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Timestamp: 2018-08-21 21:24:42+00:00

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Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio - Estatal - Códigos - Legislación - VLEX 691488429
TÍTULO II. Normas rectoras y garantías fundamentales - arts. 2 a 14
LIBRO II. De la extinción de dominio - arts. 15 y 16
TÍTULO I. Principios generales del procedimiento - arts. 17 a 27
CAPÍTULO II. Intervinientes - arts. 31 y 32
CAPÍTULO III. Reglas Generales de Competencia - arts. 33 a 39
CAPÍTULO IV. Competencia por conexidad - arts. 40 a 42
CAPÍTULO I. Reglas Generales - arts. 43 a 47
CAPÍTULO II. Providencias - arts. 48 a 51
CAPÍTULO III. Notificaciones - arts. 52 a 58
CAPÍTULO IV. Recursos - arts. 59 a 72
CAPÍTULO V. Acción de revisión - arts. 73 a 81
CAPÍTULO VI. Nulidades - arts. 82 a 86
CAPÍTULO VII. De las medidas cautelares - arts. 87 a 89
CAPÍTULO VIII. Administración y destinación de los bienes - arts. 90 a 110
CAPÍTULO IX. De los controles de legalidad - arts. 111 a 115
CAPÍTULO I. Fase inicial - arts. 117 a 125
CAPÍTULO II. - arts. 126 a 132
CAPÍTULO III. Del procedimiento abreviado de extinción de dominio - arts. 133 a 135
CAPITULO IV. Trámite del requerimiento de declaratoria de improcedencia - art. 136
CAPÍTULO V. El juicio de extinción de dominio - arts. 137 a 147
CAPÍTULO I. Reglas Generales - arts. 148 a 157
CAPÍTULO II. Técnicas de investigación - arts. 158 a 173
CAPÍTULO III. Prueba testimonial - arts. 174 a 185
CAPÍTULO IV. Confesión - arts. 186 a 189.a
CAPÍTULO V. Prueba documental - arts. 190 a 192
CAPÍTULO VI. Prueba pericial - arts. 193 a 199
CAPÍTULO VII. Inspección judicial - arts. 200 a 202
TÍTULO VI. Cooperación internacional - arts. 203 a 214
TÍTULO VII. Disposiciones finales - arts. 215 a 218
Norma citada en: 172 sentencias, 4 artículos doctrinales, 12 disposiciones normativas, 5 noticias
LIBRO I Definiciones, normas rectoras y garantías fundamentales Artículos 1 a 14
Afectado. Persona que afirma ser titular de algún derecho sobre el bien que es objeto del procedimiento de extinción de dominio, con legitimación para acudir al proceso.
Actividad Ilícita. Toda aquella tipificada como delictiva, indepen­diente de cualquier declaración de responsabilidad penal, así como toda actividad que el legislador considere susceptible de aplicación de esta ley por deteriorar la moral social.
Bienes. Todos los que sean susceptibles de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, o aquellos sobre los cuales pueda recaer un derecho de contenido patrimonial.
TÍTULO II Normas rectoras y garantías fundamentales Artículos 2 a 14
ARTÍCULO 2 Dignidad.
ARTÍCULO 3 Derecho a la propiedad.
ARTÍCULO 4 Garantías e integración.
ARTÍCULO 5 Debido proceso.
ARTÍCULO 6 Principio de objetividad y transparencia.
ARTÍCULO 7 Presunción de buena fe.
ARTÍCULO 8 Contradicción.
ARTÍCULO 9 Autonomía e independencia judicial.
Durante la fase inicial la actuación será reservada, incluso para los sujetos procesales e intervinientes.
Artículo modificado por la Ley 1849 de 2017
ARTÍCULO 11 Doble instancia.
ARTÍCULO 12 Cosa juzgada.
ARTÍCULO 13 Derechos del afectado.
Tener acceso al proceso, directamente o a través de la asistencia y representación de un abogado, desde la comunicación de la resolución de fijación provisional de la pretensión o desde la materialización de las medidas cautelares, únicamente en lo relacionado con ellas.
Conocer los hechos y fundamentos que sustentan la pretensión de extinción de dominio, expuestos en términos claros y comprensibles, en las oportunidades previstas en esta ley.
Oponerse a la pretensión del Estado de extinguir el derecho de dominio.
Probar que los bienes de que se trata no se encuentran en las cau­sales de procedencia para la extinción de dominio.
Realizar cualquier otro tipo de acto procesal en defensa de sus derechos.
ARTÍCULO 14 Defensa de personas en condiciones de vulnerabilidad.
LIBRO II De la extinción de dominio Artículos 15 y 16
ARTÍCULO 16 Causales.
LIBRO III De la acción de extinción de dominio Artículos 17 a 218
TÍTULO I Principios generales del procedimiento Artículos 17 a 27
ARTÍCULO 17 Naturaleza de la acción.
La acción de extinción de domi­nio de que trata la presente ley es de naturaleza constitucional, pública, jurisdiccional, directa, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido.
ARTÍCULO 18 Autonomía e independencia de la acción.
Esta acción es distinta y autónoma de la penal, así como de cualquiera otra, e independiente de toda declaratoria de responsabilidad.
ARTÍCULO 19 Actuación procesal.
La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales y la necesidad de lograr la eficacia de la administración de justicia en los términos de este código.
ARTÍCULO 20 Celeridad y eficiencia.
Toda actuación se surtirá pronta y cumplidamente sin dilaciones injustificadas. Los términos procesales son perentorios y de estricto cumplimiento. Para ello, los fiscales, jueces y magistrados que conocen de los procesos de extinción de dominio se dedicarán en forma exclusiva a ellos y no conocerán de otro tipo de asuntos.
ARTÍCULO 21 Intemporalidad.
La acción de extinción de dominio es imprescriptible.
ARTÍCULO 22 Nulidad ab initio.
Una vez demostrada la ilicitud del origen de los bienes afectados en el proceso de extinción de dominio se entenderá, que el objeto de los negocios jurídicos que dieron lugar a su adquisición es contrario al régimen constitucional y legal de la propiedad y por tanto los actos y contratos que versen sobre dichos bienes en ningún caso constituyen justo título y se considerarán nulos ab initio. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe exenta de culpa.
ARTÍCULO 23 Finalidad del procedimiento.
En la actuación procesal los funcionarios judiciales buscarán siempre la efectividad y prevalencia del derecho sustancial.
ARTÍCULO 24 Lealtad.
Los sujetos procesales y todas las demás personas que intervengan en el proceso de extinción de dominio están en el deber de hacerlo con absoluta lealtad y buena fe. Deben obrar sin temeridad en el ejercicio de los derechos y deberes procesales.
ARTÍCULO 25 Aplicación de los criterios de priorización.
En el trámite de la acción de extinción del derecho de dominio se atenderán, en lo pertinente, los criterios de priorización de situaciones y casos establecidos por el Fiscal General de la Nación. Dicha priorización tendrá en cuenta una evaluación costo-beneficio de la extinción de los bienes, así como del riesgo que dichos bienes generan a la seguridad nacional.
ARTÍCULO 26 Remisión.
La acción de extinción de dominio se sujetará exclusivamente a la Constitución y a las disposiciones de la presente ley. En los eventos no previstos se atenderán las siguientes reglas de integración:
Numeral modificado por la Ley 1849 de 2017.
En las actuaciones relacionadas con medidas cautelares se aplicarán en lo pertinente las reglas previstas en el Código General del Proceso
En cuanto a las actividades ilícitas sobre las cuales versan las causales, se observarán las normas del Código Penal y las disposiciones complementarias.
En los aspectos relativos a la regulación de los derechos de las personas, bienes, obligaciones y contratos civiles, con lo previsto en el Código Civil.
En lo relativo a los bienes, obligaciones y contratos mercantiles, con lo previsto en el Código de Comercio y las disposiciones complementarias.
ARTÍCULO 27 Prevalencia.
Las normas rectoras y principios generales previstos en este capítulo son obligatorios, prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código y serán utilizados como fundamento de interpretación.
TÍTULO II Competencia Artículos 28 a 42
ARTÍCULO 28 Sujetos procesales.
ARTÍCULO 29 Atribuciones.
ARTÍCULO 30 Afectados.
Se considera afectada dentro del trámite de extinción de dominio a toda persona, natural o jurídica, que alegue ser titular de derechos sobre alguno de los bienes que sean objeto de la acción extinción de dominio:
Finalmente, con relación a los derechos de participación en el capital social de una sociedad, se considera afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue ser titular de algún derecho real sobre una parte o la totalidad de las cuotas, partes, interés social o acciones que son objeto de extinción de dominio.
CAPÍTULO II Intervinientes Artículos 31 y 32
ARTÍCULO 31 Ministerio Público.
El Ministerio Público actuará en el trámite de extinción de dominio en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales. Este podrá intervenir a partir de la fijación provisional de la pretensión con las mismas facultades de los sujetos procesales, y será ejercido por el Procurador General de la Nación por medio de sus delegados y agentes.
ARTÍCULO 32 Ministerio de Justicia y del Derecho.
El Ministerio de Justicia y del Derecho actuará en el trámite de extinción de dominio en defensa del interés jurídico de la Nación y representación del ente responsable de la administración de los bienes afectados en el curso del procedimiento. Este podrá intervenir a partir de la fijación provisional de la pretensión y tendrá la facultad de presentar las solicitudes y los recursos que estime necesarios en procura de los intereses del Estado.
CAPÍTULO III Reglas Generales de Competencia Artículos 33 a 39
ARTÍCULO 33 Competencia para el juzgamiento.
ARTÍCULO 34 Competencia para la investigación.
ARTÍCULO 35 Competencia territorial para el juzgamiento.
ARTÍCULO 36 Competencia territorial de la Fiscalía General de la Nación.
Competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Competencia de las Salas de Extinción de Dominio de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
ARTÍCULO 39 Competencia de los Jueces de Extinción de Dominio.
En primera instancia, del juzgamiento de la extinción de dominio.
En primera instancia, de las solicitudes de control de legalidad dentro de los procesos de su competencia.
CAPÍTULO IV Competencia por conexidad Artículos 40 a 42
ARTÍCULO 40 Unidad Procesal.
ARTÍCULO 41 Conexidad.
Cuando los bienes aparentemente pertenezcan a una misma persona, al mismo núcleo familiar o al mismo grupo empresarial o societario.
Cuando existen nexos de relación común entre los titulares de los bienes que permiten inferir la presencia de una identidad o unidad patrimonial o económica, tales como la utilización de testaferros, prestanombres, subordinados u otros similares.
Cuando se trate de bienes que presenten identidad en cuanto a la actividad ilícita de la cual provienen o para la cual están siendo destinados.
Cuando después de una evaluación costo-beneficio se determine que se trata de bienes respecto de los cuales no se justifica adelantar un proceso de extinción de dominio individual para cada uno de ellos, debido a su escaso valor económico, a su abandono, o su estado de deterioro.
ARTÍCULO 42 Ruptura de la Unidad Procesal.
Cuando el Fiscal General de la Nación o su delegado considere que hay mérito suficiente para presentar requerimiento de extinción de dominio o de declaratoria de improcedencia ante el juez competente, respecto de uno o algunos de los bienes que son objeto de la actuación.
Cuando se decrete nulidad parcial de la actuación procesal que obligue a reponer el trámite con relación a uno o algunos de los bienes.
Cuando se solicite el trámite de sentencia anticipada de extinción de dominio respecto de uno o algunos de los bienes.
Cuando uno o algunos de los bienes objeto del trámite o alguno de los afectados se encuentren en el exterior, siempre y cuando el Fiscal General de la Nación o su delegado lo considere necesario y conveniente para garantizar la celeridad y el éxito del proceso.
TÍTULO III Actuación procesal Artículos 43 a 115
CAPÍTULO I Reglas Generales Artículos 43 a 47
ARTÍCULO 43 Requisitos formales de la actuación.
Las actuaciones deberán adelantarse en idioma castellano y se recogerán por el medio más idóneo disponible. Si estuvieren en otro idioma o la persona no pudiere expresarse en castellano, se hará la traducción correspondiente o se utilizará un intérprete.
ARTÍCULO 44 Utilización de medios técnicos.
En la actuación se podrán utilizar los medios mecánicos, electrónicos y técnicos que la ciencia ofrezca y que no atenten contra la dignidad humana y las garantías constitucionales.
ARTÍCULO 45 Actuación procesal por duplicado.
La actuación de extinción de dominio se adelantará en duplicado. El trámite de segunda instancia y el control de legalidad se surtirán en la carpeta original. Si fuere procedente, la investigación se continuará en la carpeta de copias.
ARTÍCULO 46 Obligación de comparecer.
Salvo las excepciones legales, toda persona está obligada a comparecer ante el servidor judicial que la requiera, cuando sea citada para la práctica de diligencias. La desobe­diencia será sancionada por el funcionario judicial haciendo uso de las facultades correccionales que le confiere la ley penal.
ARTÍCULO 47 Formas de citación.
Las citaciones podrán hacerse por comunicación escrita, telegrama, perifoneo, llamada telefónica, correo electrónico o cualquier medio que el servidor judicial considere eficaz, indicando la fecha, lugar y hora en que se deba concurrir. En forma sucinta se consignarán las razones o motivos de la citación con la advertencia de las sanciones previstas en caso de desobediencia y dejando expresa constancia en las respectivas carpetas.
CAPÍTULO II Providencias Artículos 48 a 51
ARTÍCULO 48 Clasificación.
Las providencias que se dicten en la actuación se denominarán sentencias, autos, requerimientos y resoluciones:
Sentencias, si deciden sobre el objeto del proceso, en primera o segunda instancia, o la acción de revisión.
Autos interlocutorios, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial.
Autos de sustanciación, si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece para dar curso a la actuación o evitan el entorpecimiento de la misma.
Requerimiento, si se trata del acto de parte que contiene la pretensión de la Fiscalía dentro del proceso y se somete a conocimiento y decisión del juez.
Resoluciones, si las profiere el fiscal.
ARTÍCULO 49 Redacción de la sentencia.
Un resumen de los hechos investigados.
La identidad o individualización de los bienes objeto del proceso.
Indicación de la pretensión formulada por la Fiscalía General de la Nación.
Análisis de los alegatos presentados por los sujetos procesales.
Los argumentos fácticos y jurídicos de la decisión, haciendo expresa referencia a la valoración de las pruebas practicadas y de la causal invocada.
La decisión tomada por el juez.
Los recursos que proceden contra ella.
ARTÍCULO 50 Redacción de las providencias.
Las providencias interlocutorias contendrán una breve exposición del punto que se trata, los fundamentos legales, la decisión que corresponda y los recursos que proceden contra ella.
ARTÍCULO 51 Providencias de juez colegiado.
Los autos de sustanciación serán dictados por el magistrado ponente, los autos interlocutorios y las sentencias serán proferidos por las Salas Especiales de Extinción de Dominio de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales.
CAPÍTULO III Notificaciones Artículos 52 a 58
ARTÍCULO 52 Clasificación.
ARTÍCULO 53 Personal.
ARTÍCULO 54 Por estado.
ARTÍCULO 55 Por edicto.
ARTÍCULO 55-A Por aviso.
Cuando no haya sido posible la notificación personal del auto admisorio de la demanda de extinción de dominio o la admisión de la demanda de revisión, esta se hará por medio de aviso que deberá contener su fecha y la de la providencia que se notifica, el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, la identificación del bien o los bienes objeto del proceso y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente a la entrega del aviso en el lugar de destino.
La publicación de los avisos o las comunicaciones informales en la página web de la Fiscalía no surte efectos de notificación
Artículo adicionado por la Ley 1849 de 2017
ARTÍCULO 56 Por conducta concluyente.
ARTÍCULO 57 Por funcionario comisionado.
ARTÍCULO 58 Providencias que deben notificarse.
CAPÍTULO IV Recursos Artículos 59 a 72
Contra los autos y sentencias proferidos por el juez dentro del proceso proceden los recursos de reposición, apelación y de queja, que se interpondrán y sustentarán por escrito, salvo disposición en contrario.
ARTÍCULO 60 Legitimidad y oportunidad para interponerlos.
Los recursos ordinarios podrán interponerse por quien tenga interés jurídico, desde la fecha en que se haya proferido la providencia, hasta cuando hayan transcurrido tres (3) días contados a partir de la última notificación.
ARTÍCULO 61 Ejecutoria de las providencias.
Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes.
ARTÍCULO 62 Cumplimiento inmediato.
Las providencias que ordenan medidas cautelares se cumplirán de inmediato.
ARTÍCULO 63 Reposición.
Salvo las excepciones previstas en este Código, el recurso de reposición procede contra los autos de sustanciación que deban notificarse y contra los interlocutorios de primera instancia.
ARTÍCULO 64 Inimpugnabilidad.
La providencia que decide la reposición no es susceptible de recurso alguno, salvo que contenga puntos que no hayan sido decididos en la anterior, caso en el cual podrá interponerse recurso respecto de los puntos nuevos.
ARTÍCULO 65 Apelación.
En los procesos de extinción de dominio únicamente procede el recurso de apelación contra las siguientes providencias:
La sentencia de primera instancia, en el efecto suspensivo.
El auto que niega pruebas en la fase del juicio, en el efecto suspensivo.
Los demás autos interlocutorios proferidos durante la fase de juicio, en efecto devolutivo.
Las decisiones judiciales que denieguen cualquiera de los controles de legalidad establecidos en esta ley.
Numeral modificado por la Ley 1849 de 2017
El auto que deniegue el recurso de apelación solo será susceptible de recurso de reposición, salvo cuando se trate del auto que niega la apelación de la sentencia de primera instancia, evento en el cual procederá el recurso de reposición y en subsidio el de queja.
ARTÍCULO 66 Efectos.
La apelación de las providencias que se profieran en la actuación procesal se surtirá en uno de los siguientes efectos:
Suspensivo: en cuyo caso la competencia del inferior se suspenderá desde cuando se profiera la providencia que lo conceda, hasta cuando regrese el cuaderno al despacho de origen.
Devolutivo: caso en el cual no se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada ni el curso de la actuación procesal.
ARTÍCULO 67 Trámite del recurso de apelación.
El recurso de apelación deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro del término de ejecutoria de la providencia. Cuando se haya interpuesto como único el recurso de apelación, vencido el término para recurrir, el secretario dejará el expediente a disposición de todos los sujetos procesales por el término de cuatro (4) días para los no recurrentes. Precluido el término anterior, si fuese viable, se concederá en forma inmediata mediante providencia de sustanciación en que se indique el efecto en que se concede.
ARTÍCULO 68 Procedencia del recurso de queja.
Cuando el funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer y sustentar el de queja, dentro del término de ejecutoria de la decisión que deniega el recurso. Ocurrido lo anterior, se compulsarán copias de la actuación dentro del término improrrogable de un (1) día y se enviarán inmediatamente al superior.
ARTÍCULO 69 Decisión del recurso de queja.
Si el superior concede la apelación, determinará el efecto que le corresponda y comunicará su decisión al inferior.
ARTÍCULO 70 Desistimiento de los recursos.
Podrá desistirse de los recursos antes de que el funcionario judicial los decida.
ARTÍCULO 71 Segunda instancia.
Concedido el recurso de apelación y efectuado el reparto, el proceso se pondrá a disposición del funcionario, quien deberá resolver el recurso dentro de los diez (10) días siguientes.
ARTÍCULO 72 Competencia del superior.
En la apelación, la decisión del superior se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.
CAPÍTULO V Acción de revisión Artículos 73 a 81
ARTÍCULO 73 Procedencia.
La acción de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:
Cuando después de la sentencia aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo del proceso, que lleven a considerar razonablemente que la decisión finalmente adoptada pudo haber sido diferente.
Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por una conducta delictiva del juez, el fiscal, un sujeto procesal, un interviniente o de un tercero.
Cuando se demuestre, por sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa.
ARTÍCULO 74 Titularidad.
La acción de revisión podrá ser promovida por cualquiera de los sujetos procesales que tengan interés jurídico y hayan sido legalmente reconocidos dentro de la actuación procesal. También podrá ser promovida por el Ministerio Público o por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
ARTÍCULO 75 Instauración.
La acción se promoverá por medio de escrito dirigido al funcionario competente y deberá contener:
La determinación de la actuación procesal cuya revisión se demanda con la identificación del despacho que produjo el fallo;
Los hechos y causales que motivaron la actuación procesal y la decisión;
La causal de revisión que invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la solicitud;
La relación de las pruebas que se aportan para demostrar los hechos básicos de la petición.
ARTÍCULO 76 Trámite.
Repartida la demanda, el magistrado ponente examinará si reúne los requisitos exigidos en el artículo anterior. En caso afirmativo la admitirá dentro de los cinco (5) días siguientes, mediante auto de sustanciación que se notificará, en el cual también dispondrá solicitar el proceso objeto de revisión. Este auto será notificado personalmente a los no demandantes; de no ser posible, se les notificará por estado.
ARTÍCULO 77 Apertura a prueba.
Recibido el proceso se dejará a disposición de los sujetos procesales por el término común de ocho (8) días, para que las partes soliciten las pruebas que estimen conducentes.
ARTÍCULO 78 Traslado.
Vencido el término probatorio, se dará traslado común de quince (15) días a las partes para que aleguen de conclusión.
ARTÍCULO 79 Término para decidir.
Vencido el término para alegar, el magistrado ponente tendrá diez (10) días para registrar el proyecto y se decidirá dentro de los veinte (20) días siguientes.
ARTÍCULO 80 Revisión de la sentencia.
Si la sala encuentra fundada la causal invocada, se declarará sin valor la sentencia motivo de la acción y se devolverá la actuación a primera instancia, para que un funcionario diferente de aquel que profirió la decisión tramite nuevamente la actuación a partir del momento procesal que se indique.
ARTÍCULO 81 Impedimento especial.
No podrá intervenir en el trámite y decisión de esta acción ningún magistrado que haya intervenido en el proceso cuya decisión se revisa.
CAPÍTULO VI Nulidades Artículos 82 a 86
ARTÍCULO 82 Nulidades.
Serán objeto de nulidad las actuaciones procesales irregulares que ocasionen a los sujetos procesales o intervinientes, un perjuicio que no pueda ser subsanado por otra vía o que impida el pleno ejercicio de las garantías y derechos reconocidos en la Constitución y esta ley.
ARTÍCULO 83 Causales de nulidad.
Serán causales de nulidad en el proceso de extinción de dominio, las siguientes:
Violación al debido proceso, siempre y cuando las garantías vulneradas resulten compatibles con la naturaleza jurídica y el carácter real de la acción de extinción de dominio.
ARTÍCULO 84 Declaratoria de oficio.
ARTÍCULO 85 Solicitud.
Solo podrá solicitar la declaración de nulidad el sujeto procesal que resulte perjudicado por la concurrencia de la causal, siempre y cuando no hubiere contribuido a causarlo. También podrán solicitarla el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y del Derecho. La persona que alegue una nulidad deberá probar la causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá formular una nueva, sino por causal diferente o por hechos posteriores.
Reglas que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación.
Las nulidades se regirán por las siguientes reglas:
No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la contradicción.
Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales del trámite o del juzgamiento.
No puede invocar la nulidad la persona que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular.
CAPÍTULO VII De las medidas cautelares Artículos 87 a 89
ARTÍCULO 87 Fines de las medidas cautelares.
Al momento de proferir la resolución de fijación provisional de la pretensión el fiscal ordenará, mediante providencia independiente y motivada, las medidas cautelares que considere procedentes con el fin de evitar que los bienes que se cues­tionan puedan ser ocultados, negociados, gravados, distraídos, transferidos o puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción; o con el propósito de cesar su uso o destinación ilícita. En todo caso se deberá salvaguardar los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa.
ARTÍCULO 88 Clases de medidas cautelares.
Aquellos bienes sobre los que existan elementos de juicio suficientes que permiten considerar su probable vínculo con alguna causal de extinción de dominio, serán objeto de la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo.
Toma de posesión de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos de comercio o unidades de explotación económica.
Medidas cautelares antes de la fijación provisional de la pretensión.
Excepcionalmente el fiscal podrá decretar medidas cautelares antes de proferir la resolución de fijación provisional de la pretensión, en casos de evidente urgencia o cuando existan serios motivos fundados que permitan considerar como indispensable y necesario, para cumplir con alguno de los fines descritos en el artículo 87 de la presente ley. Estas medidas cautelares no podrán extenderse por más de seis (6) meses, término dentro del cual el fiscal deberá definir si la acción debe archivase o si por el contrario resulta procedente proferir resolución de fijación provisional de la pretensión.
CAPÍTULO VIII Administración y destinación de los bienes Artículos 90 a 110
ARTÍCULO 90 Competencia y reglamentación.
El Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) es una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), sociedad de economía mixta del orden nacional autorizada por la ley, de naturaleza única y sometida al régimen del derecho privado, de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes o su equivalente, con el objetivo de fortalecer el sector justicia, la inversión social, la política de drogas, el desarrollo rural, la atención y reparación a víctimas de actividades ilícitas, y todo aquello que sea necesario para tal finalidad.
ARTÍCULO 91 Administración y destinación.
Los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio, descontando aquellos destinados para el pago gradual y progresivo de los pasivos de dicho Fondo, los recursos que sean indispensables para el funcionamiento de la entidad encargada de la administración de los bienes, y las destinaciones específicas previstas en la ley, se utilizarán a favor del Estado y serán destinados así: en un veinticinco por ciento (25%) a la Rama Judicial y en un veinticinco por ciento (25%) a la Fiscalía General de la Nación, para proyectos de inversión previamente aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y el cincuenta por ciento (50%) restante para el Gobierno Nacional quien reglamentará la distribución de este último porcentaje.
Los bienes, los rendimientos y los frutos que generen los bienes localizados en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuya extinción de dominio se haya decretado conforme a la presente ley deberán destinarse prioritariamente a programas sociales que beneficien a la población raizal
Inciso adicionado por la Ley 1753 de 2015.
La facultad para decidir sobre la destinación y distribución definitiva de los bienes que le corresponden a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, en los porcentajes establecidos en el inciso 1° del presente artículo, estará a cargo de un Comité integrado por un representante del Gobierno nacional, un representante de la Fiscalía General de la Nación y un representante de la Rama Judicial, quienes decidirán conforme a las solicitudes remitidas a este Comité por parte del administrador del FRISCO y de conformidad con el reglamento que el Comité expida para tal efecto
Artículo citado en: 3 sentencias, 7 disposiciones normativas, 2 noticias
ARTÍCULO 92 Mecanismos para facilitar la administración de bienes.
Los bienes con extinción de dominio y afectados con medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio podrán ser administrados utilizando, de forma individual o concurrente, alguno de los siguientes mecanismos:
Destinación provisional.
Depósito provisional.
Destrucción o chatarrización.
Donación entre entidades públicas.
Parágrafo. Los bienes objeto de enajenación deberán contar con el avalúo comercial, el cual tendrá una vigencia de 3 años y se actualizará anualmente con el reajuste anual adoptado por el Gobierno nacional siguiendo los criterios que para el avalúo catastral están contenidos en el artículo 6 de la Ley 242 de 1995, los artículos 9 y 10 de la Ley 101 de 1993 y 190 de la Ley 1607 de 2012 y las demás que la modifiquen o adicionen, salvo que se hayan presentado modificaciones en las condiciones físicas, jurídicas o uso del suelo y normativa del inmueble. En el evento en que existan circunstancias ajenas al Administrador del FRISCO que impidan el acceso al inmueble, podrá efectuarse el avalúo teniendo en cuenta los precios de referencia del mercado y variables económicas y técnicas utilizadas por el perito, así como el uso del suelo y la normatividad urbana vigente
Parágrafo adicionado por la Ley 1849 de 2017
ARTÍCULO 93 Enajenación temprana de activos.
Previa autorización del fiscal de conocimiento o del juez de extinción de dominio, según la etapa en que se encuentre la actuación, el administrador del Frisco podrá enajenar tempranamente los bienes con medidas cautelares ya sean muebles sujetos a registro, de género, fungibles, consumibles, perecederos, los semovientes, los que amenacen ruina, pérdida, deterioro medioambiental, o los que sean materia de expropiación por utilidad pública, o servidumbre, o aquellos que de acuerdo con un análisis de costo-beneficio se concluya que su administración o custodia ocasionan perjuicios o gastos desproporcionados.
ARTÍCULO 94 Contratación.
Con el fin de garantizar que los bienes sean o continúen siendo productivos y generadores de empleo, y evitar que su conservación y custodia genere erogaciones para el presupuesto público, la entidad encargada de la administración podrá celebrar cualquier acto y/o contrato que permita una eficiente administración de los bienes y recursos. El régimen jurídico será de derecho privado con sujeción a los principios de la función pública.
ARTÍCULO 95 Reglas especiales aplicables al contrato de arrendamiento.
En el evento en que por sentencia judicial definitiva se declare la extinción de dominio o la devolución sobre un bien arrendado por administrador, el contrato continuará hasta el vencimiento del plazo pactado sin perjuicio de las previsiones legales y contractuales sobre terminación anticipada del contrato de arriendo. En caso de proceder la devolución física del bien, se efectuará la cesión del contrato de arrendamiento a la persona a quien se ordenó la devolución.
ARTÍCULO 96 Destinación provisional.
ARTÍCULO 97 Procedencia de la destrucción o chatarrización.
Los bienes afectados con medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio podrán ser destruidos o chatarrizados, previa aprobación del juez o fiscal, cuando:
Sea necesario u obligatorio dada su naturaleza.
Representen un peligro para el medio ambiente.
Su mantenimiento y custodia ocasionen, de acuerdo con un análisis de costo-beneficio, perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración.
ARTÍCULO 98 Destrucción de sustancias controladas.
Tratándose de sustancias controladas, si no fuere posible su enajenación o su exportación, la entidad administradora coordinará con las autoridades judiciales, de Policía Judicial, administrativas, ambientales y sanitarias lo relativo a su disposición o destrucción. Las autoridades ambientales serán las responsables de realizar el control preventivo y concomitante con el fin de preservar el medio ambiente sano, atendiendo al plan de manejo ambiental.
ARTÍCULO 99 Depósito provisional.
Es una forma de administración de bienes afectados con medidas cautelares o sobre los cuales se haya declarado la extinción de dominio, ya sean muebles e inmuebles, sociedades, personas jurídicas, establecimientos de comercio o unidades de explotación económica, en virtud del cual se designa una persona natural o jurídica que reúna las condiciones de idoneidad necesarias para que las administre, cuide, mantenga, custodie y procure que continúen siendo productivas y generadores de empleo.
ARTÍCULO 100 Extensión de la medida cautelar.
La medida cautelar sobre acciones, cuotas, partes o derechos de una sociedad o persona jurí­dica, comprende también sus dividendos, intereses, frutos, rendimientos y demás beneficios o utilidades que genere.
Enajenación de activos de sociedades o unidades de explotación económica.
En caso de venta de activos de que trata el artículo anterior, los recursos obtenidos por la venta deberán entregarse a dichas sociedades o unidades de explotación económica, para cancelar sus pasivos, gastos y en general para su operación.
Medidas cautelares sobre bienes afectados en proceso de liquidación judicial o intervención.
Las medidas cautelares ordenadas dentro del proceso de extinción de dominio no interrumpirán ni suspenderán los procesos de intervención o de disolución y liquidación que adelante la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con las normas que regulan la materia. En estos eventos, el administrador de los bienes afectados con medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio tendrá la calidad de parte dentro del proceso de liquidación.
ARTÍCULO 103 Materialización de la medida cautelar sobre sociedades.
La materialización de las medidas cautelares sobre una sociedad, establecimiento de comercio o unidad de explotación económica se realizará de la siguiente forma:
El embargo, con el registro en la cámara de comercio respectiva o en el libro de accionistas, según el caso.
La suspensión del poder dispositivo, con el registro en la cámara de comercio respectiva.
El secuestro y toma de posesión, con la entrega física de los haberes y documentos de la sociedad, especialmente los libros de contabilidad y estados financieros.
Actos de disposición sobre derechos sociales, establecimientos de comercio o unidades de explotación económica.
Efectos de la extinción de dominio de persona jurídica, sociedades y/o establecimientos de comercio.
Declarada por el operador judicial la extinción del derecho de dominio a favor del Estado del 100% de acciones, cuotas, derechos o partes de interés que representen el capital de una sociedad o persona jurídica, tal declaración comprenderá la extinción del derecho de dominio sobre los bienes que componen el activo societario.
ARTÍCULO 106 Devolución de bienes.
Ejecutoriada la decisión del juez que ordena la entrega de bienes, el administrador le comunicará al interesado a la dirección que figure en el expediente del proceso de extinción de dominio, que los bienes se encuentran a su disposición y le informará del procedimiento para su devolución.
Parágrafo 3º. En los casos en que se instauren procesos judiciales o administrativos en su contra por el estado de los bienes objeto de devolución, el administrador del FRISCO deberá llamar en garantía a los contratistas, destinatarios y depositarios provisionales de los mismos
Parágrafo adicionado por la Ley 1849 de 2017.
ARTÍCULO 107 Devolución de los dineros.
Cuando en la sentencia el juez ordene la devolución de los dineros producto de la enajenación del bien, estos serán devueltos a la(s) persona(s) que indique la decisión junto con los rendimientos financieros generados.
ARTÍCULO 108 Bienes no reclamados.
Vencido el término para recibir los bienes objeto de devolución sin que los afectados comparezcan a reclamarlos, el administrador quedará facultado para enajenar los bienes, de acuerdo con el procedimiento y las reglas que para el efecto establezca el Gobierno Nacional. Los recursos producto de la enajenación deberán ser administrados de acuerdo con las reglas aplicables, para la administración de bienes afectados durante el proceso de extinción de dominio.
ARTÍCULO 109 Prescripción especial.
Pasados tres (3) años para bienes muebles y cinco (5) años para inmuebles, contados a partir de la ejecutoria de la providencia que ordena la devolución de bienes o recursos, sin que hayan sido reclamados, el administrador deberá instaurar la acción civil para que se reconozca la prescripción adquisitiva de dominio especial a la que se refiere este artículo, o interponer dicha circunstancia como excepción en reclamaciones reivindicatorias de los terceros interesados.
ARTÍCULO 110 Pago de obligaciones de bienes improductivos.
Las obligaciones que se causen sobre bienes con extinción de dominio o sobre bienes con medidas cautelares, tales como cuotas o expensas comunes, servicios públicos, y que son improductivos por no generar ingresos en razón a su situación o estado, se suspenderá su exigibilidad y no se causarán intereses, hasta cuando ocurra alguno de los siguientes eventos:
La generación de ingresos suficientes, hasta concurrencia de lo producido;
La enajenación y entrega del bien.
CAPÍTULO IX De los controles de legalidad Artículos 111 a 115
ARTÍCULO 111 Control de legalidad a las medidas cautelares.
Las medidas cautelares proferidas por el Fiscal General de la Nación o su delegado no serán susceptibles de los recursos de reposición ni apelación. Sin embargo, previa solicitud motivada del afectado, del Ministerio Público o del Ministerio de Justicia y del Derecho, estas decisiones podrán ser sometidas a un control de legalidad posterior ante los jueces de extinción de dominio competentes.
ARTÍCULO 112 Finalidad y alcance del control de legalidad a las medidas cautelares.
El control de legalidad tendrá como finalidad revisar la legalidad formal y material de la medida cautelar, y el juez competente solo declarará la ilegalidad de la misma cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
ARTÍCULO 113 Procedimiento para el control de legalidad a las medidas cautelares.
El afectado que solicite el control de legalidad debe señalar claramente los hechos en que se funda y demostrar que concurre objetivamente a alguna de las circunstancias relacionadas en el artículo anterior. La presentación de la solicitud y su trámite no suspenden el cumplimiento de la providencia ni el curso de la actuación procesal.
ARTÍCULO 114 Procedimiento para el control de legalidad sobre el archivo.
El control de legalidad sobre el archivo podrá ser solicitado por el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el denunciante o cualquier persona o entidad que acredite interés. Quien solicite el control de legalidad debe señalar claramente los hechos en que se funda y demostrar objetivamente que la circunstancia aducida por la Fiscalía para mantener vigente la orden de archivo no concurre.
Procedimiento para el control de legalidad de los actos de investigación.
Artículo declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-516 de 2015.
TÍTULO IV Procedimiento Artículos 116 a 147
ARTÍCULO 116 Etapas.
Una etapa inicial o preprocesal preparatoria de la fijación de pretensión a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Esta etapa comprende tres fases:
La fase inicial propiamente dicha, en la cual la Fiscalía General de la Nación lleva a cabo la investigación y la recolección de las pruebas.
La fijación provisional de la pretensión de la Fiscalía General de la Nación.
El requerimiento al juez para que declare bien sea la extinción de dominio, o la improcedencia de esta.
Una etapa de juzgamiento a cargo del juez, que se iniciará con la presentación de la pretensión de la Fiscalía General de la Nación, a través de un requerimiento al juez de extinción de dominio. Durante esta última etapa los afectados podrán ejercer su derecho de contradicción en los términos que establece el presente código.
CAPÍTULO I Fase inicial Artículos 117 a 125
ARTÍCULO 117 Fase inicial.
La acción de extinción de dominio se adelantará de oficio por la Fiscalía General de la Nación por información que llegue a su conocimiento, siempre y cuando exista un fundamento serio y razonable que permita inferir la probable existencia de bienes cuyo origen o destinación se enmarca en las causales previstas en la presente ley.
ARTÍCULO 118 Propósito.
La fase inicial tendrá como propósito el cumplimiento de los siguientes fines:
Identificar, localizar y ubicar los bienes que se encuentren en causal de extinción de dominio.
Buscar y recolectar las pruebas que permitan acreditar los presupuestos de la causal o causales de extinción de dominio que se invoquen.
Identificar a los posibles titulares de derechos sobre los bienes que se encuentren en una causal de extinción de dominio y establecer el lugar donde podrán ser notificados, cuando los haya.
Acreditar el vínculo entre los posibles titulares de derechos sobre los bienes y las causales de extinción de dominio.
Buscar y recolectar las pruebas que permitan inferir razonablemente la ausencia de buena fe exenta de culpa.
ARTÍCULO 119 Deber de denuncia de bienes ilícitos.
Toda persona deberá informar a la Fiscalía General de la Nación sobre la existencia de bienes que puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio.
ARTÍCULO 120 Retribución.
El particular que reporte de manera eficaz, o que en forma efectiva contribuya a la obtención de evidencias para la declaratoria de extinción de dominio, o las aporte, podrá recibir una retribución hasta del 5% del producto que el Estado obtenga por el remate de dichos bienes. Cuando el Estado los destinase para una entidad pública o para el cumplimiento de uno de los fines que le son propios, la retribución se determinará por el valor comercial del bien.
ARTÍCULO 121 Cooperación interinstitucional.
Los servidores públicos están en la obligación de brindar toda la colaboración a las investigaciones con fines de extinción de dominio, y de mantener la reserva judicial que le es inherente frente a los asuntos que le son confiados o requeridos.
ARTÍCULO 122 Inoponibilidad de secreto o reserva.
Dentro de las investigaciones con fines de extinción de dominio no será oponible la reserva bancaria, cambiaria, bursátil y tributaria, ni se impedirá el acceso a la información contenida en bases de datos.
ARTÍCULO 122-B Respuesta a requerimientos.
Las entidades públicas que sean objeto de requerimientos por parte de la autoridad competente en el curso de la acción de extinción de dominio, deberán atender dichos requerimientos de manera inmediata, eficiente y gratuita, dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo del requerimiento.
Los gastos de envío de la información serán asumidos por la entidad que expide los documentos, el servidor público responsable que incumpla con el término establecido en el inciso anterior incurrirá en las sanciones previstas en la ley
Artículo adicionado por la Ley 1849 de 2017.
ARTÍCULO 123 De la conclusión de la fase inicial.
Concluidas las labores de investigación ordenadas durante la fase inicial se proferirá resolución de archivo o resolución de fijación provisional de la pretensión.
ARTÍCULO 124 Del archivo.
El Fiscal General de la Nación o su delegado podrán proferir resolución de archivo, previa motivación fáctica, jurídica y probatoria, en cualquier momento que se verifique alguna de las siguientes circunstancias:
No se logren identificar bienes que puedan ser pasibles de la acción de extinción de dominio.
Se acredite que los bienes denunciados o que lleguen a ser identifica­dos no se encuentran demarcados en una causal de extinción de dominio.
Se acredite que los titulares de derechos sobre los bienes que llegaren a identificarse no presentan ningún nexo de relación con una causal de extinción de dominio.
Se demuestre que los bienes cuestionados se encuentran a nombre de terceros de buena fe exenta de culpa y no existan bienes que puedan ser afectados por valor equivalente.
Se acredite cualquier circunstancia que impida fijar la pretensión de extinción de dominio.
Que los bienes objeto de extinción de dominio sean improductivos, se encuentren deteriorados, sean inoperantes, o se encuentren en un estado en el cual los costos de su administración superen los beneficios que se obtendrían con su extinción
Numeral adicionado por la Ley 1849 de 2017.
ARTÍCULO 125 Desarchivo.
El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá de oficio o por solicitud del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia y del Derecho, del denunciante o de cualquier persona o entidad que acredite interés, disponer el desarchivo de la actuación, en cualquier momento que surjan nuevos elementos de juicio que permitan desvirtuar de manera fundada, razonada y coherente los argumentos fácticos, jurídicos o probatorios planteados en la resolución de archivo provisional.
CAPÍTULO II Artículos 126 a 132
Epígrafe eliminado por la Ley 1849 de 2017
ARTÍCULO 126 Fijación provisional de la pretensión.
Antes de presentar el requerimiento de extinción de dominio al juez, y con el fin de garantizar el derecho de contradicción, el Fiscal General de la Nación o su delegado procederá a fijar provisionalmente la pretensión, cuando los medios de prueba recolectados durante la fase inicial indiquen que están dados los presupuestos para la extinción del derecho de dominio. A tal efecto, el fiscal que adelante el trámite dictará una resolución en la que propondrá.
Los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta la decisión.
La identificación, ubicación y descripción de los bienes que se persiguen.
Las pruebas en que se funda.
Comunicación de la resolución de fijación provisional de la pretensión.
La resolución de fijación provisional de la pretensión se comunicará personalmente al afectado al momento de materializar las medidas cautelares. Si ello no fuera posible, el fiscal enviará comunicación dentro de los cinco (5) días siguientes a las personas afectadas cuya dirección se conozca.
ARTÍCULO 128 Informalidad de la comunicación.
La fase inicial atenderá al principio de informalidad mediante el cual se pretende que las comunicaciones que se libren estén orientadas a garantizar la integración de la causa pasiva y del legítimo contradictorio.
ARTÍCULO 129 De las oposiciones.
Después de comunicada la resolución de fijación provisional de la pretensión se ordenará correr traslado por el término común de diez (10) días, para que los sujetos procesales y los intervinientes:
Accedan a la carpeta del trámite de extinción de dominio y conozcan las pruebas recaudadas por la Fiscalía General de la Nación.
Presenten sus oposiciones o pretensiones, ejerciendo su derecho de contradicción de manera previa a la definición de la pretensión extintiva.
Aporten las pruebas que tengan en su poder y que quieran hacer valer en el trámite.
ARTÍCULO 130 De las excepciones e incidentes.
En el proceso de extinción de dominio no habrá lugar a la presentación ni al trámite de excepciones previas o de incidentes. Todos esos asuntos serán decididos en la sentencia definitiva.
Requerimiento de extinción de dominio o de declaratoria de improcedencia.
Dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término para presentar oposiciones, el fiscal presentará ante el juez competente requerimiento de extinción de dominio o de declaratoria de improcedencia.
ARTÍCULO 132 Requisitos del acto de requerimiento al juez.
El requerimiento presentado por el fiscal ante el juez de extinción de dominio es un acto de parte, mediante el cual se solicita el inicio del juicio y se fija de manera definitiva la pretensión de la Fiscalía frente a los bienes objeto del trámite. Este requerimiento deberá cumplir como mínimo los siguientes requisitos:
La identificación y ubicación de los bienes.
Las medidas cautelares adoptadas sobre los bienes.
La formulación de la pretensión de la Fiscalía, expuesta en forma clara y completa.
Los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la pretensión.
Las pruebas en que se funda la pretensión.
Identificación y lugar de notificación de los afectados reconocidos en el trámite.
CAPÍTULO III Del procedimiento abreviado de extinción de dominio Artículos 133 a 135
Epígrafe modificado por la Ley 1849 de 2017
ARTÍCULO 133 De la sentencia anticipada de extinción de dominio.
Después de comunicada la resolución de fijación provisional de la preten­sión, el afectado podrá reconocer de manera expresa que concurre sobre el bien los presupuestos de una o varias de las causales de extinción de dominio y renunciar a presentar oposición, evento en el cual se tendrá que lo actuado es suficiente para sustentar ante el juez de extinción de dominio la pretensión extintiva y se remitirán las carpetas al Juez para que emita la correspondiente sentencia por vía anticipada.
Adelantar acciones a favor de las víctimas de actividades ilícitas de las cuales tenga conocimiento a través de acciones idóneas dirigidas a cesar los efectos del delito o que permitan el efectivo restablecimiento del derecho o la reparación de los perjuicios causados.
Ayudar a la desarticulación de organizaciones criminales a través de la identificación e individualización de sus dirigentes e integrantes y el aporte de elementos de prueba que permitan la demostración de su responsabilidad penal.
Contribuir con información y elementos de prueba que permitan investigar y sancionar casos de corrupción o neutralización de las acciones de la administración de justicia.
Contribuir en la eliminación de la infraestructura económica de las organizaciones criminales a través de la identificación de bienes ilícitos que puedan ser pasibles de comiso penal o extinción de dominio y el aporte de elementos de juicio que permitan obtener las sentencias respectivas.
ARTÍCULO 134 Sentencia anticipada especial.
El mismo procedimien­to previsto en la norma anterior se seguirá en aquellos eventos en los cuales la investigación adelantada durante la fase inicial concluya con la inexistencia de titular del bien pretendido, o determine que resulta imposible su identificación o localización. Lo anterior, siempre que no comparezca alguien que demuestre interés legítimo sobre los mismos.
ARTÍCULO 135 Requerimiento de sentencia anticipada.
En los casos previstos en los artículos anteriores, el Fiscal deberá presentar ante el Juez requerimiento de sentencia anticipada de extinción de dominio, en la cual deberá sustentar, además de los elementos que fundamentan sus pretensión, el cumplimiento de los presupuestos señalados en el presente capítulo.
CAPITULO IV Trámite del requerimiento de declaratoria de improcedencia Artículo 136
ARTÍCULO 136 Trámite del requerimiento de declaratoria de improcedencia.
Recibido el acto de requerimiento de declaratoria de improcedencia presentado por la Fiscalía, el juez avocará conocimiento y correrá traslado de él a todos los sujetos procesales e intervinientes, por el término común de tres (3) días, para que presenten observaciones al acto de requerimiento. Vencido ese término, el juez decidirá de plano.
CAPÍTULO V El juicio de extinción de dominio Artículos 137 a 147
ARTÍCULO 137 Inicio de juicio.
Recibido el acto de requerimiento de extinción de dominio presentado por la Fiscalía, el juez avocará conocimiento mediante auto de sustanciación que será notificado personalmente.
ARTÍCULO 138 Notificación del inicio del juicio.
El auto que avoca conocimiento del juicio se notificará personalmente al afectado, al agente del Ministerio Público y al Ministerio de Justicia y del Derecho, en la forma prevista en el artículo 52 de la presente ley.
ARTÍCULO 139 Aviso.
Si la notificación personal al afectado no pudiere hacerse en la primera ocasión que se intenta, se dejará aviso con noticia suficiente de la acción que se ha iniciado, la fecha de la decisión, la autoridad que la ha emitido, el derecho que le asiste a presentarse al proceso y se advertirá sobre el procedimiento a seguir en el evento de no comparecencia. Este aviso se fijará en el lugar donde se encuentren los bienes, o se remitirá por el medio más expedito a las direcciones identificadas durante la fase inicial.
ARTÍCULO 140 Emplazamiento.
Cinco (5) días después de fijado el aviso se dispondrá el emplazamiento de quienes figuren como titulares de derechos sobre los bienes objeto de la acción de acuerdo con certificado de registro correspondiente, así como de los terceros indeterminados, para que comparezcan a hacer valer sus derechos.
ARTÍCULO 141 Traslado a los sujetos procesales e intervinientes.
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del auto que avoca conocimiento, los sujetos e intervinientes podrán:
Solicitar la declaratoria de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades.
Solicitar la práctica de pruebas.
Formular observaciones sobre el acto de requerimiento presentado por la Fiscalía si no reúne los requisitos.
ARTÍCULO 142 Decreto de pruebas en el juicio.
Vencido el término de traslado previsto en el artículo anterior, el juez decretará la práctica de las pruebas que no hayan sido recaudadas en la fase inicial, siempre y cuando resulten necesarias, conducentes, pertinentes y hayan sido solicitadas oportunamente. Así mismo, ordenará tener como prueba aquellas aportadas por las partes cuando cumplan los mismos requisitos y hayan sido legalmente obtenidas por ellos y decidirá sobre los puntos planteados.
ARTÍCULO 142-A Negociación patrimonial por colaboración efectiva.
La justicia premial en extinción de dominio deberá hacerse con sujeción a la política criminal del Estado.
Una vez se determine la viabilidad de adelantar la negociación patrimonial por colaboración efectiva, el Fiscal solicitará la extinción del bien objeto de proceso y estimará el porcentaje de retribución al afectado, el cual se fijará hasta un [3%] sobre el valor comercial del bien, siempre y cuando no supere los dos mil quinientos [2.500] SMLMV, o la conservación del derecho de propiedad sobre bienes pasibles de extinción de dominio, según la eficacia de la colaboración, y que correspondan hasta un [3%] del valor de los bienes objeto de colaboración sin superar los dos mil quinientos [2.500] SMLMV
Parágrafo 1º. Con fundamento en la terminación anticipada del juicio, el afectado podrá solicitar su inclusión en el programa de protección de testigos, siempre que el Fiscal lo considere procedente.
Parágrafo 2º. El Fiscal de Extinción de Dominio enviará un informe a la Dirección de Fiscalías Nacionales y a la Dirección Nacional de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, en el que se reseñen los términos de la colaboración del afectado. Este informe servirá como criterio para la aplicación del principio de oportunidad y otros beneficios en el proceso penal.
ARTÍCULO 142-B Causales.
La negociación patrimonial por colaboración efectiva se aplicará en los siguientes casos:
Cuando el afectado informe sobre la existencia de otros bienes de su propiedad, diferentes a los denunciados en el proceso, que estén inmersos en alguna de las causales de extinción de dominio.
Cuando el afectado informe sobre la existencia de bienes ajenos que estén inmersos en alguna de las causales de extinción de dominio, siempre y cuando el monto de los bienes sea representativo a juicio del Fiscal.
Cuando el afectado informe sobre la existencia de estructuras criminales cuyos bienes estén inmersos en alguna de las causales de extinción de dominio.
Cuando el ·afectado informe sobre la existencia de redes de testaferrato o colaboradores de organizaciones criminales cuyos bienes estén inmersos en alguna de las causales de extinción de dominio
ARTÍCULO 143 Práctica de pruebas en el juicio.
El juez tendrá treinta (30) días para practicar las pruebas decretadas. Para tal efecto podrá comisionar a otro juez de igual o inferior jerarquía, o a los organismos de policía judicial, en aquellos casos en que lo considere necesario, conveniente y oportuno para garantizar la eficacia y eficiencia de la administración de justicia.
ARTÍCULO 144 Alegatos de conclusión.
Practicadas las pruebas ordenadas por el juez, este correrá traslado por el término común de cinco (5) días para alegar de conclusión.
ARTÍCULO 145 Sentencia.
Vencido el término del traslado para alegatos, el juez dictará sentencia dentro de los treinta (30) días siguientes declarando la extinción de dominio o su improcedencia. La sentencia que se profiera tendrá efectos erga omnes.
ARTÍCULO 146 Notificación de la sentencia.
La sentencia se notificará personalmente a los sujetos procesales e intervinientes. De no ser posible la notificación personal dentro de los tres (3) días siguientes al envío de la comunicación, la sentencia se notificará por edicto.
ARTÍCULO 147 Contradicción de la sentencia.
Contra la sentencia sólo procederá el recurso de apelación interpuesto por los sujetos procesales o por los intervinientes, en el efecto suspensivo. Este será resuelto por el superior dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que el expediente llegue a su despacho. La sentencia de primera instancia que niegue la extinción de dominio y que no sea apelada, se someterá en todo caso a grado jurisdiccional de consulta.
TÍTULO V Pruebas Artículos 148 a 202
CAPÍTULO I Reglas Generales Artículos 148 a 157
ARTÍCULO 148 Necesidad de la prueba.
Toda providencia debe fundarse en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación.
ARTÍCULO 149 Medios de prueba.
Son medios de prueba la inspección, la peritación, el documento, el testimonio, la confesión y el indicio.
ARTÍCULO 150 Permanencia de la prueba.
Las declaraciones, las confesiones, los documentos y demás elementos materiales de prueba o evidencias físicas, así como los dictámenes periciales e inspecciones obtenidos por la Fiscalía General de la Nación durante la fase inicial, tendrán pleno valor probatorio en el proceso de extinción de dominio. Estas pruebas no se volverán a practicar durante la etapa de juicio.
ARTÍCULO 151 Publicidad.
Durante el juzgamiento no habrá reserva y las pruebas podrán ser de público conocimiento. Durante la fase inicial las pruebas serán reservadas, pero podrán ser conocidas por los sujetos procesales e intervinientes después de la fijación provisional de la pretensión.
ARTÍCULO 152 Carga de la prueba.
Los hechos que sean materia de discusión dentro del proceso de extinción de dominio deberán ser probados por la parte que esté en mejores condiciones de obtener los medios de prueba necesarios para demostrarlos.
ARTÍCULO 152-A Presunción probatoria para grupos delictivos organizados.
Cuando existan elementos de juicio que indiquen que los bienes perseguidos en extinción de dominio se encuentran estrechamente vinculados a grupos delictivos organizados se presume su origen y/o destinación en la actividad ilícita.
ARTÍCULO 153 Apreciación de las pruebas.
Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
ARTÍCULO 154 Rechazo de las pruebas.
Se inadmitirán las pruebas que no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o las que hayan sido obtenidas en forma ilícita. El juez rechazará mediante auto interlocutorio la práctica de las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas.
ARTÍCULO 155 Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba.
El funcionario judicial buscará la determinación de la verdad real. Para ello debe averiguar, con igual celo, las circunstancias que demuestren los presupuestos de la extinción de dominio como las que desvirtúen el cumplimiento de esos requisitos.
ARTÍCULO 156 De la prueba trasladada.
Las pruebas practicadas en los procesos penales, civiles, administrativos, fiscales, disciplinarios o de cualquier otra naturaleza podrán trasladarse al proceso de extinción de dominio, siempre y cuando cumplan los requisitos de validez exigidos por la normatividad propia de cada procedimiento, y serán valoradas en conjunto con los demás medios de prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
ARTÍCULO 157 Libertad probatoria.
Durante el trámite de extinción de dominio los sujetos procesales e intervinientes podrán sustentar sus pretensiones a través de cualquier medio de prueba, así no se encuentre expresamente regulado por la presente ley, siempre y cuando resulte objetivamente confiable.
CAPÍTULO II Técnicas de investigación Artículos 158 a 173
ARTÍCULO 158 De la función de investigación.
El Fiscal General de la Nación o su delegado dirigirán las actividades de investigación requeridas dentro del proceso de extinción de dominio y podrá adelantar por sí mismo o a través de orden emitida a los servidores que cumplan funciones de Policía Judicial, todos los actos de investigación que considere necesarios y conducentes para cumplir los fines constitucionales y legales de la acción de extinción de domino.
ARTÍCULO 159 Planeación y dirección de la investigación.
Corresponde al Fiscal General de la Nación o a su delegado, la dirección y coordinación técnica, funcional, operativa y jurídica de los actos de investigación que desarrolla la policía judicial, los cuales serán el producto de una planeación previa y coordinada entre el fiscal y el investigador, para el cumplimiento de los fines que le son propios a la fase inicial.
ARTÍCULO 160 Función de la policía judicial.
Corresponde a los servidores que cumplan funciones de policía judicial, bajo la Dirección y Coordinación de la Fiscalía General de la Nación, adelantar los actos de investigación que surjan en desarrollo de la acción de extinción de dominio y adelantar las labores de verificación en la identificación de inmuebles y apoyo de la acciones de materialización de medidas cautelares, así como las demás diligencias que resulten oportunas y necesarias para cumplir los fines constitucionales y legales de la acción de extinción de dominio.
ARTÍCULO 161 Actos de investigación sin orden del fiscal.
Los servidores que cumplan funciones de policía judicial podrán adelantar por iniciativa investigativa los siguientes:
Recibir las denuncias sobre bienes ilícitos.
Realizar inspecciones e identificar, recolectar, embalar y disponer la custodia de documentos originales y elementos de prueba.
Hasta antes de que la Fiscalía General de la Nación asuma la dirección de la investigación, obtener mediante solicitud formal información de carácter público que repose en entidades públicas y privadas, cuando sea urgente y necesario.
Identificar potenciales testigos y recolectar sus versiones mediante entrevistas.
Obtener información a través de informantes y adelantar las correspondientes labores de verificación de información y documentación.
Adelantar labores de campo de verificación e identificación de inmuebles.
Todas las demás actuaciones que en virtud de la presente ley no requieran orden expresa del fiscal.
ARTÍCULO 162 Técnicas de investigación.
Con el propósito de recaudar elementos probatorios, el Fiscal General de la Nación o sus delegados podrán hacer uso de las siguientes técnicas de investigación durante la fase inicial:
Allanamientos y registros.
Búsquedas selectivas en bases de datos.
Recuperación de información dejada al navegar en Internet.
Análisis e infiltración de organizaciones criminales.
Escucha y grabación entre presentes.
Las demás que el desarrollo técnico o científico ofrezcan, para cumplir los fines de la investigación.
ARTÍCULO 163 Actos de investigación que requieren orden de fiscal.
Aquellas técnicas de investigación que impliquen limitación razonable de los derechos fundamentales requerirán orden motivada del fiscal, quien después de su cumplimiento o ejecución deberá constatar su legalidad formal y material, y de encontrarla ajustada a derecho dejará constancia de ello, o de lo contrario, dispondrá su exclusión o la repetición de la actuación.
Texto tachado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-516 de 2015.
ARTÍCULO 164 Allanamientos y registros.
Cuando hubiere serios motivos para presumir que en un bien inmueble, nave o aeronave se encuentran elementos probatorios necesarios para el éxito del proceso de extinción de dominio, el funcionario judicial ordenará en providencia motivada el allanamiento y registro.
ARTÍCULO 165 Práctica del allanamiento y registro.
A la diligencia podrá asistir el Fiscal y el representante del Ministerio Público, quienes procurarán garantizar la menor restricción posible de los derechos de las personas afectadas con el procedimiento. De lo actuado se levantará un acta donde se resuma la diligencia y el cumplimiento de la orden. En el evento que la diligencia no contare con la presencia del fiscal o del Ministerio Público, presentado el informe, o dentro de los tres días siguientes, el fiscal deberá realizar control formal y material de lo actuado, dejando las correspondientes constancias en la carpeta.
ARTÍCULO 166 Allanamientos especiales.
Para el allanamiento y registro de las casas y naves que conforme al derecho internacional gozan de inmunidad diplomática, el funcionario pedirá su venia al respectivo agente diplomático, mediante oficio en el cual rogará que conteste dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. Este oficio será remitido por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
ARTÍCULO 167 Interceptación de comunicaciones.
El Fiscal General de la Nación o su delegado podrán ordenar, con el único objeto de buscar pruebas judiciales, que se intercepten mediante grabación magnetofónica las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético, que se hagan o reciban y que se agreguen al expediente las grabaciones que tengan interés para los fines del proceso. En este sentido, las entidades encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación tienen la obligación de realizar la misma dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la orden.
ARTÍCULO 168 Vigilancia de cosas.
El Fiscal General de la Nación o su delegado podrán ordenar a la policía judicial vigilar lugares o cosas, con el fin de conseguir información útil para el proceso de extinción de dominio. Si en el lapso máximo de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse si surgieren nuevos motivos.
ARTÍCULO 169 Seguimiento y vigilancia de personas.
Sin perjuicio de los procedimientos preventivos que adelanta la fuerza pública en cumplimiento de su deber constitucional, el Fiscal General de la Nación o su delegado podrá disponer que la policía judicial adelante el seguimiento pasivo de una persona por un tiempo determinado, siempre que existan motivos razonablemente fundados para inferir que ella puede conducirlo a conseguir información útil para el proceso de extinción de dominio. Si en el lapso de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.
ARTÍCULO 170 Búsqueda selectiva en bases de datos.
El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá ordenar que en desarrollo de la activi­dad investigativa, la policía judicial realice búsquedas o comparaciones de datos contenidos en bases mecánicas, magnéticas u otras similares.
ARTÍCULO 171 Recuperación de Información dejada al navegar en Internet.
Cuando el fiscal tenga motivos razonablemente fundados para inferir que a través de Internet u otros medios tecnológicos similares o equivalentes se ha transmitido información útil para el proceso de extinción de dominio, ordenará la aprehensión del computador, computadores y servidores que pueda haber utilizado, así como los disquetes, discos compactos, unidades de almacenamiento masivo, memorias extraíbles y demás medios de almacenamiento físico, para que expertos en infor­mática forense descubran, recojan, analicen y custodien la información que recuperen.
ARTÍCULO 172 Análisis e infiltración de organizaciones criminales.
Cuando el Fiscal General de la Nación o su delegado tuviere motivos razonablemente fundados para inferir que los bienes objeto del proceso de extinción de dominio pertenecen o están relacionados con alguna organización criminal, ordenará a la policía judicial la realización del análisis de aquella con el fin de conocer su estructura organizativa, la agresividad de sus integrantes y los puntos débiles de la misma. Después, ordenará la planificación, preparación y manejo de una operación, para que agente o agentes encubiertos la infiltren con el fin de obtener información útil a la investigación que se adelanta, de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 173 Agentes encubiertos.
Cuando el Fiscal General de la Nación o su delegado tengan motivos razonablemente fundados para inferir que los bienes objeto del proceso de extinción de dominio pertenecen o están relacionados con alguna organización criminal podrán ordenar la utilización de agentes encubiertos, siempre que resulte indispensable para el éxito del proceso. En desarrollo de esta facultad especial podrá disponerse que uno o varios funcionarios de la policía judicial o, incluso particulares, puedan actuar en esta condición y realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica. En consecuencia, dichos agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones de la organización criminal y, si fuere necesario, adelantar transacciones con sus miembros. Igualmente, si el agente encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado existe información útil para los fines de la investigación, lo hará saber al fiscal para que este disponga el desarrollo de una operación especial, por parte de la policía judicial, con miras a que se recoja la información y los elementos materiales probatorios hallados.
CAPÍTULO III Prueba testimonial Artículos 174 a 185
ARTÍCULO 174 Deber de rendir testimonio.
Toda persona está en la obligación de rendir bajo juramento, el testimonio que se le solicita en la actuación procesal, salvo las excepciones constitucionales y legales. Al testigo menor de doce (12) años no se le recibirá juramento y en la diligencia deberá estar asistido, por su representante legal o por un pariente mayor de edad a quien se le tomará juramento acerca de la reserva de la diligencia.
ARTÍCULO 175 Excepción al deber de declarar.
Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañe­ro permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
ARTÍCULO 176 Excepciones por oficio o profesión.
ARTÍCULO 177 Amonestación previa al juramento.
Toda autoridad a quien corresponda tomar juramento, amonestará previamente a quien debe prestarlo acerca de la importancia moral y legal del acto y las sanciones penales establecidas contra los que declaren falsamente o incumplan lo prometido, para lo cual se leerán las respectivas disposiciones. Acto seguido se tomará el juramento.
ARTÍCULO 178 Testigo impedido para concurrir.
Si el testigo estuviere físicamente impedido para concurrir al despacho del funcionario, será interrogado en el lugar en que se encuentre.
ARTÍCULO 179 Testimonio por Certificación Jurada.
El Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los Ministros del despacho, los Senadores y Representantes a la Cámara, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura y miembros del Consejo Nacional Electoral, el Fiscal y Vicefiscal General de la Nación, el Procurador y Viceprocurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Registrador Nacional del Estado Civil, los directores de departamentos administrativos, el Contador General de la Nación, el gerente y los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, los Magistrados de los Tribunales, los Gobernadores de departamento, Cardenales, Obispos, o Ministros de igual jerarquía que pertenezcan a otras religiones, Jueces de la República, el Alcalde Mayor de Bogotá, los Generales en servicio activo, los Agentes Diplomáticos y Consulares de Colombia en el exterior, rendirán su testimonio por medio de certificación jurada, y con este objeto se le notificará y formulará un cuestionario, indicando de manera sucinta los hechos objeto de declaración.
ARTÍCULO 180 Testimonio de agente diplomático.
Cuando se requiera testimonio de un ministro o agente diplomático de nación extranjera acreditado en Colombia o de una persona de su comitiva o familia, o de un funcionario que represente la misión de un organismo internacional, se le remitirá al embajador o agente, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, nota suplicatoria con cuestionario y copia de lo pertinente para que, si él tiene a bien, declare por medio de certificación jurada o permita declarar en la misma forma a la persona solicitada.
ARTÍCULO 181 Examen separado de testigos.
Los testigos serán interrogados separadamente, de tal manera que no puedan saber, ni escuchar las declaraciones de otros testigos.
ARTÍCULO 182 Recepción del testimonio.
Los testimonios serán recogidos y conservados por el medio más idóneo, de tal manera que facilite su examen cuantas veces sea necesario.
ARTÍCULO 183 Práctica del interrogatorio.
Presente e identificado el testigo, el funcionario le tomará el juramento y le advertirá sobre las excepciones al deber de declarar.
A continuación, el funcionario le informará sucintamente al testigo acerca de los hechos objeto de su declaración y le ordenará que haga un relato de cuanto le conste sobre los mismos.
Terminado este, procederá el funcionario a interrogarlo si lo con­sidera conveniente. Cumplido lo anterior, se le permitirá a los sujetos procesales interrogar.
ARTÍCULO 184 Criterios para la apreciación del testimonio.
ARTÍCULO 185 Efectos de la desobediencia del testigo.
En caso de que el testigo desatienda la citación, el funcionario judicial impondrá la san­ción y seguirá el trámite contemplado para la obstrucción en la práctica de la prueba; no obstante ello no lo exime de rendir el testimonio, para lo cual le fijará nueva fecha para la realización. El funcionario judicial podrá ordenar a la Policía la conducción del testigo renuente.
CAPÍTULO IV Confesión Artículos 186 a 189.a
ARTÍCULO 186 Requisitos.
Que sea hecha ante funcionario judicial.
Que la persona esté asistida por apoderado.
Que la persona haya sido informada del derecho a no declarar contra sí misma.
ARTÍCULO 187 Verificación.
Si se produjere la confesión, el funciona­rio competente practicará las diligencias pertinentes para determinar la veracidad de la misma.
ARTÍCULO 188 Criterios para la apreciación.
Para apreciar cualquier clase de confesión y determinar su mérito probatorio, el funcionario judicial tendrá en cuenta las reglas de la sana crítica y los criterios para apreciar el testimonio.
ARTÍCULO 189 Confesión durante la fase inicial.
Cuando el Fiscal General de la Nación o su delegado reciban declaración a un afectado durante la fase inicial, y este confiese explícitamente que uno o alguno de sus bienes se encuentra en una de las causales de extinción de dominio, el funcionario ordenará la ruptura de la unidad procesal, proferirá resolución de fijación provisional de la pretensión respecto de aquellos bienes a que se refiere la confesión y la remitirá inmediatamente al juez junto con la copia de la confesión, para que este siga el procedimiento abreviado de extinción de dominio.
ARTÍCULO 189-A Sentencia Anticipada por confesión en extinción de dominio.
Cuando no curse un proceso de extinción de dominio sobre los mismos bienes, y exista interés del titular de confesar voluntariamente la existencia de bienes inmersos en alguna de las causales de extinción de dominio, el interesado reconocerá de manera expresa que concurren sobre los bienes los presupuestos de una o varias de las causales de extinción de dominio y renunciará a presentar oposición.
La retribución a favor del interesado en realizar la confesión de parte seguirá las mismas reglas del artículo 142A de la presente ley
CAPÍTULO V Prueba documental Artículos 190 a 192
ARTÍCULO 190 Aporte.
Los documentos se aportarán al proceso en original o copia auténtica. En caso de no ser posible, se reconocerán en inspección, dentro de la cual se obtendrá copia. Si fuere indispensable, se tomará el original y se dejará copia auténtica.
ARTÍCULO 191 Obligación de entregar documentos.
Salvo las excep­ciones legales, quien tenga en su poder documentos que se requieran en un proceso de extinción de dominio tiene la obligación de entregarlos o permitir su conocimiento al funcionario que lo solicite.
ARTÍCULO 192 Reconocimiento tácito.
Se presumen auténticos los do­cumentos cuando el sujeto procesal contra el cual se aducen no manifieste su inconformidad con los hechos o las cosas que expresan.
CAPÍTULO VI Prueba pericial Artículos 193 a 199
ARTÍCULO 193 Procedencia.
Cuando se requiera la práctica de pruebas técnico-científicas o artísticas, el funcionario judicial decretará la prue­ba pericial y designará peritos oficiales, quienes no necesitarán nuevo juramento ni posesión para ejercer su actividad.
ARTÍCULO 194 Posesión de peritos no oficiales.
El perito designado por nombramiento especial tomará posesión del cargo prestando juramento y explicará la experiencia que tiene para rendir el dictamen. En todos los casos demostrará su idoneidad acreditando el conocimiento específico en la materia y su entrenamiento certificado en la práctica pericial.
ARTÍCULO 195 Impedimentos y recusaciones.
Los peritos están impedidos y son recusables por las mismas causas que los funcionarios judiciales.
ARTÍCULO 196 Cuestionario.
El funcionario judicial, en la providencia que decrete la práctica de la prueba pericial, deberá precisar el tipo de estudio solicitado y el propósito del mismo. De igual forma incorporará el cuestionario que debe ser absuelto por el perito, el cual incluirá las preguntas presentadas por los sujetos procesales o las que de oficio considere pertinentes.
ARTÍCULO 197 Requisitos.
En el desempeño de sus funciones, el perito debe examinar los elementos materia de prueba, dentro del contexto de cada caso. Para ello el funcionario judicial y el investigador aportarán la información necesaria y oportuna. El dictamen debe ser claro, preciso y deberá contener:
La descripción del objeto de la pericia.
La relación y la descripción de los objetos o documentos sobre los cuales recae el estudio.
La descripción de los instrumentos técnicos utilizado para el estudio.
La descripción de los procedimientos, exámenes, experimentos o pruebas llevados a cabo.
La explicación de los argumentos, fundamentos o teorías que da validez técnica, científica o artística a los procedimientos, exámenes, experimentos o pruebas llevados a cabo.
La exposición clara y completa de las conclusiones obtenidas.
ARTÍCULO 198 Reglas adicionales de la pericia.
Además de lo previsto en los artículos precedentes, en la práctica de la prueba pericial deberán seguirse las siguientes reglas:
El perito deberá, directamente o con apoyo del investigador de campo, fijar, recolectar, embalar, rotular, custodiar y documentar la evidencia que resulte derivada de su actuación y dar informe de ello al funcionario judicial.
Cuando se designen varios peritos, todos ellos conjuntamente practicarán las diligencias y harán los estudios o investigaciones pertinentes para emitir el dictamen.
Cuando hubiere discrepancia entre los peritos, cada uno rendirá su dictamen por separado.
En todos los casos, a los peritos se les advertirá sobre la prohibición absoluta de emitir en el dictamen cualquier juicio u opinión sobre la procedencia o improcedencia de la extinción del derecho de dominio.
ARTÍCULO 199 Contradicción del dictamen.
Cuando el funcionario judicial reciba el dictamen, procederá en la siguiente forma:
Verificará si cumple con los requisitos señalados en este código. En caso contrario ordenará que el perito lo elabore cumpliendo con ellos. No se admitirá como dictamen la simple expresión de las conclusiones.
Si cumple con los requisitos indicados, se correrá traslado a los sujetos procesales por el término de cinco (5) días. Este término podrá ser prorrogado por un término razonable, previa solicitud fundada de parte, cuando a juicio del funcionario judicial la complejidad del dictamen lo amerite.
Dentro de este mismo término, los sujetos procesales podrán controvertir un dictamen pericial presentando otro que desvirtúe la validez técnica, científica o artística de las conclusiones contenidas en el primero.
Cuando lo estime necesario el juez podrá ordenar, oficiosamente o por solicitud de parte, que el dictamen sea aclarado o adicionado. Los sujetos procesales podrán presentar dictámenes adicionales para controvertir las adiciones o aclaraciones hechas al primero.
El funcionario judicial valorará críticamente todos los dictámenes periciales que se alleguen al proceso en conjunto con las demás pruebas recolectadas, y definirá a cuál de ellos confiere credibilidad.
CAPÍTULO VII Inspección judicial Artículos 200 a 202
ARTÍCULO 200 Procedencia.
Mediante la inspección se comprobará el estado de las cosas, lugares, los rastros y otros efectos materiales que fueran de utilidad para los fines del proceso de extinción de dominio. La práctica de la inspección será registrada documentalmente mediante la elaboración de un acta que describirá detalladamente lo ocurrido, y en la que se consignarán las manifestaciones que hagan las personas que intervengan en la diligencia. De contar con los medios técnicos necesarios, en lugar del acta podrá hacerse, un registro audiovisual.
ARTÍCULO 201 Requisitos.
La inspección se decretará por medio de providencia que exprese con claridad los puntos materia de la diligencia, el lugar, la fecha y la hora. Cuando fuere necesario, el funcionario judicial designará perito en la misma providencia, o en el momento de realizarla. Sin embargo, de oficio o a petición de cualquier sujeto procesal, podrá ampliar en el momento de la diligencia los puntos que han de ser objeto de la inspección.
ARTÍCULO 202 Operaciones técnicas.
Para mayor eficacia de la inspección, se podrá ordenar por parte del funcionario judicial las operacionestécnicas o científicas necesarias y pertinentes, para el cumplimiento de los fines del proceso de extinción de dominio.
TÍTULO VI Cooperación internacional Artículos 203 a 214
ARTÍCULO 203 De la cooperación judicial.
Las reglas contenidas en la presente ley serán aplicables en la atención, ofrecimiento u obtención de cooperación judicial internacional en los temas de investigación, localización, identificación, afectación y trámite de acciones con fines de comiso, decomiso, recuperación de activos, extinción de dominio o cualquier otro instituto jurídico semejante.
ARTÍCULO 204 Obtención de cooperación internacional.
Para el cumplimiento de los fines de la acción de extinción de dominio el Fiscal General de la Nación o su delegado podrá acudir a todas las formas de cooperación judicial, policial o administrativa que se consideren necesarias, de acuerdo con los procedimientos establecidos en los convenios, tratados o acuerdos suscritos, aprobados y ratificados por el Estado colombiano, o en virtud de cualquier otro instrumento de cooperación internacional suscrito por cualquier autoridad de orden Nacional o que se propicie en virtud de redes de cooperación entre autoridades homologas de distintos Estados.
ARTÍCULO 205 Persecución de activos en el exterior.
La Fiscalía General de la Nación deberá hacer uso de todos los mecanismos de asistencia judicial o cooperación internacional previstos en las convenciones, tratados y acuerdos suscritos y ratificados por Colombia, con el propósito de garantizar el éxito de la persecución de activos ilícitos en el extranjero con fines de extinción de dominio.
ARTÍCULO 206 Desplazamientos y comisiones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Fiscal General de la Nación o su delegado podrán trasladarse fuera del país, previa autorización del Estado requerido, con el fin de obtener pruebas o adelantar diligencias judiciales o de investigación que resulten necesarias dentro de los procesos de Extinción de Dominio o, en su defecto, podrá comisionar con amplias facultades a la autoridad consular acreditada ante el Estado respectivo.
ARTÍCULO 207 Ofrecimiento de pruebas.
El Fiscal General de la Nación o su delegado podrán realizar ofrecimientos voluntarios y espontáneos de pruebas a autoridades judiciales de otros Estados, en aquellos eventos donde se considere que los elementos de prueba obtenidos dentro de un trámite de extinción de dominio podrían sustentar una pretensión de similar naturaleza en otro Estado o ser de utilidad dentro de una investigación de carácter penal.
ARTÍCULO 208 Asistencia y cooperación internacional.
Con el fin de atender solicitudes de asistencia judicial internacional en materia de bienes ilícitos pretendidos por otros Estados y que se encuentre en el territorio nacional, el Fiscal General de la Nación o su delegado podrá adoptar medidas cautelares sobre bienes o disponer los actos de investigación que sean requeridos, para lo cual la solicitud de asistencia judicial internacional se tendrá como motivación suficiente y sustento razonable de las respectivas órdenes.
ARTÍCULO 208-A Medidas cautelares para bienes en el exterior.
La Fiscalía General de la Nación podrá solicitar a la autoridad competente del país cooperante la ejecución de las medidas cautelares sobre bienes objeto de extinción de dominio que se encuentren en el exterior. Estas medidas serán sometidas al control de legalidad correspondiente ante los jueces de extinción i de dominio para su plena eficacia en el país extranjero. En lo pertinente se aplicarán las reglas de cooperación judicial contenidas en esta ley
Efecto en Colombia de sentencias proferidas por tribunales extranjeros.
Tendrán valor en Colombia las sentencias de comiso, extinción de dominio o de institutos jurídicos similares proferidas por tribunales extranjeros sobre bienes que se encuentre en el territorio nacional y que sean pretendidos por vía de cooperación judicial internacional.
Validez probatoria de las sentencias, o decisiones equivalentes, emitidas por autoridad extranjera competente.
Las órdenes de decomiso, sentencias de extinción de dominio o decisiones equivalentes proferidas por autoridades judiciales de otros países que se encuentren debidamente ejecutoriadas, podrán ser incorporadas al proceso de extinción de dominio sin necesidad de exequátur.
ARTÍCULO 211 Requisitos para la ejecución de una sentencia extranjera en Colombia.
Para que una orden de decomiso, sentencia de extinción de dominio o decisión equivalente de las referidas en el artículo anterior pueda ser ejecutada en Colombia se requiere:
Que no se oponga a la Constitución Política de Colombia.
Que se encuentre en firme de conformidad con la ley del país de origen, y se presente según lo previsto en los convenios y tratados internacionales.
Que el país de origen certifique que la autoridad que emitió la orden de decomiso, sentencia de extinción de dominio o decisión equivalente es una autoridad judicial, y que tiene jurisdicción y competencia para hacerlo conforme a su derecho interno.
Que en Colombia no exista proceso de extinción de dominio en curso, ni sentencia de extinción de dominio ejecutoriada de jueces nacionales sobre los mismos bienes.
Que a falta de tratados públicos, el Estado requirente ofrezca reciprocidad en casos análogos.
ARTÍCULO 212 Procedimiento de exequátur.
Para la ejecución de una orden de decomiso, sentencia de extinción de dominio o decisión equivalente emitida por una autoridad judicial extranjera, se adelantará el siguiente procedimiento:
Las autoridades extranjeras del Estado requirente deberán entregar formalmente a la Fiscalía General de la Nación la orden de decomiso, sentencia de extinción de dominio o decisión equivalente emitida por una autoridad judicial de su país, junto con la solicitud formal de que sea ejecutada. La decisión y la solicitud formal podrán remitirse por la vía diplomática o directamente ante la Fiscalía General de la Nación.
La Fiscalía General de la Nación recibirá la decisión y la solicitud formal de ejecución, y procederá a recolectar todos los medios de prueba que sean necesarios para:
Identificar y ubicar a los afectados actuales y potenciales de la extinción de dominio sobre los bienes.
Determinar la identificación, ubicación y estado actual de los bienes.
Establecer la posible existencia de terceros de buena fe, identificarlos y ubicarlos.
Vencido el plazo anterior, la Fiscalía General de la Nación remitirá la actuación a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Si el único afectado es la persona contra quien la autoridad extranjera emitió la orden de decomiso, sentencia de extinción de dominio o decisión equivalente, entonces la Corte Suprema de Justicia procederá inmediatamente a estudiar si la sentencia es ejecutable de acuerdo con los tratados internacionales o con las disposiciones de este capítulo, y resolverá de plano.
Si el afectado es una persona distinta del sujeto contra quien la autoridad extranjera emitió la orden de decomiso, sentencia de extinción de dominio o decisión equivalente, entonces la Corte Suprema de Justicia ordenará que se le notifique el inicio del trámite de exequátur, conforme a las reglas de notificación personal previstas en este Código. Igual procedimiento seguirá si se determina que hay otras terceras personas que son titulares actuales de otros derechos reales adicionales sobre esos bienes.
NOTA: Se modifica la expresión "real(es)" o "patrimonial(es)", por el art. 1, Ley 1849 de 2017.
En firme la sentencia de exequátur, la Corte Suprema enviará la actuación a los jueces de extinción de dominio para su ejecución.
ARTÍCULO 213 Remisión a otras normas.
En la ejecución de la orden de decomiso, sentencia de extinción de dominio o decisión equivalente se aplicarán los tratados internacionales correspondientes y especialmente los acuerdos a que llegue la República de Colombia con otros países en materia de la distribución o repartición de bienes.
ARTÍCULO 214 Facultad para compartir bienes.
En atención a los principios de proporcionalidad y reciprocidad, el Estado podrá compartir bienes que sean objeto de sentencia definitiva proferida por autoridad nacional o extranjera, cuando estos sean el producto de la cooperación judicial internacional reciproca en virtud de tratados, convenios o acuer­dos suscritos, aprobados y ratificados por Colombia.
TÍTULO VII Disposiciones finales Artículos 215 a 218
ARTÍCULO 215 Creación de juzgados.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creará las salas de extinción de dominio que se requieran para el eficaz y eficiente cumplimiento de las disposiciones del presente Código, asegurándose que como mínimo se creen salas en los tribunales de distrito judicial de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y Cúcuta.
En el distrito judicial de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y Cúcuta se crearán al menos cinco (5) juzgados especializados en extin­ción de dominio.
En los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Ibagué, Bucaramanga, Tunja, Villavicencio, Neiva, Manizales, Pasto, y Florencia, se crearán como mínimo dos (2) juzgados Especializados en Extinción de Dominio.
En los Distritos de Cartagena, Armenia, Cúcuta, Pereira, Mon­tería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Popayán y Valledupar, se creará como mínimo un (1) juzgado especializado en extinción de dominio.
ARTÍCULO 216 Creación de Fiscalías.
Modifíquese la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, mediante la creación y puesta en funcionamiento de al menos cincuenta (50) despachos adicionales de Fiscalías especializadas para la extinción de dominio, con igual número de cargos de asistentes de fiscal y cien (100) investigadores criminalísticas de distintos grados. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá adelantar los estudios de necesidad que se requieran, para justificar la creación de un número de cargos superior al previsto en esta norma.
ARTÍCULO 216-A Constitución de pólizas para la defensa de Fiscales.
La Fiscalía General de la Nación podrá constituir pólizas con cargo a sus recursos provenientes del FRISCO para amparar el riesgo de daño antijurídico que se ocasione con las decisiones adoptadas por los Fiscales dentro del proceso de extinción de dominio.
El Director de Fiscalía Nacional Especializada en Extinción de Derecho de Dominio será el competente para autorizar la procedencia de la solicitud en cada caso concreto
ARTÍCULO 217 Régimen de transición.
Los procesos en que se haya proferido resolución de inicio con fundamento en las causales que estaban previstas en los numerales 1 al 7 de la Ley 793 de 2002, antes de la expedición de la Ley 1453 de 2011, seguirán rigiéndose por dichas disposiciones.
ARTÍCULO 218 Vigencia.
Esta ley entrará a regir seis (6) meses después de la fecha de su promulgación, deroga expresamente las Leyes 793 y 785 de 2002, Ley 1330 de 2009, así como todas las demás leyes que las modifican o adicionan, y también todas las leyes que sean contrarias o incompatibles con las disposiciones de este Código.
Resolución organizacional número ogz-0623 de 2017, por la cual se trasladan unos cargos de la planta global de la Contraloría General de la República

References: ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

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 Artículo 136

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 artículo 52

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