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Timestamp: 2017-06-26 23:09:32+00:00

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CIDH - Observaciones preliminares - Junio 2010 by Radio Progreso ERIC SJ Consorcio - issuu
Original: EspañolOBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE SU VISITA A
HONDURAS REALIZADA DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2010SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, WASHINGTON, D.C. 20006
Internet: http://www.cidh.orgCOMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOSMIEMBROS
Rodrigo Escobar Gil******
Secretaria Ejecutiva Adjunta: Elizabeth Abi-MershedAprobado por la Comisión el 3 de junio de 2010OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
I.RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................ 1II.ANTECEDENTES ........................................................................................................ 2III.SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS ........................................................................ 4
A.Periodistas y Comunicadores Sociales ................................................................ 5
10.B.Defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales........................ 13
I.Asesinatos de periodistas durante 2010 .................................................. 5
Amenazas, hostigamientos y medidas de protección ................................. 6
Periodistas amenazados......................................................................... 6
Periodistas de Radio Progreso ................................................................ 8
Periodistas de Radio La Voz de Occidente................................................ 8
Ataques a las sedes de los medios de comunicación ................................. 9
Marco Legal ....................................................................................... 10
Ausencia de investigaciones por el cierre de medios de comunicación,
por la detención de periodistas y por los ataques a los medios ................. 10
Ineficacia de las medidas de protección ................................................. 12
Otros abusos ..................................................................................... 12Asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes
sociales ............................................................................................. 13
Amenazas, hostigamientos contra defensores y defensoras de derechos
humanos y otros líderes sociales .......................................................... 14Implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH........................ 16
Hostigamientos y persecución contra magistrados y jueces ................................ 18
Sectores de la población históricamente marginados y de mayor vulnerabilidad ..... 20
Impunidad .................................................................................................... 22
Amnistía....................................................................................................... 24
Comisión de la Verdad y la Reconciliación ........................................................ 25
Situación del Bajo Aguán................................................................................ 27IV.AVANCES Y DESAFÍOS PARA EL RETORNO A LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA 27V.RECOMENDACIONES ............................................................................................... 28OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
I.RESUMEN EJECUTIVO1.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión
Interamericana”, “CIDH” o “Comisión”) 1 visitó Honduras del 15 al 18 de mayo de 2010 2 , con el
objeto de hacer un seguimiento a la visita in loco efectuada en agosto de 2009 y al Informe
Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado 3 .
La delegación estuvo compuesta por el Presidente de la CIDH, Felipe González; el
Primer Vicepresidente, Paulo Sérgio Pinheiro; el Secretario Ejecutivo, Santiago A. Canton; la Relatora
Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero; la Coordinadora de Mesoamérica
y Caribe de Habla Hispana, Isabel Madariaga; el abogado de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión, Ramiro Álvarez-Ugarte y la Técnico en Documentos, Gloria Hansen.
Durante la visita, la CIDH se reunió con autoridades de los tres poderes del Estado:
Ministra Comisionada Especial de Derechos Humanos; Fiscalía General y Fiscalía de Derechos
Humanos; Vice Ministro de Seguridad y Dirección de la Policía Nacional; Corte Suprema de Justicia;
Directiva del Congreso Nacional y Comisión de Derechos Humanos del Congreso; Ministro de
Defensa y Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA y; Comisión Interinstitucional de Derechos
Humanos. Además, tuvo reuniones con defensores y defensoras de derechos humanos,
comunicadores sociales, representantes de la sociedad civil y miembros de la Comisión de la Verdad
y la Reconciliación. Asimismo, se reunió con representantes del sistema de Naciones Unidas en
Honduras y con embajadores del Grupo de Seguimiento a la Declaración de Estocolmo (G 16).
La visita contó con todas las facilidades necesarias para llevar a cabo su misión. La
CIDH manifiesta su agradecimiento a los representantes del Estado, organizaciones de la sociedad
civil y agencias internacionales por la información y la colaboración proporcionadas. La Comisión
recuerda que de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
en su Reglamento, no se deben tomar represalias de ningún orden en contra de las personas o
entidades que hayan cooperado con la CIDH mediante informaciones o testimonios.
Al finalizar la visita, mediante el comunicado de prensa 54/10 4 , la Comisión expresó
su profunda preocupación porque continuaban las violaciones a los derechos humanos en el
contexto del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009, sin perjuicio de los
avances realizados para el retorno a la institucionalidad democrática.1
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que deriva su
mandato de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está conformada por
siete miembros independientes que actúan a título personal, sin representar a ningún país y son elegidos por la Asamblea
2CIDH, Comunicado de Prensa 60/09: CIDH Presenta sus Observaciones Preliminares sobre su visita a Honduras,
21 de agosto de 2009. Disponible en http://www.cidh.oas.org/Comunicados. Dado a conocer en una conferencia de prensa
realizada en Tegucigalpa.
CIDH, Comunicado de Prensa 5/10: CIDH Publica Informe sobre Honduras, 20 de enero de 2010. Disponible en
http://www.cidh.oas.org/Comunicados. Ver Informe en: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Honduras09sp/Indice.htm
4CIDH, Comunicado de Prensa 54/10: CIDH expresa preocupación por violaciones de derechos humanos en
Honduras al terminar su visita, de 19 de mayo de 2010. Dado a conocer en una conferencia de prensa realizada en
Tegucigalpa por el Presidente del la CIDH Felipe González y el Secretario Ejecutivo Santiago. A. Canton.2
II.ANTECEDENTES6.
El 28 de junio de 2009, efectivos del Ejército hondureño, bajo instrucción del Jefe
del Estado Mayor Conjunto, ingresaron a la residencia presidencial, privaron de libertad al Presidente
José Manuel Zelaya Rosales y lo trasladaron en un avión militar a Costa Rica. Ello constituyó el
derrocamiento del Presidente democráticamente electo y la ruptura del orden democrático y
constitucional en Honduras. Ese mismo día, la CIDH condenó 5 el golpe de Estado y la ruptura del
orden constitucional e hizo un llamado urgente a que se restaurara el orden democrático y se
respetaran los derechos humanos, el Estado de Derecho y la Carta Democrática Interamericana.
Asimismo, urgió al respeto irrestricto del derecho a la libertad de expresión.
La CIDH desde el mismo 28 de junio de 2009, en cumplimiento de sus obligaciones
de promoción y protección de los derechos humanos y, en virtud de la recepción de cientos de
denuncias que indicaban graves violaciones a los derechos humanos, otorgó medidas cautelares
para proteger la vida de cientos de personas como consecuencia del golpe de Estado 6 ; requirió
información sobre la situación de riesgo de determinadas personas; solicitó información de acuerdo a
lo estipulado por el artículo 41 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo
XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 8 ; emitió varios
comunicados de prensa. El 30 de junio, la Comisión solicitó la realización de una visita a Honduras
en forma urgente 9 .
El 4 de julio de 2009 la Asamblea Extraordinaria de la OEA aprobó la resolución
AG/RES. 2 (XXXVII-E/09) en la que decidió suspender al Estado de Honduras en el ejercicio de su
derecho de participación en la OEA. En la misma resolución, la Asamblea General decidió “reafirmar
que la República de Honduras deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones
como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos e instar a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que continúe adoptando todas las medidas
necesarias para la tutela y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
Honduras” 10 .
La CIDH realizó la visita in loco a Honduras desde el 17 al 21 de agosto de 2009.
Durante la visita constató que, junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de
Estado, se habían producido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la muerte de
por lo menos siete personas, la declaración arbitraria del estado de excepción, la represión de
5CIDH, Comunicado de Prensa 42/09: CIDH condena enérgicamente golpe de Estado en Honduras, 28 de junio de
2009. Disponible en http://www.cidh.oas.org/Comunicados.
Ante la magnitud de las denuncias, la CIDH inició la medida cautelar 196-09 el 28 de junio de 2009 a favor de la
Ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas y solicitó información sobre otras personas. La medida cautelar
196-09 ha sido ampliada en diversas oportunidades. Al respecto, ver: http://www.cidh.oas.org/medidas.esp.htm
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 41: La Comisión tiene la función principal de promover
la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y
atribuciones: d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que
adopten en materia de derechos humanos.
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, artículo XIV: [C]uando la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos reciba una petición o comunicación sobre una supuesta desaparición forzada se
dirigirá, por medio de su Secretaría Ejecutiva, en forma urgente y confidencial, al correspondiente gobierno solicitándole que
proporcione a la brevedad posible la información sobre el paradero de la persona presuntamente desaparecida y demás
información que estime pertinente, sin que esta solicitud prejuzgue la admisibilidad de la petición.
CIDH, Comunicado de Prensa 45/09: CIDH solicita visitar Honduras, otorga medidas cautelares y pide información,
30 de junio de 2009. Disponible en http://www.cidh.oas.org/Comunicados.
OEA, Asamblea General Extraordinaria, Resolución AG/RES. 2 (XXXVII-E/09) de 4 de julio de 2009, puntos
resolutivos 1 y 2. Disponible en http://www.oas.org/CONSEJO/SP/AG/37SGA.asp#docs.3
manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, la criminalización de la
protesta social, las detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y
degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las
situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos humanos de las mujeres y serias
restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión. La CIDH también comprobó la
ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos. En la oportunidad, el 21 de
agosto e 2009, la CIDH presentó públicamente sus observaciones preliminares sobre la visita
mediante el comunicado de prensa 60/09 11 .
Con posterioridad a la visita de agosto de 2009 y, en virtud de la información que se
recibía sobre los graves acontecimientos que estaban ocurriendo en Honduras, la CIDH solicitó el 23
y el 29 de septiembre de 2009 realizar una nueva visita; sin embargo, no tuvo respuesta del Estado.
La CIDH elaboró el Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, que
fue publicado el 20 de enero de 2010 12 .
El 27 de enero de 2010 asumió la presidencia de la República de Honduras el señor
Porfirio Lobo Sosa, mediante elecciones celebradas el 29 de noviembre de 2009 en las que además
se eligió a alcaldes, concejales y diputados.
El 3 de febrero de 2010, la CIDH mediante el comunicado de prensa 14/10 13
manifestó su preocupación respecto a la ambigüedad del Decreto de Amnistía aprobado por el
Congreso Nacional de Honduras el 26 de enero de 2010 porque aunque el texto contempla ciertas
excepciones en cuanto a violaciones a los derechos humanos, el lenguaje es ambiguo, y el decreto
no establece criterios precisos o mecanismos concretos para su aplicación.
El 8 de marzo de 2010 la CIDH condenó y lamentó los asesinatos de tres miembros
activos de la resistencia al golpe de Estado, registrados entre febrero y marzo de 2010. Asimismo,
deploró los secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y allanamientos
ilegales de que habrían sido víctimas personas activas en la resistencia contra el golpe de Estado y
sus familiares. La CIDH expresó también su profunda preocupación ante la información recibida de
que hijos e hijas de activistas están siendo amenazados y hostigados, y que en dos casos han sido
El 5, 15 y 16 de marzo de 2010, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la CIDH condenó el asesinato de tres periodistas.
En razón de la información recibida por la CIDH sobre la situación de derechos
humanos en Honduras y con el objeto de hacer un seguimiento a la visita in loco efectuada en
agosto de 2009 y al Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, el 19 de marzo de
2010 la CIDH solicitó al Estado de Honduras una nueva visita 14 .
CIDH, Comunicado de Prensa 60/09: CIDH Presenta sus Observaciones Preliminares sobre su visita a Honduras,
21 de agosto de 2009. Disponible en http://www.cidh.oas.org/Comunicados.
12CIDH, Comunicado de Prensa 5/10: CIDH publica informe sobre Honduras, 20 de enero de 2010. Disponible en
http://www.cidh.oas.org/Comunicados.
CIDH, Comunicado de Prensa 14/10: CIDH manifiesta preocupación por decreto de amnistía en Honduras, 3 de
febrero de 2010. Disponible en http://www.cidh.oas.org/Comunicados.
La CIDH recibió el 22 de abril de 2010 una nota suscrita por el Presidente Porfirio Lobo Sosa con fecha 26 de
marzo de 2010, manifestando su anuencia para que se realizara la visita. Asimismo, en nota de fecha 7 de mayo de 2010, el
Presidente de la Corte Suprema de Justicia informó a la CIDH sobre la persona que sería el enlace con el gobierno durante la
visita.417.
El 27 de marzo de 2010, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
CIDH condenó el asesinato de los periodistas del Canal 4 R.Z. Televisión y Radio Excélsior, Bayardo
Mairena y Manuel Juárez, el 26 de marzo en el Departamento de Olancho, Honduras. La Relatoría
Especial expresó su profunda preocupación por la gravedad de la situación de vulnerabilidad que
atraviesa la prensa en Honduras 15 . El 22 de abril de 2010, en virtud de un nuevo asesinato de un
periodista ocurrido el 20 de abril de 2010, se emitió otro comunicado de prensa 16 .
III.En este contexto, la CIDH realizó una nueva visita a Honduras del 15 al 18 de mayo
SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS19.
Durante la visita realizada en mayo de 2010, la Comisión expresó su profunda
preocupación porque continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de
Estado. Al respecto, en lo que va del año 2010, la CIDH ha tenido que otorgar varias medidas
cautelares a favor de personas que se encuentran en situación de riesgo. En la mayoría de los casos,
el riesgo está asociado a su participación en acciones en contra del golpe de Estado 17 .
Sin perjuicio de los avances realizados para el retorno a la institucionalidad
democrática, la CIDH ha recibido información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas
periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Asimismo, ha recibido información
sobre una serie de amenazas y hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos
humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia.15CIDH, Comunicado de Prensa R39/10: Relatoría Especial condena asesinato de periodistas hondureños, 27 de
marzo de 2010. Disponible en http://www.cidh.oas.org/Comunicados
CIDH, Comunicado de Prensa R45/10: Relatoría Especial manifiesta preocupación por el nuevo asesinato de un
periodista en Honduras, 22 de abril de 2010. http://www.cidh.oas.org/Comunicados
17Al respecto ver en http://www.cidh.oas.org/medidas/2010.sp.htm:- MC 196/09, Ampliación – Marbin Emilio Hernández Duarte y su núcleo familiar, Honduras (8 de enero de 2010).
- MC 196/09, Ampliación – Anselmo Romero Ulloa y María Brígida Ulloa Hernández, Honduras (12 de febrero de
- MC 91-10, Pedro Brizuela, Mateo Enrique García Castillo y sus núcleos familiares, Honduras (19 de marzo de
- MC 196-09, Ampliación – Inmer Genaro Chévez y Lucy Mendoza, Honduras (3 de mayo de 2010).5
No obstante la alta tasa de criminalidad que en general existe en Honduras 18 , la
CIDH consideró que las denuncias recibidas podrían responder al mismo patrón de violencia que la
CIDH denunció en su Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado. Sin embargo, los
asesinatos, amenazas y hostigamientos no cuentan con las debidas investigaciones por parte de la
justicia, lo que permitiría esclarecer si están o no relacionados con el contexto del golpe de Estado.
La CIDH y la Relatoría Especial manifestaron durante la visita su profunda
preocupación por la ausencia de investigaciones efectivas que conduzcan al esclarecimiento de
A.Periodistas y comunicadores sociales1.Asesinatos de periodistas durante 201023.
Durante 2010 han sido asesinados al menos siete periodistas en Honduras por
causas que podrían estar asociadas al ejercicio de su profesión.
El 1º de marzo de 2010 fue asesinado a balazos Joseph Hernández Ochoa,
periodista del canal 51 de Tegucigalpa. Su acompañante, la periodista Karol Cabrera, sufrió heridas
pero sobrevivió. El 11 de marzo de 2010 fue asesinado David Meza Montesinos, periodista de Radio
América y Radio El Patio, de la ciudad de La Ceiba. El 14 de marzo de 2010 fue asesinado en la
ciudad de Tocoa el periodista Nahúm Palacios, director de noticias de la Televisora Canal 5 del
Aguán, quien contaba con medidas cautelares otorgadas por la CIDH. El 26 de marzo de 2010
fueron asesinados los periodistas de Canal 4 R.Z. Televisión y Radio Excélsior José Bayardo Mairena
y Manuel Juárez, quienes circulaban por una carretera cerca a la ciudad de Juticalpa en el
departamento de Olancho. El 13 de abril fue asesinado en San Pedro Sula el locutor Luis Antonio
Chévez Hernández, quien trabajaba en la radio W105 de esa ciudad. El 20 de abril de 2010 fue
asesinado Jorge Alberto “Georgino” Orellana, periodista del canal Televisión de Honduras, en la
ciudad de San Pedro Sula. En cuanto al periodista Palacios, cabe observar que con el otorgamiento
de las medidas cautelares a su favor, el Estado tenía el deber de tomar las medidas necesarias para
salvaguardar su vida. Sin embargo, según lo informado, no habría cumplido con dicho deber.
La Secretaría de Seguridad presentó un informe ante el Congreso Nacional el 5 de
mayo, en el que dio cuenta de la situación actual de las investigaciones relacionadas con estos18
“La violencia en sus distintas manifestaciones continúa siendo uno de los principales problemas que afectan el
desarrollo humano, la convivencia social y la gobernabilidad democrática de Honduras. […] La violencia destruye la esperanza
de vida en el país, cuando personas jóvenes en edad productiva entre 15 a 44 años son las más afectadas con el 80.9% de
los casos, un total de 588 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida por homicidios, mientras 1,974 menores de edad
también sufrieron lesiones y fueron evaluados en la Clínica Forense del Ministerio Público”. En presentación de Informe del
Observatorio de la Violencia en Honduras, Muertes Violentas y No Intencionales, Boletín No. 17 que recopila la información
de Enero a Diciembre del año 2009. Tegucigalpa, Honduras: IUDPAS - UNAH, Abril 2010.De acuerdo al citado Informe, [E]entre los años 2004 al 2009 ocurrieron en Honduras 20,590 muertes por
homicidios, pasando de 2,155 víctimas a 5,265 en el año 2009 lo que representa un incremento de 144.3%. A partir del año
2007 se comienzan a observar aumentos acelerados de la incidencia de crímenes por homicidio, particularmente en la
modalidad sicarial que de manera similar tuvo los mayores crecimientos[.] La vulnerabilidad del país refleja que se paso de
una tasa de 30.7 a 66.8 homicidios x 100,000 habitantes que significó un aumento de 36.1 puntos. […] Durante el año
2009 se presentaron en Honduras 8,154 muertes violentas, 925 eventos más que los ocurridos en el año 2008,
correspondiendo a un incremento de 12.7%. Los homicidios alcanzaron5,265 víctimas lo que refleja una importante alza del
17.7% sobre el 2008; mientras que las muertes violentas relacionadas con eventos de tránsito se mantienen en proporciones
casi idénticas al año anterior con 1,200 fallecimientos, significando una leve reducción de - 0.6%.Disponible en:
http://www.undp.un.hn/observatorio_violencia_09.htm6
asesinatos 19 . El informe fue reservado y no se conoció su contenido, ya que desde la Secretaría de
Seguridad sostuvieron que su revelación podría entorpecer las investigaciones 20 . El viceministro de
Seguridad, Armando Calidonio, dijo que “hasta el momento no existe relación de las muertes de los
periodistas con el ejercicio de su profesión” 21 . Sin embargo, tanto la Fiscalía Especial de Derechos
Humanos como las organizaciones no gubernamentales que hacen seguimiento de estos temas
manifestaron que en algunos de estos casos existen hipótesis serias que permiten relacionar los
asesinatos con el ejercicio de la profesión periodística. Esas organizaciones no gubernamentales
sostuvieron que no se ha producido ningún avance en las investigaciones y opinan que no hay
voluntad de parte de las autoridades de esclarecer los asesinatos 22 . Desde la Fiscalía Especial de
Derechos Humanos atribuyeron las falencias de las investigaciones a la “poca capacidad de la policía
para investigar” 23 .
Es imprescindible que el Estado de Honduras adelante, de manera urgente,
investigaciones a cargo de cuerpos especializados independientes que conduzcan a esclarecer las
muertes, inclusive a determinar si efectivamente los crímenes están relacionados con el ejercicio de
la profesión y que permitan el enjuiciamiento y condena de las personas responsables de los
mismos. Asimismo, es necesario que el Estado adopte mecanismos permanentes de protección para
garantizar la vida y la integridad de los comunicadores en riesgo. El mantenimiento de la impunidad
no solo constituye una denegación de justicia para los familiares de las víctimas sino que afecta a la
sociedad en su conjunto, ya que promueve el temor y la autocensura, tal como lo expresaron
distintos periodistas y comunicadores sociales en las reuniones mantenidas con la CIDH en su visita
a Honduras de mayo de 2010 24 . Asimismo, representantes de la sociedad civil criticaron que las
autoridades impulsen la idea de que los asesinatos no están relacionados con el ejercicio profesional
sin aportar ningún tipo de prueba que sustente esas afirmaciones 25 .
2.Amenazas, hostigamientos y medidas de protección27.
El informe preparado por la CIDH luego de su visita in loco a Honduras en 2009
documentó amenazas, hostigamientos y ataques a medios de comunicación y periodistas durante el
golpe de Estado y en las semanas posteriores. Al momento de redactar este informe, esos ataques
contra la prensa subsisten.
3.Periodistas amenazados28.
A continuación se consignan casos recientes de amenazas a periodistas que la CIDH
pudo documentar en su visita a Honduras de mayo de 2010. Estos casos no son los únicos, pero
El informe había sido solicitado por el diputado Augusto Cruz Asensio, ante la escalada de violencia contra
periodistas que se registró durante 2010.
Ver Diario La Tribuna, “En secretividad investigación sobre asesinatos de periodistas”, disponible en:
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=128429
21Diario La Tribuna, “Capturan
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=122981.
22aimplicadoenlamuertedeperiodista”,disponibleen:Información recibida en reunión de la CIDH con comunicadores del 16 de mayo de 2010 en Tegucigalpa,Honduras.
23Reunión con Fiscalía Especial de Derechos Humanos, el 15 de mayo de 2010 en Tegucigalpa, Honduras.24Información recibida en la reunión con comunicadores sociales realizada por la CIDH el 16 de mayo de 2010 en
25Vilma Rosales, miembro de C-libre, criticó que, sin aportar pruebas, las autoridades hayan dicho que los
asesinatos de periodistas no están vinculados con su ejercicio profesional. “Decirlo propicia la impunidad y fomenta más
crímenes”, consideró Rosales. Testimonio del 15 de mayo de 2010, recibido en Tegucigalpa, Honduras.7
son emblemáticos. Se presentan a modo de ejemplo de la grave situación que atraviesa la prensa en
El periodista Jorge Ott Anderson es el titular de un pequeño canal de cable en la
ciudad de Colón. Llega por circuito cerrado de televisión a los municipios de Bonito Oriental, parte
de Trujillo y parte de Tocoa 26 . Las amenazas contra Ott Anderson comenzaron dos días después del
golpe de Estado, el 30 de junio de 2009. Se producían telefónicamente y eran pasadas “al aire”, ya
que en su programa, el periodista recibe llamadas de televidentes en vivo. El canal fue cerrado por
los militares, y estuvo dos meses y medio fuera del aire. Según Ott Anderson, desde entonces
recibe amenazas permanentemente. La frecuencia de las mismas habría aumentado luego de que
reportara sobre el asesinato del periodista Nahúm Palacios y la detención de un joven en Bonito
Oriental que habría sido sometido a apremios ilegales por parte de la policía a fines de abril de 2010.
El 18 de abril de 2010 recibió una llamada en su programa en el que un desconocido le advirtió que
lo matarían en cualquier momento 27 . El 13 de mayo de 2010 recibió otra amenaza en horas de la
Ricardo Oviedo tiene un espacio en un canal de Colón, que alquila mensualmente. Es
además presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales de Colón. Según Oviedo, desde el
golpe de Estado es hostigado por policías y miembros de las fuerzas armadas, situación que
recrudeció luego de la masiva llegada de tropas militares a la región del Bajo Aguán en el marco del
conflicto de tierras entre campesinos y empresarios de la zona. Si bien el gobierno hondureño indicó
que se trata de medidas de colaboración de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior
para ayudar en la lucha contra el narcotráfico, Oviedo considera que la intención es hostigar a los
Desde entonces, Oviedo sostiene que lo siguen motos y vehículos y que el 13 de
abril uno de esos vehículos lo encerró, por lo que se cayó de su motocicleta y sufrió diversas
heridas. En otras oportunidades su casa ha sido baleada y sonaron ráfagas de metralletas afuera del
estudio desde donde transmite su programa. Oviedo presentó una denuncia ante la policía como
consecuencia de la insistencia de sus compañeros de la Asociación de Comunicadores Sociales. El
1º de mayo le ofrecieron distintos mecanismos de protección, como incrementar la presencia policial
cerca de su casa y patrullajes. Si bien se establecieron las patrullas por algunos días, Oviedo las
rechazó luego de que estas hicieran –según él, a propósito- mucho ruido para molestar a sus
vecinos con la finalidad de que desistiera de esta protección. Según Oviedo, desde algunas
instituciones le recomendaron irse del país, pero no tiene los medios para hacerlo. Oviedo consideró
que hay un esfuerzo mancomunado para callarlo: perdió enormes cantidades de publicidad en los
últimos meses, han interrumpido la transmisión de su programa y la gente tiene miedo de ir al
mismo. “Se ha creado el caldo para que algo me pase, igual que sucedió con Nahúm”, recordó 28 .
Jessica Pavón es presentadora de los noticieros Notiseis Matutino y Notiseis
Nocturno en el Canal 6 de Tegucigalpa. El jueves 13 de mayo de 2010, Pavón recibió una llamada
en su teléfono celular y luego un mensaje del siguiente tenor:
“Sentís la muerte verdad perra, porque andas vestida de blanco te vamos a matar perra” [sic]26Entrevista telefónica con Jorge Ott Anderson, realizada el 14 de mayo de 2010.27
Entrevista telefónica con Jorge Ott Anderson, realizada el 14 de mayo de 2010. Ver también comunicado de
http://www.ifex.org/honduras/2010/05/05/death_threats/es/.
28Entrevista telefónica con Ricardo Oviedo, realizada el 14 de mayo de 2010.8
Cabe destacar que Pavón vestía ese día de blanco. Casi diez minutos después,
recibió otro mensaje que decía:
Donde te miremos te vamos a volar la cabeza perra, prepárate porque le toca ahora a canal
6 se nos escapó Orlin Castro [un colega de Pavón de Canal 6 que trabaja en San Pedro Sula,
que habría sido objeto de persecuciones recientemente], pero la suerte es para vos JESSICA
PAVON atentamente el Chele[sic]34.
Luego de comunicarse con la policía, Pavón fue llevada a su casa a las ocho de la
noche por dos policías enviados por la Secretaría de Seguridad en un auto particular 29 . A partir de
entonces ha recibido varias llamadas y mensajes del mismo tenor. Pavón hizo la denuncia ante la
Dirección General de Investigación Criminal y el Ministerio Público. Como presentadora de noticias,
suele presentar noticias policiales, y recientemente había entrevistado a personas vinculadas al
sindicato de maestros y a trabajadores y empresarios por las negociaciones sobre el salario
mínimo 30 .
4.Periodistas de Radio Progreso35.
La radio comunitaria Radio Progreso, de El Progreso, departamento de Yoro, fue uno
de los medios tomados por las fuerzas armadas el 28 de junio de 2009. Desde entonces ha sido
sometida a diversas presiones y varios periodistas de la radio han recibido constantes amenazas.
Algunos de ellos se encuentran con medidas cautelares otorgadas por la CIDH 31 .
Así, por ejemplo, el periodista Gerardo Chévez fue amenazado mediante un mensaje
de texto el 29 de marzo de 2010, aproximadamente a las tres de la tarde. Ese mismo día, en horas
de la madrugada el periodista recibió otro mensaje con el siguiente texto: “Resistencia estamos
eliminando a los chebes luego van los curas”. Cabe destacar que el 11 de abril de 2010 habían
asesinado a su primo, el locutor Luis Alberto Chévez 32 . En tanto, la abogada Lucy Mendoza fue
amenazada el 24 de abril de 2010 mediante un mensaje de texto en el que le decían: “Coronel: Vos
crees que no te conocemos? Pasas en el parque sabemos a que horas llegas y vemos cuando y con
quien llegas mejor deja todo eso de resistencia”. La abogada Mendoza, quien ha sido objeto de
seguimientos y otras amenazas, trabaja para el ERIC 33 desde hace aproximadamente dos años y en
los últimos meses ha estado apoyando directamente a los periodistas de Radio Progreso 34 .
5.Periodistas de Radio La Voz de Occidente37.
Arturo Rendón Pineda, titular de la Radio La Voz de Occidente, en Santa Rosa de
Copán, y el periodista de ese medio Manuel Gavarrete (director del noticiario “Sucesos”), han sido
víctimas de distintas amenazas telefónicas. Así, por ejemplo, el pasado 17 de mayo de 2010,29Entrevista telefónica con Jessica Pavón, realizada el 18 de mayo de 2010.30Entrevista telefónica con Jessica Pavón, realizada el 18 de mayo de 2010.31Las personas vinculadas a Radio Progreso que se encuentran con medidas cautelares de protección son: Ismael
Moreno, Rommel Gómez, Gerardo Chévez y Lucy Mendoza. El 2 de junio de 2010, la CIDH amplió la medida cautelar MC
196-09, a favor de doce periodistas de Radio Progreso. Los beneficiarios son Karla Patricia Rivas Sánchez, José Pablo Peraza
Chávez, Rita Suyapa Santamaría Velásquez, Alfredo Bográn, Iolany Mariela Pérez Parada, Rommel Alexander Gómez, Lesly
Castro, José Domingo Miranda, Héctor Hernández, Victor Emilio Borjas, Leticia Castellanos y Pablo Ordónez.
32Comunicación telefónica con Gerardo Chévez, del 12 de mayo de 2010.33Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús.34Información recibida en la reunión con comunicadores sociales de la CIDH realizada el 16 de mayo de 2010 en
Tegucigalpa, Honduras.9
mientras se transmitía el noticiero, recibieron en el canal tres llamadas realizando amenazas contra la
vida del propietario de la radio y del periodista Gavarrete y su familia.
Rendón Pineda denunció que, desde el golpe de Estado, él y los periodistas de su
radio son objeto de graves actos de hostigamiento, como ráfagas de metralleta en las afueras de la
radio y en la casa de Rendón 35 . Asimismo, Gavarrete denunció que su esposa recibió un llamado en
el que le decían que iban a acabar con sus hijos si su marido no se callaba 36 . Rendón Pineda decidió
hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y distintas organizaciones de la
sociedad civil. Según Rendón Pineda, los hostigamientos y las amenazas están motivados en la línea
editorial de la radio, que fue muy crítica del golpe de Estado del 28 de junio. El titular de La Voz de
Occidente recordó que, poco antes de recibir las amenazas telefónicas, habían leído al aire una nota
de opinión publicada en el diario El Tiempo en el que se cuestionaba los datos del Tribunal Supremo
Electoral sobre las elecciones de noviembre de 2009 37 . Rendón Pineda también indicó que en su
radio se le suele dar espacio a militantes de la Resistencia.
6.Ataques a las sedes de los medios de comunicación39.
El Informe de Honduras de 2009 documentó ataques a las sedes de los medios de
comunicación, a través de disparos, bombas incendiarias, etcétera. Desde C-libre explicaron que los
ataques se mantienen, pero no necesariamente en relación a los medios registrados en el Informe
2009 38 .
El 6 de enero de 2010, pasadas las 3:30 de la madrugada, la radio comunitaria
Faluma Bimetu (Coco Dulce), de la Comunidad de Triunfo de la Cruz, departamento de Atlántida, fue
incendiada por desconocidos. La radio pertenece a la comunidad garífuna. Desde el golpe de junio
de 2009, la radio había recibido varias amenazas por su oposición al golpe de Estado y a diversos
proyectos de desarrollo inmobiliario que se están llevando a cabo en la región, razón por la cual la
radio había informado de su situación de riesgo a la CIDH 39 . Alfredo López, gerente de Faluma
Bimetu, indicó que el 24 de abril, poco antes de la visita de la CIDH a Honduras de mayo de 2010,
acordó con el Estado dos patrullajes diarios 40 . Sin embargo, López indicó que luego de unos días los
patrullajes cesaron.
La CIDH también recibió información sobre un ataque sufrido por integrantes de la
radio La Voz de Zácate Grande, de la localidad de Zácate Grande, en la zona del Golfo de Fonseca.
En abril de 2010, la radio recibió la visita de un grupo de individuos vestidos de civil supuestamente
vinculados al terrateniente Miguel Facussé, quienes agredieron a algunas de las personas que en ese
momento estaban en la radio. Posteriormente, el 17 de abril de 2010 fueron visitados por personas
armadas que dijeron venir en nombre del Ministerio Público y que les pidieron ver los papeles que
autorizaban el funcionamiento de la radio. Unos días después una delegación de la policía fue a la
radio, pero la población habría impedido el ingreso de la fuerza pública al lugar. El fiscal Marco Tulio
35Entrevista telefónica con Arturo Rendón Pineda del 24 de mayo de 2010.36Entrevista telefónica con Manuel Gavarrete del 24 de mayo de 2010.37La nota en cuestión se titula “Estadísticas del Tribunal Supremo Electoral, 2009” y fue publicada el 17 de mayo
de 2010 en el diario El Tiempo, de Honduras. Disponible en http://www.tiempo.hn/web2/noticias/84-editorialesotros/16176estadisticas-del-tribunal-supremo-electoral-2009.html.
38Reunión con integrantes de C-libre realizada el 15 de mayo de 2010.39
La Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz cuenta con medidas cautelares vigentes (MC 253-05), otorgadas
por la CIDH desde el 28 de abril de 2006.
40Tegucigalpa.Información recibida en la reunión de CIDH con comunicadores sociales del 16 de mayo de 2010, en10
Campos presentó una denuncia penal ante el juzgado de sección de Amapala en contra de Pedro
Canales Torres, José Ernesto Laso, Wilmer Rivera Cabrera, Ethel Verónica Corea, Rafael Osorio,
José Danilo Osorio, integrantes de la radio por los delitos de usurpación de las tierras, así como por
el delito de defraudación de la administración pública por instalar la radio sin contar con la
autorización por parte de CONATEL 41 .
7.Marco legal42.
En el informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado publicado por la
CIDH en 2009 luego de su visita in loco a Honduras, se documentó la existencia de un marco legal
interno sumamente restrictivo de las libertades públicas en general y de la libertad de expresión en
particular. El decreto ejecutivo PCM-M-016-2009 suspendía por 45 días las garantías
constitucionales 42 . Fue sobre la base de ese Decreto que se le permitió a CONATEL cerrar e incautar
los equipos de Canal 36, Radio La Catracha y Radio Globo (ver infra).
Si bien este decreto fue derogado, aún permanece vigente el Acuerdo Ejecutivo No.
124-2009, que instruye a CONATEL a intervenir medios de comunicación por causales de enorme
ambigüedad 43 . De acuerdo a la información recibida, este decreto nunca fue aplicado, pero continúa
vigente 44 . Este hecho, por sí solo, produce un efecto de temor y autocensura en los medios de
comunicación, que saben que pueden ser objeto de aplicación del mismo en cualquier momento. La
vaguedad y amplitud de los términos utilizados, así como la impropia apelación a nociones de
“seguridad nacional” implica una habilitación genérica que resulta incompatible con lo dispuesto por
el artículo 13 de la Convención Americana.
8.Ausencia de investigaciones por el cierre de medios de comunicación, por la
detención de periodistas y por los ataques a los medios44.
El 28 de junio de 2009, Canal 36 fue tomado por las FF.AA. y dejó de transmitir
hasta el 4 de julio, cuando volvió al aire luego de la intervención de la Fiscalía Especial de Derechos41
Información recibida en la reunión de CIDH con comunicadores sociales del 16 de mayo de 2010, en
Tegucigalpa. También se obtuvo información del alerta de IFEX del 29 de abril de 2010, disponible en
http://www.ifex.org/honduras/2010/04/29/fiscalia_del_ministro/es/. Ver también http://conexihon.com/?q=node/26
El decreto suspendió por 45 días garantías constitucionales relacionadas con la libertad personal, la libertad de
asociación y de reunión, el derecho de circulación y la libertad de expresión y establece que las Fuerzas Armadas participarán
en operativos “para mantener el orden y la seguridad de la República” y para sacar del aire a medios audiovisuales de
comunicación. También prohibió toda reunión pública no autorizada por autoridades policiales o militares, se restringe la libre
circulación indicando que las autoridades de facto anunciarán la duración de los toques de queda y el espacio territorial al que
se aplicarán, y se ordena la detención de toda persona que circule fuera del horario establecido. En CIDH, Comunicado de
Prensa 69/09: CIDH Condena Suspensión de Garantías en Honduras, 29 de septiembre de 2009. Disponible en
43Acuerdo Ejecutivo 194-2009, artículo 2 (que establece: “Instruir para los efectos legales correspondientes a la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y demás órganos competentes del Estado, para que procedan de
conformidad a sus atribuciones legales a efectos de proteger la seguridad nacional en función de los grandes intereses de la
patria, los bienes, integridad física y moral de la persona humana; ya que el Estado como propietario del espectro
radioeléctrico podrá revocar o cancelar el uso de títulos habilitantes (permisos y licencias) otorgados por CONATEL a los
operadores de medios de radiodifusión sonora y de televisión que emitan mensajes que generen apología del odio nacional, la
afectación de bienes jurídicos protegidos, así como también un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático
llegando a atentar contra la paz social y los derechos humanos”.
44Información proporcionada por C-libre en reunión realizada el 14 de mayo de 2010 en Tegucigalpa, Honduras.11
Humanos. Asimismo, los transmisores de Radio Globo y Radio La Catracha fueron intervenidos el 28
de junio en la zona del Cerro Cantagallo 45 .
De acuerdo a la información recabada, el Teniente Coronel del Ejército José Arnulfo
Jiménez tomó las instalaciones de Canal 36 el 28 de junio de 2009 en horas de la mañana, mientras
que el Teniente del Ejército Darvin Ismael Ardón tomaba el control de los transmisores de Radio
Globo y Radio La Catracha 46 . Ambos fueron acusados de los delitos de ‘destrucción o daño del
servicio telecomunicaciones’ y ‘abuso de autoridad’. En el proceso, iniciado por la Fiscalía Especial
de Derechos Humanos, los acusados alegaron tener órdenes de superiores y haber actuado en
cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, que habría
ordenado secuestrar los materiales propagandísticos y relacionados con la votación por la llamada
“cuarta urna” 47 . Los militares sostuvieron que tenían sospechas de que en los medios de
comunicación mencionados había material relacionado. Tal como reconocieron los propios acusados
en la audiencia inicial, dicho material nunca fue encontrado. Sin embargo, la toma del edificio de
Canal 36 se extendió durante ocho días. La jueza Marta Murillo resolvió dictar el sobreseimiento
definitivo en esta causa, por considerar que los militares habían actuado siguiendo una orden
legítima 48 . La Fiscalía Especial de Derechos Humanos apeló el 13 de enero de 2010 y, de acuerdo a
la información recibida, el recurso todavía no había sido resuelto 49 .
El 28 de junio de 2009 también fueron tomados y obligados a suspender sus
transmisiones Radio Juticalpa, en el departamento de Olancho, y Radio Progreso, en el
departamento de Yoro. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos planteó dos requerimientos
fiscales contra los oficiales del Ejército que dirigieron esas acciones. En el caso del cierre de Radio
Juticalpa, si bien en primera instancia se había dictado auto de prisión contra un militar, la Corte
Tercera de Apelaciones revocó esa medida y decretó el sobreseimiento definitivo del imputado 50 .
Con respecto a la toma de Radio Progreso, los imputados fueron sobreseídos y, al momento de la
elaboración de este informe, el recurso de apelación planteado por la Fiscalía Especial de Derechos
Humanos no había sido aún resuelto.
El 28 de septiembre de 2009 fueron confiscados los equipos de Canal 36, Radio La
Catracha y Radio Globo, impidiendo efectivamente su salida al aire, como consecuencia de un
proceso iniciado por CONATEL en base al decreto PCM-M-016-2009, dictado solo dos días antes. El
operativo contó con la intervención de diversas fuerzas de seguridad, algunos de ellos
encapuchados. En octubre, el Estado informó a la CIDH que se habían regresado los equipos y que
los medios estaban transmitiendo normalmente, ya que el decreto en el que se había basado el
cierre de esos medios de comunicación había sido derogado 51 . La Fiscalía Especial de Derechos
Humanos realizó un requerimiento fiscal el 15 de diciembre de 2009 contra los miembros de
CONATEL que habían dispuesto la confiscación de los equipos de los medios de comunicación. Sin
embargo, su pedido no tuvo éxito: la jueza Marta Murillo dictaminó el sobreseimiento de los
45Ver, al respecto, el informe de la CIDH: Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado (OEA/Ser.L/V/II., Doc.
55, 30 diciembre 2009), párrafo 414 y ss.
46Acta de Audiencia Inicial, Expediente No. 0801-2009-48097, ante el juzgado de Marta Marlene Murillo Castillo.47Ver CIDH, Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, párrafo 82 y ss.48Acta de Audiencia Inicial, Expediente No. 0801-2009-48097, ante el juzgado de Marta Marlene Murillo Castillo.49Informe enviado a la CIDH por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, el 26 de mayo de 2010, vía correoelectrónico.
50Informe enviado a la CIDH por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, el 26 de mayo de 2010, vía correoelectrónico.
51CIDH, Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, párrafo 421.12
comisionados de CONATEL que ordenaron este cierre 52 . La Fiscalía Especial de Derechos Humanos
apeló la decisión el 15 de abril de 2010, pero todavía no ha sido resuelto ese recurso 53 .
El informe de la CIDH luego de su visita in loco a Honduras en 2009 también registró
otras violaciones, tales como agresiones a periodistas que cubrían marchas, detenciones arbitrarias
y ataques a sedes de medios de comunicación. Sin embargo, no se han producido aún sanciones por
ninguno de esos hechos.
9.Ineficacia de las medidas de protección49.
Hacia el final de mayo de 2010, 28 periodistas de Honduras cuentan con medidas
cautelares de protección de parte de la CIDH. Nahúm Palacios, el periodista asesinado el 14 de
marzo de 2010, contaba con esas medidas de protección al momento de su asesinato. Tanto las
organizaciones de la sociedad civil como los propios beneficiarios han reportado serios problemas en
la implementación de las medidas cautelares. La desconfianza de los periodistas en la policía y la
falta de respuesta eficaz por parte de las autoridades parecen ser las causas de la inadecuada
implementación de las mismas 54 . Esta situación se ve agravada por la impunidad de la que gozan los
autores de los crímenes contra comunicadores sociales: según la información recabada por la CIDH
de parte de las propias autoridades, en sólo uno de los siete asesinatos de periodistas hubo
sospechosos detenidos, pero hay fundadas dudas de que los mismos estén efectivamente
involucrados en el asesinato del comunicador 55 .
Cabe destacar que, hasta el momento, la respuesta de las autoridades a las medidas
cautelares, cuando ha habido una respuesta, ha consistido en ofrecer carnets de identificación,
patrullajes de domicilio, escolta hacia y desde los lugares de trabajo, y guardia personal durante la
noche 56 . Sin embargo, algunos periodistas manifestaron tener un gran temor a la policía por su
vinculación con la represión luego del golpe de Estado y con grupos relacionados con el crimen
organizado 57 . Esto genera un problema que requiere respuestas distintas. En este sentido, es
imprescindible que el Estado establezca mecanismos especializados de protección que sean
eficaces, reforzados y concertados con los propios periodistas.
10.Otros abusos51.
Algunos medios de comunicación denunciaron mecanismos de censura indirecta,
tales como la presión a empresas privadas para que dejen de contratar publicidad en algunos medios
críticos del gobierno inmediatamente después del golpe. En ese sentido, el titular de Canal 36,
Esdras Amado López, acercó a la CIDH las notas enviadas a su compañía a través de las cuales las52
Los comisionados cuestionados eran Miguel Ángel Rodas Martínez, Héctor Eduardo Pavón Aguilar, Gustavo Lara
López, José Antonio López Sanabria y Germán Enrique Marthel Beltrán.
Información recibida de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en reunión realizada el 15 de mayo de 2010.
Ver también El Libertador, “Jueza Martha Murillo falla en contra de la Libertad de Expresión; la sentencia aprueba el saqueo y
cierre de Canal 36”, disponible en http://ellibertador.hn/Nacional/3929.html.
54Entrevistas telefónicas con Jorge Ott Anderson y Ricardo Oviedo del 14 de mayo de 2010.55Ver La Tribuna, 4 de mayo de 2010, “Fiscalía no puede acusar a Cockborn por la muerte de ‘Georgino’ Orellana”,
disponible en http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=127361 y El Heraldo, 3 de mayo de 2010, “Cockborn no queda preso por
crímen de periodista”, disponible en, http://tiny.cc/tr5m1.
56Información recibida en reunión de la CIDH con comunicadores sociales del 16 de mayo de 2010, enTegucigalpa.
57Tegucigalpa.Información recibida en reunión de la CIDH con comunicadores sociales del 16 de mayo de 2010, en13
empresas CITI Honduras 58 , Banco Ficohsa 59 y la empresa de comunicaciones TIGO 60 cancelaron
pautas publicitarias a las pocas semanas del golpe militar. Asimismo, los periodistas coincidieron en
que Canal 8, propiedad del Estado, continúa funcionando como antes del golpe, es decir, como un
canal de propaganda del Gobierno de turno 61 .
B.Defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales1.Asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y de líderes sociales52.
La CIDH recibió durante la visita realizada en el mes de mayo de 2010 información
humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia.
Sin embargo, la justicia hondureña no ha realizado las diligencias debidas para esclarecer dichos
ataques y así determinar de manera fehaciente si están o no relacionados con el contexto del golpe
El 16 de diciembre de 2009 Walter Orlando Trochez, defensor de derechos humanos
y activista de la comunidad LGTB, quien rindió su testimonio ante la CIDH durante la visita in loco
de agosto de 2009, fue asesinado en la ciudad de Tegucigalpa, mediante dos impactos de bala
disparados desde un automóvil en movimiento. Anteriormente, el 4 de diciembre del mismo año, el
Sr. Trochez habría sido objeto de un intento de secuestro por 4 hombres encapuchados, quienes,
mientras lo golpeaban brutalmente, le habrían preguntado sobre el Frente de Resistencia, sus líderes
y sus movimientos. De acuerdo a la información recibida durante la visita de mayo de 2010, la
investigación iniciada por el Ministerio Público estaría sin progresos.
El 8 de marzo de 2010, mediante el Comunicado de prensa 26/10 62 , la CIDH 63
condenó y lamentó los asesinatos de tres miembros activos de la resistencia al golpe de Estado,
registrados en el mes de febrero de 2010 en Honduras. Según la información recibida, el 3 de
febrero de 2010, Vanessa Zepeda Alonzo, de 29 años de edad, quien era activa en el Frente de
Resistencia y afiliada al Sindicato de Empleados de la Seguridad Social, fue encontrada muerta en
Tegucigalpa. Según testigos oculares, su cuerpo fue lanzado desde un carro.
Asimismo, el 15 de febrero de 2010, Julio Fúnez Benítez, miembro activo de la
resistencia y afiliado al Sindicato de Trabajadores de SANAA, fue asesinado de dos balazos mientras
conversaba en la acera de su residencia en la Colonia Brisas de Olancho, por sujetos desconocidos
que se transportaban en una motocicleta.
El 24 de febrero de 2010 fue asesinada en su domicilio Claudia Maritza Brizuela, de
36 años de edad, hija del dirigente sindical y social Pedro Brizuela, que participa activamente en la
58Correo electrónico del 13 de julio de 2009. La empresa adujo una reducción regional de los presupuestospublicitarios.
59Nota del 13 de julio de 2009 a través de la cual cancela una orden publicitaria.60Nota del 21 de julio de 2009, a través de la cual TIGO da por terminadas las ordenes de publicidad y producción
000871 y 000872 de los noticieros “Así se Informa Estelar” y “Así se Informa Matutino”.
61Información recibida en reunión de la CIDH con comunicadores sociales del 16 de mayo de 2010, enTegucigalpa.
CIDH, Comunicado de Prensa 26/10: CIDH deplora asesinatos, secuestros y agresiones en Honduras, 8 de marzo
de 2010. Disponible en http://www.cidh.oas.org/Comunicados
Además, el 11 de marzo de 2010, la CIDH solicitó información al Estado sobre estos hechos, en virtud de la
facultad establecida en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.14
resistencia. Dos desconocidos llamaron a la puerta y al abrir, Claudia Brizuela fue asesinada a
balazos, frente a sus hijos de 2 y 8 años de edad 64 .
Tras estos asesinatos de febrero, el 17 de marzo de 2010 fue asesinado Francisco
Castillo 65 , miembro activo de la resistencia. El señor Castillo y su esposa habrían sido objeto de
persecución por personas que se conducían en motocicletas y carros.
El 23 de marzo de 2010, fue asesinado el dirigente del Frente Nacional de
Resistencia y miembro del colegio de profesores de Educación Media, señor Juan Manuel Flores
Arguijo. El profesor Flores Arguijo fue asesinado cuando se encontraba en el Instituto San José del
Pedregal de Comayagüela frente a alumnos y profesores.
El 8 de mayo de 2010, Adalberto Figueroa, miembro directivo del movimiento
ambientalista de Olancho y líder en su comunidad fue asesinado a un kilómetro de distancia de su
casa por personas con pasamontañas, que le infirieron varios disparos de arma de fuego. Según la
información recibida, su muerte estaría relacionada con las denuncias que la víctima habría realizado
sobre la explotación ilegal del bosque de la zona por parte de empresarios madereros.
Gilberto Alexander Núñez Ochoa, quién habría sido miembro del comité de seguridad
de la Resistencia, fue asesinado el 13 de mayo de 2010 de 17 balazos.
El 26 de mayo de 2010, Pedro Antonio Durón Gómez, hermano de Arcadia Gómez,
ministra del Presidente Zelaya y miembro activo del Frente Nacional de Resistencia junto a Oscar
Tulio Martínez, agente de la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación (DGSEI)
fueron asesinados de varios disparos por individuos que interceptaron el vehículo que conducían.
De acuerdo a la información recibida por la CIDH durante su visita, estos asesinatos
no han sido aclarados por la administración de justicia.
2.Amenazas, hostigamientos contra defensores y defensoras de derechos humanos y
otros líderes sociales63.
Asimismo, en su comunicado de prensa emitido el 8 de marzo de 2010 66 , la
Comisión deploró los secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y
allanamientos ilegales de que habrían sido víctimas personas activas en la resistencia contra el golpe
de Estado y sus familiares. La CIDH expresó también su profunda preocupación ante la información
recibida de que se estaría secuestrando, agrediendo y amenazando a los hijos y a las hijas de los
líderes del Frente de Resistencia, como una estrategia para acallarlos. En este sentido, informó que
el 17 de febrero de 2010 apareció ahorcada Dara Gudiel, de 17 años de edad, en la Ciudad de Danlí,
departamento del Paraíso. Dara Gudiel era hija del comunicador social Enrique Gudiel, quien dirige un
programa de radio llamado “Siempre al Frente con el Frente”, donde se transmiten informaciones
sobre la resistencia. Días antes de aparecer ahorcada, Dara Gudiel habría sido liberada, luego de
permanecer secuestrada dos días durante los cuales habría sido maltratada físicamente.64
El 15 de enero de 2010 la CIDH solicitó al Estado de Honduras información sobre la situación de Francisco
Castillo, sin que se recibiera respuesta.
de 2010. Disponible en http://www.cidh.oas.org/Comunicados15
Durante la visita, la CIDH recibió información que indica que las amenazas y
hostigamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos, maestros, líderes sociales y
miembros de la Resistencia continúan. De hecho, como se expresó, durante los primeros cinco
meses del 2010 la CIDH ha tenido que otorgar una serie de medidas cautelares con el objeto de
proteger la vida y la integridad personal de un número importante de personas que se encontrarían
en riesgo, en general, por sus acciones en contra del golpe de Estado 67 .
Las defensoras y los defensores de derechos humanos denunciaron ante la CIDH que
en los últimos meses grupos ilegales operarían en forma clandestina con patrones de ataque
enfocados en personas vinculadas a la resistencia; personas que denuncian y personas que generan
opinión. De acuerdo a los defensores y las defensoras de derechos humanos, la situación en
Honduras ha empeorado, porque los escuadrones de la muerte, que durante algunos años fueron
conocidos por sus cruentas acciones de “limpieza social”, estarían volviendo a operar en Honduras,
con un objetivo de persecución de carácter político.
Por otra parte, se recibió información indicando que los actos de hostigamiento
contra maestros y maestras que se manifestaron contra el golpe de Estado continúan.
Específicamente, se informó que 10 directores y secretarios departamentales y directores distritales
de la oposición fueron ilegalmente separados de sus cargos 68 , que estarían siendo adoptadas
represalias de naturaleza económica 69 y que decenas de educadores de la oposición al gobierno se
encontrarían sujetos a medidas cautelares contempladas en la legislación interna 70 . Además, se
informó respecto del inicio de procesos de investigación contra instituciones educativas en las
cuales sus maestros hubieren estado participando de las acciones de protesta 71 . Asimismo, la
Comisión fue informada sobre la preocupación de los maestros y maestras hondureñas, en función
67Al respecto ver en http://www.cidh.oas.org/medidas/2010.sp.htm:- MC 196/09, Ampliación – Marbin Emilio Hernández Duarte y su núcleo familiar, Honduras (8 de enero de 2010).
68Información presentada por COFADEH durante la visita.69Según la información presentada por COFADEH, se estarían realizando retenciones ilegales a las aportaciones
docentes a las organizaciones magisteriales, se habrían cometido irregularidades en la determinación de las deducciones
correspondientes a los salarios de maestros que participaron en las actividades de resistencia por intermedio de la Federación
de Organizaciones Magisteriales de Honduras, y que otros educadores habrían sido –a instancias del Ministerio Público y de la
CONADEH- sancionados con multas pecuniarias.
El concepto de medidas cautelares empleado en la legislación procesal penal hondureña difiere del empleado en el
Sistema Interamericano. El Código Procesal Penal de Honduras en su artículo 270, las define como aquellas medidas que
“tienen como finalidad, asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención
de las fuentes de prueba”.
Cédula de notificación de pliego de responsabilidad civil, emitido por el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras
de 8 de marzo de 2010, contra la directora del Instituto Marcial Solís Dacosta, Aldea de San Juancito, Distrito Central.16
de la presentación ante el Congreso Nacional de Honduras, de proyectos de ley que, según alegan,
podrían llegar a afectar los logros magisteriales alcanzados al presente.
Además, la CIDH recibió información sobre represalias adoptadas contra trabajadores
de entidades gubernamentales, alegadamente a consecuencia de su participación en actividades de
naturaleza sindical.
C.Implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH68.
En cumplimiento de sus obligaciones de promoción y protección de los derechos
humanos desde el mismo 28 de junio, la Comisión en forma continua ha observado y dado
seguimiento a la situación de los derechos humanos, y ha utilizado el procedimiento de las medidas
cautelares 72 y de solicitud de información para proteger los derechos humanos de miles de personas.
La CIDH ha otorgado medidas cautelares para proteger la vida e integridad de numerosas personas
que se encontraban y/o se encuentran en situación de riesgo. El procedimiento de medida cautelar
196-09 fue establecido para atender a un conjunto de situaciones que se derivaron como
consecuencia del golpe de Estado en Honduras desde el 28 de junio de 2009.
Desde la visita in loco de agosto de 2009 la CIDH ha recibido información de todos
los sectores afectados, señalando las deficiencias de las autoridades de facto para implementar las
medidas cautelares y su consecuente ineficacia para proteger los derechos humanos de las personas
afectadas. Durante la visita realizada en mayo de 2010, la CIDH recibió información de los
beneficiarios de las medidas cautelares, así como de las instancias gubernamentales encargadas de
implementarlas e investigar sus causas y constató que estas deficiencias no han variado
sustancialmente. Al respecto, la CIDH recibió información que indica que el mecanismo de
coordinación interinstitucional para la implementación de las medidas cautelares es inefectivo.
Al igual que durante la visita de 2009 73 , la Comisión fue informada que por iniciativa
de la Secretaría de Seguridad, el 5 de mayo 2010 –días antes de la visita de la CIDH-, se publicó, en
al menos tres diarios de circulación nacional, una convocatoria a las personas beneficiadas con
medidas cautelares otorgadas por la CIDH. En la convocatoria expresa:
Por medio de la presente se convoca a todas las personas beneficiadas con las Medidas
Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a una reunión
que tiene como objetivo primordial verificar el cumplimiento de las resoluciones que han sido
emitidas por la Comisión antes indicada, así como la revisión del estado situacional y
adaptación de las mismas si fuere el caso, […] 74 .72
El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Esta
norma establece que en casos de gravedad y urgencia, y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la información
disponible, la CIDH podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado concernido la adopción de medidas
cautelares para evitar daños irreparables a las personas.
Por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, el sábado 15 de agosto –dos días antes de que iniciara la visita
oficial de la CIDH-se publicó en los cuatro diarios de circulación nacional, el listado de todos los beneficiarios de medidas
cautelares otorgadas por la CIDH y se indicó a pie de página que dichas personas debían presentarse, personalmente o a
través de abogado apoderado, a las oficinas de la Corte Suprema de Justicia, a efectos de ejecutar y/o recibir información
concerniente a la aplicación de tales medidas. En dicha publicación no fueron incluidos los nombres de las personas que
resultaron beneficiarias en la comunicación de fecha 24 de julio de 2009.
74Convocatoria aparecida en El Tiempo, La Tribuna y otro diario de circulación nacional, el día 5 de mayo de 2010.17
La CIDH pudo constatar que los esfuerzos realizados por el Estado para implementar
las medidas cautelares han sido escasos, tardíos, deficientes y en algunos casos, nulos. En relación
con el resultado de la convocatoria realizada por la Secretaría de Seguridad antes mencionada, tanto
las autoridades del Estado como los beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH
informaron que la asistencia no superó las 10 personas, en circunstancias de que son varias cientos
las beneficiarias de tales medidas. Por otra parte, la CIDH recibió testimonios sobre el temor de
algunos beneficiarios de medidas cautelares de recibir protección por parte de quienes consideran
Al respecto, es fundamental que el Estado provea a la Comisión Interinstitucional de
Derechos Humanos – encargada de la coordinación interna en la materia- del personal idóneo y
recursos suficientes para que pueda responder de manera eficiente a las medidas cautelares de la
De especial preocupación ha sido para la CIDH la situación del periodista Nahún
Palacios, quien se encontraba protegido por medidas cautelares cuando fue asesinado sin que el
Estado las haya nunca implementado.
El mecanismo de medidas cautelares otorgadas por la Comisión es uno de los
instrumentos más eficaces para proteger el trabajo de las defensoras y defensores de derechos
humanos, así como sus derechos en el Sistema Interamericano. Tal y como es el caso con las
medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana, las medidas cautelares cumplen una
función “cautelar”, en el sentido de preservar una situación jurídica frente al ejercicio de jurisdicción
por parte de la Comisión, y “tutelar” en el sentido de preservar el ejercicio de los derechos humanos
fundamentales consagrados en las normas del sistema interamericano, evitando daños irreparables a
las personas, en situaciones de gravedad y urgencia. En la práctica, las medidas cautelares y
provisionales han sido reconocidas por los Estados miembros de la OEA, las personas usuarias del
sistema y la comunidad de derechos humanos en su conjunto, como una importante herramienta
para la protección de los derechos humanos en el Sistema Interamericano 75 .
Las medidas cautelares son un importante mecanismo de trabajo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que ha contribuido a salvar numerosas vidas en todo el
Hemisferio. Las medidas cautelares son dictadas en cumplimiento de las funciones de promoción y
defensa de los derechos humanos de la CIDH a que se refieren los artículos 106 de la Carta de la
OEA, 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 18 del Estatuto de la CIDH. La
base jurídica de las medidas cautelares se encuentra en la obligación de los Estados de respetar y
garantizar los derechos humanos a las personas bajo su jurisdicción, y la práctica generalizada de
cumplirlas por parte de la gran mayoría de los Estados se fundamenta en el entendimiento existente
respecto a la obligatoriedad de las mismas 76 .
Por lo anterior, la CIDH urge al Estado de Honduras a cumplir en forma efectiva y a
la brevedad cada una de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Es deber del Estado proteger
a los habitantes del país, en especial aquellos que por circunstancias determinadas, se encuentran
en una especial situación de riesgo.75
CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas del 7
marzo 2006, párrafos 233 y 234.
76CIDH, Resolución 1/05 del 8 de marzo de 2005.18
D.Hostigamiento y persecución contra magistrados y jueces77.
De especial preocupación son los actos de hostigamiento contra jueces y juezas que
han sido identificados como opositores al golpe de Estado. Durante la visita, la Comisión se reunió
con miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, quienes informaron sobre la situación
de los jueces y juezas despedidos de sus cargos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Además,
se reunió con el pleno de la CSJ, oportunidad en la que se planteó esta situación.
De acuerdo a la información recibida durante la visita, la Inspectoría General de
Juzgados y Tribunales inició de oficio después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009,
investigaciones por supuestas faltas cometidas por Tirza del Carmen Flores, Magistrada de la Corte
de Apelaciones de San Pedro Sula; Guillermo López Lone, Juez del Tribunal de Sentencia de San
Pedro Sula; Ramón Enrique Barrios, Juez del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula y; Luis Alonso
Chévez de la Rocha, Juez de Letras contra la Violencia Doméstica, todos integrantes de la
Asociación Jueces por la Democracia.
Observa la Comisión, de acuerdo a la información recibida, que a la magistrada Tirza
Flores Lanza y al Juez Guillermo López Lone se les inició de oficio una investigación el 1º de julio de
2009 porque el 30 de junio de 2009 interpusieron un recurso de amparo a favor del Presidente José
Manuel Zelaya Rosales en la Secretaría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 77 .
En relación con la Magistrada Flores Lanza, la Dirección de personal de la carrera Judicial encontró
responsabilidad administrativa: “1.- por haberse ausentado de su despacho judicial, el día treinta de
junio del 2009, en que se encontraba en la capital de la República, realizando gestiones que no son
inherentes a las funciones de su cargo, sin que conste haber solicitado el permiso respectivo. 2.Realizar actividades incompatibles con el desempeño de su cargo, al ejercer actos de procuración en
la tramitación de la nulidad presentada en el expediente Nº SCO-896-2009, (acción de amparo) en
fecha 12 de agosto del 2009. 3) Señalar las oficinas de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula,
como lugar para recibir notificaciones, en actuaciones que nada tienen que ver con su función
exclusiva de impartir y administrar justicia de forma imparcial. 4.- Realizar actividades que por su
condición de Magistrada, no le son permitidas, al presentarse ante la Fiscalía General de la
República, y presentar denuncia contra funcionarios del Estado por la supuesta comisión de delitos.
Y emitir comentarios sobre actuaciones judiciales de otros órganos jurisdiccionales y la propia Corte
Suprema de Justicia” 78 .
Respecto del Juez Guillermo López Lone, Presidente de la Asociación Jueces por la
Democracia, se le encontró responsabilidad por “Incumplimiento de los deberes de su cargo a (sic)
incurrir en actos que atentan contra la dignidad de la Administración de la Justicia al haber
participado activamente en la manifestación acaecida el día 5 de julio del corriente año 2009, en los
alrededores del Aeropuerto Internacional de Toncontín […] 79 . Referente al Juez Luis Alonso Chévez
de la Rocha, se le encontró responsabilidad por “haber sido detenido por la Policía Nacional el día 12
de Agosto de 2009, a causa de su presencia en actos de alteración de orden público, así como el
haber tratado de rebelar contra el Gobierno establecido a varios empleados judiciales (sic). Y
manifestar ‘sentir vergüenza de pertenecer al Poder Judicial’. Incurriendo en actos que atentan77
Cédula de citación, Poder Judicial, República de Honduras, Sub Dirección de Administración de Personal, Carrera
Judicial, de fecha 20 de noviembre de 2009.
Judicial, de fecha 30 de octubre de 2009.19
contra la dignidad en la administración” 80 . El Juez Ramón Enrique Barrios fue investigado “ya que al
haber manifestado en una conferencia dictada y que fue publicada en el Diario “El Tiempo” del 28
de agosto del 2009, un artículo de opinión titulado “NO FUE SUCESIÓN CONSTITUCIONAL” en el
cual se identifica como Juez de Sentencia y censura las actuaciones de la Corte Suprema de
Justicia, en la tramitación de un requerimiento Fiscal presentado en contra del señor JOSE MANUEL
ZELAYA ROSALES, indicando además el procedimiento que a su juicio debió seguirse[...]. 81 ”
De acuerdo a los jueces afectados, en los procedimientos seguidos en su contra no
se les habría respetado el debido proceso 82 . En la reunión sostenida el 18 de mayo de 2010 con el
Pleno de la Corte Suprema, el Presidente de la CSJ informó a la CIDH que la decisión de despido
habría sido ratificada por dicho tribunal, que el Pleno en los próximos días discutiría la redacción de
las motivaciones para las respectivas sentencias y que, una vez notificadas, eventualmente, los
jueces podrían interponer un recurso de impugnación.
Sin perjuicio de las motivaciones formales que pueda argumentar la CSJ, las causas
que motivaron el proceso y la decisión final están vinculadas indudablemente a la participación en
manifestaciones contra el golpe de Estado, o haber expresado su opinión contra el mismo. El
sistema interamericano de derechos humanos ha expresado reiteradamente el rol central del Poder
Judicial en el funcionamiento del sistema democrático. Es inaceptable que las personas encargadas
de administrar justicia que se opusieron al quiebre democrático, estén siendo acusadas y despedidas
por la defensa de la democracia.
En este sentido, la Comisión observa que la misma institución que investigó a la
magistrada y a los jueces por oponerse al golpe de Estado, convocó a los funcionarios y empleados
del poder judicial a participar en marchas de apoyo al golpe de Estado. Efectivamente, consta en
copia de la convocatoria recibida por la CIDH, lo siguiente:
Atendiendo instrucciones Superiores se les invita a los Funcionarios y Empleados del Poder
Judicial a participar en la “Marcha por la Paz en Honduras” la cual se llevará a cabo en el
parque central de la ciudad de Tegucigalpa, el día de hoy martes 30 de junio del año 2009 en
un horario de 9:30 a.m. a 1:00 p.m.
Cordialmente,(Firma Ilegible)
Jefa de Personal 8380
Judicial, de fecha 11 de noviembre de 2009.
81Cédula de citación, Poder Judicial, República de Honduras, Sub Dirección de Administración de Personal, Carrera
Judicial, de fecha 27 de octubre de 2009.
En escritos presentados por la magistrada y los Jueces Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios y Luis
Alonso Chévez de la Rocha ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el día 13 de abril de 2010, sobre “Se solicita se
arrastre expediente ad efectum vivendi. Que se declare la prescripción de la acción y que se archiven las diligencias. Que se
aplique el principio constitucional de irretroactividad de la ley. Que se tomen en consideración las observaciones de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
83Documento que consta ante la CIDH. Ver además, “Multitudinaria marcha en Tegucigalpa”. La Prensa, 30 de
junio de 2009; “Plantón por la paz y la Democracia”. La Tribuna, 30 de junio de 2009; y “Somos siete millones y medio de
soldados”. La Tribuna, 30 de junio de 2009.20
Además, observa que con posterioridad al golpe de Estado del 28 de junio de 2009,
varios jueces y magistrados emitieron en forma pública opinión a favor del golpe de Estado, sin que
hayan sido objeto de investigaciones por sus dichos 84 .
En el comunicado de prensa 54/10 85 , la CIDH hizo un llamado urgente a que se
revirtiera esta situación que afecta seriamente el estado de Derecho. Asimismo, el 28 de mayo de
2010, en virtud de la facultad que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana, solicitó a la
Corte Suprema de Justicia de Honduras información sobre la situación de los jueces y juezas
sometidos a procesos disciplinarios por participar en acciones contra el golpe de Estado 86 .
El 1º de junio de 2010 la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó la decisión
de despedir a la Magistrada Tirza del Carmen Flores y a los jueces Guillermo López Lone, Ramón
Enrique Barrios y Luis Alonso Chévez de la Rocha 87 . El mismo día, el Presidente Porfirio Lobo declaró
estar "totalmente en contra de esa decisión, me parece que no abona en nada a la reconciliación de
la familia hondureña. Con todo el respeto que se merece el Poder Judicial como un poder
independiente no tengo más que expresar que no están contribuyendo en nada a unir al país" 88 .
E.Sectores de la población históricamente marginados y de mayor vulnerabilidad87.
La CIDH desea expresar que las violaciones a los derechos humanos afectan de
forma especial a aquellos sectores de la población históricamente marginados, discriminados y de
mayor vulnerabilidad, como las niñas y los niños, la comunidad LGTB, las mujeres y los pueblos
indígenas y garífuna.
En su informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, la CIDH constató un
agravamiento de la situación de los garífunas y de los miembros de la comunidad LGTB en el marco
del golpe de Estado 89 , y documentó graves vulneraciones a los derechos de las mujeres 90 .
En esta oportunidad, la CIDH recibió información que indica que la Comunidad LGTB
ha sido especialmente afectada desde el golpe de Estado. Varios de sus dirigentes han sido
asesinados y otros se encuentran en situación constante de riesgo. La CIDH ha otorgado múltiples
medidas cautelares para sus miembros.
Al respecto, la Comisión hace un llamado especial al Estado a esclarecer a la
brevedad el asesinato de Walter Trochez, quién rindió fundamentales testimonios ante la CIDH
durante la visita realizada en agosto de 2009.84Por ejemplo, Diario “La Prensa”, lunes 6 de julio de 2009, Apertura 23.85
CIDH, Comunicado de Prensa 54/10: CIDH expresa preocupación por violaciones de derechos humanos en
Honduras, de 19 de mayo de 2010.
El 28 de mayo de 2010, la CIDH reiteró por escrito, en virtud del artículo 41 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, una solicitud de información sobre la situación de los magistrados y jueces sometidos a procesos
Ver diario El Heraldo, “Pleno de la Corte Suprema ratifica despido de Jueces”, disponible en:
http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/06/01/Noticias/Pleno-de-la-Corte-ratifica-despido-de-jueces.
http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/06/01/Noticias/Pleno-de-la-Corte-ratifica-despido-de-jueces
89CIDH, Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, párrafo 198.90CIDH, Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado. Capìtulo V, Título G.21
En relación con la situación de las niñas y los niños, en el comunicado de prensa
26/10, la CIDH manifestó su especial preocupación el 8 de marzo de 2010 respecto a la información
recibida de que hijos e hijas de activistas están siendo amenazados y hostigados, y que en dos
casos habían sido asesinados 91 . Durante la reciente visita, el Ministerio Público no respondió a las
solicitudes de información de la CIDH sobre el estado de las investigaciones respecto de estos
Asimismo, de acuerdo a información entregada por UNICEF y COIPRODEN
(Coordinadora de Instituciones Privadas pro las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos)
los niños, las niñas y adolescentes han visto afectados sus derechos en forma agravada, en razón
de su vulnerabilidad por razones de edad. De acuerdo a Casa Alianza, las muertes violentas y/o
ejecuciones de niños, niñas y jóvenes son alarmantes:
Los registros de Casa Alianza Honduras de las muertes violentas y/o ejecuciones de niños,
niñas y jóvenes en el país durante las diferentes administraciones de gobierno, revelan que,
desde Enero de 1998 a Febrero 2010, un total de 5265 de niños, niñas y jóvenes menores
de 23 años, han sido asesinados, teniendo muchas de estas muertes características y
patrones de ejecuciones sistemáticas al margen de la ley.
Durante la administración del ex presidente Zelaya Rosales Febrero 2006 a 28 de Junio
2009 y el periodo de 6 meses del régimen Micheletti Bain (29 de Junio 2009 al 27 Enero
2010) el saldo de las estadísticas de muertes violentas y/o ejecuciones fue dramático, se
suscitaron un total de 2228 asesinatos de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años, cifra
que supero en 252 muertes al anterior periodo de gobierno del ex presidente Ricardo
Maduro que cerró su administración con un registro de 1976 asesinatos de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes menores de 23 años.
Durante el mes de febrero 2010 bajo la actual administración del Presidente Porfirio Lobo
Sosa ocurrieron un total de 42 asesinatos de personas menores de 23 años, de los cuales
16 víctimas (38%) eran menores de 18 años (niño y niñas de acuerdo a nuestra legislación
y la CDN). 9293.
Sobre la situación de las mujeres, en el Informe Honduras: Derechos Humanos y
Golpe de Estado, la CIDH observó numerosos testimonios que revelaron que durante la represión de
las manifestaciones contra el golpe de Estado, como en las detenciones ilegales, las mujeres fueron
objeto de agresiones verbales y de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad. A
comienzos del 2010, la Comisión observó con especial preocupación que el 9 de febrero de 2010
fue secuestrada junto a cuatro miembros de su familia, una joven que había denunciado en agosto
de 2009 haber sido violada sexualmente por cuatro policías luego de haberla detenido en una
manifestación contra el golpe de Estado. Los secuestradores habrían sido siete hombres
fuertemente armados que vestían uniforme militar y tenían el rostro cubierto con gorros
pasamontañas y los obligaron a caminar montaña adentro, donde dos de las mujeres fueron
violadas sexualmente; la tercera fue víctima de robo y amenazas de muerte, y los dos hombres
fueron sometidos a torturas físicas 93 . Durante la visita realizada en mayo de 2010, el Ministerio
Público no entregó información sobre avances en la investigación de estos hechos. Además, la
Comisión recibió durante la reciente visita información que indica que las mujeres perseguidas o
Casa Alianza Honduras, Informe de Ejecuciones y/o Muertes Violentas de niños/as y jóvenes en Honduras, Enero
- Febrero 2010.
de 2010. Disponible en http://www.cidh.oas.org/Comunicados22
detenidas por aparatos de seguridad, continúan recibiendo trato degradante, siendo agredidas
verbalmente e incluso sexualmente. Asimismo, se ha informado a la Comisión que, durante los
últimos meses, diversas instituciones de gobierno han adoptado decisiones que han generado un
retroceso en el goce efectivo de sus derechos 94 .
En lo que respecta a la situación de los pueblos indígenas y el pueblo garífuna, la
Comisión fue informada que continúan las agresiones y hostigamientos a las organizaciones de
estos pueblos que se manifestaron en contra del golpe de Estado. Específicamente, recibió
información sobre amenazas y agresiones contra miembros del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares de Indígenas de Honduras (COPINH), así como el atentado realizado el 6 de enero de
2010 contra la radio comunitaria Faluma Bimetu (Coco Dulce) de la Comunidad Garífuna de
Triunfo de la Cruz 95 .
F.Impunidad95.
La Comisión pudo constatar que continúa la impunidad por las violaciones a los
derechos humanos, tanto las verificadas en sus Informes por la CIDH 96 y la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU 97 , así como las posteriores a dichos informes.
La Comisión fue informada que sólo una persona está privada de libertad por violaciones a los
derechos humanos, sólo 12 han sido imputadas y los procesos no avanzan, entre otros factores, por
la falta de investigación de los distintos órganos del Estado, en particular, las fuerzas de seguridad
encargadas de realizar las investigaciones. La impunidad generalizada por violaciones a los derechos
humanos se encuentra facilitada por decisiones de la CSJ que debilitan el estado de Derecho.
Además del cuestionado rol de la CSJ durante el golpe de Estado, con posterioridad ha decidido, por
un lado, sobreseer a los militares acusados de participar en el golpe y por otro, despedir a jueces y
magistrados que buscaron evitarlo por vías democráticas.
De acuerdo a la información recolectada durante la visita de mayo de 2010, tanto de
las autoridades del Estado como de la sociedad civil, las acciones emprendidas en materia de
investigación por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del golpe de
Estado han sido insuficientes. La Fiscalía de Derechos Humanos hizo público un documento
denominado “Denuncias por violaciones a derechos humanos después de los acontecimientos del 28
de junio del 2009, en las cuales los imputados son elementos del ejército o miembros de la policía
preventiva o de la Dirección Nacional de Investigación Criminal 98 ”. Consta de dicho documento que
se han realizado diversas diligencias; sin embargo, como se señaló, sólo una persona está privada de
libertad por violaciones a los derechos humanos y sólo 12 han sido imputadas.
Al respecto, la Fiscalía de Derechos Humanos planteó la falta de recursos
institucionales - lo cual supone un obstáculo para las investigaciones-, así como la ausencia de94
A modo de ejemplo, es pertinente hacer referencia al Acuerdo No. 2744 de la Secretaría de Salud, de 21 de
octubre de 2009 (publicado en La Gaceta oficial el 24 de octubre de 2009), mediante el cual se prohibió “la promoción, el
uso, venta y compra relacionada con la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), así como la distribución pagada o
gratuita y comercialización de fármacos de anticoncepción de emergencia”.
CIDH, Comunicado de Prensa 02/10: Relatoría Especial expresa su preocupación por atentado contra radio
http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=778&lID=2
96CIDH, Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado.97Naciones Unidas, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las
violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009, 3 de marzo de 2010.
98Disponible en: http://www.mp.hn/INFORME%20DERECHOS%20HUMANOS.pdf.23
colaboración por parte de otras autoridades del Estado para una debida investigación de los hechos
98.La Corte Interamericana ha definido la impunidad como:la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los
responsables de las violaciones de los derechos humanos. Para cumplir con dicha obligación,
el Estado tiene que combatir ésta por todos los medios legales disponibles, ya que la
impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total
indefensión de las víctimas y sus familiares. Asimismo, el Estado tiene que organizar todo el
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos 99 .99.
La impunidad constituye incumplimiento del deber del Estado que lesiona a la
víctima, a sus familiares y al conjunto de la sociedad y propicia la repetición crónica de las
violaciones de los derechos humanos de que se trata y la total indefensión de las víctimas y sus
familiares 100 . Para prevenir la impunidad, el Estado tiene la obligación, en virtud del artículo 1 de la
Convención Americana, de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención:
El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado
los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo
que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la
plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y
pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere
que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los
derechos reconocidos en la Convención 101 .100. En base a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el
Estado hondureño en 1977, el Estado tiene la obligación internacional de prevenir las violaciones a
los derechos humanos, y en caso de que ocurran, investigar, juzgar y sancionar a los responsables.
Durante el golpe de Estado, las autoridades del gobierno de facto y la Corte Suprema de Justicia
negaron sistemáticamente la existencia de las violaciones a los derechos humanos, circunstancia
que se tradujo en una situación de inactividad y tolerancia que facilitó la repetición de estos hechos
de manera impune.
101. Como se constató durante la visita de mayo de 2010, las violaciones a los derechos
humanos han continuado así como la impunidad. De acuerdo a lo observado, esta situación se
debería a varios factores. Las autoridades encargadas de investigar, juzgar y sancionar continúan
negando en forma sistemática la existencia de las violaciones a los derechos humanos cometidas, lo
que se traduce en inactividad, tolerancia e incluso sobreseimiento de quienes ejecutaron el golpe de
Estado y las violaciones indicadas.99Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrafo176.
Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párrafo 170 citando Corte I.D.H., Caso de la “Panel Blanca”
(Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párrafo 173.
101Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
(Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párrafo 173.24
102. En este sentido, la Comisión observa que se han dictado sobreseimientos definitivos
a favor de personas que propiciaron el golpe de Estado o que durante su desarrollo cometieron
ilícitos. Al respecto, el 6 de enero de 2010 el Ministerio Público presentó cargos en contra de la
Junta de Comandantes integrada en ese entonces por el jefe y el subjefe del Estado Mayor
Conjunto, generales Romeo Vásquez y Venancio Cervantes. Además, los jefes del Ejército, general
Miguel Ángel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince; de la Fuerza Naval,
contraalmirante Juan Pablo Rodríguez, y el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos
Cuéllar Castillo 102 . El Ministerio Público estimó que hubo delito en la orden de expatriar a Zelaya a
Costa Rica tras el golpe de Estado. También se acusó a los militares de no cumplir con la disposición
judicial de poner al ex mandatario a la orden de la autoridad competente.
103. El 26 de enero de 2010, horas antes de la toma de posesión del nuevo presidente
hondureño, Porfirio Lobo, el juez especial y Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge
Rivera, sobreseyó a los acusados. En la resolución, se estableció que “en la presente audiencia no
se ha acreditado por la parte procesal correspondiente, que los imputados hayan realizado las
acciones que se señalan como punibles con evidente intención dolosa, y al faltar éste elemento, no
se pueden conceptualizar como delitos las referidas acciones; por lo cual si bien existe el indicio
racional y de reconocimiento por parte de los imputados, de ser los responsables de los actos que el
Ministerio Público señala como criminosos; ante la falta del dolo, no se ha podido acreditar la plena
prueba de la comisión de delitos, arrojando como resultado la imposibilidad de dictar auto de prisión.
Además al no poderse conceptualizar ninguna acción como delito, es procedente dictar el
Sobreseimiento Definitivo correspondiente” 103 . El 18 de febrero de 2010, el Tribunal de
Apelaciones, conformado por tres magistrados de la CSJ, confirmó el sobreseimiento definitivo de la
104. Además, la Comisión fue informada que en causas iniciadas a requerimiento de la
Fiscalía de Derechos Humanos 104 en contra de autoridades militares por abuso de autoridad, daños y
delitos contra los medios de comunicación cometidos en el contexto del golpe de Estado, en primera
instancia los jueces han dictaminado sobreseimiento definitivo, encontrándose pendientes la
resolución de las respectivas apelaciones interpuestas por la Fiscalía de Derechos Humanos.
105. Por otra parte, la Comisión observó que en este contexto de impunidad no existe un
procedimiento destinado a garantizar un proceso público y trasparente para la selección y elección
de candidatos para los altos cargos del sistema de administración de justicia. Aunque algunos
funcionarios del sistema de justicia tengan la intención de investigar en forma debida, ellos no
cuentan con los medios necesarios porque la Policía Nacional, encargada de la investigación
criminal, no tiene la capacidad ni la preparación requerida, además de estar señalada de tener en sus
filas altos niveles de corrupción.
G.Amnistía106. El Decreto de Amnistía fue aprobado por el Congreso Nacional de Honduras el 26 de
enero de 2010 y sancionado por el Presidente Porfirio Lobo el 27 de enero de 2010, acto seguido a
102El General Carlos Cuéllar Castillo fue juramentado el 25 de febrero de 2010 por el Presidente Porfirio Lobo Sosa
como nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en sustitución de Romeo Vásquez Velásquez.
Disponible en: http://www.presidencia.gob.hn/noticias/general-carlos-antonio-cuellar-castillo-nuevo-jefe-del-estado-mayorconjunto.
Resolución de fecha 26 de enero de 2010, dictada por el Presidente de la Corte de Suprema de Justicia en su
calidad de Juez Especial.
Al respecto, ver resoluciones de expedientes: SEDI 0801-2009-48097; SEDI 0801-2009-48097; SEDI 08012010-5200; SEDI 0801-2009-51009.25
su advenimiento a la magistratura presidencial 105 . El decreto se publicó en La Gaceta Oficial el 2 de
febrero de 2010 y entró en vigencia el 22 de febrero del mismo año 106 .
107. EL 3 de febrero de 2010, la CIDH emitió el comunicado de prensa 14/10 107 donde
observó con preocupación que el Decreto de Amnistía aprobado por el Congreso hondureño el 26 de
enero de 2010 contiene conceptos confusos o ambiguos.
108. Asimismo, se observó en la oportunidad, la referencia doctrinaria que se hace al
delito político, la amnistía para conductas de carácter terrorista y la inclusión de la figura de abuso
de autoridad sin indicar su alcance. Aunque el texto contempla ciertas excepciones en cuanto a
violaciones a los derechos humanos, el lenguaje es ambiguo, y el decreto no establece criterios
precisos o mecanismos concretos para su aplicación.
109. La CIDH reitera su llamado a las autoridades a revisar el referido decreto, teniendo en
consideración las obligaciones del Estado a la luz de los tratados internacionales y, en especial, su
obligación de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.
110. Durante la visita realizada en mayo de 2010, la CIDH fue informada que a ese
momento, no se estaría aplicando el referido decreto.
H.Comisión de la Verdad y la Reconciliación111. El 30 de octubre, en el contexto del diálogo de Guaymuras para resolver la crisis
política en Honduras, representantes del entonces Presidente Zelaya y las autoridades de facto
suscribieron el Acuerdo Tegucigalpa/San José 108 para la reconciliación nacional y el fortalecimiento
de la democracia en Honduras. En ese acuerdo se estableció la constitución de una Comisión de la
Verdad en el primer semestre del año 2010. El 20 de enero de 2010, en el acuerdo suscrito por
Porfirio Lobo y el Presidente de República Dominicana Leonel Fernández, 109 se instó a que se hiciera
efectiva la cooperación internacional necesaria para asegurar que se cumplan los compromisos
adquiridos al respecto, entre otros, la Comisión de la Verdad.
105Decreto No. 2 del Congreso Nacional de Honduras, de 26 de enero de 2010 - Decreto de Amnistía.106De acuerdo a declaraciones brindadas por el Fiscal General Luís Rubí, a partir de entonces la aplicación de la
amnistía opera de la siguiente manera: i) aquellas investigaciones y otras diligencias que, a la fecha de aprobación del
decreto, se encontraban en proceso ante las oficinas del Ministerio Público, deben ser objeto de archivo administrativo; ii) en
los procesos judiciales abiertos por algún delito político o común conexo, los jueces competentes deben poner fin al
procedimiento y emitir los sobreseimientos definitivos; y iii) en los casos de acusaciones posteriores por alguno de los delitos
alcanzados por el decreto de amnistía, el acusado debe manifestar ante el juez competente, que la acción o delito de que se
le está acusando está incorporado en el referido decreto.
febrero de 2010. http://www.cidh.oas.org/Comunicados.
En ese acuerdo, se estableció la conformación de un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional integrado por
representantes de los diversos partidos políticos y organizaciones sociales, la explícita renuncia a convocar a una Asamblea
Nacional Constituyente o reformar la constitución, el llamado a participación en las próximas elecciones con la participación
de misiones electorales, el traspaso de las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo Electoral, la creación de una Comisión de
Verificación -compuesta por dos miembros de la comunidad internacional y dos miembros de la comunidad nacional y
coordinada por la Organización de Estados Americanos- para cumplir con los compromisos asumidos en el acuerdo y la
constitución de una Comisión de la Verdad en el primer semestre del año 2010. Acuerdo Tegucigalpa/San José. Disponible
en: http://www.in-honduras.com/Files/guaymurasfirmado.pdf
Acuerdo para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras, de fecha 20 de
enero de 2010. El acuerdo fue suscrito por Porfirio Lobo Sosa y el Presidente de República Dominicana Leonel Fernández,
actuando como testigos de honor: Elvin Santos, ex candidato Partido Liberal; Cesar Ham, Partido Unificación Democrática;
Felicito Ávila, ex candidato partido Demócrata Cristiano; Ricardo Álvarez, Alcalde de Tegucigalpa y Presidente del Partido
Nacional y; Mario Canahuate, ex candidato presidencial elecciones primarias Partido Nacional.26112. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) fue creada por decreto ejecutivo
PCM-011-2010 de fecha 13 de abril de 2010, y se estableció que tendrá por objetivo “esclarecer
los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009 a fin de identificar los actos que
condujeron a la situación de la crisis y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que
estos hechos se repitan” 110 .
113. Es importante destacar la importancia que estas instituciones han tenido en
numerosos países de la región. Sin embargo, teniendo presente el objetivo establecido en su decreto
de creación, la Comisión recuerda que el derecho a conocer la verdad con respecto a graves
violaciones de los derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes
participaron en ellos, constituye una obligación que todo Estado parte en la Convención Americana
debe satisfacer, tanto respecto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en general. El
reconocimiento público identificando a las víctimas y los hechos que les afectaron en su vida, su
libertad y su seguridad, es un punto de partida necesario para emprender el camino de la
114. La CIDH ha apoyado las Comisiones de la Verdad en los distintos países del
hemisferio en que han sido creadas en tanto y en cuanto representen un mecanismo adecuado para
asegurar el derecho a la verdad. En este sentido, la CIDH ha afirmado que:
Forma parte del derecho a reparación por violaciones a los derechos humanos, en su
modalidad de satisfacción y garantías de no repetición, el derecho que tiene toda persona y la
sociedad, a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus
circunstancias específicas y quienes participaron en ellos. El derecho de una sociedad a
conocer íntegramente su pasado no sólo se erige como un modo de reparación y
esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras
violaciones 111 .115. Asimismo, la CIDH ha declarado que el derecho a la verdad se relaciona también con
el artículo 25 de la Convención, que establece el derecho a contar con un recurso sencillo y rápido
para la protección de los derechos consagrados en ella. La existencia de impedimentos fácticos o
legales (como la ley de amnistía o normas internas sobre acceso a la información), para acceder a
información relevante en relación con los hechos y circunstancias que rodearon la violación de un
derecho fundamental, constituye una abierta violación al derecho establecido en la mencionada
disposición e impide contar con recursos de la jurisdicción interna que permitan la protección judicial
de los derechos fundamentales establecidos en la Convención, la Constitución y las leyes 112 .
116. La CVR inició sus funciones en Honduras el 4 de mayo de 2010. Actualmente se
encuentra en el proceso de emitir su propio reglamento interno, plan de trabajo y metodología. Es
fundamental que la CVR cuente con recursos, personal e independencia suficiente para realizar su
trabajo de manera efectiva. Asimismo, es necesario que en la definición de su reglamento, plan de
trabajo y metodología se incorpore como eje central de su trabajo la investigación de las denuncias
de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del golpe de Estado. La CIDH
seguirá de cerca el trabajo de la CVR.110Decreto ejecutivo PCM-011-2010, artículo 1.111CIDH, Informe No. 1/99, Caso 10.480, Lucio Parada Cea y otros (El Salvador), 27 de enero de 1999, párr. 154.112CIDH, Informe No. 1/99, Caso 10.480, Lucio Parada Cea y otros (El Salvador), 27 de enero de 1999, párr. 151.27
117. Sin perjuicio de las acciones que en definitiva realice la CVR, ellas no eximen al
Estado de su obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar por vía judicial a los agentes
estatales que hayan cometido violaciones a los derechos humanos.
I.Situación del Bajo Aguán118. Por otra parte, la CIDH durante su visita de mayo de 2010 recibió información sobre
la situación del bajo Aguán, donde existe un conflicto de tierras de larga data entre campesinos y
empresarios. En la visita fue informada que, a partir del mes de diciembre de 2009, el conflicto
experimentó una agudización por la militarización de la zona. Al respecto, la CIDH fue informada
sobre la suscripción de un acuerdo el 14 de abril de 2010, entre el Gobierno hondureño y las
organizaciones campesinas presuntamente afectadas, por medio del cual se habría buscado una
solución al problema 113 .
119. No obstante, durante su visita de seguimiento, la Comisión fue informada por la
sociedad civil respecto de ciertos atropellos que habrían sido cometidos contra las organizaciones
campesinas y sus integrantes, antes y después de la suscripción del referido acuerdo, y que se
encontrarían ligadas a la militarización realizada en la zona de conflicto. No obstante, durante las
reuniones celebradas con autoridades del Ministerio de Defensa y de Seguridad, de la Policía
Nacional, y de la Jefatura del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, los
representantes del gobierno manifestaron que la actuación de las fuerzas militares en la referida
zona se encontró supeditada al mandato de la autoridad civil –es decir, la Policía Nacional-, y que,
además, habrían realizado acciones con fines de asistencia social.
120. La Comisión reitera su preocupación por la participación de las fuerzas armadas en
las tareas de seguridad ciudadana, en el entendido de que las mismas deben ser ejecutadas a través
de las fuerzas civiles de seguridad.
121. En este orden de ideas, la CIDH observa con especial preocupación la aprobación del
Decreto Ejecutivo PCM-014-2010, publicado en La Gaceta oficial el 14 de mayo de 2010, a través
del cual se instruye a la Secretaría de Defensa Nacional a cooperar con “el personal y medios
estrictamente necesarios de la Fuerzas Armadas y de acuerdo a la evolución de cada situación, a
efecto de que la Policía Nacional cumpla de manera eficiente y oportuna las funciones para el
reestablecimiento de la paz, la prevención, control y combate del delito”114 . Al respecto, la Comisión
insta a las autoridades de Honduras a revisar el contenido del referido decreto, y a adecuarlo
conforme a los estándares internacionales que rigen en la materia.
IV.AVANCES Y DESAFÍOS
DEMOCRÁTICAPARAELRETORNOALAINSTITUCIONALIDAD122. La Comisión valora el nombramiento de la Ministra asesora en materia de derechos
humanos. Sin embargo, observa que a la fecha no ha recibido los recursos, mandato y estructura
que permitan realizar un trabajo efectivo y de transformación del Estado hacia una cultura de
respeto a los derechos humanos. Con la estructura actual, es prácticamente imposible que la
Ministra pueda tener un impacto significativo sobre la vigencia de los derechos humanos.
123. En la reunión sostenida con la Ministra asesora en materia de derechos humanos,
Ana Pineda, ella afirmó que si bien los niveles de agresividad, entre quienes se opusieron al golpe de
113La suscripción del acta de compromiso tuvo lugar el 14 de abril de 2010.114Decreto Ejecutivo PCM-014-2010, Artículo 1.28
Estado y quienes lo apoyaron, han bajado en relación con el período del gobierno de facto, el país
continúa polarizado. Asimismo, enfatizó que no hay violaciones sistemáticas de derechos humanos,
pero que la gran falencia es el alto índice de impunidad. Al respecto, insistió en la necesidad de que
la investigación debe profesionalizarse, y en la medida de lo posible, que el ente investigador (la
policía), que depende de la Secretaría de Seguridad, vuelva a depender del Ministerio Público.
124. En este intento de normalización institucional, la CIDH observa con preocupación que
altos mandos del Ejército o ex miembros del mismo contra quienes se han formulado denuncias por
su participación en el Golpe de Estado estén ocupando la gerencia de dependencias públicas en el
gobierno de Porfirio Lobo. Así, el General de División Venancio Cervantes es Director General de la
Dirección de Migración y Extranjería (era Sub jefe del Estado Mayor Conjunto al momento del golpe
de Estado); el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres es Director de Aeronáutica Civil; el ex
General Nelson Wily Mejía se halla a cargo de la Dirección de la Marina Mercante y el ex General
Romeo Vásquez Velásquez es gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel)
(era Comandante en Jefe de las FFAA al momento del golpe de Estado).
125. Por otra parte, la Comisión valora la carta enviada el 12 de mayo de 2010 por el
Presidente Lobo al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en la que extiende
formalmente una invitación abierta para que el Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos, a través de sus órganos y en particular la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, pueda efectuar oficialmente, cuando lo consideren pertinente, visitas a Honduras.
V.RECOMENDACIONES126. De conformidad con el análisis precedente y considerando la visita in loco efectuada
en agosto de 2009, el Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, la visita realizada
en mayo de 2010 y, el especial el seguimiento que la CIDH ha dado a la situación de derechos
humanos en el país desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, la Comisión formula las
siguientes recomendaciones al Estado de Honduras:
1.Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos
humanos.2.Realizar, de manera urgente, investigaciones a cargo de cuerpos especializados
independientes que conduzcan a esclarecer los hechos y determinar si los asesinatos
de periodistas, comunicadores sociales, defensoras y defensores de derechos
humanos y miembros de la Resistencia, están relacionados con el ejercicio de la
profesión o el contexto del golpe de Estado. Asimismo, juzgar y condenar a los
responsables de tales asesinatos.3.Reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.4.Impedir que los cuerpos ilegales actúen impunemente al margen de la ley. En
especial, el Estado tiene el deber de desmantelar a los grupos civiles armados que
podrían estar funcionando al margen de la ley y sancionar las acciones ilícitas que
cometan, para prevenir que hechos de violencia se repitan en el futuro.5.Prevenir los asesinatos, amenazas e intimidaciones en contra de las defensoras y los
defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores y líderes sociales. En
especial, adoptar las medidas que sean necesarias para proteger su vida e integridad
personal.29
6.Implementar en forma debida y eficiente las medidas cautelares otorgadas por la
CIDH.7.Proveer a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de personal idóneo,
recursos suficientes y apoyo para que pueda responder e implementar de manera
eficiente a las medidas cautelares de la CIDH.8.Garantizar las condiciones para que los defensores de derechos humanos y de
derechos sindicales realicen libremente sus actividades, y abstenerse de realizar
cualquier acción y de adoptar legislación que limite u obstaculice su trabajo.9.Asegurar que el sistema de administración de justicia brinde un efectivo acceso a la
justicia de todas las personas.10.Mejorar la seguridad de la ciudadanía y ordenar que las Fuerzas Armadas y los
aparatos de inteligencia militar no participen en actividades de seguridad ciudadana
y, cuando lo hagan en situaciones excepcionales, se subordinen a la autoridad civil.11.Disponer de las medidas necesarias para que las mujeres víctimas de violencia tengan
acceso pleno a una adecuada protección judicial y adoptar los mecanismos legales,
judiciales y de otra índole necesarios para investigar, sancionar y reparar las
denuncias por violencia contra la mujer.12.Disponer de las medidas necesarias para proteger a los sectores de la población
hondureña históricamente marginados y de mayor vulnerabilidad, como las niñas y
los niños, la comunidad LGTB, las mujeres y los pueblos indígenas y garífuna.13.Asegurar que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación incorpore en su
reglamento, plan de trabajo y metodología como eje central la investigación de las
denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del golpe
de Estado.All pages:34567891011121314151617181920212223242526272829303132InfoStackLikeShareDownloadMoreCIDH - Observaciones preliminares - Junio 2010 Published on Jun 9, 2010 OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE SU VISITA A HONDURAS REALIZADA DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 20...See MoreradioprogresoericsjFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

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