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Timestamp: 2017-10-18 02:12:35+00:00

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Sentencia A.P. Guadalajara 24/2010, de 22 de marzo. Impago de pensiones alimenticias. Alegación de carecer de recursos - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Guadalajara 24/2010, de 22 de marzo
Una vez más, se aleja de este tipo de delitos que el impago se produjo por carecer el acusado de recursos económicos, lo que no se compadece con los hechos probados en la sentencia y, en particular, con la acreditación de la vida laboral del acusado.
En GUADALAJARA, a veintidós de Marzo de dos mil diez.
VISTOS en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial de Guadalajara, los autos de Procedimiento Abreviado JDO. DE LO PENAL n.º: 1 de, GUADALAJARA, por delito de ABANDONO DE FAMILIA, procedentes del Juzgado de lo Penal de esta ciudad, a los que ha correspondido en esta alzada el Rollo n.º 62/10, en los que aparece como parte apelante Pedro Antonio, defendido por el Letrado D. LORENZO ROBISCO PASCUAL y representado por la Procuradora D.ª CARMEN LOPEZ MUÑOZ y, como parte apelada Fermina, MINISTERIO FISCAL, defendido por la Letrada D.ª VIRGINIA DIEZ LAGUNA, y representado por la Procuradora D.ª BLANCA LABARRA LOPEZ, y siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. D.ª ISABEL SERRANO FRÍAS.
Primero.-Se aceptan los correspondientes de la sentencia apelada.
Segundo.-El Juez del JDO. DE LO PENAL n.º: 1 de, GUADALAJARA, con fecha 24/11/2009 dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este recurso declarando probados los siguientes hechos: "HECHOS PROBADOS: Único.-Siendo probado y así se declara que, por el antiguo Juzgado Mixto número cuatro de Guadalajara, con fecha 26 de octubre de 2.005, se dictó sentencia en juicio verbal referente a la guarda y custodia, alimentos, régimen de visitas y patria potestad referente al hijo común menor de edad del acusado, Pedro Antonio, mayor de edad, con antecedente penales no computables, y Doña Fermina, estableciéndose a cargo del acusado, la obligación de abonar en concepto de pensión alimenticia a favor del hijo menor de edad, la cantidad de 250 euros mensuales, dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta designada al efecto por la madre, y actualizable anualmente, conforme al índice de Precios al Consumo, así como la mitad del préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar, y la mitad de los gastos extraordinarios del menor. El acusado, pese a tener conocimiento de la referida obligación, y sin que conste acreditada causa o circunstancia justa que se lo hubiera impedido, dejó voluntariamente de abonar la pensión de alimentos a favor de su hijo menor de edad, los meses de julio, agosto, septiembre y diciembre de 2.006, el año 2007, y hasta la fecha del último escrito de acusación obrante en las actuaciones, de fecha 30 de junio de 2.008, no habiendo abonado igualmente el cincuenta por ciento del préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar, que le imponía la sentencia"; y en cuya parte dispositiva se establece: "FALLO: Debo condenar y condeno a Pedro Antonio como autor criminalmente responsable de un delito de abandono de familia, previsto y penado en el artículo 227 del Código Penal, si la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, a la pena de SEIS MESES DE PRISION, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a que indemnice el concepto de responsabilidad civil a Fermina, Camino en la cantidad que se fije en ejecución de sentencia, y que devengara los intereses legales establecidos en el articulo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme a las siguientes bases: 250 euros por cada mes de 2.006 no abonado, (julio, agosto, septiembre y diciembre), así como 250 euros, desde enero de 2007 hasta junio de 2.008 ambos inclusive, mas las actualizaciones establecidas en la sentencia dictada por el antiguo Juzgado Mixto número Cuatro de Guadalajara, de fecha 26 de octubre de 2005, referente a la guarda y custodia, alimentos, régimen de visitas y patria potestad del hijo común menor de edad del acusado, Pedro Antonio, y Doña Fermina, en la que se establece que tal pensión habrá de actualizarse anualmente según los índices de precios al consumo. Asimismo, procede condenar al acusado a abonar a Doña Fermina, el cincuenta por ciento del préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar, desde la fecha de la sentencia de 26 de octubre de 2.005, hasta el 30 de junio de 2.008, en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia. Imponiéndole asimismo el pago de las costas procesales".
Tercero.-Notificada la mencionada sentencia a las partes, contra la misma se formalizó recurso de apelación por la representación procesal de Pedro Antonio. Elevadas las actuaciones a este Tribunal, seguida la tramitación pertinente, se pasaron las actuaciones a la Magistrada Ponente a fin de, tras deliberación, dictar la pertinente resolución.
Cuarto.-En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, con inclusión del plazo para dictar sentencia.
Único.-Se cuestiona en el presente recurso de apelación la resolución condenatoria recaída argumentando el recurrente, el error en la valoración de la prueba en que incurre el Juzgador, sobre cuatro los argumentos básicamente, uno que no ha concretado la denunciante la cantidad adeudada, segundo que si la hipoteca deja de pagarse las consecuencias son para la madre del denunciado que intervino como avalista, la ausencia de dolo y la situación que acarrearía la entrada en prisión del recurrente que le impediría hacer frente a las pensiones.
El actual artículo 227.1 CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) sanciona con pena de prisión o multa a quien "dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos", extendiendo en su apartado 2 la punición a los supuestos de impago de "cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior". Se trata de un delito que aparece en el ordenamiento español por primera vez como consecuencia de la Ley de Divorcio de 1932 (RCL 1932, 290), luego derogada, y que en su forma actual se introduce en el Código penal vigente con ocasión de la reforma llevada a cabo en 1989. En la exposición de motivos de aquella ley el legislador justificaba su introducción diciendo que suponía un intento de otorgar la máxima protección a quienes, en las crisis matrimoniales, padecen las consecuencias de la insolidaridad del obligado a las prestaciones que se señalan;
En la actualidad, y consolidado el delito tras su inclusión en el Código de 1995, la doctrina (Luzón Cuesta, por ejemplo) y la jurisprudencia hacen hincapié en que el tipo no puede nunca interpretarse como una prisión por deudas, debiendo contemplarse a la luz del principio de culpabilidad más estricto. Lo que, por otra parte, resulta obligado, pues España es signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, de 19/12/1966 (RCL 1977, 893), cuyo artículo 11 señala que "nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual". A la luz de aquel principio la jurisprudencia (por ejemplo, SSTS de 28/7/1999 (RJ 1999, 6663), 13/2/2001, 3/4/2001, 8/7/2002 (RJ 2002, 7646), 16/6/2003 (RJ 2003, 5077) y 21/11/2007, y ATS de 15/4/2004 (JUR 2004, 130253) ha perfilado el art. 227 CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) como un delito de omisión, que exige para su consumación la concurrencia de dos elementos objetivos y uno subjetivo:
- Resolución judicial firme dictada en proceso de separación, divorcio, nulidad matrimonial, filiación o alimentos, o convenio aprobado por la autoridad judicial competente que establezca la obligación de abonar una prestación económica en favor del cónyuge o de los hijos.
- Conducta omisiva del obligado al pago consistente en el impago reiterado de esa prestación económica durante los plazos exigidos en el precepto legal, es decir, dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos; conducta ésta de omisión cuya realización consuma el delito por ser de mera actividad, sin necesidad de que de ello derive ningún resultado perjudicial distinto del que ya produce la falta de percepción de la prestación establecida.
- Comportamiento doloso del sujeto activo evidenciado en el conocimiento de la obligación de pagar y la voluntariedad de incumplir la misma, precisando que resulta inexistente el dolo en los casos de imposibilidad objetiva de afrontar la prestación debida. Imposibilidad cuya prueba, obviamente, corresponderá a quien la alega.
En el presente supuesto, y sin que se discuta la concurrencia de los dos elementos objetivos, el recurso se interpone por entender el recurrente que, en su caso, concurre la citada imposibilidad subjetiva para afrontar la prestación debida. A la vista de los datos expuestos, el Tribunal no puede sino rechazar el argumento impugnatorio, pues los hechos que se denuncian se remontan a los meses de julio, agosto septiembre diciembre de 2006 y enero y febrero de 2007, habiendo manifestado en el Plenario que pagó esos meses pero que lo hacía en metálico y sin pedir recibo a cambio por lo que no puede acreditarlo mientras que en el recurso mantiene la imposibilidad de hacer frente por falta de recursos.En cualquier caso consta en el informe de vida laboral del recurrente que en esos meses prestaba servicios para distintas empresas o percibía la prestación por desempleo por lo que en cualquier caso podía hacer frente al menos en parte de la prestación, desatendiendo durante ese periodo completamente sus obligaciones familiares. Ninguna trascendencia tiene en otro orden de cosas quien sea la avalista del préstamo cuyo pago en un determinado porcentaje corresponde al denunciado sin hacer frente al mismo, como también es irrelevante las consecuencias que la imposición de la pena, si es privativa de libertad, tendrá en orden a la posibilidad de realizar una actividad remunerada y poder hacer frente a las obligaciones familiares.
Las consideraciones anteriores llevan a desestimar el recurso de apelación interpuesto compartiéndose plenamente las acertadas argumentaciones de la resolución impugnada.
Consecuencia de lo que precede es la desestimación del recurso confirmando la resolución impugnada imponiendo al apelante las costas de esta alzada.
Que desestimando el recurso interpuesto debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada imponiendo al apelante las costas de esta alzada.
Expídase testimonio de la presente resolución que, con los autos originales, se remitirá al Juzgado de procedencia, quien deberá acusar recibo de los autos y de la certificación, y reportado que sea, archívese este rollo, previa nota.
Publicación.-Dada y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe y leída que fue en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretaria certifico.

References: artículo 227
 resolución 
 artículo 227
 resolución 
 artículo 11
 Resolución 
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