Source: http://www.leyes.com.py/jurisprudencias/2019/acuerdos_y_sentencias/ays_576_19.php
Timestamp: 2019-09-19 13:28:14+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 576/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 576/19
EXPEDIENTE: "SOLUMEDIC S.A. C/ RES. FICTA DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS”. EXPTE. C.S.J. NRO. 675, FOLIO 164, AÑO 2018.
En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil diecinueve, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Doctores LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y MIRYAM PEÑA CANDIA, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el juicio: “SOLUMEDIC S.A. C/ RES. FICTA DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS”, a fin de resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por el representante de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS, contra la S.D. Nro. 89 de fecha 4 julio de 2018, dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
Practicado el sorteo pertinente para determinar el orden de votación dio el resultado siguiente: MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MIRYAM PEÑA CANDIA.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL EXCMO MIEMBRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA DIJO: El representante de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS no ha fundado en forma expresa el recurso de nulidad incoado, conforme se observa en su escrito obrante a fs. 135/140 de autos. Por otro lado, no se advierten en la resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad de conformidad a los arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Por lo tanto, corresponde declarar DESIERTO el Recurso de Nulidad. ES MI VOTO.
A sus turnos, los EXCMOS. MINISTROS BENÍTEZ RIERA y PEÑA CANDIA manifiestan adherirse al voto del Ministro preopinante por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL EXCMO MIEMBRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA DIJO: El representante de la parte actora cuestionó, por medio de la presente acción contenciosa administrativa, la Resolución Nro. 10 del 27/julio/2016, dictada por la Administración de Aduanas del Aeropuerto Silvio Pettirossi, confirmada por la Resolución Nro. 596 del 02/diciembre/2016, dictada por la Dirección Nacional de Aduanas (rechaza el recurso de apelación), por la que califican como infracción Aduanera de Defraudación el hecho investigado, aplicando como sanción el pago del tributo adeudado más multa igual al monto del tributo aduanero, resultando la Contraliquidación Nro. 148/15 por un monto total de Gs. 209.717.793.
El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por la S.D N° 89 de fecha 04 de julio de 2018, resolvió: 1) HACER LUGAR a la presente demanda contenciosa administrativa, promovida por SOLUMEDIC S.A. contra Resolución Ficta dictada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS, conforme al exordio de la presente resolución; 2) REVOCAR los actos administrativos objeto de la presente causa; 3) IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdidosa.
Los fundamentos de la Sentencia, que hace lugar a la demanda, se resumen en los argumentos siguientes: 1) La función principal de los productos es la de monitoreo permanente con la finalidad de hacer seguimiento a la enfermedad hasta lograr su estabilidad mientras dure la internación o el paciente este bajo supervisión médica, por lo que dichos productos corresponden a un aparato de verificación de parámetros fisiológicos, y no a la de un aparato que tiene exclusivamente la función de desfibrilación como concluye el dictamen de verificación; 2) Corresponde clasificar a los productos declarados en la nomenclatura 9018.19.80 “Los demás” que también poseen un arancel 0 en concordancia a lo declarado por el contribuyente, no ocasionando perjuicio alguno al erario fiscal; 3) La tarea de fiscalización y control posterior deberán ser efectuadas fuera de la zona primaria y sólo respecto a las mercaderías despachadas en forma anticipada y aquellos que fueron desaduanadas por canal verde y naranja, las despachadas por canal rojo son sometidas a un riguroso proceso de análisis documental, verificación, clasificación y valoración, antes de su libramiento correspondiente.
El representante de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS se agravia contra la referida Sentencia, en base a los argumentos que se resumen en los siguientes: 1) El informe de la División Nomenclatura y Clasificación Arancelaria es claro de que la función principal del aparato importado es la desfibrilación, no es cierto que los funcionarios del Departamento de Visturía no hayan considerado la función principal; 2) Una resolución emanada de la Aduana Uruguaya no es vinculante para la Aduana Paraguaya, la Dirección Nacional de Aduanas es una institución autónoma y autárquica; 3) La Dirección Nacional de Aduanas es la única institución que puede dictaminar sobre la clasificación arancelaria de mercancías y el Código Aduanero establece la facultad de revisar o controlar posteriormente los despachos cualquiera sea los canales de selección por los que hayan sido despachados, incluso el canal rojo; 4) Se cumplieron los requisitos básicos de dolo y daño, el fisco se hubiera perjudicado notablemente en la correcta percepción de sus tributos con el error en que se incurrieron en las declaraciones detalladas.
El Abg. HERMANN SCHUCHARDT, representante de SOLUMEDIC S.A., contestó el agravio en base a los argumentos que se resumen en los siguientes: 1) El canal asignado para la introducción del equipo al país fue el rojo, el proceso de importación se realizó conforme a toda la reglamentación y control más riguroso, sin que se haya verificado falsificación, adulteración, o alteración de datos, lo que indica que en ningún momento se obró de mala fe y mucho menos con intención de evadir el pago de tributo alguno; 2) El dictamen D.V. Nro. 12/15 es errónea, el equipo importado es un monitor con función accesoria de desfibrilador, este equipo se enmarca dentro de lo que es un aparato de electrodiagnóstico, corresponde a la nomenclatura 9018.19.80 “Los demás" que también poseen un arancel 0, por lo que no existe ningún perjuicio económico para la Dirección Nacional de Aduanas por no existir evasión impositiva alguna; 3) El hecho de que exista un error en la posición arancelaria del equipo importado no puede ser considerado como falta aduanera y mucho menos exigirse el pago de una contra liquidación y multa por dicho hecho inexistente.
Pasando al estudio de la apelación planteada, se observa que la cuestión gira en torno a la calificación como infracción aduanera de DEFRAUDACIÓN a la firma SOLUMEDIC S.A.,-según el art. 331, inc. a), del Código Aduanero, por la existencia de diferencias en la declaración de clasificación arancelaria de las mercaderías con Despachos de Importación Nro. 12002IC04007835Y y Nro. 13002IC04014643K, concluyendo en la investigación del sumario, específicamente en base al Dictamen de Clasificación del Departamento de Visturía de la D.N.A., que la correcta clasificación arancelaria es en la nomenclatura 9018.90.99, con un gravamen del 16%, y no la 9018.90.96, con gravamen de 0%, esta último fue la declarada, resultando las Contraliquidaciones Nro. 147 y Nro. 148 con un monto total de Gs. 209.717.793, que incluyen los tributos aplicables y las multas.
En primer lugar, corresponde analizar el art. 331 del Código Aduanero que trata sobre el concepto de “Defraudación", este articulo expresa “...Se considera que existe defraudación en toda operación que, por acción u omisión, realizada en forma dolosa, con la colaboración de funcionarios o sin ella, viole expresas disposiciones legales de carácter aduanero, y se traduzca o pudiera traducirse si pasase inadvertida, en un perjuicio a la renta fiscal, siempre que el hecho no configure contrabando u otro hecho punible...”, de esta norma se desprende que, para que la operación aduanera sea calificado como Defraudación, además del perjuicio que pueda haber sufrido el fisco, es esencial que la acción u omisión se haya realizado con dolo.
Ahora bien, de las constancias de autos se observa que el hecho investigado tuvo su origen en el Departamento de Control Posterior de la Dirección de Fiscalización con relación a los Despachos de Importación Nro. 12002IC04007835Y y Nro. 13002IC04014643K de las mercaderías importadas por SOLUMEDIC S.A., concluyendo la investigación, teniendo en cuenta principalmente el Dictamen de Clasificación del Departamento de Visturía de la D.N.A., que las mercaderías importadas fueron declaradas y clasificadas dentro de la nomenclatura 9018.90.96 “Desfibriladores externos que operen únicamente en modo automático (AED - Automatic External Defibrilator)”, con gravamen de 0%, sin embargo, la correcta clasificación arancelaria es en la nomenclatura 9018.90.99 “Los demás”, con un gravamen del 16%.
En ese sentido, en las conclusiones del sumario, contenidas en la resolución administrativa impugnada (fs. 30/35), se verifica que para la Autoridad Administrativa las mercaderías importadas no corresponden a la posición nomenclatura arancelaria en la que fueron declaradas y clasificadas, existiendo un perjuicio al fisco, pero no demostró el ánimo (dolo) de defraudación, requisito imprescindible para que se configure la defraudación conforme al art. 331 del Código Aduanero, por lo que no se dan los presupuestos legales para calificar el hecho como defraudación.
Cabe señal que, los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas son los responsables del control exhaustivo de las mercaderías, dependiendo del canal por la cual ingresen, tal como lo estable el Art. 124 de| Código Aduanero. En el caso que nos ocupa, las mercaderías ingresaron por el canal rojo, en donde se realiza un control exhaustivo, no existiendo ninguna observación por parte de los "Vistas de Aduanas" en relación a la posición arancelaria por la cual ingresaron las mercaderías, por lo que mal podría hablarse de una finalidad defraudadora por parte de la firma SOLUMEDIC S.A.
Asimismo, de las constancias de autos, no se encuentran reunidos los recaudos legales necesarios para la aplicación de otro tipo de sanción aduanera, toda vez que el contribuyente ha brindado la información necesaria sobre la mercadería orientada a que la D.N.A. determine el arancel correspondiente, siendo -como se ha expuesto precedentemente- el funcionario aduanero quien debe ulteriormente fijar el arancel, no pudiendo, por ende, atribuirse una conducta al contribuyente susceptible de sanción. Al respecto, el Código Aduanero en su artículo 327 establece "Casos de no aplicación de sanciones. 1. La inexactitud realizada, en cualquier declaración relativa a las operaciones aduaneras de importación o exportación, no será considerada falta aduanera por diferencia si el declarante hubiere indicado todos los elementos necesarios para que el servicio aduanero pudiera establecer la correcta tributación y la misma fuere comprobable de la simple lectura de la propia declaración y los documentos respectivos. Esta inexactitud puede referirse a errores de transcripción, de cálculo, inadvertencia de algunos elementos necesarios para determinar el valor en aduana, en la conversión de monedas, clasificación arancelaria cuando los otros elementos han sido correctamente declarados y en la cantidad de carga y el peso correspondiente...”.
En consecuencia, las resoluciones administrativas impugnadas son irregulares, por lo que corresponde dejarlas sin efecto. Por tanto, cabe NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el representante de la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, contra la S.D. Nro. 89 de fecha 4 julio de 2018, dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
En relación a las costas del juicio, considero que, al revocarse las resoluciones administrativas objeto de la demanda, corresponde imponer las costas a los funcionarios emisores de los actos administrativos declarados irregulares, por imperio del Art. 106 de la Constitución Nacional que establece la Responsabilidad personal de los funcionarios o empleados públicos por las irregularidades cometidas en el ejercicio de la función.
De imponerse las costas a la entidad pública, además de contradecir la Constitución, constituye un premio para el funcionario negligente y un castigo para los contribuyentes quienes deben soportar la carga económica de la actuación irregular del funcionario. Es mi voto.
A su turno, el EXCMO. MINISTRO BENÍTEZ RIERA dijo: Me adhiero al voto del Ministro Manuel Ramírez Candía en el sentido de no hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la representante de la Dirección Nacional de Aduanas en contra del Acuerdo y Sentencia N° 89 de fecha 4 julio de 2018 dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala. Ahora bien, en lo que respecta a la imposición de las costas en el presente juicio, soy de la opinión que no se puede condenar al funcionario emisor del acto administrativo irregular, dado que no tuvo intervención en esta causa. Si así lo hiciéramos, estaríamos violando el artículo 16 de la Constitución Nacional que dispone: “La defensa en juicio de las personas y sus derechos es inviolable...”. El procedimiento adecuado si la entidad perdidosa tuviera que abonar una suma de dinero como en este caso, es repetir mediante un procedimiento judicial el pago de lo que llegase a abonar en ese concepto, con intervención del afectado, dando cumplimiento de esta manera a lo dispuesto por el artículo 106 in fine de la Constitución Nacional.
A su turno, la EXCMO. MINISTRA PEÑA CANDIA dijo: Me adhiero al voto del Ministro BENÍTEZ RIERA por los mismos fundamentos.
Asunción, 16 de julio de 2.019.
2.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el representante de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS, contra la S.D. Nro. 89 de fecha 4 julio de 2018, dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
3.- IMPONER las cortas a la parte perdidosa.

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 327
 artículo 16
 artículo 106
in fine