Source: http://nohuboderecho2.blogspot.com/2008/05/presenta-denuncia.html
Timestamp: 2018-11-18 04:54:44+00:00

Document:
No Hay Derecho II: PRESENTA DENUNCIA
Por la presente, venimos a denunciar al Estado argentino (en adelante “el Estado”) por violación de los derechos consagrados por el artículo 13 y el artículo 8, en relación con el art. 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana”, “la Convención” o “CADH”), en perjuicio de la víctima Eduardo Kimel.
A los efectos de esta denuncia, constituimos domicilio en el CELS: Rodríguez Peña 286, piso 1, Buenos Aires, Argentina. Tel: 54-11-4371-9968/3790. Fax: 54-11-4375-2075.
Tenemos la firme convicción de que el caso que hoy denunciamos, exhibe de una manera ejemplar cómo ciertas figuras penales pueden ser aplicadas como mecanismos de censura, criminalizando conductas que no son más que la expresión de opiniones e ideas, animadas por un sentido crítico, sobre el comportamiento de ciertos funcionarios del Estado. En ese sentido, entendemos que los hechos de los que fuera víctima Eduardo KIMEL, conducen con absoluta claridad a la conclusión de que estos tipos penales, susceptibles de ser aplicados para perseguir criminalmente la crítica política, resultan incompatibles con el artículo 13 de la Convención Americana.
1. La masacre de los Palotinos
Durante la madrugada del 4 de julio de 1976, en plena Dictadura Militar, cinco religiosos católicos de la congregación de los Padres Palotinos fueron brutalmente asesinados en la parroquia de San Patricio, en el barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. Se trató de uno de los tantos hechos cometidos por el terrorismo de estado durante la dictadura militar en los años 1976 a 1983 y que dieran lugar al juzgamiento y condena de los integrantes de las juntas militares en la conocida causa 13.
Los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau, junto con los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Berletti murieron acribillados por las balas de los integrantes de un “grupo de tareas”, mientras eran obligados a permanecer de rodillas frente a los represores. Sobre uno de los cadáveres quedó un afiche arrancado de la pared: “Éste es un palito de abollar ideologías” decía Mafalda, el personaje de la historieta de Quino, señalando un bastón de policía. En el lugar de la masacre apareció la firma de los hechos: “Por los camaradas dinamitados de Seguridad Federal – Venceremos - Viva la Patria- , decía una leyenda en la pared, en referencia a la bomba que dos días atrás había explotado en la Superintendencia de Seguridad Federal.
Tanto las Fuerzas Armadas como el gobierno deslindaron toda responsabilidad del hecho, pero no se dedicaron a investigarlo. La Justicia nunca encontró a los responsables, aunque siempre se sugirió a un grupo de tareas de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) como autor de la masacre. La dictadura, la impunidad y luego las denominadas leyes de punto final y obediencia debida terminaron por cancelar todas las chances de aclarar los hechos y juzgar a los culpables.
2. El libro de Eduardo KIMEL
La obra que escribió Eduardo KIMEL a propósito del crimen perpetrado contra los Padres Palotinos es un libro dividido en seis capítulos. Se trata de una investigación periodística sobre lo que se ha dado en llamar La Masacre de San Patricio.
El libro investiga el hecho en sí mismo, la investigación policial-judicial que siguió a los asesinatos y la posterior reapertura de la investigación muchos años después. Además aporta datos generales sobre la situación que se vivía en ese momento, sobre la historia de los palotinos en la República Argentina y sobre distintos hechos que de una u otra forma se vincularon con la masacre.
Los dos primeros capítulos están destinados a contar la forma en que ocurrieron los asesinatos, así como otra cantidad de hechos violentos que ocurrían en esos mismos días en el país.
El capítulo tercero cuenta básicamente la historia de los palotinos en el país.
El capítulo cuarto relata la continuidad de las actitudes amenazantes por parte de las fuerzas de seguridad hacia miembros de la orden palotina en los días que siguieron al asesinato, junto con algunas de las gestiones que se hicieron tras los asesinatos para intentar esclarecer los hechos.
El capítulo quinto está dedicado en la investigación judicial, y explica en detalle la forma en que se llevó adelante.
El capítulo sexto incluye una recopilación de testimonios de personas secuestradas por las fuerzas de seguridad durante la dictadura militar, que escucharon de boca de sus secuestradores que las fuerzas armadas se auto-atribuían los asesinatos de los religiosos palotinos y otros datos que echan luz sobre los hechos que fueron materia de investigación de este libro, así como la reseña de la forma en que "agonizó" la investigación judicial.
En el marco de esta investigación varios pasajes del libro se refirieron a la investigación policial y judicial del caso, tanto la que fue llevada a cabo durante la dictadura militar como su reapertura luego de la asunción del gobierno constitucionalmente elegido.
“... Pero también, en esas primeras horas del domingo 4 de julio, integrantes de la congregación, algunos feligreses de la parroquia y las autoridades eclesiásticas tenían más de un indicio para asegurar que el homicidio había partido de un "grupo de tareas" de las FF.AA.
La leyenda era transparente; el grupo de asesinos había dejado una marca indeleble de su identidad y sus móviles. A esta leyenda tan expresiva se agregaba otra no menos esclarecedora. Incriminaba a los palotinos de ser ‘zurdos adoctrinadores de mentes vírgenes’, de ser M.S.T.M., curas del Tercer Mundo. Y otra ‘perlita’: el afiche dejado sobre el cadáver de Salvador Barbeito —arrancado de la pared de una habitación de la casa— en el que la inefable Mafalda, señalando el bastón de un agente de policía, decía: ‘Este es el palito de abollar ideologías’.
Los tres elementos parecían conducir a una hipótesis simple y contundente: los religiosos habían sido asesinados como parte de la revancha policial luego de la bomba de la Superintendencia de Seguridad, y habían sido elegidos por profesar supuestas ideas izquierdistas. Era una conclusión primaria, evidente, que no fue asumida por ninguna de las autoridades judiciales intervinientes para encaminar la investigación”.
Apenas unos párrafos más adelante se señala una serie de irregularidades en las primeras medidas y registros llevados a cabo por la policía tras los asesinatos, que llevaban a una conclusión clara:
Es así que al finalizar la lectura del segundo capítulo el lector se encuentra ya enterado de los numerosos elementos que llevaban a la conclusión de que los asesinatos habían sido obra de las fuerzas de seguridad.
Luego de presentar algunos otros datos de interés sobre la forma en que ocurrieron los hechos, junto con datos más generales, se llega al párrafo del libro con motivo del cual se me aplicó una sanción penal y una condena civil:
Es necesario reparar en que luego de este párrafo introductorio, en el libro se detalla en qué consistió la investigación judicial, se explican las medidas de investigación que tomó el Juez Rivarola, y se señalan específicamente las contradicciones que surgían de los elementos agregados por la policía y por las personas que declararon en la causa, que no fueron aclaradas por el juez.
De hecho, bajo el título: "Las contradicciones" se dice lo siguiente:
“Las declaraciones de Romano y Alvarez se oponían en gran medida a los testimonios que los jóvenes Silva y Pinasco habían efectuado la misma tarde del domingo 4 de julio al padre Sueldo Luque, información que fue llevada luego al Episcopado.
El 21 de octubre de 1976, Sueldo Luque reafirmó la versión de los dos muchachos cuando prestó declaración ante el juez. Hizo hincapié en varios hechos que contradecían los testimonios de Romano y Alvarez.
El último título del capítulo, que tiene la mayor relevancia a la luz de la sentencia condenatoria, es el siguiente:
El 25 de mayo de 1977 el fiscal federal Julio César Strassera propuso al juez Rivarola el sobreseimiento provisorio de la causa de los palotinos. ‘Las nuevas diligencias practicadas con posterioridad al dictamen de fs. 280 no han hecho variar la situación procesal allí considerada. En consecuencia reproduzco el aludido dictamen’, insistió en una nota del 1 de julio de 1977. Para Strassera no había mayores elementos que condujeran la investigación con rumbos ciertos. Por eso formulaba el pedido de sobreseimiento provisorio.
En síntesis, la investigación de Eduardo Kimel fue rigurosa, donde no sólo se narró el hecho investigado sino que se acopiaron diversos testimonios que directa o indirectamente se referían a él. Se enumeraron con detalle y precisión una serie de elementos de juicio que conducían a la conclusión inevitable —que por otra parte hoy resulta incontrovertible— de que el hecho había sido perpetrado por fuerzas de seguridad que actuaron en la clandestinidad y con la colaboración pasiva de los policías de la zona.
Se presentaron en forma clara los elementos que se conocían desde un primer momento y que indicaban que el hecho era obra de las fuerzas de seguridad (cfr. págs. 61/64, en los párrafos ya transcriptos), y las contradicciones que fueron surgiendo a medida que avanzó la investigación judicial (cfr. pág. 127/128: "las contradicciones").
Todos estos elementos de juicio fueron debidamente reseñados y puestos en conocimiento del lector, con numerosas citas textuales de la causa judicial.
En el cumplimiento del deber periodístico de informar seriamente y de buena fe sobre hechos de evidente interés público, se evaluó la forma en que se llevó adelante la estéril investigación judicial, se hizo expresa mención de que el fiscal en más de una oportunidad había solicitado que se sobreseyera provisionalmente el expediente y se virtió una opinión sobre la forma en que funcionó el poder judicial en su conjunto durante la época en que las fuerzas armadas detentaron el poder.
IV. LOS HECHOS DEL CASO. RESEÑA DEL PROCESO JUDICIAL
El periodista Eduardo KIMEL desarrolló la investigación más completa del caso y publicó un libro con su historia: La masacre de San Patricio. Sin embargo, el 28 de octubre de 1991, el ex juez Guillermo Federico Rivarola, responsable de la investigación del crimen, promovió una querella penal por calumnias (artículo 109 del Código Penal) contra Eduardo KIMEL, por considerar agraviantes ciertos párrafos contenidos en el libro de su autoría relacionados con la ineficacia de la pesquisa. Entendió Rivarola que la víctima, le habría imputado la comisión de los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las frases más controvertidas fueron las siguientes: “La actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente cuando no cómplice de la represión”, afirmó KIMEL en su trabajo. “En el caso de los Palotinos, el juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta” —afirmó el periodista—. “La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar, paralizó la pesquisa llevándola a un punto muerto.”
En marzo de 1992 se realizó la audiencia de conciliación sin que se lograra ningún acuerdo ni mediara retractación. Los entonces letrados de Eduardo G. KIMEL contestaron la acusación. En dicha oportunidad pusieron de manifiesto que el querellado había actuado ejerciendo un legítimo derecho, cual es el de informar y criticar los actos de gobierno y que tal derecho se encuentra plasmado en la Constitución Nacional y en el art. 13.1. del Pacto de San José de Costa Rica. Entre otras consideraciones también plantearon la inexistencia de calumnia por falta de elementos del tipo. Finalmente solicitaron la absolución del querellado.
En el período de prueba, se obtuvo la remisión "ad efectum videndi" de la causa 7970 “Barbeito, Salvador y otros, víctimas de homicidio (art. 79 C. Penal)”, en la cual se investigó el asesinato de los sacerdotes y seminaristas palotinos. Por solicitud de la defensa depusieron testigos de concepto del querellado quienes hicieron conocer el buen concepto que como profesional tiene KIMEL. Por su parte la querella produjo pruebas sobre las calidades funcionales y académicas del Dr. Rivarola.
El 25 de septiembre de 1995 la jueza Dra. Ángela Braidot, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 8, dictó sentencia por la cual se condenó a Eduardo G. KIMEL como autor responsable del delito de injurias, previsto y reprimido por el art. 110 del C. Penal a la pena de un año de prisión, cuyo cumplimiento se dejó en suspenso, con costas. Asimismo, se lo condenó, también, a abonar al querellante la suma de veinte mil pesos ($20.000) en concepto de indemnización por reparación del daño moral causado.
Contra dicho pronunciamiento apelaron la defensa solicitando la revocatoria y la absolución del querellado, y la querella por cuanto entendía que correspondía la condena en orden al delito de calumnias .
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones dictó sentencia con fecha 19 de noviembre de 1996 y revocó la decisión de primera instancia, absolviendo a Eduardo Gabriel KIMEL en orden al delito que fuera condenado. La Sala entendió que la obra de KIMEL era la manifestación o expresión de ideas publicadas a través de la prensa, de modo que se encontraba bajo la tutela de la Constitución Nacional y del artículo 13 de la Convención. Luego de analizar párrafo a párrafo la obra cuestionada, llegó a la conclusión que no existían calumnias, pues las opiniones de KIMEL sobre la conducta de Rivarola, eran juicios de valor que no podían asimilarse a la falsa imputación de un delito concreto a una persona determinada, que dé motivo a la acción pública. Tal es la definición del tipo penal de calumnia en el Código Penal argentino. La Sala concluyó además que no podía imputarse a KIMEL el delito de injurias, por cuanto su trabajo podía calificarse como una breve crítica histórica, y en esta labor no había excedido los límites éticos de su profesión. Consideró el tribunal que el periodista ejerció su derecho a informar de no abusiva y legítima y sin intención de lesionar el honor del Dr. Rivarola, ya que no se evidenciaba siquiera el dolo genérico, elemento suficiente para la configuración del hecho ilícito analizado. El fallo analizó la conducta de KIMEL presuponiendo que había sido manifestación del derecho de criticar la actuación de los funcionarios públicos. “Quienes ejercemos la función pública”, concluye el tribunal, “estamos expuestos a la crítica de la prensa sobre nuestro desempeño”.
En su voto concurrente el magistrado Elbert afirmó que los interrogantes planteados por KIMEL acerca del desempeño de la Justicia durante la dictadura, lo inclinaban a admitir una visión autocrítica. “Esa quiebra violenta del orden jurídico”, sostiene el magistrado, ”consintió un poder judicial comprometido, en carácter de institución legitimante esencial del estado de excepción, pero sin eficacia suficiente como para cuestionar o limitar el implacable terrorismo de estado impuesto”. Agregó el juez que “todos los funcionarios y magistrados judiciales del país fuimos subordinados al acta y estatuto del proceso de reorganización nacional, que tuvieron rango supraconstitucional”. Por lo que concluyó que “la desconfianza hacia la justicia del autor Eduardo KIMEL, certera o equivocada, constituye, en este contexto, una actitud comprensible y según puedo juzgar, exenta de malicia tendiente a ofender, desacreditar o atribuir irregularidades deliberadas al Dr. Rivarola” (el destacado nos pertenece).
Con motivo del recurso extraordinario interpuesto por la querella, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia el 22 de diciembre de 1998 en la que revocó el pronunciamiento recurrido y ordena que vuelvan las actuaciones a la instancia de origen para que por quien corresponda se dicte nuevo fallo con arreglo a las pautas establecidas en la sentencia.
El fallo de la Corte será analizado en detalle más adelante, pero en un primer análisis puede señalarse que el tribunal concluyó que la sentencia de la Sala era arbitraria, por haber considerado —sobre la base de argumentos legales erróneos— la atipicidad de la calumnia.
Conforme a lo dispuesto por la Corte Suprema, la causa fue remitida en esta oportunidad a la Sala IV, a efectos de que ésta dicte nueva sentencia. El pronunciamiento de la Cámara fue dictado el 17 de marzo de 1999, y resolvió: “I.- Confirmar parcialmente el dispositivo 1 de la sentencia de fs. 271/285 que condena a Eduardo Gabriel KIMEL a la pena de un año de prisión en suspenso, con costas en ambas instancias, modificándose la calificación legal por el delito de calumnia previsto y penado en el artículo 109 del Código Penal (artículos 26 y 29 inciso 3ro. del Código Penal). II.- Confirmar el dispositivo II de dicha sentencia que condena a Eduardo Gabriel KIMEL a abonar al querellante, Dr. Guillermo Federico Rivarola, la suma de pesos veinte mil ($ 20.000), en concepto de indemnización por reparación del daño moral causado. III.- Confirmar el dispositivo III de la sentencia recurrida que no hace lugar a la publicación de la presente, conforme lo solicitara la querella, atento la extemporánea introducción de la previsiones contenidas en el art. 114 del Código Penal”.
Contra este pronunciamiento, la víctima interpuso un nuevo recurso extraordinario que fue rechazado, ante lo que la defensa interpuso el correspondiente recurso de queja, que también fue rechazado por inadmisible el 14 de septiembre del 2000, auto notificado el 19 de septiembre de ese año.
En tal sentido la sentencia de la Sala IV condenó a KIMEL, sobre la base de las reglas y directivas del fallo de la Corte Suprema de Justicia, y partiendo de los antecedentes y la pena originalmente impuestas por la magistrado de primera instancia, cuyo pronunciamiento ratificó parcialmente.
La responsabilidad del Estado por la violación a los derechos humanos de Eduardo KIMEL consiste en actuación de la Justicia a lo largo de este proceso que terminó en la condena de la víctima. De esta manera, KIMEL se convirtió, paradójicamente, en el único condenado a raíz de los hechos de San Patricio.
V. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN (ART. 13 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA)
En este apartado explicaremos que el Estado argentino violó el derecho de Eduardo KIMEL a la libertad de expresión. Ello porque el caso de KIMEL demuestra de manera evidente el absoluto desprecio de los tribunales del Estado denunciado por respetar los estándares del derecho internacional de los derechos humanos en materia de libertad de expresión.
En este sentido, la utilización de figuras penales como las calumnias y las injurias —como en el caso de KIMEL— provoca en el imputado y en todos los periodistas en general un efecto inhibidor indudable para futuras expresiones similares de interés público. Pero además, resulta evidente que el Sr. Eduardo KIMEL fue condenado por emitir opiniones críticas sobre la actuación funcional de un órgano del gobierno. En este sentido, resulta acorde con los estándares internacionales en la materia que la protección del honor de personalidades públicas debe ser atenuada cuando se discuten temas de interés público, en comparación con la que se brinda a los simples particulares; que la protección de su honor cede ante el derecho a informar y ser informado. No obstante, en el presente caso, lo cierto es que los tribunales argentinos aplicaron un criterio que privilegió el valor del honor del acusador privado, precisamente, por su carácter de funcionario estatal.
1. Las sanciones penales y su efecto inhibidor de las expresiones de crítica
El primer problema que presenta el caso del periodista Eduardo KIMEL se vincula con la criminalización de la crítica política.
Desde una perspectiva histórica se consideraba que tanto la libertad de expresión como la de prensa se encontraban garantizadas si se prohibía la previa censura de lo que se publicaría, pero ello no obstaba a que, en ciertos casos específicos, se pudiera responsabilizar jurídicamente a quien hubiera hecho la publicación.
Bien vale preguntarse sobre las razones de ese limitado conformismo que entendía garantizada la libertad de expresión con la mera prohibición de la censura previa. Podríamos remontarnos al Siglo XVII, cuando John Milton escribe en Inglaterra Areopaítica . La referencia de este tipo es importante porque, como veremos, uno de los problemas, o mejor dicho el problema al que se enfrentaban quienes querían difundir sus ideas en aquella época era, precisamente, la censura previa. La otra cuestión (la aplicación de sanciones a posteriori), a pesar de que Milton hace alguna referencia en este trabajo, no tenía igual importancia porque el filtro era previo.
Aparentemente, esta obra tuvo problemas para obtener la licencia de publicación, porque el aumento del poder religioso ejercía presiones para publicaciones de este tipo; el enfrentarse a la censura fue lo que provocó que Milton escribiera Areopagítica, como un frontal y abierto ataque contra ella. Esto es lo que motiva a Milton a desarrollar su trabajo: él ataca la censura no porque creyera que era lo único que impedía la libre expresión, sino porque era el mecanismo más usado y común en aquel tiempo.
Tiempo después, en 1662, se instaura la English Licensing Act, que disponía un sistema de otorgamiento de licencias para todas las publicaciones. Esta ley expiró en 1694, creyendo algunos que no fue porque se oponía a la libertad de expresión, sino más bien porque se había llevado a cabo una absurda administración de las licencias.
Tuvo que transcurrir poco menos de un siglo para que se estableciera en Inglaterra el derecho a publicar sin restricciones previas. Existe un pasaje de William Blackstone que es suficientemente demostrativo de lo que se entendía a finales del siglo XVIII como la libertad de prensa; allí explicaba que “[l]a libertad de la prensa es en verdad esencial a la naturaleza de un estado libre; pero ello consiste en no aplicar previa censura a las publicaciones, y no en la libertad de censurar por cuestiones criminales cuando han sido publicadas. Todo hombre libre tiene un indudable derecho de exponer los sentimientos que le plazca ante el público; prohibirle esto, es destruir la libertad de la prensa, pero si lo que publica es impropio, malicioso o ilegal, él debe soportar las consecuencias de su temeridad”.
Nuevamente se pone de manifiesto que el problema que tenían hace trescientos años quienes querían publicar, era, por sobre todas las cosas, la censura que sobre sus expresiones se establecía. Tal era el "enemigo" real y palpable de la libertad de expresión, y contra él se alzaban. La influencia de Blackstone resulta indudable en el mundo anglosajón. Queda claro en el párrafo transcripto que la libertad de prensa se entendía únicamente garantizada con la prohibición de la censura previa; repetimos que razones históricas hacían bastante justificable ello, ya que como vimos la tradición había sido siempre la de establecer restricciones antes de la publicación.
Una demostración de la influencia de este pensamiento hacia fines de 1700 se percibe en el proceso revolucionario norteamericano cuando, a pesar de la promulgación de la Primera Enmienda de la Constitución Estadounidense, en 1798 se sancionó la Sedition Act que prohibía e imponía penas a quienes efectuaran publicaciones falsas, escandalosas y maliciosas contra el Gobierno de los Estados Unidos, el Congreso o el Presidente.
La Sedition Act fue impugnada por alguno de los padres de la unión norteamericana, como Madison y Jefferson, pero aprobada por muchos otros, que siguiendo los lineamientos de Blackstone no veían ningún problema con la libertad de prensa. La sensación en cuanto a que lo único que importaba era la falta de censura previa, los dejaba tranquilos.
Pero llegado a este punto, es importante remarcar, que el pasar de los años fue inclinando el fiel de la balanza hacia lo inconcebible de adoptar medidas después de la publicación en los casos en que lo hacía la Sedition Act.
Se percibe entonces un problema de difícil solución: si se considera beneficioso que el ordenamiento jurídico impida el control previo de una determinada expresión para así garantizar el libre flujo de ideas en el mercado o el descubrimiento de la “verdad”, no se explican los motivos que permitirían que, simultáneamente, se “amenace” con la persecución privada o estatal a quien se pronunció libremente, porque ello genera inhibiciones en las personas que posiblemente conducirían a que las ideas no fluyan libremente ni que se llegue al descubrimiento de la verdad. Como señalamos más adelante, esta evidente contradicción, comienza a ser resuelta en un único sentido: la amenaza de sanción penal es incompatible con la libertad de expresión.
Tal línea de pensamiento tiene en nuestra época un consenso que empieza a ser cada vez más unánime, tanto por la jurisprudencia de las jurisdicciones locales de los Estados, como de los Tribunales internacionales.
En tal sentido, sobre el efecto intimidatorio de las sanciones penales por expresiones, se ha pronunciado, la Corte Suprema de los EE.UU., en los siguientes términos:
“La opinión de la Corte demuestra de manera categórica el efecto desincentivador (chilling effect) de las leyes de Alabama sobre difamación sobre las libertades de la I Enmienda. Los colonizadores no estaban dispuestos —ni debemos estarlo nosotros— a asumir el riesgo de que ‘los hombres que perjudican y oprimen a las personas bajo su administración, y que provocan sus protestas y quejas’ también se hallen facultados para ‘transformar esos mismos reclamos en las bases para nuevas opresiones y persecuciones’ The Trial of John Peter Zenger, 17 Howell's St. Tr. 675, 721-722 (1735) (alegato del abogado defensor frente al jurado). Imponer responsabilidad por comentarios críticos sobre la actuación de funcionarios públicos haría resurgir ‘la obsoleta doctrina que afirma que los gobernados no deben criticar a sus gobernantes’. Cf. Sweeney v. Patterson, 76 U.S. App. D.C. 23, 24, 128 F.2d 457, 458” (New York Times Co. v. Sullivan, 376 US 254, 301 [1964]) .
Una solución paradigmática en la jurisprudencia Argentina fue la decisión de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, cuando resolvió un caso donde se había denunciado que una solicitada que saldría publicada por distintos medios de comunicación, constituiría la figura de apología del delito (“Verbitsky, Horacio s/dcia.”, Sala I, del 10/11/1987). Este tribunal consideró que la garantía del derecho de prensa supone la prohibición de toda forma de restricción o censura sobre el material a publicarse por parte de los poderes de gobierno, y que sólo es posible actuar posteriormente sobre la responsabilidad emergente de la publicación, pudiendo imponerse, incluso, penas en caso de delito.
La Cámara, sobre tales bases, concluyó que, no obstante que los hechos de la causa eran, prima facie, constitutivos del delito de apología del crimen en grado de tentativa, era errónea la decisión del juez de primera instancia y revocó la resolución que ordenó que no fuera publicada la solicitada en cuestión.
En palabras más simples, la Cámara le informó a los autores de la solicitada: “si quieren publicar, publiquen, pero posiblemente después los condenemos a pena de prisión, que es la establecida para la apología del delito”. Éste es el efecto que siempre produce la aplicación de responsabilidades posteriores de carácter penal, efecto que en la doctrina estadounidense ha sido llamado “chilling effect”, o efecto de intimidación. Este efecto lo advirtió la Comisión Europea de Derechos Humanos, cuando en un caso concluyó que “el editor de un periódico puede reclamar ser víctima del art. 10, aun cuando no se le hubiera iniciado ningún acción por difamación contra sus publicaciones, cuando la ley es demasiado vaga y por ello permite el riesgo de una persecución” (“Times Newspaper LTD. vs. United Kingdom”, 5/3/90).
Si, por ejemplo, los periodistas son víctimas de coerciones, persecuciones, de trabas en el ejercicio de su función, de represiones, o de cualquier otra clase de conducta restrictiva, la atmósfera colectiva retrae sobremanera la posibilidad de expresarse. El clima no se vuelve propicio, y la gente prefiere la seguridad de no verse sometida a padecer un probable perjuicio, al desafío de hacer pública una opinión. A quien, de escoger la vía de una expresión audaz, le puede ir “mal”, es difícil que su capacidad de reacción le permita superar la presión del medio hostil. Entonces, calla. No ha habido censura en sentido estricto, pero ha habido coerción.
2. Las sanciones penales son incompatibles con el art. 13 de la Convención
Culmina esta breve síntesis del camino iniciado en pos de una verdadera libertad de expresión, "robusta y desinhibida" para las manifestaciones de crítica de funcionarios, la posición adoptada en el ámbito regional por la Comisión Interamericana cuando entendió que “...las leyes de desacato restringen indirectamente la libertad de expresión porque traen consigo la amenaza de cárcel o multas para quienes insultan u ofenden a un funcionario público... El temor a sanciones penales necesariamente desalienta a los ciudadanos a expresar sus opiniones sobre problemas de interés público, en especial cuando la legislación no distingue entre los hechos y los juicios de valor”.
Sobre el efecto intimidatorio, en forma terminante, también agregó que “...si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica”.
Pero, la CIDH fue más allá cuando entendió que “...la obligación del estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales contra el honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o de respuesta”.
Toda esta línea argumentativa, ha sido recientemente confirmada: nos referimos a la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana durante su 108º período ordinario de sesiones. Ello es explicado por el Relator especial en un comunicado de prensa de manera más que elocuente:
“Asimismo, el Dr. Cantón recuerda lo establecido en los principios 10 y 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, recientemente aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
10. ‘... la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público...’
11. ‘Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información’” (Comunicado de Prensa del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Dr. Santiago A. CANTÓN, PREN/35/00, 22 de noviembre del 2000).
Debe quedar claro que no importa, en este caso concreto, si se trata de la imposición de una pena a título de la figura de “calumnias” “injurias” o de “desacato”. La circunstancia determinante de las conclusiones de los órganos del sistema interamericano para declarar las leyes de “desacato” como leyes contrarias a la Convención consiste en la naturaleza de la sanción penal, esto es, en los efectos que para la libertad de expresión produce una sanción de carácter represivo. Ello queda claro si tenemos en cuenta que:
“... En el hemisferio existen un gran número de leyes que no responden a los estándares internacionales y deben ser reformadas si se quiere contar con un marco legal que promueva y defienda la libertad de expresión e información.
Por ejemplo, en muchos Estados del hemisferio siguen existiendo leyes que consagran la figura del desacato; se sigue utilizando el tipo penal de injurias y calumnias para perseguir judicialmente a periodistas...” (Informe Anual de la CIDH, Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión, vol. III, 2000, p. 20, destacado agregado).
De acuerdo con la opinión del Relator Especial sobre Libertad de Expresión del sistema interamericano:
“Es más, la Comisión observa que contrariamente a la estructura que establecen las leyes de desacato en una sociedad democrática, las personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas —y no menos expuestas— al escrutinio y la crítica del público. La necesidad de que exista un debate abierto y amplio, crucial para una sociedad democrática, debe abarcar necesariamente a las personas que participan en la formulación y la aplicación de la política pública. Dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía deben demostrar mayor tolerancia a la crítica.
La jurisprudencia europea, al igual que la de Estados Unidos, comparte este principio de distinción en el nivel de protección otorgada a la persona pública y privada. En el caso Lingens, la Corte Europea expresó que ‘los límites de la crítica aceptable deben ser más amplios con respecto a un político como tal que con relación a un individuo particular. Ya que el primero expone su persona a un escrutinio abierto de sus palabras y actos tanto por la prensa como por el público en general y, en consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia’.
La primera derivación de este sistema dual de protección es la necesidad de revisar las leyes de desacato para adecuarlas al artículo 13 de la Convención Americana. Al respecto la Comisión señaló que ‘en conclusión, la Comisión entiende que el uso de tales poderes para limitar la libertad de expresión de ideas se presta al abuso, como medida para acallar ideas y opiniones impopulares, con lo cual se restringe un debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas. Las leyes que penalizan la expresión de ideas que no incitan a la violencia anárquica son incompatibles con la libertad de expresión y pensamiento consagrada en el artículo 13 y con el propósito fundamental de la Convención Americana de proteger y garantizar la forma pluralista y democrática de vida’” (Informe Anual de la CIDH, Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión, vol. III, 2000, p. 15, destacado agregado).
Más allá de las consideraciones anteriores —que ponen de manifiesto que, de acuerdo con la doctrina pacífica de los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la única circunstancia relevante consiste en el “chilling effect” producido por la eventual aplicación de sanciones penales a quienes hacen ejercicio del derecho a la libertad de expresión—, lo cierto es que, también para los tribunales del Estado Argentino, existe una estrecha asimilación entre la figura de calumnias y la figura —hoy derogada— del delito de desacato. En este sentido, se puede leer en la sentencia de primera instancia del tribunal que condenara inicialmente al Sr. Eduardo KIMEL.
“... si bien la imputación deshonrosa hecha a un Magistrado con motivo u ocasión de sus funciones, constituiría Desacato en los términos del art. 244 del código de Fondo, hoy derogado, la específica imputación de un delito de acción pública, configura siempre calumnia” (sentencia condenatoria de primera instancia del 25 de noviembre de 1995, foja 272 vuelta, destacado agregado).
Independientemente del incorrecto uso de las mayúsculas por parte del tribunal de primera instancia , lo cierto es que éste pone en evidencia —de manera indiscutible— que la imputación formulada contra el Sr. Eduardo KIMEL, de no haber sido derogado el delito de desacato, resultaría típica de esta figura delictiva. Ello implica, al menos, dos conclusiones: a) de haber estado vigente el tipo penal de desacato, el Sr. Eduardo KIMEL podría haber sido condenado por ese delito; y b) en este caso concreto, la derogación de la figura del desacato no produjo consecuencia alguna respecto de la posibilidad jurídica de imponer una sanción penal al Sr. Eduardo KIMEL.
En síntesis, de la lectura del fallo citado —sentencia de primera instancia— y de las decisiones judiciales posteriores, que serán analizadas más adelante, surge de modo manifiesto el absoluto desprecio de los tribunales del Estado denunciado por respetar los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
En efecto, en ninguno de los fallos que han dado motivo a esta petición —sentencia de primera instancia del 25/11/95; sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 22/12/98; y sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal del 17/03/99— se ha discutido la adecuación de las decisiones adoptadas en los pronunciamientos de esos tres tribunales con las exigencias impuestas por el texto de la Convención Americana, como tampoco respecto de la doctrina y jurisprudencia de los órganos de protección del sistema interamericano.
Esta circunstancia llama mucho más la atención en un caso en el cual, como en éste, la defensa articuló gran parte de su estrategia sobre la doctrina aplicable a la libertad de expresión desarrollada en el ámbito interamericano. Así, por ejemplo, es posible advertir las numerosas referencias y solicitudes de aplicación de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, por parte de la defensa, durante todo el proceso (ver, por ej., la p. 6, y las ps. 16 y ss. de la expresión de agravios del recurso de la defensa contra la sentencia condenatoria de primera instancia, presentada el 5/2/96, y que se acompaña como anexo).
Así, por ejemplo, en el voto de Alfredo BARBAROSCH —sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal del 17/03/99—, no se hace mención alguna a esta cuestión, como tampoco a los derechos garantizados en la Convención Americana ni a las obligaciones internacionales del Estado Argentino. El voto de su colega Carlos GEROME, que adhiere al anterior, sólo agrega una breve mención a la libertad de expresión de nuestro texto constitucional, propone una errónea aplicación de la doctrina de la “real malicia” de la Corte Suprema de Estados Unidos, dejando de lado, por supuesto, que la calumnia, en nuestro derecho, es un delito doloso.
Tampoco en el voto mayoritario de la sentencia de la Corte Suprema, redactado por los ministros NAZARENO, MOLINÉ O’CONNOR, LÓPEZ y VÁZQUEZ el 22/12/98 —que revoca la resolución absolutoria dictada por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal— se dice una sola palabra sobre este problema. Resulta absolutamente injustificable que el más alto tribunal penal de este país no conozca —o no tenga en cuenta— la doctrina establecida por los órganos del sistema internacional de protección que, según sus propios precedentes, deben ser utilizados como guía de interpretación por los tribunales locales .
En definitiva, la doctrina actual tiene sentido pues, si se considera beneficioso que el ordenamiento jurídico impida el control previo de una determinada expresión, para así garantizar el libre flujo de ideas en el mercado o el descubrimiento de la “verdad”, no se explican los motivos que permitirían que, simultáneamente, se “amenace” con la persecución —privada (calumnias e injurias) o estatal (desacato)— a quien se pronunció libremente, porque ello genera inhibiciones en las personas, que posiblemente conducirían a que las ideas no fluyan libremente ni se llegue al descubrimiento de la verdad.
Es por ello que en el ámbito regional se han establecido fórmulas como la que prescribe el art. 13, nº 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: censura previa nunca, responsabilidades ulteriores, sólo en ciertos casos y bajo ciertas condiciones. La solución del instrumento citado ha sido determinada teniendo en cuenta los efectos que se pueden producir por la implementación de responsabilidades posteriores a la expresión, que, en algunos casos, pueden equipararse con los mismos efectos que provoca la implementación de mecanismos de censura previa. De allí el rechazo a la posibilidad de imponer responsabilidades ulteriores de carácter penal. En otras palabras, las sanciones penales, por su indudable efecto inhibidor son violatorias de la Convención.
3. Las expresiones de crítica a funcionarios públicos en el ámbito del art. 13 de la Convención Americana
I. El segundo aspecto problemático del caso judicial que culminó con la condena del periodista Eduardo KIMEL se vincula con la absoluta ausencia de toda consideración respecto del carácter de funcionario estatal cuyo desempeño funcional cuestionara el peticionario y, por ende, del análisis del estándar de protección restringido aplicable a quienes se ocupan de los asuntos del Estado.
En las tres resoluciones condenatorias, no se hace mención alguna a esta circunstancia, especialmente relevante tanto según la doctrina jurisprudencial del Estado denunciado como también de la doctrina del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Esta “omisión” llama poderosamente la atención, especialmente si tenemos en cuenta el profuso desarrollo teórico y jurisprudencial sobre el tema.
Ya en su tiempo, autores como JEFFERSON y MADISON entendieron que la aplicación de sanciones penales ulterior a una publicación referida a asuntos de crítica al gobierno contrariaban el espíritu del derecho a la libertad de expresión. En este sentido, la jurisprudencia de los tribunales locales ha sostenido:
“La actividad política somete a sus integrantes a aceptar juicios que, en abstracto y en el más puro examen, agravian el honor e, impulsado el aparato judicial, son seguramente merecedores de reproche penal. Sin embargo, al considerar que sus destinatarios son figuras políticas públicas, la entidad y gravedad de las manifestaciones, que lesionan el honor (considerado desde el punto de vista subjetivo) deben poseer mayor aptitud ofensiva que para el resto de los ciudadanos” (Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, in re “Eduardo Menem, s/querella”, causa nº 9.373, sentencia del 8/11/93, voto del juez LURASCHI).
“Ello así, pues desde el punto de vista del honor subjetivo, quien desarrolla una actividad política que implica constante confrontación con adversarios, asume una posición que necesariamente lo expone a la crítica, por lo que debe encontrarse subjetivamente más preparado que el hombre común para proteger su sensibilidad de los ataques; en tanto que desde el ángulo del honor objetivo los terceros que toman conocimiento de esas expresiones no pueden pasar por alto las circunstancias que vician su ecuanimidad” (ibídem; voto del juez CATTANI).
“… la comunidad en que el hombre público vive integrado sabe que esos ataques previsibles están, muchas veces, inspirados, o al menos potenciados, no por una serena apreciación de las cualidades de la persona a la que van dirigidas o de las virtudes de sus actos, sino por la rivalidad política, partidista o grupal y, en consecuencia su posible efecto sobre el concepto de la víctima disminuye, al haber disminuido también la confiabilidad respecto del carácter objetivo de la crítica” (Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, in re “Galván, Raúl A. s/querella por calumnias e injurias c/Julio Ramos”, reg. nº 5.398, sentencia del 20/3/87).
II. A mayor abundamiento, en el caso de manifestaciones contra funcionarios públicos, desde hace años, los tribunales entienden que, si bien es cierto que los funcionarios públicos tienen honor jurídicamente protegido, no lo es menos que su propia exposición en los asuntos públicos hace que, para ser punible, la intensidad de la lesión deba ser mayor que la cometida contra cualquier particular o persona ajena a la exposición pública.
En la doctrina y jurisprudencia del sistema interamericano y, también, del sistema europeo, la libertad de expresión es vista como una condición necesaria para la existencia de un debate público sobre asuntos políticos o de interés general, debate que es esencial para la existencia misma de la sociedad democrática. Por lo tanto, el nivel de protección del derecho dependerá en forma directamente proporcional a la vinculación que el caso tenga con el debate de asuntos de interés público.
Es así que aquellas expresiones referidas a temas esencialmente políticos recibirán un nivel de protección muy importante, como consecuencia directa de su contenido . Circunstancias adicionales pueden ser también tomadas en cuenta a fin de dar mayor protección al derecho a la libertad de expresión, en tanto aumentan la relación entre las expresiones cuestionadas y el debate democrático. Así, se ha hecho mérito de circunstancias tales como que las críticas sean referidas directamente al gobierno:
“Los límites de la crítica admisible son más amplios en relación al gobierno que a un simple particular, e incluso que a un político. En un sistema democrático sus acciones u omisiones deben estar situadas bajo el control atento no sólo de los poderes legislativo y judicial, sino también de la prensa y de la opinión pública. Además, la posición dominante que ocupa le exige mostrar moderación en el recurso a la vía penal…” (Corte Europea de Derechos Humanos, Caso “Castells”, Sentencia del 23 de abril de 1992, párr. 46, en AA.VV., Libertad de prensa y derecho penal, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1997).
“… los límites de la crítica permitida son más amplios en relación a un político considerado como tal que cuando se trata de un mero particular: el primero, a diferencia del segundo, se expone, inevitable y deliberadamente, a una fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por los periodistas como por la multitud de ciudadanos, y por ello tiene que mostrarse más tolerante” (Corte Europea de Derechos Humanos, Caso “Lingens”, sentencia de 8 de julio de 1986, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Jurisprudencia 1984-1987, Cortes Generales, Madrid, 1981, p. 125, párr. 42).
III. El mismo criterio orienta el Informe sobre leyes de desacato elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“… una ley que ataque el discurso que se considera crítico de la administración pública en la persona del individuo objeto de esa expresión afecta a la esencia misma y al contenido de la libertad de expresión” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 1994, OEA/ Ser.L/V/II.88, Doc. 9 rev., 17 de febrero de 1995, ps. 218/219).
“… en una sociedad democrática, las personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas —y no menos expuestas— al escrutinio y la crítica del público… Dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, deben demostrar mayor tolerancia a la crítica” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cit., p. 222).
Si se acepta que el honor individual de los funcionarios públicos por actos propios de su función requiere una actitud lesiva de mayor intensidad que para el resto de los ciudadanos, es porque, implícitamente, se acepta que la crítica política de sus actos es valorativamente más importante que la protección del interés individual. Es por ello que se afirma que, bajo circunstancias diferentes, el alcance de la protección del honor varía. Así, se señala que, a diferencia del supuesto anterior, la libertad de expresión y de información cederán siempre frente al derecho al honor cuando se trate de acciones privadas del afectado que carezcan de vinculación con los asuntos de Estado, con el interés público o con las cuestiones propias de la comunidad social (cf. BACIGALUPO, Enrique, Colisión de derechos fundamentales y justificación en el delito de injuria, p. 94). De este presupuesto parte, por ejemplo, la doctrina del sistema europeo. En el caso “Handyside v. UK”, sentencia de 26/4/76, el Tribunal Europeo sostuvo:
“La libertad de expresión es uno de los fundamentos esenciales de tal sociedad, una de las condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de los hombres. Al amparo del art. 10.2 es válido no sólo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una ‘sociedad democrática’. Esto significa que toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue” (destacado agregado).
En conclusión, de todos los precedentes europeos se deduce claramente que, a pesar del peligro que encierra la publicación de duras críticas, por cuanto puede dañar injustificadamente el honor de las personas involucradas, el Tribunal Europeo se ha inclinado favorablemente hacia la protección irrestricta del derecho a la libertad de expresión cuando se trata de materias que hacen a la crítica de los asuntos públicos.
En este sentido, la existencia de interés público en el tema tratado en el libro escrito por el periodista Eduardo KIMEL resulta indiscutible. Es importante destacar que los precedentes europeos derivan de un texto convencional que no garantiza la libertad de expresión con la amplitud propia del texto de la Convención Americana. En este aspecto, ha dicho la Corte Interamericana:
“El análisis anterior del artículo 13 evidencia el altísimo valor que la Convención da a la libertad de expresión. La comparación entre el art. 13 y las disposiciones relevantes de la Convención Europea (art. 10) y del Pacto (art. 19) demuestran claramente que las garantías de la libertad de expresión contenidas en la Convención Americana fueron diseñadas para ser las más generosas y para reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de las ideas” [Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, párr. 50].
IV. También la Corte Suprema estadounidense se ha preocupado por el tema, en el precedente que, de modo paradójico, cita la Corte argentina. Esto es lo que claramente expuso el juez BLACK de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, acompañado por DOUGLAS, en su opinión concurrente en el caso “New York Times Co. v. Sullivan”. En esa decisión, se señalaba que:
“[e]n Alabama hay 11 juicios por difamación pendientes, promovidos por funcionarios municipales y estatales contra el Times en los que se reclama un total de u$s 5.600.000, y 5 juicios similares contra la Columbia Broadcasting System que reclaman un total de u$s 1.700.000. Por otra parte, esa técnica para hostigar y castigar a una prensa libre no se limita a casos con implicaciones raciales, sino que puede usarse en otros campos donde los sentimientos públicos puedan convertir a los diarios locales o de otros estados en fácil presa de los buscadores de condena por difamación.
En mi opinión, la Constitución ha tratado esta amenaza mortal contra la prensa de la única manera posible para no dejarla desamparada frente a la destrucción: concediendo a la prensa una inmunidad absoluta para las críticas acerca de cómo los funcionarios cumplen con sus deberes públicos. Las medidas parciales como las que adopta la mayoría, son a mi juicio insuficientes” (376 US 254, 295).
Como vemos, el juez BLACK hace una clara y expresa mención a los medios de hostigamiento de la prensa y uno de esos medios es, precisamente, la posibilidad de la persecución judicial.
4. Los fundamentos de las decisiones condenatorias
4. A. La incompatibilidad de las sanciones penales con la Convención
I. Ninguna de las tres resoluciones condenatorias se ocupa de los temas más importantes planteados por la defensa que, según los criterios de la jurisprudencia internacional, deben ser considerados en casos como éste. En primer lugar, resulta obvio y evidente que de la lectura de las tres resoluciones condenatorias —sentencia de primera instancia del 25/11/95; sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 22/12/98; y sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal del 17/03/99— surge la omisión de tratar la incompatibilidad de las sanciones penales en casos como el que aquí denunciamos.
Ello significa que el tribunal que finalmente impuso la sentencia condenatoria ni siquiera consideró los numerosos antecedentes jurisprudenciales del sistema interamericano, ni los informes del Relator Especial para la Libertad de Expresión, ni la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y, lo que llama aún mas la atención, los actos del propio Gobierno denunciado que fueron puestos en conocimiento de la Comisión y que, sin lugar a dudas, implican un reconocimiento expreso acerca de la incompatibilidad de las sanciones penales —previstas para los casos de calumnias e injurias en el Código Penal argentino— con las exigencias de la Convención Americana.
“El presente proyecto de ley tiene como objetivo ajustar las disposiciones de los Códigos Civil y Penal de la Nación referidas a los delitos de injuria y calumnia, a los principios de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional en punto a la protección del derecho a la libre expresión. Ello en el marco de la solución amistosa a la que se ha comprometido a arribar el Estado Argentino con la Asociación Periodistas en la audiencia realizada el 1 de octubre de 1999, en el caso 12.128, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH).
En cuanto a la esfera penal, el proyecto opta por excluir de la misma a los casos que surjan por el ejercicio de la libertad de crítica. A tal efecto, suprime el actual art. 111 del Código Penal, incompatible con los principios constitucionales en la materia y lo sustituye por un nuevo texto que establece la no punibilidad de las informaciones, juicios de valor y expresiones humorísticas difundidas por los medios de comunicación sobre hechos de interés público referidos a funcionarios o personas equiparadas.
Ello permitirá colaborar con la solución amistosa a la que se ha comprometido a llegar el Gobierno Nacional, e impedirá que nuestra República incurra en responsabilidad internacional por inobservancia de los mandatos asumidos al suscribir los tratados internacionales de derechos humanos, conforme lo ha señalado nuestra CSJN (Fallos 315:1492).
El presente proyecto, entonces, se presenta con la conciencia de que como legisladores del Estado Argentino tenemos el deber de ‘garantizar’ el libre y pleno ejercicio de los derechos consagrados en las convenciones de Derechos Humanos constitucionalizadas, con el sentido de que ‘garantizar implica el deber del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce’ (Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos n° 11/90, del 10 de agosto de 1990 – “Excepciones al agotamiento de los recursos internos”; Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso “Giroldi”, sentencia del 7 de abril de 1995)...” (Fundamentos, Proyecto de ley para ajustar las disposiciones de los Códigos Civil y Penal de la República Argentina referidas a los delitos de injuria y calumnia, destacado agregado).
Ello significa que, a raíz de casos anteriores denunciados ante la CIDH, el Estado Argentino ya ha admitido de manera expresa la incompatibilidad de la actual regulación vigente en materia de calumnias e injurias con el sistema de protección de derechos establecido en la Convención. Sin embargo, ninguno de los tribunales intervinientes se hizo cargo de la falta de legitimidad de la sanción penal en este caso concreto.
II. En la sentencia de primera instancia del 25/11/95 —a la que remite de manera expresa respecto a la determinación de los hechos de la sentencia condenatoria definitiva de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal del 17/03/99— se deja en claro que se condena al Sr. Eduardo KIMEL por sus opiniones.
Así, se afirma en esa primera sentencia, entre otras cosas, lo siguiente:
“El interrogante, como tal, no puede implicar una imputación concreta, sino una mera valoración perfectamente subjetiva —y librada al subjetivismo también del lector—, por parte del autor, de una no menos subjetiva apreciación del valor probatorio de los elementos de juicio, incorporados al proceso, por parte del Dr. Rivarola. Trátase, en fin, de una crítica con opinión, a la actuación de un Magistrado, frente a un proceso determinado” (sentencia de primera instancia del 25/11/95, foja 271, destacado agregado).
“[La versión de Kimel]... no pasa de ser una apreciación apasionada y distorsionada de una actuación judicial, formulada, además, por quien carece de idoneidad para ello. Trátase de un juicio de valor, elaborado sobre otro juicio de valor” (sentencia de primera instancia del 25/11/95, foja 278, destacado agregado).
“Crítica y opiniones que, en lo pertinente, alcanzan en forma precisa y determinada, la gestión del Dr. Rivarola, respecto del cual, efectúa, en realidad, para expresarnos con propiedad, juicios de ‘disvalor’” (sentencia de primera instancia del 25/11/95, foja 278 y 278 vuelta, destacado agregado).
Por último, el tribunal de primera instancia concluye:
“... para irrumpir en el terreno de la innecesaria y sobreabundante crítica y opinión descalificante y peyorativa, respecto de la labor de un Magistrado, que en nada contribuye a la función informativa, a la formación social o a la difusión cultural y tanto menos, el esclarecimiento de los hechos o de la conciencia social” (sentencia de primera instancia del 25/11/95, foja 278 vuelta, destacado agregado).
Es evidente, entonces, que el Sr. Eduardo KIMEL fue condenado por emitir opiniones críticas sobre la actuación funcional de un órgano del gobierno.
“... las ideas y opiniones no son verdaderas ni falsas, son el concepto que alguien expresa de un suceso persona y, como tales, están en el corazón mismo de la garantía constitucional y, por ende, no deben ser sancionadas. Lo cuestionable son las manifestaciones de hecho. La aserción de hechos falsos es lo que se sanciona. Pero frente a ellos existe otra salvaguarda, y es que una manifestación errónea es inevitable en el debate libre y debe ser protegida para que exista el margen de respiro (‘the breathing space’)... “CATUCCI, Silvina G., Libertad de prensa. Calumnias e injurias, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1997, p. 76
4. B. El nivel de protección del funcionario público
I. Un segundo tema de crucial importancia para resolver el fondo de la acusación presentada y mantenida por el supuesto agraviado, en su condición de agente del Estado que se desempeñaba en la función judicial, consistía, como ya lo hemos señalado, en el nivel reducido de protección del honor que se reconoce a quien desempeña la función pública. También esta circunstancia fue señalada por la defensa del Sr. Eduardo KIMEL. Sin embargo, los tribunales locales no se molestaron, siquiera, en contestar la línea argumental de la defensa.
En primer lugar, el pronunciamiento más absurdo —que, por lo demás, resulta absolutamente opuesto a la pacífica doctrina y jurisprudencia nacional e internacional— se puede leer en la sentencia de primera instancia. Allí se afirma que el acusador privado había satisfecho los requisitos formales para reclamar la reparación civil en el proceso penal y que, además, demostró los daños que reclamaba:
“En cuanto al resarcimiento por el daño moral, oportunamente peticionado por el querellante, corresponde hacer lugar al mismo, en la medida que la presentación de la querella satisface los requerimientos de la demanda civil, tanto en orden al derecho invocado, como a las formalidades cumplidas y la prueba de la intensidad del daño, en función de la carrera y actual posición que el Dr. Rivarola ocupa dentro de la Justicia Nacional...” (sentencia de primera instancia del 25/9/95, considerando séptimo, foja 284, destacado agregado).
Si bien la supuesta “intensidad del daño”, en este contexto, fue utilizada por el tribunal de primera instancia para graduar la reparación civil, resulta obvio que, antes de poder afirmar que existe un daño reparable civilmente, tal daño debe afectar el honor del funcionario en una medida que torne ilícita esa afectación como para quedar abarcado por la protección del derecho penal, esto es, para que la conducta del imputado resulte típica. Dado que la sanción penal sólo puede aplicarse frente a lesiones al honor de cierta magnitud, resulta evidente que la afirmación transcripta no sólo funda la decisión sobre la reparación civil sino, además y especialmente, la decisión condenatoria.
II. Ello pues, como se sostiene en esa resolución, se consideró que el Sr. Eduardo KIMEL “se excedió de los límites propios del derecho de prensa o información, sin importar la seriedad o trayectoria del comentarista” (sentencia de primera instancia del 25/9/95, considerando tercero, foja 283). Lo cierto es que el tribunal de primera instancia aplicó un criterio que —de manera absolutamente errónea y arbitraria— privilegió el valor del honor del acusador privado, precisamente, por su carácter de funcionario estatal.
Sólo en este contexto resulta comprensible que el tribunal haya otorgado la suma máxima de reparación civil solicitada por el funcionario judicial devenido acusador en el caso contra el periodista, pues, como también se reconoce de manera expresa, el daño concreto —que sólo podía derivar de la difusión efectiva de la obra— no fue probado en el proceso:
“Corresponde, asimismo, hacer lugar a la petición, en la medida del agravio sufrido por la difusión alcanzada por las ofensas, infligidas a través de un libro, cuyo tiraje o edición mínima no ha sido acreditado en autos y atendiendo especialmente a la gravedad de las ofensas, más que a la multiplicidad de ejemplares puestos en circulación, adquiridos o no” (sentencia de primera instancia del 25/9/95, considerando séptimo, fojas 284 y 284 vuelta, destacado agregado).
III. Si pudiera quedar alguna duda de la falta de diferenciación entre el grado de protección del honor de los funcionarios públicos y de los particulares, también encontramos en la misma resolución argumentos adicionales. Ello pues al decidir de manera específica la cuestión de la responsabilidad penal del peticionario, el tribunal de primera instancia afirmó:
“Y en el caso que nos ocupa, no puede sostenerse que pueda existir, como lo pretende la defensa, una colisión entre el derecho a informar y la dignidad de un Magistrado, toda vez que el derecho a informar, como el honor de todos y cada uno de los habitantes de la República, gozan de idéntica garantía constitucional” (sentencia de primera instancia del 25/9/95, considerando segundo, foja 280 vuelta, destacado agregado).
Como se puede apreciar, el tribunal ni siquiera parece estar enterado de la doctrina y jurisprudencia local e internacional referidas a las diferencias en el grado de protección del honor de las personas públicas en relación con los particulares.
En este punto, resulta de vital importancia señalar que la sentencia condenatoria que pasó en autoridad de cosa juzgada —sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, del 17/03/99—, remite de manera expresa a la valoración de los elementos de prueba llevada a cabo por el tribunal de primera instancia y, por ende, a las conclusiones fácticas de dicho tribunal:
“En cuanto a las probanzas colectadas en el sumario se encuentran correctamente reseñadas en la sentencia por la juez de primera instancia, y a ellas me remito a fin de evitar innecesarias reiteraciones” (sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, del 17/03/99, foja 468 vuelta).
Por este motivo, la Sala IV, al dictar la sentencia condenatoria definitiva, dispuso:
“En cuanto a la sanción a imponer, teniendo en cuenta los datos consignados en el considerando quinto de la sentencia de primera instancia, estimo que la misma no debe variar, pese al cambio de calificación efectuado.
Igual criterio adoptaré respecto del daño moral, por lo que prestaré aquiescencia al monto impuesto por la Juez a quo" (sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, del 17/03/99, foja 469).
IV. Parece difícil de entender que, en un caso como éste, la Corte Suprema no haya dedicado ni siquiera un solo párrafo en la decisión que revoca la absolución del Sr. Eduardo KIMEL al tratamiento del carácter de funcionario público del acusador RIVAROLA. Dejando de lado sus propios precedentes —tanto en lo que se refiere a la obligación de los tribunales locales de aplicar la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección, como también en lo que se vincula con el fondo de este caso—, dictó una resolución manifiestamente contraria a las obligaciones internacionales del Estado Argentino.
Es necesario destacar que la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina distingue entre el nivel de protección del honor de funcionarios y el de los particulares:
“La protección del honor de personalidades públicas debe ser atenuada cuando se discuten temas de interés público, en comparación con la que se brinda a los simples particulares” (CSJN, caso “Triacca, Alberto Jorge c/Diarios La Razón y otros s/daños y perjuicios, del 26/10/93).
En el caso “Moreno y Timerman”, del 30/10/67, el Procurador General expresó lo siguiente, y su posición fue coincidente con la del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
“Las críticas efectuadas por medio de la prensa al desempeño de las funciones públicas, aun cuando se encuentren formuladas con tono agresivo, con vehemencia excesiva, con dureza o causticidad, apelando a expresiones irritantes, ásperas u hostiles, y siempre que se mantengan dentro de los límites de la buena fe aunque puedan originar desprestigio y menoscabo para el funcionario de cuyo desempeño se trate, no deben ser sancionadas penalmente como injuriosas...” (“Moreno y Timerman”, del 30/10/67, citado por CATUCCI, Libertad de prensa. Calumnias e injurias, cit., p. 73).
Y los tribunales, como órganos de uno de los tres poderes del Estado, realizan “actos de gobierno” tan expuestos a la crítica de los gobernados como los del resto de los poderes públicos. Es por ello que se afirma:
“En una sociedad pluralista, las decisiones políticas se discuten y es lícito manifestar el disenso con las mismas. Por otra parte si ‘delito’ es lo que por decisión política se entiende que debe ser, y si, además, toda decisión judicial —sentencia— es un acto político (en el sentido de «acto de gobierno»), resulta claro que la apología del delito y del delincuente es una opinión política que, como tal, no puede ser coartada” (ZAFFARONI, Eugenio R., Las limitaciones a la libertad de prensa utilizando el poder punitivo formal en América Latina, en AA.VV., Justicia penal y libertad de prensa, Ed. ILANUD, San José, 1993, t. II, p. 11).
La ausencia de toda consideración de este tema es más llamativa aún si se tiene en cuenta que desde el inicio del caso, la defensa destacó especialmente dos cuestiones: a) la necesidad de que los tribunales locales apliquen los criterios firmemente establecidos por el desarrollo de la jurisprudencia internacional; y b) se trataba de crítica política dirigida, entre otros, a quien se desempeñaba como miembro del poder judicial, por su actuación funcional en un caso de indiscutible interés público.
V. En el caso de la sentencia condenatoria definitiva de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, del 17/03/99, de los dos votos pronunciados, en el primero de ellos —BARBAROSCH—, no se hace mención alguna, como en el fallo de la Corte Suprema, a los planteos de la defensa.
En el segundo voto, de Carlos GEROME, sí existe una breve mención a esos planteos. Sin embargo, lejos de refutarlos, el juez sólo formula una serie de afirmaciones dogmáticas y, lo que es peor aún, deriva conclusiones e inferencias determinantes de un hecho que es absolutamente falso. En efecto, GEROME escribió:
"Esa intencionalidad se patentiza aún más, en la circunstancia de callar los pedidos de cierre provisorio de la investigación propiciados por el fiscal actuante, Dr. Julio César Strassera..." (sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, del 17/03/99).
De este modo, el juez infiere el dolo de calumnias de KIMEL del hecho que, según sus afirmaciones, “calló” sobre la circunstancia de que el fiscal había solicitado la clausura del caso antes que el actual acusador Rivarola dictara el sobreseimiento. En primer lugar, no se comprende demasiado cuál puede ser la relación entre el hecho de que el fiscal haya solicitado la clausura del caso y la calidad de la investigación llevada a cabo por Rivarola. Pero lo que es mucho más importante es que es absolutamente falsa la afirmación de que KIMEL omitió informar sobre los pedidos de sobreseimiento del fiscal Strassera.
Si el tribunal se hubiera tomado el trabajo de leer dos páginas más del libro, o los escritos de la defensa —ver escrito de expresión de agravios en el trámite del recurso de apelación presentada por la defensa contra la sentencia de primera instancia, p. 5—, habría advertido que KIMEL sí informó sobre los pedidos del fiscal. En el escrito mencionado se lee:
El 25 de mayo de 1977 el fiscal Federal Julio César Strassera propuso al juez Rivarola el sobreseimiento provisorio de la causa de los Palotinos. ‘Las nuevas diligencia practicadas con posterioridad al dictamen de fs. 280 no han hecho variar la situación procesal allí considerada. En consecuencia reproduzco el aludido dictamen’, insistió en una nota del 1 de julio de 1977... El 7 de octubre de 1977, tres meses después de la solicitud del fiscal, el juez Rivarola dispuso la aplicación del sobreseimiento...”.
Después de leer esa parte del libro, resulta evidente que no se puede afirmar que KIMEL “omitió” de mala fe informar sobre los pedidos de sobreseimiento del fiscal Strassera. Este ejemplo demuestra cómo se hizo caso omiso de los planteos de la defensa. La mayoría de los jueces que resolvieron en sentido incriminatorio ni siquiera hicieron mención a la exigencia de respetar las garantías constitucionales y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino.
Por lo demás, quienes, como GEROME, mencionan los planteos de la defensa, se limitan a hacer afirmaciones dogmáticas, carentes de todo fundamento racional y, también, a afirmar falsedades en las cuales se funda uno de los requisitos indispensables para poder sancionar penalmente a Eduardo KIMEL.
Respecto a la actuación de los tribunales locales en este caso, resultan aplicables las palabras de BELLUSCIO:
“La censura previa o el control estatal sobre la prensa no sólo pierden ese carácter por razón de ser ejercidos por órganos jurisdiccionales, sino que resultan mucho más graves al provenir de un tribunal judicial” (CSJN, caso “Servini de Cubría, M. s/amparo”, del 8/9/92, voto de BELLUSCIO).
VI. LA FALTA DE IMPARCIALIDAD DEL JUZGADOR. LA VIOLACIÓN AL ART. 8 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.
1. La sentencia definitiva
I. A los efectos del cómputo del plazo de seis meses establecido en el art. 46, nº 1, b, de la Convención, dentro del cual el peticionario tiene derecho a presentar su denuncia, se debe tomar en cuenta la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —notificada el 19 de septiembre del 2000—, que rechazó el recurso presentado por la defensa de Eduardo KIMEL. Sin embargo, dado que dicha resolución no fuera fundada, debemos atenernos, para determinar las violaciones a los derechos garantizados por la Convención aquí denunciados, al contenido de la sentencia dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal el 17 de marzo de 1999. Ello pues es en esa resolución judicial donde se desarrollan los “fundamentos” que permitieron arribar a la solución de fondo en este caso concreto.
La sentencia de la Sala IV consta de dos votos. El primero de ellos, redactado por Alfredo BARBAROSCH, afirma, sintéticamente, los siguientes conceptos:
• La decisión debe atenerse “a la línea argumental trazada por la Corte...” (foja 468, destacado agregado).
• Las cuestiones probatorias se consideraron “correctamente reseñadas en la sentencia por la juez de primera instancia y a ellas me remito a fin de evitar innecesarias reiteraciones” (foja 468 vuelta, destacado agregado).
De este modo, queda claro que tanto la “línea argumental” de la Corte Suprema en la decisión que revoca la sentencia absolutoria del periodista Eduardo KIMEL, como la valoración de las pruebas y la determinación de los hechos que surge de la sentencia condenatoria dictada por la jueza de primera instancia, integran la última resolución judicial que resolvió los aspectos de fondo del caso penal iniciado por Rivarola contra Eduardo KIMEL.
II. Como veremos, estas tres resoluciones judiciales —pero mucho más la última de ellas, esto es, la sentencia condenatoria de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal del 17 de marzo de 1999— están plagadas de consideraciones que ponen de manifiesto la absoluta ausencia de imparcialidad con la cual los tribunales intervinientes dictaron resoluciones en las que en ningún momento se tuvo en cuenta el carácter de funcionario público a que aludían las expresiones en cuestión, sino donde más bien se adoptó una actitud evidentemente impropia de todo magistrado, una actitud que sin lugar a dudas afectó el derecho de Eduardo KIMEL a ser juzgado por un tribunal imparcial. .
Por supuesto, la ausencia de imparcialidad no ha sido declamada de manera explícita —con la excepción del voto de Carlos GEROME—. Sin embargo, la única manera de comprender el contenido de cada una de estas resoluciones se vincula al hecho de que los colegas del acusador Rivarola reaccionaron, antes que como jueces independientes e imparciales, de manera corporativa, frente a lo que consideraron una crítica a un miembro de la corporación judicial.
Esta actitud de los tribunales que resolvieron la acusación presentada por uno de sus colegas contra el Sr. Eduardo KIMEL implica, en consecuencia, la violación del derecho garantizado en el art. 8, nº 1, de la Convención Americana, cuyo texto dispone:
2. La falta de imparcialidad confesada
I. En la sentencia dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal el 17 de marzo de 1999 se formulan afirmaciones que ponen en evidencia la absoluta falta de imparcialidad del juzgador.
En el voto de Carlos GEROME —uno de los miembros de la Sala IV— se puede leer, respecto de los dichos del periodista KIMEL que, en este punto, no se referían a la actuación de RIVAROLA en la investigación, pues sólo se hacía mención al hecho de que el entorpecimiento de toda la investigación derivaba de la circunstancia de que la orden para la comisión del delito “había partido de la entraña del poder militar”:
“Amén de resultarme en lo personal injusta tal apreciación, me corresponde como Juez evaluar, siguiendo la doctrina de la real malicia, si el periodista intentó usar el ropaje de la libertad de prensa, para agraviar con intencionalidad al magistrado...” (foja 470 vuelta, destacado agregado).
Como se puede apreciar a simple vista, en la primera de las afirmaciones transcriptas el juez adelanta opinión antes de analizar la eventual ilicitud de la conducta de KIMEL. Ello pues, excediendo el ámbito de su jurisdicción, se dedica a expresar sus opiniones de índole personal y, además, la injusticia que, de acuerdo con estas opiniones, se habría cometido.
La afirmación de GEROME presenta dos gravísimos problemas. En primer lugar, como funcionario estatal en ejercicio de los poderes que le han sido confiados, el juez mencionado debería saber que nadie le paga la retribución que recibe de los contribuyentes para expresar sus opiniones de índole personal, mucho menos si, como en este caso, la expresión de esas opiniones impiden que el juzgador intervenga con total imparcialidad en la decisión del caso. A nadie le interesa —y en nada ayuda al desempeño de su función— lo justa o injusta que las apreciaciones del Sr. Eduardo KIMEL le puedan parecer al juez cuando éste se halla desempeñando sus funciones. La única tarea que debía realizar el juez consistía en determinar si las apreciaciones del Sr. KIMEL constituían o no un hecho punible.
En segundo término, la afirmación de uno de los integrantes de la Sala IV representa, claramente, un adelanto de opinión que, además, no está fundado en el derecho vigente sino, como el mismo juez lo reconoce abiertamente, en sus opiniones personales. Hasta tal punto su opinión personal afecta su juicio que, al definir la tarea que debe realizar, utiliza términos que reafirman su parcialidad.
En efecto, el juez GEROME no describe su tarea de manera neutra sino que, por el contrario, califica de antemano la conducta de KIMEL. Así, no sostiene, por ejemplo, que debe determinar si las afirmaciones del periodista constituyen el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, o bien un hecho típico y punible que no queda protegido por esa libertad. La evaluación acerca de si los dichos de KIMEL entran en uno u otro supuesto consiste, en palabras del juez, en determinar “... si el periodista intentó usar el ropaje de la libertad de prensa, para agraviar con intencionalidad al magistrado...” (foja 470 vuelta, destacado agregado).
Luego de leer semejante afirmación, el pronóstico de la decisión condenatoria era prácticamente ineludible.
II. Pero la absoluta ausencia de imparcialidad de GEROME no se manifiesta, únicamente, en las consideraciones que formulara en relación a la actividad profesional del periodista Eduardo KIMEL. Más allá de ello, su parcialidad también se manifiesta cuando se refiere a su colega Rivarola. Así, más adelante en su voto expresa:
“El segundo requisito, también se encuentra comprobado, por cuanto la empeñosa querella, en la etapa procesal oportuna acreditó su falsedad; es más, tras tener a la vista de las actuaciones y la labor que desplegara el Juez en otros procesos, quedó acreditada no solo su intachable labor en el caso concreto, sino también su independencia al momento de tomar las decisiones jurisdiccionales que le correspondían (en especial, ver ‘Ercoli, María Cristina s/habeas corpus’)” (foja 470 vuelta).
La ausencia de imparcialidad surge con claridad del párrafo transcripto, en tanto el magistrado afirma dogmáticamente que la labor de Rivarola en la investigación de la masacre de los Palotinos había sido “intachable”. Es evidente que el magistrado GEROME va mucho más allá de lo que la decisión de la causa requería. En efecto, la única tarea judicial de GEROME en la causa era determinar la conducta de KIMEL a la luz de los estándares sobre libertad de expresión y la legislación criminal que tipifica el delito por el que se lo acusaba, pero en modo alguno existían en este proceso elementos como para definir con tamaño adjetivo la actuación judicial de Rivarola en aquella investigación. Además, como tampoco se ponía en tela de juicio la actuación de Rivarola en otras actuaciones, resulta también excesiva la mención de otros procesos en los cuales, según GEROME, Rivarola habría actuado con independencia. En nuestra opinión, estas afirmaciones impertinentes demuestran la preocupación de GEROME por dejar en claro la intachable actuación profesional de su colega Rivarola, aun cuando ello fuera innecesario para dilucidar la responsabilidad penal de KIMEL. Esta actitud expone, sin margen para la duda, su falta de imparcialidad en el juzgamiento del caso.
VII. VIOLACIÓN DEL DEBER DEL ESTADO DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y DE ADAPTAR LA NORMATIVA INTERNA (ARTS. 1.1 Y 2 DE LA CADH).
El artículo 1.1 de la Convención Americana impone a los Estados partes la obligación fundamental de respetar todos los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Por ello, “todo menoscabo de esos derechos que puedan atribuirse, en el marco del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública constituye un acto imputable al Estado, que asume responsabilidad en los términos previstos en la Convención”.
En este caso, entonces ha violado el artículo 1.1 de la Convención Americana que no sólo impone a los Estados partes la obligación de respetar los derechos y libertades sino la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en ella a toda persona sujeta a su jurisdicción.
Además, el Estado ha violado el art. 2 de la Convención Americana. Esto porque si bien en este caso la violación de los derechos de KIMEL se debieron a una decisión judicial, es la normativa vigente en Argentina la que permite la sanción penal de manifestaciones o de opiniones o críticas acerca de la actuación de los funcionarios públicos en el ámbito de sus funciones.
VIII. LA ADMISIBILIDAD DEL CASO
La presente denuncia reúne los requisitos formales de admisibilidad previstos en el art. 46.1 de la Convención Americana. En efecto, esta petición contiene los datos de los peticionarios, una descripción de los hechos violatorios de derechos humanos protegidos por la Convención Americana e identificación del Estado responsable de la violación. Asimismo se encuentran agotados todos los recursos internos; no se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni es la reproducción de una petición ya examinada por la Comisión.
El articulo 46 de la Convención exige como requisito para que sea admisible una denuncia, el agotamiento de los recursos internos de conformidad con los principios de Derecho Internacional. Con relación a este requisito de admisibilidad, ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ella “está concebida en interés del Estado pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que le imputen, antes de haber tenido ocasión de remediarlos por sus propios medios” (Corte I.D.H., “Asunto de Viviana Gallardo y otras”, decisión del 13 de noviembre de 1981, Serie A, par. 26, entre muchos otros).
Por esta misma razón, la Corte I.D.H., numerosas veces ha explicitado que este derecho del Estado, conlleva la obligación de proporcionar recursos internos de conformidad con los principios de derecho internacional generalmente reconocidos; los que no sólo deberán existir, sino además ser adecuados y eficaces. Consecuentemente, “el agotamiento de los recursos internos no debe entenderse como la necesidad de efectuar, mecánicamente, trámites formales, sino que debe analizarse en cada caso la posibilidad razonable de obtener el remedio” (cf., entre otros, Corte I.D.H., “Caso Velázquez Rodríguez”, sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C, Nº 4, par. 62 a 66).
Tal como se ha señalado, fueron numerosos los trámites judiciales intentados por la víctima. En este sentido, huelga destacarse que el requisito del agotamiento de los recursos internos se encuentra ampliamente cumplido. A continuación, reseñamos los diversos pronunciamientos judiciales que, como se observará implican el recorrido por todas las instancias existentes ante el Poder Judicial Nacional.
Sentencia de primera instancia: con fecha 25 de septiembre de 1995, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 8, condenó a Eduardo G. KIMEL como autor responsable del delito de injurias, previsto y reprimido por el art. 110 del C. Penal, a la pena de un año de prisión, cuyo cumplimiento se dejó en suspenso, con costas. Asimismo, se lo condenó, también, a abonar al querellante la suma de veinte mil pesos ($20.000) en concepto de indemnización por reparación del daño moral causado.
Recursos de apelación: contra dicho pronunciamiento apelaron la defensa solicitando la revocatoria y la absolución del querellado, y la querella por cuanto entendía que correspondía la condena en orden al delito de calumnias . La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones dictó sentencia con fecha 19 de noviembre de 1996 y revocó la decisión de primera instancia, absolviendo a Eduardo Gabriel KIMEL en orden al delito que fuera condenado.
Recurso Extraordinario interpuesto por la querella: la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia el 22 de diciembre de 1998 en la que revocó el pronunciamiento recurrido y ordenó que vuelvan las actuaciones a la instancia de origen para que se dicte nuevo fallo
Nuevo pronunciamiento de la Cámara: dictado el 17 de marzo de 1999, y resolvió en términos generales confirmar la sentencia de primera instancia que condenaba a Kimel.
Recurso extraordinario interpuesto por la defensa: Contra este pronunciamiento de la Cámara, la víctima interpuso un nuevo recurso extraordinario que fue rechazado. Por esta razón, la defensa interpuso el correspondiente recurso de queja, que también fue rechazado por inadmisible el 14 de septiembre del 2000, decisión definitiva que fue notificada el 19 de septiembre de ese año.
2. Ausencia de otro procedimiento internacional
Hasta la presentación de esta denuncia, no se ha intentado otro reclamo en sede internacional.
El agravio que funda la presente petición se concretó con la decisión de la Corte Suprema, dictada el 14 septiembre de 2000, y que fue notificada el 19 de ese mismo mes y año. Por lo tanto, el plazo legal dispuesto por el artículo 46.1, inc. b, vencería supuestamente el 19 de marzo de 2001, mucho después de la presentación de esta denuncia.
Por la presente, autorizamos a la ilustre Comisión a incluir en las comunicaciones dirigidas al Gobierno de Argentina nuestra identidad como así también cualquier otra información que pudiera identificarnos, conforme lo prescribe el art. 34 inc. 4 del Reglamento.
Por todo lo expuesto, respetuosamente solicitamos a esta Honorable Comisión que:
1. Establezca la apertura del caso y dé traslado al Estado argentino de la presente denuncia.
2. Declare admisible la presente petición.
3. Oportunamente declare que el Estado argentino violó los derechos consagrados en los arts. 13 y 8, en relación con los arts. 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
4. Oportunamente recomiende reparar los derechos conculcados a la víctima.
5. Oportunamente recomiende al Estado argentino que adecúe la normativa interna vigente a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión.
Aprovechamos la oportunidad para saludar a la Comisión Interamericana muy atentamente,
Por Eduardo Kimel Por CELS Por CEJIL
Publicado por Alberto Bovino en 22:03
Etiquetas: CEJIL, CELS, Kimel, libertad de expresión

References: artículo 13
 artículo 8
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 109
 resolución 
 artículo 13
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 artículo 13
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 artículo 1
 artículo 1
 artículo 46