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Timestamp: 2019-02-16 12:24:32+00:00

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Informe sobre lo que fue la negociación del blindaje del Concierto Económico entre 2005 y 2007 | Blog de Josu Erkoreka
« ¡Dios mío, pero quién nos gobierna!
El proyecto de Ley Orgánica y su tramitación parlamentaria
El Gobierno remitió a la cámara el proyecto de reforma de la LOTC en noviembre de 2005. Su objetivo se limitaba a la reforma del Recurso de Amparo con objeto de facilitar su tramitación y poner fin al colapso existente. La iniciativa gubernamental obedecía a un requerimiento formulado por el propio Tribunal, que acumula una ingente cantidad de recursos de amparo, sin que las circunstancias permitan abrigar la esperanza de que la expectativa vaya a mejorar a medio plazo. Las estadísticas son escalofriantes. Hay días en los que se registran hasta 1000 recursos de amparo.
En febrero de 2006, tras varias ampliaciones del plazo inicialmente establecido para la presentación de enmiendas, se registran y publican las presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. Evidentemente, las enmiendas no se circunscriben al tema acotado por el Gobierno. Una vez abierto el melón de la reforma, todos los grupos parlamentarios tienen reivindicaciones históricas o actuales en torno a la organización, competencias y funcionamiento del TC, y aprovechan la ocasión para presentarlas en forma de enmiendas.
La del blindaje del Concierto Económico es una reivindicación histórica de las instituciones vascas, que aspira a modificar –entre otras− la LOTC, con objeto de reservar a este órgano el conocimiento y resolución de los recursos interpuestos contra las normas forales de las Juntas Generales. En puridad, lo que se pretende no es concretamente un blindaje, porque la reforma legal propuesta no sustraería a las normas forales del conocimiento de los tribunales. Las normas seguirían siendo impugnables, pero sólo podrían serlo ante el TC y por los sujetos legitimados para actuar ante el mismo. Con ello se conseguiría reducir la litigiosidad existente en torno al mismo −la inmensa mayoría de los recursos interpuestos en los últimos años contra las normas forales tributarias han sido planteados por organizaciones empresariales de La Rioja que no pueden actuar ante el TC− y, además, la medida ayudaría a que el tratamiento jurídico del asunto se llevase a cabo con un rigor mayor que el que informa la actuación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal Supremo; aunque creo necesario observar que, esto último, no es seguro del todo.
La situación actual, en la que las normas forales son llevadas a los tribunales de modo casi sistemático, está erosionando progresivamente las bases del Concierto, porque basta una sentencia desgraciada para que las facultades del régimen concertado se vean peligrosa e irreversiblemente disminuidas. Esta percepción se ha acentuado de modo notable tras la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2004 que, en un gesto inusitado, se permitió declarar que la norma impugnada vulneraba el derecho comunitario de la competencia.
Como queda dicho, la reivindicación de blindar el Concierto ha sido compartida de modo unánime por las fuerzas políticas vascas. Y lo ha sido, además, cada vez que el asunto se ha debatido en el Parlamento vasco o en las Juntas Generales de los Territorios Históricos. Sin embargo, sólo el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en el Congreso de los Diputados se ha hecho cargo del asunto hasta el extremo de presentar enmiendas orientadas a reservar al Tribunal Constitucional la competencia para el conocimiento y resolución de los recursos contra las normas forales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos.
Como siempre, a la hora de la verdad, los partidos políticos olvidan los grandes compromisos adquiridos con el autogobierno vasco, y es el PNV el que tiene que poner la cara, asumir la carga de su defensa y pagar todas las facturas políticas y parlamentarias que resultan de todo ello.
Planteamiento de las enmiendas
En el esquema inicial, se propone únicamente la reforma de los artículos 10.1, 27 y Disposición Adicional cuarta de la LOTC
– El artículo 10.1 relaciona los litigios que conocerá el TC. La enmienda propone incluir una referencia a las normas forales en el punto relativo a los recursos de inconstitucionalidad. De suerte que las NNFF serían objeto de recurso de inconstitucionalidad, exactamente igual que las leyes y demás disposiciones con valor de ley.
– El artículo 27 relaciona en su apartado 2º los actos que son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad. La enmienda propone incluir en la relación una referencia a las NNFF de las JJGG de los TTHH de la CAPV.
– La DA 4ª hace referencia a la competencia de las Juntas Arbitrales para conocer de los conflictos de competencias entre las ICCA y los OFTH. La enmienda propone instituir un recurso en defensa de la autonomía foral, paralelo al ya vigente en relación con la autonomía local y atribuir a los TTHH la legitimación para promoverlo. Sólo podría plantearse contra leyes del Estado y de otras CCAA. Nunca contra las leyes de la CAPV, porque para estos casos, se encuentra la Comisión Arbitral.
Gestiones practicadas por el Grupo Parlamentario vasco en relación con las enmiendas
Durante varios meses, la tramitación del proyecto queda paralizada. A lo largo de este periodo, el Gobierno tantea a los diferentes grupos parlamentarios con objeto de comprobar su disposición a alcanzar a acuerdos y fijar, en su caso, acordar con ellos las condiciones a las que subordinarían su eventual apoyo al proyecto de Ley. En el momento inicial, el Ejecutivo se resiste a desvelar su estrategia negociadora. Declara públicamente su aspiración a pactar con todos, pero parece difícil que pueda lograrlo, dada la heterogeneidad de los planteamientos que unos y otros defienden.
Nadie cuestiona la necesidad de la reforma planteada por el Gobierno en torno al Recurso de Amparo, pero ningún Grupo está dispuesto a renunciar gratuitamente a las enmiendas que ha presentado al margen de esa cuestión. Y esas enmiendas plantean demandas que obedecen a filosofías radicalmente distintas. Antagónicas. Incompatibles. Mientras el PP, por ejemplo, solicita recuperar el Recurso Previo en relación con los proyectos de Estatuto de Autonomía que aprueben las Cortes Generales, nosotros demandamos la creación de una sala especial paritaria para resolver los litigios existentes entre el Estado y el País Vasco; es decir, la propuesta del Plan del Lehendakari.
Mientras tanto, el Grupo Parlamentario inicia una serie de contactos para explicar en Madrid el sentido de sus enmiendas. Lo hace, en primer término, con el propio Tribunal Constitucional –permítaseme que guarde en secreto el nombre de la persona con la que tiene lugar el contacto- que no pone objeciones a las enmiendas relativas al blindaje del Concierto. Nuestros argumentos son claros: La materia tiene un evidente sustrato constitucional, en la medida en que entronca con la Disposición Adicional primera de la Carta Magna y no es previsible que la litigiosidad que genere el asunto vaya a incrementar notablemente el volumen de trabajo del alto tribunal. Nada justifica, pues, una oposición radical a nuestra pretensión. La presidenta asiente y coincide con nuestras reflexiones.
En según lugar, el Grupo explica, también, el sentido de las enmiendas, a los interlocutores socialistas del Gobierno. Les hacen saber el apoyo unánime que, al menos formalmente, vienen recibiendo los planteamientos que en ellas se expresan, por parte de las fuerzas políticas vascas, incluidos el PP y el PSOE. Los socialistas nos dicen que Ignacio Astarloa está radicalmente en contra de la aceptación de nuestras enmiendas. Pero nos consta que Martínez Pujalte hace una cata entre los dirigentes del PP vasco y que éstos le expresan una actitud favorable a la reforma. Todo parece indicar que Astarloa vuela por su cuenta y se apunta, en este tema, a las tesis más restrictivas del PP más centralista.
En la ronda de contactos que el presidente del Gobierno mantiene con los portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso en la semana de Pascua de 2006, aprovecho la visita para expresarle la importancia que para el Grupo representa la aceptación de estas enmiendas. No sólo porque pueden salvar al Concierto Económico del grave proceso de deterioro al que le abocan los numerosos pleitos que se provocan desde las comunidades limítrofes, sino además, porque acreditaría la voluntad y disposición del Gobierno y de su presidente, para explorar las potencialidades de la disposición adicional primera de la Constitución, a efectos de hacer descansar en ella un régimen de autogobierno excepcional y singular, basado en los derechos históricos y no en el título VIII de la Carta Magna.
La sugerencia produce efectos. En junio de 2006, Francisco Caamaño, Secretario de Estado de relaciones con las Cortes, Catedrático de Derecho Constitucional y ex letrado del Tribunal Constitucional, nos hace saber que ha recibido un mandato expreso del presidente del Gobierno para estudiar, conjuntamente con nosotros, las condiciones en las que podrían ser aceptadas nuestras enmiendas para incorporarlas al informe de la Ponencia. Quedamos en aprovechar el periodo veraniego para avanzar en la negociación.
Sin embargo, a principios del mes de julio, el Vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda es invitado a Euskadi por Confebask y, a requerimiento de los medios de comunicación, hace unas declaraciones sobre el blindaje del Concierto Económico en las que se muestra rotundamente contrario a la aceptación del planteamiento recogido en nuestras enmiendas. Dice que la modificación de determinadas leyes para blindar el Concierto, plantea “problemas difíciles”. Y alude, en concreto, a las dificultades técnicas que, a su juicio, suscita la reforma de la LOTC y de la LOPJ. En su opinión la solución propuesta tiene sentido en términos políticos pero “en términos jurídicos es mucho más difícil” porque supone “forzar todo el sistema constitucional”.
Como se ve, no empezamos bien. Aun cuando el vicepresidente se expresa en términos bastante ambiguos ─Solbes sabe que no le conviene venir a Euskadi a echar por tierra expectativas bien fundadas sobre algo tan relevante para el autogobierno vasco como el régimen fiscal concertado─ lo cierto es que no muestra demasiado entusiasmo por la reforma legal planteada por nuestras enmiendas. Salva la posición política, pero centra sus objeciones en el terreno jurídico. Está claro que la opción propuesta, no es de su agrado. Y su toma de posición permite sospechar que, en el seno del Gobierno, se opondrá a la admisión de nuestras enmiendas. Lo cual no es precisamente algo irrelevante, porque en un asunto que afecta al Concierto Económico, cabe suponer que la opinión del ministro de Economía y Hacienda, tendrá su peso.
Las negociaciones mantenidas con el Gobierno y el Grupo Socialista
Las negociaciones propuestas por el Gobierno arrancan en verano. Pese al jarro de agua fría que suponen las declaraciones de Solbes, los contactos bilaterales se celebran, desarrollándose en dos fases. La primera tiene lugar en verano y la segunda en otoño.
a) El tramo veraniego
El primer encuentro con Caamaño tiene lugar en La Moncloa, en la segunda mitad de mes de julio. A él asistimos con una propuesta más elaborada, que retoca sensiblemente algunos aspectos del esquema inicial planteado en las enmiendas.
– Renunciamos al planteamiento de incardinar las impugnaciones contra las NNFF en el ámbito del recurso de inconstitucionalidad. Son varias las razones que aconsejan este cambio.
a) Según la CE (art. 161.1 a) el RI sólo puede plantearse contra “las leyes y las disposiciones normativas con fuerza de ley”. Es obvio que, hoy por hoy, las NNFF de los TTHH, ni son leyes ni tienen fuerza de ley. Si la tuvieran, no tendríamos el problema que tenemos.
b) La regulación del RI contempla aspectos procedimentales que sólo son aplicables a las relaciones entre el Estado y las CCAA (Véase, por ejemplo, el art. 33-2º de la LOTC)
c) La legitimación para interponer el RI está configurada en términos muy amplios por el artículo 161.1 a) de la CE y dudamos seriamente que interese mantener sin límite esa amplitud
– En su lugar, configuramos un nuevo tipo de recurso singular y específico para las NNFF de los TTHH, el llamado Recurso contra las normas forales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Un tipo de recurso que guarda un cierto paralelismo con la regulación establecida para el RI, pero que es nominativa y formalmente distinto, y aparece regulado de forma separada. La opción de configurar un nuevo recurso es constitucionalmente posible, porque el art. 161.1 a) CE contiene una cláusula abierta que permite aumentar el ámbito competencial del TC, haciéndolo extensivo al conocimiento de las “demás materias que le atribuyan […] las leyes orgánicas”. Además, esta alternativa nos permite configurar a nuestro antojo las normas de legitimación, porque según el art. 162.2 CE, en los casos distintos al RI y el Recurso de Amparo, será la ley orgánica que regule el TC la que “determinará las personas y órganos legitimados”.
– Esta propuesta entraña una mayor complejidad técnica, lo que exige la modificación de un mayor número de artículos de la Ley Orgánica. A tal efecto, proponemos modificar el artículo 2 (litigios que conocerá el TC), el artículo 10 (competencias del Tribunal en pleno), el artículo 27 (normas susceptibles de declaración de inconstitucionalidad), el artículo 28 (parámetros a utilizar por el TC para apreciar la conformidad a la CE de las normas impugnadas) el artículo 29 (declaración de inconstitucionalidad). Igualmente proponemos incluir un nuevo capítulo integrado por dos artículos, que regularán el procedimiento a seguir en este tipo de recursos
– Mantenemos el recurso en defensa de la autonomía foral.
La propuesta no acaba de satisfacerle a Caamaño. Ha sido letrado del TC y conoce los debates que se producen en su seno. En su calidad de Catedrático de Derecho Constitucional, tampoco le son ajenos los criterios doctrinalmente establecidos en la materia. Su posición puede resumirse en tres puntos:
– Caamaño sospecha que la propuesta vendría a generar un cierto escándalo tanto en el seno del Tribunal como en el mundo académico, porque choca con la doctrinal tesis que considera el RI como un instrumento único para promover la inconstitucionalidad de las normas con rango de Ley. Quiere huir lo máximo posible de esta polémica. De ahí que no sea partidario de ubicar el recurso contra las normas forales en el ámbito del RI.
– El Secretario de Estado teme, igualmente, el efecto colateral que la aceptación de nuestras enmiendas pudiera provocar en las enconadas relaciones que existen entre el TC y el TS. Sería interpretada como un gesto a favor del primero y hostil con el segundo, en la medida en que sustrae de su ámbito competencial el conocimiento de un determinado tipo de normas jurídicas que tiene una gran relevancia pública. A su juicio, no es un momento propicio para transmitir esa imagen. El TS reaccionaría con virulencia y, tras él, la judicatura conservadora e incluso el propio PP que, en ese litigio, está tomando posición a favor de este órgano judicial.
– También se hace eco de las reticencias ─procedentes del Ministerio de Economía y Hacienda─ que hablan del riesgo que entraña eliminar el derecho comunitario de la competencia, de entre los parámetros utilizables para determinar la adecuación al ordenamiento jurídico de las normas forales. Se confirman nuestros peores augurios con respecto a la resistencia que Solbes iba a ofrecer a la aceptación de nuestras enmiendas. Le explicamos que esta prevención carece de sentido, porque el derecho comunitario siempre prevalece sobre el derecho interno, cualquiera que sea el rango de éste. Si el Tribunal que ha de aplicar la norma interna −sea ésta una norma foral, una ley autonómica o incluso una ley del Estado, tanto da− tiene una duda razonable sobre su conformidad con el derecho comunitario, debe plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo. Nos objeta que el TC no es juez del derecho comunitario ─así lo ha declarado el propio tribunal en repetidas ocasiones─ y que la atribución a este tribunal de la competencia exclusiva para conocer de los recursos contra las normas forales, podría producir el efecto perverso de que resultasen inimpugnables las eventuales violaciones del derecho comunitario. Volvemos al argumento con las mismas razones. Lo que nos plantean no es privativo de las normas forales. Ocurre exactamente igual con las leyes forales navarras o con las propias leyes del Estado, que pueden, también, vulnerar el derecho comunitario y sólo son impugnables ante el TC.
– En fin, nos hace saber que la propuesta normativa que hemos presentado tampoco gusta en el Ministerio de Justicia. El ministro era, entonces, el inefable Juan Fernando López Aguilar.
Caamaño coincide con nosotros en la conveniencia de situar el recurso contra las NNFF al margen del RI. Pero es partidario de romper, más aún si cabe, el paralelismo con respecto al RI. Quiere huir de las críticas eventualmente procedentes de la dogmática establecida en el plano doctrinal a propósito de este recurso. Prefiere establecer una regulación singular y formalmente separada del RI, que concierna, en exclusiva, a los recursos relacionados con el régimen foral de los territorios históricos vascos. Dice que nadie cuestiona la singularidad jurídica del régimen foral de los territorios históricos y que una regulación de este tipo podría ser asumida con más facilidad que un intento de contaminar el RI con recursos de distinta naturaleza. Incluso llega a decirnos que ante una eventual reforma del Estatuto de Gernika, él sería partidario de establecer una jurisdicción especial para el conocimiento de los litigios relacionados con la singularidad foral vasca. Cree que sería jurídicamente posible.
Atendiendo a su propuesta, retocamos nuestro documento inicial. El 21 de julio elaboramos un nuevo texto que remitimos por correo electrónico.
– La nueva propuesta instituye la categoría de los “litigios relacionados con el régimen foral de los Territorios Históricos del País Vasco”; una categoría que se incluye en el artículo 2 (materias de las que conoce el TC) y en el artículo 10 (recursos de los que conoce el pleno del TC). Para la regulación de este tipo de litigios, la propuesta crea un nuevo capítulo en el título IV de la LO, en el que se incluyen:
a) Los Recursos interpuestos contra las Normas Forales aprobadas en pleno por las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco.
b) Los conflictos interpuestos por las Juntas Generales y las Diputaciones Forales del País Vasco en defensa de la autonomía foral constitucionalmente garantizada.
– La referencia al Pleno −que carece de sentido alguno, porque las normas forales siempre son aprobadas en pleno−, la incluimos a instancias del propio Caamaño, que nos pide incorporar previsiones tendentes a desorientar a los dogmáticos del RI.
– Con respecto a la legitimación para interponer recurso contra las normas forales, se la concedemos, también, a las CCAA cuando las normas “afecten directamente a su ámbito competencial”. Queremos huir del régimen de legitimación de la LJCA que es mucho más amplio: “Interés legítimo”. En la jurisdicción constitucional, la legitimación autonómica está configurada en base a la afección competencial y no al interés legítimo. Y sobre la base de la afección competencial, las CCAA limítrofes gozarían ya de legitimidad para actuar contra los reglamento de desarrollo de las normas forales.
– Excluimos por ahora la pretensión de limitar el nuevo recurso a las normas forales de carácter “tributario” o “fiscal”. Creemos que la excepción ha de afectar a todas las normas forales. Al fin y al cabo, las de naturaleza fiscal constituyen el 90% del total. Además, resulta problemático distinguir el régimen de recursos de un tipo de normas, en función de la materia a la que afectan.
– Para el supuesto de que, finalmente, resulte imprescindible incluir algún adjetivo a las normas forales, preferimos el de “fiscal” que el “tributario”, pensando en casos como el de la norma foral de carreteras, que puede ser considerada como fiscal, pero obviamente no es tributaria.
Durante los siguientes meses, no recibimos noticias del Gobierno. Nadie se aproxima a nosotros para darnos su opinión sobre la última propuesta remitida. Lo que sí detectamos es que al Vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, sigue sin gustarle nuestra propuesta, y que continúa dispuesto a presionar lo que resulte necesario con el fin de evitar que prosperen nuestras pretensiones. El día 5 de septiembre, La Gaceta de los Negocios publica un artículo en el que se informa sobre las negociaciones que tienen lugar entre el PNV y el PSOE para blindar en Concierto Económico. Ese mismo día, Caamaño nos hace saber que ha recibido una llamada procedente de la Vicepresidencia segunda, que le interrogaba en tono recriminatorio, sobre si era él, el responsable de esas negociaciones. La llamada le inquieta, pero se muestra tranquilo, porque asegura que está actuando por mandato directo del propio presidente del Gobierno. Y el presidente, al menos hasta hoy, está por encima del vicepresidente segundo.
Entretanto, el Grupo Parlamentario Socialista sigue mareando la perdiz. El consenso sigue siendo difícil, habida cuenta de las enormes diferencias que separan a los grupos parlamentarios en sus reivindicaciones sobre las reformas a introducir en el TC. Apenas se esboza la posibilidad de alcanzar acuerdos. El PSOE tiene que elegir entre pactar con el PP o hacerlo con los restantes grupos parlamentarios, porque el acuerdo con todos resulta, sencillamente, imposible. Pero el problema es que no acaba de decidirse. Se celebran reuniones de la ponencia los días 6 de septiembre, 11 de octubre y 7 de noviembre, sin que en ellas, el portavoz socialista Ramón Jáuregui, se digne a exponer una posición clara con respecto a la actitud que va a adoptar su Grupo Parlamentario. No lo hace, con carácter general, pero tampoco lo hace en relación con nuestras enmiendas. Y sobre las relacionadas con el blindaje, ni palabra.
b) El tramo otoñal
En el mes de noviembre, Caamaño retoma el asunto de nuevo. El Gobierno desea acelerar la aprobación de la ley de reforma de la LOTC y reinicia las gestiones congeladas meses atrás. Nos comunica que han tomado, definitivamente, la decisión de renunciar al apoyo del PP y de sacar adelante el proyecto con el respaldo de los restantes grupos parlamentarios. Pero si descartan al PP, el acuerdo con los demás tiene que incluir a todos. Incluidos nosotros. A tal efecto, nos hace una contrapropuesta que se mantiene en la línea que nos venía expresando en los anteriores encuentros, aunque incluye ligeros retoques en los textos previamente manejados.
El escrito que nos entrega el 21 de ese mes, apuesta por crear un nuevo título bajo la rúbrica “De las impugnaciones directas de las normas forales fiscales de los Territorios Históricos del País Vasco”. El título quedaría integrado por un solo artículo del siguiente tenor:
“Artículo (número que corresponda)
1.- Corresponde al TC el conocimiento en exclusiva de las impugnaciones directas contra las normas fiscales aprobadas por el pleno de las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco.
2.- Están legitimados para impugnar directamente las citadas normas forales el Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas que ostenten un interés legítimo.
3.- La impugnación directa se formulará en el plazo de tres meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente, mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional en la que deberán expresarse las circunstancias de identidad y representación de los órganos que ejercitan la acción, concretar la norma foral impugnada y precisar los preceptos que se entienden infringidos.
4.- Admitida a trámite, el Tribunal dará traslado de la misma a las Juntas Generales autoras de la norma impugnada por conducto de su Presidente, a la Diputación Foral del territorio histórico correspondiente a través de su Diputado General y dispondrá su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
5.- La admisión a trámite de la impugnación producirá la suspensión de la norma en los términos previstos en el artículo 161.2 de la Constitución.
6.- Publicada la admisión a trámite, los tribunales suspenderán los procesos pendientes de resolución en los que la norma impugnada sea relevante para el fallo hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie.
7.- La personación y la formulación de alegaciones deberán hacerse en el plazo de 15 días, transcurrido el cual el Tribunal dictará sentencia
8.- Para enjuiciar la conformidad o disconformidad de las normas forales con el ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional considerará, además de los preceptos constitucionales, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, las normas de la Unión Europea, la Ley por la que se aprueba el concierto económico y las demás normas dictadas para delimitar las competencias de los entes forales. Cuando la sentencia sea estimatoria, declarará la nulidad de las normas impugnadas”.
La propuesta, como se ve, respeta la línea marcada en los anteriores contactos, pero entraña contenidos novedosos. Por de pronto, se olvida de todo lo referente al posible establecimiento de un recurso en defensa de la autonomía foral; un elemento que había figurado en todas nuestras propuestas anteriores. Por lo demás, mantiene la idea de instituir un recurso específico para las normas forales, distinto del de Inconstitucionalidad, aunque en algunos aspectos se aparta de nuestra última propuesta, incluyendo planteamientos nuevos que no resultan admisibles para nosotros. Nuestros motivos de discrepancia son los siguientes:
– Si se mantiene, el acotamiento de la competencia del TC al conocimiento de las “impugnaciones directas”, y sólo de ellas, ha de dejar claro, incluso diciéndolo de modo expreso, que no se pretende excluir del ámbito competencial del alto tribunal, las impugnaciones indirectas que puedan plantearse a través de los Reglamentos de desarrollo de la Norma foral que eventualmente puedan ser aprobados por las Diputaciones forales. Caamaño me asegura que no era esa su intención. Sólo pretendían excluir del ámbito competencial del TC el conocimiento de los recursos interpuestos por los ciudadanos vascos contra los actos de liquidación de tributos, que se agotan en sí mismos. Se muestra dispuesto a incluir un pasaje que deje claro este punto.
– Aun admitiendo la legitimidad para recurrir de las Comunidades Autónomas, que evidentemente no admitimos, porque tampoco la tienen para recurrir normas con rango de ley aprobadas por otras comunidades, no podemos aceptar que la competencia para recurrir de las Comunidades Autónomas se configure en torno al concepto de “interés legítimo”. Ha de ser sustituido por el de afección competencial que, en todo caso, es el que regiría ante un eventual conflicto de competencias contra los reglamentos de desarrollo de las Normas Forales.
– Aunque en el Gobierno vasco sean partidarios de sustituir la expresión “normas fiscales” por “normas tributarias”, no compartimos su criterio. Una norma foral de carreteras, por ejemplo, que plantea problemas con los cánones, no es tributaria, pero podría ser considerada como fiscal. Y, por supuesto, interesa que el órgano competente para conocer de los recursos sea el TC.
– El Gobierno vasco quería que, en el punto 4º, el traslado de la admisión a trámite se haga, también a los órganos legislativo y ejecutivo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tienen competencias de armonización.
– No nos gusta la suspensión automática del artículo 161.2 CE, aunque estamos dispuestos a asumirla como coste anejo a la aceptación de la enmienda.
– En el punto 8º, la disconformidad con las normas de la UE, no podrá desembocar en una declaración de nulidad de las normas impugnadas, como parece deducirse del texto, sino en una declaración de desplazamiento de la norma que vulnera el derecho comunitario. Las relaciones entre el ordenamiento comunitario y el interno no son de supremacía (superioridad jerárquica), sino de primacía (preferencia en la aplicación). De suerte que el efecto de una hipotética vulneración del derecho comunitario, no podría ser la nulidad de la norma interna que lo hace, sino la aplicación preferente de aquél. Caamaño acepta la apreciación y acepta la inclusión en este punto de una frase que señale que “declarará la nulidad o, en su caso, la inaplicación, de la norma impugnada”.
– Les advertimos que la eventual aprobación del texto propuesto, significaría que si el TC se encontrase ante una norma foral respecto de cuya adecuación al derecho comunitario pudiera albergarse una duda razonable, habría de plantear la cuestión prejudicial ante el tribunal de Luxemburgo. Nos dicen que son conscientes de ello. Y que lo han incluido porque suponen que el TC nunca plantearía la cuestión prejudicial.
En este contexto, se celebra una nueva reunión de la Ponencia. La sesión tiene lugar el 29 de noviembre y, en ella, el portavoz socialista en la Comisión Constitucional, el vasco Ramón Jáuregui, anuncia oficialmente la aceptación de las enmiendas pactadas con el resto de los grupos ─a excepción del popular, con el que no se ha pactado enmienda alguna─ y hace saber a los restantes miembros su disposición a aceptar, también, las enmiendas presentadas por el Grupo vasco en relación con el blindaje del Concierto Económico, si bien, precisa que no se ha alcanzado aún un acuerdo definitivo en torno a este punto ─las negociaciones continúan─ y que la admisión de estas enmiendas se llevará a cabo en la reunión de la Comisión, que tendrá lugar el 11 de diciembre. El acuerdo no se había formalizado todavía, pero el Grupo Socialista abrigaba el propósito de hacerlo en breve.
Filtraciones perniciosas
En ese momento, los socialistas vascos ─probablemente el propio Ramón Jáuregui─ filtran a la prensa las negociaciones que venimos manteniendo, de las que se da cumplida información en El Correo y el Diario Vasco de 30 de noviembre, vendiéndose como un “principio de acuerdo” entre el PNV y el PSOE. Es obvio que quieren apuntarse al tanto, e impedir que los nacionalistas vascos figuremos ante la opinión pública como los únicos impulsores de un propósito que tiene tan buena acogida en Euskadi como el del blindaje del Concierto. Pero no parecen darse cuenta ─o quizá sí, lo que sería peor─ que este es un asunto sobre el que conviene actuar con la máxima discreción. El suyo fue un acto de suma irresponsabilidad. La pretensión de blindar el Concierto tiene muchos enemigos y es más que previsible que algunos de ellos, o todos, pongan sus armas en alto ante la más mínima filtración del asunto a la prensa. Para el éxito de la empresa, interesa muy mucho mantener la discreción hasta el final. Después, una vez conseguida la aprobación de la norma, que digan lo que quieran.
Pero, al parecer, los socialistas vascos no se pueden callar. Les vence la impaciencia por ponerse medallas. No contentos con lo hecho, al día siguiente, José Antonio Pastor, que carece de información directa sobre el asunto, confirma a la prensa que el PNV y el PSOE “han llegado a un pacto para blindar las normas fiscales vascas”. Increíble, pero cierto. Todavía no había pacto. Estábamos analizando su última propuesta y esperando respuesta a las observaciones que les habíamos hecho en torno a la misma. Esa era, por otra parte, la razón por la que nuestras enmiendas no se habían incorporado al texto de la ponencia reunida el 29 de noviembre. Si el pacto hubiese estado cerrado, el blindaje se hubiese incluido en el informe de la ponencia. Si no se hizo, fue porque todavía quedaban por atar algunos flecos. Sin embargo, Pastor hablaba ya de un pacto cerrado. (Veáse, entre otros, el Diario Vasco y El Mundo del día 1 de diciembre). Algún día hablaremos del inmenso daño que la indiscreción de los socialistas vascos –animada, sin duda, por su afán de quedar bien con cierta prensa y de apuntarse gratuitamente a méritos ajenos- ha causado, objetivamente, en los intereses económicos de Euskadi.
Como era de prever, la publicación de estas informaciones provoca reacciones contrarias en La Rioja. De entrada, los socialistas riojanos se apresuran a matizar lo publicado por la prensa vasca ─justo lo contrario de José Antonio Pastor, que confirmó rotundamente dichas informaciones─ haciendo constar ante los medios de comunicación que el acuerdo “aún no existe” y destacando el hecho de que, en cualquier caso, La Rioja mantendrá “en todo momento su capacidad de recurrir, ya que desde el PSOE riojano nunca podríamos admitir lo contrario”. La dirección del PSOE regional de la Rioja, se esfuerza en restar importante a las enmiendas, señalando que “El cambio pasa, simplemente, porque en lugar de acudir al TSJPV, el responsable será el TC, institución de toda nuestra confianza”. En cualquier caso, se erigen en los garantes de los intereses riojanos: “En el caso de que fueran los empresarios o sindicatos los interesados en recurrir, si no tuvieran suficiente legitimidad para hacerlo, el Gobierno de La Rioja presidido por el candidato socialista Francisco Martínez Aldama, se las prestaría”.
Pero el presidente riojano –del PP- va mucho más lejos. Pedro Sanz aprovecha la ocasión para pasar a la ofensiva en plena precampaña electoral. Anunció que el blindaje foral pactado “no es positivo para La Rioja” y convocó a empresarios y sindicatos a una reunión para analizar las consecuencias que este cambio legislativo podría producir en la región. Por su parte, la Federación de Empresarios de La Rioja declara:
“No consentiremos en absoluto que se quiebren nuestros derechos a recurrir por vía jurisdiccional cualquier norma fiscal vasca o de cualquier otra procedencia, que suponga un agravio a los intereses de los empresarios riojanos y del desarrollo empresarial de La Rioja”.
Dijo querer mantenerse “prudente pero alerta ante un principio de acuerdo que supondría el blindaje de las ventajas fiscales del País Vasco y del Impuesto de Sociedades”, pero argumentaba que “cualquier modificación de nuestro derecho legítimo a defender a los empresarios riojanos y la competitividad regional, será un atropello injustificable y una burla a La Rioja, a los empresarios riojanos y a la libertad de establecer los recursos necesarios y pertinentes por parte de nuestra organización empresarial”
El PSOE de La Rioja pide estar presente en la reunión convocada por el presidente regional, alegando que el asunto que va a ser tratado en ella constituye una “cuestión de región”. Pero el PP desprecia su solicitud, afirmando, en tono demagógico que el socialismo riojano “no sabe dónde está ni con quién está. Si está en Madrid o en La Rioja, si quiere defender las actuaciones del PSOE o quiere defender a los riojanos”. La reunión se celebra sin la presencia de los socialista y a su conclusión, Sanz anuncia el envío de una carta a ZP exigiéndole que sea “garante de la igualdad” fiscal en toda España y asegura que, en caso de ser aprobado el blindaje, la Comunidad recurrirá la reforma ante el TC. Asegura igualmente que si se aceptasen las pretensiones del PNV, la norma sumiría a La Rioja en la indefensión, porque el blindaje proyectado “reduciría los motivos de impugnación en la medida en que sólo se podría alegar ante el TC la infracción de normas que integran el bloque de la constitucionalidad y no cualquier otra infracción del ordenamiento, tal y como hasta ahora podría conocerse por tribunales de jurisdicción ordinaria”.
Finalmente, Sanz confirmó el apoyo a sus tesis “del PP nacional” y calificó de “preocupante” la postura del PSOE de La Rioja al no defender los intereses riojanos por encima de cuestiones partidistas. Concluyó la intervención lanzando duras invectivas contra el líder del socialismo riojano Martínez Aldama, a quien echó en cara su “torpeza política” y su “falta de visión”, por “no defender los intereses de la comunidad por encima de los electoralistas o de partido”, postura que, a su juicio, no muestra sino “debilidad” y “sumisión”. Todo esto lo habían provocado los socialistas vascos, con su “oportuna” e impaciente filtración a la prensa del curso de las negociaciones.
Gracias por su ayuda a los periodistas vascos que secundan desde la prensa nuestras iniciativas en pro del blindaje del Concierto.
El 1 de diciembre, el diario ABC, dirigido por José Antonio Zarzalejos y sustentado por una compañía vasca, publica una editorial tremebunda y significativamente titulada “Asalto nacionalista al TC”, en la que arremete con tanta virulencia como falsía, contra la posibilidad de que se acepten las enmiendas del Grupo Parlamentario vasco.
Adhiriéndose a la tesis manipulada que el PP mantiene en torno a la reforma del TC, el diario conservador español sostiene que el Gobierno está cediendo a las pretensiones de los grupos nacionalistas del Congreso hasta el extremo de aceptar enmiendas y alcanzar acuerdos que pueden ser considerados como un auténtico asalto de estos a un tribunal que, al parecer, debe reunir en su seno la quintaesencia de la españolidad. Entre infladas observaciones alarmistas del periódico, que encienden todas las luces rojas sobre la posible desvirtuación de una de las más altas instituciones del Estado, la referencia a las enmiendas relativas al Concierto Económico resulta, sencillamente, patética en un periódico editado por una empresa que siempre se ha mostrado favorable al régimen fiscal paccionado vasco:
“El propósito político de esta reforma del TC se hizo también evidente con otra enmienda pactada por PSOE y PNV para atribuir a dicho Tribunal el enjuiciamiento de las normas fiscales aprobadas por las Diputaciones forales vascas, al amparo del Concierto Económico. De esta forma, se establece una especie de aforamiento del concierto vasco ante el TC que elude el filtro del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del Tribunal Supremo, que han decidido en muchas ocasiones la nulidad de las <<vacaciones fiscales>> aprobadas por las instituciones forales. Por eso es también discutible su constitucionalidad, al convertir al Constitucional en un tribunal de justicia ordinaria”
Por si fuera poco, esta perla, se ve ratificada meses después con una nueva editorial, titulada “Más privilegios al Concierto Económico”, en la que el diario se despacha con un texto infumable, en el que se embiste de nuevo contra el Concierto Económico, incurriendo en falsedades y haciendo uso de los tópicos más demagógicas:
“En su inagotable capacidad de generar constantemente nuevas reivindicaciones, el nacionalismo vasco está presionando al Gobierno central para que «blinde» el Concierto Económico de manera que las normas tributarias aprobadas por los órganos forales de los Territorios Históricos -Álava, Guipúzcoa y Vizcaya- sólo puedan ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional, dándoles tratamiento de leyes, pese a que no lo son. La responsabilidad inicial de esta demanda nacionalista es del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien alimentó las expectativas del PNV al no zanjar la cuestión con claridad cuando se le planteó hace más de un año. También del PSOE, que pactó unas enmiendas con los nacionalistas a la ley del TC para asegurar el blindaje del Concierto vasco, aunque, finalmente, no fueron introducidas en el texto del proyecto. La intención de los nacionalistas -animada por la falta de determinación del PSOE y del Gobierno- va más allá de la mera protección de la competencia tributaria de las Diputaciones Forales vascas. Actualmente, estas normas fiscales son impugnables ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la cual ha consolidado una jurisprudencia que limita el ejercicio de la potestad fiscal de los Territorios Históricos para evitar la vulneración de los principios de igualdad y de libertad de empresa, entre otros. Otro motivo de la petición nacionalista es que los recursos contra estas normas son interpuestos por comunidades autónomas vecinas, que temen el llamado «efecto frontera», es decir, la «fuga» hacia el País Vasco de empresas locales para beneficiarse de las «vacaciones fiscales» vascas; y también por organizaciones empresariales de La Rioja y de Castilla y León. El PNV quiere acabar con esta situación suprimiendo el control judicial de las normas forales tributarias y creando para ellas un fuero constitucional.
Además, y este es el principal propósito político de la reclamación, el nacionalismo busca ganar terreno para una relación bilateral entre el País Vasco y el Estado, a través del tratamiento de las normas forales tributarias como si fueran leyes -en contra de lo que ha dicho reiteradamente el Tribunal Supremo-, dando cuerpo constitucional a una suerte de cosoberanía que situaría en el más alto órgano de aplicación de la Constitución las disputas legales sobre la ejecución de las competencias fiscales previstas por el Concierto vasco. Bajo el pretexto de dar «estabilidad» -es decir, inmunidad- a este régimen privilegiado de financiación de los Territorios Históricos, el nacionalismo aspira a dar un paso en la confederalización de sus relaciones con el Estado. Zapatero anunció en el Senado, días atrás, que el Gobierno reformaría, sin mencionarlas, «una, al menos, o dos normas con rango de ley» para «fortalecer la seguridad jurídica del Concierto Económico», como si actualmente esta norma se hallara desprotegida. Esta es la ambigüedad tan nociva que está socavando la solidez del Estado de las autonomías y alimentando las exigencias más radicales de los nacionalismos.
Debate del proyecto en la Comisión Constitucional y en el Pleno del Congreso de los Diputados
Inesperadamente, los días previos a la celebración de la reunión de la Comisión en la que se iban a aceptar nuestras enmiendas, se nos anuncia la cancelación de la convocatoria. La Comisión no se reunirá, como estaba previsto, el día 11 de diciembre. Obviamente, el asunto nos huele mal y movilizamos nuestros recursos para intentar conocer las causas de este repentino cambio de criterio. Una filtración procedente del propio TC nos transmite el rumor de que el Gobierno ha decidido pactar la reforma con el PP, y echar por tierra los acuerdos alcanzados con el resto de los grupos. Caamaño lo desmiente, pero lo cierto es que la Comisión no se reúne y nadie nos da una explicación razonada sobre los motivos por los que se altera el calendario previsto. Al concluir el periodo de sesiones, en vísperas de navidad, preguntamos nuevamente a Caamaño sobre el asunto. ¿Cuál es su plan? Nos responde que al inicio de próximo periodo de sesiones, retomaremos el asunto donde lo habíamos dejado.
Pero lo cierto es que el reinicio de los trabajos parlamentarios, que tiene lugar a principios de febrero de 2007 bajo el influjo mediático del atentado de Barajas, apenas sirve de marco para que nadie preste atención a este asunto.
Finalmente, un mes después nos comunican que la Comisión tendrá lugar el 5 de marzo y que no van a aceptar nuestras enmiendas. ¿Razones? Nos dicen que no es el momento. Que la opinión pública, suficientemente alterada por el caso De Juana Chaos, no está en condiciones de asumir lo que pretendemos. Increíble. Intentamos convencerles de que no existe relación entre un asunto y el otro. De Juana, ni sabe ni le interesa lo que es una norma foral. Lo que pretendemos no vulnera el marco constitucional. Pero todo es inútil. El PSOE decide dar marcha atrás y olvidarse de lo apalabrado. El intenso trabajo desarrollado durante meses, queda en agua de borrajas.
La Comisión tiene lugar el 5 de marzo de 2007. El portavoz de nuestro Grupo en la Comisión Constitucional aprovecha la ocasión para denunciar la actitud del Gobierno y del Grupo Parlamentario socialista a los que acusa de que “como estrategia negociadora, se ha estado mareando la perdiz”. Apunta directamente a la ruptura del consenso alcanzado:
“Lo que quiero decir es que habíamos llegado a un consenso para sacar este tema adelante con el apoyo del resto de los partidos minoritarios y del Partido Socialista. Hemos estado discutiendo en qué podían quedar las enmiendas transaccionales y hemos llegado a textos al respecto. De hecho, surgió una noticia poco antes de que se celebrara la reunión de la Comisión, que se celebra en realidad hoy, porque se había anunciado para el 11 de diciembre. En los periódicos apareció, para gran escándalo de algunos –y les aseguro que la filtración de la información a los periodistas no fue del PNV, les aseguro que no y no digo más-, que efectivamente se iba a apoyar el mal llamado blindaje del Concierto Económico y que se había llegado a un acuerdo. De repente, días antes de celebrar la Comisión del 11 de diciembre, se suspende dicha Comisión ¿Por qué? Porque parece ser que a alguien se le había ocurrido que había que negociar de nuevo esta ley con el PP y, por lo tanto, el acuerdo con los minoritarios no era ya tan importante, pero con el agravante – y a mi grupo esto le parece importante señalarlo, aunque parezca una historia- de que en la ponencia se admiten todos los acuerdos, pero se dice que como falta cambiar una palabra por otra en el acuerdo sobre el Concierto Económico, vamos a dejarlo para la Comisión del día 11, que es dentro de una semana y media, y ahí ya se aprueba. Entonces nos encontramos con el PNV vota a favor de las enmiendas que se habían consensuado, no se produce la reunión del día 11 y ahora nos encontramos con que se convoca hoy, pero no para votar aquello que se había acordado”.
Por si alguien tenía alguna duda, la denuncia del portavoz del PNV sobre el incumplimiento por parte del PSOE del acuerdo alcanzado en la Ponencia, es avalada en la misma Comisión por el portavoz de CiU, que respalda expresamente “lo que decía el señor Esteban en cuanto a nivel de acuerdo y de consenso en ponencia sobre esos aspectos [relacionados con el régimen de recursos de las normas forales] en el sentido de que íbamos a llegar a un acuerdo y tampoco entiende nuestro grupo parlamentario por qué razón al final no podemos apoyar esas enmiendas que, repito, mi grupo parlamentario sí lo va a hacer”.
El portavoz del Grupo Popular, Ignacio Astarloa –cabeza de lista de su partido en Bizkaia en las elecciones de 2004- ni tan siquiera se digna a hacer una referencia a la posición que su grupo va a mantener en relación con nuestras enmiendas. Las ignora soberanamente, centrando todas sus críticas en el PSOE y la ruptura de España. Y, finalmente, el portavoz del Grupo Socialista, Ramón Jauregui −vasco también y cabeza de las lista de su partido por Alava en las mismas elecciones− aporta una argumentación muy poco consistente para justificar su posición contraria a las enmiendas. Sus razones son, todas, fácilmente objetables. Y en el supuesto de que no lo fueran, se habría de llamar la atención sobre el hecho de que, siendo tan rotundas, no las hubiese hecho valer hasta el momento en el que el Gobierno central hubiese decidido rechazar nuestras enmiendas.
Hasta entonces, los socialistas vascos consideraban un gran logro el hecho de alcanzar un acuerdo con el PNV en relación con el blindaje del Concierto Económico. Pero a partir de momento en el que el Gobierno decidió rechazar nuestras enmiendas, los socialistas vascos cambian su discurso y sostienen que aquella no era una buena solución. He aquí las palabras de Ramón:
“la ley, y sobre todo la Constitución, nos establecen un principio muy claro, y es que en el artículo 161 de la Constitución sólo se permite recurrir al Tribunal las leyes, y esto no son leyes; y no las podemos convertir en leyes sólo por la búsqueda de un procedimiento, digamos, paraconstitucional. No es tan fácil, entre otras razones, porque esa modificación implicaría reformas muy complicadas en el derecho comunitario y en la propia LOPJ, ya que no hay que olvidar que estamos abstrayendo (sic) a los tribunales superiores la competencia en una materia que desde el punto de vista jurisdiccional, tienen perfectamente asignada. Creo que es verdad que hay un problema, pero también creo que hay una solución bien fácil: que esas normas de las Juntas Generales se conviertan en leyes en el Parlamento vasco. Es muy sencillo. Las normas forales de las Juntas Generales se pueden convertir en leyes, además por el procedimiento de lectura única, y automáticamente quedan blindadas ante el TC. Comprendo que a veces esto toca una determinada concepción de la organización territorial del País Vasco, pero solución haberla hayla. No obstante, quiero dejar abierta la disposición de mi grupo a resolver un problema que reconocemos”
No es cierto que, como dice Jáuregui, el artículo 161 permita, únicamente, recurrir ante el TC normas con rango formal de Ley. El apartado d) del punto primero de este precepto constitucional, contiene una cláusula abierta, según la cual, el alto tribunal conocerá “de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas”. El proyecto de Ley que estábamos tramitando era de carácter orgánico. Nada impedía, por tanto, que incluyese entre los asuntos pertenecientes al ámbito competencial de TC el conocimiento de los recursos contra las normas forales de las Juntas Generales, tuvieran estas el rango que tuvieran.
Tampoco se ajusta a la verdad, sostener, como hacía Jáuregui en su intervención, que la modificación propuesta implicase reformas “muy complicadas” en el derecho comunitario. Nuestra propuesta no implicaba ninguna reforma en el derecho comunitario. Pero es que, además, tampoco podía hacerlo, porque el derecho comunitario ni se produce ni se modifica en las Cortes Generales del Estado español.
En fin, la propuesta alternativa que Jáuregui formuló ante la Comisión, era −y es− jurídicamente inviable. La idea de tramitar las normas forales tributarias como proyectos de Ley en el Parlamento vasco, a través de un procedimiento especial de lectura única, no sólo degrada las Juntas Generales, convirtiéndolas en órganos de ínfima o nula relevancia institucional; lo que, sin duda, habría de ser objeto de debate. Es que, además, desconoce el hecho de que, según dispone el artículo 41.2 del Estatuto de Gernika, la competencia para el mantenimiento y establecimiento del “sistema tributario que estimen procedente”, corresponde a las instituciones competentes de los Territorios Históricos, no a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma. El Parlamento vasco queda habilitado por este artículo para fijar normas de coordinación. Pero el régimen tributario que el Parlamento vasco puede coordinar es de los territorios históricos. Son ellos, los únicos competentes para configurar, dentro de los límites que establece el Estatuto, sus respectivos sistemas tributarios. ¿Cómo se podría conciliar esta distribución competencial con una práctica en la que el instrumento normativo sobre el que se sustenta el sistema tributario vasco sea la ley del Parlamento vasco?
El debate en Pleno, que tiene lugar el 15 de marzo, sirve para que sean nuevamente expuestos los mismos argumentos.
Unos días después, el 28 de marzo, pregunté a Zapatero, en la sesión de control, sobre las medidas que tiene previsto adoptar para defender el Concierto Económico de la progresiva erosión de la que está siendo objeto. Una vez visto y comprobado que su Gobierno rechaza la fórmula de blindaje propuesta en nuestras enmiendas −y avalada, hay que decirlo, por todas las instituciones vascas, con el respaldo de todas las fuerzas políticas con implantación en Euskadi−, se le interroga por el modo en el que tiene previsto hacerlo. Entre frases vacías y lugares comunes, Zapatero justifica su negativa a apoyar nuestras enmiendas, alegando que “ni era el momento ni era el lugar para abordar esa cuestión”.
Es curioso, llevábamos varios meses negociando con ellos la manera de incorporar nuestra pretensión al texto de la LOTC y ahora, después de apearse unilateralmente del proceso negociador nos dicen que no era “ni el momento ni el lugar”. ¿Por qué empezaron a negociar entonces? ¿O es que descubrieron después que no era el momento ni el lugar?
Ante semejante respuesta, reiteré, una vez más, en la réplica, la importancia que el Grupo Parlamentario asigna a esta cuestión:
“blindar el Concierto Económico no es para mi grupo parlamentario una reivindicación anecdótica, secundaria o irrelevante; es una reivindicación de primer orden. Tanto es así que estamos dispuestos a erigirla en parámetro de su credibilidad, en indicador de su fiabilidad política y personal. Si usted no es capaz de apoyar ahora la reforma legislativa de una simple ley orgánica con el objeto de sustraer el Concierto Económico de esta litigiosidad provocada que está vaciándolo claramente de contenido, poco cabe esperar de su disposición a explorar y a abordar una reforma profunda del autogobierno vasco que se fundamente en la disposición adicional y en las posibilidades que ofrecen los derechos históricos reconocidos en esa disposición”
En ese momento, Zapatero expresa su voluntad de alcanzar algún acuerdo sobre este punto, aunque sin especificar términos, plazos y contenidos.
“…a juicio del Gobierno y del Grupo Socialista no era, como le he dicho, ni el momento ni el lugar. Eso no quiere decir que no tengamos muchos puntos de encuentro en el fondo del planteamiento; seguramente antes que después lo abordaremos y le daremos una solución porque esa es la voluntad del grupo mayoritario y del Gobierno. Estoy convencido de que lo haremos con diálogo y entendimiento y respetando los matices o las discrepancias que pueda haber…”
Al concluir ese mismo pleno, que es el último, antes de las vacaciones de Semana Santa, la Vicepresidenta Fernández de la Vega confiesa en los pasillos a Marga que el Gobierno está madurando una propuesta alternativa a la rechazada y que dedicará el período vacacional a dar forma a la misma, que permitirá asegurar los objetivos perseguidos, soslayando los problemas que planteaba la inicial.
El viernes de la semana de Pascua, Maria Teresa contacta telefónicamente con nosotros, para desvelarnos el contenido de su nueva propuesta. Se trata de aprovechar la tramitación del proyecto de Ley de Jurisdicción voluntaria para incluir y aprobar unas enmiendas destinadas a modificar la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, reservando a la Sala correspondiente del Tribunal Supremo, la competencia para conocer en única instancia, los recursos deducidos en relación con las “Normas Forales de naturaleza tributaria y fiscal de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco”. Los sujetos legitimados para interponer estos recursos serían el presidente del Gobierno, los presidentes de las Comunidades Autónomas cuando se vean afectados sus intereses y las entidades locales del País Vasco. Le expresamos nuestras reservas y cautelas. Me temo que, tal y como está expresada, la propuesta no será de nuestra satisfacción, pero conviene no pronunciarse definitivamente hasta analizar los concretos términos del texto que nos proponen.
El texto de la propuesta no lo conocemos hasta la semana siguiente. Me la entrega en mano Francisco Caamaño, expresándome el mal sabor de boca que le dejó el abrupto modo en el que hubimos de romper las negociaciones mantenidas a lo largo de 2006.
Como cabe suponer, el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, se esfuerza en aportar argumentos a favor del nuevo planteamiento. En primer lugar, permite soslayar al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el que se concentra una buena parte del problema, de suerte que el único órgano competente para conocer de los recursos interpuestos contra las normas forales, sería el Tribunal Supremo. Y el Supremo ha dictado sentencias muy desafortunadas en relación con este asunto, pero también ha tenido pronunciamientos positivos. Lo que, en cualquier caso, se ha de tener claro es que los criterios que vaya a manejar el Tribunal Constitucional, en el supuesto de que se le encomiende el conocimiento y resolución de los recursos contra las normas forales, no serán, necesariamente, más favorables al Concierto que los del Tribunal Supremo. En épocas de mayorías del PP, el Tribunal Constitucional puede llegar a tener una composición más retrógrada aún, que la del Supremo.
Ya lo sé, repongo. Tampoco es mucho lo que cabe esperar del Tribunal Constitucional. No hay más que ver cómo ha actuado en el recurso de amparo interpuesto por el Gobierno vasco contra la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2004 sobre el impuesto de Sociedades. Una vergüenza. Ha avalado en un tono casi podría decirse que displicente, una sentencia del Supremo que constituía una auténtica aberración y un tiro muy peligroso a la línea de flotación del Concierto. El ponente era García-Calvo. Lo más facha que hay en el tribunal. Pero el auto ha sido dictado por la Sala primera, que preside María Emilia Casas e incluye a Perez Tremps. Los que se suponía que eran magistrados progresistas.
Le advierto del rechazo que nos produce el hecho de que los presidentes de las Comunidades Autónomas queden legitimados para recurrir “cuando se vean afectados sus intereses”. Con esa previsión, tendríamos a La Rioja para rato. Para los riojanos, impugnar las normas tributarias vascas es un auténtico deporte regional, en el que compiten arduamente todos los líderes políticos y sindicales. Intenta argumentar que la restricción de la legitimación a “los presidentes” de Comunidades Autónomas y sólo cuando se vean afectados “sus intereses” −se entiende que los de la Comunidad Autónoma, no la de sus ciudadanos o empresarios− reviste un efecto muy limitativo. Ya lo sé. Pero a tenor de las últimas noticias de prensa, los presidentes de La Rioja tendrían como timbre de gloria presentar recursos contra las normas forales vascas.
Aun sabiendo que aquella propuesta no tenía la más mínima posibilidad de prosperar entre nosotros, le pido tiempo para hacer unas consultas. Me pide respuesta en tiempo suficiente como para dar respuesta a la pregunta que Joseba Zubia ha registrado en el Senado para ser formulada en la sesión de control del día 25 de abril. El 23, lunes, llamo a Caamaño para comunicarle nuestro rechazo a su propuesta. Si el presidente de La Rioja puede seguir recurriendo las normas forales ante el Supremo, no nos interesa. No avanzamos nada. Seguimos donde estábamos.
Con respecto a la pregunta de Zubia, le sugiero que no queme las naves y que siga manteniendo las puertas abiertas a un posible acuerdo. Hablamos de las posibilidades alternativas que ofrece la reforma de la propia legislación autonómica vasca: La LTH o el Reglamento del Parlamento vasco, por ejemplo. Parches sin demasiado recorrido. Pero la respuesta de Zapatero no es demasiado afortunada. Empeñado en no cerrar puertas, pero incapaz, al mismo tiempo, de ofrecer algo consistente, tras el rechazo de su última propuesta, esboza unas salidas imprecisas, aderezadas con datos desconcertantes. En definitiva, nada.
“He establecido aquí hoy un compromiso: vamos a resolverlo en esta legislatura. Hay que fortalecer la seguridad jurídica del Concierto Económico −este es el juicio y análisis del Gobierno− y hay que hacerlo a través de una reforma legislativa que puede afectar a una, al menos, o a dos normas con rango de ley, y hay que hacerlo con el tiempo suficiente. Le puedo asegurar que no hay ninguna marcha atrás, simplemente la constatación de que una reforma que tiene un calado que afecta a nuestro sistema tributario, al sistema de garantías jurisdiccionales de los ciudadanos, al sistema de fuentes normativas, exige una buena definición y un buen contenido de la reforma, que vamos a llevar a cabo con el diálogo; diálogo que, además, quiero subrayar que espero formalizar directamente con el Lehendakari, con el Gobierno vasco”
Se podrá discutir cuales son las dos normas con rango de ley que habría de reformar para fortalecer la seguridad jurídica del Concierto. Pero yo creo, sencillamente, que estaba pensando en su última propuesta.
El debate en la Comisión Constitucional y el Pleno del Senado
El debate en Comisión tiene lugar el 7 de mayo y el Pleno de la cámara alta conoce el asunto dos días después. No prospera ninguno de los vetos presentados. El PP se abstiene en el nuestro y nosotros votamos negativamente el suyo. Sólo cabe añadir que, por lo que se refiere al asunto que centra nuestra atención en este informe, las intervenciones de los portavoces socialista y popular en el Pleno del Senado, fueron, sencillamente, deplorables. De su mera lectura se deduce que no conocen el tema; que hablan de oídas. De la intervención del socialista Mansilla Hidalgo, cabe entresacar este fragmento, que evidencia la enciclopédica ignorancia que tiene sobre el asunto. Palabrería huera, confusa y desorientada, sin contenidos ni precisiones:
“Hemos intentado desde el primer día hasta el último −por eso negociamos con ustedes− encontrar una solución que sea eficaz y válida jurídicamente, porque las competencias de la Junta que establece el artículo 41 del Estatuto de Autonomía del País Vasco pueden tener salida por otro lado. Vamos a estudiar entre todos que salida se da porque, aunque las Juntas Generales no tuviesen posibilidad de recurso contencioso en cuanto norma básica de desarrollo, sí es verdad que al final, como mínimo, las Juntas Generales deberían hacer normas de desarrollo y, por tanto […] hay muchas formas de poder entablar recursos, bien a través de la norma básica o de las normas reglamentarias que lo desarrollen.
Por lo tanto ¿vamos a ser capaces de encontrar una solución? Sí. Pero debemos decir que la autonomía no es de las Juntas Generales; esta última tiene una autonomía dentro del País Vasco, pero la comunidad autónoma que se reconoce en la Constitución per se es la Comunidad Autónoma del País Vasco, y con ellos negociamos e intentamos buscar una solución, que posiblemente será la solución de un problema interno; en la medida en que puede afectar a territorios externos al País Vasco, tenemos que ser capaces de encontrar esa vía. […] Yo me pregunto: ¿cómo podemos nosotros a través de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dar rango de ley a una norma de las Juntas Generales que, teóricamente, son de desarrollo de una norma que existe en el País Vasco? Esa confusión la tenemos todos. Nosotros también”
Creo que no es necesario comentario alguno. El que pronunció estas palabras no tiene ni idea de lo que son las Juntas Generales, ni de lo que son sus normas forales ni, en fin, de lo que se pretendía con las enmiendas. No es mejor la intervención del portavoz popular Gutiérrez González. Fíjense:
“…es un tema de fuentes del Derecho si recurrimos de una manera u otra, pero al final, si otorgamos la posibilidad de recurso directamente ante el Tribunal Constitucional, lo que estamos haciendo es plantear una asimilación de esa norma foral dictada por la diputación a lo que puede ser una ley del Parlamento vasco o de un Parlamento nacional. Al final estamos planteando una asimilación de un órgano que tiene unas competencias pero que no tiene una similitud con una cámara legislativa, porque no la tiene, como tampoco la tienen los cabildos canarios y tampoco la tienen los consells insulares de las Baleares; por lo tanto, son instituciones distintas.
Y me preocupa menos el recurso, lo que me preocupa es que por vía de la modificación del sistema de acceso al recurso con equiparación de la ley podamos estar configurando una naturaleza jurídica distinta de la institución, es decir, de la diputación foral, que no es una cámara legislativa. Por ello, y como decía el señor Molas, vamos a tocar por un lado un tema de fuentes del Derecho, pero también vamos a tocar el tema de la naturaleza jurídica de la institución. Y repito que eso me preocupa, porque eso sí que afecta al Estado, porque también las hay en Canarias y Baleares. Eso hay que discutirlo, eso hay que acordarlo, y eso hay que hacerlo por consenso”.
No comment. ¡Qué barbaridad! Afirmar que el régimen de impugnaciones previsto para las normas forales altera o puede alterar la naturaleza jurídica de las diputaciones, significa reconocer que se ignora todo lo que está en juego cuando se pide el blindaje del régimen concertado vasco ¿Por qué no se habrá tomado la molestia de consultar el asunto con cualquier de sus correligionarios que ocupan asiento en las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos? Se hubiese ahorrado un extraordinario motivo de bochorno.
Finalmente, la norma se aprobó y publicó en el BOE para su entrada en vigor. Y el blindaje sigue siendo una asignatura pendiente del Concierto Económico.
Publicado en Historia, Opinión | 12 comentarios
en 2009/05/28 a 10:30 pm petirrojo
Esto no es ningún comentario, pero me gustaría que escribieses sobre el tema de la corrupción. Ya no son sólo los trajes de Camps, sino ya hay dentenciones en Canarias, Murcia, etc., para citar sólo los más recientes. Me gustaría que hicieses un balance sobre la ola de corrupción que sufre el estado. ¿Merecemos estar en Europa?
en 2009/05/29 a 2:21 am Pau
Dios, la parte en la que los socialistas ponen a De Juana Chaos como excusa para posponerlo todo es absolutamente hilarante… jajajaja. “De Juana, ni sabe ni le interesa lo que es una norma foral” quien lo diria con esa cara de martir intelectual con la que posaba paseando tras salir de la carcel (y quien lo diria habiendo matado, matar “por” un pais cuya realidad politica y legal se desconoce, vaya).
Como ya intuia no he entendido totalmente varios aspectos tecnicos del articulo, pero ha valido la pena leerlo.
En cualquier caso he podido sacar algunas conclusiones, como que La Rioja (o mas bien su clase politica dominante) es una mosca cojonera que con poco mas de 300.000 habitantes es capaz de convertirse en la peor pesadilla de cualquier region colindante con aspiraciones a avanzar en su autonomia, o constatar que la primera linea politica esta llena de gente que habla sin saber, y sin ninguna verguenza. (cosa que por otra parte ya era bastante obvia, vease Leire Pajin, pero no deja de impresionar e indignar.)
Tambien que para cualquier politico del PNV encargado de relacionarse con el Estado debe ser casi imposible conciliar un sueño tranquilo durante su vida como servidor publico, casi parece que tengan que turnarse haciendo guardia durante la noche para que los lobos (Los que como tu dijiste ahora cuidan del gallinero, o rebaño, o lo que sea) no vengan a comerse las ovejas forales mientras estas duermen placidamente, algunas con la conciencia bien tranquila tras haber votado al PP o al PSOE.
Y pensar que llegue a ver como algo positivo el pacto del PSOE y el PP en Euskadi… que digo positivo, algo estupendo, y totalmente deseable. Hasta que hace unas semanas empece a leer este blog.
Felicidades por llevar tan bien este espacio, y gracias por llenarlo cada dia con informacion interesante e instructiva que dificilmente se podria obtener por otros cauces. Saludos y animo!
en 2009/05/29 a 8:46 pm luis zabaleta
El caso es que en Euskadi hay consenso entre los diferentes partidos políticos. Un acuerdo definitivo todavía no, pero si un cierto consenso, y además desde hace tiempo.
La corrupción no es cosa del “Estado”, sino de que hay gente dentro de los partidos políticos que se aprovecha de su previlegiada situación para hacer caja. En el pasado le pasó al PSOE, ahora le está pasando al PP.
Aquí en Euskadi al PNV también le han salpicado ciertos escándalos como: el museo Balenciaga, museo Guggenheim, hacienda de Gipuzkoa en Irún (caso del senador Bravo), los 100.000 euros de gasto en pañuelos (y otros) de Txabarri y la última del caso Afer del diputado general de Bizkaia, que ya veremos como termina. Al PSE también le han tocado temas oscuros como una promoción de VPO en Barakaldo hace unos años y un escándalo debido a un chivatazo en una convocatoria de sanidad en el gobierno de coalición PNV-PSE.
En Catalunya, el PSC ha optado por no tirar de la manta, pero el ex-president Maragall representando el tripartito (PSC-ERC-ICV) ya apuntó a que “cositas” había al comentar el tema de las comisiones que CiU supuestamente cobró por algunas obras. Allí han decidido por taparse entre ellos para no dañar la imagen institucional catalana. Como aquí en Euskadi. Con el objetivo de que sólo saldrá a los medios lo que sea realmente evidente.
en 2009/05/29 a 8:56 pm Oscar
Alguna vez he pensado que la Coalición por Europa que conforma CiU, PNV y CC podría ser interesante, pero en estas elecciones me he dado cuenta que no (al menos en esta ocasión). En mi opinión no es más que una suma de votos.
1- No ha habido ni un sólo acto de campaña relevante.
2- Creo que Euskadi tiene unos intereses propios. Hablando sobre un tema concreto, el AVE vasco. Hay una cierta rivalidad entre el eje mediterraneo y el eje atlántico. Eso en parte, se va a decidir en el parlamento europeo. No entiendo que el PNV forme una coalición con una CiU que va a defender a muerte el eje mediterraneo. ¿No es rebajarse en una coalición europea a los intereses de CiU? ¿El PNV no está dando bola a una CiU que va en contra de los intereses de Euskadi?
Me ha parecido interesante la siguiente noticia:
“Los dos principales partidos de la Coalición por Europa, CiU y el PNV, auguran un futuro próspero a la zona por la que pase el tren de alta velocidad adaptado al transporte de mercancías que debe unir a la Península con el resto del continente. Y ninguno quiere dejar pasar ese tren: CiU reclama que sea el corredor mediterráneo el que sirva para llevar las mercancías llegadas a los puertos valencianos, catalanes y andaluces. Por eso, los nacionalistas catalanes reclaman que la Red Transeuropea de Transportes incluya ese proyecto como prioritario. El PNV exige que esa misma red no margine la fachada atlántica.
El tema no es baladí para CiU: la reivindicación del corredor es un eje central de la campaña de Ramon Tremosa, economista experto en logística, desde que el líder convergente Artur Mas le presentó, en enero, como candidato de los convergentes. El PNV es consciente que su apuesta tiene por ahora pocos apoyos tanto en Francia como en España, pero asegura que la defenderá con fuerza.”
en 2009/05/29 a 9:50 pm nikolai
Hay que ver, Josu. Eres una máquina. Quienes intentamos seguirte estamos con la lengua fuera. Imposible ponernos a tu ritmo.
Tengo que reconocer mi ignorancia, pero ¿qué es lo determinante del concierto, la autonomía fiscal de Euskadi o las de sus diputaciones?.
Sé que lo que insinúo es un sacrilegio, pero, igual que tenemos ertzaintza pero no miqueletes, las competencias de de las haciendas forales podían haberse
asumido por el gobierno vasco, pensando más en hacer país que en mantener vivo el pasado.
Preferiría una euskadi con una única normativa fiscal, aprobada por el parlamento.
en 2009/05/29 a 10:17 pm mariasun
Yo de este tema no se ya que estamos viviendo fuera de euskalherria. Pero si te puedo decir lo que me sugiere en un dia como el de hoy, vacaciones. Esperemos que no este todo muy caro y poder disfrutar de la libertad de la playa de Ondarroa, de los piperrak de la huerta y del vino Larrioja.
en 2009/05/29 a 10:56 pm Josu Erkoreka
Petirrojo, a ver si uno de estos días escribo sobre el tema que apuntas. La corrupción está corrompiendo gravemente la vida política y la fe de los ciudadanos en lo político.
Me alegro, Pau, de que mi blog haya contribuido a cambiar tu opinión sobre el pacto PSOE-PP en Euskadi. Es un pequeño logro frente a la ola mediática que empuja en sentido contrario.
Luis, lo que hay desde hace tiempo en Euskadi es una tomadura de pelo del PSOE y del PP a la sociedad vasca. Aquí votan que sí y en Madrid, donde realmente se puede conseguir lo que pretenden, votan que no.
Sobre el recuento de casos de corrupción que haces, sólo se me ocurre una pregunta ¿No te parece un poco sesgada la selección? Los grandes casos de corrupción del PNV que citas son tres casos puntuales de tres chorizos que fueron llevados ante el juez por los propios responsables de la Administración. Incomparable con casos como FILESA, Time Export, Caso BOE, caso fondos reservados, caso Mariano RUbio, etcétera, que fueron supuestos de corrupción, con masivos desvíos de fondos públicos y de los que Felipe González se enteró por la prensa. ¿Y qué me dices de la ayuda que Manolo Chaves ha dado a su hija Paula por valor de 10 millones de euros después de modificada la norma que lo impedía?
Lo que es realmente fascinante es el tono eufemísitico con el que expresas el escándalo Osakidetza: “un escándalo debido a un chivatazo en una convocatoria de sanidad en el gobierno de coalición PNV-PSE”. No, amigo, no. Fue un caso de nepotismo masivo impulsado desde el PSOE a través de Pedro Perez Torres (PEPETO), con el fin de garantizar plaza en la Administración a sus militantes, simpatizantes y amigos.
En lo que discrepo radicalmente es en la valoración que haces en el sentido de que, aquí, en Euskadi, hayamos pactado los partidos politicos no sacar más que lo relevante. No, amigo, no. Aquí se han querido presentar como casos de corrupción supuestos como el del Guggenheim, que se sabía que no daban juego. Un empleado -precisamente el responsable de las cuentas- desvió por su cuenta fondos que devolvió en cuanto se arrepintió. Ni había trama, ni financiación de partidos, ni cuotas, ni nada de nada. En este tema se actuó con saña y visión alicorta -el PSOE el primero- que marcará precedente.
Oscar apunta pretendidas contradicciones entre CiU y PNV en el seno de la coalición que compartimos en estas elecciones. Para contradicciones las del PSOE. Votan una cosa en Euskadi y, en Madrid, la contraria. En Euskadi reivindican cosas que en Madrid deniegan, porque tienen que subordinarse a intereses ajenos al vasco. Y en Europa, ni qué decir. Harán lo que les imponga el líder de su Grupo Parlamentario, aunque sea contrario a lo que cientos de veces han reclamado en Euskadi. Esto, lo vemos todos los días en el Congreso de los Diputados.
Amigo Oscar. La prioridad al ramal mediterráneo se la ha dado Zapatero en su última cumbre con Sarkozy. Y el único que ha levantado el dedo para decirle a Zapatero que también existe el otro ramal y exigirle que presione a Sarkozy para que se ocupe de su parte… ¿sabes quién ha sido? El PNV. Yo mismo. Los diputados socialistas vascos, mientras tanto, aplaudían al presidente del Gobierno,como si la cosa no fuera con ellos. Esos son los “pocos apoyos” de los que habla la noticia. El PNV, sólo, tiene que tirar del carro para vencer la resistencia de Zapatero e incluso de los socialistas vascos que en Euskadi dicen que sí, pero en Madrid y en Europa dicen lo les impone Zapatero.
en 2009/05/31 a 12:06 pm luis zabaleta
Josu Erkoreka parece que tiene tiempo libre, porque un político con cierta actividad política no es capaz de dedicar tanto tiempo a su blog.
Su actividad política se reduce a: escribir en su blog y hablando con Rajoy para relanzar una coalición PPNV en el Congreso de los diputados.
Además de la genuina crítica al resto de las formaciones políticas, me pregunto que propuestas tiene el señor Erkoreka. Y no vale los chivatazos de sus compañeros diputados.
Un medio como este podría servir para leer propuestas de un político, pero aquí sólo aparece crítica. Que puedes estar de acuerdo o no, pero sinceramente, cansa. Queremos más.
en 2009/05/31 a 10:38 pm Josu Erkoreka
Querido Luis. Hay políticos que trabajan, como Erkoreka, y políticos que hacen que trabajan, como Patxi López. No hay más que ver lo que hizo durante los dos años que se mantuvo como diputado en activo. ¿Te acuerdas del post que le dediqué? Repásalo si quieres. Es un perfecto retrato del personaje.
Si quieres conocer a alguien que habla mucho -pero mucho mucho- con el PP, te voy a dar su nombre. López. Es tan amigo de los doberman que acaba de suscribir con ellos un acuerdo de investidura. Hay fotos que lo atestiguas. ¿Te interesan? Te puedo proporcionar tantas cuantas quieras. El día que yo firme una cosa parecida con Rajoy, hablamos de la coalición PPNV, que sólo existe en alguna mente calenturienta. Hasta ahora, la única coalición que existe en la realidad (no en la imaginación, sino en la realidad) es la coalición PPSOE en Euskadi.
Mis propuestas, amigo Zabaleta, las formulo todos los días en el Congreso de los Diputados. Fíjese, por ejemplo, en las que se expresan en este post en torno al blindaje del Concierto Económico. Mientras yo hacía propuestas, los socialistas vascos se dedicaban a intrigar y a poner palos en las ruedas. Léase el informe y lo comprobará.
Por cierto… hablando de propuestas… ¿dónde están las de López? Yo no le veo más que comparecer en rueda de prensa y en actos públicos de amplia cobertura mediática. ¿Sabe hacer algo más?
en 2009/06/01 a 10:57 am Imanol
La verdad es que a mi este Luis Zabaleta me asombra. En el blog de LoPPez, en su ultima entrada, sale criticando a los nacionalistas, y dice:
“Algunos nacionalistas se deben de aburrir en sus foros nacionalistas, jejeje….vienen a este foro a escupir odio. Por lo menos, espero que les sirva como sesión de sicólogo. Por aquéllo de poder descargar tensión.
en fin!!…qué pena”.
Claro, el debe de aburrirse en el de LoPPez y viene al de Erkoreka a poder orden, segun el. Las criticas de zabaleta son piadosas, las de los nacionalistas son de derribo del gobierno. Y es que si llamas mentiroso a un mentiroso pues al parecer segun Zabaleta estas mintiendo. Y es que si Erkoreka trata de explicar en su blog lo que sucedio desde el 2007 con el blindage, que despues de llegar a un pacto con los socialistas en el congreso, estos votaron en contra del blindage, no respetaron el acuerdo (una vez mas), pues segun Zabaleta ahi cosas mas importantes que andar sacando a relucir las VERDADES de las incoherencias socialistas, las mentiras socialistas. Claro luego Pastor dice que el PNV trata de ponerse medallas, pero es que si el PNV no lleva la iniciativa aprobada en el parlamento vasco al congreso eso se eterniza como aquel pacto que hubo para elegir al director de la EITB, y que el PSE no cumplio. Claro, el PSE no busca ponerse medallas, es el partido de la propaganda, es el partido charlatan. Pero a LoPPez ya le queda menos tiempo para no tener excusas en la falta de resultados positivos, por que los ciudadanos exigimos que el partido que este en el gobierno sea “responsable” y nos solucione los problemas. No que el partido en el gobierno cree paginas webs ILEGALES, aparte de partidistas (desde esa pagina llegas a la pagina de las juventudes socialistas, la del PSE, PSOE TV,…), tampoco los ciudadanos queremos consejeros que no sepan de que va el blindage, el concierto economico, el estatuto (que tanto dicen defender y en el juraron). En fin Luis, sera que necesitas terapia viendo que LoPPez depende de la estrategia del PP o en su caso del PNV. Sera que el gobierno fuerte y estable que LoPPez dice tener es otra mentira, ya sabe, por eso que 25 son menos que 30, y para que tenga 38 pues ya sabes, los doberman, chico. jejejejejeje
en 2009/06/01 a 1:35 pm manuel
Bah!. Josu, deja a Zabaleta. El mismo se define como un antiguo militante de IU pero se nota que guarda mucho resentimiento al PNV. El día que Zabaleta diga ” El PNV ha hecho las cosas muy bien, ha sabido gestionar esta comunidad con buen criterio. Ha alcanzado un alto nivel de bienestar que ya lo querrían en Andalucia. Pero el PSE lo va a hacer aún mejor”. El día que le vea escribir esto pensaré que es una persona libre, sin ningún tipo de atadura política y un gran pensador pero no es el caso. Lo siento pero es así.
en 2009/06/02 a 12:24 pm Edu Araujo
El blog de López debe de estar lleno de propuestas concretas: “Curso de saxofón por CCC”, “Pinchadiscos en güateques en 10 breves lecciones”, “La Física Cuántica para bebés”. Creo que incluso se atreve a enunciar los “Diez Mandamientos de la Termodinámica. ¿O eran 9? ¿Será por no tener que escribir en su propio blog por lo que se dedica tan en cuerpo y alma a ser presidente?. Ya ha arreglado la crisis en Euskadi y pronto arreglará lo de Oriente Medio…

References: resolución 
 resolución 
 artículo 10
 artículo 27
e contrario
 artículo 161
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 161
 resolución 
 artículo 161
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 artículo 161
 artículo 41
 resolución 
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