Source: http://parlamentaria.blogspot.com/2008/
Timestamp: 2017-06-26 18:58:55+00:00

Document:
Parlamentaria: 2008
INCIATIVA DE LEY PARA DESARROLLAR UNA INDUSTRIA LEGAL DEL CÁÑAMO EN MÉXICO
El 9 de diciembre presentamos ante la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para permitir y regular los usos industriales del cáñamo.Esta es la tercera iniciativa que como integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata he presentado en materia de regulación de la cannabis. La propuesta busca crear una industria legal para el cáñamo industrial. Del cáñamo se obtienen miles de productos de gran utilidad y calidad; que van desde toda clase de materiales de construcción, de textiles, cordajes y de papel, hasta fuente alimentaría y de biocombustibles, así como productos cosmetológicos de gran éxito en todo el mundo.La iniciativa toma en cuenta que los tratados internacionales en materia de regulación de cannabis permiten los usos industriales del cáñamo, del mismo modo que los tratados comerciales más importantes firmados por México, como el TLCAN, el TLCUE y los firmados con Chile, Venezuela y Colombia contemplan cuotas y disposiciones específicas para estos productos. La iniciativa destaca que nuestros principales socios comerciales producen cáñamo industrial de forma segura y legal, y advierte que en nuestro país eso no es posible actualmente debido a la legislación que regula a la planta de la cannabis, de donde proviene el cáñamo, lo que coloca al país en una evidente desventaja competitiva frente a ellos. La exposición de motivos de la propuesta considera que la planta de la cannabis tiene un gran potencial industrial, un mercado internacional en constante crecimiento y es sostenible en términos ambientales. Advierte que el país tiene la tierra y el clima ideales para producirla. Considera, sin embargo, que sin una ley que regule su producción, procesamiento y comercialización estamos desaprovechando un valioso recurso natural que además podría beneficiar a miles de productores del campo.Esta iniciativa completa, además, nuestros objetivos legislativos en materia de cannabis. A ella se suman dos iniciativas anteriores, presentadas en noviembre de 2007 y en abril de 2008. La primera de ellas tuvo como objetivos establecer los derechos y responsabilidades de los consumidores de la planta en México de modo tal que éstos sean considerados como objetos de una política pública en materia de salud, en lugar de una criminal; mientras que la segunda se dirigió a proponer una regulación especial para fomentar la investigación médica y científica sobre la planta, con el fin de permitir y regular las propiedades terapéuticas de la misma en beneficio de todas aquellas personas que la necesitan por motivos de salud.
Seminario Internacional "Estado laico, democracia y libertades"
Con la finalidad de discutir y reflexionar sobre el fortalecimiento del estado laico, el pasado 26 de noviembre, se realizó en la Cámara de Diputados, el Seminario Internacional "Estado Laico, democracia y libertades". El Salón Verde fue el escenario para escuchar a especialistas como el Dr. Henri Pena-Ruiz (Francia) la Dra. Micheline Milot (Canadá) el Dr. Juan Esquivel (Argentina) y el Dr. Roberto Blancarte (México). Este seminario se vincula con la iniciativa de reforma constitucional que presenté al pleno el 22 de noviembre de 2007 y que pretende elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado Mexicano. Esta iniciativa fue suscrita por un grupo plural de legisladores pertenecientes a todos los grupos parlamentarios y, en su elaboración participaron Roberto Blancarte y diversas asociaciones civiles, como Católicas por el Derecho a Decidir, el Frente por la cultura Laica, el Foro Intereclesiásitoco Mexicano, el Grupo de Información en repproduccion Elegida (GIRE) Afluentes, Demysex y la jurisdicción Norte de la iglesia Luz del Mundo. Asi como las diputadas fer¿derales Martha Tagle y Rosario Ortiz. A continuación comparto las palabras de clausura que dirigí al auditorio."El día de hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a brillantes ponentes exponer sobre el estado laico, la democracia y la libertad. Los conocimientos adquiridos esta mañana nos invitan a una seria reflexión sobre estos temas. Y como legisladores nos obliga a realizar un análisis y trabajo legislativo serio, profundo y responsable. Nos llevamos la idea de que el principio de laicidad es universal que atraviesa fronteras y tiempos. Que el estado laico no combate a la religión ni a las iglesias; sino que impugna el privilegio de una religión en el ámbito público; a la discriminación y a las desigualdades. Que el objetivo del estado laico es lograr la convivencia pacífica y armoniosa y la igualdad de trato para tod@s. Que los dos grandes valores que dan fundamento al estado laico son la libertad de conciencia y la igualdad. Que la laicidad es un instrumento que permite al estado confirmar su autonomía y neutralidad respecto a las normas religiosas imperantes y que dicha neutralidad lo obliga a establecer y garantizar que existan condiciones institucionales que permitan a la ciudadanía ejercer sus derechos. Que la laicidad se justifica en el reconocimiento de la diversad moral, cultural y religiosa. Que la laicidad es un principio de paz profundamente igualitario de reconocimiento de la diversidad. Finalmente que un estado laico y neutral protege valores fundamentales como la democracia, la tolerancia, la diversidad y los derechos humanos.Fernando Savater sostiene que la modernidad democrática significa el triunfo de la laicidad en la vida pública. No tenemos duda, de que en México se expresará la democracia y triunfará la laicidad en nuestra vida pública".
2 de octubre 1968-2008: un necesario compromiso de la izquierda con la democracia.
En el año de 2006, el titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, exoneró a Luis Echeverría Álvarez, al considerar que no existía ninguna prueba que lo inculpara como responsable de los hechos ocurridos el 2 de Octubre de 1968, cuando el fungía como secretario de Gobernación. A pesar de ello, en su alegato el Juez determinó que sí hubo genocidio planeado y ejecutado. Es decir, que “el 2 de Octubre de 1968, un grupo de estudiantes fueron eliminados por motivos políticos”. Si Luis Echeverría, ya fue exonerado, entonces, ¿a quién inculpar por este genocidio planeado y ejecutado en la Plaza de Tlatelolco? ¿Quiénes fueron los autores y quiénes los cómplices de este genocidio? A cuatro décadas de estos sucesos, lo único que tenemos como certeza es que hay culpables sin castigo, y decenas de muertos a los cuales la incipiente democracia nuestra no ha hecho justicia.Los crímenes del 68 no pueden quedar en un pasado irresuelto, operando constantemente sobre nuestro presente; como sociedad estamos obligados a reflexionar sobre la tesis del Juez español Baltasar Garzón, quién al referirse al caso de Argentina, menciona: “Que la obediencia debida sea un valor legitimado por la palabra del derecho es la mejor forma de permitir la repetición de las prácticas genocidas”. Hacer memoria es hacer política, por ello, para esta sociedad que se resiste al olvido, cuatro décadas de impunidad deben traducirse en una sola palabra: ¡Justicia para los caídos del 68! Así como el régimen posrevolucionario adquirió una deuda con los campesinos que dieron su vida en la Revolución de 1910 -que por cierto, sigue sin saldarse- los gobiernos actuales, producto de la alternancia política, alternancia que solo es posible bajo un sistema democrático, tienen una deuda con el Movimiento del 68. Con la alternancia política llegó el Partido Acción Nacional al poder, y es este partido y su gobierno el que tiene esta responsabilidad de saldar esta deuda histórica. El movimiento estudiantil de 1968 fue un momento de ruptura. La juventud mexicana reaccionó contra el fracaso posrevolucionario, cuya política esencial nunca fue suficiente para cumplir con sus propias divisas: justicia, libertad, democracia.Gracias al Movimiento del 68, el sistema político mexicano observó signos de apertura; la democracia como forma de vida y no sólo como retórica, inició un camino de posibilidad, con la reforma política de 1976; la eclosión de la pluralidad y heterogeneidad de la sociedad mexicana producto de los movimientos políticos de 1986 y 1988; la definitiva reforma de 1996 y la consolidación del Instituto Federal Electoral. Con estos cambios, el autoritarismo, la injusticia y las palabras huecas del régimen del Partido de Estado, parecieron encontrarse seriamente en entredicho. Hace cuarenta años, México se derrumbó, un México autoritario y paternalista se vino abajo, gracias a una juventud que no se resignó a seguir el curso del viejo régimen.Por eso pregunto al Partido Acción Nacional, ¿están ustedes dispuestos o no; no con discursos, sino con actos de gobierno, a hacer justicia al Movimiento del 68? ¿Puede ser ese, su compromiso el día de hoy, para conmemorar cuarenta años de resistencia y de lucha contra la impunidad? ¿O tendremos que esperar al 2012 o al 2018 cuando de nueva cuenta, se de, la alternancia por la vía democrática? 1968 fue también el tiempo de la izquierda, de una izquierda revolucionara, ciertamente; comprometida con la denuncia de las promesas incumplidas y con el desenmascaramiento de una nueva alianza entre los herederos políticos de la revolución y el conservadurismo oligopólico que durante tantos años ejerció un control férreo sobre el país; una izquierda joven, activa, creativa y contestataria, que tuvo la osadía de tomarle la palabra a un régimen empeñado en la simulación y en las apariencias; un régimen que ni por equivocación podía autodenominarse democrático. La Dictadura Perfecta, mencionó alguna vez, el escritor Vargas Llosa.Sin embargo, como izquierda, también tenemos una deuda con el Movimiento del 68: una deuda que tiene que ver con el hacernos cargo, del actual déficit democrático en el que vive nuestro sistema político. Desterrar de una vez por todas el clientelismo y corporativismo de nuestras instituciones políticas; el charrismo y la corrupción de las instituciones sindicales. En pocas palabras, desterrar las transacciones que todavía se realizan con el viejo régimen político. No, no es suficiente un discurso de izquierda, no es suficiente luchar contra la desigualdad y contra la discriminación. Requerimos de una práctica política comprometida de verdad con la democracia. El movimiento estudiantil del 68, se rebeló contra el viejo régimen para acabar con el autoritarismo revolucionario; en pocas palabras para iniciar nuestro tardío arribo a la construcción de ciudadanía. ¿Qué ha hecho la izquierda, sino ser cómplice del cierre de espacios de participación ciudadana? En los últimos cinco años, la izquierda ha hecho un triste papel, al votar reformas electorales que limitan la pluralidad y gobernabilidad democrática. Reformas que se traducen en un precario sistema de partidos. Cómodamente instalada en la repartición del poder, la izquierda partidista ha perdido contacto con la ciudadanía. ¿Será capaz, esta izquierda, de recuperar el rumbo hacia una sociedad más democrática y con ello dar continuidad a lo que inició el movimiento de 68?Y sin embargo, el movimiento del 68 significó no solo una revolución política; significó, sobre todo, una revolución cultural. Para las mujeres mexicanas el 68 fue un parteaguas: el inicio de la emancipación. Para nosotras significó, por primera vez, vivir la experiencia de la libertad y la igualdad, aunque fuera sólo por unos cuantos meses. Por primera vez, hombres y mujeres salieron a las calles para reclamar la democratización, no sólo del régimen político sino también de nuestra sociedad. Esa fue la señal, y muchos la comprendieron y la respaldaron, dando a la sociedad mexicana la posibilidad de, por primera vez, verse entre pares. Junto con el 68, llegaron también, para quedarse, la píldora y el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras vidas. Las diversas manifestaciones generalmente de corte político y profundamente contestatarias que se derivaron de la participación política de las mujeres en el movimiento del 68; han tenido repercusiones importantes: en la década de los 70s el machismo empezó a ser cuestionado como parte “natural” de la identidad masculina del “mexicano”, para ser considerado como una de las dimensiones de la discriminación de género. En las ultimas tres décadas del siglo XX el movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres en México desarrolló diversas estrategias para avanzar en su agenda. Desde los años 70 se intensificó de manera gradual y con mucha creatividad la participación de las mujeres en el espacio de lo público. Este contexto favoreció que en 1974 se reformara el Artículo 4º de la Constitución mexicana, el cual garantiza la igualdad del hombre y la mujer ante la ley y; libertad sexual y reproductiva. También fue un contexto propicio para que a finales de esa misma década, en 1979, el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres (FNALIDM) junto con la Coalición de Mujeres Feminista elaboraran el Proyecto de Ley sobre Maternidad Voluntaria que el Partido Comunista Mexicano presentó ante esta Cámara de Diputados. Este proyecto no prosperó, sin embargo, con estos hechos jurídicos y culturales las mujeres mexicanas pudieron acceder paulatinamente al control de su fecundidad y a un ejercicio más libre de su sexualidad. Hoy a cuarenta años de ese movimiento que revolucionó la vida de las mujeres mexicanas y habiendo avanzado en la conquista de nuestro derecho a decidir, queremos rendir un homenaje a las mujeres del 68. El movimiento de 1968 nos abrió una puerta hacia la democracia, hacia la igualdad y hacia la no discriminación, pero nuestra actual clase política sigue renuente a cruzar el umbral. Una clase política que ignora sus deudas con el pasado. Una clase política que es incapaz también de conmoverse con el presente. Conmoverse, por ejemplo, ante la muerte de Ramiro Guillén Tapia, dirigente campesino popoluca, quien en un acto de desesperación, se prendió fuego ante la mirada indiferente de las autoridades de Veracruz. Ramiro Guillén Tapia, es una metáfora, una metáfora del México actual que se desmorona frente a la mirada indolente de una clase política que se compromete solo con ella misma. En cambio, una sociedad civil cada vez más vital y participativa, busca, fuera del sistema de partidos, avanzar hacia el futuro sin olvidarse de saldar cuentas con su pasado. Ojalá que la izquierda este a la altura para ir a su encuentro. Muchas Gracias!
(TEXTO LEIDO EN LA AUDIENCIA PUBLICA CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 2008 EN LA SALA ALTERNA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN) Honorables señoras y señores ministros. En el debate sobre el aborto, el reto para un sistema justo y democrático, es construir espacios de discusión, de tolerancia y de respeto a la pluralidad de puntos de vista que se expresan en la vida pública. Por ello, como legisladora federal del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, quiero transmitir un reconocimiento de mi grupo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la apertura de este espacio de diálogo y disertación sobre un tema crucial para la vida de las mujeres. Como ha mencionado Marta Lamas en diversos foros: el debate sobre la penalización/ despenalización del aborto nos plantea el desafío de decidir sobre un conflicto en el que están implicados principios democráticos de primer orden: como la libertad de conciencia, la laicidad y el derecho a la no intervención del Estado en cuestiones de la intimidad y la privacidad. ¿Por qué es importante privilegiar la pluralidad y éstos principios democráticos? Porque solo en un sistema democrático pueden convivir civilizadamente dos visiones de mundo que son irreconciliables y antagónicas: la de quienes estamos por el derecho a decidir de las mujeres y; la de quienes, basados fundamentalmente en preceptos morales, abogan en contra de ese derecho. Más allá de estas visiones, sin embargo, lo que es una realidad en la vida cotidiana de la gente es: que la Modernidad con sus avances científicos, políticos y culturales ha permitido a las personas trascender su propia biología y decidir cómo, cuándo y con quién tener hijos, o decidir no tenerlos. La modernidad con sus nuevas tecnologías reproductivas y con la conquista del derecho a la privacidad ha permitido a las personas apropiarse de su cuerpo y de su sexualidad. Los argumentos a favor de una iniciativa como la aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que hemos escuchado en las audiencias de esta honorable SCJN, se han fundamentado en el desarrollo científico; en la bioética y en la importancia de las nuevas tecnologías en la vida reproductiva de las personas; en el derecho y en el incipiente avance para erradicar de nuestra legislación, la discriminación y el sexismo para transitar a una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se han ponderado los principios rectores de un estado laico y democrático y se ha expresado, que no existe una razón argumentativa y de derecho, a través de la cual se pueda imponer a la sociedad una consideración moral para condenar a las mujeres a la clandestinidad y a la muerte. La condena, es básicamente una condena moral, como ha mencionado Luis de la Barreda Solórzano, pues “la magra punibilidad del aborto es indicativa de una depreciación “en las valoraciones sociales” que ha sufrido la vida en formación. En contrario sensu, la penalización del aborto no logra el cometido de disuadir a las mujeres de abortar una vez que han tomado la decisión de no continuar con un embarazo no deseado. En este sentido la conminación penal carece en absoluto, de efectos disuasivos. La intimidación que produce no disuade de la comisión del delito, sino que propicia la clandestinidad y que decenas de miles de mujeres pobres sufran daños severos en su salud y que muchas de ellas pierdan la vida. ¿Por qué hablamos de mujeres pobres? Porque como bien se ha documentado “tratándose del aborto, no se hallará en México un solo caso en que una mujer que no sea pobre haya sido procesada. En otros términos: no existe otra figura delictiva de aplicación tan clasista como la del aborto”. De ahí entonces, que el problema del aborto en nuestro país no sea solo un grave problema de salud pública sino también un grave problema de justicia social. Las mujeres con recursos pueden acceder –en la clandestinidad- a un aborto seguro sin poner en peligro su vida y su libertad. En cambio las mujeres pobres, justo por la clandestinidad, arriesgan su vida y se amenaza su libertad. Aunado a este carácter clasista de la prohibición del aborto, está también el carácter impositivo de esta penalización, que no se limita a prohibir sino que obliga además, a una opción de vida como es la maternidad. Lo contrario a derecho es, precisamente, imponer conductas y más aún opciones de vida. Luigi Ferrajoli al respecto menciona que a diferencia de lo que ocurre con otras prohibiciones legales, la prohibición del aborto es el único caso en que la penalización conlleva también una obligación; situación que contrasta con todos los principios liberales del derecho penal. En el cuerpo de la mujer, el embrión es una innegable realidad biológica. Pero su existencia toma sentido, si y solo si, la mujer establece una relación que le dota de significado dentro de su cuerpo. Es el deseo y la voluntad de la mujer lo que confiere al embrión su calidad de persona. La maternidad voluntaria ha sido una conquista de la cultura para trastocar ese “orden natural”, social y jurídico que condenaba al cuerpo de las mujeres a ser un mero receptáculo del deseo de otros. Por la razones anteriores, consideramos que es importante validar una legislación que erradica el trato discriminatorio y clasista hacia las mujeres y les confiere autonomía para decidir sobre su propio cuerpo. En México, producto del análisis que esta honorable Corte realizó en el año 2002 a propósito de la Acción de Inconstitucionalidad 10/2000, se concluyó que el derecho a la vida no es un absoluto y por ello, la protección de este derecho, no excluye la opción de establecer varias causales en la práctica del aborto en todos los estados de la República Mexicana. Es una manera de reconciliar los intereses del estado en proteger la vida por nacer y los derechos constitucionales de la mujer a la vida, a la salud y a la maternidad voluntaria. Con la ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal se reconoce que las mujeres tienen derecho a decidir y libertad sobre su cuerpo; se evitan muertes por abortos clandestinos; se da cumplimiento al artículo 4º constitucional; se respeta el derecho sexual y reproductivo de las personas, especialmente de los jóvenes; se garantiza el derecho a la información y el acceso a servicios de salud de calidad. Por tanto, imponer criterios que resulten restrictivos de estos derechos, es contrario a la esencia de un Estado moderno y a los objetivos de un sistema democrático. Hoy, frente a las sendas acciones de inconstitucionalidad presentadas por dos instituciones, que en teoría deberían garantizar los derechos humanos y de procurar justicia para las mujeres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ante sí, el desafío de ponderar las razones que le asisten al derecho sobre las distintas consideraciones morales que se objetivan en el debate sobre el aborto. Hoy en esta ciudad las mujeres, somos más libres y más ciudadanas. Señoras y señores ministros, hoy tienen ustedes la oportunidad de extender una carta de ciudadanía plena a las mujeres de esta ciudad. Muchas gracias!. Ciudad de México, 27 de junio de 2008. Publicadas por
Nuestro trabajo legislativo y Alternativa Socialdemócrata
El día de ayer, Excelsior publicó un cuadro con l@s legisladores más productivos en ésta LX Legislatura. En este cuadro aparecemos en un honroso cuarto lugar, con 23 iniciativas presentadas y 17 proposiciones con punto de acuerdo. En nuestras iniciativas puede observarse un especial énfasis en la promoción de la equidad de género y respeto de los derechos humanos. En ampliar la representación de las mujeres en el ejercicio del poder político y por garantizar los derechos sexuales y reproductivos. También hemos trabajado por el fortalecimiento del estado laico; por presupuestos sensibles al género, por ampliar derechos de la diversidad sexual y por una legislación alternativa para los consumidores de cannabis entre otras. Nuestras iniciativas son el producto de la innovación y la reflexión colectiva. Porque sabemos que es posible trascender las desigualdades en la misma medida en que ampliamos nuestra ciudadanía y el ejercicio de nuestras libertades. Estos resultados son apenas un perceptible destello de nuestro compromiso con las causas ciudadanas, que son las causas de Alternativa Socialdemócrata. Publicadas por
CUBA Y EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL
Para el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata es de gran interés el reconocimiento pleno de los derechos de la diversidad sexual por ello a partir de la IX Reunión Interparlamentaria realizada en La Habana, Cuba, el pasado mes de julio de 2007, establecimos contacto con el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) dirigido por Mariela Castro. De ese primer contacto surgió la iniciativa de invitar a profesionales del Cenesex a México. El "Foro Derechos para la Diversidad Sexual", se realizó el 13 de septiembre de 2007 y fue organizado en el contexto del debate que se da en nuestro país para el reconocimiento y la ampliación de los derechos de ciudadanía de la comunidad LGBTTT así como en el marco de las discusiones y propuestas de ley que sobre este tema se han presentado tanto en la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba como en la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por ello nos congratula saber que en Cuba a partir del 6 de junio pasado con la resolución 126 del Ministerio de Salud Pública, ya se autorizó de manera oficial la realización de operaciones de cambio de sexo, en el marco de un programa de atención “integral” a transexuales. Con esta resolución se prevé la creación de un Centro específico de atención a la salud para las personas transexuales que será coordinado por el Cenesex. Las operaciones serán gratuitas para los habitantes de la isla y actualmente ya hay una lista de espera aprobada de 28 personas. Cuba en poco tiempo ha logrado grandes avances en el reconocimiento de derechos para la diversidad sexual. Y actualmente el Parlamento Cubano está estudiando reformar el Código de Familia para reconocer la unión legal de homosexuales y también tiene para su estudio un proyecto de ley sobre “identidad de género” que incluye el derecho a la libre orientación sexual e identidad de género, así como “su reconocimiento en los documentos legales de cada persona.” Mientras que en Cuba se dan estos grandes adelantos, en nuestro país todo parece congelarse. Legisladores federales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendríamos que volver nuestra mirada a Cuba y establecer un compromiso real con el reconocimiento de derechos para la diversidad sexual y el respeto a las libertades de todas las personas. Publicadas por
Reforma constitucional en materia de laicidad
En el mes de noviembre pasado un grupo de diputadas y diputados de los diferentes partidos en la Cámara de Diputados presentamos iniciativa de reforma constitucional en materia de laicidad. Con el fin de elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano y fortalecer los derechos y libertades de las ciudadanas y los ciudadanos, y de que se respeten y amplíen las garantías individuales y los derechos humanos plasmados en nuestra Carta Magna. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales la cual de manera muy expedita elaboró un dictamen a favor en el que se incluyeron además de la iniciativa nuestra otras relacionadas con el tema. Después de varias reuniones fallidas en las que siempre se quedaba esperando para ser discutido el dictamen, el día 29 de abril del año en curso la Comisión de Puntos Constitucionales puso a consideración el dictamen y fue aprobado con 17 votos a favor 4 en contra del Partido Acción Nacional y una abstención también del PAN. La votación se dio de la siguiente manera: NOMBRE PARTIDO VOTO Cárdenas Hernandez Raymundo PRD A FAVOR Guerrero Torres Jose Gildardo PAN EN CONTRA Martínez Valero Dora Alicia PAN EN CONTRA Fernández Balboa Monica PRD A FAVOR Biebrich Torres Carlos Armando PRI A FAVOR Reyna Garcia José Jesus PRI A FAVOR Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesus CONV A FAVOR Garay Ulloa Silvano PT A FAVOR Borrego Estrada Felipe PAN AUSENTE Carbajal Tejada Rogelio PAN ABSTENCIÓN Cervantes Andrade Raúl PRI A FAVOR De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio PAN EN CONTRA Diaz de Leon Torres Leticia PAN AUSENTE Elizondo Garrido Francisco PVEM A FAVOR Espejel Lazcano Jaime PRD A FAVOR Espinosa Piña José Luis PAN AUSENTE Guerra Ochoa Juan Nicasio PRD A FAVOR Lozano Lozano Andres PRD A FAVOR Madrid Tovilla Arely PRI A FAVOR Medina Rodriguez Lizbeth PAN AUSENTE Montalvo Rojas Victorio Ruben PRD A FAVOR Ortega Martínez Ma. del Pilar PAN EN CONTRA Ortiz Magallon Rosario Ignacia PRD A FAVOR Palma Cesar Victor Samuel PRI A FAVOR Perez Cuellar Cruz PAN AUSENTE Rivera Bedoya Juan Francisco PRI A FAVOR Rodriguez Prats Juan Jose PAN AUSENTE Ruiz Sanchez Salvador PRD AUSENTE Rios Camarena Alfredo Adolfo PRI A FAVOR Tamayo Herrera Yadhira Yvette PAN AUSENTE Esta iniciativa es fruto nuestro trabajo como Alternativa Socialdemocrata y del esfuerzo de legisladoras como Martha Tagle de Convergencia y Rosario Ortiz del PRD. Así como de grupos de la sociedad civil como Católicas por el Derecho a Decidir, Afluentes, Gire, Frente Laico y algunas organizaciones religiosas, como el Foro Intereclesiastico Mexicano y La Luz del Mundo entre otras. Además contamos con la participación del Doctor Roberto Blancarte quien con sus conocimientos y gran experiencia en el tema apoyó de manera incondicional este esfuerzo. Actualmente el dictamen se encuentra en primera lectura y falta que se agende para una segunda lectura y para la discusión correspondiente ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Esto sucederá en el próximo periodo de sesiones que iniciará en el mes de septiembre. No hay que olvidar que por tratarse de una reforma constitucional se requiere del voto de las dos terceras partes y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. Publicadas por
Con fecha 24 de marzo del año en curso el Gobernador de Jalisco Emilio González Márquez anunció la entrega de 90 millones de pesos a la Arquidiócesis de Guadalajara para la construcción del Santuario Cristero de los Mártires Mexicanos, en el municipio de Tlaquepaque, cuyo costo final se estima en 2 mil millones de pesos. Ese mismo día en Casa Jalisco el Gobernador entregó un primer cheque por la cantidad de $30 millones de pesos al Cardenal Juan Sandoval Iñiguez. Esto con el pretexto de apoyar una obra que según González Márquez dejará grandes beneficios económicos debido al turismo religioso. Con la reciente donación de 90 millones de pesos del erario a un grupo privado como la Arquidiócesis de Guadalajara, se vulneran principios constitucionales establecidos, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Constitución del Estado de Jalisco y diversos ordenamientos legales. En primer lugar se está violando el carácter laico del Estado y el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias establecido en el artículo 130 de nuestra Carta Magna. También se está violentando el hecho de que las autoridades no pueden intervenir en la vida interna de las asociaciones religiosas. (Entendiendo como asuntos internos todos aquellos actos que las asociaciones religiosas realicen conforme a sus estatutos para el cumplimiento de su objeto) La construcción de un templo religioso corresponde a la vida interna de las mismas y no le concierne al Gobernador inmiscuirse en ellas. No hay la menor duda que el dinero va a ir a parar de forma directa a manos del clero. El llamado “donativo” es en realidad una forma de subsidio público y una clara intervención de autoridades del gobierno del Estado en los asuntos internos de una asociación religiosa, lo que está prohibido. En segundo lugar el Gobernador de Jalisco está violando el artículo 108 constitucional y el 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos respecto a que todo servidor público tiene la obligación de cumplir con las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos; además de la obligación de cumplir con el servicio que le fue encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su cargo. También le corresponde rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones y sobre la gestión pública, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes; y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. Hasta este momento el Gobernador no ha proporcionado ningún tipo de documentación que avale la legalidad de su acto. En tercer lugar el artículo 120 de nuestra Carta Magna establece que los Gobernadores de los Estados están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes federales. Emilio González no está cumpliendo con este mandato constitucional al violar los artículos 3º, 5º, 8o y 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y los artículos 28 y 32 del Reglamento de la Ley. Los cuales establecen que el Estado mexicano es laico y que el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Con este donativo se está privilegiando únicamente a la Arquidiócesis de Guadalajara, es decir a una sola agrupación religiosa. De igual forma la Ley establece que lo actos jurídicos que contravengan las disposiciones de esta ley serán nulos de pleno derecho. Por lo que la donación de 90 millones de pesos debe ser anulada por el simple hecho de violar esta Ley. Por su parte el artículo 8º establece que las asociaciones religiosas deben sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y respetar las instituciones del país; y abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos, y fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones y credos con presencia en el país. Mandatos que no están e siendo respetados por la Arquidiócesis de Guadalajara. Finalmente la Ley de Asociaciones Religiosas establece que le corresponde al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación la aplicación de esta ley. Por lo que dicha Secretaría debería de actuar en consecuencia y solicitarle al Gobernador del Estado de Jalisco y a la Arquidiócesis de Guadalajara una explicación de sus actos. En cuarto lugar El Gobernador de Jalisco Emilio González Márquez está violando la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece en su artículo 1º que los ejecutores del gasto deberán observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. Y deberán observar las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y que la Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. La rendición de cuentas es una obligación en un Estado que se sustenta en las reglas de la democracia y la libertad. Por lo que el Gobernador está violando esos principios al usar discrecionalmente dinero público para darle viabilidad a un espacio religioso que además aún no existe. En quinto lugar con esta donación millonaria por parte del Gobernador de Jalisco se está violentando el artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, ya que parte de sus facultades es cuidar de la recaudación, aplicación e inversión de los caudales del Estado, con arreglo a las leyes. Con este acto se extralimitó en sus funciones ya que no tiene facultades para otorgar donaciones de este tipo a ninguna asociación religiosa. En sexto lugar y en consonancia con los artículos 90, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado, que establecen que por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los servidores públicos del Estado se harán acreedores a sanciones administrativas. Por lo que con la información obtenida hasta este momento podemos sospechar que el Gobernador del Estado ha incurrido en responsabilidad y se ha hecho acreedor al proceso administrativo correspondiente. Finalmente corresponde al Congreso Local conforme al artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, pedir en primer término la información y explicación correspondiente al Gobernador del Estado y en segundo lugar si así lo amerita el caso erigirse en Jurado de Acusación y de Sentencia o de Procedencia en los casos señalados en esta Constitución y en las leyes respectivas, en materia de responsabilidad de los servidores públicos. La democracia no se agota el día de la elección, se práctica cada jornada y se ejerce apegándose al estado de derecho, a las leyes, las reglas y a las instituciones. El compromiso, del señor gobernador, es dar señales firmes de legalidad, para beneficio de la convivencia social. Es momento de enmendar los yerros, de corregir el rumbo gobernar para todos y cuidar los recursos públicos. Por todo lo anterior nuestro Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata presentó un punto de acuerdo, mismo que fue turnado a la Comisión de Gobernación, a través del cual: Se exhorta al Gobernador del Estado de Jalisco, Emilio González Márquez a que informe a ésta H. Cámara de Diputados sobre la donación de 30 millones de pesos del erario público para la construcción del Santuario Cristero de los Mártires Mexicanos, en el municipio de Tlaquepaque. Asimismo se le exhorta a detener la donación de los $60 millones de pesos pendientes de otorgar a la Arquidiócesis de Guadalajara, para este mismo fin y dar cumplimiento al estado de derecho. Se exhorta a la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Asociaciones Religiosas y su Reglamento. En específico a las violaciones concretas a los artículos 3º, 5º, 8º y 25 de la Ley y a los artículos 28 y 32 del Reglamento de la misma. Y por último, Se exhorta al Congreso Local del Estado de Jalisco actúe conforme a derecho y de acuerdo a sus facultades establecidas en el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para que solicite la información y explicación correspondiente al Gobernador del Estado y si así lo amerita el caso erigirse en Jurado de Acusación y de Sentencia o de Procedencia en los casos señalados en esta Constitución y en las leyes respectivas, en materia de responsabilidad de los servidores públicos.
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2 de octubre 1968-2008: un necesario compromiso de...

References: Artículo 4
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 artículo 130
 artículo 108
 artículo 120
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 50
 artículo 35
 artículo 35