Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520233.html
Timestamp: 2019-03-20 23:39:21+00:00

Document:
as201521233
Auto Supremo: 233/2015
Sucre:13 de Abril 2015
Expediente: SC-3-15-S
Partes: María Luisa Vaca de Callaúc/Dietter Antelo Aguilera
Proceso:Resolución de contrato por incumplimiento, reivindicación,
desocupación y entrega de inmueble,más el resarcimiento de daños
VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 413 a 416 y vta., interpuesto por Dietter Antelo Aguilera, representado por Maridel Arauz Melgar,contra el Auto de Vista de 03 de octubre de 2014 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante de fs. 404 a 406 y vta., en el proceso de Resolución de contrato por incumplimiento, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble más el resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por María Luisa Vaca de Callaú representada por Daniel Callaú Ortiz contra Dietter Antelo Aguilera, la contestación de fs. 420 a 421, la concesión de fs. 422, los antecedentes del proceso, y;
El Juez Décimo de Partido en materia Civil y Comercial de la Capital (Santa Cruz) dicta Sentencia Nº 66, de 26 de noviembre de 2013, cursante de fs. 334 a 337 y vta., declarando Probada la demanda en todas sus partes de fs. 18 a 23 vta., con más el memorial de fs. 47y vta., interpuesto por la demandante María Luisa Vaca de Callaú sobre resolución de contrato, más daños y perjuicios, disponiendo declarar resuelto el contrato.Resolución que es apelada por el demandadoDietter Antelo Aguilera por escrito de fs. 341 a 343 y vta., que mereceAuto de Vista de 28 de febrero de 2014, cursante a fs. 356 y vta, que anula totalmente la Sentencia de fecha de 26 de noviembre de 2013, disponiendo al Juez A quo dictar una nueva Sentencia en estricta sujeción a lo previsto en el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, en mérito a ello se dicta una nueva Sentencia de 20 de junio de 2014, cursante en fs. 380 a 382 y vta., declarando probada en todas sus partes la demanda saliente de fs. 18 a fs. 23 vta., con más los memoriales de fs.45 y 47 y vta., disponiendo I.- La resolución del contrato de fecha 16 de agosto del 2005, relativo a la cesión de derecho y delegación de deuda, suscrito entre María Luisa Vaca de Callaú y Dietter Antelo Aguilera. II.-Una vez ejecutoriada la Sentencia, se tiene ordenado que la demandante Luisa Vaca de Callaú cancele a favor del demandado Dietter Antelo Aguilera, la suma de $us. 2.395,52.- como pago de las mejoras, considerado en la presente resolución. III.- Cancelado el importe antes descrito en el punto anterior; se ordena al demandado, que a tercero día, entregue el bien inmueble a favor del demandado, bajo prevención de librarse el correspondiente mandamiento de ley. Resolución que es apelada en fs. 385 a 389 y vta., por el demandado a través de su representante Maridel Arauz Melgar, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista de fecha 03 de octubre de 2014, CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia de fecha 20 de junio de 2014 de fs. 380 a 382 y vta., Resolución de alzada que es recurrida de casación en la forma por la parte demandada, que obtiene el presente análisis.
1. Expresa que se incurrió en la inobservancia del mandato para formular una acción judicial específica que tenga congruencia con el objeto de la demanda o pretensión procesal dirigida contra una persona diferente que figura en poder notarial extendido en España como DeiterAntelo Aguilera, habiéndose citado a otra persona diferente como es Dietter Antelo Aguilera.
2. Respecto al poder otorgado en Barcelona confiere facultades de representación a Daniel Callaú Ortiz para iniciar “Proceso Civil Ordinario de reversión y anulación de contrato” contra el señor DietterAntelo Aguilera y no para demandar las acciones de “resolución de contrato por incumplimiento, reivindicación, desocupación y entrega del inmueble, más resarcimiento de daños y perjuicios”.
3.En el mismo poder no se cumplió con señalar el número de cédula de identidad del ciudadano DietterAntelo Aguilera.
4.Acusa que la demanda fue admitida con falta de revisión en la documental adjuntada referida al poder Notarial conferido en Barcelona – España.
Por lo expuesto, interpone recurso de casación en la forma y solicita que se dicte Auto Supremo, anulando el Auto de Vista Nº 215/2014 de 03 de octubre de 2014 y Auto de Vista de Rechazo a explicación, complementación y enmienda Nº 167/2014 de 27 de octubre de 2014, por consiguiente se declare la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, sea con reposición hasta el Auto de Admisión con la demanda de fecha 24 de agosto de 2012 corriente a fs. 48.Con costas y multas a las autoridades jurisdiccionales infractoras.
De manera introductoria,corresponde precisar que el recurso de casación en la forma, denominado también recurso de nulidad, es aquel que tiene por finalidad subsanar los defectos formales o procesales en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso, vale decir, aquel error que tiene que ver con el quebrantamiento de las formas procesales previstas por ley, cuya infracción está sancionada con nulidad de obrados, por ello elart. 254 del Código de Procedimiento Civil señala que procederá el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales del proceso, cuando la Sentencia o Auto de Vista recurrido hubiere sido dictadosin haberse pronunciado sobre algunas de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los Tribunales inferiores.
Del contenido del recurso de casación se advierte que el reclamo se centra en el poder especial conferido en España, donde la demandante María Luisa Vaca de Callaú por instrumento público Nº 304/2012confiere a favor de su cónyuge Daniel Callaú Ortiz, cursante en fs. 2 y 3, sobre el que se reclama en varios puntos y a lo largo del recurso, expresando que el mismo tendría ciertas falencias que a su criterio habrían generado vicios capaces de anular todo el proceso, en infracción del art. 327 incisos 2), 3),4), 5), 6), 7) y 9) en relación al art. 333, todos Código de Procedimiento Civil, ya que el apoderado habría extralimitado sus atribuciones específicas, en el entendido que el poder únicamente confería al apoderado interponer “proceso civil ordinario de Reversión y Anulación de Contrato” y no “ Resolución de Contrato por incumplimiento, Reivindicación, desocupación y entrega del inmueble, más el resarcimiento de daños y perjuicios”. Asimismo en el poder notarial referido se nombra al demandado como “Deiter Antelo Aguilera”, dirigiendo su acción judicial contra una persona diferente como lo es Dietter Antelo Aguilera”, tampoco consigna número de cédula de identidad que precise ser la misma persona. De todo lo precedente corresponde considerar dichos reclamos de manera conjunta,puesto que, todos se fundan en el instrumento legal conferido en España por la demandante a su cónyuge.Que a criterio del recurrente, el A quo no habría examinado el poder de representación, otorgándole derechos más allá de lo que se habría previsto en el mismo.
De la revisión efectuada, cursante en fs 2 y 3 (por literales adjuntadas a demanda principal), se tiene que en la ciudad de Barcelona – España, en fecha 15 de febrero de 2012, María Luisa Vaca de Callaúotorgó un poder especial, amplio y suficiente, cual por derecho se requiera, a su cónyuge, Daniel Callaú Ortiz, con el objeto y fin último de recuperar un terreno del parque industrial, que interpuesta la demanda con el mencionado poder, el hoy recurrente, se apersona y contesta la demanda, cursante a fs. 59 a 60 y vta., donde realiza una serie de fundamentos negando y asumiendo en parte la misma; pero no objeta ni observa absolutamente en lo relativo al contenido del poder Notarial, menos al apoderado en su accionar, por cuanto era ese el momento donde debió de abordar los requisitos de admisibilidad de la demanda, objetar si el poder no reunía los presupuestos necesarios, estando en el tiempo llamado por ley para plantear alguna excepción relativa a invalidar o corregir la pretensión incoada, al no hacerlo, conllevó a la preclusión, que consiste en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, y contribuye a que el proceso en general, para cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridadposible, pues por virtud de la preclusión, las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza, dando sustento a las fases subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y seestablezca un límite a la posibilidad de discusión, en aras de que la controversia planteada se solucione en el menor tiempo posible, observando el principio de impartición de justicia pronta.
En esa medida, la preclusión tuvo lugar por no haber observado el orden u oportunidad establecida en la ley, para la realización del acto respectivo como facultad otorgada por la misma, relativa a ejercerla válidamente en esa ocasión, lo que implica que, por regla general, una vez extinguida la oportunidad de ejercitar, ya no puede hacerse valer en otro momento posterior.
En ese sentido, la figura procesal referida permite que las Resoluciones susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de los recursos y medios ordinarios dedefensa que establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza cuando se emita la decisión que resuelva el medio impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo legal sin que el recurso omedio de defensa relativo se haya hecho valer.
Al respecto, de la vasta jurisprudencia podemos citar el Auto Supremo 228 de fecha 16 de mayo de 2014 que refiere:“En ese entendido, la doctrina y la jurisprudencia a partir de la nueva concepción constitucional del proceso jurisdiccional y concretamente de las nulidades procesales, han superado aquella concepción que consideraba a la nulidad como la solución y enmienda procesal aplicable a aquellas situaciones que se consideraba estaban alejadas de las formas procesales previstas por ley; conforme previenen los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que conciben al proceso no como un fin en sí mismo sino como el medio a través del cual se efectivizan los derechos reconocidos en las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad, bajo una nueva concepción en la cual lo trascendental de la norma es la seguridad de que el proceso se desarrollará en idéntica correspondencia para las partes que podrán resguardar y hacer valer sus pretensiones en el marco del debido proceso, superando el exacerbado formalismo que encontraba en la nulidad el remedio a cualquier vicio procedimental, aun cuando el mismo resultare intrascendente para el resultado del proceso o cuando las partes lo hubieren convalidado con sus mismas actuaciones precisamente porque el mismo no causaba afectación ninguna a su derecho a la defensa.
Lo importante hoy, es constatar si el vicio existente ha transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes, pues la simple existencia de algún vicio procesal no es suficiente para declarar la nulidad y retrotraer el proceso a etapas anteriores y que han precluido.
En ese entendido, resulta trascendental que la autoridad jurisdiccional tome en cuenta los nuevos principios que rigen a las nulidades procesales a tiempo de considerar la aplicación de esta extrema medida, a la que debe recurrirse solo en aquellos casos en los que no existe otra alternativa y cuando está afectado el derecho a la defensa o la igualdad de las partes, siempre en resguardo del debido proceso, o cuando en ese marco, la nulidad decretada va a incidir radicalmente en el destino del proceso, señala el tratadista Hugo Alsina: “Donde hay indefensión hay nulidad; si no hay indefensión no hay nulidad”,considerando asimismo, los principios que rigen las nulidades procesales como el de especificidad que señala que no existe nulidad si la misma no está prevista expresamente en el ordenamiento jurídico; asimismo el principio de trascendencia por el cual se establece que no hay nulidad sin perjuicio y la sola existencia de un vicio no es razón suficiente para que el juez declare la nulidad de un acto procesal, requiriéndose además, que ese vicio sea determinante para cambiar el resultado del proceso o para reparar el estado de indefensión de la parte afectada, en consecuencia, la nulidad solo es procedente cuando la infracción da origen a un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.
De la misma manera, resulta trascendental considerar el principio de la finalidad del acto procesal, dirigido al análisis que debe hacerse del agravio acusado y si éste, determina necesariamente la invalidación de un acto, o si aun cuando resulta existente el vicio, el mismo no ha sido óbice para el cumplimiento de la finalidad que se perseguía con el acto procesal viciado, en cuyo caso no debe declararse la nulidad.
Por su parte, el principio de convalidación resulta aplicable, cuando las partes intervinientes en el proceso aun ante la oportunidad para observar el vicio y pedir su reparación en tiempo oportuno, han realizado actuaciones posteriores al acto irregular sin observar el acto viciado ni pedir la nulidad del mismo, convalidándolo con sus propios actos, lo que implica que su derecho a reclamar aprecluido y no podrá a futuro reclamar por ese aspecto.
El principio de conservación, es otro de los basamentos de las nulidades que debe considerarse a tiempo de optar por la nulidad procesal, toda vez que la misma implica siempre un retroceso y la dilación del trámite en perjuicio de las partes y del propio sistema judicial, esto, en el entendido de que el proceso está constituido por distintas etapas o fases que se ejecutan en un orden determinado y cada etapa precluye al avenimiento de la siguiente, de manera que los actos procesales que se hubieran cumplido quedan firmes y no pueden retrotraerse, en ese marco, la nulidad procesal es sin duda la última opción por la que debe optar el Juez, excepcionalmente, pues la regla es mas bien, la conservación de los actos procesales, principios que deben ser considerados no solo por las partes, sino fundamentalmente por la autoridad jurisdiccional”.
En la especie, el Tribunal de alzada en el Auto de Vista de fecha 03 de octubre de 2014, cursante de fs. 404 a 406 y vta.,conforme a su razonamiento concluye que “de la compulsa de los antecedentes se evidencia que una vez citado el demandado DIETTER ANTELO AGUILERA mediante diligencia saliente a fs. 52, éste, mediante memorial de fs. 59 a 60 y vta., en tiempo hábil se apersona y contesta a la demanda, consintiendo las facultades conferidas en el Instrumento Público de Poder otorgado por su mandante; ahora bien, si el demandado hoy apelante constato que en el referido Instrumento de Poder el poderdado no tenía las suficientes facultades para accionar de los puntos objeto de la demanda, debió activar el recurso idóneo que le franquea la ley, es decir, la Excepción Previa de falta de personería del representante legal, y no a través del incidente de nulidad que no es el acto procesal idóneo para tachar de insuficiente la personería legal del accionante, para ello nuestro sistema Procesal Civil ha establecido el medio legal idóneo para impugnar dicha personería, de acuerdo al art. 336 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.”
Del análisis y respuesta realizados por el Ad quem se tiene claramente que dentro del proceso civil existen momentos en que la ley faculta a las partes a interponer excepciones, tendientes a atacar las pretensiones de la otra parte, dentro de los términos y tiempos establecidos para la etapa procesal atinente, de donde se tiene que el recurrente no utilizó adecuadamente las mismas, dando lugar a que en mérito a su falta y por el transcurrir del tiempo y los plazos, no se pueda retrotraer aquellos, quedando las etapas transcurridas firmes tal como establece la normativa de acuerdo al art. 16. I y II de la Ley 025 “I. las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley “ II. “ La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”.
Por lo que en conclusión podemos referir que el Tribunal de alzada ha emitido criterio adecuado en relación a los puntos apelados, por lo que no es evidente lo expresado por el recurrente. Por todo lo expuesto, corresponde fallar en la forma prevista por los artículos 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declaraINFUNDADO el recurso de casación de fs. 413 a 416 y vta. Interpuesto por Dietter Antelo Aguilera contra el Auto de Vista de 03 de octubre de 2014, que cursa a fs. 404 a 406 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con Costas.
Se regula el honorario profesional en la suma de 1000.-

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 artículo 42