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Timestamp: 2019-05-26 02:27:00+00:00

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¡Irak pagará! | El Dipló
Una Comisión "orientada" por Estados Unidos
¿Quién lee los informes?
¡Irak pagará!
La Comisión de Indemnizaciones de las Naciones Unidas ha reunido en los últimos 5 años 11 mil millones de dólares, el equivalente del tercio de los ingresos por exportaciones de Irak. En un procedimiento que sólo tiene precedente en el tratado de Versalles -que dio fin a la primera guerra mundial con la consigna de "Alemania pagará" y culmino en el ascenso de Hitler al poder- la ONU obliga al extenuado Irak al pago de una deuda que recién podría completarse hacia el año 2050.
El consenso se rompió por primera vez el 15-6-00. El clima amable de las rutinarias reuniones del Consejo de Administración se tornó bruscamente tenso. Sin embargo, Ginebra es poco propicia a que se alcen las voces. Allí se prefiere el silencio protector, las discusiones templadas, la ausencia de publicidad. Es cierto que la cifra que se barajaba es impresionante: más de 15.000 millones de dólares, dos veces el producto interior bruto de Jordania. No se trataba de una fusión bancaria, ni de dinero negro reciclado, ni de una oferta pública de compra. Los participantes no eran financistas, mucho menos banqueros, sino diplomáticos de alto rango de los quince países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que debían pronunciarse sobre una de las demandas de indemnización formulada por la Kuwait Petroleum Corporation contra Bagdad.
Los diplomáticos franceses y rusos manifestaron sus reservas. Se negaron a que una cantidad tan importante, sustraída de los recursos de un país, Irak, que según confirman los informes se está hundiendo en la miseria, fuese adjudicada a un emirato opulento. Pero el 28 de septiembre pasado cedieron y votaron 15.900 millones de indemnización, a cambio de un "mejor" funcionamiento de la UNCC
Con varias oficinas diseminadas en Ginebra y poco conocida por la gente, la United Nations Compensation Commision (UNCC, Comisión de Indemnizaciones de Naciones Unidas para Irak), existe desde hace diez años. Al abrigo de miradas indiscretas, esta instancia oculta constituye, sin embargo, uno de los engranajes esenciales de la estrategia de aniquilación de Irak. Las sanciones contra ese país han generado niños que mueren por falta de cuidados, hospitales desprovistos de material, pobreza; la extinción de una de las civilizaciones más antiguas del planeta.
Unas líneas de algún cable de agencia, que rara vez se reproducen, recuerdan de vez en cuando los bombardeos diarios dirigidos por la aviación anglo-estadounidense contra Irak. Pero ni un solo periodista recorre los pasillos de la Comisión de Indemnización. No existe ningún debate público sobre su discutible legalidad ni sobre sus dudosas prácticas. Sin embargo, las arcas de esta institución recuperaron, desde diciembre de 1996, un tercio de las rentas por exportaciones de Bagdad: 11.000 millones de dólares…
En abril de 1991, después de la victoria de los Aliados en la guerra del Golfo, el Consejo de Seguridad confirmó que Irak "es responsable, en virtud del derecho internacional, de todas las pérdidas, de todos los daños (…), así como de todos los perjuicios padecidos por otros Estados y por personas físicas y sociedades extranjeras, directamente imputables a la invasión y la ocupación ilícita de Kuwait por Irak". Encargada de recoger las demandas de indemnización, la UNCC fue creada por la resolución 692 del Consejo de Seguridad del 20-5-1991 (ver "Una comisión…"). Su Consejo de administración está compuesto por quince miembros del Consejo de Seguridad y decide sobre el monto de las indemnizaciones a pagar a cada querellante sobre la base de un informe presentado por un grupo de tres comisarios expertos elegidos por el Secretariado Ejecutivo, órgano en principio administrativo pero que es, de hecho, la sede del poder real. En manos de los representantes de Estados Unidos desde su creación, el Secretariado ha "orientado" (desorientado sería un término más exacto), todas las decisiones de la Comisión.
El procedimiento adoptado por el Consejo de Seguridad no tiene precedente al menos desde el Tratado de Versailles, que puso fin a la primera guerra mundial… y sentó las bases de la segunda. El artículo 231 de aquel texto atribuía a Alemania la responsabilidad exclusiva de la guerra y la obligaba a infinitas reparaciones. La consigna "Alemania pagará" culminaría en la debacle de la República de Weimar y la toma del poder por Adolf Hitler. Ahora, la consigna de Estados Unidos, que oportunamente se había negado a ratificar el Tratado de Versailles, es "Irak pagará". ¿Cuáles son las consecuencias?
Ex profesor de derecho internacional público, abogado del gabinete Lalive & Parners1, Michael E. Schneider denuncia la principal aberración del procedimiento: Irak no es reconocido como "parte en un proceso (a defendant party). Se saltea el acuerdo del principal interesado. Irak, y solamente Irak, debe pagar cada céntimo del procedimiento, los emolumentos de los comisarios y sus expertos, mientras el país no tiene acceso a los trabajos de esos expertos". Sin dudas, Bagdad debe rendir cuentas por los daños provocados por su invasión asesina de Kuwait. Pero incluso un criminal tiene derecho a abogados y a una defensa; no se le pide que pague el procedimiento, los jueces y la "investigación". Cada año se destinan 50 millones de dólares de las exportaciones iraquíes a subvencionar a la Comisión, el menor desplazamiento de sus expertos -en primera clase- y los substanciosos emolumentos de los comisarios… Por primera vez en la historia del Derecho Internacional desde el final de la segunda guerra mundial, un Estado no tiene derecho a opinar sobre un procedimiento que le afecta.
Embajador de Bagdad en Ginebra ante la ONU, Mohamed El Duri, ex profesor de Derecho Internacional, trabaja "embargado". Irak perdió su derecho de voto en la ONU porque no pagó sus cotizaciones2, mientras que el mayor deudor de la organización, Estados Unidos (debe más de mil millones de dólares) nunca fue objeto de una sanción parecida. Las comunicaciones del embajador iraquí con su gobierno son penosas; un emisario tarda, como mínimo, cuatro días en ir y volver de Bagdad a Ginebra. Le falta hasta el mínimo material: la compañía Xerox se negó a venderle fotocopiadoras, sin duda por temor a que las transformara en armas químicas…
Procedimiento inquisitorial
El Duri se explica amplia, minuciosamente. Los expedientes números 4003197 y 4004439 presentados por la Kuwait Petroleum Corporation por una suma total de 21,6 mil millones de dólares, resultan ejemplares. Conciernen a la suspensión de la producción y venta del petróleo kuwaití durante la ocupación iraquí, así como a las pérdidas debidas especialmente a los incendios. Los considerandos kuwaitíes, varias decenas de miles de páginas, fueron depositados ante los tres comisarios encargados del asunto, los días 20-5 y 24-6-1994. Bagdad fue informada de su contenido sólo a través de un resumen del Secretariado Ejecutivo el… 2-2-1999, cinco años más tarde. Y tuvo plazo hasta el 19 de septiembre para presentar sus alegatos.
La delegación iraquí explicó el 13-6-00 al Consejo de Administración que "(esas dos demandas) se refieren a demasiados aspectos legales, científicos, técnicos y contables… Deben imaginarse el tiempo que se necesita para transmitir esos voluminosos documentos, verificarlos, estudiarlos, traducirlos al árabe, después de nuevo al inglés y preparar una respuesta".
La Comisión no ha autorizado al gobierno iraquí a disponer del dinero de sus exportaciones -su propio dinero- para garantizar el pago de importantes gabinetes jurídicos. "De todas maneras, remitimos nuestras observaciones, a las que Kuwait respondió, pero… no conocemos el contenido de esa respuesta. Después de muchas tergiversaciones conseguimos el derecho a presentar nuestras observaciones -¡en una hora como máximo!- ante los comisarios, el 14-12-1999", prosigue el embajador. Los comisarios concedieron finalmente 15.000 millones a los querellantes, lo cual suscitó los reparos franceses y rusos en el Consejo de Administración. Por primera vez se había roto el consenso. "Irak es responsable, pero eso no autoriza a violar el derecho Internacional", concluye el embajador.
"¿Cómo se pueden estudiar los expedientes sin recursos en contra, sin dar a cada una de las partes la posibilidad de presentar sus puntos de vista? Frente a expedientes cerrados ¿cómo se puede reaccionar? Kuwait hizo un concurso internacional para preparar sus expedientes y defenderse. Para abrirlos sería necesario un trabajo minucioso que la comisión no tiene tiempo de hacer. A Irak no sólo se le ha negado el dinero para defenderse, sino que además los servicios de todos los grandes gabinetes de abogados ya están contratados, bien por los querellantes o bien por la UNCC", señala el profesor Michael Schneider.
En 1991, el Secretario General de Naciones Unidas recomendó que "se informara a Irak de todas las demandas (claims) y que disponga del derecho de presentar sus comentarios a los comisarios". Pero el Consejo de Seguridad no siguió la recomendación, simplemente aceptó que Bagdad tenga "derecho a recibir un resumen de los informes, elaborado por el secretariado ejecutivo, y a comentarlos". Un procedimiento que se parece más a los de la Inquisición que a las fórmulas jurídicas modernas, lo que reconoce Norbert Wuhler, el jefe del departamento legal de UNCC, al hablar de "procedimiento inquisitorial"3. El primer secretario ejecutivo de la UNCC, Carlos Alzamora, declaró que se eliminaron todos esos impedimentos legales "que entorpecen los procesos judiciales"…
La UNCC justifica estas prácticas por la necesidad de pagar rápidamente a los cientos de miles de "pequeños" afectados, a los "sin grado", gravemente lesionados por la invasión de Kuwait: de las 2,6 millones de demandas de indemnizaciones, la casi totalidad procede de particulares. Pero la suma que reclaman asciende solamente a 20.000 millones, de los 320.000 millones de dólares que se exigen a Irak en concepto de indemnizaciones. Los 15.000 millones de dólares ofrecidos a la Kuwait Petroleum Corporation equivalen a la suma total de las reparaciones que finalmente se han concedido a 2,6 millones de particulares; representan también lo que el gobierno central iraquí ha recibido, entre diciembre de 1996 y julio de 2000, para alimentar y atender a 15 millones de personas. Al poner en marcha procedimientos acelerados para las demandas individuales, fundados sobre todo en modelos estadísticos (de hecho, era imposible examinar las querellas una a una), la Comisión permitió que fueran indemnizados los particulares. Pero al precio de numerosas manipulaciones, a menudo políticas…
Los reclamos clasificados en la categoría C agrupan 1.659.840 demandas individuales -destrucción de bienes, angustia (mental pain anguish), obligación de esconderse, etc.- con indemnizaciones de menos de 100.000 dólares. En septiembre pasado se resolvieron los casos de los últimos querellantes. El hecho de que sólo se hayan satisfecho 632.004 demandas no debe llevar a hacerse ilusiones sobre la seriedad del trabajo. De hecho, esta categoría incluía un reclamo en grupo de 1.240.000 trabajadores egipcios. Fuera de este reclamo, quedan en realidad 420.000 reclamos C de los cuales se vieron satisfechos 408.187, es decir, más del 97%. Pero no todos los querellantes recibieron el mismo trato. Fueron satisfechas cerca del 100% de las 160.000 demandas kuwaitíes y algunas recibieron incluso el 110% de las sumas exigidas. En cambio, los 40.000 jordanos (esencialmente palestinos) sólo fueron indemnizados en un 40%…
Desde el principio, el procedimiento C estuvo "orientado". Hombre clave de la UNCC, Michael F. Raboin, ciudadano estadounidense, es el secretario ejecutivo adjunto responsable de la división que tramitó los reclamos (supervisa, por tanto, todas las demandas de indemnización). Raboin organizó el secretariado desde 1991 y eligió a Norbert Wuhler, con quien había trabajado en el Iran-United States Claims Tribunal, establecido a comienzos de los años 1980 y que continúa trabajando en La Haya para arreglar el contencioso entre esos dos países. Según ambos responsables "somos imparciales. Las comisiones tuvieron en cuenta las posiciones de Irak. Y además hemos tenido que examinar varios cientos de miles de demandas en muy poco tiempo. Muchos querellantes nos acusan incluso de ser demasiado favorables a Irak".
¿Imparciales? En abril de 1995, Erik Wilbers, responsable de la unidad de indemnizaciones C, reunió a sus colaboradores: "Todo este trabajo abstracto que hacemos en este edificio con aire acondicionado en Suiza nos lleva fácilmente a olvidar por qué estamos aquí, para ayudar a los querellantes". Y añadió, recordando las torturas padecidas por los kuwaitíes: "Es útil para nosotros recordar el lujo en que nos encontramos. Todos somos más o menos culpables y es importante recordarlo cuando tengan la impresión de que están yendo un poco lejos". ¿Un poco lejos? Eso fue una llamada, apenas velada, a violar la legalidad…
Un ex funcionario egipcio, que trabajó en esta unidad, recuerda que se le pedía regularmente que "adoptara criterios lo más generosos posible" para llegar a un máximo de respuestas favorables. Otro funcionario europeo se vio impactado por una fórmula empleada regularmente: "doctoring the samples" (manipular las muestras). Y así fueron alegremente modificados los modelos estadísticos que iban a permitir pagar rápidamente a las víctimas. Los pocos documentos de primera mano (recibos, facturas, etc) entregados por los querellantes, facilitan estas maniobras. Por ejemplo, los kuwaitíes completaron 160.000 demandas individuales, algunas a nombre de niños de pecho… En muchos casos, distintos expedientes llevaban el mismo número de teléfono, se referían a las mismas pérdidas. Varios documentos señalan estos "desdoblamientos": la representante china protestó en varias ocasiones, una auditoría criticó los métodos (ver "¿Quién lee…?"), sin éxito…
Otro funcionario europeo evoca las presiones organizadas por la delegación kuwaití "para conseguir que los procedimientos fueran favorables a su país. La víctima participaba bastante en esta elaboración. Decir que venían a nuestros locales todos los días sería un poco excesivo. Digamos que cada día y medio…". Así es como muchos hombres de negocios kuwaitíes van a ser indemnizados por empresas que pertenecen a árabes, a menudo a palestinos: la ley kuwaití obliga a los extranjeros a utilizar un testaferro local para abrir una empresa…
Más escandaloso aún: el gobierno estadounidense demandó oficialmente, en febrero de 1998, que el Consejo de Administración revisara los parámetros para el pago a los kuwaitíes. El Secretariado Ejecutivo se plegó a este "consejo". Las prácticas utilizadas por Washington recuerdan la manipulación, por Estados Unidos, de la Unscom, la Comisión de Inspección para el Desarme de Irak, atiborrada de agentes de la CIA…
Los mayores expedientes de indemnizaciones están siendo examinados: el 16-6-00 quedaban por analizar demandas por 267.000 millones de dólares. Claro que ya se rechazaron muchas de ellas, sin duda extravagantes, y otras muchas lo serán; algunos países pidieron dinero para cubrir los gastos de movilización de sus tropas. Pero hay que señalar que los aliados de Estados Unidos: Kuwait, Arabia Saudita o Israel, son objeto de un trato preferencial con el pretexto de que se vieron especialmente afectados por los misiles Scuds. Así es como empresas de flores y legumbres, muchos cines y hoteles israelíes, recibieron millones de dólares para compensar la caída de sus actividades durante la crisis…
Las demandas planteadas por los diferentes ministerios kuwaitíes (categoría F-3), por una suma de 2.000 millones de dólares, se redujeron a 1.530 millones. La comisión encargada del expediente envió seis misiones a Kuwait y a Estados Unidos para verificar las demandas; en esas misiones no había ningún representante de Irak, que tampoco fue invitado a expresarse ante los comisarios. Pero los propios miembros de la comisión no quisieron darse por vencidos (salvo en un caso), limitándose a enviar "expertos", proporcionados por el secretariado ejecutivo, cuyo rol se incrementa. Y todas las cuestiones suscitadas por las "ganancias" o las "economías" que Kuwait consiguió gracias a la guerra: aumento de los precios del petróleo, inactividad de sus instituciones durante varios meses, renovación de su capital, o bien fueron ignoradas o apenas se las rozó.
La Comisión recibió demandas de indemnización por un valor de 320.000 millones de dólares (180.000 millones solo de Kuwait), el equivalente a nueve veces el producto interior bruto del país en 1989, lo que no parece haber sorprendido a nadie. Aun suponiendo, como se dice por los pasillos de la Comisión, que las indemnizaciones otorgadas se limiten a un tercio de esta suma, eso representaría 100.000 millones de dólares. A los que hay que añadir los intereses, en períodos que van de 10 a 15 años: se alcanzaría así la suma de alrededor de 300.000 millones de dólares4, lo que al precio actual del barril (muy elevado), representa entre 15 y 20 años del conjunto de las exportaciones petrolíferas de Irak. Si el país continúa dedicando un tercio de sus ingresos a esta deuda, habrá terminado de pagarla en 2050 o 20605, y eso sin hablar de las deudas anteriores al 2-8-1990. ¿Qué quedará, para entonces, de las escuelas, los hospitales, las infraestructuras iraquíes?6.
¿Es legal obligar a un país a pagar, independientemente de su capacidad, sin fijar ningún techo? El artículo 14 del Tratado de Paz entre Estados Unidos y Japón, de 1951, afirmaba: "Japón debería pagar reparaciones a las potencias aliadas por los daños y los sufrimientos causados durante la guerra. Sin embargo, reconocemos que los recursos de Japón no son suficientes, si quiere mantener una economía viable, para pagar la totalidad de las reparaciones (…) y cumplir, al mismo tiempo, con sus otras obligaciones"7. Recordemos que en aquel momento el jefe del Estado era el emperador Hirohito, un criminal de guerra pasible (como el presidente Saddam Hussein) de ser procesado por el Tribunal Penal Internacional, si éste hubiera existido. Por otra parte, la resolución 687 reconocía también que para el pago de indemnizaciones hay que tener en cuenta "las necesidades del pueblo iraquí, la capacidad de pago de Irak". ¿Pero acaso la ONU respeta sus propios textos?
Desde hace muchos años la Comisión de Derecho Internacional, puesta en marcha por la ONU, se dedica al tema de la responsabilidad de los Estados. Prepara una convención que ya ha conseguido un amplio consenso. En el artículo 42 del texto elaborado se precisa: "En ningún caso la reparación puede tener el efecto de privar a una población de sus propios medios de subsistencia". Algunos juristas, como el alemán Bernard Graefrath, van más lejos y cuestionan el derecho del Consejo de Seguridad a determinar las sumas de las compensaciones en un litigio entre dos partes. En varias ocasiones -ataque israelí contra el aeropuerto de Beirut en 1968; agresión portuguesa contra Guinea en 1970; o la de Sudáfrica contra Angola en 1976- el Consejo de Seguridad decidió que había que pagar indemnizaciones a las víctimas, aunque sin fijar nunca las cantidades, porque eso no figura entre sus prerrogativas. En el caso de Angola, por ejemplo, el representante británico en el Consejo de Seguridad recordaba, en aquel momento: "El Consejo de Seguridad no es un tribunal de justicia y no es el lugar adecuado para pronunciarse sobre las demandas de compensaciones" Interrogado, Raboin precisa, lo mismo que otros miembros del secretariado: "Pensamos que la ONU creó un precedente" después de la invasión de Kuwait. Lo que ocurrió a partir de ese precedente, de ese "nuevo orden mundial", se aprecia tanto en Bosnia, como en el Sur del Líbano o en Palestina… ¿Alguien obligará a Israel a pagar compensaciones al Líbano por los veinticinco años de ocupación del sur del país? Como dice un diplomático europeo, el funcionamiento parcial de la UNCC tiene que ver, sobre todo, con la situación internacional de 1991. "Hoy, una institución así no se pondría en marcha. Estados Unidos no podría imponerla. Todo el mundo se opondría".
En vísperas de la reunión de la UNCC del 28 de septiembre pasado, el Consejo de Seguridad decidió modificar levemente algunos de los aspectos más escandalosos del mecanismo de compensaciones impuesto por Irak. Las partes de las exportaciones de Irak consagradas a ese rubro pasará del 30 al 25% a partir de diciembre próximo y los procedimientos de la UNCC contemplarían mejor las posiciones de Irak. A cambio de esto fue que París y moscú votaron los 15.900 millones de dólares de indemnizaciones, en particular para la Kuwait Petroleum Corporation.
Se confirmó así, nuevamente, que es Estados unidos quien decide qué hacer y cómo en el asunto Irak.
Michael E. Schneider, "How Fair and Efficient isthe United Nations Compensation Commission System", Journal ofInternational Arbitration, Ginebra, vol. 15, Nº 1, marzo de 1998.
Se rechazó la propuesta de Irak de que la ONU tomeesta suma de las exportaciones de petróleo.
Leer su texto "The United Nations CompensationCommission: A new contribution to the process of international claimsresolution", Journal of International Economic Law, Oxford UniversityPress, Oxford 1999.
El 18-12-1992 el Consejo de Administración decidió que se pagarían los intereses.
Las demandas de indemnización presentadas a la UNCCno terminan con todos los procedimientos contra Irak. Cualquier querellantepuede procesar a Bagdad en busca de otras"indemnizaciones"…
"Muette agonie de l"Irak", Le Monde diplomatique, París, julio de 1999.
Citado por Bernhard Graefrath, "Iraqi reparationsand the Security Council", Heidelberg Journal of International Law, Heidelberg, 1995.
La Comisión de Indemnización de Naciones Unidas (UNCC)1 es un organismo "subsidiario" del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se funda en la resolución 687, del 3-4-1991, que en su párrafo 16 afirma que "Irak, al margen de sus deudas y de sus obligaciones anteriores al 2-8-1990, cuestiones que deberán resolverse por vías normales, es responsable, en virtud del derecho internacional, de todas las pérdidas, de todos los daños, incluidos los atentados contra el medio ambiente y el saqueo deliberado de los recursos naturales, así como de todos los perjuicios sufridos por otros Estados, por personas físicas y sociedades extranjeras, directamente imputables a la invasión y a la ocupación de Kuwait por Irak". En el párrafo 18 de ese texto, el Consejo de Seguridad "decide también crear un fondo de indemnización por los daños y perjuicios previstos en el párrafo 16 y crear una Comisión que será la encargada de gestionar ese fondo".
El Consejo de Seguridad, por su resolución 692, del 20-5-1991, creó la Comisión, que se instaló en Ginebra. Decidió también que el 30 % de las exportaciones de petróleo y de productos petrolíferos iraquíes se destinarían a las indemnizaciones, como asimismo a pagar el costo del funcionamiento de la Comisión. Sólo a partir de diciembre de 1996, fecha del comienzo del programa "petróleo por alimentos", la Comisión comenzó a percibir sumas importantes: 11 mil millones a fines de julio de 2000. En septiembre pasado, la Comisión había desembolsado alrededor de 8 mil millones de dólares.
El Consejo de Administración (Governing Council) define la política de la comisión, en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Decide, a propuesta de los comisarios, el importe de las indemnizaciones a entregar. Sus decisiones no son pasibles de apelación. El Consejo está compuesto por los quince miembros del Consejo de Seguridad. Los miembros no permanentes son designados por dos años. El derecho de veto está formalmente excluido y las decisiones deben ser tomadas por una mayoría de nueve. El Consejo celebra cuatro sesiones por año. Su presupuesto para 1998 y 1999 alcanzó los 82,3 millones de dólares, y en el año 2000 llegará a los 100 millones. El trabajo deberá estar terminado en julio de 2003. El Consejo creó una reserva que permite que la Comisión pueda continuar hasta el final de ese período. La primera reunión del Consejo de Administración tuvo lugar del 23-7 al 2-8-1991.
Los comisarios (Commissioners) -juristas internacionales, expertos financieros o en seguros, contadores, etcétera- son 54 y pertenecen a 40 nacionalidades. El secretariado ejecutivo los elige por un período limitado, a partir de una lista del Secretario General de Naciones Unidas. El secretario general confirma a los candidatos y entonces el Consejo de Administración decide su nombramiento. Hay dieciocho comisiones (panels) compuestas de tres comisarios cada una (algunas ya concluyeron su trabajo), que estudian un tipo de demandas (A, B, C, D, E o F, subdivididas a su vez) y proponen las indemnizaciones. Mientras para las categorías B, D, E y F, las demandas son estudiadas caso por caso, en las categorías A y C se utilizan procedimientos simplificados y modelos estadísticos. Los comisarios, presentes de manera muy irregular en Ginebra, están asistidos por "expertos" puestos a su disposición por el Secretariado Ejecutivo, que se hacen cargo de lo esencial del trabajo. Las comisiones someten sus propuestas de indemnización al Consejo de Administración, que hasta el momento siempre les dio curso.
El Secretariado Ejecutivo es nombrado por el Secretario General después de consultar con el Consejo de Administración. Dirige el secretariado, compuesto por más de 240 personas de sesenta nacionalidades diferentes, que garantiza el funcionamiento cotidiano, prepara los informes para los comisarios, etcétera. El verdadero lugar de poder es de hecho el Secretariado Ejecutivo. Desde su origen estuvo controlado por los representantes de Estados Unidos que "orientaron" sus trabajos.
La lengua de trabajo es el inglés, lo que obliga a Irak a traducir todos sus documentos y acentúa el peso de los "anglosajones" en la UNCC.
La comisión recibió 2,6 millones de demandas por un importe de más de 320 mil millones de dólares2. Definió cuatro categorías de demandas para los particulares (A, B, C y D), una para las empresas (E) y otra para los gobiernos (F). Las demandas de las distintas categorías son centralizadas por los gobiernos nacionales. El Consejo de Administración decidió que además de la indemnización se paguen los intereses durante el período transcurrido entre la pérdida del bien y el pago de las indemnizaciones, "con una tasa suficiente para compensar a los demandantes por las pérdidas en la utilización de los bienes durante ese período". Esos intereses serán entregados sólo después del pago de la indemnización concreta acordada. La cuestión de saber si las categorías D, E y F pueden ser indemnizadas por los gastos de preparación jurídica de las demandas no ha sido zanjada todavía. Unos cien gobiernos han presentado demandas.
Categoría A: Las personas que fueron obligadas a dejar Irak o Kuwait (920.000 demandas).
Categoría B: Aquellos que sufrieron heridas graves o la muerte de un familiar (6.000 demandas).
Categoría C: Demandas individuales por un valor inferior a 100.000 dólares (1.660.000 demandas).
Categoría D: Demandas individuales por más de 100.000 dólares (10.700 demandas).
Categoría E: Demandas de empresas (5.840 demandas).
Categoría F: Demandas de gobiernos y de organizaciones internacionales (431, de las que 134 se relacionan a la vez con las categorías E y F).
De las 2,6 millones de demandas, ya se tramitaron 2,5 y 1,5 recibieron indemnizaciones por un importe de 13 mil millones de dólares. En septiembre de 2000 se completó el pago de las demandas de las categorías A y C. Cabe destacar que las demandas más numerosas (categorías A y C) corresponden sólo a 12,5 mil millones de un total de más de 320 mil millones de dólares.
Dirección de su portal en Internet: http://www.unog.ch/uncc/
Con excepción de los casos de personas desaparecidas, el plazo establecido para presentar demandas ya venció.
La Comisión de Indemnización (UNCC) "no ha efectuado un trabajo suplementario para evaluar el impacto financiero de los errores identificados. Habida cuenta del impacto posible en el nivel de devolución, consideramos que la Comisión debería fijar reglas más estrictas respecto de los errores que tienen consecuencias en el nivel de las devoluciones". Traducción del lenguaje estereotipado de la ONU: los demandantes han recibido indemnizaciones superiores a sus merecimientos y la Comisión no se preocupa por eso… Es al menos lo que concluye un informe de auditoría sobre la UNCC, encargado por Naciones Unidas, redactado bajo la dirección del británico David Woodward1 y publicado en 1998.
El texto subraya principalmente que muchos de los datos utilizados por la UNCC provenían de los gobiernos nacionales, encargados de centralizar las denuncias. Esos gobiernos tenían el máximo interés en "mejorar" las demandas, ya que podían deducir previamente hasta un 1,5% de las sumas recibidas (3% para las categorías D, E y F), lo que algunos de ellos no se privaron de hacer.
Los redactores subrayan, por otra parte, que las demandas para las categorías A y C (ver "Una comisión…"), "no implicaban una exigencia de proporcionar los nombres y los números de identificación de todos los miembros de cada familia que presentó una demanda (…). De manera que a la Comisión le resultaba imposible detectar las situaciones en que el padre y la madre habían presentado una demanda cada uno por la misma pérdida".
Los redactores de la auditoría "encontraron que en general las pruebas expuestas por los demandantes de categoría A eran de muy débil calidad". Por ejemplo, sobre una muestra de 60 demandas analizadas, el 5% no se basaba en ningún documento; 26 (el 81%) de las 32 demandas por pérdidas de propiedades personales no habían aportado ninguna prueba documental, recibos originales o facturas; 15 (el 59%) de las 24 demandas por pérdidas de salarios no habían presentado ningún documento como hojas de pago o contratos de trabajo; 21 (el 91%) de las 23 demandas de compensación por haber pasado a la clandestinidad durante la ocupación (forced hiding) o por detención ilegal no se basaban más que en declaraciones personales no corroboradas.
Lo cual no impidió indemnizar a esos querellantes. Lo que es más grave todavía, los datos estadísticos para demandas de la categoría C revelaban que el 43% "de las demandas de un gobierno nacional contenían al menos una diferencia entre los datos de la denuncia y los datos introducidos en el ordenador". De otra muestra se deducían, "niveles inaceptables de error en la primera serie de demandas C, que representaban unas 40.000 de las 165.000 demandas". Hay un detalle que el informe no precisa: la compañía india Datamatics, encargada de recoger ciertos datos, se había comprometido a un 99,98% de fiablilidad. A pesar de su fracaso, se la confirmó en su función con la única instrucción de que se las arreglara para incrementar los pagos.
Cualquier institución sometida a críticas como éstas (de las que cabe pensar que se edulcoraron para su publicación), habría visto rodar cabezas. Pero los responsables de la ONU, ¿leen todavía los informes que encargan?
Conflictos Armados, Deuda Externa, Justicia Internacional, Geopolítica
Estados Unidos, Irak, Angola, Guinea, Sudáfrica, Japón, Alemania (ex RDA y RFA), Francia, Suiza, Arabia Saudita, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Palestina

References: resolución 
 artículo 231
 artículo 14
 resolución 
 artículo 42
 resolución 
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