Source: https://www.scribd.com/document/106207122/Delgadillo-Linares-Adela-c-Shatell
Timestamp: 2018-12-12 18:43:46+00:00

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"Delgadillo Linares Adela c/ Shatell S.A. y otros s/ despido" TRIBUNAL: CNTrab.
, Sala III FECHA: 11/04/1997 TEMA: CUESTIONES LABORALES – RESPONSABILIDAD SOLIDARIA – ADMINISTRADORES – ADMISIÓN - SOCIOS - ADMISIÓN - INOPONIBILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA - ADMISIÓN SÍNTESIS: La sentencia de 1ª. Instancia había rechazado la pretensión encaminada a hacer lugar a la responsabilidad solidaria de los integrantes de la sociedad demandada (en sus calidades de directivos, socios, gerentes, administradores o controlantes) en virtud de los pagos en negro comprobados. La Cámara modificó la sentencia y extendió la responsabilidad por el pago de los montos de condena a los directores demandados por considerar que: 1) el hecho de no registrar ni documentar una parte del salario efectivamente percibido y pagado constituía un fraude laboral y previsional; 2) era de aplicación la desestimación de la personalidad prevista en el art. 54 inc. 3° de la LS porque dicha conducta había sido un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe y para frustrar derechos de terceros; 3) la demanda contra los socios no se fundaba en un inexistente contrato de trabajo con ellos, sino en la responsabilidad de éstos por los hechos y deudas de la sociedad cuando se aplicaba a ésta el mentado art. 54. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 11 de abril de 1997, reunidos en la Sala de Acuerdos los Señores Jueces miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el
orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación: El doctor Guibourg dijo: Contra la sentencia de la primera instancia se alzan la Dra. Hilda Temkin y la accionante en los términos de sus respectivas presentaciones de fs. 164 y fs. 165/175. Trataré en primer lugar la critica de la parte actora. Apela esta parte porque a) no se hace lugar a la responsabilidad solidaria de los integrantes de la sociedad demandada en virtud de los pagos en negro comprobados, b) no se hace lugar a los reclamos fundados en la ley 24.013, c) se excluye el s.a.c sobre la indemnización del art. 245 L.C.T, e) considera que los intereses fijados en la sentencia son reducidos y no se aplica la tasa de interés agravada dispuesta por el art. 275 L.C.T., f) estima que los honorarios regulados a su representación letrada son exiguos. Pide, además, que para el cálculo de los honorarios se considere el capital más los intereses y plantea la inconstitucionalidad de la ley 24.432. La sentencia de grado, a fs. 159, establece: “No obstante ello, considerando el recibo de sueldo agregado por la parte actora, lo que resulta acreditado en autos en relación al pago de sumas mayores, la realización de horas suplementarias en forma habitual, corresponde tener por cierto que el salario © Societario.com Material para uso exclusivo de estudiantes 1 © Copyright SOCIETARIO.COM S.A. Material para uso exclusivo de estudiantes.mensual a los fines del art. 245 de la L.C.T. ascendió a $ 961,20 por todo concepto” (he destacado). El fallo llega firme a esta instancia en el punto referido, por lo que debe tenerse por cierto que, tal como lo invocara la parte actora en su demanda, la demandada incurría en la práctica de no registrar ni documentar parte del salario efectivamente convenido y pagado, práctica comúnmente denominada
“pago en negro” y prohibida por el artículo 140 de la L.C.T. y por el artículo 10 de la Ley de Empleo. La conducta asumida por la empleadora constituye un típico fraude laboral y previsional, ya que tiene normalmente por objeto y efecto disminuir en forma ilegitima la incidencia del salario normal en las prestaciones complementarias o indemnizatorias y en los aportes al sistema de seguridad social. El pago en negro perjudica al trabajador, que se ve privado de aquella incidencia; al sector pasivo, que es víctima de la evasión, y a la comunidad comercial en cuanto, al disminuir los costos laborales, poner al autor de la maniobra en mejor condición, para competir en el mercado, que la reservada a otros empleadores respetuosos de la ley. Ahora bien, el artículo 54 de la ley 19.550, en el último párrafo agregado por la ley 22.903, dispone “La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputara directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.” No podría decirse que el pago en negro encubre en este caso la consecución de fines extrasocietarios, puesto que el principal fin de una sociedad comercial es el lucro; pero sí que constituye un recurso para violar la ley (las normas antes citadas), el orden público (el orden público laboral expresado en los artículos 7, 12, 13, y 14 de la L.C.T.), la buena fe (que obliga al empresario a ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador, art. 63 L.C.T.) y para frustrar derechos de terceros (a saber, el
trabajador, el sistema previsional, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresarial, según ya se ha indicado). De acuerdo, pues, con la opinión expresada por el Procurador General del Trabajo, no caben dudas de que en el presente caso es aplicable la norma transcripta. No obsta a esta solución el hecho –invocado por los codemandados Hann y Lipnik- de que la actora haya trabajado para la sociedad anónima Shatell y no para los socios directivos de está forma individual. La demanda contra los socios no se funda en un inexistente contrato de trabajo con ellos, sino en la responsabilidad de estos por los hechos y deudas de la sociedad cuando se aplica a esta la cláusula de desestimación de la personalidad prevista en el citado artículo 54 de la ley 19.550. En efecto, en la demanda de fs. 4 se indica a ambos codemandados como “directivos, socios, gerentes, administradores o controlantes” de la sociedad Shatell. El codemandado Hahn es el presidente de dicha sociedad, hoy en quiebra (ver fs. 18). Respecto de la codemanda Lipnik no existen constancias positivas, pero en la contestación de fs. 24 ninguno de los dos negó la calificación atribuida por el accionante (cfr. art. 256 inciso 1, C.P.C.C.N.). Corresponde, por lo tanto modificar en este punto la sentencia de grado y extender la responsabilidad en forma solidaria a los codemandados Fernando Alberto Hahn y Celia Lipnik, de Hahn. En cambio, debe confirmarse el pronunciamiento recurrido en cuanto rechaza el reclamo indemnizatorio fundado en las disposiciones de la ley 24.013, dado que el telegrama No. 327 del 4/12/92 (fs. 87/88) no cumple los recaudos formales de procedencia establecidos en el artículo 11 de la citada ley. En efecto, más allá de que en la comunicación no se indica la fecha de ingreso de la trabajadora, era deber de la reclamante consignar en la intimación “las circunstancias verídicas que
permiten calificar a la inscripción defectuosa”, para lo que, indudablemente, era necesario expresar el verdadero monto de la remuneración percibida por la actora. Este requisito, omitido por la actora, no puede ser suplido por la mención de la suma percibida en negro, en especial cuando la lectura del propio telegrama se advierte que podrían existir discordancias entre las partes respecto del monto del salario que correspondía pagar a la actora, en atención a las diferencias salariales que también se reclaman. Por otro lado, tampoco se ha acreditado en autos que la actora se haya desempeñado como oficial calificada, circunstancia ésta que es negada por los accionados y que no resulta del recibo de sueldo acompañado por la propia accionante a fs. 37. Lo expuesto es suficiente para desestimar el agravio vertido sobre este aspecto, por lo que resulta innecesario referirme a la cuestión del plazo del artículo 11 de la ley 24.013. Esta Sala ha sostenido reiteradamente que no corresponde el cálculo del s.a.c. sobre las vacaciones, por lo que debe confirmarse el fallo de la anterior instancia en este punto (ver “Mamone, Damián Cosme c/ Tipográfica editora Argentina S.A.”, Sentencia No. 61.158 del 20/3/91, entre otras). También corresponde desestimar el cuarto agravio formulado por cuanto, tal como ha sostenido en numerosas oportunidades: “En relación con la base remuneratoria tenida en cuenta para el cálculo de la indemnización prevista por el art. 145 de la L.C.T., cabe destacar que la citada norma establece que la misma deberá ser la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el plazo de prestación de servicios. Sin embargo, la parte proporcional de aguinaldo no integra el salario mensual y
habitual, porque no se trata de una remuneración mensual sino de un adicional que se paga semestralmente” (agosto 17-1998, “Dre, Jacinto E. c/ Scholnik S.A.”). © Societario.com Material para uso exclusivo de estudiantes 2 © Copyright SOCIETARIO.COM S.A. Material para uso exclusivo de estudiantes.Tal como lo tiene dicho esta Sala (sentencia No. 42.671 del 15/2/82 “Fernández c/ CAEMSA”, las sanciones procesales fundadas en temeridad y malicia han de juzgarse con criterio penal. En el caso, no corresponde la aplicación de la sanción prevista por el art. 275 L.C.T. por cuanto el supuesto que – según la recurrente- tornaría aplicable la sanción en cuestión no ha sido contemplado en la norma referida (que si considera en forma específica la negativa de la relación laboral cuando se formulare sin fundamento y teniendo conciencia de la propia sinrazón). El 9 de junio de 1994 la Cámara en pleno decidió dejar sin efecto el artículo 6 de la Resolución 6/91 y su modificación contenida en el Acta 2.100 del 24 de junio de 1991. A la vez, acordó por mayoría un nuevo criterio para la fijación de intereses: 24% anual desde el 1/4/91 hasta el 31/3/92, 15% desde el 1/4/92 hasta el 31/3/93 y 12% desde el 1/4/93 en adelante. No concuerdo con dicho criterio ya que, como lo señalara a partir del caso “Damiano, Claudio Marcelo c/ Transporte Ideal San Justo S.A. y otros s/ accidente – ley 9688” (sentencia definitiva 62.196 del 30/9/91), entiendo que corresponde aplicar en todo tiempo la tasa bancaria activa. Sin embargo, dado que aquel parecer tiene, en la especie, efectos semejantes a los de un plenario virtual, razones de seguridad jurídica me mueve a acatarlo. En consecuencia, corresponde confirmar el fallo de primera instancia en esta cuestión.
En atención a la modificación que propongo y en virtud de los dispuesto por el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior, por lo que resulta abstracto el tratamiento de las apelaciones al respecto. Las primeras deberán ser soportadas en forma solidaria por los tres codemandados (art. 68 del C.P.C.C.N.). Teniendo en cuenta la calidad y la extensión de las tareas desarrolladas por los profesionales y expertos intervinientes y las normas arancelarias vigentes, propongo regular los honorarios de ambas instancias de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en $ 2.500.-, de las partes demandadas (en conjunto y por sus actuaciones hasta fs. 141) en $ 1.500.-, para el patrocinio letrado del síndico de Shatell S.A. (a partir de fs. 141) en $ 200.- y para el perito contador en la cantidad de $ 200.-, en valores actuales. Tal como lo ha sostenido esta Sala en reiteradas oportunidades, el art. 8 de la ley 24.432 no contempla pautas regulatorias, sino sólo de limitación de la responsabilidad por el pago de costas procesales. Cabe destacar, además, que la ley en cuestión es de aplicación inmediata y que ello no implica retroactividad alguna, puesto que sus disposiciones son aplicables en los procesos de ejecución de las costas que estuviesen pendientes de cancelación en el momento de su entrada en vigencia. En estas condiciones, resultan improcedentes las impugnaciones constitucionales articuladas por la quejosa en el punto en análisis, por cuanto la ley en cuestión no reduce los montos de las regulaciones de honorarios, sino que –reitero- restablece una limitación de responsabilidades respecto del pago de las costas procesales. Por su parte, el acierto o desacierto de tales limitaciones constituye un tema de
política legislativa cuyo tratamiento no corresponde a los jueces en virtud del esquema de división de poderes establecido por nuestra Constitución Nacional. En virtud de lo dicho, y por las demás razones expuestas por la Sra. Subprocuradora General del Trabajo a fs. 185, corresponde desestimar el planteo formulado en el punto VII.D. del escrito recursivo. Voto, en consecuencia, para que la sentencia de primera instancia sea modificada y se extienda la responsabilidad por el pago de los montos de condena en forma solidaria a los codemandados Fernando Alberto Hahn y Celia Lipnik de Hahn. Propongo, además, imponer las costas del proceso a los codemandados en forma solidaria y regular los honorarios de ambas instancias de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en $ 2.500.-, de las partes demandadas (en conjunto y por sus actuaciones hasta fs. 141) en $ 1.500.-, para el patrocinio letrado del síndico de Shatell S.A.- (a partir de fs. 141) en $ 200.- y para el perito contador en la cantidad de $ 200.La doctora Porta dijo: Que adhiere al voto que antecede por compartir sus fundamentos. Consta que el Sr. Juez de Cámara doctor Eiras no vota en virtud del art. 125 de la ley 18.345. Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE: I.- Modificar la sentencia de primera instancia y extender la responsabilidad por el pago de los montos de condena en forma solidaria a los codemandados Fernando Alberto Hahn y Celia Lipnik de Hahn; II.- Imponer las costas del proceso a los codemandados en forma solidaria y regular los honorarios de ambas instancias de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-), de las partes demandadas (en conjunto y por sus actuaciones hasta fs. 141) en PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-), para el
patrocinio del letrado síndico de Shatell S.A.- (a partir de fs. 141) en pesos DOSCIENTOS ($ 200.-) y para el perito contador en la cantidad de PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. RICARDO ALBERTO GUIBOURG – ELSA PORTA
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References: artículo 140
 artículo 10
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 6
 Resolución