Source: http://www.libertadidioma.com/2002/20020918.htm
Timestamp: 2018-11-19 19:47:05+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Miércoles 18 Septiembre 2002
El PNV y la prolongación de ETA
EDURNE URIARTE, ABC 18 Septiembre 2002
Schweik en Euskadi
El Correo 18 Septiembre 2002
El disparate de Ibarretxe
Editorial ABC 18 Septiembre 2002
FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS El Mundo 18 Septiembre 2002
El manicomio vasco
Jaime CAMPMANY ABC 18 Septiembre 2002
ESPIRAL DE CONFRONTACION DEL PNV TRAS LOS VOTOS DE BATASUNA
Editorial El Mundo 18 Septiembre 2002
¿Pero qué se esperaban ustedes
Luis María ANSON La Razón 18 Septiembre 2002
Lucha contra ETA y su brazo político
Cartas al Director ABC 18 Septiembre 2002
El PNV huye hacia el desastre
VICTORIA PREGO El Mundo 18 Septiembre 2002
Peor que tras la caída de Bidart
CARMEN GURRUCHAGA El Mundo 18 Septiembre 2002
Carlos María de Urquijo Libertad Digital 18 Septiembre 2002
RRecordando
Román CENDOYA La Razón 18 Septiembre 2002
TONIA ETXARRI/ El Correo 18 Septiembre 2002
Narcoeta
David Gistau La Razón 18 Septiembre 2002
Editorial El País 18 Septiembre 2002
Ibarretxe, protector de la mafia terrorista
Enrique de Diego Libertad Digital 18 Septiembre 2002
Al más puro estilo nacionalista
Ignacio Villa Libertad Digital 18 Septiembre 2002
La nueva situación jurídica
Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital 18 Septiembre 2002
Editorial El Correo 18 Septiembre 2002
El PNV acaba de dar un paso al frente
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 18 Septiembre 2002
El Gobierno vasco responde al cerco a HB con una querella criminal contra Garzón
J. J. SALDAÑA ABC 18 Septiembre 2002
Por EDURNE URIARTE, Profesora de Ciencia Política de la UPV ABC 18 Septiembre 2002
ESTAMOS asistiendo al fin de ETA. Por primera vez en su historia, hay razones de peso que permiten defender con datos, más que con deseos, la tesis del fin de ETA. Y los datos son dos. De un lado, la disolución de su brazo político que es también su fuente de socialización y captación de nuevos criminales. De otro lado, la claridad del apoyo internacional. Los que sustituyan a Olarra y a Múgica no van a tener ningún sitio donde esconderse. Y, además, les será cada día más difícil completar sus comandos y mantener el control de las calles del País Vasco. Ahora bien, este final tiene unos plazos, y esos plazos dependen fundamentalmente del PNV, y, lo que es también importante, de las actitudes políticas e intelectuales ante el PNV.
La cercanía del final de ETA está en manos del PNV y la prolongación de ETA es en estos momentos una responsabilidad del PNV. Porque a ETA sólo le queda un balón de oxígeno, el que le está ofreciendo el nacionalismo. Todas sus demás puertas se han cerrado. La nueva actitud internacional es determinante porque la eficacia de los cuerpos policiales españoles se estrellaba hasta muy recientemente contra las facilidades de movimiento que los etarras encontraban en otros países. Era imposible acabar con un grupo terrorista cuyos responsables seguían organizando crímenes al otro lado de la frontera, y con el desinterés de la policía francesa y las dificultades añadidas para su extradición a España. Esto se ha acabado definitivamente, porque la Unión Europea va camino de convertirse en una fortaleza compacta contra ETA.
Si a lo anterior le añadimos la disolución de su brazo político, Batasuna, y de ese complejo entramado político, cultural y financiero con el que ETA controla la sociedad, se financia, hace propaganda y capta nuevos asesinos, nos encontramos con una ETA desnuda y desamparada por primera vez en su historia. Una ETA sin escondite exterior y sin cobertura interior. Sólo con unos cuantos elementos sanguinarios semejantes a Olarra y Múgica que durarán lo que tarde la policía en localizarlos.
Pero la disolución del brazo político de ETA, y, por lo tanto, la disolución de ETA, tiene ante sí un obstáculo, la falta de voluntad del PNV para aplicar el Estado de Derecho en el País Vasco. Las dos últimas gravísimas muestras de esa falta de voluntad son las dos decisiones de ayer. Por un lado, una querella de prevaricación del Gobierno vasco contra el juez Garzón. Por otro lado, la decisión de la mesa del Parlamento vasco de declarar nulo el auto del juez Garzón y de negarse a disolver Batasuna en el Parlamento vasco.
Y a lo de ayer debemos unir todas las demás muestras de apoyo a Batasuna y de cuestionamiento de la legitimidad del Estado de Derecho que se están produciendo en las últimas semanas, como la negativa a disolver la manifestación de San Sebastián, o a prohibir la manifestación de Bilbao, claramente convocada por gentes de Batasuna, o la afirmación de Arzalluz de que estamos ante un «estado de excepción».
Sin esa colaboración del PNV, la disolución de Batasuna sería, hubiera sido, un asunto bastante sencillo. De hecho, todos los temores a las reacciones de los radicales se han mostrado totalmente infundados. Lo más llamativo de la aplicación de la ley a Batasuna es que la reacción de sus bases ha sido muy débil. Probablemente, porque Batasuna es un engendro engañoso artificialmente engordado con la coacción y el miedo. Cuando se le ha acabado la impunidad y se han puesto sobre la mesa las consecuencias de saltarse la ley, una buena parte de todos los que se habían apuntado a la diversión del matonismo gratuito han preferido dedicarse a otras aficiones menos costosas.
A lo anterior tenemos que añadir el alivio generalizado de una sociedad que no dice casi nada, pero que está harta de las amenazas, de los desmanes y de la violencia de lo que al fin y al cabo considera unas hordas de gentes fanáticas y antisociales. Individualmente, nadie osaba ponerles coto, y parecía que su campo de acción era infinito. Pero cuando un juez y un Estado han empezado a poner ese coto, los ciudadanos anónimos cruzan los dedos para que les libren por fin de la pesadilla. Y el castillo de naipes de la radicalidad se derrumba sin convulsiones y sin traumas.
Pero he aquí al PNV apuntalando el castillo de naipes, que es al fin y al cabo el castillo de naipes del nacionalismo, o del engaño del nacionalismo, de esa ficción de un País Vasco obsesionado por la soberanía, por las esencias de la raza, por su singularidad cultural o por la negación de España. Resulta que esa ficción es solamente la de la mitad de los vascos, y quizá ni siquiera la mitad. Porque una parte significativa, la que se apunta a los ganadores, dejará de entusiasmarse por la soberanía al día siguiente de que lleguen los constitucionalistas a Ajuria Enea. El PNV sabe que su hegemonía se sostiene en una mitad que es, además, inestable, y por eso necesita sostener ese núcleo radical que le aporta votos vitales. Y, lo que es peor, mantiene a la otra mitad atemorizada y amordazada.
Hay motivaciones electorales en el sostenimiento que el PNV está haciendo del brazo político de ETA, o, habría que decir simplemente, de uno de los brazos de ETA. Pero, si esto es ya de por sí claramente antidemocrático, hay un segundo factor que ayuda a explicar la actitud del PNV, que es la xenofobia y la exclusión. Lo expresó muy bien Ibarretxe cuando dijo que no quería que «los vascos se rompieran la cara». Con esa idea justificó su negativa a disolver una manifestación no autorizada de Batasuna. Porque los miembros de Batasuna son vascos, como los del PNV, mientras que los perseguidos por Batasuna son, al fin y al cabo, españoles. Y la persecución contra el terrorismo sería, en el fondo, una persecución de España contra los vascos.
La ley de Partidos y el auto de Garzón han obligado al PNV a clarificar definitivamente su discurso y sus intenciones. Se acabó la eterna y útil ambigüedad. Hay una política clara de defensa de Batasuna y de negativa a defender los derechos y libertades de toda la población vasca perseguida. Las cosas son así de claras. Y por eso es el momento también del fin de la ambigüedad de algunos partidos e intelectuales en el resto de España respecto al PNV. Es una obligación democrática exigir al PNV que se comporte democráticamente y denunciarlo mientras no lo haga, y es también una obligación democrática dejar de repetir la idea irresponsable de que «esperamos y deseamos que el PNV cambie». Porque el PNV ya ha mostrado suficientemente que sólo cambiará cuando le obliguen a cambiar, bien los resultados electorales, o bien la denuncia clara y conjunta de todos los demócratas de lo que está siendo una escandalosa defensa del brazo político del terror.
ANTONIO ELORZA/CATEDRÁTICO DE PENSAMIENTO POLÍTICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE El Correo 18 Septiembre 2002
Los acontecimientos políticos en Euskadi pueden presentar el aspecto de una maraña inextricable, pero en el fondo nada tienen de misteriosos. Los distintos actores del sistema político se comportan de acuerdo con unas pautas previamente trazadas, a las que difícilmente escapan, de modo que es únicamente la naturaleza de las sucesivas crisis la que crea la complejidad mayor o menor, y en consecuencia el grado de dificultad para prever los comportamientos. En el caso de la ilegalización de Batasuna, resultaba evidente que PP y PSOE iban a mantener la posición fijada en las Cortes, que Batasuna trataría de forzar al máximo las movilizaciones en defensa de los derechos democráticos a favor de esos ángeles de la ciudadanía que son los representantes del crimen político, que EA trataría de ser su escudo frente a Madrid y que Madrazo jugaría a lo de siempre, esto es, a ser la avanzadilla del PNV. Y en cuanto a éste, y por consiguiente al Gobierno Ibarretxe, por los antecedentes nadie con juicio podía esperar que fueran a misa las palabras del lehendakari al proclamar su voluntad de cumplir a pesar de todo la ley.
La norma de siempre era y es la esquizofrenia pragmática, consistente en la condena a pleno pulmón y con cara compungida de la violencia, al mismo tiempo que eso no se traduce en acción alguna eficaz contra los compatriotas del brazo político de ETA, por lo cual, al modo de esas pelotas que resbalan sobre el techo en el juego del trinquete, la actuación política acaba siempre volviéndose contra el Gobierno de Madrid. Por eso a fines de agosto me permití formular la siguiente apuesta sobre el comportamiento a observar por parte de Ibarretxe y su equipo: «Lo más probable es que nos encontremos ante una reedición en forma de triste caricatura del se obedece pero no se cumple , o, si se quiere, de la ejecución de las órdenes al modo del soldado Schweik, con el objeto de resaltar la incongruencia de lo mandado al mismo tiempo que se crean las condiciones para que Batasuna, a pesar de las sedes cerradas, cumpla lo esencial de su actividad». Y así ha ocurrido.
Las dos tácticas han resultado complementarias. En la medida de lo posible, el nacionalismo democrático ha mantenido la vida pública de Batasuna, caso del grupo parlamentario de los ahora abertzales socialistas -debe de ser por lo de la socialización del sufrimiento -, y ha obstaculizado el cumplimiento de los autos de Garzón pidiendo aclaraciones e informes, que de paso han creado una saludable confusión, pues la acumulación de actos y documentos jurídicos sobre el mismo tema permite, como ya se hace, denunciar incongruencias en cuanto no existe un ajuste milimétrico entre los textos. Así, si bien no se frena del todo el proceso, resulta factible una maniobra de intoxicación que para PNV y Gobierno vasco tiene una meta concreta: desplazar el núcleo del problema desde su punto de partida, la ilegalización de un pseudopartido político que según los dictámenes judiciales forma parte de un entramado terrorista, a la puesta en entredicho del juez promotor de la ilegalización, sobre quien se carga inmediatamente el sambenito de «instrumento de la política de Aznar». Es lo que expresan día tras día los órganos de opinión del Gobierno vasco y del PNV y lo que formulaba tras la manifestación del sábado el portavoz oficial Josu Jon Imaz: la culpa de lo ocurrido la tienen Aznar y su peón judicial, correspondiendo a Batasuna un simple papel de colaborador en el desorden.
Del tema esencial nunca se dice nada, ya que todas las protestas caen por su base si no se justifica que Batasuna es un partido independiente de ETA. Entrar en ese fondo de la cuestión es tabú para los partidos coaligados en el Gobierno. Batasuna es lo que es y no importa lo que haga: ponerlo fuera de la ley, aunque como parece sea «los ojos, los oídos y la boca de ETA», en la feliz expresión de Pedro Gorospe, constituye un asalto a la democracia digno de un régimen totalitario (Madrazo) o «un estado de excepción para Euskadi» (Arzalluz), cuando no un atentado contra la justicia perpetrado por un juez hambriento de protagonismo mediático (Azkarraga). Para estos caballeros, tolerar que la fachada de una organización terrorista sea legal supone una condición sine qua non de la democracia. Y ante cualquier demostración en contrario, ciegos y sordos.
Cuando las disposiciones del juez se convierten en insoslayables, entra en juego el método Schweik. El soldado Schweik fue un personaje creado por Jaroslav Hasek para simbolizar la resistencia checa al mando austriaco durante la Primera Guerra Mundial. Nunca desobedecía, pero bien por el cumplimiento literal de las órdenes, bien por su interpretación de supuesta buena fe, invalidaba siempre su ejecución, poniendo de paso al oficial austriaco en ridículo y al borde del ataque de nervios. Si éste le ordenaba por fin desesperado que diese media vuelta y saliera de frente, y la puerta estaba a un metro de la línea recta, se iba contra el muro. Balza ha sido en estas dos semanas un excelente aprendiz de Schweik. Si unos particulares convocan una manifestación inequívocamente pro Batasuna, ¿cómo va a privarles del sagrado derecho? Si, a pesar de todo, Garzón insiste -qué manía persecutoria la suya-, una vez comprobado que cada manifestación de este tipo se quita la máscara en cuanto sale, intenta tolerar su desarrollo para que no haya crispación (San Sebastián, día 8). Y si el latoso del juez vuelve a la carga, deja ver primero que habrá tolerancia, con el fin de que la asistencia no falle, y comunica a última hora la prohibición para que se monte un buen jaleo y pueda exhibir los incidentes como muestra de los perversos efectos de la disposición judicial (Bilbao, día 14). «¿Veis lo que nos pasa por seguir dependiendo de Madrid?», es la moraleja buscada de cara a la opinión.
De este modo, lo que inicialmente fue una protesta muy restringida, ya que los batasunos son sólo héroes cuando disfrutan del monopolio de la violencia en la calle, se convierte en una gran movilización de masas que no pasa a mayores porque la Ertzaintza, convertida en saco de los golpes, acaba pactando. En una manifestación previamente prohibida, ni los equipos de sonido para el mitin final fueron previamente desmontados por la policía. Otegi tenía plena razón para exhibir su felicidad. Gracias al Gobierno Ibarretxe, puede contar con una futura movilización permanente, y nada menos que como paladín de la libertad. Vuelve el conocido argumento de Los asesinos acusan .
Por añadidura, en este caso la falsa obediencia de Schweik va unida a una labor intensísima de descalificación de las instancias jurídicas y políticas, las cuales no sólo cometen el pecado imperdonable de ilegalizar a un sector decisivo de ETA, sino que atentan contra los derechos de esos sencillos ciudadanos que, apenas han empezado a desfilar, se esfuman ante Otegi y Permach. Todas las voces del Gobierno vasco -Imaz, Balza, Madrazo- rivalizan en pronunciar la condena más rotunda, favoreciendo de este modo decisivamente esa respuesta social pro ETA que por sí sola Batasuna no pudo suscitar. Es el viejo escenario de las películas negras del cine americano en que el representante de la ley protege al delincuente y se opone por todos los medios posibles a quien trata de poner fin a sus fechorías. No es Otegi, que está en su papel, sino Balza quien legitima que los partidarios de un grupo comprometido con el terror sigan burlando la legalidad y además presentando su estrategia del crimen político como la expresión de la democracia vasca aplastada desde Madrid. Entre esos dos fuegos, la primera que se quema es la Er-tzaintza, forzada a desempeñar papeles impresentables y a dar pretexto para que ETA la convierta en blanco preferente. En suma, consciente o inconscientemente, no estaríamos ante un caso de complicidad, sino de doble juego que desemboca en instigación, en beneficio exclusivo a corto plazo de la constelación ETA. Atrapados en su propia trampa, los nacionalistas han optado por la huida hacia adelante, cargando contra Garzón con la fórmula Pérez Royo y sobre todo rechazando el Parlamento vasco su propio dictamen jurídico por medio de lo que es una primera afirmación de soberanía vasca, como no podía ser de otro modo, renegando de la democracia y el derecho.
EL nacionalismo vasco gobernante tomó ayer dos decisiones políticas que definen su posición en el proceso penal contra Batasuna. Por un lado, el Gobierno vasco anunció la presentación de una querella por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón, al que acusa de atentar contra los derechos fundamentales de manifestación y de reunión y de usurpar competencias de la Consejería de Interior del Gobierno vasco. Por otro, la Mesa de Portavoces del Parlamento de Vitoria, con los votos del tripartito, rechazó la suspensión del grupo parlamentario batasuno, alegando que el auto de Garzón es nulo de pleno derecho y que la Mesa carece de competencias para extender su decisión al ámbito parlamentario. Al día siguiente de la detención de los dos máximos responsables de los comandos de ETA y de que el Parlamento de Navarra suspendiera al grupo parlamentario de Batasuna, el PNV ha vuelto a ser fiel con su historia dando a la izquierda proetarra y a la banda terrorista una nueva coartada contra el Estado.
La clave política de estas decisiones se halla en la apremiante necesidad que tenía el Gobierno vasco de aliviar la presión que estaba sufriendo desde el nacionalismo radical, pero también desde sus entornos más cercanos -el sindicato ELA-STV o Elkarri- e incluso de su socio de gobierno, Eusko Alkartasuna, por la actuación de la Ertzaintza en la manifestación del pasado sábado en Bilbao. Había que hacer bueno el mensaje de que la culpa de los incidentes no era del consejero Balza, sino de Aznar y, sobre todo, de Garzón. En medio queda una Ertzaintza que ya no es tan policía del pueblo como antes, y sí un poco más «cipaya», como señalaba ayer el histórico batasuno, Jon Idígoras, en un artículo de «Gara». El PNV ha resuelto el trance como suele hacer habitualmente, trasladando a los demás los problemas internos del mundo nacionalista. La querella contra Garzón y la decisión de la Mesa del Parlamento son las vías de escape que ha encontrado el PNV para intentar desenredar el nudo que ha hecho con sus declaraciones incendiarias contra los procesos judiciales de ilegalización de Batasuna. De paso, pretende calmar a la izquierda abertzale, convertida en víctima más por la intervención de la Ertzaintza el pasado sábado que por el auto de Garzón.
Aunque el recorrido procesal de la futura querella sea corto, ya queda registrado para los anales del nacionalismo que el Gobierno vasco nunca se querelló contra ningún terrorista de ETA, ni pidió amparo en los Tribunales para los derechos de manifestación y asociación de los miles de vascos intimidados por la «violencia de persecución» ni tomó la iniciativa de denunciar a los alcaldes de HB que hacían apología del terrorismo en cada fiesta local o funeral de etarra fallecido. La única querella promovida por el gobierno vasco se dirige precisamente contra el juez que ha puesto negro sobre blanco lo que la sociedad vasca sabe mejor que nadie: que Batasuna es ETA. La motivación del Gobierno vasco es, por tanto, exclusivamente política: deslegitimar la acción del Estado en la persona del juez Garzón, con los efectos que pudiera tener en el ámbito internacional, y dejar claro a la izquierda abertzale que, en el cumplimiento de las decisiones judiciales, no irá más allá de lo literalmente obligado.
LA perversión del discurso político del nacionalismo se traslada también al discurso jurídico. En un Estado de Derecho, las discrepancias con las resoluciones judiciales se resuelven con los recursos y procedimientos previstos por las leyes. Si el Gobierno de Ibarretxe y la Mesa de Portavoces del Parlamento vasco creen que los autos de Garzón invaden sus competencias administrativas, deben plantear un conflicto de jurisdicción, para que sea resuelto por el Tribunal especial previsto por la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo. Al no hacerlo así, el recurso a la querella por prevaricación es un acto publicitario, sin rigor jurídico ni por el planteamiento que lo sustenta ni por el contenido de los actos jurisdiccionales que se reprochan ilegales. Los autos de Garzón plantean importantes cuestiones de rango constitucional porque afectan a derechos y libertades fundamentales. Pero de esa afectación, inherente a toda medida cautelar penal, no puede derivarse una interpretación de la Ley intencionadamente injusta, que es el contenido de la prevaricación judicial dolosa. Quien acuse a Garzón de prevaricador tendrá que demostrar algo más que sus fobias y prejuicios contra este juez.
EL mismo rasero ha aplicado la Mesa del Parlamento vasco para no extender el auto de Garzón al grupo «Socialistas Abertzales», segunda marca del grupo parlamentario de Batasuna. Los partidos del gobierno tripartito no sólo anteponen su Reglamento a la imperatividad de una resolución judicial, cuyo cumplimiento no exige una competencia administrativa concreta, sino que juzgan y sentencian que el auto de Garzón es nulo de pleno derecho «conforme al artículo 238.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por manifiesta falta de jurisdicción», incurriendo en la misma usurpación que denuncian. Dejando a un lado el hecho de que este argumento confirma que el cauce adecuado es el conflicto entre poderes, la decisión de la Mesa deja claro que el tripartito va a aprovechar cualquier oscuridad de las resoluciones judiciales para optar por la interpretación que más convenga a los intereses de Batasuna y del nacionalismo en su conjunto. El PNV se ha retratado con una actuación que supone un auténtico disparate, sin ninguna ambigüedad.
Hace unos días, con la humildad no exenta de piedad que le caracteriza, Arzalluz comparaba a su partido con Jesucristo en la cruz. Es una forma metafórica pero nítida de ponerse por encima incluso del hijo de Dios, ya que el Supremo Hacedor es la única instancia que podríamos considerar previa a la salvación y es evidente que el hacedor supremo y casi único del PNV es él, Arzalluz.La imagen retórica completa fue que el PNV estaba crucificado entre dos ladrones, ETA y el PP.
Ayer en El País no se acordaba Savater del nombre del mal ladrón, que era Gestas. Pero si quiere ser fiel al espíritu del cantamañanas bíblico, del Jehová sabiniano, puede llamarle José María, o, para no incurrir en ucronías detestables, simplemente Aznar.
La vanagloria sacrílega del amo del PNV -que hay que suponer deliberada en un ex cura- no puede esconder, sin embargo, la doble moral, la perversa identificación de su partido con uno de los delincuentes. Porque lo mismo que Jesús se apiadó del ladrón arrepentido, que era Dimas, el PNV no sólo se ha abrazado al suyo, que es ETA, sino que hace cuanto puede -y no es poco- para desacreditar al crucificado que le resulta detestable y que no es sólo Aznar sino la España constitucional.
Pocas veces se ha visto tan claro como ayer, cuando fue el propio Gobierno vasco y no los afectados por las medidas garzonitas el que anunció su propósito de querellarse por prevaricación contra el famoso juez, para disimular entre el ruido y el humo de la noticia su aparatosa negativa a cumplir con la obligación legal de disolver el grupo parlamentario batasuno. Como la mejor defensa es un buen ataque, la forma de defender a ETA y lo que legalmente ha sido ya definitivamente considerado como una de sus ramas ejecutivas, no sólo políticas, es atacar al juez. Tan aplaudido, por cierto, por Arzalluz y compañía cuando reabrió las causas del GAL tras su fracasada aventura ministerial con Míster X. Tras la metáfora de la equidistancia, como casi siempre, se esconde esa atroz perversión moral. Equiparar al partido que más víctimas ha aportado al ara sangrienta del terrorismo separatista con sus implacables verdugos, comparar al partido de Miguel Angel Blanco con el de Artapalo es sólo un paso previo a colocarse junto al asesino y frente a la víctima.
Y por seguir con la imaginería grotesca, decirle a los etarras y a sus votantes, cuyo sufragio busca descaradamente: «Hoy estaréis conmigo en el Paraíso». Un hoy que para un nacionalista como Arzalluz, desprovisto de cualquier sentido moral, es ese mañana euskobárbaro en el que etarras y peneuvistas, abertzales todos, aplicarían la solución final contra los españolistas, todos ladrones y malos. Qué Gólgota.
Por Jaime CAMPMANY ABC 18 Septiembre 2002
De nuevo, la acción conjunta de las policías española y francesa ha dejado descompuesta la cúpula etarra, esa bestia cuyos tentáculos se regeneran cuando se mutilan como las cabezas de la hidra mitológica cuando las segaba Hércules. Al final, es Hércules quien gana, y al final, aquí también sucumbirá la hidra. Ya se vislumbra más cercano ese final, tan justo como deseado.
La detención en Francia de esa pareja de «angelitos» bombarderos formada por la dulce asesina Ainoa Múgica y el múltiple exterminador Juan Antonio Olarra empuja a la banda etarra hacia su inevitable extinción. Cada vez esas alimañas tienen mayores dificultades para encontrar una guarida. La tierna pareja iba acompañada de Saioa Galárraga, francesa, hija de un español huido y nacionalizado en Francia, conocido por el apodo de «Zaldivi», varias veces escapado de la policía y la justicia francesas. España pedirá la extradición de los dos asesinos españoles y Francia juzgará a su ciudadana.
La noticia de estas detenciones realizadas en Francia y otras más que llegan con frecuencia desde más allá o más acá de los Pirineos hacen crecer las esperanzas de acabar de una vez con «Eta». Toda la Europa comunitaria se dispone a colaborar con España en la tarea higiénica de limpiar de terroristas nuestra grande patria común, y los acuerdos sobre extradición acrecen aquellas esperanzas. Las palabras de Bush añaden optimismo. Pronto tendremos resultados concretos de la colaboración de Estados Unidos a la lucha de España contra el terrorismo.
Mientras todo esto sucede en Norteamérica, en Francia y en Europa, los nacionalistas vascos exhiben nuevos ataques de locura proetarra y nuevas muestras de desentendimiento y medrosidad en el tratamiento de la realidad vasca del terror. «Ellos saben -se ha dicho- que por medios pacíficos no se consigue la independencia. Necesitan de «Eta» y del instrumento del terror». Y en esas están. Ahora anuncian que el Gobierno vasco, o sea, Ibarreche, o Ibarretxe, va a presentar una querella criminal contra Garzón como autor de un auto, que según ellos es injusto, invade sus competencias y atenta contra el derecho de reunión.
Y por otro lado, el Parlamento vasco, o sea, Juan María Atucha, o Atutxa, se niega a disolver el grupo batasuno de la Cámara (contrariamente a lo que ya ha hecho Navarra) por considerar nulo el famoso auto de Garzón donde se ordena la disolución de ese grupo parlamentario. Y en un tercer frente, el Estado se niega a transferir al Gobierno vasco las treinta y siete competencias que exige, y las deja reducidas a sólo siete.
Los tres poderes clásicos del Estado liberal tienen formada en el País Vasco una situación de manicomio. En medio de esa demencial barahúnda, habrá ciudadanos desconcertados que no sepan quién manda, quién legisla, quién juzga. Hasta ahí llega la rabieta nacionalista.
La detención en Francia de dos de los terroristas de ETA más buscados ha supuesto un duro golpe para la organización terrorista. La captura de Olarra Guridi y Ainhoa Mujika demuestra que las cúpulas de ETA cada vez duran menos. Eso provoca que los etarras tengan, después de cada traspiés, mayores dificultades para regenerar su estructura.
El nuevo éxito policial se produce en esta ocasión en un contexto muy particular como es el del proceso político de ilegalización de Batasuna y la suspensión judicial de sus actividades.
Es evidente que la colaboración en materia de seguridad entre España y Francia es cada vez más estrecha y eficaz. Esta situación ayuda a que la infraestructura de ETA y su capacidad operativa se encuentren muy debilitadas. Nadie duda de que aún puede provocar un gran atentado pero, aunque el dolor y el terror no deben medirse por las estadísticas, éstas dicen que su actividad ha decrecido.En el año 2000, ETA cometió 70 atentados con 23 personas asesinadas.En 2001, hubo 59 atentados con 15 víctimas mortales. En lo que va de año llevamos 18 atentados con tres muertos.
Tal vez España no logre acabar nunca del todo con ETA pero no cabe duda de que la banda terrorista no tiene la menor posibilidad de conseguir sus fines. Por eso precisamente está a un minuto de declarar la guerra a su nuevo enemigo, el PNV y lo que representa.Esto llegará cuando el partido nacionalista intente ocupar, como ya está sucediendo, el espacio político de la izquierda radical.
El PNV se está moviendo en un terreno cada vez más pantanoso.Necesita, por pura supervivencia, mantenerse dentro del marco institucional pero a la vez utiliza todos los recursos a su alcance para estimular la espiral de la confrontación con Madrid. Dos pruebas cercanas de esto son la decisión de no suspender al grupo parlamentario de Batasuna en la Cámara vasca, a pesar del informe técnico legal que, como no podía ser de otra forma, recomendaba lo contrario, y la querella criminal contra el juez Garzón por prevaricación. Con la desobediencia del auto del juez intenta captar los votos del espectro de Batasuna.
Lo más probable es que el Tribunal Supremo ni siquiera admita a trámite la absurda querella del Gobierno vasco contra Garzón.Por otra parte si el Parlamento de Vitoria quería plantar cara al auto del juez el camino no era declararlo nulo -para lo que no es competente- sino plantear un conflicto de jurisdición por supuesta invasión de competencias. El PNV junto a sus socios del tripartito ha actuado de forma contraria a derecho y la Fiscalía no tendrá más remedio que intervenir.
El PNV apura al máximo, con sus últimas medidas, su discurso rupturista rezando en la trastienda para que ese apocalipsis nunca llegue a producirse.
¿Pero qué se esperaban ustedes?
Los dirigentes del PNV están literalmente acollonados. El miedo les atenaza. Han conseguido durante los últimos años salvar el pellejo mientras caían socialistas y populares. La política de Arzallus -unos sacuden el árbol y otros recogen las nueces- ha sido una bendición para ellos. Por eso el ayatolá goza de excelente salud política.
El PNV no se atreve a enfrentarse con Batasuna, es decir con Eta. A la vez no quiere echar a rodar la estabilidad constitucional. Pero el juez Garzón es un moscardón cojonero. Cerró las sedes de Batasuna y el Gobierno del PNV obedeció a regañadientes. Prohibió una manifestación de los proterroristas y el Gobierno del PNV pactó con los organizadores para que el acto tuviera la repercusión deseada. Así es que permitió que los manifestantes se concentraran y después los disolvió cuando ya las cámaras de televisión habían tomado las imágenes.
Finalmente, el juez Garzón ordenó la disolución del grupo batasuno en el Parlamento vasco. El Gobierno del PNV, que tiene terror a la respuesta etarra, una sangre sin fin que se derrama, ha reaccionado querellándose contra Garzón y mantendrá mientras pueda al grupo batasuno así como las subvenciones con que los ciudadanos pagan, bien a su pesar, a los que amparan el terrorismo y la kale borroka. ¿Pero qué se esperaban ustedes?
Anteayer fue sin duda un gran día para quienes nos levantamos cada mañana deseando el fin del terrorismo. A mediodía, la decidida actuación de los demócratas del Parlamento navarro puso fuera de él al grupo parlamentario de los terroristas de Batasuna. Los dejaron sin sus cómodos despachos y sin sus cuatro millones de pesetas mensuales que no servirían nada más que para hacer daño. A lo mejor hasta tienen que ponerse a trabajar para ganarse la vida. Por la noche nos enteramos de que habían caído en manos de la Policía los integrantes de la enésima cúpula de ETA. Las fotos de esos dos seres se asomaron a la pantalla de la televisión mientras alguien iba desgranando un rosario de atrocidades cometidas por ellos. Se despiertan malos sentimientos, pero la razón y todo lo demás que nos diferencia de ellos, hace desear que se pudran en la cárcel, porque especímenes como ellos no tienen derecho a convivir con los seres humanos.
Ayer, por el contrario, lo que vimos es a Atutxa, presidente del Parlamento vasco, diciéndonos que no sólo no han disuelto el grupo parlamentario de Batasuna, sino que van a querellarse contra el juez Garzón por prevaricación.
Sería para reírse, si no fuera tan triste ver la patética estampa de unos gobernantes elegidos democráticamente, muertos de miedo ante lo que les podría suceder si no actúan de esa forma. No soy yo quien para juzgar a nadie, pero creo que el juez Baltasar Garzón es una de las personas que más está haciendo por librarnos del terror y nunca se me olvidará que gracias a su tesón está vivo Ortega Lara. Elena María Vegué Sanz. Madrid.
Si el PNV no da marcha atrás en su decisión de desobedecer un mandato judicial, habrá entrado en un camino de muy difícil regreso que podría desembocar en algo que tiene nombre: delito de sedición. Digámoslo con minúsculas porque queda la esperanza de que el gobierno vasco recapacite sobre su decisión, estrictamente política en su origen y cuyo alcance constitucional sin duda no desconoce.
En el Código Penal lo pone: delito de sedición es «alzarse pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o impedir a cualquier autoridad, corporación o funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales». Es el artículo 544. Súmense las palabras en negrita y se tendrá una descripción perfecta de lo que aquí se apunta.
Las acciones aisladas no son sedición y por eso a lo sucedido hoy sólo le falta la condición de tumultuaria para entrar de lleno en el Código Penal, pero cuando una cosa así la hacen los representantes parlamentarios de unos partidos que forman el gobierno, están llamando tácitamente a la desobediencia civil masiva a sus militantes, a sus votantes y a los votantes de Batasuna, el cuerpo de delito al que el tripartito vasco está protegiendo por el inaudito sistema de saltarse la ley y la Constitución.
Esto puede ser una huida hacia el desastre. El PNV no se atreve a encarar las consecuencias políticas que podría tener su enfrentamiento legal con los terroristas y los radicales y quizá piensa que por esta vía del «ni contigo ni sin ti» con la que intenta malamente mantener una pretendida centralidad, puede sobrevivir al naufragio político que le viene amenazando desde que las cartas han empezado a ponerse una tras otra boca arriba sobre la mesa.
Y aquí tiene que decidir: o recula en su desobediencia a una resolución de un órgano judicial de la Audiencia Nacional, con toda la autoritas y el imperio que la Constitución le reconoce, o insiste en poner dinamita en los cimientos del Estado de Derecho, lo cual es tanto como provocar conscientemente la respuesta del Estado.
Lo peor que podría sucedernos es que, cuando el Tribunal Supremo se pronuncie definitivamente sobre la demanda de ilegalización, estuviéramos ya irremisiblemente atrapados en la niebla espesa de un proceso sin salida.
La detención el pasado lunes en las afueras de Burdeos de los dirigentes de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y su compañera Ainhoa Mujika Goñi, ha dejado maltrecha a la cúpula de la organización terrorista. Hay quien compara este golpe a la cabeza de la serpiente con el asestado por las fuerzas de seguridad francesas a los jefes de la banda en Bidart, en 1992. En aquella ocasión, el descalabro fue mayúsculo porque la policía gala apresó a los jefes de los tres aparatos al mismo tiempo: logístico -Arregi Erostarbe-, político -Alvarez Santacristina- y militar -Mujika Garmendia-. Unas semanas antes, había sido detenido el jefe de los comandos Zabaleta Elosegi, Baldo. Además, en los meses siguientes, las autoridades del país vecino dificultaron la reorganización de la cúpula dirigente deteniendo, sucesivamente, a los posibles sustitutos de los anteriores. En ese tiempo, año 1992, ETA estaba muy bien organizada y siempre tenía preparado al sustituto del sustituto. De hecho, Mikel Antza e Iñaki de Gracia procedían de la retaguardia etarra en París que había organizado Alvarez Santacristina.
Los arrestos del lunes, sin ser tan completos, han cogido a ETA mucho peor preparada, por lo que cualitativamente podría decirse que esta acción policial es igual o más importante que la de Bidart. En los últimos tres años, las fuerzas de Seguridad de España y Francia han detenido a ambos lados de la frontera a 312 miembros de la organización. La velocidad en la desarticulación de comandos y el número de etarras detenidos hacen que cada vez sea más difícil la sustitución y, sobre todo, con personas cualificadas.
Además, también inciden en este factor la posible ilegalización de Batasuna y, sobre todo, la ilegalización de la organización juvenil, vivero de futuros etarras. Asimismo, es significativo que en los últimos meses hayan bajado las acciones cometidas por la kale borroka.
Esta semana de septiembre pasará a la historia de nuestra peculiar democracia vasca por el doble desafío lanzado desde sus dos poderes más significativos: Ejecutivo y Legislativo. Cada uno con su particular despropósito. Así, mientras el Gobierno Vasco se querella contra el juez Garzón, el Parlamento se convierte en refugio seguro y subvencionado del brazo político de ETA, poniendo de nuevo en evidencia la nula voluntad del nacionalismo ¿democrático? de buscar la derrota total y definitiva de ETA.
Estoy convencido de que los vascos con sentido común, amantes de la Ley y respetuosos del estado de derecho, no podrán menos que sentir vergüenza e indignación al comprobar cómo su Gobierno y Parlamento legítimos, pierden el rumbo al compartir, una vez más, la actitud desestabilizadora de Batasuna. Resulta indignante que mientras el portavoz de este Gobierno acusa al Partido Popular de mantener una estrategia complementaria y concurrente con Batasuna en relación con su proceso de ilegalización, se apresten simultáneamente a poner en marcha toda suerte de iniciativas para impedir que el estado de derecho asfixie al entramado terrorista.
La semana pasada quisieron y no pudieron, que el Parlamento recurriera la Ley de Partidos al Tribunal Constitucional. Batasuna renegó de su compañía y no lo consiguieron. Pero, tercos en su empeño y respondiendo a la llamada de la sangre –ya lo dijo Arzallus, aunque descarriados son patriotas– ahora acusan de prevaricador al Juez que ha puesto a ETA contra las cuerdas y prestan la máxima institución del autogobierno vasco, nuestro Parlamento, a una cuadrilla de matones para que tomen aliento y sigan desafiándonos cada día.
¿Qué queda de aquel Atutxa consejero de Interior, pesadilla de terroristas? y ¿qué ha sido de aquel Lehendakari que no utilizaría los votos de HB ni para gobernar ni para hacer oposición? Queda la verdad de lo que realmente son los nacionalistas. Cuando los acontecimientos les obligan a retratarse ante los liberticidas, se quitan el disfraz, quedando al descubierto sus miserias. Es entonces cuando comprobamos que al encontrarse en una encrucijada siempre toman el camino equivocado, que además resulta el más cómodo, el de menor riesgo. Lo vimos en Estella respondiendo temerosos al espíritu de Ermua y lo vemos ahora frente al impulso del estado de derecho para acabar con la impunidad de Batasuna. La triste realidad es que el nacionalista, antes que demócrata, es nacionalista y a su ideología supedita todo lo demás, incluso la propia defensa de la democracia.
Por eso hoy les vemos tomar decisiones que avergüenzan a cualquier vasco de bien, pero que agradan a nuestros bárbaros particulares. Los euskonazis saben que en los momentos difíciles siempre van a contar, a pesar de todo, con la disculpa y el apoyo de sus hermanos de sangre. Por eso, mientras los nacionalistas ¿democráticos? no se den cuenta de que, antes que la ideología, se debe defender el derecho a discrepar –en definitiva, la democracia–, tardaremos mucho más tiempo en restablecerla plenamente en el País Vasco. Pero igualmente deben saber también que, con su concurso o con su indiferencia, otros muchos estamos dispuestos a hacer los esfuerzos que sean necesarios para que finalmente también se abra paso en nuestra tierra.
Carlos Mª de Urquijo es parlamentario vasco del PP.
¿Qué habría ocurrido si durante la tregua trampa, el presidente del Gobierno, en vez de respaldar las tesis de Jaime Mayor, hubiera caído en el engaño que Eta había preparado? ¿Cómo sería la realidad política de España si no fuera porque en 1996, el entonces ministro del Interior estableció una línea política que se resumía en la frase «no hay entorno de Eta, todo ese mundo es Eta»? ¿Hasta donde habría llegado el proceso de eliminación política y social de los no nacionalistas si un juez como Baltasar Garzón no hubiera creído en la idea de Jaime Mayor y no se hubiera puesto al frente de la instrucción? Ustedes conocen las respuestas. Hoy por fin, se prohiben las manifestaciones en las que se hace apología del terrorismo. Hoy, después de muchos esfuerzos para conseguir la colaboración internacional, la policía detiene a terroristas sanguinarios como Olarra y Múgica. Hoy hay que recordar y agradecer a quienes son el origen de esta firme política. Su eficacia está probada. Una de sus virtudes es que el Gobierno Vasco ha tenido que quitarse la careta y mostrarse como es. Es el abogado defensor de los terroristas. Jamás tomaron contra Eta una sola iniciativa parecida a la que han tomado contra Garzón. Les duele el fin de Eta. Tomamos nota.
No nos defiendan ustedes! exclamaba Otegi dirigiéndose al PNV y a EA en la última comisión parlamentaria porque, según decía, para tener esa defensa, prefería al fiscal. Pero el Gobierno de Ibarretxe, el mismo que a través del consejero Balza cumple con la legalidad mientras los consejeros de EA, a través de su partido, convocan una manifestación contra la Ley de Partidos, insiste. Podrían haberse querellado contra Garzón los propios afectados por la supresión de sus actividades, sobre todo ahora que por obra y gracia de los partidos del Gobierno vasco, Batasuna sigue existiendo, aunque con otro nombre, como grupo parlamentario. Pero los nacionalistas, y Madrazo, más hartos de las garzonadas que del terror que ETA practica contra los representantes de la mitad de la población vasca, se querellan contra el infatigable juez no sólo porque, en su opinión, se ha entrometido en el fango del Gobierno autónomo limitando el derecho de manifestación, sino por prevaricación. Es decir: le acusan de haber cometido un delito al actuar injustamente en las funciones propias de su cargo, conscientemente o por negligencia inexcusable. Tela.
Nuestros representantes han pasado de «respetar las decisiones de los jueces» a aplicarlas sin compartirlas, en primeros viernes de mes, según y cómo, y, por último, a acusar al juez de cometer delito. Puede ser que las lagunas que ha ido dejando Garzón en su procedimiento haya dejado, también, este fleco suelto y no haya previsto el contraataque del Ejecutivo de Vitoria. Pero ahí está. Con una premura incomparable con las lentas reacciones que se han tenido desde algunas instituciones a la hora de defender a las víctimas de ETA. «Desde luego no estaba en el guión», dice la oposición que ve en el Gobierno vasco «más beligerancia en defender a Batasuna que en actuar contra Batasuna». Ni Otegi se esperaba este boomerang contra el juez ya que se había hecho a la idea, incluso, de mudarse al Grupo Mixto para compartir escaños con IU.
De todos es sabido la querencia de buena parte de nuestros políticos nacionalistas al pase foral cuando las normas no son de su agrado, pero ahora han dado un paso adelante. A saber: el informe de los servicios jurídicos del Parlamento lanza, en sus 16 folios, dos ideas fundamentales. Que el juez ha invadido competencias de la Cámara pero que el Parlamento «está obligado» a cumplir las sentencias y las resoluciones firmes de los jueces y los tribunales. Al Gobierno vasco le ha gustado la primera parte, pero no ha hecho caso de la segunda. Total, qué más da. Si al juez se le acusa de prevaricador, el Tribunal Constitucional está desprestigiado y el estatuto ya no sirve ¿Tenemos un gobierno de descreídos? ¿Todo lo que tiene que ver con España, de donde viene la Constitución, el Estatuto, el Gobierno y el Parlamento vascos son intrínsecamente malos? La respuesta, en el próximo pleno del Parlamento cuando Ibarretxe cuente su plan.
Este periódico ha demostrado la vinculación de Eta con la Internacional del narcotráfico, agrupémonos todos. Es decir, con aquellas mafias de metralleta en el estuche de un contrabajo que, a diferencia de Eta, no recurren al pretexto ideológico ni a la bula de la causa para justificarse a sí mismas. Además de mediante el chantaje ¬los sicilianos de Coppola también cobraban a los tenderos impuestos, pero sin maquillarlos con el apéndice burlesco de «revolucionarios»¬, Eta se financia por tanto con la cocaína, de la que uno supone como proveedores a sus remedos selváticos: la guerrilla colombiana. Y también como los sicilianos de Coppola ¬cuya vieja guardia, por cierto, consideraba el de la droga un negocio poco honorable¬, Eta es un competidor implacable, pues ahora sabemos que los safaris de traficantes tan habituales en la banda no eran, como pretendía, una medida higiénica para salvar a la juventud vasca de la corrupción, sino ajustes de cuentas, una simple pugna por el monopolio. Tal vez por esto no sea casualidad que la metástasis española de las bandas internacionales, atrincheradas sobre todo en la Costa del Sol y ya en Madrid, no haya contaminado el País Vasco: esa zona pertenece a un socio cuyo territorio se respeta.
También nos explicamos ahora esos testimonios de detenidos según los cuales los jóvenes pistoleros entran en acción colocados de «speed» y cocaína. La droga siempre sirvió para aplacar a la juventud airada o para instigarla. El FBI la toleró en los guetos negros para instalar a los airados potenciales en una enajenación narcótica ¬nada que ver con los paraísos íntimos de Baudelaire¬ que les invalidaba para cualquier causa: de ahí que la Nación del Islam exigiese un ascetismo de monje guerrero. Pero Eta, que primero emplea la ideología mesiánica que narcotiza, enajena y esclaviza como un chute dialéctico, luego recurre a la química para que encuentre un valor artificial el joputa que va a disparar por primera vez.
El Gobierno vasco ha anunciado su decisión de querellarse contra el juez Garzón por un presunto delito de prevaricación, mientras la Mesa del Parlamento vasco ha rechazado suspender el grupo parlamentario Batasuna en aplicación de un auto del mismo juez. Esta segunda decisión es más grave que la primera, pero ambas forman parte de una misma ofensiva del nacionalismo vasco por deslegitimar la instrucción de un sumario en el que Garzón sostiene que Batasuna forma parte del entramado de ETA y está dirigido por personas con doble militancia.
La Mesa del Parlamento vasco considera 'nulo de pleno derecho' el auto de Garzón del 6 de septiembre, en el que precisaba (y, según sus críticos, modificaba) los contenidos del auto principal, de 26 de agosto. Hay motivos para cuestionar algunos aspectos de ese segundo auto, pero su nulidad habría de decidirla, en su caso, otro tribunal, no la Mesa del Parlamento vasco. El informe de los servicios jurídicos del propio Parlamento planteaba serias objeciones al auto, pero recordaba también que, de acuerdo con el art. 118 de la Constitución, la Cámara está obligada a aplicar las resoluciones judiciales y a suspender el grupo de Batasuna. Ésas son las reglas del juego. La mayoría nacionalista ha optado por romperlas deliberadamente. Y eso es muy grave, con independencia de lo mejor o peor fundado de sus objeciones.
La principal es que invade competencias de la Cámara. Es un asunto delicado. El auto principal suspendía todas las actividades orgánicas de Bastasuna, incluyendo las 'institucionales', lo cual incluye, obviamente, las parlamentarias, aunque sobre éstas establecía una distinción entre la titularidad del escaño, que es personal y no puede ser retirada, y la del grupo parlamentario. Y remitía a la Cámara -en términos confusos- la aplicación práctica de la suspensión del grupo en cuanto tal.
Cabía interpretar esa remisión de diferentes maneras, pero un segundo auto de Garzón establecía que la resolución implicaba en todo caso la prohibición de que los electos siguieran funcionando como grupo y recibiendo las subvenciones correspondientes. Las objeciones a esa decisión son defendibles, pero no puede afirmarse seriamente que contradiga al primero. Lo que hace es aclarar su sentido en dirección contraria a la deseada por quienes lo impugnan.
El Gobierno vasco justifica la querella por prevaricación porque los autos 'limitan de forma infundada, ilegítima y arbitraria' el derecho de reunión y manifestación, y extiende sus efectos a personas ajenas a Batasuna, hasta el punto de que 'incriminan a la mayoría de la sociedad vasca'. Esto último es un exceso retórico, porque nadie objetó la manifestación convocada por EA en Gernika.
También se argumenta que las resoluciones de Garzón vacían de contenido las competencias del Departamento vasco de Interior como autoridad gubernativa. Y esto ya tiene más fundamento. Quien debe aplicar las resoluciones es la Administración competente, y parece lógico que al hacerlo sea ella quien aprecie si la convocatoria en concreto encaja o no en los límites del auto de suspensión; contra su decisión podrá plantearse recurso. Pero también es lógico que el juez vigile la ejecución de su resolución. Tratándose de un derecho fundamental, en caso de duda debería prevalecer el de manifestación. Confundir el celo del juez en la aplicación estricta de su auto con prevaricación sólo puede atribuirse a una deliberada voluntad de ofender al juez que ha convertido la verosímil conjetura de que Batasuna forma parte de ETA en una hipótesis respaldada por sólidos indicios incriminatorios.
Las detenciones de Juan Antonio Olarra Guridi y de Ainhoa Mujika coinciden en el tiempo con la histriónica decisión de Ibarretxe de presentar querella por prevaricación contra el juez Garzón, el mismo que acosó al dictador Pinochet. Ambas noticias ejemplifican la perversión que representa el nacionalismo. Ibarretxe, y un cada día más ajado y patético Atutxa, salen en defensa de Olarra y de Mujika, y de sus subordinados, como ese Josu Ternera, ¡adalid! de la Comisión de Derechos Humanos de ese Parlamento vasco que, en buena medida, es hechura del asesinato y que tiene en su seno representantes de él, incluso patentes asesinos, con la aquiescencia de Ibarretxe y Atutxa que cobran a fin de mes por la condescendencia de los asesinos.
El golpe a Eta es de primera magnitud. En otras ocasiones, se han anunciado detenciones de la cúpula etarra que no se correspondían con la realidad. Se trataba de personas que habían abandonado hacía tiempo la dirección. No es el caso. Los dos detenidos son los responsables de los comandos; los que marcaban los objetivos y los que facilitaban, con frecuencia, el armamento. Las posibilidades de que estas detenciones conlleven otras en cadena es muy alta.
Es una obviedad que Ibarretxe y Atutxa ganan las elecciones por gente así, por sanguinarios que matan niñas de seis años. Es muy fácil analizarlo. Lo he hecho recientemente para la revista Época. Hay una evidencia inmediata: cuantos más habitantes en una población más voto constitucionalista, cuanto más pequeño el pueblo, más voto nacionalista. Y en esto en términos soviéticos, con sumas del 97 y el 98% de los votantes de PNV y Batasuna. Hay un dato que demuestra la profundidad de la dictadura de los asesinos: hay muchos pueblos pequeños sin ningún votante socialista; en casi todos, hay más votos a Izquierda Unida que al PSE. ¿Curioso? Lógico. A los socialistas, los matan, a los de IU, no. Matando a los populares y a los socialistas, cualquiera gana unas elecciones. Lo meritorio es que aun así mucha gente tiene el valor de votar a esos partidos. No te matan si votas al PNV. Un somero análisis coste-beneficio muestra las evidentes ventajas que el terrorismo ofrece a quienes votan nacionalismo.
Para Ibarretxe, el enemigo no es Olarra ni Mujika, sino Garzón. Con eso está dicho todo.
Desconcierto, bandazos, silencio y al final como siempre: reacción convulsiva. El nacionalismo vasco ha terminado reaccionado al más puro estílo de la casa. Ante el desconcierto, primero actúan dando bandazos. Un día dicen una cosa, al día siguiente matizan, para luego terminar haciendo lo contrario a lo anunciado. Dicen que hacen, pero nunca terminan de ejecutar. Después se introducen en el territorio del silencio desconcertante, para terminar saliendo del escondite por el lugar más previsible: romper la baraja establecida.
Con la decisión del Gobierno vasco y del Parlamento de Vitoria, el nacionalismo vuelve a actuar de la única manera que saben y conocen. En la duda, siempre ponen en la picota al estado de Derecho. Siempre terminan estando más cerca de los cómplices del terrorismo que de las víctimas. Siempre buscan apartarse de la legalidad vigente. El nacionalismo, con un concepto totalitario, sólo acepta su punto de vista, su visión de las cosas como única realidad. En definitiva, su única referencia es la "legalidad" que ellos mismos han conformado.
El PNV ha mostrado su desconcierto desde el inicio del proceso de ilegalización de Batasuna el pasado mes de agosto. Ante la doble reacción desde el poder legislativo y ejecutivo, el nacionalismo vasco adopta la "huida hacia adelante". Su única dirección, su única estrategia consiste en arremeter contra todo lo que signifique orden constitucional y convivencia pacífica. El PNV predica sobre el diálogo y luego sólo entiende de imposición. Habla de pacificación y termina explotando todos los recursos de la crispación. Dice buscar el consenso y su único objetivo es dinamitar todos los puentes y enlaces con la legislación vigente.
Pero, en todo caso, lo más grave de lo ocurrido es que al final, como tantas otras veces, el nacionalismo vasco vuelve a echar una mano al brazo político de ETA. De nuevo se sitúa más cerca de los cómplices que del interés general de los ciudadanos. Otra vez apuesta por los objetivos del entorno etarra antes que por la búsqueda de la estabilidad institucional. El nacionalismo vasco vuelve a enseñarnos que entiende la política como su territorio exclusivo, donde hacen y deshacen a su antojo. Quizá por todo ello, esta última reacción convulsiva es un claro síntoma de que comienzan a percibir el principio del fin, del negocio político que tienen montado.
Con la querella por prevaricación que ha presentado el Gobierno Vasco y el acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco para que Batasuna siga teniendo grupo parlamentario propio en el Parlamento Vasco, la situación de enfrentamiento entre el Juzgado nº. 5 de la Audiencia Nacional –por tanto, el Poder Judicial– y el Gobierno y Parlamento Vasco, ya es todo un hecho.
Ahora habrá de ser el Tribunal Supremo el que decida sobre la admisión de la querella contra Garzón, mientras que este magistrado puede incluso entender que la prevaricación se ha producido no con su auto, sino con el incumplimiento que la Cámara Vasca hace de dicha resolución judicial, con lo que se abriría otro frente jurídico. Y esa situación puede desembocar en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Si esto ocurre, el embrollo jurídico puede ser aún mayor y las consecuencias de la ilegalización provisional de Batasuna –vía artículo 129 del Código Penal– serán imprevisibles.
Desde luego que voces autorizadas han discutido el auto de Garzón en dos puntos fundamentales: sobre la ilegalización provisional de Batasuna entienden que si se aplica tendría que haberse producido inmediatamente la imputación de sus dirigentes por colaboración con banda armada. El otro aspecto es la imposibilidad de que puedan celebrarse manifestaciones de apoyo a Batasuna si éstas son convocadas, aunque sea parcialmente, por personas cercanas al entramado ETA-Batasuna. Respecto al primer punto, la ilegalización de Batasuna, es posible que el juez Garzón no haya calibrado bien los límites de la aplicación del artículo 129 del Código Penal, pero de lo que no hay duda es de que una resolución judicial –parezca más o menos correcta– es de obligado cumplimiento. Desde esta perspectiva, mal se entiende el acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco por el que, dando por nulo el acuerdo de Garzón, no lo aplica. Basarse en el peregrino argumento de que la Mesa del Gobierno Vasco es soberana en sus decisiones es contrario al obligado acatamiento de las resoluciones que la Constitución recoge en su artículo 118. Así, posiblemente haya sido la Mesa del Parlamento Vasco la que haya prevaricado al tomar una decisión que se excede en sus funciones y que rompe el equilibrio constitucional.
En cuanto a la prohibición de celebrar manifestaciones de apoyo a Batasuna, puede decirse lo mismo. Pero en este caso, el Gobierno Vasco no actuó el pasado fin de semana de una manera tan clara como la Mesa del Parlamento Vasco. Recurrió al criterio del orden público y de evitar males mayores –el tan traído enfrentamiento civil– para, en la práctica, permitir una manifestación que estaba prohibida.
Pero la calculada prudencia de este último fin de semana ha dado paso a una actitud más aguerrida por parte del nacionalismo vasco en su apoyo a Batasuna, una situación que le va a llevar inexorablemente a un enfrentamiento con el Poder Judicial, porque aún cuando las resoluciones de Garzón puedan verse modificadas vía recurso, ello no tiene que implicar el incumplimiento del auto de 6 de septiembre. Debe cumplirse mientras que la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no decida, vía recurso de apelación.
La decisión del Gobierno vasco de interponer una querella criminal por prevaricación contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y la resolución adoptada por la Mesa del Parlamento vasco considerando «nulo de pleno derecho» el auto que extendía la suspensión de las actividades de Batasuna al funcionamiento de su grupo parlamentario constituyen un despropósito en tanto que, para dar cauce a las discrepancias que la actuación de un órgano del poder judicial ha suscitado en el Ejecutivo y en el Legislativo de Euskadi, tanto el Gobierno Ibarretxe como la Mesa presidida por Atutxa han optado por deslizarse por la vía menos procedente, más drástica y arriesgada de cuantas podían haber utilizado ambas instituciones. Aun siendo formalmente compatible, resulta incomprensible que un Gobierno que ha asumido a lo largo de tres semanas su función constitucional aplicando lo dictado en los autos del Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional opte por acusar de prevaricación a su titular. Máxime cuando hasta ayer mismo ninguno de los portavoces de los partidos que lo sostienen había elevado tanto el tono de sus críticas a los citados autos.
La presentación de una querella criminal que -en los términos utilizados por la nota informativa leída por el consejero Imaz- llega a acusar al juez Garzón de «incriminar a la mayoría de la sociedad vasca» no sólo representa un acto sin precedentes en las relaciones entre los poderes del Estado, sino que, además, está abocado a obtener precisamente el efecto contrario a sus pretensiones. A no ser que tan sorprendente decisión política se base en la disposición del Gobierno Ibarretxe a protagonizar una dinámica de enfrentamiento abierto con los otros poderes del Estado constitucional que incluya su deslegitimación. Por su parte, lo que podría considerarse «nulo de pleno derecho» es precisamente la decisión adoptada por la Mesa del Parlamento vasco, órgano que en ningún caso puede resolver sobre la «manifiesta falta de jurisdicción o de competencia objetiva» de una determinada actuación judicial si no es a efectos de la interposición de un recurso.
Si quienes en el seno de ambas instituciones han promovido tan descabellado proceder deseaban realmente que sus críticas a la actuación del juez Garzón prosperasen delimitando tanto su ámbito jurisdiccional como el alcance de la suspensión cautelar de la actividad de Batasuna podían haber recabado la intervención del Consejo General del Poder Judicial. Por el contrario, la vía elegida acarreará probablemente tales consecuencias de orden político e interinstitucional que es de temer que el Gobierno vasco y la Mesa presidida por Atutxa traten de convertir los efectos de su decisión en un nuevo agravio del que pretendan hacer partícipe al conjunto de la sociedad vasca.
LA POLÍTICA vasca de los cinco últimos años se ha sostenido, entre otros, en un equívoco entre obsceno y pavoroso: el de un partido (el PNV) y un gobierno (el de Ibarretxe) que han intentado, al mismo tiempo, comportarse como un partido y un gobierno democráticos y mantener vivita y coleando la red espesa de ataduras que los mantenían vinculados al frente político de una banda criminal. Eso explica los constantes bandazos del ejecutivo de Vitoria -que un día cerraba un acuerdo sobre el cupo con el Gobierno del PP y al día siguiente daba un ultimátum a las instituciones del Estado- y el discurso paranoico de los líderes del nacionalismo no violento, tanto más antisistema cuantos más días hubieran transcurrido desde el último atentado terrorista.
La aprobación de la ley destinada a posibilitar la ilegalización de Batasuna supuso, en su día, un duro golpe contra esa forma falsaria de encabezar el Gobierno del país, que ha permitido durante años a Ibarretxe dirigir con una mano la acción policial contra la lucha callejera y firmar con la otra pactos con quienes la fomentan. El PNV hubo de optar y optó, ¡claro que optó!: optó por Batasuna. Y volvió a optar por Batasuna cuando el PSOE y el PP pusieron en marcha las previsiones de la ley que el parlamento acababa de aprobar. El PNV dijo entonces que esa ley era una vergüenza democrática, pero intentó seguir haciendo doble juego afirmando que a Batasuna había que combatirla con el Código Penal.
El PNV no contaba, claro, -hoy lo sabemos-, con que las cosas iban a marchar como han marchado. Tan no contaba con que la acción penal del juez Garzón iba a llegar donde ha llegado, que durante unos días el Gobierno de Ibarretxe pareció dar signos de haber pasado de la acera de la comunidad nacionalista a la de la comunidad de los demócratas. Dudó, es cierto, pero acabó por utilizar la policía para hacer efectivo el principio del imperio de la ley: prohibió manifestaciones, cerró sedes y disolvió concentraciones.
Pero, ¡ay!, no ha podido resistirlo. El acuerdo de ayer del parlamento de Vitoria declarando nulo un auto judicial es mucho más que un verdadero disparate jurídico y político: es la prueba irrefutable de que puestos a elegir entre estar con el Estado de Derecho y estar con la comunidad nacionalista, el nacionalismo no violento ha preferido lo segundo.
Confirma esa impresión, abrumadora para todos los demócratas, la decisión del ejecutivo de Ibarretxe de denunciar por prevaricación al juez Garzón. Como en el chiste (¡menudo chiste!) ayer el PNV estaba al borde del abismo: hoy, para pasmo general, ha dado finalmente un paso al frente.
Tras la polémica por las objeciones al cumplimiento de los autos del juez Garzón contra Batasuna, el Ejecutivo de Ibarretxe dio un paso más en su estrategia de desacato al anunciar la presentación de una querella criminal contra el magistrado por los «excesos» en que, a su juicio, ha incurrido, sobre todo, al limitar el derecho de manifestación.
VITORIA. El anuncio de la querella criminal ante la sala segunda del Tribunal Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional tiene lugar dos días después de la polémica manifestación de Bilbao contra la ilegalización de Batasuna. Según explicó Josu Jon Imaz, el Gobierno vasco considera que los autos dictados por Baltasar Garzón en el proceso de ilegalización de Batasuna «son injustos», «menoscaban» las competencias del Ejecutivo autónomo, en especial las del departamento de Interior, y restringen el derecho de reunión y manifestación.
En opinión del ejecutivo autonómico, las decisiones relativas al ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación que Garzón ha ido tomando mediante distintos autos, «que ha ido corrigiendo sucesivamente», suponen «una restricción infundada e ilegítima de las normas aplicables del ordenamiento en vigor». Éstas, además, «contradicen la interpretación que, sobre las limitaciones, impone la Convención europea de los Derechos Humanos a la que se encuentra vinculado».
Se trata, a juicio del Gobierno de Ibarretxe, de una «vulneración patente» que «se está llevando a cabo fuera de los cauces legales, y sin observancia de las garantías mínimas establecidas para proteger» este derecho fundamental.
Imaz añadió que «la situación de inseguridad jurídica» que ha generado el juez de la Audiencia Nacional «no sólo vacía de contenido» atribuciones del departamento de Interior del Gobierno vasco, sino que «supone una expansión desorbitada de los efectos del auto de suspensión de Batasuna a personas y colectivos que no están encausados». Denunció que además de crear «una evidente confusión», su actuación «incrimina a la mayoría de la sociedad vasca» que no apoya a Batasuna, pero que rechaza su ilegalización, así como «los excesos» en los que, a su juicio, ha incurrido el magistrado de la Audiencia Nacional.
El portavoz del Ejecutivo, que compareció ante los medios de comunicación junto al consejero de Interior, Javier Balza, para defender la actuación de la Ertzaintza en la manifestación del pasado sábado, declarada «ilegal» por Garzón, llegó a pedir «disculpas» a los manifestantes que acudieron de buena fe y se vieron afectados por los incidentes.
«Todos esos miles de personas deben saber que cuentan con nosotros, sin ningún tipo de problema, para manifestarse, de verdad, a favor de la libertad», dijo Imaz, que previamente había negado que hubiera habido confusión sobre la ilegalidad de la convocatoria. La intervención de la Ertzaintza hizo que Batasuna diera por rotas las relaciones con el PNV, partido al que acusó de «apalear» a miles de vascos.
El dirigente de Batasuna, Antton Morcillo, consideró que la querella criminal anunciada por el ejecutivo vasco es «consecuencia» directa del ataque que sufrió la izquierda abertzale y la calificó de «lavado de cara» con el propósito de ofrecer una imagen menos agresiva ante la sociedad vasca. Por su parte, el secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, enmarcó la querella en «la actitud que tiene el gobierno vasco de colaborar en la estrategia de ETA».

References: resolución 
 artículo 238
 artículo 544
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 129
 artículo 129
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 artículo 118
 resolución