Source: http://practicaforenseusual.blogspot.com/2010/11/caso-gutierrez-soler-vs-colombia.html
Timestamp: 2015-11-28 09:26:02+00:00

Document:
PRACTICA FORENSE USUAL: CASO GUTIERREZ SOLER VS COLOMBIA
Antônio A. Cançado Trindade, Juez; Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Ernesto Rey Cantor, Juez ad hoc;
presentes, además**,
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56, 57 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.
1. El 26 de marzo de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”), la cual se originó en la denuncia No. 12.291, recibida en la Secretaría de la Comisión el 5 de noviembre de 1999.
2. La Comisión presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 5.1, 5.2 y 5.4 (Derecho a la Integridad Personal); 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 (Derecho a la Libertad Personal); 8.1, 8.2.d, 8.2.e, 8.2.g y 8.3 (Garantías Judiciales); y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del referido tratado, en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler. En su demanda, la Comisión señaló que “la[s presuntas] privación de la libertad personal y vulneración de la integridad personal de Wilson Gutiérrez Soler fueron perpetradas por un agente del Estado y un particular (ex agente del Estado) que[,] con la aquiescencia de servidores públicos[,] emplearon los medios a disposición de la Fuerza Pública para detener a la [presunta] víctima e intentar extraerle una confesión mediante torturas, por la alegada comisión de un ilícito – del cual eventualmente la justicia nacional lo declaró inocente”. A nivel interno, el señor Gutiérrez Soler “[supuestamente] agotó todos los medios a su alcance para lograr justicia y reparación”; sin embargo, sus denuncias fueron desestimadas. En este sentido, la Comisión señaló que “[l]a [presunta] impunidad de los responsables y la falta de reparación, transcurridos diez años de los hechos, no sólo han destruido el proyecto de vida de Wilson Gutiérrez Soler y de los miembros de su familia, sino que han tenido un impacto negativo en su seguridad y en algunos casos los ha forzado al exilio”.
3. Además, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó a la Corte que ordene al Estado el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano.
4. La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que Colombia es Estado Parte en la Convención Americana desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985. III
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 5. El 5 de noviembre de 1999 la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (en adelante “los peticionarios”) presentó una petición ante la Comisión Interamericana, a la cual se dio trámite bajo el número 12.291.
6. El 14 de noviembre de 2001, en el marco de su 113º período de sesiones, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad Nº 76/01, mediante el cual decidió que era “competente para examinar el reclamo presentado por los peticionarios sobre la presunta violación de los artículos 5, 8 y 25, en concordancia con el artículo 1(1) de la Convención”, y decidió “[d]eclarar admisible el presente caso en relación con la presunta violación de los artículos 5, 8, 25 y 1(1) de la Convención Americana”.
7. El 29 de mayo de 2003 la Comisión Interamericana, a solicitud de los peticionarios, otorgó medidas cautelares a favor del señor Ricardo Gutiérrez Soler, hermano de la presunta víctima, “quien [habría] padeci[do] una serie de amenazas, actos de hostigamiento y un fallido atentado con explosivos, presumiblemente orientados a acallar las denuncias de su familiar en contra de personas, entre ellos agentes del Estado, [presuntamente] vinculadas a la comisión de los hechos materia del presente caso”.
8. El 9 de octubre de 2003 la Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, aprobó el Informe No. 45/03, mediante el cual concluyó que:
el Estado colombiano es responsable por la violación de los artículos 5(1)(2) y (4), 7(1) (2) (3) (4) (5) y (6), 8(1), 8(2), 8(2)(d) y (e), 8(2)(g) y 8(3) y 25, en concordancia con el artículo 1(1) de la Convención Americana, en perjuicio de Wilson Gutiérrez Soler, en razón de las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de los cuales fue objeto cuando se encontraba bajo la custodia del Estado y el incumplimiento con las garantías del debido proceso y el derecho a la protección judicial a la hora de investigar las violaciones denunciadas y juzgar a los responsables. El Estado es asimismo responsable por incumplir su deber de garantía con relación a las violaciones padecidas por la víctima cuando se encontraba bajo su custodia y por la ausencia de reparación del daño causado, incluyendo el derecho a la justicia.
Al respecto, la Comisión recomendó al Estado: 1. adoptar las medidas necesarias para investigar y juzgar a los responsables de las violaciones al artículo 5 de la Convención Americana, ante los tribunales ordinarios, incluyendo los casos en los cuales dicha actividad implique reabrir investigaciones precluidas o reexaminar causas decididas ante la justicia militar, conforme lo permite la jurisprudencia de la Corte Constitucional;
2. adopt[ar] las medidas necesarias para reparar a Wilson Gutiérrez Soler en razón del daño material e inmaterial sufrido como consecuencia de las violaciones a los artículos 5, 8 y 25; [y]
3. adopt[ar] las medidas necesarias para [que] hechos de la misma naturaleza no se vuelvan a repetir.
9. El 26 de diciembre de 2003 la Comisión transmitió el Informe No. 45/03 al Estado y le otorgó un plazo de dos meses para que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones formuladas.
10. El 23 de enero de 2004 la Comisión, de conformidad con el artículo 43.3 de su Reglamento, notificó a los peticionarios la adopción del informe y su transmisión al Estado y les solicitó su posición respecto del eventual sometimiento del caso a la Corte Interamericana, información que remitieron el 26 de febrero de 2004.
11. El 17 de marzo de 2004, después de una prórroga concedida, venció el plazo para que el Estado presentara información sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe No. 45/03, sin que éste remitiera comunicación alguna al respecto.
12. El 26 de marzo de 2004 la Comisión Interamericana decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte.
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 13. El 26 de marzo de 2004 la Comisión presentó la demanda ante la Corte.
14. La Comisión designó como Delegados ante la Corte a la Comisionada Susana Villarán de la Puente y al Secretario Ejecutivo Santiago A. Canton y, como asesores legales, a los señores Ariel Dulitzky, Verónica Gómez, Norma Colledani y Lilly Ching.
15. El 21 de abril de 2004 la Secretaría, previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la notificó, junto con sus anexos, al Estado y le informó sobre los plazos para contestarla y designar representación en el proceso. Además, la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado de su derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la consideración del caso.
16. El mismo día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1.d y e del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (en adelante “los representantes”), designados en la demanda como representantes de la presunta víctima y sus familiares, y les informó que contaban con un plazo de dos meses para presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.
17. El 18 de junio de 2004 el Estado designó a los señores Luz Marina Gil García y Luis Alfonso Novoa Díaz como agentes titular y alterno, respectivamente. Asimismo, Colombia propuso al señor Ernesto Rey Cantor como Juez ad hoc para el conocimiento del presente caso.
18. El 28 de junio de 2004 los representantes presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”).
19. El 31 de agosto de 2004 el Estado presentó su escrito de excepciones preliminares, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos. Las dos excepciones preliminares interpuestas por Colombia fueron las siguientes: 1) menoscabo del derecho de defensa del Estado; y 2) incumplimiento de los requisitos para la aplicación de la excepción de agotamiento de los recursos internos.
20. El 27 de octubre de 2004 la Comisión y los representantes presentaron sus alegatos escritos sobre las excepciones preliminares.
21. El 1 de febrero de 2005 el Presidente dictó una Resolución, mediante la cual requirió que los señores Kevin Daniel Gutiérrez Niño, Yaqueline Reyes , Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes, Paula Camila Gutiérrez Reyes, Leonardo Gutiérrez Rubiano, Leydi Caterin Gutiérrez Peña, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano, Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano y María Elena Soler de Gutiérrez, propuestos como testigos por los representantes, prestaran sus testimonios a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits). También requirió que el señor Iván González Amado, propuesto como perito por los representantes, prestara su dictamen a través de declaración rendida ante fedatario público (affidávit). Asimismo, en dicha Resolución el Presidente convocó a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado a una audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte Interamericana, a partir del 10 de marzo de 2005, para escuchar sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso, así como las declaraciones de los testigos y peritos propuestos por la Comisión Interamericana y los representantes (infra párr. 27). Además, en la referida Resolución, el Presidente informó a las partes que contaban con plazo hasta el 11 de abril de 2005 para presentar sus alegatos finales escritos en relación con las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas.
22. El 15 de febrero de 2005 los representantes presentaron las declaraciones de Kevin Daniel Gutiérrez Niño, Yaqueline Reyes, Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes, Leydi Caterin Gutiérrez Peña, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano y Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano. Asimismo, indicaron que las declaraciones de Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes y Leonardo Gutiérrez Rubiano, quienes son menores de edad, no pudieron ser recibidas ante fedatario público en razón de las disposiciones de la legislación interna aplicable. Finalmente, señalaron que por razones de fuerza mayor no fue posible remitir las declaraciones de María Elena Soler de Gutiérrez, Ricardo Alberto Gutiérrez y Paula Camila Gutiérrez Reyes. Sin embargo, el 16 de febrero de 2005 los representantes remitieron la declaración de Ricardo Alberto Gutiérrez, así como la de Leonardo Gutiérrez Rubiano.
23. El 16 de febrero de 2005 el Estado remitió copia de “la totalidad del expediente seguido en la Justicia Penal Militar contra el Coronel Luis Gonzaga Enciso Baron, por el delito de Lesiones Personales en la persona de Wilson Gutiérrez Soler”.
24. El 17 de febrero de 2005 los representantes presentaron la declaración del señor Iván González Amado.
25. El 4 de marzo de 2005 el Estado remitió sus observaciones a las declaraciones presentadas por los representantes (supra párrs. 22 y 24).
26. El 9 de marzo de 2005 el Estado presentó un escrito, mediante el cual manifestó lo siguiente: La República de Colombia, en su condición de Estado Parte y a la luz de lo señalado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, considerando piezas procesales internas y con fundamento en los hechos señalados en la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fiel a sus obligaciones internacionales y a su política de promoción, protección y respeto de los derechos humanos, manifiesta pública y expresamente, que:
1. Retira las dos excepciones preliminares presentadas por el Estado, esto es, la relacionada con el menoscabo del derecho de defensa del Estado y el incumplimiento de los requisitos para aplicación de la excepción de agotamiento de los recursos internos.
2. Reconoce su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 5 (1), (2) y (4); 7 (1) (2) (3) (4) (5) y (6); 8 (1) (2.d) (2.e) (2.g) y (3) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los hechos de la demanda.
3. Deriva este reconocimiento de la acción u omisión de algunos agentes estatales que obraron de manera individual e incumplieron sus deberes jurídicos.
4. Reafirma como su política de Estado la promoción y protección de los derechos humanos y expresa su respeto y consideración por la víctima y sus familiares y pide perdón por los hechos ocurridos.
5. Entiende que el presente reconocimiento de responsabilidad constituye en sí mismo, una medida de satisfacción dirigida a la dignificación de la víctima y sus familiares.
6. Solicita a la Honorable Corte si lo tiene a bien, conceder la oportunidad procesal para que el Estado y los Representantes de la víctima y sus familiares, con la facilitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intenten una solución amistosa sobre reparaciones y costas, para lo cual el Estado propone un término máximo de seis meses.
7. En el caso que lo anterior no fuera aceptado, el Estado [s]olicita a la Honorable Corte se valore el reconocimiento efectuado y se le atribuya plenos efectos jurídicos, de manera que se entienda agotada la etapa de fondo y la audiencia se dirija al estudio de reparaciones y costas.
8. El Estado precisa que esta declaración no implica ponderación ni valoración de responsabilidades penales individuales.
27. Los días 10 y 11 de marzo de 2005 se celebró la audiencia pública, en la cual comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Juan Pablo Albán, Asesor; Lilly Ching, Asesora; Verónica Gómez, Asesora; y Víctor H. Madrigal Borloz, Asesor; b) por los representantes: Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”); Roxana Altholz, abogada de CEJIL; Rafael Barrios, abogado de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”; Eduardo Carreño, abogado de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”; y Jomary Ortegón, abogada de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”; y c) por el Estado: Julio Aníbal Riaño, Embajador, Luz Marina Gil García, Agente; Luis Alfonso Novoa, Agente alterno; Janneth Mabel Lozano Olave, Asesora; Dionisio Araujo, Asesor; Priscila Gutiérrez Cortés, Asesora; y Margarita Manjarrez Herrera, Asesora. Asimismo, comparecieron Wilson Gutiérrez Soler, testigo propuesto por la Comisión Interamericana y por los representantes; Ricardo Gutiérrez Soler, testigo propuesto por los representantes; María Cristina Nunes de Mendonça, perito propuesta por la Comisión Interamericana; y Ana Deutsch y Jaime Prieto, peritos propuestos por los representantes.
28. En el curso de la audiencia pública celebrada, el Estado reiteró lo señalado en su escrito de 9 de marzo de 2005 (supra párr. 26), es decir, que retiraba las excepciones preliminares interpuestas y que reconocía su responsabilidad internacional en el presente caso. 29. En la misma audiencia pública, en relación con el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, la Comisión manifestó lo siguiente: La Comisión desea saludar efusivamente y expresar su satisfacción por el allanamiento hecho público por la República de Colombia, respecto de su responsabilidad internacional, por la violación de la Convención Americana, en relación con los hechos de la demanda que presentó en el caso de la detención ilegal, tortura y violación de las garantías judiciales del señor Wilson Gutiérrez Soler.
La Comisión desea destacar, particularmente, las palabras de la declaración que expresan respeto, y consideración por la víctima y sus familiares y el gesto de contrición que acabamos de presenciar y mediante las cuales se les pide perdón en el nombre del Estado y las recibe como el paso inicial en el proceso de reparar el daño causado.
La Comisión sabe que los hechos y las consideraciones de derecho, incluidas en la sentencia que emitirá la Honorable Corte en este caso, serán una invaluable contribución a alcanzar el objeto y fin de la Convención Americana, en el Sistema Interamericano. La Comisión también escucha con beneplácito la propuesta realizada por el Estado, para que ésta facilite un proceso de búsqueda de solución amistosa, a efecto de las reparaciones.
La Comisión considera éste como un mecanismo alternativo de gran importancia, en la resolución de casos de violación a derechos humanos.
De acuerdo con su práctica en esta materia, la decisión de la víctima, para involucrarse o no en este tipo de proceso, depende de muchos factores, todos ellos personales, cuya extensión la Comisión no pretende conocer. Por esta razón esperará escuchar cuál es la voluntad del señor Gutiérrez Soler en esta materia.
La relatora de la Comisión para asuntos de Colombia y delegada en este caso, la señora Susana Villarán, […] hace llegar a esta audiencia, [a] las partes y a la Honorable Corte, su sincera expresión de reconocimiento, a la voluntad demostrada por la República de Colombia, de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, mediante este allanamiento.
Se trata de un acto que, además de reforzar el compromiso demostrado con el Sistema Interamericano, abre el camino hacia la reparación y la erradicación de violaciones a la Convención Americana, por la comisión de torturas en perjuicio de personas que se encuentran bajo la custodia de agentes del Estado.
En este caso, es de notar que la víctima, el señor Wilson Gutiérrez Soler, ha demostrado particular valentía, durante más de una década, al denunciar su caso. Con este gesto del día de hoy, el Estado se ha puesto a la altura del desafío de reconocer el crimen y la denegación de justicia, al pedir perdón al señor Gutiérrez Soler y sus familiares y al demostrar su compromiso con la reparación integral del daño causado, tanto en términos individuales, como de manera que contribuya a la constante tarea de vigilar que hechos de esa naturaleza no vuelvan a ocurrir.
30. En dicha audiencia pública, en relación con el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, los representantes expresaron lo siguiente:
El gesto que acaba de realizar el Estado de Colombia, consideramos que es un gesto histórico, el reconocimiento público, el allanamiento pleno a los hechos, a los derechos, presentados en la petición de la Comisión. [Es] la primera vez que nosotros hemos visto al Estado de Colombia asumir esta posición, frente a un caso que está en litigio ante el Sistema Interamericano.
No sólo es de gran importancia para este caso, después, como destacó la Comisión, de 11 años de lucha contra la impunidad, que han llevado Wilson y Ricardo Gutiérrez Soler en sus hombros, pero también esperamos que es una nueva etapa en la política del Estado Colombiano, frente al Sistema Interamericano. Entonces, quisiéramos expresar nuestra plena satisfacción y queremos agradecer especialmente el gesto muy personal que acaban de realizar los Agentes del Estado, y también los esfuerzos que los funcionarios estatales han realizado para hacer esto una realidad.
En cuanto a la solución amistosa, este caso tiene una historia muy particular […]. Nosotros estuvimos dos años en un esfuerzo para llegar a una solución amistosa, y desafortunadamente no prosperó ese esfuerzo. Las víctimas han expresado que no están en la disposición, en este momento, a abrir esa etapa nuevamente. Nosotros también tenemos fe que una sentencia de la Corte Interamericana, sobre medidas de reparación, puede crear un precedente, no sólo para Colombia, [sino] para la región en esta materia.
31. El 10 de marzo de 2005, con posterioridad a la conclusión de la primera etapa de la audiencia pública, la Corte emitió una Resolución en la cual decidió tener por retiradas todas las excepciones preliminares interpuestas por Colombia, admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, así como continuar la celebración de la audiencia pública convocada mediante Resolución del Presidente de 1 de febrero de 2005, y delimitar su objeto a las reparaciones y costas (infra, párr. 50). En dicha audiencia pública fueron escuchadas las declaraciones de los testigos y peritos convocados para ésta (supra párrs. 21 y 27, infra párr. 42), así como los alegatos de la Comisión Interamericana, de los representantes y del Estado.
32. El 12 de abril de 2005 el Estado, la Comisión y los representantes presentaron sus alegatos finales escritos.
33. El 4 de agosto de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó al Estado la remisión de cierta información como prueba para mejor resolver.
34. El 30 de agosto de 2005 el Estado presentó documentación como prueba para mejor resolver, en respuesta a lo requerido por el Presidente en la nota de 4 de agosto de 2005 (supra párr. 33).
35. El 11 de marzo de 2005, después de escuchar las declaraciones de los señores Wilson y Ricardo Gutiérrez Soler (infra párr. 42), así como los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado, la Corte emitió una Resolución en la que ordenó al Estado que adoptara medidas provisionales para proteger la vida, integridad personal y libertad personal de varias personas .
36. Antes de examinar las pruebas ofrecidas, la Corte formulará, a la luz de lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, algunas consideraciones desarrolladas en la jurisprudencia del Tribunal y aplicables a este caso.
37. En materia probatoria rige el principio del contradictorio, el cual respeta el derecho de defensa de las partes. El artículo 44 del Reglamento contempla este principio, en lo que atañe a la oportunidad en que debe ofrecerse la prueba para que haya igualdad entre las partes .
38. Según la práctica del Tribunal, al inicio de cada etapa en la primera oportunidad que se les concede para pronunciarse por escrito, las partes deben señalar qué pruebas ofrecerán. Además, en ejercicio de las potestades discrecionales contempladas en el artículo 45 de su Reglamento, la Corte o su Presidente podrán solicitar a las partes elementos probatorios adicionales como prueba para mejor resolver, sin que ello se traduzca en una nueva oportunidad para ampliar o complementar los alegatos, salvo que el Tribunal lo permita expresamente .
39. La Corte ha señalado, en cuanto a la recepción y valoración de la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas, y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los límites que impone el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes. Además, la Corte ha tenido en cuenta que la jurisprudencia internacional, al considerar que los tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, no ha adoptado una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio es válido para los tribunales internacionales de derechos humanos, que disponen de amplias facultades en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia .
40. Con fundamento en lo anterior, la Corte procederá a examinar y valorar los elementos probatorios documentales remitidos por la Comisión, los representantes y el Estado en diversas oportunidades procesales o como prueba para mejor resolver que les fue solicitada por el Tribunal y su Presidente, así como la prueba pericial y testimonial rendida ante la Corte durante la audiencia pública, todo lo cual conforma el acervo probatorio del presente caso. Para ello, el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco legal correspondiente.
41. Los representantes remitieron declaraciones testimoniales y un dictamen pericial, en respuesta a lo dispuesto por el Presidente en su Resolución de 1 de febrero de 2005 (supra párr. 21). Dichas declaraciones y dictamen se resumen a continuación.
a) Testimonio de Kevin Daniel Gutiérrez Niño, hijo de Wilson Gutiérrez Soler
Vivía en Colombia con su madre y abuela, y veía de vez en cuando a su padre, sin entender por qué éste no vivía con él. Recientemente se enteró de lo que su padre sufrió en Colombia. Extraña a sus tíos y primos de parte de su familia paterna, y los recuerdos de su infancia. Reside en los Estados Unidos desde los siete años de edad. Entre los siete y doce años de edad solamente vio a su padre una vez, cuando Kevin visitó Bogotá. “Fue difícil estar separado de mi papá, pero después de un par de años me acostumbré”.
Hace unos años su padre llegó a vivir a los Estados Unidos y se siente feliz de vivir y compartir con él. El testigo piensa que de no haber ocurrido lo que le sucedió a su padre, estaría viviendo en Colombia con su familia.
b) Testimonio de la señora Yaqueline Reyes, compañera de Ricardo Gutiérrez Soler
La señora Yaqueline Reyes es la compañera de uno de los hermanos de Wilson Gutiérrez Soler, Ricardo Gutiérrez Soler, con quien procreó dos hijas. Los otros miembros de su familia se han alejado de ellos a raíz de los atentados y atropellos de los que han sido víctimas, por parte de las autoridades policiales y del ejército. La señora Reyes manifestó que recientemente se enteró de las torturas de las que había sido víctima su cuñado Wilson Gutiérrez Soler, y que ahora comprende por qué su cuñado sufrió tanto física y moralmente.
Lo ocurrido a Wilson Gutiérrez Soler, según la señora Reyes, “afectó [su] matrimonio”, ya que su compañero Ricardo Gutiérrez Soler estaba todo el tiempo ayudando a su hermano para poder presentar denuncias ante las autoridades. Sin embargo, nadie les hacía caso. Igualmente, las consecuencias han sido terribles para su familia, ya que su compañero estaba muy relacionado con lo sucedido a Wilson Gutiérrez Soler. Tanto ella como sus hijas y los hijos de su compañero han sufrido atentados, así como allanamientos por parte de las autoridades policiales y del ejército. Incluso hubo un momento en que su compañero y cuñado usaban chalecos antibalas por el temor de sufrir atentados, lo que afectaba emocionalmente a sus hijas y a los hijos de su compañero. Todos los problemas y gastos económicos por los que pasaba su familia impidieron que sus hijas estudiaran regularmente, puesto que constantemente tenían que cambiarse de casa, por las continuas amenazas. En una ocasión las personas que los amenazaban le dijeron que “disfrutáramos el poco tiempo que nos quedaba porque ellos iban a acabar con todos nosotros” y, enseguida, le preguntaban por su compañero o por su cuñado sin identificarse.
La familia Gutiérrez Soler fue objeto de agresiones físicas y psicológicas. El 27 de noviembre de 2002 los padres de Wilson Gutiérrez Soler encontraron una bomba en su casa. El 17 de mayo de 2003 la señora Reyes y sus hijas sufrieron un atentado, cuando les enviaron un libro bomba a su casa, que fue desactivado por la policía y por los efectivos antiexplosivos. Su compañero, Ricardo Gutiérrez Soler, fue acusado por la policía “de tener nexos con las [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] o con el [Ejército de Liberación Nacional]”. El 4 de octubre de 2003, la policía detuvo al señor Ricardo Gutiérrez Soler, sin motivo o razón aparente. Durante tres horas la señora Reyes no supo a adónde había llevado la policía a su compañero. Asimismo, Sulma Tatiana y Leonardo, hijos de Ricardo Gutiérrez Soler, también sufrieron agresiones por parte de agentes de la policía. Esta situación fue desintegrando poco a poco a la familia. Actualmente, algunos hijos de Ricardo Gutiérrez Soler no viven con él, a causa de los constantes temores y amenazas.
Para la señora Reyes los acontecimientos han sido muy duros y han cambiado sus vidas, pues “todos saben que estamos amenazados y por los allanamientos y los problemas, a Ricardo no le dan trabajo”. Aunque Wilson Gutiérrez Soler ya no vive en Colombia, la situación sigue siendo igual de difícil para la familia Gutiérrez Reyes.
Quiere que la Corte “haga valer sus derechos humanos”, logrando que los responsables “paguen por […] lo que han hecho” a su familia y a Wilson Gutiérrez Soler. Pidió que no se produzcan más “cosa[s] tan atro[ces] como la[s] que hicieron” y que el Estado enseñe a los funcionarios de la policía y el ejército el respeto de los derechos humanos, y, finalmente, que la Corte les “ayude a salir de la angustia y zozobra en la que andamos”.
c) Testimonios de Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes, hija de Ricardo Gutiérrez Soler y Yaqueline Reyes; Leydi Caterin Gutiérrez Peña, hija de Ricardo Gutiérrez Soler y Luz Marina Peña Torres; y Leonardo Gutiérrez Rubiano, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano y Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano, hijos de Ricardo Gutiérrez Soler y María Anatilde Rubiano Martínez
Actualmente, las testigos Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes y Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano residen en Fusagasugá (Departamento de Cundinamarca) con su hermana Paula Camila Gutiérrez Reyes, Ricardo Gutiérrez Soler y Yaqueline Reyes; los testigos Leonardo Gutiérrez Rubiano, Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano y Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano viven en Bogotá y están separados de su familia; y la testigo Leydi Caterin Gutiérrez Peña vive con su madre y nunca ha vivido con su padre, el señor Ricardo Gutiérrez Soler. Los testigos sólo se enteraron de lo que había ocurrido a su tío Wilson Gutiérrez Soler en fecha anterior al momento en que rindieron su declaración. Los testigos indicaron que la situación sufrida por su tío Wilson Gutiérrez Soler los afectó emocional y económicamente, pues Wilson y Ricardo Gutiérrez Soler se distanciaron de la familia y ésta se desintegró. Debido a los problemas que Ricardo debía atender en relación con Wilson, aquél no tenía dinero para brindar lo necesario a su familia, por lo cual sus hijos han tenido dificultades para continuar sus estudios. También se refirieron al intento de atentado con explosivos, cuando a la residencia de Ricardo Gutiérrez Soler fue enviado un libro que contenía una bomba, y a los actos de hostigamiento por miembros de la policía. Asimismo, el testigo Leonardo Gutiérrez Rubiano manifestó que personas desconocidas lo trataron de secuestrar; además, llegó a considerar a su padre Ricardo como el núcleo de todos sus problemas. Por su parte, la testigo Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano precisó que el 21 de abril de 2003 hubo un allanamiento en el taller de su padre en la Avenida Villavicencio, en el cual agredieron físicamente a su padre y a su hermano Leonardo, lo cual ocurrió en varias ocasiones. Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes y Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano señalaron que su hermana Paula se vio afectada emocionalmente y no ha vuelto a hablar debido a los problemas sufridos por su padre, Ricardo Gutiérrez Soler, y su familia. En resumen, los testigos han sufrido miedo constante, separación familiar y dificultades económicas a raíz de los hechos del presente caso, y esperan que la Corte contribuya a solucionar los varios problemas que afectan a su familia.
a) Peritaje del señor Iván González Amado, abogado penalista
El perito indicó que las fases del procedimiento penal colombiano son investigación previa, instrucción y juicio; además, se refirió a las funciones de policía judicial ejercidas permanentemente por la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y “los servidores públicos que integran las unidades fiscales, y el Departamento Administrativo de Seguridad”. El Coronel Luis Enciso Barón estaba impedido, en virtud del artículo 103 del Código de Procedimiento Penal de 1991, “para adelantar las diligencias relacionadas con la investigación del delito de extorsión denunciado por Ricardo Dalel Barón”, pues dicho Coronel es primo de este último “y por lo tanto [tenía] interés en el proceso”. El señor Wilson Gutiérrez Soler no fue capturado en flagrancia, sino en desarrollo de un procedimiento policial ilegal. La inexistencia de un plazo claro y expreso para la presentación del señor Wilson Gutiérrez Soler ante una autoridad judicial “tuvo consecuencias negativas para la protección de sus derechos, pues permitió que autoridades de policía judicial adelantaran actuaciones lesivas de sus derechos”. La legislación interna prohíbe de manera absoluta, a todo funcionario, cualquier clase de coacción sobre el imputado. La versión rendida por el señor Gutiérrez Soler “no fue libre y espontánea”, pues “fue sometido a prácticas de tortura y […] la diligencia de versión libre y espontánea no se realizó con estricto apego a las normas legales en vigencia”. Asimismo, la modificación de la calificación jurídica del delito de tortura por el de lesiones personales no se ajusta a los estándares internacionales sobre la tortura, pues según dichos estándares “la conducta no se rige por la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima”.
La designación de “una persona honorable para que cumpliera [la función de defensor técnico del señor Wilson Gutiérrez Soler], era contraria al orden constitucional”, pues “el imputado fue capturado en Bogotá […] en donde existía la posibilidad concreta de encontrar un abogado que actuara como su defensor”. La religiosa que actuó como defensora de dicha persona “no cumplió cabalmente con sus obligaciones como tal”, pues ni siquiera “advirtió que el imputado había sido torturado antes del interrogatorio”, lo cual ocurrió “cuando fue ingresado al calabozo y, al parecer, antes de que se recibiera su versión”.
El artículo 192 de la Ley No. 906 de 2004 permite la revisión de las sentencias absolutorias con base en que “después del fallo absolutorio en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, se establezca mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado haya aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones”.
B) PRUEBA TESTIMONIAL Y PERICIAL
42. El 10 y 11 de marzo de 2005 la Corte recibió en audiencia pública las declaraciones de los testigos y los peritos propuestos por la Comisión Interamericana y por los representantes. A continuación, el Tribunal resume las partes principales de dichos testimonios y peritajes.
a) Testimonio del señor Wilson Gutiérrez Soler, presunta víctima
El testigo, el señor Wilson Gutiérrez Soler, de nacionalidad colombiana, actualmente reside en los Estados Unidos de América. A la fecha de su detención, el testigo tenía un taxi, trabajaba con remates de juzgados y era mecánico. Su taller funcionaba a partir de las nueve de la mañana hasta las cuatro o cinco de la tarde, aproximadamente. Los ingresos que percibía por la realización de dichas actividades le permitían vivir dignamente con su familia. Sus actividades cotidianas familiares eran como las de cualquier persona que “se considere normal, una familia con una esposa, con un hijo, y un fin de semana en un teatro, en un cine”.
El testigo traía vehículos de Venezuela, por lo que viajaba mucho, pero no estaba ni separado ni divorciado de su esposa. Al momento de los hechos, Wilson vivía en la casa de su suegra con su esposa y su hijo Kevin. Sin embargo, después de los hechos, su esposa y su hijo seguían viviendo en la casa de su suegra pero Wilson se fue a vivir con sus padres. La custodia de Kevin la tenía la mamá “por muchas y obvias razones; lo que se acercara a mí o estuviera de mi lado no iba a estar bien, y las amenazas iban dirigidas a mi familia”. Después de que fue capturado a raíz de un operativo ilegal, se inició un proceso penal en su contra por extorsión que duró ocho años, durante los cuales, de acuerdo con el testimonio del señor Gutiérrez Soler, su autoestima y su vida personal, laboral y familiar fueron dañadas. “Acabó con mi familia, porque obviamente ya no me veían como una persona íntegra, sino lo que querían dejar ver era que yo era una persona delincuente. Definitivamente esto fue acabar mi vida – y no sólo la mía – la de mi hijo, la de mi esposa”.
Además, debido a los actos de tortura, la vida del testigo cambió radicalmente. “Mi familia se perdió, el vínculo familiar de padres-hijos se perdió. No solamente me quitaron mi propio valor, sino me quitaron mi familia, mis padres”. Asimismo, su hermano Ricardo Gutiérrez Soler, quien siempre lo ha apoyado, también se vio perjudicado desde que se enteró de lo sucedido. El señor Ricardo Gutiérrez Soler se desvinculó de su propia familia. “Le toca estarse desplazando, no puede tener un sitio fijo de vivienda, no puede tener un trabajo estable”. Por su parte, la madre del testigo está viviendo en un pueblo en condiciones difíciles. La tortura sufrida por el testigo es “algo que no es nada fácil de llevar; más en la forma donde se recibieron las torturas dejan huella para el resto de la vida, y es una de las partes del cuerpo donde a uno todos los días está recordando que sucedió, así que no es fácil de llevar con eso”. El testigo se sintió en la obligación de denunciar su caso particular de tortura debido a que sabía que lo ocurrido “estaba mal”. Además, tenía las esperanzas de que se hiciera justicia, lo que para él significa que: “la persona que cometa un hecho, que dañe a una persona, por solamente gusto, […] sea juzgado”. El testigo indicó que, cuando las investigaciones contra el Coronel Enciso Barón y el civil Ricardo Dalel fueron precluidas, sintió mucha angustia por la existencia de impunidad en su caso. De igual forma, el testigo se indignó mucho cuando se adujo la teoría de que se había autolesionado. Decidió denunciar los hechos ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana debido a que en Colombia no hubo “opción de justicia”, pese a que trató, por todos los medios que permite el Estado, de buscar justicia. En su criterio, una sentencia de la Corte es “la pauta para que esto no vuelva a suceder nunca; esto sienta un precedente donde ninguna persona puede ser tratada inhumanamente”. Asimismo, el testigo señaló que pese a que no es fácil que en la sentencia se revelen cuestiones íntimas sobre él, está de acuerdo con que se lo haga, si eso contribuye a que a otras personas no les suceda lo mismo. El testigo señaló que, como consecuencia de haber denunciado la tortura, y así se lo dejaron saber, su familia – en particular su hermano Ricardo, sus padres y él – fueron objeto de persecuciones, hostigamientos, amenazas, llamadas telefónicas, atentados con explosivos, allanamientos y/o encarcelamientos. Todos estos actos de hostigamiento afectaron profundamente la vida personal y laboral del testigo: “nunca pude tener un trabajo estable, nunca me dejaron realizarme como una persona normal, ya que a los sitios donde yo llegaba siempre llegaban los hostigamientos”. Incluso, sus padres tuvieron que salir de su casa, de sus bienes y acabar con lo poco que tenían debido a los continuos hostigamientos de que eran objeto. Su padre murió en “la miseria más grande que pueda existir en el mundo”.
El testigo no sabe cómo podría el Estado reparar el daño que le causaron y devolverle su familia, los once años de su vida perdidos y su relación con su hijo – quien fue llevado hace casi 7 años a los Estados Unidos por su madre – y con quien perdió casi todo contacto, pues sólo hablaba ocasionalmente con él vía telefónica. Hace unos meses atrás el testigo finalmente recuperó la custodia de su hijo Kevin y vive con él. El testigo teme por la vida de su familia y de su hermano. Hace casi once años empezaron los hostigamientos y no han parado. Incluso, después de declarar ante la Comisión, sufrió un atentado estando con sus padres. Las medidas cautelares otorgadas por la Comisión tampoco han surtido efectos positivos. b) Testimonio del señor Ricardo Gutiérrez Soler, hermano de Wilson Gutiérrez Soler
El testigo, de nacionalidad colombiana, proviene de una familia compuesta por la madre y 7 hijos, cuatro mujeres y tres hombres. Su hermano Wilson es el menor y Ricardo el que le sigue. Los dos tienen una muy buena relación. El testigo se enteró de lo sucedido a su hermano Wilson pocos días después de la detención de aquél. Percibió a su hermano Wilson en mal estado. Éste le comentó que lo habían torturado e incluso le mostró unas fotos de la tortura. A Ricardo le pareció bien cuando se enteró que Wilson había denunciado la tortura. El testigo manifestó que desde el momento en que su hermano Wilson salió de la cárcel, ellos dos y su familia empezaron a ser objeto de hostigamientos y a recibir llamadas amenazantes cada vez más fuertes, en las que repetían regularmente que “muerto el perro se acaba la rabia”. Ricardo y Wilson se dieron cuenta de que las cosas no estaban bien cuando se enteraron por la policía que unos vehículos que rondaban el taller, supuestamente de particulares, pertenecían a la Dirección Central de Policía Judicial. El testigo señaló que, como parte de los hostigamientos, acusaron a su hermano Wilson y a él de “robar vehículos”, por lo que fueron encarcelados. A sus padres les colocaron una bomba; a uno de sus hijos lo intentaron secuestrar. Además, el testigo recibió un libro bomba y “fu[e] víctima de muchos atropellos”. El testigo conjuntamente con su hermano Wilson han interpuesto denuncias respecto de los hostigamientos, allanamientos y amenazas telefónicas de los que han sido objeto. Sin embargo, nunca se obtuvo resultados. Esta falta de respuesta de la justicia ha agravado la situación de seguridad del testigo. Más aún, no se ha dado cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana. Para el testigo ha sido engorroso tener que insistir al Estado colombiano medidas de protección: “para mí es vergonzoso tener que acudir a gente que yo no conozco […]. Pero sinceramente a mi no me ha servido de nada, a mi me abandonaron”. En una ocasión, el Estado le dio dinero para que saliera de la ciudad; sin embargo, no le ayudaron con su hija pequeña, tal como lo habían ofrecido. El testigo nunca contó a su propia familia de los hechos ocurridos con su hermano Wilson, pues le daba mucha pena. Como consecuencia de no saber la verdad, su padre empezó a decir que él y Wilson andaban en situaciones ilícitas. Siente mucho dolor debido a que su padre murió sin conocer la verdad. El testigo descuidó a su familia y abandonó a sus hijos mayores por intentar hacer algo con su hermano Wilson respecto del problema. Los hechos de hostigamiento, allanamiento y otros actos afectaron la situación familiar y económica del testigo y su familia. Por una parte, su hermano Wilson, quien manejaba las cuentas de los negocios, “tuvo la desgracia de caer en la cárcel” y eso fue duro para la familia. Sus padres les ayudaron en la medida de sus posibilidades y, finalmente, hace dos o tres años, prefirieron vender su casa e irse de Bogotá. Por otra parte, los hijos del testigo no terminaron de estudiar y él no les pudo dar nada. Finalmente, a causa de estos hechos, el testigo no ha logrado tener un lugar estable donde permanecer con su familia, ni ha logrado mantener un trabajo. Los talleres que montaba no duraban más de dos meses.
El testigo indicó que pese a que teme por su seguridad debido a su comparecencia ante la Corte, ha testificado porque considera que lo ocurrido no es justo: “porque no es justo que mi niña más pequeña [no puede hablar], y que nunca tuve para una terapia. Y la otra quiere estudiar, y yo la verdad no le puedo quitar ese derecho; tengo que hacer algo”. En la actualidad su madre es quien administra los bienes de su padre, que son una finca y dos carros. PERITAJES
a) Peritaje de la señora María Cristina Nunes de Mendonça, profesora de Medicina Legal en la Universidad de Coimbra, Portugal
La perito señaló que, debido a su detención, el señor Wilson Gutiérrez sufrió lesiones físicas agrupadas en dos tipos: las lesiones genitales y las lesiones anales. Las lesiones genitales se pueden definir como quemaduras de segundo grado por acción del calor, concretamente por acción de la llama. Las quemaduras de segundo grado se caracterizan por la presencia de ampollas con líquidos y afectan los tejidos más profundos de la piel. En cuanto a las lesiones anales, en este caso han sido lesiones internas en el recto por la introducción de un objeto duro. Las secuelas físicas en este caso debieron tratarse adecuadamente. Debió realizarse un tratamiento oportuno con el fin de que dichas secuelas no fueran tan evidentes. En este caso las referidas secuelas son permanentes. Asimismo, existen secuelas de tipo funcional-sexual que están referidas en algunos de los informes, tales como el realizado el 16 de septiembre de 1996 en el Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia y el informe urológico del año 2000. Existe otro grupo de secuelas que son las psicológicas, las cuales están bien diferenciadas en tres informes de psiquiatría forense realizados en el Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia por un grupo de psiquiatría y psicología. Tres de las descripciones que se hacen configuran un cuadro designado como “síndrome de estrés post traumático”. El carácter, los comportamientos de irritación que la víctima mantiene, el carácter fóbico y evasivo de la persona y la naturaleza irreversible de estas características, constituyen un cuadro que configura este síndrome. Los exámenes médico forenses que se efectuaron en este caso han sido exámenes incompletos. En ningún momento se realizaron registros fotográficos de las lesiones, los cuales son extremadamente importantes. Los exámenes se han limitado a una descripción física externa de las áreas anatómicas. No se realizó ningún examen de la lesión anatómica anal, que es un examen muy sencillo. En uno de los informes no se detallan las lesiones, lo cual puede condicionar su interpretación y perjudicar el resultado o la trascendencia que estos documentos tengan en el proceso judicial.
La víctima no recibió tratamiento médico regular y adecuado hasta su ingreso en prisión el 14 de septiembre de 1994, es decir, veintiún días después de los hechos. No parece que la víctima hubiese sido tratada adecuadamente y tampoco se le facilitaron medidas básicas de higiene personal, para evitar las complicaciones infecciosas que luego vino a padecer. Se han implementado protocolos y estándares para mejorar el tratamiento a las víctimas de agresiones como las de este caso, pues los que había son deficientes, no sólo en América Latina sino en todo el mundo. El que más se utiliza es el Protocolo de Estambul, el cual surgió en el año 1999 debido a la cooperación de una serie de entidades, médicos y juristas para establecer estándares de tratamiento a este tipo de víctimas, de tal manera que estas evidencias puedan ser comprendidas en las cortes. En el Protocolo se encuentran descritas situaciones como las que sufrió el señor Wilson Gutiérrez, la forma como se tienen que hacer los exámenes, como se tienen que elaborar los dictámenes, la forma como la víctima tiene que ser “seguida posteriormente”. Si el Protocolo hubiese sido aplicado en este caso, el resultado de la investigación hubiese sido distinto, pues habría “facilita[do] la comprensión de las agresiones, de los hechos”.
En el caso de personas que han sido afectadas en su integridad física, el examen médico debe prestar especial atención a dichas víctimas, pues “hay todo un componente de miedo” que les puede hacer daño. Lo primero que debe hacer el médico es establecer una relación de empatía con el examinado, “que la persona se sienta realmente a gusto con él para contarle las cosas que han pasado” y no dejar de contar ciertos detalles por miedo a no hacerlos públicos. En estos casos, no pueden estar presentes los supuestos agresores. Además, “el médico no debe limitarse al examen de las regiones anatómicas [respecto de las cuales] la víctima se queja […;] hay que hacer un examen exhaustivo, hay que objetivarlo con registros gráficos, fundamentalmente la fotografía”.
En casos de tortura el agresor procura infligir sufrimiento a la persona de una forma que no deje huellas físicas. El agresor sabe que si deja huellas es detectado de una manera más fácil. En cuanto a las lesiones genitales del señor Gutiérrez Soler debido a las quemaduras, hay signos indudables y van a mantenerse por vida. En la cuestión del abuso sexual anal muchas veces no quedan huellas físicas externas, como ocurrió en este caso.
Los funcionarios que efectúan detenciones o que tienen contacto con personas detenidas deberían ser evaluados psicológica o psiquiátricamente cada cierto período de tiempo, pues en muchos casos dichos funcionarios poseen una personalidad que los puede volver agresivos. En el presente caso, existe un examen psiquiátrico que es donde se hace también un examen de uno de los agresores y “la lectura permite intuir algunos rasgos sicológicos en el perfil de la patología sicopática”. Las personas que son detenidas deben ser sometidas a exámenes físicos periódicamente y el médico no debe limitarse a “las quejas que se le hacen, porque muchas veces la víctima no consigue valorar todo el contexto de su sufrimiento”.
b) Peritaje de la señora Ana Deutsch, psicóloga
La perito indicó que el señor Wilson Gutiérrez Soler presenta estrés postraumático. Dicho diagnóstico se realizó basándose en “los criterios establecidos por el manual de diagnósticos psiquiátricos publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría” de 1994. Para formular tal diagnóstico se deben reunir seis criterios: el primer criterio es la experiencia de un hecho traumático que afectó al individuo y respecto del cual reaccionó con horror y con pánico. Los hechos sufridos por el señor Wilson Gutiérrez Soler cumplen con ese criterio. El segundo criterio es la recurrencia molesta de recuerdos del evento que se presentan en la memoria espontáneamente y que producen sufrimiento emocional cada vez que eso sucede. Dichos recuerdos se pueden presentar durante la vigilia o el sueño, o pueden ser evocados por estímulos del medio ambiente. El señor Gutiérrez Soler relató que tiene que luchar para espantar esas memorias que se le presentan a diario cuando va al baño, cuando observa las cicatrices, cuando escucha a alguien hablar en tono fuerte o ve a alguien que se está peleando. “La violación sexual le afectó hondamente su autoestima y su dignidad masculina fue atacada”.
El tercer criterio es la evitación, el cual consiste en que la persona evita exponerse a situaciones que le recuerden el trauma. El señor Gutiérrez Soler se aísla socialmente para que no le hagan preguntas, pues eso le evocaría las razones por las cuales viajó a Estados Unidos. En este último país casi no se relaciona con otros colombianos porque le producen incomodidad y siente temor de que pudieran estar relacionados con los agentes del Estado que le causaron tantos problemas. El cuarto criterio es la presentación de síntomas de sobreexcitación o reacción exagerada a estímulos mínimos y la presencia de irritabilidad. El señor Gutiérrez Soler señala que se volvió muy temperamental después de la tortura y eso agravó algunos conflictos matrimoniales. En aquél entonces era impaciente e intolerante con su propio hijo. Actualmente, continúa teniendo perturbaciones en el sueño, le cuesta dormirse y se despierta sobresaltado por ruidos leves. El quinto criterio consiste en que la duración de estos síntomas es superior a un mes. El señor Gutiérrez Soler ha sufrido estos síntomas por más de diez años, y si bien en el pasado eran más intensos, todavía los presenta con variada intensidad. Ha tenido mejorías en algunos aspectos, pero en definitiva debe seguir un tratamiento psicológico. El último criterio se refiere al daño en el área laboral, de aprendizaje y social; en cuanto a lo laboral, por años vivió prácticamente dependiente de su familia. El señor Gutiérrez Soler presenta otros síntomas que se sobreponen al diagnóstico de estrés postraumático y que conforman más bien un cuadro de depresión, como la falta de energía, una visión pesimista del mundo, estados de ánimo de tristeza, apetito reducido y deseo sexual casi nulo. Asimismo, la impunidad ha reforzado todos los síntomas y reacciones que ha tenido el señor Gutiérrez Soler y ha incidido en la visión que tiene de la justicia. En cuanto a Kevin Gutiérrez Niño, hijo de Wilson Gutiérrez Soler, la perito señaló que la relación de ellos prácticamente no existió sino hasta hace unos pocos meses que Kevin fue a vivir con su papá. La relación entre padre e hijo se vio muy afectada porque este último conocía la versión de su mamá y de la familia de ésta, en el sentido de que el señor Gutiérrez Soler era “irresponsable y no cumplía con sus obligaciones”. Esto afectó muchísimo la autoestima de Kevin, pues “se sentía inferior por no tener un papá normal a su lado y se sintió impotente para cambiar las cosas”. Actualmente, padre e hijo están trabajando “para recuperar una relación que no existía casi”. La perito indica que el señor Ricardo Gutiérrez Soler, hermano de Wilson Gutiérrez Soler, y su familia también se vieron afectados por los hechos. Ricardo tiene siete hijos y los hechos alteraron la dinámica familiar. Dos de los hijos de Ricardo, que en la época en que ocurrieron los acontecimientos tenían 9 y 13 años de edad, cuanto alcanzaron los 15 y 16 años se alejaron de la familia y se independizaron prematuramente, pues sentían el abandono emocional del padre. En lo económico hubo un cambio profundo con respecto al estilo de vida y las posibilidades de seguir en la escuela, las cuales se vieron reducidas. Los hijos de Ricardo y su esposa Yaqueline, quienes se quedaron en el grupo familiar, han sido parte de todos los hostigamientos. Han vivido por años tratando de ocultarse, escapando, lo cual genera inestabilidad e inseguridad.
Las hijas adolescentes de Ricardo Gutiérrez Soler no han tenido una vida regular de niñas, pues debido al miedo tienen que estar en casa. Ricardo no tenía explicación para sus hijos porque él no la tenía para sí mismo. Los hijos se resintieron por las respuestas evasivas que su padre les daba. Debido a esto empezaron a elaborar sus propias explicaciones, lo cual generó desconfianza hacia el padre. Cuando se enteraron de lo que realmente ocurría fue como si hubiesen logrado ensamblar el rompecabezas de sus vidas. Los hijos de Ricardo también presentan síntomas que son consistentes con los hechos que han vivido y cuyo resultado en el futuro depende mucho de cuáles sean las intervenciones que puedan tener en adelante. Dichos hijos tienen deseos de retomar los estudios como su gran proyecto de vida.
Los hijos de Wilson y Ricardo han sido afectados en el paso de su adolescencia hacia la adultez. Carlos, uno de ellos, presenta rasgos de depresión, tiene un sentido negativo de sí mismo, de modo que es necesaria una intervención profesional para él. Las hijas sienten que no tienen vida normal, no pueden salir con otras niñas. Leydi no vive con su papá, pero no ha podido continuar con sus estudios, por lo cual se siente afectada porque su proyecto de vida no está siguiendo el curso que ella desea. Yaqueline estuvo al lado de Ricardo, sufriendo exactamente lo mismo, como eco de lo que le estaba pasando a él. En este momento Yaqueline está sumamente preocupada por el hecho de que su hija Paula Camila, quien tiene cuatro años de edad, no habla todavía y necesita urgentemente empezar un tratamiento. Yaqueline se siente desesperada porque son tratamientos caros y mientras más se espere dicha condición se puede ir agravando. Las intervenciones tempranas pueden prevenir el desarrollo patológico. El hecho de que Wilson y Ricardo Gutiérrez no hubiesen querido revelar a sus familiares los hechos responde a un patrón similar en sobrevivientes de tortura. Las víctimas de tortura “siente[n] vergüenza de compartir[la] con todos […] es un patrón que se encuentra indudablemente en el 95% de los sobrevivientes de tortura”. La violación sexual también incidió en que no hubiese querido hablar de los hechos, pues “para un hombre un ataque sexual de la naturaleza que recibió Wilson, es un ataque a la dignidad, a la masculinidad”. El señor Wilson Gutiérrez “perdió la capacidad de gozar plenamente su sexualidad, lo cual para un hombre de la edad de él es bastante lamentable”.
El acto de solicitud de perdón realizado por el Estado es “una manera de restaurar la posición social que ellos tenían y que quieren seguir teniendo; es una manera de restaurar la autoridad paterna que ellos tienen frente a sus hijos”. En cuanto a utilizar los hechos del caso “como un ejemplo en la capacitación profesional de personal médico forense, investigadores policiales y operadores de justicia”, la víctima siempre ha expresado su deseo de evitar que otras personas pasen por lo mismo, por lo cual tiene un valor moral y emocional enorme y podría tener un valor psicológicamente restaurativo. Son fundamentales aquellas medidas que se orienten a restaurar el “nivel de funcionamiento social, psicológico y emocional familiar que tenían antes y la posibilidad de poder implementar el proyecto de vida que ellos tienen para sí mismos”. Las medidas de reparación que se ordenen “contribuirán enormemente, pero no van a ser suficientes; ellos necesitan trabajar internamente sus sentimientos”.
Una medida adecuada también sería el establecimiento de un plan de evaluaciones psicológicas a personas que tienen que tratar con detenidos o que están encargados de tratar detenciones. c) Peritaje del señor Jaime Prieto Méndez, economista y especialista en derechos humanos
El perito se refirió a la importancia que tendría el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado ante la Corte Interamericana si dicho reconocimiento se hiciese público ante la sociedad colombiana, pues no sólo sería un mecanismo de terminación de un litigio internacional, sino también “un ejercicio pedagógico hacia las instituciones y hacia la sociedad colombiana respecto del daño causado a las víctimas y del daño causado a la sociedad por el comportamiento equívoco de agentes del Estado”.
También es importante que ese reconocimiento público implique el “reconocimiento de la condición de Wilson Gutiérrez Soler como víctima en este caso y que se repare el daño no solamente a su integridad, sino a su dignidad sufrida en este tiempo ante el hecho de que su palabra, su testimonio, haya sido […] puesto en tela de juicio, afectando su credibilidad pública, afectando su honra pública”. Dicha circunstancia contribuiría a reparar a otras víctimas de tortura o violaciones a derechos humamos que han visto afectada su honra al dudarse de su testimonio. Una medida necesaria para la no repetición de estos hechos es la reapertura de las investigaciones disciplinarias y penales que se adelantaron contra los responsables, aplicando la sentencia C-004 de 2003, emitida por la Corte Constitucional de Colombia, la cual permite la revisión de las decisiones de preclusión o cesación de procedimiento y las sentencias absolutorias en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, las autoridades colombianas deben comprometerse a “fortalecer y poner en ejecución los controles ya existentes en relación con las circunstancias y condiciones en que las personas privadas de la libertad permanecen en centros de detención provisional o en prisiones”. Dichos controles corresponden a los que ejercen las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, tales como las autoridades captoras o la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Es importante que sea aplicada rigurosamente la normativa interna que impide la incomunicación de las personas privadas de libertad. Debe establecerse una vigilancia estrecha de los períodos en que las personas permanecen en poder de las autoridades captoras y en su puesta a disposición de las autoridades judiciales, pues aunque la ley establece plazos breves, éstos se prolongan con frecuencia sin ninguna justificación, lo cual puede propiciar apremios o torturas contra los detenidos. También es necesario que se facilite el acceso a la víctima de los abogados, los funcionarios de control y sus familiares para evitar que la integridad personal de los privados de libertad sea afectada. El Estado debe tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana en relación con la prohibición absoluta de que “las personas privadas de libertad sean sometidas a interrogatorios por parte de las autoridades captoras al margen de la actuación de las autoridades judiciales en centros de detención provisionales”. Es importante que se aplique con rigor la prohibición de que los interrogatorios a personas bajo captura se produzcan sin la presencia de un abogado. Los exámenes médicos previstos en la legislación colombiana al ingreso y salida de los centros de detención deben ser aplicados con todo rigor, evitando el recurso a las constancias de buen trato como mecanismo para asegurar que la persona no ha sido sometida a apremios o torturas. También es indispensable que sea aplicada plenamente la sentencia C-358 de 1997, emitida por la Corte Constitucional de Colombia, en la cual se indica que “el fuero penal militar o judicial que cobija por Constitución a las autoridades de policía y militares en los casos penales, no se [puede] extend[er] a los casos de violación de derechos humanos”. Pese a que a raíz de dicha sentencia de la Corte Constitucional “un número apreciable de […] investigaciones sobre violaciones de derechos humanos han sido trasladadas de la justicia penal militar a la justicia civil”, aún persisten opiniones que defienden la participación de la justicia militar en estos casos.
El perito sostuvo que es necesario evitar que las víctimas sean descalificadas por prejuicios de toda naturaleza, incluyendo el prejuicio de que la víctima es delincuente, dudando de su testimonio y dando credibilidad a las autoridades que eventualmente están siendo investigadas. En este sentido, es preciso hacer una pedagogía con los funcionarios de investigación judicial y disciplinaria, en relación con el hecho de que en casos de tortura las víctimas no pueden ser tratadas como si se tratara de delincuentes y su testimonio debe ser tomado en cuenta.
43. En este caso, como en otros , el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados por las partes en su oportunidad procesal, o como prueba para mejor resolver de conformidad con el artículo 45 de su Reglamento, que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda.
44. La Corte considera útil para la resolución del presente caso copia de “la totalidad del expediente seguido en la Justicia Penal Militar contra el Coronel Luis Gonzaga Enciso Baron, por el delito de Lesiones Personales en la persona de Wilson Gutiérrez Soler”, remitida por el Estado el 16 de febrero de 2005 (supra párr. 23), en cuanto no fue controvertida ni objetada, ni se puso en duda su autenticidad o veracidad. Por lo tanto, se agrega al acervo probatorio, conforme al artículo 45.1 del Reglamento .
45. Respecto de las declaraciones juradas no rendidas ante fedatario público por los testigos Yaqueline Reyes, Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes, Leydi Caterin Gutiérrez Peña, Leonardo Gutiérrez Rubiano, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano y Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano, así como por el perito Iván González Amado, todos propuestos por los representantes (supra párrs. 22 y 24), la Corte las admite en cuanto concuerden con el objeto que fue definido en la Resolución dictada por el Presidente el 1 de febrero de 2005 y las aprecia en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado. La Corte ha admitido en otras ocasiones declaraciones juradas que no fueron rendidas ante fedatario público, cuando no se afecta la seguridad jurídica y el equilibrio procesal entre las partes . Como ha señalado este Tribunal, las declaraciones de las presuntas víctimas y sus familiares pueden proporcionar información útil sobre las alegadas violaciones y sus consecuencias . Asimismo, el Tribunal reconoce que, por razones de fuerza mayor, los representantes no pudieron presentar las declaraciones de María Elena Soler de Gutiérrez y Paula Camila Gutiérrez Reyes (supra párr. 22). 46. La Corte considera útiles para la resolución del presente caso los documentos suministrados por las partes en sus alegatos finales escritos, en cuanto no fueron controvertidos ni objetados de forma específica, ni se puso en duda su autenticidad o veracidad, garantizándose así el derecho de contradicción. Por lo tanto, se agregan al acervo probatorio, conforme al artículo 45.1 del Reglamento .
Valoración de la prueba testimonial y pericial
47. En relación con las declaraciones rendidas por los testigos y peritos propuestos por la Comisión Interamericana y por los representantes en el presente caso (supra párr. 42), la Corte las admite en cuanto concuerden con el objeto del interrogatorio establecido por el Tribunal mediante la Resolución de 10 de marzo de 2005, y les reconoce valor probatorio, tomando en cuenta las observaciones realizadas por el Estado. Al respecto, la Corte tendrá en cuenta dichas declaraciones conjuntamente con las otras pruebas aportadas por las partes. Este Tribunal estima que los testimonios de los señores Wilson y Ricardo Gutiérrez Soler no pueden ser valorados aisladamente por tratarse de una presunta víctima y su hermano y tener un interés directo en este caso, sino deben serlo dentro del conjunto de las pruebas del proceso.
48. De conformidad con el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado y de acuerdo con el acervo probatorio del presente caso, la Corte da por probados los siguientes hechos:
La detención y tortura del señor Wilson Gutiérrez Soler
48.1. El 24 de agosto de 1994, en horas de la tarde, el Coronel de la Policía Nacional Luis Gonzaga Enciso Barón, Comandante de una unidad urbana de la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional (en adelante “la UNASE”), y su primo, el ex Teniente Coronel del Ejército Ricardo Dalel Barón, se apersonaron en la carrera 13 con calle 63 de la ciudad de Bogotá, donde habían citado al señor Wilson Gutiérrez Soler. Los señores Enciso Barón y Dalel Barón lo detuvieron y lo condujeron al sótano de las instalaciones de la UNASE .
48.2. Una vez en el sótano, el señor Gutiérrez Soler fue esposado a las llaves de un tanque de agua y sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, consistentes en quemaduras en los órganos genitales y otras lesiones graves.
48.3. Tres horas después de haber sido torturado, el señor Gutiérrez Soler fue entrevistado por funcionarios de la Oficina Permanente de Derechos Humanos, quienes le dijeron que para salvar su vida, respondiera a todo que sí. Por tanto, el señor Gutiérrez Soler fue inducido bajo coacción a rendir declaración “en versión libre” sobre los hechos motivo de la detención.
48.4. El señor Gutiérrez Soler no contó con la presencia de su representante legal ni con la de un defensor público al rendir declaración. Para suplir la ausencia de un defensor, miembros de la fuerza pública solicitaron la asistencia de una religiosa con el fin de que compareciera en la referida diligencia junto con el señor Gutiérrez Soler. El Estado no efectuó esfuerzo alguno por contactar a un abogado que pudiera actuar como defensor técnico, aunque la sede de la UNASE se encuentra en una zona céntrica de la capital de Colombia.
Secuelas físicas y psicológicas sufridas por el señor Wilson Gutiérrez Soler a raíz de los hechos de 24 de agosto de 1994
48.5. El daño causado por las mencionadas quemaduras fue establecido por un médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, quien examinó al señor Gutiérrez Soler a las 23:45 horas del mismo 24 de agosto de 1994 e hizo constar que éste presentaba diversas lesiones. El 25 de agosto de 1994 el Fiscal Regional del “UNASE Urbano” verificó el estado físico del señor Gutiérrez Soler y también dejó constancia de dichas lesiones. Asimismo, en certificados médicos de 28 de noviembre de 2000 y de 14 de diciembre del mismo año un especialista en urología dejó constancia de la persistencia del daño físico ocasionado . Finalmente, las torturas causaron al señor Gutiérrez Soler perturbaciones psíquicas permanentes que fueron evaluadas en el peritaje practicado el 8 de agosto de 1996 por el Grupo de Psiquiatría y Psicología Forense de la Regional Bogotá .
Procesos realizados después de los hechos de 24 de agosto de 1994
48.6. El 25 de agosto de 1994 el señor Gutiérrez Soler denunció ante la Fiscalía Regional Delegada las torturas padecidas el día anterior. El 26 de agosto de 1994 el señor Gutiérrez Soler, ante un asesor de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, presentó su queja contra el señor Dalel Barón y el Coronel Enciso Barón. Como resultado de estas denuncias se iniciaron procesos paralelos ante la jurisdicción ordinaria contra el señor Dalel Barón, y ante las jurisdicciones penal militar y disciplinaria contra el Coronel Enciso Barón.
48.7. El 7 de febrero de 1995 la Jueza 51 de Instrucción Penal Militar inició proceso contra el Coronel Luis Gonzaga Enciso Barón por el delito de lesiones. Posteriormente, la investigación fue trasladada a la Auditoría Auxiliar de Guerra No. 60, donde se decidió cesar todo procedimiento en su contra, ya que “el dicho de Gutiérrez Soler, fuera de no recibir confirmación con ningún elemento probatorio, de aparecer desvirtuado y ser contradictorio […] no merece ni un átomo de credibilidad, porque está impregnado de argumentos arguciosos, tendenciosos, malintencionados, calumniosos y ruines, ideados de su mente ma[ls]ana, producto de la mitomanía que lo caracteriza. […T]estigos de esa naturaleza tienen que ser necesariamente sospechosos y estar sometidos a un mayor control por parte del instructor y del juez de conocimiento, en razón a que está[n] viciados de inmoralidad” . El 30 de septiembre de 1998 la cesación de procedimiento fue confirmada por el Tribunal Superior Militar. 48.8. El 7 de junio de 1995, con base en la denuncia del señor Gutiérrez Soler, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos consideró que existían méritos suficientes para formular pliego de cargos contra el Coronel Enciso Barón en la jurisdicción disciplinaria. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación archivó el proceso, alegando la aplicación del principio non bis in idem en vista de la decisión adoptada el 27 de febrero de 1995 por el Director de la Policía Judicial, la cual había exonerado de toda responsabilidad disciplinaria al Coronel Enciso Barón.
48.9. El 29 de agosto de 1995 se abrió proceso penal contra el señor Dalel Barón. No obstante, el 15 de enero de 1998 la Fiscalía General de la Nación resolvió precluir la investigación y ordenar el archivo del expediente, pues “los testimonios, tanto de los funcionarios policiales como los de quienes de alguna manera (familiar o laboral) mantenían vínculos o relación con el imputado, resultan de los clasificados por la doctrina como ‘testimonios sospechosos’ por cuanto pierden credibilidad” . El 8 de junio de 1999 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó dicha decisión. Posteriormente, la Corte Constitucional resolvió no hacer uso de su facultad discrecional para revisar una acción de tutela interpuesta por el señor Gutiérrez Soler.
48.10 A la fecha ninguna persona ha sido sancionada por la detención arbitraria del señor Wilson Gutiérrez Soler y las torturas infligidas a éste.
48.11. La declaración de 24 de agosto de 1994 del señor Gutiérrez Soler, obtenida mediante tortura, sirvió de base para que el 2 de septiembre de 1994 la entonces llamada Justicia Regional iniciara un proceso en su contra por el delito de extorsión y se profiriera medida de aseguramiento con privación de la libertad. El 20 de enero de 1995 la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior decidió revocar la medida de aseguramiento y ordenar su libertad, pues la denuncia contra el señor Gutiérrez Soler estaba “plagada de contradicciones”, así como “no p[odía] ser valorado a la luz de la sana crítica y menos para darle credibilidad” . El 6 de mayo de 1999 se emitió resolución acusatoria en contra del señor Gutiérrez Soler, pero la orden de captura fue revocada tras ser apelada por la defensa. 48.12. Finalmente, el 26 de agosto de 2002, transcurridos ocho años desde su detención inicial, el señor Gutiérrez Soler fue absuelto del delito de extorsión por decisión del Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Según dicha decisión, no existía certeza sobre la responsabilidad penal del señor Gutiérrez Soler por cuanto “el informe de Policía 1762 de agosto 25 de 1994, suscrito por el Coronel Luis Gonzaga Enciso, […] a través del cual dej[ó] a disposición del Fiscal Regional al supuestamente capturado en flagrancia por el delito de extorsión Wilson Gutiérrez Soler […], en modo alguno puede catalogarse como [prueba] idónea para responsabilizar a [este último] como autor de un hecho punible: de una parte porque quien se apersonó del operativo fue el Coronel Luis Gonzaga Enciso, primo del denunciante [Ricardo Dalel], hecho que ya puede mostrar una tendencia a favorecer a ultranza los intereses de su familiar y a pesar de que los funcionarios de este rango muy excepcionalmente presencian estos operativos”. Asimismo, se sostuvo que “la misma aprehensión es digna de cuestionamiento en cuanto terminó con la posible tortura del encartado por parte de este funcionario y en presencia del denunciante, que arrojó una incapacidad para aquél de 18 días por las quemaduras que afrontó en su órgano genital de acuerdo al dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses […]. [Las referidas] circunstancias a la luz de la sana crítica impon

References: artículo 1
 artículo 63
 artículo 62
 artículo 1
 artículo 50
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 43
 artículo 35
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 44
 artículo 45
 Resolución 
 artículo 103
 artículo 192
 artículo 45
 resolución 
 artículo 45
 Resolución 
 resolución 
 artículo 45
 Resolución 
 resolución