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Timestamp: 2019-12-13 07:41:51+00:00

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JSD | José María Soberanes Díez - Del 14 de junio de 2019
Del 14 de junio de 2019
Tesis: 1a. XLIX/2019 (10a.)
TARJETAS BANCARIAS. EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZAN OPERACIONES COMERCIALES, TIENE EL CARÁCTER DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA. El Banco de México, en atención al desarrollo del sistema financiero y la protección de los intereses de los usuarios, incentivó a las instituciones financieras emisoras de tarjetas bancarias para que adoptaran las medidas adicionales a fin de reducir riesgos derivados del uso de tales instrumentos en transacciones comerciales. Por tanto, la gran mayoría de dichas instituciones optaron por sustituir la firma autógrafa de sus clientes, con el uso obligatorio de un número de identificación personal (NIP), como herramienta de autenticación en las operaciones comerciales de los tarjetahabientes. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 del Código de Comercio, la firma electrónica se constituye por los datos aparejados a un mensaje de datos, el cual debe entenderse como la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada mediante algún medio electrónico, y entre tales medios se encuentra el intercambio de información estructurada bajo alguna norma técnica o formato convenido; la cual sirve para identificar al firmante y vincular su consentimiento con el acto comercial que se realiza. Por tanto, la naturaleza jurídica del NIP es la de una firma electrónica simple, de conformidad con el precepto legal aludido, en atención a que se trata de datos consignados, adjuntados o asociados en un mensaje de datos, los cuales sirven tanto para identificar al firmante, como para indicar que éste aprueba la información contendida en el mensaje de datos.
Tesis: 1a. L/2019 (10a.)
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR ENCONTRARSE PENDIENTE DE RESOLUCIÓN UN MEDIO DE DEFENSA EN CONTRA DEL ACTO REPUTADO COMO DAÑOSO, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 18, último párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, al prever que la autoridad que conozca del procedimiento respectivo, deberá suspenderlo cuando esté pendiente de resolución un medio de defensa por virtud del cual el reclamante haya controvertido el acto reputado como dañoso y que dicha suspensión subsistirá hasta que en el medio de defensa se dicte una resolución que cause estado, no vulnera el derecho de acceso a la justicia, ya que en el citado precepto, se establece el momento en el cual deberá ser reanudado el procedimiento mencionado, pues la duración de la suspensión estará sujeta al plazo específico previsto en la ley adjetiva que rija el medio de defensa interpuesto. Lo anterior encuentra su racionalidad en la existencia de múltiples medios de defensa a través de los cuales el reclamante puede controvertir el acto reputado como dañoso, mismos que se encuentran sujetos a una diversidad de plazos y términos para su resolución, por lo que sería inviable prever un solo término para levantar la suspensión, soslayando que no en todos los procedimientos que puede intentar el reclamante se dictan resoluciones con la misma temporalidad.
Tesis: 2a./J. 71/2019 (10a.)
NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica.
De la acción de inconstitucionalidad 110/2016, resuelta el 15 de enero de 2019.
III. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA REGULAR CUESTIONES MIGRATORIAS, EN RELACIÓN CON EL INGRESO Y SALIDA DE MEXICANOS Y EXTRANJEROS AL TERRITORIO NACIONAL, ASÍ COMO EL TRÁNSITO Y LA ESTANCIA DE EXTRANJEROS EN ÉSTE, AL TRATARSE DE UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS MIGRANTES EN EL ESTADO DE JALISCO).
De la acción de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 9/2018, 10/2018 y 11/2018, resuelta el 15 de noviembre de 2018.
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO
II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA SU PROMOCIÓN, SE ENCUENTRA ACOTADA PARA IMPUGNAR ÚNICAMENTE LEYES DE CARÁCTER FEDERAL O LOCAL Y TRATADOS INTERNACIONALES QUE VULNEREN EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
XIV. SEGURIDAD PÚBLICA. AL LEGISLAR MATERIALMENTE SOBRE ÉSTA CON EL OBJETO DE REGULAR LA SEGURIDAD NACIONAL EN SU VERTIENTE DE SEGURIDAD INTERIOR SE MODIFICA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE QUE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA SEAN EN TODO MOMENTO DE CARÁCTER CIVIL, DISCIPLINADO Y PROFESIONAL, ESTABLECIDA EN LOS PÁRRAFOS NOVENO Y DÉCIMO DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR).
XV. SEGURIDAD INTERIOR. LA LEY RELATIVA EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN VIOLA EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL AL PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA (INVALIDEZ DEL DECRETO PUBLICADO EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE).
XVI. SEGURIDAD INTERIOR. LA LEY RELATIVA EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR SU CONTENIDO, EXCEDE EL ÁMBITO CONSTITUCIONAL FEDERAL EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL (INVALIDEZ DEL DECRETO PUBLICADO EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE).
De la acción de inconstitucionalidad 18/2018, resuelta el 4 de diciembre de 2018:
II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA IMPUGNAR LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PREVISTOS EN UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL.

References: artículo 89
 RESOLUCIÓN 
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 artículo 31
 artículo 31
 ARTÍCULO 4
 ARTÍCULO 21
 ARTÍCULO 21