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Timestamp: 2020-07-03 17:52:52+00:00

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aumentarlo: corregir, en este caso, quiere decir, cosa rara, | Ley procesal | Debido al proceso
aumentarlo: corregir, en este caso, quiere decir, cosa rara,
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Trabajo de Derecho Procesal laboral - Pago de beneficios - Informe de Exp. Laboral 2 (1)
Texto Laboral (1)
C-351-17.rtf
Resumen if II Unidad
AXIOLOGÍA CRÍTICA DEL PROCESO ORAL GUSTAVO RUIZ y MICHELLE AZUAJE
“La palabra es irreversible, esa es su fatalidad. Lo que ya se ha dicho no puede recogerse, salvo para aumentarlo: corregir, en este caso, quiere decir, cosa rara, añadir. Cuando hablo, no puedo nunca pasar la goma, borrar, anular; lo más que puedo hacer es decir „anulo, borro, rectifico‟ , o sea , hablar más”. 1
Como es sabido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CNRBV en
adelante) en su artículo 26, garantiza el derecho de toda persona a acceder a la justicia en defensa
de sus derechos e intereses. Asimismo, buscando permitir el acceso de todos, la justicia es “gratuita”
lo cual en definitiva sólo significa que no hay costas procesales derivadas del arancel judicial 2 .
Además, con su entrada en vigencia, se introdujo en el ordenamiento jurídico venezolano, un
imperativo que obligó a redimensionar la concepción tradicional del proceso, para adecuarlo a los
principios de celeridad, inmediatez, economía, inmediación, entre otros. Buscando contar con una
administración de justicia cada día más eficaz y eficiente.
Ello en aplicación de la regla según la cual, toda noción de Estado de Derecho lleva implícita
la idea de una tutela judicial de los ciudadanos de manera eficaz y efectiva frente a todos los
órganos del Poder Público y en particular en el goce y ejercicio de las libertades fundamentales o
derechos inherentes al ser humano, debido a que el Estado de Derecho es, ante todo un “Estado de
tutela”, esto es, “…una organización jurídica mediante la cual se ampara y protege a la nación en el
1 Roland Barthes, “El susurro del Lenguaje”. Barcelona, 1987. Paidós Ibérica, S.A.
2 Leal Wilhelm, Salvador. El Acceso a la Justicia
comienzos del siglo XXI: estudios en homenaje al profesor Allan R. Brewer Carías, Madrid: Civitas Ediciones, 2003.- 3 tomos.
versus un Proceso Sin Dilaciones Indebidas. El Derecho Público a
goce y ejercicio de sus derechos subjetivos”. Con esta noción, el constituyente ha querido resaltar
que no basta una “simple” tutela judicial, sino que además sugiere la idea de su efectividad material.
En la CNRBV se consagra este derecho por vez primera de una forma expresa en el
ordenamiento jurídico venezolano mientras que anteriormente en la Constitución de la República de
1961, se deducía del derecho al debido proceso, llegando incluso a confundirlos, si bien ambos
conceptos distan de ser sinónimos; así, el artículo 26 dispone lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”
El artículo trascrito por tanto, consagra además del acceso a la justicia como se ha dicho, el
derecho de tutela judicial efectiva y a un debido proceso en vista de que éste ultimo, tal como lo
menciona el articulo 257 del Texto Fundamental, “…constituye un instrumento fundamental para la
realización de la justicia”…en donde “…no se sacrificará la justicia por formalidades no esenciales”,
se trata entonces de un proceso sin dilaciones indebidas
lo cual permite que el mismo
Por una parte, según Chamorro, citado por Molina Galicia 3 la tutela judicial efectiva en
Sentido Estricto, “…es el derecho fundamental que toda persona tiene a la prestación jurisdiccional,
es decir, a obtener una resolución fundada jurídicamente, normalmente sobre el fondo de la cuestión
sus derechos e
jurisdiccionales”, por otra parte, siguiendo a Molina Galicia la tutela judicial en un Sentido Amplio es
una garantía constitucional procesal, que debe estar presente desde el momento en que se accede
al aparato de la administración de justicia, hasta la eventual ejecución forzosa del fallo; en otras
palabras, que una vez garantizado el acceso a la justicia, los demás principios que conforman el
conjunto llamado “Tutela Judicial Efectiva”, tales como: el Derecho a la Defensa, Derecho de obtener
una resolución, Derecho a la ejecución del fallo, el Debido Proceso, la Celeridad, la Gratuidad, entre
otros, deben ser protegidos ya que, la violación de una de esas garantías paralelamente configuraría
la violación a la tutela judicial efectiva, pero el hecho de que se viole
la misma, no implica que se
estén violando todos y cada uno de los derechos y garantías que ésta consagra.
De tal suerte que, los derechos y garantías derivados de la tutela judicial efectiva, sólo se
infringirán si: a) se niega u obstaculiza gravemente el acceso a la jurisdicción o al proceso en el que
pueda plantear su pretensión ante los jueces y tribunales; b) se produce indefensión en el proceso
donde se ventila esa pretensión; c) no se obtiene una resolución razonable y fundada en derecho; d)
la resolución obtenida no es efectiva.”
3 Molina, René. “Reflexiones sobre una visión Constitucional de Proceso, y su Tendencia jurisprudencial ¿Hacia un gobierno Judicial?” Caracas. Ediciones Paredes, 2002. p. 190.
Dentro de este paradigma en búsqueda de la llamada justicia material, guarda especial
relevancia el citado artículo 257 de la Carta Magna, de acuerdo con el cual:
En virtud de este mandato constitucional, se ha dirigido en gran medida la actividad del
legislador a la promulgación de cuerpos normativos cuyo propósito fundamental ha sido incluir y
garantizar la celeridad procesal a través de distintas figuras jurídicas esencialmente, a través de la
publicidad y Oralidad. Casos emblemáticos: Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, La Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, entre otras. Este mandato de la Carta Magna obliga al legislador a
diseñar las leyes procesales con observancia de los principios y características descritos en la citada
norma, por tanto, todos los procesos administrativos y judiciales, deben estar orientados por la
oralidad, por la brevedad, por la uniformidad, y además deben ser públicos. Así pues, se dice que,
los procesos con predominio de la escritura, excesivamente tardíos, e impregnados de formalismos
inútiles están viciados de inconstitucionalidad 4 por contravenir el espíritu del artículo 257.
De manera que, en nuestros tiempos la preeminencia de la “oralidad” y en consecuencia, el
proceso por audiencias, surge como garantía para el ciudadano, de una administración de justicia en
4 Urdaneta Guido, La Oralidad y el Proceso por Audiencias en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En: Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Ensayos. Volumen I. Tribunal Supremo de Justicia Serie Normativa nº 4 , Caracas, 2004.
esencia, más expedita y transparente, que en principio, permitirá que cada día los justiciables tengan
mayores posibilidades de acceso al aparato jurisdiccional y que se dé cumplimiento a la aludida
tutela judicial efectiva. Si bien, la oralidad no se trata de un principio moderno pues, tiene sus
antecedentes ya en el proceso civil romano en donde el libelo de la demanda era escrita, siendo
todas las demás actuaciones orales y particularmente en Venezuela, en el Código de Procedimiento
Civil de 1986 que incluía el procedimiento oral y público.
En la actualidad, mucho se habla sobre las bondades del proceso oral, una de las cosas que
se sostiene es que los procesos orales resultan ser más eficientes que el escrito, en la medida en
que aseguran la inmediación, y por tanto, el ideal de contacto directo y simultáneo de los sujetos
procesales entre sí, y con los medios de prueba, en que se basa el debate y la decisión del tribunal 5 .
Sin embargo, como se verá, el ideal de justicia célere y expedita, más que eso de la inmediación,
puede muchas veces contraponerse a la garantía de
acceso a la justicia o a la de un proceso sin
dilaciones indebidas ante una realidad económica como la venezolana, la celeridad puede resultar
una mera entelequia. Igualmente, otros elementos extra-jurídicos influyen en el desenlace del
Ahora bien, estará realmente la solución a una hipertrofiada administración de justicia en la
oralidad? Cuál ha sido el balance en esos procesos en los que se ha instaurado en Venezuela
durante los últimos años? Es posible aplicar en Venezuela un proceso judicial esencialmente oral y
5 De Hegedus, Margarita. Garantías del Principio de Economía en el proceso por audiencias. p. 41 En: XVIII Jornadas Iberoamericanas XI Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal. En homenaje a la escuela procesalista uruguaya. Uruguay, 2002.
público? Cuáles son las implicaciones de ello? A estas y otras interrogantes pretende darse
respuesta en lo sucesivo.
Nociones fundamentales de Oralidad y Escritura en el proceso
Recordando lo dicho por Millar, citado por Rengel Romberg, en términos sencillos un sistema
procesal es oral, cuando el material de la causa –alegaciones, pruebas y conclusiones- es objeto de
la consideración judicial en tanto y en cuanto se presenten de palabra. Así, será entonces escrito
cuando la escritura es la forma ordinaria de las actuaciones 6 .
Si bien en este momento abordaremos lo que según Carnelutti es la “Fórmula del Concepto
Chiovendano de la oralidad”, aquel no entendido en forma simplista sino que lleva consigo las
nociones de concentración e inmediación procesal, -habría que agregar además la publicidad-.
según Rengel Romberg aquel en el cual las actividades importantes se realizan de viva voz, entre
presentes, en una audiencia o debate en el cual el juez entra en estrecho contacto con las partes y
los medios probatorios que han de formar su convicción para decidir 7 .
Por lo anterior, algunos
autores han señalado que el principio de oralidad es más bien un instrumento que sirve para el
desarrollo efectivo de los principios de inmediación, concentración, brevedad y publicidad 8 .
6 Millar en Rengel Romberg, Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo I. Organización Gráficas Capriles, Caracas, 2003. p. 178.
7 Idem p. 183.
8 Petit Da Costa, Frank. El Proceso Civil Oral en venezuela. Ediciones Liber. Caracas, 2004. p. 28.
Recordemos entonces lo que significan los principios de concentración,
publicidad procesal.
En primer lugar, refiérase la inmediación al principio por el cual el Tribunal actúa en contacto
directo con las partes o testigos. Vale la pena resaltar, como se ha dicho y recordando nuevamente
a Rengel Romberg que este principio prácticamente soporta a la oralidad, si bien no es propia de los
procesos orales.
Por otra parte, el principio de concentración tiende a evitar la dispersión del proceso, logrando
que todos los actos integrantes de éste, sean realizados en un única audiencia o en distintas
consecutivas, de forma tal que el Juez reciba las alegaciones y el material aportado por las partes de
una sola vez 9 . En cuanto a la publicidad, ha dicho Couture es consecuencia natural de la presencia
del público en las audiencias judiciales; constituye el más precioso instrumento de fiscalización
popular sobre la obra de magistrados y defensores 10 .
Por qué implementar la oralidad?
Como se ha dicho, ante el mandato constitucional, ha de imponerse la oralidad sobre la
escritura (dejando clara nuestra opinión concurrente con la de muchos autores que sostienen que no
deben entenderse como dos procesos puros y excluyentes pues, lo ideal para la justicia es que
9 Bello Lozano, Humberto y Bello Lozano MarquezTeoría General del Proceso. Mobil – Libros. Caracas, 1989. 10 Couture Eduardo en Bello Lozano. Ob. Cit. P. 116.
ambos sistemas se fusionen; aunque exista un mayor número de actos procesales de forma oral o
escrita según sea el caso) pues, comúnmente se sostiene que:
“la esencia del juicio oral radica en debatir el litigio estando presentes ambas partes ante el tribunal que conoce del asunto. El principio de la oralidad está asociado al principio de inmediación y materializa el derecho a
ser oído (
los juicios orales ofrecen una mayor posibilidad para establecer
la materia de discusión y para terminar la disputa no sólo por medio de un
fallo, sino en la mayoría de los casos- por medio de la conciliación. (
juicios orales contribuyen, además, a acelerar los procesos y a concluirlos con mayor rapidez” 11 .
De lo citado se desprenden las que pudieren ser -entre otras- características y a su vez,
ventajas del proceso oral, que se resumen en:
a) la posibilidad de inmediación, cuyo beneficio indefectiblemente estriba en la fatalidad de la
palabra, ya que como se expresaba al inicio, lo que ya se ha dicho no puede recogerse,
cuando hablamos, no podemos nunca pasar la goma, borrar, anular lo dicho; lo más que
podemos hacer es decir „anulo, borro, rectifico‟, o sea, hablar más, y en este sentido lo dicho
será fundamental para crear la convicción en el órgano juzgador. Además de materializar la
garantía del derecho a ser oído (Art. 49 CNRBV)
b) garantizan en buena medida la transparencia, pues este concepto se encuentra asociado al
de publicidad de los actos, lo que permite el control popular. Como se ha dicho es un
11 Peter Messitte, ¿Tenemos algo que aprender de los venezolanos? II Congreso Internacional de Derecho Procesal del Trabajo Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1292, 2004
instrumento de fiscalización popular sobre la obra de magistrados y defensores. Asimismo,
se ha señalado que la oralidad permite la realización de la justicia social, de la que nos
habla la Constitución Venezolana, porque permiten el acceso igualitario a la población que
tiene menos recursos 12 .
c) ofrecen una mayor posibilidad para establecer la materia de discusión y para terminar la
disputa no sólo por medio de un fallo, sino en la mayoría de los casos- por medio de la
d) con respecto al principio de economía procesal, y en particular, al de concentración, en un
proceso por audiencias éstas pueden y
suelen concentrar distintas actividades en un solo
acto, si bien, desde el punto de vista procesal, el juicio oral se desarrolla en un único acto o
en un número reducido de sesiones consecutivas en las que se concentran las distintas
fases sin desvanecerse la noción de unidad del acto 13 .
e) contribuyen, a acelerar los procesos y a concluirlos con mayor rapidez.
Todo lo cual, como se ha dicho guarda perfecta armonía con la concepción del proceso como
instrumento para la realización de justicia de la que nos habla la Constitución. Puesto que, cuando
el justiciable acude al aparato judicial, lo hace con el propósito de solucionar sus controversias, en el
12 Velandia Ponce, Rómulo.
Jurídica y los Procesos del Área Social. En: Estudios de Derecho Procesal Civil Libro Homenaje a Humberto Cuenca. Tribunal Supremo de Justicia Colección Libros Homenaje, Nº 6. Caracas, Venezuela, 2002. P.948
13 Urdaneta Guido, La Oralidad y el Proceso por Audiencias en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En: Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Ensayos. Volumen I. Tribunal Supremo de Justicia Serie Normativa nº 4 , Caracas, 2004.
El principio de Oralidad en el Proceso Civil: Su relación con la Lingüística , La Psicología
menor tiempo posible, sin que ello signifique agregarse un problema más, en definitiva, lo que las
partes desean ante todo es celeridad o bien lo que se ha llamado un proceso “sin dilaciones
indebidas”. Aunque la celeridad conlleva a su vez sus propios riesgos y beneficios ya que,
acelerar el proceso puede ser un medio de “obligar al adversario a la
improvisación, especulando con la desorientación psicológica producida por la
sorpresa 14 ”
Pero además, en estos casos se reducen los formalismos en adopción de lo que se ha
llamado “justicia material”. Esto no significa la inobservancia total de las formas procesales, pues, la
CNRBV (artículo 26) sólo prohíbe las formalidades inútiles pero no, las esenciales, es decir, aquellas
“formas y requisitos procesales que por afectar al orden público, son de necesaria observancia, por
su racionalidad y eficacia 15 .”
Trabas a la Eficacia de la Oralidad
En un sentido práctico, los procesos orales presentan más que desventajas, una serie de
inconvenientes operativos, que dan al traste con el ideal de celeridad que tanto se predica de ellos,
cuenta por una parte, que la justicia es un bien
del dominio público y que la
Constitución garantiza a “todos” el acceso a ella, y por la otra que a medida que más causas son
14 Calamandrei, En: Leal Wihelm Ob. Cit.
15 González, En: Idem. Ob. Cit.
conocidas por los tribunales, mayor será el número de recursos económicos, humanos y en síntesis
judiciales que deberán asignarse. Así pues, una sencilla fórmula económica explica que
“A medida que se amplía el acceso a la justicia, si se mantiene constante el número de tribunales el retardo procesal necesariamente tenderá a incrementarse. Si hay un mayor número de causas pendientes, por necesidad el Juez dedicará menor tiempo a cada causa por lo que se requerirá más tiempo para cada una. Por otra parte si se logra reducir el tiempo para decidir cada causa, dado que el retardo es uno de los costos que impiden el acceso, aumentará la demanda del servicio judicial y a la larga se volverá al retardo procesal –más aun probablemente nunca cesará-.” 16 (Comentarios de los autores)
Ciertamente, la asignación de recursos debe cubrir el nivel de eficiencia que se exige del
proceso. Verbigracia, en los procesos laboral y penal, que en Venezuela se desarrollan por
audiencias, muchas veces éstas no pueden ser celebradas por no disponer de Salas para ello,
constituyéndose este hecho como una de las principales causas actuales de retardo procesal. Dicha
situación no es propia ni exclusiva al caso venezolano, hay autores en algunos países que señalan
la demora que se presenta para conseguir fecha para las audiencias 17 .
Asimismo, ocurre comúnmente, sobre todo en el proceso laboral, que varias audiencias son
celebradas simultáneamente misma fecha, misma hora, y dada la obligatoriedad de la presencia de
las partes, éstas obviamente quedarán incomparecientes en alguna de ellas, con los efectos
procesales que ello conlleva.
17 Velandia Ponce, Rómulo. Ob Cit. 948.
De igual forma, se sostiene que “sólo en juicio oral puede el órgano jurisdiccional obtener la
convicción”; ya que, la palabra llama la atención del juez sobre los puntos esenciales del litigio; se
presta mejor a la discusión y a la persuasión; tiene la ventaja de la simplicidad; evita la pesadez y la
complejidad del formalismo que engendran los escritos 18 . Pero, a esto puede objetarse que la
inmediación implica, que el juez, director del proceso deberá presenciar esas audiencias, sin poder
delegar en otros órganos dicha responsabilidad, lo que disminuye también el número de causas que
el juez o sus auxiliares están en posibilidad real de atender.
En tanto que “el escrito tiene el mérito
de la precisión; informa mejor al juez y a las partes porque exige una preparación sólida y reflexiva,
pero sobre todo su conservación está eficazmente asegurada cuando se trata de probar la
existencia o el contenido de un acto” 19 .
La solución parece ser aumentar el número de tribunales, jueces, auxiliares de justicia y
tecnología, pero ello requiere de ingentes recursos que supuestamente el Estado no está en
capacidad de proveer, siendo necesario considerar además que la justicia no es de esos bienes que
se obtienen automáticamente por posturas o declaraciones; por el contrario, requiere entender qué
debe tenerse por justo, quiénes y cómo la aplicarán adecuadamente, por ello no puede improvisarse
ni pretender sacar de la nada a los hombres que la hagan viable y útil 20 .
18 Capeletti en: Velandia, Ob. Cit. Pg. 931
20 Baumeister Toledo, Alberto. Examen de algunas interpretaciones jurisprudenciales de los nuevos principios reguladores del proceso civil en la Constitución venezolana de 1999. p. 634.
Por otra parte, está la natural resistencia al cambio, la cual se ha visto, ha atacado y seguirá
atacando durante algún tiempo a los operadores de justicia. Los esfuerzos han de dirigirse a crear lo
que algunos autores han denominado “una nueva mentalidad”. Pues, tomando en consideración las
condiciones legales por ejemplo, para ser juez, se verá que en su mayoría se trata de profesionales
que han tenido una formación eminentemente formalista y escritural, que no ha desaparecido ni
desaparecerá sin dejar consecuencias, y que requerirá entonces de una serie de elementos
profesionales, personales, académicos y tecnológicos para que dichos operadores de justicia se
encuentren en posibilidad de impartirla en los términos propuestos.
Todo lo anterior puede resumirse en lo dicho por el profesor brasileño Olimpio de Castro, en
cita de Velandia Ponce, quien expresó lo que califica como “dramático” balance de la oralidad en
dicho país latinoamericano, así señaló:
“…Todo se paraliza en el juicio, para la realización de la audiencia: el juez no decide ni siquiera peticiones, y si lo hace, o lo hace mal, apresuradamente, o para mandar a juntar a los autos, y allí tenerla por concluida…; el abogado deja a un lado todos los demás procesos, a la espera de interminables formalidades forenses y a la espera del fin de la audiencia, con el que se pueda librar de la incómoda pesadilla …; el escribano o escribiente no puede cuidar de nada más, y después irá a encontrar, en el archivo, el expediente que allí quedó para después…Todos al final del día, se encuentran cansados y enfadados por el servicio, decididamente indispuestos para otras tareas, de igual o de diferente naturaleza.
Y no sufren menos los pobres testigos, que esperan horas a ser interrogados, y a los cuales horroriza siempre ese alto servicio de la justicia… 21 ”
21 Velandia Ponce. Ob. Cit. P. 926.
El Rol del Abogado en el proceso Oral
El autor Steven Goldberg expuso en su obra “Mi Primer Juicio Oral” lo siguiente:
“La Sala del Tribunal es un escenario sometido al escrutinio constante del jurado. El abogado que lo sabe bien se desempeña bien. El abogado que allí se siente cómodo deriva cierto confortamiento de la escena. El abogado que no sabes como manejar la situación e ingresa en el lugar depende de la suerte para garantizar que los jurados –en nuestro caso el juez- escuchen a los testigos, vean los elementos de prueba y comprendan el caso” 22 . (Destacado de los autores)
Ciertamente, se trata de una representación de hechos, en este caso del pasado, muy similar
a lo que ocurre en una obra teatral, si bien algunos autores disienten de esta posición. Pero, en el
caso del proceso la consecuencia de una inadecuada representación será por obviedad más grave,
y esto coloca en los abogados (quienes más que cualquier otro sujeto procesal son “protagonistas”
de la audiencia pues, en ellos recae la difícil tarea de argumentar y convencer) el deber de utilizar
todos los elementos jurídicos, técnicos, físicos y audiovisuales que el ordenamiento jurídico les
Esto lo han entendido algunas universidades que han incorporado la cátedra de oratoria
forense a sus planes de estudio. La formación y preparación del abogado debe ampararse en otras
herramientas como una buena expresión corporal. De acuerdo, con investigaciones desarrolladas en
el campo de la neurolingüística, algunos factores como el tono de voz, expresión corporal o gestual y
la postura de los interlocutores, representan un 93% del poder comunicacional de los seres
22 Goldberg, Steven. Mi Primer Juicio Oral ¿Dónde me siento y qué Diré? Editorial Heliasta , 1994.
humanos. 23 De forma tal, que se requiere que los abogados se distingan ahora no sólo por una impecable gramática y redacción, sino que deben convencer a través de su comunicación oral. Así pues, se ha advertido el riesgo de que la personalidad del abogado llegue a privar sobre el derecho mismo. Con respecto a esto, en el campo de la lingüística ha quedado demostrado que existe una relación directa entre el prestigio de las personas y su vocabulario; de modo que mientras mayor es la escala social y cultural, en esa medida debe ser mayor y mejor su capacidad para comunicarse con los demás 24 . Si bien ello no es una regla ni debe entenderse de manera tajante, ha dicho Calamandrei que el abogado modesto siempre que esté convencido de la justicia de su causa y sepa exponer sus razones con sencillez y claridad, se dará cuenta de que los jueces casi siempre, cuanto más evidente es la desproporción de las fuerzas entre los contradictores, tanto más dispuestos están, aun dedicando su admiración al de más mérito, a proteger al menos dotado 25 .
Como se ha visto, en términos generales el proceso oral posee algunas ventajas que han quedado de manifiesto con su instauración, en algunas áreas de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, no es menos cierto que el éxito en el resto de las áreas en las que se hace de obligatoria aplicación dependerá de un proceso de preparación física, tecnológica, académica, cultural y mental, en todos los sujetos a los cuales él estará destinado. Se trata de generar confianza, no sólo en los operadores de justicia sino además en los justiciables. En definitiva, es cuestión de educación y recursos, lo que a su vez se traduce en un lento proceso de adaptación.
Asimismo, hemos podido notar también que el proceso escrito per se no es ineficiente o contrario a los derechos y garantías ciudadanas, tiene también sus bondades, claro está que de la naturaleza del acto dependerá la eficacia de la forma oral o escrita. Pero no podemos decir sin incurrir en excesos que el causante de los males de la administración de justicia en Venezuela y de
23 Velandia Ponce. Ob. Cit. 933.
24 Idem. P. 936.
ese a veces lejano ideal de justicia oportuna, sin retardos o dilaciones indebidas es únicamente el
proceso escrito, porque
“… la crisis enunciada, no necesariamente encuentra su fuente y causa eficiente en nuestro modelo de proceso ni en sus defectos, ni en la justicia chucuta que con él se lograba; sino que la gran dosis de causa eficiente de todo ello debemos encontrarla en los hombres llamados a administrarla y en la postura cómoda de una sociedad, que si bien ausente de problemas económicos graves en la gran mayoría de los que la integraban, mantenía y toleraba el valor justicia relegado en el catálogo de sus necesidades a un puesto que jamás debió corresponderle, bajo la excusa de que todo lo arreglaba o pretendía podía ser arreglado con dinero” 26 .
26 Baumeister Toledo, Alberto. Ob. Cit. p. 630.
Barthes, Roland. “El susurro del Lenguaje”. Paidós Ibérica, Barcelona, S.A. 1987.
Baumeister Toledo, Alberto. Examen de algunas interpretaciones jurisprudenciales de los nuevos principios reguladores del proceso civil en la Constitución venezolana de 1999.
Bello Lozano, Humberto y Bello Lozano MarquezTeoría General del Proceso. Mobil – Libros. Caracas, 1989.
De Hegedus, Margarita. Garantías del Principio de Economía en el proceso por audiencias. p. 41 En: XVIII Jornadas Iberoamericanas XI Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal. En homenaje a la escuela procesalista uruguaya. Uruguay, 2002.
Goldberg, Steven. Mi Primer Juicio Oral ¿Dónde me siento y qué Diré? Editorial Heliasta,
Leal Wilhelm, Salvador. El Acceso a la Justicia versus un Proceso Sin Dilaciones Indebidas. El Derecho Público a comienzos del siglo XXI: Estudios en homenaje al profesor Allan R. Brewer Carías, Civitas Ediciones, Madrid, 2003.
Messitte Peter, ¿Tenemos algo que aprender de los venezolanos? II Congreso Internacional
http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1292, 2004
Petit Da Costa, Frank. El Proceso Civil Oral en Venezuela. Ediciones Liber. Caracas, 2004.
Rengel Romberg, Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo I. Organización Gráficas Capriles, Caracas, 2003.
Urdaneta Guido, La Oralidad y el Proceso por Audiencias en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En: Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Ensayos. Volumen I. Tribunal Supremo de Justicia Serie Normativa nº 4, Caracas, 2004.
Velandia Ponce, Rómulo. El principio de Oralidad en el Proceso Civil: Su relación con la Lingüística, La Psicología Jurídica y los Procesos del Área Social. En: Estudios de Derecho Procesal Civil Libro Homenaje a Humberto Cuenca. Tribunal Supremo de Justicia Colección Libros Homenaje, Nº 6. Caracas, Venezuela, 2002.
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