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Timestamp: 2018-02-24 06:10:29+00:00

Document:
DA IV. L 1 [127292] | Derecho Administrativo IV (UNED) | Unybook
DA IV. L 1 (2017)
DA IV. L 1
Asignatura Derecho Administrativo IV
Apuntes del curso 2017/2018, de Derecho Administrativo IV.
DESCRIPCIÓN BREVE Estos apuntes han sido confeccionados para facilitar el estudio de esta asignatura. Puede distribuirlos libremente, reeditarlos y adaptarlos a las disposiciones normativas vigentes, siempre que reconozca la autoría de la obra original. En todo caso, no está permitida su utilización comercial. Si quiere realizar un comentario o corrección, puede hacerlo en la siguiente dirección web https://www.facebook.com/ApuntesMD DERECHO ADMINISTRATIVO IV Lección 1. Los bienes de la administración. Régimen básico.
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Pero, ¿por qué no estudio por los libros? Porque en los años que llevo estudiando por la UNED, salvando algunos libros de los recomendados que son verdaderamente buenos, una gran mayoría no está a la altura de lo que se espera por el precio que se paga por ellos, entre otras cosas por la falta de una narración expositora clara, interminables divagaciones a los efectos de aumentar el número de páginas, numerosas erratas gramaticales, ortográficas e incluso en las citas jurídicas, etc. Además, en ocasiones, parece como si existiera un interés subyacente en publicar cuantas más reediciones del libro mejor, aunque solo se modifique un 1% del mismo (vicisitud esta que con una fe de erratas quedaría solventada).
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Derecho Administrativo IV LECCIÓN 1 Estos apuntes han sido confeccionados para facilitar el estudio de esta asignatura. Puede distribuirlos libremente, reeditarlos y adaptarlos a las disposiciones normativas vigentes, siempre que reconozca la autoría de la obra original. En todo caso, no está permitida su utilización comercial. Si quiere realizar un comentario o corrección, puede hacerlo en la siguiente dirección web https://www.facebook.com/ApuntesMD LECCIÓN 1 LOS BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN: RÉGIMEN BÁSICO ÍNDICE • • • • • • 1. La administración y los bienes.
2. El régimen jurídico básico de los bienes de la administración.
3. Adquisición de bienes por la administración.
4. Gestión, transmisión y cesión.
5. La autotutela básica: inventario, registro, investigación, deslinde, desahucio, recuperación de oficio.
o 5.1. Inventarios y catálogos.
o 5.2. La inscripción en el registro de la propiedad.
o 5.3. El deslinde.
o 5.4. Reintegro posesorio.
o 5.5. El desahucio administrativo.
o 5.6. Control judicial de los actos de autotutela.
6. La inembargabilidad.
1. LA ADMINISTRACIÓN Y LOS BIENES Las administraciones públicas disponen de bienes destinados a la satisfacción de los fines públicos que tienen asignados. Estos se encuentran sujetos a un régimen jurídico específico del Derecho administrativo.
Art. 132 CE: “1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación. 2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. 3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación”.
Con la creación de las CCAA surgió la legislación autonómica para regular sus respectivos patrimonios y haciendas. Esto conllevó al Estado a promulgar la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante LPAP), que contenía escasos preceptos y definiciones de aplicación general, entre ellos: • Patrimonio de los entes públicos: conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición. Se excluye el patrimonio financiero o hacendístico (el dinero, los valores, los créditos, los demás recursos financieros de su hacienda y los que constituyen su tesorería). En el patrimonio de los entes públicos se distingue entre: o Bienes demaniales o de dominio público. Aquellos de propiedad de un ente público y afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley les otorgue expresamente el carácter de demanial (art. 5.1 LPAP: “Son bienes y derechos de dominio público los 1 Derecho Administrativo IV LECCIÓN 1 Estos apuntes han sido confeccionados para facilitar el estudio de esta asignatura. Puede distribuirlos libremente, reeditarlos y adaptarlos a las disposiciones normativas vigentes, siempre que reconozca la autoría de la obra original. En todo caso, no está permitida su utilización comercial. Si quiere realizar un comentario o corrección, puede hacerlo en la siguiente dirección web https://www.facebook.com/ApuntesMD que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales”).
Demanio: conjunto de todos los bienes demaniales.
Demanialidad: cualidad de ser bien público.
Los principios que inspiran la gestión y administración de los bienes demaniales son los de: • Inalienabilidad.
• Inembargabilidad.
• Imprescriptibilidad.
• Dedicación preferente al uso común.
Bienes patrimoniales. Aquellos en los que no concurre la circunstancia de su afectación a un uso o a un servicio público o la riqueza nacional, o bien, los que siendo de titularidad de los entes públicos, no tengan el carácter de demanial (art. 7.1 LPAP: “Son bienes y derechos de dominio    o privado o patrimoniales los que, siendo de titularidad de las Administraciones públicas, no tengan el carácter de demaniales”).
También lo son, los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por estas, los contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles, los derechos de propiedad incorporal y los derechos de cualquier naturaleza derivados de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales (art. 7.2 LPAP: ”En todo caso, tendrán la consideración de patrimoniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas, así como contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles, los derechos de propiedad incorporal, y los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales”).
 Los principios que inspiran la gestión y administración de los bienes patrimoniales (art. 8 LPAP) son los de: • Eficiencia y economía en su gestión.
• Eficacia y rentabilidad en su explotación.
• Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en su adquisición, explotación, y enajenación.
• Identificación y control a través de inventarios y registros adecuados.
• Colaboración y coordinación entre las administraciones públicas.
2. EL RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LOS BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN El régimen jurídico básico consiste en las normas de Derecho administrativo que regula el patrimonio de las administraciones públicas son aplicables a este siempre que sean compatibles con su naturaleza, independientemente de que se trate de bienes demaniales o de bienes patrimoniales. Este comprende la regulación de los órganos competentes para la gestión de los bienes, el régimen de inventarios, investigación, reivindicación y deslinde, y normas sobre adquisición, gravamen y transmisión (art. 7.3 LPAP: “El régimen de adquisición, administración, defensa y enajenación de los bienes y derechos patrimoniales será el previsto en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen o complementen. Supletoriamente, se aplicarán las normas del derecho administrativo, en todas las 2 Derecho Administrativo IV LECCIÓN 1 Estos apuntes han sido confeccionados para facilitar el estudio de esta asignatura. Puede distribuirlos libremente, reeditarlos y adaptarlos a las disposiciones normativas vigentes, siempre que reconozca la autoría de la obra original. En todo caso, no está permitida su utilización comercial. Si quiere realizar un comentario o corrección, puede hacerlo en la siguiente dirección web https://www.facebook.com/ApuntesMD cuestiones relativas a la competencia para adoptar los correspondientes actos y al procedimiento que ha de seguirse para ello, y las normas del Derecho privado en lo que afecte a los restantes aspectos de su régimen jurídico”).
El régimen peculiar: • • Para los bienes patrimoniales, tiene dos vertientes: o Las limitaciones y servidumbres que impone a la Administración para el manejo de sus bienes.
o La compensación de las anteriores limitaciones y servidumbres con el reconocimiento de un poder cuasi-judicial para la protección de tales bienes.
Para los bienes demaniales, se intensifica dicha protección mediante las reglas de imprescriptibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad, la acción reivindicatoria directa y el reconocimiento a la administración titular de los bienes de una potestad sancionadora frente a los que los usurpan o dañan.
3. ADQUISICIÓN DE BIENES POR LA ADMINISTRACIÓN Art. 15 LPAP: “Las Administraciones públicas podrán adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico y, en particular, por los siguientes: • Por atribución de la ley. Comprenden: o Leyes singulares expropiativas.
o Los supuestos de configuración de obligaciones de cesión establecidas en leyes generales.
o Las calificaciones de géneros completos de propiedades o de facultades del derecho de propiedad como de dominio público.
o Ley de Mostrencos de 1835, que reconocía al Estado una facultad de apropiación de los bienes vacantes y sin dueño conocido, protegida por una acción reivindicatoria con arreglo a las leyes comunes y con la carga de la prueba de que el poseedor o detentador no es el dueño de la finca, sin que de la enumeración de los modos de adquirir del art. 609 CC pudiese desprenderse la imposibilidad de la ocupación de inmuebles por los particulares. Esta ley influyó a la vigente Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (art. 17 LPAP: “1. Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que carecieren de dueño. 2. La adquisición de estos bienes se producirá por ministerio de la ley, sin necesidad de que medie acto o declaración alguna por parte de la Administración General del Estado. No obstante, de esta atribución no se derivarán obligaciones tributarias o responsabilidades para la Administración General del Estado por razón de la propiedad de estos bienes, en tanto no se produzca la efectiva incorporación de los mismos al patrimonio de aquélla a través de los trámites prevenidos en el párrafo d) del artículo 47 de esta ley. 3. La Administración General del Estado podrá tomar posesión de los bienes así adquiridos en vía administrativa, siempre que no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño, y sin perjuicio de los derechos de tercero. 4. Si existiese un poseedor en concepto de dueño, la Administración General del Estado habrá de entablar la acción que corresponda ante los órganos del orden jurisdiccional civil”).
• A título oneroso: o Con ejercicio de la potestad expropiatoria. La adquisición se produce mediante la expropiación de bienes o derechos afectos al uso general, al servicio público o a fines y funciones de carácter público. Se rige por:  La Ley de 16/12/1954, de Expropiación Forzosa.
3 Derecho Administrativo IV LECCIÓN 1 Estos apuntes han sido confeccionados para facilitar el estudio de esta asignatura. Puede distribuirlos libremente, reeditarlos y adaptarlos a las disposiciones normativas vigentes, siempre que reconozca la autoría de la obra original. En todo caso, no está permitida su utilización comercial. Si quiere realizar un comentario o corrección, puede hacerlo en la siguiente dirección web https://www.facebook.com/ApuntesMD •  Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 8/2015.
 Otras normas especiales.
o Sin ejercicio de la potestad expropiatoria. La adquisición se produce a través de contratos (civiles o administrativos) y la traditio de la cosa (en cualquiera de las formas admitidas). Se rige por:  La LPAP y, supletoriamente, las normas correspondientes de Derecho civil o mercantil.
A título gratuito (herencia, legado o donación). Los bienes y derechos solo podrán aceptarse previo expediente en el que se acredite que el valor del gravamen impuesto no excede el valor de lo que se adquiere (art. 21.3 LPAP: “La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella sólo podrán aceptar las herencias, legados o donaciones que lleven aparejados gastos o estén sometidos a alguna condición o modo onerosos si el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere, según tasación pericial. Si el gravamen excediese el valor del bien, la disposición sólo podrá aceptarse si concurren razones de interés público debidamente justificadas”).
Herencias. Su aceptación se hará siempre a beneficio de inventario. El Estado es, además, heredero cuando el causante muere intestado y en defecto de parientes de cuarto grado.
Por prescripción, a través de los plazos de posesión que varían (diez, veinte o treinta años) en función de que la prescripción opere entre personas ausentes o presentes, la buena o mala fe y el justo título.
Por resolución judicial o administrativa, en los casos de adjudicación en pago de deudas como consecuencia de procedimientos judiciales o administrativos. Se rige por: o La Ley General Tributaria.
o El Reglamento de recaudación.
o • • • 4. GESTIÓN, TRANSMISIÓN Y CESIÓN Los bienes y derechos patrimoniales deben administrarse con eficacia para obtener de ellos el mayor provecho y rentabilidad social posible. Así, son principios de la gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales (art. 8.1 LPAP) y cuestiones relacionados con estos, los siguientes: • • • • • Principio de eficiencia y economía en su gestión.
Principio de eficacia y rentabilidad en su explotación.
Principio de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en su adquisición, explotación y enajenación.
Principio de identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.
Principio de colaboración y coordinación entre las diferentes administraciones públicas, con el fin de optimizar la utilización y el rendimiento de sus bienes.
En cuanto a su transmisión, La utilización de los bienes o derechos patrimoniales debe efectuarse en provecho de la administración titular o de sus políticas y ser explotados para sacar algún beneficio a través de cualquier negocio jurídico con arreglo al principio de libertad de pactos, por el que puede acordarse cualquier cláusula o condición siempre que no sea contraria al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración.
• Estos negocios jurídicos vienen regulados en la LPAP: 4 Derecho Administrativo IV LECCIÓN 1 Estos apuntes han sido confeccionados para facilitar el estudio de esta asignatura. Puede distribuirlos libremente, reeditarlos y adaptarlos a las disposiciones normativas vigentes, siempre que reconozca la autoría de la obra original. En todo caso, no está permitida su utilización comercial. Si quiere realizar un comentario o corrección, puede hacerlo en la siguiente dirección web https://www.facebook.com/ApuntesMD o Art. 110 LPAP: “1. Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes y derechos patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no previsto en estas normas, por la legislación de contratos de las Administraciones públicas. Sus efectos y extinción se regirán por esta ley y las normas de derecho privado. 2. En las entidades públicas empresariales y en los organismos públicos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, la preparación y adjudicación de estos negocios, así como la competencia para adoptar los correspondientes actos, se regirán, en primer término, por lo establecido en sus normas de creación o en sus estatutos, con aplicación, en todo caso, de las previsiones recogidas en el artículo 147 de esta ley. 3. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan sobre estos contratos entre las partes. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con su preparación y adjudicación y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo de acuerdo con su normativa reguladora”.
o Art. 111 LPAP: “Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre los bienes y derechos patrimoniales están sujetos al principio de libertad de pactos. La Administración pública podrá, para la consecución del interés público, concertar las cláusulas y condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico, o a los principios de buena administración. 2. En particular, los negocios jurídicos dirigidos a la adquisición, explotación, enajenación, cesión o permuta de bienes o derechos patrimoniales podrán contener la realización por las partes de prestaciones accesorias relativas a los bienes o derechos objeto de los mismos, o a otros integrados en el patrimonio de la Administración contratante, siempre que el cumplimiento de tales obligaciones se encuentre suficientemente garantizado. Estos negocios complejos se tramitarán en expediente único, y se regirán por las normas correspondientes al negocio jurídico patrimonial que constituya su objeto principal”.
• Los contratos se adjudican, por regla general, mediante concurso. No obstante, dicha regla es eludible según lo descrito en el art. 107.1 LPAP: “Los contratos para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarán por concurso salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa. Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse suficientemente en el expediente”.
• El procedimiento ordinario para la enajenación es el concurso. No obstante, en determinados supuestos se admite la contratación directa, aunque esto no garantice las mejores condiciones de eficiencia y eficacia (art. 137.1 LPAP: “La enajenación de los inmuebles podrá realizarse mediante subasta, concurso o adjudicación directa”).
La cesión gratuita de la propiedad o del uso de los bienes patrimoniales del Estado con fines de utilidad pública o social a favor de otras administraciones públicas o de asociaciones de utilidad pública. Dicha cesión se produce siempre por contratación directa (art. 145 LPAP: “1. Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado cuya afectación o explotación no se juzgue previsible podrán ser cedidos gratuitamente, para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia, a comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública. 2. Igualmente, estos bienes y derechos podrán ser cedidos a Estados extranjeros y organizaciones internacionales, cuando la cesión se efectúe en el marco de operaciones de mantenimiento de la paz, cooperación policial o ayuda humanitaria y para la realización de fines propios de estas actuaciones. 3. La cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o derecho o sólo su uso. En ambos casos, la cesión llevará aparejada para el cesionario la obligación de destinar los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente, esta transmisión podrá sujetarse a condición, término o modo, que se regirán por lo dispuesto en el Código Civil. 4. Cuando la cesión tenga por objeto la propiedad del bien o derecho sólo podrán ser cesionarios las comunidades autónomas, entidades locales o fundaciones públicas”).
5. LA AUTOTUTELA BÁSICA: INVENTARIO, REGISTRO, INVESTIGACIÓN, DESLINDE, DESAHUCIO, RECUPERACIÓN DE OFICIO 5 Derecho Administrativo IV LECCIÓN 1 Estos apuntes han sido confeccionados para facilitar el estudio de esta asignatura. Puede distribuirlos libremente, reeditarlos y adaptarlos a las disposiciones normativas vigentes, siempre que reconozca la autoría de la obra original. En todo caso, no está permitida su utilización comercial. Si quiere realizar un comentario o corrección, puede hacerlo en la siguiente dirección web https://www.facebook.com/ApuntesMD Art. 28 LPAP: “Las Administraciones públicas están obligadas a proteger y defender su patrimonio. A tal fin, protegerán adecuadamente los bienes y derechos que lo integran, procurarán su inscripción registral, y ejercerán las potestades administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para ello”.
Del anterior precepto surge la autotutela básica de la Administración sobre sus bienes, como una obligación que recae sobre la misma, comprendiendo las potestades de: • • • • • Deslinde Recuperación directa o interdicto propio.
Confección de inventarios y catálogos.
5.1. INVENTARIOS Y CATÁLOGOS Los inventarios y catálogos son relaciones de bienes que la Administración hace para su conocimiento interno.
Mediante la inscripción en inventarios o catálogos administrativos de los bienes de la Administración, se asegura el conocimiento exacto de aquellos, de su naturaleza y su situación.
• Se trata de una obligación de carácter general (art. 32.1 LPAP: “Las Administraciones públicas están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados”).
• • El Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio del Estado recoge los bienes patrimoniales del mismo.
El inventario de las corporaciones locales comprenderá, por separado según su naturaleza jurídica, los siguientes bienes: inmuebles; derechos reales; muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico; valores mobiliarios; créditos y derechos de carácter personal de la Corporación; vehículos; semovientes; muebles; bienes y derechos reversibles.
5.2. LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Las administraciones públicas deben inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos registros. Siendo, no obstante, la inscripción potestativa en el caso de arrendamientos inscribibles conforme a la legislación hipotecaria (art. 36.1 LPAP: “Las Administraciones públicas deben inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos registros. No obstante, la inscripción será potestativa para las Administraciones públicas en el caso de arrendamientos inscribibles conforme a la legislación hipotecaria”).
• Se solicitará por el órgano que haya adquirido el bien o derecho, o que haya dictado el acto o intervenido en el contrato, o por aquel al que corresponda su administración y gestión (art. 36.2 LPAP: “La inscripción deberá solicitarse por el órgano que haya adquirido el bien o derecho, o que haya dictado el acto o intervenido en el contrato que deba constar en el registro o, en su caso, por aquel al que corresponda su administración y gestión”).
6 Derecho Administrativo IV LECCIÓN 1 Estos apuntes han sido confeccionados para facilitar el estudio de esta asignatura. Puede distribuirlos libremente, reeditarlos y adaptarlos a las disposiciones normativas vigentes, siempre que reconozca la autoría de la obra original. En todo caso, no está permitida su utilización comercial. Si quiere realizar un comentario o corrección, puede hacerlo en la siguiente dirección web https://www.facebook.com/ApuntesMD • • • Los registradores de la propiedad quedarán obligados a comunicar a los órganos a los que corresponda la gestión de los bienes o derechos inscritos para que éstos actúen como proceda, en los siguientes casos: o Cuando conocieran de bienes o derechos de la administración no inscritos debidamente.
o Cuando se inscribieran excesos de cabida de fincas colindantes con otras pertenecientes a una Administración pública.
o Cuando se inmatriculen fincas colindantes con otras pertenecientes a una Administración pública.
La inscripción en el Registro de la Propiedad se practicará conforme a la legislación hipotecaria.
Para la cancelación o rectificación de las inscripciones: o Será suficiente la certificación administrativa expedida por órgano competente de las administraciones públicas cuando, previa la instrucción del correspondiente procedimiento en cuya tramitación será preceptico un informe técnico, se acredite la inexistencia actual o la imposibilidad de localización física de la finca y, asimismo, cuando se reconozca el mejor derecho de un tercero previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano asesor correspondiente de la administración actuante.
o Será suficiente la resolución estimatoria de una reclamación previa a la vía judicial civil interpuesta por el interesado para que se reconozca su titularidad sobre una finca, una vez haya sido noticiada a aquel.
5.3. LA ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN Art. 45 LPAP: “Las Administraciones públicas tienen la facultad de investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente formen parte de su patrimonio, a fin de determinar la titularidad de los mismos cuando ésta no les conste de modo cierto”.
El precepto anterior configura la acción de investigación como un derecho y deber de la administración, para determinar la titularidad de sus bienes y derechos, siempre que ésta no conste.
La investigación se fomenta con el reconocimiento en favor del denunciante del derecho a recibir como premio el 10% del precio de venta del bien o de su tasación pericial si la finca investigada no fuere vendida.
5.4. EL DESLINDE El derecho de deslinde consiste en la facultad de todo propietario de precisar los límites de sus fincas, haciéndolos visibles mediante hitos o mojones.
Art. 50 LPAP: “1. Las Administraciones públicas podrán deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros cuando los límites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpación. 2. Una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y mientras dure su tramitación, no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión”.
En el precepto anterior se regula el deslinde como potestad de la Administración para precisar los límites entre inmuebles de su patrimonio y los de otros pertenecientes a terceros, cuando los límites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpación.
7 Derecho Administrativo IV LECCIÓN 1 Estos apuntes han sido confeccionados para facilitar el estudio de esta asignatura. Puede distribuirlos libremente, reeditarlos y adaptarlos a las disposiciones normativas vigentes, siempre que reconozca la autoría de la obra original. En todo caso, no está permitida su utilización comercial. Si quiere realizar un comentario o corrección, puede hacerlo en la siguiente dirección web https://www.facebook.com/ApuntesMD • • • Iniciado el procedimiento, los propietarios o poseedores no pueden paralizarlo, ya que se bloquea la acción judicial de deslinde que estos pudieran ejercitar.
Si la finca se encontrara inscrita en el Registro de la Propiedad, también se inscribirá el deslinde administrativo referente a la misma, una vez sea firme.
La resolución aprobatoria será suficiente para que la Administración proceda a la inmatriculación de los bienes, siempre que concurran los demás extremos del art. 206 de la Ley Hipotecaria.
Respecto al procedimiento: • • • • • Se inicia de oficio, por iniciativa propia o a instancia de los colindantes, comunicándose al Registro de la Propiedad para que, mediante nota al margen de la inscripción de dominio, se tome razón de su incoación.
Se publicará en el BOE y en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente, y se notificará a cuantas personas ostenten derechos sobre las fincas afectadas.
La resolución aprobatoria se dictará previo informe jurídico y deberá notificarse a los afectados y publicarse en la misma forma anterior.
Se procederá al amojonamiento y a la inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente.
El propietario agraviado puede recurrir a la jurisdicción civil (juicio declarativo) o a la jurisdicción contencioso-administrativa si concurrieran vicios de competencia o procedimiento.
5.5. REINTEGRO POSESORIO Art. 55 LPAP: “Las Administraciones públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio. 2. Si los bienes y derechos cuya posesión se trata de recuperar tienen la condición de demaniales, la potestad de recuperación podrá ejercitarse en cualquier tiempo. 3. Si se trata de bienes y derechos patrimoniales la recuperación de la posesión en vía administrativa requiere que la iniciación del procedimiento haya sido notificada antes de que transcurra el plazo de un año, contado desde el día siguiente al de la usurpación. Pasado dicho plazo, para recuperar la posesión de estos bienes deberán ejercitarse las acciones correspondientes ante los órganos del orden jurisdiccional civil”.
El reintegro posesorio o interdictum propium es la facultad de la Administración de recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio, sin necesidad de acudir a la jurisdicción civil.
• • Bienes y derechos patrimoniales. Se requiere que la iniciación del procedimiento tenga lugar antes del transcurso del plazo de un año, contado desde el día siguiente al de la usurpación. Transcurrido dicho plazo, la administración deberá acudir a la jurisdicción civil.
Bienes de demaniales. La administración puede ejercitar la acción de recuperación directa de la propiedad en cualquier tiempo.
El procedimiento del reintegro posesorio consta de dos fases: • Fase declarativa. En la que se dará audiencia al interesado y se le requerirá, una vez comprobada la usurpación posesoria y la fecha en la que se inició, que cese en su actuación, dándole un plazo de hasta ocho días.
8 Derecho Administrativo IV LECCIÓN 1 Estos apuntes han sido confeccionados para facilitar el estudio de esta asignatura. Puede distribuirlos libremente, reeditarlos y adaptarlos a las disposiciones normativas vigentes, siempre que reconozca la autoría de la obra original. En todo caso, no está permitida su utilización comercial. Si quiere realizar un comentario o corrección, puede hacerlo en la siguiente dirección web https://www.facebook.com/ApuntesMD • Fase ejecutoria. Si el poseedor se resiste al desalojo, podrá solicitarse el auxilio de las FCSE o imponerle multas coercitivas de hasta un 5% del valor de los bienes ocupados, reiteradas por periodos de ocho días hasta que se produzca el desalojo.
5.6. EL DESAHUCIO ADMINISTRATIVO El desahucio consiste en un proceso civil mediante el cual el propietario de un inmueble recupera la posesión del mismo frente a los precaristas u otros ocupantes, previa anulación o rescisión del título que legitimaba su posesión.
Art. 58 LPAP: “Las Administraciones públicas podrán recuperar en vía administrativa la posesión de sus bienes demaniales cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros”.
En este sentido, el desahucio administrativo consiste en la potestad de la Administración de recuperar en vía administrativa la posesión de sus bienes demaniales cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros.
5.7. CONTROL JUDICIAL DE LOS ACTOS DE AUTOTUTELA Ante las facultades de autotutela anteriores que la Administración ostenta, se habilita un control judicial de las mismas, ya sea por: • • La jurisdicción contencioso-administrativa. Así, los actos de autotutela son provisionales, es decir, ante ellos puede interponerse los recursos correspondientes ante aquella.
La jurisdicción civil. El particular siempre podrá plantear perjudicado la cuestión definitiva de propiedad (STS 31/05/1975: “todas las cuestiones de carácter civil en que se ventilen derechos privados, como es el del dominio de una finca, aunque el asunto traiga su origen de otros gubernativos, y aunque lo administrativo haya resuelto con innegable competencia expedientes previos y aunque alguna de las partes invoque razones de interés público, siempre serán de la competencia de los Tribunales ordinarios…”).
6. LA INEMBARGABILIDAD La inembargabilidad de los bienes demaniales y comunales viene prevista en los siguientes preceptos legales: • • • En el art. 132 CE (ya citado).
Art. 6.a LPAP: “La gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios… a) Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad…”.
Art. 30.1 LPAP: “Los bienes y derechos de dominio público o demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
El TC declaró que la inembargabilidad de los bienes de la Administración como límite a la ejecución de sentencias judiciales solo puede justificarse por razones de interés público y social (SSTC 201/1998, 210/1998 y 211/1998). El TC entiende que dicho requisito se da en: • Los derechos, fondos y valores de la Hacienda local, por estar afectos a fines concretos de interés general.
9 Derecho Administrativo IV LECCIÓN 1 Estos apuntes han sido confeccionados para facilitar el estudio de esta asignatura. Puede distribuirlos libremente, reeditarlos y adaptarlos a las disposiciones normativas vigentes, siempre que reconozca la autoría de la obra original. En todo caso, no está permitida su utilización comercial. Si quiere realizar un comentario o corrección, puede hacerlo en la siguiente dirección web https://www.facebook.com/ApuntesMD • Los bienes demaniales, por estar afectos a fines de uso o utilidad pública.
Por el contrario, la inembargabilidad no se justifica cuando se trata de bienes patrimoniales no afectos a finalidades públicas (art. 30.2 LPAP: “Los bienes y derechos patrimoniales podrán ser enajenados siguiendo el procedimiento y previo el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. De igual forma, estos bienes y derechos podrán ser objeto de prescripción adquisitiva por terceros de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en las leyes especiales”).
No obstante, por el art. 30.3 LPAP, dicha regla pierde su eficacia al limitarse considerablemente la enajenación de los bienes y derechos patrimoniales (art. 30.3 LPAP: “Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Administración General del Estado o sus organismos se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 de la Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”).
10 Derecho Administrativo IV BIBLIOGRAFÍA Estos apuntes han sido confeccionados para facilitar el estudio de esta asignatura. Puede distribuirlos libremente, reeditarlos y adaptarlos a las disposiciones normativas vigentes, siempre que reconozca la autoría de la obra original. En todo caso, no está permitida su utilización comercial. Si quiere realizar un comentario o corrección, puede hacerlo en la siguiente dirección web https://www.facebook.com/ApuntesMD BIBLIOGRAFÍA • • • • Derecho administrativo III. Bienes públicos. Derecho urbanístico. Ed.: 15ª. Ramón Parada y Marta LoraTamayo. ISBN: 9788494431333.
Constitución española. Enlace de descarga: https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=151_Constitucion__Espanola&modo=1 Código de Derecho administrativo. Enlace de descarga: https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo& modo=1 Tutorías del centro UNED de Islas Baleares. Enlace: http://www.uned-illesbalears.net/recursos-para-estudiantes/clases-tutorias/grabaciones-clasestutorias-curso-2017-2018/grado-en-derecho-grau-en-dret-primer-semestre-enlaces-grabaciones/ 1 ...
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Derecho Administrativo IV - DA IV. L 4 (2018) Apunte
Derecho Administrativo IV - DA IV. L 2 (2018) Apunte
Derecho Administrativo IV - DA IV. L 3 (2018) Apunte
Derecho Administrativo IV - DA IV. L 6 (2018) Apunte
Derecho Administrativo IV - DA IV. L 7 (2018) Apunte
Comentario de emonfort en 2017-12-22 11:40:59 #1139
Estos apuntes son una mierda. Qué estafadores sois. Sólo 15 páginas una asignatura de 4º de derecho? Estafadores.
Comentario de mderecho en 2017-12-22 11:55:30
Por lo que aprecio, de las 15 páginas no ha leído ni la primera, que cotiene el título.
De ser así, se habría dado cuenta de que se corresponde con la lección 1 del temario.
Además, del nombre del archivo también se puede deducir: DA IV L1. Derecho Administrativo IV, Lección 1.
Solo hay una lección porque, al igual que usted, también soy estudiante, y voy subiendo mis progresos tan pronto como los voy terminando (pues todos los archivos que publico son de elaboración propia).

References: artículo 47
 resolución 
 artículo 147
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto