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Timestamp: 2017-07-24 20:41:44+00:00

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Jurisprudencia Casatoria de la Corte Suprema de Chile: Los gastos deben tener la calidad de ser inevitables, indispensables u obligatorios y deben relacionarse directamente con el giro del contribuyente – TRIBUTACION PERU Alan Emilio Matos Barzola
3 agosto, 20143 agosto, 2014 Alan Emilio Matos Barzola
Jurisprudencia Casatoria de la Corte Suprema de Chile: Los gastos deben tener la calidad de ser inevitables, indispensables u obligatorios y deben relacionarse directamente con el giro del contribuyente	Alan Emilio en Ayacucho 2014
Mediante sentencia emitida el 18 de noviembre del 2013 por la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile para resolver el recurso de Casación en relación al ROL 2359-2013 aborda una controversia en torno al Impuesto al Valor Agregado chileno (lo que en el Perú viene a ser el Impuesto General a las Ventas) cuestionándose el uso de crédito fiscal y costos y/o gastos pagados contabilizados por compras ajenas al giro (compras de supermercado, servicio de televisión por cable, implementos para esquiar, compra de muebles de dormitorio y otros propio de una casa habitación y el pago de colegiatura y de útiles escolares), también aquellas operaciones que son respaldadas con facturas ideológicamente falsas y que no cumplen los requisitos legales y reglamentarios (compra de combustible y servicios de reparación y mantención de servicio técnico) y finalmente aquellas facturas que dan cuenta del arrendamiento de automóviles y de los combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones para su mantención.
Resulta indispensable tener en cuenta que la Corte Suprema chilena da cuenta en su considerando octavo lo siguiente:
“no se estableció como hecho de la causa que los gastos hechos valer se hayan relacionado directamente con el giro del negocio ni su necesidad para producir la renta, esto es, que se hayan calificado de inevitables u obligatorios.”
Este criterio reiterado por la Corte Suprema Chilena refuerza nuestra posición en cuanto a que la interpretación con criterio amplio del principio de causalidad en el Perú debe atender SI o SI a la observancia en torno a que estas erogaciones corrientes, diferentes a costos (de producción, construcción, extracción, de servicios, o similares), resulten INEVITABLES o FORZOSAS para el desarrollo del giro empresarial, a efectos de limitar al grado más razonable posible distracciones en la utilización de los recursos de la entidad, tal como lo sostiene la jurisprudencia tributaria internacional más actualizada. Resulta relevante también destacar el considerando quinto de la sentencia chilena en cuanto indica:
“Que corresponde consignar que la sentencia (refieriéndose a la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó el fallo pronunciado por el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de la misma ciudad que rechazó el reclamo de las liquidaciones N° 169 a 202 de 26 de diciembre de 2011) fijó como hechos, en lo que interesa a efectos de resolver el recurso, que la sociedad contribuyente no probó que tenía derecho a hacer uso del crédito fiscal, puesto que los bienes adquiridos y que se consignan en las facturas dubitadas, así como los pagos efectuados por medio de éstas, no correspondían al giro de la reclamante.”
Bajo dicho contexto se rechazó sobre el fondo el recurso de casación interpuesto.
“Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil trece.
En estos autos rol Nº 2359-2013, la reclamante XXXXXXXXXXXXXXXXXXX interpuso recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó el fallo pronunciado por el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de la misma ciudad que rechazó el reclamo de las liquidaciones N° 169 a 202 de 26 de diciembre de 2011.
A fojas 218, se trajeron los autos en relación.
Primero: Que el recurso de nulidad sustancial denuncia en primer término la infracción del artículo 31 N° 5 y 10 del Decreto Ley N° 824, en relación con el artículo 23 N°1 del Decreto Ley N° 825 y artículo 19 del Código Civil. Señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta el contribuyente está autorizado para deducir del ingreso bruto todos los gastos necesarios para obtenerlo, entre los cuales se encuentran los que han sido objetados en estos autos, haciendo presente que tratándose de camionetas no está prohibida su adquisición y mantención.
Agrega que por su parte el N° 1 del artículo 23 del Decreto Ley N° 825 del año 1974 establece que procede el crédito de las facturas relacionadas con gastos de tipo general que digan relación con el giro o actividad del contribuyente, y en este caso los gastos objetados como no relacionados con el giro del contribuyente corresponden a estipendios normales y ordinarios que debe pagar mensualmente una empresa que presta servicios de seguridad.
Expone que el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta en su número 5 regula los gastos por depreciación de los bienes del activo inmovilizado, los que en su caso han sido rechazados sin señalar el motivo, esto es, por ejemplo, si existió un exceso respecto de los años de vida útil asignados, por lo que el rechazo de las depreciaciones ha sido totalmente injustificado. En cuanto a los gastos de promoción en los centros invernales, que tiene por objeto hacer propaganda a los servicios prestados por la empresa, se rechazan igualmente no obstante que la ley en el N° 10 del artículo 31 los contempla especialmente, dando la posibilidad de considerarlos como activos transitorios o gastos del ejercicio.
En lo que respecta al artículo 19 del Código Civil, se sostienen que el error radica en la errada interpretación de los artículos 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en particular sus números 5 y 10 en relación con el artículo 23 N° 1 del Decreto Ley N° 825. Se incurrió en una clara y abierta contravención de la regla de interpretación del artículo 19 del Código Civil, precepto legal según el cual siendo el sentido de la ley claro, no se puede desatender a su tenor literal, pero no obstante lo explícito del texto de la Ley, se incurrió en ese error jurídico.
Como segundo error de derecho, denuncia una errada interpretación del artículo 21 del Código Tributario, en relación al artículo 19 del Código Civil, expresa que el inciso segundo del citado artículo establece que el Servicio de Impuestos Internos no puede prescindir de los antecedentes presentados por los contribuyentes, a menos que estos documentos, libros y antecedentes no sean fidedignos, situación que no se verifica en el caso de autos, puesto que las facturas presentadas no han sido calificadas como no fidedignas, circunstancia que impide prescindir de los documentos presentados en el proceso por el contribuyente, por lo que se ha vulnerado las leyes reguladoras de la prueba pues se invierte el peso de la prueba.
Además, expresa que se incurrió en una clara y abierta contravención de la regla de interpretación del artículo 19 del Código Civil, precepto legal según el cual siendo el sentido de la ley claro, no se puede desatender a su tenor literal, lo que ocurrió en este caso, no obstante lo explícito del texto de la Ley.
En un tercer aparatado se acusa la errada interpretación que se ha efectuado del artículo 23 N° 5 del Decreto Ley N° 825, en relación con el artículo 19 del Código Civil, señala que las facturas se han cuestionado principalmente por situaciones de hecho no contempladas en esa norma, como el calificarlas de ideológicamente falsas o que no guardan relación con el giro del contribuyente, precepto que no se refiere a circunstancias fácticas para imputar irregularidad, pues tal calificación debe ser de carácter objetivo, esto es, basarse en deméritos o anomalías del documento mismo, y no en eventuales hechos u omisiones de sus emisores y menos por ser de empresas relacionadas.
En cuanto al error respecto del artículo 19 del Código Civil, radica en la errada interpretación del artículo 23 de Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en particular su números 5.
Finalmente como último error de derecho se imputa que los jueces de la instancia omiten aplicar el inciso cuarto del N° 5 del artículo 23 del D.L. Nº 825, tal contravención se produce porque la norma en comento señala que : “No obstante los dispuesto en los incisos segundo y tercero no se perderá el derecho al crédito fiscal, si se acredita que el impuesto ha sido recargado y enterado efectivamente en arcas fiscales por el vendedor”. En su caso, todas las facturas de las denominadas empresas relacionadas pagaron el impuesto al valor agregado, lo que se acredita con las mismas y los antecedentes de estas empresas, situación no valorada por la sentencia recurrida.
Segundo: Que al explicar la forma cómo los errores de derecho denunciados influyeron en lo dispositivo de la sentencia, el recurso señala que de aplicarse correctamente los preceptos precitados la decisión habría sido la contraria a la que se asentó, esto es, se habría acogido el reclamo tributario contra las liquidaciones impugnadas.
Tercero: Que es necesario consignar que las liquidaciones reclamadas son las números 169 a 202, de 26 de diciembre de 2011, por concepto de Impuesto al Valor Agregado de los períodos de agosto de 2008 a diciembre de 2010, Impuesto de Primera Categoría de los años tributarios 2009, 2010 y 2011, y Reintegro del artículo 97 de la Ley de Impuesto a la Renta correspondiente al año tributario 2010.
Por otra parte, en el reclamo del contribuyente se asevera que las operaciones contenidas en las facturas fueron efectivamente realizadas, y se relacionan con el giro, por lo que no es procedente el rechazo del crédito fiscal del impuesto al valor agregado.
Cuarto: Que el Servicio de Impuestos Internos en las liquidaciones reclamadas cuestiona al contribuyente el uso de crédito fiscal y costos y/o gastos pagados contabilizados por compras ajenas al giro (compras de supermercado, servicio de televisión por cable, implementos para esquiar, compra de muebles de dormitorio y otros propio de una casa habitación y el pago de colegiatura y de útiles escolares), también aquellas operaciones que son respaldadas con facturas ideológicamente falsas y que no cumplen los requisitos legales y reglamentarios (compra de combustible y servicios de reparación y mantención de servicio técnico) y finalmente aquellas facturas que dan cuenta del arrendamiento de automóviles y de los combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones para su mantención.
Quinto: Que corresponde consignar que la sentencia fijó como hechos, en lo que interesa a efectos de resolver el recurso, que la sociedad contribuyente no probó que tenía derecho a hacer uso del crédito fiscal, puesto que los bienes adquiridos y que se consignan en las facturas dubitadas, así como los pagos efectuados por medio de éstas, no correspondían al giro de la reclamante.
De forma que los gastos por compras realizadas en supermercado destinados a la alimentación de sus trabajadores son gastos con fines ajenos a los de su industria o actividad. Así como los gastos en la compra de implementos para esquiar, televisión por cable, colegiaturas y útiles escolares, todos los cuales no se encuentran entre aquellos contenidos en el giro de la reclamante, de forma que no caben dentro de la hipótesis establecida en el artículo 31 inciso primero de la Ley de Impuesto a la Renta. Respeto a los muebles para dormitorio, su adquisición tampoco puede ser calificada como necesaria para producir la renta.
Sexto: Que el fallo recurrido, en lo pertinente, luego de referirse a los artículos 23 Nº 4, 5 y 6 de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios y 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, señala que atendido que las operaciones que contienen las facturas emitidas por doña Beatriz Hernández González y que fueron cuestionadas por no ser fidedignas o irregulares, éstas carecen de mérito probatorio suficiente para acreditar la efectividad de los costos y monto de los mismos.
En cuanto al uso de una camioneta por parte del dueño de la empresa para actividades publicitarias y de promoción, se aduce que no puede ser considerado como una gasto necesario para producir la renta, porque quedó demostrado que no desarrolla esas actividades dentro de su giro.
Séptimo: Que en cuanto al primer error de derecho que se denuncia por el recurso, éste se relaciona fundamentalmente con el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, al rechazar la sentencia los gastos consignados en las facturas y que son el fundamento de las liquidaciones reclamadas por la sociedad.
El artículo 31 citado, en lo pertinente, dispone que la renta líquida se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio de Impuestos Internos.
Octavo: Que en este entendimiento, para que la transgresión denunciada pueda prosperar, deben estar establecidas en el fallo aquellas circunstancias de hecho que doten a los desembolsos incurridos de la calidad de ser inevitables, indispensables u obligatorios para generar los ingresos y que se relacionen directamente con el giro de la contribuyente, y por lo tanto, puedan considerarse dentro de las deducciones que contempla el artículo 31 de la ley para determinar la base imponible del impuesto, nada de lo cual acontece, como se indicó en el motivo tercero precedente.
Consecuentemente, no puede imputársele al fallo recurrido haber transgredido el citado artículo 31, ni los demás preceptos que menciona el recurrente, pues no se estableció como hecho de la causa que los gastos hechos valer se hayan relacionado directamente con el giro del negocio ni su necesidad para producir la renta, esto es, que se hayan calificado de inevitables u obligatorios.
Noveno: Que, en relación al quebrantamiento del artículo 21 del Código Tributario, el error de derecho se fundamenta, en síntesis, en que la sentencia no consideró la documentación presentada por el contribuyente y que en su opinión, acredita gastos necesarios para producir renta, sin embargo, esta alegación del recurrente olvida que dentro de los antecedentes que el Servicio de Impuesto Internos se encuentra obligado a considerar al liquidar o reliquidar un impuesto, de acuerdo al inciso 2° de esta norma, también se encuentra la contabilidad del contribuyente y sus propias declaraciones. En este contexto, no se divisa infracción de la disposición invocada, desde que la administración ha procedido a liquidar los impuestos reclamados, precisamente en base al mérito de la propia declaración del contribuyente y de su contabilidad, la que, como se dijo, hace plena fe en su contra y no puede ser corregida en la forma planteada por el recurrente.
Décimo: Que tanto el tercer como el cuarto capítulo del recurso de nulidad dicen relación con la errada interpretación que los sentenciadores habrían dado al artículo 23 N°5 inciso cuarto de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, ya que a su entender no se acreditó la falsedad de las facturas, sino que se señala que las operaciones consignadas en ellas eran ajenas al giro y porque todas las facturas de empresas relacionadas pagaron el impuesto al valor agregado, lo que se habría acreditado en autos.
Al respecto, conviene señalar que el artículo 23 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios dispone que los contribuyentes afectos al pago de este tributo tendrán derecho a un crédito fiscal contra el débito fiscal determinado por el mismo período tributario. En su numeral cinco, la citada norma dispone que no darán derecho a crédito los impuestos recargados o retenidos en facturas no fidedignas o falsas o que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios y en aquellas que hayan sido otorgadas por personas que resulten no ser contribuyentes de este impuesto. En esta situación se encontraba la sociedad reclamante, puesto que las facturas cuyo crédito fiscal se utilizó por ella se estimaron material e ideológicamente falsas por los motivos indicados en las liquidaciones reclamadas. Frente a este escenario, para no perder el derecho a crédito fiscal, el pago de las referidas facturas debe hacerse dando cumplimiento a los requisitos mencionados en el artículo 23 Nº 5 del Decreto Ley Nº 825, esto es, haber pagado con un cheque nominativo, vale vista nominativo o transferencia electrónica de dinero a nombre del emisor de la factura, girados contra la cuenta corriente bancaria del respectivo comprador o beneficiario del servicio y haber anotado por el librador al extender el cheque el número del rol único tributario del emisor de la factura y el número de ésta, o acreditar que se enteró el impuesto en arcas fiscales, requisitos no satisfechos en este caso.
Por todo lo anterior, lo postulado por el recurso no se ajusta al mérito del proceso ni a los hechos que quedaron establecidos en él.
Undécimo: Que al no haberse producido las vulneraciones de ley denunciadas, tampoco se infringen las reglas de interpretación contenidas en el artículo 19 del Código Civil, sin perjuicio de que el recurrente no explica -como es dable exigir en un recurso de derecho estricto como la casación-, de qué manera precisa y concreta se habría producido la infracción de esta norma, limitándose a señalar que se ha desatendido el tenor literal de dicho precepto, lo que desde luego no revela yerro jurídico alguno, falencia que, sumada a los razonamientos contenidos en los motivos precedentes permite determinar el rechazo del presente medio de impugnación.
Como consecuencia de lo razonado, el recurso en estudio no puede prosperar y debe ser desestimado.
Y de conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 767, 772 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 194 por XXXXXXXXXXXXXXXX en contra de la sentencia de veintitrés de enero de dos mil trece, escrita a fojas 180 y siguientes.
Regístrese y devuélvase, con sus agregados”.
CORTE SUPREMA – SEGUNDA SALA – 18.11.2013 – ROL 2359-2013 – MINISTRO SR. MILTON JUICA A., HUGO DOLMESTCH U.- MINISTRO SR. CARLOS KÜNSEMÜLLER L.- MINISTRO SR. HAROLDO BRITO C.- MINISTRO SR. LAMBERTO CISTERNAS R.
Jurisprudenciagastos deducibles jurisprudenciagastos inevitablesgastos obligatoriosjurisprudencia casatoria tributariajurisprudencia chilenajurisprudencia tributaria internacionalROL 2359-2013	Publicado por Alan Emilio Matos Barzola
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