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Timestamp: 2020-07-02 12:45:25+00:00

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unalex Jurisprudencia Audiencia Provincial (ES) 16.12.2011 - 225/2011
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Decisión ES-552
Audiencia Provincial Madrid (ES) 16.12.2011 - 225/2011
Art. 1, 34.1 Reglamento Bruselas I – Ámbito de aplicación material – Materias exluidas del ámbito de aplicación – Arbitraje – La noción de arbitraje – Motivo de denegación del reconocimiento por contrariedad al orden público – Contenido del orden público sustantivo – Contrariedad al orden público sustantivo
Audiencia Provincial Madrid (ES) 16.12.2011 - 225/2011, unalex ES-552
El reconocimiento de una resolución extranjera que conceda a un particular el uso de un título nobiliario supondría una vulneración del orden público español en el sentido del art. 34.1 del Reglamento Bruselas I porque se obviarían las exigencias legales, así como el procedimiento administrativo establecido en España para cualquier ciudadano que pretenda el reconocimietno del uso en España de un título nobiliario extranjero.
La exclusión del arbitraje establecida en el art. 1.2.d) del Reglamento Bruselas I se aplica no sólo a los procedimientos de arbitraje como tales sino también a los procedimientos judiciales que tengan por objeto el arbitraje.
- Resumen de la decisión
La parte actora solicitó ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid (ES) la homologación y reconocimiento de un laudo italiano dictado mediante sentencia por el Tribunale civile e penale de Casale Monferrato (IT). El Juzgado denegó la homologación y reconocimiento solicitados. El demandante interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid (ES).
La Audiencia Provincial de Madrid (ES) desestima el recurso de apelación. En primer lugar indica que la resolución italiana que se pretende reconocer concede al demandante el uso de un título nobiliario y el reconocimiento del uso de títulos honoríficos en España está sometido a un concreto procedimiento administrativo. Considera que el reconocimiento de la resolución italiana según el Reglamento Bruselas I supondría una vulneración del orden público español en el sentido del art. 34.1 del Reglamento, porque con ello se pretende obviar las exigencias legales y el procedimiento administrativo establecido en España para cualquier ciudadano que pretenda el reconocimietno del uso en España de los títulos nobiliarios extranjeros. En segundo lugar, considera que en ningún caso sería aplicable el Reglamento Bruselas I ya que la resolución cuyo reconocimiento se pretende se encuentra fuera del ámbito de aplicación del Reglamento al tener por único objeto materia arbitral (art. 1.2.d)). Según reiterada jurisprudencia del TJUE la exclusión establecida en materia arbitral se aplica no sólo a los procedimientos de arbitraje como tales sino también a los procedimientos judiciales que tengan por objeto el arbitraje.
Resumen JURE, publicado con la autorización de la Comisión Europea
- Texto de la decisión
PRIMERO. – Que los autos originales n° 40/2011 procedentes del Juzgado de Primera Instancia N° 59 de Madrid, fueron remitidos a esta Sección Vigesimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en las Normas de Reparto aprobadas por la Sala de Gobierno del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
SEGUNDO. – Que por la Ilma. Sra. Dª. Mª Victoria Balseiro Diéguez Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 59 de Madrid se dictó auto con fecha 15 de abril de 2011 cuya PARTE DISPOSITIVA es del tenor literal siguiente: "ADMITIENDO LA INTERVENCIÓN como parte en el presente procedimiento del Sr. Abogado del Estado en defensa y representación del Estado Español, acuerdo: DEJAR SIN EFECTO el auto y decreto dictados en las presentes actuaciones en fecha 18 de febrero de dos mil once, disponiendo, en su lugar que NO HA LUGAR A LA HOMOLOGACION Y RECONOCIMIENTO interesado por el Procurador Sra. Juárez Pérez en representación de D. Julián."
TERCERO. – Que contra el referido auto se preparó e interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación de la parte demandante, la Procuradora Sra. Dª. Sonia Juárez Pérez, dándosele traslado del mismo a la parte demandada quien presentó en tiempo y forma escrito de oposición al recurso entablado; remitiéndose los autos a esta Sección Vigesimoquinta, se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 14 de diciembre del año en curso.
CUARTO. – Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
Se aceptan los fundamentos del Auto recurrido de 15 de abril de 2011, del Juzgado de Primera Instancia n° 59 de Madrid, dictado en el procedimiento de ejecución n° 40/2011.
PRIMERO. – En dicha resolución judicial se denegó la homologación y reconocimiento del Laudo italiano de 27 de marzo de 2010, dictado mediante sentencia por el Tribunale civile y penale de Casale Monferrato, dejando sin efecto el Auto y Decreto dictados el 18 de febrero de 2011. En el recurso de apelación se alega que no se pretende la ejecución, por razón del art. 521.1 de la LEC, de dicho Laudo, sino sólo su homologación y reconocimiento. No es aplicable al caso la derogada R.O. de 26 de octubre de 1922, debiendo aplicarse preferentemente el derecho comunitario europeo. El Abogado del Estado se opuso al recurso expresando que se trata de un fraude de ley, motivando su extensa contestación a los argumentos del recurso a lo largo de los folios 134 a 156 de autos, escrito que por su gran extensión se tiene por reproducido.
SEGUNDO. – La Ley de 4 de mayo de 1948 que restableció la legislación nobiliaria y el uso en España, en forma legal, de los Títulos Nobiliarios preceptúa que el orden de suceder en todas las dignidades nobiliarias habrá de acomodarse estrictamente a lo dispuesto en el título de concesión(art. 5) y en su defecto al que tradicionalmente se hubiera venido observando en la materia y que no es sino el orden de sucesión a la Corona establecido en la Ley Segunda del Titulo XV de la Partida Segunda y que ha pasado al art. 56 de la Constitución Española en el que se recogen los principios de grado, línea, sexo y edad, jugando el principio de representación en la línea recta y colateral, según la SAP Madrid, sec. 21ª, 12.6.2006, n° 280/2006, rec. 225/1992. El procedimiento administrativo a seguir es el regulado en la R.O. de 26 de octubre de 1922, según se explica en el segundo fundamento de derecho del Auto recurrido de 15 de abril de 2011, del Juzgado de Primera Instancia n° 59 de Madrid, dictado en el procedimiento de ejecución n° 40/2011, del laudo italiano de 27 de marzo de 2010, especificado en el antecedente fáctico único del Auto recurrido. El reconocimiento del uso de títulos honoríficos en España está sometida a un procedimiento administrativo que se regula en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912; en la Real Orden de 26 de octubre de 1922; en el Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, que modifica los Reales Decretos de 27 de mayo de 1912 y 8 de julio de 1922 y en las Mociones del Consejo de Estado de 21 de octubre de 1971 y 19 de febrero de 1987. Es un acto graciable de S.M. el Rey, de apreciarse que el título tenga "una significación valiosa para España en el momento de la solicitud", y requiere dos informes preceptivos, uno de ellos del Consejo de Estado.
TERCERO. – En el presente procedimiento, nos encontramos ante una vulneración del orden público procesal español, porque un ciudadano español pretende ejecutar en España un laudo arbitral al que se sometió en Italia, frente a otro ciudadano español (ambos con la misma dirección letrada), respecto de un título nobiliario italiano de origen español y cuya ejecutividad se instó ante un Tribunal italiano, para después solicitar que en España se "acuerde librar mandamiento al Ministro de Justicia (...) a fin de que previo pago del impuesto correspondiente, y sin ningún otro trámite, mande expedir carta de autorización de uso en España respecto del título de Conde de la Carrera a favor de D. Julián ". Nos encontramos, según lo conceptúa la Abogacía del Estado con arreglo a Derecho, en un evidente fraude de ley, mediante el cual acudiendo a un Tribunal italiano y utilizando los mecanismos de automaticidad del Reglamento (CE) 44/2001, de 20 de diciembre, se ha pretendido obviar las exigencias legales y el procedimiento administrativo establecido en España para cualquier ciudadano que pretenda el reconocimiento del uso en España de los títulos nobiliarios extranjeros. Y teniendo en cuenta que el reconocimiento instado no puede ejecutarse en España, conforme se ha pedido, pues la expedición del Real Despacho de reconocimiento de uso en España de un titulo extranjero corresponde a S.M. El Rey de España y no al Ministro de Justicia; y además, se expide con carácter graciable, no imperativo, como establece expresamente el art. 62.f) de la Constitución española. Mediante el laudo que se pretende ejecutar se omite, la emisión de dos informes preceptivos, de la Diputación de la Grandeza y del Consejo de Estado. Así lo establece el art. 17 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, sobre reglas para la concesión y rehabilitación de títulos y grandezas, en la redacción dada por el Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, y conforme al art. 22.15 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril del Consejo de Estado: "La Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en los siguientes asuntos: Concesión y rehabilitación de honores y privilegios cuando así se establezca por disposición legal."
CUARTO. – No está permitida en los arts. 559.3 °, 523.1 y 521.1 de la LEC la ejecución de sentencias meramente declarativas, por lo tanto la pretensión del apelante resulta contraria a la ley procesal española, pues aunque se alega en el recurso que solicita solamente el reconocimiento y "homologación" de la resolución judicial italiana, realmente solicita que se expida mandamiento de ejecución al Ministerio de Justicia, instando una ejecución de hacer, lo cual vulnera el art. 34.1 del Reglamento (CE) 44/2001 y los arts. 559.3° y 521.1 de la LEC. El reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras tiene un evidente límite cuando el mismo supone una vulneración del orden público interno. Así se prevé expresamente en el art. 954.3 LEC de 1881 y en el art. 34.1 del Reglamento (CE) 44/2001: "Las decisiones no se reconocerán: 1) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido."
El Auto impugnado de 15 de abril de 2011, es correcto jurídicamente porque la ejecución planteada por el ejecutante no cumple los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución, pues contradice dos normas procesales legales, de carácter imperativas: El art. 521.1 de la LEC: "No se despachará ejecución de las sentencias meramente declarativas ni de las constitutivas ". Y el art. 559.3° LEC: El ejecutado podrá también oponerse a la ejecución alegando los defectos siguientes: Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos de condena,..."
Por el apelante se aduce, según acertadamente puntualiza el Abogado del Estado, que no se pidió ejecución alguna, sino tan sólo el reconocimiento y "homologación" de la sentencia dictada por el Tribunale civile y penale de Casale Monferrato. Esta alegación del apelante se contradice con el propio suplico de la demanda, en el cual literalmente solicita que se "acuerde librar mandamiento al Excmo. Señor Ministro de Justicia (...) a fin de que previo pago del impuesto correspondiente, y sin ningún otro tramite, mande expedir carta de autorización de uso en España respecto del título de Conde de la Carrera a favor de D. Julián ". La redacción del suplico lleva implícita no sólo el reconocimiento y"homologación" a que alude, sino que incluye una EXPRESA petición para que se libre un MANDAMIENTO de ejecución de hacer al Ministro de Justicia, para que EXPIDA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO EN ESPAÑA del título que le ha reconocido un tribunal arbitral italiano denominado "tribunal de iguales".
La Sala entiende que no es viable jurídicamente la pretensión declarativa por estar prohibida por la norma interna del art. 521.1 de la LEC. Y, en cuanto a la pretensión ejecutiva, no procede porque no compete al Ministro de Justicia, conforme al razonamiento precedente, pues la expedición del Real Despacho de reconocimiento de uso en España de un título nobiliario extranjero corresponde a S.M. El Rey de España. Y, según el art. 34.1 del Reglamento (CE) 44/2001: "Las decisiones no se reconocerán: 1) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido."
Así mismo, el suplico excede el contenido del art. 521.2 LEC, porque no se limita a solicitar la inscripción en un registro público, puesto que se pide, que se expida la carta de autorización de uso en España del título reconocido por un "tribunal de iguales" italiano. En definitiva, se solicita un reconocimiento de una sentencia italiana, pero extralimitándose del marco legal, pues lo que se pretende es que el Estado español realice una actividad de hacer, que excede de la inscripción en un registro. El Reglamento (CE) 44/2001 no establece disposición alguna que soslaye este principio procesal español, que declara la prohibición de despachar ejecución dineraria o no dineraria de las sentencias meramente declarativas por los Tribunales españoles, de conformidad con los arts. 559.3°. 523.1 y 521.1 de la LEC.
Por último, la resolución dictada por el Tribunal de Casale-Monferrato se encuentra fuera del ámbito del Reglamento (CE) 44/2001, al tener por único objeto materia arbitral, por lo que no puede estimarse la pretensión de que se reconozca, "homologue" y ejecute de conformidad con el Reglamento (CE) 44/2001, cuyo art. 1.2.d), dispone: "Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Reglamento: d) el arbitraje. " La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) ha evolucionado aclarando que también se excluyen aquellas resoluciones judiciales cuyo único objeto se refiere a materia arbitral de forma exclusiva. Así, la STJUE de 25 de julio de 1991, Caso Marc Rich and Co. AG y Societá Italiana Impianti FA, (C-190/89), en su apartado 26 expuso que la exclusión establecida en materia arbitral se aplica no sólo a los procedimientos de arbitraje como tales sino también a los procedimientos judiciales que tengan por objeto el arbitraje. En el mismo sentido, las SSTJUE de 17 de noviembre de 1998, Caso Van Uden (C – 391/95), (Gran Sala) de 10 de febrero de 2009, Caso West Tankers, asunto C-185/07, Allianz SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA y West Tankers Inc. Por lo tanto, atendiendo a todo lo expuesto, la Sala deduce que en su conjunto la prueba practicada en este litigio ha sido valorada correctamente por la juzgadora de primera instancia, quien ha observado debidamente la legislación aplicable al presente caso, por lo que la sentencia apelada debe ser confirmada, y no es aceptable, como se pretende por el apelante, la aplicación del Reglamento (CE) 44/2001, debiendo desestimarse los motivos del recurso de apelación, siendo de obligado cumplimiento la normativa interna, enunciada en el segundo fundamento jurídico de la presente resolución judicial.
QUINTO. – Al no prosperar el recurso de apelación, procede su desestimación, con imposición de las costas de esta alzada al apelante, según lo dispuesto en el art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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