Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/1562
Timestamp: 2020-06-05 01:07:11+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 137/1990
SENTENCIA 137/1990, de 19 de julio
ECLI:ES:TC:1990:137
En el recurso de amparo núm. 397/90, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales del turno de oficio dona María Luisa Gavilán Rodríguez, en nombre y representación de don Javier Ros Díaz, don Pablo Fernández Villabeitia y don José Carlos Comesaña Costas, bajo la dirección letrada de doña Francisca Villalba Merino, contra los Autos de la Audiencia Provincial de Guadalajara, de 13 de febrero de 1990, confirmatorios en súplica de los de 2 de febrero por los que se desestiman los recursos de apelación subsidiarios a los de reforma deducidos frente a Auto dictado el 3 de enero de 1990 por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Guadalajara en los expedientes 54/89, 2/90 y 3/90. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado y han sido Magistrados Ponentes don Jesús Leguina Villa, don José Luis de los Mozos y de los Mozos y don Vicente Gimeno Sendra, quienes expresan el parecer del Tribunal.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 15 de febrero de 1990, doña Francisca Villalba Merino comparece como Letrada de don Javier Ros Díaz, don Pablo Fernández Villabeitia y don José Carlos Comesaña Costa, reclusos ingresados, en esa fecha, en el Hospital General de Guadalajara, y manifestando «que es mi intención de mis defendidos (sic) interponer recurso de amparo» contra los Autos de la Audiencia Provincial de esa capital de 13 de febrero de 1990, confirmatorios en súplica de los de 2 de febrero, por los que se desestiman los recursos de apelación subsidiarios a los de reforma deducidos frente al Auto dictado el 3 de enero de 1990 por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Guadalajara en los expedientes 54/89, 2/90 y 3/90, solicita la designación de Procurador por el turno de oficio para formalizar la demanda.
2. Libradas las oportunas comunicaciones, se acuerda, en providencia de 26 de febrero de 1990, tener como Procuradora nombrada por el turno de oficio a doña María Luisa Gavilán Rodríguez y como Letrada a la designada por los solicitantes de amparo doña Francisca Villalba Merino, a quienes se concede un plazo de veinte días para que formalicen la demanda de amparo e insten, en igual plazo, pero en escrito separado, la concesión de los beneficios de justicia gratuita. Asimismo, se requiere a dicha Letrada para que, dado que los términos del escrito de 15 de febrero no son absolutamente inequívocos, exprese en el plazo de cinco días si la decisión de recurrir ha sido adoptada o ratificada por sus patrocinados o están éstos en condiciones de ratificarla, y, en caso contrario, cuáles son las razones que a su juicio autorizan a imputarles razonablemente tal voluntad.
El derecho a la vida del art. 15 de la C.E. no es un derecho absoluto. Se trata de defender una vida digna, no vegetal, por lo que la alimentación forzosa por medios mecánicos supone un trato degradante, como así lo ha entendido la Asociación Médica Mundial en la 29.a Asamblea celebrada en Tokio en octubre de 1975, y es contraria a los arts. 3 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 -en adelante, CEDH-, 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 -en adelante, PIDCP- y 2.2 de la Convención de Nueva York contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 10 de diciembre de 1984.
De los preceptos que se citan como infringidos en la demanda, la violación de los jurídicos- internacionales, aduce el Abogado del Estado, no es reparable por este Tribunal, la de los arts. 1.1, 9.2 y 10.1 C.E., no es propia del recurso de amparo; la del art. 24 de la C.E., carecería, de darse, de entidad propia, pues se habría producido por no haber evitado el órgano judicial la conculcación de otros preceptos constitucionales; y, en fin, la del art. 25.2 de la C.E., dado su carácter de norma per relationem, que enuncia límites para los derechos fundamentales del recluso, no aglutina la violación sustantiva de estos últimos, que necesariamente habrá de reconducirse a otros preceptos constitucionales, de modo que, concluye el Abogado del Estado, es la supuesta vulneración de los arts. 15, 16.1, 17.1 y 18.1 C.E., la que debe examinarse, para lo que es preciso determinar en qué haya podido estribar la eventual infracción.
Y no debe, tampoco, dejar de repararse en la similitud que, según resulta de las actuaciones, cabe apreciar entre la situación, en uno y otro caso, de los recurrentes cuando los órganos judiciales autorizan el empleo de medios coercitivos para su tratamiento médico: Ingresados en un centro hospitalario a consecuencia de su negativa - animada del mismo propósito- a ingerir alimentos, cuyo estado clínico se califica por el personal médico de «grave con «previsible agravamiento de la situación que desembocaría en riesgo inmediato para algún órgano o para la vida del enfermo» (escrito del Director-Gerente del Hospital General de Guadalajara de 19 de enero de 1990), y no parece merecer, al menos para uno de los recurrentes, una ponderación muy distinta, a juzgar por el telegrama transcrito en el recurso de apelación interpuesto ante la Audiencia Provincial, en el que Francisco Javier Ros Díaz anuncia el comienzo de una «huelga de sed». «ante esta lenta y agravante agonía», «tras setenta días en huelga de hambre, treinta de ellos alimentación parenteral forzosa, situación física muy grave».
Como ya señalamos en la Sentencia de 27 de junio «tortura» y «tratos inhumanos o degradantes» son, en su significado jurídicos, nociones graduadas de una misma escala que, en todos sus tramos, denotan la causación, sean cuales fueren los fines, de padecimientos físicos o psíquicos ilícitos e infligidos de modo vejatorio para quien los sufre y con esa propia intención de vejar y doblegar la voluntad del sujeto paciente. Y con este sentido aparecen reflejadas, según detallamos en aquel pronunciamiento, en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de Nueva York de 10 de diciembre de 1984 (art. 1) y en la jurisprudencia del T.E.D.H., a propósito del art. 3 C.E.D.H. (casos Irlanda contra Reino Unido, Tyrer, Campbell y Cosans, y Soering), así como en las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, adoptadas por Resolución (73) 5, de 19 de enero de 1973, del Comité de Ministros del Consejo de Europa (art. 31), y, en fin, en el art. 6 L.O.P.J.
Desestimar el amparo solicitado por don Javier Ros Díaz, don Pablo Fernández Villabeitia y don José Carlos Comesaña Costa.
1. Voto particular que formula el Magistrado Jesús Leguina Villa a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 397/1990.
Type and record number Recurso de amparo 397-1990
Contra Autos de la Audiencia Provincial de Guadalajara resolutorios de recursos de apelación y súplica frente al Auto dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Guadalajara sobre asistencia médica a reclusos en huelga de hambre.
Supuesta vulneración de los derechos fundamentales contenidos en los arts. 1.1, 9.2, 10.1, 15, 16.1, 17.1, 18.1, 24.1 y 25.2 C.E. Voto particular
Se reitera doctrina del Tribunal en relación con la asistencia médica a reclusos en huelga de hambre (STC 120/1990). [F.J. 2]
Artículo 1.1, f. 3, 9
Artículo 15, ff. 1, 3 a 5, 7, 10
Artículo 16.1, ff. 1, 3, 8, 9
Artículo 17.1, ff. 1, 3, 9
Artículo 18.1, ff. 1, 3, 9, 10
Artículo 20, ff. 8, 9
Artículo 25.2, ff. 1, 3, 4, 6
Artículo 3.4, ff. 4, 6
Artículo 45.1 b), f. 9
Artículo 5.2, f. 10
Asistencia médica a los reclusosAsistencia médica a los reclusos, f. 4
Concepto de tratos inhumanos o degradantesConcepto de tratos inhumanos o degradantes, f. 7
Contenido de la libertad ideológica, religiosa y de cultoContenido de la libertad ideológica, religiosa y de culto, f. 8
Derecho a la integridad física y moralDerecho a la integridad física y moral, f. 6
Derecho a la intimidadDerecho a la intimidad, f. 10
Derecho a la legalidad penalDerecho a la legalidad penal, ff. 4, 5
Dimensiones constitucionales en la libertad ideológica y religiosaDimensiones constitucionales en la libertad ideológica y religiosa, f. 8
LibertadLibertad, f. 9
Principio de legalidad penalPrincipio de legalidad penal, ff. 4, 5
Tratos inhumanos o degradantesTratos inhumanos o degradantes, Régimen jurídico, f. 7
Tratos inhumanos o degradantesTratos inhumanos o degradantes, Doctrina constitucional, f. 7
Asistencia médicaAsistencia médica, f. 3, VP
Asistencia médica obligatoriaAsistencia médica obligatoria, ff. 3, 5, 6, 7, 8, 10, VP
ReclusosReclusos, f. 3, VP
Reclusos en huelga de hambreReclusos en huelga de hambre, f. 3, VP
Relaciones de especial sujeciónRelaciones de especial sujeción, ff. 4, 5
TorturasTorturas, Concepto, f. 7
TorturasTorturas, f. 7
TorturasTorturas, Régimen jurídico, f. 7
TorturasTorturas, Doctrina constitucional, f. 7

References: Resolución 

Artículo 1

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 25

Artículo 3

Artículo 45

Artículo 5