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Timestamp: 2020-02-27 18:34:47+00:00

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Ley_1328 | Pensión | Fondo de pensiones
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2011027629 Compatibilidad Cons General y Financiero
p1t¿Tiiicapi Condiciones Gestioncobranza (1)
Jorge Cartera 7
Acta Saberes Previos
Diario Oficial 47.411
DEL RÉGIMEN DE PROTECCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO
1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente régimen tiene por objeto establecer los principios reglas que rigen la pro- tección de los consumidores financieros en las relaciones entre éstos y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras disposiciones que contemplen medias e instrumentos especiales de protección. Para los efectos del presente Título, se incluye dentro del concepto de consumidor financiero, toda persona que sea consumidor en el sistema finan- ciero, asegurador y del mercado de valores.
2. Definiciones. Para los efectos del presente régimen, se consagran las siguientes definiciones:
a. Cliente: Es la persona natural jurídica con quien las entidades vigiladas establecen relaciones de origen legal o contractual, para el suministro de productos o servicios, en desarrollo de su objeto social.
b. Usuario: Es la persona natural o jurídica quien, sin ser cliente,
utiliza los servicios de una entidad vigilada.
c. Cliente Potencial: Es la persona natural o jurídica que se en-
cuentra en la fase previa de tratativas preliminares con la entidad vigilada, respecto de los productos o servicios ofrecidos por ésta.
d. Consumidor financiero: Es todo cliente, usuario o cliente po-
tencial de las entidades vigiladas.
e. Productos y servicios: Se entiende por productos las operacio-
nes legalmente autorizadas que se instrumentan en un contrato ce- lebrado con el cliente o que tienen origen en la ley. Se entiende por servicios aquellas actividades conexas al desarrollo de las co- rrespondientes operaciones y que se suministran a los consumido- res financieros.
f. Contratos de adhesión: Son los contratos elaborados unilate-
ralmente por la entidad vigilada y cuyas cláusulas y/o condiciones no pueden ser discutidas libre y previamente por los clientes, li- mitándose éstos a expresar su aceptación o a rechazarlos en su in-
tegridad.
g. Queja o reclamo: Es la manifestación de inconformidad expre-
sada por un consumidor financiero respecto de un producto o ser- vicio adquirido, ofrecido o prestado por una entidad vigilada y puesta en conocimiento de ésta, del defensor del consumidor fi- nanciero, de la Superintendencia Financiera de Colombia o de las demás instituciones competentes, según corresponda.
h. Entidades vigiladas: Son las entidades sometidas a inspección
y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
3. Principios. Se establecen como principios orientado- res que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los siguientes:
a. Debida Diligencia. Las entidades vigiladas por la Superinten-
dencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligen- cia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que éstos reciban la infor- mación y/o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas, y en general, en el des-
envolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las rela- ciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financie- ros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satis- facción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Las entida- des vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la
Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios fi-
b. Libertad de elección. Sin perjuicio de las disposiciones espe-
ciales que impongan el deber de suministrar determinado produc- to o servicio financiero, las entidades vigiladas y los consumido- res financieros podrán escoger libremente a sus respectivas con- trapartes en la celebración de los contratos mediante los cuales se instrumente el suministro de productos o la prestación de servi- cios que las primeras ofrezcan. La negativa en la prestación de servicios o en el ofrecimiento de productos deberá fundamentarse en causas objetivas y no podrá establecerse tratamiento diferente injustificado a los consumidores financieros.
c. Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las
entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores finan- cieros información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permi-
ta, especialmente, que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las re- laciones que establecen con las entidades vigiladas.
d. Responsabilidad de las entidades vigiladas en el trámite de
quejas. Las entidades vigiladas deberán atender eficiente y debi- damente en los plazos y condiciones previstos en la regulación vigente las quejas o reclamos interpuestos por los consumidores financieros y, tras la identificación de las causas generadoras de
las mismas, diseñar e implementar las acciones de mejora necesa- rias oportunas y continuas.
e. Manejo adecuado de los conflictos de interés. Las entidades
vigiladas deberán administrar los conflictos que surjan en desarro- llo de su actividad entre sus propios intereses y lose los consumi- dores financieros, así como los conflictos que surjan entre los in-
tereses de dos o más consumidores financieros, de una manera transparente e imparcial, velando porque siempre prevalezca el interés de los consumidores financieros, sin perjuicio de otras dis- posiciones aplicables al respecto.
f. Educación para el consumidor financiero. Las entidades vigila- das, las asociaciones gremiales, las asociaciones de consumidores, las instituciones públicas que realizan la intervención y supervi- sión en el sector financiero, así como los organismos de autorre- gulación, procurarán una adecuada educación de los consumido- res financieros respecto de los productos y servicios financieros que ofrecen las entidades vigiladas, de la naturaleza de los merca- dos en los que actúan, de las instituciones autorizadas para pres- tarlos, así como de los diferentes mecanismos establecidos para la defensa de sus derechos.
4. Asociación y representación adecuada. Los consumi- dores financieros podrán apoyarse en grupos u otras organizacio- nes de consumidores para la defensa de sus derechos de confor- midad con la legislación vigente para tales efectos.
. Los principios que contiene este artículo se aplicarán en todas las relaciones que se establezcan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, sin perjuicio de las disposi- ciones contenidas en otras normas, siempre que no pugnen con los aquí contemplados.
5. Derechos de los consumidores financieros. Sin per- juicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes, los consumidores financieros tendrán, durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, los siguientes derechos:
a. En desarrollo del principio de debida diligencia, los consumi- dores financieros tienen el derecho de recibir de parte de las enti- dades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad
y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las o liga- ciones asumidas por las entidades vigiladas.
b. Tener a su disposición, en los términos establecidos en la pre-
sente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publi- cidad e información transparente, clara, veraz, oportuna y verifi- cable, sobre las características propias de los productos o servi- cios ofrecidos y/o suministrados. En particular, la información suministra da por la respectiva entidad deberá ser de tal que per- mita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferen- tes productos y servicios ofrecidos en el mercado.
Exigir la debida diligencia en la prestación del servicio por par-
Recibir una adecuada educación respecto de las diferentes for-
mas de instrumentar los productos y servicios ofrecidos, sus dere-
chos y obligaciones, así como los costos que se generan sobre los mismos, los mercados y tipo de actividad que desarrollan la enti- dades vigiladas, así como sobre los diversos mecanismos de pro- tección establecidos para la defensa de sus derechos.
e. Presentar de manera respetuosa consultas, peticiones, solicitu-
des, quejas o reclamos ante la entidad vigilada, el defensor del Consumidor Financiero, la Superintendencia Financiera de Co- lombia y los organismos de autorregulación.
f. Los demás derechos que se establezcan en esta ley o en otras
disposiciones, y los contemplados en las instrucciones que impar-
ta la Superintendencia Financiera de Colombia.
6. Prácticas de protección propia por parte de los con- sumidores financieros. Las siguientes constituyen buenas prácti-
cas de protección propia por parte de los consumidores financie-
a. Cerciorarse si la entidad con la cual desean contratar o utilizar
los productos o servicios se encuentre autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir
emplear, indagando sobre las condiciones generales de la opera-
ción; es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y
restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las ex- plicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas.
c. Observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la
entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios finan-
d. Revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y
sus anexos, así como conservar las copias que se le suministren de
e. Informarse sobre los órganos y medios de que dispone la enti-
dad para presentar peticiones, solicitudes, quejas o reclamos.
f. Obtener una respuesta oportuna a cada solicitud de producto o
1°. El no ejercicio de las prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros no implica la pérdida o desconocimiento de los derechos que le son propios ante las enti- dades vigiladas y las autoridades competentes. De igual manera, no exime a las entidades vigiladas de las obligaciones especiales consagradas en la presente ley respecto de los consumidores fi-
2°. Los consumidores financieros tendrán el deber de suministrar información cierta, suficiente y oportuna a las entida- des vigiladas y a las autoridades competentes en los eventos en que éstas lo soliciten para el debido cumplimiento de sus deberes y de actualizar los datos que así lo requieran. Del mismo modo, informarán a la Superintendencia Financiera de Colombia y a las demás autoridades competentes sobre las entidades que suminis- tran productos o servicios financieros sin estar legalmente autori- zadas para ello.
7. Obligaciones especiales de las entidades vigiladas. Las entidades vigiladas tendrán las siguientes obligaciones espe- ciales:
a. Suministrar información al público respecto de los Defensores
del Consumidor Financiero, de conformidad con las instrucciones
que sobre el particular imparta la Superintendencia Financiera de
b. Entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir,
en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el con- sumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad
Suministrar información comprensible y publicidad transparen-
te, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofre-
cidos en el mercado.
d. Contar con un Sistema de Atención al Consumidor Financiero
(SAC), en los términos indicados en la presente Ley, en los decre- tos que la reglamenten y en las instrucciones que imparta sobre el
particular la Superintendencia Financiera de Colombia.
e. Abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos con-
tractuales o de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante con-
f. Elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con
los clientes, con claridad, en caracteres legibles a simple vista, y
ponerlos a disposición de éstos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente, y contendrá los términos y
condiciones del producto o servicio, los derechos y obligaciones,
y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinar-
g. Abstenerse de hacer cobros no pactados o no informados pre-
viamente al consumidor financiero, de acuerdo con los términos establecidos en las normas sobre la materia, y tener a disposición de éste los comprobantes o soportes de los pagos, transacciones u operaciones realizadas por cualquier canal ofrecido por la entidad vigilada. La conservación de dichos comprobantes y soportes de- berá atender las normas sobre la materia.
h. Abstenerse de realizar cobro alguno por concepto de gastos de
cobranza prejudicial sin haberse desplegado una actividad real encaminada efectivamente a dicha gestión, y sin haber informado
previamente al consumidor financiero el valor de los mismos. Las gestiones de cobro deben efectuarse de manera respetuosa y en horarios adecuados.
i. Guardar la reserva de la información suministrada por el con-
sumidor financiero y que tenga carácter de reservada en los términos establecidos en las normas correspondientes, sin perjui- cio de su suministro a las autoridades competentes.
j. Dar constancia del estado y/o las condiciones específicas de los
productos a una fecha determinada, cuando el consumidor finan- ciero lo solicite, de conformidad con el procedimiento establecido para el efecto, salvo aquellos casos en que la entidad vigilada se encuentre obligada a hacerlo sin necesidad de solicitud previa.
k. Atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, quejas o re-
clamos formulados por los consumidores financieros, siguiendo
los procedimientos establecidos para el efecto, las disposiciones consagradas en esta ley y en las demás normas que resulten apli-
l. Proveer los recursos humanos, físicos y tecnológicos para que
en las sucursales y agencias se brinde una atención eficiente y
oportuna a los consumidores financieros.
m. Permitir a sus clientes la consulta gratuita, al menos una vez al mes, por los canales que la entidad señale, del estado de sus pro- ductos y servicios.
n. Contar en su sitio en Internet con un enlace al sitio de la Super- intendencia Financiera de Colombia dedicado al consumidor fi-
o. Reportar a la Superintendencia Financiera de Colombia, en la
forma que ésta señale, el precio de todos los productos y servicios que se ofrezcan de manera masiva. Esta información deberá ser divulgada de manera permanente por cada entidad vigilada en sus oficinas, los cajeros de su red y su página de Internet.
p. Dar a conocer a los consumidores financieros, en los plazos que
señale la Superintendencia Financiera de Colombia, por el respec-
tivo canal y en forma previa a la realización de la operación, el
costo de la misma, si lo hay, brindándoles la posibilidad de efec- tuarla o no.
q. Disponer de los medios electrónicos y controles idóneos para
brindar eficiente seguridad a las transacciones, a la información confidencial de los consumidores financieros y a las redes que la
r. Colaborar oportuna y diligentemente con el Defensor del Con-
sumidor Financiero, las autoridades judiciales y administrativas y
los organismos de autorregulación en la recopilación de la infor- mación y la obtención de pruebas, en los casos que se requieran, entre otros, los de fraude, hurto o cualquier otra conducta que pueda ser constitutiva de un hecho punible realizada mediante la
utilización de tarjetas crédito o débito, la realización de transac- ciones electrónicas o telefónicas, así como cualquier otra modali-
s. No requerir al consumidor financiero información que ya repo-
se en la entidad vigilada o en sus dependencias, sucursales o agencias, sin perjuicio de la obligación del consumidor financiero de actualizar la información que de acuerdo con la normatividad correspondiente así lo requiera.
t. Desarrollar programas y campañas de educación financiera a
sus clientes sobre los diferentes productos y servicios que prestan,
obligaciones y derechos de estos y los costos de los productos y servicios que prestan, mercados y tipo de entidades vigiladas, así como de los diferentes mecanismos establecidos para la protec- ción de sus derechos, según las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia.
u. Las demás previstas en esta ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias, las que se deriven de la natura- leza del contrato celebrado o del servicio prestado a los consumi- dores financieros, así como de las instrucciones que emita la Su- perintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de sus fun- ciones y los organismos de autorregulación en sus reglamentos.
8. Sistema de Atención al Consumidor Financiero, SAC. Las entidades vigiladas deberán implementar un Sistema de Aten- ción al Consumidor Financiero (SAC) que deberá contener como mínimo:
a. Las políticas, procedimientos y controles adoptados por la enti-
dad para procurar la debida protección del consumidor financiero y que propicien un ambiente de atención y respeto para el mismo. Los objetivos fundamentales de estas políticas serán las siguien- tes:
(i) Procurar la educación financiera de sus clientes respecto de las diferentes operaciones, servicios, mercados y tipo de actividad de las entidades vigiladas, así como respecto de los diferentes meca- nismos establecidos para la protección de sus derechos.
(ii) Capacitar a sus funcionarios, para el ofrecimiento, asesoría y prestación de los servicios o productos a los consumidores finan-
(iii) Instruir a todos sus funcionarios respecto de la figura, funcio- nes, procedimientos y demás aspectos relevantes, relacionados con el Defensor del Consumidor Financiero de la respectiva enti-
b. Los mecanismos que favorezcan la observancia de los princi-
pios, las obligaciones y los derechos consagrados en la presente
ley y otras relacionadas;
c. Los mecanismos para suministrar información adecuada en los
términos previstos en esta ley, en otras disposiciones y en las ins-
trucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Finan- ciera de Colombia;
d. El procedimiento para la atención de peticiones, quejas o re-
clamos;
e. Los mecanismos que le permitan a las entidades vigiladas la producción de estadísticas sobre tipologías de quejas en aras de establecer oportunidades de mejora y acciones correctivas.
. La Superintendencia Financiera de Colombia impar- tirá las instrucciones necesarias para el adecuado funcionamiento del SAC y definirá el plazo máximo en el cual las entidades lo deberán tener implementado.
9. Contenido mínimo de la información al consumidor financiero. En desarrollo del principio de transparencia e infor- mación cierta, suficiente y oportuna, las entidades vigiladas deben informar a los consumidores financieros, como mínimo, las carac- terísticas de los productos o servicios, los derechos y obligacio- nes, las condiciones, las tarifas o precios y la forma para determi- narlos, las medidas para el manejo seguro del producto o servicio, las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato, y la demás información que la entidad vigilada estime conveniente pa- ra que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio. En particular, la información que se suministre previamente a la celebración del contrato, deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado.
La Superintendencia Financiera de Colombia deberá impartir ins- trucciones especiales referidas a la información que será suminis- trada a los consumidores financieros de manera previa a la forma- lización del contrato, al momento de su celebración y durante la ejecución de éste, indicándole a la entidad vigilada los medios y canales que deba utilizar, los cuales deben ser de fácil acceso para los consumidores financieros.
1°. Previo a la celebración de cualquier contrato, las entidades vigiladas deberán proveer al potencial cliente una lista detallada, de manera gratuita, de todos los cargos o costos por uti-
lización de los servicios o productos, tales como comisiones de manejo, comisiones por utilización de cajeros electrónicos pro- pios o no, costos por estudios de créditos, seguros, consultas de saldos, entre otros. Así mismo, deberán informarse los demás as- pectos que puedan implicar un costo para el consumidor financie- ro, como sería la exención o no del gravamen a las transacciones financieros, entre otros. Adicionalmente, deberán indicar al clien- te los canales a través de los cuales puede conocer y es publicada cualquier modificación de las tarifas o costos, que se pueda efec- tuar en desarrollo del contrato celebrado con la entidad.
Esta información deberá ser suministrada a los clientes de la enti- dad vigilada, con una periodicidad por lo menos anual.
2°. Publicidad de los contratos. Las entidades vigiladas deberán publicar en su página de Internet eI texto de los modelos de los contratos estandarizados que estén empleando con su clien- tela por los distintos productos que ofrecen, en la forma y condi- ciones que señale la Superintendencia Financiera de Colombia, para consulta de los consumidores financieros.
3°. La Superintendencia Financiera de Colombia, de- berá publicar trimestralmente, en periódicos nacionales y regiona- les de amplia circulación, y en forma comparada, el precio de to- dos los productos y servicios que las entidades vigiladas ofrezcan de manera masiva.
10. Oportunidad de la información al consumidor finan- ciero. Cualquier modificación a las condiciones del contrato que fueren factibles o procedentes atendiendo el marco normativo es- pecífico de cada producto y las disposiciones generales de esta ley así como las específicas de otras normas, deberá ser notificada previamente a los consumidores financieros en los términos que deben establecerse en el contrato. En el evento en que la entidad
vigilada incumpla esta obligación, el consumidor financiero tendrá la opción de finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que según el mismo contrato deba
11. Prohibición de utilización de cláusulas abusivas en contratos. Se prohibe las cláusulas o estipulaciones contractuales que se incorporen en los contratos de adhesión que:
a. Prevean o impliquen limitación o renuncia al ejercicio de los derechos de los consumidores financieros.
b. Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor fi-
c. Incluyan espacios en blanco, siempre que su diligenciamiento
no esté autorizado detalladamente en una carta de instrucciones.
d. Cualquiera otra que limite los derechos de los consumidores
financieros y deberes de las entidades vigiladas derivados del con-
trato, o exonere, atenúe o limite la responsabilidad de dichas enti- dades, y que puedan ocasionar perjuicios al consumidor financie-
e. Las demás que establezca de manera previa y general la Super- intendencia Financiera de Colombia.
. Cualquier estipulación o utilización de cláusulas abu- sivas en un contrato se entenderá por no escrita o sin efectos para el consumidor financiero.
12. Prácticas abusivas. Se consideran prácticas abusivas por parte de las entidades vigiladas las siguientes:
a. El condiciona miento al consumidor financiero por parte de la
entidad vigilada de que éste acceda a la adquisición de uno o más productos o servicios que presta directamente o por medio de otras instituciones vigiladas a través de su red de oficinas, o reali- ce inversiones o similares, para el otorgamiento de otro u otros de
sus productos y servicios, y que no son necesarias para su natural
b. El iniciar o renovar un servicio sin solicitud o autorización ex-
presa del consumidor.
c. La inversión de la carga de la prueba en caso de fraudes en con- tra de consumidor financiero.
d. Las demás que establezca de manera previa y general la Super-
intendencia Financiera de Colombia.
. Las prácticas abusivas están prohibidas a partir de la entrada en vigencia de la presente norma y serán sancionables conforme lo dispone la Superintendencia Financiera de Colombia y la Ley.
13. Funciones de la Defensoría del Consumidor Finan- ciero. Las entidades vigiladas que defina el Gobierno Nacional, deberán contar con un Defensor del Consumidor Financiero. La Defensoría del Consumidor será una institución orientada a la protección especial de los consumidores financieros, y como tal, deberá ejercer con autonomía e independencia las siguientes fun- ciones:
a. Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores fi- nancieros de las entidades correspondientes.
b. Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los con-
sumidores, las quejas que éstos le presenten, dentro de los térmi- nos y el procedimiento que se establezca para tal fin, relativas a un posible incumplimiento de la entidad vigilada de las normas legales, contractuales o procedimientos internos que rigen la eje- cución de los servicios o productos que ofrecen o prestan, o res-
pecto de la calidad de los mismos.
c. Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y
la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifi-
quen o sustituyan. Para el efecto, el consumidor financiero y la entidad vigilada podrán poner el asunto en conocimiento del res- pectivo Defensor, indicando de manera explícita su deseo de que el caso sea atendido en desarrollo de la función de conciliación. Para el ejercicio de esta función, el Defensor deberá estar certifi- cado como conciliador de conformidad con las normas vigentes.
El documento en el cual conste la conciliación realizada entre la entidad vigilada y el consumidor financiero deberá estar suscrito por ellos y el Defensor del Consumidor Financiero en señal de
que se realizó en su presencia, prestará mérito ejecutivo y tendrá efectos de cosa juzgada, sin que requiera depositarlo en Centro de Conciliación. El incumplimiento del mismo dará la facultad a la parte cumplida de hacerlo exigible por las vías legales respecti-
d. Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva
entidad vigilada.
e. Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas
con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en ge- neral en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad.
f. Proponer a las autoridades competentes las modificaciones
normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros.
g. Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan
como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.
14. Asuntos exceptuados del conocimiento del Defensor del Consumidor Financiero. Estarán exceptuados del conocimien- to y trámite ante el Defensor del Consumidor Financiero los si- guientes asuntos:
a. Los que no correspondan o no estén directamente relacionados
con el giro ordinario de las operaciones autorizadas a las entida-
b. Los concernientes al vínculo laboral entre las entidades y sus
empleados o respecto de sus contratistas.
c. Aquellos que se deriven condición de accionista de las entida-
d. Los relativos al reconocimiento de las prestaciones y de las
pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, salvo en los aspectos relacionados con la calidad del servicio y en los trámites
del reconocimiento de éstas.
g. Los que se refieran a hechos sucedidos con tres (3) años o más
de anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud ante el
h. Los que tengan por objeto los mismos hechos y afecten a las
mismas partes, cuando hayan sido objeto de decisión previa por parte del Defensor.
i. Aquellos cuya cuantía, sumados todos los conceptos, supere los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al mo- mento de su presentación.
15. Pronunciamientos del Defensor del Consumidor Fi-
nanciero. Las decisiones que adopte el Defensor del Consumidor Financiero serán obligatorias cuando, sin perjuicio del trámite conciliatorio que se pueda adelantar de acuerdo con lo señalado en el literal c) del artículo 13 de esta Ley, los consumidores y las entidades vigiladas así lo acuerden de manera previa y expresa. Igualmente, serán obligatorias para las entidades vigiladas las de- cisiones del Defensor del Consumidor Financiero, cuando las en- tidades así lo hayan previsto en sus reglamentos.
16. Atención a los consumidores de todo el país. La De-
fensoría del Consumidor Financiero y las entidades vigiladas, de- berán garantizar que se atienda en forma eficaz, eficiente y opor- tuna a los consumidores financieros de todas las zonas del país en
las cuales la entidad vigilada preste sus servicios. La Superinten- dencia Financiera de Colombia impartirá las instrucciones para el cumplimiento de este deber.
17. Independencia y autonomía de los Defensores del Consumidor Financiero. Los Defensores del Consumidor Finan- ciero actuarán con independencia de la respectiva entidad vigila- da, de sus organismos de administración, y con autonomía en cuanto a los criterios a aplicar en el ejercicio de su cargo, obligándose a poner en conocimiento de la Superintendencia Fi- nanciera de Colombia cualquier situación que menoscabe o limite sus facultades de actuación.
Los Defensores del Consumidor Financiero no podrán desempe- ñar en las entidades vigiladas funciones distintas de las propias de su cargo.
No podrá ser designado como Defensor del Consumidor Financie- ro, quien sea o haya sido dentro del año inmediatamente anterior director, empleado, contratista, apoderado o agente de la entidad vigilada en la cual va a desempeñarse como defensor, ni de la ma- triz, filial o subsidiaria de la misma. En caso de ser designado como Defensor del Consumidor Financiero quien posea acciones de la entidad vigilada, éste deberá enajenarlas a persona natural por fuera del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afini- dad y primero civil, o a persona jurídica donde no posea ninguna participación accionaria como persona natural directa o indirec- tamente. La inhabilidad que se establece en el presente inciso no será aplicable a las personas que se encuentren ejerciendo la de- fensoría del cliente a la entrada en vigencia de la presente Ley.
Las entidades vigiladas deberán disponer los recursos financieros para garantizar que el Defensor del Consumidor Financiero cuen- te con los recursos físicos, humanos, técnicos y tecnológicos y los
demás que éste considere necesarios, para el adecuado desempeño de sus funciones asignadas.
. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá determinar la infraestructura necesaria para el adecuado funcio- namiento de la Defensoría del Consumidor Financiero.
18 . Designación y requisitos de los Defensores del Con- sumidor Financiero. Los Defensores del Consumidor Financiero deberán estar inscritos en el Registro de Defensores del Consumi- dor Financiero que será implementado por la Superintendencia Financiera de Colombia en la forma que establezca el Gobierno Nacional. Serán designados por la Asamblea General de Accio- nistas de las respectivas entidades vigiladas. Igualmente, antes de ejercer su cargo deberán posesionarse ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
1. Acreditar conocimientos en las materias objeto de protección
del consumidor, así como en derecho comercial, financiero, de seguros o de valores, preferiblemente relacionados con el sector al que pertenece la entidad o entidades en la cual el defensor ejerce- ría sus funciones.
2. Acreditar como mínimo cinco (5) años de experiencia profe-
sional o estudios especializados en las áreas, específicas en el sec-
tor financiero, asegurador o de valores, según corresponda a la entidad en la cual desempeñará sus funciones, contada a partir de la fecha de grado profesional.
1°. Los requisitos y calidades previstas en el presente artículo serán exigibles a los Defensores del Consumidor Finan- ciero principales y suplentes.
2°. Cada Defensor del Consumidor Financiero podrá desempeñar su función simultáneamente en varias entidades vigi- ladas, conforme la reglamentación que expida el Gobierno Nacio-
3°. La Superintendencia Financiera podrá revocar la inscripción en el registro de Defensores del Consumidor Financie- ro, cuando establezca que la persona a la cual se le concedió, ha perdido alguno de los requisitos exigidos para tal efecto, en la forma y condiciones que señale el Gobierno Nacional.
4°. Los Defensores del Consumidor Financiero de las Administradoras del Régimen Solidario de Prima Media con Pres- tación Definida, serán designados por el máximo órgano de admi- nistración. Las Juntas Directivas o Consejos de Administración de
las entidades públicas a que se refiere este artículo, determinarán la manera de fijar el monto de las apropiaciones que se deberán asignar para el adecuado funcionamiento de la Defensoría de
19. Terminación en el ejercicio de las funciones del De- fensor del Consumidor Financiero. La terminación definitiva en el ejercicio de las funciones del Defensor del Consumidor Finan- ciero sólo podrá ser consecuencia de:
a. Falta definitiva del Defensor del Consumidor Financiero cau- sada por incapacidad o muerte.
c. Cancelación de la inscripción en el registro por parte de la Su-
perintendencia Financiera de Colombia del Defensor del Cliente o la revocatoria de la posesión ante la misma entidad.
d. La designación de un nuevo Defensor del Consumidor Finan-
ciero por vencimiento del período para el cual fue designado.
e. Haber incurrido en algunas de las causales señaladas en los in-
cisos 3° y 4° del numeral 5° del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por la Ley 795 de 2003 y de- más normas que lo modifiquen o adicionen.
20. Procedimientos para la resolución de quejas o re- clamaciones por parte de los Defensores del Consumidor Finan- ciero. El Gobierno Nacional, mediante normas de carácter gene- ral, señalará el procedimiento para la presentación y resolución de quejas o reclamos ante el Defensor del Consumidor Financiero de las entidades vigiladas.
21. Régimen sancionatorio. El incumplimiento de las normas previstas en el presente Título, incluidas las obligaciones a cargo del Defensor del Consumidor Financiero y de las entida- des vigiladas para con él, así como las demás disposiciones vigen- tes en materia de protección al consumidor financiero será san- cionado por la Superintendencia Financiera de Colombia en la forma prevista en la Parte Séptima del Estatuto Orgánico del Sis- tema Financiero y el artículo 53 de la Ley 964 de 2005 y demás normas que los modifiquen o sustituyan.
. Adiciónase el numeral 2° del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo 52 de la Ley 964 de 2005, con el siguiente literal:
j. La infracción al régimen de protección al consumidor financie- ro. Igualmente deberá considerarse si se adoptaron soluciones a favor del consumidor financiero dentro del trámite de quejas o re- clamos, así como la implementación de medidas de mejoramiento como consecuencia de las mismas.
22. Referencias normativas. A partir de la entrada en vi- gencia de la presente ley, todas las referencias que hagan las dis- posiciones vigentes al Defensor del Cliente y a la Defensoría del
Cliente se entenderán efectuadas al Defensor del Consumidor Fi- nanciero y a la Defensoría del Consumidor Financiero.
23. Objetivos de la intervención. Adiciónanse los si- guientes literales al artículo 46 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:
i) Que los recursos de pensión obligatoria del régimen de ahorro
individual con solidaridad y los recursos que financien las pen- siones de retiro programado en este régimen estén invertidos en fondos de pensiones que consideren las edades y los perfiles de riesgo de los afiliados; con el objetivo de procurar la mejor renta- bilidad ajustada por riesgo para brindar las prestaciones previstas en la ley a favor de los afiliados.
j) Promover en los afiliados al régimen de ahorro individual con
solidaridad el conocimiento claro de sus derechos y deberes, así como de las características del mismo, de tal manera que les per- mita adoptar decisiones informadas, en especial de los efectos que de acuerdo con la ley se derivan de la vinculación a dicho régi- men, así como de los efectos de seleccionar entre los diferentes fondos de pensiones disponibles.
k) Que el esquema de comisiones de administración de los recur- sos de los fondos de pensiones obligatorias, permitan el cobro de comisiones razonables por parte de las administradoras, que, entre otros aspectos, tenga en cuenta el desempeño de los portafolios administrados así como el recaudo de aportes.
l) Que los recursos de los fondos de cesantías se inviertan en por-
tafolios de inversión que respondan a la naturaleza y objetivo de ese auxilio y a la expectativa de permanencia de tales recursos en
m) Que en el comercio transfronterizo de tales actividades, así como en la prestación de servicios financieros y de seguros en te- rritorio colombiano a través de sucursales de entidades del exte-
rior, se protejan adecuadamente los intereses de los residentes en el país y la estabilidad del sistema.
n) Promover el acceso a servicios financieros y de seguros por
parte de la población de menores recursos y de la pequeña, me- diana y micro empresa.
o) Que las entidades vigiladas, las asociaciones gremiales, las
asociaciones de consumidores debidamente reconocidas y las au- toridades que ejercen la intervención del Estado en el sector fi- nanciero, implementen mecanismos encaminados a lograr una
adecuada educación sobre los productos, servicios y derechos del consumidor financiero.
p) Incentivar la adecuada participación de las asociaciones de
Consumidores Financieros en la formulación de las disposiciones que los afecten.
24. Instrumentos de la intervención. Modificase el literal
i) y adiciónense los siguientes literales al artículo 48 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero:
i) Determinar de manera general relaciones patrimoniales u otros
indicadores que permitan inferir un deterioro de la entidad finan- ciera, con el fin de que para subsanarlo se adopten programas de recuperación o se apliquen de manera automática y gradual medi- das apropiadas, todo ello en la forma, condiciones, plazos y con las consecuencias que fije el Gobierno. Las medidas que se con- templen podrán incluir, entre otras, las previstas por el artículo 113 de este estatuto, la reducción forzosa de capital a una cifra no inferior al valor del patrimonio neto, la colocación obligatoria de acciones sin sujeción al derecho de preferencia, la enajenación forzosa de activos, la prohibición de distribuir utilidades, la crea- ción de mecanismos temporales de administración con o sin per- sonería jurídica con el objeto de procurar la optimización de la gestión de los activos para responder a los pasivos, la combina- ción de cualquiera de las mencionadas u otras que se consideren adecuadas en las condiciones que fije el gobierno. Contra los ac- tos administrativos que se adopten en desarrollo de esta facultad sólo procederá el recurso de reposición, que no suspenderá el cumplimiento inmediato de las mismas. Respecto de estas medi-
das aplicará el principio de revelación dirigida contenido en el li- teral d. del numeral 1°. del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
m) Establecer las normas pertinentes para la gestión, por parte de
las sociedades administradoras, tanto en el periodo de acumula- ción como en el de desacumulación, de diferentes fondos de pen- sión en el régimen de ahorro individual con solidaridad, incluyen- do i) la definición del número de fondos, el cual no podrá exceder de cuatro (4), incluyendo el fondo especial de retiro programado;
ii) los regímenes de inversión de cada fondo, que entre otros de-
berán considerar tipos y porcentaje de activos admisibles según el nivel de riesgo; iii) la rentabilidad mínima aplicable a éstos de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley 100 de 1993; iv) las reglas obligatorias y supletivas de asignación de las cuentas de ahorro individual a los distintos fondos, que deberán considerar los aportes y la edad del afiliado; v) posibilidades de
elección por parte de los afiliados, los traslados entre los fondos y
vi) el régimen de ajuste gradual al esquema de “multifondos”.
En desarrollo de lo establecido en este literal se autoriza al Go- bierno Nacional para diseñar y reglamentar un esquema de multi- fondos en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, compuesto, en su etapa de acumulación, por tres (3) fondos, con- servador, moderado y de mayor riesgo y, en su etapa de desacu- mulación un fondo especial para los pensionados de retiro pro- gramado.
n) Determinar el esquema de comisiones por la administración de
los recursos de los fondos de pensiones obligatorias, que en cuan-
to a la comisión por aportes obligatorios deberá incorporar un componente calculado sobre los aportes y otro sobre el desempe- ño de los diferentes fondos de pensiones que incentive la mejor gestión por parte de las administradoras.
o) Establecer las normas pertinentes para la administración de los
portafolios de inversión de los fondos de cesantía, incluyendo los regímenes de inversión de cada uno de ellos, los cuales deberán considerar, entre otros, tipos y porcentaje de activos admisibles según el plazo y el nivel de riesgo, la rentabilidad mínima aplica-
ble a éstos de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley 100 de 1993, las reglas obligatorias y supletivas de asigna- ción de las cuentas individuales a los portafolios, así como las po- sibilidades de elección por parte de los afiliados, los traslados en- tre los portafolios de inversión y el régimen de ajuste gradual al nuevo esquema.
p) Establecer las normas generales sobre la información que se
debe suministrar a los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad y a los afiliados a los fondos de cesantías, sin per-
juicio de las instrucciones particulares que sobre la materia pueda impartir la Superintendencia Financiera de Colombia.
q) Regular la prestación transfronteriza de servicios financieros y
de seguros, así como la prestación de servicios financieros y de seguros en territorio colombiano a través de sucursales de entida- des del exterior.
r) Dictar normas y establecer instrumentos que faciliten el acceso
a servicios financieros, de seguros y a los que involucren el mane- jo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público, por parte de la población de menores recursos, la pequeña, me- diana y micro empresa, así como las condiciones y mecanismos que permitan el desarrollo de dichos servicios por parte de las en- tidades que realizan tales actividades.
s) Establecer las normas pertinentes para incentivar que las insti-
tuciones vigiladas, las asociaciones gremiales, las asociaciones de consumidores, las instituciones públicas que realizan la interven-
ción del Estado en el sector financiero así como los organismos de autorregulación, puedan, entre otros instrumentos, celebrar acuerdos con instituciones universitarias acreditadas para la es- tructuración y desarrollo de programas educativos de formación financiera para el ciudadano común, de corta duración y bajo cos- to.
25. Compañías de financiamiento. A partir de la entrada
en vigencia de la presente ley, las compañías de financiamiento comercial pasarán a denominarse “Compañías de Financiamien- to” y todas las disposiciones vigentes referidas a aquéllas, inclui- das las previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se entenderán referidas a éstas.
Las compañías de financiamiento comercial existentes a la entra- da en vigencia de la presente ley tendrán un plazo de tres (3) me- ses para modificar su denominación y deberán anunciarse siempre utilizando la denominación “Compañía de Financiamiento”.
26. Nuevas operaciones autorizadas a los establecimien- tos bancarios. Modifícase el literal e) y adiciónese un nuevo lite- ral al artículo 7 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así:
e) Otorgar crédito, incluidos préstamos para realizar operaciones
dirigidas a adquirir el control de otras sociedades o asociaciones, sin perjuicio de lo previsto en el literal c) del artículo 10 del pre- sente estatuto.
o) Realizar operaciones de leasing y arrendamiento sin opción de
. Autorízase a los establecimientos bancarios para ma- nejar las cuentas de ahorro programado obligatorio previstas en el literal b) del numeral 4 del artículo 40 de la Ley 1151 de 2007.
27. Régimen patrimonial de las sociedades administra-
doras de inversión. Corresponderá al Gobierno Nacional estable- cer el capital mínimo para la constitución de sociedades adminis-
tradoras de inversión y los mecanismos colaterales que podrán complementarlo, sin perjuicio de las facultades previstas en el numeral c) del artículo 4 de la Ley 964 de 2005.
El Gobierno Nacional podrá establecer requisitos de capital mínimo diferentes para las sociedades administradoras de inver- sión que sólo administren fondos de capital privado.
28. Adiciónase el numeral 1 del artículo 270 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero con los siguientes literales:
h) Prestar el servicio de asistencia técnica, estructuración de pro- yectos, consultoría técnica y financiera.
j) Emitir avales y garantías tanto a entidades vigiladas por la Su-
períntendencia Financiera como a otras que disponga el Gobierno
29. Modifícase el parágrafo del literal b) del numeral 3°
del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el
: El Gobierno Nacional podrá autorizar a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER para crear líneas de crédito con tasa compensada, incluidas líneas dirigidas a promo- ver el microcrédito, siempre y cuando los recursos equivalentes al monto del subsidio provengan de la Nación, entidades públicas, entidades territoriales o entidades privadas, previa aprobación y reglamentación de su Junta Directiva.
Para el efecto, se requerirá que previamente se hayan incluido en el presupuesto nacional partidas equivalentes al monto del subsi- dio o que se garantice el aporte de los recursos necesarios para compensar la tasa.
30. Modifícase el artículo 271 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, el cual quedará así:
271. La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FIN- DETER - no estará sometida a inversiones forzosas y no distri- buirá utilidades en dinero efectivo entre sus socios. Así mismo, estará sujeta al régimen de encaje y de seguro de depósito cuando
las captaciones que realice se encuentren bajo las condiciones que para el efecto señale el Gobierno Nacional.
Las Entidades públicas de desarrollo regional no estarán someti- das al régimen de encajes, ni a inversiones forzosas y no distri- buirán utilidades entre sus socios.
31. Modifícase el numeral 2 del artículo 277 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
2. Títulos de Ahorro Educativo. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, está autorizado para que directamente o a través de fideicomiso emita, coloque y mantenga en circulación, Títulos de Ahorro Educativo (T.A.E.) con las siguientes características:
a. Los Títulos de Ahorro Educativo (TAE), son títulos valores que
incorporan el derecho a futuro de asegurar a su tenedor, que el ICETEX cancelará a su presentación y en cuotas iguales a las pac- tadas al momento de su suscripción, el valor de los costos de
matrícula, de textos y de otros gastos académicos, que el título ga-
rantice.
b. Son títulos nominativos.
c. El vencimiento de estos títulos será hasta de 24 años. Las ac-
ciones para el cobro de los intereses y del capital del título pres-
cribirán en cinco (5) años contados desde la fecha de su exigibili-
d. El valor de cada título podrá ser pagado íntegramente al mo- mento de la suscripción o por instalamentos con plazos entre 12 y 60 meses.
1°. Las emisiones de los títulos a que se refiere el nu- meral 2 de este artículo requerirán de la autorización de la Junta Directiva del ICETEX y el concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2°. El monto total de las emisiones a que se refiere el numeral 2 de este artículo podrá ser hasta de una (1) vez el patri-
monio neto del ICETEX, determinado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
32. Modifícase el inciso segundo del numeral 1 del artí-
culo 279 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedara así:
El Banco de Comercio Exterior - BANCOLDEX estará exento de realizar inversiones forzosas. Así mismo estará sujeto al régimen de encaje y de seguro de depósito cuando las captaciones que re- alice se encuentren bajo las condiciones que para el efecto señale el Gobierno Nacional.
33. Modificase el tercer inciso del numeral 3 del artículo
283 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero el cual quedará así:
La Nación, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Tu- rismo podrá transferir recursos destinados a la promoción de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo, al patrimonio autónomo Fideicomiso de Promoción de exportaciones - Proex- port - Colombia, para el cumplimiento de sus funciones.
34. Modificación de la naturaleza y denominación de las casas de cambio. Autorización de nuevas operaciones. Tres meses después de la entrada en vigencia de esta ley las casas de cambio se denominarán “sociedades de intermediación cambiaría y de servicios financieros especiales”.
Estas entidades estarán autorizadas a realizar, además de las ope- raciones permitidas bajo el régimen cambiarlo y en los términos y condiciones que señale el Gobierno Nacional, pagos, recaudos, giros y transferencias nacionales en moneda nacional. Así mismo, podrán actuar como corresponsales no bancarios.
Corresponderá al Gobierno Nacional establecer el régimen apli- cable a estas entidades, incluido su régimen de autorización, pa- trimonio y obligaciones especiales.
35. Modificase el artículo 3 del Estatuto Orgánico del
3. Sociedades de Servicios Financieros.
1. Clases. Para los efectos del presente Estatuto son sociedades de
servicios financieros las sociedades fiduciarias, los almacenes ge- nerales de depósito, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías y las sociedades de intermediación cam- biaria y de servicios financieros especiales, las cuales tienen por función la realización de las operaciones previstas en el régimen que regula su actividad.
2. Naturaleza. Las sociedades de servicios financieros tienen el
carácter de instituciones financieras.
36. Cooperativas de ahorro y crédito. Adiciónase el si-
guiente parágrafo al artículo 41 de la Ley 454 de 1998:
3°. En los términos que señale el Gobierno Nacional y bajo circunstancias excepcionales, las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, podrán extender la prestación de sus servicios a personas jurídicas que por su naturaleza no puedan asociarse en los térmi- nos de la ley cooperativa, que se encuentren domiciliadas en una localidad donde la respectiva cooperativa tenga establecida una oficina o un corresponsal.
La prestación de tales servicios requerirá en todos los casos de la aprobación previa y expresa de la Superintendencia de la Eco- nomía Solidaria, que la impartirá únicamente cuando se cumplan los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional. En todo ca- so, sólo podrá otorgarse dicha autorización cuando no existan es- tablecimientos de crédito en la respectiva localidad y se verifique que los servicios que prestará la cooperativa contribuirán efecti-
vamente a la canalización de ahorros hacia inversiones producti- vas y a facilitar las transacciones entre agentes económicos.
Tratándose de productos pasivos como cuentas de ahorros o de- pósitos a término, el monto máximo que podrá recibirse de las personas jurídicas a que se refiere este parágrafo no podrá superar la cuantía que determine el Gobierno Nacional.
En el evento en que, con posterioridad al otorgamiento de la auto- rización mencionada, un establecimiento de crédito inicie la pres- tación de servicios en la respectiva localidad, la correspondiente cooperativa deberá abstenerse de realizar nuevas operaciones con las entidades a que se refiere este parágrafo.
La cooperativa que reciba recursos de terceros con violación a lo previsto en este parágrafo será objeto de las sanciones administra- tivas correspondientes, sin perjuicio de las consecuencias penales a que hubiere lugar.
37. Adiciónese el siguiente parágrafo al Artículo 45 de
la Ley 454 de 1998:
Las cooperativas financieras resultantes de un proceso de especialización, podrán utilizar el logo y los símbolos de la co- operativa que les dio origen, de acuerdo con las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia.
38. Línea de redescuento para microcrédito. El Gobier-
no Nacional creará una línea de crédito de redescuento para ope- raciones de microcrédito, con las condiciones y características propias del sector al que se dirige, y a través de la entidad finan- ciera que se estime conveniente.
39. Destinación parcial de los recursos del Fondo de
Reserva para la Estabilización de Cartera Hipotecaria. El Go- bierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá impartir instrucciones al Banco de la República, en su calidad de administrador del Fondo de Reserva para la Estabi- lización de Cartera Hipotecaria -FRECH-, para que con los recur-
sos de dicho Fondo continúe realizando operaciones de tesorería, incluyendo, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, a las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superin- tendencia Financiera de Colombia distintas a los establecimientos de crédito que defina el Gobierno Nacional, así como las carteras colectivas administradas por éstas.
40. Modificase el literal b) del artículo 296 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
b) Llevar a cabo el seguimiento de la actividad de los liquidadores de las instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, tanto de las que sean objeto de liquida- ción forzosa administrativa dispuesta por la misma Superinten- dencia, como de las instituciones financieras cuya liquidación haya sido dispuesta por el Gobierno Nacional; así como las liqui- daciones voluntarias mientras registren pasivo con el público. Se exceptuarán de seguimiento las entidades que mediante normas de carácter general determine el Gobierno Nacional y aquellas cuyo seguimiento corresponda a Fogacoop. Para el desarrollo de la función aquí señalada el Fondo observará las normas que regulan tales procesos, según la modalidad adoptada, seguimiento que se llevará a cabo hasta que termine la existencia legal de la entidad o, en su caso, hasta que se disponga la restitución de la entidad a los accionistas, una vez pagado el pasivo externo, en los términos del numeral 2° del artículo 116 del presente Estatuto.
En ningún caso deberá entenderse que la facultad de seguimiento del Fondo se extiende al otorgamiento o celebración de operacio- nes de apoyo que impliquen desembolso de recursos por parte del Fondo, respecto de entidades financieras no inscritas en el Fondo, sometidas a proceso liquidatorio.
A partir de la vigencia de la presente ley, las entidades financieras en liquidación respecto de las cuales el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras deba realizar seguimiento a la gestión del liquidador, deberán pagar a favor del Fondo las tarifas que pa- ra el efecto establezca el Gobierno Nacional mediante normas de carácter general. En todo caso, tales tarifas deberán ser cubiertas por la entidad respectiva, con cargo a los gastos de administra- ción. Tratándose de entidades financieras sometidas a proceso de liquidación voluntaria, el seguimiento por parte del Fondo se lle- vará a cabo hasta que termine la existencia legal de la entidad o hasta que se entreguen los activos remanentes a los accionistas, una vez pagado el pasivo externo.
41. Modifícase el inciso primero del numeral 2 del artí- culo 316 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
2. Objeto. El objeto general del Fondo de Garantías de Institucio-
nes Financieras consistirá en la protección de la confianza de los depositantes y acreedores en las instituciones financieras inscritas, preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo injustificados beneficios económicos o de cualquier otra naturale- za de los accionistas y administradores causantes de perjuicios a las instituciones financieras y procurando minimizar la exposición del patrimonio propio del Fondo o de las reservas que éste admi- nistra, a las pérdidas. Dentro de este objeto general, el Fondo tendrá las siguientes funciones:
42. Instituciones afiliadas al Fondo de Garantías de Ins- tituciones Financieras. Modifícase el numeral 1 del artículo 317 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
1. Instituciones que deben inscribirse. Deberán inscribirse obliga-
toriamente en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, previa calificación hecha por éste, los bancos, las corporaciones
financieras, las compañías de financiamiento, las sociedades ad- ministradoras de fondos de pensiones, las sociedades administra- doras de fondos de cesantías, las compañías de seguros de vida que operan los ramos de pensiones previstas en la Ley 100 de
1993, seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, riesgos profesionales y planes alternativos de pensiones y las demás enti- dades cuya constitución sea autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia y respecto de las cuales la ley establezca la existencia de una garantía por parte del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.
43. Adiciónase un numeral al artículo 318 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
4. Inspección y Vigilancia. De conformidad con la reglamentación especial que para el efecto expida el Gobierno Nacional, la Super- intendencia Financiera de Colombia ejercerá la inspección, vigi- lancia y control del Fondo de Garantías de Instituciones Financie- ras, acorde con el objeto y naturaleza única del mismo.
44. Adiciónase el literal I) del numeral 1 del artículo 320
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero con un segundo in- ciso así:
Adicionalmente, las mencionadas autoridades públicas deberán compartir con el Fondo la información que éste requiera para el cabal cumplimiento de su objeto. En todo caso, la información que le sea suministrada al Fondo que esté sujeta a reserva, con- servará tal carácter y el Fondo se obliga a preservarla.
45. Adiciónese el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, con
el siguiente parágrafo:
. El Gobierno Nacional podrá establecer mecanismos de cobertura que permitan a las aseguradoras cubrir el riesgo del incremento que con base en el aumento del salario mínimo legal mensual vigente, podrían tener las pensiones de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida de que tratan los artículos 80 y
82 de esta ley, en caso de que dicho incremento sea superior a la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor certifi- cada por el DANE para el respectivo año. El Gobierno Nacional determinará los costos que resulten procedentes en la aplicación de estos mecanismos de cobertura.
46. Adiciónase el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, con
3°. El Gobierno Nacional reglamentará la organiza- ción y administración de los recursos que conforman el patrimo- nio autónomo del Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
47. Adiciónase un inciso tercero al artículo 59 de la Ley
100 de 1993, el cual quedará así:
48. Modifícase los literales c) y, d) del artículo 60 de la
Ley 100 de 1993, los cuales quedarán así:
c) Los afiliados al sistema podrán escoger y trasladarse libremente entre entidades administradoras y entre los fondos de pensiones gestionados por ellas según la regulación aplicable para el efecto, así como seleccionar la aseguradora con la cual contraten las ren- tas o pensiones.
En todo caso, dentro del esquema de multifondos, el Gobierno Nacional definirá unas reglas de asignación al fondo moderado o conservador, para aquellos afiliados que no escojan el fondo de
pensiones dentro de los tiempos definidos por las normas respec- tivas, reglas de asignación que tendrán en cuenta la edad y el género del afiliado.
Así mismo, la administradora tendrá la obligación expresa de in- formar a los afiliados sus derechos y obligaciones de manera tal que les permitan la adopción de decisiones informadas. Por su parte, el afiliado deberá manifestar de forma libre y expresa a la administradora correspondiente, que entiende las consecuencias derivadas de su elección en cuanto a los riesgos y beneficios que caracterizan este fondo.
d) El conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del pa- trimonio de la entidad administradora.
Los recursos de las cuentas individuales estarán invertidos en fondos de pensiones cuyas condiciones y características serán de- terminadas por el Gobierno Nacional, considerando las edades y los perfiles de riesgo de los afiliados.
49. Modifícase el artículo 63 de la Ley 100 de 1993, el
63. Cuentas individuales de ahorro pensional. Las coti-
zaciones obligatorias y voluntarias se abonarán a la cuenta indivi- dual de ahorro pensional del afiliado a prorrata del o los fondos de pensiones que éste elija o a los que sea asignado de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, de forma que la cuenta estará conformada por las subcuentas que incorporarán lo abonado en cada fondo.
Las sumas existentes en las cuentas individuales de ahorro pen- sional, sólo podrán ser utilizadas para acceder a las pensiones de que trata este título, salvo lo dispuesto en los artículos 85 y 89 de la presente Ley.
. Para todos los efectos, cuando se haga relación al concepto de cuenta individual o cuenta individual de ahorro pen- sional, tal referencia corresponderá a la suma de las subcuentas individuales que posea el afiliado en cada uno de los fondos.
50. Modifícase el artículo 97 de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así:
97. Fondos de Pensiones como Patrimonios Autónomos. Los fondos de pensiones, conformados por el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional y los que resulten de los planes alternativos de capitalización o de pensiones, así como los intereses, dividendos o cualquier otro ingreso generado por los activos que los integren, constituyen patrimonios autónomos, propiedad de los afiliados, independientes del patrimonio de la administradora.
La contabilidad de los fondos de pensiones se sujetará a las reglas que para el efecto expida la Superintendencia Financiera de Co- lombia.
. Para todos los efectos, cuando en la normatividad se haga mención al concepto de fondo de pensiones, tal referencia se entenderá efectuada a cada uno de los diferentes fondos gestiona- dos por las administradoras en los términos que señale el Gobier- no Nacional.
En el caso de los fondos de cesantías, tratándose del portafolio que se defina para la inversión de los recursos de corto plazo des- tinados a atender las solicitudes de retiros anticipados, la rentabi- lidad mínima deberá tener como referente la tasa de interés de
corto plazo o un indicador de corto plazo que el Gobierno Nacio- nal determine, en los términos y condiciones que el mismo esta- blezca.
En aquellos casos en los cuales no se alcance la rentabilidad mínima, las sociedades administradoras deberán responder con sus propios recursos, afectando inicialmente la reserva de estabili- zación de rendimientos que el Gobierno Nacional defina para es- tas sociedades.
1°. Cuando en cualquier disposición se haga mención a la rentabilidad mínima del fondo o fondos de pensiones, se enten- derá que la misma está referida a la rentabilidad de cada uno de los fondos de pensiones cuya gestión se autoriza a las sociedades administradoras.
2°. Para todos los efectos, cuando en la normatividad se haga mención a la reserva o cuenta especial de estabilización de rendimientos de los fondos de pensiones, se entenderá que se hace referencia, indistintamente, a la o las reservas de estabiliza- ción que determine el Gobierno Nacional al momento de estable- cer las normas pertinentes para la gestión del esquema de “multi- fondos”, para todos o cada uno de los fondos de pensiones.
Igualmente, en los casos en que la normatividad haga mención a la reserva de estabilización de rendimientos de los fondos de ce- santía, tal referencia se entenderá hecha a la o las reservas de es- tabilización que para todos o cada uno de los portafolios de inver- sión de los fondos de cesantía señale el Gobierno Nacional.
53. Modificase el artículo 104 de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así:
104. Comisiones. Las administradoras cobrarán a sus afiliados comisiones de administración, incluida la comisión de administración de cotizaciones voluntarias de que trata el artículo 62 de esta Ley, cuyos montos máximos y condiciones serán fija- das por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual de- berá seguir el procedimiento que señale el Gobierno Nacional pa-
ra el efecto. Dicho procedimiento deberá contemplar la revisión periódica de tales montos y condiciones con base en estudios técnicos.
Tratándose de la comisión de administración de aportes obligato- rios, la misma incorporará un componente calculado sobre el in- greso base de cotización, el cual se sujetará a los límites consa- grados en el artículo 20 de esta Ley, y otro calculado sobre el des- empeño de los diferentes fondos de pensiones que incentive la mejor gestión de los recursos por parte de las administradoras.
No obstante lo establecido en el inciso primero de este artículo, corresponderá al Gobierno Nacional reglamentar las condiciones y montos del componente de la comisión de administración de aportes obligatorios calculado sobre el mejor desempeño de los fondos de pensiones gestionados.
54. Modifícase el inciso segundo del artículo 108 de la
Ley 100 de 1993, el cual quedará así:
El Gobierno Nacional determinará la forma y condiciones como las sociedades administradoras de fondos de pensiones del régi- men de ahorro individual con solidaridad deberán contratar los seguros previsionales para el pago de las pensiones de invalidez y sobrevivencia.
55. Obligaciones de las sociedades administradoras de
fondos de pensiones. Modifícase el literal d) del artículo 14 del Decreto Ley 656 de 1994, el cual quedará así:
d) Invertir los recursos del sistema en las condiciones y con suje- ción a los límites que para el efecto establezca el Gobierno Na- cional.
56. Operaciones no autorizadas a las sociedades admi- nistradoras de fondos de pensiones. Modifícase los literales b), d) e i) del artículo 25 del Decreto Ley 656 de 1994, los cuales que- darán así:
b) Conceder créditos a cualquier título con recursos correspon-
dientes a cualquiera de los fondos que administren, con excepción de las operaciones de reporte activo que podrán efectuarse en las condiciones que al efecto autorice el Gobierno Nacional.
d) Celebrar con los activos de los fondos operaciones de reporto
pasivo en una cuantía superior a la que establezca el Gobierno Nacional y para fines diferentes de los permitidos por éste.
i) Realizar operaciones entre los diferentes fondos que adminis- tran, salvo las derivadas del traslado de afiliados entre fondos de pensiones gestionados por una misma administradora, en los términos que determine el Gobierno Nacional.
Así mismo, sólo se podrán efectuar operaciones entre los portafo- lios de inversión del fondo de cesantía administrado, con el fin de atender traslados de afiliados entre los portafolios en las condi- ciones que establezca el Gobierno Nacional.
57. Garantía para mantener el poder adquisitivo cons- tante de los aportes efectuados a los fondos de pensiones. Sin per- juicio de las garantías previstas en los artículos 99 y 109 de la Ley 100 de 1993, y en desarrollo de lo previsto por el artículo 48 de la Constitución Política, la Nación garantizará a los afiliados a los fondos de pensiones obligatorias del Régimen de Ahorro Indivi- dual con Solidaridad, a través del Fondo de Garantías de Institu- ciones Financieras, un rendimiento acumulado equivalente a la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE, de manera que la rentabilidad real de los aportes, calculada al momento del reconocimiento de la pensión de vejez, nunca sea negativa.
Para estos efectos, cuando un afiliado solicite el reconocimiento de la pensión de vejez, la sociedad administradora a la cual se en- cuentre vinculado calculará el valor de todos los aportes realiza-
dos, ajustando cada uno de ellos de conformidad con la variación del IPC que corresponda desde la fecha de cada aporte hasta la fecha de reconocimiento de la pensión y comparará dicho resulta- do con el saldo acreditado en su cuenta individual sin incluir en ésta el valor del bono pensional, si hubiere lugar a éste. En caso de que el saldo de la respectiva cuenta individual sea inferior al valor de los aportes ajustados por IPC, la Nación, a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, procederá a cu- brir dicha diferencia, en la oportunidad y forma que determine el Gobierno Nacional.
Esta garantía sólo será aplicable cuando el afiliado que solicite su pensión haya cumplido la edad prevista en la ley para tener acceso
a la garantía de pensión mínima de vejez en el régimen de ahorro individual con solidaridad.
. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras establecerá, con base en criterios técnicos de proporcionalidad respecto del riesgo asumido, el valor que por concepto de primas cobrará para el cubrimiento de la garantía de que trata el presente artículo. El costo de la prima de la garantía de poder adquisitivo constante podrá asumirse con cargo a los recursos Fondo de Ga- rantía de Pensión Mínima o al Presupuesto General de la Nación, según determine el Gobierno Nacional.
58. Régimen de inversión de los recursos de fondos de cesantía. Modifícase el literal d) del artículo 31 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y adiciónese un nuevo literal j)
a dicho artículo, los cuales quedarán así:
d) Invertir los recursos de los fondos en valores de adecuada ren-
tabilidad, seguridad y liquidez, en las condiciones y con sujeción
a los límites que para el efecto establezca el Gobierno Nacional,
para lo cual podrá establecer dos (2) tipos de portafolios de inver-
sión, uno de corto y otro de largo plazo.
j) Ofrecer a los afiliados de los fondos de cesantías dos (2) porta- folios de inversión, uno de corto y otro de largo plazo, en las con- diciones y con sujeción a los límites que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.
59. Modificase los literales f) y g) del numeral 1 del artículo 170 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los cuales quedarán así:
f) Derechos en carteras colectivas y fiducias de inversión adminis- tradas por sociedades fiduciarias, en las condiciones que determi- ne el Gobierno Nacional, y
60. Cuando en cualquier disposición se haga referencia o se remita al régimen de inversión y/o a la rentabilidad mínima de los fondos de pensiones obligatorias, se entenderá que tal referen- cia hace relación al régimen de inversión y/o a la rentabilidad mínima del tipo de fondo de pensiones que determine el Gobierno Nacional.
61. Comercio transfronterizo de seguros. Modifícase el artículo 39 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
Articulo 39. Personas no autorizadas. Salvo lo previsto en los parágrafos del presente artículo, queda prohibido celebrar en el territorio nacional operaciones de seguros con entidades extranje- ras no autorizadas para desarrollar la actividad aseguradora en Colombia o hacerlo con agentes o representantes que trabajen pa- ra las mismas. Las personas naturales o jurídicas que contraven- gan lo dispuesto en el presente artículo quedarán sujetas a las san- ciones previstas en el artículo 208 del presente Estatuto.
1°. Las compañías de seguros del exterior podrán ofre- cer en el territorio colombiano o a sus residentes, única y exclusi- vamente, seguros asociados al transporte marítimo internacional, la aviación comercial internacional y el lanzamiento y transporte espacial (incluyendo satélites), que amparen los riesgos vincula- dos a las mercancías objeto de transporte, el vehículo que trans- porte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda derivar- se de los mismos, así como seguros que amparen mercancías en tránsito internacional.
La Superintendencia Financiera de Colombia podrá establecer la obligatoriedad del registro de las compañías de seguros del exte- rior que pretendan ofrecer estos seguros en el territorio nacional o a sus residentes.
Salvo lo previsto en el presente parágrafo, las compañías de segu- ros del exterior no podrán ofrecer, promocionar o hacer publici- dad de sus servicios en el territorio colombiano o a sus residentes.
2°. Toda persona natural o jurídica, residente en el país, podrá adquirir en el exterior cualquier tipo de seguro, con excepción de los siguientes:
a. Los seguros relacionados con el sistema de seguridad social,
tales como los seguros previsionales de invalidez y muerte, las rentas vitalicias o los seguros de riesgos profesionales.
b. Los seguros obligatorios;
c. Los seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario
debe demostrar previamente a la adquisición del respectivo segu- ro que cuenta con un seguro obligatorio o que se encuentra al día en sus obligaciones para con la seguridad social; y
d. Los seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario
sea una entidad del Estado. No obstante, el Gobierno Nacional podrá establecer, por vía general, los eventos y las condiciones en
las cuales las entidades estatales podrán contratar seguros con compañías de seguros del exterior”.
62. Comercio transfronterizo de corretaje de seguros. Adicionase un numeral al artículo 40 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así:
4. Corredores de seguros del exterior. Los corredores de seguros
del exterior podrán realizar labores de intermediación en el terri-
torio colombiano o a sus residentes únicamente en relación con los seguros previstos en el parágrafo primero del artículo 39 del presente Estatuto.
63. Adiciónese el artículo 41 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, con el siguiente numeral:
7. Prohibición de vender, ofrecer, promocionar y hacer publici-
dad de pólizas de seguros de entidades extranjeras. Los agentes de seguros podrán realizar labores de intermediación de seguros de compañías extranjeras en el territorio colombiano o a sus resi- dentes, únicamente en relación con los seguros previstos en el parágrafo primero del artículo 39 del presente estatuto.
64. Ejercicio ilegal de la actividad aseguradora. Mo-
difícase el numeral 3° del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
3. Autorización estatal para desarrollar la actividad asegurado-
ra. Salvo lo previsto en el parágrafo primero del artículo 39 del presente Estatuto y en normas especiales, sólo las personas pre- viamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Co- lombia se encuentran debidamente facultadas para ocuparse de negocios de seguros en Colombia. En consecuencia se prohibe a toda persona natural o jurídica distinta de ellas el ejercicio de la actividad aseguradora.
Los contratos y operaciones celebrados en contravención a lo dis- puesto en este numeral no producirán efecto legal, sin perjuicio del derecho del contratante o asegurado de solicitar el reintegro de lo que haya pagado; de las responsabilidades en que incurra la persona o entidad de que se trate frente al contratante, al benefi- ciario o sus causahabientes, y de las sanciones a que se haga acreedora por el ejercicio ilegal de una actividad propia de las
personas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colom- bia.
65. Régimen de sucursales de bancos y compañías de seguros del exterior. Adicionase un Capitulo XIV en la Parte Primera Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual que- dará así:
45 A. Régimen aplicable a las sucursales de bancos y compañías de seguros del exterior. Las disposiciones del presente Estatuto, incluyendo las concernientes al régimen patrimonial, son aplicables a las sucursales de los bancos y compañías de se- guros del exterior.
Las sucursales de los bancos y compañías de seguros del exterior, son entidades financieras, están sometidas a la inspección y vigi- lancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, gozan de los mismos derechos y están sujetas a las mismas obligaciones que los bancos y compañías de seguros nacionales, según sea el caso.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente del presente Estatuto, el capital asignado a las sucursales de bancos y compañ- ías de seguros del exterior deberá ser efectivamente incorporado en el país y convertido a moneda nacional, de conformidad con las disposiciones que rigen la inversión de capital del exterior y el régimen de cambios internacionales. Las operaciones de las su- cursales de bancos y compañías de seguros del exterior estarán limitadas por el capital asignado y efectivamente incorporado en Colombia.
No pueden entablarse reclamaciones diplomáticas respecto de los negocios y operaciones que efectúen en territorio colombiano, las sucursales de los bancos y compañías de seguros del exterior, in- vocando para ello derechos derivados de su nacionalidad.
. La inspección y vigilancia de las sucursales de los bancos y compañías de seguros del exterior se realizará en los mismos términos y condiciones en que se realiza dicha función respecto de los bancos y las compañías de seguros constituidas en el territorio nacional, respectivamente, sin perjuicio de las facul- tades del Gobierno Nacional en la materia.
45 B. Régimen de responsabilidad de las sucursales de bancos y compañías de seguros del exterior.
1. Responsabilidad de la entidad del exterior. El banco o compa-
ñía de seguros del exterior responderá en todo momento por las obligaciones contraídas por la sucursal establecida en Colombia.
2. Preferencia sobre los activos de la sucursal. Los acreedores
residentes en Colombia tienen derecho preferente sobre el activo de una sucursal de un banco o de una compañía de seguros del ex- terior establecida en el país, en el evento de la iniciación de un proceso de insolvencia de la sucursal o de la entidad del exterior que la estableció, con ocasión de las operaciones realizadas con dicha sucursal.
3. Responsabilidad de los directores. Las sucursales de bancos o
compañías de seguros del exterior no estarán obligadas a tener junta directiva para la administración de sus negocios dentro del territorio colombiano, pero deberán tener un apoderado amplia- mente autorizado para que las represente en el país, con todas las facultades legales. Dicho apoderado deberá cumplir con los requi- sitos de integridad profesional y moral exigidos por la Superin- tendencia Financiera de Colombia a los administradores de enti- dades financieras constituidas en el país y deberá tomar posesión ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
Las responsabilidades y sanciones que afecten a los miembros de las juntas directivas o máximos órganos de administración de las sucursales de los bancos o compañías de seguros extranjeras co- rresponderán o podrán hacerse efectivas frente al respectivo apo- derado.
45 C. Inscripción ante el Fondo de Garantías de Institu- ciones Financieras - FOGAFIN -. Las sucursales de los bancos y compañías de seguros del exterior que obtengan autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para operar en el país deberán inscribirse ante el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, en los mismos términos previstos para los estableci- mientos bancarios y las compañías de seguros constituidas en Co- lombia.
66. Constitución de sucursales de bancos y compañías de seguros del exterior. Modifícase los numerales 1, 3 y 6 del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los cua- les quedarán así:
1. Forma Social. Las entidades que, conforme al presente Estatu-
to, deban quedar sometidas a la inspección y vigilancia de la Su-
perintendencia Financiera de Colombia se constituirán bajo la forma de sociedades anónimas mercantiles o de asociaciones co- operativas, con excepción de los bancos y compañías de seguros del exterior que operen en el país por medio de sucursales, las cuales podrán operar bajo la forma jurídica que tengan.
3. Contenido de la solicitud. La solicitud para constituir una enti-
dad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia de- berá presentarse por los interesados acompañada de la siguiente información:
a) El proyecto de estatutos sociales; en el caso de las sucursales
de bancos o compañías de seguros del exterior, deberá enviarse copia auténtica del documento de su fundación o constitución, de sus estatutos, la resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia y de los que acrediten la existencia de la entidad y la personería de sus representantes; así mismo, deberá enviarse un documento suscrito por el representante legal de la entidad del ex- terior en el que certifique que, de conformidad con la ley aplica- ble y sus estatutos, está en capacidad legal de responder por las
obligaciones que contraiga la sucursal en el país;
b) El monto de su capital, que no será menor al requerido por las
disposiciones pertinentes, y la forma en que será pagado, indican-
do la cuantía de las suscripciones a efectuar por los asociados; en el caso de las sucursales de bancos o compañías de seguros del exterior, deberá indicarse el monto del capital asignado a la sucur- sal en Colombia, el cual deberá ser efectivamente incorporado en el país y convertido a moneda nacional, y no podrá ser menor al requerido por las disposiciones pertinentes para la constitución de bancos o compañías de seguros en el país;
c) La hoja de vida de las personas que pretendan asociarse y de
las que actuarían como administradores, así como la información que permita establecer su carácter, responsabilidad, idoneidad y situación patrimonial; en el caso de las sucursales de bancos o compañías de seguros del exterior, las hojas de vida de las perso- nas que tengan la calidad de beneficiario real del 10% o más del capital de la respectiva entidad extranjera, de los administradores de la misma, así como de quienes actuarían como apoderados y administradores de la sucursal;
d) Estudio que demuestre satisfactoriamente la factibilidad de la
empresa, el cual deberá hacerse extensivo para el caso de las enti- dades aseguradoras a los ramos de negocios que se pretendan de- sarrollar; dicho estudio deberá indicar la infraestructura tecnoló- gica y administrativa que se utilizará para el desarrollo del objeto de la entidad, los mecanismos de control interno, un plan de ges- tión de los riesgos inherentes a la actividad, así como la informa- ción complementaria que solicite para el efecto la Superintenden- cia Financiera de Colombia; este requisito también será aplicable a las sucursales de bancos o compañías de seguros del exterior;
e) La información adicional que requiera la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia para los fines previstos en el numeral 5° del
Para la constitución de entidades de cuyo capital sean beneficia- rios reales entidades financieras del exterior, o para la constitu- ción de sucursales de bancos o compañías de seguros del exterior, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá subordinar su autorización a que se le acredite que será objeto, directa o indirec- tamente, con la entidad del exterior, de supervisión consolidada por parte de la autoridad extranjera competente, conforme a los
principios generalmente aceptados en esta materia a nivel interna- cional. Igualmente podrá exigir copia de la autorización expedida por el organismo competente del exterior respecto de la entidad que va a participar en la institución financiera en Colombia o constituir la sucursal, cuando dicha autorización se requiera de acuerdo con la ley aplicable. Iguales requisitos podrá exigir para autorizar la adquisición de acciones por parte de una entidad fi- nanciera extranjera.
En todos los casos, aun cuando las personas que pretendan parti- cipar en la constitución de la nueva entidad no tengan el carácter de financieras, y con el propósito de desarrollar una adecuada su- pervisión, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá exi- gir que se le suministre la información que estime pertinente res- pecto de los beneficiarios reales del capital social de la entidad financiera tanto en el momento de su constitución como poste- riormente.
La Superintendencia Financiera de Colombia propenderá por lo- grar acuerdos para el intercambio recíproco de información rele- vante con el organismo de supervisión del país en donde esté constituida la casa matriz de la entidad constituida en Colombia o el banco o compañía de seguros del exterior que opere por medio de sucursal en el país.
. El nombre de los establecimientos bancarios organi- zados como sociedades anónimas podrá incluir las expresiones “sociedad anónima” o la sigla “S.A.”. Tratándose de sucursales de bancos o compañías de seguros del exterior, deberá emplearse el nombre de la entidad en el exterior con la denominación “sucursal en Colombia”.
6. Constitución y registro. Dentro del plazo establecido en la reso- lución que autorice la constitución de la entidad deberá elevarse a escritura pública el proyecto de estatutos sociales e inscribirse de conformidad con la ley. Tratándose de sucursales de bancos o compañías de seguros del exterior, se deberá dar cumplimiento a lo previsto en el Código de Comercio para la constitución de su- cursales de sociedades extranjeras.
La entidad adquirirá existencia legal a partir del otorgamiento de la escritura pública correspondiente o, en el caso de las sucursa- les, a partir de la protocolización de los documentos mencionados en el literal a) del numeral 3 del presente artículo, aunque sólo podrá desarrollar actividades distintas de las relacionadas con su organización una vez obtenga el certificado de autorización.
. La entidad, cualquiera sea su naturaleza, deberá efec- tuar la inscripción de la escritura de constitución en el registro mercantil. Para todas las entidades, exceptuando las sucursales de bancos o compañías de seguros del exterior, esta constitución de- berá efectuarse en la forma establecida para las sociedades anó- nimas, sin perjuicio de la inscripción de todos los demás actos, libros y documentos en relación con los cuales se le exija a dichas sociedades tal formalidad.
67. Principios para una supervisión eficiente. En adi- ción a los principios que orientan la actuación administrativa, la Superintendencia Financiera de Colombia se sujetará en el ejerci- cio de sus facultades y funciones de inspección y vigilancia, y control a los siguientes principios:
1. Principio de materialidad: la Superintendencia Financiera de Colombia ejercerá sus funciones y facultades de inspección y vi- gilancia, así como de control, dando especial relevancia y aten- ción a aquellos hechos que por su naturaleza, cuantía o circuns- tancias coyunturales, afecten de manera grave la confianza públi- ca en el sistema financiero, asegurador y en el mercado de valo- res, pongan en peligro la continuidad del servicio, o comporten un riesgo sistémico.
2. Principio de acceso a la información para la protección de la
estabilidad y confianza en el sistema financiero: cuando a juicio del Superintendente Financiero existan elementos que previsible- mente puedan llegar a vulnerar la estabilidad, seguridad y con- fianza en el sistema financiero, asegurador o en el mercado de va- lores, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá requerir, en cualquier tiempo, cualquier información de entidades que ordi- nariamente no se encuentren bajo su inspección y vigilancia o control.
68. Autorización para la constitución. Modificase el in- ciso primero del numeral 5 del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
5. Autorización para la constitución. Surtido el trámite a que se
refiere el numeral anterior, el Superintendente Financiero deberá resolver sobre la solicitud dentro de los cuatro (4) meses siguien- tes, contados a partir de la fecha en que el peticionario haya pre- sentado toda la documentación que requiera de manera general la Superintendencia Financiera. No obstante lo anterior, el término previsto en este numeral se suspenderá en los casos en que la Su- perintendencia Financiera solicite información complementaria o aclaraciones. La suspensión operará hasta la fecha en que se reci- ba la respuesta completa por parte del peticionario.
: Las Superintendencias Financiera y de Sociedades deberán tener en cuenta para la fijación de las tarifas de las con- tribuciones que se cobran a las sociedades sometidas a su vigilan- cia, aquellas situaciones en las cuales el activo de la sociedad vi- gilada por esta última esté conformado en su totalidad por accio- nes de entidades vigiladas por la primera.
69. Modifícase el primer inciso y adiciónase un parágra-
fo al artículo 48 de la Ley 454 de 1998, los cuales quedarán así:
48. Inversiones de capital autorizadas a las cooperati-
vas financieras. Las cooperativas financieras sólo podrán realizar inversiones de capital, en:
3°. Las cooperativas financieras podrán invertir en bienes muebles e inmuebles con sujeción a lo establecido para los establecimientos de crédito.”
70. Modifícase el primer inciso y adiciónase un parágra-
fo al artículo 50 de la Ley 454 de 1998, los cuales quedarán así:
50. Inversiones de capital autorizadas a las cooperati-
vas de ahorro y crédito y a las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales. Las cooperativas de ahorro y crédito y las secciones de ahorro y crédito de las coope- rativas multiactivas o integrales sólo podrán realizar inversiones de capital, en:
3°. Las cooperativas de ahorro y crédito y las seccio- nes de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integra- les podrán invertir en bienes muebles e inmuebles con sujeción a lo establecido para los establecimientos de crédito.
71. Modifícase el artículo 12 de la Ley 546 de 1999, el
12. Titularización de cartera hipotecaria y de los con-
tratos de leasing habitacional. Sin perjuicio de la autorización le- gal con que cuentan las sociedades fiduciarias, los establecimien- tos de crédito y las entidades descritas en el artículo 1 ° de la pre- sente ley podrán emitir títulos representativos de (i) cartera hipo- tecaria correspondiente a créditos hipotecarios desembolsados y a créditos hipotecarios futuros en desarrollo de contratos de com- praventa de créditos hipotecarios futuros, y (ii) contratos de lea- sing habitacional, para financiar la construcción y la adquisición de vivienda, incluyendo sus garantías o títulos representativos de derechos sobre los mismos y sobre las garantías que los respaldan y los bienes inmuebles que constituyen su objeto para el caso de
contratos de leasing habitacional, cuando tengan como propósito enajenarlos en el mercado de capitales. Dichos títulos sólo con- tarán, de parte de los respectivos emisores, con las garantías o compromisos respecto de la administración y el comportamiento financiero de los activos, que se prevean en los correspondientes reglamentos de emisión.
Los establecimientos de crédito y las entidades descritas en el artículo 1° de la presente ley también podrán transferir su cartera hipotecaria correspondiente a créditos hipotecarios desembolsa- dos y a créditos hipotecarios futuros en desarrollo de contratos de compraventa de créditos hipotecarios futuros, incluyendo las ga- rantías o los derechos sobre los mismos y sus respectivas garant- ías, así como los contratos de leasing habitacional incluyendo los bienes inmuebles que constituyen su objeto, a sociedades titula rizad oras, a sociedades fiduciarias en su calidad de administrado- ras de patrimonios autónomos o a otras instituciones autorizadas por el Gobierno Nacional, con el fin de que éstas emitan títulos hipotecarios con sujeción a la normatividad aplicable a la titulari- zación de tales activos hipotecarios. Los títulos hipotecarios emi- tidos a partir de contratos de leasing habitacional se sujetarán a las mismas reglas, condiciones y beneficios aplicables a los títulos emitidos en desarrollo de procesos de titularización de cartera hipotecaría en los términos definidos en la presente ley y en sus normas reglamentarias pertinentes.
Cuando en desarrollo de esta autorización se movilicen activos de manera directa o se transfieran para su posterior movilización, se entenderá que los activos transferidos no se restituirán al patrimo- nio del originador ni al del emisor, en los casos en que éste se en- cuentre en concordato, liquidación, o cualquier otro proceso de naturaleza concursal, de conformidad con lo dispuesto en el artí- culo 68 de la Ley 964 de 2005 o en la norma que lo sustituya o modifique.
El Gobierno Nacional señalará los requisitos y condiciones para la emisión y colocación de los diferentes títulos que se emitan en desarrollo de procesos de titularización de activos hipotecarios, promoviendo su homogeneidad y liquidez. En todo caso, los títu- los a que se refiere el presente artículo serán desmaterializados.
. La transferencia de cualquier crédito, garantía, contra- to o derecho sobre los mismos, que se realice en desarrollo de procesos de movilización de activos hipotecarios de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, no producirá efectos de novación y se entenderá perfeccionada exclusivamente con la transferencia del título representativo de la obligación correspon- diente o mediante la cesión del contrato de leasing habitacional. Dicha cesión no generará derechos o gastos notariales ni impuesto de timbre.
En los procesos de titularización de contratos de leasing habita- cional, la transferencia de la propiedad de los bienes inmuebles objeto de dichos contratos se perfeccionará en cabeza de las so- ciedades títularizadoras, de las sociedades fiduciarias o de las otras instituciones que autorice el Gobierno Nacional, mediante la cesión del contrato de leasing habitacional. Para tal efecto, en el documento de cesión correspondiente se deberá dejar constancia de que la misma tiene por fundamento exclusivo el desarrollo de un proceso de titularización del contrato de leasing habitacional. Sólo será necesaria la escritura pública cuando se efectúe la trans- ferencia del dominio del inmueble a título de leasing habitacional a favor del locatario, una vez se ejerza la opción de adquisición y se pague su valor.
72. Titularización de activos no hipotecarios. Sin perjui- cio de la autorización legal con que cuentan las sociedades fidu- ciarias, los activos vinculados a procesos de titularización distin- tos a los regulados por la Ley 546 de 1999, desarrollados por so-
ciedades de servicios técnicos y administrativos autorizadas por el Gobierno Nacional para realizar este tipo de operaciones, deberán conformar universalidades separadas y aisladas del patrimonio de tales entidades, cuyo flujo de caja estará destinado exclusivamen- te al pago de los títulos emitidos y de los demás gastos y garantías inherentes al proceso de titularización correspondiente en la for- ma en que se establezca en el correspondiente reglamento de emi- sión. Tales activos en ningún caso se restituirán al patrimonio del originador ni al del emisor, en los casos en que éste se encuentre en concordato, liquidación, o cualquier otro proceso de naturaleza concursal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 964 de 2005 o en la norma que lo sustituya o modifique. Las sociedades de servicios técnicos y administrativos de que trata el presente artículo, estarán sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia.
En ningún caso los títulos emitidos en los procesos de titulariza- ción aquí señalados otorgarán a sus tenedores el derecho de solici- tar o iniciar procesos divisorios respecto de la universalidad con- formada por los activos subyacentes y/o las garantías que los am- paren.
73. Impugnación de las decisiones de organismos auto- rreguladores. Los procesos de impugnación de las decisiones de los organismos autorreguladores a que se refiere el parágrafo 3° del artículo 25 de la Ley 964 de 2005 solamente podrán proponer- se contra el organismo autorregulador respectivo. El juez recha- zará de plano la demanda, cuando se formule contra persona jurí- dica diferente, o contra una persona natural.
Los organismos autorreguladores podrán repetir contra los fun- cionarios o personas naturales que hubiesen participado en las de-
cisiones que fuesen anuladas, solamente en caso de existencia de dolo o culpa grave en ejercicio de sus funciones o en la adopción de sus decisiones.
74. Compensación de operaciones. Cuando ocurra un proceso de insolvencia o de naturaleza concursal, una toma de po- sesión para liquidación o acuerdos globales de reestructuración de deudas respecto de cualquiera de las contrapartes en (i) operacio- nes o posiciones compensadas y liquidadas a través de un Sistema de Compensación y Liquidación o de una Cámara de Riesgo Cen- tral de Contraparte , (ii) transferencias de fondos y/o divisas reali- zadas a través de Sistemas de Pagos, o (iii) en operaciones con instrumentos financieros derivados y productos estructurados que se realicen o negocien en el mercado mostrador y se registren de conformidad con la reglas que establezca el Gobierno Nacional, siempre y cuando al menos una de las contrapartes sea una enti- dad sometida a inspección y vigilancia de la Superintendencia Fi- nanciera de Colombia o un agente del exterior autorizado según la regulación cambiaría vigente, se podrán terminar anticipadamente y compensar y liquidar las obligaciones recíprocas derivadas de las operaciones y posiciones mencionadas, de tal forma que sola- mente quedará vigente el monto correspondiente al saldo neto de las mismas. En el caso de la Cámara de Riesgo Central de Con- traparte las posiciones abiertas se cerrarán y se compensarán las obligaciones correspondientes de acuerdo con el reglamento de ésta. En el caso de los Sistemas de Compensación y Liquidación y los Sistemas de Pago, la compensación de las obligaciones se rea- lizará siguiendo la metodología que cada sistema determine en su reglamento.
Cuando exista un saldo neto a favor de la contraparte que no incu- rrió en ninguno de los procesos de que trata el presente artículo, ésta podrá reclamarlo de conformidad con las disposiciones perti- nentes del proceso respectivo. En el caso en que dicha contraparte tenga garantías constituidas en dinero o valores en su poder, otor- gadas con relación a las operaciones en cuestión, podrá hacerlas efectivas sin intervención judicial hasta por el monto del saldo a su favor, al precio de mercado vigente en el caso de los valores,
en los términos que determine el Gobierno Nacional. Si dichas garantías están constituidas en bienes diferentes a dinero o valo- res, se podrán hacer efectivas sin intervención judicial, a un valor razonable de mercado, según el procedimiento que establezca el Gobierno Nacional. Las garantías que amparen el saldo neto de la obligación no podrán ser objeto de reivindicación, revocatoria, embargo, secuestro, retención u otra medida cautelar similar, ad- ministrativa o judicial, hasta tanto no se pague dicho saldo.
. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las acciones que puedan asistir al agente especial, el liquida- dor, los órganos concursales, a las autoridades pertinentes o a cualquier acreedor para exigir, en su caso, las indemnizaciones que correspondan o las responsabilidades que procedan, por una actuación contraria a derecho o por cualquier otra causa, de quie- nes hubieran realizado dicha actuación o de los que indebidamen- te hubieran resultado beneficiarios de las operaciones realizadas.
75. Certificado de Incentivo Forestal. El Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, señalará las entidades financieras que estarán autorizadas para reembolsar al beneficiario del CIF (Certificado de Incentivo Forestal) el monto equivalente a los derechos económicos correspondientes a un por- centaje de los costos de plantación mantenimiento y/o financieros inherentes a una producción forestal.
Los montos, plazos y oportunidades de tales reembolsos serán se- ñalados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien además, deberá asumir las funciones atribuidas en la Ley 139 de 1994 a las Corporaciones Autónomas Regionales en relación con el Certificado de Incentivo Forestal CIF para apoyo de programas de reforestación forestal comercial.
76. Garantías. Para cualquiera de las clases de derechos
de aprovechamiento forestal con fines comerciales, el volumen aprovechable o vuelo forestal constituye garantía real para tran- sacciones crediticias u otras operaciones financieras; esta norma rige para las plantaciones forestales comerciales y sistemas agro- forestales.
77. Normalización de Cartera. Con el fin de rehabilitar la población campesina beneficiaria de reforma agraria y a las asociaciones de usuarios de distritos de riego y sus asociados, an- te el sector financiero e incrementar la colocación de créditos des- tinados a la población dedicada a actividades agropecuarias, au- torízase al Incoder o a la entidad que adquiera o administre la car- tera, para que efectúe la reestructuración de los créditos (de tie- rras, producción, maquinaria agrícola, contribución por valoriza- ción y recuperación de inversión de los distritos y usuarios de rie- go) que le adeuden los beneficiarios y usuarios del Incoder o de las entidades liquidadas del sector cuyas funciones asumió dicho Instituto.
La anterior autorización incluye la remisión total o parcial de los intereses causados y estímulos al prepago (con rebajas de capital), de conformidad con el reglamento que establezca para tales efec- tos la Administración del Incoder o la entidad que adquiera o ad- ministre la cartera; así como la redención total o parcial de los in- tereses causados y capitalizados que adeuden estos usuarios en el marco de los programas de crédito de producción concedidos a usuarios de reforma agraria y garantizados por los antiguos Incora o Incoder.
Los contribuyentes y responsables de los impuestos territoriales que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo so- bre obligaciones tributarias anteriores a 31 de diciembre de 2008, con respecto a las cuales no se haya proferido sentencia definitiva, podrán conciliar dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la presente ley, con las entidades territoriales, hasta un veinte por ciento (20%) del mayor impuesto discutido, y el valor total de las sanciones e intereses según el caso, cuando el proceso contra una liquidación oficial se halle en primera instancia, lo anterior siempre y cuando el contribuyente o responsable pague el ochenta por ciento (80%) del mayor impuesto en discusión.
Si se trata de una demanda contra una resolución que impone una sanción, se podrá conciliar hasta un veinte por ciento (20%) el va-
lor de la misma, para lo cual se deberá pagar el ochenta por ciento (80%) del valor de la sanción y su actualización, según el caso.
Para el efecto, bastará con una comunicación escrita en la cual se manifieste que se normaliza la deuda y se desiste de las discusio- nes sobre la misma, anexando copia del recibo de pago y/o acuer- do de pago y del desistimiento del proceso correspondiente, el cual no requerirá de actuación adicional para su aceptación por parte de las autoridades judiciales.
. En aquellos procesos en los cuales no se haya aproba- do el acuerdo conciliatorio por la Jurisdicción Contenciosa Admi- nistrativa bajo la vigencia de la Ley 1111 de 2006 darán aplica- ción al presente artículo. 1
78. Registro Único de Seguros (RUS). Créase el Regis- tro Único de Seguros (RUS) al cual se podrá acceder mediante Internet, con el fin de proveer al público de información concreta, asequible y segura sobre las personas que han adquirido pólizas de seguros, las que están aseguradas por dichas pólizas y las bene- ficiarias de las mismas.
1 Sentencia C-333-10. los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto y el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1328 de 2009, “Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”.
El RUS incluirá información sobre las pólizas de seguros expedi- das por las compañías de seguros que operan en Colombia y sobre las pólizas expedidas por compañías extranjeras de conformidad con las autorizaciones previstas en la presente ley, atendiendo la reglamentación que para tal efecto se expida, la cual señalará el tipo de pólizas y la gradualidad con que las mismas deberán in- corporarse al registro.
Las compañías de seguros tendrán la obligación de suministrar permanentemente la información necesaria para la creación y fun- cionamiento del registro. El incumplimiento de esta obligación
facultará a la Superintendencia Financiera de Colombia para im- poner las sanciones previstas en el artículo 208 del Estatuto Fi-
79. Principios del Registro único de Seguros (RUS). El
Registro Único de Seguros (RUS) se regirá por los siguientes
b. Asequibilidad: El Registro funcionará de tal manera que las
personas puedan fácilmente consultar la información.
c. Privacidad: El Registro contendrá única y exclusivamente la
información relacionada con la existencia de la póliza, su vigen- cia, sus tomadores, beneficiarios y asegurados.
80 . Remuneración de ahorro programado destinado a la adquisición de vivienda de interés social y prioritario. El ahorro programado destinado a la adquisición de VIS y VIP tendrá una remuneración igual a la UVR. Esta disposición será aplicable a las cuentas que se abran con posterioridad a la promulgación de la presente Ley.
81. Adiciónase el siguiente inciso al numeral 8° del artí-
culo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero el cual
quedará, así:
Así mismo, podrá establecer acuerdos y formar parte de organis- mos, juntas y colegios internacionales de supervisión, con el obje- to de coordinar y tomar medidas conjuntas de supervisión.
82. Adiciónase el siguiente inciso al literal b) del nume-
ral 2° del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Finan-
Así mismo, podrá autorizar las inversiones de capital realizadas por las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Super- intendencia Financiera de Colombia, efectuadas de manera directa
o a través de sus filiales y subsidiarias, en entidades financieras,
del mercado de valores, compañías de seguros, de reaseguros y en sucursales y agencias domiciliadas en el exterior. Las matrices sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Finan- ciera de Colombia requerirán de la mencionada autorización, cuando quiera que se pretenda incrementar la inversión de capital en una filial o subsidiaria del exterior. El Gobierno Nacional re- glamentará los criterios de materialidad aplicables a dicha autori- zación.
83. Modifícase el artículo 22 de la Ley 964 de 2005 el
22. Aplicación del Estatuto Orgánico del Sistema Fi- nanciero. En la constitución de las entidades de que trata el pre- sente título se aplicará lo previsto por el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero siempre que no sea contrario a las disposiciones especiales sobre la materia. Igualmente les serán
aplicables a dichas entidades los artículos 72, 73, 74, 81, 88 y 102
a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas que las modifiquen, sustituyan o complementen.
Las causales, procedencia de la medida y demás reglas previstas para la toma de posesión, liquidación forzosa administrativa y pa-
ra los institutos de salvamento y protección de la confianza públi- ca previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero serán aplicables a la Superintendencia Financiera de Colombia y a las entidades sometidas a su inspección y vigilancia permanente, en lo que sean compatibles con su naturaleza.
La fusión, escisión, conversión, adquisición, cesión de activos, pasivos y contratos de las entidades señaladas en el presente capí- tulo se regirá, en lo pertinente, por lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.
Lo previsto en el numeral 8 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, será aplicable a la Superintendencia Fi- nanciera, en cuanto hace a sus vigilados o controlados, con el fin de asegurar que la supervisión pueda desarrollarse de manera con- solidada, proteger a los inversionistas y preservar la estabilidad e integridad del mercado. No obstante, la Superintendencia podrá promover mecanismos de intercambio de información can orga- nismos de supervisión de otros países y con las organizaciones internacionales que agrupe dichos organismos de supervisión. Cuando la información que se suministre tenga carácter confiden- cial, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá entregarla con el compromiso de que la misma sea conservada por la autori- dad de supervisión o la organización internacional que los agrupe, con tal carácter.
Lo previsto en el numeral 2 del artículo 118 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, será aplicable a las entidades sometidas a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia Fi- nanciera en cuanto hace a la posibilidad de realizar nuevas opera- ciones en el Mercado de Valores.
Adicionalmente, lo dispuesto en el literal i) del numeral 2 del artí- culo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero será apli-
cable a la Superintendencia Financiera respecto de las Entidades sometidas a su inspección y vigilancia permanente.
84. Auditorías. La Superintendencia Financiera de Co-
lombia podrá ordenar a las entidades vigiladas la contratación de auditorías externas. El Gobierno Nacional deberá, mediante nor- mas de carácter general, establecer los objetivos y eventos de las mencionadas auditorías, así como la forma en que las mismas de- berán llevarse a cabo, el contenido de los informes y los demás aspectos relacionados con la manera como se realizarán.
85. Modifícase el numeral 1 del artículo 13 del decreto
2206 de 1998, el cual quedará así:
1. Se deberá ofrecer una garantía adecuada a ahorradores y depo- sitantes de buena fe, dentro de los topes que señale la junta direc- tiva. En todo caso, la cobertura deberá tomar en cuenta la distri- bución del tamaño de los depósitos de las entidades cooperativas con el fin de atender prioritariamente a los pequeños depositantes y ahorradores. La cobertura podrá ser diferente para las coopera- tivas financieras, las cooperativas de ahorro y crédito y las coope- rativas multiactivas con sección de ahorro y crédito.
86. Adiciónase un inciso segundo y un parágrafo tercero al artículo 111 de la Ley 795 de 2003, los cuales quedarán así:
Las entidades de carácter cooperativo o mutual, las entidades sin ánimo de lucro y las sociedades comerciales, con excepción de las empresas aseguradoras, podrán prestar directamente y en especie este tipo de servicios, independientemente de que las cuotas can- celadas cubran o no el valor de los servicios recibidos, cualquiera sea la forma jurídica que se adopte en la que se contengan las obligaciones entre las partes.
3°. Las empresas aseguradoras autorizadas por la Su- perintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, en la explotación del ramo del seguro exequial o cualquiera otro con modalidad de cubrimiento para gastos funerarios, deberán indem- nizar únicamente en dinero a favor del tomador o sus beneficia-
rios, previa comprobación por parte de éstos del pago del monto del servicio funerario asegurado, suministrado directamente por entidades legalmente constituidas para prestar este tipo de servi- cios exequiales; salvo que el servicio funerario se preste con afec- tación a la póliza de seguro obligatorio en accidentes de tránsito (SOAT).
. Beneficios Económicos Periódicos. Las personas de
escasos recursos que hayan realizado aportes o ahorros periódicos o esporádicos a través del medio o mecanismo de ahorro determi- nados por el Gobierno Nacional, incluidas aquellas de las que tra- ta el artículo 40 de la Ley 1151 de 2007 podrán recibir beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, de los previs- tos en el Acto legislativo 01 del 2005, como parte de los servicios sociales complementarios, una vez cumplan con los siguientes re- quisitos:
1. Que hayan cumplido la edad de pensión prevista por el Régi-
men de Prima Media del Sistema General de Pensiones.
2. Que el monto de los recursos ahorrados más el valor de los
aportes obligatorios, más los aportes voluntarios al fondo de pen- siones obligatorio y otros autorizados por el Gobierno Nacional
para el mismo propósito, no sean suficientes para obtener una pensión mínima.
3. Que el monto anual del ahorro sea inferior al aporte mínimo
anual señalado para el Sistema General de Pensiones.
. Para estimular dicho ahorro a largo plazo el Gobierno Nacional, con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad Pen- sional y teniendo en cuenta las disponibilidades del mismo, podrá establecer incentivos que se hagan efectivos al finalizar el período de acumulación denominados periódicos que guardarán relación con el ahorro individual, con la fidelidad al programa y con el monto ahorrado e incentivos denominados puntuales y/o aleato- rios para quienes ahorren en los períodos respectivos.
En todo caso, el valor total de los incentivos periódicos más los denominados puntuales que se otorguen no podrán ser superiores
al 50% de la totalidad de los recursos que se hayan acumulado en este programa, de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
Los incentivos que se definirán mediante los instructivos de ope- ración del Programa Social Complementario, denominado Bene- ficios Económicos Periódicos, deben estar orientados a fomentar tanto la fidelidad como la cultura del ahorro para la vejez.
En todo caso, el ahorrador sólo se podrá beneficiar del incentivo periódico si cumple con los requisitos establecidos en los numera- les anteriores y ha mantenido los recursos en el mecanismo a la fecha de obtener un Beneficio Económico Periódico, salvo el caso de los incentivos aleatorios.
Como mecanismo adicional para fomentar la fidelidad y la cultura del ahorro el Gobierno determinará las condiciones en las cuales los recursos ahorrados podrán ser utilizados como garantía para la obtención de créditos relacionados con la atención de imprevistos del ahorrador o de su grupo familiar, de conformidad con la re- glamentación que se expida para tal efecto.
También se podrá crear como parte de los incentivos la contrata- ción de seguros que cubran los riesgos de invalidez y muerte del ahorrador, cuya prima será asumida por el Fondo de Riesgos Pro- fesionales. El pago del siniestro se hará efectivo mediante una suma única.
Los recursos acumulados por los ahorradores de este programa constituyen captaciones de recursos del público; por tanto el me- canismo de ahorro al que se hace referencia en este artículo será administrado por las entidades autorizadas y vigiladas por la Su- perintendencia Financiera de Colombia.
El Gobierno Nacional podrá establecer el mecanismo de adminis- tración de este ahorro, teniendo en cuenta criterios de eficiencia, rentabilidad y los beneficios que podrían lograrse como resultado de un proceso competitivo que también incentivo la fidelidad y la
cultura de ahorro de las personas a las que hace referencia este artículo.
Con las sumas ahorradas, sus rendimientos, el monto del incenti- vo obtenido y la indemnización del Seguro, cuando a ella haya lugar, el ahorrador podrá contratar un seguro que le pague el Be- neficio Económico Periódico o pagar total o parcialmente un in- mueble de su propiedad.
Todo lo anterior de conformidad con el reglamento que para el efecto adopte el Gobierno Nacional, siguiendo las recomendacio- nes del CONPES Social.
88. Intereses con cargo a obligaciones de la Nación. En
todos los eventos en los que la Nación o las entidades públicas, de cualquier orden, deban cancelar intereses por mora causados por obligaciones a su cargo, la indemnización de perjuicios o la san- ción por mora no podrá exceder el doble del interés bancario co- rriente vigente al momento de la fecha establecida legalmente pa-
ra realizar el pago.
De igual forma, toda suma que se cobre a la Nación o a las enti- dades públicas como sanción por el simple retardo o incumpli- miento del plazo de una obligación dineraria adeudada en virtud de un mandato legal se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación.
89. Modifíquese el último inciso del literal a) del artícu-
lo 4 de la Ley 964 de 2005, el cual quedará así:
En ejercicio de esta facultad el Gobierno Nacional regulará el comercio transfronterizo de los servicios propios de las activida- des previstas en el artículo 3° de la presente ley, incluyendo la po- sibilidad de homologar o reconocer el cumplimiento de los requi- sitos necesarios para el efecto.
En desarrollo de esta facultad el Gobierno Nacional igualmente podrá autorizar el acceso directo de agentes del exterior al merca- do de valores colombiano y homologar o reconocer el cumpli- miento de los requisitos necesarios que permitan el acceso a los
servicios que prestan los proveedores de infraestructura del mer- cado de valores colombiano.
90. Modifíquese el último inciso del parágrafo 2 del lite-
ral a) del artículo 7 de la Ley 964 de 2005, el cual quedará así:
Así mismo, podrá autorizar a las bolsas de valores y a los siste- mas de negociación de valores para que a través de ellos se nego- cien valores emitidos en el extranjero que no se encuentren inscri- tos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, a través de sis- temas de cotizaciones de valores del extranjero en los términos y condiciones que el Gobierno Nacional determine.
91. Adiciónase un parágrafo 3 al literal a) del artículo 7
de la Ley 964 de 2005, con el siguiente texto:
3°. La Superintendencia Financiera de Colombia no ejercerá funciones de inspección, vigilancia o control sobre mer- cados de valores del exterior y sus agentes o sobre emisores ex- tranjeros cuyos valores sean listados en sistemas de cotizaciones de valores del extranjero. Lo anterior, sin perjuicio de las atribu- ciones que en el ámbito de su competencia le correspondan res- pecto de los sistemas de cotizaciones de valores del extranjero y los respectivos administradores de éstos.
92. Para los efectos de lo dispuesto en el parágrafo 3°
del artículo 71 de la Ley 964 de 2005, el plazo para enajenar el exceso del tope máximo de participación accionaria permitida en la Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. que se encuentre en titulari- dad de la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será el último día del mes de diciembre del año 2009. En todo ca- so, y con excepción a la regla general contenida en el artículo 71 parágrafo 3° de la ley 964 de 2005, el tope máximo aplicable a la titularidad de las acciones en cabeza de la Nación será del trece por ciento (13%).
93. Los deudores del Programa de Reactivación Agro-
pecuaria Nacional, PRAN Agropecuario, de que trata el Decreto 967 de 2000, y los deudores de los programas PRAN Cafetero, PRAN Alivio Deuda Cafetera y PRAN Arrocero, de que tratan
los Decretos 1257 de 2001, 931 de 2002, 2795 de 2004, y 2841 de 2006, podrán extinguir las obligaciones a su cargo, mediante el pago de contado dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley del valor que resulte mayor entre el treinta por ciento (30%) del saldo inicial de la obligación a su cargo con el referido Programa, y el valor que Finagro pagó al momento de adquisición de la respectiva obligación.
1°. Sin perjuicio de lo anterior, aquellos deudores que hayan realizado abonos a capital, podrán extinguir sus obligacio- nes cancelando la diferencia entre el valor antes indicado y los abonos previamente efectuados.
2°. Aquellos deudores que se acogieron a los términos de los Decretos 4222 de 2005, 3363 de 2007, 4678 de 2007 o 4430 de 2008, este último en cuanto a las modificaciones introdu- cidas a los artículos 6° del Decreto 1257 de 2001 y 10 del Decreto 2795 de 2004, podrán acogerse a lo previsto en la presente Ley, en cuyo caso se reliquidará la obligación refinanciada, para de- terminar el valor a pagar.
3°. Para acogerse a las condiciones establecidas en la presente Ley, los deudores deberán presentar el Paz y Salvo por concepto de seguros de vida, honorarios, gastos y costas judicia- les, estos últimos, cuando se hubiere iniciado contra ellos el cobro de las obligaciones.
4°. Finagro, o el administrador o acreedor de todas las obligaciones de los programas PRAN deberá abstenerse de ade- lantar su cobro judicial por el término de un (1) año contado a partir de la vigencia de la presente Ley, término éste dentro del cual se entienden también suspendidos los procesos que se hubie- ren iniciado, así como la prescripción de dichas obligaciones, con- forme a la Ley civil. Lo anterior sin perjuicio del trámite de los procesos concursales.
5°. Finagro, o el administrador o acreedor de las obli- gaciones de los programas PRAN, deberá abstenerse de adelantar el cobro judicial contra un deudor, cuando el monto total del res-
pectivo endeudamiento por capital para las distintas obligaciones en los programas de los que sea administrador o acreedor sea igual o inferior a $3.500.000 del año de expedición de la presente Ley. Para su recuperación sólo se adelantará cobro prejudicial.
94. Las sociedades fiduciarias podrán celebrar contratos
de fiducia mercantil con la Nación o con sus entidades descentra- lizadas, cuyo objeto sea la administración, gestión y ejecución de
los recursos correspondientes a subsidios familiares de vivienda de interés social asignados en especie mediante la adquisición de soluciones de vivienda.
Dichos recursos se transferirán directamente: a los patrimonios autónomos que se creen para el efecto, teniendo como exclusiva finalidad la gestión eficiente de los mismos y la adquisición de las respectivas soluciones de vivienda.
Las sociedades fiduciarias que administren dichos recursos se se- leccionarán a través de licitación pública y su remuneración podrá pactarse con cargo a los rendimientos financieros generados por los recursos administrados los cuales deben encontrarse presu- puestados en los términos previstos en el numeral 5° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
95. Autorizase al Fondo Nacional del Ahorro, Empresa
Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero del or- den nacional, para administrar en un Fondo separado los recursos provenientes de los subsidios familiares de vivienda interés social asignados por la Nación y/o sus entidades descentralizadas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, y en el futuro, sean objeto de revocación o renuncia. Dichos recursos se incorpo- rarán al presupuesto del Fondo Nacional de Vivienda - Fonvi- vienda, para ser transferidos al Fondo Nacional del Ahorro, de acuerdo con las normas aplicables.
Con cargo a tales recursos, Fonvivienda otorgará subsidios fami- liares de vivienda de interés social a los beneficiarios de los crédi- tos otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro, con el fin de ob- tener el cierre financiero.
96. Con el propósito de promover la adopción y el desa-
rrollo voluntario de actividades de responsabilidad social por par-
te del sistema financiero, asegurador y del mercado de valores, créase el programa de balance social como una herramienta de gestión empresarial que sirva para divulgar el impacto que dichas actividades tienen en la población colombiana.
Para tal efecto, el Gobierno Nacional en un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la sanción de la presente ley; definirá la ma- nera como las entidades antes señaladas cumplirán con el deber de informar, al menos una vez al año, los distintos programas que de acuerdo con sus políticas de gobierno corporativo tengan im- plementados en Colombia para atender a los sectores menos favo- recidos.
97. Las Entidades Financieras se abstendrán de cobrar a
los Pensionados las libretas o talonarios necesarios para los mo-
vimientos de sus respectivas cuentas de ahorro.
98. La prestación del servicio financiero de giros y transferencias nacionales e internacionales de dinero estará some- tida a las reglas y condiciones que para el efecto establezca el Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Junta Directiva del Banco de la República, en el ámbito de sus respectivas competencias. Dicha regulación de- berá contemplar, entre otros, requisitos patrimoniales, de protec- ción al consumidor y de gestión de riesgos, incluidos, los de pre- vención de lavado de activos y operativo.
99. Competencia en tarifas y comisiones de los produc-
tos y servicios financieros. Con el propósito de promover una sa- na competencia en el ofrecimiento y suministro de los productos y servicios financieros prestados masivamente, las entidades vigila- das por la Superintendencia Financiera de Colombia deberán es- tablecer un esquema de autorregulación que permita identificar prácticas restrictivas que incidan en la determinación de las tarifas y comisiones de los productos y servicios financieros.
En virtud del tal esquema, las entidades deberán establecer meca- nismos que garanticen el desarrollo de la actividad financiera, dentro de parámetros razonables que estimulen la profundización del sistema y el acceso del consumidor financiero al mismo.
100. Corresponsales Cambiarios. Podrán ser correspon- sales Cambiarios para los Intermediarios del Mercado Cambiario y bajo su plena responsabilidad, los Profesionales de compra y venta de divisas y las Entidades idóneas que mediante Contrato de Mandato hagan uso de su red para la realización de las Operacio- nes autorizadas, con excepción del envío o recepción de giros en moneda extranjera. El Gobierno reglamentará los servicios finan- cieros prestados por los Intermediarios del Mercado Cambiario, a través de sus corresponsales.
. Los Profesionales de compra y venta de divisas que deseen actuar como corresponsales cambiarlos, deberán acreditar ante su Entidad de Control y Vigilancia, además de los requisitos vigentes, condiciones éticas, de responsabilidad, carácter e ido- neidad profesional de los interesados, y cumplir con los siguientes requisitos:
a. Acreditar un patrimonio mínimo de 300 millones de pesos, el cual se ajustará anualmente de acuerdo con el IPC.
b. Constituirse en Sociedad Anónima
c. Demostrar que cuentan con una infraestructura técnica, admi-
nistrativa y humana tal, que les permita velar de manera adecuada
por los intereses de quienes realizan las operaciones establecidas en el Contrato de Mandato en procura de lograr el objeto del
d. Poseer un nivel de sistematización (Hardware y Software), que
permita un manejo oportuno, correcto y adecuado de la informa- ción, en tiempo real y en línea, de las diferentes operaciones que se lleven a cabo en desarrollo del Contrato de Mandato.
. Hasta tanto se expida la reglamen- tación especial a que hace referencia el numeral 4 del artículo 318 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, adicionado median-
te el artículo 43 de la presente ley, la Superintendencia Financiera ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control del Fon- do de Garantías de Instituciones Financieras bajo la normatividad vigente.
. Las disposiciones contenidas en el Título VI en los artículos 47 a 51; incisos primero y segundo, parágrafo primero e inciso primero del parágrafo segundo del artículo 52; 53; 55; literales b), d) e i), inciso primero, del artículo 56 e inciso primero del artículo 60, entrarán en vigencia catorce (14) meses después de la promulgación de la presente Ley.
Lo establecido en los incisos tercero y cuarto e inciso segundo del parágrafo segundo del artículo 52; inciso segundo del literal i) del artículo 56; artículo 58 e inciso segundo del artículo 60, regirán a partir del 1° de enero de 2010.
Hasta tanto entren a regir las disposiciones cuya vigencia se apla- za según lo establecido en el presente artículo serán plenamente aplicables las disposiciones que tales normas modifican o adicio- nan.
101. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de su promulgación con excepción de las reglas especiales de vigencia en ella contempladas y de los siguientes artículos: 1 a 22, los cuales regirán a partir del 1º de julio de 2010; 35, el cual regirá tres (3) meses después de la promulgación de la presente ley; y 61 a 66, los cuales regirán cuatro (4) años después de la promulgación de la presente Ley. Adicionalmente deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el literal c) del artículo 72 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; los numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 5 del artículo 98 del Estatuto Orgá- nico del Sistema Financiero, cuya derogatoria operará a partir del 1° de julio de 2010; el numeral 1° del artículo 120 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; los numerales 2° y 3° del artícu- lo 124 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; el numeral 1° del artículo 148 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; el literal d) del artículo 177 del Estatuto Orgánico del Sistema Fi- nanciero; el artículo 188 del Estatuto Orgánico del Sistema Fi-
nanciero, cuya derogatoria operará cuatro (4) años después de la promulgación de la presente Ley; los artículos 12 y 100 de la Ley 510 de 1999; el parágrafo del artículo 53 de la Ley 31 de 1992; el numeral 3° del artículo 1230 del Código de Comercio.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Fernández Acosta
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Progreso Febrero 2015
13-0904-00-365298-1-1_DB_20130213154816

References: artículo 13
 artículo 53
 resolución 
 resolución 
 artículo 53
 artículo 208
 artículo 52
 artículo 46
 artículo 48
 artículo 113
 artículo 208
 artículo 101
 artículo 101
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 40
 artículo 4
 artículo 270
 artículo 270
 artículo 271
 artículo 277
 artículo
283
 artículo 3
 artículo 41
 Artículo 45
 artículo 296
 artículo 116
 artículo 317
 artículo 318
 artículo 320
 artículo 14
 artículo 20
 artículo 59
 artículo 60
 artículo 63
 artículo 97
 artículo 104
 artículo 62
 artículo 20
 artículo 108
 artículo 14
 artículo 25
 artículo 48
 artículo 31
 artículo 170
 artículo 39
 artículo 208
 artículo 40
 artículo 39
 artículo 41
 artículo 39
 artículo 108
 artículo 39
 artículo 53
 resolución 
 artículo 53
 artículo 48
 artículo 50
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 68
 artículo 25
 resolución 
 artículo 77
 artículo 208
 artículo 326
 artículo 22
 artículo 53
 artículo 326
 artículo 118
 artículo 13
 artículo 111
 artículo 40
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 32
 artículo 318
 artículo 43
 artículo 52
 artículo 56
 artículo 60
 artículo 52
 artículo 56
 artículo 58
 artículo 60
 artículo 72
 artículo 98
 artículo 120
 artículo 148
 artículo 177
 artículo 188
 artículo 53
 artículo 1230