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Timestamp: 2018-12-19 16:05:36+00:00

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﻿ SENTENCIA 1826 DE NOVIEMBRE 19 DE 1992
SENTENCIA 1826 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1992
CONTENIDO:SALARIO INTEGRAL. FACTOR PRESTACIONAL NO GRAVADO
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, CÓDIGO SUSTANTIVO LABORAL, SALARIO INTEGRAL, ESTATUTO TRIBUTARIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:253 DE ENERO DE 1993, PÁG.25
Sentencia 1826 de noviembre 19 de 1992
FACTOR PRESTACIONAL NO GRAVADO
Ref.: Exp. 1826
Acción de nulidad contra el artículo 2o del Decreto 1174 de 6 de mayo de 1991, expedido por el Presidente de la República.
Santafé de Bogotá, D. C., diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y dos.
El ciudadano Alfonso E. Rodríguez Pizarro, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A., solicita de esta Corporación la declaratoria de nulidad del acto administrativo de la referencia que dispone:
“Decreto 1174 de 1991
Por el cual se reglamenta el numeral 2o del artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo y el Estatuto Tributario.
(...) Artículo 2o. Factor prestacional para efectos tributarios. Para determinar el factor prestacional no gravado del salario integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 836 de 1991, se entienden como prestaciones sociales las siguientes: el auxilio de cesantías y sus intereses, la prima legal de servicios, el suministro legal del calzado y vestido de labor y el auxilio legal de transporte.
Cuando el factor prestacional así calculado fuere inferior al 30%, se aplicará este último porcentaje como valor no gravado del salario integral’’.
I. Disposiciones violadas y concepto de la violación.
Considera el actor que con el decreto acusado, se han quebrantado los artículos 338, 154, 215 num. 4o, 189 num. 11, y 53 de la Constitución Nacional de 1991, así como la Ley 50 de 1990.
Hace consistir el concepto de la violación así:
1. Abuso de la potestad reglamentaria.
El legislador al expedir la Ley 50 de 1990, en ningún momento restringió a qué se debía limitar el factor prestacional, por lo cual el gobierno con la reglamentación, limitó la libertad contractual al fijar los salarios integrales entre empleadores y empleados en materia tributaria, al definir qué prestaciones sociales determinan el factor prestacional no gravado del salario integral.
El numeral 2o del artículo 18 de la Ley 50 de 1990, señala como única limitación a la libertad contractual, las vacaciones. Pero el resto, o sea, las prestaciones, recargos y beneficios por trabajo nocturno, extraordinario, dominical o festivo, primas legales, extralegales, cesantías, intereses y subsidios según la citada ley “quedará exento del pago de retención en la fuente y de los impuestos”.
2. Usurpación de la competencia.
De conformidad con el artículo 338 de la nueva Constitución Política, el Congreso, las asambleas y los concejos son los únicos que pueden manifestar qué es un impuesto, qué lo grava y cuál es la tarifa. Con el acto acusado no se da margen a limitar qué se entiende por prestación para efectos tributarios por cuanto ordena que estén exentas del pago de la retención en la fuente y de los impuestos las prestaciones legales y extralegales, lo que viola la disposición constitucional citada.
3. Menoscabo a la libertad contractual.
El acto acusado viola el artículo 53 de la Constitución Nacional de 1991, por menoscabo a la libertad contractual entre empleadores y empleados, ya que tributariamente la limita, además que va en contra de los intereses de los derechos adquiridos que tienen los empleadores y empleados desde el punto de vista de la legislación laboral y tributaria.
II. Actuación.
Mediante proveído de 23 de octubre de 1991, se admitió la demanda y de él se ordenó correr traslado a los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Haciendea y Crédito Público.
La Nación —ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público—, guardó silencio.
No obstante que a folios 22 a 26 obra el alegato de conclusión de la doctora Nydia Patricia Narváez Gómez quien aduce la calidad de delegada del Ministro de Hacienda, por ausencia del respectivo poder que la habilite para actuar en este proceso, no se tiene como parte en el mismo.
La Procuradora Primera Delegada ante esta Corporación, considera que no deben prosperar las pretensiones de la demanda por cuanto el acto acusado no reglamenta el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, ni se opone al mismo, pues mientras éste describe todos los factores que pueden conformar el salario integral, aquél sólo se refiere al factor prestacional no gravable de dicho salario. Y por lo demás, no se ve de qué manera pueda quebrantarse el artículo 338 de la Constitución Nacional, pues el accionante no propone siquiera su confrontación.
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver la controversia previas las siguientes
Advierte la Sala que evidentemente el acto acusado restringe el querer del legislador plasmado en el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, toda vez que para efectos de calcular el factor prestacional del salario integral, manda tener en cuenta taxativamente cuatro prestaciones sociales a saber: el auxilio de cesantía y sus intereses, la prima legal de servicios, el suministro legal de calzado y vestido de labor y, el auxilio legal de transporte, cuando en el texto de la citada ley se lee (artículo 18 num. 2o):
“No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con éstas, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de las primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones” (se resalta fuera de texto).
Obsérvese que no puede entenderse que la Ley 50 de 1990 produzca efectos laborales solamente y no tributarios, pues precisamente el inciso final del artículo 18 numeral 2o, que modificó el artículo 132 del C. S. del T., establece que el factor prestacional que acabamos de analizar, que no puede ser inferior al 30% del monto de 10 salarios mínimos legales mensuales, quedará exento del pago de retención en la fuente y del impuesto, lo que significa que el legislador también previó los efectos tributarios del salario integral.
En este orden de ideas se tiene que al reglamentar el acto acusado el numeral 2o del artículo 18 de la Ley 50 de 1990, se excedió en la potestad reglamentaria, al restringir el ámbito del factor prestacional señalado en la citada ley como exento del pago de retención en la fuente y de impuestos, y por ello es procedente declarar su nulidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando juticia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. DECLARASE la nulidad del artículo 2o del Decreto 1174 de 6 de mayo de 1991, expedido por el Presidente de la República, con la firma de los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público.
2. ABSTIENESE de reconocer personería a la doctora Nydia Patricia Narváez Gómez, por las razones expuestas en el capítulo concerniente a la actuación.
3. DEVUELVASE la suma de dinero depositada para gastos del proceso.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha diecinueve (19) de noviembre de 1992.

References: artículo 2
 artículo 84
 artículo 132
 Artículo 2
 artículo 26
 artículo 18
 artículo 338
 artículo 53
 artículo 132
 artículo 338
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 132
 artículo 18
 artículo 2