Source: https://tc.vlex.es/vid/35-lotc-57-56-15355089
Timestamp: 2019-09-21 00:38:46+00:00

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STC 126/1997, 3 de Julio de 1997 - Jurisprudencia - VLEX 15355089
Número de Recurso: Cuestión de Inconstitucionalidad nº 661/1996.
1. Si los arts. 163 C.E. y 35.1 LOTC condicionan el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad al hecho de que el órgano jurisdiccional considere que la norma aplicable al caso «pueda ser contraria a la Constitución», su mismo tenor literal permite que el juzgador se limite a expresar una duda razonable. Y así hemos dicho tempranamente que la regulación constitucional y legal de las cuestiones «no impone a aquél (el órgano jurisdiccional)una afirmación de inconstitucionalidad y permite que el planteamiento se haga en los casos de duda, de indeterminación entre dos juicios contradictorios», siempre que se exteriorice el razonamiento que cuestiona la constitucionalidad y se proporcionen los elementos que llevan al mismo (STC 17/1981), como aquí ocurre [F.J. 3]. 2. Este Tribunal ha declarado reiteradamente que ha de procederse a una interpretación no formalista y flexible de los requisitos del art. 35 LOTC, para que las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales sean resueltas mediante Sentencia y así se pueda contribuir a la depuración del ordenamiento jurídico mediante una eficaz cooperación entre aquéllos y este Tribunal (STC 54/1983) [F.J. 3]. 3. Este Tribunal ha puesto reiteradamente de relieve que no cabe minimizar la importancia de la audiencia prevista en el art. 35.2 LOTC. Esta, en efecto, no sólo garantiza que las partes sean oídas ante una decisión judicial de tanta entidad como abrir un proceso constitucional, sino que pone a disposición del órgano jurisdiccional un medio que le permite conocer la opinión de los sujetos interesados con el fin de facilitar la reflexión sobre la conveniencia o no de instar la apertura de dicho proceso. Para cumplir este doble objetivo las alegaciones han de versar, de un lado, sobre la vinculación entre la norma citada por el órgano judicial como cuestionable y los supuestos de hecho que se dan en el caso sometido y, de otro, sobre el juicio de conformidad entre la norma y la Constitución [F.J. 4]. 4. Según hemos dicho (SSTC 157/1990, 222/1972 y 238/1992), «la finalidad de la cuestión de inconstitucionalidad no es en modo alguno la de resolver controversias interpretativas sobre la legalidad entre órganos jurisdiccionales o dudas sobre el alcance de determinado precepto legal». En el presente caso, sin embargo, la Sala no cuestiona con carácter autónomo las resoluciones del Tribunal Supremo sino ciertos preceptos del Derecho histórico; constatación que por sí sola excluye el eventual reproche. De otro lado, tampoco se suscita aquí una controversia interpretativa sobre la legalidad ordinaria, sino la confrontación con el art. 14 C.E. de dichos preceptos. Si bien la particularidad del presente caso radica en que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre la no conformidad de los mismos con el principio de igualdad que la Constitución reconoce. Lo que aconseja hacer ciertas consideraciones adicionales en relación con este último punto [F.J. 4]. 5. La intervención de este Tribunal requiere no sólo la existencia de un problema de constitucionalidad, es decir, de interpretación de los preceptos de la Constitución, sino que tal interpretación tenga abierto el acceso al mismo dentro del ámbito de su jurisdicción en los distintos procesos constitucionales. De manera que si el ámbito de uno de ellos le impide pronunciarse, como ocurría en el caso de la STC 114/1995, respecto al proceso de amparo, ello no excluye que el mismo problema interpretativo pueda llegar ante este Tribunal por otro cauce procesal distinto; y en tal caso, siempre que tenga jurisdicción respecto a este proceso, como intérprete supremo de la Constitución (art. 1 LOTC) «le corresponderá decir la última palabra sobre la interpretación de la misma» [F.J. 5]. 6. Hemos de partir de una nítida distinción entre el orden de sucesión en la Corona, regulado en el art. 57.1 C.E., y el orden regular de la transmisión «post mortem» de los títulos nobiliarios. Ante todo, cabe observar que~ si bien ha existido históricamente una clara vinculación entre el orden de suceder en la Corona y el aplicable a los títulos nobiliarios, lo cierto es que la Constitución hoy vigente no la establece; pues las referencias de los arts 56.2 y 57.2 C.E., se circunscriben a los «demás títulos» del Rey y del Príncipe heredero, que quedan fuera de nuestro enjuiciamiento. De suerte que si la conformidad con la Constitución del orden regular de sucesión en la Corona (art. 57.1 C.E.) no puede suscitar duda alguna, por haberlo establecido así el constituyente, éste no es precisamente el caso respecto a los títulos nobiliarios, pues es justamente la ausencia de un precepto constitucional que consagre el orden regular de sucesión en estas mercedes lo que permite plantear la presente cuestión de inconstitucionalidad [F.J. 7]. 7. Aun cuando el precepto aquí cuestionado proceda de la legislación histórica y sea aplicable a los títulos de nobleza, cuyas raíces también se asientan en un pasado secular, sin embargo ha de recordarse que el carácter histórico de una institución no puede excluir, por sí solo, su contraste con la Constitución. Pues si los principios y valores de ésta informan la totalidad de nuestro ordenamiento, la consecuencia es que la Norma fundamental «imposibilita el mantenimiento de instituciones jurídicas (aun con probada tradición) que resulten incompatibles con los mandatos y principios constitucionales» (STC 76/1988) [F.J. 8]. 8. Si el principio de igualdad «no postula ni como fin ni como medio la paridad y sólo exige la razonabilidad de la diferencia de trato», las prohibiciones de discriminación, en cambio, imponen como fin y generalmente como medio la parificación de trato legal, de manera que sólo pueden ser utilizadas excepcionalmente por el legislador como criterio de diferenciación jurídica (STC 229/1992). Lo que implica la necesidad de usar en el juicio de legitimidad constitucional un canon mucho más estricto y que implica un mayor rigor respecto a las exigencias materiales de proporcionalidad (SSTC 75/1983 y 209/1988). Aunque la confrontación con el art. 14 C.E. de la diferencia por razón de sexo que se imputa al precepto legal aquí cuestionado no puede llevarse a cabo en abstracto sino en el concreto ámbito de la institución de los títulos de nobleza, para determinar si dicho principio es aplicable en este particular ámbito jurídico, dada la peculiar naturaleza de aquellas [F.J. 8]. 9. Los títulos nobiliarios han subsistido en la sociedad burguesa y en el régimen constitucional, sin duda por su directa vinculación con la Corona, «fons nobilitatis». Aunque sólo han permanecido, «como instituciones residuales de la sociedad anterior que se incrustan en la nueva y logran persistir en ella, bien es cierto que con un contenido jurídico y una función social enteramente otras y menores que las que tuvieron antes» (STC 27/1982). Ahora bien, dicho esto, nuestro enjuiciamiento ha de partir necesariamente de un elemento de la doctrina sentada por este Tribunal en relación con el art. 14 C.E., a saber, que «...al amparo del principio de igualdad no es lícito tratar de asimilar situaciones que en su origen no han sido equiparadas por las normas jurídicas que las crean» (STC 9/1995). Y de su origen histórico se desprende un dato relevante en relación con dicha doctrina: Que los títulos de nobleza han sido una de esas instituciones que se han configurado según las normas del momento histórico en el que surgen, en atención a muy diversos factores, habiendo constituido, en el Antiguo Régimen, un doble factor de diferenciación jurídica entre las personas [F.J. 11]. 10. El ostentar un título nobiliario no supone en modo alguno «un "status" o condición estamental y privilegiada» ni tampoco conlleva hoy el ejercicio de función pública alguna. Pues «desde 1820 un título nobiliario es -y no es más que eso- una preeminencia o prerrogativa de honor», un «nomen honoris». De suerte que las consecuencias jurídicas inherentes al mismo o su contenido jurídico se agotan «en el derecho a adquirirlo, a usarlo y a protegerlo frente a terceros de modo semejante a lo que sucede con el derecho al nombre» (STC 27/1982) [F.J. 12]. 11. Por simbolizar el título de nobleza una institución que sólo fue relevante social y jurídicamente en el pasado, el símbolo elegido se halla desprovisto hoy de cualquier contenido jurídico-material en nuestro ordenamiento, más allá del derecho a usar un «nomen honoris» que viene a identificar, junto al nombre, el linaje al que pertenece quien ostenta tal prerrogativa de honor. Lo que es relevante en relación con el principio de igualdad del art. 14 C.E., puesto que si la adquisición de un título de nobleza sólo viene a constituir un «hecho diferencial» (STC 27/1982) cuyo significado no es material sino sólo simbólico, este carácter excluye, en principio, la existencia de una posible discriminación al adquirirlo, tanto por vía directa como por vía sucesoria, dado que las consecuencias jurídicas de su adquisición son las mismas en ambos casos. La adquisición por vía sucesoria de un título de nobleza sólo despliega hoy sus efectos jurídicos en el ámbito de determinadas relaciones privadas, pues su eficacia general sólo se manifiesta como complemento del nombre, identificando a quien lo ostenta con su linaje [F.J. 12]. 12. Los títulos de nobleza nos sitúan ante un ámbito de relaciones que se circunscribe a aquellas personas que forman parte del linaje del beneficiario de la merced y, por tanto, no poseen una proyección general y definitoria de un «status», sino ante un simple «nomen honoris» que implica una referencia a la historia en cuanto símbolo y no posee así otro valor que el puramente social que en cada momento quiera otorgársele [F.J. 12]. 13. La transmisión «post mortem» de los títulos de nobleza es de carácter vincular, y, por tanto, excepcional o extraordinaria. Lo que entraña, en esencia, la existencia de un orden de llamamientos objetivo y predeterminado que, en principio, es indefinido en cuanto a los sucesores en el uso y disfrute del título nobiliario que se transmite. Pues si éste ha constituido tradicionalmente una prerrogativa de honor vinculada a una familia o linaje -el de la persona a la que el Rey concedió la merced- ello permite perpetuar indefinidamente su uso y disfrute por los descendientes en línea directa de aquel a quien fue concedido, pero extraña necesariamente la exclusión de unos descendientes en favor de otro. Lo que diferencia esta sucesión vincular de la ordinaria regida por el Derecho civil [F.J. 14]. 14. El título de nobleza, por ser el resultado de la voluntad graciable del Monarca, se adquiere por vía sucesoria tal y como ha sido configurado por la Real concesión o por las posteriores autorizaciones regias [F.J. 14}. 15. Si los títulos de nobleza tienen hoy un carácter simbólico, como antes se ha dicho, la regla de preferencia establecida por el precepto cuestionado hoy es, indudablemente, un elemento diferencial que no tiene cabida en nuestro ordenamiento respecto a aquellas situaciones que poseen una proyección general. De manera que sólo puede entrañar, al igual que los propios títulos nobiliarios, una referencia o una llamada a la historia, desprovista hoy de todo contenido material. La diferencia por razón de sexo que la Partida 2.15.2 establece sólo posee hoy un valor meramente simbólico dado que el fundamento de la diferenciación que incorpora ya no se halla vigente en nuestro ordenamiento. Mientras que, por el contrario, los valores sociales y jurídicos contenidos en la Constitución y, por tanto, con plena vigencia en el momento actual, necesariamente han de proyectar sus efectos si estuviésemos ante una diferencia legal que tuviera un contenido material. Lo que ciertamente no ocurre en el presente caso, en atención a las razones que se han expuesto partiendo de las premisas sentadas en los fundamentos precedentes. A lo que cabe agregar, por último, otra consideración: Los títulos nobiliarios se adquieren hoy por vía sucesoria tal y como son. El régimen legal de su transmisión «post mortem» ha constituido, a lo largo del tiempo, un elemento inherente al propio título de nobleza que se adquiere por vía sucesoria. Y otro tanto cabe decir de los otorgados en el Estado liberal e incluso de los concedidos en fechas recientes, pues será lo dispuesto en la Real concesión lo que ha de determinar, en el futuro, las sucesivas transmisiones. Por lo que resultaría paradójico que el título de nobleza pudiera adquirirse por vía sucesoria no tal como es y ha sido históricamente según los criterios que han presidido las anteriores transmisiones, sino al amparo de criterios distintos. Pues ello supondría tanto como proyectar valores y principios contenidos en la Constitución y que hoy poseen un contenido material en nuestro ordenamiento sobre lo que carece de ese contenido por su carácter simbólico [F.J. 15]. 16. No siendo discriminatorio y, por tanto, inconstitucional el título de nobleza tampoco puede serlo dicha preferencia, salvo incurrir en la misma contradicción lógica que respecto a aquel caso se ha señalado [F.J. 16]. 17. Admitida la constitucionalidad de los títulos nobiliarios por su naturaleza meramente honorífica y la finalidad de mantener vivo el recuerdo histórico al que se debe su otorgamiento, no cabe entender que un determinado elemento de dicha institución -el régimen de su transmisión «mortis causa»- haya de apartarse de las determinaciones establecidas en la Real carta de concesión [F.J. 16].
Sentencia citada en: 364 sentencias, 86 artículos doctrinales, 43 resoluciones administrativas, 3 noticias
A) Doña María P. . C. y O. M. presentó en su día demanda de juicio declarativo de mayor cuantía pretendiendo se declarara su mejor derecho a ostentar los títulos de Conde de Cardona, con Grandeza de España, Marqués de Mairena y Conde de Arzarcóllar frente a su hermano, menor en edad, don Rafael. El Juzgado de Primera Instancia núm. 51 de Madrid, dictó en su día Sentencia desestimatoria de la demanda.
B) La actora civil interpuso recurso de apelación ante la Audiencia, cuya Sección Decimotercera acordó, por providencia de 20 de noviembre de 1995, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 35 LOTC, requerir a las partes para que alegaran lo que estimasen pertinente en relación con la «posibilidad constitucional de pervivencia, tras la entrada en vigor de la Constitución, del régimen de sucesión de títulos nobiliarios establecido como orden regular de sucesión, dispuesto por el Derecho histórico preconstitucional, al imponer, en los casos de igualdad de línea y grado, la preferencia del varón sobre la mujer para determinar el orden de sucesión de los títulos nobiliarios, o, por el contrario, esta preferencia ha de entenderse abrogada y derogada, a tenor de la disposición derogatoria tercera de la Constitución Española, por violación del art. 14 de la misma, en cuanto proclama el principio de igualdad de los españoles, prohibiendo cualquier discriminación por razón de sexo».
4. Por providencia de 14 de marzo de 1996, la Sección Tercera del Pleno de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión y dar traslado de las actuaciones, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el plazo improrrogable de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes; asimismo, acordó publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento.
Continúa el Abogado del Estado sus alegaciones aceptando el rango cuando menos legal de las cuestionadas reglas de las Partidas y la Novísima, pero afirma seguidamente que no es nada evidente el que un juicio sobre la validez de estas normas pueda resolver el problema aquí planteado, que es el de si la regla de preferencia del varón en las sucesiones nobiliarias regulares contradice o no el art. 14 C.E. La regla de Ley 2 del título XV, Partida II es en sí misma una norma de sucesión de la Corona, pero, en cuanto a esto mismo, hoy sólo posee valor como antecedente histórico, pues esa sucesión está hoy regulada por el art. 57 C.E. Se produce así la paradoja, hija de la historia, de que, en cuanto a su objeto directo, la mencionada regla es hoy norma no vigente, conservando cierto valor, sin embargo, en cuanto norma en la que se ha venido secularmente asentando el orden sucesorio regular en las dignidades nobiliarias. Por ello, a juicio del Abogado del Estado, la cuestión posee un objeto adecuado, pues no resulta imposible examinar la constitucionalidad del «resto de vigencia» que conserva la mencionada regla de las Partidas, y ello pese a que desde 1987 existen numerosas Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo que han venido a declarar inaplicable a la sucesión nobiliaria la regla de las Partidas, Sentencias estas que coexisten con otras varias en las que se sigue la opinión justamente contraria, y que es la tesis tradicional en nuestro Derecho.
Esto basta, a juicio del Abogado del Estado, para concluir que la Sección cuestionante no ha cometido ninguna arbitrariedad al considerar aplicable la Ley 2 del título XV, Partida II a las sucesiones nobiliarias regulares, sino que más bien se asienta en una sólida doctrina secular de la que únicamente se apartan unas pocas Sentencias dictadas en la última década.
Con cita de la STC 17/1981, y de los AATC 296/1992 y 312/1992, se sostiene que el cauce de la cuestión de inconstitucionalidad no es hábil para solucionar una eventual «perplejidad interpretativa», obteniendo del Tribunal Constitucional cuál haya de ser la interpretación correcta de una norma legal. Asimismo, tampoco sería procedente el planteamiento de una cuestión si según la apreciación subjetiva del juzgador no fuera necesario hacerlo, no procediendo, por tanto, en casos en los que «sería conveniente dados los efectos generales de una Sentencia del Tribunal». El Fiscal General recuerda, por último, la improcedencia, declarada por este Tribunal, del planteamiento de una cuestión como fórmula para soslayar una discrepancia interpretativa con un Tribunal superior (ATC 312/1992), así como que la conexión entre la falta del requisito de la duda de inconstitucionalidad, materialmente entendida, y la inadmisibilidad o desestimación de la cuestión, operan a través de la atribución al planteamiento de la cualidad de «notoriamente infundado», consecuencia procesal prevista en el art. 37.1 LOTC [STC 222/1992, fundamento jurídico 2 b)].
1. La Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha planteado cuestión de inconstitucionalidad por estimar que la decisión en el proceso que conoce en grado de apelación «depende de la validez y, por tanto, de la vigencia de las normas con rango de Ley que integran el régimen sucesorio de los títulos nobiliarios, dispuesto por el Derecho histórico preconstitucional vigente -art. 1 de la Ley de 4 de mayo de 1948, art. 5 del Decreto de 4 de junio de 1948, art. 13 de la Ley Desvinculadora, de 27 de septiembre, 11 de octubre de 1820, Leyes 8 y 9 del título XVII del libro X de la Novísima Recopilación y Ley 2 del título XV de la Partida II-, por posible infracción del art. 14 C.E.». Pues «al disponer la preferencia del varón sobre la mujer, en igualdad de línea y grado, para ostentar mejor derecho a poseer las dignidades nobiliarias en el orden regular de sucesión», dicha normativa «puede infringir o no el principio de no discriminación por razón de sexo, que proclama el art. 14 C.E.». De suerte que si la legislación histórica antes mencionada es ajustada a la Constitución ello supondrá, a juicio de la Audiencia Provincial «el rechazo del recurso de apelación y confirmación de la Sentencia apelada, mientras que su inconstitucionalidad sobrevenida determinará la revocación de la misma y, previa estimación total de la demanda, el reconocimiento del mejor derecho de la actora a poseer los títulos nobiliarios» (fundamento jurídico 4 del Auto de planteamiento).
2. Así expuesto el objeto de la presente cuestión, ha de indicarse que, si bien para el Abogado del Estado existe una duda de inconstitucionalidad que «presta base más que suficiente al planteamiento», el Fiscal General del Estado, por el contrario, ha solicitado su desestimación en este trámite, «por falta de requisitos procesales y ser notoriamente infundado su planteamiento». Lo que requiere que esta objeción sea examinada con carácter previo, ya que si fuera apreciada ello excluiría lógicamente cualquier consideración ulterior, por faltar los presupuestos procesales que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige para el conocimiento de la cuestión por este Tribunal (SSTC 186/1990 y 6/1991, entre otras). Pues la evidente razón de ser de estos presupuestos radica, precisamente, «en la necesidad de asegurar que aquéllas (las cuestiones de inconstitucionalidad) sirven estrictamente a su finalidad, y el control de admisibilidad que este Tribunal ha de ejercer es el medio indispensable para verificar la existencia de esos requisitos», como hemos declarado desde la STC 17/1981, fundamento jurídico 1.
Esta preservación de la finalidad esencial de las cuestiones de inconstitucionalidad es la que parece guiar la objeción del Fiscal General del Estado, pues tras citar la anterior decisión y otras posteriores [STC 222/1992, fundamento jurídico 2. b) y AATC 296/1992 y 312/1992] ha sostenido que el art. 35.1 en relación con el art. 37.1 LOTC permiten inadmitir una cuestión por ser notoriamente infundada cuando el órgano jurisdiccional, como a su juicio aquí ocurre, dirige su razonamiento a explicar que no existe oposición entre los preceptos históricos que regulan la sucesión regular en los títulos nobiliarios y el art. 14 C.E. De lo que a su entender resulta una clara desconexión entre la naturaleza y fines perseguidos mediante el planteamiento de la cuestión y el concreto caso que nos ocupa, ya que si el Tribunal a quo consideró que las normas cuestionadas no son contrarias a la Constitución debió limitarse a aplicarlas, como hizo la Juez de instancia. Mientras que de la lectura del Auto de planteamiento se desprende la impresión de que la Sala pretende «obtener de este Tribunal una respuesta a una consulta sobre la constitucionalidad de unas normas, sin un sustrato de duda en cuanto a su oposición con la Constitución».
Más concretamente, se ha alegado que si bien el Auto de planteamiento, como sostén para deferir la cuestión a este Tribunal «desliza la palabra duda sobre la constitucionalidad del Derecho histórico», lo cierto es que «toda la batería argumental» va orientada a desconectar la legislación aplicable del derecho a la igualdad, y ello, a su entender, se desprende de cuatro datos presentes en dicha resolución judicial indicados en el punto III.2 de su escrito. Por lo que su conclusión es, como antes se ha dicho, que la Sala pretende obtener de este Tribunal una respuesta a «una consulta sobre la constitucionalidad de unas normas sin un sustrato de duda en cuanto a su oposición a la Constitución». Reprochando al Auto de planteamiento de la presente cuestión que contenga una motivación «sólo orientada a sostener la constitucionalidad de una de las interpretaciones posibles». Supuesto en el que hemos dicho que la cuestión planteada no sería admisible, ya que supondría utilizarla con un carácter consultivo, para despejar las dudas no sobre la constitucionalidad de un precepto legal, sino sobre cuál fuera, entre las varias posibles, su interpretación y aplicación más acomodada a la Constitución [STC 222/1992, fundamento jurídico 2. b), con cita de la STC 157/1990, fundamento jurídico 2.].
3. La anterior doctrina, sin embargo, no es en modo alguno aplicable al presente caso, dado que el órgano jurisdiccional no pretende aclarar una duda de interpretación sin relevancia constitucional (STC 157/1990). En primer lugar, al ser normas preconstitucionales las que estima aplicables, la Sala, con apoyo en la STC 4/1981, ha hecho en el fundamento jurídico 5 del Auto de planteamiento una distinción entre el supuesto en que un órgano jurisdiccional tenga certeza de que la norma cuestionada es contraria a la Constitución, en cuyo caso deberá inaplicarla, y aquel en que existe una duda, en el que puede someter a este Tribunal el problema de interpretación constitucional. Y si la primera vía ha sido la seguida por la Juez en la Sentencia de instancia, la Sala, en cambio, manifiesta que ha optado por la segunda, al estar confrontada, de un lado, con la respuesta negativa al problema de constitucionalidad que aquella resolución judicial ofrece y, de otro lado, la contenida en la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de carácter positivo. De suerte que la duda sobre el problema de constitucionalidad se ha planteado en atención a los dos términos o soluciones contradictorias con los que se enfrenta para decidir sobre la apelación y confirmar o revocar la Sentencia de instancia. Lo que se evidencia claramente en la conclusión del fundamento jurídico 4 del Auto de planteamiento de la cuestión, que antes se ha transcrito, y se reitera en el inicio de su fundamento jurídico 6, al afirmar que «la duda de constitucionalidad objeto de la cuestión se circunscribe a determinar la vigencia o derogación, por inconstitucionalidad sobrevenida, del principio de masculinidad o varonía, establecido por la legislación histórica como criterio preferente para el llamamiento en la sucesión regular de títulos nobiliarios, según sea o no de aplicación a esta institución el principio de no discriminación, proclamado en el art. 14 C.E.».
El razonamiento del Auto que promueve la presente cuestión, cierto es, no está dirigido enteramente a justificar la inconstitucionalidad de la mencionada regla de la legislación histórica sobre sucesión regular en los títulos nobiliarios. Pero no cabe reprocharle, sin embargo, que en lugar de una certeza haya planteado una duda sobre la constitucionalidad de dicha legislación preconstitucional a partir de dos términos o soluciones contradictorias y que haya razonado la duda aportando distintos elementos en sus fundamentos jurídicos 6. y 7.. Pues si los arts. 163 C.E. y 35.1 LOTC condicionan el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad al hecho de que el órgano jurisdiccional considere que la norma aplicable al caso «pueda ser contraria a la Constitución», su mismo tenor literal permite que el juzgador se limite a expresar una duda razonable. Y así hemos dicho tempranamente que la regulación constitucional y legal de las cuestiones «no impone a aquél (el órgano jurisdiccional) una afirmación de inconstitucionalidad y permite que el planteamiento se haga en los casos de duda, de indeterminación entre dos juicios contradictorios», siempre que se exteriorice el razonamiento que cuestiona la constitucionalidad y se proporcionen los elementos que llevan al mismo (STC 17/1981, fundamento jurídico 1.), como aquí ocurre.
En segundo término, tampoco cabe estimar que la motivación del Auto de planteamiento esté exclusivamente orientada a sostener la constitucionalidad de uno de los dos términos o soluciones contradictorias con los que manifiesta la duda. Pues frente a lo alegado por el Fiscal General del Estado cabe observar, de un lado, que todos los datos indicados en apoyo de esta objeción se contienen únicamente en los fundamentos jurídicos 6. y 7. de dicho Auto, y, por tanto, se prescinde enteramente de los razonamientos en los anteriores. De otro, que la Sala se ha limitado a aportar, en correspondencia con su planteamiento inicial, los elementos contradictorios que vienen a configurar una duda y no una certeza de inconstitucionalidad, como antes se ha dicho, haciendo referencia a la doctrina sentada por la Sala Primera del Tribunal Supremo, a las discrepancias con ésta de una parte de la doctrina científica y del Consejo de Estado, a la que se califica de «diferente concepción» sobre los títulos nobiliarios que tienen aquel órgano jurisdiccional y este Tribunal; citando, por último, una parte del razonamiento de la Sentencia de instancia. Y si bien es cierto que, tras exponer esos datos, la Sala hace ciertas afirmaciones favorables a la constitucionalidad de las normas cuestionadas, ha de recordarse que cuando menos son irrelevantes para promover una cuestión de inconstitucionalidad «cualesquiera indicaciones o sugerencias sobre la interpretación conforme a la Constitución del precepto legal cuestionado» y, si se han hecho, ello no es razón bastante para decretar su inadmisibilidad [STC 222/1992, fundamento jurídico 2. b)]. Pues este Tribunal ha declarado reiteradamente que ha de procederse a una interpretación no formalista y flexible de los requisitos del art. 35 LOTC, para que las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales sean resueltas mediante Sentencia y así se pueda contribuir a la depuración del ordenamiento jurídico mediante una eficaz cooperación entre aquéllos y este Tribunal (STC 54/1983 y, entre otras, SSTC 76/1990, 142/1990 y 301/1993). Por lo que ha de rechazarse, en definitiva, la objeción formulada por el Fiscal General del Estado.
A) En primer lugar, del fundamento jurídico 3. en relación con los antecedentes 5 y 6 de dicha resolución judicial se desprende con claridad que la providencia de la Sala de 20 de noviembre de 1995, por la que se abrió el trámite de audiencia previsto en el art. 35.2 LOTC, no individualizó las normas con rango de ley aplicables al caso, aunque luego lo haya hecho en el fundamento jurídico 2. del Auto de planteamiento de la cuestión. Habiéndose limitado la Sala a indicar a las partes en el proceso a quo y al Ministerio Fiscal que alegasen lo pertinente en orden a plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre la posibilidad constitucional de pervivencia, tras la entrada en vigor de la Constitución, «del régimen de sucesión de títulos nobiliarios establecido como orden regular de sucesión, dispuesto por el Derecho histórico preconstitucional vigente, al imponer, en los casos de igualdad de línea o grado, la preferencia del varón sobre la mujer... o, por el contrario, si esta preferencia ha de entenderse abrogada y derogada, a tenor de la Disposición derogatoria, 3, de la Constitución Española, por violación del art. 14 de la misma...». Omisión que fue denunciada por el Ministerio Fiscal en aquel trámite, al alegar que la Sala sólo había hecho «una referencia vaga» al régimen de sucesión de los títulos nobiliarios en el orden regular «dispuesto por el Derecho histórico preconstitucional vigente».
Admitida tal omisión, ha de recordarse que este Tribunal ha puesto reiteradamente de relieve que no cabe minimizar la importancia de la audiencia prevista en el art. 35.2 LOTC. Esta, en efecto, no sólo garantiza que las partes sean oídas ante una decisión judicial de tanta entidad como abrir un proceso constitucional, sino que pone a disposición del órgano jurisdiccional un medio que le permite conocer la opinión de los sujetos interesados con el fin de facilitar la reflexión sobre la conveniencia o no de instar la apertura de dicho proceso. Pues para cumplir este doble objetivo las alegaciones han de versar, de un lado, sobre la vinculación entre la norma citada por el órgano judicial como cuestionable y los supuestos de hecho que se dan en el caso sometido y, de otro, sobre el juicio de conformidad entre la norma y la Constitución (STC 166/1986, fundamento jurídico 4.). Por lo que hemos declarado, en segundo término, que una referencia a un grupo de normas «por entero indeterminada, no puede sustituir a la concreta individualización ante las partes y el Ministerio Fiscal de los preceptos cuestionados», al ser doctrina reiterada la que excluye que en esta resolución puedan citarse, como objeto de la cuestión, disposiciones legales cuya eventual inconstitucionalidad no fue sometida a la previa consideración de las partes y del Ministerio Fiscal [STC 114/1994, fundamento jurídico 2. c), con cita de las SSTC 25/1985 y 83/1993].
Ello implica, dicho en otros términos, que el órgano judicial «no puede cuestionar otros preceptos legales distintos de aquellos que sometió a la consideración de las partes» [STC 84/1993, fundamento jurídico 1. b), con referencia a las SSTC 21/1985 y 153/1986], dado que la finalidad de esta exigencia es la de garantizar que en el Auto que plantea la cuestión no se introduzcan elementos nuevos que los sujetos interesados en el proceso no han podido previamente conocer ni, por ello, apreciar o impugnar su relevancia para el planteamiento de la cuestión, privándose así al órgano judicial de la opinión de aquéllos y no facilitándose su reflexión sobre los mismos. Lo que es susceptible de desvirtuar el trámite de audiencia que garantiza el art. 35.2 LOTC.
Sin embargo, no es esto lo que acontece en el presente caso, pues basta observar que si bien la providencia de la Sala hizo referencia, genéricamente, al régimen de la sucesión regular en los títulos nobiliarios establecido por el Derecho histórico, sí concretó que lo cuestionado de dicha normativa era «imponer, en los casos de igualdad de línea o grado, la preferencia del varón sobre la mujer»; dato que en aquel trámite fue soslayado por el Ministerio Fiscal. Y esa concreción se ha trasladado luego, con similares términos, al fundamento jurídico 4. del Auto de planteamiento, donde lo que se cuestiona es «la constitucionalidad o no de la legislación histórica, al disponer la preferencia del varón sobre la mujer, en igualdad de línea y grado...», tras haber identificado en el fundamento jurídico 2. los preceptos que a su entender configuran esa legislación. La posible indeterminación sólo es, pues, relativa, ya que las partes han podido conocer el planteamiento de constitucionalidad realizado por la Sala y, atendidas las circunstancias del caso, situarlo en sus exactos términos y oponerse o no al mismo (STC 41/1990, fundamento jurídico 3.). De lo que resulta, en definitiva, que esta resolución judicial no ha cuestionado la constitucionalidad de ningún precepto legal distinto del previamente sometido a la consideración de las partes y del Ministerio Fiscal.
B) En segundo término, la Sala ha promovido la presente cuestión de inconstitucionalidad en un proceso civil en el cual ya ha recaído Sentencia en primera instancia. Con la particularidad de haber desestimado esta resolución judicial la pretensión de la parte actora con una fundamentación jurídica sobre la regla de masculinidad o varonía en la sucesión regular de los títulos nobiliarios de nuestra legislación histórica, tras contrastarla con el art. 14 C.E., que se aparta de la doctrina sentada por la Sala Primera del Tribunal Supremo a partir de las Sentencias de 28 de abril y 21 de diciembre de 1989 y 22 de marzo de 1991 (pues como ha precisado la de la misma Sala de 4 de abril de 1995, fundamento jurídico 4., si el conjunto de reflexiones formuladas en aquellas decisiones pueden constituir la ratio decidendi del caso, las manifestaciones hechas en las Sentencias de 7 de julio de 1986, 20 de junio y 27 de julio de 1987 «vinieron a representar, más bien, obiter dicta»).
En cuanto a su presupuesto, ha de recordarse que este Tribunal ha declarado con reiteración que el carácter preconstitucional de la norma legal cuestionada, por sí mismo, no impone en modo alguno que la Sala debiera haberse abstenido de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, ya que el órgano jurisdiccional puede examinar y resolver la eventual contradicción con el ordenamiento constitucional posterior de una norma anterior a la Constitución, pero también puede optar por deferir la cuestión a esta jurisdicción constitucional (SSTC 17/1981, 83/1984, 155/1987 y 105/1988, entre otras). Por lo que no cabe reprocharle que haya elegido la segunda y no la primera de estas vías, al margen de que las razones de su elección han sido expuestas detenidamente en el fundamento jurídico 5. del Auto de planteamiento.
De otra parte, el reproche sólo estaría justificado si la presente cuestión de inconstitucionalidad fuera similar por su contenido a la examinada en la STC 114/1994, fundamento jurídico 2. b), pues allí se planteó no sólo respecto a un precepto legal sino además frente a una resolución dictada por otro órgano jurisdiccional jerárquicamente superior, por estimarse que al no ser ésta susceptible de ulterior recurso se erigía «materialmente en la norma básica para resolver el proceso». Y entonces hemos declarado que ello vendría a extender indebidamente el ámbito de este cauce de control de la constitucionalidad dado que «su finalidad no es en modo alguno la de resolver controversias interpretativas sobre la legalidad entre órganos jurisdiccionales o dudas sobre el alcance de determinado precepto legal (SSTC 157/1990, 222/1992 y 238/1992)». En el presente caso, sin embargo, la Sala no cuestiona con carácter autónomo las resoluciones del Tribunal Supremo sino ciertos preceptos del Derecho histórico; constatación que por sí sola excluye el eventual reproche. De otro lado, tampoco se suscita aquí una controversia interpretativa sobre la legalidad ordinaria, sino la confrontación con el art. 14 C.E. de dichos preceptos. Si bien la particularidad del presente caso radica en que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre la no conformidad de los mismos con el principio de igualdad que la Constitución reconoce. Lo que aconseja hacer ciertas consideraciones adicionales en relación con este último punto.
5. La particularidad que se acaba de indicar ha de ser apreciada en el marco de las relaciones que nuestra Norma fundamental ha establecido en materia de garantías constitucionales entre los órganos jurisdiccionales y este Tribunal. A cuyo fin constituye un dato esencial la precisión de la naturaleza y finalidad y, por consiguiente, del ámbito de nuestra jurisdicción en los distintos procesos constitucionales establecidos en los arts. 161 y 163 C.E. (STC 114/1995, fundamento jurídico 2.).
Así, en el ámbito de la jurisdicción de amparo la decisión que se acaba de citar desestimó un recurso por «falta de jurisdicción o competencia» de este Tribunal (art. 4.2 LOTC), tras reiterar en su fundamento jurídico 2. que este proceso constitucional «no es una vía procesal adecuada para obtener un pronunciamiento abstracto y genérico sobre pretensiones declarativas respecto de supuestas interpretaciones erróneas o indebidas aplicaciones de preceptos constitucionales, sino sólo y exclusivamente sobre pretensiones dirigidas a restablecer o preservar los derechos fundamentales cuando se ha alegado una vulneración concreta y efectiva de los mismos (SSTC 52/1992, fundamento jurídico 1. y 167/1986, fundamento jurídico 4.)». Llegando a la conclusión de que el recurso de amparo, tal y como lo configuran la Constitución y nuestra Ley Orgánica, no permite, en contra de lo que en aquel caso entendía el demandante, «revisar lo que se expone como una "aplicación indebida" del art. 14 C.E. por parte del Tribunal Supremo al confirmar éste las resoluciones de los órganos inferiores a partir del reconocimiento de la presencia de un supuesto de discriminación por razón de sexo».
Es, pues, el correcto entendimiento del ámbito de la jurisdicción de amparo lo que llevó a este Tribunal a inadmitir la demanda sin entrar en el examen de aquellos argumentos en los que se pretendía fundar, con invocación del art. 14 C.E., la posibilidad constitucional de pervivencia, tras la entrada en vigor de la Constitución, del régimen de sucesión de los títulos nobiliarios en relación con el mismo extremo que ahora plantea la Audiencia de Madrid, esto es, la regla de masculinidad o varonía, en igualdad de línea y grado. Por lo que hemos dejado imprejuzgada esta cuestión y excluido asimismo una respuesta a este mismo planteamiento cuando se presentaba apoyado en nuestra propia doctrina, singularmente la contenida en las SSTC 27/1982 y 155/1987, según se consigna en el fundamento jurídico 3. de la mencionada STC 114/1995.
La intervención de este Tribunal, por tanto, requiere no sólo la existencia de un problema de constitucionalidad, es decir, de interpretación de los preceptos de la Constitución, sino que tal interpretación tenga abierto el acceso al mismo dentro del ámbito de su jurisdicción en los distintos procesos constitucionales. De manera que si el ámbito de uno de ellos le impide pronunciarse, como ocurría en el caso de la STC 114/1995 respecto al proceso de amparo, ello no excluye que el mismo problema interpretativo pueda llegar ante este Tribunal por otro cauce procesal distinto; y en tal caso, siempre que tenga jurisdicción respecto a este proceso, como intérprete supremo de la Constitución (art. 1 LOTC) «le corresponderá decir la última palabra sobre la interpretación de la misma» (Ibid., fundamento jurídico 2.). Situación que es precisamente la que aquí concurre, ya que la mencionada STC 114/1995 dejó imprejuzgado el mismo problema de interpretación en relación con el art. 14 C.E. que ahora suscita la Audiencia Provincial de Madrid, como antes se ha dicho. De suerte que al haberse suscitado una duda de inconstitucionalidad por el mencionado órgano jurisdiccional hemos de pronunciarnos en este proceso constitucional sobre dicha cuestión si no fuere notoriamente infundada (art. 37.1 C.E.) y cumple con la triple exigencia de referirse a preceptos de rango legal, aplicables al caso y de cuya validez depende el fallo (art. 35.1 LOTC).
6. Los preceptos individualizados en el Auto de planteamiento como aplicables al caso ponen de relieve otra particularidad del problema de constitucionalidad que ha suscitado la Sala. Cabe observar, en efecto, que si todos son anteriores a nuestra Constitución, uno de ellos (el art. 13 del Decreto de las Cortes de 27 de septiembre de 1820, «publicado en las mismas como Ley de 11 de octubre del mismo año», según se expresa en el art. 1 del Real Decreto de 30 de agosto de 1836, por el que se restableció su vigencia) pertenece al período de tránsito del Antiguo Régimen al régimen constitucional en España. Y otros, los de la Novísima Recopilación, libro X, título XVII, Leyes 8 y 9 (en adelante, Novísima Recopilación 10.17.8 y 9) y el del Código de las Siete Partidas, la Partida II, título XV, Ley 2 (en adelante, Partida 2.15.2) son legislación histórica de la Monarquía española de la Edad Moderna (pues la Ley 8 de la Novísima contiene la Pragmática del Rey Felipe III dada en Madrid el 15 de abril de 1615 y la Ley 9 la Pragmática del mismo Rey también dada en Madrid el 5 de abril de ese año) y de la Baja Edad Media. Por lo que, en atención a los preceptos cuestionados, el dato histórico aparece como uno de los factores relevantes para nuestro enjuiciamiento, aunque también suscite, en contrapartida, algunos problemas.
A) Los intervinientes en este proceso no han objetado que los preceptos cuestionados, pese a su carácter de Derecho histórico, tengan rango legal, aunque el Abogado del Estado excepciona de esta calificación el art. 5 del Decreto de 4 de junio de 1948. Alegación que ha de compartirse, pues, si bien el art. 1 de la Ley de 4 de junio de 1948, extiende la eficacia derogatoria de disposiciones anteriores no sólo a lo en ella establecido sino a los «Decretos que la complementen» -y el aquí considerado lo es, como claramente pone de relieve el art. 1 de dicho Decreto-, en realidad no por ello adquiere rango legal, pues sólo viene a desarrollar, por vía reglamentaria, lo dispuesto en aquella Ley. Por lo que ha de ser excluido de nuestro enjuiciamiento.
«... el señorío del Reino heredassen siempre aquellos que viniessen por la liña derecha. E por ende establecieron, que si fijo varón y non oviesse, la fija mayor heredasse el Reino. E aun mandaron, que si el fijo mayor muriesse ante que heredasse, si dexasse fijo o fija que oviesse de su muger legítima, que aquel o aquella lo oviesse, e non otro ninguno.»
A) El Auto de planteamiento de la presente cuestión ha hecho una genérica referencia al «régimen sucesorio de los títulos nobiliarios», aunque es evidente que, al margen de los títulos de nobleza extranjeros, otros dos grupos específicos han de quedar excluidos de nuestro examen. De un lado, por su expreso reconocimiento en la Constitución, los «demás títulos» a los que aluden los arts. 56.2 y 57.2 C.E., en relación, respectivamente, con el Rey y el Príncipe heredero de la Corona. De otro, los «títulos de nobleza pertenecientes a la Casa Real», respecto a los que el art. 6 del Real Decreto 1.368/1987, de 6 de noviembre, determina que su uso solamente podrá ser autorizado por el Titular de la Corona a los miembros de la Familia Real, con carácter graciable, personal y vitalicio; y así se ha dispuesto, por ejemplo, en el Real Decreto 323/1995, de 3 de marzo. De manera que nuestro examen ha de proyectarse sobre los restantes títulos de nobleza, tanto si fueron otorgados antes de 1812 o con posterioridad a esta fecha.
En primer lugar, aun cuando el precepto aquí cuestionado proceda de la legislación histórica y sea aplicable a los títulos de nobleza, cuyas raíces también se asientan en un pasado secular, sin embargo ha de recordarse que el carácter histórico de una institución no puede excluir, por sí sólo, su contraste con la Constitución. Pues si los principios y valores de ésta informan la totalidad de nuestro ordenamiento, la consecuencia es que la Norma fundamental «imposibilita el mantenimiento de instituciones jurídicas (aun con probada tradición) que resulten incompatibles con los mandatos y principios constitucionales» (STC 76/1988, fundamento jurídico 3.). Y caso de ser procedente el contraste con la Norma fundamental, del planteamiento antes indicado se desprendería con claridad que no nos encontramos ante la cláusula general de igualdad del art. 14 C.E. sino ante uno de los concretos motivos de discriminación que dicho precepto prohíbe (SSTC 128/1987 y 166/1988), el configurado por razón de sexo. Pues éste, en sí mismo, no puede ser motivo de trato desigual (SSTC 75/1983, 128/1987, 207/1987 y 166/1988, entre otras muchas).
De este modo, si el principio de igualdad «no postula ni como fin ni como medio la paridad y sólo exige la razonabilidad de la diferencia de trato», las prohibiciones de discriminación, en cambio, imponen como fin y generalmente como medio la parificación de trato legal, de manera que sólo pueden ser utilizadas excepcionalmente por el legislador como criterio de diferenciación jurídica (STC 229/1992, fundamento jurídico 4.). Lo que implica la necesidad de usar en el juicio de legitimidad constitucional un canon mucho más estricto y que implica un mayor rigor respecto a las exigencias materiales de proporcionalidad (SSTC 75/1983, fundamento jurídico 4., y 209/1988, fundamento jurídico 6.).
En efecto, con independencia de cuáles sean los orígenes remotos tanto de la nobleza como de los títulos nobiliarios, basta remitirse a la sociedad estamental del
Antiguo Régimen para recordar, como ya hemos dicho en una decisión de indudable relevancia para el presente caso por abordar una cuestión similar a la aquí examinada, la STC 27/1982, fundamento jurídico 2., que en dicha sociedad «no regía el principio de igualdad ante la ley, sino cabalmente el contrario, ya que las personas tenían más o menos derechos según pertenecieran o no a alguno de los estamentos privilegiados». Esto es, los del clero y la nobleza, cuyos componentes se diferenciaban legalmente de quienes pertenecían al «estado llano» por el conjunto de privilegios -honras, franquicias, exenciones y beneficios de distinta índole- de que gozaban aquéllos. Pero ha de tenerse presente, además, que en aquel período histórico existía una jerarquización en el estamento social que aquí interesa, el de la nobleza, con una clara diferenciación en las posiciones jurídicas de sus distintos componentes. Pues quienes ostentaban títulos nobiliarios se hallaban en una posición superior respecto a los simples hidalgos, caballeros de distinta índole y señores de vasallos, dado que aquéllos, por pertenecer a la alta nobleza, no sólo participaban de diversos modos en el gobierno de la Monarquía sino que también disfrutaban de mayor poder, económico y jurídico, como titulares del régimen señorial y de los mayorazgos que desde el siglo XIII se constituyen en Castilla. Y aun respecto de la nobleza titulada cabe apreciar otra diferenciación al existir dentro de ella otro grupo más reducido en número, el de los títulos con dignidad de Grandes de España, con particular tratamiento consagrado por Carlos V en 1520, en el que se produce en el siglo XVII una jerarquización ulterior, al distinguirse entre grandezas de primera, segunda y tercera clase, luego abandonada en el siglo XIX.
B) En segundo término, si bien al conservar la Monarquía como institución tradicional el constituyente de 1812 pudo haber establecido expresamente entre las facultades del Rey la concesión de títulos de nobleza y dejado la entera ordenación de esta materia a la voluntad regia, como es el caso del texto francés antes citado de 1830, sin embargo, no lo hizo así. Lo que está unido sin duda a otro dato: Que en la Monarquía constitucional configurada por la Constitución de Cádiz, al igual que en las posteriores del siglo XIX, el Rey ostenta la potestad ejecutiva, como se desprende en aquella de la cláusula general del art. 170. Con la consecuencia, en todo caso, de haberse atribuido al Rey la facultad de otorgar «honores y distinciones de todas clases, con arreglo a las leyes» (art. 171, apartado 7.). Precepto que, con ligeras variantes, es incorporado a los Textos constitucionales posteriores (Constitución de 1837, art. 47, apartado 9., inciso 2.; Constitución de 1845, art. 45, apartado 9.; Constitución de 1869, art. 73, apartado 3.; Constitución de 1876, art. 55, apartado 8.), de donde pasa al inciso final del art. 62, apartado f), de la Constitución hoy vigente.
C) De este modo, desde la Constitución de 1812 hasta la actualmente vigente se ha entendido, sin discusión, que la concesión de títulos de nobleza constituía uno de esos «honores» a los que hoy se refiere el mencionado art. 62 f) C.E. pese a que, en general, los Reales Decretos sólo expresen como fundamento de la concesión la voluntad del Monarca. Lo que en los inicios del Estado liberal enlazaba fácilmente con las facultades del Rey en el Antiguo Régimen, y ello aún se refleja en el lenguaje, ya que en la jurisprudencia sobre títulos nobiliarios se continúa aludiendo a la existencia de una «prerrogativa regia». Cuando es indudable que, por imperativo del citado precepto de la Constitución, el Rey ha de ejercer su facultad de conceder un título de nobleza «con arreglo a las leyes»; y dicho acto, además, queda sujeto a refrendo ministerial (art. 64.1 C.E.), cuyo «sentido original y aún hoy esencial» es el «traslaticio de responsabilidad inherente al mismo» (STC 5/1987, fundamento jurídico 2.).
11. En suma, los títulos nobiliarios han subsistido en la sociedad burguesa y en el régimen constitucional, sin duda por su directa vinculación con la Corona, fons nobilitatis. Aunque sólo han permanecido, «como instituciones residuales de la sociedad anterior que se incrustan en la nueva y logran persistir en ella, bien es cierto que con un contenido jurídico y una función social enteramente otras y menores que las que tuvieron antes» (STC 27/1982, fundamento jurídico 2.).
Ahora bien, dicho esto, nuestro enjuiciamiento ha de partir necesariamente de un elemento de la doctrina sentada por este Tribunal en relación con el art. 14 C.E., a saber, que «...al amparo del principio de igualdad no es lícito tratar de asimilar situaciones que en su origen no han sido equiparadas por las normas jurídicas que las crean» (STC 9/1995, fundamento jurídico 3., con cita de las SSTC 68/1989, 77/1990, 48/1992, 293/1993, 82/1994, 236/1994 y 237/1994). Y de su origen histórico se desprende un dato relevante en relación con dicha doctrina: Que los títulos de nobleza han sido una de esas instituciones que se han configurado según las normas del momento histórico en el que surgen, en atención a muy diversos factores. Entre ellos, el haber constituido en el Antiguo Régimen un doble factor de diferenciación jurídica entre las personas, al ser no sólo una institución privativa del estamento entonces preeminente, la nobleza, que era el «elemento fundamental y definitorio en la sociedad feudal» (STC 27/1982), sino también por identificar al grupo superior de este estamento, la nobleza titulada, frente a los simples hidalgos y caballeros.
12. Pasando ahora al examen del contenido y significado actual de los títulos de nobleza, una constatación inicial es procedente: Que tanto en el Estado liberal como en el Estado social y democrático de Derecho que configura nuestra Constitución (art. 1.1 C.E.), basado en la igual dignidad de todas las personas (art. 10.1 C.E.), el ostentar un título nobiliario no supone en modo alguno «un status o condición estamental y privilegiada» ni tampoco conlleva hoy el ejercicio de función pública alguna. Pues «desde 1820 un título nobiliario es -y no es más que eso- una preeminencia o prerrogativa de honor», un nomen honoris. De suerte que las consecuencias jurídicas inherentes al mismo o su contenido jurídico se agotan «en el derecho a adquirirlo, a usarlo y a protegerlo frente a terceros de modo semejante a lo que sucede con el derecho al nombre» (STC 27/1982, fundamento jurídico 2.). De lo que también se desprenden varias consecuencias relevantes a los fines de la eventual aplicación del art. 14 C.E., como se verá seguidamente.
B) En segundo término, si en el Antiguo Régimen el título de nobleza era un «privilegio» personal y transmisible a los herederos del beneficiario de la merced, este carácter singular y excepcional aún subsiste hoy, pese a que el acto graciable de concesión constituya el ejercicio «con arreglo a las leyes» de una facultad del Rey constitucionalmente reconocida [art. 62 f) C.E.]. Carácter singular de los títulos de nobleza que es predicable tanto si estos se adquieren por concesión o por vía sucesoria. En el primer caso, es claro que la singularidad y excepcionalidad de la situación del beneficiario de la merced justifican suficientemente la diferenciación que el acto del Monarca produce, apreciada en relación con su finalidad, que no es otra que la de distinguir y honrar a una determinada persona por sus méritos o servicios relevantes. Idea que ya aparece en la Real Orden de 25 de marzo de 1776 (Novísima, 6.1.21), al contraponer los «méritos y servicios propios» a la «nobleza y alianzas» del pretendiente de la merced o de sus antepasados.
En los casos de transmisión mortis causa ha de tenerse presente, de un lado, que las consecuencias jurídicas o el contenido inherente al título de nobleza son las mismas que en el caso de adquisición directa (STC 27/1982, fundamento jurídico 2.), en atención a su carácter simbólico en la actualidad y a lo limitado de su contenido jurídico, que se agota en el derecho a adquirirlo y usarlo. De otro, que las sucesivas adquisiciones por vía sucesoria, en atención al carácter simbólico del título de nobleza, constituyen otras tantas llamadas al momento histórico de su concesión y, al mismo tiempo, a la singularidad de quien recibió la merced de la Corona. Máxime si se entiende que el derecho a suceder en el título nobiliario no se deriva de la anterior posesión del mismo por otra persona, el ascendiente u otro pariente próximo, sino que «se recibe del fundador por pertenecer al linaje», como declaró la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1986, con cita de otras decisiones anteriores (Sentencias de 19 de abril de 1961, 26 de junio de 1963, 21 de mayo de 1964 y 7 de diciembre de 1995).
C) Por último, la adquisición por vía sucesoria de un título de nobleza sólo despliega hoy sus efectos jurídicos en el ámbito de determinadas relaciones privadas. De un lado, por cuanto su eficacia general sólo se manifiesta como complemento del nombre, dado que el uso del título de nobleza, como nomen honoris, sólo viene a identificar, como antes se ha dicho, a la persona que lo ostenta en relación con su «casa» o linaje. Un dato que se aprecia en las Reales concesiones desde 1837, al expresar que la voluntad de la Reina es «que ahora y de aquí en adelante os podáis llamar e intitular» de acuerdo con el título de nobleza que se otorga. Lo que se corrobora aún hoy a tenor del párrafo 3. del art. 135 en relación con el art. 130 del Reglamento del Registro Civil, al permitir mediante un asiento, marginal a la inscripción de nacimiento, que se expresen «los títulos nobiliarios o dignidades cuya posesión legal conste o se justifique debidamente en el acto».
De otro lado, a la misma conclusión se llega respecto a otros aspectos de la institución, que nos sitúan ante relaciones circunscritas a un grupo de personas, los integrantes del linaje del beneficiario del título de nobleza. Pues cabe observar, en efecto, que la adquisición por vía sucesoria de la merced puede requerir que una persona formule ante los órganos jurisdiccionales una pretensión de su «mejor derecho» a usarlo, frente a otros particulares asimismo vinculados genealógicamente con el beneficiario de la merced. Al igual que ocurre en la cesión de un título nobiliario, pues si de un lado presupone la existencia de un acto inter vivos y de carácter gratuito del actual poseedor del título, formalizado en documento público, en favor de otro particular, de otro se condiciona a que no cause perjuicio de aquellos que estarían llamados a suceder en la merced con preferencia al cesionario, salvo que la aprueben expresamente (art. 12 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912). Lo que limita el acto de cesión al circunscribirlo al ámbito de las personas pertenecientes a un determinado linaje. Y otro tanto cabe decir, al margen de su alcance en cuanto a una eventual modificación del orden de llamamientos, del acto de distribución de títulos nobiliarios. Por lo que hemos declarado en la STC 68/1985, fundamento jurídico 3., en relación con una autorización de designación de sucesor, que aun siendo dicha autorización un acto de naturaleza discrecional o graciable, ello «es sin duda compatible con el planteamiento entre partes privadas y ante la jurisdicción civil ordinaria de un eventual proceso respecto al mejor derecho a suceder en el título nobiliario, proceso en el que la cuestión a discutir ya no sería el acto del Jefe del Estado..., sino la prevalencia o no de ese título respecto al del sucesor con arreglo al orden sucesorio originario» según la Real concesión.
A) En cuanto a lo primero, interesa destacar, muy sumariamente, que tanto de la Partida 2.15.2, como de otros dos textos alfonsinos (el Espéculo 2.16, que la antecede en el tiempo y la declaración regia ante las Cortes de Toledo de 1255) se desprende con claridad una finalidad común al establecer un orden regular para la sucesión en la Corona de Castilla basado en los principios de primogenitura, masculinidad y representación: La de preservar la unidad del Reino al fallecimiento del Monarca reinante ya que, como expresa el primero de los citados, «todo reino partido sería estragado». Idea que también se contiene en relación con la sucesión en los distintos Reinos de la Corona de Aragón en un texto coetáneo, el testamento del Rey Jaime I de 1272; texto igualmente inspirado en el principio de primogenitura pero que se diferencia de los textos alfonsinos por la rigurosa asignación que establece, aunque este criterio se modificará en el testamento del Rey Fernando el Católico de 1516 al disponer, como en aquellos, que se prefiera el heredero «masculino al femenino».
Ahora bien, es igualmente significativo que en todos los textos antes mencionados se haga referencia no al Derecho común sino a una costumbre particular, aplicable según la Partida 2.15.2 «doquier el señorío ovieron por linaje, e mayormente en España». Lo que ha de ponerse en relación con la Partida 2.1.11, que se refiere a los «Príncipes, Duques, Condes, Marqueses, Iuges, Vizcondes...» como «los otros Señores de que hablamos de suso, que han honra de señorío por heredamiento». Y el texto del Espéculo 2.16 aún es más preciso al afirmar que tal costumbre se aplica no sólo a la sucesión de los Reyes sino también a la de los «otros altos omes, señores de grandes tierras o de villas o de castiellos o de otros lugares, ó el señorío quisieron que fuese uno». De suerte que, en definitiva, la costumbre que determina el orden regular de la sucesión según los textos alfonsinos se circunscribe a las dignitates, el Monarca y los nobles; al igual que la finalidad de mantener la unidad del Reino se extiende a la preservación de la unidad de los señoríos y títulos nobiliarios. Asimilación que no puede sorprender dado que en este período histórico la nobleza, por su superior poder político y económico, era el primero de los «estados» que, con el Rey, integraban el Reino.
A) En primer término, desde la perspectiva del Derecho civil, dado que los títulos nobiliarios no constituyen, en sentido estricto, un bien integrante de la herencia del de cuius (arts. 657, 659 y 661 del Código Civil), aun cuando el derecho de uso y disfrute sea transmisible post mortem a los descendientes de quien lo ostenta si la merced tiene carácter perpetuo. Lo que determina una consecuencia relevante en esta sede constitucional: Que no son aplicables a este singular bien incorporal las normas con proyección general que regulan la sucesión ordinaria por causa de muerte del Título III del Libro III del C.C., o, en su caso, las contenidas en los Derechos civiles, forales o especiales, vigentes en algunas Comunidades Autónomas; aunque las primeras tengan carácter supletorio para el cómputo de los grados, como ha declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo. De suerte que, al fallecimiento de quien ostenta un título de nobleza, pese a integrarse el conjunto de sus bienes y derechos en la herencia del causante y quedar regida así por las normas de Derecho civil, el título de nobleza, en cambio, se transmite post mortem sólo dentro del linaje o familia del beneficiario, según lo dispuesto en la Real concesión o, en su defecto, por lo establecido en el precepto legal específico que determina el orden regular de la sucesión, la Partida 2.15.2.
En aquel caso se trataba de una particular condición impuesta en el orden de suceder de un título nobiliario unido a un mayorazgo, a saber: Que «la persona que ubiere de suceder en el espresado vínculo aia de casar con persona notoriamente noble». Condición respecto a la que declaramos que ni hoy puede afectar en modo alguno a la dignidad de las personas, ni tiene sentido en nuestro tiempo y bajo la Constitución de 1978 afirmar, como se hace en dicha condición, que quien no casa con persona notoriamente noble es o está «mal casado», siendo como son igualmente dignas todas las personas (art. 10 C.E.). Y tras esta consideración hemos declarado, no obstante, que «...de ahí no se puede inferir que a la hora de condicionar la adquisición por vía hereditaria de un título nobiliario haya de considerarse como discriminatorio e inconstitucional el hecho de casar con noble, pues en fin de cuentas son de la misma índole el hecho condicionante y el condicionado y tan anacrónico y residual es aquél como éste, pero no siendo inconstitucional el título nobiliario no puede serlo supeditar su adquisición por vía sucesoria al hecho de casar con noble» (STC 27/1982, fundamento jurídico 3.).
17. Todo lo expuesto lleva a estimar, en definitiva, que la legislación histórica aplicable a la sucesión regular en los títulos nobiliarios y, en particular, la Partida 2.15.2, de la que deriva la regla o criterio de la preferencia del varón sobre la mujer en igualdad de línea y grado, aplicable en virtud de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley de 11 de octubre de 1820 y el art. 1 de la Ley de 4 de mayo de 1948, no es contraria al art. 14 C.E. Por lo que procede, en consecuencia, desestimar la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid en el rollo 692/94, formado en el recurso de apelación contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 51 de Madrid en el Auto 566/1992.
1. Declarar que el art. 1 de la Ley de 4 de mayo de 1948 y el art. 13 de la Ley de 11 de octubre de 1820, en cuanto declaran aplicable el Derecho histórico y, en particular, la Partida 2.15.2, precepto del que deriva la regla de preferencia del varón sobre la mujer en igualdad de línea y grado, en el orden regular de las transmisiones mortis causa de títulos nobiliarios, no son contrarios al art. 14 C.E. y, en consecuencia,
2. Desestimar la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Voto particular que formulan los Magistrados don Carles V. P. y don Tomás S. Vives Antón a la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 661/96
Nuestra opinión, en este punto, es justamente la contraria. Sostenemos que el orden regular de sucesión en los títulos nobiliarios no solamente se halla sometido a la Constitución y, más exactamente, a las exigencias del derecho a la igualdad de su art. 14, sino que, al establecer una preferencia del varón sobre la mujer en el orden sucesorio aludido, consagra una discriminación por razón de sexo que vulnera frontalmente una de las prohibiciones a las que de forma expresa y específica alude el Texto constitucional, otorgando así un relieve acorde con el profundo rechazo que hoy produce este tipo de desigualdad en las sociedades de nuestro entorno cultural. Para sustentar nuestra opinión, presuponemos, en primer término, que el orden regular de suceder en los títulos nobiliarios es una norma, esto es, que opera en defecto de cualquier otra especificación de la voluntad del concedente; pero, sin que su aplicación precise apelar a ninguna clase de voluntad tácita o presunta. En caso contrario, es decir, si cupiera afirmar que es sólo la voluntad del que otorga el título la que determina el orden sucesorio, la norma presunta se disolvería en la serie de actos de otorgamiento; pero, entonces, la cuestión de inconstitucionalidad no versaría, como exige el art. 35.1 de la LOTC, sobre una norma auténtica, sino sólo sobre una aparente.
Voto particular que formula el Magistrado don Pedro Cruz Villalón a la Sentencia recaída en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 661/96
1. Como resulta de los Antecedentes, el Fiscal General del Estado ha sostenido que la cuestión de inconstitucionalidad debió haber sido inadmitida a trámite o, ya en fase de Sentencia, haberse declarado su inadmisibilidad sin entrar en el fondo del asunto, toda vez que, en contra de lo dispuesto en el art. 35 LOTC, el órgano judicial, la Audiencia Provincial en este caso, no se puede decir que haya considerado que una determinada norma «pueda ser contraria a la Constitución»; por el contrario, la lectura de su Auto de planteamiento lo que pone de manifiesto es su convicción de que la norma cuestionada, sobre ella se volverá en seguida, no es contraria a la Constitución. Ello traería como consecuencia otro defecto procesal, igualmente insubsanable, del citado Auto, su notoria falta de fundamento con los efectos del art. 37.1, inciso segundo, de la LOTC, por cuanto, al dirigirse precisamente la argumentación a reivindicar la constitucionalidad del precepto cuestionado, aquélla carecería de toda capacidad para fundamentar una eventual inconstitucionalidad. En este contexto cita particularmente la STC 222/1992, fundamento jurídico 2..
Esta argumentación debió haber sido sustancialmente acogida. Y ello no tanto porque un Auto de planteamiento dirigido a reivindicar la validez o la vigencia de una determinada norma con rango de ley dé lugar, por definición, a una cuestión manifiestamente falta de fundamento, cuanto, ante todo, porque este modo de instar este proceso constitucional viene a desvirtuar su sentido en términos frente a los cuales este Tribunal ha venido previniendo inequívocamente desde sus primeras Sentencias recaídas en una cuestión de inconstitucionalidad (STC 17/1981, fundamento jurídico 1.).
La Constitución (art. 163), al exigir como el primer presupuesto de la cuestión de inconstitucionalidad el que un órgano judicial considere que una determinada norma con rango de ley «pueda ser contraria a la Constitución», ha hecho de este proceso constitucional un instrumento dirigido a posibilitar a los Jueces y Tribunales «conciliar la doble obligación en que se encuentran de actuar sometidos a la Ley y a la Constitución» (STC 36/1991, fundamento jurídico 3.). Ello implica, sin duda, que cuando, a su parecer, entre ambas normas no existe contradicción alguna, el recurso a la cuestión resulta improcedente. Pues las dudas, lógicamente, son subjetivas:
No cabe «objetivar» una duda sobre la base de contraponer la solución dada por el órgano inferior a la que previsiblemente va a dar el órgano superior, allí donde el órgano judicial a quo no alberga la más mínima duda o vacilación respecto de la constitucionalidad de la norma, como es el caso. Dicho muy sencillamente, de forma parecida a como, hace ahora dos años, declaramos, en el contexto de esta misma problemática, que el recurso de amparo no está a disposición del beneficiado o privilegiado por la actuación de los poderes públicos, sino precisamente a la del perjudicado o discriminado por aquélla (STC 114/1995), la cuestión de inconstitucionalidad no ha sido instituida para que los Jueces defiendan la constitucionalidad de la ley, sino, por el contrario, para que puedan cuestionarla, sin verse obligados a aplicarla, en aquellos casos en los que entiendan que dicha ley puede resultar opuesta a la Constitución. El modo como los Jueces y Tribunales defienden la legitimidad constitucional de una norma con rango de ley es, sencillamente, el de su aplicación, sin dilaciones indebidas. El que, posteriormente, dicha aplicación pueda resultar desautorizada por un Tribunal superior no es algo que esté llamado a prevenir la cuestión de inconstitucionalidad.
Esta apreciación no se ve desvirtuada por la circunstancia de que se trate de Derecho anterior a la Constitución, sobre el que se proyecta también la eficacia derogatoria de la misma. En contra de lo que ha entendido la Audiencia Provincial, el sentido de la doctrina de la STC 4/1981 (fundamento jurídico 1., D) no es el de posibilitar una inaceptable discrecionalidad del órgano judicial a la hora de proponer cuestiones sobre este tipo de normas, se dude o no se dude. Cuando el Tribunal Constitucional ha permitido cuestiones sobre leyes preconstitucionales «en caso de duda», más bien lo que ha pretendido es excluir los casos en los que no hay duda, y sí certeza, ya sea de la inconstitucionalidad, ya sea de la constitucionalidad. En esto se diferencia del supuesto de las leyes posconstitucionales, en los que la cuestión puede formularse tanto en caso de duda como en caso de certeza de la inconstitucionalidad. La combinación de certeza, en el sentido que sea, y ley preconstitucional debe cerrar el paso a la cuestión de inconstitucionalidad.
2. Pero no es ésta la única razón por la que la cuestión de inconstitucionalidad debió haber sido inadmitida. Más allá de la anterior dificultad subjetiva, concurre una dificultad objetiva, derivada de no haberse aportado una «norma con rango de ley» en el sentido del art. 163 C.E. Ello sólo es consecuencia de un dato presente en nuestro ordenamiento: Carecemos de una norma con rango de ley que regule lo que se conoce como el «orden de sucesión regular» de los títulos nobiliarios en defecto, pues tal es el problema, de previsión en el Título de concesión de los mismos, y que contenga, por tanto, la específica regla de la preferencia del varón respecto de la mujer en igualdad de línea y grado, objeto de la cuestión. En los términos del Auto de planteamiento, «el Derecho histórico vigente al disciplinar el orden regular de sucesión en los títulos nobiliarios, expresamente establece que en igualdad de línea y grado el varón es preferente a la mujer, es decir, consagra el principio de masculinidad o varonía» (fundamento jurídico 3.). Tal sería el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad.
La Audiencia Provincial presenta esta regla como construida a partir de una pluralidad de textos legales, repetidamente citados en la Sentencia, cuya última manifestación es un Decreto de 1948 y la primera de todas el Código de las Siete Partidas, los cuales configurarían un calificado «derecho histórico» sobre la materia. La cuestión, sin embargo, es la de si, efectivamente, en ese conjunto normativo hay alguna norma formalmente vigente y con rango de ley que regule dicha materia (STC 11/1981, fundamento jurídico 4.).
El dato más elemental del que hay que partir es el de que la norma en este momento formalmente vigente, relativa al orden de sucesión de los títulos nobiliarios, es el art. 5 del Decreto de 4 de junio de 1948, que declara que «el orden de suceder en todas las dignidades nobiliarias se acomodará estrictamente a lo dispuesto en el Título de concesión, y en su defecto, al que tradicionalmente se ha seguido en esta materia». El Auto de planteamiento pretende que el Decreto tiene rango legal por efecto de lo previsto en la Ley de 4 de mayo del mismo año que restableció las «disposiciones vigentes» con anterioridad al advenimiento de la República sobre títulos nobiliarios, todo ello «en cuanto no se opongan a la presente Ley y Decretos que la complementen». Cabe coincidir con la Sentencia y con el Abogado del Estado a la hora de negar rango de ley a este Decreto y, por tanto, el que pueda considerarse objeto válido de una cuestión de inconstitucionalidad. Pero, precisamente, ésta es la única disposición formalmente vigente que regula esta materia y de la que se puede predicar con algún sentido la categoría de «rango» normativo en el sentido moderno de la palabra.
Ocurre, además, que este Decreto vino a delimitar el ámbito de restablecimiento de esas «disposiciones vigentes» hasta 1931 a que alude la Ley de 4 de mayo de 1948 y, muy particularmente, del Real Decreto de 27 de mayo de 1912. En efecto, el art. 1 de dicha Ley dispuso que las referidas disposiciones se restablecían «en cuanto no se opongan a la presente Ley y Decretos que la complementen». Este dato tiene importancia dado el contenido del art. 4 del Real Decreto, derogado por el art. 5 del Decreto de 4 de junio de 1948: «El orden de suceder en estas Dignidades se acomodará estrictamente a lo dispuesto en la Real concesión y, en su defecto a lo establecido para la sucesión de la Corona». Por medio de esta remisión, que parece debe entenderse como dinámica, se establecía inequívocamente en una disposición la asimilación del orden de suceder en los títulos nobiliarios al orden de sucesión de la Corona, en defecto de previsión en la Real concesión: Dejaba de ser necesario acudir a los textos medievales. Pero, como se ha señalado, este art. 4 del Real Decreto de 1912 no quedó restablecido como consecuencia de la previsión diferente, establecida por razones conocidas, contenida en el art. 5 del Decreto de 1948.
Esta es la norma a la que final, e indirectamente se llega, pero por efecto del Decreto de 1948, que describe acertadamente la situación: «El que tradicionalmente se ha seguido en la materia». Porque eso es cabalmente lo que ha ocurrido, que los Tribunales han venido siguiendo o aplicando, por defecto, un orden de suceder que se hace coincidir con el contenido en dicha Ley de Partidas para la Corona, pero que, por ello mismo, no tiene otro soporte que esa jurisprudencia constante, y en la medida y hasta el momento en que se ha mantenido (cfr. fundamento jurídico 6. B). Todo lo demás, y, particularmente, la referencia de la Ley de 1948 a las «disposiciones vigentes», o la de la Ley Desvinculadora de 1820 a «los documentos de procedencia», o las referencias, en fin, a las diversas disposiciones, éstas sí, históricas relativas a la sucesión en los mayorazgos, considero que no desvirtúan esta conclusión: En la actualidad, la norma formalmente vigente que dispone que se siga la preferencia del varón en igualdad de línea y grado es una disposición reglamentaria que remite a una forma de encontrar el derecho aplicable supletoriamente que es de creación doctrinal, o sea, a la jurisprudencia que era tradicional en la materia, jurisprudencia interrumpida, sin embargo, y con independencia de lo dispuesto en el Decreto de 1948, a comienzos de esta década.
Frente a lo que esa actitud implica, es de tener en cuenta que los títulos nobiliarios son hoy una institución viva, por no decir pujante, que encuentra, en principio, su asiento, como siempre se ha entendido, en una de las facultades que al Rey formalmente corresponden, la de conceder distinciones y honores con arreglo a las leyes [art. 62 f), in fine, C.E.], regulada por normas constantemente actualizadas (RR.DD. 602/1980, 569/1981, 222/1988, art. 43 del R.D.L. 1/1993, R.D. 1.879/1994). En suma, desde 1978 los títulos nobiliarios se vienen concediendo, por medio de Reales Decretos debidamente refrendados, con una finalidad pública inobjetable; se viene sucediendo en la posesión de los mismos con la correspondiente intervención pública, se vienen rehabilitando, distribuyendo y cediendo en vida, con arreglo a unas normas que nada tienen de periclitadas u obsoletas y, como siempre desde hace siglos, sobre los mismos se viene pleiteando abundantemente. Todo esto es derecho vigente, ius cogens en su inmensa mayoría, en absoluto «derecho histórico».
La tercera forma de ser de los títulos nobiliarios que hemos conocido corresponde a la República, y a los primeros años del anterior régimen. Las Constituciones republicanas, como tipo, contienen con frecuencia declaraciones expresas de abolición o de proscripción de esta suerte de distinciones; otras veces ha sido esta tarea de la legislación republicana. Pero su inexistencia oficial no impide el uso social de los mismos, con el contenido que socialmente quiera dársele. El uso de los títulos nobiliarios tiende a ser un fenómeno estrictamente social, ajeno a cualquier participación de los poderes públicos, «autorregulado», por así decir.
La cuestión, sin embargo, si se quiere ser coherente con lo que se va a afirmar más adelante, es que no cabe detenerse en ese solo dato. Pues, aun como nomen honoris, es preciso reconocer que, como tal, la diferencia existe, que su inmaterialidad no equivale a su inexistencia. El título nobiliario es hoy, de un modo u otro, lo veremos más adelante, un bien, aun inmaterial, parte del «patrimonio» de ciertos individuos, y en esta medida de ciertas familias, como son también parte del mismo otros bienes menos inmateriales, con independencia de que no se transmita de la misma manera que el resto de esa «herencia» en sentido genérico, que a estos efectos no es relevante (fundamento jurídico 14 A). Hay, por tanto, individuos que, por nacimiento, no sólo reciben un apellido sino también un título nobiliario, algo que no se tolera formalmente en las repúblicas, pero que, es un dato, si pertenece al paisaje, por así decir, de las monarquías, incluso de las actuales. En ellas esto suele tener lugar con una intervención de los poderes públicos, que se repite en el momento de cada sucesión.
El otro dato del que conviene partir es el del mantenimiento de la facultad real de «conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes» [art. 62 f), in fine C.E.], en términos prácticamente coincidentes con los de las anteriores Constituciones monárquicas (fundamento jurídico 10, C), y en la que se ha considerado encontrarse el sustento de la facultad del Rey de conceder títulos nobiliarios; al correspondiente artículo de la Constitución de 1876, el 54, se refiere específicamente el art. 1 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912. Puede decirse, pues, que ha habido un estado de ánimo por parte del constituyente de no distanciarse de las Constituciones precedentes en este concreto extremo. Dicho de otra manera: Como honor, y no otra cosa, con la que el Estado distingue legítimamente a determinados ciudadanos, los títulos nobiliarios aparecen, en principio, mantenidos en la Constitución de 1978. Ello permite entender que se conservan con los dos elementos que los caracterizan, a la vez que los diferencian del resto de otras posibles distinciones u honores que pueda conceder el Estado a través de quien simboliza su unidad y permanencia: el otorgamiento, con característica frecuencia, a perpetuidad y la transmisión de forma singular, a un único descendiente (fundamento jurídico 14 B), si bien con un significado que ya no puede ser el mismo; aquí sí puede tener sentido la imagen del «símbolo», a la que se aludirá más tarde, es decir, la del título como representación de un determinado mérito, en un momento pretérito reconocido. Ambos elementos forman parte del perfil de la institución, de su imagen, siendo lo que los define frente a cualquier otra distinción que el Estado pueda conceder. De este modo se da lugar al fenómeno que describíamos al principio, la presencia de ciudadanos que, por nacimiento, ostentan un título nobiliario. Esto es así, pero una visión del conjunto del problema tal como se ha intentado hacer permite hoy no concluir en la inconstitucionalidad de estos títulos.
En la STC 38/1986, fundamento jurídico 3., decíamos en términos que resultan, a nuestros efectos, expresivos: «El principio de igualdad viene recogido en el art. 14 de la Constitución, y es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico en todas sus ramas y, en cuanto un reglamento como el citado consagre una desigualdad por un factor como el sexo, debe entenderse derogado de plano por la Constitución, si era anterior a ella». Y en la STC 128/1987, fundamento jurídico 5., con perspectiva histórica, declarábamos cómo «la expresa exclusión de la discriminación por razón de sexo halla su razón concreta, como resulta de los mismos antecedentes parlamentarios del art. 14 C.E., y es unánimemente admitido por toda la doctrina científica, en la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad en que, en la vida social y jurídica, se había colocado a la población femenina... No es necesario, ante el cúmulo de datos y pruebas que suministra la historia de nuestra sociedad, hacer referencia a tales dificultades...».
No es necesario tampoco insistir mucho más. La propia Sentencia (fundamento jurídico 8.) respaldada por la mayoría pone de manifiesto cómo las diferencias de trato basadas en el sexo han de ser sometidas a un canon mucho más estricto que el correspondiente al principio general de igualdad. Lo que ocurre es que, apenas hecho este pronunciamiento, se afirma como tarea previa la de examinar si el art. 14 C.E., como tal, es siquiera aplicable a los títulos de nobleza «dada la peculiar naturaleza de aquéllos». De este modo, el recorrido por la historia aboca en la afirmación del carácter «simbólico» de los títulos nobiliarios, concluyéndose en la constitucionalidad de la preferencia del varón en unos términos en los que no acaba de resultar diáfano si lo que ocurre es que la Constitución no se aplica a dichos títulos, si es su carácter simbólico el que hace constitucionalmente irrelevante a esta diferencia de trato, o ambas cosas a la vez.
Finalmente, la cuestión tampoco se puede resolver de diferente manera mediante alguna de otras dos «huidas» que tienden a proponerse, la «huida hacia arriba», es decir, hacia «la persona del Rey» (art. 56.3 C.E.), y la «huida hacia abajo», es decir, hacia el puro ámbito de las «relaciones entre particulares» o ámbito de las relaciones en las que no participan los poderes públicos (fundamento jurídico 12 C). La primera, sin reflejo ciertamente en la Sentencia, la imputación directa a la persona del Rey, en una proyección por así decir privada, no resulta viable en un sistema como el nuestro, en el que los actos del Monarca van refrendados con la sola excepción del art. 65.2 C.E. Con absoluta independencia de la mayor o menor intensidad de la participación real en la formación del acto, como no puede ser de otra manera, lo que importa desde la Constitución es la participación responsable del refrendante (art. 64.2 C.E.), sometido desde luego a aquélla (STC 5/1987, fundamento jurídico 3.). Así fue cómo desde el principio se ha organizado la monarquía constitucional y, desde luego, la parlamentaria.
Del conjunto de los fundamentos jurídicos de la Sentencia que antecede quisiera destacar, por último, una afirmación básica: «El carácter histórico de una institución no puede excluir, por sí sólo, su contraste con la Constitución» (fundamento jurídico 8.). Queda en el aire la determinación de qué compañía hubiera podido permitir esa exclusión. La tesis parece haber sido la que pudiera expresarse así: El carácter histórico y simbólico de una institución puede excluir su contraste con la Constitución, en este caso con la prohibición de discriminación por razón de sexo. Si es así, considero mi deber dejar constancia de mi respetuosa discrepancia.
PLENO. SENTENCIA 126/1997, de 3 de Julio. cuestion de Inconstitucionalidad 661/1996. en relacion con el art. 1 de la Ley de 4 de Mayo de 1948, art. 5 d...
STS 251/2008, 3 de Abril de 2008 (Título de conde, Adquisición, Título nobiliario)
STSJ Comunidad de Madrid 60121/2012, 30 de Octubre de 2012
SAP Jaén 107/2007, 7 de Mayo de 2007

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