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Timestamp: 2020-06-01 20:16:18+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 204/03 de Corte Constitucional, 11 de Marzo de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 43619646
Ley 640 de 2001. Art. 29. Ley 712 de 2001. Art. 39 (p.). Conciliacion extrajudicial. Reforma codigo procesal del trabajo. Inasistencia audiencia asuntos laborales y obligatoria. Fuerza mayor. Asistencia por apoderado. Procedimiento ordinario. Unica instancia. Procedibilidad. Beneficios a favor de trabajadores. Acceso a la administracion de justicia. Potestad de configuracion legislativa. Unidad normativa. Exequibles e inexequibles.
Sentencia citada en: 43 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas, un tema práctico
Actor: S.M.M.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano S.M.M. demandó en su integridad el artículo 29 de la Ley 640 de 2001 ''por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones'' y algunas partes del artículo 39 de la Ley 712 de 2001 ''por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo''.
Mediante auto del 23 de agosto de 2002, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda, dispuso correr traslado de la misma al P. General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor y ordenó fijar en lista la norma acusada, así como comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, al Presidente del Congreso, a los Ministros de Justicia y del Derecho, de Trabajo y Seguridad Social y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a fin de que conceptuaran sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de estimarlo oportuno.
''LEY 640 DE 2001
La presunción no operará cuando la parte justifique su inasistencia ante el conciliador dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia, caso en el cual esta señalará fecha para nueva audiencia dentro de un término máximo de veinte (20) días.''
''LEY 712 DE 2001
Si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión. Las mismas consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvención.
Si en el evento del inciso quinto el apoderado tampoco asiste, se producirán los mismos efectos previstos en los numerales anteriores.
En el caso del inciso quinto de este artículo, la ausencia injustificada de cualquiera de los apoderados dará lugar a la imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a un salario mínimo mensual vigente.
Parágrafo 2°. Cuando la ley exija la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad, esta reemplazará la etapa de conciliación prevista en el presente artículo, salvo cuando el demandante solicite su celebración.'' Cabe precisar que el actor en su demanda resalta el parágrafo 2° del artículo 39 de la Ley 712 de 2001 junto con los apartes acusados. Sin embargo la petición de inexequibilidad que hace en el aparte final de su libelo, así como los argumentos que expone en el mismo se refieren exclusivamente a los apartes que aquí se subrayan. Por esta razón en el auto admisorio de la demanda se tomaron en cuenta solamente dichos apartes que son los que son objeto de análisis en el presente proceso.
El Señor P. General de la Nación allegó el concepto número 3046, recibido el 4 de octubre de 2002, en la Secretaría de la Corporación, en el cual solicita que se declare la exequibilidad de los artículos 29 de la Ley 640 de 2001 y 39 parcial de la Ley 712 de 2001.
El señor P. General de la Nación recuerda que esta Corporación declaró la constitucionalidad de la obligación de asistir a la audiencia de conciliación en materia civil y del establecimiento de sanciones por su incumplimiento, basada en consideraciones que estima aplicables en el presente caso. En este sentido señala que la conciliación, sea esta judicial o extrajudicial, desarrolla numerosos postulados constitucionales (arts. 2, 228, 229 C.P.) y en particular se convierte en un instrumento de acceso a la justicia.
El análisis de constitucionalidad del artículo 29 de la ley 640 de 2001
En la sentencia C-893 de 2001 la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 39 y de algunos apartes del artículo 35 de la ley 640 de 2001
''Artículo 35. Requisito de procedibilidad. En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa, laboral y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas.
''Realizada la audiencia sin que se haya logrado acuerdo conciliatorio total o parcial, se prescindirá de la conciliación prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil o de la oportunidad de conciliación que las normas aplicables contemplen como obligatoria en el trámite del proceso, salvo cuando el demandante solicite su celebración.
''El requisito de procedibilidad se entenderá cumplido cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre el acuerdo, o cuando vencido el término previsto en el inciso 1° del artículo 20 de esta ley la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa; en este último evento se podrá acudir directamente a la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de conciliación.
''Con todo, podrá acudirse directamente a la jurisdicción cuando bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la presentación de la demanda, se manifieste que se ignora el domicilio, el lugar de habitación y el lugar de trabajo del demandado, o que este se encuentra ausente y no se conoce su paradero.
''Cuando en el proceso de que se trate, y se quiera solicitar el decreto y la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente a la jurisdicción. De lo contrario, tendrá que intentarse la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad, de conformidad con lo previsto en la presente ley.
''Parágrafo. Cuando la conciliación extrajudicial en derecho sea requisito de procedibilidad y se instaure la demanda judicial, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 22 y 29 de esta ley el juez impondrá multa a la parte que no haya justificado su inasistencia a la audiencia. Esta multa se impondrá hasta por valor de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del Consejo Superior de la Judicatura.
''Artículo 39. Requisito de procedibilidad en asuntos laborales. Si la materia de que se trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción laboral en los asuntos que se tramiten por el procedimiento ordinario.
''La conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad suplirá la vía gubernativa cuando la ley la exija.'' que establecían como requisito de procedibilidad la conciliación extrajudicial en derecho en materia laboral.
''Para la Corte las normas trascritas (art. 35 y 39 de la Ley 640 de 2001) que se acusan, puesto que dada la naturaleza voluntaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en general, y de la conciliación laboral, en particular, el legislador no podía establecerla como un requisito obligatorio de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción laboral, además porque al hacerlo desconoce el derecho de los particulares de acceder libremente a la administración de justicia para solicitar la tutela judicial efectiva de sus derechos.
Por las mismas razones, resulta inconstitucional el inciso segundo de la disposición que se comenta según el cual la ''conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad suplirá la vía gubernativa cuando la ley la exija.''. Esta decisión legislativa tampoco es acorde con el espíritu general de la conciliación, porque si bien busca prescindir del procedimiento contencioso administrativo laboral en asuntos que recaen sobre materia conciliable, agilizando la resolución del conflicto mediante la omisión una de las etapas del litigio contencioso administrativo que es la vía gubernativa, de todas formas parte del supuesto de la obligatoriedad de la conciliación que, tal como se advirtió, es a todas luces contraria al Ordenamiento Superior.
de lo anterior es el precepto 53 de la Carta Fundamental, que le señala al Estatuto del Trabajo la obligación de instituir unos principios mínimos fundamentales, entre otros, los de igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima, vital y móvil; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos contenidos en normas laborales; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho; garantía a la seguridad social; y facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles.
No es que la conciliación en materia laboral vaya a desaparecer. Por el contrario, conserva su especial relevancia histórica siempre y cuando no se la instituya como un requisito de procedibilidad en contra de los principios y valores constitucionales del trabajo y ante autoridades que en algunos casos por no ser versados en esta especialidad la tornan ineficaz y ocasionalmente onerosa'' Sentencia C-893/01 M.P.C.I.V.H. . S.V. de los Magistrados M.G.M.C., J.C.T., R.E.G. y E.M.L.. A.V. Magistrado M.J.C.E...
No obstante, tal apreciación es incorrecta porque el precedente jurisprudencial -en este caso- no es aplicable. La aparente contradicción desaparece si se observa que el fallo anterior está sustentado en consideraciones relativas al carácter especial de las relaciones laborales, que impide someter los conflictos de esta naturaleza al requisito de procedibilidad previsto en la Ley 640 de 2001.
En efecto, la Corte dijo en dicha providencia que debido a la especial protección del derecho al trabajo en la Constitución Política y a que, por principio, las condiciones en que se desarrollaban las relaciones laborales eran de subordinación e inferioridad, el elenco de normas superiores destinado a proteger tales intereses `podría quedar enervado, o al menos, seriamente amenazado, si el titular de los derechos que le han sido vulnerados, tuviese limitantes o cortapisas impuestas por el legislador como condición para poderlos ejercer de modo expedito' '' Sentencia C- 1195/01 M.P.M.J.C.E. y M.G.M.C. . S.V de los Magistrados A.B.S., C.I.V.H., y Á.T.G., así como del Magistrado J.A.R.. A.V. I de los Magistrados M.J.C., J.C.T. y R.U.Y...
Es decir que en materia laboral, contrariamente a lo que sucede en otras materias Ver la Sentencia C- 1195/01 M.P.M.J.C.E. y M.G.M.C..- S.V de los Magistrados A.B.S., C.I.V.H., y Á.T.G., así como del Magistrado J.A.R.. A.V. de los Magistrados M.J.C., J.C.T. y R.U.Y.-, en la que se declaró la exequibilidad del requisito de procedibilidad en materia civil, contencioso administrativa y en asuntos de familia. , la audiencia de conciliación extrajudicial podrá realizarse o no, dependiendo de la voluntad de las partes interesadas, pero sin que ello constituya un requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción laboral.
Dicho artículo 29 que hace parte del capítulo VII de la de la Ley 640 de 2001 alude a la audiencia de conciliación extrajudicial que pueda llegar a convocarse antes de que se acuda ante la jurisdicción laboral Lógicamente no cabe entender que la norma se pueda referir a una audiencia de conciliación que se convoque paralelamente al proceso judicial. Al respecto cabe recordar que el artículo 3 de la Ley 640 de 2001 señala que la conciliación podrá ser judicial si se realiza dentro de un proceso judicial, o extrajudicial, si se realiza antes o por fuera de un proceso judicial.
No sobra recordar así mismo que no solamente la ley 640 de 2001 en el artículo 43 señaló que las partes de común acuerdo, pueden solicitar al juez que se realice audiencia de conciliación en cualquier etapa del proceso, sino que de las normas vigentes en materia de procedimiento judicial laboral y en particular del artículo 22 del Código procesal del Trabajo y Seguridad Social se desprende que además de la audiencia obligatoria de conciliación a que alude el artículo 77 del mismo Código, tal como quedó reformado por el artículo 39 de la Ley 712 de 2001, la conciliación también podrá darse en cualquiera de las instancias del proceso, siempre que las partes, de común acuerdo, lo soliciten. En este sentido no tiene ningún sentido plantear que se pueda acudir ante un funcionario diferente al juez de conocimiento para intentar una conciliación una vez iniciado el proceso judicial. De otra parte resultaría totalmente incongruente que existiendo un proceso judicial en curso, el resultado de dicho proceso, a menos que se trate de una actuación realizada de común acuerdo que en todo caso se deberá someter al juez, pudiera verse alterado por las consecuencias procesales señaladas en la norma acusada, como resultado de la inasistencia del demandado a una audiencia de conciliación convocada por fuera del proceso judicial por un funcionario diferente al juez que conoce de dicho proceso.. Audiencia que de acuerdo con el artículo 28 de la ley 640 de 2001 ''Artículo 28. Conciliación extrajudicial en materia laboral. La conciliación extrajudicial en derecho en materia laboral podrá ser adelantada ante conciliadores de los centros de conciliación, ante los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales de la defensoría del pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral y ante los notarios. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales''. Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte en la Sentencia C-893/2001 podrá ser adelantada ante los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales de la defensoría del pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral y a falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales.
En caso de inasistencia entonces se dejará registro de ello por parte del conciliador en la constancia que éste expida al interesado, (art. 2 de la Ley 640 de 2001) Artículo 2°. C.. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo.
Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere.
Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que se trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá expedirse dentro de los 10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud.
, la que podrá hacerse valer ante la jurisdicción laboral para que se presuman probados los hechos susceptibles de confesión en que base sus pretensiones en contra de quien ha dejado de asistir a dicha audiencia.
En este sentido, la norma guarda plena concordancia con el supuesto contenido en los apartes del artículo 35 y en el artículo 39 de la Ley 640 de 2001 declarados inexequibles por la Corte en la Sentencia C-893/01 Ver Sentencia C-893/01 M.P.C.I.V.H. . S.V: de los Magistrados M.G.M.C., J.C.T., R.E.G. y E.M.L.. A.V. M.J.C.E.. que regulaban la asistencia a la audiencia de conciliación extrajudicial como un requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción laboral.
El análisis de constitucionalidad del artículo 39 de la Ley 712 de 2001
El establecimiento de esas reglas mínimas procesales tiene fundamentalmente un origen legal. En efecto, el legislador, autorizado por el artículo 150, numerales 1o. y 2o., de la Constitución Política, cuenta con una amplia potestad de configuración para instituir las formas, con base en las cuales se ventilarán las diferentes controversias jurídicas que surjan entre las personas Ver la Sentencia C-680 de 1998 M.P.Carlos G.D.. En el mismo sentido ver la Sentencia C-131/02 M.P.J.C.T. en la que se señaló ''La sola consagración del debido proceso como derecho fundamental, no puede derivarse, en manera alguna, una idéntica regulación de sus distintos contenidos para los procesos que se adelantan en las distintas materias jurídicas pues, en todo aquello que no haya sido expresamente previsto por la Carta, debe advertirse un espacio apto para el ejercicio del poder de configuración normativa que el pueblo ejerce a través de sus representantes. La distinta regulación del debido proceso a que pueda haber lugar en las diferentes materias jurídicas, siempre que se respeten los valores superiores, los principios constitucionales y los derechos fundamentales, no es más que el fruto de un proceso deliberativo en el que, si bien se promueve el consenso, también hay lugar para el disenso pues ello es así ante la conciencia que se tiene de que, de cerrarse las puertas a la diferencia, se desvirtuarían los fundamentos de legitimidad de una democracia constitucional.''.
La Corte ha precisado específicamente que al legislador, dentro de las facultades de configuración legislativa que se derivan de las normas constitucionales ya mencionadas (arts 29,150, 228 C.P.) también se le reconoce competencia para establecer dentro de los distintos trámites judiciales imperativos jurídicos de conducta dentro del proceso, consistentes en deberes, obligaciones y cargas procesales a las partes, al juez y aún a terceros intervinientes Ver las sentencias C-1104/01 M.P.C.I.V.H. y C-1512/00 y C- 123/03 M.P.Á.T.G. , siempre y cuando al hacerlo respete los principios y valores constitucionales y obre conforme a los referidos principios de razonabilidad y proporcionalidad Ver Sentencia C-555/01 M.P.M.G.M.C.. .
''Dentro de los distintos trámites judiciales, es factible que la ley asigne a las partes, al juez y aún a terceros intervinientes imperativos jurídicos de conducta dentro del proceso, consistentes en deberes, obligaciones y cargas procesales. Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia, en una de sus providencias Sala de Casación Civil, M.P.D.H.M.G., auto del 17 de septiembre de 1985, que resolvió una reposición, Gaceta Judicial TOMO CLXXX - No. 2419, Bogotá, Colombia, Año de 1985, pág. 427., señaló lo siguiente:
(...) De los que la doctrina procesal ha dado en denominar imperativos jurídicos, en el desarrollo de la relación jurídico-procesal se distinguen los deberes, las obligaciones y las cargas procesales que imponen tanto al J. como a las partes y aun a los terceros que eventualmente intervengan, la observancia de ciertas conductas o comportamientos de hondas repercusiones en el proceso. De esos imperativos, los primeros se hallan instituidos por los ordenamientos rituales en interés de la comunidad, las obligaciones en pro del acreedor y las últimas en razón del propio interés.
Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el J. o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa.''. (Subraya la Sala).''
Para efectos de esta audiencia que la norma denomina ''Audiencia de conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio'', el juez examinará previamente la totalidad de la actuación surtida y será él quien la dirija.
De acuerdo con el cuarto inciso de dicho artículo 39 de la ley 712 de 2001 ''si alguno de los demandantes o de los demandados no tuvieren capacidad, concurrirá su representante legal''.
De acuerdo con el quinto inciso del mismo artículo ''si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, sin que pueda haber otro aplazamiento.
El sexto inciso de la disposición señala por su parte que ''cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer, la audiencia de conciliación se celebrará con su apoderado, quien se entiende con facultad para conciliar, admitir hechos y desistir''.
En caso de que se presente una segunda convocatoria y una de las partes deje de comparecer por fuerza mayor, si quien no asiste es el apoderado de la misma, se producirán los mismos efectos previstos en relación con las partes y además la ausencia injustificada cualquiera de los apoderados a esa segunda citación dará lugar a la imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a un salario mínimo mensual vigente. (numerales 3 y 5) Cabe precisar que en los numerales tres y cinco aludidos el legislador se refirió equivocadamente al inciso quinto del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, cuando en realidad el supuesto de hecho a que dichos numerales remiten es al del inciso sexto de la disposición, es decir a ''cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer'', caso en el cual ''la audiencia de conciliación se celebrará con su apoderado''.
Al respecto cabe recordar que el término conciliación admite dos acepciones: una jurídico procesal, que lo identifica como trámite procedimental que persigue un fin específico; y otra jurídico sustancial que se refiere al acuerdo en sí, a la resolución del conflicto que pretendía componerse Ver S.V. de los Magistrados M.G.M.C., R.E.G., E.M.L. y J.C.T. a la Sentencia C-893/01 M.P.C.I.V.H. .
Así lo tiene establecido claramente esta Corporación de tiempo atrás en su jurisprudencia. Así en la Sentencia C-592 de 1992 en la que examinó la constitucionalidad de las sanciones impuestas por la inasistencia a las audiencias de conciliación previstas en el artículo 10 del Decreto 2651 de 1991 "por el cual se expiden normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales.'' "Artículo 10. Con excepción de las audiencias previstas en el trámite de conciliación a que se refiere el artículo 2° y el numeral 3° del artículo 16 de este Decreto, la inasistencia injustificada a una de las audiencias de conciliación previstas en este Decreto o a la contemplada en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, tendrá, además de las consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes:
, la Corte señaló:
''El artículo 10o., trae un conjunto de sanciones por la inasistencia a las audiencias de conciliación, excepción hecha de las audiencias previstas en los artículos 2° y 16 numeral 3°, según lo dispone. Norma en la cual se indican como excusas justificatorias de la inasistencia, las previstas en los artículos 101 y 168 del Código de Procedimiento Civil, y, la fuerza mayor y el caso fortuito. El auto que resuelva la solicitud de justificación o que imponga una sanción, es apelable en efecto diferido. Se trata pues de obligar a la asistencia a las audiencias de conciliación en tanto pasos necesarios, que comprometen el interés público, en el logro de mayores niveles de eficiencia en las soluciones de justicia, sin perjuicio de dejar a salvo, el papel de la voluntad de las partes en la decisión de conciliar o de no hacerlo. Lo que acarrea las sanciones no es pues la voluntad de conciliar o no hacerlo, sino la inasistencia a la audiencia en tanto oportunidad procesal necesaria. Con lo cual no resulta contrario el precepto a la voluntariedad propia del debido proceso de la conciliación, y sí un instrumento propiciatorio de esta y por consiguiente de la descongestión de los despachos judiciales.'' Sentencia C-592/92 M.P.F.M.D. (subraya la Corte).
En el mismo sentido posteriormente en la Sentencia C-196 de 1999 en la que examinó la constitucionalidad de los artículos 74 y 103 de la Ley 446 de 1998 Articulo 74. La inasistencia injustificada de las partes o sus apoderados a la audiencia de conciliación o la negativa, igualmente injustificada, a discutir las propuestas formuladas, se sancionará con multa hasta de diez (10) salarios mínimos mensuales legales a favor del Consejo Superior de la Judicatura que será impuesta, en la prejudicial, por el agente del Ministerio Público, y en la judicial, por el J., Sala Sección o Subsección respectiva...''
El auto que resuelve sobre la solución de justificación o que imponga una sanción, es apelable en el efecto diferido. que establecieron igualmente sanciones por la inasistencia a la audiencia de conciliación judicial, la Corte hizo las siguientes precisiones:
''Cabe agregar, atendiendo a lo dicho por la jurisprudencia constitucional Cfr. la Sentencia C-592/92, M.P.F.M.D., que la exigencia legal de asistir a la audiencia de conciliación judicial y discutir las formulas de arreglo, en nada compromete la libre voluntad de conciliar. Lo que en realidad se persigue con la aludida sanción, es motivar o fomentar un posible arreglo que impulse el estudio y análisis de las propuestas presentadas, pero en el entendido de que las mismas deben ser aceptadas libremente.
Es claro que ninguna persona se encuentra comprometida a conciliar cuando el ofrecimiento que se le hace puede afectar de manera grave sus intereses económicos o personales (...)''. Sentencia C-196/99 M.P.V.N.M.
(subraya la Corte).
En manera alguna puede entonces considerarse puesto en peligro el principio de irrenunciabilidad de los de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales Sobre este concepto y su protección constitucional ver entre otras las sentencias C-006/96 M.P.F.M.D. y C- 596/97 M.P.V.N.M.. por las disposiciones acusadas.
En relación con el cargo que plantea el actor por la supuesta vulneración del artículo 229 superior, en cuanto a que las consecuencias procesales y las sanciones a que aluden los apartes del artículo 39 acusados coartan el derecho a acceder a la jurisdicción y ''alejan a los ciudadanos del aparato judicial que reprime el incumplimiento de meras formalidades'', la Corte recuerda que la sujeción a las reglas procedimientales en cuanto formas propias del respectivo juicio, no es meramente optativa para quienes acuden al proceso con el fin de resolver sus conflictos jurídicos, ya que de esa subordinación depende la validez de los actos que de ellos resulten y la efectividad de los derechos sustanciales Sentencia C-1512 de 2000 M.P.Á.T.G. .
Al respecto no se debe perder de vista, como lo ha señalado reiteradamente la Corporación, que la observancia de las formas propias de cada juicio supone también el desarrollo de los principios de economía, oportunidad, lealtad, imparcialidad y celeridad procesales, en aras de la igualdad de las personas, éste último gracias al sometimiento de las causas idénticas a procedimientos uniformes Ibidem Sentencia C-1512 de 2000 M.P.Á.T.G. .
''(E)l derecho de acceder a la administración de justicia (art. 229 de la C.P.) sufriría grave distorsión si pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada abierta a todos los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis de aparato encargado de administrar justicia, e implícitamente supondría la exoneración, para quienes acceden a la justicia, de toda ética de compromiso con la buena marcha de la justicia y con su prestación recta y eficaz. En fin, si el legislador no pudiera establecer requisitos y condiciones razonables para acceder a una tutela judicial efectiva, se llegaría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos'' Sentencia C-1104/01 M.P.C.I.V.H. ..
Esta Corporación ha explicado que la Constitución Política no sólo persigue la realización de los derechos ciudadanos individual y colectivamente considerados (arts. 2°, 5° y 13), sino también la total operatividad de los instrumentos procesales por medio de los cuales se logra garantizar tales derechos. Por ello, ha dicho, por ejemplo, que no es contrario a la Constitución el que se fijen sanciones para neutralizar la inobservancia de los términos legales, pues éstas son un desarrollo del postulado constitucional según el cual: ''los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado''(C.P. art. 228), con el que se busca asegurar una pronta y cumplida justicia Ver Sentencia C-196/99 M.P.V.N.M. , o que se sancione la inasistencia a las audiencias de conciliación pues con ello se busca incentivar a los ciudadanos a dar plena aplicación a los mecanismos de solución pacífica de los conflictos con el fin de asegurar la eficacia de los principios constitucionales que los inspiran (arts 2, 22, 95, 116 C.P.) Ver Sentencia C-165/93 M.P.C.G.D..
''El tema de la efectividad hizo parte de las preocupaciones esenciales del constituyente de 1991. Así quedó reflejado en el texto fundamental en el artículo 2o. a cuyo tenor:
`Son fines del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución'.
El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables....
"Así, pues, la justicia y razonabilidad de la sanción no deben ser evaluadas frente al daño que su eventual aplicación produzca en el ámbito propio del proceso específico -ya que, aún en este caso, no puede perderse de vista que su imposición solamente tiene lugar cuando la inasistencia es injustificada- sino frente a los efectos nocivos y perversos que prácticas como la sancionada inasistencia injustificada a una diligencia judicial, causan a la administración de justicia, a la sociedad en general y a la representación que de ella tienen los ciudadanos.
"Conductas del tipo que la sanción examinada reprime, desgastan inoficiosamente el aparato estatal de la justicia con grave perjuicio para su marcha eficiente. Lo convierten en un intrincado y lento andamiaje, y peor aún, disuaden a los ciudadanos de acudir a los mecanismos de solución pacífica de los conflictos que ofrecen las vías legales.'' Sentencia C-165/93 M.P.C.G.D.
Se trata como ha dicho la Corte de obligar a que se cumpla la audiencia obligatoria de conciliación como paso necesario que compromete el interés público, sin prejuicio de dejar a salvo el papel de la voluntad de las partes en la decisión de conciliar o de no hacerlo Ver Sentencia C- 592/92 M.P.Fabio M.D. .
En este sentido las consecuencias procesales que el actor acusa, antes que desconocer derechos individuales de rango constitucional, son un claro desarrollo del principio superior de prevalencia del interés general sobre el particular, cuya aplicación en este caso procura garantizar una pronta y cumplida justicia reflejada en la descongestión de los despachos judiciales y la racionalización de los procesos que se tramitan ante estos Ver Sentencia C- 196/99 M.P.V.N.M. .
4.3.4 La Corte llama la atención además sobre el hecho de que la facultad para ''conciliar, admitir hechos y desistir'' a que alude el sexto inciso del artículo 39 de la ley 712 de 2001, con la que el Legislador pretendió asegurar la realización de la audiencia obligatoria en las circunstancias a que dicho inciso se refiere en condiciones que permitieran llegar a un posible acuerdo, solamente puede considerarse acorde con la Constitución, bajo el entendido que ello no impide que las partes puedan restringir las facultades de conciliación del apoderado que se hace presente en la audiencia obligatoria de conciliación.
4.3.5. De las anteriores consideraciones se desprende en consecuencia que no asiste razón al actor en relación con la acusación que hace contra la expresiones ''obligatoria'' contenida en el primer inciso del artículo 39 de la ley 712 de 2001, así como ''Excepto los casos contemplados en los dos (2) incisos anteriores, si el demandante o el demandado no concurren a la audiencia de conciliación el juez la declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales:
En el caso del inciso quinto de este artículo, la ausencia injustificada de cualquiera de los apoderados dará lugar a la imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a un salario mínimo mensual vigente'', contenidas en el séptimo inciso del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, por lo que la Corte se abstendrá de declarar la inexequibilidad solicitada en relación con ellas y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
Por el contrario la Corte declarará la inexequibilidad del numeral 3 del séptimo inciso del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, en el que se señala que en el evento previsto en el sexto inciso del mismo artículo 39 de la ley 712 de 2001 si ''el apoderado tampoco asiste, se producirán los mismos efectos'' previstos en los numerales 1 y 2 del mismo inciso séptimo, -es decir que se presumirá la veracidad de los hechos susceptibles de confesión que invoquen respectivamente el demandante o el demandado en la demanda o en su contestación y en las excepciones de merito-.
De la misma manera, tomando en cuenta que del análisis efectuado se desprende que el sexto inciso del artículo 39 de la ley 712 de 2001, al que remiten algunos de los apartes acusados por el actor en su demanda, solamente puede considerarse constitucional bajo el entendido que lo preceptuado en dicho inciso no impide que las partes puedan restringir las facultades de conciliación del apoderado que se hace presente en la audiencia de conciliación obligatoria, la Corte, en aplicación de reiterada jurisprudencia en esta materia La unidad normativa procede cuando la proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan íntimamente ligada con otros contenidos jurídicos, que resulta imposible estudiar su constitucionalidad sin analizar las otras disposiciones. En los otros casos, esto es, cuando la relación entre las proposiciones jurídicas no es tan estrecha, la unidad normativa no procede, salvo si la regulación de la cual forma parte la disposición acusada aparece prima facie de una constitucionalidad discutible. La unidad normativa no opera entonces exclusivamente en los fallos de inexequibilidad. La unidad normativa es excepcional, y sólo procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema planteado. Igualmente es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad.''Sentencia C-320/97M.P.A.M.C.. En el mismo sentido la Corte en la Sentencia C-128/02 M.P.E.M.L.. Señaló . ''Conforme a reiterada jurisprudencia, la unidad normativa es de carácter excepcional y procede para (i) para evitar que el fallo sea inocuo; (ii) o cuando es necesaria para completar la proposición jurídica demandada; (iii) o cuando la disposición no acusada se encuentra estrechamente vinculada a la norma demandada y es constitucionalmente sospechosa''.
, efectuará la unidad normativa con dicho inciso y declarará su exequibilidad pero condicionada al entendimiento a que se ha hecho referencia.
La inexequibilidad del parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 712 de 2001
En este orden de ideas, lo que si resulta contradictorio con la sentencia a que alude el actor es el parágrafo segundo del mismo artículo 39 de la Ley 712 de 2001 en el que se señala que ''Cuando la ley exija la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad, esta reemplazará la etapa de conciliación prevista en el presente artículo, salvo cuando el demandante solicite su celebración.'', supuesto que de manera evidente desconoce la Sentencia C-893 de 2001, pues como allí se señaló y luego se reiteró en la sentencia C- 1195/01, en materia laboral no cabe que la ley exija como requisito de procedibilidad la conciliación extrajudicial en derecho.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados en esta sentencia las expresiones ''cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer, la audiencia de conciliación se celebrará con su apoderado, quien se entiende con facultad para conciliar, admitir hechos y desistir'' contenidas en el sexto inciso del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, bajo el entendido que la norma no impide que las partes puedan restringir las facultades de conciliación del apoderado.
Cuarto.- Declarar INEXEQUIBLES la expresiones ''3. Si en el evento del inciso quinto el apoderado tampoco asiste, se producirán los mismos efectos previstos en los numerales anteriores'' contenidas en el numeral tercero del séptimo inciso del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Que el H. Magistrado doctor M.J.C.E., no firma la presente sentencia por encontrase en permiso debidamente autorizado por la Sala Plena.

References: artículo 29
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 29
 artículo 39
 artículo 35
 artículo 101
 artículo 20
 resolución 
 artículo 29
 artículo 3
 artículo 43
 artículo 22
 artículo 77
 artículo 39
 artículo 28
 Artículo 2
 artículo 35
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 150
 artículo 39
 artículo 39
 resolución 
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 101
 artículo 10
 artículo 229
 artículo 39
 resolución 
 artículo 2
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 77
 artículo 39
 artículo 77