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Timestamp: 2019-09-20 03:46:18+00:00

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LEY 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña. - BOCM. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Legislación - VLEX 73823956
Fecha de Entrada en Vigor: 30 de Diciembre de 2009
TÍTULO I. - arts. 3 a 7
Norma citada en: 22 sentencias, 8 artículos doctrinales, 31 disposiciones normativas, 6 resoluciones administrativas
El título preliminar “Disposiciones generales”, introduce el objeto de la presente Ley así como los principios inspiradores de la misma.
El título I “Medidas liberalizadoras de la economía madrileña”, recoge modificaciones legislativas en materia de turismo, comercio interior, venta ambulante, juego y consumidores.
Con la modificación de la normativa en materia de comercio, los operadores y promotores comerciales habrán de dirigirse a una única “ventanilla”, la municipal, donde se gestionará íntegramente su procedimiento. Junto a esta simplificación administrativa, desaparece la “tasa por solicitud de autorización de gran establecimiento comercial”, evitando así costes innecesarios a las empresas comerciales.
El título II, “Reducción de los plazos y modificación del sentido del silencio en los procedimientos de la Administración”, recoge un importante acortamiento de los plazos máximos de resolución, así como una modificación de los efectos del silencio desestimatorio en estimatorio en buena parte de los procedimientos de la Administración de la Comunidad de Madrid.
El título III, “Otras medidas liberalizadoras”, aborda la simplificación de los procedimientos administrativos para los colegios profesionales y en materia de servicios sociales, sanitarios, medioambientales, espectáculos públicos, actividades recreativas y de patrimonio histórico. En primer lugar, se aborda la modificación del régimen jurídico de los colegios profesionales, modificación consistente en habilitar legalmente la creación de colegios profesionales respecto de aquellas profesiones para cuyo ejercicio se precise el título oficial y en posibilitar la constitución de las citadas entidades mediante la adscripción voluntaria de sus miembros, salvo que una norma de creación establezca lo contrario.
El respeto al principio general de la consideración del silencio administrativo estimatorio como regla básica de actuación de la Administración.
La eliminación de las trabas en el ejercicio de las actividades económicas y la supresión de los procedimientos, registros y demás requisitos que no sean estrictamente necesarios.
La transformación de los procedimientos de autorización administrativa previa en declaraciones responsables y comunicaciones previas del interesado.
TÍTULO I Artículos 3 a 7
Modificación de la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid
Uno. Se añade nueva letra g) al apartado 1 del artículo 4 con la siguiente redacción:
g) Simplificar los procedimientos administrativos, eliminando tanto los trámites innecesarios como los documentos prescindibles o duplicados, potenciando la utilización del acceso electrónico por parte de los usuarios turísticos
Dos. Se añade nuevo apartado 3 al artículo 4, con la siguiente redacción:
3. Con el fin de conseguir una efectiva cooperación administrativa para el control de los prestadores con las autoridades competentes de la Administración Local, Autonómica, General del Estado, Estados miembros de la Unión Europea y Comisión Europea, la Consejería competente en materia de turismo llevará a cabo dicha cooperación a través de los puntos de contacto que se determinen
Tres. El apartado f) del artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
f) La ordenación del sector turístico, entendiendo por ordenación la potestad reglamentaria y el control de la actividad
Cuatro. La letra a) del artículo 12 queda redactada en los siguientes términos:
Cinco. Se añade una nueva letra k) al artículo 12 con la siguiente redacción:
k) Informar a los usuarios de los datos de identificación de la entidad prestadora de los servicios turísticos debiendo hacer constar de forma clara e inequívoca los datos exigidos por la normativa aplicable
Seis. El artículo 13 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 13. Derechos.
c) Participar en la adopción de decisiones por los poderes públicos en los términos previstos en la legislación vigente, a través de sus asociaciones u órganos de representación
Siete. El artículo 16 queda sin contenido.
Ocho. El artículo 17 queda sin contenido.
Nueve. El artículo 18 queda sin contenido.
Diez. El título del capítulo IV queda redactado en los siguientes términos:
Capítulo IV. De la Actividad Turística Informativa
Once. El artículo 19 queda redactado del siguiente modo:
Artículo 19. Definición de la actividad turístico-informativa.
Se considera actividad turístico-informativa la destinada a proporcionar al público en general, información y orientación relativa a la oferta turística de la Comunidad de Madrid
Doce. El artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 20. Oficinas de Turismo.
1. Se consideran Oficinas de Turismo los establecimientos ubicados en la Comunidad de Madrid, abiertos al público en general, que proporcionan al usuario información y orientación en relación con la oferta turística regional.
2. Con el fin de obtener una mayor eficacia y calidad en la gestión de la información turística la Consejería competente en materia de turismo impulsará la coordinación de las oficinas dependientes de la Comunidad de Madrid con las gestionadas por otras entidades públicas o privadas.
3. Las Oficinas de Turismo deberán comunicar a la Dirección General competente en materia de turismo el inicio de su actividad, o cualquier modificación que afecte a la declaración inicial, a través de declaración responsable
Trece. Se añade un nuevo artículo 20 bis con la siguiente redacción:
Artículo 20 bis. Guías oficiales de turismo de la Comunidad de Madrid.
1. Se liberaliza la prestación del servicio de información turística en la Comunidad de Madrid.
2. Los guías de turismo habilitados por la Comunidad de Madrid pasarán a denominarse Guías Oficiales de Turismo de la Comunidad de Madrid.
3. La Comunidad de Madrid, en colaboración con las Asociaciones Profesionales de Guías de Turismo, establecerá las pruebas necesarias que permitan acreditar el conocimiento de idiomas y de las materias oportunas para la obtención de la condición de Guías Oficiales de Turismo de la Comunidad de Madrid.
4. La Comunidad de Madrid velará por la prestación de un servicio de información turística de calidad, para lo cual desarrollará acciones de formación y perfeccionamiento de los profesionales, promocionará su actividad y fomentará la firma de acuerdos con instituciones públicas y privadas para facilitar el ejercicio profesional de este colectivo
Catorce. El artículo 21 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 21. Declaración responsable.
1. Los establecimientos turísticos, cualesquiera que sean su modalidad y categoría están obligados a comunicar a la Dirección General competente en materia de turismo, el inicio de su actividad, o cualquier modificación que afecte a la declaración inicial, a través de una declaración responsable.
2. A dichos efectos se entiende por declaración responsable el documento suscrito por la persona titular de una actividad empresarial o profesional en el que declara, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.
3. La Dirección General competente en materia de turismo efectuará, en cualquier momento, la comprobación del contenido de la declaración responsable.
4. La falsedad comprobada del contenido de la declaración responsable se sancionará conforme a lo dispuesto en el título IV de la presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que de tal hecho se pudiese derivar
Quince. El artículo 22 queda sin contenido.
Dieciséis. El artículo 23 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 23. Registro de Empresas Turísticas.
1. Se denomina Registro de Empresas Turísticas a la base de datos informatizada que reúne el conjunto de inscripciones y datos concernientes a las empresas y entidades que desarrollan actividades turísticas reconocidas en la presente Ley.
2. El Registro de Empresas Turísticas se gestionará por la Dirección General competente en materia de turismo, será público y la inscripción en el mismo tendrá carácter voluntario.
3. A efectos estadísticos, de promoción y de constancia de establecimientos en funcionamiento, la Dirección General competente en materia de turismo, una vez presentada y comprobada la exactitud de los datos reflejados en la declaración responsable, elaborará listados de aquellas empresas cuyas modalidades estén contempladas en la presente Ley.
4. La Dirección General competente en materia de turismo podrá consultar en los términos previstos en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, los registros en los que estén inscritos los prestadores de servicios de otros Estados miembros de la Unión Europea que ejerzan su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid
Diecisiete. El artículo 25 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 25. Modalidades.
e) Cualquier otra que reglamentariamente se determine
Dieciocho. El apartado 1 del artículo 26 queda redactado en los siguientes términos:
1. Se entiende por establecimientos hoteleros aquellas instalaciones que destinadas al alojamiento turístico, ocupan la totalidad de un edificio o parte independizada del mismo constituyendo sus dependencias un todo homogéneo con entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo y reúnen los requisitos técnicos mínimos que reglamentariamente se establezcan.
Diecinueve. El artículo 32 queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 32. Agencias de viajes.
1. Tienen la consideración de agencias de viajes las empresas que habiendo presentado declaración responsable ante la Dirección General competente en materia de turismo, se dedican profesional y comercialmente, al ejercicio de actividades de mediación y/u organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios en la prestación de los mismos.
2. Las actividades de mediación y organización de servicios turísticos considerados como viajes combinados se ejercerán de forma exclusiva por las agencias de viajes, sin perjuicio de la facultad conferida por la legislación vigente a transportistas, hoteleros y otras empresas turísticas para contratar directamente con los clientes la prestación de sus propios servicios.
3. Atendiendo a las actividades que desempeñan, las agencias de viajes se clasifican en tres grupos:
c) Mayoristas-minoristas
Veinte. El artículo 36 queda sin contenido.
Veintiuno. El artículo 47 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 47. Objetivos.
1. Diversificación de la oferta turística y promoción de los productos turísticos de la Región, tales como:
2. Modernización de la oferta turística:
3. Fomento del desarrollo turístico sostenible:
4. Impulso a la formación y perfeccionamiento de los profesionales turísticos:
b) Fomentando el asociacionismo
Veintidós. El artículo 48 queda sin contenido.
Veintitrés. El artículo 50 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 50. Funciones.
f) Todas aquellas funciones que se le puedan atribuir para el control de calidad de los servicios turísticos
Veinticuatro. El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 51, queda redactado en los siguientes términos:
Cuando se considere preciso para el adecuado ejercicio de la función inspectora, podrá solicitarse la cooperación de los funcionarios y autoridades de otras Administraciones Públicas o de otros Estados miembros de la Unión Europea a través del procedimiento oportunamente establecido
Veinticinco. La letra a) del artículo 55 queda redactado en los siguientes términos:
Los mencionados titulares serán responsables de las infracciones cometidas por cualquier persona dependiente de ellos, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento que resulten procedentes
Veintiséis. Los apartados a) e i) del artículo 58 quedan redactados del siguiente modo:
a) La alteración o modificación, en general, de las condiciones contenidas en la declaración responsable y, en particular, de los requisitos mínimos que sirven de base para la clasificación del establecimiento, o a su capacidad, en ambos casos, sin haber presentado declaración responsable a la Administración turística
i) Toda publicidad, descripción e información de los servicios que no corresponda a criterios de utilidad, precisión y veracidad, o pueda inducir a engaño o confusión, o que impida reconocer la verdadera naturaleza del servicio que se pretende contratar, así como el incumplimiento por parte de los prestadores de servicios turísticos, de las obligaciones de información, cuando por su repercusión sobre los derechos de los usuarios, deba considerarse grave
Veintisiete. Se añaden los apartados o), p) y q) al artículo 58, con la siguiente redacción:
q) El no mantenimiento de la vigencia de la póliza de seguro de las agencias de viajes
Veintiocho. El artículo 59 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 59. Infracciones muy graves.
c) El incumplimiento total, por parte de los prestadores de servicios turísticos, de las obligaciones de información contenidas en el artículo 12 de la presente Ley
Veintinueve. El artículo 60 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 60. Clases de sanciones.
1. Las infracciones contra lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones en materia de turismo, darán lugar a las siguientes sanciones:
2. No tendrá carácter de sanción, la clausura preventiva de los establecimientos, locales o instalaciones que no hayan presentado la preceptiva declaración responsable o la suspensión de su funcionamiento cuando concurran circunstancias graves que afecten a la seguridad de las personas o bienes, a los intereses económicos de los usuarios de servicios turísticos o a la imagen turística de la Comunidad de Madrid, durante el tiempo necesario para la subsanación de los requisitos exigidos.
El Director General competente en materia de turismo será el órgano competente para la adopción del acuerdo a que se refiere el apartado anterior, mediante resolución motivada, previa audiencia del interesado, pudiendo acordar su publicidad por razones de interés público
Treinta. El artículo 61 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 61. Determinación de las sanciones.
1. La determinación de las sanciones previstas en esta Ley se formulará de acuerdo con los siguientes criterios:
2. De las resoluciones de suspensión o cierres de las actividades profesionales o empresariales, se dará cuenta al Ayuntamiento correspondiente y a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, pudiendo recabar para su ejecución la colaboración de los Agentes de la Autoridad que de ellos dependan
Treinta y uno. El apartado 1 del artículo 70 queda redactado en los siguientes términos:
1. Podrá adoptarse la clausura cautelar de establecimientos, locales o instalaciones que no hayan presentado declaración responsable, o la suspensión de la actividad hasta que se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos
Modificación de la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid
Uno. Se modifica el artículo 18, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 18. Necesidad de licencia municipal e informes autonómicos.
1. La instalación o ampliación de un gran establecimiento comercial minorista de los definidos en el artículo anterior, no estará sujeta a régimen de autorización comercial, y solo requerirá la correspondiente licencia municipal, que se otorgará por los respectivos Ayuntamientos.
2. En los supuestos señalados en el apartado anterior, con carácter previo a la concesión de la licencia municipal correspondiente, el Ayuntamiento solicitará a los órganos competentes de la Comunidad de Madrid en materia de ordenación del territorio, de protección del medio ambiente, así como en materia de accesibilidad, al órgano autonómico competente en la red de infraestructuras viarias, la emisión de un informe sobre adecuación de la actividad proyectada a la normativa sectorial vigente, en cada caso. Los citados informes deberán ser emitidos en el plazo de dos meses, desde la recepción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que hayan sido emitidos los mismos, se entenderán favorables
Dos. Se modifica el artículo 19, que queda redactado como sigue:
Artículo 19. Régimen de comunicación.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, dichos proyectos de instalación o ampliación, deberán ser objeto de comunicación previa a la Consejería competente en materia de comercio, con el fin de procurar un eficaz ejercicio de las competencias en materia de coordinación, promoción, fomento y desarrollo del sector comercial.
2. Dichas comunicaciones se efectuarán por:
3. Las comunicaciones habrán de efectuarse en el plazo máximo de un mes desde la notificación de la concesión de la licencia municipal de obras, incorporando:
4. Las operaciones de transmisión y los cambios de titularidad deberán comunicarse a la Consejería competente en materia de comercio, a efectos de su conocimiento, en el plazo de un mes desde la notificación de la concesión de la licencia municipal correspondiente, por el nuevo titular de la misma
Tres. El artículo 20 queda sin contenido.
Cuatro. El artículo 21 queda sin contenido.
Cinco. Los apartados 1 y 2 del artículo 45 quedan sin contenido.
Seis. Se incorpora un apartado 20 al artículo 46, con la siguiente redacción:
20. El incumplimiento de las obligaciones de comunicación establecidas en el artículo 19
4. Las autorizaciones serán transmisibles, y tendrán una duración mínima de cinco años con el fin de permitir la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos, y prorrogables expresamente por idénticos períodos.
No obstante lo anterior, los titulares de las autorizaciones municipales, personas físicas o jurídicas, estarán obligados a acreditar anualmente, ante los respectivos Ayuntamientos, estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y la Administración Tributaria así como el correspondiente seguro de responsabilidad civil
Modificación de la Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego en la Comunidad de Madrid
Uno. El apartado primero del artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:
1. El ejercicio de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley requerirá autorización administrativa previa, a excepción de la explotación e instalación de máquinas recreativas y de la celebración de combinaciones aleatorias, que únicamente deberán ser comunicadas a la Consejería competente en materia de juego en los términos que reglamentariamente se establezca
Dos. El artículo 7 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 7. Establecimientos de juego.
1. La práctica de los juegos y apuestas a que se refiere la presente Ley, se podrá desarrollar y, en su caso, autorizar, con las condiciones establecidas en los reglamentos específicos sobre los juegos, en los establecimientos siguientes:
2. En los establecimientos de hostelería y en aquellos locales o recintos en los que así se regule se podrán instalar máquinas recreativas y de juego, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
3. Con las limitaciones que en cada caso se establezcan, se podrán autorizar los juegos de boletos, loterías, apuestas, rifas y tómbolas en aquellos establecimientos o recintos determinados reglamentariamente
Modificación de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid
Modificación de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duración máxima y el régimen de silencio administrativo de determinados procedimientos
Uno. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado en los siguientes términos:
1. El Consejo de Gobierno, mediante Decreto, podrá reducir los plazos de duración máxima de los procedimientos previstos en el Anexo, siempre que no excedan de seis meses, así como modificar el efecto desestimatorio en estimatorio por la falta de resolución expresa en el plazo establecido.
El aumento de la duración máxima de los procedimientos, así como la modificación del efecto estimatorio en desestimatorio por la falta de resolución expresa en el plazo establecido, deberá aprobarse mediante norma con rango de Ley
Dos. El Anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duración máxima y el régimen de silencio administrativo de determinados procedimientos queda modificado en los siguientes términos:
TÍTULO III Artículos 9 a 18
Modificación de la Ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid
Uno. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado del siguiente modo:
1. La adscripción de los profesionales al correspondiente Colegio será voluntaria, salvo que la Ley de creación del Colegio o, en su caso, la norma de creación a la que se refiere la disposición adicional segunda de esta Ley, establezcan lo contrario. No obstante, podrán ejercer las respectivas profesiones en el territorio de la Comunidad de Madrid los profesionales incorporados a Colegios Profesionales de distinto ámbito territorial por razón de su domicilio profesional único o principal, en los términos y con las excepciones establecidas en la legislación estatal básica
Dos. El apartado 2 del artículo 6 queda redactado como sigue:
2. Solo podrán constituirse nuevos Colegios Profesionales respecto de aquellas profesiones cuya aptitud para su ejercicio venga acreditada por la posesión de una titulación oficial y concurran razones de interés público
Modificación de la Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la actividad de los centros y servicios de acción social y de mejora de la calidad en la prestación de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid
Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado del siguiente modo:
1. La presente Ley tiene por objeto garantizar la adecuada prestación de los servicios sociales mediante la regulación y ordenación de la actividad de las entidades, los centros de servicios sociales y servicios de acción social en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con las condiciones materiales y funcionales establecidas en la normativa vigente en materia de servicios sociales. Igualmente, es objeto de la Ley la regulación y ordenación de las actuaciones de inspección y control de calidad en la prestación de los servicios sociales por dichos centros y servicios. Asimismo, tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos y deberes de los usuarios a fin de contribuir a la mejora permanente en la prestación de los servicios sociales
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 2 en los siguientes términos:
2. La Administración de la Comunidad de Madrid, a través de los recursos y medios públicos destinados a la prestación de los servicios sociales, y mediante los organismos competentes en cada caso, desarrollará el Sistema Público de Servicios Sociales. La prestación de servicios sociales por las Administraciones Públicas y por la iniciativa privada se someterá al régimen de autorización o de comunicación previa de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, con el objeto de garantizar la ordenación territorial de los recursos sociales, la adecuación y calidad de los servicios prestados, así como, preservar el interés público que subyace en toda actividad prestadora de servicios sociales
Tres. El artículo 4 queda con la siguiente redacción:
Artículo 4. De las entidades de servicios sociales.
1. Se entiende por entidad de servicios sociales aquella persona física o jurídica legalmente constituida, de carácter público o privado, que entre sus fines contemple la realización de actividades organizadas para la prestación de servicios sociales.
2. Las entidades de servicios sociales serán inscritas de oficio en el Registro de entidades, centros y servicios de acción social de la Comunidad de Madrid
Cuatro. Se modifica la denominación de la Sección Primera del capítulo III, en los siguientes términos:
Cinco. El artículo 8 queda redactado del siguiente modo:
Artículo 8. Autorización administrativa y comunicación previa.
1. Se entiende por autorización administrativa el acto por el cual la Administración de la Comunidad de Madrid faculta a una Entidad pública o privada, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa aplicable y sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas, para la prestación de servicios sociales mediante la creación de un centro de servicios sociales.
2. El plazo máximo para resolver y notificar será de dos meses desde el momento de la presentación de toda la documentación, transcurrido el cual se entenderá concedida la autorización administrativa.
3. Se entiende por comunicación previa el acto a través del cual la entidad interesada, pública o privada, pone en conocimiento de la Administración de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas, el inicio de la prestación de actividades sociales a través de un servicio, la modificación, el traslado, el cambio de titularidad o el cese de actividad.
4. La comunicación previa deberá realizarse con una antelación mínima de un mes al inicio de la actividad a través de un servicio social, cambio de titularidad, traslado, modificación o cese de actividad, tanto del centro como del servicio social.
5. A la autorización administrativa y a la comunicación previa se acompañará la documentación que se determine reglamentariamente y, en todo caso, la declaración responsable de la entidad titular de que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente de servicios sociales.
6. Los Ayuntamientos, con carácter previo al otorgamiento de licencia de apertura, deberán comprobar lo dispuesto en los apartados anteriores
Seis. El artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 9. Revocación y caducidad de la autorización administrativa.
1. La Consejería competente en materia de servicios sociales acordará la revocación de la autorización administrativa en los siguientes supuestos:
2. La autorización administrativa concedida caducará si en el plazo de un año desde su concesión no se hubiese iniciado la actividad solicitada
Siete. Se suprime el artículo 10, que queda sin contenido.
Ocho. El apartado 2 del artículo 11 queda redactado en los siguientes términos:
2. La Consejería competente en materia de servicios sociales inscribirá de oficio en el Registro a aquellas entidades, centros y servicios, de carácter tanto público como privado, que desarrollen las actividades a que se refiere el artículo 1.2 de la presente Ley, tras la resolución administrativa de autorización o tras la comunicación previa
Nueve. Se suprime el apartado 3 del artículo 11.
Diez. El artículo 12 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 12. Evaluación de la calidad de los servicios.
1. La Comunidad de Madrid impulsará la implantación de sistemas de evaluación de la calidad de los servicios prestados por los centros de servicios sociales y servicios de acción social, entendiéndose por evaluación de la calidad el proceso integral y continuado de medición del servicio prestado a partir de los compromisos declarados, las necesidades de los usuarios y los programas de mejora desarrollados.
2. La evaluación de la calidad de los servicios prestados por los centros y servicios se realizará respetando el contenido y los requisitos mínimos, funcionales y materiales, que se establecen en la normativa vigente en materia de servicios sociales y contemplará, en todo caso, la satisfacción del usuario, la profesionalización de la gestión, la formación continua del personal y la mejora continua de los procesos, así como las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
3. Los centros residenciales autorizados para la prestación de servicios a cien o más usuarios, dispondrán de una evaluación de calidad emitida por Organismo acreditado a tal efecto.
4. Los servicios de acción social, centros de servicios sociales y centros residenciales de menos de cien usuarios, con carácter periódico, realizarán una evaluación de la calidad de los servicios prestados, que podrán referirse a la elaboración de cartas de servicio, definición de protocolos específicos de actuación, certificación de procesos concretos, sistemas de información, definición de estándares e indicadores y planes de formación.
5. Reglamentariamente se definirán los sistemas de evaluación de la calidad en función de los tipos de centros o servicios.
6. Tanto para la prestación de servicios con financiación pública en el sistema público de servicios sociales como para la prestación de servicios con financiación privada, la entidad titular deberá obtener la correspondiente acreditación, de acuerdo con los requisitos y criterios de calidad que se establezcan en la normativa de desarrollo
Once. El apartado 3 del artículo 14 queda redactado en los siguientes términos:
3. El Decálogo de Derechos del Usuario deberá estar expuesto en lugar visible en los centros y servicios de acción social. En el caso de los servicios prestados en el domicilio del usuario, se le facilitará a este el Decálogo de Derechos
Doce. El artículo 16 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 16. Condiciones materiales de los centros de servicios sociales y servicios de acción social.
d) Adecuación de las condiciones dotacionales
Trece. El artículo 17 queda redactado del siguiente modo:
Artículo 17. Condiciones funcionales de los centros de servicios sociales y servicios de acción social.
j) Otros aspectos que resulten necesarios para conseguir un adecuado funcionamiento del Centro o Servicio
Catorce. El artículo 18 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 18. Directores de los centros de servicios sociales.
1. Los centros de servicios sociales, con o sin ánimo de lucro, deberán contar con un Director responsable de la organización, funcionamiento y administración del centro, de acuerdo con la formación y las condiciones que se determinen en la normativa de desarrollo.
2. Se crea el Registro de Directores de centros de servicios sociales, adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales, donde se inscribirán de oficio aquellos directores que cumplan con los requisitos establecidos en el apartado anterior
Quince. El artículo 25 queda redactado del siguiente modo:
d) El Director de los centros, a los solos efectos de inhabilitación y prohibición del ejercicio o participación en el ejercicio de actividades contempladas en esta Ley, en el supuesto de imposición de sanción a los titulares o entidades gestoras por infracción muy grave
Dieciséis. El artículo 27 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 27. Infracciones leves.
Constituye infracción leve el incumplimiento, por acción u omisión, de los requisitos establecidos por la presente Ley y disposiciones que la desarrollen que no constituyan infracciones graves o muy graves de acuerdo con la misma, y no genere un riesgo para la seguridad y/o salud del usuario de los centros de servicios sociales y servicios de acción social
Diecisiete. El artículo 28 queda redactado como sigue:
Artículo 28. Infracciones graves.
l) Todas aquellas otras acciones u omisiones que constituyan incumplimientos de los requisitos establecidos por la presente Ley y disposiciones que la desarrollen, siempre que genere un riesgo o daño para la seguridad o la salud del usuario de los centros de servicios sociales y servicios de acción social
Dieciocho. El artículo 29 queda redactado del siguiente modo:
Artículo 29. Infracciones muy graves.
g) Impedir, obstruir o dificultar de cualquier modo la acción del personal inspector en el desempeño de su cargo, así como no prestarle la colaboración y auxilio requeridos en el ejercicio de sus funciones
Diecinueve. El apartado 1 del artículo 30 queda redactado en los siguientes términos:
1. Las infracciones establecidas en los artículos anteriores darán lugar a las siguientes sanciones:
d) El cierre definitivo total o parcial del centro de servicios sociales o servicio de acción social, que llevará implícita la revocación de la autorización administrativa del centro
Modificación de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos
Uno. Los números 2 y 3 del artículo 20 quedan redactados en los siguientes términos:
2. El Gobierno regional establecerá reglamentariamente los requisitos y procedimientos para la acreditación y funcionamiento de los centros y servicios de atención al drogodependiente. Los centros y servicios de atención al drogodependiente tienen el carácter de sociosanitarios con el alcance determinado en el artículo 4.2.l)
3. Los centros y servicios sociosanitarios de atención a drogodependientes se sujetarán, en todo caso, a las medidas de inspección, control e información estadística, sociosanitaria y de cualquier otro tipo que establezca la legislación vigente
Dos. El artículo 26 queda redactado en los siguientes términos:
1. Los centros de asistencia e integración de drogodependientes, tanto públicos como privados, deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:
2. La Comunidad de Madrid establecerá reglamentariamente las normas que deberán cumplir para poder ser acreditados y concertados por la propia Administración.
3. El comienzo de la actividad de los centros y servicios de atención a los drogodependientes deberá ser comunicado a la Comunidad de Madrid en el plazo de treinta días hábiles
Tres. La letra c) del apartado 2 del artículo 41 queda redactada del siguiente modo:
c) La aprobación de la normativa de funcionamiento y de acreditación de centros y servicios sociosanitarios y de atención y prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos
Cuatro. Se suprime la disposición transitoria tercera, que queda sin contenido.
Modificación de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid
8. No tendrá la consideración de aprovechamiento la eliminación de arbolado ocasionada por la realización de una obra en terrenos forestales cuya titularidad y gestión no esté atribuida a la Comunidad de Madrid. Dichas cortas no precisarán de autorización por parte de la Administración forestal si las obras que las ocasionan tienen su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental y en el proyecto evaluado se explicitaba con precisión la corta a realizar
Modificación de la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno
b) Informar preceptivamente los proyectos y actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental por la Administración General del Estado, así como los sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria y abreviada por la Administración de la Comunidad de Madrid, que se pretendan realizar en el ámbito territorial de esta Ley
d) Informar preceptivamente los planes generales de los municipios incluidos en el ámbito territorial del Parque Regional
Modificación de la Ley 6/1994, de 28 de junio, sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama
3. Informar preceptivamente los proyectos y actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental por la Administración General del Estado, así como los sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria y abreviada por la Administración de la Comunidad de Madrid, que se pretendan realizar en el ámbito territorial de esta Ley
5. Informar preceptivamente los planes generales de los municipios incluidos en el ámbito territorial del Parque Regional y, en su caso, los planes de sectorización que afecten directamente a dicho ámbito
Modificación de la Ley 6/1990, de 10 de mayo, de Declaración del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara
f) Informar preceptivamente los proyectos y actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental por la Administración General del Estado, así como los sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria y abreviada por la Administración de la Comunidad de Madrid, que se pretendan realizar en el ámbito territorial de esta Ley
Modificación de la Ley 1/1985, de 23 de enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares
Uno. La letra b) del apartado 3 del artículo 8, queda redactado en los siguientes términos:
b) Un representante de cada una de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, designado por el titular de cada una de las mismas
Dos. Las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 9 quedan redactadas del siguiente modo:
d) Informar preceptivamente los planes generales de los municipios incluidos en el ámbito territorial del Parque Regional y, en su caso, los planes de sectorización que afecten directamente a dicho ámbito
Modificación de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid
La presentación de solicitudes de autorización podrá ser realizada telemáticamente a través de la correspondiente aplicación en el portal informático de la Comunidad de Madrid
Modificación de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
Artículo 38. Comercio de bienes muebles.
1. Por la Dirección General competente en materia de patrimonio histórico se llevará un registro de las empresas y empresarios individuales que se dediquen habitualmente al comercio de los bienes declarados de Interés Cultural o incluidos en el Inventario de Bienes Culturales. Los comerciantes deberán comunicar a la Dirección General el inicio de su actividad. El contenido de dicha comunicación y la forma de inscripción en el registro de las empresas y empresarios serán objeto de desarrollo reglamentario.
2. Las empresas y empresarios individuales referidos en el apartado anterior llevarán un libro-registro en el que constarán las transacciones que afecten a los citados bienes. Se anotarán en el libro-registro los datos de identificación del objeto y de las partes que intervengan en cada transacción. El libro-registro deberá ser legalizado por la Dirección General competente en materia de patrimonio histórico.
3. La Dirección General competente en materia de patrimonio histórico ejercerá las funciones inspectoras que estime oportunas con respecto al libro-registro a que se refiere el apartado anterior
Régimen aplicable a los Colegios Profesionales
Colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico
Las entidades privadas que cumplan los requisitos establecidos en esta disposición y estén debidamente habilitadas pueden colaborar en la realización de las actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de la normativa correspondiente en el ámbito urbanístico.
Las entidades privadas colaboradoras son entidades de carácter técnico, con personalidad jurídica propia, que disponen de los medios materiales, personales y financieros necesarios para el desempeño adecuado de las actuaciones de verificación, inspección y control, que actúan bajo su responsabilidad, debiendo constituir las garantías patrimoniales que se determinen en cada caso.
En su actuación, las entidades privadas colaboradoras podrán emitir certificaciones, actas, informes y dictámenes, que podrán ser asumidos por la Administración Pública tramitadora del expediente y ser incorporados al mismo con el valor y la eficacia que reglamentariamente se determinen.
La homologación y el registro de estas entidades corresponderá a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio, que dictará las normas reglamentarias necesarias para ello, así como para la aplicación, en su caso, de la presente disposición.
Disposición citada en: 9 sentencias, 5 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas
Los prestadores de servicios habilitados en la fecha de entrada en vigor de esta Ley podrán seguir realizando su actividad en la Comunidad de Madrid.
Madrid, a 21 de diciembre de 2009.
(03/43.412/09)
ORDEN 3717/1998, de 30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifican las relaciones de puestos de trabajo de la Consejería de Economía y Empleo y del Instituto Tecnológico de Desarrollo Agrario, dependiente de la misma.
DECRETO 316/1999, de 23 de diciembre, por el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Laboral de la Consejería de Agricultura y Ganadería
REAL DECRETO 2139/1998, de 2 de octubre, por el que se indulta a don Francisco Sorzábal García.

References: artículo 4
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 13

Artículo 13
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 19

Artículo 19
 artículo 20

Artículo 20
 artículo 20

Artículo 20
 artículo 21

Artículo 21
 artículo 22
 artículo 23

Artículo 23
 artículo 25

Artículo 25
 artículo 26
 artículo 32

Artículo 32
 artículo 36
 artículo 47

Artículo 47
 artículo 48
 artículo 50

Artículo 50
 artículo 51
 artículo 55
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 59

Artículo 59
 artículo 12
 artículo 60

Artículo 60
 resolución 
 artículo 61

Artículo 61
 artículo 70
 artículo 18

Artículo 18
 artículo 19

Artículo 19
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 45
 artículo 46
 artículo 19
 artículo 4
 artículo 7

Artículo 7
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 4

Artículo 4
 artículo 8

Artículo 8
 artículo 9

Artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 1
 resolución 
 artículo 11
 artículo 12

Artículo 12
 artículo 14
 artículo 16

Artículo 16
 artículo 17

Artículo 17
 artículo 18

Artículo 18
 artículo 25
 artículo 27

Artículo 27
 artículo 28

Artículo 28
 artículo 29

Artículo 29
 artículo 30
 artículo 20
 artículo 4
 artículo 26
 artículo 41
 artículo 8
 artículo 9

Artículo 38

REAL DECRETO