Source: https://atlas.org.ar/index.php?m=art&s=3510
Timestamp: 2019-03-27 03:06:21+00:00

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El reciente recorte de impuestos federales está generando bastante miedo y angustia pero una rápida revisión histórica serviría para mitigarlos.
Consideremos, por ejemplo, este reciente artículo de opinión de dos funcionarios del Council of Nonprofits (Consejo de Organizaciones Sin Fines de Lucro), “Las organizaciones sin fines de lucro deben moverse con rapidez para luchar en favor de sanas políticas públicas”. Caracterizando al proyecto de ley de impuestos como desencadenando un “tsunami destructivo”, pasan a predecir:
A medida que los gobiernos en todos los niveles se vean obligados a reducir el gasto, más trabajo recaerá sobre las organizaciones sin fines de lucro a fin de ayudar a las personas perjudicadas por las reducciones de gastos. Espérese que las organizaciones sin fines de lucro tengan que salir a buscar más dinero de las fundaciones para cubrir esos costos—piensen en ello como un nuevo impuesto sobre la filantropía a efectos de subsidiar las decisiones de los políticos.
Saturados por la leyenda de que la Segunda Guerra Mundial terminó con la Gran Depresión, se encuentran los hechos de que la economía interna estadounidense permaneció sumida en la depresión hasta 1946—después de que la guerra había terminado. La única variable por la que muchos concluyen que la Depresión terminó con la guerra es el desempleo—que no sorpresivamente disminuyó de un pico del 9 al 15% en 1940 al 1,2% en 1944, cuando 16 millones estadounidenses fueron “empleados” por las Fuerzas Armadas. Los que se quedaron en casa continuaron padeciendo bajos niveles de vida, incluido el racionamiento de casi todo, dolor que probablemente fue mitigado por el “espíritu” de la privación compartida en aras del esfuerzo bélico.
Fue sólo al final de la guerra que la Depresión realmente terminó, cuando tras la muerte de Franklin Delano Roosevelt, Truman abandonó las políticas económicas del New Deal y redujo el gasto federal en un 40%. A pesar de las advertencias de sus asesores económicos de que esto hundiría a la economía “de nuevo” en la Depresión, la economía estadounidense en cambio prosperó, absorbiendo fácilmente a los 10 millones de recién “desempleados” liberados de sus tareas en las Fuerzas Armadas.
Aquellos soldados que regresaron también pudieron convertirse en propietarios de viviendas, gracias a los esfuerzos de mi padre Willard Garvey (él mismo, recién regresado de la guerra) y otros como él que construyeron millones de casas baratas para los padres de los Baby Boomers.
Si la lección de la década de 1950 sirve de guía, “los gobiernos en todos los niveles... obligados a reducir el gasto” sería pues una receta para la prosperidad, no para el empobrecimiento.
También es lamentable que funcionarios de organizaciones sin fines de lucro no aprecien el poder incrementado de los estadounidenses capaces de conservar más de su propio dinero y dirigirlo hacia iniciativas filantrópicas privadas, benevolentes, competitivas, con y sin fines de lucro. Las estimaciones indican que para obtener el mismo beneficio del sector privado al gastar 1 dólar, se necesitan de 1,63 a 1,92 dólares si el gasto lo efectúa el gobierno.
Sería también de esperar que se lleven algunas impresiones fuertes de un trabajo sobre la rica tradición de la ayuda mutua y las sociedades de benevolencia que proporcionaban atención de la salud, educación, seguro por desempleo y de vida con anterioridad al crecimiento del Estado de Bienestar. El desplazamiento por parte del gobierno de estas increíblemente eficaces organizaciones también ha dado lugar a que en la actualidad los pobres estén cada vez más atrapados en un círculo vicioso de dependencia, con patrones intergeneracionales de pobreza desconocidos anteriormente—en contraste con el rol desempeñado por las asociaciones privadas en ayudar tanto a los individuos como a las familias a hacer frente a contratiempos temporales. Esta corrupción de un sector privado bien desarrollado, así como de una cultura que resistía la dependencia, dio lugar a una explosión de beneficiarios de la ayuda social no obstante una masiva disminución de la tasa de pobreza durante el siglo XX.
Si estos funcionarios filantrópicos realmente desean ayudar, deben echar también un vistazo a las omnipresentes barreras a la oportunidad así como a los tremendos costos que pesan desproporcionadamente sobre los pobres en todos los niveles del gobierno. Las leyes de salario mínimo han dado lugar a la eliminación o sustitución por la tecnología de los trabajos de nivel inicial, removiendo ciertamente el peldaño inferior de la escalera económica, mientras que las leyes de licencias ocupacionales protegen a aquellos que puedan solventarlas de la competencia de los menos pudientes. En la década de 1950, a uno de cada 20 trabajadores estadounidenses se le exigía obtener una licencia del gobierno. Hoy ese número es de casi uno de cada tres trabajadores, lo que excluye de manera desproporciona a los pobres de los empleos.
Al mismo tiempo, el involucramiento del gobierno en la economía ha aumentado dramáticamente el costo de las necesidades básicas como la vivienda y la energía. Las restricciones y los gravámenes gubernamentales sobre la construcción han resultado en una escasez de viviendas, expulsando irónicamente a todos menos a los muy ricos de las ciudades más “progresistas”—con idénticas políticas de construcción—como San Francisco y Seattle. Los movimientos liderados por 'millennials' como YIMBY(Sigla en inglés para Yes In My Backyard o Sí En Mi Patio Trasero) están pidiendo el fin de todas esas restricciones y un retorno a los días de un apogeo en la construcción de viviendas como los de las actividades de posguerra de mi padre.
Los costos de la guerra del cambio climático contra el combustible barato también recaen desproporcionadamente sobre los pobres. Los subsidios pagados por impuestos para instalar los paneles solares van a los ricos, mientras que los costos crecientes de la energía hogareña impactan a aquellos que ya están padeciendo:
Los economistas consideran a un hogar como pobre en cuanto al consumo de energía si gasta el 10% de sus ingresos para cubrir los costos energéticos. Un informe reciente de la Agencia Internacional de la Energía muestra que más de 30 millones estadounidenses viven en hogares que son pobres en materia de energía—un número que se encuentra significativamente aumentado por las políticas climáticas que requieren que los estadounidenses consuman una costosa energía verde de paneles solares y turbinas eólicas subsidiadas.
Las “sanas políticas públicas” que estos funcionarios sin fines de lucro deberían realmente estar exigiendo son, por lo tanto, un recorte del gobierno al menos proporcional a la reducción de impuestos. La eliminación gradual de los perversos programas gubernamentales de beneficios sociales, la eliminación de las barreras a las oportunidades económicas y la liberación de los mercados para la provisión de aquello que hace a las necesidades vitales podrían dar lugar a una nueva era de oportunidad y prosperidad—una que beneficiaría en especial a los pobres.

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