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Timestamp: 2019-09-18 09:59:02+00:00

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Algunas leyes frecuentes a texto completo - Página 26 de 35
leyes sobre supermercados, precios y demás
LEY 14756 de la Provincia de Buenos Aires
ARTÍCULO 1º: Modifícase el artículo 1º de la Ley 13891 el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º: Los Supermercados, Supermercados Totales, Grandes Superficies Comerciales y Autoservicios de bienes consumibles y no consumibles, conforme los define
la Ley Nacional 18.425 y la Ley Provincial 12.573, ubicados en la Provincia de Buenos Aires y las formas o variantes que pudieran adquirir dichos establecimientos, deben:
a) Exhibir precios de manera clara, visible y legible sobre cada artículo, producto o grupo de una misma mercadería, que se encuentre expuesto a la vista del público. El precio exhibido deberá corresponder al importe total que deba abonar el consumidor final.
Cuando por la naturaleza o ubicación de los bienes no fuera posible, deberán utilizarse listas de precios.
b) Indicar en los rótulos de los productos de venta el peso envasado, además del precio de la fracción ofrecida, su cantidad neta, marca y el precio por unidad de medida correspondiente.
c) Exhibir carteles indicadores al ingreso de los establecimientos en los que, además de las previsiones de la Ley133, constará la nómina de asociaciones de defensa de los consumidores, con Registro Nacional inscriptas en los Municipios y la Dirección de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor (OMIC) con jurisdicción en la misma, con sus teléfonos y domicilios.
d) Abstenerse de realizar cualquier conducta que impida o menoscabe la libertad de los consumidores a tomar nota y a obtener fotografías o videos de los precios exhibidos.
f) En los casos en que se haya agotado el stock de los productos ofertados, informar en la góndola de exhibición del mismo y al ingreso del establecimiento.”
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los quince días del mes de julio del año dos mil quince.
Art. 1º – Se encuentra sujeta al régimen establecido por la presente Ley, la instalación, ampliación, modificación y funcionamiento de Grandes Superficies Comerciales así como de los establecimientos comerciales que conformen una Cadena de Distribución, en los rubros de comercialización, elaboración y venta de productos alimenticios; indumentaria; artefactos electrodomésticos; materiales, herramientas y accesorios para la construcción y los que la reglamentación considere.
Art. 2º – A los efectos de la presente Ley, se consideran:
Art. 3º – En los casos de modificaciones, ampliaciones y/o instalaciones de establecimientos comerciales que constituyan grandes superficies comerciales, requerirán sin excepción, del certificado de factibilidad provincial.
Art. 4º – Las Cadenas de Distribución, deberán regirse de acuerdo a la siguiente relación entre número de locales y población total del municipio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2º inciso b), de acuerdo a la siguiente relación:
Quedan exceptuados los mercados concentradores de frutas y verduras, las Cooperativas de Compra minorista y las Asociaciones de Colaboración Empresaria (ACES) o “Redes de Compra”, constituidas en la forma prevista en el artículo 29 de la presente.
Art. 5º – Se entiende por superficie dedicada a la exposición y venta de los establecimientos comerciales comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 2º, la superficie total de las áreas o locales donde se exponen los productos con carácter habitual y permanente o los destinados a tal finalidad con carácter eventual o periódico, a los cuales pueda acceder el cliente, así como los escaparates y los espacios internos destinados al tránsito de las personas y a la presentación o dispensación de los productos.
Art. 6º – Las Grandes Superficies Comerciales con una superficie que supere el doble de lo establecido en el artículo 2º inciso a) entre superficies destinadas a la exposición y venta y las destinadas a depósito, no podrán instalarse dentro de las áreas urbanas o semi urbanas definidas en el artículo 6º Decreto Ley 8.912/77 (T.O. Decreto 3.389/87), debiendo hacerlo en áreas complementarias o bien en zonas de usos específicos (artículo 7º Decreto Ley 8.912/77 (T.O. Decreto 3.389/87), siempre y cuando no estén éstas incluidas dentro de las áreas urbanas o semi urbanas y que no constituyan zonas destinadas a reserva para ensanche del área urbana.
Art. 7º – Queda prohibido a los Municipios la sanción, promulgación o modificación de Ordenanzas de zonificación, asignación de usos y destinos, cuya finalidad sea la de posibilitar la radicación, habilitación, ampliación, división o fusión de los establecimientos referidos en los artículos precedentes. Tampoco podrán los municipios otorgar excepciones, exenciones y/o beneficios de carácter tributario a los emprendimientos comerciales alcanzados por la presente.
Art. 8º – Aquellos establecimientos comerciales alcanzados por la presente Ley que no comercialicen bienes alimenticios y/o indumentaria quedarán exceptuados de lo dispuesto en el artículo 6º, cuando los mismos se instalaren en zonas comerciales y/o industriales en virtud de lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales y cumplimentaren la obligación formal y jurídica ante la Autoridad de Aplicación, con las siguientes pautas en relación a sus actividades comerciales y las que la reglamentación establezca.
Art. 9º – El trámite de habilitación deberá iniciarse ante el municipio de la jurisdicción que correspondiere y una vez cumplimentada la requisitoria municipal, el expediente será remitido a la Autoridad de Aplicación Provincial, la que procederá con la tramitación de la factibilidad provincial.
En los supuestos establecidos dentro del capítulo III “Título de las concentraciones y fusiones” de la Ley Nacional 25.156 o aquélla que en el futuro la sustituya, se deberá cumplimentar lo normado en la presente Ley.
Art. 10 – La Autoridad de Aplicación, antes de otorgar la factibilidad y de conformidad con lo previsto en el artículo 11 -último párrafo-, deberá solicitar un análisis del impacto socioeconómico y ambiental que realizará una Universidad Nacional radicada dentro del territorio provincial y conforme al registro que dicha autoridad abrirá al efecto.
Art. 11 – La Autoridad de Aplicación deberá expedirse en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde que la solicitud reuniera todos los requisitos y la información documentada que deba acompañar la empresa solicitante y el municipio. Dicho plazo podrá ser prorrogado por única vez y por un plazo no mayor a treinta (30) días corridos, por la Autoridad de Aplicación, mediante decisión fundada. La obtención de la factibilidad provincial será previo a la habilitación que otorgará el respectivo municipio.
Art. 12 – La Autoridad de Aplicación contará con el asesoramiento de las Cámaras Empresariales de Segundo Grado representativas del comercio en el territorio provincial y las Asociaciones de Representación y Defensa de los Consumidores.
Art. 13 – La habilitación municipal procederá cuando el peticionante, reúna la factibilidad provincial, y todos los requisitos que a ese efecto establezca cada Honorable Concejo Deliberante del municipio que corresponda.
Art. 14 – El municipio deberá expedirse en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de la fecha que se hubieran reunido los requisitos a que se refiere el artículo precedente.
Art. 15 – El inicio de las tramitaciones para la factibilidad provincial y la habilitación municipal no constituye derecho adquirido, por lo que los establecimientos comprendidos en la presente Ley podrán iniciar sus actividades una vez obtenidas las mismas con carácter definitivo, quedando prohibido el otorgamiento de permisos y/o habilitaciones provisorias.
Art. 16 – La vigencia de las factibilidades provinciales y habilitaciones municipales caducará en el plazo de un (1) año a contar desde la notificación del otorgamiento de esta última cuando no hubiesen iniciados las obras.
Art. 17 – A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, las Grandes Superficies Comerciales y los establecimientos que conformen Cadenas de Distribución, instaladas o a instalarse en la Provincia, deberán ajustarse a las normas de comercialización, previstas en los artículos subsiguientes, sin perjuicio de las que resultasen de la legislación provincial o nacional en materia de Lealtad Comercial, Defensa de la Competencia y de los Consumidores.
Art. 18 – Las Grandes Superficies Comerciales deberán proveer por cada caja registradora habilitada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la cantidad de espacios para el estacionamiento de vehículos particulares, dentro del mismo predio de acuerdo a lo que regule cada municipio. La carga y descarga de las mercaderías deberá realizarse dentro del mismo predio.
Art. 19 – Queda prohibida toda venta u oferta de venta de productos formulada a los consumidores dando derecho a título gratuito, inmediatamente o a término y por cualquier modalidad, a premios consistentes en dinero en efectivo, productos, bienes o servicios y que estén destinados a desvirtuar la leal competencia en el mercado.
Art. 20 – Las Grandes Superficies Comerciales y las Cadenas de Distribución no podrán efectuar publicidad, por el medio que fuere, sin identificar claramente el producto. Las características de identificación de los productos a publicitar serán establecidas por la reglamentación.
Art. 21 – Establécese una alícuota, sobre el total de las ventas brutas que efectúen los establecimientos comerciales comprendidos en el artículo 2º de la presente Ley, del cero quince (0,15) por ciento, la que será considerada adicional a la fijada por el Impuesto a los Ingresos Brutos o aquél que en el futuro lo sustituya.
El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires instrumentará los mecanismos necesarios para que el tributo establecido en el presente artículo, se discrimine y/o individualice al momento de su depósito por el contribuyente y posteriormente se asigne en forma directa y como recurso afectado a la cuenta especial “Fondo de Reconversión Minorista“. (*) Lo subrayado se encuentra observado por Decreto de Promulgación.
Art. 22 – Créase la cuenta especial denominada “Fondo de Reconversión Minorista”, siendo su finalidad la de: actualizar, modernizar y mejorar las actividades comerciales minoristas.
Art. 23 – Créase el Consejo Provincial de Comercio Interior, el que estará integrado por: miembros representantes del Ministerio de Producción; Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires (CEPBA); Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA); Confederación de Actividades Empresarias Bonaerenses (CAEBO) y la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) y cuyas funciones, sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, serán fijadas por la reglamentación.
Art. 24 – La Autoridad de Aplicación, será competente para intervenir y controlar el cumplimiento de lo previsto por la presente Ley y para juzgar las infracciones y aplicación de las respectivas sanciones, aun para el caso establecido en el artículo 8º, conforme a lo que determine la reglamentación y siempre que esta competencia no se superponga a la de los municipios.
Art. 25 – El Poder Ejecutivo Provincial deberá implementar a partir de la promulgación de la presente Ley, la infraestructura, equipamiento y reasignación del personal necesario, y asignar las partidas presupuestarias para alcanzar los objetivos establecidos en la presente.
Art. 26 – La autoridad de aplicación y de contralor deberá efectuar inspecciones in situ y de oficio en los establecimientos tratados en la presente Ley, en forma regular, a los fines de verificar el fiel cumplimiento de lo prescripto en la presente.
Art. 27 – El Poder Ejecutivo Provincial deberá prever en su reglamentación en el punto referente a las sanciones, incluyendo a los establecimientos alcanzados por el artículo 8º, multa de pesos dos mil (2.000) hasta pesos treinta mil (30.000) en caso de reincidencia aplicará el doble de la multa y clausura del establecimiento por un plazo máximo de hasta treinta (30) días, no pudiendo solicitar la empresa sancionada una nueva habilitación en todo el territorio bonaerense por el término de dos años y en caso de poseer una habilitación en trámite se le suspenderá el mismo por igual período de tiempo.
Art. 28 – Declárese de interés provincial las denominadas “Asociaciones de Colaboración Empresaria”, constituidas bajo la figura jurídica de colaboración empresaria sin fines de lucro, a cuyos efectos se las considerará como sujetos no alcanzados por el Impuesto a los Ingresos Brutos o aquella que en el futuro lo sustituya.
Art. 29 – La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación.
Art. 30 – Deróganse las leyes 12.088 y 12.433, y toda otra norma que se oponga a lo establecido en la presente Ley.
Art. 31 – Autorízase al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Economía a introducir las modificaciones presupuestarias y fiscales necesarias, que posibiliten el correcto funcionamiento de la Cuenta Especial creada por el artículo 22 de esta norma a partir del ejercicio 2001.
Art. 32 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Art. 1º – Obsérvase en el proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura, en fecha 21 de diciembre de 2000, al que hace referencia el Visto del presente, lo siguiente:
Art. 2º – Promúlgase el proyecto de ley aprobado, con excepción de las observaciones efectuadas en el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese a la Honorable Legislatura.
Art. 4º – El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Gobierno.
Art. 5º – Regístrese, comuníquese, publíquese, dese al “Boletín Oficial” y archívese.

References: ARTÍCULO 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 8
in fine
 artículo 22