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Te Mario Esencia l Enter o | Derecho penal | Derecho Constitucional
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Creado por TorQue Versión 2.0 18 de Septiembre del 2010
“Porque el conocimiento debe ser libre, gratis y para todos…”
DERECHO Temas I-VII: La constitución Española……………………………………………………………………….4
Tema VIII: Derecho Penal………………………………………………………………………………….….13
Tema IX: Delitos cometidos por funcionarios y autoridades………………………………………………18
Tema X: Derecho procesal penal…………………………………………………………………………… 21
Tema XI: Policía Judicial…………………………………………………………………………………… 25
Tema XII: La Detención………………………………………………………………………………………29
Tema XIII: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad……………………………………………………………… 33
Tema XIV: Cuerpo de la Guardia Civil y estructura……………………………………………………….37
Tema XV: Régimen jurídico de las administraciones públicas…………………………………………….42
Tema XVI: Disposiciones y actos administrativos…………………………………………………………47
Tema XVII: Protección Civil………………………………………………………………………………….53
Tema XVIII: Organizaciones Internacionales………………………………………………………………56
Tema XIX: Derechos Humanos…………………………………………………………………………… 61
Tema XX: Ecología y Biología………………………………………………………………………………64
Tema XXI: Electricidad y Magnetismo…………………………………………………………………….71
Tema XXII: Telecomunicaciones…………………………………………………………………………
Tema XXIII: Mecánica………………………………………………………………………………………79
Tema XXIV: Tecnología de la Información……………………………………………………………… 84
Tema XXV: Topografía………………………………………………………………………………………89
Creado por TorQue // versión 2.0, 2010-2011. Licencia: Creative Commons BY-NC-SA
TEMAS I -VII: LA CONSTITUCIÓN DE 1978
Elaborada y Aprobada en las Elecciones Generales del 15 de Junio de 1977. Aprobada por cada una de las cámaras el 31 de Octubre de 1978. Sometida a Referéndum el 6 de Diciembre de 1978. Sancionada por el Rey el 27 de Diciembre de 1978. Y Publicada y entró en vigor el 29 de Diciembre de 1978.
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, el cual propugna valores como Libertad,
Justicia, Igualdad y Pluralismo político, en el que la Soberanía nacional reside en el Pueblo, y cuya forma política es la monarquía parlamentaria.
2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, reconoce y garantiza el derecho
a la autonomía de las nacionalidades y regiones, y la solidaridad entre ellas.
3. El castellano es la lengua oficial del Estado, tenemos el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás
lenguas Españolas serán también oficiales en sus comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La Riqueza
de las distintas modalidades lingüísticas será objeto de especial respeto y protección.
Las Banderas Autonómicas se utilizarán junto a la de España en edificios públicos y en actos oficiales.
Los Partidos políticos expresan pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular
y son Instrumento fundamental para la participación política. Son libres dentro del respeto a la Constitución y Ley. Su estructura será democrática.
7. Los Sindicatos de Trabajadores y Asociaciones empresariales serán libres dentro del respeto a la constitución.
8. Las Fuerzas Armadas, formadas por la armada, ejército del aire y el ejército de tierra, tienen como misión:
“Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y ordenamiento constitucional.”
Una ley orgánica regulará las bases de su organización.
9. La supremacía de la constitución, obliga a todos los ciudadanos y poderes públicos a que estén sujetos a la
Constitución y al resto de ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones de libertad e igualdad de individuo o grupos para ser
reales y efectivas. Las Garantías Constitucionales garantizan: El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de normas y la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas.
10. La Dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de personalidad, el
respeto a la ley y a derechos de los demás son fundamento del orden político y paz social. Las normas relativas a Derechos fundamentales se interpretan en conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
I. Españoles y Extranjeros
11. La Nacionalidad se adquiere, conserva y pierde de acuerdo a lo establecido por la ley. (Código civil)
Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado puede concertar tratados de doble nacionalidad con países Iberoamericanos o aquellos con los que
España haya tenido vinculación.
12. La mayoría de edad se gana tras cumplir los 18 años.
13. Sólo los Españoles serán titulares de los derechos de “Participación ciudadana”, salvo pueda establecerse por
tratado o ley para derecho a sufragio activo y pasivo en elecciones municipales. La Extradición sólo se concederá en cumplimiento de tratado o ley. Quedan excluidos los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.
Ciudadanos de otros países y apátridas, podrán gozar del derecho a asilo en España.
II .Derechos y Libertades
Todos somos iguales ante la ley, sin discriminación por razón de sexo, raza, religión o condición social.
Derechos fundamentales y de libertades públicas
tortura ni a tratos inhumanos. Queda Abolida la pena de muerte, salvo leyes penales militares en tiempos de guerra.
16. Garantizada libertad ideológica, religiosa y de culto de individuos y comunidades, sin más limitación en sus
manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. España es un estado de carácter Aconfesional.
Todos tienen derecho a la vida e integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a
Derecho a la libertad y seguridad. Nadie podrá ser privado, sino con observancia de este artículo y de forma
prevista en la ley. La Detención preventiva no podrá durar más de lo estrictamente necesario para realización de investigaciones. Tendrá un plazo máximo de 72 horas.
Las garantías del detenido son el deber de ser informados inmediatamente de sus derechos y razones de la detención, no pudiendo ser obligado a declarar. El “Habeas Corpus” pondrá a disposición judicial toda persona detenida ilegalmente.
18. Derecho al Honor e intimidad personal, familiar y de propia imagen. El domicilio es inviolable salvo
resolución judicial. Garantizado el secreto de comunicaciones, salvo resolución judicial. Limitado el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad.
19. Derecho a elegir libremente residencia y circulación por territorio nacional, entrada y salida sólo limitada por
orden judicial. No puede ser limitado por motivo político o ideológico.
20. Protegidos Derechos: Expresión y difusión de pensamientos, producción y creación, libertad de cátedra, a
comunicar o recibir información veraz, y regulada la cláusula de conciencia y el secreto profesional. No existe
ningún tipo de censura previa. Como única limitación de estas libertades, se tiene que respetar los derechos recogidos, especialmente los derechos de honor e intimidad. El secuestro de publicaciones, sólo se dará en virtud de resolución judicial.
21. Derecho a reunión (+ de 20 personas) pacífica y desarmada. Toda Manifestación, se dará comunicación
previa a la Autoridad (Delegado de Gobierno en comunidad autónoma), sin requerir en ningún caso autorización.
Dichas manifestaciones sólo se prohibirán cuando se altere el orden público.
22. Derecho a asociación. Serán ilegales aquellas que persigan fines tipificados como delito. Deberán
inscribirse en un registro a solos efectos de publicidad. Sólo podrán ser disueltas en virtud de Resolución
judicial. Estarán Prohibidas las asociaciones secretas y de carácter paramilitar.
23. Derecho de participación ciudadana en asuntos públicos, directamente, o por medio de representantes
libremente elegidos en elecciones periódicas o sufragio. Se tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones a cargos públicos.
24. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos.
Las Garantías procesales son: Derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, a defensa y asistencia del letrado, a ser informados, a un proceso público sin dilaciones, a utilizar medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismos ni confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en los que por secreto profesional o parentesco no se esté obligado a declarar.
25. El principio de legalidad sancionador, dicta que nadie puede ser condenado por acciones que en momento de
su acción no constituyan delito, según la legislación vigente en aquel momento. Los fines de las penas estarán orientados a la Reeducación y Reinserción social, nunca serán trabajos forzados bajo ningún concepto. El condenado gozará de los derechos recogidos, a excepción de los limitados por el contenido. La administración civil no podrá imponer sanciones que impliquen la privación de la libertad.
26. Prohibidos los tribunales de honor en administración civil y organizaciones profesionales.
27. Derecho a la Educación y libertad de enseñanza.
Su objetivo irá orientado al pleno desarrollo de la personalidad en el respeto de los principios democráticos de convivencia y derechos fundamentales cuya enseñanza pública será obligatoria y gratuita.
28. Derecho a libre sindicación, la ley limita este derecho a las Fuerzas o institutos armados o demás cuerpos de
disciplina militar y regulará peculiaridades de su ejercicio para funcionario público. Derecho a huelga de los trabajadores. La Ley que regule este derecho establecerá garantías precisas para asegurar mantenimiento de servicios esenciales.
29. Derecho a petición individual o colectiva por escrito o de las formas que determine la ley.
Los cuerpos de disciplina militar, lo harán únicamente de forma individual, por escrito y conducto reglamentario.
30. Derecho y deber de defender al país. La objeción militar será causa de excepción del servicio militar.
Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en casos de riesgo, catástrofe o calamidad.
31. Todos contribuirán al sostenimiento de gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante
sistema tributario inspirado en los principios de igualdad y progresividad, de nunca alcance confiscatorio. El gasto público será una asignación equitativa de recursos públicos, su programación y ejecución responderá a criterios de eficiencia y economía.
33. Derecho a la propiedad privada y a la herencia. Nadie puede ser privado de sus bienes, salvo bajo
expropiación forzosa de utilidad pública o interés social.
35. Deber de Trabajar y Derecho al Trabajo, a la libre elección de profesión, a la promoción y a una remuneración
suficiente para sus necesidades y las de su familia. No cabrán los sexismos
37. Derecho a negociación colectiva entre representantes de trabajadores y empresarios, así como la fuerza
vinculante de los convenios. Derecho a conflicto colectivo entre Trabajadores y empresarios. Como única
limitación, se establecerán las garantías para el funcionamiento de los servicios esenciales.
III .Principios Rectores de la política social y económica
39. Los Poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia.
Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos, casados o no, si no han cumplido la mayoría de
40. Poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y distribución de la
renta regional y personal equitativa. Se realizará una política orientada al pleno empleo.
41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que
garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante necesidades.
45. Derecho a disfrutar del medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, y se tiene el deber de
conservarlo. Para quienes violen el medioambiente, se establecerán sanciones penales o administrativas.
47. Derecho a una vivienda digna y adecuada.
IV .Garantías de las Libertades y Derechos Fundamentales
53. Gozan de protección media, los derechos y libertades reconocidos en el capítulo II que vinculen a los poderes
públicos. Se deberá respetar su contenido esencial por ley. Gozan de Protección Máxima, los derechos y libertades reconocidos en el artículo 14 y la sección primera (14-29) ante los tribunales ordinarios, basado en los principios de preferencia y sumariedad y a través del recurso del amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso es aplicable a la objeción de conciencia. Gozarán de protección mínima, los artículos del capítulo tercero (30-52).
54. Una ley orgánica regulará la institución “Defensor del pueblo”, como alto comisionado de las cortes
generales, y designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en éste título, cuyo efecto
V .Suspensión de Derechos y Libertades
55. Ciertos derechos podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración de estado de excepción o de
sitio. Algunos derechos pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
56. El Rey es el jefe del Estado: permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Asume
la más alta representación del Estado Español. Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
57. La Corona es Hereditaria. La sucesión seguirá el orden regular de primogenitura y representación.
El Príncipe heredero tendrá dignidad de Príncipe de Asturias.
59. La Regencia suple la falta de capacidad en el orden político. Si el Rey es menor de edad, el pariente mayor de
edad más próximo sucesor, entrará a ejercer la regencia, y la ejercerá durante la minoría de edad del rey. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad, tomará regencia el príncipe. Si fuese menor de edad se tomaría el punto anterior como referencia. Si no hubiese persona correspondiente a la regencia, éstas serían nombradas por las cortes, 1, 3 o 5 personas. Es preciso ser español y mayor de edad, por mandato constitucional y en nombre del Rey.
60. La Tutela suple el defecto de capacidad civil.
61. El Rey prestará juramento de desempeñar sus funciones, guardar y hacer guardar la constitución, las leyes y
respetar los derechos de los ciudadanos y comunidades autónomas. El Príncipe heredero, al alcanzar mayoría de edad, prestará el mismo juramento que el Rey.
b) Convocar y Disolver cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la constitución.
c) Convocar Referéndum en los casos previstos a la constitución.
d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones.
f) Expedir decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir empleos civiles y militares, y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
g) Ser informado de los asuntos del Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando
lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno.
h) Mando supremo de Fuerzas Armadas.
63. El Rey Acredita a Embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España, están acreditados ante él. Al Rey le corresponde manifestar el consentimiento de tratados.
64. Los Actos del Rey son refrendados por el Presidente del Gobierno, y en su caso por los Ministros Competentes.
La Propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, es refrendado por Presidente del congreso.
65. El Rey recibe presupuestos del Estado que distribuye libremente, también nombra y Releva libremente a los
miembros de su casa sean civiles o militares.
66. Las Cortes Representan al pueblo español y ejercen el poder Legislativo. Están formadas por el Congreso de los
Diputados y el Senado. Aprueban los Presupuestos del Estado (ingreso/gasto anual), controlan la acción del Gobierno y demás competencias que se les atribuya.
67. Nadie podrá ser miembro simultáneo de las dos cámaras, ni acumular acta de una asamblea de Comunidad
Autónoma con la de Diputado de Congreso. Sus Miembros no están ligados a Mandato Imperativo, sino al Representativo.
68. El Congreso se compone de entre 300 y 400 Diputados (en la actualidad hay 350), elegidos por sufragio
universal, libre, igual, directo y secreto. La Circunscripción electoral es la provincia, habrá 2 por cada una. Ceuta y Melilla serán representadas cada una por 1 diputado. La Ley distribuirá una representación mínima inicial. Y distribuyendo a los demás en proporción a la población. La Elección verificará atendiendo a criterios de Representación proporcional. El Congreso es elegido por 4 años. El Mandato termina 4 años después de su elección o de la disolución de la Cámara. Las Elecciones tendrán lugar entre los 30 y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso Electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones.
69. El Senado es la cámara de representación Territorial.
En cada provincia, se elegirán cuatro senadores por sufragio. En las Provincias insulares y en las Islas Mayores, se elegirán 3 senadores y en las Islas Menores 1. Ceuta y Melilla Elegirán cada una a 2 senadores. Las Comunidades autónomas designarán, además de un senador, uno más por cada millón de habitantes en su territorio. El Senado es Elegido cada 4 años, y termina cada 4 años después de su elección/disolución de la cámara.
70. Las Causas de Inelegibilidad e Incompatibilidad de Diputados y Senadores son:
a) Componentes de Tribunal Constitucional.
b) Altos Cargos de Administración del Estado con excepción de miembros del Gobierno.
d) Magistrados, Jueces y Fiscales En Activo.
e) Militares y Miembros de Fuerzas de Seguridad y Policía En Activo.
f) Miembros de Juntas Electorales.
71. Los Diputados y Senadores, gozarán de inviolabilidad por opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
Gozarán de inmunidad, y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. En lo penal, se encargarían de ellos la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
72. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos. Serán sometidos a votación final y requerirá mayoría absoluta.
Las cámaras elijen a Presidentes y demás miembros de sus mesas. Los Presidentes ejercen todos los poderes administrativos y facultados de policía en el interior de sus sedes.
73. Las cámaras se reúnen en 2 periodos ordinarios de sesiones, de Septiembre a Diciembre, y de Febrero a Junio.
Podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, dichas sesiones deberán convocarse sobre
un orden del día determinado y serán clausuradas una vez haya sido agotado.
74. Las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer competencias no legislativas, que el Título II atribuye
expresamente a las Cortes Generales. Se realizará una comisión mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores, y cuando las cámaras por separado no estén de acuerdo, se votará por mayoría absoluta.
75. Funcionarán en Pleno y por Comisiones.
Podrán delegar en las comisiones Legislativas permanentes, la aprobación de proyectos o proposiciones de Ley. El Pleno podrá recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier Proyecto o Proposición de Ley que haya sido objeto en esta delegación. Quedan exceptuados la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas o de bases y los
76. El Congreso y el Senado podrán nombrar comisiones de Investigación conjuntamente sobre cualquier asunto
de interés público. Conclusiones no vinculantes en los Tribunales, ni afectará a resoluciones Judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministro Fiscal.
77. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas por escrito. Quedando prohibida la representación
directa por manifestaciones ciudadanas.
78. En cada cámara habrá una Diputación Permanente, compuesta de un mínimo de 21 miembros que
representarán a grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica. Estarán presididas por el Presidente de la cámara Respectiva y tendrán como funciones la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras (Artículo. 73).
79. Para Adoptar Acuerdos, (Quórum) las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y asistencia de la
mayoría de sus miembros. Dichos acuerdos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes sin perjuicio de las mayorías especiales que establezca la constitución. El Voto de Senadores y Diputados es personal e Indelegable.
Mayoría Absoluta= (1/2 + 1) MIEMBROS TOTALES o más Mayoría Simple= (1/2 + 1) MIEMBROS PRESENTES o más
80. Las Sesiones Plenarias serán públicas, salvo en acuerdo contrario de cada cámara, adoptado por mayoría absoluta.
II. De la Elaboración de las Leyes
81. Las Leyes orgánicas son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las que
aprueben Estatutos de Autonomía y régimen electoral general. La Aprobación, modificación y derogación exigirá mayoría absoluta del congreso.
82. Delegación Legislativa: Las Cortes podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de
ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. Deberá Otorgarse mediante Ley de Bases, cuando su objeto sea formación de textos articulados o por una Ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos en uno. (Texto refundido) La Delegación Legislativa habrá de otorgarse de forma expresiva para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. Las Leyes de Bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y
criterios que han de seguirse en su ejercicio.
86. En caso de Extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales
que tomarán forma de Decretos-Leyes y sin efecto sobre el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, régimen de Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general. Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al congreso de los diputados, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación.
87. La Iniciativa Legislativa corresponde al gobierno, al congreso y al senado.
La Iniciativa de las comunidades autónomas: Solicitud al Gobierno la adopción de un Proyecto de ley o remitir a la
mesa del congreso una Proposición de ley. La iniciativa popular es una forma de ejercicio para proposiciones de ley, se exigirán, al menos, 500k firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en Materias de la Ley orgánica, tributarias o internacionales.
88. Proyectos de Ley serán aprobados en Consejo de Ministros, junto a motivos y antecedentes necesarios para su
89. Proposiciones de Ley, su tramitación se regulará por los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad debida
a los Proyectos de ley impida el ejercicio de la Iniciativa Legislativa. Dichas Proposiciones de Ley que tome en consideración el senado, se remitirán al congreso para su trámite en éste como tal Proposición.
90. Competencia Legislativa del senado: Una vez aprobado por el Congreso un proyecto de ley, su presidente dará
cuenta inmediata al Presidente del Senado, y lo someterá a deliberación. En el Plazo de 2 Meses, a partir del día de la recepción del texto, puede oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El Veto será aprobado por Mayoría Absoluta. Se Reducirán a 20 días los proyectos declarados urgentes.
91. El Rey sancionará en 15 días, las leyes aprobadas por las cortes y promulgará y ordenará su inmediata publicación.
92. Las decisiones trascendentales podrán ser sometidas a Referéndum, el cual será convocado por el Rey,
mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso.
Una Ley Orgánica regulará las condiciones y el Procedimiento.
93. Mediante Ley orgánica, se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o
institución internacional.
94. La Prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados requerirá la previa
autorización de las cortes cuando:
a) Sean Tratados de carácter político.
b) Sean Tratados o convenios de carácter militar.
c) Sean tratados o convenios que afecten a la integridad territorial o a los derechos y deberes fundamentales.
95. La celebración de un tratado que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución, exigirá previa revisión
96. Los tratados internacionales y válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente, formarán parte del
97. El Gobierno Dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce
potestad Ejecutiva y reglamentaria.
98. Se compone del Presidente, Vicepresidentes, de Ministros y demás miembros que establezca la Ley.
El Presidente Dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas más que las propias.
99. El Rey, con previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con Representación
Parlamentaria y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a Presidencia del Gobierno. El Candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá en el Congreso el programa político que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. Si el Congreso por el voto de Mayoría absoluta otorgase confianza al candidato, el Rey lo nombrará Presidente. De no ser así, se realizaría una 2º votación 48 horas después con mayoría simple. De no otorgarse confianza, se
tramitarán sucesivas propuestas.
Si en 2 meses ningún candidato obtuviese la confianza, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
100. Los demás miembros del Gobierno serán nombrados por el Rey, a propuesta del Presidente.
101. El Gobierno cesa en casos de pérdida de confianza parlamentaria, dimisión o fallecimiento del Presidente.
El Gobierno cesante continuará hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
102. La responsabilidad Criminar del Presidente y sus miembros, será Exigible, ante la sala de lo Penal del Tribunal
Supremo. Si la acusación fuere por traición o delito contra seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser
planteada por iniciativa de la ¼ parte de los miembros del congreso, con aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Gracia no aplicable.
103. La Administración pública sirve como objetividad de los intereses generales y actúa de acuerdo con los
principios de eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación con sometimiento pleno de Ley.
104. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Una ley orgánica determinará sus funciones.
105. Respecto a la participación de los ciudadanos, la ley regulará:
a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas, en el
momento de elaboración de disposiciones administrativas.
b) El acceso de ciudadanos a los archivos y registros, salvo que afecte a la seguridad y defensa del Estado,
averiguación de delitos e intimidad de las personas. c) Procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando audiencia del interesado.
106. Los tribunales controlarán la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. Los
particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos,
salvo en casos de Fuerza Mayor.
107. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno.
Relaciones Gobierno y Cortes Generales
108. El Gobierno responde Solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.
109. Las Cámaras y Comisiones podrán Recabar a través de los presidentes, la información y la ayuda que precisen
del gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y Comunidad Autónoma.
110. Las Cámaras pueden reclamar la presencia de los Miembros de Gobierno.
Los Miembros tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas,
y podrán solicitar que informen ante las mismas, los funcionarios de sus Departamentos.
111. El Gobierno y sus miembros, están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se les formulen en las
cámaras. Para este debate, se establece un tiempo mínimo semanal.
112. El Presidente del Gobierno, puede plantear ante el Congreso de los Diputados, la cuestión de confianza de su
programa o declaración de política general. Confianza entendida cuando se vote a mayoría simple.
113. El congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante mayoría absoluta de la moción de
censura. Deberá ser Propuesta al menos por la 1/10 de los Diputados e incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. No puede ser votada hasta transcurridos 5 días de su presentación, y en los 2 primeros días, podrán
presentarse mociones alternativas. Si la moción de Censura no fuese aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.
114. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndole a la
Designación de un nuevo Presidente de Gobierno. Si se Adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión y el candidato se entenderá investido de la confianza de la Cámara. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.
115. El Presidente del Gobierno podrá proponer la disolución del congreso, del Senado o de las Cortes, que será
decretada por el Rey. Esta no se podrá presentar cuando esté en trámite una moción de censura.
116. Una ley orgánica regulará los Estados de Alarma.
Un estado de alarma será declarado por el gobierno mediante decreto acordado en el Consejo de Ministros, por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en el consejo de Ministros, previa autorización del Congreso. La autorización determinará sus efectos, el ámbito territorio a que se extiende y su duración (no podrán ser más de 30 días prorrogables por otro plazo igual con mismos requisitos). El Estado de Sitio, será declarado por mayoría absoluta en el congreso. A propuesta exclusiva del Gobierno. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el Presente artículo, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuviesen en periodo de sesiones.
117. La Justicia emana del pueblo, y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del
poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Ley. Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados o jubilados sino por alguna de las causas y garantías previstas en la Ley. Ejercen la potestad Jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponden exclusivamente a Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. El Principio de la unidad jurisdiccional, es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.
118. Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmadas por Jueces y Tribunales, así como Prestar
colaboración en el curso del proceso.
119. La Justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, a quienes acrediten insuficiencia de recursos.
120. Las actuaciones judiciales serán públicas con excepción de las que prevean las Leyes.
Serán procedimientos orales, sobre todo los de materia criminal.
Sentencias Motivadas y pronunciadas en audiencia pública.
121. Los daños causados por un error judicial, así como funcionamientos anormales, darán derecho a una
indemnización a cargo del Estado.
122. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno mismo.
De los 21 miembros consejo general, 1 de ellos será el Presidente, la misma persona del Tribunal Supremo. Los
otros 20; (6 + 4) a propuesta del congreso y (6 + 4) a propuesta del Senado (Los 12 Jueces y Magistrados, los otros 8 Abogados y Juristas). Aprobados por mayoría 3/5.
123. El Tribunal Supremo es el órgano superior en todas las órdenes, salvo en lo dispuesto en la materia de
Garantías constitucionales. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
124. El Ministro Fiscal, tiene como misión: Promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los
derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la Ley. Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción a los de legalidad e imparcialidad. El Fiscal General del Estado, será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo.
125. Los ciudadanos podrán ejercer la Acción Popular y participar en la Administración de Justicia mediante la
institución del Jurado en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, Tribunales
consuetudinarios y tradicionales.
126. La policía Judicial depende de los Jueces, de Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de
averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente.
127. Los Jueces, magistrados y Fiscales en activo, no podrán desempeñar cargos públicos ni pertenecer a
partidos políticos o sindicatos.
133. El poder tributario es la potestad originaria para establecer tributos. Corresponde al estado mediante ley.
Las comunidades Autónomas y corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la constitución.
134. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, y a las cortes su
aprobación. Tendrán carácter anual, e incluirán gastos y los ingresos del sector público estatal. El Gobierno tiene de plazo para presentar el presupuesto General del Estado de al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Si no se aprobasen antes del primer día de su ejercicio económico, se prorrogarán los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. El Gobierno puede presentar proyectos de ley que impliquen aumento de gasto público o disminución de los ingresos.
136. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado.
Dependerá directamente de las cortes generales. Se remitirá un informe anual. Una Ley orgánica regulará la
composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.
137. El Estado se organizará territorialmente en Municipios, provincias y en Comunidades Autónomas.
138. El Estado garantizará la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el Artículo 2.
Las Diferencias entre los Estatutos de las Distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales.
139. Todos tienen los mismos Derechos y Obligaciones en cualquier parte del Estado.
Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el Territorio.
140. Queda Garantizada la Autonomía de Municipios. Su Gobierno y Administración corresponde a los
141. La Provincia es una entidad local con personalidad jurídica, determinada por la agrupación de municipios y
división territorial. Cualquier alteración de límites provinciales habrá de ser aprobado con Ley orgánica. El Gobierno y La administración están encomendados a Diputaciones o corporaciones de carácter representativo. En los Archipiélagos, tendrán administración propia en forma de Cabildos o Consejos.
142. Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de sus funciones, se
nutrirán de tributos propios y participación en los del Estado.
143. El Derecho de autonomía está reconocido en el artículo 2 de la Constitución. Las provincias podrán
acceder a su autogobierno y constituirse en comunidad autónoma. La Iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones Interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a la 2/3 partes de los municipios, cuya población represente la mayoría del censo electoral. Serán cumplidos en el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo adoptado. Si no es aprobado, se podrá reiterar pasados 5 años.
144. Las Cortes podrán por motivos de interés nacional:
a) Autorizar la constitución de una comunidad, cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las
condiciones del 143.1
b) Autorizar o acordar, un Estatuto para territorios que no estén integrados en la Organización Provincial.
145. Los Estatutos Preverán supuestos, requisitos y términos en que las comunidades podrán celebrar convenios
entre sí, para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la
correspondiente comunicación. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas necesitarán autorización de las Cortes.
146. El Proyecto de Estatuto, será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la diputación u
órgano insular, y por diputados y senadores y será elevado a las cortes para su tramitación.
147. Dentro de los términos de la constitución, los estatutos serán la norma institucional básica de cada comunidad.
a) Denominación que mejor corresponda su identidad histórica.
d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido de la Constitución y las bases para el traspaso de los
servicios correspondientes a las mismas.
148. Las Comunidades autónomas podrán asumir las competencias de las siguientes materias:
“Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.”.
149. El Estado tiene competencia exclusiva sobre:
“Seguridad Pública, sin Perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las comunidades autónomas en
la forma que lo dispongan los estatutos.”.
Las Materias no atribuidas expresamente al estado, podrán corresponder a las Comunidades, en virtud de sus estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos, corresponderán al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, en todo lo que esté atribuido expresamente a éstas. El Derecho estatal, será supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
150. Las Cortes, podrán atribuir la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios,
bases y directrices fijados por una ley estatal. El Estado podrá transferir o delegar, en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de trasferencia o delegación El Estado podrá dictar Leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CA, aún en caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general.
152. La Organización institucional autonómica se basará en la Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con
arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure la representación de las diversas zonas del territorio. Un consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y un presidente. Elegido por la asamblea y nombrado por el Rey, al que
corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la comunidad autónoma. Un tribunal superior de Justicia culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En Los Estatutos podrán establecerse los supuestos y formas de participación de aquellas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio.
153. El Control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá:
b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo del Estado.
d) Por el tribunal de cuentas.
154. Un Delegado nombrado por el Gobierno, dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la
Comunidad Autónoma y la coordinará cuando proceda, con la administración propia de la comunidad.
Las Comunidades Gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias.
Los Recursos de las comunidades autónomas están constituidos por:
Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado.
Transferencias de un Fondo de Compensación Ínter territorial.
Producto de Operaciones de Crédito.
En los presupuestos Generales del Estado, podrá establecerse una asignación a las comunidades autónomas en
función del volumen de sus servicios y actividades estatales con garantía de un nivel mínimo. Con el fin de corregir los desequilibrios económicos Interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad.
159. Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos y propuestos: 4 por el congreso, 4 del senado, 2
a Propuesta del Gobierno y 2 Del Consejo General del Poder Judicial.
Serán nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores Universidad, Funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio profesional. Designados en un periodo de 9 años y renovadas por 1/3 cada 3 años. Es incompatible con todo mandato representativo, con cargos políticos o administrativos.
160. Su Presidente será nombrado de entre sus miembros por el rey, por un periodo de 3 años (Renovación
máxima 1 vez).
Del Recurso de Inconstitucionalidad, contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de Ley.
Del Recurso de amparo por violación de derechos y libertades de los artículos.
De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas, o estas entre sí.
Demás materias que atribuyan a la constitución o Leyes orgánicas.
Para Interponer el recurso de inconstitucionalidad, El Presidente de Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados y Asambleas de las Mismas.
Para Interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal.
Cuando un órgano judicial considere que una norma con rango de ley, puede ser contraria a la Constitución,
planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, con efectos establecidos en la ley, en ningún caso suspensivos.
164. Las Sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el BOE, con los votos particulares, si los hubiere. Tienen
el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación, y no cabe recurso alguno contra ellas.
167. Los Proyectos de reforma constitucional, deberán ser aprobados por mayoría 3/5 de cada una de las cámaras, sino
hubiese acuerdo, se intentará mediante creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores De no lograrse la aprobación, y siempre que hubiese obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el congreso por 2/3 aprobaría la reforma. Aprobada por las Cortes, será sometida a Referéndum a los 15 días de su aprobación.
168. Cuando se propusiere la revisión total o parcial de la que afecte al título I o II, se procederá a la aprobación del
principio por mayoría de 2/3 de Cada Cámara y disolución inmediata de las Cortes. Ya aprobada será sometida a Referéndum.
169. No podrá iniciarse una reforma en tiempos de guerra, vigencia de Estado de Alarma, de Excepción o de Sitio.
TEMA VIII: DERECHO PENAL
Son un conjunto de normas Jurídicas, que a determinadas conductas previstas como delito, les asocia penas y medidas de seguridad.
El Derecho penal objetivo, hace referencia a las normas penales. Son un conjunto de normas donde se definen los delitos, las faltas y se establecen penas y medidas que se impondrán a los responsables de tales infracciones.
El Derecho Penal regula potestad punitiva o el poder de castigar del Estado. Hace Referencia al “ius puniendi” o la facultad que corresponde al Estado para aplicar el Derecho objetivo.
El Derecho penal Subjetivo es la facultad del Estado para establecer normas penales relativas a delitos, faltas, penas y medidas de seguridad y aplicarlas cuando proceda.
Pertenece al ámbito del Derecho público.
Derecho Penal Común, es el contenido en el Código Penal; y el Derecho Penal Especial, está integrado por las normas penales contenidas en otras Leyes.
1. Principio de Hecho: El presupuesto del delito ha de ser siempre un hecho, y exteriorizarlo.
2. Principio bien Jurídico, El Derecho penal se justifica como un sistema que protege los bienes Jurídicos esenciales.
3. Principio de culpabilidad. Es el reproche dirigido al autor del hecho típicamente antijurídico. Para existencia de
culpabilidad, ha de existir dolo o imprudencia. Se materializa en los siguientes Subprincipios:
a) Personalidad de las penas: Las Penas son adecuadas a cada situación personal, y no colectivas.
b) Responsabilidad por el hecho: Sólo es castigado el comportamiento en concreto, pero no la intención.
c) Principio de dolo o Imprudencia: Únicamente las intenciones dolosas o imprudentes pueden imputarse al
individuo. La Imputabilidad, es la aptitud de la persona para responder de los actos que realiza
4. Principio de Retribución: Consiste en la privación de los bienes impuesta como retribución por el hecho cometido.
5. Principio de Prevención, Ha de cumplir las finalidades de: Prevención general, en el que el ciudadano reconoce que
la norma es necesaria para defender los derechos y la paz de la convivencia y evita que se delinca por temor al castigo; y la Prevención Especial, que es tratamiento al reo durante condena para que se reintegre en la vida social.
6. Principio de Intervención mínima: El Derecho Penal es el instrumento más potente, pero sólo se acudirá a él como
último recurso. Tiene 3 sentidos:
a) Principio de Subsidiaridad: El Derecho penal es el último recurso cuando fracasen otros medios.
b) Carácter fragmentario: Se protegerán los bienes fundamentales, protegiendo de los más graves.
c) Principio de Proporcionalidad de las Penas: Penas Adecuadas con proporcionalidad a los Daños causados.
7. Principio de Resocialización: Todas las penas estarán orientadas a la Reeducación y Reinserción social.
La única fuente creadora de delitos y faltas, es la Ley.
“No puede imputarse a nadie un delito que no haya sido establecido por la ley anterior a su perpetración”. ”Nadie puede ser sancionado por acciones que en el momento de producirse, no constituyesen delito, falta o infracción, según la legislación vigente en aquel momento”.
Existen 4 Garantías:
1. Garantía Criminal: No hay delito sin Ley.
“No será Castigada ninguna acción u omisión que no esté prevista como delito o falta, por Ley anterior a su perpetración”.
2. Garantía Penal: No hay pena sin Ley.
“No será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración”.
3. Garantía Jurisdiccional o procesal: Nadie puede ser castigado sin su correspondiente Juicio.
“No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o el Tribunal competente”.
4. Garantía Ejecutiva o administrativa: La pena ha de ejecutarse de forma legal, y nunca arbitraria.
“Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley”.
Exigencia de Ley Escrita: Debe tener rango de Ley emanada del poder legislativo y estar publicada en el BOE. Es la única fuente directa de creación del Derecho Penal.
Ley Estricta: Exige que la ley esté determinada y que se prohíba al Juez la libre decisión.
Ley Única: Nadie puede ser penado 2 veces por lo mismo.
Existen otras fuentes generales del Derecho como son: La Costumbre y los Principios generales del derecho, que solo tendrán consideración de fuente indirecta.
El Principio de Irretroactividad: La vigencia temporal de Ley penal está sujeta a unos límites. Nace por entrada en vigor y muere por derogación. La Disciplina por conductas realizadas se aplicará a partir de su entrada en vigor.
“Las Leyes entrarán en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, si no se dispone otra cosa”.
Las Leyes sólo se Derogarán por otras posteriores.
Las Leyes no tendrán efecto retroactivo, si no se dispusieren lo contrario.
a) Regla General: Irretroactividad de la ley Penal:
Su eficacia se circunscribe al tiempo de su vigencia, no puede aplicarse a situaciones nacidas con anterioridad a su promulgación, ni posterior a derogación. “La Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables de derechos individuales”.
b) Excepción: Retroactividad de la Ley penal más favorable.
Cuando la ley penal conceda un trato más favorable al delincuente, dejará de estar vigente el principio de irretroactividad, siendo de aplicación, la nueva Ley a situaciones surgidas anteriores a la nueva publicación.
“Las Leyes no tendrán efecto retroactivo, si no se dispusieren lo contrario”.
Entendemos retroactividad cuando las leyes penales pueden aplicarse a hechos anteriores, si favorecen al reo.
PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD
Aplica la ley penal en el Territorio.
La Norma general es la aplicación en el espacio general de Territorialidad.
Norma General se aplicará a todos los delitos cometidos dentro del territorio nacional, cualquiera que sea la nacionalidad del delincuente. “Las Leyes penales, las de policía y seguridad pública obligarán a todos los que se hallen en el territorio Español” El de concepto territorio no coincide únicamente con su significado geográfico, también comprende el mar territorial y la columna de aire que los cubre. Existen 3 excepciones:
1. Excepción personal o de nacionalidad.
Hay casos en los que la ley penal se aplica fuera de territorio. Tiene su razón de ser, en el vínculo de nacionalidad. La Jurisdicción española conocerá los hechos previstos en las leyes penales españolas como delitos, pese a ser cometidos fuera del territorio. Siempre que los responsables sean españoles o extranjeros que hubiesen adquirido la nacionalidad con posterioridad a la comisión del hecho con los siguientes requisitos:
b) Que el Agraviado o Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella.
c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero. Si cumplió condena en parte, se
tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que corresponda.
2. Excepción Real o de Protección
Existen intereses esenciales para el Estado, que intenta proteger, cualquiera que sea desde donde se les ataque.
La jurisdicción Española conocerá cuando sean tipificados como los siguientes delitos:
a) Traición contra Paz o independencia del Estado.
b) Contra titular de la Corona, Consorte, Sucesor o Regente.
c) Rebelión o sedición.
d) Falsificación de firma o estampilla reales, sello estado, firmas de Ministros y sellos oficiales y públicos.
f) Cualquier falsificación que perjudique al crédito o intereses del Estado.
h) Perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos, españoles en el Extranjero y delitos contra
administración pública. i) Relativos al control de Cambios.
3. Excepción universal o de comunidad internacional.
Valores o intereses que afecten a la comunidad de naciones y solidaridad internacional. Se persiguen los ataques vengan de donde vengan los atentados.
La jurisdicción española será competente en los siguientes delitos:
e) Relativos a Prostitución.
f) Tráfico ilegal de Drogas tóxicas, Estupefacientes y Psicotrópicas.
g) Y cualquier otra que según tratados, deba ser perseguido en España.
3. CONCEPTO DE DELITO Y FALTA
El Concepto de delito se define como: “Las acciones y omisiones dolosas e imprudentes penadas por la Ley”.
1. Acciones y omisiones
Conducta dependiente de la voluntad humana y prevista en la Ley Penal, excluye los sucesos no dependientes de la voluntad, propios como hechos cometidos por animales o debidos a la naturaleza. La Conducta se manifiesta en las siguientes formas:
Acción en Sentido Estricto: Conducta humana consistente en hacer algo prohibido por Ley. Omisión Pura: Conducta que consiste en no hacer lo que la ley esperaba del individuo en una situación determinada, es decir, omisión de acción que la ley le obligaba a hacer en esa situación
Omisión Impropia o comisión por omisión: Cuando se produce un resultado delictivo mediante inactividad voluntaria de una persona, que además de tener deber de obrar, tenía el deber de impedir la producción del resultado por encontrarse en posición de garantía. Ausencia de Acción: Cuando una conducta humana no está regida por la voluntad, no existirá delito. Entran los estados de inconsciencia y los actos reflejos. No responden penalmente al ser conducidas inimputables.
2. Dolosas e Imprudentes: En lo referente al elemento de culpabilidad, presenta “Dolo” e “Imprudencia”.
3. Penadas por la Ley: Están sancionadas con una pena.
En consonancia de concepto jurídico de delito, está la teoría que define como delito a la Acción u omisión… -Típica: Sólo el hecho tipificado como delito en la ley es punible. -Antijurídica: Es contraria al derecho, salvo en causa de justificación. -Culpable: Es Imputable a su autor, por dolo e imprudencia. -Punible: Es castigada con pena grave o menos grave, salvo que concurra una causa de Justificación.
El Concepto de falta, es equiparable al concepto de delito, según el Código Penal:
“Son infracciones que la Ley castiga con pena leve”
Se Diferencian con los delitos en que:
-Solo se castigarán si han sido consumadas, a excepción de intentadas contra personas o patrimonio muebles o inmuebles. -Tienen mayor Discrecionalidad. -No conllevan antecedentes penales. -Prescriben a los 6 Meses. -No Habilitan la Práctica de detención, excepto en no identificación o paradero desconocido. -Las Faltas se recogen en el libro III del Código Penal, los delitos, en el Libro II.
No existe diferencia cualitativa entre ellas. La diferencia es de carácter cuantitativo y obedece a razones de política legislativa. Los Robos o daños de bienes a partir de 400 € serán considerados como delito.
4. DOLO E IMPRUDENCIA
Obra dolosamente aquel que realice una acción típica y antijurídica con conciencia y voluntad.
“Son delitos y faltas aquellas acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley”. Podríamos decir que no hay pena sin dolo o imprudencia.
El dolo se compone de:
-Elemento Intelectual: El sujeto debe conocer los hechos de la figura del delito y que la acción está prohibida por la Ley. Cuando el sujeto desconoce la conducta antijurídica, tiene lugar ausencia de dolo, y por tanto exclusión de culpabilidad cuando el error sea invencible, o una responsabilidad culposa cuando el error sea vencible.
-Elemento volitivo: Ha de existir en el sujeto una resolución de ejecutar el hecho prohibido por la Ley, es decir, querer causar un resultado con su actividad. Viene a referirse a la Voluntad.
Los Dolos pueden ser directos, cuando el autor consigue el fin que se proponía con el acto; y el dolo eventual, se da cuando el sujeto se representa como probables las consecuencias antijurídicas de su actuar, y pese a ello, actúa asumiéndolas.
“Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley”.
Las conductas culposas es el vocablo para dirigirse a imprudencia, habiendo dos, la grave, el delito; y leve, la falta.
5. SUJETOS Y OBJETO DEL DELITO
El Sujeto Activo, es la persona que lleva a cabo la conducta de tipo penal, al actuar con conciencia y voluntad, fundamento de la imputabilidad.
Sólo la persona humana individual puede ser sujeto activo del delito, pues sólo ella reúne las condiciones de conciencia y voluntad.
Las Personas jurídicas, como tales no pueden delinquir. “El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente”.
El Sujeto Pasivo es el titular del derecho o interés lesionado o puesto en peligro.
Pueden ser objeto de delito:
a) Persona Individual: cualquiera que sea su condición, los animales no pueden ser sujetos pasivos.
b) Personas Jurídicas: Pueden ser sujetos pasivos los delitos contra el honor o el patrimonio. El Estado también
puede serlo en la medida de que es titular de determinados bienes jurídicos protegidos por Ley Penal.
El Objeto del Delito tiene 2 tipos:
Objeto material: persona o cosa sobre las que recae la acción descrita en el tipo.
Por ejemplo: Persona muerta en el homicidio o cosa sustraída en el robo… Se puede apreciar que el objeto del delito y el sujeto pasivo pueden coincidir…
Objeto Jurídico: Derecho o bien jurídico puesto en peligro.
6. PERSONAS RESPONSABLES DE DELITOS Y FALTAS
Se les atribuye el Título II del Código Penal. Involucra a los autores y a los cómplices del delito.
Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirve de instrumento.
También serán considerados autores, aquellas personas que induzcan a otros a ejecutarlo y los que cooperen en su ejecución, habiendo sido imprescindibles para la ejecución del delito.
Son cómplices los que cooperen a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.
En los delitos y faltas que se cometan utilizando medios de difusión, no responderán criminalmente ni los cómplices, ni quienes los hubieres favorecido. En la reforma de 2010 se añade responsabilidad penal de las personas jurídicas para perseguir la corrupción de éstos, todas ellas tendrán la consideración de penas graves.
Los autores responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo al siguiente orden:
1. Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate. Y quienes les hayan inducido.
3. Directores de empresa editora, emisora o difusora.
4. Directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.
7. GRADOS PUNIBLES DE PERPETRACIÓN DE DELITOS Y FALTAS
Desde que el delincuente concibe la idea, hasta que la ejecuta, hay un proceso, “iter criminis”, en el que hay 2 fases:
Fase Interna: Puramente mental, y no trasciende al exterior, así que no puede ser castigada. Fase Externa: Se manifiesta con la exteriorización de la voluntad, mediante realización de actos hasta consumar el delito.
La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos previstos en la Ley.
Es preciso diferenciar conspiración y asociación para delinquir. Se diferencian en el carácter constitucional de la asociación.
Proposición Existe cuando el que ha resuelto cometer un delito, invita a otra u otras personas a ejecutarlo.
Provocación Cuando se incita por medio de la imprenta o difusión, que facilite la publicidad o ante concurrencia de personas, a la perpetración de un delito. Se castigará en los casos en los que la ley lo prevea.
Si la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción.
El Código Penal define como Apología a la “Exposición ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor”.
Ésta sólo será delictiva como forma de provocación, cuando la ley así lo prevea y construya a incitación directa a cometer un delito.
Tentativa 1. Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito, directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. 2. Quedará exento de responsabilidad penal por el delito, el que intente evitar voluntariamente su consumación. 3. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal aquellos que desistan a la ejecución ya iniciada e impidan o intenten impedir seria y firmemente su consumación.
La Tentativa representa una forma imperfecta de educación del delito, se caracteriza por la no producción del resultado típico.
Consumación Se practican todos los actos y el resultado conseguido coincide con la intención. Las Faltas sólo se castigarán cuando hayan sido consumadas, excepto las que hayan sido efectuadas contra personas o patrimonio.
8. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL
Cuando concurre una conducta delictiva, se determina un aumento o disminución de la responsabilidad criminal.
El Código Penal clasifica las circunstancias modificativas en: eximentes, atenuantes, agravantes y mixtas.
De las causas que eximen de la responsabilidad criminal, pueden ser 3:
-Causas de Justificación: Relacionadas con el elemento de la antijuricidad. De manera, que si una acción está tipificada en la ley, y si concurre una causa de justificación, ésta deja de ser contraria a Derecho y aprobada por éste, por ejemplo:
-La legítima defensa. -Estado de necesidad. -El cumplimiento del deber y el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. -Consentimiento del ofendido en ciertos casos.
Entre las causas de exclusión de la culpabilidad, el Código Penal recoge la eximente: “El que obre impulsado por un miedo insuperable”
Las causas de inimputabilidad son los estados personales caracterizados por la carencia de requisitos imprescindibles para la apreciación de imputabilidad. Para poder imputar a una persona, es necesario que tenga capacidad para conocer
y valorar el deber de respetar la norma. Los requisitos requeridos para cada una de las figuras son los siguientes.
-Estado de Enajenación El enajenado, está exento de responsabilidad criminal, ya que se encuentra exento de sus facultades de entender y de querer. Las enfermedades más comunes son esquizofrenia, epilepsia, psicosis, demencia senil, parálisis mental…
También son imputados los oligofrénicos, personas con un bajo coeficiente intelectual.
-Trastorno mental transitorio e intoxicación por etílica o por drogas Los casos más frecuentes son estados de inconsciencia, accesos febriles de enfermedades y toxicomanías.
No se eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o lo previese.
-Minoría de edad Los menores de 18 años no serán responsables criminalmente con arreglo a este código, será responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor
-Graves alteraciones en la percepción de la realidad Está exento el que por sufrir alteraciones en la percepción desde nacimiento, tenga alterada la conciencia.
Por estos supuestos se aplicarán las medidas de seguridad previstas.
-Están exentos de responsabilidad criminal.
1. El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía, no pueda comprender la ilicitud del hecho. No eximirá de pena si el sujeto se provocase el trastorno con el propósito de cometer el delito y si comisión.
2. El que al tiempo de cometer la infracción penal, se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometer o prever su comisión, o se halle bajo síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia a las sustancias.
3. El que sufra alteraciones de percepción por nacimiento o infancia, y tenga alterada gravemente la conciencia.
4. El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los siguientes requisitos:
-Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes, se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituyan delito o falta y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En defensa de morada se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en ella. -Necesidad Racional del medio empleado para impedirla o repelería. -Falta de provocación suficiente por parte del defensor.
5. El que en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que el mal causado sea inferior al que se pretende evitar, que la situación no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto, y que el necesitado no tenga por oficio o cargo, necesidad de sacrificarse.
6. El que obre impulsado por un miedo insuperable.
7. El que obre en cumplimiento del deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, cargo u oficio.
Estas disminuyen la responsabilidad criminal
1. Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieran todos los requisitos necesarios para eximir.
2. La de actuar a causa de una grave adicción a sustancias ya mencionadas.
3. La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otros estados pasionales.
4. La de haber acudido a confesar a las autoridades una vez consumado el delito, antes de que se dirigiesen contra él.
5. De haber procedido el culpable, a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos, antes del juicio.
6. La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa
7. Cualquier otra circunstancia de análoga significación a las anteriores.
Causas que agraven la responsabilidad penal:
1. Ejecutar el hecho con alevosía (cometer el delito con toda seguridad de salir airoso, mermando la defensa del ofendido).
2. Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente.
4. Cometer el hecho por motivos de discriminación referente a ideología, raza, sexo, enfermedad o minusvalía.
5. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causándole padecimientos innecesarios.
8. Reincidencia de la misma naturaleza.
De circunstancia mixta de parentesco. Circunstancias que pueden atenuar o agravar la responsabilidad, según naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser
o haber sido el agraviado cónyuge o persona ligada de manera estable.
TEMA IX: DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
1. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En el Libro II, del Código Penal se recogen los delitos contra la administración pública. Son una serie de delitos donde se tipifican conductas contrarias al deber del servicio de los funcionarios públicos.
A los efectos penales, se reputará como Autoridad, al que por sí sólo o miembro de algún órgano, tenga mando o ejerza
jurisdicción propia. Tendrán la consideración de autoridad, los miembros de las cámaras, de asambleas legislativas, de Comunidades Autónomas y del Parlamento europeo. Se reputará también autoridad a funcionarios del Ministerio Fiscal.
Es considerado funcionario público, todo aquel que por disposición inmediata de la Ley, o por elección o nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas. Se aplicaran determinados castigos, a los siguientes funcionarios y autoridades, por los siguientes delitos:
-Aquellos que a sabiendas de su injusticia, dictaren una resolución arbitraria en un asunto administrativo. -Aquellos que en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiesen, nombrasen o diesen posesión
a cualquier persona, para el ejercicio de un determinado cargo público sin concurrir los requisitos legales.
De igual forma, la misma pena se impondrá a la persona que acepte la propuesta, sabiendo que carece de legalidad.
Abandono de Destino y Omisión del deber de perseguir delitos -Aquellos que abandonaren su destino con el propósito de no impedir ni perseguir cualquiera de los delitos. -Aquel que faltando a la obligación de su cargo, dejase intencionadamente de promover la persecución de los delitos de los que tenga noticia o de sus responsables. -Aquellos que promoviesen, dirigiesen u organizasen el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público. -Aquellos que omitan realizar inspecciones de carácter obligatorio
Desobediencia -Aquellos que se negasen abiertamente a dar el debido cumplimiento de las resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas en el ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales. No obstante, no incurrirán en responsabilidad criminal por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general. -Aquellos que habiendo suspendido la ejecución de las ordenes de sus superiores, las desobedeciese después de que aquellos hubieren desaprobado la suspensión.
Denegación de Auxilio -Aquellos que requeridos por la autoridad competente, no prestasen el auxilio debido para la administración u servicio público. -Aquellos que requeridos por un particular a prestar auxilio a que vaya obligado, se abstuviesen a prestarlo.
Infidelidad de custodia de documentos -Aquel que a sabiendas: sustrajere, destruyese u ocultase total o parcialmente documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo. -Aquellos que por razón de su cargo custodien documentos respecto de los que la autoridad haya restringido el acceso y
que a sabiendas de su delito, destruyan o inutilicen los medios puestos para impedir ese acceso o consienta su destrucción
o inutilización, tanto él, como el particular que ejecutase la destrucción.
-Aquel que permitiese a sabiendas y sin debida autorización el acceso a documentos secretos cuya custodia esté a su cargo. Los particulares encargados accidentalmente de la custodia, recibirán una pena menor que el funcionario.
Violación de secretos -Aquellos que revelasen secretos o informaciones de los que tengan conocimiento por razón de su oficio y no debiesen ser divulgados. El Particular que aprovechase para sí, o para un tercero, el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público u autoridad, será castigado con multa el triple del beneficio obtenido o facilitado
El cohecho es un delito bilateral. Es una actividad conjunta cuyo sustrato es el acuerdo clandestino en el que se transmite
una dádiva a cambio de un favor. Alude al soborno y corrupción del funcionario público. A partir de 2010 se reforzó la
condena con la reforma del código penal para combatir la frecuente corrupción política y funcionaria. Cohecho activo: Es cuando el particular corrompe o intenta corromper al funcionario con dádivas o promesas. Cohecho pasivo: Es cuando el funcionario acepta o solicita regalos por realizar actos relacionados con su cargo. El cohecho pasivo se subdivide en:
Cohecho propio: Según si el funcionario tenga que realizar u omitir un acto relativo al ejercicio de su cargo. Cohecho impropio: Simplemente que admita regalos en consideración a su función, sin solicitar nada a cambio.
1. Cohecho pasivo propio
Funcionario que acepta o solicita dádiva o promesa para realizar un acto relativo al ejercicio de su cargo, consistente en una acción u omisión constitutivas de delito. -Aquel funcionario que solicitare, recibiere dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar una acción u omisión constitutivas de delito; ejecutar un acto injusto relativo al ejercicio de su cargo que no constituyan delito y lo ejecute; cuando la dádiva tenga por objeto que el funcionario se abstenga de un acto que debiera practicar en el ejercicio de su cargo. Además de a las Autoridades y funcionarios públicos, esto último será aplicable a jurados, árbitros, peritos o cualquiera que participe en el ejercicio de la función pública. -Aquel que solicitare dádiva o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa.
Sólo puede ser el funcionario público, a diferencia de los otros. Aquí no se contempla que la dádiva o regalo fuese solicitado.
-Aquel que admitiese dádiva o regalos en consideración a su función o para consecución de acto no prohibido legalmente.
Puede ser cualquiera, el delito es consumado tanto si se consuma como si se intenta consumar. Puede partir de funcionario o del particular, ya que la acción consiste en ofrecer dádivas o promesas con el fin de corromper a funcionarios o aceptar solicitudes de éstos.
-Cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona ligada establemente. Quedará exento de pena: el particular que haya accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva o presente realizada por funcionario y denuncie el hecho a la autoridad que proceda a su averiguación, antes de la apertura del correspondiente procedimiento, siempre que no hayan transcurrido más de 10 días desde la fecha de los hechos.
Tráfico de influencias Conductas que ponen en juego la imparcialidad de la actuación administrativa con relación a incrementos patrimoniales ilícitos conseguidos mediante desviación o abuso de poder. a) Cometido por funcionario/autoridad Funcionario público que influyere en otro, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, para conseguir una resolución que le genere beneficio económico para sí o un tercero.
b) Comedido por un particular
Particular que influyere en un funcionario, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste, para conseguir una resolución que le pueda generar beneficio económico para sí o para tercero.
c) Ofrecimiento de influencias
Los que ofreciéndose a realizar conductas descritas en los artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas o cualquier forma de remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa.
d) Disposición común sobre el comiso
Todas las dádivas, presentes o regalos, caerán en decomiso.
Malversación Sustracción, disposición o aplicación diferente a la prevista respecto de caudales o efectos públicos con ánimo de lucro. Este concepto presenta un carácter patrimonial al incidir en muebles (caudales y fondo público) e inmuebles (Intereses patrimoniales de la Administración).
1. Malversación propia
Recae sobre caudales o fondos públicos propiamente dichos y cometida por funcionarios públicos.
a) Malversación de caudales públicos
-Aquel funcionario que con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones.
 Tipo agravado, la pena será estricta si la malversación revistiera especial gravedad, atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento al servicio público, o de valor histórico.
 Tipo Atenuado, cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4000 €.
b) Destino de caudales o efectos públicos a usos ajenos a la función pública
-Aquel que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones.
c) Aplicación de bienes muebles/inmuebles de carácter público a usos privados
-Aquel que con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio, diere una aplicación privada a bienes públicos.
2. Malversación impropia:
-A los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de administraciones públicas. -Particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos. -A administradores o depositarios de dinero y bienes embargados, secuestrados o depositados por la autoridad pública.
Fraudes -Aquel que interviniendo por razón de su cargo, en cualquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase para defraudar a entes públicos.
Exacciones legales -Aquella autoridad o funcionario que exigiere derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada. Estafa o apropiación indebida -Aquel que abusando de su cargo, cometiere algún delito de estafa o apropiación indebida.
Negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y abusos en el ejercicio de su función -Aquel que debiendo informar, en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación directa o por persona interpuesta. -Peritos, árbitros y contadores partidores que se condujeren del modo previsto anteriormente, respecto de los bienes o cosas cuya tasación partición o adjudicación hubieran intervenido, y los tutores curadores o albaceas respecto de los pertenecientes a sus pupilos o testamentarías -Aquel que fuera de los casos admitidos en las leyes, realizare, por sí o persona interpuesta, una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo dependencia o servicio de entidades privadas o particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo o en los que se tramiten, informen o resuelvan en centro destinado
Revelación de secretos o de información privilegiada -Aquel que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de cargo o de información privilegiada, con ánimo de obtener un beneficio económico para sí, o tercero.
Se entiende por información privilegiada, toda información de carácter concreto que se tenga exclusivamente por razón de oficio o cargo público y que no haya sido notificada, publicada o divulgada.
-Aquel que solicite sexualmente a una persona, que para sí o alguna persona ligada a éste, tenga pretensiones pendientes de la resolución de aquel o acerca de las cuales deba evacuar informe o elevar consulta a su superior. -Funcionarios de instituciones penitenciarias que solicitare sexualmente a una persona sujeta a su guardia.
Las penas previstas en los artículos anteriores, se impondrá sin perjuicio de las que correspondan por delitos contra libertad sexual efectivamente cometidos.
Delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales -Los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas, corrompieren o intentaran corromper, por sí o persona interpuesta, a las autoridades o funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones internacionales en el ejercicio de su cargo, en beneficio de éstos o un tercero, o atendieren a sus solicitudes con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de sus funciones públicas para conseguir o conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales.
2. DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS CONTRA GARANTIAS CONSTITUCIONALES
Delitos contra libertad Individual:
-Detención ilegal cometida por autoridad o funcionario: Mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales. -Incomunicación ilegal: Aquel que mediando causa por delito decretare o prolongare la incomunicación de un detenido con violación a los plazos o demás garantías constitucionales o legales. -Detención e incomunicación ilegal por imprudencia grave: Si los hechos anteriores fuesen cometidos por imprudencia grave. -Abusos contra la libertad cometidos por funcionario penitenciario: Aquel que impusiere a los reclusos o internos, sanciones o privatizaciones indebidas o usare con ellos un rigor innecesario.
Delitos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad
1. Entrada ilegal
Será castigado, que sin respetar las garantías constitucionales o legales, aquel que entre en un domicilio sin consentimiento del morador o registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en su domicilio, a no ser que el dueño haya presentado libremente su consentimiento. También aquel que con ocasión de lícito registro de papeles, documentos o efectos de una persona, cometa cualquier vejación injusta o daño innecesario en sus bienes.
2. Delitos contra la inviolabilidad de la correspondencia postal o telefónica
-Aquel que mediando causa por delito, interceptare cualquier correspondencia privada, postal o telegráfica, con violación de las garantías constitucionales, así como divulgarla y revelarla.
3. Contra intimidad personal y propia imagen
-Aquel que mediando causa por delito, interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción de audio, de imagen o cualquier otra señal de grabación con violación a las garantías.
Delitos contra otros derechos individuales
1. Limitación del derecho de asistencia letrada
-Aquel que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del mismo a la asistencia, o no le informe de forma inmediata sus derechos y razones de detención.
2. Delitos contra la libertad de expresión
-Aquel que establezca censura previa o, fuera de los casos permitidos por la constitución, recoja ediciones de libros y periódicos o suspenda su publicación o la difusión de cualquier emisión radiotelevisiva.
3. Delitos contra el derecho a asociación
-Aquel que disuelva o suspenda en sus actividades a una asociación legalmente constituida, sin previa autorización judicial, o sin causa legítima le impida la celebración de sus sesiones.
4. Delitos contra derecho a reunión
-Aquel que prohíba una reunión pacífica o la disuelva fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales.
5. Expropiación ilegal
-Aquel que expropie a una persona de sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales.
6. Contra el ejercicio de otros derechos cívicos
-Aquel que a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la constitución y Leyes
Según Muñoz Conde, los derechos cívicos son los derechos de carácter constitucional que permiten al ciudadano participar en la vida pública.
TEMA X: DERECHO PROCESAL PENAL Y JUZGADOS
El Derecho procesal Penal es el conjunto de normas jurídicas que regula la actividad de jueces y tribunales: Fijando las normas a seguir a lo largo de todo el proceso penal.
Dichas normas, se caracterizan por ser:
Estrictas: Los actos del proceso han de ajustarse a lo preceptuado por la Ley. Rígidas: Derecho escrito integrado por disposiciones eminentemente formales. Necesarias: De aplicación obligatoria e irrenunciable.
Sus Principales fuentes se clasifican en:
Directas: Constitución, Ley Orgánica Policía Judicial, etc… Indirectas: Costumbre, Jurisprudencia y principios legales del derecho. Secundarias: Derecho histórico, extranjero, científico, etc…
El Derecho procesal penal es de naturaleza:
Pública: Medio del Estado para administrar la justicia. Autónoma: Goza de absoluta independencia. Adjetiva: Instrumento para la aplicación del Derecho Penal Sustantivo o Código Penal Coactiva: Preceptos de cumplimiento obligatorio, salvo delitos privados, que es facultativo
1. LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y PROCESO PENAL
La ley de Enjuiciamiento criminal data del 14 de septiembre de 1882, se compone de 7 libros:
Disposiciones Generales; Del Sumario; Juicio Oral; Enjuiciamiento rápido; Recursos de apelación casación y revisión; Procedimiento para juicio sobre faltas y de la ejecución de las sentencias. Se han producido numerosas reformas parciales de la Ley de enjuiciamiento criminal.
El proceso penal es un instrumento esencial para llevar a cabo la potestad jurisdiccional. Para determinar si las conductas son delitos, faltas, o bien no son susceptibles de ser calificadas como tal, es necesario un procedimiento jurisdiccional, al que se llega mediante la sucesión de una serie de pasos. El Proceso es una serie de actos concadenados que tienen como objetivo un pronunciamiento judicial. “Conjunto de actuaciones tendentes a averiguar la perpetración del delito, la participación del delincuente, su responsabilidad e imponer la pena señalada por sentencia”. Consta de los siguientes principios:
Contradicción: En el proceso participan dos partes: el acusador y el acusado. Contrasta el contenido en proceso. Necesidad: Proceso obligatorio y necesario. Igualdad: Ambas partes disponen de iguales medios de defensa y ataque. Oficialidad: El Ministerio Fiscal impulsa de oficio el procedimiento. Legalidad: Proceso ininterrumpible y sin suspensión, salvo excepciones. Inmutabilidad: La acción penal no se extingue en los procedimientos de oficio o por renuncia de parte. De verdad material: Encaminado a obtener la verdad, lo cual es posible por:
Audiencia de Parte, (razones, pruebas…) Libre convicción de apreciación de actos, e Inmediación de las pruebas.
Se divide en tres fases: instrucción, intermedia y juicio oral Los procesos penales en dos grandes bloques:
Procedimientos ordinarios: Procesos abreviados para enjuiciamientos rápidos de ciertos delitos y del juicio de faltas. Procedimientos especiales: Procesos contra diputados, senadores, jueces, magistrados…por delitos privados…
La Jurisdicción es la potestad que el estado otorga a un poder independiente para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. También se entiende por Jurisdicción, al territorio donde un Tribunal ejerce su autoridad. La Jurisdicción es Única, se ejerce por juzgados y tribunales integrantes del poder judicial (Jurisdicción ordinaria) con excepción a las otorgadas a la jurisdicción militar (Jurisdicción especial) dentro del ámbito castrense y Estados de Sitio. Se entiende por jurisdicción penal, al conjunto de órganos a quienes corresponde conocer de los asuntos penales, delitos y faltas) que les están encomendados. La Jurisdicción es improrrogable. Se les permite a los Jueces examinar su propia jurisdicción, declarar la nulidad del proceso y faculta a las partes para poner de manifiesto la nulidad por falta de jurisdicción, utilizando los recursos establecidos en la Ley. La jurisdicción penal tiene atribuido el conocimiento de las normas y juicios criminales, extendiendo tales facultades a todas las personas y a todo el territorio nacional.
Pero aparece limitada siguiendo estos límites:
Límites Territoriales: La ley se aplicará dentro del territorio nacional, aunque el delincuente sea extranjero. Las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en el territorio Español. Y todas las excepciones ya vistas en el tema VIII Límites Subjetivos: Quedan sometidos tanto españoles, como extranjeros dentro del territorio nacional. Todas las excepciones o límites a la jurisdicción han de ser interpretadas de forma restrictiva en cuanto constituyan excepciones al principio de igualdad, al determinar qué órganos son competentes en cada fase o acto del proceso. Españoles Exceptuados: Rey, Cortes en el ejercicio de sus funciones, Parlamentos, Defensor del pueblo ya adjuntos. Extranjeros Exceptuados: Dispuestos establecidos por normas de Derecho Internacional Público: Estados, Soberanos, Jefes de Estados Extranjeros, diplomáticos, Miembros de Naciones Unidas, representantes de estados de la OTAN, etc…
Competencia: Deber y capacidad de un Juez o Tribunal para decidir con validez. La Jurisdicción criminal es siempre improrrogable y será ejercida según las normas de competencia y procedimiento establecidas por la ley. Existen 3 clases de competencia:
Objetiva: Delimita qué tipo de órgano es competente para un asunto concreto, en función del delito o pena del responsable. Territorial: Indica cuál es el Juez o Tribunal competente, dentro de la misma categoría o clase. Funcional: Determina que órgano judicial es competente en cada fase o acto del proceso penal. (Instrucción o Enjuiciamiento) La competencia se determina por unas reglas y unos principios: Territorialidad, Repartimiento y Conexidad:
La competencia territorial se establece a favor del Juez del lugar de la comisión del delito. Cuando no conste el lugar donde se ha cometido la falta o delito, serán los Jueces competentes para conocer la causa o juicio, por la siguiente prioridad:
1. Lugar donde se hayan descubierto las pruebas materiales.
2. Lugar donde el reo haya sido aprehendido.
3. Lugar de residencia del Reo.
Determina la competencia entre órganos de similar jerarquía, cuando haya varios en el mismo ámbito municipal.
Se consideran delitos conexos:
1. Cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas, siempre que vengan sujetas a distintos Jueces.
2. Cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos, si hubieran precedido concierto para ello.
3. Cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.
4. Cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.
5. Delitos que se imputen a una persona al incoarse contra la misma causa por cualquiera de ellos, si tuviesen analogía.
Jueces y Tribunales competentes, por su orden para conocer de las causas de delitos conexos:
1. El del territorio en el que esté señalada la pena mayor.
2. El que primero comenzare la causa si los delitos están señalados como pena equivalente.
3. El que la Audiencia Provincial o Tribunal Supremo designen cuando las causas sean síncronas o no conste cual fue primera.
3. ÓRGANOS JURISDICCIONALES PENALES
Son los tribunales de justicia, que comparten diversas parcelas o materias de jurisdicción. La Jurisdicción penal es la parcela de la actividad jurisdiccional que ejercen con carácter exclusivo los Juzgados y Tribunales penales, cual es el conocimiento de los Juicios criminales, con excepción de correspondientes a jurisdicción militar. El ejercicio se atribuye a los siguientes juzgados:
1. Juzgados de Paz: Con Jurisdicción municipal. No son jueces profesionales. Son nombrados por la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, por 4 años. Les corresponden las siguientes competencias:
-Conocer en primera instancia de sustentación, fallo y ejecución de los procesos penales por las faltas que les atribuya la Ley. -Cumplir las funciones del registro civil.
2. Juzgados de Instrucción: Con Jurisdicción en el ámbito territorial del partido judicial, que es la unidad integrada por uno o
más municipios limítrofes de la misma provincia. Se les atribuye las siguientes competencias:
-Instruir las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a Audiencias Provinciales o Juzgados de lo Penal. -Del Conocimiento y fallo de los juicios de falta, cuya competencia no tengan atribuida los Jueces de Paz. -Recursos legales contra resoluciones dictadas en juicios de faltas por los juzgados de paz del partido. -Procedimientos “Habeas Corpus”. -Dictar sentencias de conformidad. Existe un subtipo de jugados de Instrucción denominados Juzgados de Instrucción y violencia sobre la mujer. Estos se encargan de instruir maltratos, homicidios y demás relacionados con la violencia de género.
3. Juzgados de lo penal: Con Jurisdicción Provincial y con sede en la capital. Habrá uno o varios. Enjuiciarán las causas
que la Ley determine:
-Les corresponde el enjuiciamiento de las causas por delitos castigados con penas menos graves, que tengan señalada pena privativa de libertad no superior a 5 años, multa o cuantía.
4. Juzgados de Menores: Con ámbito provincial. Ejercen las siguientes competencias:
-Ejercer las funciones que establezcan las Leyes para los Menores. -Ejercer otras funciones relacionadas con los menores de edad.
5. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: Con ámbito provincial. Sus más importantes funciones son:
-Resolver propuestas de libertad condicional de los penados. -Aprobar propuestas formuladas por establecimientos penitenciarios sobre beneficios penitenciarios de acortar condenas. -Resolver recursos de clasificación inicial, progresiones y regresiones. -Salvaguardar derechos de los internos y corregir abusos, mediante potestad disciplinaria penitenciaria. -Aprobar Aislamiento en celdas por más de 14 días. -Resolver las reclamaciones contra sanciones disciplinarias, quejas, permisos… -Realizar visitas las Inspección.
Audiencias Provinciales: Tienen su sede en la capital de la provincia por donde extenderán su jurisdicción. Pueden crear
secciones fuera de la provincia, donde también extenderán su jurisdicción. Conocerán en el orden penal:
-De las causas por delito grave, con penas superiores a 5 años de prisión, a excepción de los atribuidos a otros juzgados. -De los recursos legales contra resoluciones dictadas por Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la provincia. -Resolver cuestiones de competencia, materias civil y penal, que se susciten entre juzgados de provincia, sin superior Común. -De los recursos legales contra resoluciones de Juzgados de Vigilancia penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a Sala de lo penal de la Audiencia Nacional. -De recursos contra resoluciones de los Juzgados de Instrucción en juicio de Faltas. -De recursos legales contra resoluciones de los Juzgados de Menores, y cuestiones de competencia entre los mismos.
El Juicio del Jurado se celebrará en el ámbito de la Audiencia Provincial.
7. Tribunales Superiores de Justicia de la comunidad autónoma, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de
la misma, sin perjuicio de la jurisdicción correspondiente al Tribunal Supremo. Está integrado por 3 salas: La Civil-Penal; Contencioso-Administrativo; y la Social. A la sala 1º, como sala de lo Penal, le compete:
-Conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de éstos. -Instrucción, y fallo de las causas penales contra Jueces, Magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos en su cargo. -Conocimientos de recursos de apelación contra resoluciones dictadas en primera instancia por Audiencias Provinciales. -Resolver cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la Comunidad Autónoma sin Superior Común. -Resolver cuestiones de competencia entre Juzgados de Menores de distintas Provincias de la Comunidad Autónoma.
8. Juzgados Centrales de Instrucción: Jurisdicción Estatal, con sede en Madrid. Les corresponde:
-Instruir las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, o Juzgados Centrales de lo Penal. -Tramitan expedientes de ejecución de las ordenes europeas de detención y entrega, expedientes de extradición pasiva.
9. Juzgados Centrales de Lo Penal: Con Jurisdicción Estatal y con sede en Madrid.
-Misiones similares a los Juzgados de lo penal, pero referida a delitos cuyo conocimientos tiene atribuida la Audiencia Nacional.
10. Juzgado Central de Menores: Con Jurisdicción Estatal, conocerán los delitos de terrorismo cometidos por menores.
11. Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria: Con Jurisdicción Estatal, tendrán las funciones previstas en la Ley
General Penitenciaria, en relación los delitos competencia de la Audiencia Nacional.
12. Audiencia Nacional: Jurisdicción Estatal, está integrada por 4 salas. Conocerán:
Del Enjuiciamiento, salvo que corresponda a los Juzgados Centrales de lo penal, por las causas de los siguientes delitos:
-Delitos contra titular de la Corona, Consorte, Sucesor, Altos organismos de la nación y forma de gobierno. -Falsificación de la Moneda. -Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que repercutan gravemente el tráfico mercantil o Economía. -Tráfico de Drogas, fraudes alimentarios o medicinales, siempre cometidos por Grupos organizados o Bandas. -Delitos cometidos fuera del territorio nacional, conforme a leyes y tratados cuando corresponda a juzgados españoles.
La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con anteriormente señalados. -Delitos relacionados con actuaciones de bandas armadas u organizaciones terroristas o rebeldes. -Procedimientos penales iniciados en el extranjero, ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros. -De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivada de cumplimiento de tratados en los que España conste. -Del procedimiento para ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega y procedimientos de extradición pasiva. -De los recursos que se interpongan contra sentencias y otras resoluciones de los Juzgados centrales de lo penal, Juzgados centrales de Instrucción y Juzgados centrales de Menores. -De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.
13. Tribunal Supremo: Jurisdicción estatal, El órgano superior en todo grado, salvo en materias de garantías constitucionales
Está integrado por 5 salas: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar. La Sala de lo penal conocerá:
-Recursos de casación, revisión y otros extraordinarios que establezca la ley. -Instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Altos organismos de la Nación. -De la Instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de Audiencia Nacional o Tribunal Superior de Justicia.
14. Tribunales de Jurado: Pretende la participación total de los ciudadanos en la administración pública. Es de ámbito provincial. El jurado conocerá del enjuiciamiento de los siguientes delitos:
Homicidio, Amenazas graves, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales, Infidelidad de custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones legales, negociaciones prohibidas a los funcionarios e infidelidad en la custodia de presos.
Se compone de 9 Jurados, 2 suplentes y 1 Magistrado presidente, integrante de la Audiencia Provincial.
Juez Decano: Encargado del gobierno interno de los Juzgados. En poblaciones de más de 10 o más juzgados, se elige por los titulares de los Juzgados por 4 años. En donde haya menos, el Decano será el que mejor puesto tenga en el escalafón. -Supervisan el reparto de asuntos entre los Jueces. -Corrigen las irregularidades que se produzcan. -Velan por la buena utilización de los locales judiciales y medios materiales. -Cuidan de que el servicio de guardia se preste continuadamente. -Oyen quejas que les hagan los interesados adoptando prevenciones necesarias.
4. PRIMERAS DILIGENCIAS
Se consideran así: Consignar las pruebas del delito, recoger, poner en custodia cuando conduzca a su comprobación, y a identificación del delincuente y detener a los presuntos responsables, y proteger a ofendidos o perjudicados Cuando se investigue algún delito mencionado en el artículo 57 del Código Penal, el Juez podrá, cuando sea estrictamente necesario para proteger a la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir o acudir a un lugar o comunicarse.
Se entiende también por primeras diligencias, las actuaciones realizadas por la policía judicial ante la comisión de un delito:
En Primer Lugar requerirán que les acompañe un facultativo, para prestarle los oportunos auxilios al ofendido. En Segundo Lugar, la policía además de identificar y tomar datos, podrán:
-Secuestrar los efectos hasta que llegase la autoridad judicial si existiese peligro de desaparición si no se hiciese. -Si se hubiese producido una muerte en la vía pública, trasladar el cadáver al lugar más idóneo, hasta adopción de medidas, previamente se reseñará la posición del cadáver, obteniendo fotografías y señalando la situación exacta que ocupa. -Proceder a intervención de documentos si hubiese un vehículo implicado. -Citar para comparecer inmediatamente o 24 horas siguientes, las personas indicadas con anterioridad.
Es un derecho que se tiene. La acción es la facultad de acudir a los órganos jurisdiccionales para recabar una decisión. De todo delito o falta, nace la acción penal para castigar al culpable y la acción civil para la restitución de una cosa o reparación de algún daño, así como su indemnización por los perjuicios causados.
La acción penal es pública, y por tanto, todos los ciudadanos, podrán ejercerla con arreglo a la Ley. En el acto de recibir declaración al ofendido, mediante ofrecimiento de acciones, se le instruirá del derecho que le asiste para mostrarse parte en el proceso, la posibilidad de intervenir en el trámite procesal, pudiendo ejercitar las acciones civiles y penales que procedan, según le conviene.
Dentro del ámbito penal, la acción se puede ejercitar por el Ministerio Fiscal, que tiene la obligación de ejercitar todas las acciones penales que considere procedentes, excepto las reservadas a querella. También puede ser ejercitada por acusación particular o bien acusación popular. La Acción penal es irrenunciable, pero la acción civil se extingue en cuanto haya renunciado el ofendido.
La acción penal se extingue por la muerte del culpable, pero subsiste la civil contra sus herederos ante la jurisdicción. Cuando tiene lugar la comisión de un delito, nos encontramos ante una lesión de un bien jurídico, que es protegido por el estado de oficio, salvo en aquellos determinados por la ley que sea necesario una querella del agraviado.
6. DENUNCIA: CONCEPTO, FORMALIDADES Y EFECTOS
La Denuncia, es una manifestación de conocimiento verbal o escrito efectuada ante autoridades judiciales, policiales o a través del Ministerio Fiscal, de la perpetración de un hecho que reviste los caracteres de delito o falta perseguible.
Están obligados a denunciar, quienes presencien la perpetración de un delito público y quienes tuviesen noticia por razón de cargo. Aunque no están obligados a declarar: Los Impúberes, quienes no gocen uso de razón, cónyuge del delincuente, ascendientes o descendientes sanguíneos hasta 2º grado, hijos naturales y reconocidos, Abogados y procuradores, respecto de las instrucciones o explicaciones que recibiesen de sus clientes, eclesiásticos o ministros de cultos.
Un atestado, es un documento oficial que los Agentes u autoridad hacen en relación de un delito, hecho u accidente. Puede hacerse personalmente o por medio de mandatario con poder especial. Oralmente o por escrito.
Una denuncia escrita requerirá estar firmada por el denunciante, u otra persona a su ruego. La autoridad o funcionario que la recibiere, rubricará y sellará todas las hojas en presencia del que la presentare. Cuando la denuncia sea Oral, se extenderá un acta por el funcionario que la recibiere, en forma de declaración, firmándola ambos a continuación. En todo caso se hará contar la identidad del denunciante, se le dará un resguardo si lo exigiere
Cuando reúna las formalidades, se mandará proceder a la comprobación del hecho denunciado, salvo no revista caracteres de sea delito o fuese falso. El Atestado tendrá carácter de denuncia, mientras los hechos de conocimiento propio que se reflejen, serán pruebas testifícales. Si se presenta ante el órgano jurisdiccional o Ministerio Fiscal, podrán ordenar practicar las diligencias de investigación. Si se presenta ante la Policía o la Guardia Civil, ésta podrá por iniciativa propia, realizar las actuaciones oportunas. Harán constar de las diligencias que practiquen, especificando detalles en un documento oficial denominado atestado. Los funcionarios de policía o Guardia Civil habrán de poner en conocimiento a la autoridad judicial o Ministerio Fiscal de las diligencias practicadas, sin demora, y nunca sobrepasando las 24h, salvo orden o requerimiento.
Una vez practicadas las diligencias de averiguación y comprobación, el Juez deberá decidir sobre admisión o no de denuncia. Si los hechos constituyen delito, el Juez deberá admitir la denuncia y ordenando el procedimiento penal. La admisión producirá efectos legales de litispendencia, pero el denunciante no está obligado a probar los hechos ni es parte del proceso.
Acto procesal para delitos privados, en los que también se solicita algo. Es dirigido al Órgano Jurisdiccional competente, además de poner en conocimiento la noticia de un hecho delictivo, se solicita el inicio de un proceso y constituirse en parte acusadora.
Pueden Querellarse todos los ciudadanos españoles; extranjeros, previa prestación de fianza y Ministerio Fiscal para las acciones penales por todos los delitos públicos perseguibles de oficio.
La Querella debe presentarse ante el Juez de Instrucción competente, excepto en los casos de delito “in fraganti”, de los que no dejen huellas permanentes de su perpetración o por temor a la ocultación o fuga del culpable.
Formalidades Precisa de unos Requisitos Formales, estos son:
-Se presentará por escrito ante el Juez de instrucción competente. -Por medio de un Procurador y suscrita por Letrado. -Se extenderá en papel de oficio y se expresara:
-Juez a quien se presente. -Nombre, apellidos y vecindad de querellante. -Nombre, apellidos y vecindad del querellado, o en su defecto señas identificativas. -Expresión de las diligencias que se deberían practicar. -Petición de que se admita la Querella. -Firma del Querellante.
Efectos Se acompañará un acto de conciliación previo, a excepción de delito por violación o de rapto. Para admitir el trámite, se requiere que no exista perdón de la parte ofendida. Puede ser desestimada porque los hechos no corresponden a delito o porque el Juez no lo considere competente. En Delitos de Calumnias o Injurias causados en juicio, se presentará además licencia de Juez que hubiese conocido aquel.
Diferencias entre Denuncia y Querella -La Denuncia es una Declaración de conocimiento y la Querella, es una declaración de voluntad. -La Denuncia puede realizarse ante cualquier órgano del Estado Habilitado, la Querella únicamente ante el Juez Competente. -La Denuncia es una obligación y la Querella, es un derecho. -La Denuncia no exige fianza, la Querella sí, salvo excepciones. -La Denuncia se presenta directamente, la Querella requiere cumplir unas formalidades legales. -El Denunciante no es parte del proceso, el Querellante es imprescindible.
TEMA XI: POLICIA JUDICIAL
Los Jueces y Magistrados, necesitan el auxilio de personal colaborador diverso que haga posible la eficacia de su actividad. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se define que sin la policía judicial, sería imposible llevar el proceso a cabo. La Policía Judicial dependerá de los Jueces, Tribunales y Magistrados en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento de aseguramiento del delincuente en los términos establecidos por la Ley. La Policía Judicial comprende:
PJ en sentido amplio: Centrado en Auxilio a Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en averiguación de delitos y aseguramiento de culpables. PJ en sentido estricto: Policía judicial moderna, como la científica, que requiere aplicación de principios y especialización.
Las funciones de Policía Judicial serán ejercidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, participando con carácter
colaborador con el personal de Policía de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. “Constituirán la Policía judicial y serán auxiliares de Jueces, Magistrados y Ministerios Fiscales competentes en materia penal, quedando obligados a seguir las instrucciones de aquellas autoridades a efectos de la investigación de los delitos y
-Autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y persecución de delitos o de algunos especiales. -Empleados o Subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su denominación. -Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Alcaldes de barrio. -Jefes, Oficiales e individuos de la Guardia Civil o cualquier otra fuerza persecutoria de delincuentes. -Serenos, Celadores y cualesquiera otros agentes municipales de Policía Urbana o Rural. -Guardias de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la administración. -Funcionarios del cuerpo especial de prisiones. -Agentes judiciales y subalternos de los Tribunales y Juzgados. -El Personal dependiente de la DGT, encargados de investigación de accidentes. Aunque vigente, se considera obsoleto ese artículo. En la actualidad, sólo tiene consideración de policía judicial a las Unidades Orgánicas compuestas por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil.
Unidades Orgánicas de Policía Judicial (UOPJ para abreviar) Se Regula la creación de UOPJ, a quienes compete con carácter permanente y especial, la función de Policía Judicial, a través de las funciones de averiguación del delito y del descubrimiento y aseguramiento de delincuentes.
Unidades Orgánicas Provinciales:
-Secciones locales: Sede en las localidades de la provincia cuyo índice de criminalidad aconseje. -Unidades Adscritas: Sedes de los propios órganos Jurisdiccionales o fiscales dependiente de los Decanos o Presidentes. Atienden preferiblemente a Jueces y Fiscales de guardia.
Unidades Orgánicas SupraProvinciales:
Podrán crearse cuando se considere conveniente por razones de especialización delictual o técnicas de investigación.
El Ministerio del interior organizará con funcionarios de las FFCCSE, que cuenten con la adecuada formación especializada, unidades de Policía Judicial atendiendo a criterios territoriales y de especialización delictual.
-Las UOPJ se estructurarán con arreglo a criterios de distribución territorial, sobre base provincial. -Podrán constituirse secciones de las mismas en poblaciones cuyo índice de criminalidad así lo aconseje. -Se constituirán también unidades con ámbito de actuación que exceda al provincial, por razones de especialización.
Unidades Adscritas de Policía Judicial
Organización El Ministro del Interior, con previo informe favorable del Consejo General de Policía Judicial o a su propuesta, podrá asignar a Juzgados y Tribunales, Unidades de Policía Judicial especialmente adscritas, así como aquellas fiscalías, oído el Fiscal general del Estado. Estas unidades Adscritas, formarán parte integrante de la Unidad Orgánica Provincial, donde se incorporarán.
Adscripción Las Unidades Orgánicas de Policía Judicial podrán adscribirse, por el Ministro del Interior, oído el Consejo General del Poder Judicial, a determinados Juzgados y Tribunales. También al Ministerio fiscal, oído el Fiscal General del Estado
Las UOPJ deberán tener su sede en las propias dependencias o edificios judiciales y fiscalías, las unidades quedarán asignadas
los respectivos decanos que coordinarán, pero su dependencia funcional se establecerá respecto de cada órgano jurisdiccional
especialmente del Juzgado de Instrucción, en funciones de Guardia, Fiscal de Guardia, atendido preferentemente
Especialización Se cursará en Centros de Formación y Perfeccionamiento de FFCCSE, con miembros de la Judicatura o Ministerio Fiscal, o complementariamente en el Centro de Estudios Judiciales.
Selección Las Unidades Adscritas, se compondrán tanto de diplomados en cursos de selección, como de otros efectivos no necesariamente dotados de esta formación especializada para funciones auxiliares y apoyo. La integración requerirá una previa formación especializada, tras la superación de unas determinadas pruebas. La posesión del diploma es requisito indispensable para ocupar los puestos en UOPJ que constituyan. Se cursarán 2 fases:
-La Primera tendrá lugar en Centros de Formación y Perfeccionamiento de las FFCCSE. -La Segunda, en el Centro de Estudios Judiciales.
Centros de Formación y Perfeccionamiento En el plan de estudios, se incluirán cuantas materias sean necesarias para la adquisición de una formación especializada. -En los Centros, intervendrán en los procesos de selección a través de cursos generales y cursos de especialización. -Dichos Centros programarán cursos de actualización y cursos monográficos, al objeto de atender la formación permanente
Régimen Funcional El régimen funcional del personal integrado en las UOPJ será el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Funciones Generales Las funciones de Policía Judicial serán ejercidas por las FFCCSE. Las Policías Autonómica y Local tendrán carácter colaborador. El auxilio a los Juzgados, Tribunales y Ministerio Fiscal, en la averiguación, será una función ejercida cuando se requiera.
Funciones Genéricamente atribuidas a las UOPJ son:
Respecto a Delitos públicos:
-Averiguar delitos cometidos en su territorio. -Practicar diligencias (atestado) de comprobación, auxilio a las víctimas, reparación de daños. -Descubrir autores y demás participantes en el delito, proceder a su detención y poner a disposición judicial. -Recoger efectos, pruebas e instrumentos del delito, de cuya desaparición hubiere peligro. -Cooperación, auxilio y cumplimiento de órdenes de la Autoridad Judicial o Fiscal.
Respecto a Delitos Semipúblicos:
Mismas funciones que para los públicos si existiese denuncia o se les requiere al efecto de la persona legitimada, menor o inválida.
Respecto a Delitos privados:
Idénticas funciones si se trata de delitos flagrantes o de los que no dejan señales permanentes a su perpetración, cuando se produzca un requerimiento expreso por parte del ofendido o su representante legal.
Los miembros de las FCS, desarrollarán los cometidos a requerimiento de la Autoridad Judicial, Ministerio Fiscal, superiores, o iniciativa propia, a través de estos últimos, en los términos previstos en los artículos siguientes, los cuales:
a) Los Jueces, Magistrados y Ministerio Fiscal podrán en defecto de Unidades Orgánicas de Policía Judicial encomendar a miembros de FCS, la práctica de concretas diligencias de investigación.
b) Por propia iniciativa, practicarán las primeras diligencias de prevención y aseguramiento, dando cuenta de todo ello a la Autoridad Judicial o Fiscal.
c) Cualquier funcionario que haya iniciado la investigación, habrá de cesar en la misma y comparecer para hacerse cargo de ella la Autoridad Judicial o Fiscal, encargado de actuaciones de PJ, a quienes hará entrega de las diligencias practicadas
Policía Autonómica y Locales Estos policías, en las funciones de policía judicial, actuarán como colaboradores de las FFCCSE.
Principios básicos de actuación -Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, se hallen o no de servicio. -Deberán colaborar con la administración de Justicia y auxiliarla.
Funciones de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial -Averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y detenciones. Dando cuenta a la Autoridad Judicial y al Ministerio Fiscal. -Auxilio a la autoridad Judicial y Fiscal. -Realización Material de actuaciones que exijan el ejercicio de coerción y ordene la Autoridad Judicial y Fiscal. -Garantía de cumplimiento de órdenes y resoluciones de Autoridad Judicial y Fiscal. -Cualesquiera otras de misma naturaleza en que sea necesaria su cooperación o auxilio y lo ordenen.
Funciones de las Unidades adscritas a determinados Juzgados, Tribunales o Fiscalías -Inspecciones. -Averiguación de domicilios, paraderos y emisión de informes de solvencia o de conducta. -Emisión de informes periciales provisionales. -Intervención técnica en levantamiento de cadáveres. -Recogida de pruebas. -Actuaciones de inmediata intervención. -Cualesquiera de naturaleza similar a las anteriores. -Ejecución de órdenes inmediatas de Presidentes, Jueces y Fiscales.
3. FORMA DE ACTUACIÓN
Los funcionarios policiales comisionados por Autoridad Judicial o fiscal para práctica de investigaciones, se atendrán a las órdenes que hubiesen recibido. Estos informarán de la evolución y rendirán cumplida cuenta de su actuación a la Autoridad Judicial o Fiscal. El funcionario que no pudiese cumplir el requisito, lo pondrá en conocimiento inmediato del que haya hecho el requisito. Siempre es de obligado cumplimiento proporcionar el informe solicitado por un Juez de Instrucción, o se consideraría delito de desobediencia. En las diligencias y actuaciones por encargo y bajo supervisión de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial, tendrán carácter de comisionados y podrán requerir auxilio de Autoridades y particulares.
Tiene una repercusión penal importante, y negarse puede incurrirse como delito de auxilio a la Justicia. Las diligencias y actuaciones gozarán de especial consideración derivada de adscripción y carácter de Jueces, Tribunales y Fiscales. Deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y el resultado de las investigaciones, salvo intercambio interno. La infracción de dicho deber, será corregida disciplinariamente. Dichos funcionarios no podrán ser removidos o apartados de la investigación hasta que finalice la misma, sino es por decisión o con autorización de Juez o Fiscal competente.
Principios que caracterizan la actuación de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial
1. Investigación con carácter permanente y especial, contando con efectivos, medios necesarios y equipos de especialización.
2. No podrán ser encargados con otras funciones que no sean las previstas para las UOPJ.
3. Cuando se realicen diligencias de investigación criminal, actuarán con carácter previo a actuación judicial, bajo dependencia del Ministerio fiscal, a quien darán cuenta de sus investigaciones sin demora.
4. Una vez iniciado el Procedimiento Penal, el Juez, Tribunal o Fiscal, se entenderán directamente con la Policía Judicial, para encomendarles la práctica de cualquier investigación.
5. Las Autoridades Judicial o Fiscal podrán ordenar que compadezcan ante su presencia los funcionarios encomendados.
6. Para realizar actuaciones que por su trascendencia o complejidad requieran la permanente adscripción de funcionarios no integrados en una Unidad Orgánica, el encargo se hará por conducto del presidente del Tribunal Supremo o Fiscal General.
7. Inmediatamente de tener conocimiento de la comisión de un delito público, lo participarán a la Autoridad Judicial o Fiscal. Si pudieren hacerlo sin cesar con la práctica de las diligencias de prevención, las harán una vez las hubieran terminado. Cesarán las diligencias de prevención cuando el Juez se haga cargo de las mismas.
8. Los funcionarios adscritos a las Unidades de Policía Judicial desempeñarán esa función con carácter exclusivo.
4. DEPENDENCIA Y RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
Dependencia orgánica funcional La Policía Judicial depende de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en las funciones de averiguación, descubrimiento y aseguramiento del delincuente, orgánicamente primero del Ministerio del Interior, y después de los Jueces, Magistrados y Fiscales.
Facultades de Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal (Respecto de los funcionarios) -Les darán las instrucciones que sean necesarias en lo dispuesto en las normas de Enjuiciamiento criminal y Estatuto del Ministerio Fiscal. -Determinarán el contenido y circunstancias de las actuaciones que interesen dichas unidades. -Controlarán la ejecución de tales actuaciones, tanto forma, como resultados. -Podrán instar el ejercicio de la potestad disciplinaria. Emitirán los informes que puedan exigir la tramitación de expedientes.
Comisiones de coordinación de la Policía Judicial Han sido creadas con el fin de armonizar y lograr la unidad de dirección en las fuerzas policiales adscritas a investigación.
Comisiones Nacionales, integradas por:
-Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (o Magistrado de la sala segunda, en ausencia). -Ministro de Justicia (Subsecretario, o Director General de relaciones con la Administración de Justicia). -Ministro de Interior (o Director General de policía o Guardia Civil). -Fiscal General del Estado (o Fiscal de Sala de Tribunal Supremo). -Secretario de Estado de Seguridad (o Director General de Policía o Guardia Civil). -Vocal del Consejo General del Poder Judicial. -Miembro de la Carrera Judicial (Magistrado). -Un Representante de cada una de las Comunidades Autónomas con competencia estatutaria para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público.
Comisiones Provinciales, integradas por:
-Presidente de Audiencia Provincial. -Fiscal Jefe de la Audiencia. -Magistrado Juez Decano de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la capital de la Provincia. -Jefe de la Unidad Orgánica Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía. -Jefe de la Unidad Orgánica Policía Judicial de la Guardia Civil. -En el caso de Comunidades Autónomas con competencia estatuaria para protección de personas o bienes y para mantenimiento del orden público y que ejerzan efectivamente funciones de policía judicial, el responsable de la misma.
TEMA XII: LA DETENCIÓN
Podría definirse como la limitación provisional de la libertad de una persona, en la que se le priva de poder alejarse de un lugar. El derecho a la libertad y a la seguridad es un derecho fundamental reconocido, pero no absoluto. La detención es una medida cautelar de naturaleza personal que se adopta con la persona de la que se presume responsable de un hecho delictivo, con el fin de ponerla a disposición judicial. La Ley de Enjuiciamiento criminal establece no solo a las personas, los casos y la forma en que se debe realizar la detención, sino establece sanciones para los responsables de aquellas detenciones en que se haya infringido la normativa legal. Existen varias clases de detención:
-Detención judicial, determinada por la Autoridad judicial en el cumplimiento de su misión y como consecuencia del sumario. -Detención Gubernativa, realizada por funcionarios competentes, para poner al detenido a disposición judicial. -Detención Policial, llevada a cabo por la policía judicial en el cumplimiento de su misión de averiguación y aseguramiento. -Detención legal o legítima, la realizada por la persona con la debida competencia y llevada a cabo con las formalidades previas. -Detención ilegal, es la realizada incumpliendo los requisitos establecidos.
Quienes y cuándo pueden detener
A) La detención practicada por particulares
La detención practicada por particulares está regulada como un derecho, y en casos muy concretos:
-Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo. -Delincuente “in fraganti”. -Al que se fugare del establecimiento penal en el que se halle extinguiendo condena. -Al que se fugare de la cárcel en que estuviese esperando su traslado o es conducido, al lugar donde deba cumplir condena. -El que se fugue estando detenido o preso por causa pendiente. -El procesado o condenado que estuviese en rebeldía. El particular que detuviere a otro justificará, si lo exigieren, haber obrado en virtud de motivos racionalmente suficientes, para creer que se hallaba comprendido en alguno de los casos anteriormente mencionados.
B) La detención Policial y Judicial
Es la llevada a cabo por la Policía Judicial en el cumplimiento de su misión. Para sus miembros es una obligación. Cuando:
-La obligación de cualquiera de los casos especificados para la detención practicada por particulares. -Al que estuviese procesado por delito, que tenga señalada pena superior a prisión correccional, de 6 meses a 3 años. -Al procesado señalado con pena inferior, si sus antecedentes hicieren presumir que no compadecerá ante la Autoridad. Se exceptúa al procesado que preste en el acto, fianza bastante, a juicio de Autoridad o Agente. -Al que estuviere en el caso anterior, aunque no se hallase procesado, con tal de que concurra que la Autoridad o Agente tenga motivos bastantes para creer en la existencia de un hecho con caracteres de delito o que los tenga para creer que la persona a quien intente detener tuvo participación en el delito. Para que la Policía Judicial pueda practicar la detención, han de darse presupuestos de apariencia de delito o fuga. Han de:
-Existir motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente caracteres de delito. -Existir motivos suficientes de que el sospechoso tuvo participación en el delito, y sea presunto reo. -Que por circunstancias de la persona o hecho, haga suponer que no compadecerá ante el Juez cuando se le convoque. La Autoridad o Agente, tomará nota del nombre, apellido, domicilio y demás para la correcta identificación del delincuente a quienes no detuviere por no estar comprendidos en ninguno de los casos anteriormente citados. De la misma manera no se podrá detener por simples faltas a no ser que no poseyese domicilio conocido o no diese suficiente fianza, a juicio del Agente. El particular, agente o autoridad deberá poner en libertad o disposición judicial al detenido dentro de las 24 horas siguientes.
C) Detención por faltas
Como ya se señaló anteriormente, no se puede detener por faltas, a no ser que no preste fianza suficiente o no disponga de domicilio conocido.
Plazos de la Detención Si se demorasen más de las 24 horas, incurrirá en la responsabilidad establecida por el Código Penal. Pero tras la promulgación de la constitución, la detención preventiva no puede exceder de 72 horas. En los casos de Terrorismo, podrían sumarse otras 48h en el caso de que se solicite previamente a la Autoridad Judicial.
Formalidades de la Detención Deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido, preso, reputación y patrimonio, y no podrá durar más de lo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos. Serán 72h como máximo. Toda persona detenida, será informada inmediatamente de los derechos que se le imputan y las razones motivadoras de la privación de su libertad, así como los derechos que le asisten, especialmente:
-Derecho a Guardar silencio, no declarando si no quiere, a no contestar a algunas de las preguntas que se le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez. -Derecho a no declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable. -Derecho a designar un Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Sino designase uno, se le designará uno de oficio. -Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento (Los extranjeros tendrán derecho a que se comunica a la oficina consular de su país). -Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de un extranjero que no comprenda en castellano. -Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal, y en su defecto, por la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones públicas.
Si se tratase de un menor de edad o incapacitado, la autoridad notificará las circunstancias de poner en conocimiento a quienes ejerzan la patria potestad o tutela. Si fuese extranjero, el menor o incapacitado, se notificará al Cónsul de su país. La autoridad y los funcionarios encargados de la custodia del el detenido, se abstendrán de recomendarle Abogado y se le comunicará en forma que permita su constancia al Colegio de Abogados. Dicho colegio, notificará el designado de dicha elección, en el caso de no poder, se procederá al nombramiento de uno de oficio. El Abogado acudirá al centro de detención a la mayor brevedad y con un máximo de 8 horas, desde su comunicación. El Detenido podrá renunciar la preceptiva y asistencia de Letrado si los hechos tienen relación contra la seguridad de tráfico.
La Asistencia de abogado consistirá en:
-Solicitar que se le informe al detenido de sus derechos y que proceda al reconocimiento médico. -Solicitar a la Autoridad o al funcionario, una vez terminada la diligencia, la ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante la práctica. -Entrevistarse reservadamente con el detenido, después de declarar.
Límites a los Derechos del Detenido En caso de incomunicación, no podrá disfrutar de los derechos expresados en el presente capítulo, a excepción de los citados en el Apartado de “Formalidades de La Detención”, con las siguientes modificaciones:
-El Abogado será Designado de Oficio. -No tendrá derecho a la comunicación. -Tampoco tendrá derecho a entrevistarse con su abogado.
La detención en los delitos de terrorismo Ciertos derechos de la constitución, pueden ser suspendidos con ocasión de investigaciones llevadas a cabo por delitos cometidos por bandas armadas, elementos terroristas o rebeldes. Podrá prolongarse la detención para fines investigadores hasta 48 horas más del máximo, (72 horas base + 48 horas extras) si es autorizado por el Juez a las 24 horas siguientes. Detenida una persona por los motivos expresados anteriormente, podrá solicitarse del Juez que decrete su incomunicación. Durante la detención, el Juez podrá requerir información o conocer la situación de éste. En Resumen, se podrían hacer las siguientes concreciones:
-Se permite posibilidad de ampliar el plazo de detención preventiva 48 horas más. -Para garantizar el éxito de la investigación, se podrá solicitar al Juez la incomunicación del detenido. -El Control Judicial es permanente, ya que puede requerir información en cada momento y conocer su situación.
Tratamiento de Protección en la Seguridad Ciudadana -Los agentes de las FCSE podrán limitar o restringir, la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración de orden, seguridad o pacífica convivencia, cuando fuese necesario. Podrán ocupar preventivamente efectos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales. -Para el descubrimiento y la detención de los partícipes de un delito, causantes de grave alarma social y para la recogida de instrumentos, efectos o pruebas, se podrán establecer controle en las vías y establecimientos públicos, en la medida indispensable, al objeto de proceder a la identificación de personas, registro de vehículos y controles de portabilidad. -Podrán Requerir la Identificación de las personas y realizar comprobaciones pertinentes en la vía o lugar donde se hubiese hecho el requerimiento, siempre que fuese necesario para el ejercicio de las funciones de seguridad. -De no lograrse la identificación por cualquier medio, y cuando resulte necesario, los agentes para impedir la comisión de un delito, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a las dependencias próximas. -En las Dependencias que se hace referencia anteriormente, se llevará un Registro en el que se harán constar las diligencias de identificación realizadas, así como motivos y duración y estará a Disposición de la Autoridad Judicial y el Ministerio Fiscal. -En Casos de Resistencia y negativa infundada a identificarse o a realizar voluntariamente las comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto a Delito de resistencia o desobediencia.
Detenciones Ilegales Practicar una detención en forma ilegal:
“Autoridad o funcionario que fuera de los casos permitidos, cometiere alguno de los hechos que constan como detención ilegal”. Delitos cometidos contra garantías constitucionales o garantías del detenido:
“Autoridad o funcionario que acordare o prolongare cualquier privación de libertad con violación a los plazos o demás garantías”.
PROCEDIMIENTO DEL “HABEAS CORPUS”
Se regulará este procedimiento para poner a disposición judicial a una persona detenida ilegalmente. Sirve para establecer remedios rápidos y eficaces para eventuales supuestos de detenciones de la persona no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. Exige un procedimiento rápido para la inmediata verificación judicial de la legalidad y condiciones de la detención, además de que sea suficientemente sencillo para que sea accesible a los ciudadanos. Se inspira en unos principios, estos son:
-Agilidad: Persigue un procedimiento extraordinariamente rápido. -Sencillez: Carente de formalismos. -Generalidad: Ningún particular o Agente puede sustraerse al control judicial de la legalidad de la detención. -Universalidad: Este procedimiento alcanza a todos los supuestos, que ajustándose a la legalidad, se mantienen ilegalmente. Se considerarán las personas ilegalmente detenidas:
a) Las que por Autoridad o Agente, procedan sin concurrir supuestos legales o formalidades exigidos por Ley.
c) Las que lo estuviesen por plazo superior al señalado en las leyes, si no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez.
d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que se les garantizan a los detenidos.
Es competente para conocer la solicitud del “Habeas Corpus”, el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad, si no constare, el lugar en que se produzca la detención.
Si la detención obedece a la aplicación de la Ley orgánica que desarrolla los supuestos previstos en el artículo 55.2 de la constitución, el procedimiento deberá seguirse ante el Juez Central de Instrucción correspondiente. En el ámbito de la Jurisdicción Militar, será competente el Juez Togado Militar de Instrucción.
Podrán Instar el procedimiento “Habeas Corpus”, que esta ley establece:
-El Privado de Libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, ascendientes, descendientes, hermanos, y en su caso representantes legales de menores e incapacitados. -El Ministerio Fiscal. -El Defensor del Pueblo.
El Procedimiento se iniciará por medio de escrito o comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de abogado ni de procurador, haciendo constar en dicho escrito de comparecencia:
-Nombre y circunstancias personales del solicitante, y de la persona para quien se solicita amparo judicial. -El lugar en el que se halle privado de libertad, autoridad o persona bajo custodia se encuentre, y toda circunstancia relevante. -El motivo completo de el por qué se solicita el “Habeas Corpus”.
La Autoridad gubernativa o agente, estarán obligados a poner inmediatamente en conocimiento del Juez la solicitud “Habeas Corpus”, formulada por la persona privada de libertad.
Promovida la solicitud, el Juez examinará la concurrencia de los requisitos para su tramitación y dará traslado de las mismas al Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante acto, acordará la incoación o denegará la solicitud improcedente.
El Juez ordenará, en el acto de incoación, que sin demora, se le ponga de manifiesto ante él, al detenido. Antes de dictar resolución, oirá el Juez a la persona privada de libertad, en su caso, a su Representante y Abogado, si lo hubiera designado, así como al Ministerio Fiscal. Acto seguido oirá en justificación de su proceder a aquella persona que hubiere ordenado o practicado la detención. A todos ellos dará a conocer el Juez las declaraciones del privado de libertad. El Juez admitirá, si lo estima pertinente, las pruebas que aporten las personas antes citadas y las que proponga. En el plazo de 24 horas, contadas desde que sea dictado el auto de incoación, los Jueces practicarán todas las actuaciones y dictará la resolución que proceda.
El Juez, mediante auto motivado, adoptará seguidamente alguna de estas resoluciones;
a) Si estima que no se da ninguna de las circunstancias referidas a “detención ilegal”, acordará un archivo de las actuaciones,
declarando sea conforme a Derecho de la privación de libertad.
b) Si estima que concurren alguna de las circunstancias de “detención ilegal”, acortara alguna de las siguientes medidas:
 La puesta en libertad del privado de ésta, si lo fuese ilegalmente.
 Que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, pero si lo considerase necesario, en establecimiento distinto, o bajo custodia de personas distintas.
 Que la persona privada, sea puesta inmediatamente a disposición judicial, si ya hubiere transcurrido el plazo de detención.
ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR PRIVADO
Las medidas cautelares son actividades de precaución para que el proceso penal pueda llevarse a cabo de manera eficaz. La Entrada y Registro de un lugar cerrado es un acto procesal de investigación que tiene por objeto la búsqueda de efectos, de pruebas, instrumentos, objetos del delito, o el hallazgo mismo del delincuente. Recordemos que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental, como bien dice la constitución:
“Domicilio Inviolable, Ninguna entrada o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular, resolución judicial, o flagrante delito. La LECri, regula una serie de supuestos en los que los agentes de policía podrán proceder de propia autoridad al registro de lugares cerrados. La Constitución establece la posibilidad de suspender o limitar el derecho de inviolabilidad del domicilio en los supuestos de declaración de los estados de excepción o sitio.
Los Agentes de Policía podrán:
 Proceder a la inmediata detención de personas cuando haya mandamiento de prisión para ellas.
 Cuando sean sorprendidas en Flagrante delito.
 Cuando un delincuente, siendo perseguido, se oculte o refugie en alguna casa.
 En casos de Urgente necesidad, cuando se trate de presuntas bandas armadas o elementos terroristas, cualquiera que fuese el lugar o domicilio donde se ocultasen, se efectúe la ocupación de efectos e instrumentos hallados Del registro efectuado, se dará cuenta inmediata al Juez Competente.
Protección de la Seguridad Ciudadana -Los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sólo podrán proceder a la entrada y registro, por los casos permitidos por la Constitución y Leyes. -Será causa legítima suficiente para la entrada en el domicilio, la necesidad de evitar daños inminentes y graves. Para la entrada en organismos oficiales o edificios públicos no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario. -Cuando los FCSE entrasen en un domicilio, remitirán sin dilación, el acta o atestado redactado al Juez Competente.
Garantías y Formalidades Es necesario referirnos a supuestos que puedan ser comprendidos en el término de lugar cerrado. Cabe distinguir:
 Autolimitación por el propio titular (del Domicilio).
 Limitaciones ordinarias.
 Limitaciones Extraordinarias.
Auto limitación por el propio titular del derecho
En este supuesto, el titular renuncia voluntariamente a su derecho, y expresa su consentimiento hacia quien tuviese que efectuar la entrada y el registro para los actos necesarios, para que pueda tener efecto sin violar el domicilio. El agente debe realizar la diligencia de recoger por escrito, la autorización del titular.
2. Limitaciones Ordinarias
Hay que distinguir la entrada en un lugar público y un domicilio particular. Entrada y Registro en lugares o edificios públicos:
Los que estuviesen destinados a cualquier servicio oficial, militar o civil del Estado, aunque habiten allí los encargados.
Los que estuviesen destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo, fueren o no lícitos.
Cualesquiera otros edificios o lugares cerrados que no constituyesen domicilio de un particular con arreglo a lo dispuesto.
Por tanto, cuando haya que efectuar la entrada y registro en los mencionados, el Juez comunicará el acuerdo al jefe de las dependencias, o en su defecto, un auto hacia el encargado de custodia del edificio.
Entrada y Registro en domicilios particulares:
Los Palacios Reales, estén o no habitados por el Monarca al tiempo de entrada y registro.
El Edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada a la habitación de cualquier español o extranjero con su familia.
Excepto en los casos vistos anteriormente, para entrar en los domicilios, es necesario mandamiento de entrada y registro, que es una disposición judicial en virtud de auto motivado, mediante cual se ordena la práctica de entrada y registro. En el mandamiento, el Juez expresará claramente el edificio que haya de verificarse, su momento del día, los funcionarios que realizarán la inspección, etc. El Funcionario que practique la entrada, deberá redactar un acta en el que comunicará al Juez los nombres de las personas que hayan intervenido, incidentes ocurridos, hora del inicio y de terminación, así como resultados obtenidos.
LAS FORMAS Y REQUISITOS A LOS QUE HA DE AJUSTARSE LA PRÁCTICA DE ENTRADA Y REGISTRO SON:
a) Precauciones previas a la entrada y registro
Desde que el Juez acuerde la entrada y registro, adoptará las medidas de vigilancia para evitar la fuga de delincuente o sustracción de efectos o cualquier cosa que haya de ser objeto del registro.
b) Notificación del auto
Se hará notificar al titular del domicilio, mediante exhibición y lectura del mandamiento. Si estuviese ausente, se dará notificación a cualquier persona mayor de edad dentro del edificio. Si no hubiese nadie, se hará constar con asistencia de 2 vecinos.
c) La Entrada en el Domicilio
Recabado el consentimiento y notificación, se procederá a efectuar la entrada y registro, empleando si fuese necesario, la fuerza.
d) Suspensión o aplazamiento del registro
Cuando el registro se efectúe en un domicilio, y expire el día sin haber terminado, se requerirá al interesado para que permita la continuación durante la noche, si se opusiese, se suspenderá la diligencia, sellando el local o muebles por registrar.
3. Limitaciones Extraordinarias
La LECri es muy estricta al regular la entrada y registro en los lugares cerrados. Las Limitaciones Extraordinarias, pueden ser:
Entrada y registro con Especialidades y Entrada y registro en la legislación antiterrorista.
A) ENTRADA Y REGISTRO CON ESPECIALIDADES
La Ley otorga mayor protección a lugares edificios específicos, su entrada, se regulan requisitos especiales de procebilidad:
Cámaras Legislativas Para efectuar entrada y registro, se requerirá la autorización del Presidente de la Cámara Correspondiente. Templos y Lugares Religiosos Bastará con pasar recado de atención a las personas que estén a cargo del lugar o domicilio. Domicilios y oficinas de representantes Extranjeros acreditados en España Les pedirá su venia el Juez, por medio de atento oficio, en el que les rogará que contesten en 12 horas. Si no contestase o se abstuviese a ello, el Juez se lo comunicará al Ministro de Justicia. Entretanto no le comunique resolución, no se podrá registrar, pero sí, tomar las pertinentes medidas de vigilancia. Domicilios y oficinas de cónsules extranjeros Simplemente se exige que previamente se pase recado de atención y se observen las formalidades legales. Buques Extranjeros Si son de Guerra, se pedirá autorización al Comandante del Buque o del embajador o Ministro de la nación al que pertenezca. Si son mercantiles, Se requerirá autorización de su capitán o del Cónsul de su País.
B) ENTRADA Y REGISTRO EN LA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA
-Los Agentes podrán efectuar entrada y registro cuando se trate de presuntos responsables de bandas armadas o terroristas. -Sólo se podrá ejercer respecto a lugares de ocultamiento o refugio de éstos. -El Registro, las causas y resultados, así como personas e incidentes ocurridos, han de ser comunicados inmediatamente al Juez.
C) REGULACION DEL ALLANAMIENTO DE MORADA EN EL CODIGO PENAL
“Aquel particular que sin habitar en ella, entrare o se mantuviere en morada ajena contra la voluntad de su morador”.
“Aquel que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho personal y oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura”. Se agravarán las penas si efectúa el hecho con violencia e intimidación.
TEMA XIII: FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
Las FFCCSE Tienen como misión: “Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. Una Ley orgánica regulará los principios básicos de su actuación y estatutos de las FFCCSE
1. La Seguridad pública es competencia del Estado , y su mantenimiento corresponde al Gobierno.
2. Las comunidades autónomas participarán en el mantenimiento de la seguridad pública.
3. Las corporaciones locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública.
4. El mantenimiento se ejercerá por las Distintas Administraciones a través de las FFCCSE.
Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: (Abreviamos FCS):
-Las FFCCSE dependientes del gobierno de la Nación, como La Policía Nacional y la Guardia Civil. -Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas (Ertzaintza, Mossos y Policía Foral). -Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales. Los Miembros de las FCSE ajustarán su actuación al principio de colaboración recíproca y su coordinación se realizará a través de los órganos que a tal efecto establece esta Ley. Todos tienen el deber de prestar a las FCS el auxilio necesario en la investigación y persecución de los delitos. Todas personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia referidas a personal o bienes de titularidad pública o privada, tienen especial obligación de auxiliar y colaborar en todo momento con las FCSE.
-Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y resto de ordenamiento jurídico. -Actuar con absoluta neutralidad política e imparcialidad, sin discriminación de ningún tipo. -Actuar con Integridad y dignidad. -Sujetarse a los principios de jerarquía y subordinación. La obediencia debida no podrá amparar órdenes que entrañen delito. -Colaborar con la administración de justicia y auxiliarla.
-Impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. -Observar un trato correcto y esmerado con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger cuando sean requeridos. -Actuar con decisión necesaria y sin demora para evitar un daño grave. Basándose en los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de medios a su alcance. -Solamente deberán utilizar las armas en situaciones que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, integridad física o la de terceras personas.
-Los miembros de los FCS, deberán identificarse como tales en el momento de efectuar una detención. -Velar por la vida e integridad física de los detenidos, así como respetar su honor y su dignidad. -Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por la Jurisdicción.
-Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, se hallen o no de servicio, en cualquier tiempo y lugar.
-Guardar riguroso secreto respecto de todas las informaciones que conozca a razón del desempeño de sus funciones.
-Son responsables personal y directamente, por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo.
DISPOSICIONES ESTATUARIAS COMUNES
Las Disposiciones Estatuarias tienen carácter general, y son comunes a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los Poderes públicos promoverán las condiciones más favorables para una adecuada promoción profesional, social y humana de las FCS, de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.
La formación y perfeccionamiento se adecuará y ajustará a los siguientes criterios:
Los Estudios que se cursen en centros de enseñanza dependientes de las diferentes Administraciones públicas, podrán ser objeto de convalidación por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Para impartir las enseñanzas, se promoverá la colaboración institucional de la Universidad, Poder Judicial, etc
Los miembros de las FCS deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución como norma fundamental.
Tendrán derecho a una remuneración justa que contemple su nivel de formación, movilidad, dedicación, riesgo, etc.
Reglamentariamente, se determinará su régimen de horario de servicio que se adaptará a las características de la Policía.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución

 artículo 14
 Artículo 2
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 57
 artículo 55
 resolución 
 resolución