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Timestamp: 2020-02-19 02:40:43+00:00

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ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva del Informe de fiscalización «Cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2009», adoptado en sesión de 4 de octubre 2011. | Iberley
ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva del Informe de fiscalización «Cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2009», adoptado en sesión de 4 de octubre 2011., - Boletín Oficial del Pais Vasco, de 18-07-2012
Boletín: Boletín Oficial del Pais Vasco Número 140
El Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2011, ha adoptado el siguiente
Aprobar con carácter definitivo el informe «Cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2009», que figura como anexo al presente Acuerdo.
Vitoria-Gasteiz, a 4 de octubre de 2011.
JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ CHURIAQUE.
Cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2009
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP/HKEE), conforme a lo establecido en la Ley 1/1988, reguladora del mismo, y en su Programa Anual de Trabajo, ha realizado este informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2009.
- Legales: cumplimiento de la normativa aplicable en las áreas relativas al presupuesto, endeudamiento, operaciones financieras, personal, contratación de obras, servicios y suministros, concesión de subvenciones y ayudas públicas, e ingresos de derecho público.
- Contables: se analiza si la Cuenta se elabora de conformidad con los principios contables que resultan de aplicación.
- Análisis financiero de la liquidación presupuestaria y de la situación económica de la CAE.
- El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe «Consideraciones sobre el sistema de control interno y procedimientos de gestión», junto a las recomendaciones para su mejora. Tampoco se analiza la Liquidación y adjudicación de bienes de la Cámara de la Propiedad de Bizkaia que será objeto de un informe específico por el TVCP/HKEE.
II.- Opinión.
II.1.- Opinión sobre el Cumplimiento de la Legalidad.
1.- Los presupuestos y las Cuentas Anuales del Sector Público de la CAE no incluyen los de sus fundaciones y consorcios a pesar de que forman parte de aquel, según dispone el artículo 7.4 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (LPOHGPV).
2.- Los presupuestos aprobados para 2009 no incluyen la clasificación territorial de los ingresos y gastos, incumpliendo el artículo 57 del Decreto Legislativo 1/1994, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Régimen Presupuestario de Euskadi (TRRPE).
3.- Las obras de construcción de 39 viviendas sociales y anejos en Lutxana-Munoa-Barakaldo, adjudicadas en 2005 por importe de 3,4 millones de euros, se han modificado en 2009, por importe de 0,3 millones de euros, sin la tramitación del correspondiente expediente. Esta ausencia de procedimiento fue convalidada por el Consejo de Gobierno. El importe conjunto de las modificaciones eleva en un 58% el presupuesto inicialmente adjudicado, lo que supone una trasgresión de los principios licitatorios recogidos en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), teniendo en cuenta que la facultad de modificación de los contratos se debe ejercer siempre dentro de un límite prudencial, de tal manera que el incremento de la cuantía no desnaturalice el volumen económico de la contrata.
4.- Las obras de construcción de 54 viviendas y anejos y 20 garajes en Ollargan-Arrigorriaga, adjudicadas en 2007 por 4,5 millones de euros, se suspendieron por segunda vez en noviembre de 2008 tras la detección de galerías mineras en el subsuelo. En 2009, se realizó un tercer estudio geotécnico que, a diferencia de los dos anteriores, certificaba la imposibilidad de edificar las viviendas sobre la mina. En abril de 2010, por Orden del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, se inicia el expediente de resolución del contrato. Las deficiencias en la fase aprobación del proyecto han provocado un gasto de 2 millones de euros. Además, no consta en el expediente que se hayan realizado actuaciones encaminadas a exigir responsabilidades por las deficiencias en la realización del proyecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 219 del TRLCAP.
5.- Las obras de construcción de 25 y 30 viviendas en edificios 1 y 2 de Bilbao-La Vieja han sufrido en 2008 una suspensión temporal parcial como consecuencia de la aparición de grietas en el inmueble contiguo. En 2009, la empresa adjudicataria solicitó una indemnización por la suspensión, que le fue abonada en enero de 2010, por un importe de 0,2 millones de euros, sin que se haya verificado el perjuicio sufrido por el contratista, tal y como exige el artículo 102 del TRLCAP.
6.- El contrato de obras para la ordenación y remodelación de la dársena de veteranos en Hondarribia, adjudicado en 2008 por 3,6 millones de euros, se ha modificado en 1,8 millones de euros, incrementando en un 50% el presupuesto inicialmente adjudicado. Esta modificación supone una trasgresión de los principios licitatorios recogidos en la LCSP, teniendo en cuenta que la facultad de modificación de los contratos se debe ejercer siempre dentro de un límite prudencial, de tal manera que el incremento de la cuantía no desnaturalice el volumen económico de la contrata. La primera certificación de este modificado, por importe de 1,1 millones de euros, ha sido convalidada por el Consejo de Gobierno, ya que no se había tramitado el correspondiente expediente.
7.- En las obras del archivo de la c/Zubibarri en Vitoria, adjudicadas en 2008 por 8,3 millones de euros, se ha abonado al contratista 0,1 millones de euros por el transporte y depósito en vertedero de residuos no previstos en el contrato, sin que éste se hubiera modificado antes de la ejecución de los trabajos, incumpliendo así los artículos 202 y 140.4 de la LCSP.
8.- En enero de 2007, se adjudicó el contrato de servicios para «la Implantación de un sistema de recursos humanos para la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la prestación de servicios complementarios», por un importe de 12,6 millones de euros y un plazo de entrega que, tras su ampliación, finalizaba el 31 de diciembre de 2010.
Desde su inicio y hasta el 31 de diciembre de 2009, la ejecución del contrato ha ascendido a 8,8 millones de euros. El 20 de agosto de 2010 se inició el procedimiento para la resolución del contrato por mutuo acuerdo, por la imposibilidad de cumplir el objeto en plazo. El 2 de marzo de 2011, por Orden de la Consejera de Justicia y Administración Pública, se resuelve el contrato. Las valoraciones de las partidas que componen los términos del mutuo acuerdo son:
- Módulos susceptibles de recepción valorados en 4,5 millones de euros.
- Medición y valoración del resto de trabajos realizados por 1,8 millones de euros.
- Mayor onerosidad en la ejecución de las prestaciones producida y provocada por la Administración por 2,4 millones de euros.
- Mayor onerosidad en la ejecución de las prestaciones producida y provocada por la UTE adjudicataria por 1,3 millones de euros.
Según el informe de los Servicios Jurídicos sobre la resolución por mutuo acuerdo, el importe de las partidas que lo componen puede considerarse desmedido ya que los módulos no susceptibles de recepción y la mayor onerosidad de las prestaciones representan una cifra casi cercana a los trabajos susceptibles de recepción.
Por último, no se determina que porcentaje del total del gasto ejecutado por 8,8 millones de euros, pudiera ser aprovechable, ya que una parte importante de ese gasto ha resultado fallido y, en consecuencia, su ejecución no ha respetado los criterios de eficacia y eficiencia.
9.- Las obras para el refuerzo del muelle de tablestacas del puerto deportivo de Orio, se adjudicaron en julio de 2009 por 0,6 millones de euros, mediante un procedimiento negociado sin publicidad sin que quedara suficientemente acreditado que no se pudiera conseguir el mismo resultado aplicando la tramitación de urgencia regulada en el artículo 96 de la LCSP. Además, se ha aprobado una ampliación del 70% del plazo de ejecución cuando éste había finalizado.
10.- El contrato de realización de 37 programas sobre ciencia y tecnología en el País Vasco (Teknopolis) para su emisión en televisión, se ha adjudicado por 0,4 millones de euros mediante procedimiento negociado sin publicidad, sin que conste motivación suficiente de las razones técnicas a las que hace referencia el artículo 154 d) de la LCSP y que justifican que la adjudicataria sea la única empresa a la que puede encomendarse la ejecución del contrato. Al margen de este contrato, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación ha otorgado en 2009 una subvención nominativa al contratista para el programa de televisión Teknopolis por importe de 60.000 euros, hecho este que supone una modificación del precio del contrato realizado al margen de los procedimientos previstos en la LCSP.
11.- El Decreto 77/1997, de 8 de abril, por el que se establecen las bases para concertación de servicios sanitarios por el Departamento de Sanidad, señala que para su suscripción, los centros, establecimientos y servicios sanitarios deberán reunir una serie de requisitos mínimos entre los que figura en primer lugar que su funcionamiento esté autorizado por el Departamento de Sanidad o por la Administración Sanitaria competente en el supuesto de centros ubicados fuera de la CAE. Por otro lado, el Decreto 31/2006, de 21 de febrero, de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, establece asimismo que la autorización de funcionamiento es requisito indispensable para establecer conciertos o convenios con el Departamento de Sanidad. En los conciertos sanitarios llevados a cabo por el Departamento de Sanidad para «Diálisis domiciliaria para pacientes del área de salud de Bizkaia», adjudicado por 0,4 millones de euros, y para «Transporte sanitario para pacientes del área de salud de Araba y municipios de Otxandio y Ubide», adjudicado por 1,1 millones de euros, no consta la preceptiva autorización de funcionamiento.
12.- El centro hospitalario con el que se formalizó el contrato de «Hospitalización psiquiátrica de larga estancia en el Territorio Histórico de Bizkaia» bajo la modalidad de concierto, por importe de 0,4 millones de euros, no cumplía a la fecha de la adjudicación con los requisitos de homologación exigidos en el artículo 4 del Decreto 77/1997, mencionado anteriormente.
13.- Hemos detectado 24 adquisiciones de bienes y servicios, por un importe total de 2,2 millones de euros, realizadas como contrato menor, correspondientes a los Departamentos de Educación, Universidades e Investigación (10); Vivienda, Obras Públicas y Transportes (10), Presidencia (2), Interior (1) y Empleo y Asuntos Sociales (1) que suponen un fraccionamiento indebido del objeto del contrato, prohibido por el artículo 74.2 del LCSP. Todas estas contrataciones deberían haberse realizado mediante uno de los procedimientos que garantizan los principios de publicidad y concurrencia.
14.- El Consejo de Gobierno, mediante el procedimiento excepcional previsto en el artículo 24.4 de la Ley 14/1994 de Control Económico y Contabilidad de la CAE, ha asumido la fiscalización jurídico-económica favorable de gastos del ejercicio 2009 por un importe de 23,6 millones de euros, incluidos los descritos en los párrafos 3 y 6, que fueron informados negativamente por la Oficina de Control Económico. Estos gastos corresponden a 10 contratos de obras por 5,3 millones de euros, 6 contratos de suministros por 1,3 millones de euros, 34 contratos de servicios por 15,5 millones de euros y 4 contratos privados por 1,5 millones de euros, siendo los principales incumplimientos: no observar los principios de publicidad y concurrencia, continuar prestando el servicio una vez vencido el plazo y el fraccionamientos indebido del objeto del contrato.
15.- El Gobierno Vasco y una Fundación suscribieron, el 27 de febrero de 2009, un protocolo de colaboración en el que se establecía el compromiso de entregar al Gobierno un fondo documental y de compensar a la Fundación por el coste de la gestión del citado fondo.
El expediente se resolvió mediante la concesión de una subvención directa por importe de 3 millones de euros, aún cuando constaba la existencia de una contraprestación, circunstancia que cuestiona la elección de la figura subvencional contemplada en la LPOHGPV. La compensación económica se ha registrado con cargo al capítulo gastos de funcionamiento a pesar de su aprobación como subvención directa.
16.- Se ha concedido subvenciones mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno por importe de 6,7 millones de euros a 28 beneficiarios que también recibieron subvenciones directas en los dos ejercicios anteriores por los mismos objetos, incumpliendo el requisito de excepcionalidad establecido en el artículo 49.7 de la LPOHGPV.
17.- Se ha concedido subvenciones directas por Acuerdo de Consejo de Gobierno pese a que existían disposiciones de carácter general que regulaban la actividad subvencionada, incumpliendo los requisitos de excepcionalidad e imposibilidad de convocatoria mediante disposición general del artículo 49.7 de la LPOHGPV:
- A Confebask, Fundación Tecnalia e IK-4, por importe de 2,5 millones de euros, para la incorporación de investigadores científicos y tecnólogos a empresas y centros tecnológicos de la CAPV para mejorar su sistema de innovación y su competitividad, pese a que dichas actuaciones se incluyen en las ayudas reguladas en la Orden de 14 octubre de 2009, del Consejero de Industria, Innovación. Comercio y Turismo, por la que se desarrolla el Programa Ikertu, de ayudas a la formación y potenciación del capital humano.
- Al Ente Público EITB, por importe de 1,4 millones de euros, para la producción y difusión en los medios de comunicación de las ayudas a la cooperación de los países empobrecidos, ya que dicha actuación puede encuadrarse dentro de las ayudas previstas en el Decreto 34/2007, de 27 de febrero, por el que se regulan las ayudas a proyectos con cargo al Fondo de Cooperación al Desarrollo. Además esta ayuda se viene concediendo desde hace varios ejercicios, lo que supone incumplir el requisito de excepcionalidad.
18.- Se ha concedido subvenciones directas por Acuerdo de Consejo de Gobierno sin que se haya justificado la imposibilidad de realizar convocatoria pública de ayudas mediante disposición general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.7 de la LPOHGPV:
- A la Fundación UNED Bergara para el desarrollo del proyecto «Pentsamendua XXI» por importe de 0,9 millones de euros. Ni la memoria de la subvención ni la del proyecto justifican la imposibilidad de promover concurrencia con otras instituciones como empresas o instituciones de prospectiva, de investigación social, universidades, etc. La Fundación ha incluido, como justificación parcial de la subvención gastos por importe de 160.295 euros que corresponden a actuaciones no amparadas por el convenio.
- Al Ayuntamiento de Errenteria para la puesta en valor del Fuerte de San Marcos, por importe de 0,7 millones de euros y al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la financiación de la construcción del Palacio de Congresos, Exposiciones y Artes Escénicas por importe de 25,6 millones de euros. Las correspondientes memorias de la subvención no justifican la imposibilidad de regular las ayudas para equipamientos e infraestructuras culturales, ya que con carácter general, resultarían aplicables a otros posibles beneficiarios.
19.- Se ha registrado con cargo al ejercicio gastos por transferencias por importe de 8,1 millones de euros a favor de la Diputación Foral de Bizkaia en aplicación del acuerdo número 6 del Consejo Vasco de Finanzas Públicas de 12 de febrero de 2010, como consecuencia de los efectos que el mantenimiento del Impuesto sobre el Patrimonio en el TH de Gipuzkoa ha producido en la determinación de las aportaciones. El citado acuerdo no detalla los criterios utilizados para distribuir la compensación efectuada a la DFB entre el resto de instituciones, ni fundamenta jurídicamente los motivos por los que la Administración General contribuye. Por otro lado, la Orden de pago se ha realizado sin la previa autorización del gasto por el Consejo de Gobierno, tal y como requiere el artículo 30.1 de la Ley 19/2008 de Presupuestos Generales de la CAE para el ejercicio 2009.
20.- En 2009, se ha concedido ayudas para la financiación de inversiones finalizadas, entre el 1 de diciembre de 2005 y el 1 de junio de 2008, en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la forma de cooperativa o fundación (Programa HEZKOOP), al amparo de la Orden de 2 de septiembre de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación.
- En la citada Orden, no se justifican los motivos y finalidades de un programa de ayudas dirigido a financiar inversiones que ya están materializadas en el momento de efectuar la convocatoria de las ayudas. Por ello, esta convocatoria no respeta el principio del artículo 49.3 del Decreto Ley 1/1997, que determina que las correspondientes normas reguladoras de concesión de ayudas y subvenciones deberán asegurar la libre concurrencia de todos aquellos que reúnan los requisitos que establezcan, facilitando el acceso a la misma en un plano de igualdad.
- Las ayudas concedidas a:
' Orereta Ikastola, por importe de 0,8 millones de euros, para financiar, entre otros, la compra de inmuebles que se habían escriturado en septiembre de 2005, incumplen el artículo 1.2 de la citada Orden, que excluye del ámbito de la convocatoria las inversiones finalizadas con anterioridad al 1 de diciembre de 2005 y el artículo 3, que señala que las actividades subvencionables son los préstamos suscritos por los titulares de los centros con entidades financieras para financiar la adquisición de inmuebles o la realización de obras de nueva construcción, adecuación a los requisitos exigidos por la legislación vigente, ampliación o sustitución, llevadas a cabo en el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2005 y el 1 de junio de 2008.
' San Viator-Arizmendi Ikastola, por importe de 1,1 millones de euros, para subvencionar préstamos formalizados el 18 de mayo de 2005, incumplen el artículo 3 de la Orden, al no acreditarse en el expediente que los citados préstamos financien la compra de un inmueble llevada a cabo en octubre de 2008.
21.- De los 22 proyectos fiscalizados del programa GAITEK 2009, cuya finalidad es promover el desarrollo de nuevos productos, un total de 15, a los que se les ha concedido ayudas por 2 millones de euros, han incumplido el artículo 12.3 de la Orden reguladora del programa, que exige que las actuaciones subvencionables se inicien con posterioridad a la apertura de la fecha de la solicitudes de ayuda.
En nuestra opinión, excepto por las salvedades anteriormente descritas, la Administración General de la CAE ha cumplido razonablemente, en el ejercicio 2009, la normativa legal que regula su actividad económico-financiera.
II.2.- Opinión sobre la Cuenta de la Administración General.
1.- De acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Programa de Apoyo Financiero a las empresas vascas y en los convenios suscritos con las entidades financieras colaboradoras, la Administración General de la CAE ha facilitado los fondos líquidos con los que dichas entidades han concedido operaciones de crédito o préstamo a los beneficiarios del programa. Estos fondos se encuentran depositados en cuentas no disponibles mientras estén vigentes las citadas operaciones, durante un periodo comprendido entre 1 y 3 años. El saldo vivo de las cuentas representa en cada momento la financiación concedida, que se encuentra avalada en su totalidad por dos sociedades de garantía recíproca. Al cierre del ejercicio el importe depositado en dichas cuentas ascendía a 512,9 millones de euros (ver A.13 y A.16). Esto supone que el Remanente de Tesorería disponible a 31 de diciembre de 2009 debería disminuir en dicha cantidad.
Los saldos de los epígrafes Tesorería e Inversiones Financieras del Balance de Situación a 31 de diciembre de 2009, deberían disminuir y aumentar, respectivamente, en 512,9 millones de euros.
2.- Los préstamos formalizados no dispuestos a 31 de diciembre de 2009, por importe de 350 millones de euros, no se han deducido del Remanente de Tesorería en el cálculo del Remanente de Tesorería Disponible incluido en la liquidación del presupuesto de la Administración General de la CAE para el ejercicio 2009. Dichos préstamos fueron dispuestos en los meses de enero y febrero del año 2010.
Si se hubiera aplicado el mismo criterio que en años anteriores, el Remanente de Tesorería Disponible habría disminuido en 350 millones de euros.
3.- En el cálculo del Remanente de Tesorería Disponible incluido en la liquidación de presupuestos del ejercicio 2009, no se han deducido las provisiones por el riesgo reclamación de avales y por pleitos pendientes de sentencia, como venía siendo incluido en las liquidaciones de presupuestos de los ejercicios precedentes. No obstante, las citadas provisiones se incluyen en el epígrafe Provisiones para Riesgos y Gastos del Balance de Situación a 31 de diciembre de 2009 por un importe de 93,6 millones de euros. La Administración ha justificado la no inclusión de las citadas provisiones en virtud de que no se recogen de forma expresa en el apartado 2 del artículo 19 de la Ley 8/1996 de Finanzas, que regula el procedimiento de utilización de los remanentes de tesorería. Si se hubiera mantenido el criterio aplicado hasta el ejercicio 2008, el Remanente de Tesorería Disponible habría disminuido en 93,6 millones de euros.
En nuestra opinión, excepto por la salvedad descrita en los párrafos 1 y 2 y considerando lo expuesto en el párrafo 3 y en las Notas 1 a 4 recogidas en la Liquidación del Presupuesto de 2009, las cuentas adjuntas de la Administración General de la CAE expresan en todos los aspectos significativos la actividad económica del ejercicio 2009.
III.- Consideraciones sobre Sistemas de Control Interno y Procedimientos de Gestión.
III.1.- Presupuestos y Contabilidad.
3.1.1.- El Gobierno ha concedido a la UPV dos préstamos con saldo dispuesto por importe de 17,7 millones de euros para financiar las desviaciones existentes entre el ritmo de ejecución del Programa de Inversiones e Infraestructuras (2006-2010) de la citada institución y las anualidades previstas en la subvención nominativa concedida por la Administración General de la CAE para la financiación del citado programa, cuando lo indicado hubiera sido reajustar las anualidades al ritmo de ejecución.
3.1.2.- El Balance de Situación no dispone de un detalle individualizado de todos los bienes que componen una serie de partidas de inmovilizado, tales como instalaciones técnicas, equipos informáticos, maquinaria, utillaje y mobiliario, aplicaciones informáticas, etc. Los elementos fueron registrados de forma agrupada por año de adquisición. El importe total registrado de esta forma asciende a 336,8 millones de euros.
3.1.3.- El Instituto Vasco de Finanzas mantenía unos fondos líquidos en cuentas corrientes al cierre del ejercicio 2009 de 60,3 millones de euros que provenían de la aportación al Fondo Social realizada por la Administración General de la CAE. La citada institución no realiza actualmente actividades que justifiquen la inmovilización de estos fondos.
3.1.4.- Existen diferencias entre los saldos de las cuentas especiales abiertas en las entidades financieras colaboradoras del Programa de Apoyo Financiero y el importe de los avales concedidos por los préstamos y créditos regulados por dicho programa. De acuerdo con las condiciones establecidas en los convenios, los saldos de las cuentas debieran ser, en una fecha dada, iguales o inferiores al importe de los avales vivos, y sin embargo al cierre del ejercicio la diferencia es de signo contrario, sin que haya podido ser explicada por la Administración. Dado que el importe de dichas cuentas resulta indisponible para la Administración, han de establecer los procedimientos necesarios que garanticen su adecuado control.
3.1.5.- Se han efectuado pagos por importe de 22,4 millones de euros a Osakidetza en concepto de transferencias para inversiones, sin que las mismas se encuentren efectivamente ejecutadas al cierre del ejercicio, en contra de lo dispuesto en el artículo 34.3 del Decreto 211/1997, de 30 de septiembre, de la Tesorería General de País Vasco.
3.1.6.- Actualmente las leyes de presupuestos limitan el volumen de garantías a conceder anualmente por la Administración, pero no establecen límite alguno para los reafianzamientos de avales. Dado el volumen de operaciones que están alcanzando estas operaciones, sería recomendable que las leyes de presupuestos incluyesen un límite, ya que en la práctica, comprometen a la Administración de igual forma que las garantías otorgadas de forma directa.
III.2.- Gastos de Personal.
3.2.1.- El Decreto 75/1983 creó el Registro de Personal al servicio de la Administración de la CAE y de los Entes Públicos que de ella dependan. En el año 2003 finalizó la realización de un registro informático del personal al servicio de la Administración General de la CAE, sin incluir al personal docente ni a la Ertzainvertza, como obligaba el citado decreto, que poseen un registro aparte.
Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT).
3.2.2.- Las RPT vigentes no incluyen 2.201 plazas que tenían dotación presupuestaria en el ejercicio 2009, de acuerdo con el siguiente detalle:
Incluye 38 plazas de los nuevos órganos judiciales y de las nuevas dotaciones del TSJPV.
Durante 2010, mediante Decreto 202/2010, de 20 de julio, se han aprobado las RPT de 5 unidades que componen la Oficina Judicial y que contienen un total de 182 puestos de trabajo. La nueva RPT correspondiente al personal al servicio de la Administración de Justicia en la CAE ha sido informada favorablemente por el Consejo General del Poder Judicial, tal y como establece el artículo 522.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se halla pendiente de aprobación definitiva por el Ministerio de Justicia.
3.2.3.- De acuerdo al Decreto 182/2007, por el que se aprueba el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario docente no universitario vigente en el año 2009, se establece una retribución en concepto de sexenios. Los pagos realizados en concepto de primer sexenio en 2009 han ascendido a 16,8 millones de euros y, además, dicho personal ha percibido una subida lineal anual de 18,95 euros por los devengos de segundos y posteriores sexenios.
El sexenio se creó como un complemento de especial dedicación, para incentivar la formación del profesorado y la dedicación al centro, siendo el factor temporal (seis años de servicios) uno de los elementos necesarios para su devengo, y siendo aplicable al personal funcionario de carrera. Sin embargo, a partir del Decreto 396/1995, se alteraron las condiciones de devengo, reparto y colectivo beneficiario, de tal forma que, los devengos de segundos y posteriores sexenios se calculan anualmente de forma global, repartiendo el importe obtenido entre el número de docentes a través de un incremento lineal que tiene carácter consolidable.
Se recomienda una revisión de la actual regulación de los sexenios de cara a su integración en los futuros acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo, de forma que no se incluyan conceptos retributivos de naturaleza personal en el complemento específico. Si lo que se pretende es realizar una equiparación con el resto de funcionarios de la Administración General se debería estudiar la conveniencia de iniciar procesos de homologación salarial.
3.2.4.- Tampoco se adecua a la naturaleza de la retribución el complemento de antigüedad, que se percibe como complemento de productividad en el caso de los funcionarios de la Administración General.
3.2.5.- El Decreto 438/2005, que aprueba el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de la Ertzaintza para los años 2005 a 2007, vigente en 2009, establece en su artículo 54.2 una forma de cálculo de la retribución por antigüedad distinta a la señalada por el artículo 81.3 de la LFPV; y el artículo 57 incluye un complemento de productividad destinado a retribuir la actividad extraordinaria que conlleva el desempeño en comisión de servicios de puestos de trabajo de superior categoría, que no se adecua al régimen legal retributivo previsto para las comisiones de servicios de los funcionarios de la Ertzaintza (artículo 72.4 de la Ley 4/1992 de Policía del País Vasco).
III.3.- Subvenciones.
3.3.1.- El Decreto Ley 1/1997, de 11 de noviembre, establece la obligatoriedad de publicar en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las subvenciones concedidas sujetas a concurrencia; sin embargo, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se deberían publicar, también, aquellas concedidas directamente por Acuerdo de Consejo de Gobierno.
3.3.2.- Hemos analizado las siguientes subvenciones directas:
- En la subvención directa concedida a Confebask, Fundación Tecnalia e IK-4, por importe total de 2,5 millones de euros, se ha incumplido el artículo 50.1 de la LPOHGPV, que establece la condición de beneficiario de las ayudas o subvenciones a los destinatarios de los fondos públicos que realicen la actividad que fundamenta su otorgamiento, ya que los destinatarios finales de las ayudas, no son únicamente las citadas instituciones sino también sus asociados. Además, en la concesión de las ayudas la Administración no ha establecido normas que garanticen una selección objetiva de los beneficiarios finales y de las cuantía a percibir por estos. En todo caso, si la actuación de las entidades que han resultado beneficiarias se considerase necesaria para una mejor gestión de las ayudas, debía haberse establecido su participación como entidades colaboradoras, de acuerdo con lo dispuesto en el título III del Decreto 698/1991, que regula el régimen de las mismas.
- Los acuerdos de concesión de las subvenciones al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la financiación de obras en el Casco Histórico por importe de 9 millones de euros y al Ayuntamiento de Errenteria para la puesta en valor del Fuerte de San Marcos, por importe de 0,7 millones de euros, no determinan aspectos esenciales para un adecuado control de la subvención, tales como el presupuesto de ejecución de las actuaciones, los plazos, etc., así como el establecimiento de mecanismos de participación y control, elementos que debieran haber sido regulados en un convenio de colaboración.
Además, en el caso de la subvención concedida al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, no existe adecuación temporal entre la consignación presupuestaria de la subvención en el ejercicio 2009 y la ejecución del objeto subvencional, que se desarrollará en ejercicios futuros, por lo que su concesión debía haberse realizado mediante la utilización de créditos de compromiso, acomodando la ejecución de la subvención al ritmo de ejecución previsto.
Hemos realizado el seguimiento de las subvenciones analizadas por el TVCP en su informe sobre el ejercicio 2008 y hemos detectado:
- Justificación fuera de plazo y no presentación de la memoria de actividades en una subvención concedida por importe de 0,1 millones de euros.
- Tres subvenciones otorgadas por importe de 5 millones de euros, se encuentran pendientes de justificación una vez vencido el plazo establecido.
3.3.3.- Hemos analizado las siguientes subvenciones nominativas:
Estas subvenciones fueron ampliadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 19/2008 de Presupuestos de la CAE para 2009. Sin embargo, la ampliación de las ayudas se realizó para financiar actividades adicionales a las inicialmente previstas en las ordenes de concesión, lo que supera los límites de financiación comprometidos con el beneficiario tal y como requiere el apartado 17 del anexo III de la norma presupuestaria.
3.3.4.- Se ha realizado un pago anticipado a Karrantzako Minda, S.L. por importe de 320.000 euros, sin que el beneficiario constituyera garantía, tal y como establece el artículo 3.2 del Decreto 698/1991.
Subvenciones sujetas a concurrencia.
Se han revisado las ayudas para promover el desarrollo de nuevos productos, entendiendo por tales, productos originales y los superiores a los ya existentes con la finalidad de dar mejor satisfacción a las demandas del mercado y de la sociedad (Programa GAITEK), concedidas al amparo de la Orden de 27 de noviembre de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por un importe de 27,8 millones de euros con cargo al ejercicio 2009, y las ayudas para la financiación de inversiones en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la forma de cooperativa o fundación (Programa HEZKOOP), concedidas al amparo de la Orden de 2 de septiembre de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por un importe de 10,8 millones de euros, de los que 1,8 millones son con cargo al ejercicio 2009 y 9 millones con cargo a los ejercicios 2010-2018.
3.3.5.- Respecto a las ayudas para promover el desarrollo de nuevos productos (Programa GAITEK) es necesario señalar que:
- La Orden de 27 de noviembre de 2008, reguladora del Programa, no establece como obligación del beneficiario acreditar con anterioridad a la resolución de concesión el hallarse al corriente frente a la Seguridad Social, incumpliendo el artículo 14.e) de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, que constituye legislación básica según la Disposición Final Primera de la misma Ley.
- La convocatoria de estas ayudas se ha resuelto y notificado a los interesados con un retraso de 4,5 meses sobre plazo máximo establecido en el artículo 19.3 de la Orden reguladora del Programa (6 meses).
- En la resolución de la convocatoria no se indica el motivo de denegación de las solicitudes a las que no se les ha concedido la ayuda, incumpliendo el artículo 19.2 de la Orden reguladora del Programa.
- El análisis de la propuesta que se adjunta en cada expediente fiscalizado aparece sin firmar, con lo que no es posible determinar si ha sido realizado por la Unidad Estratégica de Tecnología e Innovación de la SPRI, tal y como determina el artículo 16.3 de la Orden reguladora del Programa.
En la revisión de 22 expedientes de concesión de estas ayudas, por importe de 3,2 millones de euros, y de dos expedientes de denegación de ayuda, han surgido las siguientes deficiencias:
- El artículo 20 de la Orden reguladora del Programa establece que el abono de la subvención se realizará mediante dos pagos: un 70% tras la notificación de la resolución de concesión y el restante 30% una vez concluido el programa previa presentación de la justificación. Para el pago anticipado del 70% no establece ningún régimen de garantías, incumpliendo el artículo 3.2 del Decreto 698/1991, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones de la CAE, que establece su exigencia en el supuesto de pagos anticipados y cuando el importe de la subvención sea superior a 180.304 euros. En la convocatoria fiscalizada, 7 beneficiarios han recibido ayudas superiores a ese importe y las subvenciones concedidas a los mismos ascendían a un total de 1,5 millones de euros.
- El artículo 10.2 de la Orden reguladora establece «que la subvención a conceder a cada proyecto será la de aplicar la intensidad máxima de ayuda (para medianas empresas hasta el 35%) sobre el presupuesto de gastos subvencionables aceptado para cada uno de los proyectos aprobados». En 3 de los expedientes revisados correspondientes a proyectos individuales, por importe 0,2 millones de euros, se ha subvencionado por encima del porcentaje establecido como intensidad máxima (40%-41%).
- El control a posteriori para verificar el correcto destino de las ayudas es insuficiente, ya que ni las bases reguladoras ni la actuación del Departamento han exigido la totalidad de la documentación que justifique que las inversiones y gastos subvencionados se han realizado. Se recomienda con carácter general, a partir de un determinado importe fijado por el departamento concedente, la obligación de que la certificación económica que presente el beneficiario de la subvención vaya acompañada de un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del ICAC. El gasto derivado de la realización de la auditoria podrá tener la condición de gasto subvencionable cuando así lo establezcan las bases reguladoras de las ayudas y hasta el límite que en ellas se fije.
3.3.6.- Respecto a las ayudas para la financiación de inversiones en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la forma de cooperativa o fundación (Programa HEZKOOP) es necesario señalar que:
- Las memorias del Departamento de Educación, no recogen esta línea de ayudas, no reflejando su influencia en la determinación de las acciones e indicadores, así como en la consecución de los objetivos.
- La convocatoria de estas ayudas se ha resuelto y notificado a los interesados con un retraso de 2,5 meses sobre plazo máximo establecido en el artículo 13 de la Orden reguladora de las mismas (6 meses).
En la revisión de 8 expedientes de concesión de estas ayudas, por importe de 6,3 millones de euros, y de un expediente de denegación de ayuda, han surgido las siguientes deficiencias:
- A Lauaxeta Ikastola se han concedido ayudas por 0,5 millones de euros, para subvencionar préstamos que han financiado obras cuyo plazo de finalización ha sido posterior al 1 de junio de 2008, sin que el solicitante justificase que el retraso en la finalización de las mismas se debía a causas de carácter extraordinario, tal y como establece el artículo 3 de la Orden reguladora.
III.4.- Contratación.
A la fecha de este informe, el Gobierno no dispone del Registro de Contratos previsto por los artículos 308 de la LCSP y 25 del Decreto 136/1996, de 5 de junio, sobre Régimen de Contratación de la CAE.
Hemos analizado una muestra de 24 expedientes adjudicados en ejercicios anteriores que han tenido ejecución en este ejercicio y 31 adjudicados en 2009.
III.4.1.- Expedientes Adjudicados en Ejercicios Anteriores.
- En julio de 2009, el Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes resolvió el contrato de construcción de 59 viviendas sociales en el área Galindo de Barakaldo, adjudicado por 5,4 millones de euros (expediente número 5), al haberse declarado en concurso necesario a la empresa adjudicataria de las obras y no haber prestado las garantías suficientes para la ejecución de las obras. La Administración ha incautado la fianza definitiva y ha hecho efectivas las garantías prestadas por acopio de materiales que cubren la mitad de los 160.000 euros abonados por este concepto, incumpliendo el artículo 145.2 de la TRLCAP. Esta resolución ha sido recurrida, por uno de los avalistas, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- Tres contratos (expedientes números 3, 9 y 24) han tenido en el ejercicio unos modificados de 0,8, 0,5 y 0,8 millones de euros, respectivamente, que no se deben en su totalidad a nuevas necesidades o causas imprevistas, incumpliendo el artículo 101.1 del TRLCAP y 202 del LCSP. Además, en el modificado del expediente número 3, si bien consta la aprobación del mismo, no se ha formalizado en documento administrativo, ni se ha reajustado la fianza y no consta el informe preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, incumpliendo los artículos 42, 59.3 y 101 del TRLCAP.
- En el expediente número 10, adjudicado por 5,5 millones de euros, se aprueba en noviembre de 2009 un reajuste de anualidades, cuando en septiembre de 2009 había expirado el plazo para la ejecución de los trabajos y no se había modificado dicho plazo, ampliándolo.
III.4.2.- Expedientes Adjudicados en 2009.
- En 2 contratos de obras (expedientes números 30 y 33), adjudicados por 9,8 millones de euros, el replanteo del proyecto se realizó con anterioridad a la aprobación del mismo, incumpliendo el artículo 110.1 de la LCSP.
- En 8 contratos (expedientes números 30, 33, 34, 41, 43, 44, 53 y 54), adjudicados 7 de ellos por 24,8 millones de euros y uno por precios unitarios, no se justifica suficientemente en los expedientes la elección de los criterios de adjudicación para identificar la oferta más ventajosa, tal y como establece el artículo 93.4 de la LCSP.
- En 2 contratos (expedientes números 38 y 43), adjudicados por 1,1 millones de euros, no consta en la memoria justificativa de la contratación determinación precisa de la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante los contratos proyectados, ni la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, incumpliendo el artículo 22 de la LCSP.
- En 7 contratos (expedientes números 30, 34, 41, 45, 47, 48 y 54), adjudicados 3 de ellos por 9,9 millones de euros y 4 por precios unitarios, no consta la certificación exigida por el artículo 80.5 del RGLCAP, relativa a la documentación recibida o a la ausencia de licitadores.
- En un contrato (expediente número 43), adjudicado por un importe de 0,6 millones de euros, se ha utilizado la tramitación urgente del expediente sin que la misma esté suficientemente justificada de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la LCSP. En este sentido, tal y como señalan las directivas europeas, la urgencia debe estar motivada por hechos que las entidades adjudicadoras no han podido prever y no deben ser en ningún caso las responsables de las circunstancias que justifiquen la urgencia.
- En 2 contratos (expedientes números 43 y 44), adjudicados por 11,5 millones de euros, debería haberse constituido, para valorar las ofertas, el comité previsto en el artículo 134.2 de la LCSP, ya que, aunque se asignó a los criterios evaluables de forma automática una ponderación mayor que a los criterios subjetivos, las fórmulas de cálculo establecidas para valorarlos hace que la ponderación real sea menor. Por otro lado, en la contratación del servicio de transporte sanitaria para pacientes del área de salud de Araba y municipios de Otxandio y Ubide, a pesar de que los criterios evaluables de forma automática tenían una ponderación de 10%, tampoco se ha constituido el mencionado comité ni se ha acudido a un organismo técnico especializado.
- Los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, incluyen criterios de adjudicación cuya aplicación requiere realizar un juicio de valor a los que se asigna una ponderación total del 80%. Seria recomendable, en la medida que ello fuera posible, desagregar estos criterios en subcriterios e indicar la puntuación otorgada a cada uno de ellos (expedientes 25, 26, 27 y 28).
- En 2 contratos (expedientes números 44 y 54), adjudicados por 12 millones de euros, no se han indicado los criterios elegidos y su ponderación en los anuncios de licitación publicados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 134.5 de la LCSP.
- En un contrato (expediente número 43), adjudicado por 0,6 millones de euros, los anuncios de la licitación publicados en el BOE y en el BOPV no indican el importe total estimado del contrato incluidas las eventuales prórrogas del mismo.
- En un contrato (expediente número 54), adjudicado por 1,1 millones de euros, entre los criterios de adjudicación se recogen algunos dirigidos a acreditar la solvencia técnica o profesional del empresario, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 134 de la LCSP del que se deriva que los criterios de valoración deben referirse a la oferta y no al oferente.
- Cuatro contratos (expedientes números 31, 36, 40 y 51), adjudicados tres de ellos por un importe de 6,8 millones de euros y uno por precios unitarios, han sufrido retrasos entre 11 días y 3 meses en la adjudicación provisional o definitiva del contrato, contraviniendo lo establecido en los artículos 145 y 135.4 de la LCSP. En un contrato (expediente número 46), adjudicado por 4,7 millones de euros, declarado de tramitación urgente, transcurren más de dos meses entre la apertura y la adjudicación definitiva del contrato. Por otro lado, en un contrato (expediente número 32), adjudicado por 0,6 millones de euros, el acta de comprobación del replanteo se firmó con un retraso de un mes por encima del plazo máximo establecido en el artículo 212 de la LCSP.
- En 2 contratos (expedientes números 48 y 53), adjudicados uno por precios unitarios y el otro por 0,4 millones de euros, no consta presentación por parte de todos los adjudicatarios de la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de acuerdo a lo establecido en el artículo 135.4 de la LCSP.
- En un contrato (expediente número 49), adjudicado por precios unitarios, no consta publicidad de la adjudicación en el DOUE ni en el BOE, incumpliendo el artículo 138.2 de la LCSP.
- En un contrato (expediente número 42), adjudicado por 1,2 millones de euros, no consta la comunicación de la adjudicación a la Comisión Europea, según exige el artículo 138.3 de la LCSP para contratos de servicios de cuantía igual o superior a 0,2 millones de euros.
- En 7 contratos (expedientes números 37, 38, 44, 47, 48, 51 y 52), adjudicados 3 de ellos por 14,8 millones de euros y 4 por precios unitarios, no se ha llevado a cabo el acto formal y positivo de recepción o conformidad por parte de la Administración, según exige el artículo 205.2 de la LCSP.
- Los Pliegos de Bases Técnicas de dos contratos de suministros (expedientes números 47 y 48), adjudicados por precios unitarios y con una ejecución en 2009 de un millón de euros, exigen que los licitadores presenten certificaciones de los productos a suministrar expedidas por una empresa concreta cuando existen otros organismos o empresas autorizados para expedir estos certificados. Esta limitación es contraria a los principios de contratación contenidos en el artículo 1 de la LCSP.
- El artículo 97.1.a) de la LCSP, que regula la tramitación de emergencia, exige que al acuerdo de ordenar la ejecución de los trabajos acompañen, o bien la oportuna retención de crédito, o bien documentación que justifique la iniciación del expediente de modificación de crédito. En el contrato de reparación del dique de San Valentín en Barrika (expediente número 35), adjudicado por precios unitarios, no consta documentación contable alguna hasta transcurridos más de dos meses del mencionado acuerdo y habiendo transcurrido más de un mes desde el inicio de la obra. Por otro lado, la comunicación al Consejo de Gobierno se realizó con más de 6 meses de retraso sobre el plazo que establece el artículo 97.1.b) de la LCSP.
- En un contrato (expediente número 36), adjudicado por precios unitarios y por lotes, las garantías definitivas depositadas son inferiores en 340.000 euros a las establecidas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.
III.5.- Contratos Menores.
Hemos detectado gastos por un importe total de 15,4 millones de euros, correspondientes a 624 operaciones que, aunque no llegan al mínimo para contratar promoviendo la concurrencia, podrían agruparse para su licitación por precios unitarios o mediante procedimiento de homologación de proveedores. Del importe de estas operaciones un 92% corresponde a obras menores del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, destacando la contratación de obras menores por importe de 3,2 millones de euros con un mismo contratista.
Por otro lado, se ha continuado contratando con 17 prestatarios de servicios o suministros cuyos contratos habían vencido mientras se adjudicaba el nuevo expediente, incurriendo en gastos por un total de 2 millones de euros.
El Gobierno debe establecer los procedimientos necesarios de cara a que estas situaciones puedan ser detectadas antes de que se produzcan, y cubrir las necesidades de carácter permanente mediante la correspondiente licitación, así como anticipar suficientemente los trámites de adjudicación de aquellos suministros y servicios que estén próximos a su vencimiento.
III.6.- Gastos e Ingresos Territorializados.
El Gobierno debería revisar, por una parte, la necesidad de territorialización de ciertos conceptos de gasto, considerando exclusivamente los gastos que tengan significación, como subvenciones e inversiones y, por otra parte, cambiar el actual criterio de imputación territorial de los gastos según la ubicación de la sede social de sus entes institucionales, por el de la distribución de la prestación del servicio.
III.7.- Otros Aspectos.
- La sociedad pública Visesa, S.A., en cuyo capital social el Gobierno Vasco participa en un 67%, actúa como medio propio del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, para la promoción de viviendas nuevas de protección oficial, de alquiler y tasadas, sin cumplir con los requisitos que exige el artículo 24.6 la LCSP para tener la condición de medio propio de un poder adjudicador.
- En el análisis del expediente «Fondo del Gobierno de Euskadi (1936-1979)» se han detectado los siguientes aspectos:
1.- Ni la memoria que acompaña al acuerdo, ni el propio acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 21 de abril de 2009 por el que se concede la subvención directa incluyen la motivación exigida por el artículo 49.7 de la LPOHGPV.
No consta el informe jurídico a emitir por el Departamento competente, previsto en el artículo 22.1) de la Ley 14/1994.
2.- El estudio sobre estimación de gastos incurridos por la Fundación, con un gasto de 13.000 euros, se adjudicó incumpliendo el artículo 7 de la Orden de 17 de diciembre de 2007 de la Consejera de Hacienda y Administración Pública.
3.- No ha sido posible determinar la razonabilidad del importe abonado a la Fundación.
IV.- Análisis Financiero.
El aspecto económico más importante ocurrido en 2009, ha sido el descenso de la recaudación de los tributos concertados que se inició en el ejercicio 2008. El siguiente cuadro, de acuerdo con la información presentada por las diputaciones al Consejo Vasco de Finanzas para la liquidación de las aportaciones correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, permite apreciar la evolución de la recaudación en dichos ejercicios:
Ha disminuido la recaudación tanto de los impuestos directos como de los indirectos. En los directos, ha descendido significativamente la recaudación del IRPF y del Impuesto de Sociedades. También es notable la disminución en la recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio, debido a que en el único territorio en el que se ha mantenido la tributación por este impuesto en el ejercicio 2009 ha sido en Gipuzkoa. En los impuestos indirectos, el descenso se ha notado principalmente en el IVA.
Las estimaciones de la Dirección de Economía y Planificación utilizadas en la elaboración de la Memoria explicativa de los presupuestos generales de la CAE para 2009, preveían una tasa de crecimiento del PIB de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 1,5% en el año 2009. Sin embargo, según datos del Eustat dicho PIB en 2009 ha disminuido en un 3,8%.Por tanto, la disminución de la recaudación en 2009 viene motivada por el descenso del PIB y por el incremento del pendiente de cobro por impuestos directos e indirectos a 31 de diciembre de 2009 de las Diputaciones Forales (1.719 millones de euros), que ha supuesto un aumento del 56% con respecto al ejercicio 2008.
La capacidad de una administración para afrontar futuros programas de inversión viene determinada por la estructura de ingresos y gastos corrientes, y por las posibilidades de asumir una mayor carga financiera.
En el siguiente cuadro se muestra la evolución en los últimos cuatro ejercicios del Ahorro bruto, el Resultado corriente y el Saldo presupuestario:
Los presupuestos iniciales para el ejercicio 2009 incluían en los ingresos previstos la utilización de Remanentes de Tesorería por 493,6 millones de euros, dentro del capítulo 8 «Disminución de Activos Financieros». Teniendo en cuenta que estos ingresos no son liquidables, existía un déficit inicial por dicho importe.
Los Ingresos corrientes han sufrido en el último ejercicio un decremento de 942,1 millones de euros, consecuencia principalmente de:
- Disminución de las aportaciones de las diputaciones forales en 818,5 millones de euros, debido a la reducción de la recaudación por tributos concertados.
- Disminución de los ingresos patrimoniales debido, principalmente, a que la remuneración de la tesorería ha descendido en 92,6 millones de euros, justificado principalmente por menores tipos de interés pactados con la entidades financieras y menores saldos mensuales en cuentas bancarias. Además, los ingresos patrimoniales de 2008 incluían la venta de la participación del EVE en Eólicas de Euskadi, S.A.
El incremento de los Gastos corrientes respecto a los del ejercicio anterior, ha sido un 10,3%, que en términos absolutos ha significado un aumento de 801,7 millones de euros, motivado principalmente por:
- El aumento de los Gastos de personal en un 6,4%, que en términos absolutos supone un aumento de 115,9 millones de euros, debido al incremento salarial general del 4,2%, incremento de la aportación a Itzarri en un 0,5% adicional y la incorporación en septiembre de 2009 de 1.051 funcionarios docentes en prácticas, seleccionados en la OPE convocada en noviembre de 2008.
- El incremento de 311,8 millones de euros sufrido en los Gastos de funcionamiento. El gasto sanitario, con una subida de 249,3 millones de euros explica la mayor parte (80%) de dicho incremento. Otros conceptos de gasto que cabe destacar son: el destinado a la seguridad personal de las personas amenazadas con un aumento de 16,9 millones de euros, y el incremento en gastos de comedores en centros de educación por importe de 19,8 millones de euros.
- El aumento de las Subvenciones corrientes, 374,1 millones de euros, se ha repartido entre el sector público (52,3%) y el sector privado (47,7%). En el sector público las transferencias que han tenido un mayor crecimiento han sido la correspondiente a la Universidad del País Vasco, que ha aumentado 18,6 millones de euros, la de la SPRI, S.A. con un incremento de 12,2 millones de euros y la realizada a EITB, que ha crecido 12,6 millones de euros. Por otro lado, se han incrementado en 77,4 millones de euros, las transferencias a Entidades Locales del País Vasco. En el sector privado las transferencias con mayor crecimiento han sido las destinadas a instituciones sin fines de lucro, que se han incrementado en 112,6 millones de euros.
La combinación de la disminución de los ingresos y el incremento de los gastos corrientes provoca una reducción del ahorro bruto de 1.743,8 millones de euros con respecto al obtenido en 2008 y que por primera vez en el período analizado tiene signo negativo.
Las inversiones netas han aumentado 313 millones de euros, siendo los capítulos mas destacados:
- Transferencias de capital, con un incremento de 134,1 millones de euros.
- El volumen de las inversiones realizadas ha sido similar al de 2008, destacando las inversiones en centros de educación infantil y primaria por 76 millones de euros, la inversión en viviendas por importe de 56 millones de euros y las obras del tramo guipuzcoano de la Y Vasca por 50 millones de euros.
- Activos financieros, con un aumento de los gastos de 127,3 millones de euros, destacando 52,4 millones de ampliación de capital de la SPRI, S.A. y 80 millones de aportación al fondo social del Ente Público Instituto Vasco de Finanzas.
El déficit inicial (493,6 millones de euros se deben a ingresos previstos no liquidables), la disminución de ingresos y el incremento de gastos, han originado un déficit presupuestario de 1.374,1 millones de euros, a pesar de haber dispuesto de nuevo endeudamiento por 1.061 millones de euros.
La evolución de los principales indicadores ha sido:
La evolución del Remanente de Tesorería y del Endeudamiento Formalizado en los últimos 4 ejercicios ha sido la siguiente:
La situación económica de la Administración General de la CAE refleja la situación de crisis económica general; en el período analizado se ha pasado de un Remanente de Tesorería que representaba más de un 20% de los ingresos corrientes a un Remanente de Tesorería que representa, en el ejercicio 2009, el 3,44% de los ingresos corrientes. Por otro lado, la Deuda dispuesta ha aumentado 1.588,9 millones de euros respecto a la del ejercicio anterior.
En este sentido, para el ejercicio 2010, el presupuesto inicial incluye un aumento de la deuda en 2.038 millones de euros más, para financiar operaciones de capital (inversiones y trasferencias) presupuestadas por 1.535 millones de euros y gastos corrientes, que no puedan ser cubiertos por los ingresos corrientes, por importe de 418 millones de euros. La situación de descenso en la recaudación obliga a una adaptación del gasto al ingreso, con una política de contención y ahorro en el gasto corriente.
Tanto la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, en su Disposición Final 5.ª, como la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, en su Disposición Final 1.ª, prevén que la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en dichas leyes de estabilidad se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico.
El artículo 48 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la CAPV, prevé la coordinación y colaboración con el Estado en materia de estabilidad presupuestaria (apartado tercero). El artículo 62 de la misma Ley, por su parte, establece, entre las funciones de la Comisión Mixta del Concierto Económico, la de acordar los compromisos de colaboración y coordinación en materia de estabilidad presupuestaria.
La primera reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico tras la aprobación de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, tuvo lugar el 6 de octubre de 2005. El acuerdo quinto de dicha reunión abrió la posibilidad de suscribir acuerdos previos de carácter bilateral entre la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Administración del Estado, con anterioridad a la aprobación en Consejo de Ministros del objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Comunidades Autónomas.
En reunión de 30 de diciembre de 2008, ambas administraciones suscribieron un acuerdo por el que se fijo el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2009-2011, ratificado por la Comisión Mixta del Concierto Económico en su reunión de 28 de enero de 2010. El objetivo de estabilidad se estableció en el 0,75% de déficit del PIB, medido en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95).
El déficit provisional calculado para el ejercicio 2009, de acuerdo con los criterios antes señalados, por la Intervención General de la Administración del Estado ha sido del 3,89% del PIB de la CAE.
En junio de 2009, el Gobierno Vasco y el Estado fijaron un nuevo escenario de estabilidad para el período 2010-2012, en el que el objetivo de déficit sobre el PIB se estableció en el 2,5% para 2010, y en el 1,7% y el 1,3% para los ejercicios 2011 y 2012, respectivamente. Este nuevo escenario, en virtud del acuerdo 8.º de la Comisión Mixta de Concierto Económico de 30 de julio de 2007, requería la presentación de un Plan Económico Financiero de reequilibrio para el citado período. Dicho Plan fue aprobado en reunión de 23 de abril de 2010 por ambas administraciones, si bien en reunión de 5 de julio, se procedió a actualizar las medidas correspondientes al ejercicio 2010, para adecuarlas al nuevo objetivo de déficit, que quedo fijado en el 2,4%. Los acuerdos alcanzados en ambas reuniones se han ratificado por la Comisión Mixta de Concierto Económico de 22 de noviembre de 2010.
V.- Cuentas del Ejercicio 2009.
Liquidación Presupuesto 2009.
Notas a La Liquidación del Presupuesto de 2009.
Nota 1.- Los gastos subvencionales de la Administración de la CAE se registran en el momento de la concesión de las subvenciones, de acuerdo con el criterio establecido por la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi. Como consecuencia de este criterio, existen obligaciones de pago no exigibles aún a 31 de diciembre de 2009, por importe de 538,0 millones de euros.
Nota 2.- Los fondos comunitarios recibidos en el periodo 1994-2009 han generado unos ingresos reconocidos de 1.798,9 millones de euros, de los cuales 1.607,3 millones de euros pueden ser sometidos a inspección por parte de la Unión Europea, no siendo posible determinar el efecto que una revisión de los proyectos financiados pudiera producir sobre el Remanente de Tesorería. No obstante en base a la experiencia pasada, no parece factible que dicho efecto sea significativo.
Nota 3.- Los intereses devengados y no vencidos relativos al endeudamiento público, que ascienden a 8,1 millones de euros, se registran en las cuentas anuales formando parte del resultado económico-patrimonial (ver nota 12.2 de la memoria). La ejecución presupuestaria no refleja este importe al registrar los gastos de intereses siguiendo el criterio de caja.
Nota 4.- En el plan financiero del Consorcio de Transportes de Bizkaia relativo a las inversiones del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao se prevé la aportación por parte de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi de 624,7 millones de euros entre los años 2010 a 2027, que se irán consignando en los Presupuestos Generales de la CAE de dichos años en la cuantía correspondiente a la transferencia a realizar al Consorcio en cada uno de ellos.
Nota Provisiones para Riesgos y Gastos.
Las responsabilidades probables o ciertas por avales y por litigios en curso se provisionan contra los resultados del ejercicio en que dichos pasivos se ponen de manifiesto, de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía. El importe a 31 de diciembre de 2009 asciende a 93,6 millones de euros.
Asimismo, la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre «Ley de Gobierno», en su artículo 38 establece que tendrán derecho a percibir una pensión vitalicia, siempre que hubieran cumplido sesenta y cinco años, el Lehendakari y los Consejeros que formaron parte del Gobierno Vasco desde octubre de 1936 hasta el 15 de diciembre de 1979, los Lehendakaris y los Consejeros del extinguido Consejo General Vasco y el Lehendakari, los Consejeros y Vice-Consejeros de los sucesivos Gobiernos de la Comunidad Autónoma, requiriendo estos últimos, además, haber prestado al menos dos años de servicio.
Por otra parte, el Decreto Legislativo 1/1986, de 13 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de los derechos profesionales y pasivos del personal que prestó sus servicios a la Administración Autónoma del País Vasco, establece que los funcionarios y contratados administrativos o laborales que prestaron servicios con carácter regular y continuado y por un tiempo no inferior a un año, en la Administración Vasca o en otras Administraciones y organizaciones por encargo y destino del Gobierno Vasco, dentro del período comprendido entre el 7 de octubre de 1936 hasta el 6 de enero de 1978, tendrán derecho a una pensión por jubilación.
Por último, la normativa aplicable al personal de la Ertzaintza reconoce el derecho a percibir prestaciones económicas periódicas complementarias a las pensiones en determinados casos de fallecimiento en acto de servicio o de jubilación forzosa por incapacidad derivada de acto de servicio.
A 31 de diciembre de 2009, no se ha registrado ninguna provisión por estos conceptos.
Los pagos realizados en el ejercicio 2009 por las obligaciones legales de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para con su personal por ambos conceptos han ascendido a 2,5 millones de euros.
ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009
Al objeto de dar respuesta a los Resultados de la Fiscalización de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes a 2009, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, se presentan en este informe las alegaciones y justificaciones que cada órgano gestor ha tenido a bien realizar en orden al asunto de referencia y que han sido centralizadas por la Oficina de Control Económico.
1.- Integración de las fundaciones y consorcios del Sector Público.
Según esta observación, el TVCP parece deducir que la modificación en la composición del Sector Público Vasco implica necesariamente la transformación de la integración de los Presupuestos Generales, debiéndose incluir la totalidad de los entes que lo integran, incluidas por tanto las fundaciones del Sector Público y los consorcios de igual naturaleza. Esta Administración está en desacuerdo con esta interpretación, entendiendo que, mientras el Parlamento Vasco no altere la normativa de Régimen Presupuestario de Euskadi, es ésta la norma a seguir en su literalidad e integridad para la confección tanto de los Presupuestos Generales como de las Cuentas correspondientes.
De conformidad al artículo 2.2 de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi vigente, solo las entidades allí enumeradas integran los Presupuestos Generales de la CAE, de tal modo que el hecho de que varíe la composición del Sector Público Vasco a efectos hacendísticos no repercute directamente en la integración de los Presupuestos Generales y de la Cuenta correspondiente.
En efecto, el principio de especialidad normativa de acuerdo al cual la norma especial (LRPE) prevalece sobre la ley general (LPOHGPV) es la que hace que no exista incoherencia normativa alguna, ya que no hay una derogación tácita de la LRPE por la modificación operada en la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.
Ambas leyes tienen objetos distintos y, por tanto, no son excluyentes sino compatibles. Así, la LPOHGPV establece una definición global del Sector Público Vasco, aplicable cuando otras leyes no lo pormenoricen y se remitan genéricamente al concepto, pero que cede cuando, como es el caso, hay una ley que enumera a cuales de las entidades integrantes del sector público se refiere. Por ello cada norma tiene un «ámbito de validez específico» a los efectos de lo que pretende disciplinar cada una de ellas. Lo que se ha producido no es una colisión entre ambas, a pesar de que las dos normas utilicen el mismo término («sector público») con distinto contenido.
Igualmente, debe tenerse en cuenta que cuando el legislador quiso que la nueva composición del sector público establecida en la LPOHGPV tuviera correspondencia en otras normas hacendísticas, lo señaló así expresamente mediante la correspondiente modificación (así, la Ley 14/1994, de control económico y contabilidad de la CAE y la Ley 8/1996, de Finanzas de la CAE), lo que lleva a la conclusión de que la no alteración del artículo 2.2 LRPE fue una decisión legislativa deliberada de no variar su contenido y no una mera omisión a la que quepa atribuir otro sentido.
2.- Clasificación Territorial.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi, los Presupuestos de la Comunidad Autónoma se confeccionan incluyendo la correspondiente clasificación territorial, de acuerdo con los criterios que al respecto se recogen en las Normas Técnicas de elaboración, previstas en el mencionado artículo 57.
Una vez aprobados los Presupuestos en el Parlamento, su ejecución se registra, asimismo, territorializadamente.
En consecuencia, se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57, ya que la estructura de los programas presupuestarios incluye una clasificación territorial.
3.- Línea plurianual de financiación a empresarios individuales, autónomos, pequeñas y medianas empresas.
Uno de los aspectos novedosos de esta línea de financiación, articulada a través de convenios con las entidades financieras que participan en el Programa de Apoyo Financiero, es la apertura de cuentas especiales que garanticen la liquidez necesaria a las mismas. Estas cuentas especiales se encuentran reguladas en el artículo 5 del Decreto 21/1997, de 30 de noviembre, de la Tesorería General del País Vasco.
A los efectos de proporcionar a dichas entidades financieras la liquidez suficiente para conceder los préstamos y créditos a favor de los beneficiarios, avalados por las SGR, se constituyen en cada una de las entidades firmantes del convenio, cuentas corrientes de titularidad pública a las que se traspasarán, desde la cuentas a la vista del Gobierno Vasco, los importes equivalentes a los préstamos concedidos y por los plazos de los mismos. Al continuar siendo las cuentas de titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma, aunque con compromiso de mantenimiento de saldos, esos movimientos de fondos, que no suponen desplazamiento de su propiedad, no tienen implicaciones presupuestarias, al no constituir ni compromiso de gasto ni obligación de pago a un tercero (en este sentido, ver las definiciones que el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi da de «contracción de la obligación» y de «disposición del gasto»).
Por añadidura del propio Informe del Tribunal, todas estas cuentas afectas al Programa de Apoyo Financiero están remuneradas en las mismas condiciones que el resto de las cuentas corrientes del Gobierno.
4.- Obras de construcción de 39 viviendas y anejos en Lutxana-Munoa (Barakaldo).
El modificado 2.º de la promoción recogía, previamente a la certificación final de la obra, aquellos trabajos que fue preciso realizar en el transcurso de la misma, entre los que se encontraban la ampliación del área de urbanización, a requerimiento del Ayuntamiento de Barakaldo.
Los trabajos realizados estuvieron justificados por la urgencia de las obras, evitándose la paralización que hubiese supuesto su tramitación ordinaria y se autorizó su pago en Consejo de Gobierno celebrado el 16 de febrero de 2010.
El resto de modificaciones implican al sistema constructivo de fachada, a la estructura, al sistema de compartimentación interior y a las instalaciones de electricidad, calefacción y ACS.
La fachada pasa de ser ventilada a ser convencional con acabado caravista, por considerarlo más eficaz tanto desde el punto de vista de su calidad intrínseca como de su mantenimiento posterior. Este cambio implica un refuerzo en viguería de fachada, un reajuste de dimensiones de las carpinterías, por modulación, y obliga a una implementación de los revestimientos de aislamiento para minimizar el efecto de puente térmico.
A nivel estructural, junto con el refuerzo realizado en las vigas de fachada, se cambia de un sistema de forjado unidireccional semi-industrializado a un sistema de forjado «in situ» con encofrado total de planta, por exigencias de seguridad en la ejecución. Aprovechando el cambio, se reconfiguran los forjados 7 y 8 aumentando el canto de los mismos, de tal forma que se eliminan vigas de canto y se gestionan de mejor manera los saltos de forjado de las terrazas. Asimismo, se amplía la superficie ocupada en planta baja para disponer de una nueva sala de instalaciones que dé servicio a las nuevas bombas de calor y al innovador sistema energético sostenible de geotermia.
A nivel energético los cambios son muy importantes. Se introduce un novedoso sistema de calefacción y producción de agua caliente sanitaria basada en la producción térmica centralizada mediante bombas de calor con aprovechamiento de energía geotérmica. La calefacción se confía a un sistema de suelo radiante en vez de radiadores. El conjunto se controla por unidades micro procesadas tipo Leako. Así mismo se producen modificaciones en los capítulos de electricidad y fontanería como consecuencia del cambio citado.
5.- Obras de construcción de 54 viviendas y anejos y 20 garajes en Ollargan (Arrigorriaga).
El proyecto de ejecución fue aprobado técnicamente el 6 de septiembre de 2006, conteniendo el preceptivo informe geotécnico del terreno.
El desprendimiento de tierras que se produjo en una promoción colindante aconsejó el encargo de un nuevo estudio geotécnico que no aportó resultados especialmente novedosos.
No obstante, las informaciones obtenidas indirectamente de vecinos de la zona motivaron realizar un tercer estudio que confirmó la existencia de galerías mineras potencialmente peligrosas que, debido a su inestabilidad, aconsejaban la suspensión definitiva de las obras.
Por todo lo cual, se consideró que no procedía realizar actuaciones encaminadas a exigir responsabilidades por deficiencias en la realización del proyecto.
6.- Obras de construcción de 25 y 30 viviendas sociales y anejos en edificios 1 y 2 de Bilbao la Vieja.
En base a la solicitud de indemnización por la suspensión temporal parcial de las obras, efectuada por la empresa adjudicataria, con fecha 22 de diciembre de 2009, el Servicio de Promoción Directa de Viviendas Sociales redactó el correspondiente informe en el que, tras algunas correcciones, se consideraba correcta la solicitud planteada.
Este informe se redactó en base a la documentación aportada por el contratista en la que se especificaba el perjuicio sufrido.
El informe, junto a la documentación aportada por el solicitante, fue tramitado a la Asesoría Jurídica de la Dirección de Servicios del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes con fecha 23 de diciembre de 2009, solicitando dictamen sobre la procedencia de la reclamación.
Mediante Orden del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de 13 de enero de 2010, se resolvió aprobar la indemnización por suspensión temporal parcial de las obras, en los términos anteriormente planteados.
7.- Ordenación y Remodelación de la dársena de Veteranos de Hondarribia.
El Informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no cuestiona los motivos que originan el mismo sino su importe, por considerar que desnaturaliza el contrato. Sin embargo, compartiendo que el importe es muy elevado, la alternativa de paralizar las obras, por la problemática surgida con el vecino aeropuerto, se consideró inaceptable no sólo por el retraso que estas situaciones provocan, sino porque no garantizaba que económicamente fuera ventajoso para nuestra Administración. A día de hoy, la obra está finalizada y entregada, con éxito, al servicio y disfrute público previsto.
8.- Construcción del archivo en la c/Zubibarri de Vitoria-Gasteiz.
Durante la ejecución del contrato se produjo un cambio de calificación de los residuos, que en el informe de caracterización de los mismos entregado por la Administración a la empresa adjudicataria, estaban calificados como inertes, y que por el contrario, finalmente resultaron ser de la calificación de «residuos no peligrosos».
Este cambio de calificación ambiental de los residuos supuso para la empresa adjudicataria un costo añadido en los cánones de depósito en vertedero.
Mediante Resolución, de 24 de febrero de 2009, se acordó pagar a la adjudicataria la cantidad de 113.521,09 euros por los daños sufridos por el incremento de costes por dicha modificación en la calificación de los residuos, fundamentándose en el artículo 198.2 LCSP.
9.- Contrato de servicios para «la Implantación de un sistema de recursos humanos para la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la prestación de servicios complementarios».
Como señala el propio texto del informe, «el 20 de agosto de 2010, por resolución de la Consejera de Justicia y Administración Pública, se inició el procedimiento para la resolución del contrato por mutuo acuerdo»; por ello, la fecha de inicio del procedimiento se encuentra fuera del alcance temporal del Informe de fiscalización, por lo que entendemos que no procede la inclusión de este apartado 9 en el mismo. Independientemente de esta consideración, se observa lo siguiente:
- «No se determina qué porcentaje total del gasto ejecutado pudiera ser aprovechable, ya que una parte importante de ese gasto ha resultado fallido y, en consecuencia, su ejecución no ha respetado los criterios de eficacia y eficiencia».
El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 15 de marzo de 2011, autoriza la celebración de un contrato para la implantación de las áreas SAP HCM, Portal y BW para el sistema de recursos humanos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, al objeto de dar continuidad al proyecto anterior, y mediante Orden de 30 de mayo de 2011 de la Consejera de Justicia y Administración Pública, se adjudica el contrato de servicios correspondiente.
Por otra parte, el 27 de mayo de 2011 se realizó la propuesta de adjudicación del contrato de Implantación de un Gestor de Expedientes Electrónico para el sistema de recursos humanos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la prestación de servicios complementarios.
Ambos contratos dan continuidad al proyecto resuelto anteriormente por lo que será una vez completada la fase de análisis de ambos y no antes, cuando se pueda determinar si alguna parte del gasto ejecutado anteriormente ha resultado fallido.
En orden a que se aproveche la mayor parte del trabajo anterior los Pliegos de Condiciones Técnicas de ambos contratos recogen entre sus obligaciones:
«Durante una etapa anterior se acometió parte del desarrollo del nuevo Sistema bajo las mismas especificaciones que se indican en el presente pliego. En caso de no reutilización, este hecho deberá justificarse por escrito (mediante un informe) y contar con la aprobación por parte de la Dirección del Proyecto de Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco».
10.- Refuerzo del muelle de tablestacas del puerto de Orio.
a) Procedimiento de Adjudicación.
Con fecha 23 de febrero de 2009, el Director de Puertos y Asuntos Marítimos, informó sobre los motivos que, al amparo del artículo 154.e) de la LCSP, provocaban la elección del procedimiento negociado para ésta contratación. En el citado informe se daba cuenta de cómo, tras las precipitaciones acumuladas en el trasdós del muelle durante el invierno, se había observado la apertura de grietas en el pavimento y viga cantil. En una situación de alto riesgo como ésta, lo que se pretendía era acortar los plazos de contratación en la medida de lo posible y dentro de las posibilidades que la Ley otorga. Así lo entendió el Órgano de contratación que tramitó el expediente.
b) Ampliación del plazo.
El plazo de finalización de la obra fue ampliado hasta el 12 de febrero por razones de índole climático que afectaron a los rendimientos previstos, debidamente documentadas en la solicitud del contratista (incluso con registros meteorológicos) y justificadas en el informe de la dirección de obra. Hay que recordar que la ejecución de la obra está afectada por los niveles de la lámina de agua en la dársena.
11.- Teknópolis.
El beneficiario de la subvención que se cita de 60.000 euros es la Fundación Elhuyar a quien se otorga por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, con fecha 7 de abril de 2009, una subvención nominativa para el apoyo a la elaboración con medios propios y ajenos de la serie de programas de televisión Teknopolis en euskera y castellano, registrándose la justificación satisfactoriamente en sendas memorias científicas y económicas de la actividad realizada en el periodo y para las actividades subvencionadas.
La finalidad de Elhuyar Fundazioa es establecer y promover actividades de divulgación, promoción, investigación, desarrollo y renovación en el área de la ciencia y la tecnología, sí como realizar e impulsar funciones de asesoramiento, divulgación, investigación, desarrollo e innovación en el proceso de desarrollo pleno del euskera (tanto en los procesos de normalización como en los de estandarización), en un contexto de una sociedad vasca plurilingüe. Con el fin de lograr los citados objetivos y dar un impulso a la investigación el Departamento de Educación, Universidades e Investigación decidió participar como miembro fundador de la Fundación.
Con objeto de colaborar en el desarrollo de los objetivos de la Fundación y apoyar económicamente su labor, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación y la Fundación Elhuyar suscribieron un convenio de colaboración en el que se recogen los objetivos y alcance de la colaboración, así como los procedimientos para el desarrollo de las actuaciones, la financiación y la realización del seguimiento.
Por su parte, con fecha 1 de octubre de 2009, se suscribe un contrato administrativo de servicios entre el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo y la citada Fundación para la realización de 37 programas de la serie Teknopolis.
Este contrato, según figura en el Pliego de Bases Técnicas del mismo, establece la obligación de incluir en todos los programas de Teknopolis, así como en los actos de promoción del mismo, «una mención explícita al Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo como patrocinador del mismo».
Por tanto, al tratarse de un contrato cuyo objeto es el patrocinio de la actividad a llevar a cabo por otra entidad resulta correcto el procedimiento negociado sin publicidad, lo que justifica la imposibilidad de promover la concurrencia, por razones evidentes. Asimismo, no existe ninguna incompatibilidad entre la subvención concedida por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación y el contrato suscrito por el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo.
En otro orden de cosas, no se entiende cómo una subvención concedida el 7 de abril de 2009 puede suponer una modificación del precio de un contrato suscrito el 1 de octubre de 2009, casi seis meses más tarde.
12.- Conciertos sanitarios.
A) Diálisis domiciliaria para pacientes del Área de Salud de Bizkaia.
La no constancia de autorización de funcionamiento exigida, mencionada por el Decreto 77/1997, es motivada por su no exigencia en las bases de la convocatoria (pliegos de cláusulas administrativas particulares y de bases técnicas), en coherencia con el criterio aplicado por el Departamento de Sanidad y Consumo en materia de autorizaciones de centros, establecimientos y servicios sanitarios, por el que determinados servicios sanitarios a domicilio no requieren autorización sanitaria ni, por tanto, son susceptibles de ser autorizados: aquéllos que no se encuentran integrados en ninguna organización (ya sea un centro sanitario o una organización no sanitaria), careciendo de instalaciones fijas de referencia (definición de «servicio sanitario» del Real Decreto 1.277/2003) y que, en consecuencia, no tiene predeterminados requisitos que exijan la obtención de una autorización administrativo-sanitaria previa para su creación y funcionamiento.
Lo dicho no implica la ausencia de requisitos legales para su funcionamiento: recordemos que, estando como estamos ante una «actividad sanitaria» (diferenciada por la normativa de autorizaciones sanitarias de «servicio sanitario»), junto con los requisitos básicos en cuanto a su actividad económica (IAE;..) y disposición de recursos se refiere, en el expediente constan las correspondientes autorizaciones de fabricación/comercialización de los productos sanitarios implicados en la prestación objeto del expediente. Por las entidades adjudicatarias, la prestación sanitaria se realiza fuera de sus instalaciones, quedando por ello éstas fuera de los conceptos «centro» o «servicio» sanitario.
La diálisis «domiciliaria» no tiene una referencia clasificada en la normativa vigente en cuanto a la organización de medios que pueda prestarla. Por tanto, no requiere autorización previa de creación y funcionamiento.
El Decreto 77/1997 se refiere a «servicio» (artículo 2) como «actividad o prestación», no como «organización», y no puede ser interpretado en términos absolutos incluso en contra de lo que establezca la normativa vigente en materia de autorizaciones. Se ha de hacer remisión asimismo a su artículo 4.8, que permite, vía pliego de bases técnicas, definir los requisitos exigibles, con los que se realizará la actividad.
B) Transporte Sanitario para pacientes del Área de salud de Araba y municipios de Otxandio y Ubide.
La autorización, en lo que a transporte sanitario se refiere, es la denominada «certificación técnico-sanitaria» que han de obtener las ambulancias, regulada en el Capítulo IV de la Orden de 3 de septiembre de 1998, de desarrollo del Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (BOE número 215, de 8 de septiembre de 1998).
El Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, que establece las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios (BOE número 254, de 23 de octubre de 2003), otorga un tratamiento de «centro sanitario» a los vehículos de transporte sanitario (C.2.5.7: Centros móviles de asistencia sanitaria: centros sanitarios que trasladan medios personales y técnicos con la finalidad de realizar actividades sanitarias). Esta autorización sanitaria se otorga en unidad de acto con la antedicha «certificación técnico-sanitaria», por lo que es más correcto hablar de «autorización sanitaria y certificación técnico - sanitaria».
Pues bien, resulta que la totalidad de las Ambulancias pertenecientes a la adjudicataria contaban, a la fecha de la licitación, con la correspondiente autorización sanitaria y certificación técnico-sanitaria.
13.- Contrato de hospitalización psiquiátrica de larga estancia en el Territorio Histórico de Bizkaia.
La entidad contratada disponía de homologación vigente tanto en el momento de ofertar, como en el de la adjudicación provisional. Aunque decayó su vigencia para el momento de la adjudicación definitiva, la Administración contratante, en aras al interés público, no podía paralizar la contratación. Lo contrario hubiese supuesto graves trastornos para el servicio a prestar, únicamente justificado por un aspecto meramente formal, sin relevancia práctica, de forma que no era una decisión asumible. A estos efectos, recuérdese que:
- Se trata de un procedimiento negociado, justificado por no haber otra entidad que preste el servicio.
- La suspensión del servicio hubiese llevado aparejados graves problemas para con los pacientes receptores del mismo y, asimismo, responsabilidad del Departamento contratante.
- El requisito de homologación viene justificado para asegurar la capacidad y solvencia técnica suficientes, en términos de la normativa de contratos administrativos, de cada entidad. Desde este punto de vista, el que la vigencia formal de la homologación decaiga, no se traduce automáticamente en la falta de capacidad real. En este supuesto no concurría ningún elemento que pusiese en cuestión la capacidad de la entidad licitadora. De hecho, finalmente, en julio del mismo año, se formalizó la correspondiente renovación de la homologación.
Por todo ello, la Administración actuó correctamente para asegurar la continuidad de un servicio público esencial, habida cuenta de las evidentes razones de urgencia, de la nula afectación a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia y de que la falta de homologación fue provisional, siendo, en conjunto, una medida proporcionada a la gravedad de la situación (en este sentido, ver la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14-06-2007, C-06/05, apartados 60 y siguientes).
14.- Contratos menores.
A) Centros escolares.
Actualmente existen 538 centros escolares públicos dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, de los que 470 centros están destinados a educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y educación especial. Los restantes 68 centros corresponden a formación profesional de grado medio y/o superior.
Los contratos menores realizados por las tres delegaciones territoriales del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, corresponden en su gran mayoría a la realización de obras de menor cuantía a ejecutar durante el periodo de vacaciones escolares de verano, aproximadamente entre la última semana del mes de junio y la primera semana del mes de septiembre, con el edificio vacío.
Estas obras son necesarias para atender las necesidades de escolarización de nuevos alumnos de educación infantil, primaria y secundaria en los distintos centros educativos, algunos de los nuevos alumnos que se incorporan tienen discapacidades motoras y necesitan para su desplazamiento del uso de sillas de ruedas y en algunos casos de un recinto exclusivo para su alimentación.
La información sobre el aumento de alumnos se conoce una vez cerrada la fase de matriculación del año escolar los primeros días del mes de mayo.
El aumento de matrícula en los diferentes centros escolares y en los diferentes cursos producto de la planificación de los distintos distritos municipales o áreas de influencia de dada centro, genera nuevas necesidades de escolarización lo que se traduce en obras de adaptación de espacios existentes en los actuales edificios: nuevas aulas, ajuste en la distribución de los espacios interiores destinados a aulas, necesidad de aulas de desdoble, ampliación de comedores, eliminación de barreras arquitectónicas mediante: ascensores, rampas, senderos para minusválidos dentro del solar, adaptación de aseos para minusválidos en todas las plantas, etc.
La creación de nuevos ciclos formativos requiere de la adaptación de espacios y de las instalaciones de abastecimiento y saneamiento, de energía eléctrica, redes de datos (Red Premia), etc.
Para la realización de todas estas obras se cuenta solo con tres meses desde su inicio hasta la entrega antes del día 7 de septiembre, fecha de inicio de la actividad en los distintos centros escolares.
Además de estas obras menores, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, realiza en los centros escolares de educación secundaria propiedad de la Comunidad Autónoma, las reparaciones necesarias de los recintos e instalaciones del interior de los edificios cuando los alumnos están en los periodos de vacaciones de fin de año y Semana Santa.
B) Puertos.
La multiplicidad de contratos que a lo largo del año se realizan en esta Dirección, algunos consistentes en trabajos submarinos, otros relativos a obras de pavimentación, urbanización, instalaciones eléctricas, barandillas, electricidad,.. unido a la dispersión geográfica de las mismas (15 puertos repartidos en más de 250 km de costa), y a la variedad temporal o estacional de las actuaciones, etc. provoca el elevado número de expedientes de obra menor y que no sea posible agruparlos en un proyecto de obra o en una única contratación. Prueba de ello es que también son múltiples y variadas las empresas que han sido adjudicatarias de éste tipo de trabajos.
C) Delegación de Euskadi en EE.UU.
La contratación fue realizada por una entidad instrumental de nacionalidad estadounidense, y se ajustó a los requisitos especiales que la Disposición Adicional Primera de la Ley de Contratos del Sector Público prevé para la contratación en el extranjero, incluyendo lo dispuesto en su apartado 1, letra d).
16.- Compensación por la gestión de un fondo documental.
Con independencia de la denominación que en acuerdo pudiera darse a la figura jurídica empleada, la justificación empleada en el expediente y que es la que fundamenta el Acuerdo, se basaba en la existencia de una obligación de naturaleza indemnizatoria, correctamente imputada contablemente al Capítulo II del Presupuesto de gastos. En este sentido, debe prevalecer la verdadera sustancia del negocio jurídico sobre la denominación que las partes le otorguen.
18.- Subvenciones directas.
A) Subvención a Confebask, Fundación Tecnalia e IK4 para la incorporación de investigadores científicos y tecnólogos a empresas y centros tecnológicos.
La iniciativa persigue diversos fines de interés prioritario para el Departamento de Educación, Universidades e Investigación en el marco de funciones asignadas al mismo en el Decreto 4/2009, de 8 de mayo, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, donde se le atribuyen competencias en materia de política científica, impulso y coordinación de la investigación teórica y aplicada, quedando las mismas atribuidas a la Viceconsejería de Universidades e Investigación en el Decreto 233/2010, de 14 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.
Concretamente su artículo 19, letra n) atribuye a la misma el fomento del desarrollo científico y tecnológico en beneficio del interés general, estableciendo actuaciones conjuntas con el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo y, sin perjuicio de las competencias atribuidas a éste y otros Departamentos; en su letra u) («elaborar las directrices generales en la política de investigación y desarrollo tecnológico, establecer áreas prioritarias, definir objetivos científicos y tecnológicos y elaborar planes plurianuales de investigación y desarrollo tecnológico») y en su letra v) («diseñar los instrumentos necesarios para la correcta ejecución de los planes de investigación y desarrollo tecnológico en materia de programas y proyectos de investigación, selección y formación de recursos humanos y generación de infraestructuras, así como para su posterior evaluación, sin perjuicio de la competencia atribuida en esta materia al Departamento de Industria, innovación, Comercio y Turismo»).
Y a la Dirección de Política Científica el artículo 21, letras de la a) a la i) de este último Decreto, le atribuye el establecimiento y definición de las convocatorias de ayudas y subvenciones a la investigación y la propuesta de nuevas fórmulas en los programas de investigación para adaptar el sistema y la comunidad científica a los desafíos de la innovación.
La subvención referida se ha tramitado al amparo de lo establecido en el artículo 49.7 del Decreto Legislativo 1/1997, dado que:
- Tiene carácter excepcional y evidentes razones de interés público, social y económico.
Se trata de una medida que pretende ayudar a paliar las consecuencias de la crisis económica en la que actualmente se encuentra sumida la Comunidad Autónoma, y, en general, toda la sociedad, mediante la incorporación de personal altamente cualificado a empresas y centros tecnológicos con objeto de incorporar jóvenes formados como investigadores para reforzar los respectivos departamentos de I+D+i.
- No existe posibilidad de convocatoria mediante disposición de carácter general.
El Departamento de Educación, Universidades e Investigación cuenta con una normativa de subvenciones que tiene por objeto regular y convocar ayudas para la financiación de acciones especiales de investigación que se realicen en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco; sin embargo, dichas subvenciones no se adecuan al fin perseguido por esta medida.
El carácter puntual del proyecto desaconseja la modificación de la normativa subvencional vigente o la elaboración de una nueva.
Por otra parte, existe una convocatoria pública de subvenciones para la contratación de personal investigador y tecnólogos en empresas y asociaciones empresariales regulada por Orden del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la que se regula el programa Ikertu, en la que se contempla como objetivo de la misma exclusivamente la convocatoria de renovaciones de acciones de formación y potenciación de capital humano. Por tanto, dicha convocatoria no está abierta a la incorporación de nuevos investigadores y tecnólogos en las empresas y centros tecnológicos mencionados, sino más bien al reciclaje profesional, siendo así objetivos complementarios pero no concurrentes con los de la subvención en cuestión.
B) Subvención al Ente Público EITB, para la producción y difusión en los medios de comunicación de las ayudas a la cooperación de los países empobrecidos.
Los objetivos de la subvención son:
- Promover, potenciar y difundir entre la comunidad vasca, mediante una programación específica en los medios de comunicación del Grupo EITB sobre las ayudas a la cooperación al desarrollo a los países empobrecidos.
- Sensibilizar y concienciar a la sociedad vasca en relación con la situación de los países empobrecidos y dar a conocer a la ciudadanía las iniciativas en materia de cooperación y ayuda al desarrollo.
La razón de haberse optado por la vía de convenio frente a otros instrumentos existentes dentro del decreto del FOCAD, se debe a la idiosincrasia del proyecto, que no se ajusta a parámetros habituales ni a los requisitos fundamentales exigidos por el decreto regulador. En el expediente se constata el cumplimiento de las exigencias recogidas en la Disposición Adicional del Decreto 34/2007, de 27 de febrero, por el que se regulan ayudas a proyectos con cargo al Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo. Este precepto permite acudir a los convenios de cofinanciación cuando, por razón del sujeto o la naturaleza del proyecto, no se pueda concurrir a la convocatoria pública de los proyectos de cooperación con cargo al FOCAD, previa motivación de esta circunstancia, y siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan:
«La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá establecer con cargo al Fondo de Cooperación al Desarrollo convenios de cofinanciación de proyectos de desarrollo en favor de países empobrecidos del Sur con la Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales, Ayuntamientos, Regiones Europeas y otras personas jurídicas de derecho público o privado, cuando, por razón del sujeto o de la naturaleza del proyecto, no puedan concurrir a la convocatoria pública regulada en los capítulos anteriores, previa motivación de esta circunstancia, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. Estos convenios de cofinanciación, que serán aprobados por el Consejo de Gobierno, se regirán en todos sus términos por las disposiciones de los mismos.»
En este supuesto las actuaciones previstas, no pueden tener cabida en la convocatoria pública, puesto que a ella no pueden acceder los proyectos que superen los 600.000 euros, según se establece en el artículo 6.1.d) del Decreto 34/2007, de 27 de febrero.
Por todo ello, la subvención y el convenio que la instrumenta fueron aprobados por la Comisión Gestora del FOCAD, el 25 de marzo de 2009.
19.- Subvenciones directas.
A) Subvención a la Fundación UNED Bergara para el desarrollo del proyecto «Pentsamendua XXI».
El Gobierno Vasco adoptó el acuerdo de concesión de una subvención a la Fundación UNED Bergara para el desarrollo del proyecto en los ejercicios 2009 y 2010, lo que conllevaba realizar las siguientes actuaciones, en los términos recogidos en un convenio:
a) El diseño de una metodología de participación, incluyendo los mecanismos formales de coordinación y participación.
b) Un diseño general del Programa de trabajo, temporalizado en anualidades que, en todo caso, deberá incluir la arquitectura del Proyecto, actividades y su metodología y los pasos a seguir, organización de foros y difusión de contenidos y resultados.
c) El diseño de un sistema de evaluación continuada, sistematizado sobre el correspondiente cuadro de indicadores, con el fin de proceder a la creación de un laboratorio de análisis Prospectivo para Euskadi y lo Vasco en el Mundo en la Edad de la Globalización.
Para lograr los objetivos acordados en el convenio, la UNED suscribió un acuerdo mercantil de colaboración con una empresa para que ésta actuase como secretaría técnica y pusiera los medios materiales y personales para llevar a cabo las acciones previstas.
En reunión celebrada en el mes de junio de 2009, entre representantes de Lehendakaritza y de la UNED, se analizaron las actividades realizadas hasta dicha fecha y, de mutuo acuerdo entre las partes, se acordó que la materialización de las actividades, de forma integra por una tercera empresa, no era la forma más adecuada para lograr los objetivos previstos en el Convenio. Se acordó, por tanto, poner fin a dicha colaboración y que en adelante fuera la propia UNED la que gestionara las actividades previstas.
Se evaluaron, asimismo, las líneas de trabajo desarrolladas hasta la fecha y se acordó reorientarlas, sin desvirtuar los objetivos previstos en el Convenio, hacia actividades más diversificadas, así como dar por finalizadas las actividades en el ámbito de la diáspora y acción exterior que se venían desarrollando.
B) Subvención al Ayuntamiento de Errenteria para la puesta en valor del Fuerte de San Marcos.
Contrariamente a lo que se afirma en el informe de fiscalización, durante la tramitación del procedimiento, el Departamento de Cultura justificó la excepcionalidad y las razones de interés público de la subvención directa, así como su imposibilidad de convocatoria mediante una disposición de carácter general. En concreto, en la Memoria justificativa del Departamento, se argumentaba lo siguiente al respecto:
- Este proyecto estaba incluido en el Acuerdo Interinstitucional de Dinamización de la Inversión Pública para la Aceleración Económica y el Empleo «Euskadi Aurrerantz» como proyecto de inversión singular y con efecto en toda la Comunidad Autónoma.
- La envergadura del proyecto y las marcadas razones de interés público que concurrían en el mismo daban lugar a la necesidad de colaborar en las intervenciones realizadas para la puesta en valor del Fuerte de San Marcos.
- No se disponía de ninguna convocatoria dirigida a la financiación de los gastos de infraestructura de este tipo.
Además de las razones expuestas, se justificaba que se trataba de un proyecto o programa que no iba a tener continuidad en el tiempo, pues su ejecución se agotaba el año 2010, por lo que no tenía sentido que se articulara mediante una convocatoria de carácter general.
C) Subvención al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la financiación de la construcción del Palacio de Congresos, Exposiciones y Artes Escénicas.
Es cierto que no existe imposibilidad de regular las ayudas para equipamientos e infraestructuras culturales con carácter general, que en efecto, de esta manera resultarían aplicables a otros beneficiarios. Sin embargo, es dudosa su oportunidad. Las infraestructuras culturales no son subvencionadas por el Departamento de Cultura con carácter general, sino en muy contadas ocasiones, cuando se considera que por la importancia del proyecto, la ayuda está suficientemente justificada, como es el caso que nos ocupa. Por lo general, la construcción de infraestructuras culturales es subvencionada como cualquier otra infraestructura, normalmente con cargo a partidas de otros Departamentos cuya acción es más acorde con la construcción de equipamientos. Los fondos del Departamento de Cultura, en cambio, van destinados por lo general a su objeto principal, que es ayudar y favorecer el desarrollo de las actividades culturales mismas, y en muy pocas ocasiones las infraestructuras dentro de las cuales se desarrollan.
En estas ocasiones excepcionales, en cambio, se considera que la importancia estratégica o la dimensión de algunos proyectos justifican una ayuda suplementaria del Departamento de Cultura, siempre ligada al carácter inequívocamente cultural de las actividades que en ellas se desarrollarán. En este caso, se decidió actuar de esta manera, con carácter puntual. La relativamente gran dotación de esta ayuda hace difícilmente justificable y convierte en no operativa una posible convocatoria de subvenciones con carácter general que tuviera el objeto de subvencionar infraestructuras culturales, mediante la cual esta ayuda y otras pocas pudiera ser provista.
20.- Acuerdo número 6 del Consejo Vasco de Finanzas Públicas de 12 de febrero de 2010.
El acuerdo número 6 del COFP, de 12 de febrero de 2010, dice literalmente lo siguiente:
«Considerando que durante el ejercicio 2009 solamente en el Territorio Histórico de Gipuzkoa se ha mantenido el Impuesto sobre el Patrimonio.
Considerando los efectos que este hecho produce en el modelo de distribución de recursos y determinación de las aportaciones.
A la vista de los resultados finales al cierre del ejercicio 2009, y atendiendo a un criterio de contribución proporcional a la incidencia que esta circunstancia tiene en cada institución:
1.- El Gobierno Vasco aportará 8.097.710 euros, la Diputación Foral de Álava 307.620 euros y 7.375.100 euros la Diputación Foral de Gipuzkoa, para el abono a la Diputación Foral de Bizkaia de un importe de 15.780.430 euros.»
2.- El abono de dicho importe se practicará dentro de la primera quincena del mes de febrero de 2010.
1.- El criterio utilizado para distribuir la compensación efectuada a la DFB se explica en el propio Acuerdo cuando se dice:
«Considerando los efectos que este hecho produce en el modelo de distribución de recursos y determinación de las aportaciones.
A la vista de los resultados finales al cierre del ejercicio 2009, y atendiendo a un criterio de contribución proporcional a la incidencia que esta circunstancia tiene en cada institución».
2.- Efectivamente, el fundamento jurídico de los motivos por los que la Administración General contribuye no se incorpora en el literal del Acuerdo, a semejanza de la práctica que se viene utilizando en la redacción de los Acuerdos del CVFP (véase el Acuerdo de aprobación de la liquidación de las Aportaciones, inmediatamente anterior al cuestionado). Este lo encontramos en la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Metodología de Distribución de Recursos y de Determinación de las Aportaciones de las Diputaciones Forales a la Financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al período 2007-2011 que prevé en su Disposición Adicional Sexta que si, en el transcurso de la vigencia de la metodología sentada en ella, al finalizar cada ejercicio se presentaran desequilibrios económico-financieros en alguna o algunas de las instituciones forales producidas por el diferente peso específico que las mismas tienen en el modelo de distribución de recursos, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas adoptará las medidas necesarias para su corrección.
21.- Ayudas para la financiación de inversiones en centros educativos que revistan la forma de cooperativa o fundación (Programa HEZKOOP).
En relación con las manifestaciones del Tribunal, esta Administración considera que no se ha restringido la concurrencia en la convocatoria citada, y que se ha facilitado el acceso a la misma en un plano de igualdad. La convocatoria estaba dirigida para un objeto específico que era la financiación de inversiones en aquellos centros educativos de la red concertada cuya titularidad revistiera la forma de cooperativa y/o de fundación. Tanto la legislación en materia de cooperativas como de Educación, reflejan la necesidad de potenciar estos ámbitos de nuestra sociedad y eso es precisamente lo que pretendía la Orden, tal y como se especificaba en su exposición de motivos. Existen múltiples casos de financiación de inversiones o de gastos ya realizados, que no conllevan menoscabo de la concurrencia, como planes de formación o subvenciones de actividades educativas, y el de esta Orden es similar a ellos.
Por otro lado y con respecto al primer centro educativo citado, hay que señalar que el objeto de la Orden era la financiación de la adquisición de inmuebles para uso educativo «o» la realización de obras de nueva construcción, ampliación, sustitución, y adecuación a los requisitos exigidos en la legislación. Este «o» viene a especificar el abanico de actuaciones subvencionables conforme a los contenidos de la Orden.
En el caso de dicho centro educativo, se financiaron dos actuaciones consecutivas en el tiempo, como así queda reflejado en el formulario de petición de subvención. A la compra del inmueble se siguieron las actuaciones para realizar las obras, siendo la fecha tomada en consideración, la de la finalización de las obras en el año 2008.
22.- Programa GAITEK 2009.
Debido a la naturaleza de estos proyectos de investigación tecnológica, y dado que la actividad investigadora se produce en la empresa de manera continuada, pueden existir fases previas del proyecto y fases posteriores necesarias para alcanzar objetivos y resultados. No obstante, en cada convocatoria la entidad solicitante presenta el presupuesto correspondiente al proyecto o a la fase del proyecto que desarrolla en el ejercicio de que se trate, y en cada convocatoria es evaluado en concurrencia competitiva.
Es por ello que la exigencia que se establece en el artículo 12.3 de la Orden reguladora del Programa, de que los proyectos deben iniciarse con posterioridad a la fecha de apertura de presentación de solicitudes, para garantizar el efecto incentivador de la ayuda, la entendemos cumplida no admitiendo como subvencionables todos aquellos gastos producidos con anterioridad a la citada fecha.
Asimismo, para certificar que se produce el efecto incentivador de la ayuda, las entidades solicitantes deben cumplimentar una declaración acreditativa indicando en qué aspectos concretos de su actividad de I+D+i la ayuda le ha supuesto un efecto incentivador, bien aumentando sustancialmente el tamaño del proyecto, su ámbito de aplicación, el ritmo de ejecución del mismo, o bien el importe total gastado en I+D+i.
2.- Préstamos formalizados no dispuestos a 31 de diciembre de 2009.
Los préstamos por importe de 350 millones de euros formalizados a 31 de diciembre de 2009 y dispuestos en enero y febrero de 2010 forman parte del remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2009.
No se han descontado del remanente de tesorería disponible por entender que su materialización se iba a realizar en el muy corto plazo, como así ha sido en realidad. En concreto las fechas de disposición de los préstamos son las siguientes:
- Préstamo 21-12-2009 de 45 millones de euros.....7-01-2010.
- Préstamo 21-12-2009 de 30 millones de euros.....7-01-2010.
- Préstamo 22-12-2009 de 100 millones de euros....7-01-2010.
- Préstamo 24-11-2009 de 175 millones de euros....2-02-2010.
Por ello, al no existir ninguna duda sobre su disposición y conociendo que ésta se ha materializado en los primeros días del ejercicio siguiente, no se ha considerado oportuno realizar ningún ajuste al remanente de tesorería.
Esto no supone ningún cambio de criterio con respecto a otros ejercicios, ya que los ajustes al remanente de tesorería disponible por préstamos no dispuestos se han realizado cuando la disposición no se había materializado aún en las fechas de elaboración de las Cuentas Anuales, o incluso se desconocía cuando se iban a disponer, excepto en algún caso aislado en que la disposición se produjo en fechas cercanas a dicha elaboración.
3.2.3.- Sistema de regulación de los sexenios del personal docente no universitario.
El Departamento de Educación, Universidades e Investigación ha tenido en cuenta las recomendaciones del Tribunal a efectos de modificar el contenido del Acuerdo de Regulación de Condiciones de Trabajo del personal funcionario docente no universitario. El contenido de la nueva redacción podrá ser fiscalizado por el Tribunal en ejercicios posteriores.
3.2.4.- Complemento de antigüedad.
La amplitud de la definición del concepto de complemento de productividad contenida en la vigente Ley 6/1989, de 6 de julio, posibilita, a través de la negociación colectiva y de los acuerdos en ella alcanzados, una serie de definiciones del complemento de productividad que permiten completar un modelo retributivo propio y peculiar para cada uno de los sectores de la Administración Pública.
3.2.5.- Acuerdo Regulador de condiciones de trabajo de la Ertzaintza.
El artículo 74 de la Ley de Policía del País Vasco, redactado por Ley 21/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 1998 (corrección de errores, BOPV número 10, de 16 de enero de 1998), establece que:
«1.- La estructura y régimen retributivo de los funcionarios de los Cuerpos que integran la Policía del País Vasco se regirá por lo dispuesto en el Capítulo VII, Título III, de la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca, con las especificidades establecidas en los puntos siguientes aplicables al Cuerpo de la Ertzaintza.
2.- El Gobierno Vasco, dada la naturaleza y peculiaridades funcionales de la Ertzaintza, establecerá reglamentariamente el régimen retributivo de los funcionarios de dicho Cuerpo.»
Por su parte, el artículo 2.3 de la Ley de Policía del País Vasco prevé que en el ámbito de la Mesa de Negociación de la Ertzaintza, regulada en el mismo, «serán objeto de negociación, en relación con las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma», entre otras cuestiones, «el incremento, determinación y aplicación de las retribuciones, así como la adecuación del régimen retributivo».
Por lo que se refiere a la forma de cálculo de la retribución por antigüedad, el Decreto 298/1997, de 16 de diciembre, de retribuciones de los funcionarios de la Ertzaintza, entre otros conceptos retributivos, y por lo que se refiere a los aludidos en el Informe de Fiscalización, prevé en el artículo 2 que «las cuantías de las retribuciones básicas, que deberán reflejarse en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, serán las establecidas para los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Función Pública Vasca, de acuerdo con el grupo de clasificación que corresponda», y la Disposición Transitoria Primera en su punto 2, determina las retribuciones básicas (sueldo y trienios y sus cuantías para 1997).
El régimen retributivo establecido por el Decreto 298/1997, de 16 de diciembre, se implementó dentro del año 1997 (así lo establece la Disposición Transitoria Primera en su punto 1); sin embargo, ya por Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo para el año 1996, del Personal de la Policía Autónoma del País Vasco, cuyo artículo 39 prevé que las retribuciones de este personal, «en sus diferentes conceptos y cuantías, se determinarán con carácter exclusivo por acuerdo de Consejo de Gobierno», en el anexo I, apartado 1.1 expresa: «Para el perfeccionamiento de trienios, se computará el tiempo correspondiente a la totalidad de los servicios efectivos indistintamente prestados en cualesquiera Administraciones Públicas, tanto en calidad de funcionario de carrera o interino, como de contratado en régimen de derecho administrativo o laboral. El personal que acceda a un cuerpo correspondiente a un grupo de titulación superior al anterior, percibirá la antigüedad en la cuantía asignada al nuevo grupo de titulación.» Este Acuerdo Regulador fue aprobado por Decreto 188/1996, de 23 de julio de 1996.
En el mismo sentido, el Decreto 438/2005, de 27 de diciembre, aprueba el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal de la Ertzaintza para los años 2005, 2006 y 2007, y continua vigente.
Con respecto al complemento de productividad por el desempeño en comisión de servicios puestos de trabajo de superior categoría o escala, se debe acudir al artículo 72.5 de la Ley de Policía del País Vasco, redactado por Ley 21/1997, de 23 de diciembre. Para el desempeño de un puesto de trabajo, cualquiera que sea la forma o título de provisión, es preciso que el funcionario cumpla los requisitos exigidos en la relación de puestos de trabajo. El artículo 72.4 contempla un supuesto distinto del previsto en el artículo 57 del Acuerdo Regulador (comisión de servicios para el desempeño de un puesto de trabajo para el que el funcionario comisionado cumple los requisitos); sin embargo, el artículo 72.5 alude a comisiones de servicios para, entre otros casos, la realización de funciones que no puedan ser atendidas coyunturalmente por los titulares de los puestos de trabajo que las tengan atribuidas, y ello puede deberse a circunstancias diversas, una de las cuales es la imposibilidad de proveer puestos de trabajo de las categorías y escalas superiores, por falta de efectivos que ostenten la categoría y escala exigida para la provisión de los puestos, es decir, que no haya personal que cumpla los requisitos de categoría y escala para proveer los puestos de trabajo. Este es el supuesto a que alude el artículo 57 del Acuerdo Regulador.
En desarrollo de tales previsiones, el artículo 26 del Decreto 388/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco, contempla las comisiones de servicios por atribución temporal de funciones y en su apartado 2, como hacía el artículo 72.5 de la Ley de Policía del País Vasco, remite al artículo 74.1.b) párrafo segundo del mismo cuerpo legal, en materia retributiva, de modo que podrá periodificarse la percepción de gratificaciones durante el desempeño de comisiones de servicios en los supuestos contemplados en el artículo 72.5.
En el artículo 5 del Decreto 298/1997, de 16 de diciembre, de retribuciones de los funcionarios de la Ertzaintza se regula el complemento de productividad, que «retribuirá el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo», cuya asignación se efectuará en función de las circunstancias objetivas relacionadas con el desempeño del puesto de trabajo y de los criterios o acuerdos que se alcancen entre la Administración y la representación del personal.
En definitiva, el artículo 57 del Acuerdo Regulador, aprobado por Decreto del Gobierno Vasco y previa negociación con la Mesa del artículo 103 de la Ley de Policía del País Vasco, desarrolla los preceptos referenciados estableciendo un complemento de productividad para retribuir una actividad extraordinaria consistente en el desempeño de funciones de superior categoría, ante la imposibilidad de proveer los puestos de trabajo, por carecer la organización de personal suficiente que cumpla los requisitos de categoría y escala.
3.3.1.- Subvenciones directas.
Los artículos 49.7 y 49.9 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco establecen que no será de aplicación a las subvenciones directas la publicidad de los Acuerdos de concesión de las mismas. En su lugar, se establece la obligación de dar cuenta de ellas, semestralmente, a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco.
Lo que pueda establecer la Ley estatal 38/2003, no es de aplicación a la Comunidad Autónoma de Euskadi en virtud de la Disposición Adicional Vigesimosegunda de la misma.
3.3.4.- Pagos anticipados.
a) En relación con el pago a Karrantzako Minda, S.L., consta un expediente de exoneración de prestación de garantías. El Acuerdo de Consejo de Gobierno es de 7 de abril de 2009.
3.3.5.- Programa GAITEK.
«La Orden de 27 de noviembre de 2008, reguladora del Programa, no establece como obligación del beneficiario acreditar con anterioridad a la resolución de concesión el hallarse al corriente frente a la Seguridad Social, incumpliendo el artículo 14.e) de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, que constituye legislación básica según la Disposición Final Primera de la misma Ley».
Según informe de la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo de la Secretaría General de Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico de la Vicepresidencia del Gobierno Vasco de 3 de marzo de 2004 relativo a la incidencia de la Ley 38/2003 General de Subvenciones en la regulación del régimen de ayudas y subvenciones de la Administración. de la CAV, tal y como consta en sus conclusiones, «la Disposición Adicional Vigésima Segunda de la Ley 38/2003 viene a significar la inaplicación de la Ley respecto a la Comunidad Autónoma».
«La convocatoria de estas ayudas se ha resuelto y notificado a los interesados con un retraso de 4,5 meses sobre plazo máximo establecido en el artículo 19.3 de la Orden reguladora del Programa (6 meses)».
Dicha circunstancia se produce debido a que la Dirección de Tecnología habitualmente recibe con posterioridad a la apertura de las convocatorias transferencias presupuestarias procedentes o bien de excedentes de otras partidas o como consecuencia de la aprobación de planes extraordinarios, con lo que al ser un programa en concurrencia competitiva la adjudicación de la ayudas se retrasa para tener en cuenta estas ampliaciones presupuestarias.
«En la resolución de la convocatoria no se indica el motivo de denegación de las solicitudes a las que no se les ha concedido la ayuda, incumpliendo el artículo 19.2 de la Orden reguladora del Programa».
En todos los casos, junto con la Resolución por la que se resuelven las solicitudes, se envía a cada entidad solicitante a la que se ha denegado la ayuda un anexo individualizado donde se indica el motivo de la denegación.
«El análisis de la propuesta que se adjunta en cada expediente fiscalizado aparece sin firmar, con lo que no es posible determinar si ha sido realizado por la Unidad Estratégica de Tecnología e Innovación de la SPRI, tal y como determina el artículo 16.3 de la Orden reguladora del Programa».
La SPRI como entidad colaboradora del programa de ayudas Gaitek, realiza el análisis y la evaluación de los proyectos (documento UET-110 de análisis de propuesta) directamente en la aplicación informática desarrollada al efecto (programa IDI web) donde constan los datos del evaluador. Desde la Dirección de Tecnología se obtienen copias de dichas propuestas a través de la propia aplicación para incorporarlas a cada expediente.
«En la revisión de 22 expedientes de concesión de estas ayudas, por importe de 3,2 millones de euros, y de dos expedientes de denegación de ayuda, han surgido las siguientes deficiencias:
El artículo 20 de la Orden reguladora del Programa establece que el abono de la subvención se realizará mediante dos pagos: un 70% tras la notificación de la resolución de concesión y el restante 30% una vez concluido el programa previa presentación de la justificación. Para el pago anticipado del 70% no establece ningún régimen de garantías, incumpliendo el artículo 3.2 del Decreto 698/1991, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones de la CAE, que establece su exigencia en el supuesto de pagos anticipados y cuando el importe de la subvención sea superior a 180.304 euros. En la convocatoria fiscalizada, 7 beneficiarios han recibido ayudas superiores a ese importe y las subvenciones concedidas a los mismos ascendían a un total de 1,5 millones de euros.»
Según el artículo 10.3.c) se establece que, en cualquier caso, el montante máximo de la subvención no reintegrable será de 250.000 euros por beneficiario y año. Teniendo en cuenta que el anticipo se efectúa por un importe del 70% de la subvención, en ningún caso se realizan anticipos por un importe superior a 180.000 euros, por lo que no cabe la exigencia de aval.
«El artículo 10.2 de la Orden reguladora establece» que la subvención a conceder a cada proyecto será la de aplicar la intensidad máxima de ayuda (para medianas empresas hasta el 35%) sobre el presupuesto de gastos subvencionables aceptado para cada uno de los proyectos aprobados. «En 3 de los expedientes revisados, por importe 0,2 millones de euros, se ha subvencionado por encima del porcentaje establecido como intensidad máxima (40%-41%).»
El apartado 3 del citado artículo 10 de la Orden reguladora establece las intensidades máximas de las ayudas tanto para proyectos de empresas en cooperación como para proyectos individuales, tal y como se refleja en los siguientes cuadros:
Tal y como puede comprobarse la intensidad máxima del 35% para medianas empresas a que hace referencia el informe se establece para los proyectos de carácter individual, pudiéndose alcanzar hasta un 50% de subvención en el caso de proyectos en cooperación.
«El control a posteriori para verificar el correcto destino de las ayudas es insuficiente, ya que ni las bases reguladoras ni la actuación del Departamento han exigido la totalidad de la documentación que justifique que las inversiones y gastos subvencionados se han realizado. Se recomienda con carácter general, a partir de un determinado importe fijado por el departamento concedente, la obligación de que la certificación económica que presente el beneficiario de la subvención vaya acompañada de un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del ICAC. El gasto derivado de la realización de la auditoria podrá tener la condición de gasto subvencionable cuando así lo establezcan las bases reguladoras de las ayudas y hasta el límite que en ellas se fije.»
La Dirección de Tecnología ha solicitado copias compulsadas de la totalidad de la documentación que justifique el gasto total subvencionado para un número de expedientes cuyo volumen de subvención asciende al 10% del presupuesto total de la convocatoria (28.000.000 de euros en 2009).
No obstante, se valora positivamente la recomendación hecha, de cara a incrementar los controles en la verificación de la justificación.
3.3.6.- Programa HEZKOOP.
En la Memoria de Evaluación de Programas Subvencionales de 2008, se analiza este Programa en relación a los resultados alcanzados, su utilidad e impacto social y la procedencia de su mantenimiento o supresión, tal como se establece en el artículo 49.8 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. La razón de que figure en la Memoria de 2008 y no en la de 2009, se debe a que la Orden reguladora del programa es de 2 de septiembre de 2008.
Expediente Número 3:
El modificado número 2, al que se refiere, fue aprobado técnicamente el 4 de mayo de 2009, siendo aprobado por Orden del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de 26 de marzo de 2010 y se reajustó la fianza, formalizándose contractualmente el 21 de abril de 2010.
Expediente Número 5:
Los abonos por acopio fueron avalados mediante las garantías registradas por la Tesorería General del Gobierno Vasco con los números F200701754, F200701755, F200701756 y F200701757, por importe de 39.966,99 euros cada una, lo que garantizaba el importe total de 159.867,90 euros, tal y como dispone el artículo 145.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Mediante Orden del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de 17 de diciembre de 2009 se ordenó la ejecución de las cuatro garantías prestadas por acopio de materiales.
Sin embargo, Oinarri S.G.R., avalista de dos de las garantías prestadas por acopios, recurrió ante la jurisdicción contencioso-administrativa la orden de ejecución de los avales, al entender que los avales habían quedado extinguidos al cumplirse el término de su vigencia, por lo que no podían ser exigidos por la Administración. No obstante, la Sentencia 616/2010, de 7 de diciembre de 2010, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vitoria-Gasteiz desestima el recurso de Oinarri S.G.R., al entender que la cláusula por la que se establece la fecha de vencimiento «no puede ser cumplida porque contraviene el ordenamiento jurídico, y en consecuencia debe tenerse por no puesta y no es vinculante para la Administración».
Esta sentencia ha sido recurrida en apelación por Oinarri S.G.R. y, en consecuencia, hasta que no se resuelva dicho recurso no pueden ejecutarse las dos garantías por acopios que faltan.
En consecuencia con todo ello, no puede atribuirse a esta Administración incumplimiento alguno del artículo 145.2 del TRLCAP.
Expediente Número 49:
El procedimiento de selección fue el negociado sin publicidad por lo que, dando cumplimiento a las previsiones del artículo 138.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, se ha dado publicidad a la adjudicación mediante publicación en el perfil de contratante y en el Boletín Oficial del País Vasco número 85, de 8 de mayo de 2009.
Expediente Número 51:
Este contrato se tramitó por el procedimiento negociado y como único criterio de valoración se estableció el precio ofertado por los licitantes.
El artículo145 LCSP establece que, cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato fuera el del precio, la adjudicación provisional debe recaer en el plazo máximo de 15 días, a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones.
Sin embargo hay que tener en cuenta la complejidad de la contratación de un suministro de este tipo (energía eléctrica). Así, la valoración de las ofertas recibidas debió ser sometida a una revisión con objeto de analizar si las ofertas recibidas englobaban la totalidad de los consumos eléctricos descritos y previstos en los Pliegos. Esta complejidad justifica que no fuera posible realizar la adjudicación dentro del plazo de 15 días previsto en la Ley.
Expediente Número 53:
Respecto a la afirmación de que «no se justifica suficientemente la elección de los criterios de adjudicación para identificar la oferta más ventajosa», debe tenerse en cuenta que la diálisis domiciliaria, en sus variantes terapéuticas, peritoneal continua ambulatoria (DPCA), y automatizada con cicladora (DPA), permite la depuración de la sangre a través de la membrana peritoneal y mediante la infusión de líquidos especiales contenidos en un sistema de doble bolsa hasta la cavidad peritoneal a través de un catéter. A su vez la modalidad terapéutica hemodiálisis domiciliaria (HDD) es una técnica dialítica realizada por el paciente en su domicilio tras un período de entrenamiento en su hospital respectivo, con sesiones de 2-3 horas durante al menos 5 días a la semana.
Las empresas fabricantes y distribuidoras de los elementos y productos que facilitan a los pacientes en el ámbito domiciliario todos los elementos precisos: monitores de diálisis, bolsas de líquidos según las prescripciones de los especialistas, sistemas de conectología, elementos de desinfección, báscula y tensiómetros, etc., así como el seguimiento clínico de los pacientes a las unidades de nefrología de los hospitales de Osakidetza, deben acreditar unos productos tecnológicamente adecuados, y que además reúnan todos los requisitos preceptivos desde el punto de vista de recursos humanos y organizativos.
Los criterios previstos se concretan en:
a) Características relacionadas de los equipos y procedimientos específicos para la realización de la terapia:
Criterio 1.- Mejoras tecnológicas valorables en materiales y equipos: sueros, bolsas, sistemas de conexión y composición de las soluciones.
1.- Sistemas mejorados de conectividad.
2.- Sistemas de bolsa múltiple mejorados.
3.- Disponibilidad de líquidos con diferentes composiciones adaptadas.
4.- Materiales hipoalergénicos sin látex.
5.- Materiales de alta biocompatibilidad sin plastificantes y sin látex.
Criterio 2.- Mejoras tecnológicas en máquinas cicladoras, características físicas, prestaciones y conectividad.
1.- Sistemas de alarma múltiple.
2.- tarjetas de programación de datos.
3.- Mejoras en aislamiento de ruido.
4.- Conectividad y software específico.
5.- Facilidad de manejo y portabilidad.
6.- Cicladora con modalidad pediátrica.
7.- DPZ con posibilidad 5.º cambio.
b) Características de calidad del servicio ofertado:
Criterio 1.- Mejoras en el Servicio de atención al cliente.
1.- Descripción de circuito reclamaciones y sugerencias.
2.- Disponibilidad de documentación básica en Euskera.
3.- Pagina WEB información al paciente.
4.- Sistema de gestión de reclamaciones certificado.
5.- Atención personalizada por personal de enfermería.
Criterio 2.- Mejoras en tiempos de reposición de cicladora en caso de avería.
1.- Reposición de material en domicilio en 24 horas.
c) Características del plan de gestión del servicio:
Criterio 1.- Se valorarán las mejoras de eficiencia propuestas en la ejecución del servicio así como el sistema de información.
Estos criterios detallados se consideran suficientes y adecuados al objeto de la valoración de las diferentes ofertas presentadas por las empresas licitadoras, permitiendo discriminar las diferentes características y cualidades de sistemas presentados, y la capacidad organizativa y de servicio de las empresas.
No se ha considerado necesario incluir justificación de la elección de los criterios de adjudicación por no apartarse éstos de lo que podría definirse como «calidad objetiva» del servicio a contratar. Los criterios aplicados vienen a componer las características que objetivamente determinan la calidad de la prestación.
III.7.- Fondo del Gobierno de Euskadi (1936-1979).
En relación a las consideraciones del Tribunal respecto de este expediente se formulan las siguientes alegaciones:
«1.- Ni la memoria que acompaña al Acuerdo, ni el propio Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 21 de abril de 2009 por el que se concede la subvención directa incluyen la motivación exigida por el artículo 49.7 de la LPOHGPV.»
No se comparte la opinión del Tribunal, ya que se entiende que la materialización de la subvención de la que se está hablando es la instrumentación final de un Protocolo de Colaboración previo, suscrito meses antes de la concesión de la subvención y sin el cual ésta no tendría sentido. Es por ello que los procedimientos establecidos en el Protocolo, que cuentan con las motivaciones de legalidad y oportunidad suficientes, han de servir y sirven de motivación a la subvención. De hecho es este Protocolo de Colaboración el que enmarca y justifica la propia subvención/compensación, que ya está diseñada desde el Protocolo. Es más, sin el Protocolo suscrito y motivado (para cuya suscripción y procedimiento de legalidad y oportunidad el Tribunal no ha visto problema alguno), la subvención compensatoria no tendría sentido, encontrándose la motivación en las razones que llevaron a firmar el Protocolo y debiéndose, por tanto, tomar la Memoria del Protocolo como Memoria de la subvención, la cual solo es la fase final y la instrumentación del expediente subvencional. La exposición de motivos del Acuerdo de concesión de la subvención directa enmarca perfectamente los antecedentes y las motivaciones.
«No consta el informe jurídico a emitir por el Departamento competente previsto en el artículo 22.1 de la Ley 14/1994».
Ciertamente, se desconoce a qué informe jurídico pedido por la norma citada por el Tribunal se refiere, ya que el artículo al que éste hace referencia dice lo siguiente:
«El control económico-fiscal comprenderá:
a) La fiscalización previa de: 1.- Las propuestas de acuerdo de contenido económico directo o indirecto cuya autorización y aprobación competa al Consejo de Gobierno o cuyo conocimiento le corresponda. 2.- Las modificaciones presupuestarias, las operaciones patrimoniales y las consistentes en concesión de garantías con cargo a la Tesorería General del País Vasco. 3.- Los hechos u operaciones económicos que puedan dar lugar a gastos de cuantía indeterminada, aquellos que supongan compromisos tanto de ingreso como de gasto para tres o más ejercicios presupuestarios consecutivos y expedientes de gastos cuyo importe unitario por tipo de gasto sea superior al fijado reglamentariamente. Se excluyen los contratos menores, los contratos de personal, los de tracto sucesivo y carácter periódico una vez controlado el acto o periodo inicial de que deriven o sus modificaciones, así como las subvenciones nominativamente asignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
d) El control previo de los pagos.»
En todo caso debe advertirse que todos los informes jurídicos establecidos en la normativa vigente respecto al expediente del protocolo de Colaboración y la subvención constan en el expediente.
«2.- El estudio sobre estimación de gastos incurridos por la Fundación con un gasto de 13.000 euros se adjudicó incumpliendo el artículo 7 de la Orden de 17 de diciembre de 2007 de la Consejera de Hacienda y Administración Pública».
Se discrepa, igualmente, de la opinión del Tribunal ya que la Orden a la que se refiere, además de ser una Orden de procedimiento interno sin eficacia a terceros, tiene un ámbito de aplicación referido a la actividad habitual de la Administración y su filosofía es velar para que las externalizaciones contractuales sean las menores y más justificadas posibles. Es evidente, en el caso que nos ocupa, que la actividad habitual de esta Administración no reside en valorar archivos históricos y menos convertir esa actividad en habitual, siendo así que aunque hubiera sido de aplicación la Orden a la que se refiere, el incumplimiento no podría tildarse más que de «formal» y sin ninguna repercusión ni interna ni externa.
«3.- No ha sido posible determinar la razonabilidad del importe abonado a la Fundación.»
Resulta la opinión más discutible de todas, ya que, entre otras cosas, el núcleo del Protocolo y del importe subsiguiente de la subvención/compensación consiste en buscar un referente externo e independiente, a través de una empresa externa y experta, que razonara, justificara y estableciera los parámetros económicos para hacer frente a una compensación que resultara razonable. A ello se dio cumplida respuesta y se razonó, tanto por la empresa externa como por la propia Administración, la razonabilidad del «precio» de compensación, así como los extremos y criterios que habrían de tenerse en cuenta para llegar a una subvención/compensación razonable y justa.
Voto Particular Concurrente que Formulan Los Consejeros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaitegia, Jose María Gorordo Bilbao, Begoña Marijuán Arcocha y Eusebio Melero Beaskoetxea, al Informe de Fiscalización de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, Aprobado Definitivamente en el Pleno de 4 de octubre de 2011.
Con el respeto que siempre nos merece el criterio de nuestros colegas, hacemos este Voto Particular Concurrente con relación al informe de fiscalización arriba indicado aprobado en el Pleno de 4 de octubre de 2011. Si bien estamos de acuerdo con la globalidad del informe, queremos mostrar nuestra discrepancia con el tratamiento dado a las siguientes cuestiones:
1.- Expediente «Fondo del Gobierno de Euzkadi (1936-1979)».
En la Salvedad 15, el Informe considera como incumplimiento de legalidad la elección de la figura subvencional en la resolución de este expediente. Adicionalmente en el Apartado III.7 se mencionan una serie de deficiencias entre las que se incluyen la no justificación del interés público o la imposibilidad de determinar la razonabilidad del importe abonado a la Fundación.
Para llegar a estas conclusiones, no se ha tenido en cuenta el informe emitido por la Viceconsejeria de Régimen Jurídico del Gobierno Vasco, de 24 de setiembre de 2010, que advierte de que la falta de compensación a la Fundación por la labor realizada, supondría un enriquecimiento injusto por parte del mismo. No se cuestiona la procedencia del pago, estando, en todo caso, la duda en la figura utilizada, ya que existe una contraprestación reconocida por parte de la Fundación.
Así mismo, el referido informe jurídico señala las razones de interés público que se incorporan al Convenio firmado entre la Fundación y el Gobierno, y que se exponían en la Proposición no de Ley de 20 de junio de 2007 aprobada por el Parlamento Vasco a la que se da cumplimiento con el Acuerdo del Consejo de Gobierno. No se puede considerar el Acuerdo como un documento aislado sino que hay que concatenarlo con dicha Proposición no de Ley que ya contiene la justificación del interés público.
En relación a la razonabilidad del importe abonado, el TVCP ha tenido acceso al informe de tasación realizado por una empresa de reconocido prestigio, encargado por el Gobierno Vasco, precisamente para establecer el importe de la contraprestación. Esta valoración, contrastada por la Dirección de Patrimonio, ha aplicado la metodología más adecuada a los diferentes periodos de tiempo en los que la Fundación ha realizado la custodia y mantenimiento del Fondo. En aquellos casos en los que, por antigüedad de las actuaciones, se ha tenido que recurrir a estimaciones, éstas están correctamente fundamentadas.
De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, consideramos que el informe del TVCP refleja indebidamente un incumplimiento legal y otras deficiencias en relación al expediente «Fondo del Gobierno de Euzkadi (1936-1979)».
Por ello, las alegaciones presentadas por el Gobierno Vasco debieron ser aceptadas.
2.- Programa HEZKOOP.
En la Salvedad 20, el Informe cuestiona la subvención concedida a la Ikastola Orereta, al considerar que el objeto subvencionable queda fuera del delimitado por la Orden que regula estas ayudas. No puedo estar de acuerdo con tal apreciación.
En el informe se afirma literalmente: «.., por importe de 0,8 millones de euros, para financiar, entre otros, la compra de inmuebles que se habían escriturado en septiembre de 2005,..». La obra que se financia es la «Compra y adaptación de la planta baja como Centro de educación infantil», es un único expediente. Por tanto, compra y adaptación no son actuaciones diferenciadas tal y como parece desprenderse de la redacción del informe. Hay una sola concesión para comprar y habilitar determinados locales.
En este mismo párrafo se cita el artículo 3.1 de la Orden, «..que señala que las actividades subvencionables son los préstamos suscritos por los titulares de los centros con entidades financieras para financiar la adquisición de inmuebles o la realización de obras de nueva construcción, adecuación a los requisitos exigidos por la legislación vigente, ampliación o sustitución, llevadas a cabo en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2005 y el 1 de junio de 2008». Sin embargo, el literal de la citada Orden en su artículo 3.1. dice: «Son subvencionables a los efectos de la presente Orden, los préstamos suscritos por los o las titulares de los centros que se determinan en el artículo 2 con entidades financieras, en las condiciones fijadas en esta convocatoria, para financiar la adquisición de inmuebles o la realización de obras de nueva construcción, adecuación a los registros exigidos por la legislación vigente, ampliación o sustitución, por importe igual o superior a 30.000 euros, cuyo plazo de finalización este comprendido entre el 01-12-2005 y el 01-06-2008..».
Consideramos que la Ikastola Orereta planteó un proyecto conjunto de compra de local y posterior habilitación. No es razonable, por tanto, considerar la compra del local de manera aislada y considerar que es una operación que se desarrolla fuera del ámbito temporal que establece la Orden, máxime cuando el expediente de compra y rehabilitación es único, y así se ha tramitado.
A mayor abundamiento, el artículo 1.2 de la Orden de ayudas en su apartado a) dice: «En todo caso, quedan excluidas del ámbito de la presente convocatoria las siguientes inversiones: las finalizadas con anterioridad al 1 de diciembre de 2005, así como aquellas que hubieran obtenido financiación al amparo de la Orden de 23 de diciembre de 2003..».
Parece evidente que la inclusión de plazos en la Orden de 2008 tiene por objeto evitar duplicidades (la Orden de 2003 era idéntica a la de 2008), y en ese sentido debe interpretarse.
Por todo ello, consideramos que el párrafo referido a la Ikastola Orereta debiera ser eliminado del Informe.
3.- Ley 1/2009, de 8 de octubre, de Medidas Presupuestarias Urgentes contra la Crisis.
Esta ley supone la creación de una nueva sección presupuestaria con una dotación inicial de 372,6 millones de euros que se incrementa posteriormente hasta los 407,1 millones de euros.
La ley dispone, también, la ampliación del límite del endeudamiento que pasa de los 300 millones de euros fijados en la ley de presupuestos, a 514,6 millones de euros, para financiar los 214,6 millones de euros de inversiones, principalmente transferencias de capital, que se consignan en el anexo de la misma.
La fecha de aprobación de la Ley imposibilita la ejecución de inversiones reales, por lo que su inclusión en el presupuesto ordinario de 2010 hubiera sido una medida más razonable.
Este endeudamiento, establece la Ley, puede incrementarse por las diferencias entre los ingresos previstos y los realizados hasta un máximo de 1.350 millones.
La materialización de esta norma ha supuesto un mayor endeudamiento, de 1.349,9 millones de euros, de los que 375 millones corresponden a préstamos que no se han dispuesto hasta 2010 y no debían formar parte del Remanente de Tesorería del ejercicio. Dicho endeudamiento ha servido fundamentalmente para cubrir el déficit generado en el presupuesto 2009, no aportando el impulso económico que requería la situación de crisis que justificó la aprobación de la Ley.
Por otro lado, se han consignado gastos en el presupuesto por 273 millones de euros de los cuales 232,9 corresponden a subvenciones y transferencias cuyas obligaciones el Gobierno registra con el acuerdo de concesión y no con el devengo de los mismos.
Ni la ley ni su desarrollo presupuestario planteó la creación de créditos de pago (a ejecutar en 2009) y de compromiso (en años sucesivos).
En nuestra opinión, la aprobación de medidas extraordinarias con una gran dotación presupuestaria sin una adecuada planificación de las actuaciones a realizar, su coste estimado y el periodo en el que se van a desarrollar, puede generar una deficiente gestión presupuestaria, que no parece admisible en situación de crisis económica con ingresos descendentes y gastos estructurales de muy difícil ajuste.
4.- Expedientes de Contratación Relacionados con las Obras del Tren de Alta Velocidad (Expedientes 25, 26, 27 y 28).
A la observación general de que el anexo de contratación no recoge el detalle de las deficiencias detectadas en cada uno de los expedientes analizados, dificultando así la lectura del informe, debemos añadir una discrepancia en particular relacionada con el tratamiento que en el informe se otorga a los expedientes mencionados.
En nuestra opinión, existen una serie de deficiencias relacionadas con estos expedientes que no quedan debidamente recogidas en el informe y que, considerando la cuantía total de adjudicación de que expedientes (237,32 millones de euros) debieran tener reflejo en el mismo:
- En los 4 expedientes, los informes técnicos que constituyen el soporte de la propuesta de adjudicación valoran someramente las ofertas presentadas, detallan las puntuaciones asignadas a cada uno de los criterios previsto en el pliego, pero no justifican la valoración de las puntuaciones otorgadas a cada licitador. Consideramos que no puede admitirse la forma de valorar como correcta porque no se motivan las puntuaciones. Este hecho unido al peso específico que tienen los criterios cuya aplicación requiere realizar un juicio de valor (80%) ha originado que en la elección del contratista adjudicatario haya sido determinante la valoración otorgada en base a dichos criterios.
- En 3 de los expedientes, la autorización del Consejo de Gobierno prevista en el artículo 31 de la Ley 19/2008 de presupuestos generales de la CAE para 2009 se realizó una vez iniciado el expediente de contratación.
- En ninguno de los expedientes se ha realizado una retención adicional de 10% del importe de adjudicación según lo establecido en la Disposición Adicional 14 de la anterior LCAP aplicable para aquellos contratos con carácter plurianual.
5.- Contratos Menores.
En el Apartado III.5 del Informe se destaca la contratación de obras menores por importe de 3,2 millones de euros con un mismo contratista por parte del Departamento de Educación, Universidades e Investigación. No podemos estar de acuerdo con el tratamiento otorgado a esta cuestión en el Informe, al considerarse como mera deficiencia lo que es un incumplimiento de legalidad, dado que se ha producido un fraccionamiento de la contratación. El proveedor en cuestión emitió 98 facturas, todas ellas por importe menor de 60.000 euros al objeto de no superar los umbrales que permiten la contratación directa sin promover publicidad ni concurrencia, por tanto debiera ser considerada como una salvedad a la opinión de legalidad del informe.
Voto Particular Concurrente que Formulan el Vicepresidente del TVCP D. José Miguel Bonilla Regadera y el Consejero D. Mariano García Ruiz, al Informe de Fiscalización de la cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 2009.
Quienes formulamos este voto particular concurrente queremos manifestar que, si bien compartimos la opinión final contenida en el informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) del ejercicio 2009, no estamos de acuerdo con las dos salvedades incluidas en el apartado II.2 Opinión sobre la cuenta de la Administración General, por los motivos que se exponen a continuación:
Respecto a la salvedad 1:
El primer párrafo dice: «1.- De acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Programa de Apoyo Financiero a las empresas vascas y en los convenios suscritos con las entidades financieras colaboradoras, la Administración General de la CAE ha facilitado los fondos líquidos con los que dichas entidades han concedido operaciones de crédito o préstamo a los beneficiarios del programa. Estos fondos se encuentran depositados en cuentas no disponibles mientras estén vigentes las citadas operaciones, durante un periodo comprendido entre 1 y 3 años. El saldo vivo de las cuentas representa en cada momento la financiación concedida, que se encuentra avalada en su totalidad por dos sociedades de garantía recíproca. Al cierre del ejercicio el importe depositado en dichas cuentas ascendía a 512,9 millones de euros. Esto supone que el Remanente de Tesorería disponible a 31 de diciembre de 2009 debería disminuir en dicha cantidad».
Según la documentación de la que dispone este Tribunal:
El Decreto 229/2008 y el Decreto 230/2008, ambos de 30 de diciembre de 2008, regulan el programa de apoyo financiero para la adecuación de la estructura financiera de empresarios individuales y autónomos, y de pequeñas y medianas empresas, respectivamente.
Ambos decretos desarrollan la Disposición Adicional Novena de la Ley 19/2008, de 29 de diciembre por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la CAE para 2009. En enero de 2009 la CAE suscribió convenios de colaboración con entidades financieras para instrumentar dichos programas con vencimiento el 31 de diciembre de 2009.
Sin entrar en una descripción exhaustiva del contenido de los mismos, creemos que conviene destacar que:
a) La Administración de la CAE deposita en cuentas corrientes denominadas «Tesorería General del País Vasco-Decreto Adecuación Financiera», los fondos necesarios para que las entidades financieras concedan préstamos y créditos.
b) Los importes recuperados o amortizados de dichos préstamos y créditos se transferirán de dicha cuenta a la cuenta a nombre de «Tesorería General del País Vasco-Cuenta Central».
c) El saldo vivo de la cuenta descrita en a) reflejará la financiación concedida en cada momento.
El TVCP, ha considerado que esos fondos no son disponibles y, por lo tanto, deben minorarse del Remanente de Tesorería Disponible. Los consejeros firmantes no compartimos dicho criterio.
Según los contratos en los que se formalizan, las cuentas corrientes del Decreto de Adecuación Financiera no padecen ninguna limitación a su disponibilidad.
La ley 8/1996 de 8 de noviembre, de Finanzas de la CAE, establece que el Remanente de Tesorería es el resultado acumulado de la liquidación de los presupuestos.
El artículo 17 establece que es «.. la diferencia entre derechos reconocidos y liquidados y obligaciones contraídas, procedentes de las liquidaciones de los presupuestos».
El artículo 19.2 establece que «.. en la cuantificación de los remanentes de tesorería utilizados para la financiación de los Presupuestos deberá contemplarse la realización efectiva en el ejercicio de los mismos, así como los derechos que se consideran de dudoso cobro».
El superávit/déficit acumulado denominado Remanente de Tesorería recoge el neto patrimonial presupuestario de la Administración General. Equivale a lo que en contabilidad patrimonial se denomina patrimonio neto.
Es un superávit acumulado que permite modificar el presupuesto incluyendo créditos de gasto sin aumentar los ingresos, por lo que esa operación originaría al cierre un déficit del ejercicio que se cubre precisamente con el superávit acumulado al inicio del mismo.
Comportamiento básicamente idéntico a la contabilidad patrimonial en la que las pérdidas de un ejercicio se compensan con el capital y resultado de ejercicios anteriores dentro del apartado Patrimonio Neto.
No se le puede aplicar el adjetivo «disponible» en su acepción contable porque no es un activo ni se le puede aplicar el adjetivo «exigible» porque es propiedad de la CAE.
El Remanente de Tesorería o superávit acumulado, es una abstracción contable pura.
El resto de conceptos básicos de la liquidación de la contabilidad presupuestaria: Tesorería, Derechos y Obligaciones Reconocidas, y Derechos y Obligaciones Pendientes de Cobro/Pago recogen realidades materiales que puede comprobar objetivamente el fiscalizador mediante la documentación soporte pertinente y cuya forma de representación contable está regida por las normas de valoración y principios de contabilidad generalmente aceptados.
Por el contrario el Remanente de Tesorería, en una entidad que no dispone de Capital Social, es puramente el resultado de una diferencia acumulada: la que se da entre los Ingresos y Gastos de los ejercicios transcurridos desde la creación de la CAPV hasta hoy (al igual que en el resto de administraciones públicas vascas). Y a ese concepto no se le puede aplicar la idea contable de «disponibilidad» que se aplica a la Tesorería. No se ve afectado por la situación de la misma.
La mayoría del TVCP ha aplicado un concepto material, la posibilidad de disponer en un momento de la tesorería, a una partida que recoge un ideal contable: la diferencia entre lo que tienes y lo que debes, tal y como se manifiesta en la cuenta liquidada cuando se establece que la materialización del Remanente de Tesorería se compone de las cuentas corrientes más los derechos reconocidos pendientes de cobro (cuentas a cobrar) menos los derechos reconocidos pendientes de pago (cuentas a pagar).
La financiación mediante Remanente de Tesorería no tiene nada que ver con las cuentas corrientes. Se produce por acumulación de déficit y superávits de cada uno de los ejercicios, con independencia de la situación de las partidas en que se materializa.
Dicho de una forma sencilla, la riqueza, el patrimonio neto de una administración no varía por la disponibilidad material a una fecha concreta de los activos y la exigibilidad a la misma fecha de los pasivos que la conforman.
Hasta este informe, en ningún caso la disponibilidad material de los fondos recogidos en cuentas corrientes de la Administración General ha afectado al Remanente de Tesorería Disponible.
Creemos, por tanto, que debe eliminarse el primer párrafo de la salvedad 1 de la Opinión sobre la cuenta de la Administración General.
El segundo párrafo dice: «Los saldos de los epígrafes Tesorería e Inversiones Financieras del Balance de Situación a 31 de diciembre de 2009, deberían disminuir y aumentar, respectivamente, en 512,9 millones de euros».
Dicho párrafo significa que, según el criterio mayoritario del Pleno del TVCP, las cuentas corrientes del programa de adecuación financiera son realmente Inversiones Financieras y por lo tanto su correcto reflejo contable debe provocar una disminución del saldo de Tesorería y un aumento del saldo de Inversiones Financieras.
Los consejeros que suscribimos este voto particular estamos en desacuerdo con el 2.º párrafo antes citado porque las cuentas corrientes no son inversiones financieras.
El tratamiento dado, en este caso, a estos fondos líquidos en cuentas corrientes sería inconsistente al sugerirse sólo su registro parcial (patrimonial) cuando conforme a la naturaleza de la operación descrita en este párrafo (inversión en activos financieros), debería haber tenido su correspondiente registro presupuestario, circunstancia ésta que, además, habría obligado al TVCP a reseñar que no existía dotación presupuestaria ni adecuada ni suficiente.
Consideramos que proponer solamente una modificación de la contabilidad patrimonial no es un registro adecuado de las operaciones y vulnera el principio de imagen fiel.
En nuestra opinión, las cuentas corrientes Tesorería General del País Vasco-Decreto Adecuación Financiera no son inversiones financieras y no deben minorarse del Remanente de Tesorería Disponible a 31 de diciembre de 2009 ni modificarse su situación en el Balance de Situación a dicha fecha. Creemos que debería eliminarse totalmente la salvedad 1 de la Opinión sobre la Cuenta de la Administración General.
Respecto a la salvedad 2:
Desde el año 2001, el Informe sobre la Cuenta de la Administración de la CAE de dicho año, para el cálculo del Remanente de Tesorería Disponible, se disminuye del Remanente de Tesorería el endeudamiento formalizado no dispuesto al cierre del ejercicio y que no se dispone en los seis primeros meses del ejercicio siguiente.
Este criterio se acordó en su día con los responsables de la Oficina de Control Económico y dejó de ser una causa de diferencias (manifestadas mediante salvedades en la Opinión sobre la cuenta) entre el TVCP y la Administración de la CAE. Ha sido aplicado uniformemente desde entonces hasta la fiscalización de 2009.
La mayoría del Pleno del TVCP propone un ajuste al Remanente de Tesorería Disponible a 31 de diciembre de 2009 por importe de 350 millones de euros por préstamos formalizados el 24 de noviembre (175 millones de euros), el 21 de diciembre (75 millones de euros) y el 22 de diciembre (100 millones de euros) de 2009 y dispuestos el 7 de enero (175 millones de euros) y el 2 de febrero (175 millones de euros) de 2010, en contra de el criterio que había mantenido hasta ahora.
No se había notificado de la modificación de dicho criterio a la Oficina de Control Económico de la CAE y de hecho, en el ejercicio en que se elaboró dicha liquidación (los seis primeros meses de 2010) había seguido vigente puesto que en la aprobación por este Tribunal del informe sobre la Cuenta de 2008 en el Pleno celebrado el 20 de abril de 2010, no se manifestó ningún cambio de criterio y se aplicó el vigente desde 2001.
El periodo máximo entre formalización y disposición ha sido de 70 días naturales, de los que 33 son del ejercicio 2010.
Si la Administración General hubiera dispuesto esos préstamos en el momento de su formalización, habría estado pagando innecesariamente intereses hasta el momento en que realmente fue necesario disponer de los mismos para efectuar pagos.
Lo cierto, como ha comprobado este TVCP, es que dichos préstamos fueron necesarios, y por tanto reconocidos como ingresos del año 2009 para financiar el presupuesto de dicho ejercicio.
Asimismo, tanto si se aplica el criterio de la Administración General de la CAE como si se realizara el ajuste propuesto por el TVCP, el Remanente de Tesorería Disponible el 3 de febrero de 2010, una vez dispuestos los préstamos, sería el que figura en la liquidación fiscalizada, 132 millones de euros (sin considerar el posible efecto del ajuste propuesto por el TVCP en la salvedad 1).
Por último, en nuestra opinión, el nuevo criterio aplicado por el TVCP a los préstamos y créditos formalizados no dispuestos al cierre de 2009, no se aplica uniformemente en la fiscalización que nos ocupa y en las de otras administraciones.
- En la fiscalización que nos ocupa, el TVCP ha admitido que formen parte del Remanente de Tesorería Disponible de la Administración General de la CAE a 31 de diciembre de 2009, 186 millones de euros de Deuda Pública emitida en diciembre de 2009 y dispuesta el 7 de enero de 2010 (fecha en la que se disponen también 175 millones de euros de los préstamos formalizados no dispuestos ajustados por el TCVP).
Los consejeros firmantes de este voto particular creemos que no hay justificación para dar un tratamiento opuesto (incluir o excluir en el Remanente de Tesorería Disponible) a operaciones de endeudamiento que para la ley que los regula son iguales (artículo 37 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).
- El Pleno en el que se aprobó el informe definitivo que nos ocupa, celebrado el día 4 de octubre de 2010, también aprobó el informe provisional de fiscalización de la cuenta general de 2009 de otra administración pública vasca.
En dicho informe, la mayoría del TVCP, admite que dicha institución incluya en lo que denomina «Remanente de Tesorería Consolidado» (que equivale a lo que la Administración de la CAE denomina «Remanente de Tesorería Disponible» y que en ambos casos es el importe que puede utilizarse para financiar los presupuestos) 184,9 millones de euros de préstamos formalizados no dispuestos a 31 de diciembre de 2009. Se aplican criterios opuestos a supuestos idénticos.
Coincidimos con lo manifestado por la Administración General de la CAPV en sus alegaciones a este apartado del informe por lo que debería ser eliminada la salvedad 2 de la Opinión sobre la Cuenta de la Administración General.
Por todo ello, los Consejeros abajo firmantes consideramos que la Opinión sobre la Cuenta de la Administración General del ejercicio 2009 debería ser sin salvedades.

References: artículo 7
 artículo 57
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 219
 artículo 102
 resolución 
 resolución 
 artículo 96
 artículo 154
 artículo 4
 artículo 74
 artículo 24
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 30
 artículo 49
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 19
 artículo 34
 artículo 522
 artículo 54
 artículo 81
 artículo 57
 artículo 50
 artículo 14
 artículo 3
 resolución 
 artículo 14
 artículo 19
 resolución 
 artículo 19
 artículo 16
 artículo 20
 resolución 
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 3
 artículo 145
 resolución 
 artículo 101
 artículo 110
 artículo 93
 artículo 22
 artículo 80
 artículo 96
 artículo 134
 artículo 134
 artículo 134
 artículo 212
 artículo 135
 artículo 138
 artículo 138
 artículo 205
 artículo 1
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 24
 artículo 49
 artículo 22
 artículo 7
in fine
 artículo 48
 artículo 62
 artículo 38
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 5
 artículo 111
 artículo 198
 resolución 
 resolución 
 artículo 154
 Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 49
 artículo 6
 artículo 12
 artículo 74
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 39
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 57
 artículo 72
 artículo 57
 artículo 26
 artículo 72
 artículo 74
 artículo 72
 artículo 5
 artículo 57
 artículo 103
 resolución 
 artículo 14
 artículo 19
 resolución 
 artículo 19
 Resolución 
 artículo 16
 artículo 20
 resolución 
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 49
 artículo 145
 artículo 145
 artículo 138
 artículo145
 artículo 49
 artículo 22
 artículo 7
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 31
 artículo 17
 artículo 19