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Timestamp: 2018-02-21 15:10:00+00:00

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Registro Oficial No.133- lunes 04 de diciembre de 2017 Suplemento
Lunes, 4 de Diciembre de 2017 (R. O. SP 133, 4-diciembre-2017)
Convóquese a los ecuatorianos, ecuatorianas y extranjeros residentes en el Ecuador con derecho a sufragio, a Referéndum, para que se pronuncien sobre varias preguntas
Convóquese a ecuatorianos, ecuatorianas y extranjeros residentes el Ecuador con derecho sufragio, Consulta Popular, para que se pronuncien sobre varias preguntas
a) Reformas atinentes a la lucha contra la corrupción:
La corrupción constituye un flagelo mundial. La corrupción afecta a la sociedad entera, en lo público, facilita a grupos económicos o personas naturales ilegítimos e indebidos beneficios o prebendas a costa de la debida prestación de los servicios y la adecuada construcción de las obras públicas, lo que genera la vulneración de los derechos de los ciudadanos a una vida digna, y, por último, atenta contra la actividad misma del Estado y sus deberes para con los ciudadanos, especialmente los más pobres, al generar mayores condiciones de inequidad, y, destruye la institucionalidad democrática, por lo cual es imperiosa su erradicación.
La corrupción y los efectos de la corrupción son de tal gravedad que afectan inclusive al orden internacional, toda vez que los mecanismos e instrumentos utilizados se han internacionalizado y, a fin de combatirla, incluso la Organización de las Naciones Unidas expidió la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por el Ecuador mediante Decreto Ejecutivo Nro. 340, promulgado en el Registro Oficial Nro. 76 de 5 de agosto del 2005, tendiente a que los estados adopten mecanismos concretos para combatirla, de los cuales el Ecuador es suscriptor, organismo internacional al cual inclusive hemos solicitado el apoyo para coadyuvar en la lucha contra este flagelo en el Ecuador. En dicho instrumento, en el artículo 31, se obliga a las partes a adoptar las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso del producto de los delitos tipificados con arreglo a esa Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto así como de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de las infracciones señaladas.
La Constitución de Montecristi, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008, es clara al señalar que el Estado debe combatir la corrupción en sus diversas formas. Y establece que la República del Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, y democrático, su soberanía radica en el pueblo y se ejerce a través de los órganos de poder público y las leyes nacionales.
Entre las potestades del Estado se encuentra la potestad de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial, para lo cual se ha implementado un régimen procesal como medio para el cumplimiento del debido proceso y la realización de la justicia.
Igualmente como parte de los compromisos del Estado se encuentra la optimización de la administración pública, determinando la obligación de garantizar la ética como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico, comprometiéndose a mantener una sociedad democrática y libre de corrupción.
El Gobierno Nacional ha iniciado un proceso de lucha contra la corrupción descubierta en algunos procesos de contratación de obras de interés nacional, las investigaciones de los actos de corrupción han sido dirigidas en contra de múltiples servidores públicos, así como de persona particulares, identificadas con el sector privado de la economía nacional y transnacional.
Dentro de los procesos que han desarrollado diversos organismos, con la participación de las instituciones afectadas por entramados de corrupción, se han detectado los mecanismos utilizados para perpetrar delitos que afectan a la eficiencia de la administración pública. Los medios y ardides utilizados para lesionar al Estado y evitar su intervención, alcanzan el uso de empresas nacionales, compañías en paraísos fiscales, así como cuentas y transferencias en esas jurisdicciones y desde esas jurisdicciones.
Por tanto es necesario, que el Estado establezca normas que protejan los intereses nacionales, impidiendo a los ciudadanos que hayan sido condenados por delitos relacionados con actos de corrupción, reincorporarse o participar de funciones públicas, así como imposibilitar que celebren contratos con el Estado. Cumpliendo así uno de los objetivos de la sanción penal, como es la prevención del delito, protegiendo de esta forma los intereses públicos, pues en lo posterior se les imposibilita al condenado de ocupar cualquier puesto y funciones públicas.
Además, se deben establecer sanciones que alcancen a las organizaciones y personas jurídicas del sector privado que sean utilizadas como medios o herramientas para la ejecución de actos delictivos que atentan contra la eficiencia de la administración pública.
En este contexto, es imperativo que el poder jurisdiccional pueda imponer sanciones ejemplares aplicables a las personas jurídicas que participan en la comisión de tales delitos, como son aquellas de carácter societario, y, en particular, su extinción.
Por otro lado, el peligro y la conmoción que representan las inconductas en contra de la administración pública anticipan una grave afectación en contra del Estado y de la población, afectándose el interés general y el erario nacional. Dichos actos afectan a la sociedad de forma inadmisible, produciendo conmoción social y repudio generalizado. Por lo cual es necesario también que los bienes mal habidos y el producto de los actos de corrupción sean revertidos al Estado a fin de que sean destinados a las obras y servicios que requiere la sociedad.
b) Reformas en materia de reelección indefinida:
La reelección de gobernantes puede ser de tres tipos: reelección consecutiva, inmediata o continua con límites; reelección alterna con límites o sin límites; y reelección sin límites o indefinida. La reelección consecutiva o inmediata implica que un mandatario elegido en las urnas pueda candidatizarse nuevamente para un periodo de gobierno, estableciendo límites en los períodos en los cuales puede reelegirse. La reelección alterna permite que un mandatario elegido por voto popular pueda presentarse en las elecciones nuevamente, pero luego de transcurrido uno o más períodos, pudiendo o no establecerse límites en los periodos. Y la reelección sin límites permite que un dignatario pueda candidatizarse y ser reelecto de manera indefinida por los electores de un país, sin limitación en cuanto a número de períodos ejercidos de manera inmediata o alterna. Por tanto, no existe un único sistema electoral, y cada Estado democrático escoge su sistema de reelección, de acuerdo a su propia realidad y necesidades.
Una sociedad en la cual sean pocos los que acceden a los puestos de elección popular, o, que permita que quienes hayan sido electos puedan mantenerse en el poder a través de elecciones sucesivas sin límites, atenta contra la misma razón de ser del proceso democrático; el derecho de participación y el debido entramado democrático que debe generar conciencia ciudadana y participación, esto es, atenta contra el principio primigenio que sustenta la ciudadanía y la esencia de la democracia.
Si el elemento fundamental del Estado democrático es la participación de los ciudadanos en la adopción de las decisiones colectivas, en el que sea prevista y facilitada “La más amplia participación posible de los interesados” (Bobbio. Norberto, Crisis de la democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 1986, p. 15.), dicho fundamento lleva implícito un principio de alternabilidad directamente proporcional al desarrollo de la democracia de un país. Y el hecho de que la alternancia no se encuentre entre los elementos constitutivos del Estado, no significa que haya desaparecido del régimen democrático ecuatoriano, en virtud de que es resultado del ejercicio de los derechos constitucionales de participación.
Por lo tanto, la alternancia no es contradictoria con la participación, por el contrario, fomenta la posibilidad de que más ciudadanos, en igualdad de condiciones, pudieran acceder a un cargo de representación popular, evitando de esta manera la concentración de forma paulatina del control de las instituciones y funciones del Estado. La alternabilidad constituye, por ende, un valor del sistema democrático, que permite poner límites a los abuso del poder, facilita la fiscalización, el control y la transparencia de la gestión pública, y constituye una garantía institucional del propio Estado.
En tal sentido, en la Constitución de Montecristi, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008, sabiamente, entre las diversas instituciones que fueron aprobadas por referéndum por la gran mayoría de ciudadanos del país, se estableció que la participación a través de procesos electorales y la subsiguiente elección podía darse por una vez y eventualmente podría haber lugar a un segundo periodo de mandato y no más, optando así por la altenabilidad como mecanismo de garantía institucional y democrática.
c) Reformas atinentes a la participación social e institucionalidad:
Los numerales 2, 4 y 5 del artículo 61 de la Constitución de la República establecen, como derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos, el participar en los asuntos de interés público, a ser consultados y a fiscalizar los actos del poder público.
El artículo 95 de la Constitución establece, como principio de participación ciudadana, el actuar de forma protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.
El neoconstitucionalismo redefine al Estado, exigiendo el fomento de mayores espacios de participación, donde la ciudadanía tiene un rol activo, como parte de las obligaciones primordiales de las instancias gubernamentales según lo dictamina la Constitución en su artículo 3 numeral 8.
De esta manera los titulares de los derechos son las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, en específico los relativos a la participación hacen alusión a su papel protagónico para la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos pero sobre todo en el control popular de las instituciones del Estado y de sus representantes.
En este sentido, la Constitución determinó que son servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una de las instituciones de mayor relevancia en la Función de Transparencia y Control Social, tiene como una de sus principales tareas la designación de varias de las más altas autoridades del Estado, entre ellas, al Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, Procurador General del Estado y miembros del Consejo de la Judicatura.
En virtud de aquello, y con la finalidad de que se fortalezca la normativa y los mecanismos utilizados en los procedimientos impulsados por el Consejo, para así responder a los fuertes cuestionamientos de la ciudadanía, quien es mandate y legitimante del poder público, es necesario que se replantee la conformación del Consejo.
En razón de esta argumentación, se colige que los soberanos mediante la expresión de su voluntad en el presente referéndum, retomarían el espíritu del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, partiendo del escrutinio público no solamente de quienes fueron parte del mismo sino también de las autoridades que fueron electas y designadas por concursos que no cuentan con el aval de la sociedad.
La representación democrática planteada a través de la elección popular de estos funcionarios mejorará los elementos de control ciudadano sobre su gestión, y como mandatarios del pueblo sus actuaciones deberán responder a la voluntad de este y tendrán que rendir cuentas sobre sus actuaciones.
Será la ciudadanía quien escoja entre la adopción de este nuevo modelo o el mantenimiento del anterior, por lo que la legitimidad de la enmienda deviene de la misma legitimidad del pueblo que se ha manifestado en contra de la gestión del actual Consejo, y tiene en sus manos el resolver si la vía planteada para la mejora de este organismo es la adecuada.
Los cambios exigidos son inmediatos, sin embargo el paso de uno a otro régimen no es simple y demandará un tiempo considerable, por ello hay que tomar medidas concretas mediante la conformación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que cumpla funciones transitorias que viabilicen los cambios que han sido exigidos.
Las principales funciones de este Consejo serán el robustecimiento de la normativa y de los procedimientos vigentes para el cumplimiento de sus funciones, así como preparar el camino para el cambio de régimen que deberá instaurarse concomitantemente con las próximas elecciones para autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados.
Se plantea que los consejeros con funciones de transición sean escogidos conjuntamente por los máximos representantes del pueblo, esto es, la máxima autoridad del ejecutivo y los asambleístas; el procedimiento planteado será el envío de siete ternas por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional, para que esta última designe los siete miembros del Consejo en transición.
Esto hará que la designación sea hecha por autoridades que tienen la misión de cumplir la voluntad popular, partiendo desde ya de un método de selección más acorde a las aspiraciones del pueblo y no a concursos y arbitrariedades que tanto se han puesto en tela de duda por la opinión pública.
d) Reformas atinentes a lo social:
Los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos han sido históricamente enfáticos en la necesidad de otorgar una protección especial a las niñas, niños y adolescentes; tal es así, que dicha necesidad ha sido manifestada desde la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, llegando a ser reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los artículos 23 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan, en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.
Para poder especificar de mejor manera el alcance de esta protección, es necesario definir los sujetos a quienes está dirigida; siendo así, el artículo 1 de la de la Convención sobre los Derechos del Niño indica que “(...) se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”; en instrumentos como las Reglas de Beijing (Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores), las Reglas de Tokio (Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad) y en las Directrices de Riad (Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil), se utilizan los términos “niño” y “menor” para designar a los sujetos destinatarios de sus disposiciones.
Es importante además, tener en cuenta que conforme lo ha determinado la Opinión Consultiva OC -17/2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño:
“La mayoría de edad conlleva la posibilidad de ejercicio pleno de los derechos, también conocida como capacidad; de actuar. Esto significa que la persona puede ejercitar en forma personal y directa sus derechos subjetivos, así como asumir plenamente obligaciones jurídicas y realizar otros actos de naturaleza personal o patrimonial. No todos poseen esta capacidad: carecen de ésta, en gran medida, los niños. Los incapaces se hallan sujetos a la autoridad parental, o en su defecto, a la tutela o representación. Pero todos son sujetos de derechos, titulares de derechos inalienables e inherentes a la persona humana.
En definitiva, tomando en cuenta la normativa internacional y el criterio sustentado por la Corte en otros casos, se entiende por “niño” a toda persona que no ha cumplido 18 años de edad”
Siendo así, se entiende que el término niño abarca, evidentemente a los niños, las niñas y los adolescentes Ahora bien, continuando con la importancia de otorgar una protección especial a los menores, el Comité de Derechos Humanos en su Observación General 17 sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señaló que el numeral 1 del artículo 24 de dicho instrumento reconoce el derecho de todo niño, sin discriminación alguna, a las medidas de protección que su condición de niño requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y el Estado; esta disposición demanda que se adopten medidas especiales para la protección de los niños, además de las que los Estados deben adoptar, para garantizar a todas las personas el disfrute de los derechos previstos en el referido Pacto. De igual manera, el mencionado Comité acotó que los derechos previstos en el artículo 24 del referido instrumento internacional, no son los únicos aplicables a los niños, pues éstos “(...) gozan, en cuanto individuos, de todos los derechos civiles enunciados en él”.
Siendo así, en la esfera nacional, la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, entre los cuales se encuentran las niñas, niños y adolescentes; la Norma Suprema en su artículo 35, especifica que la misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos; y, que el Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Teniendo en cuenta que las niñas, niños y adolescentes son vulnerables por factores particulares, el artículo 44 del referido cuerpo constitucional, determina que:
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.” (Las negrillas me pertenecen)
El principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, instituye el eje regulador de la normativa de los derechos de ese grupo, el cual se funda en la dignidad misma del ser humano, en sus características propias y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos. La materialización del referido principio implica garantizar que el “(...) niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño” (Opinión Consultiva OC-17/2002).
Como se puede observar, este principio es de radical importancia para delimitar las acciones que los Estados y la sociedad en sí, deben efectuar para poder garantizar una óptima protección de las niñas, niños y adolescentes, pues es preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se encuentren aquellos. Bajo tales premisas, se determinó que la garantía de cuidado y protección especial de las niñas, niños y adolescentes, debe estar constitucionalmente establecida, convirtiéndose así en una obligación fundamental del Estado; pues, el reconocimiento y materialización del interés superior de éstos conlleva que el Estado adopte las acciones y procesos tendientes a garantizar su desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.
Tal es así, que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3 menciona: “En todos las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. En atención a ello, el artículo 45 de la Norma Suprema, garantiza a las niñas, niños y adolescentes el goce de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad; así como también, su derecho a la integridad física y psíquica, a la salud integral, al respeto de su libertad y dignidad, entre otros.
Considerando que la Constitución de la República del Ecuador, en el literal b), numeral 3, del artículo 66, reconoce y garantiza a las personas una vida libre de violencia en el ámbito público y privado y ordena la adopción de medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia; en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad, debiendo adoptarse idénticas medidas contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual; es fundamental que, en ejercicio del principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes y de la protección de la cual son sujetos, se establezcan las medidas necesarias de carácter normativo orientadas a instaurar la imprescriptibilidad de los delitos contra la identidad sexual de las niñas, niños y adolescentes.
Siendo así, se cuenta ya con un antecedente que modificó a la Constitución y a la normativa nacional para garantizar el pleno ejercicio de los compromisos internacionales establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos; razón por la cual, para implantar la imprescriptibilidad de los delitos contra la identidad sexual de las niñas, niños y adolescentes, es necesario efectuar una enmienda constitucional que se armonice y adecue con las normas infraconstitucionales, para lo cual será necesario efectuar las reformas correspondientes en los cuerpos legales pertinentes.
Este efecto ha sido definido con anterioridad por la Corte Constitucional (Dictamen oo1-DCP-CC- 2011) al señalar que: “Los plebiscitos tienen dos tipos de efectos: unos inmediatos y otros mediatos. Los primeros de carácter político, se generan desde el mismo momento de la publicación de los resultados por el organismo electoral correspondiente, y establecen cuál es la voluntad de la población consultada, siendo esta la de aprobar o rechazar una determinada cuestión; los segundos, los efectos mediatos, implican y generan un mandato de actuación dirigido al órgano con competencia normativa en el territorio donde se aplique la consulta.”.
e) Reformas en materia ambiental:
Las garantías constitucionales bajo un nuevo marco de concepción de los derechos, también pone en discusión la formulación tradicional del Estado-Nación, que en el contexto andino, no tuvo mayor éxito, contando aquellos mecanismos utilizados para homogeneizar las sociedades. en razón de la discriminación o racismo hacia los colectivos indígenas, lo que creó una serie de desigualdades institucionalizadas desde el propio Estado a partir de la exclusión sistemática del poder.
El Sumak Kawsay o buen vivir, previsto en la Constitución de Montecristi, es sin duda alguna uno de los mayores avances que el Ecuador ha dado hacia la interculturalidad, puesto que se realizan las reivindicaciones al sector indígena, el cual, desde 1990, venía luchando en cada uno de sus espacios, reconociendo así la pluralidad e inclusión de dicho colectivo.
Este nuevo modelo, implica el reconocimiento de otros derechos como el de la naturaleza, derecho de la tierra, soberanía alimentaria, protección de la biodiversidad, conocimientos ancestrales, lo que claramente es una propuesta válida ante el modelo caduco y extractivista neoliberal donde el sujeto de derechos, es decir el indiviï¿¾duo, se aprovecha de manera indiscriminada de los recursos del planeta, poniendo en riesgo a la humanidad a cambio de sus grandes ganancias particulares.
Que el artículo 441 de nuestra Constitución establece que la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se podrá realizar mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República;
Que el numeral 1 del artículo 100 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que cuando la iniciativa de enmienda o reforma constitucional provenga del Presidente de la República, el proyecto deberá ser enviado a la Corte Constitucional, para que indique cual de los procedimientos previstos en la Constitución corresponde, antes de expedir el decreto por el cual se convoca a referendo;
Que mediante oficio T.141-SGJ-I7-0330 del 2 de octubre del 2017, cuya recepción consta el mismo día, el Presidente Constitucional de la República, de conformidad con los artículos 441, 442, 443 de la Constitución de la República y artículos 99 al 106 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, remitió a la Corte Constitucional el proyecto de enmiendas constitucionales planteadas para que sean sometidas a referendo;
Que habiéndose a la presente fecha superado en demasía el término de 20 días que dispone el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para que el máximo organismo de control en materia constitucional del país, emita un dictamen sobre la constitucionalidad del proyecto de Referéndum remitido por el Presidente de la República: resulta imperante aplicar los efectos legales previstos ante esta omisión, esto es, que se entenderá que se ha emitido un dictamen favorable; Que el Dictamen ficto comprende una favorabilidad tácita sobre la constitucionalidad de la convocatoria, los considerandos y el cuestionario del proyecto presentado ante la Corte Constitucional, por lo que en estricto respeto a los derechos de participación de los ecuatorianos y el debido acatamiento a la estructura e institucionalidad del ordenamiento jurídico vigente y los procedimientos previstos para el ejercicio de la democracia, expresado en forma más plena mediante los mecanismos de participación directa, corresponde disponer la convocatoria al pueblo ecuatoriano a Consulta Popular en los términos que fueron planteados por el Presidente Constitucional de la República; y,
En uso de las atribuciones contempladas en los artículos 147 numeral 14 y 441 de la Constitución de la República, y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.
Artículo 1.- Convocar a los ecuatorianos, ecuatorianas y extranjeros residentes en el Ecuador con derecho a sufragio, a Referéndum, para que se pronuncien sobre las siguientes preguntas:
1.- ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?
“La Presidenta o Presidente de la República permanecerá cuatro años en sus funciones y podrá ser reelecto por una sola vez”,
Incorpórese una Disposición General Segunda, con el siguiente texto: “Disposición General Segunda: Las autoridades de elección popular que ya hubiesen sido reelegidas desde la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi no podrán postularse para el mismo cargo.”
3.- ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actua1es miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos, de acuerdo al Anexo 3?
5.- ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?
De la prohibición de actividades extractivas en áreas protegidas y zonas intangibles.- Se prohíben las actividades extractivas de hidrocarburos y minería no metálica dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal, salvo la excepción prevista en la Constitución, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones pertinentes de este Código.
Artículo 3.- Notificar al Ministro de Finanzas para que asigne los recursos financieros necesarios para la realización del Referéndum.
Consultas en materia económica:
Ecuador es pionero en la implementación de metodologías que han permitido que miembros de la Nacionalidad Waorani sean parte fundamental del equipo técnico que tiene como base de operaciones la Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane, ubicada en la ribera del Shiripuno. En el año 2008, el Estado ecuatoriano implementa la Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri- Taromenane (EMZITT), como parte de las acciones para precautelar la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario; además, se expide la nueva Constitución de la República, la cual en el artículo 57, determina que: “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.”
La Organización de Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en el año 2013, reconoció el esfuerzo y la capacidad del Eslado para articular a distintas instituciones incluyendo a los Ministerios de Ambiente, Salud, Interior, Defensa entre otros como piezas fundamentales en la implementación de acciones concretas que permiten proteger a los PIAVs.
El 3 de octubre de 2013, se aprobó la Resolución de Declaratoria de Interés Nacional de la Explotación Petrolera de los Bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, por parte de la Asamblea Nacional. En esta, se declara de Interés Nacional la explotación de los Bloques 31 y 43, en una extensión no mayor al uno por mil (1/1000) de la superfi cie actual del Parque Nacional Yasuní; se excluye de esta Declaratoria de Interés Nacional, la realización de las actividades extractivas en la Zona Intangible Tagaeri Taromenane, delimitada mediante Decreto Ejecutivo No. 2187, publicado en el Registro Oficial No. 1 de 16 de enero del 2007
Eso conllevó a la discusión sobre la titularidad de los derechos, que en el caso de la Constitución de 2008 parte desde el individuo, pasando por la comunidad, pueblos, nacionalidad y colectivos que gozarán de los mismos, superando la tradición neoliberal que se limitaba al individuo, puesto que para la nueva Carta Magna, las dos dimensiones de los derechos se complementan, es decir entre lo individual y lo colectivo (Ávila Santamaría, Ramiro. La Constitución del 2008 en el contexto andino. Análisis desde la doctrina y el derecho comparado.
Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008, p.44). Lo que es recogido por su artículo 11 numeral 1:
“El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.”
Mario Melo, sostiene que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza constituye el avance más intrépido de la Constitución del Ecuador, puesto que garantizar significó romper el criterio antropocéntrico, dándole así al marco legal ecuatoriano una categoría ecológica, creando un acuerdo de reciprocidad entre los seres humanos y la tierra viva (Melo, M., Derechos de la Naturaleza, globalización y cambio climático, Revista Línea Sur 2013, p. 43).
A decir del autor: “Este nuevo paradigma, el de ver a la Naturaleza no como un ‘algo’ sino como un ‘alguien’ que tiene derechos, propicia nuevos debates filosóficos que cuestionan el racionalismo de la modernidad, que es, en gran medida, el motor ideológico que empuja la enorme depredación provocada por el predominio del lucro sobre el equilibrio en la relación de lo social con lo natural.” (Melo, M., Derechos de la Naturaleza, globalización y cambio climático, Revista Línea Sur 2013, p. 43).
De esta manera se comprende que el desarrollo sostenible busca en sí, la armonización del desarrollo económico y la protección del medio ambiente, es decir, la protección a la naturaleza, que en el caso del Ecuador busca garantizar la viabilidad ambiental en el futuro (Alenza. J., La sostenibilidad como principio jurídico, Materiales sobre neoconstitucionalismo y nuevo constitucionalismo latinoamericano, Pamplona: 2012, Ed. Aranzadi, p. 410).
Para Ramiro Ávila: “la naturaleza tiene que ser un medio para cumplir los fines de los seres humanos [...] como la naturaleza no puede ser un fin en sí mismo, porque los fines son siempre dados por los seres humanos, luego la naturaleza no puede ser digna y, en consecuencia, no puede gozar del status de titular de derechos.” (Ávila, R., El derecho de la naturaleza: fundamentos, Los Derechos de la Naturaleza y la Naturaleza de sus Derechos, Quito: 2011, Ministerio de Justicia, p. 38).
El artículo 71 de la Constitución de la República determina que “La naturaleza o Pacha Mama donde se reproduce y realiza la vida, tiene derechos a que se respete integralï¿¾mente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos y, en tal sentido, en el inciso tercero de la misma disposición constitucional establece la obligación del Estado de promover “el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.”
Por su parte, el artículo 73 de la Carta Fundamental señala que corresponde al Estado aplicar “medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”, en concordancia con lo cual el artículo 74 del mismo cuerpo constitucional establece el derecho de “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.”.
Que mediante oficio T. 14l-SGJ-17-033l del 2 de octubre del 2017, cuya recepción consta el mismo día, el Presidente Constitucional de la República, de conformidad con los artículos 104 de la Constitución de la República y artículo 99 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, remitió a la Corte Constitucional el proyecto de consulta popular planteado para que el pueblo se pronuncie sobre temas que han sido considerados de altísima relevancia para el país;
Que el Dictamen ficto comprende una favorabilidad tácita sobre la constitucionalidad del proyecto presentado ante la Corte Constitucional, por lo que en estricto respeto a los derechos de participación de los ecuatorianos y el debido acatamiento a la estructura e institucionalidad del ordenamiento jurídico vigente y los procedimientos previstos para el ejercicio de la democracia, expresado en forma más plena mediante los mecanismos de participación directa, corresponde disponer la convocatoria al pueblo ecuatoriano a Consulta Popular en los términos que fueron planteados por el Presidente Constitucional de la República; y,

References: artículo 31
 artículo 61
 artículo 95
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 35
 artículo 44
 artículo 3
 artículo 45
 artículo 66
 artículo 441
 artículo 100
 artículo 105

Artículo 1

Artículo 3
 artículo 57
 Resolución 
 artículo 11
 artículo 71
 artículo 73
 artículo 74
 artículo 99