Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2014/as201421412L.html
Timestamp: 2019-03-20 19:31:13+00:00

Document:
as201421412L
Auto Supremo: Nº 412
Sucre: 19 de septiembre de 2014
Expediente: C-80-09-S
VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 309 a 312 vuelta, interpuesto por David Ramiro Heredia Sotomayor, contra el Auto de Vista Nº 93 de fecha 16 de octubre de 2009, cursante a fojas 305 a 306, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de Nulidad de documento y consiguiente Cancelación en su registro, entrega del lote de terreno y la declaratoria de Mejor Derecho Propietario, seguido por Luis Hinojosa Mercado representado por David Ramiro Heredia Sotomayor contra Erik Ángel Ureña Escobar y la reconvención por acción negatoria y pago por daño, los antecedentes del proceso, la contestación al recurso de fojas 315 a 316 vuelta, el auto de concesión del recurso de fojas 317; y,
DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que durante la tramitación de la causa, la Juez Segundo de Partido en lo Civil de Cochabamba emitió Sentencia de fecha 25 de agosto de 2006, cursante a fojas 271 a 276 vuelta, declarando: 1.- IMPROBADA la demanda principal. 2.- PROBADAS las excepciones perentorias de improcedencia y falta de acción y derecho opuesta por Erick Angel Ureña Escobar. 3.- PROBADA EN PARTE la acción reconvencional en referente a la Acción Negatoria e IMPROCEDENTE E IMPROBADA respecto a la Declaración de Mejor Derecho y Pago de Daños y Perjuicios. Por consiguiente se declara la inexistencia de derechos respecto a Luis Hinojosa Mercado sobre el lote de terreno A-1, con costas.
Que, en grado de apelación incoada por el recurrente, la Sala Civil Segunda de la ex Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, confirmó la Sentencia apelada, con costas en ambas instancias.
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN: Contra el Auto de Vista, David Ramiro Heredia Sotomayor interpuso Recurso de casación en el fondo y en la forma, al amparo de los artículos 257 y 250 del Código de Procedimiento Civil, con los siguientes argumentos:
RECURSO DE CASACIÓN O NULIDAD EN LA FORMA(TEXTUAL):En amparo de los artículos 254, 252, 272-3 y 274 todos del Código de Procedimiento Civil, denuncia que en la emisión del Auto de Vista recurrido se apartó complementamente del artículo 236 concordante con el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil, obrándose con exceso de poder jurisdiccional, incumpliendo con el artículo 15 de la Ley del Órgano judicial al no proceder de oficio antes de resolver y verificar si el juez hubiese dado cumplimiento o no de los pasos procesales, como la correcta aplicación de las normas. Asimismo denuncia que se hubiese violado las formas esenciales del proceso y que el A quo no observo la disposición del artículo 3 numeral 1) del Código Procesal Civil.
Denuncia que el juez hubiese permitido y aceptado como prueba pericial de la parte demandada, la ratificación de un informe pericial presentado en otro proceso por el perito Humberto Perez Arce y que no hubiese sido propuesta en esta causa, así como el informe pericial del perito Jorge Alarcón Romano presentado fuera del termino probatorio.
Manifiesta que al citarse los artículos 1331-133 y 430 del Código Civil en el considerando 2 del Auto de Vista recurrido, se exigiría que el dictamen pericial debería ser entregado de manera directa y personal por el perito al juez y que el artículo 440 del Código de Procedimiento Civil ni otras conexas exigirían esta situación como incorrectamente hubiese sostenido el Ad quem y concluye indicando que el único informe pericial que merecería valoración es la cursante a fojas 205 a 219, en la que se concluiría que las firmas y rubricas estampadas en el documento de venta de fecha 26 de mayo de 1992 hubiesen sido falsificadas por asimilación incompleta de grafismo o imitación.
RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO (TEXTUAL): Señala que en amparo del artículo 253 numerales 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil formulan recurso de casación en el fondo, con los siguientes argumentos:
Manifiesta que conforme la SS.CC 1369/2001-R , 934/2003-R y 757/2003-R, toda resolución debe estar debidamente motivada y fundamentada y que en la presente causa el Auto de Vista recurrido carecería de esos presupuestos, reduciéndose a una relación de os antecedentes procesales y requerimientos de partes, sin pronunciarse sobre los agravios formulados en apelación, incurriendo en una indebida interpretación y aplicación del artículo 440 del Código de Procedimiento Civil al exigirse arbitrariamente el de presentar el informe pericial personal y directamente al Juez.
Asimismo, refiere que existe una mala apreciación de la prueba al señalar que el documento de venta de fecha 26 de mayo de 1993 se encontraría respaldado por la Certificación de fojas 83 de fecha 17 de mayo de 1997, indicando que la misma seria falsa y fraguada desvirtuada por la certificación de fojas 87 y que en merito a esta prueba el Auto de Vista, sostendría que el documento de 26 de mayo de 1992 se encontraría respaldada por dicha certificación acusada de falsa.
Por ultimo, como conclusión de lo expuesto, solicita al Tribunal Supremo que analizando y examinando minuciosa y detalladamente todos los antecedentes del expediente declare la nulidad de obrados o en su caso deliberando en el fondo case el incorrecto Auto de Vista declarando probada la demanda de fojas 23-25 vuelta e improbadas las excepciones perentorias y acción reconvencional, NULO y sin valor el documento de venta de 26 de mayo de 1992 y su cancelación de su registro en Derechos Reales, con imposición de costas, daños y perjuicios, averiguados en ejecución de sentencia.
FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Que, el artículo 17 parágrafo I de la ley del Órgano Judicial ,que al igual del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Tribunal de Casación “anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público”, disposición legal que se relaciona con el artículo 90 del Adjetivo Civil, que otorga calidad de orden público a las normas procesales y por tanto el cumplimiento obligatorio de las partes, a través de la sucesión de actos procesales desarrollados dentro del proceso, asimismo, el artículo 106 del actual Código Procesal Civil, en ese ámbito, se tienen las siguientes consideraciones:
Todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, en observancia del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, que establece que en su parágrafo I “las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio salvo autorización expresa de ley”, el parágrafo II a su vez previene que, “las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo serán nulas”, a cuyo razonamiento, las normas procesales al ser de orden público, la infracción de cualquiera de ellas afecta a ese orden, poniendo en riesgo la seguridad jurídica que gozan las partes dentro del proceso, violentando las garantías procesales, por ello, la importancia de su salvaguarda.
El articulo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Así pues, entre los elementos que constituyen el debido proceso, se tiene el de la motivación, fundamentación y congruencia de las Resoluciones; en virtud del cual, los jueces y tribunales están obligados a dar razones fundadas en derecho, en lo que respecta a sus decisiones jurídicas. Sobre el tema el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1969/2013 de 4 de noviembre, desarrollo el siguiente entendimiento: “…el debido proceso debe entenderse como el conjunto de requisitos que deben observarse en las diferentes instancias judiciales, entre ellos, el derecho a un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal, a la fundamentación de las resoluciones, a la defensa técnica y material, a la valoración legal y razonable de las pruebas, al principio de congruencia y motivación de las decisiones, desde el inicio hasta la conclusión del proceso. Al respecto, la SC 0163/2011-R de 21 de febrero, refirió que el debido proceso: “…es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales…”(…)
La SC 0436/2010-R de 28 de junio, realizando una sistematización de la jurisprudencia constitucional sobre la fundamentación y la motivación determinó que: “La motivación de las resoluciones es un elemento componente del derecho-garantía-principio del debido proceso, así lo ha entendido este Tribunal Constitucional al señalar en la SC 0937/2006-R de 25 de septiembre, que: '…las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores. Este deber de fundamentación de las resoluciones judiciales, se vincula tanto con la garantía del debido proceso como con el derecho a la seguridad jurídica…'. Similar entendimiento, se consignó en la jurisprudencia sentada, en las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R, 1369/2001-R, entre otras”.
Sobre el principio de congruencia, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado dicho principio mediante la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio ha emitido el siguiente razonamiento siguiente sentido: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia".
En el ámbito doctrinario tenemos el criterio de HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, quien en su obra Teoría General del Proceso, II (Editorial Universidad, Argentina, 1985), pág. 533 a 536, define lo define como “el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas… los derechos de acción y de contradicción imponen al Estado el deber de proveer mediante un proceso y por una Sentencia, cuyo alcance y contenido están delimitados por las pretensiones y las excepciones que complementan el ejercicio de aquellos derechos”.
De lo que se infiere que es imprescindible que las resoluciones sean suficientemente motivadas, congruentes y pertinentes entre lo demandado y lo resuelto, y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, y que la determinación emitida por la autoridad jurisdiccional sobre lo demandado, considere en su integridad los hechos expuestos en la demanda principal o reconvencional, así como los argumentos y excepciones alegadas por las partes, y que la sentencia emitida sea el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas aportadas en el proceso, y que contenga una fundamentación de hecho y de derecho, y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, para así las partes tengan certeza de que la decisión adoptada es justa y está dentro el marco legal, es decir; la sentencia deberá ser un pronunciamiento a todo lo demandado, no debiendo existir omisión de ninguna índole; si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente, es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso. Asimismo en aplicación de los artículos 90, 190 y 192 del Código de procedimiento civil, los jueces y tribunales, al tramitar las causas sometidas a su conocimiento, deben observar alternativamente el principio de congruencia, entendida la misma en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes.
La Sentencia que pone fin y dirime la controversia en primera instancia tiene que responder a los principios de exhaustividad, motivación, congruencia, pertinencia, razonabilidad y otros, conteniendo disposiciones, concretas, precisas y terminantes, sobre lo demandado, alegado y probado por las partes. Ello implica que no debe ser "citra petita" es decir, no debe omitir resolver todo lo cuestionado en la instancia.
Ahora bien, la demanda, la reconvención y excepciones opuestas por las partes, como acto básico del proceso, su importancia es capital en razón del principio dispositivo debido a que el objeto del proceso es fijado por las partes no por el Juez, a quién se le atribuye el principio de "iura novit curia", de donde se concluye que son ellos-la demanda, reconvención o excepciones opuestas a la demanda principal o a la reconvencional- la que precisa el objeto de la pretensión, expresa la "causa para la decisión" y fija el "thema decidendum", de manera que la relación procesal y los puntos de hecho sometidos a prueba están adoptados en función a su contenido, para en definitiva resolver el conflicto con apego al artículo 190 del Código de Procedimiento Civil.
En el sub lite, de la revisión de antecedentes se tiene que la parte actora mediante escrito de fojas 128 a 129 de obrados opone excepciones perentorias de Falsedad, Ilegalidad e improcedencia de la demanda reconvencional y mediante providencia de fecha 10 de mayo de 2003 y el juez de la causa dispone que las excepciones perentorias serán resueltas en sentencia; máxime si en el auto de fecha 4 de octubre de 2004 cursante a fojas 152 de obrados, se fija como punto de hecho a probar para la parte actora en su numeral 4) los fundamento de defensa y las excepciones perentorias opuestas a la acción reconvencional. Sin embargo a tiempo de emitir la Sentencia No. 298 de fecha 25 de agosto de 2006 cursante a fojas 271 a 276 vuelta, no se pronunció sobre dichas excepciones ni la considero en su fundamentación y motivación, tan sólo resolvió las excepciones perentorias de improcedencia y falta de acción y derecho opuestas por la parte demandada a fojas 122 a 123 vuelta de obrados.
El Tribunal de Alzada no se percató de dicha omisión por parte del a quo, pese a haberse impetrado por el recurrente en el memorial de apelación de fojas 279 a 283, manifestando bajo el siguiente tenor: “…. corresponde ser REVOCADO y deliberando en el fondo, declarar PROBADA la demanda de fs. 23-25 vlta, improbadas las excepciones opuestas a ella e Improbada la defectuosa ACCIÓN RECONVENCIONAL de fs. 122-123 y probadas las excepciones perentorias opuestas a ella” (textual), las negrillas y subrayado nos corresponden.
Ante ello, se infringió por un lado lo dispuesto por los artículos 343 del Código de Procedimiento Civil que señala de manera textual: "Las excepciones perentorias serán resueltas en Sentencia", artículo 192 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, en cuanto se refiere al contenido de la sentencia, que señala de forma expresa: “ La parte resolutiva, con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda o la reconvención en su caso, y sobre las excepciones opuestas, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo total o parcialmente”. Por otro lado los artículos 236, 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil y 119 de la Constitución Política del Estado, porque el Tribunal de apelación tampoco se refiere a las referidas excepciones, pese a tener la labor fiscalizadora, no revisa de forma minuciosa el presente proceso y deja al recurrente en indefensión, vulnerándose por ello, en ambas instancias, el derecho a la igualdad de las partes consagrado en la Constitución Política del Estado, y al debido proceso.
Es importante señalar, que las excepciones pertenecen al grupo de los derechos de acción procesal de la parte demandada, según José Ovalle Favela en sentido abstracto puede entenderse como el poder que tiene el demandado para oponerse a la acción de la parte demandante o en su caso del demandante frente a la demanda reconvencional, cuando no se cumplen ciertos presupuestos procesales. Couture lo define así: "el excepcionante es el que se defiende,.....atacando el derecho, el proceso o algún aspecto concreto de éste".
La excepción dilatoria, ha sido definida, por lo regular, como la que tiene por objeto dilatar o impedir temporalmente la entrada en el pleito. Definición desafortunada que confunde el efecto con el objeto. Son defensas previas las excepciones dilatorias, alegadas al comenzar el proceso que, como señala Couture, versan normalmente sobre el proceso y no sobre el derecho alegado por el actor. Tienden a corregir errores que obstarán a una correcta y fácil decisión; a evitar un proceso inútil; a impedir un juicio nulo. No es su objeto diferir o retardar el pleito; produce ese efecto, circunstancia cuyo impropio y malicioso uso en la actividad forense, ha hecho creer y considerar que el fin de la excepción es el de dilatar o alargar el juicio, tomando por el contenido de la excepción sólo la consecuencia.
Consecuentemente, la sentencia debió ser concisa, clara, el cual satisfacer todos los puntos demandados tanto por la parte actora, como la parte demandada, en consecuencia, una sentencia no puede tener un resultado ultra petita; es decir, contener más de lo pedido, tampoco puede ser extra petita, pronunciándose sobre determinados extremos al margen de lo pedido por las partes; finalmente, la sentencia tampoco puede tener un resultado citra petita; es decir, no puede dejar de analizar y resolver todas las pretensiones sostenidas por las partes en el curso del proceso, recayendo la sentencia emitida el caso en trámite en una resolución citra petita.
Consiguientemente ante la infracción en que recayó la resolución de primera instancia, se vulneró el principio de igualdad consagrado en el artículo 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 3 numeral 4) de la Ley del Órgano Judicial, que dispone:” la aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones, y tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos de la administración de justicia”, en consecuencia existió en la presente causa inobservancia de las normas sustantivas y procesales aplicables en todo proceso, como así a los principios y valores supremos rectores que rigen la administración de justicia. Consiguientemente, habiéndose por parte del Juez inferior omitido el cumplimiento de las normas procesales de cumplimiento obligatorio e ineludible en observancia por el carácter público que revisten como expresamente señala el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, lo que conlleva la nulidad del proceso conforme los artículos 271 numeral 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil y articulo 106 del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta la Sentencia de fojas 271 a 276 vuelta inclusive, debiendo el Juez a quo pronunciarse sobre las excepciones perentorias de fojas 128 a 129 a tiempo de emitir nueva Sentencia de acuerdo a las consideraciones del presente Auto Supremo, sin dilación alguna y bajo responsabilidad.
Se impone la multa de Bs. 200 al Juez de Primera Instancia, que le será descontado por planilla.
Cumpliendo con lo previsto por el artículo 17, parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

References: artículo 236
 artículo 227
 artículo 15
 artículo 3
 artículo 440
 artículo 253
 resolución 
 artículo 440
 artículo 17
 artículo 252
 artículo 90
 artículo 106
 artículo 90
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 190
 artículo 192
 resolución 
 resolución 
 artículo 180
 artículo 3
 artículo 90
 artículo 42
 artículo 17