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Timestamp: 2013-05-20 02:15:11+00:00

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INFORME DE AGOSTO DE 2010 PARA LA OFICINA NOTARIAL.
www.notariosyregistradores.com INFORME DE AGOSTO DE 2010 PARA LA OFICINA NOTARIAL
�NDICE DEL INFORME:
� Protecci�n de aut�nomos por cese de actividad.
� Supresi�n de visados colegiales.
� Puertos, transformaci�n de estibadoras en Sociedades An�nimas.
� Ley de Comercio de Extremadura.
� Andaluc�a modificaciones fiscales para reactivar la econom�a.
� Valencia, medidas para reactivar econom�a y crear empleo.
� Arag�n, modificaciones en Ley de Cooperativas.
� Catalu�a, C�digo de Consumo
� Catalu�a, modificaciones fiscales
� Catalu�a, Libro II c.c., Personas y Familia.
� Convenio Colectivo de Notar�as.
� Andaluc�a, Ley de Aguas.
� Cantabria, Medidas de Ordenaci�n del Territorio.
� Inconstitucionalidad recurso gubernativo en Catalu�a.
SENTENCIAS CONTRA RESOLUCIONES (remisi�n a pg. principal)
� Acreditaci�n de medio de pago, en contrato antiguo.
� Interpretaci�n del art 708 LEC.
� Concurso, la declaraci�n de bienes de actividad corresponde al juez.
� Interpretaci�n del art 59 del RH.
� Declaraci�n de Quiebra dictada por Tribunal Ingl�s.
� No cabe extinci�n de comunidad en convenio regulador.
� No cabe silencio positivo en licencia urban�stica contra legem.
� Publicidad Formal del Registro Mercantil
� Circular Francesa contra el Blanqueo de Capitales.
ALGO M�S QUE DERECHO � Elvira Lindo Garrido: �Dolor de Coraz�n�.
TRABAJADORES AUT�NOMOS.
El objeto de esta Ley es regular el sistema espec�fico de protecci�n para los trabajadores aut�nomos que, pudiendo y queriendo ejercer una actividad econ�mica o profesional a t�tulo lucrativo y estando incluidos en los niveles de protecci�n en ella recogidos, hubieren cesado en esa actividad. Son potenciales beneficiarios los trabajadores aut�nomos comprendidos en el R�gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut�nomos que tengan cubierta la protecci�n dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
El sistema de protecci�n por cese de actividad comprende las
prestaci�n econ�mica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad.
La prestaci�n se�alada se regir� exclusivamente por esta Ley y las disposiciones que la desarrollen y complementen.
abono de la cotizaci�n de Seguridad Social del trabajador aut�nomo, por contingencias comunes, al r�gimen correspondiente. .
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La Ley �mnibus incluy�, entre las leyes modificadas, la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, con esta
doctrina sobre los visados:
- Los Colegios de profesiones t�cnicas no podr�n imponer la obligaci�n de visar los trabajos profesionales. S�lo los visar�n cuando se solicite por peticiones expresas de los clientes, incluidas las Administraciones P�blicas actuando como tales, o cuando as� lo establezca el Gobierno. - Su
objeto es comprobar, al menos:
a) La identidad y habilitaci�n profesional del autor del trabajo.
b) La correcci�n e integridad formal de la documentaci�n del trabajo profesional.
- Debe de concretar su objeto, detallando qu� extremos son sometidos a control e informar� sobre la responsabilidad subsidiaria que asume el Colegio. - Su
coste ser� razonable, no abusivo ni discriminatorio. Los Colegios har�n p�blicos los precios de los visados de los trabajos, que podr�n tramitarse por v�a telem�tica. - Se otorga al Gobierno la
potestad de establecer los trabajos profesionales que exigir�n
visado obligatorio atendiendo a la necesaria existencia de una relaci�n de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectaci�n a la integridad f�sica y seguridad de las personas, y a la acreditaci�n de que el visado es el medio de control m�s proporcionado.
Este real decreto determina los trabajos profesionales que, por quedar acreditada su necesidad y proporcionalidad entre otras alternativas posibles, obligatoriamente deben obtener el visado colegial, como excepci�n a la libertad de elecci�n del cliente.
Lo en �l regulado no obsta para que puedan existir otros trabajos profesionales que se sometan a visado colegial cuando as�
lo solicite voluntariamente el cliente.
El art�culo 2 establece, con car�cter exclusivo y excluyente, cu�ndo es obligatorio obtener el visado colegial. Los casos enumerados, de la a) a la 1) son muchos menos de los existentes hasta el momento, pues se suprimen 71. Entre los que quedan, son de destacar: a) Proyecto de ejecuci�n de edificaci�n. A estos efectos se entender� por edificaci�n lo previsto en el art�culo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenaci�n de la edificaci�n. La obligaci�n de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el art�culo 2.2 de dicha ley.
b) Certificado de final de obra de edificaci�n, que incluir� la documentaci�n prevista en el anexo II.3.3 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C�digo T�cnico de la Edificaci�n. c) Proyecto de ejecuci�n de edificaci�n y certificado final de obra que, en su caso, deban ser aportados en los procedimientos administrativos de
legalizaci�n de obras de edificaci�n, de acuerdo con la normativa urban�stica aplicable.
d) Proyecto de demolici�n de edificaciones que no requiera el uso de explosivos, de acuerdo con lo previsto en la normativa urban�stica aplicable.
Excepci�n: No es obligatorio visar cuando el trabajo profesional deba presentarse ante la oficina de supervisi�n de proyectos de la Administraci�n p�blica competente. El art�culo 3 establece el visado �nico aunque el trabajo se desarrolle en proyectos parciales.
Colegio profesional competente. - El profesional firmante del trabajo se dirigir� al colegio profesional competente en la
materia principal del trabajo profesional, que ser� la que ejerza el profesional responsable del conjunto del trabajo. Cuando haya varios colegios profesionales competentes en la materia, el profesional podr� obtener el visado en cualquiera de ellos. - En los
finales de obra, la materia principal comprende la direcci�n de obra y la direcci�n de ejecuci�n de obra, por lo que bastar� el visado de un colegio profesional competente en cualquiera de estas materias.
- Cuando una organizaci�n colegial se estructure en colegios profesionales de
�mbito inferior al nacional, el profesional firmante del trabajo cuyo visado sea obligatorio podr� obtener el visado en cualquiera de ellos. Momento. El visado obligatorio deber� obtenerse
antes de presentar el trabajo profesional, en su caso, ante la Administraci�n P�blica
competente. En ning�n caso ser� posible el visado posterior a esa presentaci�n.
Profesionales comunitarios. Los profesionales establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Uni�n Europea
deber�n visar sus trabajos profesionales, cuando presten servicios en Espa�a en r�gimen de libre prestaci�n sin establecimiento, en los mismos t�rminos que los profesionales espa�oles, de acuerdo con lo previsto en este real decreto.
Los �rganos de contrataci�n de la
Administraci�n General del Estado no exigir�n el visado colegial que no sea obligatorio.
Se derogan las disposiciones relativas al visado incluidas en los estatutos de corporaciones colegiales y dem�s normas internas colegiales, en aquello en que se opongan a lo aqu� dispuesto.
Este real decreto se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado para dictar las bases del r�gimen jur�dico de las Administraciones p�blicas y para establecer las bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica.
Entrada en vigor: el
1� de octubre de 2010. Los trabajos profesionales presentados antes se regir�n por la normativa vigente en el momento de presentaci�n de dicha solicitud en el Colegio.
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PUERTOS. Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificaci�n de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de r�gimen econ�mico y de prestaci�n de servicios en los puertos de inter�s general. Esta Ley refuerza la normativa que, partiendo de la Ley 27/1992, instaur� los principios de
autonom�a de gesti�n y autosuficiencia econ�mico-financiera de los puertos de inter�s general. Se ratifica la condici�n de tasas de las tarifas portuarias, ya introducida en la Ley 48/2003 Transformaci�n en sociedades an�nimas. Las entidades de puesta a disposici�n de personal estibador se acogen a dos figuras que coexisten actualmente, Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba (SEEDs), en las que las Autoridades Portuarias dispon�an de un 51% del capital social, y Agrupaciones Portuarias de Inter�s Econ�mico (APIEs), con responsabilidad mancomunada entre sus socios y en las que se integran exclusivamente las empresas estibadoras. Se dispone que se adapten o trasformen, respectivamente, en sociedades an�nimas con la denominaci�n de �Sociedad de Gesti�n de Estibadores Portuarios, Sociedad An�nima�, estableci�ndose un �nico modelo de sociedad de gesti�n de la puesta a disposici�n de los trabajadores de estiba.
Concesiones demaniales. Se modifica la regulaci�n de la revisi�n, divisi�n y unificaci�n, as� como del rescate de las concesiones demaniales, con el objeto de que queden regulados con mayor seguridad jur�dica todos los supuestos que pueden presentarse a los concesionarios y a la Autoridad Portuaria. El
procedimiento de otorgamiento de una concesi�n se podr� iniciar a solicitud del interesado, incluyendo un tr�mite de competencia de proyectos, o por concurso convocado al efecto por la Autoridad Portuaria, pero tambi�n se enumeran casos en que cabe el otorgamiento directo por la Autoridad Portuaria.
Texto Refundido. Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de seis meses (antes del 7 de febrero de 2011), elabore un texto refundido de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de r�gimen econ�mico y de prestaci�n de servicios en los puertos de inter�s general y de esta ley.
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Ley 7/2010, de 19 de julio, de modificaci�n de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Aut�noma
La reforma viene propiciada por la entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los Servicios en el Mercado Interior, la cual insta a todos los Estados miembros de la Uni�n Europea a llevar a cabo una profunda revisi�n de sus legislaciones en materia de comercio,
en orden a su adaptaci�n al
principio de libertad de establecimiento consagrado en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y debe llevar a la eliminaci�n de todos aquellos preceptos que encierren mecanismos excesivamente reguladores para los prestadores de servicios en el mercado interior.
Por ello, se suprimen todos los procedimientos de autorizaci�n previa para el ejercicio de la actividad comercial, ya sean derivados de la existencia de registros administrativos, como de sistemas de licencias comerciales preceptivas, que no puedan ser justificados por razones imperiosas de inter�s general. PDF (BOE-A-2010-12768 - 13 p�gs. - 258 KB) Otros formatos
ANDALUC�A. Ley 8/2010, de 14 de julio, de medidas tributarias de reactivaci�n econ�mica de la Comunidad Aut�noma de Andaluc�a. Esta Ley sigue la senda del Decreto-ley
1/2010, de 9 de marzo, dictando medidas que buscan impulsar el incremento de la actividad econ�mica en Andaluc�a.
En el IRPF, se regulan
deducciones en la cuota �ntegra auton�mica, con efectos desde 1 de enero de 2010. - Se extiende la deducci�n por autoempleo sin l�mite de edad, al mismo tiempo que se eleva el importe hasta 400 euros, con car�cter general, y 600 euros para el caso de que los contribuyentes sean mayores de 45 a�os. - Se crea una deducci�n auton�mica por inversi�n en la adquisici�n de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constituci�n de sociedades o ampliaci�n de capital en las sociedades mercantiles, por importe del 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio, siempre que creen y mantengan empleo.
En el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, se mejora el sistema de reducciones aplicables a la base imponible. - Se ampl�an los beneficiarios en la reducci�n por la adquisici�n de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades, que actualmente est�n limitados a c�nyuges y parientes directos, a otros parientes tanto por consanguinidad como por afinidad.
- Se ampl�a la reducci�n del 99% por la adquisici�n por herencia de
empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades, a las adquisiciones de las mismas por
- Se ampl�a la reducci�n del 99% para transmisiones por herencia y donaci�n de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades,
a empleados. - Y se crea una reducci�n propia del 99% por donaci�n de dinero a parientes para la constituci�n o ampliaci�n de una empresa individual o negocio profesional.
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados:
- En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y para la aplicaci�n del tipo reducido de gravamen por la adquisici�n de
viviendas para su reventa por profesionales inmobiliarios, se ampl�a el requisito del plazo m�ximo de transmisi�n de la vivienda de dos a
- Se crea un tipo de gravamen del 8%, aplicable a las transmisiones patrimoniales de bienes
inmuebles o derechos reales sobre los mismos, para el tramo del valor real que supere la cuant�a de 400.000 euros o de 30.000 euros en el caso de bienes inmuebles destinados a garaje, salvo en el caso de los garajes vinculados con la vivienda y con un m�ximo de dos. - Asimismo, se aplicar� un tipo incrementado del 8% a las transmisiones de determinados bienes muebles que denotan capacidad contributiva: veh�culos de turismo y veh�culos todoterreno que superen determinada potencia fiscal, embarcaciones de recreo con m�s de ocho metros de eslora y otros bienes muebles que se puedan considerar legalmente como objetos de arte y antig�edades.
El r�gimen de los fondos carentes de personalidad jur�dica previstos en el apartado 3 del art�culo 5 del texto refundido de la
Ley General de la Hacienda P�blica de la Junta de Andaluc�a se modifica en la disposici�n adicional �nica. PDF (BOE-A-2010-12892 - 7 p�gs. - 203 KB) Otros formatos
VALENCIA. Ley 12/2010, de 21 de julio, de medidas urgentes para agilizar el ejercicio de actividades productivas y la creaci�n del empleo.
La presente ley recoge un conjunto de disposiciones dirigidas, fundamentalmente, por un lado, a simplificar los procedimientos urban�sticos para facilitar la implantaci�n de actividades productivas, y, por otro, a potenciar el m�ximo aprovechamiento de los recursos disponibles para impulsar la inversi�n p�blica.
Es un anticipo de la reforma de la legislaci�n urban�stica auton�mica que se tramita actualmente a trav�s de un proyecto de ley. Afecta a la Ley Urban�stica Valenciana, a la Ley del Suelo no Urbanizable y a la Ley de Ordenaci�n del Territorio y Protecci�n del Paisaje.
suprime la figura del concierto previo
en la tramitaci�n de los planes generales municipales.
suprime la c�dula territorial de urbanizaci�n. - Se
eliminan las restricciones que, para actuaciones en suelo urbano, introdujo el Reglamento de Ordenaci�n y Gesti�n Territorial y Urban�stica, facilitando de este modo el desarrollo de operaciones de reforma y renovaci�n urbana.
- Se determina qu� parte de los planes urban�sticos debe ser objeto de publicaci�n oficial.
- Con el fin de agilizar la gesti�n de suelo para el desarrollo de actividades productivas, se incluye en la Ley del Suelo No Urbanizable un nuevo procedimiento de urgencia, que se podr� aplicar a los procedimientos de declaraci�n de inter�s comunitario que autoricen la implantaci�n en suelo no urbanizable de actividades que generan empleo.
- Se va a permitir o facilitar el desarrollo de determinadas
implantaciones en suelo no urbanizable, como establecimientos de restauraci�n, tiendas de productos agr�colas�
- Se permitir� ejecutar obras de reforma de edificios o instalaciones (las tradicionalmente conocidas como obras menores) mediante una declaraci�n responsable que sustituya a la licencia municipal, respetando plenamente las competencias y potestades de los ayuntamientos, y por otro la determinaci�n de un plazo m�ximo de un mes para que la administraci�n de la Generalitat y las entidades locales emitan los informes que exigen las leyes que regulan la ordenaci�n del territorio, el urbanismo y el uso del suelo en la Comunidad Valenciana.
- Se modifica el canon por actividades en suelo no urbanizable - Se modifica el r�gimen jur�dico de tres organismos de la Generalitat: la empresa p�blica Vaersa, la de
Saneamiento de Aguas y el Instituto Cartogr�fico Valenciano.
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ARAG�N. Ley 4/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Arag�n.
Se trata de adaptar la Ley
de 1998 a
las novedades legislativas habidas, en especial, el
nuevo Estatuto de Autonom�a de Arag�n, el cual, en su art�culo 71.31.�, atribuye a la Comunidad Aut�noma la competencia exclusiva en materia de �Cooperativas y entidades asimilables, con domicilio en Arag�n, que incluye la regulaci�n de su organizaci�n, funcionamiento y r�gimen econ�mico, as� como el fomento del movimiento cooperativo y de otras modalidades de econom�a social�.
Las modificaciones que se introducen responden a un
triple objetivo: - dotar a este tipo de sociedades de mecanismos de actuaci�n m�s �giles y modernos que les permitan competir en igualdad de condiciones con el resto de formas societarias; - adaptar su r�gimen contable al nuevo sistema de contabilidad armonizado internacionalmente sobre la base de la normativa de la Uni�n Europea;
- e introducir diversas modificaciones de car�cter sectorial en el �mbito de las Cooperativas de Trabajo Asociado, de las Cooperativas Agrarias y de las Cooperativas de Viviendas.
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CATALU�A. Ley 22/2010, de 20 de julio, del
C�digo de consumo de Catalu�a.
Esta ley tiene por objeto garantizar la defensa y la protecci�n de los derechos de las personas consumidoras y establecer, en el �mbito territorial de Catalu�a, los principios y normas que deben regirlas para mejorar la calidad de vida de las personas consumidoras.
Desde el punto de vista formal, tiene una
curiosa numeraci�n de los art�culos, importada en Catalu�a por el C�digo civil, en la que la cifra inicial corresponde al Libro, T�tulo y Cap�tulo correspondiente.
Cuenta con tres libros: el libro primero contiene las disposiciones generales, el libro segundo regula los aspectos relativos a las relaciones de consumo y el libro tercero se dedica a la disciplina del mercado y los derechos de las personas consumidoras. Adquisici�n de inmuebles: Se regula en el art�culo 241-1 la informaci�n que ha de darse en la oferta para la venta de inmuebles.
- Debe facilitarse informaci�n suficiente sobre sus condiciones esenciales antes de que el comprador adelante cualquier cantidad a cuenta.
- Debe informarse de la titularidad jur�dica, las cargas y los grav�menes, las condiciones de uso, los servicios que existan, los gastos previsibles de mantenimiento, las condiciones econ�micas y de financiaci�n de la oferta y, si es posible, los gastos previsibles de mantenimiento y los importes de los tributos que graven la propiedad. - Debe suministrarse informaci�n sobre los tipos de garant�a, los plazos, las cuant�as y los medios para reclamar su ejecuci�n establecidos por la normativa aplicable.
Resoluci�n extrajudicial de conflictos. Se regula en el T�tulo III del Libro I.
- Se parte de la canalizaci�n de los conflictos mediante la mediaci�n y el arbitraje de consumo, respetando su car�cter voluntario y la vinculaci�n de los acuerdos. - Se regula la mediaci�n tomando en consideraci�n los principios que la fundamentan: voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad y universalidad relativa a cualquier tema en cualquier asunto que afecte a los consumidores catalanes. Registro de servicios p�blicos de consumo de Catalu�a. Seg�n el art. 126-11, los servicios p�blicos de consumo que realicen sus actividades en el �mbito territorial de Catalu�a deben inscribirse en el Registro de servicios p�blicos de consumo de Catalu�a, con finalidades informativas. Este registro depende de la Agencia Catalana de Consumo. .Se enumeran las funciones que deben de inscribirse.
PDF (BOE-A-2010-13115 - 72 p�gs. - 1247 KB) Otros formatos
CATALU�A. Ley 24/2010, de 22 de julio, de aprobaci�n de la escala auton�mica del Impuesto sobre la Renta
de las Personas F�sicas.
El tipo aplicable va del 12% al 25,5%.
El tipo m�ximo del art.
63.1 LIRPF es del 21,5% para 2009 y del 27,13% para 2010. Para 2011, lo fijar� la futura Ley de Presupuestos. De haberse aplicado los nuevos tipos auton�micos a los a�os 2009 y 2010, �stos hubiesen sido los tipos marginales:
- Durante el 2009: el 47% - Durante el 2010: el 52,63%.
Entra en vigor el 1� de enero de 2011.
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***CATALU�A. Ley 25/2010, de 29 de julio, del
libro segundo del C�digo civil de Catalu�a, relativo a la persona y la familia.
Resumen de urgencia de Albert Capell:
Ya ha sido APROBADO el Libro II� del C.C.Cat. relativo a Personas y Familia (ver Proyecto inicial). La votaci�n tuvo lugar en la Sesi�n Plenaria
del Parlamento catal�n de 14 de julio de 2010. Ver noticia (en castellano).
B�sicamente recoge el anterior C�digo de familia (Ley 9/1998, de 15 de julio) y la integra (junto con la Ley de parejas de hecho de 1998) en el C�digo de Derecho Civil Catal�n de 2002.
Mantiene el r�gimen supletorio legal de Separaci�n de Bienes (art. 232.1), los reg�menes convencionales, pactos capitulares, situaciones de ruptura o crisis, el r�gimen de tutela y autotutela (y los documentos de voluntades anticipadas o "Testamentos vitales"), la adopci�n (impone a los adoptantes la obligaci�n de comunicar al hijo su condici�n de adoptado antes de que cumpla 14 a�os).
El libro II (CCCat) se divide en 4 t�tulos, que regulan la persona f�sica (t�tulo 1�), las instituciones de protecci�n de la persona (t�tulo 2�), la familia (t�tulo 3�, que recoge, regula y equipara las distintas modalidades de familia, como la familia monoparental, las uniones estables de pareja y las familias recompuestas o reconstituidas) y las relaciones convivenciales de ayuda mutua (t�tulo 4�).
En cuanto al matrimonio, se cambia el deber de fidelidad entre los c�nyuges por concepto de lealtad, m�s actual, y se mantiene el deber de compartir las responsabilidades dom�sticas y de contribuir al cuidado y la atenci�n de los dem�s miembros de la familia que est�n a su cargo y con los que convivan.
Se mantiene como r�gimen econ�mico matrimonial legal el de separaci�n de bienes (art. 232.1). Los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen a la persona que es titular, si bien existe la presunci�n de que los bienes muebles destinados al uso familiar pertenecen a ambos c�nyuges por mitades indivisas.
En cuanto al r�gimen de separaci�n de bienes, se establece la
compensaci�n econ�mica por raz�n del trabajo para el c�nyuge que haya trabajado significativamente para el hogar (art. 232.5). Para calcular su importe se tiene en cuenta el tipo de trabajo prestado y la duraci�n e intensidad de la dedicaci�n, se establece un l�mite m�ximo fijado en una cuarta parte de la diferencia de los incrementos patrimoniales obtenidos por los c�nyuges durante la vigencia del r�gimen matrimonial. Sin embargo, es posible otorgar una compensaci�n de cuant�a superior, si se puede probar que la incidencia del trabajo de un c�nyuge en el incremento patrimonial del otro ha sido notablemente superior.
Adem�s, como novedad, se puede pedir esta compensaci�n incluso en caso de extinci�n del r�gimen por muerte de uno de los c�nyuges.
El nuevo texto tambi�n permite y recomienda los pactos en previsi�n del cese de la convivencia. Se regulan por primera vez los llamados acuerdos amistosos de separaci�n y se fija el r�gimen de validez y efectos. Se establecen determinadas cautelas para proteger al c�nyuge m�s d�bil.
Se ampl�a el r�gimen de las "compras" con "Pacto de supervivencia", extendi�ndolo no s�lo a las compras sino a cualquier adquisici�n a t�tulo oneroso, y pudiendo pactarse tanto por los c�nyuges como parejas de hecho, y los primeros, cualquiera sea su r�gimen econ�mico matrimonial (ya no s�lo el de separaci�n de bienes o el de participaci�n).
Ruptura de la convivencia y responsabilidad respecto de los hijos
Ante la ruptura de las parejas, se parte de la igualdad de derechos y deberes de los progenitores y busca preferentemente que compartan la responsabilidad de los hijos, sin necesidad de que estos queden encomendados de forma individual a uno solo de los progenitores. Esta
responsabilidad compartida se establece en los planes de parentalidad, acuerdos en los que se fija como se afrontar� el cuidado de los menores en cuanto a vivienda, alimentaci�n, sanidad, educaci�n, actividades extraescolares o vacaciones.
La igualdad de derechos y deberes entre los progenitores elimina las din�micas de ganadores y perdedores y favorece la colaboraci�n en los aspectos afectivos, educativos y econ�micos. Esto no quita, sin embargo, que la autoridad judicial deba decidir de acuerdo con las circunstancias de cada caso y en funci�n del inter�s concreto de los hijos. A pesar de apostar preferentemente por el ejercicio conjunto de las responsabilidades parentales compartidas, si los progenitores no llegan a un acuerdo, el juez decide lo que es m�s beneficioso para el menor, atendiendo a su inter�s superior, su estabilidad emocional y a criterios como la vinculaci�n especial de los hijos con uno de los progenitores o la dedicaci�n de cada uno de los progenitores a los hijos antes de la ruptura.
El c�digo define el Plan de parentalidad (art. 233-9) como un instrumento para ordenar las cuestiones principales que afectan a los hijos ante la separaci�n de los progenitores. No impone una modalidad concreta de organizaci�n, pero anima a los progenitores, tanto si el proceso es de mutuo acuerdo como contencioso, a organizar por s� mismos y responsablemente el cuidado de sus hijos con ocasi�n de la ruptura, por lo que han de anticipar los criterios de resoluci�n de los temas m�s importantes que les afecten. En esta l�nea se facilita la colaboraci�n entre los abogados de cada una de las partes y psic�logos, psiquiatras, educadores y trabajadores sociales independientes, para que hagan una intervenci�n focalizada en los aspectos relacionados con la ruptura antes de la presentaci�n de la demanda. Junto con el Plan de parentalidad, el otro instrumento que se potencia es la mediaci�n familiar, que puede ayudar a acercar posiciones, o mejorar el di�logo.
Uso de la vivienda familiar Se atribuye, preferentemente, al c�nyuge a quien corresponda la guarda de los hijos, atendidas las circunstancias de cada caso concreto y garantizando que los hijos menores tendr�n una vivienda pero eliminando el automatismo actual de suerte que se podr� ceder la vivienda al c�nyuge m�s desfavorecido en caso de que quien tenga la guarda de los hijos disponga de medios suficientes para s� mismo y para los menores. Se puede ceder la vivienda o la parte que corresponda, para cubrir la pensi�n alimenticia y la del c�nyuge. La atribuci�n del uso de la vivienda se contempla como temporal.
Convivencia estable en pareja (arts. 234.1 a 234.14)
Se siguen considerando parejas estables dos personas que conviven m�s de 2 a�os ininterrumpidos, o que, iniciada la convivencia, tienen un hijo en com�n, o que han formalizado su relaci�n en una escritura p�blica. Tambi�n se prev� la posibilidad de que constituyan una familia las parejas que mantienen una convivencia estable pero que no se pueden casar porque uno de sus miembros est� casado con otra persona. Es una regulaci�n de m�nimos, basada en la libertad de pactos de los miembros de la pareja, que se orienta a proteger, en el momento de la ruptura, al m�s necesitado, mediante la posible atribuci�n de una prestaci�n alimenticia, temporal, o el reconocimiento de una compensaci�n econ�mica por raz�n del trabajo, equivalente a la regulada en el r�gimen de separaci�n de bienes.
Familias reconstituidas Son las integradas por parejas que tienen a su cargo hijos no comunes. Hasta ahora, la adopci�n del hijo del c�nyuge o el conviviente era la �nica v�a, y aunque no siempre posible, de permitir al c�nyuge o pareja del progenitor biol�gico intervenir en la potestad parental sobre los hijos de este, especialmente si el otro progenitor hab�a muerto debieran desentendido del hijo y el referente paterno o materno hab�a pasado a ser la actual pareja de la madre o el padre biol�gico. Ahora, la ley lo faculta para intervenir en las cuestiones referidas a las relaciones con los educadores, la atenci�n a las necesidades ordinarias y otras determinaciones que afectan al menor y en las que, a menudo, est� involucrado materialmente.
Filiaci�n (arts. 235.1 a
235.29)
- Se incorpora la filiaci�n ascendente y la colateral respecto del parentesco de los menores adoptados;
- Se establece la condici�n de madre, de la mujer que conviva con otra mujer que se somete a las t�cnicas de reproducci�n humana asistida, y que lo consiente.
- En juicios de filiaci�n no es necesario presentar un principio de prueba.
Como apunt�bamos, se impone a los adoptantes la obligaci�n de informar al hijo adoptado sobre la adopci�n, requisito indispensable para que pueda ejercer el derecho a conocer sus progenitores biol�gicos (arts. 235-49 y 235-50). La mayor�a de los pa�ses de donde proceden los ni�os adoptados exigen que el pa�s de acogida garantice que el menor tendr� conocimiento de su origen, teniendo en cuenta el Convenio de La Haya
relativo a la protecci�n del ni�o y a la cooperaci�n en materia de adopci�n internacional, de 1993. Para hacerlo efectivo, se establece asimismo un procedimiento confidencial de mediaci�n. Tambi�n, aunque excepcionalmente, se abren f�rmulas para que el hijo adoptado pueda seguir manteniendo v�nculos con la familia biol�gica, si ello redunda en su inter�s. Dcho de Personas
Se flexibiliza la tutela de adultos dado que la incapacitaci�n es un recurso demasiado dr�stico y, a veces, poco respetuoso con la capacidad de la persona protegida. Se establece un sistema que sea lo menos restrictivo posible a la autonom�a personal del sujeto, regulando adem�s:
- Los poderes preventivos que los cuales mantienen su vigencia a pesar de que la persona sea declarada incapaz, (Aunque el juez puede darlo por extinguidos para proteger a la persona.);
- y la figura de la asistencia (arts.
226.7) como instrumento de personas mayores de edad que necesitan que alguien cuide de su persona o bienes a causa de una disminuci�n no incapacitante de sus facultades f�sicas o ps�quicas. Se puede tratar de situaciones como la vejez o una discapacidad ps�quica leve, la drogodependencia, la minusval�a f�sica leve o casos similares.
En cuanto a la incapacitaci�n se introduce la posibilidad de que no sea siempre necesario un procedimiento judicial de constituci�n formal de la tutela para aquellos casos en que no sea necesaria la incapacitaci�n pero las personas necesiten un apoyo o ayuda para evitar ser v�ctimas de abusos por parte de terceros. Y respecto de la guarda de hecho, se vincula a las personas que cuidan de facto de una persona en situaci�n de desamparo o de una persona mayor de edad en la que concurre causa de incapacitaci�n. No se deber� comunicar a la autoridad judicial, a excepci�n de que la persona se encuentre en un establecimiento residencial. Se evita as� la carga a un familiar de tener que pedir la incapacitaci�n. Patrimonios protegidos (arts. 227.1 a
227.9) Se dirigen a cubrir las necesidades vitales de la persona durante la vejez o en otros supuestos, como que est� afectada por una discapacidad ps�quica o f�sica, y se incluye la posibilidad de proteger los bienes a fin de que no se puedan vender ni alquilar.
Ver resumen y tabla de equivalencia realizados por Mar�a Floriano.
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**CONVENIO COLECTIVO NOTAR�AS. Resoluci�n de 12 de agosto de 2010, de la Direcci�n General
de Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado.
Nota: realmente se publica en la Secci�n III.
Este I Convenio colectivo estatal de Notarios y Personal Empleado
fue suscrito con fecha 14 de julio de 2010, de una parte por la Federaci�n de Asociaciones de Notarios de Espa�a (FEDANE) en representaci�n de las empresas del sector, y de otra por la Federaci�n de Servicios Financieros y Administrativos de CC.OO. (COMFIA) y la Federaci�n de Servicios de UGT (FES-UGT) en representaci�n de los trabajadores.
Entrada en vigor: - Como regla general, el 24 de agosto de 2010. - Determinadas materias lo har�n el 1 de enero de 2011: - T�tulo III completo (referido a clasificaci�n profesional), - t�tulo IV completo (salario y estructura salarial),
- t�tulo V completo (tiempo de trabajo, jornada y excedencias). Vigencia:
- Pr�rroga t�cita: por per�odos anuales sucesivos, a no ser que por cualquiera de las partes se denuncie con una antelaci�n, al menos, de dos meses a la fecha de su vencimiento inicial o de cualquiera de sus pr�rrogas.
- Denunciado el Convenio y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, se entender� que se mantiene la vigencia de su contenido normativo.
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ANDALUC�A. Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andaluc�a.
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Ley 6/2010, de 30 de julio, de Medidas urgentes en materia de Ordenaci�n del Territorio y Urbanismo.
Esta Ley intenta propiciar la adecuaci�n de los planeamientos al r�gimen jur�dico emanado del Plan de Ordenaci�n del Litoral.
Se recogen tambi�n varias modificaciones de la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio, con el objetivo de crear un marco normativo que ofrezca mayores certezas de las que ofrece el marco actual, fundamentalmente en dos �mbitos:
- Por un lado, se incide sobre la regulaci�n de los mecanismos de reacci�n contra las conductas urban�sticas irregulares, especialmente actos de edificaci�n y uso del suelo. Para ello, se delimitan de una forma m�s transparente los mecanismos impugnatorios, tratando de dotar de certeza a los hitos que van a condicionar el ejercicio de las acciones impugnatorias. - Se afronta una modificaci�n de la normativa reguladora de la protecci�n del paisaje sobre la convicci�n de que el paisaje es mutable. Se trata de
evitar la desaparici�n de edificaciones que en un primer momento eran paisaj�sticamente inarm�nicas pero que, por circunstancias sobrevenidas motivadas por cambios en el entorno, no son ya disonantes. PDF (BOE-A-2010-13490 - 7 p�gs. - 201 KB) Otros formatos
Correcci�n de errores del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
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*RECURSO GUBERNATIVO CATALU�A.
Recurso de inconstitucionalidad n.� 1017-2010, en relaci�n con diversos preceptos de la Ley
del Parlamento de Catalu�a 5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la calificaci�n negativa de los t�tulos o las cl�usulas concretas en materia de derecho catal�n que deban inscribirse en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Catalu�a.
Se mantiene la suspensi�n acordada, salvo los incisos siguientes:
- Art. 3.4: �y al menos uno se basa en normas del derecho catal�n o en su infracci�n� e - Art. 3.4: �incluidos los que no aleguen la infracci�n de una norma del derecho catal�n�
- Art. 1: por conexi�n, del inciso �o junto con otros motivos� Se levanta la suspensi�n en lo restante de los arts. 1 y 3.4 y de los arts. 3.3 y 7.2 de dicha Ley.
Ver resumen de la Ley. PDF (BOE-A-2010-13041 - 1 p�g. - 151 KB) Otros formatos
Notas: 1.- Las sentencias se publican por ordenarlo as� el
art�culo 327 de la Ley Hipotecaria. S�lo existe obligaci�n de publicar aquellas que anulan en todo o en parte una resoluci�n de la DGRN, por lo que no se publican aquellas sentencias que son confirmatorias de su doctrina.
2.- Lo res�menes los ha realizado Juan Carlos Casas Rojo, Registrador de Vitigudino (Salamanca), quien, desde hace a�os, desarrolla la encomiable labor de recopilar las sentencias sobre resoluciones, tanto anulatorias como confirmatorias, las cuales, conforme se van conociendo, se indexan en esta web a continuaci�n del resumen publicado de cada resoluci�n.
3.- Para acudir a los res�menes publicados en su d�a, pinchar en el enlace que sigue a �Afecta a la Resoluci�n de��
Dada la extensi�n de las mismas nos remitimos a la p�gina principal del mes de agosto
82. INTERESES CONTRAPUESTOS. COMPRADORES CASADOS EN SEPARACI�N. CUOTAS QUE ADQUIEREN. MEDIOS DE PAGO. Resoluci�n de 2 de junio de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n de la registradora de la propiedad interina de Almad�n, por la que se suspende una escritura de elevaci�n a p�blico de un contrato de compraventa celebrado en documento privado. Hechos: En el a�o 2007, se formaliza en Hospitalet una escritura de elevaci�n a p�blico de documento privado (firmado �ste con fecha 19 de febrero de 2003). La escritura la suscriben los herederos del vendedor fallecido, uno de los cuales se encuentra incapacitado judicialmente y su tutor es precisamente la esposa del comprador, compareciendo ambos c�nyuges compradores. Del precio establecido, 6.010,12 euros, se satisfizo en el momento de la suscripci�n del contrato privado la suma de 601,01 euros, y el resto de aplaz� a un momento posterior, manifestando en la escritura de elevaci�n que hab�a sido pagado �ntegramente antes del otorgamiento de la escritura.
1).- Existe una
contraposici�n de inter�s entre el incapacitado vendedor, representado por su tutora que, al tiempo, es uno de los dos compradores, sin que conste el nombramiento de defensor judicial.
2).- Los compradores est�n casados en r�gimen de separaci�n de bienes, sin que se especifique si dicho r�gimen es convencional o legal.
3).- No se especifica en el documento privado la proporci�n en que adquiere el matrimonio comprador.
4).- Recibido todo el precio antes del otorgamiento de la escritura, no consta el
medio de pago (met�lico, cheque, transferencia).
Recurrida la calificaci�n por la compradora, son �stos sus argumentos:
1).- La venta se perfeccion� al tiempo de la celebraci�n del documento privado, y la fecha del mismo, fallecido el vendedor se debe considerar fecha fehaciente, conforme al art 1227 del c.c. No existe contraposici�n de intereses por cuanto el incapacitado no vende, y la propiedad se hab�a transmitido por la firma del documento privado y la toma de posesi�n.
2).- Los compradores est�n casados en r�gimen de separaci�n de bienes ya que tienen
vecindad catalana, ya que ambos hab�an nacido en Barcelona, all� contrajeron matrimonio y por tanto su r�gimen matrimonial es el de separaci�n de bienes.
3).- Por lo que hace a las
cuotas, hay que presumir que adquiriendo ambos esposos y no determin�ndose la participaci�n de cada uno, la proporci�n es del 50% para cada c�nyuge.
4).- Conforme al art 10 de la LH no se exige la determinaci�n de los medios de pago y adem�s la ley 36/2006 no tiene ninguna disposici�n transitoria que suponga su aplicaci�n a transmisiones realizadas con anterioridad
a su entrada en vigor.
La DG desestima el recurso y apoya los argumentos de
1).- Si bien es cierto que la venta se perfeccion� al tiempo de la celebraci�n del documento privado, hay que afirmar que el art 1227 c.c. s�lo se refiere a la fehaciencia de la �fecha�, pero no a la identidad de las personas, ni a su contenido, ni acredita la capacidad de quienes lo celebraron, pero sobre todo la ley exige
la autorizaci�n judicial no s�lo para la transmisi�n o gravamen de inmuebles, sino tambi�n para la renuncia de derechos y cesi�n a terceros de cr�ditos que el tutelado tenga contra el tutor (arts 271.2 y 3 y 272.7 del c.c. y concordantes del C�digo de Familia Catal�n) por tanto las cartas de pago y confesiones de pago de precio aplazado que permiten dar por extinguidas las deudas del tutelado contra el tutor. Por tanto se produce un conflicto de intereses, y sin entrar en el tema de si se precisa o no autorizaci�n judicial, se ratifica la exigencia de la registradora de
nombramiento de defensor judicial.
En cuanto al r�gimen econ�mico matrimonial de bienes hay que hacer constar si es convencional o legal supletorio (Rs
15 de junio de 2009 y
5 marzo de 2010), ya que ha sido anulado por el TS s. 20 de mayo de 2008) parte del texto del art 161 RN que establec�a la presunci�n de que la vecindad civil de los comparecientes era la del lugar de otorgamiento. Por tanto es precisa la manifestaci�n de los c�nyuges si el r�gimen de separaci�n es legal supletorio o convencional.
3).- En cuanto a la determinaci�n de las cuotas de cada adquirente, basta su remisi�n al art 54 del RH que as� lo exige.
4) Finalmente en cuanto a la exigencia de la determinaci�n de los medios de pago, sea por acreditaci�n o por manifestaci�n, es verdad que la ley 36/2006 no contiene normas de dcho transitorio, y cabe la duda de si esta norma es aplicable a los medios de pago relativos a transmisiones realizadas con anterioridad. Sin embargo en base al
art 177 del RN hay que estimar que su objeto no es regular la forma de los pagos, sino la forma de su constancia en los instrumentos p�blicos que documenten actos o contratos que tengan por objeto una mutaci�n jco real con contraprestaci�n en dinero y por tanto las sucesivas redacciones dadas al mismo por los RRDD 45/2007 y 1804/2008 o 1/2010,
ser�n de aplicaci�n a los documentos otorgados durante sus respectivos periodos de vigencia, aunque los pagos a que se refieran hubieran tenido lugar en un momento anterior.
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D*83. ESCRITURA EN EJECUCI�N DE SENTENCIA. EXCESO DE CABIDA. Resoluci�n de 3 de junio de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad n.� 1 de Roses, a inscribir un mandamiento judicial. Hechos: En un procedimiento judicial de elevaci�n a p�blico de documento privado de compraventa, se dicta auto teniendo por emitida la declaraci�n de voluntad de venta a favor de los herederos del comprador, y por mandamiento se ordena la inscripci�n a su nombre de la finca vendida, que se segrega de una finca registral. El registrador suspende la inscripci�n del mandamiento, entre otros defectos no recurridos, por - no quedar acreditado que se hayan cumplido los requisitos de los art�culos 200 y 201 de la Ley Hipotecaria para inscribir el
exceso de cabida en la finca matriz y - por no aportarse la escritura p�blica de elevaci�n a p�blico del documento privado de compra.
El recurrente aleg� que, seg�n el Registro, la finca matriz dispone de superficie suficiente para llevar a cabo la segregaci�n, por lo que no es preciso inscribir ning�n exceso de cabida. Tambi�n aleg� que ni el art�culo 3 de la ley Hipotecaria ni el 1279 del C�digo civil exigen el otorgamiento de escritura p�blica, sino que exigen que dicho negocio conste en documento p�blico, como lo es el t�tulo presentado.
primero recuerda su doctrina sobre el alcance de la calificaci�n registral de los documentos judiciales.
Respecto al exceso de cabida, considera que es precisa su inscripci�n para segregar, porque, de las diversas parcelas que forman la finca matriz, aqu�lla, donde se sit�a la finca a segregar, carece de cabida. Confirma la exigencia del registrador de cumplir con los requisitos de los art�culos 200 y 201 de la Ley Hipotecaria (art�culos que forman parte de la regulaci�n del expediente de dominio), porque, aunque puede admitirse en principio el uso de un procedimiento declarativo para reconocer un exceso de cabida, a pesar de no ser el especialmente apropiado para esta finalidad, es preciso que se cumplan los requisitos exigidos para estos �ltimos procedimientos. Y, en concreto,
no consta la citaci�n de los titulares de los predios colindantes, por lo que podr�an quedar indefensos, sin que esa omisi�n se pueda ver suplida por el hecho de haya una demanda gen�rica frente a cuantas personas puedan resultar afectadas.
Tambi�n exige el Centro Directivo la
aportaci�n de escritura p�blica en la que intervengan los demandantes (herederos del comprador). Se basa en el art.
708 LEC que interpreta as�:
- Ser�n inscribibles en el Registro de la Propiedad las declaraciones de voluntad dictadas por el Juez en sustituci�n forzosa del obligado, cuando est�n predeterminados los elementos esenciales del negocio; pero en nada suplen a la declaraci�n de voluntad del demandante, que deber� someterse a las reglas generales de formalizaci�n en escritura p�blica - La Ley
de Enjuiciamiento Civil no dispone la inscripci�n directa de los documentos presentados, sino que la nueva forma de ejecuci�n procesal permite al demandante otorgar la escritura de elevaci�n a p�blico del documento privado compareciendo ante el Notario por si solo, apoy�ndose en los testimonios de la sentencia y del auto que suple la voluntad del demandado. - El auto del art�culo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tan s�lo viene a hacer innecesaria la comparecencia de la autoridad judicial en el otorgamiento del negocio o contrato de la persona cuya voluntad ha sido suplida judicialmente.
- S� ser�a
directamente inscribible, en virtud del mandamiento judicial ordenando la inscripci�n, el testimonio del auto firme por el que se suplan judicialmente las declaraciones de voluntad del obligado a prestarlas, si se tratara de negocios o actos unilaterales (ejercicio de un derecho de opci�n, el consentimiento del titular de la carga para su cancelaci�n�), siempre que no lo impida la observancia de las normas civiles y mercantiles sobre forma y documentaci�n de actos y negocios jur�dicos. (JFME)
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ANOTACI�N DE EMBARGO HABIENDO CONCURSO.
LA DECLARACION DE BIENES DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL ES COMPETENCIA DE JUEZ. Resoluci�n de 7 de junio de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la Tesorer�a General de la Seguridad Social, contra la nota de calificaci�n de la registradora de la propiedad interina n.� 1 de Lugo, por la que se deniega la anotaci�n preventiva de embargo, constando previamente anotada la situaci�n de concurso. Constando anotada la declaraci�n de concurso, se presenta Mandamiento de embargo de la Seguridad Social, siendo las providencias de apremio de fecha anterior al Auto declarando el concurso.
suspende la Anotaci�n, en base al art�culo 54 de la LC, ya que nada se dice acerca de que los bienes embargados no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
Direcci�n confirma la calificaci�n bas�ndose en los siguientes argumentos: el art. 24.4 de la LC
literalmente determina que practicada la anotaci�n preventiva no podr�n anotarse respecto de un bien o derecho, m�s embargos o secuestros posteriores a la declaraci�n del concurso que los acordados por el Juez de �ste, salvo lo establecido en el 55.1; art. que dispone que podr�n continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecuci�n en los que se hubiera dictado providencia de apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubiera embargado bienes del concursado�siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Sobre este tema adem�s se han pronunciado: La Sala del Tribunal de Conflictos de Jurisdicci�n y de Competencia del Tribunal Supremo, que en Sentencia de 22/6/09, afirma que: la Administraci�n tributaria, cuando un procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produzca la declaraci�n del concurso, ha de dirigirse al �rgano jurisdiccional a fin de que �ste decida si los bienes o derechos espec�ficos sobre los que se pretende hacer efectivo el apremio son o no necesarios para la continuaci�n de la actividad del deudor. Si la declaraci�n judicial es negativa la Administraci�n recuperar� en toda su integridad sus facultades de ejecuci�n. Si, por el contrario, es positiva pierde su competencia, en los t�rminos establecidos en el citado art�culo y con los efectos previstos en el apartado tercero (sic. nulidad) para la hip�tesis de contravenci�n. Es, por tanto, improcedente que la Administraci�n
haga traba de bienes integrantes del patrimonio del deudor sin que con car�cter previo exista un pronunciamiento judicial declarando la no afectaci�n de los bienes o derechos objeto de apremio a la continuidad de la actividad del deudor. Y tambi�n la STS
de 3 de julio de 2008 seg�n la cual: podr�n continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecuci�n en los que se hubiera dictado providencia de apremio (�) con anterioridad a la fecha de declaraci�n del concurso, ello s�lo puede hacerse,
siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
En el presente caso no consta que el Juzgado de lo Mercantil se haya pronunciado sobre el car�cter de los bienes trabados para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, por lo que es plenamente aplicable la doctrina expuesta en el sentido de que
la ejecuci�n no puede llevarse a cabo en ning�n caso sin el previo pronunciamiento judicial acerca de la vinculaci�n de los bienes con la continuidad de la empresa. (MN)
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REINSCRIPCI�N AL EJECUTAR CONDICI�N RESOLUTORIA Y CONSIGNACI�N. Resoluci�n de 9 de junio de 2010, de la Direcci�n General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Barcelona, don Ricardo Man�n Barcel� contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad n.� 21 de Barcelona, por la que se suspende la reinscripci�n a favor del vendedor de una finca gravada con condici�n resolutoria y la cancelaci�n de la misma.
Consta inscrita en el Registro de la Propiedad
la venta de una finca con condici�n resolutoria. Ahora se pretende reinscribir la finca a favor del primitivo vendedor porque el comprador reconoce que ha incumplido la condici�n; adem�s est� de acuerdo en perder la cantidad entregada inicialmente en concepto de pena por el incumplimiento. En el momento de la presentaci�n del documento acreditativo de la resoluci�n (una Acta notarial) no se ha practicado ning�n otro asiento intermedio, aunque con posterioridad se ha presentado un mandamiento de anotaci�n de embargo.
El registrador deniega la inscripci�n del documento de resoluci�n por cuanto considera necesario el consentimiento del titular del embargo y porque exige tambi�n que el importe monetario, que el vendedor no ha devuelto al comprador, se deposite judicialmente, conforme al criterio ya sustentado por la DGRN en numerosas resoluciones, por ejemplo en la Resoluci�n de 28 de Mayo de 1992.
La DGRN reitera su doctrina que exige para la inscripci�n de la resoluci�n el consentimiento de todos los titulares de asientos intermedios (practicados entre la compraventa y la resoluci�n), pero, a pesar de ello,
revoca el primer defecto ya que en el presente caso la resoluci�n no se ha anticipado, no ha tenido lugar antes de que venciera el plazo, y, sobre todo, porque ha de prevalecer el principio de prioridad registral, pues en el momento de presentaci�n del documento de resoluci�n no existe ning�n otro asiento, por lo que por aplicaci�n de dicho principio ha de cancelarse la anotaci�n de embargo, que es posterior a la presentaci�n del documento de resoluci�n.
En cuanto al segundo defecto lo confirma, pues considera que el importe a devolver al comprador por el vendedor, aunque haya cl�usula penal que legitime al vendedor para no devolver nada,
debe ser consignado judicialmente para que el juez determine su destino. COMENTARIO: Estando de acuerdo vendedor y comprador en la no devoluci�n, a�n habiendo titulares de derechos o asientos intermedios, es dif�cil de compartir la necesidad de este segundo requisito exigido por la doctrina de la DGRN de consignaci�n, pues los art�culos 59 y 175.6 del RH presuponen para la consignaci�n, a mi juicio, la falta de consentimiento del comprador. En el presente caso es m�s dif�cil todav�a de compartir la necesidad de consignaci�n pues ni siquiera existen titulares de derechos intermedios sobre la finca, ya que el asiento de presentaci�n de la anotaci�n de embargo es un asiento provisional, temporal, que por el principio de prioridad ha de quedar cancelado autom�ticamente cuando se inscriba el documento de resoluci�n. El posible conflicto de derechos sobre una cantidad de dinero se mover�a siempre en la esfera extrarregistral en la que el acreedor embargante, si alegara un mejor derecho que el vendedor sobre ese dinero, tiene abiertas las v�as procesales que estime oportunas.
Con esta postura doctrinal el vendedor se ve ahora limitado en el ejercicio de sus derechos, en contra del principio de legitimaci�n registral, ya que el Registro ha publicado y publica el derecho a la readquisici�n y a la retenci�n del dinero como pena, desde el momento de inscripci�n de la compraventa con condici�n resolutoria. No es ya que el vendedor deba consignar judicialmente o no la cantidad inicialmente recibida, es que mientras no la consigne no se inscribir� la readquisici�n de la propiedad a su favor, con el consiguiente riesgo y merma de sus derechos. Esta postura es contraria tambi�n al principio de que el fraude no ha de presumirse. (AFS) PDF (BOE-A-2010-12808 - 7 p�gs. - 202 KB) Otros formatos
D*89.
RESOLUCIONES JUDICIALES DE DECLARACI�N EN QUIEBRA, DICTADAS POR UN TRIBUNAL INGL�S. Resoluci�n de 11 de junio de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de San Javier n.� 1, por la que se deniega la inscripci�n de dos resoluciones judiciales de declaraci�n en quiebra, dictadas por un tribunal ingl�s. Se debate en este recurso la inscribibilidad en el Registro de la Propiedad de
dos resoluciones judiciales inglesas por las que se declara la apertura de sendos procedimientos concursales frente a dos nacionales ingleses.
El Registrador deniega la inscripci�n al entender que, en aplicaci�n del juego combinado de los art�culos 38.1 y 39 del Reglamento 44/2001, 4 de la Ley Hipotecaria y 10.1 del C�digo Civil, resulta necesaria la obtenci�n de un
auto judicial previo en el que se decrete �un asiento procedente conforme a la legislaci�n hipotecaria pertinente�. Hay que identificar, con car�cter previo, las
normas que resultan aplicables y la delimitaci�n de sus respectivos �mbitos de aplicaci�n.
El Reglamento 44/2001, no es aplicable al reconocimiento de una declaraci�n de apertura de concurso extranjero, desde el momento en que en el art�culo 1 del mencionado instrumento se excluyen de su �mbito material de aplicaci�n los procedimientos de insolvencia (vid. Auto del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2007). Tampoco resulta aplicable a esta cuesti�n el
art�culo 10.1 del C�digo Civil, un precepto en el que se contiene la norma de conflicto que determina el Derecho aplicable a la constituci�n y eficacia de un derecho real, cuestiones que en ning�n caso se plantean en el presente supuesto.
La respuesta a la cuesti�n planteada debe buscarse, por el contrario, en la normativa sobre concurso internacional, normativa que, contiene, con car�cter general, en
el Reglamento 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia y en los art�culos 10-11 y 199-230 de la
Ley Concursal. Las soluciones acogidas por el Reglamento de Insolvencia y por la Ley Concursal poseen una gran semejanza y responden a principios comunes. Sin embargo, existe una diferencia esencial entre una y otra norma, precisamente en la cuesti�n que se plantea en el presente recurso: el reconocimiento de una declaraci�n extranjera de apertura de concurso.
El instrumento comunitario, establece en su art�culo 16 el
reconocimiento autom�tico de las declaraciones de apertura adoptadas por las autoridades de un Estado miembro, al se�alar que �Toda resoluci�n de apertura de un procedimiento de insolvencia adoptada por el tribunal competente de un Estado miembro en virtud del art�culo 3, ser� reconocida en todos los dem�s Estados miembros desde el momento en que la resoluci�n produzca efectos en el Estado de apertura� (vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea de 21 de enero de 2010, as. C-444/2007). La regla del art�culo 16 constituye una nueva expresi�n del ya mencionado �principio de confianza comunitaria� (vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea de 2 de mayo de 2006, As. C-341/2000) y se complementa con la que contiene el art�culo 17.1, seg�n la cual, �La resoluci�n de apertura de un procedimiento del apartado 1 del art�culo 3 producir�, sin ning�n otro tr�mite, en cualquier Estado miembro, los efectos que le atribuya la Ley del Estado en que se haya abierto el procedimiento (�)�. En otros t�rminos, la declaraci�n de apertura de un concurso adoptada por las autoridades de un Estado miembro debe reconocerse en el resto de Estados miembros ex lege y con los efectos que le atribuye el ordenamiento del Estado de origen, sin que, por lo tanto, sea necesario acudir a ning�n procedimiento previo de homologaci�n judicial de la decisi�n en el Estado en el que �sta se quiera hacer efectiva. A ello hay que a�adir que el art�culo 22 reconoce al S�ndico de la quiebra la facultad de solicitar la inscripci�n de la declaraci�n en cualquier Registro de un Estado miembro, siempre que se trate de una modalidad de S�ndico incluida en el Anexo C del Reglamento.
Por el contrario, la regulaci�n de la Ley Concursal relativa a la eficacia en Espa�a de las resoluciones extranjeras en materia concursal contenida en el art�culo 220, parte de una concepci�n radicalmente diferente y somete el reconocimiento de la declaraci�n de apertura extranjera al r�gimen de
exequ�tur, lo que obligar�a, con car�cter previo a la inscripci�n, a acudir al procedimiento contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.
Dada la primac�a de los reglamentos comunitarios sobre el ordenamiento nacional, la aplicaci�n de las soluciones contempladas en la Ley Concursal
depende de que el supuesto quede fuera del �mbito de aplicaci�n del Reglamento 1346/2000. En el caso concreto de las reglas que ahora resultan de inter�s para la resoluci�n del presente recurso, esto es, las relativas al reconocimiento y declaraci�n de ejecutividad de resoluciones en materia concursal, las soluciones del
Reglamento 1346/2000 se aplican a todas aquellas
resoluciones extranjeras que se quieran reconocer o declarar ejecutables en un Estado miembro, siempre que cumplan tres requisitos:
1) que hubieran sido dictadas en otro Estado miembro salvo Dinamarca, para la que no est� en vigor este instrumento; 2) que las autoridades de tal Estado hubieran basado su competencia en las reglas del propio Reglamento, algo que, seg�n el art�culo 3, suceder� siempre que
el deudor concursal tenga su centro de intereses principales en el territorio de un Estado miembro y; 3) que las resoluciones estuvieran incluidas dentro del �mbito material del Reglamento, para lo cual es necesario que hubieran sido dictadas en el marco de un procedimiento que cumpla los requisitos contemplados en el art�culo 1 y adem�s se encuentre recogido en los Anexos A o B del Reglamento. Fuera de estos casos, el reconocimiento de una declaraci�n extranjera de apertura, provenga o no de un Estado comunitario, quedar�a sometida al art�culo 220 de la Ley Concursal y, con ello, al tr�mite del exequ�tur.
Es necesario adem�s poner de manifiesto que un modelo de reconocimiento autom�tico como el instaurado por el Reglamento de Insolvencia no implica la ausencia absoluta de control. Por el contrario, en el caso de que se pretenda
una declaraci�n de apertura de un concurso extranjero, el Reglamento permite
denegar �ste cuando sus efectos resulten manifiestamente contrarios al orden p�blico del Estado requerido (art�culo 26). En cuanto al reconocimiento del resto de resoluciones derivadas de un procedimiento concursal extranjero, el Reglamento a�ade, al margen de la eventual vulneraci�n del orden p�blico del Estado requerido, un motivo adicional de denegaci�n: la ausencia de una limitaci�n de la libertad personal o del secreto postal (art�culo 26).
El Reglamento 1346/2000 posibilita la obtenci�n del reconocimiento incidental de una resoluci�n extranjera ante aquella autoridad del Estado requerido frente a la cual tal resoluci�n se quiera invocar, sea aqu�lla una autoridad judicial o, como acontece en el presente supuesto, un Registrador. Ello supone que, en un caso como el presente, es al propio
Registrador a quien corresponde, con car�cter previo a la inscripci�n del t�tulo extranjero,
controlar con car�cter incidental si la resoluci�n extranjera de declaraci�n de apertura de concurso re�ne los requisitos.
El propio instrumento comunitario exige un comportamiento activo del Registrador que le obliga, de un lado, a constatar que la resoluci�n concursal extranjera queda dentro del �mbito de aplicaci�n del propio instrumento y, en consecuencia, puede beneficiarse de su r�gimen privilegiado de reconocimiento y, de otro, que no se encuentra inmersa en uno de los motivos de denegaci�n
Por otro lado, el Reglamento tampoco regula la forma y el contenido de la inscripci�n, lo que supone que �sta ha de respetar las exigencias de la autoridad que lleve el registro nacional, exigencias, claro est�, cuyo cumplimiento tambi�n deber� ser verificado por el propio Registrador y entre las que se incluyen las relativas a la inscripci�n de documentos extranjeros contenidas en el art�culo 3 de la Ley Hipotecaria y 36 del Reglamento Hipotecario.
Debe se�alarse adem�s que siempre que resulte de aplicaci�n el r�gimen de reconocimiento de resoluciones extranjeras contenido en el Reglamento de Insolvencia queda sin efecto la remisi�n del art�culo 4 de la Ley Hipotecaria al sistema interno de exequ�tur contemplado en los art�culos 951-958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Una vez examinadas las circunstancias que concurren en el supuesto, la aplicaci�n del Reglamento de Insolvencia resulta indiscutible. De un lado, las resoluciones cuya inscripci�n se solicita son dictadas por una autoridad de un Estado comunitario. De otro, otro, en la nota de calificaci�n no se cuestiona ni el hecho de que los deudores concursales tengan su centro de intereses principales en un Estado comunitario ni la inclusi�n del procedimiento ingl�s dentro del elenco de procedimientos incluidos en los Anexos del Reglamento, por lo que el Centro Directivo no pueda ahora entrar a discutir ambas cuestiones.
El art�culo 16 del Reglamento de Insolvencia parte del reconocimiento autom�tico de las declaraciones extranjeras de apertura y permite al Registrador realizar un control incidental de la decisi�n en los t�rminos antes apuntados. El Registrador invocaba, entre otras normas los art�culos 38.1 y 39 del Reglamento, para justificar la necesidad de obtener el exequ�tur previo de las resoluciones inglesas y, desde luego, es cierto que el Reglamento 1346/2000 realiza una remisi�n en su art�culo 25 a
la regulaci�n contenida en los art�culos 31 a 51 del Convenio de Bruselas de 1968 (actuales art�culos 38-58 del Reglamento 44/2001), con la excepci�n del art�culo 34.2 (art�culo 45.1 del Reglamento 44/2001). Ahora bien, al margen de que el Reglamento 44/2001 tambi�n contempla el reconocimiento autom�tico y es el texto que sirve de modelo en este �mbito al propio Reglamento de Insolvencia, es necesario aclarar que tal remisi�n, al margen de no ser aplicable a las declaraciones de apertura sino al resto de resoluciones relativas al desarrollo y conclusi�n de un procedimiento de insolvencia, se refiere, no al reconocimiento, sino al procedimiento de obtenci�n de una declaraci�n de ejecutividad de tales resoluciones, es decir, al procedimiento para declarar ejecutable una decisi�n extranjera como paso previo a su posterior ejecuci�n, un problema, por tanto, distinto al suscitado en el presente recurso.
estima el Recurso. (IES)
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EL CONVENIO REGULADOR DE PAREJA DE HECHO NO PUEDE DOCUMENTAR DISOLUCION DE COMUNIDAD ORDINARIA.. Resoluci�n de 16 de junio de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad n.� 3 de Alicante, a inscribir la adjudicaci�n de un inmueble mediante convenio regulador de medidas paterno filiales con ocasi�n del cese de la convivencia de los progenitores aprobado judicialmente. Se presenta una Sentencia en la que por mutuo acuerdo de los progenitores �pareja de hecho�, se aprueba la propuesta de convenio regulador en adopci�n de las medidas paterno-filiales. Adem�s en el convenio hay un pacto relativo al domicilio com�n -vivienda adquirida por mitades indivisas extingui�ndose el condominio, adjudic�ndola a uno de ellos, oblig�ndose el otro a facilitar todos los tr�mites, gestiones, escrituras y otorgamientos necesarios para la formalizaci�n de dicha extinci�n de condominio y su inscripci�n en el Registro de la Propiedad.
El Registrador deniega la inscripci�n porque entiende que la extinci�n de condominio habr� de elevarse a escritura p�blica, ya que el convenio aprueba solo las medidas paterno filiales.
Direcci�n confirma la nota porque la sentencia aprueba la propuesta de convenio regulador
en adopci�n de las medidas paterno-filiales, entre las que no se puede comprender el acuerdo de extinci�n de condominio sobre una finca. As� se desprende de la propia sentencia de la que resulta que el objeto del juicio es la
guarda, custodia y alimentos de mutuo acuerdo; la aprobaci�n del convenio se justifica
por analog�a a la regulaci�n del procedimiento de separaci�n y divorcio, no puede repugnar a la conciencia jur�dica la regulaci�n entre las partes de las relaciones paterno-filiales, siempre que los acuerdos no fueren contrarios a la moral o al orden p�blico� considerando que los mismos amparan suficientemente el inter�s de los menores; y en el fallo se acuerda la aprobaci�n del
convenio � en adopci�n de las medidas paterno-filiales.
Adem�s la Direcci�n aclara que aun cuando la Sentencia
lo hubiera aprobado TAL PACTO NO SER�A INSCRIBIBLE. Utiliza id�nticos argumentos que la R. de
22-3- 2.010, dictada para el caso
de disoluci�n de comunidad de bienes sobre un inmueble adquirido en estado de solteros por c�nyuges casados en r�gimen de separaci�n de bienes. Es decir, que la posibilidad de inscribir la liquidaci�n del r�gimen econ�mico matrimonial que conste en el convenio ha de interpretarse en sus justos t�rminos sin que pueda servir de cauce formal para otros actos que tienen su significaci�n negocial propia. As� se ha admitido por ejemplo, que
con ocasi�n de la liquidaci�n de la sociedad de gananciales, puedan intercambiarse bienes privativos, pero siempre que
se trate de de un negocio complejo, en el que la toma de menos por un c�nyuge del remanente consorcial se compense con esa adjudicaci�n �a su favor� de bienes privativos del otro c�nyuge y no de negocios adicionales a la liquidaci�n, independientes jur�dicamente de �sta, con su propia causa; o tambi�n se ha admitido la adjudicaci�n en convenio regulador de bienes adquiridos vigente el r�gimen de separaci�n de bienes, pero porque hay distinciones con la comunidad romana: el reg. de separaci�n solo puede existir entre c�nyuges, por la afectaci�n de los bienes al sostenimiento de las cargas del matrimonio, las especialidades en la gesti�n de los bienes de un c�nyuge por el otro, la presunci�n de donaci�n en caso de concurso de un c�nyuge y de las limitaciones que para disponer se derivan del destino a vivienda habitual de un inmueble� y nada de esto sucede en una comunidad romana. En consecuencia no es admisible el convenio regulador, aprobado judicialmente, como documento de formalizaci�n de una disoluci�n de una comunidad de bienes, adquiridos al margen o en ausencia de todo r�gimen conyugal, como sucede en el presente caso en el que de la documentaci�n presentada no se deduce en forma alguna la existencia de pactos reguladores de las relaciones econ�micas de la convivencia de los miembros de la uni�n de hecho, o para liquidarlas tras su cese, conforme prev� el art�culo 4 n.� 1 de la Ley Valenciana 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las uniones de hecho, que pudieran asimilarse a estos efectos a un r�gimen conyugal.
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NO CABE LA OBTENCI�N DE UNA LICENCIA URBAN�STICA POR SILENCIO POSITIVO CUANDO SEA
CONTRA LEGEM. Resoluci�n de 17 de junio de 2010, de la Direcci�n General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad sustituto de �lora, por la que se suspende la inscripci�n de escritura p�blica de segregaci�n y compraventa. Hechos: Se presenta en el Registro la copia de la escritura de compraventa, previa segregaci�n, otorgada el 27 de diciembre del a�o 2000, posteriormente subsanada el 28 de julio de 2009, acompa��ndose instancia del interesado presentada ante el Ayuntamiento, en la que se solicitaba licencia de segregaci�n o declaraci�n de innecesariedad y dem�s documentaci�n acreditativa, a su juicio, de haberse producido el silencio positivo, habi�ndose remitido al Ayuntamiento testimonio notarial de la copia de la escritura que se pretend�a inscribir.
El Registrador en una extensa y fundamentada nota deniega la inscripci�n al resultar de los propios asientos del Registro que existen indicios de parcelaci�n ilegal, no cabiendo conforme a la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2009 la posibilidad de apreciar el silencio positivo contra legem, resultando ello del art�culo 43.2 de la Ley 30/1992 de RJAP Y PAC, que si bien admite el silencio positivo, lo excepciona siempre que otra norma con rango de Ley establezca lo contrario, y ello suced�a en este caso, pues como dispon�a el art�culo 242.6 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y ahora resulta del art�culo 8.1.b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo, no pueden entenderse adquiridos por silencio administrativo positivo licencias en contra de la ordenaci�n territorial o urban�stica.
Como cuesti�n previa, afirma la Direcci�n General
que la exigencia formal de la calificaci�n �ntegra, no puede prevalecer contra el principio de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner en conocimiento los defectos que se observen aunque sea extempor�neamente, circunstancia que no se aprecia en el caso del recurso.
A continuaci�n, reconoce el Centro Directivo que en reiteradas resoluciones hab�a admitido el silencio administrativo positivo, una vez transcurrido el plazo legal, por lo que la posible ineficacia del acto, requer�a la correspondiente declaraci�n al efecto, mediante el procedimiento de revisi�n; por lo que el Registrador deb�a practicar el asiento correspondiente si no constare que la segregaci�n formalizada contradijese de forma manifiesta el planeamiento. A�ade que, sin embargo, la
Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2009 establece una doctrina jurisprudencial distinta, habi�ndose dictado en inter�s de Ley, por lo que de conformidad con lo dispuesto el art�culo 100.7 de la LJCA vincula a los jueces y magistrados y �no puede en modo alguno ser desconocida por este Centro Directivo ni tampoco por Notarios y Registradores�, quienes �deber�n tenerla bien presente�.
Cita la Direcci�n General
los preceptos de la Ley
de ordenaci�n Urban�stica de Andaluc�a que exigen para las parcelaciones urban�sticas licencia de innecesariedad y su acreditaci�n ante el Notario y el Registrador, as� como la definici�n que del concepto de reparcelaci�n urban�stica nos ofrece la citada Ley, llegando a la conclusi�n que ello implica un especifico r�gimen urban�stico de fiscalizaci�n municipal previa,
imponiendo mayor rigor cuando se pretenda otorgar o inscribir t�tulos sin ese control previo, por lo que ante la posibilidad de que los notarios y registradores carezcan
de elementos de juicio suficiente acerca de que si el acto es o no contrario al planeamiento, cobra sentido el art�culo 19.4 del Texto Refundido de la Ley
del Suelo, que faculta a los notarios para solicitar a la Administraci�n Local
informaci�n sobre la situaci�n urban�stica de las parcelas, y
el art�culo 79 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, que ata�e a los Registradores.
Y una vez expuesto lo anterior, concluye la Direcci�n General
afirmando que no puede entenderse adquirida por silencio administrativo positivo la licencia de segregaci�n, por resultar del Registro que el terreno estaba calificado como no urbanizable de protecci�n especial, existiendo indicios de parcelaci�n ilegal seg�n comunicaci�n del Ayuntamiento, exigi�ndose licencia o declaraci�n de innecesariedad expresa; sin que, por otro lado, se aprecie indefensi�n en uno de los recurrentes, abogado, pues consta que ya conoc�a la calificaci�n del terreno en otro recurso contra la calificaci�n de otra segregaci�n verificada en la finca matriz.
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*96. REGISTRO MERCANTIL.
PUBLICIDAD FORMAL: INTER�S LEG�TIMO Y PROTECCI�N DE DATOS. Resoluci�n de 29 de julio de 2010, de la Direcci�n General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Palencia n.� 2 y Mercantil, a expedir cierta informaci�n registral por medio de certificaci�n relativas a diversas sociedades mercantiles inscritas en el citado Registro Mercantil. Hechos: Se solicita de un Registro Mercantil
certificaciones literales referidas a tres sociedades, se�alando concretamente las inscripciones a las que debe referirse la certificaci�n. Se alega como inter�s en la solicitud la de investigaci�n de bienes y presentaci�n en el Juzgado. La solicitante seg�n manifiesta es Abogada. El Registrador deniega la publicidad formal solicitada por estimar que el inter�s alegado no es suficiente para la expedici�n de las certificaciones referidas, aparte de que la legislaci�n de
Protecci�n de Datos de car�cter personal veda la solicitud por la amplitud de la misma. Se recurre poniendo de manifiesto el
car�cter p�blico sin cortapisas del Registro Mercantil, as� como diversas sentencias que abonan la expedici�n de la informaci�n solicitada.
Doctrina: La DG, en una extensa y fundamentada resoluci�n,
revoca la negativa del registrador a suministrar la informaci�n solicitada, fijando de forma resumida los par�metros a los que debe ajustarse la publicidad formal en general, y en el Registro Mercantil en particular. Estos principios o par�metros establecidos por la DG, son los siguientes:
1. Para solicitar informaci�n registral es necesario tener un
inter�s, directo, conocido, patrimonial y leg�timo y debe justificarse ante el registrador.
2. El inter�s se presume en los casos de empleados p�blicos o funcionarios que act�en por raz�n de su cargo u oficio.
3. La publicidad formal debe excluir los datos carentes de trascendencia jur�dica, debiendo ser precisa y fiel pero sin extenderse a m�s de lo que sea necesario al solicitante.
4. En el �mbito del Registro Mercantil,
el inter�s del solicitante se presume y por ello a diferencia de lo que ocurre en el Registro de la Propiedad, no debe probarse a satisfacci�n del registrador.
5. No obstante lo anterior, tambi�n el Registro Mercantil queda afectado por las normas sobre protecci�n de datos de car�cter personal y por ello queda bajo la responsabilidad del registrador la atenci�n a las consultas sobre datos personales (Art. 12.3 del RRM). Estos datos personales no son s�lo los que afectan a la vida �ntima de la persona, sino todos aquellos datos personales cuyo conocimiento pueda afectar a sus derechos sean o no fundamentales.
6. Los datos personales no podr�n ser objeto de publicidad para finalidades distintas de la propia instituci�n registral.
7. El titular registral tiene derecho a ser informado de las personas que recaban informaci�n sobre su persona y bienes.
8. Finalmente dice la DG, que
una denegaci�n de publicidad formal s�lo puede referirse a los datos sin relevancia patrimonial ajenos a la finalidad del registro y a datos carentes de relevancia jur�dica.
Comentario: Lo limitaremos al �mbito en el que se plantea la resoluci�n, es decir en el �mbito estricto del Registro Mercantil.
Sin profundizar excesivamente en la materia, nos parece que en la
publicidad registral mercantil podemos tener en cuenta estos principios:
1. La principal diferencia entre el RP y el RM, en materia de publicidad formal, es que en el RM el inter�s se supone y por tanto basta con solicitar la informaci�n que se desee sin m�s especificaciones para que la solicitud sea atendida. El RM es p�blico (Cfr. Art. 23 Coco y 12 RRM).
2. En el RM, dado su objeto, es realmente dif�cil que existan datos �ntimos de las personas que caigan bajo la Ley de Protecci�n de Datos de car�cter personal.
3. En cambio s� existen datos personales, referidos al NIF de las personas f�sicas, su estado civil, o su domicilio que en ocasiones habr� que preservar de la publicidad registral omiti�ndola, bien en las notas simples literales o bien en las certificaciones de la misma clase.
4. No obstante, s�lo en caso excepcionales, estimamos que deben suprimirse dichos datos de la publicidad formal que da el Registro, pues aparte de no ser datos �ntimos, sino normalmente conocidos o que pueden llegar a ser conocidos por todos, en m�ltiples ocasiones la publicidad formal solicitada tendr�
como finalidad conocer dichos datos, bien por motivos de reclamaciones judiciales o bien por motivos simplemente de saber qui�n puede actuar en representaci�n de la sociedad. Es decir dichos datos caen bajo la esfera de la propia finalidad del RM: Dar seguridad al tr�fico jur�dico mercantil y facilitar las transacciones mercantiles.
5. Lo importante para nosotros, en materia de datos personales a reflejar en los libros del Registro y que por tanto puedan ser despu�s objeto de publicidad registral, est� en no consignar m�s datos de los estrictamente necesarios y que son obligados por el RRM, dependiendo de la clase de asiento que haya de practicarse.
6. Por ello para identificar a las personas
s�lo ser� necesario indicar su nombre y apellidos, su estado, si bien este �ltimo ha declarado la DG que no es estrictamente necesario, su domicilio y su NIF (Cfr. Art. 38 RRM). Por tanto ni es necesario reflejar la profesi�n, salvo para las sociedades profesionales, ni el nombre del c�nyuge, salvo que se aporten bienes y deba prestar su consentimiento, ni su r�gimen econ�mico matrimonial. El no consignar el estado civil tampoco es defecto que impida la inscripci�n.
7. El mismo trato debe darse al resto de los acuerdos inscribibles, no haciendo constar a suscriptores en los aumentos de capital cuando las aportaciones son dinerarias, ni los n�meros de cuentas en las que se hacen los ingresos, ni la distribuci�n de acciones o participaciones en casos de transformaci�n, fusi�n o escisi�n, ni ning�n otro dato que, insisto, no venga estrictamente exigido por alguna norma legal o reglamentaria.
8. Si as� se hace, lo que debe darse por supuesto,
la publicidad mercantil podr� ser literal a petici�n del solicitante, sin temor a incidir en la Ley de Protecci�n de Datos de car�cter personal, pues sabremos en todo momento que en los asientos s�lo existen datos puramente econ�micos, o tan �ntimamente relacionados con los datos econ�micos, que pueden ser objeto de publicidad registral sin cortapisas. De poco servir�a, por ejemplo, decir que el administrador es determinada persona, si no damos m�s datos de identificaci�n, pues el interesado en contratar con la sociedad a trav�s de dicha persona no sabr�a realmente si est� contratando con ella o con otra distinta con su mismo nombre y apellidos e incluso se puede causar un perjuicio o molestia a esa persona al ser confundida sin necesidad con el administrador o apoderado de una sociedad.
9. Podemos concluir diciendo que si cuidamos el contenido de las inscripciones evitando que en ellas se reflejen datos innecesarios o a veces incluso perturbadores, la publicidad registral mercantil puede y debe ser total y s�lo en casos muy excepcionales, que no eran los del recurso, aunque
tampoco sabemos qu� constaba en las inscripciones solicitadas, limitar o excluir determinados datos personales o �ntimos que s�lo de forma muy limitada pueden figurar en los libros del registro.(JAGV)
PDF (BOE-A-2010-13064 - 8 p�gs. - 210 KB) Otros formatos NOTICIAS DE INTER�S PARA LA OFICINA NOTARIAL:
CIRCULAR FRANCESA SOBRE BLANQUEO
Nuestro Compa�ero Joaqu�n Zejalbo Mart�n, me remiti� hace alg�n tiempo la Circular Francesa, remitida por el Ministro de Justicia a los distintos profesionales del Derecho, entre ellos a los notarios. Comparativamente y aunque tambi�n mantiene una exigencia notable respecto a �stos, no tiene la dureza de la remitida al notariado espa�ol por la OCP, que exige un examen de cada persona f�sica o jur�dica compareciente, en todos y cada uno de los documentos que se autoricen y, m�s a�n, y lo que m�s nos duele es que los notarios debamos abstenernos de formalizar un documento (incluido un simple poder procesal) por el simple hecho de que la persona compareciente desconozca qui�n sea el titular real de la entidad (b�n�ficiaire en Dcho Franc�s). A efecto de que se conozca la parte m�s importante de la circular referida, he traducido aquellos aspectos que me han parecido ata�en m�s al notario franc�s, pidiendo disculpas por si hubiera alg�n error en la traducci�n.
FRANCIA. RESUMEN DE LA CIRCULAR REMITIDA POR EL MINISTRO DE JUSTICIA Y LIBERTADES A LOS SUJETOS OBLIGADOS (ENTRE ELLOS A LOS NOTARIOS) EN RELACI�N CON LA TRANSPOSICI�N DE LA DIRECTIVA 2005/60/CE
Circular..del 14 de enero de 2010, relativa a la comunicaci�n de las disposiciones normas (francesas) resultado de la transposici�n de la Directiva 2005/60/CE del 26 de octubre de 2005, en relaci�n con la prevenci�n respecto de la utilizaci�n del sistema financiero para fines de blanqueo de capitales y financiaci�n del terrorismo.
La citada Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005..ha sido transpuesta (a Francia) por la Ordenanza n� 2009-104 de 30 de enero de 2009..Esta disposici�n ha sido ratificada por la ley n� 2009-526 del 12 de mayo 2009 relativa a la simplificaci�n y clarificaci�n de la norma y agilizaci�n de los procedimientos, habiendo sido completada por varios decretos posteriores. Existen dos clases de disposiciones que han sido previstas en la nueva disposici�n aplicable a la lucha antiblanqueo y que debe ser conocida por las autoridades judiciales, ya que pueden tener consecuencias en la pr�ctica jur�dica: Se trata de nuevas reglas de aplicaci�n general y de disposiciones espec�ficas para las profesiones reguladas.
I.- Principales modificaciones surgidas en relaci�n la prevenci�n de la lucha antiblanqueo:
Entre las disposiciones que pueden tener consecuencias sobre la pr�ctica de las distintas autoridades y jurisdicciones en materia de blanqueo, conviene citar el nuevo enfoque respecto de las responsabilidades que conlleva la obligaci�n de vigilancia de los sujetos obligados: 1.- La ampliaci�n de los supuesto de declaraci�n de operaciones sospechosas 2.- Las disposiciones referidas a la declaraci�n y diligencias posteriores, en especial al TRACFIN (Comisi�n francesa de Blanqueo) y que han sido establecidas para el caso de blanqueo en relaci�n con el fraude fiscal 3.- y la importancia acrecentada del car�cter confidencial de la declaraci�n de cualquier operaci�n sospechosa.
I.1.- La obligaci�n de vigilancia, su modificaci�n debido al riesgo: De acuerdo con las recomendaciones del GAFI, la tercera directiva ha previsto un nuevo sistema de evaluaci�n (del riesgo) en cuanto a la clientela de los profesionales obligados: la obligaci�n de vigilancia puede sin embargo ser modulada en funci�n del riesgo del cliente, bien por el producto o bien por la operaci�n, pudiendo ser �ste definido de antemano o dejado a la libre apreciaci�n del profesional:
En caso de riego d�bil, El Consejo de Estado publicar� una lista de clientes o de operaciones que presentan intr�nsecamente una exposici�n d�bil al riesgo de blanqueo o financiaci�n del Terrorismo. La incidencia de ella, ser� exonerar al profesional de todo apremio hacia �l� El profesional tiene toda libertad para reducir conforme a lo que estime, la intensidad de ciertas medidas de vigilancia (informaci�n relativa a la naturaleza y objeto de los negocios y de su seguimiento), pero deber� sin embargo poder justificar, en su caso, la elecci�n realizada frente a la autoridad que ejerza el control.
En caso de riego elevado, el profesional deber� aplicar medidas de vigilancia complementaria en relaci�n con las obligaciones est�ndar que se imponen en las siguientes situaciones: El cliente o su representante no est� f�sicamente presente, al tiempo de la identificaci�n; el producto de la operaci�n, tal como se define por el Consejo de Estado, favorece el anonimato, sin perjuicio de la prohibici�n de productos an�nimos; la operaci�n por cuenta propia o de terceros se efect�a con personas f�sicas o jur�dicas, comprendidas sus filiales o establecimientos, domiciliados, registrados o establecidos en un Estado o territorio cuya lista se publicar� por decreto; o el cliente responde a la calificaci�n de persona pol�ticamente expuesta, en el sentido que lo emplea la tercera directiva. ..-
Examen reforzado: El art�culo L.156-10-2-II del c�digo monetario y financiero mantiene el principio del examen reforzado de ciertas operaciones, que estaba ya previsto en la legislaci�n anterior, modificando las condiciones de su puesta en funcionamiento. Las condiciones cumulativas establecidas por la norma anterior se sustituyen por condiciones alternativas hoy desprovistas de todo umbral de valoraci�n (antes 150.000 euros). Cuando el profesional est� en presencia de una operaci�n compleja o de un importe inhabitualmente elevado o desprovisto de justificaci�n econ�mica o de objeto l�cito, �l debe hacer un examen reforzado, lo que exige obtener del cliente las informaciones pertinentes sobre el origen y destino de los fondos, el objeto de la operaci�n y la informaci�n del beneficiario. Es en base a todo ello que el profesional aprecia en funci�n de los datos suministrados o en su defecto por la obtenci�n de aquellos, la necesidad de proceder a una declaraci�n al Tracfin.
I.2.- Extensi�n del campo de aplicaci�n de la declaraci�n de sospecha:
Aparte de la declaraci�n de operaci�n sospechosa relativa al fraude fiscal, que exige que est� presente al menos uno de los criterios previstos por el Decreto 16 julio 2009, el art 561-15 I del c�digo monetario y financiero, prev� que el profesional obligado debe declarar al Tracfin las sumas u operaciones por las que conoce, sospecha o tiene buenas razones para sospechar que provienen de una infracci�n que lleva consigo pena de privaci�n de libertad superior a un a�o o que pudiera participar en la financiaci�n del terrorismo���
I.-4.- La confidencialidad de la declaraci�n:
La ordenanza del 30 de enero 2009 ha reforzado el car�cter confidencial de la declaraci�n de operaci�n sospechosa, en aplicaci�n de las prescripciones de la directiva de 26 octubre 2005. Este aspecto confidencial, y por ello, la protecci�n de los declarantes contra toda presi�n eventual, es uno de los puntos esenciales del dispositivo nacional de la lucha contra el blanqueo y la financiaci�n del terrorismo�La declaraci�n de sospecha no es admisible respecto de la autoridad judicial sino a petici�n del Tracfin en los solos casos en que las personas obligadas son sospechosas de estar implicadas en el mecanismo de blanqueo o de financiaci�n del terrorismo. Conviene por otra parte se�alar que es indispensable que las autoridades judiciales velen por la protecci�n de los declarantes cuando �stos �ltimos no son sospechosos de hechos de blanqueo o financiaci�n del terrorismo. A este efecto deben estar vigilantes a fin de que las manifestaciones que efect�en los profesionales, como testigos, no hagan aparecer a ellos en el origen de la declaraci�n de sospecha.
Adem�s es necesario que toda amenaza o cualquier violencia contra cualquier profesional que haya cumplido sus obligaciones d� origen a una investigaci�n judicial y a diligencias adoptadas a la vista de la gravedad de los hechos.
II.- Reglas espec�ficas aplicables a los profesionales del derecho:
Los profesionales del derecho est� sujetos a las obligaciones de la lucha contra el blanqueo y la financiaci�n del terrorismo, tras de la ley n� 2004-130 de 11 febrero de 2004, que reforma el estatuto de ciertas profesiones judiciales o jur�dicas, as� como expertos judiciales, asesores en propiedad industrial y expertos en ventas en p�blica subasta, y que ha venido a trasponer la directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de diciembre de 2001. Como actores esenciales de la vida econ�mica, est�n confrontados, cada d�a m�s, con los circuitos y mecanismos del blanqueo de capitales.
Sin embargo, si bien los
notarios participan hoy m�s que otros en el dispositivo (de blanqueo) y formulan un n�mero significativo de declaraciones respecto de operaciones sospechosas (313 en 2007, 347 en 2008), la participaci�n de otros profesionales no est� hoy a la altura del lugar que �stos ocupan en nuestra sociedad y nuestra econom�a. De esta forma, los abogados, los comisarios de cuentas, los administradores judiciales, los apoderados judiciales e incluso los secretarios judiciales, no han formulado en 2008 y en conjunto, sino una veintena de declaraciones respecto operaciones sospechosas, al a�o.
El acento, por tanto, debe ponerse en la implicaci�n necesaria de estos profesionales, lo que pasa por una atenci�n particular a las normas deontol�gicas, incluso penales, provenientes de sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Conviene pues de esta forma, volver sobre las especifidades de su r�gimen, trat�ndose de un campo de aplicaci�n de las obligaciones de la lucha contra el blanqueo de capitales y financiaci�n del terrorismo, as� como respecto del contenido de estas obligaciones, y adem�s sobre las modificaciones e innovaciones introducidas por la tercera directiva dicha antiblanqueo, en relaci�n con las obligaciones propiamente dichas.
II.- 1.- El campo de aplicaci�n, para los profesionales del derecho, respecto de las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales y financiaci�n del terrorismo�
a).- Campo de aplicaci�n com�n a las profesiones jur�dicas o judiciales
(notarios, secretarios de justicia, administradores judiciales, apoderados judiciales, comisarios-tasadores judiciales, abogados, abogados del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo, procuradores).
El art 561-3 del c�digo monetario y financiero limita el campo de aplicaci�n de las disposiciones relativas a la lucha contra el blanqueo a algunas de sus actividades profesionales. As� los profesionales del derecho no est�n sujetos a las obligaciones de vigilancia o de declaraci�n sino en los siguientes supuestos:
- Cuando participen en nombre y por cuenta de su cliente en cualquier transacci�n financiera o inmobiliaria.
- Cuando asisten a su cliente en la preparaci�n o realizaci�n de las siguientes transacciones:
- Compra y venta de bienes inmuebles o fondos de comercio.
- Gesti�n de fondos, t�tulos u otros activos pertenecientes al cliente.
- Apertura de cuentas bancarias, de ahorro de t�tulos de contrato de seguro.
- Organizaci�n de aportaciones necesarias para la constituci�n de sociedades.
- Constituci�n, gesti�n o direcci�n de sociedades o de fiducias, incluidas las de derecho extranjero.
- Constituci�n o gesti�n de fondos de dotaci�n.
consultas jur�dicas, incluso las relativas a estas actividades, no est�n sujetas a las obligaciones de declaraci�n de lucha contra el blanqueo de capitales o financiaci�n del terrorismo, a menos que ellas se hayan realizado con la finalidad de blanqueo de capitales o financiaci�n del terrorismo o sabiendo que el cliente lo consulta con esta finalidad.
b).- Campo de aplicaci�n propio de los abogados cuando no act�an en calidad de fiduciarios, abogados del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo y procuradores:
Para �stos el campo de aplicaci�n est� igualmente limitado a las actividades antes indicadas. Pero para estos profesionales, incluidas las relativas a estas actividades, no solamente se excluyen las consultas jur�dicas, sino igualmente y en aplicaci�n del art 561.3, citado, todas las actividades referidas a un procedimiento judicial, cuando las informaciones hayan sido recibidas u obtenidas antes, durante o despu�s del procedimiento, comprendiendo el cuadro de consejos relativos a la manera de formalizar o evitar un tal procedimiento. Este r�gimen derogatorio reafirma el papel del abogado en el proceso y en la protecci�n particular del que se beneficia su secreto profesional, protegido tanto por las disposiciones del art 6 del Convenio Europeo de protecci�n de los derechos humanos, reconocido por la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas en la disposici�n de 26 junio de 2007..como por las disposiciones del art 8 del miso acuerdo, tal como lo ha reconocido el Consejo de Estado en una decisi�n de 10 abril de 2008.. II. 2.- Las modalidades de ejecuci�n de las obligaciones dichas, por los profesionales:
Las obligaciones que pesan sobre los profesionales de derecho, con los l�mites indicados, son los mismos que para los dem�s profesionales sujetos a las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales, pero han sido objeto de adaptaci�n a las particularidades de sus profesiones:
a).- Obligaci�n de vigilancia: La obligaci�n de vigilancia que pesa sobre las profesiones jcas o judiciales reglamentadas conoce, conforme a las otras personas sometidas a las obligaciones sobre el blanqueo, una intensidad variable en funci�n del riesgo. ..- En efecto para los clientes ocasionales, definidos por el art 561.10 como el solicitante de un profesional para una operaci�n concreta, la identificaci�n de aquellos clientes no procede salvo en caso de sospecha de blanqueo, sino para operaciones cuyo importe excede de 15.000 euros.
..- Para las otras operaciones, los profesionales deben, conforme al art 561.12 del c�digo monetario y financiero, conservar la copia de los documentos necesarios para la identificaci�n de su cliente con el que han tenido una relaci�n de negocio, o en su caso, el beneficiario efectivo de las operaciones en las que participan, y durante un plazo de cinco a�os a contar del cierre de sus cuentas o del cese de sus relaciones con ellos.
beneficiario efectivo (titular real) la persona f�sica que controla, directa o indirectamente, el cliente o aquella por la que se ejecuta una transacci�n o se realiza una actividad. El Dto n� 2009-1087 de 2 septiembre de 2009, ha venido a precisar la noci�n de �titular real� considerando que cuando el cliente es una sociedad, se entiende por beneficiario efectivo de la operaci�n la o las personas f�sicas que: Detenten directa o indirectamente m�s del 25% del capital o de los derechos de voto de la sociedad,
O ejerzan por cualquier otro medio, un poder de control sobre los �rganos de gesti�n, administraci�n o direcci�n de la sociedad o sobre la junta general de sus miembros.
Un concepto an�logo existe cuando el �titular real� es un organismo de inversi�n colectiva. Cuando el cliente es una persona jur�dica que no es sociedad ni organismo de inversi�n colectiva, o cuando el cliente interviene en el marco de una fiducia o de otra disposici�n jca similar en un derecho extranjero, las disposiciones espec�ficas se establecen en el art 561.3.
Los documentos de identificaci�n del cliente son, tal como lo precisa el art 561.5 y cuando la persona en concreto o su representante legal est�n presentes, para las personas f�sicas un documento oficial en vigor con fotograf�a, y para las personas jcas, el original o la copia de cualquier acto o registro oficial con fecha anterior en tres meses donde conste la denominaci�n, la forma jca, la direcci�n de la sede social y la identidad de los miembros y dirigentes sociales�.
En relaci�n a las obligaciones relativas a la lucha contra el blanqueo deber�n adem�s ser verificadas por las autoridades profesionales y de control, en el marco de las inspecciones y controles que diligencien. Trat�ndose de profesiones jur�dicas y judiciales, se deber� rendir cuenta anualmente del resultado de estas verificaciones, bien sea por el Fiscal de la Rep�blica (para los secretarios judiciales, los comisarios tasadores judiciales y los notarios) o bien el Fiscal General (para los abogados). Los juzgados dispondr�n de las informaciones necesarias para ejercer su control disciplinario sobre el conjunto de profesiones jcas o judiciales reglamentadas en el dominio de la lucha contra el blanqueo de capitales.
b).- Obligaci�n de declaraci�n y las relaciones con el Tracfin:
En los l�mites se�alados en el apartado II.1 los profesionales est�n sujetos a la obligaci�n de declarar toda operaci�n sospechosa de blanqueo, bajo la reserva del r�gimen propio de los abogados, procuradores y abogados del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo.
Para estos profesionales y a diferencia de los establecimientos financieros o de otras profesiones, la sola persona habilitada para proceder a efectuar la declaraci�n es el profesional por �l mismo y no por uno de sus empleados. Este principio corresponde al car�cter liberal de estas profesiones que reposa sobre una relaci�n personal de confianza entre el profesional y su cliente e implica una fuerte responsabilidad individual en el ejercicio de la profesi�n.
Trat�ndose particularmente de abogados, procuradores y abogados del Consejo de Estado y Tribunal Supremo, el r�gimen de declaraci�n tome en cuenta la especificidad de su secreto profesional en su grado m�s alto, lo que exige que todas sus decla
raciones y comunicaciones con el TRacfin pasen, conforme al art 561.17 del c�digo monetario y financiero, por la intermediaci�n del decano del colegio de abogados, del presidente de la compa��a o del orden, el cual podr� verificar de esta forma que los datos suministrados entran en el campo de las obligaciones relativas al blanqueo y que el profesional no atenta al secreto del que es depositario.
La importancia de la transmisi�n por medio del decano del colegio de abogados, del presidente de la compa��a o del orden, justifica que el Tracfin est� forzado a rechazar cualquier declaraci�n efectuada con desconocimiento de estas disposiciones.
Ver instrucciones de otros pa�ses.
ALGO M�S QUE DERECHO
ELVIRA LINDO: �DOLOR DE CORAZ�N�
Elvira Lindo Garrido (C�diz 23 de enero de 1962) es una escritora espa�ola. Su actividad ha abordado el Periodismo, la Novela y el Gui�n televisivo y cinematogr�fico. Con doce a�os se traslad� a vivir a Madrid, donde, tras el instituto, estudi� Periodismo, que altern� con su trabajo como locutora para Radio Nacional de Espa�a, abandonando finalmente la carrera para dedicarse de lleno a su trabajo en la radio y televisi�n como locutora, actriz y guionista. Su primera novela se construy� en torno a uno de sus personajes radiof�nicos, que ella misma interpretaba en la radio, el ni�o madrile�o Manolito Gafotas
(1994), que se hizo muy popular y un cl�sico de la literatura infantil espa�ola, protagonizando una serie de novelas en primera persona, escritas con un s�lido estilo literario, humor, iron�a y una aguda cr�tica social. Adem�s Elvira Lindo ha publicado cinco libros de otro personaje, Olivia (una ni�a muy traviesa, cuyas aventuras van destinadas a un p�blico de corta edad). Desde su columna veraniega en El Pa�s ha caricaturizado su vida de intelectual 'progre', public�ndose despu�s las cr�nicas en forma de libros (Tinto de verano), (El mundo es un pa�uelo), (Tinto de verano II) y (Otro verano contigo). En 1998 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, por Los trapos sucios de Manolito Gafotas y en 2005 el XIX Premio Biblioteca Breve por Una palabra tuya. Seg�n public� su p�gina web, el �ltimo libro de Elvira Lindo ser� Lo que me queda por vivir (Wikipedia).
Elvira Lindo es colaboradora del Peri�dico El Pa�s, y de �l he cogido unos p�rrafos del art�culo publicado el 13 de junio de 2010, titulado �Dolor de Coraz�n�. En �l la escritora llega al convencimiento de que los �nicos felices en este mundo son los ni�os y los mayores (seg�n un sesudo estudio, hasta los 17 a�os y a partir de los 50). No estoy muy de acuerdo con ninguna: los ni�os y j�venes, y m�s ahora, sufren, mucho antes de los 17, y los mayores (y ya he superado esta edad) tampoco es una senda de rosas. Hoy una persona con 50 a�os est�, en el mejor de los casos, defendiendo con u�as y dientes su trabajo y tratando de ayudar a sus hijos, posiblemente desempleados. La situaci�n actual es una tragedia para nuestra juventud, cuyo desempleo ronda ya el 40% (existe realmente una fuga de cerebros al extranjero). En fin del art�culo citado, reproduzco alguno de sus p�rrafos:
�No s� si querr�a ser m�s joven. Lo que s� me gustar�a es estancarme, hacer eterno este presente. De la juventud quisiera conservar la lozan�a f�sica, pero no envidio a quien era hace veinte a�os, aquella joven perdida en ansiedades est�riles. No es infrecuente que en la mente juvenil aniden ideas falsas, una de las m�s comunes es la creencia de que no hay amor verdadero sin sufrimiento. Esa imagen caricaturesca del amor tan ligada al clich� rom�ntico, convierte a muchos j�venes c�ndidos en v�ctimas propicias de los chulos o las listillas, de las mujeres manipuladoras o los hombres fanfarrones. El joven o la joven inocente buscan, como si fuera un alimento para el alma, a alguien que les machaque, porque entienden que el amor s�lo habita en el terreno de la melancol�a. Lo m�s natural es que las personas aprendamos y que con la experiencia de un capullo o de una arp�a en nuestro expediente amoroso tengamos m�s que suficiente; puede incluso que echando la vista atr�s concluyamos que haber sido el juguete de un amante caprichoso nos ha servido para desarrollar mecanismos de defensa que nos proteger�n toda una vida. Pero �ay! de aquel que perpet�e el car�cter sufridor hasta perder por completo su autoestima. No hablo de malos tratos f�sicos, por supuesto, sino de mera supeditaci�n. Lo pensaba el otro d�a cuando caminando por el Paseo del Prado, pude escuchar c�mo un hombre maduro de gesto mal encarado le dec�a a su mujer antes de cruzar el sem�foro: �Tira� le dec�a, sin apenas mirarla, indic�ndole con un gesto de la cabeza que pasara delante de �l. Tira a secas, sin acompa�ar la orden de un nombre propio o de otro a�adido que le restara fiereza. Tira como, si en vez de con una mujer, estuviera pastoreando a una cabra.. Qui�n no ha amado alguna vez a quien no le conven�a, quien no se ha empecinado en perseguir a alguien que no le correspond�a..
De la felicidad se habla mucho y se lee. Hay gente que lee manuales sobre la felicidad en el autob�s o en el metro, de camino al trabajo. Me pregunto si todos estos lectores que hunden su mirada en un libro de autoayuda tienen algo en com�n �son todos ellos infelices? �comparten el mismo af�n de aquel que lee un libro religioso? �se aprende a ser feliz o el que nace con la sombra de la desgracia en su car�cter est� marcado para siempre?. Varias Universidades..han realizado el m�s completo estudio sobre la felicidad..no se trata de elucubraciones sino de un abrumador estudio que ha saltado fronteras tratando de encontrar elementos comunes en la sensaci�n de felicidad o desgracia que acompa�a a los seres humanos a lo largo de su vida. Que el dinero no da la felicidad es algo que se confirma, siempre y cuando se hayan cubierto las necesidades b�sicas..
Hay aspectos en el estudio muy curiosos: seg�n �l, el periodo de la vida donde se concentran los mayores estados de infelicidad est� comprendida entre los 17 y los 50 a�os. La infancia es, si se da en buenas condiciones, esa �poca en la que se atesora una bater�a de felicidad para el futuro, y los a�os de juventud y madurez, o sea de productividad, son aquellos en los que se acumula una mayor cantidad de angustia y ansiedad. A partir de los 50, dice el estudio (no se trata de mi opini�n, dice la escritora) comienza una l�nea ascendente hacia la satisfacci�n, porque son m�s felices aquellos que viven en paz con sus limitaciones. La cultura de las �ltimas d�cadas, tan generadora de necesidades absurdas, ha trastornado (esto s� es opini�n m�a, insiste ahora la escritora) la felicidad de la infancia, pero, en general, siguen siendo los viejos y los ni�os los m�s dotados para el disfrute. Es cierto que ser viejo duele en los huesos, pero al parecer provoca m�s dolor el deseo frustrado de tener una vida distinta de la que nos ha tocado en suerte.�
Alicante septiembre 2010 (JLN)
Visita n� desde el 7 de septiembre de 2010.

References: real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
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e contrario
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