Source: http://aliciaterada.blogspot.com/2010_09_01_archive.html
Timestamp: 2017-07-21 08:44:21+00:00

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Alicia Terada - Diputada Nacional ARI - Chaco - Argentina: septiembre 2010
La diputada nacional Alicia Terada fue contundente al declarar que “el Ejecutivo pone excusas para vetar la ley de aumento y recomposición de las jubilaciones mínimas, porque utiliza el dinero genuino de la ANSES para otros fines como el Fútbol para Todos, Conectar Igualdad o la Asignación Universal, y no para cumplir con el pago a los jubilados”.
La iniciativa que ya contaba con media sanción de Diputados fue aprobada anoche en la Cámara de Senadores de la Nación, en una pareja votación que desempató el vicepresidente de la Nación.
No obstante desde el Gobierno nacional anticiparon que vetarán la norma por considerar que “producirá un quiebre del sistema previsional”.
“La presidenta deberá correr con el costo político y social de vetar una ley de estricta justicia para los jubilados, y amparado en el articulo 14 bis de la Constitución Nacional, que dice que el Estado tiene que garantizar jubilaciones y pensiones móviles”, dijo Terada.
La legisladora chaqueña, que acompañó en la tarde de ayer a los jubilados en la carpa que la Coalición Cívica puso frente al Congreso, negó la posibilidad de quiebre del sistema previsional y aseguró que “se hicieron los estudios necesarios para determinar no solo que existen los fondos para cumplir con la medida en la actualidad, sino que además tiene financiación y sustentabilidad en el tiempo”.
“En el presupuesto nacional de 2010 y 2011 quedó evidenciado que es pagable la elevación de las jubilaciones móviles y la recomposición y movilidad del resto de las jubilaciones en función de los fallos de la Corte Suprema en los casos Sánchez y Badaro”, aseguró.
“Los recursos se obtienen del superávit fiscal que son producto de la recaudación previsional y también de los intereses de los fondos de garantía de sustentabilidad, que deben ser afectados solamente a los fines de recomposición de los haberes de los jubilados y pensionados”, explicó.
“Le pedimos a la presidenta que priorice el bienestar de los jubilados que aportaron durante toda su vida para tener una jubilación digna con la cual puedan llegar a fin de mes, por sobre el manejo de la caja del ANSES con el que se viene haciendo desvíos de fondos que no corresponden”, refiriéndose a que la compra de netboks debería efectuarse con recursos del Ministerio de Educación y el beneficio de Asignación Universal, del Ministerio de Desarrollo Social, entre otros.
“Sería importante que el Gobierno nacional deje de mentir a la ciudadanía y asuma con responsabilidad el mandato que les delegó el pueblo”, concluyó.
Los vecinos del barrio San Pedro Pescador se reunieron ayer, con legisladores provinciales y nacionales de diferentes partidos políticos para expresarles su rechazo al proyecto de un casino en el lugar.
Los diputados provinciales Delia González (Alianza Frente de Todos), Clelia Ávila Alianza Frente de Todos) y Egidio García (Frente para la Victoria); nacionales Alicia Terada (ARI – Coalición Cívica) y Carlos Urlich (Alianza Frente de Todos) y la diputada provincial mandato cumplido, María Cristina Barrios, escucharon a los pobladores que aseguran que el Gobierno no tiene en cuenta sus reclamos y que “prioriza los intereses económicos de sectores privados por encima del bienestar de una comunidad tradicional, de las pocas que aun subsisten, gracias al trabajo genuino y no de los planes sociales”.
Luego de escuchar la postura de los vecinos, unánimemente en contra del proyecto del casino porque alteraría el modo de vida de la comunidad, los diputados coincidieron en que “la construcción de este antro de perdición es un perjuicio para el pueblo y negocio para unos pocos”.
Asimismo asesoraron legalmente a los vecinos, quienes fueron interiorizados sobre cuales son sus derechos y de que manera defenderlos.
Y fundamentalmente explicaron las consecuencias en la salud mental que podría causar la instalación del casino, como la ludopatía, una enfermedad que está causando graves problemas en todo el país.
Por otra parte propusieron que si de inversión se trata sería más conveniente que se mejore la escuela, el centro de salud, o que se incorporen médicos para la atención. “Esas son verdaderas necesidades que tiene la gente del lugar”, afirmaron.
“Notamos que existe una extorsión del Gobierno hacia el pueblo”, señalaron tras escuchar los testimonios de los vecinos que aseguran que les dijeron que “si no hay casino, no hay defensa” y que “si le decís que no al casino, te sacamos el plan social”.
Al término de la reunión los funcionarios indicaron que acompañarán a las mas de 300 familias en la lucha pacifica de defensa de su hábitat y modo de vida porque valoran y defienden la identidad de las personas con su lugar.
“La dignidad de estos ciudadanos no puede ser ignorada por las autoridades; ellos están convencidos que el futuro de sus hijos no se circunscribe como empleadas del servicio de limpieza o como ficheros de un casino, saben que la capacitación les permitirá trabajar y desarrollarse en ámbitos profesionales, y solicitan que el Gobierno no se oponga”.
Pablo Scaglia compartió una reunión con Alicia Terada, Rafael Kadlec y Sara Miérez, donde entregó cerca de 4 mil adhesiones a la propuesta para establecer el 82% móvil en los haberes jubilatorios.
El presidente de la Autentica Federación de Centros de Jubilados del Chaco, Pablo Scaglia, entregó hoy, a la diputada nacional de la Coalición Cívica, Alicia Terada, las más de 4 mil firmas recolectadas en el Chaco para apoyar la iniciativa de aumento a las jubilaciones y pensiones nacionales y la recomposición de los haberes según los fallos de la Corte Suprema de Justicia.
El encuentro que se llevó a cabo en las instalaciones del Partido ARI, fue encabezado por la diputada Terada y contó con la participación de representantes de la comisión directiva de centros de jubilados de toda la provincia, como así también del concejal de Resistencia, Rafael Kadlec y de la secretaria de finanzas del Partido ARI, Sara Miérez.
En la oportunidad la legisladora nacional se comprometió a entregar las firmas al Senado antes del 13, que es la fecha en la que se estima se trataría en el recinto de la Cámara alta la iniciativa que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.
“Trabajamos ardua y responsablemente para recomponer esta deuda social histórica que tenemos los legisladores con los jubilados, y confiamos que el Senado hará lo mismo”, afirmó Terada.
Los jubilados por su parte consultaron si se está trabajando en lograr consensos entre los senadores tal como lo hicieron en Diputados para conseguir aprobar la Ley. A lo que Terada contestó que sí. Informó que los senadores de la oposición están dialogando con sus pares del oficialismo a fin de llegar a un acuerdo que permita la sanción de la iniciativa.
Otra gran preocupación expresada fue la posibilidad de que de ser aprobada la Ley, la presidente utilice el derecho al veto.
“Esa es una realidad que no podemos evitar”, contestó Kadlec y agregó “pero seguramente la ciudadanía sabrá juzgar estas medidas que se toman en contra de la sociedad y con verdadera cultura cívica elegirá quien quiere que los represente”.
Finalmente Miérez señaló que de manera conjunta con los responsables de los centros de jubilados se llegó al acuerdo de continuar con la recolección de firmas durante este fin de semana para lo cual invitó a la ciudadanía a acercarse a las mesas que se ubicarán el sábado, a las 10, en la esquina de la peatonal y Av. Alberdi.
En la jornada de ayer en Buenos Aires se llevó a cabo una marcha, de diferentes organizaciones afines al Gobierno Nacional, hasta Tribunales para exigir a la Corte Suprema que falle a favor de la Ley de Medios Audiovisuales. En este marco, la diputada Terada planteó que “creo que tenemos que volver a ratificar nuestra posición a favor de la defensa del orden institucional”.
“Creo que tenemos que volver a ratificar nuestra posición a favor de la defensa del orden institucional, la plena vigencia de la separación de poderes y la custodia del Estado de Derecho. La verdad que este tipo de ataques contra un poder del Estado, cuando se debería respetar la independencia de la Justicia, es una situación alarmante” enfatizó la diputada nacional Alicia Terada, en diálogo con Radio General Guemes.
“Sumado a ello las descalificaciones que se hicieron contra cada uno de los integrantes de la Corte Suprema, más aún el incentivo por parte de Eve de Bonafini a la toma del edifico de la Corte, nos parece que si este fuera realmente un Estado de Derecho, en donde la independencia del Poder estuviera garantizada algún fiscal de la Nación debería tomar intervención porque hay una configuración real de un delito, una incitación directa al atropello de una institución como es el Poder Judicial de la Nación” añadió la legisladora.
Este tipo de manifestaciones “son violatorias de la Constitución en donde se habla de un sistema republicano de gobierno en donde cada uno de los poderes tiene independencia para gobernar y en donde se le asigna al Poder Judicial la facultad de controlar los actos de gobierno y la constitucionalidad o no de las distintas leyes que se sancionan desde el Congreso de la Nación” aseguró Terada.
Por último, destacó que “nos parece realmente preocupante, creo que es una advertencia que se tiene que hacer a toda la sociedad en general, tenemos que estar en defensa de las instituciones y fundamentalmente del sistema republicano de gobierno. No se puede permitir que desde la presidencia de la Nación se diga lo que se dijo, ya que en cierto modo se alentó a esta marcha”. Fuente: solochaco.com
La diputada Terada recorrió la exposición y participó del acto de Inauguración Oficial de la 47º Fiesta Nacional de la Flor. La diputada nacional de la Coalición Cívica, Alicia Terada recorrió junto al presidente de la Sociedad Civil Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose, el intendente Municipal de Escobar, Sandro Guzmán, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, autoridades e invitados especiales los stands del predio floral, para luego dirigirse al lugar donde se realizó al acto inaugural.
Una vez realizado el tradicional corte de cinta, el presidente de la Fiesta brindó la bienvenida a todos los presentes, y agradeció la colaboración recibida para la realización de esta 47º edición de la Fiesta Nacional de la Flor.
Participaron de la inauguración además de la legisladora nacional Terada; el Embajador de Uruguay, Guillermo Pomi; la Ministra de Infraestructura de la Provincia, Cristina Álvarez Rodríguez, el Secretario de Turismo, Ignacio Crotto; el Diputado Nacional Jorge Landau, el Pte. del HCD de Escobar, concejales e integrantes del Ejecutivo Municipal.
La Coalición Cívica llamó a que el Senado resista el lobby minero y apruebe el proyecto sobre protección de glaciares que se aprobó en Diputados
El bloque de legisladores de la Coalición Cívica interpeló a los senadores, ayer en conferencia de prensa, para que hoy aprueben la ley de Presupuesto Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, tal como fue aprobada en la Cámara de Diputados el 11 de agosto.
“Se trata de un día histórico. Llamamos a que se vote una ley que no responda a los intereses de las corporaciones mineras, sino que proteja el derecho al agua de todos los argentinos. Mañana quedará claro de qué lado está cada senador”, sostuvo la diputada nacional de la Coalición Cívica Fernanda Reyes, una de las principales impulsoras del proyecto para la protección de los glaciares.
“El proyecto impulsado por las empresas mineras y los gobernadores no establece plazos para hacer el inventario de glaciares y la auditoría sobre los emprendimientos en ejecución, por lo que es un piedra libre para que continúe el saqueo de nuestros recursos naturales”, sostuvo la senadora de la CC, María Eugenia Estenssoro.
Reyes y Estenssoro estuvieron acompañadas por los diputados de la CC Alicia Terada, Elisa Carca, Susana García, Carlos Comi, Héctor Toty Flores y Juan Carlos Vega.
“Esperamos no pasar del veto Barrick, al voto Barrick. Vemos con mucha preocupación el accionar del lobby minero que consiguió que algunos senadores que iban a apoyar el proyecto con media sanción de la Cámara Baja, ahora rechacen esa propuesta, para aprobar una norma al servicio de las empresas mineras” explicó Reyes, que integra la Comisión de Minería de la Cámara Baja.
“Lo que está en juego con este proyecto es el agua de los argentinos. La primera iniciativa para proteger los glaciares fue de Marta Maffei, que era diputada de este bloque, y que la presidenta la vetó. Por eso, en la Coalición Cívica tenemos un compromiso histórico con la protección de glaciares”, concluyó Estenssoro. 0
Comunicado del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica respecto del pedido de extradición de Sergio Galvarino Apablaza Guerra por parte
Respecto del pedido de extradición de Sergio Galvarino Apablaza Guerra solicitado por la República de Chile, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica manifiesta que el Poder Ejecutivo debe acceder al reclamo chileno debido a las siguientes razones: Este pedido de extradición realizado por el presidente Sebastián Piñera es el tercero que realiza Chile, tras los efectuados con anterioridad por los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, todos ellos elegidos por el voto del Pueblo. La Corte Suprema de Justicia se ha manifestado en favor de este reclamo de la República de Chile, lo hizo resguardando la atribución del Poder Ejecutivo de concederle la categoría de refugiado político. Los delitos atribuídos a Sergio Galvarino Apablaza Guerra fueron cometidos en democracia. Ni la figura del asilo político, ni la del refugio político del derecho internacional comprende la situación de Apablaza Guerra ya que el sostén de estas figuras es la inexistencia de garantías judiciales en el país que lo requiere. Constituiría un agravio a la República de Chile que la Argentina no conceda la extradición luego de invocar la figura del refugio político porque estaría considerando que no existen garantías judiciales en aquel país.
Los carteles con el rostro de Cristina violan la Ley de Ética Pública
La inclusión del rostro de la Presidenta en la cartelería de obras públicas va contra la norma. En el Congreso, reclaman dejar sin efecto la resolución. Los nuevos carteles de obra pública que obligan a los contratistas del Estado a poner el rostro de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner violan la Ley de Ética Pública. La norma prohíbe en su artículo 42 de forma terminante que se incluyan en la publicidad de obras “nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”. En ese sentido, la inclusión de la sonrisa de Cristina en la cartelería obligatoria (ver manual) que figura en el sitio de la Secretaria de Obras Públicas sería ilegal. “Un presidente o presidenta representa mucho más que a un partido político y usar fondos del Estado para este tipo de autopromoción es penoso moralmente y jurídicamente reprochable y va en contra de la Ley de Ética Pública”, explicó a Perfil.com el abogado Ricardo Monner Sans, quien comparó los nuevos carteles del Gobierno con los del primer peronismo que decían: “Perón cumple, Evita dignifica”. En el mismo sentido, la diputada del PRO, Laura Alonso, calificó a la resolución dictada por el ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, como una “medida populista” y “exagerada” que significa un retroceso a la década del 40. “Se profundiza el error que había en los carteles anteriores; hay una confusión, las obras públicas no son de la Presidenta, se realizan con recursos del presupuesto de los argentinos”, dijo Alonso a este medio. Néstor Kirchner jamás utilizó su imagen ni nombre en los anuncios de obras públicas. Sí lo hizo Carlos Menem, en su célebre spot publicitario “Menem lo hizo”. Ese modelo de marketing político es que el parece seguir Cristina Kirchner con esta cartelería, aunque el jefe de Gabinete niegue su existencia a pesar de las pruebas.
Para la diputada de la Coalición Cívica Elsa Quiróz, integrante de la comisión de Obras Públicas, esto es una consecuencia de cómo el kirchnerismo entiende al poder: “Es riesgoso pensar el poder soy yo, el Estado soy yo”, explicó, haciendo alusión a la famosa frase de Luis XIV de Francia. “Hay una utilización de fondos públicos para hacer propaganda partidaria, lo cuestionable es eso”, agregó Quiróz, que acusó el Gobierno de no cumplir con la construcción de muchas obras. “Habría que instalar un cartel que dijera: ‘Acá debió haber estado un hospital, aquí una escuela, aquí un plan de viviendas’”, ironizó. En el bloque de Elisa Carrió, los diputados Juan Carlos Morán y Alicia Terada ya estudian la resolución de Planificación para impulsar alguna medida desde la Cámara Baja. En su paso por la legislatura chaqueña, a Terada le tocó vivir una situación similar, pero con el gobernador Jorge Capitanich como protagonista. Había 56 camionetas del Estado que tenían la leyenda “Gestión Capitanich”, violando la Ley de Ética. “Aprobamos el proyecto para remover esa leyenda, Capitanich lo vetó, insistimos con la medida, la aprobamos, pero cuando cambió la composición de la Legislatura, el gobernador mandó un proyecto y dejó sin efecto la ley”, relató la ahora diputada a Perfil.com. Hernan Charosky, Director Ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano, catalogó a la decisión como una “involución” a nivel nacional. “Es normal allí donde las instituciones son más débiles y se identifica la gestión pública con un líder o un partido”, afirmó y apuntó que esto implica "injustificada ventaja publicitaria para el oficialismo", que apela además al uso arbitrario e indiscriminado de la publicidad oficial, a diferencia de la oposición con escaso acceso a espacios publicitarios y "limitaciones de la ley de reforma política".
Otros casos. Esta no es la primera vez que una acción de la la Presidenta quebranta la Ley de Ética Pública. En marzo de 2008, la violó al aceptar como regalo una esmeralda de 5.000 dólares que le entregó un admirador durante un acto en Salta. Ese mismo año, pero dos meses después, en mayo, la mandataria lo hizo de nuevo. No pudo resistirse a la MacBook Air que le entregó el magnate mexicano Carlos Slim cuando visitó su despacho. En ese entonces, el dispositivo estaba valuada en 9.500 pesos. Fuente: Perfil.com
Diputados de la CC instan al Gobierno para que cumpla con la Ley de Ética Pública
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Alicia Terada, Elsa Quiroz y Juan Carlos Morán solicitaron ayer al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento de la Ley de Ética Pública, y a dejar sin efecto la resolución del Ministerio de Planificación Federal, Obras y Servicios Públicos, de incorporar el rostro de la presidente Cristina Fernández en los carteles de obra publica.
Lo hicieron a través de un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados, por considerar que la decisión de incorporar el rostro de la presidente en los carteles de obra publica viola el articulo 42 de la Ley de Ética Pública, que establece que la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos.
“La ausencia de control en el cumplimiento de normas legales y éticas favorece el uso de los fondos del Estado para financiar campañas de publicidad que buscan réditos electorales para el Gobierno de turno. Estas prácticas alientan hechos de corrupción y constituyen verdaderas amenazas a la libertad de expresión, porque, implican la distorsión de la obligación del Estado de dar publicidad de los actos de gobierno, tal como lo exige el sistema republicano, toda vez que esta publicidad se convierte en mensajes propagandísticos con fines de promocionar a determinados funcionarios públicos”, aseguró Terada.
El diputado Morán agregó: “Este tipo de atropello a la ley, es solo obra de un personaje como De Vido, y de un gobierno que hace cualquier cosa para promocionarse. Elevamos a la Presidencia un pedido de información publica al respecto, a fin de que nos haga saber sobre esta fraudulenta estrategia”.
Los beneficiarios del “carne amarillo” son indigentes
Según datos oficiales, los beneficiarios de las pensiones a la vejez, invalidez y madres desamparadas que perciben mensualmente la suma de $450 son indigentes, porque se encuentran por debajo de los $537 que el INDEC establece como canasta de indigencia.
Lo alarmante de la situación es que permanecen en esta condición de indefensión hace mas de 10 años debido al incumplimiento del Gobierno provincial de ajustar el monto de las pensiones al 50% del salario mínimo vital y móvil que rige en el país.
Esto quiere decir que en realidad los cerca de dos mil beneficiarios –todas personas en edad avanzada o con discapacidad y madres desamparadas- deberían estar percibiendo la suma de $870, en vez de $450, obedeciendo a lo establecido en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley 2420 de pensiones.
Sobre esta problemática fueron alertados los diferentes gobernadores provinciales en los últimos 5 años, sin embargo ninguno de ellos y a pesar de contar con el presupuesto necesario de $20 millones, cumplió con la Ley.
De acuerdo a lo manifestado por la diputada nacional del ARI, Alicia Terada en el año 2007 a través de un proyecto de resolución se le reclamó al entonces gobernador Roy Nikisch (Alianza Frente de Todos) el cumplimiento de la Ley 2420, quien luego de algunos meses brindó una solución parcial al problema resolviendo aumentar de $80 a $250, pero en realidad debería haber aumentado a $490.
En el año 2008 nuevamente se advirtió, pero esta vez, al gobierno de Jorge Capitanich (Frente para la Victoria) sobre el incumplimiento de la norma y las consecuencias que producen en este sector carenciado de la sociedad.
Las gestiones de Terada incluyeron también una reunión con quien en ese momento era la secretaria general de la Gobernación, y actualmente es diputada provincial, Elda Pértile quien a pesar de haber prometido ocuparse de la problemática, no brindó respuestas.
Transcurrido varios meses y haber emitido otra resolución de la Cámara de Diputados el primer mandatario chaqueño determinó mediante el decreto 3165 un aumento a $300. Y el incremento trimestral escalonado de $50 durante 10 meses contados a partir del 1 de noviembre de 2008. Esto quiere decir que decidió aumentar de $300 a $450, en un plazo de casi un año cuando según el salario mínimo, vital y móvil que regía en el país indicaba que debería haber aumentado a $610.
El reclamo de la actual diputada nacional continuó durante el mandato del gobernador Capitanich en el 2009, con las resoluciones 2810/09 y 1757/09 sin obtener respuestas favorables por parte de la cartera provincial. Inclusive este año el 6 de julio se volvió a enviar un nuevo pedido de informes a la Secretaria General de la Gobernación para que a través de Desarrollo Social informe las razones por la cual habiendo el presupuesto necesario no se utiliza para lo que fue asignado. Pero tampoco contestaron.
“A medida que pasan los años se vuelve cada vez mas difícil la tarea de subsistir para estas personas, teniendo que sobrevivir actualmente con un promedio de $14 por día aproximadamente. El Partido ARI repudia esta actitud de negarles a los ciudadanos la posibilidad de gozar del derecho de vivir dignamente”, afirmó la diputada.
Asimismo remarcó lo que considera es una contradicción por parte del Estado diciendo: “Contradictoriamente quienes tienen la responsabilidad política de garantizar el cumplimiento de los legítimos derechos de los ciudadanos, son quienes impiden el ejercicio de los mismos”.
“Es de suma importancia que se cumplimente con los pagos de los montos que corresponden de los cálculos que establece la norma citada, por cuanto no solo se está violando una norma legal desde el Poder Ejecutivo Provincial, sino que la continuidad de su no cumplimiento podría generar reclamos judiciales a favor de los beneficiarios y fundamentalmente la consecuencia social irreparable de sumergirlos en la indigencia”, concluyó Terada.
Terada pide que se investigue presuntas irregularidades en el nombramiento de jueces
La diputada nacional chaqueña (ARI – Coalición Cívica) advirtió sobre la grave denuncia que presentó una mujer contra su ex marido, que trabajaba en el Consejo de la Magistratura y tras un concurso que consideró irregular llegó a camarista federal.
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Juan Carlos Morán, Carlos Comi y Alicia Terada solicitaron celeridad en las investigaciones por presuntas irregularidades en concursos para jueces en el orden nacional.
Efectuaron presentaciones en el Consejo de la Magistratura y en las comisiones Bicameral, de Control de Organismos de Inteligencia, de Acuerdos del Senado y en la de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.
Señalaron especialmente al concurso 190, a través del cual llegó al cargo de camarista en el fuero Contencioso Administrativo federal el juez José Luís López Castiñeira. El nombramiento de este magistrado fue denunciado por presuntas irregularidades por su ex esposa, Verónica Kolodesky, tanto en el mismo Consejo como en la Justicia penal. Los diputados además solicitan que se investigue el concurso 140 y que se extienda la investigación a lo Contencioso y Administrativo en los últimos 5 años. Como así también se investigue las influencias en los nombramientos del auditor de la Auditoria General de la Nación (AGN) Javier Fernández y de la Secretaría de Inteligencia (SI).
“Javier Fernández es el Moreno de la Justicia”, dijo Morán al tiempo que aseguró que “El auditor general Javier Fernández es el operador de Kirchner para garantizar la impunidad de los corruptos”.
Los legisladores explicaron que “Javier Fernández estuvo sospechado por la Justicia y que como auditor es el encargado de demorar todos los expedientes que marcan irregularidades en los Kirchner”.
Agregaron además que “impulsó un proyecto para recortarle facultades al presidente de la Auditoria y también fue uno de los mentores para recortarle facultades al ex titular de la Fiscalía de Investigación Administrativa, Manuel Garrido. A su vez está acusado de amenazar y perseguir periodistas en una causa penal”.
“Pedimos que se acelere la investigación en el Consejo porque hay sospechas de irregularidades y es preciso resolverlas de manera urgente”, dijo Terada.
“Ampliamos la denuncia porque valoramos las investigaciones de los periodistas y estamos preocupados por esta situación de amenazas que tienen que enfrentar”, afirmó Comi.
Morán por su parte aseguró que “Fernández demora expedientes, recorta facultades a los organismos de control y opera en la Justicia para garantizarle impunidad al Kirchnerismo”.
“Estamos frente a un personaje que hay que investigar en forma urgente y que es una contradicción que permanezca en un organismo de control”, concluyó el legislador. 0
La Coalición Cívica presento sus candidatos a intendentes y gobernadores en un acto que se realizo en el Teatro Coliseo y que tuvo como oradora central a Elisa Carrió.
En el mismo escenario donde hace nueve años se presentó el ARI como partido y bajo el lema "El futuro es hoy", Elisa Carrió lanzó los candidatos a gobernadores de la Coalición Cívica para las principales plazas del país en un acto que la aleja más de sus ex socios políticos del Acuerdo Cívico y Social.
"Nos toca trabajar para ser el nuevo oficialismo en 2011", lanzó eufórica la diputada nacional en el Teatro Coliseo que estaba repleto de leales seguidores. Carrió fue la encargada de cerrar el acto y estuvo precedida por los candidatos, Adrián Pérez ( por la ciudad de Buenos Aires), Juan Carlos Morán ( provincia de Buenos Aires), Carlos Comi( gobernación de Santa Fé), Javier Mog Roig ( ciudad de La Plata), Omar Ruiz, el candidato a gobernador de la Provincia de Córdoba; y Laura Cesma, que peleará por la Intendencia de la Ciudad de Córdoba.
Histriónica y de buen humor, la chaqueña evitó grandes alusiones sobre la pelea presidencial. "No es momento para que yo trabaje para una candidatura presidencial", aseguró y dejó en claro que su lugar hoy está como jefa de su fuerza en la Cámara de Diputados. Además, como era esperable, lanzó un rosario de críticas al oficialismo.
Entre los principales oradores, el más ovacionado fue el diputado Adrián Pérez que se postula para suceder al macrismo en el Gobierno porteño. Su discurso estuvo signado por las críticas a la gestión de Mauricio Macri y su administración a la que calificó de "improvisada". "Estamos listos y preparados para gobernar la Ciudad", dijo y se llevó el aplauso del auditorio.
Por su parte, el flamante candidato a gobernador de Buenos Aires, Juan Carlos Morán, habló sobre la lucha del narcotráfico, la inseguridad y la educación. "Venimos a decirle a país que la Coalición Cívica está preparada para gobernar el país", afirmó a su turno.
El Teatro Coliseo estuvo repleto de militantes que llegaron en micros que estaban apostados en la puerta. En el escenario había una mesa donde estaba sentados los oradores y detrás una tarima ocupada por referentes partidarios Afonso Prat Gay, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Alicia Terada y Maria Eugenia Estensoro.
Tres diputados de la Coalición Cívica le pedirán hoy al Consejo de la Magistratura que investigue las denuncias sobre presuntos arreglos de concursos para jueces. Los legisladores (Juan Carlos Morán, Carlos Comi y Alicia Terada) apuntarán especialmente al concurso 190, a través del cual llegó al cargo de camarista en el fuero Contencioso Administrativo federal el juez José Luis López Castiñeira. El nombramiento de este magistrado fue denunciado por presuntas irregularidades por su ex esposa, Verónica Kolodesky, tanto en el mismo Consejo como en la Justicia penal. Los diputados también pedirán que se investiguen las influencias en los nombramientos del auditor de la AGN Javier Fernández y de la Secretaría de Inteligencia (SI).
La diputada nacional Alicia Terada solicitó hoy, al presidente de la Cámara de Diputados del Chaco, Juan José Bergia la inclusión en la Ley de Presupuesto Financiero que la Legislatura aprobará para el ejercicio 2011, la partida necesaria para la creación y puesta en funcionamiento de un Juzgado Multifueros y una Fiscalía de Investigación con asiento en la localidad de Misión Nueva Pompeya, la que está incluida en el proyecto de presupuesto anual de gastos e inversiones para ejercicio 2011 que el Poder Judicial envió a la Legislatura.
La legisladora chaqueña señaló que “el pedido se debe a que el Poder Judicial en el ejercicio anterior ya había previsto dicho gasto e inversión, pero la Cámara de Diputados no lo consideró en el momento de aprobación del presupuesto para el ejercicio 2010”.
“A los efectos de evitar que suceda nuevamente lo mismo, y considerando la importancia que reviste la aplicación de la norma para garantizar el acceso a la justicia a un numeroso sector de la población chaqueña y que además es objeto de permanentes reclamos por parte de los habitantes de la zona, es que solicitamos formalmente a través de una nota dirigida al presidente de la Legislatura y por su intermedio a todo el cuerpo de legisladores para que tengan en consideración en el análisis y aprobación de la Ley de Presupuesto Financiero para el ejercicio 2011”, remarcó Terada.
La Ley 6.357 creación y puesta en funcionamiento de un Juzgado Multifueros y una Fiscalía de Investigación con asiento en la localidad de Misión Nueva Pompeya, Dpto. General. Güemes, con competencia territorial en las localidades de Fuerte Esperanza, Comandante Frías, Wichi, El Pintado, El Sauzal, El Sauzalito, Fortín Frías y zonas adyacentes fue sancionada el 3 de junio de 2009, promulgada el 24 de junio de ese mismo año y publicada en el Boletín Oficial 8.938 el 13 de julio de 2009. 0
En un almuerzo con representantes de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei (Taiwan).
Comenzó el debate sobre proyectos que limitan venta de tierras a extranjeros
Hoy, en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, comenzó la discusión de varios proyectos de ley para limitar la venta de tierras a extranjeros no residentes en el país. En la primera reunión los integrantes de la comisión entre los cuales se encuentra la chaqueña Alicia Terada, escucharon a los autores de las 10 iniciativas referidas al tema, quienes explicaron y fundamentaron sus proyectos. Estuvieron presentes, entre otros, la presidente del Bloque de diputados de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, los diputados Pablo Orsolini (UCR); Verónica Benas (Si por la Unidad Popular), Diana Conti (Frente para la Victoria) y Sergio Basteiro (Nuevo Encuentro Popular y Solidario. Como resultado de la primera jornada de debate establecieron la posibilidad de que en 15 días la comisión emitiera dictamen sobre un proyecto de ley consensuado, para que sea tratado en el Recinto. La diputada Terada explicó que “el proyecto que impulsa la Coalición Cívica tomó como base un trabajo realizado por los equipos técnicos de la Federación Agraria Argentina en el año 2002”. “Tiene como objeto restringir y limitar la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros, fundado en la necesidad de preservar los recursos naturales y garantizar la soberanía alimentaria”, aseguró. Carrió hizo principal hincapié en que la compra de muchos terrenos es realizada por sociedades foráneas “para el lavado de dinero proveniente de la corrupción”. “Que la Argentina sepa quiénes son los propietarios extranjeros de tierras es decisivamente importante para la lucha contra la corrupción”, aseguró. “Hoy la venta de un pequeño campo puede asegurar la vida de tres generaciones y puede no dar de comer a la presente generación”, explicó. “No se puede esperar más”, concluyó Carrió tras citar los casos de Joseph Lewis, propietario extranjero de tierras en Río Negro, y de la compra de Esteros del Iberá, la mayor reserva de agua dulce del mundo, ubicada en la provincia de Corrientes. Con ese objetivo destacaron que en el proyecto se establecen prohibiciones a la adquisición de tierras por extranjeros, en consonancia con el derecho existente en países desarrollados, los que imponen estrictas prohibiciones y restricciones y límites en la adquisición de inmuebles rurales por los no nacionales. Asimismo, se tiende a consolidar el régimen de tenencia de la tierra; a la conservación de los recursos naturales, y al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo del productor agropecuario. 0
Dictamen para que el Acceso a la Información Pública sea tratado en sesión
Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja emitieron esta mañana, un dictamen conjunto para aprobar el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública. Mientras que la Coalición Cívica (CC) firmó un dictamen de minoría, el PS, GEN y Nuevo Encuentro firmaron un dictamen de mayoría con disidencia, todos en desacuerdo respecto a la autoridad de aplicación de la norma. No obstante el denominado Grupo A definió que "cada ámbito tendrá su propia autoridad de aplicación que será autárquico y autónoma". Tras varios meses de debate los principales bloques de la oposición en Diputados lograron avanzar con un dictamen posibilitando el tratamiento de la iniciativa en la sesión del 15 de septiembre. La diputada de la CC, Alicia Terada explicó que la Coalición Cívica firmó un dictamen en minoría “porque plantea que la autoridad de aplicación debía quedar en la órbita del Congreso, sin la participación del Poder Ejecutivo”. En tanto, otros sectores, como el PRO, algunos peronistas federales y el socialismo, preferían que la autoridad de aplicación sea compartida por el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Terada resaltó del proyecto la creación de la ANAIP (Autoridad Nacional de Acceso a la Información Pública) organismo que tendrá "autonomía funcional y autarquía financiera, en el ámbito del Congreso de la Nación", explicó la legisladora chaqueña. "La ANAIP es independiente, no recibirá instrucciones de ninguna otra autoridad de la Nación y tendrá capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado", establece el proyecto. La propuesta de la CC también plantea que la ANAIP estará a cargo de un directorio integrado por un presidente y cuatro vocales, con diversas obligaciones y funciones. Acordado entre todos los bloques el resto del texto establece que "toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reutilizar y redistribuir información que esté en poder, custodia o bajo control de cualquier autoridad pública". Esa posibilidad se podrá ejercer sin necesidad "de invocar un derecho subjetivo o interés alguno ni contar con patrocinio letrado". El texto plantea también que estarán obligados a brindar información los "organismos o entes de la Administración central, el Poder Legislativo, el Judicial, el Ministerio Público, los órganos creados expresamente por la Constitución Nacional, las empresas y sociedades del Estado, y las asociaciones empresariales, instituciones o fideicomisos que tengan recursos o bienes del Estado Nacional".

References: artículo 42
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