Source: http://raulolivera.blogspot.com/2009/
Timestamp: 2017-06-25 19:03:22+00:00

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Raul Olivera Alfaro (Articulos y publicaciones): 2009
A 3 AÑOS DE LA MUERTE DE HUGO CORES
Intervencion en acto realizado en la sede del PIT/CNT.Hace unos días, mas precisamente el 6 de diciembre, se cumplieron tres años de la desaparición física de quien fuera durante muchos años el Secretario General del Partido por la Victoria del Pueblo. Es indiscutible, que Hugo, fue algo más que el Secretario General del PVP. También es cierto, que cada uno individualmente o colectivamente, tiene la libertad de recordarlo, homenajearlo desde alguno de esos lugares en los que Hugo eligió volcar su aporte, en la lucha por la libertad y el socialismo.Cores, fue para nosotros, esencialmente un hombre de partido. Lo fue en la doble significación del término. Porque tomó partido por los explotados, los desposeídos, los marginados; y porque para terminar con la explotación, la pobreza y la marginación de hombres y mujeres por los que tomó partido, lo hizo desde una de las formas de organización política: El partido. Por esa razón, permítanme que hoy compartiendo esta mesa con quienes pusieron el acento en otros aspectos relevantes de la larga trayectoria de Hugo, hable desde su condición de hombre de partido.Como hombre de partido, Hugo tenía muy claro que ese instrumento imprescindible para los cambios políticos es también una reserva de la memoria. En la que fuera su ultimo producción bibliografía, “Memoria de la Resistencia”, Hugo trascribe del filosofo argentino Enrique Mari, esta frase: “Aunque la muerte es el más poderoso agente del olvido, éste no es omnipotente, porque desde siempre contra el olvido, los hombres han levantado las murallas del recuerdo, de modo tal que las huellas que permiten seguir su memoria conforman los signos más seguros de la existencia de una cultura humana”. Permítanme a un a costa de alguna omision nombrar y hacer memoria de Jaime Machado, Dagoberto Anglet, Asilú Maceiro, Erley Quinteros, Mauricio Gatti, Raul Cariboni, la Tota, Marlene Chanquet; compañeros que se nos han ido físicamente en estos últimos años. A Luz Ibarburu, a Quica Errandonea y otras madres de compañeros.De ahí que esta actividad de recuerdo, es la de la construcción de esas murallas de las que habla Mari. . La contribución que Hugo realizó en su pensamiento y en su acción, es de suma importancia en estos momentos de la historia política del Uruguay, cuando la izquierda logro un segundo gobierno a nivel nacional y los resultados de esa parte de las contiendas políticas del sistema lectoral de nuestro país, auguran avances importantes en las elecciones departamentales y también municipales. En esos escenarios, es imprescindible rescatar, reafirmar, reasignar la importancia de mantener una cultura de partido.Las experiencias, buenas, malas o mas o menos que nos dejó este primer gobierno a nivel nacional, son siempre un punto de partida que debe ser visto sin contemplaciones, con rigor y autocrítica. Sobre parte de este primer periodo a que hacemos referencia, Hugo tuvo oportunidad de reflexionarlo desde esa óptica mediante sus columnas en La República. Si bien es cierto, que desde la visión de un partido político, no es aceptable pensar la realidad de otra manera, muchas veces en estos tiempos que vivimos de debilitamiento de los proyectos colectivos, de raquitismo de las utopías y de anemia del entusiasmo, las tentaciones al pragmatismo condescendiente y permisivo son fuertes. Hugo realizo un enorme esfuerzo para que sus reflexiones y sus acciones concretas en la acción política estuvieran enmarcadas en un proyecto de largo aliento sobre la realidad nacional y latinoamericana. Sentía el desvelo político, de los desafíos que para los gobiernos de izquierda de América, significa en el marco de los procesos de la integración latinoamericana, la construcción de un modelo anticapitalista, socialista. En esos desvelos Cores actuó y defendió sus ideas con enorme precisión y contundencia argumental. Contundencia argumental que era siempre simple, clara y unitaria. Permítanme aquí realizar un comentario a propósito de algo que atribuí a una suerte de estado de ánimo de Hugo con relación a sus preocupaciones políticas. Hable hace unos momentos de “desvelo político”. El desvelo suele atribuirse a la perdida del sueño. Es claro que Hugo si algo no perdió nunca fue soñar con un mundo más justo, con más libertad, con más justicia, sin impunidad. Sin esos sueños, la acción política revolucionaria, no tiene sentido. Generalmente el desvelo de un hombre, de una mujer, uno se lo imagina como un acto de perdida del sueño que se vive en soledad, en la oscuridad de la noche. El desvelo político del que hable, necesita transformarse en un acto colectivo. Hugo solía ser nuestro despertador, solía ser el que prendía la luz, el que aun en los momentos más dramáticos y duros para una fuerza política ¡y vaya si esta fuerza política, los tuvo!, nos asaltaba con un análisis que era fundamental para la acción, nos insinuaba un camino, un gesto político a materializar. Para Hugo, era importante el análisis político, los programas, las plataformas, pero todo eso decía, debía ser acompañado de “gestos” políticos. Sin gestos políticos claros, poco sirven los análisis sesudos de la realidad. Hace unas horas, un periodista nos preguntaba a nuestro entender en cual faceta ubicábamos el mayor aporte de Hugo. Constanza Moreira en el prologo de un libro en el que publicamos parte del pensamiento de Hugo, decía que su mirada era al mismo tiempo, la de un sindicalista, la de un historiador, y la de un militante partidario y que desde esas tres miradas, siempre destacaba el del papel que cumple la clase obrera. Las contribuciones del movimiento obrero. La conjugación de todos esos elementos, desarrolladas ya para orientar las conductas del movimiento obrero, para registrar la historia del movimiento popular o para desarrollar la acción política específica, contribuyeron a la formación de cientos de jóvenes con los que Hugo privilegiaba su vinculación política y humana. Hugo sentía un profundo rechazo a la idea del partido único, pero creía que era imprescindible un ámbito donde se tomaran las decisiones políticas, un lugar decía: “donde se combina la teoría con la práctica, la táctica con la estrategia, el pasado con el presente, y donde se deciden las distintas formas de lucha que se impulsarán”. Y las formas de lucha, también implica las decisiones que ponen o marginan a determinados compañeros al frente de responsabilidades políticas. Hugo sostenía que para: “terminar con las injusticias de la vieja sociedad y transitar hacia la construcción de otra, exigirá un componente moral que sólo puede ser solventado en una gran participación de las masas y una gran voluntad por “revolucionarlo” y concluía que esa gran componente moral de voluntad no puede existir si en la organización política funciona el estilo de “ordeno y mando”, el verticalismo, la concentración de la información y el poder de la decisión en manos de una cúpula. Sostenía que el funcionamiento de la institucionalidad partidaria “ejerce una especie de contralor hacia las autoridades del Frente, hacia sus gobernantes y hacia sus legisladores”. Cores implantó en nuestra organización política conceptos muy claros en torno a la unidad. Desde el PVP, siempre intentamos participar de una manera franca y fraterna en los debates. Decía Cores, “Vamos a fondo en el debate pero si no hay acuerdo lo aceptamos, y si algo que nosotros propusimos no se acepta, no rompemos la baraja. Partimos de la base que ese es el pensamiento de la mayoría y lo respetamos”. Por esa razón. Nunca aceptamos como practica política sería, el ninguneo. Hugo planteaba que el Frente debía levantarse como un punto de referencia frente al desaliento y la disgregación social: que tenía que generar la confianza de que el cambio era posible, pero para eso había que vencer el fatalismo, que había que organizarse y luchar desde los barrios, los sindicatos y las cooperativas. Que sólo a partir de un gran fortalecimiento del componente más humilde, más golpeado, más explotado de nuestra sociedad, se podía generar las condiciones para que una alianza con los sectores de la burguesía media no terminara poniendo a la izquierda en una situación de subordinación política a ella. Un último aspecto que no quería dejar de señalar en esta oportunidad. La muerte y la desaparición, de muchos de nuestros más entrañables compañeros de partido, es para nosotros un compromiso de vida y por vida. Es algo más que una marca a fuego personal. Por eso los esfuerzos que Hugo realizaba y nos impulsaba a realizar para trasmitírsela a otros, que se criaron y nacieron en dictadura. Sin ese dato, sin esa contextualización de estos años en los que junto a Hugo, pusimos nuestros máximos esfuerzos por terminar con los efectos que perduraban con la existencia de la impunidad en el Uruguay, no se pueden entender muchas cosas. Desde su predica Hugo realizo un gran esfuerzo por graficar los efectos, muchas veces no cuantificados adecuadamente, de la prolongación en el tiempo de las consecuencias de todos los componentes del terrorismo de Estado. Era conciente que no han sido aun suficientes los intentos de expresar aquello que se podría denominar como una suerte de cotidianidad del drama. Aquel que acompaña, a veces silenciosamente y otras tumultuosamente, todos y a cada uno de los momentos de nuestra cotidianidad Se trata de una reconstrucción, que era y es imprescindible hacer. El pianista y compositor ruso Sergei Rachmaninov decía que “la música de un compositor debe expresar el país donde nació, sus experiencias amorosas, los libros que le han marcado, los cuadros que ama. Debe ser la suma total de las experiencias de un compositor”. La acción de un militante político como lo fue sin duda Hugo, también debió expresar lo que decía Rachmaninov. Pero como casi la mitad de la vida de Hugo, trascurrió en ese escenario de impunidad, su acción política también debió ser eso, más las alegrías y los dolores. Las alegrías que nos dan las Marianas, sumándose al compromiso de vida de sus padres; los dolores de las Totas que se mueren sin respuesta sobre el paradero de los restos de sus hijos. En ese escenario que instalo el terrorismo de Estado, somos protagonistas de un lucha de todos los días y en todos los lugares. Allí, seguiremos reconstruyendo nuestras vidas, amando, riendo y porque no, llorando, a la vez que intentamos instalar otro escenario sin impunidad. Esa es una tarea inconclusa, los deberes pendientes. Hugo Cores, compañero del alma, también hasta esa puntual victoria, siempre.
La ley de Descentralización Local:CUANDO A ORILLAS DEL PERICO FLACO ENGORDA LA DEMOCRACIA.
La ley de Descentralización Local:CUANDO A ORILLAS DEL PERICO FLACO, ENGORDA LA DEMOCRACIA.POR: Raúl Olivera (*) El pasado 4 de febrero la cámara de diputados, aprobó una iniciativa de ponerle nombre a un centro poblado del departamento de Soriano, ubicado en una de las márgenes del arroyo Perico Flaco. Ese hecho, salvo para sus pobladores, carecería de gran significación, si no se analizara el contexto y el proceso que se debió recorrer para que finalmente esa villa se llame, por decisión de sus pobladores y resolución parlamentaria, “Sacachispas”. El contexto que rodeó el ponerle un nombre oficialmente a esa localidad, fue de opiniones encontradas entre quienes optaban por ese nombre y los que aspiraban que fuera el de "Villa Darwin".El proceso por el que finalmente se optó para resolver ese conflicto de opiniones, consistió en que ambos nombres fueron puestos a consideración de una asamblea del pueblo. El pueblo soberano de esa villa, fue quien resolvió el nombre que identificaría de aquí en más a ese lugar[1].Según registran las actas parlamentarias, luego de una intensa campaña electoral, donde nunca se había visto tan pintada la localidad - ni siquiera en campañas electorales, cuando se definen los Gobiernos nacionales y departamentales-, la votación se realizo con total normalidad y de las 488 personas que participaron en la consulta popular, 248 votaron por el nombre "Sacachispas" y 237 por "Villa Darwin"[2].Para asegurar la efectividad de un acto democrático de esa naturaleza, que no esta reconocido en nuestras normas constitucionales[3], los participantes debieron llegar a un acuerdo político básico: que el resultado del pronunciamiento popular se iba a respetar.Sin embargo, pese a ello, un numero considerable de vecinos denunciaron posteriormente como ilegítima la consulta ciudadana. Fundaron el cuestionamiento en que muchos de los que votaron por el nombre que resulto mayoritario, provenían, en su mayoría, de personas “que poco o nada han tenido que ver con nuestra localidad; en algunos casos nunca residieron en la misma, o simplemente, no se encuentran desde hace décadas en el lugar”.El ponerle nombre a una calle, un espacio público, un centro de estudio o una localidad, es un acto de gobierno. Como tal, está establecido en nuestras normas legales, quién y cómo se debe dictar el acto que lo oficializa. Según el caso, lo puede hacer una Junta Departamental y en otros el parlamento nacional. Según el caso, se hacen necesarias o no, mayorías especiales.Aunque no es obligación, algunas administraciones departamentales reclaman para tomar la iniciativa, la opinión de los gobiernos locales y exponen en los fundamentos de sus resoluciones -como un atributo significativo-, que atrás de cada iniciativa aparezca manifestada la opinión de los vecinos. Sabido es la cantidad de formas y matices que adquieren los conflictos a nivel de la vida de las comunidades. Conflictos entre los vecinos, como el caso que relatamos; de los vecinos con los gobiernos locales, y aun entre distintas esferas de la actividad estatal. Quienes trabajamos a nivel de los procesos de descentralización, tenemos una vasta y rica experiencia de los distintos niveles de articulación que hay que realizar ante esas situaciones, para que esas experiencias se salden de forma que impliquen un fortalecimiento de la profundización democrática.Se ha expresado reiteradamente en el Programa de gobierno de Canelones de la izquierda, que la implementación de una política de descentralización era y es pieza clave para una gestión progresista del Gobierno Departamental. Por esa razón en los objetivos del Presupuesto Municipal de este departamento, el Intendente Marcos Carambula ha expresado que ese instrumento fundamental para la acción de gobierno, debe apuntar a la “creación de instrumentos que permitan la apertura del gobierno municipal a los ciudadanos e instituciones dándoles un espacio en el diseño de políticas y en el control creciente sobre el gobierno para garantizar el pluralismo y la transparencia de la gestión”.Y a expresado, que eso debe ser así en función de dos razones: una ideológica y ética, y otra razón practica de gestión. La razón ideológica refiere a que la mirada progresista se sustenta en que el gobierno debe ser para y con la gente. Y que para hacer realidad esto, es imprescindible acercar el gobierno a la gente, y que la descentralización es el mecanismo que puede producir ese acercamiento físico.La razón ética, refiere a la necesidad de transparencia en la gestión. Para lograr implementar eficazmente esta transparencia, descentralizar las decisiones es una herramienta fundamental.Finalmente, en la esfera de las razones prácticas de gestión, dice que es importante tener en cuenta que para lograr eficacia y eficiencia en la gestión de gobierno, es necesario sortear numerosos vicios de funcionamiento, corrupciones varias y opacidad en la información. En este aspecto, el presupuesto canario se planteó como objetivo:“Contribuir a la idea de un nuevo pacto social basado en una nueva ética de lo público que tenga como meta desarrollar instituciones políticas y sociales que busquen como su primer objetivo beneficiar a la comunidad, para lo cual será necesario un gobierno local que asuma un rol de primacía y promoción del proceso de participación como compromiso social”.Todo lo expresado, lleva a concluir sin ningún tipo de ambigüedad, que uno de los instrumentos más poderosos para atacar estos problemas, es la participación ciudadana que, además, se sustenta en el principio de gobierno con la gente. Sin embargo esa mirada vigilante y comprometida de la población informada sobre las decisiones gubernamentales, que permite un seguimiento participativo de la gestión, potenciando las posibilidades de transformarla en sentido progresista, solo esta tímidamente señalada en la Ley de Descentralización Local recientemente aprobada por el parlamento[4].Esa participación de los involucrados que sólo puede ser posible en la medida en que el gobierno esté cerca de la gente, las decisiones sean transparentes, y que exista la posibilidad de que se pueda efectivamente realizar el seguimiento de la gestión, queda en la nueva normativa, pese a decir que se trata de un principio cardinal, limitada a que anualmente en régimen de audiencia pública, se informe sobre la gestión desarrollada. Ese acotamiento de la participación ciudadana, mantiene latente los riesgos de supervivencia de nichos oscuros, eventualmente corruptos o por lo menos ineficientes. Por esa razón, en el marco de la generalidad no preceptiva que establece su artículo 5°[5], el desafió para la transición que necesariamente deberá irse instrumentando desde ahora, estriba que en las administraciones departamentales de la izquierda se trabaje en la elaboración de una reglamentaciones de la ley (departamental y nacional), para implementar un diseño institucional adecuado para generar incentivos a la participación ciudadana en la gestión del gobierno de los municipios y hacerlo realidad.Ante una situación como la que se planteo a orillas del arroyo Perico Flaco, en el marco de la reciente Ley de Descentralización Local, es posible, pero no deseable que cada Municipio tenga visiones distintas de cómo instrumentar la participación activa de la sociedad. Es un riesgo para la calidad democrática de la participación social, dejar al libre arbitrio, cuales son los ámbitos necesarios y los mecanismos adecuados para ello. De las respuestas a ese desafió, estará en juego, la flacura o el buen peso de la calidad democrática de la participación social.(*) Integra el Área de Descentralización y Participación de la Comuna Canaria. Integrante del PVP- candidato a Diputado por Canelones –Lista 609.Frente Amplio[1] Se hicieron dos asambleas previas de los vecinos, acordándose que formarían parte del padrón electoral, quienes tuvieran credencial cívica del lugar, sin importar dónde residieran, los mayores de dieciséis años y quienes comprobaran su afincamiento con una constancia Policial o de otra repartición pública.[2] Existieron 2 votos anulados y uno en blanco.[3] La Corte Electoral, declinó participar en la instrumentación de ese tipo de consulta popular.[4] Fue finalmente aprobado el 2-IX-09, y espera actualmente la promulgación del Poder Ejecutivo y posterior reglamentación.[5] Artículo 5°: “Los Municipios instrumentaran la participación activa de la sociedad en las cuestiones de gobierno. Cada Municipio creará los ámbitos necesarios y los mecanismos adecuados, dependiendo de la temática y de los niveles organizativos de la sociedad, para que la población participe de la información, consulta, iniciativa y control de los asuntos de su competencia”.
Las Palabras que no llegaron
POR: Raúl Olivera(Publicado en Trabajo & Utopia Nº 93)de octubre de 2009UN PAIS DE MENTIRA.El 19 de octubre, el máximo órgano judicial de nuestro país, dictaminó que la ley de caducidad violaba la Constitución[1]. Seis días después, el 25 de octubre, puesta a consideración del cuerpo electoral esa misma ley, el resultado determina que debemos seguir conviviendo con una norma que viola la Constitución. Difícil de entender, imposible salir del asombro y escapar a un sentimiento de indignación y desasosiego democrático.Cierto es que no hace mucho tiempo, habiéndose expresado los poderes Legislativo y Ejecutivo en el mismo sentido que la Suprema Corte de Justicia, ninguno de los dos hizo algo para remediar esa situación de absoluta anomalía para un país que pretende mantener entre sus atributos, una profunda y arraigada cultura de salvaguarda de los derechos humanos.Si la Constitución es nuestra ley fundamental, un pronunciamiento como el que se operó el pasado 25 de octubre, que mantiene una norma que es catalogada de inconstitucional por el Poder Judicial, nos pone como sociedad en un limbo jurídico. Pone al propio Estado y a sus instituciones, en abierta violación a su máximo ordenamiento legal, aquel que emana de su carta constitutiva. En resumen, nos transforma en un país de mentira.Y si a eso le sumamos, la obligada relación de respeto que deberíamos mantener con las normas del derecho internacional, el ridículo es de película.UN ESCENARIO PREVISIBLE.Este escenario, que amenaza con ponernos en el libro de los record de Guinnes, debió ser previsible para el sistema político uruguayo. La falta de voluntad política de un parlamento que contaba con los presupuestos políticos para tomar la iniciativa, obligó a la sociedad civil a recorrer el camino de la recolección de firmas primero y a poner en juego - a partir de la puesta en consideración de la ciudadanía -, derechos ya consagrados en nuestra Constitución y el derecho internacional.No se trataba,- y esto es un aspecto importante a tener en cuenta-, como en el caso de la papeleta blanca o voto epistolar, de instalar o ampliar un derecho que no existía en nuestra Constitución. La papeleta rosada, en realidad buscaba algo que en puridad debería ser innecesario y hasta inconveniente: poner en cuestión el derecho a la Justicia, preexistente en nuestra ConstituciónQue la opción puesta a consideración de la ciudadanía, no haya sido acompañada por el voto manifiesto de la mayoría, ni cambia la Constitución ni los Convenios internacionales suscritos por el país. Menos aun, la relación de la ley de caducidad con ambas cosas: una relación de abierto apartamiento de las normas constitucionales y las obligaciones emergentes del derecho internacional.Dicho de otra manera, este desajuste instalado desde hace 23 años en nuestro país y puesto de manifiesto una vez más por el dictamen de la Suprema Corte de Justicia y los informes 35/91 y 29/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, no puede continuar existiendo en un país que quiere ser en serio y de primera. Y para ello, solo caben dos posibles conductas que están en la línea de los mandatos programáticos con los que la izquierda llego al gobierno: el de adecuar nuestro derecho interno a las obligaciones internacionales.Esa obligación sustantiva para una fuerza política que pretende cumplir un rol en el concierto internacional, se ve - a partir de la sentencia de inconstitucionalidad – incrementado. Esa adecuación también se refiere ahora, a su carta magna.Es cierto que un pronunciamiento insólito como el materializado el 25 de octubre, también puede transitarse por otro camino, no menos insólito y totalmente inverso: el que el Uruguay renuncie a sus compromisos internacionales, y modifique su Constitución para que la ley de caducidad no colisione con ella. Es decir que se apreste, a suprimir la separación de poderes, entre otros aspectos que hacen a la esencia de la vida democrática y republicana.EL REY ESTÁ DESNUDO.Pero las cosas insólitas no terminan ahí. La sentencia de inconstitucionalidad, nos pone frente a otra dimensión de ellas.El juez de la causa del asesinato de Nibia Sabalsagaray, le había solicitado al Ejecutivo que se pronunciara acerca de si ese caso estaba o no comprendido en la ley de caducidad, y el Ejecutivo le respondió afirmativamente y ello dio origen a la acción de la Fiscal Guianze.Tanto la pregunta del Juez, como la respuesta del Ejecutivo, están inscriptas en una lógica existente en el país desde los años en que la Suprema Corte de Justicia de finales de los años 80, entendió que la ley de caducidad estaba investida del atributo de Constitucionalidad. Dicho de otra manera, hasta el 19 de octubre de este año, se podía presumir que las consultas que al Ejecutivo le realizaban los jueces, pidiéndoles permiso para actuar en lo que constitucionalmente es de su exclusiva competencia, era un acto que podía catalogarse de legítimo y legal. También lo era, toda respuesta -arbitraria o no-, que daba el Ejecutivo amparando o no un caso en la ley de caducidad.Esas mismas acciones, a partir de la sentencia del 19 de octubre, el sentido común nos indica, que ya perdieron el carácter de acto legítimo y legal.¿Ante nuevos casos futuros que se le presenten a los jueces penales por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, éstos continuaran pidiendo autorización al Ejecutivo para indagar, y eventualmente castigar a los responsables, por mandato de una ley catalogada de inconstitucional? ¿Y si esto fuera así, el Poder Ejecutivo asumiría una potestad que desde el 19 de octubre, es considerada inconstitucional?[2]En estos días, los sectores que abiertamente se opusieron a la iniciativa que pretendía anular la ley de caducidad, se las ingeniaron para encontrar fundamentos que justificaran tal oprobiosa conducta. Entre ellos, los integrantes del Partido Independiente apelaron a una supuesta inseguridad jurídica que se instalaría en el país, de anularse la ley de caducidad. ¿Qué seguridad jurídica nos dejó el supuesto pronunciamiento ciudadano, que ellos hicieron posible con su abstención permitiendo que una norma inconstitucional se mantuviera?UNA INICIATIVA CON CORAJE Y UN FALLO CON FUNDAMENTOS.Frente a esa piedra que se atravesaba en el camino de las normas nacionales e internacionales, la Fiscal Mirta Guianze, tomo la iniciativa de quitarla, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la ley de caducidad. En el entendido que esa norma violaba la Constitución de la República y transgredía los Tratados internacionales.Sobre la violación a la Constitución, la Fiscal sostuvo, que no se podía “bajo ningún concepto”, aceptarse que la “lógica de los hechos” se invocara como una fuente de derecho y, mucho menos, “que deba tolerarse una solución dada por el Parlamento frente a la indebida presión que ejercieron sobre él las Fuerzas Armadas”.Argumentó que no podía considerarse a la ley de caducidad como una amnistía, y que era inconstitucional al “atribuir al Ejecutivo funciones propias del Poder Judicial.”Sobre la trasgresión al derecho internacional, sostuvo que al sancionarse la ley no se contempló la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y que no puede invocarse “el derecho interno para no cumplir los tratados internacionales”.A cada uno de estos cuestionamientos, la Sentencia de la Corte los acoge con contundencia, compartiendo en general, los argumentos expuestos en minoría en 1988 por los Ministros Balbela y García Otero, defendiendo el argumento de la inconstitucionalidad de la ley de caducidad.Hay un último aspecto que nos parece importante resaltar, ahora que los votos manifiestos por la nulidad no superaron, a los que por distintas razones, no se pronunciaron por declarar la nulidad de la ley. Ese aspecto tiene que ver con el grado de validez que dichos pronunciamientos tienen cuando se están considerando derechos fundamentales.Dice la Corte al referirse a los efectos del referéndum contra la ley votado en el año 1989, que no se puede desconocer que la ley de caducidad fue ratificada en aquella oportunidad por el Cuerpo Electoral, al rechazarse el recurso de referéndum promovido contra dicha ley, pero que ese pronunciamiento “no proyecta consecuencia relevante alguna con relación al análisis de constitucionalidad”. “Por otra parte, -continua diciendo la Corte- , el ejercicio directo de la soberanía popular por la vía del referéndum derogatorio de las leyes sancionadas por el Poder Legislativo sólo tiene el referido alcance eventualmente abrogatorio, pero el rechazo de la derogación por parte de la ciudadanía no extiende su eficacia al punto de otorgar una cobertura de constitucionalidad a una norma legal viciada “ab origine” por transgredir normas o principios consagrados o reconocidos por la Carta”.Más delante citando opiniones de juristas la sentencia de la Corte dice que es una “falacia metajurídica la confusión que existe entre el paradigma del Estado de Derecho y el de la democracia política, según la cual una norma es legítima solamente si es querida por la mayoría”. Y continua “De forma distinta las cuestiones pertenecientes a la que he llamado esfera de lo decidible’, los derechos fundamentales están sustraídos a la esfera de la decisión política y pertenecen a la que he llamado esfera de lo no“decidible’ (qué si y qué no). Esta es por tanto su característica específica: tales derechos son establecidos en las constituciones como límites y vínculos a la mayoría justamente porque están siempre - de los derechos de libertad a los derechos sociales -contra las contingentes mayorías. Es más: ésta es la forma lógica que asegura su garantía. Siempre que se quiere tutelar un derecho como fundamental se lo sustrae a la política, es decir, a los poderes de la mayoría, .como derecho inviolable, indisponible, e inalienable. Ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede decidir su abolición o reducción”“Entonces, - culmina afirmando la Corte -, ninguna mayoría alcanzada en el Parlamento o la ratificación por el Cuerpo Electoral - ni aún si lograra la unanimidad -podría impedir que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional una ley que consagre la pena de muerte en nuestro país, la cual está prohibida.. De la misma manera, tampoco la mayoría legislativa ratificada por el Cuerpo Electoral puede desplazar hacia el Poder Ejecutivo el ejercicio de la función jurisdiccional que le compete exclusivamente al Poder Judicial”..Con relación a la afectación de las normas internacionales por parte de la ley de caducidad, la Corte sostiene que comparte la línea de pensamiento según la cual las convenciones internacionales de derechos humanos se integran a la Constitución, por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana que la comunidad internacional reconoce en tales pactos. “En el Uruguay, los principios generales de derecho ‘inherentes a la personalidad humana,’(…): quedan, pues, al margen del arbitrio legislativo y judicial y se benefician con el control de inaplicabilidad de las leyes inconstitucionales, en caso de desconocimiento legislativo ordinario”.A modo de síntesis, termina sosteniendo la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la ilegitimidad de una ley de amnistía dictada en beneficio de funcionarios militares y policiales que cometieron delitos de esta naturaleza, gozando de impunidad durante regímenes de facto, ha sido declarada por órganos jurisdiccionales, tanto de la comunidad internacional como de los Estados que pasaron por procesos similares al vivido por el Uruguay en la misma época. Tales pronunciamientos, por la similitud con la cuestión analizada y por la relevancia que han tenido, no podrían soslayarse en el examen de constitucionalidad de la Ley Nº 15.848 y han sido tenidos en cuenta por la Corporación para dictar el presente fallo.EL DIA DESPUES.¿Cuál es el día después? ¿El 26 de octubre, o el 20 de octubre?Las expectativas de terminar con una cultura de impunidad no es una tarea sencilla. Como toda cultura esta incrustada en los resquicios más profundos de la sociedad. La cultura de impunidad en nuestro país se empezó a construir en los prolegómenos que precedieron al autoritarismo militar de la dictadura. Continuo en los años del terrorismo de estado y bajo nuevas formas marco la existencia de la vida de las democracias que la siguieron hasta nuestros días.Una cultura de impunidad, que es algo más que la falta de castigo a los delincuentes militares y civiles de la dictadura. Es la desvalorización del ser humano como sujeto de derechos. Los avances que la humanidad ha ido construyendo trabajosamente a lo largo de la historia, muchas veces empieza con plasmar esos derechos en instrumentos legales, y otras veces, los instrumentos legales no hacen más que instituir derechos conquistados por los pueblos.Esas construcciones por lo general, no se realizan en terrenos fértiles, en espacios libres de presiones indebidas. Como en el caso que nos ocupa, terminar con una cultura de impunidad implica desmontar mecanismos legales, como las leyes de impunidad, y construir o restaurar y legitimizar aquellos instrumentos que los garanticen y consagren.Medir en su justo termino a las dificultades que hay que vencer en estas batallas de los pueblos, nos ayuda- no para consuelo -, sino para ubicarnos en la etapa en que estamos como sociedad para tener una verdadera cultura de los derechos humanos. Y no se trata, de una mirada desde afuera. Quienes pretendemos ser parte de las fuerzas del cambio, aquella que caminaba hacia una sociedad del pan y las rosas, debemos ser concientes de que una gran responsabilidad esta en nuestras filas y que el adversario juega.Nos falto muy poco, para que una mayoría muy calificada declarara la nulidad de la ley de caducidad. Estuvimos arañando una voluntad manifiesta de casi el 50 por ciento, y no es poca cosa. No es poca cosa frente al ninguneo de los grandes medios de difusión, al discurso confuso y muchas veces contradictorio de los lideres de la izquierda, y resoluciones que se acatan pero no se cumplían. El escenario trabajosamente construido tras largos años de lucha en torno a la necesidad de vencer la impunidad, no contó con primeros actores convencidos del papel que ello puede jugar en la construcción de un país mas justo y sobre todo, más solidario.[1] Sentencia Nº 365, de la Suprema Corte de Justicia en la causa “SABALSAGARAY CURUTCHET, BLANCA STELA. DENUNCIA. EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 1, 3 Y 4 DE LA LEY Nº 15.848”, FICHA 97-397/2004.[2] La referida Sentencia de inconstitucionalidad establece:“… que esta interpretación que realiza la Corporación se adopta al sólo efecto de resolver el presente caso, pero que, como no puede ser de otra manera, la opinión que se forme cada Magistrado que esté llamado a aplicar estas normas acerca de su eficacia temporal permanece, enteramente, en el ámbito de su plena independencia técnica”. Publicado por
LOS TRES MONOS:EL QUE NO QUIERE VER, EL QUE NO QUIERE OIR Y EL QUE QUIERE HABLAR.
Publicado en el libro "Las Palabras que llegaron", presentado el 24/09/09 en el Teatro El Galpón“Si olvido y memoria, al decir de Borges, son como cara y ceca de una misma moneda ¿Cuál es la relación entre olvido y omisión?El olvido es del orden del inconsciente, la omisión es racional e intencional.Si bien el olvido no es ingenuo, menos lo es la omisión”.(Tomado de “Docencia y Memoria”, del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina, CETERA-CTA).En Argentina monseñor Miguel Hesayne, sabía de los crímenes de la dictadura de su país, y no compartía en absoluto la política de complicidad que con los dictadores mantuvo la mayoría de la iglesia católica, a la que él pertenecía. Por ello, había tenido el valor de expresar públicamente, su condena a esos crímenes, en la persona de uno de sus responsables, el dictador Jorge Rafael Videla.Esa condena, era categórica y no dejaba lugar a dudas, tal como la graficaba Hesayne: al General Rafael Videla ni Dios podía perdonarle sus crímenes.Y como eso era así, tanto en el cielo como en la tierra, él asumía personalmente esa condena y repudio, al menos, en el territorio argentino. Afirmaba que en lo personal, impediría la entrada del dictador a los templos de su diócesis y le negaría la administración de los sacramentos.Era una muestra de mucho valor, en una Argentina, donde por menos de eso, muchos religiosos terminaron en el fondo del Río de la Plata, muertos en las calles o pudriéndose en las cárceles.Cuentan, que tiempo después, la vida quiso poner a prueba el valor y la consecuencia con sus dichos de Monseñor Hesayne. En la ciudad de Bariloche que integraba la Diócesis de monseñor Hesayne, supieron coincidir en una ceremonia religiosa, los dos personajes de esta historia: el General Videla en su devota e hipócrita costumbre de concurrir a los rituales de la iglesia católica, y monseñor Miguel Hesayne realizando su acostumbrada tarea de oficiar misa para sus feligreses.Dicen, y queda para la voluntad del lector, creerlo o no, que monseñor Hesayne, ignoraba la presencia de Videla en su ceremonia.Lo cierto es, que cuando llegó el momento de la comunión y los feligreses – Videla entre ellos-, avanzaban lenta y ordenadamente hacía el altar para recibir la administración del sacramento, se apagaron todas las luces del templo. Y en la penumbra de las velas de los altares, monseñor distribuyo personalmente la comunión a todos los presentes, sin excepción.Una vez culminado el ritual y cuando los fieles habían retornado a sus lugares, confortados por la comunión con Dios, volvió la luz eléctrica al recinto religioso.El apagón producido por la interrupción del fluido eléctrico en las instalaciones del templo, habría sido la causa de que en la penumbra de las velas, el dictador recibiera la Eucaristía de manos de quien había afirmado que no se la daría.Un hecho, al parecer fortuito, habría impedido que se cumpliera la voluntad anteriormente manifestada del religioso contra el Dictador.Sobre lo ocurrido en la mencionada ceremonia religiosa y en torno al hecho que había permitido que Videla comulgara de manos de quien había asegurado que no sería él quien lo hiciera posible, se realizaron las más variadas interpretaciones.Una de ellas y la más disparatada, es la que saco el propio Videla. Según el dictador “...por encima de la voluntad de monseñor Hesayne había otra voluntad que no deseaba privarme de mi encuentro con Él en la Eucaristía”.Otra interpretación era que, quién había tenido la valentía de arrogar luz pública sobre los crímenes de Videla, hubiera usado el artificio de una oscuridad provocada por su propia voluntad para disimular el no cumplimiento de su prédica.Y otra es que alguien, sin el consentimiento de Hesayne, urdió el ardid del apagón. Algo así como para quedar bien, con Dios y con el Diablo.En nuestro país y en materia de comportamientos políticos hay muchos dispuestos a bajar o mandar que otro lo hagan, las llaves de la luz, ante situaciones similares, en la que queda en evidencia la inconsecuencia. Los hay también, quienes creen que por encima de la voluntad popular, y en contra del imperio de normas legales que se ha dado la comunidad internacional para proteger a las personas de los abusos de poder de los Estados y sus agentes, son intocables. Están fuera del alcance del brazo de la ley.Y por suerte, los hay también, dispuestos a volver a prender la llave, aún a riesgo que la vuelta de la luz, nos haga ver lo que algunos no quieren ver.Mucho, aunque insuficiente aún, se ha avanzado últimamente a partir de algunas medidas que apuntan a que, cada vez menos de lo ocurrido en nuestro pasado reciente, quede en la oscuridad. En esos rincones a los que trabajosamente se empezó a alumbrar, se descubrió que, atrás de los llamados excesos, había ejecuciones masivas de prisioneros secuestrados; que los cuarteles eran cementerios clandestinos donde las fuerzas armadas ocultaban sus crímenes y que el aparato del Estado se transformó en una asociación delictiva para traficar con niños.Quienes con su firma hicieron posible que en octubre los ciudadanos puedan definir qué hacer con la ley de caducidad, no quieren vivir en la oscuridad del no saber. Quisieron que ese día, donde se define qué fuerza política conducirá los destinos del país, se defina, también, qué país es el que quieren que gobierne su candidato preferido. Apostamos a que los uruguayos, de haber tenido la posibilidad de estar en la iglesia de Bariloche durante el encuentro de Hesayno y Videla, restablecieran la luz. Porque no quieren mirar para otro lado y hacerse los distraídos. Porque no quieren convivir con asesinos y transformarse en cómplices. Porque no quiere tener miedo.Quienes somos parte de una generación que se va muriendo con sus experiencias, hacemos un esfuerzo por no extinguirnos sin haber podido trasmitir esas experiencias. Si todo lo que desaparece, se esfuma, es sano que nos asalte el temor de que el silencio se lo trague todo. Por eso seguramente, queremos ser una generación que grita sus verdades, para dejar,-como alguien dijo- al menos, un eco, con la esperanza de lo que ese eco pueda provocar al toparse con otro ser humano. Aunque sólo fuera eso, valdría la pena.De ahí, que este relato tenga – sobre todo a estas horas donde somos convocados a enjuiciar en los próximos meses la ley de caducidad-, el rol de una suerte de testigo de cargo. No para juzgar al otro, sino para medirnos a nosotros mismos.Raro privilegio en el que nos ubica la historia: jueces, testigos y demandantes. Estamos en el momento de los alegatos, de referirnos a la prueba que demuestra que el país no puede convivir con una situación de injusticia, que paradójicamente ocasiona una norma legal.Desde esas roles, debemos ser también una suerte de cronista de los acontecimientos que dieron origen a tan desgraciado escenario desde el cual analizamos nuestro pasado reciente: el escenario de la impunidad.Una realidad política de hace 33 años nos sentó en un lugar incomodó, desde el cual es imposible la mirada democrática. Lugar inadecuado para mirar el futuro y para pensar con optimismo la construcción de un mundo mejor.Somos algo de todo eso, protagonistas y testigos. Pero sobre todo somos memoria, acumulada en un cuerpo que no perdurará, de ahí nuestra necesidad de dejar nuestras huellas, nuestro rastro por el devenir histórico.Pero nuestra memoria, tiene otras urgencias. Sobre todo, cuando las necesidades de dejar nuestras huellas y nuestro rastro, no son personales, sino colectivas.Raúl Olivera Publicado por
RECORDAR, REFLEXIONAR Y ACTUAR EN CONSECUENCIA
Publicado en Trabajo & Utopía-Septiembre 2009 Nro 92I.- YA ESTÁ, YA PASÓ. AHORA A MIRAR PARA ADELANTE.Es un hecho indiscutible, la existencia de cierto nivel de resistencia por parte de las sociedades a afrontar los hechos relacionados con las violaciones a los derechos humanos, sobre todo cuando esas sociedades recién emergen -mediante trabajosos y complicados procesos-, de periodos dictatoriales. A esa inclinación de la sociedad, se le agrega la política de los gobiernos débiles que preceden a las dictaduras, que en general se inclinan invariablemente a negar esas violaciones[1], o minimizarlos. En el caso de las fuerzas políticas que terminan estando al frente de la conducción del Estado, en los llamados periodos de transición en el que aún conviven con una presencia fuerte de resabios de las dictaduras pasadas, esa actitud es explicable aunque no justificable. Ello es así, en razón que las violaciones a los derechos humanos, tienen al Estado como responsable. Más difícil es explicar esas conductas por parte de las sociedades, la que por otro lado fueron las victimas de esas conductas delictivas.Sin embargo, cuando suceden hechos como los acaecidos en el periodo del terrorismo de Estado orquestado por las dictaduras latinoamericanas, que afectaron directamente a tantas personas y estas se organizaron para denunciarlas, el intento primario de mirar para otro lado, de las sociedades, o el dar vuelta la pagina de los gobiernos, tiene poca vida.Lenta, pero sin embargo inexorablemente, la verdad surge ante esas sociedades para resquebrajar el pacto de silencio y comienza a tomar cuerpo la defensa de los derechos humanos y el castigo de los violadores de ellos.No se trata de un proceso, inexorable. Para que el mismo se desarrolle, es indispensable la acción social y política que construya el escenario donde el mismo se resuelva con verdad y justicia.II.-EL ESCENARIO URUGUAYO.Recordemos que en nuestro país, se construyó un escenario nacional - ley de caducidad mediante-, donde lo inexorable era dar vuelta la página. Y que desde ese escenario nacional, hasta se apeló al concepto de soberanía nacional, para evitar que las denuncias realizadas en los estrados internacionales, pudieran afectar ese reino de impunidad. Lo que hacia el Estado democrático con relación a lo había hecho el Estado dictatorial, era un asunto interno del país, de la voluntad de nuestros ciudadanos ya sea expresada por su representación política en el Pacto del Club Naval o directamente en el referéndum del voto verde.El pasado 1° de mayo uno de los ejes que se desarrollaron en las oratorias del acto en la que se conmemoro el día de los trabajadores, fue el de los derechos humanos. Desde ese discurso, que ponía énfasis tanto en el compromiso de los trabajadores y los ciudadanos en general de hacer realidad la nulidad de la ley de caducidad, se trató de vincular los desafíos de la contribución de los trabajadores en la construcción de una sociedad mas justa y solidaria, con la necesidad de reestablecer plenamente los derechos políticos, económicos y culturales.Es desde esa mirada, en clave de derechos humanos, donde se medirán los avances en la construcción de esa sociedad sin explotados ni explotadores que esta en el horizonte de la clase trabajadora. Es desde ese lugar particular que ocupa una organización social como lo es el movimiento sindical, desde el cual es posible y necesario mantener una actitud intransigente en defensa de los derechos. Actitud intransigente, que evite que los gobiernos que dicen estar comprometidos con la plena vigencia de los derechos de los ciudadanos, no se comporten como meros administradores de ellos. Para esa tarea, es indispensable, la independencia, como organización social, de los partidos y del Estado.III.-EL MUNDO DEL TRABAJO.Algunas miradas académicas sobre lo que se ha dado en llamar el mundo del trabajo, muchas veces tienen dificultades para que esa mirada, trascienda esa división caprichosa que vincula al hombre con su lugar de trabajo, exclusivamente en esa tercera parte (cuando menos) de su vida diaria.Pero ese mundo del trabajo, continuamente y en épocas de crisis en mayor medida, expulsa seres humanos. Es allí donde un trabajador o trabajadora, se transforma en desocupado o desempleado y pasa a ser parte de una cifra de un porcentaje en las estadísticas oficiales.Una mirada en clave de derechos humanos, es aquella que se dirige a identificar las consecuencias humanas y sociales que trae consigo la pérdida de trabajo, no solo para el trabajador, sino para la familia. Cuantificar el terrible impacto que esa pérdida produce en la familia y su entorno, en el marco de los cambios que se han operado en el mercado de trabajo, es un dato importante a la hora de establecer estrategias de solución a esas situaciones. Y también lo es, a la hora de evaluar y definir compromisos políticos, en las instancias electorales.Si el trabajo tiene ese aspecto fundamental en la vida de los seres humanos no puede pasar desapercibido a la hora de evaluar la calidad de la existencia de derechos para esos individuos.Si las formas de organización de trabajo han operado en las formas de organización de los modelos familiares, su perdida también opera como elemento modelador. Pensemos, el papel que jugó en el Uruguay, el desarrollo de determinas industrias en su época de auge y desarrollo, y las consecuencias que generó su crisis y virtual desaparición.Dicho de otra manera, la eliminación o disminución de una fuente de trabajo, no solo genera consecuencias en aquellos que allí encuentran su condición de asalariado, sino que extiende sus consecuencias sino en la sociedad (familia, barrio, ciudad, etc.)La vida laboral y la vida familiar, se relacionan estrechamente, y se problematizan mutuamente. De ahí, que no es un hecho menor la importancia de que el movimiento sindical, también como memoria del pasado, recuerde y le recuerde a la sociedad toda las experiencias del pasado.Sobre hechos acaecidos en determinados periodos de nuestro pasado más reciente, los partidos políticos que tuvieron responsabilidad de conducir el país, no pueden hacerse los distraídos. Sobre los aspectos relacionados a las consecuencias económicas y sociales, el movimiento sindical se ha expresado muy claramente y eso no le ha gustado al Dr. Lacalle.IV.-HACIENDO MEMORIASobre el tema de los derechos humanos y sobre todo a los mismos relacionados con nuestro pasado autoritario reciente, el candidato del partido blanco, dice estar libre de responsabilidad, porque durante su mandato no se puso a consideración de su gobierno ninguna causa penal. Por esa razón nos parece interesante realizar a cuenta de un desarrollo más detallado, algunos hechos ocurridos en su gobierno.El Dr. Lacalle, asumió la conducción del gobierno el 1º de marzo de 1990. 1) A poco de asumir, tomo estado público el expediente de la investigación administrativa que en el Ministerio de Relaciones Exteriores había encontrado suficiente documentación para mandar presos a Juan Carlos Blanco, Michelín Salomón, Álvaro Álvarez y Lupinacce por responsabilidad en la desaparición de Elena Quinteros.¿Qué hizo la administración de Lacalle?. A nivel parlamentario sumaron sus votos al partido colorado para evitar el desafuero y su pase a la justicia. A nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, no se tomo ni la más mínima medida administrativa con los otros tres diplomáticos. Siguieron su carrera y ascendiendo en destinos diplomáticos. 2) En abril promueve varios ascensos a militares con graves acusaciones de violación a los derechos humanos, ente ellos el de Carlos Calcagno actualmente preso con pedido de extradición por la desaparición de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana en Paraguay.3) Pese a que claramente no podían estar amparados en la ley de caducidad, los reclamos que se le plantean a Lacalle, de que se investiguen los delitos cometidos por el Almirante Hugo Márquez (extorsión y robo); las estafas contra el Banco Hipotecario; y contra los responsables de la desaparición de Américo Soca mezclado en negocios turbios con militares, no tienen respuesta. Dirá Lacalle que “No quedan ni oportunidades procesales ni legales, pero sobre todo no quedan oportunidades anímicas para que el pasado vuelva a ser reabierto”. Y como eso es así, asciende a Brigadier a uno de los implicados en aquellos delitos. 4) En octubre de 1991, se conoce el Informe 35/91 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sobre 8 denuncias presentadas contra el Estado uruguayo sobre los efectos de la ley de caducidad En 3 de las denuncias el Estado uruguayo ya había sido observado por “Violaciones gravísimas” de los derechos a la vida, a la libertad y la seguridad personal; y había recomendado que se emprendiera una investigación de los hechos y se ordenara el procesamiento de los responsables. El Informe de la C.I.D.H en el punto 6 del apartado B, dice que: “La Comisión no puede dejar de ponderar el hecho que no solo los juicios contra los perpetradores de pasadas violaciones fueron clausurados...sino también de que no se verifico investigación oficial alguna”. Finalmente la CIDH concluye su informe declarando admisibles las denuncias formuladas; concluye que la Ley de caducidad viola la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.¿Puede seguir diciendo hoy Lacalle que durante su gobierno nadie le reclamo nada sobre las violaciones a los Derechos Humanos? 5) Ese mismo año el "comando Lavalleja" coloca una bomba a Hugo Cores, a Julio Mª Sanguinetti, etc 6) En 1992, ante las resoluciones de la Comisión Interamericana de DD.HH condenatorias contra los indultos de Carlos Menem en la Argentina y la ley de caducidad en Uruguay, los gobiernos de Lacalle y Menem unen esfuerzos para poner en tela de juicio la acción de la OEA. 7) Ese mismo año, Lacalle eleva al parlamento los ascensos de Sergio Caubarrere implicado en el asesinato de Roslik y de Eduardo Ferro participe de los secuestros de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez en Porto Alegre. 8) Finalmente durante su administración se producen los hechos vinculados al asesinato de Eugenio Berríos.[1] El gobierno turco niega la masacre del pueblo armenio, el ruso la muerte de millones de campesinos ucranianos, el chino los asesinatos en masa de los años 60, etc. Publicado por
En un reportaje a Gonzalo Arijon y Virginia Martínez titulado buscando a mariana[1] que Rosalba Oxandabarat realizara, a propósito de la película por esos ojos[2], se trascribían estas palabras de María Esther Gatti:"yo ya no quiero nada, salvo trasmitir a Mariana su historia, quiénes eran sus padres, …porque ya no voy a vivir mucho y ¿quién le va a contar todo eso?". Los autores de por esos ojos, al referirse a lo que fue sin duda el centro de ese pedazo de historia que se registró en el celuloide, expresan que había tres personas clave en esa historia: Esther, Furci y el juez Marquevich que había intentado hacer justicia. Anotaban la ausencia de una presencia clave en la película, la palabra de Mariana. Y concluían advirtiendo que “Hay algo irreparable en esto, más allá de que la historia esté abierta, de que Mariana tiene mucho por vivir”. Era muy cierto que Mariana tenía mucho para vivir. Y esa vida trascurriría en sociedades que trabajosamente buscaban desvelar las sombras de un pasado terriblemente doloroso, para sobre él, poder hacer efectivo el recurso reparador de la justicia. Fue ese escenario, el que sin duda se hizo posible este reencuentro que se materializo con la reciente presencia pública de Mariana en Montevideo[3] y el empezar a abrir puertas para la búsqueda de otros encuentros más profundos. Pese a que María Esther afirmara, que ella ya no quería nada, salvo trasmitirle a Mariana quienes eran sus padres, en realidad quería mucho para aquellos años. Mucho para un tiempo en que se condenaba las miradas en la nuca. Donde las verdades de nuestra historia reciente y sus protagonistas estaba oscurecida por la teoría de los dos demonios. Tiempos donde a lo sumo, se podía arribar a verdades posibles a la medida de los violadores, los desaparecedores, los asesinos. Tiempos en los que aun no había sido posible aún la recuperación de Macarena y de Simón. Por suerte, Esther vive aún y lucha. Pero a muchos otros familiares, no les alcanzó el tiempo en este mundo para llegar a la verdad. Cuando aun vivían solo una parte de la historia podían trasmitir: la de su reclamo sin respuestas válidas. Pero ya habían perdido la esperanza de hacer esa rendición de cuentas, ante al menos la tumba de sus hijos desaparecidos. Los esfuerzos que las sociedades realizan para reconstruir su historia, creando otros escenarios más favorables para implantar la verdad y la justicia, también traen a escena a otros actores y le dan otra estatura a los ya existentes. Y esos nuevos actores, agregan a la pregunta de Esther de quién le iba a contar a Mariana quienes eran sus padres, un nuevo y perentorio reclamo: el de la propia Mariana. “Y.... al fin llego el día... QUIERO CONOCER A MIS PADRES... y como solo puedo reconstruirlos les pido a ustedes, que los conocieron que me los acerquen”, pidió recientemente Mariana. Que le cuenten “cosas, chicas, grandes, importantes, nimias, de su militancia, de sus ideas, de lo que hacían y de lo que les gustaba, cualquiera para poder armar el rompecabezas de quienes eran”. Se lamenta que de ellos, no tiene nada “ningún recuerdo”que “cualquier pequeño detalle será bien apreciado”. Finalmente ese llamado para que compartamos con ella ese armado del rompecabezas de la historia de sus padres, no deja de tener la delicadeza de ubicarse en el dolor de los otros “Les ruego me disculpen si les pido que recuerden cosas dolorosas, si es así, lo sabré entender. Imagino que es difícil contestar sin ninguna pregunta concreta, la verdad es quetampoco se que preguntar... no se ¿que música les gustaba? ¿que hacían cuando se juntaban con amigos? ¿Donde les gustaba salir a pasear?que se yo... ¿como eran conmigo?... bueno, no se... repito, cualquier historia será bien recibida[4]. Por cierto que en muchos compañeros habían retazos de historia que servirían para ir armando, ese rompecabezas del que habla Mariana. Y como no podía ser de otra manera, se los hicieron llegar. Cada uno se ocupó de hurgar en su memoria y sobre todo reenviar ese pedido a quienes se pensaba que podían aportar algo. Las urgencias y los desafíos de luchar contra la no verdad y los no derechos que se materializan en la impunidad, en muchos casos a retrazado una tarea que esta pendiente: la de reconstruir la estatura humana de esos rostros que se han congelado en los carteles que los 20 de mayo pueblan nuestra principal avenida. Es así, como vive y siente hoy Mariana esa carrera contra el olvido que emprendimos. “Estoy profundamente conmovida por la pronta repercusión”, dice Mariana que tuvo su pedido. Lo agradece y confiesa estar sorprendida porque además de aquellos que habían respondido trasmitiéndole sus recuerdos, le escribió mucha gente que no los conoció pero que se solidariza con ella y la apoya me apoya y acompaña en su búsqueda. Confiesa que le es muy difícil acostumbrarse a la idea de la difusión que tiene su caso, en Uruguay; “aquí en Argentina, yo soy una tranquila anónima. Es muy lindo ver que todos recuerdan a mis padres con tanto amor y admiración, veo que deben haber sido unas personas muy buenas, y me dan mas ganas todavía de conocerlos”. Anota que todos los que le habían respondido “rescataron sus recuerdos relacionados con su militancia, lo que me hace pensar que dedicaban todo su tiempo a eso”. Para alguien de mi época y formación, confiesa Mariana que, era muy difícil entender qué significaba ser muy militante”. Nos pide que tratemos de reproducir esa época “para alguien que lo ve con los "lentes" de una época totalmente distinta, que no puede comprender desde su época lo que eran aquellos tiempos”. Como no podía ser de otra manera, continua la carta, a mi me interesa mucho la política, la discusión y la historia (la sangre no es agua!!!!) y casualmente el otro día, estaba viendo un informe en el que decían que en los 70 (principios) en Argentina la brecha entre ricos y pobres era la menor de Latinoamérica; entonces, y a vistas de lo que es la realidad en la que vivimos, me preguntaba... ¿por que se luchaba en esa época? (si a comparación con los tiempos actuales era casi el paraíso). Por favor! les pido que tomen estas palabras desde la mas profunda ignorancia, no busco discutir ni debatir, simplemente quiero poder entender sus ideas, su lucha, su tiempo, y como el tiempo no puede volver atrás, solo queda su reproducción”.Mas adelante, Mariana realiza un recuento de las cosas que según ella hicieron que llegara a este punto: una reunión familiar en Uruguay, la declaración de ciudadana ilustre, el libro que se presento, conocer a otros jóvenes que vivieron su misma situación, haber ido al acto de Orletti, haber entrado allí, haber iniciado los tramites para obtener la ciudadanía uruguaya, haber leído toda la carpeta de recortes y gestiones que me había guardado su familia, leer la investigación sobre los desaparecidos en Uruguay. Todo eso, dice. Lo mas cómico fue, continua, que "la gota que rebalso el vaso" fue el otro día que venia escuchando la radio en el auto, y pasaron "La marcha de la Bronca" y me puse a llorar, siempre me paso que cuando escuchaba la música de esa época tipo Sui Generis, Vox Dei, y esos grupos pensaba si les gustaría esa música a mis padres, si ellos la habrían escuchado y cantado, que se yo esas pavadas”.Luego de prometer cruzar el charco, y al despedirse nos vuelve a agradecer “a todos por tan sentidos recuerdos y es muy reconfortante que a uno lo quieran tanto sin casi conocernos. Un abrazo enorme... Mariana (o también Daniela)”.Esta nota, bien podría terminar aquí. Sabiendo que hay una razón más, por si faltaran, para seguir reconstruyendo la memoria histórica y para que en ella tengan su justo lugar cada uno de los compañeros, en su estatura de militantes, de seres humanos y portadores de esa utopía que aun nos desafía alcanzar.Raúl OliveraSecretaria de DD.HH y políticas sociales del PIT/CNT[1] Brecha 30-IV-1998.[2] Documental, 1997 60 minutos. Producción France 2/Point du Jour/Tele Europe, en colaboración con TV Ciudad de Montevideo, sobre los esfuerzos de los familiares de Mariana Zaffaroni por encontrar a esa niña secuestrada a los 18 meses de edad en Buenos Aires por fuerzas de seguridad argentinas y uruguayas que también hicieron desaparecer a sus ares Maria Emilia Islas y Roberto Zaffaroni.[3] En oportunidad en que la Intendencia Municipal de Montevideo declaraba ciudadanos y visitantes ilustres a varios hijos de desaparecidos recuperados.[4] Fragmentos de una reciente correspondencia de Mariana Zaffaroni, a los compañeros de sus padres. De Uruguay.
LA IMPORTANCIA DE LAS CONSIGNAS.
Atrás de una consigna, suele verse únicamente el estado emocional de exhaltación de quienes la levantan. El hecho que las mismas ordenen durante un periodo, las acciones de quienes la levantan, suele ocultar el carácter fundamental que ellas deben encerrar, para no ser efímeros resultados de iguales estados de animo. Si bien es cierto, que generalmente una consigna debe encerrar, captar y proyectar un estado de situación en un momento determinado, su verdadero valor se expresa en su capacidad continua de generar nuevas adhesiones que trascienden las situaciones o los momentos históricos en que se generaron. Muchas veces, se confunde el Programa con la consigna, o se transforma un postulado programático, en una consigna. Esa operación, realizada a destiempo, puede acarrear más inconvenientes y dificultades que ventajas. Una buena consigna, además de estar al servicio de avanzar hacia los objetivos programáticos, debe tener la capacidad de generar en torno a ella un continuo desarrollo de acumulación de fuerzas. Es esa acumulación la que resuelve favorablemente una lucha y no la simple enunciación del objetivo transformado en consigna. Por otra parte, una buena consigna, también debe tener muy especialmente es cuenta el escenario mas general de una contienda o lucha reivindicativa. No siempre la consigna mas “radical” o finalista es la más adecuada para producir avances verdaderos. Por ejemplo, esta dentro de los objetivos finalistas del movimiento obrero el terminar la explotación del hombre por el hombre. Sin embargo, a muy pocos obreros, se les ocurriría levantar hoy – en el marco de la crisis actual -, la consigna de que las fábricas pasen a manos de los obreros para que tras ellas se realice una gran acumulación de fuerzas movilizadas en torno a ese fin. La consigna que levantó el PIT/CNT, en oportunidad de conmemorar el día de los trabajadores, por supuesto, fue otra. Todo este razonamiento, viene a cuenta de una consigna que construyeron y levantaron los pueblos que vivieron los efectos del terrorismo de Estado orquestado por las dictaduras del cono sur de los años 70 y 80. Y que hoy, adquiere un valor importante a la hora de denunciar y condenar los sucesos que sacuden a la república de Honduras. ¡NUNCA MAS! Ese ¡Nunca más!, pronunciado por el Fiscal Strasera en nombre de la fiscalía (el Estado), no podía ser obviado por los jueces que debían pronunciarse sobre la culpabilidad de la Junta Militar Argentina del genocidio perpetuado en la vecina orilla. 25 años después esa misma consigna pretende conmover desde el pronunciamiento de organizaciones sociales uruguayas, igual pronunciamiento de culpabilidad por parte de la comunidad internacional. Y más aún, frente a esa culpabilidad, medidas ejemplares que aseguren que ni un día más debe mantenerse la situación de anormalidad democrática en Honduras.[cerrar]Comparta esta nota con un amigo Si bien no son pocas las voces que a nivel de los movimientos populares denuncian la debilidad de la respuesta de la Casa Blanca y la comunidad internacional ante el golpe de Estado en Honduras, ellas no han sido suficientes para hacer realidad el mentado ¡Nunca más! De ahí que la inmensa mayoría de los países de América, reconozcan al depuesto Manuel Zelaya como único presidente legítimo y, que sin embargo contradictoriamente, convaliden el golpe encomendando a Oscar Arias, que actúe como “mediador” en el conflicto. ¿Cuál es el “medio” entre democracia y dictadura? ¿Cuál es entre normalidad del funcionamiento de las instituciones de derecho y la pretopencia militar? Esa ambigüedad es contradictoria con la categórica condena al golpe de estado en Honduras realizada por el secretario general de la OEA. Al igual que un verdadero nunca más paso y pasa para los países que sufrimos las consecuencias de las dictaduras del pasado, por aplicar justicia en forma ejemplar. En este caso, es adoptar todas las medidas que sean necesarias para evitar que el golpe se consolide. No debería escapar a ningún análisis la gravedad de esta situación: en la que además de afectarse la vida democrática de Honduras, se lastima seriamente el sistema internacional, con la proliferación de múltiples formas de violencia por parte de las fuerzas armadas. La justeza con que desde las organizaciones sociales uruguayas, se ha captado la importancia de movilizarse y repudiar el golpe de estado en Honduras, es un claro ejemplo de cuando una consigna, es justa y adecuada. Y cuando ello es así, no se puede más que movilizarse en repudio a este intento de frenar los avances sociales en ese país hermano. No actuar así es permitir ese atropello a la dignidad del pueblo de Honduras y dar señales para que .en el futuro sea posible la ofensiva militarista en el continente.Decir ¡NUNCA MÁS! Es hacer todo lo que este a nuestro alcance para que nunca más sea posible la instauración de dictaduras militares en el continente.Raul OliveraPublicado en Nº 90 de Trabajo y Utopía, julio 2009
OPERACION MEMORIA.
Publicado en Trabajo & Utopía Nº 89 Estas reflexiones se realizan a pocas horas de haberse confirmado por parte de la Corte Electoral, que se habían validado la cantidad necesaria de firmas para que en las elecciones de octubre, el pueblo decida en torno a la nulidad de la ley de caducidad. Es decir, junto a qué fuerza política se le confía la conducción del país y en que condiciones deberá hacerlo[1], el pueblo decidirá en torno a la nulidad o vigencia de la impunidad. Ese nuevo anudamiento entre la decisión ciudadana en torno a la renovación de una parte importante de sus autoridades políticas[2], y el restablecimiento de la plenitud del estado de derecho afectado por la existencia de la ley de caducidad, es un escenario interesante de abordar. Hacerlo, con justeza y la suficiente información, es un elemento fundamental para que la decisión ciudadana supere los standares de calidad democrática. Es decir que el voto sea el resultado de una cabal información de lo que se esta definiendo. Aunque solo fuera por esa razón, es importante alentar miradas que ubiquen en su justo término las cosas que están en juego. Para esa tarea, es importante que el movimiento sindical o cualquier sector organizado de la sociedad, no limitarse a realizar un examen reducido a lo que hoy pensamos de lo pasado. Es importante analizar también, lo que pensamos en el pasado, de lo que era actualidad en aquellos momentos, y fundamentalmente en las previsiones políticas a partir de las cuales se articularon las acciones que se desarrollaron. Seis años atrás[3], denunciábamos que la desaparición de personas era “Un acto que se planificó, para que “no existiera” perdura en efectos, no calculados por sus ejecutores”.Y efectivamente esos efectos se empezaban a materializarían y a hacer manifiesta la inutilidad de las políticas de impunidad articuladas sobre las leyes de impunidad[4]. Mientras desde el campo de los gobiernos defensores de la impunidad, se trató de implementar ingeniosos complementos que taponearan las grietas de la impunidad, para la lucha democrática, el desafío de aquella coyuntura estribó, en articular acciones que impidieran la continuidad de la impunidad que se materializaba en un estiramiento del manto de la impunidad[5], que lo denunciábamos así:” Y para que no vuelvan, hay que declarados muertos. Asesinarlos, y hacerlos desaparecer nuevamente, para que no molesten. Que sean, como decía Videla, una incógnita, sobre la que no se puede avanzar. Hay que desenterrarlos, cremarlos y arrojarlos al mar”[6]. Mientras esas intenciones se materializaban en el caso de Elena Quinteros y para el resto de los casos quedaba la aceptación de la versión de “fuentes militares” en el Informe final de la Comisión para la Paz, empecinadamente sosteníamos que “Quienes no hemos renunciado al derecho a la justicia, esperamos con expectativa los resultados de otras causas radicadas ante la justicia nacional: la relativa a los asesinatos de Zelmar y el Toba; del destino de María Claudia García de Gelman. Saber si la Suprema Corte de Justicia en la denuncia presentada contra Bordaberry, indicará a los futuros aspirantes a apoderarse ilegítimamente del poder y ejercerlo en el marco de la más brutal ilegalidad, no puede ser consumado impunemente”[7]. Denunciábamos que “En nuestro país, tenemos formas muy peculiares de hacer las cosas: las hacemos “a la uruguaya”. Tuvimos una “dictadura a la uruguaya” que no hacia lo que los argentinos, tuvimos una “transición a la uruguaya”, una ley de impunidad “a la uruguaya”; una renuncia a un derecho irrenunciable, mediante un referéndum “a la uruguaya”; tenemos leyes que ratifican Convenios internacionales que no se aplican, porque “a la uruguaya” no se crean los instrumentos jurídicos en la legislación interna; y últimamente una Comisión para la Paz, sin guerra, pero “a la uruguaya”[8]. No creíamos que nuestro país podía seguir dando la espalda a avances que otros países, también victimas de la acción criminal del Plan Cóndor, venían teniendo. Y por eso sosteníamos, muchas veces en soledad, que “Para resolver el pasado que ser instala en el presente o el presente que vuelve sobre el pasado, solo es posible si la impunidad de hoy no tiene futuro. Ese es el verdadero nunca más”[9]. En el marco de una orientación que se asentaba en esas visiones, la sociedad uruguaya debió resolver la instalación de un nuevo gobierno conduciendo los destinos del país. La forma que lo resolvió, si bien alentaba fundadas esperanzas para el movimiento popular, no evito que nos preguntáramos si con la instalación en el gobierno de la izquierda la impunidad no tendría futuro. Nos interrogábamos si esa nueva fuerza seria garante de los Derechos Humanos o simple administrador de los mismos. Desde estas mismas páginas, decíamos que “Responder adecuadamente esas interrogantes es muy importante ya que la respuesta implica una conceptualización de los derechos humanos. Los derechos humanos son un amplio cuerpo de leyes que obligan a los Estados”. Y agregábamos “El derecho penal y administrativo del Uruguay, que ha suscrito esos tratados que consagran derechos fundamentales e inalienables de los ciudadanos, debería traducir esos principios en normas concretas que garanticen a los ciudadanos el goce pleno de esos derechos fundamentales (…) “la iniciativa de adecuar la legislación interna a las obligaciones internacionales, no debería ser una conducta a hesitar desde el ámbito ciudadano, sino desde el Estado”[10]. El movimiento sindical y otras organizaciones humanitarias y políticas, tenían claro, entonces que “En Uruguay, la impunidad en cuanto ausencia de los derechos a la verdad y a la justicia, contrariamente a lo que comúnmente se piensa, no es el simple y lineal efecto de la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. La impunidad uruguaya, es el resultado de una operación que asienta su efectividad en el poder político: más precisamente desde el partido que detenta el gobierno. Afirmar esto, implica decir también que la instalación en el país de un gobierno que no este comprometido con la impunidad, instala un mapa político en el que se encuentra amenazado seriamente el sustento principal del sistema de impunidad. Estamos ante un dato de la coyuntura, muy fuerte”[11]. Por esa razón, desde la especificidad de su papel a nivel de la sociedad actuaron y no fueron indiferentes, en ningún caso, a las cosas que están siempre en juego en momentos que la ciudadanía con su voto determina el tipo de gobierno que tendremos. Y por la misma razón, la operación memoria que impulsa el movimiento sindical en estos días es muy pertinente también para la temática que nos convoca.[1] Al definirse la composición del futuro parlamento (senado y diputados), la correlación de fuerzas existente en esos ámbitos, es un dato importante a la hora de analizar las posibilidades que la fuerza política del nuevo Presidente, cuente para materializar muchas de sus políticas.[2] El Presidente de la República, la totalidad de los Senadores y Diputados que conforman el parlamento.[3] Nos referimos a una Ponencia realizada por la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/CNT, en un Taller realizado en el Salón Rojo de la I.M,M, el 26/6/03.[4] Esos efectos se originaban en el carácter de delito permanente de los casos de desaparición de personas, que empezaban a tener fuerza en los ámbitos judiciales.[5] En la citada intervención denunciábamos que: “Los victimarios, han elegido ubicar el problema en el ámbito político, mediante las leyes de impunidad acompañadas de actos esencialmente políticos buscando sellar cualquier posible fisura de aquellas”.[6] Ibid.[7] Ibid.[8] Ibid.[9] Ibid.[10] Trabajo y Utopía diciembre 2005.[11] Ponencia de la Secretaria de DD.HH del PIT/CNT en el seminario “Verdad y Justicia en la nueva coyuntura política”, 19 de mayo de 2005.
LOS ESCENARIOS DE LA IMPUNIDAD
Publicado en Trabajo y Utopìa Nº 88 mayo 2009 Publicado en pag web del P.V.P.I.- EL ESCENARIO DEL MOVIMIENTO POPULAR.En el numero anterior de Trabajo y Utopía, haciendo referencia a varios aspectos relativos al dictado de condena para algunos militares y policías por violación a los derechos humanos durante la dictadura, resaltamos la importancia capital que tenía para la materialización de ese resultado que constituía un avance en la lucha contra la impunidad, la construcción del escenario político que lo había hecho posible.Seguramente, la realización de un análisis del largo proceso que debió y deben recorrer las iniciativas tendientes a derrotar la lógica de impunidad instalada por la existencia de la ley de caducidad, reafirmaría la importancia de los escenarios políticos y sociales para la concreción de los avances de esa lucha popular.Más concretamente, el resultado de la campaña de recolección de firmas, sería un elemento de reciente concreción que nos permitiría reafirmar ese concepto de la “construcción del escenario”, como elemento cardinal para la materialización de un objetivo a alcanzar. Es esa lógica, que los futuros desafíos deberán tener en cuenta a la hora de definir estrategias.No estamos inventando la pólvora. Diariamente la lucha que deben desarrollar las organizaciones sociales en la defensa de sus intereses, se instala en escenarios donde la táctica analiza sus propias fuerzas, las que debe derrotar y el “momento” en que se desarrolla el desafió concreto. Hasta la profundidad y el alcance de las reivindicaciones, están casi siempre determinadas por esas condiciones originales en que se desarrolla una lucha. Y sobre todo, por un escenario futuro que se ira construyendo en el proceso de la lucha misma.Al igual que el objetivo finalista de los trabajadores-una sociedad sin explotados ni explotadores-, debe recorrer escenarios distintos donde el logro de los objetivos finales debe atravesar luchas parciales por disminuir esa explotación o lograr un mejor pago por ella; la lucha contra la impunidad atravesó y atraviesa escenarios que se debieron construir trabajosamente.Esa construcción de los escenarios, como lo expresa sus propias palabras, no es algo dado. No es una construcción producto de un devenir inexorable. Hay que trabajar en el anudamiento y la articulación de sus distintos componentes.Derrotar la impunidad mediante la anulación de la norma legal que la ha sostenido y hecho posible, es también –además de una profundización de la democracia-, un cambio sustancial que producirá efectos múltiples a nivel de la sociedad y que necesitara de nuevos escenarios y actores.Un error frecuente en la conducción de luchas como esta, es no percibir que los escenarios cambian y si no se asimilan esos cambios se corre el riesgo de perder el tren de la historia. Instalarse en un escenario como por ejemplo, aquel que se instaló luego de la derrota del voto Verde, y desde allí superar la lógica que esa derrota instaló, no fue fácil. Se había luchado a brazo partido contra una ley que impedía la verdad y la justicia, y por otra parte había instalado una gran frustración popular.Se debió en un principio, recluir esa lucha, en el exclusivo derecho a la verdad. Y en el, reclamar el cumplimiento de un artículo de una ley que se rechazaba: el artículo 4º. Instalar ese escenario y desde él, avanzar hasta materializar los logros hasta hoy alcanzados, nos lleva a concluir, que el mérito de esa estrategia contra la impunidad, es haber desarrollado una táctica que supo identificar adecuadamente los distintos elementos de cada escenario y no congelarse en ellos.II.- EL ESCENARIO DEL PARTIDO NACIONAL.Recordemos al entonces senador del Partido Nacional Juan Raúl Ferreira, cuando preguntaba en los debates previos a votar la ley de caducidad en 1986: “¿Cuál es la propuesta seria que plantea el Frente Amplio para lograr que los oficiales vayan a declarar? Si (el Frente Amplio) la da a conocer, retiraremos nuestro proyecto (la ley de Caducidad) y acompañaremos la iniciativa del Frente Amplio. ¿Cuál es la propuesta seria que hace viable que el lunes, en este país, los oficiales se presenten a declarar? (…) Hace dos años que vivimos en democracia y en ese período no se ha presentado un solo oficial ante la Justicia, como para que ahora se diga que la impunidad se vota hoy, pretendiendo que ella no sea un dato necesario para interpretar la realidad del país, dato que todos conocemos y que todos hemos aceptado”[1].El Senador nacionalista se refiere a un escenario, que él denomina “la realidad del país”. En ese escenario, según el Senador, los que se oponían a la sanción de una ley de impunidad, no tenían ninguna propuesta que permitiera que no se produjera el desacato militar. Porque si la tuvieran, sostenía, su partido la acompañaría. Tal como se desarrollaron los hechos históricos, es difícil tener una sola opinión sobre si el escenario, era el pronosticado por Ferreira (que los militares no se presentarían a la citación de los jueces) o el que defendía el Frente Amplio[2].Admitamos, que Ferreira tenía razón. Admitamos, que le llevó a las fuerzas democráticas, casi 20 años construir un escenario distinto en el que no hay el supuesto desacato militar y no solo los militares van a los juzgados, sino que terminan en la cárcel. Al decir del entonces senador, ese es un “dato que todos conocemos y que todos hemos aceptado”. Entonces, tenemos un escenario en el que la posición actual del Partido Nacional de mantener la ley de caducidad, no tiene otra justificación que proteger a los asesinos. En ese escenario, no hay otro adjetivo para esa conducta que la complicidad. Por esa razón, muchos, sino la mayoría de los blancos de a pie, desobedecerán las directivas que pregonan sus principales figuras.[1] Diario de Sesiones de la cámara de Senadores Nº 167 - TOMO 304 - 20 y 21 DE DICIEMBRE DE 1986.[2] “Mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto de la verdad de las denuncias referidas, constituye un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el país. Se considera necesario también que todos los organismos, según su competencia, procuren el esclarecimiento de estos hechos, sin perjuicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo para establecer lo ocurrido en el ámbito de su competencia. Será necesario dotar al Poder Judicial de los instrumentos Jurídicos y reales que permitan el efectivo cumplimiento de la investigación”. Intervención del Senador Senatore del Frente Amplio, Diario de Sesiones de la cámara de Senadores Nº 167 - TOMO 304 - 20 y 21 DE DICIEMBRE DE 1986.. Publicado por
LA PRIMER CONDENA A LA DICTADURA:CONTAME TU CONDENA, DECIME TU FRACASO...
Publicado en Trabajo y Utopia N° 87 abril 2009 .Publicado en pag web del PVP.No es una acto excepcional que el Sistema Judicial uruguayo dicte una sentencia que lauda - al menos en esa primera instancia del proceso -, la situación de individuos acusados de cometer actos delictivos.Sin embargo, al tratarse de la primera condena por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, constituye un hecho altamente significativo. Lo es, más que por ser el primero, por el esfuerzo que fue necesario desarrollar, para construir un escenario jurídico y político donde el mismo fuera posible.En ese acto, quienes son objeto de una condena, pasan de ser acusados de conductas criminales, a probados autores de ellas y por tanto merecedores del castigo correspondiente.Ese acto de la rutina procesal, contiene tres aspectos importantes: la determinación del tipo delito cometido (tipificación[1]); la magnitud de la pena (condena) y los fundamentos que los avalan. Es verdad, que el proceso que culmina en el acto de dictar condena, no es en el Uruguay lo ágil que debiera ser.No es este el caso. El Juez Luís Charles y la Fiscal Mirta Guianze, han dado sobradas muestras de que el sistema judicial, tiene excepciones en este aspecto, reprobado con razón en estos días por Manfred Nowak, el relator de ONU sobre el sistema carcelario uruguayo. Dicho de otra manera, en el Uruguay la regla es, las excesivas y muchas veces inexplicables, demoras.La causa en la que se dicto sentencia el pasado viernes contra un puñado de militares y policías por gravísimas violaciones a los derechos humanos, poco tiene que ver con el cansino tranco que desarrolla, por ejemplo, la causa que actualmente conduce el juez Fernández Lecchini contra Juan Carlos Blanco por la desaparición de Elena Quinteros. Causa, iniciada hace 19 años, y que además cuenta con el handicap de que la investigación sobre la responsabilidad de los civiles - que por obra y gracia de la ley de caducidad es por el momento sobre los que se ha podido actuar -, ya había sido prolijamente realizada por la Dra. Lujan Flores de Zapriza en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores a fines de los años 80.Blanco, el único procesado en esa causa, hace ya 78 meses, aún no tiene la sentencia correspondiente. Tampoco tiene que ver, la actuación de los magistrados que condenaron a estos delincuentes, con la inexplicable extravío denunciado en estos días por el Dr. Pablo Chargoñia del expediente del caso Julien-Grissonas[2].Pero volvamos a la esperada sentencia contra una parte de la gavilla de Gavazzo.Se supone, que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Esa igualdad no esta sólo pensada en que sobre todos ellos actúa el mismo rigor de la ley, cuando una ley viciada de nulidad- como la ley de caducidad-, no lo impide. También debería ser, que la condena de cierto tiempo de reclusión penitenciaria, apunte al mismo objetivo: la posterior reinserción a la sociedad del condenado. Dicho de otra manera, además del efecto ejemplarizante para el resto de la sociedad, resumido en que “el que la hace la paga”, los condenados, deberían iniciar un proceso de rehabilitación.Tiempo - 20 a 25 años-, tendría el sistema carcelario, para abordar ese proceso. Condiciones de reclusión, les ha otorgado graciosamente el gobierno, para que las condiciones de la misma no sea un incentivo para que continúen en “conflicto” con la sociedad[3].Cierto es que, poco se les ve inclinados a una rehabilitación para la vida democrática, pues de eso se trata, su inadaptación. Esto lo ha demostrado cualquiera de los condenados.De ahí que, para nuestra sociedad y para nuestro sistema penitenciario, sea muy poco o nada lo que se pueda esperar como acción reparadora de conductas y valores, por parte de los condenados.Sin embargo, esta condena[4] y las que aspiramos que vengan en el futuro, tienen un valor fundamental y nada desdeñable que trasciende a los condenados. Ese valor es de fortalecimiento, de algo que a partir de esta condena, adquirió un valor mayor: el NUNCA MAS.Porque para que nunca más exista un terrorismo de Estado que cometa los delitos que cometió la dictadura uruguaya, debe quedar claro que - ni las auto amnistías, ni las amnistías logradas por la presión y el miedo, ni los olvidos, ni los cambios de verdad por impunidad, ni las caducidades por cobardía política-, aseguran la impunidad.Tampoco es desdeñable, en la valoración del NUNCA MÁS, la enseñanza que nos deja este proceso que transita el Uruguay. Que para que haya nunca más, es necesario la consecuencia, la seriedad y la intransigencia en la defensa de los derechos.De ahí el titulo de esta nota, que parafrasea la letra de un tango. La condena no la dice el Juez Charles, la dicta la sociedad uruguaya, y ese es el fracaso mayor de los personeros de la dictadura (estén ya presos ya, o aun en libertad). Pero la letra del tango, sigue pero, no nos ha herido ninguna pena. Y si hay alguna alegría, es la del deber cumplido, con nuestros compañeros, con la recuperación de un valor esencial para la sociedad que queremos construir para las generaciones que vendrán: la de la verdad y la justicia.El 30 y 31 de octubre de 1976, Gavazzo seguramente ensayó la lectura que minutos después realizaría por la cadena de radio y televisión del comunicado dando cuenta de la parodia urdida para ocultar los crímenes de Gerardo Gatti, León Duarte, Adalberto Soba, Alberto Mechoso, Ary Cabrera, Cecilia Trias, Segundo Chejenian, Graciela Da Silveira, Rafael Lezama, Miguel Moreno, Carlos Rodríguez Mercader, Washington Queiro, Josefina Keim, Washington Cram, Ruben Prieto, Julio Cesar Rodríguez Rodríguez, Jorge Zaffaroni, María Emilia Islas, Juan Miguel Morales, Roger Julien, Victoria Grisonas, Raúl Tejera, Juan Pablo Recagno, María del Rosario Carretero, Bernardo Arnone y Juan Pablo Errandonea, por los que se los condenó.Esa acción criminal, seria acompañada por una predica mentirosa que sostenía que: “el soldado uruguayo no es un mercenario (…). Su actuación además, siempre estuvo enmarcada por la más estricta legalidad (…). Al Uruguay, a su pueblo, a todos los países del mundo amantes de la paz, la cultura y el progreso, las FFAA sienten el imperativo moral de decirles que su deseo más ferviente es el que la cordura retorne al seno de todos los orientales y que la violencia ceda al orden, dentro de la libertad y la justicia (…)”[5].Casi 33 años después, una sentencia condenatoria, establece que a los condenados "los unía el desprecio por la vida de aquellos que consideraban sus enemigos y entonces como manos ejecutoras del terrorismo de Estado vulneraron (...) derechos inherentes a la persona humana, utilizando para ello métodos degradantes".Y que "Actuaron en un teatro de operaciones que no conocía fronteras ni nacionalidades de las víctimas, con plenos poderes, pues no sólo no se sujetaban a reglas de derecho positivo, sino tampoco morales o éticas, por lo que ahora son responsabilizados".Ahí, otra dimensión de su fracaso.Raúl OliveraIntegrante del Partido por la Victoria del Pueblo.[1] Este asunto, según se anuncia dará para un análisis y resolución posterior a partir de apelaciones de la fiscalía y la defensa en instancias judiciales superiores.[2] A esta situación también debería agregarse el retraso en el pasaje al Ministerio Público del expediente sobre el Escuadrón de la Muerte, en el que la jueza Graciela Eustachio demora el envió del expediente al Ministerio Público.[3] Según el relator de la ONU - aun sin haber realizado una visita al lugar donde están recluidos militares y policías por violaciones a los DD.HH -, “ellos están recluidos en un lugar privilegiado".[4] Se condenó a 25 años de cárcel a José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez y a 20 años de penitenciaría a Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande.[5] la subversión. las fuerzas armadas al pueblo oriental, editado en enero de 1977, por la Junta de Comandantes en Jefe.
La ley de Descentralización Local:CUANDO A ORILLAS...
LOS TRES MONOS:EL QUE NO QUIERE VER, EL QUE NO QUI...
LA PRIMER CONDENA A LA DICTADURA:CONTAME TU CONDEN...

References: resolución 
 artículo 5
 Artículo 5
Sui Generis
 artículo 4
 resolución