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Timestamp: 2019-09-21 20:00:48+00:00

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﻿ SENTENCIA SL2349-2018/56747 DE JUNIO 21 DE 2018
SENTENCIA SL2349-2018 DE 21 DE JUNIO DE 2018
CONTENIDO:ACCIDENTE DE TRABAJO EN EL QUE PIERDE LA VIDA UN FUNCIONARIO. LA CONDENA POR INDEMNIZACIÓN ORDINARIA Y PLENA DE PERJUICIOS DEL ARTÍCULO 216 CST, DEBE ESTAR PRECEDIDA DE LA CULPA SUFICIENTE COMPROBADA DEL EMPLEADOR EN LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO O LA ENFERMEDAD PROFESIONAL, DE MODO TAL QUE SU IMPOSICIÓN AMERITA, ADEMÁS DE LA DEMOSTRACIÓN DEL DAÑO ORIGINADO EN UNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL TRABAJO, LA PRUEBA DE QUE LA AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD O SALUD FUE CONSECUENCIA DE SU NEGLIGENCIA EN EL ACATAMIENTO DE LOS DEBERES DE VELAR POR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE SUS TRABAJADORES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, MUERTE DEL TRABAJADOR, CONTRATO DE TRABAJO, MUERTE, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO POR PARTE DEL EMPLEADOR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:560 DE AGOSTO DE 2018, PÁG.1458
Sentencia SL2349-2018 de junio 21 de 2018
Martín Emilio Beltran Quintero
SL2349-2018
Rad.: 56747
Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por TRANSPORTE FLUVIALES COLOMBIANOS LTDA., TRANSFLUCOL LTDA y la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS, ECOPETROL S.A., contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 30 de noviembre de 2011, en el proceso ordinario laboral adelantado por ALICIA MARÍA MATOREL GREY contra las sociedades recurrentes, en el que se integró como litesconsortes a MARÍA DE LOS ÁNGELES BECERRA DE DONADO y CÉSAR AUGUSTO DONADO MARTÍNEZ.
La señora Alicia María Matorel Grey, en calidad de cónyuge supérstite de Jesús Antonio Donado Becerra, llamó a juicio a Transporte Fluviales Colombianos Limitada, Transflucol Ltda., a fin de que se declare la existencia de un contrato de trabajo entre esta sociedad y su cónyuge, contrato que se terminó el 30 de noviembre de 2003, a causa de la muerte del trabajador, originada en el accidente de trabajo por él sufrido el día 27 de noviembre de 2003.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se condenara solidariamente a Transflucol Ltda. y a la Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A. al pago de lo indemnización plena de perjuicios contemplada por el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, el lucro cesante consolidado; el lucro cesante futuro; los daños morales; los intereses moratorios y corrientes; el reajuste de los valores a pagar; la indexación y costas en el proceso.
Tales pretensiones las fundamento, básicamente, en que su cónyuge Jesús Antonio Donado Becerra, se vinculó laboralmente a la sociedad Transportes Fluviales Colombianos Ltda., el 16 de diciembre de 2000; vínculo que perduró hasta el 30 de noviembre de 2003, fecha en la cual falleció a causa del accidente de trabajo padecido el 27 de ese mismo mes y año; afirmó también que el cargo por él desempeñado fue el de «marino»; que el salario devengado ascendió a la suma de $ 722.547 mensuales; que contrajo matrimonio con el causante el 30 de abril de 1999, y que convivieron juntos hasta el día de su fallecimiento.
Hizo énfasis en que el accidente de trabajo ocurrió el día 27 de noviembre de 2003, cuando el trabajador se encontraba realizando labores propias de su oficio como miembro de la tripulación del «remolcador Transflucol N° 5» en el muelle de «botes de GCB de Ecopetrol S.A.» en puerto Galán Barrancabermeja, para recibir el «bombeo para llenar las balas de GLP, que estaban sobre el bote TRANSFLUCOL N° 11», operación que se realizaba bajo la vigilancia de Javier Ignacio Navarro Calderón, quien era el «Supervisor de Elementos Externos de Ecopetrol».
Afirmó que en desarrollo a tal operación, siendo aproximadamente a las 19:30 horas, el coordinador del área ambiental y GLP del departamento de materias primas y productos de la GBC de Ecopetrol S.A., se comunicó con el operador de la estación de almacenamiento «de VIT en Galán», para programar el inicio del despacho del gas butano hacia las balas ubicadas en los botes de Transflucol Ltda., llenado que se inició a las 20:30 previa coordinación de los funcionarios de Ecopetrol Carlos Muñoz, quien era el coordinador ambiental y GLP de GCB y el citado señor Javier Ignacio Navarro Calderon, quien, itera, era el supervisor de elementos externos de la petrolera, además, aclara que también se encontraban presentes «los señores de los botes» de la empresa de transportes.
Narró que «hacia las 21:30 se cambió la succión de la bomba hacia la bala D25 (1.860 Bls)» y que faltando algunos minutos para las 24 horas, el marinero Rigoberto Betancourt, trabajador de Transflucol Ltda., advirtió «un disparo de válvula de seguridad de la bala #02 y fuerte presencia de hidrocarburo en la parte norte del bote en el área de conexiones de las balas», por lo que se dirigió a «bloquear la válvula de recibo en tierra y a llamar a la estación de GLP para solicitar ayuda», pero «Segundos más tarde la nube de hidrocarburo hizo ignición quedando incendiada la descarga de la válvula de seguridad y los escapes de producto por las líneas de cargue y balance de la bala luego de que las mangueras se quemaran también». Explicó que el incendio destruyó «el indicador de presión de la línea de cima de bala provocando un chorro de fuego que incidió directamente sobre la lámina en la parte superior, lo que debilitó y precipitó la falla alrededor de 45 minutos después de iniciado el incendio».
Aseveró que en el momento de la conflagración, según la declaración emitida por Carlos Sierra ante la comisión investigadora de Ecopetrol S.A. el señor «JESÚS DONADO salió a soltar el remolcador. Desde el bote se suelta, pero no le dio tiempo» y agrega que «el remolcador siempre se deja donde éste cargando, pegado a los botes, pero en Cartagena, en el muelle donde están cargando, el aparato lo quitan y lo dejan retirado de los botes. Yo no sé por qué aquí en Barranca no quitan el aparato».
Expuso que, según el informe que realizó Transflucol Ltda., sobre el accidente de trabajo en el que perdió la vida su cónyuge, se establecieron como causa del incidente «el exceso de volumen cargado y el disparo de la válvula de seguridad», y también «el mal funcionamiento de los manómetros de presión y volumen de los tanques»; máxime que Transflucol no contaba con un programa de mantenimiento preventivo de sus equipos y accesorios de las balas que se llenaban con butano y que se encontraban en mal estado.
También resaltó que «en el formato de investigación de incidentes operaciones y ambientales PSD -00-F-022 de Ecopetrol S.A. referido al incendio en las balas de GLP en el muelle de botes de GCB» se indicó que «las balas tenían problemas de corrosión presumiblemente causadas por bacterias» por lo que fueron sometidas a un lavado con hipoclorito; que en sus resultados de auditoría de seguridad de transportadores se evidenciaron fallas de control y riesgos importantes en el sistema, lo que hizo concluir a la parte actora que los recipientes ya se encontraban en mal estado y aun así, se dispuso realizar el llenado del gas butano por parte de Transportes Fluviales Colombianos Ltda. y Ecopetrol S.A.
De igual manera destacó que el informe de investigación de Ecopetrol S.A., en el cual dice que se manifestó que los actos o condiciones que pudieron causar el nefasto evento fueron: i) la no eliminación de fuentes de ignición en el área de cargue; ii) la falta de seguridad de Transflucol Ltda., durante la carga del gas butano, al no atenderse debidamente el llenado de la bala; iii) que los trabajadores desconocían la interpretación del medidor de nivel de las balas, facilitando con ello el sobrellenado del nivel del medidor; iv) que el uso de la bomba de alta capacidad para el llenado de botes era una práctica reciente y los trabajadores de Transflucol Ltda. no tenían la experiencia para hacerlo; y v) que también la empresa de transportes en el intento de ahorrar tiempo, no retiró la embarcación (remolcador) del área, creando un riesgo de incendio por la presencia de puntos de ignición en la misma.
Por todo lo anterior, aseguró que la demandada empleadora fue la directamente responsable de la ocurrencia del accidente de trabajo en el que a la postre perdió la vida su cónyuge. Sin embargo, resalta que también lo es, Ecopetrol S.A. frente a la inoperancia de los controles que debió ejercer, ya que nunca debieron iniciar la realización del llenado de gas butano en las condiciones en que se encontraba.
Reiteró que el accidente se generó por descuido y negligencia de Transflucol Ltda.; pues era incumplidor de sus obligaciones, por no brindar protección y seguridad a sus trabajadores; por no mostrar interés alguno para prevenir los riesgos; por no cumplir con la obligación legal de procurar el cuidado integral de la salud de su trabajador, ni tampoco mantener en óptimas condiciones el ambiente de trabajo en que laboraba; ya que ni siquiera planeaba, ejecutaba y menos controlaba el cumplimiento del programa de salud ocupacional de su empresa; no tomaba medidas de prevención en los establecimientos de trabajo, contra explosiones o incendios producido por gases o vapores inflamados; por no suministrar la instrucción adecuada al trabajador; no existir ninguna brigada de evacuación que ayudara a los heridos, que les diera los primeros auxilios a los trabajadores o para transportar la evacuación de las víctimas; por no tener los equipos de control de las balas que se encargaban con gas butano; y por no cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1979, la Resolución 2400 de 1979, el Decreto 1295 de 1994 y la Resolución 1016 de 1989.
Finalmente enfatizó que existe, entre las demandadas, solidaridad, por cuanto las labores fueron conexas, propias, normales y ordinarias de la empresa Ecopetrol S.A. y el accidente ocurrió en la realización de una actividad propia y necesaria de la citada empresa; además de estar dentro de sus instalaciones y bajo las órdenes, supervisión y mando de la petrolera estatal (fls. 98 a 142, cdno. 1).
La empresa de Transportes Fluviales Colombianos Ltda., al dar respuesta a la demanda, en esencia, dijo que eran ciertos los hechos referidos a la vinculación laboral del señor Barrera Donado; el cargo por él desempeñado; el último salario devengado; la fecha de su muerte ocurrida como consecuencia del accidente de trabajo acaecido el 27 de noviembre de 2003; el lugar donde ocurrieron los hechos; el procedimiento que se llevó a cabo para el despacho del gas butano. Sobre los demás dijo que no eran ciertos, especialmente los referidos a la existencia de la culpa patronal pregonada en la demanda, pues en su calidad de empleadora, siempre veló y vela por la salud y el cuidado de sus trabajadores; procuraba y procura al máximo que el ambiente en que desarrollan sus actividades esté en condiciones ópticas para el desempeño de sus funciones; además disponía, ejecutaba y controlaba el cumplimiento de los programas de salud ocupacional, labor esta que la hacía y la viene haciendo tanto en el rio Magdalena, como en las instalaciones de sus clientes, donde por demás cumple a cabalidad las normas de seguridad industrial y los procedimientos establecidos por sus contratantes, en este caso por Ecopetrol.
Se opuso a todas las pretensiones formuladas en su contra. En su defensa formuló las excepciones previas de falta de prueba de calidad de «heredero de la demandante» y cosa juzgada; y de fondo las de ausencia de culpa imputable al patrono, buena fe y prescripción (fls. 33 y 34, cdno. 2).
A su vez, Ecopetrol S.A. al contestar la demanda, en suma, dijo que era cierta la vinculación del causante con Transflucol Ltda.; su fallecimiento ocurrido con ocasión del accidente de trabajo sucedido el 27 de noviembre de 2003; sobre los demás dijo que no eran ciertos o que simplemente no le constaban, pues la empleadora del causante era la citada sociedad no Ecopetrol. Precisó que las actividades que cumple Transflucol Ltda. como transportadora fluvial, son ajenas a la industria del petróleo y a las propias de Ecopetrol S.A., por lo que no puede existir la solidaridad laboral establecida en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo Se opuso a las pretensiones y en su defensa formuló la excepción de inexistencia de obligación (fls. 612 a 644, cdno. 3).
El juzgado de conocimiento que lo fue el Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante providencia del 23 de junio de 2006, ordenó la integración del litisconsorte necesario del señor Cesar Augusto Donado Martínez y la señora María de los Ángeles Becerra de Donado en calidad de padres del causante, quienes al acudir al proceso en dicha condición, manifestaron que se remitían fiel y exactamente a todos los hechos planteados en la demanda con la cual se dio inicio al proceso, así como a las pruebas allegadas con dicha pieza procesal (fls. 658 a 660 y 682 a 684, cdno. 3).
En la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litio, celebrada el 29 de enero de 2008, Transflucol Ltda., solicitó que las excepciones previas por ella propuestas fueran decididas en la sentencia con la cual se pusiera fin a la primera instancia, a lo cual accedió el juez del conocimiento, dejando en claro que tal petición era también coadyuvada por las demás partes del litigio (fls. 680 a 681, cdno. 3).
El Juzgado Cuarto Laboral Adjunto del Circuito de Barranquilla, mediante fallo del 31 de julio de 2009, resolvió:
1° DECLARAR PROBADA LA INEXISITENCIA DE LA OBLIGACIÓN, en cuanto a la demandada ECOPETROL S.A., de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.
2° CONDENAR, a la entidad demandada TRANSFLUCOL LTDA, al pago de la indemnización por daños moral, en una suma de 500 salarios mensuales, discriminados así:
• A la señora ALICIA MATOREL GREY en suma de 250 salarios mínimos legales, en calidad de esposa del señor JESÚS DONADO BECERRA.
• A la señora MARÍA BECERRA DE DONADO, en una suma de 125 salarios mínimos legales en calidad de madre del señor JESÚS DONADO BECERRA.
• Al señor CÉSAR AUGUSTO DONADO MARTÍNEZ, en una suma de 125 salarios mínimos legales, en calidad de padre de JESÚS DONADO MARTÍNEZ.
3° CONDENAR a TRANSFLUCOL LTDA., al pago de lucro cesante futuro por un valor de $ 166.741.295.
4° COSTAS, a cargo de la demandada.
(Lo resaltado es del texto original).
Por apelación de la parte demandante y de Transflucol Ltda., conoció la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quien, mediante sentencia del 30 de noviembre de 2011, resolvió:
1° REVOQUESE el numeral 1° de la sentencia apelada de 31 de julio de 2009, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral Adjunto del Circuito de esta ciudad en el juicio de ALICIA MATOREL GREY, CÉSAR AUGUSTO DONADO MARTÍNEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES BECERRA DE DONADO contra TRANSPORTES FLUVIALES COLOMBIANOS LIMITADA “TRANSFLUCOL LTDA” y ECOPETROL S.A. En su lugar DECLARESE que las demandadas son solidariamente responsables en el pago de los perjuicios recibidos por los demandantes por la muerte de su cónyuge hijo, señor JESÚS ANTONIO DONADO BECERRA.
2° ADICIONESE el numeral 2° de la sentencia apelada, para hacer extensivas las condenas en este impuestas (sic) a las demandadas en forma solidaria.
3° ADICIONESE el numeral 2° de la sentencia apelada, imponiendo condena por LUCRO CESANTE CONSOLIDADO a favor de la demandante, señora ALICIA MATOREL GREY en cuantía de $ 71.711.557.64.
4° MODIFIQUESE el valor impuesto en primera instancia por concepto de lucro cesante futuro, impuesto en la sentencia apelada quedando este en la suma de $ 103.389.858.80.
5° CONFIRMESE la sentencia apelada, en todo lo demás por las razones expuestas.
6° SIN costas en esta instancia.
7° En su oportunidad, REMITASE el expediente al juzgado de origen.
Para tomar su decisión, el tribunal comenzó por señalar que no era materia de controversia que el 30 de noviembre de 2003 falleció el señor Jesús Antonio Donado Becerra, deceso que acaeció como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el 27 del mismo mes y año.
Precisado lo anterior, abordó el estudio del recurso de apelación formulado por Transflucol Ltda., encaminado a demostrar que en el accidente laboral que terminó con la vida del señor Donado Barrera, no estuvo presente la culpa debidamente comprobada de la demandada, pues el mismo se generó por culpa de un tercero, como lo era Ecopetrol S.A., por tanto, debe ser exonerada de las condenas a ella impuesta por el a quo.
Para dilucidar lo referido, inició por analizar las contestaciones de la demanda, de las cuales evidenció que «entre las demandadas existen reproches sobre la responsabilidad del evento profesional en el cual falleció el cónyuge e hijo de los demandantes», pues por un lado la empleadora con fundamento en las cláusulas del contrato de trasporte de combustibles, dijo que la responsabilidad de la seguridad de la operación era completamente de la demandada solidaria, ésta dijo que la responsabilidad era de Transflucol Ltda.
En seguida, luego de transcribir la Sentencia CSJ SL, 30 jun. 2005, rad. 22656, consideró que de un «evento profesional» se pueden generar dos clases de responsabilidades: una objetiva que hace referencia a la afiliación del trabajador a la seguridad social en riesgos profesionales y el traslado a la administradora para los eventos que se presenten las contingencias, la cual para el caso en concreto, se materializó como se evidenció con la resolución emitida por la ARP, a la cual estaba asegurado el actor, por medio de la cual se le otorgó la pensión de sobreviviente a la parte actora; y otra subjetiva, que es aquella que está a cargo de la empleadora, cuando haya convicción de que hay culpa debidamente comprobada, que es la prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que es precisamente la debatida en el presente asunto.
En ese orden, expuso que para imponer la condena por la responsabilidad contemplada en la citada norma, se requería acreditar el vínculo laboral, la realización del riesgo con ocasión del trabajo, el nexo causal entre el trabajo y el accidente que afectó la vida del trabajador fallecido y que ha sido entendido como ocurrido por causa o con ocasión al trabajo.
Teniendo en cuenta tales premisas, consideró de vital importancia abordar el estudio de los informes e investigaciones del accidente de trabajo realizados por cada una de las demandadas, así como el «MANUAL PARA LLENADO CON NORMAL BUTANO LAS BALAS DE 13-14 DE BOTES», luego de lo cual infirió que se incumplió con el deber general que tiene el empleador de brindar protección adecuada a sus trabajadores y que pone de presente la conducta culposa de las demandadas por la ocurrencia del siniestro, pues arguyó que a través de las investigaciones propias de los demandados, se advierte todas las omisiones en la que incurrieron las accionadas para brindar la protección adecuada al trabajador fallecido, pues:
[...] siendo responsabilidad de ECOPETROL S.A. el suministro de los recipientes, instrumentos, y elementos empleados por el transportador para el transporte de hidrocarburos y la responsable de la seguridad de la operación, permitió que esta se llevara a cabo sin las condiciones de seguridad mínima que garantizarán la seguridad del trabajador accidentado y que a la postre le causó la muerte, al poder evitar esas consecuencias, mediante el entrenamiento adecuado de los trabajadores del transportador en el manejo del nuevo sistema de cargue que estaba implementando, autorizar el cargue sin retirar de la zona de influencia de este el remolcador de transportador, permitir al capitán del remolcador adelantar maniobras tendientes a obtener ahorro en el tiempo de permanencia en el mueble.
De otra parte, la empleadora del trabajador fallecido, tampoco tomo las medidas necesarias para que el accidente no ocurriera, al permite (sic) que interviniera en el llenado de la bala, trabajadores sin experiencia en el manejo de la bomba de mayor capacidad y sin instrucciones en la lectura del medidor de la bomba. Así mismo, al permitirle a su capitán realizar el llenado de la bala sin retirar el remolcador de la zona de influencia de cargue.
Sin embargo, continúo el tribunal diciendo, que a pesar de demostrarse la culpa de ambas sociedades en el accidente de trabajo en el cual perdió la vida Donado Becerra, aseguró que eso no conllevaba a endilgar la responsabilidad de ambas demandadas, pues esta, de conformidad con el artículo 34 de Código Sustantivo del Trabajo y la Sentencia CSJ SL, 26 sep. 2000, rad. 14083, solo se predicaba para del verdadero empleador Transflucol Ltda., ello sin perjuicio de la solidaridad que hubiese podido existir.
Por lo anterior, el tribunal sostuvo la necesidad de establecer si existe solidaridad entre las sociedades demandadas en el pago de la indemnización integral de perjuicios a favor de los demandantes, por lo que empezó su estudio citando el artículo 34 de Código Sustantivo del Trabajo e hizo un análisis comparativo del objeto social del «contrato Nº VRM-055-2000» que unía a las dos convocadas al proceso y el objeto social de Ecopetrol S.A.
El primero, relativo al objeto del contrato, consistía en el «...el recibo, cargue, almacenamiento, transporte y descargue de los productos que se relacionan a continuación: GLP (propano, butanos o mezclas de estos), aceite liviano de ciclo, ACPM, gasolinas o naftas, jet, queroseno, gasóleo o combustóleo; todo lo anterior de acuerdo con la disponibilidad de los productos por parte de ECOPETROL, con las condiciones de navegabilidad del rio magdalena y con los programas que se informarán oportunamente a EL TRANSPORTADOR...».
El segundo, esto es, el objeto social de Ecopetrol, refería a las «ACTIVIDADES COMERCIALES O INDUSTRIALES CORRESPONDIENTES O RELACIONADAS CON LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y PRODUCTOS... TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS, PRODUCTOS A FINES, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO PROPIOS O DE TERCEROS, EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTERIOR, CON EXCEPCIÓN DE TRANSPORTE COMERCIAL DE GAS NATURAL EN EL TERRITORIO NACIONAL...».
De lo anterior, el tribunal concluyó que se evidenciaba con meridiana claridad que el transporte y almacenamiento de combustibles, sus derivados y productos, hacen parte del objeto social de la demandada solidariamente, por ser, precisamente, ese contrato de transporte, una forma de hacer efectivo su objeto social, mediante la contratación con terceros del transporte de sus productos desde la refinería de Barrancabermeja hasta Cartagena de Indias.
Dijo además que del contrato de transporte celebrado entre Transflucol Ltda. y Ecopetrol S.A., se colegía que el transporte y dentro de este todas las actividades propias al mismo, como son el cargue y descargue, almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, que corresponde al objeto real de ese contrato, acuerdo que se celebró para ejecutar el objeto social de la demandada Ecopetrol S.A., por lo anterior, aseveró que a la luz de lo establecido en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, la petrolera era solidaria en el pago de la indemnización plena de perjuicios reclamados por los actores a causa del fallecimiento de Donado Becerra a consecuencia del accidente de trabajo: pues, itero, las actividades contenidas en el objeto del contrato de transporte que unió a las dos demandadas no son extrañas o ajenas al objeto social de Ecopetrol, por tanto debía ser condenada, de manera solidaria, al pago de las condenas impuestas a Transflucol Ltda.
De otra parte, en cuanto a la inconformidad que presentó Transflucol Ltda., en punto a que fue condenada al pago del lucro cesante, siendo que a la demandante Alicia María Matorel Grey, la ARP le venía reconocido la pensión de sobrevivientes, la cual compensa el lucro cesante, el Tribunal recordó que a partir de las dos responsabilidades antes explicadas ello no era viable, pues la empleadora cumplió con el deber de asegurar a su trabajador y que por esa razón trasladó a la ARP, la responsabilidad objetiva, no la subjetiva, la que a su vez, llevó al otorgamiento de la prestación económica mencionada, en consecuencia, señaló que no es el caso compensar el lucro cesante con el valor de la pensión de sobrevivientes reconocida a uno de los demandantes y por tanto la decisión debe ser confirmada. Citó en su apoyo las sentencias CSJ SL, 16 mar. 2005, rad. 20240 y CSJ SL, 26 ene. 2010, rad. 35271.
Dilucidado lo anterior, abordó el estudio del recurso de apelación formulado por la parte demandante, referido a que debe impartirse condena por lucro cesante consolidado, la indexación, y los intereses moratorios o corrientes a los cuales tiene derecho.
En relación con el lucro cesante, señaló que la jurisprudencia distingue entre lucro cesante pasado o consolidado y lucro cesante futuro, el primero causado desde la muerte del trabajador hasta la fecha de la sentencia, y el segundo, desde el fallo hasta la esperanza de vida del trabajador.
Precisado ello, puntualizó que la sentencia recurrida condenó a la demandada a pagar el lucro cesante futuro en la suma de $ 166.741.295, que corresponden al valor indicado en la demanda, el cual fue liquidado a partir del 27 de noviembre de 2003, fecha del accidente de trabajo, y la esperanza de vida del trabajador, lo cual era equivocado, pues como se vio, el lucro pasado o consolidado es el causado desde la muerte del trabajador hasta la fecha de la sentencia, que lo es el 30 de noviembre de 2011, cuyas operaciones arrojan un total de $ 71.711.557.64 y el segundo desde el 1º de diciembre de 2011 hasta la esperanza de vida del trabajador, cuyas operaciones dan un total de $ 103.389.858.80, para un gran total de $ 171.101.416, 40, en este sentido dispuso modificar la decisión de primer grado.
Finalmente, negó los intereses moratorios o corrientes y la indexación de tales condenas, en razón a que la fórmula empleada para liquidar el lucro cesante lleva implícita tales pedimentos.
Interpuesto por Transportes Fluviales Colombianos Limitada y la Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A., concedidos por el tribunal y admitido por la Corte, se proceden a resolver en el mismo orden.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN DE TRANSPORTES FLUVIALES COLOMBIANOS LIMITADA
Pretende que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, la absuelva de las condenas que se le impuso en su contra.
Subsidiariamente solicita casar parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto «adicionó el numeral 2° de la sentencia de primer grado, imponiendo condena por lucro cesante consolidado y modificó, en el ordinal 3°, el valor impuesto por lucro cesante futuro a favor de la demandante»; y en sede subsiguiente de instancia, modifique el fallo de primer grado en cuanto «condenó a TRANSFLUCOL LTDA., por lucro cesante futuro y en las costas» y, en su lugar, disponga descontar de tal condena, el valor de las sumas pagadas, por la ARP-ISS, a la señora Alicia Matorel Grey por concepto de pensión de sobrevivientes.
Con tal propósito formula tres cargos, replicados por la parte demandante, de los cuales se estudiarán conjuntamente los dos últimos en tanto están dirigidos por la vía directa, acusan similar normatividad y persiguen el mismo fin, que tiene que ver con el alcance subsidiario de la impugnación.
Dice que la sentencia recurrida es violatoria por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, de los artículos «19, 34 (art. 3° del D.L. 2351/65); 56, 57-2; 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con los artículos 63, 1604, 1613, 1614, 1625, 1617, del Código Civil y del artículo 16 de la Ley 446 de 1998; con relación a los artículos 61 del Código Procesal Laboral, artículo 3º de la Ley 105 de 1993 y 45 y 49 del Código de Petróleos».
Manifiesta que tal violación se dio a causa de haber incurrido el tribunal en los siguientes errores de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la responsabilidad de la demandada TRANSFLUCOL LTDA., estuvo generada en la culpa debidamente comprobada del empleador, TRANSPORTES FLUVIALES COLOMBIANOS LTDA, TRANSFLUCOL LTDA,
2. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que a la transportadora empleadora TRANSPORTES FLUVIALES COLOMBIANOS LTDA, TRANSFLUCOL LTDA, le incumbía la obligación de autorizar el cargue, sin retirar de la zona de influencia de éste el remolcador del transportador y de permitir al capitán del mismo adelantar maniobras tendientes a obtener ahorro en el tiempo de permanencia en el mueble (sic), léase muelle.
4. (sic) Haber dado por demostrado, sin estarlo, que era obligación de TRANSFLUCOL LTDA., evitar el llenado de las balas, no obstante las falencias de los equipos y accesorios utilizados y entregados por ECOPETROL, S.A., para almacenar y transbordar hidrocarburos.
5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada, TRANSPORTES FLUVALES COLOMBIANOS, LTDA., TRANSFLUCOL, LTDA., confesó la culpa en el accidente en que perdió la vida el señor JESÚS ANTONIO DONADO BECERRA como afirma en el punto 3.2.1 de las sentencia, PREMISAS fácticas.
6. Dar por demostrado, sin estarlo, que la empleadora TRANSFLUCOL LTDA, no cumplió con el deber general que tenía el empleador de brindar protección adecuada a sus trabajadores y, concretamente, al trabajador fallecido.
7. Dar por demostrado, sin estarlo que TRASNFLUCOL LTDA., no adelanto acciones para obtener que su contratante diera cumplimiento a sus obligaciones contractuales en cuanto al mantenimiento y buen funcionamiento de los equipos para el cargue del combustible.
8. Dar por demostrado, sin estarlo, que TRANFLUCOL LTDA, tenía el deber de retirar el remolcador de la zona de influencia del cargue y de suspender el procedimiento de cargue.
Aseguró que los anteriores yerros fácticos se produjeron como consecuencia de no haber apreciado correctamente el contrato estatal de prestación de servicio de transporte celebrado entre las demandadas y sus anexos (fls. 55 y ss., cdno. 1); formato de investigación de accidentes de trabajo del Instituto de Seguros Sociales (fls. 77 ibídem); documentos demostrativos de las medidas de seguridad y protección efectuado por Transflucol Ltda. (fls. 260 a 531 ibidem); documento de participación del marinero Jesús Antonio Donado Becerra en capacitación sobre accidente laboral (fls. 495 ibídem); contestación al hecho 9 de la demandada por parte de Transflucol Ltda. (fls. 56 ibidem); procedimiento para cargue normal butano a botes desde PTA propano (fls. 51 ibídem); informe de Ecopetrol sobre la ocurrencia del accidente en que perdió la vida el señor Donado Becerra (fls. 21 y ss., ibidem); informe de Transflucol Ltda., sobre la ocurrencia del accidente en que perdió la vida el causante (fls. 81 y ss. ibidem); y contestación de la demanda por parte de Ecopetrol S.A. (fls. 612 a 644, cdno. 3).
Y por no haber apreciado el formato para la investigación preventiva de presuntos accidentes de trabajo del ISS (fls. 77 y ss., cdno. 1); acta de protesta del accidente (fls. 86 y 228 a 229 ibidem); oficio de Transflucol Ltda. a Ecopetrol S.A. del 16 de octubre de 2003 (fls. 231 ibidem); carta oficio de Transflucol Ltda. a Ecopetrol S.A. del 11 de octubre de 2003 (fls. 232 ibidem); fax del subgerente administrador de Empresas Fluviales de Colombia Limitada dirigido a Ecopetrol S.A. del 10 de diciembre de 2001 (fls.233 ibídem); documentales emanados de Transflucol Ltda. dirigidos a Ecopetrol desde el año 1999 al 2000 (fls. 237 a 241 ibidem); documentales sobre cumplimiento de sus obligaciones con respecto de medicina, higiene, seguridad industrial y la prevención de accidentes de trabajo (fls. 244 a 247 del cdno. 1); documental sobre accidentes de trabajo, programas de salud ocupacional (fls.247 a 256 ibidem y fls. 288 a 355 y 356 a 533, cdno. 2); documentación para la actualización del comité paritario de salud ocupacional y reglamento de higiene y seguridad industrial (fls. 399 a 533 ibidem); y órdenes de trabajo del sistema de información de mantenimiento «ELLIPSE» aportados por Ecopetrol (fls. 565 y ss., cdno. 3)
En la demostración del cargo dice que si el tribunal hubiese valorado correctamente «el contrato VRM-050-2000», hubiese concluido que la sociedad demandada Transfucol Ltda. no era la responsable del suministro y mantenimiento de los elementos necesarios para el transporte del gas butano y, por tanto, no hubiese considerado la existencia de la culpa en razón a la mala calidad y deficiencia en el funcionamiento de los elementos que estaban a cargo de Ecopetrol S.A.; asevera que, por el contrario, cumplió con todas las obligaciones de la citada cláusula.
También sostiene que el juez de instancia no advirtió que no estaba a cargo de su empresa «mantener en los puertos de cargue y de descargue el personal suficiente y las bombas, tuberías, medidores y tanques de tierra, lo mismo que as mangueras necesarias y adecuadas para el trasiego rápido de sus productos desde los tanques de tierra hasta los botes y viceversa (cláusula décima cuarta, letra numeral d)», y tampoco el manejo, tratamiento y adecuación «de las balas para el transporte de GLP», por lo que el incumplimiento de esa obligación no puede serle imputada a ella y con esto atribuirle culpa en la ocurrencia de accidente de trabajo. A su vez, sostiene que es falso que la empresa no haya ocupado personal técnico, suficientemente idóneo y experimentado en los trabajos para supervigilar el cargue y descargue de los productos, pues asegura que dentro del expediente se muestra que el causante recibió instrucciones sobre protección laboral y accidental por parte del ISS.
Arguye que los anexos del contrato en discusión son claros en señalar que Transflucol Ltda. debía abandonar el área de la terminal para el «cargue», cuando en realidad lo que podía hacer era dejarla para «el descargue» y fue a partir de tal error, que equivocadamente infirió la existencia de la culpa al no retirar el remolcador, cuando en verdad éste sólo podía retirarlo para cuando se descargaba, no para cuando se cargaba el material inflamable.
Expone además que le correspondía al personal de Ecopetrol S.A. presenciar la «interconexión entre las mangueras o entre estas y la bocatoma del Planchón para efectos del descargue» y verificar que la operación se cumpliera según lo dispuesto en el reglamento para el descargue de planchones, sección II, numeral c, y no del cargue como lo sostuvo la colegiatura. También afirma que Ecopetrol S.A., siendo el responsable de los suministros de los recipientes, instrumentos, y elementos empleados por el transporte de hidrocarburos y la responsable de la seguridad de la operación, haya permitido que ésta se llevara a cabo sin las condiciones de seguridad mínimas que requería.
Respecto a la contestación de la demanda emitida por su parte, asegura que en esa pieza procesal no admite haber tenido culpa alguna en el accidente de trabajo o de tener alguna responsabilidad que le pudiera imputar la responsabilidad establecida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; dice que el tribunal valoró equivocadamente dicha contestación y que de haberlo hecho de la manera correcta hubiese inferido que ellos aclararon que no se actuó de manera descuidada o negligente, pues cumplía con las órdenes y reglamentos establecidos por la gerencia del complejo de Barrancabermeja de la empresa de Ecopetrol S.A.
Ahora bien, frente a la contestación de la demanda por parte de la Empresa Colombiana de Petróleos S.A., afirma que allí se manifiesta que «debido a la corrosión presumiblemente causado por bacterias, se decidió un nuevo procedimiento de llenado que contemplaba la inertización con N2»; y en relación con el accidente que «la bala a causa del alto flujo de cargue y a los controles deficientes dispuesto presentó sobrellenado, lo que provocó disparo en la válvula de seguridad»; que «El programa de mantenimiento preventivo de los equipos y accesorios de las balas» estaba a su cargo, y que también habían fallas de control y riesgos importantes en el sistema por lo cual era necesario adelantar un proceso de capacitación por parte de Ecopetrol S.A. en el manejo e interpretación de los sistemas de indicación de nivel, presión y temperatura de las balas de GLP; por lo que se puede concluir que fue la empresa de petróleos la que incumplió con sus obligaciones, lo cual la exonera de cualquier clase de culpa o responsabilidad.
Advierte que la empresa empleadora cumplió con el deber de tener a sus empleados disponibles para la contratante Ecopetrol S.A. y que su trabajador intentó de acuerdo con el procedimiento para el cargue del gas butano, bloquear la válvula en tierra y además llamar a la estación de GLP solicitando ayuda, lo que evidencia que sí atendió el llenado de la bala, por lo que no puede imputársele responsabilidad a la transportadora en la producción del incendio. Afirma que el incumplimiento de las obligaciones de Ecopetrol S.A. no le pueden ser imputadas a ella.
De otra parte, frente a las pruebas no apreciadas, dice que el formato para la investigación preventiva de presuntos accidentes de trabajo del ISS, establece de manera concreta que fue el escape de gas la causa primigenia del incendio, y que de haberse valorado de manera concreta ese documento no se le hubiera imputado a su sociedad que no «tomo medidas necesarias para que el accidente no ocurriera»; frente al acta de protesta del accidente manifiesta que no aparece demostración de culpa alguna por parte de la empresa de transportes; y sobre la carta de oficio de Transflucol Ltda. a Ecopetrol S.A. del 16 y 11 de octubre de 2003 y las documentales emanadas desde 1999 al año 2000 a la empresa de petróleos, evidencia como advirtió la deficiencia y mal estado de las balas y demás accesorios, por lo que asegura que ninguna culpa que por el escape que se produjo podía atribuírsele a ellos.
Señala también que en el fax que envió el sub gerente de la empresa a Ecopetrol S.A. se les advirtió el permanente escape de gas que presentaba la «Bala Nº 2 del Bote TFC Nº 1°» y su posible responsabilidad en alguna situación emergente; que su empresa siempre cumplió con las obligaciones respecto a medicina, higiene, seguridad industrial, y la prevención de accidentes de trabajo y programas de salud ocupacional como se evidencia en los documentos adjuntos a la contestación lo cual la exime de culpa o responsabilidad alguna.
La parte demandante sostiene que el cargo debe ser desestimado, ya que cuando se formula un ataque por la vía indirecta, los errores de hecho deben ser manifiestos, es decir que emerjan de la simple apreciación de la prueba, sin que sea pertinente desentrañarlos partiendo de argumentos complejos o disquisiciones profundas más parecidas a alegatos de instancia; por tanto, con la argumentación que despliega la censura, no puede desquiciarse la sentencia recurrida que halló suficientemente acreditada la culpa patronal.
La Sala comienza por recordar que cuando el ataque se endereza por la vía de los hechos, no es cualquier desatino del fallador de segundo grado el que da al traste con su proveído, sino únicamente aquél que tenga la connotación de manifiesto, evidente u ostensible. Ese carácter surge frente a transgresiones fácticas patentes, provenientes de errores en el examen de los medios de convicción que conforman el haz probatorio, bien por haberlos apreciado erróneamente, ora por no haberlos valorado.
No basta, en consecuencia, que el recurrente dé explicaciones, así sean razonables, sobre las eventuales conclusiones erróneas del fallador, o que se limite a enfrentar las suyas con las de aquel, sino que además de identificar y demostrar el desacierto de hecho ostensible, debe acreditar, con base en el contenido de las pruebas, qué es lo que ellas en verdad acreditan y su incidencia en la equivocada resolución judicial (CSJ SL17468-2014).
Aclarado lo anterior, vista la sentencia recurrida y los siete reproches de orden fáctico que a la misma le atribuye Transflucol Ltda., le corresponde a la Sala dilucidar si el accidente de trabajo en el cual perdió la vida Jesús Antonio Donado Becerra obedeció a culpa suficientemente comprobada del empleador, como lo concluyó el Tribunal o, si por el contrario, dicho accidente ocurrió por culpa exclusiva de la empresa contratante de sus servicios que lo fue Ecopetrol S.A., quien no cumplió los protocolos de seguridad que hubiesen evitado el fatal accidente.
Previo a dilucidar ello, oportuno es recordar que la condena por indemnización ordinaria y plena de perjuicios consagrada en el artículo 216 Código Sustantivo del Trabajo, debe estar precedida de la culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, de modo tal que su imposición amerita, además de la demostración del daño originado en una actividad relacionada con el trabajo, la prueba de que la afectación a la integridad o salud fue consecuencia de su negligencia en el acatamiento de los deberes de velar por la seguridad y protección de sus trabajadores (art. 56 CST).
Particularmente, tales obligaciones se encuentran consagradas en los numerales 1º y 2º del artículo 57 del ibídem, según las cuales los empleadores deben «[...] Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores», y procurarles «locales apropiados y elementos adecuados, de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud».
De igual manera, el artículo 348 ibídem preceptúa que toda empresa está obligada a «[...]suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores», y adoptar las medidas de seguridad indispensables para la protección de la vida y la salud de los trabajadores, lo cual guarda plena armonía con las disposiciones que en materia de salud ocupacional y seguridad en los establecimientos de trabajo, prevén dentro de las obligaciones patronales las de «proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad» (art. 2º R. 2400/1979).
En esa misma línea el artículo 84 de la Ley 9ª de 1979 estableció que, entre otras obligaciones, los empleadores están impelidos a proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad; establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgos para la salud dentro de los procesos de producción; cumplir y hacer cumplir las disposiciones relativas a salud ocupacional; responsabilizarse de un programa permanente de medicina, higiene y seguridad en el trabajo destinado a proteger y mantener la salud de los trabajadores; adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la instalación, operación y mantenimiento, en forma eficiente, de los sistemas y equipos de control necesarios para prevenir enfermedades y accidentes en los lugares de trabajo y realizar programas educativos sobre los riesgos para la salud a que estén expuestos los trabajadores y acerca de los métodos de su prevención y control.
Ya en el marco del Sistema General de Riesgos Profesionales, hoy Sistema General de Riesgos Laborales, se reiteró la obligación a los empleadores de «[...] procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo» (art. 21 del D. 1295/94).
Lo visto en precedencia, muestra cómo las disposiciones sustantivas laborales de salud ocupacional, hoy seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales, han sido unívocas en comprometer de manera clara y precisa al empleador a cuidar y procurar por la seguridad y salud de los trabajadores, y adoptar todas las medidas a su alcance en orden a prevenir los accidentes y enfermedades profesionales, todo ello en perspectiva a que «[...]la salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socio-económico del país, su preservación y conservación son actividades de interés social y sanitario» (art. 81, L. 9ª/79).
Precisado ello y descendiendo al caso de autos, la Sala procede a dilucidar el problema de orden fáctico planteado por la censura, que al comienzo de estas consideraciones se precisó; para ello, pertinente es recordar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ocurrió el accidente de trabajo, que a la postre, llevó a perder la vida al señor Jesús Antonio Donado, las cuales están claramente descritas en la documental visible a folios 81 a 84 del cuaderno 1. Al efecto dice:
Se encontraba atendiendo sus actividades del turno en la proa del remolcador TRANSFLUCOL # 5 que se encontraba atracado en el muelle de ECOPETROL Barrancabermeja el cual recibía el bombeo para llenar las balas de GLP que estaban sobre el bote TFC N° 11. La tarea la ejecutaban y controlaban los supervisores de ECOPETROL. La presión se controlaba con los manómetros que había instalado provisionalmente en la parte superior de las balas junto a las válvulas de seguridad. Los indicadores de volumen marcaban aproximadamente un 85% del llenado de los tanques. El Operador de ECOPETROL decidió trasladarse a la casa de bombas para desde allí atender el final del bombeo que se hacía a las balas. En esos momentos la válvula saltó a la presión ejercida y segundos más tarde se produjo el fuego el cual alcanzó al señor Donado que estaba sobre el REMOLCADOR atendiendo los cabos de amarre, él intentó zafarlos para retirar el remolcador del alcance del fuego, recibiendo quemaduras que posterior le ocasionaron el deceso.
Aclarado ello, la Sala recuerda que el ad quem fundamentó su decisión, en que la culpa de la Transflucol Ltda., estaba suficientemente demostrada por cuanto «incumplió con el deber general que tiene el empleador de brindar protección adecuada a sus trabajadores, concretamente al trabajador fallecido», pues sin desconocer que la contratante de Transflucol Ltda. (Ecopetrol S.A.), también tuvo culpa en la ocurrencia del siniestro, fue claro en precisar que la empleadora no «tomó las medidas necesarias para que el accidente no ocurriera, al permite[ir] que interviniera en el llenado de la bala, trabajadores sin experiencia en el manejo de la bomba de mayor capacidad y sin instrucciones en la lectura del medidor de la bomba. Asimismo, al permitirle a su capitán realizar el llenado de la bala sin retirar el remolcador de la zona de influencia del cargue»
Conclusión que en lo más mínimo luce equivocada, pues es lo que objetiva y claramente indican las pruebas tenidas en cuenta por el tribunal y acusadas por la censura como mal valoradas, como es la documental que se transcribió en precedencia y el contrato de prestación de servicio de transporte celebrado entre las demandadas y sus anexos (fls. 55 y ss., cdno. 1), en el cual, entre otros temas, las partes en la cláusula cuarta acordaron que «EL TRANSPORTADOR [Transflucol Ltda.] se obliga a velar por la seguridad y la salud de sus trabajadores, usando los equipos de protección adecuados para el desarrollo de los trabajos contratados, de acuerdo con las normas que rigen la materia, y los reglamentos establecidos por Ecopetrol»; medidas de seguridad industrial que omitió observar y cumplir la empleadora del causante, tanto así que ni siquiera éste contaba con los elementos que hubiesen evitado la quemadura, o por lo menos ello no está demostrado en el proceso; más aún, ni siquiera la empresa ordenó a su capitán, como era su deber legal, retirar del muelle el remolcador, esto sin olvidar que el personal que atendía el llenado de las balas con GLP no contaba con la suficiente experiencia en esta labor, pues simplemente trata de evadir su responsabilidad intentado trasladarle la culpa a Ecopetrol, que si bien no está exenta de ella, como bien lo concluyó el sentenciador de alzada, lo cierto es que la responsabilidad de proteger al máximo la salud y la vida del trabajador, como arriba se precisó acudiendo a las normas legales pertinentes, recae principalmente sobre la empleadora.
Tampoco emerge yerro alguno del formato de investigación de accidentes de trabajo realizado por el Instituto de Seguros Sociales (fls. 77 ibidem), pues este medio de convicción no hace más que ratificar las circunstancias en las cuales ocurrió el accidente, por demás pone en evidencia que una de las causas del siniestro fue «la falta de información» del proceso de cargue del GPL, lo cual demuestra la negligencia de la empleadora; menos surge yerro alguno, del programa de salud ocupacional de Transflucol (fls. 260 y ss., ibidem); toda vez que dicho programa tiene fecha «15 de julio de 2004», esto es, con mucha posterioridad a la ocurrencia del accidente de trabajo en el que falleció Donado Becerra, que se recuerda lo fue el 27 de noviembre de 2003, tampoco de la documentación referida a la actualización del comité paritario de salud ocupacional y reglamento de higiene y seguridad industrial (fls. 399 a 533 ibidem), ninguna de tales probanzas da cuenta de un actuar diligente y cuidadoso de la demandada.
Menos surge algún yerro del documento de participación del marinero Jesús Antonio Donado Becerra, en la capacitación sobre accidentes laborales (fls. 495 ibidem); pues el mismo, ni siquiera da cuenta de cual o cuales temas allí se trataron, que eventualmente llevasen a exonerar la responsabilidad de la demandada en el accidente, simplemente se enlista los participantes en dicha jornada; tampoco brota yerro de la valoración de que hizo el tribunal de la contestación de la demandada por parte de Transflucol Ltda. (fls. 56 y ss., ibidem); pues lo dicho en ella no puede servir de causa eficiente para exonerarla de la culpa que tuvo esta demandada en la ocurrencia del accidente de trabajo, pues las pruebas allegadas al proceso demuestran todo lo contrario; esto es, que tuvo culpa en la ocurrencia del siniestro; menos del informe de Ecopetrol sobre la ocurrencia del accidente en que perdió la vida el señor Donado Becerra (fls. 21 y ss., ibidem) y el informe de Transflucol Ltda. sobre el acaecimiento del citado accidente (fls. 81 y ss. ibídem), pues ellos no hacen más que poner de presente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se dio el accidente de trabajo, que fue precisamente de donde partió el tribunal para inferir la culpa suficientemente comprobada de la empleadora; ello sin soslayar que Ecopetrol al contestar la demanda (fls. 612 a 644, cdno. 3) puso de presente que la responsabilidad del accidente ocurrido el 27 de noviembre de 2003, estaba en cabeza de la empleadora, no de Ecopetrol S.A.
Menos salta error del acta de protesta del accidente (fls. 86 y 228 a 229 ibidem), pues tal documental suscrita por varios empleados de la demandada que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, pone de presente similares hechos a los refreídos en los informes del accidente de trabajo, pues la misma dice que siendo aproximadamente las 23.55 horas del 27 de noviembre de 2003, se escuchó un disparo de la válvula de seguridad que alivia la presión del tanque #3, la cual se encontraba ubicada en la parte superior del tanque, el cual había recibido ya un volumen aproximadamente del 85% de su capacidad, y que:
[...] la válvula no funcionó correctamente en el tiempo debido para su cierre automático, es decir, continúo abierta, y el escape se fue creciendo en forma ya incontrolable hasta cubrir y saturar el área en la cual se llevaban a cabo las operaciones, llegando de esta manera hasta donde se encontraba el remolcador TRANSFLUCOL Nº 5 (...). Al escuchad el disparo de la válvula y a la vez el penetrante olor a GLP me pondo en alerta, después de un corto periodo de tiempo observo un gran resplandor y de inmediato se produjo un grave incendio tanto en el bote como en el remolcador, de inmediato llamo la tripulación, los maquinistas van a prender las máquinas y los marineros hacen por soltar el remolcador que se encontraba asegurado al bote TFC N.° 11, pero no fue posible, el humo y el fogaje ya no lo permitieron»
Tal medio de convicción no hace más que poner de presente la culpa de la empleadora demandada en el accidente de trabajo, pues frente a tal siniestro, que desde luego era previsible ocurriera, en tanto se trata del manejo de sustancias altamente inflamable (GLP), Transflucol Ltda., no tenía un plan de contingencia para evitarlo y menos para aminorar al máximo el riesgo, tanto así que ni siquiera se hace alusión a la existencia de un plan de contingencia frente al incendio que ya se había iniciado, lo cual por sí solo muestra un actuar negligente y descuidado en el cumplimiento de sus obligaciones generales y especiales que como empleador debe cumplir a la luz de la normatividad del trabajo.
De otro lado, si bien es cierto las comunicaciones dirigidas a Ecopetrol por parte de la demandada (fls. 233 y 237 a 241 ibídem); dan cuenta de que Transflucol Ltda., puso en conocimiento de Ecopetrol los permanentes escapes de gas; el mal funcionamiento de los manómetros; el desgaste de tuberías y acoples, la falta de mantenimiento de las válvulas y el desgaste de las mangueras, etc., esto no hace más que confirmar el descuido y la negligencia con que actuó la empleadora para con sus trabajadores, que desde luego acarrea la culpa patronal prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, pues si Transflucol Ltda. conocía tales deficiencias, para la Sala no es admisible que a pesar de ello y sin haber adoptado los correctivos necesarios, hubiese puesto en riesgo a sus trabajadores, entre ellos al señor Donado Becerra, y en tales condiciones, debió evitarlos o no proceder a cargar el GLP hasta tanto Ecopetrol tomara los correctivos necesarios, mas como lo hizo, asumiendo grandes riesgos, los cuales efectivamente se dieron, y en consecuencia, la decisión no podía ser otra que imputarle culpa en el accidente de trabajo.
Dicho de otra manera, frente a la presencia del riesgo, no bastaba advertir su existencia, sino tomar todas las acciones encaminadas a evitarlo o, por lo menos, a aminorar su impacto, lo cual lejos estuvo de realizar Transflucol Ltda.; por lo menos no está demostrado en el proceso, todo lo contrario, lo que sí está acreditado es su actuar negligente y descuidado para con su trabajador al permitir el cargue del GLP en tales condiciones.
Todo lo anterior es suficiente para concluir, que no le asiste razón a la censura en las crítica de orden fáctico que le atribuye a la decisión recurrida, pues como bien lo precisó el Tribunal, el accidente de trabajo ocurrido el 27 de noviembre de 2003 se generó por culpa suficientemente comprobada de la empleadora, sin que sea aceptable para la Sala, que quiera evadir sus responsabilidad trasladándole la misma a Ecopetrol, pues es ella, no ésta, la empleadora del causante, por tanto, estaban encabeza suya las obligaciones que le impone la legislación laboral, entre ellas, el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y el suministro a su trabajador de los elementos y condiciones de trabajo seguros, todo lo cual no cumplió, tanto así que el fatal accidente terminó con la vida de Donado Becerra.
Lo dicho en precedencia, es suficiente para la Sala concluir que el tribunal no incurrió en los yerros fácticos endilgados, por ende, el cargo no prospera.
Lo formula de la siguiente manera:
Acuso la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, en la modalidad de errónea interpretación de los artículos 19, 193 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con los artículos 1°, 34, y 49 del Decreto 1295 de 1994; 4°, 27 de la Ley 153 de 1887; 1613, 1614, 1626, 1630, 1649, 1666, 1667, 1668, 1670, del Código Civil; artículo 831 del Código de Comercio, artículos 16 y 162 de la Ley 446 de 1998.
En sustento del cargo manifiesta que para este ataque no controvierte la relación laboral, ni el fallecimiento del trabajador con ocasión al accidente de trabajo en el cual medió la culpa imputable al empleador.
Lo que no acepta es que el tribunal se hubiese abstenido de descontar del monto de la indemnización total y ordinaria de perjuicios y del lucro cesante, la pensión de sobrevivientes subrogada a la entidad aseguradora de riesgos profesionales.
Señala que el tribunal a partir de su tesis de responsabilidades no puede pretender que un solo hecho genere la obligación de pagar dos indemnizaciones, siendo contraria a la lógica de la fuente generadora del daño, pues sostiene que propiciaría un enriquecimiento sin justa causa de la víctima. Afirma que en el presente caso el presupuesto fáctico de la responsabilidad es el mismo, solo que las indemnizaciones provenientes de la culpa plenamente comprobada del patrono, «subsume en ella la establecida en forma tarifada, quien se subroga en la deuda del empleador en virtud del artículo 193 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con lo dispuesto en los artículos 1° y 34 del Decreto 1295 de 1994».
Sostiene que el empleador que es hallado culpable no se beneficia de su propia culpa, pues los perjuicios causados son resarcidos plenamente en el mayor valor que exceda a la indemnización tarifada; que la responsabilidad que genera la culpa del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo subsume la responsabilidad ocasionada por el accidente de trabajo y, es por eso, que la citada norma dispone que se descuente la suma subrogada, en nombre del empleador, por la entidad aseguradora.
Arguye que el tribunal no debió condenar el daño consolidado futuro, pues ésta ya estaba implícita en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, que es una prestación subrogada por el empleador y a cargo de la aseguradora con anterioridad al hecho mismo del accidente.
Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa, en la modalidad de infracción directa de los artículos 19, 193 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo «por falta de aplicación de las normas citadas, en concordancia con los artículos 1°, 34 y 49 del Decreto 1295 de 1994; 4°, 27 de la Ley 153 de 1887; 1613, 1614, 1626, 1630, 1649, 1666, 1667, 1668, 1670 del Código Civil; artículo 831 del Código de Comercio, artículos 16 y 162 de la Ley 446 de 1998».
En la demostración del cargo sostiene que es clara la disposición del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando dispone que la indemnización plena y ordinaria de perjuicios proveniente de la culpa suficientemente comprobada del empleador, debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas, «sin distinguir que éste se haya solucionado por el patrono o por la entidad subrogatoria de esta obligación». Sin embargo, afirma que le juez de instancia lo ignoró al no aplicarlo, sosteniendo que el sentido de esta ley es claro y no debe desatender su tenor literal, respalda su tesis en el salvamento de voto presentado en la Sentencia CSJ SL, 12 nov. 1993, rad. 5958.
En síntesis, el demandante dice que los dos cargos no pueden prosperar, en tanto el Tribunal no hizo otra cosa que aplicar la posición interpretativa expuesta en la sentencia de la CSJ SL, 16 mar. 2005, rad. 20240. Afirma que la postura del recurrente estuvo vigente hasta el año de 1993, cuando la Corte decidió que «el seguro social no había asumido para entonces el riesgo del daño que el trabajador le sobreviniera por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional imputable a culpa suficientemente comprobada del patrono».
Desde ya advierte la Corte que no resulta jurídicamente correcto que Transflucol Ltda., pretenda compensar el valor de las prestaciones económicas o asistenciales que dispensa el sistema de seguridad social, por razón de la mera ocurrencia de las contingencias laborales, como lo es, entre otras, la pensión de sobrevivientes que recibe de la ARP la cónyuge del causante, con los conceptos indemnizatorios, entre ellos el lucro cesante futuro, causados por su comportamiento culposo en la contingencia que afectó la vida del trabajador.
Precisamente, en fallo CSJ SL887-2013, también referida a la pensión de sobrevivientes reconocida por el sistema de seguridad social, la Corte precisó:
De vieja data ha enseñado la jurisprudencia, según doctrina de la Corte aun inalterable, que no es posible compensar las sumas que resulta a deber el empleador a título de lucro cesante, por los perjuicios materiales incluidos en la reparación integral del daño, en aplicación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, con las recibidas por concepto de pensión de sobrevivientes, por tratarse de obligaciones diferentes.
Justamente, en sentencia del pasado 13 de marzo de 2012, radicación 39.798, la Sala recordó:
Con todo, el ad quem al negar la compensación de la condena impuesta a la demandada por indemnización plena de perjuicios con el pago que ha realizado la ARP por concepto de pensión de sobrevivientes, sobre lo cual, a la postre, recae el ataque del impugnante con los reparos 1º y 3º anotados, no hizo más que seguir el precedente mayoritario que viene aplicando esta Corte en múltiples casos, verbigracia en la sentencia 35121 de 2009, reiterada en la 36815 de 2011; en aquella esta Sala resolvió el punto de inconformidad de la censura como sigue:
Con respecto al derecho a la reparación como consecuencia de un accidente de trabajo, nuestra legislación tiene previstas dos maneras de reparación identificables jurídicamente así: una, la denominada reparación tarifada de riesgos, relativa al reconocimiento de los beneficios o prestaciones económicas previstos en la Ley 100 de 1993, Ley 776 de 2002 y demás normas reglamentarias según el caso a cargo de las administradoras del riesgo profesional; y otra, la reparación plena de perjuicios que tiene que ver con la indemnización total y ordinaria de éstos por culpa patronal en la ocurrencia del siniestro, y que corresponde asumir directamente al empleador en los términos del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.
[...] Adicionalmente, es de anotar, que la Sala en decisión del 7 de marzo de 2003 radicación 18515, que reiteró la sentencia que data del 25 de julio de 2002 radicado 18520, al referirse a esta temática había adoctrinado que aún con la expedición del artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, al colocarlo en relación con el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, mantiene invariable la tesis según la cual las entidades de seguridad social no asumen las indemnizaciones originadas en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo que ocurran por culpa suficientemente comprobada del empleador, y por tanto no es posible que le aminoren esa carga patrimonial al patrono encontrado culpable, quien tiene toda la responsabilidad ordinaria por mandato del citado precepto sustantivo laboral.
[...] Las anteriores directrices jurisprudenciales permiten inferir, que los beneficiarios o causahabientes del trabajador fallecido que reciban una reparación integral de los perjuicios sufridos derivados de un accidente de trabajo por culpa patronal, y simultáneamente un beneficio prestacional del ISS o de la ARP, no están accediendo a un doble beneficio por un mismo perjuicio, en la medida que como se explicó su origen es disímil y obedecen a causas diferentes, sin olvidar que para estos casos la culpa y el dolo no son asegurables”.
En este orden de ideas, no le asiste razón al recurrente cuando aduce que resulta procedente que de la indemnización plena de perjuicios derivada de la culpa del empleador se compense o descuente el valor de la pensión de sobrevivientes reconocida por la ARP a la cónyuge del causante, con ocasión del infortunio que terminó con la vida de Donado Becerra; toda vez que la referida indemnización de perjuicios tiene su origen en la conducta culposa del empleador (responsabilidad subjetiva), en tanto que la prestación pensional tienen su fuente en la ocurrencia de ciertos infortunios en el decurso de la actividad laboral (responsabilidad objetiva), es decir, una y otras tienen una causa distinta, lo cual hace improcedente tal aspiración (CSJ SL16367 -2014).
En este orden de ideas, tal como lo ha precisado la jurisprudencia, el motivo que impide compensar esas sumas de dinero es que la causa que origina cada una de las prestaciones es diversa: en el caso de la pensión, de carácter eminentemente objetivo, en el caso de la culpa patronal, de naturaleza subjetiva. Es decir, el criterio jurisprudencial que justifica que dichas sumas de dinero no se compensen, no es que estén a cargo de diferentes pagadores sino porque provienen de fuentes legales distintas y persiguen finalidades disímiles, lo que, en el caso de la culpa, como, además, se encuentra soportado en el deber de endilgarle responsabilidad al empleador por su actuar negligente, hace imperioso que se efectivizan esas condenas en su contra, sin lugar a descontar los dineros que se paguen a otro título (CSJ SL2158-2018).
En Sentencia CSJ SL5463 -2015, la Corte precisó:
[...] Respecto a la afirmación del censor, de que dentro del cálculo de los perjuicios derivados del accidente de trabajo, el lucro cesante lo está pagando la ARP, resultando un “doble pago” —el que efectúa la entidad que conforma el Sistema y el que sufraga el empleador—, es evidente que el seguro contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte no abarca el evento en que se acredita que el accidente de trabajo sobrevino como consecuencia de —yerro— del empleador, como en el caso de estudio, y de no haberse demostrado que se aseguró el riesgo “culposo”, amén de que la facultad para suplicar la eventual compensación respecto a las indemnizaciones que en un momento dado pudieran resultar a cargo del empleador, sería únicamente por la entidad aseguradora, en este caso la ARP, pero no la persona que incurrió en el yerro que originó el accidente de trabajo, es decir el empleador.
[...] Las anteriores directrices jurisprudenciales, permiten inferir que los trabajadores que reciban una reparación integral de perjuicios, derivados de un accidente de trabajo por culpa patronal, y simultáneamente una pensión de invalidez, no acceden a una doble reparación por un mismo perjuicio, en la medida en que las fuentes legales son distintas, y su teleología no es coincidente.
[...] Piénsese no más en que si hay un accidente de trabajo, en el que no ha mediado culpa empresarial, ello solo da lugar al reconocimiento de las prestaciones económicas y en especie, a cargo de la aseguradora de riesgos profesionales; por ello, no es razonable que, ante un infortunio de igual talante, en el que la incuria del empleador haya sido factor determinante en su producción, la solución sea exactamente la misma. Ello implicaría, ni más ni menos, la impunidad de la falta de cuidado y diligencia que las reglas de derecho, y de convivencia imponen, no sólo en el ámbito de una comunidad laboral, sino de la sociedad en general.
Dicho de otra manera, el propósito de las pensiones es garantizar la subsistencia del asegurado ante la ocurrencia de un evento que no le permita un ingreso; en cambio, lo que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo procura, es resarcir a la víctima por la conducta imprudente, negligente o premeditada del empleador, que le ha reportado perjuicios al servidor (CSJ SL 30 nov. 2011, rad. 35158).
Dado que la anterior doctrina se acompasa con la tesis expuesta por el tribunal, resulta evidente que no incurrió en los dislates jurídicos atribuidos en los dos cargos, pues, se itera, no es viable deducir del monto de la condena por concepto de perjuicios de orden material, las sumas que recibe la cónyuge del causante a título de pensión de sobreviviente por parte de la ARP.
Los cargos, en consecuencia, no prosperan.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente Transflucol Ltda., y en favor de la parte demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de siete millones quinientos mil pesos ($ 7.500.000), suma esta que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia realice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
XIII. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A. ECOPETROL S.A.
Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme el fallo de primer grado.
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron oportunamente replicados por la parte demandante y por la Transportes Fluviales de Colombianos Ltda.
Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida del artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo, en relación con los artículos 3º del Decreto 2351 de 1965, que subrogó el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo; y 3º de la Ley 105 de 1993, 45 y 49 del Código de Petróleos.
Manifiesta que tal violación se dio a causa de haber incurrido los siguientes errores de hecho:
1. Dio por demostrado, sin estarlo, que ECOPETROL realiza actividades de transporte fluvial por vías de navegación interior.
2. Dio por demostrado, sin estarlo, que ECOPETROL contrató a TRANSFLUCOL para el desarrollo de labores de transporte de hidrocarburos, esto es, la que es propia de la industria del petróleo a través de tuberías.
Aseguró que tales errores se produjeron a causa de haber apreciado erróneamente la certificación de la cámara de comercio sobre la existencia y representación legal de Ecopetrol (fls. 3 al 9, cdno. 1); y el contrato que concertó Ecopetrol S.A. con Transflucol Ltda. (fls. 187 a 203 ibidem) y por no haber apreciado el certificado de la cámara de comercio sobre la existencia y representación de Transflucol Ltda. (fls. 183 a 186 ibidem); y el documento que obra a folio 85 también del cuaderno uno.
En la demostración del cargo, expresa que el tribunal dio por demostrado que el contrato suscrito entre los demandados tuvo por objeto el transporte, cargue, descargue y almacenamiento de «hidrocarburos»; por tanto, como esta actividad corresponde al objeto social de Ecopetrol, lo llevó a aplicar el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965. Conclusión esta que es equivocada, pues el certificado de cámara y comercio de la petrolera hace referencia específica a «la actividad industrial y comercial y al transporte de hidrocarburos», excluyendo el transporte comercial de «gas natural».
En ese orden manifiesta que como el objeto transportado por Transflucol Ltda., que es GLP (Propano, butano o mezcla de estos) mismo que hizo combustión y produjo el fallecimiento del trabajador, no era un hidrocarburo, por tanto, no podía endilgársele responsabilidad solidaria a Ecopetrol, ello aunado a que la documental que aparece a folio 85 del cuaderno principal, da cuenta del «objeto» que en el momento del accidente se estaba almacenando, no era un hidrocarburo, sino que se trataba de gases, que desde luego está excluido del objeto social de su representada.
Por lo anterior sostiene que la única demostración que surge de esas pruebas es la que el objeto social de Ecopetrol S.A. es la actividad industrial comercial y el transporte de hidrocarburos, donde se excluye expresamente el transporte de gases; y que por lo tanto, no puede ser solidaria en la obligación laboral dado que, a diferencia del objeto social de Ecopetrol S.A, la finalidad del contrato que se suscribió por las demandas fue el transporte de gases y no de hidrocarburos.
De otra parte, manifiesta que si el tribunal hubiera apreciado correctamente el certificado de existencia y representación de la empresa de transportes, habría advertido que es un transportador fluvial, y que por lo mismo desarrollaba una actividad ajena a la de Ecopetrol S.A, pues según su propio código de petróleos se desarrolla en punto a su transporte a través de «tuberías, por oleoductos, dentro del marco de los artículos 45 y 49 de ese estatuto». Por lo tanto, afirma que su empresa no realizó, ni efectúa actividades de transporte fluvial por vías de navegación interior según su objeto social, lo cual evidencia que las dos empresas tienen objetos sociales diferentes y por tanto no existe solidaridad laboral alguna con Transflucol Ltda.
XV. LAS RÉPLICAS
La parte demandante sostiene que la decisión del tribunal está conforme a derecho; afirma que la solidaridad que decretó el juez de alzada tiene un claro sustento legal dado que el elemento «N-Butano», es considerado un hidrocarburo, por lo que concuerda con el objeto social de Ecopetrol S.A.
A su turno, Transflucol Ltda., expresa que el tribunal no cometió error fáctico alguno, pues según el entendimiento técnico de las palabras, el butano es «un gas licuado del petróleo GLP, un hidrocarburo», cuyo transporte no constituye actividad extraña o ajena al objeto social de la empresa Ecopetrol S.A., por tanto, es solidariamente responsable, tal como lo concluyó el tribunal.
XVI. CONSIDERACIONES
El cuestionamiento de orden fáctico que la censura le atribuye al tribunal, que la Sala está llamada a dilucidar, está centrado en establecer si el «GLP» (elemento que generó la conflagración en la cual perdió la vida el señor Donado Becerra), es o no un hidrocarburo o uno de sus derivados; sólo si la respuesta es negativa, la Sala entraría a estudiar si dentro del objeto social de Ecopetrol está excluido el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización del GLP, para con ello eventualmente ser exonerada de la responsabilidad solidaria contemplada por el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que es lo perseguido por la censura.
Para dilucidar lo anterior, la Sala comienza por precisar que el «GLP» o «gas licuado de petróleo», comúnmente conocido como gas en cilindro o gas propano, es un combustible que proviene de la mezcla de dos hidrocarburos principales: el propano (C3H3) y el butano (C4H10) y otros en menor proporción. Es obtenido de la refinación del crudo del petróleo o del proceso de separación del crudo o gas natural en los pozos de extracción (Cfr. páginas oficiales www.unigas.com.co www.ecopetrol.com.co/ www1.upme.gov.co).
Precisado lo anterior, desde ya se advierte que no le asiste razón a la censura en su planteamiento, toda vez que al no existir la más mínima discusión que el «GLP» es un producto derivado del petróleo (hidrocarburo), resulta indiscutible que, en este caso, su transporte y almacenamiento está dentro del objeto social de Ecopetrol, tal como se advierte con absoluta claridad del certificado de existencia y representación legal visible folios 3 a 7 del cuaderno 1, al referirse a las:
ACTIVIDADES COMERCIALES O INDUSTRIALES CORRESPONDIENTES O RELACIONADAS CON LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIETO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y PRODUCTOS. (...) 7) TRASMPORTE Y ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS, PRODUCTOS A FINES, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO PROPIOS O DE TERCEROS, EN EL TERRRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTERIOR, CON EXCEPCIÓN DE TRANSPORTE COMERCIAL DE GAS NATURAL EN EL TERRITORIO NACIONAL... (se subraya y resalta)
Objeto social este que a su vez le permitió a la petrolera estatal contratar con Transflucol Ltda. (tercero) «el recibo, cargue, almacenamiento, transporte y descargue de los productos que se relacionan a continuación: GLP (propano, butano o mezcla de estos) aceite liviano de ciclo, ACPM, gasolina o nafta, jet, queroseno, gasóleo o combustóleo, todo lo anterior de acuerdo con la disponibilidad de los productos por parte de Ecopetrol, con las condiciones de navegabilidad del rio Magdalena con los programas que se informaran oportunamente el TRANSPORTADOR [...]» (se subraya. fls. 187 a 203).
Actividad ésta que, por demás, contrario a lo sostenido por la censura, constituye el objeto social principal de Transflucol Ltda., pues su certificado de existencia y representación legal (fls. 183 a 186 ibidem), es claro en precisar que atañe a «la explotación del transporte de carga en general y de hidrocarburos, dentro del territorio nacional (...)». (Se subraya por el despacho).
Todo lo anterior lleva a la Sala a concluir que no se equivocó el tribunal en su decisión de declarar la solidaridad, pues conforme a las pruebas antes analizadas, resulta evidente que la actividad que cumple Transflucol Ltda. (Transporte de hidrocarburos) y que por su conducto lo ejecutaba el trabajador fallecido, tiene que ver con el objeto social de Ecopetrol S.A., por tanto, para la Corte no existe el menor asomo de duda que la petrolera estatal está llamada a asumir la solidaridad prevista por el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.
De otra parte, la documental que aparece a folio 85, en momento alguno pone de presente que el material trasportado por la empleadora del causante, que originó la conflagración, no es un hidrocarburo, como lo plantea la acusación; todo lo contrario, tal documental es clara en señalar que el incendio se generó cuando la demandada y empleadora del actor, se encontraba realizando el cargue de «GLP», que como se vio, es un hidrocarburo; cosa diferente fuera si tal documental hiciera referencia a «gas natural», que sí está excluida del objeto social de Ecopetrol.
Así las cosas, como el transporte y almacenamiento del «GPL» o «gas licuado de petróleo», generante de la conflagración en la cual perdió la vida el señor Donado Becerra, sí corresponde al objeto social de Ecopetrol, solo que dicha actividad la había contratado con un tercero llamado Transflucol Ltda., la Sala, itera, que es indiscutible que a la luz del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, Ecopetrol S.A. es solidariamente responsable de las condenas impuestas a la empleadora del causante, Transflucol Ltda., pues tales labores, como se vio, no son extrañas a las actividades normales de la contratante Ecopetrol.
Todo lo anterior, lleva a la Sala a concluir, que el Tribunal no incurrió en ninguno de los dislates fácticos atribuidos por la censura.
Lo dicho en precedencia, es suficiente para estimar que el cargo no prospera.
XVII. SEGUNDO CARGO
Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa, en la modalidad de infracción directa del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 14 del Decreto 2282 de 1989, que a su vez lo llevó a la aplicación indebida del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.
En la demostración del cargo dice:
1º. El juzgado no resolvió sobre el lucro cesante consolidado.
2º. En el recurso de apelación la parte demandante propuso ese tema como materia de examen que debía asumir el tribunal.
3°. El asunto de lucro cesante no fue propuesto mediante el sistema previsto en el modificado artículo 311 del Código de Procedimiento Civil.
Todo ello lo lleva a concluir que el tribunal violó la norma procesal enlistada en la proposición jurídica, la cual tiene fundamento en el debido proceso y el cumplimiento de las dos instancias.
XVIII. LA RÉPLICA
La parte demandante, dice que «lo procedente era solicitar la adición de la sentencia en los términos del artículo 311 del código de Procedimiento Civil».
Transflucol Ltda., manifiesta que le asiste la razón a Ecopetrol. S.A., dado que efectivamente se infringe el artículo 29 de la Constitución Nacional y las normas legales que lo desarrollan, pues el tema del daño futuro consolidado y propuesto en la apelación por la actora, se formuló sin los requisitos procesales previstos en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil.
XIX. CONSIDERACIONES
Procede la Sala a dilucidar si el fallador de segundo grado infringió directamente el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, al condenar a las demandadas a pagarle a la cónyuge del causante la suma de $ 71.711.557.64 por concepto de lucro cesante consolidado, pues según puede inferirse de la argumentación del recurrente, el tribunal no tenía competencia para ello en razón a que sólo podía referirse a tal aspecto, si la demandante hubiese hecho uso del remedio procesal señalado en la norma adjetiva antes mencionada, pidiendo la adición del fallo de primer grado.
Desde ya advierte la Sala, que no le asiste razón a la censura en su planteamiento, por dos razones fundamentales: la primera, porque el fallador de primer grado, al calcular el lucro cesante futuro en la suma de $ 166.741.295, como bien lo advirtió el tribunal, lo hizo partiendo de la fecha de la ocurrencia del accidente de trabajo, que se recuerda fue el 27 de noviembre de 2003, hasta la esperanza de vida del causante; esto es, que el a quo no distinguió entre el lucro cesante pasado o consolidado que es el causado desde el día del fatal suceso, hasta la fecha de la sentencia, y el lucro cesante futuro, que es el generado entre el día del fallo y la esperanza de vida del trabajador.
Fue por lo anterior que el ad quem, al desatar la alzada formulada por la parte demandante, precisó que el lucro pasado o consolidado es el causado desde la muerte del trabajador hasta la fecha de la sentencia, que lo fue el 30 de noviembre de 2011, cuyas operaciones le dieron un total de $ 71.711.557.64 y el segundo, que corresponde al lucro cesante futuro se causa desde el 1º de diciembre de 2011 hasta la esperanza de vida del trabajador, cuyas operaciones ascienden a la suma de $ 103.389.858.80, para un gran total de $ 175.101.416.40, y fue en este sentido que dispuso modificar la decisión de primer grado. Actuar éste que en momento alguno acarrea la violación del citado artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, en los términos vigentes para la época, aplicable por remisión analógica al procedimiento laboral.
Pero ello no lo es todo, la segunda razón por la cual la Sala sostiene que no se dio la violación de la disposición adjetiva anteriormente individualizada, obedece a que es la misma disposición la que faculta al tribunal para complementar la sentencia de primer grado, condicionado a que la parte afectada con la omisión en la resolución de un extremo de la litis o de cualquier otro punto materia del litigio, hubiese apelado o adherido a ella, así lo decía expresamente:
ART. 311.—Adición. Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término.
El superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie la de segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado o adherido a la apelación; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria (se subraya).
Así las cosas, como la parte demandante, apeló el tema del lucro cesante consolidado, resulta palmaria la competencia del tribunal para pronunciarse al respecto, lo cual, descarta la infracción directa del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, y en tales condiciones no se cometió el yerro jurídico enrostrado.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente Ecopetrol S.A. y en favor de la parte demandante y de Transflucol Ltda., las cuales se reducen en un 50%, pues las dos replicantes, en puridad de verdad, solo se opusieron al primero de los dos cargos formulado por Ecopetrol S.A. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones setecientos cincuenta mil pesos ($ 3.750.000), que se distribuirán en partes iguales entre las dos opositoras, suma esta que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia realice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
XX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, el 30 de noviembre de 2011, en el proceso ordinario laboral adelantado por ALICIA MARÍA MATOREL GREY contra las sociedades TRANSPORTE FLUVIALES COLOMBIANOS LTDA-TRANSFLUCOL LTDA y la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL S.A., al que se integró como litesconsortes a MARÍA DE LOS ÁNGELES BECERRA DE DONADO y CÉSAR AUGUSTO DONADO MARTÍNEZ.
Costas de los recursos de casación, como se dijo en la parte motiva.

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