Source: http://docplayer.es/1741829-En-el-tribunal-supremo-de-puerto-rico.html
Timestamp: 2016-12-06 20:12:14+00:00

Document:
Alejandra Blanco Gómez
1 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico Apelada vs. Certiorari 2008 TSPR DPR Integrand Assurance Company Número del Caso: AC , cons. AC y AC Fecha: 22 de mayo de 2008 AC Apelante Carpets & Rugs Warehouse Inc. y Carpet Mart, Inc. Interventores Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de San Juan, Panel IV Juez Ponente: Hon. Guillermo Arbona Lago Abogado de la Parte Apelante: Lcdo. Carlos R. Iguina Oharriz Abogada de la Parte Apelada: Lcda. Brenda N. Pérez Fernández Oficina del Procurador General Lcdo. Luis José Torres Asencio Procurador General Auxiliar Abogado de la Parte Interventora: Lcdo. Juan A. Moldes Rodríguez AC Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de San Juan, Panel I Juez Ponente: Hon. Luis Roberto Piñero González Abogado de la Parte Apelante: Lcdo. Luis Ramón Ortiz Segura Abogado de la Parte Apelada: Lcdo. David J. Castro Anaya2 Oficina del Procurador General Lcdo. Luis José Torres Asencio Procurador General Auxiliar Abogado de la Parte Interventora: Lcdo. Juan A. Moldes Rodríguez AC Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de San Juan, Panel III Juez Ponente: Hon. Néstor Aponte Hernández Oficina del Procurador General Lcdo. Luis José Torres Asencio Procurador General Auxiliar Abogado de la Parte Interventora: Lcdo. Juan A. Moldes Rodríguez Materia: Revisión Administrativa Procedente del Comisionado de Seguros de P.R. Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.3 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico Apelada Integrand Assurance Company Apelante v. Carpets & Rugs Warehouse Inc. y Carpet Mart, Inc. AC cons. AC AC Interventores Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2008 Nos corresponde interpretar el Artículo del Código de Seguros, a los fines de determinar si la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) viene obligada a celebrar una vista cuando una parte afectada por una orden previamente emitida por el Comisionado así la solicita. Veamos los hechos particulares de los casos que se encuentran ante nuestra consideración, los cuales fueron consolidados por presentar una idéntica controversia. I A Oficina del Comisionado de Seguros v. Integrand Assurance Company, AC Carpets & Rugs Warehouses Inc. y Carpet Mart Inc. (Carpets) adquirieron una póliza comercial de Integrand4 AC cons. AC y AC Assurance Company (Integrand) para cubrir los daños que pudiera sufrir un edificio comercial localizado en el sector industrial Santa Rosa en Bayamón, Puerto Rico. En la madrugada del 18 de octubre de 2004, ocurrió un incendio en el referido edificio. A raíz del incendio, Carpets presentó una reclamación ante su aseguradora, Integrand, en la cual incluyó, entre otras cosas, una partida de trescientos mil ($300,000) dólares por la pérdida de rentas. Integrand cursó a Carpets una oferta transaccional y ofreció los trescientos mil ($300,000) dólares por la pérdida de rentas según expuesto en la reclamación. Sin embargo, respecto a las demás partidas, ofreció cantidades diferentes a las reclamadas. El 19 de abril de 2005, Carpets aceptó la oferta de pago de trescientos mil ($300,000) dólares en concepto de pérdida de rentas, y no aceptó lo ofrecido para las demás partidas. Luego de varios requerimientos de pago, el 10 de octubre de 2005, Carpets presentó ante la OCS una solicitud de investigación contra Integrand, por considerar que ésta no había atendido adecuadamente su reclamación. La OCS cursó a Integrand una notificación de investigación. Luego de la contestación de Integrand, la OCS determinó que Integrand había infringido los artículos y del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. secs. 2716a y 2716b, y la Carta Normativa N-I , por lo que le impuso una multa administrativa de veinte mil ($20,000) dólares.5 AC cons. AC y AC Integrand solicitó una vista administrativa. Por su parte, la representación legal de la OCS presentó una solicitud de resolución sumaria. Integrand se opuso por entender que el Artículo del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 222, obliga a la OCS a celebrar una vista en su fondo en todas aquellas instancias en que cualquier persona perjudicada por una orden del Comisionado la solicite. Añadió que existían hechos en controversia, por lo que no procedía la adjudicación sumaria. Finalmente, la OCS confirmó la imposición de la multa mediante resolución sumaria. Concluyó que la aseguradora no había controvertido los hechos materiales expuestos por la OCS, a pesar de habérsele concedido amplia oportunidad para ello. Inconforme, Integrand acudió al Tribunal de Apelaciones y alegó, en lo pertinente, que la OCS había errado al resolver a través del mecanismo sumario, pues según dispuesto en el Artículo del Código de Seguros, existe un derecho estatutario a vista en estos casos. Alegó además, que la OCS había errado al concluir que Integrand había incurrido en violación al Artículo del Código de Seguros. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución administrativa. Determinó que resultaba innecesaria la celebración de una vista pues de los autos surgía que no existía controversia en cuanto a ningún hecho material. De esta determinación, Integrand acudió ante nosotros reiterando sus planteamientos ante el foro apelativo6 AC cons. AC y AC intermedio de que tenía un derecho establecido en ley a que se celebrara una vista administrativa. B Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. American International Insurance Company, AC La estudiante Rosanna Ramón Santos sufrió una caída en el Colegio Universitario de Humacao, a raíz de la cual se presentó una reclamación contra la Universidad de Puerto Rico. American Internacional Insurance Company of Puerto Rico (AIICO) mantenía una póliza de responsabilidad civil asegurando a la Universidad. El 26 de agosto de 1999, Underwriters Adjustment Company Inc., que fungía como ajustadora de AIICO, denegó la reclamación de Ramón Santos por entender que los daños reclamados no ocurrieron por actos negligentes de la Universidad. Posteriormente, la señora Carmen R. Santos González, madre de Ramón Santos, solicitó la intervención de la OCS en cuanto a la reclamación en cuestión. El 19 de julio de 2005, la OCS expidió una orden contra AIICO y Underwriters Adjustment Company Inc., en la cual le impuso una multa de mil ($1,000) dólares a cada una por no haber resuelto la reclamación dentro del término dispuesto en ley. Las compañías presentaron una solicitud de reconsideración y vista. La vista solicitada se pautó. Por su parte, la OCS presentó una moción solicitando que se adjudicase el caso por la vía sumaria, pues no existía controversia sobre los hechos materiales.7 AC cons. AC y AC La OCS emitió una resolución dejando sin efecto el señalamiento de vista y concedió un plazo de veinte (20) días a las compañías para que presentaran su oposición a la solicitud de resolución sumaria. En su oposición, las compañías se limitaron a plantear que el mecanismo sumario no estaba disponible para resolver este tipo de caso. Arguyeron, que el Artículo del Código de Seguros otorga el derecho absoluto a una vista a toda persona perjudicada por una orden del Comisionado. La OCS concedió un término adicional para que las compañías se opusieran a los méritos de la solicitud de resolución sumaria. Las compañías presentaron una moción de reconsideración de la resolución interlocutoria en la que sólo incluyeron un escueto listado de hechos alegadamente en controversia, y reiteraron su derecho a que se celebrara una vista. La OCS dictó una resolución sumaria en la que confirmó la multa impuesta por entender que no se habían controvertido los hechos incluidos en la moción solicitando que se adjudicase el caso por vía sumaria. Ante tal proceder, AIICO presentó un recurso de revisión en el Tribunal de Apelaciones. En el mismo, alegó que había errado la OCS al resolver sumariamente el caso, privándola así de su derecho a una vista administrativa. El foro intermedio confirmó la resolución recurrida, por entender que AIICO no controvirtió los hechos expuestos en la solicitud de resolución sumaria.8 AC cons. AC y AC Inconforme, AIICO acudió ante nosotros. Alegó que erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que la OCS podía dictar su resolución de forma sumaria. En la alternativa, alegó que existían hechos en controversia, por lo que no procedía resolver sumariamente. C Oficina del Comisionado de Seguros v. American Internacional Insurance Company, AC Mediante una carta con fecha del 22 de febrero de 2003, el licenciado Edgardo Santiago Lloréns le notificó a AIICO, compañía aseguradora del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de un accidente sufrido por la señorita Jessica Rivera Cartagena en la referida universidad. Mientras esperaba respuesta, Rivera Cartagena presentó una demanda de daños contra la universidad y AIICO. 1 El 1 de agosto de 2003, más de un (1) año después de enviada la carta a la aseguradora notificando el accidente, el licenciado Santiago Lloréns cursó una comunicación al Comisionado de Seguros indicándole que hasta ese momento no había recibido ninguna respuesta respecto a la reclamación en cuestión. Dicha comunicación dio inicio a una investigación de la OCS. El 10 de octubre de 2005, la OCS emitió una orden imponiéndole a AIICO una multa administrativa de mil quinientos ($1,500) dólares por no haber resuelto la 1 El pleito fue adjudicado mediante Sentencia por transacción el 17 de diciembre de 2004.9 AC cons. AC y AC reclamación dentro del término dispuesto en ley y por haber divulgado información falsa respecto al negocio de seguros. AIICO presentó una moción de reconsideración y solicitud de vista. A raíz de la petición, se señaló la vista solicitada. Posteriormente, la OCS solicitó que se adjudicase el caso mediante el mecanismo de resolución sumaria. Ante esta petición, se dejó sin efecto el señalamiento de vista y se le concedió un término a AIICO para oponerse a la solicitud de resolución sumaria. En su oposición, AIICO alegó que según lo dispuesto en el Artículo del Código de Seguros no se podía adjudicar el caso por la vía sumaria. Además, señaló que existían hechos materiales en controversia, lo que también impedía la adjudicación sumaria. No obstante, la aseguradora no presentó prueba alguna para sostener la existencia de los alegados hechos en controversia. La OCS dictó resolución sumaria confirmando la multa impuesta a AIICO. AIICO acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión en el que alegó que erró la OCS al resolver sumariamente el caso, privando a la aseguradora de su derecho a una vista administrativa. El foro intermedio revocó la resolución recurrida. Explicó, que el Artículo del Código de Seguros obliga al Comisionado de Seguros a celebrar una vista cuando la parte afectada por una orden así lo solicita. Añadió que, de todas formas, existía una controversia relacionada con la fecha en que se recibió la reclamación, por lo que no procedía resolver sumariamente.10 AC cons. AC y AC De esta determinación la OCS, por conducto del Procurador General, acudió ante nosotros. Señaló que había errado el Tribunal de Apelaciones al concluir que el Artículo del Código de Seguros obliga a la OCS a celebrar las vistas administrativas allí dispuestas siempre que las personas perjudicadas así lo soliciten. Alegó además, que los hechos materiales del caso no estaban en controversia. El 16 de marzo de 2007, acogimos los tres recursos como certiorari y los consolidamos. Estando en posición de resolver, pasamos a así hacerlo. II A La controversia que debemos resolver es, en primer turno, si la OCS está obligada o no a celebrar una vista administrativa cuando una parte afectada por una orden del Comisionado de Seguros así lo solicite. Las compañías aseguradoras arguyen que el Artículo del Código de Seguros establece que es obligatorio celebrarlas una vez se solicitan. De otra parte, la OCS alega que, leído correctamente ese mismo artículo, se debe concluir que, celebrar la vista o no es un asunto netamente discrecional y no obligatorio. Nos corresponde entonces interpretar el alcance del Arículo Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 214 (1990); Pueblo v. De Jesús Delgado, 155 D.P.R. 930, 941 (2001); Alonso García v. S.L.G., 155 D.P.R. 91, 99 (2001). En esta gestión debemos regirnos por las normas generales aplicables a la interpretación de las leyes.11 AC cons. AC y AC Es norma establecida que al interpretar y aplicar un estatuto hay que hacerlo teniendo presente el propósito social que lo inspiró. Col. Ópticos P.R. v. Pearle Vision Center, 142 D.P.R. 221, 228 (1997); Departamento de Hacienda v. Telefónica Larga Distancia y otros, res. 17 de marzo de 2005, 163 D.P.R., 2005 T.S.P.R. 32; Departamento de Estado v. Unión General de Trabajadores, res. 13 de febrero de 2008, 173 D.P.R., 2008 T.S.P.R. 23; Morales v. Adm. Sistemas de Retiro, 123 D.P.R. 589, 595 (1989). Por tanto, la interpretación que se le dé al estatuto debe ser la que mejor responda a los propósitos que persigue. Departamento de Hacienda v. Telefónica Larga Distancia y otros, supra. Igualmente, [d]ebemos interpretar la ley como un ente armónico, dándole sentido lógico a sus diferentes secciones, supliendo las posibles deficiencias cuando esto fuera necesario. Departamento de Hacienda v. Telefónica Larga Distancia y otros, supra; Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740, 749 (1992). Siendo así, cuando existan disposiciones dudosas en un estatuto, éstas deben interpretarse a la luz de las demás disposiciones y atribuirles el sentido que resulte del conjunto de todas. Departamento de Hacienda v. Telefónica Larga Distancia y otros, supra. En el ámbito particular del derecho administrativo la interpretación que haga una agencia del estatuto que administra merece deferencia de los tribunales. Vázquez v.12 AC cons. AC y AC A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, (1991); P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 (2000). A la luz de los criterios esbozados, examinemos las disposiciones legales aplicables a esta controversia. B El Artículo del Código de Seguros rige todo lo concerniente al proceso de vistas en los procedimientos administrativos que se ventilan ante la Oficina del Comisionado de Seguros. El artículo dispone: (1) El Comisionado celebrará las siguientes: (a) Vistas requeridas por disposición de este título. (b) Vistas consideradas necesarias por el Comisionado para fines que caigan dentro del alcance de este título. (c) Vistas solicitadas por cualquier persona perjudicada por algún acto, amenaza de acto, informe, promulgación, regla, reglamento u orden del Comisionado. (2) Toda solicitud para una vista deberá ser por escrito, deberá especificar los extremos en que la persona que la solicita ha sido perjudicada y los fundamentos en que habrá de basar su solicitud. El Comisionado celebrará la vista así solicitada dentro de sesenta días después de recibir la solicitud, a menos que se posponga de común acuerdo. 26 L.P.R.A. sec Integrand alega que la palabra celebrará, contenida en el enunciado general del artículo implica que la OCS está obligada a celebrar una vista siempre que una parte perjudicada por alguna actuación del Comisionado la solicite, conforme se autoriza en el inciso (c) del Artículo No estamos de acuerdo.13 AC cons. AC y AC Al interpretar el enunciado general de este artículo, lo debemos hacer en armonía con las disposiciones de los incisos posteriores. Por eso, aun cuando el enunciado general establece que el Comisionado celebrará las siguientes vistas, lo que parece ser un mandato, una vez evaluada esta disposición en conjunto con los incisos posteriores que la modifican, advertimos que lo que parecía ser obligatorio, no lo es. Nos explicamos. En primer lugar, el inciso 1(a) del Artículo regula las vistas requeridas por disposición del Código de Seguros. Este inciso hace obligatoria la celebración de una vista cuando alguna disposición del Código de Seguros ordena celebrar vistas. Dicho inciso claramente alude a vistas requeridas por el estatuto. Adviértase sin embargo, que es el adjetivo requeridas contenido en el inciso 1(a) el que establece la obligatoriedad de la celebración de dichas vistas, y no la palabra celebrará contenida en el enunciado general. Por otro lado, las vistas a las que se refiere el inciso 1(b) son discrecionales. Lo que disipa las dudas en cuanto a la discreción del Comisionado para celebrarlas es que el inciso particular establece claramente que se refiere a las vistas consideradas necesarias por el Comisionado. En otras palabras, los incisos (a) y (b) del Artículo regulan dos clases de vistas. La primera (Artículo (a)) es una vista de carácter obligatorio ordenada por14 AC cons. AC y AC el propio Código de Seguros en otras de sus disposiciones. 2 El segundo tipo de vistas (Artículo (b)), es una vista discrecional, cuya celebración dependerá de la determinación que haga el propio Comisionado sobre si es o no conveniente llevarla a cabo. La celebración de estas vistas se enmarca en el ejercicio de la discreción de este funcionario. De acuerdo con lo anterior, resulta incorrecto utilizar la palabra celebrará, incluida en el enunciado general del Artículo 2.220, para resolver si las vistas a las que se refiere el inciso 1(c) son o no obligatorias. Como vimos, dicho enunciado también complementa los dos incisos anteriores que se refieren tanto a vistas requeridas como a vistas discrecionales. Examinemos entonces el contenido de los incisos 1(c) y 2 del precitado artículo, los cuales regulan las vistas solicitadas por cualquier persona perjudicada por algún acto del Comisionado de Seguros. El inciso 1(c) del Artículo regula la celebración de las vistas solicitadas por cualquier persona perjudicada por algún acto, amenaza de acto, informe, promulgación, regla, reglamento u orden del Comisionado, mientras el inciso 2 establece la forma en que se debe hacer dicha solicitud de vista. Particularmente, este último dispone que la solicitud de vista deberá especificar los extremos en que la persona que la solicita ha sido perjudicada y los fundamentos en que habrá de basar su solicitud. 2 Véase a modo de ejemplo el Artículo (4) del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 1222(4).15 AC cons. AC y AC El requisito de fundamentar la solicitud de vista, es un requisito de forma. Sin embargo, los requisitos de forma también tienen una razón de ser. No tendría ningún sentido exigir que se fundamente la solicitud de vista si los fundamentos para solicitarla son irrelevantes para la concesión de la misma. Ello equivaldría a interpretar que el legislador arbitrariamente impuso un escollo a la parte que solicita una vista. Véase, R. E. Bernier y J. A. Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de la Leyes en Puerto Rico, Segunda edición, San Juan, Puerto Rico, Publicaciones J.T.S., 1987, Capítulo 44, pág ( Todo lo que ha dicho [el legislador] ha sido por alguna razón y a todo lo que ha expresado debe dársele efecto. Siempre tiene que haber una razón que ha tenido el legislador para aprobar cada una de las disposiciones de la ley. ) Es por esto que coincidimos con la posición del Procurador General en cuanto a que, el hecho de que la solicitud de vista deba estar fundamentada es indicativo de que el Comisionado tiene discreción para denegarla si considera que, a base de los fundamentos expuestos en la solicitud no hay razón para concederla. Por otra parte, resulta importante aclarar que al indicarse en el inciso 2 que [e]l Comisionado celebrará la vista así solicitada dentro de sesenta días después de recibir la solicitud, a menos que se posponga de común acuerdo, lo que se persigue es establecer el término dentro del cual el Comisionado debe celebrar la vista una vez concedida, sin mas.16 AC cons. AC y AC Para sustentar su posición, el Procurador nos refiere al Artículo del Código de Seguros. Este artículo establece que [l]a apelación procederá únicamente contra una resolución del Comisionado emitida en un asunto en el que se hubiere concedido vista, o de una orden del Comisionado denegando la vista. Continúa diciendo, [c]ualquier persona perjudicada por tal resolución u orden del Comisionado podrá apelar de la misma. El Procurador arguye que de esta disposición surge que el Comisionado de Seguros tiene discreción para denegar las vistas solicitadas. Tiene razón. No se puede denegar algo que no se ha solicitado. Por lo tanto, una orden del Comisionado denegando" la vista, implica que ha mediado una solicitud de vista. Como dijimos anteriormente, los incisos 1(c) y 2 son los que regulan las vistas solicitadas por una parte. El inciso 1(c) regula las vistas solicitadas por cualquier persona perjudicada por algún acto, amenaza de acto, informe, promulgación, regla, reglamento u orden del Comisionado. Nótese que se incluyen todas las instancias en las que una parte puede solicitar una vista. Por lo tanto, el derecho otorgado por el Artículo de apelar una orden del Comisionado denegando la vista indudablemente se refiere a una vista solicitada al amparo del inciso 1(c) del Artículo Bernier y Cuevas Segarra, op cit., pág ( deben interpretarse las diferentes secciones [de la ley], las unas en relación con las otras, completando o supliendo lo que falte o sea oscuro17 AC cons. AC y AC en una con lo dispuesto en la otra, procurando siempre dar cumplimiento al propósito del legislador. ). 3 Somos del criterio que, cuando celebrar una vista suponga una dilación injustificada del proceso administrativo, el Comisionado de Seguros debe tener la autoridad para denegar la vista que se le ha solicitado. Éste debe tener flexibilidad para, sin perjuicio de los válidos reclamos instados ante su consideración, manejar y resolver los asuntos ante sí de la manera más expedita posible. De lo contrario, se dilata la pronta resolución de las controversias y se propende a incurrir en gastos adicionales injustificados. La ley no puede permitir que se hagan cosas inútiles y vanas. Celis Alquier v. Méndez, 18 D.P.R. 88, 93 (1912). Además, los tribunales deben evitar la interpretación de un estatuto que pueda conducir a resultados irrazonables o absurdos. Díaz Marín v. Mun. de 3 Integrand alega que es obligatorio celebrar una vista según lo establecido en el Artículo 1(d) de la Regla I del Reglamento Promulgado de Acuerdo con el Artículo del Código de Seguros de Puerto Rico, Reglamento de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, Núm. 481 de 7 de enero de 1958, pág. 1. El referido artículo dispone: (d) Si el Comisionado decide que la querella procede, ordenará, conforme a lo dispuesto en el Código de Seguros de Puerto Rico, Artículo 2.220, la celebración de una vista y hará que un abogado de su oficina tramite dicha querella notificando con copia de la misma al querellado, a la parte que radicó la querella y a todas las partes directamente afectadas por dicha vista. Claramente el Reglamento establece que las vistas se celebrarán conforme a lo establecido en el Artículo 2.220, por lo que el argumento de Integrand resulta inmeritorio.18 AC cons. AC y AC San Juan, 117 D.P.R. 334, 342 (1986). Véase, Passalacqua v. Municipio de San Juan, 116 D.P.R. 618, (1985). Por último, es preciso indicar, que esta interpretación de las disposiciones que gobiernan los procedimientos de vistas ante el Comisionado de Seguros es cónsona con la naturaleza flexible, ágil, sencilla, rápida y económica de los procedimientos administrativos. Flores Concepción v. Taíno Motors Inc., res. 12 de julio de 2006, 168 D.P.R., 2006 T.S.P.R. 120; Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder, 161 D.P.R. 341, 346 (2004). Véase, Bernier y Cuevas Segarra, op cit., pág ( a la hora de llevar a cabo la interpretación ha de atenerse a la valoración dominante en la sociedad del tiempo en que la ley ha de ser aplicada. ) Con esta interpretación integradora de las distintas cláusulas del Artículo propiciamos una interpretación armoniosa del artículo y consistente con la naturaleza del procedimiento administrativo. III A Establecido lo anterior, nos corresponde evaluar si la OCS abusó de su discreción al denegar las vistas solicitadas en estos casos y confirmar las multas impuestas en los casos ante nuestra consideración. En esta función, nos guiaremos por los principios aplicables a la revisión judicial de decisiones administrativas. Es norma reiterada que las decisiones de las agencias administrativas merecen gran deferencia de los foros19 AC cons. AC y AC judiciales. Empresas Ferrer Inc. v. A.R.P.E., res. 2 de octubre de 2007, 172 D.P.R., 2007 T.S.P.R. 175; Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 D.P.R. 908, 929 (1998); Otero Mercado v. Toyota de Puerto Rico, res. 3 de febrero de 2005, 163 D.P.R., 2005 T.S.P.R. 8. La revisión judicial de decisiones administrativas debe limitarse a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76 (2004); Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 (1993); Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975). Procedemos entonces a exponer, en apretada síntesis, los hechos medulares de cada uno de los casos que demuestran que la OCS no abusó de su discreción al confirmar las multas impuestas mediante resolución sumaria. B En el caso AC , el 5 de octubre de 2006, mediante resolución sumaria, la OCS confirmó la imposición de una multa de veinte mil ($20,000) dólares a Integrand por violación a los artículos y del Código de Seguros, los cuales dictan en lo pertinente: Artículo Prácticas desleales en el ajuste de reclamaciones En el ajuste de reclamaciones ninguna persona incurrirá o llevará a cabo, cualquiera de las siguientes prácticas desleales:. (6) No intentar de buena fe de llevar a cabo un ajuste rápido, justo y equitativo de una20 AC cons. AC y AC reclamación de la cual surja claramente la responsabilidad.. (12) Rehusar transigir rápidamente una reclamación cuando clara y razonablemente surge la responsabilidad bajo una porción de la cubierta, con el fin de inducir a una transacción bajo otra porción de la cubierta de la póliza. Artículo Término para la resolución de reclamaciones (1) La investigación, ajuste y resolución de cualquier reclamación se hará en el período razonablemente más corto dentro de los primeros cuarenta y cinco (45) días después de haberse sometido al asegurador todos los documentos que fueren necesarios para disponer de dicha reclamación. Sólo cuando medien causas extraordinarias se podrá extender ese primer período, pero tal extensión nunca podrá exceder el término de noventa (90) días desde la fecha en que se sometió la reclamación. En aquellos casos en que el asegurador necesite un término adicional a los noventa (90) días, deberá así solicitarse por escrito al Comisionado veinte (20) días antes del vencimiento de dichos noventa (90) días, debiendo también notificarse de ello al reclamante. Si el Comisionado entendiera que la solicitud de tiempo adicional es irrazonable, sea porque la misma no está debidamente justificada o el tiempo adicional es excesivo, le notificará al asegurador que no procede dicha prórroga y que, por tanto, deberá disponer de la reclamación en el término reglamentario o dentro del término adicional que en dicha notificación se le concediera. Artículo del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 2716a y Artículo (1) del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 2716b, respectivamente. No existe controversia en cuanto a que las aseguradas en este caso, desde el 19 de abril de 2005 habían aceptado el ofrecimiento de pago de una partida de trescientos mil ($300,000) dólares en concepto de pérdida de rentas, aun21 AC cons. AC y AC cuando no había acuerdo respecto a las demás partidas reclamadas. No obstante, al momento de la orden inicial de la OCS imponiendo la multa, habían transcurrido más de trescientos treinta (330) días sin que Integrand hiciera el pago de esta partida, lo cual, sin más, constituye una violación a los precitados artículos y Por otra parte, el Artículo del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 2735, establece que [e]n adición [sic] a cualquier penalidad provista o en lugar de la misma, a cualquier persona que violare una disposición de este capítulo podrá imponérsele una multa administrativa que no excederá de diez mil (10,000) dólares. En virtud de lo anterior, la OCS no abusó de su discreción al confirmar mediante resolución sumaria la multa de veinte mil ($20,000) dólares impuesta a Integrand. Finalmente, hay que destacar que Integrand tuvo amplia oportunidad de presentar sus argumentos mediante la contestación e impugnación a la investigación y el recurso de oposición a la solicitud de resolución sumaria, por lo que el procedimiento seguido en su contra no constituyó una violación a su debido proceso de ley. Por todo lo anterior, se confirma la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en el caso AC , la cual confirmó a su vez la resolución sumaria de la OCS. 4 4 La OCS también encontró que Intengrand infringió lo establecido en la carta normativa N-I Sobre lo anterior, Integrand alegó en su recurso ante este foro que dicha carta constituye una regla interpretativa, por lo que no procedía una sanción en virtud de la misma. Por entender Mostrar más
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Ranger American of P.R., Inc. Peticionaria v. Loomis Fargo & Co. of Puerto Rico Recurrido Certiorari 2007 TSPR 127 171 DPR Número del Caso: CC-2005-1076 Fecha: 19 Más detalles KLCE201201729 RESOLUCIÓN. de certiorari y solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO César Rivera González Recurrido vs. PR Retail Stores, Inc. d/b/a Pitusa Tiendas por Departamentos Certiorari 2008 TSPR 98 174 DPR Peticionarios Número del Caso: CC-2008-63 Más detalles R E S O L U C I O N. Sometida la prueba de la querella de epígrafe, analizada y ponderada la misma, el Departamento formula las siguientes:
CC-2001-217 1 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Madeline Pérez Fernández Peticionaria v. Municipio de Guaynabo, Héctor O'Neill y Antonio O'Neill, respectivamente Alcalde y Director de Personal del Más detalles ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO CÁMARA DE REPRESENTANTES. P. de la C. 2453 11 DE MAYO DE 2015. Presentado por el representante Santa Rodríguez
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO In re: Orlando Torres Trinidad 2012 TSPR 23 183 DPR Número del Caso: TS-8227 Fecha: 9 de noviembre de 2011 Oficina de Inspección de Notarías Lcda. Lourdes Quintana Más detalles RESOLUCIÓN. Mediante Orden emitida el 17 de diciembre de 2003, la Oficina del Comisionado
CC-1999-924 1 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Jorge Vargas Cobián y otros Peticionarios v. Jorge González Rodríguez y otros Recurridos Certiorari 99 TSPR 186 Héctor Vargas Rivera y otros Número del Más detalles REGLAMENTO PROPUESTO
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO In re: Salvador Tió Fernández 2010 TSPR 94 179 DPR Número del Caso: AB-2008-61 Fecha: 14 de abril de 2010 Oficina del Procurador General: Lcda. Zaira Z. Girón Anadón Más detalles COMISIÓN DE RELACIONES DEL TRABAJO DEL SERVICIO PÚBLICO P.O. BOX 13934 SAN JUAN, PUERTO RICO 00908-3934 TEL. (787) 723-4242 FAX.
COMISIÓN DE RELACIONES DEL TRABAJO DEL SERVICIO PÚBLICO P.O. BOX 13934 SAN JUAN, PUERTO RICO 00908-3934 TEL. (787) 723-4242 FAX. (787) 723-4699 INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES Querellado -Y- SERVIDORES Más detalles DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR
Estado Libre Asociado de Puerto Rico DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Oficina Regional de Caguas Apartado 1031, Caguas, Puerto Rico 00726 Teléfono: 744-9341 / Fax: 744-3414 www.daco.gobierno.pr Imilce Más detalles LAUDO INTRODUCCIÓN. La audiencia en el caso de epígrafe se llevó a cabo el 23 de agosto de 2006, en la
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Banco Bilbao Vizcaya Peticionario v. Osvaldo González Zayas, etc. Recurridos Certiorari 2001 TSPR 152 155 DPR Número del Caso: CC-2001-732 Fecha: 2/noviembre/2001 Más detalles Regla 17 -Procedimiento en apelación de sentencias finales en casos civiles provenientes del Tribunal de Circuito de Apelaciones
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO El Pueblo de Puerto Rico Recurrida v. Heriberto García Parra Peticionario Certiorari 2005 TSPR 106 165 DPR Número del Caso: CC-2004-361 Fecha: 29 julio 2005 Tribunal Más detalles ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA DE PUERTO RICO
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO In re: Lorenz Michel Prüss 2013 TSPR 126 189 DPR Número del Caso: MC-2013-52 Fecha: 1ro de noviembre de 2013 Abogado del Peticionario: Lcdo. Carlos Romero Barceló Más detalles ESTADO LIBRE 120 ASOCIADO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR P.O. BOX 41059, SAN JUAN, P.R. 00940-1059 RESOLUCIÒN
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO In re: Samuel Nieves Rodríguez 2007 TSPR 169 172 DPR Número del Caso: CP-2006-11 Fecha: 28 de agosto de 2007 Oficina del Procurador General: Lcda. Celia M. Molano Más detalles RESOLUCIÓN. La vista administrativa de la presente querella se celebró el 9 de mayo de 2005.
Estado Libre Asociado de Puerto Rico DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Apartado 41059 Estación Minillas San Juan, Puerto Rico 00940 1059 www.daco.gobierno.pr QUERELLANTE QUERELLAS NUMERO RONALD BARRAU Más detalles MAGISTRADO DEL PUEBLO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO Oficina Procurador del Ciudadano Hon. Carlos J. López Nieves Procurador EN EL ASUNTO DE LA: Administración de Reglamentos y * Sobre: Parámetros Reglamentarios de Permisos Más detalles EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Westernbank Puerto Rico Peticionario v. Hon. Gloriana Ruiz Jiménez Registradora de la Propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sección de Humacao Certiorari Más detalles DIONISIO CORCHADO PEREZ 20000 11042 LUCIA TORRES PEREZ CONSTRUCCION RESOLUCION
Estado Libre Asociado de Puerto Rico DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Oficina Regional de Arecibo 540 Avenida Miramar Suite 7 Arecibo, Puerto Rico 00612 Teléfono: 878-2362 QUERELLANTE: QUERELLA NUMERO: Más detalles EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Pablo Villanueva Aponte, Demandantes-recurridos v. Universidad de Puerto Rico, Certiorari 2005 TSPR 161 165 DPR Demandados-peticionarios Aníbal Santiago Maldonado, Más detalles ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO SENADO DE PUERTO RICO. P. del S. 654. 27 de abril de 2009. Presentado por el señor Fas Alzamora
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO BBC Realty Inc. Demandante Recurrido v. Juan A. Flores Galarza en su Capacidad de Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico Certiorari 2005 TSPR Más detalles En el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Marcos Valls Sánchez Lcda. Adriana E.
CC-97-762 1 En el Tribunal Supremo de Puerto Rico Carmen S. Hernández Sánchez y otros Recurridos v. Bermúdez & Longo, SE y otros Peticionarios Certiorari 99 TSPR 156 Número del Caso: CC-1997-0762 Abogados Más detalles ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO ADMINISTRACIÓN DE REGLAMENTOS Y PERMISOS REVOCACIÓN EJEMPLO. SOLICITUD DE INTERVENCIÓN- Modelo Borrador
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO ADMINISTRACIÓN DE REGLAMENTOS Y PERMISOS ADMINISTRACIÓN DE REGLAMENTOS Y PERMISOS (ARPE) Querellante V. NOMBRE # REVOCACIÓN Querellados EJEMPLO - Modelo Borrador A Más detalles ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO CÁMARA DE REPRESENTANTES. P. de la C. 2246 18 DE NOVIEMBRE DE 2014. Presentado por la representante Méndez Silva
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO In re: Antonio Arraiza Miranda 2014 TSPR 12 190 DPR Número del Caso: CP-2009-16 Fecha: 28 de enero de 2014 Abogados de la Parte Querellada: Lcdo. Jorge Marchand Heredia Más detalles SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO PARA VEHICULOS DE MOTOR
SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO PARA VEHICULOS DE MOTOR 8051. Declaración de propósitos. 8052. Definiciones. 8053. Disposiciones generales - Responsabilidad obligatorio. 8054. Quiénes ofrecerán el Más detalles ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUEfitl R <±a 7 PH q: 58 OFICINA DEL CONTRALOR ELECTORAL
f' ;, ' "' FCT Al : (' r ' :-.\A ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUEfitl R Más detalles DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR OFICINA REGIONAL DE BAYAMON APARTADO 1498 BAYAMON, PUERTO RICO 00960 RESOLUCIÓN
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO In re: José H. Martí Fajardo Queja 2004 TSPR 60 161 DPR Número del Caso: AB-2002-293 Fecha: 12 de marzo de 2004 Oficina del Procurador General: Lcda. Minnie H. Rodríguez Más detalles TEMA 15 Tema 15. Los procesos y recursos extraordinarios: 15.1 Casación. 15.2. Control de legalidad. 16.3 Amparo Laboral.
TEMA 15 Tema 15. Los procesos y recursos extraordinarios: 15.1 Casación. 15.2. Control de legalidad. 16.3 Amparo Laboral. Casacion.- La Casación es un medio de impugnación de las sentencias en aquellos Más detalles REGLAMENTO SOBRE USO Y ABUSO DE DROGAS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
CC-2000-703 1 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Asociación de Residentes Colinas Metropolitanas, Inc. Peticionaria v. Rubén L. Thillet Rivera; Jane Doe de Thillet y la Sociedad Legal de Gananciales Más detalles Conforme a la prueba practicada en este caso este Departamento formula las siguientes DETERMINACIONES DE HECHOS
TELS. (787) 832-3320, 833-0935, 833-2905 www.daco@gobierno.pr OFICINA REGIONAL DE MAYAGÜEZ 50 CALLE NENADICH W STE 307 MAYAGÜEZ, PUERTO RICO 00680-3660 FAX: (787) 833-7403 QUERELLANTE: QUERELLA NUM. AMARALYS Más detalles 147-M-98 CONSIDERANDOS: ANTECEDENTES DE HECHO. ALEGATOS DE LAS PARTES.
147-M-98 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las doce horas con trece minutos del día once de febrero del dos mil. El presente juicio ha sido promovido Más detalles EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Comisionado de Seguros de Puerto Rico Peticionario v. Triple-S Salud, Inc. Certiorari 2014 TSPR 104 191 DPR Recurrida Número del Caso: CC-2013-873 Fecha: 5 de septiembre Más detalles EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO. San Juan, Puerto Rico, a 1 de mayo de 2008.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO In re: Aprobación del nuevo Reglamento y Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal ER-2008-03 RESOLUCIÓN San Juan, Puerto Rico, a 1 de mayo de 2008. Más detalles Son nulos los acuerdos de las partes que se opongan a lo dispuesto en este artículo.
CAPÍTULO IV De los procesos matrimoniales y de menores Artículo 769. Competencia. 1. Salvo que expresamente se disponga otra cosa, será tribunal competente para conocer de los procedimientos a que se refiere Más detalles EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
CC-98-162 1 En el Tribunal Supremo de Puerto Rico General Accident Insurance Company Puerto Rico, Ltd. Demandante V. Erwin Ramos Díaz Demandado y Tercero Demandante Recurrido Certiorari 99 TSPR 91 Myrna Más detalles LEY EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
(P. de la C. 809) ~ESION r:ra'samblea LEGISLATIVA ORDINARIA LeyNúm. IW -;).O t~ (Aprobada en ~de.m:_ de 20_B_} LEY Para enmendar las Reglas 193, 194, 216 y 217 de las de Procedimiento Crimina! de 1963, Más detalles RESOLUCION. El 21 de septiembre de 2007 se celebró la vista administrativa con relación a la querella de epígrafe.
Estado Libre Asociado de Puerto Rico DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Oficina Regional de Caguas Apartado 1031, Caguas, Puerto Rico 00726 Teléfono: 744-9341 / Fax: 744-3414 www.daco.gobierno.pr Gladys Más detalles ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA SUPERIOR DE SAN JUAN
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA SUPERIOR DE SAN JUAN CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO, INC. et als. Peticionarios CIVIL NÚM. vs. ALEJANDRO GARCÍA PADILLA et als Más detalles DERECHOS DE LOS PADRES
DERECHOS DE LOS PADRES En este documento usted encontrará una explicación de los derechos de los niños y jóvenes con impedimentos y sus padres bajo la ley Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), Más detalles ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO COMISIÓN APELATIVA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO PÚBLICO SAN JUAN, P.R.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Miriam N. Fonseca, Rosa M. Fonseca y Felicita Rodríguez Recurridas v. Hospital Interamericano de Medicina Avanzada (HIMA) Dr. Guillermo Tirado Menéndez Dr. Arnulfo Más detalles RESOLUCION. El 13 de septiembre de 2006, se celebró la vista administrativa con relación a la querella de epígrafe.
Estado Libre Asociado de Puerto Rico DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Oficina Regional de Caguas Apartado 1031, Caguas, Puerto Rico 00726 Teléfono: 744-9341 / Fax: 744-3414 www.daco.gobierno.pr Jorge Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 2
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 2
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN

 RESOLUCIÓN 
 Artículo 769