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Timestamp: 2020-05-26 07:16:25+00:00

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HISTORIKA: MALVINAS (IV): LA DERROTA DIPLOMÁTICA DE GRAN BRETAÑA
MALVINAS (IV): LA DERROTA DIPLOMÁTICA DE GRAN BRETAÑA
Es claro como el agua que la lucha de las naciones latinoamericanas por constituir y afirmar su identidad en un contexto permanentemente hegemonizado por las superpotencias anglosajonas y constantemente interferido por complejos fenómenos "globalizantes" (inclúyase la llamada "primera globalización" de los siglos XVIII y XIX e incluso la pretendida "proto-globalización" de los siglos XV-XVI-XVII) es un fenómeno tan relativamente reciente que nos perturba a niveles muy profundos, y eso nos dificulta analizar tales procesos históricos. A ello se debe añadir el actual proceso llamado por ciertos autores como "neo-populista", caracterizado por ser, entre otras cosas, un intento de poner un freno al extremismo "globalifílico" de los regímenes neoliberales de las décadas anteriores. Eso se traduce en un retorno de ciertos "fundamentalismos" nacionalistas, moderados en ciertos casos y quasi "chauvinistas" en otros. En cierto modo Latinoamérica en su totalidad está pasando por un proceso de "refundación" de sus nacionalidades, lo que lleva a permanentes roces tanto con vecinos como con potencias internacionales. Estados Unidos, Gran Bretaña e incluso Francia suelen ser enfrentados con un renovado fervor ante el menor indicio de interferencia en asuntos internos.
Ahora bien: ¿cómo entrever la delgada línea entre la militancia nacionalista a ultranza y la defensa legítima de intereses nacionales? Defensa legítima sí, pero de ningún modo habilitante a un historiador para justificarla utilizando demagogia o falseando deliberadamente los hechos. El fenómeno nacionalista, por más encuadrado en cánones democráticos que esté, suele ser pasional y despierta todo tipo de susceptibilidades. Se parte de la incuestionabilidad de cierto núcleo raíz de ideas y todo análisis se convierte así en un callejón sin salida con una conclusión forzosamente única.
En esta interesante coyuntura latinoamericana se atraviesa otro fenómeno de carácter internacional: la crisis económica que sacude Europa, Norteamérica y Japón (el mundo desarrollado) desde el 2008 y afecta a países emergentes (si bien a éstos, en muchos aspectos, los ha relanzado en la palestra internacional como nuevas potencias en algunos casos: Brasil, China, India, Rusia). Tal fenómeno produce no sólo contracción económica de las naciones industrializadas sino también una retracción hacia fenómenos nacionalistas de autoafirmación. Es necesario tener presente este escenario a la hora de analizar determinados hechos so pena de descontextualizarlos o entenderlos muy parcialmente (y parcializadamente).
En 1982 un desafortunado choque de procesos de reafirmación nacionalista convergentes produjo el encuentro bélico entre una nación latinoamericana emergente y otra perteneciente al grupo de las potencias coloniales en desgracia desde su pérdida definitiva de hegemonía mundial en favor de Estados Unidos a partir de 1945. La Guerra de Malvinas fué el corolario de una serie de desatinos diplomáticos entre una dictadura fascista latinoamericana en decadencia, apoyada por Estados Unidos, y un régimen neoliberal conservador en recesión aliado estrechamente con la superpotencia mundial. Una compleja urdimbre de intereses encontrados que terminó en una desgracia, podríamos decir.
Para explicar el comienzo de esta nueva etapa en las relaciones diplomáticas argentino-británicas hay que elevarse al 5 de julio de 1945, cuando el gobierno de Juan Domingo Perón presentó el proyecto, aprobado unánimemente en la Cámara de Diputados, de someter el diferendo por la soberanía de las islas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por vez primera el conflicto dejaba de ser una cuestión bilateral exclusivamente y se ponía a discusión en foros multinacionales. No obstante eso la escalada de incidentes y acciones bilaterales no cesó y alcanzó varios picos de tensión.
En 1947 se instituye la Subcomisión Islas Malvinas e Islas Georgias del Sur y el 9 de junio de 1948 la División Antártida y Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina (Decreto Nº 17040). La nación sudamericana anunciaba así su intención de defender sus derechos sobre las islas del Atlántico Sur y una parte de la Antártida y preparaba su defensa legal ante los foros internacionales. Gran Bretaña replicó inscribiendo en 1948 a las islas como Territorio No Autogobernado o Territorio Dependiente Británico. En 1950 el Congreso Nacional Argentino declara a la Malvinas como "posesión argentina". La réplica es una Ordenanza Real británica del día 21 de diciembre de 1950 extendiendo la soberanía de las islas sobre 85.000 km2 de subsuelo y plataforma submarina.
Conjuntamente con las acciones diplomáticas ocurrieron algunos incidentes. En 1947 hubo maniobras y desembarco de personal y equipo por parte de toda una escuadra de la Armada Argentina en varias islas del Atlantico Sur. Las acciones formaban parte del proceso de instalación de bases militares argentinas en parte del territorio antártico y sus adyacencias reclamados (Argentina poseía desde 1904 la Base o Estación científica de las islas Orcadas). Hubo algunos roces con la fragata inglesa HMS Snipe y el crucero HMS Nigeria apostados en la zona, pero la escuadra argentina decidió retirarse. Le siguió un período de distención consumado por el retiro de la zona de los navíos británicos de guerra en 1949.
En 1952 el tono de las declaraciones subió nuevamente y Buenos Aires anunció la ocupación de los territorios australes reclamados. El 1 de febrero de 1952 se produjo un incidente bélico de baja intensidad en Bahía Esperanza (Hope Bay). Desde el 14 de enero de ese año personal del ARA Chiriguano, buque de la Armada Argentina, se encontraba construyendo el Destacamento Naval Esperanza, cuando el 1 de febrero fué enviado un equipo civil de la Falkland Islands Dependencies Survey en el buque John Biscoe a reconstruir la antigua Base D, instalada en 1945 e incendiada en 1948. Hubo advertencias y luego disparo de ráfagas de ametralladora por parte de militares argentinos a las órdenes del teniente de fragata Luis Casanova, lo que obligó al equipo británico a reembarcarse. El gobierno argentino informó al embajador británico de que se trató de un malentendido y un exceso de autoridad de Casanova (aunque éste no fué removido de su cargo). El 4 de febrero, al llegar la nota de protesta del Gobierno británico, el gobernador de las Falkland, sir Miles Clifford, desembarcó infantes de marina en Bahía Esperanza en la fragata HMS Burghead Bay como protección al buque John Biscoe en su tarea de transportar a quienes realizarían los trabajos de reconstrucción de la Base D. También se envió a la zona el HMS Superb con autorización de uso de la fuerza. La tensión aumentó con el desembarco argentino en isla Decepción (Shetland del Sur) en 1953. En realidad se trató de la inauguración del Refugio Naval Thorne el 3 de enero y el Refugio Teniente Lasala el 17 de enero por parte del buque ARA Chiriguano, donde se dejó a un sargento y a un cabo (desde el 25 de enero de 1948 Argentina poseía una base científica en la isla llamada Destacamento Naval Decepción). El 15 de febrero 32 royal marines desembarcaron del HMS Snipe, destruyeron los dos refugios y los dos marinos argentinos fueron devueltos a un barco de su nacionalidad el 18 de febrero. Sin embargo el compromiso de nointerferencia mutuo en Bahía Esperanza aportó un breve período de calma. Éste se vió roto por los incidentes en la isla Dundee, en el archipiélago de Joinville a fines de 1853. Para poner fin a la tensión el presidente Perón, en ocasión de la ceremonia de coronación de la reina Isabel II en 1853, envió al contraalmirante Alberto Tesaire, presidente provisional del senado, con instrucciones para negociar en privado un traspaso de la soberanía de las islas al Estado argentino a cambio de una compensación financiera. El Foreign Office rechazó la oferta porque temía debilitar aún más el régimen del Primer Ministro Churchill ante la opinión pública.
En 1964 se inició una nueva escalada de tensiones. En septiembre ocurre el incidente en el que el piloto civil argentino Miguel Fitzgerald aterriza una avioneta en el hipódromo de Port Stanley y despliega una bandera de su país, logrando regresar impunemente a suelo argentino sin ser capturado. Londres elevó una protesta ante la ONU pero Buenos Aires desligó responsabilidades en el asunto. El gobierno británico decidió establecer un destacamento permanente de royal marines en las islas.
En setiembre de 1966 la tensión llegaba a un pico extremo cuando un grupo comando acompañado por dos periodistas del diario Crónica, secuestran el vuelo 648 que hacía el trayecto Buenos Aires-Río Gallegos, transportando al entonces gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y lo desvían hacia las islas haciéndolo aterrizar en el hipódromo de Port Stanley. La llamada "Operación Cóndor" (curioso nombre) pretendía asaltar la casa del gobernador y el arsenal pero se empantanaron en el hipódromo y fueron sitiados por las fuerzas de seguridad locales. Con la intervención de un cura católico local que, incluso, ofició una misa en castellano, se consiguió que los secuestradores entregaran las armas al comandante del avión, Ernesto Fernández García, y se rindieran ante las autoridades locales. De vuelta en Argentina dos días después de su llegada a las islas, transportados en el ARA Bahía Buen Suceso, fueron juzgados por el gobierno de facto de Onganía. La mayoría recibió condenas de nueve meses y tres de elos de tres años debido a sus antecedentes políticos. Hubo protestas y acciones antibritánicas, como el tiroteo de la embajada en Buenos Aires, lo que motivó un rápido pedido de disculpas del gobierno argentino a su par británico. Londres aumentó el regimiento de Royal Marines en Falkland de 6 efectivos a 40, elevándolo a la categoría de pelotón.
El 27 de noviembre de 1968 en una operación orquestada por el diario Crónica, en la que participaron el piloto Fitzgerald, el director del matutino y un periodista, una avioneta propiedad del medio de prensa aterrizó en condiciones algo forzosas en un camino próximo al hipódromo de Port Stanley. Los intrusos fueron detenidos por 48 horas y luego devueltos a Río Gallegos.
A todo esto la República Argentina, presidida por Arturo Illia, obtiene un contundente triunfo diplomático en el seno de las Naciones Unidas. La resolución 1514 (XV) Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, del 14 de diciembre de 1960 (aprobada por 89 votos a favor y 9 abstenciones), hace referencia en los puntos 2, 4, 6 y 7 al respeto a la autodeterminación, a la unidad nacional y a la integridad territorial. A su vez las resoluciones 1654 (XVI) y 1810 formalizaban el "Comité Especial de los Veinticuatro" para hacer un seguimiento de los procesos de descolonización. El caso Malvinas cayó en la esfera del Subcomité III. El gobierno de Illia presionó y logró que la ONU obligara a Londres a debatir y negociar el statu quo de las islas (Londres quería mantener el statu quo vigente en base a una interpretación parcial de la resolución). En las sesiones de setiembre de 1964, ambas delegaciones presentaron sus respectivas tesis: José María Ruda lo hizo por el lado argentino y Cecil King por la parte británica. Con fuerte respaldo latinoamericano (en especial de Uruguay y Venezuela) se aprobó punto por punto la tesis argentina. El principal éxito residía en el reconocimiento internacional de que la resolución 1514 debía aplicarse al territorio y no a la población en el caso de Malvinas (predominio del principio de integridad territorial de un Estado sobre el principio de autodeterminación del pueblo).
La estategia argentina tuvo eco y resonancia en un especial momento de la historia, signado por el proceso de descolonización que había entrado en una recta de consolidación. Precisamente el principio de integridad territorial encontraba una amplia aprobación inclusive entre algunas de las potencias colonialistas (de ese modo defendían derechos como los de España sobre las islas Canarias, Dinamarca sobre Groenlandia, Francia sobre Córcega, etc). La búsqueda de la preservación de los statu quo territoriales, muchos de ellos irrespetuosos de derechos de autodeterminación e identidad étnica, estaba unida a la pretensión de lograr un equilibrio internacional que satisfaciera tanto a los nuevos Estados como a las ex potencias coloniales. Los casos como el de Timor Oriental, en poder portugués entonces y reclamado por Indonesia (que lo ocupó en 1975) o Taiwán, cuya independencia no era aceptada por China continental que, de hecho, consiguió desplazarla en el Consejo de Seguridad de la ONU en 1971, o el caso de la República ibo de Biafra, cesesionada de la Federación de Nigeria en 1967 pero reincorporada a la fuerza en el Estado africano conformado en 1960, constituyen ejemplos de cómo se oponían los derechos de integridad territorial por encima de los ligados a la autodeterminación de los pueblos. Muchas de las nuevas naciones nacieron amenazadas con desintegrarse en un maremágnum de pequeñas e inestables estructuras y ese era un riesgo que debía evitarse. Por eso tuvo muy buena acogida la tesis argentina en el seno de unas Naciones Unidas donde las representaciones de los países emergentes eran mayoritarias. Se instalaba la idea de que Malvinas era un enclave colonial equiparable a Adén, Gibraltar o Hong Kong, que debía ser restituído a sus legítimos dueños. De ese modo se convertía en uno de los símbolos de la lucha contra el colonialismo y la prepotencia de las naciones con un pasado colonialista. Claro está que también tales enclaves y su defensa se convirtieron en símbolos de orgullo patriótico de esas antiguas potencias.
Como corolario de una brillante serie de éxitos diplomáticos por parte de Argentina, el 16 de diciembre de 1965 se aprueba, con 94 votos a favor y 14 abstenciones, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución 2065 (XX) basada en el informe previamente aprobado por 87 votos a favor y 13 abstenciones de la IV Comisión de Asuntos Coloniales de la Asamblea General. La resolución consagra la derrota diplomática de Londres que incluso, contó con el respaldo explícito de Estados Unidos en su pretensión de llevar las negociaciones fuera de la órbita de Naciones Unidas. Obliga a Gran Bretaña y Argentina a negociar e informar tanto al Comité Especial como a la Asamblea General de los progresos, además de sancionar la descolonización de las islas sobre el principio de integridad territorial y no sobre el de autodeterminación. El éxito diplomático argentino fué tan rotundo que Gran Bretaña tuvo que empezar a ceder a pesar del orgullo nacional herido.
El 14 de enero de 1966 el Reino Unido aceptaba oficialmente la validez de la resolución 2065 a través de la firma en forma conjunta de un documento por parte del canciller argentino Miguel Ángel Zavala Ortiz y el secretario de Estado de Relaciones Exteriores británico Michael Stewart. Pero luego ocurre el golpe de Estado de Onganía y las conversaciones se enrarecen, mediatizadas por los incidentes como el de la "Operación Cóndor". Onganía había nombrado al brigadier Eduardo Mc Loughlin como embajador en Londres y encargado de las negociaciones. Tras algunas propuestas evasivas como la del congelamiento por 30 años de las conversaciones y traspaso de la decisión al pueblo de las Malvinas, en marzo de 1967 el gobierno británico anuncia que está dispuesto a traspasar la soberanía de las islas siempre que se respete el "deseo" de los isleños. Téngase en cuenta que la resolución de la ONU establece que se deben respetar los "intereses" pero no los "deseos" de los habitantes de las islas, por lo que no se puede objetar la negativa argentina a la propuesta británica. Pero también debe tenerse en cuenta que el Parlamento londinense estaba siendo presionado por un llamado "Falklands Lobby" (Comité del Reino Unido y las islas Falkland), compuesto por influyentes ciudadanos y financiado por la Falkland Islands Company. En febrero de 1968 el Lobby presionó al Parlamento británico para que se interpelara a Lord Chalfont, representante del Foreign Office, y al ministro Stewart, cosa que se hizo en marzo. No se llegó a un consenso y el gobierno sólo se comprometió a someter a convalidación de los isleños un posible acuerdo binacional. De este modo el 28 de marzo hubo un acuerdo entre Mc Loughlin y Stewart sobre la base de la atención de los "intereses" y no los "deseos" de los isleños, a la par que se dejaba de lado la cuestión de la "autodeterminación". Los ministros Nicanor Costa Méndez y Charles Stewart comunicaron a la Asamblea General de la ONU los términos del Memorándum conjunto. El giro sorprendente que tuvo este episodio dos meses después no deja de consternar a los analistas. Lord Chalfont defendió ante los isleños la conveniencia de continuar con el traspaso de soberanía y, junto con Stewart, debió soportar el embate del Lobby, de los conservadores y de la prensa británica. Sin embargo el gobernante de facto Onganía mantuvo un obstinado silencio sobre cuyos motivos sólo existen especulaciones. Cuando se decidió a apoyar el Memorándum de Entendimiento en diciembre de 1968 el gobierno laborista inglés ya había cedido a la presión de la oposición. Stewart comunicó a Mc Loughlin que Londres no apoyaría el Memorándum y retrocedió hacia las exigencias anteriores: el respeto de los "deseos" de la población isleña y la discusión de descolonización sobre la base del principio de autodeterminación.
Gran Bretaña debió ceder nuevamente a la presión internacional en 1970: el 12 de octubre la Asamblea General de la ONU emitía la resolución 2621 (XXV) exigiendo la aceleración de las conversaciones sobre descolonización. Al año siguiente, tras varias evasivas, el Reino Unido aceptó negociar respecto al tema de las comunicaciones de las islas con el continente. El 1º de julio ambos gobiernos suscribieron un acuerdo de cooperación y compromiso de facilitación de circulación de bienes y servicios entre las islas y el continente. Los avances en este respecto fueron notorios en los siguientes meses (incluían convenios para construir un aeródromo e instalar una sucursal de Líneas Aéreas del Estado argentino en Port Stanley), contando con el beneplácito del Lobby, la Falkland Islands Company, la prensa y la oposición conservadora británica. Pero respecto a la agenda de descolonización Londres la evitó constantemente. En mayo de 1973 el nuevo gobierno democrático de Héctor Cámpora denunció ante la ONU la actitud británica. El 14 de diciembre la Asamblea general aprobaba la resolución 3160 (XXVIII) que instaba al cumplimiento de la resolución 2065. La "política amistosa" parecía llegar a su fin (declaraciones del canciller Alberto Vignes en julio de 1974), si bien no se interrumpieron las negociaciones.
El gobierno del primer ministro británico Harold Robins aceptó la reapertura de las negociaciones sobre la base del condominio anglo-argentino sobre las islas. Se efectuaron reuniones de carácter confidencial y se llegó a establecer una agenda. Pero todo se desmoronó a partir del fallecimiento de Perón ese mismo mes de julio de 1974. Una de las razones principales que jaquearon los acuerdos fué el inicio de prospecciones petrolíferas por parte de compañías británicas en las islas. El 19 de marzo de 1975 el gobierno argentino emite un comunicado en tono muy duro oponiéndose a las intenciones británicas de explotar recursos naturales en las islas.
A partir de entonces se abre un período de máxima tensión y ruptura de las relaciones binacionales. El principal disparador es el envío de una misión económica a las islas encabezada por Lord Shackleton el 12 de octubre de 1975. La acción unilateral británica produce un endurecimiento de las declaraciones argentinas, llegando a amenazar veladamente con la acción armada. A pesar de ello la única propuesta para continuar las negociaciones vino del lado argentino: el canciller Manuel Aráuz Castex propuso convertir a la misión Shackleton en binacional. Pero Gran Bretaña respondió con evasivas, dando a entender que tenía intención de proseguir unilateralmente con la iniciativa. Al arribo de la misión el 3 de enero de 1976 la tensión llegó a un máximo peligroso. Gran Bretaña ensayó varios intentos por distender la situación pero el gobierno argentino se mantuvo firme en sus posiciones, amparándose además en el formal respaldo recibido de la OEA. El 4 de febrero ocurrió un incidente en el que el destructor ARA Almirante Storni y un avión Neptune persiguieron (y también se abrió fuego) contra el buque británico de investigación oceanográfica RSS Shackleton hasta seis millas de Port Stanley. A pesar de lo espectacular del incidente lo cierto es que no hubo intención desde ninguno de los implicados en el mismo de efectuar una acción drástica. Por otro lado Londres se hallaba enfrascado en el conflicto comercial con Islandia llamado "Tercera Guerra del Bacalao", y restó trascendencia al "incidente Shackleton". Podemos notar en esta situación la forma en que obra Londres en su nueva etapa como potencia colonial de menor trascendencia: a través de conflictos controlados y focalizados con los cuales busca obtener réditos económicos.
Esta cuestión es evidente si tomamos en cuenta que, debido a las conclusiones del Informe Shackleton de julio de 1976, que evidenciaba la debilidad de la economía malvinense y la necesidad de desarrollarla con la cooperación de Argentina, Londres decide retomar la propuesta de cooperación binacional. Desde principios de año los gobiernos del dictador Jorge Videla y del laborista James Callaghan habían retomado el cauce de las negociaciones de carácter secreto. Pero pese a las simpatías del ministro Martínez de Hoz por el capital británico, el gobierno argentino no cedió en sus posiciones. A esto se suma el total respaldo a la Argentina otorgado por la ONU en la resolución 3149 (XXXI) del 1º de diciembre, donde se manifiesta preocupación por el accionar unilateral británico.
La intención británica de capitalizar el mayor tiempo posible el desarrollo económico de las islas explica su política ambigua y esquiva de dilatar el traspaso de soberanía del territorio. Pero su peligrosa estrategia de elevación de tensiones y posteriores distenciones tendría un efecto trágico. En efecto para 1977 estaba claro que su interés se centraba en acelerar la cooperación binacional aplicando las conclusiones de la misión Shackleton. Se buscaba negociar con los intereses isleños (para que acepten la idea de la cooperación) y se promovía la acción diplomática dilatoria. Pero la diplomacia argentina demostró una vez mucha inteligencia: propuso la reanudación plena de relaciones diplomáticas, desactivando las intenciones británicas de militarizar las islas como pretexto por las amenazas previas de Buenos Aires.
El 19 de abril de 1977 se emitía un comunicado conjunto en el que Londres aceptaba por primera vez discutir el tema de la soberanía. La oposición política y la de los intereses malvinenses arreció nuevamente contra la política de acercamiento del Foreign Office. La diplomacia británica debió maniobrar ante las presiones internas y externas, consiguiendo una nueva dilatación del tratamiento de la cuestión de fondo que se prolongó hasta fines de 1981 con encuentros diplomáticos en Nueva York, Lima, Ginebra y París. Buenos Aires intentó como estrategia paralela la compra de parte de la Falkland Islands Company a través del empresario Héctor Capozzolo, con el objetivo de restar financiamiento al poderoso Falklands Lobby. Sin embargo el gobierno británico bloqueó la operación. La estrategia argentina adolecía de un único defecto: su negativa a incluir en su estrategia a los colonos isleños. De hecho parte de la presión que hacía caer los acuerdos venía de los colonos o "kelpers" (como se los llama despectivamente en Argentina). Pero mientras Buenos Aires negaba a los kelpers, Londres insistía en incluirlos en la negociación. Obviamente que, en definitiva, formaban parte de la excusa británica para proponer maniobras dilatorias, pero lo cierto es que propuestas salomónicas que llegaron a contentar a ambas partes terminaron en agua de borrajas por la cuestión de la presión isleña aunada a la de los poderosos intereses económicos que se aprovechaban de la misma.
Eso es evidente en el último intento británico por forzar un acuerdo que contentara a todas las partes (en definitiva, eso es la diplomacia). En julio de 1980 el gobierno de Margareth Thatcher propuso la idea del arriendo: Argentina tendría la soberanía nominal de las islas y el Reino Unido las administraría por un período de tiempo determinado (se hablaba de entre 25 y 99 años). La opinión de los colonos por vez primera se mostró dividida: había una mayoría de indecisos. Sin embargo la presión combinada de una oposición parlamentaria conjunta laborista-conservadora, la del Lobby, el London Times y la minoría isleña recalcitrante pusieron al gobierno Thatcher contra las cuerdas. A pesar de que el diagnóstico de la situación aconsejaba la solución del arriendo, sostenido por el gobierno británico, la oposición se mantuvo intransigente. De este modo se cayeron las rondas de negociaciones en 1981. El diálogo se terminaría en breve.
Publicado por HISTORIKA en 12:22

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