Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2013/as201311194.html
Timestamp: 2019-03-23 21:05:14+00:00

Document:
as201311194
AUTO SUPREMO Nº. 194/2013
Sucre, 11 de julio de 2013
EXPEDIENTE: BENI 85/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Georgina Navi Pérez, Liliana Navia Pérez, Yuliana Justiniano Suárez, Freddy Limachi Escobar, Pablo Cruz Chao
DELITO: tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación
VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Georgina Navi Pérez, Liliana Navi Pérez, Yuliana Justiniano Suárez y Pablo Cruz Chao (fs. 555 a 561), cuya copia cursa a fojas 604 a 610 y Freddy Javier Limachi Escobar y Adriana Mireya Navi Pérez (fs. 594 a 601), impugnando el Auto de Vista Nro. 14/2013 emitido el 26 de febrero de 2013 por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni (fs. 527 a 535), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, previstos y sancionados por los artículos 48 en relación al 33 inciso m) y 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
Que los recursos interpuestos tienen su origen en los siguientes antecedentes:
Sustanciado el proceso por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Riberalta, Primera Sección de la provincia Vaca Díez del departamento del Beni, se dictó la Sentencia Nro. 01/2012 de 27 de enero de 2012, declarando a los procesados Freddy Javier Limachi Escobar, Pablo Cruz Chao, Yuliana Justiniano Suárez, Adriana Mireya Navi Pérez y Georgina Navi Pérez, autores del delito de tráfico de sustancias controladas, condenándolos a cumplir la pena privativa de libertad de diez años, absolviéndolos de los delitos de asociación delictuosa y confabulación; declarando asimismo, a la coprocesada Liliana Navi Pérez autora del delito de tráfico de sustancias controladas, condenándola a sufrir la pena de privación de libertad de quince años de presidio y absolviéndola de culpa y pena de los delitos de asociación delictuosa y confabulación (fs. 472 a 484).
Dicha Sentencia fue recurrida en apelación por los condenados Georgina Navi Pérez, Liliana Navi Pérez, Yuliana Justiniano Suárez y Pablo Cruz Chao (fs. 494 a 498), además de Freddy Javier Limachi Escobar y Adriana Mireya Navi Pérez (503 a 507), recursos que fueron declarados improcedentes por el Tribunal de Alzada (fs. 527 a 535), confirmando la sentencia recurrida, dando lugar a la presentación del recurso de casación planteado por Georgina Navi Pérez, Liliana Navi Pérez, Juliana Justiniano Suárez y Pablo Cruz Chao (fs. 555 a 561, cuya copia cursa a fs. 604 a 610 ) y el recurso de casación deducido por Freddy Javier Limachi Pérez y Adriana Mireya Navi Pérez (fs. 594 a 601).
Que de la revisión de antecedentes se tiene que, por Auto Supremo Nro. 121/2013 de 26 de abril, de forma excepcional, fue admitido únicamente el motivo segundo del recurso casacional formulado por Freddy Javier Limachi Escobar y Adriana Mireya Navi Pérez (fs. 594 a 601), mismo que fue argumentado como sigue: El Tribunal de Alzada no divisó la violación del artículo 169 incisos 2), 3) y 4) del Código de Procedimiento Penal, porque en la Sentencia se realizó una incorrecta ponderación e individualización de cada uno de los imputados, referente al grado de participación que tiene cada uno de los recurrentes, pues ni el Tribunal sentenciador y menos el Tribunal de Alzada, tomaron en cuenta la Sentencia Constitucional que se presentó en la audiencia del juicio oral y público, como la Nro. 760/2003-R de 4 de julio, toda vez que el artículo 33 inciso m) de la Ley Nro. 1008, especifica 14 modalidades típicas que describen claramente las conductas de las personas que se dedican al tráfico de sustancias controladas y que sus personas no se encuentran en ninguna de ellas, al respecto transcriben parcialmente el contenido de la ratio decidendi establecida en las Sentencias Constitucionales Nros. 0760/2003-R de 04 de junio, 1655/2004-R de 14 de octubre y 1789/2004 de 12 de diciembre, que establecen jurisprudencia constitucional relativa a las exigencias de que en la imputación formal se debe consignar con total exactitud los hechos de los cuales se acusa al imputado y que no fueron tomadas en cuenta en el Auto Nro. 014/2013 de 26 de febrero de 2013; sostienen que por ese hecho el Auto de Vista adolece de defectos de fundamentación sobre el punto apelado, lo que incide en la vulneración de sus derechos al debido proceso, acusando la inobservancia de los artículos 5 y 84 del Código de Procedimiento Penal y artículos 9 y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señalan los derechos que tiene toda persona que se encuentra privada de libertad, entre ellos, 1) a que se le especifique claramente el motivo de su privación de libertad, constituyendo dichos derechos exigencia y límites infranqueables para los funcionarios policiales, fiscales y jueces y su respeto a esa condición inexcusable, por lo que la violación de dichos derechos puede ser alegada en cualquier momento frente al Juez y en caso de que éste la considere verdadera, deberá corregirla anulando aquellos actos que implicaron vulneración a los derechos y garantías del detenido. Que ni el Juez cautelar, ni el tribunal sentenciador como tampoco el Tribunal de Alzada, corrigieron dichas vulneraciones, a pesar que el Tribunal de Alzada reconoce en el Auto de Vista Nro. 01472012 de 26 de febrero de 2013, que se han vulnerado sus garantías y derechos constitucionales, situación que debió conllevar la anulación de obrados (sic). Invocan como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 315 de 25 de agosto de 2006, 200012-Sala Penal-2-873 y 453 de 16 de noviembre de 2009 y la línea jurisprudencial adoptada por las Sentencias Constitucionales Nros. 0760/2003-R de 4 de junio, 1655/2004-R de 14 de octubre y 1789/2004 de 12 de noviembre, transcribiendo lo más sobresaliente de dichas Resoluciones.
CONSIDERANDO III: (Fundamentos de la resolución)
Que conforme el Auto de Admisión Nro. 121/2013 de 26 de abril, el análisis del presente recurso, se circunscribe a la verificación de la existencia de defecto absoluto por infracción al debido proceso en su componente derecho a la debida motivación, que en el caso presente, se vincula a la vulneración del artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, por falta de circunscripción al motivo alegado, correspondiendo en consecuencia puntualizar lo siguiente:
El debido proceso, garantía y derecho constitucional, tiene entre sus componentes el derecho a la debida fundamentación y motivación de las resoluciones, garantía que brinda seguridad jurídica a las partes procesales, en ese entendido, toda resolución emanada de autoridad judicial o administrativa debe contener la cita de los preceptos legales aplicables al caso (fundamentación), presupuesto que se origina en el principio de legalidad, que manda que toda autoridad puede hacer únicamente lo que la Ley manda o permite; las resoluciones deben también encontrarse motivadas de forma adecuada, debiendo expresar razonadamente los motivos por los cuales llegó a una determinada conclusión, razonamientos que inexcusablemente deben ser coherentes con la normativa sustantiva o adjetiva citada, aplicable y éstos con los motivos reclamados en el memorial de apelación. En etapa impugnatoria en materia penal, el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal establece la obligación del Tribunal de Alzada de circunscribir la resolución a los puntos apelados, es decir, indefectiblemente, el Tribunal, debe pronunciarse de forma clara, concreta y lógica respecto de cada una de las denuncias formuladas en el recurso, ya sea positiva o negativamente. Bajo los parámetros señalados, este Tribunal Supremo de Justicia concluye:
Los recurrentes alegan falta de circunscripción del Auto de Vista a los puntos apelados, respecto a la denuncia de alzada referida a la violación del principio de subsunción; al respecto, de la revisión del recurso de apelación restringida, se evidencia que los impetrantes alegaron violación al precitado principio (fs. 506), señalando que en Sentencia no se calificó bien el delito, puesto que no se demostró su participación en el ilícito juzgado, que no existe prueba en su contra, que es imprescindible la concurrencia de todos los elementos del tipo del injusto, objetivos y subjetivos. Sobre el punto, el Tribunal de Apelación, en el parágrafo V, inciso “C).-” del Auto de Vista Nro. 14/2013 de 26 de febrero (fs. 532), pronunciándose sobre la alegación en análisis, concluyó señalando que a fojas 473 a 484, el Tribunal de Sentencia individualizó a los imputados y su respectivo accionar, además de establecer el grado de participación de cada uno de ellos con base en los elementos desfilado en el juicio oral y contradictorio, donde –dice- se puntualizan todos los hechos probados, que además de existir una correcta individualización de los imputados, la participación de cada uno de ellos en el ilícito, existe una correcta valoración de la prueba, tanto de cargo como de descargo, concluyendo que ese Tribunal, no divisó infracción al artículo 169 incisos 2), 3) y 4).
De lo señalado, se evidencia que el Tribunal de Apelación no incurrió en vulneración del artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, pues emitió pronunciamiento respecto a la alegación de alzada, deviniendo en consecuencia el recurso de casación en infundado.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto por el parágrafo segundo del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Georgina Navi Pérez, Liliana Navi Pérez, Yuliana Justiniano Suárez y Pablo Cruz Chao (fs. 555 a 561), cuya copia cursa a fojas 604 a 610 y Freddy Javier Limachi Escobar y Adriana Mireya Navi Pérez (fs. 594 a 601), impugnando el Auto de Vista Nro. 14/2013 emitido el 26 de febrero de 2013 por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni (fs. 527 a 535), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, previstos y sancionados por los artículos 48 en relación al 33 inciso m) y 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

References: artículo 169
 artículo 33
 artículo 398
 resolución 
 artículo 398
 resolución 
 artículo 169
 artículo 398
 artículo 42
 artículo 419