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Timestamp: 2019-03-25 02:21:36+00:00

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﻿ Sentencia 2002-01122 de julio 22 de 2014
SENTENCIA 2002-01122 DE 22 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:EXCEPCIONES PARA OMITIR EL DEBER DE SOLICITAR EL LEVANTAMIENTO DEL FUERO SINDICAL – REESTRUCTURACIÓN DE PLANTA DE TRABAJO. NO ES PROCEDENTE LA NULIDAD DE LOS ACTOS QUE ESTABLECEN LA REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN UN MUNICIPIO UTILIZANDO COMO ARGUMENTO LA PROHIBICIÓN DE SUPRIMIR EMPLEOS DESEMPEÑADOS POR PERSONAL COBIJADO CON FUERO SINDICAL, PUESTO QUE DICHA GARANTÍA NO ES ABSOLUTA PARA EL FUNCIONARIO QUE GOZA DE TAL PRERROGATIVA, POR LO QUE PUEDE SER RESTRINGIDA EN CUMPLIMIENTO DE INTERESES JURÍDICOS DE CARÁCTER GENERAL, COMO ES LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, REESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA, DEMANDA DE FUERO SINDICAL, FUERO SINDICAL, DEMANDA DE LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL, LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL, DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ALCALDÍA MUNICIPAL, REESTRUCTURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ACCIÓN DE SIMPLE NULIDAD
Sentencia 2002-01122 de julio 22 de 2014
Rad.: 68001-23-31-000-2002-01122-01
Exp.: 4737-2013
Actor: Jairo Rivero Ardila
Consiste en determinar si los actos acusados mediante los cuales se suprimió el cargo de auxiliar de servicios generales, código 605, grado 01 ocupado por el actor, fueron expedidos con desconocimiento del ordenamiento jurídico, sin motivación y desviación de poder; o si por el contrario fueron expedidos conforme a las disposiciones legales vigentes.
1. Inaplicación del Decreto 82 de 21 de diciembre de 2001, por medio del cual el alcalde municipal de Piedecuesta, adoptó el estudio técnico de la reestructuración administrativa de la administración central (fl. 79).
2. Decreto 87 de 21 de diciembre de 2001, suscrito por el alcalde municipal de Piedecuesta, por medio del cual estableció la nueva planta de personal de la administración central (fls. 116-123).
3. Resolución 551 de 21 de diciembre de 2001, por medio de la cual, el alcalde municipal de Piedecuesta hizo la incorporación de funcionarios a la nueva planta de cargos de la administración central, sin tener en cuenta al accionante (fls. 190-194).
Vinculación de la demandante y derechos de carrera.
Según da cuenta la certificación suscrita por el jefe de grupo de gestión de la administración de la alcaldía municipal de Piedecuesta, el demandante prestó sus servicios como auxiliar de servicios generales, desde el 20 de enero de 1997 hasta el 26 de diciembre de 2001 (fl. 3).
A folio 57 del expediente se encuentra el formulario de solicitud de inscripción en carrera administrativa, ante la Comisión Nacional de Servicio Civil.
Mediante Resolución 60 de 16 de enero de 1997, el alcalde municipal de Piedecuesta, nombró al demandante en periodo de prueba en el cargo de auxiliar de servicios generales, grado 01 (fl. 5).
Por Resolución 77 de 18 de enero de 1999, el alcalde municipal de Piedecuesta, asimiló el cargo de auxiliar de servicios generales, grado 01 al de auxiliar de servicios generales, grado 01, código 605, nivel operativo (fl. 4).
A folio 59 del cuaderno principal se observa el acta de posesión Nº 57 de 18 de enero de 1999, mediante la cual se posesiona al demandante en el cargo de auxiliar de servicios generales, grado 01, código 605, nivel operativo.
A folio 67 está constancia suscrita por el alcalde municipal de Piedecuesta, según la cual, teniendo en cuenta el Decreto 87 de 21 de diciembre de 2001, se estableció la nueva planta de personal de la administración central, y el accionante permanecerá en el cargo hasta la fecha en que se termine el fuero sindical que ostenta o la autoridad competente se manifieste sobre el levantamiento del mismo.
Reestructuración de la planta de personal.
Se allegó documento [en CD] visible a folio 292ª, que contiene el “estudio técnico para la reestructuración administrativa del municipio de Piedecuesta” de 2001, que da cuenta de los siguientes objetivos:
Elaborar un estudio técnico, económico y financiero, para la reestructuración administrativa de la administración central de la alcaldía municipal de Piedecuesta - Santander, basado en metodologías de diseño organizacional y ocupacional.
• Efectuar un diagnóstico organizacional.
• Analizar los procesos técnico-misionales y de apoyo.
La metodología que se utilizó para analizar las actividades desarrolladas por la administración central del municipio de Piedecuesta, dan cuenta que se analizaron los procesos técnico-misionales y de apoyo, destacándose que se procuró:
“[...] Teniendo en cuenta que la reestructuración administrativa a la cual se somete el municipio de Piedecuesta es consecuencia directa de la difícil situación económica por la que atraviesa y la aplicación de la Ley 617 de 2000 que exige políticas sobre saneamiento fiscal, el análisis de las cargas de trabajo para la nueva estructura se basa en las actividades realizadas por cada uno de los empleos al servicio del municipio, estableciendo el tiempo máximo y mínimo y la frecuencia en la ejecución de las mismas. Así mismo el comité ejecutor del estudio con base en su experiencia determinó el tiempo habitual, es decir el que más se repite teniendo en cuenta la decisión de la administración municipal de dotar a las dependencias de herramientas técnicas y tecnologías que incrementan el rendimiento laboral, de igual forma se adoptarán políticas para optimizar procesos como correspondencia enviada y recibida, manejo de correo electrónico para la correspondencia interna, así como se ha dispuesto la conformación de una red de sistemas que comunique a todas las dependencias, las que se concentrarán y distribuirán en una sola edificación, que a su vez será debidamente acondicionada.
La secretaria de tránsito se fusiona con la secretaría general y de gobierno, por cuanto esta se ha venido desempeñando sin cuerpo operativo de alféreces, ya que en una reestructuración anterior el alcalde de turno los suprimió, la expedición de licencias de conducción, manejo de comparendos y demás especies venales están contratados con particulares, los valores recaudados se consignan directamente en bancos.
Con la información suministrada se establecieron las cargas de trabajo para cada uno de los empleos (ver anexo Nº 3).
Análisis de funciones y perfiles de los empleos.
Los perfiles de los empleos del municipio de Piedecuesta no están acordes al cumplimiento de la misión y las competencias municipales pues un 47.37% es personal administrativo, es decir de apoyo. El nivel profesional es mínimo y solo representa el 9.21%, cuando la tendencia del estado es a utilizar especialistas en cada una de las áreas de su competencia. Con relación al nivel ejecutivo su porcentaje es alto cuando lo que se quiere es aplanar la estructura administrativa.
Tabla Nº 9. Composición de los cargos por niveles de la planta actual y propuesta (fl. 176).
El director de desarrollo organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública, rindió concepto técnico favorable, en los siguientes términos:
Por Decreto 82 de 21 de diciembre de 2001 [publicado el 31 de diciembre de 2001 en la Gaceta Provincial Nº 80], el alcalde municipal de Piedecuesta, adoptó el estudio técnico de la reestructuración administrativa de la administración central, con el siguiente contenido literal: “ART. 1º—Adoptar el estudio técnico de la reestructuración administrativa de la administración central del municipio de Piedecuesta, con todos sus anexos, los cuales hacen parte del presente estudio. [...]” [Se resalta] (fl. 79).
Mediante Decreto 87 de 21 de diciembre de 2001 [publicado el 31 de diciembre de 2001 en la Gaceta Provincial Nº 80], se estableció la nueva planta de personal de la administración central, disponiendo en el artículo 1º la supresión de ocho [8] cargo de auxiliar de servicios generales, código 605, grado 01, nivel operativo y en el artículo 5º transitorio previó que: “Los cargos que aparecen a continuación y que actualmente ocupan los servidores públicos con fuero sindical, se entenderán suprimidos de la planta de personal del municipio, cuando se cumpla el término del fuero sindical o en su defecto, cuando la autoridad competente se pronuncie sobre el proceso de levantamiento de fuero sindical que los cobija y se efectué su notificación. [...] Jairo Rivero Ardila, auxiliar de servicios generales, código 605, grado 1. [...]” (fls. 120).
Posteriormente mediante Resolución 551 de 21 de diciembre de 2001, el alcalde municipal de Piedecuesta, incorporó los funcionarios a la nueva planta de cargos de la administración central, sin tener en cuenta al actor (fls. 11-15).
El 26 de diciembre de 2001 el alcalde municipal de Piedecuesta le comunicó a la demandante que el cargo de auxiliar de servicios generales, código 605, grado 1, nivel operativo había sido suprimido y por tanto tiene derecho a ser incorporada o percibir la indemnización (fl. 62).
El actor mediante escrito de 27 de diciembre de 2001 le comunicó al alcalde municipal de Piedecuesta que optaba por ser incorporado y le recuerda que en la actualidad se encuentra amparado por fuero sindical (fl. 63).
El 8 de enero de 2002 el alcalde municipal de Piedecuesta da respuesta al anterior escrito señalándole que no es posible que sea incorporado teniendo en cuenta que el cargo que ostentaba había sido suprimido (fl. 63) y el día 16 del mismo mes y año, rectifica y le indica que teniendo en cuenta que goza de fuero sindical, conforme lo dispuesto en el artículo 5º transitorio del Decreto 87 de 21 de diciembre de 2001, podrá permanecer en el cargo hasta que venza su condición de aforado o se haya obtenido decisión judicial al respecto (fls. 64-65).
El 14 de febrero de 2002 el grupo de inspección y vigilancia del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, realizó visita especial a la alcaldía municipal de Piedecuesta, observando que la accionante esta nombrado en provisionalidad como auxiliar de servicios, tiene fuero sindical y se encuentra en la planta transitoria desarrollando las funciones de secretaria; además que: “[...] se encuentran cargos de provisionalidad que están siendo ejercidos por personas en la antigua planta eran de libre nombramiento y remoción, habiendo personas en carrera administrativa para dicho ascenso. [...]” (fls. 16-19).
Mediante Resolución 63206 de 21 de abril de 2003, el gobernador del departamento de Santander, incorporó los funcionarios administrativos con cargo al sistema general de participaciones, en la planta provisional de cargos que prestaban sus servicios al municipio [de Piedecuesta] a 31 de diciembre de 2002, ejercían funciones al servicio educativo con un número total de ocho [8], dentro de los cuales figura el demandante, adicionado por Resolución 4304 de 28 de mayo del mismo año (fls. 66-69 y 70).
De la inaplicación del Decreto 82 de 21 de diciembre de 2001.
El actor en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó la inaplicación del Decreto 82 de 21 de diciembre de 2001, acto administrativo de carácter general pasible de demandar en ejercicio de la acción de simple nulidad [Art. 84, ibídem].
Para fundamentar el cargo, adujo que el Decreto 82 de 21 de diciembre de 2001 no podía producir efectos o aplicarse hasta la fecha de su publicación, la cual tuvo lugar el 31 de diciembre del mismo año en la Gaceta Provincial Nº 80. Además que el mismo es carente de motivación, razones por las cuales es nulo.
De la publicación del Decreto 82 de 21 de diciembre de 2001.
Mediante sentencia de 4 de agosto de 2007(6), el Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Dr. Mauricio Fajardo Gómez, expresó:
“[...] Muchas y diversas teorías han sido expuestas, a través del tiempo, en torno al nacimiento del acto administrativo a la vida jurídica; en algunas oportunidades se sostuvo que el acto administrativo tan solo nacía al mundo del derecho una vez se hubiera cumplido con el procedimiento de la notificación o publicación, bajo el criterio de que como era de la esencia del acto administrativo la manifestación de voluntad de la administración, si esta no se había exteriorizado mediante la notificación o publicación, no existía acto administrativo e inclusive se llegó a sostener que su falta de promulgación significaba su no vigencia y, por lo tanto, no podía ser enjuiciado, tesis que luego fue modificada en el sentido de señalar que debían ser admisibles las demandas contra actos no promulgados, con el fin de decidir sobre la nulidad de los mismos por ausencia de requisitos de forma.
Vale decir que la notificación o publicación de los actos administrativos tiene como finalidad producir efectos jurídicos para que dichas decisiones de la Administración, adoptadas en legal forma, sean obligatorias u oponibles frente a los administrados, esto significa, que la publicidad del acto constituye presupuesto de su eficacia [...]”.
Con relación a la publicación de los actos administrativos, el Consejo de Estado(7) ha considerado que este nace a la vida jurídica en el momento en que la voluntad de la administración se manifiesta a través de una decisión, es decir, que el mismo existe desde su expedición, pero para que sea eficaz y pueda aplicarse, la administración está en el deber de hacerlo conocer, con el fin de que pueda ser exigible; que sus destinatarios se enteren de su contenido y lo acaten o puedan impugnarlo a través de los correspondientes recursos y/o acciones.
Conforme al acervo probatorio obrante en el proceso, quedó acreditado que el Decreto 82 de 21 de diciembre de 2001, fue debidamente publicado en la Gaceta Provincial Nº 80 de 31 de diciembre de 2001.
La Sala mediante sentencia de 29 de abril de 2010, Exp. 916-09, M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, al resolver un caso similar concluyó:
“[...] Lo anterior para significar que si bien es cierto, el demandante estaba legitimado para cuestionar la eficacia de los acuerdos municipales, por haber omitido su publicación oportuna, no podía este solicitar que se declarara la nulidad de los mismos, toda vez que la falta de publicación del acto no es requisito esencial para su existencia y validez, tal y como lo señaló el a quo [...].
El presunto vicio de nulidad por falta de publicación, endilgado a los acuerdos municipales 001 de 7 de abril, 002 del 9 de mayo de 2003 y 010 de 7 de abril, 9 de mayo y 1º de agosto de 2003 respectivamente, proferidos por el concejo municipal de Bello, carece de fundamento, razón por la cual, se confirmará lo resuelto por el a quo respecto de esta pretensión, y se revocará la sentencia parcialmente, en cuanto negó la pretensión encaminada a obtener la declaratoria de nulidad del estudio técnico denominado, ‘Reestructuración integral del municipio de Bello, estructura y planta de personal’, pues debió declararse inhibido para fallar sobre el asunto, por no constituir el estudio técnico un acto administrativo [...]”.
De la falta de motivación.
Aduce el accionante que el alcalde municipal con la expedición del Decreto 82 de 21 de diciembre de 2001, pretendió darle validez al estudio técnico que sirvió de fundamento para supresión de cargos de la administración central.
Además advierte la Sala, que no era necesario que la administración municipal de Piedecuesta profiriera el Decreto 82 de 21 de diciembre de 2001, con la finalidad de aprobar el estudio técnico, pues este es un documento que el artículo 41 de la Ley 443 de 1998 exige como motivación del acto de supresión o reestructuración de una planta de personal, pero en ningún momento porque deba legalizarse mediante la expedición de un acto administrativo.
De la nulidad del Decreto 87 de 21 de diciembre de 2001.
Para fundamentar el cargo de nulidad el actor aduce que el Decreto 87 de 21 de diciembre de 2001 es nulo porque fue publicado tan solo el día 31 del mismo mes y año, además que carece de motivación.
El numeral 6º del artículo 313 de la Carta Política, con relación a los concejos municipales, prevé que les corresponde por acuerdo: “Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales, y autorizar la construcción de sociedades de economía mixta” y en el numeral 10º, manda: “Las demás que la Constitución y la ley le asignen”.
El numeral 7º del artículo 315 de la Constitución Política, con relación a las atribuciones del alcalde, estableció que tiene facultades para: “Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdo correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado” y en el numeral 10º prevé: “Las demás que la Constitución y la ley le señalen”.
“[...] ejercerán las funciones que les asigna la Constitución (art. 315), la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo.
Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes: [...].
d) En relación con la administración municipal: [...].
4º Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.
Los acuerdos que sobre este particular se expidan podrán facultar al alcalde para que sin exceder el monto presupuestal fijado, ejerza dicha función pro tempore, en los términos del artículo 209 de la Constitución Política [...]”.
En el presente caso, se observa que el precitado Decreto 87 de 21 de diciembre de 2001 fue demandado en ejercicio de la acción de simple nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander en que se alegaron los mismos cargos, y mediante sentencia de 22 de marzo de 2012, Exp. 1650-2002, se negaron las súplicas de la demanda, con base en la siguiente argumentación:
“[...] Que con fundamento en los procesos de ajuste fiscal y administrativo establecidos debidamente en la Ley 617 de 2000 y demás normas concordantes y complementarias, se hace necesario suprimir cargos y establecer la nueva planta de personal de la administración central del municipio de Piedecuesta, adoptando acciones orientadas al saneamiento fiscal y fortalecimientos (sic) institucional del municipio.
De igual forma, reposa en el expediente el acuerdo Nº 025 de 4 de junio de 2001, expedido por el concejo municipal de Piedecuesta por medio del cual se conceden facultades al alcalde para adoptar acciones orientadas al saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional del municipio de Piedecuesta [...].
Obra igualmente el acuerdo Nº 048 de 7 de diciembre de 2001, expedido por el concejo municipal de Piedecuesta por medio del cual se amplían las facultades dadas al alcalde municipal mediante acuerdo Nº 025 [...].
Conforme a lo anterior el Decreto 87 de 2001 acogió como fundamento lo estatuido en el artículo 313 numeral 6º de la Constitución Política, esto en cuanto a la determinación de la estructura de la administración municipal y las funciones, previa autorización dada por el concejo municipal mediante acuerdos Nº 025 de 4 de junio de 2001 y Nº 048 de 7 de diciembre de 2001, concediendo para ello facultades pro tempore, primero por el término de dos (2) meses y prorrogado por dos (2) meses más.
Así mismo se motiva en las facultades otorgadas por el artículo 315 numeral 7º de la Carta Política [...].
Así pues, de lo señalado anteriormente, se puede concluir, que el acto administrativo demandado se encuentra debidamente motivado. La supresión de los cargos y el establecimiento de la nueva planta de personal del municipio, se realizó teniendo en cuenta el estudio técnico adoptado, por razones del buen servicio, y dentro del término concedido por el concejo municipal de Piedecuesta para ello [...]”.
En esas condiciones deberá estarse a lo resuelto en la precitada sentencia y en consecuencia el cargo tampoco puede prosperar”.
De la falsa motivación.
El accionante considera que la administración incurrió en una falsa motivación porque la reestructuración se efectuó con base en un estudio técnico que no reúne los requisitos previstos en la Ley 443 de 1998, sin embargo no indica cuáles son las falencias.
“Con el fin de garantizar la preservación de los derechos de los empleados de carrera, las reformas de planta de personal de las entidades de la rama ejecutiva(8) de los órdenes nacional y territorial, que impliquen supresión de empleos de carrera deberán motivarse expresamente; fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en estudios técnicos que así lo demuestren elaborados por las respectivas entidades, la Escuela Superior de Administración Pública, firmas especializadas en la materia, o profesionales en administración pública u otras profesiones idóneas, debidamente acreditados, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
Toda modificación a las plantas de personal de las entidades del orden nacional, incluidos sin excepción los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales(9), y las plantas de personal de empleos públicos que formen parte de las empresas industriales y comerciales del Estado, deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El Departamento Administrativo de la Función Pública llevará el balance de cargos deficitarios que, requiriéndose para el cumplimiento de los fines de las entidades nacionales, no hubiere sido posible crearlos en las respectivas plantas de personal por razones de orden presupuestal. Dicho balance se justificará en estudios técnicos de planta consultando exclusivamente las necesidades del servicio y las técnicas de análisis ocupacional con prescindencia de cualquier otro concepto”(10).
PAR.— Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general.
“ART. 9º—Modificase el artículo 154 del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, el cual quedará así:
Para la fecha de expedición del Decreto 87 de 21 de diciembre de 2001 [acto acusado], se hallaba vigente la Ley 443 de 1998, y su artículo 41 ya había sido reglamentado por el Decreto 1572 del mismo año, normatividad que fijó los parámetros y procedimientos para la modificación de plantas de personal, el que a su vez fue modificado, en algunas de sus disposiciones, por el Decreto 2504 de 1998.
En esas condiciones el estudio técnico aducido como soporte para la reestructuración de la administración central del municipio de Piedecuesta, se ajusta a la normatividad que gobierna la materia, como son la Ley 443 de 1998 y sus decretos reglamentarios, como son los procesos técnico misionales de la institución y contiene algunos de los aspectos relacionados en el artículo 157 del Decreto 1572 de 1998.
De la desviación de poder.
El actor alega que la supresión tuvo como verdadera razón de ser móviles políticos, al pretender cumplir con cuotas políticas.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 19 de noviembre de 2009(11), Exp. 4963-04, precisó lo siguiente:
Empero, en el sub lite no obra ninguna probanza de donde la Sala pueda inferir el móvil desviado con que obró el nominador. La actora no cumplió con la carga que le impone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, cuyo tenor literal es el siguiente: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (...)”. Pudiendo el juez en ejercicio del principio de la “sana crítica” realizar una libre apreciación de las pruebas, que le permitan impartir justicia a la luz de lo probado en el proceso(12). En estas condiciones el cargo no puede prosperar.
Levantamiento judicial del fuero sindical del actor.
El accionante insiste en que se establezca la existencia de un vicio de nulidad o anulación de los actos acusados, en la medida en que el organismo municipal no obtuvo, previamente el levantamiento del fuero sindical que lo protegía, con fundamento en lo expresado por la Corte Constitucional en Sentencia T-731/01 y lo dispuesto en el Código Sustantivo de Trabajo y el Código de Procedimiento Laboral.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicho mandato, no prohíbe la supresión de empleos desempeñados por personal aforado, ni se constituye en una garantía absoluta para el funcionario que goza de tal prerrogativa, por lo que puede ser restringida en cumplimiento de intereses jurídicos de carácter general, como es la adecuada prestación del servicio.
El artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, define el fuero sindical como: “[...] la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez de trabajo”(13).
El Decreto 1572 de 1998, por el cual se reglamente la Ley 443 de 1998 y el Decreto 1567 de 1998, en su artículo 147, preceptúa: “Para el retiro del servicio de empleado de carrera con fuero sindical, por cualquiera de las causales contempladas en la ley, debe previamente obtenerse la autorización judicial correspondiente”.
En el caso de autos está probado que el actor se encontraba afiliado a Sintra Piedecuesta y tiene fuero (fl. 118) y conforme a la certificación de tiempo de servicios, la administración mantuvo en su cargo al accionante, inclusive según da cuenta la Resolución 4304 de 28 de mayo de 2003 (fl. 70), en la actualidad sigue prestando sus servicios en el cargo de auxiliar de servicios generales, código 605, grado 01, nivel operativo, por lo que tampoco está llamado a prosperar, este cargo porque en ningún momento se anuló la garantía foral.
Finalmente advierte la Sala que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 22 de agosto de 2013, Exp. 0626-10 [Rad. 2002-01243-01], M.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, negó las súplicas de la demanda, en que se estudiaron los mismos cargos, concluyendo lo siguiente:
“[...] En vista de lo anterior, se encuentra que el municipio de Piedecuesta - Santander llevó a cabo el respectivo estudio técnico que dio lugar a la expedición del Decreto 87 de 2001 ‘Por el cual se establece la nueva planta de personal de la administración central municipal de la alcaldía de Piedecuesta y se dictan otras disposiciones’ y suprimió entre otros, ocho cargos de auxiliar de servicios generales código 605 grado 01, uno de los cuales ocupaba el actor.
Para la Sala, el material probatorio allegado al expediente permite determinar que con fundamento en los procesos de ajuste fiscal y administrativo que se llevó a cabo al interior del municipio de Piedecuesta - Santander, se arribó a la conclusión de la necesidad de suprimir cargos y establecer la nueva planta de personal de la administración central, elaborando para el efecto, los estudios técnicos de que tratan los artículos 41 de la Ley 443 de 1998 y 115 del Decreto 1172 de 1998.
Esta medida adoptada por el alcalde municipal de Piedecuesta se efectuó, como se encuentra en la parte motiva del decreto demandado, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales y en especial, las conferidas por el numeral 7º del artículo 315 de la Constitución Política [...].
Del texto transcrito, se tiene que la labor de supresión se adelantó en ejercicio de facultades constitucionalmente otorgadas a los alcaldes, en virtud de los acuerdos respectivos, que en este caso se plasmaron en los acuerdos 025 de 4 de junio de 2001 y 048 de 7 de diciembre de 2001, expedidos por el concejo municipal de Piedecuesta [...]”.
En esas condiciones, los actos administrativos acusados, no conculcaron las normas constitucionales y legales, que regulan la reestructuración del ente acusado; por lo anterior habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia que negó las súplicas de la demanda.
CONFÍRMASE la sentencia de 22 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, que negó las súplicas de la demanda incoada por Jairo Rivero Ardila contra el municipio de Piedecuesta.
(6) Consejo de Estado, Sección Segunda, Auto de 23 de octubre de 1991, Exp. 6121, M.P. Álvaro Lecompte Luna.
(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de agosto de 2007, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, reitera lo expresado en auto de 11 de septiembre de 1969, M.P. Dr. Miguel Lleras Pizarro.
(8) El texto subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sala Plena, mediante Sentencia C-994 de 2 de agosto de 2000, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
(9) El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena, mediante Sentencia C-994 de 2 de agosto de 2000, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
(10) El parágrafo del artículo fue declarado inexequible por Corte Constitucional en Sala Plena, mediante Sentencia C-372 de 26 de mayo de 1999, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
(11) M.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
(12) Sentencia de 4 de mayo de 2000, M.P. Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
(13) Corte Constitucional, Sentencia C-201 de 19 de marzo de 2002, declaró exequible la norma.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 85
 artículo 41
 artículo 313
 artículo 315
 artículo 209
 artículo 313
 artículo 315
 artículo 154
 artículo 41
 artículo 157
 artículo 177
 artículo 405
 artículo 147
 Resolución 
 artículo 315