Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421416.html
Timestamp: 2019-03-22 19:11:41+00:00

Document:
as201421416
Auto Supremo:416/2014
Sucre:04 de agosto2014
Expediente:LP-55-14-S.
Partes:Isaac Juvenal Candia, Facundo Chamizo Sonco, Mario Julián Barrios
Meruvia, Florencia Gerónimo Cussi y otros, representados por Marina
Laura Pana, Olga Oblitas de Candia y Vitalia Céspedes deMérida. c/
Gobierno Municipal del El Alto (Alcalde, Fanor Nava Santiesteban) y
contra Pablo Choque Apaza, Jaime Canoa Apaza, Edwin Marcelino Alejo
Fernández y Jorge Adalberto Balboa Sumi.
Proceso: Nulidad de escritura pública de transferencia forzosa – adjudicación
Simultánea y acción reivindicatoria.
VISTOS: Los recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 754 a 757, interpuesto por Dr. Edwin Yujra Sanches en representación del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y el recurso de casación de fs. 759 a 765 vta., interpuesto por Pablo Choque Apaza; ambos contra el Auto de Vista-Resolución Nº S-360/13 del 18 de octubre de 2013 de fs. 751 a 752 vta., pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de nulidad de Escritura Pública de transferencia forzosa – adjudicación simultánea y acción reivindicatoria seguido por Isaac Juvenal Candia, Facundo Chamizo Sonco, Mario Julián Barrios Meruvia, Florencia Gerónimo Cussi y otros, representados por Marina Laura Pana, Olga Oblitas de Candia y Vitalia Céspedes de Mérida. contra el Gobierno Municipal del El Alto y contra Pablo Choque Apaza, Jaime Canoa Apaza, Edwin Marcelino Alejo Fernández y Jorge Adalberto Balboa Sumi; la respuesta de fs. 783-785 vta., por parte de Vitalia Céspedes de Mérida, Olga Oblitas de Candia en representación de Isaac Juvenal Candia, Florencia Jerónimo Cussi, Valentina Sánchez Plata y otros; el Auto de concesión de fs. 792, los antecedentes del proceso; y:
Los demandantes por memorial de fs. 64 a 69 y vta., interponen demanda ordinaria de nulidad de Escritura Pública de transferencia forzosa – adjudicación simultánea y acción reivindicatoria contra el Gobierno Municipal de El Alto y contra los Sres. Pablo Choque Apaza, Jaime Canoa Apaza, Edwin Marcelino Alejo Fernández y Jorge Adalberto Balboa Sumi de cuyo contenido se resume lo siguiente: indican que en su calidad de legítimos propietarios de los terrenos de la “Urbanización San Silvestre” realizaron ante el Gobierno Municipal de El Alto trámite de aprobación de sustitución de planimetría, misma que fue aprobada mediante Resolución Técnica Administrativa Municipal Nº 89/02 del 15 de agosto con una superficie total de 174.957,50 mts2. y homologada por Resolución Municipal Nº 158/2003 del 08 de julio, terrenos registrado en Derechos Reales de forma individual; sin embargo la Alcaldía de El Alto en combinación con personas inescrupulosas, utilizando la fuerza y la violencia realizaron la toma física aduciendo que realizó la expropiación de dichos terrenos, sin haber sido jamás citados y/o notificados y menos dirigida contra sus personas dicho trámite, ignorando el Informe del Proyecto del Acuerdo de Responsabilidad Compartida “ARCO” del Ministerio de Urbanismo y Vivienda que recomienda respetar la propiedad privada y usucapión a favor de los que viven.
Continúan indicando que el Gobierno Municipal en fecha 26 de agosto del 2004 emitió la Ordenanza Municipal Nº 149/2004 de expropiación sin especificar la extensión del terreno llegándose al extremo de suscribir una transferencia forzosa y simultánea mediante minuta del 30 de junio de 2005 entre la Alcaldía y terceras personas que no tienen derecho propietario de los indicados terrenos como son los Sres. Pablo René Choque Apaza, Jaime Canoa Apaza, Edwin Marcelino Alejo Fernández y Jorge Adalberto Sumi, documento que fue protocolizado ante Notario de Gobierno con el Nº 457/05, donde no se hace referencia a la Ordenanza Municipal 149/04, tampoco se identifica debidamente a las personas que transfieren el inmueble; con tales argumentos al amparo de los arts. 546, 547, 549 núm., 3) 551, 552 del Código Civil y 316 de su Procedimiento, demandan la nulidad de la Escritura Pública Nº 457/05 de fecha 12 de agosto y acción reivindicatoria más daños y perjuicios; ante una anulación del proceso amplían su demanda contra 193 beneficiarios de las viviendas (fs. 339). Por su parte el Gobierno Municipal de El Alto en su defensa contesta la demanda de fs. 382 negando en todas sus partes haciendo referencia a la Ley de Procedimiento Administrativo indicando que no se pueden anular los actos administrativos; de la misma manera el Defensor de Oficio de las personas demandadas, a fs. 366 contesta la demanda indicando que la transferencia es legal y que los demandantes no impugnaron el proceso de expropiación en su debido momento en la vía administrativa.
Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Segundo de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de El Alto, mediante Sentencia Nº 368/2010 de fecha 13 de octubre de 2010 cursante de fs. 521 a 524 de obrados, declaró probada la demanda de fs. 339 a 344 disponiendo la nulidad de la Escritura Pública Nº 457 (del 12 de agosto de 2005) y conforme a lo previsto por el art. 197 del Código de Procedimiento Civil, dispone se eleve en grado de consulta la Sentencia ante el Tribunal Departamental de Justicia.
En apelación la Sentencia Nº 368/2010, interpuesto por el Gobierno Municipal de El Alto representado por la Abog. Gaby Paola Llano Luna, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº S-13/12 del 20 de enero cursante de fs. 606 y vta., anula el Auto de concesión del 24 de marzo de 2011 citando de manera incorrecta el número de foja como “348” siendo lo correcto 548, anulación que lo realiza bajo el fundamento de encontrarse interpuesto el recurso fuera del plazo previsto por el art. 220 parágrafo I núm., 1 del Código de Procedimiento Civil, resolución que fue anulada por Auto Supremo Nº 343/2012 de 24 de septiembre por falta de resolución de la consulta de la Sentencia, ante esta situación la misma Sala del Tribunal Ad quem, emite el Auto de Vista Nº S-492/12 del 11 de diciembre de 2012 por el que anula obrados hasta fs. 101 vta., en contra de esta última resolución de segunda instancia, los co-demandantes interponen recurso de casación en la forma y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto a través de su apoderado Edwin Yujra Sánchez recurre en la forma y en el fondo.
Dictado el Auto Supremo Nº 401/2013 de 12 de agosto, el cual vuelve anular el Auto de Vista dictado por Tribunal Ad quem, se dicta la Resolución Nº S-360/2013 de fecha 18 de octubre, la misma que Aprueba el procedimiento aplicado en la causa, así como el fundamento y veredicto contenidos en la Sentencia Nº. 368/2010 de fecha 13 de octubre de 2010, todo en aplicación del art. 197 del Código de Procedimiento Civil.
Contra dicha resolución, el Gobierno Municipal de El Alto y uno de los codemandados, interponen recursos de casación, los mismos que se analizan.
Recurso de Casación en la forma de Edwin Yujra Sanches:
Acusa la infracción de lo normado en el art. 254 núm. 4 y 7 del Código de Procedimiento Civil indicando que se incurre en violación del art. 327 núm., 4) del Código de Procedimiento. Civil, mencionando que la demanda no fue dirigida contra el Concejo Municipal de El Alto, Viceministerio de Urbanismo y Vivienda y la Notaria de Gobierno, toda vez que en la Escritura Pública que se pretende su nulidad engloba a un conjunto de actos concatenados donde estarían comprendidos los actos de las autoridades competentes de las instituciones nombradas.
Otro punto de su recurso hace alusión a que no existe citación legal al representante del Gobierno Municipal de El Alto y conforme al art. 247 de la Ley 1455 sería nulo de pleno derecho, no siendo aplicable el art. 129 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil.
Refiere que al estar dirigida la demanda contra una entidad que forma parte del Estado debió haberse citado en la persona del Fiscal, aspecto que no habría sido cumplido con lo establecido en el art. 127 del Código de Procedimiento Civil.
Que, al tratarse de un proceso administrativo de expropiación, todo el trámite se realizó en la vía administrativa de acuerdo a la Ley Nº 2028 de Municipalidades, donde se encuentran previstos los medios de impugnación a través de los recursos de revocatorio y jerárquico y una vez agotado los mismos corresponde la impugnación judicial mediante el proceso contencioso administrativo conforme al art. 143 de la Ley 2028, siendo competente para conocer dicho proceso en razón de la materia el Juzgado Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario y no así el Juez de Partido en lo Civil.
Acusa la vulneración del art. 252 del Código de Procedimiento Civil conforme al art. 90 del mismo cuerpo legal, indicando que se puede evidenciar que la prueba de fs. 1 a 20 carece de valor legal en razón de que son simples fotocopias y adulteradas, menciona que se dio estricto cumplimiento a la Ley 2372 de fecha 22 de mayo de 2002 y la ley 2717 de fecha 28 de mayo de 2004 de Regularización y Modificación del Derecho Propietario Urbano y su Decreto Supremo Nº 27864 de fecha 26 de noviembre de 2004, las cuales tienen primacía conforme lo norma el art. 410 de la Constitución Política del Estado.
Indica que, las resoluciones y ordenanzas municipales solo pueden ser revisados mediante impugnación judicial conforme al art. 143 de la Ley 2028, citando para el efecto las Sentencias Constitucionales Nº 1028/2010 de fecha 23 de agosto, 070/2010 del 03 de mayo.
Considera que la norma jurídica aplicable al caso es el art. 57 de la Constitución Política del Estado en conjunción con la Ley de Municipalidades, desarrolla la doctrina sobre la procedencia de su recurso de casación.
En base a esos antecedentes solicitan en su recurso de casación en el fondo y en la forma, se proceda a anular obrados hasta fs. uno.
Recurso de casación de Pablo Choque Apaza:
El recurrente realiza un análisis de la demanda administrativa para pasar luego a argumentar los agravios en la forma, mencionando que se infraccionó lo dispuesto en el art. 254 núm. 4 y 7 del Código de Procedimiento Civil en relación a lo normado en el art. 197 del mismo cuerpo legal. Líneas más abajo indica que no se presentó como prueba constituida la Escritura Pública Nº 457/2005 de 12/08/2005 la cual se pretende su nulidad, también menciona que no existe citación legal a Fanor Nava Santisteban por lo cual sería nulo de pleno derecho lo obrado. Por otro lado acusa la infracción de lo normado en los art. 140 y 141 de la Ley 2028 indicando que el juez competente para conocer la litis era el de materia administrativa y no el de materia civil.
La infracción del art. 252 del Código de Procedimiento Civil, art. 90 del mismo cuerpo legal, 283 de la Constitución Política del Estado, art. 12 y siguientes de la Ley 2028, art. 34 de la ley 031 Ley Marco de Autonomías y otras normas.
Menciona que plantearon incidente de nulidad por errores formales en el nombre, al no haberse identificado debidamente al momento de iniciar la demanda, por lo cual debe anularse obrados hasta la demanda.
Indica la norma jurídica aplicable al caso, la jurisprudencia y la doctrina, terminando peticionando que se anule obrados hasta fs. Uno.
Establecido ambos recursos de casación, primeramente se debe considerar que los recurrentes no agotaron correctamente la segunda instancia del proceso, el primer recurrente presentó recurso de apelación de manera extemporánea, el mismo que no fue considerado por el Tribunal de Alzada, el segundo recurrente no presentó recurso de apelación en contra de la Sentencia dictada en obrados, la misma fue elevada en consulta conforme lo norma el art. 197 del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual el Tribunal de Alzada emitió el Auto de Vista de fs. 751 a 752 vta., el cual aprueba el procedimiento aplicado en la causa, así como el fundamento y veredicto contenidos en la Sentencia dictada en la litis, todo en aplicación de lo dispuesto por el art. 197 del Código Adjetivo Civil.
En ese entendido, se debe considerar que al no haber hecho uso, ambas partes recurrentes del recurso de apelación no se encuentran legitimados para interponer recurso de casación, toda vez que la consulta dispuesta en el marco del art. 197 del Adjetivo Civil, de ninguna manera habilita a los codemandados la interposición del recurso de casación, por cuanto esa consulta se dispone sin perjuicio del recurso de apelación que las partes pueden oponer fundamentando agravios. Por tanto la extemporaneidad del recurso de apelación del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y la omisión en apelación de Pablo Choque Apaza, determina la improcedencia de ambos recursos de casación que se analizan, aspecto que no fue reparado por el Tribunal Ad quem, a quien le correspondía negar la concesión del recurso de casación tal como dispone la norma prevista en el art. 262-2) del Código de Procedimiento Civil y declarar ejecutoriado el Auto de Vista de fojas 751 a 752 vta.
Por lo expuesto no se abre la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para considerar los recursos de casación en la forma y en el fondo presentados en la litis, debiendo aplicarse lo dispuesto en los arts. 271 num. 1), 262 nu m. 2) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 1), 272 num. 2), con relación al art. 262 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTES los recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 754 a 757, interpuesto por Edwin Yujra Sanches en representación del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y el recurso de casación de fs. 759 a 765 vta., interpuesto por Pablo Choque Apaza; ambos contra el Auto de Vista-Resolución Nº S-360/13 del 18 de octubre de 2013 de fs. 751 a 752 vta., pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin costas.

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