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Timestamp: 2017-10-18 23:44:25+00:00

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Actual orientación jurisprudencial: "El despido sin causa es un acto... (26-10-12) - ACTIO WEB
Es ley el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de reformas a la Ley de Riesgos del Trabajo.
El Congreso de la Nación convirtió el miércoles 24 de octubre 2012 en ley el proyecto de modificación del régimen de Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) presentado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Principal reforma: el sistema de opción
Principalmente, la nueva ley establece para el trabajador un sistema de opción obligatoria entre las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo y las indemnizaciones previstas por las leyes civiles para el resarcimiento del daño.
Para ello, el artículo 4º del mismo establece:
“ARTÍCULO 4°.- Los obligados por la Ley N° 24.557 y sus modificatorias al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los 15 (QUINCE) días de notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente a los damnificados o a sus derechohabientes los importes que les corresponde percibir por aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma separada e indicando que se encuentran a su disposición para el cobro.
En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil”.
La opción prevista en la norma, lejos de innovar en el sistema reparatorio, reproduce casi textualmente el establecido en 1915 por la ley 9688, en el artículo 17 de la ley 23.643 de 1988 y en el artículo 16 de la ley 24.028 de 1991, normativas anteriores a la Ley de Riesgos del Trabajo.
Responsabilidad civil: opción con renuncia en la jurisprudencia de la Corte Suprema
De esta forma, recobra vigencia una modalidad similar a la contenida en la ley 9688, dejando la posibilidad al interesado para que elija la vía de reparación que transitará dentro de las que le brinda la legislación civil.
El mensaje que acompañó el proyecto señaló la diferencia existente entre la opción propuesta y la prevista en el antecedente mencionado: mientras que en el pasado régimen se optaba a partir del momento mismo del accidente o toma de conocimiento de la enfermedad y sus consecuencias invalidantes, ahora se plantea realizarla una vez que se hayan brindado todas las prestaciones médicas y cobrados todos los salarios en período de curación. La iniciativa considera que la asistencia a la víctima sin alteración de su salario será la base sobre la cual se asentará la decisión libre del damnificado.
Sin embargo, la opción de elegir una de las dos acciones aparece a primera vista como contraria a la doctrina expuesta por la Corte Suprema en los fallos “Aquino” y “Llosco”, en el sentido de que todos los habitantes sometidos a un daño injustamente sufrido, incluidos los trabajadores, tienen derecho a una indemnización integral que, para que sea justa, debe cubrir todos los perjuicios, no pudiendo quedar ningún daño sin su adecuada reparación.
Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Posibles controversias.
Una importante serie de fallos (“Aquino”, “Llosco”, “Milone”, “Castillo”, “Venialgo”, “Marchetti”, “Silva”, “Suárez Guimbard”, “Torrillo”, “Arostegui”, “Lucca de Hoz”, “Ascua”, entre otros), dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinaron el régimen actual, conformado por un sistema de reparación de infortunios laborales diferente y mucho más amplio que el establecido en la ley original de Riesgos del Trabajo.
El primer fallo (“Aquino”) determinó el carácter constitucional del derecho a la reparación plena y el otorgamiento de igual rango al principio que prohíbe a los hombres dañar los derechos de un tercero, interpretando así el artículo 19 de la Constitución Nacional, con la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39, párrafo primero, de la ley 24557 de Riesgos.
En tal sentido, la Corte Suprema ratificó el criterio de acumulación de resarcimientos, no en el sentido de que el trabajador o los derechohabientes cobraran la totalidad de la reparación plena al empleador además de la indemnización tarifada de la LRT, sino interpretando que el damnificado puede reclamar de la ART lo regulado por la ley especial y en forma paralela, sucesiva o conjunta, puede demandar al empleador en razón de los daños y perjuicios no satisfechos por la indemnización tarifada, a través de la vía del derecho común, si es que se cumplen los presupuestos de la responsabilidad civil.
La actual reforma, al establecer la opción civil excluyente con renuncia a la indemnización tarifada, se aparta de esta doctrina emanada de la Corte y podría ser tachada de inconstitucional por los tribunales laborales y –finalmente- por la Corte Suprema. Para que ello no ocurra, la justicia debería modificar la doctrina aplicada en todos los antecedentes consignados.
Acciones civiles, al fuero civil. Aplicación de normas y principios ajenos al derecho laboral.
La nueva ley deriva las acciones civiles a la Justicia Civil, como fue dispuesto por primera vez mediante la ley 24028 de 1991. Además, se establece que en dicho ámbito civil no se deberán tener en cuenta los principios del derecho del trabajo sino la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil. Se impone también que la acción fundada en el derecho común se debe tramitar ante la Justicia Nacional en lo Civil, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitando a las provincias a adherirse a este criterio.
Esta normativa también será seguramente cuestionada en los Tribunales, siendo muy probable que declaren su inconstitucionalidad. Contradice la doctrina de la Corte Suprema fijada en la causa “Munilla”, donde declaró competente al fuero laboral en los juicios por accidentes del trabajo fundados en el derecho civil.
La nueva ley mantiene el sistema obligatorio de las comisiones médicas, que seguirán siendo las encargadas de determinar cuestiones medulares como “La naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad … El carácter y grado de la incapacidad … El contenido y alcances de las prestaciones en especie”, según dispone el artículo 21 de la ley 24557, y ratifica el procedimiento administrativo obligatorio diseñado por dicha ley, a pesar del criterio opuesto de la Corte, expresado en los casos “Castillo”, “Venialgo” y “Marchetti”. Ello implica retroceder con respecto a la ley vigente, donde el régimen es voluntario para los damnificados y donde éstos pueden recurrir directamente al juez laboral competente sin pasar por el procedimiento administrativo de la ley especial.
Subsiste el artículo 46, que dispone la competencia de la justicia federal para entender en las acciones que se promuevan contra las resoluciones de las comisiones médicas provinciales. Los artículos 21 y 46 han sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema.
Según el Poder Ejecutivo Nacional, la nueva legislación tiene como objeto el ordenamiento del régimen de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, partiendo del reconocimiento de que el sistema vigente en materia de riesgos del trabajo ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del régimen. Este reconocimiento del problema resulta un hecho positivo, ya que constituye la base para encarar la solución de sus falencias.
Es plausible la disposición de mejoras en las prestaciones dinerarias del sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo. Esta medida, no solo beneficia a las víctimas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, sino que posiblemente también reduzca la litigiosidad.
También es positivo que se establezca que cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en el régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas del sistema, de modo tal que el régimen ofrezca una reparación plena del daño.
Resulta también adecuada la nueva ley, en cuanto establece que el derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine, desde el acaecimiento del daño o desde la configuración de la relación adecuada de causalidad de la enfermedad profesional.
Es, además, importante el ajuste general de los importes por incapacidad laboral previstos en las normas de reparación, de acuerdo a la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo.
El principal problema que deberá enfrentar la nueva ley es que contradice en muchos aspectos a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia desarrollada desde el año 2004 a la fecha, precedida por fallos de todos los tribunales laborales del país.
En tal sentido, podría persistir la elevada litigiosidad por los nuevos planteos de inconstitucionalidad, que las modificaciones podrían traer aparejadas.
Asimismo, continúa también inalterable el sistema excluyente y cerrado de cobertura de las enfermedades profesionales, que también ha sido rechazado por la actual jurisprudencia.
Publicado en el Actio Reporte del 26 de Octubre de 2012.

References: artículo 4
 artículo 17
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 39
 artículo 21
 artículo 46