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Timestamp: 2018-11-18 18:25:55+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Miércoles 30 Julio 2003
El TSJPV declara ilegal la pretensión del PNV de imponer el euskera para regentar un bar
J. Arias Borque - Vitoria.- La Razón 30 Julio 2003
La desgracia de tener un tonto por alcalde
Germán Yanke Libertad Digital 30 Julio 2003
Juan Alberto Belloch La Razón 30 Julio 2003
Fragmentos del Poder Judicial (IV)
BENIGNO PENDÁS ABC 30 Julio 2003
Fastidiar el verano
TONIA ETXARRI/ El Correo 30 Julio 2003
Nacionalismo contra autonomía
Aleix Vidal-Quadras La Razón 30 Julio 2003
De la mesa de la discordia
Román Cendoya La Razón 30 Julio 2003
ROBERTO BLANCO VALDÉS La Voz 30 Julio 2003
Acebes lamenta que «hablar o pensar» en libertad en el País Vasco «le puede costar la vida» al párroco de Maruri
L. R. N. - Jaén.- La Razón 30 Julio 2003
El Constitucional deniega la suspensión de la sentencia que deslegalizó a Batasuna
Redacción - Madrid.- La Razón 30 Julio 2003
LA EXIGENCIA DEL CATALÁN A LOS PORTEROS DE ESPECTACULOS PUBLICOS.
Barcelona Asociación Tolerancia, Comunicado 30 Julio 2003 El TSJPV declara ilegal la pretensión del PNV de imponer el euskera para regentar un bar
Basagoiti asegura que gracias a esto, Anasagasti, que no habla vascuence, «va a poder trabajar»
El euskera no será a partir de ahora necesario para optar a todos los puestos de la Administración vasca.
Así lo decidió ayer el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que dictó que para según que concesiones, es «discriminatorio» solicitar obligatoriamente el uso del euskera, echando abajo de este modo uno de los pliegos administrativos del Ayuntamiento de Bilbao.
La decisión fue recibida de buen grado por los populares. Su portavoz en el Consistorio bilbaíno se congratuló porque a partir de ahora vascos como Anasagasti «van a poder trabajar» aún sin saber euskera.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dio ayer una bofetada al Ayuntamiento de Bilbao y a su alcalde, el peneuvista Iñaki Azcuna, al impugnar un acuerdo del consistorio de la capital vizcaína acordado el pasado año 2000 en el que se aprobaban los pliegos de cláusulas administrativas para la adjudicación de la explotación del bar del Refugio del Monte Pagasarri, por considerar que no se ajusta a derecho el apartado que recoge la acreditación de «la garantía del derecho de los usuarios a ser atendido y utilizar las dos lenguas oficiales» que rigen actualmente en la comunidad autónoma vasca, por lo que a partir de ahora no será obligatorio hablar el euskera para poder acceder a todos los empleos que ofrezca la Administración pública.
Tal y como dieron a conocer ayer los representantes del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, por medio de su número uno, Antonio Basagoiti, la sentencia, de carácter firme, «declara ilegal por primera vez una práctica» que las instituciones gobernadas por los partidos nacionalistas, tanto Partido Nacionalista Vasco como Eusko Alkartasuna y la deslegalizada Batasuna, han desarrollado durante los últimos años y que supone, censuró, «exigir el conocimiento del euskera para poder optar a los contratos» que venían ofertando los diferentes entes municipales de la región.
«Cláusula discriminatoria»
El posicionamiento del más alto tribunal de justicia de la comunidad vasca responde a un recurso planteado por la formación popular, que consideró la inclusión de este tipo de cláusulas «discriminatoria» para los ciudadanos que no conocen y hablan el euskera y a los que, de esta manera, «se les impide trabajar» en cualquier puesto ofertado por las instituciones públicas. Basagoiti destacó, a su vez, la necesidad de que esta lengua no se utilice como «elemento de imposición» e indicó que, por el contrario, debe servir para «integrar» y «servir de patrimonio cultural todos». «No debe utilizarse para excluir o para quitar el trabajo a los ciudadanos vascos», añadió.
Tras hacerse pública esta sentencia, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital vizcaína anunció que el fallo del alto tribunal vasco se remitirá a todos los ayuntamientos en los que su partido político tiene representación política con el fin de que los concejales de la formación puedan interponer recursos sobre acuerdos municipales similares.
Asimismo, animó a los colectivos profesionales afectados por las imposiciones que se han hecho hasta ahora con el euskera o vascuence para que se decidan a acudir también a los tribunales para poder restituir este agravio que se ha venido dando hasta ahora.
«Deben estar contentos»
El dirigente popular no desaprovechó la ocasión para mandar un recadito a los máximos dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, a los cuales les aseguró que ahora «deben estar contentos» con la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, porque gracias a la decisión adoptada «se garantiza» que muchos ciudadanos vascos como el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Iñaki Anasagasti, o el actual alcalde de la capital vizcaína, Iñaki Azcuna, «van a poder trabajar y contratar con la Administración porque si no, como no saben euskera, no podrían ser alcaldes, ni tampoco podrían tener un bar o ser taxistas».
Corría hace años de mano en mano la fotocopia de una tarjeta postal enviada por Camilo José Cela a un donostiarra con ocasión de la elección de un viejo alcalde de la capital guipuzcoana: “¡A joderse, donostiarras!”, decía, con su inconfundible pachorra, el premio Nóbel. La única suerte que tiene Odón Elorza es que Cela no pueda ya glosar su tontuna política y personal. La desgracia de los donostiarras es hoy, sin duda, mayor.
La doctrina de Elorza es de una simpleza apasionante, lo que no quita un ápice a su indignidad. Al parecer, todos los males del País Vasco son culpa del PP, lo que podría ser una proposición infantil si se defendiera con algún argumento solvente en una guardería. Pero ni eso. Para dar la impresión de que tiene memoria desacomplejada, Elorza menta los “GAL, Roldán, y los escándalos financieros y económicos acontecidos (sic) en la última década”. Si lo hubiera hecho el PP incurriría en la confrontación y la crispación, pero el atrabiliario alcalde de San Sebastián los cita como “prueba” de una proposición imbécil: que disminuyó y disminuye (ahora con el PP) “el nivel afectivo de buen número de vascos hacia España”. Cada uno pasea con quien quiere y parece que las compañías de Elorza están entre los bobos y los enemigos de la democracia porque España y su Constitución es, para los vascos, lo que les reconoce su ciudadanía y les proporciona un Estado de Derecho que respete sus derechos y libertades, lo que no ocurre con las instituciones vascas controladas por el PNV.
Pero Elorza, en su abnegado esfuerzo por parecer incompetente intelectualmente, quiere hacernos ver que, a diferencia del momento en que se celebraban las Olimpiadas en Barcelona (que se organizaron, según su aberrante explicación, por “La España que se lanzó con Cataluña…”) o se construía el AVE (¡vaya ejemplo de corrección en el gasto público!), la de ahora no tiene adhesiones ni prestigio. Es más, sería algo parecido a la materialización del oscurantismo autoritario. Y, claro, los vascos están desilusionados y los nacionalistas tienen “argumentos para confrontar con el nacionalismo español desde posiciones soberanistas”. Si El País permite la sandez porque viene avalada por un cargo público o tenía de vacaciones a los correctores de estilo es cosa suya, pero los lectores no pueden menos que asombrarse de tal diarrea mental.
Elorza, el que pactó para su propia tranquilidad con los cachorros de batasunos que le dejaran pavonearse durante las fiestas de San Sebastián, se coloca de parte del PNV, y en contra de su propio partido, criticando decisiones judiciales como el cierre de Egunkaria o lo que, con un eufemismo de beodo, llama “el cuestionamiento de instituciones vascas como la Universidad pública o el Parlamento”. Para ponerse, además, de parte de los criminales, de la red de intereses y apoyo a ETA-Batasuna, llega a la idiocia de sugerir que ningún tribunal español tiene o tendrá la independencia de hacer un dictamen como el del Tribunal Supremo de Canadá sobre Quebec, en el que están las claves de su “política innovadora”, como en Irlanda. Tiene gracia la incoherencia de quienes, si se cita el artículo 155 de la Constitución, se echan las manos a la cabeza y luego ponen como ejemplo Irlanda, en donde la retirada de las mínimas competencias autonómicas es casi moneda de curso común. Pero no se puede pedir finura doctrinal ni lógica a un tipo como Elorza que, en vez de su bibliografía sobre Québec (“A destacar que El País le ha dedicado varios reportajes de gran interés”, escribe sin despertar el pudor de la redacción del periódico), podría preguntar a su compañero López Aguilar, que algo sabe sobre el tema y que le dejaría, a efectos de estas reivindicaciones infantiloides, compuesto y sin novia.
Pero que el alcalde de San Sebastián sea tonto, como viene demostrando una y otra vez, no justifica la indignidad, tras tantos muertos, de equiparar al PP con ETA y el PNV entre quienes quizá no le dejen llevar adelante su aberrante ensoñación. Claro que termina preguntándose si le comprenderán “los demás socialistas en España”. Pues claro que no, ellos –aunque estén muy en contra del PP– también saben que en San Sebastián hay un tonto por alcalde.
El Plan o borrador de Ibarretxe es inviable por inconstitucional, porque excluye cualquier posibilidad de acuerdo y porque el contexto europeo e internacional no puede ser más hostil para aventuras de este tipo. La figura de ese niño, san Agustín, tratando de vaciar el mar con su flamante cubo de plástico es puro «realismo socialista» al lado de tales pretensiones. Daría ternura si no barruntásemos tras esa épica infantil desastres sin cuento.
Ni siquiera hace falta movilizar a la sociedad pues resulta fácil concitar, en contra naturalmente, un consenso rotundo y espontáneo. Hasta el acuerdo entre el PP y el PSOE, siempre conveniente en temas de Estado, resulta prescindible cuando de decir NO se trata. Cualquier Gobierno español imaginable, por débiles que fueran sus apoyos políticos y sociales, sacaría fuerza de su flaqueza para atajar cualquier deriva soberanista. Por razones de principio y también por el instinto de supervivencia que anida en todos los hombres y con particular reciedumbre en los profesionales de la política. Actuar de otro modo equivaldría a la muerte civil de los dirigentes responsables y a la desaparición súbita de las siglas bajo cuyo amparo actuaran.
En la hipótesis más idílica para ensoñaciones nacionalistas, esto es un Gobierno en minoría que precisase de su voto, el precio a pagar también excluiría, por no ser de curso legal, la moneda de cambio secesionista. Si del plano vedado de las vías legales, pasamos al terreno de los hechos el abanico de respuestas contundentes sería tan amplio como considerara oportuno el Gobierno. Es más, si la situación se complicara mínimamente, estaríamos en la única hipótesis en que sería factible un Gobierno de «gran coalición» para hacer frente a la rebelión. El Gobierno PP-PSOE, que hoy es una posibilidad en el marco de la comunidad vasca, podría extenderse al conjunto del territorio español tan pronto como la entidad de la amenaza así lo aconsejara.
Así pues, el margen de tolerancia en este tema es cero. No lo pueden ignorar los dirigentes del PNV. Indagar por qué, pese a ello, se empecinan en seguir avanzando en el interior de un callejón sin salida tiene algún interés.
Cabe que Arzallus y su restringida compañía hayan llegado a la conclusión, clásica en toda clase de fundamentalismos, de «cuanto peor, mejor». Se trataría de provocar una respuesta progresivamente represiva con el fin de convertir en realidad su discurso retórico de la «falta de libertades del pueblo vasco». Se comienza incumpliendo la ley estatal y las decisiones de sus Tribunales, ¡nunca se exagerará la trascendencia de la rebeldía de la Cámara vasca frente al Tribunal Supremo!, se provoca una consulta popular abiertamente inconstitucional y en base a su resultado se inician los trámites en el Parlamento vasco para la aprobación de un Estatuto rupturista. Su rechazo por parte de las Cortes Generales haría plausible sostener «con hechos» que España no respeta la voluntad de los vascos, premisa necesaria para legitimar toda forma de resistencia civil (supongo que excluyen la militar) frente al Estado. No se excluye que en cualquiera de las estaciones de ese «vía crucis», el Gobierno decida intervenir, no necesariamente por la senda del artículo 155 de la Constitución, para interrumpirlo bruscamente. Prefieren no ver alterados sus planes por cuanto imaginan que cuanto más tiempo y más apariencia de legalidad tenga el proceso más fácil será aglutinar nuevos adeptos, pero, incomodidades aparte, tal «accidente» no les preocupa por cuanto aceleraría el proceso de llegar no al final del camino sino a lo que se les antoja el verdadero punto de partida.
Lo que pueda pasar una vez alcanzada la cumbre, no lo tienen claro. Al fin y al cabo –se dicen– nadie ha visto aún el valle que se extiende al otro lado de la montaña. La tierra añorada tiene que ser, por definición, una tierra de promisión, donde poder bañarse en leche y miel, donde restañar para siempre las heridas causadas en mil batallas. En ningún lugar está escrito que el camino sea fácil, que no exija penurias y hambrunas. Como los esturiones que siempre vuelven al sitio donde nacieron, los vascos deben retornar, río arriba, contracorriente, a un lugar imaginario en el que nunca vivieron. ¡Qué más da que en su peregrinar mueran muchos de los suyos! Ni tan siquiera un holocausto podría detener la larga marcha a ninguna parte. Si ésta fuera la melodía recurrente diseñada por Arzallus para el pueblo vasco, no habría esperanza. Lo único cierto sería el penar de los caminos y la derrota ayuna de toda gloria. Poco cabría hacer entonces salvo aceptar con dignidad y misericordia el destino elegido.
Puede que las cosas no sean así o que, aunque lo sean en su imaginario delirante, aún estemos a tiempo de evitarlo. Los sufridos habitantes de ciudades sitiadas, Numancia o Zaragoza, no se entregan eufóricos a su suerte de tales. Cuando actúan como héroes o villanos lo hacen porque ya no tienen otro remedio, porque entre sus estúpidos jefes y los del ejército supuestamente adversario les han puesto cerco, les han robado toda posibilidad de recuperar su condición de ciudadanos. Aunque lo inteligente sea rendirse, la historia nos dice que tal sutileza no está al alcance de nuestro patriótico biotipo y de ahí que sea más plausible buscar otras salidas. Por ejemplo levantar el sitio. Abrir las puertas y permitir que la gente de bien abandone, libre al fin de sus señores, la ciudad condenada. Si los de dentro se empeñan en morir y los de fuera en matarlos, la política no tiene espacio. Es precisa un tregua-verdad, aunque sea unilateral. Un tiempo en el que los entusiasmos verbales, las jactancias, los desplantes se borren del mapa. Un tiempo en el que restañar agravios y sembrar si no afecto, aún es pronto, sí respeto. Una declaración de tregua debe comenzar por renunciar a las inmensas ventajas electorales que comporta la guerra. Levantar el sitio de las palabras es tender un primer puente a la esperanza. Alguien debe ser el primero en dejar de tirar piedras sobre el frágil cristal de nuestra convivencia. Y creo que ese papel incumbe a los que creemos en la Constitución, que no se limita a fijar un modelo de Estado, sino que, además, consagra valores sobre los que tejer nuestra obligación de convivir con los que la niegan.
Por BENIGNO PENDÁS ABC 30 Julio 2003
Cuarta tesis. El Título II del Proyecto es radicalmente contrario a la Constitución: usurpa el Poder Judicial del Estado y configura una estructura orgánica y funcional incompatible con el principio de unidad jurisdiccional. He aquí, en el terreno práctico, la apuesta más arriesgada del Plan Ibarretxe. Jueces propios, última instancia decisoria, expresión de la soberanía que se atribuye al Pueblo Vasco o Euskal Herria, sujeto constituyente ficticio. La potestad de juzgar es elemento sustancial del Estado moderno desde el origen renacentista de esta forma política. Se prepara ya desde siglos atrás. Veamos la historia constitucional inglesa. Dispone la Carta Magna, otorgada en 1215 por el rey Juan «Sin Tierra», que «nuestros jueces no deben seguir a la corte, sino establecerse de modo permanente sobre el territorio»: la jurisdicción real vertebra la nación y excluye el particularismo. Otro ejemplo en nuestra propia tradición jurídica: la justicia es, antes que la moneda y el ejército, facultad exclusiva del rey en contra de la nobleza, de acuerdo con el Código de Partidas de Alfonso el Sabio. Así pues, explica W. Naef, el Estado se alimenta de la expropiación por el monarca bajomedieval de los privilegios feudales: ante todo, de la «iuris dictio» y -no menos importante- de la ejecución de las sentencias. Este lugar común en la Teoría del Estado es la pieza capital del Proyecto: justicia vasca equivale a Estado propio. El objetivo político es muy claro: «Madrid» no volverá a decidir sobre la ilegalización de Batasuna ni tratará de imponer al Parlamento de Euskadi el cumplimiento de una sentencia firme. No admiten los nacionalistas excluyentes que nadie les recuerde la lucha contra la inmunidad del poder, ni aceptan la naturaleza coactiva de un ordenamiento ajeno a la fuente vasca de legitimidad. Como ventaja adicional, los terroristas serán juzgados más cerca de casa.
He aquí el fondo del asunto: la Comunidad Libre Asociada, dice el artículo 14.2, ejerce el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, a través del Parlamento, del Gobierno y su lehendakari y «de las instituciones del Poder Judicial en Euskadi». El redactor del texto apenas se distrae de la prioridad política. Respecto de Gobierno y Parlamento copia casi al pie de la letra el Estatuto de Guernica, aunque tacha con lápiz negro todas las referencias a la Constitución que se cruzan en su camino. Incluso omite el deber de publicar las leyes vascas en el Boletín Oficial del Estado: en este contexto, es más anécdota que categoría. Hace ya años, por cierto, que dichas leyes ignoran por vía de hecho el requisito de promulgación en nombre del Rey. Alguna otra novedad: desaparece la función del lehendakari como representante ordinario del Estado, sin duda porque no queda Estado al que hacer presente y operante. Se mantiene el Estatuto actual en cuanto al régimen de inviolabilidad y a la inmunidad parcial para los miembros de la Cámara vasca: por descuido o por desinterés no añaden la exigencia de «suplicatorio» para actuar en vía penal contra los parlamentarios. El jurista avezado contempla con ironía la reivindicación formal del decreto-ley (artículo 17.6) como fuente del Derecho. La historia es muy sencilla: las normas del Ejecutivo con rango de ley justificadas por causa de «extraordinaria y urgente necesidad» están reservadas al Gobierno de la Nación. En su día, ciertos daños causados por inundaciones sirvieron de pretexto al Gobierno de Vitoria para explorar los márgenes de su competencia. Dictó, pues, el Ejecutivo autonómico cinco decretos-leyes, los convalidó el Parlamento y -como eran tiempos de consenso- nadie se molestó en impugnar el exceso. Ahora reaparece el expediente, cuya constitucionalidad resulta más que discutible.
La expulsión del Estado del territorio vasco alcanza su expresión máxima en materia de Justicia. Las instituciones previstas por la Constitución se retiran sin gloria de la Comunidad Libre Asociada. La organización judicial vasca culmina en el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi (artículo 22), ante el cual se agotan todas las instancias procesales, incluida la casación o la última instancia que proceda. Queda para el Tribunal Supremo una competencia residual respecto de la unificación de doctrina en casos muy extremos y de los conflictos de competencia y jurisdicción. El Consejo General del Poder Judicial se sustituye por el Consejo Judicial Vasco (artículo 23): no se entiende, pero da lo mismo, si va a estar formado por la Sala de gobierno del Tribunal Superior o por un órgano designado al efecto. Sea como fuere, desplaza sin justificación alguna la competencia del Estado para nombrar cargos judiciales, velar por la selección y la carrera, ejercer el régimen disciplinario y demás elementos del estatuto judicial y nombrar al fiscal-jefe. Porque también la Fiscalía es objeto de apropiación, al tiempo que se crean cuerpos de funcionarios propios al servicio de la Administración de Justicia. Detalle relevante, pero no inesperado: en todos los nombramientos tendrá «carácter esencial» el conocimiento del Derecho vasco y del euskera. «Esencial», dice: así no habrá lugar a equívocos ni interpretaciones.
¿Para qué seguir? Supongo que ningún jurista serio ni ningún ciudadano medianamente informado se atreve a sostener que este salto en el vacío judicial puede justificarse como simple reforma del Estatuto de Guernica, sin afectar a la Constitución. No todo van a ser derechos históricos. El principio de unidad jurisdiccional, dispone el artículo 117.5 de la Norma fundamental, es «la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales». El Tribunal Supremo es el órgano superior en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, según el artículo 123. El Ministerio Fiscal funciona conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, establece el artículo 124. Jurisprudencia inequívoca: el Tribunal Superior de Justicia no es un órgano de la Comunidad Autónoma, sino del Estado (STC 38/1982). El agotamiento de las instancias procesales ante dicho órgano debe respetar la primacía del Tribunal Supremo (STC 56/1990). El establecimiento de la planta judicial es competencia exclusiva del Estado, porque es una operación que requiere un diseño global en todo el territorio nacional, sin perjuicio de que se otorgue una facultad de participación a las Comunidades autónomas (según la misma sentencia). Insisto: ¿para qué seguir?
Si alguna consecuencia práctica tiene el Proyecto es la desaparición del Estado en el ámbito de la llamada Comunidad Libre Asociada. Sin jueces, sin fiscales, sin policía judicial, sin órganos auxiliares de la Justicia, sin influencia en los órganos de gobierno... no habría Estado ni Derecho español en el País Vasco. He aquí los fragmentos de un Poder Judicial atomizado, copiando a Jellinek para decir casi lo contrario que el viejo maestro alemán. No hay que llamarse a engaño: si prospera en todo o en parte esta sección del Proyecto no hace falta acudir a la segregación formal, porque ya se habrá consumado por la vía irrevocable de los hechos. Aunque a veces lo parezca, no es un simple problema técnico ni de interés exclusivo para los profesionales del Derecho. El texto deroga a su gusto preceptos de la Constitución. Reduce a una sombra lejana las competencias del Tribunal Constitucional. Desmantela sin piedad los restos del Estado en el País Vasco. Pero, a mi juicio, nada más grave que la usurpación de la función jurisdiccional en todos sus órdenes, instancias y grados.
Tensión. Enfrentamiento institucional. Pulsos judiciales y desafíos parlamentarios. Vaya curso. Todo un chollo para los desestabilizadores, que no son otros que los terroristas de ETA, instalados desde hace demasiado tiempo en el conflicto. Aclarémoslo, de entrada, no vaya a ser que haya quien se crea que los desestabilizadores son los del PP y PSE y entonces confundamos, como diría el lehendakari, atún con betún. Sostiene Michnik, director del periódico de mayor tirada de los países del Este, en Varsovia, que un conflicto entre «nosotros» (europeos) es un regalo para los terroristas.
Trasladada esta reflexión a Euskadi, se podría decir que ETA, a pesar del desmantelamiento policial y judicial que está sufriendo -teniendo en cuenta que el enfrentamiento con España, entre las órdenes judiciales que no se cumplen, los cupos que no se pagan, la Y ferroviaria por montera y la creación de una especie de Inem paralelo- está de suerte. Porque si necesita de la desunión de los demócratas para sobrevivir, hay que reconocer que desde que Ibarretxe anunció su plan al Parlamento, la convivencia política no ha hecho más que deteriorarse. Cuando destapó, de una vez, el tarro de las esencias del soberanismo, al comenzar el curso, ya aclaró que se iba a dedicar a trabajar por el 'quid' de la cuestión. Que no era, desde luego, el fin de la violencia, sino que se dejara vivir a Euskal Herria como una nación. De igual a igual con España. ¿Qué había de malo en ello?
Y con esa obsesión, y a pesar de las críticas de tantos sectores (entre ellos el de los empresarios contra los que arremetió el PNV con unas formas que dejaron mucho que desear) el Gobierno ha seguido con su estilo, consistente en despreciar a los objetores. Gobernando poco, legislando menos y aplicando la 'gran' política que no ha sido otra que la de ir cortando lazos con España. Quien le siga, bien, quien no , allá ellos. Que fue lo que vino a decir el lehendakari cuando reconoció que su plan no había podido ser consensuado más que «con quienes nos han querido acompañar». Imaz habló ayer de «jueces afines», los favorables a admitir a trámite la querella contra Atutxa, dejando sobre la mesa la duda acerca de las afinidades de los dos contrarios: Zorrilla y Bolado.
Sigue el Tour del despropósito. Arzalluz diciendo que el Gobierno del PP ha roto las reglas del juego constitucional mientras Mayor se pregunta qué le importará la Constitución al PNV. Ayer se homenajeó al socialista Jáuregui, asesinado hace tres años, mientras que a los afectados por los últimos atentados les parece una frivolidad, la de Anasagasti, diciendo que ETA está queriendo «fastidiar el verano». El cura de Maruri tiene que abandonar su parroquia, perseguido por el terrorismo y acosado por el pensamiento único. Este cambio de vida le supondrá, sin duda, un coste mayor que el de un simple fastidio de verano.
La última moda entre los líderes de partidos nacionalistas es acusar a José Mª Aznar de practicar la «involución autonómica». Paralelamente a esta queja tremebunda, Mas e Ibarretxe han presentado sendos planes de reforma de los Estatutos de Cataluña y del País Vasco que dinamitan la Constitución de 1978 y emprenden sin apenas disimulo la vía de la autodeterminación secesionista. Por otra parte, destacados expertos en derecho político han vuelto a recordar que, una vez culminados los procesos de transferencias de competencias al traspasar la sanidad y la educación a todas las Comunidades, hay pendientes tres grandes medidas de perfeccionamiento del Estado de las Autonomías que no admiten demora: el reforzamiento de los mecanismos de cooperación de las comunidades entre sí y entre éstas y la Administración central, el establecimiento de mecanismos eficaces para la participación de los ejecutivos autonómicos en la fijación de las posiciones de España en la Unión Europea y la transformación del Senado en una verdadera Cámara de representación territorial.
Además, el Partido Socialista, en su afán de diferenciarse de su principal adversario en lo que respecta al desarrollo del Título VIII de la Carta Magna, insiste en la urgencia de avanzar en el perfeccionamiento del Estado autonómico, compartiendo con los nacionalistas la crítica a las orientaciones supuestamente «involucionistas» de Aznar y su equipo. Ante este panorama y el incremento de tensión que se va registrando y que previsiblemente alcanzará niveles peligrosos a partir del próximo otoño, es interesante darse cuenta de quién es el verdadero culpable en esta historia de alejamientos, descalificaciones y reproches mutuos. Es cierto que el Partido Popular se cierra en banda a iniciativas legislativas –y no digamos ya a retoques constitucionales– que podrían contribuir razonablemente a la mejora de la estructura del Estado. Pero no es menos verdad que si actúa de esta forma aparentemente regresiva es como fruto de la amarga experiencia de comprobar en el pasado que cualquier progreso descentralizador no sólo no aplacaba el propósito divisivo de los nacionalistas, sino que, por el contrario, servía para espolear su furia fragmentadora. Además, los nuevos instrumentos de poder financiero, político, simbólico y administrativo adquiridos eran inmediatamente utilizados para hostigar al Gobierno central y para debilitar la cohesión nacional.
Por tanto, no hay involución autonómica de ninguna especie. Lo que sí se está produciendo es una reacción defensiva del Partido Popular frente a lo que percibe con todo fundamento como un intento ya nada disimulado de ruptura de la unidad constitucional. El mayor enemigo del Estado autonómico es el nacionalismo de corte étnico-lingüístico y mientras éste siga su corrosiva labor sería de una ingenuidad imperdonable hacerle el juego.
Ya era hora. Por fin la querella ha sido admitida a trámite. Ahora hay que confiar en que la justicia actúe y depure las responsabilidades de los querellados. No ha sido fácil, como todo lo relacionado con el nazionalismo. El proceso ha estado cargado de trucos y trampas. El Tribunal Supremo ha tenido que intervenir para corregir los desmanes nazionalistas que manipularon la Sala de la Discordia. Espero que ahora intervenga, quien corresponda, para tomar las oportunas medidas contra el responsable de haber intentado montar una sala a la medida de los nazionalistas.
Yo no creo que haya habido un error involuntario. No creo que el responsable de seleccionar los nombres, con tantos años de experiencia, se saltara hasta 18 jueces (ver LA RAZÓN) para casualmente escoger miembros próximos a los nazionalistas. No se puede consentir. Menos mal que hay Estado y éste funciona. Así, hemos visto que, cuando un organismo como el TSJPV hace mal las cosas, el correspondiente órgano del Estado, de rango superior, interviene subsanando la arbitrariedad cometida por la autonomía. Y no ha pasado nada. Esta actuación se parece mucho a lo que sería la aplicación del artículo 155 de la Constitución. ¿Y quién ha obligado a esta intervención? Los nazionalistas.
IBARRETXE ha anunciado al fin lo que muchos nos temíamos: que en septiembre llevará al Parlamento su proyecto de reforma estatutaria. Tal proyecto constituye el más grave desafío institucional al Estado de derecho que los españoles habremos de afrontar desde la consolidación del sistema democrático. Sí, un desafío en toda regla, derivado no sólo de los contenidos de una reforma que es inconstitucional de cabo a rabo, sino sobre todo del dato incontrovertible de que Ibarretxe carece del apoyo necesario para lograr su aprobación sin someter, primero al pueblo vasco, y después al pueblo español en su conjunto, a un chantaje intolerable.
Es, de hecho, ese chantaje el que podría abrir una crisis de incalculable gravedad e imprevisibles consecuencias. El PNV carece en la Cámara vasca de la mayoría absoluta requerida para reformar el Estatuto, sin contar con Batasuna. Pero, aún con el apoyo de esta fuerza, incluida en la lista europea y norteamericana de organizaciones terroristas, no tiene el PNV ni la más remota posibilidad de conseguir que su reforma sea ratificada por las Cortes, como exige la Constitución, pues tanto el PP como el PSOE han dicho mil veces que no la aprobarán.
¿Por qué insistir, por tanto, en un plan impracticable a todas luces? Pues porque de eso se trata justamente: de exigir lo imposible, para luego denunciar a los contrarios a la reforma estatutaria -dentro y fuera de Euskadi- como enemigos de los vascos. Es a ese chantaje ya anunciado frente al que será necesario oponer una fortísima barrera democrática, que pueda impedir el delirio peneuvista de imponer por la fuerza de los hechos lo que no está en condiciones de obtener por la fuerza de los votos.
Una barrera que será imposible sin un gran acuerdo nacional para defender al menos tres cuestiones esenciales: que el proyecto deberá ser aprobado sin trampas por la Cámara autonómica; que se respetará el pronunciamiento que, eventualmente, pudiera emitir el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la reforma; y que se asumirá la decisión de las Cortes al respecto. Éstas son las reglas del juego y romperlas sería una catástrofe.
Es por eso muy sensata la petición del Gobierno para que el PSOE y el PP conformen juntos una posición común en la materia. Tan razonable como la proclama del PSOE de que tal posición común es imposible mientras el PP ponga en cuestión un día sí y otro también su política de cohesión territorial. Lo que nos jugamos en el envite es tan trascendental que exige un acuerdo de inmediato: pues lo que nos jugamos, por primera vez desde el 24 de febrero de 1981, es la paz civil de España.
El ministro del Interior, Ángel Acebes, condenó ayer el clima de «ataques permanentes a la libertad» que se vive en el País Vasco, donde «te puede costar la vida o una expulsión el ser un concejal o sacerdote que habla y piensa en libertad», agregó refiriéndose a la decisión del párroco de Maruri, Jaime Larrinaga, de abandonar la localidad vizcaína al estar amenazada por ETA, informa Ep.
En declaraciones a los periodistas en Jaén, Acebes manifestó que «todo lo que suponga exclusión y coacción como consecuencia de la presión que ejerce el terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones merece una condena firme por parte de los demócratas y del Estado de Derecho». El ministro argumentó que «en el País Vasco se necesita convivencia, tolerancia y unidad», y que estos valores «no se pueden entender cuando existe coacción, exclusión y ataques permanentes a la libertad.
La prioridad de un Gobierno no puede ser distinta a la de evitar que continúen esas actitudes. Sin embargo, algunos optan por ir en la dirección contraria», aseveró, en una velada crítica al plan secesionista del «lendakari», Juan José Ibarreche.
El ministro, que rechazó las declaraciones del Gobierno vasco en las que se le acusa de hacer partidismo de las acciones contra ETA, calificó este proyecto de «inconstitucional y de ruptura con España», y añadió que es «perjudicial para todos, pero en especial para todos los vascos y en la lucha contra el terrorismo». Acebes añadió que el voto en contra del PNV en «propuestas que han permitido que avance el Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo», en referencia a la deslegalización de Batasuna y al cumplimiento de las penas íntegras por terroristas, son «impedimentos» a la hora de luchar contra ETA.
El Alto Tribunal acelerará la resolución del recurso abertzale
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional rechazó ayer suspender la deslegalización de Batasuna mientras resuelve su recurso de amparo contra dicha medida, al estimar que «la existencia de un partido que con su actividad colabore o apoye la violencia terrorista, pone en peligro la subsistencia del orden pluralista proclamado por la Constitución», según un auto hecho público ayer, informa Ep.
El Constitucional, que destaca que su decisión no prejuzga «en absoluto» la decisión final sobre el recurso de Batasuna, acuerda acelerar la resolución de dicha demanda, «anteponiéndola en el orden de señalamientos», debido a las funciones de relevancia constitucional conferidas a los partidos políticos.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron al alto tribunal que desestimara la suspensión de la sentencia de la Sala Especial del Supremo, del pasado 27 de marzo, que deslegalizó y disolvió a Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna, mientras resuelve su recurso de amparo contra esta resolución, admitido a trámite el pasado día 22. El Constitucional señala que la no suspensión de la deslegalización podría ocasionar a Batasuna, a sus afiliados, simpatizantes y votantes, perjuicios graves, pero rechaza que, de no accederse a la petición, el recurso de amparo pierda su finalidad, lo que es un requisito imprescindible para conceder la suspensión. Así, argumenta que, si se concede finalmente el amparo, el partido será repuesto en la situación de legalidad, y restablecidos todos sus derechos políticos y patrimonio.
El auto del TC expone además que la suspensión en nada podía afectar a la presentación del partido a las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo, ya que el recurso se presentó el pasado 23 de abril, cuando había acabado el plazo de formalización de candidaturas. En cuanto a los anteriores procesos electorales, la sentencia del Supremo no es aplicable a los cargos electos entonces, ni tampoco se extiende a los derechos individuales de sus dirigentes y afiliados, cuyas conductas no fueron objeto de enjuiciamiento más que a los fines de aquilatar la trayectoria del partido.
Además, el Constitucional indica que el Supremo ha apreciado en Batasuna la realización de conductas graves, de forma reiterada y sistemática, por lo que «los derechos e intereses del partido político recurrente en la prosecución de su actividad mientras dure la pendencia de este proceso ceden ante el predominante interés público y general en la preservación de los principios y valores democráticos, y en la defensa y protección de los derechos y libertades fundamentales de terceras personas». Añade el auto que esos derechos «se verían grave y notablemente afectados de accederse ahora a la suspensión y de no otorgarse después el amparo solicitado», debido a lo declarado en la sentencia por el Supremo. En este sentido, el TC recuerda que «cualquier acto de apoyo al terrorismo comporta una lesión, al menos potencial, para bienes jurídicos individuales y colectivos de enorme entidad», y destaca que la existencia de un partido que colabore con la violencia terrorista «pone en peligro la subsistencia del orden pluralista proclamado por la Constitución».
El Constitucional explica que «la primacía de los intereses y derechos públicos y generales, así como los derechos fundamentales de terceras personas, junto al genérico interés ínsito en el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes, han de llevar a la denegación de la suspensión solicitada». Sin embargo, atendiendo a los perjuicios, ciertos y graves, que puede ocasionar a Batasuna que ahora no se suspenda la deslegalización y posteriormente se estime el recurso de amparo, y teniendo en cuenta la relevancia de las funciones constitucionales de los partidos, el Constitucional acuerda acelerar la resolución de su recurso, anteponiéndola en el orden de señalamientos, «en cuanto sea compatible con la tramitación procesal y el sosiego de la deliberación». Según indicaron a Ep fuentes del alto tribunal, ello supone que el recurso de Batasuna podría resolverse en un plazo aproximado de seis meses.
Barcelona Asociación Tolerancia, Comunicado 30 Julio 2003
La Asociación por la Tolerancia, a raíz de la intención del Gobierno de la Generalitat de exigir el conocimiento del idioma catalán para el ejercicio de las funciones de portero/controlador de acceso de los espectáculos, actividades recreativas y establecimientos de pública concurrencia, COMUNICA a la opinión pública:
PRIMERO: La introducción de requisitos lingüísticos para el acceso a la profesión de portero/controlador es ilegal, en la medida que vulnera el contenido de la propia Ley de Política Lingüística 1/1998. Entre los grupos parlamentarios que dieron su voto afirmativo a la citada Ley se acordó excluir el principio de disponibilidad
lingüística en el ámbito de las relaciones privadas. Se vulnera la norma en cuanto se exige, como hace el borrador de Decreto, atención en la lengua utilizada por el público.
La Generalitat carece de título suficiente para imponer la lengua de relación entre particulares, y tanto cliente como portero lo son, y si los Tribunales vienen reconociendo que hay esferas en el ámbito de la Administración Pública en los que no son exigibles perfiles lingüísticos, mucho más quedarán exonerados de esos requisitos espacios en que son las relaciones entre particulares los que fijan las condiciones, espacios en los que la Administración no debe intervenir.
SEGUNDO: El Decreto en cuestión introduce un factor de discriminación que afecta gravemente al derecho al trabajo que a todos los españoles reconoce el artículo 35.1 de la Constitución española, al exigir el conocimiento de la lengua catalana para acceder a la titulación. Los requisitos lingüísticos carecen de toda justificación
objetiva, ya que la protección y defensa de los usuarios de estos servicios no ha estado ni está hoy en riesgo por motivos lingüísticos, sino por otras razones -que afectan a los derechos fundamentales de la persona- que son las que la Administración prioritariamente ha de procurar velar.
De todas formas, el despropósito alcanza cuotas extraordinarias cuando, en los requisitos que han de acreditar aquellos que quieran presentarse a las pruebas de titulación profesional (españoles, personas de la Unión Europea o que estén en posesión del permiso de trabajo y residencia correspondiente), figura sólo el de conocer la lengua catalana y nada se dice de la lengua castellana. Los peculiares criterios de selección que quiere imponer la Generalitat para el otorgamiento de los títulos profesionales constituyen un precedente peligroso y discriminador hacia muchas personas que desempeñan o quieran desempeñar la profesión de portero. De seguirse por esta vía,
próximamente, el conocimiento de la lengua catalana será condición indispensable para acceder a la licencia de taxi, a la apertura de un establecimiento hotelero, o para cubrir plazas en la hostelería. Es incuestionable, por lo tanto, que el Gobierno catalán pretende invadir ilegítimamente un ámbito específico de las relaciones particulares que se disimula con una supuesta protección a los derechos de los usuarios que esconde medidas claramente discriminadoras.
TERCERO: A la vista de lo anterior, la Asociación por la Tolerancia formulará las alegaciones pertinentes en el trámite de audiencia pública del borrador del Decreto solicitando que sean excluidos los requisitos lingüísticos para obtener el título de portero/controlador de acceso de espectáculos, actividades recreativas y establecimientos de pública concurrencia, y reclama de la Administración autonómica coherencia con la Ley de Política Lingüística
en la que se excluyó expresamente la disponibilidad lingüística y advierte, que de no atenderse a esta petición interpondrá el pertinente recurso contencioso-administrativo contra el Decreto.

References: artículo 155
 artículo 155
e contrario
 artículo 14
 artículo 117
 artículo 123
 artículo 124
 artículo 155
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 35