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Timestamp: 2018-09-19 15:25:19+00:00

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﻿ Sentencia 44424 de septiembre 18 de 2012
SENTENCIA 44424 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD PARA INAPLICAR EL REQUISITO DE FIDELIDAD EN PENSIONES DE INVALIDEZ. SE RECORDÓ QUE EN ASUNTOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS SE HA EXIGIDO EL REQUISITO DE LA FIDELIDAD AL SISTEMA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 797 DE 2003, EN TRATÁNDOSE DE CASOS EN LOS QUE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA INVALIDEZ SE PRODUJO EN VIGENCIA DE DICHA NORMATIVA Y ANTES DE LA SENTENCIA C – 1056 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2003, QUE DECLARÓ INEXEQUIBLE TAL PRECEPTIVA. NO OBSTANTE LA JURISPRUDENCIA AL REEXAMINAR EL TEMA QUE SUSCITA CONTROVERSIA FIJÓ MAYORITARIAMENTE UN NUEVO CRITERIO A ESE RESPECTO, EN PERSPECTIVA DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUANTO SE HA CONSIDERADO QUE EL JUEZ DEBE ABSTENERSE DE APLICAR DISPOSICIONES LEGALES QUE RESULTEN REGRESIVAS, AÚN FRENTE A SITUACIONES CONSOLIDADAS ANTES DE LA DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD DE AQUELLAS EXIGENCIAS QUE CONSTITUÍAN UN OBSTÁCULO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO PENSIONAL. LO ANTERIOR POR CUANTO, ACUDIENDO A LOS CRITERIOS DE JUSTICIA Y EQUIDAD, Y EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 4º Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ES PERFECTAMENTE VIABLE INAPLICAR POR VÍA DE EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EL REQUISITO DE LA FIDELIDAD AL SISTEMA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 11 DE LA CITADA LEY 797 DE 2003, RESPECTO DE SITUACIONES QUE SI BIEN SE CONSOLIDARON DURANTE EL TIEMPO EN QUE ESTUVO VIGENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE EQUIDAD, RECURSO DE CASACIÓN, PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, DERECHO A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ
Sentencia 44424 de septiembre 18 de 2012
Radicación 44424
Fue propuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, Protección S.A., concedido por el tribunal y admitido por la Corte; pretende que se case parcialmente la sentencia acusada, en cuanto confirmó la condena impartida contra Protección S.A., ordenándole sufragar la pensión impetrada, para que en su lugar, revoque parcialmente la de primer grado, absolviéndolo de todo lo reclamado en su contra.
Con fundamento en la causal primera de casación laboral, formuló un cargo que fue replicado.
Textualmente lo planteó así: “El fallo recurrido dejó de aplicar los artículos los artículos 11, numeral 1º de la Ley 797 de 2003, 27 y 31 del Código Civil, 1º, 2º, 3º y 14 de la Ley 153 de 1887 y 29 y 230 de la Carta Magna y aplicó indebidamente los artículos 69, y por ende, 39 literal a) y 141 de la Ley 100 de 1993 e, implícitamente, pues no los cita pero se inspira en ellos, 48 y 53 de la Constitución Política”.
En la demostración del cargo se advierte, que admite sin discusión la deducción que extrajo de las pruebas el tribunal, en cuanto encontró demostrada la pérdida de la capacidad laboral de la actora en un 50,55% por enfermedad común, estructurada el 29 de mayo de 2003, así como que cumplía con el requisito de las 50 semanas mínimas de cotización en el interregno que establece la norma, pero no la exigencia de la fidelidad al sistema.
Precisó, que existe jurisprudencia abundante en el sentido de establecer que las normas rectoras de la pensión de invalidez son aquellas que estuvieran vigentes en el día en que se estructuró ese estado, para luego de copiar el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, e insistir en que solo puede reclamar la pensión de invalidez quien hubiera aportado 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores al día de la estructuración y realice cotizaciones del 25% del tiempo transcurrido entre el día en que la persona cumplió 20 años de edad y la fecha de la calificación de su estado invalidante.
Una vez extractó algunos apartes de la Sentencia C-1094/2003 de la Corte Constitucional y advertir que aun cuando ella se refiere al examen de exequibilidad del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, destacó que es valiosa su jurisprudencia sobre el entendimiento que debe dársele al artículo 48 de la Constitución y a la fidelidad de las cotizaciones con el sistema, aspectos que están íntimamente relacionados con lo que es tema de debate en este caso, por lo que concluyó que es irrefragable que al momento del inicio de la condición invalidante de la actora, esta no reunía el número de semanas aportadas que exige el artículo 11 de la citada ley, en cuanto a la fidelidad de cotizaciones con el sistema.
Advirtió que de ninguna manera los jueces están habilitados para contrariar la voluntad del legislador, estableciendo nuevas vías para alcanzar una pensión de invalidez, desatendiendo lo señalado por la norma expresa que se encontraba vigente en la época en que sucedieron los hechos en los que se funda la pretensión, pues destaca que el cambio de los requerimientos obligatorios para ser beneficiario de una prestación como la discutida, fue producto de una decisión deliberada del legislador, quien voluntariamente se abstuvo de implantar un régimen de transición. Extractó algunos párrafos de las sentencias de esta corporación del 27 de agosto y 2 de septiembre de 2008, radicaciones 33185 y 32765, respectivamente, relacionadas con la exigencia de la fidelidad del sistema, para lo cual indicó que si bien se refieren al artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en su esencia es igual al artículo 11 de la Ley 797 de ese mismo año.
Luego de transcribir algunos extractos de la Sentencia T-1030/2008 de la Corte Constitucional, y destacar que la norma a aplicar es la contenida en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, cuyo texto se copió, concluyó que como en un caso similar al debatido se aplicó el principio de la favorabilidad y el de la condición más beneficiosa, es pertinente hacer lo propio para este asunto, por lo que solicita que no se case la sentencia impugnada.
Conforme a la vía directa por la que se orienta el único cargo propuesto, no es objeto de discusión en el recurso, que la demandante presenta una pérdida de su capacidad laboral del 50,55% por enfermedad de origen común, estructurada el 29 de mayo de 2003; que tenía acreditadas 50 semanas de cotización al sistema, todas ellas dentro de los 3 años anteriores a su invalidez; y que no cumplía con el requisito de la fidelidad al sistema de que trata el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, norma que era la vigente para el momento en que se estructuró la invalidez.
El tribunal a pesar dar por demostrados los anteriores supuestos fácticos, en especial el de la falta de la fidelidad al sistema por parte de la demandante, accedió al reconocimiento de la pensión de invalidez pretendida, con fundamento en que el tránsito normativo de la Ley 100 de 1993 a la Ley 797 de 2003, resulta violatorio del derecho fundamental al mínimo vital de la actora, en tanto se trata de una persona inválida que es sujeto de una protección especial del Estado, pues consideró que se le hizo más gravoso el acceso al derecho a la pensión, por lo que la dispensó de esa exigencia legal.
Para la Corte, si bien es cierto que en asuntos de similares características se ha exigido el requisito de la fidelidad al sistema a que alude el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, en tratándose de casos en los que la estructuración de la invalidez se produjo en vigencia de dicha normativa y antes de la Sentencia C-1056 del 11 de noviembre de 2003, que declaró inexequible tal preceptiva, la nueva composición de la Sala al reexaminar el tema que suscita controversia fijó mayoritariamente un nuevo criterio a ese respecto, en perspectiva del principio de progresividad de las prestaciones derivadas del sistema de seguridad social, en cuanto se ha considerado que el juez debe abstenerse de aplicar disposiciones legales que resulten regresivas, aun frente a situaciones consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad de aquellas exigencias que constituían un obstáculo para la consolidación del derecho pensional.
Lo anterior por cuanto, acudiendo a los criterios de justicia y equidad, y en el marco de lo dispuesto en los artículos 4º y 53 de la Constitución Política, es perfectamente viable inaplicar por vía de excepción de inconstitucionalidad el requisito de la fidelidad al sistema a que alude el artículo 11 de la citada Ley 797 de 2003, respecto de situaciones que si bien se consolidaron durante el tiempo en que estuvo vigente, se constituyen en un obstáculo para la protección de las personas que por su condición de vulnerabilidad y a raíz de una exigencia que ya fue retirada del ordenamiento jurídico, le pueda frustrar su expectativa de obtener el reconocimiento de una pensión de invalidez.
Precisamente, la Corte en un asunto de similares características al que constituye objeto de estudio, en el que se analizó el tema de los efectos de la fidelidad del sistema respecto de situaciones que se consolidaron en vigencia del artículo 11 de la Ley 797 de 2003, consideró viable su inaplicación por inconstitucional, en cuanto en la sentencia del 17 de julio de 2012, radicación 46825, se dijo:
“De otro lado, no sobra expresar, que en lo atinente a la facultad/deber dispuesta por el artículo 4º superior, atrás transcrito, nada impide que, una vez expedido un fallo de inexequibilidad de una determinada preceptiva, ora por la jurisdicción contenciosa, ora por la constitucional, puedan los administradores de justicia, al afrontar la resolución definitiva de un asunto regido por la norma ahora reputada como inexequible, proceder, en obedecimiento de aquella orden constitucional, a inaplicar, con o(sic) diferentes fundamentos de los del fallo de inexequibilidad, pues precisamente, de lo que se trata es de conjurar que se sigan produciendo los efectos deletéreos e inicuos de la norma proscrita del ordenamiento en cada caso no consolidado.
“El hecho, prudente las más de las veces, de abstenerse el tribunal constitucional de otorgar un apresurado efecto retroactivo a su sentencia de inexequibilidad, no implica, en modo alguno, restringir, cercenar o impedir al resto de jueces el ejercicio de la prerrogativa de la inaplicación normativa; por el contrario, ello permitirá que, en cada caso, pueda determinarse cuidadosamente, el efecto positivo o negativo de la aplicación de la norma excluida, pues, habrá casos en que el interesado sí alcanzó a cumplir con las condiciones impuestas por la norma inexequible (rad. 32457/2008, por ejemplo), lo que posibilitará la adjudicación de un derecho, que no podría hacerse de existir una declaratoria imprudente o apresurada de efecto retroactivo del fallo constitucional y, en otros, por el contrario, en obedecimiento del carácter tuitivo de la legislación laboral y de la seguridad social, se dispondrá del valioso elemento de la inaplicación normativa por inconstitucionalidad. Comporta razonamiento falaz el considerar que si la Corte Constitucional no otorgó efectos retroactivos a su fallo de inexequibilidad, ello insoslayablemente, implique, entonces, que la norma fue constitucional hasta cuando fue excluida del ordenamiento; por el contrario, no obstante los efectos hacía el futuro del fallo, cada caso que se presente, aún no resuelto, podrá contrastarse, para su solución justa, con las consecuencias respectivas en caso de aplicarse o no la norma cuestionada.
De igual forma, en la sentencia del 8 de mayo del presente año, radicación 41832, la Corte precisó:
“La discrepancia de la recurrente con el fallo acusado estriba, en estricto rigor, en que la inexequibilidad del artículo 11 de la Ley 797 de 2003 “genera la inexistencia de la norma hacía el futuro pero no puede desconocer las situaciones fácticas consolidadas durante la vigencia de la norma porque no es el sistema consagrado en nuestra Constitución, para los efectos de la inexequibilidad, en estas circunstancias es indudable que el H. tribunal superior ha debido aplicar el artículo 11 de la Ley 797/2003 que se encontraba vigente el 19 de febrero de 2003, fecha en la cual se estructuró la invalidez por la junta regional de Risaralda y en esa fecha el señor Jaime Londoño Londoño no cumplía con los requisitos que consagraba la ley vigente para el reconocimiento de la pensión de invalidez. No puede darse efectos retroactivos a la sentencia de la Honorable Corte Constitucional y considerar que la norma aplicable era la consagrada en la Ley 100/93” (fl. 13, cdno. 3).
“Y entonces, bajo estos supuestos no existe la menor duda de que el promotor del proceso tiene derecho a pensionarse con fundamento en la norma en precedencia, como acertadamente lo sostuvo el juez colegiado, sin que tenga que cumplir con la densidad de cotizaciones que exigía la mencionada Ley 797, como lo propone la entidad recurrente, por cuanto para la fecha de estructuración de la invalidez —feb. 19/2003— sufragó en su integridad las semanas requeridas por aquella ley, haciéndolo acreedor a la prestación que implora”.
“(...) el tribunal concluyó que, como la invalidez del actor se estructuró el 30 de mayo de 2003, la norma vigente en ese momento era el citado artículo y luego de transcribirlo asentó que, como el promotor del pleito cotizó 42 semanas, se “... hace innecesario ubicar en qué tiempo se cotizaron, toda vez que son inferiores a las que se exigen en el artículo citado”. Es claro, así las cosas, que fundó su conclusión en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, lo que hacía ineludible la crítica de esa inferencia y, desde luego, la inclusión del precepto en la proposición jurídica.
“Es que si el sistema pensional de reparto simple o de prima media en Colombia contiene un nuevo principio, diferente del que rige en el derecho laboral, a pesar de describirse en términos similares, conforme al cual, cuando el esfuerzo económico de un afiliado ha alcanzado el mínimo de contribuciones que la ley vigente señala como necesarios para que se le reconozca una determinada pensión, un cambio legislativo no puede aniquilar la eficacia de tales cotizaciones so pretexto de que falta por cumplirse la condición señalada en la ley para hacerlo exigible. Este hecho futuro del cual pende la efectividad del derecho pensional, como, por ejemplo, la estructuración de una incapacidad suficiente para que al afiliado se le declare inválido, o por morir antes de cumplir la edad señalada para su jubilación, no ha de frustrarse por la modificación de la ley bajo la cual cumplió con “la mutua ayuda entre las (...) generaciones” (L. 100/93, artículo 2º-b, Ley 100 de 1993), soporte del sistema de fondo común, administrado por el Estado, conforme al cual, una generación económicamente activa sufraga las pensiones de la otra que, simultáneamente, entra en su etapa pasiva laboral.
“De esta garantía de orden prestacional y, por lo mismo, sujeta a las condiciones económicas y legales de cada Nación, fluyen derechos que, una vez consolidados, no pueden ser desconocidos ni aun en estados de excepción (C.P., art. 93), al igual que las reglas y principios contenidos en los tratados que sobre la materia ratifique el Estado colombiano, las cuales prevalecen en el orden interno y sirven de pauta interpretativa de la normatividad nacional. En este sentido, cabe citar la decisión de la Sala, del 8 de julio de 2008 (rad. 30581) en la que se sostuvo:
“En ese orden, conforme lo atrás descrito, no pudo haber equivocación del tribunal.
Por lo visto, no se configuran las violaciones a las normas legales denunciadas, al dispensar el tribunal a la demandante para efectos de acceder a la pensión de invalidez incoada, el requisito de la fidelidad de cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones de que trata el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, a pesar de que la pérdida de la capacidad laboral de aquel se haya estructurado en vigencia de dicha normativa y con anterioridad a la sentencia de la Corte Constitucional C-1056 de 2003, que retiró del ordenamiento jurídico dicha exigencia.
Las costas en el recurso de casación serán a cargo de la parte recurrente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 30 de julio de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso ordinario promovido por María Claribel Vargas Alarcón contra Martha Nubia Gómez Botero al que fue llamado como litis consorcio necesario la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías, Protección S.A.
Costas en el recurso de casación a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 6.000.000.

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