Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JDC/SUP-JDC-00009-1997.htm
Timestamp: 2019-03-24 09:45:03+00:00

Document:
SUP-JDC-009/97
"ALIANZA CÍVICA, AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL"
EXPEDIENTE: SUP-JDC-009/97
MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRIQUEZ
SECRETARIOS: LICS. GUSTAVO AVILES JAIMES Y JUAN CARLOS SILVA ADAYA
México, Distrito Federal a catorce de febrero de mil novecientos noventa y siete. Vistos para resolver los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por la asociación de ciudadanos denominada "Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional", en contra del dictamen y resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el cual determinó concederle a Alianza Cívica, A.C., el registro como tal bajo ciertas condiciones, sustanciado bajo el número de expediente SUP-JDC-009/97, y :
I. El veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se indican los requisitos que deberán cumplir las asociaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como agrupaciones políticas nacionales, estableciéndose en dicho acuerdo, adoptado en su sesión verificada el día veintidós del propio mes y año y cuya copia fotostática consta a fojas 228 a 231 de autos, el plazo para que las asociaciones de ciudadanos interesadas presentaran su solicitud de registro, los requisitos que debían cumplir y la documentación que debían acompañar al formato elaborado por el propio Consejo General.
II. El quince de diciembre de mil novecientos noventa y seis, la asociación de ciudadanos denominada "Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional", atendiendo al acuerdo a que se hace mención en el Resultando anterior, presentó su solicitud de registro como agrupación política nacional, la cual fue acompañada de la documentación que en el mismo formato de solicitud se menciona mismo que obra a fojas 225 a 227 del presente expediente.
III. El quince de enero de mil novecientos noventa y siete, previo Estudio practicado por la comisión encargada del análisis de las Solicitudes y revisión de requisitos de procedencia de las asociaciones de ciudadanos que solicitaron su registro como agrupaciones políticas nacionales, el Consejo General emitió la resolución sobre la solicitud de registro a que se refiere el Resultando anterior, misma que, en copia certificada, incluidos los anexos corre agregada a fojas 134 a 217 de autos, en cuya parte resolutiva se consignó lo siguiente:
DICTAMEN Y RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA "ALIANZA CÍVICA" A.C.
3.- EL 15 DE DICIEMBRE DE 1996, LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA "ALIANZA CÍVICA" A.C., EN ATENCIÓN AL ACUERDO DE ESTE CONSEJO GENERAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 35 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y DEL SÉPTIMO TRANSITORIO, DEL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CITADO ORDENAMIENTO,...
3.- QUE LA COMISIÓN QUE SUSCRIBE EL PRESENTE DICTAMEN Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN, TAL COMO SE DESCRIBE EN EL INCISO A) DEL CONSIDERANDO UNO ANTERIOR, ANALIZO EL TESTIMONIO NOTARIAL No. 25,883, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 1996, PASADO ANTE LA FE DEL LIC. CARLOS A. SOTELO REGIL HERNÁNDEZ, NOTARIO PUBLICO No. 165 DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL SE PROTOCOLIZA EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, DE LA ASOCIACIÓN DENOMINADA "ALIANZA CÍVICA" ASOCIACIÓN CIVIL; DOCUMENTO CON EL QUE LA SOLICITANTE, PRETENDE ACREDITAR ESTE REQUISITO.
QUE DEL ANÁLISIS DESCRITO, SE DESPRENDE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOLICITANTE, Y UN OBJETIVO SOCIAL ORIENTADO A ASUNTOS POLÍTICOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA, POR CONDUCTO ENTRE OTROS, DE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN CÍVICA; QUE POR ESTA RAZÓN SE CONSIDERA ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS.
EL RESULTADO DE ESTE ANÁLISIS SE RELACIONA COMO ANEXO NUMERO UNO, QUE EN UNA FOJA ÚTIL, FORMA PARTE DEL PRESENTE DICTAMEN Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN.
4.- QUE LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA SOLICITANTE CUMPLIÓ EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL INCISO B) , DEL PRIMER CONSIDERANDO DE ESTE INSTRUMENTO, EN RAZÓN DE QUE PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DE QUIEN SUSCRIBIÓ LA SOLICITUD DE REGISTRO, PRESENTARON TESTIMONIO NOTARIAL No. 25,883, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 1996, PASADO ANTE LA FE DEL LIC. CARLOS A. SOTELO REGIL HERNÁNDEZ, NOTARIO PUBLICO No. 165 DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL SE PROTOCOLIZA EL ACTA D!
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, DE LA ASOCIACIÓN DENOMINADA "ALIANZA CÍVICA" ASOCIACIÓN CIVIL; QUE EN DICHO TESTIMONIO, SE OTORGA AL C. SERGIO AGUAYO QUEZADA, PODER PARA QUE LO EJERCITE ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CON EL OBJETO DE TRAMITAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOLICITANTE, EL REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL, Y SIENDO ESTA PERSONA QUIEN SUSCRIBIÓ LA SOLICITUD DE REGISTRO.
EL RESULTADO DE ESTE EXAMEN SE RELACIONA COMO ANEXO NUMERO DOS, QUE EN UNA FOJA ÚTIL, FORMA PARTE DEL PRESENTE DICTAMEN Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN.
5.- QUE LA ASOCIACIÓN SOLICITANTE PRESENTO LISTAS DE ASOCIADOS POR LAS SIGUIENTES TREINTA ENTIDADES: AGUASCALIENTES (101 ASOCIADOS), BAJA CALIFORNIA (165 ASOCIADOS), CAMPECHE (17 ASOCIADOS), COAHUILA (520 ASOCIADOS), COLIMA (119 ASOCIADOS), CHIAPAS (4 ASOCIADOS), CHIHUAHUA (272 ASOCIADOS), DURANGO (95 ASOCIADOS), GUANAJUATO (90 ASOCIADOS), GUERRERO (259 ASOCIADOS), HIDALGO (45 ASOCIADOS), JALISCO (78 ASOCIADOS), MÉXICO (484 ASOCIADOS), MICHOACAN (6 ASOCIADOS) , MORELOS (122 ASOCIADOS) , NUEVO LEÓN (125 ASOCIADOS) , OAXACA (54 ASOCIADOS) , PUEBLA (21 ASOCIADOS) , QUERETARO (6 ASOCIADOS) , QUINTANA ROO (487 ASOCIADOS) , SAN LUIS POTOSÍ (2 ASOCIADOS) , SINALOA (1 ASOCIADO) , SONORA (336 ASOCIADOS) , TABASCO (277 ASOCIADOS) , TAMAULIPAS (12 ASOCIADOS) , TLAXCALA (258 ASOCIADOS), VERACRUZ (530 ASOCIADOS), YUCATÁN (925 ASOCIADOS), ZACATECAS (1 ASOCIADO) Y DISTRITO FEDERAL (2,060 ASOCIADOS), QUE EN TOTAL SUMAN SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS ASOCIADOS; Y CÉDULAS U HOJAS FORMALES DE ASOCIACIÓN POR LA (SIC) MISMAS TREINTA ENTIDADES: AGUASCALIENTES (101 CÉDULAS), BAJA CALIFORNIA (168 CÉDULAS), CAMPECHE (17 CÉDULAS), COAHUILA (596 CÉDULAS), COLIMA (119 CÉDULAS), CHIAPAS (4 CÉDULAS), CHIHUAHUA (272 CÉDULAS), DURANGO (103 CÉDULAS), GUANAJUATO (90 CÉDULAS), GUERRERO (277 CÉDULAS), HIDALGO (45 CÉDULAS) , JALISCO (78 CÉDULAS) , MÉXICO (485 CÉDULAS) , MICHOACAN (6 CÉDULAS) , MORELOS (121 CÉDULAS) , NUEVO LEÓN (125 CÉDULAS) , OAXACA (54 CÉDULAS), PUEBLA (21 CÉDULAS), QUERETARO (6 CÉDULAS), QUINTANA ROO (485 CÉDULAS) , SAN LUIS POTOSÍ (2 CÉDULAS) , SINALOA (1 CÉDULA) , SONORA (337 CÉDULAS), TABASCO (278 CÉDULAS), TAMAULIPAS (12 CÉDULAS), TLAXCALA (258 CÉDULAS), VERACRUZ (539 CÉDULAS), YUCATÁN (931 CÉDULAS), ZACATECAS (70 CÉDULAS) Y DISTRITO FEDERAL (2,110 CÉDULAS), QUE EN TOTAL SUMAN 7,711 HOJAS FORMALES DE ASOCIACIÓN; QUE ADEMAS SE PROCEDIÓ A VERIFICAR EN SU TOTALIDAD LAS LISTAS DE ASOCIADOS PRESENTADAS, A EFECTO DE COMPROBAR SI LAS MISMAS SE INTEGRARON CON EL NOMBRE Y APELLIDOS PATERNO Y MATERNO, EN ORDEN ALFABÉTICO; LA CLAVE DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA; Y EL DOMICILIO PARTICULAR DE LAS PERSONAS EN ELLAS RELACIONADAS; QUE ESTE ANÁLISIS, DIO COMO RESULTADO QUE EN LAS LISTAS DE COAHUILA 8 ASOCIADOS SE ENCUENTRAN DUPLICADOS; EN LA (SIC) LISTAS DE JALISCO, 2 ASOCIADOS SE ENCUENTRAN DUPLICADOS; EN LAS LISTAS DE MORELOS 1 ASOCIADO SE ENCUENTRA DUPLICADO; EN LAS LISTAS DE QUINTANA ROO, 5 ASOCIADOS SE ENCUENTRAN DUPLICADOS; EN LAS LISTAS DE VERACRUZ, 1 ASOCIADO SE ENCUENTRA DUPLICADO; Y POR ULTIMO, EN LAS LISTAS DEL DISTRITO FEDERAL, 7 ASOCIADOS SE ENCUENTRAN DUPLICADOS; ESTE ANÁLISIS IMPLICA QUE EN LAS MULTICITADAS LISTAS DE ASOCIADOS, 7,448 PERSONAS SE ENCUENTRAN RELACIONADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL RESPECTIVO.
QUE SE PROCEDIÓ AL ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS U HOJAS FORMALES DE ASOCIACIÓN, RESULTANDO, QUE DE LAS CÉDULAS CORRESPONDIENTES A AGUASCALIENTES, 1 NO CUENTA CON LA FIRMA DEL ASOCIADO; DE LAS CÉDULAS CORRESPONDIENTES A BAJA CALIFORNIA, 3 NO CONSIGNAN LA CLAVE DE ELECTOR DEL ASOCIADO; DE LAS CÉDULAS CORRESPONDIENTES A COAHUILA, 1 NO CONTIENE LA FIRMA DEL ASOCIADO Y 2 SE ENCUENTRAN DUPLICADAS; DE LAS CÉDULAS CORRESPONDIENTES A DURANGO, 8 NO CONTIENEN LA CLAVE DE ELECTOR DEL ASOCIADO; DE LAS CÉDULAS CORRESPONDIENTES A HIDALGO 5 SE ENCUENTRAN FIRMADAS CON "X", SIN CONTAR CON LA HUELLA DIGITAL RESPECTIVA; DE LAS CÉDULAS CORRESPONDIENTES A MORELOS, 1 NO CONTIENE LA FIRMA DEL ASOCIADO Y 1 SE ENCUENTRA FIRMADA CON "X", SIN CONTAR CON LA HUELLA DIGITAL RESPECTIVA; DE LAS CÉDULAS CORRESPONDIENTES A TABASCO, 2 NO CONTIENEN LA FIRMA DEL ASOCIADO, 1 NO CUENTAN (SIC) CON LA CLAVE DE ELECTOR Y 1 SE ENCUENTRA FIRMADA CON "X", SIN CONTAR CON LA HUELLA DIGITAL RESPECTIVA; DE LAS CÉDULAS CORRESPONDIENTES A TLAXCALA, 2 SE ENCUENTRAN FIRMADAS CON "X", SIN CONTAR CON LA HUELLA DIGITAL RESPECTIVA; DE LAS CÉDULAS CORRESPONDIENTES A VERACRUZ, 5 SE ENCUENTRAN FIRMADAS CON "X", SIN CONTAR CON LA HUELLA DIGITAL RESPECTIVA; DE LAS CÉDULAS CORRESPONDIENTES A YUCATÁN, 1 NO CUENTA CON LA FIRMA DEL ASOCIADO Y 6 NO CONSIGNAN LA CLAVE DE ELECTOR; POR ULTIMO, DE LAS CÉDULAS CORRESPONDIENTES AL DISTRITO FEDERAL,
NO CUENTAN CON LA FIRMA DEL ASOCIADO Y 3 NO CONSIGNAN LA CLAVE DE ELECTOR, POR LO QUE RESULTAN 7,663 CÉDULAS FORMALES DE ASOCIACIÓN VALIDABLES.
EL RESULTADO DE ESTE EXAMEN SE RELACIONA COMO ANEXO NUMERO TRES, EN TREINTA FOJAS ÚTILES, Y EN SU RESPECTIVA RELACIÓN COMPLEMENTARIA EN TRES FOJAS ÚTILES, AMBOS FORMAN PARTE DEL PRESENTE DICTAMEN Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN.
6.- QUE SE EFECTUÓ EL EXAMEN DESCRITO EN EL CONSIDERANDO 1, INCISO D), ES DECIR, SE SELECCIONO UNA MUESTRA DEL 50.9% DE LAS CÉDULAS U HOJAS FORMALES DE ASOCIACIÓN, CON EL FIN DE QUE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DE ESTE INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, VERIFICARA LAS CLAVES DE ELECTOR DE LOS ASOCIADOS, ASI COMO PARA OBTENER LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITIÓ COMPULSAR LAS FIRMAS DE ESOS ASOCIADOS; QUE DEL ANÁLISIS DE LAS CLAVES DE ELECTOR, SE OBTUVO COMO RESULTADO QUE DE LAS 3,925 CÉDULAS FORMALES DE ASOCIACIÓN ANALIZADAS, 459 CORRESPONDÍAN A ASOCIADOS QUE NO APARECÍAN EN EL PADRÓN, Y 10 SE ENCONTRABAN DUPLICADOS, QUE RESTADAS A LAS 7,663 HOJAS FORMALES DE ASOCIACIÓN VALIDABLES, RESULTADO DEL ANÁLISIS DESCRITO EN EL CONSIDERANDO ANTERIOR, REDUCE A 7,194 EL NUMERO DE CÉDULAS FORMALES DE ASOCIACIÓN VALIDADAS, POR LO QUE SE CUMPLE CON EL MÍNIMO DE 7,000 ASOCIADOS EN EL PAÍS EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS.
QUE LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL ANÁLISIS OCULAR ENTRE LAS FIRMAS PLASMADAS EN LAS CÉDULAS U HOJAS FORMALES DE ASOCIACIÓN Y LAS CONSIGNADAS EN LAS COPIAS DE LOS RECIBOS DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, Y DE UN SIMPLE COTEJO VISUAL, SE OBTUVO COMO RESULTADO QUE 156 DE ESTAS FIRMAS NO COINCIDÍAN POR RESULTAR EVIDENTEMENTE DESIGUALES.
EL RESULTADO DE ESTE EXAMEN SE RELACIONA COMO ANEXO NUMERO CUATRO, EN OCHO FOJAS ÚTILES, Y EN SU RESPECTIVA RELACIÓN COMPLEMENTARIAS EN QUINCE FOJAS ÚTILES, AMBOS FORMAN PARTE DEL PRESENTE DICTAMEN Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN.
7.- QUE LA COMISIÓN ANALIZO LA DOCUMENTACIÓN, CON LA QUE PRETENDEN ACREDITAR CONTAR CON UN ÓRGANO DE DIRECCIÓN A NIVEL NACIONAL Y CON DELEGACIONES EN CUANDO MENOS DIEZ ENTIDADES, CONSISTENTE EN UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; UN RECIBO DE PAGO DE RENTA; DOS COPIAS DEL R.F.C.; UN RECIBO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO; UNA ORDEN DE INSTALACIÓN DE SERVICIO TELEFÓNICO; UN RECIBO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA; DIEZ ACTAS DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN LAS QUE SE DA FE DE SUS DOMICILIOS SOCIALES; TESTIMONIO NOTARIAL No. 5,612 DEL NOTARIO PUBLICO No. 11 DE COLIMA, COLIMA; TESTIMONIO NOTARIAL No. 266, DEL NOTARIO No. 1, DE DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO; DIEZ CONTRATOS DE COMODATO DE IGUAL NUMERO DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y UN ACUERDO DE PRÉSTAMO DE ESPACIO A LA ASOCIACIÓN.
QUE DE LA DOCUMENTACIÓN DESCRITA, SE DESPRENDE QUE LA SOLICITANTE CUENTA CON UN ÓRGANO DE DIRECCIÓN A NIVEL NACIONAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE YOSEMITE No. 45, COLONIA ÑAPÓLES, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, DISTRITO FEDERAL; Y DELEGACIONES EN LAS SIGUIENTES QUINCE ENTIDADES FEDERATIVAS: AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE, COAHUILA, COLIMA, GUANAJUATO, MÉXICO, MORELOS, OAXACA, SONORA, TABASCO, TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATÁN Y QUINTANA ROO.
EL RESULTADO DE ESTE EXAMEN SE RELACIONA COMO ANEXO NUMERO CINCO, QUE EN UNA FOJA ÚTIL, FORMA PARTE DEL PRESENTE DICTAMEN Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN.
8.- QUE LA COMISIÓN QUE SUSCRIBE EL PRESENTE DICTAMEN Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN, TAL COMO LO ESTABLECE EL INCISO E) DEL CONSIDERANDO UNO DE ESTE INSTRUMENTO, ANALIZO LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS, EL PROGRAMA DE ACCIÓN Y LOS ESTATUTOS QUE PRESENTO LA ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS SOLICITANTE, A EFECTO DE COMPROBAR SI LOS MISMOS CUMPLEN EN LO CONDUCENTE CON LOS EXTREMOS SEÑALADOS RESPECTIVAMENTE, POR LOS ARTÍCULOS 25, 26 Y 27 DEL CÓDIGO DE LA MATERIA.
QUE EL RESULTADO DE ESTE ANÁLISIS, INDICA QUE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS CUMPLE CON LOS EXTREMOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 25 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.,
QUE POR LO QUE HACE AL ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN, CUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 26 DEL REFERIDO ORDENAMIENTO; QUE NO OBSTANTE LO ANTERIOR, ESTA COMISIÓN ANOTA QUE EL PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA ASOCIACIÓN QUE NOS OCUPA ESTABLECE ENTRE SUS ACTIVIDADES LA OBSERVACIÓN ELECTORAL, QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 5, PÁRRAFO 3, INCISO b) DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, ES UNA ACTIVIDAD QUE NO PUEDE SER REALIZADA POR PARTIDO U ORGANIZACIÓN POLÍTICA ALGUNA, EN TANTO SU CALIDAD DE PERSONAS MORALES.
QUE RESPECTO AL ANÁLISIS DE LOS ESTATUTOS, SE OBTUVO COMO RESULTADO, QUE ESTOS NO COPNTRAVIENEN (SIC) LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, PÁRRAFO 1, INCISO c) , FRACCIÓN IV DE LA LEY ELECTORAL VIGENTE, AUNQUE DICHOS DOCUMENTOS NO HACEN EXPLÍCITO (SIC) LAS FUNCIONES, FACULTADES Y OBLIGACIONES DE SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS; Y CONTAR CON EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE SUS RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES REFERIDOS EN EL ARTICULO 49-A DEL CÓDIGO INVOCADO.
EL RESULTADO DE ESTOS ANÁLISIS SE RELACIONA COMO ANEXO NUMERO SEIS, QUE EN DOS FOJAS ÚTILES, FORMA PARTE DEL PRESENTE DICTAMEN Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN.
9.- QUE LA COMISIÓN ANALIZO EL CONJUNTO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA CONSTATAR QUE LA SOLICITANTE SE OSTENTA CON UNA DENOMINACIÓN DISTINTA A CUALQUIER OTRA ORGANIZACIÓN O PARTIDO POLÍTICO, DANDO COMO RESULTADO QUE, AL DENOMINARSE "ALIANZA CÍVICA" A.C., Y AL PRESENTAR DOCUMENTACIÓN CON DICHA DENOMINACIÓN, SE TIENE POR CUMPLIDO EL REQUISITO OBJETO DE EL PRESENTE CONSIDERANDO.
10.- QUE CON BASE EN TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE CONFORMA EL EXPEDIENTE DE CONSTITUCIÓN COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL, DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA "ALIANZA CÍVICA" A. C. Y CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DESCRITOS EN LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES, SE CONCLUYE QUE LA SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS SEÑALADA, NO CONTRAVIENE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR EL INCISO e) DEL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO CITADO EN EL PUNTO 1 DEL APARTADO DE ANTECEDENTES DEL PRESENTE PROYECTO DE RESOLUCIÓN, AUNQUE NO HACE EXPLÍCITOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LOS ESTATUTOS POR EL ARTICULO 27, PÁRRAFO 1, INCISO c), FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. POR OTRA PARTE, SE HACE REFERENCIA EN SU PROGRAMA DE ACCIÓN A LA ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN ELECTORAL, ACTIVIDAD QUE NO PODRA SER REALIZADA POR PARTIDO U ORGANIZACIÓN POLÍTICA ALGUNA; QUE SIN EMBARGO, ATENDIENDO EL HECHO DE QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS, Y QUE LA OBSERVANCIA DE LOS PUNTOS MENCIONADOS EN ESTE CONSIDERANDO PUEDE SER SUBSANADA POR EL ÓRGANO DE DIRECCIÓN ESTATUTARIAMENTE FACULTADO PARA EL EFECTO; QUE DE LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE ES PROCEDENTE OTORGAR EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, SIEMPRE Y CUANDO, SE REALICEN LAS MODIFICACIONES NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL YA SEÑALADO ARTICULO DEL CÓDIGO DE LA MATERIA.
LO ANTERIORMENTE SEÑALADO, SE DETALLA EN EL ANEXO NUMERO SIETE, QUE EN UNA FOJA ÚTIL, FORMA PARTE DEL PRESENTE DICTAMEN Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN.
11.- QUE POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, ESTA COMISIÓN CONCLUYE QUE LA SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA "ALIANZA CÍVICA" A. C. REÚNE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA OBTENER SU REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL, DE ACUERDO A LO PRESCRITO POR EL ARTICULO 35, PÁRRAFOS 1, INCISOS a) Y b); Y 2 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y EN EL ACUERDO EMITIDO AL EFECTO POR EL CONSEJO GENERAL.
EN CONSECUENCIA, LA COMISIÓN QUE SUSCRIBE PROPONE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 35, PÁRRAFO 3 Y 80 EN RELACIÓN CON EL SÉPTIMO TRANSITORIO DEL ARTICULO PRIMERO, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 82, PÁRRAFO 1, INCISOS k) Y Z) DEL MISMi ORDENAMIENTO, DICTE LA SIGUIENTE:
PRIMERO.- PROCEDE EL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL, A LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA "ALIANZA CÍVICA" A. C., EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONSIDERANDOS DE ESTA RESOLUCIÓN, TODA VEZ QUE CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 35 PÁRRAFOS 1, INCISOS a) Y b) Y 2 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y POR SATISFACER LOS REQUISITOS PRECISADOS EN EL ACUERDO RESPECTIVO, QUE FUE EXPEDIDO AL EFECTO POR ESTE CONSEJO GENERAL.
SEGUNDO.- COMUNIQÚESE A LA ASOCIACIÓN DENOMINADA "ALIANZA CÍVICA" A.C., QUE CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE ESTA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE INFORMAR A ESTE CONSEJO GENERAL DE LA FECHA EN QUE REALIZARAN LAS REFORMAS A SUS ESTATUTOS, A FIN DE CUMPLIR CABALMENTE CON LO (SIC) EXTREMOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 27, PÁRRAFO 1, INCISO c), FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y LAS MODIFICACIONES A LOS CONTENIDOS EN SU PROGRAMA DE ACCIÓN RELATIVOS A LA OBSERVACIÓN ELECTORAL. EL PLAZO QUE ESTABLEZCA LA ASOCIACIÓN "ALIANZA CÍVICA" A.C., DEBERÁ SER LO MAS BREVE POSIBLE, EN LA MEDIDA QUE LO PERMITAN SUS ESTATUTOS PARA CONVOCAR A LA REUNIÓN ORDINARIA O EN SU CASO, EXTRAORDINARIA QUE DEBA REALIZAR EL ÓRGANO DIRECTIVO ESTATUTARIAMENTE COMPETENTE PARA ESTE FIN. DICHAS MODIFICACIONES DEBERÁN HACERSE DEL CONOCIMIENTO DE ESTE CONSEJO GENERAL EN EL TERMINO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 38, PÁRRAFO 1, INCISO I) , DEL CÓDIGO INVOCADO, Y PARA QUE, PREVIO DICTAMEN SEAN AGREGADOS AL EXPEDIENTE RESPECTIVO.
TERCERO.- APERCIBIÉNDOSE A LA ASOCIACIÓN DENOMINADA "ALIANZA CÍVICA" A. C. QUE EN EL CASO DE NO CUMPLIR EN SUS TÉRMINOS CON LO SEÑALADO EN EL PUNTO SEGUNDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, ESTE CONSEJO GENERAL PROCEDERÁ A DECLARAR LA PERDIDA DEL REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL, PREVIA AUDIENCIA EN QUE LA INTERESADA SERA OÍDA EN DEFENSA, EN TÉRMINOS DE LO PRECEPTUADO POR EL ARTICULO 35, PÁRRAFO 13, INCISOS d) Y f) , EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 67, PÁRRAFO 2, AMBOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
CUARTO.- NOTIFIQUESE EN SUS TÉRMINOS LA PRESENTE RESOLUCIÓN, A LA ASOCIACIÓN CIVIL "ALIANZA CÍVICA" A. C.
QUINTO.- PUBLIQUESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
IV. El veinte de enero de mil novecientos noventa y siete, se notificó a la hoy actora la resolución precisada en el Resultando que antecede.
V. Mediante escrito de veinticuatro de enero del año en curso, presentado ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el C. Sergio Aguayo Quezada, en representación de la asociación de ciudadanos denominada "Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional", promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano eri contra del dictamen y resolución precisado en el Resultando III de esta sentencia, expresando en su escrito de demanda los hechos y agravios que en su concepto se le causaban, los cuales son estudiados de manera individual en el capítulo de Considerandos de este fallo. Dich escrito obra a fojas 7 a 45 de este expediente.
VI. El Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral hizo del conocimiento público la interposición del referido medio de impugnación, mediante la fijación, en los estrados del propio Instituto, de la cédula correspondiente, sin que compareciera algún tercero interesado.
VII. El veintinueve de enero del año en curso, se recibió el oficio número SCG-072/97 del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y siete, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, por el que remite el expediente número JTG-008/97, formado con motivo de la interposición del referido juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el cual se integra con los siguientes documentos: A. Original del escrito del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano suscrito por el C. Sergio Aguayo Quezada, quien se ostenta como representante de Alianza Cívica, A.C.; B. Pruebas aportadas por el promovente, consistentes en: a) Copia simple del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se indican los requisitos que deberán cumplir las asociaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como agrupaciones políticas nacionales; b) Copia simple de la solicitud de registro como agrupación política nacional de la asociación de ciudadanos hoy actora, suscrita por el C. Sergio Aguayo Quezada, en la que obra sello de recibido de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral del quince de diciembre del año en curso y en la que obra número de folio 00035; c) Copia simple del testimonio notarial de la escritura sesenta y cuatro mil sesenta y uno del veinticinco de abril de mil noventa y cuatro (sic) , otorgada ante el Licenciado Joaquín Talavera Sánchez, notario cincuenta del Distrito Federal, mediante la cual se hace constar el contrato de asociación civil que otorgan los señores Sergio Aguayo Quezada, Enrique Calderón Alzati, Julio Faesler Carlisle, Eduardo Mendoza Ayala, Clara Jusidman Rapoport, Martha Pérez Bejarano y Luz Beatriz Rosales Esteva, para constituir la asociación civil denominada Alianza Cívica, A.C.; d) Tercer testimonio en orden con carácter de tercera copia que se expidió a Alianza Cívica, A.C., del acta veinticinco mil ochocientos ochenta y tres del trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis, mediante la cual se protocoliza el acta de la Asamblea General Extraordinaria de asociados de la asociación Alianza Cívica, A.C., celebrada el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por el Lie. Carlos A. Sotelo Regil Hernández, notario público número ciento sesenta y cinco del Distrito Federal; e) Copia simple de la cédula
de notificación del oficio SCG/038/97 dirigido al C. Sergio Aguayo Quezada, del veinte de enero de mil novecientos noventa y siete; f) Copia simple del oficio SCG/038/97 del dieciséis de enero de mil novecientos noventa y siete, dirigido por el Secretario del Consejo General al C. Sergio Aguayo Quezada, representante de la asociación de ciudadanos denominada "Alianza Cívica, A.C."; g) Copia simple del Dictamen y resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de registro como agrupación política nacional de la asociación civil denominada "'Alianza Cívica' A.C."; h) Copia simple de la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos de la asociación de ciudadanos "Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional"; i) Formato de solicitud de afiliación del ciudadano, y j) "un ejemplar del folleto informativo que se circuló para fines de convocatoria", que dice en su portada "Para incidir más...Para seguir luchando...ALIANZA CÍVICA. . .AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL"; C. Acuerdo de recepción del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y siete; D. Cédula de publicación de recepción del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ya precisado y de la razón de fijación de la misma en el lugar que ocupan los estrados del Instituto Federal Electoral; E. Original de la razón de retiro de los estrados del Instituto Federal Electoral, de la cédula referida en el punto anterior; F. Copia certificada del Dictamen y resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de registro como agrupación política nacional de la asociación civil denominada "'Alianza Cívica' A.C."; G. Copia certificada de los anexos uno a siete del Dictamen y resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de registro como agrupación política nacional de la asociación civil denominada "'Alianza Cívica' A.C."; H. Copia certificada del acta de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral del quince de enero de mil novecientos noventa y siete; I. Copia certificada de la cédula de notificación del oficio SCG/038/97 dirigido al C. Sergio Aguayo Quezada, del veinte de enero de mil novecientos noventa y siete, y de copia simple del oficio SCG/038/97 del dieciocho de enero de mil novecientos noventa y siete, dirigido por el Secretario del Consejo General al C. Sergio Aguayo Quezada, representante de la asociación de ciudadanos denominada "Alianza Cívica, A.C.", como acuse de recibo; J. Solicitud de registro como agrupación política nacional suscrita por el C. Sergio Aguayo Quezada en la que obra sello de recibido de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal ElectoraL
del quince de diciembre del año en curso; k. Copia fotostática de las páginas 7 a 10 del Diario Oficial de la Federación en las que aparece publicado el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se indican los requisitos que deberán cumplir las asociaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como agrupaciones políticas nacionales; L. Copia certificada de la escritura sesenta y cuatro mil sesenta y uno del veinticinco de abril de mil noventa y cuatro (sic), otorgada ante el Licenciado Joaquín Talavera Sánchez, notario cincuenta del Distrito Federal, mediante la cual se hace constar el contrato de asociación civil que otorgan los señores Sergio Aguayo Quezada, Enrique Calderón Alzati, Julio Faesler Carlisle, Eduardo Mendoza Ayala, Clara Jusidman Rapoport, Martha Pérez Bejarano y Luz Beatriz Rosales Esteva, para constituir la asociación civil denominada Alianza Cívica, A.C.; M. Listas de asociados y las cédulas u hojas formales de asociación, en dos cajas selladas; N. Documentos relativos a la existencia de delegaciones a nivel estatal de la asociación de ciudadanos precisada, que constan de 55 fojas por las siguientes entidades federativas: Aguascalientes (copia simple de un contrato de comodato), Baja California (acta circunstanciada de la diligencia de certificación de la existencia de domicilio, solicitud y copias simples de contrato de comodato, credencial para votar con fotografía y formato de solicitud de afiliación), Campeche (oficio de certificación y acta circunstanciada de la diligencia de certificación de la existencia de domicilio), Coahuila (oficio de certificación y acta circunstanciada de la diligencia de certificación de la existencia de domicilio, copias simples de solicitud y dos de contrato de comodato), Distrito Federal (acta de la diligencia de certificación de la existencia de domicilio y copias simples de oficio de certificación y contrato de comodato), Estado de México (contrato de comodato y recibo de pago de renta), Morelos (acta circunstanciada de la diligencia de certificación de la existencia de domicilio, acuerdo de préstamo de espacio y oficio de certificación y copia simple de solicitud), Oaxaca (acta circunstanciada de la diligencia de certificación de la existencia de domicilio y contrato de comodato), Quintana Roo (acta circunstanciada de la diligencia de certificación de la existencia de domicilio, solicitud y contrato de comodato), Sonora (copia certificada de la existencia de domicilio, solicitud, copias simples de contrato de comodato, factura de Teléfonos de México, S.A. de C.V. y comprobante de pago, factura de Comisión Federal de Electricidad y comprobante de pago, tres credenciales para votar con fotografía, formulario de registro y solicitud), Tabasco (act
circunstanciada de la diligencia de certificación de la existencia de domicilio, copias simples de contratos de comodato y de arrendamiento y solicitud), Tlaxcala (acta circunstanciada de la existencia de domicilio, oficio de certificación, copias de dos credenciales para votar con fotografía, cédula de identificación fiscal y de orden de servicio foráneas de Teléfonos de México, S.A. de C.V.), Veracruz (contrato de comodato), y Yucatán (contrato de comodato); el segundo testimonio en orden con carácter de segunda copia que se expidió a Alianza Cívica, A.C., del acta veinticinco mil ochocientos ochenta y tres del trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis, mediante la cual se protocoliza el acta de la Asamblea General Extraordinaria de asociados de la asociación Alianza Cívica, A.C., celebrada el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por el Lie. Carlos A. Sotelo Regil Hernández, notario público número ciento sesenta y cinco del Distrito Federal, el testimonio notarial de la escritura número cinco mil seiscientos doce que contiene la protocolización de documentos a solicitud de la señora Isabel Morín Oropeza viuda de Arellano, ante el Lie. Arturo Noriega Campero, notario once de la demarcación de Colima, y el primer testimonio notarial de la escritura pública número doscientos sesenta y seis que contiene la fe de hechos, que se expide a solicitud de la señora Adela Esparza Macías por la Lie. Martha L. Casillas Martínez, notario público número uno en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y O. Informe circunstanciado que rinde el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral en el presente juicio.
VIII. Anexo al oficio descrito en el Resultando precedente, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral rindió el informe circunstanciado que obra a fojas 327 a 361 del presente expediente.
IX. Mediante acuerdo de fecha treinta de enero del año en curso, el Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó turnar el expediente al rubro citado al Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, a efecto de que realizara la sustanciación correspondiente y, una vez concluida la propia instrucción, elaborara el proyecto de sentencia respectivo.
X. El siete de febrero de mil novecientos noventa y siete, el Magistrado Electoral encargado de la sustanciación y elaboración
del proyecto de sentencia acordó: Tener por recibido el expediente
y radicarlo para su sustanciación; reconocer la personería promovente; admitir la demanda, así como las pruebas ofrecidas por el promovente, desechando por innecesaria la prueba consistente en el cotejo que, en forma cautelar, fue ofrecida por la promovente en el último párrafo del capítulo correspondiente de su escrito de demanda; cerrar la instrucción, quedando el asunto en estado de dictar sentencia, y notificar a las partes el referido acuerdo, y
PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente juicio de protección de los derechos político electorales del ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c) , y 189, fracción I, inciso f ) , de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 83, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral .
SEGUNDO. En el presente Considerando se analizan los agravios que hace valer el actor a través de su escrito de demanda, particularmente en los puntos primero a tercero de la parte denominada "I. Violaciones a la constitucionalidad", y en los puntos primero a tercero de la parte denominada "II. Violaciones a la legalidad, A. Sobre la personalidad jurídica", cuando sostiene que, en su opinión, la responsable de manera inconstitucional e ilegal le otorgó el registro a la asociación civil denominada Alianza Cívica, A.C., en lugar de a Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional, no obstante que se trata de personas distintas, por lo que aduce que la resolución impugnada, en esencia, le causa los siguientes agravios :
a) Viola los artículos lo, 9o y 35 constitucionales, en virtud de que no reconoce el derecho libre e individual de asociación de los siete mil setecientos once ciudadanos que solicitaron el registro de Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional, puesto que en las cédulas de afiliación y en la solicitud presentada ante el Instituto, se señala clara y expresamente que es a dicha persona moral a la que se afiliaron libre e individualmente los ciudadanos y, a pesar de ello, la autoridad responsable otorgó el registro a una persona distinta que es la Asociación Civil denominada Alianza Cívica, A.C., integrada por sólo siete miembros, que no firmaron 1
cédula de afiliación correspondiente. Con lo anterior, según el actor, se violó el derecho de las tres personas que no se afiliaron libre y voluntariamente a la agrupación política nacional y, al mismo tiempo, el de los siete mil setecientos once ciudadanos que suscribieron la cédula de afiliación para constituir una persona moral bajo la figura de agrupación política nacional, sin que en ningún momento manifestaran su consentimiento o intención de asociarse a Alianza Cívica, A.C., por lo que la autoridad responsable instrumentó una afiliación colectiva no consentida, que no es libre ni individual y sin que responda a la manifestación de voluntad de los ciudadanos ni de la asociación civil precisada, sobre todo si se considera que la asociación civil y la'agrupación política nacional se rigen por estatutos diferentes y que Alianza Cívica, A.C., en ningún momento, ha adoptado resolución por la cual admita a los siete mil setecientos once ciudadanos como nuevos asociados dentro de su estructura jurídica;
b) Viola el séptimo párrafo de la fracción III del segundo párrafo del artículo 41 constitucional, porque en ese precepto se establece que el Instituto tendrá a su cargo, en forma integral y directa, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, entre otras cosas; pero, en ningún momento le otorga facultades para resolver, apercibir, registrar, regular, sancionar o ejercer acto alguno con respecto de las asociaciones civiles, que están clara y expresamente regulados por la legislación civil; por ello, el Consejo General excedió las facultades constitucionales que tiene conferidas, porque mediante su resolución vincula a una persona moral y pretende igualar la figura, personalidad y normatividad de las agrupaciones políticas nacionales con las de las asociaciones civiles;
c) Viola los artículos 8o, 14 y 16 constitucionales, porque los siete mil setecientos once ciudadanos que han manifestado su libre e individual afiliación a Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional, no han recibido respuesta a su solicitud, por lo que la autoridad responsable no ha respetado el derecho de petición y el principio de legalidad, reiterando, la propia actora, que la solicitud de constitución y registro como agrupación política nacional no la suscribió ni la puede suscribir una asociación civil sino siete mil setecientos once ciudadanos que actuaron de manera simultánea pero plenamente individual, satisfaciendo plenamente los requisitos de la ley para obtener la constitución y registro de la agrupación política nacional, materia de su solicitud, en los términos planteados por sus propios estatutos, programa de acción y declaración de principios;
d) Viola los artículos 1, 5, 33, 34, 35, 82 y demás aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo Séptimo Transitorio del artículo lo del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, porque la autoridad responsable pretende otorgar de manera indebida, ilegal e inconstitucional, a partir de la solicitud de constitución de la parte actora, el registro como agrupación política nacional a una persona jurídica distinta y ajena a la actora, argumentando que la autoridad responsable confunde la personalidad jurídica de una asociación civil con la de una agrupación política nacional, haciendo a este respecto el promovente las siguientes consideraciones: Con base en lo dispuesto en el artículo 25, fracción VI, del Código Civil para el Distrito Federal, en materia común, y para toda la República en materia federal, y 33 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, concluye que la ley electoral no desconoce a las agrupaciones políticas nacionales, sino que las reconoce expresamente como una forma de asociación y, como tales, tienen derechos y obligaciones que están establecidos en el código electoral; que este último reconoce el derecho de asociarse bajo la figura de las agrupaciones y la personalidad jurídica específica y particular de esas personas morales puesto que las considera como sujetos de imputación jurídica, para otorgarles derechos, imponerles obligaciones e incluso sanciones, concluyendo la actora que la personalidad jurídica de estas agrupaciones surte efectos en el momento en que se otorga el registro por parte de la autoridad electoral, tal y como sucede con los partidos políticos.
Asimismo, agrega el promovente que, con fundamento en el artículo 28 del código civil citado, resulta evidente que las agrupaciones políticas nacionales se rigen por leyes electorales y no por las leyes civiles, señalando que la resolución por la que se otorga el registro a los partidos o agrupaciones políticas es un "símil" de la escritura constitutiva a la que hace referencia el código civil multicitado, toda vez que la referida resolución por la que se otorga el registro determina el "nacimiento" o constitución de la persona moral y, al mismo tiempo, constituye el documento público que otorga validez a los estatutos que rigen también las actividades de las personas morales. Continúa dicien
el actor que la asociación civil se encuentra plenamente regulada por la legislación civil y que, de conformidad con lo previsto en los artículos 2670, 2671 y 2673 del código civil de referencia que rige en el ámbito federal, resulta evidente que la asociación civil se constituye mediante un contrato y no mediante el registro del Instituto Federal Electoral, agregando que sus requisitos de constitución son de "varios individuos" y no de siete mil personas que, además, deben contar con la calidad de ciudadanos, tal y como se prevé en los artículos 5 y 35 del código electoral, de lo cual se desprende, según el actor, que las . agrupaciones políticas nacionales no son, ni pueden ser, el resultado de una transformación de una asociación civil y que el "registro" de las agrupaciones políticas nacionales tiene por objeto la constitución jurídica de una persona moral, que junto con el registro recibe el documento público que origina su personalidad jurídica, por lo que, concluye el actor, el acto reclamado es totalmente ilegal, puesto que otorga el "registro" a una asociación civil sin atender a la solicitud de los ciudadanos que suscribieron su afiliación y que manifestaron claramente su voluntad de constituir y formar parte de una persona moral totalmente distinta a aquélla que recibió el registro "con base en nuestra solicitud".
e) Que, si bien es cierto que en el acuerdo precisado en el Resultando I de esta sentencia, se establecieron, entre otros, los siguientes requisitos: a) Demostrar con documentación fehaciente, la constitución de la asociación de ciudadanos de que se trate, presentando el documento original o, en su caso, copia certificada del mismo, y b) Demostrar con documentación fehaciente, la personalidad de quién o quiénes suscriben la solicitud de registro como agrupación política nacional, por parte de la asociación de ciudadanos, presentando el documento original o, en su caso, copia certificada del mismo, según el actor, también lo es que tales disposiciones deben entenderse dentro del marco normativo que le da fundamento jurídico y coherencia legal y constitucional y que, en ese sentido, se trata de requisitos adicionales y de mero trámite que no pueden contravenir lo dispuesto en la Constitución y la legislación ordinaria, agregando que el referido acuerdo se fundamenta en los artículos 33, 35, 82, párrafo 1, incisos k) y z) del código federal electoral, así como en el artículo Séptimo Transitorio del artículo Primero del Decreto que reforma, deroga y adiciona dicho ordenamiento jurídico, concluyendo que de estos preceptos resalta el hecho de que la "asociación interesada" es la que debe cumplir los requisitos marcados en el propio código
electoral, así como aquellos adicionales que el propio Consejo General determine.
Respecto de la motivación del acuerdo citado, señala el actor que de los Considerandos marcados con los números dos, tres y ocho, resulta evidente que la motivación legal del Consejo General para emitir el acuerdo de referencia, era el establecimiento de elementos objetivos para evaluar las solicitudes que se presentaran, con el único objeto de determinar el cabal y total cumplimiento de los requisitos de ley, por lo que en estricto sentido, según el actor, el Consejo General no utilizó su facultad para establecer requisitos adicionales a las agrupaciones solicitantes, sino que simplemente reglamentó el trámite y documentación que debiera adjuntarse para la solicitud "a fin de normar su juicio". Agrega el actor que el acuerdo del Consejo General tuvo también como motivo el abrir nuevos cauces institucionales para la participación política y ciudadana, distinta a los partidos políticos, tanto en su naturaleza como en sus objetivos, mediante el restablecimiento de una nueva forma de asociación ciudadana, y que otro motivo del acuerdo de referencia fue la intención legislativa de dar "la oportunidad a corrientes de opinión que no cuentan con un canal de expresión institucional" para que sea reconocida su personalidad, concluyendo de todo lo anterior que bajo el criterio de interpretación gramatical, sistemático y, sobre todo, el funcional, es evidente que el requisito establecido en el acuerdo respecto de la constitución de las organizaciones interesadas, no puede circunscribirse a la escritura constitutiva de "Alianza Cívica, A.C.", puesto que los siete ciudadanos que la integran cuentan ya con un canal de agrupación y expresión que es justamente la asociación civil, agregando que la autoridad señalada como responsable, se limitó a instrumentar una especie de transformación de dicha asociación civil a una agrupación política nacional, con lo cual no proporciona un nuevo cauce a los siete mil setecientos once ciudadanos no integrantes de la asociación civil y tampoco otorga el acto jurídico de constitución formal de la nueva figura jurídica de las agrupaciones políticas nacionales, y tampoco le reconoce su personalidad como tal.
Sostiene el actor, asimismo, que el criterio funcional de interpretación de la ley también es extensivo a los acuerdos y que en este orden de ideas, la resolución impugnada faltó a los principios de legalidad y de certeza puesto que, mientras e,
acuerdo por el que se establecían los requisitos de trámite para la solicitud de registro expresaba claramente el criterio funcional antes apuntado, la resolución impugnada consideró elementos totalmente ajenos a esas "consideraciones" que motivaron dicho acuerdo;
f) Con base en el criterio de interpretación funcional del Considerando ocho del multicitado acuerdo, según el actor, la fundación de la "organización" de ciudadanos que puede llegar a constituirse como agrupación política nacional es el conjunto de 7,000 o más manifestaciones individuales de afiliación, y no una escritura pública en la que no consta la identificación y firma de todos los afiliados, señalando que en ninguno de los casos que fueron resueltos favorablemente por la autoridad responsable existe una escritura pública con 7,000 o más contratantes comparecientes al acto constitutivo y que, asimismo, es evidente que el requisito de un "acto jurídico" que "conste documentalmente" y que permita "comprobar fehacientemente la constitución de la agrupación", debía cumplirse sin que ello fuera necesariamente equivalente a una "constitución" ante notario, de cualquier otro tipo de persona moral, regulada por leyes distintas a las electorales, y
g) Que, en opinión de la actora, resulta evidente que la autoridad responsable faltó al principio de legalidad y certeza, en virtud de que no consideró la clara y expresa manifestación de la voluntad por parte de los asociados de Alianza Cívica, A.C., contenida en el acta notarial número veinticinco mil ochocientos ochenta y tres, en la que consta la protocolización de la asamblea general extraordinaria de asociados de Alianza Cívica, A.C., en la cual se aprobó convocar a la ciudadanía en general para la constitución de una agrupación política nacional, la cual será independiente de Alianza Cívica, A.C., aprobándose, asimismo, el contenido de la declaración de principios y los estatutos que fungirán como documentos básicos de la asociación ciudadana denominada "Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional".
Agrega el actor que, al no considerar esta clara y expresa manifestación de voluntad, la autoridad señalada como responsable causa perjuicio en contra de esa persona moral y, al mismo tiempo, causa un perjuicio y un agravio en contra de los siete mil setecientos once ciudadanos que suscribieron las cédulas de afiliación, señalando que en el propio formato de solicitud se expresa claramente que la organización solicitante es Alianza
Cívica, Agrupación Política Nacional; agregando que la propia autoridad responsable, en la resolución que se impugna, reconoce que la asociación solicitante cuenta con más de siete mil afiliados, los cuales ilegal y erróneamente atribuye a la asociación civil, siendo que del propio texto de la cédula de afiliación se desprende que la voluntad de los ciudadanos es claramente la de integrar la Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional, agregando el actor que el órgano de dirección a nivel nacional y las delegaciones en quince entidades federativas, cuya existencia reconoce la autoridad señalada como responsable, no pueden ser atribuidas a Alianza Cívica, A.C. y que, asimismo, los estatutos, programa de acción y declaración de principios corresponden a Alianza Cívica Agrupación Política Nacional y no a Alianza Cívica, A.C., concluyendo, por lo que a este agravio se refiere que es evidente que la autoridad responsable reconoce el cabal cumplimiento de los requisitos legales y del acuerdo respectivo, para la constitución y registro de Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional, pero en la resolución impugnada otorga el registro a una persona distinta a la solicitante.
Son infundados los agravios de la ahora actora que se precisan en los incisos precedentes, en virtud de las siguientes consideraciones:
I. Porgue, de acuerdo con las constancias que obran en autos, Alianza Cívica, A.C., fue quien solicitó el registro como agrupación política nacional, según se razona a continuación.
a) La personalidad con la que se ostentó el promovente de la solicitud de registro de la agrupación política nacional que nos ocupa, ante el Instituto Federal Electoral, fue derivada de un mandato otorgado por Alianza Cívica, A.C., para que a su nombre y representación tramitara "la solicitud para constituir y registrar a Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional".En efecto, tal como se precisa en el punto 4 de Antecedentes y el Considerando 4 de la resolución impugnada, en relación con lo señalado por el promovente, en letra autógrafa, al requisitar lo previsto en el apartado B del formato de solicitud de registro que presentó ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, relativo al "DOCUMENTO EN ORIGINAL, QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD DE QUIEN SUSCRIBE ESTA SOLICITUD, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN POLÍTICA, O EN SU CASO, COPIA CERTIFICADA", mismo que obra a fojas 225 a 227 de autos y tiene valor probatorio en términos del artículo 16, párrafo 3, de la Ley general del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, expresamente el propio promovente, ciudadano Sergio Aguayo Quezada, apuntó que la personalidad del mismo se acreditaba con la "Escritura pública 25,883, Lie. Carlos A. Sotelo Regil Hernández, Notario 165, D.F.".
Al respecto, si se atiende al segundo testimonio en orden con carácter de tercera copia que se expidió a Alianza Cívica, A.C., del acta veinticinco mil ochocientos ochenta y tres, del trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis, mediante el cual se protocoliza el acta de la Asamblea General Extraordinaria de asociados de Alianza Cívica, A.C., celebrada el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y seis, expedido por el Lie. Carlos A. Sotelo Regil Hernández, notario público número ciento sesenta y cinco del Distrito Federal, mismo que obra a fojas 71 a 90 de autos y tiene valor probatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se aprecia que, con motivo del quinto punto del orden del día, Alianza Cívica, A.C., resolvió conferir poder especial, tan amplio como en derecho procediera, en favor, entre otros, del señor Sergio Aguayo Quezada para que, conjunta o separadamente, realizara todo tipo de actos, comparecencias, gestiones y actuaciones, así como para que suscribiera y recibiera todo tipo de documentos, y lo ejercitara ante la ciudadanía en general y ante el Instituto Federal Electoral, entre otras personas y autoridades, "con el objeto de tramitar en nombre y representación de la otorgante, la solicitud para constituir y registrar a Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional", en el entendido de que la otorgante era precisamente, se insiste, Alianza Cívica, A.C., tal y como se puntualiza en el referido Considerando 4 de la resolución impugnada y lo hace valer la responsable en las páginas 20 y 21 de su informe circunstanciado.
En coincidencia con lo que antecede, con motivo del primer punto del orden del día de la referida Asamblea General Extraordinaria de asociados de Alianza Cívica, A.C., celebrada el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y seis, la citada asociación civil resolvió "convocar a la ciudadanía en general, para la constitución de una Agrupación Política Nacional cuyo registro ante el Instituto Federal Electoral deberá solicitarse a más tardar el día 15 de diciembre de 1996, con el objeto de que participe en elproceso electoral federal de 1997", a la vez que, derivado del cuarto punto del orden del día, resolvió que "los acuerdos adoptados en la presente Asamblea son exclusivamente para el efecto de convocar a la ciudadanía para solicitar ante el IFE la constitución y registro de ALIANZA CÍVICA, AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL".
De lo anterior se desprende, en forma meridiana, el propósito de Alianza Cívica, A.C., de convocar a la ciudadanía a la constitución de una agrupación política nacional y, en su oportunidad, solicitar la propia asociación civil, ante el Instituto Federal Electoral, el registro correspondiente.
b) El documento que ofreció y aportó el propio promovente de la solicitud de registro de la agrupación política nacional que nos ocupa, ante el Instituto Federal Electoral, para acreditar la constitución de la asociación solicitante, fue precisamente la escritura constitutiva de Alianza Cívica, A.C.
Efectivamente, el mandatario de la asociación civil Alianza Cívica, A.C., ciudadano Sergio Aguayo Quezada, atendiendo al poder especial conferido según el citado testimonio notarial del acta veinticinco mil ochocientos ochenta y tres, al requisitar el formato de la solicitud de registro correspondiente, en nombre y representación de la otorgante, esto es, Alianza Cívica, A.C., específicamente en la parte en que se dice: "A) DOCUMENTO ORIGINAL, QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN SOLICITANTE, O EN SU CASO, COPIA CERTIFICADA", claramente apuntó con letra autógrafa que se trataba de la "Escritura Pública 64,061 ante Lie. Joaquín (sic) Talavera Sánchez Notaría (sic) No 50, D.F.".
Así pues, el mandatario de Alianza Cívica, A.C., ya sin duda alguna, exhibió e identificó, para efectos de acreditar la constitución de la solicitante, la copia certificada del testimonio notarial de la escritura sesenta y cuatro mil sesenta y uno del veinticinco de abril de mil noventa y cuatro (sic), otorgada ante el licenciado Joaquín Talavera Sánchez, notario cincuenta del Distrito Federal, mediante la cual se hace constar el contrato de asociación civil que otorgan los señores Sergio Aguayo Quezada, Enrique Calderón Alzati, Julio Faesler Carlisle, Eduardo Mendoza Ayala, Clara Jusidman Rapoport, Martha Pérez Bejarano y Luz Beatriz Rosales Esteva, para constituir la asociación civil denominada Alianza Cívica, A.C., la cual tendría una duración de noventa y nueve años contados desde la fecha de la firma de la escritura, es decir, desde el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro; documental pública a la que se hace referencia en el punto 4 de Antecedentes de la resolución impugnada y hace valer la responsable en las páginas 9 y 13 de su informe circunstanciado, misma que obra a fojas 232 a 238 de autos y tiene valor probatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
II. Porque, de acuerdo con las constancias que obran en autos, Alianza Cívica, A.C., fue la que efectivamente acreditó satisfacer los requisitos para obtener el registro como agrupación política nacional, según se explica a continuación.
a) En efecto, Alianza Cívica, A.C., fue quien acreditó, con documentación fehaciente, la existencia de su domicilio social a nivel nacional y el de, cuando menos, diez delegaciones a nivel estatal.
Conforme a lo previsto en el punto 4 de Antecedentes y el Considerando 7 de la resolución impugnada, en este último expresamente se establece que "DE LA DOCUMENTACIÓN DESCRITA, SE DESPRENDE QUE LA SOLICITANTE CUENTA CON UN ÓRGANO DE DIRECCIÓN A NIVEL NACIONAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE YOSEMITE No. 45, COLONIA ÑAPÓLES, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, DISTRITO FEDERAL; Y DELEGACIONES EN LAS SIGUIENTES QUINCE ENTIDADES FEDERATIVAS: AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE, COAHUILA, COLIMA, GUANAJUATO, MÉXICO, MORELOS, OAXACA, SONORA, TABASCO, TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATÁN Y QUINTANA ROO".
En relación, primeramente, con la existencia del domicilio social a nivel nacional, cabe advertir que atendiendo a la documental pública consistente en la certificación realizada por la Vocal Secretaria de la 15 Junta Distrital Ejecutiva en el Distrito Federal del Instituto Federal Electoral, con la asistencia de "LA LIC. MARTHA PÉREZ BEJARANO, QUIEN DIJO SER LA SECRETARIA EJECUTIVA DE 'ALIANZA CÍVICA', A.C.", en el sentido de que "...SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA 'ALIANZA CÍVICA', A.C., UBICADAS EN LAS CALLES DE YOSEMITE NUMERO 45, EN LA COLONIA ÑAPÓLES, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO POR LOS ARTÍCULOS 33, 34 Y 35 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES VIGENTE, ASI COMO PARA CUMPLIMENTAR LO ORDENADO EN EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS ASOCIACIONES DE CIUDADANOS, PARA OBTENER SU REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL...", misma que obra a fojas 255 a 256 de autos y tiene valor probatorio en términos de lo previsto en el artículo 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende con claridad que la persona moral que satisfizo el requisito de acreditar con documentación fehaciente su domicilio social a nivel nacional fue la asociación civil denominada "Alianza Cívica, A.C." y, en ningún momento, Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional, máxime que quien se ostentó como representante de la solicitante de la referida certificación jamás manifestó que el citado domicilio correspondía a Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional. Lo anterior se corrobora con la copia del contrato de comodato, que obra a fojas 257 de autos y tiene valor probatorio conforme a lo previsto en el artículo 16, párrafo 3, de la ley de la materia, donde se otorga en comodato el inmueble referido en favor de la asociación civil Alianza Cívica, A. C.
Contrato de comodato de fecha 1 de agosto 1996, celebrado como comodante Acción para la Democracia, A. C., y como comodataria Alianza Cívica de Aguascalientes
ALIANZA CÍVICA DE AGUASCALIENTES
No existe documento alguno que acredite domicilio social a de Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional
Por otra parte, con el objeto de analizar los diversos documentos aportados por el ciudadano Sergio Aguayo Quezada, junto con la respectiva solicitud de registro en nombre y representación de Alianza Cívica, A.C., los cuales constan a fojas 239 a 291 y 312 a 326 de autos y se refieren a la existencia del domicilio de las correspondientes delegaciones de la solicitante en, cuando menos, diez entidades federativas, se formula un cuadro en el que en forma gráfica se precisa la entidad, la documentación aportada, el nombre de la persona moral que tenía el correspondiente domicilio de su delegación o coordinación en dicha entidad, las observaciones sobre el contenido que para efectos de la presente resolución debe precisarse, y la foja de autos en que aparece la referida documentación.
a) Acta de funcionarios del Instituto Federal Electora, consistente en la certificación de la existencia de domicilio social de Alianza Cívica en el Estado de Tabasco, de fecha 13 de diciembre de 1993
b) Contrato de comodato de fecha 11 de diciembre de 1996), entre el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, en su carácter de comodante, y por la otra Alianza Cívica, como comodatario
En la cláusula cuarta, se estableció que la comodante autoriza expresamente al comodatario para que ceda los derechos del presente contrato a favor de Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional. Esta autorización está sujeta a que el Instituto Federal Electoral otorgue la constitución de registro de dicha agrupación
a) Acta de funcionarios del Instituto Federal Electoral, consistente en la certificación de la existencia de domicilio social de Alianza Cívica de Tlaxcala, de fecha 13 de diciembre de 1996, ya que en dicha certificación se hizo constar la existencia de la cédula de identificación fiscal a nombre de ALIANZA CÍVICA, A. C.
ALIANZA CÍVICA, A. C. ALIANZA CÍVICA EN TLAXCALA
No existe documento alguno que acredite domicilio social a nombre de alianza Cívica Agrupación Política Nacional
264 a 269
a) Contrato de comodato de fecha 13 de diciembre de 1996 que celebraron como comodante el Centro de Estudios Agrarios, A. C., y como comodataria, Alianza Cívica Verecruzana
ALIANZA CÍVICA VERACRUZANA
No existe documento alguno que
acredite domicilio social a nombre de Alianza Cívica Agrupación Política Nacional
a) Contrato de comodato de fecha 5 de diciembre de 1996, celebrado como comodante, Centro de Mejora Continua, S. C. P., y como comodataria Alianza Cívica, A. C.
ALIANZA CÍVICA A. C.
Testimonio de la escritura pública No. 5612, de fecha 11 de diciembre de 1996, expedida por el Lic. Arturo Noriega Campero, Notario Público No. 11 en la Ciudad de Colima, Col. en la que certificó que en la calle 27 de septiembre no. 312, de la Ciudad de Colima, se encuentra ubicadas las oficinas de Alianza Cívica Agrupación Política Nacional
ALIANZA CÍVICA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
En el capítulo de declaraciones del referido testimonio en el punto 1, la solicitante de dicha certificación, la C. Isabel Morín Oropeza Vda. De Arellano manifestó que: "Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional en trámite tiene alrededor de dos años de estar constituida y contar con presencia real y efectiva en esta entidad ..."
a) Contrato de comodato de fecha 1 de diciembre de 1996, celebrado entre el Comité de Promoción y Defensa de Derechos Humanos Sor Juana Inés de la Cruz y Alianza Cívica, A. C. Aclarando que en el punto 2 del referido contrato la representante de Alianza Cívica del Estado de México, manifestó que ésta forma parte de Alianza Cívica, A. C.
ALIANZA CÍVICA DEL ESTADO DE MÉXICO
Fe de hechos contenida en el testimonio notarial No. 266 de fecha 10 de dicimbre de 1996, expedida por la Lic. Martha Salustia Casillas Martinez, Notario Público No. 1 de la Ciudad de Dolores Hidalgo, Gto, en la que se hace constar la ubicación del domicilio social de Alianza Cívica.
ALIANZA CÍVICA, ASOCIACIÓN CIVIL REGIONAL, REGION NORTE DE GUANAJUATO
323 a 326
Del cuadro que antecede se desprende claramente que la única que satisfizo el requisito de acreditar con documentación fehaciente la existencia del domicilio de sus delegaciones en, por lo menos, diez entidades federativas fue la asociación civil Alianza Cívica, A.C.,
como ocurrió expresamente en los casos de Coahuila, Estado de
México, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, a través de las documentales que aportó y se precisan en el cuadro, mismas que con el carácter de instrumental de actuaciones tienen valor probatorio en términos del artículo 16, párrafo 3, de la ley de la materia, al adminicularlas con la solicitud de registro ante el Instituto Federal Electoral de la hoy actora y la respectiva resolución impugnada, así como con las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, en el entendido de que a pesar de que las certificaciones que se solicitaron a funcionarios del Instituto Federal Electoral sobre la existencia de tales domicilios en siete de esas diez entidades federativas, las mismas fueron efectuadas con posterioridad a la publicación del acuerdo del Consejo General del propio Instituto, que se precisa en el Resultando I de este fallo, y a la celebración de la asamblea extraordinaria de Alianza Cívica, A.C., por la cual ésta resolvió solicitar la constitución y el registro de una agrupación política nacional ante el citado Consejo General, en realidad, fue el caso de que las multicitadas certificaciones se solicitaron y otorgaron, en su mayoría, a nombre de Alianza Cívica, A.C., tal como lo sostiene la ahora responsable también en las páginas trece y catorce de su informe circunstanciado.
Es pertinente destacar que en el supuesto, no probado en autos, de que fuera cierto lo que expone la hoy actora en su escrito de demanda, en el sentido de que la solicitante del registro fue Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional, se llegaría al extremo de que se debió negar el registro respectivo, en términos de lo dispuesto en el artículo 35, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo Primero, numeral 3, inciso D), del acuerdo del Consejo General del Instituto precisado en el Resultado I de esta sentencia, ya que no se estaría acreditando el requisito relativo a tener delegaciones en cuando menos diez entidades federativas, mediante la demostración con documentación fehaciente que estuviera a nombre de Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional, porque, como se ha razonado anteriormente, la mayor parte de la documentación aportada por la entonces solicitante y que obra en autos, en realidad, estaba a nombre de la asociación civil Alianza Cívica, A.C., toda vez que a nombre de Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional sólo aparece la documentación relativa a Colima y, en ciert medida, Sonora y Tabasco. No obstante lo anterior, esta Sala Superior del Tribunal Electoral teniendo presente que la causa, el motivo o fin determinante de la manifestación de voluntad de los más de siete mil afiliados con los que acreditó contar la solicitante del registro ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, fue en el sentido de que los ciudadanos que se fueran afiliando a la agrupación política nacional lo harían en torno a Alianza Cívica, A.C., y sus respectivas delegaciones en las entidades federativas, como se explica en el apartado III de este Considerando, se estima válido que el citado Consejo General hubiera tenido por acreditados los órganos de dirección y domicilios a nivel nacional y en quince delegaciones en entidades federativas, independientemente de que la documentación correspondiente, estrictamente, estuviera a nombre de la solicitante del registro, esto es, Alianza Cívica, A.C., o de sus respectivas delegaciones estatales, o bien, de la agrupación política nacional que se pretendía constituir y obtener su registro para efectos político-electorales, toda vez que en los hechos y de acuerdo con las constancias que obran en autos, al no haber un deslinde ante los ciudadanos que se fueron afiliando acerca de que se trataba supuestamente de personas distintas, los actos respectivos confluyeron como si se tratara de una misma personal moral interesada en la obtención del registro, esto es, Alianza Cívica, A.C., que fue la que lo solicitó y acreditó satisfacer los requisitos respectivos.
b) Asimismo, Alianza Cívica, A.C., fue guien elaboró y aprobó la Declaración de Principios y los Estatutos que fungirían como documentos básicos de Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional.
En efecto, como se desprende del citado testimonio notarial del acta veinticinco mil ochocientos ochenta y tres, relativa a la asamblea general extraordinaria de Alianza Cívica, A.C., como parte del segundo punto del orden del día, según lo hace notar la responsable en el último párrafo de la página diez de su informe circunstanciado, los asociados de dicha asociación civil discutieron y elaboraron la Declaración de Principios y los Estatutos de la agrupación política nacional que pretendían constituir y obtener^ su registro, habiendo resuelto aprobar su contenido para que fungieran como documentos básicos de la asociación ciudadana denominada "Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional", así como instruir a la Secretaría Ejecutiva de la asociación civil para que elaborara y recopilara toda la documentación que la ley y el Consejo General del "IFE" requiera
para integrar la solicitud de constitución y registro de la agrupación política nacional.
Por tanto, toda vez que fue Alianza Cívica, A.C., la que también aprobó los documentos básicos para la eventual agrupación política nacional que se constituyera y obtuviera su registro, se estima que fue ella la que satisfizo el requisito respectivo y que fue conforme a derecho que a la misma se le otorgara el registro como agrupación política nacional.
c) Adicionalmente, Alianza Cívica, A.C., fue quien acordó que, para el caso de que el Instituto Federal Electoral otorgara la constitución y registro de Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional, y en tanto esta última no realizara nuevos nombramientos con base en sus propios estatutos, los órganos directivos de la asociación civil fungirían como órganos directivos de la agrupación política nacional cuando obtuviera su registro.
En efecto, en la propia asamblea general extraordinaria de Alianza Cívica, A.C., según se lee en el multicitado testimonio notarial, los señores asociados adoptaron por unanimidad de votos una resolución en el sentido de que el Consejo Directivo Nacional de Alianza Cívica, A.C., fungiría como Consejo Directivo de la agrupación política nacional, si bien precisando que era para el caso de que el Instituto Federal Electoral otorgara la constitución y registro a la agrupación política nacional y en tanto que esta persona moral no realizara nuevos nombramientos con base en sus propios estatutos.
Asimismo, en el propio testimonio notarial en estudio se estableció que, atendiendo al hecho de que Alianza Cívica constituye, además de una mera asociación civil, una confluencia de diversas organizaciones no gubernamentales de todo el país, se integrarían como delegados regionales de la Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional, los representantes, presidentes, directores y demás representantes de las "ONG" de los Estados que decidieran formar parte de la agrupación política nacional mediante la suscripción de las cédulas personales de afiliación de todos o de una parte de sus integrantes, tal como lo hace notar la autoridad ahora responsable en la página doce de su informe circunstanciado.
Conforme a lo que antecede, se llega a la conclusión de que fue Alianza Cívica, A.C., quien también aprobó cuáles serían órganos de dirección a nivel nacional y en las respectivas delegaciones en las entidades federativas de la eventual agrupación política nacional que se constituyera y obtuviera su registro, mismos que coinciden, por lo menos transitoriamente, con los propios de Alianza Cívica, A.C., razón por la cual se estima que fue ésta la que satisfizo el requisito correspondiente y que fue conforme a derecho que a la misma se le otorgara el registro como agrupación política nacional.
De lo precisado en los tres incisos anteriores, se colige que las personas a quienes se otorgó el poder especial de referencia, así como los coordinadores, representantes o delegados estatales de Alianza Cívica, A.C., tuvieron claro que estaban realizando las gestiones necesarias y aportando los documentos "fehacientes" para acreditar la existencia de las directivas y los domicilios de la asociación civil, y precisamente por ello lo hacían única y exclusivamente en nombre de ésta, para efectos de la presentación de la solicitud de registro a nombre de la agrupación política nacional.
III. Porgue, de acuerdo con las constancias que obran en autos, la causa, el motivo o fin determinante de la manifestación de voluntad de los más de siete mil afiliados que acreditó tener la solicitante, fue en el sentido de que la misma persona moral que había sido constituida y venido trabajando desde mil novecientos noventa y cuatro (misma que sólo podía tratarse de Alianza Cívica, A.C.) fuera la que obtuviera su registro como agrupación política nacional, como se razona a continuación.
Aun cuando en las correspondientes solicitudes de afiliación aportadas por la solicitante del registro para acreditar la satisfacción del requisito de contar con un mínimo de siete mil afiliados en el país, conforme a lo dispuesto en el artículo 35, párrafo 1, inciso a) , del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el artículo Primero, punto 3, inciso C), del acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral que se precisa en el Resultando I de este fallo, se aprecia una leyenda que establece "Yo ciudadano(a) mexicano(a) acepto afiliarme a Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional", es pertinente destacar que la causa, el motivo o fin determinante de dicha manifestación de voluntad fue en el sentido de que, de esa manera, se podría lograr el registro como agrupación polítj, nacional de Alianza Cívica, A.C. Con el objeto de esclarecer la causa, el motivo o fin determinante de la referida manifestación de voluntad de los ciudadanos para afiliarse a la persona moral solicitante del registro como agrupación política nacional, es necesario tener presente el procedimiento y los términos bajo los cuales se convocó o invitó a afiliarse a los ciudadanos, así como el contexto de la solicitud de afiliación respectiva.
a) En efecto, en el multicitado testimonio notarial del acta veinticinco mil ochocientos ochenta y tres, relativa a la asamblea general extraordinaria de Alianza Cívica, A.C., se hace constar que, como primer punto del orden del día, se informó que después de una intensa consulta nacional llevada a cabo del veintiséis al veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, la mayoría de las alianzas estatales y de los miembros de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica, se manifestaron en favor de que "Alianza Cívica, A.C." convocara a la ciudadanía para integrar una agrupación política nacional, razón por la cual los asociados asistentes resolvieron, por unanimidad, "convocar a la ciudadanía en general, para la constitución de una Agrupación Política Nacional ... con el objeto de que participe en el proceso electoral federal de 1997". Por su parte, con motivo del cuarto punto del orden del día de la referida asamblea general extraordinaria, se resolvió que "los acuerdos adoptados en la presente asamblea son exclusivamente para el efecto de convocar a la ciudadanía para solicitar ante el IFE la constitución y registro de ALIANZA CÍVICA, AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL».
En congruencia con lo anterior, en la última resolución que se adoptó en la mencionada asamblea general extraordinaria los asociados concurrentes otorgaron un poder especial, tan amplio como en derecho procediera, en favor del señor Sergio Aguayo Quezada, entre otros, para que conjunta o separadamente realizara todo tipo de actos, comparecencias, gestiones y actuaciones, así como para que suscribiera y recibiera todo tipo de documentos, y lo ejerciera ante la ciudadanía en general, y el Instituto Federal Electoral, entre otras instancias, "con el objeto de tramitar en nombre y representación de la otorgante (esto es, Alianza Cívica, A.C.), la solicitud para constituir y registrar a ALIANZA CÍVICA, AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL".
Es decir, en todo momento Alianza Cívica, A.C., reconoció que el alcance de la asamblea general extraordinaria estaba limitado para
el mero efecto de convocar o invitar a la ciudadanía en general, en nombre y representación de Alianza Cívica, A.C., precisamente a la constitución de la agrupación política nacional, ya que dicha asamblea de la asociación civil, por sí misma, no podía tener efectos constitutivos de la agrupación política nacional denominada Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional.
Dicho en otros términos, la constitución de la agrupación política nacional con idéntico nombre que el de la convocante, según la indubitable voluntad de la asamblea general extraordinaria, estaba sujeta a varios elementos que se constituyeron en un conjunto complejo que se tradujo en una suerte de condición de carácter suspensivo, porque debían concurrir, además de la voluntad de los integrantes de la asociación civil, expresada en la. asamblea general extraordinaria, también la afiliación del número necesario de ciudadanos previstos legalmente y en el acuerdo precisado en el Resultando I de esta sentencia, y el otorgamiento del registro por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, previa acreditación también de otros requisitos, como el contar con órganos y domicilios a nivel nacional y delegaciones en por lo menos diez entidades federativas, así como con documentos básicos, aspectos que en su oportunidad colocarían a la convocante y los convocados en aptitud de cumplir con lo dispuesto en el artículo 35, párrafos 1 y 4, del código de la materia, ya que su expectativa de derecho reconocía los efectos constitutivos del registro otorgado por el Consejo General.
b) Por lo que se refiere a la llamada "SOLICITUD DE AFILIACIÓN", que aparece íntegra, es decir, sin que se hubieran mutilado los textos que aparecen antes y después de las líneas punteadas de las hojas de afiliación que aportó la asociación civil, y que obra a fojas 245 del expediente recursal, se aprecian los textos siguientes:
en. . Información sobre el D.F. y otros Estados: 6823811 y 5433794r
En un sentido similar que el destacado en el párrafo precedente, es contundente el hecho de que en el texto del llamado "ejemplar folleto informativo que se circuló para fines de convocatoria" y que la actora acompañó a su escrito de demanda, mismo que se precisa en el inciso j) de la letra B del Resultando VI de esta sentencia, el cual obra a fojas 129 de autos, mismo que junto con la mencionada solicitud de afiliación tiene valor probatorio en términos del artículo 16, párrafo 3, de la ley de la materia, toda vez que fueron aportados por la actora y no fueron objetados por la autoridad ahora responsable, se puede advertir que Alianza Cívica, A.C., para efectos de convocar a la ciudadanía, no deslindó las distintas personalidades de lo que era Alianza Cívica, A.C., y la denominada Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional, en virtud de que en el propio folleto informativo se lee lo siguiente:
"...¿Por qué Alianza quiere registrarse como APN?... Porque... Constituye una figura jurídica y política más adecuada para el perfil, objetivos y organización que ha tenido Alianza Cívica hasta la fecha... Implica un reconocimiento político al trabajo de Alianza Cívica y permite mayor incidencia política en la sociedad y frente al gobierno... Es una personalidad jurídica con ventajas como la exención de impuestos a los ingresos... No implica perder
Del texto que acompañó al documento íntegro de la "SOLICITUD DE AFILIACIÓN" y de los términos en que la Asociación Civil, A.C., redactó el folleto de la convocatoria y que han sido transcritos, se hace patente que se estaban difundiendo datos e informaciones para efectos de invitar a la ciudadanía a afiliarse en torno a una persona moral ya constituida, que era Alianza Cívica, A.C., porque, tanto en la solicitud de afiliación como en el folleto informativo, indudablemente se hacía referencia a la asociación civil, puesto que se aludía a su fundación que ocurrió en el año de mil novecientos noventa y cuatro, su perfil, objetivos, fines, programas, proyectos, trabajos, acciones, personalidad jurídica (que, se argumentaba, estaba en desventaja con la conferida a las agrupaciones políticas nacionales), la conservación de su autonom
funcional (y no precisamente orgánica con respecto de alguna persona moral a que se convocaba constituir) y la continuidad e impulso de los proyectos realizados por la asociación civil Alianza Cívica, A.C., que había venido trabajando desde mil novecientos noventa y cuatro.
Lo anterior, también se confirma cuando en la contraportada del folleto informativo se anotan el domicilio (Yosemite No. 45, Col. Ñapóles, C.P. 03810, México, D.F.) y los teléfonos (682.38.11, 536.20.76 y 543.37.94, Fax: 543.34.38 y 543.30.37) que públicamente están reconocidos como propios de Alianza Cívica, A.C., y que igualmente coinciden con los que aparecen en el testimonio notarial por el que se protocolizó la asamblea general extraordinaria de la asociación civil, así como en la certificación del Instituto Federal Electoral a que se hizo referencia en el apartado II, inciso a), de este mismo Considerando.
El anterior aserto, igualmente, se confirma porque no existe elemento probatorio alguno del cual pueda desvirtuarse la invitación implícita ya precisada, tanto con respecto de la hoja íntegra de la "SOLICITUD DE AFILIACIÓN" y del folleto informativo, para que los ciudadanos se afiliaran en torno a la figura de una persona de derecho privado que es Alianza Cívica, A.C., razón por la cual el hecho de que, como lo pretende la actora, esta autoridad jurisdiccional electoral federal ahora desconociera la causa, el motivo o fin determinante de las manifestaciones de voluntad de quienes se fueron afiliando a partir de la información difundida por la asociación civil para efectos de la convocatoria y la afiliación, implicaría ignorar las más de siete mil manifestaciones de voluntad que se consignan en las respectivas hojas de afiliación, a partir del contexto de las mismas y el contenido de los folletos informativos, lo que resulta inadmisible, como inútilmente lo sostiene la actora en el agravio que se ha identificado con el inciso a) al principio de este Considerando.
c) No es óbice para lo anterior, lo acordado en otro resolutivo que igualmente fue adoptado por unanimidad de votos de los asociados y que aparece en el mismo testimonio notarial de referencia, al establecer que Alianza Cívica, A.C., continuaría desarrollando su objeto social de manera normal y cotidiana, con base en sus propios estatutos, por lo que los acuerdos adoptados en la propia asamblea eran exclusivamente para el efecto de convocar a la ciudadanía a fin de solicitar ante el "IFE" la constitución
registro de Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional, y que en el caso de que la ciudadanía respondiera favorablemente a la convocatoria referida y en el supuesto de que la solicitud procediera conforme a derecho, Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional sería una persona jurídica distinta, autónoma e independiente de Alianza Cívica, A.C., tanto en sus finanzas y funcionamiento, como en sus decisiones; asimismo, en ese mismo resolutivo se advirtió que se seguirían determinadas políticas dentro de la "asociación", entre las que destacan, en lo que importa, que: a) Ningún asociado de Alianza Cívica formaría parte de la agrupación política nacional en tanto que no suscribiera de manera libre y voluntaria los formatos de afiliación correspondientes; b) Ningún ciudadano que se afiliara a la agrupación política nacional formaría parte de Alianza Cívica, A.C., en tanto la asamblea no resolviera sobre su admisión como asociado, de manera individual y particular, de acuerdo con los estatutos de la asociación, y c) Las relaciones entre la agrupación política y la asociación civil se basarían en el principio de igualdad.
Ahora bien, aunque en la asamblea general extraordinaria se resolvió que la denominada agrupación política nacional iba a ser una persona moral distinta e independiente de la asociación civil, si bien las dos compartiendo un mismo órgano directivo, y que los afiliados a la agrupación política nacional por constituir no iban a ser automáticamente asociados de la persona moral de derecho privado, y que, inversamente, tampoco los asociados de la asociación civil estarían afiliándose a la agrupación política nacional, salvo que en el primer caso fueran aceptados como socios por la Asamblea y que, en el segundo caso, los asociados suscribieran la solicitud de afiliación correspondiente, cabe decir que el efecto jurídico de la "confusión" de los asociados, al convocar en ciertos términos y hacer un deslinde de personalidades en otros muy diversos, fue que la convocatoria y los actos de adhesión de los ciudadanos que se fueron afiliando a la agrupación política nacional, se realizaran en torno de una persona de derecho privado que es Alianza Cívica, A.C., como correctamente lo estimó la autoridad responsable y contrariamente a lo que sostiene la actora en su escrito de demanda y que se resume en el inciso g) expuesto al inicio de este Considerando, más aún cuando no hay probanza alguna, de entre las ofrecidas por la actora o la propia autoridad responsable, de la cual se colija que los ciudadano conocieran, de alguna manera, las confusiones en que incurrier
los asociados de Alianza Cívica, A.C., y que ocurrieron en la asamblea general extraordinaria en que se resolvió convocar a la ciudadanía para constituir la agrupación política nacional y en la que ineficazmente pretendieron establecer que se trataría de dos personas morales distintas, pero que ciertamente en ninguna forma lo dijeron en los documentos que distribuyeron entre la ciudadanía para efectos de que se afiliaran, en términos del acuerdo precisado en el Resultando I de esta sentencia.
En efecto, la asociación civil que convocó a la ciudadanía jamás aclaró en forma pública que la persona moral Alianza Cívica, A.C., y la agrupación política nacional por constituir serían personas distintas, puesto que no aparece en autos y tampoco lo dijo en su escrito de demanda que así lo hubiera realizado, por lo que resulta inconcuso que la asociación civil no debe ni puede pretender ir en contra de sus propios actos, por lo que debe mantener la convocatoria hecha a la ciudadanía, en los términos en que la formuló y que se destacan en esta sentencia.
Es decir, a los equívocos que fueron generando los asociados de la asociación civil y los autores del contenido de la "SOLICITUD DE AFILIACIÓN" y el folleto informativo, como ahora se infiere por el contenido de su escrito de demanda y los agravios que ya se precisaron en los incisos incluidos al inicio de este Considerando, no se les puede dar un efecto tal que prevalezca sobre la información que fue la causa, el motivo o fin determinante para que los ciudadanos se afiliaran, pensando que se sumaban a la invitación formulada por una asociación civil que deseaba obtener su registro como agrupación política nacional, partiendo de datos en que clara e inequívocamente se destaca la fecha de la fundación de la persona moral Alianza Cívica, A.C., y los trabajos que había efectuado hasta el momento en que ocurrió la convocatoria. En suma, la convocatoria, implícitamente invitó a sumarse a la petición de registro de una agrupación política nacional que se formularía con base en la personalidad jurídica, trabajo, fines, domicilio y perfil de Alianza Cívica, A.C. En esta medida, resulta incierto lo que sostiene la actora en su escrito de demanda y que se resume en el inciso g) expuesto al inicio de este Considerando.
De lo anterior se colige que la actora no puede venir ahora a invocar un pretendido error, que está desvirtuado en autos, según se ha razonado en los párrafos precedentes de este Considerando. En efecto, atendiendo al principio general del derecho que se contie
en el proloquio latino nemo admittitur aut auditur propriam turpitudinem allegans, que se traduce en que a nadie se admite o se oye cuando alega su propia torpeza, cuestión que implica que el desvirtuado error de la actora no le puede beneficiar para el caso de que ciertamente hubiera ocurrido, según se resume en los incisos c) y d) iniciales de este mismo Considerando, porque implicaría ignorar, ahora sí, los términos en que se redactó la llamada "SOLICITUD DE AFILIACIÓN", con el texto íntegro, y el folleto informativo por el que se invitó a la ciudadanía a suscribir las aludidas afiliaciones, principio general del derecho que es aplicable al presente caso en términos del artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, es importante destacar que no puede concluirse que los ciudadanos solamente hubieran sido determinados a suscribir la "SOLICITUD DE AFILIACIÓN", porque solamente hubieran sido impulsados por la leyenda que aparece antes de la línea en donde se lee "FIRMA" y que es del siguiente tenor: "Yo, ciudadano(a), acepto afiliarme a Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional y expreso mi acuerdo con su identidad como organización ciudadana autónoma, plural y apartidista; que NO postulará candidatos a puestos de elección popular", como ahora ineficazmente lo pretende la actora, a través de lo que arguye en su escrito de demanda, porque sería tanto como desconocer lo que se ha acreditado en este juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y que deriva de las constancias que obran en autos y que precisamente son el testimonio notarial en donde se protocolizó el acta de la asamblea general extraordinaria celebrada por Alianza Cívica, A.C.; el mandato que recibió el ciudadano Sergio Aguayo Quezada para solicitar la constitución y el registro de la agrupación política nacional en nombre y representación de Alianza Cívica, A.C., ante la ciudadanía en general y el Instituto Federal Electoral; el texto inequívoco de la hoja íntegra de la "SOLICITUD DE AFILIACIÓN" y el folleto informativo que determinó la voluntad de los ciudadanos, razón por la cual resulta inadmisible que las confusiones que ahora expone el actor puedan prevalecer sobre la voluntad de los más de siete mil ciudadanos que siempre alega se afiliaron a la agrupación política nacional, pero que en los hechos, no cabe duda alguna, se encuentra acreditado en autos que lo hicieron en torno a la persona derecho privado, Alianza Cívica, A.C.
IV. Conforme a lo razonado en los apartados I a III que anteceden, resultan inatendibles los argumentos esgrimidos por la actora y que se exponen en los incisos a) al g) de la parte inicial de este Considerando, como se puntualiza a continuación:
a) Estrictamente, la autoridad reconoció el derecho libre e individual de asociación de los siete mil setecientos once afiliados que solicitaron el registro de la asociación civil denominada Alianza Cívica, A.C., como agrupación política nacional, resultando para tal efecto validadas siete mil ciento noventa y cuatro hojas de afiliación de ciudadanos, en términos del dictamen y resolución precisado en el Resultando III de esta sentencia, por lo que, en vía de consecuencia, la propia autoridad no violó lo previsto en los artículos 1°, 9° y 35 constitucionales, ya que la asociación civil fue la que satisfizo los requisitos para efectos del registro como agrupación política nacional, según se ha razonado en los apartados I a III de este Considerando. En esta virtud, se debe concluir que la Asociación Civil, A.C., es una persona de derecho privado que obtuvo el registro como agrupación política nacional, porque en esos términos efectuó todos los actos necesarios para su constitución y la obtención del registro correspondiente y suscribió la documentación respectiva que exhibió al solicitar el mismo registro. Ahora bien, por lo que respecta a las tres o más personas que, supuestamente, forman parte de la asociación civil y que no hubieran suscrito las hojas o cédulas de afiliación y que, por ello, no figuren en las listas de afiliación correspondientes, resulta indudable que no se encuentran afiliadas a la persona moral de derecho privado para efectos del registro de la agrupación política nacional, toda vez que ésta, al momento de otorgarse el registro, sólo se conformaba con el número de ciudadanos cuya solicitud de afiliación se validó, por lo que aquéllas tienen a salvo sus derechos para ejercerlos en la vía y términos que estimen conducentes, si de lo anterior se les provocara algún daño o perjuicio, ya que, en última instancia, tampoco la actora es quien está legitimada para ejercer las acciones que sólo les corresponden a esos asociados, si es que perciben que deben deducir algún derecho en juicio;
b) Debe desestimarse lo sostenido por la actora, en el sentido de que el Consejo General, a través de la resolución ahora impugnada, vinculara contra su voluntad a una persona moral de derecho privado e igualara la figura, personalidad y normatividad de las agrupaciones políticas nacionales, excediéndose en su facultades constitucionales que le están reconocidas en el artículo 41, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución general. Efectivamente, como se ha razonado en los párrafos precedentes, el Consejo General otorgó el registro a Alianza Cívica, A.C., que fue quien solicitó el registro como agrupación política nacional y dio cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 35, párrafos 1 y 2, del código de la materia, así como en el acuerdo que se precisó en el Resultando I de esta sentencia, en relación con el artículo 82, párrafo 1, inciso k) del ordenamiento de referencia, lo anterior en ejercicio de la responsabilidad constitucional que está prevista a cargo del Instituto Federal Electoral en el precepto constitucional que la actora equivocadamente estima violado, toda vez que ello no ocurrió en la especie. En última instancia, lo que el Consejo General tuteló, a través de la resolución impugnada fue la voluntad de los ciudadanos que se fueron afiliando en torno de la información contenida en los folletos informativos y en las propias solicitudes de afiliación con su texto íntegro, es decir, de las convocatorias.
c) El Consejo General del Instituto Federal Electoral respetó lo dispuesto en los artículos 8°, 14 y 16 constitucionales, al dar respuesta puntual a aquella asociación civil que presentó la solicitud de registro como agrupación política nacional y a aquellos ciudadanos que manifestaron su voluntad en el inequívoco sentido en que fueron convocados por la propia asociación civil, habiéndose respetado, en esa virtud, el derecho de petición y los principios de legalidad y certeza, sin que se afectara la esfera jurídica que corresponde a unos y otros.
d) No hubo, por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, violación a lo dispuesto en los artículos 1, 5, 33, 34, 35, 82 y demás aplicables del código multicitado, ni mucho menos a lo previsto en el artículo Séptimo Transitorio del artículo 1° del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, resultando incierto que, inconstitucional e ilegalmente, aquélla hubiera otorgado el registro como agrupación política nacional a una persona jurídica distinta y ajena a la actora. Ciertamente, el Consejo General únicamente se limitó a analizar los documentos que Alianza Cívica, A.C., exhibió con su solicitud de registro como grupación política nacional, a efecto de resolver si era procedente el registro, expresando las causas que motivaban su determinación y aplicando puntualmente las consecuencias jurídicas que derivaban de los actos realizados por la asociación civil, sin desvirtuar el primigenio sentido en que se manifestó el consentimiento de las personas que se afiliaron con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos legales para el otorgamiento del registro a quien los convocó, respetando el sentido del texto de su convocatoria que fue la causa determinante para que estos últimos se afiliaran.
En este mismo sentido, está ajustado a lo dispuesto en la Constitución y el código electoral la resolución respectiva, cuando en el número 3 de antecedentes se apunta que la asociación civil denominada Alianza Cívica, A.C., presentó su solicitud de registro como agrupación política nacional, acompañándola con la documentación con la que pretendió acreditar el cumplimiento de los requisitos que en el propio acuerdo se señalaron; asimismo, el análisis de la documentación con la que se acreditó la constitución como asociados; la documentación con la que se acreditó la personalidad de quien suscribió la solicitud; las cédulas u hojas formales de afiliación que sustentaron la solicitud de registro; la documentación con la que se demostró que se contaba con un órgano de dirección a nivel nacional y con delegaciones, en cuando menos, diez entidades federativas, y sobre todo la verificación del conjunto de la documentación presentada, es decir, no en forma aislada, demostraron, a juicio del Consejo General, como se advierte en los incisos A), B), C), E) y G), del Considerando 2 y atendiendo a los diversos numerales 3, 4, 7, 9 y 11 de la resolución citada, que la solicitante reunió los requisitos necesarios para obtener su registro como agrupación política nacional, resolviendo, en consecuencia, que procedía el otorgamiento de ese registro a Alianza Cívica, A.C. En este mismo orden de ideas, resulta evidente que efectivamente la asociación civil que obtuvo el registro como agrupación política nacional, además de regirse por lo dispuesto en la legislación civil, en sus relaciones con los particulares, también está sujeta para efectos político-electorales, en forma conjunta con sus afiliados y órganos de dirección, a nivel nacional, estatal y municipal, a los derechos y obligaciones que se les establecen en el código electoral, por lo que debe desestimarse lo sostenido por la parte actora en el agravio que se precisó en la última parte del inciso d) que aparece al inicio de este Considerando.
e) Es inatendible lo sostenido por la parte actora en su escrito de demanda, cuando pretende que los requisitos relativos la acreditación con documentación fehaciente de la constitución de la asociación de ciudadanos solicitante del registro y de la personalidad de quién o quiénes suscribieran la solicitud respectiva, sean requisitos de mero trámite y que, contrariamente a ello, la autoridad responsable se limitó a instrumentar una especie de transformación de una asociación civil en una agrupación política nacional, cerrando un canal de expresión institucional a una corriente de opinión formada por siete mil setecientos once ciudadanos no integrantes de la asociación civil, no otorgando el registro y desconociendo su personalidad como agrupación política nacional, faltándose a los principios de legalidad y certeza; efectivamente, debe desestimarse lo anterior, porque sí se otorgó el registro a quien lo solicitó y acreditó representar a los ciudadanos que se afiliaron en torno a la asociación civil que los convocó para efectos de la obtención de aquél (siete mil ciento noventa y cuatro ciudadanos que correspondían a las cédulas formales de afiliación validadas), razón por la cual se debe concluir que Alianza Cívica, A.C., obtuvo el registro porque fue quien actuó como peticionaria del registro y acreditó el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, en el entendido de que los más de siete mil ciudadanos afiliados validados tienen salvaguardados sus derechos político electorales en tanto afiliados a la solicitante que obtuvo su registro como agrupación política nacional, con base en la información aportada por la propia solicitante.
f) Es inatendible el agravio que esgrime el actor en el sentido de que una agrupación política nacional sea un conjunto de siete mil o más manifestaciones individuales de afiliación y no una escritura pública en la que no aparecen la identificación y firma de todos los afiliados, ya que en todos los registros que fueron resueltos como procedentes por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en puntual aplicación de lo dispuesto en los artículos 35, párrafos 1 y 2, y 82, incisos k) y z), del código de la materia, así como del acuerdo identificado en el Resultando I de esta sentencia, se otorgaron porque cumplían no sólo con el requisito relativo al acreditamiento con documentación fehaciente, en original o copia certificada, de la constitución de la agrupación política nacional, sino porque, además, cumplían con otros requisitos. En este mismo sentido, atendiendo a las diversas resoluciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre las solicitudes de registro que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación del veintinueve, treinta y treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete, se puede apreciar que a las asociaciones civiles "Causa Ciudadana", A.C., "Convergencia por la Democracia", A.C., "Coordinadora Ciudadana", A.C. y "Frente Liberal Mexicano", A.C., se les otorgó el registro como agrupaciones políticas nacionales, precisamente en su carácter de asociaciones civiles, por lo que debe desestimarse lo sostenido por la actora que recibió un tratamiento similar al que se otorgó a dichas peticionarias.
g) La autoridad observó los principios de legalidad y certeza al atender a la clara manifestación de voluntad por parte de quienes se fueron afiliando en los términos en que convocó la asociación civil denominada Alianza Cívica, A.C., ciudadanos que no tuvieron conocimiento del acta notarial en que confusamente se pretendía deslindar a la persona moral del derecho privado de aquella otra a cuya constitución se convocaba a la ciudadanía; justamente, el Consejo General privilegió la patente voluntad que se consignó en las "SOLICITUDES DE AFILIACIÓN", a partir de los llamados folletos informativos y del texto íntegro de las referidas cédulas de afiliación; los términos en que se otorgó el poder especial que le fue conferido al ciudadano Sergio Aguayo Quezada; las condiciones en que se requisito la solicitud de registro por parte de la asociación civil peticionaria del mismo, y atendiendo a las solicitudes de certificación de la existencia de directivas a nivel nacional y en las delegaciones estatales y de los domicilios respectivos, así como a las actas circunstanciadas de las diligencias de certificación correspondientes. Por lo anterior, se debe concluir que no se agravia a persona moral alguna, ni a los afiliados o integrantes de la asociación civil, porque se atendió a las manifestaciones de voluntad y solicitudes de unos y otros. Asimismo, cabe recordar que quien dio cumplimiento a los requisitos para la constitución de la agrupación política nacional fue Alianza Cívica, A.C., porque los documentos que exhibió para el efecto estaban a su nombre.
TERCERO. En este considerando se analizan los agravios que hace valer el actor, en los numerales 1 a 13 de la letra "B. Sobre la actividad de la observación electoral, punto Primero. Violación al principio de legalidad, al pretender prohibir la actividad de observación electoral", de su escrito de demanda, al sostener, e esencia, lo siguiente:
a) Al hacer una deficiente, ilegal e inconstitucional interpretación de lo dispuesto en el artículos 5, párrafo 3, inciso
b), del código de la materia, la autoridad responsable condiciona el registro otorgado a Alianza Cívica, A.C., que corresponde a Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional, bajo la exigencia y apercibimiento de que se modifiquen los estatutos de la organización política. Asimismo, agrega el recurrente que la autoridad responsable exige que se modifiquen los estatutos de la asociación civil que no tienen mención alguna a la actividad de la observación electoral;
b) La actividad de observación electoral es un derecho de los ciudadanos mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 3, del código invocado, por lo que es evidente que ninguna persona moral podría realizar tal actividad en tanto su calidad de persona moral, puesto que la ciudadanía es un atributo de las personas físicas y, por ello, resulta innecesaria la prevención manifestada por la autoridad responsable y, por ende ilegal el apercibimiento, así como el condicionamiento del registro que igualmente es infundado;
c) No puede hacerse inferencia lógica alguna de lo dispuesto en el artículo 5, párrafos 1 y 3, del código electoral, que permita concluir que las agrupaciones políticas no puedan o tengan prohibido realizar actividades de observación;
d) Es evidente que el Programa de Acción de Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 3, inciso c) , del código electoral, en el sentido de que la agrupación realizará y apoyará la observación electoral en las elecciones federales, locales y municipales, así como conteos rápidos relacionados con los resultados electorales, en los términos que establezcan las leyes, encuentra su fundamento en la ley electoral que reconoce la posibilidad de que los observadores actúen a través de las organizaciones a las que pertenezcan, tanto para obtener su acreditación, capacitarse y reunir fondos, por lo que es en este sentido y no por la calidad de persona moral que tiene Alianza Cívica, como debe entenderse que la agrupación realizará y apoyará la observación electoral;
e) Suponiendo que la autoridad responsable, equivocada e infundadamente, equipare e iguale el concepto de Agrupación
Política Nacional con el de organización política, el actor sostiene que el primer término se encuentra plenamente definido por el artículo 33 del código electoral, por lo que la referencia a una organización política, dentro del mismo precepto normativo, no puede entenderse como un sinónimo, sino como dos palabras claramente diferentes y con significados distintos, lo cual se evidencia con lo dispuesto en otros artículos de ese mismo ordenamiento, como, por ejemplo, el 22; por lo que el propio actor afirma que se le pretende limitar y privar de un derecho a la Agrupación Política Nacional, como organización de ciudadanos, así como a sus integrantes, en lo particular, sin fundamento alguno;
f) El artículo 5, párrafo 3, inciso c), del ordenamiento jurídico multicitado, antes de la última reforma electoral, establecía que el registro de observadores podría tramitarse a través de la agrupación a la que pertenecieran, pero tras las modificaciones legales, dicho vocablo fue sustituido por el de "la organización a la que pertenezcan", por lo que la intención legislativa era abrir cauces de participación, en lugar de cerrarlos, por lo que al definirse el concepto de agrupaciones políticas nacionales, cualquier referencia a la palabra agrupaciones se entendería dirigida a tales personas morales, definidas en la ley, de tal suerte que, en el caso en cuestión, las lecturas del artículo citado serían que las agrupaciones políticas podrían fungir y ^ acreditar observadores, con lo que el actor concluye que el cambio ¡ legislativo no pretende prohibir que las agrupaciones políticas > funcionen como observadores, sino que pretende abrir esta posibilidad a todo tipo de organizaciones cuyo objeto sea el de ejercitar tal prerrogativa ciudadana;
g) En el artículo 5, párrafo 3, inciso d), del código electoral, a contrario sensu, se establece limitativamente qué sujetos no pueden actuar como observadores y, en el caso de las organizaciones y partidos, el único límite es el no haber sido candidato o miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales, de partido u organización alguna, en los últimos tres años, por lo que la autoridad responsable excede sus facultades, al tratar de extender esas prohibiciones a otros ámbitos en los que la sola lectura de la ley no permite su aplicación;
h) El hecho de que algún ciudadano decida integrar o afiliarse a los partidos políticos o a alguna agrupación política nacional, no excluye sus demás derechos políticos, en tanto no exista una norma expresa o un acto de autoridad particular que así lo determine; el propio actor agrega que, atendiendo a la tesis relevante que figura en la página 733 de la publicación Tribunal Federal Electoral. Memoria 1994, tomo II, bajo el rubro "Normas jurídicas. Congruencia entre ellas", y a la tesis relevante que aparece en la página 237 de la obra Memoria 1991. Tribunal Federal Electoral, que está con el rubro "Actividad política. Significación de la," no habría una diferencia clara entre las expresiones que se emplean en los incisos b) y c) del párrafo 3 del artículo 5 del código ya citado, por lo que hace a los tipos de organizaciones a que se refieren, ya que estas expresiones cuando se refieren a los observadores también podrían ser consideradas como organizaciones políticas, por lo cual, atendiendo al principio de congruencia de las normas, tal interpretación no tiene lugar y, por lo tanto, tampoco la tendría aquella otra que pretende igualar a las agrupaciones políticas con las organizaciones políticas referidas en el inciso b) del párrafo 3 del artículo 5 del ordenamiento electoral invocado. Resulta claro que la intención del legislador que se manifiesta expresamente en dicho precepto jurídico, sigue afirmando el actor, no es otra que la de garantizar la imparcialidad y objetividad de los ciudadanos con el afán de impedir que sean juez y parte dentro del proceso electoral que observarán y sobre el cual emitirán, eventualmente, una opinión y es en este sentido que Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional, expresamente establece en sus documentos básicos, así como en cada una de las siete mil setecientas once cédulas de afiliación individual de sus miembros, que no postulará candidatos ni tendrá vínculos con partidos políticos, de ahí que el condicionamiento del registro implica la renuncia expresa de un derecho político de los ciudadanos que integran la agrupación política nacional y la aceptación de una prohibición no prevista en alguna norma jurídica;
i) Que atendiendo al criterio de congruencia normativa y sistemático de interpretación de las normas electorales, el recurrente sostiene que el derecho de los ciudadanos para afiliarse a agrupaciones y partidos políticos no está limitado por la ley electoral, ya que los ciudadanos, al solicitar su acreditación como observadores, deben manifestar expresamente que se conducirán sin vínculo a partido u organización alguna, mientras ejercen dicha actividad y que no se establece como requisito la no militancia o afiliación, "más aún", se establece, entre las obligaciones de abstención de los observadores, las actividades de proselitismo y las manifestaciones a favor de partidos o candidatos, según deriva,de lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 3, incisos b), d) ye), del código electoral, y
j) La autoridad no garantiza el derecho de observación cuyos destinatarios son los ciudadanos y no las agrupaciones políticas.
Son infundados los agravios que hace valer la actora y que han sido resumidos en los incisos precedentes, en virtud de las razones siguientes:
I. Las agrupaciones políticas nacionales y las organizaciones de observadores electorales, tienen una naturaleza jurídica distinta, razón por la cual aquéllas no pueden realizar actividades de observación electoral, como se explica a continuación:
a) La agrupación política nacional necesariamente es una persona moral que se crea de conformidad con lo previsto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y está regulada exclusivamente por el mismo, en lo que se refiere a los aspectos sustantivos, en tanto que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación regula a estas personas morales en los aspectos adjetivos.
Por el contrario, en el caso de las organizaciones de observadores, si bien se contemplan aspectos muy específicos en el código electoral, entre éstos no se contempla lo relativo a su creación y personalidad jurídica, tan es así que las organizaciones de observadores pueden carecer de dicha personalidad, o bien, ésta puede derivar de lo previsto en una legislación distinta a la electoral.
Efectivamente, la naturaleza jurídica de las agrupaciones políticas nacionales y las organizaciones de observadores es diversa porque, tanto en los aspectos sustantivos, como lo son, por ejemplo, los objetivos, derechos, obligaciones y procedimientos de formación, como en los adjetivos, verbí gratia, medios de impugnación, supuestos de procedencia y legitimación procesal, existen diferencias. Ciertamente, las agrupaciones políticas nacionales tienen un estatuto jurídico muy preciso que está dado por lo dispuesto en los artículos 33 a 35; 38; 49, párrafos 2, 3, 6; 49-A; 49-B; 50; 51; 52; 64, párrafos 1 y 5; 67, y 269, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 13, inciso c) ; 45, párrafo 1, inciso b), fracción III, y 80,. párrafo 1, inciso
e) , de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En este mismo orden de ideas, atendiendo al texto del llamado Programa de Acción de Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional, que consta a fojas 118 a 120 de autos, se aprecia en el numeral I, párrafo 3, lo siguiente: "I.- PARA EL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA...3. Realizará y apoyará la observación electoral en las elecciones federales, locales y municipales...", lo que, según se ha precisado en los párrafos precedentes, resulta inadmisible, ya que en el código electoral no está previsto un procedimiento para que las agrupaciones políticas nacionales o cualquier otra organización social obtenga, por sí misma, un registro como observador electoral y, por otra parte, con la aceptación de una disposición contraria a la ley, como lo pretende el actora en su programa de acción, se otorgaría en los hechos una especie de prerregistro a. una agrupación política nacional que, además de ser imposible e incompatible con las distintas finalidades de éstas y las de las organizaciones de observadores, iría sin el nombre de un ciudadano en específico o, en el mejor de los casos, de una especie de "concesión" para que la agrupación política nacional expidiera registros a quien estimara conveniente, por tener entre sus atribuciones la de realizar observación electoral;
b) Las agrupaciones políticas nacionales se encuentran reguladas en el Libro Segundo del código electoral federal, relativo a los partidos políticos, mientras que las disposiciones específicas aplicables a las organizaciones de observadores están previstas en el Libro Primero del mencionado código, el cual se refiere a la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo, en el capítulo relativo a los derechos y obligaciones de los ciudadanos, lo que pone de manifiesto que la naturaleza jurídica de las agrupaciones políticas nacionales se acerca más a la de un partido político y difiere completamente de la que corresponde a las organizaciones de los ciudadanos que realizan la actividad de observación del proceso electoral federal;
c) Los requisitos para constituirse como agrupación política nacional están previstos en el Título Segundo del ya mencionado Libro Segundo del código electoral citado, título que se refiere a la constitución, registro, derechos y obligaciones de los partidos políticos. El Capítulo Primero de este Título Segundo regula lo relativo al procedimiento de registro definitivo de los partidos
políticos nacionales, mientras que el Capítulo Segundo de este mismo título se ocupa de las agrupaciones políticas nacionales, señalándose en el artículo 35 los requisitos que deben cubrir las asociaciones interesadas para obtener el registro como tales; mientras que, tratándose de las organizaciones de electores, en el código de referencia, como ya se advirtió, no se establece requisito alguno para la constitución de las mismas, y cuando más, a diferencia de lo que ocurre con las agrupaciones políticas nacionales, en dicho ordenamiento se establece que la actividad de observador, por disposición del artículo 5, párrafo 3, es un derecho exclusivo de los ciudadanos, quienes pueden estar organizados para este efecto; en tanto que las organizaciones de observadores, según se contempla en el inciso b) del citado precepto, deben limitarse a la mera tramitación de las solicitudes de registro y, en su caso, a la capacitación de los ciudadanos que hubieran presentado su solicitud de registro como observadores, de conformidad con los lineamientos y contenidos que dicten las autoridades competentes del Instituto, según se dispone en la fracción IV del inciso d) del propio párrafo 3 del artículo 5 que se viene citando.
Otra disposición en la que se fundamenta la distinta naturaleza de las agrupaciones políticas nacionales y las organizaciones de observadores, es la contenida en el artículo 34, párrafo 4, en relación con el artículo 49, párrafos 2 y 3, del código electoral federal. En efecto, las agrupaciones políticas nacionales no podrán recibir aportaciones o donativos, ya sea en dinero o en especie, entre otras personas y entidades, de organismos internacionales de cualquier naturaleza, así como de partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, mientras que para las organizaciones de electores no existe esta limitación legal, lo que indica que si el legislador hubiera querido equiparar las mencionadas agrupaciones políticas con las organizaciones de electores, hubiera establecido la referida limitación legal para unas y otras o para ninguna de ellas, pero desde el momento en que estableció dicha limitación, prevista para los partidos políticos, pero que por disposición del párrafo 4 del artículo 34 ya citado también se aplica a las agrupaciones políticas nacionales, lo que implica que estas agrupaciones se asimilan más a un partido político que a una organización de observadores, motivo por el cual resulta evidente que las agrupaciones políticas no podrían recibir financiamiento público que en determinado momento se utilizara para realizar funciones de observación electoral, puesto que forma parte de esencia de los partidos políticos su participación en los procesos electorales mediante la postulación de candidatos, por lo que puede entenderse también que, en principio, forma parte de la esencia de las referidas agrupaciones políticas nacionales, su participación en los procesos electorales, postulando candidatos, mediando el respectivo acuerdo con un partido político, sin que esté contemplada por la ley la posibilidad de que renuncien a esta actividad, por la simple y sencilla razón de que, como ya se dijo, el derecho de observar está previsto para las personas físicas ciudadanos mexicanos y no para personas morales nacionales o extranjeras. Por tanto, si dentro de la esencia de las agrupaciones políticas nacionales está la de postular candidatos, previo acuerdo de participación, es inconcuso que, con fundamento en lo previsto en el artículo 34, párrafo 4, en relación con el 38 / párrafo 1, inciso e), ambos del código de la materia, en sus estatutos deben contemplar las normas relativas a la postulación de candidatos.
d) El régimen de derechos y obligaciones previsto para las agrupaciones políticas nacionales y las asociaciones de observadores es distinto. En efecto, las agrupaciones políticas nacionales, en términos del artículo 35, párrafos 6 y 7, del código electoral, gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos, en los artículos 50, 51 y 52 del mismo código y, de igual manera, del financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, de educación y capacitación política, lo cual nuevamente evidencia que la naturaleza de estas agrupaciones políticas nacionales, se reitera, está más cerca de la de un partido político y difiere de la de las organizaciones de observadores, puesto que, en el código electoral, para éstas no se establece un catálogo de derechos como el reconocido a las agrupaciones políticas nacionales. En suma, es claro que a ninguna agrupación política nacional se le podría dar un tratamiento privilegiado al reconocérsele el derecho de "registrarse y actuar como observadora", puesto que ni los ciudadanos registrados y acreditados como observadores ni las organizaciones que tramitan el registro de los ciudadanos como observadores, gozan de las prerrogativas mencionadas en la primera parte de este párrafo.
Por lo que se refiere a las obligaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 34, párrafo 4, del código electoral, a las agrupaciones políticas nacionales les resulta aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los artículos 38; 49, párrafos 2 y 3; 49-A, y 49-B del propio código.Ahora bien, en el artículo 38 del ordenamiento señalado, se prevén las obligaciones de los partidos políticos nacionales, mismas que no son exigibles a las organizaciones de observadores, puesto que éstas, en términos de lo previsto en el artículo 5, párrafo 4, del código de la materia, tienen como única obligación declarar el origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades, siendo potestativo para dichas organizaciones impartir los cursos de capacitación, preparación o información para los ciudadanos que soliciten su acreditación como observadores, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 3, inciso d), fracción IV, del mismo código.
Sobre este particular, es importante destacar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 49, párrafos 2 y 3, del código electoral federal, las agrupaciones políticas nacionales no deben recibir aportaciones o donativos, ya sea en dinero o en especie, provenientes, entre otras personas y entidades, de partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, así como de organismos internacionales de cualquier naturaleza, mientras que las organizaciones de observadores no tienen esta limitación legal, lo que revela que si el legislador hubiera querido equiparar a las organizaciones de observadores con las agrupaciones políticas nacionales, entonces, sí se habría establecido dicha limitación para unas y otras.
e) Como el propio actor lo señala en sus agravios, en el artículo 5, párrafo 3, inciso c) , del multicitado ordenamiento jurídico, antes de la más reciente reforma electoral, se establecía que el registro de observadores podía tramitarse a través de "la agrupación" a la que pertenecieran los ciudadanos interesados, pero, a partir de las modificaciones legales que tuvieron lugar el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, dicho término fue sustituido por el de "la organización" a la que pertenezcan los ciudadanos, resultando que, al precisarse en la ley electoral el concepto de agrupaciones políticas nacionales, según concluye el actor, cualquier referencia a la palabra "agrupaciones" se entendería dirigida a tales personas morales y que, de no haberse reformado, supuestamente sólo éstas podrían acreditar observadores electorales.
Sin embargo, estrictamente y en forma contraria a lo sostenido por la hoy actora, para evitar que se entendiera que las agrupaciones políticas nacionales podrían tramitar las solicitudes de registro de los ciudadanos interesados para participar como observadores electorales, se sustituyó el término "agrupación" por el de "organización", de tal forma que resulta claramente notorio que las agrupaciones políticas nacionales, si no cuentan con la posibilidad legal de tramitar dichos registros, mucho menos pueden contar entre sus atribuciones, en tanto personas morales, con la de realizar observación electoral.
f) Todo lo anterior pone de manifiesto, una vez más, que la naturaleza jurídica de las organizaciones de observadores y la de las agrupaciones políticas nacionales son totalmente distintas, y que la naturaleza de estas últimas se acerca más a la inherente a la de los partidos políticos. Esta conclusión se infiere de la prohibición fijada a los partidos políticos nacionales de recibir aportaciones o donativos de personas o entidades extranjeras, prohibición que, para el caso de las agrupaciones políticas nacionales, atento a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 34 ya citado, también les es aplicable. Por lo tanto, es inconcuso que, al igual que en el caso de los partidos políticos, la participación en los procesos electorales mediante la postulación de candidatos forma parte de la esencia de las agrupaciones políticas nacionales, a través del respectivo acuerdo con un partido político, sin que esté contemplada, en la ley, la posibilidad de que renuncien a esta actividad de postular candidatos, a efecto de poder realizar actividades de observación electoral, por la razón de que, se insiste, el derecho de observar está previsto para los ciudadanos mexicanos y no para las personas morales nacionales o extranjeras. En este mismo sentido, cabe destacar que, si en la naturaleza de las agrupaciones políticas nacionales se encuentra implícita la actividad de postular candidatos, a través de los referidos acuerdos de participación, es indudable que, con fundamento en lo previsto en el artículo 34, párrafo 4, en relación con el artículo 38, párrafo 1, inciso e), ambos del código de la materia, las agrupaciones políticas nacionales tienen la obligación de contemplar en sus estatutos las normas relativas a la postulación de candidatos.
Es decir, considerando que las agrupaciones políticas nacionales tienen el derecho de participar o no en los procesos electorales federales, en los términos prescritos en el código de la materia, esto no significa que tengan el derecho de renunciar a ejercer dicha participación. Por otra parte, tal y como la propia parte actora lo señala en los agravios que se han destacado en los incisos con que se inicia este considerando, la actividad de observación electoral es un derecho de los ciudadanos mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 3, del código electoral, por lo que resulta evidente que ninguna persona moral podría realizar tal actividad, en tanto persona moral, puesto que la ciudadanía es un atributo de las personas físicas. Por tanto, resulta inatendible que la actora se duela de que la autoridad responsable la haya prevenido para que modifique sus estatutos en lo concerniente a dicha actividad de observación. Todavía más, la interpretación que, a contrario sensu, hace el propio actor con respecto de lo consignado en el artículo 5, párrafo 3, inciso d), del código electoral federal, lleva a la conclusión inequívoca, con fundamento en lo previsto en la fracción I de ese precepto, que ninguna persona moral, cualquiera que sea su naturaleza, puede contar entre sus atribuciones con la de efectuar observación electoral, por lo que también resulta no apegado a lo previsto en el código de la materia que, en los documentos básicos de una agrupación política nacional, como en la especie sucede, se contemple tal atribución.
Derivado de lo anteriormente expuesto, resulta inobjetable que a ninguna agrupación política nacional podría dársele un tratamiento privilegiado al reconocérsele el derecho de registrarse y actuar como observadora, permitiéndole, al propio tiempo, gozar de un régimen fiscal previsto para los partidos políticos y de financiamiento público, a diferencia de lo que ocurre con los ciudadanos acreditados y registrados como observadores y sus organizaciones, que no son sujetos de los derechos que específicamente están reservados a las agrupaciones políticas nacionales.
II. El objeto de las agrupaciones políticas y el de las organizaciones de observadores electorales son incompatibles, razón por la cual aquéllas no pueden realizar actividades de observación electoral, como se considera a continuación:
a) De conformidad con lo prescrito en el artículo 34, párrafo 1, del código de la materia, las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en los procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político, en tanto que, como ya se apuntó, la participación de las organizaciones de observadores se limita a ser, en ocasiones y cuando más, el conducto por el cual se tramita el registro de ciudadanos observadores electorales y se imparte capacitación a los mismos.
b) En tanto que las agrupaciones políticas nacionales participan en los procesos electorales como actores o protagonistas políticos, las organizaciones de observadores, según se destacó, se limitan a tramitar los registros de los ciudadanos que pretendan realizar la actividad de observación y, en su caso, participar en la capacitación de los mismos. Pretender que las agrupaciones políticas nacionales pueden actuar en los procesos electorales federales como observadores y, así, al margen de las actividades participativas que limitativamente se les establece en el código electoral, sería admitir que las propias agrupaciones políticas nacionales pueden ser el objeto de su propia observación, lo cual resulta fáctica y jurídicamente incompatible.
c) Tal y como quedó asentado anteriormente, las agrupaciones políticas nacionales no pueden tramitar el registro de los ciudadanos que deseen intervenir o participar como observadores electorales, por la razón de que la reforma legal de mil novecientos noventa y seis al código electoral federal, tuvo como efecto excluir a las agrupaciones políticas nacionales de esa actividad, puesto que, de lo contrario, tal como ya se señaló, no se hubiera sustituido el término "agrupación" por el de "organización", precisamente en el inciso c) del párrafo 3 del multicitado artículo 5 del código electoral, precepto que textualmente establece que "La solicitud de registro para participar como observadores electorales, podrá presentarse en forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan, ante...".
d) Porque, además de lo expuesto anteriormente, la renuncia a postular candidatos, con el objeto de evitar la evidente incompatibilidad de las actividades desarrolladas por la agrupación política nacional y las de las organizaciones de observadores electorales, carece de efectos jurídicos, debiéndose tener por no puesta, por contrariar disposiciones de orden público, en términos de lo prescrito en el artículo 1, párrafo 1, en relación con el 3, párrafo 2, y 34, párrafo 1, todos ellos del código de la materia, y atendiendo al principio general del derecho que expresa que sólo son renunciables los derechos privados, que no afecten directament el interés público. En efecto, tratándose de una disposición de orden público, como lo son las del código electoral federal, es inconcuso que las mismas son irrenunciables, puesto que aceptar lo contrario implicaría sujetar la observancia de disposiciones de orden público a la voluntad de los particulares, como en la especie lo pretende la parte actora.
En este mismo sentido, como ya se señaló, la naturaleza de las agrupaciones políticas nacionales es similar a la de los partidos políticos nacionales, por estar regulados, unos y otros, en el mismo libro del código electoral federal; también, porque las obligaciones previstas para los partidos políticos son aplicables, en lo conducente, a las agrupaciones políticas nacionales, y comparten, unos y otras, algunas de las prerrogativas, como lo son el régimen fiscal y el financiamiento público que, si bien en el caso de las agrupaciones políticas nacionales, éste está destinado a las actividades editoriales, de educación y capacitación política, e investigación socioeconómica y política, eso no las excluye de su participación en las campañas electorales. Por el contrario, como ya se apuntó también, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, párrafo 1, del código electoral de referencia, las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en los procesos electorales federales, mediante acuerdos de participación con un partido político, todo lo cual, lleva a la conclusión de que en la naturaleza de las agrupaciones políticas nacionales está implícita su participación en los procesos electorales postulando candidatos, por lo que renunciar a tal actividad implica desnaturalizar el estatuto jurídico de tales agrupaciones, motivo por el cual el legislador no contempló expresamente tal posibilidad.
De lo anterior se concluye que, si bien las agrupaciones políticas, pese a que en su naturaleza jurídica está implícita su participación en los procesos electorales federales, mediante la postulación de candidatos, y que por ello tienen el derecho de hacerlo o abstenerse de hacerlo, ésto no significa que tienen el derecho de formular una renuncia general a postular candidatos, menos aún cuando con este hecho se pretende cambiar la naturaleza de la agrupación política, mediante la renuncia de un derecho que, por estar establecido en una disposición de orden público, se tener por no puesta tal renuncia.
III. En mérito de lo expuesto y razonado en los apartados anteriores resultan inatendibles los argumentos que hace valer la actora y que se puntualizan en los incisos iniciales del presente Considerando, como se explica a continuación:
a) Resulta apegado a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 5, párrafo 3, inciso b), del código electoral, la determinación contenida en el segundo punto resolutivo del dictamen y resolución impugnado, mediante el cual la autoridad responsable señala un plazo a la asociación denominada Alianza Cívica, A.C., a efecto de que informe al Consejo General de la fecha en que realizará las modificaciones a su programa de acción, en lo relativo a la observación electoral, como ya se ha razonado en los apartados I y II anteriores de este Considerando. En esta virtud, es inatendible el agravio que se resume en el inciso a) de la parte inicial de este Considerando, ya que la autoridad responsable, al emitir la resolución recurrida, en relación con la actividad de observación electoral, no impuso a la agrupación actora la obligación de reformar sus estatutos, dado que, según se aprecia, al hacer alusión a la observación electoral, dicha autoridad especificó que lo que debería modificar era el programa de acción relativo y cuando se refirió a la reforma que debía hacerse en torno a los estatutos, aludió a la falta de órgano responsable de la administración de sus recursos financieros y de la presentación de los informes establecidos en el artículo 49-A del código electoral federal; consideración esta última que, por cierto, cabe aclarar, no es impugnada en forma alguna en los agravios hechos valer y como este Tribunal no la encuentra objetivamente incorrecta debe subsistir y continuar rigiendo tal aspecto del acuerdo impugnado.
b) Ciertamente, como lo señala la parte actora, la observación electoral es un derecho de los ciudadanos pero esto no implica, como lo pretende la propia actora, que lo sea de la personas morales, agrupaciones políticas nacionales, como tales, según se razonó en los incisos a) al d) del apartado I de este Considerando.
c) Como quedó demostrado, en los apartados I, en particular en el inciso d) , y II de este Considerando, contrariamente a lo que afirma la parte actora, del artículo 5, párrafos 1 y 3, del código electoral, se desprende que las agrupaciones políticas no pueden realizar actividades de observación electoral por no corresponder y ser incompatible a su naturaleza jurídica esta actividad.d) En los incisos c) y d) del apartado I, quedó establecido que las agrupaciones políticas nacionales, en tanto personas morales, no pueden realizar por sí mismas la actividad de observación electoral ni intervenir en la acreditación y capacitación de los ciudadanos interesados en realizar dicha actividad de observación.
e) La autoridad responsable no equipara, como lo supone la parte actora, los términos de agrupación política nacional y de organización política, toda vez que, como quedó establecido en el inciso c) del apartado II de este Considerando, tal como la propia parte actora lo señala, las sustitución del término de agrupación por el de organización, en el inciso c) del párrafo 3 del artículo 5 del código electoral, pone de manifiesto que se excluyó a las agrupaciones políticas nacionales de la función de tramitar la solicitud de registro para participar como observadores electorales que presenten los ciudadanos, lo cual, aunado al hecho de que, como la propia actora lo afirma, la actividad de observación electoral es exclusiva de los ciudadanos mexicanos, es inconcuso que las agrupaciones políticas no pueden funcionar como observadores electorales ni tampoco pueden realizar el trámite antes mencionado.
f) Tal como se mencionó en el inciso c) del apartado II, la modificación que sufrió el artículo 5, párrafo 3, inciso c), del código electoral, la reforma de noviembre de mil novecientos noventa y seis, al sustituir el término "agrupación" por el de "organización", implicó que dichas agrupaciones no pueden realizar la función de tramitar las solicitudes de registro que presenten los ciudadanos interesados para fungir como observadores electorales.
g) Finalmente, la parte actora se duele, en forma reiterada, por el hecho de que, en su concepto, la autoridad responsable equiparó indebidamente los conceptos organización política y agrupación política. Al respecto, se hace notar que resulta ocioso entrar al análisis de los agravios, en la parte que importa, sobre este punto en virtud de que, como reiteradamente se ha venido señalando, en primer lugar, el legislador expresamente excluyó a las agrupaciones políticas de la posibilidad de fungir como tramitadoras de las solicitudes de acreditación de los observadores electorales, pero esto no lleva, como lo sostiene la actora, al hecho de que se esté limitando a los ciudadanos en un derecho que les es inherente por su calidad de tales; en segundo término, porque expresamente se establece que es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores electorales, lo cual excluye a las personas morales. En síntesis, si las agrupaciones políticas nacionales no tienen, en su esfera de atribuciones, la facultad de tramitar la solicitudes de registro, mucho menos tienen la facultad de realizar la observación electoral directamente y por sí mismas, a través de sus órganos correspondientes.
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento, además, en los artículos 41, fracción IV, 94 y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 2; 6; 79; 80, párrafo 1, inciso e); 83, párrafo 1, fracción II, y 84 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se:
PRIMERO. Se declara infundada la acción deducida en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional, por conducto de su representante, ciudadano Sergio Aguayo Quezada.
SEGUNDO. Se confirma la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la solicitud de registro como agrupación política nacional de la asociación civil denominada "Alianza Cívica" A.C., del quince de enero de mil novecientos noventa y siete, en los términos precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de esta sentencia.
TERCERO. Notífiquese personalmente al actor y por oficio a la autoridad responsable, acompañándoles copia de la presente sentencia; en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los CC. Magistrados Electorales José Luis de la Peza Muñoz Cano, Leonel Castillo González, Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Mauro Miguel Reyes Zapata y José de Jesús Orozco Henríquez, bajo la presidencia del primero y este último como ponente en el presente asunto, que

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