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Timestamp: 2018-01-23 15:34:05+00:00

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Acuerdo y Sentencia 38/2007 Tribual Electoral
Acuerdo y Sentencia Nº 38/07
“LICHI L., ISABELINO C. DOMÍNGUEZ D., REINALDO S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE INHABILITACIÓN EN SU CONDICIÓN DE MIEMBRO ACTIVO DE LA MASONERÍA PYA. Y DOMÍNGUEZ D., REINALDO C. SUPREMO CONSEJO Gº 33 DEL RITO ESCOCÉS ANTIGUO Y ACEPTADO PARA LA RCA. DEL PARAGUAY S/ NULIDAD DEL DEC. Nº 35 DEL 04/11/05”.
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días veinte y ocho del mes de noviembre del año dos mil siete, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Justicia Electoral de Asunción, primera sala, Patricia Blasco A.- Gladys Lahaye.- Myrian Cristaldo, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, por ante mi el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente con la portada que se expresa más arriba caratulado: “LICHI L., ISABELINO C. DOMÍNGUEZ D., REINALDO s/ ACCIÓN DECLARATIVA DE INHABILITACIÓN EN SU CONDICIÓN DE MIEMBRO ACTIVO DE LA MASONERÍA PYA. Y DOMÍNGUEZ D., REINALDO C. SUPREMO CONSEJO Gº 33 DEL RITO ESCOCÉS ANTIGUO Y ACEPTADO PARA LA RCA. DEL PARAGUAY s/ NULIDAD DEL DEC. Nº 35 DEL 04/11/05”.
Previo el estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Justicia Electoral de Asunción, primera sala, resolvió plantear y votar la siguiente.
1ª) ¿Está ajustada a derecho la acción de inhabilitación deducida contra el Sr. Reinaldo Domínguez Dibb en su condición de miembro activo de la Masonería Paraguaya?
2ª) ¿Se halla ajustado a derecho el Dec. N° 35 de fecha 04/11/05 dictado por el Supremo Consejo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay?
La Dra. Blasco dijo: Que, en fecha 9 de noviembre de 2005 (fs. 223/231 de autos) se presentó el Sr. Isabelino Nemesio Lichi Leguizamón por derechos propios y bajo patrocinio del Abog. G. W. P. a promover Acción Declarativa de Inhabilitación en el cargo electo. Solicitar sustitución preventiva como medida cautelar de urgencia en los siguientes términos: "El Sr. Reinaldo Domínguez Dibb ostenta el cargo de Vice Gran Maestre en Ejercicio de la Gran Maestría de la Gran Logia Simbólica del Paraguay a partir de la solicitud de permiso presentada por el Serenísimo Gran Maestro electo para la Gran Logia Simbólica del Paraguay, Sr. Juan Carlos Royg Robledo. Este último, fue electo en fecha 6 de julio de 2001, habiendo solicitado permiso en fecha 7 de marzo de 2003. Es decir, el afectado en las actuales condiciones, dirige y preside la Gran Logia Simbólica del Paraguay. Cabe aclarar que la Gran Logia Simbólica del Paraguay a la que se hace referencia, es el organismo en el art. 1 del Código Masónico del Gran Oriente del Paraguay y que, la elección de las autoridades se ha realizado de acuerdo con ese Código, no así por lo dispuesto en los estatutos civiles que en su parte orgánica no se ha implementado. Más recientemente, por Dec. N° 35 2003/2007 de fecha 4 de noviembre de 2005 emanada del Muy Poderoso Supremo Consejo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay, el Señor Reinaldo Domínguez Dibb fue declarado en irregularidad masónica. Legitimación activa del peticionante: ostento el cargo de primer Gran Vigilante electo y en funciones de la Gran Logia Simbólica del Paraguay desde el año 2001. Mi instalación en el cargo mencionado, corresponde a la elección de que fui objeto en la Asamblea General Ordinaria de la Gran Logia Simbólica del Paraguay efectuada en fecha 13 de julio de 2001. Además, por disposición de la norma contenida en el art. 48 del Código Masónico, en la línea de sucesión me corresponde el ejercicio del cargo de Presidente de la Gran Logia Simbólica del Paraguay en la hipótesis de la concurrencia de impedimentos sobrevinientes del Gran Maestro y Vice Gran Maestro Electos, lo cual, como veremos seguidamente, acontece en el presente caso. Es decir, soy titular de un legítimo interés para la obtención de la declaración judicial de inhabilitación de quien -conforme a los hechos que se relatarán seguidamente- pretende seguir en el cargo cuyo ejercicio me corresponde, habida cuenta de que el mismo carece de regularidad en cuanto miembro de nuestra asociación y se encuentra, así las cosas, imposibilitado de administrar el cargo que ostenta actualmente. Mi legitimación activa, y la competencia privativa de la justicia electoral para dirimir la pretensión que aquí se contiene, se apoyan en la disposición constitucional del art. 273, concordante con la de los arts. 118 y 119 del mismo cuerpo legal de primer rango. Hechos: la masonería paraguaya, institucionalizada bajo la figura del Gran Oriente del Paraguay, al reconocer, como se ha expresado antes de ahora, la existencia de dos estamentos igualitarios que la conforman, organiza sus actos bajo el imperio de su propia legislación. Ella se encuentra integrada por al menos los siguientes cuerpos normativos:
a) Las Institutas de la Confederación Masónica del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.
b) Los estatutos civiles de la Masonería del Paraguay.
c) El Código Masónico del Gran Oriente del Paraguay.
d) Los reglamentos generales para la Masonería Simbólica del Paraguay, y
e) Tratado de Paz y Amistad suscrito por el Muy Poderoso Supremo Consejo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay y la Gran Logia Simbólica del Paraguay.
Se trata de una enumeración enunciativa, a la que adicionan los tratados, acuerdos, decretos y resoluciones cuya validez se reconocen recíprocamente ambos estamentos. Por otra parte, el Sr. Reinaldo Domínguez Dibb es objeto en la actualidad de un proceso penal, particularizado por la presentación de una acusación fiscal penal que fuera analizada en el marco de una Audiencia Preliminar y con resultado de elevación a Juicio Oral y Público. En tales condiciones, y conforme a las disposiciones vigentes en nuestra institución el muy Poderoso Supremo Consejo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay ha producido el decreto respectivo resolviendo la condición de irregularidad masónica del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb. A los efectos de especificar la causal de suspensión de derechos masónicos (irregularidad masónica) esgrimida para producir la afectación del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb en la forma que se ha señalado, paso a transcribir, in extenso, la disposición contenida en la norma del art. 12 de los Estatutos Civiles para la Masonería del Paraguay: ...los derechos masónicos se suspenden temporalmente: 1,2) por el enjuiciamiento civil, criminal, en todos los casos en que pudiese resultar pena infamante... ver también los arts. 103 del Código Masónico y 145 de la CN del Muy Poderoso Supremo Consejo. Además, la suspensión preventiva de los derechos masónicos del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb se apoya, como surge del documento de referencia, con otros hechos vinculados al ejercicio de su condición de masón y su cargo de Vice Gran Maestro de ejercicio de la Gran Maestría de la Gran Logia Simbólica del Paraguay. En ese sentido, invoco la vigencia de las disposiciones de los arts. 32 y 57 respectivamente a la Ley 635/95 en cuanto ellas determinan la validez de los ordenamientos jurídico/legales del orden interno de las instituciones comprendidas. La instalación de un sumario en la esfera del órgano sancionador, el muy poderoso Supremo Consejo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay, constituye además, y cerrando el punto, la expresión de la garantía de la vigencia del debido proceso a favor del afectado, siendo el escenario natural para ejercitar de su derecho constitucional a la defensa en juicio; lo que también surge de las resoluciones administrativas adoptadas concomitantemente. Acaecimiento de declaración masónica de irregularidad del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb. Agotamiento de la instancia administrativa interna. Plazo Legal para el inicio de la presente acción declarativa. Urgencia. Más allá de las consideraciones relacionadas a la legitimación activa de la que soy titular como he señalado anteriormente, me encuentro persuadido de la procedencia de la resolución del muy Poderoso Supremo Consejo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay en este caso particular. Es decir, frente a la evidencia de la existencia de un procesamiento, y de los demás hechos aludidos en el decreto respectivo, se estima ajustada a la Ley la decisión de la suspensión de derechos del Sr. Domínguez Dibb -sin perjuicio de la constitucional presunción de su inocencia hasta la sentencia definitiva firme, así como sin perjuicio de la absolución de los cargos en la investigación masónica abierta a su respecto. Tales hechos dan razón suficiente, lo consideramos, para poner internamente en marcha, las consecuencias intrainstitucionales de la masonería frente a ellos, más allá de que el final de la historia pudiese arrojar una absolución de reproche y pena, en ambas situaciones generando derechos a su beneficiario para accionar en consecuencia. El caso, por otra parte, plantea necesidades de resolución urgente, ya que se ha convocado a Asamblea General Extraordinaria de la Gran Logia Simbólica del Paraguay para el próximo día viernes 11 de noviembre de 2005 a las 20 horas, y el afectado Sr. Reinaldo Domínguez Dibb revela a través de las circunstancias que se mencionan en esta presentación, su intención de omitir pronunciarse sobre la suspensión de que fuera objeto, soslayando su obligación de miembro de la masonería paraguaya en nuestra institución, su compromiso de acatamiento de las resoluciones adoptadas por los órganos de gobierno de la misma; y usurpando sin más, un cargo que ya no puede ejercer desde la existencia de resoluciones fundadas que dispusieran su situación especial de transitoria irregularidad masónica. Procedencia de la declaración de irregularidad masónica del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb: El Muy Poderoso Supremo Consejo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay, tiene facultades de suspender en sus derechos masónicos a los miembros de dicha asociación. Esta prerrogativa surge de los arts. 144 y 145 de la CN de dicho organismo. Extensivamente, los miembros de la asociación mencionada, que como también se ha visto anteriormente, integra el Gran Oriente del Paraguay, se encuentran obligados a activar, además, en la Gran Logia Simbólica del Paraguay (el otro organismo que lo conforma, según el art. 1 del Código Masónico del Gran Oriente del Paraguay). Es el caso, precisamente, del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb quien, siendo miembro de la organización administrada por el muy Poderoso Supremo Consejo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay, lo es además, de la Gran Logia Simbólica del Paraguay donde ostenta el cargo que antes de ahora se ha señalado. Ahora bien, por imperio del Tratado de Paz y Amistad suscrito entre ambas potencias, la suspensión de derechos en una de ellas, deviene de aplicación automática en la otra. Así se deduce de la norma contenida en el art. 10 del instrumento mencionado, el cual dispone: ...la suspensión en los derechos masónicos o su perdida, por cualquier causa, en uno u otro de los poderes, opera de inmediato en idéntica forma dentro del otro cuerpo la masonería paraguaya. La reincorporación en los casos de rehabilitación, corresponde iniciarla en la misma jurisdicción en que se produjo la suspensión y pérdida de los derechos... en los hechos, esta situación se ha mencionado concretamente cuando:
a) Se le expresó de manera directa en el artículo quinto del decreto que aludimos.
b) Se comunicó (notificó) a las partes dicha decisión, ente ellas el recurrente.
c) Se presentó, como consecuencia de lo anterior, la nota dirigida al Vice Gran Maestro en ejercicio de la Gran Maestría de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, la Nota con fecha 8 de noviembre de 2005, solicitando la aplicación del art. 48 del Código Masónico del Gran Oriente del Paraguay y la consecuente comunicación para el traspaso de la administración derivada del cargo de Presidente a la Gran Logia Simbólica del Paraguay, sin recibir respuesta alguna.
Procedencia de la declaración judicial de inhabilitación del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb para el ejercicio del cargo que ostenta. Como VV. EE pueden dimensionar, no obstante haber recibido personalmente la notificación de la suspensión de la regularidad masónica del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb, es el mismo inicial encargado del cumplimiento de la disposición mencionada. En esas condiciones, resulta impracticable que el afectado acate buenamente una determinación de esta naturaleza, máxime cuando ha venido adoptando determinaciones en receso de la Gran Logia Simbólica del Paraguay de forma llamativa, cuando ostensiblemente pretende continuar en el cargo por vía de elecciones ahora en cuarto intermedio, y cuando ha promovido convocación a otros actos de y para la Gran Logia Simbólica del Paraguay, en forma contraria a las previsiones legales que deben aplicarse dentro de nuestra institución. Concretamente, su negativa a expedirse en consecuencia de la suspensión en sus derechos masónicos, produciendo el traspaso de la administración de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, junto a la próxima realización de actos de Asamblea de dicho órgano que fueran convocados recientemente, constituye motivo y justificación suficiente para sostener la vigencia y aplicabilidad de los tramites de la presente acción, y en particular de las medidas cautelares que fundamente sabrán disponerse en el caso, y a sus efectos. En las condiciones señaladas, solo la autoridad emana de la jurisdicción de VV.EE permitirá el cumplimiento de la disposición señalada, que, sin perjuicio de ajustarse a la Ley aplicable, precisa de esta acción declarativa como se la solicita y argumenta en esta presentación.
Tal el objeto de la presente acción: el de la declaración judicial de su inhabilitación temporal para el ejercicio del cargo de Vice Gran Maestro en ejercicio de la Gran Maestría de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, derivada de la suspensión de su regularidad masónica dispuesta por fundado decreto del Muy Poderoso Supremo Consejo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay en la forma señalada, y con los alcances de su aplicación al nivel de la Gran Logia Simbólica del Paraguay.
Medida de urgencia: La verosimilitud del derecho se encuentra debidamente acreditada con los documentos que se adjuntan a esta presentación, en general cuerpos normativos e instrumentos públicos. El peligro en la demora se evidencia a partir de la resistencia comprobada del afectado Reinaldo Domínguez Dibb frente a su obligación de cumplir la disposición de su suspensión preventiva masónica, además de la proximidad de la Asamblea General Extraordinaria convocada por el mismo, y es su consecuencia lógica y necesaria la protección del órgano jurisdiccional a través de la medida que se solicita. Finalmente, ofrecemos la caución personal y juratoria del recurrente, para dar cumplimiento a la totalidad de los presupuestos genéricos de toda medida cautelar. Se solicita como medida de urgencia, la sustitución preventiva en el cargo del ejercicio de la Gran Maestría de la Gran Logia Simbólica del Paraguay del Señor Reinaldo Domínguez Dibb por el recurrente Isabelino Nemesio Lichi Leguizamón, en aplicación del art. 48 del Código Masónico y la comunicación para su cumplimiento al Gran Oriente del Paraguay en sus potencias integrantes, muy Poderoso Supremo Consejo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay y la Gran Logia Simbólica del Paraguay, librando los oficios correspondientes. Se solicita finalmente, se encomiende al actuario judicial para la notificación de la medida cautelar referida a la Gran Logia Simbólica del Paraguay, cuya Asamblea General se encuentra convocada para el día próximo viernes 11 de noviembre de 2005 a las 20 horas en la casa de las calles Facundo Machain N° 6682 de la ciudad de Asunción, a los efectos de labrar acta de notificación de la medida y verificar la sustitución preventivamente dispuesta que coloque al recurrente en el ejercicio del cargo de Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay de conformidad a la legislación interna aplicable. Derecho: Se funda la presente acción en las disposiciones legales invocadas, algunas de las cuales se han mencionado y citado, y particularmente desde la Constitución Nacional y la Ley N° 635/95 del Régimen Electoral.
Que, por providencia de fecha 10 de noviembre de 2005, obrante a fs. 232, se tuvo por iniciada la presente acción declarativa de inhabilitación del Señor Reinaldo Domínguez Dibb en su condición de miembro activo de la Masonería Paraguay en la institución que funciona bajo la denominación de Gran Oriente del Paraguay y que se conforma con las potencias que lo integran y se denominan respectivamente; Gran Logia Simbólica del Paraguay y muy poderoso Supremo Consejo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay, promovida por el Señor Isabelino Nemesio Lichi Leguizamón. Del escrito de demanda y documentos presentados, se corrió traslado para que lo contesten dentro del término de Ley.
Que, a fs. 233 obra el Dictamen Fiscal N° 199 de fecha 10 de noviembre de 2005, y vlto. se tuvo por agregado el presente dictamen, por providencia de fecha 10 de noviembre de 2005.
Que, a fs. 234 obra el AI N° 234 de fecha 10 de noviembre de 2005, dictado por el presente Tribunal.
Que, a fs. 235 obra el Acta de Contracautela Personal firmada por el Señor Isabelino Nemesio Lichi Leguizamón, de fecha 10 de noviembre de 2005.
Que, a fs. 236 obra el Acta de Constitución en el local de la Gran Logia Simbólica del Paraguay por parte de la Actuaria Judicial, en fecha 10 de noviembre de 2005.
Que, a fs. 237 obra la solicitud de constitución de la actuaría por parte del Abog. G. W. P.
Que, a fs. 238 obra el aviso de notificación del AI N° 234, y que volverá al día siguiente, por parte del Ujier Notificador.
Que, a fs. 239 y 240 obran dos telegramas colacionados remitidos al Sr. Reinaldo Domínguez Dibb y a la Gran Logia Simbólica del Paraguay, por parte del Sr. Isabelino Nemesio Lichi Leguizamón.
Que, a fs. 241 se presenta el Abog. G. W. a denunciar domicilio del demandando y a agregar documentos.
Que, a fs. 242/247 se presenta el Sr. Reinaldo Domínguez Dibb, por derecho propio y bajo patrocinio de abogados a interponer recursos de apelación y nulidad en contra del AI N° 234 de fecha 10 de noviembre de 2005; conforme a los siguientes términos: "Recurso de Nulidad: la resolución recurrida es nula porque adolece de varios defectos de fondo y forma conforme se demostrará seguidamente: I) Violación del principio de congruencia: La parte actora en el escrito de demanda solicita como medida cautelar "la sustitución preventiva en el cargo del ejercicio de la Gran Maestría de la Gran Logia Simbólica del Paraguay del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb por el recurrente Isabelino Nemesio Lichi Leguizamón". Sin embargo, inexplicablemente la resolución recurrida establece: "Hacer lugar a la medida de urgencia solicitada en estos autos y en consecuencia disponer la suspensión en el ejercicio del cargo de la Gran Maestría de la Gran Logia Simbólica del Paraguay al Sr. Reinaldo Domínguez Dibb debiendo sustituirle preventivamente el Señor Isabelino Nemesio Lichi Leguizamón en el cargo.
Existe una sustancial diferencia entre la medida cautelar solicitada por el demandante y la concedida por el Tribunal. El demandante solicitó únicamente la sustitución preventiva del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb por parte del Sr. Isabelino Nemesio Lichi Leguizamón. No se solicitó jamás la suspensión en el ejercicio del cargo de Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay.
En consecuencia, se ha violado el principio de congruencia en forma ultra petita por haber otorgado más de lo solicitado por el solicitante de la medida cautelar. Además en forma extra petita por haber estudiado y concedido medidas no solicitadas, todo sin justificación alguna.
El art. 15 de CPC (de aplicación obligatoria por imperio del art. 40 de la Ley 635/95) establece: son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en el código de organización judicial; b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorios, en la constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia, bajo pena de nulidad; d) pronunciarse necesaria y únicamente sobre lo que sea objeto de petición, salvo disposiciones especiales". Esta disposición concuerda con el art. 158 (concordante con el art. 159) del CPC que establece: "Los autos interlocutorios resuelven cuestiones que requieran substanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el art. 156, deberán contener (...) b) la decisión expresa, positiva y precisa respecto de las cuestiones planteadas".
De acuerdo con el art. 15 del CPC inc d) los jueces tienen la obligación de respetar el principio de congruencia, es decir, expedirse única y exclusivamente sobre las cuestiones planteadas ni más ni menos. En este caso solo podía dictar las medidas solicitadas sin poder exceder o agregar otras medidas no solicitadas.
La violación del principio de congruencia por parte de los jueces (art. 15 inc. b) del CPC es sancionada con la nulidad conforme al art. 15 in fine del CPC concordante con el art. 111.
Jurisprudencia: 1) "De conformidad al art. 15 inc. "b" del CPC, los jueces están obligados, bajo de pena de nulidad, a fundar las causas sometidas a su decisión de acuerdo con el principio de congruencia, en virtud del cual, el órgano jurisdiccional debe declarar íntegramente el derecho de todos los litigantes y, en consecuencia, conceder o denegar exactamente lo que se pidió y no conceder lo que no se pidió, o más de lo que se pidió, disposición aquella que concuerda con la contenida en el art. 159 del código de ritual (Ac. y Sent . N° 93, del 7-12-94, TACyC, 1ª. Sala). 2) "la sentencia que en materia civil otorga un derecho mayor al requerido por el interesado, viola las garantías de propiedad y defensa en juicio (Colombo), (Ac. y Sent. N° 1, del 2-5-94, Sala del Menor).
II) Falta de motivación: el único párrafo de la resolución que podría servir de supuesto fundamento dice: "que, analizada la medida solicitada encontramos a derecho en cuanto a los presupuestos exigidos para su pertinencia, debiendo dar cumplimiento a la contracautela a fin de garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida de urgencia en caso de haberlo solicitado sin derecho". El párrafo trascripto se limita a mencionar que los miembros "encuentran" a derecho la medida solicitada en cuanto a los presupuestos exigidos para su pertinencia. Sin embargo jamás se preocuparon en indicar cuales fueron los elementos que les llevó a la conclusión de que se encontraban reunidos los requisitos exigidos por el CPC.
El art. 15 inc. b) del CPC, es deber de los jueces fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias en la constitución y en las leyes bajo pena de nulidad. Por otra parte el art. 158 inc. b) del CPC establece que los fundamentos de la decisión constituye un requisito ineludible que debe contener un auto interlocutorio para su validez. La falta de fundamento hace que la resolución recurrida carezca de uno de sus requisitos para su validez lo cual tiene como consecuencia directa la nulidad, conforme al art. 111 del CPC, que establece: "(...) Podrá, no obstante, pronunciarse la nulidad, si el acto carece de un requisito formal o material indispensable (...)". Como se dijo antes, la resolución dictada carece de un requisito formal indispensable exigido por el art. 158 del CPC.
Jurisprudencia: "A tal punto es inexcusable la motivación del fallo que el maestro Couture le ha dedicado muchísimos párrafos, siendo destacable cuando menciona: "la motivación del fallo constituye un deber administrativo del magistrado. La ley se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que su decisión es un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria. Una sentencia sin motivación previa a las partes del más elemental de sus poderes de fiscalización sobre los procesos reflexivos del magistrado. La jurisprudencia ha llegado hasta invalidar una sentencia extranjera carente de motivación. Opus. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. (Ac. y Sent. N° 132, del 26-11-86, T. A. CyC, 3ª Sala).
III) Perjuicio ocasionado por la resolución nula: la violación del principio de congruencia del fallo recurrido, por haber otorgado una medida distinta a la solicitada y más de lo solicitado, perjudica el derecho de propiedad y la defensa en juicio ambos consagrados en la Constitución Nacional.
Por otra parte la falta de fundamentación del fallo nos impide conocer las bases o los elementos tenidos en cuenta para hacer lugar a la medida. No basta con la mera indicación de que se encuentran reunidos los requisitos. La resolución debió establecer claramente porqué se consideran reunidos los requisitos. El perjuicio consiste en que no sabemos qué documentos presentados por la parte actora o manifestaciones vertidas por dicha parte convenció a los juzgadores de la verosimilitud del derecho invocado o de la urgencia en la adopción de la medida. Esto viola expresamente el derecho a la defensa en juicio lo cual constituye suficiente motivo para la declaración de nulidad de resolución.
IV) Causal de nulidad prevista en la Constitución Nacional: conviene apuntar aquí lo dispuesto por el art. 137 que establece: "(...) Carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta constitución". En el presente caso la disposición (auto interlocutorio) viola el derecho a la defensa en juicio consagrado en el art. 16, garantía inviolable según el texto de la Carta Magna, por no contener fundamentos claros y precisos que permitan al afectado conocer las motivaciones de los jueces que dictaron la resolución cuestionada.
Recurso de apelación: para el improbable caso de que el recurso de nulidad sea rechazado y en atención a lo dispuesto por los arts. 406 y 407 del CPC, paso a fundamentar el recurso de apelación.
I) Falta de verosimilitud del derecho invocado: como se dijo antes el fallo recurrido no cuenta con los elementos que fueron tenidos en cuenta para considerar que se encontraba acreditada la verosimilitud del derecho invocado. Sin embargo consideramos necesario demostrar que no se acreditó de ninguna forma dicho requisito. La demanda se funda en una resolución dictada por el Supremo Consejo. Dicha resolución me fue notificada. También se destaca una supuesta resistencia de cumplir la disposición del consejo supremo. En primer lugar la resolución dictada por el Supremo Consejo no se encuentra firme, es decir, hasta la fecha puede ser impugnada por mi parte ante el órgano jurisdiccional competente. Es sabido que la ejecución de una resolución puede ser exigida recién una vez que esta quede firme salvo casos excepcionales. En consecuencia, puede afirmarse que el decreto que sirve de base la presente acción no puede ser considerado como acreditante de la verosimilitud del derecho invocado.
Por otra parte debe considerarse que el Gran Supremo no tiene ninguna facultad para exigir el cumplimiento de sus decretos (ver artículos).
Además la supuesta resistencia por mi parte es inexistente teniendo en cuanta que la resolución cuestionada ni siquiera está firme y la que será cuestionada por mi parte oportunamente ante el órgano jurisdiccional que corresponda.
Asimismo nos preguntamos ¿Cómo es posible que se reclame la falta de cumplimiento de un decreto que apenas fue dictado dos días? ¿En que cuerpo normativo se establece que los decretos dictados por el Supremo Consejo deben ser cumplidos dentro de las 24 horas? ¿Y si consideramos que el decreto viola disposiciones constitucionales, legales y estatutarias? ¿Qué ocurriría si se suspenden los efectos del decreto a través de una resolución judicial?
Las respuestas nos llevan a concluir que el documento en el cual se basa la presente demanda no acredita suficientemente la verosimilitud del derecho invocado por no encontrarse firme porque mi parte todavía cuenta con plazo suficiente para promover las acciones judiciales que correspondan. Esto es suficiente para revocar la resolución en razón de que equivocadamente consideró (aunque sin la debida fundamentación) que se encontraba acreditada la verosimilitud del derecho.
Por otra parte debe tenerse en cuenta que la cuestión planteada discute la posibilidad de ejercer un derecho electoral derivado del ejercicio del sufragio pasivo, por lo que requiere cierta formalidad y seriedad a la hora de decidir la suerte la autoridad máxima de una organización intermedia como lo es la Gran Logia Simbólica del Paraguay.
El art. 693 inc. a) del CPC, exige para la procedencia de una medida cautelar que el solicitante acredite "prima facie" la verosimilitud del derecho invocado. No habiéndose acreditado dicho requisito la medida cautelar debe ser levantada inmediatamente.
II) Urgencia del caso. Peligro de pérdida o frustración de derecho: por el carácter de provisionalidad e instrumentalidad de las medidas cautelares el solicitante de la medida cautelar debe mencionar y demostrar sumariamente cuales son los derechos protegidos cuya frustración se pretende evitar. En el presente caso la parte actora ni siquiera mencionó que derechos protegía o cuáles son los perjuicios que sufriría en caso de no dictarse la medida cautelar solicitada.
La urgencia, según la parte actora, se evidencia en la resistencia del afectado frente a su obligación de cumplir la disposición preventiva del afectado frente a su obligación de cumplir la disposición preventiva del Supremo Consejo. Para que la urgencia sea acreditada el solicitante de la medida cautelar se debe demostrar que la tardanza o morosidad de que presupone un proceso judicial podría afectar la efectividad de lo que se resuelven en la sentencia judicial podría afectar la efectividad de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.(sic) Es decir, el solicitante de la medida debe demostrar que de no dictarse la medida cautelar la sentencia sería inocua o de cumplimiento imposible. Para alejar el peligro de insatisfacción que no podría ser realizado en la sentencia definitiva y sobre la base de un interés actual, se busca asegurar la ejecución. El peligro debe ser objetivo, derivado de hechos y no de la simple aprensión o ansia del peticionante. La decisión judicial respecto a este presupuesto debe guardar una íntima relación y equilibrio con el presupuesto anteriormente citado de la verosimilitud del derecho ya que puede predominar uno u otro según la meta a asegurar.
En el presente caso la parte actora, solicitante de la medida cautelar jamás demostró ni mencionó cuáles son los motivos que harían que la sentencia dictada no pueda ser cumplida una vez dictada. La supuesta resistencia a un decreto dictado apenas hace unos días es insuficiente o inocuo para demostrar la urgencia.
Repito que el fallo recurrido consideró erróneamente que se encontraban acreditados los presupuestos genéricos en forma errónea (aunque sin debido fundamento). Conforme a lo expuesto precedentemente no se acreditó el presupuesto exigido por el art. 693 inc. b) del CPC.
Jurisprudencia: "Junto con la verosimilitud del derecho constituye requisito específico de fundabilidad de la pretensión cautelar, el peligro probable de que la tutela jurídica definitiva que el actor aguarda de la sentencia a pronunciarse en el juicio principal, no pueda en los hechos realizarse (periculum in mora) es decir que a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes. (Palacio, L. E.). El peligro en la demora es requisito común de todas las medidas cautelares, es más, puede afirmarse que constituye su razón de ser jurídica y de hecho, que se sustancia en ellas" (Ac. y Sent. N° 27, del 22-05-87, 4ª Sala).
III) Adelanto del resultado del proceso: las medidas cautelares no deben adelantar el resultado del proceso. Simplemente debe limitarse a proteger el derecho en litigio si este puede ser afectado durante el trámite del proceso.
Conforme al escrito de demanda el objeto del mismo consiste en la declaración judicial de su inhabilitación temporal para el ejercicio del cargo de Vice Gran Maestro en ejercicio de la Gran Maestría de la Gran Logia Simbólica del Paraguay. La medida dictada establece: Disponer la suspensión en el ejercicio del cargo de la Gran Maestría de la Gran Logia Simbólica del Paraguay.
Con una simple lectura se puede notar que coinciden claramente la medida cautelar dictada con el objeto de la demanda. Esto hace que el fallo sea injusto por dictar una medida que adelante el resultado del proceso.
Jurisprudencia: "cuando la medida cautelar solicitada constituye el fondo de la cuestión se crea una situación que impide su concesión a fin de evitar una interpretación que implique preopinión" (TACC, Asunción, Sala de Feria, del 14-01-03, AI N° 9). "En el caso la medida cautelar innominada impugnada, ha sido decretada en el marco de un juicio de conocimiento ordinario de cumplimiento de contrato en el cual la pretensión solamente puede ser acogida o denegada en la sentencia definitiva no pudiendo adelantarse el decisorio por medio de una medida cautelar inicial que importaría anticipar el reconocimiento del derecho del litigante actor" (TAC, As. 1ª Sala, del 10-12-02, AI N° 782)".
En síntesis la resolución recurrida debe ser revocada por no ajustarse a derecho en razón de haber considerado en forma errónea que se encontraban reunidos los requisitos exigidos por el art. 693 del CPC conforme se ha demostrado precedentemente".
Que, a fs. 260/267 obra la contestación de la demanda por el Abog. S. M. en representación del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb, de fecha 25 de noviembre de 2005, en los siguientes términos: "...que en tiempo y forma vengo a contestar la demanda que se promoviera a mi mandante, y a pedir desde ya su rechazo, fundado en las consideraciones que paso a exponer:
Se desconocen íntegramente los términos de la demanda, salvo en lo que expresamente se admita en el presente escrito.
La estructura institucional de la masonería: desde el inicio es importante aclarar cuál es la estructura de la Masonería Paraguaya, ya que de otro modo resultan poco menos que incomprensibles los antecedentes de la cuestión.
Destacamos, en primer lugar, que se trata de una Asociación civil sin fines de lucro, en la terminología del Código Civil vigente al tiempo de su creación, que data del año 1895, según los estatutos agregados al escrito de demanda, donde surge que fueron aprobados por el Decreto del Poder Ejecutivo, tal como correspondía en derecho. La masonería en el Paraguay queda constituida, como asociación civil sin fines de lucro, bajo el nombre de "Gran Oriente del Paraguay" (ver art. 1° de los Estatutos). Estatutariamente las autoridades de dicha entidad civil Gran Oriente del Paraguay solo son: 1) La Dirección y Administración, a cargo del Gran Maestre que, eventualmente, puede ser sustituido por el primero o segundo Vice Gran Maestre (art. 17 y ss), y; 2) La Asamblea General, también llamada La Gran Logia. Como resulta obvio, La Gran Logia resulta ser el órgano deliberativo y, por consecuencia, la máxima autoridad de la entidad; así, desde luego, se desprende de los arts. 22 y ss de los Estatutos. Además, se tiene el Código Masónico que, obviamente, es un instrumento normativo de grado de prelación inferior a los Estatutos, y que no tienen reconocimiento alguno por el Estado Paraguayo, por tratarse de normas internas de la institución. Repetimos, pues, que estatutariamente dos son los órganos de la entidad civil Gran Oriente del Paraguay, a saber: El Gran Maestre y la Gran Logia.
Solo en el Código Masónico (instrumento normativo reglamentario de carácter interno) aparecen también otros órganos más, entre los cuales se cuenta el denominado "Muy Poderoso Consejo G° 33" (ver art. 1 y 7 del Código Masónico agregado al escrito de demanda). Así, "El muy Poderoso Consejo G° 33, insistimos en esto, no tiene carácter estatutario y por consiguiente, no existe a los efectos legales. Vale la pena resaltar, además, que dicho órgano no es independiente de la persona jurídica Gran Oriente del Paraguay, y consecuentemente, carece de toda entidad jurídica. La aclaración viene al caso porque el escrito de demanda pretende que dicho consejo sea una persona jurídica titular de derechos y obligaciones, lo cual es falso de toda falsedad. Queda claro: la única persona jurídica en el ámbito de la masonería, reconocida por el Estado Paraguayo, es la entidad civil sin fines de lucro denominada Gran Oriente del Paraguay.
Organigrama de la masonería: 1. Según los Estatutos: a) Gran Maestre y b) Gran Logia; 2. Según el Código Masónico: a) Gran Maestre, b) Gran Logia, c) El Muy Poderoso Supremo Consejo G° 33, d) Los Grandes Vigilantes y e) El Gran Orador.
Como se advierte claramente la estructura de los Estatutos es mucho más simple que la del Código Masónico, en el que se crean órganos que no existen a nivel estatutario.
Procedencia y competencia de la sanción: una vez que hemos puesto en claro lo relativo a la organización, veamos ahora cuál es el órgano que sanciona a mi cliente. Dice el escrito de demanda: El Muy Poderoso Supremo Consejo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado por la República del Paraguay, tiene facultades de suspender en sus derechos masónicos a los miembros de dicha asociación. Esta prerrogativa surge de los arts. 144 y 145 de la Constitución de dicho organismo. No cabe duda, pues, de que la sanción impuesta a mi cliente emana del Muy Poderoso Supremo Consejo G° 33 (en adelante "MPSCG33), y que se funda en un nuevo instrumento normativo, que reglamente su funcionamiento, al que llaman "Constitución", y que se halla agregado a este expediente a fs. 43 y ss. Nos proponemos analizar por separado: a) la procedencia de la suspensión, y b) la competencia para suspender.
En cuanto a la procedencia, recordemos que se invoca en la demanda la Constitución del MPSCG33, y en especial los arts. 144 y 145, que dicen:
Art. 144: en los juicios masónicos, se presume la culpabilidad del imputado, siempre que esté demostrado (sic) la existencia del hecho que motiva el proceso y exista indicios de que el procesado es el autor del mismo. Art. 145: Cuando el hecho que da lugar a la instrucción del sumario puede ser calificado como delito, previsto en esta Constitución, al ordenarse la instrumentación del sumario, se decretará la suspensión preventiva y temporal de los derechos masónicos del iniciado, quedando afectado al resultado final de la investigación y del juicio masónico en su caso. Esta suspensión no implica la aplicación de una pena.
Ni falta hace decir que el art. 144 resulta abierta y manifiestamente inconstitucional, ya que viola de manera flagrante el art. 17 de la Carta Magna que dispone: En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1) que sea presumida su inocencia; Cualquier comentario resulta innecesario.
Lo cierto es que la sanción que se impone a mi mandante se explica porque el reglamento presume su culpabilidad y en esto se funda, precisamente, la suspensión preventiva que se le impone. Evidentemente que si alguien es presumido culpable, debe, necesariamente, suspendérsele preventivamente. Ahora todo está claro, pero también manifiestamente inconstitucional. Antes de proseguir con la competencia del Muy Poderoso Supremo Consejo G° 33 para imponer sanción, recordemos el orden de prelación de los instrumentos normativos a considerar: 1) Estatutos del Gran Oriente del Paraguay, 2) Código Masónico y 3) Constitución del Muy Poderoso Supremo Consejo G° 33.
Los Estatutos son, con toda evidencia, el instrumento normativo de más alto rango, por ser el único reconocido por el Estado Paraguayo. Luego sigue el Código Masónico que crea el Muy Poderoso Supremo Consejo G° 33 (MSPCG33) como instrumento normativo que regula el funcionamiento de un órgano especifico creado por el Código Masónico.
Hecha la aclaración acerca de la prelación, veamos ahora la competencia del MPSCG33 para sancionar a mi cliente. Para despejar toda duda recurramos antes que nada al Código Masónico (superior en prelación a la Constitución del MPSCG33), que dice: Poderes de Gran Logia: art. 31: La Gran Logia Simbólica del Paraguay, es la Suprema Autoridad de la Masonería Simbólica dentro del territorio de su jurisdicción. Está investida de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. De la Justicia Masónica: art. 102: La Gran Logia Simbólica ejerce la facultad para juzgar en primera y segunda instancia, según los casos, los delitos o faltas en que incurran las corporaciones masónicas en su carácter colectivo y los hermanos masones en su carácter individual; así como los representantes a la Gran Logia y Dignatarios de conformidad a lo dispuesto en los Reglamentos Generales. Art. 32 La Gran Logia Simbólica ejerce el derecho de acusar ante el Muy Poderoso Supremo Consejo G° 33: al Gran Maestro y Vice de la Orden, en caso de responsabilidad por el mal desempeño o por delitos en el ejercicio de sus funciones, después de haber lugar a formación de causa por la Comisión Jurídica y confirmada por dos tercios de votos presentes, en Tenida Especial convocada al efecto.
Surge de los artículos transcriptos que: 1) la Gran Logia es la autoridad máxima de la masonería en el Paraguay, lo cual resulta coincidente con los estatutos; 2) la justicia masónica es atribución de la Gran Logia; 3) para el caso del Gran Maestro y Vice de la orden su juzgamiento corresponde al MPSCG33, pero, previa acusación de la Gran Logia y "después de haber declarado haber lugar a formación de causa por la Comisión Jurídica y confirmada por dos tercios de votos presentes". Así, el sumario iniciado por el MPSCG33 es contrario al procedimiento, previsto en el Código Masónico ya que no existe la acusación previa por parte de la Gran Logia, ni el dictamen de la Comisión Jurídica ni, finalmente, la confirmación por dos tercios de votos. Siendo nulo el inicio del sumario, también es nula la sanción aplicada de suspender provisoriamente a mi mandante en su calidad de miembro de la masonería. Desde luego que a nadie puede ocurrírsele que el Gran Maestro o el Vice Gran Maestro puedan ser sometidos a sumario bajo las mismas condiciones que cualquier otro miembro de la asociación.
Breve mención haremos al Tratado de Paz y Amistad invocado en el escrito de demanda. El primer comentario que nos merece es que el mismo carece de todo valor jurídico puesto que no puede modificar instrumentos normativos de mayor jerarquía, como son el Estatuto del Gran Oriente del Paraguay y el Código Masónico. Como efectivamente dicho "tratado" contradice los antes referidos instrumentos normativos, no puede siquiera ser considerando a los efectos del presente juicio. En lo principal, el "tratado" pretende modificar las competencias de los órganos y establece procedimientos distintos a los contemplados en el Código Masónico, en todo lo cual resulta ser inválido y por lo tanto queda expresamente desconocido por nuestra parte. Insistimos, al respecto, en que ni el Gran Maestro ni el Vice Gran Maestro pueden ser juzgados por el MPSCG33, sin el trámite previo previsto en el art. 32 del Código Masónico.
Lo que queda claro de la exposición que antecede es que el MPSCG33 se ha atribuido facultades que no tiene, que se ha puesto por encima de la máxima autoridad de la Masonería que es la Gran Logia y que ha aplicado disposiciones inaplicables o inválidas. No está demás destacar que la sanción impuesta ha sido inaudita parte, sin dársele a mi mandante el derecho a la defensa, sin proceso previo alguno y habiéndose comunicado por telegrama colacionado obrante en autos. Por consecuencia, la demanda debe ser rechazada. La suspensión: es muy importante prestar especial atención a los términos utilizados por el Reglamento de la Masonería, sin partir de falsos presupuestos tal, como lo hace la adversa. Dice textualmente el art. 12.2°, que sirve de sustento al pedido de sanción de mi mandante: Los derechos masónicos se suspenden temporalmente: 1°... 2° Por el enjuiciamiento civil, criminal, en todos los casos en que pudiese resultar pena infamante. Pues bien, corresponde, por tanto, determinar qué es una pena infamante. Según Capitant, infamante es la "pena criminal que se reputa quita al condenado el honor, pero no le priva de la vida ni de la libertad (destierro, degradación cívica). A su vez, enseña Goldstein que las penas se clasifican en: "Capitales, la pena de muerte es la única; Aflictivas, tendientes a infligir un dolor, entre ellas pueden situarse las penas privativas de libertad, presidio, penitenciaria, prisión, arresto, como las establecía el código de Tejedor bajo el título de penas corporales; Infamantes o humillantes, que atacan el honor del condenado; Pecuniarias, que afectan su patrimonio: multas, caución, comiso, costas, gastos". El mismo autor dice más adelante respecto de las penas infamantes: "Bernardo de Quirós las define como aquellas que producen infamia en quienes las sufren como un efecto difuso y aun extralegal de la pena. Añade que en el antiguo derecho se reputaron tales la horca, la argolla, los azotes y la exposición a la vergüenza pública. Esta clase de penas ha sido generalmente suprimida de los códigos, a excepción de la pena de degradación, que se aplica todavía a ciertos delitos cometidos por los militares. Las penas infamantes se llamaron también humillantes". Las opiniones anteriormente mencionadas son unánimes en la doctrina. Asimismo, dice Osorio al referirse a la pena aflictiva, que es aquella que se aplica para los delitos graves y corresponde a toda pena corporal impuesta por un tribunal; a su vez, al referirse a la pena corporal menciona que en ella se incluyen todas las penas que afectan a la privación de la libertad personal, como el arresto, la prisión, la reclusión, etc. Como puede advertirse sin lugar a dudas, la pena infamante se distingue muy claramente de la pena corporal (o aflictiva), y dado que la pena que hipotéticamente le correspondería al Dr. Reinaldo Domínguez Dibb sería la privativa de libertad, obviamente no se trata de pena infamante sino de pena corporal o aflictiva. Así pues, no es de aplicación el art. 12 de los Estatutos, sino, eventualmente, el art. 13, inc. 1°, que dice: Los derechos masónicos se pierden indefinidamente: 1° Por condena definitiva de los tribunales ordinarios, previo juicio efectuado por la Masonería, en razón de los crímenes de asesinato, homicidio, herida, robo,...
En suma, las penas infamantes ya no existen en nuestra legislación actual (recuérdense que los Estatutos de la Masonería a los que nos referimos datan de finales del siglo diecinueve), por lo que debe entenderse que el art. 12.2° ha perdido vigencia al desaparecer las penas infamantes; mientras que según el art. 13.1° la sanción allí prevista no es posible si no media, previamente, condena definitiva y, además, juicio efectuado por la misma Masonería. Así, pues, mi mandante de ningún modo puede ser sancionado atendiendo a su actual estado procesal, porque no existe condena definitiva y, menos aun, juicio efectuado por la Masonería. Es irrefutable, pues, que la adversa invoca un artículo de los Estatutos que resulta notoriamente inaplicable.
La acción declarativa: hay que recordar que la presente demanda es una "acción declarativa de inhabilitación en su condición de miembro activo de la masonería paraguaya en la institución que funciona bajo la denominación de Gran Oriente del Paraguay, (ver petitorio del escrito de demanda). Recordemos que las acciones declarativas son aquellas para cuya procedencia basta un estado de incertidumbre sobre el derecho y por eso no obliga a nada sino que se limita a declarar o negar la existencia de una situación jurídica, vale decir que no es susceptible de ejecución, porque la declaración judicial basta para satisfacer el interés del actor. Por ejemplo, la sentencia que declara que una persona es hija de otra, no necesita ser ejecutada, ni el demandado está obligado a hacer nada para satisfacerla. En ciertos casos, como las declarativas de estado, sus efectos se extienden erga omnes. Naturalmente que el campo de aplicación de la acción meramente declarativa es más reducido que el de la acción de condena". Pues bien, vale la pena desenmascarar la verdadera naturaleza de la acción promovida que obviamente, no resulta ser declarativa, sino de condena. En efecto se quiere hacer creer al tribunal que solamente va a declarar la existencia de una relación o situación jurídica; lo cual no es cierto, porque lo que en rigor se pretende es que este Tribunal sancione o condene a mi mandante en su calidad de miembro de una asociación, pasando por encima del trámite interno y de la normativa aplicable, lo cual significaría una intromisión inadmisible de un órgano jurisdiccional con atribuciones electorales en una institución de derecho civil. Si se analiza la cuestión con cuidado, con la demanda instaurada se está buscando que el Tribunal Electoral confirme (como si fuese un Tribunal de Alzada) una sanción impuesta arbitrariamente y en violación del procedimiento consagrado internamente. Desde esta perspectiva, no hay acción alguna justifique la presente demanda ante ningún órgano jurisdiccional. Cualquiera se preguntaría: si la sanción impuesta al Dr. Reinaldo Domínguez Dibb es estatutariamente correcta ¿Por qué se le pide a un Tribunal que la confirme? Sólo cabe una respuesta posible y es que se busca utilizar a la justicia para forzar al cumplimiento de lo que se ha hecho ilegítimamente".
Que, a fs. 309/317 en fecha 14/11/2005, se presenta el Abog. E. L. G., en representación del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb, a promover demanda de nulidad de Dec. N° 35 de fecha 4 de noviembre de 2005, en los siguientes términos: "Legitimación activa. Competencia de la justicia electoral: la legitimación activa de mi representado proviene en primer lugar del art. 40 de la CN que establece el derecho de todo ciudadano de peticionar a las autoridades para la protección de sus derechos. En el presente caso como consecuencia de la disposición impugnada a través de la presente acción mi mandante fue despojado de su derecho de ejercer el cargo de Vice Gran Maestro en ejercicio de la Gran Maestría (equivalente al cargo de Presidente) cargo que obtuvo en una elección no cuestionada por ninguna parte por los asociados o miembros de la Masonería Paraguaya Gran Oriente del Paraguay (comúnmente denominada Gran Logia Simbólica del Paraguay).
Es decir, habiendo el decreto impugnado afectado el derecho de ocupar el cargo que le corresponde por voluntad de los votantes en unas elecciones resulta evidente que el Sr. Reinaldo Domínguez Dibb tiene legitimación activa para promover las acciones que correspondan para la restitución de los derechos electorales frustrados por un acto nulo.
En la misma tesitura y de conformidad a los arts. 118, 119 y 273 de la CN, los arts. 2,3 inc. h), 15 y 39 de la Ley 635/95 y el art. 36 del Código Electoral, el órgano competente para entender en el presente litigio es el Tribunal Electoral, integrante de la Justicia Electoral de acuerdo con el art. 1 inc. b) de la Ley 635/95.
En el año 1895 quedó constituida la asociación de utilidad pública denominada Gran Oriente del Paraguay, cuyos estatutos fueron aprobados por el Poder Ejecutivo en fecha 28 de junio de 1895. En fecha 6 de julio de 2001 el Sr. Reinaldo Domínguez Dibb fue electo en asamblea para ocupar el cargo de Vice Gran Maestro conforme a los estatutos civiles de organización masónica denominada "Gran Oriente del Paraguay". Desde el año 2003 ocupa el cargo de Gran Maestro en reemplazo del Sr. Juan Carlos Roig Robledo quien se encuentra usufructuando un permiso. Por Dec. N° 14/2005 de fecha 27 de mayo de 2005 se convocó a elección de autoridades para el día viernes 1 de julio de 2005. La elección llevada a cabo en dicha fecha no tuvo como resultado la designación de las nuevas autoridades por falta de la mayoría requerida al efecto. Órganos del Gran Oriente del Paraguay: Como se dijo antes la organización masónica denominada "Gran Oriente del Paraguay" posee sus estatutos aprobados por el Poder Ejecutivo que rigen su funcionamiento. Para casos excepcionales y en virtud a un tratado (convenio) celebrado con otra organización masónica denominada Supremo Consejo G° 33 que posee su propio ordenamiento jurídico. Aclaramos que el Supremo Consejo G° 33 es otra organización que nada tiene que ver con la asociación de utilidad pública denominada "Gran Oriente del Paraguay" con personería jurídica otorgada por el Poder Ejecutivo. El hecho de que se haya firmado un simple convino y que se hayan aplicado supletoriamente ciertas disposiciones de los reglamentos del Supremo Consejo G° 33 no significa que ambas organizaciones se hayan fusionado o que dicho órgano integre el Gran Oriente del Paraguay". Conforme a los estatutos del "Gran Oriente del Paraguay" la dirección y administración de la asociación está a cargo de un Presidente, denominado Gran Maestre, acompañado por dos Vice Gran Maestre y un Secretario (art. 17/19). Además se prevé como máxima autoridad la Asamblea General o Gran Logia integrado de acuerdo con el art. 22 de los estatutos. Ninguna disposición estatutaria prevé como órgano de la asociación al Supremo Consejo G° 33. Estatutos de una asociación vigencia: el art. 103 del CC establece: "las asociaciones se regirán por las reglas de este capítulo y por sus estatutos". De acuerdo con el artículo trascripto las asociaciones se rigen por lo dispuesto en sus estatutos y el Código Civil. Es decir los estatutos constituyen las normas de primer rango que rigen el funcionamiento de cada asociación que podrá aplicar o establecer otros cuerpos normativos de menor rango que jamás deben contrariar lo dispuesto por los estatutos. En el presente caso los estatutos del Gran Oriente del Paraguay fueron aprobados por el Poder Ejecutivo y constituye la norma de primer rango en la prelación de las normas que rigen dicha asociación. Aunque se establezcan o se apliquen supletoriamente otros cuerpos normativos el estatuto debe ser considerado como Ley suprema de la asociación. Los estatutos aprobado en 1895 siguen vigentes hasta la fecha y no han sufrido modificación alguna. Para aclarar mejor debemos considerar que los estatutos equivalen a la Constitución de un Estado, en el sentido de instituirse en Ley Suprema al cual deben adecuarse las demás normas que rijan al estado. Sobre el punto se puede concluir que la norma de mayor jerarquía dentro de una asociación son los estatutos por lo que las demás normas deben ceder cuando contraríen las disposiciones de aquellas por ser estas de menor jerarquía. Similar situación es la que se da cuando una norma (Ley, decreto, reglamento, etc.) se opone a no se adecua a lo que establece la Constitución Nacional. Ineficacia del Tratado de Paz y Amistad: en fecha 30 de abril de 1986 la asociación denominada Supremo Consejo G° 33 y el Gran Oriente del Paraguay (denominado Gran Logia Simbólica del Paraguay) firmaron un convenio para regular especialmente las reglas para la obtención y adjudicación de los títulos derivados de formar parte de una logia masónica, por ejemplo la regulación de los distintos grados masónicos. Pero el tratado es un simple convenio que no tiene la eficacia suficiente como para que tenga como efecto la fusión de dos asociaciones o la incorporación de una asociación a otra. Tal como lo establece el Código Civil (vigente a la fecha en la cual se firmó el tratado) las personas jurídicas comienzan su existencia a partir de la autorización por parte del poder ejecutivo. Si es que las asociaciones u organizaciones tenían intención de fusionarse debió realizar las modificaciones pertinentes de los estatutos y realizar los trámites correspondientes para la inscripción de las modificaciones realizadas a los estatutos conforme al Código de Organización Judicial para que tenga plena eficacia jurídica que será desde su inscripción en el registro respectivo. Otra formalidad requerida es que los estatutos deben ser formalizados a través de una escritura pública (art. 102 del CC). En consecuencia, el tratado celebrado entres las dos organizaciones masónicas mencionadas debe ser considerada como un convenio que rige ciertas cuestiones relativas al funcionamiento de la masonería en el Paraguay. Pero jamás puede ser considerado como un acto que tiene como consecuencia la fusión o incorporación entre ambas organizaciones y mucho menos puede considerarse que un simple convenio privado puede modificar estatutos aprobados por la autoridad administrativa competente. Repetimos en virtud del tratado, para ciertas cuestiones administrativas que no hacen a la existencia o funcionamiento del Gran Oriente del Paraguay (Gran Logia Simbólica del Paraguay) se aplicaron solo en forma supletoria y para casos excepcionales otros cuerpos normativos pero siempre teniendo en cuenta la supremacía de los estatutos. Es aplicable al presente caso lo dispuesto en el art. 7 del CC que establece: "las leyes no pueden ser derogadas en todo o parte, sino por otras leyes". Aplicando al caso en cuestión los estatutos aprobados por el Poder Ejecutivo no pueden ser sino modificados por otros estatutos aprobados por el Poder Ejecutivo o inscripto en el registro respectivo con todas las formalidades requeridas por la Ley. (Eje. Escritura pública). Nulidad del Decreto: conforme a lo expuesto en los puntos anteriores el Dec. N° 35 de fecha 4 de noviembre de 2005, dictado por el Supremo Consejo G° 33 es nulo y por lo tanto sin ningún valor jurídico por provenir de un órgano que no forma parte o no es integrante del Gran Oriente del Paraguay (Gran Logia Simbólica del Paraguay). El Supremo Consejo G° 33 tiene su propia carta orgánica que rige su funcionamiento. Pero las disposiciones contenidas en dicho normativo son inaplicables a otras organizaciones masónicas por constituirse en distintas organizaciones o asociaciones. Al respecto el art. 1 de la constitución del Supremo Consejo del G° 33 del Rito Escocés establece: "la institución lleva por nombre "Supremo Consejo del G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de la Masonería del Paraguay". La constitución (equivalente a los estatutos) fue promulgada en el año 1983. Es decir, no existe duda alguna de que la "institución" denominada Supremo Consejo G° 33 constituye una organización o asociación distinta e independiente que nada tiene que ver con la asociación denominada "Gran Oriente del Paraguay". No sabemos si fueron autorizados por el Poder Ejecutivo para funcionar como persona jurídica. Lo cierto es que constituyen una asociación (reconocida o no) que fue constituida por personas que tenían la intención de formar una organización distinta a la que ya existía en esa fecha que era el Gran Oriente del Paraguay. Por dicho motivo obviamente persiguen objetivos distintos, tiene sus propios asociados, sus propios estatutos y hasta sus propios recursos. No dudamos de que el Supremo Consejo G° 33 a través de sus órganos tiene competencia suficiente para sancionar, suspender, expulsar, etc., a los miembros que sean asociados o afiliados a su entidad. Pero tampoco dudamos de que nunca tuvo ni tendrá competencia para sancionar a las autoridades de otra organización masónica como lo es El Gran Oriente del Paraguay que cuenta con sus propias causales de suspensión y pérdida de los derechos masónicos. Para ilustrar mejor nuestra teoría nos permitimos en formular la siguiente hipótesis: "supongamos que para una elección determinada la Asociación Nacional Republicana (partido colorado) y el Partido Liberal Radical Autentico deciden firmar un convenio (alianza) para presentar candidaturas en forma conjunta y se establece la forma de distribución de los cargos, de los aportes, subsidios, etc. acaso la firma de un tratado o convenio significará que ambos partidos políticos se hayan fusionado y que los órganos de uno pueden sancionar a los afiliados del otro? La respuesta afirmativa nos lleva al absurdo extrema". Volviendo a nuestro caso es cierto que existe un convenio firmado entre las dos organizaciones masónicas. Lo que no existe es una fusión o confusión entre los órganos de uno y otro. Resumiendo, el Supremo Consejo G° 33 no tiene competencia ni autoridad alguna para sancionar a las autoridades del Gran Oriente del Paraguay (Gran Logia Simbólica del Paraguay) por ser una organización masónica distinta e independiente de cualquier otra, únicamente sujeta a las leyes de la República del Paraguay. En consecuencia, el Dec. N° 35 dictado por el Supremo Consejo G° 33 es nulo y sin ningún valor jurídico. Medida Cautelar: para salvaguardar los derechos electorales de mi representado, que consiste en el derecho legítimo que tiene de ocupar el cargo para el cual fue electo, solicito como medida cautelar la prohibición de innovar en relación al cargo de Gran Maestre del Gran Oriente del Paraguay (Gran Logia Simbólica del Paraguay) debiendo ocupar el cargo el Sr. Reinaldo Domínguez Dibb mientras dure el permiso otorgado al Sr. Juan Carlos Roig Robledo. Asimismo se solicita la prohibición de innovar en el sentido de ordenar al Supremo Consejo G° 33 que se abstenga de dictar resoluciones que afecten a miembros del Gran Oriente del Paraguay. La situación de hecho que se intenta proteger es la ocupación del cargo que le corresponde a mi representado conforme a los estatutos, derecho derivado de una elección de autoridades. Verosimilitud del derecho invocado. Conforme a las manifestaciones vertidas y a las instrumentales acompañadas se ha demostrado sumariamente la verosimilitud del derecho que invocamos tendiendo en que a prima facie resulta evidente que el Supremo Consejo G° 33 no tiene competencia para sancionar a mi representado. Es decir, los fundamentos de la demanda adquieren verosimilitud gracias a los medios probatorios que acompañan al escrito de demanda en especial los estatutos del Gran Oriente del Paraguay. Urgencia del caso: la urgencia del caso radica en la necesidad de proteger el derecho que tiene mi representado de ocupar el cargo de Gran Maestre en su calidad de Vice Gran Maestre electo en elecciones de los miembros de la entidad en reemplazo del Gran Maestre que se encuentra de permiso. De no dictarse la medida cautelar se estaría vigilando en forma injustificada la intención popular que eligió al Sr. Reinaldo Domínguez Dibb y se estaría permitiendo que otras personas ocupen el cargo sin derecho alguno. Contracautela: ofrezco suficiente contracautela para responder por los daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida cautelar solicitada. Recusación con causa: de acuerdo con el art. 16 de la CN, el arts. 26 y 27 del CPC y el art. 42 de la Ley 635/95 recusamos con expresión de causa a los tres miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Primera Sala por la causal prevista en el art. 20 inc. f) del CPC. En los autos caratulados Isabelino Nemesio Lichi Leguizamón c. Reinaldo Domínguez Dibb s/ Acción Declarativa de Inhabilitación en su condición de miembro Activo de la Masonería Paraguaya", el Tribunal Electoral de la Capital, Primera Sala ha dictado el AI N° 234 de fecha 10 de noviembre de 2005, por lo que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora y dispuso la suspensión en el ejercicio del cargo de Gran Maestre al Sr. Reinaldo Domínguez Dibb. Contra dicha resolución mi parte interpuso los recursos de apelación y nulidad, a cuyos fundamentos me remito. Con el otorgamiento de la medida cautelar los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Primera Sala adelantaron el resultado del proceso al haber dictado una medida coincide con el objeto de la demanda desnaturalizando el objeto y el carácter de la medida cautelar. En consecuencia, han incurrido en preopinión sobre el fondo de la cuestión planteada configurándose la causal de recusación prevista en el art. 20 inc. f) del CPC".
Que, a fs 399 y vlto. obra el AI N° 257 de fecha 19 de diciembre de 2005, dictado por este Tribunal, por el cual se resolvió la acumulación de los autos caratulados: "Reinaldo Domínguez Dibb c. Supremo Consejo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la Rca. del Paraguay s/ Nulidad de Dec. N° 35 del 04/11/2005" al expediente caratulado: "Isabelino Nemesio Lichi Leguizamón c. Reinaldo Domínguez Dibb s/ Acción Declarativa de Inhabilitación en su condición de miembro activo de la masonería paraguaya", además de la remisión de las compulsas de estos autos al Tribunal Superior de la Justicia Electoral para resolver los recursos interpuestos.
Que, a fs. 401 obra la cédula diligenciada al Sr. Isabelino Nemesio Lichi y Abog. G. W. de la acumulación de los autos por AI N° 257 de fecha 19 de diciembre de 2005.
Que, a fs. 402 obra la cédula diligenciada al Dr. A. D. de la acumulación de los autos por AI N° 252 de fecha 19 de diciembre de 2005.
Que, a fs. 403 obra la solicitud de habilitación de la Feria Judicial por parte del Abog. G. W.
Que, a fs. 404 obra la providencia de fecha 26 de diciembre de 2005 que dice: "A mérito del poder especial obrante a fs. 276/281 reconócese la personería del recurrente en el carácter invocado y por constituido su domicilio en el lugar indicado".
Que, a fs. 405 obra el Auto Interlocutorio que en su parte resolutiva establece: "habilitar el mes de enero del año 2005 para la prosecución de los trámites procesales correspondientes en el presente juicio. Anotar, registrar, notificar y remitir copia al Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia Electoral".
Que, a fs. 407/411 obra la Denuncia Formal realizada por el Sr. Horacio Abdala, bajo patrocinio del Abog. G. W.
Que, a fs. 412 y vlto. obra el AI N° 9 de fecha 14 de febrero de 2006, del Tribunal Superior de Justicia Electoral que en su parte resolutiva establece: "no hacer lugar a los recursos de nulidad y apelación interpuestos contra el AI N° 234 de fecha 10 de noviembre de 2005, dictado por el Tribunal Electoral de la Capital Primera Sala, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la resolución. Costas en el orden causado. Remitir estos autos al Tribunal de origen. Anotar, registrar, notificar y remitir copia al Excmo. Tribunal Superior de Justicia Electoral".
Que, a fs 413/414 obra la denuncia de hechos nuevos, y solicitud de medida cautelar interpuesta por el Abog. G. W.
Que, a fs 415 obra el AI N° 16 de fecha 15 de febrero de 2006 que en su parte resolutiva establece: "hacer lugar a lo solicitado en los términos expuestos en el considerando de la presente resolución y para su cumplimiento ofíciese a la Comandancia Nacional. Anotar, registrar, notificar y remitir copia al Excmo. Tribunal Superior de Justicia Electoral".
Que, a fs. 421 obra el escrito de denuncia de posible asamblea irregular, del Abog. S. M.
Que, a fs. 425 obra el escrito de Manifestaciones del Abog. E. L.
Que, a fs. 426/431, obra la solicitud de rebeldía y otro, del Abog. S. M. en los siguientes términos: "...que por el presente escrito vengo a solicitar se de por decaído el derecho que tenía el demandado Supremo Consejo G° 33 de Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay para contestar la demanda, declarándose su rebeldía. Asimismo, solicito que por vía de reposición con apelación en subsidio (art. 394 del CPC), ordene el desglose y devolución de la contestación de demanda obrante a fs. 374 y ss de autos.
Fundamentos: en efecto, ha vencido el plazo perentorio e improrrogable para que el Supremo Consejo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado conteste la demanda, sin que se haya presentado a hacerlo en tiempo oportuno, a pesar de haber sido debida y legalmente notificado, según surge de la cédula de fs. 335 de autos, de fecha 23 de noviembre de 2005. A fs. 321 y ss. se halla agregado el testimonio de poder presentado por el Dr. A. B. D., poder que se acompaña al escrito de fs. 325 y ss. En el referido escrito el Dr. D. expresa que comparece en representación del Supremo Consejo del G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay, sin embargo el poder acompañado al que antes hacíamos alusión es otorgado por el Gran Oriente del Paraguay (ver en especial la fs. 323): así se lee: ...Que por este acto confiere poder general a favor de los Dres. A. B. D. y/o J. G. R., abogados de la matrícula, para que actuando en forma individual, conjunto o alternativamente, intervengan en todos los asuntos judiciales y administrativos que el Gran Oriente del Paraguay tenga actualmente... Así, queda suficientemente claro que el poder fue otorgado por el Gran Oriente del Paraguay y no por el demandado Supremo Consejo del G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay. En suma, la demanda ha sido contestada por quien no es parte en el presente litigio y no ha sido contestada por quien sí lo es. Recordemos que lo que se ha impugnado es un decreto del Supremo Consejo del G° 33 y no resolución alguna que corresponda al Gran Oriente del Paraguay que, reiteramos, no es parte en el presente juicio. Lo afirmado está explícitamente reconocido por el Dr. D. quien a fs. 336 se presenta a plantear recurso de aclaratoria contra la providencia de fecha 23 de noviembre de 2005, obrante a fs. 334 (remarquemos que como el recurso de aclaratoria nunca fue resuelto, la parte recurrida de la providencia en cuestión no se halla firme y ejecutoriada). En efecto, en la aclaratoria el Dr. D. señala explícitamente que: ...Por lo expuesto, solicito a VV.EE se sirvan aclarar que se reconoce mi personería en representación del Gran Oriente del Paraguay, del cual el Supremo Consejo del G° 33 es uno de los organismos que lo conforman... No cabe, pues, duda alguna de que el Dr. D. invoca la representación del Gran Oriente del Paraguay y solicita que su personería le sea reconocida en tal carácter. La cuestión es que el Gran Oriente del Paraguay no ha sido demandado y no es parte en este juicio. Para salvar el problema el Dr. D. señala que el Supremo Consejo del G° 33 es un organismo del Gran Oriente del Paraguay, lo cual nos induce a las siguientes reflexiones. En primer lugar, es importante recordar lo que el testimonio de poder del Dr. D. establece; se lee allí (fs. 322 vlto) que el poder le es otorgado a los abogados para que promuevan una demanda contencioso administrativa con la finalidad de obtener la nulidad del Dec. N° 14.510 del 22 de agosto de 1996 "Por el cual se aprueban los Estatutos Civiles y se reconoce la personería jurídica de la entidad denominada Supremo Consejo del G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de la Masonería Paraguaya". En suma, el Dr. D. no sólo que no representa al Supremo Consejo G° 33, sino que, además, a él le fue encomendada la misión de lograr la cancelación de la personería del mismo. El resultado de esa misión no nos es conocido, pero tampoco tiene relevancia, lo cierto es que resulta imposible de comprender cómo puede pretenderse la representación de alguien que, según el poder, es su contraparte y no su parte. Por otro lado, negamos categóricamente que el Supremo Consejo G° 33 sea un organismo del Gran Oriente del Paraguay. Señalemos, a este respecto, que los estatutos del Gran Oriente del Paraguay (agregados a fs. 14 y ss) solo reconocen dos órganos, a saber: (El Gran Maestre a cuyo cargo está la dirección y administración de la asociación (art. 17 y ss), y; 2) La Asamblea General o Gran Logia, que resulta ser la autoridad suprema de la institución. A lo largo y ancho de los Estatutos de la Masonería no se encontrará mención alguna al Supremo Consejo G° 33. De tal manera, que es por completo falso desde el punto de vista estatutario que dicho Supremo Consejo del G° 33 sea un órgano del Gran Oriente del Paraguay. Es más, la última cláusula de los estatutos (art. 44) dispone que los mismos solo puedan ser reformados por una mayoría de dos tercios del número total de sus miembros. Si alguna vez se hubiese pretendido convertir al Supremo Consejo del G° 33 en órgano del Gran Oriente del Paraguay, hubiese sido necesaria previamente una modificación estatutaria con una alta mayoría especial, cosa que no se ha dado. En este sentido hay que recordar que las creaciones que puedan hacer instrumentos normativos de inferior rango a los estatutos carecen de toda relevancia. En otras palabras, nadie puede inventar un órgano no contemplado en sus estatutos y pretender con ello que pertenezcan a una determinada entidad. En suma, negamos enfáticamente, y de estricta conformidad con los Estatutos del Gran Oriente del Paraguay, que el Supremo Consejo G° 33 se un órgano de dicha entidad. En suma, ni del testimonio de poder ni de los estatutos surge, ni por asomo, que el Dr. D. pueda ejercer la representación del Supremo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Ahora bien, a fs. 44 de autos se encuentra agregada la Constitución del Supremo Consejo del G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. En dicha Constitución (estatutos) se consagran sus autoridades y se afirma: ...art. 1. La institución lleva por nombre "Supremo Consejo del G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de la masonería paraguaya",... art. 2. El Supremo Consejo tiene plena soberanía y autoridad exclusiva para toda la República del Paraguay. Así, resulta inadmisible sostener, de conformidad ahora ya con los estatutos del Supremo Consejo del G° 33, que éste sea un órgano del Gran Oriente del Paraguay, ya que claramente se establece que el mismo tiene plena soberanía. Soberano es, por definición, quien no tiene autoridad por encima de sí. Además, no se encontrará en dicha "Constitución" ninguna referencia a la supuesta calidad de órgano del Gran Oriente del Paraguay. Por el contrario, acorde con la tesis de su soberanía, establece en su art. 5 que el Supremo Consejo tiene las atribuciones de acordar "el reconocimiento de las Grandes Potencias Masónicas y el canje de grandes representantes", así como acordar "la suscripción de tratados y demás actos interpotenciales con otros orientes y con la Gran Logia Simbólica del Paraguay". En suma, resulta ilógico que un mero órgano pueda de por sí reconocer grandes potencias masónicas, canjear representantes, suscribir tratados y otros actos, etc. la única explicación coherente a las disposiciones transcriptas es que el Supremo Consejo del G° 33, no es realmente un órgano del gran Oriente del Paraguay, ya que semejantes atribuciones no se compadecen con esta condición. En suma, pues, los Estatutos del Gran Oriente del Paraguay no avalan la tesis de que el Supremo Consejo del G° 33 sea un órgano de aquel, puesto que no aparece descrito como tal en su carta constitutiva. Asimismo, tampoco los estatutos del Supremo Consejo del G° 33 lo hace, ya que, por el contrario, se declara soberano y, concordantemente con ello, se atribuye facultades que solamente una entidad soberana podría tener, sin contar que tampoco estos estatutos hacen regencia alguna a su pertenencia al Gran Oriente del Paraguay y menos aun a la supuesta condición de órgano de éste. Por consiguiente, no existe sustento alguno para pretender que el Supremo Consejo del G° 33 es un mero órgano del Gran Oriente del Paraguay; lo cual nos lleva a la inevitable conclusión de que el representante convencional del Gran Oriente del Paraguay no puede contestar la demanda en nombre del Supremo Consejo del G° 33. Así, la pretendida contestación de fs. 374 hecha por el Dr. A. D. en base a un poder que le otorgara el Gran Oriente del Paraguay, resulta notoriamente improcedente por carecer de la representación necesaria, debiendo ordenarse, en consecuencia, su desglose y devolución".
Que, fs 432 obra la cédula de notificación al Abog. G. W. donde se corre traslado de la presentación precedente.
Que, fs 433 obra la cédula de notificación al Dr. A. D. donde se corre traslado de la presentación precedente.
Que, a fs. 435/455 obra la contestación del traslado por parte del Dr. A. D. en los siguientes términos: "...que en tiempo y forma vengo a contestar el traslado corrido, a mi parte, por providencia del 24 de febrero de 2006, en los presentes autos, de la petición por parte de la representación del Sr. Reinaldo Domínguez D. de declarar la rebeldía a mi parte y, por la vía de la reposición con apelación en subsidio, de que se ordene el desglose y devolución de la contestación de la demanda obrante a fs. 374... Con la contestación de la demanda hemos presentado el "Poder general para asuntos judiciales y administrativos que otorga el Gran Oriente del Paraguay a favor de los Dres. A. B. D. y/o J. G. R., extendido en la Escritura Pública N° 12 del 4 de setiembre de 1996, pasada ante la Escritura Pública G. B. B. B., con Registro Notarial N° 799 de esta Capital. Estamos, pues, ante un instrumento público que, como tal, hace plena fe en juicio mientras no sea redargüido de falsedad (arts. 375 y 383 del CC)... La incidentista acepta que tenemos la representación convencional del Gran Oriente del Paraguay y, en consecuencia, no habiendo redargüido de falso el instrumento público, debe, necesariamente, aceptar que tenemos la representación del Supremo Consejo del G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la Rca. del Paraguay... En la especie, siendo el Supremo Consejo del G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de la Masonería Paraguaya un organismo integrante del Gran Oriente del Paraguay, parte de un todo, quien ejerce su representación es quien ostenta la personalidad jurídica, consecuentemente el Gran Oriente del Paraguay con expresa mención de que lo hace para defender los derechos de un organismo interno... Ya en la demanda, el Sr. Reinaldo Domínguez D. (improbus litigator), con manifiesta mala fe, altera la verdad pretendiendo que el Supremo Consejo del G° 33 es extraño al Gran Oriente. Sin embargo, sus propios actos lo delatan, siendo que, el mismo, presenta como prueba un libro donde se encuentran en un solo cuerpo las institutas del rito Escocés Antiguo y Aceptado, los estatutos civiles del Gran Oriente del Paraguay, el Código Masónico del Gran Oriente del Paraguay, los Reglamentos Generales de la Masonería Simbólica, El Tratado de Paz y Amistad de 1986 y el Dec. N° 027/2004 donde, nuevamente, el mismo, como Serenísimo Vice Gran Maestro en ejercicio de la Gran Maestría, dispone: "la impresión de 500 ejemplares en un solo volumen y en edición especial de las Institutas, los Estatutos Civiles, el Código Masónico y los Reglamentos Generales para la Masonería Simbólica del Paraguay" prueba a la cual me remito, al igual que otras muchas presentadas con la contestación de la demanda que, provienen, directamente de él, y que determinan con meridiana claridad que, tanto la Gran Logia Simbólica del Paraguay como el Supremo Consejo, no son sino organismos internos del Gran Oriente del Paraguay".
Que, a fs 457 obra el Dictamen Fiscal N° 73 de fecha 15 de marzo de 2006, donde dictamina rechazar el recurso de reposición interpuesto por el Abog. S. M. por extemporánea.
Que, a fs 460/465 obra la ratificación por Escritura Pública presentada por el Dr. A. D.
Que, a fs 466 obra la providencia de fecha 11 de mayo de 2006 donde se ven compelidos a excusarse los miembros de la Primera Sala de la Capital
Que, a fs 470/472 obra el escrito del Abog. G. W. donde se notifica de la providencia de fecha 24 de mayo de 2006 y recusa con expresión de causa.
Que, a fs 473 obra la providencia de fecha 25 de mayo de 2006 donde se separa de entender en la presente causa el miembro Alejandro Herrera Duarte.
Que, a fs 474 obra la cédula diligenciada al Dr. A. D.
Que, a fs 475 obra la providencia de fecha 16 de mayo de 2006 donde se integra la Primera Sala con la Dra. Blasco.
Que, a fs 477 obra la cédula diligenciada al Dr. A. D.
Que, a fs 478 obra la cédula diligenciada al Abog. G. W.
Que, a fs 481/484 obra la solicitud de reconocimiento de personaría y otro del Abog. R. F. G. F. en nombre y representación del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb.
Que, a fs 485 obra la providencia de fecha 29 de junio de 2006 donde se le reconoce la intervención solicitada.
Que, a fs 486/491 obra la solicitud de reconocimiento de personería y otro del Abog. R. F. G. F.
Que, a fs 492/495 obra el escrito de incidente de recusación con expresión de causa del Abog. R. F. G. F.
Que, a fs 497 obra la providencia de fecha 4 de julio de 2006 donde se separa de actuar en los presentes autos el actuario Federico T. Delfino, y se le substituye por el Abog. Marcelo David Vittone.
Que, a fs 500 obra el AI N° 117 de fecha 14 de julio de 2006 que en su parte resolutiva establece: "no hacer lugar al recurso de reposición y apelación en subsidio planteado por el Abog. S. M. contra la providencia de fecha 26 de diciembre de 2005 por extemporáneo. Anotar, registrar, notificar y remitir copia al Tribunal Superior de Justicia Electoral".
Que, a fs 501/503 obra el recurso de aclaratoria interpuesto por el Abog. S. M. contra el AI N° 117 del 14 de julio de 2006.
Que, a fs 504 obra el AI N° 133 de fecha 21 de julio de 2006 que en su parte resolutiva establece: "no hacer lugar al recurso de aclaratoria planteado por el Abog. S. M. contra el AI N° 117 de fecha 14 de julio de 2006, por improcedente. Anotar, registrar, notificar y remitir copia al Tribunal Superior de Justicia Electoral".
Que, a fs 506/513 obra el recurso de apelación y nulidad interpuesto por el Abog. S. M. contra el AI N° 117 del 14 de julio de 2006 y el AI N° 133 del 21 de julio de 2006.
Que, a fs 517 obra el escrito del Dr. A. D. donde desiste del recurso de aclaratoria interpuesto contra la providencia de fecha 23 de noviembre de 2005.
Que, a fs 518, obra la providencia de fecha 16 de agosto de 2006, por la cual la Abog. Blasco A. es designada por la Corte Suprema de Justicia, miembro del Tribunal Electoral de la Capital, Primera Sala.
Que, a fs 519, obra la providencia de fecha 16 de agosto de 2006, por el cual el actuario Abog. Rolando Rivas R. intervendrá en el presente juicio.
Que, a fs 522 obra el AI N° 164 de fecha 19 de setiembre de 2006 que en su parte resolutiva establece: "tener por desistido al Abog. A. B. D. del recurso de aclaratoria interpuesto contra la providencia de fecha 23 de noviembre de 2005 recaída en los autos: "Reinaldo Domínguez Dibb c. Supremo Consejo G° 33 del rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay s/ nulidad del Decreto N° 35 del 04/11/05. Anotar, registrar, notificar y remitir copia al Excmo. Tribunal Superior de Justicia Electoral".
Que, a fs 523 obra el AI N° 165 de fecha 19 de setiembre de 2006 que en su parte resolutiva establece: "conceder los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Abog. S. M. contra los AI N° 117 de fecha 14 de julio de 2006 y AI N° 133 del 21 de julio de 2006, dictado en autos al solo efecto devolutivo y de sus fundamentos córrase traslado a la otra parte para que la conteste en el término de Ley. Anotar, registrar y remitir copia al Excmo. Tribunal Superior de Justicia Electoral".
Que, a fs 525 bis/533 obra la contestación del traslado por parte del Dr. A. D.
Que, a fs 534 obra la contestación del traslado por parte del Abog. G. W.
Que, a fs 535/541 obra la interposición de reposición y apelación en subsidio contra el AI N° 164 de fecha 19 de setiembre de 2006 interpuesta por el Abog. S. M.
Que, a fs 544/559 obra el escrito de solicitud de intervención del Abog. C. A. G. en nombre y representación de: "la asociación sin fines de lucro de capacidad restringida que gira en esta plaza bajo la denominación de Gran Oriente del Paraguay", constituida por Escritura N° 22 de fecha 17 de agosto de 2006".
Que, a fs 560 obra la providencia de fecha 6 de octubre de 2006 donde se tuvo por contestados los traslados obrantes a fs 525/534 de autos.
Que, a fs 571/572 obra el Dictamen Fiscal N° 316 de fecha 25 de octubre de 2006.
Que, a fs 577 y vlto. obra el auto interlocutorio del Tribunal Superior de Justicia Electoral, N° 43 de fecha 3 de noviembre de 2006 que en su parte resolutiva establece: "declarar mal concedidos los recursos interpuestos contra los AI N° 117 y 133 del 2006, dictados en autos. Anotar, registrar y notificar".
Que, a fs 584 obra la providencia de fecha 4 de diciembre de 2006 que dice "cúmplase".
Que, a fs 589 obra la providencia de fecha 27 de febrero de 2007 en la cual se reconoce la personería del Abog. C. A. G. en el carácter invocado.
Que, a fs 598/599 obra la desestimación de la acción y allanamiento del Abog. C. A. G.
Que, a fs 601/669 obra el escrito del Dr. A. D. donde denuncia hecho ilícito. Deduce incidente de cancelación de personería. Declaración de Litigante de Mala Fe. Remisión a la Fiscalía del Crimen.
Que, a fs 673 obra la providencia de fecha 13/03/07 donde se le corre vista al Fiscal.
Que, a fs 674/676 obra el Dictamen Fiscal N° 23 de 19 de marzo de 2007.
Que, a fs 678 obra la providencia de fecha 20/03/07 donde se le corre vista al Fiscal del escrito presentado por el Dr. A. D. a fs. 664/669.
Que, a fs 679/680 obra el Dictamen Fiscal N° 37 de fecha 29 de marzo de 2007.
Que, a fs 682 obra la solicitud de apertura de la causa a prueba formulado por el Dr. A. D.
Que, a fs 689/695 obra la contestación del traslado efectuada por el Dr. A. D. de la providencia de fecha 19 de abril de 2007.
Que, a fs 696/700 obra la contestación del traslado efectuado por el Abog. G. W.
Que, a fs 702/704 obra la contestación del traslado del Abog. S. M.
Que, por providencia de fecha 19 de setiembre de 2007, este Tribunal ordenó la apertura de la causa a prueba, obrante a fs. 740 de autos.
Que, a fs 830/831 obra la comparecencia del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb a absolver posiciones.
Que, a fs 837 y vlto. de autos, obra la declaración testifical del Sr. Roberto S. Fernández S.
Que, a fs 838 de autos, obra la declaración testifical del Sr. Rubén D. Vera López.
Que, a fs 839 de autos, obra la declaración testifical del Sr. Ricardo O. Cabrera Venialgo.
Que, a fs 840 de autos, obra la declaración testifical del Sr. Raúl L. Montiel Céspedes.
Que, a fs 841 de autos, obra la declaración testifical del Sr. José E. García Avalos.
Que, por providencia de fecha 15 de octubre de 2007, se llamó autos para sentencia, obrante a fs. 870 de autos.
La Dra. Blasco A. dijo: Que, la discusión de la presente controversia gira en torno a la habilidad o no del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb como Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay y si el Supremo Consejo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay, tiene o no competencia para aplicar sanciones, como en este caso, la suspensión preventiva del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb en carácter de Vice Gran Maestro de la Gran Maestría de la Gran Logia Simbólica del Paraguay.
Que, la resolución (Dec. N° 35 de fecha 4 de noviembre de 2006) que fuera dictada por el Supremo Consejo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay, dispuso la suspensión temporal del sr. Domínguez, en sus derechos masónicos, debido a la acusación formulada por el Ministerio Público en contra del mismo, por un caso de público conocimiento, cuyos detalles obviamos. En ese sentido, el afectado pretende la nulidad del señalado decreto, petición ésta que habría sido presentada de manera extemporánea conforme a los requisitos establecidos en la Ley reglamentaria de la Justicia Electoral (art. 49), fs. 309/317 de autos.
Que, de acuerdo a las posiciones asumidas por las partes en el proceso y a las documentaciones obrantes en autos, corresponde primeramente analizar la primera cuestión. A ese respecto, se tiene que las normativas que regulan el funcionamiento de la Gran Logia Simbólica del Paraguay son: a) Estatutos Civiles de la Masonería del Paraguay, b) Código Masónico del Gran Oriente del Paraguay, c) Constitución del Muy Poderoso Supremo Consejo G° 33, d) Tratado de Paz y Amistad suscrito por el Supremo Consejo del G° 33 y la Gran Logia Simbólica del Paraguay. De esto, como bien lo señala el Agente Fiscal Electoral, se colige sin lugar a equívocos, que dentro de lo que se conoce como Masonería Paraguaya, se engloban tanto la Gran Logia Simbólica del Paraguay y el Supremo Consejo G° 33, por lo que éste último tiene competencia para suspender preventivamente los derechos masónicos de sus miembros o a quienes haya otorgado un grado superior al IV, con la cual quedan respondidas las interrogantes señaladas en el inicio del considerando. Así lo evidencian las constancias obrantes en autos (fs. 223/267) en la que pueden leerse que tanto los Estatutos Civiles (art. 10), así como el Tratado de Paz y Amistad (art. 3) consagran dicha facultad.
Que, es decir, el Sr. Reinaldo Domínguez Dibb, quien fuera suspendido a consecuencia de una acusación en sede penal es inhábil para ejercer temporalmente el cargo de Vice Gran Maestro de la Gran Maestría de la Gran Logia Simbólica del Paraguay. Ahora, bien nada obsta para que el afectado solicite una reconsideración de su situación, si las causas que motivaron la suspensión hubieran desaparecido, como consecuencia de un sobreseimiento definitivo o una sentencia absolutoria, como aparentemente habría acontecido con la alegación del hecho nuevo, en el cual el afectado comunica que ha sido absuelto en sede penal, pero sin que se haya probado dicho extremo, es decir, que la sentencia absolutoria se encuentre efectivamente firme, por lo que considero que dicha petición debió alegarse como documento posterior o desconocido de acuerdo a lo establecido en el art. 221 del CPC y no como hecho nuevo, por lo que considero, debe rechazarse dicho incidente.
Que, con relación a la primera cuestión, es decir, la inhabilitación temporal del Sr. Reinaldo Domínguez como Vice Gran Maestre en ejercicio de la Gran Maestría de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, doy mi voto por la confirmatoria de la suspensión, sin perjuicio de que el afectado solicite el levantamiento de la suspensión ante el órgano que dictó la resolución por haber desaparecido las causas que motivaron dicha medida.
Que, en cuanto a la segunda cuestión doy mi voto por el rechazo de la declaración de nulidad del Dec. N° 35 de fecha 4 de noviembre de 2005, emanado del Muy Poderoso Supremo Consejo del G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay.
La Dra. Lahaye manifestó: Que, en el caso traído a estudio se hallan acumulados dos juicios caratulados: "Isabelino Nemesio Lichi c. Reinaldo Domínguez D. s/ Acción Declarativa de Inhabilitación en su condición de miembro activo de la Masonería Paraguaya" y "Reinaldo Domínguez D. c. Supremo Consejo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la Rca. del Paraguay s/ Nulidad del Dec. N° 35 del 09/11/05", en el primero la parte actora pretende la declaración de inhabilidad temporal de Reinaldo Domínguez Dibb en su condición de miembro activo de la masonería paraguaya. En el segundo Reinaldo Domínguez Dibb demanda la nulidad del Dec. N° 35 del 4 de noviembre de 2005, emitido por el Supremo Consejo de G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, por el que se le suspendía sus derechos masónicos como miembro de dicho organismo.
Que, la normativa que regula la masonería paraguaya denominada del Gran Oriente del Paraguay esta conformada por: a) Estatutos Civiles de la Masonería del Paraguay; b) Código Masónico del Gran Oriente del Paraguay; c) Constitución del Muy Poderoso Supremo Consejo G° 33 y d) Tratado de Paz y Amistad suscripto por el Supremo Consejo de G° 33 y la Gran Logia Simbólica del Paraguay.
Que, el art. 1 del Código Masónico establece: "El Gran Oriente para la República del Paraguay lo componen: a) El Muy Poderoso Supremo Consejo G° 33, b) La Gran Logia Simbólica del Paraguay" y el art. 3 agrega la institución: "legisla por medio de estos dos cuerpos, cada uno en su esfera de acción. Administra justicia por medio de los dos y decreta por medio del Gran Maestro".
Que, los Estatutos Civiles de la Masonería del Paraguay en su art. 1 establece: "queda constituida la Masonería Nacional, con la denominación de "Gran Oriente del Paraguay" y en su art. 10° dispone: Entre los deberes de los asociados; inc. 3) "Respetar y cumplir las leyes generales de la Masonería, la Constitución Orgánica, los presentes Estatutos, las disposiciones emanadas por los Poderes Masónicos, Los Reglamentos Internos de las Logias y las ordenes accidentales que reciban de personas autorizadas".
Y, el Tratado de Paz y Amistad suscripto por el Supremo Consejo de G° 33 y la Gran Logia Simbólica del Paraguay, en ceremonia conjunta y solemne, el 30 de abril de 1986, en su art. 5 decreta: "Los masones dependientes del Supremo Consejo desde el G° 4 al 33 inclusive, tienen la obligación de ser miembros de una Logia Simbólica. Y los miembros de las Logias Simbólicas que tuvieren grados mayores al 3, del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, tienen el deber de afiliarse a la alta oficina respectiva del Supremo Consejo del G° 33. El incumplimiento de esta cláusula es suficiente causa de suspensión en los derechos masónicos".
Que, de lo trascripto precedentemente se deduce que la Gran Logia Simbólica del Paraguay y el Supremo G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, son organismos que conforman el Gran Oriente del Paraguay, se hallan regulados por la misma normativa, por tanto las resoluciones de uno u otro órgano afectan las relaciones entre sí y por ende a todos los miembros de la masonería paraguaya.
Que, el reconocimiento de esta circunstancia por parte del litigante Sr. Reinaldo Domínguez Dibb lo demuestra la documentación agregada a fs. 353/373, que a modo ejemplificador se trascribe cuanto sigue: a.- "...Dec. N° 028/2004. Por la cual suspenden los derechos masónicos de los Sres.... y solicita la aplicación del Tratado de Paz y Amistad PPA vigente suscrito por el Sr. Reinaldo Domínguez Dibb en su Calidad de Vice Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay y Roberto Fernández Gran Secretario". 2.- "...Nota de fecha 11 de abril de 2005 remitida por la Gran Logia Simbólica del Paraguay al soberano Gran Comendador del G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, con el objeto de enviar la nómina de hermanos masones que reúnen los requisitos para acceder al G° IV, que fuera presentada por la Augusta y Respetable Logia Lautaro N° 125 de este Valle de acuerdo a los términos de paz y amistad vigente entre ambas potencias firmado por el Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, en ejercicio de la Gran Maestría Sr. Reinaldo Domínguez Dibb". 3.- "...Nota remitida en fecha 25 de abril de 2005 al soberano Gran Comendador del G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado suscrita por el Sr. Reinaldo Domínguez Dibb como Vice Gran Maestro en ejercicio de la Gran Maestría de la Logia Simbólica del Paraguay, solicitando informes y remesa de fondos a la gran tesorería de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, de acuerdo al art. 28, inc. 2 de los Estatutos Civiles del Gran Oriente del Paraguay". 4.- "...Nota enviada en fecha 19 de setiembre de 2005 al Soberano Gran Comendador del G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado suscrita en representación de la Gran Logia Simbólica del Paraguay por el Sr. Reinaldo Domínguez Dibb, Serenísimo Vice Gran Maestro en ejercicio de la Gran Maestría, por la que se remite copia del decreto de nombramiento de las Grandes Comisiones de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, en cumplimiento del Tratado de Paz y Amistad suscrito entre ambas Potencias Masónicas".
Que, según el documento obrante a fs. 15/217, el Dec. N° 35 de 04/11/05, ha sido dictado de conformidad a lo establecido en el art. 12 inc. 2) de los Estatutos Civiles del Gran Oriente, el art. 103 del Código Masónico del Gran Oriente del Paraguay, el art. 12 del Tratado de Paz y Amistad de 1986 y los arts. 142, 144 y 145 de la CN del Supremo Consejo de G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de la Rca. del Paraguay.
Que, la acción de nulidad contra una resolución solo procederá cuando ella se halla cimentada en la inobservancia o en la errónea aplicación de un precepto legal, sea estatutario o reglamentario. Y el Dec. N° 35 de fecha 4 de noviembre de 2005 cuya nulidad se solicita, no se encuentra en esa situación, pues como se ha demostrado dicha resolución se halla fundada en la normativa que rige la Masonería Paraguaya, razón por la cual la demanda interpuesta por el Sr. Reinaldo Domínguez Dibb sobre nulidad de la misma debe ser rechazada.
Que, en cuanto a la declaración de inhabilidad del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb en su condición de miembro activo de la Masonería Paraguaya, corresponde someter la decisión a una secuencia ordenada, razonable y puntual de las circunstancias arrimadas para su juzgamiento y en ese entendimiento se debe admitir, que la inhabilitad solicitada deviene de la suspensión temporal de los derechos masónicos dictada en la Res. N° 35 ya estudiada. Teniendo en cuenta la acumulación de los autos, la discusión en este proceso tuvo como epicentro, la situación procesal penal del litigante Reinaldo Domínguez D. Sin embargo en el considerando del decreto mencionado, las causales fueron varias y se hallan enumeradas en la Constitución del Supremo Consejo de G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay en los incs. b) y c) del art. 128 que se refieren al incumplimiento de los acuerdos y decisiones tomadas por las autoridades de dicho órgano y el art. 129 en sus incs. d), f), i), j), l), m) y ñ) que trata sobre la negligencia, descuido, menosprecio y abandono de los deberes masónicos así como de la violación de los juramentos y compromisos prestados en ejercicio de sus funciones, y el inc. n) que explícitamente menciona la perpetración de delitos sancionados por las leyes penales nacionales. Así las cosas, la situación en el ámbito penal del Sr. Reinaldo Domínguez presentada como hecho nuevo es relativamente irrelevante en la decisión a tomarse en autos, porque a través de este largo proceso no se ha demostrado que el sumario dispuesto en el apartado 2) de la Res. N° 35 haya concluido con algún fallo por parte de las autoridades masónicas correspondientes.
Que, así también lo entiende en Fiscal Electoral en su Dictamen N° 232 al decir a fs. 898 "...El resultado del presente proceso no depende necesariamente del resultado del proceso penal en el cual fue acusado el Sr. Reinaldo Domínguez Dibb. Si el afectado considera que ha desaparecido la causal que motivo la suspensión deberá solicitar el levantamiento ante el órgano competente como lo establece el art. 145 y el Dec. N° 35".
Que, en consecuencia por todo lo expresado, entiendo que corresponde declarar la inhabilidad temporal del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb en su condición de miembro activo de la Masonería Paraguaya, mientras dure el sumario correspondiente. Costas por su orden de acuerdo al art. 43 de la Ley 635/95. Es mi voto.
La Dra. Cristaldo manifestó: Adherirse al voto de la magistrada Lahaye, por los mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación del mismo firman los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Justicia Electoral de Asunción, primera sala, por ante mí el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 28 de noviembre de 2007.
VISTO: Por lo que resulta de la votación que antecede y sus fundamentos,
EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CAPITAL
1.- HACER LUGAR a la presente acción de inhabilitación temporal del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb en su condición de miembro activo de la Masonería Paraguaya, promovida por el Sr. Isabelino Nemesio Lichi.
2.- RECHAZAR LA ACCIÓN DE NULIDAD del Dec. N° 35 de fecha 4 de noviembre de 2005, dictado por el Muy Poderoso Supremo Consejo del G° 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay y en consecuencia confirmar la suspensión del Sr. Reinaldo Domínguez Dibb en sus derechos masónicos.
3.- DISPONER EL LEVANTAMIENTO de la medida cautelar decretada por AI N° 234 de fecha 10 de noviembre de 2005.
4.- COSTAS EN EL ORDEN CAUSADO.
5.- ANOTAR, REGISTRAR, NOTIFICAR Y REMITIR copia al Excmo. Tribunal Superior de Justicia Electoral.-
Rolando Rivas Rojas.- Sec.
Patricia Blasco A.-

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