Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2012/as201221510.htm
Timestamp: 2019-03-25 00:00:12+00:00

Document:
201212-Sala Civil-1-510
Auto Supremo: 510/2012
Expediente: CB-101-12-S
Partes: H. Alcaldía Municipal de la Prov. Cercado de Cochabamba c/ Empresa CABLEBOL S.A.
Proceso: Cumplimiento
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 343 a 347, interpuesto por Richard M. Jaimes Jiménez como apoderado de la Empresa CABLEBOL S.A. contra el Auto de Vista de 27 de julio de 2012 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de Cumplimiento seguido por la H. Alcaldía Municipal de la prov. Cercado de Cochabamba contra la Empresa CABLEBOL S.A., la concesión de fs. 354, los antecedentes del proceso, y:
El Juez Doceavo de Partido en lo Civil dicta la Sentencia de fs. 292 a 297 vlta., declarando probada la demanda de cumplimiento de obligación formulada por la Alcaldía Municipal de Cochabamba cursante de fs. 29 a 30 vlta., y probadas las excepciones de falta de acción y derecho e improcedencia opuestas contra la acción reconvencional; declara también improbada la demanda reconvencional incoada por la Empresa CABLEBOL S.A. como la excepción de falta de acción y derecho contra la acción principal.
Resolución de fondo que es recurrida de apelación por Richard M. Jaimes Jiménez por la empresa CABLEBOL S.A. y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista de 27 de julio de 2012, cursante de fs. 337 a 340, que confirma la Sentencia apelada; resolución de alzada que es recurrida de casación en el fondo y la forma por escrito de fs. 343 a 347 de obrados, que merece el presente análisis.
En el recurso de casación interpuesto por Richard Jaimes Jiménez por la Empresa CABLEBOL S.A. se expresa los siguientes puntos de consideración:
Se acusa violación de los incisos 4) y 7) del art. 254 del Procedimiento Civil y del art. 25 de la Ley 1760, por cuanto dicha Resolución resolvió únicamente la apelación planteada en contra de la Sentencia y no así respecto a la apelación en el efecto diferido, concedido de manera conjunta, faltando de ésta manera una diligencia o trámite declarado esencial.
1.- Se acusa violación del art. 546 y 549 del Código Civil, al argumentar el Auto de Vista que los contratos administrativos no estarían sujetos a las previsiones de invalidez de las señaladas normas legales, sin contar, además, con la correspondiente fundamentación legal.
2.- Se acusa interpretación errónea de los arts. 12 y 13 de la Ley del Notariado y violación del art. 493 parágrafo I del Código Civil, y art 122 de la Constitución Política del Estado, pues es falso que no exista norma legal que sancione con nulidad el hecho de que el Notario de 1ra Clase N° 17 de Cochabamba haya protocolizado un contrato que le correspondía por función , competencia y especialidad a un Notario de Hacienda o Gobierno.
3.- Expresa aplicación incorrecta del art. 236 del procedimiento civil, en razón que los argumentos de la apelación en relación a las excepciones perentorias son claros y concretos y lo decidido en el Auto de Vista no es congruente con los mismos, rechazando fundamentos que jamás expuso, lo cual vulnera el debido proceso.
Finalmente solicita se anule el proceso, y si no se anulará y se ingresará a analizar el fondo, solicita casar totalmente el Auto de Vista, y deliberando en el fondo se declare probada la demanda reconvencional de nulidad de contrato.
El recurrente acusa violación de los incisos 4) y 7) del art. 254 del procedimiento Civil y del art. 25 de la ley 1760, por cuanto dicha Resolución resolvió únicamente la apelación planteada en contra de la Sentencia y no así respecto a la apelación en el efecto diferido, que fue concedida de manera conjunta.
Al respecto cabe señalar, que conforme se evidencia de antecedentes, de fs. 91 a 92 el Juez A quo, dictó Auto de fecha 9 de agosto de 2006 que resolvía las excepciones previas interpuestas por CABLEBOL S.A. contra la demanda principal, a ésta resolución que declara improbada las excepciones, la parte demandada opuso apelación, que le fue admitida en el efecto diferido, conforme consta del decreto de fecha 31 de agosto de 2006, que cursa a fs. 106. Que desarrollado el proceso y dictada la Sentencia de fs. 292 a 297 vlta., el impugnante Richard Jaimes Jiménez a nombre de CABLEBOL S.A., en la apelación, en el Otrosí, del escrito, reactivó la apelación diferida admitida, por lo que el Juez de la causa, mediante Auto de fecha 15 de septiembre de 2007, concedió la apelación en el efecto diferido conjuntamente la apelación a la Sentencia.
De la lectura del Auto de Vista de fs. 337 a 340, se puede establecer que el Tribunal de Alzada omitió referirse respecto a ésta apelación diferida, sin embargo se puede evidenciar, que el recurrente no ejerció su derecho a solicitar explicación y complementación, normado por el art. 239 del Código de Procedimiento Civil en relación al 196 parágrafo II del mismo compilado legal; entendiendo que éste permite "suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas", siendo ésta vía la adecuada para que se pueda suplir la omisión respecto a la pretensión de la apelación diferida, y al no activar éste derecho de complementación se dio por convalidada la Resolución impugnada sobrentendiendo su conformidad con la misma, en tal razón, no resulta pertinente reclamar en casación esta omisión, sabiendo que todos los actos jurídicos procesales dispuestos en un proceso cumplen una función establecida y teleológica, por lo que el recurso de casación en la forma deviene en infundado.
En el marco del recurso corresponde verificar la trascendencia de los documentos que cursan de fs. 5 a 15 y de fs. 16 a 21 vlta., la primera nominada como Minuta de Cesión Gratuita de Terrenos, y la segunda, como minuta de Complementación de la Cesión Gratuita de 1982. A priori, por la intervención de la Comuna en ambos contratos, se puede deducir que es un contrato administrativo, sin embargo, realizando un examen del objeto y el origen del mismo se puede verificar que es un contrato de cesión de terrenos, nacido por la imposición e imperio de la norma, Reglamento de Fraccionamiento de Propiedades con Fines de Urbanización del Municipio de Cochabamba, siendo este contrato un instrumento que viabiliza el cumplimiento de la norma y la voluntad del interesado en que se refrende su urbanización, por ello les son aplicables las normas que rigen al derecho privado.
En el análisis, el recurrente acusa violación del art. 546 y 549 del código civil, puesto que el Auto de Vista argumentó que los contratos administrativos no estarían sujetos a las previsiones de invalidez de las señaladas normas legales. A esto cabe referir, que los dos documentos de los cuales se busca su obligación, una, nominada como Minuta de Cesión Gratuita de Terrenos de fecha suscrita en fecha 14 de julio de 1982, y la otra, minuta de Complementación de la Cesión Gratuita de 1982 de fecha 1ro de marzo de 2000, en concordancia con lo explicado supra, nacieron a raíz de un imperativo legal, que es el de transmitir a titulo gratuito a favor del municipio las vías públicas, áreas de equipamiento, y verdes, por lo cuál se puede establecer que su concepción no inicia de un acto volitivo de las partes (en especial del cediente), sino que esa voluntad está ligada a la obligación que emerge de la norma (obligación-voluntad); sin bien es posible entender que por la participación directa del Municipio de Cochabamba en el contrato se puede percibir que se trata de un contrato administrativo, empero, del examen del objeto del contrato, y de las cláusulas que imperan en éste, se observa que no guarda las características propias de un contrato sujeto a las normas del derecho administrativo, pues si bien existe la concurrencia de la Administración como una de las partes, empero el objeto no está sujeto a la satisfacción de un fin directo o inmediato de carácter público, como pudiera ser la construcción de una obra o la adquisición de bienes y servicios, como tampoco se observa el desprendimiento patrimonial por parte del ente edilicio; en tal razón la normativa aplicable a ésta clase de contrato son las normas de orden privado, además cabe mencionar, si se considerara que los dos contratos de los cuales se solicita su obligación tuvieran su naturaleza administrativa, la jurisdicción competente sería la contenciosa - administrativa, y no la ordinaria civil, como se tramita al presente.
Por lo explicado, no se comparte criterio con el Tribunal Ad quem y la parte recurrente, que consideran que los contratos de Cesión de fecha 14 de julio de 1982 y de fecha 1ro de marzo de 2000 son de naturaleza administrativa, pues no consideraron que estos contratos fueron emergentes de un imperativo normativo, motivado por la Empresa recurrente al realizar los trámites pertinentes para la consolidación de una Urbanización, donde no existió un desprendimiento patrimonial por parte de la comuna y no estaban encaminadas a cumplir fines inmediatos de obra o adquisición de bienes y servicios. Por lo que resulta intrascendente discutir si a un contrato administrativo le son aplicables los arts. 546 y 549 del Código Civil sobre la nulidad y anulabilidad, por cuanto los contratos de cesión que se atiende en análisis, donde si bien concurrió el Estado- Administración Municipal- empero a éstos les son aplicables las reglas del derecho privado, y para el caso, si es pertinente la aplicación de lo estatuido en los arts. 546 y 549 del código civil, y las otras normas propias de la materia.
En relación, a la acusación de interpretación errónea de los arts. 12 y 13 de la Ley del Notariado y violación del art. 493 parágrafo I del Código Civil, y art. 122 de la Constitución Política del Estado. Al respecto, el art. 493 parágrafo I señala: "(Formas Determinadas) I. Si la ley exige que el contrato revista una forma determinada, no asume validez sino mediante dicha forma, salva otra disposición de la ley", a la luz de ésta norma, se establece que, el contrato asume su validez si cumple con la forma, que debe estar expresamente determinada por ley, en cambio, si ésta no es exigida, no puede compelerse al contrato un cumplimiento ajeno de forma, por lo que su validez, desde la forma, no puede ser rebatida.
Asimismo, doctrinalmente se dice que la forma tiene la función de proteger el interés de las partes, teniendo mayor trascendencia en función al interés de terceros, lo cuál implica darle mayor seguridad a los actos jurídicos que los celebrados prescindiendo de estas formalidades, es por ello que el perfeccionamiento de ciertos contratos está ajustado a su cumplimiento.
En ésta línea, se puede distinguir a la forma entendida en su sentido amplio y en su sentido estricto. Desde su sentido amplio, se considera que la forma es un medio para exponer la declaración de la voluntad, acompañada de otros elementos inherentes a un tipo de contrato; para éste caso las partes pueden manifestarse de cualquier forma, siendo las más comunes la oral y escrita, razón para señalarse que desde éste punto de vista todos los contratos son formales.
Entendido desde su sentido estricto, es una manera determinada de exteriorización de la voluntad contractual, exigida en una forma establecida por ley, sancionada con la nulidad del acto jurídico; su validez y eficacia estriban en la forma que la ley le ha asignado.
De estos conceptos se evidencia que la forma es el medio o canal por el cual se manifiesta la voluntad de los contratantes, o sea, es su presentación externa que se percibe. En este sentido los preceptuados normativos que indican determinada forma a un tipo de contrato, están ligados a la voluntad de los contratantes, como forma de exteriorizar su voluntad, de ahí que en un contrato de hipoteca voluntaria la ley exige que se celebre por documento público (art. 491 Código Civil) y para la celebración de una transacción es necesario realizarla de forma escrita (art. 492 Código Civil), a éste tipo de forma es la que señala el art. 493 del código civil. Sin embargo, es diferente cuando la forma no es exigida para la concepción misma del contrato en virtud de su naturaleza, sino para realizar otros actos correlativos a éste que no atañen propiamente la voluntad de las partes, como puede ser de guarda o registro de ese acto.
En el caso concreto, los Contratos de Cesión de fecha 14 de julio de 1982 y de fecha 1ro de marzo de 2000, no tienen una forma determinada establecida en norma alguna para su celebración, por lo que ellas bien podían haberse realizado por documento público o privado, o incluso como un acto unilateral traslativo de dominio a favor del municipio, por lo que la voluntad- obligación del interesado se podía exteriorizar por medio de esas formas.
El recurrente lo que acusa es una formalidad relacionada a la guarda y protocolización del documento, y no propiamente a la forma como exteriorización de la voluntad, de ahí que señala la violación de los arts. 12 y 13 de la Ley del Notariado; en este punto, se precisa, para la nulidad de éste tipo de formas debe estar expresamente determinada por ley. El contrato de Cesión que se atiende, no tiene una forma exigida en ley para su celebración y mucho menos para su guarda, además de mencionar que éste documento por su naturaleza y origen transita por las normas del derecho privado, por tal razón mal se podría exigir una nulidad haciendo abstracción de una nulidad referente al comportamiento propio de un notario de Gobierno o Hacienda, que refiere el art. 12 de la Ley del Notariado, por tal razón no se evidencia infracción a los arts. 12 y 13 de la Ley del Notariado y violación del art. 493 -I del Código Civil, y art. 122 de la Constitución Política del Estado.
En lo referente a la aplicación incorrecta del art. 236 del procedimiento civil, que esgrime el recurrente, respecto a las excepciones perentorias; cabe manifestar que si se acusa violación del art. 236 del adjetivo civil, éste supuesto agravio no puede ser atendido vía casación en el fondo, sino en la forma; conforme lo normado por el art. 254 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil, por lo que resulta no pertinente éste agravio al fondo del asunto.
Por lo expuesto, éste Tribunal de Casación, emite resolución en la forma determinada por el art. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, para ambos recursos.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO, el recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Richard M. Jaimes Jiménez como apoderado de la Empresa CABLEBOL S.A cursante de fs. 343 a 347, con costas.

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución