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Timestamp: 2017-11-23 05:44:53+00:00

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El Principio de Igualdad Material en La Jurisprudencia Del TC
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EL PRINCIPIO DE IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Por ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA
SUMARIO I. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD FORMAL: 1. La clásica igualdad ante la ley. 2. La igualdad como límite frente al legislador.—II. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD MATERIAL: 1. Significado. 2. En la Constitución italiana de 1947. 3. En la Constitución española de 1978 y la jurisprudencia constitucional. 4. Interpretación doctrinal.
Tradicionalmente se viene distinguiendo entre un principio de igualdad «formal», o igualdad ante la ley, y un principio de igualdad «material» o real. El primero de ellos —el principio de igualdad formal— constituye un postulado fundamental del Estado liberal de Derecho y fue enunciado por Leibholz como el reconocimiento de la identidad del estatuto jurídico de todos los ciudadanos, lo que implica la garantía de la paridad de trato en la legislación y en la aplicación del Derecho (1). A su vez, el principio de igualdad material viene siendo entendido como una reinterpretación de la igualdad formal en el Estado social de Derecho que, teniendo en cuenta la posición social real en que se encuentran los ciudadanos, tiende a una equiparación real y efectiva de los mismos (2). Desde este punto de vista, se viene considerando que nuestra Constitución consagra el principio de igualdad formal en el artículo 14, mientras que la igualdad
(1) G. LEIBHOLZ: Die Gleichheit vor dem Gesetz, Munich-Berlín, C. H. Beck (primera edición, 1925), 1959, pág. 16. (2) H. HELLER: «Las ideas socialistas», en el volumen seleccionado y prologado por A. LÓPEZ PINA: Escritos políticos, Madrid, Alianza, pág. 322. K. Hesse utiliza los conceptos de «igualdad formal» e «igualdad material» para referirse a la igualdad en la aplicación del Derecho e igualdad como límite frente al legislador, respectivamente. Así, dice: «El principio general de igualdad como igualdad ante la ley impone el cumplimiento del Derecho vigente sin excepciones ni acepción de personas. Además establece el principio de igualdad jurídica material, al que está vinculado el legislador (art. 1.3 LF): se ha de tratar igualmente lo que es esencialmente igual, lo que es esencialmente desigual se ha de tratar desigualmente» (K. HESSE: «Bestand und Bedeutung der Grundrechte», en BENDA-MAIHOFFER-VOGEL: Handbuch des Verfassungsrecht, vol. I, Berlín-Nueva York, Walter de Gruyter, 1984, pág. 87. Vid. también K. HESSE: «Der Gleichheitsgrundsatz im Staatsrecht», en Archiv des óffenllichen Recht, vol. 77 (1951 -1952).
Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. S4. Abril-Junio 1994
ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA
material aparecería reconocida en el artículo 9.2. Pues bien, el objeto de este trabajo es el estudio de la jurisprudencia constitucional sobre el artículo 9.2 o, en general, sobre el llamado «principio de igualdad material» (3). Aludiremos a las líneas fundamentales de interpretación de esta cláusula por el Tribunal Constitucional, así como a las distintas propuestas doctrinales para entender correctamente el mencionado artículo 9.2 de nuestra Constitución (4). Pero antes conviene hacer una referencia, aunque sea breve, al principio de igualdad formal o ante la ley.
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD FORMAL
1. La clásica igualdad ante la ley Este principio asumió una importancia decisiva en la revolución burguesa del siglo XVIII, que se propuso, entre sus principales objetivos, terminar con el sistema de inmunidades y privilegios propios del mundo feudal (5). En esta formulación burguesa, el principio de igualdad se orienta a la garantía de igualdad de trato a todos los destinatarios de la norma jurídica y la ausencia de todo privilegio en materia de jurisdicción e impuestos (6). En la época liberal, la igualdad ante la ley viene a significar poco más que un carácter del mandato legal, la generalidad e impersonalidad en la delimitación de los supuestos de su aplicación. Igualdad se identifica con generalidad de la ley, lo que supone que todos se someten igualmente al ordenamiento y todos son titulares de los derechos reconocidos en ese ordenamiento (7). Pero este principio de igualdad ante la ley va a ser progresivamente referido al momento de aplicación de la ley (en buena medida como fruto del Derecho admi(3) La problemática que plantea el control jurisdiccional de este tipo de cláusulas constitucionales está motivada por la propia ambigüedad de su formulación. Y esta ambigüedad —según pone de manifiesto P. de Vega— surge como consecuencia de dos factores que distinguen el constitucionalismo actual del clásico constitucionalismo liberal: por un lado, la nueva composición sociológica de los poderes constituyentes, y por otro, las nuevas funciones de transformación de las estructuras sociales que ha asumido el constitucionalismo moderno. Vid. el Prólogo de P. DE VEGA GARCÍA a la edición castellana de C. SCHMITT: La defensa de la Constitución, Madrid, Tecnos, 1983, pág. 23. (4) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional va aclarando y unificando criterios, pero no es su función elaborar una teoría, ya que ésta es misión principal de la doctrina científica. En este sentido, puede verse J. J. GONZÁLEZ ENCINAR: «El Tribunal Constitucional y la teoría», en el libro del mismo autor El Estado unitario-federal, Madrid, Tecnos, 1985, págs. 37 y sigs. (5) La formulación clásica de la «igualdad ante la ley» es originaria de la Revolución francesa. Así, el artículo 6." de la Declaración de 1789 dice: «La Ley debe ser la misma para todos, tanto si protege como si castiga», y la Carta otorgada de 8 de junio de 1814 establece que «los franceses son iguales ante la ley». (6) Vid. A. SERRANO GONZÁLEZ: «El principio de igualdad ante la ley en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», en L. MARTÍN RETORTILLO (ed.): De la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Zaragoza, Seminario de Profesores de la Facultad de Derecho, 1985, pág. 39.
(7) Vid. M. RODRÍGUEZ-PINERO y M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ: Igualdad y discriminación, Madrid,
Tecnos, 1986, pág. 20.
como aspiración humana contraria a la discriminación injusta. más general es la norma. pág. en primer lugar. 67 (1985).IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL nistrativo) y se habla entonces de igualdad en la aplicación de la ley.a. desde el punto de vista de la lógica. cabría pensar que si se da una norma «Todos los A deben B» y subsiguientemente una decisión «Algún A no debe B» se está produciendo una violación del principio de igualdad en este último caso. propios de la ideología liberal. De este modo la Constitución francesa de 1793 decía: «Les caracteres qui distingent les lois sont leur généralité et leur durée indéfinie» (Secc. al profundizar en su análisis. De este modo.». K. Es lo que se llama también «aplicación imparcial» de las normas.. Así. sino que su aplicación por los poderes públicos encargados de esa tarea se haga sin excepciones. sin consideraciones personales (8). todos los individuos que cumplen una determinada propiedad. cumplieron sin duda una importante función en el momento histórico en que fueron formulados. y de hecho son con frecuencia. se pone de manifiesto la insuficiencia de estas concrecciones del principio de igualdad para responder adecuadamente a las exigencias que dicho principio plantea. Sin embargo. 6. LAPORTA: «El principio de igualdad: Introducción a su análisis». podemos decir que una norma es universal cuando sus destinatarios son todos los miembros de una clase. Estos dos significados del principio de igualdad. J. ésta se presenta como un requisito imprescindible del propio concepto de ley exigido por el pensamiento revolucionario burgués frente al Antiguo Régimen y expresado ya en las primeras Constituciones. 87. Aquélla se refiere a aspectos lógicoformales (ámbito de aplicación de la norma). Ya no se trata de que la ley sea general e impersonal. núm. (9) F. cit. Pero. En segundo lugar. La generalidad de las normas. 4. cuanto menos amplia.°).. a la generalidad de las normas. las normas universales pueden ser. De este modo. art. ya que se enfrentaban a una situación de inseguridad jurídica —propia del mundo feudal y del Antiguo Régimen— en que las normas no obligaban a todos por igual y existían importantes sectores de población a los que se eximía de cumplir ciertas obligaciones jurídicas. no tiene una relación necesaria con el principio de igualdad. menos general. cuando se produce esta decisión «no imparcial» lo que se viola con ella es la norma universal y vigente y afirmar que. se viola con (8) Vid.. además.. mientras que el principio de igualdad se refiere más al contenido y se concretaría en la exigencia ética de no discriminación. entendida como universalidad lógica. desigualitarias. La generalidad de la norma consiste precisamente en la amplitud numérica de los individuos pertenecientes a esa clase. Sin embargo. cuando se habla de generalidad de las normas en realidad se está haciendo referencia a su «universalidad» (9). HESSE: «Bestand und Bedeutung. Cuanto más amplia es esa clase. 267 . Por lo que se refiere. en Sistema. 2. pág. decíamos que la igualdad ante la ley ha sido identificada con la exigencia de igual aplicación de la norma a todos los individuos.
Díaz. cit. (14) Vid. estamos mucho más en el ámbito del principio lógico de no contradicción que en el del principio ético de igualdad (11). J. KELSEN: «De este modo (con la garantía de la igualdad ante la ley) sólo se estatuye el principio inmanente a todo Derecho. (13) Vid. II. Madrid. estas enmiendas introducen por vez primera cláusulas específicas de no discriminación por razón de raza o de servidumbre. Lo que sucede es que al aparecer la decisión o norma particular no imparcial nos encontramos en presencia de dos enunciados prescriptivos contradictorios. en el colectivo editado por la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado El principio de igualdad en la Constitución española.. págs. BOBBIO y otros: Crítica del Derecho Natural. entonces. 268 . introducción y traducción de E. núm. Teoría pura del Derecho.. El principio de igualdad se identifica. sino conformidad a la norma. El primer salto cualitativo se produce en el constitucionalismo norteamericano. pág. J. (12) «La igualdad ante la ley no es. H. La igualdad como límite frente al legislador La evolución constitucional durante buena parte del siglo xrx no aporta apenas novedades a este planteamiento inicial. es decir. Consiste en que la norma individual —la decisión del órgano que aplica el Derecho— sea conforme a una norma general» (vid. Este cambio va a producirse en un momento histórico singular. con la aprobación en 1870 de las enmiendas decimotercera a decimoquinta de la Constitución federal. (11) A este respecto. pág. límite que se opone a la emanación de disposiciones que vulneren dichas prohibiciones de discriminación (14). 1284. en que la importantísima doctrina jurídico-pública de la época va a interrogarse sobre el significado y eficacia de la declaración constitucional «todos los alemanes son iguales (10) Así lo entendió H. en H. 153). KELSEN. 2. como es el de la Alemania de Weimar. F. 1966. LAPORTA: «El principio de igualdad. 7-8. Madrid. N. pues. Si excluimos este precedente. con el principio de legalidad (13). KELSEN: «Justicia y Derecho natural». sino como un límite real a la potestad legislativa de los Estados y de la Federación. SANTAMARÍA PASTOR: «Igualdad y Derecho público». 90). de la legalidad de la aplicación del Derecho en general» (vid. Méjico. como ya puso de manifiesto Kelsen (12). RUBIO LLÓRENTE: «La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. A. pág.ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA ello la igualdad quizá no añade nada significativo a lo anterior (10). UNAM.. 27. F. Introducción». 1979. pág. así como las no menos importantes de «equal protection» y «due process of law». vol. Taurus. el panorama que ofrece el constitucionalismo occidental a lo largo del siglo xix no aporta ninguna novedad significativa en la comprensión del principio de igualdad ante la ley. en REDC. igualdad. Desde este punto de vista. vid. Como un resultado lógico de la Guerra de Secesión.». el principio de igualdad formal como igualdad en la aplicación de la ley no sería más que conformidad con la norma. Su característica más relevante consiste en que estas enmiendas se configuran no como la proclamación de una serie de principios más o menos imprecisos. 1991. 31 (1991).
». La clave. Se refiere. pág. etc. cit. 76. 11. SANTAMARÍA PASTOR: «Igualdad.». (19) J. de toda la maquinaria del principio no es otra que la determinación de la «relevancia» de los rasgos (21).. entonces. (18) No en vano el artículo 53.IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ante la ley». la religión. obligando a aquél a fundamentar las diferenciaciones normativas (19). hoy se habla más bien de ciertas diferencias humanas como razones «relevantes» o «irrelevantes» para fundamentar una determinada consecuencia normativa. A. 34. Algunas de las diferencias humanas que se han considerado tradicionalmente como «discriminatorias» son la raza.. El principio de igualdad afirma. Para este autor. Pero aquí nos topamos con una nueva (15) J. el principio de igualdad trata precisamente de establecer cuándo está justificado establecer diferencias en estas consecuencias normativas. incluido el legislador. 35. se predica la igualdad como un requisito del contenido de la ley. El contenido de esas condiciones es lo que determina el carácter de igual o desigual de la norma (20). pág. el Tribunal de Estrasburgo y nuestro propio Tribunal Constitucional (18). el principio de igualdad tiene mayor contenido. cit.. De este modo. 1285. dicho principio se expresa en la dimensión genérica de «no discriminación» que consiste simplemente en la cancelación de ciertas diferencias humanas como razones relevantes para la diferenciación normativa.1 de la Constitución alemana de 1919(15). 15. pág. la igualdad es un «presupuesto inmanente a toda ley» (17). Sin embargo. llegaron a las mismas conclusiones la Corte Constitucional italiana. Como es conocido.1 de la Constitución española establece que el principio de igualdad del artículo 14 —como el resto de los derechos contenidos en el Capítulo segundo del Titulo primero— «vinculan a todos los poderes públicos». pág. el sexo. LAPORTA: «El principio de igualdad. el principio al conjunto de condiciones que. pág. Ante la posibilidad de que sea la propia ley la que establece un trato discriminatorio. núm. pág. Como límite frente al legislador. (20) Vid. las tesis de Leibholz triunfaron en toda línea. que cuando hay diferencias irrelevantes el tratamiento debe ser igual y cuando hay diferencias relevantes el tratamiento debe ser diferenciado. LEIBHOLZ: Die Gleichheit. vinculante también para el legislador. sino que pueden y deben tomar en cuenta las diferencias humanas para llevar a cabo paralelas diferencias en las consecuencias normativas. sino también frente al legislador». (21) Ibidem. Así lo establece claramente el artículo 1. cit. en relación con los individuos. Partiendo de la aceptación de principio de que las normas no han de tratar a todos por igual. (17) Ibidem.3 de la Ley Fundamental de Bonn y así se desprende de la doctrina y jurisprudencia constitucionales alemanas. J. sobre todo por la conversión de la igualdad en un derecho fundamental... 9 (1983).. F. JIMÉNEZ CAMPO: «La igualdad jurídica como límite frente al legislador». como una exigencia «no sólo frente a la arbitrariedad de la Administración.. en REDC. Y tras ellas. la norma establece para adjudicar las consecuencias. como afirma Leibholz en 1925 (16). contenida en el artículo 119. entonces.. 269 .. (16) G.. pues. tras la Segunda Guerra Mundial.
». en los años que lleva actuando ha sentado una doctrina que hoy está ya perfilada en sus líneas fundamentales y que puede sintetizarse como sigue.. Carrió. según J. Ello conduce a una traslación de la competencia para adoptar decisiones de oportunidad desde las autoridades públicas ordinarias a quienes puedan formular vinculantemente interpretaciones basadas en esta cláusula constitucional.. impidiendo que éste «pueda configurar los supuestos de hecho de la norma de modo tal que se dé trato distinto a personas que. 1287-1288.. de pertinencia y de adecuación. ello no impide que las Constituciones sigan reconociendo el principio de igualdad y lo sitúen entre «los valores superiores del ordenamiento jurídico». Sin embargo. y termina ponderando si la diferenciación de régimen aplicada es o no proporcional y adecuada a la naturaleza e intensidad de la desigualdad. (24) Test de la desigualdad. se encuentran en la misma situación». Buenos Aires.. cit. A. SANTAMARÍA PASTOR: loe. según la doctrina. 270 . (23) A. núms. o bien control finalista. La jurisprudencia constitucional de nuestros días acude al concepto de «arbitrariedad»: no son admisibles las discriminaciones arbitrarias.. 278. pág. Eudeba. pero los criterios que emplea para apreciar la relevancia de los rasgos que justifican una diferencia de trato jurídico son igualmente libres y subjetivos (25). o igualdad frente al legislador. de G. A.. Ross: Sobre el Derecho y la justicia. aprecia la relevancia de tal desigualdad y su compatibilidad con los valores constitucionales. De cualquier modo. 100-102 (1983). pág. de la racionalidad. Lo que sucede. Y con ello no hace sino cerrar el círculo vicioso. el órgano jurisdiccional lleva a cabo de forma más reflexiva el mismo proceso mental que el legislador. en «La igualdad jurídica. SANTAMARÍA PASTOR: «Igualdad. cit. 1286. Si examinamos la estructura de los tests o controles en que. comprueba la existencia de una desigualdad de hecho. J. JIMÉNEZ CAMPO. R. (25) J. tal y como se pone de manifiesto en la filosofía del Derecho contemporánea. En definitiva. es que la igualdad en términos genéricos es una noción inaprehensible. de la relevancia. comprobamos que tales operaciones se corresponden con las fases del proceso lógico que sigue cualquier autoridad pública para adoptar una decisión que entrañe una diferenciación de regímenes jurídicos. como hace el artículo primero de nuestra Norma Fundamental. Primero. luego.ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA dificultad. Por lo que se refiere al Tribunal Constitucional español. desde todos los puntos de vista legítimamente adoptables. cit. en los términos de E. en cuanto sustituye la discriminación arbitraria o injustificada del legislador por la decisión de quien valora el cumplimiento del principio de igualdad (22). en (22) Vid. en RAP. se siguen planteando numerosas cuestiones relacionadas con el principio de igualdad ante los Tribunales Constitucionales y la jurisprudencia que emana de ellos en esta materia es abundantísima. La respuesta a la cuestión de qué rasgos son relevantes y qué rasgos no lo son no es siempre una respuesta unívoca. 1963. se concreta el principio de igualdad (24). en fin. Y. ALONSO GARCÍA en «El principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución española». tan inaprehensible como la justicia (23). trad. El principio de igualdad garantizado por el artículo 14 de la Constitución opera en dos planos distintos: de una parte.». págs. como «igualdad en la ley».
Significado El principio de igualdad material o real suele entenderse como una reinterpretación del principio de igualdad formal en el Estado social de Derecho. No basta con que el Estado dicte normas no discriminatorias. págs. donde se contiene una síntesis de esta doctrina del Tribunal Constitucional. cit. SUAY RINCÓN: «El principio de igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional». 3 [ 1985]. Para evitar estas desigualdades y llegar a una auténtica igualdad «justa». Propone este autor que la mera igualdad formal o «ante la ley» sea corregida en el Estado social mediante la consideración de la posición social real en que se encuentran los individuos a los que se va a aplicar esa ley.. contra el cual declara su hostilidad la democracia social» (29). (28) Aunque ya en la obra de Marx podemos encontrar no sólo una crítica de la igualdad formal. sin que el aplicador pueda establecer diferencia alguna en razón de las personas o de circunstancias que no sean precisamente las presentes en la norma» (26). de 12 de julio. 271 . Puesto que es un hecho que en toda comunidad se dan desigualdades sociales y económicas entre los individuos. La medida para aplicar diferenciaciones en el trato no sería otra que la de las necesidades individuales: «De cada uno según su capacidad. núm. 322. sino desigual. sino que ha de adoptar medidas para conseguir la igualdad efec- (26) STC 144/1988.. 259 y sigs. pág.. la que él denomina «igualdad económica» (igual división de bienes entre los ciudadanos) aparece históricamente mucho antes que la «igualdad formal» (vid. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría. por lo que a Europa continental se refiere. Así. cit. en especial. (29) H. en la Alemania de Weimar (27). sino también unas premisas fundamentales sobre la forma de entender la igualdad real. Este «cambio de significado» del principio de igualdad también podemos situarlo históricamente. una interpretación material del principio de igualdad supone la exigencia de que sea el Estado el encargado de hacer realidad este principio. (27) Aunque. afirma: «La igualdad formal de la democracia política. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD MATERIAL 1.». como «igualdad en la aplicación de la ley». Madrid. tomo II. Vid.). al principio de igualdad (28).tGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL otro plano.. produce un Derecho material desigual. según reza el conocido principio marxista de sociedad ideal. aplicada a situaciones jurídicas desiguales. En la «Crítica del Programa de Gotha» critica el derecho burgués como un Derecho aparentemente igual que se aplica a individuos que realmente son desiguales. En concreto. a cada uno según sus necesidades». págs. en el colectivo Estudios sobre la Constitución española. también J. 1991. HELLER: «Las ideas socialistas». «Dimensiones de la igualdad material». como pone de manifiesto A. PÉREZ LUÑO. Vid. en la obra de Heller podemos encontrar numerosas referencias a la «materialidad» de los principios propios del Estado liberal de Derecho y. A. en Anuario de Derechos Humanos. Civitas. el Derecho no tendría que ser igual. obligando «a que ésta sea aplicada efectivamente de modo igual a todos aquellos que se encuentran en la misma situación. PÉREZ LUÑO: «Dimensiones. II. 270 y sigs.
Tecnos. 1965. Bolonia-Roma. cuyo artículo 3. la Corte Constitucional podría todo lo más ejercitar un control negativo. págs. 317 y sigs. Considera este autor que la Corte ha usado el primer apartado cuando el caso habría podido y debido ser afrontado y resuelto en base al segundo apartado. Esta práctica también fue denunciada por L. la primera Constitución que recoge esta idea de la materialidad del principio de igualdad es la Constitución italiana de 1947. que se refiere a la igualdad formal o ante la ley («Todos los ciudadanos tienen igual dignidad social y son iguales ante la ley. DE VEGA GARCÍA: «La crisis de los derechos fundamentales en el Estado social»." del artículo 3. Y ni siquiera este control negativo era admitido pacíficamente en la doctrina y la jurisprudencia (31).» El principal problema que plantea esta norma es la articulación de su eficacia jurídica. de religión. sin distinción de sexo. A este respecto. En la Constitución italiana de 1947 Dentro de la tradición liberal —y al margen de las Constituciones socialistas—. a cargo de G. ya que «ha tendido a confundir este apartado con el 1. pág. CORCUERA ATIENZA y M. (32) Ibidem. 1988. la tendencia predominante fue negarle el carácter de verdadera norma jurídica. lo que significaba que no adquiriría verdadera eficacia mientras no fuese concretada por una ley futura. 1975. págs. de opiniones políticas y de condiciones políticas y sociales»). puede verse P. 2.°». considerándola como una disposición de las llamadas «programáticas». en J. Tampoco en la jurisprudencia constitucional posterior se ha hecho un uso claro de este precepto. la Corte Constitucional ha hecho un uso «generalmente furtivo» del apartado 2. cit. en Comentarios a la Constitución italiana. de lengua. limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos. impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política. ROMAGNOLI: «II principio d'uguaglianza sostanziale». (31) U. Zanichelli-Il Foro Italiano.2). BRANCA. (30) Sobre la insuficiencia del dogma liberal de la igualdad formal ante la ley en la sociedad actual. PALADÍN en ¡I principio costituzionale d'eguaglianza. 171-172. que se refiere a la igualdad material (32). Sobre el control de la observancia de esta disposición. estructurada en grupos y en la que se producen situaciones de supremacía social y abusos. Y entre estas medidas puede ser preciso en ocasiones dictar normas aparentemente desigualitarias para favorecer a ciertos sectores de población en situación de inferioridad económica o social (30). económica y social del país. Milán. en el sentido de afirmar la obligación de los órganos legislativos de legislar de conformidad con ella.2 tantas veces mencionado dice: «Es misión de la República remover los obstáculos de orden económico y social que.. 167 (comentario al artículo 3.ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA tiva de todos los ciudadanos. GARCÍA HERRERA: Derecho y economía en el Estado social. 272 . Madrid. pero no en sentido positivo. A. Giuffré. Romagnoli ha puesto de manifiesto cómo durante los primeros diez años de vigencia de la Constitución. en el sentido de vigilar que no fuesen emanadas leyes en contradicción con ella. de raza. En opinión de Romagnoli. esto es.
En este sentido. la sentencia de 19 de diciembre de 1962. 36 y sigs. que favorecen a los sujetos o sectores de la sociedad más débiles (35). 27 y sigs. cit. y también la de 26 de enero de 1957. especialmente págs. mientras que la igualdad formal o ante la ley quedaría consagrada en el artículo 14 («Los españoles son iguales ante la ley. remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política. vid.»). individual y concreta» y sobre la importancia de la teoría en toda interpretación de la norma. (37) Cláusulas como ésta parecen responder a una posible función constitucional de transformación de las estructuras sociales en el sentido de una mayor democratización de todas ellas. 1991.IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En general. cultural y social» (37). 1979. págs. el artículo 3. y también J. GONZÁLEZ ENCINAR: El Esta- 273 . 1978.. Para ello. (33) L. particularmente cuando se trata de intervenciones «positivas» de los poderes públicos. (36) Al artículo 3. C. en realidad restablecen la igualdad de condiciones» (34). PALADÍN: Diritio costituzionale. 215.2 se expresa en estos términos: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. PALADÍN: Diruto costituzionale. 578. pág. nuestro artículo 9. 106. declarativa de la invalidez de una norma que no aseguraba la asistencia de los alumnos minusválidos. 3.. Así. Cedam. económica. pág.. 578. Padua. (38) Sobre la necesidad de elaborar una teoría de Constitución «actual. En la Constitución española de 1978 y la jurisprudencia constitucional Después de este reconocimiento constitucional del principio de igualdad material en la Norma Fundamental italiana. J. J.2. En las páginas que siguen trataremos de analizar cuáles son las líneas generales de interpretación de este artículo 9. para concluir con una referencia a las propuestas doctrinales que tratan de explicitar el mismo (38). en conexión con los artículos 30. (34) Vid. sino que la igualdad sustancial enriquece el contenido de la igualdad formal (33). La interpretación clásica —que late también en la mayor parte de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el tema— entiende que aquí se contiene un mandato de igualdad material o real. núm. 28. vid. se argumenta en base al artículo 3. DE ESTEBAN: «La Constitución en el mundo actual». núm. DE CABO MARTÍN: Sobre la función histórica del constitucionalismo y sus posibles transformaciones.. Universidad de Salamanca. núm. estudio preliminar a la obra Constituciones españolas y extranjeras. considerando que los principios de igualdad formal y sustancial no son antitéticos. la Corte Constitucional italiana ha argumentado poniendo en conexión los dos apartados del artículo 3. hay que esperar a la Constitución española de 1978 para encontrar un pronunciamiento similar en el constitucionalismo de tradición liberal-democrática. en el ámbito de la escuela media superior. aparentemente discriminatorios en la comparación de categorías o grupos de ciudadanos. Madrid.2 en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. en especial aquellas que reconocen los derechos sociales (36). se refiere la sentencia de 8 de junio de 1987. De esta forma. Taurus. 31 y 34 de la Constitución italiana. (35) L.2 en relación con otras normas constitucionales.2 sirve de justificación de aquellos «supuestos legislativos que.
que puede incluso venir exigido. pues esta igualdad real.2 constituye a los poderes públicos en la obligación de hacerlo realidad. 1).) cuando engendra desigualdad. sino a las exigencias que el 9. finalidad que. Pero ello no impide que el alto Tribunal afirme en otras ocasiones que el principio de igualdad material contenido en el artículo 9. 274 . cit. afirma que el artículo 9. de 16 de marzo.ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA Ya desde sus primeros pronunciamientos. de 24 de julio: No implica sin embargo este precepto (el art. No se trata. a fin de promover la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra. como son la justicia y la igualdad (art. a cuyo efecto atribuye además a los poderes públicos el que promuevan las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (art.. Así se expresa la STC 34/1981. de 20 de julio: El acto del Legislativo se revela arbitrario (. 9. de 10 de noviembre: El principio de igualdad jurídica consagrado en el art. Y no ya desigualdad referida a la discriminación —que ésta concierne al art.2 formula un correctivo del principio de igualdad formal de acuerdo con las exigencias de un Estado social de Derecho. núm. Insiste también en estas consideraciones en «La Constitución y su reforma. cuya procura encomienda la Constitución (art. que consiste básicamente en la consecución de la materialidad de los valores constitucionales.. pero no prohibe que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de diferenciar situaciones distintas y de darles un tratamiento diverso. en modo alguno. en condiciones de absoluta igualdad. Así lo hace en la sentencia 27/1981.2). pues. en la práctica. para la efectividad de los valores que la Constitución consagra con el carácter de superiores del Ordenamiento. de conseguir una identidad absoluta en la posición social de todos los ciudadanos. 32 y sigs. el ejercicio de determinadas actividades requiera la posesión de determinados medios. la STC 6/1981.2 conlleva. la necesidad de que todos los españoles se encuentren siempre. 14 hace referencia inicialmente a la universalidad de la ley.2 impone actuaciones positivas a los poderes públicos: do unitario-federal. 14 CE). 14—. 9.2) a todos los poderes públicos y que es una Finalidad propia del Estado social y democrático de Derecho. en todo momento y ante cualquier circunstancia. En el mismo sentido. 17 (1986). en ocasiones.. considera el Tribunal Constitucional que el artículo 9. Sobre el significado general y el alcance de esta igualdad material se pronuncia la STC 83/1984. págs. no impide que. págs. en un Estado social y democrático de Derecho. en REDC. Con motivo del libro de Pedro de Vega: Lareformaconstitucional y la problemática del poder constituyente». exige una política legislativa que no puede reducirse a la pura igualdad ante la ley. 349 y sigs.
. haciendo hincapié en la necesidad de que el legislador no trate a todos los individuos de la misma manera» sino que sea capaz de tratar de forma diferente aquellas situaciones que son distintas en la vida real.2 puede exigir un mínimo de desigualdad formal para progresar hacia la consecución de la igualdad sustancial» (39). de 16 de febrero. adopten las medidas que estimen necesarias para remover los obstáculos que el libre juego de las fuerzas sociales pudieran oponerle. con un alcance no meramente formal. las sentencias 114/1983.2. además de no estorbarla..1 CE) y el mandato genérico del art.1) y. ha afirmado en varias sentencias que «lo proclamado en el artículo 9. actuaciones positivas de este género. Así.1.) entraña seguramente la necesidad de que los poderes públicos. de 29 de julio. cuál ha de ser el contenido de esta acción estatal encaminada a hacer realidad dicho principio. 1.1). 275 . de 6 de diciembre.1.2 exigen seguramente una organización del derecho a ser asistido de Letrado que no haga descansar la garantía material de su ejercicio por los desposeídos en un «munus honorificum» de los profesionales de la abogacía. 1. y 19/1988. en esta interesante sentencia la idea de que la igualdad material o «sustancial» se traduce en la práctica en la obligatoriedad para el Estado de proporcionar una serie de «prestaciones mínimas» a todos los ciudadanos.18: El tratamiento común a los administrados que preceptúa el artículo 149. en conexión con ella. con un contenido sustancial en forma de pautas de prestaciones mínimas que deben proporcionarse a todos los ciudadanos. si bien no se deriva esta consecuencia del artículo 9. de 5 de julio. el Tribunal Constitucional ha interpretado dicho precepto como un correctivo del principio de igualdad formal del artículo 14. también. 9.. Dando un paso más en esta interpretación progresiva del principio de igualdad material. 9. La finalidad general de esta diferencia de tratamiento legal no es otra que pro- (39) Fundamentalmente. en la sentencia 42/1982.1 J8 ha de entenderse en el Estado social y democrático de Derecho que configura la Constitución (art. sino. Encontramos. 1.2. Así. No obstante. así. afirma: La idea del Estado social de Derecho (art. de 28 de julio. sino del principio de Estado social del artículo 1. sin duda.2 imponen. En otras sentencias ha especificado el Tribunal cuál es la legislación que debe emanar el Estado para hacer realidad el principio de Estado social e igualdad material. pues tal organización tiene deficiencias que desgraciadamente han quedado muy de relieve en el presente caso..IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL La libertad de los medios de comunicación (. del modo que determine la Ley. en conexión con el 149. en la mayor parte de sus sentencias que se refieren al artículo 9. La cláusula del Estado social (art. 98/1985. el Tribunal Constitucional especifica en su sentencia 32/1981. el mandato genérico contenido en el art.
«La discriminación inversa» en su obra Los derechos en serio. En el mismo sentido. que en el ámbito de las relaciones laborales exige un mínimo de desigualdad formal en beneficio del trabajador (40).): El concepto de igualdad. que aquellos poderes emprenden en beneficio de determinados colectivos. vean suavizada o compensada su situación de desigualdad sustancial (42). De este modo. (40) Una argumentación similar utiliza el Tribunal Constitucional en sus sentencias 14/1983. a fin de que. (41) Así se hace en la STC 128/1987. 1 que constituye a España como un Estado democrático y social de Derecho. Ariel. en cuanto se dirige a los poderes públicos. de 26 de septiembre. 109/1983. DWORKIN. de 16 de julio. 276 . y 6/1984. para paliar la discriminación de hecho que padecen en relación con su incorporación y permanencia en el mundo laboral (41). Madrid. por ejemplo.ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA teger a ciertos sectores sociales discriminados. También el reciente estudio de A. Pablo Iglesias. de 1 de julio. históricamente preteridos y marginados.2 sobre el que. mediante un trato especial más favorable. Barcelona. 114/1983. Ed. siquiera temporal. justifica un tratamiento legal distinto en aquellos supuestos en que existe o se supone una desigualdad en las condiciones materiales de los destinatarios de la norma.2 para justificar el trato diferenciado y favorable a otros sectores sociales. Del mismo modo se ha utilizado el artículo 9. de 9 de marzo. en A. pues con esta disposición se está superando el más limitado ámbito de actuación de una igualdad meramente formal y propugnando un significado del principio de igualdad acorde con la definición del art.2 ha servido para justificar el trato favorable a estos sectores sociales sin que ello contradiga el principio general de igualdad enunciado en el artículo 14. de 14 de noviembre. la STC 3/1983. como sucede entre los empresarios y los trabajadores. por lo que en definitiva se ajusta a la Constitución la finalidad tuitiva o compensadora del Derecho laboral en garantía de la promoción de una igualdad real. 1994. de 6 de diciembre. de 29 de noviembre. ambos destinatarios del Derecho laboral: Estas ideas encuentran expresa consagración en el art. de 24 de enero. (42) STC 216/1991. SSTC 166/1988. de 25 de enero. Podemos encontrar esta argumentación en varias sentencias referidas al ámbito laboral. 1984. y 28/1992. de que no podrá reputarse de discriminatoria y constitucionalmente prohibida —antes al contrario— la acción de favorecimiento. 145/1991. Sobre la llamada «discriminación inversa» favorable a ciertos colectivos sociales tradicionalmente marginados. encierra el artículo 14 supone una modulación de este último. Vid. VALCÁRCEL (comp. en el sentido. El tema de la incorporación de la mujer al trabajo y la discriminación por razón de sexo han dado lugar a diversas sentencias en que se argumenta con carácter general en este sentido: La incidencia del mandato contenido en el artículo 9. R. como las mujeres trabajadoras con hijos pequeños. 9. de 28 de febrero. el artículo 9. Así. Ruiz MIGUEL: «Discriminación inversa e igualdad».2 de la CE cuando impone a los poderes públicos la obligación de «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas».
existe otra línea en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el principio de igualdad que justifica los supuestos de tratamiento legal diferenciado y favorable a ciertos sectores sociales tradicionalmente discriminados o en situación de inferioridad social basándose únicamente en el artículo 14 del Texto Fundamental. de 26 de abril. a cuyo fin se ordena el criterio legal de «la capacidad económica del sujeto ¡nfracton> que aquí se combate. la propia norma constitucional obliga a atender los requerimientos de la igualdad real. números 1 y 3) relativos a la sujeción a la Constitución de todos los poderes públicos y a la interdicción de la arbitrariedad. que no deben ser tratadas igualmente. ni en general contra cualquier precepto o principio de la misma (art. y que resulta así no sólo compatible con el art. 9. de 16 de febrero: Puede imponer este precepto. contra la esencia del propio principio de igualdad que rechaza toda desigualdad que por su alcance sea irrazonable y por ello haya de calificarse de discriminatoria. 53. a la «capacidad económica del sujeto infractor: Una vez satisfechas las exigencias de igualdad formal y no discriminación que impone el art. entre otros criterios. A este respecto se pronuncia en su sentencia 34/1981. de 21 de julio: 277 . se sigan de la aplicación de disposiciones generales en una sociedad cuyas desigualdades radicales han sido negativamente valoradas por la propia Norma Fundamental. ya que no puede dar lugar a un resultado que vaya contra derechos y libertades reconocidos en la Constitución (art.1). no deja de ser consciente el Tribunal de los peligros que entraña la libre apreciación por el legislador de cuáles son las circunstancias de hecho que justifican un tratamiento legal diferenciado y favorable. como consideración de principio. 31. Pero tal valoración tiene unos límites. a él se pueden reconducir aquellos supuestos que antes eran resueltos en base al artículo 9. queda.1 en relación con el art. que apela al principio de igualdad real para justificar el hecho de que las sanciones tributarias se gradúen atendiendo en cada caso concreto. 14 de la Constitución sino también justificado o exigido por el art. confiada al legislador. en orden al disfrute de bienes garantizados por la Constitución. 14 de la Constitución.2 como corrector de la pura igualdad formal queda claramente establecido en la jurisprudencia constitucional en la sentencia 19/1988. 9.IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En esta misma línea hay que hacer referencia a la sentencia 76/1990. con carácter general. Sin embargo. El sentido general que cabe atribuir al artículo 9. la adopción de normas especiales que tiendan a corregir los efectos dispares que. Sin embargo. Así argumenta el alto Tribunal en su sentencia 65/1983. Sosteniendo un concepto más amplio del principio de igualdad formal del artículo 14.2. desde otra perspectiva. como resulta obvio. de 10 de noviembre: La apreciación de en qué medida la ley ha de contemplar situaciones distintas que sea procedente diferenciar y tratar desigualmente o.2 del propio texto constitucional. ni.
.. 14 de la Constitución no se agota en la cláusula general de igualdad que inicia su contenido.. por otra parte.. de 31 de enero: La virtualidad del art. cabe hacer referencia a la STC 180/1991.) no es contraria a la Constitución por cuanto se asienta sobre una desigualdad originaria entre trabajadores y empresarios que tiene su fundamento no sólo en la distinta condición económica entre ambos. sino que también persigue la interdicción de determinadas diferencias.) el principio de igualdad (del artículo 14) no prohibe toda diferencia de trato. también..) De ahí que. Del mismo modo en la STC 25/1989. históricamente muy arraigadas. que originan la desigualdad.. De forma más clara se argumenta en la STC 19/1989. aun cuando establezcan un trato más favorable.2 y argumentando únicamente en base al principio general de igualdad del artículo 14: Como este Tribunal viene declarando reiteradamente (. tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social. sino en su respectiva posición en la propia y especial relación jurídica que los vincula. debiendo darse una razonable proporcionalidad entre medios y fines. sino abiertamente contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el art. se justifica la diferencia de tratamiento legal por motivos técnico-económicos sin recurrir al artículo 9.. han situado a amplios sectores de la población en posiciones no sólo desventajosas. de 23 de septiembre.. que. y b) dichas medidas han de contar con un fundamento técnico-económico. en concreto.. las medidas que tengan por objeto compensar la situación de desventaja de determinados grupos sociales y. las exigencias derivadas del mencionado principio (. en la que no se considera discriminatoria ni contraria al principio de igualdad del artículo 14 la concesión de una subvención pública para gastos de abogado y procurador a los afectados por el síndrome tóxico y no a los acusados en el proceso penal. además de en la excepcionalidad de la situación y el 278 . en principio.. y la existencia de esta justificación ha de apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada. En este sentido. Pues bien. matización que.. viene siendo habitual en las normas internacionales más recientes sobre igualdad y no discriminación. 170 de la LPL (.). La razón estriba. no puedan considerarse lesivas del principio de igualdad. dicho principio sólo puede entenderse vulnerado cuando la desigualdad denunciada está desprovista de una justificación objetiva y razonable.ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA Este principio (el de igualdad) vincula a todos los poderes públicos incluido el legislativo (. han de estar en función del interés público sin postergar arbitrariamente otros intereses dignos de protección.)• La disparidad normativa establecida por el art. siempre que no vulnere otros preceptos constitucionales y que no vaya contra la esencia del principio de igualdad (.) pueden concretarse en dos puntos: a) las medidas adoptadas.. 10 de la Constitución (. de 3 de febrero. pero no prohibe que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de diferenciar situaciones distintas y darles un tratamiento diverso. remediar la tradicional situación de inferioridad de la mujer en el ámbito social y en el mercado de trabajo.
con lo cual ese precepto cubre ya en no pequeña parte (. Ignacio de Otto. ¿Cuál sería. debería desecharse del lenguaje jurídico doctrinal» (45). para Ángel Garrorena. 1984. Para este autor. 279 . en la distinta situación económica de las dos partes del proceso.. llegó más lejos al afirmar la absoluta falta de conexión entre la llamada «igualdad formal» del artículo 14 y la llamada «igualdad real» del artículo 9. 4. «el artículo 14 comporta y exige necesariamente en nuestros días una más que cierta apreciación de las premisas materiales y sociales que de modo inexcusable hacen acto de presencia en todo juicio de igualdad. «hablar del principio de igualdad real del artículo 9. en J. la exigencia de que (43) A. En primer lugar. que es lo que significa. aparte de otras posibles concrecciones. 454. 14 de la Constitución. J. (46) Ibidem.2.2 se concreta. el llamado principio de igualdad ante la ley tiene en nuestros días varias manifestaciones.. éste considera que.) el trayecto que afecta a la igualdad material» (43).2 no deja de ser un uso sumamente impreciso del término igualdad que. Para este autor. «los afectados por el síndrome provenían de los estratos de la sociedad económicamente más débiles».IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL gran número de afectados. esto es. entonces.. de lo que se ha llamado una «política de derechos fundamentales». Interpretación doctrinal En esta misma línea de argumentación se sitúa la opinión de algunos autores. Madrid. el articulo 9. 66.2 debe impregnar de sentido no sólo el principio de igualdad del artículo 14 sino también cualquier otro precepto de la Constitución (44). en suma. otro de los autores que se han ocupado del tema entre nosotros. pág. Madrid. esto es. 454. Akal. Mientras que los acusados contaban con medios económicos suficientes para contratar a los letrados de su elección. 67. el concepto de «materialidad» de los valores constitucionales. cit. pág. DE OTTO: «Igualdad». En el mismo sentido de reinterpretación del principio de igualdad formal o «ante la ley» de forma que englobe aquellos supuestos que antes se consideraban incluidos en la igualdad real se pronuncia Antonio Pérez Luño. de una política de creación de las condiciones efectivas y reales de la libertad y la democracia y de una «política de bienestar social» que se concreta sobre todo en los principios rectores de la política social y económica que se recogen en el Capítulo III del Título I de la Constitución» (46).2? Siguiendo la exposición de Garrorena. GARRORENA: El Estado español como Estado social y democrático de Derecho. la operatividad jurídica del artículo 9. Tecnos. supone la exigencia de «generalidad». Así. pág. en opinión de De Otto. GONZÁLEZ ENCINAR: (dir. (45) I.): Diccionario del sistema político español. La significación jurídica del artículo 9. (44) Ibidem. en la «formulación de un doble mandato. por confuso. 1984. pág. para quienes no es posible sostener hoy un concepto puramente formal del principio de igualdad consagrado en el art. A su vez.
BAÑO LEÓN: «La igualdad como derecho público 280 . (48) Como premisa metodológica. Esta debe ser una consecuencia del tradicional principio de igualdad ante la ley o. en Hacia el equilibrio de poderes: Comisiones legislativas y robustecimiento de las Cortes.ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA todos los ciudadanos se hallen sometidos a las mismas normas y tribunales. Universidad de Valladolid. (49) En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en sus sentencias 86/1985. sino también sus causas y fines. Volviendo. De aquí no cabe derivar. sin embargo. 1981. 52/1987. La ley no debe tratar a todos por igual. En segundo lugar. lo que implica un trato igual de circunstancias o de situaciones no idénticas que. M. se estima deben considerarse irrelevantes para el disfrute o ejercicio de determinados derechos o para la aplicación de una misma reglamentación normativa. Pérez Luño entiende que el principio de igualdad ante la ley supone la exigencia de identidad de procedimiento. de 21 de febrero. la igualdad ante la ley se presenta como exigencia de diferenciación en aquellos supuestos que se presentan aparentemente como semejantes. 1989. más bien. y 48/1989. «igualdad jurídica». entendido bajo la óptica de un Estado social contemporáneo. Siguiendo esta línea. págs. se manifiesta J. sin embargo. la realidad social en que aquéllas han de ser aplicadas —máxime en el campo del Derecho Constitucional— ha insistido entre nosotros. convertiría en supuestos de desigualdad material. de 7 de mayo. 26-27. o sometimiento a las mismas reglas procedimentales para todos los ciudadanos (47). sociales y culturales». la ley ha de ser idéntica para todos. PÉREZ LUÑO: «El concepto de igualdad como fundamento de los derechos económicos. entonces. pensamos que debe sostenerse una concepción amplia del principio de igualdad ante la ley. pero a los que un tratamiento uniforme. sin que exista ningún tipo o estamento de personas dispensadas de su cumplimiento. sino que debe tener en cuenta qué individuos se encuentran en una situación de inferioridad real o de tradicional discriminación para aplicarles un tratamiento legal más favorable en los casos en que sea preciso (48) y con el objeto de tender a una mayor equiparación de todos los ciudadanos. L. de 10 de julio. VILLACORTA. la necesidad de que el intérprete y el investigador del Derecho tengan en cuenta no sólo las normas. En tercer lugar. haciéndose eco de una importante corriente doctrinal. La determinación de en qué casos procede aplicar un tratamiento jurídico diferente y favorable a determinados colectivos corresponde al legislador. para quien no es indiferente la situación real en que se encuentran los ciudadanos a la hora de crear y aplicar la ley. un derecho subjetivo jurisdiccionalmente protegido a recibir un trato diferente y favorable en determinadas circunstancias. actuando el principio constitucional de igualdad solamente como justificador de estas políticas sociales. habría que pre- (47) A. en Anuario de Derechos Humanos. del mismo modo que existe un derecho subjetivo a no ser discriminado fundado en el artículo 14 CE (49). que no tuviera en cuenta la situación real. a la cláusula contenida en el artículo 9. A este tercer criterio podrían reconducirse los casos que tradicionalmente se consideraban incluidos en la llamada «igualdad material». que englobe aquellos supuestos en que es preciso aplicar un tratamiento legal diferenciado a ciertos sujetos que se encuentran en una situación social efectivamente distinta. supone la exigencia de «equiparación».2. También en contra de la denominada «discriminación por indiferenciación». Por último.
Sobre principios y normas. principios jurídicos y razón práctica». núm. APARICIO PÉREZ: «El Estado social en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional». CANO BUESO: Estudios sobre el Estado social. Cuadernos de Filosofía de! Derecho. A. CEC. las reglas pueden formularse siempre recurriendo a un esquema condicional. podemos considerar que el artículo 9. De esta manera. es útil recordar la distinción que formulan M. vid. Lo que sucede es que aquí nos enfrentamos con el problema que plantean las normas constitucionales que. Si nos atenemos a la literalidad del precepto. normas que ordenan que se realice algo en la mayor medida posible. Vid. 1993. por un lado. A este respecto considero que. puede tratarse de principios en sentido estricto. Ruiz Mañero (51) entre normas que enuncian reglas. Los principios en sentido estricto —igual que las reglas— exigen un cumplimiento pleno. «El principio de igualdad en la jurisprudencia. 14 (1987). igualdad y democracia. 191-192. en general.2 CE. Mientras que SUAY RINCÓN se muestra partidario de introducir una cierta flexibilización de esta doctrina. R. establecen «principios» que orientan la acción del Estado. por el contrario. 281 . Las directrices. por ello. Parlamento de AndalucíaTecnos. cuando estipulan la obligación de perseguir determinados fines. pueden ser cumplidas en diversos grados. en el colectivo dirigido por G. 10 (1991). en DOXA. que no es posible trazar una distinción estricta entre principios y normas desde el punto de vista de su estructura lógica. 143. Madrid. (50) Sobre las dificultades que plantea articular normativamente este precepto —y. esto es. vid.. núm. y normas que enuncian principios. Ruiz MAÑERO: «Sobre principios y reglas».. CÁMARA VILLAR y J. pues. cabe hacer aún otra distinción. cit. en DOXA. sólo pueden ser cumplidas o incumplidas. en el momento de la interpretación. 1992. pág.IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL guntarse nuevamente cuál debe ser su significado y su operatividad jurídica (50). por otro.».. (52) L. No caben. núm. si bien la diferencia de estructura entre reglas y principios es difícil de trazar —según demuestra el autor—. Madrid. ALEXY —para quien los principios en general son «mandatos de optimización en el sentido descrito— en «Sistema jurídico. se consideran «mandatos de optimización» (53). en cambio. Atienza y J. Desde el punto de vista de su estructura. en relación con las posibilidades fácticas y jurídicas y. En el caso de normas que enuncian principios. 5 (1988). que sólo establecen una finalidad general a la que deben tender los poderes públicos. sin embargo sí parece distinta la configuración de ese tipo de normas denominadas «directrices». como el precepto en cuestión. págs. en RAP. En efecto. o bien tratarse de directrices. (51) M. (53) Sobre este concepto. cuando expresan los valores fundamentales del ordenamiento jurídico. Problemas del razonamiento jurídico. pero no concretan a través de qué medios (52). una vez que se ha determinado en un caso concreto su prevalencia frente a otros principios y reglas que jueguen en sentido contrario. por tanto. Ed. ATIENZA y J. al igual que otras normas constitucionales de contenido social constituye un ejemplo de norma que subjetivo». podemos afirmar que lo que se pretende conseguir no es otra cosa que la realización efectiva («materialidad») de los valores libertad. 868. de correlación caso/solución y. Cuadernos de Filosofía del Derecho. La diferencia entre ambos tipos de normas habría que situarla más bien en la función que desempeñan en la argumentación jurídica. A este respecto. modalidades graduables de cumplimiento. pág. el principio constitucional de Estado social— se ha pronunciado críticamente M. esto es. PRIETO considera.
En la tarea de escoger una de ellas. pero sí constituye un criterio interpretativo del resto del ordenamiento. pueden ser limitadas por un principio en sentido estricto o por un derecho.. L. DE VEGA: «Jurisdicción constitucional y crisis de la Constitución». 7 (1979).. (54) Sobre las problemáticas relaciones entre el poder legislativo y la justicia constitucional. puede verse P. E. 49. Madrid. CASCAJO CASTRO: La tutela constitucional de los derechos sociales. y mi trabajo. la Administración) el principal encargado de atender a su cumplimiento. algún tipo de control jurídico de su cumplimiento por parte de los poderes políticos: el juez podría poner de manifiesto por debajo de qué nivel de cumplimiento o satisfacción una determinada norma o política se hace intolerable (57). publicado en el núm. el rango constitucional de la directriz contenida en el artículo 9. Madrid. L. especialmente págs. A.. Y ello nos desplaza a la consideración del control jurisdiccional del cumplimiento de este tipo de normas. 29 y sigs..2 de la Constitución como parámetro del control de constitucionalidad». pág. más ampliamente. cit. las directrices presentan diversas posibilidades de concreción y aplicación.. en Revista Vasca de Administración Pública. 112 y sigs.. Precisamente por fijar solamente una finalidad a perseguir. pág. 19 (1987).. escogiendo con un gran margen de libertad las medidas políticas concretas en que se traducirá el mandato constitucional.2 de la Constitución puede traducirse en las siguientes posibilidades de aplicación: no puede fundamentarse en él un derecho subjetivo accionable ante los Tribunales. la operatividad jurídica del mandato contenido en el artículo 9.. Por lo demás. como tampoco deben sustituirle en la determinación del nivel de cumplimiento —al tratarse de mandatos de optimización admiten diversos grados de cumplimiento según las posibilidades fácticas (55) y jurídicas (56)—. «Las normas constitucionales de contenido social: Delimitación y problemática de su eficacia jurídica».. 99 y sigs. 1988.. En concreto. págs. será el legislador (y. núm. J. en el colectivo Jornadas de estudio sobre el Título Preliminar de la Constitución. en Revista de Estudios Políticos. COBREROS MENDAZONA: «Reflexión general sobre la eficacia normativa de los principios constitucionales rectores de la política social y económica del Estado». según hemos visto (58). PRIETO: Sobre principios y normas. (58) Sobre la eficacia jurídica de este y otros preceptos constitucionales de contenido social. Sin embargo. Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. 76 de la Revista de Estudios Políticos. pero la determinación de los medios concretos a través de los cuales llegar a ella corresponde al principal destinatario de la norma: precisamente los poderes públicos. GARRORENA: El Estado español. 1988. cit. (56) En su realización. núm. CEC. (55) No hay que olvidar que la realización efectiva de normas como ésta que nos ocupa tropieza con dificultades de orden económico. a mi modo de ver. a este respecto. en ejecución de la ley. fija una finalidad que deben cumplir los poderes públicos. 282 . puede verse. (57) Vid. J. Serán las posibilidades económicas de una sociedad las que determinen en buena medida la amplitud de las conquistas sociales.. los órganos jurisdiccionales no deben sustituir al legislador democráticamente elegido (54). a este respecto. si bien se trata de un deber genérico de hacerlo realidad que sólo se convertirá en una obligación exigible por los ciudadanos una vez que se haya concretado mediante ley.2 exige. Vid. puede fundamentar un recurso o cuestión de inconstitucionalidad y configura un auténtico deber de los poderes públicos. FERRET JACAS: «El artículo 9.ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA contiene una directriz.
en R. o al artículo 103. pág. por tanto. vid.. Coimbra Ed. COTARELO (comp. i. Una posible primera interpretación del artículo 9. debidas a Tawney. 380 y sigs. culturales) para asegurar la igualdad jurídica puede verse en J. cit. COTARELO: «Valores y principios de la Constitución de 1978». CIS. fundamentalmente con el valor libertad —cuya consecución efectiva también encomienda el artículo 9. jóvenes.1 CE— ya fue propuesta por la citada sentencia del Tribunal Constitucional 32/1981. Se trata.3.». infancia abandonada. a un trabajo con el que procurarse «una remuneración suficiente para atender sus necesidades y las de su familia» (art. «Dimensiones. 274. España (1975-1986). ancianos. 1.): Transición política y consolidación democrática. (59) Así.. Madrid. Pero tanto la propia redacción del precepto como el resto del articulado de la Constitución (59) muestran que no es esta situación de puro igualitarismo lo que se pretende conseguir. puede aludirse al artículo 38. Del mismo modo. que prevé la regulación del acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Sartori y Rawls.2 podría considerar que la igualdad real se habrá logrado cuando todos los ciudadanos disfruten de las mismas condiciones económicas. al artículo 31. que las intervenciones necesarias para promover la igualdad efectiva no pretenden realizar una general y sistemática distribución de la riqueza y de las rentas. y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia 83/84. Se puede afirmar. págs.IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Sobre el significado de este mandato constitucional que impone a los poderes del Estado la finalidad de perseguir la igualdad real y efectiva de todos los ciudadanos. antes citada. GOMES CANOTILHO: Constituicao dirigente e vinculacao do legislador. pues. 188-189..1) y dispensando a quienes se hallan en una situación aún más desfavorable (incapaces para el trabajo. sociales y culturales.) una protección mínima que comprenda «la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad» (art. minusválidos. de asegurar a todos un mínimo vital indispensable para el respeto a la «dignidad de la persona» (art. A. 1982. etc.2 a los poderes públicos—. sanidad. Esta interpretación —si bien derivada del principio de Estado social del art. desempleados. págs. etc. económicas. en que se establece el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica. Vid. 10) y para el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en el Título Primero de la Constitución. 283 . facilitando el acceso de mujeres. de 24 de julio. Una tal estructura exige una actuación estatal en diversos campos (educación. servicios sociales) que tienda a proteger fundamentalmente a las categorías menos favorecidas de la sociedad. 1992. destinada a eliminar las desigualdades fácticas (sociales. PÉREZ LUÑO considera el principio de «igualdad de oportunidades» como un paso de gran trascendencia en el progresivo afianzamiento de la dimensión material de la igualdad. donde se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. (60) En este sentido. podemos apuntar distintas interpretaciones. 41). Una situación así de igualitarismo extremo impuesto desde el poder entraría en contradicción con otros valores igualmente reconocidos en la Constitución. donde expone diversas concepciones de este principio. Una comprensión del principio de igualdad como «igualdad de oportunidades». 35. El equilibrio entre ambos valores podría lograrse dotando a la sociedad de una amplia y eficaz estructura de «igualdad de oportunidades» (60).. J.
el derecho a la concesión de una existencia material digna (64). dice Alesandro Pizzorusso: Nos hallamos. En el mismo sentido se ha pronunciado cierta doctrina italiana que interpreta la similar cláusula del artículo 3. en E. (61) A. la exigencia de proteger la dignidad de la persona no puede ser solamente un derecho de defensa negativo. es un Estado federal. (61).. págs. de tal forma que se aspira no ya a la nivelación general sino al establecimiento de unos límites máximos y mínimos que aseguren una vida decorosa y segura («la llamada libertad frente a la necesidad») permitiéndose.2 no deben perder de vista las consideraciones anteriores sobre el principal encargado de concretar estos especiales preceptos constitucionales que enuncian «directrices». (62) BVerfGE 1. etc. democrático y social».2. Darmstadt.F. BACHOF: «Begrif und Wesen des sozialen Rechtsstaates». 2.. 28: «El orden constitucional de los Estados deberá responder a los principios del Estado de Derecho republicano.A.. FORSTHOFF (ed. ante una solución intermedia entre el igualitarismo extremo que se enuncia en la fórmula «a cada uno según sus necesidades» y la mera igualdad de derecho («a cada uno según sus méritos»).». que habla de «pautas de prestaciones mínimas que deben proporcionarse a todos los ciudadanos». un nivel mínimo de subsistencia digna. 1968. de lo que resulta el derecho a un mínimo de seguridad social. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público»).2: «Cada uno tendrá derecho a la vida y a la integridad física y será inviolable la libertad de la persona. democrático y social expresados en la presente Ley Fundamental.1 de la Ley Fundamental («La dignidad del hombre es intangible. tomo 1. de forma que se garantice a éstos un «mínimo vital». una posible y deseable concreción de la cláusula del art. es necesario combinar el artículo 1. del arte. de los negocios. en concreto en cierta interpretación que se hace del artículo 1. pág. art. Los intentos de dotar de contenido a la cláusula constitucional del artículo 9.. Madrid. vid. al tiempo. 20 y 28 (63) de la Ley Fundamental. por tanto. 1984. 20: «La R. es decir.ENCARNACIÓN CARMONA CUENCA de 28 de julio.». Según una sentencia del Tribunal Constitucional Federal (62).): Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit. También tiene antecedentes esta doctrina en la jurisprudencia constitucional alemana. CEC.2 CE se traduciría en articular legislativamente la obligación de los poderes públicos de realizar prestaciones a favor de los ciudadanos. sino que existe también un derecho del individuo a una actuación positiva del Estado. y art. los más trabajadores o los más perseverantes alcancen las posiciones más destacadas en el campo de la política.1 con el 2. que los más dotados. por debajo del cual no debe situarse ningún individuo de la comunidad estatal. 207 y 208. Así. 284 . En la doctrina. 9. 165. En la misma línea.2 de la Constitución italiana. (63) Art.97. (64) BVerfGE 1. 159 y sigs. O. de la cultura. si la dignidad de la persona es amenazada por necesidades materiales. PIZZORUSSO: Lecciones de Derecho Constitucional. Así.
IGUALDAD MATERIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL que no es otro que el legislador antes que el órgano de justicia constitucional. 285 . creemos oportuno insistir en la necesidad de que estas normas constitucionales no permanezcan como letra muerta y reciban una concrección adecuada al texto y a los principios que inspiran nuestra Norma Fundamental. Pero aún así.
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