Source: https://es.scribd.com/doc/92430471/UCV-IMPLICACIONES-JURIDICAS-Y-ACADEMICAS-DE-LA-SENTENCIA-DE-LA-SALA-ELECTORAL
Timestamp: 2016-05-25 01:49:04+00:00

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#UCV IMPLICACIONES JURÍDICAS Y ACADÉMICAS DE LA SENTENCIA DE LA SALA ELECTORAL SubirSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicEditors' Picks BooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks AudiobooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks ComicsHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! 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La Comisión designada por el Consejo Universitario el, para considerar las implicaciones jurídicas y académicas que traería para la Universidad la sanción del Reglamento ordenado por la Sala Electoral, se ha reunido numerosas veces para tratar del tema que se le ha encomendado, ha efectuado consultas con ex Rectores de la Universidad, con dirigentes gremiales, estudiantiles y de los egresados, con académicos de larga y elevada trayectoria en el quehacer universitario, con personas que han tenido elevadas posiciones en el gobierno actual, relacionadas con el tema educativo, con profesores de diversos niveles del sistema educativo, con venezolanos preocupados por el destino de la Universidad; ha indagado sobre los regímenes organizativos de las principales Universidades del mundo, particularmente en cuanto al tema de la participación de las comunidades universitarias en la elección de sus autoridades; ha estudiado los antecedentes sobre esta materia en la historia de Venezuela; ha considerado las tendencias actuales sobre las exigencias de incorporar a los países en la sociedad del conocimiento; ha reflexionado sobre la situación de la Universidad Central de Venezuela, y presenta el resultado de su trabajo al Consejo Universitario organizado en dos partes: las implicaciones jurídicas y las implicaciones académicas de la reforma que se pretende imponer a la Universidad, en la forma que sigue. I. IMPLICACIONES JURÍDICAS La aceptación y aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y de la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia Nº 104 del 10-08-2011 significaría para la Universidad la convalidación de gravísimas infracciones al ordenamiento constitucional, las cuales han sido denunciadas ante la Sala Constitucional, sin esperar la respuesta del este órgano judicial a las acciones judiciales emprendidas para obtener la protección de la Constitución. Examinaremos ambos aspectos separadamente. I.1. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN Con ocasión de las acciones judiciales que la representación legal de la Universidad ha intentado ante los organismos jurisdiccionales competentes, existe una reflexión profunda y unos argumentos contundentes en esta materia, los cuales exponemos en forma resumida así: I.1.1. Antecedentes En el pasado se presentaron situaciones conflictivas en Venezuela derivadas de posiciones muy distantes sobre el régimen de la educación. En el período de predominio de positivismo (1870-1890) se suscitaron conflictos por el rol del Estado frente a la educación privada, los cuales fueron finalmente terminados por el Presidente Raimundo Andueza Palacio quien puso fin a la discordia, al proclamar, en 1891, que en materia de instrucción Pública “debe privar, como en ningún otro ramo del Gobierno, el gran principio de la libertad. Tan atentatorio contra él es la imposición de la enseñanza laica como de la enseñanza religiosa, 1
porque priva al ciudadano del derecho de elegir el orden de ideas en que ha de educar a sus hijos. Pero aquí, en Venezuela, sería más atentatorio que en ninguna otra parte la imposición de la educación laica, porque este es un pueblo esencialmente católico, aunque sin fanatismos, y el legislador debe tener en cuenta no sólo el medio social en que vive, sino también el pueblo para quien legisla. En mi concepto, pues, no debe imponerse ni la educación religiosa ni la laica, sino dejar en libertad al ciudadano de elegir la que sea más cónsona con sus ideas y con sus creencias. No comprendo el liberalismo que excluye, sino el que atrae, fomenta y cautiva voluntades, el que tolera todas las ideas, el que ampara todos los derechos, el que amplía todas las libertades”. Esa apertura y búsqueda de consensos se mantuvo en las décadas siguientes, con excepción de las situaciones de tensión que se produjeron en el período 1945-1948, y, al iniciarse el período democrático en 1958, se llegó en nuestro país a un gran acuerdo nacional sobre la necesidad de sustraer la educación de la controversia partidista y sobre la determinación de su régimen jurídico, el cual debía ser decidido por consenso, si no por unanimidad. Ello se manifestó en la siguiente forma: a) Aprobación por unanimidad de las normas sobre educación en la Constitución de 1961. b) Sanción por unanimidad de la Ley Orgánica de Educación el 26 de julio de 1980, y el consenso total con respecto a los reglamentos de la misma. c) La sanción por el Gobierno nacional del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, mediante Decreto 1913, del 5 de septiembre de 1999, el cual no suscitó observaciones de ninguna clase. a) d) El 21 agosto de 2002, la Asamblea Nacional aprueba por unanimidad, en primera discusión, el proyecto de Ley Orgánica de Educación que había sido elaborado por la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de dicho órgano legislativo, en consulta con organizaciones de la sociedad civil. Pero el 13 de agosto de 2009 se rompe el consenso nacional cuando la Asamblea Nacional discute y sanciona un proyecto nuevo de Ley Orgánica de Educación, completamente distinto al aprobado en primera discusión siete (7) años antes, y que Presidente promulga dos días después. Esta Ley incurre en numerosas infracciones al ordenamiento constitucional, las cuales han sido denunciadas ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. I.1.2. La solicitud de nulidad de la LOE El 10-10-2009, once Rectores de Universidades que eligen sus autoridades interpusieron ante la Sala Constitucional del TSJ recurso de nulidad, por inconstitucionalidad, contra la LOE, por incurrir en vicios esenciales de procedimiento y vicios de fondo o sustantivos. I.1.2.1. Entre los vicios esenciales de procedimiento se denuncian los siguientes: a) La invalidez de la LEO por haber sido sometida a una sola discusión, lo que constituye una infracción del artículo 207 de la Constitución, el cual establece como condición esencial y existencial de toda ley que sea sometida a dos discusiones en días distintos, y está demostrado que el proyecto fue aprobado en primera discusión el 21 de agosto de 2001, y en la supuesta segunda discusión el 13 de agosto de 2009. Pero de conformidad con la sentencia 1718, de 18-05-2006, de la Sala Constitucional, dictada en un caso similar, el procedimiento legislativo en que se produjo la primera discusión decayó, es decir, perdió su validez, porque ocurrió en el curso de la legislatura correspondiente al período 2000-2005; en consecuencia, no existiendo esa primera discusión, según la doctrina vinculante de la Sala Constitucional, resulta incontestable que la LOE fue sancionada con una sola discusión, precisamente a la que se efectuó el 13 de agosto de 2009.
b) La invalidez de la LEO por haberse infringido en su formación el artículo 208 constitucional y el artículo 147 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (RIDAN). En el supuesto negado de que hubiere sido sometida a las dos discusiones constitucionales, de todas maneras la LOE estaría afectada por un vicio esencial de procedimiento, en virtud de que la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación no presentó el informe exigido por los preceptos mencionados en el epígrafe, el cual debe ser sometido a la plenaria para que sirva de base a la segunda discusión, pues lo sustituyó por un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Educación, lo que queda demostrado con la inexistencia misma del informe, y con el texto, contenido y alcance del nuevo proyecto sancionado por la Asamblea Nacional. c) La invalidez de la LOE por haberse transgredido en su formación los artículos 211 constitucional y 172 del RIDAN, los cuales regulan la necesaria participación ciudadana en el procedimiento de formación de las leyes, de tal manera que si no se produce dicha participación, la ley sancionada “ope constitutionem”, es nula. Al respecto basta revisar las actas de la Comisión desde el mes de enero de 2006, fecha de su instalación hasta el 6 de agosto de 2009, cuando su Presidenta presentó el nuevo proyecto, para constatar que nunca durante ese lapso llegó a producirse la participación ciudadana exigida constitucionalmente. d) La invalidez de la LOE, por haber incurrido la Asamblea Nacional en una especie de fraude a la Constitución, porque de conformidad con el mandato imperativo de su artículo 203, debía sancionar una Ley Orgánica para desarrollar el derecho constitucional (humano) a la educación, tal como aparecía concebida en el proyecto aprobado en el 2001,y en su lugar sancionó una Ley Orgánica para que sirva de marco normativo a un conjunto de leyes ordinarias (24), con la finalidad de eludir el mandato de regular integralmente, en un texto legislativo (orgánico) el derecho humano a la educación. I.1.2.2. La LOE incurre en vicios de fondo o sustantivos, en la siguiente forma: a) La infracción del artículo 102 de la Constitución, que define el derecho a la educación como un servicio público fundamentado en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, por el artículo 15, numeral 9, de la LOE, que implícitamente establece como uno de los fines de la educación la ideologización de los educandos, al condicionar el logro de su “suprema felicidad social”, a la implantación del modelo socialista, conclusión a la cual se llega cuando se armoniza el citado precepto legal, con el artículo 2, del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación, que también se refiere al logro de la “suprema felicidad social”, definiéndola como el modelo socialista. Esa es la misma orientación que se deriva del Plan Económico y Social de la Nación 2007-2003, denominado en su texto “Primer Plan Socialista”. En fin, la ideologización implicada en el artículo 15, numeral 9, de la LOE, comporta utilizar la educación como un instrumento para la construcción del modelo socialista, derivado de la “doctrina” del Socialismo del Siglo XXI, que se concreta en una pretensión hegemonizante, la cual lógicamente excluye cualquier otra corriente del pensamiento en el proceso educativo, razón por la cual el citado precepto de la LOE contradice al artículo 102 constitucional. b) La infracción del artículo 109 de la Constitución, consagratorio de la autonomía universitaria, por el artículo 35, numerales 2, 3, 4 y 5 de la LOE, porque le suprime la competencia exclusiva y excluyente a las universidades autónomas para dictar normas de autogobierno y de organización, precisamente en las materias enumeradas en los citados numerales, y se la transfiere a la Asamblea Nacional para que la ejerza mediante “leyes especiales”, y al Ejecutivo Nacional para la ejerza mediante reglamentos y resoluciones.
c) La infracción del mismo artículo 109 de la Constitución, por el artículo 34, numeral 3, de la LOE, al violentar la integración de la comunidad universitaria, dado que el precepto constitucional la limita a los profesores, estudiantes y egresados, y el precepto legal la amplía incluyendo en dicha integración al personal administrativo y al personal obrero, cuando, dicho sea de paso, esa fue una proposición negada por la Asamblea Nacional Constituyente, y negada también por el pueblo al rechazar la reforma de la Constitución en el referendo de diciembre de 2007. d) La infracción del mismo artículo 109 de la Constitución, por el artículo 34, numeral 3, de la LOE, mediante el cual se modifica la naturaleza del derecho académico a elegir las autoridades universitarias, al convertirlo en un derecho político, con la finalidad de desnaturalizar la “igualdad de trato”, que permite elegir a las autoridades mediante el voto ponderado de los integrantes de la comunidad universitaria, e introducir la figura del mandato revocable de las autoridades. Además el precepto legal desconoce la diferencia que existe entre el derecho académico, que es el consagrado en la Constitución (autogobierno), y el derecho político, cuyo ejercicio básicamente tiene como finalidad la participación de todos los ciudadanos en la formación de la voluntad general del Estado. Esta es la tesis que prima en el Derecho comparado, y fue precisamente la acogida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia 898 de 13 de mayo de 2002. I.1.3. Solicitud de suspensión de efectos del artículo 34, numeral 3, de la LOE Ante la falta de pronunciamiento de la Sala Constitucional del TSJ, con respecto al recurso de nulidad de la LOE, en mayo de 2011 la UCV solicitó de la misma Sala, como medida cautelar innominada, de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que se suspendieran mientras dure el juicio y con carácter erga omnes, los efectos del artículo 34, numeral 3, de la referida Ley Orgánica de Educación, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 34.- En aquellas instituciones de educación universitaria que les sea aplicable…La autonomía de ejercerá mediante las siguientes funciones: …(Omissis) 3.- Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado por los y las integrantes de la comunidad universitaria”. Esta solicitud tiene como finalidad evitar los perjuicios irreparables que ciertamente causaría la aplicación inmediata de esa disposición en condiciones en que no habiendo sido dictada aun la regulación legal y reglamentaria prevista en esa ley orgánica para desarrollarla, la cual por cierto se inscribe específicamente en el marco de la educación universitaria y, convocadas como han sido las elecciones universitarias para designar autoridades en diversas universidades nacionales, tales elecciones y las designaciones institucionales que les seguirían han estado y estarán expuestas a múltiples impugnaciones y cuestionamientos, así como a subsiguientes incidentes, incontestablemente perturbadores de la normalidad y regularidad de la vida universitaria. Por lo demás, si la acción de inconstitucionalidad contra la LOE prosperara, la elección de autoridades que se habría hecho bajo las previsiones de la ley orgánica carecerían de fundamentación en Derecho. I.2. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA SENTENCIA DE LA SALA ELECTORAL Nº 104, DEL 10-08-2011 4
El 10 de agosto de 2011, ante un recurso contencioso electoral intentado por un grupo de personas vinculadas con la UCV contra el Boletín de la Comisión Electoral en el que se publicaba el registro electoral para la elección de Decanos y de candidatos al Consejo de Apelaciones que debían realizarse el 20 de mayo de 2011, la Sala Electoral dictó sentencia definitiva, en la cual declaró en su parte dispositiva lo siguiente: PRIMERO: CON LUGAR el recurso contencioso electoral ejercido por el abogado HÉCTOR JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ, apoderado judicial de los ciudadanos Irama Aurora La Rosa de Camurri, Bladimir Ortiz y María Consuelo Raddaiz Gatica; en su condición de profesores con escalafón de instructor; Adelaida Crespo Armas y Venezuela Azavache, en su condición de docentes jubiladas; bachilleres David Javier Páez Cordero, Lucía Ruíz Arzola y Juan Carlos Rivero, en su condición de estudiantes; Adriana María Bravo Flores, Wilman Rodrigo Suárez Vaamonde y Augusto Granado Chiquín, en su condición de empleados administrativos; Carlos Alberto Suárez Durán, Guillermo José Guerrero Martínez y Pedro Antonio Delgado Pérez, en su condición de trabajadores obreros y Eduardo Samán Namel, en su condición de profesor contratado, todos pertenecientes a la comunidad de la Universidad Central de Venezuela (UCV), contra el acto administrativo de naturaleza electoral contenido en el Boletín Electoral N° 011/2011 dictado por la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela (UCV) “…por razones de inconstitucionalidad e legalidad, al negar la inclusión de los miembros de la Comunidad Universitaria en la condición de profesores instructores, jubilados y contratados, empleados administrativos y obreros al Registro Electoral conformado para la elección de candidatos a Decanos y miembros del Consejo de Apelaciones; así como negar la inclusión en condiciones de participación paritaria de los estudiantes en el mismo proceso electoral…” (sic) en el proceso electoral para la escogencia de los Decanos y candidatos al Consejo de Apelaciones para el período 2011 al 2014. SEGUNDO: Se ORDENA a la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela, suspender cualquier proceso electoral pautado, hasta tanto no se dicte el nuevo Reglamento de Elecciones Universitarias. TERCERO: Se ORDENA a la Rectora de la Universidad Central de Venezuela, que en un lapso perentorio, que no podrá exceder de quince (15) días hábiles de la Universidad, contados a partir de la notificación del presente fallo, proceda a convocar al Consejo Universitario, para que ese órgano colegiado, dentro del lapso de treinta (30) días hábiles, reforme y publique el Reglamento de Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, a fin de ajustar su contenido a las disposiciones de la vigente Ley Orgánica de Educación y a las consideraciones emitidas por esta Sala. CUARTO: Se ORDENA que una vez sea reformado el Reglamento de Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, se convoque al proceso de elecciones suspendido por esta Sala, en un lapso perentorio, que no podrá exceder de treinta (30) días hábiles de la Universidad contados a partir de la publicación del mencionado Reglamento en los medios oficiales y habituales de la Universidad. QUINTO: Se ORDENA que las actuales autoridades permanezcan en sus cargos, de manera transitoria, hasta tanto se convoque un nuevo proceso electoral, donde sean elegidas las nuevas autoridades, en el marco del nuevo Reglamento de Elecciones de la Universidad Central de Venezuela que esta Sala ordena dictar, y sean juramentadas las nuevas autoridades.
Cuando la Sala Electoral dispone en el dispositivo TERCERO que el Consejo Universitario debe dictar un Reglamento de Elecciones Universitarias, el cual debe ajustarse “a las disposiciones de la vigente Ley Orgánica de Educación”, se está refiriendo al numeral 3 del artículo 34 de la LOE, antes trascrito, en el cual se regulan las funciones a través de las cuales se ejercerá la autonomía universitaria y se incluye entre éstas el principio general sobre el sistema electoral universitario. En esta sentencia la Sala Electoral incurre en múltiples infracciones al ordenamiento jurídico, nos referiremos a las más importantes, las que lesionan el ordenamiento constitucional y dan lugar a la revisión de la sentencia por esta Sala Constitucional. I.2.1. Aspecto previo: la Ley de Universidades no ha sido derogada y se mantiene vigente mientras no se dicte la Ley especial sobre el subsistema de Educación Universitario. En efecto, la Ley Orgánica de Educación nunca estuvo sujeta a ser aplicada directamente a la educación universitaria, puesto que se requiere que sus principios sean desarrollados por una ley especial y ello se desprende de lo siguiente: a) a) En la Disposición Transitoria SEGUNDA de la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE) se dispuso que “En un lapso no mayor de un año a partir de la promulgación de la presente Ley, se sancionarán y promulgarán las legislaciones especiales referidas en esta Ley”. Ninguna de las leyes especiales anunciadas ha sido dictada hasta el presente. b) b) En el aparte único del artículo 32, eiusdem, se estableció que “La educación universitaria estará a cargo de instituciones integradas en un subsistema de educación universitaria, de acuerdo con lo que establezca la ley especial correspondiente y en concordancia con otras leyes especiales para la educación universitaria. La ley del subsistema de educación universitaria determinará la adscripción, la categorización de sus componentes, la conformación y operatividad de sus organismos y la garantía de participación de todos y todas sus integrantes” (destacado nuestro). La necesidad de una ley especial para desarrollar, con respecto a las Universidades, las previsiones de la LOE es reiterada en esta ley orgánica en la siguiente forma: En el artículo 34,1, eiusdem, se expresa que la autonomía universitaria se ejercerá mediante las siguientes funciones: “Establecer sus estructuras de carácter flexible, democrático, participativo y eficiente, para dictar sus normas de gobierno y sus reglas internas de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República y la ley” (destacado nuestro). En el último aparte del artículo 34,4, eiusdem, se pauta que “El principio de autonomía se ejercerá respetando los derechos consagrados a los ciudadanos y ciudadanas en la Constitución de la República, sin menoscabo de lo que establezca la ley en lo relativo al control y vigilancia del Estado, para garantizar el uso eficiente del patrimonio de las instituciones del subsistema de educación universitaria” (destacado nuestro). En el artículo 35, eiusdem, se consagra que “La educación universitaria estará regida por leyes especiales y otros instrumentos normativos…” (destacado nuestro). Como puede verse, para el legislador de la LOE era evidente que la aplicación de las disposiciones de esta ley no podía hacerse hasta que dictara la ley especial o las leyes especiales de desarrollo correspondientes, y prueba de ello es que cuando estimó que no debía esperarse a la sanción de dichas leyes para regularse determinados aspectos lo manifestó expresamente, como ocurrió con el régimen sancionatorio para el subsistema de educación básica, con respecto al cual en la misma LOE se incluyó, en la Disposición Transitoria PRIMERA, un conjunto de disposiciones que tendrán vigencia “Hasta tanto se dicten las leyes que se deriven de la presente Ley…” Pues bien, con respecto a la educación universitaria no se incluyó ninguna disposición transitoria ni el legislador expresó ningún 6
señalamiento que permitiera sustentar el criterio de que se había dejado sin efecto la necesidad de sancionar una ley especial para permitir que las disposiciones de la LOE tuvieran aplicación. c) La Asamblea Nacional entendió, sin la menor duda, que debía discutir y sancionar una ley especial para permitir la aplicación de la LOE en el subsistema de educación universitario, y a tal efecto, a las 2:50 minutos de la madrugada del jueves 23 de diciembre de 2010, sancionó la Ley de Educación Universitaria. d) El 4 de enero de 2011, el Presidente de la República devolvió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Educación Universitaria y en esa oportunidad expresó ante los medios de comunicación: “He decidido vetar la LEU, por considerarla inaplicable; para abrir el compás del debate que quizá se hizo un poco apresurado. Ya dirán algunos: ¡reculó Chávez! Que lo digan, esto es una demostración, una vez más, de que Venezuela cuenta con un gobierno democrático, que oye, razona, y un Presidente que está dispuesto, cuando tiene que hacerlo, a rectificar y a llamar al debate y a la reflexión" (http://www.elbrollo.com/topic/472584-una-ley-inaplicable/)”. En la página web “Revolución Al Día” se reseña este acontecimiento en la siguiente forma: Caracas, enero 4 - El presidente de la república, Hugo Chávez vetó esta noche la ley de Universidades atendiendo a observaciones y críticas de diversos sectores e hizo un llamado a debatirla nuevamente y a enriquecerla. El anuncio lo hizo en Consejo de Ministros e indicó que había recibido muchas observaciones, incluyendo las de Héctor Navarro y Luís Acuña así como informes de diferentes personalidades. El Presidente presentó disculpas a la saliente Asamblea Nacional pero señaló que no pondría el ejecútese a una Ley que cierra el debate en lugar de abrirlo. Además de vetar la ley, el presidente hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que levante la sanción de Ley. "En la práctica es inaplicable. Hay razones políticas y técnicas. Y entran en la decisión observaciones serias hechas por la oposición". (http://www.revolucionaldia.org/foro/viewtopic.php? p=149024&sid=09e4fe152351b2dba52d663b9eb05aa3). De este modo, tampoco existen dudas de que para el Presidente de la República el régimen jurídico de las Universidades debía ser objeto de una legislación especial, la cual permitiría hacer aplicable la Ley Orgánica de Educación. Para esos fines, debía abrirse en el país un debate sobre el contenido de la legislación que regiría para las Universidades, lo que efectivamente ha ocurrido y está ocurriendo. Con este mismo propósito, el 11 de enero de 2011, la Asamblea Nacional, en su primera sesión del año, levantó por unanimidad la sanción al proyecto de Ley de Educación Universitaria (http://www.noticierolegal.com/politica-y-gobierno/asamblea-nacional/5785-anlevanto-sancion-a-ley-de-educacion-universitaria-para-abrir-un-gran-debate-nacional.html). Por lo tanto, y dado que en la Disposición Derogatoria Única de la LOE no se dispuso que se derogaba la Ley de Universidades, lo cual tendría lugar sólo cuando se promulgara la ley especial del subsistema de educación universitaria, ha quedado evidenciado que la Ley de Universidades de 1958, reformada en 1970, así como los reglamentos dictados en conformidad con ésta, mantienen su vigencia. Por ello, la sentencia de la Sala Electoral parte de un falso supuesto, del cual se desprenden numerosas infracciones al ordenamiento constitucional, las cuales han sido denunciadas ante la Sala Constitucional. I.2.2. El Recurso de Revisión ante la Sala Constitucional interpuesto por la UCV contra la sentencia Nº 104 de la Sala Electoral El 21/03/2011, la representación legal de la Universidad pidió ante la Sala Constitucional, mediante el recurso de revisión contra sentencia, que declare la nulidad de la sentencia de 7
la Sala Electoral Nº 104, del 10/08/2011. Las principales denuncias de inconstitucionalidad en la actuación de la Sala Electoral son las siguientes: I.2.2.1. La Sala Electoral usurpa funciones de la Asamblea Nacional en violación del principio de la separación de poderes. Esta infracción se configura en la siguiente forma: a) La LOE es un conjunto normativo incompleto, que en materia universitaria requiere de desarrollo por una ley especial, tal como antes lo expusimos. b) La regulación del derecho a participar en la elección de autoridades es de la reserva legal, sea que se considere ese derecho como un derecho humano, un derecho político o un derecho académico. El reglamento es un acto administrativo que no puede sustituir a la ley en esa función y que carece de fuerza derogatoria frente a la ley que en la actualidad contiene esa regulación, como es la Ley de Universidades. c) El legislador no se excluyó de dictar la legislación de desarrollo de la LOE, como lo afirma la Sala Electoral, sino todo lo contrario. En efecto, en la sentencia de la Sala Electoral, para justificar la usurpación de funciones que se hace de las competencias del legislador ordinario para desarrollar los principios de la LOE en materia electoral, expresa lo siguiente: “…el artículo 34, en sus numerales 1 y 3 eiusdem, disponen que una manifestación de la autonomía universitaria consiste en la potestad de dictar sus propias normas de gobierno y sus reglas internas, y establece que la regulación de la garantía de participación de toda la comunidad universitaria en la elección y nombramiento de sus autoridades se hará por vía reglamentaria…” de donde deduce que “el propio legislador se excluye de regular tal materia al dejar el desarrollo del mismo al Reglamento” (destacado nuestro). Esta información es errada, en primer lugar, porque no es cierto que el legislador se haya excluido de desarrollar los principios electorales contenido en la LOE; en segundo lugar porque esta autoexclusión no es posible en nuestro ordenamiento jurídico, porque el poder de legislar que corresponde a la Asamblea Nacional según la Constitución es irrenunciable; en tercer lugar, porque a diferencia de lo que sostiene la Sala Electoral, el legislador de la LOE, en seis oportunidades, se refiere a la legislación que debe dictarse para desarrollar los principios de la LOE. d) La Sala Electoral atribuye poderes de legislar al Consejo Universitario. La Sala comienza por reconocer la necesidad de que una ley desarrolle las previsiones de la LOE cuando expresa que: “el primer aparte del artículo 32 de la Ley Orgánica de Educación, preceptúa que ‘[l]a educación universitaria estará a cargo de instituciones integradas en un subsistema de educación universitaria, de acuerdo con lo que establezca la ley especial correspondiente y en concordancia con otras leyes especiales para la educación universitaria. La ley del subsistema de educación universitaria determinará la adscripción, la categorización de sus componentes, la conformación y operatividad de sus organismos y la garantía de participación de todos y todas sus integrantes’ (corchetes de la Sala)”. e) Del artículo 32 de la LOE no se desprende que corresponde a las Universidades la regulación del derecho sustantivo de los miembros de la comunidad universitaria a participar en la elección de autoridades, sino que, en esta materia, la Universidad tiene competencias para dictar normas, como lo ha venido haciendo hasta ahora, para establecer los procedimientos de elecciones, dentro del marco establecido en la Ley de Universidades. Por todo lo anterior se concluye que la Sala Electoral ha asumido poderes de legislar que corresponden a la Asamblea Nacional, en violación del principio constitucional de que “cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias…” (art. 136 de la Constitución). I.2.2.2. La indebida aplicación de normas de la Constitución por la Sala Electoral Son diversos los supuestos de indebida aplicación de la Constitución por la Sala Electoral y nos referiremos a ellos separadamente. 8
a) Indebida aplicación del artículo 236, numeral 10, de la Constitución, que atribuye al Presidente de la República la competencia general de reglamentar las leyes. La Sala Electoral atribuye a las Universidades la facultad de reglamentar las leyes, e incurre en el error de considerar que, cuando en el artículo 34,3 de la LOE se menciona el Reglamento, se está refiriendo a normas internas de la Universidad, partiendo del falso supuesto de que el legislador excluyó al Presidente de la República de la competencia para regular los derechos electorales de los integrantes de la comunidad universitaria, lo no hizo. Pero si lo hubiera hecho, el Reglamento Ejecutivo sería de todos modos nulo, porque está materia está reservada a la ley. b) Indebida aplicación del último aparte del artículo 203 de la Constitución, el cual regula la figura de las leyes habilitantes, lo cual se produce porque la Sala Electoral atribuye a la Universidad competencia para dictar leyes, siendo que el órgano judicial no es competente para otorgar esa habilitación ni el órgano universitario puede recibirla. c) Indebida aplicación del artículo 137 de la Constitución, el cual consagra el principio de la legalidad de la actuación del Poder Público cuando establece: “Esta Constitución y la Ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”. La Sala Electoral atribuye a la Universidad la regulación de materias que están reservadas a la ley, como es la referida a los derechos de participación de la comunidad universitaria en la elección de sus autoridades y en la función de cogobierno, y luego esa misma competencia se la asigna a sí misma, con lo cual lesiona la norma de la Constitución que a la Asamblea Nacional la competencia de “Legislar en las materias de la competencia nacional” (artículo 187, numeral 1). Pero además, la Sala Electoral, por la indebida aplicación del artículo 137 de la Constitución, ha creado un desorden en el ejercicio de las competencias que afecta gravemente el Estado de Derecho. No puede justificar la Sala Electoral la indebida aplicación de la disposición que consagra el principio de legalidad del Poder Público con el alegato de que “el artículo 34 [de la LOE], en sus numerales 1 y 3 eiusdem, disponen que una manifestación de la autonomía universitaria consiste en la potestad de dictar sus propias normas de gobierno y sus reglas internas, y establece que la regulación de la garantía de participación de toda la comunidad universitaria en la elección y nombramiento de sus autoridades se hará por vía reglamentaria”, por una parte, porque no es cierto que la LOE haya dispuesto que la regulación de la garantía de participación en ámbito universitario puede hacerse por un reglamento de la Universidad y, por la otra, porque aún en el supuesto negado de que tal ley orgánica lo hubiera decidido así estaría invadiendo materias reservada a la ley, y la Sala Electoral siempre tiene no sólo la posibilidad sino la obligación de desaplicar las leyes que lesionan el orden constitucional, y no lo hizo. d) Indebida aplicación del artículo 109 de la Constitución, que consagra la autonomía universitaria. La Sala Electoral, en la sentencia cuya revisión ha solicitado, aplica indebidamente el artículo transcrito de diversas formas, así: En primer lugar, sobre la integración de la comunidad universitaria, puesto que ordena al Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela que aplique una Ley Orgánica, la LOE, que está afectada de diversos vicios de inconstitucionalidad, entre ellos el de definir la integración de la comunidad universitaria en contravención a lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución. En efecto, el artículo citado de la Ley Suprema la limita la comunidad universitaria a los profesores, estudiantes y egresados, y el precepto legal la amplía, incluyendo en dicha integración al personal administrativo y al personal obrero, cuando la ampliación a que nos referimos había sido discutida y negada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, y negada nuevamente por el pueblo al rechazar el proyecto de reforma de la Constitución en el referendo de diciembre de 2007. Conforme a lo antes expuesto, la Sala Electoral ha debido desaplicar la Ley Orgánica de Educación al 9
conocer del recurso contra el acto de la Comisión Electoral de la Universidad, por ser evidentemente violatorio del texto constitucional. En lugar de hacerlo, como era su obligación, le ha impuesto a la Universidad el deber de desaplicar una ley vigente, como es la Ley de Universidades, desaplicación que no puede hacer ni el Consejo Universitario ni la Comisión Electoral de la Universidad, puesto que los únicos que desaplican leyes son los tribunales. En segundo lugar, la Sala Electoral reconoce y luego desconoce atributos de la autonomía universitaria. Por una parte, según la Sala Electoral el Consejo Universitario tiene plena facultad para reglamentar la garantía de participación de toda la comunidad universitaria en la elección y nombramiento de sus autoridades, en desarrollo de las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación, con lo cual incrementa el contenido de la autonomía universitaria regulado en la legislación vigente. Pero por la otra, dispone la Sala Electoral que la función –que hemos dicho que es de carácter legislativo- que le atribuye a la Universidad debe efectuarla con sujeción a las “consideraciones” de la misma Sala, lo que significa que ese órgano se erige en superior jerárquico de las Universidades, en violación del principio de la autonomía universitaria. En tercer lugar, la Sala Electoral infringe el principio de la libertad de conciencia de los integrantes de la comunidad universitaria, al aplicar indebidamente el artículo 109 de la Constitución, según el cual “El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresados de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación”. En efecto, la autonomía tiene como atributo fundamental la libertad de pensamiento de los integrantes de la comunidad universitaria y de las autoridades que emanan, democráticamente, de su seno, por lo que no puede la Sala Electoral dar órdenes ni a la Rectora ni al Consejo Universitario de que elabore un Reglamento en una forma determinada y en un plazo fijado, como si estos órganos fueran subordinados de la Sala Electoral, sin capacidad para pensar ni para tener criterios propios, ni para discutir las implicaciones jurídicas y académicas que origina la sentencia a que nos referimos, ni para evaluar y proponer fórmulas alternativas que sean más convenientes para los fines académicos de la institución, definidos éstos en la parte del artículo 109 de la Constitución que hemos trascrito. Por ello, si en la Constitución se proclama el principio de “la inviolabilidad del recinto universitario”, mucho más importante es el de la inviolabilidad de la conciencia de los universitarios, el cual ha sido irrespetado por la Sala Electoral con su sentencia. I.2.2.3. La Sala Electoral desconoce precedentes derivados de sentencias de la Sala Constitucional El artículo 335 de la Constitución dispone lo siguiente: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República”. Pues bien, la Sala Electoral ha irrespetado criterios vinculantes establecidos por la Sala Constitucional en la siguiente forma: a) Desconocimiento del precedente sentado por la Sala Constitucional de que el derecho a participar en las elecciones universitarias es un derecho académico. En sentencia Nº 898, del 13/05/2002, la Sala Constitucional había anulado una sentencia de la Sala Electoral en la que se había establecido el criterio de que en las Universidades el derecho al voto es un derecho político, por lo que los profesores instructores y contratados 10
pueden ejercer el sufragio para la elección de las autoridades de la Universidad, en igualdad con los profesores de escalafón. En esa oportunidad, la Sala revisora estableció criterios vinculantes en el sentido de que la participación de los profesores en la elección de autoridades es un derecho académico, no un derecho político, por lo que “no pueda aludirse a los artículos 62 y 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para estimar inconstitucionales los artículos 52 y 55 de la Ley de Universidades (u otros similares de la misma ley), ya que éstos últimos no se refieren al sufragio ni a la participación política, sino a la composición de una autoridad universitaria y de sus atribuciones, lo que escapa a la teleología de las garantías sobre sufragio y participación política invocadas”. No obstante, la Sala Electoral en la sentencia Nº 104, cuya revisión pidió la Universidad, busca reeditar la sentencia que le había sido anulada y dispone que, según la LOE, “aún cuando se trate de la elecciones universitarias …se establece claramente como un derecho político de todos los miembros de la comunidad universitaria, para ser ejercido plenamente y en igualdad de condiciones”, con lo cual desconoce la Sala Electoral un precedente vinculante, pues la Sala Constitucional, en su sentencia Nº 898, antes citada, no estaba interpretando ninguna ley, sino estableciendo la recta inteligencia de la Constitución, la cual es vinculante para la Sala Electoral e incluso para la Asamblea Nacional, tal como lo hemos denunciado al pedir la declaratoria de nulidad de la Ley Orgánica de Educación, por contradecir el texto constitucional. b) Desconocimiento del precedente sentado por la Sala Constitucional sobre las distintas formas de entender el principio de igualdad en las elecciones universitarias. En su sentencia Nº 898, del 13/05/2002 la Sala Constitucional estableció que el principio de igualdad puede entenderse de diversas maneras: la igualdad como equiparación, que conduce a la igualdad matemática, y la igualdad como diferenciación, conforme a la cual pueden establecerse desigualdades positivas, como es la que ocurre en la elección de representantes indígenas a los cuerpos deliberantes, sin lo cual estas categorías de ciudadanos no estarían representados. De allí concluye la Sala que, en el ámbito académico, es lícito aplicarse el principio de igualdad como diferenciación y que “la determinación de qué hechos o elementos se estiman relevantes, y, por lo tanto, causa justificada de un trato desigual a supuestos de hecho a primera vista similares, como en el caso del personal docente de una Universidad, de donde la ley excluye a los profesores instructores de participar en la elección de las autoridades de la respectiva facultad a la que pertenecen, corresponde al parlamento, en razón de la potestad propia (política legislativa) de discrecionalidad -no de arbitrariedad-, que tiene su origen en el mandato democrático que le ha sido conferido (destacado nuestro).” No obstante, la Sala Electoral establece en su sentencia que cuando la LOE se refiere al derecho a elegir autoridades “en igualdad de condiciones”, alude necesariamente a la igualdad como equiparación, con lo cual, por una parte, desconoce el criterio vinculante de la Sala Constitucional y, por la otra, se sustituye en el legislador para determinar el principio de igualdad aplicable en las elecciones universitarias. I.3. CONCLUSIONES PARCIALES En las consideraciones precedentes han quedado palmariamente evidenciados y documentados los vicios de inconstitucionalidad en que incurre la Sala Electoral en la sentencia Nº 104, del 10 de agosto de 2011, los cuales son, en resumen, los siguientes: En primer lugar, la Sala Electoral usurpa funciones de la Asamblea Nacional, en violación del principio de separación de poderes. Ello se manifiesta en que la Sala Electoral se atribuye competencia para desarrollar, mediantes sus “consideraciones”, los principios contenidos en 11
la Ley Orgánica de Educación en materia de participación de la comunidad universitaria en la elección de sus autoridades, lo cual es materia reservada a la ley. En segundo lugar, la Sala Electoral aplica indebidamente un conjunto de normas de la Constitución, entre las cuales se incluyen las contenidas en los artículos 236, numeral 10, sobre la competencia general del Presidente de la República para reglamentar las leyes; el último aparte del artículo 203, sobre la figura de las leyes habilitantes, puesto que la Sala Electoral no tiene competencia para efectuar esa habilitación, ni la Universidad para recibirla; el 137, que consagra el principio la legalidad que rige para la asignación de las competencias de los órganos del Poder Público; el 109, que establece con rango constitucional el principio de la autonomía universitaria, que resulta indebidamente aplicado por la Sala Electoral en varios de sus aspectos y que se traduce en la violación de la libertad de conciencia, que es indispensable respetar para que la Universidad pueda cumplir su cometido de dedicarse a la búsqueda del conocimiento. En tercer lugar, la Sala Electoral desconoce precedentes derivados de sentencias de la Sala Constitucional, como son los que establecen, por una parte, que el derecho a participar en las elecciones universitarias es un derecho académico y no un derecho político, como lo había sostenido la Sala Electoral en sentencia de abril de 2002, anulada por la Sala Constitucional y que ahora se busca reeditar, y, por la otra, que el principio de igualdad en la participación de la comunidad universitaria en la elección de sus autoridades puede entenderse de diferentes maneras: la igualdad como equiparación y la igualdad como diferenciación, pero la Sala electoral consideró que la única interpretación posible era la primera de las mencionadas, en infracción al precedente vinculante de la Sala Constitucional. II. IMPLICACIONES ACADÉMICAS Además de la inconstitucionalidad del modelo electoral que se quiere imponer a la Universidad, la adopción del modelo contenido en las consideraciones de la Sala Electoral tiene graves implicaciones en cuanto a la calidad académica de la Institución. II.1. UNA REFORMA IMPROVISADA QUE AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD La reforma electoral de la Universidad que la Sala Electoral trata de imponer a la Universidad tiene muchísimas implicaciones en el funcionamiento institucional, particularmente en las funciones de docencia y de investigación que le corresponden a ésta. La reforma no estuvo precedida de un estudio previo sobre esas implicaciones, ni se remite a un modelo de Universidad que funcione con un esquema electoral similar y que haya dado resultados satisfactorios en cuanto a su calidad académica. II.1.1. Una reforma decidida sin estudio previo El sistema de participación de la comunidad universitaria en la escogencia de sus autoridades con el voto uno a uno que, en forma general, se estableció con la promulgación de la LOE, no estuvo precedida de ningún estudio sobre sus implicaciones académicas, ni sobre ningún otro aspecto. En realidad, tal sistema no había sido discutido, ni siquiera mencionado, antes de haber sido hecho público pocos días antes de la segunda discusión de la LOE, tal como se desprende de las siguientes consideraciones: a) Al final de los años sesenta del siglo pasado, se dio en la Universidad Central de Venezuela un movimiento que se llamó de Renovación Académica, en el cual algunos sectores estudiantiles, particularmente en las Escuelas de Historia, Filosofía y 12
Sociología, levantaron la bandera del voto paritario. En esa ocasión, se entendía por voto paritario la igualdad entre el conjunto de los profesores y el conjunto de los estudiantes en la elección de las autoridades, pero una vez restablecida la normalidad institucional en la Universidad, no se volvió a hablar de este tema. b) En el proyecto de reforma constitucional que presentó el Presidente de la República a la Asamblea Nacional en agosto de 2007 no se incluía ninguna modificación sobre el régimen de las Universidades. La Asamblea Nacional le hizo agregados al proyecto presidencial y de allí resultó el texto que fue sometido a referéndum popular, el cual introdujo con respecto al artículo 109 de la Constitución, referido a la autonomía universitaria, las siguientes innovaciones: Por una parte, que “Se reconoce a los trabajadores y trabajadoras de las universidades como integrantes con plenos derechos de la comunidad universitaria, una vez cumplidos los requisitos de ingreso, permanencia y otros que paute la ley. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, de acuerdo con los principios constitucionales de la democracia participativa y protagónica, así como las de funcionamiento y administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley”. Por la otra, que “La ley garantizará el voto paritario de los y las estudiantes, los profesores y las profesoras, trabajadores y trabajadoras para elegir las autoridades universitarias; consagrará el derecho al sufragio a todos los y las docentes que hayan ingresado por concurso de oposición, desde la categoría de instructor o instructora hasta titular y establecerá las normas para que las elecciones universitarias se decidan en una sola vuelta”. Como puede verse, con este proyecto se ampliaban los integrantes de la comunidad universitaria, pues se incluía a los trabajadores y trabajadores, y se les otorgaba a todas las categorías el derecho al voto paritario. Pero en cuanto a los profesores, se asignaba a cada uno de los que hubieran ingresado por concurso el derecho a un voto en la elección de autoridades universitarias. Los exégetas del proyecto explicaron en la campaña sobre el referendo que esta norma se refería a la paridad en las categorías y, en efecto, el Diccionario de la Lengua Española expresa que “Paritario o paritaria”, significa, “1. Dicho especialmente de un organismo de carácter social: Constituido por representantes de patronos y obreros en número igual y con los mismos derechos”, y que: “2. Dicho de una comisión o de una asamblea: Que las diversas partes que la forman tienen igualdad en el número y derechos de sus miembros”. La expresión paridad se usa originalmente en el derecho laboral y se refiere a dos partes (patronos y obreros), y cuando se toma como bandera en el ámbito universitario (en la “Renovación Académica”) también aludía a dos partes: profesores y estudiantes. El proyecto de reforma constitucional a que nos referimos, que fue negado en el referendo revocatorio del 2 de diciembre de 2010, pretendió ser reeditado en la Ley Orgánica de Educación, pero con modificaciones improvisadas y sorpresivas. c) En la primera discusión de la Ley Orgánica de Educación sancionada por unanimidad de la Asamblea Nacional el 21 de agosto de 2002 no se pretendía, como es lógico, modificar el texto constitucional. Diversos papeles de trabajo se hicieron para la segunda discusión, y en ninguna de ellas no se proponían cambios en el sistema electoral universitario. Ante el anuncio que se difundió a principios de agosto de 2009 de que se comenzaría la segunda discusión del proyecto LOE, un grupo de Rectores Universitarios se hicieron presentes en la Asamblea Nacional para pedir ser consultados sobre el tema, y se les dio copia de un proyecto que resultó no ser el que se iba a discutir. El 9 de agosto de 2009 se conoció por la prensa el proyecto para la segunda discusión, que había sido aprobado por la Comisión parlamentaria el 5 de ese mes. Las autoridades rectorales pidieron el diferimiento de la discusión hasta 13
después de las vacaciones, pero el debate se realizó el 13 de agosto de ese año, entre las 3 de la tarde y las 11:30 pm. No hubo exposición de motivos sobre el proyecto de reforma electoral, ni informe de la Comisión, ni consultas ni estudio de ninguna clase. El sistema electoral aprobado difería del considerado anteriormente y del propuesto en el proyecto de reforma constitucional de 2007 en que ahora el voto pasó a ser 1 a 1, y no por categorías. Conforme a lo expuesto, el sistema del voto 1 a 1 de profesores, estudiantes, egresados, empleados y obreros, aprobado en el artículo 34,3 de la LOE no había sido propuesto nunca antes, ni jamás discutido, ni esta innovación fue conocida por el país (ni siquiera por los diputados de la Asamblea Nacional) antes del 9 de agosto de 2009, menos de cien (100) horas antes de su aprobación, lo que impidió la participación de la sociedad organizada y de las comunidades docentes en una reforma que modifica el texto constitucional. II.1.2. Una reforma inédita, sin precedentes en el ámbito mundial No existe ninguna Universidad, ni siquiera de baja calidad académica, que haya adoptado un sistema electoral para elegir las autoridades como el que trata de imponer la Sala Electoral. En el Manifiesto de Córdoba (1918), el estudiantado no reclama el voto paritario, y mucho menos el 1 a 1, sino que “Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes”. En la actual Universidad Nacional de Córdoba, que es la institución que concede la mayor participación a los no docentes en el ámbito mundial, al Rector lo escoge un claustro en el que la representación de los profesores es igual a la suma de todos los demás sectores que hacen vida en la Universidad. De las Universidades que eligen sus autoridades con participación de sectores no docentes, que son pocas en el ámbito planetario, no hay ninguna en que la participación de los profesores sea inferior al 50%. No existe ni ha existido ninguna Universidad en donde se haya consagrado el voto universal, como derecho político de los diferentes sectores de la vida universitaria, para la elección de sus autoridades. Ni en la Unión Soviética, ni en ninguno de los países que giraron en su órbita política, existió un sistema de participación de este tipo, sino todo lo contrario. Aunque se reconoce la alta calidad académica que llegaron a alcanzar algunas Universidades del llamado “socialismo real”, sus autoridades siempre fueron designadas unilateralmente por el gobierno, sin otorgar ninguna posibilidad de participar en elección alguna a los integrantes de las comunidades universitarias, ni siquiera a los profesores. En las Universidades cubanas actuales, los Rectores y demás autoridades universitarias son empleados de libre nombramiento y remoción del Ministerio de Educación. De allí, pues, que el voto 1 a 1 de profesores, estudiantes, egresados, empleados y obreros en la elección de las Universidades, que la Sala Electoral trata de imponer a las Universidades autónomas de Venezuela, de concretarse, sería una innovación a nivel mundial. Por tratarse de un experimento, lo indicado es que se probara primero en una Universidad Experimental, cuyo régimen organizativo depende de lo que disponga el Ejecutivo Nacional al dictar el Reglamento General de la Institución. De acuerdo a la evaluación de los resultados que se hiciera, dicho método podría ser extendido a otras Universidades, incluyendo las autónomas. II.1.3. Un modelo de Universidad que no ha sido discutido en las Universidades del país Como se pretende imponer un sistema electoral que no ha sido ensayado en ninguna parte del mundo, se supone que tal innovación debe responder a un modelo teórico definido 14
conceptualmente o a una praxis ensayada en el país. Como el gobierno que rige en Venezuela se ha autocalificado de “socialista”, que propicia una educación “socialista”, sin base alguna en la Constitución y sin considerar que en nuestra Ley Fundamental se proclama que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación…el pluralismo político” (art. 2), y que en esa misma Constitución se dispone que la educación es un derecho humano y también que “La educación es un servicio público y está fundamentada en el respecto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática…” (art 102). Ahora bien, el socialismo educativo del régimen se desarrolla con dos modelos diferentes: de un lado, un modelo utópico, que pretende ser aplicable a las Universidades autónomas; del otro, el modelo real, que existe en las Universidades experimentales sometidas a la jerarquía del gobierno. II.1.3.1. El modelo utópico, que se manifiesta en cuanto a la participación den la elección de las autoridades universitarias, está plagado de contradicciones y no acaba de definirse. En efecto, diversas versiones del modelo utópico se han expuesto por personeros del régimen, en la siguiente forma: a) En el proyecto de reforma constitucional de 2007, se consagraba “el voto paritario”, que como expresamos se refiere a la paridad por categorías y no por personas, porque no es el ejercicio de un derecho político. En cuanto a los docentes, tal derecho se concedía únicamente a los “que hayan ingresado por concurso de oposición”, y con respecto a los trabajadores “una vez cumplidos los requisitos de ingreso, permanencia y otros que paute la ley”. b) En la LOE (art. 34,3) se contempla el derecho a participar en la elecciones universitarias, referidas a las Universidades autónomas, “en igualdad de condiciones”, de los profesores, estudiantes, empleados y obreros, pero se deja, en cuanto a la participación de los egresados, a lo que disponga el Reglamento y en cuanto a lo que debe entenderse por igualdad de condiciones (como equiparación o como diferenciación) a lo que determine la ley especial. c) En el proyecto de Ley de Educación Universitaria (LEU) sancionado por la Asamblea Nacional el 23/12/2010 se acoge el principio de igualdad como equiparación cuando se dispone que “La igualdad de condiciones en la participación electoral de la comunidad universitaria implicará, la cuantificación de un voto por cada votante para la determinación de los resultados electorales” (art. 86). Pero el Presidente de la República devolvió el proyecto sin promulgarlo por considerar que el mismo era “inaplicable e inconsulto”, es decir, que no se ajusta al modelo de educación universitaria “socialista” (utópica) que se pretende imponer. Es de observar que, a diferencia de lo dispuesto en la LOE, en el proyecto de LEU no se disponía que el sistema electoral utópico era aplicable únicamente a las Universidades autónomas, y tal vez por ello se explica su devolución. d) La Sala Electoral, en rebeldía frente al criterio presidencial, determina el desarrollo de la LOE que debía hacer la ley especial y dispone, por una parte, que la elección se deberá hacer en la forma prevista en el proyecto de la ley que había sido devuelto por ser “inaplicable e inconsulto”, y por la otra, que la Universidad, en ejercicio de su autonomía, pero subordinada a las consideraciones de la Sala, debe dictar el Reglamento de Elecciones. En conclusión, mientras la Asamblea Nacional no modifique la LOE para adecuarla a la Constitución o no dicte la LEU, con orientación constitucional (si quiere hacerla aplicable) o inconstitucional, o mientras la Sala Constitucional del TSJ no se pronuncie sobre la recta 15
inteligencia de las normas constitucionales referidas a las Universidades, no tendremos una idea precisa sobre el modelo de socialismo utópico que el régimen quiere imponer para las Universidades autónomas. II.1.3.2. El modelo real, que es el que se aplica para las Universidades Experimentales que son calificadas como socialistas, no resulta de una teoría sino de una praxis y corresponde al Socialismo del Siglo XXI Venezolano Real. En estas instituciones, que dependen jerárquicamente del Ministerio PP para la Educación Universitaria, cuyo titular nombra las autoridades “por disposición del ciudadano Comandante Presidente”, no hay participación de ninguno de los integrantes de las comunidades universitarias, no hay estabilidad ni escalafón para los profesores, los estudiantes carecen del derecho a elegir centros y federación de estudiantes y los trabajadores pueden ser despedidos sin procedimiento alguno, pues carecen de la garantía de la inamovilidad y a los tribunales no les está permitido velar por estos derechos. El desiderátum de ese modelo de Universidad fue expresado por el Rector de la Universidad Nacional de la Fuerza Armada (UNEFA) cuando el 25 de marzo de 2011, refiriéndose a esa institución, afirmó: "La vamos a convertir en breve plazo (la Unefa) en la universidad que yo he llamado, sin querer cambiarle el nombre, en la Universidad de la Revolución Bolivariana, porque vamos a formar allí y vamos a egresar, de hecho ya estamos egresando un número importante de profesionales para servir y acompañar a la revolución bolivariana", ello en virtud de que “Yo no dudo que nuestros estudiantes tienen que ser formados como ciudadanos socialistas” (http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120325/rector-deunefa-estudiantes-deben-ser-formados-como-ciudadanos-sociali). II.1.3.3. La coexistencia de modelos De acuerdo con lo dispuesto en la LOE y en la sentencia Nº 104 de la Sala Electoral, se mantienen dos regímenes electorales antagónicos: uno para las Universidades experimentales sometidas a la jerarquía del gobierno, caracterizado por la ausencia de participación de la comunidad universitaria, y otro para las Universidades que eligen sus autoridades, autónomas o experimentales académicamente consolidadas, a las cuales en su conjunto las llamamos autónomas, con respecto a las cuales se consagra un sistema de hiperparticipación. Cabe entonces interrogarse sobre cuál de los dos modelos (el utópico o el real) es compatible con el proyecto político que se pretende implantar en Venezuela. La respuesta la encontramos al examinar el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 -al cual incluso oficialmente se le ha denominado Primer Plan Socialista-, en el cual se expresa que “En este próximo período 2007 – 2013, se orienta Venezuela hacia la construcción del Socialismo del Siglo XXI…” (ver: http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/shareFile/PPSN.pdf) Es evidente que para este propósito hay que poner de lado las disposiciones constitucionales que propugnan, entre los valores superiores del Estado, “el pluralismo político”, y, entre los fundamentos del servicio público de educación “el respeto a todas las corrientes del pensamiento”. Por ello, la extensión a todas las Universidades del modelo real es lo que me mejor se aviene con una educación ideologizante, puesto que en una Universidad en la que opere la participación, como existe en la actualidad en las Universidades autónomas, o la hiperparticipación que se propone para estas instituciones conforme al modelo utópico, es imposible instaurar una ideología única. Conforme a lo expuesto, el modelo utópico que hemos examinado -si se llegara a implantarconstituiría una etapa transitoria en el funcionamiento de nuestras Universidades autónomas, sujetos a ser revertido –más temprano que tarde- al modelo que refleja fielmente las aspiraciones del régimen que nos gobierna. Pero, en el logro de ese propósito, el sistema transitorio cumpliría diversas funciones de gran utilidad, particularmente en 16
cuanto a atraer hacia las ofertas del régimen a sectores de la comunidad universitaria que, supuestamente, verían incrementado su poder en la elección de las autoridades universitarias, en la siguiente forma: a) A los estudiantes, al ofrecérseles la posibilidad real de determinar quiénes serían las autoridades que se elegirían en las Universidades, sin considerar que se trata de una oferta engañosa, pues ya ha sido introducida ante la Asamblea Nacional un proyecto de “Ley de los Consejos Estudiantiles del Poder Popular”, en cuyo preámbulo se declara que “A efectos de superar la fragmentación de la organización social, producida por la división que promueve el capitalismo con el fin de impedir que quienes se desenvuelven en un lugar, se encuentren para alcanzar objetivos de lucha, que en lo real, son comunes, se define el siguiente reglamento para el funcionamiento de los Consejos Estudiantiles del Poder Popular”. En el artículo 1 del proyecto se expresa lo siguiente: La presente ley tiene por objeto crear, desarrollar y regular la conformación, integración, organización y funcionamiento de los Consejos Estudiantiles del Poder Popular; y su relación con el Estado, para la formulación, ejecución, control y evaluación de los proyectos por ellos definidos a partir del diagnóstico participativo. Además establece las características para la conformación de las entidades superiores a los Consejos Estudiantiles. Éstos son: la comuna estudiantil, la Federación Estudiantil y la Confederación de Consejos. Por otra parte, “La organización, funcionamiento y acción de los consejos estudiantiles se rige conforme a los principios socialistas” (art. 3), y se establece que tales organismos dispondrán de un Banco Estudiantil, que “es la forma de organización y gestión económico-financiera de los recursos de los consejos estudiantiles; es una organización flexible, abierta, democrática, solidaria y participativa”. Y también se dispone en el proyecto que Son deberes de las y los estudiantes integrantes de los consejos estudiantiles: la vinculación con las luchas sociales del territorio e internacionales; vinculación con los Consejos Estudiantiles de la parroquia y con los Consejos Comunales, así como con las luchas de las organizaciones estudiantiles; subordinación a las decisiones tomadas en la Asamblea de estudiantes –siempre que respondan a los valores socialistas-; corresponsabilidad social; la rendición de cuentas; el manejo transparente y oportuno de los recursos que dispongan; bien sea por asignación del Estado o cualquier otra vía de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente (subrayado nuestro). Estos Consejos Estudiantiles del Poder Popular tienen su base legal en el artículo 21 de la LOE, en la cual se dispone lo siguiente: Artículo 21. En las instituciones y centros educativos en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo se organizarán consejos estudiantiles, sin menoscabo de otras formas organizativas, destinadas a promover la formación de ciudadanos y ciudadanas mediante la participación protagónica y corresponsable del estudiantado, tomando en cuenta las especificidades de cada nivel y modalidad. Estas organizaciones estudiantiles actuarán junto con la comunidad educativa en los diferentes ámbitos, programas, proyectos educativos y comunitarios, ejerciendo sus derechos y deberes como seres sociales, en un clima democrático, de paz, respeto, tolerancia y solidaridad. Las organizaciones estudiantiles se regirán por la normativa que al efecto se dicte. Con esta norma de la LOE se pretende reeditar la propuesta de constitución del Poder Popular contenida en el proyecto de reforma constitucional de 2007, negada por el pueblo en referendo constitucional. En la modificación del artículo 136 de la Constitución se proponía 17
en el proyecto fallido la siguiente redacción “El Poder Público se distribuye territorialmente en la siguiente forma: el poder popular, el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional”, y en el mismo artículo se declaraba que “El Poder Popular se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, los consejos obreros, los consejos campesinos, los consejos estudiantiles y otros entes que señale la ley” (destacado nuestro). En tal virtud, los consejos estudiantiles están llamados a desplazar a los centros de estudiantes y a las federaciones de centros de estudiantes, organizaciones históricas que han cumplido un papel esencial en la defensa de la autonomía universitaria, y a ser controlados y financiados por el gobierno, al igual que ocurre con los consejos comunales. En efecto, los Consejos de Estudiantes, como los consejos comunales, deberán integrarse en el Gran Polo Patriótico, instrumento electoral al servicio de la reelección indefinida del Presidente actual, tal como se expresa en las Líneas Estratégicas de Ación Política, enero 2011-diciembre de 2012, emanadas de la Presidencia del PSUV (Chávez): “Simultáneamente al desarrollo de estos Consejos (o posterior a estos), se pueden realizar Consejos Patrióticos Bicentenarios Sectoriales (economía y sus cadenas productivas, frentes sociales (trabajadores, educación, salud, campesinos, mujeres, afrodescendientes, personas con discapacidad, mujeres, pobladores, buhoneros, motorizados, jóvenes, ambiente, comunicación, y otras formas de organización social tales como los Consejos Comunales, entre otros) (5ª Línea Estratégica, La Constitución del Gran Polo Patriótico: una audaz política de Repolarización, véase: http://www.psuv.org.ve/portada/lineas-estategicas-deaccion-politica/ b) A los profesores contratados e interinos, sin que se señale que, conforme al proyecto de reforma constitucional de 2007, la participación electoral sólo corresponde a los profesores que han ingresado por concurso. c) A los trabajadores, a los cuales se le omiten dos aspectos fundamentales: En primer lugar, que en la LOE no se prevé la participación de representantes de los trabajadores en los organismos de cogobierno (solamente en un Consejo Contralor, cuya integración y funciones deberán ser definidas en la ley especial sobre las Universidades), pero se les hace creer que “quien tiene derecho a elegir puede ser electo”. En segundo lugar, que el gobierno tiene previsto sustituir a los actuales sindicatos por Consejos de Trabajadores del Poder Popular, destinados a apoyar al régimen antes que a sus afiliados, que serían financiados por el gobierno y que se integrarían en el Gran Polo Patriótico como instrumentos electorales al servicio de la reelección vitalicia del Comandante Presidente y de su sucesor. En la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que se discute en la actualidad, se ha propuesto incluir un conjunto de normas sobre estos Consejos de Trabajadores, que al principio coexistirían con los sindicatos y después los sustituirían: (Véase:http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php? option=com_content&task=view&id=22411&Itemid=63). d) A los egresados, a los que se les ofrece el voto 1 a 1 por ser un derecho político, pero sin informarles que en los proyectos de Reglamentos de Elecciones elaborados por el gobierno se limita la participación electoral de los integrantes de esta categoría a los egresados los últimos cinco (5) años, o a los últimos veinticinco (25) años, de acuerdo a las diferentes versiones, como si los derechos políticos prescribieran por el transcurso del tiempo. Las consideraciones anteriores evidencian que el modelo utópico, en sus diferentes versiones, es un mecanismo engañoso para atraer incautos hacia la estrategia continuista del gobierno, carente de toda sinceridad, y, por tanto, destinado –en caso de ser implantado- a tener una vigencia efímera.
II.2. UNA REFORMA DESVINCULADA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN En la Constitución que nos rige se dispone que “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad…”. Por ello, toda modificación que se haga en el funcionamiento de las instituciones educativas, aunque persiga logros en otros aspectos, como el social, no puede estar desvinculada del propósito de mejorar, o al menos mantener, la calidad de los servicios educativos. Ahora bien, la reforma que se prevé –cuando se dicte la legislación especial- en la Ley Orgánica de Educación, fue decidida sin un estudio previo sobre la incidencia de la universalización e igualación del voto en la elección de las autoridades en la calidad de la educación. Es obvio que tal reforma ha tenido motivaciones exclusivamente políticas, sin tomar en cuenta las implicaciones académicas, y sin importar a sus promotores la incidencia que pudiera tener en el nivel de la enseñanza y de la investigación que atañe a las Universidades. Pero existen indicadores de que la reforma apresurada, inconsulta y provisional que se pretende imponer a las Universidades de mayor nivel académico del país, de las que egresan los profesionales más solicitados nacional e internacionalmente, podría comprometer los logros de esas Universidades. En el ámbito internacional se han establecido diversos índices para medir la calidad de las Universidades y al respecto se observa que los resultados de la clasificación varían según los elementos indiciarios que se tomen en cuenta. Pero en todo caso, las principales Universidades latinoamericanas en las clasificaciones que hemos examinado –que generalmente no están entre las 100 ni entre las 200 primeras Universidades a nivel globalencontramos la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Chile y la Universidad Autónoma de México (falta…..) Por otra parte, con relación a nuestro país, se observa, por una parte, que las Universidades Nacionales mejor colocadas en cuanto a la calidad de la enseñanza y, por tanto, que son las más solicitadas, eligen a sus autoridades, en general, con el sistema proporcional previsto en la Ley de Universidades; y por la otra, que en el último lugar de la escala encontramos las Universidades Experimentales cuyas autoridades son designadas unilateralmente por el Comandante Presidente de la República. Ello no significa que el sistema consagrado en la Ley de Universidades no esté sujeto a ser revisado o mejorado, sino que, de un lado, las Universidades que lo aplican perderían su calidad si entraran en la dependencia jerárquica del Ejecutivo y, del otro, que la adopción del sistema electoral con el voto como derecho político no garantiza mejoría – y ni siquiera mantenimiento- con relación al nivel académico actual. A este respecto se observa que existen cinco Universidades autónomas que eligen sus autoridades por disposición legal: la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de los Andes (ULA), la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad de Carabobo (LUZ) y la Universidad de Oriente (UDO). Y también que Universidades que inicialmente fueron creadas como Experimentales, con autoridades nombradas por Presidente de la República, fueron consolidándose institucional y académicamente hasta alcanzar el derecho de elegir sus autoridades, por decretos presidenciales promulgados por gobiernos anteriores al presente, y entre ellas encontramos a la Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado (UCLA), la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO). Al lado de estas Universidades que han alcanzado el derecho de ser llamadas autónomas, encontramos Universidades cuyo proceso de consolidación fue interrumpido al ser intervenidas por el Ejecutivo Nacional, como la Universidad Nacional Abierta (UNA), la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) o la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ), de un lado, y del otro, las Universidades de reciente 19
creación (como la Universidad Bolivariana de Venezuela, UBV) y las instituciones de reciente transformación en Universidades (como la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, UNEFA), que parecen responder a un modelo “socialista” de Universidad. En todos los casos en que se les concedió el derecho al autogobierno a las Universidades Experimentales, bajo el régimen previsto en la Ley de Universidades, se produjo un mejoramiento académico de las instituciones favorecidas, mientras las Universidades sometidas a la jerarquía gubernamental muestran atraso o estancamiento en sus niveles académicos. Por ello, toda reforma o todo experimento que pueda significar una desmejora en el nivel académico de las instituciones educativas es una lesión al derecho que tienen todas las personas a una educación integral, de calidad. II.3. UNA REFORMA PROVISIONAL QUE ACARREARÍA DAÑOS IRREPARABLES LAS UNIVERSIDADES NACIONALES CON MAYOR NIVEL ACADÉMICO II.3.1. La imposición de una reforma que tiene carácter provisional La provisionalidad de la reforma que se pretende imponer a las Universidades viene dada por las siguientes circunstancias: En primer lugar, ante la Sala Constitucional cursa un recurso de nulidad, por inconstitucionalidad, contra la Ley Orgánica de Educación, interpuesto el 10 de octubre de 2009, por un grupo de Rectores Universitarios. Si esta Sala declara con lugar la nulidad solicitada, la Asamblea Nacional, dependiendo de los términos de la sentencia que pudiera declarar la nulidad, deberá reformular la LOE, para lo cual deberá abrir un proceso de consultas y aprobar normas que sean “aplicables”. Ello podría traducirse en que se determinara un sistema electoral diferente al contemplado en la ley orgánica, por lo que la reforma provisional que se implantaría bajo la presión de la Sala Electoral carecería de base jurídica, y se habría perdido un esfuerzo, se habrían malgastado unos recursos, se habrían creado unas expectativas difíciles de revertir, sin contar que un proceso de esa naturaleza podría generar hechos de violencia en el recinto universitario. En segundo lugar, la Asamblea Nacional está en mora en la sanción de varias leyes que desarrollen los principios de la LOE sobre los diferentes subsectores de la educación, aunque nos estamos refiriendo al de educación universitaria. En efecto, según la Disposición Transitoria SEGUNDA de la LOE “En un lapso no mayor de un año a partir de la promulgación de la presente Ley, se sancionarán y promulgarán las legislaciones especiales referidas a esta Ley”. Con algún retardo la Asamblea Nacional sancionó la Ley de Educación Universitaria, la cual fue devuelta por el Presidente de la República el 4 de enero de 2011, como antes quedó dicho. A partir de ese momento se abrió (se continuó, diríamos mejor) un debate en las Universidades y en diversos sectores del país, sobre cuál debería ser el régimen de la educación superior, pero ello no obsta –formalmente- para que la Asamblea Nacional, cuando lo considere conveniente, discuta y sancione una ley en esta materia. Esa ley podría (y debería) ser diferente a la antes sancionada y no promulgada y, aunque se mantuviera la vigencia de la LOE, en el aspecto de la participación de la comunidad universitaria, la Asamblea Nacional podría acoger el principio de la igualdad como diferenciación, en lugar de la igualdad como equiparación, lo que dejaría sin base a la costosa (en términos de esfuerzo inútil y de interferencia en los procesos académicos) reforma que se habría implantado bajo la presión de la Sala Electoral. Conforme a lo expuesto, la Sala Electoral está obligando a la Universidad Central de Venezuela, y a las demás Universidades que eligen sus autoridades, a sancionar y ejecutar una reforma electoral provisional, cuya duración dependería de decisiones de la Sala Constitucional y de la Asamblea Nacional, según el caso, las cuales podrían dejar sin base 20
jurídica el sistema electoral que se pretende implantar provisionalmente y que podrían obligar a revertir, al menos en forma parcial, el sistema propiciado por la Sala Electoral. En este aspecto cabe preguntarse si no hay interés en la Sala Electoral de crear un conjunto de condiciones y hechos cumplidos que tendrían por finalidad limitar las posibilidades de que la Sala Constitucional o la Asamblea Nacional se separen en sus decisiones de los criterios de la Sala Electoral. II.3.2. Un experimento que podría producir daños irreparables a las Universidades autónomas. La consideración de que el sistema electoral que rige para las elecciones universitarias (derecho académico) es igual al que se consagra en la Constitución para elegir a los titulares del poder público (derecho político), es un experimento que, al no haber sido estudiadas sus implicaciones antes de pretender aplicarlo, puede considerarse un salto al vacío. Las diferencias son obvias, ya lo había destacado la Sala Constitucional al expresar que “no puede aludirse a los artículos 62 [derecho a participar en los asuntos públicos] y 63 [derecho al sufragio] de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para estimar inconstitucionales los artículos 52 y 55 de la Ley de Universidades (u otros similares de la misma ley), ya que éstos últimos no se refieren al sufragio ni a la participación política, sino a la composición de una autoridad universitaria y de sus atribuciones, lo que escapa a la teleología de las garantías sobre sufragio y participación política invocadas”. Por lo tanto, al pretenderse imponer una reforma que es un experimento susceptible de desmejorar la calidad académica de las instituciones educativas, sin haberse realizado previamente los estudios requeridos para prever los efectos colaterales de tal modificación, se pueden causar gravámenes irreparables a los objetivos académicos y al funcionamiento de las Universidades, tales como los siguientes: a) De una lado, al considerar el derecho a la participación en la elección de las autoridades universitarias como un derecho político, que se ejerce mediante la equiparación del valor del voto de los electores, ello implica que, según las decisiones que se adopten, tendría igual derecho a voto un universo de aproximadamente 60.000 estudiantes, incluyendo a 11.000 estudiantes de postgrado, 8.000 profesores, entre activos y jubilados, 4.000 empleados administrativos, 2.000 obreros (incluyendo vigilantes) y más de 300.000 egresados. Dijimos que la cifra depende de las decisiones que se adopten, porque al discutir el Reglamento el Consejo Universitario tendría que definir, en cuanto a los estudiantes, si votan sólo los alumnos regulares, o todos los inscritos aunque mantengan una situación irregular en la universidad (por ej. aplazados en más de la mitad de las materias), si votan los estudiantes de postgrado (Especialización, Maestría y Doctorado), y si lo hacen los de otros cursos no conducentes a títulos (extensión, ampliación, diplomados). Por tratarse de un derecho político –según el criterio de la Sala Electoral-, sería muy difícil limitar la categoría de estudiantes que pueden votar. En cuanto a los profesores, ¿tendrían derecho a votar los profesores contratados, los docentes libres, es decir, los que no mantienen una vinculación permanente con la Universidad? Con respecto a los obreros, el Consejo Universitario debería decidir si puede limitar la participación a los que tengan un tiempo determinado al servicio de la institución, lo que excluiría a los trabajadores temporeros, y si es válida esa limitación. En este aspecto probablemente el Consejo Universitario no podría excluir del derecho al voto uno a uno a los empleados y obreros jubilados, ya que votarían los profesores jubilados y hay un principio de igualdad que impediría hacer discriminaciones. Sobre los egresados, ¿cómo puede un reglamento excluir a los que tengan mucho tiempo de graduados, si los derechos 21
políticos no prescriben por el transcurso del tiempo? En el caso de las personas que tengan más de una condición para votar (por ej. obreros que son estudiantes, profesores que son empleados o estudiantes, o las tres cosas a la vez, egresados y profesores o egresados y estudiantes, o egresados y empleados administrativos, etc) habría que determinar si votan una vez en total o una vez por cada condición que reúnan. Todas estas cuestiones tienen una respuesta en la actual Ley de Universidades, y hay abundante doctrina y jurisprudencia para esclarecer los casos dudosos, pero sin una Ley que regule el nuevo sistema de votación, los conflictos y los recursos jurisdiccionales pueden llegar a ser inmanejables. b) No debe perderse de vista que problemas como los planteados deberían ser resueltos por cada una de las Universidades que eligen sus autoridades, lo que podría hacerse en forma diferente y traería una diversidad de regímenes en esas Universidades. Y como la Sala Electoral ha desestimado las solicitudes de ampliación y de aclaratorias que le han solicitado las Universidades que han sido destinatarias de sentencias similares a la que la representación legal de la UCV, los criterios provisionales de la Sala Electoral que se hayan implantado serán difíciles de revertir si el sistema que determine la Asamblea Nacional es diferente al propugnado por dicha Sala. Para evidenciar los gravámenes irreparables o de difícil reparación que traería la implantación de la reforma provisional que auspicia la Sala Electoral, podríamos señalar algunos ejemplos. El derecho a voto de todos los egresados, en igualdad de condiciones con los profesores y los estudiantes, implica que un universo superior a 300.000 personas tendría el derecho político de participar en la elección de las autoridades universitarias, en las mismas condiciones que los profesores activos. Ello significa que, además de que las autoridades favorecidas por el voto de los egresados tenderían a ser personas de orientación conservadora –cuando la sociedad del conocimiento exige audacia en la gerencia académica-, la elección de autoridades universitarias se transformaría en procesos nacionales, con campañas electorales que se ventilarían por los medios de comunicación. Pero además, la mayor posibilidad de movilización de egresados la tienen los colegios profesionales, los cuales están penetrados la mayoría de las veces por partidos políticos, lo que partidizaría la elección de autoridades. c) El derecho a voto de los obreros genera efectos que debemos tratar de anticipar. Es evidente que los sindicatos tratarían de ampliar el universo de sus integrantes. Si hoy en día hay presiones para que se incorporen a la nómina de la Universidad los llamados “trabajadores tercerizados”, con esta reforma las presiones aumentarían hasta hacerse insoportables por las huelgas no previstas en la legislación laboral u otras vías de hecho. La presión por incorporar trabajadores tercerizados se refiere a que personas que trabajan en empresas privadas, como las de limpieza, que prestan servicios a la Universidad por haber sido seleccionadas mediante los procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones Públicas, por un tiempo determinado, deberían –según lo vienen solicitando algunos dirigentes sindicales- ser incorporadas como trabajadores universitarios, con el consiguiente incremento de la responsabilidad laboral para la Universidad y la sobrecarga para el presupuesto público. d) Pero además, la consideración del derecho de participación en el cogobierno universitario como un derecho político conduce a situaciones absurdas y contrarias al espíritu académico que debe prevalecer en las Universidades. En el primer aspecto, como los derechos políticos sólo son otorgados a las personas que gozan del status de ciudadanía, ello implica que se negaría el derecho a participar en los comicios universitarios a profesores y a estudiantes que sean extranjeros y a estudiantes venezolanos que sean menores de edad. En el segundo aspecto, basta con imaginarse a los candidatos a autoridades universitarias o de 22
Facultad detrás de los estudiantes para lograr el voto determinante de éstos, o a las mismas autoridades sometidas a referendo revocatorio cuando adopten decisiones que los estudiantes consideren lesivas a sus intereses, todo lo cual haría inaplicable, irreversiblemente, el régimen disciplinario y las exigencias académicas en la Universidad. Por supuesto que no existe ningún país del mundo en donde se aplique el sistema de elección y remoción de autoridades que pretende instaurar la Sala Electoral en las Universidades autónomas de Venezuela. Pero si nuestro país pretende ser pionero en esa materia, podría comenzar por instaurar ese sistema en una Universidad Experimental sometida a su jerquía –puesto que de un experimento se trataría-, para lo cual bastaría que el Ejecutivo Nacional modificara el Reglamento General que la rige. d) La implantación del sistema electoral que auspicia la Sala Electoral tendría el efecto de deslegitimar la legislación que rige a la Universidad y haría a esta Institución vulnerable frente a demandas que no tienen fundamento en las leyes. Así por ejemplo, la LOE confiere a los empleados y obreros el derecho a voto en igualdad de condiciones con los profesores, pero no les otorga la posibilidad de elegir representantes ante los organismos de cogobierno (Consejo Universitario, Consejos de Facultad y Consejos de Escuela), sino únicamente en un Consejo Contralor. Pues bien, la instauración del sistema electoral provisional que auspicia la Sala Electoral sin una modificación paralela o concomitante de la estructura universitaria definida en la ley, que sea acorde con el régimen electoral, sería una fuente de conflictos en el seno de la institución. En efecto, los sindicatos de empleados y obreros consideran que la reforma electoral, por sí misma, les da derecho a sus miembros a participar en los organismos de cogobierno, partiendo del principio de que quien tiene derecho a elegir puede ser elegido, lo que no está previsto en la legislación actual. Esta circunstancia podría traer, incluso, situaciones de violencia en el recinto universitario, como ya se vienen presentando, para urgir la implantación de la reforma como algunos dirigentes sindicales la entienden, lo que desborda el aspecto electoral. El tema a que nos referimos forma parte de las cuestiones que están siendo debatidas en el seno de la Universidad, y una decisión apresurada de instaurar el sistema electoral provisional derivado del principio de igualdad por equiparación, sin el debido estudio y sin una legislación que le sirva de soporte, y que incluya modificaciones estructurales en la Universidad acordes con el sistema electoral que se adopte, tendría repercusiones negativas en el funcionamiento de la Universidad, fáciles de prever.. e) Por otra parte, dado que la sentencia de la Sala Electoral deja a la competencia de los órganos superiores de dirección de las Universidades que eligen sus autoridades la solución de los interrogantes que hemos planteado, por considerar que esos aspectos forman parte de la autonomía universitaria, cada Universidad dará una respuesta diferente a las diversas cuestiones que se suscitan para elaborar el Reglamento que les impone dicha Sala, y se crearía una disparidad, una inseguridad jurídica e incluso una anarquía, con esas regulaciones distintas y contradictorias. II.4. UNA REFORMA QUE NO RESUELVE NIGUNO DE LOS PROBLEMAS DE LA UNIVERSIDAD Si bien la reforma del Reglamento de Elecciones genera problemas directos y colaterales de diversa naturaleza para la Institución, en cambio no ayuda a resolver ninguna de las situaciones que limitan o menoscaban la actuación de la Universidad para el logro de sus fines, constitucional y legalmente definidos. En forma sucinta nos referiremos a los principales de estos aspectos. II.4.1. No se resuelve ni se mitiga el agobio económico que aqueja a la Institución. 23
a) Durante más de cinco (5) años se ha venido reconduciendo el presupuesto de funcionamiento que recibe la Universidad, lo que significa que ese presupuesto se reduce cada año en aproximadamente un 30%, que es la pérdida interanual que sufre el valor adquisitivo de la moneda, lo que genera, entre otros, los siguientes problemas: - La Universidad dispone cada vez de menos recursos para atender las adquisiciones de equipos y materiales indispensables para sus funciones docente y de investigación: libros, reactivos para los laboratorios, materiales para las prácticas docentes, por ejemplo, en el área de odontología, equipos como microscopios o materiales para diagnóstico de enfermedades, muebles para la docencia, como pupitres o ayudas audiovisuales. Las suscripciones de revistas extranjeras, en la mayor parte de los casos, han sido interrumpidas. - La Universidad se ha visto obligada a realizar milagros para atender los gastos de providencias estudiantiles: los comedores universitarios de Caracas y de Maracay mantienen la calidad de la comida, a pesar de que en este ámbito la inflación ha sido mayor que en otros rubros y de que el número de comensales se ha cuadruplicado en los últimos años, y ello gracias a una mejor administración y al sacrificio de otros programas de la Institución. Las viejas unidades de transporte de estudiantes y empleados ya no resisten más reparaciones y no ha sido posible la renovación de la flota de autobuses en la medida requerida. Las becas para los estudiantes de menores recursos y de buen rendimiento no se han podido aumentar en la cuantía necesaria para mantenerlas al ritmo de la inflación, ni se ha podido incrementar su número en concordancia con el aumento de la matrícula estudiantil, que cada vez es mayor. - Las construcciones y la adecuación de la infraestructura física de la Universidad se han visto limitadas por la carencia de recursos, aunque se ha hecho un gran esfuerzo por mantener los edificios, los jardines y los locales que, como el Aula Magna, son símbolos de la Institución. El gobierno ha incumplido los compromisos que asumió ante la UNESCO de erogar los recursos necesarios para el mantenimiento de las edificaciones de la Ciudad Universitaria de Caracas, Patrimonio Cultural de la Humanidad. b) Por otra parte, las partidas para gastos de personal y las incidencias laborales, aunque han sido aumentadas, resultan insuficientes por las siguientes razones: - El año pasado (2011), el gobierno decretó un aumento general de sueldos y salarios de un 40% aproximado, pero con respecto a los profesores ese aumento ha debido ser del 120% si se hubieran aplicado las normas de homologación convenidas entre el Estado y las Universidades, en las que se toma en cuenta el índice inflacionario del país. - Los obreros, en su gran mayoría, ganan el salario mínimo, incluso personas que tienen hasta 15 años al servicio de la Institución. - En general, la situación laboral de los profesores, empleados y obreros de los profesores, empleados administrativos, profesionales y técnicos y obreros que prestan servicio a la Universidad es crítica, sobre todo en comparación con otros trabajadores del sector público, y ello se refleja no sólo en la remuneración que reciben, sino en las prestaciones por concepto de seguridad social, particularmente en cuanto a los servicios médicos y obtención de medicinas, que día a día declinan. - Durante más de un lustro el gobierno no ha otorgado partidas para la reposición de personal en los cargos que quedan vacantes. En la función docente y de investigación, ello significa que esos cargos hay que cubrirlos y la Universidad ha acudido a la figura de incrementar la carga docente de los profesores a tiempo completo y a dedicación exclusiva, en detrimento de las tareas de investigación y de extensión que les corresponden. - La fuga de cerebros golpea fuertemente a la Institución. Son muchos los profesores que, al culminar sus estudios en el exterior, prefieren no regresar al país dada la carencia de oportunidades de trabajo remunerado que cada es mayor en las áreas académicas, lo que 24
también demuestra la alta estima que existe en Universidades y centros de Investigación de los países más adelantados con relación a los universitarios venezolanos. Al mismo tiempo, la planta profesoral de la Universidad, que es reconocida por su calidad, envejece inexorablemente y no puede ser renovada por la ausencia de atractivo para los nuevos académicos, lo que se nota particularmente en los cargos a tiempo completo y a dedicación exclusiva. f) g) h) II.4.2. Las agresiones contra el recinto universitario y contra los integrantes de la comunidad universitaria, las cuales se manifiestan de diversas formas: a) En el recinto universitario se perpetran hechos de violencia en forma consuetudinaria, la mayor parte de las veces con objetivos políticos: se incendian instalaciones, incluso inmuebles que forman parte del Patrimonio Mundial, se queman vehículos, se destruyen archivos y equipos (computadoras, lectoras ópticas) que se utilizan en procesos electorales, se irrespeta a profesores y a autoridades, se lanzan explosivos y bombas lacrimógenas contra las personas, se amedrenta a la comunidad universitaria con disparos y ráfagas de ametralladoras que se hacen desde motocicletas, generalmente por sujetos encapuchados. b) Las denuncias sobre hechos de violencia que se formulan ante autoridades policiales y ante el Ministerio Público, no se procesan. De las cincuenta y dos (52) denuncias que se han hecho ante la Fiscalía General de la República por hechos de violencia en la Universidad en los últimos cuatro años, solo se conocen los resultados de dos (2) de ellas, las que se refieren a delitos comunes. Puede decirse que la impunidad campea cuando se trata de delitos cometidos por motivos políticos. II.4.3. Desde el Estado se impide el ejercicio funciones de gobierno de la Institución por las autoridades universitarias. Ejemplos de estas actuaciones son las siguientes: a) Ante la ejecución del proyecto de colocar puertas en las entradas de la Ciudad Universitaria, que estaba previsto en los planos originales del maestro Villanueva, y que contaba con la anuencia de la comunidad universitaria expresada en referendo consultivo realizado años atrás, con la finalidad de cerrar los accesos al recinto universitario durante altas horas de la noche, excepto en la vía que da hacia el Hospital Clínico, que permanecería siempre abierta, la Defensora del Pueblo se dirigió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para interponer acción de amparo contra la Universidad por presunta violación al derecho de los ciudadanos a transitar libremente por las calles de la Universidad. La Sala otorgó el amparo cautelar y luego paralizó el juicio, por lo que la medida provisional ha pasado a ser permanente. b) Ante el grave irrespeto que se perpetró en el Auditorio de la Facultad de Farmacia contra autoridades de la Universidad, especialmente contra la Rectora, por parte de un estudiante de la Escuela de Trabajo Social, el Consejo Universitario acordó la apertura del expediente disciplinario correspondiente. Efectuadas las tramitaciones del caso, con estricto apego al ordenamiento jurídico y al derecho a la defensa del inculpado, el Consejo Universitario le impuso al estudiante la sanción de exclusión de la Universidad por dos años, pero antes de que le fuera notificada la sanción, un tribunal de la República ordenó la suspensión de los efectos del acto sancionatorio, efectuado lo cual paralizó el juicio, lo que garantizó la impunidad por los hechos investigados y comprobados. c) Desde hace más de cuarenta años la Universidad ha cobrado una tarifa moderada a los estudiantes que, habiendo obtenido un título universitario, deciden cursar segundas, terceras, o subsiguientes carreras en la Institución, a pesar de que, bajo la 25
Constitución de 1961, incluso en forma más amplia que en la actual, se garantiza la gratuidad de la enseñanza. Ello en virtud de que se consideraba que la Universidad cumple con su obligación de impartir educación gratuita hasta que el interesado obtiene el título universitario y que, para los estudios posteriores, de postgrado o de ulteriores carreras, podía exigirse un pago reducido para generar recursos que se invertían en los mismos estudiantes: publicación de libros y adquisición de libros para las bibliotecas y financiamiento de actividades deportivas. La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por unos estudiantes de ulteriores carreras, y declaró que la garantía de la gratuidad de la enseñanza significa que, en las Universidades públicas, todas las personas, venezolanas o extranjeras, pueden cursar todas las carreras que tuvieran a bien, sin limitación alguna y sin considerar que con esta decisión se está limitando las posibilidades de ingresar a la Universidad a las personas que no han cursado ninguna carrera. En materia de determinación de las condiciones de trabajo de los servidores de la Universidad, la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo permite que el Ministro de Educación Superior (o universitaria) pueda celebrar con los sindicatos universitarios las llamadas Convenciones Normativas Laborales, que tienen efectos derogatorios con respecto a los contratos colectivos, sin que las Universidades participen en estos acuerdos, que son vinculantes para ellas. De esta forma, el Ministro otorga condiciones a los trabajadores, pero que luego no honra mediante el otorgamiento de los recursos correspondientes, lo que genera protestas de los sindicatos que, en forma incompresible, se dirigen contra la Universidad y se traducen en paros laborales sin seguir los procedimientos previstos en la ley, y en impedimentos para el ingreso a la Institución de personas que asisten a ella con fines de docentes, de estudio, de trabajo o de solitud de servicios médicos o sociales que brinda la Institución. En algunos casos, ante la necesidad de mantener a las Facultadas actualizadas en los conocimientos que se generan en el exterior, la Universidad reserva parte de sus magros recursos para adquirir libros, revistas, equipos, materiales o programas de computación, pero no obtiene del organismo oficial de administración de divisas (CADIVI), la autorización para adquirir las monedas extranjeras. La Sala Político Administrativa del TSJ anula normas del Reglamento del Personal Docente y de Investigación de la Universidad y dispone que los veredictos de los jurados en los concursos de oposición o en los trabajos de ascenso pueden ser recurridos por presuntos vicios de forma o de fondo, sin tomar en cuenta la naturaleza de los actos a que se refieren, sin considerar que la regulación de esta materia es uno de los atributos de la autonomía universitaria, y sin percatarse de que en todas las organizaciones científicas o académicas del mundo, los veredictos de los jurados son irrecurribles, excepto por vicios de forma. La Sala Electoral del TSJ imparte órdenes a las autoridades de la Universidad para que ejerzan su potestad reglamentaria de una manera que viola el ordenamiento constitucional y la autonomía de la Institución, en la forma que hemos examinado antes.
II.4.4. La Sala Electoral del TSJ enerva las fuerzas internas de transformación de la Universidad La transformación de la Universidad debe ser obra de la misma Universidad, de lo contrario no se justifica el reconocimiento de la autonomía universitaria que hace el Legislador y el Constituyente. Uno de los efectos más negativos que tiene la intervención de la Sala Electoral en los asuntos de la Universidad es que la Institución se ha visto paralizada en el 26
proceso de su autoestudio y autorenovación, por la imposición que hace el órgano jurisdiccional de una medida, como es la de obligarla a dictar un Reglamento de Elecciones que, además de inconstitucional, no resuelve ninguno de los problemas de la Institución, antes bien, agrava los existentes, que son muchos. En efecto, a la Universidad no se le da la opción de proponer fórmulas de solución para los problemas que la aquejan, sino que debe aceptar la imposición de una fórmula determinada, decidida en una ley inconstitucional y en una sentencia también inconstitucional, bajo amenaza de sanciones por desacato, lo que impide a la comunidad universitaria proponer soluciones alternativas a las decididas desde del exterior de la Institución. III.CONSIDERACIONES FINALES La Comisión designada por el Consejo Universitario para analizar las implicaciones jurídicas y académicas que traería la elaboración de un Reglamento de Elecciones como lo ordena la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, efectuadas las consultas del caso y realizados los intercambios y reflexiones que el tema amerita, estima, desde el punto de vista jurídico, que la sanción de un conjunto normativo ajustado a las “consideraciones” de la Sala Electoral, significaría la convalidación de un conjunto muy grande de infracciones al ordenamiento constitucional, el desistimiento de las acciones interpuestas ante la Sala Constitucional destinadas a hacer prevalecer las normas de la Ley Suprema sobre la Ley Orgánica de Educación y sobre la sentencia Nº 104 de la Sala Electoral, en todos los aspectos que contradicen a la Constitución. Asimismo, la Comisión considera que, desde el punto de vista académico, la adopción de un Reglamento de Elecciones de las características expuestas, que respondería a unas normas legales y a unos criterios jurisprudenciales improvisados, constituiría la instauración de una reforma de la Universidad a ser efectuada sin estar precedida de los estudios necesarios, sin la participación de las comunidades universitarias del país, sin precedentes en ninguna parte, desvinculada de toda referencia a la calidad académica de la actuación universitaria, con desconocimiento del derecho que tienen todas la personas a una educación integral, de calidad. El Reglamento de Elecciones que se pretende imponer a la Universidad tendría el carácter de una reforma provisional y acarrearía daños irreparables a la institución, o de muy difícil reparación, cuando se establezca el modelo definitivo que debe regir para las Universidades venezolanas. Una reforma como la que está obligando a realizar a la Universidad responde a una estrategia política que no toma en cuenta los intereses académicos de la Institución y que, para los supuestos beneficiarios, configura una oferta engañosa, y está destinada a regir por poco tiempo, pues a continuación sería sustituida por el modelo autoritario, que refleja realmente las pretensiones del régimen de establecer una Universidad de pensamiento único y de baja eficiencia, y esto último se diferencia de las instituciones de educación superior de alto nivel que existieron en el período soviético. Por último, el régimen ha confinado a la Universidad a defenderse de la imposición de un modelo único, provisional, falso y antiacadémico, que no resuelve ningunos de los problemas fundamentales que aquejan a nuestras Instituciones universitarias, y no le deja opciones para presentar alternativas efectivas para la reforma universitaria. Con ello se ha logrado inhibir las fuerzas del cambio que existen –siempre han existido- en nuestra Universidad. Por todas estas razones, si el Consejo Universitario concuerda con las consideraciones expuestas en este Informe, debería convocar a todas las Facultades, Escuelas, Institutos, Centros, Direcciones, organizaciones sindicales y gremiales, a los Centros de Estudiantes de las Escuela, a la Federación de Centros Universitarios y a toda la comunidad universitaria, a 27
reflexionar sobre las implicaciones de la reforma que se pretende imponer a la Universidad y a presentar sus conclusiones al Máximo Órgano de dirección universitaria, para que la posición de la Universidad en un tema de vital importancia para el futuro de la Institución no sea el producto de un cenáculo, sino de toda la comunidad universitaria.
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