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Timestamp: 2016-10-23 12:37:08+00:00

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Real Decreto 106/2011, de 28 de enero, por el que se crea y regula el Registro estatal de empresas previsto en la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contrataci�n con los consumidores de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios y de servicios de intermediaci�n para la celebraci�n de contratos de pr�stamo o cr�dito, y se fija el importe m�nimo del seguro de responsabilidad o aval bancario para el ejercicio de estas actividades.
Publicado en BOE n�m. 36 de 11 de Febrero de 2011
Vigente desde 12/Febrero/2011
�Naturaleza del Registro estatal
�Unidad encargada del Registro estatal
�Funciones del Registro estatal
�Organizaci�n y contenido del Registro estatal
�Obligaciones de las empresas inscritas en el Registro estatal
�Colaboraci�n entre el Registro estatal y los registros auton�micos
�Importe m�nimo del seguro de responsabilidad civil y del aval bancario
.� Solicitud de inscripci�n en el Registro estatal de empresas que, sin tener la condici�n de entidades de cr�dito, llevan a cabo actividades de contrataci�n de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios o de intermediaci�n, para la celebraci�n de contratos de pr�stamo o cr�dito con los consumidores
La Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contrataci�n con los consumidores de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios y de servicios de intermediaci�n para la celebraci�n de contratos de pr�stamo o cr�dito, se propone garantizar un alto nivel de protecci�n de los consumidores y usuarios, asegurando la transparencia y la leal competencia. Con tal finalidad, se impone a las empresas incluidas en su �mbito de aplicaci�n la obligaci�n de inscripci�n en los registros p�blicos que, a tal efecto, se creen por las comunidades aut�nomas en el ejercicio de sus competencias, y contempla asimismo la creaci�n de un Registro estatal que se nutrir� de la informaci�n que le suministren las comunidades aut�nomas y de la inscripci�n de aquellas empresas que desarrollen sus actividades en territorio espa�ol y est�n domiciliadas fuera de Espa�a.
Asimismo, en su disposici�n transitoria �nica, se establece que, una vez transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, las empresas cuyo domicilio social est� situado en una comunidad aut�noma que, en el ejercicio de sus competencias, haya optado por no crear el Registro auton�mico en dicho plazo, deber�n inscribirse provisionalmente en el Registro estatal regulado en el art�culo 3 en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de su constituci�n, sin perjuicio de que el registro estatal transfiera los datos al registro auton�mico competente cuando se proceda a su constituci�n.
En consecuencia, el cumplimiento del mandato legal exige la creaci�n del Registro estatal que pueda llevar a cabo las inscripciones, as� como la regulaci�n del procedimiento para la inscripci�n, junto con el establecimiento de un mecanismo de comunicaci�n con las comunidades aut�nomas que posibilite el traslado de la informaci�n pertinente.
Por otra parte, la necesidad de inscribir en el nuevo registro estatal a las numerosas empresas de concesi�n e intermediaci�n de cr�ditos a los consumidores que actualmente desarrollan esta actividad en el mercado espa�ol, justifica que en este real decreto se contemple la implantaci�n de un r�gimen transitorio que permita su inscripci�n, en tanto no se proceda por parte de las comunidades aut�nomas a la creaci�n de sus propios registros.
Asimismo, por medio de este real decreto, en desarrollo del art�culo 7 de la Ley 2/2009, de 31 de marzo, se procede a determinar la suma asegurada m�nima y el importe m�nimo del aval que, con car�cter previo a su inscripci�n en los registros correspondientes, deber�n contratar las empresas para cubrir las responsabilidades en que pudieran incurrir frente a los consumidores por los perjuicios derivados de la realizaci�n de los servicios propios de la actividad de intermediaci�n o concesi�n de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios.
Tanto la inscripci�n en el Registro estatal como la constituci�n del seguro de responsabilidad o aval bancario son requisitos necesarios para que las empresas puedan desarrollar tales actividades y, por tanto, deben reunirse con car�cter previo al inicio de las mismas.
En la tramitaci�n de este real decreto se ha dado audiencia a las asociaciones de consumidores y usuarios y a los sectores afectados. Asimismo, se ha sometido a consulta de las comunidades aut�nomas a trav�s de la Conferencia Sectorial de Consumo, as� como al informe de la Agencia Espa�ola de Protecci�n de Datos y del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Esta disposici�n se dicta al amparo de lo dispuesto en el art�culo 149.1.6.� y 13.� de la Constituci�n, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de legislaci�n mercantil y en materia de bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica, respectivamente, y de conformidad con lo previsto en los art�culos 3 y 7, as� como en la disposici�n final tercera de la Ley 2/2009, de 31 de marzo.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad, con la aprobaci�n previa de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 28 de enero de 2011,
Objeto Este real decreto tiene por objeto crear y regular el Registro estatal de empresas previsto en la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contrataci�n con los consumidores de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios y de servicios de intermediaci�n para la celebraci�n de contratos de pr�stamo o cr�dito, as� como fijar el importe m�nimo del seguro de responsabilidad civil o aval bancario para el ejercicio de tales actividades.
�mbito de aplicaci�n 1. En el Registro estatal de empresas regulado en este real decreto deber�n inscribirse las empresas domiciliadas en el extranjero que desarrollen en territorio espa�ol las actividades reguladas por la Ley 2/2009, de 31 de marzo. Asimismo, deber�n inscribirse provisionalmente las empresas domiciliadas en Espa�a, cuando la comunidad aut�noma en que radique su domicilio no haya constituido el correspondiente registro auton�mico.
2. Las empresas que desarrollen en territorio espa�ol las actividades reguladas por la Ley 2/2009, de 31 de marzo, est�n domiciliadas en Espa�a o en el extranjero, deber�n contratar un seguro de responsabilidad civil o un aval bancario por el importe m�nimo establecido en este real decreto.
CAP�TULO IIRegistro estatal de empresas
Naturaleza del Registro estatal 1. El Registro estatal tendr� car�cter p�blico y naturaleza administrativa y se gestionar� por el Instituto Nacional del Consumo, que tendr� la condici�n de responsable del fichero, a los efectos previstos en la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci�n de datos de car�cter personal, ante el cual podr�n ejercitarse los derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n previstos en dicha ley.
2. El Registro estatal, accesible a trav�s de la p�gina web del Instituto Nacional del Consumo, incorporar� los criterios de accesibilidad para personas con discapacidad y de edad avanzada, de acuerdo con lo previsto en la disposici�n adicional quinta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci�n y de comercio electr�nico.
3. La inscripci�n en el mismo, as� como la realizaci�n de consultas y la expedici�n de certificados, ser� gratuita y no requerir� justificar ning�n tipo de inter�s espec�fico.
Unidad encargada del Registro estatal 1. La Subdirecci�n General de Calidad del Consumo del Instituto Nacional del Consumo ser� la unidad encargada del Registro estatal y a ella corresponder� toda decisi�n o acuerdo relativo a la competencia del mismo.
2. Contra sus resoluciones se podr� interponer recurso de alzada ante la Direcci�n del Instituto Nacional del Consumo, en la forma y plazos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
Funciones del Registro estatal El Registro estatal de empresas que llevan a cabo actividades de contrataci�n de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios o de intermediaci�n para la celebraci�n de contratos de pr�stamo o cr�dito, tendr� las siguientes funciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 2/2009, de 31 de marzo:
a) Inscribir a las empresas a que hace referencia el art�culo 2 de este real decreto.
b) Evaluar y controlar la legalidad del contenido de los folletos y dem�s documentaci�n que se remita al Registro estatal para su inscripci�n en el mismo, dando cuenta a las comunidades aut�nomas, donde la empresa desarrolle su actividad, de cualquier anomal�a que se observe, al objeto de que se proceda, en su caso, a la apertura del oportuno expediente sancionador.
c) Publicar en la p�gina web del Instituto Nacional del Consumo, el folleto sobre precios, tarifas y gastos repercutibles, regulado en el apartado 5 del art�culo 5 de la Ley 2/2009, de 31 de marzo.
d) Expedir las oportunas certificaciones acreditativas de las empresas inscritas y del n�mero que corresponda a la empresa en este registro estatal.
e) Elaborar peri�dicamente, al menos con car�cter anual, una relaci�n actualizada de empresas inscritas en el Registro estatal, en funci�n de la actividad desarrollada por cada una de ellas.
f) Cancelar la inscripci�n en el Registro estatal de oficio o a petici�n de las propias empresas o, en su caso, de las comunidades aut�nomas en que tengan su domicilio social.
Solicitud de inscripci�n 1. La inscripci�n en el Registro estatal se formalizar� mediante solicitud dirigida al Instituto Nacional del Consumo conforme al modelo de solicitud que figura como anexo a este real decreto.
2. Las empresas podr�n presentar la correspondiente solicitud en el Registro General del Instituto Nacional del Consumo, o en cualquiera de los lugares que enumera el art�culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Las solicitudes tambi�n podr�n tramitarse por medios electr�nicos.
3. La solicitud deber� ir acompa�ada de los siguientes documentos, que deber�n incorporar informaci�n veraz y comprobable:
a) Los que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio de su actividad, y, en su caso, constituci�n legal, su denominaci�n o raz�n social y su domicilio social, n�mero de identificaci�n fiscal, n�mero e identidad de los establecimientos en los que ejerza o pretenda ejercer la actividad y su ubicaci�n, as� como, en su caso, la estructura del �rgano de gobierno, con identificaci�n, a trav�s del nombre y apellidos o raz�n social y domicilio social, de los administradores.
b) Memoria explicativa de la actividad que pretendan desarrollar, relaci�n de servicios que configuran la oferta comercial, �mbito territorial en el que vayan a ejercer su actividad, clase o clases de medios de comunicaci�n para transmitir las propuestas de contrataci�n y para recibir la aceptaci�n de los clientes.
c) Copia compulsada de la p�liza del seguro de responsabilidad civil o aval bancario necesario para cubrir las responsabilidades en que pudieran incurrir frente a los consumidores, por los perjuicios derivados de la realizaci�n de los servicios propios de la actividad, exigido por el art�culo 7 de la Ley 2/2009, de 31 de marzo.
d) El folleto informativo regulado en el apartado 5 del art�culo 5 de la Ley 2/2009, de 31 de marzo, sobre precios de los servicios, tarifas de las comisiones o compensaciones y gastos repercutibles, que aplicar�n, como m�ximo, a las operaciones y servicios que prestan, tipos de inter�s m�ximos de los productos que comercializan, incluidos los tipos de inter�s por demora.
4. En su caso, los documentos a que hace referencia el apartado 3 de este art�culo deber�n presentarse acompa�ados de una traducci�n jurada al espa�ol.
Procedimiento 1. Presentada la solicitud, con los documentos exigidos en el art�culo anterior, y una vez evaluados los mismos, se proceder� a la inscripci�n correspondiente, con la asignaci�n de una clave individualizada de identificaci�n registral, que ser� notificada al interesado en el plazo de un mes desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del �rgano competente para su tramitaci�n. Si transcurrido dicho plazo, el interesado no hubiese recibido notificaci�n alguna, se podr� entender estimada la solicitud de inscripci�n y la Administraci�n vendr� obligada a proceder a la formalizaci�n de la misma en el plazo de 10 d�as.
2. La inscripci�n en el Registro estatal ser� acordada por resoluci�n del Subdirector General de Calidad del Consumo del Instituto Nacional del Consumo.
3. Los actos y acuerdos relativos a la inscripci�n en el Registro estatal y su modificaci�n estar�n sujetos a las disposiciones de este real decreto y al procedimiento establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Organizaci�n y contenido del Registro estatal 1. El Registro estatal se adaptar� al sistema de hoja personal, atribuyendo a cada empresa una hoja personal y un n�mero ordinal.
2. El Registro estatal constar� de dos secciones:
a) En la secci�n primera se inscribir�n los empresarios que sean personas f�sicas.
b) En la secci�n segunda se inscribir�n las empresas que sean personas jur�dicas.
3. La inscripci�n y posteriores anotaciones se numerar�n correlativamente seg�n el orden cronol�gico en que se hayan practicado. La cancelaci�n determina la extinci�n de la inscripci�n.
4. Los documentos que accedan al Registro estatal formar�n el expediente de cada empresa, incorpor�ndose al archivo correspondiente.
5. En el Registro estatal, accesible a trav�s de la p�gina web del Instituto Nacional del Consumo, figurar�n los siguientes datos:
b) La actividad que desarrollen y, en su caso, si trabajan en exclusiva para una o varias entidades de cr�dito u otras empresas.
c) Los establecimientos con que cuenta la empresa y su ubicaci�n.
d) El �mbito territorial en el que desarrollan su actividad.
e) Los datos identificativos de la entidad aseguradora o bancaria con la que se haya contratado el seguro de responsabilidad civil o el aval bancario obligatorio y su cuant�a.
f) El folleto informativo previsto en el art�culo 5.5 del la Ley 2/2009, de 31 de marzo, sobre precios de los servicios, tarifas de las comisiones o compensaciones y gastos repercutibles que aplicar�n, como m�ximo, a las operaciones y servicios que prestan, tipos de inter�s m�ximos de los productos que comercializan, incluidos, en su caso, los tipos de inter�s por demora.
Obligaciones de las empresas inscritas en el Registro estatal Las empresas inscritas en el Registro estatal deber�n cumplir con las siguientes obligaciones:
1. Notificar al Registro estatal toda modificaci�n o actualizaci�n del folleto informativo previsto en el art�culo 5.5 de la Ley 2/2009, de 31 de marzo. La entidad correspondiente deber� remitir al registro estatal, en el plazo de los 10 d�as siguientes a aquel en que tenga lugar la modificaci�n o actualizaci�n, un nuevo folleto informativo, con indicaci�n expresa de la p�gina o p�ginas modificadas y de los cambios efectuados.El Registro estatal comprobar� que el nuevo folleto cumple con los requisitos legales exigibles respecto a su contenido. Los nuevos folletos se entender�n conformes cuando haya transcurrido un mes a contar desde el d�a siguiente a su recepci�n, sin que se hubiera efectuado manifestaci�n expresa alguna, objeci�n o recomendaci�n al respecto.
2. Justificar anualmente ante el Registro estatal la vigencia de la p�liza contratada o del aval, as� como la adecuaci�n de su importe a lo contemplado en el art�culo 12 de este real decreto, en el plazo de los 10 d�as siguientes a aquel en que se cumpla un a�o o sucesivos periodos de un a�o desde la inscripci�n inicial. Adem�s, est�n obligadas a comunicar inmediatamente cualquier circunstancia que produzca la extinci�n, la p�rdida o la reducci�n de la eficacia del seguro o de la garant�a financiera, as� como cualquier modificaci�n introducida en los t�rminos inicialmente pactados.
3. Comunicar al Registro estatal las alteraciones o modificaciones de los datos que figuren en la correspondiente inscripci�n, en un plazo de 10 d�as desde que estas tengan lugar.En cualquier momento, la unidad responsable del Registro estatal podr� solicitar a los interesados la documentaci�n e informaci�n adicional que se considere necesaria para completar, aclarar o comprobar, en su caso, la vigencia de los datos aportados por las empresas inscritas en el Registro estatal.
4. El incumplimiento por la empresa de las obligaciones que se establecen en este art�culo, as� como la negativa a aportar los datos solicitados o la falta de veracidad de los mismos, dar� lugar a la cancelaci�n de oficio de su inscripci�n en el Registro estatal, sin perjuicio de la apertura del expediente sancionador que proceda.
Cancelaci�n 1. La cancelaci�n en el Registro estatal se producir� de oficio en los casos previstos en este real decreto, as� como a instancia de la empresa afectada o, en su caso, de las comunidades aut�nomas en que tenga su domicilio.
En ambos casos, la resoluci�n de cancelaci�n ser� notificada, en el plazo m�ximo de tres meses, al titular o representante de la empresa y producir� efectos desde la fecha en que se notifique la misma. La falta de resoluci�n expresa en los procedimientos de cancelaci�n iniciados de oficio, tendr� los efectos establecidos en el art�culo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. Las empresas estar�n obligadas a comunicar al Registro estatal el cese de su actividad, a efectos de cancelaci�n de la inscripci�n, en el plazo de 10 d�as desde que tuvo lugar. Dicha comunicaci�n se realizar� mediante escrito dirigido a la Subdirecci�n General de Calidad del Consumo, que instruir� el oportuno expediente. La cancelaci�n de la inscripci�n por cese de actividad, y la fecha en que ha tenido lugar, se publicar�n en la p�gina web del Instituto Nacional del Consumo.
Colaboraci�n entre el Registro estatal y los registros auton�micos 1. A efectos de garantizar la consecuci�n de un censo actualizado de todas las empresas incluidas en el �mbito de aplicaci�n de la Ley 2/2009, de 31 de marzo, las comunidades aut�nomas comunicar�n al Registro estatal los datos de las inscritas en sus respectivos registros auton�micos en el plazo del mes siguiente a la correspondiente inscripci�n. Asimismo, comunicar�n las subsiguientes modificaciones sobre estos datos.
2. Las relaciones entre el Registro estatal y los registros auton�micos se regir�n por el principio de lealtad institucional. Consecuentemente, ambos registros se facilitar�n mutuamente cuantos datos o documentos se hallen a su disposici�n y se precisen para el ejercicio de sus propias competencias.
3. Los intercambios de comunicaci�n y datos entre los registros se realizar�n por medios electr�nicos. A estos efectos, se establecer�n conjuntamente las condiciones generales, requisitos y caracter�sticas t�cnicas de las comunicaciones y de los distintos documentos.
CAP�TULO IIISeguro de responsabilidad o aval bancario
Importe m�nimo del seguro de responsabilidad civil y del aval bancario 1. El importe del seguro de responsabilidad civil y del aval a que se refiere el art�culo 7 de la Ley 2/2009, de 31 de marzo, tendr� que garantizar, hasta el l�mite que resulte de la aplicaci�n de los apartados 2 y 3 siguientes, las responsabilidades en que pueda incurrir frente a los consumidores por los perjuicios derivados de la realizaci�n de los servicios propios de la actividad de intermediaci�n o concesi�n de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios.
2. El importe m�nimo asegurado o avalado ser� de 300.000 euros para el primer a�o de la actividad. Dicha cuant�a se multiplicar� por el n�mero de establecimientos en los que la empresa desarrolle la actividad.
3. Una vez transcurrido el primer a�o de actividad, y en los a�os sucesivos, el importe m�nimo asegurado o avalado ser� el mayor de los dos siguientes: la actualizaci�n en funci�n del �ndice de precios al consumo del referido en el apartado anterior o, el 30 por ciento de la facturaci�n que corresponda a la actividad desarrollada por la empresa, en cuanto al �mbito cubierto por este real decreto, en el ejercicio anterior.
4. La falta de vigencia del seguro o del aval ser� causa que autom�ticamente impedir� el ejercicio de la actividad de la empresa, procedi�ndose de oficio a la cancelaci�n de su inscripci�n en el Registro estatal, sin perjuicio de la apertura del expediente sancionador que proceda en aquellos casos en que la empresa haya ejercido o siga ejerciendo su actividad una vez expirado el plazo de dicho seguro o aval.
5. En el seguro de responsabilidad civil regir�n las disposiciones generales de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y, en especial, lo establecido en el art�culo 73 de esta ley con relaci�n a la delimitaci�n temporal del seguro, as� como lo previsto en la p�liza de seguro.
La suma asegurada establecida en los apartados 2 y 3 de este art�culo constituye un l�mite por siniestro y anualidad del seguro.
A los efectos de aplicaci�n del l�mite asegurado, se entender�n como un solo y �nico siniestro todas aquellas reclamaciones derivadas del mismo hecho generador de la responsabilidad civil.
Infracciones y sanciones 1. El incumplimiento por las empresas de las disposiciones de este real decreto ser� sancionado como infracci�n en materia de consumo, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aplic�ndosele lo dispuesto en el r�gimen sancionador general sobre protecci�n de los consumidores y usuarios previsto en el libro primero, t�tulo IV del texto refundido y normativa auton�mica que resulte de aplicaci�n.
2. Cuando se trate de empresas que deban inscribirse en el Registro estatal, el incumplimiento de las obligaciones reguladas en este real decreto ser� sancionado por el Instituto Nacional del Consumo.
3. El incumplimiento de la obligaci�n de inscripci�n en el Registro estatal previsto en el art�culo 2 de este real decreto ser� considerado infracci�n muy grave, siendo competente para la imposici�n de las sanciones el Instituto Nacional del Consumo, aplic�ndose lo dispuesto en los art�culos 51 y 52 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y normativa complementaria.
4. El incumplimiento de la obligaci�n de constituci�n del seguro de responsabilidad o aval por parte de aquellas empresas que deban inscribirse en el registro auton�mico correspondiente, ser� sancionado por las autoridades auton�micas competentes.
Ciudades de Ceuta y Melilla Las referencias que esta disposici�n realiza a las comunidades aut�nomas se entender�n tambi�n referidas a las ciudades de Ceuta y Melilla, en el marco de sus competencias estatutariamente asumidas.
R�gimen transitorio 1. Las empresas domiciliadas en el extranjero que desarrollen en territorio espa�ol las actividades reguladas por la Ley 2/2009, de 31 de marzo, deber�n solicitar la inscripci�n en el Registro estatal en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto.
En el mismo plazo deber�n solicitar la inscripci�n provisional en el Registro estatal las empresas domiciliadas en Espa�a cuando la comunidad aut�noma en que radique su domicilio no haya constituido el correspondiente registro auton�mico.
2. En el caso de que aquellas empresas que, a la entrada en vigor de este real decreto, desarrollen las actividades incluidas en la Ley 2/2009, de 31 de marzo, el plazo para la notificaci�n de la inscripci�n al interesado ser� de tres meses.
T�tulo competencial Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el art�culo 149.1.6.� y 13.� de la Constituci�n que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de legislaci�n mercantil y en materia de bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica, respectivamente.
Facultad de desarrollo Se faculta a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecuci�n de lo establecido en este real decreto.
ANEXO Solicitud de inscripci�n en el Registro estatal de empresas que, sin tener la condici�n de entidades de cr�dito, llevan a cabo actividades de contrataci�n de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios o de intermediaci�n, para la celebraci�n de contratos de pr�stamo o cr�dito con los consumidores

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