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Timestamp: 2017-03-26 09:23:03+00:00

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TUTELA DE LA EJECUCIÓN JUDICIAL TUTELA DE LA EJECUCIÓN JUDICIAL viernes, 17 de octubre de 2014
SENTENCIA SALA CONSTITUCIONAL QUE DECLARA LA NULIDAD PARCIAL ART 46 DEL CODIGO CIVIL Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declara:
T E X T O C O M P L E T O A C O N T I N U A C I O N: Enlace: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Octubre/170070-1353-161014-2014-10-0161.HTML
El 9 de febrero de 2010, compareció ante esta Sala Constitucional escrito presentado por la ciudadana Gabriela del Mar Ramírez Pérez, en su condición de DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y los abogados Larry Devoe Márquez, Eneida Fernandes Da Silva y Zulay Arcia, en su condición de Director General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, el primero de ellos, y las demás en su carácter de abogadas de la referida Dirección General de Servicios Jurídicos, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 93.897, 79.059 y 71.387, respectivamente, de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 280 y 281.1.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los artículos 2, 4, 7 y 15.2.3, de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, presentaron escrito contentivo de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, ejercida contra el artículo 46 del Código Civil, publicado en la Gaceta Oficial núm. 2.990 Extraordinario del 26 de julio de 1982.
El 1° de marzo de 2010, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Por decisión núm. 556, del 8 de junio de 2010, esta Sala Constitucional declaró su competencia para conocer del recurso de nulidad interpuesto y ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se pronunciara sobre la admisibilidad del mismo.
Mediante diligencia del 10 de agosto de 2010, la abogada Zulay Arcia, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 71.387, actuando en su carácter de Defensora II adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, solicitó que el recurso fuese admitido.
Por auto del 17 de noviembre de 2010, el Juzgado de Sustanciación de la Sala dejó constancia de que el 29 de julio de 2010, fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 5.991 Extraordinario la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual, en su Título XI, Capítulo II denominado “de los procesos ante la Sala Constitucional”, artículo 132 establece que “…la Sala decidirá acerca de la admisión de la demanda”, por tanto acordó remitir la presente causa a la Sala Constitucional, a los fines de que fuera ésta la que se pronunciara acerca de la admisión del recurso. El 23 de noviembre de 2010, fue recibido por la Sala el expediente.
Esta Sala, mediante sentencia núm. 1406, del 24 de octubre de 2012, ratificó su potestad para conocer de la pretensión de nulidad interpuesta por la representación judicial de la Defensoría del Pueblo contra el artículo 46 del Código Civil y admitió la misma; igualmente, ordenó citar al Presidente de la Asamblea Nacional y notificar a la Fiscal General de la República. De igual manera y en atención al segundo aparte del artículo 135 eiusdem, acordó notificar a la parte actora, por cuanto esta admisión se produjo fuera del lapso previsto en el artículo 132 eiusdem. Y, por último, ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación para que realizara las notificaciones respectivas y acordara el emplazamiento de los interesados, conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal.
El 25 de junio de 2013, la abogada Lucelia Castellano, en su carácter de Defensora II adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, consignó la publicación del cartel de emplazamiento de los terceros interesados.
Cumplidos como fueron los actos de comunicación respectivos, el 6 de agosto de 2013, los abogados Laurie Annie Meneses Sifontes y Kimberlyn Yohanna Flores Polanco, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 181.135 y 151.695, respectivamente, actuando en representación de la Procuraduría General de la República, comparecieron ante esta Sala, a los fines de presentar escrito de alegatos.
En el mismo sentido, el 17 de septiembre de 2013, los abogados María Elena Delgado Graterol, José Gregorio Rojas Ramírez, Cruz Esteban Febres Despujols, José Jesús Calzadilla y Jesús Millán Alejos, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 64.949, 65.630, 66.384, 92.948 y 117.900, respectivamente, en representación de la Asamblea Nacional, presentaron escrito mediante el cual formularon sus alegatos.
El 17 de octubre de 2013, en reunión de Sala Plena, en virtud de la ausencia temporal del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, se acordó que el ejercicio temporal de la Vicepresidencia de esta Sala Constitucional recayera en el Magistrado Juan José Mendoza Jover así como la incorporación del Magistrado suplente Luis Fernando Damiani, quedando constituida en consecuencia la Sala por la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, en su carácter de Presidenta; el Magistrado Juan José Mendoza Jover, en su carácter de Vicepresidente; y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani. Se ratificó en la ponencia a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 13 de noviembre de 2013, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala dejó constancia de que, el 13 de agosto de 2013, se cumplió el lapso de diez días de despacho para que las partes consignaran sus escritos de defensas o promovieran pruebas, conforme a lo establecido en el artículo 139 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y visto que no fue promovida prueba alguna se ordenó la remisión de las actuaciones a la Sala Constitucional a los fines del pronunciamiento correspondiente.
El 19 de noviembre de 2013, se dio por recibido del Juzgado de Sustanciación el expediente a los fines del pronunciamiento correspondiente y se designó ponente a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 28 de noviembre de 2013, la abogada Marielba del Carmen Escobar Martínez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 16.770, en su condición de Fiscal Octava del Ministerio Público con competencia para actuar ante la Sala Constitucional, solicitó se declare con lugar la presente causa.
Mediante diligencias del 27 de marzo y 3 de junio de 2014, el abogado Javier López, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 84.543, actuando en su carácter de representante judicial de la Defensoría del Pueblo, manifestó el interés en la resolución de la presente causa y solicitó su continuación.
Que “[a]plicar los principios y consideraciones antes mencionados a los requisitos para contraer matrimonio, implica que la norma deba exigir tanto al hombre como a la mujer las mismas condiciones para proceder a celebrar la unión matrimonial. En este sentido, si bien el Legislador está facultado para definir los requisitos que deben ser cumplidos por quienes deseen formalizar una unión matrimonial, tal definición debe ser realizada respetando la igualdad del hombre y la mujer, así como el resto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los instrumentos internacionales sobre la materia”. Por tanto,“… en el caso del artículo 46 del Código Civil, nos encontramos en presencia de un tratamiento diferenciado sobre la edad mínima para contraer matrimonio, fundado de manera exclusiva en el sexo, que carece en los actuales momentos de toda razonabilidad u objetividad. Es decir, el referido artículo al establecer requisitos de edad diferenciados para el hombre y la mujer, incorpora una discriminación injustificada que atenta contra el derecho a la igualdad en general, y contra el principio de igualdad de derechos en el matrimonio de manera particular.
Así, en sus Observaciones Finales al segundo informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela, el Comité de los Derechos del Niño expresó: ‘Al Comité le preocupa que la edad mínima para el matrimonio de las niñas sea demasiado baja, y que sea distinta (14 años) a la de los niños (16 años).
El Comité recomienda al Estado Parte que establezca una edad mínima para el matrimonio que sea igual para niñas y niños y que considere la posibilidad de aumentar esa edad a 18 años. Además, lo alienta a que emprenda campañas de sensibilización sobre los posibles efectos negativos de los matrimonios en la adolescencia’. En virtud de lo anterior, la decisión que esta Honorable Sala Constitucional tenga a bien adoptar, al momento de determinar los efectos de la declaratoria de nulidad por razones de inconstitucionalidad del artículo 46 del Código Civil, debe tomar en consideración las disposiciones y recomendaciones a las que hemos hecho referencia, a los fines de garantizar en mayor medida la protección de los derechos humanos de todas las personas, y en especial de los y las adolescentes que habitan en la República Bolivariana de Venezuela.
Que en ese orden de ideas, debía señalarse que “… de acuerdo con la doctrina en materia médica y de salud, se tiene que aun cuando cada persona es un ente complejo y diferenciado, es por regla biológica que se obtiene como promedio general que el proceso de pubertad empieza entre los 8 y los 14 años de edad en el sexo femenino y entre los 10 y los 16 años de edad en el sexo masculino,aproximadamente, todo de ello de acuerdo con las investigaciones cas desarrolladas en dicha materia”.
1- No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general,tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona.-
Tal distinción acarrea en criterio del órgano demandante una infracción al derecho a la igualdad y a la no discriminación, a que se contraen los artículos 21 y 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es menester señalar que las citadas disposiciones constitucionales supuestamente infringidas estatuyen lo siguiente:
Hoy día, visto el desarrollo jurisprudencial recaído en torno al principio de igualdad que postula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la posición adoptada por esta Sala Constitucional en tutela de este instrumento, se debe concluir que el fundamento biológico-reproductivo para distinguir la edad para contraer matrimonio en función del sexo no supera el test de constitucionalidad, considerando el hecho de que actualmente el rol de la mujer en el matrimonio y en la sociedad supera con creces la simple función reproductora, y la mujer, en su recreación abstracta, ha dejado de ser sujeto pasivo objeto de tutela estatal por estar cercana a la incapacidad para ejercer sus derechos desde un ámbito de libertad y empoderamiento de su valía individual. Ahora, la condición de mujer se ha divorciado de ámbitos otrora confundidos como son los de sexualidad, procreación, maternidad, educación y trabajo. La mujer,desalienada de su naturaleza biológica que la tuvo por siglos socialmente resignada y sociológicamente entregada, puede hoy acceder selectivamente con libertad hacia todos esos ámbitos igual que el hombre. Y su principal reflejo en el ámbito legislativo dentro de la institución del matrimonio tiene que ser la paridad tanto para hombres y mujeres en la edad mínima para contraer matrimonio. Así se establece.
QUINTO: ORDENA la publicación del texto íntegro de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, con la siguiente mención en su sumario: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad parcial del artículo 46 del Código Civil en la parte que establece: “la mujer que no haya cumplido catorce (14) años de edad y el varón”, estableciendo que la inteligencia de la norma se refiere a que no podrá contraerválidamente matrimonio la persona que no haya cumplido dieciséis (16) años.

References: artículo 46
 artículo 132
 artículo 46
 artículo 135
 artículo 132
 artículo 137
 artículo 139
 resolución 
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46