Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2012/as201212160.htm
Timestamp: 2019-03-23 17:00:59+00:00

Document:
201207-Sala Penal Segunda-2-160
AUTO SUPREMO Nº 160/2012-RRC
Sucre, 13 de julio de 2012
Expediente : Potosí 31/2012
Parte acusadora : Ministerio Público y Froilan Condori Ancasi
Parte imputada : Cirilo López López y otros
Delitos : Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes,
Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica
y Contratos Lesivos al Estado
Por memorial cursante de fs. 941 a 947, Cirilo López López, interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista 14/2012 de 21 de mayo, cursante de fs. 922 a 928, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Froilan Condori Ancasi contra el ahora recurrente, Julia Mariscal Castellón de Chalar, Adela Zegarra Cruz y Pascual Huarachi Uyuli, por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Contratos Lesivos al Estado, previstos y sancionados por los arts. 153, 154, 224 y 221 del Código Penal (CP), respectivamente.
a. Con base a la acusación presentada por el Ministerio Público de fs. 20 a 25 y acusación particular formulada por Vidal López Pérez que cursa de fs. 29 a 31, se desarrolló el juicio oral, público, continuo y contradictorio, que concluyó con la Sentencia 6/2011 de 9 de mayo de fs. 727 a 762, pronunciada por el Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Potosí, que declaró al recurrente, entre otros imputados, autor de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados en los arts. 153, 154 y 224 primer párrafo del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad de dos años de reclusión, concediéndosele el beneficio de perdón judicial.
Por memorial de fs. 778 a 784 vta., el imputado formuló recurso de apelación restringida, siendo resuelto mediante Auto de Vista 14/2012 de 21 de mayo, cursante de fs. 922 a 928 de obrados, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedente la apelación, confirmando la Sentencia impugnada, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial de fs. 941 a 947, se extraen los siguientes motivos del recurso de
casación, admitidos por Auto de Admisión de fs. 964 a 967 vta.:
1. Se denuncia que: "Que la Sentencia se basa en hechos inexistentes no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba", para sustentar esta denuncia, se refiere a la prueba documental, testifical como pericial, señalando como conclusión que "se advierte la ausencia de criterio de valor de los elementos de prueba (sana crítica)" (sic), y que de acuerdo a la doctrina, la valoración de la prueba puede someterse a los sistemas de valoración legal y valoración libre, que en el primer caso su omisión estaría incurriendo en error de derecho al violar la ley, y en el segundo, al arbitrio del juzgador, con la consiguiente incertidumbre que causa la libre convicción, como establece el Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006, en cuya doctrina legal expresa que las decisiones deben expresar los motivos de hecho y derecho en que se basan, no pudiendo estas ser reemplazadas por la simple relación de las pruebas o requerimientos de las partes, y que en el caso presente la prueba producida crea duda razonable, aspectos que las autoridades no han valorado correctamente.
2. También se sostiene que no existió fundamentación en la Sentencia o fue insuficiente o contradictoria, puesto que el Auto de Vista impugnado indicó que la Sentencia cumplió con el mandato del art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin explicar ni señalar sobre tal fundamentación y sin explicación alguna de los parámetros utilizados para imponer diferentes penas a los imputados, denunciando que por el sólo hecho de ser mujeres las otras coimputadas se beneficiaron con penas menores a la impuesta a su persona, alegando vulneración del derecho a la igualdad, por ello considera que la Sentencia 6/2011, carece de fundamentación; además, porque no existe fundamentación respecto al hecho ilícito, porque no expresa en que circunstancias hubiese sucedido el hecho ilícito, ni como se habría configurado el mismo; sobre este motivo invocó y explicó la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 5 de 21 de enero de 2007, referido a la exigencia de motivación de las Resoluciones como garantía constitucional de justicia, también citó otros Autos Supremos, empero sin explicación mínima de los mismos.
El recurrente impetró la admisión de su recurso para que este Tribunal valorando y compulsado lo expuesto disponga su absolución por los supuestos delitos que se le endilgan, por ende, se case y se deje sin efecto la Resolución impugnada.
Mediante Auto Supremo 133/2012-RA de 22 de junio, cursante de fs. 964 967 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por el imputado Cirilo López López, respeto a los dos motivos identificados en el acápite I.1.1. de la presente Resolución.
II.1 El 9 de mayo de 2011 (fs. 727 a 762), el Tribunal de Sentencia Segundo del Distrito Judicial de Potosí, declaró al recurrente Cirilo López López, autor de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados en los arts. 153, 154 y 224 primer párrafo del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad de dos años de reclusión, concediéndosele el beneficio de perdón judicial.
II.2 El 29 de junio de 2011 (fs. 778 a 784 vta.), el recurrente interpuso recurso de apelación restringida denunciando varios aspectos, entre ellos: a) Que la sentencia se basó en hechos inexistentes no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; b) No existir - en su criterio - fundamentación en la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria.
II.3 El 21 de mayo de 2012 (fs. 922 a 928), la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Potosí, declaró improcedente el recurso de apelación restringida por el imputado al concluir respecto a los motivos precedentemente individualizados que: a) El Tribunal a quo efectuó una descripción valorativa de todas las pruebas desfiladas en el juicio y llegó al convencimiento de manera puntual y conforme el art. 173 del CPP realizó una valoración conjunta sobre la prueba documental, testifical y pericial, existiendo una fundamentación descriptiva, valorativa y analítica o intelectiva, expresando la Sentencia los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones, no siendo evidente que no exista valoración conjunta y armónica de toda la masa probatoria, con sujeción a las reglas de la sana crítica. b) La Sentencia cumplió con los requisitos exigidos por el art. 360 del CPP, fue redactada y fundamentada conforme determina el art. 124 del CPP y no fue insuficiente ni contradictoria, al haber expresado los motivos de hecho y de derecho en que se basaron sus decisiones y el valor otorgado a los medios de pruebas, señalando de manera clara que hechos fueron probados y el valor otorgado a los medios de prueba; además, de haberse impuesto la sanción de manera proporcional.
III.1 Doctrina legal aplicable asumida en los precedentes invocados
En el caso presente, el recurrente sostiene en su recurso de casación, que el Auto de Vista impugnado que declaró improcedente el recurso de apelación restringida formulado por su parte, contradice dos resoluciones judiciales emitidas por el Tribunal Supremo del país, correspondiendo en primer término identificar sus fundamentos a efecto de verificar si existe o no contradicción con los expuestos en la Resolución Judicial impugnada.
En ese sentido, se tiene del análisis del Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006, que la problemática planteada estuvo referida al hecho de que en la sentencia existió ambigüedad en la valoración de la prueba, no siendo posible la coexistencia de pruebas con idéntico valor al ser, a la vez, contrarias entre sí vulnerándose, de este modo, las reglas lógicas, concluyéndose que existió una mala praxis del sistema de la sana crítica; además, de haberse determinado que el a quo no realizó una adecuada determinación de la pena que resultó excesiva, en consecuencia, el Tribunal de alzada no ejerció un control sobre la referida actuación jurisdiccional, menos efectuó una correcta aplicación de las normas procedimentales, infringiendo de este modo el art. 124 del CPP al ser su fundamentación insuficiente, restringiendo los derechos de la parte recurrente, incurriendo, además, en las mismas omisiones de la resolución del a quo, al no observar la ausencia del criterio de valor de cada uno de los elementos de prueba, limitándose a realizar -conforme sale de la denuncia del recurrente- una trascripción de los fundamentos de la querellante particular; extrañándose en la resolución del Tribunal de alzada la consideración de los aspectos cuestionados en el recurso, referidos, entre otros, a la inadecuada determinación de la pena impuesta con absoluta discrecionalidad, sin que conste una adecuada fundamentación para tal determinación que, en los hechos, es próxima al máximo legal a pesar de concurrir atenuantes.
Es así que, se determinó como doctrina legal aplicable que el espíritu de la normativa penal, en consonancia con la doctrina penal contemporánea, establece que la apelación restringida constituye el único medio legal para impugnar una sentencia, por lo tanto los Tribunales de apelación deben fundamentar sus decisiones expresando los motivos de hecho y de derecho en que se basan, no pudiendo ésta ser reemplazada por la simple relación de las pruebas o requerimientos de las partes vulnerando, de tal manera, derechos constitucionales. Ante eventuales denuncias de defectuosa valoración de la prueba o errónea aplicación de la ley sustantiva, es menester que los Tribunales de alzada, realicen un efectivo control del sistema de valoración de la prueba y se pronuncien, de manera expresa, absolviendo los fundamentos del recurso de apelación en análisis.
Se agregó en el precedente invocado como contradictorio, que el ordenamiento penal acoge el sistema de la sana crítica, pretendiendo explicar que sus contenidos y fines son el sometimiento de la prueba a las leyes o reglas que regulan el razonamiento deductivo, los fenómenos materiales y las conductas frente a la sociedad de acuerdo a lo admitido por ella misma para hacer viable la existencia y verificación de sus comunes objetivos, todo cumplido en forma "sana"; esto es, bajo la premisa de reglas generales admitidas como aplicables, y "crítica" es decir que, con base en los "criterios de verdad" otorgados a cada elemento de prueba, los hechos probados sean confrontados para establecer si una acción determinada pudo suceder o si ello fue posible de una u otra manera explicable dentro de las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, postulados generales que rigen el razonamiento, las transformaciones materiales y la vida social, formal y dialécticamente comprendidos.
El citado Auto Supremo sigue señalando que la máxima expresión del sistema emerge del juicio de mérito y se traduce en la resolución del a quo,
quien debe analizar en su integridad los elementos probatorios introducidos legalmente al proceso para, con fundamento y límite en la sana crítica, colegir cuáles ameritan probar un hecho y cuáles no, labor intelectual que obliga a una apreciación, inicialmente individual pero, acto seguido, como en todo proceso analítico, una actividad confrontativa con el universo probatorio, única forma de establecer la verdad procesal, pues el grado de certeza no puede ser abstracto sino referido a un objeto determinado, esto es, que el juicio probatorio, imprescindiblemente, debe fundamentarse en los medios de prueba dinamizados en la correspondiente actividad procesal.
El precedente contradictorio concluye señalado que este control, en consecuencia, debe incluir la verificación de la correcta motivación de las sentencias y recae primeramente en el ad quem quien, ante la oscuridad, contradicción o falta de motivación de las resoluciones judiciales, debe disponer lo que corresponda, conforme la previsión de los artS. 413 y 414 del CPP.
Por otra parte, la parte recurrente invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 5 de 21 de enero de 2007; sin embargo, de los sistemas de registro se evidencia que la referida resolución es inexistente.
III.2 Razonamientos sobre los fundamentos del recurso
En el caso de autos, considerando los dos puntos alegados en el recurso de casación que fueran admitidos en su análisis de fondo por este Tribunal, se tiene que el imputado alega que la Sentencia se basó en hechos inexistentes no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; al respecto, de la revisión de antecedentes, se verifica que este aspecto fue alegado por el imputado en el recurso de apelación restringida, concluyendo el Tribunal de Alzada, al emitir la resolución impugnada, que el Tribunal a quo realizó la descripción valorativa, descriptiva de todas las pruebas desfiladas en el juicio, llegando al convencimiento de manera puntual conforme el art. 173 del CPP, que se realizó la valoración conjunta sobre la prueba producida, existiendo una fundamentación descriptiva y valorativa, así como una fundamentación analítica o intelectiva, expresando los motivos de hecho o de derecho en que se basó la decisión, no siendo evidente que no exista una valoración conjunta y armónica de toda la prueba probatoria, con sujeción a las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia, habiendo asignado a cada uno de los elementos probatorios el valor
correspondiente, no siendo por lo tanto evidente que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, concluyendo en definitiva que se observó los parámetros establecidos en los arts. 124 y 173 del CPP.
Ahora bien, identificados los fundamentos asumidos por el Tribunal de alzada para declarar la improcedencia del recurso de apelación restringida formulada por la parte imputada, se tiene que el argumento sostenido por el imputado carece de todo asidero, habida cuenta que el Tribunal de Sentencia Segundo del Distrito Judicial de Potosí, emitió la Sentencia 6/2011 conforme las previsiones del art. 173 del CPP, al constatarse de su contenido una debida fundamentación probatoria descriptiva, estableciendo con precisión los hechos acreditados con los distintos elementos probatorios producidos en el desarrollo del acto del juicio; además, contiene la constancia en el caso de la prueba testifical de las ideas principales y pertinentes que se extraen de la declaración de los testigos y de los datos más relevantes aportados por la prueba documental y pericial, efectuando el énfasis de las conclusiones atinentes o relevantes del caso respecto a los peritos de cargo; por otra parte, en el acápite destinado a la fundamentación probatoria, analítica o valorativa, el Tribunal de Sentencia, establece un conjunto de conclusiones que no son sino consecuencia de la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida de la prueba y con base a las reglas de la sana crítica.
Sobre este último aspecto, cabe destacar que el vigente Código de Procedimiento Penal asume el sistema de valoración de la sana crítica, lo que implica que la autoridad judicial a tiempo de dictar Sentencia debe considerar las reglas de la experiencia que son aquellas que conoce el hombre común, las reglas de la psicología referidas no a las normas elaboradas por ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos; además de las reglas de la lógica, vale decir la regla de la identidad, la regla de contradicción, la regla de tercero excluido o la regla de razón suficiente; sin que se advierta en el caso de autos un desconocimiento de estas reglas por parte del Tribunal de Sentencia al emitir el fallo, razón por la cual resulta insostenible afirmar que se incurrió en una valoración defectuosa de la prueba.
Por otra parte, este Tribunal concluye no ser evidente que la Sentencia se haya basado en hechos inexistentes o no acreditados, pues el Tribunal de Sentencia en mérito a la valoración de la prueba producida en el juicio, estableció claramente los motivos fácticos y jurídicos, respaldados probatoriamente, para establecer la responsabilidad penal del imputado en los delitos atribuidos en la acusación.
En consecuencia, se tiene que los fundamentos del Auto de Vista impugnado, no incurren en contradicción alguna con el precedente invocado, Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006; por el contrario, el Tribunal de Alzada, ante la denuncia de que la Sentencia se basó en hechos inexistentes no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, efectuó el correspondiente control del sistema de valoración de la prueba y se pronunció de manera expresa, absolviendo ese fundamento del recurso de apelación restringida, concluyendo que el argumento del imputado resultaba
improcedente; determinación, que por lo expuesto precedentemente, se ajustó a los antecedentes procesales y al contenido de la Sentencia que fuera impugnada, motivo por la cual el presente recurso de casación deviene en infundado.
Por último, en cuanto al segundo precedente señalado, consistente en el Auto Supremo 5 de 21 de enero de 2007, al resultar inexistente, este Tribunal se ve en la imposibilidad material de efectuar el contraste propio del recurso de casación y establecer si existe o no contradicción con la resolución impugnada.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Cirilo López López, cursante de fs. 941 a 947.

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