Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-alava-03-03-2006-131851
Timestamp: 2020-08-10 15:38:20+00:00

Document:
Núm. Resolución: R060025
La petición de aplazamiento o fraccionamiento del pago de una multa de transportes debe calificarse de alegal y no impide el inicio del procedimiento ejecutivo de cobro porque ni la normativa de transportes ni la recaudatoria la tienen prevista. La petición de suspensión de ejecución solo tiene efectos jurídicos si se formula dentro de un procedimiento de recurso previsto legalmente.
En Vitoria-Gasteiz, a tres de marzo de dos mil seis. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 316/05, interpuesta por , contra la resolución del Director de Finanzas y Presupuestos, de 7 de septiembre de 2005, que confirma la providencia de apremio del 27 de junio anterior, emitida por impago de sanción en materia de transportes, expediente 2005-157/15; cuantía: 180 €.
Primero.-Los actos de gestión recaudatoria impugnados tienen su origen en una multa de 900 € impuesta por la Directora de Obras Públicas y Transportes por una infracción grave a la normativa de transportes, que, recurrida en alzada, es confirmada por la Orden Foral 1325/04, de 15 de septiembre, del Diputado de Obras Públicas y Transportes. Esta última indica un plazo de quince días hábiles para efectuar el pago y se notifica en el domicilio señalado por la recurrente el 30 de septiembre de 2004.
No satisfecha a su vencimiento, el Director de Finanzas y Presupuestos declara la deuda incursa en el recargo del 20% mediante providencia de apremio del 27 de junio de 2005.
Segundo.-Contra la providencia y contra la resolución que la confirma la representante empresarial promueve la presente reclamación y solicita su anulación porque el 27 de enero de 2005 solicitó el aplazamiento o el fraccionamiento de la deuda y el 9 de marzo recurrió en alzada contra la denegación y solicitó la suspensión de ejecución, peticiones que no han sido respondidas.
Tercero.-En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, que aprueba el Reglamento de revisión en vía administrativa.
Primero.-La cuestión a resolver se circunscribe a si es o no conforme a derecho la providencia de apremio emitida para recaudar por vía ejecutiva una multa de transportes, conformidad que se rebate porque se denegó el aplazamiento y el fraccionamiento solicitados y no han sido respondidos el recurso de alzada interpuesto contra la denegación ni la solicitud de suspensión de ejecución.
Segundo.-La recaudación de los ingresos que constituyen la Hacienda Foral se desarrolla en el Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de Álava aprobado por el Decreto Foral 48/1994, de 10 de mayo, cuya Disposición Adicional Primera dispone que'El aplazamiento o fraccionamiento de pago de deudas no tributarias se realizará de conformidad con la normativa que en cada caso se establezca.', normativa que habrá de buscarse en la sectorial de transportes porque la recaudatoria foral nada prevé al respecto.
Por su parte, el artículo 146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en la redacción que le dio la Ley 29/2003, de 8 de octubre, establece que:
'5. En relación con la ejecución de las sanciones, serán de aplicación las normas específicas que reglamentariamente se establezcan, y en lo no previsto por éstas, se estará a lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Reglamento General de Recaudación.'
Idéntica remisión se mantiene en el artículo 215.2 del Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, en la redacción que le dio el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto.
De acuerdo con lo transcrito, la normativa sectorial del transporte remite a la común y a la recaudatoria, y éstas, a su vez, nada prevén respecto del fraccionamiento o el aplazamiento del pago de este tipo de sanciones, por lo que toda solicitud dirigida a esta finalidad debe calificarse de alegal, lo que significa que no existe procedimiento al respecto y que, por tanto, ninguna transcendencia jurídica tiene el silencio administrativo respecto de un denominado recurso de alzada no previsto ni legal ni reglamentariamente.
A mayor abundamiento debe tenerse en cuenta que el aplazamiento o el fraccionamiento previstos para las deudas tributarias y que pueden oponerse al procedimiento de apremio, tal y como establece el artículo 129.1.c) del Reglamento de Recaudación antes citado, es el aplazamiento solicitado en período voluntario. En el caso presente, el período ejecutivo se inició el 25 de octubre de 2004, al no haberse abonado la deuda en el plazo indicado por la resolución que confirma la sanción, por lo que, como el impropio recurso de alzada no contestado se presentó el 9 de marzo de 2005, esto es, una vez transcurridos cuatro meses de período ejecutivo, nada podía impedir providenciar de apremio en orden a la recaudación forzosa si de deuda tributaria se hubiera tratado.
Tercero.- Lo hasta ahora razonado sirve igualmente para desestimar la pretensión de que la no contestación a la petición de suspensión de ejecución de la deuda -añadida como punto final al recurso de alzada contra la denegación del aplazamiento o del fraccionamiento- suponga un motivo válido de oposición al procedimiento de apremio, porque, primero, la suspensión de ejecución de deudas no tributarias no está ni siquiera mencionada en las normativas de transportes o de recaudación y, segundo, porque la suspensión de ejecución regulada en el artículo 111 de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común, requiere inexcusablemente que el acto a ejecutar haya sido impugnado en la vía procedente y se encuentre pendiente de resolución.
Como quiera que la sanción era firme, desde el 1 de diciembre de 2004 en que finalizó el plazo para presentar recurso contencioso-administrativo, e inmediatamente ejecutiva, por disposición de los arts. 109.a) y 138.3 de la citada Ley (109.a: Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los recursos de alzada; y 138.3:La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa.), es inadmisible toda petición de suspensión de ejecución de un acto que no ha sido impugnado y el silencio administrativo sobre la misma no tiene sentido positivo que habilite para impedir el inicio del procedimiento de apremio.
Cuarto.-Por lo anteriormente expuesto y razonado procede desestimar la presente reclamación y confirmar la providencia y la resolución impugnadas, por ser conformes a derecho.
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 316/05, interpuesta por la representación de , contra la resolución del Director de Finanzas y Presupuestos, de 7 de septiembre de 2005, que confirma la providencia de apremio del 27 de junio anterior, emitida por impago de sanción de materia en transportes, expediente 2005-157/15,RESUELVEDESESTIMAR la misma y confirmar los actos administrativos impugnados, por ser conformes a derecho.
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 199 Fecha de Publicación: 20/08/1994 Órgano Emisor: Ministerio De Justicia
Escrito al juzgado solicitando el alzamiento de suspensión de ejecución de bienes embargados
Órgano: Tribunal Económico-administrativo Foral De álava Fecha: 18/03/2010 Núm. Resolución: R100014
Resolución de TEAF Álava, 01-10-2004
Órgano: Tribunal Económico-administrativo Foral De álava Fecha: 01/10/2004 Núm. Resolución: R040048

References: resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 146
 artículo 215
 Real Decreto 
 artículo 129
 resolución 
 artículo 111
 resolución 
 resolución 
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