Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6222
Timestamp: 2020-05-30 00:01:35+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 255/2007
SENTENCIA 255/2007, de 17 de diciembre
ECLI:ES:TC:2007:255
En el recurso de amparo núm. 2343-2005, promovido por don José María Amores Monasterio, representado por el Procurador de los Tribunales don Luis Pidal Allendesalazar y asistido por el Abogado don Vicente Clemente, contra la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de febrero de 2003, recaída en el recurso núm. 1547-2000 en materia de liquidación de impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 1997. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Roberto García Calvo y Montiel, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal Constitucional el 4 de abril de 2005, el Procurador de los Tribunales don Luis Pidal Allendesalazar, en nombre y representación de don José María Amores Monasterio, interpuso demanda de amparo contra la Sentencia de 17 de febrero de 2005 dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en recurso núm. 1547-2000.
a) Con fecha 5 de julio de 1997, el demandante de amparo, en cumplimiento del contrato de prejubilación que con esa misma fecha había suscrito con la empresa Telefónica, S.A., causó baja en la citada compañía, recibiendo por este motivo una compensación de 18.423.580 pesetas, a percibir en 36 pagos mensuales. Al año siguiente, el recurrente presentó su declaración-liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 1997, declarando las cantidades percibidas en virtud del citado contrato de prejubilación como rentas irregulares, y solicitando una devolución de 288.010 pesetas. Con fecha 26 de febrero de 1999, la Administración tributaria notificó al recurrente liquidación provisional por dicho impuesto y ejercicio, rectificando la devolución solicitada, que cifra ahora en 111.473 pesetas, al calificar las cantidades percibidas mensualmente por el contribuyente con motivo de su prejubilación como rendimiento del trabajo regular, en lugar de como renta irregular.
b) Contra esta liquidación provisional, el demandante de amparo interpuso reclamación económico-administrativa, que fue desestimada por Resolución del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Madrid, de 12 de septiembre de 2000. Contra esta resolución el demandante interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid alegando que las cantidades percibidas por su prejubilación debían ser consideradas como rentas exentas de tributación por IRPF, o bien, alternativamente, como rentas irregulares, según era el criterio que sancionaban abundantes resoluciones dictadas por las Salas de diversos Tribunales Superiores de Justicia en otros tantos asuntos semejantes.
c) Con fecha 18 de diciembre de 2003, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó Sentencia desestimando el recurso por considerar que “la cantidad percibida de dicha empresa [Telefónica, S.A.] en concepto de prestación de supervivencia con cargo al fondo interno constituido por la propia compañía … es, como ya ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, una aportación empresarial por razones exclusivamente laborales y debe ser considerada rendimiento del trabajo sujeto por tanto a retención de conformidad con los artículos 24 y 25 de la Ley 8/1981, de 8 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas … que incluye[n] entre tales rendimientos las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de pensiones”. La Sentencia concluía añadiendo que las Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de julio y 16 de septiembre de 2002, “invoca[das] por el recurrente en apoyo de su pretensión … no [son] aplicable[s] al caso analizado”.
d) Frente a esta Sentencia, el demandante de amparo promovió incidente de nulidad de actuaciones denunciando que sus fundamentos jurídicos nada tenían que ver en rigor con la cuestión litigiosa. Por Auto de 29 de julio de 2004, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó el citado incidente, admitiendo que se había producido la incongruencia que se denunciada, al haberse consignado por error en la Sentencia recurrida “los fundamentos de derecho de otra sentencia”. Por este motivo la Sala acordó declarar la nulidad de su Sentencia de 18 de diciembre de 2003, reponiendo las actuaciones al momento de votación y fallo.
e) Con fecha de 17 de febrero de 2005, la Sala dictó nueva Sentencia desestimando el recurso presentado. En esta nueva resolución, el órgano judicial justifica su decisión comenzando por advertir que sobre la cuestión planteada, que tiene por objeto determinar la calificación tributaria que ha de darse a “la parte de los seguros de supervivencia que se percibe como consecuencia de la distribución de los fondos propios de las empresas”, la propia Sala ya se ha pronunciado de forma repetida. Precisamente para notar que “estos fondos no son sino una aportación empresarial por razones exclusivamente laborales y, por tanto, [que] han de entenderse incluidos entre las contraprestaciones indirectas [previstas] en los artículos 24 y 25.k) de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas … por tratarse de una prestación análoga a la de los planes de pensiones … lo que determina que debe considerarse como renta regular en aplicación de dicho precepto”. Y terminaba rechazando que fuera “aplicable al supuesto contemplado la doctrina expresada en las Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de julio y 30 de septiembre de 2002”.
3. En su demanda de amparo, el recurrente, luego de subrayar, entre otros extremos, el cumplimiento del requisito previsto en el art. 44.1 a) LOTC, que exige agotar todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial, denuncia que la Sentencia impugnada, de 17 de febrero de 2005, ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Argumenta, en síntesis, que la citada resolución judicial ha incurrido de nuevo, como la anterior, en incongruencia mixta o por error en la medida que constituye simplemente una segunda versión de la primera Sentencia dictada en este asunto, luego anulada, y que, de hecho, incurre en los mismos errores de entonces al resolver la cuestión litigiosa, al igual que en esa primera ocasión, conforme a un razonamiento ajeno al objeto del proceso, y que en consecuencia ha dejado sin respuesta.
4. Por providencia de 12 de septiembre de 2006, la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, de conformidad con lo previsto en el art. 51 LOTC, requerir a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a fin de que remitiese testimonio del recurso contencioso-administrativo núm. 1547-2000 y de la reclamación administrativa núm. 28-04224-1999, interesando al propio tiempo que se emplazase a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento judicial, con excepción del recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudiesen comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de la demanda de amparo presentada. Lo que efectivamente así hizo el Abogado del Estado mediante escrito registrado en este Tribunal el 18 de septiembre de 2006.
5. Mediante diligencia de ordenación de 20 de noviembre de 2006, la Sala Primera de este Tribunal acordó tener por personado y parte en el presente proceso constitucional al Abogado del Estado, y, con arreglo a lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, conceder a todas las partes personadas y al Ministerio Fiscal plazo común por veinte días para que, con vista de las actuaciones recibidas, formulasen alegaciones.
6. El Abogado del Estado formuló sus alegaciones mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 21 de diciembre de 2006, interesando la inadmisión del recurso de amparo y, subsidiariamente, su desestimación. Lo primero, con arreglo a lo dispuesto en el art. 50.1 a) en relación con el art. 44.1 a) ambos de la LOTC, porque, en su criterio, el demandante de amparo, antes de acudir en amparo, debió haber promovido el oportuno incidente de nulidad de actuaciones. Tanto más obligado si considera, como sostiene en su demanda, que la Sentencia recurrida, de 17 de febrero de 2005, es simplemente una nueva versión de la Sentencia de 18 de siembre de 2003, luego anulada precisamente al estimar el órgano judicial el incidente de nulidad de actuaciones entonces formulado por el recurrente. Añade el Abogado del Estado que el hecho de haber promovido ese primer incidente no excusa al recurrente de hacerlo por segunda vez, toda vez que se trata de dos Sentencias distintas y, por tanto, de dos resoluciones judiciales de las que es predicable por igual el cumplimiento del requisito que exige agotar la vía judicial, y sin que, por lo mismo, sea aplicable al presente asunto el criterio favorable a la admisión que defiende la STC 152/2006, de 22 de mayo, FJ 5 (sic).
7. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 27 de diciembre de 2006, el recurrente presentó sus alegaciones, reiterando los argumentos de la demanda, que expresamente solicita se tengan por reproducidos.
8. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 2 de enero de 2007, interesando la inadmisión de la demanda por falta de agotamiento de la vía judicial previa y, subsidiariamente, el otorgamiento del amparo solicitado. Tras resumir los principales antecedentes del caso, el Fiscal razona en primer término sobre la posible concurrencia de la citada causa de inadmisión, advirtiendo que, si bien la exigencia de que el demandante de amparo hubiera promovido contra la Sentencia recurrida el oportuno incidente de nulidad de actuaciones parece formalmente en principio indudable, no lo es tanto sin embargo si se repara en las singulares circunstancia del presente caso y, de modo particular, en el hecho de que el recurrente ya hubiera promovido un primer incidente y, en su virtud, concedido al órgano judicial la oportunidad de reparar la tacha de incongruencia entonces advertida, bien que al parecer, según se denuncia en la demanda, sin ningún provecho. Por este motivo, el Fiscal concluye que imponer la exigencia de promover un nuevo incidente contra la segunda Sentencia acaso pudiera resulta excesivo y desproporcionado y, en suma, contrario al criterio de flexibilidad que debe guiar el enjuiciamiento de las causas de inadmisión en sede constitucional de amparo.
9. Por providencia de 13 de diciembre de 2007, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 17 del mismo mes y año.
1. El objeto del presente recurso de amparo consiste en determinar si, como denuncia el demandante y opina también el Ministerio Fiscal, la Sentencia impugnada de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de febrero de 2005, ha incurrido en un vicio de incongruencia contrario al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al incorporar por error como ratio decidenci de la desestimación del recurso contencioso-administrativo del recurrente una motivación ajena a la cuestión planteada por las partes en el proceso judicial, o si, por el contrario, como es el criterio que defiende el Abogado del Estado, esa razón de decidir, aunque salpicada de ciertos errores, no incurre en el vicio de incongruencia por error que le imputa el demandante de amparo.
2. Antes no obstante de enjuiciar el fondo del asunto hemos de examinar el óbice procesal opuesto por el Abogado del Estado y también, aunque más tibiamente, por el Ministerio Fiscal. En su criterio, conforme con mayor detalle se ha recordado en los antecedentes de esta resolución, la demanda debiera ser inadmitida por falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC], al no haber interpuesto el demandante de amparo el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que es precisamente el cauce procesal ideado por el ordenamiento para remediar el vicio de incongruencia que denuncia.
3. Descartada la existencia del citado óbice procesal y entrando en el examen de fondo de la lesión constitucional que se denuncia, conviene recordar una vez más que en materia de incongruencia por error existe ya una reiterada y consolidada jurisprudencia constitucional, que está resumida, entre otras, en las más recientes SSTC 152/2006, de 22 de mayo, 166/2006, de 5 de junio, y 278/2006, de 25 de septiembre.
4. Como con mayor detalle se ha expuesto en los antecedentes, en el asunto considerado el recurrente impugnó en vía contencioso-administrativa la liquidación practicada por la Administración tributaria defendiendo que la cantidad que había percibido en virtud del contrato de prejubilación suscrito con la empresa Telefónica, S.A., en julio de 1997 debía calificarse bien como renta exenta de tributación, bien como renta irregular, pero nunca, como era el criterio que lucía en la resolución administrativa impugnada, como renta regular. Y a este motivo del recurso se atuvo también la Administración demandada, que se opuso a la demanda presentada rechazando que las cantidades consideradas y percibidas como incentivo a la jubilación anticipada debieran calificarse de rentas irregulares.
Otorgar el amparo solicitado por don José María Amores Monasterio y, en su virtud:
2º Anular la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de febrero de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1547-2000.
3º Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de dictar sentencia, para que el órgano judicial dicte la resolución que proceda con pleno respeto al derecho fundamental reconocido.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 2343-2005
Promovido por don José María Amores Monasterio frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su demanda sobre liquidación de impuesto sobre la renta de las personas físicas de 1997.
El recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la liquidación practicada por la Administración defendiendo que la cantidad que había percibido en virtud del contrato de prejubilación debía calificarse bien como renta exenta de tributación, bien como renta irregular, pero nunca, como era el criterio que lucía en la resolución administrativa impugnada, como renta regular. La Sentencia desestima el recurso con base en una motivación que nada tiene que ver con la cuestión planteada por las partes. El error se advierte de la lectura del decisivo fundamento jurídico segundo, en el que el órgano judicial alude equivocadamente a un pretendido seguro de supervivencia suscrito por el recurrente y la mercantil T. S.A. Se confirma en el siguiente párrafo cuando razona nuevamente sobre la calificación tributaria que mejor se ajusta a las prestaciones percibidas por virtud de dicho seguro de supervivencia. En estas condiciones, al referirse por equivocación la Sentencia a una cuestión ajena a la verdadera cuestión planteada por las partes en el proceso judicial, ha incurrido en la incongruencia mixta o por error y lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante.
Considera el Tribunal que no es necesario nuevo incidente de nulidad, una vez que ya interpuso dicho remedio extraordinario frente a la primera Sentencia que también incurría en incongruencia por error; teniendo en cuenta el carácter excepcional del remedio procesal, que el recurrente en amparo ya promovió el oportuno incidente de nulidad actuaciones y que el órgano judicial en la nueva Sentencia habría presuntamente incurrido en el mismo vicio entonces censurado, al razonar del mismo modo entonces equivocado, la duda subjetiva del demandante de amparo acerca de la utilidad de promover un nuevo incidente de nulidad de actuaciones bien parece razonable.
La Sentencia que confirma la legalidad de una resolución administrativa refiriéndose por equivocación a una cuestión ajena a la verdadera cuestión planteada por las partes en el proceso judicial incurre en incongruencia mixta o por error y lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante [FJ 4].
La denominada incongruencia mixta o por error se produce cuando por error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión o pretensiones formuladas por las partes sino que, equivocadamente, se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta [FJ 3].
Doctrina sobre incongruencia por error (STC 152/2006) [FJ 3].
El cumplimiento del requisito de agotamiento de la vía judicial previa sólo exige la utilización de aquellos recursos procedentes de modo claro y terminante, y que sean, además, dada su naturaleza y finalidad, adecuados para reparar la lesión presuntamente sufrida (STC 76/2007) [FJ 2].
Si la duda acerca de la necesidad de promover un incidente de nulidad de actuaciones es razonable no procede, so pena de imponer formalismos enervantes, exigir la forzosa interposición del citado incidente para entender cumplido el requisito del agotamiento de la vía judicial previa (STC 192/2005) [FJ 2].
Jubilación anticipadaJubilación anticipada, f. 4

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