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Timestamp: 2017-09-23 05:44:14+00:00

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05. El amparo constitucional de los derechos fundamentales - Juspedia
05. El amparo constitucional de los derechos fundamentales
1 El recurso de amparo: notas esenciales
1.3 Naturaleza jurídica
2 La pretensión de amparo constitucional
2.1.1 Las partes
2.1.2 El órgano jurisdiccional
2.2 La fundamentación
2.2.1 Fundamentación fáctica o de hecho
2.2.2 Fundamentación jurídica o de Derecho
2.3 La petición
3.1.2 Personas jurídicas
3.2.1 Legitimación activa
3.2.2 Legitimación pasiva
El recurso de amparo: notas esenciales
Previsto en la CE (arts. 53.2, 161.b, 162.b y 164.1), el recurso constitucional de amparo se encuentra regulado en el Título III (arts. 41-58) de la LOTC 2/1979. Otras disposiciones que también lo disciplinan son la LO 6/2002 de Partidos Políticos, las tuteladoras de los derechos fundamentales de que se trate (el derecho al honor, de rectificación, de reunión, etc.), determinados Acuerdos del Pleno del TC y, por supuesto, su propia doctrina emanada de su copiosa jurisprudencia.
El recurso de amparo constituye un medio de impugnación extraordinario y subsidiario, que cabe interponer ante el TC contra la última resolución judicial definitiva emanada del Poder Judicial por haber vulnerado dicha resolución (o la Sentencia, acto administrativo o vía de hecho que aquella resolución viene a confirmar) algún derecho fundamental (arts. 15-29 CE), el principio de igualdad (art. 14 CE) o el derecho a la objeción de conciencia (art. 30.2 CE), y dirigido a obtener la declaración de nulidad de tales resoluciones, el reconocimiento del derecho fundamental infringido y la adopción, en su caso, de las medidas apropiadas para su restablecimiento.
El TC, en tanto que guardián e intérprete supremo de la CE (art. 1 LOTC), tiene como especial misión la defensa de los derechos fundamentales, la cual se concreta en una doble actividad: desde el punto de vista subjetivo el TC concentra en él y asume la defensa de tales derechos, con respecto a los cuales ostenta siempre la "última palabra"; desde un punto de vista objetivo, ante cualquier vulneración, le corresponde la función de reinstaurar el ordenamiento constitucional vulnerado y, a través de la interpretación, crear doctrina legal que ha de vincular a todos los poderes públicos.
TC en su primera Sentencia "la finalidad esencial del recurso de amparo es la protección, en sede constitucional, de los derechos y libertades... cuando las vías ordinarias de protección han resultado insatisfactorias.
El recurso de amparo ha de resultar procedente contra cualquier género de violación que los poderes públicos puedan cometer contra los derechos cívico-constitucionales que el legislador constituyente ha estimado dignos de esta protección jurisdiccional especial.
Con la sola salvedad de las pretensiones de amparo dirigidas contra los actos provenientes del Poder Legislativo lesivos de los derechos fundamentales, con respecto a los cuales el TC conoce en "primera y única instancia", la necesidad de agotar la vía judicial previa en los recursos de amparo contra actos del Poder Ejecutivo y Judicial ha provocado en la doctrina y en la jurisprudencia una importante polémica consistente en determinar si el proceso que transcurre ante el TC es un proceso autónomo y distinto al que se ha sucedido ante los Tribunales ordinarios, en cuyo caso el término "recurso" para designar al de amparo sería manifiestamente inapropiado, o si, por el contrario, la actividad del TC se limita a revisar la aplicación o interpretación del Derecho que han realizado aquellos Tribunales, constituyendo el recurso de amparo un auténtico medio de impugnación.
El problema de la naturaleza jurídica del recurso de amparo hay que reconducirlo, de un lado, al examen de la propia naturaleza del TC y, de otro, a la del objeto litigioso sobre el que ha de extender su competencia.
Por la primera tesis abonaría la configuración del TC como una "Jurisdicción especial", claramente situada fuera o distanciada de la "Jurisdicción ordinaria". Su fundamento legal habría que encontrarlo en la ubicación que la CE realiza del TC, al situarlo fuera del capítulo relativo al Poder Judicial.
Sin embargo, esta sola circunstancia formal no puede servir de base para llegar a dicha conclusión.
A diferencia de las Jurisdicciones especiales, el TC es un órgano institucionalmente dotado de independencia; aun cuando sus Magistrados estén excluidos del régimen común del autogobierno, y aunque sean jueces "a plazo" (art. 16.2 LOTC), son inamovibles dentro de su mandato, independientes frente a los demás poderes del Estado y solamente sometidos a la CE y a su LOTC.
Orgánicamente el TC no forma parte del Poder Judicial, pero al concurrir en él todas las notas configuradoras de la Jurisdicción merece ser enmarcado, junto con el Tribunal de Cuentas y los Tribunales consuetudinarios y tradicionales, en la categoría de los "Tribunales especiales".
Consecuentemente, no parece que pueda predicarse la autonomía del proceso constitucional de amparo con base en que la pretensión de amparo haya de dilucidarse, en último término, ante "otra" Jurisdicción.
No puede reclamarse la distinta naturaleza de la pretensión de amparo ante los Tribunales ordinarios y ante el TC.
La identidad de ambos objetos litigiosos es evidente entre el objeto procesal del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales (art. 114 LJCA) y el del proceso constitucional de amparo (art. 41 LOTC), pues ambas pretensiones recaen sobre un mismo bien litigioso, un derecho fundamental vulnerado, acerca del cual se pide del órgano jurisdiccional su reconocimiento y restablecimiento, sin que quepa argüir aquí la distinta fundamentación jurídica ("causa petendi") de la pretensión (la primera fundada en el Derecho Administrativo, y en el Constitucional la segunda), porque, sin olvidar que los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos (art. 53.1 CE), rige en nuestro ordenamiento la teoría de la sustanciación de la pretensión, siendo, por tanto, indiferente a los efectos de una mutación del objeto procesal un distinto "nomen iuris" o calificación de los hechos que fundamentan la petición de amparo, siempre y cuando, como acontece en el presente caso, nos encontremos ante un mero fenómeno de concurso ideal de Leyes, subsumibles en unos mismos hechos.
También existe la misma identidad de pretensiones entre la de amparo, ejercitada en un procedimiento contencioso-administrativo ordinario y ante el TC, si bien en el primero de ellos dicha pretensión aparece acumulada a otra principal, sobre la que el TC no puede extender su competencia, porque tan solo puede conocer de aquellas pretensiones que se fundamenten sobre normas constitucionales que tutelen el derecho fundamental vulnerado (arts. 43.3,49.1, 50.2.a LOTC).
Si el TC, órgano situado fuera del Poder Judicial, forma parte y es el más alto órgano de nuestra Jurisdicción, y la pretensión de amparo que ante él transcurre es la misma que la que debe recibir satisfacción de los Tribunales ordinarios, mal puede conceptuarse el proceso constitucional como un proceso autónomo e independiente del que debe dilucidarse previamente ante los Tribunales integrantes del Poder Judicial.
Subsidiariedad no significa autonomía. Ciertamente el TC no puede ser configurado como una "tercera instancia" o "supercasación" de las resoluciones de los Tribunales ordinarios, porque no es misión del TC revisar la concepción jurídica causal de los fallos de los Tribunales o examinar si se adecúan al Derecho legislado, formal o material; pero lo que sí corresponde al TC es obligar a todos los poderes públicos a la más estricta observancia de los preceptos constitucionales y, para ello, está expresamente autorizado por la CE y su LOTC a revisar la aplicación o interpretación que los Tribunales ordinarios han realizado de tales normas fundamentales.
Así lo declaró la STC 50/1984 "la distinción entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria no puede ser establecida, refiriendo la primera al plano de la constitucionalidad y la jurisdicción ordinaria al de la simple legalidad, pues la unidad del ordenamiento y la supremacía de la CE no toleran la consideración de ambos planos como si fueran distintos e incomunicables".
En la medida en que el TC está legitimado a anular una resolución impeditiva del ejercicio de un derecho fundamental, actúa como un Tribunal extraordinario de casación constitucional y el recurso de amparo se convierte en una casación especial de tutela de las normas constitucionales, reguladoras de los derechos fundamentales, únicamente limitada, y partiendo de los hechos fijados por los Tribunales de instancia, a examinar la aplicación e interpretación que los Tribunales ordinarios han realizado de dichas normas constitucionales.
Dicha tesis que configura al amparo como una "casación especial" ha sido calificada de "imprecisa" (Sánchez Morón); pero si se recuerda que la función de la casación es, desde la Revolución francesa, la de defensa del derecho objetivo (ius constitutionis1), asegurando su interpretación uniforme mediante la protección de los derechos subjetivos (ius litigatoris), y que el TC "garantiza la supremacía de la CE", es su "intérprete supremo" y, por tanto, está autorizado a crear su doctrina legal, es evidente que este órgano actúa como un Tribunal de casación, pero no en defensa de la legalidad ordinaria sino con un techo más alto: en defensa de la CE.
(1: Ius constitutionis, preservar la Ley y el Derecho frente al Juez.)
Los derechos del art. 53.2 CE Derechos públicos subjetivos que pueden hacerse valer a través del recurso de amparo, tan solo los preestablecidos en el art. 53.2 CE, esto es, el principio de igualdad (art. 14), el derecho a la objeción de conciencia (art. 30.2) y los arts. 15-29 "De los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas".
Otros derechos subjetivos En consecuencia, por la vía del recurso de amparo tan sólo puede solicitarse la reposición o restablecimiento de los derechos fundamentales señalados en el art. 53.2 de la CE, lo que no significa que no pueda invocarse cualquier otro precepto fundamental vulnerado, pero en tal caso:
Si se trata de derechos constitucionales distintos a los previstos en los arts. 14 a 30.2 CE, habrán de conectarse de alguna manera con alguno de los referidos derechos protegibles en amparo. Así, por ejemplo, la vulneración del derecho de propiedad, para ser invocada en un recurso de amparo, habrá de haber producido también una discriminación del principio de igualdad (art. 14) o una clara omisión del derecho de defensa (art. 24); la violación de los principios de unidad, monopolio y exclusividad de la Jurisdicción (v.gr. una extralimitación de la jurisdicción militar o eclesiástica, art. 117 CE) o la creación de un Tribunal de excepción habría que relacionarla con el derecho al Juez legal del art. 24.2 CE...
Si se trata de derechos subjetivos públicos consagrados en el CEDH, tampoco pueden, por sí solos, fundamentar un recurso de amparo. El recurso de amparo sólo protege los derechos constitucionales y fuera de la CE no existe ningún derecho fundamental.
El CEDH tiene toda la fuerza de los Tratados Internacionales, forma parte del ordenamiento interno (art. 96 CE) e informa la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales (art. 10.2 CE), pero sus normas no pueden, a tenor del art. 53.2 CE y 41.1 LOTC, servir de base exclusivamente a un recurso de amparo. Ciertamente el supuesto es bastante hipotético, porque nuestra CE es más progresista que el referido Convenio y porque el particular podría obtener satisfacción de los órganos que han de aplicarlo (el Tribunal Europeo), en cuyo caso la resolución tiene la misma fuerza de cosa juzgada que las STC, pero, en cualquier caso y ante la eventualidad de una resolución desestimatoria del TC por la vía del art. 50.2.a LOTC.
Lo dicho, sin embargo, no empece a que, debido a la circunstancia de que la jurisprudencia del TEDH vincula a todos los poderes públicos, TC incluido (art. 10.2), pueda el Tribunal Europeo, a través de la interpretación, extender el ámbito de aplicación de los derechos fundamentales. Ello es lo que sucedió, por ejemplo, con el caso López Ostra vs Reino de España, en cuya Sentencia de 1994, se procedió a extender el derecho a la inviolabilidad del domicilio a los fenómenos de agresiones medioambientales que impidan, en el domicilio, el libre ejercicio del derecho a la vida privada y familiar.
La pretensión de amparo es una declaración de voluntad, fundada en la amenaza o lesión efectiva de alguno de los derechos fundamentales o libertades públicas contenidas en los arts. 14 a 30.2 de la CE, cometida y dirigida contra alguno de los poderes públicos del Estado, por la que se solicita del órgano jurisdiccional el reconocimiento de dicho derecho o libertad fundamental, así como la adopción de cuantas medidas sean necesarias para "restablecer o preservar" su libre ejercicio.
La pretensión de amparo y su contestación, realizada por la parte demandada, constituyen, pues, el objeto del proceso, sobre el cual ha de recaer la decisión del Tribunal, la cual habrá de ser congruente con ambas peticiones de las partes, no pudiendo satisfacer más de lo pedido por el demandante, ni menos de lo resistido por la parte demandada, ni otorgar algo distinto a lo solicitado por todas ellas.
Los sujetos de la pretensión de amparo son, de un lado, las partes y, de otro, el Juez o Tribunal ante quien se deduce y de quien debe recibir satisfacción.
Como consecuencia de la vigencia del principio de dualidad de posiciones, en el proceso de amparo, como en cualquier proceso, necesariamente habrán de ser dos las partes procesales, la actora o recurrente en amparo y la demandada, si bien dentro de ellas pueden existir una pluralidad de partes, en régimen de intervención principal (litisconsorcio) o accesoria (coadyuvantes). Además de la capacidad de postulación (representación y defensa), en ellas habrán de concurrir los presupuestos procesales que les son propios (capacidad y conducción procesal), y la legitimación activa y pasiva.
El actor o persona que ha de deducir la pretensión ha de ser siempre una persona privada o pública (ésta bajo el régimen de Derecho Privado), en tanto que la parte demandada necesariamente habrá de ser alguno de los poderes públicos, en cuya representación y defensa actuará generalmente el Abogado del Estado.
De acuerdo con el principio de subsidiariedad (53.2 CE y 41.1 LOTC) la pretensión de amparo debe deducirse, en primer lugar, ante los Tribunales ordinarios y, en su caso, ante el TC.
Recordemos que el denominado "amparo ordinario" civil, penal, administrativo y laboral, y el "amparo constitucional", no encierran dos pretensiones de distinta naturaleza. Tanto en el procedimiento previo, que ha de transcurrir ante los Tribunales ordinarios, como en el que puede suscitarse ante el TC, el objeto procesal es idéntico: la petición de que se preserve o restablezca al demandante en su derecho constitucional vulnerado o, lo que es lo mismo, la pretensión de amparo.
Por tanto, en tales supuestos la litispendencia constitucional no ha de surgir en el momento de la interposición de la demanda de amparo ante el TC, sino en el de la admisión del acto de formalización de la pretensión de amparo ante los Tribunales ordinarios. El objeto del proceso constitucional, tras la deducción de la pretensión por el demandante y su contestación por el demandado ante los Tribunales ordinarios, queda ya delimitado, sin perjuicio de que dicha pretensión constitucional haya de dilucidarse a través del correspondiente procedimiento especial u ordinario. Por consiguiente, para determinar si ha habido o no una transformación cualitativa del petitum de la demanda o para fijar el deber de congruencia del TC, habrá que acudir a los escritos de alegaciones de las partes en el procedimiento previo en vía ordinaria o al acto de formalización de la protesta si la lesión procede de un órgano del Poder Judicial. Si la pretensión de amparo fuere distinta, procederá su inadmisión por incumplimiento de los presupuestos procesales del amparo, requeridos por el arts. 43.1 y 44.1.a y c LOTC (invocación formal del derecho vulnerado ante los Tribunales ordinarios y falta de agotamiento de la vía judicial previa).
La transformación de la demanda, alterando los elementos configuradores de la pretensión, como son la causa petendi y el petitum, y la falta de previo proceso judicial respecto a tales actos y a su impugnación son razones suficientes que vedan todo análisis en orden al enjuiciamiento desde la perspectiva de los derechos constitucionales de las indicadas disposiciones o de sus actos aplicativos" (SSTC).
Integra la fundamentación del recurso de amparo: la petición y los requisitos objetivos de la pretensión. En la fundamentación, se distingue: la fundamentación de hecho, de la de derecho.
Fundamentación fáctica o de hecho
La fundamentación de hecho viene descrita en el art. 41.2 LOTC, conforme al cual el recurso de amparo protege a todos los ciudadanos "frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, originadas por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado". De la redacción del citado precepto claramente se infiere que la fundamentación de la pretensión de amparo está constituida por la concurrencia de estos dos elementos:
el bien litigioso sobre el que la petición se contrae ha de consistir en un "derecho o libertad pública" presuntamente vulnerado;
el objeto material a través del cual ha de cometerse dicha violación ha de ser una "disposición, acto jurídico o vía de hecho" de los poderes del Estado.
El bien litigioso. La pretensión de amparo estriba en que el "bien o cosa litigiosa", derechos públicos subjetivos, solo son los preestablecidos en el art. 53.2 CE, esto es, el principio de igualdad (art. 14), el derecho a la objeción de conciencia (art. 30.2) y todos los recogidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la CE (arts. 15-29) "De los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas".
Del mismo modo, si la pretensión de amparo ha de deducirse en el procedimiento contencioso- administrativo previo, por ser el presunto autor de la infracción un órgano del Poder Ejecutivo, la petición "mediata" habrá de apoyarse en la vulneración de alguno de los derechos fundamentales mencionados (Disposición Transitoria 2.a.2 LOTC, que ha de reinterpretarse con relación a la LJCA de 1998).
El objeto material Según el art. 41-2 LOTC, el objeto material genérico a través del cual ha de infringirse el libre ejercicio de un derecho o libertad público ha de ser una "disposición, acto jurídico o vía de hecho" de los poderes públicos.
Quedan excluidos, de este modo, los hechos naturales o jurídicos que pudieran vulnerar los derechos fundamentales, como también lo están los actos jurídicos de los particulares, los cuales no pueden directa e inmediatamente constituirse en objeto de la pretensión de amparo.
Disposiciones: Las únicas disposiciones normativas que pueden fundamentar una pretensión de amparo son los Reglamentos de la Administración Pública. Las Leyes y las disposiciones normativas con rango de Ley, presuntamente inconstitucionales, tan solo pueden ser combatidas mediante el "recurso de inconstitucionalidad" o indirectamente a través de la cuestión de inconstitucionalidad (art. 35.1 LOTC).
En cualquier caso, un Reglamento, bien adolezca de inconstitucionalidad sobrevenida, bien sea inconstitucional por violentar las normas garantizadoras de los derechos fundamentales, es un Reglamento nulo de pleno Derecho (arts. 62.2 LRJPAC, 1.2 y 6.3 CC), el cual no puede ser aplicado por poder alguno del Estado, estando obligado de modo especial el Poder Judicial a examinar "ex officio" su conformidad con la CE y, en su caso, a implicarlo (art. 7.1 LOPJ). Pero la ilegalidad del Reglamento ha de provenir de la infracción de la CE, no de la vulneración de la Ley ordinaria. Si esto último ocurriera, podrá impugnarse, ante los Tribunales administrativos, a través de los recursos contencioso-administrativos para la impugnación de Reglamentos (cuestión de ilegalidad, incluida), pero no mediante el recurso de amparo destinado únicamente a anular aquellos Reglamentos que infrinjan las normas tuteladoras de los derechos fundamentales.
Actos: Tanto los actos positivos o expreso como las omisiones, procedan del Poder Judicial o del Ejecutivo, pueden fundamentar la pretensión de amparo. Existe omisión cuando, estando el funcionario vinculado por una obligación de obrar o prestación determinada, incumpliéndola impida el libre ejercicio de una libertad o derecho fundamental. Las vulneraciones por omisión adquieren singular relevancia en los denominados por García de Enterría "derechos subjetivos reaccionales" (así, por ejemplo, el derecho a la tutela del art. 24.1 CE).
A través del recurso de amparo pueden ser impugnados los actos de cada uno de los Poderes del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo). Las líneas fronterizas, a efectos del procedimiento previo aplicable, sobre todo entre los actos administrativos y gubernativos y los procesales, no son siempre lo suficientemente nítidas. Así, determinados actos aparentemente procesales no dejan de ser administrativos o gubernativos; ello es lo que ocurre, por ejemplo, con los actos procedentes de cualesquiera ilegítimas Jurisdicciones especiales o de las que, siendo legítimas, extralimitan inconstitucionalmente su competencia (la Jurisdicción militar) o con los actos del órgano de autogobierno de la Magistratura... Por "acto jurídico" cabe entender los actos administrativos expresos, los presuntos y los actos del Gobierno (los polémicos "actos políticos").
"Vía de hecho": cabe entender la vulneración por parte de la Administración de algún derecho fundamental, sin la existencia de acto administrativo alguno o con una omisión total de las normas de competencia o del procedimiento administrativo. Por su naturaleza, solo son predicables de la actuación de la Administración.
Dentro del concepto de vía de hecho hay que entender las omisiones de la Administración a la realización de una prestación, impuesta por la CE, y de la cual depende el efectivo ejercicio de un derecho fundamental.
El plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo especial es de 20 días, contados a partir de la reclamación o interposición del recurso por el ciudadano frente a la Administración.
Actualidad e inmediatez de la lesión. Para que prospere el recurso de amparo no es necesario que sea ejercitado por el titular del derecho público vulnerado, basta que lo haga cualquier persona con "interés legítimo"; pero lo que sí resulta obligado es que haya existido una lesión de un derecho fundamental o de que, al menos, exista el fundado temor de que ésta pueda producirse. Art. 413 LOTC "en el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se formuló el recurso".
En el proceso de amparo no tienen cabida las pretensiones declarativas puras. Tal y como ha afirmado el TC "sin lesión previa de un derecho fundamental no puede haber pretensión alguna a su reconocimiento". El TC no está para declarar la vigencia de los derechos fundamentales, sino para impedir su vulneración o puesta en peligro y para restablecer el ordenamiento constitucional y al particular en el pacífico y libre ejercicio de su derecho.
Por tal razón, tampoco debería admitirse un recurso de amparo contra disposiciones normativas que todavía no han entrado en vigor. Por el contrario, una vez promulgada la norma o entrada en vigor (v.gr.. imaginemos una Orden Ministerial que obligara a los inquilinos a declarar sobre su ideología, religión o creencias, tal y como ocurrió en Alemania), al día siguiente puede servir de fundamento a una pretensión de amparo y debe prosperar sin necesidad de que sea aplicada; es suficiente que cualquiera de sus destinatarios, por ostentar "interés legítimo" ejercite el recurso de amparo, el cual habrá de prosperar porque el objeto de la pretensión de amparo no consiste sólo en restablecer, sino también en preservar los derechos fundamentales.
Fundamentación jurídica o de Derecho
La pretensión de amparo debe estar fundada en normas de Derecho Constitucional y no en todas ellas, sólo en los arts. 14 a 30.2 CE. Art. 43.3 LOTC al disponer que "el recurso sólo podrá fundarse en la infracción por una resolución firme de los preceptos constitucionales que reconocen los derechos o libertades susceptibles de amparo".
A los efectos de la determinación del objeto procesal del recurso de amparo, la fundamentación jurídica no es un requisito esencial de la pretensión. También en el proceso de amparo rige la doctrina de la sustanciación de la pretensión, de manera que la existencia o no de una pretensión de amparo no depende tanto de la invocación del derecho constitucional presuntamente vulnerado, cuanto de si existió o no en realidad dicha vulneración.
Así, por ejemplo, si a la parte demandada en un proceso civil se le niega su derecho a la reconvención, poco importa, a los efectos del recurso de amparo, que la violación de dicho derecho haya sido calificada como vulneración del derecho de acción (art. 24.1 CE) o de defensa (art. 24.2 CE); lo decisivo es que un órgano judicial haya negado el ejercicio de dicha posibilidad legal al demandado, reconocida por el art. 24 CE.
El contenido de la pretensión de amparo, en el art. 41.3 LOTC conforme al cual ha de estar dirigida a "restablecer o preservar los derechos y libertades". El art. 55.1 LOTC describe el contenido de la Sentencia, y "contendrá alguno de los pronunciamientos siguientes: a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que haya impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos...; b) Reconocimiento del derecho o libertad pública...; e) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad...".
De la exégesis [explicación o interpretación] de los mencionados preceptos se deduce que nos encontramos ante una pretensión de naturaleza mixta: de un lado, es declarativa, por cuanto en ella se ha de solicitar la declaración de nulidad del acto causante de la lesión de un derecho o libertad, así como su reconocimiento; pero de otro es también de condena, puesto que el demandante habrá de pedir el restablecimiento de su derecho o libertad infringido "con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación (art. 55.1.C LOTC).
La pretensión de amparo tiene un presupuesto material o fáctico: la vulneración de un derecho por un acto, aun cuando el bien litigioso y el objeto material estén en cuanto a su extensión en relación inversa (en aquél se puede solicitar la declaración y restablecimiento de cualquier derecho subjetivo, en tanto que en el amparo sólo los derechos fundamentales) y, por tanto, una similar solicitud: la declaración de nulidad del acto lesivo y el reconocimiento y restablecimiento al recurrente en su derecho subjetivo vulnerado.
Dos son los elementos esenciales de la pretensión de amparo: a) la causa petendi, que viene determinada por la vulneración de un derecho fundamental, a través de una disposición, acto o vía de hecho de los poderes públicos, y b) el petitum, que necesariamente habrá de contener la solicitud de declaración de nulidad de la disposición, acto o vía de hecho causante de la lesión y la de reconocimiento y restablecimiento (y, por tanto, condena al poder público a reequilibrar la situación jurídica alterada) del derecho o libertad pública vulnerada.
Es procedente la pretensión de amparo para la preservación (art. 41.3 LOTC) de un derecho fundamental, frente a una amenaza o temor real de que pudieran producirse actos de perturbación de su libre ejercicio. En tal caso, habrán de concretarse en el petitum las medidas a adoptar por el órgano jurisdiccional a efectos de poder obtener la conservación del goce pacífico del derecho.
Eventualmente podrá solicitarse también la declaración de inconstitucionalidad de una determinada norma del ordenamiento. En tal caso, la Sala podrá suscitar de oficio la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad (art. 55.2 LOTC). Nos encontramos aquí ante una nueva pretensión declarativa que viene a acumularse a la originaria de amparo. Pero esta nueva pretensión en nada altera a la del amparo porque, a los efectos del referido recurso, lo decisivo es que un acto del poder público haya producido una lesión de un derecho fundamental, siendo indiferente que el acto haya sido emanado en aplicación de una norma inconstitucional o como consecuencia de una errónea interpretación de una norma que esté en absoluta conformidad con la CE (STC 45/1982, de 12 de julio).
La capacidad para ser parte en el recurso de amparo la tienen todas las personas que puedan ser titulares de derechos fundamentales.
Las personas pertenecientes a los "poderes públicos", esto es, a los órganos del Estado encargados de tutelar y garantizar el libre ejercicio de tales derechos no pueden, pues, en su propio nombre, ejercitar el recurso de amparo. De esta regla hay que exceptuar los derechos fundamentales de incidencia procesal, contenidos en el art. 24, que sean reclamables a la Administración Pública (nunca, por ejemplo, los que, como es el caso de la presunción de inocencia o del derecho al silencio, tan sólo asisten al imputado), en tanto que parte procesal en un proceso determinado. Así, si un tribunal administrativo negara al Abogado del Estado su contestación a la demanda o arbitrariamente su proposición de prueba, podría recurrir ante el TC, mediante el recurso de amparo judicial.
Aun cuando la CE y la LOTC empleen el término "ciudadano" para referirse a los titulares del recurso de amparo, la capacidad procesal la ostentan, tanto los nacionales, como los ciudadanos de la UE e incluso los extranjeros residentes, tanto las personas físicas, como las jurídicas. La capacidad procesal es, pues, la misma que en el proceso civil o contencioso-administrativo: basta la capacidad general civil.
El recurso de amparo no sólo pueden ejercitarlo los españoles, sino también los extranjeros. Estos últimos como consecuencia de la declaración contenida en el art. 13.1 CE y de la ratificación por España de los PIDCP, así como del CEDH.
Sin embargo, determinados derechos públicos están reservados por la CE exclusivamente a los españoles: derecho al sufragio activo y pasivo, el principio de igualdad, el derecho de petición individual y colectiva y la libertad de residencia y circulación por el territorio nacional. Sin embargo, el art. 13.1 CE reclama la vigencia para los extranjeros de todas las libertades públicas, a excepción de los derechos contenidos en el art. 23 CE, en los términos que establezcan "los Tratados y la Ley" que, por imperativo del citado precepto pasan a esta materia a formar parte del "bloque de la constitucionalidad", por lo que, a este respecto, es importante examinar la pertinente legislación de extranjería.
También puede ser problemática la capacidad para ser parte del "nasciturus", la cual tiene gran relevancia en temas como el del aborto. Aun cuando una interpretación amplia del art. 15 CE ("todos tienen derecho a la vida...") podría abonar por una contestación positiva, la puesta en relación de dicho precepto con el art. 2.1 CEDH ("el derecho de toda persona a la vida está protegida por la Ley") que, conforme al art. 10.2 CE ha de informar su interpretación, aboga por la solución contraria, afirmada por la hoy extinta CEDH en su Decisión 8416/1979 y por SSTC.
Hay que excluir la capacidad para ser parte de las personas fallecidas. La doctrina alemana, sin embargo, admite que una tercera persona ejercite el recurso de amparo contra la vulneración de un derecho fundamental acaecida en una persona ya muerta.
Su capacidad se encuentra reconocida por el art. 162.1.b CE, que confiere legitimación y, por tanto, capacidad para interponer el recurso de amparo a "toda persona natural o jurídica".
Personas jurídico-privadas su capacidad para ser parte y de actuación procesal se rige por el art. 6 LEC. Supuestos particulares de personas jurídicas con capacidad limitada, tales como la herencia yacente, sociedad mercantil irregular, sociedades en estado de concurso o quiebra y entidades sin personalidad jurídica deben ser solucionados con arreglo a las normas del Derecho procesal civil común.
Personas jurídico-públicas para la interposición del recurso de amparo. Problemática, deriva por una parte, de la ausencia en la CE de algún precepto que expresamente les atribuya la titularidad de derechos fundamentales. Por otro lado, la dificultad apuntada se infiere de la remisión indirecta del art. 46.11 LOTC (la necesidad de haber sido "parte" en el previo proceso) realiza a las normas de capacidad del proceso contencioso-administrativo, así como a la importante circunstancia de que, atendiendo al fin público que asumen y al hecho de que formen parte de la Administración Pública merecen ser encuadrados dentro del concepto "poderes públicos", es decir, más que titulares del recurso de amparo deben ser consideradas como potenciales sujetos pasivos del mismo.
No obstante, cuando las Entidades de Derecho público actúen bajo normas del Derecho privado cuando invocan el art. 24 CE o cuando asumen exclusivamente la defensa de sus miembros en el cumplimiento de los fines que les son propios, el TC les ha reconocido capacidad.
Bajo el concepto "legitimación" se entiende la situación en la que se encuentran las partes con respecto a la relación jurídica material que se discute en el proceso y que, por estar expuesta a la mutación consiguiente de los efectos materiales de la cosa juzgada, les habilita para comparecer en él, bien para sostener la pretensión, bien para oponerse a ella. La legitimación es, pues, un requisito que ha de concurrir, tanto en la parte demandante (activa), como en la demandada (pasiva).
A tenor del art. 162.l.b CE "están legitimados para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el DP y el MF".
El DP y el MF. Tanto la LODP como el vigente EOMF atribuyen a ambos organismos la función de velar por la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El art. 46.1 LOTC les concede legitimación para interponer el recurso de amparo constitucional. Se trata de una "sustitución procesal", en la que el DP o el MF actúan, de un lado, en nombre del titular del derecho fundamental vulnerado y, de otro, de la misma sociedad que impone a los poderes públicos la obligación de que sean celosos en el respeto y efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales (arts. 9 y 53 CE).
Por tal razón, la LOTC no impone al "alto comisionado de las Cortes -DP" o al "garante de la legalidad -MF" género de traba alguna para el ejercicio del recurso de amparo.
Los particulares. Está legitimada para interponer el recurso de amparo "toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo" (art. 162.1.b CE). La CE viene aquí a recoger el concepto de "interés legítimo" ya enunciado en su definición (abstracta) del derecho de acción y sancionado por el art. 24.1.
Pero la LOTC añade, además, del "interés legítimo", toda vez que, para interponer dicho recurso, se requiere ser "la persona directamente afectada", en el caso de las lesiones producidas por el Poder Legislativo (art. 46.1 LOTC), o haber sido "parte en el proceso judicial correspondiente", cuando la vulneración del derecho fundamental provenga del Poder Ejecutivo o del Judicial (art. 46.11 LOTC).
Sin duda, el legislador ordinario, quiso establecer un conjunto de filtros que impidieran una avalancha de recursos de amparo; pero, dado el superior rango normativo de la CE, se impone una labor de armonización del art. 46.1 LOTC con el art. 162.1.b de la CE:
a) Persona "directamente afectada" e "interés legítimo": Por "persona afectada", a los efectos de la legitimación en el procedimiento del art. 42 LOTC, no cabe entender exclusivamente al titular del derecho fundamental vulnerado o a la "víctima" de la violación del derecho fundamental (art. 34 CEDH), sino a toda persona que tenga un interés legitimo en su restablecimiento, si bien, la persona que no pueda reputarse "víctima" de la vulneración del derecho fundamental carecerá de legitimación para acudir a los órganos encargados de aplicar el Convenio.
El concepto "persona directamente afectada" hay que reconducirlo al del "interés legítimo". Así, pues, no sólo tienen legitimación activa para ejercitar el recurso de amparo los titulares de la relación jurídica material que en él ha de discutirse, sino también los portadores de intereses generales, sociales, colectivos y difusos.
En cualquier caso, los portadores de tales "intereses difusos", y salvo una disposición legal (Estatuto de los Trabajadores, que otorga la representación institucional de los intereses de los trabajadores o empresarios al Comité de Empresa) o estatutaria (v.gr. la de una asociación de consumidores sobre sus miembros) establezcan otra cosa, habrán de conferir su representación a un solo Procurador (art. 81.1 LOTC), a fin de que su legitimación sea reconocida como colectiva y no meramente a título individual. La finalidad de dicha norma es obvia: prevenir la extensión de los efectos subjetivos de la cosa juzgada sobre eventuales litisconsortes que no han comparecido en el proceso y que corren, ello no obstante, el riesgo de sufrir los efectos materiales de la cosa juzgada.
No parece, sin embargo, que dentro del concepto de "interés legítimo" encuentre cabida la "acción popular", cuyo fundamento constitucional no se encuentra en el art. 162.1.b sino en el art. 125.
b) Haber sido "parte en el proceso judicial correspondiente" e "interés legítimo": En el supuesto en que la violación del derecho fundamental proceda del Poder Ejecutivo o del Judicial, establece el art. 46.1.b LOTC que "estarán legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional... quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente".
En definitiva, "la legitimación para recurrir en amparo ante el TC está atribuida por el art. 162.1.b CE a toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, y por el art. 46.1.b LOTC a quien haya sido parte en el proceso judicial correspondiente.
El requisito del art. 46.1 LOTC se encuadra dentro de lo que la doctrina germana denomina "derecho de conducción procesal" y no dentro de la legitimación.
El requisito de haber sido parte en el proceso previo al constitucional de amparo es un presupuesto procesal que viene a yuxtaponerse al de haber agotado la vía judicial ordinaria. De la misma manera que generalmente sólo pueden acudir en casación ante el TS quienes hayan sido parte en el proceso de instancia, tan sólo están en principio autorizados a acudir ante la "casación constitucional" quienes hayan "conducido" el proceso previo ante los Tribunales ordinarios.
La única norma determinante de la legitimación activa es el art. 162.1.b CE, la cual ha de estar presente desde el mismo momento en que se deduce, por vez primera, la pretensión de amparo, lo que sucede, no con la interposición de la demanda ante el TC, sino con la del proceso de amparo ordinario.
Ahora bien ¿qué sucedería en el caso de que existiendo una pluralidad de partes materialmente legitimadas tan solo una de ellas compareciera como parte formal en el proceso judicial previo?, ¿quedarían las demás excluidas del proceso constitucional? Aun cuando tuvieran legitimación activa resultarían, en principio, excluidas de él, por haber incumplido el presupuesto del art. 46.1.b LOTC. Sin embargo, la jurisprudencia del TC ha mitigado el rigor de la referida norma de su LO. De este modo, en SSTC afirma que "una correcta interpretación del art. 46.1.b exige la equiparación de los que, debiendo ser legalmente partes en un proceso no lo fueron por causa no imputable a ellos mismos y resultaron condenados", y que "el precepto debe aplicarse extensivamente a quienes, sin obtenerlo del órgano judicial, han pretendido razonablemente ser partes", en otras SSTC ha matizado "que tal interpretación no cabe en aquellos casos en los que el hecho de no haber sido parte obedezca a la inactividad o negligencia del recurrente".
La finalidad del presupuesto procesal del art. 46.1.b LOTC, tras su interpretación jurisprudencial por el TC, no es, pues, la de restringir la legitimación activa, sino la de estimular a las partes materiales a que acudan a sostener la pretensión de amparo ante los Tribunales ordinarios, de acuerdo con el principio de subsidiariedad del recurso constitucional de amparo y, sobre todo, a fin de evitar injustificadas mutaciones del objeto procesal, como consecuencia de la entrada de nuevas partes en el proceso.
En cuanto al régimen de intervención de tales partes actoras en los procedimientos de amparo, tratándose de un litisconsorcio, estará presidido por el principio de representación de los litisconsortes inactivos, por los más diligentes en el proceso, de manera que los medios de ataque, utilizados por uno de ellos, favorecen a los ausentes. De dicha regla general hay que exceptuar los actos procesales que entrañen la disposición de la pretensión, con respecto a los cuales tiene afirmado el TS que la renuncia al derecho subjetivo material, realizada por uno de los litisconsortes, no afecta a los demás. Por el contrario, los efectos materiales de la Sentencia alcanzarán a todos ellos.
El recurso de amparo, tal y como dispone el art. 41.2 LOTC, tan solo protege a los ciudadanos frente a las violaciones de los derechos y libertades cometidas por "disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las CCAA y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes". Lo que viene a establecer la redacción del precepto, es que no toda lesión de un derecho fundamental puede hacerse valer en un recurso de amparo, sino sólo las dimanantes de los poderes públicos, pues, en definitiva, el recurso de amparo está concebido para proteger al ciudadano de las infracciones que, contra tales derechos, pueda acometer el Estado; frente a los demás, el particular tiene ya expedita la vía de los Tribunales ordinarios, fundamentalmente a través de la acción penal, puesto que la práctica totalidad de las conductas atentatorias contra el libre ejercicio de los derechos fundamentales suelen estar incriminadas en el CP.
Determinación del concepto "poderes públicos". Por "poderes públicos" hay que entender los del Estado español; en consecuencia, quedan fuera del ámbito del amparo las lesiones que puedan producir a súbditos españoles poderes públicos extranjeros o supranacionales. Dentro del concepto "poder público" hay que incluir (STC 35/1983) a "todos aquellos entes que ejercen un poder de imperio, derivado de la soberanía del Estado". Pero, por "Estado español" hay que entender también aquellos Estados que, por obra de un Tratado, ejerciten dicha potestad de imperio. Ello es lo que sucede, por ejemplo, con la Iglesia Católica, que en virtud de lo dispuesto en el art. 16.3 CE y de los Acuerdos entre España y la Santa Sede, ostenta determinadas prerrogativas en materia de enseñanza; pero, cuando con ocasión del ejercicio del derecho fundamental a la educación, pueda infringir la CE, queda también sometida al recurso de amparo.
Son portadores de los "poderes públicos", el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, entendiéndose comprendido dentro de aquéllos, tanto los poderes ejecutivo y legislativo del Estado central, como los de las CCAA.
Asimismo, dentro del Poder Ejecutivo hay que estimar incluida a toda la Administración Pública, en tanto actúe bajo el ejercicio de prerrogativas administrativas (AGE, la autonómica, local e institucional). En tal sentido, el TC incluye dentro del "poder público" los Ayuntamientos, Colegios Profesionales, del Delegado del Gobierno en RENFE, del INSS y de las Entidades Gestora, el Fondo de Garantía Salarial o de la Televisión Española, etc.
Cuando la Administración actúa bajo normas de Derecho privado, en una actividad de gestión del dominio privado y desprovista, por tanto, de las prerrogativas administrativas que le son propias, no debe ser conceptuada como "poder público", pudiendo incluso ser sujeto activo del recurso de amparo.
De esta regla general cabe exceptuar, los actos que puedan emanar de la Administración con forma jurídico-privada, pero que persigan una función pública. Por tal razón, la STC 35/1983 (dictada contra TVE) afirma que "esta noción (poder público) no es sin duda coincidente con la de servicio público, pero lo público establece entre ambas una conexión que tampoco cabe desconocer, pues las funciones calificadas como servicios públicos quedan colocadas por ello y con independencia de cuál sea el título (autorización, concesión, etc.) que hace posible su prestación, en una especial relación de dependencia respecto de los poderes públicos... Cuando el servicio queda reservado en monopolio a un establecimiento cuya creación, organización y dirección son determinadas exclusivamente por el poder público, no cabe duda de que es éste el que actúa, a través de persona interpuesta, pero en modo alguno independiente.
La necesidad de hacer más flexible el funcionamiento de estos entes interpuestos puede aconsejar el que se dé a su estructura una forma propia del derecho privado..., pero ésta, en cuanto dirigida al público en cuanto tal, ha de entenderse vinculada al respeto de los derechos y libertades reconocidos en la CE".
La legitimación pasiva de los particulares. En el tema de la legitimación pasiva de los particulares debemos distinguir la de una hipotética legitimación para comparecer como parte principal y la de los coadyuvantes:
a) ¿Partes principales exclusivas? Que el sujeto destinatario de los derechos fundamentales no es sólo el Estado, sino también los particulares. Los obligados a respetar el libre ejercicio: los poderes públicos y ciudadanos.
Desgraciadamente no son pocas las violaciones de los derechos y libertades públicas cometidas por los particulares. Colisiones entre el derecho a comunicar libremente información veraz y el derecho al honor de las personas, objeto de la noticia, entre la libertad de expresión y de cátedra y la libertad de creación de centros docentes, el principio de igualdad y las discriminaciones laborales, etc., suceden frecuentemente en la vida cotidiana y han motivado en la doctrina la pregunta, consistente en determinar, si las normas constitucionales que tutelan tales derechos han de estar presente exclusivamente en las relaciones jurídicas de Derecho público o, por el contrario, son también reclamables en la esfera del Derecho privado. Es el problema de la eficacia directa o indirecta de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares.
La respuesta a la citada cuestión ha de ser afirmativa, pues no sólo los "poderes públicos", sino también los "ciudadanos están sujetos a la CE" (art. 9.1 CE), la cual establece que "los derechos inviolables de la persona son fundamento del orden político y de la paz social" (art. 10.1 CE).
Admitida, desde una dimensión jurídico-material, la eficacia "inmediata" de las normas constitucionales tuteladoras de los derechos fundamentales en las relaciones jurídico-privadas, hay que excluir, sin embargo, la posibilidad de que formalmente pueda dirigirse la pretensión constitucional de amparo exclusivamente contra un particular, presunto autor de la infracción y ello por prohibirlo expresamente el art. 41.2 LOTC.
Pero que los particulares no puedan comparecer ante el TC en calidad de parte principal demandada, no significa que los titulares del derecho fundamental vulnerado o los interesados en su restablecimiento no puedan accionar ante los Tribunales ordinarios para obtener la satisfacción de su pretensión, ni que al TC le esté vedado revisar la aplicación que de la CE hayan realizado tales Tribunales.
En efecto, ante la violación de una norma fundamental por un particular, el interesado podrá deducir su pretensión (a través de alguno de los procedimientos de amparo ordinario) ante los Tribunales ordinarios contra el presunto infractor; pretensión que habrá de estar fundada en normas de Derecho Constitucional o que, aun sin estarlo, en virtud del principio "iura novit curia" y el de vinculación de todos los poderes públicos a la CE (art. 9.1 CE), habrá de motivar por parte del órgano Jurisdiccional ordinario una resolución asimismo fundada en el Derecho Constitucional. Si el Juez o Tribunal no satisface la pretensión del actor, bien mediante la mera omisión de dicha fundamentación constitucional, bien mediante una interpretación que violente la aplicación de la norma fundamental, infringe el art. 24.1 CE, pues el derecho de acción, conforme a la interpretación jurisprudencial realizada por el TC, no consiste en la mera garantía de libre acceso a los Tribunales o derecho a la Jurisdicción, sino el derecho a obtener de los Tribunales una resolución fundada en Derecho (sea ésta favorable o desfavorable); en cualquier otro caso, el particular podrá recurrir en amparo ante el TC contra la lesión del art. 24.1 CE, realizada por el órgano judicial y por la vía del art. 44 LOTC, pues el TC en tanto que "intérprete supremo de la CE" (art. 1 LOTC), está especialmente legitimado para revisar la aplicación que hayan realizado de la CE los Tribunales ordinarios.
Por otra parte, si en vez de una aplicación o interpretación errónea de los preceptos constitucionales, lo que ha habido es una inaplicación absoluta y total de la CE, en esta materia, por el Juez ordinario, el recurrente en amparo podrá invocar como infringido, por el órgano judicial, el derecho o libertad pública material, en su día vulnerada también por el particular, porque las lesiones a los derechos fundamentales realizadas por órganos del Poder Judicial pueden ser cometidas, tanto por acción, como por omisión y, cuando un órgano judicial, que está positivamente obligado a aplicar tales preceptos constitucionales (arts. 9.1 y 53.1 CE) no lo hace, y deja de restablecer en su derecho fundamental al actor, incurre, por esta sola razón, en violación del derecho subjetivo público material.
b) Codemandados
Del tenor literal del art. 47.1 LOTC, la intervención de los particulares en la posición de parte demandada puede revestir dos situaciones: la de demandado strictu sensu y la de coadyuvante. La LOTC los engloba bajo el concepto de "personas favorecidas":
Demandados: aquello que con su conducta mantienen el acto presuntamente lesivo e impugnable en amparo que les produce la conservación de un derecho subjetivo público.
Coadyuvantes: aquellos otros que tienen un mero "interés" en su conservación.
Lo que no deja claro la LOTC es, si el régimen de intervención de los particulares, codemandados junto con los poderes públicos, se constituye bajo el régimen de parte principal, o si se trata de otra forma de intervención. Según el art. 41.2 LOTC el recurso de amparo sólo es procedente contra los actos de los "poderes públicos" lesivos de los derechos fundamentales; luego la legitimación pasiva para comparecer como parte principal demandada debe tan sólo a alguno de tales poderes ser reconocida.
Por tal razón, entendemos que la posición del particular, titular del derecho fundamental tutelado por el acto del poder público recurrido en amparo, es la de un interviniente litisconsorcial. Al no ser, por tanto, una parte principal, no podrá modificar el objeto procesal delimitado por el actor, recurrente en amparo, y la resistencia del poder público demandado, ni podrá, por sí mismo, sin el consentimiento de la parte principal demandada, producir alguna crisis procesal a través de algún medio anormal de finalización de la instancia, debiendo limitarse la congruencia de la Sentencia a lo pedido y resistido por las partes principales, aunque, como cualquier interviniente, esté facultado para ejercitar todas las posibilidades y cargas procesales, medios de ataque, defensa e impugnación que coadyuven al triunfo del poder público demandado. Sin embargo, en su calidad de litisconsorte, y como a él le afectarán los efectos ulteriores de la Sentencia, está legitimado para oponerse a los hipotéticos actos dispositivos de las partes que pudieran ocasionar la finalización anormal del proceso, para suplir mediante sus actos procesales los efectos de una conducta meramente pasiva del demandado; a él se le deben notificar las resoluciones judiciales y, contra ellas, podrá ejercitar la totalidad de los medios de impugnación, con independencia de la parte principal.
Coadyuvantes. A diferencia de los codemandados, quienes, por ser titulares de un derecho fundamental, han de verse afectados por los efectos materiales de la cosa juzgada, dicha circunstancia no concurre en los coadyuvantes, quienes tan sólo poseen un "interés legítimo" en la conservación del acto presuntamente lesivo de algún derecho fundamental. Ostenta, pues, el coadyuvante un estatus de parte secundaria dentro del proceso, no pudiendo delimitar el objeto procesal, el cual viene conformado por la pretensión y resistencia de las partes principales, ni realizar actos dispositivos que entrañen la alteración o extinción de la pretensión. Su posición subordinada con respecto a la parte principal (en calidad de interviniente adhesivo simple) le permite, sin embargo, realizar las alegaciones de hecho y de Derecho, así como ejercitar todas aquellas posibilidades y cargas que contribuyan al éxito de la parte principal.

References: resolución 
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