Source: http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=42029
Timestamp: 2017-11-18 17:38:08+00:00

Document:
Concepto 25 de 2009 Oficina Jurídica Nacional
CONCEPTO No. 025
Ciudad y fecha: Bogotá, D. C., 11 de mayo de 2009
Referencia: Oficio VRI-624 del 27 de marzo de 2009.
Con el fin de dar respuesta al oficio de la referencia, en el cual efectúa consulta a esta Oficina relacionada con determinar si existe impedimento legal para que el profesor Carlos Alberto Vargas docente adscrito al Departamento de Geociencias de la Universidad actúe como coordinador o director de algunos de los proyectos derivados o específicos que se suscriban en desarrollo del Convenio Marco de Cooperación No. 03 entre la Universidad Nacional de Colombia y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, teniendo en cuenta que el docente estuvo en comisión ad - honorem para desempeñar un cargo público, como Subdirector Técnico (Gerente Público) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos la cual culminó el pasado 1 de marzo de 2009, de manera atenta manifiesto lo siguiente:
Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 11 de diciembre de 1981.
Concepto No. 086, Memorando 1812 del 7 de Noviembre de 2008, suscrito por la Oficina Jurídica Nacional.
Régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los docentes.
Convenios de cooperación celebrados con otras Entidades del Estado.
"El pasado 19 de febrero, se suscribió el Convenio Marco de Cooperación No. 03 entre la Universidad Nacional de Colombia y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (anexo), cuyo objeto es el de (...). En esa fecha el Profesor Carlos Alberto Vargas, era el Subdirector Técnico (Gerente Público) de la ANH, para la cual se le otorgó una comisión ad - honorem para desempeñar un cargo público, y a partir del 01 de marzo de 2009 el profesor Vargas retornó a sus labores habituales como docente de la Universidad Nacional.
En consideración a la condición del profesor Vargas para la fecha en la cual se suscribió el Convenio Marco y la que posee actualmente como docente de la Universidad Nacional, consultó a su despacho, si existe algún impedimento legal para que el profesor Carlos Alberto Vargas docente adscrito al Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional actúe como coordinador o director de alguno (s) de los proyectos derivados o específicos que se suscriban en desarrollo del Convenio Marco de Cooperación No. 03 entre la Universidad Nacional de Colombia y la Agencia Nacional de Hidrocarburos".
¿Un docente de la Universidad Nacional de Colombia puede participar como coordinador o director de los proyectos de investigación que surjan en desarrollo de un Convenio Marco de Cooperación, suscrito entre la Universidad con una Entidad Pública en la cual se desempeñó en un cargo, producto de una comisión ad- honorem otorgada por la Universidad?
Se debe verificar previamente si dentro de las funciones realizadas por el Profesor durante la Comisión Ad - Honorem, gestionó o participó en el trámite del convenio marco de cooperación, y se deben analizar las funciones que efectuó durante su permanencia en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el fin de determinar si estas se relacionan con el objeto de los convenios de cooperación que se pretenden suscribir, y del cual se proyecta que sea el coordinador o director, de acuerdo con las siguientes precisiones:
a. Normas Constitucionales y Legales:
La Constitución Política de Colombia estipula en el Artículo 127 lo siguiente:
"Los servidores públicos no podrán celebrar, por si o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales".
El Decreto 2400 de 1968, en el Parágrafo del Artículo 9 modificado por el Artículo 1 del Decreto 3074 de 1968 señala:
"La persona que haya sido empleado público no puede gestionar ni directa ni indirectamente, a título personal, ni en representación de terceros, en asuntos que estuvieron a su cargo. Durante el año siguiente a su retiro tampoco podrá adelantar gestiones, directa o indirectamente, ni a título personal ni en representación de terceros, ante la dependencia a la cual prestó sus servicios."
Por su parte la Ley 734 de 2002 señala en el Artículo 35 sobre las prohibiciones para los servidores públicos:
"1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, a las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. (...)
22. Prestar a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, hasta por un término de un año después de la dejación del cargo o permitir que ello ocurra. (...)
25. Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de terceros, en asuntos que estuvieron a su cargo"
Posteriormente, el Artículo 40 de la Ley 734 de 2002 señala:
"Conflicto de intereses. Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.
b. Normas Internas de la Universidad Nacional de Colombia:
El Acuerdo 016 de 2005 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se adopta el Estatuto de Personal Académico de la Universidad Nacional de Colombia" establece:
"CAPÍTULO VI. DEBERES, PROHIBICIONES, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES.
ARTÍCULO 26. El presente Estatuto enfatiza en los siguientes deberes, derechos, incompatibilidades y conflictos de intereses.
a) Cumplir la Constitución Política, la Ley y las normas y reglamentos de la Universidad Nacional de Colombia. (...)
d) Elaborar y cumplir la jornada de trabajo académico y presentar al Director del Departamento correspondiente el informe anual de las actividades realizadas en cumplimiento del programa de trabajo, de acuerdo con los criterios, directrices y los cronogramas establecidos por la Universidad. (...)
- Las desarrolladas durante el Año Sabático, siempre y cuando guarden relación con el plan de trabajo aprobado por el Consejo de Facultad.
Cuando en interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del docente, éste deberá declararse impedido. En el caso de que el docente no se declare impedido, la Universidad tendrá la posibilidad de declarar que se está presentando un conflicto de intereses, mediante un procedimiento que garantice el debido proceso.(...)".
c. Conceptos expedidos por la Oficina Jurídica Nacional y pronunciamientos Jurisprudenciales relacionados con el tema de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses:
- En Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, del 11 de diciembre de 1981 se expuso lo siguiente:
"(...) 1. Las normas citadas en la consulta tienen por objeto obtener dentro del campo de la función pública la mas absoluta independencia de los funcionarios públicos y de quienes ejercen funciones públicas, en la prestación de sus servicios extendiéndola, en el tiempo, a quienes hayan dejado de pertenecer a los cuadros de la administración, todo esto, con un claro criterio de sana moralidad administrativa. Ello tiene por finalidad impedir el ejercicio de influencias, bien para gestionar negocios o para obtener contratos, amparado en las circunstancias de haberlos conocido o tramitado mientras se estuvo vinculado a la administración.
Se trata de evitar, en cualquier tiempo, bien sea mientras se pertenece a la administración o después cuando se ha desvinculado de ella, el uso o provecho de las prerrogativas y facilidades que en fin de cuentas se obtiene por estar o haber pertenecido a la administración en cualquiera de sus sectores organizativos. No es, ni puede ser desconocido para nadie, que quien ejerce funciones públicas, llámese funcionario o particular investido de éstas, se encuentra familiarizado con toda una serie de funciones que constituyen los mecanismos, las vías, las formas por medio de las cuales se canaliza la actuación de la administración globalmente considerada. Ello implica el conocimiento, la percepción directa, no sólo de aquellos asuntos que le competen al funcionario, sino también de aquellos que corresponden a su repartición administrativa interna. De allí que el legislador con una sana política de moralidad administrativa, extienda en el tiempo, en forma permanente una incompatibilidad que impide gestionar negocios o celebrar contratos, que se hayan tenido a cargo o de los cuales se haya conocido durante el ejercicio de las respectivas funciones.
2. Se tiene entonces, que el simple conocimiento de un contrato o negocio, o el haber tenido asuntos a cargo, inhabilita para celebrar el contrato o gestionar tales asuntos, sin que sea necesario que la actuación haya sido definitiva y que como consecuencia de la misma se hubiere tomado una decisión. Basta, para efectos de las normas citadas, el conocimiento, la participación en cualquier forma, así sea simplemente de trámite, para quedar cobijados por las incompatibilidades que establece el parágrafo del artículo 1 del Decreto 3074 de 1968 modificatorio del artículo 9 del Decreto 2400 del mismo año o la que señala el último inciso del artículo 9 del Decreto - Ley 150 de 1976.
No de otra forma pueden interpretarse normas que propenden por una moralización de la administración pública y una diafanidad en sus actuaciones. De otra parte, el legislador no ha distinguido si la intervención debe ser o no definitiva a efecto de quedar incurso en las incompatibilidades señaladas, razón de más que le impide al intérprete hacerlo, como lo establecen claras disposiciones legales que regulan el ámbito de actuación de aquél, en relación con las normas de derecho (...)".
- Memorando 1812, Concepto No. 086 del 7 de noviembre de 2008, suscrito por éste Despacho, donde se dispuso:
"1. El numeral 4 del artículo 26 del Acuerdo 16 de 2005 del Consejo Superior Universitario, define el conflicto de intereses de la siguiente forma: (...)
Vale la pena señalar que esta disposición es aplicable a todo el personal académico de la Universidad Nacional de Colombia, independientemente del régimen que cobije al docente, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2 del Artículo 1 del Acuerdo 16 de 20051.
En el mismo sentido la Ley 734 de 20022 en su artículo 40 estableció lo siguiente: (...)
De la normatividad trascrita puede deducirse que para que se configure el conflicto de intereses, el docente debe: 1) Tener un interés particular y directo sobre la regulación, gestión, control o decisión del asunto. 2) O que dicho interés lo tenga alguna de las personas indicadas en las normas. 3) Y no declararse impedido para actuar en el mismo.
2. El establecimiento de un régimen que regule los conflictos de intereses, tiene por finalidad garantizar que al momento de adoptarse decisiones por las autoridades o miembros de organismos colegiados, se consultará siempre el bien común, evitando que el interés particular que pueda tenerse sobre determinado aspecto, prevalezca afectando con ello el interés general. Es una forma de garantizar la transparencia en la adopción de decisiones y de los debates que las anteceden en tal sentido la Corte Constitucional ha señalado que:
"El régimen de conflicto de intereses busca, precisamente, que las decisiones del Congreso de la República consulten el bien común y que, sin considerar sobre las consecuencias jurídicas reales de sus decisiones, el interés personal ceda ante el interés público. Además, con ello se protege la debida transparencia de los debates del Congreso de la República. El régimen de conflicto de intereses. Con dicha figura se busca establecer las condiciones internas del debate. El constituyente quiso que el debate parlamentario tuviera por objeto esclarecer aquello que consultara con el bien común y no que se defendieran o propugnaran intereses particulares de determinados miembros del Congreso" (sentencia T-461 de 2003. Magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett).
En igual sentido de forma reiterada, el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre el conflicto de intereses, así:
"A su vez la Sala de Servicio y Consulta Civil de esta Corporación, en concepto de 28 de abril de 2004 definió así la noción, finalidad y características del conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura: (...)
2. El conflicto de intereses es una institución de transparencia democrática que por su alcance y fundamento debe analizarse en forma concreta.
2.1 Noción. En términos generales es aquella cualidad de concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba tomarla.
2.2 Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de impedir que prevalezca el interés privado del congresista sobre los intereses públicos, el cual, prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que no sean relativos al bien común o que la imparcialidad de sus decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la recusación.
2.3 Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la decisión - para el caso, la motivación del voto-. En efecto, en toda decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés; el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento del interés público.
2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala estima conveniente advertir que el tema, de por si complejo, requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto, pues la conducta humana admite de manera necesaria matices y, por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte del fueron interno, debe ser valorado con especial cuidado para no vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los alcances de la ley. (...)"3 (Sala de los Contencioso Administrativo. Sección Primera. 24 de mayo de 2007. Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade).
Aún cuando las sentencias trascritas, aluden al conflicto de interés como causal de perdida de investidura de los congresistas, la noción y la finalidad del mismo resulta aplicable en todo caso a las disposiciones de carácter disciplinario y de personal académico indicadas en el numeral 1 del presente concepto, ya que lo que se persigue es que el servidor público, incluyendo al docente, adopte decisiones en el marco del interés general y el bien común, aspecto que requiere en todo caso un análisis del caso concreto.
3. En ese orden de ideas, será necesario precisar entonces que implica el interés particular y directo que exige la norma (Ley 734 de 2002 y Acuerdo 16 de 2005 del Consejo Superior Universitario) para que se configure el conflicto de intereses. Sobre el particular el Consejo de Estado ha sostenido lo siguiente:
"Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala en el sentido de que al tenor de esas disposiciones se desprende que el interés que puede generar conflicto con el asunto de que trate debe ser directo, es decir que el efecto que la decisión pueda tener en las personas que como servidores públicos intervienen en ella sea inmediato sin consideración a circunstancias o elementos externos a la decisión; que se produzca de forma especial respecto de ellas, de su cónyuge o de un pariente suyo en los grados señalados en la última norma transcrita; y que además no se manifieste el impedimento por esa situación personal o familiar en el trámite del asunto, y así lo ha consignado reiterada y ampliamente la Sala Penal de lo Contencioso Administrativa de esta Corporación cuando se ha ocupado del asunto con ocasión de procesos de pérdida de la investidura de los congresistas.
Asimismo, se ha señalado que el aspecto deontológico de esa figura radica en que es deber de los referidos servidores públicos poner de manifiesto ante la corporación respectiva las circunstancias que, por razones económicas o morales y a sabiendas de las mismas, pueden afectar su objetividad, imparcialidad o independencia frente al asunto oficial o institucional que le competen decidir. De suerte que la causal no se configura por el solo hecho de encontrarse en una situación personal o familiar que puede ser directa y específicamente afectada por la respectiva decisión, sino por no manifestarla, a sabiendas de encontrarse en la situación de que se trate, como impedimento para tomar parte en aquélla". (Consejo de Estado. Sección Primera. 23 de noviembre de 2006. Consejero Ponente Rafael E Ostau de Lafont Pianeta).
De forma específica la Sala de Servicio y Consulta civil del Consejo de Estado, definió cada uno de los requisitos requeridos para la configuración de un conflicto de intereses, de los cuales se destacan los siguientes:
"3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses en el caso de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto se configura por la concurrencia de interés privado e interés público, se hace indispensable tener en cuenta, entre otros los siguientes requisitos:
a) Existencia Se configura el interés privado cuando hay "exigencia para la satisfacción de necesidades humanas"- Messineo. Tomo II, p. 10-, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas o provechos representados en derechos subjetivos, o en ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños o detrimento de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.).
b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de éste requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se encuentra amparado por la ley. Por tanto es inaceptable interés originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o trato) para generar conflicto de interés, y 3) Es afectable, cuando puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).
c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa movido por el interés público o general - regulación abstracta en general- El interés puede ser individual o colectivo, referido en el primer caso, por ej., a la propiedad particular, y, en el segundo, al interés común de los propietarios en una urbanización.
d) Titularidad. El interés debe radicar en el congresista o en su cónyuge, compañero (a), pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo estudio.
3.3 Conflicto de interés. De la ocurrencia objetiva de los dos intereses mencionados puede desprenderse inequívocamente la existencia de un conflicto de interés como causal de impedimento o recusación. En tanto que este fenómeno no se estructuraría, de una parte, cuando no ocurra alguno de los requisitos mencionados para los referidos intereses, y, de otro, cuando simplemente se trata de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en elementos objetivos (...)4. (Sala de los Contencioso Administrativo. Sección Primera, 24 de mayo de 2007. Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade).
De lo expuesto anteriormente puede deducirse que para que el interés del servidor público, genere un conflicto este debe ser: 1) Directo, es decir, con efecto inmediato que se produzca en forma especial respecto del servidor, sus parientes o socios. 2) El interés particular del servidor público, además de ser inequívoco, se centra en obtener una ventaja o provecho, obtener una reparación, enriquecerse o exonerarse de alguna desventaja. 3) es un interés que perturba el ánimo del servidor público, a tal punto que es el motivo que lo lleva a adoptar una decisión determinada. En ese sentido el interés es actual, jurídico y afectable".
Así las cosas, y de acuerdo con lo anterior, es procedente entrar a diferenciar de manera general, cada una de las situaciones aquí planteadas:
1. Las Inhabilidades son las limitaciones que la Constitución y la Ley enuncian para contratar con el Estado, por la falta de aptitud o calidad de un sujeto que lo incapacita para ser parte en la relación contractual por estar implicado el interés público, y en estricta observancia de la aplicación de los principios que rigen la administración pública.
2. El régimen de Incompatibilidades, son las prohibiciones que la Constitución y la ley determina, encaminadas a que el titular de la función pública se le impida ejercer ciertas actividades, con el fin de proteger el interés superior afectado por la acumulación de funciones y/o intereses que afecten la imparcialidad y objetividad de las actuaciones que debe desarrollar el funcionario que actúa en nombre del Estado.
3. El conflicto de intereses se presenta, cuando el servidor público al momento de realizar alguna gestión ante la administración observa que sus intereses personales y como funcionario están contrapuestos, por lo cual se declara impedido para conocer del asunto.
4. La Constitución y la Ley definen las prohibiciones que deben ser observadas y no desarrolladas por los servidores públicos.
Por lo anterior, dentro del régimen de prohibiciones, definido tanto en el decreto 2400 de 1968, como en la Ley 734 de 2002, los servidores públicos no pueden gestionar ni directa ni indirectamente, ni a título personal ni en representación de terceros, asuntos que estuvieron a su cargo. Igualmente, durante el año siguiente a la fecha de su retiro no puede adelantar gestiones, directa o indirectamente ni a título personal ni a título de terceros, ante la dependencia a la cual prestó sus servicios.
Por lo tanto, de acuerdo con el caso objeto de la consulta, es preciso determinar que si el docente en virtud de una comisión Ad - Honorem, pudo conocer durante su labor en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, asuntos que puedan ser tratados en un convenio específico, no pudiendo entonces actuar dentro de los mismos. Igualmente debe revisarse la participación del Docente dentro del convenio, el carácter de las dos entidades públicas a las que estuvo y esta vinculado, y adicionalmente, que no ha perdido su carácter de servidor público por la comisión.
Esta podría ser la situación del docente en el caso que nos ocupa, toda vez que estuvo vinculado por medio de una comisión Ad - Honorem con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por lo tanto, en caso de aceptar que sea el coordinador o director de algunos proyectos desarrollados por medio de convenios específicos con la Agencia, es necesario que previo a ser designado como director o coordinador de algún proyecto, se revise si el objeto de cada uno de estos proyectos que se van a desarrollar por los convenios de cooperación con la Agencia Nacional, tiene o no relación con las funciones y los asuntos que conoció en virtud de su cargo.
En efecto, lo que se pretende entonces, es determinar si el docente participó en el trámite del convenio marco de cooperación, y analizar igualmente cada una de las funciones y los asuntos conocidos por el Docente en desarrollo de la comisión Ad - Honorem, igualmente, se sugiere preguntar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos con el fin de determinar las funciones, asuntos de conocimiento del docente durante su comisión, si estas tienen o no relación con el objeto de los proyectos del convenio específico que se va a suscribir, lo cual determina si hay inconveniente para que sea el Director del Convenio, y si efectivamente hubo injerencia particular para que se declare el conflicto de intereses.
1. De acuerdo con lo informado en el oficio de la referencia, el docente se desempeñó en virtud de una comisión ad - honorem, como Subdirector Técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero su comisión finalizó el pasado 1 de marzo de 2009, y retornó a su labor de docente en la Universidad Nacional de Colombia.
2. El convenio de cooperación que suscribió la Universidad Nacional de Colombia con la Agencia Nacional de Hidrocarburos del 19 de febrero de 2009, establece que se pueden realizar convenios específicos, para aunar esfuerzos científicos, técnicos, y tecnológicos para adquirir información sísmica del país desde las perspectivas técnica, social y ambiental a partir de la realización de actividades de investigación, formación y extensión, para articular programas destinados al intercambio de experiencias en diferentes áreas de conocimiento y en todas las demás formas de cooperación mutua que sea de interés de las partes.
3. Es necesario observar en primera instancia si el docente participó en el trámite del Convenio Marco y las funciones y el desarrollo de su labor en el tiempo en que el docente estuvo en comisión en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y si pueden tener relación con las áreas de conocimiento que van a ser objeto de los convenios específicos, o tener alguna relación con las funciones de la dependencia que estuvo a su cargo en la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
4. Una vez se revise si el Docente participó en el trámite del Convenio Marco y si dentro de sus funciones y los asuntos conocidos en virtud de la Comisión Ad - Honorem, guardan o no alguna relación con el objeto de los proyectos que se determinarán en los convenios específicos que se celebrarán con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se podrá concluir si efectivamente puede participar en calidad de Director o Coordinador de los mismos.
5. El Docente de acuerdo con la información dada, estuvo en dos entidades de carácter público, y por la Comisión otorgada no perdió su calidad de servidor público, por lo que es necesario revisar si dentro de sus funciones y asuntos de conocimiento durante la referida comisión tienen o no relación con el objeto de los convenios que se van a suscribir, por lo que se sugiere que este análisis se efectúe junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para así poder determinar si se estaría frente a un presunto conflicto de intereses.
1 Parágrafo 2. Se aplicará el presente Estatuto a todo el personal académico en lo relacionado con régimen disciplinario, distinciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.
2 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
3 C.P. Flavio Augusto Arce Rodríguez. Expediente 1572. Actor Ministro del Interior y de Justicia. Referencia: Congresistas, Conflicto de intereses. Proyecto de Acto Legislativo para restablecer la institución de la reelección presidencial.
4 íbidem

References: Artículo 127
 Artículo 9
 Artículo 1
 Artículo 35
 Artículo 40

ARTÍCULO 26
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 26
 Artículo 1
 artículo 40