Source: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=0467-D-2016
Timestamp: 2020-04-01 11:17:40+00:00

Document:
Expediente 0467-D-2016
Sumario: PRISION PREVENTIVA A QUIENES INCUMPLAN MEDIDAS CAUTELARES POR VIOLENCIA DE GENERO. INCORPORACION DE LOS ARTICULOS 11 BIS Y 149 QUATER AL CODIGO PENAL.
LEY DE PRISIÓN PREVENTIVA A QUIENES INCUMPLAN MEDIDAS CAUTELARES POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Artículo 1º. Incorpórase al artículo 149 quater, del Código Penal de la Nación, el siguiente texto:
"Artículo 149 quater. - Se impondrá prisión preventiva, de cumplimiento efectivo, de un mes a un año, al que incumpliere con las medidas preventivas urgentes ordenadas por la Autoridad Judicial interviniente de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres establecidas en el punto a.1, a.2, b.2., b.3 b.7 y b.10 del artículo 26 de la Ley 26.485.
Artículo 2º. Incorporar como artículo 11 bis del Código Penal de la Nación, el siguiente texto:
"Artículo 11 bis. En caso de resultar el condenado por alguno de los casos de violencia de género, el producto de su trabajo se aplicará exclusivamente al sostén del grupo familiar damnificado por la agresión, no obstante la pérdida o suspensión de la patria potestad. "
Artículo 3º.- En el caso de ser el imputado el sostén del grupo familiar que integra con la mujer en situación de violencia, se notificará al empleador del primero la obligatoriedad de efectivizar a favor de la segunda, el pago de los salarios o cualquier pago que correspondiere realizarse, incluyendo haberes previsionales y o pensiones de cualquier carácter.
En caso de perder el trabajo por esta causa, el Estado Nacional proveerá a la mujer en situación de violencia, un subsidio especial cuyo importe no podrá ser menor a una jubilación mínima, vital y móvil, así como también asistencia sanitaria mediante la adhesión al servicio de salud que se establezca para estos supuestos por la Autoridad de Aplicación para la misma y los menores a su cargo.
El presente proyecto de ley tipifica penalmente tipifica penalmente el incumplimiento de algunas medidas cautelares por violencia de género, como la de prohibición perimetral y la de exclusión del hogar conyugal, fijándose una pena privativa de libertad, de cumplimiento efectivo. Asimismo establecen alternativas económicas cuando el agresor es sostén de familia.
La violencia en el seno familiar requiere presencia directa del Estado, mediante herramientas esenciales que son atributo específico del orden institucional:
1.- La garantía a un "efectivo y real" acceso a la justicia, mediante el patrocinio letrado gratuito y la simplificación de los procedimientos en el marco de la Ley 26.485.
2.- La protección de la/s victima/s mediante la implementación de medidas cautelares que garanticen su seguridad física, sicológica y económica.
El artículo 26 de la Ley 26.485 ha establecido que durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a interviniente podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres definidas en los artículos 5º y 6º de la misma:
El incumplimiento por parte del agresor de los puntos a.1, a.2, b.2., b.3 b.7 y b.10 precedentemente enunciados, amerita encuadrar la conducta del agresor, en los delitos contra la libertad tipificados en el Libro II, Título V del Código Penal, ya que configura una amenaza encubierta con el fin de amedrentar y obligar a la víctima a hacer, no hacer o tolerar una conducta contra su voluntad.
En este contexto, se ha producido con harta frecuencia, el incumplimiento deliberado por parte de los agresores, de las medidas de protección referenciadas generando situaciones de mayor desvalorización, impunidad y descrédito de la protección institucional que eternizan la situación, impidiendo la ruptura del vínculo violento y generando un círculo vicioso en el que crece la victimización y la dependencia.
En la práctica se ha visto que la articulación de medidas alternativas como asistencia sicológica, multas o castigos pecuniarios o de actividades sociales no han resultado conducentes, generando un espiral de violencia, asociado al sentimiento de impunidad del agresor que pueden desembocar en graves lesiones o aun la muerte.
Es necesario la incorporación de una sanción autónoma frente al incumplimiento, que constituya un barrera material que impida la cercanía del agresor constituyendo una protección absoluta, no solo de los eventuales víctimas, sino también de aquel que también inmerso en un vínculo enfermo, no toma conciencia de la gravedad de sus actos y que quizás más adelante pueda tomar real conciencia de la situación, más aún si cuenta con una adecuada reeducación en aspectos de igualdad de género.
Este tipo de prevención positiva permite reforzar la confianza de la víctima en el sistema legal y la toma de conciencia del agresor respecto de su conducta disvaliosa y el costo que la misma tendrá no sólo en el vínculo familiar, sino también en el ámbito social y económico.
Por otra parte, también resulta en un alto porcentual de los casos, que el agresor resulta el único sostén económico de la familia o el mayor contribuyente a la economía familiar y la pérdida de dichos ingresos, lleva a una situación de total desprotección financiera que complejiza aún más el entorno familiar.
Por tal motivo, a fin de evitar el desamparo del núcleo familiar, se ha resuelto que todo sueldo, honorario o cualquier concepto que corresponda al imputado, será destinado a la familia y en su defecto, se otorgará un subsidio especial que no podrá ser menor a una jubilación mínima.
En igual sentido, se incorpora como inciso 11 bis, del Código Penal, que en estos casos el producto del trabajo del condenado será destinado exclusivamente al sostén económico del grupo familiar.
La violencia de género es un problema de carácter global. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud señalan que el 35% de las mujeres han sufrido violencia de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida, y el 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja. En el caso de los hombres se trata del 6% de los casos. El 7% de las mujeres han sido víctimas de violaciones.
Las estadísticas oficiales brindadas por la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indican que 2010 atendieron 7.437 casos de violencia, cifra que en 2014 se elevó a 10.573.
El 3 de junio de 2015, en la Plaza del Congreso, en Buenos Aires y en cientos de plazas de toda Argentina se produjo u evento trascendental, la Marcha NI UNA MENOS, constituida por un colectivo social integrado por distintas identidades sociales, culturales e ideológicas, que apuntaron a un solo objetivo "BASTA DE FEMICIDIOS", porque las estadísticas informales indicaban que en la Argentina cada 30 horas asesinan a una mujer.
Lamentablemente esta situación no puede ser resuelta sólo con buena voluntad, necesitando la articulación de una política global, que instale en la sociedad como política pública en el marco de una emergencia social, el cuidado y sosten de aquellas mujeres que se encuentran en situación de violencia, en la que directa o indirectamente se ve afectada toda la familia y en mayor grado los más vulnerables (mujeres, ancianos y discapacitados).
Por todo lo expuesto solicito a los Diputados y Diputadas me acompañen en el presente proyecto de ley.
Diputados REPRODUCIDO POR EXPEDIENTE 0538-D-18

References: Artículo 1
 artículo 149
 artículo 26

Artículo 2
 artículo 11

Artículo 3
 artículo 26