Source: http://www.slideshare.net/jgcachafeiro/actas-de-las-jornadas-archivando-la-valoracin-documental-len-7-y-8-de-noviembre-de-2013
Timestamp: 2017-01-23 03:51:41+00:00

Document:
Actas de las Jornadas Archivando: la valoración documental. León, 7 y…
Jornadas Archivando: la valoración documental. León, 7 y 8 de noviembre 2013
A la memoria de Joaquín López Contreras
Edita: Fundación Sierra Pambley (León)
ISBN: 978-84-695-9702-6
Sobre la constitución de la memoria
social. Hacia una valoración de
documentos postmoderna
La valoración documental en el entorno
Elena Rivas Palá.
Open Data y Proceso Consultivo.
Preparando el terreno para la verdadera
Transparencia y el Gobierno Abierto
Descifrando la piedra Rossetta: la
valoración de la accesibilidad a los
Documentación (in)visible: de la librería a
Virginia Bazán Gil.
Territorio archivo: construcción colectiva
de la memoria de una comarca, de lo
cuantitativo a lo cualitativo, con criterios
basados en la no ficción
Zaida Llamas Álvarez / Alfredo Puente
Implementación práctica de ICA-ATOM
Gorka Díaz Majada
Lo vital en el Archivo de la Facultad de
Educación de la Universidad de León
María del Carmen Rodríguez López / Lourdes
“Preservar la memoria valorando la documentación archivada en la Edad
Moderna. Una comparación entre el presente y el pasado”
La problemática del acceso a los documentos públicos en el Archivo Histórico
de Asturias: un enfoque práctico
María Concepción Paredes Naves, Rosa Rabanillo Escudero y Ángel Argüelles
Crespo (Archivo Histórico de Asturias)
La valoración documental del Registro Civil en un esbozo de reflexiones y
La valoración de la documentación científica: la problemática del fondo
Margarita Salas en el Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del
Eva María Poves Pérez y María Sánchez Luque
Archivo personales “en formación”: Valoración documental
El valor de la documentación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del
CSIC. El fondo fotográfico Luis Lladó
Rosa Mª Villalón Herrera y Raquel Ibáñez González
De la Residencia de Estudiantes a los Colegios Complutenses: el traslado la
Biblioteca de la Residencia al Colegio Mayor Ximénez de Cinseros. La
catalogación actual
El ingreso de documentos en el Museo Casa Natal de Jovellanos (Gijón): los
archivos de artista y el fondo Patricio Adúriz
Posibilidades de eliminar documentos en archivos personales
Las fronteras del tiempo, un reto para la escucha
(Una experiencia de investigación en el Archivo de la Fundación Sierra
Pambley)
Sobre la constitución de la memoria social.
Hacia una valoración de documentos postmoderna
La valoración y selección documental es una función archivística trascendental por su
responsabilidad en la constitución de la memoria social. El estado de la valoración en la
denominada tradición archivística española, anclada en las propuestas de Schellenberg,
muestra algunas deficiencias y por consiguiente se debe considerar ineficaz para gestionar
adecuadamente la documentación y para constituir un patrimonio documental que sea reflejo
de la sociedad española. Después de señalar los inconvenientes de la práctica valorativa
española se apunta la vía por donde se puede encontrar la solución: las propuestas
postmodernistas. Finalmente se analizan someramente las notas características del modelo
donde se plasman las propuestas postmodernas: la macrovaloración.
Todas las sociedades a lo largo de la historia se han dotado, con mayor o menor éxito, de
unos medios memorísticos que tenían como objetivo auxiliar con los recuerdos y garantizar
la preservación del pasado. Como es sabido, los documentos y los archivos, donde se
custodian, se han creado para cumplir con esa función de constancia. Pero al mismo tiempo
todas esas sociedades también se proveyeron de recursos que borrasen determinados
elementos del ayer y pudiesen anular parte de esas memorias 1. Entonces los documentos que
dejaban de tener valor pasaban a ser considerados como basura o suciedad que debía
Aunque el proceso de olvidar siempre ha sido mucho más fácil y barato que el de rememorar en algunas ocasiones los poderes públicos
han acometido destrucciones para promover el valor del olvido: “para no traer a la memoria los defectos o tachas de algunas personas que
ya están olvidados” (R. O. de 17 de enero de 1805 del Consejo de Castilla). Esta cultura de amnesias permitía aceptar que las personas
aprendían del pasado, evolucionaban y corregían su comportamiento. Y ello en un momento en el que la capacidad de recordar era
bastante reducida y las consecuencias de un error o de una mala actuación tenían por consiguiente un alcance muy limitado.
Ahora, sin embargo, el incremento de las capacidades de almacenamiento y la reducción del precio que ofrecen las nuevas tecnologías no
incitan precisamente al olvido. La revolución tecnológica nos ofrece la posibilidad de guardar todo y la selección es una tarea costosa que
no interesa acometer. La transformación que supone pasar de olvidar la mayoría a recordar todo o casi todo, este cambio de la relación de
los humanos con la memoria, ha sido el objeto de estudio por el profesor Viktor Mayer-Schönberger, de la Universidad de Harvard, en su
libro Delete. The virtue of forgetting in the Digital Age. Aunque son incuestionables las ventajas de la memoria total no se puede ignorar
que la postergación del olvido igualmente presenta inconvenientes como la pérdida del control de lo que se guarda sobre las personas, a no
poder salir del pasado y a quedar atrapados en la memoria.
suprimirse. De este modo todos esos documentos que no se ajustaban al orden social o
archivístico decaían en su derecho a permanecer, dejaban su lugar en el archivo y finalmente
perdían su existencia. Las destrucciones se han percibido como algo positivo que contribuía
a eliminar unas malas hierbas que amenazaban el orden del jardín de la memoria, utilizando
el símil de Gerald Ham (1981).
En este contexto a los archiveros les ha correspondido preservar los documentos de valor
arrancando las malas hierbas que amenazaban el cultivo de las flores preciosas. Pero en ese
proceso de conservación, de proporcionar un hueco, de permitir salir en la foto los
archiveros también crean valores. Cuando los profesionales del diecinueve apreciaban y
publicaban los valiosos diplomas medievales y los antiguos monumentos históricos (como el
CODOIN o Colección de documentos inéditos en el caso de España o la Monumenta
Germanie Histórica en el de Alemania) estaban contribuyendo a un romántico interés por el
pasado con el fin de promover unas conciencias nacionales.
Asimismo las instituciones archivísticas han sido obra de impulsos sociales para crear
espacios en los que predominase un determinado orden de valores. Las magnas
recopilaciones que se habían iniciado en el siglo de las luces, de las que un ejemplo
destacado es el Archivo General de Indias, o las fundaciones del XIX como la del Archivo
Histórico Nacional representan la emergencia de nuevos órdenes de valores.
Uno de los cambios más trascendentes en las escalas de valores fue el paso de la defensa de
unos pocos y privilegiados documentos y archivos al concepto de patrimonio. La sociedad
concedió trascendencia y valía a los bienes documentales y el Estado empezó a dictar
medidas imponiendo obligaciones de hacer y de no hacer para terminar desarrollando toda
una tutela jurídica sobre aquellos documentos y archivos que considera merecen ser
conservados y transmitidos a las futuras generaciones. La protección legal se perfeccionó
con la plena incorporación de los archivos y documentos al patrimonio cultural, a finales del
siglo pasado, cuando este se deshizo de los criterios artísticos que lo habían caracterizado
anteriormente. La nueva legislación además suponía el fin de la preeminencia de los
derechos de los propietarios sustituyéndola por una combinación de los intereses
particulares, característicos de la “condición privada”, con los públicos propios de la
“nación”. Por otra parte estas nuevas normas iniciaron la permuta de las medidas
prohibitivas por otras de tipo estimulador buscando una mejor eficacia en el objetivo de
conservar y acrecentar el patrimonio documental.
1. El modelo valorativo español
1.1. El régimen jurídico de la valoración2
En el caso español las leyes elaboraron un concepto de patrimonio documental recurriendo a
los criterios de titularidad
(todos los documentos de cualquier época generados,
conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo público) y de
antigüedad (los documentos de más de cuarenta años generados, conservados o reunidos en
el ejercicio de sus actividades por entidades religiosas, políticas, sindicales, empresariales,
culturales, científicas y de más de cien años, para los creados por
cualesquiera otras
entidades particulares o personas físicas). Sin embargo a pesar de esta suposición legal es
evidente que la mayor parte de los documentos no tiene ninguna valía ni significan ninguna
representación de la experiencia social. Como no son portadores de ninguna información
valiosa, ni poseen ningún valor significativo o relevante para constituir una prueba que
refleje el funcionamiento de la entidad, las funciones que ha desarrollado, su impacto social
y/o la respuesta ciudadana a esa actuación no deberían poseer la consideración de bien
cultural. Se impone, por consiguiente, la necesidad de acometer un procedimiento de
exclusión que adapte el ámbito de cobertura de las leyes a la realidad, es decir que limite la
determinación legal a aquellos documentos que son realmente dignos de tal consideración.
Si al resto de bienes culturales se les sometió a un procedimiento de declaración para formar
parte del patrimonio a los documentos se les debe sujetar al procedimiento inverso, el de
exclusión y salir, así, del ámbito protector de la ley. Este proceso de ajuste es el que
corresponde a la función archivística de la valoración y selección de documentos.
Con independencia de la tipología de las disposiciones y de la finalidad de las normas
jurídicas, siempre se concibe la valoración como un examen cualitativo y cuantitativo de los
componentes o intereses de los documentos y con dos propósitos: uno inmediato y otro
mediato. Los caracteres o componentes de los documentos serán estudiados para determinar,
en primer lugar, sus valores documentales y los plazos de transferencia y, en segundo lugar,
la eliminación o conservación. La moderna conceptualización de la valoración parte de un
presupuesto esencial que condiciona todo: el valor de los documentos no debe orientarse
exclusivamente a la mera selección de los mismos, sino a su gestión archivística. Respecto a
la finalidad inmediata de la valoración, en las enunciaciones se alude, reflejando la doctrina
archivística dominante, a la determinación de dos tipos de valores: los primarios y
Para el estudio de los aspectos jurídicos, administrativos y archivísticos de la valoración en España véase Hernández Olivera (2009a).
“Determinando la memoria: La valoración de documentos”.
secundarios. En cuanto a los objetivos que se fija la valoración para cada serie documental,
a) Su conservación o su eliminación.
b) Los plazos de permanencia en los diferentes archivos y sus transferencias.
Frente a la importancia que en España se le atribuye a las decisiones de selección, la
determinación de los plazos de permanencia en los archivos del sistema tiene connotaciones
supletorias y no se contempla, o se hace de forma accesoria, en los instrumentos de
De manera similar al ordenamiento jurídico la doctrina archivística, en connivencia con las
teorías tradicionales, ha circunscrito la valoración a la determinación de los valores3. Un
ejemplo de ello es la definición acuñada en el Diccionario de Terminología Archivística del
Ministerio de Cultura (1993) que entiende por valoración “la fase del tratamiento
archivístico que consiste en analizar y determinar los valores primarios y secundarios de las
series documentales, fijando los plazos de transferencia, acceso y conservación, o
eliminación total o parcial”. Esta conceptuación repite los mismos planteamientos de las
definiciones formuladas en las distintas disposiciones jurídicas.
El modelo valorativo español4 está por consiguiente estrechamente vinculado a la
concepción taxonómica de la valoración desarrollada por Schellenberg (1956). El archivero
norteamericano contribuyó, de manera esencial, al desarrollo de la Archivística
contemporánea al definir dos conceptos tan simples como esenciales: los valores primarios y
secundarios. El valor primario, según Schellenberg, viene determinado por el productor de
los documentos. Es decir, que este valor se basa en las aplicaciones iniciales del documento,
en las razones por las cuales existe. Esta importancia del documento se establece con
En las conclusiones de un estudio de la documentación publicada en España sobre esta función (Hernández Olivera, 2005) se resalta que
desde los años cincuenta a mediados de los ochenta la aparición de algún trabajo sobre valoración es pura anécdota. Transcurren periodos
de 5, 6 y hasta de 7 años sin que se registre ningún texto donde se analice esta función. Una parte importante del incremento cuantitativo
que se produjo en los últimos años del XX y primeros del XXI fue desencadenado por la convocatoria de dos reuniones científicas: las
“Primeras Jornadas sobre metodología para la investigación y valoración de fondos documentales de las administraciones públicas” de
1992, y el “III Congreso de Archivos de Castilla y León”, desarrollado diez años más tarde. Un tercio de los trabajos adoptó la forma de
artículo de publicación periódica que mayoritariamente se concentra en las revistas Tabula y Lligall. Un 6% de los textos corresponden
a las monografías y la mitad de ellos son compilaciones de valoraciones. Y solamente una pequeñísima parte de estos estudios
recogen propuestas teóricas o metodológicas de la valoración archivística.
Compartimos con Antonia Heredia (2003, 210) la existencia de un modelo español, con las peculiaridades que motivan los
ordenamientos autonómicos, pero sin la exclusión de Castilla y León que no copia miméticamente el modelo quebequense, como afirma la
experta sevillana, sino que se ha limitado a incorporar instrumentos, como el calendario de conservación, que hoy, a pesar de que todavía
se produzca alguna confusión terminológica, se han incorporado plenamente a la doctrina archivística española. La normativa castellanoleonesa se convirtió en precursora de un instrumento que, más tarde, encontraría plasmación en las disposiciones de otras comunidades.
relación a la función de prueba administrativa, legal o financiera, las tres categorías del valor
primario que estableció Schellenberg. El valor secundario es aquel que adquieren los
documentos cuando han dejado de tener utilidad para la administración productora. En este
valor solamente plantea dos componentes. Por una parte, el valor testimonial -evidential
value-, que Schellenberg concibe como la capacidad de los documentos de evidenciar el
funcionamiento y la organización de las entidades de las que proceden. Y por otro lado, y en
segundo lugar, el concepto de información -informational value- que abarca una dimensión
extra-institucional y expone la idea de dar testimonio de las actividades de otros
componentes de la sociedad. Al concebir el valor informativo señala que “los valores
informativos derivan, como es evidente por el mismo término, de la información que se
encuentra en los documentos públicos sobre personas, lugares, temas y similares de los que
tratan las agencia.
En lo que se refiere a la praxis de la valoración, todavía reducida aunque en un constante
proceso de crecimiento, se realiza atribuyendo estos valores a los documentos, de acuerdo
con los métodos y criterios del archivero norteamericano5. Respecto a los aspectos
procedimentales e instrumentales la Ley del Patrimonio Histórico Español impuso, con
carácter obligado, la autorización gubernativa de eliminación de documentos. Las leyes
autonómicas extendieron esa imposición a las valoraciones realizadas en los ámbitos de su
competencia. Se configura como un acto administrativo de juicio, de carácter complejo, que
tiene por objeto determinar, mediante un procedimiento específico, la idoneidad de una
propuesta de selección de documentos. El procedimiento de autorización de eliminación de
documentos tiene dos periodos bien diferenciados: la valoración y la autorización de la
eliminación (Hernández Olivera, 2002). La valoración es una estimación que realiza
generalmente el archivero. La segunda fase es una actuación administrativa del órgano
archivístico responsable de la protección del patrimonio cultural, y con la asesoría de la
comisión de calificación o de valoración, para pronunciarse acerca del consentimiento o
denegación de la autorización de eliminación de documentos solicitada.
Por último, en relación a los instrumentos técnicos de valoración, las normas promulgadas
por las comunidades autónomas, en materia de valoración y selección de documentos,
La dificultad de la asignación de valores radica en la carencia de una teoría de lo que se entiende por cada uno de los valores
archivísticos, y del significado y alcance de los intereses presentes en los documentos. Un claro ejemplo de las diferencias y discrepancias
sobre los valores la encontramos en los debates de la XVI Mesa de Archivos de la Administración Local.
<http://www.ssreyes.org/acces/recursos/doc/Nuestra_ciudad/Mesa_archivos/Temas_analisis/Identificacion_valoracion/1471169284_18320
0912576.pdf> [Consulta: 13/10/2013]. Sobre los caracteres y métodos para determinar los valores se recomienda revisar Hernández
Olivera, 2004.
aunque con diferentes grados de desarrollo, han incorporado nuevas herramientas para
recoger y aplicar las decisiones de valoración. Frente a las numerosas coincidencias que se
han producido en la ordenación de la valoración, las propuestas instrumentales autonómicas
son diferentes. Aunque cada herramienta representa una opción, las leyes concuerdan en la
interpretación de que si no hay una previa aprobación de los instrumentos valorativos, no se
podrá acometer la eliminación de documentos. En Castilla y León y en el País Vasco se
prescriben los calendarios de conservación. En otros ordenamientos (Cataluña, Castilla-La
Mancha, Andalucía y
Canarias), se recurre a las tablas de valoración. Es esta una
diferenciación que trasciende los aspectos terminológicos e interesa a los temas
conceptuales, lo cual produce importantes repercusiones de tipo práctico (Hernández
Olivera, 2005).
1.2. La problemática del modelo español
A pesar de su popularidad hay razones para desconfiar de la valoración taxonómica que
impera en la práctica archivística española. Para señalar la ineficacia y los déficits del
modelo de valoración que se aplica en los archivos para construir un patrimonio documental
reflejo de la sociedad española resumimos un análisis realizado anteriormente (Hernández
Olivera 2009). Algunas de las insuficiencias son las siguientes:
En primer lugar, el arquetipo español, inclinado a la valoración tradicional, es arcaico. Se
trata de un modelo que fue desarrollado para una época muy diferente a la actual, en la cual
el volumen de documentos era relativamente escaso y en la que las tecnologías, para la
creación, almacenamiento y conservación, eran elementales.
En segundo término, como modelo centrado en el documento, es en estos momentos
inabordable. La ingente cantidad de documentos que se producen y la multiplicidad y
diversidad de instituciones que los generan convierten la valoración de esta documentación
en una tarea inabarcable para las actuales posibilidades de los archivos. Es una propuesta
que podría valer para contextos de reducida producción pero con los actuales parámetros de
generación y un análisis de los documentos enormemente exigente su viabilidad se ve
enormemente dificultada.
Es, además, una propuesta que, al insistir en el contenido de los documentos, es decir, la
información que tienen sobre su productor (origen, funciones, evolución) y aquellos otros
datos que en el desarrollo de sus actividades se recopilan sobre personas, movimientos,
tendencias, acontecimientos, resalta la relación con la Historia. La de Schellenberg es una
proposición arbitraria que se orienta solo hacia un tipo de usuarios: los historiadores. El
objetivo de esta propuesta valorativa se centra más en satisfacer los intereses de los
investigadores que en reflejar las actividades de la sociedad. Y la escasa fiabilidad de esta
tendencia de la valoración vinculada a los deseos de los historiadores ha quedado
demostrada con el variable devenir de la historiografía.
Es un modelo que también podemos caracterizar como insuficiente. El arquetipo se basa en
la selección de los documentos que producen las administraciones públicas que se
consideran dignos de conservación indefinida. Pero no podemos olvidar que por mucho que
las administraciones hayan asumido funciones y extendido su campo de intervención no
llegan a cubrir todo el ámbito social. Se impone admitir que para construir la memoria
social, el patrimonio documental, no basta con hacer, como hasta ahora, una selección de los
documentos generados por las administraciones públicas.
Sin duda, uno de los defectos mayores del modelo español es su descontextualización. En un
momento en que la información sobre el contexto ha ido incorporándose a otras funciones
archivísticas6, la valoración continúa dando la espalda a este tipo de datos y desdeña un
conocimiento esencial para su ejercicio. En el caso español la información requerida para la
valoración se limita generalmente a datos sobre la propia documentación como
denominaciones, origen, tramitación, contenidos, etc. Incomprensiblemente la información
contextual o no se contempla o se hace mínimamente.
Hemos señalado la problemática de una propuesta que obliga a los archiveros a ser adivinos,
y que resulta ineficaz para construir un verdadero patrimonio documental. En España las
reiteraciones de la literatura profesional recalcando la importancia de la intervención y las
miméticas reproducciones de la clasificación de los valores de Schellenberg contribuyeron a
atribuirle una absoluta certeza a esta doctrina7 . En otros países, por el contrario, las
valoraciones basadas en la propuesta de Schellenberg han suscitado muchas dudas y se ha
La tradicional descripción centrada exclusivamente en la indicación del contenido informativo y las características físicas del documento
ha sido sustituida por un una nueva práctica desarrollada en torno a la norma ISAD(G) y sus desarrollos en la que la información
contextual (Historia institucional o biográfica, Historia archivística, Fuente inmediata de adquisición, etc.) tiene un papel tan fundamental
Aunque los archiveros españoles no han debatido sobre la teoría de la valoración si hemos podido seguir de cerca esta controversia con
ocasión del lII Congreso de Archivos de Castilla y León celebrado en Salamanca en el año 2002 (Hernández Olivera, 2003). Para la
defensa de las posiciones tradicionales véase Boles (2003).
desarrollado un notable escepticismo sobre las fuentes y las influencias en que basar el
“valor,” “trascendencia” e “importancia” de los documentos y su aplicación. Las nuevas
propuestas, criticas con ese modelo taxonómico de Schellenberg y
mayoritariamente en torno a la postmodernidad, ya no se fijan como objetivo de la
valoración la búsqueda de valores, o conocer qué datos contienen los documentos, sino por
qué han sido creados, ya no se preguntan qué utilidad puedan tener en el futuro, sino el uso
que se les dio, y finalmente no les interesan las características físicas o la estructura interna
de los documentos, sino los mandatos o funciones del creador de que dan testimonio .
2. La archivística postmoderna
Han sido fundamentalmente los archiveros norteamericanos y australianos los que tras unos
procesos sistemáticos y especialmente críticos de investigación y análisis han expresado las
bases para una nueva archivística de tipo postcustodial8. Los marcos conceptuales, o
metarranativas siguiendo la terminología de Verne Harris, surgen como respuesta al
descontento y la insatisfacción que proporcionaban unas estrategias y unos métodos de tipo
positivista incapaces para el mundo de la
archivística digital.
Como Terry Cook
consideramos que estas proposiciones no son una simple adaptación de los principios
archivísticos y si algo de mayor calado: un cambio del paradigma archivístico. Las
propuestas decimonónicas se centraban, y siguen haciéndolo, en la consideración del objeto
de la Archivística (el documento) como un ente físico y estático; del sujeto (el archivero)
como un guardián pasivo e imparcial del acervo y de unos procedimientos enunciados en
torno al contenido de los documentos. Y ahora se promueve que los archiveros sean agentes
activos y parciales que tienen que asumir la responsabilidad de construir la memoria social
en la que gestionan unos documentos concebidos como realidades virtuales y dinámicas y se
preocupan esencialmente por el contexto en el que se crean. Dicho de otra manera, y
parafraseando a Cook (2007, p. 59-60), se plantea que la teoría archivística pase “de
resultado a proceso, de estructura a función, de archivos a archivar, del archivo como
residuo ‘natural’ o resultado pasivo de la actividad administrativa a la ‘archivalización’ de la
memoria social conscientemente construida”.
Aunque cuantitativamente las mayores aportaciones han sido de los profesionales originarios de esas zonas geográficas no se puede
olvidar que también han contado con trabajos esenciales de archiveros foráneos. En este caso son destacables los textos del sudafricano
Verne Harris y del holandés Erick Keetelar.
En los planteamientos postmodernistas los archiveros norteamericanos, abanderados por
Terry Cook, nos invitan a reflexionar, sobre los intereses y objetivos que hay en y detrás de
cada intervención archivística. El postmodernismo, por su misma naturaleza, presenta más
dudas que certezas, a veces incluso plantea más preguntas que facilita respuestas.
Sintéticamente, la postmodernidad es una nueva época de la que sabemos lo que se quiere
dejar atrás: las grandes explicaciones, la ortodoxia, la uniformidad. Es decir que
paradójicamente después de múltiples esfuerzos por buscar la modernidad de los archivos y
los principios universales de la Archivística nos encontramos con la dolorosa situación de
ver cuestionado aquello que ha guiado los pasos de los profesionales de los archivos y por lo
que estos se han esforzado durante décadas. Los postmodernistas ahora nos dicen que detrás
de estos intentos de racionalización, modernización y normalización en pos de unas
actuaciones archivísticas más progresistas y profesionales se esconden consecuencias
dañosas. Para su exposición recurriremos a una selección de ensayos sobre postmodernismo
y archivos redactados por archiveros, traducidos al español y publicados por la Asociación
de Archiveros de Castilla y León (ACAL) en una obra colectiva nominada “Combates por la
memoria. Archivística de la postmodernidad” (Hernández Olivera, 2007).
El cuestionamiento de la neutralidad y objetividad de los archivos y archiveros es uno de los
principales aspectos de este reciente paradigma intelectual que se ha convenido en llamar
postmodernismo. Este reconocimiento de la mediación activa del archivero, pero también de
la recontextualización de los archivos a lo largo de la historia y de la continua reasignación
de significados a los documentos y fondos forman parte de una más amplia desconfianza de
la sociedad hacia los conocimientos objetivos, las verdades universales y los predominios
El postmodernismo es difícil de definir pero se puede percibir como una nueva época de la
que se conoce lo que no se quiere ser, lo que se quiere dejar atrás. En primer lugar, es un
rechazo al empleo de la razón para afianzar estructuras y dominios culturales. Por otra parte,
es una desconfianza en las metanarrativas, es decir, es una interpelación continua de aquellas
grandes explicaciones universales sobre las tendencias en la historia, género, identidad
étnica, raza, religión, cultura, nacionalismo, imperialismo y colonialismo. En tercer lugar, es
una profunda desconfianza hacia todas las ortodoxias y hacia todas las afirmaciones
monolíticas que sólo reconocen un camino, un método, una opinión, una causa, una verdad.
Tales ortodoxias se perciben como intrínseca o esencialmente verdaderas en sí mismas, pero
como construcciones históricas de aquellos que en el poder desean ganar o mantener sus
propias posiciones en la sociedad. Por consiguiente, el postmodernismo se inclina por la
heterodoxia, la heterogeneidad, la diversidad, las múltiples perspectivas y la complejidad. El
postmodernismo, en lugar de conservar la voz dominante o una perspectiva o un punto de
vista, celebra las múltiples historias y las numerosas narrativas y da múltiples voces a
muchos sectores de la sociedad. Siguiendo a Jacques Derrida y su principal discípulo en el
ámbito archivístico, Verne Harris, el postmodernismo deconstruye las ortodoxias que se han
aceptado durante décadas, a veces siglos, como normales, naturales o verdaderas y revela
cómo se han utilizado en la conquista y el mantenimiento del poder.
En términos archivísticos, el primer punto de interés de los archiveros postmodernos es el
del poder de la memoria sobre quién o qué es recordado y quién o qué será olvidado. A los
archiveros les corresponde el papel principal en la creación y determinación de esa memoria,
de la lucha contra el olvido. Al considerar que los documentos son instrumentos del poder
los archiveros postmodernos rechazan que los archivos sean imparciales y que lo que dicen
sea la verdad. Para esta corriente el archivo es el reflejo de las instituciones que tuvieron el
poder (y los recursos) para articular a través de los documentos su visión del mundo, y que
lo usaron para ordenar, controlar, describir, describir y clasificar ese mundo de forma que
reflejara sus propios supuestos y valores, lo que serviría para que reforzaran su propio poder,
estatus y control y a la vez se marginaba o silenciaba a aquellos que disentían.
Como afirma Verne Harris, los archivos no deben hablar con la voz del poder, sino con
muchas voces que expresen la diversidad y complejidad de las sociedades contemporáneas.
El archivero postmoderno no contextualiza el documento a través de la determinación de
una simple procedencia relacionada con un único origen institucional o personal, como se
hacía tradicionalmente, sino que explora un proceso mucho más complejo de
contextualización, situando los documentos en sistemas funcionales, refiriendo la actividad
de la creación de los documentos y su utilización, explorando la cultura de la gestión de los
documentos y documentando, responsablemente, las múltiples intervenciones realizadas por
los archiveros que consecuentemente cambiarán con posterioridad la percepción, la
representación y el uso de los documentos.
Desde la perspectiva del ejercicio práctico de la archivística, siguiendo a Cook, los
archiveros postmodernos que valoren documentos deberán preguntarse quién y qué están
excluyendo de la memorización archivística y por qué y después construirán los criterios,
metodología y estrategias de valoración para corregir esta situación. El modelo
postmodernista de valoración debe decidir lo que se conserva o se destruye después de
acometer un análisis funcional y de examinar la interacción que se produce entre el Estado y
los ciudadanos para conocer cuáles son los valores sociales en lugar de seguir las directrices
del estado o las variables tendencias historiográficas. En cuanto a la descripción los
archiveros posmodernos se orientaran hacía el contexto de los documentos y su(s)
creador(es) y elaboraran unas descripciones extensas y ricas sobre la creación, los usos y las
complejas relaciones de los documentos a lo largo de su historia. El postmodernismo como
señala Cook es una oportunidad para celebrar un debate sobre lo que hacen los archiveros y
por qué, en lugar de permanecer a la defensiva encerrados en el archivo. El postmodernismo
es una forma de investigar y analizar que genera una energía dirigida al cambio y a la
imprescindible innovación de la Archivística.
2.2. Valoración y postmodernidad
Las ideas postmodernas sobre valoración se materializaron en la macrovaloración. La
macrovaloración que asienta sus bases teóricas en las ideas de Hans Booms fue elaborada
por Terry Cook en 1990 cuando redactó The Archival Appraisal of Records Containing
Personal Information y perfeccionada con aportaciones posteriores del mismo Cook (1992,
1998 y 2000) y de otros como Helen Samuels y Brown. La macrovaloración no es una
propuesta especulativa que no haya trascendido el mundo de las ideas. Su notoriedad se vio
reforzada cuando fue aplicada y testada en una prestigiosa institución archivística como son
los Archivos Nacionales de Canadá.
La macrovaloración se caracteriza, según Cook (2003, p. 87), por:
Ser un proceso activo y planificado para localizar documentos de valor archivístico; no es
una reacción pasiva a peticiones para obtener autorización para destruir documentos.
Identificar, después de realizar una investigación, directamente los documentos valorados
como archivísticos siguiendo un criterio de “valor” previamente definido, y no de forma
indirecta mediante su extracción de los sobrantes de una eliminación o de los que ya no
necesita la Administración.
No valorar los documentos para los historiadores ni considerar su utilización por ellos; por
el contrario, se valorarán teniendo en cuenta el universo funcional y estructural en que su
productor los crea y los usa.
Sin una teoría o un concepto definido de lo que se entiende por valor, ninguna estrategia o
metodología de valoración podrá ser aplicada consecuentemente, ni sus resultados serán
defendibles ante un público cada vez más interesado.
La teoría de la valoración no tiene relación directa con la teoría archivística; de hecho se las
puede considerar opuestas, ya que una trata sobre el valor de los documentos para la
memoria social e institucional y la otra sobre las características de los documentos como
prueba fidedigna.
La valoración es un proceso inevitablemente subjetivo y los “valores” que la animan
cambiarán con el tiempo, el lugar y la cultura; el archivero construye el pasado que el futuro
Debido a la complejidad de la valoración, a su importancia social y a su subjetividad, los
archiveros y sus instituciones deben ser considerados responsables de sus decisiones
mediante una documentación completa y clara de su investigación, el proceso seguido y las
Esta teoría de la valoración determina el valor de los documentos basándose en el papel de
los creadores, considerando como criterios prioritarios la función (el porqué fueron creados)
en lugar de la estructura y el contenido. Como se apunta en esas notas la base de la
macrovaloración se encuentra en el análisis de la procedencia y no en el del contenido. Se
pone el acento en el origen, es decir, en el contexto donde se crearon y utilizaron los
documentos y no en los usos anticipados, los secundarios según la terminología de
Schellenberg. Como enfoque social de la valoración se centra concretamente en la
consideración de tres fenómenos sociales:
estructuras (instituciones creadoras de los documentos),
funciones y actividades (tendencias socio-históricas), y
ciudadanos (usuarios, clientes).
La valoración de estos tres fenómenos y especialmente sus relaciones, interconexiones e
influencias facilitará, en términos de impacto social, qué documentos poseen valor y se
conservaran y cuáles no lo tienen y por consiguiente estarán destinados a la destrucción.
Cook señala que en las sociedades democráticas los representantes de los ciudadanos
atribuyen, a través de las leyes y otras normas, una serie de funciones y competencias a las
instituciones. Estas atribuciones reflejan fielmente cuáles son las
tendencias y las
necesidades de la sociedad. Las funciones (economía, defensa y seguridad, salud pública,
medio ambiente, cultura y patrimonio, etc.) se desarrollan y articulan en diferentes
subfunciones que a su vez se atribuirán a departamentos o secciones de la institución. Los
ciudadanos se relacionarán con esas estructuras y funciones. En la mayoría de las ocasiones
se limitarán a participar en los distintos programas pero en otras los cuestionarán e incluso
los rechazarán ofreciendo una clara imagen de cuáles son sus preferencias sociales. Cook
considera que el contexto en el que se crean los documentos está determinado por todos
estos factores: funciones, subfunciones, estructuras, programas, actividades, acciones y
transacciones, y en particular por las interacciones de los ciudadanos. Al trasladar la
valoración de los documentos a las funciones e interacciones (macrovaloración) se podrá
conocer el contexto y será más fácil determinar los documentos que tienen valor
archivístico. Habrá que, por consiguiente, cambiar la pregunta a formular en la valoración,
dejando de plantearnos cuáles son los documentos que hay que conservar para interrogarnos
sobre qué funciones de esa institución (productor) tienen que ser documentadas y con qué
documentos podemos hacerlo.
La macrovaloración es una solución a los muchos desafíos que tiene planteados la selección
los documentos archivísticos. El
documental la
macrovaloración lo resuelve al permitir identificar grandes conjuntos documentales que se
pueden destruir sin necesidad de profundizar en su estudio con los consiguientes ahorros de
esfuerzos y recursos. El reto de la documentación electrónica lo solventa con un modelo
centrado en el contexto del que procede el documento, ya que en este ámbito lo importante
no es tanto el documento físico como las transacciones que están en su origen. Y sobre la
configuración de la memoria social, es decir quién o qué es recordado y quién o qué será
olvidado, la macrovaloración pone fin a la hegemonía de la memoria del poder permitiendo
que se exprese la diversidad y complejidad de nuestra sociedad al hacerse eco de sus
múltiples voces. Esta es, por lo tanto, una propuesta atractiva y prometedora que merece
incorporarse al ámbito archivístico español.
Caeríamos en el error si afirmásemos que esta formulación postmoderna de la valoración
conocida como macrovaloración es la propuesta teórica y metodológica que resuelve
definitivamente el problema y determina correctamente el patrimonio archivístico.
Lamentablemente no es la solución definitiva. Sin embargo creemos firmemente que este es
un modelo que mejora notablemente la tradicional práctica valorativa en general y la
española en particular. Cuando proponemos cambios en la estructura y en la metodología de
la “experiencia legitima y coherente” de la valoración española (Heredia, 2003, 201) lo
hacemos con la convicción de que la representación documental de la sociedad que
obtenemos mediante el recurso a las estimaciones sobre el uso real o futuro de los
documentos por los investigadores no es buena y que sin dudad se perfeccionaría acudiendo
a la macrovaloración. Con la difusión de este modelo no estamos invitando a copiar
miméticamente la experiencia canadiense, sino a ampliar su conocimiento y más
concretamente a aportar elementos para esa reflexión y ese debate pendientes que los
archiveros debemos realizar sobre la teoría y la metodología de la valoración.
Boles; Frank (2003). “Hay muchos caminos hacia la iluminación: falsas dicotomías en la
selección de documentos”. En: Hernández Olivera, ed. El refinado arte de la destrucción: la
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Hay una reimpresión realizada por National Archives and Records Administration en 1988.
También hay traducción al español. Una de las ultimas es de 1987 Archivos modernos.
Principios y técnicas. México: AGN.
La valoración documental en el entorno de la administración
erivas@zaragoza.es
Estas notas están redactadas con el objetivo principal de resultar prácticas, algo que no es
fácil cumplir en el proceloso mundo de la documentación electrónica. No vamos por tanto a
entrar en cuestiones teóricas sobre la valoración y selección de documentos ni sobre la
administración electrónica. Sobre ello hay una extensa literatura, que analiza el fondo de la
cuestión, de la cual hay algunos ejemplos en la bibliografía al final del texto. Así pues no
vamos a hablar de principios ni de criterios ni de sistemas de valoración, sino de las
cuestiones que se nos van a plantear en el momento de diseñar y poner en marcha un sistema
de gestión de documentos electrónicos de archivo en relación con la valoración y selección,
esas preguntas que nos van a ser planteadas: qué requisitos debe cumplir una aplicación de
archivos electrónico, qué metadatos hay que incluir en el esquema de metadatos de nuestra
organización, o cómo se debe realizar el expurgo o el muestreo.
Quiero también resaltar que nos vamos a centrar especialmente en la selección de
documentos, es decir, el expurgo o eliminación. Fundamentalmente por falta de tiempo no
voy a entrar a fondo en las transferencias de documentos ni en el espinoso tema del acceso,
aunque también sean parte de un sistema de valoración y disposición.
Y por último quiero destacar que me limitaré a hablar de documentos electrónicos auténticos
creados dentro de un sistema de gestión de documentos electrónicos de una organización,
especialmente las organizaciones públicas9
9 Para otro tipo de documentos véase SERRA (2008)
IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y EN UN SISTEMA DE ARCHIVO
Desde la generalización de los sistemas de gestión de documentos y especialmente desde la
publicación de la norma ISO 15489 la valoración y selección de documentos se ha dejado de
ver como una tarea aislada cuya responsabilidad recae en los archiveros y cuya ejecución se
realiza y afecta exclusivamente al archivo. Se ha hecho evidente que los documentos deben
gestionarse de manera corporativa y que su buena o mala gestión afecta a toda la
La norma ISO 1548910 situa la valoración como un componente destacado de la gestión de
documentos: los documentos deben ser auténticos, fiables, íntegros y estar disponibles, y los
propios sistemas de gestión deben ser a su vez fiables, íntegros, conformes, exhaustivos y
sistemáticos. Para cumplir con ello, especialmente en lo que se refiere a la fiabilidad e
integridad, es fundamental que se evite la modificación o la disposición no autorizada de
documentos. Aquí es donde entra la valoración.
Pero no solamente ahí, también la cada día mayor producción de documentos electrónicos y
el creciente desarrollo de sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo ha dado
mayor importancia a la valoración en relación con el diseño de políticas de preservación,
porque es la valoración la que determina el plazo de conservación de los documentos, y este
plazo de conservación es fundamental para tomar decisiones sobre la forma en que deben
crearse y mantenerse estos documentos. La valoración muestra su utilidad ya que la
asignación de plazos de conservación para los documentos nos permite ajustar y definir
estrategias de conservación de documentos electrónicos. Si la valoración está definida
desde el principio también lo estará la vida futura de cada documento. Indudablemente
no solo es útil para controlar el ciclo vital, también lo es para tomar decisiones
importantes para toda la organización referentes a previsión de necesidades de
almacenaje, medidas de seguridad que deben ser aplicadas en cada caso, garantías
jurídicas y técnicas de autenticidad, formatos, etc. La valoración no solo sirve para
decidir qué se va a destruir, sino también para gestionar mejor lo que se va a conservar, y
esto es especialmente cierto en documentos electrónicos.
10 UNE-ISO-15489-1:2001.Información y documentación. Gestión de documentos
Para conseguir esto es preciso que exista una relación entre la categorización de
procedimientos y documentos que se generan electrónicamente con el sistema de
clasificación y valoración. Es decir, debemos “conectar” el inventario de procedimientos de
nuestra organización con el cuadro de clasificación y a su vez éste con el calendario de
valoración. Esta relación implicará que en el momento en que se inicia un procedimiento
(por ejemplo, en el caso de las administraciones públicas, un expediente administrativo), y
por lo tanto se define qué tipo de procedimiento es (de entre los que aparecen en el
inventario), automáticamente llevará asociados unos metadatos de valoración que van a regir
su vida: es decir, se planificarán las transferencias dentro del sistema, las condiciones de
conservación y las acciones y plazos de destrucción que deben aplicarse, así como los plazos
y condiciones de acceso. Si se trata de documentos no vinculados a procedimientos (actas,
conservación irán igualmente asociados a ellos, ya sean documentos nacidos digitales o
escaneados: en el momento de su incorporación al sistema deberá indicarse de qué tipo de
documento se trata (de entre una lista previamente definida), de manera que quedarán
asociados los datos de conservación, valoración, selección y acceso.
La forma de gestionar toda esta información y sus relaciones puede variar. Puede ser una
información integrada en la propia aplicación informática del Archivo y de la gestión de
documentos, o puede estar gestionada en aplicaciones diferentes. Lo que es muy importante
es que dispongamos de una herramienta para mantener toda esta información con dos
características: que solo haya que actualizar los datos en un sitio y que mantenga un
histórico con los cambios producidos a lo largo del tiempo. Para ello las aplicaciones deben
ser capaces de comunicarse entre sí y con la aplicación de archivo y gestión de documentos.
En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, las bases de datos de entidades y clasificación no
están integradas, por ahora, en la aplicación de archivo electrónico, aunque se comunican
con ella. Estamos estudiando la posibilidad de gestionar esta información desde la propia
aplicación del archivo.
QUÉ DICEN LAS NORMAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA SOBRE
En primer lugar vamos a ver cómo está reflejado la cuestión de la valoración y la selección
en las diferentes normas referentes a la administración electrónica.
En la ley 11/200711 no hay ninguna mención a la valoración ni a la selección; sin
embargo en su decreto de desarrollo de 200912 el artículo 52 está dedicado a la
Conservación de documentos electrónicos, y en él se dice que “los periodos de
conservación se determinarán por el procedimiento correspondiente, siendo de
aplicación las normas generales sobre conservación y eliminación de documentos”.
Dedica también un apartado entero a la destrucción de documentos en papel de los
que existe copia electrónica auténtica, como veremos mas adelante
El Esquema Nacional de Interoperabilidad13 habla de valoración y de eliminación en
su artículo 21. Este artículo está dedicado a las condiciones para la recuperación y
conservación de documentos y en su apartado uno habla de las medidas que las
administraciones públicas deben tomar para garantizar la recuperación y
conservación del los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida. Entre
estas medidas se incluyen las siguientes:
f) El periodo de conservación de los documentos, establecido por las comisiones
calificadoras que correspondan, de acuerdo con la legislación en vigor, las
normas administrativas y obligaciones jurídicas que resulten de aplicación en
g) El acceso completo e inmediato a los documentos
h) La adopción de medidas para asegurar la conservación de los documentos
electrónicos a lo largo de ciclo de vida... de forma que se pueda asegurar su
recuperación de acuerdo con el plazo mínimo de conservación determinado por
las normas administrativas y obligaciones jurídicas, se garantice su conservación
a largo plazo, se asegure su valor probatorio y su fiabilidad como evidencia
11 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. «BOE» núm. 150, de 23 de junio de
2007, páginas 27150 a 27166. Disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12352
12 Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos. BOE núm. 278 de 18 de Noviembre de 2009 . Disponible en
13 Real Decreto 4/2010, de 8 de enro, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabildiad en el ámbito de la Administración
Electrónica. BOE núm. 25, de 29 de enero de 2010. Disponible en http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331#_blank
j) Transferencia
k) Si el resultado del procedimiento de evaluación documental así lo establece,
borrado de la información, o en su caso, destrucción física de los soportes, de
acuerdo con la legislación que resulte de aplicación, dejando registro de su
La Norma Técnica de Interoperabilidad
de Política de gestión de documentos
electrónicos14, en su Capitulo VI titulado “Procesos de gestión de documentos
electrónicos”, enumera entre estos procesos tanto el acceso como la calificación de
los documentos, la conservación, la transferencia y la destrucción o eliminación. La
calificación incluye la determinación de los documentos esenciales, la valoración y
determinación de los plazos de conservación y el dictamen de la autoridad
calificadora; la conservación atenderá a los dictámenes de la autoridad calificadora y
por lo tanto a los calendarios de conservación. Respecto a la destrucción o
eliminación de documentos, remite a la normativa propia de Patrimonio Documental
y también a las medidas de seguridad contempladas en el Esquema Nacional de
Seguridad15 respecto al borrado y destrucción y a la limpieza de documento. Mas
adelante veremos cómo se concretan estos criterios en el momento de la eliminación
Respecto a la normativa local, veamos un par de ejemplos de ordenanzas de administración
Ordenanza de administración electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza16. 59.5. El
Ayuntamiento de Zaragoza podrá destruir los documentos electrónicos siguiendo los
procedimientos previstos para la destrucción de documentos en la normativa
reguladora del archivo municipal y, cuando contengan datos de carácter personal,
con las garantías establecidas en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de
protección de datos aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
14 Resolución de 28 de junio de 2012, publicada en BOE de 26 de julio de 2012. Disponible en
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10048
15 Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica. BOE núm. 25, de 29 de enero de 2010, páginas 8089 a 8138. Disponible en
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=146#.UnIY13KtiSo
16 Ordenanza de Administración electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza. Publicada en BOPZ nº 89 del 21.04.2010. Disponible en
http://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=922
Ordenanza de Guadalajara17 40.3. El sistema de gestión del archivo electrónico
permitirá la identificación, clasificación, descripción e indexación de los
documentos del mismo, así como el control de acceso a los mismos y la adopción de
todas las medidas necesarias para garantizar su valoración y conservación a lo
A continuación (41,2) establece los métodos para elaborar y
aprobar los calendarios de conservación.
Determinación de documentos esenciales
La Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos
incluye en la calificación la determinación de los documentos esenciales para la
Según Moreq18, los documentos esenciales o vitales son los que se consideran absolutamente
necesarios para que la organización pueda continuar con su actividad, a corto o a largo
plazo, tanto en una situación de emergencia o desastre como para la protección de los
intereses financieros y jurídicos de la organización. Son los primeros que se deberían
recuperar en caso de desastre y deben estar perfectamente identificados a través de su
metadato correspondiente.
También la ISO 15489-1 habla de los documentos esenciales en el capítulo 7.1, Principios de
un plan de gestión de documentos: Los planes para asegurar la continuidad de las
actividades de la organización y las medidas de emergencia, como parte del análisis de
riesgos, deberían garantizar la identificación, protección y recuperación de los documentos
que son esenciales para el funcionamiento de la organización. Asimismo en el capítulo 9,
Procesos y controles de la gestión de documentos, incluye como primeros puntos la
determinación de los documentos que deberían incorporarse al sistema y la determinación de
los plazos de conservación e incorporación (identificando los documentos esenciales).
La norma ISO 15489-219 habla en el apartado 4.2.4.3. de que una de las etapas del proceso
para establecer los plazos de conservación de los documentos es la determinación de qué
documentos son esenciales para garantizar la continuidad de la organización en caso de
17 Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Guadalajara. Publicada en BOPG 2011-01-24.
Disponible en http://www.guadalajara.es/es/Ayuntamiento/Ordenanzas-generales/Descarga-Documentos&iddocumento=1307
18 Modelo de Requisitos para la Gestión de documentos electrónicos. Disponible en http://ec.europa.eu/archivalpolicy/moreq/doc/moreq2_spec.pdf
19 UNE-ISO/TR 15489-2:2006 Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 2: Directrices.
pérdida o daño y qué acciones son necesarias para conservarlos. Se debe asegurar la
accesibilidad, integridad y autenticidad de los documentos de conservación permanente
(4.3.9.2.)
En conclusión, respecto a los documentos esenciales se trata de “marcar” cuáles son y
establecer un plan de protección que puede incluir la elaboración de copias guardadas en
lugar seguro, además de las acciones de recuperación etc. Esta tarea puede enlazar con los
planes de conservación y reproducción del archivo referentes a los documentos históricos,
si bien en este caso se trataría de copias electrónicas realizadas con todas las garantías de
autenticidad para salvaguardar los aspectos jurídicos.
APLICACIÓN DE ARCHIVO ELECTRÓNICO: REQUISITOS PARA LA
VALORACIÓN Y SELECCIÓN.
Una de las cuestiones prácticas que se van a plantear a los archiveros en el momento de la
implantación de la administración electrónica es el establecimiento de requisitos para una
aplicación que gestione nuestros documentos electrónicos. ¿Qué le debemos pedir a una
aplicación de archivo electrónico?
Son varias las normas que, con diversos enfoques y objetivos, hablan de requisitos,
fundamentalmente MoReq y la norma ISO 1617520.
En un intento de hacer una compilación de estas normas junto con lo que nuestra experiencia
nos ha enseñado, este que se presenta a continuación pretende ser un listado de qué es lo que
debe hacer nuestra aplicación electrónica de archivo para gestionar lo referente a valoración
Gestión de normas de conservación:
El sistema debe permitir crear o modificar normas de conservación, que pueden gestionarse
dentro de la misma aplicación o bien en una aplicación externa que se “hable” con la
aplicación de archivo21.
UNE-ISO 16175:2012 Información y documentación. Principios y requisitos funcionales para documentos en entornos de
21 En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, los datos de clasificación y valoración se mantienen y actualizan en una
aplicación externa, que además cuenta con un histórico. Esta aplicación externa se comunica con la aplicación de archivo electrónico y
El sistema debe permitir asociar una norma a cualquier documento, expediente,
serie o clase.
El sistema debe permitir establecer permisos para crear normas de conservación
y para revisar y aprobar las acciones de destrucción y borrado, aplicarlas a
determinadas partes del cuadro, modificarlas
Todo documento debe tener una norma (a través de su expediente o clase)
Los permisos para la creación y mantenimiento de los calendarios de
conservación deben estar restringidos al administrador del sistema o a los
usuarios expresamente autorizados para ello
El sistema debe permitir que se asigne una norma concreta a un expediente o
documento aunque contradiga la de su clase
El sistema debe permitir que se corrija o cambie cualquier norma en cualquier
momento siempre que se tengan los permisos adecuados
Que cuando se desplacen documentos o expediente entre diferentes series o
clases del cuadro, pueda optar porque la norma de conservación sea la de origen
o la de destino
En el desplegable de decisiones, deben existir al menos las siguientes opciones:
conservación indefinida, presentación para revisión en fecha futura, destrucción
en fecha futura
El sistema debe calcular la fecha y iniciar los procesos aplicables una vez
Periodos de conservación calculables a partir de un plazo de tiempo determinado
desde la apertura, el cierre, la incorporación del último documento o la última
vez que se recuperó un documento, o desde una acción concreta.... Indefinido
indicará conservación a largo plazo. Es decir, el desencadenante puede variar, y
puede ser también manual
le proporciona todos los metadatos que necesita relacionados con la clasificación, la valoración y la selección
El sistema debe contemplar plazos amplios (de un día a 100 años, por ejemplo)
Revisión de decisiones:
El sistema debe permitir mantener un histórico (a no ser que se mantengan en
una aplicación externa distinta que se comunique con el sistema) y debe permitir
al administrador que esas modificaciones se apliquen con efecto retroactivo o
solo a partir de una fecha. Cuando se aplique una modificación se debe propagar
la nueva norma a todos los niveles inferiores (documentos que cuelgan de
expedientes...)
Aplicación de las decisiones de valoración:
El sistema debe notificar periódicamente al administrador todas las normas que
se van a aplicar en un futuro cercano y proporcionar informes, con la frecuencia
que el administrador especifique. Debe presentar los documentos que están
pendientes de expurgo (a nivel de expediente si se quiere)
Debe haber pues una revisión y visto bueno, tras la cual el sistema debe iniciar
Para la revisión previa a la eliminación o borrado, el sistema debe presentar los
expedientes o documentos junto con sus metadatos y la norma de conservación.
Deben aparecer agrupados por serie a la que pertenecen. Solo deben aparecer
aquellos registros que cuelguen directamente de una serie (sean documentos o
expediente); esto evitará que nos aparezcan listados interminables con todos los
documentos que cuelgan de los expedientes. Deberá existir la posibilidad de
desplegar y ver los documentos de cada expediente. En caso de que algun
documento tenga una norma de conservación que contradiga la de su expediente
también deberá mostrarse
Cuando se elimine un expediente se eliminarán todos los documentos que
cuelguen de él
Destrucción total o borrado sin posibilidad de recuperación de datos, incluyendo
las copias de seguridad: como dice el requisito 101 de la norma ISO 16175-3
“Asegurar que la destrucción consista en la completa obliteración o
inaccesibilidad de todos los documentos electrónicos (incluyendo todos los
componentes de cada documento) conforme se autorizó, y que no puedan ser
restaurados a través de las características del sistema operativo o de las técnicas
de los especialistas en recuperación de datos”
Posibilidad de expurgo parcial (unos documentos sí y otros no dentro del
expediente): vendrá relacionado con el tipo de documento. Por ejemplo, los
exámenes dentro de los expedientes de provisión de puestos de trabajo
Conviene que el sistema avise si un expediente que se va a destruir está
vinculado a otro expediente, y permita confirmar si se continua o se cancela el
El sistema solo debe permitir la eliminación de documentos cuando esta
eliminación esté dictada por un calendario de conservación, y solo después de
que haya sido aprobado por personal autorizado
En la revisión, el responsable podrá marcar: eliminación, transferencia o
modificación de la norma de conservación.
El sistema permitirá bloquear las acciones y dejarlas en suspenso, y
El sistema tiene que identificar cualquier conflicto en las normas e informar de
éste, o bien, si se ha establecido una prioridad, aplicarla automáticamente
En los metadatos del expediente se podrán introducir comentarios
Por ejemplo: listado de todas las normas, listado de todos los expedientes o
series a los que se haya asignado una norma, listado de todas las normas a partir
de un punto en la jerarquía del cuadro de clasificación; revisión de normas,
informes de fallos durante los procesos de borrado, informes de todos los
expurgos previstos o realizados (incluyendo los bloqueados), pudiendo
seleccionar por fecha, por cuadro de clasificación o por búsqueda general
Que se vincule los metadatos de valoración y selección con su función, es decir,
que sean utilizados para desencadenar las acciones de expurgo, transferencia,...
Que si hay cambios en los metadatos de valoración efectúe los cambios
correspondientes en los metadatos de plazos de expurgo etc
Que se cumplimenten los metadatos de destrucción y borrado y que una vez
destruidos los documentos se conserven los metadatos de éstos, o al menos
aquéllos metadatos que se hayan definido (subconjunto de metadatos).
El sistema debe generar estadísticas de aplicación de acuerdos y otras que se
definan por el archivo
ESQUEMA DE METADATOS: METADATOS DE VALORACIÓN Y
En el momento de concretar qué metadatos son necesarios para gestionar la documentación
surge la cuestión de cuáles son los metadatos relativos a la selección y eliminación. Veamos
primero cómo se solventa esta cuestión en las dos principales normas técnicas de metadatos:
La norma ISO 2308122 establece dos bloques lógicos: el plan de eventos, que planifica las
acciones, y el historial de eventos, que registra estas acciones una vez que han sido
El Plan de eventos se refiere a las acciones previstas sobre los documentos, e incluye la
valoración, disposición, conservación, control de acceso y derechos de acceso. Cuando un
evento se realiza, pasa del Plan de eventos al Historial de eventos. Los metadatos del Plan
de eventos son:
Tipo de evento: por ejemplo, eliminación
Descripción del evento: información
incluyendo el grado de prioridad
22 UNE-ISO 23081:2011 Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la gestión de documentos.
Relación del evento: regulación (norma) y agente
Desencadenante: muy importante. Por ejemplo: un año a partir del
El Historial de eventos detalla las acciones realizadas sobre los documentos y sus metadatos.
Pueden ser acciones planificadas a través del plan de eventos o sobrevenidas. Son los
Identificador del evento (identificador único)
Relación: regulación (norma) y agente
En el Esquema de Metadatos para la Gestión del documento electrónico (e-EMGDE)23
desaparece la idea de plan de eventos e historial de eventos. Aparece un bloque 13
CALIFICACIÖN y un bloque 21: TRAZABILIDAD
13. Calificación: incluye los metadatos:
13.1.Valoración
13.2. Dictamen: 13.2.1 Tipo de dictamen y 13.2.2 Acción dictaminada
21. Trazabilidad:
21.1. Acción
21.2. Motivo reglado
21.3. Usuario de la Acción
21.4. Descripción
Quizá el esquema puede resultar algo confuso ya que mezcla las acciones de expurgo o
eliminación con cualquier variación en un metadato.
Hay que hacer notar que en las normas técnicas de Interoperabilidad del documento y del
expediente electrónico se relacionan los metadatos mínimos obligatorios, pero entre ellos no
están los referidos a valoración y selección
En nuestro caso (Ayuntamiento de Zaragoza) hemos optado por ser prácticos y en el
esquema de metadatos hemos unificado de la siguiente manera:
Expurgo: indicaremos si o no
Información sobre el expurgo: plazo y desencadenante ( por ejemplo: 10 años tras el
cierre del expediente)
23 Disponible en http://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaDescargas.htm?idIniciativa=381#.UneWGnKtiSo
Muestreo: si/no
Tipo de muestreo: años acabados en 0, años acabados en 5, años acabados en 0 o en
5, 1 de cada 20, aleatorio, decisión del servicio tramitador
Base normativa: acuerdo de la Comisión Calificadora
Estado: puede ser Archivado, Pendiente de expurgo, Expurgado, Pendiente de
muestreo, Muestra.
Observaciones (por ejemplo, si un expurgo no se ha ejecutado se deberá indicar el
motivo de la paralización)
Los metadatos Expurgo, información sobre el expurgo, Muestreo, Tipo de muestreo y Base
normativa vienen de una aplicación externa en la que mantenemos la información sobre
clasificación y valoración. Aquí también se indicará si se trata de una serie con documentos
esenciales para la organización, lo que implica automáticamente la conservación
permanente. En el momento del pase al Archivo estos metadatos se toman de esta aplicación
y el sistema calcula los plazos mediante la operación matemática correspondiente. Cuando
se van cumpliendo los plazos se da aviso al responsable o responsables del
expurgo/muestreo, que tiene que dar el visto bueno. A partir de la acción de borrado o
muestreo cambia el metadato de Estado.
Con estos metadatos hemos simplificado bastante. Si la fecha del estado es futura quiere
decir que es una acción planificada y aún no realizada; si la fecha es pasada, la acción ya se
ha realizado. En todo caso a la hora de cumplir con el e-EMGDE u otra norma no hay
problema, ya que la información está en los metadatos, aunque éstos tengan otro nombre o
estén presentados en diferente orden. Se puede perfectamente hacer una “traducción” para
Este sería un ejemplo de metadatos de valoración y selección cumplimentados según el
esquema actual del Ayuntamiento de Zaragoza
Expurgo: si
Información sobre el expurgo: 5 años tras el cierre del expediente
Tipo de muestreo:---
Base normativa: Acuerdo de CCDA de fecha 5 de mayo de 2003
Estado: expurgado
Fecha del estado: 1 de septiembre de 2011
En el caso de que aún no hubiera llegado la fecha de expurgo tendríamos:
Estado: pendiente de expurgo
Fecha del estado: 1 de septiembre de 2015
Como ya está indicado en la bibliografía sobre metadatos, a la hora de elaborar el esquema
de metadatos hay que indicar, para cada uno de los metadatos que decidamos utilizar, al
Procedencia (dónde se incorpora este metadato, en qué momento y cuál es la
aplicación o persona que lo rellena)
si es obligatorio u optativo (puede ser obligatorio solo en algunas fases del proceso o
bajo alguna condición)
Si es modificable y qué usuario/s lo puede modificar
Motivo de su existencia: por ejemplo, si es obligatorio según alguna norma o ley...
Tipo de datos: alfanumérico, textual, fecha (ISO 8601:2004)
Esquema de valores (puede incluirse en la plantilla o referenciar a otro fichero o
aplicación en el que estén los valores)
Por ejemplo, en el metadato TIPO DE MUESTREO tendríamos:
nombre del metadato: CalifMuestreo
Nombre descriptivo: Tipo de muestreo
Procedencia: aplicación de Clasificación/valoración
si es obligatorio u optativo: obligatorio si el valor del metadato Muestreo es igual a
Si es modificable y qué usuario/s lo puede modificar: solo modificable por el
Motivo de su existencia: por ejemplo, si es obligatorio según alguna norma o ley: eEMGDE; Ordenanza de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza
Descripción: tipo de muestreo que se aplica
Tipo de datos: alfanumérico
aplicación en el que estén los valores):
- Años acabados en 0
- Años acabados en 5
- Años acabados en 0 o 5
- 1 de cada 20
decisión del servicio tramitador
TÉCNICAS DE SELECCIÓN: APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS
Quizá donde mas se observan mas cambios con respecto a la documentación en papel es las
técnicas de selección y muestreo
Selección de la documentación que debe ser expurgada:
Esta selección la realiza la aplicación de manera automática, y por lo tanto no es necesario
hacer las tareas propias de la selección para el expurgo periódico (anual o semestral) como
se venía haciendo con la documentación en papel.
Validación por parte del archivo
De la misma manera, y a no ser que se decida lo contrario, la aplicación presentará al
administrador la documentación cuyo plazo de expurgo se haya cumplido para que valide la
ejecución. Esta precaución puede no ser necesaria en todos los casos, pero en principio
parece lo mas lógico que se realice, al menos hasta que los sistemas de gestión de
eliminaciones estén perfectamente probados y asentados.
La destrucción debe ser total e irreversible, que no debe quedar rastro del documento.
Veamos qué dicen las diversas normas al respecto:
Esquema Nacional de Interoperabilidad: 21.1. Las Administraciones públicas
adoptarán las medidas organizativas y técnicas necesarias con el fin de garantizar
la interoperabilidad en relación con la recuperación y conservación de los
documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida. Tales medidas
incluirán:.... k) Si el resultado del procedimiento de evaluación documental así lo
establece, borrado de la información, o en su caso, destrucción física de los
soportes, de acuerdo con la legislación que resulte de aplicación...
Norma Técnica de Interoperabilidad de Politica de Gestión de documentos
electrónicos. VI. Procesos de gestión de documentos electrónicos. 9. Destrucción
o eliminación de los documentos que atenderá a la normativa aplicable en
materia de eliminación de Patrimonio Documental y contemplará la aplicación de
las medidas de seguridad relacionadas definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
la Administración Electrónica: borrado y destrucción del capítulo de “Protección
de los soportes de información” y Limpieza de documentos del capítulo de
“Protección de la información”.
Esquema Nacional de Seguridad: respecto a la limpieza de documentos 5.7.6. “se
retirará de estos toda la información adicional contenida en campos ocultos,
meta-datos, comentarios o revisiones anteriores”. Es decir, se refiere no a la
destrucción, sino a la limpieza de lso documentos para su difusión o publicación.
No tiene mucho que ver con la eliminación de los documentos. En cuanto al
borrado y destrucción, habla de borrado seguro o destrucción del propio soporte
cuando no sea posible este borrado seguro o cuando lo requiera “el
procedimiento asociado al tipo de información contenida” (5.5.5.) También
indica que se deben emplear productos certificados
Todas las copias del documento, incluidas las copias de seguridad, son
eliminadas24
ISO15489-1. 9.9. Todas las copias de los documentos cuya destrucción esté
autorizada , incluidas las copias de seguridad, las copias de conservación y las
copias de seguridad electrónica, deberían ser destruidas.
ISO15489-2. 4.3.9.3. Destrucción física. Dice lo mismo, que se debe proceder al
borrado o sobreescritura, que se debe hacer en todas las copias incluidas las de
seguridad, y que si no se considera suficientemente seguro el borrado puede
destruirse físicamente el soporte para asegurar la eliminación del documento.
En conclusión, no se especifica cuál debe ser el sistema de borrado o destrucción,
simplemente que debe ser destruido en su totalidad y con todas las copias, incluidas las de
seguridad. Y que en el caso de que no se pueda asegurar un borrado total se debe proceder a
la destrucción del soporte.
Dado el momento del proceso de implantación de la
administración electrónica en el que nos encontramos, realmente no nos hemos enfrentado
todavía a esta cuestión. La tarea del archivo es asegurar que los servicios informáticos
realizan un auténtico borrado o destrucción del documento, junto con todas sus copias, y que
ese borrado es total, de tal forma que, como dice la ISO 16175, no puedan ser restaurados a
través de las características del sistema operativo o de las técnicas de los especialistas en
recuperación de datos (requisito 101)
El expurgo debe quedar documentado, tanto en los metadatos de cada documento y/o
expediente eliminado, como a través de informes de expurgos previstos
y realizados
parametrizables por fecha y series documentales e informes de eliminaciones previstas y no
Expurgo parcial de documentos dentro del expediente
Este tipo de expurgo, que destruye determinados documentos dentro de un expediente,
presenta en la documentación en papel ciertas dificultades de realización. Normalmente es
24 Política de Gestión de Documentos Electrónicos: Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad. Ministerio de
Hacienda, julio 2012. Disponible en:
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabil
idad.html#POLITICAGESTION
una eliminación que viene hecha desde los archivos de oficina, ya que actuar expediente por
expediente seleccionando dentro de cada uno de ellos determinados documentos resulta en
la práctica muy costoso y se suele hacer solo sobre expedientes muy voluminosos y poco
numerosos.25 En entornos electrónicos este tipo de eliminación es mucho mas fácil, si se
asocia a dos metadatos: serie documental y tipo de documento. De esta forma el sistema
sabe que los documentos de un determinado tipo dentro de una determinada serie tienen
unos plazos de conservación específicos, que no son los mismos que los de el resto del
expediente, y puede aplicar los criterios de eliminación sin problemas, haciendo los cálculos
de los plazos a partir de la fecha que se determine (que puede ser la fecha del documento en
sí o la fecha de finalización del expediente, por ejemplo)
Conservación de metadatos
Para documentar adecuadamente la eliminación de documentos y ofrecer la mayor
información sobre qué se destruye, es imprescindible conservar parte de los metadatos
asociados a esos documentos, junto con los metadatos referidos al hecho en sí de la
A la hora de definir el esquema de metadatos de nuestra organización,
deberemos indicar qué metadatos pueden desaparecer al mismo tiempo que el documento
y/o expediente y cuáles deben conservarse.
El muestreo en papel tiene que tener en cuenta la forma en que está ordenada y descrita la
documentación y puede ser muy dificultoso cuando hay que manejar grandes volúmenes de
documentos para efectuar la selección de la muestra. Estos inconvenientes no se dan en el
caso de la documentación electrónica, que no está condicionada por la ordenación como la
documentación en papel. Podemos asociar el muestreo a cualquier metadato y el sistema
seleccionará por nosotros los documentos o expedientes que deban ser eliminados. Por ello
se pueden aplicar con mas facilidad técnicas de muestreo topográfico (asociados al metadato
de lugar), alfabético (a través de los metadatos de titular o los puntos de acceso de personas
o instituciones), y por supuesto los muestreos aleatorios26.
25 Por eso normalmente se aplica poco. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza se realiza sobre los expedientes de provisión de
puestos de trabajo. Las instancias o los exámenes se eliminan
26 Para mas información sobre las técnicas de muestreo véase CERMENO MARTORELL, Luis y RIVAS PALÁ, Elena: Valorar y
seleccionar documentos: Qué es y cómo se hace. Gijón, Ediciones Trea, 2010, p. 110 y ss.
DESTRUCCIÓN DE ORIGINALES EN PAPEL CUANDO EXISTE COPIA
ELECTRÓNICA AUTÉNTICA
La destrucción de los originales en papel cuando existe una copia electrónica auténtica no es
expurgo como tal. Expurgar significa destruir un documento sin que quede rastro de él, no
destruir una de las copias o uno de los originales. Mientras el documento se conserve en una
copia auténtica no estaremos expurgando, puesto que no destruimos la información, solo un
soporte, pero el documento se mantiene.
El R.D. 1671/2009 (aplicable a la Administración Central del Estado) dedica todo un
artículo a la destrucción de documentos en papel y establece unos mecanismos de control
bastante exhaustivos. En su artículo 46 (Destrucción de documentos en soporte no
electrónico), autoriza la destrucción de los documentos que tengan una copia electrónica
auténtica, pero exige para ello una resolución y un expediente de eliminación, con informe
previo de la Comisión Calificadora correspondiente y dictamen favorable de la Comisión
Superior Calificadora de Documentos Administrativos. Además, no pueden destruirse los
documentos con valor histórico, artístico o de otro carácter relevante que aconseje su
conservación y protección, o en el que figuren firmas u otras expresiones manuscritas o
mecánicas que confieran al documento un valore especial. Y por último, el expediente de
eliminación debe ir acompañado de un análisis de los riesgos, y con todas las garantías de la
conservación de la copia electrónica auténtica según el Esquema Nacional de Seguridad.
En la Ordenanza de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza
(artículo 58) es el Archivo Municipal el que puede destruir los documentos directamente
siempre que los documentos cumplan las siguientes condiciones
a) Que se haya realizado una copia electrónica auténtica del documento
original en papel conforme a los procedimientos regulados en esta Ordenanza.
b) Que la copia electrónica auténtica sea objeto de conservación con arreglo a
c) Que no exista acuerdo municipal relativo a la necesidad de conservar el
documento original en papel por razón de su valor histórico-artístico, en
función de su valoración expresa en tal sentido por la Comisión Calificadora
de Documentos Administrativos del Ayuntamiento de Zaragoza.
Esta referencia a la Comisión Calificadora no se refiere a los calendarios de valoración, sino
a las normas generales que rigen el funcionamiento de la Comisión y los procesos físicos de
eliminación de documentos. Es necesario dejar constancia documentada de cualquier
El archivo municipal deberá controlar el proceso de destrucción y documentar su realización
efectiva mediante acta firmada por el archivero con expresión de la fecha, documentación
destruida y medio de destrucción. También se regula la posibilidad de que la destrucción sea
realizada por terceros, siempre que emitan un certificado de destrucción
Como conclusión, y desde mi punto de vista, realmente los calendarios de conservación no
se aplican a la destrucción de originales en papel cuando existe copia electrónica auténtica.
Mientras no exista algun tipo de valor artístico o histórico especial que justifique la
conservación del original en papel, cuando existe una copia electrónica auténtica éste se
puede destruir, siempre que quede convenientemente documentada la destrucción.
La valoración no solo sirve para decidir qué se va a destruir, sino también para
gestionar mejor lo que se va a conservar
La valoración de documentos integrados en un sistema de gestión de documentos es
aplicable indistintamente a documentos electrónicos y en papel
La aplicación de gestión electrónica de documentos y/o archivo debe estar preparada
para realizar todas las tareas asociadas a la valoración y la selección
El esquema de metadatos debe contemplar de forma adecuada los metadatos que
reflejen los acuerdos de valoración y su cumplimiento
Los métodos de selección, expurgo y muestreo pueden variar en la práctica respecto
a los de la documentación en papel. Algunos de estos métodos son de mas fácil
aplicación en los documentos electrónicos que en los de papel
La destrucción de originales en papel cuando existe copia electrónica auténtica no es
realmente un expurgo
CERMENO MARTORELL, Luis y RIVAS PALÁ, Elena: “Valoración y selección de
documentos”. En: CRUZ MUNDET, José Ramón, dir: Administración de
documentos y archivos: textos fundamentales. Madrid: Coordinadora de
Asociaciones de Archiveros y Gestores de Documentos de España, 2012, pag. 215271.
CERMENO MARTORELL, Luis y RIVAS PALÁ, Elena: Valorar y seleccionar
documentos: Qué es y cómo se hace. Gijón, Trea, 2010
Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas: La valoración de los
documentos electrónicos: estado de la cuestión. 2012. Disponible en:
http://cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetrabajo/documentoselectro
nicos/valoracion_estado_de_la_cuestion.pdf
HERNÁNDEZ OLIVERA, Luis, ed. “El refinado arte de la destrucción: la selección
de documentos”. En: Tabula, n. 6 (2003)
Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local, [autor colectivo] .
Requisitos archivísticos en la implantación de la administración electrónica de las
entidades locales., 2012 Enornet, Sistemas de información. Disponible en:
http://eprints.rclis.org/18483/
Proyecto Interpares: www.interpares.org
SERRA, Jordi. Los documentos electrónicos. Qué son y cómo se tratan. Gijón: Trea,
Open Data y Proceso Consultivo. Preparando el terreno para la
verdadera Transparencia y el Gobierno Abierto
La forma actual de relación entre la administración y los ciudadanos ha caducado. Es así de
simple y debemos considerar como amortizada la hasta ahora opción ‘menos mala’ que
arrastramos desde finales del siglo XVIII.
Desde la Declaración de Virginia, adoptada el 12 de junio de 1776, que podemos considerar
como la primera Declaración de Derechos Humanos, y, por supuesto, desde la más cercana
‘Toma de la Bastilla’, fechada el 14 de julio de 1789, símbolo de la Revolución Francesa,
mantenemos una relación entre la ciudadanía y el Estado que, en el mejor de los casos, tiene
su clímax cada cuatro años en forma de elecciones. Después de esta mal llamada ‘Fiesta de
la Democracia’, se supone que los elegidos deben regir el destino de millones de
ciudadanos con un programa que, en muchas ocasiones, ni tan siquiera cumplen. Este escrito
de ideas e intenciones de los partidos, poco consensuado, menos reflexionado y nada leído,
con el paso de los años va acortando su fecha de caducidad, o lo que es lo mismo, en el siglo
XXI, con las nuevas formas de participación y comunicación, los programas electorales
dejan de tener actualidad y vigencia a los pocos meses de su aprobación, y lo que es
peor, empezarán a ser días en lugar de meses a medida que las TIC impregnen la realidad
social, como ya se está viendo en la calle y, por supuesto, en la esfera virtual.
La evolución tecnológica no se puede separar de la realidad democrática en la que
vivimos. Los ciudadanos ya participan activamente en las decisiones de empresas, y así se lo
hacen saber directamente, se comunican con ellas y también se comunican entre ellos. Están
cambiando las relaciones, se está eliminando la lejanía física y están dejando de tener
sentido infinidad de ideas, posturas, filosofías y, cómo no, objetos, como las cabinas, e
incluso las imprentas, que también fueron perseguidas y demonizadas a finales del siglo XV.
La inmediatez está ahí, y la consecuente impaciencia ante la falta de respuesta también.
Estas personas, ricas, pobres, trabajadoras, estudiantes, paradas o empresarias, ya han
adoptado en su vida las nuevas tecnologías. Tal vez alguna capa de edad todavía no, y sigue
situando su vida y horarios bajo la estricta batuta de la unidereccionalidad, cenando a la hora
del informativo de televisión o leyendo diarios al mismo ritmo que engullen el café con
leche. Sin embargo, la mayor parte de la población, y cada vez más, necesita estar
alimentada de realidades, ya no se deja engañar y, lo más importante, quiere ser parte de
esa realidad, transformarla, construirla y participar. Su única herramienta, pero por
multitudinaria, poderosa, son las TIC. Es su lugar de encuentro, su espacio de decisión y,
si me lo permitís, su pequeño Parlamento en el que deciden las cosas y marcan las
tendencias. Por otra parte, nuestros representantes e instituciones están a años luz de adoptar
la frescura, transparencia e inmediatez que podría aportarles su inmersión, total y sin medias
tintas, en la realidad tecnología que inunda la calle. Es cuestión de voluntad, actitud y querer
Políticos, partidos, instituciones y administraciones públicas siempre se han situado lejos de
las opciones tecnológicas que han ido adoptando los ciudadanos. Este decalaje se ha
mantenido en un honroso paralelismo aceptable, siempre mirando hacia arriba, desde la
parte pública, los avances TIC que se iban produciendo en particulares y empresas. Desde
más o menos 2008, este separación, insisto, decalaje, entre la evolución tecnológica de la
realidad de la calle y los que se suponen representan a los primeras se ha disparado, y está
posicionándose en distancias cercanas al ridículo, situación sonrojante que se dará muy a
corto plazo si no se toman medidas y los elegidos se involucran en la conversación digital,
directa, sincera, transparente y colaborativa, o lo que es lo mismo, se verán fuera del juego
de la nueva democracia si no adoptan los principios de Gobierno Abierto, que como
hemos dejado claro, no se puede separar, ni un ápice, de los avances en materia de Nuevas
Algunos sitúan el nacimiento del ‘Gobierno Abierto’ moderno en el mismo día en el que
Barack Obama promulgo su ‘Memorandum de Transparencia y Gobierno Abierto’,
concretamente el 21 de enero de 2009, una fecha muy importante, de la que debemos extraer
sus más inmediatos catalizadores. Es cierto que se habla de este fenómeno, incluso sin
saberlo, desde hace décadas, pero por no perdernos en fecha y épocas ya pasadas, centremos
esta necesidad ciudadana a finales de la primera década del siglo en el que estamos.
2008, en mi opinión, representa el año del definitivo distanciamiento de la sociedad y los
políticos, enorme brecha que, lejos de acortarse, aumenta. Dos factores claves fortalecen
La valoración de las redes sociales en los archivos municipales de capital de...
Presentación para la Escuela de Arte de León. 10 de diciembre 2015
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References: artículo 52
 artículo 21
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 46
 resolución