Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190207-V.html
Timestamp: 2019-10-14 00:52:28+00:00

Document:
Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5213-V, jueves 7 de febrero de 2019
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a tomar medidas orientadas a proteger el sector social cafeticultor, a cargo de la diputada Zaira Ochoa Valdivia, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a remitir al Senado una terna por cada vacante de comisionados en la CRE para su debida designación, a cargo del diputado Hernán Salinas Wolberg, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a incorporar a los integrantes de la LXIV Legislatura de esta soberanía en la metodología y calendarización de los foros de consulta popular por convocar para elaborar el PND 2019-2024, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a verificar el cumplimiento de los requisitos que debe reunir quien sea nombrado director general de Pemex, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Veracruz a informar a los ciudadanos sobre el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial de la Federación que lo obligan a pagar las participaciones federales del ejercicio de 2016, a cargo de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, para llevar a cabo la investigación y esclarecer el feminicidio de la menor Lisa María “N”, ocurrido en Sombrerete, Zacatecas, a cargo de la diputada María Elizabeth Díaz García, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y a los delegados estatales a no intervenir ni participar en actividades o funciones relacionadas con la seguridad pública y la nacional, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SE y Pemex a hacer pública la información referente a los contratos asignados para el transporte terrestre de combustibles, las empresas beneficiadas, los costos por derivarse de la nueva modalidad de traslado y la forma en que se pagarán, y el efecto final del costo de producción de la gasolina, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a revocar los decretos que privatizan y concesionan el uso de las aguas de las cuencas hídricas del país, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los alcaldes del país a instalar el sistema municipal anticorrupción, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Cardona, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar y la SEP a impulsar un programa urgente de desarrollo de infraestructura educativa en comunidades donde hay ductos de Pemex, a cargo del diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de revisar la formulación y aplicación de las metodologías relativas al cálculo de las tarifas eléctricas para revertir los recientes incrementos que han afectado gravemente a BCS, a cargo del diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a difundir por la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo un informe detallado sobre la aplicación del censo de bienestar y su relación con los programas sociales, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad a invitar a una reunión de trabajo a la presidenta de la Cofece para que explique el sentido de sus opiniones como tal contra uno de los actores económicos regulados, en contravención de los principios de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad y transparencia por observar en el ejercicio de su cargo, a cargo del diputado Francisco Elizondo Garrido, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a hacer públicos el alcance y los mecanismos de cumplimiento para la operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a transparentar y garantizar la máxima publicidad del contrato de arrendamiento y los costos derivados de la estancia del avión presidencial José María Morelos y Pavón y otras naves mexicanas en el aeropuerto Victorville Airport, en San Bernardino, California, EUA, para su puesta en venta, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI
Con motivo del 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
La cafeticultura en nuestro país es una de las actividades agrícolas más importantes, tanto por el número de actores sociales que intervienen, como por los ingresos y divisas que genera por concepto de consumo interno como de su exportación: además de su consumo en el mercado nacional, en el internacional hay una gran demanda, en particular de cafés especiales que se caracterizan por ser sustentables y amigables con el ambiente, recolectados de forma manual y procesada de forma artesanal, que lo convierte en un producto que genera un importante plus valor al ser procesado, que aprovechan grandes firmas internacionales como Nestlé, Starbucks, Café California, Agroindustrias de México, SA de CV (AMSA), entre otras.
El café es un cultivo de gran importancia social y económica. México es el sexto productor mundial y segundo en producción orgánica, con un promedio de 4.7 millones de sacos de 60 kilos en 349 mil 701 unidades de producción en 960 municipios de 15 entidades de la República, que involucran a 509 mil 817 productores; 680 mil hectáreas cultivadas en que laboran 486 mil 339 jefes de familia y que generan 4.5 millones de empleos; aporta el porcentaje más importante del producto interno bruto (PIB) agropecuario nacional, y hasta hace poco, ocupó el segundo lugar en el PIB nacional, sólo por debajo del petróleo.
Constituye la única fuente de ingreso en amplias regiones del país, muchas de alta marginación y alta vulnerabilidad, íntimamente ligada a pueblos originarios: de las 350 mil unidades de producción, entre 56 y 70 por ciento están integradas por hablantes de lengua originarias. Cualquier política de fomento debe considerar las formas de organización económica, social, cultural y política de estas comunidades.
A pesar de la relevancia del sistema-producto café, quienes participan enfrentan graves problemas, tanto para realizar las actividades del ramo de actividad en que intervienen dentro de la cadena productiva, como en las condiciones de vida de ellos y sus familias.
Las características de la cadena productiva en cada una de sus fases, si bien incentivan el empleo mediante el uso intensivo de mano de obra y aportan dinamismo económico y estabilidad social relativos en regiones marginadas o con alto grado de vulnerabilidad, perpetúan estas condiciones por el hecho de que 90 por ciento de los productores de café en cereza tienen menos de 5 hectáreas; la mano de obra en las unidades de producción es bajísimo y las condiciones monopólicas del mercado hace que los productores cuenten con muy poca capacidad de negociación y transformación en beneficio prácticamente único de las grandes empresas nacionales y transnacionales que lo usufructúan.
Los productores padecen, además, de la invasión de plagas que dañan las plantaciones, que no han sido suficientemente atendidas con programas gubernamentales para enfrentarlas, afectando severamente la cafeticultura nacional, mientras países productores como Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador, entre otros, por conducto de sus organismos cafetaleros han implementado importantes acciones en materia de combate a la roya del cafeto y mejoramiento genético, en México padecemos la infestación de dicha enfermedad, no contamos con suficiente semilla para atender las necesidades de plantas para renovación, y no contamos, tampoco, con un organismo público responsable de llevar adelante una política integral en la materia.
Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta asamblea los siguientes
Primero. La Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal a declarar como situación de urgencia el combate a la roya del café.
Segundo. La Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal a implementar una cruzada nacional interinstitucional a favor de la cafeticultura, con medidas de apoyo a las actividades de programas de empleo temporal que incluya construcción y mejoramiento de infraestructura de acceso, erradicación de enfermedades, diversificación de cultivos entre otros rubros.
Tercero. La Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de las dependencias que corresponda, implemente un programa emergente y permanente de rescate al Sistema Producto Café, que incluya:
• Establecer un precio de garantía al pequeño productor;
• Establecer que el agroindustrial pague por adquisición del café cereza el equivalente a 20 por ciento del precio estándar por kilo de café tostado y molido.
• Un programa emergente de apoyo a productores con extensiones menores de 5 hectáreas con créditos blandos y a la palabra.
• Incentivar con recursos de beneficio social a productores que poseen menos de 1 hectárea y desarrollan el cultivo con prácticas artesanales que involucran mano de obra familiar.
• Programas que incidan en la recuperación de suelos y reforestación de las zonas cafetaleras.
• Acceso a cupos de exportación a quienes justifiquen su actividad en el esquema de pequeño productor para facilitar su acceso a nichos especiales de mercado o a esquemas de mercado justo.
• Garantizar justicia y equidad en el proceso de comercialización en todas las fases de la cadena productiva, para el pequeño productor que no puede insertarse o competir en el libre mercado.
• Esquemas de capitalización a agroindustrias cafetaleras domésticas que pueden maquilar y tostar, que satisfacen demandas locales.
• Tipificar delito federal el desvío de recursos del sector social a empresas u organizaciones que les den uso inadecuado.
• Investigar empresas o figuras morales que usen indebidamente el registro federal de contribuyentes de pequeños productores para colocar café en el mercado y evadir impuestos, imponiéndoles multas superiores a su producción de café.
Cuarto . La Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal a crear el Consejo Nacional para el Desarrollo del Café, como la instancia pública nacional que atienda de manera integral la problemática del sector, y coordine las políticas y programas que correspondan a las diferentes dependencias en materia de producción, sanidad vegetal, mejoramiento genético, tecnificación de procesos, comercialización, sustentabilidad ambiental, fortalecimiento de capacidades de negociación, entre otras.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2019.
Diputada Zaira Ochoa Valdivia (rúbrica)
Hernán Salinas Wolberg, en su carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y secretario de la Comisión de Energía en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que a la brevedad posible remita a la Cámara de Senadores una terna por cada vacante de comisionados en la Comisión Reguladora de Energía, para su debida designación en los términos del artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética, para que se integre la totalidad de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y ésta pueda sesionar y funcionar sin impedimentos, en los términos del artículo 10 y demás correlativos de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.
1. En fecha 29 de enero de 2019 se confirmó la renuncia de la comisionada Montserrat Ramiro, efectiva al 15 de febrero de 2019, aunada a las renuncias de los comisionados Marcelino Madrigal y Neus Peniche, y la salida del comisionado Jesús Serrano, quien finalizó su periodo en la Comisión Reguladora de Energía.
2. A la fecha de elaboración del presente, únicamente se cuenta con los Comisionados Luis Guillermo Pineda, Guillermo García Alcoccer y Guillermo Zúñiga.
3. En los términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, se precisa que el Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía requiere de al menos cuatro Comisionados para sesionar válidamente, por lo que al no cumplir cuando menos con esa cantidad, la Comisión Reguladora de Energía se encontraría legal y materialmente paralizada.
4. Esto se traduce en que las atribuciones conferidas en el artículo 22 de la ley en la materia quedan sin posibilidad de ser debidamente ejercidas, lo que incluye una parálisis respecto a lo siguiente:
a. Emitir sus actos y resoluciones con autonomía técnica, operativa y de gestión, así como vigilar y supervisar su cumplimiento;
b. Supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación y de las disposiciones administrativas de carácter general o de carácter interno, así como las normas oficiales mexicanas aplicables a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia;
c. Otorgar permisos, autorizaciones y emitir los demás actos administrativos vinculados a las materias reguladas.
5. Entre otros actos de autoridad, simplemente la ausencia de la plenitud de los Comisionados, que además de minar la operatividad y dinamismo del órgano regulador, se atrofia el funcionamiento del país en una época en la que se esta combatiendo el robo de hidrocarburos y se atiende la disminución de acceso a inventarios de hidrocarburos.
I. Como diputado federal considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestro país y nuestras localidades y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, un adecuado funcionamiento de los entes del estado, y garantizar el dinamismo de la economía nacional.
II. La actividad económica y el simple traslado de personas y bienes en el país están íntimamente ligados a la existencia de inventarios de combustible, el movimiento y acciones de autoridad, emisión de permisos conforme a las normas, el funcionamiento de las NOM aplicables.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, presidente Andrés Manuel López Obrador, para que a la brevedad posible remita a la Cámara de Senadores una terna por cada vacante de comisionados en la Comisión Reguladora de Energía, para su debida designación en los términos del artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, a fin de que se integre la totalidad de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y ésta pueda sesionar y funcionar sin impedimentos, en los términos del artículo 10 y demás correlativos de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que a la brevedad posible remita a la Cámara de Senadores una terna por cada vacante de comisionados en la Comisión Reguladora de Energía, para su debida designación en los términos del artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, a fin de que se integre la totalidad de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y ésta pueda sesionar y funcionar sin impedimentos, en los términos del artículo 10 y demás correlativos de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.
Anguiano, D. (2018, febrero 2). Monterrey, la ciudad más contaminada. Extraído de
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/la-ciudad-mas-c ontaminada
Blanco, S., & Mizohata, A. (2015). Proyecto de cooperación científica sobre mecanismos de formación de ozono, compuestos orgánicos volátiles y PM2.5 y escenarios de medidas de control. Estudio de Partículas Suspendidas PM2.5 en el Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León (México, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático). Monterrey, Nuevo León: Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Comisión Reguladora de Energía. (2016). Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la norma oficial mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. (México, Comisión Reguladora de Energía). Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación. DOF: 29 de agosto de 2016.
Consejo Nacional de Población. (2018, Enero 26). Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015. Extraído de https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropol itanas-de-mexico-2015. Incluye Capítulo VI. Anexo estadístico y cartográfico: 16.03 ZM de Zamora a 32.01 ZM de Zacatecas-Guadalupe
Inegi. (2017). Vehículos de motor registrados en circulación del año 2017 (México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Dirección General Adjunta de Encuestas Económicas y Registros Administrativos). Ciudad de México: Inegi.
Martinez, A. I. (2016, August 24). “Mexico to ban gasoline oxygenated with ethanol in three urban centers”. Extraído de https://www.reuters.com/article/us-mexico-oil-ethanol/mexico-to-ban-gas oline-oxygenated-with-ethanol-in-three-urban-centers-idUSKCN10Z2W5 Reuters.
Martínez, A., & Valdez, A. (2016). Calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey. Ciencia UANL, 77. Extraído de http://cienciauanl.uanl.mx/?p=5391
Martínez-Cinco, M., Santos-Guzmán, J., & Mejía-Velázquez, G. (2016). “Source apportionment of PM2.5 for supporting control strategies in the Monterrey Metropolitan Area, Mexico”. Journal of the Air & Waste Management Association, 66 (6), 631-642. doi:10.1080/10962247.2016.1159259.
Diputado Hernán Salinas Wolberg (rúbrica)
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de coordinadora de las actividades del Plan Nacional de Desarrollo, a que incorpore a la brevedad a los diputados federales de la LXIV Legislatura en la metodología y calendarización de los Foros de Consulta Popular que se deben convocar, para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y a que se haga pública dicha información, al tenor de las siguientes
Nuestro país tiene una larga tradición, desde antes de la mitad del siglo XX, de buscar orientar las acciones de gobierno y las responsabilidades del Estado, a través de planes y programas. Destacan las experiencias del Partido Nacional Revolucionario y del presidente Lázaro Cárdenas del Río del Plan Sexenal de 1933, después, el Plan de Acción Inmediata de 1962, con el presidente Adolfo López Mateos, y el Programa de Desarrollo Económico y Social de México para el periodo 1966-1970 del presidente Díaz Ordaz, por mencionar los más relevantes.
Destaca hacia el último cuarto del siglo XX, en 1976, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que creó la Secretaría de Programación y Presupuesto, encargada de la elaboración del Plan Global de Desarrollo, de periodo 1980-1982.
Sin embargo, en 1983 se llevaron a cabo reformas a los artículos 25, 26 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle al Estado la rectoría del desarrollo nacional y otorgarle a la planeación, un rango constitucional. Ese mismo año, se expidió, el 5 de enero, la Ley de Planeación , creando un Sistema Nacional de Planeación Democrática que involucra a las dependencias federales, Poderes de la Unión, a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad a través de sus organizaciones en dicha actividad.
Más reciente y resultado de las negociaciones de la reforma político-electoral de 2013-2014, el 14 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional que le dio a la Cámara de Diputados, la facultad exclusiva de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, dejando plazos y formas de esa aprobación para la ley secundaria, que en este caso es la Ley de Planeación.
El texto vigente de nuestra Carta Magna establece:
Artículo 74 . Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
VII . Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado.
Cuatro años después, el 16 de febrero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, que concretizó la modificación constitucional.
El texto vigente de la Ley de Planeación establece:
Artículo 5o . El Ejecutivo federal elaborará el Plan Nacional de Desarrollo y lo remitirá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, en los plazos previstos en esta ley. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta ley, la Cámara de Diputados formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución y revisión del propio plan.
Para el inicio de los trabajos de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se estará a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Artículo 21 . El presidente de la República enviará el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a su toma de posesión.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobará el Plan Nacional de Desarrollo dentro del plazo de dos meses contado a partir de su recepción. En caso de que no se pronuncie en dicho plazo, el plan se entenderá aprobado en los términos presentados por el presidente de la República.
La aprobación del plan por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión consistirá en verificar que dicho instrumento incluye los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el Plan Nacional de Desarrollo no los incluya, la Cámara de Diputados devolverá el mismo al presidente de la República, a efecto de que dicho instrumento sea adecuado y remitido nuevamente a aquélla para su aprobación en un plazo máximo de treinta días naturales.
Hasta antes de esta reforma, el Congreso podía elaborar observaciones al Plan Nacional de Desarrollo, que tenía que publicarse en el Diario Oficial de la Federación, no más allá de seis meses contados a partir de la toma de posesión del presidente.
Ahora bien, la reforma a la Ley de Planeación estableció en su articulado transitorio, algunas excepciones y escenarios que incumben a esta administración y al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024:
Segundo . La reforma al artículo 6o. entrará en vigor el 1 de abril de 2018.
Asimismo, la reforma al primer párrafo del artículo 21 entrará en vigor el 1 de octubre de 2024, por lo que el presidente de la República que comience su mandato el 1 de diciembre de 2018 enviará el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, a más tardar el último día hábil de abril del año siguiente a su toma de posesión .
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocará, en caso de ser necesario, a un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados para que ésta apruebe dicho plan, en un plazo máximo de dos meses, contado a partir de que haya recibido el referido plan por parte del Ejecutivo federal.
Es importante destacar de esta reforma a la Ley de Planeación, los siguientes aspectos:
• La incorporación, entre los principios conductores de la planeación, de los conceptos del carácter laico del Estado, la garantía de los derechos humanos y la transversalidad en materia de interculturalidad y de género.
• La obligación para el Ejecutivo federal de dar cuenta a la Cámara de Diputados de la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo en sus informes anuales y en los de la Cuenta Pública.
• La obligación de SHCP para elaborar el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo para someterlo a consideración del presidente de la República.
• El Plan Nacional de Desarrollo debe contener, por lo menos:
a) Diagnóstico general;
b) Los ejes generales del impulso del desarrollo nacional;
c) Los objetivos específicos;
d) Las estrategias para ejecutar las acciones;
e) Los indicadores de desempeño y sus metas, que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos definidos; y
f) Los demás elementos que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables.
• El Plan Nacional de Desarrollo debe indicar los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados, la sujeción de éstos al mismo y la obligación de las dependencias que los emitan para que su contenido se adecue a una estructura similar.
De esta manera la ruta crítica, de la elaboración hasta la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se puede sintetizar de la siguiente forma:
Cabe destacar que la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, consiste en:
Verificar que dicho instrumento incluye los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En caso de que el Plan Nacional de Desarrollo no los incluya, la Cámara de Diputados devolverá el mismo al presidente de la República, a efecto de que dicho instrumento sea adecuado y remitido nuevamente a aquélla para su aprobación en un plazo máximo de treinta días naturales.
Pero también es de resaltar que, si la Cámara de Diputados no se pronuncia, existe prácticamente una afirmativa ficta en favor del Ejecutivo federal, para que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo.
Por otra parte, debe hacerse mención que los aspectos particulares y algunos plazos más precisos de las actividades relacionadas con la elaboración, foros de consulta y aprobación del Plan, debían ser regulados por el Reglamento de la Ley de Planeación, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de la reforma a la Ley de Planeación, publicada el 16 de febrero de 2018:
Tercero . El Ejecutivo federal deberá expedir el reglamento de esta ley en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Lo cual no se ha llevado a cabo .
En tal sentido, se vuelve preocupante, que el tiempo ha avanzado y no se conoce ni la metodología, ni el calendario, ni las formas en que se llevarán a cabo las consultas a que obliga la Ley de Planeación en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, para promover: la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo .
La multicitada Ley de Planeación, en su artículo 14 , establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe: coordinar las actividades de Planeación Nacional del Desarrollo.
Y además añade en su artículo 20 que las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán.
Y el mismo artículo 20 de la Ley de Planeación, establece que Asimismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprueba el siguiente
De urgente resolución
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de coordinadora de las actividades del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, haga del conocimiento público la información relacionada con la metodología y calendarización de los foros de consulta popular, que deben ser convocados en términos del artículo 20 de la Ley de Planeación, para que las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participen en la elaboración de dicho plan.
Segundo. Se solicita que, en la metodología y calendarización de los foros de consulta referidos, se integre en todas las etapas, la participación activa de diputados federales de todos los grupos parlamentarios que tienen representación en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.
Tercero. Se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajadores de la Cámara de Diputados para que establezcan la metodología que se desarrollará para la integración, análisis y aprobación del Plan Nacional del Desarrollo que enviará el Ejecutivo Federal.
Estructura Institucional del Sistema Nacional de Planeación Democrática en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1009/3.pdf.
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, Diario Oficial de la Federación 10/02/2014 en
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014.
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, Diario Oficial de la Federación 16/02/2018, en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5513502&fecha=16/02/ 2018
Artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Planeación
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 7 de febrero de 2019.
FLa que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de la Función Pública verifique el cumplimiento del artículo 47 de la Ley de Petróleos Mexicanos, específicamente de los requisitos planteados en la fracción I del artículo 20 de dicha ley y, en el caso de que no se cumplan dichos requisitos, proceda conforme a derecho evaluando las posibles afectaciones que hubiesen dado a lugar sobre el patrimonio de Petróleos Mexicanos, derivadas de ocupar un cargo para el que no se cuenta con el perfil, con base en las siguientes
En fechas recientes, el Poder Ejecutivo federal ha implantado una serie de acciones orientadas a combatir los graves delitos en materia de hidrocarburos, conocidos popularmente como huachicoleo, que durante años han dañado las finanzas públicas y el patrimonio de Petróleos Mexicanos. Estas acciones en sí mismas son loables y se les debe respaldar en todo momento.
Sin embargo, la planeación estratégica, táctica y operativa, debe acompañarse de la experiencia y conocimiento técnico de los miembros del gabinete.
En este sentido, los aspectos tácticos y operativos de una acción de la magnitud requerida para combatir el fenómeno criminal del huachicoleo en una empresa con el impacto estratégico de Petróleos Mexicanos, deben estar orientados a minimizar los daños colaterales y el impacto en la función social, económica y comercial que tiene la empresa petrolera.
En esta tesitura, cualquier omisión o negligencia por quienes tienen la responsabilidad de brindar información al titular del Ejecutivo Federal y coadyuvar, directa o indirectamente, en esta y cualquier otra acción estratégica debe ser severamente sancionada por las repercusiones que pueden derivarse en el patrimonio de la nación y en la economía mexicana.
En los últimos días, los medios de comunicación, nacionales y extranjeros, han aportado importantes indicios sobre probables fallas en los cálculos y planeación de la estrategia para poder combatir delitos en materia de hidrocarburos, sin dañar la labor sustantiva de Petróleos Mexicanos, que es abastecer al país de combustibles y asegurar que las cadenas productivas tengan el combustible necesario y oportunamente.
En este orden de ideas, organizaciones empresariales nacionales como la Confederación Patronal de la República Mexicana han reportado pérdidas de hasta mil 250 millones de pesos en tres entidades federativas1 . Asimismo, se ha dado a conocer que al menos tres de las calificadoras más importantes a nivel mundial empiezan a manejar la posibilidad de recortar la calificación crediticia de Pemex2 , lo que sin lugar a dudas sería un gran golpe a nuestra petrolera y al sector financiero de México.
La información mencionada, sumada a la falta de comunicación asertiva, clara y confiable por parte de quienes tienen la responsabilidad de aportar la información institucional de Petróleos Mexicanos plantea la posibilidad de acciones u omisiones que han empeorado los efectos en problemas de distribución de combustibles en la economía legal.
Aunado a lo anterior, hay información en medios de comunicación y en redes sociales que ha observado la falta de preparación en finanzas, comercio internacional y específicamente en materia petrolera del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ello, es grave pues de confirmarse esa falta de preparación, estaríamos ante una de las probables explicaciones a los costosos impactos colaterales en el transporte y el comercio de varias regiones del país.
Con la intención de evitar este tipo de problemas de conocimiento técnico y experiencia en una empresa tan importante como Pemex, la Ley de Petróleos Mexicanos establece en su artículo 47 que la persona en la que recaiga la Dirección General de Petróleos Mexicanos debe reunir “los requisitos señalados para los consejeros en el artículo 20” de la misma ley. Asimismo, en la fracción I del artículo 20 de la Ley de Petróleos Mexicanos se señala lo siguiente:
Artículo 20. Los consejeros, con excepción de los señalados en la fracción I del artículo 15, deberán ser designados en razón de su experiencia, capacidad y prestigio profesional y reunir los requisitos siguientes:
I. Contar con título profesional en las áreas de derecho, administración, economía, ingeniería, contaduría o materias afines a la industria de los hidrocarburos, con una antigüedad no menor a cinco años al día de la designación;
Es decir, quien sea nombrado director general de Petróleos Mexicanos debe estar titulado por lo menos 5 años antes de su nombramiento. Sin embargo, existen señalamientos en medios de comunicación en torno a que el actual Director General de Petróleos Mexicanos no tiene el perfil, ni la experiencia, ni el tiempo como profesionista titulado que exige la ley. Aunado a ello, la información pública sobre la cédula 112998821, a nombre de Octavio Romero Oropeza, titulado como Ingeniero Agrónomo con Especialidad en Agricultura Tropical, marca como fecha de expedición el año 2018.
Derivado de todo lo anterior, hay elementos fundados en la evidente ausencia del perfil y el desorden aparente en las funciones propias de la petrolera que exigen a esta soberanía, como contrapeso del Poder Ejecutivo Federal, solicitar la verificación de los documentos que ha presentado el director general de Petróleos Mexicanos para acreditar el cumplimiento del artículo 47 de la Ley de Petróleos Mexicanos.
En consecuencia, someto a consideración de esta comisión permanente exhortar a la Secretaría de la Función Pública a que verifique el cumplimiento del artículo 47 de la Ley de Petróleos Mexicanos, específicamente de los requisitos planteados en la fracción I del artículo 20 de dicha ley y, en el caso de que no se cumplan dichos requisitos proceda conforme a derecho y evalúe las posibles afectaciones al patrimonio de Petróleos Mexicanos, derivadas de ocupar un cargo para el que no se cuenta con el perfil.
Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de la Función Pública a que en cumplimiento de la fracción XVIII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, verifique el cumplimiento de la fracción I del artículo 20 de la Ley de Petróleos Mexicanos y consecuentemente del artículo 47 de la Ley de Petróleos Mexicanos, en cuanto al requisito que debe tener quien sea nombrado director general de Petróleos Mexicanos de contar con título profesional con una antigüedad no menor a cinco años al día de la designación. Asimismo se le exhorta a que, en caso de que dicho funcionario no cuente con la antigüedad, proceda conforme a derecho y evalúe las posibles afectaciones al patrimonio de Petróleos Mexicanos, derivadas la toma de decisiones al ocupar un cargo para el que no se cuenta con el perfil estipulado en la Ley de Petróleos Mexicanos.
1 Reporte de la BBC, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46834506
2 El Financiero, disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/existe-riesgo-de -recorte-en-calificacion-crediticia-de-pemex-en-2019-barclays
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2019.
Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Norma Azucena Rodríguez Zamora , con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
1. El gobierno de Veracruz, encabezado entonces por Javier Duarte de Ochoa, omitió la entrega de participaciones federales correspondientes al ejercicio del año 2016 a 109 municipios de esa entidad federativa.
2. El monto implicado en el desvío se estima en entre 1 mil 400 y 2 mil millones de pesos presupuestados para diversos programas, principalmente de infraestructura, lo que afectó gravemente la buena marcha de los programas de gobierno de los municipios afectados y originó el incumplimiento de pago por parte de sus ayuntamientos en obras contratadas conforme a derecho.
3. Inconformes con tal acción del gobierno estatal, las autoridades municipales interpusieron juicios de acción de inconstitucionalidad para reclamar la entrega de las participaciones retenidas indebidamente.
4. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 72 sentencias expedidas en el transcurso del año 2018, declaró fundados los agravios y otorgó la razón jurídica a los demandantes, resolviendo que el gobierno estatal reparara el daño causado mediante la entrega de las participaciones retenidas.
5. El nuevo gobierno estatal, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, que tomó posesión el 1 de diciembre de 2018, emanado del partido Morena, ha sido omiso en el acatamiento de las sentencias referidas pues hasta la fecha se ha negado a acatarlas cabalmente, optando por intentar, mediante presiones realizadas en lo individual a los alcaldes, acuerdos que van en menoscabo de la economía de los ayuntamientos.
6. El propio titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del Congreso de Veracruz, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, reconoció el 24 de enero que el gobierno estatal debe acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El PRD hace un llamado al gobierno estatal de Veracruz a actuar con apego a la normatividad y responsabilidad y no de manera abusiva e interesada.
Para la sociedad veracruzana es importante saber con precisión, municipio por municipio, cuál es el monto de los pagos que ya se han realizado en acatamiento a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que siguen pendientes y el plan integral, con fechas y cantidades programadas para acatarlas a plenitud.
Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, solicito atentamente se apruebe la siguiente proposición con
Primero. La Cámara de Diputados solicita al gobierno de Veracruz que informe con todo detalle a la ciudadanía de esa entidad federativa, sobre el cumplimiento de las sentencias del Poder Judicial de la Federación que le obligan a pagar las participaciones federales del ejercicio 2016, pendientes de cubrir a diversos municipios de ese estado.
Segundo. Para el efecto de dar seguimiento a la materia de este punto de acuerdo, se solicita a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal de esta Cámara que establezca un grupo de trabajo, en términos del artículo 153 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica)
La suscrita, diputada María Elizabeth Díaz García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Tomando en cuenta que el estado de Zacatecas es una de las 17 entidades Federativas que cuenta con Alerta de Violencia de Género contra la Mujeres y que la estadística en los feminicidios en niñas menores de edad ha aumentado 60 por ciento en los últimos tres años, es de suma relevancia volver hacer el urgente llamado a las autoridades ante esta grave situación de emergencia, de acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos años los feminicidios en México han aumentado 150 por ciento, no se puede seguir en la opacidad ante lamentables hechos como lo es el feminicidio de LISA MARÍA, una niña de 5 años que murió por que sus derechos de niña no fueron tutelados por las autoridades responsables y convirtiéndose en una asesinada más de las 9 mujeres a las que la cultura del machismo y la violencia les arrancan la vida a diario.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio apunta que la mayoría de las mujeres en México han sido asesinadas de manera brutal, encontrando sus cuerpos en espacios públicos, evidenciando el nivel de inseguridad que vivimos las mujeres en todas las áreas, así como la falta de voluntad de las autoridades e instituciones facultadas para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, promoviendo con ello la impunidad de los agresores y la revictimización de quienes deben de transitar por los opacos túneles del proceso judicial, fomentando la violencia institucional en contra de aquellos que sólo buscan justicia.
Asimismo el Secretariado de Seguridad Pública Nacional documentó que de 2015 a 2017 fueron reportados 8,190 casos de mujeres asesinadas en todo el país, de las cuales sólo 1,640 fueron investigados como feminicidios, es decir a penas el 20 por ciento fue atendido con los protocolos reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Organización de las Naciones Unidas y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, dejando ver la poca voluntad de las Autoridades por darle una resolución adecuada a la situación de violencia feminicida que estamos viviendo en México.
Ante la alarmante situación de violencia contra las mujeres en nuestro país, la Organización de las Naciones Unidas y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres han emitido en su más reciente reporte de julio de 2018, que México requiere adoptar medidas URGENTES para prevenir, investigar y juzgar las muertes violentas y desapariciones de mujeres; asimismo, la CEDAW pide al Gobierno de México considerar como una cuestión prioritaria la violencia de género para que se investigue, enjuicie y sancione como corresponde a los responsables, incluidos los Agentes Estatales y no estatales que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia.
Por otra parte, es menester mencionar que el estado de Zacatecas cuenta con un amplio historial de violencias y omisiones contra las mujeres; esto a pesar de contar con Alerta de Género en todos sus municipios, así como con un Centro de Justicia para las Mujeres, sin embargo, dichos mecanismos e instituciones no se han tenido la capacidad para afrontar la problemática de la violencia feminicida, es por ello que se considera de manera urgente la evaluación y el seguimiento en materia de responsabilidades administrativas por omisiones con respecto al acceso a la justicia y el Estado de Derecho de las mujeres.
Por las consideraciones antes expuestas, sometemos los siguientes resolutivos al pleno de ésta honorable Cámara de Diputadas y Diputados:
Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Zacatecas, ciudadano Alejandro Tello Cristerna y al ciudadano presidente municipal de Sombrerete, ciudadano Manuel Alan Murillo Murillo, a que garanticen los derechos de las niñas y los niños de su entidad federativa, así como el respeto y protección irrestricto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tal como se enuncia en el artículo 2 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, asimismo se les solicita que ejerzan sus facultades como Poder Ejecutivo para tomar las medidas jurídicas y administrativas necesarias para garantizar la no repetición del hecho y el acceso a la justicia para evitar que este caso quede en la impunidad.
Segundo. Se exhorta a la titular del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Sombrerete, Zacatecas y a la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razones de Género del Estado de Zacatecas a que sigan los criterios de investigación emitidos por la suprema corte de justicia de la nación en materia de feminicidios, para garantizar la correcta aplicación de la perspectiva de género, así como la ponderación del principio de interés superior del menor, a fin de garantizar la no repetición del hecho y el acceso a la justicia para evitar que este caso quede en la impunidad.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que, en sus facultades de órgano observador de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y protector de los derechos humanos en México, tome las medidas necesarias para darle seguimiento y atención al caso que se expone en el apartado de consideraciones con respecto al derecho humano al debido proceso, así como los derechos de las niñas y los niños reconocidos por el Estado mexicano.
Diputada María Elizabeth Díaz García (rúbrica)
La que suscribe, Lizbeth Mata Lozano , diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 2, fracciones II y III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República para que instruya a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y a los delegados estatales, a fin de que se abstengan de intervenir y participar en actividades o funciones relacionadas con la seguridad pública y la seguridad nacional , con base en la siguiente:
Está por demás demostrado que la seguridad pública representa un tema vital para la vida política y social en nuestro país. Hoy en día es indispensable que la concurrencia entre la Federación, los estados y los municipios en este asunto, sea más clara y precisa, tanto a nivel constitucional como de legislación secundaria. Pero es indispensable que se les respete la soberanía en el tema a cada una de las entidades federativas del país, como lo mandata el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De este modo, el gobierno de la República decidió crear la secretaría de Estado que atienda el ramo de la Seguridad y la Protección Ciudadana, al mismo tiempo se crea una nueva figura administrativa que no había existido antes, llamada Coordinación General de Programas para el Desarrollo, la cual estará bajo el mando directo del presidente de la República; esta nueva figura tendrá a su cargo las delegaciones de programas para el desarrollo, también una nueva figura, y quienes sean sus titulares estarán distribuidos en toda la república, ya que estarán como delegados federales en las entidades federativas.
Sin embargo, al revisar los planteamientos legislativos presentados por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hemos advertido errores y deficiencias en el diseño institucional de las nuevas figuras que se proponen, que podrían representar un riesgo para la aplicación de las políticas públicas en materia de seguridad pública y seguridad nacional, incluso podría atentar contra el artículo 40 constitucional.
Derivado de las inquietudes que generó la reciente creación de la Coordinación y de los delegados antes mencionados, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) planteó al presidente Andrés Manuel López Obrador que la figura de los llamados “superdelegados” no intervenga en temas de seguridad. Manifestaron los gobernadores, entre ellos Javier Corral, que en el tema de la seguridad y el mecanismo de coordinación, hay un consenso unánime de que esa figura no debe intervenir en asuntos de seguridad. Los gobernadores le dejaron claro al presidente de la República, que no están de acuerdo en que los delegados tengan funciones en materia de seguridad.
En consecuencia, el presidente de la República manifestó a los gobernadores que los delegados federales no decidirán en temas de seguridad pública locales, ya que la responsabilidad de la seguridad de los estados es del gobernador. Manifestando, además, que en caso de que se formalizara la Guardia Nacional, habrá un ejercicio de coordinación con quien sea el responsable únicamente.
Sin embargo, las declaraciones hechas por el presidente de la República no garantizan que se cumpla, es de ese modo, que se debe fortalecer la petición e insistir en que los responsables de la coordinación y de las delegaciones, no intervendrán en materia de seguridad pública, ni en seguridad nacional.
Gran parte de la preocupación se deriva de las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Federal, en la cual quedaron establecidas las nuevas figuras ya mencionadas, en el artículo 17 Ter, que a la letra dice: “El Poder Ejecutivo federal contará en las entidades federativas con las delegaciones de programas para el desarrollo que tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población, de conformidad con los lineamientos que emitan la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo...”.
El mencionado artículo no encomienda atribuciones en materia de seguridad, pero al no especificar funciones específicas y dejarlo a programas y lineamientos, queda muy abierto a lo que se emita con posterioridad, quedando a discrecionalidad del Ejecutivo, incluso del coordinador de Programas para el Desarrollo, las funciones y atribuciones que correspondan a delegados correspondientes, siendo un riesgo la garantía soberana de las entidades federativas.
De este modo, me sumo a las peticiones que han realizado los gobernadores de las entidades federativas, para que el presidente de la República instruya a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y a los delegados estatales de programas para el desarrollo, a fin de que se abstengan de intervenir y participar en actividades o funciones relacionadas con la seguridad pública y la seguridad nacional.
En Acción Nacional nos caracterizamos por ser una oposición responsable, y es así que nos manifestamos en beneficio de la soberanía y de mantener el Estado federal que desde hace mucho tiempo caracteriza a nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que instruya a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y a los delegados estatales de programas para el desarrollo, a fin de que se abstengan de intervenir y participar en actividades o funciones relacionadas con la seguridad pública y la seguridad nacional.
Diputada Lizbeth Mata Lozano (rúbrica)
El que suscribe, Héctor Yunes Landa, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía (SE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex), para que informe al público todo lo relacionado con los contratos asignados para el transporte de combustibles por vía terrestre, las empresas beneficiadas, así como los costos que se derivarán de esta nueva modalidad de transporte y la forma en que se pagarán, y el impacto final del costo de producción de la gasolina. De igual manera, se solicita al gobierno de la República que informe al público acerca de las condiciones en que fueron compradas las 671 pipas, de manera que se pueda constatar que fueron adquiridas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a la demás legislación aplicable. Por último, se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que modifique los ordinales cuarto y sexto , ambos del acuerdo por el que se establece la modalidad en el servicio de autotransporte federal de carga de hidrocarburos aplicable para la empresa productiva del estado denominada Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias o filiales, de tal forma que se prohíba el uso de llantas unitarias de base ancha y de tractocamiones articulados con configuración tractocamión-semirremolque tipo autotanque, en el transporte de hidrocarburos, al tenor de la siguiente
El robo de combustible se ha convertido en uno de los delitos que más han afectado a la economía y la sociedad mexicana, de hecho, se calcula que es la segunda actividad ilícita más lucrativa para el crimen organizado, sólo después del narcotráfico. De acuerdo con el Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia (Casede), en sus periodos de mayor éxito, puede ser hasta más redituable que las drogas.1
En este escenario, no cabe duda de que el combate al “huachicol”, como también se le conoce a este delito, debe ser una prioridad, sin embargo, la estrategia no debe afectar el bienestar de la población ni poner en riesgo la estabilidad y las actividades económicas de nuestro país.
Pese a ello, el plan para combatir el robo de combustible, presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre pasado, ya ha demostrado sus limitaciones. La estrategia de cerrar las válvulas de diversos ductos de Pemex y abastecer a las gasolineras a través de transporte de carga terrestre (pipas), ocasionó una fuerte crisis de desabasto de combustible en más de diez entidades del país, algunas de éstas aún sin poder remediarlo.
Entre los estados que fueron más afectados por el desabasto de combustible se encuentran la Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Tamaulipas y el estado de México.
La escasez de combustible afectó la vida diaria de miles de mexicanos que utilizan sus vehículos para trasladarse a sus lugares de trabajo, escuelas, hospitales y otros destinos. También ha afectado a los trabajadores del transporte, quienes tuvieron que esperar durante varias horas en las estaciones de servicio para comprar gasolina.
Los representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) reportaron afectaciones a la industria y el sector empresarial por el desabasto de combustible. En el estado de Guanajuato, por ejemplo, líderes empresariales manifestaron que 90 por ciento de las empresas de la entidad se vieron afectadas por esta situación.2
De volverse una constante esta situación, se puede poner en riesgo a la planta productiva del país, el abasto de diversos productos, el sector de exportaciones, el comercio interno, la estabilidad macroeconómica e, incluso, la seguridad alimentaria del país.
Aunado a las afectaciones y riesgos causados por el desabasto de combustibles, es preciso mencionar que en esta nueva estrategia, el gobierno federal ha actuado con opacidad en temas de gran relevancia, entre estos, lo concerniente a la nueva modalidad de transporte para el abastecimiento de las gasolineras.
De acuerdo con información oficial de Pemex, la empresa cuenta con 17 mil kilómetros de ductos y 74 terminales de almacenamiento y despacho, sin embargo, solamente cuenta con 520 carros tanque y mil 485 pipas para el reparto de combustibles vía terrestre.3
Basta señalar que, según el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González, sólo en Guadalajara se necesitan 400 pipas diarias para la distribución de combustibles, pero Pemex sólo cuenta con 68 unidades para abastecer a 500 estaciones de servicio en todo el estado de Jalisco.4
Por su parte, el especialista del sector petrolero de Grupo Caravia y Asociados, Ramsés Pech, señaló que, con la capacidad de transporte terrestre de Pemex, se estaría cubriendo apenas 12 por ciento de los petrolíferos trasladados.
Los contrastes y las estadísticas de distribución por cada entidad, muestran que la capacidad en medios de transporte de Pemex es insuficiente para cubrir las necesidades de distribución de combustibles, lo que hace evidente la necesidad de contratar empresas privadas para garantizar el abastecimiento.
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, señaló que para esta crisis el gobierno federal renta unas 3 mil 400 pipas a empresas privadas para coadyuvar en el transporte y abasto de combustibles,5 sin embargo, no ha comentado qué empresas son las beneficiadas, así como bajo qué términos han sido contratadas.
Pemex y el gobierno federal tienen la obligación de dar a conocer cuáles son las empresas que resultarán beneficiadas de la nueva estrategia para el combate contra el robo de combustibles.
Es preocupante la forma cómo se toman las decisiones y se difunden las estrategias, sobre todo, por las consecuencias que tienen en el sector productivo. La imprecisión y los vacíos de información que se dieron respecto al desabasto provocaron una gran incertidumbre entre la población.
Es importante destacar que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) señala que la distribución de combustible a través de pipas es 14 veces más caro que por medio de los ductos ya existentes.6
Lo que lleva a preguntarse, ¿A cuánto ascenderá el costo total de la nueva estrategia de combate al robo de combustible? Comenzando por los costos de traslado, el resguardo de los ductos, la vigilancia de las pipas durante su trayecto y los contratos a empresas privadas para el transporte de los combustibles.
Debido al incremento del costo de transporte y el arrendamiento de pipas ¿quién asumirá todos esos costos?
Asimismo, en enero del presente año, integrantes del gabinete federal viajaron a los Estados Unidos de América (EUA) para comprar 671 pipas, por un monto de 92 millones dólares, para la distribución de combustible. Con ello, supuestamente, se incrementará la capacidad en 200 mil barriles y así resolver el problema de desabasto.
El aumento de la circulación de este tipo de transporte representa un riesgo latente para los cientos de miles de automovilistas que a diario transitan por nuestras carreteras y autopistas nacionales.
En México hay 161 mil 365 kilómetros de carreteras, de los cuales 151 mil 601 kilómetros corresponden a carreteras libres de pago y 9 mil 764 kilómetros de cuota.
Los datos más recientes, contenidos en el Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales y elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Mexicano del Transporte, arrojan que los vehículos de carga causaron 3 mil 383 siniestros, tan solo en 2017.7
Desde 2014, como senador de la República, alcé la voz para solicitar la regulación de estas unidades dado el número de vidas que han cobrado, razón por la cual presenté un punto de acuerdo solicitando robustecer la reglamentación correspondiente a los transportes de carga contenida en la Norma Oficial Mexicana 012-SCT-2-2008, misma que fue actualizada en 2016 de forma satisfactoria y entrando en vigor el 24 de febrero de 2016.
El 30 de enero del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establece la modalidad en el servicio de autotransporte federal de carga de hidrocarburos aplicable para la empresa productiva del Estado denominada Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias o filiales, en su ordinal cuarto permite el uso de tractocamiones articulados con configuración tractocamión-semirremolque tipo autotanque.
Sin embargo, permitir que las pipas de Pemex circulen cargadas de combustible, no sólo resulta violatorio, sino que representa un enorme riesgo para los cientos de miles de personas que a diario circulan por nuestras carreteras nacionales.
La norma debe aplicarse sin distingos, sea Pemex o quien sea. Nada ni nadie por encima de las leyes ni de las regulaciones.
Si lo permitimos seremos corresponsables de que cientos de Tlahuelilpan se repitan en nuestras vías de comunicación por una mala decisión burocrática, por un grave error en una compra del gobierno al momento de adquirir las pipas.
Asimismo, el pasado 1 de febrero, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación al acuerdo por el que se establece la modalidad en el servicio de autotransporte federal de carga de hidrocarburos aplicable para la empresa productiva del Estado denominada Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias o filiales.
En este cambio, se modifica el ordinal sexto , el cual dispone que el autotransporte federal de carga de hidrocarburos que sean autorizados por Petróleos Mexicanos, sus subsidiarias y filiales deberán ajustarse a lo siguiente:
“I. Tener una capacidad máxima de 43 mil litros y contar con llantas unitarias de base ancha, siempre y cuando su capacidad de carga sea de al menos 4.5 toneladas por llanta, es decir, 9.0 toneladas por eje, o8
“II. Tener una capacidad de 42 mil litros y contar con llantas unitarias de base ancha, siempre y cuando su capacidad de carga sea de al menos 4.4 toneladas por llanta, es decir, 8.8 toneladas por eje, o”9
“III. Tener una capacidad de 41 mil litros y contar con llantas unitarias de base ancha, siempre y cuando su capacidad de carga sea de cuando menos 4.3 toneladas por llanta, es decir, 8.6 toneladas por eje.”10
Con lo anterior, se viola lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana de Pesos y Dimensiones (NOM 012) vigente, ya que ésta permite el uso de llantas súper sencillas o base ancha, exceptuando al transporte de materiales y residuos peligrosos. Es necesario que la normatividad sea clara y homogénea para este tipo de actividades tan peligrosas para la ciudadanía.
Por lo antes expuesto, exigimos que el problema del desabasto de gasolina, no se convierta en una constante. No podemos permitir que una situación así se normalice y se repita a lo largo del año. Lo que está en juego es el desarrollo y la economía nacional, así como el bienestar de todos los mexicanos.
Así también exigimos que se transparenten los contratos que se están asignando para el transporte y abastecimiento de combustibles, los beneficiarios, así como el costo total de esta nueva estrategia.
De igual manera, le solicitamos al gobierno de la República que informe al público acerca de las condiciones en que fueron compradas las 671 pipas, de manera que se pueda constatar que fueron adquiridas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a la demás legislación aplicable.
Por último, solicitamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que modifique los ordinales cuarto y sexto , ambos del acuerdo por el que se establece la modalidad en el servicio de autotransporte federal de carga de hidrocarburos, aplicable para la empresa productiva del Estado denominada Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias o filiales, de tal forma que se prohíba el uso de llantas unitarias de base ancha y de tractocamiones articulados con configuración tractocamión-semirremolque tipo autotanque, en el transporte de hidrocarburos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos, para que informe al público todo lo relacionado con los contratos asignados para el transporte de combustibles por vía terrestre, las empresas beneficiadas, así como los costos que se derivarán de esta nueva modalidad de transporte y la forma en que se pagarán, y los protocolos de seguridad para no poner en riesgo a los mexicanos que circulan por las carreteras del país.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos, para que informe al público acerca las características técnicas, así como la información relacionada con las condiciones en que fueron compradas las 671 pipas, de manera que se pueda constatar que fueron adquiridas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a la demás legislación aplicable.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que modifique los ordinales cuarto y sexto , ambos del acuerdo por el que se establece la modalidad en el servicio de autotransporte federal de carga de hidrocarburos, aplicable para la empresa productiva del Estado denominada Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias o filiales, de tal forma que se prohíba el uso de llantas unitarias de base ancha y de tractocamiones articulados con configuración tractocamión-semirremolque tipo autotanque, en el transporte de hidrocarburos.
1 https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article1487 73499.html
2 https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFB_enMX815MX815&ei=z9Y3XNqGPMq1tgXTy6DAAQ&q=
90%25+de+las+empresas+en+guanajuato+afectadas&oq=90%25+de+las+empresas+en+guanajuato+afectadas&
gs_l=psy-ab.3...1894019.1901439..1901677...0.0..0.153.4123.28j15....2..0....1..gws-wiz.......
0i71j0i131j0j0i20i263j0i203j38j0i22i30j0i22i10i30j33i22i29i30j33i21j33i160.BDT5bABtW7k
3 http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/Paginas/Default2.aspx#.X Df1dVVKiM-
4 https://www.dineroenimagen.com/economia/sale-mas-caro-transportar-el-co mbustible-en-pipas-que-por-ductos/105988
5 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/desabasto-durara-lo-que-sea-nec esario-nahle
6 https://www.dineroenimagen.com/economia/sale-mas-caro-transportar-el-co mbustible-en-pipas-que-por-ductos/105988
7https://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/ dt74.pdf
8 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549448&fecha=01/02/ 2019
9 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549448&fecha=01/02/ 2019
10https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549448 &fecha=01/02/2019
Diputado Héctor Yunes Landa (rúbrica)
La que suscribe, Ana Priscila González García, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
El pasado 6 de junio, el expresidente Enrique Peña Nieto, en un acto unilateral, firmó 10 decretos, por el que se eliminan las vedas de 300 cuencas hidrológicas, que equivalen al 55 por ciento de lagos y ríos del país. En síntesis, los decretos disponen eliminar las vedas de explotación en las cuencas hídricas, lo que significa, que ya no habrá impedimentos para la extracción del agua. En lugar de la prohibición total de su aprovechamiento, se establecen “zonas de reserva de aguas para los usos doméstico, urbano industrial y para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas”.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto decidió cambiar el régimen de prohibición y restricción de uso absoluto de las aguas nacionales, por un régimen jurídico de reservas, en donde el gobierno decide a quién otorgarle permiso para la explotación de los recursos hídricos. Las cuencas hidrológicas que se ven afectadas por estos decretos son las siguientes: Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Pánuco, Costa Chica de Guerrero y Costa Grande de Oaxaca, San Fernando Soto la Marina; Santiago, Actopan-Antigua Costa de Jalisco y Ameca.
Lo cierto es que, con la entrada en vigor de los 10 decretos, la Conagua tiene la facultad de garantizar los volúmenes de agua que exigen las empresas mineras, petroleras y a las grandes industrias, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, de los núcleos agrarios, las comunidades rurales y los habitantes de las ciudades.
Es importante señalar que tres meses después de la firma de los decretos, se promulgó el acuerdo por el que se crea la plataforma Conagua digital, que permite que los usuarios de aguas nacionales puedan presentar de una manera sencilla sus solicitudes y da certeza sobre el estatus de su trámite, pues podrán darle seguimiento electrónicamente.
En la práctica, Conagua digital otorgará las concesiones del agua hasta por 30 años, en un “click”, sin los filtros y controles que actualmente existen. Es preocupante la discrecionalidad con que se darán automáticamente las concesiones. Esta plataforma además de poco transparente, es excluyente. Los grupos vulnerados como los campesinos y pueblos originarios, no tienen internet o se les dificulta el acceso.
El agua es un bien nacional, no una mercancía, la sociedad civil ha mostrado un rotundo rechazo al cambio de régimen de veda por el de reserva y por supuesto; por la implementación de la plataforma Conagua digital.
Los partidos políticos también adoptaron una postura clara: el coordinador del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, exigió suspender la entrada en vigor porque acelera el proceso de privatización y busca trasladar beneficios públicos a particulares, por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, el pasado 15 de octubre entregó una solicitud al en ese entonces, secretario de Gobernación, dirigida al expresidente para que revoque los decretos antes mencionados.
La postura de Movimiento Ciudadano es contundente: sí a la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos hídricos y no a la privatización del agua.
Por último, el 16 de octubre del año pasado, la Junta de Coordinación Política sometió a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que fue aprobado por unanimidad y que desafortunadamente, las autoridades competentes no han remitido contestación. A continuación, cito los resolutivos:
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal la revocación de los decretos y acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación en los meses de junio y octubre del año en curso, los cuales, otorgan concesiones para la extracción de agua.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Nacional del Agua que haga público el estado que guarda la dependencia a su cargo y explique a la ciudadanía bajo el principio de transparencia y máxima publicidad el estado de las cuencas nacionales y el acceso humano al agua durante la presente gestión y en particular sobre los alcances de los decretos y acuerdos citados en el numeral anterior.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional del Agua que informe a esta soberanía las acciones emprendidas derivadas de los decretos de reserva de agua, publicados en el Diario Oficial de la Federación durante el periodo de gobierno 2013-2018, a través de las obras, servicios, contratos, concesiones, arrendamientos, y adquisiciones, que se hayan celebrado.
No obstante, ante la presión ejercida por la sociedad civil, el expresidente Enrique Peña anunció que se retrasaría la entrada en vigor de la plataforma Conagua digital, argumentando que el nuevo sistema requiere de manera obligatoria contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que algunos de los usuarios de aguas nacionales no cuentan con ella, por lo que se emitió un acuerdo para postergar el inicio de operaciones del sistema por seis meses, venciendo el plazo en abril de 2019.
A pesar de la postura de Morena, y pasado dos meses de funciones del nuevo gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco ha revocado los decretos, y la titular de Conagua no ha suspendido el programa de Conagua digital.
Es urgente tomar cartas en el asunto y parar de una vez, el inicio de la privatización de los recursos hídricos en México. La permisibilidad para la sobreexplotación de los recursos hídricos, no es la solución para garantizar a todos los mexicanos el acceso al agua.
Si las industrias, para continuar con sus operaciones, necesitan certeza jurídica en el abastecimiento del agua, entonces, lo correcto es que limpien las aguas que usan. La transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos hídricos, debe ser el eje de todos los trámites y actos jurídicos del gobierno.
Atendiendo a que el acceso al agua es un derecho humano consagrado en el artículo 4o. constitucional, y, por lo tanto, no se concesiona ni se condiciona.
Con la finalidad de cesar los efectos jurídicos de los decretos que eliminan las vedas en 10 cuencas hídricas del país, y que convierte las aguas nacionales en mercancía para el mayor postor, someto a consideración los siguientes
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al presidente constitucional de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, revocar los decretos de fecha 6 de junio de 2018, por los que se pretenden privatizar el agua, al cambiar el régimen de prohibición por el de reserva, para concesionar el aprovechamiento del agua de las cuencas hídricas.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la titular de la Comisión Nacional del Agua, doctora Blanca Jiménez Cisneros, suspender el programa Conagua digital y hacer público el estado que guarda la dependencia a su cargo y explique a la ciudadanía bajo el principio de transparencia y máxima publicidad, el estado de las cuencas hídricas.
Quien suscribe; diputado Emmanuel Reyes Carmona, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con base en las siguientes
De acuerdo con el Plan Nacional de Paz y Seguridad, presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que exponen de manera puntual los paradigmas en materia de seguridad pública que se han aplicado en los sexenios anteriores, y que no han obtenido los resultados esperados; es necesario dar paso a una serie de mecanismos que permitan restablecer la paz y seguridad nacional.
Sabemos que la violencia, la inseguridad, la impunidad y la violación grave a los derechos humanos que padece el país es el síntoma de una crisis profunda, por ello, es necesario tomar las medidas que permitan colaborar con la estrategia que ha propuesto esta administración pública federal y así restablecer el estado de derecho.
Una de las primeras acciones que se presentan en el Plan Nacional de Paz y Seguridad es erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia .
La corrupción en México se ha hecho un habitual en la alfombra roja de los rankings de corrupción a nivel mundial. Es nuestro deber trabajar de manera conjunta para dar soluciones eficaces.
Pues recientemente, en el informe presentado por Transparencia Internacional 2018, México cayó tres lugares, ubicándose en el lugar 138 de 180 países.
Los 28 puntos en los que México obtuvo en la escala de 0 a 100 del IPC 2018 de Transparencia Internacional, lo colocan en el último lugar entre los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), quedando por debajo de países como Grecia o Hungría, que en años recientes enfrentaron problemas severos de gobernabilidad y viabilidad económica.
Lo cual deja a México apenas por encima de Guatemala y Nicaragua, países que enfrentan severas crisis de gobernabilidad democrática.
Para reducir la corrupción es una condición clave construir una sociedad justa y equitativa, y combatirla eficazmente permite fortalecer las iniciativas de desarrollo, la promoción de derechos humanos y libertades.
La participación de los ciudadanos en el combate a la corrupción da empuje a la gobernanza, entendida ésta como la gestión de los asuntos públicos fundada sobre la participación de la sociedad civil a todos sus niveles nacional, local, regional e internacional.
Por ello, no debemos dejar de lado el papel preponderante que juegan los municipios en esta lucha en el combate a la corrupción. Pues los ayuntamientos son el órgano de gobierno más cercano al ciudadano y cuyos resultados, buenos o malos, se resienten de forma directa en el día a día.
Es sabido por los ciudadanos que las administraciones municipales tienen un problema en común: la corrupción, en especial en los rubros de obras públicas, pago del predial, introducción o regularización de servicios (pavimentación, alumbrado, parques y jardines) permisos y licencias, contratación de personal, entre otros.
Derivado de lo anterior es necesario armonizar tanto en el marco normativo de los municipios como en la práctica el Sistema Municipal Anticorrupción.
De acuerdo con el marco jurídico internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, establece que los distintos órganos de gobierno incluidos los municipios deberán: 1. Implementar políticas y buenas prácticas anticorrupción (artículo 5); 2. Adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos y de funcionarios (artículo 7); 3. Implementar programas de formación y capacitación que apunten a un desempeño correcto, honorable y debido de la función pública (artículo 7); 4. Adoptar sistemas de contratación pública y de gestión del presupuesto transparentes y basados en criterios objetivos (artículo 9); 5. Adoptar “códigos de conducta para funcionarios públicos” con el objeto de combatir la corrupción promoviendo “la integridad, la honestidad y la responsabilidad” de los mismos (artículo 8).
Por otra parte, en nuestro derecho interno, en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece de manera puntual la existencia de sistemas estatales anticorrupción. En su capítulo V “De los Sistemas Locales”, el artículo 36 señala que las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento de los sistemas locales atendiendo a las siguientes bases: I. Contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta ley otorga al Sistema Nacional; II. Tener acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus funciones; III. Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta de los sujetos públicos a quienes se dirija; IV. Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las recomendaciones, informes y políticas que emitan; V. Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones. Para este efecto deberán seguir las metodologías que emita el Sistema Nacional; VI. La presidencia de la instancia de coordinación del sistema local deberá corresponder al Consejo de Participación Ciudadana, y VII. Los integrantes de los consejos de participación ciudadana de las entidades federativas deberán reunir como mínimo los requisitos previstos en esta ley y ser designados mediante un procedimiento análogo al previsto para el Consejo de Participación Ciudadana.
Lamentablemente todavía ningún municipio en México cumple con lo anterior. Y esto, representa no sólo un incumplimiento con obligaciones internacionales sino, más graves aún, con el ciudadano.
El combate a la corrupción que han hecho los municipios ha sido absolutamente ineficiente. Las contralorías carecen de atribuciones fundamentales y de independencia, no existen comités de ética adecuados, la gente no confía en los canales de denuncia.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las y los presidentes municipales de la República Mexicana para que instalen el Sistema Municipal Anticorrupción, y así dar cabal cumplimiento a los tratados internacionales a los que México está suscrito y a nuestro derecho interno.
Quien suscribe, diputado federal Azael Santiago Chepi , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Derivado del lamentable incidente ocurrido la tarde del 18 de enero de 2019, en el ducto Tuxpan-Tula, a la altura del municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, en el que perdieron la vida más de 120 personas, consecuencia de la explosión de una toma clandestina; el gobierno de la República anunció, el 22 de enero, el Plan de Desarrollo para el Bienestar, con el que se atenderán a 91 municipios por donde pasan los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).1
El robo de hidrocarburos ascendió a más de 66 mil millones de pesos en 2018.2 Entre el robo realizado por funcionarios de Pemex y la ordeña de ductos, la afectación al erario público representa 10 veces el presupuesto que recibirá este año la Cámara de Diputados; un monto igual al que ejercerá la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural o el que cubrirá todas las necesidades en este año en lo relativo a las comunicaciones y el trasporte. De ese tamaño es el robo de hidrocarburos en nuestro país.
Derivado de lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 3 mil 857 millones de pesos para otorgar apoyos específicos a los pobladores de las 91 comunidades que se encuentran en las nueve entidades por las que corren los ductos de Pemex (Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, estado de México, Querétaro, Puebla, Veracruz y Ciudad de México). Dicha inversión se descarga en los siguientes programas:
-Apoyo a 766 mil 927 adultos mayores. Destinando 2 mil millones de pesos y otorgando una pensión de 2 mil 550 pesos bimestrales.
-Se apoyará a personas con alguna discapacidad. Se destinarán cerca de 149 millones de pesos.
-La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural otorgará un pago anticipado a pequeños y medianos productores agrícolas empezando los apoyos por los pequeños productores quienes recibirán mil 600 pesos por hectárea y hasta cinco hectáreas.
Los medianos productores, aquéllos que tengan más de cinco hectáreas y hasta 20, recibirán mil pesos por hectárea. Este programa se ejecutará en 32 entidades federativas.
-Sobre las “Tandas para el Bienestar”, se encargará de reforzar las acciones y está dirigido en siete estados a personas que ya cuentan con un negocio. Se apoyará a 21 mil 712 y la inversión será de 130 millones 271 mil pesos. Las personas beneficiadas recibirán un apoyo de 6 mil pesos donde se tendrán que pagar abonos de 500 pesos al mes. La entrega de la tanda está programada que comience para la segunda quincena de febrero.
-La Secretaría del Trabajo y Previsión Social apoyará al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que dará atención a la juventud que no han tenido oportunidades de estudiar ni trabajar, será de 53 mil 333 jóvenes, que se van a vincular a una red de tutores para que reciban los apoyos y recibirán cada uno una beca de 3 mil 600 pesos.
-En lo relativo a la educación de los pobladores de las nueve entidades citadas anteriormente, el Sistema Nacional de Becas “Benito Juárez”, destinará 1,048,504,800 pesos, que se dividirá en Educación Superior, Media Superior y Básica, con lo que se proyecta apoyar a más de 630 mil personas.
Quiero hacer énfasis en los dos últimos puntos del “Plan de Bienestar” anunciado por el Ejecutivo federal, las y los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena estimamos necesario que de forma complementaria se ponga en marcha un programa integral de mejora de la infraestructura física educativa en los 91 poblados por donde cruzan los ductos de Pemex. Esto, con el único propósito de que se atiendan las necesidades de todas y todos los jóvenes que recibirán una beca.
Nuestra propuesta se apega al espíritu del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual señala que la educación es un derecho fundamental que permite el desarrollo de las personas y contribuye en el desarrollo general de la sociedad. Bajo esta premisa solicitamos el apoyo de todas las fuerzas políticas para avanzar en la ruta correcta y abatir problemáticas sociales trascendentales, como lo es el robo de hidrocarburos.
Por otra parte, no perdamos de vista que la opinión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), junto con los resultados del Programa para la Evaluación de Estudiantes (PISA), revelan que los alumnos con menos recursos económicos se encuentran por debajo de los de mayores recursos en temas de calificaciones.3 Por lo que para el Grupo Parlamentario de Morena garantizar la calidad educativa en estas 91 comunidades, es una prioridad.
El objetivo que buscamos con esta proposición es que las autoridades responsables de la infraestructura de los planteles educativos prioricen, en las siguientes semanas, la atención de todas las escuelas de los nueve estados citados, con el fin de dotarlos de todo lo necesario, para contar con instalaciones en óptimas condiciones para extraer lo mejor de nuestros estudiantes.
La preocupación que manifestamos en esta intervención está sustentada en estudios de diferentes instancias en donde se señala la correlación de los altos índices de marginación, pobreza y analfabetismos, con el problema del robo de combustibles, aunado a un contexto socioeconómico desfavorable, como lo estableció la Recomendación número 12VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.4 Además, estos estados carecen de infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades académicas y las estadísticas son contundentes en ese sentido:
a) El analfabetismo aún afecta de forma focalizada a las poblaciones vulnerables (de bajos ingresos, en pobreza, en localidades rurales) y esta condición sigue afectando a cientos de miles de personas en los estados de México, Puebla, Michoacán, Guanajuato y Jalisco.
Es importante resaltar que impulsar mejoras en la educación implica asegurar que los medios, los procesos y contenidos de escuelas, tengan los requerimientos y propiedades aceptables y relevantes, para lograr el mejor desempeño y el desarrollo de las potencialidades.
Por otra parte, un pendiente que sigue vigente en México es la correcta distribución de los recursos escolares, ya que se ha demostrado que éstos no guardan un principio de equidad. Aquellas escuelas a las que asisten alumnos de contextos socioeconómicos menos favorecidos como las indígenas, las comunitarias, las telesecundarias y los telebachilleratos cuentan con menos Infraestructura Física Educativa (INFE) o ésta es de menor calidad:5
1) En 4 de cada 10 escuelas existe al menos un aula que requiere mantenimiento, ya que presentan goteras, filtraciones de agua, cuarteaduras o vidrios rotos.
2) 1 de cada 10 preescolares y primarias no dispone de un sanitario; esta situación es más grave en los planteles rurales donde 1 de cada 4 carece de este servicio.
3) 3 de cada 10 primarias y secundarias públicas carecen de canchas deportivas.
4) 1 de cada 3 preescolares públicos no dispone de áreas de juegos infantiles.
5) 8 de cada 10 preescolares no cuenta con aula de cómputo y en lo que corresponde al laboratorio de ciencias, 1 de cada 4 no ofrece este servicio.
6) De acuerdo con la OCDE, en México existe un sobrecupo en las aulas de preescolar de más del 60 por ciento, lo que representa un reto mayúsculo para la presente administración cubrir las necesidades educativas de la niñez mexicana.
De acuerdo con Laorden Gutiérrez, pedagogo internacional, se trata de apostar a la infraestructura como catalizador del aprendizaje, ya que estos espacios del conocimiento se convierten en un factor didáctico, creando un ambiente estimulante para el desarrollo de todas las capacidades del alumnado.
Hoy en día, la educación debe revalorarse como el derecho fundamental que es, reconocerla como el derecho universal que tienen todas las niñas, niños, jóvenes y adultos de acceder a una educación que se ajuste al contexto y momento de cada individuo.
Dicho lo anterior y tomando en cuenta que la piedra angular de las grandes transformaciones de la humanidad se ha cimentado en la educación y reconociéndola como un instrumento insustituible del que se han valido las naciones para encauzar su progreso, el Grupo Parlamentario de Morena solicita el apoyo, para robustecer las acciones implementadas por el gobierno federal en apoyo a las familias que viven sobre los ductos de Pemex e implementar un “programa de mejoramiento de la infraestructura física educativa ”.
En nuestras manos está que las y los alumnos ocupen un lugar preponderante en el corazón del sistema educativo. No sólo como retórica sino que dibujen futuros prometedores y saldar con ello la deuda histórica que se tiene con los que menos tienen y a quienes solo se les ha dado lo necesario para subsistir.
Dicho todo lo anterior y para que las becas y el apoyo económico que recibirán las niñas, niños y jóvenes de las 91 comunidades que se encuentran en las nueve entidades federativas, tenga un mayor impacto en su calidad de vida, proponemos el siguiente proyecto como herramienta complementaria para asegurar un futuro prometedor para la niñez y juventud mexicana:
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Bienestar y de Educación Pública a impulsar de manera urgente un “programa de mejoramiento de la infraestructura física educativa”, en las comunidades por donde pasan los ductos de Petróleos Mexicanos, como medida adicional para fortalecer el Plan de Desarrollo para el Bienestar, que atienda en las necesidades de los estudiantes de los niveles educativos y se construya un verdadero impulso a su desarrollo individual y colectivo.
1 “López Obrador presenta Plan de Desarrollo para el Bienestar”, Notimex, 22 de enero de 2019. Disponible en http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/653904
2 “Presidente López Obrador presenta Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex: No habrá tolerancia para nadie”, Comunicado, Presidencia de la República, 27 de diciembre de 2018. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obrador-presenta -plan-conjunto-de-atencion-a-instalaciones-estrategicas-de-pemex-no-hab ra-tolerancia-para-nadie
3 Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA); PISA 2015 – Resultados, OCDE, México. Disponible en: https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-ESP.pdf
4 “Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, por la ejecución arbitraria de v13 y v14, el trato cruel cometido en agravio de 10 personas incluidos 2 menores de edad, la retención ilegal de 9 adultos y 4 infantes, la indebida procuración de justicia por la irregular integración de diversas indagatorias y la no preservación del lugar de los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2017, en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla”. CNDH 17 de septiembre de 2018.
5 Información del Cemabe y de las Estadísticas Continuas del Formato 911 (inicio del ciclo escolar 2013-2014)
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días de febrero de 2019.
Diputado Azael Santiago Chepi (rúbrica)
El que suscribe, diputado José Rigoberto Mares Aguilar , integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno federal para que, por conducto de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, revise la formulación y aplicación de las metodologías para el cálculo de las tarifas eléctricas con el propósito de realizar los ajustes necesarios para revertir los recientes incrementos que han afectado severamente al estado de Baja California Sur , de conformidad con las siguientes:
El incremento de las tarifas eléctricas impacta negativamente no sólo en los hogares, sino también, en el desarrollo de las actividades económicas, tal situación ha sido evidenciada por diversos sectores, que se han manifestado en contra de los incrementos de las tarifas eléctricas que se han presentado en lo que va del año, de entre 50 y 70 por ciento para las empresas pequeñas, medianas y diversas industrias, de acuerdo con comunicados del Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.
Por ejemplo, en Baja California Sur, entidad en la que se han registrado incrementos de entre 30 y 200 por ciento en las tarifas eléctricas, por los cuales hay restauranteros que llegan a pagar hasta 47 mil pesos mensuales por el servicio de energía eléctrica, lo que representa aproximadamente el 35 por ciento del gasto corriente de un restaurante en La Paz.
Al respecto, la presidenta en Baja California Sur de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Lorena Hinojosa Olivas, recalcó que el encarecimiento del servicio de electricidad es un factor que resta competitividad, debido a que el aumento del costo de los insumos, incrementa el precio de los servicios ofrecidos en los principales destinos turísticos del estado, lo que desincentiva la visita de turistas y pone en riesgo uno de los principales sectores generadores de empleo en la entidad.
Aunado a lo anterior, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Turismo y Servicios de Los Cabos, Ignacio Labandeira Villanueva, manifestó que el incremento en las tarifas eléctricas está complicando cada vez más la operatividad de los negocios que en principio optaron por cerrar por periodos de dos o tres días para hacer frente a las facturas de luz impagables, acción que no ha sido suficiente ya que el problema, lamentablemente ha derivado en recortes del personal, ante la imposibilidad por parte de los establecimientos de mantener los gastos.
En ese sentido, se requiere la intervención de las autoridades competentes a efecto de revertir las afectaciones que se están presentando en los hogares y en las actividades económicas por el encarecimiento de la energía eléctrica en Baja California Sur y en las demás entidades que se han visto afectadas por los incrementos en las tarifas eléctricas, como Guanajuato, Nayarit y Yucatán.
En nuestro país, con fundamento en lo establecido en los artículos 137 a 147 de la Ley de la Industria Eléctrica, le corresponde a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) expedir mediante disposiciones administrativas de carácter general, las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales de suministro básico.
Para lo cual, la CRE, de acuerdo con la ley citada, debe tener como objetivo, entre otros, la protección de los intereses de los usuarios finales, los cuales, hasta el momento resultan los menos beneficiados, al tener que pagar altas tarifas eléctricas, en ese sentido se considera necesario que la autoridad competente impulse las acciones que permitan la disminución de las tarifas eléctricas considerando las condiciones reales en las que se encuentran las distintas regiones del país, para que dichas tarifas sean justas y equitativas.
Por su parte, el artículo 139 del ordenamiento comentado, establece que el Ejecutivo federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales para determinados grupos de usuarios del suministro básico.
La problemática del sector eléctrico en nuestro país impacta directamente en el bienestar de los consumidores y en la competitividad de la oferta de bienes y servicios, por lo que se requiere que la administración del sistema eléctrico deje de basarse en criterios de tipo recaudatorio a efecto de que en la formulación de las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas del sector eléctrico se privilegie el beneficio a los usuarios finales.
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del gobierno federal para que, por conducto de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, revise la formulación y aplicación de las metodologías para el cálculo de las tarifas eléctricas, a efecto de que se realicen los ajustes necesarios para revertir los recientes incrementos que han generado severas afectaciones en los hogares y el desarrollo de las actividades económicas en el estado de Baja California Sur.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, a 7 de febrero de 2019.
Diputado José Rigoberto Mares Aguilar (rúbrica)
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Desde el mes de septiembre de 2018 el entonces Presidente Electo, Lic. Andrés Manuel López Obrador, informó en diferentes entidades federativas, durante su gira de agradecimiento, que un número importante de jóvenes voluntarios, llamados siervos de la nación , comenzarían a llevar a cabo un censo para conocer, hogar por hogar, en toda la República, la situación en que viven los mexicanos y empadronar gente a los programas sociales de su gobierno.1
Se ha denominado a ello “Censo de Bienestar” y es una acción que realizan jóvenes identificados con las playeras, materiales, una tabla para hacer anotaciones, y un teléfono especial donde almacenan la información y las fotografías de las personas “para escoger a los más necesitados ”.2
El mecanismo de registro de información, es un cuestionario de treinta preguntas, que recauda información para validar los padrones de personas beneficiarias de programas actuales del gobierno y para registrar posibles nuevos usuarios.
Dicho censo arrancó con al menos 20 mil voluntarios, para los cuales se ha dicho que si hubo apoyos monetarios del presupuesto de transición o bien de los apoyos de los delegados federales y hasta de gobiernos estatales interesados en dichos programas.3
Otro asunto que ha sido motivo de preocupación, es que quienes reportan el avance del Censo de bienestar al Presidente de la República, son los delegados, que al amparo de la reforma al artículo 17 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se han convertido en la famosa figura de los “superdelegados” para el manejo de recursos del presupuesto de algunos programas sociales y de la información correspondiente.4
El eje conductor del censo de bienestar es el “Sistema Integral de Desarrollo Regional” no institucionalizado, del cual no se han publicado reglas ni lineamientos o criterios legales de funcionamiento y cuya sistematización contiene datos personales, que están protegidos por diversas leyes,
Adicionalmente, los mecanismos de acreditación de voluntarios para el levantamiento de datos, genera incertidumbre en virtud de que los responsables del manejo de información, no tienen ninguna responsabilidad legal ni institucional para el manejo de datos personales como se puede apreciar en la imagen siguiente:
Ahora bien, además de las suspicacias, falta de trasparencia sobre la elaboración, coordinación, gastos y sobre todo el destino y protección de la información, tenemos al menos dos asuntos muy relevantes de carácter legislativo que hay que destacar.
I. Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 5
De acuerdo a este ordenamiento, si bien es cierto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) solamente tiene atribuciones exclusivas sobre: 1. Realizar los censos nacionales; 2. Integrar el sistema de cuentas nacionales, y 3. Elaborar los índices nacionales de precios (Índice Nacional de Precios al Consumidor, e Índice Nacional de Precios Productor); existen un conjunto de requisitos, restricciones, condiciones, y atribuciones para llevar a cabo censos o recopilaciones de información y para su resguardo.
1. La información clasificada de Interés Nacional debe ser oficial y de uso obligatorio para la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Solamente se considera Información de Interés Nacional , la que satisfaga los cuatro criterios siguientes:
• Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y dinámica demográfica; salud; educación; empleo; distribución de ingreso y pobreza; de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia; vivienda; sistema de cuentas nacionales; información financiera; precios; trabajo; ciencia y tecnología; telecomunicaciones y radiodifusión; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos peligrosos y residuos sólidos; marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, estatales y municipales; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, y nombres geográficos, o bien se trate de temas que sean aprobados por unanimidad por el Consejo Consultivo Nacional, incluyendo aquéllos que deban conocer los Subsistemas a que se refiere el último párrafo del artículo 17 de este ordenamiento;
• Resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional ;
• Sea generada en forma regular y periódica, y
• Se elabore con base en una metodología científicamente sustentada.
2. Otras áreas de los gobiernos, pueden producir y dar a conocer información pública oficial, adicional a la Información de Interés Nacional , pero en tal caso deben:
• Observar las bases, normas y principios que el Inegi, establezca y dé a conocer para producir, integrar y difundir información;
• Proporcionar al Inegi, la Información que éste le solicite.
• Colaborar en la integración del catálogo nacional de indicadores.
• Proponer en tiempo y forma al Comité Ejecutivo del Inegi, los proyectos de normas técnicas y metodologías que, en el ámbito de sus funciones, sean necesarias para la realización de las actividades, tomando en cuenta los estándares nacionales e internacionales y las mejores prácticas en la materia.
• Resguardar y conservar la información, así como los metadatos o especificaciones concretas de la aplicación de las metodologías que hubieren utilizado en la elaboración de la misma, en la forma y términos que, previo acuerdo con los coordinadores que corresponda y que señale el Inegi.
3. Los datos que proporcionen las personas físicas y morales, a quienes les sean solicitados datos estadísticos y geográficos, deben ser estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia pueden utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.
Las personas físicas y morales, a quienes les sean solicitados datos estadísticos y geográficos, deben ser enterados de :
• El carácter obligatorio o potestativo de sus respuestas, según corresponda;
• La obligación de proporcionar respuestas veraces, y de las consecuencias de la falsedad en sus respuestas a los cuestionarios que se les apliquen;
• La posibilidad del ejercicio del derecho de rectificación;
• La confidencialidad en la administración, manejo y difusión de sus datos;
• La forma en que será divulgada o suministrada la información, y
• El plazo para proporcionar los datos, el cual deberá fijarse conforme a la naturaleza y características de la información a rendir.
Estas previsiones deberán aparecer en los cuestionarios y documentos que se utilicen para recopilar datos estadísticos o geográficos .
El Inegi debe expedir las normas que aseguren la correcta difusión y el acceso del público a la información.
4. Cualquier otra área que produzca y maneje información estadística está obligada a respetar la confidencialidad y reserva de los datos que para fines estadísticos proporcionen los informantes . Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen la obligación de proporcionar la información básica que hubieren obtenido en el ejercicio de sus funciones y sirva para generar información de Interés Nacional, que les solicite el Inegi.
5. De acuerdo también a este ordenamiento, es importante conocer con certeza quiénes son y quienes capacitaron a los encuestadores o solicitantes de información, porque las personas físicas y morales extranjeras requerirán autorización del Inegi para efectuar actividades tendientes a:
• Captar fotografías aéreas con cámaras métricas o de reconocimiento y de otras imágenes por percepción remota dentro del espacio aéreo nacional, y
• Levantar información estadística y geográfica.
II. Ley de Desarrollo Social y su Reglamento 6
Al menos desde 1992, las políticas de desarrollo social y de combate a la pobreza, han ido avanzando en cuando a la metodología para censar a la población objetivo de los programas sociales, hasta lograr un sistema de información y un Padrón Único de Beneficiarios , a través de una metodología técnica, y lineamientos que se publican en el Diario Oficial de la Federación.
La Ley Desarrollo Social ha creado un Sistema Nacional de Desarrollo Social, concebido como un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los gobiernos; federal, los de las entidades federativas y los municipales, así como los sectores social y privado, que tiene, entre otros, el objeto de: integrar la participación de los sectores público, social y privado en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social.
Por su parte el Reglamento de la Ley, mandata a la Secretaría de Bienestar (antes Desarrollo Social), a integrar un Padrón de Beneficiarios de los programas de desarrollo social, que tenga en forma estructurada, actualizada y sistematizada, la información de dichos beneficiarios.
Para su integración, dicha dependencia debe considerar los elementos técnicos y de información que le proporcionen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que operen o ejecuten programas de desarrollo social.
El Padrón de Beneficiarios de acuerdo a este ordenamiento es definido como un instrumento de política social que tiene por objeto:
– Conocer las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios de los programas de desarrollo social;
– Homologar y simplificar la operación de los programas de desarrollo social;
– Hacer eficiente el otorgamiento de servicios y subsidios;
– Obtener información para el seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social;
– Garantizar el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad previstos en los programas de desarrollo social y evitar la duplicidad en la asignación de apoyos o servicios dentro de un mismo programa;
– Verificar que las personas que reciban los apoyos o servicios, correspondan con la población objetivo definida en las reglas de operación de cada programa de desarrollo social;
– Determinar la cobertura poblacional y territorial de los programas de desarrollo social para apoyar con mayor efectividad el desarrollo de los beneficiarios;
– Determinar las necesidades de atención y la aplicación de los programas de desarrollo social especificados en el Plan Nacional de Desarrollo;
– Promover la corresponsabilidad por parte de los beneficiarios;
– Transparentar la operación de los programas de desarrollo social, permitir la oportuna rendición de cuentas y prevenir abusos, discrecionalidad, desviaciones o actos de corrupción en el otorgamiento de apoyos o servicios del Gobierno Federal hacia los particulares, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y
– Aprovechar las tecnologías de la información y comunicaciones, incluida la geo-referenciación de datos múltiples
La operación del Sistema Nacional de Desarrollo Social permite que, con base en la información proporcionada por los beneficiarios y demás instancias que participen en cada programa de desarrollo social, se constituyan padrones o listados que sirven de base para el Padrón Único de Beneficiarios , en los que se registran las personas beneficiarias, los apoyos que reciben y la información sociodemográfica que se requiera para la correcta operación de los programas, las evaluaciones de impacto de los mismos y la planeación para el desarrollo social.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a cargo de los programas de desarrollo social, con cargo a sus respectivos presupuestos, deben realizar las acciones necesarias para validar la información proporcionada por los beneficiarios y demás instancias participantes en los programas de desarrollo social.
La Secretaría de Bienestar (antes Desarrollo Social) emite los lineamientos para la constitución, actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del Padrón de Beneficiarios .
El proceso de incorporación de los beneficiarios se apega a los criterios de selección de localidades y de elegibilidad de beneficiarios que se establezcan en las reglas de operación de los programas de desarrollo social, por ello, es vital que los programas de desarrollo social y los de subsidios a la población, cuenten con Reglas de Operación que se publican en el Diario Oficial de la Federación y que permiten la evaluación externa de cada programa.
La incorporación de beneficiarios se puede llevar a cabo a través de un levantamiento de información socioeconómica en las localidades o la verificación directa del cumplimiento de los criterios de elegibilidad, pero de conformidad con los mecanismos que establezcan las reglas de operación de cada programa .
El proceso de incorporación a un programa de desarrollo social concluye con el registro de las personas que cubran los criterios de elegibilidad y que de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del programa puedan ser atendidos, considerando las metas establecidas en los mismos.
Todo lo anterior debe hacerse, sin menoscabo de la responsabilidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tengan a su cargo los programas, de contar con la documentación comprobatoria sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad por parte de los beneficiarios.
Por ordenamiento, el Gobierno Federal debe informar a los beneficiarios sobre los servicios y prestaciones contenidos en los programas de desarrollo social, observando las disposiciones legales aplicables.
Es de destacarse que, tanto en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social, se establece que: cuando los beneficiarios proporcionen información socioeconómica falsa, existen consecuencias y que si ello es con el objeto de recibir indebidamente los apoyos y servicios contenidos en los programas de desarrollo social, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal proceden a suspender, la ministración de los mismos
Asimismo, ambos ordenamientos también prohíben explícitamente la utilización del Padrón Único de Beneficiarios con fines político-electorales, comerciales o de cualquier índole distinta a su objeto y fines señalados y dicho uso indebido es sancionado en términos de la Ley Federal de Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables.
Y el levantamiento de información que hace el Gobierno Federal a través de los llamados Servidores de la Nación podría enmarcarse claramente en este supuesto por el simple hecho de que su trabajo como encuestadores y registradores de datos inició ANTES de que el Gobierno Federal asumiera sus funciones, por lo que la información que captaron y registraron tuvo un uso partidista no relacionado con labor alguna de gobierno.
Todo ello consta en diversas notas informativas que desde inicios del mes de octubre de 2018 , es decir, dos meses antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia, daban cuenta de este programa de levantamiento de información:
Noticieros Televisa: Así identificarás a quienes levantarán censo para programas sociales de AMLO.
https://noticieros.televisa.com/historia/ellos-levan taran-censo-programas-sociales-amlo/
La Jornada: Realizan censo para los programas sociales que aplicará AMLO.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/06/
realizan-censo-para-los-programas-sociales-que-aplicara-lopez-obrador-7490.html
El Sol de México: Censos de programas sociales de AMLO en manos de 20 mil encuestadores.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/
censos-de-programas-sociales-de-amlo-en-manos-de-20-mil-encuestadores-2049009.html
Es importante destacar que la Secretaria de Bienestar y su Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), llevan a cabo sus censos periódicos y mediciones a través de Convenios con el Inegi, para dar cumplimiento a las metodologías, reservas y protección de datos personales, así como para cumplir con los estándares de calidad de la información y derechos de los informantes establecidos en la normatividad vigente.
Por todo ello, es que consideramos que el Censo de Bienestar, debe estar sujeto a las condiciones y requerimientos que nuestra legislación establece y rendir cuentas sobre la metodología para recabar, producir y difundir la información de los posibles beneficiarios de programas sociales, así como del uso y la protección de datos personales y de los derechos de los ciudadanos informantes.7
Por lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprueba el siguiente
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo, adscrita a la Presidencia de la República, a difundir un reporte detallado para informar respecto del Censo de Bienestar, lo siguiente:
1) Cuáles son las metodologías aplicadas para la recopilación, producción, sistematización y evaluación de la información del Censo de Bienestar y su relación con los programas sociales.
2) Si estas metodologías y la manera de recopilar, producir, usar y proteger la información, han sido aprobadas por el Inegi y la Secretaría de Bienestar, en los términos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social.
3) Quién acreditó y capacitó a los voluntarios encuestadores y si han sido remunerados por llevar a cabo su trabajo de Censo de bienestar y en su caso, a cuánto asciende el costo de sus emolumentos y el origen de dichos recursos.
1 El plan para unificar el Padrón de Beneficiarios de programas sociales, en https://adnpolitico.com/congreso/2018/12/04/el-plan-para-unificar-el-pa dron-de-beneficiarios-de-programas-sociales.
2 Arranca primer censo con miras a inclusión en programas sociales en https://quintafuerza.mx/ realizan-el-primer-censo-del-bienestar.
3 Iniciaron 20 mil voluntarios censo para ubicar a futuros beneficiarios de programas sociales: Sánchez Cordero en h
ttps://www.proceso.com.mx/553999/iniciaron-20-mil-volunt arios-censo-para-ubicar-a-futuros-beneficiarios-de-programas-sociales-s anchez-cordero.
4 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Censos-del-Bienestar-con-avanc e-a-medias-20181226-0022.html.
5 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lsnieg.htm.
6 Ley de Desarrollo Social y Reglamento de la Ley de Desarrollo Social, en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lsnieg.htm.
7 Se entiende por Informantes, lo que establece el artículo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica: las personas físicas y morales, a quienes les sean solicitados datos estadísticos y geográficos.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de febrero de 2019.
El que suscribe, Francisco Elizondo Garrido , diputado federal a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 65 y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
El pasado 24 de enero de 2019, la Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), publicó una colaboración en el periódico Reforma bajo el título “Adjudicaciones Directas. El caso de Banco Azteca”, en cuya parte final la autora señala su cargo público como “comisionada presidenta de @COFECEmx” (sic).1
El texto de la comisionada presidenta de la Cofece pretendió analizar la adjudicación directa a ese banco para el otorgamiento de las tarjetas para los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores; sin embargo, su texto resultó un ejemplo de la inobservancia de los principios constitucionales y legales de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad y transparencia a los que está obligada como integrante y titular de este importante órgano regulador.
En su colaboración periodística, la comisionada presidenta, lejos de plantear un análisis objetivo y equilibrado respecto a los procesos de adjudicación o licitación que hayan realizado el gobierno federal, sea el actual o los anteriores, para la dispersión de recursos públicos a través de las instituciones del sistema bancario nacional, planteó afirmaciones tales como que la incorporación de actores bancarios menores a un proceso de este tipo, conlleva “el riesgo de provocar una situación permanente de falta de competencia en un mercado”.
La presidenta de Cofece abrió un debate parcial, omitiendo lo esencial: el examen de los procesos de dispersión de programas con recursos públicos debe contemplar los realizados no solo por el actual gobierno federal, sino por los gobiernos federales anteriores y a partir de ello, determinar los efectos que esos programas han tenido en la concentración del sistema bancario mexicano.
El análisis de los procesos de dispersión de recursos gubernamentales, particularmente los de programas sociales, debe construirse desde una perspectiva que valore con objetividad las capacidades reales de las instituciones bancarias para proveer los servicios que requiere el gobierno federal y que demanda nuestra sociedad, atendiendo a que se hagan:
-en el menor tiempo posible y
-con el menor costo posible.
Dispersar fondos públicos para ayudar a la sociedad es un proceso que conlleva la máxima responsabilidad en su transparencia y su bajo costo para aumentar el rendimiento del recurso público.
La discusión sobre este tema debe reconocer situaciones tan graves y delicadas como el hecho de que los costos de las transacciones para la dispersión de recursos públicos a través de bancos de gran tamaño, ha llegado a generar un costo de entre el 20 y el 30 por ciento del recurso dispersado.2
Es decir, que de cada peso que el gobierno logra canalizar a los más necesitados a través de bancos de gran tamaño, estos se quedan con la cuarta parte.
A modo de ejemplo: si los 44 mil millones de pesos que el gobierno federal solicitó al Congreso de la Unión para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se hiciera utilizando los canales de los bancos grandes para dispersar recursos, ello implicaría un costo de casi 12 mil millones de pesos, solo en cuanto al costo de las transacciones.
Ello representa una situación tan grave y delicada de pérdida de recursos públicos que la presidenta de Cofece no debió ignorarla en su colaboración periodística.
Más aún, la aproximación a este tema debería hacerse a partir de las investigaciones del propio órgano regulador.
El 10 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia financiera y se expidió la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
Esa reforma estableció una serie de medidas para fomentar la competencia dentro del sistema financiero y con ello abrir nuevos canales de oportunidad para las empresas y los diversos demandantes de financiamientos, así como para inhibir prácticas anticompetitivas.
Entre estas medidas se contempló que la Comisión Federal de Competencia Económica llevara a cabo una investigación sobre el nivel de competencia del sector financiero.
El artículo Quinto Transitorio, fracción I, del referido Decreto estableció un mandato para que la Cofece analizara las condiciones de competencia en este sector y en sus mercados, al establecer que:
“La Comisión Federal de Competencia Económica contará con un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para llevar a cabo una investigación sobre las condiciones de competencia en el sistema financiero y sus mercados, para lo cual deberá escuchar la opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como resultado de dicha investigación la Comisión Federal de Competencia Económica podrá, en su caso, formular recomendaciones a las autoridades financieras para mejorar la competencia en este sistema y sus mercados y ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley Federal de Competencia Económica a fin de evitar prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en este sistema, incluyendo, según corresponda, ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos, y el resto de las medidas facultadas por la Constitución y la ley de la materia.”3
Derivado de ello, la Comisión elaboró el Trabajo de investigación y recomendaciones sobre las condiciones de competencia en el sector financiero y sus mercados. 4
Este informe fue hecho del conocimiento de esta Cámara de Diputados, que lo publicó en su Gaceta Parlamentaria del 25 de julio de 2014.5
En dicho estudio, la Cofece reportaba lo siguiente:
“En 2011, cinco instituciones financieras bancarias concentraron cerca de 72 por ciento de los activos del sistema bancario. El índice de concentración de activos bancarios en México es mayor en comparación con el que presentan países como Argentina, Estados Unidos, China y Colombia, aunque en países como Sudáfrica, Perú y Canadá los cinco mayores bancos tienen una proporción de activos superior a 90 por ciento.
Con base en datos de la CNBV para México, al cierre de 2013, 74 por ciento de los créditos, así como 77 por ciento de la captación de recursos del público en general estuvo concentrada en cinco instituciones. La infraestructura del sistema financiero también se encontraba entre un reducido número de agentes económicos, ya que cinco instituciones controlaban 85 por ciento de las sucursales, 80 por ciento de los cajeros automáticos y 72 por ciento de los módulos de corresponsales bancarios.
Lo anterior refleja potenciales limitaciones en las condiciones de competencia y libre concurrencia que inciden negativamente en el bienestar de los consumidores a través de los precios, la calidad y la variedad de servicios financieros que adquieren”.
Tras leer lo anterior, resulta por demás desconcertante y preocupante que esos elementos no hayan sido considerados por la presidenta de la Cofece al opinar sobre el efecto de la dispersión de recursos públicos en la concentración que el estudio comprobaba, lo que pareciera evidenciar una omisión dolosa de información.
En este caso es obvio y evidente hacer notar que esa concentración encontraba una de sus razones en los programas de dispersión de recursos públicos por parte de bancos de gran tamaño en años anteriores; dispersión que, además, continúan haciendo, puesto que el actual gobierno solo ha decidido la dispersión de recursos en dos programas sociales: Jóvenes Construyendo el Futuro y Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.
Las omisiones de información en el artículo de la presidenta de la Cofece son tan claras que incluso pareciera que en el fondo lo que busca es atacar políticamente el programa social más importante de la actual administración, pues con la excusa de criticar a un actor bancario menor, plantea sospechas profundas sobre la integridad del programa, provocando desconfianza sobre un proceso que, sin embargo, es absoluta, plena y totalmente legal.
En todo ello, uno de los aspectos más preocupantes de su texto es que comparó -refiriéndolos por su nombre- a dos bancos que compiten en el mercado nacional, con infraestructuras de servicio y dimensiones financieras diferentes, en detrimento del menor, al inferir que el mayor podría prestar el mismo servicio.
Con ese solo ejercicio, la presidenta de la Cofece perdió su papel de árbitro imparcial y propició un daño moral a una de las instituciones comparadas, poniendo en tela de juicio la imparcialidad de sus actuaciones al frente del órgano regulador y supervisor.
El sano desarrollo de la función constitucional y legal de vigilar y supervisar con imparcialidad y equidad a los agentes económicos nacionales se fortalece con el uso responsable de las herramientas y los instrumentos que la Ley le otorga a los órganos reguladores para el desarrollo de sus funciones.
Esta función se deprecia cuando se utiliza la investidura y la autoridad que otorga un cargo público conferido por una de las Cámaras del Congreso de la Unión en un órgano autónomo, para definir una posición y una agenda personal en contra de los agentes económicos que se pretende regular.
La Comisión Federal de Competencia Económica es un órgano constitucional indispensable para asegurar condiciones mínimas para el desarrollo económico del país; como resultado del proceso de construcción de capacidad institucional para garantizar una eficaz supervisión y regulación de la actividad económica del país, la Cofece es un patrimonio institucional que desde el poder público debemos preservar, proteger, impulsar y auspiciar.
La sociedad mexicana del siglo XXI es incompatible con las culturas de privilegio que albergan las prácticas monopólicas e intimidatorias que reprimen a las fuerzas creativas y productivas de nuestra sociedad.
En ese contexto, la actuación de la Cofece debe ser garantía de imparcialidad para que los actores económicos participen con equidad en el sistema económico nacional.
Esa delicada y relevante función, sin embargo, exige que sus integrantes se desempeñen en el ejercicio de sus funciones públicas con estricto apego a los principios constitucionales que le dan origen y forma al órgano regulador.
Destacan en ello dos factores claves que le dan sentido a la ecuación: autonomía e imparcialidad.
Por ello, la actuación de su comisionada presidenta como editorialista de opinión de un diario de circulación nacional se configura como el ejemplo perfecto de lo que No debe hacer el servidor público desde los espacios institucionales que la constitución reserva para los órganos que supervisan y regulan los procesos económicos y productivos nacionales y que exigen lo que la presidenta de la Cofece ha demostrado que no tiene: autonomía e imparcialidad.
Otro aspecto preocupante de la colaboración de la comisionada Palacios es que la información en la que basa sus argumentos, no proviene de las investigaciones del órgano que encabeza, lo cual debería ser la regla atendiendo a las disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica que establecen para dicho órgano los procedimientos para llevar a cabo investigaciones sobre asuntos de su competencia, sino de fuentes tales como “...datos públicos...” , “...entrevista a los medios de comunicación...” , “...información disponible”.
El uso de esas fuentes refleja la carencia de información precisa para formular declaraciones, lo cual es por demás grave en una funcionaria cuyas expresiones sobre los agentes económicos que regula y supervisa deberían de regirse con los máximos principios de responsabilidad y ética pública y profesional, utilizando para ello información especializada, debidamente investigada, sustentada por fuentes técnicamente confiables y que debiera expresarse siempre atendiendo a la obligada imparcialidad que su cargo exige.
Baste decir, por ejemplo, que la comisionada presidenta omitió en su texto cualquier mención al comunicado emitido por la Asociación de Bancos de México el lunes 17 de diciembre de 2018 que apoya las decisiones del gobierno federal respecto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el cual es reproducido por diversos medios informativos,6 que señala en sus segundo y tercer párrafos:
“La banca mexicana en su conjunto participa en este gran esfuerzo que brindará, en el corto y mediano plazo, las herramientas necesarias a jóvenes que por diversas causas no pertenezcan algún programa educativo o no cuenten con empleo, para que obtengan habilidades y competencias que les permitan ser parte de la vida productiva del país.
Para la ABM es un enorme orgullo que todos sus miembros hayan decidido participar en este programa y reitera su permanente interés por trabajar e impulsar programas que al igual que Jóvenes Construyendo el Futuro detonen el desarrollo de uno de los sectores clave para el crecimiento del país en muchos de sus ámbitos, la juventud.”
Tampoco refirió que el 14 de enero pasado, diez días antes de publicar su colaboración en el diario Reforma y a pregunta expresa de un reportero sobre los bancos participantes en la dispersión de recursos de programas sociales, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo:7
“... nos van a ayudar varias instituciones, incluso hay el compromiso que cobren muy poco de comisión, hay ese compromiso, y en otros casos, que estamos por definir, es que no cobren nada, que sea una contribución de los bancos a estos programas sociales.
Pero son varios bancos. Por ejemplo, estos dos millones 500 mil que hacía referencia son bancos que ya tenían establecido el sistema con el gobierno.”
La omisión de esta información y otra del mismo tipo revela la falta de rigor y la parcialidad de la presidenta de Cofece al emitir opiniones y juicios de valor basados en versiones de información pública incompleta.
Aun así y a pesar de todo, la comisionada presidenta de Cofece no puede evitar reconocer que el proceso de adjudicación que critica es plenamente legal, al decir que:
“Es importante destacar que la adjudicación directa que se propone el gobierno se apega a la ley de adquisiciones, ya que, en su artículo tercero, fracción novena, señala una excepción a la licitación cuando el servicio a contratar está regulado en forma específica por otras disposiciones legales.”
En el contexto de lo anteriormente planteado, este punto de acuerdo propone llevar este asunto al pleno de la Cámara de Diputados para evidenciar los riesgos que lo anteriormente descrito representa en el desempeño de la funcionaria responsable de presidir los trabajos del órgano constitucional autónomo garante de la imparcialidad en la regulación de las actividades económicas del país.
Por ello pedimos que la ciudadana Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Cofece, sea citada a comparecer ante la Comisión responsable de evaluar su actividad en esta Cámara de Diputados.
Al emitir sus opiniones en una columna periodística, la comisionada presidenta incurrió en responsabilidades legales como servidora pública que deben ser analizadas por esta representación nacional y en su caso, sustanciadas y sancionadas por la autoridad administrativa correspondiente.
La comisionada presidenta de Cofece presuntamente transgredió:
a) El principio de imparcialidad que el artículo 28 constitucional y el artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica garantizan a todos aquellos agentes económicos supervisados y regulados por el órgano constitucional garante de asegurar la competencia económica en el país.
b) El principio de objetividad a que la obliga el artículo 7, fracciones III y IV de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos que señalan:
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:
c) El principio de legalidad establecido en el artículo 16 de nuestra Constitución, que establece que la autoridad solo puede hacer aquello para lo que está expresamente facultada; pues en ningún artículo de la Ley Federal de Competencia Económica se faculta a su titular a expresar opiniones individuales sobre los ámbitos de la actividad económica de la nación o sobre los actores económicos que se desempeñen dentro de ellos.
d) El principio de seguridad jurídica que poseen todos los entes económicos regulados por la Cofece, cuyas investigaciones deben desarrollarse con las formas y procedimientos previstas en la Ley, pues al opinar a título personal sobre un agente económico regulado, la comisionada presidenta suplantó el carácter jurídico del órgano constitucional que encabeza, el cual sólo puede emitir opiniones, como órgano colegiado, con base en lo que para esos efectos dispone el artículo 12 fracciones XII a XV de la Ley Federal de Competencia Económica.
Todo ello es resultado de un ejercicio irresponsable de las funciones inherentes a su cargo, el cual debiera ejercer con imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad y transparencia, principios constitucionales y legales que fueron abiertamente ignorados por la Presidenta de la Cofece.
Son tan desafortunadas sus expresiones en el artículo periodístico antes referido, que en caso de que el órgano que encabeza deba conocer formalmente de algún asunto relacionado con la materia de su colaboración periodística, ella deberá excusarse de conocer de él, en razón de lo que dispone el artículo 24, fracción V, de la Ley Federal de Competencia Económica que señala:
Artículo 24. Los comisionados estarán impedidos y deberán excusarse inmediatamente de conocer asuntos en los que existan una o varias situaciones que razonablemente le impidan resolver un asunto de su competencia con plena independencia, profesionalismo e imparcialidad. Para efectos de lo anterior, los Comisionados estarán impedidos para conocer de un asunto en el que tengan interés directo o indirecto.
Se considerará que existe interés directo o indirecto cuando un Comisionado:
V. Haya fijado pública e inequívocamente el sentido de su voto antes de que el Pleno resuelva el asunto.
En este caso es por demás evidente que la comisionada presidenta ha expresado claramente su posición en contra de uno de los actores que la Comisión debe regular, poniendo en tela de juicio la imparcialidad y la objetividad de cualquier análisis o resolución que sobre la materia que aborda el presente instrumento llegue a realizar la Comisión Federal de Competencia Económica.
Ello también constituye una responsabilidad prevista por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tipifica tales conductas como lo que son: un conflicto de interés que debería ser investigado de oficio por la Secretaría de la Función Pública y por el órgano interno de control de la propia Cofece.
Sin embargo, la titularidad formal de este último se encuentra vacante desde enero de 2017 en razón de que la Cámara de Diputados no pudo consumar durante la legislatura pasada el proceso de designación previsto en la Constitución y en la Ley Federal de Competencia Económica, por haberse presentado un amparo que detuvo el proceso.
Ante la falta de un titular formalmente designado, el pleno de la Comisión ha designado a un encargado provisional, que no garantiza en modo alguno la imparcialidad que requiere esa función, pues su nombramiento fue hecho por los actuales comisionados y no por la pluralidad colegiada y la mayoría calificada parlamentaria que exigen la constitución y la ley.
Por ello, sabiendo que el amparo que detuvo el proceso iniciado la legislatura pasada para la designación del contralor interno de la Comisión ha sido finalmente superado, y sabiendo también que se han presentado recursos en contra de las acciones de la comisionada presidenta que debe conocer, sustanciar y resolver el órgano interno de control de la Comisión, es de fundamental importancia reanudar de inmediato el proceso de designación de ese contralor interno.
Expresiones como la que hemos comentado ponen en entredicho la autonomía real de los órganos reguladores del Estado mexicano ya que no sabemos quién o quienes podrían estar detrás de esta aparente defensa de intereses particulares; tendríamos que preguntarnos qué personajes oscuros, públicos o privados del pasado, colocaron en su lugar a la Comisionada Presidenta de la Cofece para utilizarla ahora en la defensa de sus privilegios económicos y financieros.
Considerando que la comisionada presidenta es una experta en las materias que aborda la Cofece, cabría incluso suponer dolo en sus expresiones a favor y en contra de actores económicos regulados.
Con sus opiniones sesgadas y parciales, pareciera que la comisionada presidenta de Cofece defiende intereses privados y de grupo y apoya de manera directa a las instituciones oligopólicas extranjeras que se desarrollan en el sistema financiero mexicano para que continúen acaparando la mayoría de los servicios bancarios de dispersión de recursos del gobierno federal, sin dar oportunidad a que el mercado financiero pueda mejorar sus condiciones de competencia real.
En este contexto, como diputados federales que aprobamos los recursos presupuestales para los programas sociales del actual gobierno, dejamos claro que vamos a dar la batalla en el terreno de la ley y en el de las responsabilidades políticas y administrativas públicas por apoyar el mejor uso y destino de los recursos públicos para programas sociales, atendiendo a que sean aplicados con el mayor rendimiento social posible, logrando la mayor efectividad en su uso y generando el menor costo posible en su distribución a la sociedad.
Es del dominio público que el presidente de la República ha anunciado que la dispersión de los recursos de los programas sociales la hará únicamente el Banco del Bienestar, tan pronto integre la estructura mínima necesaria para poder hacerlo, lo que muestra el claro compromiso del gobierno federal por canalizar, con el menor costo posible, los recursos de estos importantes programas.
Es momento de comprometernos con la defensa y reivindicación de estos programas y de los procedimientos que el gobierno federal ha diseñado para su instrumentación y los cuales se enmarcan y sustentan plenamente en lo que dicta la Ley.
Que el párrafo décimo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que:
“El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes.”
Que el mismo dispositivo constitucional señala en su párrafo vigésimo que la Comisión Federal de Competencia Económica deberá ser “independiente”, “profesional en su desempeño” e “imparcial en sus actuaciones”, mismos principios que se establecen en el artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica;
Que el artículo 93 constitucional, en su segundo párrafo, faculta a ambas Cámaras del Congreso de la Unión a citar a comparecer a las y los titulares de órganos constitucionales autónomos al establecer que:
Artículo 93. ...
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
Que el artículo 3, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas define el conflicto de interés de un servidor público como:
VI. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios;
Que conforme a lo establecido por el artículo 91 de la misma norma, la Secretaría de la Función Pública tiene la facultad de iniciar de oficio investigaciones por faltas administrativas como el señalado conflicto de interés al establecer que:
Que el artículo 6, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que:
1. Serán derechos de los diputados y diputadas:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara;
Que el artículo 124 numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que:
3. El pleno podrá acordar que sean citados a comparecer el Titular u otros servidores públicos de los órganos autónomos de carácter constitucional.
Que el artículo 198, numeral 1, del mismo ordenamiento establece que:
1. Las comisiones podrán solicitar comparecencias, a solicitud de uno o más de sus integrantes, con los servidores públicos a que hacen alusión los artículos 69 y 93 de la Constitución, a fin de ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que se les encomienden.
Que es indispensable que esta Cámara de Diputados, en uso pleno de sus facultades soberanas, llame a comparecer a la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, para que explique a esta representación nacional las razones y los motivos por los que en abierta violación de los principios constitucionales y legales de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad y transparencia que deben orientar el ejercicio de su encargo y en su carácter de Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, emitió opiniones individuales públicas en contra de uno de los actores económicos que debe regular;
Que en este sentido es indispensable que la titular del órgano que por disposición constitucional debe ser el garante de la imparcialidad y equidad en la regulación de las actividades económicas nacionales, explique con claridad las razones por las que emitió sus juicios y apreciaciones basándolas en “datos públicos”, una “entrevista” e “información disponible”, ignorando los procedimientos que ese órgano constitucional autónomo debe llevar a cabo por mandato de ley para allegarse de información en caso de que aborde la investigación de algún asunto que requiera de su intervención, previo a emitir cualquier opinión, las que -en todo caso- debe suscribir el pleno de la Comisión como órgano colegiado;
Que es igualmente necesario que a efecto de garantizar un análisis y un debate público objetivo e informado sobre el tema que es materia del presente punto de acuerdo, esta soberanía solicite respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica que como órgano garante de la imparcialidad en la supervisión y regulación del sistema económico nacional, se pronuncie respecto a este tema, llevando a cabo una amplia y minuciosa investigación sobre los contratos y programas de dispersión de fondos públicos a través de instituciones bancarias del país, sea cual fuere su naturaleza, ya sea para el pago de las nóminas de servidores públicos de la administración pública de los tres niveles de gobierno, para la ministración de recursos federales a tesorerías estatales o para la entrega directa de recursos federales de programas sociales y sobre los efectos de ello en la concentración de los servicios bancarios en el país.
Se somete a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de esta soberanía a invitar a una reunión de trabajo a la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, Alejandra Palacios Prieto, a efecto de que explique el sentido de sus opiniones como presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica en relación con que la instrumentación de un proceso legal de adjudicación un contrato para la dispersión de recursos públicos a través de instituciones no dominantes del sistema bancario nacional implica “el riesgo de provocar una situación permanente de falta de competencia en un mercado”.
Igualmente, se solicita haga públicas las acciones y medidas que haya llevado a cabo la Cofece en cumplimiento del artículo Quinto Transitorio, fracción I, del Decreto publicado el 10 de enero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, particularmente en lo relativo al mandato conferido para: “... ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley Federal de Competencia Económica a fin de evitar prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en este sistema, incluyendo, según corresponda, ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos, y el resto de las medidas facultadas por la Constitución y la ley de la materia”
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que en los términos de lo dispuesto por los artículo 3, fracción VI, y 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicie de oficio un procedimiento de investigación por conflicto de interés de la Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, ante la promoción por comparación que hizo de la institución bancaria BBVA Bancomer, en el texto de su autoría publicado por un diario de circulación nacional el pasado 24 de enero.
Tercero. Se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica que, conforme a las facultades que le confiere el artículo 12, fracción XIV, y en su caso, el artículo 28 de la Ley Federal de Competencia Económica, inicie de inmediato un proceso de investigación sobre los programas de dispersión de recursos públicos en el actual y anteriores gobiernos federales, sea cual fuere su objeto, y sobre los efectos que estos hayan tenido en la concentración del sistema bancario mexicano.
Cuarto. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, que lleve a cabo las acciones necesarias para concluir el proceso de designación del titular interno de control de la Comisión Federal de Competencia Económica, iniciado durante la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.
1 Periódico Reforma . Jueves 24 de enero de 2019. Sección Negocios. Página 5.
https://www.reforma.com/edicionimpresa/aplicacionei/Pagi na.html?c=a
2 Intervención de Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México en la presentación del Programa de Impulso al Sector Financiero el pasado: “Disminuir el efectivo para combatir la corrupción, encontrar medios para ser más eficaces en la distribución de los servicios o de los programas sociales; los programas actualmente tienen un costo de distribución muy, muy alto, tienen un costo de distribución entre el 20 y el 30 por ciento del monto total de los servicios, esto es porque la forma de entregarse es cara, no es lo más eficiente.”
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenc iones-durante-la-presentacion-del-programa-de-impulso-al-sector-financi ero?idiom=es
3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329408&fecha=10/01/ 2014
4 https://www.cofece.mx/cofece/images/Estudios/ResumenEjecutivo26-09-14.p df
5 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/jul/E.S.F.Cofece-20140725 .pdf
6 https://www.notimx.mx/2018/12/abm-comprometida-con-el-desarrollo-y.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/
Bancos-participaran-en-programa-Jovenes-Construyendo-el-Futuro-20181214-0008.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/13/abm-expres a-compromiso-con-proyecto-por-la-juventud-8805.html
7 https://lopezobrador.org.mx/2019/01/14/
version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-22/
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a los siete días de febrero de 2019.
Diputado Francisco Elizondo Garrido (rúbrica)
Los que suscribimos, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones IV, V y VI, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Que durante su campaña política y a través de su Proyecto Alternativo de Nación el hoy presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador, anunció un programa para 2 millones 300 mil jóvenes que no estudian, ni han tenido acceso al mercado de trabajo y a los que se les ofrecería puestos de trabajo en todo el país y determinar su ubicación en el programa de empleo como aprendices en empresas pequeñas, medianas o grandes, tanto del sector público como del privado. El ingreso para esos jóvenes se dijo, sería equivalente a 1.5 salarios mínimos, aproximadamente 3,600.00 pesos.1
Ya como Presidente electo, insistió y tuvo reuniones con empresarios, como la del 4 de julio de 2018 con el Consejo Coordinador Empresarial, donde anunció un acuerdo con los empresarios para ofrecer becas y trabajo en prácticas a 2.6 millones de jóvenes, a través de un programa al que destinarían 110, mil millones de pesos (más de 5 mil 600 millones de dólares).2
Desde esos anuncios, algunos empresarios como en el estado de Jalisco, se preocuparon por la infraestructura para llevar a cabo el programa y la necesidad de afinar su instrumentación, con el propósito de evitar duplicidades con los apoyos de empleo de los estados, y la posible discrecionalidad de los recursos en su ejercicio.3
Ante tales preocupaciones, el 7 de septiembre de 2018, en una gira por Nuevo León, ante empresarios, el Presidente electo, se pronunció porque el pago de 3 mil 600 pesos mensuales que se prometió para los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, serían recursos entregados a las empresas y no directamente a los jóvenes . 4
En la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en diciembre de 2018, se asignaron recursos por 40 mil millones de pesos para el Jóvenes construyendo el futuro, en su modalidad de primer empleo , asignados directamente a la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Se trató de un presupuesto menor al anunciado inicialmente de 110 mil millones de pesos, pero bastante sustantivo, si se toma en cuenta que a la Universidad Nacional Autónoma de México se le regateó un presupuesto de 39 mil millones de pesos para 2019, o que al Conacyt se le autorizaron, apenas 24 mil millones de pesos; a Cultura, casi 13 mil millones de pesos; y a Turismo, poco más de 8 mil 700 millones de pesos .5
También es de llamar la atención que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que apenas cuenta con un presupuesto histórico de menos de 4 mil millones de pesos, tenga un incremento de más de 900% y alcance los 43 mil millones de pesos, por la integración de este Programa y que no parece viable, que cuente con la capacidad e infraestructura administrativa para manejarlo.
Pero lo que todavía más llamó la atención, es que el presupuesto de 40 mil millones de pesos, se haya autorizado a una sola unidad administrativa: la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral y a través de una clasificación del gasto de subsidios y ello es relevante porque el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPyRH), establece que todos los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad.
En tal sentido las dependencias que los manejen deben:
• Identificar con precisión la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio ;
• Prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa.
• Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación;
• Buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios;
• Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos .
Y a la fecha no se ha hecho explicito el desglose por entidad federativa de estos recursos.
Desde el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se hizo hincapié en la necesidad de establecer Reglas de Operación para un programa de tales dimensiones y que involucra un gasto tan alto en toda la República, porque en el Presupuesto enviado por el Ejecutivo, el Programa de Jóvenes construyendo el futuro , no se incluyó en el anexo respectivo de los programas obligados a contar con Reglas de operación .
Y específicamente el artículo 77 de la LFPyRH establece que las dependencias, serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente previa autorización presupuestaria de la SHCP y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y con un procedimiento que puede sintetizarse de la siguiente forma:
– Las reglas de operación deben contener los lineamientos, metodologías, procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de naturaleza análoga;
– Deben establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo. Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos;
– Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y consistentes con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de flujo del proceso de selección;
– Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que identifique la acción a realizar;
– Deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de programas nuevos.
– Y lo más importante: las dependencias deben realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas. Las dependencias y entidades deben reportar el resultado de las evaluaciones en los informes trimestrales que correspondan.
En todo caso, el artículo décimo tercero transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 , estableció que, con el objeto de asegurar que el ejercicio de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez, transparencia, control y rendición de cuentas, los programas de subsidios implementados por la presente administración del Ejecutivo Federal y que han sido autorizados en el presente Decreto, deberán contar con reglas de operación a más tardar el último día del mes de febrero de 2019 en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ahora bien, el pasado día 10 de enero de 2019, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro , y si bien se perfila un esquema de menor discrecionalidad de la operación del Programa que el que se avizoraba, genera aun demasiadas dudas y no pueden de ninguna manera sustituir o pretender pasar por Reglas de Operación , debido, entre otras cosas, a que:
1. Después de muchos meses de estarlo anunciando, aun no queda claro cuales instancias serán las que operen dicho programa al interior de la dependencia, pues en los lineamientos solamente se habla del “Programa” en abstracto y de “las instancias designadas por la STPS”, que no se precisan cuáles son, ni sus nombres.
2. No se especifica la manera ni los modelos en que se desarrollarán los convenios con las entidades federativas , ni con otras dependencias, ni con los centros de trabajo, para clarificar el desglose de recursos por entidad federativa , asunto obligado de acuerdo artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al artículo 178 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
3. No se ha evidenciado la autorización a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativa a los programas previstos en el Presupuesto de Egresos en donde las dependencias y entidades deben manifestar que el programa no se contrapone, afecta ni presenta duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno Federal en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo , así como que se cumplen las disposiciones aplicables de acuerdo también al artículo 179 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
4. No se detalla ni especifica información relacionada con la integración, en términos de las disposiciones generales aplicables, de un padrón de los intermediarios financieros y no financieros que participen como mecanismos de distribución de apoyos o, en su caso, sean beneficiarios directos de éstos, de acuerdo al artículo 177 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
5. Dado que no se detalla cómo se operarán los recursos presupuestarios a los beneficiarios, queda en duda el cumplimiento de las obligaciones para:
1) La aplicación de criterios de regulación prudencial básica y normas de contabilidad por parte de los intermediarios financieros no regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que pudieran participar;
2) La generación de información que posibilite la evaluación de la operación de los intermediarios que participan en el sector de ahorro y crédito popular desde una óptica financiera en función de los objetivos de disciplina fiscal y de bancarización de la población de bajos ingresos;
3) La forma de vigilancia obligada de la dependencia para que los intermediarios observen la aplicación de los criterios de regulación prudencial básica y normas de contabilidad establecidas en sus respectivas reglas de operación.
Otro aspecto fundamental a destacar del programa y su operación es la ausencia de un análisis y enfoque con perspectiva de género, pues para abordar con integralidad este enfoque se requieren de diagnósticos con mayor profundidad y no basta incorporar las frases o consignas hechas para que se alcance una verdadera perspectiva de género.
En los lineamientos publicados a los que nos referimos, tan solo hay una mención a este enfoque, referido a que “el importe de 3,600.00 pesos, se otorgará manera igualitaria entre mujeres y hombres y con base en los parámetros que establecen los presentes Lineamientos y al presupuesto de egresos del ejercicio vigente”.
Pero esta falta de enfoque es de origen, el problema de los jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar, ni de acceder al mercado laboral, es profundamente desigual, cuando se revisan las cifras y es un asunto por demás complejo .
Según cifras del INEGI, del total de la población entre 15 y 29 años de edad, que no estudia ni trabaja y que aproximadamente alcanza los 6.3 millones, el abrumador 81% corresponde a mujeres que rondan los 5.2 millones y el restante 19% corresponde a varones.6
El asunto se complejiza si analizamos las fuentes y maneras en que estos jóvenes ocupan el tiempo para buscar empleo y realizar actividades, porque resulta también que abrumadoramente las jóvenes mujeres realizan trabajo doméstico, mientras una mínima minoría de jóvenes hombres lo hacen.
Si no le damos una correcta e integral perspectiva de género a un problema tan desigual y tan complejo, vamos a correr el riesgo de condenar a esas mujeres jóvenes a que realicen trabajo y actividades domésticas y en ello sigan invirtiendo la mayor parte de su tiempo y oportunidades, mientras que solamente los varones puedan obtener mayores habilidades para su capacitación, y nada de ello se ha mencionado, ni el diagnóstico ni en la operación del programa.
Este programa que tiene buenas intenciones, creo que ha carecido de enfoques adecuados y realmente preocupa porque se trata de un programa prioritario y de un programa con muchos recursos económicos asignados, en donde la Secretaría de Hacienda parece no estar o no querer estar presente y hacen falta revisar: los mecanismos financieros, hacendarios, presupuestales, de rendición de cuentas y de perspectiva de género , en una política pública de primera importancia
Por todo lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprueba el siguiente
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a difundir un informe detallado para explicar los siguientes aspectos del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”:
1) Criterios utilizados para la determinación de la población objetivo, principalmente aquellos relacionados con la perspectiva de género y datos socio demográficos disponibles.
2) Especificar cuáles son las empresas receptoras, los criterios y mecanismos utilizados para determinar su integración al programa, cuáles son los estándares mínimos requeridos que deben tener dichas empresas.
3) El alcance y mecanismos de cumplimiento para la operación del programa, particularmente:
a. Cuáles son las instancias designadas por la STPS que estarán facultadas para operarlo.
b. Cuáles son los modelos en que se desarrollarán los convenios con las entidades federativas, con otras dependencias y con los centros de trabajo, así como el desglose de recursos por entidad federativa de conformidad con el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al artículo 178 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
c. Dar claridad respecto de la autorización a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativa a los programas previstos en el Presupuesto de Egresos en donde las dependencias y entidades deben manifestar que el programa no se contrapone, afecta ni presenta duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno Federal en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo, así como que se cumplen las disposiciones aplicables de acuerdo al artículo 179 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
d. Especificar la información relacionada con la integración, en términos de las disposiciones generales aplicables, de un padrón de los intermediarios financieros y no financieros que participen como mecanismos de distribución de apoyos o, en su caso, sean beneficiarios directos de éstos, de acuerdo al artículo 177 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
4) Respecto de las obligaciones relacionadas para la operación de los recursos presupuestarios a los beneficiarios:
a. Cuáles son los criterios de regulación prudencial básica y normas de contabilidad por parte de los intermediarios financieros no regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que pudieran participar;
b. Información que posibilite la evaluación de la operación de los intermediarios que participan en el sector de ahorro y crédito popular desde una óptica financiera en función de los objetivos de disciplina fiscal y de bancarización de la población de bajos ingresos;
c. La forma de vigilancia obligada de la dependencia para que los intermediarios observen la aplicación de los criterios de regulación prudencial básica y normas de contabilidad establecidas en sus respectivas reglas de operación.
1 AMLO, Proyecto Alternativo de Nación https://morena.si/lineamientos.
2 ttps://expansion.mx/empresas/2018/07/04/amlo-logra-entusiasmar-a-repres entantes-de-consejo-coordinador-empresarial
3 https://www.informador.mx/economia/Empresarios-locales-apoyan-politicas -de-AMLO-20180705-0037.html
4 https://www.laotraopinion.com.mx/no-habra-ayudas-a-ninis-sera-subvencio n-a-empresas-amlo.
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2019_281218.pdf.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto Responsabilidad Hacendaria.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_300316.pdf
6 Inegi, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2do. Trimestre 2016.
La que suscribe, Anilú Ingram Vallines, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Después de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, el pasado primero de diciembre, ratificó su decisión de vender el avión presidencial TP-01 Boeing 787, José María Morelos y Pavón, cuya adquisición se anunció en 2012, durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
De acuerdo con información oficial sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, el avión comprado a través del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) tuvo un costo total de poco más de 7 mil 560 millones de pesos.1
Es importante recordar que a partir del trágico accidente del entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, a bordo de un helicóptero del Estado Mayor Presidencial, ocurrido el 11 de noviembre de 2011, la Cámara de Diputados exhortó al gobierno federal para que realizará las adecuaciones presupuestarias conducentes para renovar el avión, así como el resto de las aeronaves asignadas a la Presidencia de la República, con objeto de garantizar la seguridad del presidente de la República y los secretarios de despacho de la administración pública federal, mismo que fue incluido en el séptimo párrafo del artículo tercero transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012.2
A partir de este exhorto iniciaron los estudios y la evaluación para la adquisición del avión presidencial y por ser un tema de seguridad nacional, fue la Secretaría de la Defensa Nacional quien definió los requerimientos de la aeronave.
Se optó por el Boeing 787-8, entre otros aspectos, porque ofrece mayor autonomía de vuelo; tiene un alcance de 13,900 kilómetros, lo que le permite volar sin escalas a cualquier destino de los continentes Americano, Europeo, Africano en su región noroccidental, así como algunos de la parte oriental y occidental de Asia y de la parte oriental de Oceanía; consume hasta 20 por ciento menos combustible que otros aviones de su categoría; produce 60 por ciento menos contaminación sonora que aviones similares y está equipado con motores General Electric de última generación diseñados para volar 20 mil horas o 16 años antes de su primera revisión mayor.
En 2015, ante un eminente ajuste presupuestal, el presidente de la Republica solicitó un estudio para contar con elementos que le permitirán tomar la decisión de mantener o vender el avión presidencial.
El estudio realizado por la empresa internacional Ascend Flightglobal Consultancy, concluyó que, dados los precios del mercado y las especificaciones con las que fue construida, se recomendaba conservar el avión para su uso en actividades gubernamentales.3
La venta del avión representaría una pérdida importante para el erario. El mismo documento señala que por la venta México podría perder hasta 137 millones de dólares.
Asimismo, dicho estudio y avalúo de mercado, reveló que recomercializar y vender con éxito el avión presidencial podría ser difícil. Una consideración especial era el tiempo de comercialización disponible; en general, se necesitarían 12 meses como mínimo.
En este contexto, Ascend recomendó aceptar la entrega y conservar para operación la aeronave Boeing 787-8 existente, MSN 40695, para servicio de la Fuerza Aérea Mexicana/Gobierno de México durante el futuro previsible.
En repetidas ocasiones, expertos en la materia han advertido que la venta de la aeronave podría representar una mayor pérdida debido ya que el valor de venta tendría que estar muy por debajo del precio al que fue adquirido en principio. A pesar de ello, el pasado 3 de diciembre, el avión presidencial arribó al aeropuerto Victorville Airport, junto con otros 60 aviones y 70 helicópteros del gobierno federal, los cuales, de acuerdo con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, también serán puestos a la venta.
Aunado a esto, el gobierno federal ha omitido mencionar los costos que se generarán por mantener las aeronaves en el aeropuerto a donde fueron trasladados y por su mantenimiento hasta que sean vendidos.
De permanecer más tiempo en espera de ser vendido, las pérdidas generadas aumentarían de forma considerable, y no sólo se trata de una aeronave sino 131 unidades.
Hasta ahora, las decisiones que ha tomado el gobierno federal han generado incertidumbre en la economía y comprometido recursos de las finanzas públicas.
El proceso de consolidación democrática de nuestro país demanda un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, elementos imprescindibles para combatir la corrupción.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que transparente y garantice la máxima publicidad del contrato de arrendamiento y los costos derivados de la estancia del avión presidencial, José María Morelos y Pavón, y otras aeronaves mexicanas, en el aeropuerto Victorville Airport, ubicado en el condado de San Bernardino del estado de California, Estados Unidos, para su puesta en venta.
1 Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018. Programas y Proyectos de Inversión, [en línea], disponible en
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs /07/r07_pir.pdf
2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5226418&fecha=12/12/2011
3 Avalúo y Estudio de Mercado de una Aeronave Boeing 787-8, MSN 10695, ASCEND Flightglobal Consultancy, [en línea], disponible en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/47851/Asc end_Reporte_P_blico_Espa_ol_vf.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2019.
Diputada Anilú Ingram Vallines (rúbrica)
El cáncer, como se ha señalado, es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolada de células anormales. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo e invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud1 , cáncer es un término genérico para un grupo de más de cien enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo, pero los más letales son los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama.
En la mayoría de los casos se trata de padecimientos crónico-degenerativos, por lo tanto, sus incidencias y tasas de mortalidad tienden a incrementarse con la edad. Asimismo, se han identificado tipos de cáncer más comunes en mujeres que en hombres y viceversa, así como otros exclusivos por sexo.
Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco; además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana.
De ahí la importancia de enfatizar que la mayoría de los tipos de cáncer son curables o tratables si se detectan a tiempo y permiten una atención oportuna. Las acciones de prevención resultan cruciales para la reducción de la mortandad por esta enfermedad.
Por ello, en el marco de este 4 de febrero Día Mundial contra el Cáncer, la Cámara de Diputados debería pronunciase firmemente por el fortalecimiento del enfoque preventivo en las acciones de salud contra este padecimiento.
La Organización Mundial de la Salud, ha señalado que la mortalidad por cáncer se podría reducir si lo gramos la instrumentación de dos actividades básicas de detección temprana:
En primer lugar, el “diagnóstico temprano”, que consiste en conocer los signos y síntomas iniciales para facilitar el diagnóstico y el tratamiento antes de que la enfermedad alcance una fase avanzada.
En segundo lugar, el “cribado”, que es la aplicación sistemática de una prueba de detección en una población asintomática, para descubrir anomalías indicativas de una lesión precancerosa.
La inspección visual con ácido acético y el frotis de Papanicolaou, así como, la autoexploración de mamas y la mastografía, que son pruebas relativamente sencillas y económicas, que podrían generar grandes beneficios para miles de mujeres que hoy mueren de cáncer de mama y cervicouterino, por falta de acceso oportuno a dichas pruebas.
No olvidemos que, en nuestro país, el cáncer es la tercera causa de muerte2 y se estima que cada año se detectan ciento cuarenta y ocho mil casos nuevos. Aproximadamente cincuenta y tres por ciento fallece por esa enfermedad.
Del total de defunciones de la población mayor de veinte años 12 por ciento3 se debió a algún tumor y de estos tumores 93.7 por ciento eran malignos.
En promedio el 44.3 por ciento de los nuevos casos de cáncer afectan a la población masculina y 55.7 por ciento a la población femenina. Es importante destacar que, según la Secretaría de Salud, el 60 por ciento de los casos se detectan en etapas avanzadas, lo que incrementa las probabilidades de muerte.
Resulta imperante que las instituciones de salud del sector público, incluyendo a los institutos de seguridad social, realicen las acciones necesarias para que se detecte y atienda oportunamente a las personas que padecen cáncer o que se presume que pueden padecerlo.
Resulta inadmisible que, a los pacientes, se les posterguen las citas para la atención especializada hasta por seis meses después de la consulta, en algunos casos, esa medida administrativa podría condenarlos a complicaciones y a una muerte inminente.
Se requiere fortalecer las acciones de coordinación entre las instituciones de salud, para impulsar acciones más efectivas.
Nuestro grupo parlamentario asume el compromiso y la responsabilidad de que con su trabajo legislativo buscará coadyuvar al perfeccionamiento del marco jurídico y a vigilar su cumplimiento, a fin de contribuir a reducir la alta incidencia de muertes por falta de acceso a la detección y atención oportuna o, la ausencia de tratamiento adecuado.
Consideramos que ésta es la mejor manera de honrar el Día Mundial contra el Cáncer, y hacemos un llamado a unir esfuerzos entre el gobierno, las organizaciones no gubernamentales y los grupos de la sociedad civil, así como al sector privado, para promover acciones e inversiones en áreas como promoción de estilos de vida saludables, tamizaje y detección oportuna del cáncer, mejoras en los tratamientos, y cuando sea necesario en cuidados paliativos.
Los legisladores de Acción Nacional consideramos urgente que desde el gobierno federal se establezca un sistema efectivo para la detección temprana del cáncer, que incorpore acciones de detección temprana y cribado.
1 https://www.who.int/topics/cancer/es/
2 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/mu ertos2017_Nal.pdf
3 Características de las defunciones registradas en México durante 2017, INEGI, Comunicado de Prensa núm. 525/18 31 de octubre de 2018.
Diputado Éctor Jaime Ramirez Barba (rúbrica)

References: artículo 6
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 22
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 6
 artículo 10

Artículo 74

Artículo 5
 artículo 43

Artículo 21
 artículo 6
 artículo 21
 artículo 14
 artículo 20
 artículo 20
 resolución

 artículo 20

Artículo 21
 artículo 47
 artículo 20
 artículo 47
 artículo 20
 artículo 20

Artículo 20
 artículo 15
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 20
 artículo 37
 artículo 20
 artículo 47
 resolución 
 artículo 153
 artículo 6
 resolución 
 artículo 2
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 36
 artículo 26
 artículo 139
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 2
 artículo 28
 artículo 10
 artículo 7

Artículo 7
 artículo 16
 artículo 12
 artículo 24

Artículo 24
 resolución 
 artículo 28
 artículo 10
 artículo 93

Artículo 93
 artículo 3
 artículo 91
 artículo 6
 artículo 124
 artículo 198
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 28
 artículo 75
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 75
 artículo 178
 artículo 77
 artículo 179
 artículo 177
 artículo 75
 artículo 178
 artículo 77
 artículo 179
 artículo 177