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Timestamp: 2018-09-24 20:12:45+00:00

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﻿ Sentencia 2000-00754 de septiembre 10 de 2013
SENTENCIA 2000-00754 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:ACCIÓN REIVINDICATORIA. TODAS LAS MINAS Y YACIMIENTOS PERTENECEN A LA NACIÓN, SIN DESMEDRO DE LOS DERECHOS CONSTITUIDOS A FAVOR DE TERCEROS, EXCEPTUANDO LAS SITUACIONES SUBJETIVAS Y CONCRETAS DEBIDAMENTE PERFECCIONADAS Y VINCULADAS A YACIMIENTOS DESCUBIERTOS. SOLO PUEDE PREDICARSE LA EXISTENCIA DE DERECHOS CONSOLIDADOS CUANDO ELLOS RECAEN SOBRE UN DEPÓSITO PETROLÍFERO CUYA EXISTENCIA ESTÉ COMPROBADA POR HABER SIDO IDENTIFICADO EN FORMA TANGIBLE Y ESTAR POSEÍDO FÍSICAMENTE. LOS ELEMENTOS DE LA REIVINDICACIÓN SON CONCURRENTES, ES DECIR, QUE LA FALTA DE CUALQUIERA DE ELLOS CONDUCE AL FRACASO DE LA MISMA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN REIVINDICATORIA, DERECHOS ADQUIRIDOS, PREDIO, EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO, YACIMIENTO PETROLERO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:503 DE NOVIEMBRE DE 2013. PG.2001
Sentencia 2000-00754 de septiembre 10 de 2013
Ref.: Exp. 1100131030022000-00754-01
Aprobada en Sala de veinticinco de junio de dos mil trece.
EXTRACTOS: « III. Las demandas de casación
Se formularon dos, la inicial incoada por la comunidad de propietarios de las haciendas Santa Bárbara de Las Cabezas y San José de Mata Indios o La Emboscada, contentiva de tres ataques fundados en la violación de la ley sustancial. El primero por vía directa y los restantes por la indirecta. La otra propuesta por Danilo Devis Pereira, en su condición de cesionario de los derechos litigiosos de la actora, plantea un solo cargo sustentado también en la primera causal de casación.
Dichas acusaciones serán resueltas conjuntamente, en virtud de su afinidad y de estar encaminadas a derruir los argumentos jurídicos y fácticos que cimentan el fallo recurrido (Cas. Civ., mayo 17/95, Exp. 4137; sep. 20/2000, Exp. 05705; jul. 5/2007, Exp.1989 09134 01).
A.) Demanda
De la Comunidad de propietarios de las haciendas Santa Bárbara de Las Cabezas y San José de Mata de Indios o La Emboscada
Le atribuye a la sentencia combatida haber violado, por la vía directa, los artículos 58 y 332 de la Constitución Política; 28 de la Ley 153 de 1887; 5º del Decreto 1056 de 1953; 947, 950, 952 y 964 del Código Civil; 1º de la Ley 20 de 1969 y 1º de la Ley 97 de 1993.
En la fundamentación, expone:
1. El tribunal estimó que el dominio de los particulares sobre el petróleo y los hidrocarburos materia de la reivindicación se extinguió, por cuanto a la fecha que entró en vigencia la Ley 20 de 1969, su titular no había satisfecho el nuevo requisito para adquirirlo señalado en el artículo 1º de ese ordenamiento.
2. Esa decisión vulneró las precitadas normas, porque:
a.) La sentencia de 15 de diciembre de 1962 declaró de propiedad privada los hidrocarburos objeto de reivindicación.
Ese fallo reconoció una situación jurídica concreta y consolidada, amén que hizo tránsito a cosa juzgada antes de la expedición de las leyes 20 y 93 de 1993. Por tanto, el dominio sobre los aludidos bienes es un derecho adquirido, conforme a la normatividad vigente para la época de su declaración.
b.) El ad quem aplicó la citada Ley 20, en forma retroactiva, sin darse cuenta que, por una parte, en su artículo 1º dispone que “todas la minas pertenecen a la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos en favor de terceros. Esta excepción, a partir de la vigencia de la presente ley, solo comprenderá situaciones jurídicas, subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos”; y, por la otra, en el artículo 14 señala que entrará en vigor desde su sanción. Es decir, que es irretroactiva, pues nunca regirá hacia atrás.
c.) Con la indebida aplicación del precepto transcrito le confirió un efecto confiscatorio, pues, desatendió los artículos 58 y 332 de la Carta Política que protegen la propiedad privada y los derechos adquiridos con justo título, con la expresa prohibición de que no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
d.) Infringió, además, el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, cuyo texto señala: “todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”, por los motivos que se compendian, así:
(i) Desconoció el primer apartado, por cuanto pasó por alto que la propiedad de los hidrocarburos fue adquirida bajo la vigencia del artículo 34 del Código de Petróleos y que este precepto era el que debía aplicar, en virtud del fenómeno de la ultractividad.
Sustenta tal argumento en la doctrina y la jurisprudencia. De las mismas destaca:
(ii) Es inadmisible que un acto de voluntad legislativa pretenda modificar el pasado y, por ende, que la norma en que se instrumenta regule situaciones de hecho ya realizadas.
(iii) Es contrario a la razón y a la seguridad jurídica imponer leyes retroactivas.
(iv) Ello constituye un atentado contra la sociedad, toda vez que representa la negación del pacto social y la nulidad de las condiciones fijadas a los individuos para que estos presten obediencia a las leyes.
(v) Para determinar el ámbito de aplicación de aquellas como excepción al principio de la irretroactividad surgió la teoría de los derechos adquiridos expuesta por Blondeau, quien distinguió entre ellos y las simples esperanzas, conceptos atendidos por la jurisprudencia patria.
Configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona. De ahí que para el nacimiento del derecho es necesario que antes de la ocurrencia del tránsito legislativo se cumplan todos los requisitos necesarios para obtener su titularidad.
Y en las expectativas, los presupuestos para ganar el derecho no se han consolidado conforme a la ley, pero es factible que se reúnan en el futuro, si no se produce un cambio relevante en el ordenamiento jurídico.
El censor acusa la decisión opugnada de haber violado, por la vía indirecta, los artículos 947, 950, 952 y 964 del Código Civil y 195 del Código de Procedimiento Civil, a causa de haber incurrido en errores de hecho y de derecho.
En su desarrollo, refirió en síntesis:
1. El tribunal adujo que en el litigio los convocados venían negando su calidad de poseedores y con ello incurrió en un yerro de derecho, puesto que la confesión debe versar sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria, conforme lo exige el artículo 195 del ordenamiento procesal.
La afirmación de las opositoras no les genera consecuencia adversa alguna; por el contrario, las favorece. Sin embargo, el juzgador consideró que era una confesión y dedujo de ella que el extremo pasivo no ostentaba la condición de poseedor, sin darse cuenta que la prueba era ineficaz por provenir de la parte a quien beneficiaba tal declaración.
2. La inferencia de que quien ejerce señorío sobre los hidrocarburos en litigio es la Nación es fruto del error de hecho cometido en la apreciación de los contratos, pues salta a la vista que aquella no fue parte en ellos. Tales negocios los suscribieron Ecopetrol como contratante y Coplex de Colombia Ltd. como contratista, “en un pacto de asociación para la exploración del área contratada y explotación del petróleo de propiedad nacional”.
Con esa reflexión tergiversó la prueba, en razón a que, por un lado, le atribuye a la Nación una afirmación que no hizo en esa convención, sencillamente porque no intervino como contratante; por el otro, Ecopetrol en ese pacto tampoco alegó posesión sobre los hidrocarburos de propiedad particular, ni adujo su calidad de poseedora de los existentes en el área materia de la concesión. Lo que manifestó es que “entregaba a Coplex para que explorara y explotara los hidrocarburos de propiedad nacional”, estipulación de la cual no se percató el ad quem.
En suma, en la convención jurídica no consta que la Nación sea la poseedora de los bienes perseguidos, ni que las demandadas no ostenten esa condición. Lo estipulado es que estas tenían derecho a explotar el petróleo de propiedad nacional, cuestión de la que se aprovecharon para apoderarse del que es de propiedad privada.
3. La inspección judicial y la experticia rendida fueron preteridas, elementos que muestran los actos de señorío de las accionadas sobre los hidrocarburos existentes en el subsuelo de propiedad particular.
En el acta de la primera, cuyos apartes pertinentes reprodujo la censura, consta que se verificó que en los terrenos en cuestión están las instalaciones de la Texican Oil PLC, pozo Comape 2 y también existe otro con el cual la demandante inició labores de exploración con permiso del Ministerio de Minas.
Y en el dictamen se conceptuó, según los aspectos reproducidos del mismo, que el terreno recurrido es el que fue objeto de la aludida inspección y que está incluido tanto en el área de la propuesta para la explotación y explotación de petróleo formulada al Ministerio de Minas por Walter Link como en el contrato ajustado entre Ecopetrol y las accionadas. Así mismo, allí se dictaminó que en tal fundo existen tres pozos perforados y entubados con sus válvulas y sellados, encerrados con malla y muros metálicos, dotados de luz eléctrica y de un carreteable, los cuales son parte de la exploración adelantada por Texican Oil PLC, a quien Coplex Colombia Ltd. le cedió el negocio jurídico suscrito con Ecopetrol.
El recurrente denuncia la infracción, por vía indirecta, de los artículos 946, 947, 950, 952 y 964 del Código Civil; 264 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que incurrió en error de derecho en la apreciación de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, el 15 de diciembre de 1962.
En resumen, en su sustentación explicó:
1. Que el tribunal estimó que “no está acreditada en la actualidad con nitidez suficiente el derecho de dominio de los demandantes al petróleo y demás hidrocarburos que puedan hallarse en el subsuelo de la zona geográfica objeto de este debate, pese al reconocimiento efectuado por la Corte Suprema en la sentencia de 15 de diciembre de 1962”.
2. Que ese fallo como documento público que es da fe de la declaración en él contenida, esto es, que la actora es la propietaria de los mentados hidrocarburos, conforme aflora del artículo 264 del estatuto procesal civil.
3. La jurisprudencia ha sostenido que las sentencias judiciales son documentos públicos, en la modalidad de instrumentos públicos y, por ende, en su apreciación deben atenderse los artículos 258 y 264 ibídem, amén que puede abarcar la causa de la decisión, según el análisis que en el caso concreto debe hacerse de la relación entre esta y lo resuelto (Cas. Civ. de ago. 22/2002, Exp. 6734).
B.) Segunda demanda
De Danilo Devis Pereira, en su condición de cesionario de una parte de los derechos litigiosos de la actora
El fallo impugnado vulneró los artículos 58 y 332 de la Constitución Política; 28 de la Ley 153 de 1887; 5 y 34 del Decreto 1056 de 1953; 1º de la Ley 20 de 1969 y las normas de los decretos que la reglamentaron —2 del 797 de 1971, 28 del 1895 de 1971, 7 del 1275 de 1970 y 7 del 2477 de 1986—; 1º de la Ley 97 de 1993; 332 del Código de Procedimiento Civil y 762, 946, 947, 950, 952, 953, 961, 962, 963 y 964 del Código Civil, tanto por vía directa como indirecta, como consecuencia de haber cometido errores jurídicos y de hecho.
El tribunal desestimó las pretensiones porque echó de menos el título del reivindicador y la posesión del demandado. La primera conclusión la sustentó en argumentos jurídicos y la otra en razones probatorias, siendo imperioso combatir ambos en acatamiento a la regla de que el ataque en casación debe ser completo y omnicomprensivo, amén de que es factible conjuntar las acusaciones en un solo cargo, conforme lo ha explicado la jurisprudencia, sin perjuicio de la facultad de escindirlas que le asiste a la Corte.
Dicho juzgador infringió la normatividad sustancial, así:
1. Por vía directa.
Cuando dijo que el derecho reconocido a la actora en la sentencia de 15 de diciembre de 1962 no ofrece discusión, ya que en el proceso no fue controvertida la titulación que esgrimió respecto a la propiedad de los bienes habidos en el subsuelo de los predios en cuestión, añadió que “el problema es que ese derecho quedó sujeto a las nuevas regulaciones del Estado colombiano, principiando por la Ley 20 de 1969” y las otras normas que citó, apreciación desacertada respecto de la aplicación y vigencia de las normas en el tiempo.
Con ello plantea que “las leyes, aunque ‘nuevas’ son de recibo en los derechos que vienen de atrás”, apreciación equivocada por cuanto los derechos, tanto más lo que no ofrecen discusión, se perfeccionan “en su tiempo y sazón”, y perfeccionada su formación no se pierden por disposiciones futuras, pues, ello atentaría contra la seguridad jurídica.
Desarrolla el reproche, en los términos siguientes:
a.) El dominio de la demandante jamás ha sido limitado, condicionado o estado pendiente de algo, pues, desde su génesis ha sido “completo y enterizo”.
Parte de la desviación obedeció al desconocimiento de la genuina inteligencia de la preceptiva de donde emanó el aludido derecho: el ad quem desatendió el alcance jurídico de la competencia asignada por la ley a la Corte Suprema de Justicia para que fallara definitivamente sobre la propiedad privada del petróleo, toda vez que no entendió el alcance y la naturaleza jurídica de la controversia suscitada otrora entre la comunidad reclamante y la Nación, ni comprendió aspectos tales como los términos en que la regulaba la ley entonces imperante, la teleología legislativa al someterse al conocimiento de un solo juez y en única instancia.
La sentencia proferida conforme al artículo 34 del Decreto 1056 de 1953 zanja la disputa entre la Nación y el particular que se opone a la expedición de la autorización para explorar y explotar el petróleo. Por esa razón, la emitida el 15 de diciembre de 1962, por la Sala de Negocios Generales de esta Corporación dirimió el punto al declarar que “ ‘son de propiedad particular y pertenecen a la sucesión ilíquida de don Francisco de la Cruz Trespalaciones Marzán, el petróleo y demás hidrocarburos que existen en la porción del globo de terreno denominado Santa Bárbara de las Cabezas (...)’ ”, y lo propio hizo respecto del predio San José de Mata de Indios o la Emboscada; y, subsecuentemente, dispuso que “ ‘el gobierno deberá excluir del contrato propuesto el petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en las áreas o porciones que en este fallo se reconocen como de propiedad particular’ ”.
La citada norma ordena un reconocimiento irrestricto del derecho, no lo condiciona a que hubiesen yacimientos descubiertos; de ahí que una natural consecuencia de su aplicación es que el reconocimiento del dominio particular sobre un determinado petróleo apareje su exclusión del patrimonio nacional, conforme lo declaró la Corte.
Reafirma la ausencia de la mentada restricción, por una parte, el artículo 32 de la Ley 10 de 1961, según el cual “ ‘el que se considere propietario del petróleo que pueda existir dentro del terreno objeto de la propuesta, deberá demandar a la Nación (...)’ ”; y, por la otra, el artículo 35 del Código de Petróleos de la época, pues disponía que “ ‘al aviso deberá acompañar las pruebas que demuestren el derecho a extraer el petróleo que se encuentra o pueda encontrarse en aquel terreno, junto con un plano topográfico del perímetro de la respectiva propiedad’”.
b.) La exclusión ordenada en la sentencia habla por sí de que el derecho declarado no era precario, inestable o imperfecto.
c.) El fallo fue objeto de registro. Y ello porque el Estado implementó un mecanismo que con claridad y precisión diera cuenta de cuáles petróleos son de propiedad particular, pues, el artículo 1º de la Ley 10 de 1961 dispuso el registro en el ministerio del ramo de las providencias administrativas y sentencias judiciales que reconozcan y declaren el dominio privado del mismo, inscripción que, amén de su consabido rol de divulgación, cumple un papel definitorio y esclarecedor al respecto.
d.) El derecho no fue definido en una controversia cualquiera, ya que tuvo un escenario principalísimo.
Los dueños del petróleo e hidrocarburos localizados en la Hacienda Santa Bárbara de las Cabezas y San José de Mata de Indios o la Emboscada, apoyados en el artículo 34 del Decreto 1056 de 1953, formularon oposición a la propuesta de exploración y explotación presentada por otros, razón por la que esta fue suspendida y enviada a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia para que por el trámite ordinario en única instancia y dando prelación al juicio resolviera definitivamente sobre quién era el propietario, si el Estado o tales particulares, conforme lo dispuesto en la norma en mención. Litigio dirimido en la providencia de 15 de diciembre de 1962 que definió que el petróleo pertenecía a los opositores.
La controversia fue ventilada por la vía ordinaria, garantista del derecho de defensa y contradicción, frente a la Nación, legítima contradictora en la materia, produciendo, en consecuencia, efectos con alcances erga omnes.
La ley señala que el fallo debe resolver “‘definitivamente’” sobre la propiedad del petróleo, por lo que al pronunciarlo la Corte termina y cierra el caso para siempre, sin posibilidad ninguna de que se vuelva sobre el asunto, propósito que también perseguía con el establecimiento de su registro.
Por eso, el legislador encargó la definición de tal contienda a un solo juez, excluyendo a los demás, para que de manera privativa aquietara la contienda: la Corte Suprema de Justicia. Incluso, le confió zanjar tales asuntos en “‘una sola instancia’”.
Tanto es así que el magistrado que salvó el voto respecto del concepto emitido por la Sala de consulta del Consejo de Estado asentó que era preciso examinar cada sentencia en particular, pues, algunas están a salvo del influjo de la Ley 20 de 1969.
e.) El Estado se preocupó de que los propietarios del petróleo figuraran en el registro público y de que pudieran desarrollar los atributos de ese dominio, porque entendió perfectamente la fuerza de la normativa antes enunciada.
Y es que el Ministerio de Minas y Energía autorizó la perforación solicitada por los dueños, según Oficio 020741 de 11 de noviembre de 1987, y a la oposición formulada por Ecopetrol respondió: “ ‘se concluye que una sentencia de reconocimiento de propiedad privada, que profirió la Corte Suprema de Justicia el 15 de diciembre de 1962, en nuestro ordenamiento jurídico tiene efecto de cosa juzgada y como otorga un derecho, este no puede ser desconocido por una Ley nueva, en virtud de lo dispuesto por el artículo 58 del régimen político y municipal’ ”, a lo que agregó: “ ‘en consecuencia, una vez presentada la solicitud de aviso para perforar un pozo dentro del área objeto de un reconocimiento de propiedad privada, mediante sentencia ejecutoriada, de autoridad competente, es imperativo para el Ministerio otorgar dicha autorización’ ”.
Esa postura de respeto sumo a las sentencias también la acogió la Sala de Consulta del Consejo de Estado cuando conceptúo sobre el particular que “ ‘es evidente, pues, que la propiedad privada de las minas y yacimientos de hidrocarburos, adquirida con anterioridad al 22 de diciembre de 1969, no quedó afectada con la nueva ley, y mucho menos en aquellos casos definitivamente resueltos por la Corte Suprema de Justicia, casos que siguieron protegidos por la excepción, por la verdad formal de la cosa juzgada y por los artículos 30 y 202 de la Constitución Nacional’ ”.
Los titulares del aludido derecho iniciaron, entonces, la perforación autorizada el 28 de diciembre de 1987, según consta en el acta respectiva de la Alcaldía del municipio de El Paso, labores interrumpidas por motivos de orden público.
f.) El tribunal desconoció la mentada titulación, porque se equivocó en la aplicación temporal de las leyes.
Cometió ese yerro por cuanto olvidó que la Constitución, vigente para esa época y la actual, garantiza la propiedad y los demás derechos adquiridos con justo título y de conformidad con las leyes preexistentes, y con mayor razón ampara el que pasó por el tamiz de la justicia siendo finalmente declarado por una sentencia.
Así lo disponía el artículo 30 de la Carta Política de 1886, en vigor para la época de la sentencia esgrimida como título por el reivindicante, amén que dicho principio fue insertado en el Código Civil por expresa disposición del artículo 4º de la Ley 57 de 1887, lo cual evidencia la seguridad anhelada en la materia.
Ese respeto por la propiedad privada, particularmente por el petróleo, lo reiteró el Código de Minas —Decreto 1056 de 1953—, en su artículo 5º en el que estatuyó que “ ‘los derechos de los particulares sobre el petróleo de propiedad privada serán reconocidos y respetados como lo establece la Constitución’ ”, insistiendo seguidamente en que “ ‘el Estado no intervendrá con respecto a ellos en forma que menoscabe tales derechos’ ”.
Y lo conservó la nueva Constitución en su artículo 58, sin que varíe un ápice con lo dispuesto en el artículo 332, pues, si bien señala al Estado como propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, destaca que de todas maneras se garantizan y se protegen los derechos adquiridos conforme a las leyes preexistentes.
Por tanto, en el caso concreto en que el dominio de la actora sobre el petróleo fue escrutado y definido en una sentencia, resulta evidente su ingreso al patrimonio de quien allí fue declarado dueño y, por tanto, se impone honrar por todos dicho reconocimiento.
g.) Cuando la titular del petróleo pretendió reanudar su exploración y explotación, el Ministerio cambió de criterio y por Resolución 31668 de 3 de septiembre de 1991 desautorizó la iniciación de esa actividad, ya que adujo que además de la sentencia que reconoció el dominio debía acreditarse la existencia de yacimientos descubiertos antes del 22 de diciembre de 1969, exigencia no contenida en el artículo 34 del Código de Petróleos, en vigor para la época de la emisión de la sentencia, sustentada precisamente en esa norma.
h.) El Consejo de Estado también cambió de opinión al decidir sobre la nulidad del citado acto administrativo y el restablecimiento respectivo, ignorando que el derecho de los reivindicantes pertenecía a la categoría de los adquiridos de conformidad con las leyes preexistentes y que había sido definido por sentencia judicial.
i.) El debate sobre la aplicación de decretos y leyes sobrevenidos podrá darse en cualquier escenario, excepto en esta controversia, en virtud de que el derecho de dominio fue establecido “en una sentencia especialísima, que zanjó el pleito ‘definitivamente’ (...)” y, por tanto, es ajena a toda disputa posterior.
j.) No es dable pretextar que la supuesta extinción del derecho de los demandantes tiene causa en las estipulaciones del artículo 28 de la Ley 153 de 1887, puesto que si bien sujeta el ejercicio, cargas y extinción de todo derecho real a las nuevas disposiciones, lo cierto es que el artículo 1º de la Ley 20 de 1969 y las normas concordantes reclama que la propiedad privada sobre petróleos esté vinculada a yacimientos descubiertos, pero creando así un nuevo requisito para su adquisición, mas nada tiene que ver con su ejercicio. En todo caso, si así fuere solo podría exigirse en lo sucesivo, pues antes este último se cumplió conforme lo demandaba la ley.
La parte accionante siempre ha buscado explotar el bien materia de la reivindicación, pues, para ello celebró contratos para tal efecto, en cuyo desarrollo adelantó trabajos sísmicos, geológicos, exploraciones técnicas, evaluaciones, etc., y realizó inversiones con tal fin, de todo lo cual da cuenta el hecho 33 del escrito introductor del juicio y lo acreditan los documentos visibles a folios 812 a 902 del cuaderno principal.
2. Por vía indirecta.
El fallador cometió error de hecho en la valoración del material probatorio como pasa a exponerse:
a.) Para el tribunal, no hay discusión de que las demandadas ocupan los bienes en litigio, pero no como poseedoras sino contratantes.
Empero, esa conclusión es equivocada porque aquellas son contratantes, pero de cosa diferente al objeto de la reivindicación. Ocurrió que el juzgador al apreciar los documentos pretermitió que el objeto del pacto de asociación comprendía, no cualquier petróleo, sino solo el que fuera de propiedad nacional, conforme lo estipulado en su cláusula primera.
Por esa razón, las opositoras podían obrar dentro de los límites del contrato —adelantar labores de exploración y explotación sobre petróleos de propiedad nacional—, y en ellos ostentan la aludida condición. En cambio, si ejercitan dicha actividad respecto de petróleos que no sean de propiedad nacional “no son contratantes” y “estarían apoderándose de lo que no es suyo ni fue materia del pacto”, cuestión que es lo que sucede respecto del crudo existente en las haciendas Santa Bárbara de las Cabezas y San José Mata de Indios o La Emboscada, porque fue declarado de propiedad privada, y no existe decisión en contrario ni ha sido expropiado.
El ad quem, entonces, incurrió en error de hecho en la contemplación de la prueba documental, yerro evidente ya que los límites cercenados al contrato son detectables a primera vista, y trascendente puesto que al hacerse abstracción del mismo, se advierte que las opositoras se apoderaron de los bienes a reivindicar, y que la exploración y explotación que allí llevan a cabo lo hacen por iniciativa propia, sin consideración a las mentadas convenciones.
b.) Coplex Ltda. denunció el pleito a Ecopetrol y a Maracas I Limited, lo cual significa que llamó a un tercero que le dio palabra de ampararlo en la posesión pacífica de un bien, amenazada por el reclamo de la actora. Y es que quien así actúa revela necesariamente su calidad de poseedor de la cosa en disputa, habida cuenta que, como lo ha enseñado la Corte, “ ‘la denuncia del pleito cabe hacerla (...) solo a la persona de quien el litigante ha adquirido, a título oneroso, el derecho real que se discute en la litis, para obligarlo al saneamiento en caso de evicción (Sent. S. de N.G., mayo 8/54, LXXVII, 650)’ ”.
Como el tribunal no se percató de que si se denunciaba el pleito, por ahí derecho estaba la confesión de la posesión, cayó en otro yerro fáctico.
c) Otro desatino fue inadvertir que la parte accionada no acudió a la laudatio o nominatio autoris, pues, siendo convocada como poseedora en la reivindicación, de no serlo, tan pronto fue notificada como tal y dentro del término para contestar la reclamación, tenía la obligación de manifestar a nombre de quién entonces detentaba la cosa, según se desprende de los artículos 953 del Código Civil y 54 del estatuto procesal civil.
Corrobora lo anterior el hecho de que Ecopetrol y el Ministerio de Minas hubiesen ensayado, más de una vez, la intervención ad excludendum, figura a la que acude quien considera que la cosa o el derecho controvertido le pertenece exclusivamente, lo que conduce a pensar que obedeció a que estimaba que Coplex y Texican pretendían para sí los bienes objeto de la reivindicación, y daban claras señales de tener ánimo posesorio.
El fallador no vio esa conducta y, por tanto, dejó de apreciar el indicio, grave si se articula en el cuadro probatorio denunciado como omitido, contemplado en el artículo 249 in fine.
d.) Pasó por alto que la inspección judicial da cuenta de la presencia de las contradictoras en los bienes objeto del proceso, adelantando actividades de aprovechamiento económico.
Igualmente, que los peritos que intervinieron en esa diligencia, tras dictaminar que los terrenos examinados son los mismos referidos en la sentencia de 15 de diciembre de 1962 y están dentro del área a que alude el contrato de asociación celebrado entre Ecopetrol y Coplex, señalaron que allí “ ‘existen tres pozos perforados y entubados con sus válvulas, sellados. Y cada uno de ellos está encerrado con malla y muros metálicos. Existe un carrete cable (sic) con buen afirmado que los comunica, y hay también luz eléctrica en cada uno de esos sitios o parajes instalados por la compañía Complex (sic) y/o Texican Oil Plc’ ”; además, que observaron “ ‘durante el recorrido entre los pozos Compae 1 y Compae 2, con buen carreteable construido por Coplex Colombia o Texican Oil, encontró un centro ecológico, zoocriaderos, estanques para peces personal trabajando’ ”.
Los expertos finalmente expusieron: “ ‘lo anterior lo pudo comprobar el honorable magistrado ponente durante la diligencia de inspección judicial de febrero 11/00, y consta en el acta respectiva que los tres pozos allí relacionados (...), son parte de la exploración que adelanta en esos terrenos a (sic) compañía Texican Oil Plc, a quien Coplex Colombia Ltd. le cedió el contrato celebrado con Ecopetrol’ ”.
1. La comunidad pidió que por pertenecerle el dominio pleno y absoluto del petróleo y demás hidrocarburos existentes en el subsuelo de los predios Hacienda Santa Bárbara de Las Cabezas y San José de Mata de Indios o La Emboscada se ordene a las convocadas restituirle la posesión de los mismos, junto con sus frutos, sin que tenga que indemnizarle las expensas necesarias ni las mejoras útiles.
2. El tribunal confirmó la desestimación de tales súplicas, porque no encontró acreditado el dominio de la reivindicante ni la posesión de las contradictoras.
Respecto del primer requisito consideró que si bien el fallo de 15 de diciembre de 1962 declaró que las cosas en disputa pertenecen a las sucesiones ilíquidas de Francisco de La Cruz Trespalacios Marzán y Oscar Adolfo Trespalacios Cabrales, por haber salido del patrimonio estatal antes de 28 de diciembre de 1962, lo cierto es que ese derecho quedó sujeto a las nuevas regulaciones del estado colombiano y, por tanto, estaba condicionado al descubrimiento del yacimiento para la época en que entró en vigor la Ley 20 de 1969, conforme lo prescrito en su artículo 1º y en el de la Ley 97 de 1993.
Y en cuanto al otro presupuesto, estimó que las opositoras no eran poseedoras sino contratantes, en virtud del convenio de asociación que Ecopetrol suscribió con Coplex Colombia Limitada, y la cesión parcial que esta hizo a Texican Oil PLC del mismo.
3. Ambos censores plantean que el dominio de los particulares sobre el petróleo declarado mediante sentencia judicial antes de la vigencia de la Ley 20 de 1969, 22 de diciembre de 1969, por tratarse de un derecho adquirido, no está sujeto al descubrimiento de un yacimiento, requisito instituido por esa normatividad para obtener de ahí en adelante la propiedad de dicho bien.
La comunidad aduce que el ad quem incurrió en errores de hecho y de derecho, por cuanto pretirió la inspección judicial y la experticia que evidencian los actos de señorío ejecutados por sus contendoras, tergiversó el convenio de asociación demostrativo de que quien contrató fue Ecopetrol y no la Nación como infirió, y tuvo como confesión la negación por las demandadas de su calidad de poseedoras, sin advertir que ese hecho no les genera consecuencias jurídicas adversas.
El cesionario le imputa a aquel la comisión de yerros de facto, por haber preterido escrutar el objeto del pacto de asociación, la confesión de la posesión implícita en la denuncia del pleito y los indicios graves desgajados de haber omitido las accionadas acudir a la laudatio nominatio autoris y de la pretendida intervención ad excludendum de Ecopetrol y el Ministerio de Minas.
4. Cuando el sentenciador al definir la litis lesiona la ley sustancial incurre en lo que se ha denominado vicio in judicando, siendo menester distinguir si acaeció por un equivocado entendimiento del derecho material o por una indebida apreciación de la prueba.
En el primer caso la norma es infringida por vía directa, pues, desconoce su existencia, validez o le dio un significado distinto al que corresponde. Y en el otro es vulnerada en forma indirecta, ya sea porque supone, ignora o tergiversa la prueba (error de hecho), o la valoró contrariando las reglas imperativas que disciplinan su eficacia demostrativa (error de derecho).
Por eso, si el quebranto del precepto obedece a un dislate jurídico, el discurso del impugnante debe desarrollarse en torno a los textos legales por cuya supuesta violación se duele, con absoluta exclusión de los aspectos probatorios. Y si el desacierto es fáctico debe aplicarse a demostrar los supuestos que lo estructuran.
Así, el de hecho presupone que sea manifiesto y trascendente, vale decir, de tal magnitud que resulte ostensiblemente contrario a lo que muestran los elementos de juicio, y que influya de manera directa en lo dispositivo de la sentencia, a tal punto que sin él se hubiese resuelto en un sentido distinto.
En punto de este tema, la Corte ha expuesto que “mientras la directa dimana de los errores de juicio sobre la existencia, validez, alcance o significado de un precepto legal sustantivo, sin consideración alguna a la prueba de los hechos o al contenido de la demanda o de su contestación, aspectos estos alrededor de los cuales, por tanto, no se admite aspereza de ninguna clase, los que por el contrario se tienen como correctamente apreciados, la indirecta se da por contragolpe o en vía de consecuencia, vale decir, cuando la infracción del derecho sustancial es resultado de los yerros en la contemplación de los aludidos elementos probatorios, la demanda o su contestación. (...) En otras palabras, al paso que la vía directa presupone (...) la ‘ausencia de riñas de abolengo probatorio’ (...), de manera que la censura enderezada por ella ha de encaminarse derechamente a la impugnación del fallo por el quebrantamiento de la ley sustancial que se considera indebidamente actuada por el juzgador frente a un cuadro fáctico bien visto a través de la evidencia disponible en el proceso, en la indirecta, la carencia de base legal adviene como consecuencia de los errores de hecho o de derecho atribuibles al sentenciador en la apreciación de determinados medios probatorios” (Sent. Cas. Civ., feb. 12/2003, Exp. 7465, criterio reiterado en el fallo de jun. 18/2009, Exp.00341).
Ahora, el antagonismo entre los dislates jurídicos y fácticos torna contradictorio el cargo que denuncia ambos al tiempo; de ahí que, en principio, es inadmisible.
Claro está que ello dependerá de cómo está argumentado el fallo. Si las razones por las que decidió de esa manera son meramente jurídicas o probatorias es obvio que es antitécnico calificar promiscuamente la violación de la ley sustancial como de directa e indirecta, pues en tal evento la acusación debe trazarse por la vía que corresponda al supuesto yerro cometido.
Cuestión distinta acontece cuando la sentencia está apuntalada en elucidaciones de ambos tipos, pese a que bastaría con una de ellas para adoptar la misma decisión. En ese caso, el ataque total bien puede efectuarse en el mismo cargo, planteando las infracciones directas e indirectas debidamente determinadas.
Sobre esta particular situación, la Sala explicó: “(...) Ocurre a menudo que los sentenciadores traen a cuento, no una, sino varias razones que juntas y cada una por sí apuntalan su decisión; (...). Y ocurre que no todas pertenecen a la misma familia. Como si para definir un pleito se dijese que el dueño no está habilitado por la ley para reivindicar sus cosas (yerro puramente jurídico), y que, aunque lo estuviera, lo cierto es que no probó (habiendo prueba de ello) que el demandado fuese poseedor de la cosa; y que sobre apuntalarse en tales reflexiones, añadiese injustificadamente el juzgador que está confusa la identidad de la cosa. En este evento, es paladino que al fracaso de la pretensión concurriría eficazmente cualquiera de las susodichas argumentaciones (...); si por la primera de las anunciadas se inclinase, el ataque propicio en casación sería la vía directa; si por cualquiera de las restantes, por involucrar enfrentamientos de tipo probatorio, la indirecta. (...) La mixtura de sus razonamientos (jurídicos y probatorios) haríale recordar al impugnador que tesis constante ha sido la de que no puede juntar en un mismo cargo cuestiones irreconciliables (vías directa e indirecta), y que tampoco puede a su gusto dejar de lado ninguno porque es también reiterado aquello de que el ataque en casación debe ser completo, (...).. Pues bien: piensa hoy la Sala que nada obsta para que el ataque total pueda hacerse en el mismo cargo con la debida precisión. Conjuntar ordenadamente violaciones directas e indirectas, así como de varia tenga la argumentación del tribunal, guardándose, eso sí, la correspondencia necesaria” (Sent. Cas. Civ. de sep. 20/2000, Exp. 5705).
5. La acción reivindicatoria es la que “tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla” (C.C. art. 946), de ahí que está legitimado para ejercitarla el titular del ius in re, es decir, la persona en quien está radicada la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa (art. 950 ib.), aunque también ha sido conferida al que ha perdido su posesión regular y estaba en condiciones de poder adquirir el dominio por prescripción, caso en el que es improcedente contra el dueño o el que la posea con igual o mejor derecho (art. 951 íd.).
El fin de esa reclamación real, entonces, es recuperar la posesión perdida, y si ello no fuere posible estará encaminada a obtener el pago de un precio equivalente (art. 955 ejusdem).
La prosperidad de la reivindicación presupone la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos estructurales, los que son: a.) dominio en el demandante; b.) posesión del demandado; c.) cosa singular o cuota determinada pro indiviso de esta; d.) identidad entre lo poseído y lo reclamado.
De esos presupuestos para resolver el caso en estudio, conviene destacar los que echó de menos el sentenciador y sobre los cuales recaen las recriminaciones planteadas, así:
Respecto del primer requisito, la Corte ha enfatizado que “justamente, ejercida la actio reivindicatio por el dueño de la cosa, sobre este gravita la carga probatoria de su derecho de propiedad con los títulos adquisitivos correspondientes debidamente inscritos en el folio de registro inmobiliario —artículos 43 y 54 del D. 1250 de 1970; cas. civ. sentencias de 30 de julio de 2001, Exp. 5672 y 6 de octubre de 2005, Exp. 7895— ...” (Sent. Cas. Civ. de feb. 28/2011, Exp. 1994 09601 01, citada en el fallo de dic. 16/2011, Exp. 2000 00018 01).
Y en torno al segundo, se tiene que la posesión es la tenencia de la cosa con ánimo de señor o dueño (C.C., art. 762) y, por tanto, su configuración exige “ ‘la concurrencia absoluta y simultánea de la tenencia física, material y real de una cosa, perceptible en su materialidad externa u objetiva por los sentidos (corpus) y el designio o intención de señorío (animus), ser dueño (animus domini) o hacerse dueño (animus remsibi habendi) de la misma, que por obedecer a un aspecto subjetivo es susceptible de inferir por la comprobación de actos externos razonables, coherentes, explícita e inequívocamente demostrativos (...). Estos elementos deben demostrarse a plenitud en su ocurrencia positiva, en atención a la naturaleza de la cosa sobre la cual recaen y a su indisociable relación con esta (C.C., art. 981), siendo admisible todo medio probatorio idóneo (...)’” (Sent. Cas. Civ., dic. 16/2011, Exp. 2000 00018 01).
6. En el plenario, con incidencia en lo que es motivo de discusión, están acreditados los siguientes hechos:
a.) Que la sentencia de 15 de diciembre de 1962, proferida por la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, declaró que salieron del patrimonio del Estado antes del 28 de octubre 1873, y, en consecuencia, son de propiedad particular y pertenecen a las sucesiones ilíquidas de Francisco de La Cruz Trespalacios Marzán y Óscar Adolfo Trespalacios Cabrales, el petróleo y demás hidrocarburos que existen en los predios Santa Bárbara de las Cabezas y San José de Mata de Indios o La Emboscada (fls. 14 al 57, cdno. 1).
b.) Que el fallo fue inscrito en el registro del Ministerio de Minas y Energía (fl. 58, cdno. 1).
c.) Que esa entidad aprobó la solicitud de perforar el Pozo Mata de Indios 1, según el Oficio 020741 de 11 de noviembre de 1987 (fls. 92 y 910, cdno. 1).
d.) Que el 28 del mes siguiente se inició la operación física del taladro instalado para la perforación del aludido pozo, de acuerdo con el acta de esa fecha, trabajos que fueron suspendidos (fls. 93 y 97, cdno. 1).
e.) Que la actora suscribió sendos contratos de arrendamiento con Tropical Oil Company y Lenco Petroleum para la exploración y explotación del petróleo de propiedad privada que pudiere encontrarse en las citadas fincas, protocolizados, en su orden, en las escrituras 726 y 2666 de 13 de marzo de 1951 y 1º de agosto de 1988 (fls. 782 al 802, 256 al 276, cdno. 1).
f) Que aquella concedió a Sinclair y a BP, en común y pro indiviso, por partes iguales, el derecho exclusivo de explorar y explotar el petróleo y demás hidrocarburos que existan en los terrenos en mención, de acuerdo con lo estipulado en la escritura 3336 de 26 de noviembre de 1964 (fls. 812 al 833, cdno. 1).
h.) Que también celebró con Ricardo de la Espriella un contrato de administración de los bienes en disputa, conforme lo estipulado en la escritura 2124 de 1981 (fls. 835 al 849, cdno. 1).
i.) Que la comunidad propietaria de los fundos solicitó al ministerio autorización para reiniciar “los trabajos técnicos de verificación del yacimiento descubierto, incluyendo la perforación con taladro” (fls. 90 al 95, cdno. 1).
j.) Que el permiso fue negado en la Resolución 31668 de 3 de septiembre de 1991, en razón de que no se probó que con anterioridad a la vigencia de la Ley 20 de 1969 se hubiere descubierto el yacimiento respectivo (fls. 96 al 103, cdno. 1).
k.) Que esa decisión la ratificó la Resolución 32316 de 25 de noviembre de 1991 que resolvió la reposición interpuesta por la peticionaria (fls. 104 al 115, cdno. 1).
l.) Que la comunidad demandó la nulidad de esos actos administrativos y el restablecimiento del derecho, siendo negadas tales súplicas en la sentencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, el 21 de octubre de 1994 (fls. 116 al 189, cdno. 1).
m.) Que Ecopetrol y Coplex Colombia Limitada celebraron un contrato de asociación, protocolizado en la escritura 312 de 2 de febrero de 1996, cuyo objeto es “la exploración del área contratada y la explotación del petróleo de propiedad nacional, que pueda encontrarse en dicha área, descrita en la cláusula 3”, esto es, la denominada “Maracas”, de 90.440 hectáreas y 5.500 metros cuadrados, comprendida entre los municipios de El Paso, Valledupar, San Diego, La Paz, Agustin Codazzi y Becerril (fls. 200 al 249, cdno. 1).
n.) Que el 11 de diciembre de 1997, Coplex Colombia Ltda. cedió a Texican Oil PLC el 85% de los derechos y obligaciones adquiridas en la convención aludida (fls. 251 y 252, 1018 al 1023, cdno. 1).
ñ.) Que la comunidad demandó la nulidad del contrato de asociación y el restablecimiento del respectivo derecho, pretensión desestimada en la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 19 de septiembre de 2000 (fls. 305, 307 al 320, 450 al 461 cdno. 1).
o.) Que el 13 de enero de 1999, Coplex Colombia Limited dejó de ser parte en el citado negocio jurídico, siendo desplazada por Maracas I Limited, según certificación expedida por Ecopetrol (fl. 467, cdno. 1).
p.) Que Texicam Oil PLC señaló que el verdadero poseedor del petróleo materia de la reivindicación era el Estado, a través de Ecopetrol, y solicitó que fuese citado al proceso en forma oficiosa con fundamento en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil (fl. 730, cdno. 1).
k) Que Texican Oil Ltd es el operador del campo Compae, descubierto por Coplex Colombia en el año 1997, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Minas en el oficio de 18 de enero de 2006 (fl. 918, cdno. 1).
l) Que en los susodichos terrenos existen tres pozos perforados, encerrados con malla y muros metálicos, un carreteable e instalaciones de luz, realizados por la Compañía Coplex y/o Texacan Oil PLC, de acuerdo con la inspección judicial practicada con intervención de peritos, por el Tribunal Administrativo del Cesar (fls. 289 al 306).
7. El derecho real español preveía una doble propiedad inmueble: la del suelo y la del subsuelo. Este último pertenecía al soberano y tenía un tratamiento legal distinto al del primero, conforme lo reglado en las Ordenanzas de Minería de Nueva España, la Ley 11 de 1263 (título 28, partida 3ª), La Novísima Recopilación (1936), entre otras.
Estos antecedentes repercutieron en Colombia en su legislación minera, la que se ubica en los periodos siguientes:
a.) Desde la conquista hasta 1858 (Confederación Granadina). Inicialmente todas las minas, existentes en terrenos baldíos o de propiedad privada, pertenecían exclusivamente a la Corona, luego a la República, más no a los particulares.
b.) De 1858 hasta 1886. El régimen jurídico anterior empezó a modificarse, así:
(i) La Constitución de 1858 (rigió a partir del 22 de mayo de ese año) reservó como bienes de la Confederación Granadina, los muebles e inmuebles pertenecientes a la República de La Nueva Granada, los baldíos, las vertientes saladas, los yacimientos de esmeraldas y sal gema, en tierras de cualquier dominio; los créditos activos reconocidos o que se reconocieran a favor de la confederación; los derechos reservados en el Ferrocarril de Panamá (art. 6º).
También autorizó a los Estados Soberanos a regular los asuntos que no fueran de competencia de la confederación, razón por la que procedieron a legislar sobre el régimen minero de cada uno de ellos.
Luego la Ley 106 de 13 de junio de 1873 (Código Fiscal), reconoció a la Nación el dominio de las minas y depósitos de carbón, guano y cualquier otro abono que se hallare en los baldíos (art. 1116) y declaró de propiedad de la Unión las minas de cobre, hierro y demás metales no preciosos, las de azufre y los otros no expresados en su título 14, entre ellos el petróleo (art. 1126); además, dispuso que en toda adjudicación, la propiedad de las tierras baldías cedidas se transfería al interesado con todas sus anexidades y productos, salvo las fuentes saladas, la sal gema y las demás de la Nación, cuyo dominio se hubiere reservado la Unión (art. 939). Esto implicaba que la concesión de baldíos no comportaba la de las minas referidas en los artículos 6º de la Constitución, 1116 y 1126 antes citados, dado que ellas pertenecían a la República.
Y dentro de este período el Estado soberano de Antioquia expidió el Código de Minas (L. 127/1867), estatuto que otorgó la propiedad de las minas de esmeraldas y sal gema a la Nación; las de oro, plata, platino y cobre al Estado, y todas las demás para el propietario del terreno.
c.) De 1886 a la época actual. La Constitución Nacional de 1886 (empezó a regir sep. 7 de ese año) modifica el sistema anterior, por cuanto instituye nuevamente el dominio eminente al reconocer al Estado como titular del aludido derecho real sobre las minas (arts. 4º y 202).
Así, estatuyó que pertenecían a la República de Colombia: “... 2º Los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los Estados, cuyo dominio recobra la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros por dichos Estados, o a favor de estos por la Nación a título de indemnización; 3º Las minas de oro, de plata, de platino y de piedras preciosas que existían en el territorio nacional, sin perjuicio de los derechos que por leyes anteriores hayan adquirido los descubridores y explotadores sobre algunas de ellas ...” (art. 202 ib.).
De esa manera, restauró la reserva estatal del subsuelo, pues reivindicó la propiedad de todas las minas para el patrimonio de la Nación, dejando a salvo los derechos conferidos a terceros. Es decir, separó la propiedad del suelo de la del subsuelo y sentó el principio general: “el dominio del subsuelo corresponde al Estado”, y contempló una excepción al mismo: “salvo los derechos constituidos a favor de terceros”.
De la normatividad expedida en esta última etapa, es del caso destacar el Código de Minas y el de Petróleos, la Ley 20 de 1969 y su reglamentación.
(i) Ley 38 de 1887, adoptó el Código de Minas de Antioquia para toda la República, previa adecuación al nuevo modelo constitucional; de ahí que en aras de restablecer la propiedad estatal sobre los yacimientos mineros exigió que si para la época en que entró en vigor la Constitución de 1886 la propiedad de la mina radicaba en cabeza del dueño del terreno, este tendría un derecho preferencial “para buscar, catar y denunciar las minas que hubiere dentro de su heredad”, pero pasado un año estas podrían ser denunciadas por cualquier otra persona (art. 5º).
Incluso, cuando tenían derechos constituidos y no los concretaban en los términos allí indicados también aparejaba esa consecuencia, pues en el artículo 11 estatuía: “el titular de las minas que, pasando cinco años desde la fecha de la adjudicación, no hubiere establecido trabajos formales de explotación, perderá el derecho adquirido aun cuando pague el respectivo impuesto. Igual pena sufrirá el adjudicatario cesionario que después de establecidos los trabajos dichos, los suspenda por más de un año, salvo fuerza mayor o caso fortuito”.
(ii) El Decreto 1056 de 1959 (Código de Petróleos), en su artículo 5º incluyó como propiedad particular el petróleo existente en los terrenos que salieron legalmente del patrimonio nacional con anterioridad al 28 de octubre de 1873 y que la Nación no haya recuperado por nulidad, caducidad, resolución o por cualquier otra causa legal.
(iii) La Ley 20 de 22 de diciembre de 1969 estatuyó en su artículo 1º que “todas las minas pertenecen a la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros. Esta excepción, a partir de la vigencia de la presente ley, solo comprenderá las situaciones subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos”. Y dispuso que lo allí preceptuado era aplicable a los yacimientos de hidrocarburos (art. 13).
El objetivo de su expedición fue adecuar la normatividad del subsuelo al principio constitucional de que el mismo es de propiedad del Estado, tal como lo evidencia la exposición de motivos, en la cual se consignó que el fin del proyecto era “adaptar la legislación minera al espíritu de la Constitución y eliminar algunos obstáculos que desde hace más de un siglo han venido entorpeciendo el desarrollo de las actividades de exploración, explotación y beneficio de los recursos no renovables” (Historia de las Leyes. Legislatura de 1969, pág. 467).
Por eso, la ponencia para primer debate de dicho proyecto en el Senado, refiriéndose a los artículos 1º y 13 expuso: “en realidad es la ratificación legal del artículo 202 de la Constitución Nacional. En tal sentido no introduce principio jurídico nuevo o distinto de lo que ordenó el constituyente de 1886, pero aclara que los derechos constituidos a favor de terceros solo comprenden las situaciones jurídicas concretas, específicas, como son en la jurisprudencia y en la doctrina los derechos adquiridos. La norma, pues, es interpretativa y aclaratoria, no creativa de derecho” (pág. 517 ib.).
Así mismo, justificó la necesidad de regular el tema, en que el ejercicio del citado derecho real presupone cumplir la función social que la ley señale, porque “solo así el derecho individual de propiedad podrá servir útilmente los intereses de la sociedad” (pág.512).
Por tanto, el comentado ordenamiento, en armonía con la orientación política de la Carta Constitucional, reafirmó el principio de que todas las minas y yacimientos pertenecen a la Nación, sin desmedro de los derechos constituidos a favor de terceros, exceptuando las situaciones subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos.
Así también lo dilucidó la Corte Constitucional en la Sentencia C-424 de 1994 que declaró la exequibilidad de la Ley 97 de 1993, en cuyas consideraciones hizo referencia a la Ley 20; incluso, consideró que “desde la fecha de vigencia de la Constitución de 1886, quedó eliminado el criterio de que cierta clase de minas pertenecían al dueño del suelo, y en consecuencia ese privilegio se tradujo simplemente, por mandato del artículo 5º de la Ley 38 de 1887, en un derecho de preferencia por el término de un año, para denunciar los yacimientos que se encontraran en las respectivas heredades. Igualmente desapareció como consecuencia necesaria de la referida norma legal”.
En ese fallo, con apoyo en el artículo 1º de la Ley 20, se dan por establecido un principio general: las minas y los hidrocarburos pertenecen a la Nación, y una excepción: no son de propiedad de la Nación los derechos constituidos a favor de terceros, cuando respecto de ellos se concreten los presupuestos siguientes:
“a. jurídico, en la situación que reúna los siguientes requisitos: 1. Subjetivo, es decir, clara identificación del titular del derecho; 2. Concreto, preciso en cuanto a la naturaleza objeto y alcance del derecho; 3. Perfeccionado, es decir, totalmente definida por haberse agotado el procedimiento y cumplido las formalidades sustanciales y adjetivas para la existencia de la situación jurídica”.
“b. Fáctico, pues se trata de un yacimiento ‘descubierto’ al cual esté vinculado, de manera al elemento jurídico. Constituyéndose en un concepto de materialidad del objeto, como lo indispensable para la constitución del derecho, y en consecuencia la tipificación de la excepción prevista en la ley”.
Aún más, la Sentencia C-346 de 2 de agosto de 1995 declaró exequibles sus artículos 1º —aparte atinente a la excepción allí consagrada— y 13, al resolver la demanda que los acusaba de violar los artículos 58 y 332 de la Constitución Política, porque, a juicio del actor, exigían un nuevo requisito para obtener el reconocimiento de derechos adquiridos conforme a las leyes preexistentes antes del 22 de diciembre de 1969 (fecha en que entró a regir la ley contentiva de los mismos), consistente en demostrar que las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas se encuentran vinculadas a yacimientos descubiertos, violando los artículos 58 y 332 de la Carta Política.
Dicha providencia advirtió que los preceptos cuestionados fueron objeto de interpretación auténtica en la Ley 97 de 1993, cuya constitucionalidad fue demandada por idénticas razones, y por eso fundó su decisión en los mismos argumentos allí esgrimidos, los cuales trasuntó.
(iv) El Decreto 1994 de 1989, reglamentario de la ley antes reseñada, con respecto a la excepción atinente a los derechos constituidos a favor de terceros dispuso en su artículo primero: “a partir del 22 de diciembre de 1969, solo comprende las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a uno o varios yacimientos descubiertos. Se entiende que únicamente reúnen tales requisitos las situaciones individuales creadas con anterioridad a la fecha citada, por un título específico de adjudicación de hidrocarburos como mina o por una sentencia definitiva, siempre que tales actos conserven su validez jurídica y que el 22 de diciembre de 1969 esas situaciones estuvieran vinculadas a uno o varios yacimientos descubiertos”.
En el siguiente canon señala: “Para efectos de lo previsto en la Ley 20 de 1969 y en el presente decreto, un yacimiento se reputa descubierto cuando mediante perforación con taladro y las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentran acumulados los hidrocarburos, y que se comporta como una unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de los fluidos”.
Y en el artículo 3º establece que con la solicitud para obtener la autorización de explotación de petróleo en yacimientos que se pretendan como de propiedad privada deberá acompañarse la prueba de los hechos siguientes:
1º) Un título específico de adjudicación de hidrocarburos como mina, otorgado conforme a las disposiciones legales vigentes a la fecha de su adjudicación, siempre que no hubiere caducado por cualquier causa.
2º) Un fallo que conserve su validez jurídica y reconozca o declare el dominio del peticionario sobre los hidrocarburos que se encuentren en el predio respectivo.
3º) Que el yacimiento materia del pedimento haya sido descubierto con anterioridad al 22 de diciembre de 1969, fecha en que entró en vigencia la Ley 20.
El Consejo de Estado —Sección Tercera—, en su fallo de 17 de noviembre de 1994 —expedientes acumulados 1994 N6072 N5942—, concluyó que el precitado decreto se ajustaba a la Carta Constitucional y estaba en armonía con la ley que reglamentó, por cuanto la preceptiva allí contenida en parte repite los aspectos regulados en la ley reglamentada y en el resto provee con sus precisiones a su cabal entendimiento y observancia.
Es de destacar que al examinar el artículo 2º dejó en claro que en la materia solo puede hablarse de derechos adquiridos cuando recaen sobre un depósito petrolífero cuya existencia esté comprobada por haber sido identificado en forma tangible y estar poseído físicamente. Y agregó que “el yacimiento se descubre a través de los sistemas propios de la exploración y explotación de hidrocarburos y su prueba solo se logra como lo consagra la norma en cuestión (...)”.
(v) La Constitución Política de Colombia, retomó el principio contenido en el artículo 202 de la Carta de 1886, en cuanto ratificó el dominio estatal de las minas en su artículo 332, según el cual “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.
(vi) La Ley 97 de 17 de diciembre de 1993, interpretó con autoridad la citada Ley 20, concretamente, en lo atinente a la excepción prevista en sus artículos 1º y 13, en cuanto definió las acepciones “derecho constituido a favor de tercero” y “descubrimiento de hidrocarburos” a que ellos hacen alusión.
Dice que por tal derecho debe entenderse “las situaciones jurídicas subjetivas y concretas, adquiridas y perfeccionadas por un título específico de adjudicación de hidrocarburos como mina o por una sentencia definitiva y en ejercicio de los cuales se hayan descubierto uno o varios yacimientos de hidrocarburos, a más tardar el 22 de diciembre de 1969” (art. 1º). Y que existirá yacimiento descubierto de hidrocarburos “cuando mediante perforación con taladro o con equipo asimilable y las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentran acumulados los hidrocarburos y que se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de fluidos” (art. 2º).
En su artículo tercero preceptúa que lo dispuesto en los cánones anteriores constituyen la única interpretación autorizada de los artículos 1º y 13 de la mencionada ley 20.
Dicha regulación legal fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-424 de 1994, la que advirtió que los artículos acusados no variaban el contenido normativo de la ley interpretada y que fijaron su alcance, atendiendo la función social del derecho real en cuestión introducida por la enmienda constitucional de 1936 reiterada en la Carta Política de 1991.
Así, consideró que el artículo 1º de la Ley 97 definía el objeto del derecho, “haciendo escapar de posibilidades ignoradas, o inexistentes antes del 22 de diciembre de 1969, inciertas situaciones jurídicas que no solo limitaban irracionalmente el patrimonio nacional, sino que, además, por las riquezas del subsuelo, desconocían la función social, so pretexto del amparo de derechos particulares, dejando a un lado toda la concepción sobre la propiedad y su función social consagrada en la Reforma de 1936 y reiterada en la Carta de 1991”; y el segundo, simplemente, adoptaba una definición técnica del concepto yacimiento descubierto de hidrocarburos, sin adicionarle elemento alguno que variara lo dispuesto en la citada Ley 20.
8. En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho ejercidas por la aquí demandante fueron proferidas las decisiones que a continuación se reseñan.
a.) Sentencia de 21 de octubre de 1994 (Exp. 7374), dictada en el proceso adelantado frente a la Nación - Ministerio de Minas y Energía, en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones, por medio de las cuales fue negada la autorizaron de perforación, con fines de explotación de petróleo en los yacimientos existentes en las haciendas Santa Bárbara de las Cabezas y San José de Mata de Indios o La Emboscada. La providencia negó lo pedido porque:
(i) Aunque la accionante demostró con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 15 de diciembre de 1962 que salió del patrimonio del Estado antes del 28 de octubre de 1873 el petróleo y demás hidrocarburos existentes en los aludidos predios, no pudo demostrar que sus propietarios hubiesen descubierto uno o varios yacimientos de hidrocarburos, a más tardar el 22 de diciembre de 1969.
(ii) La Ley 20 de 1969 se expidió para llevar a la práctica el mandato constitucional, según el cual la propiedad es una función social que implica obligaciones, y en ella se definición que los derechos adquiridos por particulares sobre el subsuelo petrolero, deben estar vinculados a un yacimiento descubierto.
(iii) El Decreto 2655 de 1988 (Código de Minas) reitera las prescripciones de la citada Ley 20 (arts. 3º y 5º), en los términos en que la interpretó la Ley 97 de 1993, quedando en claro que la exención prevista en esa normatividad solo comprende las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas, vinculadas a yacimientos descubiertos y válidos jurídicamente, antes de 22 de diciembre de 1969.
(iv) El ordenamiento patrio estableció un régimen especial de la propiedad particular sobre el subsuelo y en especial del petróleo, según el cual la misma ha sido conferida por el Estado y su continuidad está condicionada, puesto que comporta buena parte de la riqueza pública que debe ser aprovechada en beneficio de la sociedad.
(v) La Ley 97 de 1993 contiene una interpretación plausible y razonable de la voluntad del legislador, quien es el competente para establecer los requisitos relativos al perfeccionamiento del derecho de dominio, y los que se deben cumplir y acreditar para conservarlo, así como las obligaciones que dimanan de la propiedad como función social que implica obligaciones.
b) Sentencia de 29 de marzo de 2012 (Exp.1999 00229 01), emitida en el proceso entablado contra Ecopetrol y Coplex Colombia Ltda., en orden a que se declarara la nulidad absoluta del contrato suscrito entre esta últimas para la explotación de los aludidos hidrocarburos, por infringir el artículo 58 de la Constitución política al desconocer la propiedad privada sobre el subsuelo petrolífero reconocido en el fallo de 15 de diciembre de 1962. La decisión confirmó la desestimación de tales súplicas, por las razones que se exponen.
(i) De acuerdo con la legislación colombiana, el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.
(ii) La demostración del dominio sobre el subsuelo petrolífero impone la concurrencia de dos presupuestos: el título específico o fallo que conserve su validez y la vinculación a uno o varios yacimientos descubiertos antes del 22 de diciembre de 1969.
(iii) La prueba recaudada no da cuenta de un descubrimiento de hidrocarburos de la comunidad en los fundos donde se ejecuta el contrato de asociación.
(iv) La reclamante solo contaba con una mera expectativa, mas no con un derecho constituido a su favor, para así reclamar el dominio del subsuelo de las susodichas haciendas.
9. De acuerdo con las precedentes reflexiones, el fallo aquí acusado no incurrió en el yerro jurídico imputado por los argumentos que a continuación se exponen.
a) Del marco jurídico antes reseñado emerge que el Estado es el propietario del subsuelo, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes; empero, para que la demandante pudiera alegar para si la indicada excepción no era suficiente la existencia del fallo en que respalda tal derecho, pues, además debió probar su vinculación cierta y directa a un yacimiento descubierto antes del 22 de diciembre de 1969, en los términos previstos en la Ley 20 de 1969 en armonía con el artículo 1º de la Ley 97 de 1993.
b.) La actora, entonces, tenía una mera expectativa, sin que se hubiere constituido un derecho a su favor que la legitimara para reclamar la propiedad del petróleo y los hidrocarburos existentes en el subsuelo de los fundos Santa Bárbara de Las Cabezas y San José de Mata de Indios o La Emboscada. En efecto:
La salvedad del artículo 202 de la Constitución de 1886, reiterado en la Carta Política de 1991, ampara solo los derechos constituidos con anterioridad o posterioridad a la vigencia de dicho canon.
Una cosa es la simple expectativa y otra bien distinta “el derecho constituido” sobre los yacimientos de petróleo, habida cuenta que este hace referencia “a las minas denunciadas, tituladas y explotadas de acuerdo a las leyes anteriores” (Cas. Civ., jul. 12/1913 -G.J.XXII, Nº1109, 1110, págs. 145 al 147- , criterio reiterado en el fallo de ago. 29/63 -G.J. CIII, Nº 2268, 2269, págs. 630 al 646-, ambos citados en la sentencia del Consejo de Estado -Sección Tercera- de mar. 4/94, exp.7120).
c) Desde la óptica del régimen constitucional y legal antes analizado, en la materia en cuestión solo puede predicarse la existencia de derechos consolidados cuando ellos recaen sobre un depósito petrolífero cuya existencia esté comprobada por haber sido identificado en forma tangible y estar poseído físicamente.
Y es que los yacimientos se descubren a través de los sistemas propios de la exploración y explotación de hidrocarburos y su prueba solo se logra como lo consagra la norma en cuestión “mediante perforación con taladro o con equipo asimilable y las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentran acumulados los hidrocarburos, y que se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de los fluidos” (L. 97/93, art. 2º).
d.) El artículo 1º de la Ley 20 de 1969 no convalida situaciones ni derechos anteriores a la fecha de su promulgación, sino que, en armonía con el artículo 202 de la Constitución que regía para esa época, previó que a partir de ella el derecho constituido sea radicado en un yacimiento descubierto.
Ese precepto no tiene carácter retrospectivo ni retroactivo, que permita interpretarlo como convalidante de las meras expectativas anteriores a su vigencia, simplemente exige el cumplimiento del aludido mandato constitucional y, por lo mismo, la excepción que contempla consiste en derechos constituidos en yacimientos descubiertos.
En este aspecto son elocuentes los citados fallos emitidos por el Consejo de Estado y por esta corporación, en los que se han desatado, en lo esencial, las mismas disputas aquí planteadas. Fuera del respeto que tienen dada su vocación de cosa juzgada, lo más importante es que se ajustan al estudio, análisis y conclusiones que se están consignando.
Por consiguiente, las acusaciones acumuladas que combaten lo resuelto por el tribunal respecto al dominio no prosperan.
10. La no estructuración del dislate jurídico denunciado implica que la conclusión atacada queda incólume, esto es, la atinente a que no está demostrado la propiedad de la reivindicante, pues no fue desvirtuada la presunción de acierto y legalidad que la cobija.
Si ese presupuesto axiológico de la acción real de que aquí se trata no está probado, resulta inocuo entrar a estudiar los errores de hecho imputados al fallo combatido que atacan la inferencia de que las demandadas no ostentan la condición de poseedoras de los bienes disputados.
Ello es así, porque los elementos de la reivindicación son concurrentes, es decir, que la falta de cualquiera de ellos conduce al fracaso de la misma.
Por tanto, como en este caso sigue en pie la apreciación que no está acreditado el derecho real controvertido, de nada serviría quebrar el razonamiento sobre el señorío, pues, de todas maneras la restitución pretendida no saldría avante.
La Corte ha explicado que “constituyen elementos, requisitos o presupuestos estructurales, concurrentes e imprescindibles de la reivindicación, el derecho real dominio o propiedad en el demandante, la posesión del demandado, cosa singular o cuota determinada proindiviso de esta y la identidad entre el bien perseguido por aquel y poseído por el último” (Sent. Cas. Civ., 16 de diciembre de 2001, Exp. 2000 00018 01).
De ahí que sea vano examinar y resolver de fondo los supuestos desaciertos de facto endilgados a la sentencia recurrida.
11. Ante la improsperidad de los recursos de casación se impone condenar en costas a los impugnantes, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 375 ibídem, las cuales deberá liquidar la secretaría, incluyendo por concepto de agencias en derecho el valor que aquí se fijará, para lo que se tiene en cuenta que hubo réplica.
En mérito de las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 17 de febrero de 2011, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de la referencia.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 28
 artículo 34
 artículo 195
 artículo 264
 artículo 34
 artículo 32
 artículo 35
 artículo 1
 artículo 34
 artículo 58
 artículo 30
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 58
 artículo 332
 Resolución 
 artículo 34
 artículo 28
 artículo 1
 artículo 249
in fine
 artículo 1
e contrario
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 59
 artículo 11
 artículo 5
 resolución 
 artículo 1
 artículo 202
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 202
 artículo 332
 artículo 1
 artículo 58
 artículo 1
 artículo 202
 artículo 1
 artículo 202
 artículo 375