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Timestamp: 2018-12-13 06:44:07+00:00

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﻿ SENTENCIA C-790 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2006
SENTENCIA C-790 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2006
CONTENIDO:LA ESTRUCTURA DEL PROCESO Y LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN Y DEFENSA EN EL ÁMBITO PROBATORIO. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN "CADA PARTE PODRÁ TACHAR LOS TESTIGOS CITADOS POR LA OTRA PARTE O POR EL JUEZ", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 218 DEL DECRETO LEY 1400 DE 1970.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO DE CONTRADICCIÓN, TACHA DEL TESTIGO, TERCEROS PROCESALES
Sentencia C-790 de septiembre 20 de 2006
Sentencia C-790 de 2006
Ref.: Expediente D-6219
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 218 —parcial— del Decreto-Ley 1400 de 1970 “Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil”.
Actor: Hans Gutiérrez Rodríguez
Bogotá, D.C., veinte de septiembre del año dos mil seis.
A continuación se transcribe el texto de la norma acusada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 33.150 del 21 de septiembre de 1970. Se resalta lo demandado:
ART. 218.—Tachas. Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por el juez. La tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud de pruebas relativas a estos, que se practicarán en la misma audiencia. Si el testigo acepta los hechos, se prescindiera de toda otra prueba.
El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.
Según el demandante, el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil desconoce del debido proceso y el derecho de igualdad de las partes, en la medida que solo permite tachar a los testigos citados por la contraparte o por el juez. Por tanto, sostiene que ambas partes deben tener la facultad de tachar de sospechosos a cualquiera de los testigos citados al proceso, independientemente de quien haya solicitado su comparecencia.
En este sentido, el actor considera inconstitucional que la parte que cita al testigo no pueda tacharlo por los motivos que ponen en duda su imparcialidad y credibilidad, pues ello la deja en un estado de desigualdad y viola sus garantías mínimas del debido proceso, en especial el derecho de defensa y contradicción.
Por su parte, tanto el Ministerio del Interior y de Justicia como el Procurador General de la Nación, estiman que la norma es exequible y que la interpretación hecha por el actor desconoce la lógica del proceso y las obligaciones de lealtad de las partes. En sus respectivos escritos se sostiene que cada parte puede solicitar las pruebas que considera necesarias para la defensa de sus intereses y que, en esa medida, para garantizar el derecho de contradicción y de defensa, el Código de Procedimiento Civil permite tachar como sospechosos los testigos citados por el juez o la contraparte.
En este orden de ideas, a la Corte le corresponde determinar si la norma acusada desconoce los derechos de defensa y de igualdad que el demandante estima vulnerados o si, como lo sostiene el señor Procurador General de la Nación y el Ministerio del Interior y de Justicia, aquella se ajusta a los mandatos y principios constitucionales.
3. La estructura del proceso y los principios de contradicción y defensa en el ámbito probatorio.
El Código de Procedimiento Civil regula la forma como el Estado ejerce la jurisdicción necesaria para la solución pacífica de determinados conflictos privados y de asuntos de la misma naturaleza en los que sin existir una confrontación entre distintas partes, se requiere de un pronunciamiento judicial. En la medida que “el fin específico del derecho es el determinar en sus normas lo que a cada uno le corresponde como suyo, procurando evitar de esa manera la existencia de permanentes conflictos entre las personas” (1) , el proceso judicial surge como herramienta de composición o arreglo en caso de desacuerdo sobre lo que es debido o de desobedecimiento por parte de quien está obligado a un determinado comportamiento. Así, esta corporación señaló:
“Para dar cumplimiento al deber de solucionar los conflictos que se producen en el ámbito de la vida social regulada por el derecho, se instituyó el proceso, esto es, el instrumento a través del cual actúa el poder judicial, como alternativa pacífica e imparcial para la solución de los conflictos, el cual concluye con la atribución cierta, obligatoria y coactiva de lo que a cada una de las partes le corresponde.
El proceso es la suma de una serie de momentos que confluyen en la formación del juicio que formula la autoridad judicial. Esos momentos son: el cognoscitivo, que supone el conocimiento cierto de los hechos y de las demás circunstancias relevantes del conflicto y la determinación de las normas válidas para la solución del mismo; el valorativo, que consiste en la evaluación de tales hechos a la luz de las normas que se juzgan pertinentes para ello, pues precisamente se refieren, en abstracto, a las conductas que el juez ha identificado en concreto; y el decisorio, que se manifiesta en la parte resolutiva del fallo, cuya finalidad es resolver la controversia que originó el proceso, o hacer las declaraciones que se demandan. Estos momentos se desarrollan a través de las etapas que determinan las leyes procesales” (2) .
Por su parte, la regulación de los procedimientos judiciales por el legislador tiene un amplio componente de discrecionalidad, no obstante lo cual debe respetar las reglas mínimas del debido proceso previstas en el artículo 29 superior, además de los valores y principios que emanan de la misma Constitución Política; frente a ello, la Corte ha reiterado de manera constante las limitaciones inherentes a la potestad de expedición de normas destinadas a regular las actuaciones ante la administración de justicia:
“El alcance propio de esta facultad legislativa ha sido precisado recientemente por esta corporación, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de otras disposiciones de la misma Ley 794 de 2003, que se demanda en esta oportunidad. Así, en la Sentencia C-789 de 2003 (3) , la Corte resaltó que “el legislador dispone de un amplio margen de discrecionalidad para regular los procesos judiciales, esto es para determinar el procedimiento, las actuaciones, acciones y demás aspectos que se originen en el derecho sustancial (4) . Todo ello dentro de los límites que fije la Constitución (art. 4º)”; en ese sentido, precisó la Corte que los límites en cuestión “están representados por la prevalencia y el respeto de los valores y fundamentos de la organización político institucional, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés general, la justicia, la igualdad y el orden justo (preámbulo art. 1º de la Constitución); en la primacía de derechos fundamentales de la persona, entre ellos la igualdad, el debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de justicia (C.P., arts. 5º, 13, 29 y 229) o el postulado de la buena fe de las actuaciones de los particulares (C.P., art. 83)”. En el mismo orden de ideas, en la Sentencia C-1091 de 2003 (5) la Corte reiteró que “el margen de configuración legislativa de los procedimientos judiciales es amplio ... la Constitución Política concede al legislador un amplio margen a su potestad de configuración en el diseño de los procedimientos judiciales, que solo se excede cuando se afectan claramente derechos fundamentales” (6) .
En esta medida, no existe discusión en cuanto a que la regulación de los procesos judiciales debe respetar, entre otros, los derechos de contradicción, defensa e igualdad de las partes, como garantías inherentes a todas las personas que concurren a la administración de justicia en búsqueda de una decisión que ponga fin a un determinado asunto o controversia. Por tanto, a pesar de la amplia libertad del legislador para la regulación de los procedimientos judiciales, las normas que se expidan en esta materia serán contrarias a la Constitución si, entre otros aspectos, establecen un trato discriminatorio o desigual para las partes o limitan la posibilidad de que estas ejerzan su derecho de contradicción y defensa.
Sin embargo, con miras a la evaluación que propone la demanda, es preciso recordar que las partes concurren al proceso desde extremos distintos y en defensa de sus propios intereses (que normalmente no son concurrentes), de forma que la protección de sus derechos procesales, si bien debe tener la misma dimensión en virtud del principio de igualdad, puede darse de forma diferente o en momentos distintos, de acuerdo con la estructura dialéctica de los respectivos procedimientos, que se desarrollan a través de etapas sucesivas hasta la obtención de una decisión definitiva.
Por ello, no se trata de establecer una igualdad simplemente formal entre las partes, sino de garantizar que ambas tendrán la misma protección para la presentación y defensa de sus intereses, en la forma y momentos en que a cada una le corresponde actuar dentro del proceso.
Además, debe tenerse en cuenta que ambas facultades —demandar y defenderse—, se mueven dentro del margen de libertad que otorgan las normas de procedimiento, de forma que tanto demandante como demandado pueden trazar su estrategia procesal y dentro de ella preferir uno u otros hechos, argumentos y medios de prueba para la protección de sus intereses particulares dentro del proceso. En consecuencia, cada una de las partes tiene la facultad (no el deber) de preservar sus intereses en el proceso, sin estar obligada a la defensa de los de la parte contraria, sin perjuicio del respeto debido a la lealtad y buena fe que debe regir la actuación de quienes comparecen ante al administración de justicia. Como señala Morales Molina: “Desde el punto riguroso procesal las partes no están obligadas a nada en el proceso. Para que surtan ciertas situaciones procesales, el Estado exige que las partes ejecuten determinados actos para que sus órganos obren. A las partes se les deja en libertad de realizarlos o no en su interés, esto es, emplear a su arbitrio los medios de ataque y de defensa, en su propio beneficio” (7) (se resalta).
Por ello, como se desprende de su propia naturaleza, los derechos de contradicción y de defensa dentro del proceso se ejercen contra los actos del otro y no contra los propios, pues estos son libres y voluntarios y corresponden a la esfera de decisión de cada individuo. Y, en esa medida, la solicitud de pruebas corresponde a un acto dispositivo, de forma que quien lo ejerce, asume las consecuencias de su elección. Precisamente, la norma constitucional es clara al señalar que toda persona tiene derecho “a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra” (—se resalta— C.P., art. 29), de donde se sigue que resultaría contradictorio pretender las mismas facultades que se tienen frente a la contraparte, para la refutación y defensa de los actos procesales propios.
Respecto del derecho de contradicción en materia probatoria la Corte señaló:
El derecho de contradicción apunta a dos fenómenos distintos. De una parte, a la posibilidad de oponer pruebas a aquellas presentadas en su contra. Desde esta perspectiva, el derecho de contradicción aparece como un mecanismo directo de defensa, dirigido a que las razones propias sean presentadas y consideradas en el proceso. Su vulneración se presentaría cuando se impide o niega la práctica de pruebas pertinentes, conducentes y oportunas en el proceso. Por otro lado, se refiere a la facultad que tiene la persona para (i) participar efectivamente en la producción de la prueba, por ejemplo interrogando a los testigos presentados por la otra parte o por el funcionario investigador y (ii) exponer sus argumentos en torno a lo que prueban los medios de prueba.
En concepto de esta corporación, prima facie existe el derecho a controvertir, en los términos antes indicados, el alcance probatorio de determinados medios de prueba. El proceso judicial es, ante todo, un debate entre posiciones que permite, a partir de argumentos, llegar a una postura sobre el caso sometido a consideración del funcionario judicial. Así las cosas, no resulta admisible que elementos relevantes puedan ser sustraídos de dicho debate” (8) .
Igualmente, en la Sentencia C-1270 de 2000, la Corte indicó que la protección constitucional del derecho de defensa obliga al legislador a reconocer al menos las siguientes garantías en materia probatoria: i) el derecho a presentar y solicitar pruebas; ii) el derecho a controvertir las pruebas que se presenten en su contra; iii) el derecho a la publicidad de la prueba, con el fin de erradicar las pruebas ocultas y el conocimiento privado del juez; iv) el derecho a la regularidad de la prueba, es decir la observancia de las formas de obtención e incorporación de la prueba al proceso; v) el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos (arts. 2º y 228); y vi) el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso, de acuerdo con las reglas de la sana crítica (9) .
Así, el debido proceso implica, entre otros aspectos, que cada parte tendrá la posibilidad de presentar sus argumentos y medios de convicción y de conocer y controvertir los de la parte contraria. En consecuencia, resulta lógico que el legislador establezca garantías de publicidad, acceso y controversia de las pruebas solicitadas por la contraparte o incluso por el propio juez, especialmente frente a situaciones que, como en el caso de los testigos sospechosos o inhábiles, pueden desviar a la jurisdicción en la búsqueda de la verdad.
4. El contexto de la norma acusada y su sentido dentro de las reglas de distribución de la carga de la prueba.
La estructura del proceso determina entonces que cada parte tendrá la posibilidad de defender su interés en el proceso y contará con la garantía de contradicción y defensa frente a los actos de su opositor. Para ello, además de la fuerza argumental, las partes tendrán en su haber la facultad de utilizar los diversos medios de prueba previstos en las normas de procedimiento, en el entendido que, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política y 174 del Código de Procedimiento Civil, la decisión judicial deberá estar basada en pruebas oportuna y regularmente allegadas al proceso.
Por tanto, dados los extremos en que se encuentran demandante y demandado respecto del objeto de la litis, la carga de la prueba opera como regla de distribución procesal en la demostración de los hechos que le interesan a cada parte y que, como ya señaló la Corte, en nada afecta la presunción de buena fe y el derecho de igualdad:
“Pero en esa relación indirecta entre el demandante y el demandado no puede dársele una particular eficacia al artículo 83, porque, sencillamente, el uno y el otro están en un plano de igualdad en lo relativo a la buena fe: esta se presume en ambos.
Pero, aun aceptando que el artículo 83 fuera aplicable a los procesos, habría que concluir que la presunción de buena fe de los particulares nada nuevo le agregaría, no solo porque tal presunción siempre ha existido, sino porque ella se predica tanto del actor como del demandado, y no libera de la carga de la prueba al primero en relación con sus pretensiones ni al segundo en lo que atañe a las excepciones que proponga.
En relación con el tema de las obligaciones y de su prueba en el proceso, no es aceptable afirmar que las normas correspondientes contrarían el artículo 83 de la Constitución, basándose en que la presunción general de la buena fe resultaría incompatible con la exigencia de las pruebas. Nada más contrario a la realidad: en todos los sistemas jurídicos, que sin excepción reconocen el principio de la buena fe, han existido las pruebas como una forma de conseguir la seguridad en la vida de los negocios y, en general, en todas las relaciones jurídicas. Librada solo a la buena fe la demostración de las obligaciones, pretendería el acreedor, basado en su buena fe, que se aceptara la existencia de ellas, exclusivamente por su dicho; y de análoga manera, podría el deudor aspirar a que se admitiera su propia versión, también basándose en su buena fe, para demostrar que nunca existieron las obligaciones o que se extinguieron” (10) .
Así, sin perjuicio del papel que se ha otorgado al juez en la búsqueda de la verdad dentro del procesalismo contemporáneo (11) , las normas de procedimiento civil se han basado en tres reglas generales sobre la carga de la prueba, que explica con claridad Rocha Alvira de la siguiente manera:
“a) Onus probandi, incumbit actori, o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción;
b) Reus, in excipiendo, fit actor, o sea que el demandado, cuando excepciona o se defiende, se convierte en demandante para el efecto de tener que probar a su turno los hechos en que funda su defensa;
c) Actore non probante, reus absolvitur, es decir que el demandado ha de ser absuelto de los cargos o acción del demandante, si este no logró en el proceso probar los hechos constitutivos de su demanda” (12) .
Como señala Rocco (13) , la carga de la prueba no apunta a que una parte deba probar más que la otra, sino al interés que cada una tenga, según su posición en la respectiva relación jurídica, en la demostración de los hechos a los cuales el ordenamiento objetivo reconoce los efectos jurídicos deseados. Por tanto, en la medida que ambas partes llegan al proceso en igualdad de condiciones, como personas libres unas de otras (14) , la carga de la prueba impone compromisos distintos a cada una de ellas en la protección o defensa de sus intereses. Al demandante el deber de acreditar que su contraparte se ha obligado por la ley o por su voluntad a un determinado comportamiento que debe declararse o cumplirse (hecho constitutivo); al demandado la demostración del hecho modificatorio, extintivo o impeditivo del nacimiento de la obligación reclamada.
Así, desde la perspectiva del artículo 29 de la Constitución Política y para la defensa de su interés particular dentro del proceso, cada parte tiene la facultad de acercarse a los medios de prueba desde dos perspectivas distintas: (i) para solicitar y aportar aquellas pruebas que apoyan su causa —donde asume la inacción o desaciertos en ese cometido— y (ii) para conocer y contradecir las que pretenden oponerse en su contra. Una vez practicadas, las pruebas pasarán a ser parte del proceso (principio de comunidad de la prueba) y deberán ser analizadas por el juez de acuerdo con las reglas de la sana crítica o persuasión racional acogidas por nuestro ordenamiento procesal:
“4. De acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en materia de apreciación de las pruebas, es decir, de la actividad intelectual del juzgador para determinar su valor de convicción sobre la certeza, o ausencia de esta, de las afirmaciones de las partes en el proceso, existen tres (3) sistemas, que son:
i) El sistema de íntima convicción o de conciencia o de libre convicción, en el cual se exige únicamente una certeza moral en el juzgador y no se requiere una motivación de su decisión, es decir, no se requiere la expresión de las razones de esta. Es el sistema que se aplica en la institución de los llamados jurados de conciencia o jueces de hecho en los procesos penales en algunos ordenamientos jurídicos.
ii) El sistema de la tarifa legal o prueba tasada, en el cual la ley establece específicamente el valor de las pruebas y el juzgador simplemente aplica lo dispuesto en ella, en ejercicio de una función que puede considerarse mecánica, de suerte que aquel casi no necesita razonar para ese efecto porque el legislador ya lo ha hecho por él.
Este sistema requiere una motivación, que lógicamente consiste en la demostración de que el valor asignado por el juzgador a las pruebas guarda total conformidad con la voluntad del legislador.
iii) El sistema de la sana crítica o persuasión racional, en el cual el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia.
Este sistema requiere igualmente una motivación, consistente en la expresión de las razones que el juzgador ha tenido para determinar el valor de las pruebas, con fundamento en las citadas reglas.
5. El último de los sistemas mencionados es el consagrado en los códigos modernos de procedimiento, en las varias ramas del derecho, entre ellos el Código de Procedimiento Civil colombiano vigente, que dispone en su artículo 187:
“El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba” (15) .
Por tanto, el testimonio, como parte de los diversos medios de prueba previstos por el legislador, se orienta al convencimiento del juez, pues quien lo solicita, lo hace en su propio interés y asume las consecuencias tanto favorables como adversas de la declaración. Antes de solicitar la prueba, la parte habrá tenido en su esfera individual la posibilidad de analizar el beneficio que le puede traer la declaración del tercero frente a sus intereses. Así mismo, habrá tenido oportunidad de verificar la capacidad del testigo, para evitar que la jurisdicción se desgaste con la citación y comparecencia de personas que de antemano se sabe que tienen una inhabilidad absoluta para declarar.
Por su lado, aquella parte contra quien se opone el testigo, tendrá la posibilidad de ejercer sus derechos de contradicción y defensa y para ello podrá advertir al juez que se ha citado a un testigo inhábil (sin capacidad para declarar) o a uno afectado con una mancha de sospecha, derivada del interés, parentesco, dependencia u otra razón que lo liga con la contraparte. En este sentido, para identificar a los testigos inhábiles y sospechosos, el legislador no acudió a una lista taxativa, sino que dejó un amplio margen de valoración en cabeza del juez (CPC, arts. 216 y 217), de forma que en su función de búsqueda de la verdad, está facultado para impedir la declaración de los primeros o actuar con mayor rigor en la valoración de lo narrado por los segundos.
Respecto de los testigos sospechosos, quienes se encuentran en situaciones que afectan su credibilidad e imparcialidad y cuya declaración, si bien puede recibirse, ha de analizarse con severidad (CPC, art. 217 e inc. 3º del art. 218), la Corte señaló:
“En cuanto al artículo 217 del CPC, este lo que hace es definir como sospechosos a aquellos testigos que se encuentren en circunstancias que puedan afectar su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o intereses que tengan con las partes o sus apoderados, de sus antecedentes personales u otras causas que determine el juzgador; ello por cuanto si bien la sola circunstancia de que los testigos sean parientes de una de las partes, no conduce necesariamente a deducir que ellos inmediatamente falten a la verdad, “... la razón y la crítica del testimonio aconsejan que se le aprecie con mayor severidad, que al valorarla se someta a un tamiz más denso de aquel por el que deben pasar las declaraciones libres de sospecha” (16) , lo que permite concluir que dicha norma no es más que una especificación de las reglas de la sana crítica aplicadas al proceso civil.
En consecuencia, la ponderación de una prueba como el testimonio, obliga al juez a desplegar su actividad con miras a determinar la fuerza de convicción del mismo, para lo cual deberá remitirse a criterios de lógica y experiencia que le permitan valorarla en su real dimensión, sin que ello implique, como lo afirma el actor, que se quebrante la presunción de buena fe que se atribuye a todas las actuaciones de los particulares. Si ello fuere así, la labor del juzgador se limitaría al registro de la versión, de la cual no podría dudar, lo que dejaría sin sentido su actuación e impediría el objetivo último del proceso, que no es otro que el arribo a la verdad material” (17) .
Y respecto de los testigos inhábiles, cuya declaración no puede recibirse en virtud de su incapacidad física o de su estado mental (CPC, arts. 215, 216 y parte final del inc. 2º del art. 218), se indicó en la Sentencia C-202 de 2005:
“6. En ejercicio de su potestad de configuración normativa en materia procesal (C.P., arts. 29, 114 y 150, nums. 1º y 2º), el legislador, en el numeral 1º, no acusado, del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, estatuye que son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado los que al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones sicológicas graves o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas.
Así mismo, ante la imposibilidad de señalar en forma exhaustiva todas las posibles situaciones de inhabilidad relativa del testigo, dispone en el numeral 2º acusado del mismo artículo que el juez debe determinar las demás personas relativamente inhábiles para testimoniar, “de acuerdo con las reglas de la sana crítica” (18) .
Con base en lo expuesto en los numerales anteriores de estas consideraciones, resulta manifiesto que la acusación contra la expresión contenida en el numeral 2º del citado artículo parte de una premisa equivocada, puesto que atribuye al sistema de la sana crítica de valoración probatoria, que aquella señala expresamente, las características y el efecto del sistema de la íntima convicción, que la misma claramente no prevé.
Por tanto, es evidente que la norma no autoriza que el juez adopte en forma arbitraria, abusiva o caprichosa la decisión de declarar relativamente inhábil a un testigo, en el momento de su comparecencia a rendir declaración dentro de un proceso civil, y, por el contrario, exige que dicha decisión sea motivada en forma razonada o crítica, de acuerdo con las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, en todo caso mediante la exposición de los motivos concretos o específicos que originan su decisión” (19) .
En este contexto, el artículo 218 atacado parcialmente, prevé que cada parte podrá tachar al testigo sospechoso o inhábil citado por su contraparte o por el juez, de manera que de encontrarse probada alguna de esas circunstancias, se aplicarán las consecuencias previstas en el mismo estatuto procesal: imposibilidad de recibir la declaración (testigo inhábil) o análisis de esta con mayor rigor (testigo sospechoso), de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Así, en la medida que la norma parte de la garantía de contradicción debida a la parte contra la cual se opone la prueba, no prevé que quien solicitó la comparecencia del testigo deba tener un espacio para descalificarlo.
Conforme a lo expuesto, la Corte encuentra que la interpretación que presenta la demanda no es acertada, pues es equivocado sostener que la norma acusada introduce una restricción indebida para la parte que solicita la prueba testimonial, que la deja en una situación de desigualdad dentro del proceso y la priva de su derecho de defensa, al no poder tachar los testigos que ella misma ha citado a declarar.
La interpretación del actor parte del supuesto errado de que la norma debe abrir un espacio para refutar los actos de la misma parte que solicita la prueba, pues ello desconoce la estructura del proceso civil y la lógica misma de los derechos de contradicción y defensa, ya que estos no están previstos para proteger a las partes de sus propios actos procesales, sino como garantía frente a los que provienen del juez o de la contraparte.
En consecuencia, es válido que la norma tenga como presupuesto que cada parte persigue su propio interés al solicitar la declaración de un testigo, dentro de la libertad que tiene para escoger sus propios medios de prueba, y que por ello, la tacha de los testigos se predica solamente respecto de los solicitados por la contraparte o por el juez.
En este sentido, la Corte comparte las apreciaciones de la vista fiscal y del Ministerio del Interior y de Justicia, respecto de la constitucionalidad de la norma acusada, pues dentro de la estructura propia del proceso, la expresión demandada no afecta, sino garantiza, los derechos de contradicción y defensa que cada parte tiene frente a la otra, de acuerdo con el artículo 29 superior. Por su parte, quien ha escogido indebidamente sus medios de prueba, argumentación y defensa, asumirá las consecuencias desfavorables de su actuar, pues no es legítimo ir contra los actos propios ni pretender beneficiarse de la culpa que recae sobre sí mismo.
En este orden de ideas, la Sala considera que la expresión atacada, antes que crear un trato discriminatorio, iguala a las partes frente a la prueba testimonial, pues una vez citado el testigo a solicitud de alguna de ellas o de forma oficiosa por el juez, se concede a la contraparte la facultad de tachar la sospecha o inhabilidad del declarante. De esta manera, las partes están en situación de igualdad frente a la prueba testimonial, pues ambas tienen la facultad de solicitarla y la posibilidad de tacharla cuando ha sido el juez o la contraparte quienes han dado lugar a la comparecencia del testigo.
La Corte ha precisado que la igualdad es un concepto relacional que se traduce en el derecho de los individuos a que no se instauren excepciones o privilegios entre quienes se encuentran en idénticas circunstancias, por lo que “el núcleo del principio de igualdad queda establecido en términos de la razón suficiente que justifique el trato desigual” (20) . Pero también ha indicado que si no existe el privilegio o la restricción que se pretende atacar, carece de sentido iniciar un juicio de desigualdad:
Lo anterior significa que por la falta de validez o relevancia del criterio de comparación formulado por el demandante no procede entrar a determinar si el supuesto trato desigual tiene un fin legítimo y si aquel se ciñe o no al principio de razonabilidad, pues según lo expuesto por la jurisprudencia de esta corporación y, en particular, por la citada Sentencia C-022 de 1996 respecto del juicio de igualdad “[e]l orden de estas etapas corresponde a necesidades no solo lógicas sino también metodológicas: el test del trato desigual pasa a una etapa subsiguiente solo si dicho trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior (...)” (21) .
En el mismo sentido, al analizar las facultades del acreedor hipotecario para seguir adelante la ejecución con otros bienes del deudor cuando la garantía hipotecaria no ha sido suficiente para cubrir la obligación, la Corte señaló que en ese caso las partes se encuentran en situaciones distintas y, por tanto, no es posible hacer un juicio de igualdad entre ellas (22) .
De esta forma, una lectura adecuada del artículo 218 del Código de Procedimiento Civil permite concluir que la expresión acusada, lejos de establecer una diferenciación entre las partes o de desconocer las garantías del debido proceso, concreta el derecho de contradicción de aquella contra la cual se pretende oponer un testigo, quien tendrá la facultad de advertir al juez sobre las situaciones que impiden recibir su declaración o que obligan a una valoración cuidadosa en razón de los vínculos que afectan su credibilidad o imparcialidad.
Igualmente, debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, el juez debe indagar las condiciones del declarante, de forma que si se está en presencia de un testigo inhábil o sospechoso, deberá aplicar las reglas que el mismo código ha previsto para el tratamiento de uno y otro caso. Lo que no es posible, como advierte la vista fiscal y el Ministerio del Interior y de Justicia, es que la parte que solicita la prueba testimonial descalifique de antemano su alcance, para buscar únicamente aquello que la favorece y desechar lo que puede servir a su contraparte, pues ello desconoce la integridad de la prueba y los deberes de lealtad y buena fe procesal.
Así, la Corte concluye que el legislador no utilizó indebidamente su potestad de configuración normativa en materia procesal, pues la expresión acusada se ajusta al ordenamiento superior, protege las garantías fundamentales de las partes dentro del proceso y reafirma los principios y valores de lealtad y buena fe derivados de la Constitución Política. En consecuencia, se declarará su constitucionalidad.
Declarar EXEQUIBLE la expresión “Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por el juez”, contenida en el artículo 218 del Decreto-Ley 1400 de 1970 “por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil”.
(1) Sentencia C-548 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(4) Cfr. artículo 150, numerales 1º y 2º de la Constitución Política y Sentencias C-680 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz, y C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(6) Sentencia C-237A de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En Sentencia C-886 de 2004 también se señaló: “La Constitución Política otorga al legislador una amplia facultad para regular las formas propias que han de ser observadas en cada proceso, con fundamento en las cuales se adelantarán y tramitarán las controversias jurídicas que surjan entre las partes. Esa cláusula general de competencia que asiste al legislador en virtud de lo dispuesto por el artículo 150 superior, numerales 1º y 2º, le atribuye la competencia para determinar las ritualidades procesales que se deben observar en el trámite de cada juicio, pudiendo en cada caso —limitado por supuesto por los derechos, principios y valores que consagra la Constitución Política— disponer que el trámite de algunos procesos sea adelantado de manera preferente, atendiendo a la naturaleza propia de los intereses que se controvierten” (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(7) Morales Molina, Hernando. Curso de derecho procesal civil. Parte general. Octava edición. Bogotá, 1983, p. 207.
(8) Sentencia T-461 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(10) Sentencia C-023 de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.
(11) En la sentencia C-102 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, la Corte señaló: “4.4. El procedimiento civil tal como está actualmente concebido y conforme a lo que indica la Carta, dejó atrás el concepto de que se trataba de un proceso que solo involucraba a las partes, y que, por consiguiente, la actividad del juez se limitaba a examinar las pruebas que las partes ponían a su consideración con el fin de solucionar el conflicto entre ellas. Es decir, desde esta perspectiva, el juez no tenía ninguna actividad distinta a servir de árbitro, sin que pudiera tener iniciativa probatoria, ni amplias facultades en la apreciación de la prueba. (...) Hoy en día, el proceso civil es de interés público, busca la verdad real y la realización de la justicia. Es decir, que no obstante que existan asuntos que corresponden al ámbito particular de las partes, tales como la decisión de acudir a la jurisdicción con el fin de iniciar una demanda civil, o manifestaciones de voluntad como cuando el demandado decide allanarse a las pretensiones de la demanda, o las partes de renunciar a términos, que son manifestaciones del principio dispositivo del proceso civil, pero que, a su vez, al estar previstas en la ley, realizan el concepto de que “las normas procesales son de orden público (...)” (CPC, art. 6º).
(12) Rocha Alvira, Antonio. De la prueba en Derecho. Ediciones Lerner, Bogotá, 1967, p. 72. Sobre estas reglas puede verse en extenso la Sentencia C-070 de 1993. En la Sentencia C-202 de 2005, la Corte también señaló al respecto: “En este campo, por regla general cada parte tiene la carga de probar sus afirmaciones, con las excepciones establecidas en la ley. Así se aplica desde el derecho romano, conforme a los aforismos “onus probandi incumbit actori”, o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción, y “reus in excipiendo fit actor”, es decir que el demandado cuando excepciona o se defiende se convierte en demandante para el efecto de tener que probar los hechos en que funda su defensa” (M.P. Jaime Araújo Rentería).
(13) Rocco Ugo, Tratado de derecho procesal civil. Volumen II. Parte general. Temis, Bogotá, 1983.
(14) Rocha Alvira, op. cit,.p. 65.
(15) Sentencia C-202 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(16) Corte Suprema de Justicia, sentencia de 8 de junio de 1982.
(17) Sentencia C-622 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
(18) El mismo código regula las inhabilidades absolutas para testimoniar en el artículo 215, en virtud del cual:
“Son inhábiles para testimoniar en todo proceso:
3. Los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito o por lenguaje convencional de signos traducibles por intérprete”.
(20) Sentencia C-022 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(21) Sentencia C-576 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería. En igual sentido se pronunció la Corte en la Sentencia C-876 de 2005 con relación a las reglas de avalúo de bienes dentro del proceso ejecutivo, en cuyo caso concluyó que las normas demandadas no desconocían los “derechos a la igualdad, a la administración de justicia y el debido proceso”, en virtud de la posición de las partes y de las oportunidades que el legislador les otorga para la defensa de sus intereses en el proceso.
(22) “En efecto, de conformidad con la decantada jurisprudencia de esta corporación, se viola el principio de igualdad cuando (a) se ha otorgado un trato legal diferente a hipótesis fácticas esencialmente iguales, o viceversa, y (b) tal tratamiento legal no encuentra una justificación constitucional aceptable. El primero de estos requisitos no se encuentra presente, puesto que en criterio de la Corte, el deudor y el acreedor de un proceso ejecutivo hipotecario no se encuentran en un plano de igualdad: cada uno ocupa una situación procesal específica, con atribuciones y cargas particulares que no pueden ser asimiladas entre sí”. (Sent. C-237A/2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). Igualmente, en la Sentencia C-179 de 2005 la Corte señaló al referirse a una de las incompatibilidades de los concejales para contratar con el Estado: “Lo anterior hace que no se cumpla con el primer presupuesto lógico que permite entrar en el examen de una disposición legal acusada de desconocer el derecho a la igualdad. Recuérdese que “el derecho a la igualdad frente a la ley, impone al legislador otorgar el mismo tratamiento a todas las personas que están en el mismo supuesto de hecho que él pretende regular”. Por lo cual “para establecer si una disposición legal concreta es discriminatoria, el primer presupuesto lógico que el juez constitucional debe verificar es que tal disposición realmente otorgue un trato diferente a personas colocadas en la misma situación de hecho” (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

References: ARTÍCULO 218
 artículo 218
 artículo 218
 artículo 29
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 29
 artículo 187
 artículo 217
 artículo 216
 artículo 218
 artículo 29
 artículo 218
 artículo 228
 artículo 218
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 215