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Capitulo 3 Marco Legal 110512 | Protocolo de Kyoto | Efecto invernadero
Capitulo 3 Marco Legal 110512
Edgar Agus
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CAPÍTULO 4 PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES (JORGE LOAYZA)
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Cambio Climatico y Agroindustria 041109 Oyhantcabal
Ganaderia y clima.pdf
EL CAMBIO CLIMATICO.docx
Inventarios de GEI en El Perú
Unidade 4 SL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO
DOCUMENTO PARA SOCIABILIZACIÓN
CAPÍTULO 3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
3.1 LEGISLACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES
3.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
3.1.2 CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES
3.1.3 CÓDIGOS Y LEYES
3.1.4 DECRETOS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN A LAS LEYES CONSIDERADAS
483-48
3.1.5 NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES PARA LA
553-55
583-58
3.2 NORMATIVA PARA LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO NACIONAL E INTERNACIONAL
613-61
3.2.2 LEGISLACIÓN ADAPTABLE AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
623-62
3.2.3 LEY DE PATRIMONIO CULTURAL
633-63
3.2.4 LEY DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO DEL INCA, CODIFICADO
663-66
3.2.5 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN
3.2.6 CÓDIGO PENAL
3.2.7 ORDENANZA METROPOLITANA NO. 0260 (10 DE JUNIO DE 2008)
673-67
3.2.8 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL
683-68
3.2.9 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL
3.3 NORMATIVA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
3.4 REQUERIMIENTOS DE PERMISOS
3.4.1 LICENCIA AMBIENTAL
3.4.2 PERMISOS DE DESCARGA, EMISIONES Y VERTIDOS
3.5 MARCO INSTITUCIONAL
723-72
3.5.1 MINISTERIO DEL AMBIENTE
3.5.2 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
3.5.3 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
733-73
3.5.4 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
3.5.5 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL (INPC)
3.5.6 CONSEJO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
3.5.7 SECRETARÍA METROPOLITANA DE MEDIO AMBIENTE
3.6 DEFINICIÓN DE LA AUTORIDAD
AMBIENTAL PARA LA EMISIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL
743-74
Cuadro 3.1: Tasas por servicios de gestión y calidad ambiental
Cuadro 3.2: Niveles permitidos de ruido para vehículos automotores
593-59
Cuadro 3.3: Requerimiento de permisos
763-76
Figura 3.1: Jerarquía normativa en el Ecuador
Figura 3.2: Procedimiento para obtener la licencia ambiental
773-77
El marco legal aplicable al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para el Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito, se refiere a la legislación y reglamentación nacional, municipal y sectorial, que en materia ambiental rige en el territorio ecuatoriano. La jerarquía normativa se muestra en la pirámide de Kelsen (Figura 3.1).
Fuente: Elaboración propia, 2011
La Constitución de la República del Ecuador es la norma de máxima jerarquía en el ordenamiento jurídico. Como tal, todas las normas inferiores, esto es, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, los acuerdos y las resoluciones, así como los demás actos y decisiones de los poderes públicos (entre los más relevantes y en ese estricto orden), están subordinadas a la misma, por lo que las disposiciones de carácter macro contenidas en la Constitución guían en el aspecto ambiental a las demás.
En caso de conflicto en la aplicación de las leyes, la misma Constitución dispone que: “En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior”.
Adicionalmente señala que la jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.
La Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008, considera la protección ambiental como uno de los deberes primordiales del Estado, en el Capítulo Segundo, Sección Segunda referida al Ambiente sano, indica que éste: “reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay”, así como también: “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”
Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradado Asimismo, en el Art. 15 estipula: “El Estado promoverá en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto”.
Artículo 66, numeral 27)
Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.
La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.
La Carta Magna declara de interés público:La preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.
Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: “Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales”.
La Carta Magna establece que “el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. … Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles”.
Respecto al derecho de los usuarios y consumidores, en el mismo Capítulo segundo, Sección novena,señala que:
“Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor”.
Respecto al Régimen del Buen Vivir, el Art. 375 establece que: “El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano”.Asimismo, el Art. 376 contempla que: “Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley…”.
En cuanto a Naturaleza y ambiente, el Art. 395 de la Constitución establece los siguientes principios ambientales:
“El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo.”
“Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal.”
“El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, etc., en las actividades que generen impactos ambientales.”
“En caso de duda en materia ambiental se aplicarán en el sentido más favorable de protección de la naturaleza.”
Los principios de la participación ciudadana están contemplados en el Art. 95: “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”.
Respecto a la organización territorial, la Constitución a través del régimen de competencias, da la potestad a los gobiernos municipales de asumir competencias exclusivas en determinados temas. En el Art. 264, los numerales 2, 3, 6 y 8 permiten a los gobiernos municipales: “…2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo del cantón; 3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;…6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal;…8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines…”, entre otras actividades.
El Distrito Metropolitano de Quito tiene un régimen autónomo y de acuerdo al Art. 266 “…ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias. En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas distritales”.
Respecto a los impactos ambientales, el Art. 396 establece: “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño”.
1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.
2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumakkawsay
La Constitución estipula en cuanto a la participación comunitaria lo siguiente en el Art. 398: “Toda decisión o autorización Estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente.”
Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza
La aplicación de la legislación internacional está íntimamente relacionada con las características que tiene la misma; mientras la legislación nacional es generalmente imperativa, los instrumentos internacionales son generalmente declarativos, lo que implica que cada país debe procurar el desarrollo, en su propia legislación, de los principios contenidos en los instrumentos de la legislación internacional.
Dado que los tratados se incorporan al sistema jurídico de cada país, también tienen una posición jerárquica dentro del mismo. La constitución establece una gradación particular de los convenios y tratados internacionales suscritos, ratificados y publicados en el Registro Oficial. Estos instrumentos internacionales están ubicados sobre las leyes y demás normas.
La constitución ocartamagna, es la ley suprema de cada país; rige las formas de gobierno que tiene cada estado, siendo su ley fundamental. La constitución regula elDerecho Internoasí como las relaciones de los poderes públicos y no aplica en las relaciones externas. A nivel global, los estados se apoyan en el principio delDerecho Internacional de la igualdadsoberana de los estados y para poder crear acuerdos, tratados o convenios internacionales, deben hacerse respetando las leyes internas.
Los convenios y tratados internacionales posterior a su ratificación por el Poder Legislativo, implican la obligación del Estado a cumplir lo establecido y dispuesto en los mismos.
La Constitución del Ecuador, en su Título VIII Relaciones Internacionales, Capítulo Segundo: Tratados e instrumentos internacionales, entre otros aspectos, señala lo siguiente:
Art. 417.-Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidaddirecta y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.
Art. 419.-La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que:
Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución.
Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético.
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, 1994
Adoptada el 17 de junio de 1994 en París, entró en vigor el 26 de diciembre de 1996. Representa una obligación común de cumplimiento para la implementación de medidas, tanto nacionales como internacionales, para la promoción del desarrollo sostenible en las tierras secas.
La Conferencia de la ONU sobre Desertificación (Nairobi, 1977), definió a la desertificación como el "agravamiento o extensión de las condiciones características del desierto; como el proceso que implica una disminución de la productividad biológica y con ello una reducción de la biomasa vegetal, de la capacidad de las tierras para las actividades pecuarias, de la producción agrícola y una degradación de las condiciones de vida para el ser humano".
La Convención, elaborada tras la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 es un instrumento jurídicamente vinculante.
Esta Convención de las Naciones Unidas tiene por objeto luchar contra la desertificación y reducir los efectos de la sequía en los países gravemente afectados por la sequía o la desertización, en particular en África, mediante medidas eficaces a todos los niveles. Estas medidas se basan en acuerdos internacionales de cooperación y asociación, en el marco de un enfoque integrado compatible con el programaAcción 21con el fin de contribuir a instaurar un desarrollo sostenible en las zonas afectadas. Acción 21 es un plan de acción mundial centrado en el desarrollo sostenible para el siglo XXI.
En el espíritu de la Convención, la lucha contra la desertificación implica actividades ligadas al desarrollo integrado de las tierras de las zonas áridas, semiáridas y sub-húmedas secas, destinadas a:
prevenir y reducir la degradación de las tierras;
rehabilitar las tierras parcialmente deterioradas;
restaurar las tierras desérticas.
Los programas de acción nacionales, subregionales y regionales sirven de marco para la aplicación de la Convención. Estos programas deben concebirse como parte integrante de la política nacional de desarrollo sostenible del país. Se actualizan en el marco de un proceso participativo permanente, teniendo en cuenta las conclusiones sacadas de la acción realizada in situ así como de los resultados de la investigación.
Las comunidades locales desempeñan un papel clave en la formulación y la ejecución de los programas de acción, ya que son tributarias del suelo.
La aplicación de la Convención requiere la cooperación internacional entre países desarrollados y países en desarrollo. No obstante, los Gobiernos de los países afectados por la desertización son los responsables de crear un entorno que permita que las propias poblaciones locales pongan fin al proceso de degradación de las tierras. Los Gobiernos deben proceder a cambios políticamente delicados, como la mayor descentralización del poder de decisión, la mejora de los regímenes de propiedad de la tierra, y la atribución de un poder real a las mujeres, a los agricultores y a los ganaderos.
La Convención no prevé un mecanismo financiero centralizado encargado administrar los fondos destinados a los proyectos, pero cuenta con un mecanismo mundial que ayuda a movilizar importantes financiaciones de las fuentes existentes y a racionalizar y a reforzar la gestión.
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1994
La aceptación por la comunidad internacional de las graves consecuencias derivadas del cambio climático, llevó a
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Fue aprobada el 9 de mayo de 1992 y
Para ello contiene objetivos legalmente obligatorios para que los países industrializados reduzcan las emisiones de los 6 gases de efecto invernadero de origen humano como dióxido de carbono (CO 2 ), metano (CH 4 ) y óxido nitroso (N 2 O), además de tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF 6 ).
El Protocolo de Kioto entiende que los países industrializados, al emitir la mayor parte de esos gases, tienen la principal responsabilidad para revertir el problema. Pero, los recortes de emisiones de los países industriales servirán de poco si las naciones en desarrollo no hacen lo propio.
Para cumplir con el Protocolo de Kioto se establecieron además de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en cada país, y del comercio de emisiones, otros mecanismos como la Aplicación Conjunta (AC) y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). En cualquier caso, estos mecanismos son suplementarios, ya que cada país ha de reducir sus emisiones.
El Artículo 12 del Protocolo de Kioto establece los mecanismos para un desarrollo limpio, cuyo propósito es ayudar
entró en vigor el 21 de marzo de 1994.
las Partes no incluidas en el Anexo I, como es el caso de Ecuador, a lograr un desarrollo sustentable y contribuir
objetivo último de la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas en el Anexo I a dar cumplimiento a sus
Por medio de ella, los países reconocen que la contribución humana al efecto invernadero es un problema común de toda la humanidad y necesita acciones oportunas y decididas para contrarrestarlo. Para ello, se establece como objetivo de la Convención la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera
a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Este objetivo debería
lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático,
asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.
En la Convención se reconoce que debido a su proceso temprano de industrialización, existe un conjunto de países que históricamente ha hecho una contribución mayor al efecto invernadero. Por este motivo se determinó que este grupo de países (Partes Anexo I) debería tener una mayor responsabilidad y tomar las acciones más decididas con miras a enfrentar el problema del cambio climático. La Convención establece como uno sus principios el derecho al desarrollo sostenible de cada una de las Partes y reconoce que todos los países, especialmente en desarrollo, necesitan tener acceso a los recursos necesarios para lograr un desarrollo económico y social sostenible.
El Protocolo de Kioto, 1997
Los gobiernos acordaron en 1997 el Protocolo de Kioto del Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU. El Protocolo entró en vigencia en el año 2005 y desde entonces es vinculante para los países firmantes.
El objetivo del Protocolo de Kioto es conseguir reducir un 5,2% las emisiones de gases de efecto invernadero
globales sobre los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012. Este es el único mecanismo internacional para empezar a hacer frente al cambio climático y minimizar sus impactos.
compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3.
Estos mecanismos de desarrollo limpio (MDL) abren la posibilidad del surgimiento del denominado "Mercado Internacional del Carbono", en tanto permite a los países del Anexo I dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de reducción de emisiones netas de GEI para mitigar el impacto del cambio climático, a través de la adquisición de reducciones certificadas alcanzadas mediante la implementación de Proyectos orientados a este fin en los países no incluidos en el Anexo I, que han pasado a ser conocidos como países “No Anexo I”.
Los Mecanismos de Desarrollo Limpio crean, precisamente, la posibilidad y la oportunidad de que el Ecuador se inserte en el mercado de carbono ofertando proyectos de mitigación, en busca de inversionistas interesados; proyectos que, conforme al principio de provecho mutuo, necesariamente deberán compatibilizar la búsqueda de la maximización de los dos intereses involucrados en esta transacción: por un lado, deberán ofertar al inversionista el máximo posible de emisiones de carbono reducidas o evitadas, o de carbono secuestrado, por unidad de capital invertido, que él podrá aplicar al cumplimiento de sus obligaciones, y simultáneamente, deberán presentar la máxima contribución posible, por unidad de inversión, al desarrollo sustentable del país.
Los Mecanismos de Desarrollo Limpiopermiten a los países del Anexo I utilizar créditos obtenidos de las actividades realizadas con participación de países No Anexo I para cumplir "una parte" de sus obligaciones bajo el Artículo 3 del protocolo. Los proyectos certificables necesitan cumplir tres criterios generales:
1. Participación voluntaria de cada parte
2. Producir "beneficios reales, mensurables y a largo plazo en relación con la mitigación del cambio climático"
3. Producir reducciones en emisiones "que sean adicionales a las que se producirían en ausencia de la actividad de proyecto certificada"
Una vez que estos son certificados, el país huésped puede vender todo o parte de las Reducciones Certificadas de Emisiones (CRE) a las corporaciones o gobiernos del Anexo I. El precio puede ser negociado por el comprador
y el vendedor o comercializados por una tercera parte bajo la supervisión del Comité Ejecutivo del Mecanismo de
Desarrollo Limpio. La posibilidad de la comercialización de las Reducciones Certificadas de Emisiones (CRE) en
mercados secundarios es esencial para el funcionamiento del Modelo Unilateral de formulación de proyectos.
Venezuela es signataria de este Protocolo al firmar la Ley Aprobatoria del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.081 de fecha 7 de diciembre de 2004, cuyo objeto fue el de aprobar en todas sus partes el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptado en la ciudad de Kioto-Japón, el 11 de diciembre de 1997. Entró en vigencia el 8 de diciembre de 2004.
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. Viena, Austria, 1985
Las Partes del Convenio están conscientesdel impacto potencialmente nocivo de la modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y el ambiente y recuerdanlas disposiciones pertinentes de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, y en especial el principio 21, que establece que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción o control no perjudiquen el medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.
Se establece que las Partes tomarán las medidas apropiadas, de conformidad con las disposiciones del Convenio
y de los protocolos en vigor en que sean parte, para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono.
Con tal fin, las Partes, de conformidad con los medios de que dispongan y en la medida de sus posibilidades:
a. Cooperarán mediante observaciones sistemáticas, investigación e intercambio de información a fin de comprender y evaluar mejor los efectos de las actividades humanas sobre la capa de ozono y los efectos de la modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y el ambiente;
b. Adoptarán las medidas legislativas o administrativas adecuadas y cooperarán en la coordinación de las políticas apropiadas para controlar, limitar, reducir o prevenir las actividades humanas bajo su jurisdicción o control en el caso de que se compruebe que estas actividades tienen o pueden tener efectos adversos como resultado de la modificación o probable modificación de la capa de ozono;
c. Cooperarán en la formulación de medidas, procedimientos y normas convenidos para la aplicación de este Convenio, con miras a la adopción de protocolos y anexos;
d. Cooperarán con los órganos internacionales competentes para la aplicación efectiva de este Convenio y de los protocolos en que sean parte.
Las Partes en el Convenio, de conformidad con el artículo 3, cooperarán en la realización de investigaciones y observaciones sistemáticas y en la formulación de recomendaciones relativas a futuras investigaciones y observaciones en las siguientes esferas:
Investigación de los procesos físicos y químicos de la atmósfera
Investigación sobre los efectos en la salud, los efectos biológicos y los efectos de la fotodegradación
Investigación de los efectos sobre el clima
Observaciones sistemáticas de:
− El estado de la capa de ozono
− Las concentraciones en la troposfera y la estratosfera de los gases que dan origen a las familias HOx, NOx, COx y del carbono
− Las temperaturas desde la superficie terrestre hasta la mesosfera, utilizando sistemas de observación desde estaciones terrestres y por satélite
− El flujo de radiación solar, expresado en longitud de onda, que llega a la atmósfera terrestre y de la radiación térmica que sale de ésta, utilizando mediciones de satélites
− El flujo solar, analizado por longitud de onda, que llega a la superficie de la Tierra en la gama de las radiaciones ultravioleta con efectos biológicos (UV-B)
− Las propiedades y la distribución de los aerosoles desde la superficie terrestre hasta la mesosfera, utilizando sistemas de observación instalados en estaciones terrestres, aerotransportados y en satélites
− Las variables climáticas importantes, mediante el mantenimiento de programas meteorológicos de alta calidad para su medición desde la superficie
− Las oligosustancias, las temperaturas, el flujo solar y los aerosoles, utilizando métodos mejorados de análisis de los datos mundiales.
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, 1987
El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono es uno de los más exitosos ejemplos de cooperación internacional. Es un tratado diseñado para proteger la capa de ozono reduciendo la
producción y el consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado que reaccionan con el ozono y se cree que son responsables por el agotamiento de la capa de ozono. El Protocolo fue negociado en 1987 y entró en vigor el 1º de enero de 1989. Ha sido enmendado en varias oportunidades en respuesta a la nueva evidencia científica y a los avances tecnológicos: en la Segunda Reunión de las Partes (Londres, 27 a 29 de junio de 1990), en la Cuarta Reunión de las Partes (Copenhague, 23 a 25 de noviembre de 1992), en la Séptima Reunión de las Partes (Viena, 5 a 7 de diciembre de 1995), en la Novena Reunión de las Partes (Montreal, 15 a 17 septiembre 1997) y nuevamente ajustada y enmendada en la Undécima Reunión de las Partes (Beijing, 29 noviembre a 3 diciembre 1999).
La producción y consumo de peligrosos grupos de sustancias químicas, con capacidad para agotar la capa de ozono, han sido suprimidos en los países desarrollados y el mismo proceso está en marcha en los países en vías de desarrollo. En términos generales, alrededor del noventa y cinco por ciento de las sustancias químicas que agotan el ozono han sido hasta la fecha puestas de lado. Se cree que si todos los países cumplen con los objetivos propuestos dentro del tratado, la capa de ozono podría haberse recuperado para el año 2050.
Según los Estados signatarios del acuerdo, el objetivo del protocolo es: "Reconociendo que la emisión en todo el mundo de ciertas sustancias puede agotar considerablemente y modificar la capa de ozono en una forma que
Decididas a proteger la capa de ozono
adoptando medidas preventivas para controlar equitativamente el total de emisiones mundiales de las sustancias que la agotan, con el objetivo final de eliminarlas, sobre la base de los adelantos en los conocimientos científicos,
podría tener repercusiones nocivas sobre la salud y el medio ambiente,
teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos y teniendo presentes las necesidades que en materia de desarrollo tienen los países en desarrollo"
A estos fines aceptaron reducir sus niveles de consumo y producción declorofluorocarbonos (CFC) según el nivel de desarrollo de sus economías. A los países en vías de desarrollo, definidos según el artículo 5.1, se les aplicó un nivel básico y un cronograma diferente al de los países desarrollados (conocidos también como países que no están dentro del artículo 5, No-A5).
Las Partes del Protocolo han acordado el 2013 como fecha en que se dejarán fijos los niveles de producción de los HCFC y acordaron iniciar el proceso de reducción a partir del año 2015. Debido a que los HCFC también dañan la capa de ozono, se los utiliza como reemplazos transitorios para los refrigerantes, los solventes, gases propulsores para la producción de espumas plásticas y en extinguidores. Se los utiliza como reemplazo transitorio ya que su efecto potencial sobre el ozono (conocido como ODP por sus siglas en inglés – Ozone Depleting Potential) es casi 20 veces menor y su potencial de calentamiento global (GWP por sus siglas en inglés – Global Warming Potential) es significativamente menor también. La falta de alternativas para los CFC y HCFC (por ejemplo en los inhaladores que se usan para el tratamiento de asmáticos o personas con afecciones respiratorias) son la razón para las pocas excepciones que existen a su uso como así también los halones aún en uso en los sistemas de supresión de incendios en aeronaves y submarinos. Las provisiones del Protocolo incluyen como requisito que las Partes basen sus decisiones futuras sobre fundamentos científicos actuales como así también
toda la información ambiental, técnica y económica actualizada y disponible que es evaluada por un panel de expertos de la comunidad internacional.
Los informes sobre los avances han sido informados en varias ocasiones por la Organización Meteorológica Mundial. También existen informes que preparan las organizaciones gubernamentales y las ONG donde se presentan alternativas para las sustancias que agotan el ozono ya que estas tienen un fuerte impacto en ciertos sectores productivos por usarse en agricultura, producción de energía, refrigerantes y mediciones de laboratorio.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992)
En 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, fueron firmados dos acuerdos jurídicamente vinculantes de gran importancia ambiental: la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
El Convenio es el primer acuerdo global cabal para abordar todos los aspectos de la diversidad biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas, y el primero en reconocer que la conservación de la diversidad biológica es una preocupación común de la humanidad y una parte integral del proceso de desarrollo. Sus disposiciones sobre la cooperación científica y tecnológica, acceso a los recursos genéticos y la transferencia de tecnologías ambientalmente sanas, son la base de esta asociación.
Los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica son la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.
Entre otros aspectos de este convenio, se destacan los siguientes:
a. Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada; y
b. Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales.
a. Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica;
b. Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica;
c. Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible;
d. Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales;
e. Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas; recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras estrategias de ordenación;
f. Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología que es probable tengan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana;
g. Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies;
h. Procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones actuales con la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes;
i. Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente;
j. Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones de reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas;
k. Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7, un efecto adverso importante para la diversidad biológica, reglamentará u ordenará los procesos y categorías de actividades pertinentes; y
a. Integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible de los recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones;
b. Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica;
c. Protegerá y alentará ,1a utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible;
d. Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha reducido; y
e. Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector privado en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos biológicos.
a. Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos.
b. Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y políticas que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica;
c. Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el intercambio de información y las consultas acerca de las actividades bajo su jurisdicción o control que previsiblemente tendrían efectos adversos importantes para la diversidad biológica de otros Estados o de zonas no sujetas a jurisdicción nacional, alentando la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales, según proceda;
d. Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o control peligros inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa diversidad en la zona bajo la jurisdicción de otros Estados o en zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional, a los Estados que puedan verse afectados por esos peligros o esos daños, además de iniciar medidas para prevenir o reducir al mínimo esos peligros o esos daños; y
e. Promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia relacionadas con actividades o acontecimientos naturales o de otra índole que entrañen graves e inminentes peligros para la diversidad biológica, apoyará la cooperación internacional para complementar esas medidas nacionales y, cuando proceda y con el acuerdo de los Estados o las organizaciones regionales de integración económica interesados, establecerá planes conjuntos para situaciones imprevistas.
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 1979
Es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos de 175 países del mundo, que tiene la finalidad de velar porque el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. La CITES fue redactada como resultado de una resolución aprobada en una reunión de los miembros de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), celebrada en 1963. El texto de la Convención fue finalmente acordado en una reunión que contó con la representación de 80 naciones que tuvo lugar en Washington D.C., el 3 de marzo de 1973, y entró en vigor el 1 de julio de 1975.
CITES es un acuerdo internacional al que los países se adhieren voluntariamente. Y aunque la Convención es jurídicamente vinculante para las partes -en otras palabras, tienen que aplicar la Convención- no por ello suplanta a las legislaciones nacionales. Bien al contrario, ofrece un marco que ha de ser respetado por cada una de las partes, las cuales han de promulgar su propia legislación nacional para garantizar que se aplique a escala nacional.
CITES se concibió en el marco de espíritu de cooperación que traspasa fronteras. Hoy en día, ofrece diversos grados de protección a más de 30.000 especies de animales y plantas, bien se comercialicen como especímenes vivos, como abrigos de piel o hierbas disecadas.
CITES no persigue la prohibición total del comercio de especies salvajes sino el que este comercio se realice de forma sostenible con criterios científicos de forma que sea una fuente duradera de riqueza, estimada por todas las poblaciones locales y por los gobiernos respectivos. El comercio únicamente se prohíbe en casos límite de especies al borde de la extinción.
Según esta Convención, los Estados Contratantes:
Reconocen que la fauna y flora silvestres, en sus numerosas, bellas y variadas formas constituyen un elemento irremplazable de los sistemas naturales de la tierra, tienen que ser protegidas para esta generación y las venideras;
Están conscientes del creciente valor de la fauna y flora silvestres desde los puntos de vista estético, científico, cultural, recreativo y económico;
Reconocen que los pueblos y Estados son y deben ser los mejores protectores de su fauna y flora silvestres;
Reconocen además que la cooperación internacional es esencial para la protección de ciertas especies de fauna y flora silvestres contra su explotación excesiva mediante el comercio internacional;
La Convención está organizada en los siguientes artículos:
Artículo II Principios fundamentales: El Apéndice I incluye todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio. El comercio en especímenes de estas especies deberá estar sujeto a una reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún mayor su supervivencia y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales. El Apéndice II incluye: a) todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en especímenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con su supervivencia; y b) aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que también deberán sujetarse a reglamentación con el fin de permitir un eficaz control del comercio en las especies a que se refiere el subpárrafo a) del presente párrafo. El Apéndice III incluirá todas las especies que cualquiera de las Partes manifieste que se hallan sometidas a reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de prevenir o restringir su explotación, y que necesitan la cooperación de otras Partes en el control de su comercio. Las Partes no permitirán el comercio en especímenes de especies incluidas en los Apéndices I, II y III, excepto de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención.
Artículo IX Autoridades Administrativas y Científicas
Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, 1979
Aprobada en Bonn, en junio de 1979, las partes reconocen la importancia de la conservación de las especies migratorias y de las medidas a convenir para este fin por los Estados del área de distribución, siempre que sea posible y apropiado, concediendo particular atención a las especies migratorias cuyo estado de conservación sea desfavorable; el mismo reconocimiento se extiende también a las medidas apropiadas y necesarias, por ellas adoptadas separada o conjuntamente, para la conservación de tales especies y de su hábitat. Asimismo, los países adherentes (partes), reconocen la necesidad de adoptar medidas a fin de evitar que una especie migratoria pase a ser una especie amenazada; y se propone la promoción apoyo y cooperación en investigaciones sobre especies migratorias.
Las Partes Contratantes reconocen que la fauna silvestre, en sus numerosas formas, constituye un elemento irremplazable de los sistemas naturales de la tierra, que tiene que ser conservado para el bien de la humanidad;
Están conscientes de que cada generación humana administra los recursos de la tierra para las generaciones futuras y tiene el deber de que dicho legado se conserve y de que cuando esté sujeto a uso se haga con prudencia;
Están conscientes del creciente valor que adquiere la fauna silvestre desde los puntos de vista medio-ambiental, ecológico, genético, científico, estético, recreativo, cultural, educativo, social y económico;
Están preocupadas en particular por las especies de animales silvestres que en sus migraciones franquean los límites de jurisdicciones nacionales o cuyas migraciones se desarrollan fuera de dichos límites;
Reconocen que los Estados son y deben ser los protectores de las especies migratorias de animales silvestres que viven dentro de los límites de su jurisdicción nacional o que los franquean;
Están convencidas de que la conservación así como el eficaz cuidado y aprovechamiento de las especies migratorias de animales silvestres requieren una acción concertada de todos los Estados dentro de cuyos límites de jurisdicción nacional pasan dichas especies alguna parte de su ciclo biológico;
Recuerdan la Recomendación 32 del Plan de acción adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano (Estocolmo, 1972), y por ello acuerdan los siguientes principios fundamentales:
4. a) deberían promover, apoyar o cooperar a investigaciones sobre especies migratorias; b) se esforzarán por conceder una protección inmediata a las especies migratorias enumeradas en el Apéndice I; y c) deberán procurar la conclusión de ACUERDOS sobre la conservación, cuidado y aprovechamiento de las especies migratorias enumeradas en el Apéndice II.
Convención sobre Humedales: Declaración de Ramsar, 1971
La convención sobre Wetlands, firmado en Ramsar, es un tratado intergubernamental que proporciona al marco para la acción nacional y la cooperación internacional para la conservación y el uso sabio de humedales y de sus recursos.
El convenio de Ramsar es un acuerdo internacional que tiene como finalidad la protección de las zonas húmedas del planeta. Es el único tratado internacional dedicado a la protección y el uso racional de un tipo de hábitat particular: los humedales. Fue en Ramsar (Irán) en 1971 cuando se instituyó el convenio, tendiente a proteger diversas especies de aves acuáticas ya en peligro de extinción.
Según la Declaración de Ramsar, las Partes Contratantes, convienen en lo siguiente:
Artículo 1 A los efectos de la presente Convención son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. A los efectos de la presente Convención son aves acuáticas las que dependen ecológicamente de los humedales.
Artículo 2 Cada Parte Contratante designará humedales idóneos de su territorio para ser incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, en adelante llamada "la Lista". Los límites de cada humedal deberán describirse de manera precisa y también trazarse en un mapa, y podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal, y especialmente cuando tengan importancia como hábitat de aves acuáticas.
La selección de los humedales que se incluyan en la Lista deberá basarse en su importancia internacional en términos ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos. En primer lugar deberán incluirse los humedales que tengan importancia internacional para las aves acuáticas en cualquier estación del año. La inclusión de un humedal en la Lista se realiza sin prejuicio de los derechos exclusivos de soberanía de la Parte Contratante en cuyo territorio se encuentra dicho humedal.
Cada Parte Contratante deberá tener en cuenta sus responsabilidades de carácter internacional con respecto a la conservación, gestión y uso racional de las poblaciones migradoras de aves acuáticas, tanto al designar humedales de su territorio para su inclusión en la Lista, como al ejercer su derecho a modificar sus inscripciones previas.
Artículo 3 Las Partes Contratantes deberán elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación de los humedales incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de los humedales de su territorio.
Cada Parte Contratante tomará las medidas necesarias para informarse lo antes posible acerca de las modificaciones de las condiciones ecológicas de los humedales en su territorio e incluidos en la Lista, y que se hayan producido o puedan producirse como consecuencia del desarrollo tecnológico, de la contaminación o de cualquier otra intervención del hombre.
Artículo 4 Cada Parte Contratante fomentará la conservación de los humedales y de las aves acuáticas creando reservas naturales en aquellos, estén o no incluidos en la Lista, y tomará las medidas adecuadas para su custodia.
Cuando una Parte Contratante, por motivos urgentes de interés nacional, retire de la Lista o reduzca los límites de un humedal incluido en ella, deberá compensar en la medida de lo posible, la pérdida de recursos de humedales y, en particular, crear nuevas reservas naturales para las aves acuáticas y para la protección de una porción adecuada de su hábitat original, en la misma región o en otro lugar.
Las Partes Contratantes fomentarán la investigación y el intercambio de datos y de publicaciones relativos a los humedales y a su flora y fauna.
Las Partes Contratantes se esforzarán por aumentar las poblaciones de aves acuáticas mediante la gestión de los humedales idóneos.
Las Partes Contratantes fomentarán la formación de personal para el estudio, la gestión y la custodia de los humedales.
Artículo 5 Las Partes Contratantes celebrarán consultas sobre el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la Convención, especialmente en el caso de un humedal que se extienda por los territorios de más de una Parte Contratante o de un sistema hidrológico compartido por varias de ellas. Al mismo tiempo, se esforzarán por coordinar y apoyar activamente las políticas y regulaciones actuales y futuras relativas a la conservación de los humedales y de su flora y fauna.
Las recomendaciones sobre el tema específico de la contaminación, aprobadas por la Conferencia internacional sobre la conservación de los humedales y las aves acuáticas fueron:
RECOMENDACIÓN 6: Contaminación por hidrocarburos
a. una estricta supervisión de las aguas costeras, en particular en el Mar Caspio, el Mar Báltico, el Kattegat, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha;
b. una investigación acelerada sobre los medios de lucha contra la contaminación marina; y
c. una aplicación pronta y rigurosa de las sanciones reglamentarias.
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, 1989
El Convenio de Basilea establece las normas destinadas a controlar a nivel internacional los movimientos transfronterizos y la eliminación de residuos peligrosos para la salud humana y el ambiente.
El Convenio tiene por objeto reducir el volumen de los intercambios de residuos con el fin de proteger la salud humana y el ambiente estableciendo un sistema de control de las exportaciones e importaciones de residuos peligrosos así como su eliminación.
El Convenio define los residuos que se consideran peligrosos. Toda parte del Convenio podrá añadir a esta lista otros residuos clasificados peligrosos en su legislación nacional.
se prohíbe exportar o importar residuos peligrosos y otros residuos con destino a o procedentes un Estado que no sea parte del Convenio;
no podrá exportarse ningún residuo si el Estado de importación no ha dado por escrito su aprobación específica para la importación de estos residuos;
deben comunicarse a los Estados afectados la información sobre los movimientos transfronterizos propuestos por medio de un formulario de notificación a fin de que puedan evaluar las consecuencias de los movimientos de que se trata para la salud humana y el medio ambiente;
únicamente deben autorizarse los movimientos transfronterizos de residuos cuando su transporte y eliminación estén exentos de peligro;
los residuos que deban ser objeto de un movimiento transfronterizo deben embalarse, etiquetarse y transportarse con arreglo a las normas internacionales e ir acompañados de un documento de movimiento desde el lugar de origen del movimiento hasta el lugar de eliminación;
toda parte del Convenio podrá imponer condiciones suplementarias siempre y cuando sean compatibles con el Convenio.
El Convenio establece procedimientos de notificación relativos:
a los movimientos transfronterizos entre partes del Convenio;
a los movimientos transfronterizos procedentes de una parte del Convenio a través del territorio de Estados que no sean partes del mismo.
Asimismo, prevé los casos de obligación de reimportación de los residuos peligrosos, en particular, si éstos han sido objeto de tráfico ilícito.
Las partes del Convenio cooperarán entre sí a fin de mejorar y garantizar la gestión ecológicamente racional de los residuos peligrosos y demás residuos. El objetivo, pues, consiste en aplicar todas las medidas prácticas que permitan garantizar que los residuos contemplados en el Convenio se administren de modo tal que se garantice la protección de la salud humana y del medio ambiente contra los posibles efectos nocivos de estos residuos.
Las partes podrán celebrar, entre sí o con instancias que no sean partes del Convenio, convenios o acuerdos bilaterales, multilaterales o regionales en relación con los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos, a condición de que no vulneren los principios establecidos en el Convenio.
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, 2001
El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos y Persistentes (COP), también conocido como el "Convenio de COP'", fue firmado por representantes de más de cien países de todo el mundo en mayo del 2001 en Estocolmo, Suecia. El Convenio es un instrumento internacional para el control y eliminación de 12 compuestos peligrosos que han sido agrupados bajo el calificativo de "la Docena sucia".
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) anunció la entrada en vigor del convenio
para el 17 de mayo de 2004 luego de que Francia se convirtiera en el 50º estado en ratificar el acuerdo.
El convenio centra su atención en la llamada "Docena sucia" que se divide de la siguiente manera: nueve compuestos químicos prioritarios a ser eliminados, de ellos ocho son plaguicidas: aldrin, endrin, dieldrin, toxafeno, mirex, heptacloro, DDT, clordano, y un producto de uso industrial: PCB, y tres cuya generación deberá ser reducida al máximo el: HCB, que puede ser plaguicida o producto industrial, y dos subproductos generados de manera no intencional: dioxinas y furanos.
Los Contaminantes Orgánicos Persistentes son productos y subproductos de la actividad industrial humana que se definen por su volatilidad, su gran estabilidad química y su capacidad para acumularse en los tejidos grasos de los organismos vivos. En concentraciones extraordinariamente bajas, estas sustancias son capaces de inducir trastornos hormonales, nerviosos, inmunológicos y reproductivos, así como cánceres y tumores de múltiples tipos.
Convenio de Rotterdam sobre comercio internacional de productos químicos peligrosos, 2006
El Convenio de Rotterdam fue firmado el 11de septiembre de1998 por la Comunidad Europea. La Decisión relativa
a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio de Rotterdam va acompañada de un
Reglamento del Consejo para la aplicación de las disposiciones del convenio en el seno de la Unión Europea.
Decisión2006/730/CEdel Consejo, de 25de septiembre de 2006, relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional.
Reglamento (CE) nº 689/2008del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17de junio de 2008, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.
Este convenio tiene por objeto mejorar la reglamentación internacional del comercio de determinados productos químicos y plaguicidas peligrosos a fin de proteger la salud de las personas y el ambiente, así como favorecer la utilización ecológicamente racional de estos productos.
El Convenio regula las importaciones y las exportaciones de determinados productos químicos y plaguicidas peligrosos. El principio fundamental en que se basa el Convenio es el consentimiento fundamentado previo (procedimiento PIC, del inglés Prior Informed Consent). A efectos del Convenio, dicho principio significa que cualquier producto químico especificado en éste sólo puede ser exportado con el consentimiento previo del importador. El convenio crea un procedimiento para conocer y dar a conocer las decisiones de los países importadores, aplicando así el principio PIC en el comercio internacional de productos químicos. Asimismo, establece disposiciones por las que se exige una información detallada sobre los productos que permita decidir la importación conociendo las propiedades y efectos de los productos, sobre todo en la salud humana y el ambiente.
El Convenio se aplica a los productos químicos prohibidos o estrictamente regulados, así como a las preparaciones de plaguicidas extremadamente peligrosas.
Determinados productos están excluidos del ámbito de aplicación, a saber:
los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas;
los materiales radioactivos;
los residuos;
las armas químicas;
los productos químicos utilizados como aditivos alimentarios;
los productos alimentarios;
los productos importados en pequeñas cantidades que no suponen riesgos particulares, siempre que sean importados con fines de investigación o análisis, o por un particular para su uso personal.
Se prohíbe la exportación de productos a las Partes que no hayan presentado ninguna respuesta o que sólo hayan comunicado una respuesta provisional sobre la importación del producto. Sin embargo, hay excepciones, por ejemplo, el producto puede exportarse si la Parte importadora ha manifestado su consentimiento expreso para el producto de que se trate.
Cada producto exportado que esté prohibido o estrictamente regulado por las disposiciones del convenio debe ir acompañado de una notificación de exportación, y la Parte importadora también debe acusar recibo del producto. El Convenio prevé disposiciones sobre la información que debe acompañar a los productos químicos, tales como normas de etiquetado.
Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, 2001
En noviembre de 2001 la Conferencia de la FAO (Resolución 3/2001) adoptó el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Este Tratado jurídicamente vinculante abarca todos los recursos fitogenéticos importantes para la alimentación y la agricultura, y está en consonancia con el Convenio sobre la Diversidad Biológica. El Tratado entró en vigor el 29 de junio de 2004.
Los objetivos del Tratado son la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización en armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.
Estos objetivos se obtendrán vinculando estrechamente el Tratado a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y al Convenio sobre la Diversidad Biológica.
El Tratado los define como "cualquier material genético de origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura".
Mediante el Tratado los países acuerdan establecer un sistema multilateral eficaz, efectivo y transparente para facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y compartir los beneficios de manera justa y equitativa. El Sistema multilateral se aplica a más de 64 cultivos y forrajes principales. El órgano rector del Tratado, que estará integrado por los países que lo hayan ratificado, establecerá las condiciones de acceso y distribución de los beneficios en un "Acuerdo de transferencia de material".
Podrán obtenerse recursos del Sistema multilateral con fines de utilización y conservación para la investigación, el mejoramiento y la capacitación. Cuando se obtiene un producto comercial utilizando estos recursos, el Tratado prevé el pago de una parte equitativa de los beneficios monetarios resultantes, siempre que el producto no pueda ser utilizado sin restricción por otros para investigación y mejoramiento ulterior. Si otros pueden utilizarlo, el pago es voluntario.
El Tratado prevé la posibilidad de distribuir los beneficios de la utilización de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura mediante el intercambio de información, el acceso a la tecnología y su transferencia, así como la creación de capacidad. Prevé asimismo la formulación de una estrategia de financiación para movilizar fondos para actividades, planes y programas de ayuda destinados, sobre todo, a los pequeños agricultores de países en desarrollo. Esta estrategia de financiación prevé también la distribución de beneficios monetarios pagados con arreglo al Sistema multilateral.
El Tratado reconoce la contribución enorme que los agricultores y sus comunidades han aportado y siguen aportando a la conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos. Esta es la base de los Derechos de los agricultores, que incluyen la protección de los conocimientos tradicionales, y el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios y en la adopción de decisiones nacionales relativas a los recursos fitogenéticos. Otorga a los gobiernos la responsabilidad de aplicar estos derechos.
Acuerdos y declaraciones internacionales en materia ambiental
El Tratado es vital para asegurar la disponibilidad constante de los recursos fitogenéticos que los países necesitarán para alimentar a sus pueblos. Se debe conservar para las futuras generaciones la diversidad genética que es esencial para la alimentación y la agricultura.
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 1972
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, señala entre otros asuntos, que en los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están motivados por el subdesarrollo. Por ello, estos
países deben dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo presente sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y mejorar el ambiente.
La Declaración De Estocolmo sobre el medio ambiente humano de 1972 proclama que:
1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la
oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedente, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma.
2. La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los
pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos.
3. El hombre debe hacer constantemente recapitulación de su experiencia y continuar descubriendo, inventando,
creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del hombre de transformar lo que lo rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su existencia. Aplicado errónea o imprudentemente, el mismo poder puede causar daños incalculables al ser humano y a su medio. A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el hombre en muchas regiones de la Tierra: niveles peligroso de contaminación del agua, el aire, la tierra y los seres vivos; grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del hombre, en el medio por él creado, especialmente en aquel en el que vive y trabaja.
Millones de personas siguen viviendo muy por debajo de los niveles mínimos necesarios para una existencia humana decorosa, privadas de alimentación y vestido, de vivienda y educación, de sanidad e higiene adecuadas. Por ello, los países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo presente sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y mejorar el medio. Con el mismo fin, en los países industrializados, los problemas ambientales están generalmente relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnológico.
5. El crecimiento natural de la población plantea continuamente problemas relativos a la preservación del medio, y
se deben adoptar normas y medidas apropiadas, según proceda, para hacer frente a esos problemas. De cuanto existe en el mundo, los seres humanos son lo más valioso. Ellos son quienes promueven el progreso social, crean riqueza social, desarrollan la ciencia y la tecnología, y, con su duro trabajo, transforman continuamente el medio humano. Con el progreso social y los adelantos de la producción, la ciencia y la tecnología, la capacidad del hombre para mejorar el medio se acrece cada día que pasa.
6. Hemos llegado a un momento de la historia en el que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo, con mayor cuidado a las consecuencias que puedan tener para el medio. Por ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensos o irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción más prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones de vida mejores en un medio más en consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre. Las perspectivas de elevar la calidad del medio y de crear una vida satisfactoria son grandes. Lo que se necesita es entusiasmo, pero, a la vez, serenidad de ánimo; trabajo afanoso, pero sistemático. Para llegar a la plenitud de su libertad dentro de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus conocimientos a forjar, en armonía con ella, un medio mejor. La defensa y el mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo, y de conformidad con ellas.
7. Para llegar a esa meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que les incumben, y que todos ellos participen equitativamente en la labor común. Hombres de toda condición y organizaciones de diferente índole plasmarán, con la aportación de sus propios valores y la suma de sus actividades, el medio ambiente del futuro. Corresponderá a las administraciones locales y nacionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la mayor parte de la carga en cuanto al establecimiento de normas y a la aplicación de medidas en gran escala sobre el medio. También se requiere la cooperación internacional con objeto de allegar recursos que ayuden a los países en desarrollo a cumplir su cometido en esta esfera. Y hay un número cada vez mayor de problemas relativos al medio que, por ser de alcance regional o mundial o por repercutir en el ámbito internacional común, requerirán una amplia colaboración entre las naciones y la adopción de medidas por las organizaciones internacionales de interés de todos. La Conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos que aúnen sus esfuerzos para preservar y mejorar el medio humano en beneficio del hombre y de su posteridad.
Comisión Mundial sobre el Medio y el Desarrollo. Declaración de Tokio, 1987
La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo fue constituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el año 1984, como organismo independiente encargado de:
a. reexaminar las cuestiones críticas relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo y formular unas propuestas de acción, innovadoras, concretas y realistas para afrontarlas;
b. reforzar la cooperación internacional sobre el medio ambiente y el desarrollo, y evaluar y proponer nuevas formas de cooperación que puedan romper con las modalidades existentes e influir así en las políticas y acontecimientos en la dirección del cambio necesario;
c. incrementar el nivel de comprensión y compromiso respecto de la acción por parte de los individuos, las organizaciones voluntarias, el mundo de los negocios, las instituciones y los gobiernos.
La realización de esta posibilidad depende de que todos los países adopten el objetivo del desarrollo sostenible como fin primordial y prueba de política nacional y de cooperación internacional. Dicho desarrollo puede definirse como un enfoque al progreso que afronte las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para afrontar sus propias necesidades, lo que requiere un cambio masivo en los objetivos de la sociedad.
La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo exhorta a todas las naciones del mundo a que, conjunta e individualmente, integren el desarrollo sostenible en sus objetivos y adopten los siguientes principios que les sirvan de guía en sus normas de actuación:
1. Avivar el crecimiento: la pobreza constituye una fuente importante de degradación ambiental que no solamente
afecta a un amplio número de personas en los países en desarrollo, sino que también socava el desarrollo sostenible de la comunidad entera de naciones, tanto de los países industrializados como en desarrollo. Se ha de estimular el crecimiento económico, especialmente en los países en desarrollo, a la par que se ha de robustecer la base de los recursos ambientales. Los países industrializados pueden y deben contribuir a vivificar el crecimiento económico mundial. Han de tomarse medidas internacionales urgentes para resolver la crisis de la deuda, ha de haber un incremento sustancial en los flujos de financiamiento del desarrollo y ha de haber asimismo una estabilización en los ingresos de divisas para los exportadores de productos básicos de baja renta.
2. Cambiar la calidad del crecimiento: el crecimiento que se consiga ha de ser de un nuevo tipo, en el que la
continuidad, la equidad, la justicia social y la seguridad estén fuertemente entrelazadas y consideradas como principales objetivos sociales. Una firme y segura política energética ambiental constituye un componente indispensable de lo que antecede. La educación, la comunicación y la cooperación internacionales pueden ayudar a conseguir estos objetivos. Los planificadores del desarrollo deberían tener en cuenta, al proceder a la evaluación de la riqueza nacional, no solamente los indicadores económicos normales, sino también la situación en que se encuentran las existencias de los recursos naturales. Una mejor distribución de los ingresos, una reducción de la vulnerabilidad ante los desastres naturales y los riesgos tecnológicos, un mejoramiento en la salud y la preservación del patrimonio cultural son los factores que contribuyen a elevar la calidad de dicho crecimiento.
3. Conservar y reforzar la base de recursos: la sostenibilidad requiere la conservación de las fuentes ambientales,
como por ejemplo, el aire puro, el agua, los bosques y los suelos; también requiere el mantenimiento de la diversidad genética y la utilización eficaz de la energía, el agua y las materias primas. Los mejoramientos en la eficacia de la producción han de acelerarse para reducir el consumo per cápita de los recursos naturales y alentar así un cambio hacia productos y tecnología no contaminantes. Se pide a todos los países que eviten la contaminación ambiental mediante la firme aplicación de los reglamentos relativos al ambiente, la promoción de tecnologías que produzcan pocos desechos y mediante la previsión de las repercusiones que pudieren acarrear nuevos productos, tecnologías y desechos.
4. Asegurar un nivel sostenible de población: las políticas demográficas deberían formularse e integrarse con otros
programas de desarrollo económico y social, como por ejemplo la educación, los cuidados médicos y la expansión
de los medios de existencia de los pobres. El aumento del acceso a los servicios de la planificación familiar constituye de por sí una forma de desarrollo social que permite a las parejas, y a las mujeres en especial, ejercer el derecho a la autodeterminación.
5. Reorientar la tecnología y afrontar los riesgos: la tecnología engendra riesgos, pero ofrece también los medios
de afrontarlos. En los países en desarrollo se necesita reforzar enormemente la capacidad de innovación tecnológica. La orientación del desarrollo tecnológico ha de cambiar también en todos los países, con objeto de
prestar mayor atención a los factores ambientales. Es necesario contar con mecanismos institucionales nacionales e internacionales que puedan evaluar las repercusiones potenciales de las nuevas tecnologías antes de pasar a un uso generalizado de las mismas. Acuerdos similares son también necesarios para realizar obras importantes en los sistemas naturales, como la desviación de ríos o las operaciones de desmonte. Se ha de reforzar y aplicar la responsabilidad por daños ocasionados de manera no intencionada. Debería promoverse una mayor participación pública y un acceso libre a la información pertinente en aquellos procesos de toma de decisión que afectan al ambiente y a las cuestiones relacionadas con el desarrollo.
6. Integrar el ambiente y la economía en la toma de decisiones: los objetivos ambientales y económicos pueden y
deben ser mutuamente complementarios. La sostenibilidad requiere la aplicación de amplias responsabilidades por las repercusiones resultantes de las decisiones que se tomen. Aquellos que tomen tales decisiones programáticas han de ser responsables de los efectos que dichas decisiones tengan sobre el capital de recursos ambientales de sus respectivas naciones. Se han de concentrar más en las fuentes del daño ambiental que en los síntomas. La capacidad para prever y prevenir el daño ambiental requiere que las dimensiones ecológicas de la política que se adopte se consideren al mismo tiempo que los factores económicos, comerciales, energéticos, agrícolas y demás dimensiones. Han de ser considerados en los mismos programas y en las mismas instituciones nacionales e internacionales.
7. Reformar las relaciones económicas internacionales: un crecimiento sostenible a largo plazo requiere cambios
ambiciosos que produzcan flujos comerciales, de capitales y tecnológicos que sean más equitativos y estén mejor sincronizados con los imperativos ambientales. Un mejoramiento fundamental en el acceso a los mercados, en la transferencia de tecnología y en la financiación internacional es necesario para ayudar a los países en desarrollo a ampliar sus oportunidades mediante la diversificación de sus bases económicas y comerciales y la construcción de su autosuficiencia.
8. Reforzar la cooperación internacional: la introducción de la dimensión ambiental incorpora un elemento adicional de urgencia y de mutuo interés, ya que, de no reconocerse la interacción entre la degradación de los recursos y el incremento de la pobreza, se corre el riesgo de que todo se desborde y se cree un problema ecológico mundial. Se ha de conceder alta prioridad a la vigilancia ambiental, la evaluación, la investigación y el desarrollo y la gestión de los recursos en todos los campos del desarrollo internacional. Esto requiere un elevado nivel de compromiso por parte de todos los países para que funcionen satisfactoriamente las instituciones multilaterales, elaboren y apliquen las normas internacionales en materias tales como el comercio y las inversiones, y establezcan un diálogo sobre las múltiples cuestiones en que los intereses nacionales no coinciden
inmediatamente pero se puede llegar a una solución mediante la pertinente negociación. También requiere un reconocimiento de la importancia fundamental que revisten la paz y la seguridad internacionales. Si se quiere un progreso humano sostenible, resulta absolutamente fundamental contar con nuevas dimensiones de multilateralismo.
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se adoptó en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro, en junio de 1992. Como un conjunto de principios sin fuerza jurídicamente vinculante, la Declaración busca reafirmar y desarrollar la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972). Esto con el principal objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible, reconociendo el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza (Principio 1), así como el derecho soberano de los Estados para aprovechar sus recursos naturales y haciendo explícita la responsabilidad de los mismos de velar por la conservación del medio ambiente, en el sentido de evitar que las actividades que se realizan bajo su jurisdicción o control causen daño al medio ambiente de otros Estados o en áreas fuera de cualquier jurisdicción nacional (Principio 2).
En el marco de este objetivo, la Declaración contempla acciones que se deberían adoptar en el ámbito social, económico, cultural, científico, institucional, legal y político.
La Declaración señala la necesidad de erradicar la pobreza (Principio 5) y de modificar los patrones de consumo y producción que resultan ambientalmente insostenibles (Principio 8).
Reconoce la especial situación en que se encuentran los países en desarrollo (Principio 6) y hace explícito el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, frente a la salud y la integridad de ecosistemas, y se fundamenta en las distintas contribuciones a la degradación ambiental global (Principio 7).
Teniendo en cuenta que el logro del desarrollo sostenible involucra directamente a los ciudadanos, la Declaración contempla una serie de mecanismos que buscan que los interesados tengan acceso a la información, a los procesos de toma de decisiones y a los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes (Principio 10).
La Declaración reconoce la necesidad de formulación de instrumentos legales tanto a nivel nacional como internacional que regulen de manera adecuada la protección del medio ambiente (Principios 11 y 13).
Reconociendo los impactos que sobre el medio ambiente tiene el desarrollo económico, se señala la necesidad de un sistema económico internacional que permita el “crecimiento económico y desarrollo sostenible de todos los países” y donde las disposiciones comerciales con fines ambientales no constituyan un medio de discriminación ni una barrera para el comercio internacional (Principio 12). En este mismo sentido, se exhorta a los países a internalizar los costos ambientales y crear instrumentos económicos partiendo del principio de el que contamina paga (Principio 16).
La Declaración establece como medidas de cautela para la protección ambiental, la aplicación del principio de precaución (Principio 15) y la evaluación de impactos ambientales (Principio 17), cuando haya riesgo de daños considerables al medio ambiente.
Se reconoce el papel que juegan en la conservación del medio ambiente los principales grupos dentro de la sociedad. En este sentido, se señala la necesidad de fomentar el reconocimiento y la participación de las mujeres (Principio 20), los jóvenes (Principio 21), y las comunidades indígenas y tradicionales (Principio 22), para alcanzar
el desarrollo sostenible y la protección del ambiente.
Principio 4 A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.
Principio 5 Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.
Principio 7 Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y
restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida
a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen.
Principio 9 Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre ‚estas, tecnologías nuevas e innovadoras.
Principio 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre ‚éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.
Principio 18 Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de esos Estados. La comunidad internacional deber hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que resulten afectados.
Principio 19 Los Estados deberán proporcionar la información pertinente, y notificar previamente y en forma oportuna, a los Estados que posiblemente resulten afectados por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe.
Principio 22 Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.
La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio: la sostenibilidad no es ni un sueño
una situación inmutable, sino un proceso creativo local en pos del equilibrio que se extiende a todos los ámbitos
Carta de las Ciudades Europeas hacia Sostenibilidad (Carta de Aalborg). Conferencia europea sobre ciudades sostenibles, 1994
de la toma de decisiones en este nivel. Permite un retorno de información permanente sobre las actividades que impulsan el ecosistema urbano hacia el equilibrio y aquéllas que lo alejan de él. Al basar la gestión urbana en la
información recogida a través de un proceso semejante, la ciudad aparece como un todo orgánico, haciéndose patentes los efectos de todas las actividades importantes. Mediante un proceso de este tipo, la ciudad y sus habitantes pueden elegir entre opciones con conocimiento de causa y un sistema de gestión cimentado en la sostenibilidad permite tomar decisiones que no representan únicamente los intereses de las personas afectadas, sino también los de las generaciones futuras.
Con la firma de la Carta de Aalborg, las ciudades, poblaciones menores y unidades territoriales de Europa se
5- Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas: no se puede permitir trasladar los problemas ni
comunidades más grandes ni a las generaciones futuras. Por consiguiente, se deben resolver las dificultades y
comprometieron a participar en las iniciativas locales del Programa 21 y a desarrollar programas a largo plazo hacia un desarrollo sostenible, a la vez que iniciaron la campaña de ciudades europeas sostenibles.
La Carta, como declaración de consenso de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad, señala los siguientes temas:
desequilibrios primero por ellas mismas y, en su caso con la ayuda de entidades regionales o nacionales. Este es el principio de la concertación, cuya aplicación dará a cada ciudad una mayor libertad para definir la naturaleza de sus actividades.
El papel de las ciudades europeas: Junto con las familias y los barrios, las ciudades han sido la base de las
La economía urbana hacia sostenibilidad: el factor restrictivo del desarrollo económico se ha convertido en el
sociedades y estados, el centro de la industria, el artesanado, el comercio, la educación y el gobierno. El gobierno
capital natural, como el aire, el suelo, el agua y los bosques. Se debe invertir, por tanto, en este capital, respetando el siguiente ordenprioritario:1. Invertir en la conservación del capital natural existente (reservas de aguas subterráneas, suelo, hábitats de especies raras);2. Fomentar el crecimiento del capital natural, reduciendo el nivel de explotación actual (por ejemplo, de las energías no renovables); 3. Aliviar la presión sobre las reservas de capital natural creando otras nuevas, como parques de esparcimiento urbano para mitigar la presión ejercida
local está cerca del lugar donde se perciben los problemas ambientales y muy cerca de los ciudadanos; comparte además con los gobiernos a todos los niveles la responsabilidad del bienestar del hombre y de la naturaleza. Por consiguiente, las ciudades tienen una función determinante en el proceso de cambio de los modos de vida, de la producción, del consumo y de las pautas de distribución del espacio.
Noción y principios de sostenibilidad: el concepto de desarrollo sostenible implica lograr justicia social,
sobre los bosques naturales;4. Incrementar el rendimiento final de los productos, como edificios de alto rendimiento energético o transportes urbanos respetuosos del ambiente.
economías sostenibles y un ambiente duradero. Lajusticia social pasa necesariamente por la sostenibilidad económica y la equidad, que precisan a su vez de una sostenibilidad ambiental. La sostenibilidad ambiental significa preservar el capital natural. Requiere que el consumo de recursos materiales, hídricos y energéticos renovables no supere la capacidad de los sistemas naturales para reponerlos, y que la velocidad a la que se consume los recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos renovables duraderos. La sostenibilidad ambiental significa asimismo que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad del aire, del agua y del suelo de absorberlos y procesarlos. Implica además el mantenimiento de la diversidad biológica, la salud pública y la calidad del aire, el agua y el suelo a niveles suficientes para preservar la vida y el bienestar humanos, así como la flora y la fauna, para siempre.
3. Estrategias locales hacia sostenibilidad: la ciudad es, a la vez, la mayor entidad capaz de abordar
Justicia social para urbano sostenibilidad: son los pobres los más afectados por los problemas ambientales
(ruido, contaminación del tráfico, ausencia de instalaciones de esparcimiento, viviendas insalubres, inexistencia de espacios verdes) y los menos capacitados para resolverlos. El desigual reparto de la riqueza es la causa de un
comportamiento insostenible y hace más difícil el cambio. Se debe integrar las necesidades sociales básicas de la población, así como los programas desanidad, empleo y vivienda, en la protección del ambiente. Aprender de las primeras experiencias modos de vida sostenibles, de forma de mejorarla calidad de vida de los ciudadanos en lugar de maximizar simplemente el consumo. Tratar de crear puestos de trabajo que contribuyan a la sostenibilidad de la comunidad, reduciendo así el desempleo. Al intentar atraer o crear empleo, evaluarlos efectos de las oportunidades económicas en términos de sostenibilidad a fin de favorecer la creación de puestos de trabajo y productos duraderos que se ajusten a los principios de sostenibilidad.
inicialmente los numerosos desequilibrios arquitectónicos, sociales, económicos, políticos, ambientales y de recursos naturales que afectan al mundo moderno y la unidad más pequeña en la que los problemas pueden ser debidamente resueltos de manera integrada, holística y sostenible.
Una ocupación del suelo sostenible: se reconoce la importancia de que las autoridades locales apliquen
políticas eficaces de ordenación del territorio que impliquen una evaluación ambiental estratégica de todos los planes. Se debe aprovechar las oportunidades que ofrecen las concentraciones urbanas más grandes de proporcionar eficaces servicios públicos de transporte y de suministro de energía, manteniendo al mismo tiempo la
dimensión humana del desarrollo. Al emprender programas de renovación del centro de las ciudades y al planificar nuevas zonas suburbanas, tratar de asociar diferentes funciones con el fin de reducir la movilidad. El concepto de interdependencia regional equitativa debe permitir equilibrar los flujos entre el campo y la ciudad e impedir a las ciudades una mera explotación de los recursos de las zonas periféricas.
9. Una movilidad urbana sostenible: se debe mejorar la accesibilidad y mantener el bienestar y los modos de vida urbanos a la vez que reducir el transporte. Es indispensable para una ciudad viable reducir la movilidad forzada y dejar de fomentar el uso innecesario de los vehículos motorizados. Dar prioridad a los medios de transporte respetuosos del ambiente (en particular, los desplazamientos a pie, en bicicleta o mediante los transportes públicos) y situar en el centro de los esfuerzos de planificación una combinación de estos medios. Los diversos medios de transporte urbanos motorizados deben tener la función subsidiaria de facilitar el acceso a los servicios locales y de mantener la actividad económica de las ciudades.
10. Responsabilidad del cambio climático mundial: se comprende que los riesgos considerables que entraña el
calentamiento del planeta para los entornos naturales y urbanos y para las generaciones futuras requieren una respuesta adecuada para estabilizar y posteriormente reducir lo más rápidamente posible las emisiones de gases de efecto invernadero. Es igualmente importante proteger los recursos mundiales de la biomasa, como los bosques y el fitoplancton, que desempeñan un papel fundamental en el ciclo del carbono del planeta. La reducción de las emisiones de combustibles fósiles precisará de políticas e iniciativas basadas en un conocimiento exhaustivo de las alternativas y del medio urbano como sistema energético. Las únicas alternativas sostenibles son las fuentes de energía renovables.
11. Prevención de la intoxicación de los ecosistemas: la creciente cantidad de sustancias tóxicas y peligrosas
presentes en la atmósfera, el agua, el suelo y los alimentos constituyen una amenaza cada vez mayor para la salud pública y los ecosistemas. Se debe tratar por todos los medios frenar la contaminación y prevenirla en la fuente.
12. La autogestión a nivel local como condición necesaria: se tiene la fuerza, el conocimiento y el potencial
creativo necesarios para desarrollar modos de vida sostenibles y para concebir y gestionar colectividades en la perspectiva de un desarrollo sostenible. En tanto que representantes de las comunidades locales por elección democrática, están listos para asumir la responsabilidad de la reorganización de las ciudades con la mira puesta
en el desarrollo sostenible. La capacidad de las ciudades de hacer frente a este desafío depende de los derechos de autogestión que les sean otorgados en virtud del principio de subsidiariedad. Es fundamental que las autoridades locales tengan los poderes suficientes y un sólido apoyo financiero.
13. El protagonismo de los ciudadanos y la participación de la comunidad: se comprometen, de acuerdo con
el mandato del Programa 21,a colaborar con todos los sectores de las comunidades - ciudadanos, empresas, grupos de interés - en la concepción de los planes locales de apoyo a dicho Programa. Toma en consideración el llamamiento del quinto programa de acción en materia de ambiente de la Unión Europea, "Hacia un desarrollo sostenible", de compartir la responsabilidad de la aplicación del programa entre todos los sectores de la
comunidad. Por consiguiente, basar los trabajos en la cooperación entre todas las partes implicadas. Garantizar el acceso a la información a todos los ciudadanos y grupos interesados y velar por que puedan participar en los procesos locales de toma de decisiones. Perseguir por todos los medios la educación y la formación en materia de desarrollo sostenible, no sólo para el público en general, sino también para los representantes electos y el personal de las administraciones locales.
14. Instrumentos de la gestión urbana orientada hacia sostenibilidad: se comprometen a utilizar los instrumentos políticos y técnicos disponibles para alcanzar un planteamiento ecosistemático de la gestión urbana. Recurrir a una amplia gama de instrumentos para la recogida y el tratamiento de datos ambientales y la planificación ambiental, así como instrumentos reglamentarios, económicos y de comunicación tales como directivas, impuestos y derechos, y a mecanismos de sensibilización, incluida la participación del público. Tratar de crear nuevos sistemas de contabilidad ambiental que permitan una gestión de los recursos naturales tan eficaz como la del recurso artificial, "el dinero". Se deben basar las decisiones y controles, en particular la vigilancia ambiental, las auditorías, la evaluación del impacto ambiental, la contabilidad, los balances e informes, en diferentes indicadores, entre los que cabe citarla calidad del medio ambiente urbano, los flujos y modelos urbanos y, sobre todo, los indicadores de sostenibilidad de los sistemas urbanos. Se reconoce que ya se han aplicado con éxito en muchas ciudades europeas toda una serie de políticas y actividades positivas para el ambiente .Éstas constituyen instrumentos válidos para frenar y atenuar el desarrollo no sostenible, aunque no pueden por sí solas invertir esta tendencia de la sociedad. No obstante, con esta sólida base ecológica, las ciudades se hallan en una posición excelente para dar el primer paso e integrar estas políticas y actividades en su sistema de administración a finde gestionar las economías urbanas locales a través de un proceso de sostenibilidad global.
Carta de Lisboa. Segunda Conferencia Europea de Pueblos y Ciudades Sostenibles, 1996
En esta Conferencia se informó de la situación del proceso de la Agenda Local 21 en 35 países europeos y se evaluaron los progresos realizados desde la celebración de la Primera Conferencia en Aalborg. Intercambiaron ideas y experiencias de prácticas locales y exploraron oportunidades de colaboración con otras comunidades europeas en proyectos conjuntos. Identificaron las necesidades de las autoridades locales comprometidas en los procesos de la Agenda Local y ayudaron a dar forma a la próxima fase de la Campaña.
La Campaña de Pueblos y Ciudades Europeas Sostenibles, iniciada en la Conferencia de Aalborg por los 80 municipios europeos que firmaron la Carta de Pueblos y Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (la Carta de Aalborg), se amplió con la participación de 250 autoridades locales y regionales. Durante la firma de la Carta se comprometieron a participar en el proceso de desarrollo y consecución de un consenso entre sus comunidades locales sobre un plan de acción a largo plazo hacia la sostenibilidad (la Agenda Local 21). Los participantes en la Conferencia de Lisboa de 1996 suscribieron el documento "De la Carta a la Acción". Está basado en las experiencias locales.
El Plan de Acción de Lisboa: de la Carta a la Acción señala lo siguiente:
Preparación del gobierno local para el proceso de la Agenda Local 21: La adopción de la Carta de Pueblos
Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg) es uno de los mejores puntos de partida para el
proceso de una Agenda Local 21. Se necesita una definitiva voluntad política para llevar a cabo un proceso de Agenda Local 21. La autoridad local debería ser el principal facilitador del proceso de Agenda Local 21 para ofrecer el necesario impulso mientras el resto de actores no lo hayan desarrollado, dedicarle medios personales y ofrecer un presupuesto, contratar un mediador profesional y ejercer su liderazgo sin dominar el proceso. El proceso de Agenda Local 21 exige el compromiso de la autoridad local en su totalidad, tanto si se trata de un pueblo, de una ciudad o de una comunidad rural. Como la sostenibilidad local está hecha de sostenibilidad social, económica y medioambiental, es indispensable una aproximación transectorial.
2. Establecimiento de estrategias para comprometer a la comunidad: Emprender consultas y formar asociaciones con los diversos sectores de la comunidad para crear sinergia a través de la cooperación. Conseguir un consenso sobre la Agenda Local 21 entre todos los sectores y actores de la comunidad no es solo una exigencia de la Agenda 21 (Río 1992), sino que ofrece al plan de acción a largo plazo la robustez requerida para que tenga la oportunidad de ser implementado.
3. Aproximación y planificación de la Agenda 21: La comunidad no debería exportar sus problemas a un
ambiente más amplio o al futuro. La ética del desarrollo sostenible exige seguir el principio de negociación exterior,
que apunta a la necesidad de conseguir un equilibrio entre la demanda y la oferta locales en la ciudad, y en la medida que esto no sea posible, iniciar negociaciones con la región, país o continente circundante sobre la
necesidad de compartir oportunidades, cargas y responsabilidades. Llevar a cabo auditorias sociales, económicas
y ecológicas en el municipio para investigar su impacto en el ambiente y en las generaciones futuras e informar sobre los resultados.
4. Herramientas de gestión de la sostenibilidad: Integrar el desarrollo ambiental con el desarrollo social y
económico para mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos. La estabilidad social y la equidad se han de basar sobre una economía sostenible, en la cual la economía se basa en la capacidad de la naturaleza, es decir, en la sostenibilidad ambiental. La planificación del desarrollo sostenible debe integrar el aspecto ambiental con los aspectos sociales y económicos y requiere, por tanto, una aproximación transectorial en la planificación y la implementación. Coordinar el sector ambiental con el resto de sectores, en particular en la realización de planes sociales y económicos; introducir el procedimiento de evaluación del impacto de la sostenibilidad en los procedimientos de negociación para autorizar nuevas empresas y fábricas, y animar la aplicación de la gestión
ambiental y de los sistemas de auditoría (EMAS) por parte de las empresas locales. Utilizar herramientas avanzadas para la gestión de la sostenibilidad.
5. Concienciación y educación: Establecer programas para concienciar a los ciudadanos, los grupos de interés,
así como los políticos y funcionarios del gobierno local sobre los temas de sostenibilidad. La concienciación y la
educación son esenciales para conseguir una plena comprensión de la interrelación entre los aspectos sociales, económicos y ambientales. Será necesaria una instrucción profesionalizada para que los funcionarios/as conozcan las opciones para la acción, las buenas prácticas, los métodos y las herramientas de gestión. Llevar a cabo actividades de concienciación dirigidas a todos los grupos de la comunidad local y establecer programas de formación y educación en los jardines de infancia, escuelas, universidades e instituciones de formación profesional y de formación de adultos.
6. Asociación y cooperación entre autoridades: Ganar fuerza a través de alianzas entre autoridades:
asociaciones, redes y campañas. Formar asociaciones con los municipios circundantes para resolver desequilibrios según el principio de la negociación exterior. Comprometer los niveles gubernamentales y administrativos inmediatamente superiores e inferiores en todas las iniciativas y programas. Como los pueblos y las ciudades no son islas, la sostenibilidad local no se puede cumplir sin atender a los impactos locales del uso de los recursos locales, las emisiones y la exportación de impactos. Asumir la responsabilidad de los impactos negativos de las acciones en el ambiente global y cooperar con las autoridades locales de los países en vías de desarrollo. Tomar en consideración el hermanamiento ambiental o los sistemas similares de cooperación municipal internacional, fijar esquemas de asistencia bilateral y explotar las posibilidades de implementación conjunta de medidas para proteger el clima, el agua, el suelo y para garantizar la biodiversidad.
Declaración de Sevilla (Conferencia Euro-mediterránea de Ciudades Sostenibles, 1999
Esta Conferencia se celebra como continuación de un doble proceso:
1. El resultado de un movimiento mundial que nace bajo el auspicio de las Naciones Unidas en junio de 1992, en la Cumbre de la Tierra en Río, y que continúa en junio de 1996 en la Cumbre de las Ciudades (Hábitat II) en Estambul.
2. La continuación del proceso iniciado en Europa, con el apoyo de la Comisión Europea (DG XI), en Aalborg (1994), alrededor de la Carta del mismo nombre, y la posterior Conferencia Mediterránea sobre la Agenda local 21 en Roma (1995). Durante la segunda Conferencia Europea de Lisboa (1996), se decidió realizar cuatro conferencias regionales: Turku (1998), Sofía (1998), Sevilla y La Haya (1999), para preparar la tercera Conferencia Pan-europea de Hannover (2000).
La Declaración de Sevilla:
1. Reafirma la identidad propia y recuerda que, desde los tiempos más remotos, la cuenca Mediterránea ha sido el lugar de encuentro de los pueblos y culturas de África, Oriente Próximo y Europa, así como la puerta obligada hacia el Medio y el Lejano Oriente. Como cuna de las civilizaciones, el Mediterráneo ha sido el mejor crisol y se ha identificado plenamente con el rol milenario y preponderante de la ciudad. Es allí donde se han desarrollado los valores de tolerancia y progreso con los que se desea reconciliar.
2. Declara que el Mediterráneo, como región ecológica, no podrá desarrollarse de manera sostenible sin que exista una economía estable.
3. Afirma, de acuerdo con los términos de la Declaración de Estambul, que las autoridades locales, al estar más cerca de la población, deben ser los interlocutores privilegiados de los estados en la elaboración y el establecimiento de las políticas de desarrollo sostenible.
4. Están convencidos de que el futuro de esta región sólo se construirá si se asocia a los pueblos, profundizando en la democracia local y la participación.
5. Están convencidos de que la justicia social, la protección del ambiente y la paz son indispensables para el desarrollo sostenible de la región.
6. Manifiesta el total apoyo a la Campaña de Ciudades Europeas Sostenibles.
7. Aprecia las posibilidades que ofrecen a las autoridades locales los programas regionales de la Unión Europea, particularmente los programas euro-mediterráneos como SMAP, LIFE y METAP.
Hace un llamado a todos los ciudadanos y a sus asociaciones a:
1. Fortalecer las estructuras y los mecanismos de participación de que disponen las administraciones públicas municipales, y exigir las financiaciones necesarias para la definición y el desarrollo de las agendas 21 locales.
Hace un llamado a los estados y las autoridades territoriales de los países mediterráneos (regiones, provincias, departamentos y áreas metropolitanas) a:
1. Reconocer a las autoridades locales como interlocutores, proponiendo nuevas formas de colaboración basadas en la noción de subsidiariedad.
2. Comprometerse a favorecer, promover, apoyar y coordinar las políticas de desarrollo sostenible y los procesos de elaboración de las agendas 21 locales, a través de instrumentos reglamentarios, económicos y técnicos, y el acceso a los recursos.
3. Apoyar y fortalecer las acciones de cooperación entre las ciudades mediterráneas.
1. Desarrollar esta campaña con todos los actores, a través de la colaboración y el desarrollo de acciones que impliquen a las ciudades de la cuenca Mediterránea y de Europa. Esto permitirá que las ciudades no europeas evalúen, en su nivel, la aplicación de la Carta de Aalborg y del Plan de acción de Lisboa.
2. Promover, por todos los medios, los procesos participativos y realizar planes de acción local para el desarrollo sostenible, tales como la Agenda 21 local.
3. Establecer intercambios de experiencia técnica y conocimiento con todos los actores de nuestra región y del conjunto de Europa, tal como se ha anunciado en Turku y Sofía.
4. Desarrollar iniciativas comunes entre las ciudades en sectores como planificación urbana, vivienda, lucha contra la pobreza urbana, salud, conservación de centros históricos, turismo, patrimonio cultural, agua, residuos, energía y transporte a través de:
− la identificación de los problemas propios de cada municipio y de los obstáculos que impiden el desarrollo sostenible, tomando compromisos reales para resolverlos;
− el establecimiento de indicadores que midan el progreso local en lo relativo al cambio climático y la contaminación de las zonas costeras.
5. Respetar la diversidad cultural y étnica de la cuenca Mediterránea.
Hace un llamado a la Unión Europea a:
1. Considerar de mejor manera las especificidades ecológicas, económicas y sociales de las ciudades del sur en la elaboración de las orientaciones y directivas europeas.
2. Fortalecer el apoyo a la cooperación descentralizada entre las ciudades europeas y no europeas del Mediterráneo, inclusive a través de las redes creadas por las autoridades locales, y reactivar sus programas, tales como MEDURBS en particular.
3. Considerar las actividades relativas al desarrollo urbano durante la revisión del programa MEDA.
4. Reconocer, junto con los estados miembros, a las autoridades locales y a sus asociaciones locales, regionales e internacionales como interlocutores y socios de pleno derecho en las acciones en favor del desarrollo urbano sostenible.
Hace un llamado a la CMDS a:
1. Promover, fortaleciendo su representación, el papel que juegan en su seno las asociaciones nacionales y regionales de autoridades locales del Mediterráneo.
2. Difundir ampliamente las propuestas derivadas de esta Conferencia, una vez aprobadas por sus miembros, y con el fin de apoyar a las autoridades locales en sus acciones en favor del desarrollo urbano sostenible.
Hace un llamado a las Naciones Unidas y a sus agencias, particularmente a la Comisión de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH), el Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA), el Programa de Naciones para el Desarrollo (PNUD) y la UNESCO a:
1. Incorporar el mensaje de las ciudades mediterráneas reunidas en Sevilla como un elemento de la aplicación de los compromisos asumidos en Hábitat II (Estambul), en lo relativo al reconocimiento del rol y del lugar de las autoridades locales como interlocutores de pleno derecho de los estados, en materia de desarrollo urbano sostenible.
2. Fortalecer la protección de los patrimonios culturales y de los centros históricos.
Hace un llamado a los estados y organismos financieros multilaterales (Comisión Europea, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversión, PNUMA, PNUD, etc.) a través de sus programas específicos (MEDA, LIFE, METAP, Capacidad 21 y otros) y al sector privado a:
1. Establecer un mecanismo de apoyo a las iniciativas locales, como un fondo de desarrollo sostenible.
2. Incorporar, en la definición de sus programas mediterráneos, a las autoridades locales implicadas y a sus asociaciones, particularmente cuando éstas dispongan de un plan de acción para el desarrollo sostenible (agendas 21, planes estratégicos u otros planes de desarrollo).
3. Reforzar las acciones regionales destinadas a las autoridades locales, particularmente en lo relativo a la sensibilización, la formación y el fortalecimiento institucional.
Declaración de Hannover de los líderes municipales en el umbral del Siglo XXI. Tercera Conferencia Europa sobre Ciudades y Municipios Sostenibles, 2000
La Conferencia de Hannover sirvió para evaluar los avances realizados para que las ciudades y pueblos sean sostenibles y para ponerse de acuerdo sobre la dirección a tomar para el siglo XXI. La Declaración incluye:
Principios y valores para la acción local hacia la sostenibilidad
1. Responsabilidad de garantizar el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Conseguir más justicia e
igualdad social, contra la pobreza y contra la exclusión social, así como un entorno habitable y saludable. Valorar y respetar las diferencias entre culturas, entre hombres y mujeres, entre religiones, razas y edades, y reconocer que contribuyen a la riqueza social de nuestras ciudades.
2. La economía –entendida como el conjunto de actividades que transforman los recursos naturales para
convertirlos en bienes y servicios que satisfagan las necesidades sociales y personales- ha de ser justa desde el punto de vista social y eficiente desde el punto de vista ecológico, evitando el consumo innecesario de recursos no renovables.
3. Responsabilidad compartida de alcanzar un desarrollo sostenible. Los ciudadanos se impliquen y trabajen en
colaboración con todos los niveles de gobierno y con todas las personas involucradas en el ámbito local, incluidas las ONG para alcanzar una visión global de manera integrada y holística.
4. Un mundo en paz es un requisito previo para cualquier sociedad sostenible.
4. Apoyar a las acciones de intercambio de conocimientos y experiencias, así como a las acciones locales innovadoras.
5. Establecer mecanismos de conversión de deuda en apoyo de las acciones de desarrollo sostenible en la escala local.
Apoya a las ciudades europeas en sus iniciativas para crear relaciones de colaboración con las ciudades de las costas del sur y del este del Mediterráneo y cuando solicitan a la Unión Europea:
1. Apoyo concreto para el desarrollo sostenible de la cuenca Mediterránea, en el marco de los fondos estructurales, con el fin de que se hagan realidad las acciones del Plan de acción para el desarrollo sostenible, enunciadas durante el Foro de Viena, Austria, en noviembre de 1998.
2. La promoción del progreso hacia el desarrollo sostenible, en el marco del V Programa de acción por el medio ambiente.
Liderazgo municipal
Los representantes municipales están obligados a actuar a escala local teniendo bien presente la responsabilidad global. Ser líderes con visión de futuro, valientes a la hora de enfrentar los retos y responsables de sus acciones. Esta es la única manera de gestionar los cambios que se sucederán a un ritmo sin precedentes. En referencia a las oportunidades, los obstáculos y los retos identificados en el anexo de la Declaración, se acuerdan los compromisos siguientes:
Apoyar la integración europea para alcanzar la cohesión social y económica manteniendo los estándares sociales y ambientales reconocidos. Esta es una condición previa para conseguir una comunidad sostenible y una sociedad pacífica.
Es necesario evitar la adopción ciega de modelos atractivos pero insostenibles para enfrentar los retos: pobreza y paro, condiciones de trabajo y de viviendas inadecuadas, contaminación atmosférica, ruido y congestión viaria, degradación del suelo y de los hábitats, y agotamiento de los recursos hídricos. El acceso desigual a los recursos y al poder durante el periodo de transición ha aumentado las diferencias sociales.
Llevar a cabo políticas locales que reduzcan la huella ecológica de la comunidad. El nivel de vida no debe depender de la explotación de seres humanos y de la naturaleza de otras regiones del planeta, para evitar posibles daños a las generaciones futuras.
Las áreas clave de la gestión urbana identificadas para dirigirse hacia la sostenibilidad local son las siguientes: la planificación urbana integrada, el desarrollo urbano compacto, la rehabilitación de áreas urbanas e industriales deprimidas, un menor consumo de suelo y otros recursos naturales y una mayor eficiencia en sus usos, la gestión de la energía y de los transportes a escala local y la lucha contra la exclusión social, el paro y la pobreza.
Tener esperanzas sobre las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y los conceptos innovadores para los servicios para que las ciudades sean ecológicamente más eficientes. Se ha de ser consciente del poder que tienen sobre el mercado gracias a la capacidad adquisitiva y se ha de utilizar para orientar el desarrollo hacia escenarios de mayor sostenibilidad desde el punto de vista social y ambiental.
Se comprometen a introducir indicadores de sostenibilidad local y, según estos indicadores, a establecer objetivos, a hacer un seguimiento del progreso y a redactar informes sobre las metas conseguidas. Un conjunto de indicadores comunes para toda Europa, establecidos de manera voluntaria, podría facilitar la comparación de los cambios producidos en Europa y el progreso hacia la sostenibilidad.
Se comprometen al establecimiento y al desarrollo posterior de redes regionales para la promoción del desarrollo sostenible.
Se ha de intentar ayudar a las ciudades y los pueblos que se encuentren en circunstancias excepcionales, como pueden ser los desastres naturales y los efectos causados por las guerras.
Estar dispuestos a enfrentar los retos que presenta el desarrollo sostenible y consideran que el municipio es la entidad más adecuada para abordar los problemas de manera integrada. Por tanto, es necesario que se refuerce el gobierno local en muchos países y se le deberían dar las responsabilidades y los poderes apropiados, así como las fuentes adecuadas de financiación. El gobierno local, en cambio, ha de adoptar nuevos esquemas de gobierno, ha de trabajar de manera democrática, participativa y transparente y ha de luchar contra cualquier forma de corrupción.
1. Los representantes municipales de Europa y de las regiones vecinas, reunidos en Hannover, hacen un llamado a la comunidad internacional, para que se de más apoyo a la implementación de la Agenda 21(documento clave de la Cumbre de la Tierra de Río, de 1992) y de la Agenda Hábitat (documento clave de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, celebrada en Estambul en 1997) en países que aún no se
han comprometido con el desarrollo sostenible; para que se deje de hacer dumping laboral y ambiental mediante la incorporación de estándares sociales y ambientales en los acuerdos multilaterales de comercio internacional, contribuyendo así a combatir la pobreza; para que se erradique la deuda mediante programas de condonación; para que se fomente y no se obstaculice la autonomía del gobierno local y se de apoyo al desarrollo de políticas locales ambientales mediante acuerdos multilaterales; para que se proporcione la financiación adecuada a las instituciones financieras internacionales para el desarrollo sostenible; y, sobretodo, para que se establezcan fondos de desarrollo sostenible urbano dentro de la iniciativa financiera Global Environment Facility.
2. Hacen un llamado a las instituciones europeas y, en particular, al Parlamento Europeo, al Consejo y a la
Comisión, para que, entre otras consideraciones, se de más prioridad al desarrollo sostenible a escala local, como base para una sociedad europea sostenible, y para que se asignen responsabilidades para los asuntos relacionados con el desarrollo sostenible urbano dentro de la estructura de la Comisión; para que se de prioridad a la adopción del marco de cooperación para el apoyo a la Campaña europea de ciudades y pueblos sostenibles, para que se proporcione un marco financiero más generoso del que propone la Comisión y para que se extienda su aplicabilidad a más países de regiones vecinas; para que se incorporen consideraciones sociales y ambientales en las políticas de mercado interno, en la legislación relevante y en los programas y sistemas de financiación; para que se fomente y se garantice el autogobierno local en todos los países europeos y se respete el principio de
subsidiariedad en todas las acciones de la Comunidad Europea; para que se cree una tasa sobre la energía - y se eliminen los subsidios al transporte aéreo como instrumento clave para internalizar los costes sociales y ambientales del uso de energía y para crear un incentivo para el uso sostenible y eficaz de la energía; para que se de apoyo a la cooperación regional y municipal a escala internacional dirigida hacia la sostenibilidad y el intercambio de buenas prácticas.
3. Hacen un llamado a los gobiernos nacionales, para que se creen marcos políticos que den apoyo al desarrollo
sostenible a escala local y, en particular, para que se de apoyo a la Agenda 21 y a la Agenda Hábitat en países que aún no se han comprometido con el desarrollo sostenible; para que se concedan subsidios y ayudas a las autoridades regionales y locales, sobre todo en los ámbitos de renovación y de desarrollo urbano y de transporte, siempre con la condición de que se cumplan los criterios de sostenibilidad; para que se de el beneplácito a una tasa de energía para toda Europa, pero excluyendo las energías renovables y la energía producida en procesos de cogeneración; para que se reconozcan las ciudades y regiones como colaboradores válidos para proyectos de desarrollo internacional dirigidos hacia la sostenibilidad.
4. Hacen un llamado a otros representantes locales de estas regiones, para que firmen la Carta de las ciudades y
pueblos europeos hacia la sostenibilidad (la Carta de Aalborg) y para que se adhieran a la Campaña europea de ciudades y pueblos sostenibles; para que se comprometan con el desarrollo y la implementación de planes de acción para la salud y de planes de desarrollo sostenible (Agenda 21 local) que se guíen, entre otros, por el Plan de acción de Lisboa; para que se asuma la responsabilidad para el uso de recursos naturales y para la calidad ambiental de manera local y para que se introduzcan sistemas de gestión para la sostenibilidad local y para la
mejora ambiental como la contabilidad ambiental y el Sistema europeo de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS); para que tengan "su casa" en orden introduciendo políticas de compra de productos y servicios ecológicos.
5. Se exhorta a las personas interesadas en el proceso de la Agenda 21 Local, para que den apoyo a la Campaña
europea de ciudades y pueblos sostenibles y a las asociaciones y redes que la coordinan; para que se comprometan con las actividades de sostenibilidad local y con la Campaña; para que hagan que su pueblo, ciudad o comarca participe en la Campaña si aún no ha firmado la Carta de Aalborg; para que, como instituciones educativas o de investigación, proporcionen la información y los métodos necesarios a todos los actores del proceso de la Agenda 21 local.
6. Hacen un llamado a los líderes y a las personas que tienen capacidad de decisión en los sectores de los
negocios y las finanzas, para que entiendan que las perspectivas de aumentar beneficios y el valor de las acciones pueden estar en un gran peligro si no se garantiza el desarrollo sostenible de las ciudades y el bienestar de los ciudadanos como consumidores; para que participen activamente en los procesos de Agenda 21 local y
contribuyan, de este modo, a la construcción de comunidades sostenibles; para que introduzcan consideraciones ambientales, sanitarias, de seguridad y de riesgo en sus estrategias corporativas; para que participen en el creciente mercado de productos y servicios sostenibles y puedan beneficiarse de las oportunidades que estos mercados ofrecerán a los primeros agentes que actúen.
Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, 2002
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, se convino en que la protección del ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico eran fundamentales para lograr el desarrollo sostenible. Para alcanzar este objetivo, se aprobó un programa de alcance mundial titulado Programa 21y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo reafirma el compromiso en pro del desarrollo sostenible. Por medio del Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre y la Declaración, se reconoce la responsabilidad hacia las generaciones futuras y hacia todos los seres vivientes. Un plan práctico y concreto que permita erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano.
Reconoce que la erradicación de la pobreza, la modificación de pautas insostenibles de producción y consumo y la protección y ordenación de la base de recursos naturales para el desarrollo social y económico son objetivos primordiales y requisitos fundamentales de un desarrollo sostenible.
Hace un llamado para que se fomenten el diálogo y la cooperación mutua entre las civilizaciones y los pueblos del mundo, independientemente de consideraciones de raza, discapacidad, religión, idioma, cultura o tradición.
La Cumbre de Johannesburgo centró la atención en la universalidad de la dignidad humana y mediante asociaciones de colaboración, aumentar rápidamente el acceso a los servicios básicos, como el suministro de agua potable, el saneamiento, una vivienda adecuada, la energía, la atención de la salud, la seguridad alimentaria y la protección de la biodiversidad.
Exhorta a colaborar para ayudarnos unos a otros a tener acceso a recursos financieros, beneficiarnos de la apertura de los mercados, promover la creación de capacidad, utilizar la tecnología moderna para lograr el desarrollo y asegurar que se fomenten la transferencia de tecnología, el mejoramiento de los recursos humanos, la educación y la capacitación a fin de erradicar para siempre el subdesarrollo.
Reafirma la promesa de asignar especial importancia a la lucha contra problemas mundiales que representan graves amenazas al desarrollo sostenible de la población y darle prioridad. Entre ellos cabe mencionar el hambre
crónica, la malnutrición, la ocupación extranjera, los conflictos armados, los problemas del tráfico ilícito de drogas,
la delincuencia organizada, la corrupción, los desastres naturales, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el
terrorismo, la intolerancia y la incitación al odio racial, étnico, religioso y de otra índole, la xenofobia y las enfermedades endémicas, transmisibles y crónicas, en particular el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis.
Se compromete a asegurar que la potenciación y emancipación de la mujer y la igualdad de género se integren en todas las actividades que abarca el Programa 21, los objetivos de desarrollo del Milenio y el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre.
Reconoce la realidad de que la sociedad mundial tiene los medios y los recursos para responder a los retos de la erradicación de la pobreza y el logro del desarrollo sostenible que enfrenta toda la humanidad.
A fin de contribuir a la consecución de las metas y objetivos de desarrollo, insta a los países desarrollados que no
lo hayan hecho a que tomen medidas concretas para alcanzar los niveles internacionalmente convenidos de asistencia oficial para el desarrollo.
Reafirma el papel vital de las poblaciones indígenas en el desarrollo.
Reconoce que el desarrollo sostenible exige una perspectiva a largo plazo y una amplia participación en la formulación de políticas, la adopción de decisiones y la ejecución de actividades a todos los niveles.
Conviene en que en la realización de sus actividades legítimas el sector privado, incluidas tanto las grandes empresas como las pequeñas, tiene el deber de contribuir a la evolución de comunidades y sociedades equitativas
También conviene en prestar asistencia a fin de aumentar las oportunidades de empleo remunerado, teniendo en cuenta la Declaración de principios de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los derechos fundamentales en el trabajo.
Conviene en que es necesario que las empresas del sector privado asuman plena responsabilidad de sus actos en un entorno regulatorio transparente y estable.
Para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, se necesitan instituciones internacionales y multilaterales más eficaces, democráticas y responsables de sus actos.
Reafirma la adhesión a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional así como al fortalecimiento del multilateralismo. Apoya la función rectora de las Naciones Unidas que, por ser la organización más universal y representativa del mundo, es la más indicada para promover el desarrollo sostenible.
Se compromete a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a acelerar la consecución de los objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan.
El Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible incluye, entre otras, estrategias para: la erradicación de la pobreza, modificación de las modalidades insostenibles de consumo y producción, protección y gestión de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social, el desarrollo sostenible en un mundo en vías de globalización, la salud y el desarrollo sostenible. Igualmente incluye información sobre los medios de ejecución, el marco institucional para el desarrollo sostenible y el papel de las instituciones internacionales.
El 8 de septiembre del año 2000, la Cumbre del Milenio reunía en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York a 189 Jefes de Estado y de Gobierno, con el fin de transmitir el mensaje claro de que la erradicación de la pobreza mundial debía ser una prioridad para todas las naciones. Este espíritu se reflejó en la Declaración del Milenio que firmaron todos los asistentes a la cumbre, y que constituye fundamentalmente un firme compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio a cumplir para el año 2015.
Cada Objetivo se divide en una serie de metas, un total de 18, cuantificables mediante 48 indicadores concretos. Por primera vez, la agenda internacional del desarrollo pone una fecha para la consecución de acuerdos concretos y medibles. Los ocho objetivos, con sus metas específicas, son:
Objetivo 7: Garantizar el sustento del ambiente
Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente (Decisión Nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Bruselas, 22 de julio de 2002)
Por esta Decisión se establece un Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente. Este Programa trata los objetivos y prioridades clave en materia de ambiente basados en una evaluación de la situación ambiental y de las tendencias imperantes, incluidas las cuestiones emergentes que requieran un liderazgo de la Comunidad. El Programa debería fomentar la integración de preocupaciones ambientales en todas las políticas comunitarias y contribuir a la realización del desarrollo sostenible tanto en la actual Comunidad como en la futura Comunidad ampliada. Además, el Programa prevé esfuerzos permanentes con miras a lograr los objetivos y metas ambientales ya establecidos por la Comunidad.
El Programa expone los objetivos clave que deben alcanzarse en materia de ambiente. Establece, en su caso, metas y calendarios. Los objetivos y metas deberían cumplirse antes de la expiración del Programa, salvo que se especifique otra cosa.
El Programa abarca un período de diez años que se inició el 22 de julio de 2002. Las iniciativas correspondientes en los distintos ámbitos de acción con objeto de lograr los objetivos consisten en una serie de medidas, incluidas la legislación y los enfoques estratégicos.
Los objetivos responden a las prioridades clave en materia de ambiente que debe afrontar la Comunidad en los siguientes ámbitos:
ambiente y salud y calidad de vida
recursos naturales y residuos.
El Programa constituye, durante su período de vigencia, un marco de la política de la Comunidad en materia de ambiente, con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad y la diversidad de situaciones en las distintas regiones de la Comunidad, y de lograr una disociación entre presiones ambientales y crecimiento económico. Estará especialmente basado en el principio de que quien contamina paga, en los principios de cautela y acción preventiva y en el principio de corrección de la contaminación en su fuente.
El Programa constituye una base de la dimensión ambiental de la estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible y contribuir así a la integración de las preocupaciones ambientales en todas las políticas comunitarias, en particular al establecer prioridades ambientales para la estrategia.
El Programa tiene como metas:
Hacer hincapié en el problema del cambio climático como principal desafío para, como mínimo, el próximo decenio, y contribuir al objetivo a largo plazo de estabilizar las concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero en un nivel que impida la interferencia antropogénica peligrosa en el sistema climático. Por tanto, el Programa se regirá por un objetivo a largo plazo de un aumento máximo en la temperatura del planeta de 2°C con respecto a los niveles preindustriales y una concentración de CO 2 inferior a 550 ppm. A más largo plazo, es posible que ello requiera una reducción general en un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con 1990, según los datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Proteger, conservar, restaurar y desarrollar el funcionamiento de los sistemas naturales, los hábitats naturales, y la flora y la fauna silvestres, con el fin de detener la desertización y la pérdida de biodiversidad, y en particular la diversidad de recursos genéticos, tanto en la Unión Europea como en el mundo.
Contribuir a un alto nivel de calidad de vida y bienestar social para los ciudadanos, proporcionando un ambiente en el que los niveles de contaminación no tengan efectos perjudiciales sobre la salud humana y el ambiente y fomentando un desarrollo urbano sostenible.
Una mayor eficiencia en los recursos y una gestión de los mismos y de los residuos para asegurar modelos de producción y consumo más sostenibles, disociando de este modo el uso de los recursos y la generación de residuos y la tasa de crecimiento económico, y para garantizar que el consumo de los recursos tanto renovables como no renovables no exceda la capacidad de absorción del ambiente.
El Programa garantizará que se cumplan los objetivos ambientales, que deberían centrarse en los resultados ambientales que deban lograrse, utilizando los medios más eficaces y adecuados de que se disponga, a la luz de los principios y de los planteamientos estratégicos que allí se incluyen. Se tendrá bien presente la necesidad de asegurar que la política de ambiente de la Comunidad se ponga en práctica de un modo integrado y se considerarán plenamente todas las opciones y todos los instrumentos disponibles, teniendo en cuenta las diferencias regionales y locales, así como las zonas sensibles desde un punto de vista ecológico, haciendo hincapié en:
El desarrollo de iniciativas europeas destinadas a concienciar a los ciudadanos y a las autoridades locales, un amplio diálogo con los interesados, que fomente la conciencia ambiental y la participación del público
El análisis de costos y beneficios, teniendo en cuenta la necesidad de interiorizar los costos ambientales
Los mejores datos científicos disponibles y la mejora del conocimiento científico mediante la investigación y el desarrollo tecnológico
Datos e información sobre el estado y la evolución del ambiente.
La integración de los requisitos en materia de protección ambiental en los programas comunitarios, incluyendo los relativos al desarrollo de infraestructura
El fomento de la transferencia de tecnologías limpias a los países candidatos
Un amplio diálogo e intercambio de experiencias con las administraciones nacionales y locales de los países candidatos sobre el desarrollo sostenible y la conservación de su patrimonio ambiental
La cooperación con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales (ONG) que actúen en el ámbito del ambiente y las empresas de los países candidatos para contribuir a mejorar el grado de conciencia y de participación del público
El estímulo a las instituciones financieras internacionales y al sector privado para que apoyen la aplicación y el cumplimiento del acervo ambiental en los países candidatos y para que presten la debida atención a la integración de los problemas ambientales en las actividades del sector económico.
El Programa incentivará:
El papel positivo y constructivo de la Unión Europea como socio destacado en la protección del ambiente del planeta y en la consecución de un desarrollo sostenible
La creación de formas de asociación a escala mundial con fines ambientales y de desarrollo sostenible
La integración de los objetivos y las preocupaciones ambientales en todos los aspectos de las relaciones exteriores de la Comunidad.
Las metas y los objetivos del Programa procurarán alcanzarse, entre otras cosas, a través de los siguientes medios:
El Programa fomentará la plena integración de las exigencias relativas a la protección del ambiente en todas las políticas y acciones comunitarias, estableciendo objetivos en materia de ambiente y, en su caso, metas y calendarios que deberán tenerse en cuenta en los ámbitos políticos pertinentes. Además, las medidas propuestas y adoptadas en favor del ambiente deberían ser coherentes con los objetivos de las dimensiones económica y social del desarrollo sostenible y viceversa.
El Programa fomentará la adopción de políticas y estrategias que contribuyan al logro de un desarrollo sostenible en los países candidatos a la adhesión basándose en la inco

References: Artículo 66
 Artículo 12
 artículo 3
 Artículo 3
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 7
 resolución 

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 Resolución