Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2005/A053-05.htm
Timestamp: 2017-11-25 05:25:54+00:00

Document:
A053-05
Auto 053/05
IMPEDIMENTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Participación en Comisión Redactora del Código de Procedimiento Penal
IMPEDIMENTO DEL VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Participación en Subcomisión Redactora del Código de Procedimiento Penal
Referencia: proceso D-5644
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 474 (parcial) de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.”
Actor: Edgar Peña Velásquez
Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil cinco (2005).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de las facultades constitucionales y legales, procede a resolver la solicitud presentada por los señores Procurador General de la Nación y Viceprocurador General de la Nación.
1. Que conforme lo ha sostenido esta Corporación, la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para resolver los impedimentos y recusaciones de sus magistrados y conjueces, así como del Procurador General de la Nación, o de quien haga sus veces, en relación con los conceptos que debe emitir dentro de los procesos de constitucionalidad que se adelanten.[1]
2. Que el Decreto 262 de 2000 “por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos” dispone en el numeral 31 del artículo 7º que entre las funciones que corresponden al Procurador General de la Nación está la de: “conocer y resolver los impedimentos manifestados por los funcionarios de su despacho, el Viceprocurador, los Procuradores Delegados, los Procuradores Distritales, el Secretario General, el Veedor, el Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, los delegados del Procurador en las Comisiones de Personal y de Carrera de la Procuraduría General, así como las recusaciones que contra ellos se formulen.”
Que de igual manera en el numeral 3º del artículo 17 del decreto en mención, se establece como función del Viceprocurador General de la Nación la de “reemplazar al Procurador General en todos los casos de impedimento.”
3. Que mediante el oficio No. DP- 0139 del 21 de febrero de 2005, el señor Procurador General de la Nación y el señor Viceprocurador General de la Nación, manifestaron a esta Corporación hallarse impedidos para conceptuar en el presente asunto.
Las razones que aducen para dicho impedimento son las siguientes:
“Los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991 contemplan las causales de impedimento y recusación que, inspiradas en razones de imparcialidad, garantizarán la probidad de quienes intervienen en los juicios y actuaciones a cargo de la Corte Constitucional.
Dentro de los motivos de impedimento se encuentra el haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada o intervenido en la expedición de las normas sometidas al control de la Corte Constitucional, situación esta última en la que se encuentran los suscritos, toda vez que en nuestra condición de Procurador General de la Nación y Viceprocurador General de la Nación participamos en la comisión redactora, el primero, y en la subcomisión redactora, el segundo, del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004-, de cuyo texto hace parte la norma demandada.
Por lo tanto, solicitamos a esa Honorable Corporación aceptar el impedimento manifestado y, en consecuencia, disponer que el Procurador General de la Nación, en cumplimiento de la función que le atribuye el numeral 33 del articulo 7º del Decreto Ley 262 de 2000, designe el funcionario que debe rendir el concepto en este proceso, teniendo en cuenta que quienes han de rendirlo se consideran impedidos para conceptuar respecto de los mismos.”
3. Que analizado el escrito de impedimento enviado por el señor Procurador General de la Nación y por el señor Viceprocurador General de la Nación en relación con la demanda de inconstitucionalidad formulada contra el artículo 474 (parcial) de la Ley 906 de 2004“por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, la Corte considera que si bien en principio sólo correspondería atender el planteado por el señor Procurador General de la Nación y que una vez aceptado el mismo, sería procedente entrar a estudiar el propuesto por el señor Viceprocurador General de la Nación[2], pues es en ese momento cuando este funcionario podría entrar a sustituir al Procurador para rendir el correspondiente dictamen en aras de garantizar el principio de la economía procesal, que busca que los procesos se tramiten en menos tiempo con el menor desgaste de la actividad de administración de justicia y con el fin de dar celeridad a la solución de los procesos de constitucionalidad e impartir pronta y cumplida justicia[3], la Sala accederá a estudiar en esta providencia los impedimentos planteados por el señor Procurador General de la Nación y por el señor Viceprocurador General de la Nación.
4. Que el motivo de impedimento expresado por el señor Procurador General de la Nación es el de haber participado en la comisión redactora del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004-, de cuyo texto hacen parte el artículo 300 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” demandado y el cual conforme al artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, constituye una de las causales de impedimento en esta clase de procesos (haber intervenido en la expedición del ordenamiento jurídico cuya acción de inconstitucionalidad se surte ante la Corte Constitucional). En consecuencia, se considera que es del caso aceptar el impedimento propuesto por el Doctor Edgardo José Maya Villazón en relación con la norma por él invocada, y declararlo separado del conocimiento de la misma, dentro del proceso D-5644, con el fin de asegurar la debida imparcialidad en la vista fiscal.
5. Que respecto al impedimento formulado por el señor Viceprocurador General de la Nación, ha de precisar la Sala que sobre la base de la aceptación del impedimento manifestado por el señor Procurador General de la Nación y debido a que el Viceprocurador General de la Nación expresa razones similares -haber participado en la subcomisión redactora del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004-, de cuyo texto hace parte el artículo 474 demandado, se impone, en su caso, la misma solución jurídica, por lo que se encuentra procedente aceptar también el impedimento propuesto por el Doctor Carlos Arturo Gómez Pavajeau, en su calidad de Viceprocurador General de la Nación.
6. Que en armonía con lo expuesto, el proceso de la referencia debe pasar al Procurador General de la Nación, para que en cumplimiento de la función que le atribuye el numeral 33 del artículo 7º del Decreto Ley 262 del 2000, designe el funcionario que haya de rendir el correspondiente concepto en relación con la inconstitucionalidad planteada contra el artículo 300 de la Ley 906 de 2004“por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.”
Primero. ACEPTAR el impedimento manifestado por el Procurador General de la Nación para rendir concepto de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 474 (parcial) de la Ley 906 de 2004“por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, por las razones expuestas.
Segundo. ACEPTAR el impedimento manifestado por el Viceprocurador General de la Nación para rendir concepto de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 474 (parcial) de la Ley 906 de 2004“por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, por las razones expuestas.
Tercero. En consecuencia, el señor Procurador General de la Nación, en ejercicio de la función que le asigna el artículo 7º del Decreto Ley 262 de 2000 designará al funcionario que en representación del Ministerio Público deberá rendir el concepto correspondiente en este proceso, durante el resto del término que para el efecto corresponde al Ministerio Público.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO DE SALA PLENA 053 DEL 8 DE MARZO DE 2005 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
Referencia: expediente D-5644
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 474 (parcial) de la Ley 906 de 2004 “Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Con base en esta atribución del Senado de la República, el Procurador General de la Nación de ese entonces, en distintas oportunidades declaró su impedimento y solicitó la designación de un Procurador Ad hoc. Así lo hizo en los Procesos Disciplinarios números 001-2435, 001-7105, 001-7105, PA 3772, 001-7581, PA 3515, PA 3493 y 001-26566/99, entre otros, en los cuales el Senado aceptó aquel y correspondió a lo solicitado[4].
6. Para subsanar el vacío que se presenta en lo que respecta a impedimentos y recusaciones del Procurador General de la Nación en juicios de constitucionalidad esta Corte acudió, en jurisprudencia que en esta oportunidad se revisa y corrige, al artículo 79 del capitulo XIX del Reglamento Interno de esta Corporación, adoptado mediante Acuerdo No. 05 del 15 de octubre de 1992[5], según el cual los “asuntos de constitucionalidad de que conoce la Corte Constitucional se someterán, en lo que hace a impedimentos y recusaciones, a las causales y al trámite consagrados en el Capítulo V del Decreto 2067 de 1991, en lo pertinente”.
Tampoco puede derivarse la aplicación del Capítulo V del Decreto 2067 al Procurador General de la Nación y el Viceprocurador General de la Nación de lo dispuesto por el artículo 48 del mismo, porque, por un lado, dicha norma no atribuye competencia y sólo regula lo relacionado con la suspensión de términos para la tramitación de los asuntos de constitucionalidad de competencia de la Corte Constitucional, y, por otro lado, cuando el segundo inciso de la norma en comento contempla que los términos para rendir concepto no correrán durante el tiempo indispensable para tramitar los incidentes de impedimento o recusación, no está haciendo alusión exclusivamente al concepto que rinden el Procurador General de la Nación y el Viceprocurador General de la Nación, sino también a los demás que pueden rendirse en un proceso de constitucionalidad, por parte del Presidente de la República, el Presidente del Congreso, otros organismos del Estado que hubieren participado en la elaboración o expedición de la norma y entidades o personas expertas en la materia respectiva, conforme lo señalan los artículos 244 de la Carta Política y 11 y 13 del Decreto 2067 de 1991.
[1] En relación con este punto se pueden consultar entre otros, el Auto del 25 de enero de 2005 Exp. D-5503 y el del 3 de noviembre de 2004 Exp. 5412 M.P. Alvaro Tafur Galvis, así como el del 24 de abril de 2003 Exp. D-4475, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[2] El Decreto 262 de 2000 “por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos” dispone en el numeral 31 del artículo 7º que entre las funciones que corresponden al Procurador General de la Nación está la de: “conocer y resolver los impedimentos manifestados por los funcionarios de su despacho, el Viceprocurador, los procuradores delegados, los procuradores distritales, el Secretario General, el Veedor, el Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, los delegados del Procurador en las Comisiones de Personal y de Carrera de la Procuraduría General, así como las recusaciones que contra ellos se formulen.”
De igual manera el numeral 3º del artículo 17 del decreto en mención, se establece como función del Viceprocurador General de la Nación la de “reemplazar al Procurador General en todos los casos de impedimento.”
[3] Ver al respecto la Sentencia C-037 del 19 de febrero de 1998 M.P. Jorge Arango Mejía.

References: artículo 474
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 474
 artículo 300
 artículo 25
 artículo 474
 artículo 7
 artículo 300
 artículo 474
 artículo 474
 artículo 7
 artículo 474
 artículo 79
 artículo 48
 artículo 7
 artículo 17