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Timestamp: 2018-07-18 08:53:17+00:00

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ORDEN DE PROTECCIÓN | SEGURIDADPUBLICA.es
Inicio Violencia de género ORDEN DE PROTECCIÓN
ORDEN DE PROTECCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA.
EL MODELO IMPLANTADO EN PDF, IMPRIMIRLO Y CUBRIRLO MANUALMENTE CON LA VICTIMA.
EL MODELO IMPLANTADO EN WORD, PARA CUBRIRLO DIRECTAMENTE EN EL ORDENADOR.
::::::::::::::El Protocolo::::::::::::::::::
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO CONSEJO GENERAL CONSEJO GENERAl
DE LA ABOGACÍA DE PROCURADORES
GOBIERNO DE CANARIA S JUNTA DE ANDALUCÍA COMUNIDAD DE MADRID
PROTOCOLO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN
Esta coordinación interinstitucional ha fundamentado la creación de la Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Orden de Protección, prevista en la Disposición Adicional 2ª de la Ley reguladora de esta Orden. Constituida el día 22 de julio de 2003, la Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Orden de Protección está integrada por representantes del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España.
El común objetivo de quienes desde la Comisión de Seguimiento participamos en la elaboración del presente Protocolo consiste esencialmente en poner en práctica aquellos elementos que, interrelacionados entre sí, harán posible el correcto funcionamiento de los mecanismos de protección integral diseñados en la nueva regulación, sin perjuicio de los desarrollos que a cada institución o Administración competen en cada área. Esta finalidad supone un compromiso que nace en el seno del Observatorio de Violencia Doméstica con una vocación de permanencia y con el objetivo de combatir de forma integral la violencia doméstica y de género .
En su primera reunión, la Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Orden de Protección acordó la elaboración de un Protocolo que sirva de marco general a las posteriores actuaciones de las diferentes instituciones y Administraciones públicas, y que será concretado por otros instrumentos de desarrollo. Con la finalidad de sistematizar en el presente Protocolo los aspectos más relevantes que requieren de compromisos conjuntos de actuación por parte de los integrantes de la Comisión de Seguimiento, resulta útil diferenciar tres momentos en la tramitación de la Orden de Protección:
· Sencillez, es decir, de simple cumplimentación por cualquier persona
· Fácil accesibilidad, pudiendo obtenerse en un gran número de instituciones y organismos.
· Integridad, porque una sola petición abrirá la vía para la posible adopción de medidas penales, civiles y de asistencia y protección social.
El principio general que debe inspirar la actuación de los poderes públicos es el acceso fácil de la víctima tanto a las solicitudes de Orden de Protección como a la información relativa a la misma. De esta manera, se pondrá a disposición de la víctima las solicitudes de Orden de Protección y otras informaciones relevantes sobre ella. A tal efecto resultaría
· Que haya formularios de Orden de Protección en los órganos judiciales penales y civiles, en las Fiscalías, en las Oficinas de Atención a la Víctima, en las Oficinas de Atención al Ciudadano, en los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados, en dependencias policiales, así como en los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones Públicas.
· En todo caso, que dichos formularios puedan obtenerse a través de Internet, tanto en el portal del CGPJ como del resto de instituciones y organizaciones implicadas.
· En su caso, se editará el formulario de solicitud en la lengua co-oficial propia de cada Comunidad Autónoma.
En este sentido, y teniendo en cuenta que en un gran número de casos la Orden de Protección se solicitará ante la Policía Judicial, ésta realizará el correspondiente atestado para la acreditación de los hechos, determinando una anticipación de la práctica de las necesarias investigaciones en las que se basará en su caso la decisión del Juez. De esta manera, se garantizará la agilidad en la tramitación, y al mismo tiempo el Juez de Guardia contará con unos mayores elementos para fundamentar la Orden de Protección. Por otra parte, se concilia este instrumento con la tramitación de los “juicios rápidos” contemplados por la Ley 38/2002, que necesariamente deben iniciarse mediante atestado (argumento ex artículo 795 Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Toda solicitud de Orden de Protección debe estar necesariamente ligada a un concreto proceso penal, y solamente a uno de ellos. Atendiendo al estado procesal, podrá producirse alguna de las siguientes situaciones:
· Si no existe proceso penal abierto sobre los hechos en los que se fundamenta la solicitud de Orden de Protección, el Juez acordará si procede la incoación del correspondiente proceso penal por delito o por falta.
· Cuando exista un proceso penal abierto sobre los hechos en los que se fundamenta la solicitud de Orden de Protección, el Juez o Tribunal que conozca de la causa podrá resolver sobre la orden de protección de la víctima, tal y como dispone el apartado 11 del artículo 544 ter LECR, especialmente en los supuestos en los que se produzca un incremento del riesgo para la víctima.
· En todo caso podrá intervenir el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia cuando exista una razón de urgencia que justifique su actuación inmediata, sin perjuicio de la ulterior remisión de lo actuado al Juez o Tribunal competente por aplicación de las normas de reparto (artículo 40 Reglamento CGPJ 5/1995).
3.- NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE
La indudable innovación en la protección de la víctima introducida por la nueva regulación de la Orden de Protección consiste en la posibilidad de que el Juez de guardia adopte medidas provisionales de carácter civil. De conformidad con los principios inspiradores de esta Jurisdicción, estas medidas deben ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o incapaces. Una vez solicitadas, serán objeto de debate contradictorio en la audiencia prevista por el artículo 544 ter LECR, tras lo cual el Juez de Instrucción en funciones de Guardia dictará, si procede, el correspondiente auto.
Por otra parte, estas medidas son de naturaleza provisional, es decir, tienen una vigencia limitada en el tiempo, debiendo ser posteriormente ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el Juez civil. Recordemos que el segundo párrafo del apartado del artículo 544 ter LECR dispone que este tipo de medidas contenidas en la Orden de Protección tendrán una vigencia temporal de treinta días. Y añade que, si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil, las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda. Y en este término las medidas deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el Juez de Primera Instancia que resulte competente.
Como quiera que la nueva Ley permite al Juez de Instrucción en funciones de guardia la adopción de medidas cautelares de naturaleza civil, deviene relevante la coordinación entre las jurisdicciones penal y civil Una primera regla de coordinación viene contemplada en el nuevo apartado 7 del artículo 544 ter LECR al señalar que es preciso, para que el Juez de guardia adopte una medida de esta naturaleza, que la misma no haya sido previamente acordada por un órgano de la jurisdicción civil, sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil.
A los anteriores efectos de coordinación entre ambas Jurisdicciones, pueden resultar útiles los correspondientes instrumentos normativos que sean aprobados por el Consejo General del Poder Judicial y otros órganos de Gobierno de los Juzgados y Tribunales, sin olvidar la importante función del Ministerio Fiscal para facilitar la mencionada coordinación. En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2º del apartado 7 del artículo 544 ter LECR, el Juez de Primera Instancia deberá pronunciarse en el plazo de 30 días sobre la ratificación, modificación o levantamiento de las medidas de carácter civil contenidas en la Orden de Protección, al tratarse de un plazo perentorio cuyo no cumplimiento produciría la grave consecuencia de la extinción de las medidas acordadas por el Juez de Instrucción.
1. Se establecerá un Punto de Coordinación al que el Juez remitirá la Orden de Protección y desde el que se posibilitarán las ayudas que sean solicitadas por la víctima o que resulten necesarias, contempladas por el ordenamiento jurídico 2. Se establecerá asimismo un sistema de comunicación, preferentemente telemático, que permita la rápida remisión de la Orden de Protección desde el Juzgado de Guardia al Centro de Coordinación correspondiente.
3.5- REGISTRO CENTRAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE
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References: artículo 795
 artículo 544
 artículo 544
 artículo 544
 artículo 544
 artículo 158
 artículo 544