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Timestamp: 2018-07-22 23:58:57+00:00

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8 MILLONES DE EUROS, COMISIONES POLÍTICAS Y TÉCNICAS QUE NO SON OBJETO DE INVESTIGACIÓN POR LA FISCALÍA DE ALMERÍA.¡¡¡EL CASO AUDITORIO DE ROQUETAS DE MAR!!! – WikiLuis
06/04/2015 de WikiLuis
8 MILLONES DE EUROS, COMISIONES POLÍTICAS Y TÉCNICAS QUE NO SON OBJETO DE INVESTIGACIÓN POR LA FISCALÍA DE ALMERÍA.¡¡¡EL CASO AUDITORIO DE ROQUETAS DE MAR!!!
Desde hace mucho tiempo vengo defendiendo y demostrando la existencia de un conjunto de hilos que, cruzados con los de la urdimbre, forman una tela de araña cuyas derivaciones se interconexionan en distintos procedimientos judiciales, tramitados en los juzgados de nuestra provincia. A pesar de las pruebas que evidencian estos hechos, y las consecuencias que acarrean las vinculaciones de los unos a los otros, los responsables de velar e impartir justicia siguen obviando, deliberadamente, estas circunstancias.
Así nos encontramos, por ejemplo, con el conocido como caso “AUDITORIO DE ROQUETAS DE MAR”. Expediente judicial que, actualmente, se encuentra pendiente de resolución sobre la apertura, o no, de las diligencias penales que, en su día, fueron archivadas por el juez D. Luis Durban. La petición de reapertura solicitada por los denunciantes, dos ex-concejales del Psoe de Roquetas de Mar, viene motivada, precisamente, por la propia resolución de sobreseimiento provisional impuesta por el actualmente Magistrado, así, como por la sentencia dictada por la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declaraba NULO el contrato de obra adjudicado, por no ser ajustado a derecho, a la empresa Hispano Almería, por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Ahondando mas en ello, y aunque con posterioridad haremos lo mismo con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, paso a exponerles la parte dispositiva que motiva la resolución de Archivo Provisional emitido por el Juez Durban:
“Es obvio que en el procedimiento contencioso se valorará y revisará con mayores garantías y conocimiento de causa la actuación de los querellados. De modo que, si finalmente se descartase la existencia de irregularidades, carecería de sentido seguir con la tramitación de la causa penal. Y sí, por el contrario, se apreciase una actuación contraria a derecho, sería el momento de valorar la ilegalidad”.
Parece mas que evidente que el Magistrado Durbán opta por no aplicar la PREJUDICIALIDAD que debe existir sobre la causa civil en favor de la Penal eludiendo asumir, de ésta vil forma, lo que a todas luces era y ha sido obvio, como así lo ha venido a demostrar la Sentencia del Alto Tribunal y de la que a continuación extraemos algunas de las conclusiones mas importantes que dejan perfectamente claro la ILEGALIDAD cometida por el alcalde Amat y su Equipo de Gobierno:
– El 27 de octubre de 2.003 se emite informe desfavorable por el Secretario General de la Corporación.
– El 27 de octubre de 2.003, el interventor pone de manifiesto la diferencia entre el importe de la modificación y el crédito disponible que lo es en cuantía superior al gasto autorizado así como la necesidad de adoptar acuerdo plenario de modificación de gastos y de justificar la improcedencia de convocatoria de nueva licitación para la modificación prevista e informe de la oficina de supervisión de proyectos debiendo de incorporarse el acta de replanto previo. Se pone de manifiesto la necesidad de dictamen de la comisión especial de cuentas al superar el contrato el importe de los 6.010.121,04 euros y dictamen del Consejo Consultivo.
– También consta que las obras fueron ejecutadas antes de la aprobación del modificado.
– Informe desfavorable del Consejo Consultivo.
Sigue diciendo S.Sª, en éste caso en el PUNTO QUINTO de la Sentencia:
En nuestro caso y tal como puso de manifiesto el Dictamen del Consejo Consultivo, el informe del Secretario General de la Corporación y también la intervención, no se han cumplido los trámites exigibles para la modificación aprobada.
El Secretario General de la Corporación pone de manifiesto en su informe que no consta formalmente que por la dirección facultativa se procediera a recabar del órgano de contratación autorización para iniciar el presente expediente o cuantos hubiere sido precisos en el momento que fueron advertidos con carácter previo a la realización de las obras.
La modificación, tampoco se justifica por el órgano de contratación conforme a lo ordenado en el articulo 101.1del R.D. legislativo 2/2000, esto es, no consta que obedezca a razones de interés público en los elementos que lo integran, ni que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas. Ello infringe también la cláusula tres, punto XII del pliego de cláusulas administrativas que rige la contratación.
No se justifica el interés público en la contratación ni como se ha dicho la improcedencia de una nueva licitación para la contratación del mobiliario, considerando tal circunstancia como una GRAVE INFRACCIÓN PROCEDIMENTAL
En definitiva y como ponía de manifiesto el Dictamen del Consejo Consultivo, es claro que concurría cláusula de rescisión contractual del contrato y que es tal la variación contractual producida que se altera la esencia cuantitativa y cualitativa del contrato al incrementarse el precio inicial en casi el 120%, resultando menoscabado el principio de publicidad y concurrencia.
Procede Declarar La Nulidad del acuerdo Impugnado.
Se anula el contrato de obra adjudicado por no ser ajustado a derecho.
Parece obvio, al menos aparentemente, que de la sentencia dictada por el TSJA se desprenden, de forma continuada, una serie de irregularidades en todo el procedimiento administrativo y, cuando menos, algunas de ellas, puramente de carácter delictivo.
A la vista de todo lo anteriormente expuesto la representación procesal de los denunciantes solicitó, en primer lugar, a la Fiscalía Provincial de Almería la reapertura de las mencionadas Diligencias penales(archivadas provisionalmente por el Juez Durban). El pronunciamiento del Fiscal Jefe, D. Antonio Pérez Gallegos, no se hizo esperar por mucho tiempo informando de forma desfavorable a las pretensiones de los denunciantes. El argumento motivado en su informe exponía, entre otros, lo siguiente:
Sería necesario, en definitiva, en primer lugar, una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo.
Que tal resolución sea contraria al Derecho, es decir, Ilegal.
Que esa contradicción con el DERECHO, hoy ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia en la omisión de tramites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con argumentación técnico jurídica mínima mente razonable.
Que ocasione un resultado materialmente injusto.
Que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario y con el conocimiento de actuar en contra del DERECHO.
Termina el Decreto del Sr. Fiscal jefe de Almería, D. Antonio Pérez Gallegos, diciendo lo siguiente:
“En el presente caso, examinado el contenido de la sentencia de la Sala de lo contencioso Administrativo del TSJA, no se dan tales requisitos, por lo que entendemos procede acordar el archivo de las presentes diligencias y no dar lugar a lo solicitado”.
El Fiscal entiende que no concurren las 5 circunstancias que indica en su informe para así proceder a la reapertura de las diligencias penales. Así, hemos de entender que:
Tanto los acuerdos adoptados por la Comisión de Gobierno y Pleno Municipal, con los informes técnicos de contrario, no son de suficiente entidad ni potestativos como para considerar, al menos, la investigación de los hechos denunciados, a pesar de la sentencia condenatoria del TSJA. Extremo, éste, que fue supeditado por el propio Magistrado Durbán para proceder a la reapertura, o no, de las diligencias Penales, ahora, pendientes de informe por la Sala II de la Audiencia Provincial de Almería.
Consecuentemente, y de forma contradictoria, la resolución-acuerdo adoptado, por ambos órganos municipales(Comisión de Gobierno y Pleno), tampoco los considera de contrario a derecho, es decir, ILEGAL, a pesar de lo explicita y clara que es la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que textualmente procede a declarar la NULIDAD DEL ACUERDO IMPUGNADO Y EL CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO POR NO SER AJUSTADO A DERECHO.
Se ha de deducir, imperiosamente, que el Sr. Fiscal interpreta que todas las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento se ajustan a Derecho y que todas a su vez, tanto técnica como jurídicamente, pueden ser justificadas de forma razonable. Olvida el Sr. Fiscal, nuevamente, la Sentencia del TSJA, los informes del Sr. Secretario General, del Interventor, del Consejo Consultivo, de la Cámara de Cuentas etc, etc, etc,…. informes, todos ellos, de contrario y que dejan palmariamente claro la omisión de trámites esenciales en el procedimiento, como por ejemplo cuando se reconoce que:“no se han cumplido los trámites exigibles para la modificación aprobada”, y que “Ha resultado menoscabado el principio de publicidad y concurrencia”.
Consecuentemente y de igual forma, el Sr. Pérez Gallegos, no considera materialmente INJUSTO el que se haya incrementado el sobrecoste de la adjudicación en más del 120% de la licitación inicial. Tampoco considera injusto el no justificar la improcedencia de una nueva licitación para la contratación del mobiliario, como tampoco lo es la falta de justificación del Interés Público, etc, etc, etc….
Todos estos elementos, vulnerados abiertamente, configuran una clara y manifiesta intencionalidad de entorpecer los Principios de igualdad, Imparcialidad y Legalidad, como queda reconocido en la propia sentencia. Motivos mas que suficientes, por sí mismos, como para proceder a la apertura de las Diligencias Penales. Pero si estos elementos, por sí mismo, no tuviesen el suficiente empaque la dirección letrada, de los denunciantes, aporta nuevas pruebas que evidencian la comisión de los hechos delictivos denunciados en su día así, como, la mas que posible incorporación de otros cuya investigación, actualmente, se está realizando por la UDYCO de la Costa del Sol a petición del Juzgado de Instrucción número TRES de Almería y de los que, evidentemente, es perfectamente conocedor el Fiscal Jefe. Y es conocedor el Sr. Pérez Gallegos puesto que, él, es el que denuncia los nuevos hechos ante el Decanato quién reparte, en turno, las mencionadas diligencias al Juzgado número TRES. Nos referimos al famoso caso “HISPANO ALMERIA”.
Y así volvemos al comienzo de éste artículo cuando les hacía referencia a esa “tela de araña cuyas derivaciones se interconexionan en distintos procedimientos judiciales”. Resulta que las nuevas pruebas aportadas, mas de 11 recibís realizados por la empresa Hispano Almería, ponen de manifiesto el “supuesto” pago de COMISIONES A FUNCIONARIOS Y POLÍTICOS vinculados al Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Pagos que habrían sido realizados en “b” y no declarados a la hacienda pública. Pagos que hacen referencia expresamente a la obra denominada AUDITORIO DE ROQUETAS DE MAR por importe aproximado al MILLÓN OCHOCIENTOS MIL EUROS( TRESCIENTOS MILLONES de las antiguas pesetas). Pagos que son efectuados, supuestamente, por la misma empresa adjudicataria del Proyecto, Dirección y Ejecución de la obra denominada AUDITORIO DE ROQUETAS DE MAR.
Pero la Fiscalía Provincial de Almería, a pesar de haber denunciado los hechos anteriormente relatados y por los que se abren diligencias penales en el juzgado de instrucción número tres de Almería, sigue sin ver relación alguna entre el “caso Auditorio” y el supuesto “Pago de Comisiones en”b” realizados por la empresa Hispano Almería a Técnicos y Políticos vinculados, directamente, con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y con la obra en cuestión. Y sigue sin ver esta conexión cuando además, en una segunda ampliación, presentada el 21 de enero de 2015( a un mes y dos días vista del pronunciamiento que ha de emitir la Sala II de la Audiencia Provincial)se aportan nuevos documentos que demuestran como el dueño de la empresa HISPANO ALMERIA, D. Miguel Ángel Morales cobra, supuestamente, en “b” la nada despreciable cantidad de 43.273.075 pesetas correspondientes a los honorarios de la redacción del proyecto del Teatro de Roquetas de Mar. Así figura en el documento original aportado.
Pues bien, ahí no queda todo. Resulta, además, que la Sala II de la Audiencia Provincial de Almería, que tenía previsto emitir su informe en fecha 17 de febrero de 2015, tampoco ha podido cumplir con tal compromiso. Y es, que la Fiscalía Provincial de Almería, a esa fecha, no había remitido las Diligencias a la Sala, con su informe previo, por lo que ahora, ésta, ha vuelto a disponer nueva fecha trasladando al mes de junio la emisión de su resolución.
¡¡¡Irremediablemente hemos de ser mal pensados!!!
Mucha casualidad es que, en primer lugar, se demore la fecha inicialmente prevista por la sala, 17 de febrero de 2015, para la emisión de su Resolución. Mucha casualidad es que en vísperas de unos comicios electorales, el Ministerio Fiscal, demore la entrega de las actuaciones a la sala para que ésta no pueda cumplir con su compromiso datado. Mucha casualidad es que, ahora, la Sala, informe que la nueva fecha, para la emisión de su resolución, se pospone hasta el mes de junio de 2015. Claro, que todo puede tener su perversa explicación. Nadie podía pre-veer, en el segundo semestre del 2014, que la Presidenta de la Junta de Andalucía adelantaría los comicios electorales para el mes de marzo de 2015, casualmente un mes con posterioridad a la fecha inicialmente prevista para la emisión de la Resolución de la Sala II de la Audiencia Provincial. Presumiblemente una resolución que estimase la apertura de las Diligencias Penales, a un mes vista de las elecciones autonómicas, podría ocasionar un tremendo “terremoto político-judicial” de incalculables consecuencias para el Partido Popular de Almería y , muy especialmente, para su máximo representante, alcalde del Ayuntamiento de Roquetas y Presidente de la Diputación, Gabriel Amat Ayllon. Máxime, teniendo en cuenta, que la apertura de las mencionadas Diligencias Penales conllevarían, de forma automática, la imputación del Sr. Amat y a la que habría que sumarle la ya existente por el caso “LA FABRIQUILLA”. Ahora, evidentemente y siguiendo bajo las mismas premisas, la fecha propuesta, junio de 2015, viene a ser posterior, también, a otra de las citas electorales prevista para el próximo mes de mayo, las Elecciones Municipales.
Se hace evidente, al menos así lo parece, la dependencia política que mantiene la justicia en nuestra provincia como evidente es que la corrupción no afecta, solamente, a la clase política.
Cuando existe extendida corrupción política, las redes de políticos corruptos intentan garantizarse la impunidad, para ello, colocan en puestos de responsabilidad en la estructura de gobierno de los jueces a magistrados corruptos o influenciables que pueden presionar sobre los jueces para que sus patrones políticos salgan inmunes de las investigaciones. También utilizan al Ministerio Fiscal y a la policía para evitar la persecución de los delitos que cometen, entorpeciendo las investigaciones judiciales.
Aquellos Jueces y/o Fiscales que están investigando un caso de corrupción saben que, según el sentido de sus actos, si no llegan muy lejos su carrera puede prosperar. Si hacen determinadas cosas que favorecen a determinado grupo político, o si hacen determinadas cosas que no perjudican a nadie, pueden llegar a una plaza superior, o llegar a ser miembro de un órgano del Estado o prosperar en la carrera. En definitiva, si se portan bien de alguna manera de cara a los que mandan pues no van a tener ningún problema y si hacen todo lo contrario, si se meten en lo que no tienen que meterse, tendrán problemas, pueden tener expedientes…..
Por último recordar, a Jueces y Fiscales, que una forma de corrupción es también intentar defender los intereses de los poderosos para poder beneficiarse uno mismo o no hacer lo que tienes que hacer para no tener problemas cuando precisamente te están pagando para afrontar esos temas difíciles.
Como decía la filósofa Ayn Rand (1950) al expresar la siguiente frase:
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