ernesto Montagne, Senador por Loreto y miembro de la Comisión B de Relaciones Exteriores, presentó un dictamen contrario a la propuesta del Senador Arrús. El dictamen tuvo carácter unipersonal, debido a que los otros dos miembros de la Comisión estaban ausentes.
Montagne planteó varios fundamentos para oponerse a la modificación constitucional, derivados en gran medida de su interpretación de la Constitución. Primero, el Presidente no tenía que compartir la dirección de las relaciones internacionales del país con los otros poderes. Segundo, el Presidente, en tanto representante del Estado, delegaba dicha representación en los Jefes de Misión.
Además, Montagne no consideraba que existiera similitud entre la aprobación de ascensos militares o promociones judiciales, y la ratificación de nombramientos diplomáticos. Finalmente, para Montagne, el hecho de que la función ratificatoria del Parlamento hubiera existido antes, y hubiera sido suprimida, mostraba claramente su inconveniencia (279).
Ante la oposición de Montagne, Arrús expuso las razones en que basaba su propuesta. Por un lado, para él no existía oposición entre el hecho de que el Presidente fuera el director de las relaciones exteriores, y la función ratificatoria del Congreso. Por otra parte, los Jefes de Misión representaban al Ejecutivo en tanto Jefe de Estado y no a título personal. Por lo tanto, la delegación de representación del Estado debía ser bien escogida. Finalmente, Arrús insistió en el hecho de que la función ratificatoria del Senado en los nombramientos diplomáticos era un principio establecido en las constituciones de varios países americanos. Según Arrús, el objetivo último de su propuesta era lograr una colaboración efectiva entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en el nombramiento acertado de los funcionarios diplomáticos (280) .
Montagne replicó a Arrús reiterando las consideraciones que había expuesto en su dictamen. Agregó, además, que el Presidente podía conocer mejor las cualidades y méritos de los diplomáticos de carrera. Sostuvo también que citar la legislación de otros países era un argumento inconsistente. La opinión de Montagne fue apoyada por el Senador De la Piedra, representante de Lambayeque. Tanto Montagne como De la Piedra, pidieron que se invitara al Ministro de Relaciones Exteriores al Senado, para que se pronunciara sobre el asunto (281) .
En la sesión ordinaria número 60, del 19 de noviembre de 1946, se leyó un oficio enviado por el Ministro de Relaciones Exteriores y rubricado por el Presidente, acerca del proyecto de reforma constitucional presentado por Arrús. El oficio se oponía a la reforma propuesta. Para el Poder Ejecutivo, dicha reforma limitaría la función presidencial, afectando el equilibrio de poderes. Además, el Poder Ejecutivo se vería forzado a conducir las relaciones exteriores mediante funcionarios no designados por él mismo. Finalmente, la intervención del Poder Legislativo podría no hacer justicia a los méritos de las personalidades o diplomáticos de carrera nombrados como Jefes de Misión (282 ).
Una vez leído el oficio del Poder Ejecutivo, Arrús reiteró nuevamente los argumentos a favor del proyecto de ley que había presentado. Los Senadores De la Piedra, Galván y Benites insistieron en que se invitara al Senado al Ministro de Relaciones Exteriores. Esta última propuesta fue sometida a votación, y rechazada.
Seguidamente, los Senadores asistentes a la sesión pasaron a votar acerca del proyecto de ley propiamente dicho. Tanto en esa oportunidad, como en las sesiones ordinarias número 61 y 62 , no hubo quórum suficiente. Debido a ello, la decisión final acerca del proyecto de ley fue reservado para la siguiente Legislatura Ordinaria (283) .
Luego de presentar este hecho registrado para los anales de la historia, pasemos a ver el rol del Congreso en la posguerra y la guerra fría y también en la época de la búsqueda de autonomía.
i. El Congreso en la posguerra y la guerra fría: 1946 – 1962
Entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945, delegados de 50 países, entre ellos del Perú, se reunieron en la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos de América para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. La delegación peruana estuvo presidida por el Canciller Manuel Gallagher y entre sus integrantes estaban Víctor Andrés Belaúnde y Luis Alvarado Garrido.
Como resultado de la reunión se redactó la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que fue un Tratado de organización y funcionamiento de un sistema internacional integral. Fue aprobada por unanimidad el 25 de junio.
La delegación peruana a la Conferencia de San Francisco defendió una serie de principios diplomáticos de nuestro país. Entre ellos, el principio de inviolabilidad de los tratados vigentes, el mantenimiento del sistema interamericano como elemento regional de las Naciones Unidas y el respeto a la igualdad territorial e igualdad jurídica de los Estados.
Nuestros representantes también se manifestaron a favor de una mayor representación de las naciones pequeñas en el Consejo de Seguridad ante la limitación del recurso del veto, y de una mayor participación de la Corte Internacional de Justicia en el desempeño de la ONU (284) .
El Congreso de la República del Perú estudió este Tratado y lo aprobó mediante resolución legislativa 10255 (285) . Este Tratado es mas conocido como la “Carta de la ONU”.
a. Las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en el Perú
El conflicto bélico causó al Perú severos problemas económicos, tales como escasez de bienes de consumo e inflación creciente.
Finalizada la guerra, el país se vio aun más perjudicado por un declive acentuado de las exportaciones y un aumento acelerado de las importaciones.
El régimen de José Luis Bustamante y Rivero, quien gobernó de 1945 a 1948, optó por imponer controles de cambio en la economía. Una de las medidas destinadas a captar capital extranjero fue la celebración de un acuerdo con la International Petroleum Company para la búsqueda de petróleo en el desierto de Sechura.
El arreglo fue rechazado por un amplio sector de la población. Fue sometido a la aprobación del Congreso. En junio de 1946 obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados, pero el Senado lo rechazó posteriormente (286 ).
La Segunda Guerra no solamente afectó la economía del país sino también a un número de sus ciudadanos que residían en Europa. El Perú no podía mantenerse ajeno a las necesidades de sus connacionales en el exterior. Por ello el Congreso, por ley No 10636, dispuso un crédito extraordinario de S./ 6,000 para repatriar a los peruanos residentes en los países afectados por la Guerra Mundial, a condición de que no hubieran servido a las naciones del Eje. El Ministro de Relaciones Exteriores informó que enviaría una nave de la marina mercante a un puerto europeo, para recoger a dichos peruanos. Además, pidió a los familiares, amigos y público en general, que les enviaran prendas de vestir y el auxilio que consideraran necesario.
En la sesión del Senado de 5 de agosto de 1946, el representante de Ayacucho Alberto Arca Parró, mencionó las dificultades que atravesaban los aproximadamente 200 peruanos, muchos casados con alemanas, que se encontraban en ese momento en Europa. Expresó su acuerdo con la ley 10636, pero manifestó que la suma comprometida sería insuficiente. Por ello, solicitó que se pidiera al Ministro de Relaciones Exteriores el envío de un proyecto de ley ampliando la cantidad mencionada (287) .
Entre los peruanos que se encontraban en Europa y que vivieron directamente los horrores de la guerra se hallaba el connotado intelectual Francisco García Calderón Rey (288) . El 23 de setiembre de 1946, el Presidente Prado –a través de Enrique García Sayán, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto– remitió a la Cámara un proyecto de ley por el que se autorizaba al Poder Ejecutivo a abonar a García Calderón, Ministro Plenipotenciario en situación de disponibilidad, “el importe de la pensión de jubilación que le corresponda, con sujeción al régimen de bonificación vigente para el pago de haberes de los funcionarios que residen en el extranjero”(289) .
Entre las consideraciones de la propuesta, se mencionaba primero que García Calderón se hallaba seriamente enfermo en Europa, imposibilitado de regresar al país. En segundo lugar, que García Calderón había servido a la causa internacional del país defendiendo la integridad del territorio luego de la Guerra del Pacífico. En tercer lugar, se dijo que había contribuido a la cultura del país mediante sus escritos sociales, con los que inició el análisis sociológico de la realidad nacional. Finalmente, que había servido al servicio diplomático por más de 40 años.
En efecto, García Calderón había ingresado al servicio en 1906. Fue Secretario de la legación en Francia durante 10 años. Allí publicó alegatos y folletos en defensa del irredentismo peruano en las provincias de Tacna y Arica. Fue delegado a la Conferencia de Paz de 1918 y firmó el Tratado de Versalles. A partir de 1930, fue Ministro del Perú en Francia, donde asumió espontáneamente la tarea de informar a toda América de las transformaciones más importantes de Europa y de las inquietudes del pensamiento contemporáneo. También publicó obras que dieron a conocer el panorama espiritual latinoamericano en Europa. Fue, además, en cierto período, Presidente de la Liga de Naciones.
Durante la Segunda Guerra Mundial, vivió en carne propia la ocupación nazi de Francia. Luego fue confinado en Alemania. Como resultado, había quedado casi inválido, casi ciego, con necesidad de recibir atención en clínicas e imposibilitado de retornar al Perú por prescripción médica. Estaba en condición de disponibilidad en el servicio desde el 31 de diciembre de 1945 y había pedido su jubilación y la pensión correspondiente.
La Comisión de Relaciones Exteriores “A” dictaminó a favor de la iniciativa, en vista de los servicios que García Calderón había brindado al país en los campos del Derecho Internacional y de la cultura en general. La Célula Parlamentaria Aprista, a través del Senador Seoane, y los Senadores independientes representados por el Senador por Puno José Antonio Encinas, apoyaron el proyecto.
De este modo el Congreso autorizó al Ejecutivo a abonar a García Calderón el importe de la pensión de jubilación provisional o definitiva que le correspondiera, de acuerdo con el régimen de bonificación vigente para el pago de haberes de los funcionarios diplomáticos y consulares en el extranjero, mientras estuviera en Europa (290) .
b. Los vínculos latinoamericanos y las organizaciones regionales
La Segunda Guerra permitió el estrechamiento de vínculos entre los países de América Latina. Ya durante el conflicto, varios mandatarios latinoamericanos visitaron el Perú, incluyendo en su agenda la bienvenida por el Congreso del Perú.
Entre el 14 y el 21 de junio de 1943, lo hizo el Presidente boliviano, General Enrique Peñaranda Castillo. A principios de julio, estuvo en nuestro país el Presidente del Paraguay, General de División Higinio Morinigo.
Entre el 27 de julio y el 11 de agosto, estuvo de visita el Presidente de Venezuela, General Isaías Medina Angarita. Como ejemplo ilustrativo, detallamos el caso de este último, quien al día siguiente de su llegada, asistió a la sesión de instalación del Congreso peruano. El discurso de bienvenida estuvo a cargo del Presidente del Parlamento, Ernesto Diez Canseco, quien se refirió a los estrechos vínculos espirituales entre el Perú y Venezuela. Dichos vínculos se remontaban a la época de la lucha por la Independencia, y eran representados por las figuras de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Antonio Guzmán Blanco, entre otros. Diez Canseco señaló que tanto Venezuela como Perú eran democracias que compartían el ideal de solidaridad continental propuesto por Bolívar. Ambas repúblicas eran, por principio, contrarias a la guerra, y estaban del lado de las democracias que luchaban por la libertad, defendiendo a la humanidad del vasallaje y la opresión (291) .
En su respuesta, Medina Angarita exaltó la grandeza que había caracterizado a la historia del Perú. Además, afirmó que existía una comunidad de principios e intereses entre los países americanos, unidos por los ideales de Libertad, Democracia y Justicia. Las naciones del continente debían estar unidas y ser solidarias entre ellas, para poder defender esos valores comunes en las circunstancias de ese momento. Se trataba de una gran oportunidad para renovar los lazos que unían a los dos países bolivarianos (292) .
Por otra parte, aún cuando el Gobierno peruano participó con gran entusiasmo de las reuniones preliminares que dieron lugar a la formación de las Naciones Unidas en 1945, nuestro país se mostró partidario de dar preferencia a las organizaciones regionales tales como la Organización de Estados Americanos, para los temas de la paz y la seguridad.
Esta posición fue reiterada durante la asistencia de representantes peruanos a la Conferencia para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad, celebrada en Río de Janeiro en 1947, y en la Novena Conferencia Interamericana de Bogotá de 1948 (293) .
Con respecto a los entes económicos internacionales y sus recomendaciones, debe señalarse que durante el Gobierno del Presidente Manuel Odría, el Perú siguió los lineamientos del Fondo Monetario Internacional de manera estricta. El Gobierno de Odría desmanteló los mecanismos de intervención económica estatal y las limitaciones al comercio exterior y los mercados de cambio. Aún cuando las empresas extranjeras promovieron un cierto grado de expansión industrial, ésta se desarrolló de manera dependiente con respecto al capital y tecnología foráneos. Paralelamente, la exportación de materias primas continuó siendo la principal fuente de divisas (294 ).
c. Las relaciones con los Estados Unidos de América y la “Doctrina Prado”
Luego de la Segunda Guerra, un incidente particular vino a empañar las relaciones entre el Perú y los Estados Unidos. El incidente se produjo en la base aérea que el Gobierno peruano había concedido a los Estados Unidos en el Departamento de Piura, durante la Segunda Guerra Mundial. El Congreso contribuyó a que el suceso se superara exitosamente.
En la sesión ordinaria del Senado del 5 de agosto de 1946, el representante de Ancash y miembro de la Comisión “C” de Relaciones Exteriores, Pedro Rubio, narró a la Cámara un incidente acontecido en Talara.
Durante la celebración de las Fiestas Patrias, un grupo de alrededor de 10 aviadores norteamericanos había Tratado de faltar a las acompañantes de tres oficiales de marina peruanos. Al salir en defensa de ellas, dos de los oficiales peruanos fueron golpeados por los norteamericanos e introducidos luego a la Base Aérea de “El Pato”.
Rubio solicitó a la Cámara que pidiera un informe al Ministro de Marina acerca del incidente y de las medidas que se hubieran tomado para castigar a los culpables. El pedido de Rubio fue aprobado por la Cámara.
A su turno, Julio de la Piedra, Senador por Lambayeque, indicó que se desconocía oficialmente que la Base de “El Pato” continuara bajo administración norteamericana. Manifestó su extrañeza y descontento por dicha situación, toda vez que la Guerra Mundial ya había terminado. Más adelante, agregó que los Estados Unidos ya habían puesto bajo control local bases aéreas similares que habían tenido en Brasil y Ecuador. De la Piedra lo consideró un atentado contra la soberanía nacional y solicitó que se pidiera a los ministerios de Aeronáutica y Marina que explicaran los motivos por los que la base aérea continuaba bajo control norteamericano, insinuándoles que dicha concesión fuera cancelada en el acto.
El Senador Alberto Ulloa, Presidente de la Comisión “A” de Relaciones Exteriores, solicitó que el pedido del Senador Rubio se mantuviera separado del pedido del Senador De la Piedra. Es decir, que por una parte, se solicitara información acerca del incidente ocurrido en Talara y, por otra, se pidiera información sobre los antecedentes y situación corriente de la base de “El Pato”. Así este último pedido no sería visto como una reacción ante el incidente de Talara.
De la Piedra hizo uso de la palabra nuevamente, para manifestar su conformidad con que ambos asuntos se mantuvieran separados. Pero expresó que no bastaría con pedir información acerca de los antecedentes y situación de “El Pato”, sino una explicación acerca de si la presencia norteamericana continuaba siendo necesaria.
La Mesa Directiva del Senado propuso sumar los pedidos de De la Piedra y Ulloa. De esa forma, la Cámara contaría con información completa acerca de la presencia norteamericana en “El Pato”. Esta propuesta fue aprobada por la Cámara (295) .
Luego de la sesión de 5 de agosto, los miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso recopilaron información acerca de la situación de la base de “El Pato” y del incidente ocurrido en Talara. A continuación, se reunieron para intercambiar informes. Finalmente, las Comisiones acordaron encargar al Senador Alberto Ulloa que comunicara a la Cámara los datos obtenidos, sin perjuicio de los informes que pudieran hacer llegar los ministros oficiados.
Ulloa señaló que las informaciones oficiales acerca del incidente de Talara avalaban totalmente la versión presentada por el Senador Rubio. Además, el Ministro de Relaciones Exteriores había iniciado ya gestiones ante la Embajada de los Estados Unidos en busca de una sanción severa para los culpables.
En cuanto a la base de “El Pato”, Ulloa mencionó que fue establecida por ley 9777, aprobada por el Congreso. Desde octubre de 1945, el Ministerio de Aeronáutica había iniciado gestiones para que la base fuera devuelta al Perú. El 11 de junio de 1946, la embajada norteamericana informó al Gobierno peruano que su Gobierno estaba listo para proceder a la devolución de la base. Para ello, debía nombrarse una Comisión mixta de oficiales militares de ambos países, encargados de ejecutar el proceso. Una semana después, el Ministerio nombró a los oficiales peruanos que debían integrar dicha Comisión. Poco antes de que el Congreso discutiera el asunto, la embajada norteamericana comunicó el nombramiento de los oficiales norteamericanos integrantes de la Comisión, y la llegada del jefe de su misión. Ulloa agregó que, desde el inicio de las gestiones para la devolución de la base aérea al Perú, existía allí un pequeño grupo del Ejército norteamericano, dando entrenamiento a aviadores peruanos (296) .
El 19 de agosto, el Senador Flores, representante de Piura, indicó que se sabía que el Departamento de Estado norteamericano ya había dado satisfacciones al Gobierno peruano acerca del incidente de Talara. Sin embargo, consideraba necesario pedir al Ministerio de Relaciones Exteriores que emitiera un informe oficial sobre dicho incidente para calmar la inquietud de la opinión pública. También pidió que tanto el ministerio mencionado, como el de Marina, informaran acerca de la situación de los aviadores norteamericanos implicados en el incidente (297) .
A pesar del incidente de Talara, el Gobierno de Manuel Odría mantuvo estrechas relaciones con los Estados Unidos. Durante su mandato, nuestro país fue el primero de América Latina en firmar un Pacto de Asistencia Bilateral y Defensa Recíproca con los Estados Unidos. El Perú se comprometió a vender minerales estratégicos y a permitir el establecimiento de bases militares estadounidenses en su territorio. A cambio, recibió armamento y asistencia militar de los Estados Unidos. Asimismo, el Gobierno norteamericano continuó auspiciando visitas de oficiales peruanos a sus instalaciones militares y viajes de estudio (298) .
En la segunda mitad de la década de 1950, la imagen de los Estados Unidos en el Perú se deterioró notablemente. Entre los varios motivos que ocasionaron este fenómeno, estuvieron la oposición norteamericana a la tesis de las 200 millas; la imposición de cuotas a las exportaciones de plomo y zinc a los EE.UU; así como el apoyo norteamericano a los regímenes autoritarios de derecha. El Gobierno de Manuel Prado trató de propiciar un acercamiento entre el Perú y Europa Occidental, proponiendo la llamada “Doctrina Prado”, un esquema de cooperación entre ambas regiones en contra del totalitarismo.
A pesar de las dificultades en las relaciones entre el Perú y Estados Unidos, éste continuó siendo la principal fuente de asistencia militar para nuestro país. Entre 1956 y 1962, la ayuda militar norteamericana al Perú ascendió a US$ 70 millones. En 1960, los gobiernos de ambos países celebraron un acuerdo con la finalidad de invertir fondos públicos en proyectos de reforma social (299) .
Uno de los factores importantes en las relaciones entre los Estados Unidos y los países latinoamericanos, incluyendo al Perú, durante la década de 1960, fue la llamada “Alianza Para el Progreso”. Este fue un programa ideado por el Presidente John F. Kennedy, por el cual los Estados Unidos se comprometieron a proporcionar cooperación técnica y financiera a las naciones de América Latina, para impulsar su desarrollo.
Entre los objetivos económicos del proyecto estaban elevar los ingresos nacionales, distribuirlos de manera más equitativa, acelerar los procesos de industrialización, mejorar la productividad agrícola, estabilizar precios e incrementar las exportaciones. Entre los objetivos sociales estaban mejorar niveles educativos, reducir el analfabetismo en la región, mejorar los indicadores de salud y nutrición e incrementar el personal médico (300).
d. La tesis de las 200 millas marítimas de soberanía y jurisdicción
Según el diplomático peruano Enrique García Sayán, hacia 1945 existía la posibilidad de que expediciones pesqueras extranjeras operaran en gran escala frente a las costas del Perú (301) . Debido a ello, surgió entre diplomáticos y políticos peruanos la idea de extender la soberanía y jurisdicción marítimas del país hasta una distancia de 200 millas de su costa. Esta idea fue plasmada en el Decreto Supremo 781, del 1° de agosto de 1947 (302) .
En sus consideraciones, el decreto mencionado señaló que el Estado debía proteger las riquezas naturales de la plataforma submarina, las aguas que la cubrían y los mares continentales adyacentes a ella. Bajo tal protección, dichas riquezas podrían explotarse sin perjudicar a la economía ni a la producción alimenticia del país. Asimismo, sostuvo que el Estado tenía derecho a proclamar su soberanía y jurisdicción sobre el área mencionada de acuerdo con lo declarado por otros Estados y lo admitido en el orden internacional.
En consecuencia, el Poder Ejecutivo peruano con el voto consultivo del Consejo de Ministros, declaró que la soberanía y jurisdicción nacionales se extendían a la plataforma continental y el mar adyacente a las costas de su territorio, hasta una distancia de 200 millas. Esa extensión podía modificarse en caso de futuros descubrimientos, estudios o intereses nacionales. Ello, sin perjuicio del derecho internacional de libre navegación.
El objetivo era “reservar, proteger, conservar y utilizar los recursos y riquezas naturales de toda clase” presentes en dicha área (.303) Según el propio García Sayán, el decreto dejó implícita la facultad oficial de conceder autorización a nacionales o extranjeros, para realizar actividades pesqueras dentro de la zona sometida a control del Perú.
El decreto fue comunicado a las naciones con las que el Perú mantenía entonces relaciones diplomáticas. Tan sólo fue objeto de observaciones y reservas por parte de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Este último país sostuvo que los derechos declarados excederían los límites convencionales para aguas territoriales. A pesar de ello, expresó su simpatía hacia la medida, en tanto los acuerdos existentes eran insuficientes para asegurar la conservación de los recursos naturales correspondientes (304) .
El decreto peruano había sido antecedido por una medida similar del Gobierno chileno, en junio de 1947. Posteriormente, Costa Rica en 1948 y El Salvador en 1951 emitieron disposiciones muy similares. Hacia 1955, 30 países habían incorporado la plataforma submarina a su territorio, incluyendo Guatemala en 1949, Nicaragua en 1948 y 1950, y Brasil en 1950 (305) .
Posteriormente el Congreso tuvo que debatir y aprobar una ley relacionada con la explotación del petróleo en la plataforma continental. El 12 de marzo de 1952, el Gobierno peruano promulgó la ley 11780, llamada “de petróleo”. Dicha ley entregó a la empresa petrolera estatal un conjunto de campos petrolíferos en la costa norte, dentro de las 200 millas mencionadas (306) .
En agosto de 1952, representantes de Chile, Ecuador y Perú se reunieron en la “Primera Conferencia de Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur”. El resultado de la reunión fue la llamada “Declaración de Santiago”, del 18 de agosto. En dicho documento conjunto, los tres países proclamaron “la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas”. De ese modo, la Declaración fijó un área intangible, no modificable, como había sido en las disposiciones chilena y peruana de 1947 (307) .
En 1954, los gobiernos de los países mencionados declararon que no efectuarían cambios a la tesis de las 200 millas, sin que mediara un acuerdo previo. Asimismo, expresaron que protegerían su soberanía por los medios que fueran necesarios. A fines del mismo año, la Marina peruana detuvo cinco naves pesqueras con bandera panameña dentro del mar territorial del Perú. Las naves permanecieron arrestadas en el puerto de Paita, hasta que sus propietarios pagaran la multa correspondiente. En enero de 1955, la Marina peruana detuvo y multó dos embarcaciones estadounidenses, con el consiguiente malestar de su país de origen.
La Organización de Estados Americanos auspició tres conferencias entre 1953 y 1956, con la finalidad de encontrar una salida que resultara satisfactoria para las partes. Representantes de los gobiernos de Perú, Chile, Ecuador y los Estados Unidos, se reunieron con la misma finalidad en 1955. A pesar de ello, no se llegó a ningún acuerdo (308) .
El 12 de abril de 1955, los Plenipotenciarios de Chile, Ecuador y Perú emitieron una declaración conjunta en Lima. Afirmaron que la Declaración de Santiago no pretendía establecer un “mar territorial” de 200 millas, excluyendo a otros países de la utilización y aprovechamiento de las riquezas de dicha área. Por el contrario, estaba prevista la concesión de permisos de pesca y caza a empresas nacionales y extranjeras, siempre que se sometieran a las reglamentaciones tendientes a la conservación y utilización prudente de los recursos naturales (309) .
La Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue programada para 1958. Los representantes de Chile, Ecuador y Perú se reunieron anticipadamente en Quito, con la finalidad de preparar un plan de acción conjunto. La representación peruana planteó que, si bien la Declaración de Santiago no había fijado un mar territorial de 200 millas, existía una relación estrecha entre las cuestiones de libertad y derecho de pesca, la conservación de recursos vivos, y la cuestión de la anchura del mar territorial. En consecuencia, si el derecho del Estado ribereño a los recursos de la zona adyacente a su mar territorial fuera debidamente reconocido, la discusión acerca de la anchura del mar territorial quedaría cerrada. La propuesta peruana fue aceptada por los otros dos países (310) .
Según Alberto Ulloa, los Estados que suscriben la tesis de las 200 millas, reclaman una soberanía “modal”, lo que consiste en la autoridad para reglamentar y controlar la pesca dentro de la zona de mar que reivindican. La soberanía modal no implica una restricción ni modificación de las libertades de navegación y comercio (311) .
La tesis de las 200 millas de soberanía y jurisdicción no se consagró al interior del Derecho Internacional, con la Convención Universal sobre Derecho del Mar aprobada el 30 de abril de 1982 y suscrita el 10 de diciembre siguiente. El Perú aún no se ha adherido a esta Convención. El Congreso de la primera década del 2000 lo tendría en las próximas Legislaturas como parte de su agenda pendiente.
e. El asilo de Víctor Raúl Haya de la Torre en la Embajada de Colombia
El Asilo Político o Diplomático constituye uno de los aportes de América Latina al derecho internacional, junto a los principios de uti possidetis, no intervención y el arbitraje. El asilo es definido como la protección de la vida y libertad de los perseguidos políticos que son víctimas de la represión y la violencia de gobiernos o turbas (312) .
Las normas positivas que regulan el asilo en América Latina son básicamente cuatro: el Tratado Penal Internacional Sudamericano de Montevideo de 1889; la Convención de La Habana firmada por el Perú el 20 de febrero de 1928 durante la VI Conferencia Panamericana, ratificada por el Congreso peruano mediante Resolución Legislativa 10190, del 10 de febrero de 1945, y depositada el 21 de Junio del mismo año. La tercera es la Convención de Montevideo firmada el 26 de diciembre de 1933, durante la VII Conferencia Panamericana y que consagró por primera vez el derecho unilateral de calificar como “asilado” a un perseguido. Esta Convención de Montevideo fue aprobada por el Parlamento peruano por Resolución Legislativa 13279 de 9 del diciembre de 1959 y depositado el 9 de marzo de 1960. Y, finalmente, la Convención de Caracas o de Asilo Diplomático de 1954, aprobada durante la X Conferencia Panamericana, el día 28 de marzo. Fue firmada por el Gobierno peruano el 2 de enero de 1960 y aprobada por el Congreso mediante Resolución Legislativa 13705, de 11 de setiembre de 1960.
Uno de los sucesos que tuvieron mayor repercusión en la política exterior del Perú durante el Gobierno de Odría, fue el asilo del líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre en la Embajada de Colombia en Lima. Se trató de una cuestión sumamente prolongada, ya que el asilo duró 5 años, 3 meses, y 3 días. A través del examen de los acontecimientos se pueden ver reflejadas las características de la institución jurídica del asilo.
El 3 de octubre de 1948, el Partido Aprista había sido partícipe de un intento revolucionario en contra del Gobierno de facto del General Odría. El intento fracasó y se desató una persecución en contra de los miembros del mencionado partido, quienes pasaron a la clandestinidad.
En la noche del 3 de enero de 1949, el líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre ingresó a la Embajada de Colombia en Lima. El Embajador colombiano, Carlos Echeverri Cortés, concedió asilo al político peruano de acuerdo con la Convención sobre Asilo de La Habana, de 1928. Echeverri informó al respecto al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Contralmirante Federico Díaz Dulanto, al que solicitó la expedición de un salvoconducto para que Haya pudiera salir del país (313) .
En vista de que el Gobierno peruano no emitía el salvoconducto solicitado, Echeverri insistió los días 14 de enero y 12 de febrero. Recién el 22 de febrero, el Gobierno peruano negó oficialmente el salvoconducto, aduciendo que Haya era un delincuente común y solicitando su entrega inmediata a las autoridades. Además, la Cancillería alegó que nuestro país no había ratificado la Convención de Montevideo de 1933.
El Gobierno colombiano respondió que la figura del asilo existía antes de 1933 y que era válida por derecho consuetudinario. Ante una nueva negativa peruana, propuso llevar el asunto ante una instancia Judicial internacional. El Gobierno de Odría optó por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo que fue aceptado por Colombia (314) .
Colombia acreditó ante la Corte Internacional al señor Yépez mientras que el Perú hizo lo propio con el señor Carlos Sayán Álvarez. En su demanda, el Gobierno colombiano enfatizó los compromisos formales que nuestro país había adquirido con respecto al derecho de asilo y la fuerza que éste había tomado merced a la costumbre. Señaló el reconocimiento de que Haya gozaba como líder político, así como también el derecho del país asilante a considerar a un perseguido como asilado. El representante peruano, Sayán Álvarez, concentró su argumento en el supuesto carácter delictivo tanto de Haya de la Torre como del movimiento que lideraba. Además, contrapuso la necesidad social a la costumbre, como fuentes de derecho (315) .
El Gobierno peruano contrató como consejero al jurista Georges Scelle, profesor de la Facultad de Derecho de París. Scelle había defendido el valor de la costumbre como fuente de derecho en una obra publicada con anterioridad al caso de Haya. En este caso, sin embargo, su argumento favoreció al Gobierno de Odría. Scelle sostuvo que, en tanto Haya estaba dentro de territorio peruano, el Gobierno colombiano afectaba la soberanía de nuestro país, al calificar al líder aprista como perseguido político. Asimismo, sostuvo que Haya no podía beneficiarse del asilo ya que, antes de solicitarlo, ya había sido juzgado e inculpado por las autoridades peruanas, por el delito de rebelión (316) .
Las autoridades colombianas respondieron que el argumento de Scelle era tan sólo una opinión individual, que no podía afectar un principio del Derecho Internacional Americano, al que dicho jurista en algunas ocasiones trataba de restringir y en otras de extender. Agregaron que el Perú había votado a favor del Tratado de Montevideo de 1933, que establecía la calificación unilateral del perseguido como asilado (317) .
El 20 de noviembre de 1950, la Corte Internacional sentenció que la concesión de asilo a un refugiado, dentro del Estado en el que había cometido el delito, representaba un atentado contra la soberanía de este último. Además, señaló que el Perú no había ratificado el Tratado de 1928 y, por lo tanto, no estaba obligado a cumplir con sus disposiciones. Por otra parte, la Corte consideró que el Gobierno peruano no había demostrado que el intento de rebelión de Haya constituyera un delito común.
En tanto la opinión de la Corte era ambigua, Colombia le planteó tres preguntas. En primer lugar, si la calificación de delito imputado a Haya era procedente. En segundo lugar, si el Perú no tenía derecho a solicitar la entrega del asilado y si Colombia no tenía la obligación de entregarlo. Finalmente, si Colombia tenía la obligación de entregar al asilado a las autoridades peruanas, aunque éstas no lo exigieran, considerando que se trataba de un criminal político (318) .
La Corte Internacional se negó a emitir un nuevo veredicto ratificando la opinión que ya había emitido. El Perú pidió entonces la entrega de Haya, a lo que Colombia se rehusó. Inclusive, pidió a la Corte Internacional que emitiera un veredicto adicional, indicando cómo debía ejecutarse la sentencia de 20 de noviembre de 1950.
El 13 de julio de 1951, la Corte emitió una nueva sentencia, de carácter contradictorio, declarando que Colombia no estaba obligada a entregar a Haya de la Torre a las autoridades peruanas. Al mismo tiempo, señalaba que el asilo otorgado al líder aprista, debía haber cesado luego de la sentencia de 20 de noviembre de 1950, y que en todo caso debía cesar cuanto antes (319) .
El caso de Haya de la Torre se prolongaba sin visos de solución, y se hallaba próxima la X Conferencia Panamericana, a celebrarse en Caracas en 1954. A fines de 1953, el Canciller colombiano Evaristo Surdis declaró en Washington que el caso de Haya de la Torre tenía carácter americano, y que debía solucionarse definitivamente lo antes posible, en defensa de la armonía y solidaridad continentales320 .
El Gobierno peruano decidió entonces entablar negociaciones directas con su similar colombiano, en la ciudad de Bogotá, para resolver el problema. El Perú estuvo representado por los Comisionados Plenipotenciarios Hernán Bellido y David Aguilar. y el vecino país, por Alberto Zuleta y Carlos Sanz de Santamaría.
El 22 de marzo de 1954, dichos representantes firmaron un acuerdo, por el cual Haya sería “deportado” del país. El Gobierno de Colombia permitiría que se hiciera una diligencia instructiva con Haya en su embajada, con la finalidad de poder dictar el acta de extrañamiento. El Gobierno colombiano también se comprometió a no asilar a Haya en su territorio y a mantener en reserva el acuerdo hasta que Haya abandonara el país.
El acuerdo fue ejecutado el 6 de abril de 1954. Haya dejó la embajada colombiana en compañía del Ministro de Justicia, Alejandro Freundt Rossell. Luego partió con rumbo a México, país que le otorgó el asilo321 .
f. Las relaciones con el Ecuador
i. El desconocimiento ecuatoriano del Protocolo de Río de Janeiro
En abril de 1951, se celebró en Washington la IV Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de los países americanos. El tema principal de la agenda era la Agresión Extracontinental.
El día 4, durante el debate de una resolución acerca de dicho tema, el Canciller ecuatoriano, Neptalí Ponce, solicitó que los países del continente cooperaran militarmente no sólo para combatir la agresión extracontinental, sino también la agresión «intracontinental». Luego sostuvo que el Perú había agredido al Ecuador en 1941 y que, como resultado de dicha agresión, su país se había visto forzado a aceptar el Protocolo de Río, perdiendo territorio y también la condición de país amazónico. A continuación, solicitó que se resolvieran pacíficamente las cuestiones pendientes en la ejecución del Protocolo y advirtió acerca de una posible agresión del Perú contra su país.
En la siguiente sesión, el Canciller peruano Alberto Ulloa refutó a su similar ecuatoriano, afirmando la justicia y validez del Protocolo de Río de Janeiro, garantizado por Argentina, Brasil, Chile y los Estados Unidos. Como parte de su argumentación, Ulloa hizo un recuento histórico de los enfrentamientos fronterizos entre Ecuador y Perú a lo largo del siglo XX. También dio cuenta de los antecedentes y el desarrollo del conflicto de 1941 y de la mediación de los países amigos. Asimismo, explicó que la colaboración de dichos países había dado como resultado el Protocolo de Río de Janeiro, una solución justa y definitiva a los problemas fronterizos de Ecuador y Perú, que éstos habían aceptado libremente. Ulloa señaló que la línea fronteriza fijada por el Protocolo había tomado como referencia a las antiguas posesiones de ambos países. De ese modo, se había reiterado el valor del derecho de posesión como principio jurídico internacional. Agregó que, a pesar de que el Ecuador no había tenido acceso al Amazonas antes del Protocolo, este convenio se la había concedido, a través del río Putumayo322 .
El 28 de julio de 1951, el Presidente del Perú, General Manuel Odría, pronunció su discurso anual ante el Congreso nacional. En él, Odría rechazó la campaña ecuatoriana, que cuestionaba la validez del Protocolo de Río de Janeiro y culpaba infundadamente al Perú de haber llevado a cabo una conquista territorial. El entonces Presidente defendió la legitimidad del acuerdo celebrado en Río de Janeiro, así como también la línea fronteriza que dicho acuerdo había fijado, a partir del principio de posesión. Además, hizo votos por la pronta demarcación de la frontera entre nuestro país y el Ecuador, en concordancia con el Protocolo323 .
En este punto, es importante señalar que el mismo año de 1951, el Vaticano reconoció formalmente la validez jurídica del Protocolo de Río, al ajustar los límites de las misiones religiosas ecuatorianas en las regiones orientales del vecino país en correspondencia con los límites fijados por el mencionado acuerdo324 .
Odría se vio obligado a refutar nuevamente la campaña ecuatoriana, en su discurso al Congreso de julio de 1953. El Presidente cuestionó la validez de las informaciones ecuatorianas acerca de una actitud belicista peruana. Reiteró que el Protocolo de Río de Janeiro había resuelto definitivamente las diferencias fronterizas entre ambos países. En consecuencia, el Perú no tenía por qué adoptar una postura agresiva. Por el contrario, nuestro país deseaba el cumplimiento estricto del acuerdo de Río de Janeiro325 .
ii. La XI Conferencia Panamericana de 1961 y la rebeldía del Ecuador contra el Protocolo de Río de Janeiro
En 1960, las autoridades del Ecuador preparaban la realización de la XI Conferencia Panamericana, programada para el año siguiente en la ciudad de Quito. Con este motivo, los políticos ecuatorianos, que se hallaban en plena campaña electoral, declararon su intención de cuestionar el Protocolo de Río de Janeiro al interior de dicha Asamblea, pidiendo incluso su anulación.
La diplomacia peruana reaccionó de inmediato, advirtiendo a los gobiernos de los países garantes acerca de las intenciones ecuatorianas y pidiéndoles que reafirmaran oficialmente la validez del Protocolo.
A fines de agosto del año mencionado, José Velasco Ibarra asumió la Presidencia del Ecuador por tercera vez. Inició su Gobierno anunciando su intención de denunciar el Protocolo de Río de Janeiro y de solicitar su anulación al interior de la Conferencia Panamericana de Quito.
En respuesta, el Gobierno del Perú envió un memorándum a los países garantes, advirtiéndoles acerca de la actitud agraviante del Ecuador, no sólo con respecto a nuestro país, sino también frente a los propios garantes. Asimismo, solicitó una declaración contundente de los garantes acerca de la validez e intangibilidad del Protocolo326 .
En el mes de octubre, el Gobierno del Ecuador informó oficialmente a los países garantes acerca de su rechazo al Protocolo. Las autoridades ecuatorianas argumentaron que dicho arreglo había sido impuesto por la fuerza, privando a su país de una gran extensión de territorio. Que por ello, el Ecuador esperaba que se reconociera la invalidez de dicho acuerdo y que se le restituyeran sus derechos amazónicos327 .
El Gobierno peruano solicitó entonces nuevamente, que los gobiernos de los países garantes declararan públicamente la intangibilidad del Protocolo y de la línea fronteriza que había fijado, tanto la ya demarcada como aquella pendiente de demarcación. En el documento correspondiente, nuestras autoridades defendieron el principio de respeto a los tratados internacionales. También señalaron que afirmar que el Protocolo había sido impuesto por la fuerza, constituía un agravio contra los garantes. Finalmente, el Gobierno peruano advirtió que en caso de que no hubiera una desautorización expresa y decidida de la política ecuatoriana, el Perú no asistiría a la Conferencia Interamericana de Quito. Para reforzar la posición peruana, el Gobierno envió una misión ante los países garantes, encabezada por el Embajador Guillermo Hoyos Osores328 .
Finalmente, los cancilleres de los países garantes condenaron enérgicamente la posición del Ecuador mediante una nota simultánea al Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, enviada el 7 de diciembre de 1960. Los garantes defendieron el principio de respeto a los tratados internacionales. En consonancia, reiteraron la validez del Protocolo de Río de Janeiro y de los actos demarcatorios que ya se habían llevado a cabo. Asimismo, expresaron su voluntad de colaborar para resolver cualquier diferencia demarcatoria que se presentara329 .
ii. El Congreso y la búsqueda de autonomía: 1962 – 1968
Según el investigador norteamericano Ronald St. John, a partir de 1962 la política exterior peruana se inclinó hacia una búsqueda de autonomía con respecto a las potencias mundiales, especialmente de los Estados Unidos de América, a través del Movimiento de Países No Alineados.
Los sucesivos gobiernos diversificaron sus fuentes de armamento, expandieron los vínculos comerciales, defendieron la reorganización del sistema económico y político interamericano y trataron de impulsar la cooperación económica regional.
Las relaciones con Estados Unidos tuvieron un carácter ambiguo. Por un lado, las expectativas del nacionalismo peruano resintieron el poder de los Estados Unidos; al mismo tiempo, el país debió afrontar la necesidad de intercambiar comercio y cooperación con la potencia del norte, para lograr varios objetivos de política exterior.
En 1962, el candidato del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, ganó las elecciones presidenciales pero no alcanzó el mínimo de un tercio del total de votos para poder asumir la presidencia. En vista de ello el Congreso, en el que el APRA tenía la mayoría, debía nombrar al Presidente.
Pero antes de que el Parlamento pudiera tomar una decisión al respecto, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un golpe de Estado, y una Junta Militar de Gobierno asumió el poder el 18 de julio de 1962.
El mismo día en que se produjo el golpe de Estado, el Gobierno de Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con el Perú. Las autoridades norteamericanas sostuvieron que el golpe representaba un retroceso para el programa de Alianza para el Progreso. El 19 de julio, el Departamento de Estado norteamericano suspendió toda ayuda para el Perú, excepto aquella de carácter humanitario.
En respuesta a la reacción oficial de los EE.UU., la Junta de Gobierno ofreció respetar las libertades civiles y convocar a elecciones presidenciales en 1963. Paralelamente, tomó medidas para fortalecer sus vínculos con la comunidad empresarial norteamericana en el país. Esta actitud rindió frutos rápidamente, pues el Gobierno estadounidense restableció las relaciones diplomáticas y los programas de asistencia económica. La ayuda militar se reinició en octubre del mismo año330 .
En 1963, fue elegido Presidente Fernando Belaúnde Terry.
a. El Parlamento Latinoamericano
Uno de los sucesos parlamentarios más importantes en esta etapa fue la formación del Parlamento Latinoamericano. Como ya se ha mencionado antes, el ideal de integración regional surgió muy tempranamente en la historia republicana de América Latina. Algunos esfuerzos del siglo XIX fueron el Congreso de Panamá de 1826, el Primer Congreso Americano de Lima de 1847 y el Segundo Congreso Americano, también celebrado en nuestra capital en 1864. El Perú tuvo un rol muy destacado en todas estas iniciativas.
El promotor más entusiasta del Parlamento Latinoamericano, fue el líder aprista Andrés Townsend Ezcurra.
El 3 de marzo de 1964, el entonces Diputado participó como orador en un acto de bienvenida a un grupo de miembros del Parlamento Europeo. Townsend anunció que la Célula Parlamentaria Aprista presentaría una propuesta destinada a fomentar la reunión de una asamblea de parlamentarios latinoamericanos, para examinar el proceso de integración y apoyarlo331 .
La Célula Parlamentaria Aprista presentó la propuesta en ambas cámaras legislativas el 2 de junio de 1964. Luis Alberto Sánchez, representante de Lima, la fundamentó en la Cámara de Senadores. Townsend, entonces representante de Lambayeque, argumentó a su favor en la Cámara de Diputados. El acuerdo final del Congreso decía:
“Invitar a los Parlamentos de los países latinoamericanos a una primera reunión de delegados de dichos cuerpos legislativos, a celebrarse en Lima, con el propósito de estudiar los problemas de la integración económica iniciada con el Tratado de Montevideo; la posibilidad de una coordinación política que, reforzando la posición internacional de los países de nuestra América, coopere a acelerar el desarrollo económico y social de nuestros pueblos y aconseje las formas eficaces como los Parlamentos de América Latina pueden contribuir a la consecución de estos elevados objetivos de solidaridad continental”332 .
El Congreso peruano envió comisiones bicamerales y pluripartidarias a diversos países de la región, para invitarlos a participar de la reunión constitutiva del Parlamento Latinoamericano.
El resultado fue exitoso. Entre el 6 y el 11 de diciembre de 1964, delegados de 13 Parlamentos nacionales se reunieron en Lima, en la Asamblea Constitutiva del Parlamento Latinoamericano333 .
Las sesiones se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados de nuestro Congreso. Fueron elegidos presidentes de la Asamblea, el Presidente del Senado, Ramiro Prialé, y el Presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Freundt Rossell334 .
El documento fundamental de la Asamblea fue la “Declaración de Lima”, que recogió los objetivos del Parlamento. Éstos eran:
• Lograr el reconocimiento del proceso de integración latinoamericano, como factor indispensable para la libertad, desarrollo y presencia mundial de los pueblos de la región.
• Asegurar la participación de los Parlamentos nacionales en el proceso de integración, a nivel Legislativo y de la opinión pública.
• Fundar el Parlamento Latinoamericano.
• Contribuir a la fundación de autoridades comunitarias.
• Ratificar la fe en la democracia, en oposición a las formas de Gobierno imperialistas, dictatoriales u oligárquicas.
• Invocar la restauración de la democracia en aquellos países privados de ella.
• Declarar la solidaridad con los pueblos recién emancipados, y los esfuerzos a favor de los países en desarrollo.
La resolución más importante fue la creación del Parlamento Latinoamericano, asamblea unicameral integrada por delegaciones pluripartidarias de los Parlamentos nacionales. La Asamblea Constitutiva decidió que cada país participante del Parlamento debía tener un mismo número de representantes y de votos. La sede de la Presidencia debía ser rotativa. Las resoluciones y recomendaciones producidas durante la Asamblea Constitutiva se agruparían bajo los siguientes temas:
• Integración Política
• Integración Económica
• Integración Cultural
Más tarde, se añadieron las Comisiones de:
• Coordinación Legislativa
Con la finalidad de plasmar efectivamente el proceso de integración, se planteó estudiar una organización ejecutiva que pudiera examinar los problemas latinoamericanos, así como también una posible Corte de Justicia Latinoamericana, una Universidad Latinoamericana de Post–Graduados y una Agencia Noticiosa de Prensa Latinoamericana. También se recomendó la preparación de legislaciones nacionales que facilitaran la unidad política de la región. Uno de los gestos simbólicos de la Asamblea, fue disponer la creación de un “Pabellón Latinoamericano”.
En la esfera económica, la Asamblea reclamó un tratamiento justo de los países industrializados a los precios básicos de América Latina. Otra recomendación era organizar un “sistema de seguridad financiera latinoamericana”, para que el pago y depósito de las mercaderías exportadas se hiciera en los propios países productores. Asimismo, se recomendó a los Poderes Ejecutivos llevar a cabo planes de reforma agraria, para permitir la diversificación de la propiedad y de la producción agrícolas.
La Asamblea también recomendó que las comisiones nacionales destinadas a estudiar instrumentos de integración regional o subregional, incluyeran parlamentarios. Además, se propuso el establecimiento de Comisiones parlamentarias de Integración Económica. Una Comisión de tal naturaleza fue creada al interior de la Cámara de Diputados del Perú335 . El día final de la Asamblea, Andrés Townsend fue elegido Secretario General del Parlamento Latinoamericano336 .
La Primera Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano se realizó en Lima, entre el 14 y el 18 de julio de 1965. Allí se aprobaron el Estatuto, Reglamento y Presupuesto de la Asamblea, así como también el “Pabellón Latinoamericano”. Los parlamentarios reunidos manifestaron su preocupación por la vigencia de los Derechos Humanos. Asimismo, se hizo una invocación a la eliminación de todo tipo de discriminación, otorgando derechos a todas las minorías.
En la esfera económica, se recomendó la creación de una Flota Mercante Latinoamericana. En el ámbito cultural, el establecimiento de una Comisión de Cultura para América Latina y de una Universidad Latinoamericana de posgrado. También se hizo un llamado a la coordinación de las historias patrias, con “sentido integrador”.337
La Segunda Asamblea Ordinaria se llevó a cabo en Montevideo, en 1967. Los asistentes condenaron las dictaduras, y pidieron una libertad de información plena. También se recomendó el uso oficial del Pabellón Latinoamericano y de un texto común de Historia de América. La Asamblea expresó su respaldo a Panamá, en su reivindicación del Canal Interoceánico, se invocó a la paz en Vietnam, el retorno de Gibraltar a España y la libertad de tránsito para los judíos soviéticos.
b. El problema de La Brea y Pariñas
Uno de los asuntos más delicados que el primer Gobierno de Belaúnde tuvo que enfrentar fue la cuestión de los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas, en el Departamento de Piura.
En noviembre de 1963, el Congreso revocó la Ley de 1918 que permitía al Poder Ejecutivo someter la concesión de los yacimientos a arbitraje. Asimismo, se renunció al Laudo Arbitral de 1922, que fijaba el programa de impuestos a los yacimientos mencionados. Con la finalidad de resolver el problema, el Gobierno peruano estuvo a punto de conceder a la International Petroleum Company (IPC) las operaciones en yacimientos bajo contrato, pero el arreglo no llegó a concretarse.
El Gobierno norteamericano tuvo una posición ambivalente con respecto al problema de la IPC. Si bien nunca hizo una defensa explícita de esta compañía, la marcha del problema influyó en la política estadounidense con respecto a nuestro país. Por otra parte, en el mismo período el Gobierno de Estados Unidos de América resintió la adquisición de aviones de combate franceses por parte del Gobierno de Belaúnde, lo que rompió el monopolio de las armas norteamericanas en América Latina. Sintomáticamente, la capacidad de endeudamiento del Gobierno fue disminuyendo progresivamente338 .
El 26 de junio de 1967, el Congreso aprobó una ley anulando los títulos de la IPC sobre los yacimientos petrolíferos que explotaba hasta entonces. El Gobierno registró el subsuelo de la Brea y Pariñas como propiedad estatal, y ofreció los yacimientos en licitación. Asimismo, las autoridades determinaron que la deuda atrasada de la IPC con el Estado peruano ascendía a más de US$ 144 millones. La IPC entabló entonces nuevas negociaciones con el Gobierno peruano, que concluyeron en la firma del Acta de Talara, de 13 de agosto de 1968.
Entre los acuerdos del Acta, el Gobierno peruano canceló la deuda de la IPC, a cambio de recibir las instalaciones y minerales del subsuelo en La Brea y Pariñas. Igualmante, se firmó un contrato de venta de gas natural a la IPC, por diez años y otro contrato para la venta de crudo a la refinería de Talara. Se otorgaron nuevas concesiones de exploración a la empresa norteamericana, en otras áreas del país.
Una vez que ya se había llegado al arreglo, el Presidente de la Empresa Petrolera Fiscal, Carlos Loret de Mola, sostuvo que la última página del Acta, conocida a partir de entonces como la “página once”, había sido sustraída. En dicha página, habrían Estado señalados los precios a los cuales el Estado vendería los combustibles a la IPC.
Aún cuando la existencia de la página once no fue confirmada, el descontento frente al Gobierno de Belaúnde se intensificó, y desembocó en el golpe militar del General Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968339 .
c. La II Conferencia Internacional Extraordinaria en Río de Janeiro de 1965 y el acto de provocación del Ecuador
En noviembre de 1965, los países miembros de la Organización de Estados Americanos se reunieron en Río de Janeiro, con la finalidad de reformar parcialmente la Carta de dicha entidad.
La reunión se denominó «II Conferencia Internacional Extraordinaria». En la sesión del 20 de noviembre, el Canciller del Ecuador Wilson Córdova sostuvo nuevamente las tesis de su país: la supuesta política de conquista del Perú, la pérdida de territorio ecuatoriano y la nulidad del Protocolo de Río de Janeiro.
El Canciller peruano, Jorge Vásquez Salas, calificó inmediatamente de «impertinente» la intervención de Córdova. En la siguiente sesión, Vásquez Salas refutó las tesis ecuatorianas. Señaló la importancia y validez del Protocolo de Río de Janeiro y negó categóricamente la existencia de alguna divergencia legal entre ambos países. Reiteró también la vigencia del principio de posesión, en mérito al cual el Protocolo había reconocido la soberanía peruana en los territorios del norte del país.
Vásquez Salas recordó ante la asamblea interamericana, que el Ecuador había ratificado libremente el Protocolo y se había mostrado dispuesto a cumplirlo, postura que mantuvo hasta 1950. A partir de ese momento, por motivos de política interna, las autoridades ecuatorianas habían desconocido el Tratado. Esa conducta había sido censurada categóricamente por los garantes mediante la nota simultánea de 7 de diciembre de 1960. El representante peruano terminó su discurso, haciendo un llamado al Gobierno ecuatoriano para que dirigiera sus esfuerzos hacia la consolidación de relaciones amistosas, solidarias y mutuamente provechosas con el Perú340 .
iii. Política exterior durante el Gobierno de las Fuerzas Armadas: 1968–1980
Aún cuando el Gobierno de las Fuerzas Armadas fue un régimen de facto, y por lo tanto no existió un Poder Legislativo, es importante hacer una breve reseña de su política internacional, ya que sus acciones influyeron necesariamente en las condiciones que tuvo que enfrentar la democracia, una vez restablecida.
El Gobierno de Velasco se extendió de 1968 a 1975. Este período fue también conocido como la “Primera Fase” del régimen militar. Se caracterizó por una retórica acentuadamente nacionalista y antiimperalista.
En el ámbito interno, se propuso transformar las estructuras sociales, económicas, políticas e incluso culturales. En la esfera externa, declaró su intención de disminuir la dependencia del país, buscando una “tercera vía” hacia el desarrollo.
Entre las medidas más importantes tomadas por Velasco, estuvieron la expropiación de la IPC, en teoría sin darle ninguna compensación; el reforzamiento de la tesis de las 200 millas; la creación de monopolios estatales para la explotación de los recursos naturales considerados “estratégicos”; y el esfuerzo por asegurar la participación peruana en la administración y utilidades de las empresas extranjeras.
Velasco promovió también una reorganización del sistema político y económico de América Latina. Cuestionó las instituciones regionales como la Organización de Estados Americanos, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y el Banco Interamericano de Desarrollo. Demandó entre otras cosas el fin del embargo de la OEA contra Cuba.
También promovió la integración económica con los países vecinos, a través del Pacto Andino.
La diplomacia peruana participó activamente en el Movimiento de Países No Alineados, apoyando una reestructuración del sistema monetario internacional y la formación de un cartel de productores de materias primas.
Se opuso enérgicamente a las pruebas nucleares llegando al rompimiento de relaciones con Francia, en julio de 1973.
Las relaciones con otros países se expandieron, destacando los acuerdos con los países de la órbita socialista. También se condenó la intervención occidental en Vietnam del Sur y Angola341 .
La política económica del Gobierno de Velasco generó grandes expectativas iniciales. El Gobierno promovió el desarrollo de las exportaciones, cuyos ingresos debían servir como garantía para créditos internacionales. Paralelamente, se apoyó a determinados sectores de la industria nacional, de acuerdo con el modelo de sustitución de importaciones.
Desafortunadamente, en el primer caso, una combinación de falta de administración y los vaivenes de los mercados internacionales, perjudicaron el proyecto. En el segundo caso, el Gobierno ahuyentó al capital extranjero, al tratar de imponer un control demasiado rígido sobre él.
Para poder sostener su política económica, el Gobierno recurrió crecientemente al crédito externo, especialmente de la banca comercial. A la creciente crisis económica, se sumaron los problemas de salud del propio Velasco, lo que finalmente desembocó en el golpe del General Francisco Morales Bermúdez, en 1975.
El Gobierno de Morales Bermúdez, de 1975 a 1980, fue conocido como la “Segunda Fase” del régimen militar. Impuso un programa de austeridad económica, con la finalidad de estimular las exportaciones y limitar las importaciones.
Las medidas gubernamentales como las devaluaciones, eliminación de subsidios, control de precios y salarios, entre otras medidas, generaron gran descontento. La deuda externa continuó creciendo.
En 1977, los acreedores del país se negaron a proporcionar ayuda adicional sin un aval del Fondo Monetario Internacional. El Gobierno se vio forzado a llegar a un arreglo con el FMI en agosto de 1978, lo que acarreó nuevos incrementos de precios y tasas de interés, devaluación de la moneda y ajustes salariales limitados.
El régimen de Morales Bermúdez trató de moderar el tono de la política externa. El país se distanció de las posiciones radicales al interior del Movimiento de los No Alineados. Asimismo, se anunció un acuerdo de compensación a la Marcona Corporation, empresa norteamericana a la que se había expropiado la mina del mismo nombre. Estas medidas fueron bienvenidas por el Gobierno norteamericano, lo que llevó a un mejoramiento de las relaciones entre ambos países342 .
a. Las relaciones con Chile
El Gobierno de Velasco legó al de Morales Bermúdez una situación de tensión con Chile. En 1975, los gobiernos chileno y boliviano realizaron negociaciones acerca de la posibilidad de que el país altiplánico obtuviera una salida al mar.
La propuesta del Gobierno de Chile fue ceder a Bolivia una franja de terreno al norte de Arica, a cambio de un área equivalente en el Altiplano boliviano. El Gobierno de Morales Bermúdez, alarmado por no haber sido consultado al respecto, sugirió una rueda de negociaciones en Lima, con la finalidad de buscar una solución “amplia”.
La Cancillería peruana propuso crear una zona de soberanía compartida entre la frontera con Perú y la ciudad de Arica, de modo tal que se promovía la integración y se otorgaba una salida marina a Bolivia.
El Gobierno chileno se negó a considerar la iniciativa peruana, argumentando que introducía asuntos no relacionados con la cuestión de fondo, perjudicaba la soberanía chilena e incluso, modificaba los acuerdos del Tratado de Lima de 1929.
En marzo de 1978, el Gobierno boliviano rompió relaciones con Chile, aduciendo su intransigencia, falta de sinceridad y rigidez.
Las relaciones entre Chile y Perú se mantuvieron muy tirantes a lo largo de 1978343 .
b. Las relaciones con Ecuador
A partir de 1977, las autoridades militares peruanas constataron diversas violaciones ecuatorianas del espacio aéreo y terrestre de nuestro país.
La situación se tornó sumamente tensa en enero del año siguiente, cuando una patrulla peruana descubrió que fuerzas de país vecino habían establecido una base militar en territorio nacional, junto al río Cenepa y a la Cordillera del Cóndor, al noroeste del sector Jiménez Banda.
Las fuerzas ecuatorianas fingían que la base se encontraba dentro de su territorio. El 12 de enero, tropas del Ejército peruano desalojaron valerosamente a los invasores. Como reacción, fuerzas ecuatorianas realizaron sucesivos ataques aéreos y terrestres contra posiciones peruanas en la misma área.
El Gobierno del General Morales Bermúdez trató de evitar que los choques armados desembocaran en un conflicto bélico. Por ello, jefes militares peruanos y ecuatorianos se reunieron en Aguas Verdes el 20 de enero de 1978.
El resultado de las conversaciones fue un acuerdo de statu quo a lo largo de la frontera no definida. Ambas partes aceptaron tácitamente que el límite natural en dicha zona era la Cordillera del Cóndor. Asimismo, se comprometieron a no establecer nuevos puestos militares y a evitar nuevos enfrentamientos entre puestos ya existentes344 .
iv. El segundo Gobierno de Fernando Belaúnde: 1980–1985
En 1980, luego de 12 años de dictadura militar, los peruanos eligieron Presidente el Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, de Acción Popular. En su mensaje inaugural ante el Congreso de la República, Belaúnde señaló que la primera prioridad de su Gobierno sería fortalecer los lazos con los “países hermanos”, especialmente Estados Unidos y Canadá, en tanto centros de riqueza y tecnología. También sostuvo la necesidad de integrar el Grupo Andino, la Región Amazónica y la Cuenca del Plata, para conseguir el desarrollo de la región345 .
Inicialmente, el Gobierno de Belaúnde tuvo que hacer frente a diversos asuntos de política internacional que el saliente Gobierno militar había dejado pendientes. Entre ellos, estuvieron la cuestión de los refugiados cubanos en la Embajada del Perú en La Habana, la expulsión de perseguidos políticos argentinos del país y el golpe militar en Bolivia.
a. El problema de los exiliados cubanos
En 1980, un grupo de doce cubanos ingresaron violentamente a la Embajada del Perú en La Habana. El Embajador Eduardo de Habich se negó a otorgarles el asilo, a consecuencia de lo cual fue removido de su cargo. El Gobierno cubano retiró el resguardo de la Embajada y, como resultado, se produjo una verdadera invasión de refugiados, que alcanzaron el número aproximado de diez mil. El Gobierno del General Francisco Morales Bermúdez decidió otorgar el asilo a 742 de ellos, quienes llegaron al Perú entre los meses de abril y junio.
A su arribo a nuestro país, los refugiados recibieron auxilio del Gobierno peruano, de la Iglesia Católica y del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas. Inicialmente, fueron instalados en el Parque Recreacional Huampaní, y luego en el Parque Deportivo Túpac Amaru, ambos de propiedad del Estado. Más tarde, fueron trasladados al poblado de Pachacámac. Alrededor de dos tercios migraron al extranjero en los años posteriores. Algunos de ellos viajaron legalmente a los Estados Unidos de América, gracias al “Plan Éxodo” de la Fundación Nacional Cubano Americana, iniciado en 1992; otros viajaron a los Estados Unidos de manera clandestina346 .
En sesión de 2 de setiembre de 1980, el Senador de Acción Popular Jaime Cheneffusse, presentó una moción solicitando al Poder Ejecutivo que derogara el Decreto Supremo 007–80–TC de 12 de junio del mismo año. Dicho decreto establecía cuatro zonas de acceso restringido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, las cuales estaban bajo control de la empresa CORPAC y a las cuales no tenía acceso la Guardia Civil347 . Asimismo, Cheneffusse solicitó que esta fuerza del orden asumiera la seguridad de todos los aeropuertos comerciales del país348 .
Luego de la intervención de Cheneffusse, el Senador Carlos Malpica anunció que un grupo de parlamentarios de izquierda iban a presentar una moción alternativa. Indicó que habían pedido al Ministro de Relaciones Exteriores que informara cómo se iba a resolver el problema de los refugiados cubanos. En su opinión, el Gobierno Militar había cometido un error al trasladar al Perú a “setecientos ciudadanos cubanos lumpen, traficantes y de la peor especie”, a pesar de las advertencias hechas por el entonces Embajador del Perú en Cuba, Eduardo de Habich.
Malpica señaló que pocos días antes, 180 cubanos que viajaban al Perú en un avión de la compañía Braniff, habían Estado a punto de secuestrar al Ministro del Interior. También indicó que otros dos cubanos habían Tratado de dejar el Perú como polizones349 .
El Senador Jorge del Prado agregó que los exiliados que habían llegado al Perú eran “renegados”, “lumpen”, y “gente degenerada”. Por lo tanto, no se trataba de “cubanos verdaderos”.
Por su parte, el Senador Luis Alberto Sánchez aconsejó a los Parlamentarios autores de las mociones que se iban a discutir, que tuvieran cuidado de no involucrar el principio jurídico del derecho de asilo. Sánchez admitió que los cubanos que se habían asilado en la Embajada del Perú en La Habana, y que habían llegado a nuestro país, podían ser gente de un bajo nivel cultural y social. Sin embargo, ello no afectaba la vigencia del derecho de asilo, acerca del cual dijo:
“Es una de las conquistas más grandes del derecho americano, y que para nosotros los peruanos, que durante algún tiempo tuvimos que ser los campeones del derecho de asilo y llegamos hasta la Corte Internacional de La Haya defendiendo este derecho, debe ser motivo de gran cuidado la redacción de cualquier expresión con respecto a gente que se haya acogido al asilo peruano, no interesa quién lo haya previsto, éste o aquél; ningún nombre propio interesa...”350 .
Luego de la intervención de Sánchez, habló el Senador Genaro Ledesma, quien sostuvo que los ciudadanos cubanos que habían llegado al Perú no podían ser considerados asilados, ya que no habían sido perseguidos por sus ideas políticas en su país de origen. En opinión de Ledesma, se trataba de gente de honradez cuestionable, que no quería trabajar ni estudiar, y que incluso se había negado a ser trasladada a la selva para laborar allí. Según Ledesma:
“El Presidente Carter, que habla más que nosotros de Derechos Humanos, no ha querido recibir a los cubanos, porque se trata de elementos que no son perseguidos políticos sino de elementos que ha procreado el hampa, que aún cuando se trate de un país socialista, el hampa está en decadencia y en vías de extinción, pero todavía es un remanente y este remanente es explotado por los enemigos del socialismo para magnificar el suceso”351 .
Ledesma consideraba que el incidente de la Embajada del Perú en La Habana, era un asunto “nada inocente” generado durante un proceso electoral en nuestro país, con la finalidad de perjudicar la votación de los partidos de izquierda. Asimismo, criticó la posición del Gobierno peruano frente al incidente; que se hubiera removido al Embajador Eduardo de Habich, por no haber concedido inicialmente el asilo a los cubanos que tomaron la Embajada; que, finalmente, se hubiera dado el asilo a los cubanos; y que el Canciller fuera a recibir a los cubanos a su llegada al Perú. Para concluir, Ledesma protestó por la presencia de “cubanos indeseables” en nuestro país, ya que perjudicaban a la nación y a la izquierda peruanas352 .
A continuación, intervino el Senador Rolando Breña, quien sostuvo que los cubanos que habían llegado al Perú estaban haciendo un “uso ilegítimo e indebido” del derecho de asilo. La mayoría de ellos no había venido a nuestro país con buenas intenciones, y ello lo demostraban las actividades ilícitas a las que se dedicaban al interior del Parque Zonal Túpac Amaru y sus alrededores353 .
Tras la intervención de Breña, tomó la palabra nuevamente el Senador Luis Alberto Sánchez. Este sostuvo que las intervenciones anteriores ponían en cuestión el derecho de asilo, aunque sus autores no lo reconocieran. Según Sánchez, el derecho de asilo era un derecho humano, no un derecho que se pudiera conceder para premiar la conducta virtuosa. Además, una de las reglas del asilo era que la entidad “asilante” tenía el derecho exclusivo de calificar a uno o varios individuos de “asilados”. Por lo tanto, si el Perú había calificado a los ciudadanos cubanos como asilados, éstos debían disfrutar de los derechos propios de tal condición. En contraparte, los asilados cubanos estaban sujetos a la ley peruana. Por lo tanto, si cometían delitos, debían ser sancionados de acuerdo a las leyes de nuestro país. Sánchez agregó:
“...el hecho de que en el Parlamento mismo se trate de este asunto, contra un extranjero que por más depravado que sea es ante todo un ser humano, que se ha acogido a nuestra bandera, a mi juicio me parece realmente desagradable. Por lo menos para mí lo es, cualquiera que sea el origen político de la persona que se acoja al asilo. Si fuera burgués, si fuera un socialista o quien sea, es un ser humano ante todas las cosas. El asilo se ha hecho para eso.”
El entonces Senador propuso que se retirara la moción en debate y que se realizaran coordinaciones con los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior, a fin de estudiar las medidas que se pudieran tomar respecto al asunto354 .
A continuación, intervino el Senador Mario Polar, quien sostuvo estar en desacuerdo con los parlamentarios de izquierda, que habían calificado de “lumpen” y “bandidos” a los refugiados cubanos, por cuestiones políticas. Indicó que los cubanos habían huido de su país fundamentalmente por falta de libertad, y que, si bien podían haber algunos “bandidos” entre ellos, no se podía calificar así a todos, incluyendo a mujeres y niños.
Inmediatamente, el Senador Ricardo Napurí replicó a Polar, señalando que los parlamentarios de izquierda no cuestionaban el derecho a asilo pero que, al mismo tiempo, eran conscientes de que el incidente de los refugiados cubanos se había producido en el contexto de la presión que Estados Unidos ejercía sobre Cuba. Además, recordó que el propio Gobierno Militar que había otorgado el asilo a los refugiados cubanos, había entregado a perseguidos argentinos a la dictadura del General Rafael Videla355 .
Seguidamente, el Presidente de la Cámara, Oscar Trelles, sometió a votación la admisión a debate de la moción presentada originalmente por el Senador Cheneffusse. La moción fue admitida y pasó a la orden del día.
Al discutirse la moción, Cheneffusse sostuvo que buscaba únicamente lograr una mayor seguridad al interior del Aeropuerto Jorge Chávez. Declaró que su propuesta no afectaba el derecho de asilo con el que, además, sus co–partidarios y él estaban plenamente de acuerdo. Intervino luego el Senador Ledesma, quien expresó que la moción presentada por Cheneffusse sí estaba relacionada con el derecho de asilo y que, por lo tanto, se iba a oponer a ella356 .
A continuación, hizo uso de la palabra el Senador Carlos Malpica, quien reiteró que el problema central a discutir era la presencia de los refugiados cubanos “que abusando de su calidad de refugiados políticos, están creando una serie de problemas...”. Asimismo, sostuvo que las palabras de Luis Alberto Sánchez trataban de acusar implícitamente a los parlamentarios de izquierda, de estar contra el derecho de asilo. Por ello, mencionó que iba a presentar una moción complementaria a la de Cheneffusse, que comenzara manifestando su apoyo irrestricto a dicho derecho357 .
Malpica insistió en que los refugiados cubanos no eran perseguidos políticos, sino “seres desadaptados al sistema”. Ellos querían exclusivamente migrar a los Estados Unidos, y no permanecer en el Perú, ya que incluso en Cuba su standard de vida era mejor que en nuestro país. Por lo tanto, Malpica recomendó que se dieran facilidades a los refugiados para que pudieran viajar a los Estados Unidos. Asimismo, indicó que en la tercera parte de la moción de los parlamentarios de izquierda, se invitaba al Ministro de Relaciones Exteriores para que informara acerca de las medidas que la Cancillería tomaría respecto al problema de los refugiados cubanos358 .
Finalizada la intervención de Malpica, el Senador Ernesto Alayza indicó que los asuntos expuestos por aquél no podían ser tratados por vía de Mociones de Orden del Día. A continuación, el Senador Cheneffusse retiró su Moción de Orden del Día que pedía la derogación del DS. 007–80–TC, y solicitó que se tramitara como un pedido personal, lo que fue aceptado. Finalmente, el propio Malpica retiró la moción que había presentado ya que era, en teoría, complementaria a la moción de Cheneffusse359 .
En la siguiente sesión, de 3 de setiembre, un grupo de parlamentarios de izquierda presentaron un pedido similar a la moción propuesta por Malpica anteriormente. Los firmantes de la solicitud eran los Senadores Malpica, Napurí, Del Prado, Breña, Castro Lavarello, y Murrugarra. El pedido decía:
“Los Senadores que suscriben; Considerando: Que, como es de conocimiento público, personas de nacionalidad cubana ingresaron al Perú por la equivocada política de la Cancillería del Gobierno Militar, a pesar de las serias y fundadas advertencias del entonces Embajador en la República de Cuba, doctor Eduardo de Habich; los que se están convirtiendo en reiterados protagonistas de hechos delictivos, constituyendo una seria amenaza para la tranquilidad pública; por lo tanto, solicitamos a usted, señor Presidente, que con acuerdo de Cámara, se pida un informe al señor Ministro de Relaciones Exteriores, respecto a las medidas a adoptarse para librar al país de este, cada vez más grave, problema”360 .
El pedido fue sometido a votación en la Cámara, y no fue aprobado. En vista de ello, Malpica solicitó que fuera tramitado por cuenta de los Senadores firmantes.
b. Los ciudadanos argentinos entregados a la dictadura de Videla
En la sesión de 27 de julio de 1980, los Senadores izquierdistas Murrugarra, Bernales, Del Prado, Breña, Enríquez, Ledesma y Castro Lavarello presentaron una moción de orden del día, referente a un grupo de ciudadanos argentinos que habían sido capturados en nuestro país y luego expulsados.
En su primera parte, la moción mencionaba la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la norma constitucional por la que no se podía entregar asilados políticos al Gobierno que los perseguía; y la necesidad de investigar el apresamiento y expulsión de los argentinos, operación en la que aparentemente habían participado servicios de inteligencia extranjeros. También se señalaba la omisión en los comunicados oficiales de un ciudadano argentino, el señor Federico Frías Alberga, que aparentemente también había sido detenido; y, finalmente, se calificaba el hecho de una violación de los derechos humanos y de la soberanía nacional.
En vista de los considerandos, la moción proponía formar una Comisión parlamentaria para investigar los sucesos. Asimismo, se sostenía la necesidad de informar a las Comisiones de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la OEA, y a la Comisión de Desaparecidos en el Mundo de la ONU361 .
El Senador Edmundo Murrugarra sustentó el pedido de que la moción fuera admitida a debate. Murrugarra señaló que la captura de los ciudadanos argentinos se habían producido entre el 10 y 12 de junio.
En dicha operación había participado un equipo militar extranjero, violando la soberanía nacional. Además, en el momento en que habían ocurrido los acontecimientos, el Arquitecto Fernando Belaúnde ya había sido elegido Presidente del Perú, y no había sido informado ni consultado al respecto. Por lo tanto, la operación debía ser considerada también una “afrenta” a la nueva legalidad que vivía el país.
Adicionalmente, uno de los argentinos expulsados había sido hallado muerto en Madrid, a raíz de lo cual se había iniciado una investigación del Parlamento español. Según Murrugarra, el Senado peruano también tenía el deber de investigar los hechos362 .
Una vez que la moción fue admitida a debate, el propio Murrugarra tomó la palabra para sustentar la solicitud que se hacía en ella. Según dicho Senador, se habían cometido varias irregularidades durante la operación de captura y expulsión de los ciudadanos argentinos.
En principio, el Ministerio del Interior había informado que los argentinos habían sido expulsados por haber ingresado ilegalmente al país. Sin embargo, no se había seguido el procedimiento usual para estos casos. En algunos momentos de la operación, las acciones habían Estado a cargo de personal militar y no de personal policial, como correspondía.
Por otra parte, las autoridades peruanas no habían desmentido el hecho de que los ciudadanos argentinos eran perseguidos políticos en su país. Por lo tanto, no debían ser entregados a autoridades extranjeras que los estuvieran persiguiendo. Las autoridades peruanas habían afirmado que los argentinos habían sido entregados a funcionarios del Gobierno boliviano. Sin embargo, este Gobierno lo había negado terminantemente. En consecuencia, era necesario determinar a quién habían sido auténticamente entregados.
Murrugarra señaló que diversos medios de comunicación habían sindicado al Comandante General del Ejército Peruano, General Richter Prada, como uno de los responsables de la captura y expulsión de los argentinos.
A pesar de la alta función que desempeñaba en el Gobierno, Richter no había desmentido su participación en los hechos, aceptándola implícitamente. Además, el Gobierno democrático electo no había sido consultado acerca de todo el asunto, a pesar de que su opinión sí había sido tomada en cuenta para otras cuestiones.
Finalmente, entre los ciudadanos argentinos incluidos en el comunicado oficial del Ministerio del Interior, no figuraba una persona. Dicha persona había sido comprobadamente atendida en un hospital de Miraflores, y sin embargo se desconocía su paradero. Murrugarra también reiteró que uno de los ciudadanos argentinos expulsados, había sido encontrado muerto en Madrid una semana después de su detención en Lima.
A partir de todo lo expuesto, Murrugarra reiteró el pedido de que se estableciera una Comisión para investigar los hechos. De esa manera, se impediría que se repitieran situaciones de la misma naturaleza363 .
Intervino luego el Senador Garrido Malo, del Partido Popular Cristiano, para declarar que la mayoría de la Cámara estaba en contra de la moción presentada y explicar los motivos de tal posición. Garrido sostuvo que los ciudadanos argentinos no habían sido calificados como “asilados”, tal y como era potestad del Perú hacerlo. Por lo tanto, no gozaban de los derechos propios del asilo. En segundo lugar, los ciudadanos argentinos no habían sido propiamente extraditados. Por lo tanto, no se podía cuestionar el procedimiento mediante el cual habían sido expulsados, por no haber seguido los pasos regulares de la extradición.
Garrido también señaló que, de acuerdo con el Reglamento Interior del Senado, sólo se podían crear comisiones investigadoras para examinar “actos de reparticiones públicas y administrativas”. En consecuencia, era improcedente solicitar la creación de una de tales comisiones, para el asunto en cuestión. Garrido agregó que la confiabilidad de los medios de comunicación que habían informado acerca de los supuestos sucesos, era discutible364 .
Para finalizar, Garrido pidió a los Senadores de izquierda que retiraran la moción que habían presentado. Además, presentó una moción alternativa, que decía lo siguiente:
“Los Senadores que suscriben piden que, con acuerdo del Senado, se solicite al señor Ministro del Interior información sobre la expulsión del país de ciudadanos argentinos, ocurrida durante el régimen de facto, en la que habrían participado servicios militares y/o policiales extranjeros, según versiones de la prensa local”365 .
A continuación, hizo uso de la palabra el Senador Enrique Bernales. Este señaló que Garrido Malo no había hecho objeciones de fondo a la moción presentada, sino tan sólo observaciones de carácter procesal. Por lo tanto, suponía que la mayoría parlamentaria quería diferir la moción presentada, y no su retiro definitivo. A pesar de que existieran objeciones procesales, Bernales creía que la moción debía ser aprobada, ya que la Constitución –en tanto ley de mayor jerarquía– daba al Parlamento la potestad de crear una Comisión investigadora.
Bernales defendió la aprobación de la moción diciendo que el Parlamento tenía el deber de fiscalizar los actos no sólo del Gobierno corriente sino también del Gobierno pasado. Ello era una necesidad, con la finalidad de “moralizar la función pública”, “evitar el abuso de autoridad” y consolidar el Estado de Derecho.
En este caso específico, Bernales consideraba que las autoridades responsables habían cometido varios delitos: violación del Derecho de Asilo; delito contra la humanidad; atentado contra la soberanía y seguridad nacionales; falseamiento de los hechos; delito de abuso de autoridad; y ultraje de los Institutos Armados nacionales. Además, se habían comprometido las relaciones entre nuestro país y Bolivia, y el prestigio y respetabilidad del Perú en el ámbito internacional366 .
Seguidamente, intervino el Senador Carlos Malpica, quien señaló que el Senado tenía la potestad de nombrar comisiones investigadoras, para examinar el funcionamiento de cualquier dependencia del Estado. En este caso específico, Malpica consideraba que los responsables eran miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército peruano. Por lo tanto, podían convertirse en sujetos de una investigación por parte del Senado. En opinión de Malpica, el Parlamento no podía adoptar una postura “tímida” frente a los excesos del Gobierno anterior367 .
Luego de Malpica, hizo uso de la palabra el Senador Rolando Breña. Este señaló que la mayoría estaba mostrando una falta de sensibilidad frente a una serie de asuntos, entre los cuales se encontraban la violación de los derechos humanos y de la soberanía nacional. A continuación, intervino el Senador Roger Cáceres, quien pidió que el Ministro del Interior informara a la Cámara acerca de los sucesos ocurridos con los ciudadanos argentinos, para luego pasar a formar una Comisión investigadora368 .
El Senador Garrido Malo intervino una vez más, para presentar una moción sustitutoria de aquella presentada por los parlamentarios de izquierda. Dicha moción fue aceptada por estos parlamentarios, y aprobada por unanimidad con el siguiente texto:
“Los Senadores que suscriben acuerdan que el Senado, solicite al señor Ministro del Interior información sobre la expulsión del país de ciudadanos argentinos, ocurrida durante el régimen de facto y reconocido en un comunicado del Ministerio mencionado, en la que habrían participado servicios militares y/o policiales extranjeros, según versión de la prensa local”369 .
c. El golpe de Estado en Bolivia
En noviembre de 1979, en un momento de gran inestabilidad en la política interna boliviana, el Congreso de ese país encargó la Jefatura de Estado a la Presidenta de la Cámara de Diputados, Lidia Gueiler Tejada. El 17 de julio del año siguiente, se realizaron elecciones presidenciales, en las que resultó ganador Hernán Siles Zuazo. En vista de que este líder político no logró la mayoría absoluta de los votos, el Congreso debía elegir al nuevo Presidente.
Al día siguiente de las elecciones, el 18 de julio de 1980, se produjo un golpe militar que llevó al Gobierno al General Luis García Meza.
En la sesión de 27 de julio de 1980, los Senadores de izquierda, del Partido Aprista y de Acción Popular, presentaron tres propuestas similares de moción de orden del día, acerca de los sucesos acontecidos en Bolivia. En la sesión de 13 de agosto, el Senado aprobó la siguiente moción con texto concordado:
“El Senado de la República acuerda:
1º Deplorar, condenar y rechazar la intervención militar de las Fuerzas Armadas Bolivianas que han violentado los derechos democráticos y humanos del pueblo boliviano y han desconocido los resultados electorales derrocando el Gobierno de la Presidenta señora Lidia Gueiler.
2º Solicitar al Poder Ejecutivo que instruya a la representación diplomática y a las autoridades competentes para el fiel cumplimiento y garantía del derecho de asilo”.370
Dos artículos quedaron fuera de la moción de orden final. El primero, planteado por los parlamentarios de izquierda, fue:
“Exigir al Gobierno el no reconocimiento de la nueva dictadura militar boliviana y denunciarla en todo foro internacional propiciando su aislamiento; y el boicot activo nacional e internacional por todas las fuerzas democráticas y antiimperialistas”.371
El Senador populista Javier Alva Orlandini explicó que los Senadores de su partido habían votado en contra del artículo anterior, ya que según el artículo 211, inciso 14 de la Constitución vigente, el encargado de dirigir las relaciones exteriores era el Presidente de la República372 .
El segundo artículo rechazado, propuesto por los parlamentarios apristas, decía:
“Demandar al Poder Ejecutivo la suspensión de relaciones con el ilegal régimen boliviano de García Meza, por ser incompatible con un Estado de Derecho que debe primar como factor integracionista entre las Naciones Hermanas del Continente y por ser violatorio de los demás elementales principios de los Derechos Humanos, consagrados en nuestra Carta Constitucional y la de las Naciones Unidas.”
Es importante señalar que en la sesión del 14 de agosto, el Senador Ricardo Napurí explicó a su Cámara que la Presidenta Constitucional de Bolivia, Lidia Gueiler, se hallaba asilada en la Nunciatura Apostólica de La Paz. El Gobierno de García Meza ponía obstáculos para que pudiera salir de su país. Por ello, Napurí solicitó que se pidiera al Presidente Belaúnde tomar las iniciativas necesarias para obtener la salida de Gueiler de Bolivia. El pedido fue aprobado por unanimidad373 .
d. La solidaridad con los trabajadores polacos
En sesión de 21 de agosto de 1980 un grupo de Senadores presentó una moción de orden del día a su Cámara a nombre de la Célula Parlamentaria Aprista. Dicho grupo estaba integrado por los Senadores Julio Cruzado, Rafael Eguren, Enrique Rivero, Nicanor Mujica, Ramón Ponce de León, Ramiro Prialé, Luis Alberto Sánchez, Luis Rodríguez, Romualdo Biaggi, Alfonso Ramos y Pedro Yugar. La moción se refería a las luchas sindicales que en ese momento sostenían los obreros polacos. Les expresaba el saludo y respaldo de la “clase trabajadora del Perú” y del Senado de la República. También hacía votos por que el Gobierno polaco atendiera sus reclamos374 .
El Senador Cruzado sustentó la moción mencionando que los líderes sindicales polacos se habían caracterizado por una posición firme de condena ante aquellos actos que violaban los Convenios Internacionales sobre libertad sindical y negociación colectiva. Ya durante la década de 1950, obreros de dicho país habían realizado una huelga en Pondauant, solicitando la solidaridad internacional en aquella ocasión. Por lo tanto, no se podía dejar de ser solidarios con los trabajadores polacos, en defensa del derecho de huelga, y de los convenios internacionales sobre el trabajo. Sometida a votación, la moción fue aprobada por unanimidad375 .
e. El proceso de ratificación de embajadores: el caso de Guillermo Hoyos Osores
El 19 de agosto de 1980, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo llegar al Senado un oficio solicitando la ratificación de Guillermo Hoyos Osores, como Embajador en la República Argentina. Hoyos había sido nombrado por el Presidente Belaúnde mediante Resolución Suprema 547.
El oficio fue trasladado a la Comisión de Relaciones Exteriores, Diplomática e Interparlamentaria, la que emitió su dictamen en mayoría el 1° de setiembre. En dicho dictamen, la Comisión ratificó el nombramiento de Hoyos, tomando en consideración sus antecedentes, los servicios diplomáticos que había prestado y el beneplácito de la República Argentina376 .
Sin embargo, el Senador Castro Lavarello, también miembro de la Comisión, emitió un dictamen en minoría, oponiéndose a ratificar el nombramiento de Hoyos por varios motivos. Castro sostuvo que, durante algunos pasajes de su vida, Hoyos no había mostrado ni la “vocación democrática” ni el “respeto a los derechos humanos” necesarios para ser Embajador de un régimen constitucional. En primer lugar, había sido Diputado al Congreso Constituyente de 1931, reemplazando injustamente a otros representantes electos. Había colaborado con el régimen de entonces, participando de la formación de una Corte Marcial que había condenado a varios apristas. Además, Castro aseguró que Hoyos había sido un “defensor incondicional del fascismo, admirador de Hitler y Mussolini, escribiendo a favor de este tipo de dictaduras”.
Por otra parte, Castro sostuvo que Hoyos –de 77 años– tenía una edad muy avanzada, mayor que el límite fijado por la Constitución para los jueces de la Corte Suprema. Asimismo, en tanto la Argentina era gobernada por una dictadura militar, era aún más necesario nombrar como Embajador en ese país a una “persona con vocación democrática probada durante su vida”377 .
Una vez leídos los dos dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, en sesión de 2 de setiembre, se inició el debate correspondiente. El primero en hacer uso de la palabra fue el Senador Enrique Bernales. Este apoyó el dictamen en minoría, porque consideraba que Hoyos no reunía los méritos necesarios para ser ratificado como Embajador en Argentina. No era un diplomático de carrera, y además había “usurpado” la función de Diputado en el Congreso de 1931, a consecuencia de que el representante legítimamente elegido había sido destituido. Por otro lado, Hoyos había defendido a las dictaduras fascistas, en artículos publicados en “El Comercio” desde 1931. Asimismo, había atacado a los defensores de la República española durante la Guerra Civil de ese país. Por lo tanto, Bernales consideraba que Hoyos no podría representar adecuadamente al país, ni tampoco proteger los derechos de los peruanos en Argentina378 .
A continuación, intervino el Senador Castro Lavarello para sustentar su dictamen. Afirmó que Hoyos no tenía las condiciones necesarias para representar al Perú, en tanto Gobierno democrático y legalmente constituido, frente a la Argentina y frente a los otros países del Tercer Mundo.
El siguiente orador fue el Senador Mario Polar, quien estaba a favor de la ratificación de Hoyos. Declaró que conocía a Hoyos durante más de treinta años, y que tenía una “trayectoria realmente ejemplar y emocionante”. Según Polar, había sido perseguido y exiliado en los años 1948 y 1950, por defender tesis democráticas. Asimismo, objetó que su edad fuera un obstáculo para poder desempeñar la función de Embajador. Sostuvo que, al ser entrevistado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Hoyos había mostrado un conocimiento profundo de los problemas americanos y de los intereses internacionales peruanos379 .
El Senador Díaz Orihuela también se mostró a favor de la ratificación de Hoyos. Señaló que éste había defendido el Estado de Derecho en el Perú a raíz del golpe militar de 1968. Exiliado en España, escribió diversos artículos para diarios de Madrid y Buenos Aires, criticando a la Junta Militar.
Otros representantes de la bancada de izquierda también se declararon en contra de la ratificación de Hoyos. Ellos fueron los Senadores Rolando Breña, Edmundo Murrugarra, Roger Cáceres y Ricardo Napurí. El primero afirmó que las ideas de Hoyos, en tanto opositor al movimiento de Países No Alineados, eran contradictorias con la posición internacional del Presidente Belaúnde. Admitió que Hoyos podía ser un buen escritor, pero ello no lo hacía necesariamente un buen demócrata. Por su parte, Murrugarra también criticó la oposición de Hoyos al movimiento de No Alineados. Agregó que Hoyos era un personaje discutible y por lo tanto podía no prestigiar al Perú en el extranjero. Además, era cuestionable que pudiera proteger de manera adecuada los intereses de los peruanos en Argentina380 .
A su turno, Cáceres señaló que Hoyos se oponía no sólo al movimiento de No Alineados, sino incluso al Pacto Andino. Ello, en su opinión, era contrario a la dirección favorecida por el Presidente Belaúnde. Por lo tanto, proponía que, en virtud de sus conocimientos diplomáticos, fuera nombrado para otra embajada de menor importancia. En cuanto a Napurí, señaló que Hoyos, en virtud de sus ideas, no podía representar a un Gobierno democrático381 .
Finalizado el debate, se pasó a la votación para decidir la ratificación de Hoyos. De 55 votos, 30 fueron a favor y 25 en contra. En consecuencia, Hoyos quedó formalmente ratificado.
Sin embargo, en la siguiente sesión de la Cámara, el Senador Cáceres Velásquez presentó una moción, declarando que Hoyos no había obtenido el número de votos necesarios para ser ratificado. Según Cáceres, Hoyos había sido ratificado como si se tratara de una cuestión corriente, por el voto a favor de la mitad más uno de los dos tercios de los Senadores presentes. Sin embargo, en opinión de Cáceres, la ratificación de un Embajador no era un asunto corriente y por lo tanto requería de mayoría absoluta, es decir, el voto a favor de la mitad más uno del total de Senadores.
Los Senadores Alva Orlandini y Garrido Malo se opusieron a la admisión a debate de la moción presentada por Cáceres, señalando que la votación había sido reglamentaria. Los Senadores Enrique Bernales y Luis Alberto Sánchez, por su parte, se declararon a favor de la admisión a debate. Sometida a votación, la moción fue rechazada por 28 votos incluyendo el del Presidente de la Cámara contra 27382 .
f. Otros asuntos geopolíticos
El Congreso de la época de Gobierno de Belaúnde trató de fortalecer la posición peruana dentro del contexto internacional. Con respecto a la llamada “Diplomacia Parlamentaria”, en la sesión de 5 de mayo de 1981, la Comisión de Relaciones Exteriores, Diplomática e Interparlamentaria del Congreso, emitió un dictamen favorable a la reafiliación del Perú a la Unión Interparlamentaria Mundial.
Según la Comisión, se trataba de una entidad cuyo objetivo principal era buscar colaboración de los parlamentarios afiliados para la reafirmación y desarrollo de sus instituciones representativas. También, contribuir a la Paz Internacional de acuerdo a los principios de las Naciones Unidas. El Senado dispensó el acta del trámite de aprobación383 .
Otro acto que contribuyó a prestigiar a la diplomacia peruana, fue la mediación del Presidente José Luis Bustamante y Rivero en el conflicto entre Honduras y el Salvador. Como resultado de la Mediación, ambos países suscribieron un Tratado de Paz en Lima, en 1982384 .
El Perú también tuvo una postura decidida frente a la Guerra de las Malvinas, que Gran Bretaña y Argentina sostuvieron por la posesión de dichas islas en 1982. El conflicto se inició a raíz de que fuerzas argentinas tomaron posesión de las islas. El Gobierno británico inició entonces preparativos para recuperar las islas por la fuerza. En primera instancia, el Ejecutivo peruano se abocó a buscar una solución pacífica al problema. Luego, una vez iniciado el ataque británico, nuestro país trató de lograr apoyo para Argentina del resto de países de la región, en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y de la OEA385 . Los Estados firmantes del TIAR se comprometían a proporcionar apoyo político, militar y económico en caso que uno de los asociados fuese atacado por una potencia extracontinental.
El 27 de abril de 1982, la Comisión de Trabajo de la Conferencia de Cancilleres, que representaba a los países asociados al TIAR, aprobó mayoritariamente una resolución que respaldaba la soberanía argentina sobre las Malvinas. La resolución también exhortaba a Gran Bretaña a cesar las hostilidades y pedía a las partes reanudar las gestiones para lograr una solución pacífica del diferendo. Entre los países que votaron a favor se encontraba el Perú.
A pesar de los esfuerzos diplomáticos peruanos, el apoyo regional a la Argentina no llegó a materializarse adecuadamente.
En su discurso ante el Congreso de la República en 1983, Belaúnde reiteró los principios de derecho internacional defendidos por el Perú: reforzar la igualdad soberana de los Estados y el principio de no intervención; respetar la integridad territorial; rechazar el uso o amenaza de la fuerza; el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos; y el fiel cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados386 . Entre otras cosas, en reciprocidad por la posición peruana durante el conflicto, el Presidente argentino Raúl Alfonsín visitó el Perú a fines del Gobierno de Belaunde387 .
En el aspecto marítimo, el Gobierno de Belaúnde decidió no suscribir la Convención del Mar de las Naciones Unidas debido a que consideró que sus términos necesitaban una discusión profunda. Asimismo, buscó una revisión del Convenio Pesquero suscrito con la Unión Soviética durante la dictadura militar. El Gobierno peruano también prestó mayor atención al potencial de la Antártida, llegando a proponer que se convirtiera en una zona libre de conflictos.
En 1980, el Perú se adhirió al Tratado Antártico firmado en 1959. En 1983, se establecieron en Lima la Comisión Nacional Antártica y el Instituto Peruano de Estudios Antárticos.
A pesar de las declaraciones iniciales del Presidente Belaúnde, durante su Gobierno la tendencia hacia una mayor integración económica andina se debilitó. Ello se debió a un mayor énfasis en fortalecer los vínculos económicos con los Estados Unidos y la comunidad financiera internacional. El Gobierno estableció una política más abierta frente al capital extranjero, reduciendo los aranceles y eliminando controles. Ello iba directamente en contra de los compromisos adquiridos por el Perú al interior del Grupo Andino, especialmente la meta de lograr un arancel externo común. Asimismo, el Gobierno acciopopulista se opuso a adoptar posiciones conjuntas en materia de relaciones internacionales388 .
g. Las relaciones con el Ecuador: El conflicto en la Cordillera del Cóndor
En la sesión de 25 de setiembre de 1980, el Embajador ecuatoriano ante las Naciones Unidas, Miguel Albornoz, desconoció implícitamente el Protocolo de Río de Janeiro, al sostener que su país buscaría una solución para sus reclamos amazónicos frente al Perú. El Primer Vicepresidente peruano, Javier Alva Orlandini, se hallaba en ese momento en visita oficial en Ecuador. Alva sostuvo fundadamente que el Protocolo de Río de Janeiro había resuelto definitivamente las diferencias territoriales entre ambos países. A pesar de ello, la Cancillería ecuatoriana insistió en afirmar la existencia de un problema territorial con nuestro país389 .
En noviembre de ese mismo año, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos discutió la cuestión de la mediterraneidad boliviana. En el transcurso de la discusión, el representante ecuatoriano ante la asamblea, Raúl Falconí, desconoció nuevamente la intangibilidad del Protocolo de Río de Janeiro y reivindicó los supuestos derechos amazónicos de su país.
El 11 de enero de 1981, el jefe del Puesto de Vigilancia peruano «Comaina» informó a sus superiores que helicópteros ecuatorianos realizaban movimientos al este de la zona no demarcada de la Cordillera del Cóndor. Los movimientos, que continuaron en los siguientes días, alarmaron a las autoridades peruanas.
El 22 de enero, el jefe del Batallón de Infantería de Selva Callao N° 25, Teniente Coronel Carlos Flores Quiroz, junto con miembros de su Estado Mayor, practicó un reconocimiento aéreo del sector Comaina. Durante el reconocimiento, en el transcurso del cual la nave peruana fue atacada por los invasores, Flores Quiroz pudo comprobar que fuerzas ecuatorianas habían ocupado los antiguos puestos de vigilancia peruanos PV 3 y PV 4, y construido un puesto de vigilancia al que habían denominado PV 22, luego llamado por el Perú «Falsa Paquisha»390 .
Las autoridades políticas y militares del Ecuador afirmaron que los puestos de vigilancia descubiertos por el Perú estaban en realidad dentro de territorio ecuatoriano. Además, sostuvieron ante la opinión pública internacional que sus fuerzas habían sido agredidas injustificadamente por fuerzas peruanas. El mismo 22 de enero, el Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país, Mario Alemán Salvador presentó una nota de protesta ante el Gobierno peruano. En dicha nota, Alemán Salvador sostuvo que el helicóptero tripulado por el Teniente Coronel Flores Quiroz había invadido espacio aéreo del Ecuador, atacando un puesto de vigilancia de dicho país. Agregó la acostumbrada afirmación de que su país buscaba una solución pacífica a «la controversia territorial existente»
Al día siguiente, las afirmaciones del Gobierno ecuatoriano fueron desmentidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. La Cancillería negó que fuerzas peruanas hubieran invadido espacio aéreo ecuatoriano o atacado alguna de sus posiciones. Asimismo, indicó que no existía ninguna controversia territorial con el país vecino, dada la validez del Protocolo de Río de Janeiro 391 .
Paralelamente, las autoridades políticas y militares de nuestro país iniciaron los preparativos para expulsar a los invasores ecuatorianos. El 23 de enero, una misión conjunta del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú realizó un reconocimiento de los puestos de vigilancia enemigos. Ese mismo día, el Consejo de Ministros sesionó con el Presidente Fernando Belaúnde. Al día siguiente, hizo lo propio el Consejo de Defensa Nacional, que acordó iniciar las acciones destinadas a responder a la invasión extranjera.
En los días siguientes, el Ejército construyó una pista de aterrizaje en la localidad de Ciro Alegría. Los puestos de Chávez Valdivia y Comaina recibieron refuerzos humanos y materiales. El 26 de enero, el Canciller peruano Javier Arias Stella comunicó a su similar ecuatoriano que el Gobierno de nuestro país había constatado la presencia de tropas invasoras en el territorio nacional. Le advirtió que el Perú tomaría medidas para terminar con la invasión, dándole 24 horas para que las fuerzas ecuatorianas se retiraran a su territorio.
El 28 de enero, el Canciller Arias Stella se reunió con los embajadores de los países garantes en el Palacio de Torre Tagle. Asistieron otros embajadores y representantes de países latinoamericanos como Honduras, Uruguay, Costa Rica y Nicaragua. Arias realizó un recuento de los incidentes que se habían producido dentro de territorio peruano. Asimismo, ratificó los principios que dirigían la política exterior de nuestro país, y dio cuenta de la conversación que había sostenido con el Canciller ecuatoriano. A continuación, se realizó una conferencia de prensa, en la que el Gobierno anunció que se había ordenado el desalojo de los invasores392 .
El mismo día, las fuerzas peruanas efectuaron operaciones de tanteo y ablandamiento de las fuerzas enemigas. Al día siguiente, se llevaron a cabo los últimos preparativos para iniciar la operación de recuperación. Al mismo tiempo, el Gobierno peruano convocó a los países garantes para que cumplieran con la responsabilidad que habían asumido a raíz del Protocolo de Río de Janeiro. Los representantes de los garantes se reunieron en Brasilia el 30 de enero.
Por fin, en la tarde del día 30, se inició el ataque peruano. Helicópteros del Ejército realizaron tareas de ablandamiento contra las posiciones ecuatorianas. A continuación, las patrullas peruanas se lanzaron al asalto, logrando desalojar y ocupar el PV 22.
El día 31, el Presidente Belaúnde llegó al PV 22 acompañado del Presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Belaúnde Terry, los Ministros de Guerra, Marina y Aviación, y otros altos mandos militares. El Presidente pronunció una arenga sumamente emocionada, felicitando a las fuerzas que habían restablecido la soberanía nacional en dicho lugar, y censuró a las autoridades del país vecino, por haber invadido nuestro territorio.
El propio día 31, aviones de la Fuerza Aérea iniciaron el ataque contra el PV 3, bombardeando dicha posición. Al caer la noche, se inició el asalto helitransportado, que logró desalojar exitosamente a los invasores. Al día siguiente, se llevó a cabo la recuperación del PV 4. Se inició con una operación de ablandamiento a cargo de aviones y helicópteros peruanos. Las patrullas del Ejército atacaron a las fuerzas enemigas, desalojándolas de dicha posición393 .
Mientras las fuerzas armadas peruanas recuperaban las posiciones ecuatorianas ubicadas dentro del territorio nacional, Raúl Falconí, Embajador del vecino país ante la Organización de Estados Americanos, solicitó una reunión urgente del Consejo Permanente de dicha entidad. La finalidad era llamar luego a una reunión de consulta de los países miembros de la OEA. El Consejo Permanente estaba bajo la presidencia del diplomático peruano Luis Marchand Stens. Este cumplió su deber convocando a la sesión solicitada por el Ecuador, pero cedió la presidencia al Embajador mexicano Rafael de la Colina, dado que el Perú era parte interesada en la cuestión.
El Embajador Falconí acusó a nuestro país de haber agredido al suyo, atacando posiciones dentro de su territorio. El Embajador Marchand refutó las afirmaciones de Falconí, y pidió al Consejo Permanente abstenerse de intervenir en el asunto, dejando incluso de organizar una reunión de Cancilleres, ya que los países garantes del Protocolo ya habían sido convocados por el Gobierno peruano. A pesar de la solicitud peruana, el Consejo Permanente accedió a programar una Reunión de Consulta de Cancilleres para el día 2 de febrero.
Como estaba programado, la Reunión de Consulta de la OEA se inició el 2 de febrero. Estuvo bajo la presidencia del diplomático panameño Jorge Illueca, y la vicepresidencia del dominicano Emilio Ludovico Fernando. El Perú estuvo representado por su Canciller, Javier Arias Stella, quien contaba con la asesoría de Luis Alvarado Garrido, ex–Canciller; Guillermo Hoyos Osores, Embajador en Argentina; Luis Marchand Stens, Embajador Permanente ante la OEA; y Fernando Schwalb, Embajador en Estados Unidos.
El Canciller ecuatoriano Alfonso Barrera fue el primero en hacer uso de la palabra. Barrera sostuvo que las fuerzas peruanas habían atacado el puesto Paquisha, ubicado dentro del territorio de su país. Además, negó la validez del Protocolo de Río de Janeiro y culminó afirmando que el cese del fuego no era una medida suficiente para resolver la situación.
Seguidamente, tomó la palabra el Canciller peruano Arias Stella, quien inició su discurso señalando que el Perú acudía a la reunión extraordinaria por deferencia a los otros países miembros. Sin embargo, advirtió que el Protocolo de Río de Janeiro había fijado un procedimiento específico para resolver los conflictos entre el Ecuador y nuestro país. A continuación, Arias pasó a rebatir las afirmaciones de su similar ecuatoriano. Demostró que las fuerzas peruanas habían atacado posiciones ubicadas al este de la Cordillera del Cóndor. También defendió la legitimidad y justicia del Protocolo de Río de Janeiro. Asimismo, enfatizó que el Perú había concedido al Ecuador libre navegación por los ríos Marañón y Amazonas, a pesar de que el vecino país no había tenido acceso previo a ninguno de dichos ríos394 .
En este punto, es importante señalar que como resultado de las conversaciones que las autoridades peruanas sostuvieron con los diplomáticos de los países garantes, el día 2 de febrero se declaró el alto al fuego. Una Comisión de observadores de los garantes verificó el cese del fuego en la zona correspondiente.
El 4 de febrero, los Cancilleres que asistían a la Reunión de Consulta de la OEA, emitieron una resolución acerca del conflicto suscitado entre Perú y Ecuador. Allí reconocieron los esfuerzos de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, para conseguir una solución a dicho conflicto. Sin embargo, soslayaron su condición de Garantes del Protocolo de Río de Janeiro. Asimismo, la entidad panamericana exhortó a Ecuador y Perú a desmovilizar sus fuerzas armadas y abstenerse de otros actos que atentaran contra la paz regional395 .
En respuesta a la resolución de la OEA, los cuatro países garantes del Protocolo emitieron una declaración por intermedio del Embajador brasileño Alarico Silveira Junior. En ella, declararon haber participado de la resolución de la Reunión de Consulta, como una reafirmación de su voluntad por contribuir a la paz y seguridad continentales. Sin embargo, advirtieron que su voto en la reunión no afectaba las responsabilidades que habían asumido como garantes del Protocolo de Río de Janeiro. De ese modo, los garantes ratificaron el principio de respeto a los tratados internacionales y, en este caso concreto, su reconocimiento de la validez del Protocolo. Ello representó una nueva derrota diplomática para el Ecuador, que pretendía lograr un rechazo regional al Protocolo de Río de Janeiro396 .
Entre el 7 y el 9 de febrero, una misión compuesta por los agregados militares de los países garantes, se reunió con jefes militares peruanos y ecuatorianos en Piura y Loja, y visitaron el área del conflicto. El objetivo era observar los lugares en que se habían producido los enfrentamientos, verificar el cese del fuego y acordar el retiro de las fuerzas militares. Durante su visita, los observadores pudieron constatar que las fuerzas ecuatorianas expulsadas de los puestos de vigilancia peruanos, no se habían retirado a su territorio397 .
El 19 de febrero, fuerzas helitransportadas peruanas desalojaron a los ecuatorianos que permanecían en Jiménez Banda. El 20, otra patrulla logró lo propio en el puesto PV 4 Antiguo. En esta operación, se inmoló el Teniente Julio Ponce Antúnez de Mayolo.
El 21 de febrero, el Presidente Belaúnde y el Comando Conjunto de la Fuerza Armada reclamaron al Ecuador que sus fuerzas abandonaran territorio peruano. De no hacerlo, las fuerzas peruanas realizarían las acciones “correspondientes” en territorio ecuatoriano. Las autoridades concentraron nuevas tropas y armamento en la zona fronteriza del norte. Los representantes de los países garantes se reunieron inmediatamente en Brasilia e hicieron un llamado a respetar el alto al fuego acordado el 2 del mismo mes.
El día 25, los garantes presentaron una propuesta de separación de fuerzas a las dos partes. No fue aceptada por el Perú, porque no disponía el retiro de las fuerzas ecuatorianas a su país. En vista de ello, se acordó un ronda de reuniones de los jefes militares de ambas partes, en presencia de los observadores militares de los garantes. Las reuniones se llevaron a cabo entre el 26 de febrero y el 5 de marzo, en Huaquillas y Aguas Verdes. El Perú estuvo representando por el Vicealmirante Jorge Dubois Gervasi y el Ecuador por el Vicealmirante Raúl Sorroza Encalada.
Las reuniones entre los jefes militares se desarrollaron trabajosamente. En determinado momento, el Vicealmirante Du Bois propuso la suscripción de dos declaraciones o notas separadas, a ser enviadas a los garantes. La propuesta fue aceptada en segunda instancia por los garantes. El Ecuador declaró su voluntad de mantener sus fuerzas en la vertiente occidental, lo cual era acorde con la línea fronteriza fijada por el Protocolo. Sin embargo, insistió en la existencia de una diferencia territorial con el Perú, enfatizando la resolución de la Reunión de Consulta de la OEA, y soslayando la solución justa y definitiva representada por el Protocolo de Río de Janeiro.
El Perú, por su parte, declaró su voluntad de mantener sus fuerzas militares en la vertiente oriental de la Cordillera del Cóndor. Al mismo tiempo, exhortó a los países garantes para que se terminara la demarcación de la frontera entre ambos países, de acuerdo con el Protocolo de Río de Janeiro. El 10 de abril, los garantes comunicaron al Presidente del Consejo Permanente de la OEA que habían constatado el cese del fuego y la separación entre las fuerzas peruanas y ecuatorianas. En consecuencia, dieron oficialmente por terminada su misión398 .
El 5 de octubre de 1983, el Congreso ecuatoriano declaró unilateralmente la nulidad del Protocolo de Río de Janeiro. Nuevamente, el argumento para declarar la nulidad fue que el acuerdo de Río de Janeiro había sido impuesto por la fuerza y que era inejecutable al no existir la divisoria de aguas Zamora–Santiago.
La Cancillería peruana refutó de inmediato los argumentos del Legislativo ecuatoriano. Reiteró la validez y ejecutabilidad del Protocolo de Río de Janeiro, ratificado por los Poderes Legislativos de ambos países, y garantizado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. Asimismo, negó la existencia de cualquier desacuerdo entre ambas repúblicas, a partir del hecho de que la Cordillera del Cóndor constituía una frontera natural en el tramo no demarcado399 .
v. El Gobierno de Alan García: 1985–1990
El Gobierno de Acción Popular enfrentó una de las más difíciles crisis económicas de la historia republicana. En 1982, se produjo la crisis de la deuda externa, que afectó a todos los países del Tercer Mundo, incluyendo al Perú. La tasa de inflación pasó del 60% en 1980, al 100% en 1983, y era cercana al 200% en 1985. El poder de compra de las materias primas decayó paralelamente. Al dejar el Gobierno, el acciopopulismo dejó 60% de la capacidad industrial ociosa, y alrededor de 2/3 de la población económicamente activa desempleada o subempleada. Durante el último año de su gestión, el Gobierno de Belaúnde sólo realizó pagos simbólicos de los intereses de la deuda externa, que en 1985 se acercaba a los US$ 14,000 millones.
El descontento social frente a Acción Popular se reflejó claramente en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1985.
Alan García Pérez, candidato del APRA, obtuvo una victoria aplastante, con más del 45% de los votos emitidos a su favor. Una vez en el poder, García decidió unilateralmente que el Perú destinaría tan sólo el 10% de las exportaciones, al pago de la deuda externa. Como medida complementaria, se anunció una moratoria de los pagos de la deuda externa privada de mediano y largo plazo. El Gobierno también dejó de lado al Fondo Monetario Internacional, como mediador entre el Perú y el consorcio de sus acreedores privados.
En respuesta, el 15 de agosto de 1986, el FMI declaró al Perú “inelegible” para préstamos futuros. Aún cuando el país incrementó sus reservas nacionales netas mediante su política de pago de la deuda, quedó aislado de los gobiernos acreedores y de la banca comercial. En junio de 1987, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, suspendieron nuevos préstamos al Perú, ya que éste no había pagado los créditos que tenía pendientes con ellos.
Al contar con mayores reservas nacionales, el Gobierno decidió reactivar la economía mediante el incremento del gasto de consumo. Para ello, se congelaron los precios de bienes y servicios, se aumentaron los salarios, y se redujeron los impuestos y las tasas de interés. Aún cuando el modelo pareció funcionar inicialmente, sus limitaciones fueron apareciendo de manera gradual. La caída mundial de precios de las materias primas, causó que las exportaciones crecieran mucho menos que las importaciones. El crédito externo no era una alternativa viable para resolver el déficit comercial. Las medidas controlistas, entre las cuales estuvo el intento de nacionalización del sistema bancario en 1987, desalentaron nuevas inversiones nacionales y extranjeras. A partir de 1988, el Gobierno aprista trató de mejorar la situación, imponiendo medidas de austeridad que afectaron especialmente la capacidad adquisitiva de los sectores menos favorecidos, y generaron gran descontento social400 .
a. La política de desarme
En noviembre de 1985, el Gobierno de García presentó una propuesta de desarme regional. Dicha propuesta fue bien recibida por varios Estados de América Latina, entre los cuales se encontraron Bolivia, Chile, y Ecuador. A inicios de 1986, el Gobierno peruano redujo una compra de aviones franceses Mirage 2000, de 26 a 12 aparatos. Además, las Naciones Unidas establecieron en Lima un Centro Regional para la Paz, Desarme y Desarrollo.401
b. Las relaciones con los países fronterizos
Perú y Chile llevaron a cabo una ronda de conversaciones en noviembre de 1985, con la finalidad de dar cumplimiento al Protocolo Complementario del Tratado de 1929. El Gobierno chileno aceptó dar mayor autonomía al puerto de Arica, y se comprometió a construir un monumento en el Morro de dicha ciudad. Asimismo, se realizaron conversaciones acerca de la posibilidad de reducir el armamento y personal militar fronterizos, pero no se alcanzaron acuerdos específicos.
A principios del Gobierno aprista, el Canciller Allan Wagner visitó el Ecuador, con la finalidad de crear un clima de confianza y entendimiento entre ambos países. A raíz de la visita, las dos naciones reiniciaron la construcción del proyecto conjunto de irrigación Puyango–Tumbes, detenido a raíz del Conflicto en la Cordillera del Cóndor.
A pesar de estos esfuerzos, también hubo algunos roces con el Gobierno ecuatoriano. Así por ejemplo, en agosto de 1988, Rodrigo Borja asumió la presidencia del Ecuador. Antes de la ceremonia central de transmisión de mando, Borja formuló declaraciones afirmando que existía un diferendo limítrofe con el Perú, desconociendo así el Protocolo de Río de Janeiro. En vista de esta actitud, la delegación parlamentaria peruana que había asistido a la transmisión de mando, presidida por el Senador Luis Alberto Sánchez, retornó al Perú sin asistir al acto central.
Los Senadores Díaz Orihuela, Mariátegui y Ulloa propusieron una moción, deplorando y protestando por las declaraciones del Presidente ecuatoriano. La propuesta de moción declaraba la plena vigencia del Protocolo de Río de Janeiro. El Senador Osterling se aunó a la propuesta, mencionando el hecho de que el Protocolo contaba con el respaldo de los cuatro países garantes402 .
El Senador Ames pidió agregar a la moción presentada, un tercer artículo en el cual se manifestara la voluntad del Gobierno peruano de apoyar la integración regional, dentro del marco del Pacto Andino. A su turno, el Senador Malpica sostuvo que la única solución definitiva para el problema con el Ecuador, era colonizar la frontera común como había hecho Israel frente a los árabes. Por ello, pidió que se agregara una cláusula a la moción, mencionando un pliego presupuestal para la colonización de esa zona. Ninguna de estas dos últimas propuestas fue incorporada a la moción original.
La diplomacia peruana trató de mejorar las relaciones comerciales con Bolivia, así como también de realizar esfuerzos conjuntos más eficaces para el control del narcotráfico. El Gobierno peruano llegó a declarar que aceptaría que Chile cediera una franja de territorio a Bolivia, para que pudiera acceder al mar403 .
c. Los convenios pesqueros con los países del bloque socialista
A principios de mayo de 1987, la Cámara de Senadores invitó al Ministro de Pesquería, Javier Labarthe Correa, para exponer acerca de los convenios pesqueros con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Polonia y Cuba. Una vez que el Ministro terminó su exposición, varios Parlamentarios criticaron los acuerdos, especialmente aquél suscrito con la U.R.S.S.
El Senador Lanata Piaggio sostuvo que si las embarcaciones soviéticas pescaban en las 30 millas adyacentes a la costa peruana, pondrían en peligro a la pesca artesanal. El Senador Cáceres Velásquez cuestionó los convenios con la Unión Soviética, pues consumían en exceso los recursos marítmos peruanos. El Senador Mariátegui indicó que los acuerdos pesqueros eran lesivos a los intereses del país404 .
Uno de los Parlamentarios que defendió los convenios suscritos fue el Senador Jorge del Prado, quien sostuvo que:
“La conducta de la Unión Soviética, en este caso, es una demostración palpable del criterio con que actúa en este tipo de convenios, convenios compensatorios; reconociendo la igualdad de derechos plenamente, no queriéndose aprovechar de las necesidades de un país insuficientemente desarrollado para someterlo más, para convertirlo en dependencia”.
A pesar de la oposición al interior del Parlamento, y de otros sectores sociales, el Poder Ejecutivo ratificó el Protocolo del Convenio Pesquero con la U.R.S.S. mediante resolución suprema de 30 de diciembre de 1988. El Poder Ejecutivo asumió que no necesitaba aprobación del Poder Legislativo, por ser un acuerdo de carácter comercial. Las críticas se incrementaron ya que no favorecía el abastecimiento de pescado a la población de menores ingresos, proporcionaba exoneraciones tributarias lo que sólo se podía hacer mediante una ley especial y dejaba de lado cuestiones de transferencia tecnológica y aumento de inversiones405 .
d. Relaciones con los Estados Unidos de América y lucha contra las drogas
A mediados de 1987, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de los Estados Unidos acordó retirar la ayuda para la lucha contra las drogas que prestaba al Perú, argumentando que había un mal manejo de los fondos. Por ello, la Cámara de Senadores discutió una moción de orden del día protestando enérgicamente.
El Senador Carlos Enrique Melgar sostuvo que con esa medida, los Estados Unidos trasladaban su responsabilidad en la lucha contra las drogas al Perú, ya que si bien es cierto que podía haber un cierto grado de corrupción en el manejo de los fondos disponibles, se trataba de una decisión demasiado abrupta. En su opinión, todo el asunto era resultado de la pésima gestión del Secretario de Estado norteamericano, Elliott Abrams406 .
El Senador Enrique Bernales solicitó que antes de aprobar la moción, se pidiera un informe a la Cancillería. Bernales sostuvo:
“....soy de los que piensan que el Perú no tiene una política al respecto, sino que simplemente está haciendo lo que Estados Unidos le dice sin pensar en términos de situación de la economía campesina y de las costumbres que existen en la zona y de problemas de trabajo que están allí planteados”
En 1990 el diario suizo “Die Wochen Zeitung” difundió la noticia de que la agencia antidrogas norteamericana D.E.A. experimentaba el uso del gas defoliador “Spike” en el Huallaga Central desde 1987. Esta versión había sido recogida por otros medios de prensa nacionales e internacionales.
Los Senadores Diez Canseco, Ledesma y Rojas Huaroto solicitaron que se cursaran oficios a los Ministros de la Presidencia, de Relaciones Exteriores, de Defensa, y de Agricultura para que informaran al Senado acerca de este asunto. El pedido fue aprobado por la Cámara407 .
e. Asuntos geopolíticos
El Gobierno de Alan García mostró gran preocupación por la situación de América Central, especialmente, la guerra civil en Nicaragua. A propuesta de la diplomacia peruana, en 1985 se formó el Grupo de Apoyo de Contadora integrado por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, para buscar la paz en Centroamérica. Al mismo tiempo, el Gobierno peruano criticó la intervención de los Estados Unidos en la región.
Por otro lado, el Gobierno de García mantuvo una oposición firme a la política sudafricana de “apartheid”. Recién llegado al poder, estableció relaciones con la Organización Popular de Africa Sudoccidental SWAPO. En junio de 1986, el Canciller peruano fue elegido Presidente de la conferencia de las Naciones Unidas sobre Sanciones contra Sudáfrica408 .
Otro ámbito en el que la diplomacia peruana estuvo muy activa, fue el del Movimiento de Países No Alineados. García asistió a la VIII Cumbre de dicha organización en Zimbabwe. Al mismo tiempo, el Gobierno aprista trató de presentar una postura crítica frente a los países socialistas, acercándose activamente a la socialdemocracia de Europa Occidental. En junio de 1986, se realizó en Lima el XVII Congreso de la Internacional Socialista409 .

References: artículo 211
 artículo 186
 artículo 104
 artículo 211
 artículo 211
 artículo 211
 artículo 211
 artículo 154
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