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Timestamp: 2020-08-11 01:15:13+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 104, de 15/02/2018
cve: DSCD-12-PL-104
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 104
Sesión plenaria núm. 99
- Proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (procedente del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 8-1, de 30 de junio de 2017. (Número de expediente 121/000008) ... (Página6)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:
- Convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania sobre cooperación en materia de seguridad, hecho "ad referendum" en Madrid el 26 de mayo de 2015. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 123, de 6 de octubre de 2017. (Número de expediente 110/000055) ... (Página13)
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Japón relativo al Programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas, hecho en Tokio el 5 de abril de 2017. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 125, de 13 de octubre de 2017. (Número de expediente 110/000056) ... (Página14)
- Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Islámica de Afganistán, por otra, hecho en Múnich el 18 de febrero de 2017. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 127, de 20 de octubre de 2017. (Número de expediente 110/000057) ... (Página14)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Finlandia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Helsinki el 15 de diciembre de 2015. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 128, de 20 de octubre de 2017. (Número de expediente 110/000058) ... (Página14)
- Protocolo de adhesión del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de Ecuador, hecho en Bruselas el 11 de noviembre de 2016. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 142, de 17 de noviembre de 2017. (Número de expediente 110/000059) ... (Página14)
- Acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados del AAE (Acuerdo de Asociación Económica) de la SADC (Comunidad para el Desarrollo del África Meridional), por otra, hecho en Kasane el 10 de junio de 2016. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 143, de 17 de noviembre de 2017. (Número de expediente 110/000060) ... (Página14)
- Acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de la India, hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 144, de 17 de noviembre de 2017. (Número de expediente 110/000061) ... (Página14)
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajistán sobre la protección mutua de la información clasificada, hecho en Astaná el 15 de julio de 2017. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 145, de 17 de noviembre de 2017. (Número de expediente 110/000062) ... (Página14)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República del Paraguay sobre transporte aéreo, hecho "ad referendum" en Madrid el 9 de junio de 2015. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 146, de 17 de noviembre de 2017. (Número de expediente 110/000063) ... (Página14)
- Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam, hecho en Madrid el 9 de diciembre de 2014. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 147, de 17 de noviembre de 2017. (Número de expediente 110/000064) ... (Página14)
- Convenio sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Madrid el 20 de abril de 2017. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 148, de 17 de noviembre de 2017. (Número de expediente 110/000065) ... (Página14)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Cooperativa de Guyana sobre supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Georgetown el 14 de julio de 2017. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 150, de 24 de noviembre de 2017. (Número de expediente 110/000066) ... (Página14)
- Acuerdo de seguridad entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre protección de información clasificada intercambiada en el marco de la cooperación en materia de defensa, hecho en Madrid el 4 de octubre de 2017. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 152, de 1 de diciembre de 2017. (Número de expediente 110/000067) ... (Página14)
- Proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 12-1, de 17 de noviembre de 2017. (Número de expediente 121/000012) ... (Página15)
- Proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter personal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 13-1, de 24 de noviembre de 2017. (Número de expediente 121/000013) ... (Página28)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación). (Votación) ... (Página39)
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página39)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página42)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página43)
Avocación por el Pleno ... (Página43)
Enmiendas del Senado ... (Página6)
Proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (procedente del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio) ... (Página6)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Candela Serna y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Garaulet Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Arrojo Agudo, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Díaz Trillo del Grupo Parlamentario Socialista, y Pérez Aras, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales ... (Página13)
Convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania sobre cooperación en materia de seguridad, hecho "ad referendum" en Madrid el 26 de mayo de 2015 ... (Página13)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Japón relativo al Programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas, hecho en Tokio el 5 de abril de 2017 ... (Página14)
Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Islámica de Afganistán, por otra, hecho en Múnich el 18 de febrero de 2017 ... (Página14)
Convenio entre el Reino de España y la República de Finlandia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Helsinki el 15 de diciembre de 2015 ... (Página14)
Protocolo de adhesión del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de Ecuador, hecho en Bruselas el 11 de noviembre de 2016 ... (Página14)
Acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados del AAE (Acuerdo de Asociación Económica) de la SADC (Comunidad para el Desarrollo del África Meridional), por otra, hecho en Kasane el 10 de junio de 2016 ... (Página14)
Acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de la India, hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017 ... (Página14)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajistán sobre la protección mutua de la información clasificada, hecho en Astaná el 15 de julio de 2017 ... (Página14)
Acuerdo entre el Reino de España y la República del Paraguay sobre transporte aéreo, hecho "ad referendum" en Madrid el 9 de junio de 2015 ... (Página14)
Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam, hecho en Madrid el 9 de diciembre de 2014 ... (Página14)
Convenio sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Madrid el 20 de abril de 2017 ... (Página14)
Acuerdo entre el Reino de España y la República Cooperativa de Guyana sobre supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Georgetown el 14 de julio de 2017 ... (Página14)
Acuerdo de seguridad entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre protección de información clasificada intercambiada en el marco de la cooperación en materia de defensa, hecho en Madrid el 4 de octubre de 2017 ... (Página14)
No hay intervenciones por parte de ningún grupo parlamentario. La Presidencia informa de que se someterán a votación con el resto de las votaciones previstas para hoy.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página15)
Proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario ... (Página15)
El señor ministro de Economía, Industria y Competitividad (De Guindos Jurado) presenta a la Cámara el proyecto de ley de preferencia.
En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene el señor Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y los señores Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; así como los señores Gómez García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, y Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter personal ... (Página28)
El señor ministro de Justicia (Catalá Polo) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y los señores Gómez Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del Grupo Parlamentario Mixto, se aprueba por 339 votos a favor.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los planes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en materia de agua, se rechaza por 31 votos a favor, 224 en contra y 83 abstenciones.
Sometidas a votación separada las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio (procedente del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio).
Sometido a votación el Convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania sobre cooperación en materia de seguridad, hecho "ad referendum" en Madrid el 26 de mayo de 2015, se aprueba por 261 votos a favor, 69 en contra y 10 abstenciones.
Sometidos a votación conjunta el resto de convenios que figuran en el orden del día, se aprueban por 329 votos a favor y 11 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, se rechaza por 79 votos a favor, 180 en contra y 81 abstenciones más 1 voto telemático, 82.
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, se rechaza por 168 votos a favor más 1 voto telemático, 169, 165 en contra y 6 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter personal, se rechaza por 16 votos a favor, 317 en contra más 1 voto telemático, 318, y 7 abstenciones.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUÍA EN DETERMINADAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 10/2017, DE 9 DE JUNIO). (Número de expediente 121/000008).
Comenzamos con las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, procedente del Real Decreto 10/2017, de 9 de junio. En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Candela Serna.
El señor CANDELA SERNA: Moltes gràcies, señora presidenta.
Bon dia a totes i a tots. Hoy es un día relativamente bueno porque vamos a hablar de algo más que de la crisis territorial, vamos a hablar de una de las amenazas graves a las que nos enfrentamos como sociedad, que es la sequía. Me gustaría -por eso decía que es un día relativamente bueno- poner encima de la mesa una de las mayores injusticias que se va a cometer hoy o que ya se viene cometiendo contra los regantes, contra los agricultores del trasvase Tajo-Segura, fundamentalmente los agricultores de Alicante y de la Vega Baja. Aquí hay algunos diputados de la Vega Baja y del Vinalopó que se llenan la boca diciendo que defienden su tierra, pero hoy aquí van a avalar una traición más.
En este proyecto de ley no se ha escuchado la voz de los agricultores y agricultoras del sur de Alicante, que ya no pueden más, y es que a la falta de planificación hídrica, a la falta de modernización de los regadíos, en el Consejo de Ministros de 9 de junio de 2017 se obliga a pagar una tasa de 120 euros por hectárea se riegue o no se riegue. Eso es un auténtico disparate y nos preguntamos -ya que estamos- a dónde irán esos 120 euros. Igual son también para mangarrufas, a las que nos tienen bastante acostumbrados. Este mecanismo es inédito en treinta y ocho años de funcionamiento del trasvase y supone un mazazo a los ya esquilmados recursos de los regantes. Nosotros no vamos a avalar este atraco, lo que queremos es la eliminación del tasazo, no eximirles de él temporalmente, como parece -me han comentado esta mañana- que han llegado a un acuerdo, como siempre, a espaldas de la ciudadanía.
Algunos aliados políticos han acusado a Compromís de ceder a presiones patronales estas últimas semanas. Creo que eso ni es cierto ni es fraterno y no sé qué diríamos nosotros aplicando el mismo hilo argumental en esta cuestión, pero no lo vamos a hacer porque sabemos quiénes son nuestros aliados.
Termino. Hoy se aprietan más las tuercas a nuestros agricultores. Hoy, como siempre, muchos diputados de Alicante dicen allí una cosa, vienen aquí y hacen otra, y nosotros seguiremos representando a Alicante, a sus agricultores, contra la injusticia y contra el tasazo de 120 euros.
También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
Señorías, nuestra posición en esta iniciativa legislativa la conocen. Nosotros nos abstuvimos en la tramitación en esta Cámara porque no encontramos respuesta positiva a ninguna de las enmiendas o propuestas de mejora del texto que formulamos. Esta situación se mantuvo en el Senado, donde tampoco ninguna de nuestras propuestas fue admitida, y por ello también nos abstuvimos en la Cámara Alta. No obstante, algunas de las modificaciones que se han introducido en el Senado son mejoras técnicas y no tenemos nada que decir, por lo que no nos vamos a posicionar en contra. En cambio, algunas de las modificaciones introducidas en el Senado -aprovechando la mayoría parlamentaria en aquella Cámara del grupo que respalda al Gobierno- abren vías a unos determinados trasvases sin ningún tipo de garantía -cuestión que nos preocupa y frente a la que nos posicionamos en contra- e imponen situaciones que no les gustan nada a sus socios de Ciudadanos, ya que benefician especialmente a algunas comunidades autónomas que, obviamente, no son la catalana.
Por tanto, nos posicionaremos en contra de las enmiendas introducidas en el Senado y vamos a mantener nuestra abstención a la globalidad del texto.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
Diputadas y diputados, a veces cuando uno está en el Congreso de los Diputados se pregunta con toda cordialidad para qué sirve el Senado. Los catalanes nos hemos dado cuenta de que sirve, parece, para aplicar el 155; también a veces para romper consensos o complicar los consensos tan difícilmente construibles en el Congreso. Con todo respeto, ¡quién tuviese el Bundesrat! ¡Quién tuviese una Cámara que permitiese no solo hacer una segunda lectura, a veces un poco confusa a mi parecer, sino que permitiese superar, construir, hacer avanzar en temas como el que hoy traemos aquí, que permitiese una visión que sumase y que no dificultase las complejas relaciones entre las comunidades autónomas; complejas por el tema del agua -del que ayer hablábamos-, por los estragos que a veces la naturaleza provoca o por la mala planificación política de los problemas que la naturaleza a veces nos provoca. Con la lectura más benévola, nuestro grupo se mantendrá en los principios de la abstención, pero no podemos ser neutrales ante determinadas decisiones que empeoran -que empeoran-, que crean problemas y no soluciones. Para esto espero que una mayoría de la Cámara, que muchas veces se ha pronunciado en un sentido progresista, permita impedir -impedir- a veces extraños pactos en el Senado que cuesta mucho de entender en estos momentos.
Por tanto, sumamos y seguimos. Qué bueno aprender de los errores, no solo unos sino todos y que de este momento salgamos con reducción de daños. Este es nuestro parecer.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Buenos días, señorías; buenos días, presidenta.
Decía Fray Luis de León: Decíamos ayer. Pues eso digo yo: decíamos ayer que el problema de la sequía en este país es muy grave; es un problema que llevamos arrastrando muchísimos años. Después de mi intervención escuché muchas cosas y todavía estoy absorto por lo que dijo usted, señor del PDeCAT.
Escuche la transcripción, porque hay cosas que no escuchan. (Rumores). Y deberían escuchar más cosas. Leála, leála, que leer y entender es bueno.
De lo que estábamos hablando es del tema de la sequía. La sequía es algo importante y creemos que sobre ella deberíamos tomar una decisión -pero no para ahora, para el año 2017, como planteaba el anterior real decreto, que ahora se modifica para el 2018-, tener un plan de trabajo y una ley que permita acometer todas las iniciativas para que nuestros agricultores, nuestros regantes y nuestros ganaderos puedan tener medidas paliativas ante el impacto tan negativo que tienen en sus cuentas de resultados. Eso es lo que tenemos que hacer.
Yo veo aquí una serie de movimientos. Hay una cosa que me extraña y es la utilización del Senado. Utilizar el Senado, señores del Partido Popular, para meter enmiendas que nada tienen que ver con el tema de la sequía me pareció muy extraño. (Rumores). ¿No se me oye? Bueno, pues lo diré más rápido: utilizar el Senado para meter enmiendas que nada tienen que ver con la sequía me pareció algo sorprendente, sorprendente, aunque luego tuvieron la gallardía de quitarlas. No se puede utilizar el Senado para esas cosas. El Senado está para otras cosas muy importantes, como por ejemplo el 155, pero no para hacer lo que hicieron ustedes con las enmiendas en el Senado. Creo que deben utilizar mejor el Senado.
Señores del Partido Socialista, hoy sale en un periódico del sureste -por no decir mi tierra- un titular que dice: El Partido Socialista y el PP llegan a un acuerdo para bajar a 0,30 el agua desalada a los regantes. No sabía yo eso, que habían llegado ustedes a esos acuerdos. Señor Palacín, qué callado se lo tenía, ¿no? ¡Cómo cambia! Señor Arrojo, dése cuenta usted de lo que dice: El Partido Socialista y el Partido Popular llegan a un acuerdo para bajar al 0,30. Todos llegamos a ese acuerdo y todos lo votamos, y ya empiezan ustedes a apropiárselo. Creo que la conversación que tuvo el presidente Rajoy con su presidente está llegando a efectos importantes. No sabía eso yo, no lo sabía, mire usted por dónde.
En fin, luego está otro tema, el del famoso tasazo, el que votaron ustedes, el Partido Popular y Podemos. Ustedes votaron conjuntamente para obligar a pagar una tasa de 120 euros, como bien ha dicho el compañero de Compromís, sin recibir una sola gota. Eso, que nos parece totalmente injusto, lo votaron ustedes, señores de Podemos, y fueron contra los agricultores y los ganaderos; 120 euros. Por cierto, ayer ya se cobró y se lo digo por si no están ustedes al tanto. Pero también se cobró la tasa B, señora De Lara, la cuenta B también se cobró. Aunque ahora nos dicen que como van a modificarlo, que hay un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para modificarlo entre 2017 y 2018, entonces el Partido Popular y el Partido Socialista van a eliminar esa tasa, la tasa B. A mí me parece increíble, es increíble el uso torticero que están haciendo de esta ley; de verdad háganselo mirar, es increíble. Señor Sicilia, es increíble; desde que usted no está en la Comisión hacen unas cosas tremendamente extrañas.
Sinceramente nosotros creemos que hay que estar al lado de los agricultores y al lado de los ganaderos, y efectivamente hay que apoyar las medidas paliativas para reducir el coste que les está suponiendo esta gravísima sequía. Nosotros vamos a estar con ellos como hemos hecho desde siempre y vamos a seguir manteniendo lo que dijimos al principio, lo que no vamos a apoyar son estos cambios. Si se habló de unos temas y se llegó a unos acuerdos, señor Palacín, para poder hacer una mejor ley de sequía,¡por Dios!, cumplan con lo que se habló y cumplan con lo que se pactó. Y señores del Partido Popular, cumplan también con los acuerdos de investidura y hagamos un pacto nacional del agua. Hoy van a votar en contra de una moción que nosotros presentamos ayer que propone crear una mesa del agua, ¿por qué? Por otras historias, van a votar en contra, y el Partido Socialista también, sí, empiezan otra vez las amistades peligrosas, señor Palacín. (Aplausos). Ahí no nos van a encontrar; nos van encontrar en el diálogo, nos van a encontrar en el apoyo, nos van a encontrar en cualquier cosa que pueda modificar, pueda mejorar y pueda hacer que de una vez por todas haya planes generales contra la sequía que permitan que nuestros agricultores y ganaderos puedan hacer su trabajo dignamente y sin que sean esquilmados de forma irracional solamente porque haya un doble lenguaje en el tema del agua entre el Partido Popular y el Partido Socialista en razón del territorio del que hablan. Eso, señor Palacín, pasa, y eso, señora De Lara, pasa.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Arrojo Agudo.
Amigos, amigas, señorías, el Senado nos devuelve un texto muy similar en lo sustancial al que presentó en su día el Gobierno como decreto de sequía, por tanto un texto muy distinto al que salió de
esta Cámara gracias a las transacciones entre el Grupo Confederal y el Grupo Socialista, eso sí, con el valioso apoyo de otros grupos. Recordaré de forma sintética los contenidos de aquel acuerdo.
En primer lugar, aprobamos extender los beneficios de esta ley a las explotaciones agrarias y ganaderas de comarcas que no estando en cuencas globalmente declaradas en sequía hidrológica sufran análogos impactos de sequía. Estoy hablando de cuencas o de comarcas no solo del Guadalquivir en su momento sino también del Ebro, del Guadiana o del Tajo. Esto no es un problema burocrático, es un problema de justicia, y lo sabemos perfectamente.
En segundo lugar, aprobamos transitar de las tradicionales exenciones de canon y tarifa que contradicen el principio de recuperación de costes de la Unión Europea a un nuevo sistema de apoyo directo a las explotaciones vulnerables, pequeñas y medianas explotaciones. Apoyo directo que debe complementarse desde luego con caudales de fuentes no convencionales a precios asequibles, insisto, para las explotaciones vulnerables. Permítanme dos preguntas para hacer entender mejor lo que quiero decir. ¿Desde cuándo se incentiva la responsabilidad y el ahorro ofreciendo gratis de forma generalizada los escasos caudales disponibles en sequía? Y no lo digo como profesor de economía, sino que lo entiende cualquier ciudadano o ciudadana de este país. ¿Qué sentido tiene ofrecer gratuidad a grandes explotaciones que tienen notables beneficios que les permiten disponer de recursos más que holgados para prevenir y paliar los efectos de estas sequías?
En tercer lugar, aprobamos crear un fondo de sequías de 1000 millones de euros en los próximos presupuestos que nos permita afrontar los crecientes riesgos derivados del cambio climático y, muy particularmente, que permita afrontar el clamoroso agujero que supone no disponer de ningún tipo de seguro ni de sistema compensatorio de sequías para el regadío. Ya sé que es una cuestión compleja, pero en absoluto imposible. Lo que es imposible es abordar este reto sin dinero. De nuevo hago una pregunta para hacerme entender mejor. ¿Qué sentido tiene incentivar que los agricultores de secano pongan dinero en la hucha de su seguro para futuras sequías y abocar a los regantes a llorar y pedir dinero al Estado cada vez que llega la sequía sin que exista ningún sistema de seguro de compensación en el que ellos mismos puedan hacer sus contribuciones responsables en tiempos de normalidad?
En cuarto lugar, aprobamos crear bancos de agua, centros de intercambio en cada cuenca bajo garantía de transparencia, de gestión pública y de participación ciudadana; centros de intercambio que prevean en cada cuenca las futuras sequías, pero desde la serenidad que aporta estar en años de normalidad e -insisto- con la adecuada transparencia y control público, de forma que evitemos la especulación y el negocio de los mercados del agua hoy imperantes mediante contratos de cesión y al calor de la alarma y la zozobra que genera la sequía. En suma, tratamos de evitar que ese refrán que todos conocemos de a río revuelto, ganancia de pescadores se acabe transformando -como de hecho ocurre ahora- en otro refrán que diría a río seco, ganancia de especuladores. Perdimos también desgraciadamente en el trámite en el Congreso las votaciones de algunas cuestiones clave en la Comisión; por ejemplo, la que exigía acabar con la sobreexplotación de acuíferos y con ese millón largo de pozos ilegales para conseguir que los acuíferos puedan ser una pieza estratégica de reserva en ciclos de sequía. Otra enmienda también se refería a la insensata compraventa de aguas de papel -ahí desgraciadamente no tuvimos el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista y perdimos la votación-; por cierto, compraventa de aguas de papel que el decreto de sequía del Gobierno bendice y permite desactivando el artículo 69 de la Ley de Aguas. Es una profunda insensatez acelerar la sobreexplotación de acuíferos, teniendo en cuenta que al año que viene probablemente va a haber sequía. Es absolutamente suicida, queridos amigos y amigas. Perdimos también la votación de la propuesta que hacíamos de quitar por justicia las famosas peonadas de los jornaleros, sobre todo en Andalucía y Extremadura, que defendía poco tiempo atrás mi compañero Cañamero como buen conocedor en carne propia de lo que eso supone y de forma muy convincente. La aprobamos por mayoría en esta Cámara en la correspondiente PNL, pero luego, cuando volvimos a plantear este tema en la Comisión durante el debate del proyecto de ley, lo perdimos. Por eso, aceptaremos la propuesta que nos hace el Senado en el sentido no de quitar las peonadas, pero sí de reducirlas. Eso lo votaremos a favor.
En general, como ya he dicho, obviamente lo que nos trae el Senado es una profunda involución de los avances conseguidos aquí en esta Cámara. En todo caso, es algo que era de esperar. Ya se ha dicho que ante la figura del Senado afrontamos lo esperado, lo normal; pero, eso sí, lo normal dentro de la anomalía que supone una mayoría absoluta aplastante en el Senado de una fuerza política que obtuvo apenas el 33 % de los votos. Algo habrá que hacer con estas cosas en el futuro.
Para ir acabando, me centraré en las dos cuestiones que más me preocupan de lo que nos manda el Senado. En el texto aparece un pretendido fondo de sequía, pero un fondo de sequía sin fondos. Desaparecen los 1000 millones que teníamos previstos. Es un fondo de sequía sin fondos que a mí me hace pensar en los aeropuertos sin aviones o en las autopistas sin coches. Pero, sobre todo, me causa especial preocupación transformar los bancos de agua por cuencas en un fondo del agua controlado por la Dirección General de Aguas, lo que supone, en definitiva, una argucia para encubrir de forma bien poco disimulada trasvases en sequía basados en el libre mercado de aguas que ha ido legalizando el Partido Popular y que, en estos momentos, Ciudadanos bendice con entusiasmo desde la mitificación errónea, y perversa, que hacen de la privatización y mercantilización del agua. Eso es justo lo que la actual ley prohíbe hoy con el trasvase Tajo-Segura al estar la cuenca cedente exhausta. Y es que los trasvases no son una herramienta útil para afrontar los ciclos de sequía. El propio Plan Hidrológico Nacional del señor Aznar, con mayoría absoluta en el año 2000, lo decía en esos anexos que casi nadie se lee al afirmar que en años de sequía el trasvase del Ebro del que se hablaba no estaría operativo porque las sequías no son locales sino regionales, porque cuando el Segura entra en sequía, entran en sequía el Júcar, el Ebro y el Tajo. En todo caso, ahí tenemos el Tajo-Segura en estos años.
Señorías, lo que hemos vivido hasta ahora con esta sequía -que las recientes nevadas apenas amortiguan- es tan solo el principio de un futuro que debe ser no solo preocupante sino alarmante para todos. O cambiamos la estrategia radicalmente o nuestra vulnerabilidad frente a las sequías que vendrán seguirá creciendo. La actual estrategia del PP es tan anticuada e ineficaz como irresponsable e insensata. Es insensato ofrecer de forma generalizada recursos disponibles escasos en sequía gratuitamente para que luego con los mercados los pequeños agricultores acaben vendiendo sus insuficientes recursos a los grandes y abandonen sus explotaciones. Es insensato seguir permitiendo la sobreexplotación de nuestros ríos y acuíferos con más de un millón de pozos ilegales y no hacer nada significativo. Es insensato seguir mirando para otro lado ante la falta de seguros de regadíos.
Señorías, más allá de ideologías y de conveniencias electoralistas tenemos que acabar con esta insensatez. Espero, compañeros y compañeras socialistas y de otros grupos, que seamos capaces de rechazar las enmiendas del Senado que nos devuelven a los viejos enfoques del decreto de sequía y que empecemos a abrir nuevos enfoques coherentes con la nueva cultura del agua...
La señora PRESIDENTA: Señor Arrojo, tiene que terminar. Ha excedido muchísimo su tiempo.
El señor ARROJO AGUDO: ..., nuevas estrategias adecuadas a los retos que tenemos que afrontar con el cambio climático.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Díaz Trillo.
El señor DÍAZ TRILLO: Presidenta, señorías, esta mañana repasando las notas para esta intervención y componiendo el crucigrama de las enmiendas del asunto concreto que hoy tratamos había ese ruido de fondo del partido de fútbol de ayer -saben ustedes que ayer hubo un partido de fútbol en España- y pensaba que este trámite parlamentario, que empezó el 9 de junio con la comparecencia de la ministra presentando el real decreto, era como un partido, siendo esa comparecencia la primera parte del mismo. Luego vino la segunda parte aquí, con un empeño decidido por parte de los grupos políticos de intentar hacer algo con el defecto que tiene el tema que hoy tratamos aquí de fondo, algo absolutamente coyuntural como un decreto de sequía para paliar los efectos de esta sequía. Por cierto, una sequía de las más graves de los últimos veinte años en nuestro país y que ha dejado los embalses bajo mínimos y muy castigados nuestros ecosistemas. En este sentido, les decía que la ponencia que se llevó a cabo aquí en el Congreso tuvo una participación de todos muy activa, por lo que quiero felicitar a los compañeros de mi grupo y de todos los grupos políticos. Asimismo quiero advertir a Ciudadanos que no hay ningún pacto sobre ese asunto al que vamos a votar en contra. Andan obsesionados con la situación política que tienen de pugna con el Partido Popular pero eso no nos atañe. Ya les anuncio que en esa cuestión no vamos a coincidir; en otras nos gustaría que fuera así porque queremos que esta visión que nosotros proponemos, no coyuntural sino estructural, que es la que se quiso incorporar en esa segunda parte del partido que era la ponencia para el proyecto de ley, tenga una perdurabilidad. La primera regla de la política es la previsión, la certidumbre, dar
seguridad a la gente; una política cargada de incertidumbre es una mala política. En este sentido, repito, nuestro grupo intenta hacer todo lo posible para mejorar ese decreto, proyecto de ley ya en marcha.
Y luego vino la prórroga en el Senado -nos hemos dado constitucionalmente este esquema, muy parecido al de otros países-, y en esa segunda lectura ha habido modificaciones. Podríamos decir, siguiendo con este símil, con ese silogismo que tanto gustaba a Camba, que estamos en el periodo de los penaltis y hoy tendremos que hacer, como marca la segunda regla de oro de la política, de la necesidad virtud. Por tanto, no dejemos pasar esta oportunidad de poder apoyar iniciativas que ya salieron del Congreso y que, con la aportación en muchos casos enriquecedora del Senado, pueden configurar un proyecto que tenga cierta estabilidad en dos direcciones fundamentalmente, y sobre todo que venga a paliar esa situación de sequía. Como digo, estabilidad en dos direcciones, en dos vertientes, supongo que claramente compartidas por todos los grupos políticos presentes en la Cámara. Una primera económica y social. Se ha debatido profundamente sobre las iniciativas que se pueden llevar a cabo; somos un país con otras cuestiones afortunadas desde el punto de vista natural, pero desgraciadamente en los periodos de sequía estamos particularmente castigados por un clima que, por otra parte, amenaza con convertir zonas de nuestro país en zonas prácticamente desérticas. El cambio climático, como manifestó el portavoz García Mira en el primer debate, es un tema serio, muy serio, que hay afrontar también con decretos, con proposiciones de ley como esta, y no me extiendo más. En el tema social, repito que, aparte de exenciones, aparte de un apoyo decidido con dinero contante y sonante, con moderación, con rigor, con la responsabilidad de un partido, el Partido Socialista, que promovió la primera Ley de Aguas en 1985 -una gran ley-, que hizo el gran programa Agua en 2004, por ejemplo, para poner en marcha las desaladoras, o que promovió una Ley de desarrollo y modernización del medio rural en el año 2007 y a la que apenas ha dado contenido ni suficiente financiación el Partido Popular. Como digo, en este contexto hay una iniciativa que como andaluz me afecta particularmente y que tiene que ver con un apoyo adicional a los trabajadores y trabajadoras del campo, que justamente merecen -y no ya en este momento sino que, como les he dicho, llevamos casi nueve meses con este trámite- ni siquiera los veinte días, los veinte jornales trabajados, sino la eliminación. Y, dicho esto, más vale veinte que treinta y cinco. En este sentido, también tenemos que decir que esta medida, que llega tarde y mal, es una medida que anuncia el candidato del Partido Popular en Andalucía. Ya estamos acostumbrados; el otro día anunciaba que si ganaba las elecciones se quitaba el peaje Sevilla-Cádiz. Conclusión, no se va a quitar nunca. Seguramente querrá prometer también que si gana las elecciones va a llover. Tenemos que decirle al Partido Popular de Andalucía que tenga mesura con los temas de Estado, que sea responsable, y en este sentido llega tarde y mal, porque esta es una cuestión central de apoyo al desarrollo rural y llevamos tres años esperándola. Mis compañeros y compañeras ya han reclamado en esta misma tribuna medidas de este tipo. Voy terminando. Esto es importante no para nosotros, sino para toda España. Gracias precisamente a medidas de las que se ha hecho escarnio muchas veces Andalucía o Extremadura no forman parte de la España vacía. Eso ha sido gracias a políticas decididas, socialistas en su mayoría, de apoyar iniciativas para que la gente pueda vivir donde quiera y apostar por el desarrollo de sus territorios. (Aplausos).
Y hay una segunda cuestión que es fundamental. Además tengo el honor de presidir la Comisión de Cambio Climático, en la que hay en marcha una ley -por cierto, que se está desarrollando también con cierta lentitud, como el tema que hoy comentamos; ojalá que termine bien y acabe en un gran acuerdo como el del agua, un acuerdo social, político, necesario ante un horizonte que, desde el punto de vista medioambiental, requiere de iniciativas como las que hemos presentado en nuestras enmiendas, que tienen que ver con las desaladoras. Hace apenas una década hacían bromas las señorías del Partido Popular sobre las desaladoras; hoy las reclaman en la región de Murcia o de Almería con insistencia. O los bancos públicos del agua, las demarcaciones hidrográficas, que puedan, con transparencia, con participación pública, llevar a cabo una gestión eficiente y justa de un recurso que, además de finito, es un recurso propiedad de todos y de todas. Hemos tenido debates en esta Cámara sobre la privatización del agua. El agua es el recurso natural fundamental para el desarrollo de nuestro futuro. Por lo tanto -y voy terminando, señora presidenta-, valga este tiempo de casi nueve meses, este largo partido, a ver si, aunque sea en los penaltis, le ganamos la batalla a la sequía paliando las consecuencias y, sobre todo, para la próxima vez previendo estos períodos con anticipación y con apoyo desde el Gobierno a los agricultores y a los ganaderos, que son los especialmente sufridores de esta circunstancia. Y como cité a Camba, aprovecho, si me lo permite la presidenta, para hacer publicidad de un reciente libro de crónicas parlamentarias. Decía Camba que hace siglo y pico sus señorías se dedicaban a chupar caramelos.
Yo creo que hoy podemos dar un buen ejemplo de que, además de eso, hacemos otras muchas cosas útiles y necesarias para este país.
Muchas gracias y buen día. (Aplausos).
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pérez Aras.
El señor PÉREZ ARAS: Gracias, presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Popular para dar cumplimiento al trámite parlamentario del proyecto de ley por el que se adoptan medidas contra la sequía; un texto que vuelve al Congreso después de trabajarse en el Senado, donde se han incorporado veintidós enmiendas, enmiendas que han actualizado datos y modificaciones legislativas, subsanado errores y mejorado la redacción en aras a una mayor concisión y claridad.
El objetivo de este proyecto de ley es aplicar medidas efectivas para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas; medidas como flexibilizar los contratos de cesión de derechos de agua o la moratoria en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social a las empresas y autónomos con explotaciones agrarias afectadas por la sequía en toda España. Es un instrumento efectivo que concreta aún más el ámbito a aquellas cuencas que cuenten con sequía declarada. Se adaptan artículos como el referente al adelanto del 70 % de las ayudas de la PAC. Se da la competencia también al Ministerio de Hacienda respecto a los seguros agrarios, reconociendo que cualquier ampliación esté contemplada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se matiza el funcionamiento, alcance y beneficiarios del Fondo extraordinario de lucha contra la sequía. Se atiende a las solicitudes de subsidios de desempleo o de la renta agraria. Se establece una necesaria aclaración sobre el origen de los créditos presupuestarios necesarios para hacer frente a las medidas del proyecto de ley. Se plantea la estrategia de modernización y diversificación rural como herramienta para apoyar también a las mujeres y jóvenes. Se mantiene el coste 0,3 euros/m3 del agua desalada, pero garantizando la legalidad con la recuperación de costes. También se da otra redacción al impulso a la reutilización. Por cierto, señores de Compromís, ya me gustaría a mí que en la Comunidad Valenciana tuvieran ustedes el mismo compromiso, allí, donde tienen ustedes responsabilidades de gobierno, cero euros en el compromiso con la reutilización.
Se establece también el Fondo Público del Agua bajo la premisa de acometer las pertinentes modificaciones legislativas, así como también se recoge la reducción del número de jornales para acceder al subsidio por desempleo o renta agraria, como muestra del compromiso del Gobierno con el mundo real. Se tiene en cuenta la regulación del autoconsumo acorde a la sostenibilidad del sistema y se modifica también la Ley del Sector Eléctrico en relación con el contrato de acceso al regadío, así como la modificación del título competencial para añadir más competencias legislativas del Estado. Estas son enmiendas aprobadas y transaccionadas que ponen de manifiesto ese espíritu colaborativo para ampliar el consenso en torno a este proyecto de ley y mejorar un texto que articule una serie de medidas efectivas en beneficio de nuestros regantes, de nuestros agricultores y nuestros ganaderos.
Señorías, pese a la reciente tregua meteorológica, nos encontramos ante un tema prioritario que requiere de toda nuestra atención. El agua, como recurso escaso, requiere de un uso eficiente ante las amenazas y retos que la afectan. Una vez superada la trampa maltusiana, el crecimiento demográfico a nivel mundial previsto hasta 2050 requerirá de un incremento del 60 % en la producción de los alimentos sobre los consumidos actualmente. Ello obligará a disponer de más tierra agrícola, más agua azul y más tecnología y genética para responder a un triple desafío: mayor abastecimiento de agua y de mejor calidad, incremento de la producción de alimentos agrícolas y ganaderos, y gestión del agua y su gobernanza en un escenario de cambio climático. Leonardo da Vinci ya lo advertía afirmando que el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, es fuente de vida y su escasez hace peligrar toda la biodiversidad. El agua es un recurso estratégico considerado como el principal conflicto geopolítico del siglo XXI, y esta consideración a nivel global tiene su trascendencia en lo local, en lo próximo y cercano. Es necesario y urgente apelar, por tanto, a la responsabilidad en un marco colaborativo para aportar y poner en valor instrumentos legislativos que apoyen y estimulen un mundo rural cuya sostenibilidad está en peligro; sostenibilidad ambiental, social y económica, de ahí la importancia de habilitar mecanismos que ayuden al eslabón más débil de la cadena.
Señorías, no olvidemos que de los 16 ámbitos hidrográficos, 7 están por debajo del 42 % de lo que nos marca a fecha de hoy la reserva hidráulica y 2 por debajo del 30 %; por cierto, las dos cuencas del sureste español, la del Júcar en el 26,4 y la del Segura en el 16. Esta es una muestra de la gravedad de
un problema estructural que afecta a la huerta de Europa, tanto la Comunidad Valenciana como la Región de Murcia y la parte nororiental de Andalucía de forma más acuciante. La falta de precipitaciones ha provocado una sequía agronómica con una alarmante repercusión sobre nuestros cultivos. Esa es la realidad en toda su crudeza, un problema al que nos enfrentamos y que pone en riesgo todo un modo de vida cuyo principal fin es alimentarnos.
Señorías, lo curioso y lo que realmente llama la atención es la incongruencia de algunas de las cuestiones que aquí se han mencionado por parte de algunos grupos, porque si tenemos una herramienta, como son los planes de sequía -por cierto, vigentes en cada cuenca desde 2007 y precisamente aprobados por un Gobierno socialista-, no entendemos que se haya buscado ningunearlos o ignorarlos de manera notoria, ya que a la hora de la verdad han sido estos planes los realmente incomprendidos en su fundamento. Y aunque ya se está trabajando en la revisión de los mismos, no es entendible que teniendo la herramienta para situaciones de crisis -para lo que fue aprobada-, algunos hayan mostrado reticencias a ponerla en práctica cuando toca.
Previsión y planificación, señorías, no efectistas brindis al sol ni medidas populistas de imposible materialización que solo generan falsas expectativas a aquellos que necesitan soluciones efectivas. Señor Garaulet, aquí no hay pactos de conveniencia, aquí no hay alianzas secretas. Ya me gustaría saber dónde estaba usted cuando aquí se produjo una arboricidio derogando el trasvase del Ebro. Nosotros sí que sabemos dónde estaba el Partido Popular: con esa alianza sagrada con nuestros agricultores y nuestros ganaderos desde el primer momento. (Aplausos).
Señorías, el Gobierno ha llevado a cabo una acción decidida desde el primer momento movilizando reservas adicionales para nuestras cuencas. Hemos conseguido que no hubiera restricciones en estos cuatro años de sequía, desarrollando más de 28 actuaciones de emergencia por un valor superior a los 83 millones de euros, o la concesión para ayuda a la producción de agua desalada por valor de más de 17 millones, o la exención a los regantes del pago de las tarifas y cánones de disponibilidad de agua, que podrían representar una ayuda superior a los 53 millones de euros.
Necesitamos avanzar por ello con una visión de largo plazo en la gestión del agua y seguir apostando por mejorar nuestro sistema de gobernanza, el mismo que ha demostrado su capacidad de adaptación al medio a partir de un sistema de gobierno basado en la planificación, la participación pública, el desarrollo tecnológico y la innovación; un sistema que ha permitido desde hace más de 2000 años garantizar la seguridad en el suministro. De ahí la importancia en perseverar para alcanzar un pacto nacional del agua, una prioridad que debe ser considerada y tratada como una verdadera política de Estado; un pacto que cuenta con un extraordinario trabajo previo realizado por el ministerio. En cuatro años, señorías, se han elaborado y aprobado dos ciclos de planificación hidrológica -el trabajo de dos legislaturas-, trabajos que ya contemplan por primera vez la variable del cambio climático; un arduo trabajo del Gobierno en el que se ha buscado que el agua pase de ser un campo de batalla a ser un campo de acuerdos; una apuesta por la negociación, el equilibrio territorial y el consenso. Conviene recordar que estos planes tienen el mayor apoyo, un apoyo nunca alcanzado en el Consejo Nacional del Agua, y ya estamos trabajando, señorías, en los planes hidrológicos de cuenca del tercer siglo para cumplir con el calendario europeo. Se trata de un compromiso serio con el mundo rural, porque nuestros agricultores y ganaderos no necesitan más ideología, necesitan soluciones.
Acabo, señora presidenta, trayendo a colación la sabiduría popular propia de los hombres y mujeres del campo, un alegato a ese espíritu solidario y comprometido con todos ellos. Señorías, seamos como el río, siempre adelante, para que dialogando lleguemos a acuerdos y a un consenso definido entre todos, y así el pacto nacional por el agua pueda permanecer en el tiempo en beneficio de todos los españoles.
Muchas gracias, señorías; muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, HECHO "AD REFERENDUM" EN MADRID EL 26 DE MAYO DE 2015. (Número de expediente 110/000055).
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL JAPÓN RELATIVO AL PROGRAMA DE VACACIONES Y ACTIVIDADES LABORALES ESPORÁDICAS, HECHO EN TOKIO EL 5 DE ABRIL DE 2017. (Número de expediente 110/000056).
- ACUERDO DE COOPERACIÓN SOBRE ASOCIACIÓN Y DESARROLLO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE AFGANISTÁN, POR OTRA, HECHO EN MÚNICH EL 18 DE FEBRERO DE 2017. (Número de expediente 110/000057).
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHO EN HELSINKI EL 15 DE DICIEMBRE DE 2015. (Número de expediente 110/000058).
- PROTOCOLO DE ADHESIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y COLOMBIA Y PERÚ, POR OTRA, PARA TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE ECUADOR, HECHO EN BRUSELAS EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016. (Número de expediente 110/000059).
- ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LOS ESTADOS DEL AAE (ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA) DE LA SADC (COMUNIDAD PARA EL DESARROLLO DEL ÁFRICA MERIDIONAL), POR OTRA, HECHO EN KASANE EL 10 DE JUNIO DE 2016. (Número de expediente 110/000060).
- ACUERDO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA, HECHO EN MADRID EL 30 DE MAYO DE 2017. (Número de expediente 110/000061).
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE KAZAJISTÁN SOBRE LA PROTECCIÓN MUTUA DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN ASTANÁ EL 15 DE JULIO DE 2017. (Número de expediente 110/000062).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY SOBRE TRANSPORTE AÉREO, HECHO "AD REFERENDUM" EN MADRID EL 9 DE JUNIO DE 2015. (Número de expediente 110/000063).
- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, HECHO EN MADRID EL 9 DE DICIEMBRE DE 2014. (Número de expediente 110/000064).
- CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HECHO EN MADRID EL 20 DE ABRIL DE 2017. (Número de expediente 110/000065).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN GEORGETOWN EL 14 DE JULIO DE 2017. (Número de expediente 110/000066).
- ACUERDO DE SEGURIDAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA SOBRE PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA INTERCAMBIADA EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA, HECHO EN MADRID EL 4 DE OCTUBRE DE 2017. (Número de expediente 110/000067).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, con números de expediente 110/000055 a 110/000067. ¿Algún grupo desea intervenir en relación con dichos dictámenes? (Pausa). Salvo que se diga lo contrario, los dictámenes se someterán a votación por asentimiento con el resto de las votaciones previstas para hoy.
- PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO. (Número de expediente 121/000012).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, al punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad. (Rumores).
Ruego silencio, señorías.
Señorías, comparezco hoy ante el Pleno del Congreso de los Diputados para presentar el proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, una norma que traspone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva europea sobre contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. El objetivo de la directiva es profundizar en la implantación de un mercado único europeo de créditos sobre bienes inmuebles de uso residencial que sea competitivo, equitativo y homogéneo. No obstante, el Gobierno ha decidido ir más allá en algunos aspectos sobre la transparencia y la protección al consumidor, fundamentalmente por dos motivos: por la relevancia social de la vivienda -más del 80 % de las familias españolas cuentan con una vivienda en propiedad- y por las implicaciones que tiene el contrato más importante que en la mayoría de los casos firman los ciudadanos a lo largo de toda su vida, que es el de hipoteca.
Paso, en primer lugar, a detallarles los aspectos más relevantes que se derivan de la directiva y a continuación a explicar los puntos en los que hemos decidido ser incluso más ambiciosos que los legisladores europeos. Aunque la directiva se aplica únicamente al consumidor, el Gobierno ha decidido que se puedan acoger a estas medidas todas las personas físicas, lo que incluye también a los trabajadores autónomos. Además, la directiva reconoce al prestatario el derecho a solicitar en cualquier momento el reembolso anticipado del crédito y establece un marco de compensación. Nosotros hemos optado por una regulación más detallada, determinando los casos concretos en los que el prestamista podrá cobrar comisión por reembolso anticipado, total o parcial. En concreto, en caso de préstamos a tipo variable las partes podrán decidir entre una comisión de hasta el 0,5 % del capital reembolsado anticipadamente o de la pérdida financiera para la entidad, la que sea menor, si se hubiera pactado que solo cabe comisión durante los tres primeros años desde la celebración del contrato o, alternativamente, una comisión de hasta el 0,25 % del capital reembolsado anticipadamente o de la pérdida financiera para la entidad, lo que resulte de menor cuantía, si el plazo pactado fuera de cinco años. A partir del quinto año no podrá cobrarse comisión alguna por el reembolso anticipado del préstamo. En el caso de préstamos a tipo fijo, la comisión estará limitada al 4 % del capital reembolsado anticipadamente si la amortización se realiza durante los primeros diez años o al 3 % si se produce con posterioridad.
La tercera de las novedades tiene que ver con los préstamos y créditos concedidos en moneda extranjera y el establecimiento de un mecanismo de cobertura de riesgo cambiario. Siguiendo el espíritu de la directiva, incorporamos por primera vez a nuestra legislación el derecho de los consumidores a solicitar en cualquier momento la conversión del préstamo en moneda extranjera a la moneda en la que recibe sus ingresos o del Estado miembro donde reside, normalmente, como saben ustedes, señorías, será el euro. En el caso de prestatarios profesionales que no sean consumidores se podrá sustituir este derecho por otro tipo de mecanismo alternativo para la cobertura del riesgo de cambio.
Por otra parte, el proyecto de ley prohíbe las ventas vinculadas; es decir, aquellas en las que se fuerza al consumidor a contratar uno o varios productos financieros asociados al préstamo hipotecario. Solo se permitirán en casos específicamente autorizados por la autoridad competente sobre el prestamista, que en la mayoría de los casos es el Banco de España. En cuanto a las ventas combinadas, en las que se puede elegir entre contratar un préstamo solo o asociado a otros productos, las entidades financieras deberán presentar a sus clientes presupuestos diferenciados para ambos escenarios en los que se indique claramente el coste individualizado de cada uno de los productos o servicios.
El proyecto de ley también entra en la política retributiva de los prestamistas que en este momento no está sujeta a ninguna limitación. La directiva obliga a que la política de retribución no incentive la colocación indiscriminada de préstamos hipotecarios. Para cumplir con este principio se impide que la retribución
dependa del número de préstamos comercializados, garantizando así la primacía del rigor en el análisis de la solvencia y la provisión de información. Además se obliga al prestamista a evaluar la solvencia del prestatario atendiendo a procedimientos internos específicos que no se centren exclusivamente en el valor del bien que sirve como garantía.
Otro de los aspectos novedosos de este proyecto de ley tiene que ver con el régimen jurídico fijado para los intermediarios de crédito inmobiliario y los prestamistas que no son entidades de crédito. La directiva obliga a que este tipo de actores sean reconocidos previamente y a que se supervise el cumplimiento de sus obligaciones. El proyecto de ley regula de forma más concreta estas exigencias. Por una parte, obliga a que intermediarios y prestamistas estén debidamente registrados y supervisados por el Banco de España o por la autoridad autonómica competente en el caso de los que operen solo en una comunidad autónoma o en una comunidad y en otros Estados miembros y, por otra parte, introduce el régimen de pasaporte comunitario para los intermediarios de crédito inmobiliario autorizados para operar a nivel nacional. Finalmente, la norma fija nuevos requisitos de conocimiento y competencia para el personal que comercializa préstamos hipotecarios en aras de favorecer la transparencia y el buen funcionamiento del mercado.
Nuestro proyecto de ley va incluso más allá de lo exigido por la normativa comunitaria y establece una serie de preceptos para reforzar la transparencia y el equilibrio contractual entre las partes. La generación de confianza y seguridad en el mercado hipotecario es fundamental para evitar restricciones de crédito. La norma propuesta actúa en varios sentidos. En primer lugar, incentiva la conversión de los préstamos de tipo variable en tipo fijo para que los prestatarios conozcan con precisión el coste en el que se va a incurrir a medio y largo plazo y puedan planificarse financieramente. Para ello se favorece la novación objetiva del préstamo y la subrogación del acreedor mediante la fijación de comisiones de menor cuantía que las de reembolso anticipado. Concretamente las comisiones máximas serán del 0,25 % del capital reembolsado anticipadamente si se produce durante los tres primeros años de vigencia del contrato. A partir del cuarto ejercicio no habrá que pagar comisión por realizar este tipo de operaciones. En la misma línea, se rebajan los aranceles notariales y registrales aplicables a la conversión de préstamos de tipo variable en tipo fijo. Estos incentivos se aplicarán a todos los contratos existentes, aunque hayan sido firmados antes de la entrada en vigor de esta ley.
La segunda vía para mejorar la transparencia pasa por el refuerzo de los requisitos de información, tanto en fase precontractual como en el momento de la firma del contrato ante notario. Así, en la fase precontractual se obliga al prestamista a entregar al menos siete días antes de la firma del contrato un conjunto de documentos: la ficha europea de información normalizada, que se considerará oferta vinculante durante al menos una semana y que, tal y como estipula la directiva, debe contener las cláusulas básicas de la hipoteca, tales como el importe, el tipo de interés, las cuotas o la tabla de amortizaciones; adicionalmente a las exigencias europeas, una ficha de advertencias estandarizadas en la que se informa de cualquier tipo de cláusula o elemento especialmente sensible, como pueden ser las cláusulas suelo, distribución de gastos, divisa del préstamo, entre otros ejemplos; si el préstamo es a tipo variable, una proyección de diferentes escenarios de evolución de las cuotas en función de la potencial evolución de los tipos de interés; una copia del proyecto de contrato; información sobre los seguros asociados y sus condiciones, y la advertencia al prestatario de la obligación de recibir asesoramiento personalizado y gratuito por parte del notario de su elección. El prestatario, por su parte, estará obligado a comparecer ante el notario durante este periodo previo a la firma para recibir asesoramiento específico y gratuito sobre las condiciones de su contrato, con lo que se garantiza que tenga pleno conocimiento de todas las implicaciones jurídicas y económicas del mismo.
En cuanto a la fase de contratación, es decir, el momento de la firma ante el notario, el proyecto refuerza el control de notarios y registradores sobre el contenido del contrato. No se autorizará la escritura si no se acredita que el prestamista ha entregado la información precontractual siete días antes al prestatario y que este ha recibido asesoramiento específico y gratuito y comprende toda la información que se incluya. Igualmente no se podrán autorizar ni inscribir contratos que incluyan cláusulas abusivas. Para asegurar la efectividad de esta medida el proyecto de ley modifica la regulación del registro general de condiciones de contratación en relación con la inscripción de sentencias de declaración de abusividad de cláusulas contractuales. Por otra aparte, los notarios y registradores verán reforzado el régimen sancionador al que están sujetos para garantizar que cumplen adecuadamente con estas nuevas obligaciones de control e información.
Otra de las materias en las que el proyecto de ley es más ambicioso que la directiva es el referido a las cláusulas de vencimiento anticipado de los préstamos, que son de las que más conflicto -como saben ustedes, señorías- han generado. En el proyecto de ley este régimen se regula mediante normas imperativas que impiden cualquier posible conducta abusiva o discrecionalidad en su aplicación. El objetivo es asegurar que el vencimiento anticipado solo se produce cuando la relación entre la cuantía impagada y el importe total del préstamo es suficientemente significativa, para evitar su aplicación en casos de incumplimientos de escasa relevancia. Así, la declaración de vencimiento anticipado dependerá del número de cuotas vencidas y no satisfechas pero también de la fase de la vida del préstamo en la que se produzca el impago. Si este tiene lugar en la primera mitad de la vida del préstamo será necesario que se hayan impagado nueve cuotas mensuales o el equivalente al 2 % del capital concedido, y si el impago tiene lugar en la segunda mitad de la vida del contrato deberá ascender al 4 % del capital concedido o a doce cuotas mensuales. Este tratamiento se aplicará a partir de la entrada en vigor de la ley a todos los contratos en vigor y no solo a los que se firmen bajo esta nueva regulación. Igualmente, el proyecto de ley establece con carácter imperativo que el tipo de interés de demora máximo aplicable será el triple del interés legal del dinero vigente y que solo se podrá calcular con relación al principal pendiente de pago. Por último, el proyecto habilita al Gobierno para aprobar un contrato tipo al que pueden acogerse las partes si lo consideran oportuno. Se trata de un contrato de hipoteca estándar regulado por real decreto, que será sencillo, fácil de comprender, transparente y que no genere ningún tipo de duda ni interpretaciones alternativas.
Señorías, este es sin duda un proyecto de ley ambicioso y necesario, no solo porque traspone una directiva europea sino porque va más allá en la protección de deudores hipotecarios, que se beneficiarán de importantes novedades. En primer lugar, un abaratamiento de las comisiones por cancelación anticipada. En segundo lugar, una reducción de las comisiones por conversión de préstamos a tipo variable en préstamos a tipo fijo, comisiones que desaparecerán por completo a partir del cuarto año de vigencia del contrato. En tercer lugar, derecho a cambiar la moneda en la que está suscrito el contrato o acceder a otros mecanismos de cobertura de riesgos cambiarios. Cuarto, requisitos de información más exigentes tanto antes como durante la firma de los contratos. Quinto, un mayor control por parte de registradores y notarios sobre el contenido de los contratos y sus cláusulas. Sexto, una regulación del vencimiento anticipado mucho más garantista en favor de los consumidores y, por último, límites a los tipos de interés aplicables en casos de demora. Además, el Gobierno regulará un contrato tipo que podrá ser utilizado por prestamistas y clientes voluntariamente. Todo ello servirá para incrementar la competencia y el dinamismo del sistema y, por ende, la actividad de toda la economía española, pero también mejorará la transparencia en un ámbito especialmente sensible para los consumidores y elevará con ello su nivel de protección. En este sentido, permítanme que recuerde que esta norma se complementa con el resto de las disposiciones aprobadas en los últimos años para proteger a las personas vulnerables en caso de no poder cumplir sus obligaciones contractuales. Así, el código de buenas prácticas bancarias, la suspensión de los lanzamientos o las reformas concursales en materia de segunda oportunidad seguirán aplicándose a las familias que cumplan los requisitos establecidos.
Como estoy seguro de que todos los objetivos que se persiguen con este proyecto de ley son compartidos por el conjunto de la Cámara, solicito al Grupo de Unidos Podemos que reconsidere la enmienda a la totalidad que ha presentado y contribuya, al igual que el resto de formaciones políticas, a mejorar el texto con sus aportaciones durante su tramitación parlamentaria.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea el señor Mayoral Perales.
El señor MAYORAL PERALES: Buenos días. Gracias, presidenta.
Señorías, en primer lugar queremos decir y dejar claro que las propuestas que contiene nuestro texto alternativo no son propuestas que pertenezcan a Unidos Podemos y hacer un homenaje a las organizaciones sociales que durante todos estos años han defendido los intereses de la mayoría social frente a las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos que se han concretado en desalojos forzosos sin alternativa habitacional y en condenas a deudas perpetuas. (Aplausos). Queremos también homenajear a los abogados y abogadas anónimos y anónimas que desde sus escritorios no se dieron por vencidos
cuando les dijeron que en los procedimientos de ejecución hipotecaria no se podía ejercer el derecho a la defensa. Gracias a ellos y a ellas y a la lucha social en la calle de tanta gente fue posible que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea plantease que nuestro país incumple sistemáticamente la normativa en materia de consumo, incumple el derecho a un juicio justo.
Queríamos plantear algo que es más que evidente. Ayer el señor De Guindos argumentaba en el Parlamento Europeo que él nunca ha sido diputado y que es un hombre independiente, y a fe que lo es, que no es un hombre dependiente de ningún partido, es un hombre de las finanzas en el Estado, y a fe que lo ha hecho durante todo este tiempo de forma coherente y, por eso, todas las normas que ha traído a esta Cámara las ha negociado con las entidades financieras, que son los intereses que ha venido a defender aquí. Lo que nosotros queremos decir es que en nuestro texto hemos intentado reflejar las reivindicaciones de las organizaciones sociales y de los organismos de derechos humanos pero, más allá de lo que se apruebe hoy, sigue abierto el diálogo y, aparte de presentar esta proposición de ley, este texto alternativo en esta Cámara, lo vamos a hacer ante las organizaciones sociales y las organizaciones en defensa de derechos humanos para traer al proceso de discusión en esta Cámara las aportaciones que vienen de la gente... (Rumores).
El señor MAYORAL PERALES: ... que nos ha demostrado durante todos estos años que no hay que darse por vencido, aunque los poderosos nos digan que nada es posible.
Este es un proyecto que viene fuera de hora, mal, fuera de tiempo y que nos está costando 105 000 euros diarios a todos y a todas, que no los pagan los que tienen cuentas en Panamá sino que los paga la mayoría de la gente trabajadora de este país. Es absolutamente inaceptable que esto ocurra porque lo que se está eludiendo es la obligación de cumplir la legalidad, porque desgraciadamente en esta materia el Gobierno del PP ha mantenido al Estado fuera de la legalidad europea e internacional en materia de derechos humanos. (Aplausos).
Nuestro país tiene la obligación de trasponer la Directiva 2014/17 de la Unión Europea, pero tiene también la obligación de cumplir la sentencia del Caso Aziz, de 2013; la sentencia Sánchez Morcillo, de 2014; la sentencia Peñalva López, de 2015; la Gutiérrez Naranjo, de 2016, y la del Banco Primus, de 2017. Desgraciadamente, el texto que nos trae el Gobierno no las cumple, una vez más, mantiene a nuestro país fuera de la ley y es necesario, de una vez por todas, acabar con esa situación. Lo único que vamos a plantear es una cuestión sencilla, que la gente tiene que tener derecho a un juicio justo y es que la sentencia del Caso Aziz decía que la normativa española que regula la ejecución hipotecaria no cumple la normativa europea, es decir, que no permite el derecho a la defensa de las personas hipotecadas. Y las siguientes sentencias vienen a decir que no se termina de cumplir.
Voy a citar un artículo que insto a sus señorías a que se lean, el artículo 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque dice una cosa que creo que todo el mundo va a entender, y es que, según el ordenamiento español, primero te ejecutan y se discute después; es decir, que si tú has demandado al banco por una cláusula abusiva o por una práctica abusiva, el banco te puede ejecutar y luego ya se discutirá en el juicio ordinario si tenías o no tenías razón. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con buen criterio, dice que esto es una barbaridad porque viola el derecho a un juicio justo y que eso hay que cambiarlo. Desde 2013 sin cumplir. ¿Y por qué no se cumple? Obviamente, porque a las entidades financieras no les interesa y este Gobierno es un Gobierno que defiende los intereses de las entidades financieras y de los especuladores. (Aplausos).
Tenemos la obligación de cumplir la normativa internacional en materia de derechos humanos. Lo he dicho en esta tribuna varias veces, pero es que lo están diciendo las organizaciones de derechos humanos y lo dice el Comité DESC de Naciones Unidas, Observación general 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que nuestro Estado es parte, y además ahora con un protocolo facultativo, con procedimientos y dictámenes en contra que son de obligado cumplimiento. A ver, sencillo, fácil de comprender para todo el mundo: los desalojos forzosos sin alternativa habitacional están prohibidos y son una violación de derechos humanos, y esta norma se tiene que adaptar a eso. (Aplausos).
Otra cosa sencilla y que viene a responder a la realidad, porque esta es una ley llena de cicatrices y del sufrimiento de nuestro pueblo, es que resulta que a la gente les daban préstamos hipotecarios antes y después de la crisis por un monto supuestamente del mismo valor del bien hipotecado y resulta que se quedaban con deudas perpetuas. ¿Por qué era eso? Hay dos artículos de la Ley hipotecaria,
el 105 y el 140, que resulta que son opcionales para que las partes decidan. ¿Saben lo que pasa? Que en los préstamos hipotecarios, que son para acceder a un bien de primera necesidad, quien pone las condiciones son las entidades financieras. ¿Cuáles han sido las condiciones que han puesto siempre? Responsabilidad universal, es decir, te quito la casa y te condeno a una deuda de por vida. Nosotras y nosotros creemos que eso es un abuso que han perpetrado todas las entidades financieras de este país y que es necesario que el Estado, de una vez por todas, se ponga del lado de la población, es decir, que limite la deuda al bien hipotecado: responsabilidad limitada, artículo 140 de la Ley hipotecaria, que sea imperativo para los consumidores y las consumidoras. Que si se quiere hacer un préstamo personal, sea un préstamo personal, y si es un préstamo hipotecario, que sea un préstamo hipotecario. Pero, por favor, evitemos que engañen a la gente, que es lo que han estado haciendo durante todo este tiempo las entidades financieras.
Creíamos también que era importante hablar del vencimiento anticipado, lo hemos comentado. Pero le voy a corregir una cosa, ministro, tiene que repasarse las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: ninguna norma puede moderar lo contenido en un contrato. Le voy a decir una cosa muy sencilla que a algunos jueces de nuestro país les ha costado y se lo ha recordado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: lo que es nulo es nulo y se tiene por no puesto. (Aplausos). Si las cláusulas de vencimiento anticipado incluidas en los contratos de la gente trabajadora de este país son nulas, no hay ley que lo subsane, no hay cláusula de vencimiento anticipado en ese contrato. Es sencillo de entender, aunque duro de asumir por los balances de las entidades financieras que están sostenidos sobre el sufrimiento de mucha gente en este país. Es algo tan sencillo como saber a quién le debemos el dinero, habrá que saber quién es nuestro acreedor en un préstamo hipotecario. Sería interesante poder saberlo, ¡digo yo! Pues los fondos de titulización hipotecaria dificultan saber a quién le debes el dinero. ¿Y qué ha supuesto esto? Que ha habido muchos bancos que han ejecutado préstamos que no son suyos, y con eso hay que acabar. Lo que tiene que haber es derecho a saber a quién le debemos el dinero, es decir, que si se va a titulizar, se inscriba en el Registro de la Propiedad para que todas las personas sepan quién está legitimado para pedirle la deuda, porque hay miles de procedimientos de ejecución hipotecaria sin legitimación activa por parte de las entidades financieras en los que se está ejecutando sin tener legitimación para hacerlo por las entidades financieras.
Creemos también que es necesario dar seguridad en el tráfico. Cuando hablamos de seguridad vial todo el mundo lo tiene claro. Cuando hablamos de seguridad vial, si un señor o una señora que se dedica a saltarse los semáforos, se le pone una multa, y si además lo hace de forma sistemática poniendo en peligro la vida de las personas, se queda sin posibilidad de conducir. Nosotros lo que estamos planteando es algo sencillo, darle cierta seguridad al tráfico, es decir, evitar eso que nos comentaban cuando hicieron el decreto de las cláusulas suelo, ¿se acuerdan?, que resulta que dificultaban la capacidad de defensa de las personas hipotecadas quitándoles las costas en el procedimiento judicial, supuestamente para evitar la litigiosidad. Nosotros le proponemos una manera mejor para evitar la litigiosidad, señor ministro. Le vamos a decir a los bancos: si les enganchamos con cláusulas abusivas en los contratos, los sancionamos, y si les enganchamos muchas veces, les quitamos la posibilidad de conceder préstamos hipotecarios, por atentar contra la seguridad en el tráfico en nuestro país. (Aplausos).
No estamos proponiendo grandes cosas, estamos proponiendo simplemente que se cumpla la legislación europea y la legislación internacional en materia de derechos humanos, un paso pequeñito. El texto que planteamos es el texto base para discutir con el conjunto de los grupos, para enriquecerlo con el conjunto de los grupos. Pero la pregunta es: ¿con quién queremos hacerlo, con qué texto lo queremos hacer?, ¿con el texto del señor De Guindos, que es el texto que viene de la mano de las entidades financieras, o con el nuestro como texto base? El resultado que salga de aquí no va a ser el texto de Unidos Podemos, ni siquiera los contenidos de nuestro texto son nuestros porque, vuelvo a insistir, forman parte de las aportaciones que ha estado haciendo durante todo este tiempo la sociedad civil. Pero le digo una cosa más, señor ministro, hay un principio de derecho europeo que hay que cumplir cuando se habla de derecho de consumidores, que es el principio de pro consumatore. ¿Qué quiere decir? Que el Estado se tiene que poner del lado de la parte débil y aquí hay una parte débil que es la población y una parte fuerte, que ha quedado acreditado que abusa de la población, que son las entidades financieras. Hay que posicionarse. El Estado no es imparcial sino que está para acabar con las desigualdades y para proteger a los débiles frente a los abusos de los fuertes. Por eso queremos que esta ley ponga al Estado del lado de la gente frente a los especuladores y frente a los buitres.
Quiero decirle una cosa más. Durante todos estos años de crisis nuestro pueblo nos ha enseñado muchas cosas, pero esencialmente una: que la esperanza vence al miedo y que, cuando la gente de abajo se mueve, sí se puede.
Gracias. (Aplausos.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, vueltos hacia la tribuna pública).
La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Egun on.
Euskal Herria Bildu apoyará la enmienda a la totalidad por entender que nos aporta un mejor punto de partida para realizar una ley que proteja realmente a los consumidores frente a la banca y no favorecer a estos últimos, como pretende el Gobierno, que lo quiere hacer como si no hubiera sentencias que le vienen recordando que no está protegiendo los intereses de las personas consumidoras. Y es que de nada le sirven al Gobierno las innumerables sentencias en contra de las cláusulas abusivas que pasa a legalizarlas por medio de su propuesta, algo del todo inaceptable. No solo eso, el Gobierno comparte el temor de los bancos a lo que pueda dictar el Tribunal de Justicia Europeo y a que se puedan declarar nulas dichas cláusulas y, en lugar de esperar a la sentencia, corre a reformar la ley, a legalizar los intereses de demora, cuando sabe que es probable que la sentencia se lo impida, así como abrir un procedimiento de ejecución hipotecaria ya que el banco solo podría reclamar sobre las cuotas adeudadas y no sobre la totalidad del capital pendiente. Y todo ello aunque ya el Supremo había anulado los intereses de demora abusivos. Por tanto, nos parece acertado que en la enmienda se fije la limitación de estos a un máximo de 2 puntos por encima del interés remuneratorio ya que, de aprobarse el proyecto del Gobierno, este se triplicará al que se cobra hoy.
Apenas tengo un par de minutos y no puedo entrar a todas las cuestiones, pero encuentro interesante el tema de la transparencia material con medidas de control que posibilitarían que no se incluyeran cláusulas potencialmente abusivas. No podemos seguir sometiendo a la ciudadanía a cláusulas que se van retirando a golpe de sentencia judicial, que llegan tras producir efectos negativos en las personas consumidoras durante años y que muchas no recuperan. Sería bueno que el Banco de España o los órganos competentes en cada territorio tuvieran atribuciones reales y no meramente informativas, o bien que se cree un órgano judicial que realice esa función, pero que sea efectiva y preventiva junto a las necesarias medidas sancionadoras.
Termino con otras dos cuestiones que me parece importante señalar de la enmienda y que conviene debatir, de las que hablaremos si tenemos ocasión en el futuro: el tema del vencimiento anticipado, que mencionaba el señor Mayoral -otra cláusula abusiva-, y todo lo referente a las competencias de las comunidades autónomas y el respeto a su capacidad para aumentar la protección de las personas consumidoras.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
Me permitirán una broma: Rafa, se podría haber dicho más bajo, pero no más claro. (Risas). En ese sentido, quiero decir que Compromís va a apoyar esta enmienda a la totalidad, por supuesto, porque en esta Cámara uno debe saber de qué lado está. Nosotros estamos con la gente, con las personas, con los que padecen estos abusos de las grandes empresas y evidentemente no vamos a estar con los bancos. Votaremos a favor pero no se aprobará y, si se aprobara, pasaría lo que todos ya sabemos: la historia interminable.
Miren, el Estatuto valenciano lleva desde noviembre de 2016 cuarenta y ocho ampliaciones de enmiendas; la Ley del Tribunal Constitucional, desde febrero de 2017, treinta y ocho ampliaciones de enmiendas; la Ley mordaza, desde abril de 2017, veintinueve periodos de ampliación enmiendas; la Ley del indulto, desde marzo de 2017, treinta y dos; educación, desde diciembre de 2016, cuarenta y una; la dependencia, desde abril de 2016, treinta, y el salario mínimo, desde septiembre de 2016, cuarenta ampliaciones de periodos enmiendas. De esto hablamos. Esto es el Poder Legislativo, aquí estamos para legislar, no para impedir que se legisle, y algunos están impidiendo que esta Cámara legisle, para bien o
para mal. Recuerdo la legislatura de mayoría absoluta del PP y a estas alturas llevaba no sé cuántas leyes. Ahora, señor ministro, más allá de algunas trasposiciones de mandatos europeos, poca cosa.
Acabo ya. Aquí hay mucho teatro, mucho postureo, mucha farsa, o lo diré con palabras del señor Rajoy: un rigodón, que es una danza a dos. El señor Rivera y el señor Rajoy aquí se dicen de todo, pero luego, en la Mesa, impiden que se discutan todas estas leyes, y son leyes -y acabo, señora presidenta, muchas gracias por su amabilidad- que afectan a la vida de las personas, de eso hablamos; y eso espera de la gente de nosotros: que legislemos, no que bailemos un rigodón una semana sí y otra también.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor ministro, señorías.
En primer lugar, si algún reproche se le puede hacer al Gobierno y se les puede hacer a todos en conjunto es que seguramente esta iniciativa legislativa llega con retraso. Efectivamente, se traspone parcialmente la Directiva 2014/17 pero se podría haber hecho con anterioridad. No obstante, ya les avanzo que nuestro grupo va a presentar enmiendas al texto que presenta el Gobierno porque entendemos que es mejorable. Pero yo tengo que ser honesto, también les agradecemos que nos lo hayan planteado con antelación, y ya les dijimos que algunos aspectos no los compartíamos pero que entendíamos que se debía iniciar la tramitación parlamentaria.
Nos parece acertado que en algunos aspectos vaya más allá de la propia directiva; que los autónomos y los emprendedores, cuando ponen en riesgo su vivienda habitual, se vean acogidos por esta legislación nos parece un acierto. En cambio, no vamos a apoyar la iniciativa de Podemos, no porque no haya algunos aspectos que podamos compartir -incluso algunas de las quince disposiciones adicionales que plantea las podemos apoyar en la tramitación parlamentaria-, pero ustedes sí que no nos consultaron para nada el texto alternativo. No voy a hacerles ninguna crítica porque lo han presentado y, por tanto, eso ya les honra. Entendemos que es bastante mejorable al menos desde el punto de vista técnico y en algún contenido y, en todo caso, nos emplazamos junto con toda la Cámara para poder mejorar el texto cuya tramitación parlamentaria se va a iniciar en el día de hoy.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Señorías, egun on, buenos días.
Me gustaría realizar una serie de reflexiones, porque ya se nos está diciendo que la ley que presenta el Gobierno es una ley mala, que no resuelve nada y que obedece a intereses bancarios, pero creo que la cuestión no tiene que ir por estos derroteros o extremos. La crisis financiera ha evidenciado una mala regulación, un crecimiento excesivo de créditos y una mala praxis de las entidades a la hora de concederlos, pero no de todas, porque también hay quien no lo ha hecho mal, y también ha habido personas que han sido más o menos cautelosas a la hora pedir un crédito. Lo que quiero decir es que la atribución de culpas no depende solo de la limitada regulación hipotecaria o de la mala praxis de las entidades bancarias, sino también de otros factores, por lo que tenemos que intentar lograr un equilibrio en toda la regulación, teniendo en cuenta que hay que dar una mayor protección a las personas que se endeudan para comprar una vivienda o un inmueble. Una entidad bancaria ha de ser cauta, rigurosa y prudente a la hora de conceder un crédito, de tal manera que el análisis del riesgo debe presidir esta concesión, pero sin olvidarnos también de que su negocio es el de prestar dinero y que la respuesta a determinadas medidas específicas que se demandan en torno a la vivienda está también en manos de las comunidades autónomas que tienen competencia en esta materia. Después de todo esto, los operadores económicos habrán aprendido algo.
Dicho esto, señor ministro, señoras y señores diputados, nuestra formación política no va a apoyar esta enmienda a la totalidad y vamos a intentar razonarlo. Entendemos que es una ley importante -de las más importantes que se van a tramitar- y creo que en esto todos vamos a estar de acuerdo, porque, como he dicho, es consecuencia de la crisis financiera que ha vivido España que llevó a una masiva concesión irresponsable de créditos con terribles consecuencias para numerosas familias. Además,
estamos en una sociedad que ha aceptado con normalidad el hecho de hipotecarse para comprar una vivienda y las entidades financieras han usado esta figura para captar familias y clientes y venderles también otra serie de productos cruzados. Por lo tanto, es una ley consecuencia de las numerosas sentencias de los tribunales europeos y de la trasposición de la Directiva 2014/17/UE, que se hizo eco de las consecuencias de la crisis. Es verdad que la directiva tenía que haberse traspuesto en 2016, constatándose un retraso considerable que, en nuestra modesta opinión, es imputable también en parte al Gobierno.
Quiero hacer una reflexión también al grupo proponente de la enmienda a la totalidad. Leyendo su enmienda y el texto propuesto, coincidimos en algunas reflexiones tanto de la exposición de motivos como de algunas partes del articulado. Hay que reconocerles además el trabajo que han realizado al traer este texto alternativo cuya comparación es muy fácil, ya que sigue la misma estructura que el presentado por el Gobierno. Algunos artículos coinciden literalmente y otros se especifican mucho más, como el de la TAE. También hay un articulado nuevo, sobre todo en materia de titulización hipotecaria, y en otros difieren con el del Gobierno, por ejemplo, en los intereses de demora. Pero tampoco estamos de acuerdo con el mismo al cien por cien porque, además, nuestro grupo -tengo que decirlo- ya empezó a trabajar con el texto remitido por el Gobierno que hemos valorado positivamente en cuanto que regula cuestiones hasta ahora no reguladas: conversión de préstamos en moneda extranjera y otras como la inclusión del autónomo, información al prestatario, solvencia, vencimiento anticipado, así como cuestiones competenciales que para nosotros son muy importantes porque se abordan los puntos de conexión para la atribución de la competencia a las comunidades autónomas en determinados aspectos regulados por el proyecto de ley. En definitiva, creemos que se encamina a una regulación en la que la asunción de riesgos es más prudente y que cuenta con fórmulas flexibles para la evolución del préstamo ante circunstancias adversas.
Por lo ya mencionado, entendemos que sería mejor ponernos a trabajar todos los grupos sobre ese primer texto y trasladar las enmiendas que se crean oportunas porque, además de que creemos que en estos momentos sería más operativo, redundará también en beneficio de la ciudadanía y en lograr un equilibrio de los derechos y obligaciones de todos los operadores que juegan en este campo, dando solución, por tanto, a los desafíos pendientes en esta materia. Porque una regulación hipotecaria estable y precisa es esencial porque, además, el mercado de la vivienda genera impactos muy importantes en la economía en su conjunto. Tampoco estamos de acuerdo al cien por cien con la propuesta del Gobierno. Por ello entendemos que hay que continuar el trámite parlamentario sin dilación, presentar enmiendas y, entre todos, ponernos de acuerdo. En este sentido, quiero recordar al grupo proponente que ya hemos tenido ocasión de trabajar en otra ley de mucha envergadura, la Ley de Contratos del Sector Público, en la que llegamos entre todos a un amplio consenso, lo cual nos ha permitido tener una ley muy distinta a la presentada y, lo que es más importante, una ley muy mejorada. No nos tenemos que olvidar de que la actual aritmética parlamentaria nos abre la posibilidad de llegar a acuerdos entre diferentes, consiguiendo una ley más eficaz, eficiente y equilibrada para todos los operadores en cuanto a sus derechos y obligaciones y consecuencias, como ya he dicho. Además, también estamos de acuerdo con algunas cuestiones planteadas por ustedes en las que, vía enmiendas y también en aquellas en las que hay divergencias, se podría llegar a acuerdos. Tengo que comentar que muchos de ustedes y yo misma nos hemos quejado muchas veces de que el Gobierno hace un excesivo uso del real decreto-ley, muchas veces sin posibilidad de tramitarse como proyecto de ley. Ya que tenemos esta posibilidad, será mejor utilizarla.
Es primordial tener cuanto antes una regulación reforzada del contrato de crédito inmobiliario y es que la hipoteca es el instrumento principal para adquirir una vivienda u otro inmueble. Cuando los ciudadanos, empresarios o empresarias contratan un préstamo inmobiliario se endeudan por un largo periodo de tiempo, por lo que es necesario que conozcan claramente no solo el producto que contratan, sino también los riesgos que asumen. Es necesaria la recuperación de la confianza en el sector financiero perdida, entre otras causas, por la actuación irresponsable de los prestamistas en la concesión de créditos que ha hecho que los prestatarios tengan numerosas dificultades para hacer frente a dichos préstamos. Asimismo, ha de servir para una mayor protección de los consumidores y también para que los jueces dispongan de una normativa más segura para la toma de decisiones. Por tanto, nuestro grupo va a posicionarse en contra de esta enmienda a la totalidad pero también manifestamos la predisposición no solo a enmendarla parcialmente, sino también a ser capaces de acordar y negociar aquellas enmiendas que interpongan otros grupos porque, en definitiva, consideramos necesaria una regulación más transparente, que
garantice mayor información, protección y seguridad a la hora de contratar estos productos. No se trata de hablar de bandos o de lados, como decía el señor Baldoví, sino de lograr un equilibrio y una regulación sensata para todos los operadores de este sector.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Molt bon dia. Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.
Hace 122 días que Jordi Cuixart y Jordi Sànchez se encuentran privados de libertad, son presos políticos, igual que el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, y el conseller d'Interior, Joaquim Forn, que llevan 105 días. (Aplausos).
Gracias, señor ministro, señor De Guindos, por presentarnos tarde un proyecto de ley regulador de los contratos de crédito inmobiliario, y también mal, permita que se lo diga, desde el punto de vista de Esquerra Republicana. Ya nos tienen acostumbrados a presentar tarde los proyectos, incumpliendo las directivas europeas. Esto ya se lo he dicho en más de una ocasión desde esta tribuna, es ya un clásico del Gobierno del Reino de España. Ustedes, que nos señalan tanto con el dedo a quienes -según dicen ustedes- incumplimos la ley, siempre están con la espada de Damocles, siempre con un proceso sancionador, siempre con la amenaza de la multa al Estado español. Así ocurre con infinidad de proyectos de ley y directivas que tienen que ser traspuestas.
¿Qué no nos gusta de su proyecto de ley, señor De Guindos? Aquí tengo que agradecer el ingente trabajo de entidades y asociaciones de usuarios y consumidores, entre ellos Adicae, que nos han abierto los ojos en muchos de estos aspectos, como ya ha anunciado el portavoz de Unidos Podemos, el señor Mayoral.
Para empezar, tal y como han denunciado distintas asociaciones de usuarios, es una ley que no protege al consumidor, sino que supone un claro retroceso y un empeoramiento de su posición respecto del actual desequilibrio que ya existe en relación con la banca. Es un clásico, la banca siempre gana y, además, gana muchísimo. De hecho, de nuevo, este proyecto de ley no resuelve bien casi ninguno de los gravísimos problemas surgidos en España a raíz de la crisis, que han tenido respuesta en los tribunales y, además, como siempre, han tenido que tener respuesta en los tribunales europeos. ¡Qué cosas! Al final siempre nos quedará Europa, porque si tenemos que depender de los tribunales españoles, vamos aviados.
Voy a abordar las cuestiones que no nos gustan de su proyecto de ley, por ejemplo, el interés moratorio. Su proyecto de ley contempla un interés moratorio único, que triplica el vigente y lo eleva prácticamente al 9 %, a pesar de la doctrina del Tribunal Supremo. ¿Qué necesidad tienen de que los bancos abusen de nuevo de los consumidores y ahorradores en riesgo de exclusión? En cuanto a las cláusulas de vencimiento anticipado, el esquema definido en su propuesta no cumple tampoco con la jurisprudencia europea. En materia de transparencia, notarios y registradores -por cierto el Colegio de Registradores se ha quejado de su proyecto de ley, no le gusta tal cómo está reflejado- entienden -y no únicamente lo dicen los notarios, también lo dice el Consejo General de la Abogacía Española- que ustedes con este proyecto de ley tratan de hacer desaparecer la transparencia material, intentando que el mero suministro de información sea una prueba previa de que se ha superado el control y planteando la participación del notario con un papel que solo termina beneficiando a los de siempre: a las entidades financieras, a las entidades bancarias.
¿Por qué nos gusta el texto alternativo de Unidos Podemos? No nos gusta todo lo que proponen, pero nos gusta más que lo que han propuesto ustedes desde el Gobierno, por lo que es evidente que le vamos a dar nuestro apoyo. Para empezar, intenta poner encima de la mesa la visión global del problema de la vivienda. Ustedes me dirán que esto ahora aquí no toca y que es objeto de otras leyes y de otras acciones políticas, pero estarán de acuerdo en que esto afecta a eso que tanto les preocupa a ustedes, a la demanda social, es decir, si realmente en la calle hay voluntad de que se regulen determinadas cosas. Es evidente que sí, y eso sería hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución española, esa Constitución cuyo cumplimiento a ustedes tanto les gusta invocar. Empiecen por estas cuestiones sobre las que sí existe una demanda social en la calle: que se garantice el derecho a la vivienda, a una vivienda digna, que se fomente el régimen de alquiler y que se potencie un parque público de alquiler social. (El señor vicepresidente primero, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).
El texto alternativo al proyecto de ley que plantea Unidos Podemos va por ahí, y aunque solo fuese por este aspecto, nosotros le daríamos apoyo. Además, habla de mayor transparencia y claridad de los contratos, así como de la protección de quien va a comprar una vivienda y, por ello, intenta reforzar el equilibrio necesario que debe existir entre las partes en toda relación jurídico-contractual. Igualmente, se potencian las garantías de aquel que está en una situación de debilidad frente a otro que, como hemos podido comprobar a lo largo de muchísimos años, es decir, desde que nació la banca, siempre está en una situación de preeminencia. Como novedad se establece el derecho del prestatario a reembolsar con carácter general todo o parte del préstamo sin tener que soportar comisiones o compensaciones para el prestamista. Asimismo, se prohíbe a notarios y registradores autorizar a inscribir contratos o negocios con cláusulas contrarias a normas declaradas nulas por el Tribunal Supremo y por el Tribunal de Justicia Europeo, que también le enmendó la plana al Tribunal Supremo. ¡Qué cosas pasan en España! También impulsa a favorecer la subrogación y los cambios en los préstamos cuando tengan por finalidad la modificación del interés variable a uno fijo.
Voy finalizando, si me permite, señor presidente. Un aspecto con el que no estamos de acuerdo -y Esquerra Republicana lo ha denunciado de forma sistemática- es la introducción de la dación en pago de la vivienda habitual, algo que siempre hemos entendido como la gran miseria, es verdad. Es verdad que hasta ahora significaba que continuabas debiendo dinero al banco, pero, en todo caso, para nosotros ha sido la gran miseria, porque al final han sido muchísimas las personas que se han quedado en la calle, y han sido, en definitiva, las administraciones locales y las comunidades autónomas las que han tenido que buscar una solución, repito, no el Estado, sino las administraciones locales y las comunidades autónomas.
Si me permite, señor presidente, concluyo diciendo que nos encontramos con una propuesta -su propuesta, señor De Guindos, el proyecto de ley que hoy nos presenta usted- que supone un claro retroceso y un empeoramiento de la posición del consumidor frente al prestamista respecto a la situación de desequilibrio que ya existe con la ley actual. De lo que estamos hablando aquí no es del dilema de si favorecer a la banca o a los ciudadanos ahorradores, porque ustedes ya tienen claro a quién quieren beneficiar: cómo podemos favorecer a la banca sin que lo parezca. Aquello que decía Felipe V cuando propugnaba cuestiones relativas a Cataluña, esto es, que se consiga el efecto sin que se note el cuidado, ustedes lo aplican a las ayudas constantes a la banca, y este proyecto ley, a criterio de Esquerra Republicana, es un claro ejemplo de esto.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Capella.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez García.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro. Buenos días, señorías.
Esta mañana, señor ministro, no le hablaré de los plazos para traer la trasposición, porque ya se lo he recordado en anteriores sesiones y creo que ya vale de recordárselo por esta vez.
Esta mañana debatimos un proyecto de ley y una enmienda a la totalidad, que nos presenta el Grupo de Unidos Podemos, sobre una ley muy importante, muy importante por las personas a las que afecta, porque prácticamente todos los españoles tenemos que firmar una hipoteca a la hora de adquirir nuestra vivienda, y muy importante por las consecuencias que esta firma conlleva. Se trata de un préstamo, de un contrato que dura más de veinte años de media, una duración superior a lo que están durando actualmente los matrimonios, así que nos podemos hacer una idea, y supone una gran inversión para las familias, ya que es la mayor inversión que hace una persona a lo largo de su vida. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo importante que es este contrato para las personas, tenemos que tener claro que debemos hacer una regulación clara, precisa y nítida que otorgue seguridad jurídica a todos los operadores, pero ante todo y sobre todo que proteja y garantice los derechos de los consumidores. Debemos proteger a los consumidores de los abusos y de las malas praxis que han venido cometiendo las entidades bancarias. Les daré simplemente algunos datos de lo que ha pasado en España en estos últimos años.
En la última memoria del Consejo General del Poder Judicial se indicaba que en 2007 se presentaron 25 943 ejecuciones hipotecarias y que en 2010 se alcanzó su número máximo, con un total de 93 636. Para que se hagan una idea de lo que esto supone, viene a ser el equivalente a la población de una ciudad como Santiago de Compostela. Es verdad que desde ese máximo se han reducido y que en 2016 se presentaron 48 410 ejecuciones hipotecarias, pero aún así las cifras son demasiado altas. En las
conclusiones recientes de los jueces decanos de Madrid, unas conclusiones de octubre de 2017, se decía que en apenas cuatro meses y medio, solo en Madrid, se habían presentado 22 234 asuntos en materia de acciones individuales sobre condiciones generales de contratación. Con estas cifras, que nunca debemos olvidar que representan a personas, nos podemos hacer una idea de la magnitud del problema. Hasta ahora, por desgracia y como viene siendo habitual, ha tenido que ser Europa, a través de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de las directivas que ha impulsado, la que ha intentado solucionar el problema y defender a los consumidores. Nosotros creemos que ha llegado la hora de proteger de una vez por todas a todos los que firman una hipoteca, que el banco y el prestatario se encuentren en igualdad de condiciones y que la hipoteca no sea una carga que lastre la vida de las personas para el resto de sus días.
Aun reconociendo que el proyecto de ley presenta bastantes lagunas que deben ser solucionadas y que se trata de una trasposición de mínimos de la directiva europea, consideramos que el camino que ha seguido el Grupo Podemos no es el adecuado. Por eso, nosotros presentaremos muchas y profundas enmiendas en el trámite correspondiente, pero no apoyaremos su enmienda a la totalidad, porque consideramos que no es sensata ni realista. Ustedes proponen, por ejemplo, la dación en pago universal, cuestión en la que nos surgen las dudas. ¿Consideran ustedes que es lo mismo una familia que se ha comprado un piso y no puede pagar que aquella persona que se compra un chalé de un millón de euros? Nosotros creemos que no es lo mismo y que no se les debe tratar igual, por tanto, ese es un tema en el que debemos entrar. Por otra parte, ustedes demonizan las entidades bancarias y con su propuesta prácticamente se cargarían el sector bancario. Sabemos que a ustedes lo que les gustaría sería tener una banca pública al estilo de las cajas de ahorros, esas que nos han costado 60 000 millones de euros a todos los españoles, pero aunque a ustedes no les guste el sector bancario, o mejor dicho, solo les guste el sector bancario que controlan, nosotros consideramos que es necesario para que la economía crezca. Además, ustedes hablan mucho, y podremos estar de acuerdo en muchas cosas, pero luego, cuando llega la hora de la verdad, vemos que no cumplen. La señora Carmena prometió hacer cuatro mil viviendas sociales y vemos que va a terminar su mandato sin haber llegado ni a mil. Esas son las realidades y eso es lo que ustedes hacen después de hablar tanto.
Nosotros sí nos preocupamos de aquellos a los que les ha ido mal o de aquellos que se han caído. Creemos que es necesario ayudarles para que se vuelvan a levantar, por eso presentamos una ley de segunda oportunidad, para que aquellas personas que se han caído se puedan volver a levantar, ley que esperemos que ustedes apoyen. Por supuesto, nos preocupamos también por los consumidores y, por ello, en el acuerdo de investidura propusimos la creación de una autoridad independiente de protección del consumidor, para que no sea el Banco de España el que proteja al consumidor, porque se produce un conflicto claro y nítido de intereses si el Banco de España se dedica por un lado a proteger al consumidor y por otro a proteger la solvencia de la banca. Por tanto, tenemos que separar ambas instituciones, pero por desgracia vemos que en esto al Gobierno también le cuesta cumplir.
Creemos que el proyecto de ley es poco claro y, como viene siendo habitual, poco ambicioso. Hay elementos que no están bien regulados y que pueden generar problemas; hay demasiadas remisiones a normas ministeriales; no está bien recogido el concepto de crédito irresponsable: qué es, cuándo ocurre y qué consecuencias tiene; no introduce un tema novedoso que podría ser bueno para España, como es el de los ficheros positivos de solvencia; no resuelve adecuadamente el problema de las tasaciones ni qué ocurre con los contratos preexistentes; y también se debe revisar la regulación que se ha hecho de los intereses de demora. En resumen y para terminar, creemos que el proyecto del Gobierno no resuelve definitivamente el problema ni garantiza que dentro de unos años no volvamos a tener una nueva crisis como la que hemos sufrido, pero el camino que nos propone Podemos tampoco es el adecuado. Por ello, votaremos en contra de la enmienda a la totalidad, pero ya les decimos que les esperamos en el trámite de enmiendas -creemos que podremos encontrarnos en muchos temas- y que allí haremos una revisión profunda del proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Saura García.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, una reforma hipotecaria, una política de vivienda debería buscar, a nuestro juicio, al menos tres objetivos: en primer lugar, un acceso social a la vivienda para los jóvenes, para los ciudadanos; en
segundo lugar, un equilibrio real entre los consumidores y las entidades financieras y que no se trasvase tanto riesgo como se ha trasvasado en estos años anteriores de las entidades financieras a los consumidores; y, en tercer lugar, cortar la especulación que nos llevó a una crisis financiera y económica de caballo.
¿Estos tres objetivos los cumple el texto del Gobierno? No. Yo ya me lo esperaba, por otra parte, porque es un texto que está, como siempre, del lado de las entidades financieras: arrastran los pies; de hecho, las entidades financieras están cómodas. Si siguen ustedes las declaraciones de los principales dirigentes de estas entidades, no están en contra del proyecto del Gobierno. Esta es la realidad. Por tanto, mi sorpresa ha sido cero; efectivamente, no se iban a cumplir los objetivos que he planteado al principio de mi intervención. Pero mi sorpresa se produce cuando me he puesto a leer el texto de Podemos, porque podemos compartir objetivos, principios, valores, pero el texto es muy importante, y en él no se resuelven las carencias del texto del Gobierno y, además, en algunos casos el consumidor puede estar más desprotegido en relación con las entidades financieras. Este es un problema de fondo. Con su intervención, señor Mayoral, me ha pasado lo mismo que con la señora Ada Colau en relación con las viviendas, porque primero planteó las superviviendas y al final ha acabado con los barracones para la gente que más dificultades tiene de la sociedad catalana. (Aplausos). Por tanto, señor Mayoral, puedo estar de acuerdo con muchas de las cosas que usted ha dicho en su intervención, pero lo que se vota hoy no son las declaraciones de los portavoces aquí ni los discursos, lo que se vota es el texto; ni siquiera la declaración de principios, sino el texto. Eso es muy importante; ahora hablaremos del texto. Eso es, insisto, lo importante. No se votan los discursos. Podemos estar de acuerdo con los principios, pero lo que se vota es el texto. (Aplausos). Y eso es muy importante, porque en este momento hay una desprotección de los consumidores evidente y una especulación de caballo, y eso es lo que tenemos que corregir con el texto y la alternativa que está planteando el Partido Socialista.
En relación con lo que ha planteado el Gobierno tengo que decir algunas cosas. En primer lugar -porque es nuclear-, el control de transparencia no debe ser meramente formal, sino que ha de garantizar el conocimiento y la comprensión efectiva. Es decir, las entidades financieras tienen que garantizar que los consumidores conocen las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que implica lo que están firmando. Eso no está en el texto del Gobierno, pero tampoco está en el texto de Podemos desgraciadamente. En segundo lugar, nosotros pensamos -y lo hemos dicho en nuestro programa electoral- que debe haber una autoridad independiente de defensa del consumidor financiero. ¿Para qué? Para controlar la publicidad que realizan las entidades financieras. ¿Para qué? Para poner sanciones. Eso es lo que planteamos nosotros. Eso no está en el texto del Gobierno y tampoco está en el texto de Podemos. (Aplausos). Es muy importante. Estamos hablando de cuestiones nucleares para la defensa del consumidor. En el texto del Gobierno no está la dación en pago ni la regulación de la dación en pago, señorías, pero en el texto de Podemos tampoco está; ni se favorece la dación en pago ni la regulación de la dación en pago. Tampoco está, señorías. (Aplausos). Parece sorprendente, pero es así. Otro elemento nuclear para los consumidores, para los ciudadanos, para la gente joven, ya no solo para el Grupo Socialista, es la evaluación de la solvencia del prestatario por parte de las entidades financieras. No se incluye una supervisión de los protocolos ya sea por parte del Banco de España, de la autoridad de defensa del consumidor financiero o de una autoridad macroprudencial. Eso no se incluye y es básico para, entre otras cosas, evitar la especulación en el futuro. Eso no está en el texto del Gobierno ni tampoco en el texto de Podemos. ¿Son cuestiones nucleares para el Grupo Socialista? No. Es una demanda de las asociaciones de consumidores, es una cuestión obvia y fundamental. Por tanto, los principios programáticos son muy importantes, siempre, en toda labor política, pero además de los principios programáticos es muy importante el rigor, porque, si no, los consumidores pueden estar peor de lo que están en este momento, y ya es decir.
En relación con el texto de Podemos, un par de cuestiones más. En primer lugar, se concluye que hay una diferencia entre derechos de prestatarios en función de la comunidad autónoma donde viven, es decir, habría en nuestro país consumidores hipotecarios de primera y consumidores hipotecarios de segunda. Va contra la sentencia del Tribunal Constitucional. Acaba con las competencias del Banco de España. Nosotros creemos que esto no puede ser. Todos los españoles tienen que tener los mismos derechos en relación con el consumidor hipotecario, y aquí se plantean españoles de primera y españoles de segunda desde el punto de vista del consumidor hipotecario. Y, por supuesto -termino ya-, la nulidad del préstamo, tal como se propone para las rentas más bajas, ante la circunstancia de que el banco no haga su trabajo, implicaría que el consumidor sale perjudicado porque tendría que devolver la totalidad del
préstamo, y ese no es el camino. El camino es declarar nulas las cláusulas no transparentes. Ese es el camino, eso es lo que aconsejan los expertos, no desfavorecer al pequeño consumidor.
Termino ya, señor presidente, señorías. Lo que se vota hoy aquí no es el texto del Gobierno, sino la enmienda a la totalidad de Podemos. Ni siquiera se votan los discursos que se han hecho aquí, que -insisto- nosotros podemos compartir. Lo que se vota es el texto articulado. Desde nuestro punto de vista -termino ya- ese texto articulado no solo no resuelve las carencias del Gobierno -es un texto que está del lado de las entidades financieras-, sino que además puede perjudicar al consumidor.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Saura.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Floriano Corrales.
El señor FLORIANO CORRALES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, dos de las páginas más brillantes que escribieron los liberales españoles del siglo XIX para terminar con el Antiguo Régimen fueron considerar España una nación de ciudadanos libres, iguales y sometidos al imperio de la ley y suprimir el régimen señorial de la tierra. Comienzo así porque en este marco es en el que tenemos que entender lo que hoy planteamos, que es la reforma de la Ley Hipotecaria. Así es, señorías. Todo el proceso liberalizador de la tierra que se desarrolló en el siglo XIX se hizo con el propósito de incorporarla al comercio, al comercio como inmueble y al comercio como garantía para obtener el dinero, el crédito suficiente para poder acceder a la propiedad. Sin embargo, esto no era fácil, porque no se sabía en qué condiciones estaba la propiedad que se quería adquirir, no había registro. De ahí que el gran éxito del legislador, de los liberales de 1961, fuera instituir el Registro de la Propiedad. Los adquirentes podían conocer cuál era la situación en la que se encontraba lo que adquirían y quienes daban un crédito sabían exactamente cuál era la calidad de la garantía real que le ofrecían a cambio de su dinero.
Si la Ley Hipotecaria de 1861 instituyó el Registro de la Propiedad para proteger a los adquirentes y a los acreedores hipotecarios frente a terceros poderosos -recuerden ustedes que estábamos en los años de la desamortización-, la Ley Hipotecaria de 2018, esta reforma, nace para protegernos de las cláusulas abusivas presentes o que puedan surgir en el futuro, impuestas por quienes tienen una posición dominante en la relación contractual. Si se estudia la historia de la legislación hipotecaria española se puede comprobar que es una sucesión de pasos para proteger a quien quiere comprar un inmueble y no tiene dinero para hacerlo pero sí puede obtenerlo ofreciendo como garantía el bien hipotecado. Esto es lo que hacemos hoy, dar pasos para proteger a los adquirentes.
En este contexto, señor Mayoral, es evidente que siempre se pueden dar más pasos a favor de la seguridad, a favor de proteger a los adquirentes y a los prestamistas, a favor de reequilibrar la relación. Es cierto que se pueden dar muchos más pasos a favor de la transparencia, es cierto, pero también reconocerá conmigo que no podemos olvidar que el 80 % de las familias de nuestro país, de las clases medias de nuestro país, hoy tienen una vivienda en propiedad, lo cual nos hace pensar que el mercado hipotecario, con problemas, con defectos, ha funcionado correctamente. Usted puede hablar en nombre de las plataformas antidesahucio, pero las primeras reformas que se hicieron para proteger a los más vulnerables que eran desahuciados fueron precisamente medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular. (Aplausos). Se puso un fondo social de vivienda en 2012 cuando no lo había, casi 10 000 viviendas; se hicieron los primeros aplazamientos de los lanzamientos; se han beneficiado más de 90 000 personas, entre las que han alquilado, las que no han sido lanzadas porque se ha aplazado o las que se han beneficiado de la reestructuración de la deuda. Y en nombre de esa gente, ¿quién hablaba? ¿Sabe qué hacían ustedes mientras nosotros legislábamos a favor de los más vulnerables, de esas 90 000 familias que se han beneficiado? Se lo voy a decir: entre otras cosas rodear nuestras casas haciéndonos escraches; entre otras cosas, esas. (Aplausos).
Tenemos que seguir dando pasos, señor Mayoral, con serenidad, a favor de buscar los equilibrios. Ustedes parecen hacerlo cuando dicen en la página 3 de su exposición de motivos: "Potenciar la seguridad jurídica, la transparencia y la comprensión de los contratos". Pero digo parece porque en verdad su finalidad no es esa, su finalidad es otra. Al final, todas las medidas que ustedes proponen terminan en una consecuencia, y es que ustedes determinan que la cuota que tengan que pagar quienes quieren adquirir una vivienda sea más alta. La Ley Hipotecaria, en su artículo 140, prevé la dación en pago, como usted bien sabe, pero ninguna entidad crediticia la ofrece, entre otras cosas porque la manera de ser competitivo, es decir, de ofrecer tipos más bajos, es sin la dación en pago, porque en la medida en que la garantía que
se ofrece es más baja, la cuota que hay que pagar será más alta, porque el tipo de interés será más alto también. Entonces, lo que ustedes buscan es que a los nuevos adquirentes les suban las cuotas que tienen que pagar.
¿Qué cree usted que sucedería con la cuota que tienen que pagar los nuevos adquirentes de vivienda si resulta que se pueden modificar, como ustedes recogen en su enmienda, todas las condiciones de los contratos, incluso de los suscritos con anterioridad a la ley vigente, para adaptarlos a la actual? ¿Qué cree que va a pasar con las cláusulas de las hipotecas? Fíjese que no le hablo de inconstitucionalidad, señor Mayoral, le pregunto qué cree que va a pasar con la cuota si una de las partes del contrato piensa que el otro se la puede modificar porque la ley le otorga ese derecho. ¿Qué cree que va a pasar con las cuotas? (El señor Mayoral Perales: Es que eso es ilegal). ¿Qué cree que va a pasar con la cuota, señor Mayoral, si se pueden revisar todos los procedimientos de ejecución hipotecaria desde 2013? ¿Qué cree usted que al final va a pasar con las cuotas? Al final, con su enmienda a la totalidad, con las cuotas solamente va a pasar una cosa, que suben porque los tipos se hacen más altos. Dificultan ustedes el acceso a la propiedad. Lo dice usted en la exposición de motivos de su enmienda a la totalidad: Hay que desincentivar el acceso a la propiedad de la vivienda y facilitar otras fórmulas para acceder a las soluciones habitacionales.
Y la pregunta, señor Mayoral, es por qué quieren ustedes dificultar que se acceda a la propiedad. ¿Qué problema tienen ustedes con que las clases medias de nuestro país tengan una vivienda en propiedad en la que han depositado la mayor parte de sus ahorros? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Porque a continuación de dificultar el acceso a la propiedad, ustedes dicen: no se preocupen, hay un fondo social, un fondo de vivienda público para todos los que no puedan adquirir una vivienda en propiedad. No pueden adquirir la vivienda en propiedad porque ustedes les suben la cuota pero les ofrecen una vivienda en el parque público. ¿Quién ofrece la vivienda, señor Mayoral? La autoridad competente. ¿Quiénes podrán acceder al alquiler de ese parque público? Quien determine la autoridad competente. ¿A qué zona de la ciudad se podrá acceder? A la que determine la autoridad competente. ¿A qué calidad de vivienda? A la que determine la autoridad competente. Señorías, esto es lo que hay detrás de su enmienda a la totalidad, por eso la tenemos que rechazar.
Yo no califico su modelo, hay ejemplos muy claros; no lo voy a calificar, pero sencillamente entre su modelo y el que nosotros proponemos me quedo con el que defiende la libertad para elegir dónde vivir y cómo vivir. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. (Número de expediente 121/000013).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación al debate de totalidad del proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter personal. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Buenos días, señora presidenta.
Señorías, con ocasión de este proyecto de ley orgánica de protección de datos estamos hablando de algo trascendente, estamos hablando de un derecho fundamental reconocido por nuestra Constitución, porque esta ley lo que pretende regular es cómo se protege mejor a todos los ciudadanos, en cualquier rincón de España, vivan donde vivan. Y hablamos también de Europa, hablamos de ese proyecto común, inteligente y solidario construido sobre la base más sólida de una democracia, el Estado de derecho. Seguramente teniendo en cuenta estas tres claves -Constitución, igualdad de derechos y Europa- podamos entender las reticencias que algunos tienen en relación con este proyecto de ley orgánica. Sin embargo en mi opinión, en la opinión del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular -y espero que también sea la opinión de la mayoría de los grupos políticos-, esas son precisamente -nuestra Constitución, la igualdad de derechos y Europa- las razones más poderosas que hacen que esta iniciativa no solamente sea necesaria, sino imprescindible, y trataré de explicar por qué en esta intervención.
En primer lugar, porque se refuerza la naturaleza de la protección de los datos como un derecho fundamental, un derecho fundamental que así está configurado en la Carta de Derechos de la Unión Europea, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión, en nuestra propia Constitución -en el artículo 18.4- y en toda la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional. En segundo lugar, porque este
proyecto de ley orgánica ayudará a vertebrar más Europa en el ámbito de protección de los derechos. La fortaleza de la Unión Europea radica en mi opinión en su capacidad para dotarse de un marco normativo homogéneo, común, compartido entre todos los Estados miembros. Esto es precisamente lo que pretende y lo que persigue el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que incorporamos a nuestro derecho a través de este proyecto de ley orgánica. Por un lado, superaremos fragmentaciones en la aplicación de la normativa europea, y por otro, también adaptaremos las normas reguladoras a la constante evolución tecnológica en esta materia. En definitiva, señorías, estamos hablando de seguridad jurídica; de seguridad jurídica, que es lo que proporciona este nuevo texto, puesto que con la adaptación del reglamento comunitario se evitará lo que ocurriría en el caso de que no hubiese esta adaptación, que cada operador tuviese que determinar por sí mismo cuáles son las normas nacionales que quedan desplazadas por el nuevo reglamento comunitario. Creo que todo lo que sea facilitar el camino de la seguridad jurídica y de la certidumbre es muy conveniente en todos los órdenes.
La enmienda a la totalidad que se ha presentado simplemente viene a decir que no, que no a todo esto, pero también viene a decir que no a muchas ventajas que incorpora el proyecto de ley orgánica; ventajas para todos, señorías, ventajas para los ciudadanos, para sus derechos y para su protección; ventajas para los organismos de control y para las empresas; y en última instancia ventajas para el conjunto de la ciudadanía en un terreno, como es el de la protección de datos, donde tanta falta hacen la claridad, la precisión y la actualización permanente en un sector que está muy vinculado con la innovación y con las nuevas tecnologías. Sinceramente, señorías, cuando ni siquiera se presenta un texto alternativo para poder contrastar y valorar en su caso alternativas, no encuentro ninguna razón lógica ni jurídica ni política que nos aconseje renunciar a las ventajas; ventajas que, a efectos de mi intervención y muy sistemáticamente, son al menos las que voy a mencionar. En primer lugar, en lo que se refiere al régimen de consentimiento en lo relativo al tratamiento de los datos de las personas fallecidas, y ese tratamiento de datos que podrán hacer los herederos de los fallecidos, podrán solicitar el acceso a los datos de las personas fallecidas, podrán dirigirse a las entidades bancarias o a otras entidades operadoras para, en su caso, llevar a cabo el borrado o el acceso a esa información. En segundo lugar, de manera muy importante también se delimita el régimen de la responsabilidad. La inexactitud de los datos obtenidos directamente por un afectado no podrá ser imputable al responsable del tratamiento de datos, siempre que haya adoptado todas las medidas razonables. En tercer lugar, y también muy relevante, se excluye la figura del consentimiento tácito. Por lo tanto a partir de la futura entrada en vigor de esta ley el consentimiento ha de proceder siempre de una declaración expresa o de una clara afirmación del afectado.
Fijamos en el proyecto de ley, y es también importante, los trece años como la edad a partir de la cual un menor puede prestar su consentimiento, y no es un elemento caprichoso o accidental, sino que estamos asimilando nuestro sistema al del resto de los países de nuestro entorno. Imagínense a un menor que puede abrir una cuenta en Facebook en una estancia veraniega en Irlanda y que luego, cuando vuelve a España, se encuentra con que ese consentimiento no es válido o no está regulado en nuestro país. Este aspecto en el trámite de información pública ha sido expresamente avalado y reconocido por las entidades dedicadas a la promoción del uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías en la infancia y en la adolescencia.
El proyecto de ley orgánica también contempla los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad, todo ello para hacerlo coherente con la nueva regulación del reglamento europeo. En cuanto a un aspecto tan singular como son los sistemas de información crediticia, los denominados coloquialmente ficheros de morosos, su régimen se complementa con una disposición adicional que también establece una cuantía mínima para la inclusión de datos en este tipo de ficheros, lo cual también fortalece la seguridad en este aspecto. El proyecto de ley regula el ámbito de la videovigilancia, aclarando el uso de estas imágenes que se pueden obtener por parte de empresarios, por ejemplo, en el supuesto de que las cámaras capten la comisión de actos ilícitos por los trabajadores o también se excluye del ámbito de aplicación de esta norma la información obtenida por una persona física en su propio domicilio. Se aborda también en el proyecto de ley una cuestión singular, como son los sistemas de exclusión publicitaria, los conocidos como las listas Robinson, en las que se incorporan aquellas personas que quieren quedar al margen de la acción publicitaria de las compañías. También como novedad se regulan las denuncias internas en el sector privado y se recoge el tratamiento de los datos en los casos en los que los empleados, incluso de manera anónima, denuncian los ilícitos que sucedan en las empresas, algo que se puso en práctica a partir del Código Conthe, el código unificado de gobierno corporativo. (Rumores). También la figura del delegado de protección de datos aparece, señorías, con una importancia relevante dentro del reglamento...
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor; silencio.
Se regula la figura del delegado de protección de datos de una manera abierta y flexible, porque puede tener un carácter obligatorio o voluntario, estar integrado o no dentro de la organización propia del responsable o también puede ser una persona física o jurídica. En todo caso la designación del delegado de protección de datos ha de comunicarse a la autoridad competente, que mantendrá una relación pública y actualizada de estos delegados de protección de datos, y esta información será accesible para cualquier persona. El proyecto de ley también fomenta el establecimiento de sistemas de autorregulación, incluyendo mecanismos de resolución judicial de controversias y el desarrollo de sistemas de certificación. Por último, entre las novedades del proyecto de ley orgánica, este regula el régimen de la Agencia Española de Protección de Datos y refleja, por un lado, la existencia de las autoridades autonómicas de protección de datos y la necesaria cooperación entre estas autoridades.
Me gustaría destacar que se ha llevado a cabo una tramitación prelegislativa muy intensa, que creo que ha producido un texto muy bien trabajado a nivel técnico e institucional. El primer borrador de este proyecto fue elaborado por la Comisión General de Codificación, a través de una ponencia creada ad hoc para esta materia, dentro de la sección de derecho público. Esa ponencia mantuvo reuniones con la directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos y con la directora de la Autoridad Catalana los días 6 de febrero y 10 de marzo de 2017. También me parece importante destacar los informes que se han recibido de distintos departamentos ministeriales, del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y de las autoridades de protección de datos. Se han recibido setenta informes, señorías, de la sociedad civil en el trámite de información pública. Como les decía la Agencia Española de Protección de Datos hizo un extraordinario informe detallado y extenso, así como la Agencia Vasca de Protección de Datos y la Autoridad Catalana de Protección de Datos, y se han incorporado buena parte de sus observaciones. Hemos trabajado estrechamente con la Comisión Europea, a través de la comisaria de Justicia, Consumo e Igualdad de Género, que también ha formulado diversas observaciones al texto que les fue enviado para su consideración. Por último, en cuanto al dictamen del Consejo de Estado, este ha expresado un juicio favorable al conjunto del anteproyecto y -cito literalmente- dice el Consejo de Estado: La nueva legislación representará un paso positivo en el tratamiento normativo de la materia a la que se ha enfrentado. El resultado es un texto de buena factura y de elevado nivel técnico.
Me gustaría, señorías, hacer también una breve referencia a un asunto que me parece de trascendencia, como es la coexistencia dentro de nuestro Estado de distintas autoridades de protección de datos, una de ámbito nacional y otras de ámbito autonómico. Este modelo es perfectamente compatible con nuestra Constitución, como es lógico, y es coherente con la doctrina constitucional fijada por el tribunal en la Sentencia 290/2000, de tal manera que nuestro Tribunal Constitucional nos dice que la exigencia constitucional de la protección de los derechos fundamentales de los españoles en todo el territorio nacional requiere que haya un equilibrio en la distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Creo de verdad que este proyecto es perfectamente respetuoso con ese modelo constitucional y con esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional: respeta escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas, aquellas que en sus estatutos de autonomía tengan establecidas estas competencias. En segundo lugar, porque la representación en el Comité Europeo de Protección de Datos se le atribuye a la agencia española, porque es la representante común de las autoridades de protección de datos en ese Comité Europeo de Protección de Datos, pero también prevé la posibilidad de que las agencias o autoridades autonómicas puedan participar en algún formato o en la fijación de la posición que la agencia española presente ante el comité. También en los distintos grupos de trabajo, por ejemplo, imaginemos un subcomité de protección de datos en el Comité de las Regiones, se prevé la posibilidad de que la representación autonómica se pueda llevar a cabo a través de estos cauces. Por lo tanto, señorías, me parece que la colaboración, la participación y el respeto estricto a las competencias de las comunidades autónomas está bien armado, está bien estructurado en el proyecto de ley.
Termino ya haciendo como les decía al principio una defensa de esta iniciativa, que me parece imprescindible, imprescindible para nuestro ordenamiento jurídico; indispensable para la mejora de la protección de un derecho fundamental, y crucial para seguir haciendo de España y de Europa un espacio compartido de libertad, seguridad y justicia. Tenemos un buen texto, yo estoy convencido de ello; también estoy convencido de que en el trámite parlamentario podrá ser mejorado, y seguramente habrá buenos motivos para presentar enmiendas y para trabajar conjuntamente. Lo que no alcanzo a entender, señorías,
es por qué algunos pretenden que no vea la luz, que no se inicie su tratamiento parlamentario y sobre todo sin ninguna argumentación jurídica ni ninguna propuesta alternativa. Por eso lo que solicito lógicamente es el rechazo de esta propuesta de no tramitación de la ley, y es lo que les solicito a todos los grupos presentes en la Cámara.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución. Por el Grupo Parlamentario Mixto, cuyos representantes intervendrán para la defensa de la enmienda, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Buenos días, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, lamento el tono, señor ministro. Hemos presentado una enmienda a la totalidad porque a nuestro entender ninguno de los dos requisitos que usted defiende en este proyecto de ley se cumple. En primer lugar, usted ha hablado de Constitución, ha dicho que es respetuoso con la Constitución; posiblemente, pero no con el bloque de constitucionalidad. En nuestra opinión queda muy coja la garantía de que las autoridades de control de las comunidades autónomas puedan seguir desempeñando tal y como hacían hasta ahora sus competencias en el ámbito de sus actuaciones. Usted dice: esta enmienda a la totalidad es un no a todo. No, señor ministro, y usted lo entiende perfectamente, es un: así no. Con esta mala garantía para las competencias autonómicas no podemos pasar a tramitar el articulado, no estamos en contra de la ley y usted lo sabe perfectamente, aunque aquí diga lo que políticamente le convenga. Estamos en contra de que se empiece a tramitar una ley que no dé las suficientes garantías para que podamos estar tranquilos de que las autoridades de control en el Estado español podrán seguir desempeñando sus competencias. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia).
La ley no es garantista con las comunidades autónomas porque usted lo diga, sino que tendría que ponerlo además, y es eso lo que le reclamamos, que sea una ley que no tengamos que empezar con doscientas enmiendas para poder garantizar lo que ya viene garantizado por el bloque de constitucionalidad, por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su artículo 156 dice que el ámbito de actuación exclusivo en materia de protección de datos es Cataluña, en este caso de competencia de la Generalitat de Cataluña. Queremos que lo ponga además, señor ministro, porque España no se caracteriza por haber sido un país cumplidor escrupulosamente con los reglamentos europeos, de hecho lidera el ranking de países penalizados por incumplir los reglamentos europeos. Por tanto con estos mimbres entenderá que queramos las garantías necesarias para que esto siga siendo una realidad. Por tanto, como entendemos que este texto que es necesario no cumple con estas premisas, lo enmendamos a la totalidad, porque este es el campo de juego que queremos delimitar perfectamente. Dicho de otro modo, su proyecto de ley es un 155 sectorial, en este caso en protección de datos.
El reglamento, señor ministro, establece que las autoridades de control son elemento esencial de la protección de datos de las personas físicas, por tanto un elemento muy importante, un derecho fundamental, usted lo ha dicho. Señala también que los Estados deben tener la posibilidad de establecer más de una autoridad de control -y recalca- a fin de reflejar su estructura constitucional. El proyecto de ley no lo contempla. En tercer lugar, el reglamento insta a disponer por ley de mecanismos que garanticen la participación efectiva de las distintas autoridades de control de los Estados en las organizaciones internacionales, aspecto que no queda claro en el proyecto de ley. El reglamento establece claramente que cada autoridad de control debe ser competente en el territorio de su Estado miembro para ejercer los poderes y funciones que se le confieren conforme al mismo; lo dice el punto 117 del reglamento. En nuestra opinión como le decía el proyecto de ley de protección de datos presentado no cumple con estos objetivos, y vulnera claramente en este aspecto el reglamento europeo en lo que al marco competencial se refiere. Blinda a la Agencia Española de Protección de Datos como única autoridad de control e interlocución a nivel europeo. Por tanto estamos a merced de su gracia para que permita o no que las autoridades competentes en el resto del territorio español puedan ser interlocutoras. El principio de ventanilla única que consagra el reglamento no puede implicar que la única interlocución sea la de la AEPD, sino que lo serán también las de las distintas autoridades de control con competencias, como la Autoridad Catalana de Protección de Datos en Cataluña. El proyecto de ley vulnera el reglamento al atribuir únicamente a la AEPD la función no solo de supervisión, sino también de ejercicio de las funciones que el reglamento reserva para las autoridades de control competenciales. Señor ministro, no tenemos ninguna garantía de
que las agencias puedan seguir desarrollando en el marco de sus competencias las atribuciones de supervisión y de control. (Rumores). Seguimos pensando que el proyecto de ley vulnera el reglamento cuando atribuye únicamente a la AEPD la participación en los distintos foros y grupos de trabajo en las organizaciones internacionales competentes, así como la colaboración con otras entidades y organismos, especialmente en Iberoamérica; extremo que se venía desarrollando con cierta asiduidad por las otras agencias españolas de control, como es el caso de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.
Usted ha dicho que se han aportado numerosos informes y también de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Por supuesto que sí, porque es la obligación y el deber de esta aportar al buen gobierno de esta ley, pero la lealtad se paga con deslealtad a nuestro entender, señor ministro. No quedan reservadas sus competencias, y por tanto vemos que es una norma con tendencia harto jacobina. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señoras Ciuró, un momento, por favor.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Por eso presentamos esta enmienda a la totalidad, no porque no estemos de acuerdo. Si usted sostiene que no estamos de acuerdo con la ley está faltando a la verdad y usted lo sabe. Es una cuestión competencial y me gustaría escuchar del señor ministro que se van abordar las reformas necesarias para que estas garantías constitucionales y competenciales queden blindadas. Por tanto este es el motivo por el que no hay un texto alternativo. No nos parece lógico ni sensato ni razonable que una ley que quiere aportar seguridad jurídica empiece coja en materia competencial. No nos parece sensato ni razonable para una buena ley que tengamos que enmendar para tener aquellas competencias que son reconocidas en el bloque de constitucionalidad. Esperábamos lealtad, igual que siempre la han recibido cuando se ha tratado de hacer aportaciones a esta ley y a las distintas leyes y procesos legislativos que se han tramitado en esta Cámara.
Como me queda un poco de tiempo quiero decirles, saliéndome del tema, que tal día como hoy en 1564 nacía Galileo Galilei. Eppur si muove, dijo; sin embargo se mueve. Es una frase que se le atribuye, como ustedes saben, después de abjurar de su teoría de que el sol era el centro del universo ante el tribunal de la Santa Inquisición. Esto fue un símbolo de la superioridad de la razón ante el fundamentalismo. Yo quiero decir que seguimos teniendo cuatro presos políticos en la cárcel, y a pesar de que tengan que abjurar de lo que les mueve, nuestra voluntad de seguir para construir un Estado independiente en Cataluña sigue firme.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Ciuró i Buldó.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Intervendré desde el escaño porque lo haré de manera muy breve. Se nos presenta a debate una enmienda a la totalidad al proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter personal sobre la base de dos conclusiones que se cifran en su carácter regresivo y en la limitación al ejercicio de las competencias de las autoridades autonómicas de protección de datos. Sin embargo esas afirmaciones se sustentan en una argumentación con tanta economía de medios y motivos que nos impiden el apoyo a un reproche de tanta enjundia como una enmienda a la totalidad, sin perjuicio de que alguna de las cuestiones que se esbozan de manera tan sumaria -y que por nuestra parte también hemos detectado- no puedan ser remediadas mediante las oportunas enmiendas parciales.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Legarda Uriarte.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella i Farré.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Bon dia, ministre, senyores y senyors diputats, para Esquerra Republicana el derecho a la protección de datos de carácter personal es fundamental. Es un derecho que comporta no solo el poder de imponer a terceros el deber de abstenerse de cualquier intromisión en la esfera íntima de la persona, sino que va mucho más allá y se fundamenta en el poder de disponer de los propios datos personales, reconociendo el derecho de que se requiera el consentimiento para el uso y
recogida de los datos personales, del derecho a ser informado, del derecho de acceso, rectificación y cancelación de los datos personales, así como oponerse a su uso. Ya lo ha explicado muy bien el señor ministro, el señor Catalá. Ahora bien Esquerra Republicana evidentemente va a apoyar esta enmienda a la totalidad presentada por el PDeCAT.
El Gobierno ha elaborado un proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter personal sin tener en cuenta el orden de distribución de competencias establecido no únicamente en la Constitución, sino también en los estatutos de autonomía e ignorando el ámbito de actuación de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Si del Gobierno español dependiera la protección de datos en Cataluña dependería exclusivamente de la Agencia Española de Protección de Datos. En esto ustedes no son nunca una sorpresa, en esto ustedes son incorregibles. Aprovechan la necesidad de adaptar la legislación española al Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos -reglamento que entrará en vigor en breve para centralizar competencias en la Agencia Española de Protección de Datos-, para ir mucho más allá de lo que sería estrictamente necesario de acuerdo con el reglamento europeo. (Rumores). Obvian incluso la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional -antes aludió a ello la señora Ciuró- al que tanto ustedes veneran en otros aspectos, y que tanto nos echan en cara muy a menudo a nosotros y a nosotras. (Rumores). Numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional han reconocido que la existencia de una regulación europea no debe modificar ni modifica el orden de distribución de competencias...
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señora Capella, un momento, por favor.
Señorías, de verdad...
La señora CAPELLA I FARRÉ: Sigue corriendo el tiempo, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): No se preocupe, le paro el tiempo ahora mismo.
Señorías, de verdad, ¿son conscientes de que no se escucha absolutamente nada?
La señora CAPELLA I FARRÉ: ¿Puedo, presidenta?
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Tiene el tiempo parado, señora Capella, no se preocupe.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, al que ustedes tanto veneran, expresan que existe el denominado bloque de constitucionalidad, especialmente en la propia Constitución y en los estatutos de autonomía. Por ello es claro que el Estado se extralimita en el ejercicio de sus competencias al adaptar la legislación al reglamento comunitario sin tener en cuenta en este caso a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
El artículo 156 del Estatut de Autonomía de Catalunya atribuye a la Generalitat de Catalunya la competencia ejecutiva en materia de protección de datos de carácter personal, que respetando las garantías de los derechos fundamentales en esta materia incluye, en todo caso, un ámbito de actuación exclusivo en relación con la totalidad de las administraciones catalanas.
Además, el propio artículo 31 de dicho estatuto recoge de forma expresa que todas las personas tienen derecho a la protección de los datos personales contenidos en los ficheros que son competencia de la Generalitat de Catalunya y el derecho a acceder a los mismos, a su examen y a obtener su corrección. Asimismo, añade que una autoridad independiente designada por el Parlament de Catalunya, no por el Congreso de los Diputados, debe velar por el respeto de estos derechos en los términos que establecen las leyes; incluso, antes de que se aprobara el Estatut del 2006, que clarificó y amplió su ámbito de actuación bajo la denominación de Agència Catalana de Protecció de Dades, ya en el 2002 la Generalitat de Catalunya, el Govern de Catalunya velaba por la garantía del derecho a la protección de datos en el ámbito de las administraciones públicas de Cataluña mediante el asesoramiento, la difusión del derecho y el cumplimiento de funciones de control. Pero, como decía, ustedes en este aspecto son siempre incorregibles y usan como excusa el reglamento europeo para centralizar y a tal fin nombran a la Agencia Española de Protección de Datos como representante común de las autoridades de protección de datos en el Comité Europeo de Protección de Datos y de los demás grupos en materia de protección de datos constituidos al amparo del derecho de la Unión Europea. Esto no pasa únicamente en este aspecto sino
en otros muchos, en otras materias en las que el Estado español hace siempre lo mismo, pese a que el reglamento no impide que la Autoritat Catalana de Protecció de Dades pueda participar directamente en otros grupos de trabajo que se puedan crean en materia de protección de datos.
Creemos que, asimismo, deberían regularse las obligaciones que le corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos como representante ante el Comité Europeo y establecer verdaderos mecanismos de colaboración que permitan a la Autoritat Catalana desarrollar su cometido de forma efectiva. La Agencia Española debe tener la obligación de mantener informada a la Autoritat Catalana y al resto de autoridades autonómicas sobre la agenda de dicho organismo, las iniciativas previstas, los asuntos analizados en dicho órgano y las resoluciones, informes, dictámenes u otros posicionamientos adoptados. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Además, debe facilitar la participación del resto de autoridades del Estado español en la fijación del posicionamiento que como representante común debe adoptar en el seno de dicho órgano.
Señorías, lo que no pueden hacer ustedes es actuar como si la Agencia Española de Protección de Datos fuera la única autoridad del Estado español e ignorar el importante papel que autoridades como la Autoritat Catalana de Protecció de Dades han venido o vienen desarrollando. Por eso decía que ustedes son incorregibles y que cuando no se les vigila acaban haciendo siempre lo mismo, recentralizar y evitar que aquellos que tenemos competencias las podamos ejercer y ejercitar. Por tanto, en este aspecto vamos a dar apoyo a la enmienda a la totalidad presentada en este caso por el PDeCAT.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez Balsera.
El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señorías, ministro, el PDeCAT ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley orgánica de protecciòn de datos que consta de dos páginas de las que tenemos que deducir -porque no lo dice, pero tampoco presenta un texto alternativo- que lo que se solicita es la devolución al Gobierno del proyecto. Por tanto, el PDeCAT se suma al carro de la falta de responsabilidad e imprevisión que ha tenido el Gobierno al presentar tan tarde este proyecto de ley.
Señorías, el Reglamento Europeo de Protección de Datos entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2016 y el plazo para su adaptación a la normativa interna de los Estados miembros de la Unión expirará el próximo 25 de mayo de este año, momento en que el reglamento será de aplicación directa; no llegamos. Presentar una enmienda a la totalidad de corta y pega por el genérico y recurrente motivo de limitación o invasión de competencias nos parece una enorme irresponsabilidad porque si se devolviera el proyecto al Gobierno se vería aumentada esa ventana de gran inseguridad jurídica que va a transcurrir entre el 25 de mayo y el momento en que finalmente aprobemos esta ley; presenten enmiendas al articulado como haremos todos los grupos de la Cámara. Por cierto, el capítulo dedicado a las autoridades autonómicas, que tanto les interesa, tiene solo seis artículos en total y no parece que vaya a suponer una enorme carga de trabajo. Además, el primero de esos artículos, que recoge las funciones de las autoridades autonómicas, no solo respeta sus competencias territoriales y por razón de materia, sino que recoge su competencia sobre aquellos tratamientos de datos expresamente previstos en los respectivos estatutos de autonomía. No se me ocurre un mayor grado de respeto a las competencias autonómicas que incluir esta cláusula general.
Pero, señorías del PDeCAT, que existan autoridades de control autonómicas, que tienen perfecta cabida tanto en el reglamento como en nuestra ley, no puede entrar en conflicto con el reglamento europeo que establece, en su artículo 51, que cuando haya varias autoridades de control en un Estado miembro de la Unión se designará una autoridad principal que representará a todas ante el Comité Europeo, y esta no puede ser otra que la Agencia Española de Protección de Datos, que, además, debe ser la responsable de la aplicación coherente del reglamento en todo el territorio nacional y la competente en tratamientos transfronterizos.
Todo esto me lleva a preguntarme qué interés subyace, que interés tienen ustedes en retrasar la tramitación de esta ley orgánica. No hace falta esforzarse mucho para verlo. Lo que creo es que a ustedes, lo que de verdad les molesta es que el reglamento europeo establezca obligaciones de cooperación entre las autoridades de control; establezca obligaciones de intercambio de información; establezca obligaciones de asistencia mutua y colaboración en operaciones conjuntas; obligaciones que son recíprocas entre las distintas autoridades de control. Pero, claro, ustedes no quieren que la autoridad catalana tenga estas
obligaciones con la Agencia Española de Protección de Datos, así no tendrán que explicar ni informar, por ejemplo, en qué trámites se encuentran las veinte denuncias que la agencia española remitió a la catalana con motivo del tratamiento ilegal de los datos de millones de catalanes en el censo utilizado para la consulta ilegal del 1-O; se lo digo yo: Estarán en algún cajón esperando su prescripción. (Aplausos).
No está en mi ánimo dudar de la independencia de la autoridad catalana, a pesar de que su directora haya sido secretaria general de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat o, anteriormente, haya pasado por los departamentos de Presidencia, Comercio, Turismo o Consumo, ni porque defendiera en el Parlament que se usaran los censos municipales para celebrar el anterior referéndum del 9 de noviembre, ni siquiera porque escapara a China la semana del 1-O, cuando recibió el apercibimiento del Tribunal Constitucional que la advertía de su deber de impedir cualquier actividad encaminada a la celebración de la consulta ilegal. Es curioso, la directora estaba en China mientras los datos de millones de catalanes estaban en una isla caribeña (Muestra fotocopias de artículos de varios periódicos) porque el señor Puigdemont se los había cedido al cofundador de The Pirate Bay, la bahía pirata. (Aplausos).
No dudo de la independencia de la autoridad catalana ni a pesar de su acrónimo APDCAT, que parece publicidad encubierta. Permítanme la broma, sé que ustedes se cambiaron el nombre a posteriori para aparecer como un partido limpio de corrupción. Señorías del Grupo Popular, no sé cómo no se les ha ocurrido en su partido semejante argucia para liberarse de toda mochila de corrupción. Basta con cambiarse el nombre. No, señorías, a mí lo que de verdad me hace dudar de la independencia de la actual Autoridad Catalana de Protección de Datos es que está cuestionada por los jueces, está cuestionada por no haber denunciado y por permitir que otro organismo de la Generalitat, el Csicat funcionará como un CNI independentista, creando bases de datos privados de empresarios y personas obtenidos con seguimiento e interceptando comunicaciones de manera ilegal. Así que, señorías del PDeCAT, lo que de verdad debería enmendarse a la totalidad es su compromiso con el derecho fundamental a la protección de los datos de los ciudadanos de Cataluña.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Sixto Iglesias. (Rumores).
Señorías, rogaría silencio. Estamos al final de la mañana y espero que la podamos completar con orden. Muchas gracias.
Señor Sixto.
La verdad es que siempre es sorprendente que un portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos suba a esta tribuna, cuando se supone que está apoyando al Gobierno, para echarle en cara que se retrasa a la hora de traer un proyecto de ley a la Cámara. Resulta cuando menos curioso, aunque también es cuando menos curioso quejarse de falta de celeridad a la hora de tramitar un proyecto de ley por parte de un grupo parlamentario que está resultando absolutamente necesario, junto con el Grupo Parlamentario Popular, a la hora de ralentizar el funcionamiento legislativo de la Cámara sobre la base de pedir sucesivas prórrogas a cada proposición de ley que tenemos admitida a trámite.
Del Grupo Parlamentario Popular es de esperar -ustedes son conservadores y tienden a conservar el ordenamiento jurídico previamente realizado, que además fue largo y tendido durante la X Legislatura gracias a su mayoría absoluta-, pero del Grupo Ciudadanos, que se supone que son reformistas, que pretenden reformas, y que sistemáticamente están pidiendo alargar los plazos de todas las proposiciones de ley que tenemos para que esta Cámara legisle, siempre resulta cuando menos sorprendente.
Haríamos bien en acabar de pedir prórrogas y en ponernos a legislar. En el año 2018 no hemos hecho nada. Estuve haciendo cuentas el otro día de lo que habíamos legislado en las Cortes Generales durante 2017: doce leyes, de las cuales tres son las del cupo vasco, y una ley orgánica. Y durante el año 2016 yo creo que se bate el récord absoluto en la historia legislativa de España -no ya de la democracia-, ya que solamente vimos dos leyes, las dos orgánicas, y ninguna ley ordinaria.
En cualquier caso, el tema que nos ocupa hoy aquí es la enmienda a la totalidad que el Grupo Mixto, el PDeCAT, ha planteado. La verdad es que mi grupo parlamentario no la ve justificada; no vemos por ningún lado un ataque tan flagrante que lleve a plantear la necesidad de una enmienda a la totalidad. Incluso al principio del texto de la enmienda que han planteado dicen que se produce un choque con el
artículo 156 del estatuto, porque establece una competencia exclusiva. El artículo 156 del Estatuto de Cataluña no dice que sea exclusiva, sino que dice que es una competencia ejecutiva la de la Generalitat de Catalunya en esta materia. La verdad es que no es un proyecto de ley perfecto, no es el proyecto de ley que a mi grupo parlamentario le gustaría. Vamos a presentar enmiendas y entendemos que es necesario que se produzcan comparecencias. Así lo ha acordado ya la Mesa de la Comisión de Justicia, y alguna más se pedirá. Como digo, es necesario hacer enmiendas y entrar en determinadas cuestiones que además están suscitando muchas reuniones con determinados colectivos, por ejemplo, en el tema de los datos sanitarios, cuestión a la que el Gobierno se comprometió en el anteproyecto y que luego ha desaparecido del mismo. Me refiero al compromiso de hacer una legislación específica en cuanto a datos sanitarios y que tendremos que revisar desde mi grupo parlamentario.
Lo que sí les puedo decir a los diputados catalanes es que mi grupo parlamentario va trabajar por que todas las enmiendas que tiendan a respetar el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas salgan adelante; nuestro compromiso en ese sentido es total. Ahora bien, no entendemos justificada esta enmienda a la totalidad que han presentado solamente los diputados del Partido Democrático de Cataluña. Otros grupos con una larga trayectoria a la hora de la defensa competencial de sus respectivos territorios ni siquiera la han presentado y, además, a la hora de juzgar su enmienda no la han visto con muy buenos ojos y han anunciado su abstención; lo digo por el Grupo Nacionalista Vasco.
En cuanto a la otra argumentación principal, la de la representación internacional a la hora de tratar los datos, señorías, la primera competencia que cualquier Estado se reserva para la autoridad central es la de la representación internacional. Ahora bien, tratar de coordinar que la representación internacional se haga acorde con el respeto a las competencias que tienen atribuidas dos comunidades autónomas, a mi grupo parlamentario le parece una cuestión absolutamente necesaria, y a ello colaboraremos.
Como digo, es un proyecto de ley que no es perfecto, un proyecto de ley bastante mejorable que tiene que pasar un trámite de enmiendas -aparte de las comparecencias que ya ha acordado la Mesa de la Comisión de Justicia-, que mi grupo parlamentario enmendará, como no puede ser de otra forma, pero no entendemos la necesidad de esta enmienda a la totalidad y la votaremos en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Sixto. (Rumores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rallo Lombarte.
Ruego nuevamente silencio al inicio de la intervención del orador.
El señor RALLO LOMBARTE: Gracias, presidente.
Empezaré, ministro, si me lo permite, dándole un consejo de amigo: sustituya a quien le redacta los discursos porque no es la primera vez que se constatan -hoy se ha vuelto a verificar- los enormes errores de bulto que contienen en algunas ocasiones.
Señorías, el Grupo Socialista no cuestiona la oportunidad de este proyecto de ley, pero sí quiere aprovechar este momento para denunciar la tardanza del Gobierno en presentarlo. Ya se ha dicho: el Reglamento Europeo de Protección de Datos fue aprobado en el año 2016, su artículo 50 mandata a los Estados a dotar leyes específicas antes del 25 de mayo de este año. El Gobierno, más de vacaciones que en funciones en el año 2016, ha malgastado dieciocho de los veinticuatro meses de que dispone España. De forma irresponsable, el Gobierno traslada a las Cortes Generales la presión para aprobar una ley en apenas cinco meses, nos quedan tres: una clara manifestación de incompetencia del Gobierno y de desprecio hacia la calidad de la función legislativa de este Parlamento y una evidente desconsideración hacia la trascendencia de esta ley que bien merecería un debate sosegado, acorde con su impacto social. Todo ello cuando Alemania ya ha aprobado su ley y otros países tienen bien avanzada su tramitación legislativa.
España llegará tarde y con mora a cumplir sus compromisos europeos, pero esto le importa muy poco al Gobierno del Partido Popular, como evidencian este y otros datos: por ejemplo, su nula intención de trasponer la directiva de intercambio de datos policiales, cuyo plazo concluye este junio, que ni siquiera está entre las previsiones normativas del Gobierno para 2018, o la inexistencia de un proyecto de ley sobre control de datos de pasajeros de aerolíneas, cuyo plazo de trasposición acaba este mes de abril. (El señor ministro de Justicia, Catalá Polo, se ausenta del hemiciclo). No sé si estoy sofocando al ministro que se tiene que ausentar en este punto. En cualquier caso, añado otro ejemplo: la nula intención también del Gobierno de reformar la Ley de Conservación de Datos de Comunicaciones Electrónicas,
puestas en cuestión por el Tribunal de Luxemburgo. Al Gobierno le importa muy poco perder el prestigio consolidado durante décadas, liderando en Europa la protección de la privacidad.
Este proyecto de ley es un punto de arranque aceptable tras depurarse los excesos en que incurría el anteproyecto, excesos que sufrieron un severo correctivo de la Comisión Europea y que merecieron un cúmulo de observaciones esenciales del Consejo de Estado. Pero este grupo, en todo caso, se ve en la obligación de denunciar clamorosas renuncias en que ha incurrido el Gobierno. El Gobierno ha renunciado a otorgar mayor protección a los menores, ha renunciado a facilitar la investigación científica y médica, ha renunciado a modernizar la Agencia de Protección de Datos, ha renunciado a prestigiar la nueva figura del delegado de Protección de Datos. El Gobierno, señorías, ha abordado esta iniciativa legislativa como un mero trámite, sin ambición ni altura de miras, sin asumir la trascendencia de las trasformaciones tecnológicas que envuelven a la sociedad actual; a este Gobierno le falta ambición, le falta ambición de país.
Este proyecto es una oportunidad perdida, una oportunidad perdida para encarar los retos de la digitalización. En 1978 nuestros padres constituyentes enarbolaron una bandera: la libertad y los derechos frente a lo que ellos llamaron la informática. Los constituyentes de 1978 ya intuyeron el enorme impacto que los avances tecnológicos provocarían en nuestra sociedad y en el disfrute de nuestros derechos y por ello el artículo 18.4 de nuestra Constitución mandata a los poderes públicos a limitar el uso de la informática para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Más pronto que tarde una deseable reforma de la Constitución deberá incluir entre sus prioridades la actualización de la Constitución en la era digital, elevando a rango constitucional una nueva generación de derechos digitales. (El señor ministro de Justicia, Catalá Polo, se reincorpora al hemiciclo). Bienvenido de nuevo, ministro. Mientras tanto, el Gobierno debería liderar el reconocimiento de derechos digitales. Hoy, Internet se ha convertido en una realidad omnipresente en nuestra vida personal y colectiva. Gran parte de nuestra actividad profesional, económica y privada se desarrolla en la red. Internet adquiere una importancia fundamental para la comunicación humana y el desarrollo de nuestra vida en sociedad. Hoy identificamos con claridad riesgos y oportunidades que el mundo de las redes ofrece. Sin apenas tres décadas de vida, Internet ha transformado la vida de las sociedades contemporáneas en cualquier dimensión que queramos evaluar. Internet ha operado una auténtica mutación, por ejemplo, en el sentido que tradicionalmente otorgábamos a términos como memoria u olvido o en el impacto que la difusión de la información personal puede provocar en la dignidad humana. Los límites intrínsecos a la realidad offline -espacio acotado, tiempo limitado- quedan arrumbados por la realidad online, que resume su alcance en dos notas explosivas: universalidad y eternidad. El flujo masivo de información personal en Internet obliga a no banalizar los riesgos que genera en el individuo e invita a reforzar la vigencia de los derechos individuales con respuestas profilácticas.
Señorías, nuestros nuevos derechos están llamados a contener estos riesgos y amenazas. Resulta ineludible la tarea de reconocer y garantizar derechos digitales de los ciudadanos y conforme al mandato establecido en la Constitución. Pero el Gobierno del Partido Popular mira hacia otro lado y desaprovecha esta ocasión. Obviamente, señorías, presidente, un Gobierno languideciente y desganado no está en condiciones de abordar este y tantos otros retos que nuestra sociedad demanda.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Rallo.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Martínez Vázquez.
El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en mayo de 2017 la revista The Economist afirmaba en su portada que los datos son el petróleo de la era digital. Los datos -decía el texto- se han convertido en una commodity alrededor de la cual se articula una nueva industria global en proceso de expansión. El tráfico de datos permite la dinamización de la economía, permite la innovación, permite compartir ideas, intercambiar información, difundir el conocimiento y colaborar. Pero también en esta economía de los datos hay importantes amenazas a los derechos, amenazas a la privacidad y amenazas a la intimidad. Solamente en la primera mitad del año 2017 se han filtrado más datos personales -concretamente 1900 millones de datos personales- que en todo el año 2016. Justamente eso, la protección de los derechos, es la vocación del nuevo marco jurídico europeo en materia de protección de datos de carácter personal, formado por el reglamento de 27 de abril de 2016, tal y como ha explicado el señor ministro de Justicia. El reglamento no es derecho internacional, no es una norma que requiera su trasposición a nuestro ordenamiento jurídico,
es la norma directamente aplicable en España a partir del 25 de mayo de 2018. El principio fundamental de esta nueva normativa es justamente la eliminación de la fragmentación, la garantía de un nivel uniforme y elevado de protección de los derechos de las personas. Fíjense lo que dice el considerando cuarto del reglamento: el tratamiento de datos debe estar concebido para servir a la humanidad. Pues eso es justamente lo que pretende el proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter personal que hoy debatimos por primera vez en esta Cámara.
Frente a la pretensión de homogeneizar los ordenamientos, frente a la pretensión de reducir la dispersión normativa y eliminar la atomización regulatoria, que es absolutamente incompatible con la sociedad digital, nos encontramos con una sorprendente enmienda de totalidad del PDeCAT que propone devolver la iniciativa al Gobierno porque, según su enunciado, reducido y confuso, el proyecto tiene un carácter claramente regresivo y limita el ejercicio de las competencias de las autoridades autonómicas de protección de datos. Pues bien, permítanme que les diga con todo respeto, señorías del PDeCAT y de Esquerra Republicana, que en este debate lo único que tiene carácter regresivo es su discurso. Cuando la Unión Europea reclama homogeneidad, ustedes reivindican particularismos; cuando la Unión Europea propone coherencia y homogeneidad, ustedes reivindican fragmentación. Los argumentos que defienden en su enmienda de totalidad son tan pobres, son tan escasos que ni siquiera han conseguido llenar un folio y medio de ideas para convencer a los diputados de esta Cámara. De hecho, mucho me temo que no les han convencido a juzgar por las intervenciones que me han precedido.
Se trata de un proyecto de ley orgánica necesario, urgente, absolutamente técnico y en el cual, sorprendentemente, ha tenido una participación muy activa la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Ha intervenido en la ponencia constituida en el seno de la Comisión General de Codificación, ha emitido su informe preceptivo y, lo que es más importante, muchas de sus propuestas han sido incorporadas al texto del proyecto de ley. Por tanto, si la normativa en materia de protección de datos busca coherencia y busca cohesión me temo que ustedes desde hace tiempo se han convertido en los campeones de la incoherencia y de la división. No hay nada en este proyecto de ley que limite el ámbito competencial de las autoridades autonómicas. El título VII, por ejemplo, lleva por rúbrica: Las autoridades de protección de datos, en plural, y dedica un capítulo a la Agencia Española de Protección de Datos y otro capítulo a las autoridades autonómicas de protección de datos. (Rumores). En ese capítulo, el artículo 57 define el ámbito de competencia...
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Martínez.
Señorías, les ruego silencio. Es el último punto del orden del día y creo que merece la pena que escuchemos en silencio al orador.
El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, presidente.
Decía que este artículo 57 es perfectamente coherente con el respeto a las competencias de las autoridades autonómicas pero, sobre todo, es coherente con el reglamento europeo. En ese sentido, el único ejemplo que el texto de su enmienda a la totalidad introduce para pretender la devolución del proyecto al Gobierno es que, según dice, atribuye la representación de la Agencia Española de Protección de Datos en exclusiva dentro del Comité Europeo de Protección de Datos y, por tanto, ningunea las competencias de las autoridades autonómicas. Fíjese lo que dice, con toda claridad, el artículo 68.4 del reglamento: Cuando en un Estado miembro estén encargados de controlar la aplicación de las disposiciones del presente reglamento varias autoridades de control -como es el caso- se nombrará un representante común, de conformidad con el derecho del Estado miembro. En ningún momento este precepto excluye las competencias de las autoridades autonómicas. El que la agencia española sea el buzón único es una exigencia del reglamento, pero es perfectamente compatible con la participación de las autoridades autonómicas en los asuntos que les afectan y así lo dice expresamente el artículo 60, el 61, el 62.2, entre muchos otros. Tampoco se entienden otras referencias a la extralimitación del proyecto de ley orgánica, por ejemplo, en relación con la figura del delegado de Protección de Datos y otras tantas cuestiones que usted ha traído a colación en este debate.
Señorías, de la defensa de la enmienda realizada por la portavoz del PDeCAT a mi grupo parlamentario le queda claro que ustedes no tienen ninguna preocupación por los derechos de los ciudadanos en el tratamiento de sus datos personales sino por la protección de parcelas de poder que contradicen la normativa europea, que contradicen la lógica de los tiempos y que contradicen, incluso, el sentido común.
Ojalá, señorías del PDeCAT y de Esquerra Republicana de Catalunya, ustedes hubiesen puesto tanto empeño en proteger los derechos de los ciudadanos catalanes frente al tratamiento abusivo de sus datos por organizaciones de su órbita. (Aplausos). Ojalá hubiesen utilizado el mismo tesón que hoy utilizan para pedir la devolución del proyecto al Gobierno, para exigir respeto a la legalidad en el tratamiento de datos utilizados para elaborar siniestros censos o listas negras. La realidad es que ustedes han demostrado que la protección de datos de carácter personal no les importa nada. Tampoco les importan los derechos de los ciudadanos en esta materia. En esta Cámara debatimos sobre derechos; ustedes debaten sobre cuotas de poder.
Buscaba yo una expresión para definir su posición política en este debate y la he encontrado en el texto de su enmienda de totalidad, la expresión es "carácter claramente regresivo." Así es el texto de su enmienda y así, me temo, señorías, que es su ideología.
Finalizado el debate del último punto del orden del día, en tres minutos pasaremos a votación. Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.-Pausa).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES (CONTINUACIÓN). (VOTACIÓN):
- MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA CORREGIR LA BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES. (Número de expediente 173/000075).
La señora PRESIDENTA: Señorías, ocupen sus escaños. Va a comenzar la votación.
Comenzamos con la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones. Votamos en primer lugar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 339.
La señora PRESIDENTA: Aprobada. (Aplausos).
- MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LOS PLANES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE AGUA. (Número de expediente 173/000076).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los planes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en materia de agua. La votamos en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 31; en contra, 224; abstenciones, 83.
La señora PRESIDENTA: Rechazada.
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar, señorías, el proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuenca hidrográficas
y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, procedente del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio.
Vamos a hacer votación separada de las enmiendas. Comenzamos, señorías, votando las enmiendas al preámbulo, a la disposición transitoria segunda (nueva) y a la disposición transitoria tercera (nueva).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 329; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Aprobadas.
Enmiendas al artículo 1, en lo relativo a su apartado número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 215; en contra, 112; abstenciones, 12.
Resto de enmiendas al artículo 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 140; en contra, 194; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Rechazadas.
Enmiendas al artículo 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 143; en contra, 71; abstenciones, 125.
Enmiendas al artículo 3, en lo relativo a su apartado 1, al artículo 6 y a la disposición final cuarta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 237; en contra, 8; abstenciones, 94.
Enmiendas al artículo 5, en lo relativo a la supresión de su último párrafo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 175; en contra, 70; abstenciones, 94.
Resto de enmiendas al artículo 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 245; abstenciones, 94.
Enmiendas al artículo 7, en lo relativo a su apartado 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 326; abstenciones, 13.
Resto de enmiendas al artículo 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 249; en contra, 71; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Aprobado.
Enmiendas al artículo 9, en lo relativo a sus párrafos tercero y cuarto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 166; en contra, 167; abstenciones, 6.
Resto de enmiendas al artículo 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 246; en contra, 81; abstenciones, 12.
Enmiendas al artículo 11 (nuevo) y a la disposición adicional primera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 248; en contra, 85; abstenciones, 6.
Enmiendas a la disposición transitoria primera y a la disposición adicional octava (nueva).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 327; en contra, 7; abstenciones, 5.
Enmiendas a la disposición adicional cuarta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 166; en contra, 168; abstenciones, 5.
Enmiendas a la disposición adicional sexta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 136; en contra, 32; abstenciones, 171.
Enmiendas a la disposición adicional séptima.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 133; en contra, 170; abstenciones, 36.
Enmiendas a la disposición final segunda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 215; en contra, 31; abstenciones, 94.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 165; en contra, 80; abstenciones, 95.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, a votar los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
Votamos, en primer lugar, el convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, sobre cooperación en materia de seguridad, hecho "ad referendum" en Madrid el 26 de mayo de 2015.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 261; en contra, 69; abstenciones, 10.
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN SOBRE LA PROTECCIÓN MUTUA DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN ASTANÁ EL 15 DE JULIO DE 2017. (Número de expediente 110/000062).
La señora PRESIDENTA: Resto de los convenios.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 329; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Aprobados.
La señora PRESIDENTA: Vamos a votar ahora los debates de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, la votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 1 voto telemático, 341; a favor, 79; en contra, 180; abstenciones, 81 más 1 voto telemático, 82.
La señora PRESIDENTA: Se ha solicitado la votación de la avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de este proyecto de ley. Procedemos a votar dicha solicitud.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 1 voto telemático, 340; a favor, 168 más 1 voto telemático, 169; en contra, 165; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Queda avocado. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, silencio.
Pasamos ahora a votar la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter personal presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 1 voto telemático, 341; a favor, 16; en contra, 317 más 1 voto telemático, 318; abstenciones, 7.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 69
 artículo 698
 artículo 140
 artículo 47
 artículo 140
 artículo 18
 resolución 
 artículo 156
 artículo 156
 artículo 31
 artículo 51

artículo 156
 artículo 156
 artículo 50
 artículo 18
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 68
 artículo 60
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 11