Source: https://www.scribd.com/document/59160672/Alegato-accion-censura-previa
Timestamp: 2017-01-20 17:22:35+00:00

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BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinSEÑOR JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL.RAFAEL BALDA SANTISTEVAN, JORGE BAQUERIZO MINUCHE, ANDRÉS CRESPO AROSEMENA, XAVIER FLORES AGUIRRE, y ERNESTO YTURRALDE TORRES, dentro del proceso constitucional de Acción de Protección N° 525-2011 que seguimos en contra de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, ante Ud. respetuosamente comparecemos y presentamos el siguiente ALEGATO: I Sobre el objeto de la Acción de Protección y su distinción respecto de la Acción de Inconstitucionalidad Hemos argumentado en nuestra demanda que la disposición de no aceptar propuestas artísticas que “presenten lenguaje y/o gráficos sexualmente explícitos”, contenida en las BASES DE PARTICIPACIÓN del CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA SALÓN DE JULIO – FUNDACIÓN DE GUAYAQUIL, QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA EDICIÓN, y expedida conjuntamente por el ALCALDE DE GUAYAQUIL y el DIRECTOR DE CULTURA Y PROMOCIÓN CÍVICA de la M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, constituye una violación a nuestro derecho a la libertad de expresión, reconocido y garantizado en los artículos 18.1, 23 y 66.6 de la CONSTITUCIÓN, así como en el artículo 13 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Pues bien, los defensores de la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL han sugerido a Ud., señor Juez, que nuestra acción de protección no sería jurídicamente procedente porque tiene como objeto un acto normativo, y que lo que correspondería propiamente es la acción pública de inconstitucionalidad, si fuere el caso. Pésimo argumento: quienes defienden a la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL parece que olvidan o ignoran que el artículo 88 de la CONSTITUCIÓN prescribe que la garantía jurisdiccional de la ACCIÓN DE PROTECCIÓN tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos constitucionales y que “podrá interponerse cuando exista una vulneración (efectiva o potencial) de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial” (el resaltado y subrayado es nuestro). Luego, no hay elemento normativo que investigar: se trata de una acción contra todo acto de autoridad pública que vulnere derechos reconocidos por la Constitución. Es
decir, basta que exista una manifestación de voluntad jurídica de una autoridad pública no judicial que tenga como efecto la vulneración de un derecho constitucional (como sucede en el presente caso) para que proceda la ACCIÓN DE PROTECCIÓN; pues no tiene relevancia alguna la “naturaleza jurídica” de aquella exteriorización y mucho menos su denominación, sea ésta una “norma”, “instrucción”, “disposición”, “orden”, “circular”, “hecho”, “resolución”, “regulación”, “oficio”, “bases” y cuantas otras etiquetas se conciban o puedan concebirse1. Lo que sucede, señor Juez, es que aquellos que tratan de hacerlo incurrir en error no tienen ninguna vergüenza en afirmar que existen supuestamente ciertos actos de autoridad pública no judicial (los actos normativos) que, a pesar de lesionar en forma directa los derechos constitucionales, no son objeto de la ACCIÓN DE PROTECCIÓN. ¿De dónde extraen esta inconstitucional conclusión? De la antojadiza lectura del artículo 436.2 de la CONSTITUCIÓN, que atribuye la competencia a la Corte Constitucional para “conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos autoridades del Estado”. Esto lo dicen sin querer disfrazar su falta de apego y convicción por la vigencia de los derechos constitucionales de las personas. Las cosas, por supuesto, no son así; si existe un acto de autoridad pública dictado como disposición normativa, expedido bajo la forma de regulación administrativa y poseído también de la misma generalidad en su eficacia, entonces puede ser perfectamente el objeto de una ACCIÓN DE PROTECCIÓN, en tanto vulnere derechos constitucionales, de acuerdo con el artículo 88 de la CONSTITUCIÓN. Y es que para esta garantía jurisdiccional que se ha diseñado en la CONSTITUCIÓN, ninguna diferencia hay entre los actos de efectos particulares lesivos de derechos, con los actos de efectos generales igualmente vulneradores de derechos2; la forma jurídica adoptada o el alcance temporal o espacial del acto lesivo es absoluta y totalmente irrelevante para la tutela de los derechos constitucionales. La fuente u origen del desacierto de quienes defienden a la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL radica en creer que los efectos generales de un acto de autoridad pública sólo
Vid. ZAVALA EGAS, Jorge, “Apuntes sobre Neoconstitucionalismo, Acciones de Protección y Ponderación, Acción de Inconstitucionalidad, Proceso Constitucional”. Obra inédita, Guayaquil, 2009, pág. 58. 2 Ídem, pág. 62.
conceden a los ciudadanos la posibilidad de acudir al control abstracto de constitucionalidad (mediante una demanda de acción pública de inconstitucionalidad). Desconocen, pues, que tal generalidad de los efectos de una disposición administrativa se relaciona con la indeterminación de los destinatarios de la misma y, por tanto, es una característica inherente a los sujetos normativos, no a su contenido. Si la regulación que contiene la disposición normativa lesiona derechos constitucionales, entonces procede sin lugar a dudas la ACCIÓN DE PROTECCIÓN según el artículo 88 de la CONSTITUCIÓN y en tal caso puede ser ejercitada por uno, dos, o mil legitimados por su situación concreta de daño o por el que tenga interés en el mismo3. El control abstracto se acciona si lo que se pretende es desterrar del ordenamiento jurídico una norma o un acto administrativo de efectos generales, por ser contrario al principio de supremacía constitucional. Esto no es lo que nosotros pretendemos: no es nuestra pretensión procesal. Los que defienden a la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL tampoco parecen tener claro que la
y la acción pública de
inconstitucionalidad enjuician diferentes propiedades y persiguen distintas finalidades sobre un acto de autoridad de efectos generales. La ACCIÓN DE PROTECCIÓN, a través de los jueces ordinarios, enjuicia si hay violación de derechos producidos por el acto e inutiliza los efectos del acto vulnerador, impide su desenvolvimiento y ejecución, neutraliza la eficacia del mismo. La acción pública de inconstitucionalidad, asumida por la CORTE CONSTITUCIONAL, constata la contrariedad de la regulación decidida inconstitucionalmente y va directo contra la validez de la misma, declarando su extinción: deja de existir 4. La primera tiene como finalidad la prevención o reparación del derecho constitucional; la segunda persigue el destierro definitivo del sistema jurídico con alcance erga omnes (contra todos). La primera se centra en la situación concreta de los accionantes, la segunda tiene como materia el enjuiciamiento de la validez en abstracto, frente al ordenamiento jurídico presidido por la Constitución. Lo peor del punto de vista de la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, en el tema que estamos desarrollando, es que tal exclusión injustificada de ciertos actos de autoridad pública respecto a la cobertura de la protección constitucional diseñada en el artículo 88 de la CONSTITUCIÓN es abiertamente restrictiva y desconocedora de lo que significa la interpretación constitucional. Es, a no dudarlo, una interpretación expresamente
Ibídem, pág. 64. Ibídem, pág. 65
prohibida por todas las Constituciones de países democráticos, pero en forma concreta por la nuestra, que en su artículo 11, numeral 5, dispone: “En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia”. Igual disposición se reitera en el Art. 427 de la misma carta fundamental: “Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional”. Sin embargo, para quienes defienden a la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL ahora resulta que el texto literal del Art. 88 de la Constitución significa menos de lo que dice pues, en su errático criterio, no serían enjuiciables “todos” los actos de autoridad pública sino solamente “algunos”, dentro de los que “no están” las disposiciones de efectos generales. De lo que no se percatan estos señores es que, si se sigue tal forma de razonamiento, tendría que admitirse que existen actos de autoridad pública no-judicial inmunes a la protección constitucional, ¡pese a ser lesivos de derechos!; y que, en consecuencia ¡habrían derechos constitucionales no amparables! (los violados por disposiciones administrativas generales). Simplemente esto es un desparpajo jurídico, aunque no nos sorprende por su procedencia. Adicionalmente, tal interpretación de los personeros de la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL no cae en cuenta de la gruesa contradicción que supone negar la procedencia de la ACCIÓN DE PROTECCIÓN sobre disposiciones de carácter general (como las bases de un concurso lo son), cuando el mismo artículo 88 de la Constitución garantiza la tutela de los derechos que sean violados incluso por políticas públicas (que obviamente tienen efectos generales y destinatarios indeterminados). En todo caso, no es cierto en ningún sistema normativo procesal, menos en el constitucional, que exista el principio de que cada acción es excluyente de otra que se dirija contra el mismo acto que sea producto de la voluntad de un único sujeto; eso sólo sería verdadero si la pretensión en ambos casos fuera la misma (si el accionante o accionantes confundiesen sus pretensiones en relación a la acción que proponen). ¿Estamos pidiendo acaso la declaración de inconstitucionalidad de las BASES DE PARTICIPACIÓN del SALÓN DE
JULIO? No. ¿Estamos pidiendo que Ud., señor Juez, purgue el ordenamiento jurídico respecto a disposiciones que contrarían la supremacía constitucional? Tampoco. Para verificar nuestra pretensión procesal basta con que Ud. lea la página 19 de nuestra demanda e identifique en el acápite XI (titulado “Pretensión Concreta”) el literal a), a saber: Que conceda el amparo directo y eficaz que garantiza la Acción de Protección a nuestro derecho a la libertad de expresión protegido por los artículos 18 numeral 1, 23 y 66 numeral 6 de la Constitución y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Jamás la ACCIÓN DE PROTECCIÓN puede reemplazar a la acción pública de inconstitucionalidad, ni viceversa, dado que sus presupuestos y elementos son totalmente diferentes. Lo que debe quedar claro es que nuestra demanda contiene una pretensión que es cabalmente adecuada a la tutela de los derechos y a la finalidad de una garantía jurisdiccional de la libertad (dimensión subjetiva del control constitucional), y no una pretensión que acaso responda a una garantía institucional del ordenamiento jurídico (dimensión objetiva del control de constitucionalidad). Confundir estas dos dimensiones no es admisible para una autoridad, y sólo revelaría un desconocimiento patológico del Derecho Constitucional. Al ratificar nuestra pretensión procesal, que jamás ha estado en discusión, podrá darse cuenta Ud., señor Juez, que no nos interesa demandar la inconstitucionalidad de las BASES
PARTICIPACIÓN del CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA SALÓN DE JULIO – FUNDACIÓN DE
GUAYAQUIL, QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA EDICIÓN ante la CORTE CONSTITUCIONAL, no porque no se pueda, sino porque: a) una acción de inconstitucionalidad, al no tomar en cuenta la situación particular de los accionantes sino el aspecto abstracto de la contradicción normativa denunciada, obviamente no viene agregada con los principios de inmediatez, celeridad o sumariedad de los procesos constitucionales de garantías jurisdiccionales (porque no es siquiera una garantía jurisdiccional!) y ninguna eficacia tendría lograr tal resultado de inconstitucionalidad a mediano o largo plazo, cuando el Salón de Julio ya haya concluido; y, b) aquí y ahora lo que necesitamos es una protección constitucional de la libertad de expresión artística en sus facetas individual y colectiva y una reparación integral del daño causado, que es el objeto propio de la garantía jurisdiccional que tenemos planteada.
La reparación integral del daño es la razón más poderosa y definitiva por la cual la acción de inconstitucionalidad establecida en el artículo 436.2 de la CONSTITUCIÓN no es el “amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución” (que sí es el propósito específica de la ACCIÓN DE PROTECCIÓN regulada en el artículo 88) porque, por su propia naturaleza, la acción de inconstitucional tiene el único propósito de expulsar la norma jurídica impugnada del ordenamiento jurídico 5 y se torna, en consecuencia, ineficaz para la protección eficaz de nuestro derecho a la libertad de expresión. Esto es así, no solo porque la acción de inconstitucionalidad no cumple con los principios de inmediatez, celeridad o sumariedad sino, porque, ni satisface ni puede satisfacer los presupuestos de “reparación integral” que se establecen en el artículo 18 de la LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL (en adelante, “la LOGJCC”) que se desarrollarán en el acápite IV de este alegato y que incluyen la restitución del derecho, la garantía de que el hecho no se repita y las disculpas públicas, presupuestos todos estos, que ninguna acción de inconstitucionalidad puede realizar: de ahí se desprende, precisamente, su total ineficacia para proteger nuestro derecho a la libertad de expresión, con lo cual se torna innecesario su agotamiento de conformidad con el artículo 42.4 de la LOGJCC6. II Sobre la inexistente base jurídica para la imposición de la censura previa Ante su pregunta, señor Juez, en la audiencia del 28 de junio sobre cuál era la base jurídica que facultaba a la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL a imponer la censura previa en el SALÓN DE JULIO, la única respuesta posible de conformidad con el ordenamiento jurídico ecuatoriano es que dicha base jurídica es totalmente inexistente. Ni la CONSTITUCIÓN, ni los tratados internacionales, ni la ley, ni ningún reglamento, ni tampoco ninguna ordenanza facultan a ningún funcionario municipal a la imposición de censura previa. La CONSTITUCIÓN hace una única referencia a la censura previa, solamente para prohibirla de manera tajante y expresa en su artículo 18.1. Los tratados internacionales de derechos
El artículo 74 de la LOGJCC dispone lo siguiente: “El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la eliminación de las incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de forma, entre las normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico”. 6 El artículo 42.4 dela LOGJCC dispone lo siguiente: “La acción de protección de derechos no procede: […] Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz”. Esta salvedad es la que se ha probado a lo largo de este acápite.
humanos, en específico la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS , se refiere en su artículo 13.4 a la censura previa en términos sumamente restrictivos y la autoriza solamente cuando su aplicación sea con el “exclusivo objeto de regular el acceso a [los espectáculos públicos] para la protección moral de la infancia y la adolescencia”. Este “exclusivo objeto” y esta regulación solamente de forma para el acceso de niños y adolescentes (esto es, una posible regulación de “tiempo, lugar o modo” y nunca de contenido) son, precisamente, los requisitos de excepcionalidad y de legalidad que la censura previa impuesta por la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL no cumple y lo que la convierte, por tanto, en una imposición arbitraria e ilegítima. La imposición de la censura previa no encuentra sustento en ninguna de las normas jurídicas que regulan las facultades y atribuciones legales de la ALCALDÍA DE GUAYAQUIL, el CONCEJO MUNICIPAL y la DIRECCIÓN DE CULTURA Y PROMOCIÓN CÍVICA que tiene a su cargo el MUSEO MUNICIPAL. Así, ninguna de las atribuciones y funciones que se establecen en el CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, del REGLAMENTO ORGÁNICO-FUNCIONAL DE LA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, la ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y PROMOCIÓN CÍVICA faculta a ninguna de las autoridades de la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL a imponer censura previa. Ninguna. Por el contrario, el artículo 4 literal b) del CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (en adelante, “el COOTAD”), establece como uno de los fines que debe cumplir la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, el siguiente: “La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución de la República, de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en instrumentos internacionales”. La M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL tiene, en consecuencia, la obligación legal de garantizar el derecho a la libertad de expresión en los términos de la Constitución y de los tratados internacionales, esto es, en términos de su prohibición general (artículo 18.1 de la Constitución y 13.2 de la CADH) y su restrictiva aplicación con el exclusivo objeto de regular el acceso de niños y adolescentes (artículo 13.4 de la CADH). Como es evidente de los hechos descritos en el presente caso, la disposición de la M. I. MUNICIPALIDAD DE
GUAYAQUIL que se impugna resulta contraria al fin institucional que debe perseguir la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL de conformidad con el artículo 4 del COOTAD: en vez de garantizar un derecho, la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL lo viola de manera “extrema y radical”7. Es probable que en el escrito que le presente la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL a partir de lo dispuesto por Ud. señor Juez, ésta pretenda invocar una norma jurídica de carácter vago y general como base jurídica para su imposición. De hecho, la única invocación que,} equivocadamente realizó en la audiencia el abogado de la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL fue precisamente de ese tipo: se limitó a citar el artículo 84.7 8 de la CONSTITUCIÓN. Esta invocación específica, como cualquier otra que a la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL se le pueda ocurrir de similar tenor, son todas contrarias a la CONSTITUCIÓN porque violan el principio de constitucionalidad y legalidad de los actos de la administración pública y el cumplimiento de sus propios fines establecidos en el artículo 226 de la CONSTITUCIÓN. artículo: “Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”. Por lo expuesto y demostrado en la demanda, en la audiencia celebrada el 28 de junio y el presente escrito, la imposición de la censura previa que realizó la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL es un acto violatorio de una disposición expresa de la CONSTITUCIÓN (esto es, de su artículo 18.1) y carente de toda base jurídica para su aplicación porque ninguna norma jurídica le concede a ninguna autoridad de la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, la facultad de imponerla. Esta inobjetable realidad jurídica es totalmente contraria a las obligaciones constitucionales de la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, la que de
Es preciso recordar los exactos términos de dicho
Cabe recordar aquí la definición de censura previa que ha dado la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, como “el prototipo de violación extrema y radical de la libertad de expresión, ya que conlleva su supresión. Tiene lugar cuando, por medio del poder público, se establecen medios para impedir en forma previa la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias, por cualquier tipo de procedimiento que condicione la expresión o la difusión de información al control del Estado”. V. CIDH, INFORME ANUAL DE LA RELATORÍA PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN (2009). Párr. 272. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=794&lID=2 [Última visita: 1 de julio del 2011] 8 El arículo 84.7 de la CONSTITUCIÓN dispone lo siguiente: “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: […] 7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir”.
conformidad con el artículo 226 transcrito, debe ejercer “solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la ley” y debe hacer “efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”. Y es evidente, señor Juez, que la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL ni ejerce competencias o atribuciones establecidas en la Constitución o la ley, ni tampoco hace efectivo nuestro derecho a la libertad de expresión y el derecho de los niños a su protección moral, lo que se probará con mayor detalle en el apartado III de este alegato. A manera de cierre de este apartado, solamente enfatizarle que toda invocación vaga y general (como una invocación al “orden público”, al “bien común” o al “beneficio de la mayoría”, como expresamente lo ha referido el DIRECTOR MUNICIPAL HOYOS9) tiene que hacerse, de acuerdo con lo expuesto por el órgano regional más importante de derechos humanos, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en los siguientes términos: “No escapa a la Corte, sin embargo, la dificultad de precisar de modo unívoco los conceptos de "orden público" y "bien común", ni que ambos conceptos pueden ser usados tanto para afirmar los derechos de la persona frente al poder público, como para justificar limitaciones a esos derechos en nombre de los intereses colectivos. A este respecto debe subrayarse que de ninguna manera podrían invocarse el "orden público" o el "bien común" como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real” 10 Ninguna invocación de “orden público”, de “bien común” o de “beneficio de la mayoría” puede suprimir ningún derecho garantizado en la CONSTITUCIÓN y en la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS y, sin embargo, eso es precisamente lo que significa la censura previa impuesta por la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL: “el prototipo de violación extrema y radical de la libertad de expresión, ya que conlleva su supresión” 11. En consecuencia, cualquier invocación del tipo descrito es contraria a la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por todo lo antes expuesto, la base normativa que faculta a la M. I. Municipalidad de Guayaquil a imponer la censura previa es inexistente y cualquier invocación general que se haga para pretender ignorar el principio de constitucionalidad y legalidad de los actos de la
V. EL SALÓN DE JULIO, AL DEBATE. Diario El Universo. 12 de mayo de 2011. Disponible en: http://www.eluniverso.com/2011/05/12/1/1380/salon-julio-debate.html [Última visita: 1 de julio de 2011] 10 CORTE IDH, LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA DE PERIODISTAS (ARTS. 13 Y 29 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No 5, párr. 67. 11 V. supra nota 7.
administración pública que se establece en el artículo 226 de la Constitución debe considerarse, de plano, inconstitucional. III Sobre la interpretación constitucional que mejor sirve a la defensa de nuestro derecho a la libertad de expresión y del derecho de los niños y adolescentes a su protección moral De acuerdo con la CORTE CONSTITUCIONAL, la obligación del Juez de Garantías Constitucionales es “esforzarse por hallar las interpretaciones que mejor sirvan para la óptima defensa de los derechos fundamentales”12. De las circunstancias del caso se desprende que la interpretación que mejor defiende los derechos en juego (el derecho a la libertad de todas las personas adultas a la libertad de expresión y el derecho de los niños a su protección moral) es la regulación de lugar y modo, esto es, la exhibición en un lugar específico al cual se restrinja el acceso a los niños y adolescentes y con la advertencia general de que en ese lugar se exhiben obras de contenido sexual explícito. El director de la DIRECCIÓN DE CULTURA Y PROMOCIÓN CÍVICA, MELVIN HOYOS, en la audiencia pública realizada el 28 de junio próximo pasado, sostuvo que el MUSEO MUNICIPAL no ofrecía las facilidades para disponer de este espacio. El MUSEO MUNICIPAL, sin embargo, sí está en capacidad de cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar de manera eficaz los derechos en juego: el derecho de todas las personas a la libertad de expresión y el derecho de los niños a su protección moral. El MUSEO MUNICIPAL posee en sus bodegas un conjunto de mamparas que sirven (y de hecho han servido) para delimitar áreas pequeñas, dónde podrían ubicarse adecuadamente las obras que puedan herir susceptibilidades o que sean inapropiadas para el sector del público compuesto por niños y adolescentes. Todo museo en el mundo rediseña su espacio de acuerdo con sus necesidad museográficas. Una de las maneras más sencillas para hacerlo es con el uso de mamparas. La definición que de mampara ofrece el diccionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA es: “Panel o tabique de vidrio, madera u otro material, generalmente móvil, que sirve para dividir o aislar un espacio”. Las mamparas pueden reubicarse de manera sencilla en el
Corte Constitucional del Ecuador, SENTENCIA NO 014-09-SEP-CC, Caso No 0006-08-EP.
espacio y crear diferentes formas y espacios aislados. Un ejemplo de aquello son las dos fotos que adjunto a este alegato que corresponden a una exposición que se realizó en el MUSEO MUNICIPAL, en la cual se observan mamparas que se utilizaron para rediseñar el espacio. El uso de esos elementos es sencillo y fácil de implementar (como en efecto se lo ha implementado, por ejemplo, en las exhibiciones de Paco Solá o en la intitulada “Playlist: grandes éxitos en el arte contemporáneo del Ecuador”) y no resulta contrario ni a la existencia de “paredes de hormigón” (las que fueron expresamente mencionadas por el
DIRECTOR MUNICIPAL HOYOS
sin propósito inteligente en su intervención en la audiencia del
28 de junio) ni con las dimensiones del MUSEO MUNICIPAL. Con este uso de las mamparas, el MUSEO MUNICIPAL cumple con una adecuada regulación de espacio para la protección de la niñez y la adolescencia, posible de acuerdo con el artículo 13.4 de la CONVENCIÓN. En el ingreso al sector delimitado con las mamparas debe situarse un rótulo que advierta de la exhibición de obras de contenido sexual explícito en dicho espacio y de las condiciones de acceso al mismo por parte de niños y adolescentes. Con este rótulo de advertencia se cumple con una adecuada regulación de modo para la protección de la niñez y la adolescencia. Con el cumplimiento de ambas regulaciones, tanto de espacio como de modo arriba descritas, el MUSEO MUNICIPAL garantiza el derecho de los niños y adolescentes a su protección moral en los términos que lo faculta legítimamente el artículo 13.4 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS y también garantiza el derecho a la libertad de expresión de todas las personas, tanto de presentar obras de contenido sexual explícito al Salón de Julio como de todas las demás personas a observar dichas obras y deliberar sobre ellas. Esta es, señor Juez, la forma adecuada y eficaz en la que el MUSEO MUNICIPAL debe proteger los derechos de los niños que tanto parecen preocuparle y esta es la orden a cuyo cumplimiento debe obligar Ud., señor Juez, a la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, de conformidad con las facultades que le otorga el artículo 18 de la LOGJCC. IV Sobre la reparación integral en el presente caso El citado artículo 18 de la LOGJCC faculta a Ud., señor Juez, a tomar las siguientes medidas:
“Art. 18.- Reparación integral.- En caso de declararse la vulneración de derechos se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud”. La reparación integral en el presente caso debe incluir tres cosas: la restitución del derecho, la garantía de que el hecho no se repita y las disculpas públicas. La restitución del derecho implica permitir el acceso de obras de contenido sexual explícito a participar en el SALÓN DE JULIO. Sólo de esta manera se puede restablecer la situación anterior a la violación, esto es, la situación anterior a la imposición de la censura previa y se restituiría el derecho conculcado de todas las personas que presentaron obras de contenido sexual explícito, como lo hizo el accionante de esta ACCIÓN DE PROTECCIÓN por la violación de su derecho individual a la libertad de expresión, ANDRÉS CRESPO AROSEMENA, así como el derecho de todas las personas a acudir a un espacio público en el que se garantice su derecho a observar y deliberar sobre ellas al tiempo de garantizar de manera idónea los derechos de los niños y adolescentes a su protección moral. Todo esto, señor Juez, mediante la implementación de las regulaciones de espacio y modo arriba descritas. Por supuesto, la sola medida de restitución del derecho es insuficiente para satisfacer los requerimientos de una reparación integral, en los términos que dispone el artículo 18 de la LOGJCC. La reparación integral sólo podrá ser efectiva si se ordena a la M. I. Municipalidad de Guayaquil la garantía de no repetición de la imposición de la censura previa porque, de manera evidente, no serviría de nada el otorgamiento de esta ACCIÓN DE PROTECCIÓN para esta edición del SALÓN DE JULIO, si la M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL puede disponer, nuevamente, en flagrante contradicción con la CONSTITUCIÓN, la censura previa en las BASES DE PARTICIPACIÓN del siguiente SALÓN DE JULIO. En consecuencia, en uso de las facultades que le concede el artículo 18 de la LOGJCC, le solicitamos, señor Ud., otorgue la medida de reparación de “garantía de que el hecho no se repita”. Finalmente, señor Juez, se le solicita que en uso de las facultades que le concede el artículo 18 de la LOGJCC las autoridades que dispusieron y firmaron las BASES DE PARTICIPACIÓN del CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA SALÓN DE JULIO – FUNDACIÓN DE GUAYAQUIL, QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA EDICIÓN ofrezcan una disculpa pública a los ciudadanos de
Guayaquil por la grosera violación de nuestros derecho a la libertad de expresión en su dimensión colectiva y a nuestro derecho a deliberar en el espacio público. Señor Juez, sírvase tener en cuenta estos argumentos al momento de resolver. Adjunto lo indicado en el texto del alegato. ES JUSTICIA, etc. Como su patrocinador debidamente autorizado,
Ab. Xavier Flores Aguirre Reg. CAG 12.804
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