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Timestamp: 2018-03-21 12:23:17+00:00

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PROYECTO DE LEY No. 114 DE 2008 – SENADO “Por medio del cual se reglamenta el artículo 112 de la Constitución Política de Colombia y se crea el Estatuto de la Oposición Política” | Elsa Gladys Cifuentes :: Senadora de la República
PROYECTO DE LEY No. 114 DE 2008 – SENADO “Por medio del cual se reglamenta el artículo 112 de la Constitución Política de Colombia y se crea el Estatuto de la Oposición Política”
“Por medio del cual se reglamenta el artículo 112 de la Constitución Política de Colombia y se crea el Estatuto de la Oposición Política”
Articulo 1°. Objeto. La presente ley estatutaria determina el marco general para el ejercicio de la oposición política por parte de los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos reconocidos con personería jurídica, que no integran el gobierno y se declaren en Oposición al mismo, estableciendo las garantías para su ejercicio, en desarrollo del artículo 112 de la Constitución Política.
Articulo 2º. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se entenderá la oposición política como el derecho a disentir políticamente, reconociendo la legitimidad de la contradicción al orden político, doctrinario e ideológico establecido, a través de un ejercicio de pluralismo político para el cual se otorgan garantías que favorezcan su acción, en función de reivindicar el principio de la libertad y fortalecer la democracia participativa. Bajo esta concepción, en la presente ley el derecho a la oposición política se convierte efectivamente en un mecanismo jurídico a través del cual los representantes de los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica, que no forman parte de la coalición de gobierno tienen derecho a expresar la oposición a un régimen político, a los actos de un gobierno determinado y a proponer alternativas políticas propias, contando para ello con las garantías e instrumentos legales que favorezcan dicho ejercicio, en un escenario de tolerancia, respeto por las diferencias y resolución democrática de las contradicciones.
Articulo 3º. Principios rectores. La garantía al ejercicio democrático de la oposición política se sustenta en:
I. El reconocimiento de los principios de libertad de pensamiento, igualdad ante la ley, tolerancia, convivencia pacífica y respeto por las diferencias y el disentimiento como fundamentos esenciales de los derechos humanos.
II. El derecho de oposición como reconocimiento del derecho fundamental que tiene toda persona a participar en el ejercicio y control del poder político.
III. El diálogo institucionalizado, deliberante y democrático como único mecanismo válido de conciliación de las fuerzas políticas en contradicción.
IV. La función del Estado, a través de todos sus poderes, de garantizar escenarios de comunicación permanente con los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica, que estén en oposición, para facilitar los disensos y consensos que lleven a la generación de salidas democráticas.
V. El ejercicio de la oposición política debe contribuir a forjar una cultura política en la sociedad, permeando todas las esferas sociales, políticas y culturales para que se convierta en una práctica cotidiana de convivencia pacifica y contribuya a la reconciliación de la nación.
Articulo 4º. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de la presente ley se circunscribe a la reglamentación del articulo 112 de la Constitución Política, mediante la cual se crea el Estatuto de la Oposición Política como un instrumento exclusivo de los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos reconocidos con personería jurídica y que se encuentran en Oposición, esto es aquellos que han declarado no estar de acuerdo con el Gobierno y no participan en él.
Artículo 5º. Distinción del Partido en Oposición política. Todo partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos con personería jurídica y de cobertura nacional, deberá identificarse como partido, movimiento político o grupo político de la coalición de gobierno, partido, movimiento o grupo político en oposición al gobierno o partido, movimiento o grupo político independiente al gobierno. Dicha declaración se hará ante el Consejo Nacional Electoral, organismo que deberá expedir la correspondiente certificación.
Para efectos de la aplicación del presente Estatuto, se reconoce como partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos en Oposición, aquel que declara estar en oposición al gobierno, a su modelo programático y además no participa en su estructura burocrática, es decir ninguno de sus miembros ocupa a nivel nacional uno de los siguientes cargos de responsabilidad política: Presidente de la República, vicepresidente, ministro o viceministro, director de departamento administrativo o director de instituto descentralizado. La declaración de Oposición deberá estar respaldada por un procedimiento deliberativo y democrático al interior del partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos y deberá ser presentada por el representante legal de dicho partido, movimiento o grupo ante el Consejo Nacional Electoral, organismo que expedirá la correspondiente certificación.
Artículo 6º. Ejercicio de Oposición Política. El derecho a la Oposición política se expresa a través del ejercicio crítico sobre:
I. La conducta pública de los altos funcionarios públicos de las ramas Ejecutiva.
II. Las decisiones del gobierno en materia de orientación de las relaciones internacionales y los temas de seguridad nacional.
III. El cumplimiento al Plan de Desarrollo Nacional tanto en su parte estratégica como en su plan plurianual de inversiones
IV. Los desacuerdos sobre políticas públicas y medidas específicas del gobierno, en función del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.
V. Las orientaciones en el modelo político-administrativo que imponga el gobierno.
De los derechos y deberes de los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos en oposición
Artículo 7º. Derechos. Tal como lo consagra la Constitución Política en su articulo 112, los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno y que no participen en él, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, el estatuto de la oposición les garantizará los siguientes derechos:
I. el acceso a la información y a la documentación oficiales
II. el uso de los medios de comunicación social del Estado de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores.
III. la réplica en los medios de comunicación del Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales
IV. la participación en los organismos electorales.
V. los partidos y movimientos minoritarios tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos.
Artículo 8. Deberes. Los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica que se declaren en Oposición al gobierno no podrán:
I. Hacer parte del gobierno, a través del desempeño de cualquiera de sus afiliados en cargos de responsabilidad política.
II. Interceder por terceras personas para ocupar dichos cargos.
III. En el ejercicio de su derecho de oposición, sus voceros no podrán desconocer los principios de respeto a las diferencias, la tolerancia política y la deliberación y resolución pacífica de las controversias, de acuerdo con los cánones establecidos en la constitución y la Ley.
Articulo 9º. Inclusión política de la Oposición. Los grupos u organizaciones al margen de la ley que ejerzan oposición política clandestina y que fruto de un proceso de negociación con el gobierno lleguen a acuerdos de paz y se reincorporen al ejercicio político democrático, tendrán por derecho propio representación política en el Congreso, en los términos en que se pacte en la negociación.
De las garantías a partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos para ejercer el derecho a la Oposición
Articulo 10. Garantía para el acceso a la información y a la documentación oficial. Los miembros del Congreso y de las Corporaciones Públicas elegidos por un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos con personería jurídica, que se declare en oposición podrá a través de sus voceros, solicitar al gobierno un informe de rendición de cuentas al finalizar cada año sobre el cumplimiento del Plan de Desarrollo, el cual deberá estar debidamente sustentado y documentado.
Articulo 11º. Garantía para el uso de los medios de comunicación social del Estado. Deberá garantizarse el uso equitativo y periódico de la televisión pública por parte de los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que tienen personería jurídica y se hayan declarado en Oposición al gobierno, de acuerdo con la representación obtenida en las últimas (más recientes) elecciones a Congreso. La Comisión Nacional de Televisión atendiendo a dicho criterio, establecerá la programación correspondiente al uso del espacio televisivo, en cuanto al tiempo, periodicidad y procedimiento para cada intervención, la cual será facultativa de cada partido, movimiento o grupo político en oposición.
Articulo 12º. Garantía para la difusión de la plataforma política de la Oposición. En la sesión de instalación del Congreso para cada periodo legislativo, el vocero del partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos con personería jurídica que se haya declarado en Oposición al Gobierno y que haya obtenido la mayor votación en las últimas (mas recientes) elecciones presidenciales, presentará la plataforma política de oposición, alternativa a la plataforma política del gobierno.
Articulo 13º. Garantía para la participación en la Comisión Nacional de Televisión. La escogencia de los miembros de la Comisión Nacional de Televisión se hará conforme a lo establecido en la Constitución Política, teniendo en cuenta que en lo relativo al nombramiento de uno de los miembros de la Comisión Nacional de Televisión, este deberá ser escogido por el partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos con personería jurídica que se haya declarado en oposición al Gobierno y que haya obtenido la mayor votación en las últimas (mas recientes) elecciones presidenciales. En caso contrario, la escogencia del comisionado provendrá del partido que le siga en votación en las últimas elecciones, siempre y cuando cumpla con los requisitos descritos.
Articulo 14º. Garantía para ejercer y difundir el derecho a la réplica en los medios de comunicación del Estado. Los voceros de los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica que se hayan declarado en oposición al Gobierno, cuando sean objeto de tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales, tendrán derecho a presentar su replica a través de su intervención en un espacio de la televisión pública, en franja diurna y con una duración de máximo una hora, en la cual expondrá los argumentos que desvirtúan y aclaran la tergiversación o ataque. La Comisión Nacional de Televisión reglamentará las condiciones generales en que tales intervenciones se podrán solicitar, el procedimiento para presentar dicha solicitud y los términos específicos en que se podrá conceder para cada caso.
Articulo 15º. Garantía para la participación en los organismos electorales. Los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica que cumpliendo los requisitos necesarios se hayan declarado en Oposición, tendrán representación en el Consejo Nacional Electoral, en proporción igual a la representación que alcancen en el Congreso de la República. Dichos representantes deberán reunir las mismas calidades que exigen la Constitución y la ley, teniendo en cuenta que para su designación se hayan tomado medidas concretas que favorezcan la participación de género.
Parágrafo 1. Dentro de las postulaciones para elegir el Registrador Nacional del Estado Civil por parte del Consejo Nacional Electoral, se tendrá en cuenta un candidato que cuente con el aval del partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos con personería jurídica, que se haya declarado en Oposición y haya obtenido la mayor votación en las últimas (mas recientes) elecciones presidenciales. La postulación de dicho candidato deberá estar respaldada por un procedimiento deliberativo y democrático al interior del partido, movimiento o grupo político, teniendo en cuenta que para su designación se hayan tomado medidas concretas que favorezcan la participación de género. La postulación deberá ser presentada por el representante legal de dicho partido, ante el Consejo Nacional Electoral. El candidato postulado deberá reunir las mismas calidades que exigen la Constitución y la ley para estos casos.
Articulo 16º. Garantía para participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados. Para cada periodo legislativo o de sesiones y en igual proporción a la representación que alcancen en el Congreso de la República, la Asamblea o Concejo Municipal, los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que se declaren en Oposición al gobierno, tendrán derecho a participar en las mesas directivas de dichos cuerpos colegiados de elección directa.
Artículo 17º. Garantía para participar en la orientación del orden del día para las sesiones ordinarias del Congreso. Modificase el Artículo 80 de la Ley 5 de 1992, el cual quedará así: Artículo 80. Elaboración y continuación. Las respectivas Mesas Directivas fijarán el orden del día de las sesiones plenarias y en las Comisiones Permanentes. Los voceros de los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica que cumpliendo los requisitos necesarios se hayan declarado en oposición, según sus prioridades y de común acuerdo entre ellos, tendrán derecho a determinar el orden día de la sesión plenaria y comisiones permanentes, una vez por mes durante la legislatura. La mesa directiva deberá acogerse y respetar ese orden del día.
Parágrafo: El orden del día que por derecho propio determinan los integrantes de los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica, declarados en oposición, solo podrá ser modificado por ellos mismos.
Articulo 18º. Garantía para participar en los cuerpos colegiados. El candidato a los cargos de Presidente de la República, Gobernador o Alcalde que siga en votos a quien se declare elegido y que obtenga, al menos un diez por ciento (10%) de la votación en la respectiva elección tendrá derecho a ocupar una curul en el Senado, Asamblea Departamental o Concejo Distrital o Municipal, respectivamente durante el período para el cual se hizo la correspondiente elección, siempre y cuando su partido o movimiento político se declare en oposición. Dicha declaración se hará ante la autoridad electoral respectiva, organismo que deberá expedir la correspondiente certificación. Este derecho es personal e intransferible y su ejercicio no produce inhabilidad para ninguna elección.
Articulo 19º. Garantía de imparcialidad en los órganos de control del Estado, a nivel nacional, departamental y municipal. El Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, El Defensor del Pueblo, son los máximos representantes de los órganos de control y serán elegidos conforme lo establece la Constitución Política, teniendo en cuenta que el proceso de conformación de las respectivas ternas, esté sustentado en un concurso público de meritocracia, atendiendo a los principios de idoneidad y transparencia. Este proceso de meritocracia deberá replicarse a nivel departamental y municipal, tanto para el caso de la conformación de terna para elección del Contralor departamental y municipal, como para la designación del Procurador Departamental, el Defensor del Pueblo regional y el Personero Municipal.
Articulo 20º. Garantía de financiación para los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que se declaren en Oposición. El partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos con personería jurídica que perdió las elecciones presidenciales en la primera o segunda vuelta y se declare en oposición al gobierno, deberá contar con un régimen de financiación especial que contribuya a su sostenibilidad política. El Consejo Nacional Electoral expedirá la reglamentación correspondiente a esta materia.
Régimen disciplinario para el ejercicio de la oposición
Artículo 21º. Régimen disciplinario de los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político actuarán en ellas como bancada, en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas. Los estatutos de los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica, regularán lo atinente a su régimen disciplinario interno, de conformidad con su identificación como partido o movimiento político de la coalición de gobierno, partido o movimiento político en oposición al gobierno o partido o movimiento político independiente al gobierno y determinarán los asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del congresista, diputado, concejal o edil por el resto del período para el cual fue elegido.
Artículo 22º. Pérdida del derecho a la Oposición por violación al Estatuto. La pérdida de los derechos para el ejercicio de la oposición y para representar a cualquier partido o movimiento político que se declare en oposición, se dará en los siguientes casos:
I. Cuando el representante de un partido o movimiento político en oposición, declare estar de acuerdo con el modelo de gobierno.
II. Cuando el representante de un partido o movimiento político en oposición, ingrese a la estructura burocrática del gobierno, en cualquiera de los cargos de representación política mencionados en el artículo 5º. del presente Estatuto.
III. Cuando el representante del partido o movimiento político en oposición, a título personal y sin contar con la anuencia de su partido o movimiento político acepte formar parte del gabinete del gobierno a nivel departamental o municipal.
IV. Cuando el representante del partido o movimiento político en oposición, ejerza la oposición política de manera calumniosa o injuriosa, de acuerdo con los cánones establecidos en la ley.
Bogotá, 13 de Agosto del 2008
En mi condición de Senadora de la República y en uso del derecho que me consagra la Constitución Política de Colombia y la ley, me permito presentar a su consideración el presente Proyecto de Ley Estatutaria, por medio del cual se reglamenta el artículo 112 de la Constitución Política de Colombia y se crea el “Estatuto de la Oposición Política”
La iniciativa de presentar un proyecto de Estatuto de Oposición en mi condición actual de representante de un partido de la coalición de gobierno obedece al profundo convencimiento de que la Oposición es un derecho y no solo una posición política. Esto significa que en un régimen democrático, el establecimiento de reglas claras para que todos los actores puedan ejercer su poder político, en igualdad de condiciones y con plena libertad es condición esencial para garantizar que dicha democracia pueda asimilar los complejos cambios del ejercicio político coyuntural y se transforme de manera vital como respuesta ante las nuevas realidades. Para ello, es necesario crear un escenario de contrapesos en el ejercicio del poder político, para que quienes hoy están en oposición, mañana puedan ejercer el gobierno con las mismas garantías y control que los que hoy hacen parte de la coalición de gobierno y mañana posiblemente ejerzan la oposición.
En este mismo sentido, el proyecto “Estatuto de la Oposición” busca generar escenarios y procesos de respeto y regulación política, que posibiliten la expresión y el reconocimiento de las contradicciones y diferencias políticas, bajo formas pacíficas de inclusión democrática orientadas hacia la construcción de consensos que contribuyan a la reconciliación y la paz de la nación.
Así mismo, el presente proyecto de ley estatutaria se propone dotar al país de una herramienta legal moderna y amplia que brinde todas las garantías posibles a los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica para que durante cualquier periodo de gobierno, puedan asumir posiciones democráticamente antagónicas respecto al gobierno de turno.
En este orden de ideas, se trata básicamente de garantizar a las organizaciones políticas consolidadas y los grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica, con representación en el Congreso, Asambleas y Concejos las condiciones para que tanto al interior de dichas corporaciones como en su relación con el ejecutivo, puedan ejercer amplia y libremente su derecho al disenso y a la oposición, sin más límites que los que impone la organización del Estado colombiano a través de la separación de poderes, el interés por el equilibrio de los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder y la observancia de la ética política.
Esto nos lleva a plantear que en una democracia, por definición, se reconoce la existencia de las diferencias ideológicas que derivan en el pluralismo político, pues sin este último la democracia no sólo sería inútil sino inviable. De esta manera, un Estado democrático debe reconocer en su misma esencia, la oposición de fuerzas políticas en tensión y debe proponer las reglas de juego democráticas para que sean tramitadas las diferencias, no para que dichas diferencias desaparezcan, lo cual es imposible, sino para que puedan generarse los escenarios deliberativos donde prime el derecho a expresar el disentimiento pero también la posibilidad de construir consensos, con arreglo a los principios de libertad e igualdad.
Es por ello, que a la base de una sociedad que ha abrazado el ideal democrático el “disentimiento” como expresión de la identidad propia, de no pensar o sentir como el Otro, de sentir y pensar diferente al Otro, se convierte en expresión constitutiva de la democracia, pues sin dicha acción la democracia perdería su naturaleza convirtiéndose en un totalitarismo.
El disentimiento puede expresarse en dos sentidos: en pensar distinto al otro frente a una posición determinada o en estar en desacuerdo con el otro, frente a dicha posición. En el primer caso, no necesariamente implica una ruptura con el otro, pues puede tratarse de una posición que no es contraria e incluso puede ser complementaria. En el segundo caso, puede tratarse de un desacuerdo específico cuya temporalidad está limitada o bien, el desacuerdo se hace general o permanente, entonces se entra en el territorio de la Oposición. En cualquier caso, el derecho a disentir es necesario para la democracia, pues “el derecho a disentir, el debate de ideas y el aporte de opiniones diferentes a lo que se considera “lo establecido”, son imprescindibles para la construcción de la democracia, la ciudadanía y una cultura de paz”[1].
En conclusión, el disentimiento puede entenderse como acción y como derecho a reivindicar el pensamiento propio y reivindicar la autonomía. El ejericicio de este derecho debe expresarse como un acto de respeto, con arreglo a criterios de racionalidad y debe constituir un elevado propósito de la sociedad libre. De esta manera cobra un profundo significado y vigencia la contundente frase de Voltaire “No comparto tu opinión pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla”
En este marco ideo-político y dando respuesta a un mandato constitucional plasmado en el artículo 112 , se inspiró el presente proyecto de ley estatutaria, buscando incorporar en nuestra legislación espacios democráticos para quienes no comparten la visión política o administrativa del gobierno de turno, en cualquiera de los niveles nacional, departamental y municipal. Igualmente se busca que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica, que se hayan declarado en Oposición puedan tener visibilidad y protección en su ejercicio, esto como una contribución a la necesidad de fortalecer un sistema de pesos y contrapesos políticos e institucionales en un sistema que como el nuestro contempla la reelección inmediata del Presidente de la República.
Estamos absolutamente convencidos que una democracia dinámica, consistente y respetada, requiere de unas organizaciones políticas sólidas y serias que produzcan y defiendan su contenido ideológico y programático y que tengan un autentico compromiso social, vocación de poder y aspiraciones de gobierno. Y así, mientras algunos partidos, gracias al respaldo popular, se ocupan de la dirección política y administrativa, es necesario que quienes, sin contar con el favor de las mayorías, pero asumiendo con responsabilidad la representación política de un sector de la ciudadanía opuesta a la imperante, ejerzan un papel activo en defensa de sus propuestas y como actores activos en las tares de control político que deben asumir los Congresistas, Diputados y Concejales.
La recientemente aprobada reelección presidencial ha brindado al país la invaluable posibilidad de premiar a los gobiernos que han sabido dar respuesta las principales necesidades de la gente. Pero esta figura demanda ciertos ajustes institucionales que deben llevarse a cabo para conservar garantías y un elemental equilibrio político entre quienes representan y comparten el gobierno y quiénes no.
Durante los últimos años Colombia ha dado importantes y significativos pasos para fortalecer y modernizar su democracia y su régimen de partidos. La propuesta aquí consignada es un avance más para consolidar el Estado Social Derecho y la búsqueda de la paz para todos los colombianos.
La oposición es un ingrediente elemental de la democracia, pone de presente el pluralismo, la tolerancia y la libertad de expresión. Evidencia la contradicción natural en la política y enfrenta modelos de sociedad distintos ante los ciudadanos. La oposición política gira en torno de las decisiones gubernamentales y su ejercicio se basa en convicciones que la diferencian del partido en el poder. Su propósito es presentar a la sociedad críticas y propuestas con el fin de convertirse en alternativa de gobierno; de esa manera, es un medio necesario para canalizar pacíficamente los conflictos. “Se entiende que ella actúa en un marco de respeto y de aceptación de reglas consensuales del juego político”[2] , que excluye de plano la lucha armada.
Es una conducta que asume una organización política en cabeza de sus representantes en el Congreso o en las restantes corporaciones públicas, y presupone que los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica que la realizan, poseen programas de gobiernos disímiles y muchas veces contrapuestos. Consiste en una “actitud de crítica a la actuación de gobierno, que ejercen los grupos, los partidos o los individuos que se hallan fuera del poder gubernamental”[3]
La oposición es “una de las varias expresiones del derecho fundamental de la participación política. Es una forma de hacer parte del ejercicio y control del poder que tienen los ciudadanos organizados en partidos y movimientos políticos. Aunque su principal foro son los parlamentos, los efectos del control político que ejercen las fuerzas de oposición suelen trascender ese escenario y motivar movilizaciones ciudadanas. Ante todo, siendo la oposición un período de transición hacia el gobierno, es comprensible que implique dichas actividades de agitación y una seria labor de seguimiento de políticas y elaboración de propuestas alternativas. En ese contexto, los partidos se organizan una vez derrotados para cumplir una labor de observación de la gestión gubernamental y poder presentar sus puntos de vista a los ciudadanos”[4].
Un esquema de gobierno-oposición supone partidos políticos que compiten permanentemente por el ejercicio del poder. Los que están en el gobierno tienen el deber de ejecutarlo con la mayor honestidad y eficiencia posible para continuar conservando la confianza de los electores, quienes no la tienen, procuran destacar sus fallas y responsabilidades y por medio de propuestas persuadir a los ciudadanos de que son mejor opción.
Esa dinámica de competencia política permanente, no sólo en el período electoral, hace de los partidos políticos verdaderos canales de comunicación entre la sociedad civil y el Estado. Los fortalece como interpretes de las expectativas de la población y facilita la articulación de intereses en programas de gobierno, por ello la oposición implica mejoramiento de la representación política que cumplen los partidos.
Sirve entonces para que los cambios políticos se efectúen de forma institucional y legítima, con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos. Sirve también para legitimar la actitud de Oposición del perdedor en las elecciones y para la continuidad de las políticas gubernamentales, cuando el ganador es el partido de gobierno.
La oposición es la mejor fórmula contra la corrupción y el mejor incentivo para que los parlamentos cumplan con rigor su función de control político. Su práctica implica publicidad de los actos de la administración pública, transparencia en la ejecución de los programas gubernamentales, compromiso ante los ciudadanos, eficacia y eficiencia en el ejecutivo, todo lo cual redunda en buen gobierno. La ausencia de oposición reduce los alcances de la competencia política, fortalece el statu quo e impide cambios en la sociedad, a la vez, que favorece la captura del Estado por parte de intereses económicos y delincuenciales que influyen en los procesos de decisión. Una efectiva fiscalización del gobierno exige a éste la mayor pulcritud en el manejo de la cosa pública al verse expuesto al escrutinio y limitada su autoridad.[5]
Un “Estado democrático de Derecho es el sistema político que menos favorece la corrupción y es el sistema político que mejor lucha contra la corrupción”, en él la oposición contribuye a “aumentar las probabilidades de que se descubran y castiguen las acciones corruptas”, a que se seleccione “a los mandatarios por su incorruptibilidad así como por su competencia técnica” y a “modificar la actitud del mandatario hacia la corrupción”[6] , tres medidas que socorren la lucha contra ese fenómeno.
La oposición no conlleva ingobernabilidad. Todo lo contrario, promueve la conformación de bloques parlamentarios a favor y en contra del gobierno. En el sistema presidencial éste debe asegurar la mayoría para contar con el respaldo a sus iniciativas y en el sistema parlamentario, el partido que aspira a ser gobierno debe garantizar la mayoría en la correspondiente cámara.
Finalmente la oposición tiene un efecto pedagógico en los ciudadanos. Les enseña a resolver pacíficamente sus diferencias, contribuye a la formación de la cultura política respecto a los problemas colectivos, al tiempo que absorbe el conflicto, expresa civilidad y actitud democrática. La conformación de mayorías y minorías en los órganos legislativos no impide la eficacia del control político por parte de la oposición, pues, ante todo, el esquema gobierno – oposición apela a la opinión pública donde la información y los medios de comunicación juegan un papel fundamental.
La necesidad de incorporar a la normatividad colombiana un Estatuto de la Oposición ha sido objeto de estudio innumerables veces durante los últimos. Tanto es así que desde la promulgación de la nueva Constitución Nacional en 1991 se han presentado, entre proyectos de ley estatutaria y de reforma constitucional 14 textos a consideración de Congreso de la República.
Las mencionadas propuestas provenían de todos los sectores del espectro político nacional. Se pueden ver entre ellas iniciativas Liberales, Conservadoras, de Izquierda y de movimientos independientes. Sin embargo ninguna de ellas prosperó, ni siquiera aquellas que eran producto de acuerdos avalados por el gobierno de turno.
Para la elaboración del presente proyecto de ley estatutaria, se revisó cuidadosamente cada una de las iniciativas anteriores y de ellas se procuró rescatar lo más significativo para nuestro Estado democrático, en el contexto actual del debate político. Cabe aclarar que muchas de las ideas consignadas en las primeras iniciativas presentadas ya fueron incorporadas a nuestra legislación o ya no responden a las necesidades políticas y sociales de la Colombia de principios del siglo XXI.
La Constitución Nacional en su artículo 112 reconoce el derecho a la oposición y esmeró por brindar a los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica, declarados en oposición, algunas garantías básicas como son:
1) Acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales.
2) Uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que empleen el espectro electromagnético, de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores.
3) Réplica en los mismos medios de comunicación.
4) Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación.
Después de la lectura juiciosa de este articulo superior y de las garantías que el enuncia, es fácil notar que aunque ellas son vitales, es necesario complementarlas con otras que respondan con mayor eficacia a la protección de los derechos y deberes de quienes como movimientos políticos se han declarado en oposición dentro de una sociedad que como la nuestra, está experimentando importantes cambios institucionales y políticos.
El texto aquí presentado se propone como una ley estatutaria que reglamenta el artículo 112 de la Constitución política, retoma los derechos a la Oposición allí consagrados, convirtiéndolos por extensión, en garantías efectivas para su ejercicio, así:
– Establece un primer capítulo de “Disposiciones Generales” en el cual se plantean un objeto, un marco conceptual y unos Principios rectores.
– Plantea un segundo capítulo donde se establece el “Ámbito de Aplicación” y la distinción del Partido en Oposición política y la delimitación del ejercicio de Oposición Política.
– Propone un tercer capítulo sobre los “Derechos y deberes de los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos en oposición” y se propone un mecanismo de Inclusión política de la oposición.
– Desarrolla un cuarto capítulo con las “Garantías a partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos para ejercer el derecho a la Oposición”.
– Finalmente, estructura un quinto capítulo donde se establece el “Régimen disciplinario para el ejercicio de la oposición” por parte de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica.
Estamos seguros que el texto que aquí se presenta recoge y actualiza las más importantes ideas que al respecto se han presentado, así como da vida y materializa los postulados planteados en nuestra Constitución respecto al derecho a la Oposición. Tenemos el convencimiento de que el presente proyecto debe ser objeto de estudio, deliberación y en todo caso, debe abrir una reflexión seria en el país sobre la profundización de nuestra democracia, con el único objetivo de fortalecerla mediante un Estatuto de la Oposición moderno que actúe como un modelo perfectible en el tiempo, para garantizar desde el presente y hacia el futuro, el respeto a las diferencias y la tolerancia política y por esta vía, encontrar un camino seguro a la paz y la reconciliación de nuestra nación.
Bogotá, Agosto 13 del 2008
[1] Garmendia, Maite. Disentir es necesario para la democracia, En Revista Prensa Libre, Mayo del 2004. Documento electrónico disponible en www.prensalibre.com.
[2] “Diccionario Electoral”. Tomo II. Pág. 939.
[3] “Diccionario de Ciencia Política”. Tomo II. Pág. 802.
[4] GUARIN, Rafael. “Colombia una democracia incompleta” PAG 143
[5] GUARIN, Rafael. “Colombia una democracia incompleta”
[6] KLITGAARD, Robert. “Controlando la Corrupción”. Editorial Sudamericana. Buenos Aires Argentina.1995. Pág. 37, 39.
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