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Timestamp: 2020-01-28 06:35:52+00:00

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Protección de datos carácter personal en la jurisprudencia contencioso-administrativa
La Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, señala que el derecho a la protección de datos posee una peculiaridad que le distingue de los demás y que radica en su contenido ya que atribuya a su titula un haz de facultades que imponen a terceres deberes jurídicos que en definitiva sirven para garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, que se van concretando en los Fundamentos Jurídicos 6 y 7.
También el apartado 2 del art. 8 de la Carta Europea, configura el contenido del derecho en similares términos a como lo hace la STC concretándolo n una serie de principios-deberes que se han de respetar y en una serie de derecho que derivan para los ciudadanos y que se han de entender.
Estos principios y derechos que hay que respetar ante cualquier tratamiento de datos personales venían ya exigidos fundamentalmente por el Convenio 108 del Consejo de Europa por la Directiva 95/96 CE así como e nuestro derecho interno por la Lortad y con mayor rigor por la vigente LOPD.
PPO. DE CONSENTIMIENTO: Salvo situaciones excepcionales (cuando lo disponga una Ley, se derive de una relación contractual o proceda de fuentes accesibles al público) el tratamiento de los datos personales requerirá el consentimiento del afectado, al que la LOPD define como manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada (art. 3.h.). Esto, no determina que el consentimiento tenga que ser siempre expreso y escrito, pues esta forma de prestar el consentimiento solo se exige para un grupo de datos especialmente protegidos (los que revelan ideología, religión y creencias), ni siquiera expreso, que en cambio se exige en el supuesto de datos que revelen origen racial, salud y vida sexual. Bastará, con carácter general, el consentimiento tácito. El problema, en todo caso, se suscitará a la hora de probas que se obtuvo el consentimiento de esta forma.
PPO. DE INFORMACIÓN: en la recogida de datos hay que informar al ciudadano de la existencia del fichero o tratamiento, de la finalidad de la recogida y los destinatarios de la información, del carácter obligatorio o facultativo de la respuesta y de sus consecuencias, de la identidad y domicilio del responsable del tratamiento, así como de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten (art. 5 LOPD)
PPO. DE CALIDAD DE DATOS: los datos de carácter personal solo se podrán tratar cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos. Se mantendrán exactos y puestos al día o en su caso cancelados (art. 4 LOPD)
PPO. DE FINALIDAD: No podrán usarse los datos para finalidades incompatibles con aquellas para las que hubieran sido recogidos (art. 4.2 LOPD) debiendo haberse obtenido para finalidades determinadas, explícitas, y legítimas (art. 4.1 LOPD).
PPO. DE SEGURIDAD DE LOS DATOS: Obliga a la adopción de medidas de índole técnico y organizativo que garanticen la seguridad e integridad de los datos y eviten su alteración, pérdida o acceso no autorizado. El nivel de las edidas que será necesario adoptar dependerá de la categoría de os datos tratados, en los términos que establece el Reglamento de Medidas de Seguridad, aprobado por Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, que la LOPD expresamente deja en vigor.
Datos relativos a la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Antes de recabarse éstos deberá advertirse al ciudadano de que no tiene obligación de facilitarlos, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16 CE. Si una vez advertido accede a facilitar algún dato de este tipo deberá consentir en ello de forma expresa y por escrito.
Datos relativos al origen racial, salud y vida sexual. Para su recogida o tratamiento se requerirá consentimiento expreso del afectado o, en otro caso que con una norma con rango de Ley así lo disponga por razones de interés general.
Datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas, sólo podrán incluirse en ficheros de las Administraciones Públicas competentes en los supuestos previstos y de acuerdo con sus respectivas normas reguladoras. En consecuencia, en ningún supuesto podrán establecerse ficheros con estos datos por particulares, sean estos personas físicas o jurídicas.
RESUMEN: Se presenta un recurso contencioso-administrativo para solicitar una indemnización por daños morales sufridos como consecuencia de revelación de datos personales de la salud de un menor.
RESOLUCIÓN: Falla a favor del recurrente para que sea indemnizado por la cantidad de 6.010.12 euros a cargo de la administración demandada, Junta de Extremadura en concepto de Responsabilidad Patrimonial.
atentar contra el derecho de las personas a la intimidad y confidencialidad en relación con los datos referentes a su salud
No se ha cumplido la garantía que los centros sanitarios deben ofrecer para preservar el derecho de sus pacientes a su intimidad y la legitimidad del acceso a los datos sobre su salud
No se ha solicitado el consentimiento informado por parte del paciente
Se ha roto el deber del médico a mantener su secreto profesional........etc.
NORMATIVA ESTATAL por la que se establece que todas las personas tienen derecho a la intimidad y confidencialidad en relación a los datos referentes a su salud: LEY 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad.
Aunque sea un tema relativo a la protección de la intimidad y datos de carácter personal, situado dentro del Derecho Constitucional como uno de los derechos fundamentales de las personas.............Al tratarse del incumplimiento de la responsabilidad de las Administraciones sanitarias, sólo puede conocerse por la jurisdicción contencioso-administrativa de acuerdo a las normas reguladoras de la responsabilidad de las Administraciones Públicas. Además, está a salvo el supuesto de condena penal, y tampoco se puede exigir por parte del dañado responsabilidad civil al personal al servicio de la Administración. De este modo, la mayor parte de los supuestos de responsabilidad médica se escapan del Derecho Civil.
En este aspecto, es prciso recordar que el derecho a la intimidad tampoco se ve vulnerado cuando en el transcurso de la actividad económica, la Administración tributaria establece fórmulas de control frente a la defraudación fiscal, como puede ser el establecimiento de la tarjeta de identificación fiscal (STC 143/1994) Caso “ Los Datos del NIF”
El defensor del cliente: Es una figura importada de la práctica anglosajona, cuya existencia se prevé en el art. 9º de la Orden de 12 de diciembre de 1999 y en las normas 14ª y 15ª de la Circular 8/1990, del Banco de España. Es una situación de naturaleza privada que tiene por función la tutela de los intereses de los clientes de la entidades de crédito en sus elaciones con las mismas y que persigue que la equidad y la confianza recíproca. Se excluyen de sus competencias con sus empleados y societarias de las entidades con sus socios o accionistas, así como las decisiones de concesión de créditos, las cuestiones que estén “sub iudice”, etc. Los procedimientos que siguen estos defensores del cliente se establecen en sus respectivos reglamentos y procuran un arreglo amistoso y una solución equitativa del conflicto planteado mediante la aplicación de normas jurídicas y usoos o prácticas bancarios. El número de defensores ha evolucionado al alza desde 1997 (241) hasta 1999 (246) y el descenso en el 2000 (232) obedeció a fusiones, absorciones, desapariciones de ciertas entidades......
El Servicio de Reclamaciones del Banco de España: Esta regulado en el capítulo II (art. 9º) de la Orden de 12 de Diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad de las entidades de crédito y en capítulo II (normas 11ª a 27ª) de la Circulas 8/1990, del Banco de España.
Visto el recurso contencioso-administrativo nº 1621 de 1999, promovido por el Procurador de los Tribunales D. [...], en nombre y representación de D. [...] y Dª [...], siendo demandada la Junta de Extremadura, representada y defendida por el señor Letrado de su Gabinete Jurídico y como parte codemandada Dª [...], representada por la Procuradora de los Tribunales Dª [...], recurso que versa sobre: Resolución de la Junta de Extremadura Consejería de Bienestar Social de fecha 20 de agosto de 1999 desestimatoria de la reclamación efectuada por D. [...] y Dª [...], en reclamación de la cantidad de cinco millones de pesetas en concepto de responsabilidad patrimonial por los daños morales sufridos como consecuencia de revelación de datos personales de la salud de su hijo menor [...], así como en reclamación del cese de la Directora del Centro [...] de Cáceres. Cuantía 5.000.000.- de pesetas.
PRIMERO.- Por la parte actora se presentó escrito mediante el cual interesaba se tuviera por interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el acto que ha quedado reflejado en el encabezamiento de esta sentencia.
SEGUNDO.- Seguido que fue el recurso por sus trámites, se entregó el expediente administrativo a la representación de la parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo seguidamente dentro del plazo, sentando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminando suplicando se dictara una sentencia por la que se estime el recurso con imposición de las costas a la parte demandada; dado traslado de la demanda a la parte demandada de la Administración para que la contestase, evacuó dicho trámite interesando se dictara una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de las costas a la parte actora; y dado traslado de la demanda y contestación de la misma a la parte codemandada, evacuó el trámite conferido en tiempo y forma, interesando se dictara una sentencia desestimatoria del recurso con imposición de las costas a la parte actora. Por medio de Otrosí se solicitó el recibimiento del recurso a prueba por las partes.
TERCERO.- Recibido el recurso a prueba, se practicaron las admitidas por la Sala, obrando en los ramos separados de las partes, declarándose concluso este período, se pasó al de conclusiones, donde las partes evacuaron por su orden interesando cada una de ellas se dictara sentencia de conformidad a lo solicitado en el suplico de sus escritos de demanda y de contestación a la misma, señalándose día para la votación y fallo del presente recurso, llevándose a efecto en el fijado.
PRIMERO.- Se somete a la consideración de la Sala la legalidad de la Resolución de la Junta de Extremadura Consejería de Bienestar Social de fecha 20 de agosto de 1999 desestimatoria de la reclamación efectuada por D. [...] y Dª [...], en reclamación de la cantidad de cinco millones de pesetas en concepto de responsabilidad patrimonial por los daños morales sufridos como consecuencia de revelación de datos personales de la salud de su hijo menor [...], así como en reclamación del cese de la Directora del Centro [...] de Cáceres. El actor solicita la anulación de tal resolución. La Administración demandada solicitó la desestimación íntegra del recurso.
SEGUNDO.- Entrando a analizar la pretensión de fondo, se hace imprescindible pormenorizar los hechos en los que se apoya tal pretensión, y que este Tribunal considera probados. Tales hechos consisten en que el menor [...] hijo de los actores, como consecuencia de la minusvalía que presentaba, en el mes de septiembre de 1994, pocos meses después de su nacimiento, comenzó a acudir al Centro [...] de Cáceres, perteneciente a la Junta de Extremadura, donde continuó tratamiento de Atención Temprana hasta el mes de mayo de 1996, recibiendo además tratamientos de fisioterapia y apoyo psicológico. En determinada época compaginó tratamientos en el Centro [...]. En el mes de julio de 1995 y como quiera que presentara un cuadro infeccioso, fue trasladado al Hospital del INSALUD [...] en la misma ciudad de Cáceres. Entendiendo los actores que la referida asistencia había sido incorrecta provocando importantes daños para la salud del menor, formularon demanda frente al INSALUD, imputando al efecto una inadecuada asistencia médica al menor por los pediatras encargados de ello en el centro de [...]. Con fecha 16 de septiembre de 1996, y con posterioridad a la presentación de tal demanda, cuatro personas, dos de ellas los referidos pediatras, señor [...] y Dª [...]; otra el jefe de Servicio de Pediatría señor [...], y Dª [...], ésta trabajadora técnica del INSALUD, se personaron en el Centro [...] dirigido por Dª [...], solicitando información sobre el menor. Esta accediendo a lo interesado, concertó una reunión con el equipo técnico que había atendido al menor, Dª [...], de Atención Temprana, D. [...] fisioterapeuta, y D. [...] psicólogo. Celebrada la reunión en la misma se analizaron datos clínicos del menor y su trayectoria antes y después del proceso infeccioso. Consta en el expediente Resolución de la demandada en la que el Director General de Coordinación e Inspección con base en tales hechos que estimó probados apreció la concurrencia de indicios de posible responsabilidad en la actuación de Dª [...]. Igualmente consta la declaración de la señora [...] en la que manifestó que la señora [...] venía a la reunión "en calidad de apoyo general pues algunas de las personas denunciadas estaban muy nerviosas", y pidió a los profesionales que trataban al niño que asistieran con la documentación para tenerla al día si se les requería. En aquellos momentos, los pediatras mencionados eran ajenos al tratamiento del menor. No consta acreditado que se facilitase a los visitantes documentación escrita, pero según manifestaciones del fisioterapeuta señor [...] al contestar al interrogatorio procesal, se le facilitó la misma información que tenían los padres del menor. Es decir que se suministró información sobre datos clínicos del menor por parte del funcionarios del Centro [...] de la Administración demandada, sin consentimiento expreso de los padres (extremo éste jamás discutido) y tal información se reveló a personas de las cuales una prestaba sus servicios para el INSALUD, y otros eran médicos también del INSALUD, que no estaban tratando al paciente y que el único vínculo que en aquellos momentos tenían con el menor era la demanda formulada contra ellos o contra el INSALUD, por la inadecuada asistencia prestada por ellos a referido menor. De ello se deduce una primera cuestión, que con la información facilitada no se buscaba beneficio del menor por cuanto ya no le estaban asistiendo y que a tenor de las propias declaraciones de la Directora del Centro, estaban nerviosos por esa demanda y pretendían conseguir "apoyo general" precisamente para lo cual asistieron en compañía de la señora [...], técnica del INSALUD. Se trataba en definitiva del logro de un beneficio particular de esos demandados los cuales accedían a datos de modo privado, al margen del proceso judicial abierto lo cual ciertamente les podía posibilitar una mejor defensa de sus intereses, de un lado por acceder a los técnicos del equipo base, los cuales dados los términos de la demanda eran el término favorable de la comparación en la asistencia al menor ya que se aducía que la salud del menor había retrocedido desde que se le trató fuera del Centro [...], acceso que de otro modo le hubiera sido difícil si no imposible; y en segundo lugar consiguiendo datos clínicos que como meros terceros no hubieran podido alcanzar. Es por tanto incuestionable que en la reunión citada se revelaron datos clínicos referentes a la salud del menor, y que tal revelación fue propiciada por la persona encargada de la Dirección del Centro [...] de la Administración demandada la cual constituyó la misma citando al efecto a los técnicos de su equipo careciendo de consentimiento expreso de los padres, y sin que la finalidad de la misma pudiere ser remotamente el intento de beneficiar al menor.
TERCERO.- Pues bien, planteado así el debate, la norma sobre la materia la constituye la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen la cual en su artículo 7.4 incluye como tal la revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien las revela. El artículo 2.2 de la misma, exige consentimiento expreso para la revelación de tales datos. Es incuestionable que no existió tal consentimiento, y que se facilitaron datos referentes al historial clínico del menor, es decir de la salud del menor. Ello pertenece al ámbito de la intimidad, derecho consagrado en el artículo 18 de la COnstitución, y que el Tribunal Constitucional en Sentencia 209/1999 ha declarado que se trata de un Derecho fundamental estrictamente vinculado a la dignidad de las personas, que el artículo 10.1 reconoce. Del mismo modo la Sentencia del referido Tribunal 37/1989 alcanza a la integridad corporal, y Sentencia 142/1993 a la salud de las personas. Existió revelación y se reclama responsabilidad patrimonial de la Administración que facilitó tales datos y para resolverlo deberemos recordar que el tema se encuentra regulado en los artículos 139 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de la s Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, así como en el Reglamento de los Procedimientos en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. Esta modalidad de Responsabilidad, configurada ya en el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil del Estado y 121 de la Ley de Expropiación Forzosa, como un tipo de responsabilidad objetiva y directa de la Administración, según reiterada doctrina y jurisprudencia, exige los siguientes presupuestos: a) la efectiva realidad del daño y perjuicio, evaluable económicamente individualizado, en relación a una persona o grupo de personas; b) que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterándolo, el nexo causal, c) ausencia de fuerza mayor, y d) que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente por su propia conducta (STS 13-06-1995). En el caso que nos ocupa, una vez admitida la vulneración del Derecho a la intimidad y a tenor de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 1/1982 la existencia del perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima, presunción que no ha sido desvirtuada por la demandada, sólo resta por cuantificar la indemnización que corresponde otorgar a los recurrentes. Para ello habrá que considerar las circunstancias concurrentes siendo una de ellas el beneficio obtenido. En el presente caso, tal y como se apuntó con anterioridad el perjuicio presumido y derivado de la intromisión en la intimidad del menor, resulta no sólo de la intromisión sino también de las posibles repercusiones procesales del tema. De otro lado supone ciertamente un beneficio evidenciado por el conocimiento privilegiado y unilateral de personas demandadas por el actor como responsables de una inadecuada asistencia médica al menor, de datos clínicos del mismo lo que podía beneficiarle procesalmente y en todo caso se pretendía conseguir esos datos para con la información obtenida "tranquilizarse" según las palabras empleadas por la Directora del Centro [...], lo que excluye en todo caso que se pretendiere un beneficio para el enfermo. Ahora bien, el beneficio que obtiene la demandada Junta de Extremadura responsable del Centro [...], es menos evidente debiendo entenderse que aparentemente no existe mas que una irregular o antijurídica conducta causante del daño, por lo cual con arreglo a criterios de equidad se fijan los daños morales causados en la cantidad de 6.010,12.- euros (un millón de pesetas).
CUARTO.- Formula una segunda petición la parte actora, consistente en que se condene a la demandada a cesar a Dª [...] directora del Centro [...] de Cáceres. La demandada según obra en autos, por Resolución de fecha 18 de noviembre de 1997, el Servicio de Inspección dio traslado de la misma a la Secretaría General Técnica al objeto de que se adoptaren las medidas oportunas. Es decir que ya inició actuaciones contra citada funcionaria. No se puede soslayar que el denunciante, y eso es lo que son los hoy recurrentes, no son legitimados para recurrir la resolución administrativa, ni para iniciar un procedimiento disciplinario que de conformidad con el artículo 27 del RD 33/1986 que aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado que dispone que el procedimiento se iniciará de oficio, además de que en todo caso la potestad disciplinaria es una potestad discrecional de la Administración. No concurre en el denunciante la condición de interesado a esos efectos en cuanto la denunciante no pone en tela de juicio un interés personal y legítimo que haya de encontrar satisfacción, sino que le mueve un interés abstracto de legalidad, por lo que su postura es asimilable a la de colaborador de la Administración, pero no cabe duda que ante una denuncia ha de propiciar esa resolución administrativa, es decir ha de propiciar la tramitación del correspondiente expediente administrativo dirigido a la investigación de los hechos. Y para ello forzosamente ha de entenderse que el denunciante sí está legitimado, es decir para iniciar la actuación. Después, ya entrará de lleno la potestad discrecional de ésta para sancionar o no a su personal. El propio artículo 35 de la Ley de Régimen Jurídico de la s Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, dispone como derecho de los ciudadanos en su apartado j) a exigir responsabilidades a la Administración o personal a su servicio, y eso es lo que hacen los denunciantes, y la Administración, está obligada a impulsar de oficio el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Procedimental, debiendo realizar (art. 78) de oficio los actos de instrucción, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la Resolución, rasgo esencial de todo procedimiento administrativo. Como ha resultado que la Administración no ha hecho dejación de sus poderes y ha realizado actos de instrucción adecuados para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos denunciados, pues así lo impone el referido artículo 78 si bien la potestad disciplinaria solo le incumbe a la Administración, por lo que hemos de concluir afirmando que la petición de cese de la funcionaria en cuestión debe ser rechazada por carecer los actores de legitimación para sostenerla.
QUINTO.- No se aprecian méritos en los litigantes para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, proceda hacer pronunciamiento expreso respecto de las costas procesales causadas.
Estimando en lo sustancial el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor [...] en nombre y representación de D. [...] contra la Resolución referida en el primer fundamento, debemos declarar y declaramos que la misma no es ajustada a Derecho, y en su virtud la anulamos declarando el derecho del recurrente a ser indemnizado en la cantidad de 6.010,12.- euros a cargo de la Administración demandada, Junta de Extremadura en concepto de Responsabilidad Patrimonial. Se confirma la Resolución en cuanto a la desestimación de la petición de cese de Dª [...] no se hace pronunciamiento expreso respecto de las costas procesales causadas.
2.Para centrar debidamente la cuestión conviene examinar, en primer término, las supuestas vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia y del principio de igualdad alegadas, aunque en forma accidental, por el recurrente. La presunción de inocencia habría sido desconocida por la tantas veces citada resolución y, en general, por la actuación inspectora en cuanto se presume que el recurrente ha defraudado y debe probar que no lo ha hecho, cuando debía presumirse lo contrario y asumir la Inspección la carga de la prueba. Pero la situación no es ésa. La Inspección va dirigida a verificar la conducta fiscal del contribuyente y, en particular, a constatar la veracidad de sus declaraciones a la Hacienda Pública. Esa actividad investigadora conducirá a obtener las pruebas, en su caso, de que el contribuyente ha defraudado al Fisco, pero es evidente que no se le exige al contribuyente la difícil prueba de su inocencia. Lo único que se le impone es el deber de aportar los datos que puedan ayudar a la investigación. En el caso presente, además, se solicita unos datos al contribuyente que, si no los aporta voluntariamente, se pedirán directamente a las Entidades de crédito. No se le exige, por tanto, que «declare contra sí mismo» (art. 24.2 de la Constitución), sino que se le faculta para entregar unos documentos que en todo caso tendrá que facilitar un tercero (la entidad de crédito). En cuanto a la supuesta vulneración del principio de igualdad, el mismo recurrente advierte que «el argumento jurídico parece aquí escaparse» y que más que de una alegación jurídica se trata de una motivación psicológica, fruto de la irritación producida porque a otros profesionales de una situación socioeconómica semejante a la del recurrente no se les ha exigido la exhibición de los movimientos bancarios. Pero aunque así fuese, lo que no consta a este Tribunal, hay que tener en cuenta que la Inspección Fiscal tiene que obrar sobre un conjunto de datos, incluidos los resultados de la propia inspección en las distintas etapas de su labor. Esto hace prácticamente imposible que otros contribuyentes se encuentren en idénticas circunstancias de forma que se pueda apreciar una vulneración del principio de igualdad.
El reconocimiento explícito en un texto constitucional del derecho a la intimidad es muy reciente y se encuentra en muy pocas Constituciones, entre ellas la española. Pero su idea originaria, que es el respecto a la vida privada, aparece ya en algunas de las libertades tradicionales. La inviolabilidad de domicilio y de la correspondencia, que son algunas de esas libertades tradicionales, tienen como finalidad principal el respeto a un ámbito de vida privada, personal y familiar, que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, salvo autorización del interesado. Lo ocurrido es que el avance de la tecnología actual y del desarrollo de los medios de comunicación de masas ha obligado a extender esa protección más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que normalmente se desenvuelve la intimidad y del respeto a la correspondencia, que es o puede ser medio de conocimiento de aspectos de la vida privada. De aquí el reconocimiento global de un derecho a la intimidad o a la vida privada que abarque las intromisiones que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de vida. No siempre es fácil, sin embargo, acotar con nitidez el contenido de la intimidad. El primer problema que se plantea en el presente caso es determinar en qué medida entran dentro de la intimidad constitucionalmente protegida los datos relativos a la situación económica de una persona y a sus vicisitudes. El problema surge en el presente caso en relación a la Administración y se puede resumir más concretamente así: ¿en qué medida la Administración puede exigir los datos relativos a la situación económica de un contribuyente? No hay duda de que en principio puede hacerlo. La simple existencia del sistema tributario y de la actividad inspectora y comprobatoria que requiere su efectividad lo demuestra. Es claro también que este derecho tiene un firme apoyo constitucional en el art. 31.1 de la norma fundamental, según el cual «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio». Y parece inútil recordar que en el mundo actual la amplitud y la complejidad de las funciones que asume el Estado hace que los gastos públicos sean tan cuantiosos que el deber de una aportación equitativa para su sostenimiento resulta especialmente apremiante. De otra forma se produciría una distribución injusta en la carga fiscal, ya que lo que unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu cívico o con menos posibilidades de defraudar. De ahí la necesidad de una actividad inspectora especialmente vigilante y eficaz aunque pueda resultar a veces incómoda y molesta.
6.En realidad, el recurrente insiste más bien en la segunda cuestión: la posibilidad de que a través de la investigación de las cuentas se penetre en la zona más estricta de la vida privada, ya que en nuestra sociedad, una cuenta corriente puede constituir «la biografía personal en números» del contribuyente, como en frase gráfica dice el mismo recurrente. No se rechaza tanto la simple exhibición de las certificaciones como la posible petición de justificación de las operaciones de la cuenta.
Una primera observación es que desde este punto de vista el recurso no se plantea tanto frente a una presunta vulneración actual del derecho a la intimidad como en previsión de vulneraciones futuras y eventuales. Pero el recurso de amparo no tiene carácter cautelar y este Tribunal no puede pronunciarse sobre lesiones de un derecho fundamental que aún no se ha producido. Sin embargo, y dada la índole de las alegaciones que hace el recurrente sobre el contenido de la LRF y el derecho a la intimidad, no resulta superfluo formular algunas observaciones sobre esta cuestión. El argumento central del recurrente es que la LRF y la resolución que se basa en ella permite una inspección ilimitada y total de las cuentas corrientes y de sus antecedentes, lo que autorizaría a la Inspección a entrar sin limitación alguna en la vida privada del contribuyente, en forma tal que no es ya que afecte en modo más o menos directo a su derecho a la intimidad, sino que en realidad invade su contenido esencial, pues lo hace prácticamente desaparecer. Según el recurrente, una norma que confiriese tan extraordinarias facultades a la Administración sería inconstitucional aunque se encontrase en una Ley Orgánica, pues estaría en contradicción con lo dispuesto en el art. 53.1 de la Constitución. Estos argumentos no son convincentes. Es cierto que la LRF permite investigar los saldos y movimientos de las cuentas, así como los documentos y demás antecedentes relativos a los mismos (art. 45 LRF) y la Orden ministerial de 14 de enero de 1978 dice que en los casos que se proceda a la investigación «podrá la Inspección exigir al obligado a colaborar la aportación de todos los datos, antecedentes y circunstancias que, referentes al sujeto investigado, existan en cualquiera de sus oficinas en el plazo total máximo de quince días desde que así se le pidiere» (Regla 5 C de la citada OM). Pero no es exacto afirmar que la Ley y la Orden ministerial citadas otorgan unas facultades ilimitadas a la Inspección. La Ley prevé para la investigación de las Cuentas Bancarias un conjunto de requisitos como son: a) la autorización ha de proceder de ciertos órganos que se enumeran taxativamente (LRF art. 42.1); b) en la autorización deben precisarse una serie de extremos, tales como las cuentas y operaciones que han de ser investigados, los sujetos pasivos interesados, la fecha en que la actuación debe practicarse y el alcance de la investigación (ibídem); c) la investigación se llevará a cabo según procedimientos específicos y, en su caso, con citación del interesado y en presencia del Director de la entidad bancaria de que se trate (LRF art. 42.2); d) los datos o informaciones sólo podrán utilizarse a los fines tributarios y de denuncia de hechos que pueden ser constitutivos de delitos monetarios o de cualesquiera otros delitos públicos; e) se recuerda con especial energía el deber de sigilo que pesa sobre todas las autoridades y funcionarios que tengan conocimiento de los datos revelados en la investigación, sigilo que ha de ser «estricto y completo» y que está especialmente protegido porque la infracción del deber de guardarlo será considerado siempre falta disciplinaria muy grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y criminales que pudieran corresponder (LRF art. 42.3). Y la Orden ministerial, en la parte citada, aparte de fijar un plazo para la aportación de datos y antecedentes, advierte, como no podía menos, que la petición de esos datos y antecedentes se realizará en «los límites legales establecidos», entre los que hay que contar, naturalmente, los que impone la Constitución.
8.No existen, pues, esas facultades ilimitadas de la Administración en materia fiscal que denuncia el recurrente ni puede decirse que el contenido esencial del derecho a la intimidad quede anulado o afectado por la LRF. Es posible que la actuación inspectora pueda en alguna ocasión, a través de la investigación de documentos o antecedentes relativos a los movimientos de las cuentas bancarias, interferirse en aspectos concretos del derecho a la intimidad. Pero, como ya se ha advertido, este derecho, al igual que los demás, tiene sus límites que, en este caso, vienen marcados por el deber de todos de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, como dispone el ya citado art. 31.1 de la Constitución, deber para cuyo efectivo cumplimiento es evidentemente necesaria la inspección fiscal. La injerencia que para exigir el cumplimiento de ese deber pudiera producirse en el derecho a la intimidad no podría calificarse de «arbitraria». Y el art. 18.1 de la Constitución hay que entender que impide las injerencias en la intimidad «arbitrarias o ilegales», como dice claramente el art. 17.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (Pacto de Nueva York) ratificado por España, y con arreglo al cual, de acuerdo con el art. 10.3 de la Constitución, hay que interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce y entre ellos el derecho a la intimidad personal y familiar. Es de señalar que con arreglo a estos criterios de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que no se refiere expresamente a las cuestiones planteadas en el presente recurso, establece que no se considerarán con carácter general intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la Ley (art. 8.1). Entiéndase que la ley sólo puede autorizar esas intromisiones por «imperativos de interés público», circunstancia que se da en los supuestos aquí contemplados.
.Lo expuesto no supone negar la posibilidad de que en casos que hay que prever excepcionales se produzca por parte de algún funcionario una actuación arbitraria, a juicio del contribuyente, en la medida en que no parezca justificada por la finalidad de la inspección. Pero en tales casos, si llegasen a producirse, el contribuyente no está indefenso. Para su defensa existen los medios establecidos por las leyes, como lo demuestra claramente el presente caso en que la Resolución impugnada ha pasado por el triple tamiz de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y de este Tribunal Constitucional. No se olvide tampoco que la inspección la ejercen funcionarios públicos sometidos a un régimen disciplinario, que también puede ejercerse sobre aquellos que se excediesen en sus atribuciones, aparte de cualquier otro tipo de responsabilidades en que pudiera incurrir.
10.El recurrente invoca también en apoyo de su tesis la protección del secreto profesional y la del secreto bancario. Se trata como es notorio de cuestiones muy distintas y sumamente complejas que presentan problemas considerablemente variados y de diverso alcance. Basta aquí referirse a lo que es necesario para el tema del recurso. El secreto profesional, es decir, el deber de secreto que se impone a determinadas personas, entre ellas los Abogados, de lo que conocieren por razón de su profesión, viene reconocido expresamente por la Constitución que en su art. 24.2 dice que la Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se está obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Evidentemente y «a fortiori» tampoco existe el deber de declarar a la Administración sobre esos hechos. La Constitución consagra aquí lo que es no un derecho sino un deber de ciertos profesionales que tiene una larga tradición legislativa (cfr. art. 263 de la LECr).
INTRODUCCIÓN......................................................................P.2
Protección de datos personales..............................P. 3 Y 4
Principios de la protección de datos.......................P 5 Y 6
Especiales exigencias para la protección de determinadas categorías de datos....................................................P.7
Comentarios SENTENCIA 1....................................................P. 8-10
Comentarios SENTENCIA 2....................................................P. 11-16
Protección de la Clientela Bancaria.........................P. 16-18
ANEXO 1- TEXTO SENTENCIA 1............................................P.19-23
ANEXO 2-TEXTO SENTENCIA 2.............................................P. 24-30
INDICE	.................................................................................P. 31
Derecho a la intimidadPrincipiosExigenciasCategoríasSentenciasClientela bancariaResolución

References: Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 18
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 40
 artículo 9
 Resolución 
 resolución 
 artículo 27
 resolución 
 artículo 35
 artículo 74
 artículo 78
 artículo 139
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución