Source: https://tc.vlex.es/vid/1-24-c-2-15034632
Timestamp: 2020-07-02 08:40:12+00:00

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STC 66/1984, 6 de Junio de 1984 - Jurisprudencia - VLEX 15034632
STC 66/1984, 6 de Junio de 1984
Fecha de Resolución: 6 de Junio de 1984
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 487/1983
1. La ejecutividad de los actos sancionadores en materia de viviendas de protección oficial no es contraria al derecho a una tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 de la C.E. El derecho a la tutela se satisface facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a control judicial. 2. La ejecutividad de los actos sancionadores no vulnera el principio de presunción de inocencia que garantiza el artículo 24.2 de la C.E.
Sentencia citada en: 3378 sentencias, 39 artículos doctrinales, un tema práctico, 16 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo, seguido a instancia de don Cayo F. G., representado por el Procurador don Francisco A. V. G., con la dirección del Abogado don Santiago R. M. G., contra resoluciones recaídas en el incidente de suspensión dimanante de proceso contencioso-administrativo seguido entre el recurrente y la Administración del Estado, que no dieron lugar a la suspensión de la ejecución de actos sancionadores, y en el que han intervenido el Abogado del Estado, en representación de la Administración, y el Ministerio Fiscal, siendo Ponente el Presidente de la Sala don Jerónimo A. S., quien expresa el parecer de la misma.
1. El Procurador don Francisco A. V. G., en representación de don Cayo F. G., interpuso el 12 de julio de 1983, recurso de amparo contra las resoluciones del Tribunal Supremo (Sala Cuarta), de 23 de mayo de 1983 (R. 49.552), 4 de mayo de 1983 (R. 80.743) y 21 de junio de 1983 (R. 80.743), por entender que mediante estas resoluciones se vulnera el art. 24.2 de la Constitución (en lo sucesivo C.E.) en cuanto al derecho a la presunción de inocencia. Los hechos que expone el recurrente son los siguientes:
A) El señor F. G., por medio de su representación y defensa, sostuvo que debía otorgársele el amparo, diciendo: a) que la cuestión se centra en determinar si el carácter ejecutorio de un acto administrativo sancionador sujeto a revisión jurisdiccional, quebranta o no el derecho a la presunción de inocencia; b) exige determinar si tras la C.E., el privilegio de ejecutoriedad de los actos administrativos sancionadores se mantienen por ser incompatible con el art. 24.2 de aquélla o, por no ser compatible, ha de entenderse derogado; c) la ejecutoriedad de tales actos no se comparece con el derecho fundamental a la presunción de inocencia, siendo de cita la Ley 62/1978 (art. 7.5) y la Ley 1/1979 (art. 44.3) y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en orden a la subordinación del privilegio de la ejecutoriedad al derecho a la tutela efectiva (Sentencias de 17 de julio y 22 de julio de 1982), y la del Tribunal Constitucional de 17 de enero de 1981, respecto a que el administrado nunca puede estar en posición peor a la del delincuente.
C) El Ministerio Fiscal se opuso también a la demanda, sosteniendo que debía declararse no haber lugar al otorgamiento del amparo, pudiendo resumirse sus alegaciones en los siguientes términos: a) no se recurre el Auto de la Audiencia Territorial que no dio lugar a la suspensión, Auto que de haber lesión sería el que la hubiera cometido, y no el del Tribunal Supremo que se limitó a confirmarlo; por otra parte, se recurren otros dos Autos, de los que no se aporta copia, tal como previene el art. 49.2 b) de la LOTC, aunque de estos defectos procesales no obtiene una petición de inadmisibilidad; b) los actos sancionatorios no se han intentado ejecutar en ningún momento y su suspensión perdió razón de ser desde la Sentencia de 26 de junio de 1981, que anuló una de las sanciones y redujo drásticamente el importe de las otras multas, Sentencia, sin embargo, que no consta haya adquirido el carácter de firme; c) la presunción de inocencia no puede hacerse que sea lesionada por una resolución que no accede a la suspensión del acto sancionador, pues la presunción se agota y se refiere a la resolución sancionatoria; no se dan los requisitos del art. 44.1 b)en relación con el art. 50.1 b) de la LOTC, pues la resolución judicial no es causa directa e inmediata de las violaciones denunciadas. El quebranto de tal presunción hay que combatirlo en el momento de la decisión condenatoria, y no en el ulterior de su cumplimiento; por eso, si el actor entiende que fue sancionado sin pruebas, debió impugnar los actos administrativos, lo que, por cierto, no hizo por este motivo constitucional, y no entender que el derecho a ser presumido no culpable fue desconocido por no acordarse la suspensión. La demanda realiza un desplazamiento inadmisible desde donde es su campo de aplicación (la decisión sancionatoria) al de la mera ejecución de ésta; d) tal conclusión dispensa de entrar en consideraciones sobre si las sanciones infringieron tal garantía o si el Tribunal Supremo, y antes la Audiencia, acordó ajustadamente a Derecho la denegación de la suspensión, pues no se ha impugnado la sanción, situándose el recurso en el artículo 44 y no en el art. 43 de la LOTC; no deja de ser paradójico que se invoque el derecho a la presunción de inculpabilidad al no accederse a la suspensión cuando, en cambio, no se alegó al postular la nulidad de los actos administrativos.
Denegar el amparo pedido por don Cayo F. G..
SAP Madrid 708/2005, 29 de Septiembre de 2005
STS 766/2010, 21 de Julio de 2010
SAP Barcelona, 15 de Diciembre de 2000
SAP Barcelona, 21 de Junio de 2002

References: artículo 24
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 44