Source: http://www.justiciapenalmichoacan.gob.mx/la-reforma.aspx
Timestamp: 2014-04-17 12:30:06+00:00

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La Reforma - Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal
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El nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal que se implementa en Michoacán es resultado del decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se publicó el 18 de junio de 2008, el cual modifica los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, para establecer las bases de un nuevo sistema procesal penal acusatorio, adversarial y oral, y dejar atrás el tradicional sistema inquisitorio mixto.
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En esta sección podrás revisar todos los documentos normativos aprobados por el H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo relativos a la reforma al sistema de seguridad pública y justicia penal.
¿Qué ventajas tiene el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal?
•	Respeto y vigilancia de los derechos humanos de la víctima u ofendido y el imputado en todas las etapas del proceso (investigación, intermedia, juicio oral y ejecución de sentencia), quienes adquieren una participación más activa en todo momento.
•	Se eleva el principio de presunción de inocencia, por el cual una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, y así debe ser tratada.
•	Los operadores del nuevo sistema deben estar capacitados y certificados para el desempeño de sus funciones, lo que permite que la investigación de un delito se realice utilizando métodos científicos. •	Se privilegian los acuerdos reparatorios entre las partes, a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias, lo que permite reconstruir el tejido social, resarcir el daño ocasionado por la comisión de un delito y despresurizar el sistema judicial, ya que sólo llegarán a juicio oral aquellos asuntos que por su gravedad o complejidad no puedan ser solucionados de esta manera o mediante procedimiento abreviado, permitiendo que los operadores del sistema realicen mejor su trabajo.
•	El principio de publicidad transparenta la impartición de justicia al hacer públicas todas las audiencias, con lo cual se recupera la confianza de la sociedad hacia las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia.
•	El principio de oralidad implica que el proceso se desarrolla a través de audiencias o actuaciones orales, lo cual elimina los abultados expedientes, haciendo más ágil y transparente la impartición de justicia.
•	El principio de inmediación obliga a los jueces a presenciar el desarrollo de todas las audiencias.
•	El principio de contradicción implica que todo argumento y medio de prueba que ofrezca cada una de las partes debe ser sometido al conocimiento y debate de la parte contraria, para que ésta pueda manifestar lo que a sus intereses convenga.
•	Abreviación de los procesos penales como resultado de la existencia de los mecanismos alternativos de solución de controversias, el procedimiento abreviado y los principios de concentración y continuidad.
¿Cuándo comenzará a funcionar el nuevo sistema de seguridad y justicia penal en Michoacán?
El nuevo sistema entrará en vigor de manera gradual y regional en el estado conforme fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de enero de 2014 de la siguiente manera: : 7 de marzo de 2015 en las regiones de Morelia y Zitácuaro, el 3 agosto de 2015 en Uruapan y Zamora, mientras que las regiones de Lázaro Cárdenas y Apatzingán entrará el 9 de mayo de 2016.
¿Qué otros países tienen sistemas similares al que se está implementando en México?
En Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. También Estados Unidos de América, Canadá, Gran Bretaña y varios países europeos. Pero aunque son sistemas adversariales, tienen marcadas diferencias en relación con el sistema que se está implementado en México.
¿Es el nuevo sistema de seguridad y justicia penal una copia del modelo norteamericano?
No. Aunque los dos sistemas comparten principios como la publicidad, la concentración, la inmediación, la contradicción y la oralidad, en nuestro país no existe la figura del jurado integrado por ciudadanos, sino que será un tribunal de juicio oral, integrado por tres jueces, el que dará el veredicto de inocente o culpable. Por otra parte, en Estados Unidos no existen delitos tipificados que ameriten prisión preventiva obligatoria como en nuestro país y no existe la vinculación a proceso.
¿Habrá jurado integrado por ciudadanos en los juicios?
No. En México es un tribunal de juicio oral, integrado por tres jueces, el cual declara la culpabilidad o inocencia, y dicta sentencia.
¿Mejorará la impartición de justicia y se evitará la impunidad con el nuevo sistema?
Sí. El nuevo sistema se ajusta a los principios de un Estado democrático de derecho, es decir, vela por los derechos humanos de víctimas u ofendidos e imputados y transparenta la impartición de justicia, evitando la impunidad. Este sistema también fortalece la investigación científica, agiliza los procesos y garantiza la imparcialidad en los juicios.
¿Mejorará la seguridad pública con el nuevo sistema?
Sí. Acompañando al nuevo sistema de justicia penal, se trabaja en fortalecer el sistema de seguridad pública, con la obligación de los municipios, estado y federación de coordinarse para perseguir los delitos, y se sientan las bases para una actuación coincidente y corresponsable entre las policías. Se establecen reglas compartidas entre los tres órdenes de gobierno para la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación del personal de todas las instituciones policiales, ministerios públicos y peritos.
¿El nuevo sistema nos costará más a los contribuyentes que el actual?
Como toda reforma, y más tratándose de un cambio sustancial, el nuevo sistema requiere para su arranque una inversión importante en capacitación, nuevas tecnologías, adecuación y construcción de infraestructura y difusión. Sin embargo, este nuevo sistema tiene como idea central despresurizar los centros preventivos y de reinserción social, lo que significa un gran ahorro económico, ya que actualmente la mayoría de las personas que cometen un delito son recluidas, lo que implica un alto costo al Estado que se hace responsable de los gastos que implican el cuidado y la seguridad de los centros (por ejemplo, en alimentación, salud e higiene).
¿Quiénes están involucrados en el proceso de implementación del nuevo sistema, es decir, a quiénes les corresponde el cambio?
A todos. Es decir, los tres poderes que conforman el Gobierno del estado: ejecutivo, legislativo y judicial, y los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, así como la ciudadanía y las instituciones de educación. En el caso del Poder Ejecutivo, están involucrados principalmente los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (policía de investigación -antes ministerial-, ministerios públicos y peritos), de la Secretaría de Seguridad Pública (policía preventiva y personal de reinserción social) y de la Secretaría de Gobierno (defensores públicos). El Poder Judicial se transforma radicalmente en su parte penal pues a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema, todos los delitos perseguidos se realizarán con base en los nuevos principios y proceso penal. El Poder Legislativo debe ser eficiente en la formulación y aprobación de la normativa y presupuestos necesarios para la adecuada implementación. Por su parte, la academia tiene una gran responsabilidad, en general, en la formación de una cultura de respeto a los derechos humanos y la legalidad, y en lo particular, en la formación de los futuros operadores del sistema, ya sean abogados, criminalistas, facilitadores para la mediación y especialistas en peritaje.
La ciudadanía debe velar por sus derechos, cumplir sus obligaciones –como víctima o imputado de un delito- y fortalecer la cultura de la legalidad.
¿Qué pasará con las personas que trabajan actualmente en las instituciones que administran la seguridad pública y la justicia penal?
Seguirán trabajando porque durante algunos años coexistirán ambos sistemas, además, con una adecuada capacitación y disposición al cambio se podrán insertar en el nuevo sistema.
¿Es verdad que en el nuevo sistema los jueces deberán estar presentes siempre en los juicios?
Sí. El principio de inmediación del nuevo sistema señala que los jueces presidirán en su integridad el desarrollo de las audiencias y por ningún motivo podrán delegar sus funciones.
¿Habrá mayor igualdad en el nuevo sistema?
Sí. Por una parte, el principio de contradicción consiste en que los argumentos y las pruebas que alegan y ofrecen las partes son sometidos al conocimiento y debate de la contraria; y por otra, el principio de igualdad indica que las partes deberán ser tratadas bajo las mismas condiciones, sin que los jueces puedan mantener comunicación directa o indirecta con alguna de las partes.
¿Los procesos penales serán más cortos?
Sí. En principio, como resultado de la existencia de los mecanismos alternativos de solución de controversias y el procedimiento abreviado. Además, el principio de concentración permite integrar en una sola audiencia el mayor número de actos posibles y sus correspondientes resoluciones a fin de evitar la dispersión de la información y hacer más corto el proceso; en tanto que el principio de continuidad señala que la audiencia se realizará sin interrupción, durante las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su terminación.
¿Cómo se garantizará la transparencia en los juicios en el nuevo sistema?
A través del principio de publicidad que indica que las audiencias son abiertas a la sociedad, tanto en lo general, como respecto de los asistentes a las salas de los tribunales, en lo particular. Los tribunales podrán restringir la publicidad o limitar la difusión cuando existan razones fundadas para justificar que se pueda perjudicar el normal desarrollo del proceso o que existan razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de la víctima u ofendidos, testigos y menores de edad o, se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos. El principio de oralidad, que implica que el proceso penal se desarrolla a través de audiencias orales, también permite que los operadores del sistema rindan cuentas de una mejor manera, ya que las partes, la sociedad y los medios de comunicación podrán conocer de primera mano sus capacidades y competencias.
¿Cómo se garantiza la seguridad y el respeto a la intimidad de las personas sujetas a proceso ante la presencia de los medios de comunicación en los juicios?
Con la aplicación del principio de presunción de inocencia, además de que ninguno de los intervinientes en el proceso puede divulgar datos o informes personales de la víctima y el imputado, prohibición que se mantiene después de concluido el proceso como protección a la dignidad de la persona.
¿Cómo se garantizará una mejor investigación de los delitos?
Con la correcta y estricta selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación del personal de todas las instituciones policiales, ministerios públicos y peritos.
¿Qué implica el cambio de que la investigación de los delitos ya no se encuentre en una “averiguación previa” sino en la “investigación”?
En el nuevo sistema se privilegia la teoría del caso, que es la versión explicativa de lo que realmente sucedió en el caso concreto, es la explicación de un caso determinado a través de sus hechos, sus medios de prueba y su fundamento jurídico, relacionados entre sí. Asimismo, el imputado y la víctima u ofendido tendrán acceso a la investigación y podrán también ofrecer medios de prueba, contrario a lo que sucede con la averiguación previa en la que no se contempla el hecho de dar aviso al imputado de la acusación formulada en su contra. Por otra parte, la investigación se judicializa en tanto que es supervisada por el juez de control de garantías que cuida de su efectividad y del respeto a los derechos humanos de las partes.
Si una persona no tiene dinero, ¿quién lo defenderá?
Un abogado titulado que es defensor público y tiene la obligación de prestar una defensa técnica adecuada, conociendo del caso y del nuevo sistema.
¿Todos los procesos que se sigan tendrán un juicio oral?
No. En el nuevo sistema se proponen mecanismos alternativos de solución de controversias por lo que no todos los procesos llegarán a juicio oral, es decir, los conflictos ocasionados por la comisión de un delito pueden ser solucionados a través de acuerdos reparatorios suscritos entre las partes, siempre que esto sea posible. Asimismo, se propone el procedimiento abreviado, que implica que el imputado acepte haber cometido el delito que se le imputa y renuncie a su derecho de ir a juicio oral (esto se hace porque no tendría ningún sentido que se intente probar o desvirtuar algo que el imputado reconoce haber cometido en las condiciones de tiempo, modo y lugar que señalan el ministerio público o el acusador privado. En este caso, la pena que se le impone al imputado puede ser más benévola, es decir menor).
La condición de que una persona que cometió un delito vaya a la cárcel tiene como finalidad lograr su reinserción a la sociedad, ¿cómo se hace esto posible?
Las autoridades penitenciarias están encargadas de dotar a las personas sentenciadas de medios que les faciliten la aptitud y la voluntad de vivir en armonía con la sociedad, tales como el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Para ello, los centros de reinserción social deben contar con personal interdisciplinario capacitado –como psicólogos, trabajadores sociales, maestros, entrenadores, capacitadores, médicos y especialistas en adicciones, entre otros- que se encargue de atender y ayudar a los reclusos, procurando conocer las peculiaridades de la personalidad y ambiente de cada uno de ellos, lo que permitirá su reeducación y preparación para reinsertarse en la sociedad libre, evitando que vuelvan a delinquir.
Una persona que muestra buena conducta en un centro de reinserción social, ¿puede ser liberada antes? ¿Por qué?
Sí, es un derecho que obtiene al considerarse que está listo para reinsertarse nuevamente a la sociedad sin infringir la ley, sin embargo, la buena conducta es sólo uno de los requisitos y se debe cumplir con otros que establece la ley. Por ejemplo, una persona que trabaja o estudia durante su estancia en un centro de reinserción social puede obtener la remisión parcial de la pena, es decir, por cada dos días de trabajo se le descontará un día de prisión, siempre que observe buena conducta y revele, por otros datos, su efectiva reinserción social. La buena conducta es factor determinante para la concesión o negación de la remisión parcial de la pena por parte del juez de ejecución de sanciones.
Soy un ciudadano, ¿cómo puedo ayudar y qué me corresponde?
Uno de los objetivos del nuevo sistema es que, a través de sus fortalezas y principios, los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones que procuran e imparten justicia. Con ello se espera que los ciudadanos acudan a denunciar los delitos que les son cometidos o de los cuales tienen conocimiento, asimismo que acudan a testificar en los juicios para que aporten pruebas que permitan llegar a la verdad de los hechos. Informarse y difundir las cualidades del nuevo sistema, desde los diferentes ámbitos en los cuales se desarrollan los individuos –la familia, la escuela y el trabajo, por ejemplo- fortalecerá el sistema. Entre más ojos haya observando la adecuada implementación del mismo, mejores serán los resultados.
Posibilidad de que en algunos casos la víctima u ofendido promueva directamente ante la autoridad judicial la acción penal en contra de uno o varios sujetos. Actualmente, el ministerio público es el único que puede ejercer la acción penal.
Pacto entre la víctima u ofendido y el imputado que tiene como resultado la solución del conflicto y la conclusión del proceso penal antes de la etapa de juicio oral.
Cargo que se formula ante una autoridad competente, contra una persona por considerarla probable responsable de la comisión de un delito.
Víctima u ofendido que ejerce la acción penal ante el juez de control de garantías de manera autónoma, sin la intervención inicial del ministerio público.
Posiciones planteadas por cada una de las partes al inicio del juicio oral.
Posiciones planteadas por cada una de las partes previo a la terminación del juicio oral.
Acto de oír a las personas que exponen, reclaman o solicitan a un juez que resuelva conforme las pretensiones solicitadas o expuestas por estas mismas.
Audiencia donde el juez de control de garantías califica la legalidad o ilegalidad de la detención.
Audiencia de revisión de medidas cautela
Audiencia donde el juez de control de garantías revisa las medidas cautelares impuestas al imputado, verificando si es posible modificarlas, sustituirlas o cancelarlas.
Audiencia en que el juez determina si con los datos de prueba obtenidos en la investigación se puede demostrar la comisión de un delito y la posible responsabilidad del imputado.
Audiencia intermedia o de preparación a
Audiencia donde el juez de control de garantías admite o rechaza los medios de prueba que se pretenden desahogar en el juicio oral.
Mecanismos que permiten conservar los datos de prueba y cualquier indicio recolectado con motivo de la comisión de un delito para evitar que sean destruidos o alterados.
Obligación que recae en quien acusa de probar que se cometió un delito y desvanecer la presunción de inocencia.
Cuando la investigación aporta datos que obligan al ministerio público a actuar de inmediato en contra del imputado, evitando así que éste se dé a la fuga, o bien, por ser un delito grave el que se le imputa.
Ordenamiento jurídico que contiene las etapas procesales sucesivas que tienen como finalidad establecer la inocencia o la culpabilidad de una persona a la cual se le acusa de la comisión o participación en un delito.
Procedimiento en el que se presentan alternativas de solución a las partes en conflicto para procurar que lleguen a un acuerdo.
Cuestionamiento que se realiza ante el tribunal de juicio oral a las partes, testigos o peritos en relación a las respuestas dadas en el interrogatorio inicial.
Supuestos mediante los que el ministerio público puede prescindir de la persecución penal total o parcialmente, de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimientos Penales.
Referencia al contenido de un determinado medio de prueba aún no desahogado ante el juez, que se advierta idóneo, pertinente y, en conjunto con otros, suficiente para establecer razonablemente la existencia de un delito y la probable participación del imputado.
Deber de testificar
Obligación de toda persona de acudir ante el juez para declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado.
Establece que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas establecidas en la ley, tendientes a obtener un resultado justo y equitativo en un proceso penal.
Derecho a ser asistido o defendido por un abogado titulado desde la primera actuación del proceso penal para asegurarle al imputado una defensa adecuada.
Licenciado en Derecho contratado por una persona para que la defienda en un proceso penal.
Licenciado en Derecho que, siendo funcionario público, se encarga de la defensa de una persona en el proceso penal.
Es la realización de un acto u omisión expresamente previsto como delito en una ley vigente al tiempo de su realización.
Documento que contiene la voluntad de iniciar un proceso penal por la comisión de un delito, el cual puede ser denunciado por cualquier persona que conozca de él o lo haya presenciado.
Etapa de ejecución de sentencia
Periodo durante el cual el juez de ejecución de sentencias da seguimiento al cumplimiento de las penas y medidas de seguridad, impuestas por el tribunal de juicio oral o por el juez de control de garantías en el caso de la resolución del procedimiento abreviado.
Etapa del proceso penal que permite recabar todos los datos de prueba que proporcionen algún esclarecimiento sobre la comisión de un delito y de la probable comisión o participación del imputado, a través del uso de técnicas de investigación.
Etapa del proceso penal donde se desahogan las pruebas y se emite la sentencia que concluye con dicho proceso.
Etapa del proceso penal donde se ofrecen, admiten o desechan las pruebas que serán desahogadas en el juicio oral.
Personal capacitado para propiciar, entre las partes, una solución al conflicto penal de forma alternativa al proceso penal.
A lo relativo al órgano persecutor penal.
Cuando el imputado es sorprendido cometiendo el delito o inmediatamente después de cometerlo.
Mecanismo que permite a las partes solicitar al órgano jurisdiccional la revisión de una resolución.
Acto que realiza el ministerio público ante el juez de control de garantías, atribuyendo a una o varias personas la comisión o participación en un delito.
Persona a la cual el ministerio público le atribuye la comisión o participación en un delito.
Cuestionamiento que se realiza ante el tribunal de juicio oral a las partes, testigos o peritos.
Todo acto tendiente al esclarecimiento de los hechos relacionados con la posible comisión o participación en un delito.
Persona con competencia judicial para resolver controversias y emitir resoluciones dentro de un proceso penal.
Juez encargado de velar por los derechos humanos de las personas durante la investigación previa al juicio oral.
Juez encargado de dar cumplimiento a las penas y medidas de seguridad impuestas con motivo de la sentencia que establezca una sanción.
Juez itinerante
Juez facultado para desplazarse hacia localidades situadas fuera del lugar donde se encuentran asignados.
Juicio breve que se lleva ante el juez de control de garantías cuando el imputado acepta la comisión del hecho que se le atribuye y renuncia a su derecho a juicio oral. Es solicitado por el ministerio público con el consentimiento del imputado, la pena aplicable podrá ser inferior hasta en un tercio de la mínima señalada para el delito por el cual se le acusa.
Acto donde un tribunal integrado por tres jueces emite, de forma oral, un veredicto final condenando o absolviendo al acusado.
La justicia penal es la aplicación o estudio de las leyes sobre el comportamiento criminal
Lectura para apoyo de memoria en audienc
Lectura a anteriores declaraciones, durante el juicio oral bajo autorización del tribunal, a efecto de refrescar la memoria a un testigo cuando éste refiera no acordarse.
Persona con competencia judicial para resolver controversias y emitir resoluciones con carácter de órgano revisor del proceso penal.
Mecanismos alternativos de solución de c
Procedimientos supervisados por el ministerio público o el juez de control de garantías, que tienen por objeto resolver el conflicto de forma alternativa al juicio, a través de la mediación, negociación o conciliación.
Técnica que facilita la comunicación entre las partes en conflicto, con el propósito de que lleguen por sí mismos a una solución que ponga fin a una controversia.
Instrumentos que garantizan el desarrollo de la investigación; la comparecencia del imputado en el juicio; la protección de la víctima u ofendido, testigos y comunidad, así como la reparación del daño o perjuicio provocados por el delito.
Todo objeto, indicio o principio que permite probar la acusación o la inocencia del imputado dentro del proceso penal acusatorio.
Funcionario que tiene a su cargo investigar la posible comisión de un delito; ejercer la acción penal y llevar la acusación ante los tribunales bajo los principios de objetividad y deber de lealtad.
Proceso de comunicación y toma de decisiones entre las partes, en el cual se les asiste para elaborar el acuerdo que dé solución al conflicto o impulse un acuerdo satisfactorio entre las partes.
Reporte que se realiza ante el ministerio público o policía sobre un hecho que posiblemente constituya uno o varios delitos.
Titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley como delito.
La determinación que emite el juez de control de garantías autorizando la aprehensión de una persona por existir en su contra un proceso penal.
Orden de protección emergente y preventi
Acción instrumentada por el juez de control de garantías con auxilio del ministerio público a favor de la víctima u ofendido, con el objeto de protegerla del riesgo en que se encuentre su vida, libertad, seguridad, integridad física e integridad psicológica, o bien, sus bienes o derechos.
Los actores que intervienen directamente en el proceso penal, a saber, víctima u ofendido, imputado, juez, ministerio público y defensor.
Auxiliar de la procuración y administración de justicia, experto en alguna ciencia, técnica, arte u oficio.
Sujeto auxiliar del ministerio público en la investigación criminal.
Elemento policial (estatal y municipal) encargado de proteger a las ciudadanía mediante actividades tendientes a prevenir el delito.
Principio con base en el cual toda persona se presume inocente en todas las etapas del proceso penal, en tanto no se declare su responsabilidad en sentencia firme.
Principio del Nuevo sistema de justicia penal que implica que los jueces presidan y presencien en su integridad el desarrollo de cada audiencia, y por ningún motivo podrán delegar sus funciones.
Principio del Nuevo sistema de justicia penal que implica que las partes actuarán de manera honesta y sincera en el proceso penal.
Principio del Nuevo sistema de justicia penal que consiste en integrar en una sola audiencia el mayor número de actos posibles y sus correspondientes resoluciones a fin de evitar la dispersión de la información.
Principio del Nuevo sistema de justicia penal que implica que la audiencia se realiza sin interrupción durante las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su terminación.
Principio del Nuevo sistema de justicia penal que implica que todo argumento y pruebas que aleguen y ofrezcan las partes deben ser sometidos al conocimiento y debate de la contraria.
Principio del Nuevo sistema de justicia penal que establece que las partes deberán ser tratadas bajo las mismas condiciones, sin que los jueces puedan mantener comunicación directa o indirecta con alguna de las partes.
Principio del Nuevo sistema de justicia penal que establece que las partes no deben utilizar las actuaciones del proceso penal para lograr fines fraudulentos o dolosos, o bien, emplear medios que tiendan a entorpecer la buena marcha del mismo.
Principio del Nuevo sistema de justicia penal que implica que el proceso penal se desarrolle a través de audiencias o actuaciones orales.
Principio del Nuevo sistema de justicia penal que consiste en que cada audiencia es abierta a la sociedad, tanto en lo general, como respecto de los asistentes a las salas de los tribunales, en lo particular. En este caso, los tribunales podrán restringir la publicidad o limitar la difusión cuando existan razones fundadas para justificar que se pueda perjudicar el normal desarrollo del proceso; que existan razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de la víctima u ofendidos, testigos y menores de edad, o bien, se pongan en riesgo datos legalmente protegidos.
Determinación que emite el juez de control de garantías mediante la cual se priva de la libertad a una persona de forma preventiva.
Juicio que se realiza en contra de un imputado que ha aceptado el hecho delictivo que le imputa el ministerio público y por tal motivo se prescinde del juicio oral, previo conocimiento del imputado de las consecuencias que ello conlleva, siendo facultad del juez de control de garantías emitir una resolución de condena o absolución según corresponda.
Conjunto de etapas sucesivas que tienen como finalidad establecer la inocencia o la culpabilidad de una persona, a la cual se le acusa de la comisión o participación en un delito.
Medio para demostrar algún hecho. Son pruebas sólo aquellas desahogadas en la audiencia de juicio oral.
Declaración del testigo, perito o policía que acredite la imposibilidad de concurrir a la audiencia de debate de juicio oral por tener que ausentarse lejos del lugar del juicio, vivir en el extranjero o exista motivo que haga temer sobre su muerte, incapacidad física, incapacidad mental o algún otro obstáculo semejante.
Prueba obtenida mediante la violación de la ley o los derechos humanos.
La expresión de voluntad de la víctima u ofendido del delito, o de sus representantes, ante la autoridad competente, cuando el delito proceda a instancia de parte.
En la audiencia intermedia los intervinientes podrán solicitar al juez de control de garantías que ordene diligencias precisas de investigación, lo cual, de resultar procedente, ordenará al ministerio público la reapertura de la investigación fijándole un plazo para llevar a cabo dichas diligencias.
Mecanismo que permite a las partes obtener de una autoridad distinta a la que emitió la primera resolución dentro de un proceso penal, una revisión a dicha resolución, teniendo la facultad la nueva autoridad de modificarla, revocarla o simplemente confirmarla, siempre que la resolución apelada no sea una sentencia definitiva.
Recurso que permite invalidar la audiencia de juicio oral o la sentencia que se dicte, cuando en la misma se violenten las formas del proceso penal o los principios de legalidad.
Mecanismo que permite al imputado solicitar se revise nuevamente su sentencia impuesta, con la finalidad de aportar nuevos elementos que con motivo del trascurso del tiempo permitan o ameriten que le sea modificada o revocada la sentencia dictada en su contra.
Mecanismo que permite a la partes inconformarse con las determinaciones del juez o tribunal de juicio oral, obteniendo que el mismo juez o tribunal de juicio oral nuevamente revise su resolución y emita una nueva. Siempre que la resolución que se pretenda revocar no sea una sentencia definitiva.
El término reforma lo puedo definir como un mecanismo de cambio, que surge para dar respuestas a las necesidades que se nos presentan.
Acción de reparar, restituir o compensar los daños ocasionados por el delito.
Reserva de actuaciones de investigación
Sólo de manera excepcional y cuando de la investigación se deprenda la necesidad de reservar actuaciones, no se harán del conocimiento del imputado y su defensor por un tiempo determinado, el cual no puede exceder de la mitad del plazo máximo de la investigación que se señale luego de que se decrete la vinculación a proceso.
Resolución que pone fin a un proceso penal, absolviendo o condenado al imputado.
Mecanismo que permite al ministerio público, con el acuerdo del imputado y la aprobación del juez de control de garantías, dar término anticipado al procedimiento.
Versión de los hechos que generan las partes y presentan ante el tribunal de juicio oral o ante el juez de control de garantías, enla cual se narran las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aconteció el delito, así como la normatividad de derecho que consideran es aplicable al caso, realizando solo de forma enunciativa la relación de las posibles pruebas que ofrecerán para convalidar dicha postura.
Persona que participa en el proceso penal colaborando con el ministerio público en el esclarecimiento de los hechos que se investigan, motivo por el cual se le protege contra posibles represalias.
Conjunto de tres jueces que de forma colegiada resuelven el recurso de casación.
Conjunto de tres jueces que de forma colegiada emiten sentencia.
Equipo de investigación conformado por el ministerio público, la policía investigadora y los peritos, quienes colaboran de forma coordinada para esclarecer un delito.
Unidad que tiene como finalidad brindar de forma gratuita una atención integral a la víctima u ofendido.
Evaluación realizada aplicando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, a la luz de la sana crítica.
Persona que ha sufrido directamente un daño con motivo de la comisión de un delito.
La determinación que emite el juez de control de garantías haciéndole saber al imputado que queda sujeto a un proceso penal.
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Por: GUILLERMO ZEPEDA LECUONA
A poco más de tres años de la firma de la reforma en materia penal, nuestro autor revisa los avances en el arduo proceso de implementación del sistema acusatorio, inédito en nuestro país.
Justicia Penal Michoacán.
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