Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831198.html
Timestamp: 2019-11-12 08:58:32+00:00

Document:
as201831198
Auto Supremo Nº 198
Expediente : 80/2017
Demandante : Restaurante El Mundito
Demandado : Gerencia Distrital del SIN de Chuquisaca
VISTOS: El recurso de casación de fs. 179 a 186, interpuesto por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Grover Castelo Miranda, a través de la cual impugna el Auto de Vista Nº 008/2017 de 3 de enero de 2017 (fs. 172 a 174 vta.), pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso contencioso tributario, seguido por la entidad recurrente contra el Restaurante El Mundito representado por Alejandro Alanes Ponce; el Auto de fs. 189 vta. que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 80-A de fs. 196 y vta. que declaró admisible el recurso; los antecedentes del proceso y:
Que, tramitado el proceso contencioso tributario, la Jueza Tercera en materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria de la ciudad de Sucre, pronunció la Sentencia Nº 9/2015 de 28 de agosto de 2015 de fs. 116 a 121, que declaró Probada la demanda de fs. 7 a 10, sin costas, e Improbada la excepción de vencimiento de plazo, disponiéndose se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria Nº 18-000102-14 de 2 de abril de 2014, debiendo la Administración Tributaria, emitir nueva resolución, conforme a la responsabilidad del titular de la factura, conforme a las disposiciones legales expresadas y vigentes. Asimismo en aplicación del art. 197 del CPC, sin perjuicio de que se recurra en recurso de apelación, se remite en consulta al superior en grado Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
En grado de apelación deducida por el ahora demandante de fs. 126 a 132, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista Nº 158/2016 de fs. 143 a 144, que confirmó totalmente la Sentencia; contra dicho auto de vista se interpuso recurso de casación que fue resuelto mediante Auto Supremo Nº 346 de 24 de octubre de 2016, que Anuló obrados, disponiendo se emita un nuevo auto de vista.
En cumplimiento al Auto Supremo, se emitió el Auto de Vista Nº 008/2017 de 3 de enero de 2017 de fs. 172 a 174 vta., que confirmó totalmente la Sentencia Nº 9/2015. Sin costas.
Contra el auto de vista la parte demandada formuló recurso de casación en la forma de fs. 179 a 186, en el que acusó:
1.- Que el Tribunal Ad quem se limitó a explicar que la jueza de primera instancia habría incurrido en una mala e impertinente exigencia de cumplimiento del art. 155 del CTB, sin embargo, este debió haber anulado la sentencia, y no incongruentemente confirmarla, provocando que se emita un nuevo acto administrativo de sanción que observe lo dispuesto en el art. 155 del CTB, toda vez que este artículo es inaplicable en caso de contravenciones por no emisión de factura, por lo que el Tribunal ad quem al no subsanar el error de derecho cometido en la sentencia, afecta la competencia y causa agravio a la entidad recurrente vulnerando el principio de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso.
2.- Asimismo señala que en su excepción perentoria de vencimiento de plazo, conforme lo establecido por la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, se tiene que pasaron los 15 días que según dispone la norma tributaria, deben computarse desde la notificación con la resolución sancionatoria hasta la fecha de presentación de la demanda contenciosa tributaria, encontrándose la misma fuera de plazo, conforme a la jurisprudencia señalada en el Auto Supremo Nº 47/2015; en consecuencia, al determinar el auto de vista y la sentencia, que la demanda se encuentra dentro de plazo, omite sustentar su fundamento, al aplicar de manera preferente la Ley 439, y menciona equivocadamente el art. 10 de la Ley 1340 que se encuentra abrogado vinculado con el art. 4 del CTB, que son plazos para trámites administrativos que difieren del proceso contencioso tributario que tiene su procedimiento regulado por la Ley 1340, no correspondiendo su aplicación.
Concluyó solicitando “se anule el auto de vista Nº 008/2017”, al no ser subsanable el error de forma incurrido sobre la admisibilidad de la demanda, por lo que corresponde el rechazo de la misma.
En consideración de los argumentos expuestos por la entidad recurrente, se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones previas de orden legal, señalando que:
1.- Con relación a la vulneración del principio de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, por mala e impertinente exigencia del cumplimiento del art. 155 del CTB determinado en la sentencia, cabe el siguiente análisis:
Si bien es cierto que la jueza erróneamente hace mención a la aplicación del art. 155 del CTB, como si se tratara de reincidencia de ilícitos tributarios, sin embargo, el auto de vista impugnado aclara que esta consideración y aplicación no corresponde, al no haber sido relevante para la decisión asumida, toda vez que la sentencia no tendría variación alguna al ordenarse que la Resolución Sancionatoria sea emitida nuevamente por falta de motivación y fundamentación con relación a la reincidencia por la que se impone la sanción de clausura, siendo un exceso que el recurrente pretenda la nulidad bajo el argumento de que se le estaría exigiendo la aplicación del art. 155 cuando en los hechos el fondo radica en emitir una resolución sancionatoria conforme a derecho, que no se limite a señalar que existe reincidencia sin mayor fundamento, razón por la que no procede la nulidad impetrada al no estar justificada y sustentada de manera alguna, no evidenciándose la vulneración alegada del principio de legalidad, ni el derecho al debido proceso, casos en los cuales y de comprobarse una afectación a los sujetos procesales procedería; en consecuencia la vulneración acusada deviene en infundada.
2.- A efectos de dilucidar si la demanda fue interpuesta dentro de plazo, es menester precisar conforme señala el art. 227 de la Ley Nº 1340 “La demanda contencioso-tributaria deberá ser presentada directamente al Tribunal Fiscal en la ciudad de La Paz dentro de los quince días siguientes al de la notificación de la resolución administrativa…”; por su parte el art. 174 de la norma citada señala: “Los actos de la Administración por los que se determine tributos o se apliquen sanciones pueden impugnarse por quien tenga un interés legal, dentro del término perentorio de quince (15) días computables a partir del día y hora de su notificación al interesado, hasta la misma hora del día de vencimiento del plazo, por una de las siguientes vías, a opción del interesado: 1) Recurso de revocatoria ante la autoridad que dictó la resolución. Cuando este haya sido rechazado se interpondrá ante la instancia jerárquica superior y en su última instancia ante el Ministerio de Finanzas. 2) Acción ante la autoridad jurisdiccional que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en el procedimiento contencioso tributario establecido en el Título VI de este Código...”.
Ahora bien, del análisis de dichas normas, se evidencia que no se encuentra regulado por el legislador ordinario en la Ley 1340, que en caso de que en el transcurso o intermedio del plazo otorgado por el art. 174 de dicha ley, concurra un día inhábil -sábado, domingo o feriado-, supuesto que sin duda suprime sustancialmente el plazo para activar la demanda contenciosa tributaria, develando así un vacío procesal que exige de esta jurisdicción una interpretación en el marco de la normativa conexa y aplicable por supletoriedad, bajo la permisión establecida por el art. 214 de la Ley Nº 1340 que refiere: “Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Fiscal, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en este Titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán las normas del Procedimiento Civil.” (El subrayado es nuestro).
Se entiende que al no encontrarse en vigencia el Código de Procedimiento Civil, la norma a aplicar supletoriamente es la Ley del Órgano Judicial y el Código Procesal Civil en actual vigencia, más aun si se trata de normas posteriores a la aprobación de la Constitución Política del Estado -2009-, por lo tanto responden a los postulados establecidos en el nuevo modelo de Estado.
Asimismo se debe considerar el principio pro actione, a partir de cuya comprensión, se constituye en el deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción, lo que también evita pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos que puedan ser subsanados sin dar la oportunidad de hacerlo, prohibiendo asimismo la discriminación al acceso a la justicia de cualquier persona y brindar una justicia pronta y oportuna, sin dilaciones.
Que en resguardo de los derechos al debido proceso en sus elementos de defensa, acceso a la impugnación, así como el derecho a la tutela judicial efectiva, aplicando por supletoriedad lo previsto por el art. 90.II del CPC -por mandato del art. 214 de la Ley 1340-, el término perentorio de 15 días previsto por el art. 174 para presentar la demanda contenciosa tributaria, debe ser entendido bajo el cómputo de 15 días hábiles; toda vez que, la frase “término perentorio” no puede ser interpretada de manera que haga concluir que el comienzo y transcurso del plazo incluya días inhábiles, puesto que su extensión gramatical se refiere únicamente a que dicho plazo no pueda ser prorrogado más allá del establecido.
El Código Procesal Civil, Ley N° 439, ha contribuido y contribuye a clarificar y uniformar la interpretación acerca de los plazos procesales, pues por regla general corresponde ahora su cómputo a partir del día siguiente al de la notificación, hasta última hora hábil del día de su fenecimiento, computables en días hábiles cuando sean iguales o menores de 15 días como sucede en el caso en estudio; además que para el caso que el último día correspondiera a uno inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil siguiente.
A efecto de lograr mayor precisión, en la especie, la resolución sancionatoria emitida por la Administración Tributaria, fue notificada al contribuyente el 11 de abril de 2014, que era viernes; en consecuencia, el inicio del cómputo de 15 días hábiles para la presentación de la demanda, comenzó el lunes 14 y el sujeto pasivo tenía plazo para presentar su demanda, hasta el jueves 2 de mayo de 2014; sin embargo, la presentó el lunes 28 de abril, es decir, dentro del plazo que señala el artículo 174 de la Ley N° 1340, en relación con el artículo 90 del Código Procesal Civil, vigente respecto al sistema de cómputo de plazos, en virtud de lo que establece el numeral 3 de la Disposición Transitoria Segunda del referido cuerpo normativo, pues el Compilado Adjetivo Civil, fue publicado el 25 de noviembre de 2013; en consecuencia el Tribunal ad quem aunque con criterio diferente, no incurrió en vulneración alguna, por lo que la misma deviene en infundada.
Por lo expuesto, corresponde aplicar el art. 220. II del Código de Procesal Civil, en cumplimiento de la normas remisivas contenidas en los art. 214 y 297 del Código Tributario, (Ley N° 1340).
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 179 a 186, interpuesto por la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de Chuquisaca.

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 174
 artículo 90