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Timestamp: 2020-08-13 09:18:33+00:00

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Noticias Ambientales de Argentina: mayo 2018
Fuente: Misiones Primera Edición
Etiquetas: agricultura industrial, agroquímicos, legislación y derecho ambiental, Misiones | 0 comentarios
La UNLP logra salvar de la extinción a la ranita de Valcheta
Un grupo de investigadores del Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) logró salvar de la extinción a la ranita de Valcheta, una especie endémica que solo habita en un pequeño arroyo de Río Negro y que hasta hace un año estaba entre las principales especies en peligro de desaparecer del planeta, se informó oficialmente.
El programa de reintroducción de esa especie es además "el primero de su tipo en el país" y se realizó "siguiendo estrictos protocolos encuadrados en una disciplina científica de reciente creación conocida como Biología de la Reintroducción”, indicó Jorge Williams, quien dirigió el proyecto junto a Federico Kacoliris, ambos investigadores del Museo.
"La reintroducción se realizó en un hábitat ya restaurado, donde tiempo atrás una población de esa especie se extinguió debido a las alteraciones en el ambiente”, explicó el científico en un informe al que accedió Télam.
Y agregó: “Se trata de un avance científico de enorme impacto, ya que esos pequeños anfibios ocupaban los primeros puestos en la lista de especies en peligro de extinción”.
La ranita de Valcheta (Pleurodema somuncurense), amenazada debido a la destrucción de su hábitat y la introducción de animales exóticos, estaba entre las ocho especies catalogadas como “en peligro” en la Lista Roja Nacional, y era además una de las tres únicas especies con categoría de “críticamente amenazada” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés).
Su población habita exclusivamente en manantiales de filtración de aguas termales entre 500 y 800 metros sobre el nivel del mar, protegida bajo las piedras o sumergidas debajo de masas flotantes de musgos.
A principios de 2017, el equipo de biólogos logró reintroducir 150 ejemplares de la rana en las nacientes del curso de agua del arroyo homónimo, cerca de la localidad de Chipauquil, en la Meseta rionegrina de Somuncura.
Habían sido criadas en cautiverio en laboratorios de la Universidad, y recientemente se pudo comprobar que los animales liberados hace un año "sobrevivieron y se adaptaron al ecosistema natural".
Tras esa exitosa experiencia, semanas atrás se realizó una nueva reintroducción de ejemplares en en un pequeño tramo del arroyo Valcheta, con el objetivo de "asegurar la supervivencia de la especie a largo plazo y recuperar definitivamente el funcionamiento original del ecosistema", señalaron los investigadores, pertenecientes a la Sección Herpetología de la División Zoología Vertebrados del Museo de La Plata y Conicet.
El lugar elegido esa vez fueron las nacientes de agua que dan origen al arroyo Valcheta, situadas en una zona reconocida “como sitio de gran importancia a escala mundial debido a sus singularidades biológicas, geológicas y culturales”, explicaron los expertos.
El proyecto es llevado adelante desde 2014 por Kacoliris, Williams y su equipo, quienes iniciaron la cría de ejemplares de la especie en un laboratorio del Museo en 2015, año en que se trasladaron un total de 40 individuos (20 machos y 20 hembras) hacia las instalaciones especialmente acondicionadas para lograr su adaptación al cautiverio.
"La información generada a partir de este programa será de gran utilidad para evaluar y promover la conservación de esta y otras especies de vertebrados a escala nacional y posiblemente internacional", destacó Williams.
Entre Ríos: fallo favorece la limitación de las fumigaciones
Un fallo confirmó que el municipio de Victoria es competente para impedir en sus islas la agricultura intensiva
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná rechazó la demanda promovida por la firma agropecuaria Bema Agri BV y concluyó en que la Municipalidad de Victoria es competente para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones limitativas del derecho de dominio. La empresa había cuestionado las decisiones y normas municipales que le ordenaron paralizar obras hidráulicas de grandes dimensiones en la isla Irupé, situada en el distrito Islas del departamento Victoria. El tribunal tuvo en cuenta que en la zona se admite la actividad ganadera, pero se prohíbe la agricultura intensiva que implica el uso de agroquímicos y plaguicidas. También destacó que en el transcurso de la causa el Delta de Paraná fue incluido en la lista de sitios Ramsar. Los magistrados dispusieron remitir copias de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria para que se investigue si existió la comisión del delito de usurpación de aguas. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, integrada por Gisela Schumacher, Marcelo Baridón y Hugo Gonzalez Elías rechazó la demanda de la empresa Bema Agri BV, propietaria de la Isla Irupé, en el departamento Victoria, que para llevar a cabo un emprendimiento de explotación agropecuaria realizó una obra de terraplén de contención de 19 kilómetros de extensión para manejar los excesos hídricos superficiales y subterráneos en una superficie de 560 hectáreas.
La Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Victoria ordenó paralizar las obras y reintegrar la tierra removida a sus niveles naturales, pero la empresa impugnó administrativamente esa determinación, y finalmente acudió a la Justicia provincial para demandar la anulación de las decisiones y la declaración de inconstitucionalidad de ordenanzas municipales.
El fallo explicó que la Municipalidad de Victoria tiene competencia para reglamentar el uso del derecho de propiedad sobre la tierra, de modo tal de impedir la agricultura en su suelo isleño. El tribunal realizó un análisis del conjunto de normas municipales regulatorias de las competencias estatales para la reglamentación del derecho real de dominio, la planificación territorial y la protección del ambiente. Y concluyó que los municipios entrerrianos son competentes para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones fundadas en razones de interés público y ambientales, a lo que añadió que en el caso en cuestión el municipio ejerció el poder de policía con razonabilidad, y en la condiciones en que fueron admitidas por la doctrina administrativista, el STJ de Entre Ríos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La cámara resalta que la Isla Irupé se ubica dentro del Delta, zona en la cual la normativa municipal no admite el uso del suelo con destino a la agricultura y expendio de combustible. En ese sentido, señala que sí está permitida la actividad ganadera o apícola, y que ello se funda en u motivo razonable: “La presencia de ganado en el suelo insular no elimina la flora autóctona y en algunos casos la favorece, siendo su impacto negativo tolerable por el ambiente en la medida en que se gradúe y controle la intensidad de la presencia ovina”, mientras que se prohíbe la explotación agrícola intensiva que conlleva el uso de agroquímicos o plaguicidas” incompatibles con la conservación de la fauna y flora del humedal.
La decisión pone de relieve la dimensión de la cuestión ambiental en Entre Ríos y la necesidad de articular políticas activas que eviten la prolongación en el tiempo de actividades productivas legalmente prohibidas.
Además, la sentencia tiene en cuenta que durante el trámite de la causa el sector en el que se encuentra la Isla Irupé fue declarado sitio Ramsar por la autoridad de aplicación de la Convención Sobre Humedales, a pedido de la República Argentina, por lo cual las decisiones de las estatales, incluidas las judiciales, que afecten dicho espacio podrían acarrear responsabilidad frente a la comunidad internacional.
Por último, es de destacar que a pedido del Ministerio Público Fiscal, y ante la posibilidad de la comisión del delito previsto por el Código Penal en su artículo 182 (que sanciona la denominada usurpación de aguas), el Tribunal resolvió remitir copia de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria.
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Minería solo para que "cierren los números" del gobierno
Carlos Ferrer: “Las finanzas provinciales no son sustentables y se necesita de la minería”
El abogado habló sobre la expectativa de reactivación del sector y de cómo sobreviven los proveedores mendocinos Reclamó política de Estado.
Carlos Ferrer es abogado, egresado de la Universidad de Mendoza en 1988. Desde entonces, se ha especializado en Derecho Minero, incluso es parte de la comisión pertinente del Colegio de Abogados de la provincia.
El letrado -que cofundó en 2010 y preside desde 2011 la Cámara de Servicios Mineros, integrada por 45 empresas mayormente medianas- participó del Ciclo de Encuentros de Los Andes.
-¿Sirvió de algo la Mesa de Diálogo convocada por el Gobierno para acercar posturas sobre minería?
-Esto tuvo dos caras. Aportó en el sentido de que se convocaron absolutamente a todos los sectores: universidad, productores, proveedores, titulares de derechos mineros, cámaras de empresarios. Se hizo mucha docencia, y sirvió para darse cuenta de que el detractor de la minería, que fue invitado, no quiso participar.
La otra cara de la moneda es que no sirvió, porque tiene que tener un tratamiento rápido, a través de un borrador de política de Estado provincial acerca de la minería... Eso iba a elevarse al Gobernador para que, con su aval, fuera a la Legislatura. Y se trabó.
-Considerando que hay señales de respaldo del Gobierno, ¿cuál cree que fue la razón?
-Falta de decisión política. Es el momento de aprovechar la coyuntura y hacer historia. Cornejo, y su administración, saben que no son sustentables las finanzas provinciales y necesita de la minería para fortificar la matriz productiva.
-La decisión política pro-fracking, ¿generará un viento de cola que arrastre a la minería?
-Sí. Y tiene que haberlo. Porque padecemos la misma discriminación, siendo legal el fracking, una actividad que se lleva adelante en cualquier lugar del mundo, al igual que la minería. Chile tiene 3 mil proyectos totalmente compatibles con la vitivinicultura y el agro de exportación en los mismos lugares. Basta cruzar la cordillera y verlo; sólo en Santiago se observan edificios nuevos en construcción en cada viaje, y eso es minería.
-Mendoza afronta el frente político, el social y el legal, y dos grandes proyectos frenados como Potasio y San Jorge…
-Y también uranio, con Sierra Pintada, y el restante proyecto que tiene Mendoza pueden abastecer a toda la energía nuclear de las dos centrales Atucha y otras dos a construir. Y convertirse en exportador, junto a Chubut, de energía limpia. Tenemos reservas para exportar y abastecer el consumo interno, pero hoy importamos uranio por u$s 150 millones por año. Y también cobre fino, cuando solamente San Jorge podría satisfacer toda la demanda nacional.
-Al parecer Potasio, en busca de inversor, está más cerca. ¿Esperan efecto cascada sobre el resto?
-A pesar de no ser metalífero y que su parate no fue a raíz de un conflicto, creo que sí, porque la minería es una sola. En la Cámara, de unos 400 contratos importantes, unos 30 eran de Potasio Río Colorado, y significaban una facturación global de casi u$s 3 millones mensuales. Si a esa cifra se le deduce el 3% de Ingresos Brutos, era generar más de $ 700 millones al Gobierno. No es sólo el derrame a largo plazo, sino el del momento... Se empieza a generar riqueza para el erario público de un día al otro. Para el Gobierno se trata de gestionar, y resulta más fácil porque no exige tomar una decisión política…
-Luego del rechazo de la Corte local, ¿quedan expectativas de frenar la ley 7.722 en la justicia?
-Está abierta la instancia judicial todavía. Se han hecho planteos de algunas empresas ante la Corte nacional, pero basta que una lo haya hecho para que se abra el camino. Creemos que la Corte tiene que reconocer la inconstitucionalidad de la ley.
-¿Por qué cree que el tribunal nacional va a revertir un fallo local?
-Es la esperanza que tenemos, nuestro último recurso. Además, la Corte sabe que la Nación está tratando de instalar el tema, hay argumentos para hacerlo, y sabe también que por otro lado se está tratando de trabar. Confiamos en una mayor imparcialidad del tribunal nacional que en el provincial, principalmente porque acá nadie quiere pagar el precio jurídico y el político.
El gobierno presentó la nueva Ley Ambiental
La propuesta legislastiva apuesta a reemplazar la ley actual, sancionada en 2001, y adapta a la provincia La Pampa a las exigencias de la Ley Nacional General del Ambiente.
El Poder Ejecutivo Provincial giró a la Cámara de Diputados de La Pampa un proyecto de Ley Ambiental, que ingresará en la próxima sesión y comenzará a debatirse en la comisión de Ecología, que preside el radical Martín Berhongaray, quien destacó el “nuevo debate” sobre la normativa ambientalista.
La propuesta, que establece de la política ambiental y de protección que deberán garantizar la Provincia y los municipios, pretende “renovar” la ley vigente desde el 2 de febrero del año 2001, antes de la reglamentación de la Ley Nacional General del Ambiente y de otras leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.
Berhongaray afirmó que es “más que necesario” una nueva legislación ambiental porque “La Pampa es la única provincia sostiene una ley previa a la Ley General del Ambiente, que se aprobó en 2002 y que por disposición de la Constitución Nacional, debe ser fundamental para ajustar todas las normas provinciales”.
Siguiendo en esa línea, el legislador señaló ante la consulta de LA ARENA que “hay un evidente defasaje que debe ser corregido así que bienvenido el nuevo debate que propone el Ejecutivo provincial”.
– ¿Qué opinión le merece el proyecto que envió el Ejecutivo?
– Todavía no lo empezamos a analizar en la comisión de Ecología. Lo he leído y en principio coincido con el enfoque general, pero hay muchas cuestiones vinculadas a la puesta en práctica de distintas formulaciones que tendremos que evaluar, para que no queden como desarrollos normativos de vanguardia o novedosos que después no puedan llevarse a cabo.
– ¿Qué cuestiones destaca de la iniciativa?
– Lo que debe tenerse en claro es que estamos en presencia de una ley que tiene una jerarquía especial que se la da la propia Constitución Nacional y que se ubica por encima de las demás leyes. Es decir, no puede haber ninguna otra norma en La Pampa que se le oponga, y si ocurriese alguna contradicción, siempre prevalece la ley ambiental. Es como se dice una categoría “sui generis” de ley, muy novedosa a partir de la reforma constitucional de 1994 que le asignó mayor peso normativo que las otras leyes.
El presidente de la comisión de Ecología y miembro de la organización ambientalista fundación Chadileuvú señaló que la autoridad de aplicación de la futura Ley Ambiental es la Subsecretaría de Ecología de La Pampa, y advirtió que el gobierno “deberá elevar el rango” de esa dependencia a secretaria o ministerio”.
Agregó que el área de Ecología deberá “dotarse de mayores recursos humanos para que pueda cumplir acabadamente el cúmulo de nuevas tareas que va a tener por aplicación de la nueva ley” porque “hoy tiene una estructura muy modesta. Hay que jerarquizar esa área porque es un ámbito clave para el desarrollo de cualquier estado moderno”.
Sobre el tratamiento del proyecto en Diputados, Berhongaray consideró que “Ecología es la comisión de cabecera, pero también ha sido girado a otras comisiones. Como es un tema sumamente complejo e involucra a muchos resortes del Estado, lo razonable es que se trate en el marco de un plenario de todas las comisiones involucradas para que podamos tener un debate lo más amplio posible”.
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Sus progenitores llegaron a Rincón del Socorro a principios de 2017. Son India, procedente de la Estación de Fauna Autóctona de Salta, y Nene Malo, que arribó al proyecto desde la Reserva Experimental de Flora y Fauna Horco Molle, en Tucumán.
Aunque ya se sabía desde hace un tiempo que India estaba preñada, el hallazgo del pequeño, encontrado el martes con uno o dos días de vida al lado de su madre, dio una nueva alegría al equipo que trabaja con esta especie en Rincón del Socorro y da alas al proyecto que pretende establecer una población de esta especie en Iberá. Aún así, Emanuel Galetto, responsable del equipo de monitoreo es prudente “porque que las primeras semanas son críticas para la cría, ya que es vulnerable a distintos peligros”.
“La colaboración de estos centros de fauna, y otros que han donado animales al proyecto que CLT desarrolla en Iberá junto con el Gobierno de Corrientes, está haciendo posible que el Iberá recupere parte de la fauna que perdió y sea pionera en la reintroducción , a nivel mundial, de esta especie de tapir”, informaron a través de sus redes sociales desde la ONG ambiental que pertenece al grupo Tompkins Conservation.
Argentina es el octavo país del mundo en tamaño, extendiéndose desde el Trópico hasta la Antártida y albergando una enorme diversidad de ambientes naturales: selvas lluviosas, bosques nublados, humedales, sabanas y pastizales tropicales; desiertos; bosques, selvas, matorrales, praderas y estepas templados; humedales costeros, campos de hielo y uno de los mares más productivos del planeta.
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Impulsan la creación de Fiscalías de Delitos Ambientales
Con el objetivo de brindar un mejor servicio de justicia en casos de “delitos ambientales”, el diputado del Partido Demócrata, Marcos Niven, impulsa la creación de fiscalías especializadas en esta temática.
Niven dialogó con FM Vos (91.5) y destacó la importancia de esta propuesta, ya que actualmente no existen organismos judiciales dedicados específicamente a esta tarea.
“La población de Mendoza está muy sensible y preocupada ante cualquier explotación que contamine, y además tiene una enorme desconfianza porque no hay controles pertinentes sobre el tema”, destacó Niven, quien plantea que “hay que avanzar sobre nuevos organismos de control. En este sentido, el Procurador de la Corte tiene facultades para creas fiscalías específicas y ya lo ha hecho. Sería de mucha utilidad contar con fiscalías sobre delitos ambientales”.
El pedido del PD ingresado en la cámara baja provincial plantea que el Procurador de la Suprema Corte cree la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales y la dote de personal e infraestructura, teniendo en cuenta que a nivel nacional funciona una Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente.
Según el proyecto de Niven, “cuando los delitos salen del territorio de nuestra provincia, por ejemplo, contaminación de un río o sustancias peligrosas, la competencia es de la Justicia Federal, pero cuando el daño o delito ambiental se concreta dentro del territorio de una provincia, le corresponde a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la misma”.
“En Mendoza, cuando se denuncia un delito ambiental, es ingresado por la Unidad Fiscal que corresponde al domicilio del denunciante o del lugar de la contaminación o delito y después de estudiar el caso, puede ser derivado a la Fiscalía de Delitos Complejos. Entendemos que, al igual que la Nación, debe existir en nuestra provincia una Fiscalía Especial de Delitos Ambientales”, destaca la iniciativa.
Finalmente, el legislador planteó que “estamos trabajando en un proyecto de creación de una agencia específica que abarque todo el tema ambiental. Es algo muy complejo y lo estamos preparando para presentar pronto”.
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Argentina suma un nuevo humedal de importancia internacional: la Reserva Natural Villavicencio
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, representado por Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, hizo entrega del Diploma de Designación de “Humedal de Importancia Internacional” (Sitio Ramsar) de la Convención sobre Humedales, a la Reserva Natural Villavicencio representada por Javier Lozada, secretario general de Danone Argentina y Cono Sur. Así, el país suma un nuevo “Sitio Ramsar”, totalizando 23 que cubren una superficie de 5.687.651 ha.
“La designación de la Reserva Natural Villavicencio como Sitio Ramsar da cuenta del compromiso de la Argentina con la conservación y uso sustentable de los humedales y del trabajo compartido entre los diferentes sectores”, señaló Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales.
A su vez, Javier Lozada señaló: “Estamos muy contentos que la Reserva Natural Villavicencio haya sido reconocida internacionalmente como sitio Ramsar. Refleja el trabajo diario que venimos realizando desde hace 17 años, protegiendo y conservando las riquezas naturales, arqueológicas y científicas, y lugar de origen de un agua única de manantial mineral”.
La Reserva Natural Villavicencio es la única reserva privada del país que ha logrado esta certificación. Se encuentra ubicada en la localidad de Las Heras, en Mendoza, y cuenta con 62.244 hectáreas llenas de riquezas naturales, arqueológicas y científicas, y es lugar de origen de un agua única de manantial mineral.
Se estima que el 23 % del territorio nacional está ocupado por humedales. Si bien existen numerosos estudios sobre los humedales, hasta el presente no se había conformado una integración completa de los mismos. Por ello, la cartera que conduce Sergio Bergman, está liderando la realización del Inventario Nacional de Humedales (INH), una herramienta de información fundamental que aporta al ordenamiento ambiental del territorio y a la gestión de estos ecosistemas, en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente y la Convención sobre los Humedales.
El Inventario Nacional de Humedales implica un proceso de articulación a nivel técnico, jurisdiccional, sectorial y participativo. En este sentido, se promueve una Red Federal que contribuya a entender la gran variedad de ecosistemas que involucran los humedales y su heterogeneidad, a la vez que promueva una mayor capacitación y entrenamiento para poder desarrollar esta tarea en nuestro país.
Cabe recordar que la Convención sobre los Humedales, suscripta en la ciudad iraní de Ramsar en 1971, posee una Lista de Humedales de Importancia Internacional o Sitios Ramsar, los cuales son designados por los países parte en base a diferentes criterios ecológicos, biológicos y físicos del sitio, así como la importancia de su conservación.
Durante el encuentro también participaron Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos; Antonio De Nichilo, coordinador del Programa Mar y Costas; Silvina Giudici, presidente de la Fundación Villavicencio y Mauricio Pedretti, director de Compras de DANONE.
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Confirman vuelco clandestino en el "río rojo" de Tigre
La municipalidad de Tigre exigió ese mismo día a la OPDS que se detectaran los orígenes de la tonalidad roja en el río.
La Pampa comienza a debatir la prohibición del fracking
Berhongaray pide 'prohibir' el 'fracking' en La Pampa
El diputado Martín Behongaray (Frepam) afirmó ayer que “por el momento, no hay una respuesta uniforme” en el país sobre el uso del método de extracción de hidrocarburos no convencionales y que en La Pampa hay que “prohibirlo directamente” hasta que “no existan garantías científicas de que no hay riesgo de contaminación ambiental”.
El presidente de la comisión de Ecología de la Legislatura agregó que “hay que denunciar cualquier intento de Mendoza o de cualquier provincia que pretenda utilizar el sistema de fracturación hidráulica para explotar minas con reservas de hidrocarburos no convencionales”.
Monitoreo de calidad de agua de la costa del Río de la Plata
Confirman procesamiento de dos industriales tucumanos por contaminar la cuenca Salí - Dulce
Los hermanos Colombres son señalados por la Justicia como presuntos autores responsables de delito ambiental. Se les trabó un embargo de $2 millones a cada uno, a partir de una causa iniciada en el año 2006 en Tucumán.
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de los industriales azucareros José Agustín Colombres y Julio José Colombres por resultar presuntos autores responsables del delito de contaminación ambiental previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051.
El fallo fue firmado por los jueces de cámara Ricardo Mario Sanjuan y Ernesto Clemente Wayar.
Los imputados son responsables de la firma "Azucarera J. M. Terán S.A", a cargo del ingenio Santa Bárbara, ubicado en la localidad tucumana de Santa Bárbara, al sudeste de Aguilares, departamento Río Chico, tributario de la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el embalse de Las Termas de Río Hondo.
Importante embargo
La Cámara confirmó en un fallo firmado el 16 de mayo pasado, a partir de una resolución del 4 de julio de 2017, en la que también se decidió trabar un embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de 2 millones de pesos por cada uno de ellos.
El millonario embargo "es para garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y responsabilidades civiles que pudieran derivarse del ilícito imputado (Art. 518 del CPPN)".
Entre los considerandos del fallo se ordenó el procesamiento sin prisión preventiva (arts. 306, 310 y ss. del CPPN).
La causa se inició en 2006, mediante una actuación del fiscal federal Gustavo Gómez, para determinar si las denuncias por contaminación contra Azucarera J. M. Terán tenían asidero, y por lo tanto, si existía infracción a la Ley 24.051. Asimismo, indica el fallo que "el señor fiscal general ante la Cámara, en su presentación, manifiesta su voluntad de no adherir al recurso de apelación interpuesto por la defensa de los procesados".
La Justicia determinó que a partir del material probatorio colectado, existen indicios suficientes para estimar, con el grado de probabilidad necesario a esta altura del proceso, que dicho ingenio por medio de sus responsables habría llevado a cabo la conducta prevista en el Art. 55 de la Ley 20.051.
Cabe resaltar que varios ingenios con destilería de alcohol de Tucumán provocaron grandes desastres ecológicos que perjudicaron seriamente el ecosistema del embalse en su momento. Ello, como resultado de la contaminación de las industrias, particularmente de los ingenios que producen bioetanol y arrojaron vinaza a los tributarios de la cuenca.
El agro "en alerta" por cambios en delitos ambientales
La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó ayer un nuevo plazo de 90 días hábiles para que La Pampa, Mendoza y la Nación se pongan de acuerdo con el caudal que debe escurrir del río Atuel en territorio pampeano. Esos 90 días para esta “solución dirimente” del conflicto implican una extensión de plazos hasta el mes de octubre al menos. La Corte ordenó que el debate en estos tres meses incluya el plan de obras presentado por Mendoza en la audiencia del 9 de mayo. Ese análisis debe realizarse en el marco de la CIAI, como reclamó La Pampa.
“Además, debemos analizar la propuesta realizada por Mendoza ante la Corte en la audiencia, y determinar las obras conducentes para la resolución definitiva del conflicto, así como los costos y porcentajes en que se afrontaran los mismos”, detalló Pérez Araujo, hablando en nombre de los integrantes de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI).
“La resolución, en vez de darle traslado a La Pampa del plan de obras presentado por Mendoza, nos manda a analizarlo en el marco de la CIAI. Seguramente podríamos habernos ahorrado este paso si la delegación mendocina lo hubiese presentado en la CIAI en primera instancia, tal como se lo reclamamos, pero ellos insisten en menospreciar la tarea del organismo de cuenca”, sostuvo el procurador.
“Esperábamos que la Corte resolviera rápido, como lo ha hecho, y que se expida por la determinación de un caudal hídrico apto para la reconstitución del ecosistema en nuestro noroeste pampeano, manifestó el Procurador. Debemos seguir esperando, atento a que, en la misma lógica que la aplicada en la sentencia del 1 de diciembre, la Corte reitera que el conflicto sea dirimido, en esta instancia, por las provincias y la Nación”.
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Las autoridades económicas del gobierno nacional están planificando incrementar el derecho de exportación del biodiesel del actual 8% a una base de al menos 15%. En la Unión Europea avanza una nueva investigación orientada a bloquear nuevamente el ingreso del biocombustible argentino a ese mercado.
La situación de la industria elaboradora de biodiesel -que forma parte de la cadena de valor sojera- enfrenta una situación compleja. Negociadores argentinos intentan que, luego del bloqueo aplicado por el gobierno estadounidense, la gestión de Donald Trump habilite un cupo de importación para el biodiesel local libre de aranceles (aunque no se trata de una tarea sencilla).
"El desafío para la industria argentina de biodiesel pasa por lograr un aumento progresivo del corte con gasoil del actual 12% al 15% y posteriormente al 20%", indicó Claudio Molina, director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
"Incluso podría evaluarse la implementación del uso directo de biodiesel, con surtidores B100, para aprovechar la ventaja del bajo precio relativo que hoy tiene el biodiesel respecto del gasoil", añadió. Molina además recordó que existen proyectos para incorporar un corte de biodiesel del 20% en el transporte automotor de pasajeros.
Si bien desde 2014 está vigente una resolución (1125/13) que indica que en "las empresas en las cuales sea técnicamente posible la utilización de biodiesel para la generación eléctrica" deberán realizar un corte del 10%, el uso del biocombustible para ese propósito no se está instrumentando. "El gobierno tiene la obligación -y no lo hace- de procurar el cumplimiento de esa norma", alertó Molina.
En el primer trimestre de 2018, según los últimos datos oficiales publicados, las exportaciones argentinas de biodiesel sumaron 319.109 toneladas por un valor FOB de 223,6 millones de dólares. En enero-marzo de 2017 se habían colocado en mercados externos 180.750 toneladas.
El 50% del volumen total exportado en los primeros tres meses de este año se colocó en Holanda, mientras que otro 37% de declaró con destino a Malta (nación integrante de la UE). El resto de las ventas fueron para Canadá (9%) y Perú (4%).
Sin embargo, las autoridades de la Comisión Europea (CE) iniciaron a fines de enero pasado una nueva investigación ("procedimiento antisubvenciones") contra el biodiesel de origen argentino para intentar bloquear nuevamente el ingreso del mismo en algún momento del último trimestre de 2018 o el primero de 2019.
"Sustituir los mercados de EE.UU. y Europa es muy difícil. Existen mercados interesantes como el de Canadá y Australia; muy lentamente se podrá ir aprovechando la paulatina apertura de China e India fundamentalmente, no descartando otro país de Asia-Pacífico, donde competimos con el aceite de palma de Indonesia y Malasia", explicó Molina.
"Un eventual aumento de retenciones, en un contexto de precios bajos del biodiesel en los mercados internacionales, afectará muchísimo la economía de las firmas exportadoras de ese biocombustibles, quienes tendrán dificultades para mantener el ritmo de negocios que vienen desarrollando", concluyó.
Catamarca: docentes obligados a 'hablar bien' de las mineras
Docentes de Catamarca 'presionados' para 'hablar bien' de las mineras
Susana de Lovera, docente y exdirectora, ambientalista, habló con El Intransigente y denunció la manipulación y presión que sufren los trabajadores de la educación en Tinogasta y Fiambalá, provincia de Catamarca, zona del litio -mineral más conocido como “oro blanco”-, para “hablar bien” de las mineras, en este caso Liex S.A. que trabaja en la Cordillera en el proyecto Tres Quebradas (3Q). La docente dijo además que las mineras “borraron” al Estado.
SL.- Susana de Lovera
Ei.- ¿Alcanzó a leer lo que sucede en Antofagasta de la Sierra con las empresas que extraen litio?
SL.- Me solidarizo con los antofagasteños porque tienen el mismo problema que nosotros en ek departamento Tinogasta, en el distrito Fiambalá, en la laguna Tres Quebradas con la empresa Liex S.A. En un futuro no muy lejano nos puede dejar sin agua. El agua que nace en la Cordillera no solo abastece a las poblaciones cercanas, sino que, en la naturaleza, el agua tiene un recorrido amplio, tiene que ver con la región.
Ei.- ¿Se sienten ciudadanos prescindibles, descartables?
SL.- No por ser pocos, somos pueblos sacrificables, en pos de lo que supuestamente llaman equivocadamente acá desarrollo y progreso, aunque con este esquema tal vez sí para los países del Primer mundo
Ei.- ¿Hay información sobre la minería en Tinogasta, es accesible?
SL.- En Tinogasta no hay licencia social para la mega minería, no se hizo las consultas necesarias y debidas en las poblaciones que estamos a la vera del Río Abaucán y cerca del proyecto 3Q. Nadie dio un aval para que esas actividades de exploración den inicio. No hubo consultas a la sociedad, así que, empezamos mal. Esta es una zona altamente frágil, es un delicado equilibrio que hay entre las lagunas, Los Seismiles (cumbres que superan los 6.000 metros de altura en la Cordillera de los Andes), que tienen una función conjunta con los salares y las vegas. Son sitios “Ramsar” con convenios internacionales para la protección de humedales. Sitios protegidos que están siendo violados en estos momentos.
Ei. ¿Usted insinúa que el Gobierno provincial y la secretaria de Minería mienten?
SL.- No insinúo, afirmo. El Gobierno está mintiendo porque viola ese sitio Ramsar.
Ei.- Aparte del Gobierno, otras ONG ambientalistas dicen lo mismo…
SL.- Las ONG que dicen que no hay problemas, son las ONG amigas del Gobierno. No podemos decir que sean objetivas en cuanto al análisis y los informes que hagan. Algo reciben.
Ei.- ¿Se conversa de estos temas en las escuelas?
SL.- Un buen docente debe informar qué se dice de un lado y qué del otro para que sea el alumno quién objetivamente saque sus propias conclusiones. Pero, qué pasa. Se manipula a los docentes a través de distintas formas, se los presiona para que no se hable de los perjuicios, daños y desventajas de la megaminería. Hay muchos docentes en Tinogasta que no hablan el tema porque tienen miedo, pero no están cumpliendo la misión de enseñar, el objetivo debería ser que se escuchen las dos campanas.
Ei.- Entonces “una” campana si se escucha, el tema es “qué” campana se escucha
SL.- La de la empresa, la del Gobierno. Yo estuve viendo que en algunas escuelas de Fiambalá les permiten a la empresa que auspicien. Yo quisiera saber si pedidos un espacio en la Escuela para hablar a los estudiantes si nos van dar ese tiempo a los integrantes de la Asamblea por la vida. Yo fui directora en una escuela y sentí la presión para que estas charlas no se den, es decir, la otra campana.
Ei.- ¿Y eso qué significa?
SL.- Significa que no se está cumpliendo con el rol docente. Al docente no le debe importar lo que le dice su gobierno, qué lineamiento se baja, sino que, tiene la obligación de informar y dar la información correcta a sus alumnos para que sean ellos quienes se formen una opinión acerca del tema. De todas las actividades, no solo de minería, de soja, u otras actividades del hombre.
Ei.- ¿Que hay con los intendentes Sebastián Nóblega y Roxana Paulón?
SL.- Cuando estaban en campaña, hacía suponer que su gobierno sería de protección al medio ambiente pero al final terminaron vendiéndonos en la Feria minera de Canadá. Hay una incoherencia. Son títeres del Gobierno provincial. Le dieron la espalda al pueblo de Tinogasta. No tenemos en quién confiar. Los concejales igual.
Ei.- ¿Cómo es la relación Gobierno-minera-sociedad?
SL.- El Estado municipal en Fiambalá (administrado por Roxana Paulón) no existe, todas las necesidades las cubre Liex S.A. Hay una carrera de bicicleta y la cubre Liex, falta lavandina en el hospital y Liex la dona, falta una bolsa de cemento, Liex la compra. La minera está regalando espejitos de colores. Es como si la firma internacional hubiera borrado a la intendencia y como si ellos fueran el Estado. Todas las falencias y necesidades las cubre Liex. En el caso de Tinogasta (Sebastián Nóblega) más o menos igual, pero, no tan marcado como en Fiambalá.
Ei.- ¿Llegaron a hablar con el secretario de Minería, Rodolfo Micone?
SL.- Una vez vinieron, fuimos y nos pusieron la policía, no nos dejaron avanzar. Siempre hemos tenido la amenaza de la represión. El Gobierno provincial nunca nos contestó los petitorios y nunca nos llamó.
Elaboró un informe sobre los puntos críticos. Asegura que en algunos horarios las plantas de tratamiento tiran crudo al cauce de agua.
Los desagües de Tronador y del arroyo Durán arrojan valores superiores a lo permitido de bacterias. Los análisis se realizaron con peritos judiciales.
Un nuevo informe muestra que en materia de Escherichia Coli, los números no le dan bien al río Limay. En base al amparo presentado por diputados y concejales de FPN-Une, la Prefectura Naval Argentina realizó varios análisis y sostiene que los resultados obtenidos superan los parámetros permitidos. Dicen que tienen información de que las plantas, por algunas horas, tiran crudo al río sin tratar.
“Muestra los niveles de contaminación a la salida de la planta Tronador y del arroyo Durán y están por encima de lo permitido. Los análisis fueron realizados con controles de peritos judiciales”, dijo el diputado Mariano Mansilla.
Según informaron la pericia encomendada a Prefectura Naval Argentina por la jueza federal Carolina Pandolfi, el 28 de marzo, acredita la existencia de valores de coliformes totales, fecales y Escherichia Coli más de 100 veces superiores a los parámetros fijados por la ley 25.688 y sus reglamentaciones.
Ante esto, y con el fin de impedir la proliferación de nuevos focos de contaminación, vuelcos de efluentes cloacales sin tratar o con tratamiento deficiente desde el dique Arroyito hasta la zona de PreConfluencia, Mariano Mansilla y Francisco Baggio presentarán hoy una medida cautelar. “Además pedimos que se designe un veedor judicial en cada una de las plantas de tratamientos para controlar si se efectúa un ‘by pass’ de líquidos crudos al río Limay y como funcionan las plantas. Según nos informaron algunos empleados, hay horas en que tratan los líquidos y horas en que tiran crudo para descomprimir, cuando no debería ir ni un litro sin tratar”, dijo Mansilla.
Hay tres amparos en curso: éste por el Limay que se presentó en febrero, hay otro por el río Neuquén y un tercero, de Tronador hacia abajo, sobre el río Negro. De los tres derivaron investigaciones penales.
“Nada funciona y debemos pensar en cuál debe ser el método para que el gobierno arregle las plantas de tratamiento. Las plantas están muy por debajo de lo que se necesita para tratar los líquidos cloacales. No alcanzan a cubrir ni un 50%”, dijo Mansilla y agregó que es necesaria la urgencia en que se deje de tirar materia fecal al río.
Según el escrito, la AIC en su Propuesta de Niveles guía de calidad de agua superficial para actividades en contacto directo establece el valor máximo de 1.250 NMP/100 de Coliformes Totales y de 200 NMP/100 de Coliformes fecales.
El Memórandum de Entendimiento que sellaron el presidente Mauricio Macri y el Premier Vladimir Putin despertó una ola de consultas por el uranio en Chubut. Varias empresas realizaron sondeos por 20 yacimientos de este mineral. Después de mucho tiempo, la provincia avanza en un debate profundo sobre el desarrollo o la prohibición.
El periodista Franco Córdoba publicó en Télam una nota de análisis sobre la situación en la que se encamina Chubut. En un pasaje de la nota describe que después de 100 años, la Provincia inició un debate sobre un inminente cambio de paradigma en la matriz económica.
«La provincia patagónica transita una encrucijada marcada por una crisis socioeconómica, y una palabra sobrevuela para matizarla: minería. Atrás quedaron los años de bonanza con la actividad petrolera y récords en regalías, pero hoy vive un momento de su historia donde analiza darle paso al uranio y otros minerales, o bien, seguir pendiente del precio del barril y las inversiones para el oro negro», argumentó Córdoba, abriendo el paso a la discusión sobre la minería y en especial, del uranio.
Lo cierto es que desde que Argentina y Rusia estamparon la firma en materia de «cooperación tecnológica para la explotación de uranio», hubo una lluvia de consultas de empresas nacionales e internacionales por proyectos que tienen alta potencialidad de este minera en la provincia del Chubut.
La firmas mas conocidas son la Uranium One Group - subsidiaria de la compañía estatal de Energía Atómica Rosatom de Rusia - y UrAmérica Argentina S.A.
«Más allá de estos anuncios oficiales y en base a diferentes estudios de suelo en la provincia, existen casi 20 proyectos de empresas que desean explotar esos yacimientos o cunas de uranio», precisa la nota publicada en Télam.
En la provincia hay 20 yacimientos que cuentan con estudios geológicos que determinaron una alta factibilidad de concentración de uranio. Gran parte de estos proyectos están situados en la Meseta Central.
Uno de los más populares en Chubut por su dimensión es el yacimiento Cerro Solo que está bajo el control de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). De los estudios, decantan que los campos aseguran 4.420 toneladas de uranio y un potencial de 4.810 toneladas.
El yacimiento «Laguna Salada» bajo la órbita de la firma canadiense U308 Corporation tiene 2.430 toneladas aseguradas y 1.640 inferidas.
«Laguna Colorada», administrado por la CNEA, garantiza 100 toneladas y un total de 60 inferidas; en tanto que «Meseta Central» de UrAmérica S.A. proyecta más de 7.000 toneladas de Uranio.
Los otros yacimientos son «El Regalo», «El Tropezón», «La Bombilla», «La Pampa», «Los Adobes», «Guanaco», «Regalo», «Bororo Nuevo», «Bajo del Gualicho»m «Sierra Chata», «Bajo Colorado», «Mirasol», «Cóndor», «Cerro León», «Sierra Cuadrada» y «Cañadón Gato Krugger».
En el caso de Bajo del Gualicho, Sierra Chata y Bajo Colorado, los emprendimientos están ubicados en la zona noreste de Chubut; en tanto que en el caso de Cañadón Gato Krugger, está situado en la zona sur de la Provincia.
Los senadores Alfredo Luenzo (ChuSoTo) y Nancy González (FPV); y el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, dejaron sus impresiones sobre la explotación minera en la Provincia.
Cerdá ya no oculta su posicionamiento favorable y remarcó que «si se dan todas las condiciones, ambientales, marcos legales claros, beneficios que pueda dejar la industria, creo que debemos darnos la posibilidad en Chubut de llevarla adelante».
El senador Luenzo reconocio que el debate «ya está instalado en la provincia», por eso sugirió que «debemos sincerarnos y colocarlo sobre la mesa para tomar una decisión. Por el sí o el no, pero hay que tomar una decisión, porque de lo contrario la van a tomar otros».
En contraposición, González reflexionó que la posible explotación minera «parece más una imposición por parte del Gobierno nacional, orientada a la depredación de los recursos naturales, que una oportunidad de desarrollo genuina».
Otra de las voces que sumó fue la del intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares (FPV), quien semanas atrás recibió a los jefes comunales de la meseta, que impulsaron el proyecto de zonificación.
«Hay que analizarla como un negocio, como lo son otras tantas industrias, e identificar sus pro y sus contras, porque como la práctica en cualquier industria, acá lo que preocupa es el impacto en la gente y el medio ambiente. Por ello, el primer punto de debate debe ser si es contaminante; y en ese caso, en qué grado», afirmó Linares.
Etiquetas: Chubut, energía nuclear, legislación y derecho ambiental, minería | 0 comentarios
La Argentina parece haber encontrado en el cambio climático uno de los trampolines desde donde impulsar su presidencia del grupo del G20. Porque más allá de la importancia lógica de la agenda de relaciones exteriores, finanzas y desarrollo, la impronta verde que venía gestando Alemania se tradujo finalmente en el primer grupo de trabajo específico de Sustentabilidad Climática, una atractiva carta de presentación ante los países más industrializados.

References: artículo 182
sui generis
 artículo 55
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