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Timestamp: 2020-05-26 16:47:51+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1978-14632
Documento BOE-A-1978-14632
Real Decreto 1279/1978, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para aplicación de la Ley 5/1977, de 4 de enero, de Fomento de Producción Forestal.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 139, de 12 de junio de 1978, páginas 13652 a 13659 (8 págs.)
BOE-A-1978-14632
https://www.boe.es/eli/es/rd/1978/05/02/1279
A propuesta de los Ministros de Hacienda y Agricultura, oído el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho,
Se aprueba el adjunto Reglamento para la aplicación de la Ley cinco/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de enero, de Fomento de Producción Forestal.
Dado en Madrid a dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho.
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 5/1977, DE 4 DE ENERO, DE FOMENTO DE PRODUCCIÓN FORESTAL
Las obras y trabajos de referencias son los siguientes:
1. Plantaciones, siembras o repoblaciones con especies forestales cuyo principal aprovechamiento sea la madera.
2. Desbroces, aclareos, abonados, laboreos del suelo, prevención y tratamiento de plagas y otros trabajos selvícolas en masas arboladas de cualquier clase que incidan en el incremento de la producción maderera.
3. Construcción, conservación y mejora de vías de saca y servicio.
4. Construcción, conservación y mejora de cortafuegos, y lucha contra incendios.
5. Redacción de proyectos de ordenación y planes técnicos que tengan como objeto primordial el aumento de la producción de madera.
En las obras y trabajos anteriores se Incluirán los que constituyan su infraestructura, auxiliares y complementarias vinculadas a aquéllos.
a) A los propietarios de los terrenos.
b) A los titulares de derechos de uso o disfrute de cualquier naturaleza sobre la propiedad forestal.
c) A quienes tengan concertado con los anteriores convenios para la realización de las actuaciones e inversiones previstas en este Reglamento.
Los tramos en regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración, estarán exentos del pago de la contribución territorial (Cuota fija y proporcional) y demás impuestos del Estado y Entidades locales.
A tales efectos, las bases imponibles de la superficie total de los montee afectados se reducirán en el 15 por 100 si estuviesen previstas las cortas a hecho, y el 20 por 100 en todos los demás casos.
Además de lo preceptuado en el artículo anterior, será preciso que el monte afectado no se encuentre ya acogido a los beneficios que concede el artículo 9 del texto refundido de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, aprobado por Decreto 2230/1966 en consonancia con el artículo 55 de la Ley de Montes de 8 de junio de 1957.
Las bases imponibles en la cuota proporcional de la contribución se reducirán, hasta en un 95 por 100 de su importe, cuando los sujetos pasivos realicen en el ejercicio correspondiente inversiones que tengan por objeto la ejecución de las obras y trabajos a que se refiere el artículo 2, siempre que no se trate de gastos normales de explotación, tanto si son sufragados por el explotador del fundo como si son financiados, en todo o en parte, con créditos.
Al cociente resultante se le sumarán, si los hubiere en ese año, los rendimientos de los aprovechamientos secundarios (tales como pastos, frutos y esquilmos) e intermedios debidos a claras y aclareos, los restantes aprovechamientos anuales que puedan derivarse de la explotación rústica, así como las rentas de otra procedencia, a fin de hallar, mediante la aplicación de los pertinentes preceptos, el tipo medio de gravamen, al cual se someterá la base liquidable que resulte de la totalidad de las rentas obtenidas en el año.
Determinado el tipo medio de gravamen, se aplicará a la suma de las bases imponibles por Contribución Territorial Rústica y Pecuaria desde el año siguiente a aquel en que hubiere tenido lugar el último aprovechamiento principal, así como a las rentas de otra procedencia, sin que en ningún coso se sumen más años que los transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley 5/1977.
La transmisión «inter vivos» de terrenos, la constitución de cualesquiera derechos de uso o disfrute sobre los mismos, o el otorgamiento de convenios que tengan por finalidad la repoblación con las especies arbóreas que se enumeran en el artículo 18 gozarán de las bonificaciones en el Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales que en el mismo se señalan, siempre que concurran los siguientes requisitos:
1. Que los terrenos sobre los que se haya de llevar a efecto la repoblación no constituyan suelo definido como Urbano o Urbanizable.
2. Que la repoblación se haga con sujeción a un Plan o Proyecto aprobado por Organismo o Entidad competente del Ministerio de Agricultura, en el que habrá de consignarse la duración del primer tumo de corta de la futura masa, es decir, el número de años que habrán de transcurrir para llevar a efecto el aprovechamiento maderable de la misma, así como también su posibilidad o el crecimiento anual medio en madera que se prevé obtener a dicha edad de la masa. La aprobación del Ministerio de Agricultura estará condicionada a que la valoración de los terrenos no supere los límites señalados en el apartado siguiente.
3. Que la valoración de los terrenos descritos en el apartado anterior, practicada por la correspondiente Delegación de Hacienda, conforme al artículo 117-1-12, del texto refundido de la Ley de Impuestos Generales sobre Sucesiones y sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, no sea superior al resultado de capitalizar al interés legal del dinero, la posibilidad calculada o el crecimiento medio anual referido en el apartado 2, al precio de la madera en pie y con corteza correspondiente al año en que se solicita la bonificación del impuesto.
4. Que la repoblación se lleve a cabo totalmente en un plazo de siete años a contar de la fecha de la transmisión, de la constitución del derecho de uso o disfrute o desde el otorgamiento del Convenio.
Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de la transmisión, de la constitución del derecho de uso o disfrute o del otorgamiento del Convenio, se acreditará ante la Oficina Liquidadora del Impuesto haberse enviado el plan o proyecto al Organismo competente del Ministerio de Agricultura. Dicho Organismo deberá resolver en el plazo de tres meses notificando su resolución al solicitante y a la oficina liquidadora; ésta, de ser aprobatoria la resolución y cumplirse los requisitos 1 y 3 del artículo 15, motivará la bonificación provisional del impuesto, debiendo extenderse la correspondiente nota de afección en el Registro do la Propiedad en la que se condicione su elevación a definitiva al cumplimiento de los requisitos 2 y 4: según se determina en el artículo siguiente.
Del 80 por 100, las del género «Eucaliptus», en cotas superiores a 500 metros, localizadas en las provincias antes reseñadas así como a cualquier nivel en todas las restantes provincias del ámbito nacional.
Pino «insigne» y pino «pinaster» en cotas inferiores a 700 metros, localizadas en las provincias Vascongadas, Santander, Oviedo y provincias gallegas; y en Canarias, las mismas especies sin condicionado de altitud.
La condición de especie exótica y el asentamiento sobre, el suelo adecuado se acreditarán en el expediente por informe del mismo Ministerio.
1. Reducción hasta el 95 por 100 de:
a) La base del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en las aportaciones para la constitución de sociedades, en los actos y contratos relativos a los empréstitos que emitan y en los préstamos que las mismas concierten con Organismos internacionales o con Bancos e Instituciones financieras, cuando los fondos así obtenidos se destinen a financiar inversiones reales nuevas.
b) Los derechos arancelarios, Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas, que graven la importación de bienes de equipo y utillaje, cuando no se fabriquen en España. Se hace extensivo este beneficio a los materiales y productos que, no produciéndose en España se importen para su incorporación a bienes de equipo que se fabriquen en España.
c) En el Impuesto General sobre las Rentas de Capital, sobre las cuotas que correspondan a los rendimientos de los empréstitos que emitan las Empresas y de los préstamos que concierten con Organismos internacionales o con Bancos e Instituciones financieras extranjeras, cuando los fondos así obtenidos se destinen a financiar inversiones reales nuevas.
Los beneficios señalados en este número se concederán por un plazo de cinco años, prorrogable cuando las circunstancias económicas así lo aconsejen por otro período de igual duración.
2. Libertad de amortización de los nuevos equipos durante los primeros cinco años, a partir del comienzo del primer ejercicio económico en cuyo balance aparezcan reflejados los resultados positivos de la explotación. Cuando las circunstancias económicas lo aconsejen se prorrogará este beneficio por otros cinco años.
3. Preferencia en la obtención de crédito oficial.
Para acogerse a los beneficios indicados en el artículo anterior, las Empresas a que en el mismo se hace referencia deberán reunir las siguientes condiciones;
a) Inversiones en obras y trabajos, según presupuesto aprobado por el Ministerio de Agricultura, por un importe que supere los 5.000.000 de pesetas.
b) Repoblaciones con especies de los géneros «Populus» y «Platanus» cuya cabida no sea inferior a 100 hectáreas.
c) Repoblaciones con especies del género «Eucaliptus» cuya cabida no sea inferior a 200 hectáreas.
d) Repoblaciones con especies del género «Pinus» cuya cabida no sea inferior a 400 hectáreas.
e) Repoblaciones con las restantes especies citadas en el artículo 18 cuya cabida no sea inferior a 300 hectáreas.
a) Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.‒Las Empresas interesadas solicitarán la reducción al tiempo de presentar en la oficina liquidadora competente la declaración y documentos con que se inicie el procedimiento de gestión de dicho Impuesto, las cuales aplicarán el beneficio en los propios términos contenidos en la correspondiente Orden ministerial de concesión.
b) Derechos arancelarios, Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas e Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores.‒La reducción de estos Impuestos que gravan la importación de bienes de equipo y utillaje, se solicitará en cada caso directamente, por la Empresa destinataria de los mismos, de la Dirección General de Aduanas, en unión de la documentación exigidas dicho fin.
Los bienes de equipo y utillaje importados con esta reducción quedarán vinculados a la actividad correspondiente al fomento de la producción maderera y no podrán ser aplicados a otra actividad distinta. En caso contrarío, se exigirá el pago de la parte de los Impuestos reducidos no satisfecha al realizar la importación y las sanciones que procedan de acuerdo con lo previsto en el artículo 83 de la Ley General Tributaria.
c) Impuesto sobre las Rentas del Capital.‒La reducción de este Impuesto se efectuará con arreglo a lo previsto en la Orden de 11 de octubre de 1965, para aplicación del Decreto-ley 19/1961, de 19 de octubre.
El Estado podrá conceder, con cargo a sus presupuestos, ayuda económica a través de subvenciones y créditos, con el fin de fomentar la producción de madera, en la forma y condiciones que se establecen en los artículos siguientes.
La concesión de subvenciones y créditos en los trabajos a que se refiere el apartado 1 del artículo de este Reglamento, se ajustará al siguiente orden de preferencia.
a) Restauración de zonas siniestradas.
b) Atención a planes plurianuales aprobados.
c) Plantaciones y siembras aprovechables a turno corto.
d) Plantaciones con especies de maderas nobles.
e) Repoblaciones con especies, variedades o clones que tengan unas características productivas superiores a las de la masa forestal preexistente.
No obstante, si por causa razonada fuera necesario introducir alguna modificación en la anterior escala de preferencia, el Ministerio de Agricultura podrá hacerlo mediante Orden ministerial.
Las subvenciones para los trabajos contemplados en el artículo anterior se hará preferentemente en semillas y plantas, a fin de garantizar al máximo los orígenes y la calidad, y tendrán el carácter de entrega a cuenta de la subvención concedida, valorando las plantas y semillas a los precios determinados al efecto por el Ministerio de Agricultura, que no serán nunca inferiores al coste total de producción de las semillas y plantas.
El 50 por 100 para restauraciones de zonas siniestradas; plantaciones o siembras con especies aprovechables a turno corto o con especies de madera noble; limpias, aclareos y podas-, proyectos de ordenación y planes técnicos; construcción, conservación, mejora de cortafuegos y lucha contra incendios en comarcas declaradas «zonas de peligro» de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II de la Ley 81/1968, de Incendios Forestales.
A tales efectos, el empresario que quisiera acogerse a dicha compatibilidad, deberá solicitar primero el crédito, a la vista de cuya concesión, el Ministerio de Agricultura, con arreglo al Presupuesto por él aprobado, determinará la subvención a conceder, de forma que ésta, sumada al crédito, se ajuste a lo establecido en el párrafo anterior.
a) Plantaciones de chopos y eucaliptos, dieciséis años, con catorce de gracia y amortización en las dos últimas anualidades.
b) Plantaciones o siembras con otras especies: veinte años, con dieciocho años de gracia y amortización en los dos últimos años.
c) Otras mejoras: diez años, con ocho años de gracia y amortización en los dos últimos.
Con independencia de los créditos anteriores y a efectos de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 5/1977, de Fomento de Producción Forestal, el Ministerio de Hacienda fijará las líneas de crédito oficial a las que, con carácter preferente, podrán acogerse las peticiones de créditos a reintegrar con el importe de la venta de los productos obtenidos en la corta final de masas forestales, siempre que concurran las condiciones siguientes:
a) Que el monte que va a producir la corta a cuenta de la que se quiere obtener el crédito esté poblado con los géneros y especies de gran rendimiento en madera que se citan en el artículo siguiente.
b) Que la masa objeto del crédito sea regular.
c) Que se aproveche mediante corta a hecho.
d) Que la corta vaya a tener lugar dentro de los diez años siguientes a la solicitud del crédito, y coincida con el turno normal para la especie y región de que se trate.
e) Que hayan transcurrido, por lo menos, cuatro años desde que se hubiera logrado la plantación.
f) Que el beneficiario del crédito sea a la vez dueño del suelo y del vuelo que va a producir la corta.
Pino insigne o de Monterrey, pino canario, pino pinaster, elerce, abeto Douglas, chopos, plátanos, eucaliptos y castaños, así como aquellas especies exóticas que puedan ser introducidas, a juicio del Ministerio de Agricultura, por su interés productivo.
Se autoriza al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) para ejecutar todo tipo de trabajos forestales en régimen de prestación de servicios, mediante los correspondientes acuerdos con los propietarios de los terrenos, o con los titulares de derechos de uso o disfrute de cualquier clase sobre la propiedad forestal. Las actuaciones podrán realizarse tanto si se hacen a expensas de los interesados como si éstos se acogen a cualquiera de las ayudas que se consignan en, este Reglamento.
Los recursos y dotaciones que ICONA utilizará para la realización de estos servicios deberán reflejarse en el presupuesto de explotación y capital a que hace referencia el capítulo II del título II de la Ley General Presupuestaria, de 4 de enero de 1977.
La prestación de estos servicios se solicitará de la Dirección del ICONA, mediante instancia presentada en cualquier oficina de este Organismo.
Aceptada por la Dirección de ICONA la prestación de un servicio, se suscribirá el pertinente contrato, lo que facultará al correspondiente Servicio Provincial para comenzar sus actuaciones siempre que, previamente, el interesado haya ingresado el importe del presupuesto o la parte convenida por escrito.
‒ El interés básico del Banco de España para las plantaciones realizadas con chopos y eucaliptos.
‒ El interés legal para las plantaciones realizadas con todas las demás especies.
El reintegro del anticipo se efectuará de una sola vez-o por amortizaciones sucesivas y con cargo a la participación del ICONA en los aprovechamientos del vuelo creado a consecuencia del Convenio, sin que dicha participación pueda exceder del importe del anticipo reintegrable.
Transcurrido el citado plazo de duración, o antes, si el ICONA con su participación en los aprovechamientos hubiese cubierto su saldo acreedor quedará automáticamente extinguido el Convenio, reintegrándose el suelo y las existencias que sustentare a la plena posesión de su propietario.
En cualquier caso, quedará automáticamente extinguida la cuenta auxiliar citada y, salvo en el de extinción del Convenio, se continuará con la original del mismo, pudiendo ser prorrogado a juicio del ICONA por otro periodo de tiempo que, como máximo, será igual al que se determine según el primer párrafo del artículo 56, y a contar desde la fecha de extinción de la cuenta auxiliar.
a) El interés público o social, especialmente cuando se contemple el aprovechamiento integral de los productos, mediante la creación o conexión con las correspondientes industrias transformadoras.
b) Que se resuelvan problemas de ordenación del territorio o se persiga la obtención de productos- de los que el país sea deficitario o puedan ser objeto de exportación.
La concesión administrativa se otorgará por un plazo máximo de noventa y nueve años. Cuando el plazo de la concesión sea menor, podrá ser objeto dé prórroga a su vencimiento, siempre que la Administración lo estime conveniente y se justifique su necesidad, pero, en este caso, la duración total de la concesión, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de los noventa y nueve años.
Serán de cargo del concesionario los gastos de adquisición de los terrenos, los de saneamiento de la propiedad y los inherentes a la realización de las obras y trabajos que den motivo a la concesión, incluidos los de infraestructura, auxiliares y complementarios vinculados a aquellos precios o derivados de los mismos. También serán de cargo del concesionario las indemnizaciones a terceros que se deriven del proceso, así como los gastos de conservación adecuada, explotación de la riqueza creada y aquellos otros que se acrediten en cada caso.
El contrato de formalización de la concesión tendrá carácter administrativo.
Por Decreto, a propuesta del Ministerio de Agricultura podrá declararse «zona protectora» un área territorial determinada cuando la misma se encuentre en alguno de los casos siguientes:
a) Estar situada en cabecera de cuenca hidrográfica o en cuenca alimentadora de embalse a la que se refiere la Ley de 19 de diciembre de 1951.
b) Que las especiales características de su infraestructura natural hagan aconsejable la creación, restauración, mejora y aprovechamiento de espacios silvo-pastorales para defender los intereses generales protegiendo las infraestructuras, construcciones, aprovechamientos y terrenos situados en cotas inferiores.
a) Si se trata de embalse construido por el Ministerio de Obras Públicas, será de aplicación lo establecido en los artículos 2.°, 3 °, 4.° y 6.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951.
b) Si se trata de embalse construido por entidades o particulares, será de aplicación lo previsto en el párrafo 2.° del artículo 9.° de la referida Ley.
a) Con quince días al menos de anticipación, la Jefatura Provincial del ICONA anunciará en el «Boletín Oficial» de la provincia y remitirá a los Alcaldes, para su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de posible declaración de «zona protectora» definida en la Ley 5/1977, de 4 de enero, el término o términos municipales en que se hayan de efectuar los reconocimientos previos necesarios, a fin tantes, puedan asistir y expresar cuanto convenga a su derecho.
b) Confeccionada la relación de predios y propietarios afectados, se les notificará individualmente y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia, remitiéndose a los Alcaldes, para su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, copia del anuncio, concediéndose un plazo de quince días para que los interesados puedan presentar las alegaciones pertinentes.
c) Cumplido el trámite anterior, se remitirá el expediente, con e] correspondiente informe y propuesta de resolución, a la Dirección del ICONA, que, previo informe de la Asesoría Jurídica, lo someterá a la consideración del Ministerio de Agricultura, a fin de que, si procede, lo eleve al Consejo de Ministros.
d) En el Decreto de aprobación se delimitará la «zona protectora» por términos municipales completos y se determinará la orientación a seguir en relación con la utilización de los recursos naturales renovables, las acciones que deban acometerse, las líneas de actuación de los Organismos a los que corresponda la gestión de la zona y las obligaciones de los titulares de la propiedad de los predios afectados.
e) La inclusión de un monte en «zona protectora» constituye acto impugnable por el propietario ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
a) Repoblarlos, si ello procediese, de acuerdo con los planes reglamentariamente aprobados, bien a su cargo o con las ayudas previstas en la Ley 5/1977, de 4 de enero, y en este Reglamento.
b) Ordenar sus aprovechamientos y mejoras con sujeción a los planes técnicos que redacte la Administración.
Transcurrido este último plazo, los planes comarcales, debidamente informados, y acompañados de los alegatos formulados se elevarán a la superioridad para la resolución procedente.
La aprobación del proyecto por el Consejo de Ministros a propuesta del de Agricultura, llevará implícito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa, y el 32 de la Ley 5/1977, de Fomento de Producción Forestal, el carácter de utilidad pública a los efectos de expropiación, pudiendo además, si fuera necesario, adoptarse el trámite de urgencia.
a) Que el Ministerio de Agricultura haya aprobado el proyecto de plantación o explotación intensiva, con indicación expresa del plazo de ejecución, y reconocido la necesidad de resolver aquel contrato.
b) Que el propietario del predio satisfaga al arrendatario una indemnización, estimada por el propio Ministerio y fijada en definitiva por el Juez, cuyo tope máximo no podrá exceder de seis veces el importe de la renta anual estipulada.
Las disposiciones necesarias para estimular la creación de sociedades españolas de inversión en patrimonios inmobiliarios de carácter forestal, a que hace referencia el artículo 36 de la Ley 5/1977, serán dictadas por el Gobierno a propuesta conjunta de los Ministerios de Hacienda y Agricultura, teniendo presente las especiales características de la propiedad y producción forestal en cuanto a los largos periodos de tiempo en que necesariamente ha de mantenerse inmovilizado, y con gran riesgo de desaparición, la parte del capital de las empresas constituidas por el capital vuelo.
A los Servicios competentes de los Ministerios de Hacienda y Agricultura corresponderá la vigilancia e inspección, según los casos, del cumplimiento por las empresas de las obligaciones asumidas como consecuencia de haber obtenido cualquiera de los beneficios contemplados en este Reglamento.
El incumplimiento por parte del beneficiario de cualquiera de las obligaciones asumidas, y en especial del fin último perseguido, que es la producción de madera, dará lugar a la suspensión de la aplicación de los beneficios acordados por la Administración y al abono o reintegro, en su caso, de las bonificaciones, exenciones o subvenciones ya disfrutadas, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
En lo que se refiere a producción de madera, se entenderán cumplidos los compromisos contraídos cuando hubiera transcurrido un turno o veinte años contados desde la plantación.
Cuando el objeto de la devolución fuese una cantidad líquida, su exigencia se ajustará al procedimiento establecido en el Reglamento de Recaudación y sus disposiciones complementarias, respecto de las cantidades que en concepto de principal, intereses y gastos, tuviese derecho a exigir la Administración de los empresarios que incumplieren sus obligaciones.
En los casos en que las subvenciones hubieran sido realizadas en especie, se liquidará como principal la cantidad en que fue valorado el producto en el momento de su entrega, agregando los intereses y gastos según liquidación practicada por el Organismo competente. Notificada la liquidación al interesado, éste vendrá obligado a su pago en el plazo que se señale, y, caso de no hacerlo, la certificación de descubierto tendrá fuerza ejecutiva y dará origen a que se inicie el correspondiente procedimiento de apremio, sin perjuicio de los recursos que contra dicha resolución procedan y de la posibilidad de suspensión de la ejecución del acuerdo prevista en el artículo 116 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Corresponderá a los Servicios de Inspección del Ministerio de Hacienda la comprobación de los supuestos de hecho a que se hallen condicionados los beneficios fiscales concedidos en este Reglamento, a cuyo efecto recabará, cuando lo estime necesario, la colaboración del Ministerio de Agricultura.
Cuando entre los beneficios concedidos por este Reglamento se incluya la entrega de productos y éstos no se apliquen al fin señalado, lo cual se deducirá de denuncia, acta o certificación final de obra, el beneficiario será sometido a expediente de sanción. Acreditado el cargo imputado, se procederá a sancionarle con una multa igual al doble del valor de los productos desviados de su previsto uso.
También serán sometidos a expediente de sanción, con las mismas formalidades señaladas en el párrafo anterior, quienes de cualquier forma incumplan los compromisos contraídos con la Administración. En este caso, la multa podrá llegar hasta el doble de la cantidad fijada como devolución en el artículo 89 de este Reglamento.
En ambos casos, el procedimiento sancionador será el que establece el título VII del libro cuarto del Reglamento de Montes, en lo que concierne a las infracciones en montes de particulares, y la sanción tendrá fuerza ejecutiva.
Los consorcios establecidos con el ICONA con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 5/1977, de Fomento de Producción Forestal, podrán convertirse, por acuerdo de las partes que los suscribieron, en convenios de los regulados por este Reglamento, previa actualización de sus estados de cuentas, consistentes en considerar, como primera partida del anticipo reintegrable de nuevo convenio, la diferencia entre la suma de las partidas de gastos sufragados por el ICONA y los ingresos de éste, y aplicando a partir de ese momento el régimen previsto para la contabilización de subvenciones y anticipos.
Si no resultase saldo acreedor del ICONA, quedará cancelado el consorcio.
En los casos de conversión de consorcios en convenios, objeto de la disposición transitoria primera, siempre que dicha conversión se solicite en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, y si con cargo a aquellos consorcios se hubiesen contabilizado con fecha posterior a la entrada en vigor de la Ley 5/1977 gastos que por su naturaleza, fueran susceptibles de beneficiarse de las subvenciones correspondientes se aplicará a los mismos, y en el momento de la actualización del estado de cuentas, la reducción que en virtud del convenio le corresponda.
Quedan derogadas todas las disposiciones que, sin rango de Ley, se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
Fecha de publicación: 12/06/1978
Fecha de entrada en vigor: 02/07/1978
SE DICTA EN RELACION, estableciendo un régimen de ayudas para Fomentar Inversiones, Acciones de desarrollo y Aprovechamiento Forestal: por Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo (Ref. BOE-A-1993-8370).
SE MODIFICA el art. 49, por Real Decreto 1404/1982, de 30 de abril (Ref. BOE-A-1982-16121).
SE DICTA EN RELACION con el art. 35: Orden de 29 de enero de 1982 (Ref. BOE-A-1982-3700).
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 190, de 10 de agosto de 1978 (Ref. BOE-A-1978-20755).
DESARROLLA la Ley 5/1977, de 4 de enero (Ref. BOE-A-1977-460).
Real Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-1973-208).
Ley de Impuestos Generales sobre Sucesiones y Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, texto refundido aprobado por Decreto 1018/1967, de 6 de abril (Ref. BOE-A-1967-7649).
Real Decreto 2230/1966, de 23 de julio (Ref. BOE-A-1966-14850).
Real Decreto-ley 19/1961, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-1961-19120).
Ley de Patrimonio Forestal del Estado (Ref. BOE-A-1941-3369).

References: Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 55
 artículo 2
 artículo 18
 artículo 117
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 18
 artículo 83
 artículo 18
 artículo 56
 artículo 9
 resolución 
 artículo 10
 artículo 36
 resolución 
 artículo 116
 artículo 89
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

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