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Liquidación de la condena
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6.5. Liquidación del contrato No. 004 de 1997
Saldo final a pagar al contratista $137’434.433,75 7) Costas.
FALLA: PRIMERO: Confírmase
SEGUNDO.- Adiciónase
HERNAN ANDRADE RINCON MAURICIO FAJARDO GÓMEZ CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Va : Vh x Indice final / índice inicial
Va= 52’246.400 x 113,4829 / 43,1430
Va= $137’434.433,75
A continuación se dispone la siguiente liquidación del contrato No. 004
Valor del Contrato (incluido IVA)
$139’200.000,00
(menos) Valor ejecutado
Liquidación del anticipo
Valor del anticipo desembolsado
$34’800.000,00
(menos) Valor del anticipo amortizado
$11´600.000,00
Valor del anticipo por amortizar
$23’200.000,00
$46’400.000,00
Valor dejado de pagar31
$92’800.000,00
(menos) Descuento del anticipo por amortizar
Saldo del anticipo por amortizar
Cuenta final de liquidación final en sede judicial
Saldo en la liquidación inicial a favor del contratista32
$69’600.000,00
$137’434.433,75
(menos) Valor cancelado y sustituido por la indemnización de perjuicios
Saldo final a pagar al contratista
7) Costas.
Dispóngase la liquidación del contrato No. 004 de 1997 en los términos contenidos en esta sentencia.
Condénase a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM a pagar a la sociedad Procesos y Desarrollos Territoriales PRODETEM LTDA., la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($137’434.433,75) M/CTE.
TERCERO: Dése cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-ley 001 de 1984.
CUARTO: Niéganse las demás pretensiones de la demanda
HERNAN ANDRADE RINCON MAURICIO FAJARDO GÓMEZ
1 Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden nacional, vinculada inicialmente al Ministerio de Comunicaciones, de acuerdo con la Ley 314 de 20 de agosto de 1996, por la cual se reorganizó la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, CAPRECOM, entidad habilitada para operar como administradora del régimen de prima media con prestación definida establecido en la Ley 100 de 1993, y, posteriormente, vinculada al Ministerio de la Protección Social de acuerdo con el Decreto 205 de 2003.
2 En cuanto aplican a la adjudicación directa del contrato.
3 De acuerdo con el contrato No. 004 el plazo acordado fue de seis meses.
4 Por la cual se autoriza al Ministro de Hacienda y Crédito Público para reconocer como deuda pública de la Nación las obligaciones pendientes de pago de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, CAPRECOM.
5 El Tribunal a quo se equivocó en el número de radicación de la cuenta que de conformidad con este folio es 97/016355 el cual sí coincide con los hechos de la demanda y acerca de la fecha de la factura en cita, se observa que el día 3 de octubre de 1997 corresponde a la fecha del comprobante elaborado por CAPRECOM, no a la fecha de factura del contratista. Sobre las diferencias de valor volverá la Sala en el momento del análisis de la prueba, pero se anticipa que el monto indicado por el demandante, difiere del citado en el comprobante, por las retenciones fiscales que se pueden observar en el mismo comprobante.
6 Visible al folio 571 del cuaderno 2 aparece el comprobante elaborado por CAPRECOM con número de radicación, 97/023472 con fecha 16 de octubre de 1997, en el cual consta también la partida contraria por igual valor, que deja el saldo de esta cuenta en ceros, lo cual corresponde a la expresión “sin valor” que utiliza el Tribunal a quo.
7 Esta fecha es la que corresponde al día de la firma del contrato 004.
8 Artículo 75, Ley 80 de 1993. “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa.”
9 Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicado 8500123310002000001980, expediente 20.968, Demandante: Luis Carlos Pérez Barrera, Demandado Caja Nacional de Previsión
 Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Auto de 20 de agosto de 1998. Exp. 14.202. C. P. Juan de Dios Montes Hernández. Esta posición ha sido expuesta en otros fallos, entre los cuales se encuentra la sentencia de 20 de abril de 2005, Exp: 14519; Auto de 7 de octubre de 2004. Exp. 2675.
11 Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicado 8500123310002000001980, expediente 20.968, Demandante: Luis Carlos Pérez Barrera, Demandado Caja Nacional de Previsión.
12 Artículo 168, C.C.A.: “PRUEBAS ADMISIBLES. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.”
13 Artículo 253, C. de P. C.: “Los documentos se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento.”
14 El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil que se invoca en este caso para el análisis de las copias de documentos privados, corresponde al texto vigente para la fecha del auto que decretó las pruebas en el presente proceso. No obstante, se advierte que el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil fue modificado por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, a cuyo tenor:
“En todos los procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta presunción no aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva.”
De esta manera, las copias de los documentos privados se presumen auténticos bajo el nuevo régimen probatorio de acuerdo con la ley 1395 de 2010. No sobra anotar que el artículo 11 citado, aplica en forma inmediata, a partir de su vigencia, (julio 12 de 2010), teniendo en cuenta en cada caso la fecha en que fue decretada la respectiva prueba de conformidad con los artículos 39 y 40 de la Ley 153 de 1887, que prescriben, en su orden:
Artículo 39.” Los actos o contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra, por los medios que aquella establecía para su justificación; pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada la ley vigente al tiempo en que se rindiere.”
”Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuviesen iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.
15 De acuerdo con la norma ya citada, se establece el valor probatorio de las copias autorizadas por director de oficina administrativa, previa orden del Juez, donde se encuentre el original o copia autenticada.
16 folio 512 cuaderno 2.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de abril de 2007, exp. n°. AG-25000-23-25-000-2002-00025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En sentido similar: sentencia de 27 de octubre de 2011, exp. n.° 05001232500019950154-01 (20.450), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth, 10 de marzo de 2011, radicación número: 52001-23-31-000-1996-07742-01(15666), actor: Segundo Fabián Eraso Burbano, demandado: Municipio de Chachagüí-Nariño. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, 1º de febrero de 2012, radicación número: 05001-23-25-000-1994-02119-01(20106), actor: Joaquín Emilio Correa y otros, Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional,.referencia: Acción de reparación directa
19 Mediante Decreto 165 de 1997 se adicionó un parágrafo en el cual se exigió anexar certificación del jefe de la entidad acerca de la inexistencia de personal de planta para desarrollar las actividades que se pretenda contratar, pero el Decreto fue declarado inexequible por sentencia C-132 de 19 de marzo de 1997.
20 Se citan las notas características del contrato tomadas de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente No. 22.822, 16 de agosto de 2012, Actor: Carlos Ernesto Pérez Garzón, Demandado: Empresa Nacional de Telecomunicaciones ─TELECOM─.
21 En este punto se cita la nota original de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 1 de noviembre de 1994, Exp. 7960. También la Corte Constitucional, en Sentencia C-154 de 1997, al declarar exequible el numeral 3º del inciso 2º del artículo 32, en el cual distinguió los contratos de prestación de servicios de los laborales y precisó que los primeros podían devenir en los segundos cuando se presentaran sus elementos (contrato realidad: subordinación, dependencia, etc), cualquiera que fuera la denominación que le haya dado la entidad pública. Sobre las limitaciones al contrato de prestación de servicios véase la sentencia del Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 15 de junio de 2011, Radicación número: 25000-23-25-000-2007-00395-01(1129-10),Magistrado Ponente: Gerardo Arenas Monsalve, Actor: Manuel Alejandro Fula Rojas. Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil,
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, agosto 11 de 2011, radicación: 5000-12-33-1000-1993-04237-01, expediente: 18.336, actor: Zulma Moreno de Tapias, demandado: Lotería Del Meta
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de septiembre de 2000, exp. 13530, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de febrero 16 de 1984, exp. 2509. C.P. José Alejandro Bonivento Fernández.
25 La facultad de decretar el incumplimiento se reconoció en vigencia del artículo 72 del Decreto 222 de 1983, que dispuso: “Artículo 72. De la cláusula penal pecuniaria. En todo contrato que no fuere de empréstito, deberá estipularse una cláusula penal pecuniaria, que se hará efectiva directamente por la entidad contratante en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento”. Sin embargo, la Ley 80 de 1993 no se refirió a la facultad de declarar el incumplimiento del contrato como poder autónomo y unilateral de la Administración Pública, la cual se incorporó nuevamente en la legislación para el propósito de hacer efectiva la cláusula penal con apoyo en la Ley 1150 de 2007 que estableció: “Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.” (La subraya no es del texto).
26 ARTICULO 90.C:P. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”
27 Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. 14 de Abril de 2010, Radicación Número: 25000-23-26-000-1997-03663-01(17214), actor: Federico Saúl Sánchez Malagón, demandado: Distrito Capital de Bogotá-Secretaria de Obras Publicas-
28 Este artículo establece las reglas del principio de la transparencia en la definición del contrato estatal..
29 Mayo de 2013, fuente: www.dane.gov.co, índice de precios, series de empalme.
30 Octubre de 1997, fuente: www.dane.gov.co, series de empalme, y variaciones porcentuales 1997.
 $139’200.000 menos $46’400.000
32 $92’800.000 menos $23’200.000, éstos montos se toman por su valor a la fecha del contrato, sin que sea necesaria la actualización de las cifras la cual se aplicará directamente sobre el valor neto resultante, lo que se considera procedente en este caso, si se tiene en cuenta que los perjuicios se demandaron en relación con el valor neto que habría recibido el demandante después de descuentos.
Catálogo: sites -> default -> files -> sentencia -> 2013
2013 -> Accion de nulidad y restablecimiento del derecho acto precontractual. Declaración de desierta de proceso licitatorio / contratacion estatal proceso licitatorio o licitación
2013 -> Sentencia c-555/1
sentencia -> Enriquecimiento sin causa evolución jurisprudencial / accion in rem verso naturaleza
sentencia -> Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo

References: Artículo 75
 Artículo 168
 Artículo 253
 artículo 252
 artículo 252
 artículo 11
 artículo 11

Artículo 39
 artículo 32
 artículo 72