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Timestamp: 2019-10-21 05:48:44+00:00

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¿Es posible ilegalizar los partidos secesionistas catalanes, como propone Pablo Casado? - Hay Derecho
13 julio, 2018 /19 Comentarios/en Blog /por Lucía Gomá Garcés
Este artículo tiene su origen en mi Trabajo de Fin de Grado cuyo tutor fue el profesor Emilio Pajares Montolío y que pueden consultar aquí: Ilegalización Partidos Lucia Gomá.
El panorama político español ha estado protagonizado estos últimos meses por el intento de secesión llevado a cabo por los partidos involucrados en el denominado procés. Algunos dirigentes de estos partidos han sido acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, y de ellos algunos se encuentran todavía en prisión provisional y otros huidos de la justicia, fundamentalmente por las actuaciones llevadas a cabo los días 6 y 7 de septiembre y 1, 10 y 27 de octubre de 2017.
Lo anterior ha generado un debate sobre la paradoja de que existan partidos políticos representados tanto en las Cortes Generales como en los parlamentos autonómicos cuyos programas de gobierno consisten casi en exclusiva en la ruptura de la unidad de España, planteando incluso la vía unilateral, contraviniendo y rechazando lo dispuesto en la Constitución y en las leyes.
Conviene recordar, a este respecto, que el Tribunal Constitucional (Sentencia 3/1981) considera que los partidos políticos deben ser entendidos como un tipo específico del derecho de asociación, que se encuentran regulados genéricamente en el artículo 22 y la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, y específicamente en el artículo 6 de la CE y la Ley Orgánica de Partidos Políticos. En este sentido, el artículo 22 de la CE advierte expresamente que “aquellas asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales” y prevé que podrán ser disueltos judicialmente.
Ahora bien, ¿cabe entender que los partidos independentistas persiguen fines ilegales como ha propuesto Pablo Casado este mismo martes? Pues no. No cabe entender que dichos partidos se crean con el fin de cometer delitos (STC 48/2003) pues, con base en nuestra Constitución y concretamente en el pluralismo político consagrado como valor superior del ordenamiento, es perfectamente lícita la defensa de esta ideología, siempre que –y aquí está, quizás, la cuestión– actúen dentro del marco de la Constitución y el ordenamiento jurídico.
Esto se debe a que España no es una democracia militante, en tanto que no impone una adhesión positiva al ordenamiento, ni una necesidad de adaptarse a un marco ideológico establecido por la CE, ni tampoco se ponen límites a la reforma constitucional. No ocurre lo mismo en otros países europeos, como Alemania, Francia o Portugal, que sí son democracias militantes y regulan, de formas diferentes, este tipo de previsiones en sus ordenamientos jurídicos.
Por ello y en primer lugar, la propuesta de Casado implicaría necesariamente la reformar nuestra Constitución y nuestro Código Penal para poder entender que estos partidos persiguen fines ilícitos.
Sin embargo, todo derecho tiene sus límites, y los del pluralismo político también y su vulneración se puede perseguir por dos vías: la penal y la específica, ambas reguladas en la Ley Orgánica de Partidos Políticos 6/2002.
La vía penal es el delito de asociación ilícita (art. 515 del CP). Existen cuatro tipos de asociaciones punibles, aunque sólo la primera podría ser aplicable a este caso. Dice así: ‘‘son punibles las asociaciones ilícitas que tengan por objeto cometer algún delito, o después de constituidas, promuevan su comisión’’.
Por ejemplo, así ocurrió con el Partido Comunista Español (reconstituido) por la Sentencia de la Audiencia Nacional 6287/2006. No obstante, a mi juicio, no cabe entender que los partidos independentistas catalanes se han creado con el objeto de cometer delitos, sino sólo de conseguir ciertos fines que no están previstos en la Constitución; por tanto, entiendo, no sería posible perseguirlos a través de este tipo, al menos en su primer supuesto.
No hay que olvidar que estos partidos llevan decenas de años participando en las instituciones del Estado e incluso posibilitando gobiernos en el ámbito estatal sin tener, de hecho, un carácter independentista (sino más bien nacionalista), actuando siempre dentro del marco de la ley y la CE. Ello sin perjuicio de que tanto estos partidos como sus electores han adquirido un perfil más extremista a lo largo de la última década que parece difícil de rectificar.
Sin embargo, a la vista del segundo supuesto que contempla la norma, esto es, el caso de que estos partidos promuevan la comisión de delitos después de su constitución, sí podría ser aplicable a los partidos secesionistas catalanes cuyos dirigentes han sido acusados de los delitos antes mencionados.
Para llevar a cabo esta medida, el juez penal tendría que entrar a valorar diferentes aspectos, como si el partido es efectivamente el medio a través del cual se han cometido estos delitos, si se trata de un entramado organizado para delinquir o si se trata únicamente de ciertas personas las que hayan actuado al margen de la ley, pero, sobre todo, tendremos que esperar a que efectivamente exista condena por la comisión de estos delitos, con base en el principio de presunción de inocencia.
Además, únicamente sería posible cuando estos partidos hayan cometido delitos para llevar a cabo la independencia (no por el hecho de tener una ideología independentista); ello sin olvidar que es muy complicado que esta medida se lleve a cabo, ya que la justicia penal es lenta, exigente, rige para ella el principio de intervención mínima (esto es: solo se debe hacer uso del derecho penal en los supuestos más graves y extraordinarios) y tiene naturaleza subsidiaria (es decir, únicamente cabrá su aplicación cuando no sea posible una forma de protección menos perjudicial).
La otra vía es la específica, que viene regulada en el artículo 10 de la LOPP y se divide en dos causas de ilegalización:
La primera prevé la posibilidad de ilegalizar un partido cuando, de forma reiterada y grave, no cumpla con los requisitos de organización y funcionamiento democráticos. La segunda, cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a que se refiere el artículo 9.
El artículo 9, por su parte, hace una larga enumeración de actividades cuya realización se considera prohibida para los partidos, lo cual parece expresar la voluntad del legislador de no dejar lagunas jurídicas con el fin de “ahogar” lo máximo posible –téngase en cuenta el momento de aprobación de la norma– a Batasuna. En efecto, muchos autores critican que esta ley se había creado con el único fin de ilegalizar este partido y que se ha convertido, en palabras de Bastida Freijedo, en una “ley de caso único” por lo que sería de difícil aplicabilidad en la actualidad. En cualquier caso, la enumeración de esta lista de actividades consideradas como ilegales no parece tener aplicación a la actual crisis secesionista catalana, ya que va demasiado ligada al apoyo y colaboración con organizaciones terroristas.
Por tanto, el único supuesto que podría ser aplicable es el que viene contenido en el artículo 9.2.b) de esta Ley Orgánica, es decir, ‘‘fomentar la violencia como método de ejecución de objetivos políticos’’, por el que, de hecho, se interpuso una querella contra estos partidos ante la Fiscalía General del Estado de forma anónima. El auto del Tribunal Supremo 20.907/2017 sí que observa violencia en las actuaciones llevadas a cabo por los principales dirigentes de estos partidos durante el día 1 de octubre y, por ello, podrían ser condenados por el delito de rebelión. Sin embargo, el tipo de violencia a la que se refiere el artículo 9 de la LOPP, según entienden muchos autores, es una violencia más bien ligada al terrorismo y, teniendo en cuenta el principio de interpretación restrictiva de las normas sancionadoras, pudiera entenderse que no cabe aplicarlo a este caso, ni tampoco analógicamente.
Por tanto, podrían llegar a ilegalizarse y disolverse judicialmente los partidos políticos que hayan cometido delitos para llevar a cabo la independencia a través de la vía penal, y no por la vía específica, salvo una interpretación amplia del requisito de la violencia. Sin embargo, al entrar en fricción esta medida con el derecho fundamental a la libre asociación y al poner en peligro el pluralismo político, parece complicado que esto se pudiera llevar a cabo y habría que acudir a otras formas de resolución menos gravosas.
En conclusión, aunque no se puede exigir al Estado que actúe sólo cuando la democracia ya haya sido efectivamente dañada y éste tiene el deber de protegerse de cualquier injerencia ilícita que se hagan sobre nuestros derechos y libertades, estos supuestos deben interpretarse de forma restrictiva, respetando y asegurando siempre la libertad de expresión, de asociación y el pluralismo político.
Etiquetas: Cataluña, Derecho Penal, Estado de Derecho
https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2017/01/Ilustración-Cataluña-3_2017-01-12-1.jpg 899 1599 Lucía Gomá Garcés https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/09/hay-derecho-expansion.jpg Lucía Gomá Garcés2018-07-13 00:30:492018-07-13 10:46:26¿Es posible ilegalizar los partidos secesionistas catalanes, como propone Pablo Casado?
13 julio, 2018 en 12:03
Otra Gomá en este blog siempre es una buena noticia y además planteando (como en este caso lo hace Lucía) otro de los muchos problemas jurídicos de un estado de Derecho: la “ilegalización” de los partidos que tengan como objetivo la destrucción del propio estado, al amparo del pluralismo político.
Estamos ante la contradicción política de que, organizaciones que conforman el estado (la comunidad nacional), quieran romper con el propio estado que las protege (en el más amplio sentido). Pero, en todo caso, sería legítimo si el propio estado hubiera dado razones para ello al haber pervertido su propio sentido.
Como vemos esto da para un debate en profundidad sobre la propuesta (que no es del Sr. Casado solamente) de “ilegalizar” tales partidos o formaciones. Esto ya existe, puesto que el Ministerio del Interior establece la supervisión y control de las formaciones politicas actuales, hasta el punto de establecer su organización y funcionamiento interno. En caso contrario no hay aprobación para su actividad. Nada nuevo pues en la propuesta de Casado.
Otra cosa distinta es que tales objetivos no aparezcan explicitados en los estatutos del partido y solamente, cuando se esté legalizado, las actividades puedan tener fines diferentes (el caso de Cataluña es paradigmático) a través de canales extrainstitucionales (asociaciones, movimientos, fundaciones, etc.). apoyados por dineros públicos (el día que desaparezcan las subvenciones se habrán arreglado muchos de estos problemas). En tal caso estaríamos ante una malversación encubierta de dinero público con fines delictivos incluso.
Para terminar. El Estado y su ordenamiento jurídico actual tienen suficientes resortes para atajar o impedir por vía administrativa cualquier intento de ir contra él. Lo que pasa es que hay “acuerdos” no escritos, “pactos” en la sombra, intercambios de “cromos” para mantener el poder y eso provoca debilidad y vulnerabilidad. El día que cualquier tipo de acuerdo sea con luz y taquígrafos, en sedes institucionales públicas y con el refrendo parlamentario correspondiente, sabremos qué se “acuerda” que se “pacta” qué se cede y a cambio de qué….. Estaremos en la política de verdad, no en la “metapolítica” de diseño…
Lucía Gomá Garcés Dice:
15 julio, 2018 en 21:16
Lo primero, muchas gracias por leer el post y por el comentario.
Efectivamente, parece contradictorio que la Constitución proteja, en ciertas ocasiones, tan fervientemente a aquellos que tienen como objetivo único el ataque y la ruptura de ésta. Estos partidos defienden sus actuaciones con base en la libertad de expresión y, en ocasiones, utilicen el pluralismo político como ”arma de doble filo” contra la propia democracia.
Si bien es cierto, como comentas, en el caso los partidos secesionistas catalanes, no establecían como objetivos en sus programas políticos, el referéndum ilegal ni mucho menos la declaración unilateral de independencia, por lo que se hace más complicado prohibir o perseguir ”a priori” ciertas actividades.
13 julio, 2018 en 18:59
Es que llegado a estos extremos, cabría, más que reformar la Constitución para convertirla en una democracia militante, que es lo,que se debería haber hecho ya en 1977, teniendo en cuenta la idiosincrasia de nuestro país desde la segunda mitad del siglo XIX, pues aplicar el 155 de una forma más contundente.
15 julio, 2018 en 20:57
Tal vez esa propuesta sea cuestión de opiniones, aunque, parece claro que como dices, históricamente España ha tenido que lidiar con los nacionalismos y parece contradictorio que seamos de los pocos países europeos que no tengamos una regulación más clara del asunto. Tal vez no sea cuestión de reprimir o limitar más el pluralismo político, sino que la línea entre lo que se permite y lo que no sea más clara.
16 julio, 2018 en 00:42
Pero por muy clara que sea la línea, ¿qué ocurrirá cuando algún gobierno populista-regionalista se la salte? Parece que la palabra reprimir sea un tabú en democracia, pero la evidencia es que los que realmente están reprimidos, son los constitucionalistas en Cataluña, como se ve a diario y casi de una forma impune. Vamos, no se trata de hacer apología de la represión (desde el bando de la ley, pues del lado de la rebelión secesionista ya partieron con bastante antelación, en la medida de sus posibilidades), sino que habría unas medidas que se tomarían en caso que determinadas líneas rojas se rebasasen. Por cierto, tal vez sea una coincidencia, pero todo esto ha ocurrido una vez que el delito de sedición impropia fue apartado del código penal en 1995 por el Gobierno del socialista González, a petición de Pujol; y la anulación de la Ley Ibarretxe por el gobierno de Rodríquez Zapatero nada más llegar al poder en 2004…
13 julio, 2018 en 20:31
Estå muy bien el argumentario pero un partido de ideología nazi seguro que sería ilegalizado sin el “llanto” de ningún purista jurídico. Del mismo modo que durante decenios detener, y no digamos condenar, a un etarra ha requerido hacer encaje de bolillos policial y jurídico y, ahora, con el terrorismo yihadista la legislación parece “preventiva”. Y es que el independentismo (para que engañarse con la expresión nacionalismo) tiene en España, sobre todo para la izquierda, una pátina de atracción y comprensión que solo desaparece en las memorias del dirigente de turno que a posteriori llora por la deslealtad sufrida desde el nacionalista de turno. Y esto es así desde los años 30
15 julio, 2018 en 21:06
Muchas gracias por leer el articulo y por el comentario.
No hay que olvidar que no es tan fácil legislar sobre el asunto. Hay actuaciones en las que no cuesta ver la ilicitud o lo reprochable de sus actuaciones, como podrían ser el ejemplo de un partido neonazi o como sucedió con Batasuna. Pero cuando nos encontramos ante conductas no violentas o ideologías independentistas, sean más o menos extremistas, es complicado establecer una línea en que expresiones de voluntad no son merecedoras de protección constitucional.
13 julio, 2018 en 22:57
Me gustaría recordar que en tiempos del gobierno socialista de Rodríquez Zapatero, contraviniendo el Pacto Antiterrorista y la sentencia judicial, se legalizó a Bildu y Amaiur por un criterio puramente político. Por ello, mucha más preocupación debería darnos, por su aberración, las propuestas de indulto a los golpistas (a pesar que rodavía no se ha celebrado el juicio, pero es igual, porque ya hubo patéticos precedentes en los años 70, cuando los terroristas etarras acusados de asesinar al almirante Carrero Blanco se beneficiaron de la Amnistía General cuando aún esperaban el juicio) que se están oyendo de boca del poderoso lobby secesionista (financiado con dinero público), que las declaraciones de un político que no solo no está en el poder, sino que es candidato, y no el más votado, a ser el secretario general de su partido.
14 julio, 2018 en 01:34
La fortaleza del sistema democrático español se traduce en que permite la defensa de todas las ideas, incluidas las de los “indepen”. Como muy bien nos ilustra Lucia Gomá, para ilegalizar a los partidos independentistas no solo habría que modificar la Ley de partidos políticos, sino reformar la propia Constitución Española y nuestro Código Penal.
Por favor, no demos munición a los “indepen”que verán una ocasión única para publicitar su represión cuando vean limitada su libertad de expresión y cercenado el pluralismo político.
Felicidades Lucia, un examen riguroso, lúcido y certero sobre el tema de la ilegalización de los partidos secesionistas. Estoy deseando leer tu próximo post.
14 julio, 2018 en 11:42
No estoy de acuerdo con tu optimismo, pues no hacer nada para frenar los excesos de los secesionistas es también favorecerlos, en detrimento de los que sí cumplen con la ley y son constitucionalistas. La prueba la tenemos en el Honorable puesto a dedo por el fugado Puigdemont, que a pesar de los “gestos” del gobierno socilista, no salido de las urnas, sigue atacando España en el extranjero como si fuera un estado represor, y contribuyendo a fomentar la Leyenda negra que todavía tiene su peso en muchos gobiernos europeos.
15 julio, 2018 en 21:26
Estoy de acuerdo en que el pluralismo político es un principio irrenunciable de nuestra democracia, por ello se le establece como valor superior del ordenamiento. Esta es la razón por la que concluyo que tal vez habría que acudir a medidas de resolución menos gravosas. En mi opinión, no todas las ideas son merecedoras de protección, y nadie lo duda con ideologías nazis o pro-terrorismo que fomentan la violencia. Sin embargo, hay que ser extremadamente cauto al legislar sobre el asunto, ya que, por una parte, podríamos acabar ilegalizando todo aquello que, dicho vulgarmente, no nos parezca bien; y por otro lado, los partidos políticos deben expresar la voluntad popular y si, en el caso de Cataluña, dejásemos de representar al 47% de la población de dicha Comunidad, tal vez estemos yendo demasiado lejos.
14 julio, 2018 en 06:05
Un Partido Nacional-Socialista es aceptado por esta Constitución. Por favor, lean los primeros artículos y los repartos competenciales incluyendo las cesiones que no están en dicho reparto porque se les dieron “antes”.
De hecho las únicas ideologías que acepta esta Constitución son el Socialismo ( Jacobino y Totalitario siempre aunque, cada vez disimule menos los guantes de seda) y los Nacionalismos Periféricos. Estos son Totalitarios sin discusión alguna porque………………………… Imponen Su Identidad a la Fuerza.
Es decir, se apoderan de lo más sagrado de un ser humano, sus raíces, y lo hacen con el apoyo de un Constitucional que es preciso eliminar de cualquier Constitución futura que se pretenda de Ciudadanos Libres e Iguales.
Un tribunal éste que lleva casi 3,000 días sin pronunciarse sobre la Ley del Aborto de Zapatero se descalifica a sí mismo. Un tribunal que da cobertura a la inmersión obligatoria en catalán excluyendo al español (la mayoría de la población en la Tarraconensis) no solo se descalifica sino que es cómplice del doble fracaso escolar de los niños y jóvenes hispanoparlantes.
Todo ello en un territorio donde se acaba de prohibir dar clase en su instituto al Profesor D. Francisco Oya (número 1 de su oposición a catedrático de Historia) por enseñar la verdad en un sistema educativo sectario en manos de la red clientelar de profesorado sectario. ¿Libertad de Cátedra?. La de Hitler en el 33, de momento. Aquel año el gobierno alemán cesó al director del Colegio Alemán de San Sebastián. Judío.
A mi no me sorprende que la Izquierda lleve setenta o más años a partir un piñón con el Secesionismo. Nadie debiera sorprenderse de ello porque en esta última etapa no solo van de la mano sino que forma parte integral de sus Acuerdos Congresuales.
Vean, por ejemplo, la Resolución Segunda del Congreso de Suresnes de 1974 que hoy sigue teniendo plena vigencia en la realidad cotidiana por mucho que los ministros socialistas pretendan lo contrario cuando les conviene.
O sea, dejemos de marear la perdiz –o, como diría doña Teresa May, “beating about the bush”–, y afrontemos la realidad. Somos cómplices de un sistema TOTALITARIO y DESPÓTICO que, por si fuera poco, no funciona económicamente y nos ha empobrecido y nos va a seguir empobreciendo hasta según los mejores ideólogos del Socialismo Gobernante que, por supuesto, incluye al Sorayismo cooperante y al Riverismo mutante.
Se nos han acabado los cartuchos reformistas minimalistas y va a ser necesario establecer Estrategias de Resistencia Alternativas porque una cosa es cierta, ni en España ni en la UE vienen tiempos mejores y, como han visto ustedes, el gran talento del Sr. Sánchez es perseguir a Trump para salir sonriente en la foto. Es decir, no estaba enamorado de Frau Merkel como parecía hace dos días, es que se gusta a si mismo y persigue su propia foto.
A estas alturas es evidente que los Partidos son Instrumentos de Grupos de Poder muy por encima de ello: El Imperio, Masonería y el Gran Oriente del Género y la Identidad Étnica que cumple el importante papel de entronizar al “Nuevo Género sin Género”. Todo muy Gramsci y muy Marcuse.
No quiero deja de felicitar a la Autora por su excelente trabajo. Adelante, Dña. Lucía. Hay tajo y faltan manos.
15 julio, 2018 en 21:40
Muchas gracias por el muy trabajado comentario.
Un partido nazi, realmente no estaría permitido en nuestro ordenamiento jurídico, es cierto que la Constitución no los prohibe como tal, ya que realmente no prohibe ningún partido, sino que establece que son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito, pero no por lo hace de ideologías de ningún tipo, precisamente porque no somos una democracia militante.
Sin embargo, en el artículo 9.2.a) de la LOPP, dice que son ilegales los partidos que de forma reiterada y grave lleven esta conducta: ”Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.” Por tanto, un partido de ideología nazi probablemente cumpliría, no uno, sino varios de los requisitos establecidos en este apartado.
16 julio, 2018 en 11:24
Efectivamente. Su último párrafo es lo que desde hace cuarenta años vienen haciendo los Nacionalistas de Cataluña y del País Vasco y que ya empiezan a copiar en Navarra, Galicia, Baleares y Asturias con adoctrinamientos e inmersiones obligatorias y destructivas.
No nos quedemos en la cómoda superficie mirando a otro lado: Se está obligando a personas a asumir identidades extrañas a sus raíces.
Imagine usted, estimada Lucía, que a un niño Trans (solo a uno entre millones) se le obliga a estudiar que no es OK y que tiene que hacerse hetero “por Inmersión Obligada”.
Exactamente lo mismo (pero a la mayoría de la Población) se le viene aplicando la receta con el abyecto asentimiento de “grandes” instituciones. que han perdido el respeto por algo.
Esto es lo que destroza la credibilidad de un sistema: su hipocresía ante lo que lisa y llanamente es una violación sistemática de derechos. En contra de las mismas leyes que usted cita.
Un saludo y a ver si al menos los jóvenes se plantan ante esta situación en la cual el nacionalismo y el socialismo se dan la mano para instaurar lo que ya tenemos: Nacional-Socialismo obligatorio. Con el consentimiento amable del Sorayismo Rajoyano tras las huellas del complaciente Aznar y del entusiasta Fraga que necesitaba hacerse perdonar “cosas”.
14 julio, 2018 en 10:05
Lucía, felicidades. Creo que tu análisis es impecable y la conclusión a que llegas también. Quizá el debate se esté circunscribiendo a la independencia cuando, en mi opinión, la trasciende. Una mayoría simple o absoluta (de votos o, peor aún, de escaños) puede tomar decisiones tan ilegales como un golpe de estado con tanques. Que no nos confundan. La aprobación o modificación de determinadas normas requieren acuerdos numéricamente amplios que reflejen un consenso social sólido y duradero. Creo que el independentismo ha sido muy hábil en dirigir el debate para aparecer -estamos acostumbrados- como víctima, pero eso es fake (perdón por el anglicismo). ¿Qué pasaría si en lugar de la independencia se hubiera reinstaurado la pena de muerte o proclamado la sharía?
16 julio, 2018 en 18:24
Desde la distinción que plantea la autora entre partidos nacionalistas e independentistas, entiendo que deben confrontarse algunos aspectos.
Una cosa es la mera defensa de las ideas y otra la acción política de un partido independentista.
Los partidos políticos según la ley que los regula:
–	Deben ajustarse en su actividad a los principios democráticos. No entiendo ajustado a los principios democráticos pretender excluir a una parte de la población española de sus derechos de participación en las instituciones públicas catalanas.
–	Ejercen libremente sus actividades, pero deben respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. No entiendo respetuoso con los derechos humanos pretender excluir a las personas de su libertad de circulación y de su libertad de residencia y tampoco me parece respetuoso con los principios democráticos dejar de contribuir al sostenimiento del gasto público común al resto de la población española, o dejarla sin sanidad, sin libertad de empresa, sin garantías de sus propiedades, etc.
–	Deben desarrollar las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo. El carácter excluyente de los partidos independentistas no solo conduce a no prestar sus funciones de forma democrática y con respeto al pluralismo, sino que lo impide. Me remito v. gr. al tema de la lengua y la educación y en general a su objetivo de cercenar derechos a la mayor parte de la población española, esencialmente los de igualdad y libertad.
Y según la propia ley de partidos cuando un partido político persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante conductas, realizadas de forma reiterada y grave promoviendo o justificando la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual, debe ser declarado ilegal. Los partidos independentistas en definitiva lo que persiguen mediante conductas reiteradas y graves es destruir el régimen de libertades y arrebatar a la mayor parte de la población española derechos fundamentales y de otro tipo en una parte del territorio español, justificándolas con sus meras consideraciones independentistas, arbitrarias, caprichosas y desgraciadamente lesivas de derechos. Su ilegalización no requiere una reforma constitucional, sino que es una exigencia de orden constitucional. De modo que si quisiera interpretarse que la ley de partidos políticos impide su ilegalización lo que resultaría es la inconstitucionalidad de la ley. Otra cosa es la voluntad política en declinar las exigencias jurídicas, más grave aun cuando se limita la legitimación para instar la declaración de ilegalidad.
En cualquier caso, es encomiable y oportuno abordar como hace la autora un punto de partida para el análisis de esta situación y coincido con la conclusión pero poniendo el énfasis en respetar y asegurar la libertad de expresión y el pluralismo político de los no independentistas que son los que ven amenazados, cuando no lesionados, sus derechos.
Lucía Gomá Dice:
19 julio, 2018 en 17:58
Muchas gracias por leer el artículo y por el comentario.
Lo primero, es que según la Sentencia del Tribunal Constitucional 48/2003 entiende que un partido político por tener una ideología independentista no conlleva que este vulnere los principios constitucionales, ya que la defensa de sus intereses, siempre y cuando actúen dentro del marco de la Constitución y las leyes, es lícita. Por tanto, considero que aunque ciertamente estos partidos rechacen ”lo español” en su conjunto, concluir que se vulneran por ello los principios democráticos es, tal vez, una interpretación un tanto filosófica del requisito de ”exclusión”, aunque no por ello desacertada. Si bien es cierto que no cabe interpretar extensivamente estos preceptos por lo delicado de limitar un Derecho Fundamental.
El precepto de ”deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático…” que prevé la LOPP, está pensada para partidos que promuevan o justifiquen la exclusión o persecución de personas como serían los partidos nazis o los que colaboren con organizaciones terroristas, y como he comentado anteriormente, con base en el principio de interpretación restrictiva de las normas sancionadoras, no parece que pueda aplicarse a los partidos secesionistas catalanes.
No hay que olvidar, que por mucho rechazo que nos produzcan los métodos de estos partidos, no es la misma situación que tal vez con Batasuna, y que puede haber medidas de solución menos gravosas como centralizar la educación o los canales autonómicos, por ejemplo.
20 julio, 2018 en 12:28
Siento entrar con tanto retraso a comentar este magnifico post que hace una análisis jurídico impecable de la propuesta de ilegalizar a los partidos independentistas. Cambiar la Constitución para que esa acción tuviera cabida legal, no me parece políticamente una buena opción. El procesamiento de los que violen las leyes es el camino.
Si se siguiera la vía de la ilegalización de las opciones politicas que no nos gustan, acabaríamos ilegalizando al partido socialista, un partido totalitario según la opinión de Manu Oquendo en un comentario a este post, responsable de todos los males que en España ocurren según el señor Oquendo y directa y únicamente responsable del auge del nacionalismo catalán. Pero esto desataría una sucesión, en el sentido matemático del término, que solo puede converger al partido único, que no sé si es la opción deseada por el señor Oquendo.
El debate sobre la cuestión catalana es relevante, y en este blog ha habido muchas aportaciones interesantes, Pero es difícil mantener el debate si se utilizan categorías como el carácter sagrado de las raíces. Una lectura sosegada de un libro como el de Alvarez Junco (“Dioses útiles”) nos ayudaría a relativizar un poco más las cuestiones que despiertan tantas pulsiones que nos impiden convivir.
20 julio, 2018 en 13:49
Hola, he leído tu comentario, y me gustaría dar mi opinión, por lo que concierne a temas muy interesantes. En primer lugar, estaría de acuerdo contigo cuando opinas que mejor que ilegalizar un partido, para lo cual habría que reformar la Constitución, al tratarse de un caso distinto al de los partidos abertzales de extrema izquierda, sería procesar a los infractores. Aunque se partiría de una situación difícil cuando el delito de sedición impropia fue borrada del código penal en 1995 y tumbada la Ley Ibarretxe unos años más tarde, ambas por gobiernos socialistas (y nunca vueltos a implantar cuando el PP ha tenido ocasión de hacerlo), si bien desde el 2004 es evidente que el PSOE ha adoptado una vía ideológica más radical: de ahí que comprenda las declaraciones de Oquendo. Y aunque es evidente que la tesis de Oquendo llevaría al,partido único, lo que no es aconsejable por higiene democrática, ¿no es evidente también que el PSOE buscaría lo mismo? Ya se vio el precedente con el anterior gobierno de ZP y su famoso cordón sanitario en torno al PP. Lo hemos visto de nuevo ante las inquietantes como impresentables declaraciones de Sanchez en el Congreso hace unos pocos días, en los que tildaba a Ciudadanos y al PP, de una forma tan sectaria como impropia, de ultraconservadores, cuando nada tienen que ver con este tipo de formaciones políticas de tanta actualidad ahora en el,resto de Europa. En tercer lugar, vemos como, desgracidamente, la UE no ayuda tampoco en estos menestares, al incumplir sus tribunales euroordenes, y minando la percepción, si no realidad, de la existencia real de ese espacio común europeo, en lo jurídico desde luego. Finalmente, me gustaría recordarte que quienes defienden ese carácter sagrado, aunque alimentado por un fuerte sectarismo egoista, de las raíces, son los secesionistas, que llegan al extremo de inventarse un pasado tan glorioso como inexistente, y sembrar el futuro de su arcadia con fantasías y mentiras, que no se pueden cuestionar. El resto de españoles estaba muy tranquilo mientras los catalanistas políticos conflictivos (porque siempre han buscado el conflicto) montaron todo este número de la secesión para evitar ser juzgados por los tribunales por sus desfalcos a las arcas públicas, y presionar más al gobierno de Madrid en materia de financiación, para que los catalanes no se enteraran que el resto de España (y de Europa) estaba pasando una de sus peores crisis económicas.
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 artículo 9
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