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⭐LA RAZÓN DE ESTADO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII: LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS
LA RAZÓN DE ESTADO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII: LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS
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Pascual Villanueva Pinto
1 MARÍA DE LOS ÁNGELES PÉREZ SAMPER Catedrática de Historia Moderna Universidad de Barcelona LA RAZÓN DE ESTADO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII: LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS2 3 El bien del Estado debe ser la primera y principal ley. Cicerón, libro 3º De legibus, nº 8 LA RAZÓN DE ESTADO EN LA EUROPA DEL SIGLO XVIII EN la Europa del siglo XVIII, cuando las monarquías absolutas de derecho divino habían alcanzado momentos de plenitud de su poder, podía establecerse una distinción entre Monarquía y Estado, pero la relación entre ambos era tan estrecha que en muchos aspectos se fundían en una única realidad. El rey encarnaba al Estado, se identificaba con él, era su cabeza, su principal servidor y se consideraba con la autoridad, con el derecho y también con el deber, de obrar de acuerdo con lo que pensaba que era la conveniencia del Estado. Luis XIV de Francia no sabemos si dijo la famosa frase El Estado soy yo, pero podía haberla dicho y sabemos que afirmó, en 1679: El interés del Estado debe ir el primero y él se sentía intérprete de ese interés, que consideraba indisoluble de la Corona de Francia y de su misma persona. Pedro el Grande de Rusia declaró: Yo soy el primer servidor de mi país y lo servía a su manera, de acuerdo con sus criterios y finalidades. El interés del Estado proclamó Federico II de Prusia en 1775 debe servir de norma a los soberanos, pero era él quien decidía qué era en cada caso ese interés. Y también dijo Federico II: No hay más que un bien que es el del Estado. 1 La idea del monarca como primer servidor del Estado, identificado con él, es fundamental en las Monarquías del Absolutismo Ilustrado. Uno de los soberanos que mejor la supo formular fue Federico el Grande. En su Ensayo sobre las formas de gobierno y sobre los deberes de los soberanos, con la experiencia de largos años de reinado, escribía: El soberano está sujeto por lazos indisolubles al cuerpo del Estado... No tiene más que un bien, que es el del estado en general... El soberano representa al Estado; él y sus pueblos no representan más que un cuerpo, que no puede ser feliz más que mientras la concordia los une. El príncipe es a la sociedad que gobierna lo que la cabeza es al cuerpo: debe ver, pensar, obrar 1 Mª Ángeles Pérez Samper, Las Monarquías del Absolutismo Ilustrado, Madrid, Síntesis,4 para toda la comunidad, a fin de procurarle todas las ventajas... Si es el primer juez, el primer general, el primer financiero, el primer ministro de la sociedad, no es por lo que representa, sino con el fin de cumplir sus deberes. No es más que el primer servidor del Estado, obligado a obrar con probidad, con sabiduría, y con total desinterés, como si en cada momento debiera rendir cuentas de su administración a sus conciudadanos. 2 Federico el Grande es uno de los ejemplos más notables de la complejidad del absolutismo ilustrado, absolutismo por una parte, ilustración por la otra. En su pensamiento se manifestaba como un filósofo, preocupado por la moralidad de la política. Especialmente significativa es su obra de juventud La refutación del Príncipe de Maquiavelo, escrita en 1739 y convertida por Voltaire, con sus correcciones, en El Antimaquiavelo, obra publicada en En cambio, en su acción como monarca el imperativo de la necesidad política, tal como él lo entendía, triunfó siempre sobre las exigencias de la humanidad y sobre los ideales de su filosofía ilustrada. Sobre la razón de Estado uno de los temas de reflexión de Federico fue la licitud o ilicitud de romper los tratados internacionales y de hacer la guerra. Federico no se contentó con ampararse en el argumento de que hacía lo que todos habían hecho y hacían. Buscó otras razones. En el Antimaquiavelo, junto al concepto indeterminado y oscuro, pero fuerte, de una grandísima necesidad, había señalado también como motivo la salud de sus pueblos. En 1742, después de romper los tratados, se justificaba diciendo: Podía dejar que la desdicha se abatiera sobre mi pueblo?. En el prólogo de 1743 a La historia de mi tiempo llegaba a la conclusión de que el soberano tenía que sacrificarse a sí mismo y tenía que sacrificar su ética particular en aras del pueblo. En el segundo prólogo a la misma obra, el de 1746, volvió sobre el tema. Opinaba que una persona particular debe mantener su palabra en toda circunstancia, pues el honor está por encima del interés. Pero un príncipe es diferente, pues al obligarse no se obliga él solo, sino que obliga a su pueblo y, por tanto, no se expone solo sino que expone a muchos otros a grandes desgracias. Como ejemplo utilizaba una comparación con un cirujano que no duda en amputar un miembro para salvar la vida del paciente. Por tanto, concluye Federico, es mejor que el monarca rompa el tratado que haga perecer al pueblo. En el nuevo prólogo de 1775, ya en plena madurez, repitió el dilema: Qué es mejor, que el pueblo perezca o que el Príncipe rompa su tratado? Y su respuesta fue la misma, que el príncipe tiene que sacrificar su persona al bien de los súbditos. 4 2 Frédéric II, Essai sur les formes de gouvernement en Oeuvres, t. 9, pp. 200 y ss. 3 Machiavel, Le Prince suivi de l Anti-Machiavel de Frédéric II, introducción y notas de Raymond Naves, París, Garnier, 1957, pp Friedrich Meinecke, La idea de la razón de Estado en la edad moderna, Estudio preliminar de L. Díez del Corral, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1959, especialmente el capítulo V Federico el Grande, pp5 Federico se debatía entre dos razones, la razón del individuo y la razón de Estado, la razón del hombre y la razón del príncipe. Un príncipe, además, contradictorio, que oscilaba entre dos razones, la del Estado y la del pueblo, entre la gloria del Estado y la felicidad del pueblo, que trataba de identificar los dos fines, identificación más o menos posible en el plano intelectual, pero muy difícil, por no decir imposible, en la práctica. Federico pensaba de un modo como filósofo, pero con frecuencia actuaba de otro como monarca. En el siglo XVIII a la finalidad básica de la razón de Estado, que radicaba en la seguridad, la fortaleza y el engrandecimiento del poder del Estado, se unió un ideal de humanidad, que se basaba en la felicidad e ilustración del pueblo. Coexistían en el siglo de las luces dos pensamientos políticos, el pragmático, derivado de la propia dinámica del poder, y el idealista, derivado de los principios de la Ilustración. En la acción el primado del primero sobre el segundo fue evidente, pero ambos tuvieron su papel y el ideal de humanidad fue la gran contribución de la época, que también dejó una huella profunda, no sólo en las ideas sino también en los hechos. Pero la razón de Estado, en el concepto amplio de lo conveniente para el Estado, es un arma de doble filo; puede abarcar desde los desvelos más nobles por el bien común, hasta las medidas extremas, como el recurso a la guerra, incluso medidas ilegítimas, contrarias al derecho, a la ley, a la moral y a la religión. Los asesinatos por razón de Estado no faltaron en las monarquías absolutas del siglo XVIII, especialmente en aquellos países en que las leyes y las instituciones se hallaban menos evolucionadas o eran más débiles. Muy notable fue el caso de Rusia, donde las luchas por el poder llevaron a frecuentes muertes en el seno mismo de la familia real, los Romanov. Pedro el Grande mandó ejecutar a su hijo Alexis, que se había rebelado contra él. Catalina se libró de su marido el zar Pedro III, que fue asesinado por Alexis Orlov, para poder gobernar como soberana y autócrata. Federico II de Prusia el autor del Antimaquiavelo, obra en la que criticaba la doctrina política expuesta en El Príncipe, acusándola de destructora de los preceptos morales, opinaba que la muerte del zar Pedro III fue un crimen necesario. Era la razón de Estado la que inspiraba su opinión, pues consideraba que la muerte de un hombre era un mal menor en comparación con el caos y la destrucción de Rusia. LA RAZÓN DE ESTADO EN EL PENSAMIENTO POLÍTICO ESPAÑOL DEL SIGLO XVIII La razón de Estado es una de las grandes cuestiones del pensamiento político de la época moderna. El Príncipe de Maquiavelo, a comienzos del siglo XVI, con su exaltación y secularización del Estado, no es sino una continua reflexión sobre la razón de Estado. Tras Maquiavelo comenzó un largo y vivo debate en toda Europa y también en España. En la España del siglo XVIII la obra del P. Feijoo recogió la tradición del pensamiento político español del renacimiento y el barroco, pero con nuevos enfoques propios de la Ilustración, tal 3916 como escribió en alguno de los discursos del Teatro Crítico Universal, como el discurso IV, de En el caso concreto de la razón de Estado Feijoo consideraba que no se trataba tanto de una idea en sentido histórico, como de una expresión de una tendencia natural en el hombre: El maquiavelismo debe su primera existencia a los más antiguos Príncipes del mundo, y a Maquiavelo sólo el nombre. Su raíz está en nuestra naturaleza y no ha menester siglos: momentos le bastan para explicar su maligna fecundidad como se presente la ocasión. Ni más ni menos que es natural en el hombre la pasión de dominar, lo es también la de amplificar la dominación. 5 Feijoo abordaba el juicio al maquiavelismo desde su conciencia de la superioridad intelectual y moral del hombre ilustrado, sobre el mundo antiguo y el mundo renacentista en los que se inspiraba Maquiavelo para elaborar su doctrina de la razón de Estado. En su opinión los monarcas del siglo XVIII eran mejores que los emperadores romanos o los príncipes renacentistas: Estoy tan lejos de pensar que Maquiavelo haya empeorado el mundo en cuanto a esta parte, ni que los Príncipes de este siglo hayan refinado la inicua política de Maquiavelo, que creo firmemente que éstos, si atendemos precisamente a nuestra Europa, son mucho mejores, por lo común, que los de los tiempos antiguos. 6 La idea de progreso, la confianza en la naturaleza humana, el sentido optimista de la ilustración empujaban a Feijoo a dar una visión desdramatizada de la razón de Estado: Cualquier superior dotado de las tres virtudes: Prudencia, Justicia y Fortaleza, será un insigne político sin leer libro alguno de los que tratan de razones de Estado. Y concluía: En la mayor parte de los casos la razón de Estado es sólo un fantasma ridículo o ídolo vano que con nombre de deidad se da a adorar al ignorante vulgo. La razón de Estado es el universal motor del imperio, y razón de todo, sin serlo de nada. 7 Pero a pesar de la opinión ingenua de Feijoo, la razón de Estado siguió siendo efectivamente universal motor del imperio y razón no de nada, sino de todo. 5 Benito Jerónimo Feijoo, Teatro Crítico Universal, t. V, discurso IV, par. 18. Vid. también Escritos políticos de Fray Benito Jerónimo Feijoo, Madrid, 1946, estudio preliminar de Luis Sánchez Agesta, La significación del Padre Feijoo en la historia del pensamiento político español. 6 Benito Jerónimo Feijoo, Teatro Crítico Universal, t. V, discurso IV, par Idem, par. 43.7 EL PODER DEL REY Y EL PODER DEL PAPA El despliegue del poder absoluto de la monarquía llevó en diversos países europeos a una fuerte confrontación del poder del Rey y del Estado con otros poderes existentes y de manera destacada con el poder del Papa y de la Iglesia. Era un problema fundamentalmente político. El regalismo, la lucha por el poder del Rey a costa del poder del Papa, fue una de las constantes de la historia española del siglo de las luces. En España la batalla regalista fue larga y complicada, ya desde la época de los Reyes Católicos. Los motivos de disputa eran muchos, pero las relaciones eran complejas. El rey y el papa seguían constituyendo los dos máximos referentes de autoridad en la España del siglo XVIII. Aunque existieron fuertes rivalidades, la alianza de la Monarquía y la Iglesia funcionó generalmente en los países católicos, haciendo en ocasiones un frente común contra otras instancias de poder e influencia, como sería, por ejemplo, la masonería, una sociedad secreta que era vista como una grave amenaza contra la Iglesia y el Estado. Un Memorial del confesor real, el jesuita P. Rávago, sobre los Liberi Muratori, dirigido al rey Fernando VI en junio de 1751, recomendaba la condena y persecución de la Masonería, por razones religiosas y políticas. No se podía tolerar un estado dentro de otro estado. Invocaba la razón de Estado: La Congregación de Francmasones, que a los principios se miró como cosa despreciable, o como pura diversión y juguete de gente libre, no puede ya, entre los buenos católicos mirarse con indiferencia, sino como perniciosa. (...) Además de este gravísimo motivo de la Religión, que para la piedad de un rey tan católico debe ser el único y conducente, hay otro que toca al estado y buena política del gobierno. En todo buen gobierno son sospechosas las juntas y conventículos de algún número de gente, especialmente si son ocultos y a horas y en lugares secretos y reservados. (...) Porque lo bueno y honesto no se esconde entre sombras y sólo las malas obras huyen de la luz. Pues qué sería, si esas juntas fuesen de militares, si fuesen de la nobleza. Sería mayor la sospecha, y se procurarían disipar tales congregaciones, averiguando con rigor lo que se tratase en ellas. Todas las historias están llenas de funestísimos sucesos, de rebeliones, de atrocidades, que se fraguaron en semejantes juntas secretas. Por lo cual una república bien ordenada mira con horror semejantes juntas y procura deshacerlas. 8 Aunque en el siglo XVIII hubo muchos jesuitas españoles, y algunos muy destacados, que hicieron causa común con la Corona en el tema regalista, defendiendo los derechos del rey y buscando argumentos y pruebas documentales a su favor, el punto máximo de la política regalista de la monarquía borbónica fue, en 1767, la expulsión de los jesuitas, a los que entre otras cosas se les 8 José A. Ferrer Benimeli, La masonería española en el siglo XVIII, Madrid, 1974, pp8 acusaba de hacer causa común con el Papado en contra de la Monarquía, incluso de manipular a Roma para oponerse al poder de la Corona. La expulsión de los jesuitas culminó el largo proceso de tensiones y enfrentamientos entre la Compañía de Jesús y la monarquía del absolutismo ilustrado. Se consideraba a la Compañía como una quinta columna del Papado, y la cuestión del regalismo fue invocada, pero en la decisión y en su justificación entraron otros muchos factores. EL MOTÍN DE ESQUILACHE COMO PRETEXTO Un ejemplo destacado de la aplicación de la razón de Estado en la España de Carlos III fue la expulsión de los jesuitas, presentada como medida necesaria para la salvación del Estado. En la primavera de 1766 la monarquía española atravesó una crisis gravísima, parecía que su misma supervivencia se hallaba comprometida. El motín contra Esquilache en Madrid, el mes de marzo, y la cadena de motines que se extendieron por casi toda la península en las semanas siguientes hicieron peligrar las bases mismas del Estado. El orden establecido quedó radicalmente subvertido. Para evitar el peligro de nuevos motines, era preciso conocer lo que había pasado. Para ello el gobierno orientó sus investigaciones en una doble dirección, por un lado hacia las clases bajas que habían actuado abiertamente en los motines, y por otro lado, y mucho más importante, hacia los grupos de más elevada esfera que desde la sombra habían instigado la revuelta. Después había que aplicar los remedios oportunos. En primer lugar se organizó la represión contra vagos y mal entretenidos, gentes desarraigadas sin oficio conocido. Como no se podía juzgarlos, por el indulto concedido, se les retiró de la circulación por medios drásticos, encerrándolos en prisiones, correccionales, asilos y centros de trabajo. Incluso se creó una nueva institución en San Fernando, cerca de Madrid, donde al año siguiente había recluidas más de mil personas, que se ganaban el sustento trabajando. También se tomaron medidas represivas contra algunas personalidades, consideradas sospechosas, en general sin pruebas claras. Ensenada, el gran ministro de Fernando VI, fue desterrado a Medina del Campo. Un caballero acusado de proferir amenazas contra la casa de Borbón fue ejecutado. El abate Gándara y el historiador Marqués de Valdeflores fueron encarcelados. La censura se hizo más vigilante y más dura en toda España. Pero el grueso de las sospechas se dirigieron hacia los jesuitas. 3949 LOS PERSONAJES QUE TOMARON LA DECISIÓN Carlos III era un monarca modelo del absolutismo ilustrado. Un hombre con una gran conciencia de su soberanía y de su responsabilidad, ante Dios y ante su pueblo. Respetuoso del derecho, de las leyes, de la religión y de la moral, se consideraba, como monarca, autorizado a tomar las medidas necesarias para cumplir con la misión que le había sido encomendada, gobernar, y gobernar bien su reino, asegurando el orden y la tranquilidad y mejorando la vida del pueblo de acuerdo con las ideas de la Ilustración, progreso, modernización. Hombre de fe y de religiosidad sincera, estaba convencido, como monarca, de sus derechos frente al Papado y a la Iglesia. En el motín contra Esquilache Carlos III se sintió en peligro, gravemente traicionado en la obediencia que le debían sus súbditos, no sólo por las masas amotinadas, sino todavía más grave por los ocultos y poderosos instigadores. Pensaba que no era él solo como rey, sino todo el reino el que se hallaba amenazado por la anarquía y por las fuerzas reaccionarias. Consideró, pues, que había que controlar la situación, restablecer el orden y evitar que el problema se repitiera. Su plan de gobierno, basado en el reformismo ilustrado, no podía ser abandonado, debía continuar, incluso con mayor energía. Seguramente más que señaló, aceptó la culpabilidad de los jesuitas, contra los que se hallaba mal dispuesto desde hacía años, sobre todo por la cuestión del regalismo y por la influencia de Tanucci, que era su ministro, amigo y confidente desde los años italianos y también por la influencia de su confesor, el padre Eleta. Tras el motín de Esquilache comenzó, pues, un nuevo e importante capítulo del reinado español de Carlos III, claramente reformista, apoyado en un equipo gubernamental presidido por el conde de Aranda. Don Pedro Pablo Abarca de Bolea, décimo conde de Aranda, había nacido el año 1719 en Siétamo, un pueblo de Huesca, y su condición de aragonés, plenamente asumida, tuvo gran influencia en su vida y en sus ideas políticas. Era un noble de la más alta categoría, dos veces grande de España, y además muy rico, pues era dueño de un gran patrimonio que generaba grandes rentas. Se educó en el colegio de nobles de Parma, bajo la dirección de los jesuitas. Siguiendo la tradición de la nobleza e imitando a su padre, se decantó por la carrera militar, que en sus comienzos quedó marcada por las guerras de Italia. Los años de paz del reinado de Fernando VI, sin dejar el ejército, los dedicó Aranda a la administración de sus bienes y a viajar por Europa, con estancias en París, Viena y Berlín. En 1755 se le designó como embajador en Portugal, cargo que desempeñó breve tiempo. Poco después fue nombrado director general de artillería e ingenieros, pero dejó el empleo en 1758 por rencillas políticas. Al llegar al trono Carlos III le designó embajador en la corte de su suegro el rey de Polonia, donde permaneció hasta 1762, en que la entrada de España en la guerra de los Siete Años hizo que se incorporara nuevamente al ejército, confiándosele la dirección de la campaña contra Portugal. Tras la firma de la Paz de París obtuvo el grado de capitán general, cuando tenía cuarenta y cuatro años, y se le destinó a la ca- 39510 pitanía general del reino de Valencia. Allí le llamó el rey, en pleno motín de Esquilache, para que se pusiera al frente del gobierno, ocupando el cargo de presidente del Consejo de Castilla y de capitán general de Castilla la Nueva, con amplios poderes para restablecer el orden y pacificar el país. En el Consejo de Castilla, en cuanto tribunal, se le confió la administración de la justicia criminal. Aristócrata, militar, hombre fuerte y enérgico, pero a la vez culto e ilustrado, sería la cuña de la misma madera que rompería las resistencias de los grupos privilegiados, convirtiéndose en el fiel ejecutor de la voluntad de Carlos III. Las acusaciones de masón y descreído que algunos le dirigieron eran falsas. Fue un hombre de fe profunda y sincera. Aunque muchas veces se le ha adjudicado la responsabilidad por la expulsión de los jesuitas, la acusación era igualmente falsa. Ya en el mismo siglo XVIII algunos la desmentían, por ejemplo el Embajador de España en Venecia, Las Casas, en 1792 se extrañaba de que toda Europa le atribuyese la expulsión de los jesuitas de España, cuando en realidad él actuó como verdugo a quien el juez hace venir la víspera de una ejecución, no tuvo parte alguna; fue encargado de la ejecución. Esto es todo. Fue uno de los últimos a quienes se le dijo, cuando ya estaba ello resuelto. En la actualidad, con los últimos estudios, los historiadores están de acuerdo. Según sus biógrafos, Olaechea y Ferrer Benimeli, el papel que jugó fue el de ejecutor de la operación militar, organizando y realizando lo decidido, siempre a las órdenes del rey. 9 Aranda no era contrario a los jesuitas, había estudiado en un colegio jesuita en Italia, del que guardaba buen recuerdo, aunque se escapó para incorporarse al ejército; tuvo relaciones de amistad con algunos jesuitas destacados en Madrid, como el P. José Martínez, que era procurador de la provincia jesuítica de Aragón, y el P. Tomás Cerdá, que era cosmógrafo real; el confesor de la esposa (la primera) de Aranda era jesuita y un hermano suyo, hijo ilegítimo de su madre, se hizo jesuita, el P. Gregorio Iriarte. Además los jesuitas confiaban en Aranda y siempre esperaron que intercediera por ellos y, después, que les ayudara a lograr el fin de su exilio. Aranda no fue, pues, el artífice de la expulsión, sólo un obediente cumplidor de las órdenes recibidas. Como señala Teófanes Egido, uno de los máximos especialistas en el tema, apenas si trascenderá de un papel de símbolo y de cobertura tranquilizadora de un programa en el que tendrá brillante intervención, como presidente del Consejo de Castilla. Pero el rey y Aranda no estaban solos en su empresa reformista. Junto a ellos se hallaban un grupo de colaboradores muy eficientes, que inspiraron, alentaron y pusieron en práctica los cambios. Distintos de Aranda, a veces incluso enfrentados, los golillas o manteístas, que recibían este nombre por oposición a los aristócratas y colegiales mayores, eran hombres nuevos, trabajadores incansables al servicio del Estado, que ascendieron socialmente por mé- 9 Rafael Olaechea y José A. Ferrer Benimeli, El Conde de Aranda, Zaragoza, segunda ed. corregida y aumentada, 1998, pp11 ritos políticos. Estos ministros manteístas, partidarios del reformismo ilustrado, regalistas acérrimos, eran muy contrarios al control de los jesuitas en la universidad y en los órganos de la administración. Papel muy destacado tuvieron especialmente los dos fiscales del Consejo de Castilla, el veterano Campomanes y el recién llegado José Moñino. Don Pedro Rodríguez de Campomanes había sido nombrado fiscal del Consejo de Castilla en Nacido en 1723, era asturiano, de familia hidalga pero pobre. Estudió derecho y tenía amplios intereses culturales. Sus muchos méritos y conocimientos le llevaron a ingresar en las reales academias de la Lengua y de la Historia. Comenzó su carrera en la administración por puestos de notable categoría, como el de correos y postas. Su encumbramiento fue fulgurante, alcanzando el deseado Consejo de Castilla sin haber realizado servicios previos en la magistratura. Era un hombre nuevo, golilla típico, dispuesto a emprender grandes reformas, enfrentándose a los tradicionales intereses creados de la alta nobleza y de los colegiales mayores, que dominaban la administración. Su carácter no le procuró demasiadas simpatías, pues era soberbio y engreído, pero su gran valía personal y su habilidad para ser dúctil en los momentos precisos le permitieron desarrollar una serie de medidas importantes al servicio de Carlos III durante su larga permanencia en el gobierno. Campomanes fue el gran enemigo de los jesuitas. Como dice don Antonio Domínguez Ortiz: Su actitud con los jesuitas demuestra una capacidad de odio poco común. Los odiaba por algún motivo personal, por convencimiento, o simplemente porque su carrera política así lo exigía? No es fácil contestar a esta pregunta. 10 Moñino, entonces todavía poco conocido, era murciano, nacido en Después de estudiar derecho en Salamanca y ejercer brillantemente como abogado había comenzado su carrera en la administración también en la época de Esquilache. Como la gran mayoría de los reformistas ilustrados de la época era un regalista convencido. Aunque como Fiscal del Consejo de Castilla en el momento de la expulsión también colaboró en la decisión, su papel fundamental en el tema de los jesuitas lo jugó unos años después, al ir a Roma, por encargo del Rey, para conseguir que el Papa decidiera la disolución de la Compañía. Al nombrarlo como Embajador, Carlos III explicaba los motivos en una carta a Tanucci, de 24 de abril de 1772: Buen regalista, prudente y de buen modo y trato; pero firme al mismo tiempo y muy persuadido de la necesidad de la extinción de los jesuitas, pues, como todo ha pasado por sus manos, ha visto cuán perjudiciales son y cuán indispensable es que se haga, y así creo que se desempeñará bien en su misión. Un papel muy importante desempeñaron también otros personajes. El Padre Luengo señalaba en su diario como principales enemigos de la Compañía al Duque de Choiseul, el ministro francés, y en Madrid, al Duque de Alba, a Roda y al padre confesor, quienes tenían resuelta la ruina total de los 10 Antonio Domínguez Ortiz, Carlos III y la España de la Ilustración, Madrid, Alianza, 1988, p12 jesuitas. 11 Especialmente destacada fue la participación de Roda y Osma, el confesor. Manuel de Roda y Arrieta era el Secretario de Gracia y Justicia y fue uno de los máximos responsables de la expulsión. Había nacido en Zaragoza y estudió leyes en la Universidad aragonesa, donde se doctoró en Poco después se trasladó a Madrid, donde ejerció como abogado con gran éxito. Fernando VI le nombró ministro plenipotenciario ante la Santa Sede. Carlos III en 1765 le eligió como Secretario de Estado de Gracia y Justicia. Por sus servicios consiguió el título de Marqués de Roda. Roda colaboró estrechamente con Campomanes en las investigaciones. Procuró mantenerse en un segundo plano, pero tuvo una intervención fundamental. Por ejemplo, se puso de acuerdo con el Administrador General de Correos, don Lázaro Fernández de Angulo, para que interviniera la correspondencia del nuncio Pallavicini y la de los jesuitas y le tuviera al corriente de sus contenidos, con el propósito de reunir datos que pudieran inculparles. También ordenó hacer pesquisas reservadas en los lugares en que habían estallado motines, tratando siempre de implicar a los jesuitas. El Padre Osma, Fray Joaquín de Eleta, un franciscano que había alcanzado importantes puestos en la jerarquía eclesiástica, Arzobispo de Tebas, Obispo de Osma, era el confesor real, muy influyente en la conciencia de Carlos III y contribuyó decisivamente a convencer al rey de la necesidad y legitimidad de la decisión. Era un regalista convencido y un gran adversario de los jesuitas, por el regalismo y por otras varias razones. Uno de los motivos era la presunta intriga existente para sustituirle en el confesionario regio por algún jesuita. El duelo por el cargo de confesor real era enorme. Otro era el polémico tema de la beatificación del obispo Palafox, apoyada por Osma contra la oposición cerrada de los jesuitas. En esa época Eleta, además de ocupar el confesionario regio se hallaba al frente de la subsección de conciencia de la Sala de lo Civil del Consejo Extraordinario de Castilla, mientras Roda se hallaba al frente de la otra subsección, la de la justicia civil. La relación de estos dos ministros era diaria y muy estrecha, igual que sucedía con Campomanes y con el mismo rey. En resumen, todos estos personajes estaban convencidos, por motivos diversos, de estar sirviendo al Estado. Como señala Teófanes Egido: Campomanes y Roda, auténticos protagonistas de la expulsión; Azara desde Roma, el voceador Tanucci desde Nápoles, todos los que espoleaban o se hacían eco de ella dentro y fuera de España, estaban convencidos de la necesidad de depurar el Estado de un cuerpo peligroso para la monarquía y del sustentáculo fundamental del fanatismo. La expulsión luego la extinción de la Compañía era una medida quirúrgica imprescindible si se quería garantizar el reposo público y derribar las barreras opuestas a la Ilustración Manuel Luengo, Diario de la expulsión de los jesuitas de España. 12 Teófanes Egido, La expulsión de los jesuitas de España en Antonio Mestre (ed.), La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, Madrid, BAC, 1979, p13 LA EXPULSIÓN EN NOMBRE DE LA RAZÓN DE ESTADO En aquellos años la Compañía de Jesús atravesaba una difícil situación. Tenía muchos enemigos en diferentes países de Europa. La animadversión contra los jesuitas venía ya de lejos y no se refería sólo a España, en 1759 habían sido expulsados de Portugal y del Brasil, en 1764 de Francia. Los observadores más inteligentes se daban cuenta desde hacía tiempo de que una gran amenaza pesaba sobre los jesuitas. Gregorio Mayans, ya en 1762, advertía que la Compañía en muchas partes se va aniquilando y me parece que en España de aquí a pocos años acabará de expirar. 13 En España las cosas también se habían complicado por muchas razones distintas. Se había producido un fuerte enfrentamiento con la monarquía, pues debido al cuarto voto de obediencia al Papa que hacían los jesuitas, la Compañía se hallaba en el centro de la polémica regalista. Además existía la cuestión de su apoyo a las doctrinas populistas, que aceptaban en ciertas circunstancias teóricas extremas el derecho de los súbditos a rebelarse, incluso a dar muerte al tirano, tema que les oponía al absolutismo y que parece que pesó mucho en el ánimo de Carlos III, alarmado por el motín contra Esquilache. También se veía la Compañía gravemente afectada por las discrepancias existentes en el seno de la Iglesia española y por las rivalidades entre las órdenes religiosas, especialmente las que enfrentaban a los dominicos y agustinos con los jesuitas en diversas cuestiones, entre ellas las doctrinas morales. Los motivos eran tanto doctrinales y morales como económicos. Se criticaba a la orden, acusándola de ser demasiado rica. También existían motivos políticos e intelectuales, debido a su enorme influencia en la enseñanza y en la administración y a su actuación en el conflicto de las misiones del Paraguay y la posterior guerra guaraní, en que algunos jesuitas habían hecho causa común con los indígenas, contra la disolución dispuesta por Fernando VI. El motín de Esquilache fue la ocasión aprovechada para desatar contra la Compañía todos los odios acumulados. Es posible que algunos jesuitas estuvieran más o menos implicados en los sucesos y que muchos vieran con agrado lo sucedido, pero lo que se hizo no fue una investigación para intentar aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades individuales, sino que el objetivo fue establecer una acusación contra la Compañía de Jesús en su conjunto, presentándola no sólo como instigadora del motín sino como un peligro constante para la Monarquía española en tanto siguiera existiendo. Se invocó la razón de Estado. Para convencer al monarca, se realizaron por parte del Fiscal del Consejo de Castilla, Campomanes, apoyado por otros miembros del gobierno igualmente contrarios a los jesuitas, una serie de diligencias en absoluto secreto, de las cuales se excluyó a todos los posibles partidarios de la Compañía, con lo que el resultado final no sería difícil de prever. 13 Antonio Mestre Sanchis, Reacciones en España ante la expulsión de los jesuitas de Francia en Jesuitas en la España del siglo XVIII. Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, nº 15, 1996, p14 El proceso que llevó a la decisión de expulsar a los jesuitas resulta muy revelador. Es entonces cuando la apelación a la razón de Estado se manifiesta con toda claridad. Todo el asunto fue llevado en el más riguroso secreto por un grupo de personas decididamente contrarias a la Compañía, excluyendo a cualquier ministro que fuera partidario o simplemente imparcial. Primeramente se realizó la Pesquisa Secreta, reuniendo testimonios y materiales de fuerza probatoria bastante dudosa, correo interceptado, informes de autoridades y de confidentes, rumores y delaciones, de diversas procedencias. Sobre esta base, poco concluyente y de discutible legitimidad, Campomanes elaboró el Dictamen Fiscal, responsabilizando a los jesuitas en su conjunto como instigadores del motín, y añadiendo como agravantes los argumentos antijesuíticos tradicionales, la doctrina del tiranicidio, la moral relajada, el afán de poder y riquezas, su actuación en América. Acusaba en un largo documento no a jesuitas concretos, sino a la Compañía de Jesús como instituto, en una versión completamente negativa, sin admitir nada positivo. El Dictamen Fiscal para el Consejo de Castilla, firmado en Madrid, el 31 de diciembre de 1766, era un largo documento articulado en 746 puntos, en el que se culpaba a los jesuitas como instigadores del motín contra Esquilache y como enemigos de la monarquía. La Pesquisa y el Dictamen fueron presentados al Consejo de Castilla en enero de 1767 y su Presidente, Aranda, convocó un Consejo restringido con los consejeros más contrarios a la Compañía. Este Consejo extraordinario examinó la documentación presentada y aconsejó la expulsión de los jesuitas de España y de las Indias. Para respaldar esta decisión, el monarca convocó una junta, integrada también por antijesuitas notorios, presidida por el Duque de Alba, con los cuatro Secretarios de Estado, Grimaldi, Muniain, Múzquiz y Roda, que aconsejaron también la expulsión, recomendando que para no provocar polémica no se diera publicidad a las razones de la medida, rodeando los preparativos del máximo secreto. LOS ARGUMENTOS UTILIZADOS El gobierno reformista de Carlos III aprovechó la oportunidad que le brindaba el motín contra Esquilache para achacar la culpabilidad a la Compañía de Jesús y conseguir, de este modo, la justificación de su expulsión. Campomanes en el Dictamen Fiscal, en lugar de buscar responsabilidades individuales, acusó del motín directamente a los jesuitas: De la Pesquisa resultan pruebas bastante determinadas de que iban jesuitas entre las cuadrillas del tumulto, por las expresiones Vamos bien, padre y usencia, que se oyeron a los amotinados hablando con sus capataces La institución de soldados de la fe, que eran caudillos y superiores del guitarrero, calesero y otras cabezas visibles del motín, no puede ser movi-15 miento de los seglares ni hay cuerpo eclesiástico en el reino que tenga autoridad y predominio en ellos para concertarlos en tan oculta confederación, no siendo los jesuitas. 14 La participación de la Compañía de Jesús en el motín de Madrid se ha discutido mucho. Desde los primeros momentos se sabía que algunos jesuitas, de manera individual, tuvieron alguna intervención, directa o indirecta, en el tumulto. El padre Francisco Javier de Idiáquez, Provincial de Castilla, reconoció su participación y les impuso un castigo a unos cuantos, pero al mismo tiempo, distinguía entre la responsabilidad y la culpa de unos pocos jesuitas particulares, que habían actuado a título individual, acusación que podía aceptar, y la responsabilidad y la culpa de la Compañía de Jesús colectivamente, como institución, acusación que rechazaba totalmente, tal como expuso al Rey. Esta misma distinción es la que se discutió entre el rey Carlos III y sus ministros, que acusaban a toda la Compañía en su conjunto, y el Papa Clemente XIII, que sólo aceptaba la culpabilidad de algunos jesuitas aislados, pero no la de toda la Orden. La argumentación de Campomanes traspasaba las fronteras entre lo individual y lo colectivo. Basaba toda su acusación en la obediencia ciega que los jesuitas, como individuos, debían a la Compañía, al Padre General, al que calificaba de árbitro absoluto y monarca absoluto. A partir de ahí, puesto que negaba la libertad individual de los miembros de la Compañía, consideraba que cualquier idea o acción personal se remitía directamente a la responsabilidad colectiva de la Orden. No se debía, por consiguiente, castigar a los individuos, sino al conjunto del cuerpo, ya que es el cuerpo quien obra y los particulares son meros instrumentos De lo dicho aparece el primer vicio de la unión de este formidable cuerpo a título de obediencia ciega en todos los individuos que le componen, y de una autoridad ilimitada en los superiores de la Compañía contra las más sagradas disposiciones de los derechos natural, divino, civil y eclesiástico. Como hemos dicho antes, algunos jesuitas pudieron haber participado y otros muchos pudieron haberlo visto con gusto, pues la política desarrollada por Carlos III y sus ministros era contraria a sus ideas y a sus intereses. Y es en este sentido donde hay que buscar la explicación de lo sucedido. La decisión se tomó en nombre de la razón de Estado, por motivos políticos. La Compañía de Jesús era vista y presentada en el documento como un cuerpo incompatible con el esplendor de la Monarquía y de la nación. La confederación jesuítica, como llamaba Campomanes en sentido amplio a los padres, coadjutores, terciarios, beneficiarios de cartas de hermandad, constituía un cuerpo contra- 14 Pedro Rodríguez de Campomanes, Dictamen Fiscal de expulsión de los jesuitas de España ( ), ed. e introducción de Jorge Cejudo y Teófanes Egido, Madrid, 1977, p16 rio al Estado, un cuerpo extraño a la Monarquía, un cuerpo temible. La explicación de esta incompatibilidad del sistema de la Compañía con la monarquía española se extendía a lo largo del documento. Campomanes le dedicaba desde el punto 152 al 264. Campomanes definía a la Compañía, en función del cuarto voto de obediencia al Papa, como una especie de ejército a las órdenes del poder extranjero del Pontífice. Incluso más, era una poderosa máquina, que respondía a su propia dinámica de poder y que igual se enfrentaba al mismo Papa que a los monarcas más diversos. En definitiva, era presentada como un Estado soberano, peligroso para toda potestad constituida. Un Estado despótico, frente a un Estado legítimo, como sería la monarquía española de Carlos III, una monarquía del absolutismo ilustrado. En la época se distinguía claramente entre absolutismo y despotismo. Según Montesquieu en El Espíritu de las Leyes, de 1748, el gobierno monárquico era aquel en que gobernaba una sola persona, el rey, de acuerdo con unas leyes establecidas y se basaba en el honor, y el gobierno despótico era también el de una sola persona, pero sin leyes ni reglas, siguiendo su voluntad y su capricho, y se sustentaba en el temor. El término despotismo era aplicado generalmente por entonces al poder ilegítimo y arbitrario, basado en la fuerza y la violencia, propio de los regímenes orientales. Montesquieu afirmaba, por ejemplo, que entre los turcos reinaba un horrible despotismo. Aunque pudieran, en ocasiones, aproximarse los dos conceptos, absolutismo y despotismo, siempre se establecían diferencias. Los fisiócratas, por ejemplo, rechazaban y condenaban el despotismo arbitrario y depredador a la turca, el despotismo militar del Bajo Imperio Romano, el despotismo fáctico y desordenado, pero admitían y propugnaban un despotismo natural, patrimonial y legal y defendían el modelo de un monarca déspota y a la vez ilustrado. Este déspota legal, el monarca, representaba y encarnaba el Estado. Su justificación, su legitimación estaría en la alta finalidad que trataba de alcanzar, para el que Dios le habría dado el poder absoluto y la sociedad habría depositado en él el encargo de gobernar, trabajar por el bien común, intentar conseguir la gloria de la monarquía y la felicidad de su pueblo. Federico II, teorizando a partir de su experiencia como monarca, ponía el énfasis en la ilustración como factor de legitimación. Tal como le decía al abate Raynal: Señor abad, a vos no os agrada el despotismo, ni a mí tampoco. Pero sabéis dónde veo yo el despotismo? En la injusticia y la ignorancia. Un déspota es un hombre malvado casi siempre un tonto, que se aparta de sus deberes para imponer a los demás otros inútiles y vejatorios. En cambio, a un príncipe, que marche derecho y firme por las vías de la justicia y del bien público, yo lo llamo un buen y sabio príncipe, aunque no tenga a su lado ni dieta ni parlamento. Despotismo es una palabra que aparece continuamente en el Dictamen Fiscal. La terminología utilizada por Campomanes resulta ilustrativa del concepto en que verdaderamente tiene a la Compañía o, al menos, la imagen que preten- 40217 de dar de ella al rey y a los ministros del Consejo de Castilla. Se trata esencialmente de expresiones políticas, no religiosas. La define como un cuerpo despótico, el modelo visible del despotismo, el despotismo supremo. Un despotismo que trata de imponerse a la sociedad, para constituir un Estado dentro de otro Estado. Campomanes habla del despotismo de la Compañía respecto a los individuos, del despotismo familiar de la Compañía, que intentan imponer a sus devotos. Los súbditos de Carlos III ya no serían sólo sus súbditos, sino súbditos también del estado despótico jesuítico. Un despotismo dirigido por un soberano despótico extranjero, un soberano que es el Papa, con lo que esto significa en plena batalla regalista. Y más incluso que el Papa, el General de la Compañía, el Papa negro, convertido en monarca absoluto de las almas, cuerpos y bienes de la Compañía, sobre todo, en opinión de Campomanes, desde que el P. Claudio Aquaviva transformó la orden fundada por San Ignacio en una monarquía y abrió los cimientos a la prepotencia que hoy tiene. Un Estado dentro de otro Estado, para destruirlo. Campomanes calificaba a la Compañía de ser un cuerpo temible, de ser un gobierno que obra siempre mal contra el Estado, de ser un cáncer del Estado, de pretender que dependan los reyes de su arbitrio y acusaba a los jesuitas de ser los mayores enemigos y émulos de la soberanía. La confederación jesuítica, según Campomanes, forma una liga y unión ilícita contra el Estado dentro del Reino, lo cual podrá trastornar el trono a cierto tiempo por sí o por medio de sus emisarios. En conclusión, el Dictamen denunciaba a la Compañía como enemiga declarada del reino, incompatible dentro de él con la tranquilidad y el orden público. Era, además, un poder retrógrado, que se oponía a las reformas ilustradas y que atentaba, por consiguiente, no sólo contra el poder de la monarquía, sino contra el bienestar del pueblo, contra el progreso y la felicidad, tan buscados por los ilustrados: 184. De aquí resulta el fanatismo, la murmuración injusta contra el gobierno, titulando herejes o poco religiosos a los ministros más ilustrados, más íntegros y menos supersticiosos, cargo que resulta contra los jesuitas en la Pesquisa Este sistema, indubitablemente verificado en el actual movimiento, es insufrible en ningún Estado. El jesuita ni la Compañía no se miran como vasallos; es enemigo de la soberanía, depende de un gobierno despótico residente en un país extranjero; allí remite sus riquezas, de allí recibe las instrucciones; no es dueño de resistirlas jesuita alguno ni de apelar o reclamar, sean de la clase que quisieren, porque las debe respetar por profesión como dimanadas del mismo Jesucristo La rebelión, la sedición, la resistencia a las potestades legítimas, el regicidio, el tiranicidio y el perjurio, probables en su sistema, son doctrinas 40318 familiares en su práctica. Su sistema, en fin, es dominar por amor o por influencia o por cualesquiera medios a los reyes mismos, a sus ministros y a los magistrados. A los motivos políticos se añadían para condenar a los jesuitas los motivos económicos, presentando a la Compañía como modelo de ambición y avaricia, acusándola de acaparar riquezas sin límite, especialmente en América: 520. De aquí nace el segundo vicio del régimen actual de la Compañía. Que por acumular incesantemente riquezas degenera en las costumbres opuestas a su profesión, absorbe la sustancia de los pueblos, reduciéndolos a la esclavitud y enajenándolos de los soberanos legítimos, apoderándose finalmente, a grandes pasos, de la soberanía misma. Había también motivos morales de condena. La relajación moral, el probabilismo, difundido desde las cátedras, púlpitos y confesionarios de los jesuitas, era una enfermedad que destruía las entrañas de la sociedad y sus doctrinas populistas atentaban contra la esencia de la Monarquía. En su afán de dominio no se detenían ante nada, con intrigas y oscuras maquinaciones secretas, siguiendo la vieja máxima del divide y vencerás se dedicaban a sembrar divisiones y enfrentamientos: Dividen en facciones los diferentes estados. En España favorecieron la revolución de Cataluña y Portugal en Si han podido hacer tan espantosos efectos hasta aquí los medios que pone en práctica la Compañía para sembrar sus máximas en el reino, dicta la prudencia no despreciemos unas experiencias cuya escena no es para repetida. Cuanto más dilate la severidad de las leyes su ministerio, mayor será el daño y menos la posibilidad de remediarle. Este cáncer que empieza a apoderarse del Estado con velo de religión, nunca se cura si no se corta. Cuántas clases habrían padecido nota en su fidelidad, si no estuviese tan descubierto el origen de los movimientos pasados? Lo que pasaba en España no era más que un nuevo capítulo añadido a lo sucedido anteriormente en Portugal y Francia, a los que Campomanes dedicaba en el Dictamen de los números 625 al 734, dedicados a comentar la oposición de la Compañía a los monarcas. Dejando aparte Portugal, será sobre todo la dinastía borbónica la que más se destacará en el enfrentamiento recíproco entre jesuitas y monarcas No obstante que la animosidad de la Compañía contra los soberanos de Francia y Portugal y sus ministros no es un crimen que directamente toca a nuestro gobierno, tiene tres respetos que atender para considerarle como otra de las causas que hacen tan incompatibles en España a los jesuitas españoles, como franceses y portugueses De manera que la sublevación y la resistencia contra la soberanía, la declamación contra la sagrada persona de S.M., el odio implacable al minis-19 terio y el esparcimiento de las calumnias para animar bullicios en todos los dominios de S.M. de parte de la Compañía y el deseo de formar partido, fautores y cómplices, se halla igualmente probado, siendo este lenguaje uniforme de los jesuitas, no sólo de los simples particulares, sino de las personas que entre ellos tienen más respetos y se hallan iniciadas de las máximas y secretos de su gobierno. La conclusión era que la Compañía de Jesús en su conjunto era un mal absoluto, que había que extirpar cuanto antes, para salvar al Estado. Este cáncer que empieza a apoderarse del Estado con velo de religión, nunca se cura si no se corta proclamaba Campomanes al final de su Dictamen En estos términos, resultando de todo ser los jesuitas en España e Indias el fomento y el centro de la disensión y del desafecto a la quietud, entiende el fiscal que ha llegado el punto de haber llenado la Compañía en España y en las Indias la medida del escándalo en punto de su predicación, de su enseñanza y de su infidelidad, y ser indispensablemente necesario para la seguridad de la sagrada persona de S.M. y del reino entero que la soberanía use de su potestad económica extrañando del reino a los jesuitas profesos y a los novicios que quieran permanecer en dicha Compañía; ocupándoseles las temporalidades, como extraños de él, no permitiendo que en estos dominios ni en los de las Indias se vuelvan a establecer en comunidad ni en particular con ningún pretexto, haciendo Su Majestad esta declaración a imitación de otros soberanos, como rey que no reconoce superior en lo temporal y que usa de esta económica providencia para seguridad de su persona real, de la de su augusta familia y de sus dominios, y por beneficio de la misma religión y pureza de las costumbres; haciendo cerrar, desde luego, todas sus casas y escuelas y que no se enseñe más su doctrina, para evitar que no se dé ocasión con ella a nuevos escándalos en estos dominios; expidiéndose las órdenes más estrechas para que se ejecute con toda decencia y orden la expulsión de los jesuitas y aseguren sus papeles, sin ofender en nada sus personas ni permitirles comunicación alguna con los seglares ni otros algunos; que se expidan cartas circulares a los prelados diocesanos para que en sus diócesis se inspire a los eclesiásticos la mayor moderación, e igualmente a los superiores de las demás órdenes, asegurando a éstas de la especial protección de Su Majestad, de lo asegurado que se halla de su fidelidad y amor al trono, para que no se crean confundidos con el cuerpo de la Compañía, cuyos individuos, por precisa defensa del Estado, es indispensable sacar de él. Que se prohiba por bando que nadie mantenga correspondencia con los jesuitas, escriba apologías a su favor ni tome su voz en manera alguna, pena de ser tratados como reos de lesa majestad. Pues todos deben reposar en la escrupulosa indagación de hechos indubitables sobre que recae esta providencia para evitar en lo sucesivo nuevos escándalos semejantes a los pasados, y por convenir al orden público separar de la masa honrada de la nación un cuerpo de hombres que aspiraba a precipitar la fidelidad española, abusando de la piedad de la nación y de las proporciones que les facilita su introducción y exterioridad sugestiva. Que para la ejecución de todo se formen las instrucciones y órdenes 40520 más efectivas y claras, consultándolas el Consejo a Su Majestad, en consecuencia de su Real Decreto de 21 de abril de este año y demás sucesivos Todo lo cual, reserva de los incidentes particulares, pide el fiscal, cumpliendo con su oficio, con su fidelidad, con su honor y con el encargo particular que como abogado y procurador fiscal de la corona se le recomendó en el citado Real Decreto de 21 de abril, y pide se hagan manifiestas al público las causas que motivan estas providencias, con aquella reserva que convenga en asuntos sigilosos en que haya reparo político o en lo que mire a guardar a los testigos religiosamente la reserva de sus nombres que les está ofrecida bajo de la palabra real como preliminar de la Pesquisa Reservada, con todo lo demás que estimare el Consejo con su acostumbrado celo y justificación en materia tan digna de sus cuidados, y dé prontísima resolución en vista del proceso informativo de nudo hecho, atento al gravísimo peligro que hay en la tardanza y a que semejantes providencias no están sujetas a las reglas comunes; ni para conservar o excluir de sus dominios el soberano una comunidad sospechosa no necesita consultar otra formalidad que el convencimiento de la utilidad y necesidad de su providencia, que son los extremos en que se halla este negocio Esto es, en resumen, señores, lo que pide la justicia y el voto común de los buenos vasallos, y lo que exige del brazo real la protección debida a la pureza de la doctrina y a la conservación de la patria, para purificar el reino de los verdaderos enemigos de su sosiego y de su prosperidad. 15 Más que la causa profunda del enfrentamiento, la responsabilidad en el motín de Esquilache fue, pues, el pretexto, la oportunidad, el desencadenante. Las verdaderas razones de la expulsión eran mucho más profundas. Se trataba de dirimir un triple enfrentamiento, de entrada una cuestión de poder, la primacía absoluta de la Monarquía, frente al poder de los jesuitas; además, por una parte, el enfrentamiento entre el poder del rey y el poder del papa, del que los jesuitas actuarían en España como una quinta columna, por tanto una nueva y decisiva batalla regalista en la larga lucha Iglesia-Estado; por otra parte la confrontación entre conservadurismo y modernización, en la cual al Papado, y muy especialmente a los jesuitas, se les acusaba de representar el inmovilismo, y la Monarquía reformista e ilustrada, defendida por los ministros golillas, buscaba dirigir el proceso de transformación, para conseguir el progreso, la felicidad de los pueblos. La invocación a la razón de Estado se apoyaba en estos argumentos. Pruebas concluyentes no parece que hubiera ninguna en contra de los jesuitas y mucho menos para una acusación global contra toda la Compañía. Pero el silencio, la reserva, la indefinición, el secretismo lejos de desgastar la convicción, todavía incrementaba más la sospecha y la sensación de peligro. Se invocó igualmente la razón de Estado para exigir el máximo secreto en todo el proceso. 15 Campomanes, Dictamen Fiscal..., documento entero en pp Mostrar más
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