Source: https://www.scribd.com/document/37697294/Querella-Di-Monte
Timestamp: 2018-04-25 12:47:39+00:00

Document:
Ya distinguimos, por la desembocadura de la calle mayor, entre el gentío, el estandarte de la Inquisición que abre procesión. Detrás vienen, en el orden establecido, frailes, inquisidores, penados, reos y acompañantes. En algunos lugares, miembros del respetable público muestran su celo en la defensa de la fe adelantándose para dar repelones o quemar las barbas de los condenados. Esta entrañable y espontánea ceremonia se denomina “afeitar a los cristianos nuevos”. Juan ESLAVA, Verdugos y torturadores.
Señor Juez: César Bartolomé Alberto CIGLIUTTI, en mi calidad de presidente y representante legal de la Asociación Civil COMUNIDAD HOMOSEXUAL ARGENTINA (CHA), con domicilio real en Thomas LIBERTI 1080, de esta Ciudad, Registro I.G.J. N° 164; César Bartolomé Alberto CIGLIUTTI, en mi calidad de persona católica directamente ofendida, con domicilio real en Thomas LIBERTI 1080, de esta Ciudad, DNI 13.531.090; Edgardo Marcelo SUNTHEIM, en mi calidad de persona católica directamente ofendida, con domicilio real en Thomas LIBERTI 1080, de esta Ciudad, DNI 20.119.948; Pedro Aníbal PARADISO SOTILE, en mi calidad de persona católica directamente ofendida, con domicilio real en Riobamba 489, de esta Ciudad, DNI 23.166.230; constituyendo domicilio procesal en Libertad 1213, Piso 3º, de esta Ciudad, con el patrocinio letrado de Alberto BOVINO y Pablo SLOMINSQUI, nos presentamos y solicitamos:
De acuerdo con el derecho que nos confiere el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación — en adelante, CPP, o CPP Nación—, solicitamos ser tenidos como partes querellantes por considerarnos particularmente ofendidos por los dichos vertidos por el señor Rubén DI MONTE. Dado que sus dichos fueron publicados en el diario “CLARÍN”, de esta ciudad, son competentes los tribunales penales porteños.
Según surge de la prueba documental que se adjunta, el señor Rubén DI MONTE, con domicilio en Calle 22, Nº 745, Código Postal B6600HDU, Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, tel: (02324) 43-2412/43-2479, fax: (02324) 43-2104. Dirección electrónica: arzomerce@yahoo.com1, de profesión religioso, afirmó en el ejercicio de sus funciones, el 7 de agosto de 2003, durante una ceremonia dedicada al culto religioso celebrada en la ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con la versión publicada en el diario “CLARÍN” del día siguiente:
Esta dirección ha sido copiada de la http://www.aica.org/aica/igl_arg/obispos/ob_biografias/Di_Monte.htm
Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas (destacado agregado).
Está claro que según sus propios dichos, el señor DI MONTE se reconoce como parte de una comunidad religiosa cuyos integrantes —según su patólogica percepción del cristianismo— considera superiores respecto a las personas homosexuales. Ello surge claramente de sus afirmaciones acerca de que las personas de orientación homosexual “son detractores enemigos de Dios, insolentes, arrogantes, vanidosos, hábiles para el mal…”. En este sentido, si bien la ley que invocamos como fundamento de la ilicitud penal del discurso del sacerdote no contempla la orientación sexual como variable a ser tenida en cuenta para considerar punible un hecho de discriminación, es el propio señor DI MONTE quien, al hacer referencia a los homosexuales, los definió expresa y especialmente por sus convicciones religiosas. En efecto, el imputado no cuestionó en ningún momento las prácticas sexuales de las personas homosexuales, sino la oposición de dichas personas a una ley —que desconocemos tanto su existencia como su eventual validez y carácter positivo— que él considera divina, esto es, el hecho de que estas personas son “detractores enemigos de Dios”2. Es indispensable señalar que la discriminación por razones religiosas reguladas en la ley 23.592 no requiere que la persona discriminada pertenezca a una religión determinada. Así, por ejemplo, si un grupo de personas es atacada físicamente por su condición de ateos o agnósticos, a pesar de que no confesen una religión determinada, no se puede negar que han sido víctimas de un hecho delictivo en razón de sus creencias religiosas, aunque, paradójicamente, haya sido por carecer de ellas. Lo que importa, para construir el dolo de la figura del artículo 3 de la ley 23.592, es que el sujeto activo justifique o promocione la discriminación en cualquier forma respecto de un grupo de personas por el simple hecho de que dichas personas compartan determinadas ideas en materia religiosa. Es por este motivo que el artículo 3 debe ser aplicado en este caso concreto, cuya gravedad es difícil de medir, especialmente si tenemos en cuenta que proviene de una persona que se dice
Cf. nota publicada en la página www.poloneutro.com.ar, cuya impresión simple se agrega a este escrito. 2
portador del mensaje de CRISTO, y que pretende utilizar maliciosamente ese mensaje para justificar y proponer un genocidio por un supuesto mandato divino que sólo a él le fuera notificado. Ello pues el colectivo de personas homosexuales no ha sido definido por el imputado por su orientación sexual, sino por sus convicciones religiosas. Así, las frases más importantes de su discurso impregnado de odio son: a) Los homosexuales —todos ellos, el sacerdote no menciona excepción alguna— son detractores de Dios. b) Según decreto de Dios, los homosexuales son dignos de muerte —una vez más, todos ellos—. Por si quedaran dudas, es precisamente la supuesta oposición de las personas homosexuales a las enseñanzas de Dios lo que, para el imputado, define a estas personas, pues este buen señor —de algún modo hay que llamarlo— no solo critica a quienes practican esa forma de vida sino, además y especialmente, a quienes los “aprueban”. Es éste, entonces, el núcleo de la ofensa dirigida a quienes “practican” o “aprueban” a quienes vulneran mandatos divinos que solo existen en la imaginación patológica del sacerdote, es decir, a quienes se oponen a las convicciones religiosas cargadas de odio, intolerancia, prejuicio e ignorancia del señor DI MONTE.
III. LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA CHA
Los hechos se adecuan al tipo penal previsto por el artículo 3 de la ley 23.592. La norma protege un bien jurídico abstracto, que no recae sobre persona concreta alguna, sino que implica un concepto abstracto cuya protección se encuentra a cargo del Estado de manera irrenunciable. El perjudicado por un acto de difusión o propaganda de discriminación no es, en principio, un individuo particular o una comunidad, sino la sociedad toda, puesto que el precepto tiende a cuestionar la vigencia de la pluralidad propia de un Estado de derecho. Así, en este caso, en el cual el bien jurídico colectivo cubierto es la igualdad entre los ciudadanos — en el marco de un estado plural, profundamente liberal como el que nuestra Constitución delineó—, el bien jurídico está en cabeza de toda la sociedad más, en cada acto de discriminación de la naturaleza del que nos ocupa, existe en concreto, una víctima en especial identificable, en este caso la comunidad homosexual. Y si bien la afectación al bien jurídico producida mediante una realización típica perjudica, como se dijera, a toda la sociedad, en tanto titular de la expectativa de respeto a la pluralidad, genera —y de hecho ha generado— un particular sentimiento de violencia en aquella comunidad sobre la cual específicamente cae el agravio, y, por ende, una particular reducción en su expectativa de pluralidad que devalúa la convivencia democrática. Este tipo penal en particular combina en sí un valor de convivencia social, pero también la razonable expectativa de respeto que tiene cada grupo o comunidad. Es en esta medida en la que se torna comprensible la aceptación de que en este delito, y por esa doble significación, sea admisible tener como particular querellante a un representante paradigmático y representante a nivel mundial de la comunidad agredida como, a no dudarlo, lo es la COMUNIDAD HOMOSEXUAL ARGENTINA.
Al respecto, resulta válido el razonamiento realizado por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Ekmekdjián c/ Sofovich”, en el cual se otorgó legitimación activa al accionante, quien pretendía ejercer un derecho de réplica contra las expresiones que Dalmiro SÁENZ había tenido para con JESUCRISTO, en el marco de un programa de televisión conducido por Gerardo SOFOVICH. En aquella ocasión, el recurrente alegaba ser titular de un derecho difuso, ya que si bien la ofensa proferida afectaba a todos los católicos —y no a su persona en particular—, ese agravio sobre la comunidad católica en general de todas formas hacía nacer un derecho en cada uno de sus miembros —a exigir, en nombre de la comunidad— una rectificación. En dicha oportunidad, la Corte entendió que “... la defensa de los sentimientos religiosos, en el caso a través del ejercicio del derecho de respuesta, forma parte del sistema pluralista que en materia de cultos adoptó nuestra Constitución en su artículo 14. Es fácil advertir que, ante la injuria, burla o ridícula presentación —a través de los medios de difusión— de las personas, símbolos o dogmas que nutran la fe de las persona, éstas pueden sentirse moralmente coaccionadas en la libre y pública profesión de su religión, por un razonable temor a sentirse también objeto de aquel ridículo, difundido en extraordinaria multiplicación por el poder actual de los medios de comunicación masiva”. Por lo demás, se afirma que “En sentido estricto, Dalmiro Sáenz con sus expresiones vertidas en la audición de Gerardo Sofovich —quien posibilitó el uso del medio— interfirió en el ámbito privado de Miguel A. Ekmekdjián, conmoviendo sus condiciones más profundas. Esta conducta, —reconocida por el demandado a fs. 102/105— ha interferido arbitrariamente en la vida ajena, mortificando sus sentimientos, lo que implica un verdadero agravio a un derecho subjetivo tutelado por el legislador”. Aquellos argumentos, que sirvieron de base para aceptar la legitimación activa del Sr. EKMEKDJIÁN por la sencilla razón de ser católico, pueden tener en este caso una aplicación concreta, ya que cabe sostener que si un acto puede ser considerado como difusión de una actitud discriminatoria hacia un grupo de personas, cualquiera de sus miembros puede sentirse íntimamente afectado, y también con un temor de ser la potencial víctima de sus consecuencias. En el caso, es indudable que la afectación que se produce consiste en una expectativa determinada respecto de una comunidad, colectivo o grupo identificable, genera un interés ciertamente “difuso”, en el sentido de que queda en cabeza de un sujeto indefinido, precisamente por la indeterminación misma que conlleva el concepto “grupo” o “comunidad”, pero también reconocible. Y ese interés difuso en la reparación de una expectativa defraudada particularmente, centrada en una comunidad determinada, aparece en estas actuaciones asumida por la entidad que representamos, que tal como surge del Estatuto Constitutivo cuya copia se acompaña, tiene como uno de sus objetivos sociales primordiales abordar el problema de la discriminación, el prejuicio y la intolerancia, exponiendo los peligros a que conducen. De tal modo, la legitimación activa de la CHA se funda, en este caso, sobre dos pilares: a) los intereses difusos gravemente afectados por los hechos descriptos, autoría exclusiva y responsable de DI MONTE; y b) el cumplimiento del objetivo social de la asociación civil que efectúa esta presentación. En idéntico sentido se pronunció lo Justicia Federal Criminal y Correccional de la Capital Federal, en el caso “Bonavota”, del registro de la Secretaría n° 8 del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal n° 4, resuelta el 16 de abril de 1996, y más recientemente en el caso “El Walhalla”3,en el cual el juez interviniente sostuvo que:
“Es claro así, que de los propios estatutos constitutivos de la Asociación, surge de manera palmaria que esta posee entre otros propósitos el de abordar aquellos temas relacionados con actos discriminatorios, y resultando pues el objeto procesal en la presente, la investigación de conductas discriminatorias en infracción a la ley 23.592, deviene imperativo, lógico y racional, la facultad de denunciar y detentar el rol que pretender hacer valer el Centro Simón Wisenthal. Asimismo, y si alguna duda existiera respecto a la capacidad de querellar del denunciante… cuadra citar y remitirnos a nuestra carta magna, que de manera aún más clara y precisa que el digesto rituario, admite que ‘toda persona podrán interponer la ación de amparo contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, al afectado, al defensor del pueblo y las Asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización...’”.
La Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires confirmó lo resuelto por el juez de primera instancia4, por sus fundamentos, agregando “que el derecho a la querella de la parte cuestionada posee fuente, asimismo, en la Convención Internacional sobre Todas las Formas de Discriminación Racial, incorporada al texto de la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22), cuando en su artículo 6 establece que:
“Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales, satisfacción y reparación justa y adecuada por todo el daño derivado de la discriminación”.
En lo que aquí interesa, se podría reconstruir la figura típica establecida en el art. 3 de la ley 23.592, aplicable a los hechos de este caso, de la siguiente manera:
Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que… realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad… de un grupo de personas de determinada religión… que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación… religiosa en cualquier forma.
En el caso de “realizar propaganda” el sujeto activo puede ser cualquiera, y no se requiere que pertenezca a una organización. En consecuencia, el señor Rubén DI MONTE puede ser autor de esta conducta típica. La acción típica consiste en realizar propaganda basada en “teorías de superioridad de un grupo de personas de determinada religión”. También es indiscutible que el imputado ha realizado
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 6 de Capital Federal, causa n° 6.810/99 del registro de la Secretaria n° 12. 4 CCCFed, Sala I, causa n° 31.243, “Kayat, Miguel s/excepción de falta de legitimación para querellar”, registro n° 1.110, resuelta el 7 de diciembre de 1999.
propaganda fundada en teorías de superioridad religiosa. De allí que no solo califique a los homosexuales como “insolentes, arrogantes, vanidosos, hábiles para el mal, rebeldes con sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados…”, sino que los define, en cuanto colectivo, como “detractores enemigos de Dios”. Finalmente, la figura típica incluye un elemento subjetivo distinto del dolo, esto es, una ultraintención5. Por tratarse de una ultraintención, el hecho punible se consuma con la acción típica del autor, más allá de que se obtenga o no la ultraintención mencionada. En este caso, la ultraintención consiste en la “justificación o promoción de la discriminación… religiosa en cualquier forma”. Resulta obvio que, independientemente del rechazo generalizado de los feligreses en relación al discurso de odio del señor DI MONTE, su única intención no puede haber sido otra que la de “justificar y promocionar la discriminación del colectivo homosexual por sus supuestas convicciones religiosas”. Ello nos lleva a concluir, de modo ineludible, que están dados todos los elementos típicos objetivos y subjetivos requeridos por el derecho vigente. De más está decir que la acción del señor DI MONTE no está amparada en ninguna causa de justificación ni de inculpabilidad. Por lo tanto, ha cometido un hecho típico, antijurídico y culpable, esto es, un delito.
V. 1. Reglas aplicables al caso Numerosas reglas de jerarquía constitucional obligan al Estado Argentino a aplicar la ley antidiscriminación a este caso concreto. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 establece, entre otras exigencias:
Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2 1. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 7 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 18 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Sobre este tipo de elemento subjetivo, cf. ZAFFARONI, Eugenio, Derecho penal. Parte general, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000, ps. 517 y siguientes. 6
Artículo 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Artículo 28 Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 30 Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone:
Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional (destacado agregado).
Finalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas afirma:
Artículo 18 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad
de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Artículo 19 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Artículo 20 1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. 2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley (destacado agregado).
V. 2. El derecho internacional de los derechos humanos Como bien ha señalado Martín ABREGÚ, citando a CAFFERATA NORES, a raíz de la reforma constitucional de 1994, se ha configurado un nuevo paradigma en material de administración de justicia penal en nuestro derecho constitucional. En la tradición constitucionalista clásica, las garantías han sido definidas “como límites al poder penal del Estado”6. Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos ha producido una influencia tal sobre la justicia penal que ya se habla de “un nuevo paradigma de procuración y administración de justicia penal” —CAFFERATA NORES—. ABREGÚ agrega que quienes sólo señalan como principal influencia del derecho internacional de los derechos humanos la posibilidad de acudir a los órganos internacionales de protección, no describen el verdadero alcance de la influencia del derecho internacional de los derechos humanos en la administración de justicia penal. Acto seguido, aclara:
“... como esta obra [se refiere a la obra de CAFFERATA NORES] nos explica, el impacto de los tratados internacionales se extiende mucho más allá de los organismos supranacionales de protección”7.
Cf., por todos, CAROCCA PÉREZ, Alex, La prueba en el nuevo proceso penal, en AA.VV., El nuevo proceso penal, Ed. Universidad Diego Portales, Santiago, 2000, p. 33. 7 ABREGÚ, Prólogo, en CAFFERATA NORES, José I., Proceso penal y derechos humanos, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. VI.
Así, ABREGÚ acuerda con CAFFERATA NORES que una de las principales consecuencias de la incorporación del DIDH al derecho interno consiste en “... la influencia de las decisiones internacionales en la jurisprudencia local”. Más allá aún, parafraseando a CAFFERATA NORES, señala que “... no se trata solamente de las garantías del imputado sino también de las garantías de la víctimas, especialmente en los casos de delitos cometidos por agentes del Estado o con su consentimiento o aquiescencia”8. Así, CAFFERATA NORES habla del “nuevo paradigma de procuración y administración de justicia” que se caracteriza por: a) las normas internacionales y su interpretación han “acrecentado el catálogo de garantías procesales expresas ya existentes, con un sentido bilateral...”; b) se ha acentuado la necesidad de proteger “el interés de la víctima... pero sin ‘confiscarlo’ en nombre de un ‘interés estatal’...”9.
Como hemos visto en el punto anterior, la incorporación al ordenamiento jurídico argentino de todo un nuevo corpus normativo, presenta una serie de desafíos diversos que hacen a su aplicación por los tribunales. Nos referimos no ya sólo a los casos de conflicto estudiados más arriba, sino también a la forma genérica por la que se le da cabida en el ordenamiento jurídico interno. El desafío de la compatibilización de la totalidad de las normas que hoy forman parte del ordenamiento jurídico argentino, entonces, obliga a agudizar los mecanismos de interpretación, con el fin de asegurar la vigencia armónica de toda la normativa. Con este objeto se han sostenido una serie de posiciones que, a diferencia de las enunciadas en el punto anterior, no se contraponen sino que se complementan. Algunas de estas posiciones sostienen principios de interpretación basados sobre el derecho constitucional, mientras que otras apuntan a la aplicación de los principios del DIDH. En cualquier caso, como bien expresa Bidart Campos, al estar los derechos humanos en el vértice mismo tanto del Derecho interno como del Derecho internacional, debe imponerse siempre una interpretación a favor de la vigencia de los derechos, que les dé supremacía por sobre cualquier otro valor normativo45. Pasando a analizar el impacto que tiene la incorporación del DIDH en el ámbito interno, corresponde entonces afirmar que la ratificación de los tratados no significa únicamente el reconocimiento de nuevos derechos o un mayor alcance de su protección, sino que también significa la incorporación de aquellos principios que, vinculados con la irrestricta vigencia de los derechos humanos, dispone el DIDH. En este sentido, corresponde sin lugar a dudas destacar en primer término la adopción del ordenamiento jurídico argentino del principio pro homine, como un criterio fundacional de aplicación de los derechos tutelados. Este principio, tal como lo describe Mónica Pinto46, exige estar siempre a la interpretación que más favorece a la vigencia de los derechos. Si bien preferimos remitirnos al artículo mencionado para un estudio meticuloso de algunas de las consecuencias de la aplicación de este principio, corresponde al menos ahora dejar sentado que no se trata de un criterio para la opción entre dos normas, sino que es una guía para la protección de un derecho en cada caso particular. La diferencia entre uno y otro criterio significa que no habrá una norma que sea, en todos los casos, la más garantizadora, sino que ello dependerá de su aplicación a cada hecho particular. En la misma línea argumental, también
ABREGÚ, Prólogo, cit., p. VIII, destacado agregado. CAFFERATA NORES, Proceso penal y derechos humanos, cit., ps. 123 y siguiente. 45 [Nota en el original] Ver, en este mismo ejemplar, BIDART CAMPOS, Germán, El artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. 46 [Nota en el original] Ver, en este mismo ejemplar, PINTO, Mónica, El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos. 9
merece destacarse que adquieren jerarquía supralegal los demás criterios de interpretación del Derecho internacional, tales como el de interpretar de buena fe, el pacta sunt servanda y aquéllos referidos a la finalidad y el objeto de los tratados. En relación a los nuevos principios constitucionales de interpretación que se incorporan a partir de la reforma de 1994, merece especial consideración la doctrina sostenida uniformemente por la Corte Suprema a partir del leading case “Giroldi”. En este caso, la Corte interpretó: “Que la ya recordada ‘jerarquía constitucional’ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente ‘en las condiciones de su vigencia’ (artículo 75, inc. 22, 2º párrafo), esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana (cf. arts. 75 de la Constitución Nacional, 62 y 64 Convención Americana y artículo 2 ley 23.054)”47. En este caso, la Corte constitucionalizó su jurisprudencia anterior en relación al carácter de guía de las decisiones internacionales que había reconocido ya en el fallo “Ekmekdjian”, e interpretó la expresión “en las condiciones de su vigencia” otorgándole un contenido adicional al que le había dado la doctrina al limitarlo al reconocimiento del efecto de las reservas al momento de la ratificación de un tratado. Este criterio de interpretación sentado por la Corte, al remitir a las decisiones de los organismos internacionales, tiene un doble efecto: por un lado, ratifica la incorporación de los criterios de interpretación del Derecho internacional al ordenamiento jurídico argentino y, por el otro, ratifica, pero ahora como instrucción constitucional, el carácter de guía que debe dárseles a las decisiones de los organismos internacionales. En todo caso, resta por determinarse cuál es el alcance de esa guía y si, en todo caso, se trataría de decisiones vinculantes para los tribunales locales48.
V. 3. El reproche penal como obligación internacional Como hemos visto en los capítulos II (Los hechos) y IV (El derecho) de este escrito, la conducta del señor DI MONTE se adecua clara e indiscutiblemente tanto objetiva como subjetivamente al tipo penal definido en el artículo 3 de la ley 23.592. Por lo demás, ninguna regla o principio de nuestro ordenamiento jurídico positivo justifica o disculpa el comportamiento atribuido en este caso concreto. Por lo tanto, el hecho cometido por DI MONTE es un hecho típico, antijurídico y culpable, esto es, un delito. El hecho tampoco ha sido cometido al amparo de alguna causa de impunidad, por lo tanto, además de un hecho delictivo, se trata de un hecho punible.
[Nota en el original] “Giroldi, H. s/recurso de casación”, CS, sentencia del 7 de abril de 1995, en “Jurisprudencia Argentina”, t. 1995-III. 48 [Nota en el original] Sobre este tema, ver Hitters, Juan Carlos, La Jurisprudencia de la Corte Interamericana como guía para la interpretación de la Constitución, “El Derecho”, 24/10/1995, ps. 1-3. Ver también, en este mismo ejemplar, Abramovich, Víctor, y Courtis Christian, Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales. Cita de ABREGÚ, Martín, La aplicación del derecho internacional de los derechos humanos por los tribunales locales: una introducción, en AA.VV., La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1997, ps. 18 y siguientes.
A las afirmaciones anteriores hay que agregar especialmente la consideración de un principio de capital importancia en este caso concreto: el principio de no discriminación como principio estructural de los derechos humanos. En este sentido, la mejor doctrina ha aclarado:
“En el camino que separa las nociones de ‘libertades individuales’ y ‘derechos humanos’ se construyen las propiedades que agregadas a las primeras permiten obtener los segundos. Así el concepto de derechos humanos, cualquiera sea la posición jusfilosófica que se adopte, puede predicarse respecto de todo ser humano por el solo hecho de ser tal y en cualquier sociedad, de allí la universalidad de la noción y su diferencia con los derechos de los hombres libres, de los hombres de determinadas sociedades, etc. De lo expuesto se sigue también que, a diferencia de las libertades individuales que el capitalismo extenderá a las personas jurídicas o de existencia ideal, los derechos humanos quedan acotados en cuanto a su titularidad a la persona física, sin distinción alguna de sexo o edad, superando las incapacidades de hecho o de derecho contenidas aún en algunas legislaciones. La universalidad no puede sino conducir a la igualdad, esto es, a la idea de que la calidad humana da iguales derechos sin perjuicio de que luego la ley se encargue de otorgar igual protección a quienes se encuentran en igual situación, señalando una diferencia importante entre la noción de igualdad como principio informante de la noción de derechos humanos y la de igualdad ante la ley, como principio general de derecho. Esta igualdad reconoce como corolario la no discriminación. Lejos de borrar las diferencias —en rigor, el goce y ejercicio de los derechos humanos se confirma con la validez del derecho a ser diferente—, la no discriminación apunta a deslegitimar, declarando ilegal, toda diferencia que tenga por objeto cercenar, conculcar, de algún modo afectar o impedir el goce y ejercicio de derechos humanos. La indivisibilidad intrínseca del ser humano se reflejará en los derechos de que es titular y en la interdependencia de los unos y los otros”10.
Por los motivos de hecho y de derecho expuestos solicitamos: 1. Se tenga por interpuesta esta querella; 2. Oportunamente, se nos cite a ratificarla, y se reconozca nuestra calidad de querellantes; 3. Se tenga por ofrecida la prueba documental que se adjunta; 4. Se dé el trámite legal correspondiente para verificar la certeza de los hechos delictivos atribuidos al Sr. Rubén DI MONTE; 5. Oportunamente, se le imponga la pena que por derecho corresponda, con costas. Proveer de conformidad, que es Derecho.
PINTO, Mónica, Temas de derechos humanos, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1997, p. 13, destacado agregado. 11
Documents Similar To Querella Di Monte

References: artículo 82
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 14
 artículo 6

Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 7
 Artículo 18

Artículo 19
 Artículo 28
 Artículo 30

Artículo 12
 Artículo 13

Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 20
 artículo 75
 artículo 2
 artículo 3