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Timestamp: 2020-07-09 09:14:47+00:00

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Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de Febrero de 2002. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Serie C No. 92 - Jurisprudencia - VLEX 428298214
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de Febrero de 2002. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Serie C No. 92
Caso: Trujillo Oroza Vs. Bolivia
Acto: Reparaciones y Costas
Solicitante: Brasil
Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia
Sentencia de 27 de febrero de 2002
(Reparaciones y Costas)
En el caso T.O.,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:
A.A.B., V.;
H.S.P., J.;
O.J., J.;
S.G.R., J.;
C.N.B., J. ad hoc;
M.E.V.R., S., y
P.S.A., Secretario Adjunto,
de acuerdo con los artículos 29, 55, 56 y 57 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”)**, en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y en cumplimiento del punto resolutivo tercero de la sentencia de 26 de enero de 2000, dicta la presente Sentencia sobre reparaciones.
La Corte es competente, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención, para decidir sobre las reparaciones, costas y gastos en el presente caso, en razón de que el Estado de Bolivia (en adelante “el Estado” o “Bolivia”) es Estado parte en la Convención Americana desde el 19 de julio de 1979 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 27 de julio de 1993.
El presente caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) mediante demanda de 9 de junio de 1999.
El 8 de septiembre de 1999 el Estado presentó su escrito de excepciones preliminares y, el 21 de enero de 2000, remitió una comunicación en la que informó que “ha[bía …] decidido retirar las excepciones preliminares opuestas a [la] demanda, debido a que el Gobierno de la República desea[ba] llegar a un arreglo amistoso con los familiares de la víctima”. Asimismo, solicitó a la Corte que dict[ara] sentencia que “concluya esta etapa y abra la etapa de reparaciones”.
Mediante Resolución de 25 de enero de 2000, la Corte resolvió:
Tener por retiradas las excepciones preliminares interpuestas por el Estado de Bolivia.
Continuar con la tramitación sobre el fondo del caso y, para tal efecto, cambiar el objeto de la audiencia pública sobre excepciones preliminares convocada por el Presidente de la Corte mediante resolución de 6 de diciembre de 1999, con el fin de considerar los otros aspectos del escrito presentado por el Estado de Bolivia el 21 de enero de 2000.
El 25 de enero de 2000 se celebró la referida audiencia pública, en la cual Bolivia reconoció los hechos expuestos por la Comisión en la sección III de su demanda. De la misma manera, el Estado reconoció su responsabilidad internacional en el presente caso y aceptó las consecuencias jurídicas que se derivasen de los hechos mencionados.
El 26 de enero de 2000 la Corte dictó la sentencia sobre el fondo del caso, en la cual decidió:
Admitir la aceptación de los hechos y el reconocimiento de responsabilidad efectuados por el Estado.
Declarar, conforme a los términos del reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, que éste violó, en perjuicio de las personas citadas en el párrafo 1 de [la] sentencia, y según lo establecido en dicho párrafo, los derechos protegidos por los artículos 1.1, 3, 4, 5.1 y 5.2, 7, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Abrir el procedimiento sobre reparaciones, y comisionar al Presidente para que adopte las medidas correspondientes.
Procedimiento en la Etapa de Reparaciones
El 27 de enero de 2000 el Presidente de la Corte Interamericana (en adelante “el Presidente”), en cumplimiento de lo ordenado en el punto resolutivo tercero de la sentencia sobre el fondo, resolvió:
Otorgar a las familiares de la víctima o sus representantes, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Estado de Bolivia, un plazo de 60 días a partir de la notificación de la […] resolución para que present[aran] sus argumentos y las pruebas de que disp[usieran] para la determinación de las reparaciones.
Convocar, oportunamente, a los familiares de la víctima o sus representantes, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Estado de Bolivia, a una audiencia pública, una vez finalizada la etapa escrita del procedimiento.
El 3 y 16 de febrero y el 1 de marzo de 2000 el Estado presentó tres escritos, respectivamente, mediante los cuales, entre otras cosas, señaló que la “solución amistosa fue impedida por la madre de la víctima” y adjuntó un video.
El 15 y el 27 de marzo de 2000 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”), en calidad de representante de la víctima y sus familiares, y la Comisión Interamericana, respectivamente, solicitaron a la Corte una prórroga de 30 días para la presentación de sus argumentos y pruebas sobre las reparaciones. Dichas prórrogas fueron otorgadas hasta el 27 de abril de 2000.
El 26 de abril de 2000 la Comisión presentó su escrito sobre reparaciones.
El 27 de abril de 2000 CEJIL, en representación de la víctima y sus familiares, presentó un escrito sobre reparaciones.
El 27 de abril de 2000 el Estado presentó su escrito relativo a las reparaciones.
El 11 de mayo de 2000 el Estado presentó un escrito con el cual aportó copia de documentos referentes al “proyecto de ley que se tramita ante el Congreso de Bolivia y que sancionará la desaparición forzada de personas, además de que declara que este delito no prescribe.”
El 31 de agosto de 2000 Bolivia informó que sustituyó al señor G.R.A. como agente alterno en el caso y que en su reemplazo designó al señor I.A.[1].
El 16 de marzo de 2001 el Estado presentó un escrito al cual adjuntó copia de “las últimas actuaciones ocurridas en el caso judicial que se desarrolla en [el] Juzgado de Instrucción de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, en contra de los acusados de haber cometido varios delitos en perjuicio de J.C.T.”.
El 19 de junio de 2001 el Presidente dictó una Resolución mediante la cual convocó a las partes a una audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 6 de septiembre de 2001, en orden a escuchar sus argumentos para la determinación de las reparaciones.
El 14 de agosto de 2001 CEJIL y la Comisión solicitaron a la Corte que la señora G.O. de S.R., madre de la víctima, fuera “escuchada como testigo” en la audiencia pública sobre reparaciones. Ese mismo día la Secretaría transmitió copia al Estado de los escritos señalados y le otorgó plazo hasta el 21 de agosto de 2001 para que presentara sus observaciones a la mencionada solicitud. El 21 de agosto de 2001 Bolivia informó que “no [tenía] objeción alguna respecto a la comparecencia de la señora G.O. de S.R.”.
El 27 de agosto de 2001 el Presidente emitió una Resolución mediante la cual decidió, en ejercicio de las potestades conferidas por el artículo 44.1 del Reglamento, convocar a la señora O. de S.R. para que rindiera declaración testimonial en la audiencia pública convocada (supra párr. 16).
El 6 de septiembre de 2001 la Corte celebró una audiencia pública sobre reparaciones.
por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representante de la víctima y sus familiares:
V.K.; y
M.C.G.P..
por la Comisión Interamericana:
Domingo Acevedo, delegado; y
M.C.R., abogado.
por el Estado de Bolivia:
Embajador J.M.Z.; y
F.V.E., agente.
Testigo convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (art. 44.1 del Reglamento):
A.G.O. de S.R..
El 3 de octubre de 2001 la Secretaría, a la luz de las preguntas realizadas por la Corte al Estado durante la audiencia pública sobre reparaciones y siguiendo instrucciones del Presidente, consultó a los representantes de la víctima y sus familiares, a la Comisión y al Estado, si la actual legislación penal general en Bolivia contiene normas que se refieran a la prescripción de la pretensión punitiva por parte del Estado, respecto de conductas constitutivas de delitos de carácter continuo o permanente, y si conforme a la legislación boliviana existe algún procedimiento que pueda conducir a una reclasificación de un delito actualmente clasificado bajo ciertos tipos penales, más concretamente si el delito de homicidio se podría reclasificar como delito de desaparición forzada de personas. Para la presentación de dicha información se otorgó plazo a las partes hasta el 1 de noviembre de 2001.
El 9 de octubre de 2001 la Secretaría, siguiendo instrucciones del P. y de conformidad con el artículo 44 del Reglamento, otorgó plazo improrrogable a Bolivia hasta el 29 de octubre de 2001 para que presentara algunos documentos como prueba para mejor resolver[2].
Ese mismo día la Secretaría, siguiendo instrucciones del P. a la luz de lo que le fue encomendado por la Corte y de conformidad con el artículo 44 del Reglamento, otorgó plazo improrrogable hasta el 29 de octubre de 2001, para que los representantes de la víctima y sus familiares remitieran, como prueba para mejor resolver, la documentación que comprobara las cantidades de dinero que supuestamente la familia de J.C.T.O. (en adelante “J.C.”, “la víctima” o “el señor T.O.”) dejó de percibir por dedicarse a su búsqueda.
El 23 de octubre de 2001 la Comisión presentó un escrito mediante el cual solicitó una prórroga hasta el 15 de noviembre de 2001 para la presentación de la información relativa a las dos preguntas realizadas por la Corte al Estado durante la audiencia pública sobre reparaciones (supra párr. 20). La prórroga solicitada fue otorgada a la Comisión, a los representantes de la víctima y sus familiares y al Estado.
El 29 de octubre de 2001 la señora G.O. de S.R., madre de la víctima, presentó un escrito en relación con las reparaciones en el presente caso.
El 29 de octubre de 2001 CEJIL, representante de la víctima y sus familiares, remitió un escrito mediante el cual se refirió a la información solicitada sobre las cantidades de dinero que supuestamente...
Decisión del Panel Administrativo nº DES2013-0001 de Tribunal Arbitral de la OMPI, 4 de Marzo de 2013 (caso BAE SYSTEMS plc v. Gabriele Fassbinder)

References: artículo 63
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 44
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