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Timestamp: 2017-11-18 23:25:40+00:00

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AVSD :: AVSD :: Ayuda Legal
Admin el Jue Jul 26, 2012 2:09 am
Provisionalmente queremos recopilar aquí, las Sentencias que nos hagáis llegar, tanto clientes como trabajadores.
Si conseguimos un número significativo, crearíamos un apartado especifico para tenerlas más ordenadas.
Podéis remitirnos las sentencias adjuntándolas y enviándolas al correo avsd.mail@gmail.com
Antes de ser publicadas removeremos los datos de identificación de las personas físicas (nombres completos, DNI, etc.) para cumplir con la LOPD. Según el tamaño de las Sentencias, las subiremos como imagen o mediante enlace de descarga de documento pdf. Recordar que para acceder a las descargas es necesario estar registrado y logeado en el foro.
Muchas gracias a todos por vuestra cooperación.
Re: Sentencias
ThEqualizer el Jue Jul 26, 2012 10:31 am
ThEqualizer el Sáb Jul 28, 2012 1:05 am
ThEqualizer el Lun Jul 30, 2012 9:39 am
Admin el Dom Sep 14, 2014 1:15 pm
Contrato de trabajo con cláusula de rendimiento mínimo: Extinción de la relación laboral por incumplimiento de dicho rendimiento mínimo: La empresa incurrió en un ejercicio abusivo o manifiestamente fraudulento de la facultad resolutoria al pretender su aplicación directa y con base en los meros resultados o cifras de ventas sin ofrecer ningún tipo de referencia a los elementos objetivos o subjetivos que pudieran concurrir para justificar esa medida desde el punto de vista empresarial: El bajo rendimiento ha de ser imputable al trabajador: Se precisa de elementos comparativos y pruebas exculpatorias.
RECURSO SUPLICACION - 000163/2013
Ilmo/a. Sr/a. Presidente D/D.ª M.ª Mercedes Boronat Tormo
Ilmo/a. Sr/a. D/D.ª Francisco Javier Lluch Corell
Ilmo/a. Sr/a. D/D.ª Inmacualda Linares Bosch
En Valencia, a siete de marzo de dos mil trece.
SENTENCIA N.º 591/2013
En el RECURSO SUPLICACION - 000163/2013, interpuesto contra la sentencia de fecha, dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE CASTELLON, en los autos 000674/2012, seguidos sobre, a instancia de D. Millán asistido por la letrada D.ª Lucia Laguna Gonzalez, contra SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU asistido pro el Letrado D. Ildefonso Sanchez Conde, y en los que es recurrente SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU, habiendo actuado como Ponente la Ilma. Sra. D.ª Inmacualda Linares Bosch.
Primero.—La sentencia recurrida dice literalmente en su parte dispositiva: "FALLO: Que estimando la demanda presentada por DON Millán contra la mercantil SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU debo declarar y declaro IMPROCEDENTE el despido de la actora de fecha de efectos 24 de mayo de 2012, condenando a la empresa a readmitir a la trabajadora o a indemnizarle en la suma de 8.714,88 €, más el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de readmisión, si la empresa optara por esta última, a razón del salario diario de 41,7 €, debiendo realizar la empresa su opción en el plazo de cinco días siguientes al de la notificación de la presente sentencia, mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado.
Segundo.—Que en la citada sentencia se declaran como HECHOS PROBADOS los siguientes: PRIMERO.- DON Millán, ha venido prestando sus servicios laborales por cuenta de la demandada SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU, desde el 9 de septiembre de 2006 hasta el 1 de junio de 2012, ostentando la categoría profesional de especialista, realizando funciones de vendedor e instalador y con un salario diario 41,7 €, con inclusión de parte proporcional de pagas extras (Hecho no controvertido). SEGUNDO.- La empresa se dedica a la prestación de servicios de seguridad y venta e instalación de sistemas de alarma (Hecho no controvertido).TERCERO.- Que la relación laboral del actor con la demandada se inicio por un contrato temporal suscrito el 9/10/2006, que fue convertido en indefinido con fecha 9/10/2007. En la cláusula Adicional Tercera de ambos contrato de trabajo, suscritos por las partes se estableció lo siguiente: "Ambas partes acuerdan que el rendimiento mínimo que debe alcanzar el trabajador es el siguiente: Es de 7 ventas y 7 instalaciones por mes de sistemas de seguridad comercializados por la empresa. En el supuesto de que durante 3 meses consecutivos, o 3 meses discontinuos dentro de un período de 6 meses, no se alcanzaran los objetivos mínimos se producirá, al amparo del art. 49.1. b) del Estatuto de los Trabajadores, la empresa se reserva unilateral mente el derecho de extinguir el contrato de trabajo que liga a las partes, sin derecho a indemnización alguna". (Folios 58 a 64)CUARTO.- Que el actor tiene asignada la zona de Castellón y está encuadrado en la línea 11, donde prestan servicios cuatro trabajadores (Hecho no controvertido). Que el actor percibe retribuciones salariales variables e invariable, tal y como consta en las nominas obrantes en autos a los folios 76 a 80 y que damos por reproducidas en aras de la brevedad. QUINTO.- Que la empresa demandada mediante carta, de fecha 7 de febrero de 2012, cuyo contenido se da por reproducido, comunico al actor que su rendimiento estaba bajando, detallando las ventas e instalaciones realizadas en los últimos 8 meses por el actor. - Junio de 2011: 5 ventas y 10 instalaciones- Julio de 2011: 8 ventas y 6 instalaciones- Agosto de 2011: ventas y 3 instalaciones (15 días de vacaciones) - Septiembre de 2011: 8 ventas y 9 instalaciones- Octubre de 2011: 6 ventas y 5 instalaciones- Noviembre de 2011: 6 ventas y 6 instalaciones- Diciembre de 2011: 4 ventas y 5 instalaciones (6días de vacaciones)- Enero de 2012: 1 ventas y 1 instalaciones (Folios 85 y 86). SEXTO.- Que la empresa demandada mediante carta, de fecha 25 de mayo de 2012, cuyo contenido se da por reproducido, comunico al actor que su rendimiento estaba bajando, detallando las ventas e instalaciones realizadas en los últimos 5 meses por el actor. - Diciembre de 2011: 4 ventas y 5 instalaciones- Enero de 2012: 1 ventas y 1 instalaciones- Febrero de 2012: 3 ventas y 5 instalaciones- Marzo de 2012: 5 ventas y 6 instalaciones -Abril de 2012: 2 ventas y 1 instalaciones (Folios 87 y 86). SEPTIMO.- Que mediante carta, de fecha 1 de junio de 2012, le fue notificada al actor, que la empresa procedía a la resolución del contrato de trabajo que unía a las partes, con efectos del día citado, cuyo contenido damos íntegramente por reproducido. No obstante, en lo que aquí interesa se le comunica al actor que: ".... la dirección de esta empresa ha tomado la decisión de extinguir su contrato de trabajo con efectos del 01 de Junio de 2012, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49.1 b) del Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.Los hechos que fundamentan esta decisión son los siguientes: No haber alcanzado los objetivos mínimos pactados en su contrato de trabajo. Así, durante los 6 últimos meses, Vd. ha realizado las siguientes ventas e instalaciones de sistemas de seguridad tal y como se detalla a continuación:Durante el mes de Diciembre de 2011: 4 ventas y 5 instalaciones Durante el mes de Enero de 2012: 1 ventas y 1 instalaciones Durante el mes de Febrero de 2012: 3 ventas y 5 instalaciones Durante el mes de Marzo de 2012: 5 ventas y 6 instalaciones Durante el mes de Abril de 2012: 2 ventas y 1 instalacionesDurante el mes de Mayo de 2012: 1 ventas y 0 instalaciones.....En cláusula adicional tercera de su contrato de trabajo se establece que: "Ambas partes acuerdan que el rendimiento mínimo que debe alcanzar el trabajador es el siguiente: Es de 7 ventas y 7 instalaciones por mes de sistemas de seguridad comercializados por la empresa. En el supuesto de que durante 3 meses consecutivos, o 3 meses discontinuos dentro de un período de 6 meses, no se alcanzaran los objetivos mínimos se producirá, al amparo del art. 49.1. b) del Estatuto de los Trabajadores, la empresa se reserva unilateralmente el derecho de extinguir el contrato de trabajo que liga a las partes, sin derecho a indemnización alguna".Por tanto, al no haberse alcanzado los objetivos mínimos acordados en el contrato, se ha producido la causa de extinción pactada en el contrato de trabajo, y en consecuencia, y al amparo del artículo 49.1 b) procedemos a la extinción del mismo...Queda a su disposición en el departamento de personal la liquidación reglamentaria de sus haberes y salarios devengados hasta el día de hoy...".OCTAVO.- No consta, ni se ha acreditado, que el rendimiento indicado en la comunicación empresarial de extinción, e inferior al indicado en la cláusula del contrato ya transcrita se haya debido o sea imputable a desidia o negligencia del trabajador demandante, como tampoco que dicho rendimiento inferior al exigido tenga carácter intencionado. NOVENO.- Que el demandante no ostenta, ni ha ostentado en el año anterior al despido, la condición de Delegado de Personal, miembro del Comité de Empresa o Delegado Sindical (Hecho no controvertido) DECIMO.- Se ha agotado el trámite de conciliación previa, celebrada sin avenencia el 3 de julio de 2012 ( Folios 6 a 8 ).
Tercero.—Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y pase al Ponente.
Primero.—1. Se recurre por la empresa condenada la sentencia de instancia que estimando la demanda, declaró la improcedencia del despido del trabajador. El recurso se articula en un motivo único redactado al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social -en adelante, LRJS-, en el que se denuncia, en primer lugar, la infracción del artículo 49.1.b) del Estatuto de los Trabajadores -en lo sucesivo, ET-, de la jurisprudencia STS de 16-11-09 y 14-12-11, y sentencias de TJS que no conforman jurisprudencia (art. 1.6 CC). Entiende la empresa recurrente que se debió declarar la procedencia del despido pues en el contrato se pactó un cláusula de rendimiento mínimo, y por ello se trata de extinción por la constatación objetiva de una circunstancia objetiva, no se trata de un despido disciplinario, consta la evolución de ventas e instalaciones del actor a lo largo de los años, se ha advertido del bajo rendimiento, que se ha acreditado que otros trabajadores cumplen los mínimos de ventas; en segundo lugar, denuncia la infracción del art. 49.1.b) del ET, indica el recurrente que la reacción de empresa no ha sido sorpresiva pues se advirtió al actor, con cita de sentencia de esta Sala de 22-12-05, que la condición resolutoria por no alcanzar rendimiento mínimo es legal, no abusiva y enmarcable en el art. 49.1.b) del ET.
2. Tal como se indica en la sentencia de instancia el Tribunal Supremo en Sentencia de 16-11-09, rec. 592/09, señala que "...conviene recordar nuestra doctrina sobre la extinción del contrato de trabajo por incumplimiento del pacto de rendimiento mínimo establecido en el contrato....En nuestra sentencia de 30 de octubre de 2007 (RCUD 220/06), dictada por el pleno de la Sala, resumimos nuestra doctrina en los siguientes términos: "la causa de extinción contractual del artículo 49.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, cuando se trata del rendimiento en el trabajo, coexiste con la causa de despido disciplinario prevista en el artículo 54.2 e) del mismo texto estatutario, es decir, "la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado" hasta el punto de que, no siendo fácil fijar una línea divisoria, la jurisprudencia en algunos casos ha entendido que la única forma de resolver el contrato de trabajo por bajo rendimiento, es la de despido prevista en el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores, con un tratamiento idéntico a la causa de despido del artículo 54.2 e) del mismo estatuto - Sentencias de esta Sala de 18 de noviembre de 1982; 18 de noviembre de 1982 y 28 de abril de 1987 -, si bien de forma mayoritaria ha admitido abiertamente en otros casos, el incumplimiento del pacto de rendimiento como condición resolutoria, de acuerdo con el ya citado artículo 49.1.b) de la repetida norma estatutaria - Sentencias entre otras de 11 de junio de 1.983; 20 de octubre de 1986; 13 de noviembre de 1986; 27 de septiembre de 1988 y 23 de febrero de 1990 -, y siempre que el rendimiento pactado no pudiera considerarse abusivo. Ahora bien, en cualquier caso, con independencia de otras circunstancias como la gravedad, voluntariedad y continuidad, que pudieran servir para delimitar las dos figuras de extinción contractual, lo que parece claro es que la consideración del bajo rendimiento como incumplimiento contractual a efectos de justificar la extinción del contrato de trabajo, requiere, ineludiblemente, la existencia de un elemento de comparación para llegar a la conclusión del bajo rendimiento, ya sea atendiendo a un criterio subjetivo tomando como medida el conseguido por el propio trabajador con anterioridad, ya sea atendiendo a un criterio objetivo, remitiéndose al rendimiento marcado por otros trabajadores que realicen la misma actividad.". Como puede observarse nuestra doctrina mayoritaria entiende que debe distinguirse entre la resolución contractual por incumplimiento del pacto de rendimientos mínimos y el despido por disminución continuada y voluntaria del rendimiento, pero que en ambos supuestos el bajo rendimiento deberá ser imputable al trabajador, lo que, normalmente, requerirá la existencia de elementos comparativos y de pruebas exculpatorias o justificativas".
Asimismo el Tribunal Supremo, en Sentencia de 14-12-11, rec.774/11, dice, "De manera en cierto modo diferente, el artículo 49. 1 b) del Estatuto de los Trabajadores autoriza con carácter general la extinción del contrato de trabajo por las causas en él válidamente consignadas, salvo que constituyan abuso manifiesto de derecho por parte de empresario. Ya hemos dicho que, en principio, la cláusula de rendimiento mínimo puede resultar válida cuando se consigna en el contrato de trabajo en casos como el aquí examinado, en el que se trata de establecer un número o un valor mínimo de ventas. Pero dicho esto, cuando se ejercita la facultad resolutoria fuera del marco disciplinario y al amparo de lo previsto en el artículo 1.124 CC, la mera disminución del valor pactado no puede significar por sí misma y de una forma objetiva la concurrencia de la causa resolutoria, sino esa facultad ha de ejercitarse, como afirma la doctrina civil más autorizada, con arreglo a los dictados de la buena fe, analizando en el caso la incidencia de los distintos factores que hayan podido conducir a ese incumplimiento de las obligaciones, analizando en todo caso su relevancia. Esa referencia civil al artículo 1124 CC tiene en el ámbito laboral mayor incidencia en casos como el presente, en los que la cláusula resolutoria se puede proyectar en una doble vertiente, la puramente contractual y la disciplinaria, de manera que si la empresa ejercita esa facultad, como aquí ocurre, haciendo así ineficaces las exigencias probatorias de la conducta del trabajador que exigiría el artículo 54 ET, no puede alejarse la invocación de la ausencia de rendimiento de las particularidades como causa resolutoria de los factores, elementos objetivos y subjetivos que puedan influir en la valoración de la existencia de pretendido incumplimiento, y más en casos el que ahora resolvemos en el que la necesidad de que se produzca un valor determinado de ventas puede depender de factores absolutamente ajenos a la voluntad de trabajador, como son la propia voluntad de comprador, la situación del mercado, los precios ofertados, la competencia de otras compañías o la crisis económica. Por ello, si la empresa decide ejercitar esa facultad sin incurrir en abuso manifiesto de derecho, tiene que llevarla a cabo con arreglo a los principios de la buena fé, de manera que ofrezca en su ejercicio elementos suficientes para que pueda alcanzarse la convicción de que hubo realmente un incumplimiento contractual por parte del trabajador. En el caso presente, ya se ha visto que la sentencia recurrida no se atuvo a los anteriores razonamientos, sino que, aceptando la posición empresarial, entendió que en abstracto la cláusula resolutoria era lícita, sin referencia alguna a la existencia o no de otros factores de comparación homogénea o de incidencia en el descenso del número de ventas que tuvieran relación con esas cifras de ventas inferiores a las pactadas. Por ello ha de entenderse aquí que la empresa incurrió, como afirma la sentencia de contraste, en un ejercicio abusivo o manifiestamente fraudulento de la facultad resolutoria, al pretender, tal y como se expresa en la carta de cese, su aplicación directa y con base en los meros resultados o cifras de ventas -extremo que nadie niega- sin ofrecer ningún tipo de referencia a los elementos objetivos o subjetivos que pudieran concurrir para justificar esa medida desde el punto de vista empresarial".
3. En el presente supuesto, consta probado que la empresa ha procedido a la resolución del contrato por el bajo rendimiento indicado en la carta de despido de 1-6-12, y que ya en febrero-12 había comunicado al actor que su rendimiento era inferior al acordado en la cláusula adicional tercera del contrato, de 7 ventas y 7 instalaciones la mes, pero lo que no consta en el relato fáctico, y así se razona en la fundamentación jurídica de la sentencia, es que la empresa haya acreditado cuál ha sido el rendimiento de los otros cuatro trabajadores asignados a la misma línea de productos que el actor, y además se declara probado al hecho octavo que la disminución de rendimiento por el actor no es debida a negligencia del mismo, todo lo cual lleva a concluir que la sentencia no ha incurrido en la denuncia alegada por el recurrente, pues no existe termino comparativo relevante con los demás trabajadores y no consta que la disminución de rendimiento sea imputable al actor, lo que supone que la extinción se produjo en el ejercicio abusivo del contenido de la cláusula de rendimiento pactada. Procediendo en atención a lo expuesto, desestimar el recurso.
Segundo.—1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 LRJS, se acuerda la pérdida de las consignaciones o, en su caso, el mantenimiento de los aseguramientos prestados hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva la realización de los mismos, así como la pérdida de la cantidad objeto del depósito constituido para recurrir.
2. Asimismo y de acuerdo con lo ordenado en el artículo 235 LRJS, procede la imposición de costas a la parte vencida en el recurso.
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto en nombre de SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º1 de los de Castellón, de fecha 26-10-2012, en virtud de demanda presentada a instancia de Millán; y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida.
Se acuerda la pérdida de las consignaciones, así como la necesidad de que se mantengan los aseguramientos prestados hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, en su caso, la realización de los mismos, así como la pérdida de la cantidad objeto del depósito constituido para recurrir.
Se condena a la parte recurrente a que abone al Letrado impugnante la cantidad de 400 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, indicando que contra la misma cabe recurso de Casación para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro del plazo de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación, mediante escrito dirigido a esta Sala, advirtiendo que quien no tenga la condición de trabajador, no sea beneficiario del sistema público de la Seguridad Social o no tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, deberá depositar la cantidad de 600'.º.º € en la cuenta que la Secretaría tiene abierta en el Banco Español de Crédito, cuenta 4545 0000 35 0163 13. Asimismo, de existir condena dineraria, deberá efectuar en el mismo plazo la consignación correspondiente en dicha cuenta, indicando la clave 66 en lugar de la clave 35. Transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme.
PUBLICACIÓN.- En el día de hoy ha sido leída la anterior sentencia por el/a Ilmo/a Sr/a Magistrado/a Ponente en audiencia pública, de lo que yo, el /a Secretario/a judicial, doy fe.
Admin el Dom Sep 14, 2014 1:59 pm
Procedimiento Nº PS/00668/2009
RESOLUCIÓN: R/00435/2010
En el procedimiento sancionador PS/00668/2009, instruido por la Agencia Española de
Protección de Datos a la entidad B.B.B.., vista la denuncia presentada por D. A.A.A.Ú A.A.A.ÍN,
y en base a los siguientes,
PRIMERO: Con fecha 22/10/2008, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de D. A.A.A. (en lo
sucesivo el denunciante), en el que denuncia a la entidad Securitas Direct España, S.A. (en lo
sucesivo SECURITAS DIRECT) por haber facilitado sus datos personales como conductor del
vehículo de empresa matrícula “***MAT1” con el que se cometieron diversas infracciones de
tráfico, posteriores a su baja como empleado de dicha entidad, que tuvo lugar en fecha
12/08/2007, según acredita mediante copia del documento de “Vida Laboral” emitido por la
Tesorería General de la Seguridad Social en fecha 29/03/2009.
El denunciante aporta copia de un justificante emitido por Caixaterrassa, de fecha
09/03/2009, por un embargo efectuado en la cuenta bancaria del denunciante por parte de la
Diputación de Tarragona, el informe de “vida Laboral” antes citado, copia de una Resolución de
fecha 15/05/2009, por una infracción de tráfico cometida el 28/08/2008 en el municipio de
Tarragona con el vehículo reseñado, y una relación de expedientes (diez expedientes) incoados
al denunciante por infracciones de tráfico cometidas entre el 16/11/2007 y el 08/09/2008.
Asimismo, aportó copia del informe de “vida Laboral” antes citado, en el que consta un período
de alta en la entidad SECURITAS DIRECT, desde el 06/03/2006 hasta el 12/08/2007
SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia, el Director de la Agencia Española de Protección
de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización de las
actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados,
teniendo conocimiento de los siguientes extremos, que resultan de la información facilitada por
las entidades Bansalease, S.A., E.F.C. (en lo sucesivo BANSALEASE) y SECURITAS DIRECT:
1. SECURITAS DIRECT suscribió un contrato de arrendamiento financiero de vehículos (renting)
con BANSALEASE, que incluye el vehículo Citroen C3, matrícula “***MAT1”, con fecha de inicio
el 03/11/2006 y fecha final el 03/11/2009.
2. SECURITAS DIRECT manifestó que el denunciante fue empleado de la misma y conductor
habitual del vehículo con matrícula “***MAT1”, propiedad de BANSALEASE, desde la fecha
18/06/2006 al 12/08/2007, que coincide con la fecha de baja en la compañía, según ha
acreditado el denunciante.
3. SECURITAS DIRECT manifestó que, a partir del 12/08/2007, se registró la situación de baja del
denunciante en la aplicación informática de control de conductores de vehículos de renting y se
c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es asignó el vehículo citado a otro nuevo empleado de la empresa, como conductor habitual del mismo.
4. Asimismo, SECURITAS DIRECT destaca que, en caso de infracciones de tráfico cometidas con
vehículos de renting, la entidad BANSALEASE, como propietaria del vehículo, solicita a aquella
entidad la información necesaria para identificar al conductor en cada caso, y posteriormente remitirla
al Organismo público competente. Sin embargo, en el presente caso, BANSALEASE procedió
erróneamente a la identificación del conductor tras recibir las infracciones de tráfico cometidas con el
vehículo citado, sin haber solicitado previamente a SECURITAS DIRECT, conforme al
procedimiento pactado, la pertinente identificación del conductor asignado al uso del mismo.
A este respecto, SECURITAS DIRECT aportó copia de un correo electrónico remitido por un
empleado de BANSALEASE desde una dirección de correo electrónico del dominio
“gruposantander.com”, de fecha 16/09/2009, en el que consta textualmente lo siguiente:
“Adjunto los expedientes solicitados de esas fechas. Como te he comentado telefónicamente, este
usuario estaba como conductor en nuestra base de datos (Como ya sabemos S.D. no tiene conductor
asignado y siempre se pregunta para cada sanción). Lo que ha sucedido aquí, es que en su día alguien
nos comunicó este conductor y se dejó grabado, pero actualmente no hay conductores de S.D.
asignados. No obstante, en estos expedientes hemos identificado al arrendatario y al conductor”.
Además, aportó copia de las notificaciones de denuncia efectuadas por la Diputación de
Tarragona por los diez expedientes relacionados por el denunciante, por infracciones de tráfico
cometidas entre el 16/11/2007 y el 08/09/2008 con el vehículo “***MAT1”, todas ellas dirigidas a
BANSALEASE, así como las copia de las diez comunicaciones respectivas efectuadas por esta
entidad a la citada Diputación señalando al denunciante como conductor habitual del vehículo,
con detalle de su nombre, apellidos, DNI y domicilio, que coincide con el domicilio de
5. BANSALEASE, en respuesta al requerimiento de información efectuado por los Servicios de
Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos, indicó que en el contrato de renting
suscrito para el vehículo Citroen C3, matrícula “***MAT1”, con SECURITAS DIRECT no consta el
nombre del conductor habitual, por lo que se contacta por correo electrónico con la compañía
solicitando el nombre del conductor en cada notificación de infracción de tráfico.
BANSALEASE no aportó ninguna acreditación de las solicitudes de identificación de
conductor remitidas a SECURITAS DIRECT. En cambio, aportó copia del contrato específico del
vehículo con matrícula ***MAT1 e impresión de pantalla de los ficheros de su entidad, en los que
no constan los datos del denunciante. Asimismo, aportó copia de las informaciones facilitadas a
la Diputación de Tarragona en relación con las infracciones de tráfico objeto de la denuncia
reseñada al inicio, en las que se identifica al denunciante como conductor del vehículo desde el
17/01/2008 al 13/11/2008.
TERCERO: Con fecha 24/11/2009, el Director de la Agencia de Protección de Datos acordó iniciar
procedimiento sancionador a BANSALEASE por la presunta infracción del artículo 4.3 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de Carácter Personal (en lo
sucesivo LOPD), tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma, pudiendo ser
sancionada con multa de 60.101,21 € a 300.506,05 €, de acuerdo con el artículo 45.2 de la citada3/9
CUARTO: Transcurrido el plazo concedido a BANSALEASE para alegaciones sin que se hayan
recibido las mismas, se procede a elevar el procedimiento al Director de la Agencia Española de
Protección de Datos a los efectos de dictar resolución al respecto, dado que en la notificación del
acuerdo de apertura del procedimiento se informaba que, en caso de no realizar alegaciones
contra dicho acuerdo, se entenderá el mismo como propuesta de resolución en virtud de lo
previsto en el artículo 13 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
PRIMERO: SECURITAS DIRECT suscribió un contrato de arrendamiento financiero de vehículos
(renting) con BANSALEASE, que incluye el vehículo Citroen C3, matrícula “***MAT1”, con fecha
de inicio el 03/11/2006 y fecha final el 03/11/2009. En este contrato no figuran los datos del
denunciante como conductor habitual del vehículo.
SEGUNDO: SECURITAS DIRECT ha declarado que, en caso de infracciones de tráfico cometidas
con vehículos de renting, la entidad BANSALEASE, como propietaria de los mismos, solicita a aquella
entidad la información necesaria para identificar al conductor en cada caso y, posteriormente, remitirla
al Organismo público competente.
Asimismo, consta en las actuaciones copia de un correo electrónico que la entidad
BANSALEASE dirige a SECURITAS DIRECT, fechado el 16/09/2009, en el que se indica
textualmente lo siguiente:
“... (Como ya sabemos S.D. no tiene conductor asignado y siempre se pregunta para cada sanción)...”.
TERCERO:El denunciante prestó servicios como empleado para la empresa SECURITAS
DIRECT desde el 06/03/2006 hasta el 12/08/2007, fecha en la que se extinguió la relación
CUARTO: SECURITAS DIRECT ha declarado que el denunciante fue conductor habitual del
vehículo con matrícula “***MAT1”, propiedad de BANSALEASE, desde la fecha 18/06/2006 al
12/08/2007, que coincide con la fecha de baja en la compañía, y que a partir de esta fecha se
asignó el vehículo citado a otro nuevo empleado de la empresa, como conductor habitual del
QUINTO: Con posterioridad al cese de la relación laboral reseñada en el Hecho Probado
Tercero, el denunciante recibió en su domicilio una Resolución de la Diputación de Tarragona,
relacionada con una infracción de tráfico cometida en el municipio de Tarragona en fecha
28/08/2008, con el vehículo matrícula “***MAT1”. Asimismo, con fecha 09/03/2009, fue objeto de
un embargo en cuenta bancaria efectuado por parte de la Diputación de Tarragona.
SEXTO: La Diputación de Tarragona remitió a la entidad BANSALEASE diez notificaciones de
denuncia por infracciones de tráfico cometidas entre el 16/11/2007 y el 08/09/2008 con el vehículo
c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es“***MAT1”. En respuesta a estas notificaciones, BANSALEASE dirigió a la citada Diputación diez
comunicaciones, una respecto de cada denuncia notificada, señalando al denunciante como
conductor habitual del vehículo, con detalle de su nombre, apellidos, DNI y domicilio, que
coincide con el domicilio de SECURITAS DIRECT.
SÉPTIMO: BANSALEASE remitió un correo electrónico a la entidad SECURITAS DIRECT, de
fecha 16/09/2009, en el que consta textualmente lo siguiente:
Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de
Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.g) en relación con el
artículo 36 de la LOPD.
El artículo 13.2 del citado Real Decreto 1398/1993 establece que el acuerdo de iniciación
de un procedimiento sancionador se notificará al interesado haciendo constar en dicha
notificación que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada.
En este caso, en la notificación del acuerdo de inicio del Director de la Agencia Española
de Protección de Datos se hacía referencia a este artículo, advirtiendo a la entidad imputada de
las consecuencias de no efectuar alegaciones. Dicho Acuerdo contiene un pronunciamiento
preciso sobre la infracción imputada a BANSALEASE.
Se imputa en el presente procedimiento a BANSALEASE una infracción del artículo 4.3
de la LOPD, que señala que “Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de
forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”.
Por otra parte, el apartado 4 del mismo precepto establece que “Si los datos de carácter
personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos, serán
cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificados o completados, sin
perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el artículo 16”.
La obligación establecida en el artículo 4 impone la necesidad de que los datos
personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en todo momento, a la5/9
situación actual de los afectados, siendo los responsables de los ficheros quienes responden del
cumplimiento de esta obligación.
Así, la Sentencia de la Audiencia Nacional, en su Sentencia de 27/02/2008, Recurso
210/2007, señala para un caso similar <<…El principio de veracidad o exactitud tiene gran
relevancia, en cuanto no sólo resulta necesario que los datos se recojan para su tratamiento de
acuerdo con una serie de criterios (principio de proporcionalidad) y que los mismos se empleen
para finalidades compatibles a las que motivaron la recogida (principio de finalidad), sino que
también exige que quien recoge y trata datos de carácter personal garantice y proteja que la
información sometida a tratamiento sea inexacta y esté puesta al día.
El incumplimiento o vulneración del principio de veracidad puede tener importantes
consecuencias para el afectado, como ocurre en el caso enjuiciado, en el que se han incoado
indebidamente al denunciante hasta siete procedimientos sancionadores por infracciones de
tráfico por parte del Ayuntamiento de Madrid…
…el hecho imputado consiste en asociar un nombre y apellidos con un vehículo determinado,
con el que se habían cometido determinadas infracciones de tráfico, y tal asociación de datos de
carácter personal era claramente inexacta como el propio recurrente reconoce, ya que la persona
a la que corresponden el nombre y apellidos facilitados al Ayuntamiento no era conductora de tal
vehículo…>>.
En este caso, ha quedado acreditado que BANSALEASE comunicó a la Diputación de
Tarragona los datos del denunciante como autor de varias infracciones de tráfico cometidas con
el vehículo con matrícula número “***MAT1”, en cumplimiento de la obligación dispuesta en el
artículo 72 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, según la
propia entidad citada ha reconocido.
Por tanto, la entidad BANSALEASE es la responsable de que los datos personales del
denunciante se asociaran a dichas infracciones de tráfico y se siguieran contra el mismo los
expedientes sancionadores respectivos, siendo objeto, incluso, de un embargo en cuenta
bancaria. Asimismo, consta igualmente acreditado que el vehículo en cuestión, en las fechas en
que se cometieron las infracciones de tráfico (entre el 16/11/2007 y el 08/09/2008), no era
conducido por el denunciante, que había finalizado con anterioridad (12/08/2007) su relación
como empleado de SECURITAS DIRECT, entidad con la que BANSALEASE había suscrito un
contrato para el arrendamiento de dicho vehículo.
BANSALEASE ha manifestado que en su sistema se información se registraron por error
los datos del denunciante como conductor del vehículo con matrícula número “***MAT1”,
empleado de SECURITAS DIRECT, y que ello motivó las comunicaciones de datos efectuadas a
la Diputación de Tarragona. Sin embargo, se trata de un error que es plenamente imputable a la
citada entidad y que, en cualquier caso, no justifica la comunicación de los datos del denunciante
a la citada Diputación como conductor de dicho vehículo y, menos aún, considerando que la
relación contractual por arrendamiento de vehículos que mantenían las entidades BANSALEASE
y SECURITAS DIRECT, según han declarado ambas, contemplaba que la entidad
BANSALEASE, en caso de infracciones de tráfico, debía solicitar a SECURITAS DIRECT la
información necesaria para identificar al conductor en cada caso y, posteriormente, remitirla al
Organismo público competente. Así, no se justifica que mantuviera en su sistema de información
los datos del denunciante como conductor habitual del vehículo reseñado y que comunicara tales
c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.esdatos a la Diputación de Tarragona sin verificar con carácter previo que las infracciones se habían cometido por el mismo y no por otro empleado de SECURITAS DIRECT, como ocurrió en
los expedientes que motivaron la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos.
En consecuencia, los datos personales del denunciante fueron indebidamente asociados
al vehículo citados, señalándolo como conductor del mismo, lo que constituye una infracción del
principio de calidad de datos imputable a BANSALEASE.
En virtud de lo prescrito en el artículo 4.3 de la LOPD, BANSALEASE está obligada a
adoptar las medidas necesarias para que en su fichero se refleje la realidad fáctica de los
conductores que alquilan sus vehículos, así como a facilitar los datos exactos de las personas
autoras de las infracciones de tráfico que puedan cometerse con los mismos.
La comunicación de los datos del denunciante a la Diputación de Tarragona, como
conductor del vehículo con matrícula número “***MAT1”, sin haber acreditado que el vehículo era
efectivamente conducido por el mismo, constituye una vulneración del “principio de calidad de
BANSALEASE actuó con total falta de diligencia, de acuerdo a la normativa de protección
de datos. El Tribunal Supremo (Sentencias de 16 y 22/04/1991) considera que del elemento
culpabilista se desprende “... que la acción u omisión, calificada de infracción sancionable
administrativamente, ha de ser, en todo caso, imputable a su autor, por dolo o imprudencia,
negligencia o ignorancia inexcusable.”
Por su parte, la Audiencia Nacional, en Sentencia de 29/06/2001, en materia de
protección de datos de carácter personal, ha declarado que “... basta la simple negligencia o
incumplimiento de los deberes que la Ley impone a las personas responsables de ficheros o del
tratamiento de datos de extremar la diligencia...”.
El Tribunal Supremo viene entendiendo que existe imprudencia siempre que se
desatiende un deber legal de cuidado, es decir, cuando el sujeto infractor no se comporta con la
diligencia exigible. Diligencia cuyo grado de exigencia se determinará en atención a las
circunstancias concurrentes, tales como el especial valor del bien jurídico protegido, la
profesionalidad exigible al infractor. En este sentido la Sentencia de 05/06/1998 exige a los
profesionales del sector “... un deber de conocer especialmente las normas aplicables”. En
similares términos se pronuncian las Sentencias de 17/12/1997, 11/03/1998, 02/03 y
17/09/1999.
Aplicando la anterior doctrina, la Audiencia Nacional, en varias sentencias, entre otras
las de fechas 14/02/ y 20/09/2002 y 13/04/2005, exige a las entidades que operan en el
mercado de datos una especial diligencia a la hora de llevar a cabo el uso o tratamiento de tales
datos o su cesión a terceros, visto que se trata de la protección de un derecho fundamental de
las personas a las que se refieren los datos, por lo que los depositarios de éstos deben ser
especialmente diligentes y cuidadosos a la hora de realizar operaciones con los mismos y
deben optar siempre por la interpretación más favorable a la protección de los bienes jurídicos
protegidos por la norma.
Por tanto, BANSALEASE incumplió el mandato legal de que los datos respondan con7/9
exactitud a la situación real del denunciante, vulnerado el principio de calidad de datos, un pilar
básico de la normativa de protección de datos de carácter personal, consagrado en el artículo 4
de la LOPD, y es responsable de que se comunicaran datos inexactos del denunciante a la
Diputación de Tarragona. Tales hechos constituyen una vulneración de lo dispuesto en el artículo
4.3 de la LOPD.
El artículo 44.3.d) de la LOPD considera infracción grave: “Tratar los datos de carácter
personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en
la presente Ley o con incumplimiento de los preceptos de protección que impongan las
disposiciones reglamentarias de desarrollo, cuando no constituya infracción muy grave”.
El principio de calidad de los datos, recogido en el artículo 4 de la LOPD, se configura
como principio básico en materia de protección de datos. La Audiencia Nacional ha manifestado,
en su Sentencia de 22/10/2003, que “... la descripción de conductas que establece el artículo
44.3.d) de la Ley Orgánica 15/1999 cumple las exigencias derivadas del principio de tipicidad, a
juicio de esta Sala, toda vez que del expresado precepto se desprende con claridad cual es la
conducta prohibida. En efecto, el tipo aplicable considera infracción grave “tratar de forma
automatizada los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los
principios y garantías establecidos en la Ley”, por tanto, se está describiendo una conducta –el
tratamiento automatizado de datos personales o su uso posterior- que precisa, para configurar el
tipo, que dicha conducta haya vulnerado los principios que establece la Ley Orgánica. Ahora
bien, estos principios no son de aquellos que deben inferirse de dicha regulación legal, sino que
aparecen claramente determinados y relacionados en el título II de la Ley ...”.
Es claro que, siguiendo la doctrina jurisprudencial expuesta en los Fundamentos de
Derecho anteriores, en este caso, se ha producido la infracción del artículo 44.3.d) de la LOPD
por parte de BANSALEASE que trató datos inexactos del denunciante, al comunicar tales datos a
la Diputación de Tarragona, señalándolo como conductor de un vehículo con el que se
cometieron diversas infracciones de tráfico, sin que el denunciante fuese el conductor de dicho
vehículo, lo que supone una vulneración del principio de calidad de datos que consagra el
artículo 4 de la LOPD.
El principio de calidad de los datos se configura como principio básico en materia de
protección de datos, y así se recoge en numerosas Sentencias de la Audiencia Nacional, entre
otras, las de fechas 25/05/2001 y 05/04/2002.
Concretamente, por lo que ahora interesa, el artículo 4.3 de la LOPD recoge el citado
principio, que exige que los datos de carácter personal respondan con veracidad a la situación
actual de los afectados.
Por tanto, la conducta de BANSALEASE vulnera el citado principio, toda vez que ha
quedado acreditado el tratamiento de datos inexactos del denunciante, lo que encuentra su
tipificación en el artículo 44.3.d) de la LOPD.
El artículo 45.1, 2, 4 y 5 de la LOPD establece:
c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es“
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 601,01 € a 60.101,21 €.
2. las infracciones graves serán sancionadas con multa de 60.101,21 € a 300.506,05 €”.
“4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos
personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al
grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas
interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para
determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación
infractora.
5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada disminución de la
culpabilidad del imputado o de la antijuricidad del hecho, el órgano sancionador establecerá la
cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda
inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se
trate”.
La Audiencia Nacional, en su Sentencia de 24/05/2002, ha señalado en cuanto a la
aplicación del apartado 5 del citado precepto que “... la presente regla debe aplicarse con
exquisita ponderación y sólo en los casos en los que la culpabilidad y la antijuridicidad resulten
sustancialmente atenuadas atendidas las circunstancias del caso concreto, de forma que
repugne a la sensibilidad jurídica, siempre guiada por el valor justicia, la imposición de la sanción
correspondiente al grado. Lo cual insistimos puede darse, por excepción, en casos muy extremos
y concretos”.
Así, el citado artículo 45.5 de la LOPD debe aplicarse de forma excepcional y cuando se
den suficientes circunstancias para ello. En el presente procedimiento no se aprecian
circunstancias que suponen una disminución cualificada de la antijuridicidad, por cuanto la
actuación de BANSALEASE, que no ha realizado alegaciones durante el procedimiento, ha
dañado el bien jurídico protegido, identificó al denunciante en diez ocasiones como autor de
infracciones de tráfico que no cometió y no consta ninguna actuación desarrollada por la entidad
imputada para regularizar la situación y minimizar en lo posible los perjuicios ocasionados,
habiendo incumplido en todos los supuestos la obligación de consultar al cliente la identidad del
conductor en cada infracción, así como por haberse producido daños patrimoniales al
denunciante. No procede, por tanto, la aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 45.5 de la
Por otra parte, en relación con los criterios de graduación recogidos en el artículo 45.4 de
la LOPD y, en especial, la naturaleza de los datos personales del denunciante comunicados a la
Diputación de Tarragona, procede la imposición a BANSALEASE de la sanción establecida en el
artículo 45.2 de la misma norma en su cuantía mínima, por el incumplimiento del “principio de
calidad de datos” recogido en el artículo 4.3 de la citada Ley Orgánica, que resulta del
tratamiento de los datos del denunciante como conductor de un vehículo de la empresa, a pesar
de que el mismo había dejado de ser empleado de la misma.
PRIMERO: IMPONER a la entidad B.B.B.., por una infracción del artículo 4.3 de la LOPD,
tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma, una multa de 60.101,21 (sesenta mil9/9
ciento un euros con veintiún céntimos), de conformidad con lo establecido en el artículo 45. 2 y 4
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a B.B.B.. y a D. A.A.A..
TERCERO: Advertir al sancionado que la sanción impuesta deberá hacerla efectiva en el plazo
de pago voluntario que señala el artículo 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, mediante su ingreso en la cuenta restringida nº 0000 0000 00 0000000000 abierta a
nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A. o en caso contrario, se procederá a su recaudación en período ejecutivo. Si recibe la
notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago
voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si recibe la
notificación entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del pago será hasta
el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior.
De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido
notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción
1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de
sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de
21 diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y
de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la
Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del
referido texto legal.
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es

References: resolución 
 Real Decreto 
 artículo 49
 artículo 193
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 54
 artículo 55
 artículo 54
 artículo 49
 resolución 
 artículo 49
 artículo 1
 artículo 1124
 artículo 54
 resolución 
 artículo 204
 artículo 235
 resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 44
 artículo 45
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 37

artículo 36
 artículo 13
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 16
 artículo 4

artículo 72
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 4
 artículo
4
 artículo 44
 artículo 4
 artículo
44
 artículo 44

artículo 4
 artículo 4
 artículo 44
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45

artículo 45
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 44
 artículo 45
 resolución 
 artículo 68
 Real Decreto 
 artículo 37
 artículo 82
 Resolución 
 artículo 116
 Real Decreto 
 artículo 116

artículo 25
 artículo 46