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Timestamp: 2019-02-22 21:05:42+00:00

Document:
SENTENCIA 2014-00110 DE 21 DE JUNIO DE 2018
CONTENIDO:ESTIMACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA EN MATERIA TRIBUTARIA. SE RECUERDA QUE LOS INDICIOS EN MATERIA TRIBUTARIA CONSTITUYEN UNA PRUEBA SUBSIDIARÍA QUE ANTE LA FALTA DE PRUEBAS DIRECTAS, PUEDE EMPLEARSE PARA COMPROBAR LA EXISTENCIA DE TRANSACCIONES ECONÓMICAS DE LOS CONTRIBUYENTES, LA CUALES DEBEN SER VALORADAS EN CONJUNTO Y SEGÚN EL GRADO DE CONEXIÓN LÓGICA QUE GUARDE CON EL HECHO QUE SE PRETENDE DEMOSTRAR. POR ELLO, LA EFICACIA PROBATORIA DEPENDE DE LA CONDUCENCIA QUE DEBE TENER RESPECTO DEL HECHO INVESTIGADO, LA CUAL SE ALCANZA CUANDO OTROS MEDIOS PROBATORIOS LO RATIFICAN, LA INEXISTENCIA DE UNA FALSA O APARENTE CONEXIÓN ENTRE EL HECHO INDICADOR Y EL INVESTIGADO, POSIBILIDAD QUE SE GARANTIZA CUANDO HAY UN NÚMERO PLURAL DE INDICIOS CONTINGENTES QUE CONDUZCAN AL MISMO HECHO, DE LA AUTENTICIDAD DEL HECHO INDICIARIO DE ACUERDO CON LAS PRUEBAS DE QUIEN LO ALEGA A SU FAVOR, DE LA CERTEZA DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL HECHO O HECHOS INDICIARIOS Y EL INVESTIGADO, LA QUE CLARAMENTE SE REFUERZA EN EL CONTEXTO DE VARIOS INDICIOS CONTINGENTES. EN EFECTO, PARA VALIDAR LAS TRANSACCIONES Y COMPROBANTES DE EGRESO REALIZADAS POR EL CONTRIBUYENTES CON SU PROVEEDORANTE UN INDICIO QUE SUGIERE QUE LA AUSENCIA DE CONTABILIDAD DEL PROVEEDOR, SE PUEDE INFERIR UNA SIMULACIÓN DE LAS OPERACIONES ENTRE LAS PARTES, PERO CON LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DEL CONTADOR PÚBLICO, DONDE SE DISCRIMINA EL NÚMERO Y FECHA DE FACTURAS, CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS LEGALES, DEBE TENER COMO PLENA CREDIBILIDAD DE QUE LAS OPERACIONES FUERON REALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DIAN, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, INDICIO DE PRUEBA, APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, INDICIO, ESTATUTO TRIBUTARIO, CONTABILIDAD
Sentencia 2014-00110/22154 de junio 21 de 2018
Radicación 17001-23-33-000-2014-00110-01(22154)
Actor: Recolectora de papeles y metales y cía. s. en c.
Bogotá, D.C., veintiuno de junio de dos mil dieciocho
En los términos de la apelación interpuesta por la DIAN, la Sala decide sobre la legalidad de la liquidación oficial de revisión por la cual la apelante modificó la declaración del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2011, presentada por la demandante.
En concreto, la Sala determina si procede o no el rechazo de costos por $676.106.000, por supuestamente corresponder a compras simuladas, según los indicios que hay en el expediente, al igual que la procedencia de la sanción por inexactitud.
Estimación de la prueba indiciaria en materia tributaria
Para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario señala que se requiere de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 617, literales b), c), d), e), f) y g), y 618 del Estatuto Tributario.
Lo anterior, sin embargo, no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la transacción. Por tal razón, si en ejercicio de la facultad fiscalizadora, la DIAN logra probar la inexistencia de las transacciones aun cuando el contribuyente pretenda acreditarlas con facturas o documentos equivalentes, los costos e IVA descontable pueden ser rechazados.
Para ello, la Administración cuenta con los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en las leyes procesales generales, en cuanto estos sean compatibles con las normas tributarias, según lo dispuesto en el artículo 742 del Estatuto Tributario(12).
Uno de los medios de prueba admisibles en materia tributaria para comprobar la existencia de las transacciones económicas de los contribuyentes es la prueba indiciaria(13). Los indicios se pueden definir como la inferencia lógica a través de la cual de un hecho cierto y conocido se llega a conocer otro hecho desconocido.
De acuerdo con el artículo 240 del Código General del Proceso, para que un hecho pueda considerarse como indicio, debe estar debidamente probado en el proceso(14). Por su parte, el artículo 242 del mismo ordenamiento dispone que el juez debe apreciar los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas que existan en el proceso(15).
Así, en materia tributaria, los indicios constituyen una prueba subsidiaria pues suplen la falta de pruebas directas. Ha sostenido esta Sección que ante la falta de otras pruebas puede acudirse a los indicios, que deben ser valorados en conjunto, y según el grado de conexión lógica que guarde con el hecho que se pretende demostrar(16):
“Procesalmente, existen indicios con fines probatorios cuando la prueba de los hechos conocidos de los que se infieren aquellos, aparece completa y convincente en el proceso, […].
En ese sentido, la prueba de los hechos indicadores puede resultar de un conjunto diverso como testimonios, inspección, dictamen pericial, documentos y otros indicios, y, a su vez, un solo medio de prueba puede demostrar varios indicios si da cuenta de diversos hechos. Esos medios de prueba, a su vez, deben reunir las formalidades legales que les son propias.
Igualmente, su eficacia probatoria depende de la conducencia que debe tener respecto del hecho investigado, la cual es perfecta cuando otros medios probatorios lo ratifican; de la inexistencia de una falsa o aparente conexión entre el hecho indicador y el investigado, posibilidad que se garantiza cuando hay un número plural de indicios contingentes que conduzcan al mismo hecho; de la autenticidad del hecho indiciario de acuerdo con las pruebas de quien lo alega a su favor; de la certeza de la relación de causalidad entre el hecho o hechos indicadores y el investigado, la que claramente se refuerza en el contexto de los varios indicios contingentes, incluso con diferente fuerza inferencial, pero que concurran a indicar el mismo hecho y converjan a formar el convencimiento de juez en el mismo sentido; y de la existencia de pruebas que infirmen los hechos indiciarios o que demuestren un hecho opuesto al que ellos indican”. (Destaca la Sala)
La Sección también ha reconocido que un conjunto de indicios contundentes puede ser suficiente para determinar con plena certeza que el contribuyente simuló operaciones, por lo cual se logra desvirtuar la presunción de veracidad de la declaración del impuesto. Por esa razón, ha sostenido que ante la contundencia de los indicios “se invierte la carga de la prueba y por tanto [corresponde] al contribuyente demostrar en aplicación del artículo 177 del C.P.C. que las operaciones con esos proveedores eran reales”(17).
Entre otras actividades, la actora se dedica a la compra y venta de material reciclable, como papel y cartón(18).
En el caso en estudio, la DIAN rechazó a la actora costos por $676.106.000, por compras hechas a Reciclaje Gover SAS ($100.799.220) y a Recolectora San Martín ($575.306.425). Lo anterior, porque, en su criterio, tales compras no existieron. Para fundamentar el rechazo, se basó en una serie de indicios.
Dentro de tales indicios, analizados por el Tribunal y cuyo examen es cuestionado por la demandada en el recurso de apelación, se encuentran los siguientes respecto de los proveedores en mención:
1. Reciclaje Gover SAS (Compras por $100.799.200)
a. Inexistencia de contabilidad llevada en debida forma por el proveedor Reciclaje Gover SAS
Frente a este proveedor, se encuentran facturas que dan cuenta de su actividad con diferentes clientes en la agencia de La Unión (Valle del Cauca)(19).
Dice la DIAN que, a pesar de haber sido requerida, Reciclaje Gover SAS no aportó su contabilidad, recibos de caja, ni otros documentos que permitieran establecer la realidad de las operaciones.
Al respecto, la demandante afirma que su propia contabilidad constituye plena prueba de la realidad de esas transacciones, contabilidad que no fue cuestionada por la Administración.
El Estatuto Tributario otorga pleno valor probatorio a la contabilidad del contribuyente, siempre que sea llevada con observancia de los requisitos fijados por la propia ley(20). En la medida en que el cumplimiento de tales requisitos es verificado, puede dársele el valor probatorio que corresponde dentro del proceso.
La Administración no obtuvo la contabilidad del proveedor de la demandante para ser examinada con el fin de verificar las operaciones cuestionadas, lo que, en efecto, puede tomarse como un indicio de la inexistencia de las operaciones realizadas durante el periodo cuestionado.
No obstante, frente a este indicio aparece la existencia de la contabilidad de la propia demandante, que no fue cuestionada por la Administración, y con base en la cual pretende esta sustentar la realidad de las operaciones con el proveedor cuestionado, incluyendo el certificado de contador público que se adjuntó con la reforma de la demanda y que no fue cuestionado por la Administración(21).
Dice en lo pertinente este certificado(22):
1. Que la sociedad RECOLECTORA DE PAPELES Y METALES Y CIA S. EN C. lleva su contabilidad en debida forma conforme a las prescripciones legales aplicables y las demás directrices normativas pertinentes, entre las que se encuentran el Estatuto Tributario, especialmente los artículos 772, 773 y 774,…
2. Que he revisado los libros de contabilidad de la sociedad RECOLECTORA DE PAPELES Y METALES Y CIA S. EN C., verificando que los mismos se encuentran debidamente registrados ante la Cámara de Comercio de Chinchiná- Caldas.
3. Que las operaciones registradas en los libros de contabilidad de la sociedad están respaldadas por comprobantes internos y externos, en consecuencia, evidencian la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios de la sociedad RECOLECTORA DE PAPELES Y METALES Y CIA S. EN C.
5. Que los costos de ventas incurridos por la sociedad en el periodo de tiempo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año gravable 2011, fueron debidamente contabilizados en la cuenta 61352601 (…) correspondiendo a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS ($2.265.065.172).
7. Que dentro de la determinación de costos anteriormente descritos, se encuentran involucradas las compras efectuadas a la sociedad RECOLECTORA SAN MARTÍN S.A.S., NIT 900.372.722-1, así como las realizadas a la agencia de la sociedad RECICLAJES GOVER S.A.S. NIT 900.451.805-1 ubicada en el municipio de la Unión valle del Cauca.
8. Que las compras efectuadas en el año gravable 2011 a la sociedad RECOLECTORA SAN MARTÍN S.A.S., NIT 900.372.722-1 y a la agencia de la sociedad RECICLAJES GOVER S.A.S. NIT 900.451.805-1, se registraron en las cuentas 14350501… las cuales se identifican según las facturas que a continuación se relacionan. De igual forma certifico que el pago del producto comprado se encuentra debidamente sustentado en los comprobantes de egreso que ingresaron al sistema, tal como se detalla a continuación:
COMPRA RECOLECTORA SAN MARTÍN S.A.S(23)
Fecha de la factura No factura Valor de la factura antes del IVA Comprobantes de egreso con los que se registraron los pagos
Total $575.306.425
COMPRA RECICLAJES GOVER S.A.S(24)
Total $100.719.220
El artículo 777 del Estatuto Tributario dispone que “cuando se trate de presentar en las oficinas de la Administración pruebas contables, serán suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales de conformidad con las normas legales vigentes, sin perjuicio de la facultad que tiene la Administración de hacer las comprobaciones pertinentes.”
Sobre la calidad de prueba suficiente del certificado de contador público o revisor fiscal la Sección ha dicho que tal documento debe contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse(25). Así mismo ha sostenido lo siguiente(26):
“Como ha señalado la Sala en ocasiones anteriores(27), la calidad de "prueba suficiente" que le otorga la norma tributaria no puede limitarse a simples afirmaciones sobre las operaciones de orden interno y externo carentes de respaldo documental. El profesional de las ciencias contables es responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social y está en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables donde aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus certificaciones. La fe pública predicable de un contador público no se ve restringida o anulada por la exigencia que en materia tributaria deben presentar sus certificaciones, sino por el contrario comprueba en debida forma la veracidad de sus afirmaciones, permitiendo que las autoridades administrativas y jurisdiccionales puedan darle la eficacia, pertinencia y suficiencia que se requiere al momento de evaluar la confiabilidad, razonabilidad y credibilidad de la contabilidad del contribuyente, responsable o agente retenedor”.
En consecuencia, un certificado de contador público o de revisor fiscal que dé certeza de la veracidad de las afirmaciones contenidas en dicho documento constituye prueba contable suficiente de acuerdo con la ley. No obstante, la DIAN puede, si lo estima pertinente, hacer las comprobaciones que considere necesarias.
Es de anotar que el certificado de contador público expedido por la actora discrimina el número y fecha de las facturas, el valor de las transacciones y los comprobantes de egreso con los que registraron los pagos a los proveedores Reciclaje Gover y Recolectora San Martín. En consecuencia, por su grado de detalle da fe de los términos de las operaciones realizadas con estos proveedores, pues, además, la contabilidad de la actora no fue cuestionada por la DIAN(28).
Por tanto, frente al indicio que sugiere que la ausencia de contabilidad del proveedor es indicativa de la simulación de las operaciones entre este y la actora, aparece una prueba que sugiere lo contrario, esto es, que las operaciones fueron reales, en la medida en que fueron registradas por la demandante y su contabilidad merece plena credibilidad, toda vez que reúne los requisitos legales para ser tenida como prueba y no fue cuestionada por la Administración.
b. Visita de la DIAN a las instalaciones de Reciclaje Gover SAS en Cúcuta.
Para la DIAN, Reciclaje Gover no cuenta con la capacidad operativa ni administrativa en Cúcuta (su domicilio principal) para mantener una relación comercial con la actora, en los términos que las dos empresas afirman tener. En consecuencia, no son reales las operaciones, lo que se confirma, además, con la declaración del encargado de la sede en Cúcuta Rigoberto Marín, quien no pudo precisar los términos de la relación comercial que existe entre la demandante y Reciclaje Gover.
Al respecto, se advierte que Reciclaje Gover SAS cuenta con una agencia en La Unión (Valle), sede a través de la cual la demandante afirma que llevó a cabo sus transacciones.
La existencia de esa agencia se verificó por la DIAN mediante visita efectuada a las instalaciones de dicha agencia, el 17 de diciembre de 2012. En la visita, la DIAN constató que en la agencia del proveedor existen dos bodegas para almacenamiento de materiales y funcionamiento de la sociedad y un lote que se utiliza como bodega de reciclaje(29). Además, solicitó y obtuvo facturas de compra de papel periódico y archivo a varios proveedores, extractos bancarios y remisiones de entrega de material.(30)
Respecto al argumento de que, desde Cúcuta, Reciclaje Gover solo despachaba cartón a Cartones América S.A, que tiene su sede en Cali y que estas operaciones no constan en la información exógena, se advierte que no desvirtúa la existencia de la agencia del proveedor en La Unión –Valle. A lo sumo, esta circunstancia sería indicativa de la posible inexistencia de operaciones entre Reciclaje Gover y Cartones América.
Es de anotar que en el certificado de contador público de la actora, que merece plena credibidilidad, consta que las compras a Reciclaje Gover S.A.S se hicieron a través de la agencia en La Unión, así(31):
“8. Que las compras efectuadas en el año gravable 2011 a la sociedad RECOLECTORA SAN MARTÍN S.A.S., NIT 900.372.722-1 y a la agencia de la sociedad RECICLAJES GOVER S.A.S. NIT 900.451.805-1, se registraron en las cuentas 14350501… las cuales se identifican según las facturas que a continuación se relacionan. De igual forma certifico que el pago del producto comprado se encuentra debidamente sustentado en los comprobantes de egreso que ingresaron al sistema, tal como se detalla a continuación:
COMPRA RECICLAJES GOVER S.A.S
10. Que las facturas expedidas por las sociedades RECOLECTORA SAN MARTÍN S.A.S. NIT 900.372.722-1 y la agencia de la sociedad RECICLAJES GOVER S.A.S. NIT. 900.451.805-1 registradas en las cuentas (…) fueron efectivamente causadas y canceladas, operaciones asentadas en contabilidad mediante los comprobantes de egreso(…)
13. Que los productos comprados a la agencia de la sociedad RECICLAJES GOVER S.A.S. NIT. 900.451.805-1 ubicada en el municipio de la Unión Vale [sic] del Cauca, fueron vendidos principalmente a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. NIT 890.900.161-9 según cuadro de trazabilidad de las operaciones que se relaciona a continuación:
Entonces, debe concluirse que el proveedor desarrollaba su actividad con la demandante desde su agencia en el municipio de La Unión, donde contaba con capacidad operativa suficiente. Lo anterior explica por qué el encargado de los despachos en Cúcuta Rigoberto Marín Castaño, a quien la DIAN le recibió declaración, no estaba al tanto de las operaciones de Reciclaje Gover con la actora.
c.Valor de las retenciones practicadas
La DIAN encontró que Reciclaje Gover S.A.S efectuó compras por $1.548’759.000, pero solo practicó retenciones por $938.000. Consideró que lo anterior indicaba que el monto de las operaciones frente a las cuales no se practicó retención correspondía a operaciones simuladas.
Es un hecho no discutido que Reciclaje Gover tiene la condición de pequeña empresa, de acuerdo con los artículos 2 de la Ley 1429 de 2010 y 1 del Decreto 545 de 2011, como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Cúcuta(32). Esta ley exime a las sociedades así calificadas de ser objeto de retención en la fuente por un periodo de cinco años, partir del inicio de su actividad económica(33).
Es de anotar que Reciclaje Gover estaba obligada, en general, a practicar retenciones. Lo anterior significa que este proveedor pudo incumplir su deber de practicar retenciones, lo que es distinto a concluir que por ese posible incumplimiento, las ventas efectuadas precisamente a la actora no existieron. En estas ventas, Reciclaje Gover era el beneficiario del pago y de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010, no era sujeto de retención.
Los hechos examinados que tomó la DIAN como indicios para tener por probada la simulación de compras por parte de la actora, como las condiciones de funcionamiento en la sede de Cúcuta, el desconocimiento por parte del encargado en esta ciudad de las transacciones de la agencia ubicada en La Unión (Valle) y las bajas retenciones practicadas, no logran desvirtuar los indicios y las pruebas que existen en el proceso sobre la realidad de las operaciones de la actora con Reciclaje Gover S.A.S.
Por tanto, un examen conjunto de los indicios que analizó la DIAN, no llevan al convencimiento de la simulación. Por el contrario, las pruebas analizadas permiten concluir que las operaciones fueron reales.
2. Recolectora San Martín (Compras por $575.306.425)
La DIAN consideró que eran simuladas las operaciones realizadas por la actora con el proveedor Recolectora San Martín. Esto, porque al verificar las condiciones de operatividad del proveedor, encontró apenas un lote cerrado y vacío en la dirección indicada en el RUT(34). Esto es, la DIAN consideró que las operaciones de la actora con este proveedor eran simuladas porque, en esencia, no existía.
La demandante argumentó que la visita en que se basó la DIAN tuvo lugar casi un año después de terminado el periodo investigado (noviembre de 2012), y que hay constancia de otra visita, del mes de enero de 2012, en el que sí pudo constatarse la existencia de la empresa de reciclaje que funciona en el lugar(35).
También pudo constatarse que el proveedor cuenta con capacidad para llevar a cabo las operaciones realizadas, hecho que se constató apenas un mes después de la finalización del periodo investigado (año gravable 2011).
Al respecto, el acta de visita a Recolectora San Martín, de informe final de verificación o cruce, efectuada el 25 de enero de 2012, para verificar la realidad de las operaciones con otro cliente por el bimestre 4 de IVA de 2011, da cuenta de lo siguiente:(36)
“En la inspección ocular se observó que la Recolectora San Martín exteriormente es un galpón de color naranja, en la parte interna el área aproximada de 900 mt2 en la que se encuentra una zona de descargue y una zona de bodega o almacenamiento, se observa que hay material de papel prensado unos 17 arrumes o pacas, cada un aproximadamente de 500Kg, al fondo de la bodega está la máquina prensadora la cual es de color verde (…)”
Así mismo, en la diligencia se recibió el testimonio del representante legal de la Recolectora San Martín y se solicitó y entregó información contable.
Además, el expediente se encuentran declaraciones de retención en la fuente presentadas por Recolectora San Martín S.A.S por el año gravable 2011(37).
En la visita efectuada por la DIAN en noviembre de 2012 a la dirección de Recolectora San Martín se menciona que dicha empresa no existió en la dirección visitada. Se recogió en ella el testimonio de una persona que había en el lugar, de la que no se sabe su procedencia, que menciona vagamente la actividad de una recolectora durante un corto periodo.
No obstante, la visita realizada por la DIAN al proveedor en enero del mismo año, da cuenta, de manera detallada, de la existencia de Recolectora San Martín, de su actividad y de los elementos utilizados para desarrollarla.
Los indicios anteriores prueban ampliamente la existencia del proveedor para la época de los hechos y que la misma DIAN verificó dicha existencia.
Igualmente, en el certificado de contador público de la actora constan las operaciones efectuadas con este proveedor, así(38):
“8. Que las compras efectuadas en el año gravable 2011 a la sociedad RECOLECTORA SAN MARTÍN S.A.S., NIT 900.372.722-1 y a la agencia de la sociedad RECICLAJES GOVER S.A.S. NIT 900.451.805-1, se registraron en las cuentas 14350501… las cuales se identifican según las facturas que a continuación se relacionan:
COMPRA RECOLECTORA SAN MARTÍN S.A.S(39)
10. Que las facturas expedidas por las sociedades RECOLECTORA SAN MARTÍN S.A.S. NIT 900.372.722-1 y la agencia de la sociedad RECICLAJES GOVER S.A.S. NIT. 900.451.805-1 registradas en las cuentas (…) fueron efectivamente causadas y canceladas operaciones asentadas en contabilidad mediante los comprobantes de egreso.
De lo anterior se concluye que, frente a los hechos que la Administración toma como indicios de que las operaciones entre Recolectora de Papeles y Metales y Recolectora San Martín son ficticias, se hallan indicios contundentes que, analizados en conjunto, prueban de manera fehaciente la existencia del proveedor y, por lo mismo, la realidad de las operaciones con este en el periodo investigado.
Así las cosas, la Sala concluye que, en esta oportunidad, los indicios que fundamentan el acto demandado no son suficientemente concluyentes sobre el carácter ficticio de las operaciones cuestionadas. Por el contario, se presentan en este caso hechos indicativos suficientes sobre la realidad de las operaciones.
Las razones anteriores son suficientes para confirmar la nulidad de la liquidación oficial de revisión demandada y el restablecimiento del derecho ordenado por el Tribunal.
La apelante sostiene que no procede la condena en costas en este asunto porque es de interés público.
Al respecto, con fundamento en los artículos 188 del CPACA y 365 numeral 8 del Código General del Proceso, la Sala niega la condena en costas en las dos instancias, dado que no se encuentran probadas.
Por lo anterior, se revoca el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada para negar la condena en costas en ambas instancias. En lo demás, se confirma la providencia apelada.
1. REVOCAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar, dispone
TERCERO: NEGAR la condena en costas.
3. NO CONDENAR en costas en esta instancia.
4. ACEPTAR la renuncia al poder presentada por Patricia del Pilar Romero Angulo como apoderada de la DIAN (folio 613 A c.p) y RECONOCER personería a Margarita Villegas Ponce como apoderada de la misma entidad, según poder que está en el folio 622 del c.p.
5. ACEPTAR la renuncia al poder presentada por Margarita Villegas Ponce como apoderada de la DIAN (folio 654 c.p) y RECONOCER personería a Herman Antonio González Castro, como apoderado de la entidad demandada, según poder que está en el folio 644 del c.p.
Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, y cúmplase».
12 Artículo 742. LAS DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEBEN FUNDARSE EN LOS HECHOS PROBADOS. La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto éstos sean compatibles con aquéllos.
13 Cfr. WHITTINGHAM GARCÍA, Elizabeth. Las pruebas en el proceso tributario. Bogotá, Ed. Temis, 2ª. ed., 2011, pp. 71 y 72.
14 “Artículo 240. REQUISITOS DE LOS INDICIOS. Para que un hecho pueda considerarse como indicio deberá estar debidamente probado en el proceso”.
15 Artículo 242. APRECIACIÓN DE LOS INDICIOS. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso.
16 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 12 de octubre de 2015, exp 19999, C.P Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. En el mismo sentido, ver sentencias del 29 de junio de 2017, exp. 21332, C.P. Milton Chaves García; 13 de octubre de 2016, exp. 20983, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 2 de diciembre de 2015, exp. 21104, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; y 14 de julio de 2016, exp. 20556, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, entre otras.
17 Sentencia de 13 de agosto de 2015, exp. 20822, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia
18 Folio 255 c.1, certificado de existencia y representación legal
19 Folios 413 a 416, c. 2 A.
20 Artículo 774. REQUISITOS PARA QUE LA CONTABILIDAD CONSTITUYA PRUEBA. Tanto para los obligados legalmente a llevar libros de contabilidad como para quienes no estando legalmente obligados lleven libros de contabilidad, éstos serán prueba suficiente, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
2. Estar respaldados por comprobantes interés y externos.
3. Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural.
4. No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley.
5. No encontrarse en las circunstancias del Artículo 74 del Código de Comercio.
21 Folios 386 a 404 c.p.
22 Folios 386 a 388 c.p.
23 Aparecen en el certificado la fecha, número y valor de 30 facturas expedidas entre el 7 de enero y el 28 de octubre de 2011 y los correspondientes comprobantes de egreso para un total de compras de $575.306.425.
24 Aparecen en el certificado la fecha, número y valor de 9 facturas expedidas entre el 14 de septiembre y el 15 de diciembre de 2011 y los correspondientes comprobantes de egreso para un total de compras de $100.719.220.
25 Sentencia de 27 de enero de 2011, exp 17222
26 Entre otras, ver sentencias de 6 de marzo de 2008, exp 15931 y del 8 de noviembre de 2017, exp 20427
27 Sentencias del 19 de julio de 2007, exp. 15099, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y del 25 de noviembre de 2004, exp. 14155, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.
28 Folios 388 y 389 c.1 A.
29 Folios 187 y 188, c. C1.
31 Folios 388, 389 y 401 c.p.
32 Folio 354 c. 2 A.
33 “Artículo 4°. Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación:
Parágrafo 2°. Los titulares de los beneficios consagrados en el presente artículo no serán objeto de retención en la fuente, en los cinco (5) primeros años gravables a partir del inicio de su actividad económica, y los diez (10) primeros años para los titulares del parágrafo 1°”.
34 Folios 502 y 503, c. 2 A.
35 Folios 252 a 254, c. 1.
36 Folios 252 a 254, c. 1.
37 Folios 480 a 494 c. 2 A.
38 Folios 388, 389 y 401 c.p.
39 Aparecen en el certificado la fecha, número y valor de 30 facturas expedidas entre el 7 de enero y el 28 de octubre de 2011 y los correspondientes comprobantes de egreso para un total de compras de $575.306.425.

References: artículo 771
 artículo 742
 artículo 240
 artículo 242
 artículo 177
 artículo 777
 artículo 4
 Artículo 742
 Artículo 242
 Artículo 774
 Artículo 74