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Timestamp: 2017-05-25 08:55:03+00:00

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JURISPRUDENCIA.- CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION CUARTA. Principio de Inmediatez.	23 Sep 2016	6291 veces	Escrito por La Voz del Derecho
“De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es la inmediatez con que se interponga el amparo constitucional. Con base en este requisito, se debe acreditar que la tutela contra una providencia judicial se interpuso en un plazo razonable. Para la Corte Constitucional, esta condición de procedencia se justifica, pues de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. De ahí que el requisito de inmediatez sea una condición que permite concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo inmediato. En atención a lo dicho, la Sección ha considerado que la tutela carece de este requisito cuando no se interpone dentro de un término de seis (6) meses, posteriores a la notificación de la providencia judicial enjuiciada. Esta posición se fundamenta en la sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena de esta Corporación, mediante la cual se acogió como regla general un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Con base en lo anterior, para aceptar la procedencia de decisiones por fuera de la pauta jurisprudencial expuesta, el juez debe valorar que no existan otras razones que justifiquen la inactividad del accionante y que, por lo tanto, a pesar de la objetividad en la mora del tutelante, se justifique el estudio de los demás requisitos para la prosperidad de la acción de tutela contra providencias judiciales… Esta valoración por parte del juez constitucional en todo caso debe considerar que en tratándose de tutelas contra providencias judiciales, la carga de la argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la distancia temporal que existe, entre la presentación de la acción de tutela, y el momento en que se considera que se vulneró un derecho pues, en ausencia de justificación, el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos de las sentencias”. Haga clic aquí para leer el documento en PDF	Valora este artículo
JURISPRUDENCIA.- CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. Suspensión provisional de los actos administrativos. Requisitos de procedibilidad.	23 Sep 2016	2368 veces	Escrito por La Voz del Derecho
“Las medidas cautelares son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento jurídico protege, de manera provisional y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso.
Con la expedición de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) se instituyó un amplio y novedoso sistema de medidas cautelares, aplicables en aquellos casos en que se consideren «necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia» (artículo 229).
Los artículos 229 y siguientes del nuevo Estatuto presentan el régimen cautelar del procedimiento contencioso administrativo como un instrumento concreto de la garantía efectiva y material de acceso a la Administración de Justicia que busca evitar que la duración del proceso afecte a quien acude a la Jurisdicción en procura de solucionar una determinada controversia.
Vale la pena resaltar la clasificación de las medidas cautelares contenida en el C.P.A.C.A., la cual se orienta a considerarlas preventivas, cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; conservativas, si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; anticipativas, de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y de suspensión, que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.
En cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el Juez para la adopción de la medida, merece destacarse que aquel cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacción de la norma «podrá decretar las que considere necesarias». No obstante, a voces del artículo 229 del C.P.A.C.A., su decisión estará sujeta a lo «regulado» en dicho Estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad, si se armoniza con lo dispuesto en el artículo 231 ídem, según el cual para que la medida sea procedente debe el demandante presentar «documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla» (Resaltado fuera del texto).
Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de esta Corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente núm. 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez), señaló:
«La doctrina también se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en el fumus boni iuris y periculum in mora. El primero, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de la mora, exige la comprobación de un daño ante el transcurso del tiempo y la no satisfacción de un derecho.»[7] (Negrillas fuera del texto).
«Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora, debe proceder a un estudio de ponderación y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad.» [8](Negrillas no son del texto).
Así pues, conforme a la Jurisprudencia de la Sala Plena de esta Corporación, en el examen de procedibilidad de la medida solicitada, deberá verificarse la concurrencia de los elementos tradicionales que ameritan la imposición de la cautela, a saber: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, y, (iii) la ponderación de intereses”.
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JURISPRUDENCIA. CORTE CONSTITUCIONAL. La acción de tutela es un mecanismo idóneo, cuando se está ante la inminencia de que ocurra un perjuicio irremediable, que haga procedente la protección.	23 Sep 2016	1983 veces	Escrito por La Voz del Derecho
“La Constitución] y el Decreto 2591 de 1991 han dispuesto que en los casos en que existan otros medios de defensa judicial la acción de tutela procederá como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Como complemento, el artículo 8º del mismo decreto ley establece que cuando se está ante esta situación, la orden del juez de tutela sólo estará vigente durante el “término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado”. Es decir que, el peligro de que ocurra el perjuicio irremediable habilita la procedencia de la acción de tutela generalmente de forma transitoria.
La acción de tutela es procedente, cuando: (i) los mecanismos ordinarios no son eficaces para proteger los derechos fundamentales de los accionantes, puesto que –en el caso concreto- iniciar un proceso de nulidad y restablecimiento de derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, resultaría desproporcionado y desconocería las condiciones de vulnerabilidad manifiesta en la cual se encuentran los actores; y (ii) hay una afectación al derecho fundamental al mínimo vital”.
JURISPRUDENCIA. CONSEJO DE ESTADO. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Prescripción de la acción de cobro a propósito del pago de impuestos prediales.	19 Sep 2016	2541 veces	Escrito por La Voz del Derecho
“De conformidad con el numeral 6° del artículo 831 E.T, la prescripción de la acción de cobro debe plantearse como excepción contra el mandamiento de pago. De modo que debe alegarse, según el artículo 830 E.T., en los 15 días siguientes a la notificación de la orden de pago, sin perjuicio de que pueda decretarse de oficio por parte de la administración.
En lo tocante a la prescripción de la acción de cobro, ésta se rige por lo dispuesto en el artículo 817 del Estatuto Tributario, que establece una prescripción de 5 años, contados a partir de la fecha en que la obligación se hizo legalmente exigible.
A partir del año 2003, el artículo 86 de la Ley 788 de diciembre de 2002 modificó las reglas para contabilizar el plazo de prescripción, (artículo 817 del E.T.) pero, esa norma parte del supuesto de que el contribuyente debía presentar declaración tributaria, y, por eso, para contabilizar el plazo de cinco años de prescripción se toma como referente la fecha de vencimiento del plazo para declarar, la fecha en que se presentó la declaración extemporáneamente o la fecha en que la declaración se corrigió. También previó que cuando se expidiera el acto administrativo de determinación o discusión de impuestos, el plazo se contaría a partir de la ejecutoria de ese acto”.
JURISPRUDENCIA. CONSEJO DE ESTADO. ES VIABLE COMPUTAR TIEMPOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA EFECTO DEL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN.	JURISPRUDENCIA.- CORTE CONSTITUCIONAL.	JURISPRUDENCIA.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL. SUSTITUCIÓN PATRONAL Y CONTRATOS DE TRABAJO.	JURISPRUDENCIA.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN LABORAL. INTERESES MORATORIOS SOBRE REAJUSTES PENSIONALES.	JURISPRUDENCIA.- COMUNICADO No. 35 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDAD DE CUIDADO Y AUXILIO DE LOS ABUELOS, BISABUELOS Y TATARABUELOS LEGÍTIMOS.	JURISPRUDENCIA.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL.	JURISPRUDENCIA.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. ¿Qué sucede desde la responsabilidad civil cuando un denunciante de una infracción penal procede con la sola intención de perjudicar al denunciado?	JURISPRUDENCIA.- CONSEJO DE ESTADO.- EL DERECHO DE PETICIÓN NO SUBSUME TODAS LAS ACTUACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN.	JURISPRUDENCIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA T-356/16.	JURISPRUDENCIA.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN LABORAL. REQUISITOS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN EN MATERIA LABORAL.	JURISPRUDENCIA.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. EXEQUÁTUR*.	JURISPRUDENCIA. CORTE CONSTITUCIONAL. ASISTENCIA OBLIGATORIA A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN. SENTENCIA C-337/16	JURISPRUDENCIA.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN LABORAL. DERECHO DE PETICIÓN, UN DERECHO FUNDAMENTAL.	JURISPRUDENCIA.- CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA.	JURISPRUDENCIA.- CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B.	JURISPRUDENCIA.- CORTE CONSTITUCIONAL. DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES. SENTENCIA T-363/16	JURISPRUDENCIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN LABORAL.	JURISPRUDENCIA.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR RESPONSABILIDAD PENAL CUANDO EL INDIVIDUO GOZA DE PRESTIGIO SOCIAL.	JURISPRUDENCIA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. LA DISCIPLINA CASTRENSE NO PUEDE CONFUNDIRSE CON LA TORTURA.	JURISPRUDENCIA: CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA.	JURISPRUDENCIA: CORTE CONSTITUCIONAL.	JURISPRUDENCIA. CONSEJO DE ESTADO. ANEXOS DE LA DEMANDA EN PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS.	JURISPRUDENCIA. CORTE CONSTITUCIONAL. EXISTENCIA DE COSA JUZGADA RESPECTO DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 1412 DE 2010. DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	JURISPRUDENCIA.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. El fraude o la maquinación engañosa para causar perjuicios a terceros y para quebrantar la ley o los derechos que de ella se derivan.	JURISPRUDENCIA.- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.-	InicioAnterior12345678910SiguienteFinal	Enlaces Recomendados	Zona Comercial	Acerca de Nosotros	Nuestro propósito es aprovechar la tecnología en beneficio de la divulgación, el análisis, la controversia, la verificación de los grandes asuntos en que aparece el Derecho, en cualquiera de sus ramas; los procesos judiciales de trascendencia y los más importantes debates y acontecimientos.

References: resolución 
 artículo 229
 artículo 231
 artículo 8
 artículo 831
 artículo 830
 artículo 817
 artículo 86
 ARTÍCULO 6