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Timestamp: 2018-10-17 07:53:51+00:00

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﻿ Sentencia 1997-03186 de enero 28 de 2015
SENTENCIA 1997-03186 DE 28 DE ENERO DE 2015
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL. LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEBEN RESPONDER POR LOS DAÑOS CAUSADOS A QUIENES SE ENCUENTRAN BAJO SU DIRECCIÓN Y CUIDADO. ESTA DIRECTRIZ SE HACE EXTENSIBLE A LOS DAÑOS QUE SE PRODUCEN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EXIGIDAS A LOS ESTUDIANTES, QUE TENGAN LUGAR POR FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. ASÍ, ESTE DEBER DE VIGILANCIA SE EXTIENDE INCLUSO A ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE TENGAN LUGAR POR FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, COMO EL SERVICIO SOCIAL EDUCATIVO OBLIGATORIO. DESCONOCER EL DEBER DE CUSTODIA Y CUIDADO QUE PESA SOBRE TODO ESTABLECIMIENTO QUE IMPARTA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN, SOBRE SUS ALUMNOS, CONFIGURA FALLA EN EL SERVICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, DERECHO A LA EDUCACIÓN, MUNICIPIO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sentencia 1997-03186 de enero 28 de 2015
Rad. 05001-23-31-000-1997-03186-01(30061)
Dra. Olga Melida Valle de De La Hoz (E)
Actor: Gilma Otalvaro Castañeda y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Educación, Ministerio de Salud- departamento de Antioquia, municipio de Sonsón
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 7 de septiembre de 2004, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, con vocación de doble instancia(1) que resolvió la demanda presentada en tiempo, comoquiera que el hecho objeto de la demanda tuvo lugar el 26 de octubre de 1996 y esta se impetró el 25 de noviembre de 1997.
1. Previo a resolver de fondo, es necesario analizar un asunto procesal de gran importancia para efectos de la imputación de responsabilidad, consistente en la legitimación en la causa por pasiva del Municipio de Sonsón, teniendo en cuenta que el referido ente territorial fue llamado como parte pasiva del proceso en su calidad de administrador y responsable de la institución educativa en la cual tuvieron lugar los hechos que dieron origen al sub exámine. En ese orden, es necesario verificar, conforme a la normativa aplicable, quién estaba a cargo de la administración de la institución educativa donde ocurrieron los hechos.
La educación, en su doble connotación, es decir, como servicio público y como derecho, tiene su fundamento constitucional en el artículo 67, que informa:
“La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”. (Resalto fuera del texto).
La norma transcrita condensa un espíritu dogmático y otro técnico administrativo, en el entendido de que menciona un componente sustancial sobre la educación como servicio y como derecho; los fines hacia los cuales va dirigido, y quiénes son los encargados de su prestación. También contiene un aspecto operacional, al encomendar al Estado la suprema inspección y vigilancia del mismo; el cual verificará el proceso educativo, el cubrimiento del servicio y su permanencia en el tiempo. Finalmente, indica que la participación en la prestación de este servicio y la dirección del mismo, será realización conjunta entre la Nación y las entidades territoriales, en los términos señalados en la constitución y la ley.
En virtud de esa obligación compartida, conforme al proceso de descentralización administrativa que se consolidó con la expedición de la Constitución de 1991, que supuso el traslado a las entidades territoriales de funciones que antes concentraba la Nación, se expidió la Ley 60 de 1993, por medio de la cual se dictaron normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyeron recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, entre otras disposiciones; y en materia de educación, hubo una radicación de funciones a cargo de los municipios y departamentos. Y en lo que respecta a este último ente territorial, se estableció en el artículo 3º lo siguiente:
“ART. 3º—Competencias de los departamentos. Corresponde a los departamentos, a través de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas departamentales competentes, conforme a la Constitución Política, la ley, a las normas técnicas nacionales y a las respectivas ordenanzas:
“1. Administrar los recursos cedidos por la Nación; planificar los aspectos relacionados con sus competencias para los sectores de educación y salud y ejercer funciones de coordinación, subsidiariedad y concurrencia relacionadas con las competencias municipales conforme a la Constitución, a la ley y a los reglamentos que sobre tales aspectos expidan los respectivos ministerios. En desarrollo de estas funciones promoverá la armonización de las actividades de los municipios entre sí y con el departamento y contribuirá a la prestación de los servicios a cargo de los municipios, cuando éstos presenten deficiencias conforme al sistema de calificación debidamente reglamentado por el respectivo Ministerio.
“5. Las anteriores competencias generales serán asumidas por los departamentos así: A. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política las disposiciones legales sobre la materia:
“—Dirigir y administrar directa y conjuntamente con sus municipios la prestación de los servicios educativos estatales en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria y media. Participar en la financiación y cofinanciación de los servicios educativos estatales y en las inversiones de infraestructura y dotación. Asumir las funciones de administración, programación y distribución de los recursos del situado fiscal para la prestación de los servicios educativos estatales.
“—Promover y evaluar la oferta de capacitación y actualización de los docentes, de acuerdo con los desarrollos curriculares y pedagógicos y facilitar el acceso a la capacitación de los docentes públicos vinculados a los establecimientos educativos del área de su jurisdicción. Regular, en concurrencia con el municipio, la prestación de los servicios educativos estatales.
“—Ejercer la inspección y vigilancia y la supervisión y evaluación de los servicios educativos estatales. Incorporar a las estructuras y a las plantas departamentales las oficinas de escalafón, los fondos educativos regionales, centros experimentales piloto y los centros auxiliares de servicios docentes. Asumir las competencias relacionadas con currículo y materiales educativos. La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de personal tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo con las necesidades de prestación del servicio; de todas maneras la administración del personal docente y administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6º de la presente ley”.
Por su parte, los artículos 14 y 15(2) de la misma normativa, previeron los requisitos que debían ser satisfechos por las entidades territoriales para consolidar el traslado de funciones educativas, radicación de funciones que incluiría la entrega de establecimientos educativos a cargo de la Nación para que fueran dirigidos y administrados por las entidades certificadas. Posteriormente se expidió el Decreto Reglamentario 2886 de 1994, a través del cual se establecieron los procedimientos y demás formalidades necesarias que debían cumplir las entidades territoriales, para obtener la certificación del lleno de requisitos que les permitiera asumir la administración de los recursos del situado fiscal y la prestación del servicio educativo.
Es decir, el proceso de descentralización no tuvo vigencia automática ni inmediata, sino gradual y sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos fijados por la misma Ley y el reglamento, para efectos de la certificación que habilitaría al ente territorial para prestar el servicio educativo en su jurisdicción.
Esta distribución de competencias quedó sujeta a desarrollo legal, mediante la Ley 115 de 1994, por la cual se expidió el Estatuto General de Educación, que estableció:
“ART. 147.— Nación y entidades territoriales. La Nación y las entidades territoriales ejercerán la dirección y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución Política, la Ley 60 de 1993, la presente Ley y las demás que expida el Congreso Nacional” (Destacado fuera del texto).
“ART. 148.—Funciones del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional, en cuanto al servicio público educativo, tiene las siguientes funciones:
“1. De política y planeación:
a. Formular las políticas, establecer las metas y aprobar los planes de desarrollo del sector a corto, mediano y largo plazo, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política.
b. Diseñar los lineamientos generales de los procesos curriculares.
c. Proponer el ajuste del situado fiscal, conforme a la evaluación anual de recursos financieros;
d. Establecer los indicadores de logros curriculares y en la educación formal, fijarlos para cada grado de los niveles educativos;
e. Fomentar las innovaciones curriculares y pedagógicas;
f. Promover y estimular la investigación educativa, científica y tecnológica;
g. Evaluar y controlar los resultados de los planes y programas educativos;
h. Elaborar el registro único nacional de docentes estatales,
i. Proponer los programas de inversión del sector educativo que se deben desarrollar a través del Fondo de Inversión Social FIS y coordinar su ejecución.
“2. De inspección y vigilancia:
a. Velar por el cumplimiento de la ley y de los reglamentos sobre educación;
b. Asesorar y apoyar a los departamentos, a los distritos y a los municipios en el desarrollo de los procesos curriculares pedagógicos;
c. Evaluar en forma permanente la prestación del servicio educativo;
d. Fijar los criterios para evaluar el rendimiento escolar de los educandos y para su promoción a niveles superiores, y
e. Cumplir y hacer cumplir lo establecido por el escalafón nacional docente y por el estatuto docente, de acuerdo con lo establecido en la presente ley.
“3. De Administración:
a. Dirigir la actividad administrativa en el sector educativo y ejecutar la ley;
b. Coordinar a través de las secretarías de educación, o de los organismos que haga sus veces, la ejecución de los planes de desarrollo educativo en los departamentos, distritos y municipios;
c. Establecer el sistema descentralizado de información para la adecuada planeación y administración de la educación y para ofrecer información oportuna a la sociedad y a los padres de familia para que puedan elegir la mejor educación para sus hijos, y
d. Coordinar todas las acciones educativas del Estado y de quienes presten el servicio público en todo el territorio nacional.
“PAR.—El Ministerio de Educación Nacional podrá delegar en las secretarías de educación departamentales y distritales las funciones administrativas de expedición de la tarjeta profesional del secretariado, la expedición y registro de los títulos de bachiller por desaparición de la institución educativa y los procedimientos que se relacionan con el otorgamiento de personería jurídica para las asociaciones de padres de familia de las Instituciones educativas, previa evaluación que permita establecer la eficacia, economía y celeridad para el cumplimiento de estas funciones, por dichos entes territoriales.” (Destacado fuera del texto).
“ART. 150.—Competencias de asambleas y consejos. Las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, respectivamente, regulan la educación dentro de su jurisdicción, en los términos de la Ley 60 de 1993 y la presente ley.
“Los gobernadores y los alcaldes ejercerán, en relación con la educación, las facultades que la Constitución Política y las leyes les otorgan”. (Destacado fuera del texto).
“ART. 151.—Funciones de las secretarías departamentales y distritales de educación. Las secretarías de educación departamentales y distritales o los organismos que hagan sus veces, ejercerán, dentro del territorio de su jurisdicción, en coordinación con las autoridades nacionales y de conformidad con las políticas y metas fijadas para el servicio educativo, las siguientes funciones:
a. Velar por la calidad y cobertura de la educación en su respectivo territorio;
b. Establecer las políticas, planes y programas departamentales y distritales de educación, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional;
c. Organizar el servicio educativo estatal de acuerdo con las prescripciones legales y reglamentarias sobre la materia y supervisar el servicio educativo prestado por entidades oficiales y particulares;
d. Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de currículos, métodos y medios pedagógicos;
e. Diseñar y poner en marcha los programas que se requieran para mejorar la eficiencia, la calidad y la cobertura de la educación;
f. Dirigir y coordinar el control y la evaluación de calidad, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y aplicar los ajustes necesarios.
g. Realizar los concursos departamentales y distritales para el nombramiento del personal docente y de directivos docentes del sector estatal, en coordinación con los municipios;
h. Programar en coordinación con los municipios, las acciones de capacitación del personal docente y administrativo estatal;
i. Prestar asistencia técnica a los municipios que la soliciten, para mejorar la prestación del servicio educativo;
j. Aplicar, en concurrencia con los municipios, los incentivos y sanciones a las instituciones educativas, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones de calidad y gestión;
k. Evaluar el servicio educativo en los municipios;
l. Aprobar la creación y funcionamiento de las instituciones de educación formal y no formal, a que se refiere la presente ley;
m. Consolidar y analizar la información de los municipios y remitirla al Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con los estándares fijados por éste, y
n. Establecer un sistema departamental y distrital de información en concordancia con lo dispuesto en los artículos 148 y 75 de esta ley”.
Las disposiciones que anteceden constituyen, en gran medida, el marco de acción y de dirección legal del servicio de educación, sujeto a un proceso de radicación de funciones a nivel territorial, para un control más inmediato, distribuido y orientado al mejoramiento de su prestación, por lo cual, una vez certificadas estos establecimiento educativos, pueden ejercer la función educativa.
Ahora, analizando el caso en concreto se encuentra que deberá mantenerse la decisión de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación- Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud- y del departamento de Antioquia, en atención a que ninguna de estas entidades están llamados a defender el interés jurídico que se debate en el proceso, por desbordar la órbita de las competencias establecidas por la Constitución y la ley para cada una de ellas.
En efecto, la legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio.
Por consiguiente, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hubieren sido demandadas(3). De allí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, toda vez que, como lo ha precisado la Sala:
“(...) la excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (CCA., art. 164) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.
“La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”(4) (negrillas del original).
En ese orden de ideas, la legitimación en la causa por pasiva supone la verificación de que quien es demandado tenga la titularidad para defender el interés jurídico que se debate en el proceso y, por lo tanto, sea el llamado a discutir la viabilidad y el fundamento de las pretensiones elevadas en la demanda.
En consecuencia, la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir el mismo en el proceso(5).
Como se aprecia, la Nación —Ministerio de Educación Nacional, y Ministerio de Salud— y el departamento de Antioquia no tenían a su cargo garantizar la seguridad del menor Edwin Ramiro, razón por la cual no son quienes están legitimados en el proceso por el extremo pasivo.
Ahora, al analizar la situación del Municipio de Sonsón en esta materia, en relación con la institución educativa “Colegio Antonio Álvarez Restrepo”, si bien no obra un documento expedido por la autoridad competente que certifique su naturaleza jurídica, se tiene que a folio 86 del cuaderno 1 del Tribunal, obra Convenio del 2 de julio de 1996, suscrito entre el Departamento de Antioquia y el Municipio de Sonsón, que delegó en el municipio la función de organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el servicio educativo. A su vez se encuentra que en el cuaderno 6 de pruebas obran los actos administrativos de nombramiento del cuerpo docente de la Institución, expedidos por la Alcaldía Municipal de Sonsón; y las actas de posesión efectuadas ante el alcalde del mismo municipio.
Partiendo de lo transcrito, no existe duda que la institución educativa en la cual se encontraba matriculada la víctima, para la época del acaecimiento de los mismos, estaba vinculada legal y reglamentariamente al municipio de Sonsón, siendo éste, en consecuencia, el representante del Estado en la dirección y control de su funcionamiento, como también en la administración del personal que en ella ejecutaba labores de enseñanza y dirección, por lo tanto, queda clara la legitimación en la causa por pasiva del Municipio de Sonsón, sin que esta declaratoria signifique una imputación prematura de responsabilidad, dado que este asunto será objeto de estudio con posterioridad a este acápite, es decir, sólo se está reconociendo la aptitud para que el Municipio de Sonsón conforme la relación jurídico procesal en calidad de demandado.
2.1. Conforme al certificado del registro civil de defunción y el informe de necropsia, el joven Edwin Ramiro Tobar Otalvaro falleció el 26 de octubre de 1996, por “hipoxia debido a inmersión en medio líquido” (Fls. 4 y 109. Cdno 1 del tribunal).
2.2. En relación a la forma como ocurrieron los hechos, Wilson Eduardo Estrada Jiménez, manifestó:
“Pregunta: Sírvase informarle al Despacho, sobre los hechos. Si los conoce en que murió la persona antes citada (Edwin Ramiro Tovar Otalvaro) Contestado: todo empezó cuando fuimos a hacer la visita al vigía de la salud. Fui con Esteban, Ramiro y Jhon Darío. Todos compañeros de curso. Después de que hicimos la visita y expusimos el tema que nos tocaba en la Escuela de Chaverras (una vereda de Sonsón) nos dirigimos hacia el pueblo. Nos vinimos caminando para no dar una vuelta por la carretera tomamos un atajo y llegamos a una parte donde habían unas piedras muy lisas y nos resbalamos en una piedra Ramiro y yo caímos a un charco que no tenía salida (era como un hueco entre la piedra, no daba forma de salir de ahí, era como de 20 metros de profundo) yo ya en el desespero alcancé a tocar una piedra con el pie, ni siquiera la veía. Ahí fue ya donde vi a mi compañero ahogarse y después de eso, Esteban que no se había resbalado corrió por ayuda. Llegaron otras dos personas y me sacaron con un lazo y luego fuimos a avisarle a John Darío que se había quedado más arriba. Mi compañero se ahogó como a las 10:30 am y lo rescataron a las 3:00 pm. De ese mismo charco. Yo no sabía nadar y mi compañero si sabía, pero se ahogó. Preguntado: Dígale al despacho por orden de quien se encontraban realizando la exposición del tema en la escuela chaverras. Contestado: por orden del profesor Jesús Mario Valencia. (Sic) Que era el encargado del programa Vigía de la Salud. A nosotros nos tocaba hacer eso como una especie de alfabetización era un programa de la clase de biología porque estábamos cursando el grado 11 el profesor dictaba la clase de biología.
“Preguntado: cuando ustedes como estudiantes realizan esa especie de alfabetización fue siempre costumbre del colegio trasladar grupos de estudiantes a las veredas, para realizar exposiciones que tenían que ver con el programa de vigías de la salud. Contestado: supongo que sí, porque era una obligación para poder uno graduarse. Preguntado: como hacía el colegio para trasladar a los estudiantes a las diferentes veredas. En el caso específico como lo trasladaron a ustedes a la Vereda Chaverras de Sonsón. Contestado: nosotros nos encontramos con los profesores de esa escuela (chaverras) y ellos ya nos llevaban al sitio que nos tocaba la exposición y nos volvían a traer.
“Preguntado: en respuesta anterior dijo usted que los maestros de la escuela los volvían a traer, que pasó en esta oportunidad que ustedes tomaron un atajo. O fue que los profesores los dejaron tomar por iniciativa de los estudiantes dicho camino en vez de la carretera. Contestado: nosotros terminamos temprano la exposición los profesores de la escuela de chaverra nos dijeron que nos viniéramos. Que ellos tenían que dictar unas clases. No nos dijeron por cual camino nos debíamos venir. Preguntado: Dígale a este tribunal, bajo la gravedad de juramento que prestó, si ustedes recibieron algunas orientaciones o indicaciones por parte de algún directivo del colegio o de un profesor donde ustedes estudiaban sobre la manera como ustedes debían desplazarse a la escuela chaverras y la forma como debían regresar. Contestado: El profesor Jesús Mario Valencia nos dijo que salíamos con los profesores de la escuela Chaverras, en efecto los profesores se vinieron por nosotros y el regreso fue como ya lo dije.
“Preguntado: Sírvase decirnos en qué forma realizaban el desplazamiento los alumnos hacia la vereda Chaverras. Contestado: En carro. Los profesores pagaban el carro para que subiéramos. De bajada no me acuerdo muy bien. Porque fuimos dos veces en esta oportunidad creo que fuimos en carro. Pero creo porque no estoy muy seguro. El regreso si fue a pie. Para bajar nos dijeron váyanse que tenemos que acabar unas clases. No nos ofrecieron carro.
“Preguntado: Diga al despacho que profesor o profesores los acompañaron ese día a la brigada. Contestado: fueron dos profesores de la escuela Chaverra, no me acuerdo como se llaman un hombre y una mujer. La exposición era entre (sic) la misma escuela. Preguntado: dígale al despacho si en las dos oportunidades en que trasladaron a la vereda Chaverras fueron acompañados de ida y vuelta por los profesores. Contestado: la primera vez nos llevaron porque nosotros ni sabíamos dónde era y nos trajeron. La segunda nos llevaron pero no nos trajeron. Preguntado: Dígale al despacho si ustedes no conocían la vereda, porque sabía que existía un atajo para llegar a la cabecera municipal y cuál era la diferencia entre ir por la carretera e ir por el atajo, en tiempo: Contestado: En particular yo no la conocía pero un compañero si conocía el atajo. Veníamos por ahí y nos dijo, por aquí hay un atajo y cogimos el atajo, no me acuerdo del nombre del compañero la diferencia en tiempo era más o menos de cinco minutos. Era por no dar una vuelta por la carretera”. (Fls. 225 y 226 cdno. 1).
De otro lado, el señor Juan Esteban Arbeláez Villegas, compañero de práctica de la víctima declaró:
“Pregunta: Sírvase informarle al Despacho sobre los hechos. Si los conoce en que murió la persona antes citada (Edwin Ramiro Tovar Otalvaro). Contestado: después de que salimos de la práctica de vigías de la salud. Fue como a las diez y media, nos dijeron que ya nos podíamos ir. La señora Nohelia Toro (era la asesora que nos iba a aprobar en vigías de la salud, no sé de donde era, nos la asignaron como tutora para eso). Cuando salimos de la escuela Chaverras nos dirigimos por un desecho para no tener que dar una vuelta por toda la carretera y ese desecho conducía a la ribera del río Sonsón y ya de ahí nos fuimos por toda la rivera y nos dio por saltar de piedra en piedra y yo le dije a Wilson que si el saltaba de un lugar a otro que yo lo seguía y lo mismo hizo Ramiro. Después de que estábamos en la mitad del río decidimos meternos a él y empezamos a andar por el río. Después de recorrer como unos 40 o 50 mts. Llegamos a una piedra lamosa y decidimos devolvernos. Cuando nos íbamos a devolver Wilson se resbaló y quedó pegado de una saliente de la piedra y al momento Ramiro se resbaló. Wilson trató de cogerlo. Pero del impulso que llevaba Ramiro se fueron los dos al hueco y yo corrí a ver qué había pasado con ellos. Cuando mire no estaba a flote y al momento vi a Wilson que estaba tratando de salir mientras veía que Ramiro se hundía. Ya cuando Wilson estaba un poco seguro agarrado de una piedra yo salí a la carretera y di aviso a un carro que pasó y a unos campesinos que habían por ahí. Ya a ellos les pedí ayuda para poder sacar a Wilson. Ya cuando Wilson salió nos dirigimos al pueblo a dar aviso a la policía. Ya se puso todo en movimiento y como a las 3 de la tarde estábamos en el mismo lugar. En donde se sacó finalmente a Ramiro. Preguntado: Dígale el despacho por orden de que se encontraban realizando la exposición del tema en la escuela de Chaverras. Contestado: por orden del profesor Jesús Mario Valencia. El cual estaba obligado a hacerlo por orden del reglamento estudiantil que tenía el colegio Antonio Álvarez Restrepo. La práctica la teníamos que hacer como requisito para la graduación. Estábamos en el curso 11 eso era como parte de la materia de biología que se empezó a ver eso desde el grado 8. Pero la parte teórica.
“Preguntado. Cuando ustedes como estudiantes realizan esa práctica fue siempre costumbre del colegio trasladar grupos de estudiantes a las veredas. Para realizar exposiciones que tenían que ver con el programa vigías de la salud. Contestado: pues que yo supiera nunca se había presentado eso. Que era como la primera vez que a los grados once nos dividían para ir a las diferentes veredas. Preguntado: como hacía el colegio para trasladar a los estudiantes a las diferentes veredas. En el caso específico como los trasladaron a ustedes a la Vereda Chaverras de Sonsón. Contestado: El traslado era por cuenta de uno. Uno tenía que aparecer en el lugar donde tenía que hacer la alfabetización. En nuestro caso era el primer sábado que era 19 de octubre nosotros nos fuimos solos y ya para el día 26 la señora Nohelia Toro nos dijo que la esperáramos en el pueblo para irnos juntos con ella.
“Preguntado: Dígale al Tribunal, bajo la gravedad de juramento que prestó si ustedes recibieron algunas orientaciones o indicaciones por parte de algún directivo del colegio o de un profesor donde ustedes estudiaban sobre la manera como debían desplazarse a la escuela Chaverras y la forma como debían regresar. Contestado: A nosotros nos dijeron allá en el colegio. Creo que el profesor Jesús Mario Valencia que tanto la ida como la venida tenía que ser con el asesor con que estábamos para este caso Nohelia Toro. Preguntado: Si lo que les dijeron en el colegio fue que se fueran y vinieran con el asesor asignado, en esta caso Nohelia Toro, dígale al Despacho, porque al regreso de la escuela Chaverras lo hicieron sin ella. Contestado: nosotros al terminar la asesoría, por decirlo así, nosotros esperamos instrucción de Nohelia y ella nos dijo que nos viniéramos porque ella tenía que quedarse allí, no nos dijo como ni por donde debíamos regresar.
“Preguntado: Sírvase decirnos en qué forma realizaban el desplazamiento los alumnos hacia la vereda Chaverra. Contestado: en la plazuela había un medio de transporte para esas veredas de allá. Nosotros ese día nos fuimos en unos de esos y la primera vez nos fuimos a pie. En la primera vez nos vinimos caminando porque no teníamos afán de llegar a la casa ni tampoco nos dijeron que tomáramos un carro de venida. Preguntado: sírvase decirnos si los profesores tenían la misma indicación que usted manifiesta de acompañar a los alumnos en las prácticas tanto a la ida como en la venida. Contestado: si eso era conocimiento de que los tutores nos debían acompañar eso salió como norma creo yo. Del colegio.
“Preguntado: Sabe usted quien les dijo que existía un atajo para llegar más ligero al casco urbano. Contestado: nadie. Era como muy obvio coger un atajo en lugar de dar toda la vuelta por la carretera. (Fl. 226 cdno 1.)
Sobre el particular, el señor Jesús Mario Valencia Hernán, director del programa de vigías de la salud en el centro educativo, precisó:
“Pregunta: el despacho le pide un relato claro y conciso acerca de los hechos de los que tenga conocimiento y que estén relacionados con el asunto, al respecto contestó: pues de él se llamaba Edwin Ramiro Tobar, falleció accidentalmente en un Paraje de Río Arriba en el Río Sonsón, él estudiaba en el Instituto Técnico Industrial Joaquín Álvarez Restrepo, murió después de haber ido a dar cumplimiento de prácticas en vigía de la salud, yo no sé en qué circunstancias porque yo no estaba allá”.
“Preguntado: Dígale al despacho si para salir a sus prácticas, los estudiantes iban solos o deberían estar acompañados de algún coordinador, instructor o docente? Contestado: los muchachos iban solos, porque era su deber dar cumplimiento con la práctica de vigía de la salud y yo como coordinador, no podía acompañarlos, puesto que simultáneamente otros equipos también estaban haciendo la misma labor en otras escuelas rurales, ellos se iban bajo la responsabilidad a encontrarse en las respectivas escuelas con los diferentes tutores o tutoras con quienes previamente se habían puesto de acuerdo para fijar día y hora en que deberían realizar la práctica. Preguntado: dígale al Juzgado sabe usted a quien correspondía la tutoría del grupo que se desplazaba a la Escuela Chaverras a realizar sus prácticas entre ellos Edwin. CONTESTADO: la tutora Nohelia Toro, era la tutora del SAT, ella era docente en el SAT. PREGUNTADO: dígale al Juzgado cuáles eran las obligaciones de Nohelia Toro como tutora de este grupo de practicantes. CONTESTÓ: Uno recibir un trabajo escrito de las unidades que los jóvenes deberían desarrollar y así como otro material de apoyo, dos presenciar la práctica de los estudiantes vigía ante los alumnos del SAT y tres pasar un informe de trabajo desarrollado. PREGUNTADO: Dígale al Juzgado si de las obligaciones de la tutora estaba la de acompañar a los practicantes de ida y regreso al sitio de la práctica. CONTESTADO: no, no era obligación de ella. PREGUNTADO: Dígale al Juzgado si a los alumnos practicantes se les suministraba algún medio de transporte o recurso para desplazarse allí? CONTESTADO: no, todo era por cuenta de ellos. PREGUNTADO: dígale al Juzgado si sabe usted si en el momento en que pereció Edwin Ramiro, él y sus compañeros estaban acompañados por la tutora o alguna otra persona vinculada con el programa de vigía CONTESTADO: pues por la tutora no estaban no se si haya otra persona. PREGUNTADO: que detalles le dieron en relación con el hecho CONTESTADO: me di cuenta el mismo día en horas de la tarde, me contaron que en lugar de venirse por la carretera se vinieron bordeando el río y sacando piedras y que se deslizó y cayó a un charco donde no pudo salir. (...) PREGUNTADO: en que consiste el programa de alfabetización o vigía de la Salud? CONTESTADO: Son dos cosas distintas. PREGUNTADO: en que consiste el programa supervivir o vigía de la salud. CONTESTADO: es un programa que el Ministerio de Educación tiene instituido como obligación para poder obtener el título de Bachiller, este programa está orientado con el fin de capacitar a los estudiantes para prevenir enfermedades que adolecen a los niño. PREGUNTADO: manifiéstele al despacho si es obligación de la Institución Educativa la de velar por el cuidado, bienestar y seguridad de los estudiantes en la prestación de la `práctica del vigía de la salud. CONTESTADO: la obligación es la de proporcionarle los medio, la responsabilidad de como lo hagan, depende de cada practicante. PREGUNTADO: manifiéstele al Despacho el declarante agrega a la pregunta anterior, que cuando el declarante agrega que cuando digo proporcionarle los medios es buscarle el lugar donde vallan (sic) a hacer sus prácticas, así como la población. PREGUNTADO: manifiéstele si se pidió autorización por escrito a la madre del joven Edwin Ramiro, para desplazarse a la vereda Chaverra a realizar las prácticas sabiendo que era una persona menor de edad. CONTESTADO: cuando el acudiente firma la matricula se compromete para que su acudido, cumpla con sus deberes y obligaciones con la institución. PREGUNTADO: Manifiéstele al Despacho quien escoge el lugar donde se realiza la práctica. CONTESTADO: eso cambia para cada año, en ese entonces les presenta todos los equipos, diferentes sitios escuelas, para que ellos de acuerdo a sus conveniencias eligieran uno y ellos eligieron ese. PREGUNTADO: Manifiéstele al Despacho si al momento de terminar la práctica Edwin Ramiro regresó sólo? CONTESTADO: tengo entendido se vinieron en equipo. (Fl. 207 cdno 1).
Por su parte, la señora María Nohelia Toro Giraldo, Instructora de los practicantes señaló:
“CONTESTADO: Cuando eso yo era tutora del SAT, es un bachillerato en la vereda, (sic) yo salí yo trabajaba viernes y sábado en la vereda Chaverras en la coordinación (sic) dio la autorización de que podíamos darle espacio a los estudiantes de la Industrial para que pudieran realizar su práctica y el sábado 26 de octubre eran siete y treinta u coho (sic) de la mañana, subía el carro para la ereda (sic) y me encontré con un compañero, cogimos el carro y ahí también iban tres estudiantes de la Industrial, que eran los niños que iban a dar la capacitación o el programa, era el último día de práctica de ellos, siendo las ocho de la mañana llegó solo una estudiante y ellos iniciaron la práctica, solo asistió esa niña... más o menos a las 10:30, terminaron la práctica yo despaché la niña para la casa y les dije a ellos que nos viniéramos juntos, yo no los conozco porque yo no había llegado a tratar con ellos y me dijeron que no que ellos se venían caminando, yo les insistí y ellos en corito, me dijeron que no ellos se venían caminando, ellos se vinieron caminando y yo esperé uno de los carros, el carro que seguía se nos pasó que era un carrito pequeño y luego pasó la escalera y en esa me vine. PREGUNTADO: Dígale al Juzgado que vinculación tenía usted con el programa vigías de la salud? CONTESTADO: ninguno. PREGUNTADA: cuéntenos quien o por qué medio gestionó que los alumnos realizaran su práctica en el grupo en que el que usted es tutora o era tutora del SAT? CONTESTADO: pues el profesor Jesús Mario habló con coordinación en ese entonces era Luis Carlos Orozco y Luis Fernando Hincapié y ya nosotros les dábamos el espacio para que los chicos hicieran su práctica. PREGUNTADO: Dígale al Juzgado si usted de algún modo había adquirido alguna responsabilidad de coordinación supervisión acompañamiento o evaluación del grupo de practicantes? CONTESTADO: solo de pasar el informe si ellos si asistieron a la práctica o no. ... PREGUNTADO: sabe usted si para la práctica de los alumnos del programa vigías de la salud, asistían solos o acompañados de algún coordinador? CONTESTADO: asistían solos... PREGUNTADO: Dígale al despacho que es la SAT. CONTESTADO: Sistema de Aprendizaje Tutorial. PREGUNTADO: Dígale al Juzgado qué Institución o entidad oficial promueve ese sistema? CONTESTADO: COREDI, Corporación Educativa de Oriente. PREGUNTADO: Dígale al Juzgado quien delegó a usted el cargo de Tutora de esta práctica? CONTESTADO: el rector en esa época Argemiro Zulúaga. PREGUNTADA: Dígale al Juzgado si el coordinador de la práctica de vigías de la salud señor Jesús Mario Valencia, le dio la orden de acompañar ida y regreso a los estudiantes en la vereda Chaverras el día en que falleció el joven Edwin Ramiro Tovar. Contestado: No en ningún momento. PREGUNTADA: Dígale al Juzgado cuáles eran sus funciones el día del fallecimiento de Edwin Ramiro como Instructora encargada? CONTESTADO: ese día era un día de tutoría normal, ese día se les daba el espacio a ellos para que ellos realizaran sus prácticas, durante el día yo le aclaraba dudas a los estudiantes y ese día le tocaba a los chicos que daban la práctica dar la clase, yo me regresé para el Municipio a seguir organizando papelería y todo lo que tenía que ver con el bachillerato. PREGUNTADO: Dígale al Juzgado si el 26 de octubre de 96, salió usted de Sonsón en compañía del joven Edwin Ramiro y el resto de sus compañeros hacia la vereda Chaverras para realizar la práctica en vigías de la salud? CONTESTADO: coincidió que íbamos en el mismo carro, pero yo no sabía quién era él. PREGUNTADO: Dígale al Juzgado si a los estudiantes que realizaron la práctica el día 26 de octubre del 96, en la vereda Chaverras se les facilitó por parte de la Institución Educativa a la cual pertenecían algún medio de transporte seguro para ir y volver al lugar de su residencia CONTESTADO: no yo no sé de eso PREGUNTADA. Dígale al Juzgado por qué permitió usted que los jóvenes practicantes del vigía de la salud el 26 de octubre del 96, regresaran solos? CONTESTADO: porque la situación mía era estar en mi trabajo y si ellos iban a realizar la práctica, tengo entendido que era responsabilidad de cada uno de ellos, no obstante yo les dije que esperáramos el vehículo y ellos no quisieron abordarlo y como la carretera es trasmnitable (sic) ”. (Fl. 216 cdno 1).
2.3. A folio 445 del cuaderno No. 5 obra certificación del 9 de mayo del 2000, expedida por la rectora del Colegio Antonio Álvarez Restrepo, en la que se certifica que para el momento de los hechos la señora Nohelia Toro Arango era la Tutora del Servicio de Aprendizaje Tutorial S.A.T., de la vereda Chaverras y apoyó el desarrollo del proyecto Vigías de la Salud- Saneamiento Ambiental. Derivado del proyecto de aplicación del plan supervivir de las instituciones educativas del municipio de Sonsón según lo establecido en la Resolución 455 de 1986, que dictaron normas sobre el programa de carácter nacional obligatorio de educación preventiva en salud.
2.4. El docente Jesús Mario Valencia Hernández, era profesor del área de biología y director del programa Vigía de la Salud, en la institución, conforme a la certificación número 117, expedida por la Rectora del Colegio Antonio Álvarez Restrepo. (Fl. 447 cdno. 5).
3. Con las pruebas relacionadas, queda acreditado el daño alegado en la demanda, toda vez que se demostró que el 26 de octubre de 1996, Edwin Ramiro Tobar Otalvaro murió como consecuencia de hipoxia por inmersión en medio líquido. Igualmente, con los testimonios transcritos se acreditó que Edwin Ramiro Tobar Otalvaro regresaba de las prácticas de alfabetización que realizaba en el marco del programa Vigía de la Salud en la Vereda Chaverras, por disposición del Colegio, específicamente del director del Programa Jesús Mario Valencia y cuya instructora, para el momento de los hechos, era la señora Nohelia Toro.
Asimismo se encuentra que a los estudiantes no se les indicó la ruta que debían tomar para regresar al municipio y optaron por tomar el atajo de la ribera del río Sonsón, conociendo que existía la ruta de la carretera; en consecuencia, tomaron todo el camino de la ribera y saltaban por las piedras que se encontraban en el río y la víctima resbaló produciéndose su deceso por ahogamiento.
Ahora, no coinciden las declaraciones en cuanto a la razón por la cual los jóvenes se devolvieron solos de la vereda: el señor Wilson Estrada manifestó que los profesores de la Escuela Chaverras les dijeron que no podían regresar con ellos, el declarante Juan Esteban Arbeláez señaló que la instructora Nohelia Toro les manifestó que no podía devolverse con ellos y en la declaración depuesta por ésta señaló que los estudiantes voluntariamente manifestaron que regresarían sin su compañía. Sin hesitación alguna, está acreditado que los estudiantes retornaron sin la vigilancia del cuerpo docente ni la instructora a cargo del estudiantado.
Para analizar la imputación del demandado a la luz de los hechos que nos ocupan, y teniendo en cuenta que las circunstancias temporales y modales tienen un soporte, en su mayoría, testimonial. La prueba testimonial es un medio probatorio que reviste especial connotación en el curso de un proceso, en la medida en que es la prueba por excelencia para acreditar conductas humanas y acontecimientos de la sociedad y de la naturaleza. Por ello se han determinado criterios objetivos de valoración probatoria, como son: la probidad de quien interviene en la prueba, en el que se tiene en cuenta las condiciones personales del testigo, la aptitud en la declaración; la ciencia, relacionados con la fuente de conocimiento del testigo; la credibilidad, que es la conducencia de la declaración; y la concordancia, entendida como la coherencia guardada con los demás medios de prueba(6). Asimismo, el estudio debe hacer un análisis retrospectivo, esto es, al proceso de formación del testimonio, lo cual viene a ser clave para que lo declarado tenga la virtud de acreditar los supuestos de hecho que sirven de fundamento a las pretensiones.
Ahora, los testimonios rendidos por los señores: Juan Esteban y Wilson Estrada apuntan a una causa de acontecimientos compartida, al ser valorados como un todo probatorio, conservan sintonía con el resto de medios, lo cual le otorga credibilidad al contenido de las declaraciones. Obsérvese que los cuatro relatos conforman un tronco común de sucesos, en otras palabras, a nivel circunstancial se encuentra una conexión de dichos que permiten estructurar el orden y modo de los acontecimientos, el lugar de los mismos, su tiempo de ocurrencia, la modalidad de las conductas desplegadas.
Todos coinciden en que la muerte del menor Edwin Ramiro tuvo lugar en el río Sonsón, en las horas de la mañana, luego de terminar la práctica de servicio social educativo obligatorio, requisito exigido para optar al título de bachiller.
Asimismo, es claro que los estudiantes regresaron sin acompañamiento del cuerpo docente.
Sobre este punto, concerniente al deber de cuidado que pesa sobre las instituciones que prestan el servicio público de educación, vale decir que este imperativo obedece a razones de tipo subordinario y de garantía, en el entendido de que quien asume el proceso educativo adquiere, automáticamente, y por vía Constitucional y legal, la obligación de velar por quienes acuden a ese proceso, teniendo en cuenta que, por regla general, se trata de menores de edad inmersos en la búsqueda del conocimiento, los que por esa sola razón ameritan un grado especial de protección; en otras palabras, dado que el proceso formativo abarca, en principio, a la niñez y a la juventud, quienes dirijan ese recorrido, deben, además de cultivar en los destinatarios los saberes propios según los estándares educacionales, proteger la vida e integridad física de los mismos, la cual puede verse perturbada por razones propias de interacción o por otros eventos adversos. En razón a esa exposición social, y a la subordinación existente entre los menores y los educadores o directivas, se genera una posición de garantía, por lo tanto el prestador del servicio está obligado a asumir el rol de garante de los derechos de quienes están bajo su custodia y cuidado.
Sobre el deber de custodia de los establecimientos educativos y la posición de garante que ostentan respecto de los alumnos, la Corporación tiene por establecido:
“El artículo 2347 del Código Civil, establece que ‘toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado’.
“Así los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso.
“La custodia ejercida por el establecimiento educativo debe mantenerse no sólo durante el tiempo que el alumno pasa en sus instalaciones, sino también durante el que dedica a la realización de otras actividades educativas o de recreación promovidas por éste, incluyendo paseos, excursiones, viajes y demás eventos tendientes al desarrollo de programas escolares.
“El deber de cuidado surge de la relación de subordinación existente entre el docente y el alumno, pues el primero, debido a la posición dominante que ostenta en razón de su autoridad, tiene no sólo el compromiso sino la responsabilidad de impedir que el segundo actúe de una forma imprudente.
“Para encontrarse en condiciones de reprochar una falta de vigilancia al demandado, la víctima debe probar que aquél soportaba esa obligación de vigilancia en el momento preciso de la realización del daño... La obligación de vigilancia se extiende incluso a las horas consagradas al recreo y a los paseos; comienza desde que el alumno queda autorizado para entrar en los locales destinados a la enseñanza y cesa desde el instante en que sale de ellos, a menos que el profesor se encargue de la vigilancia de los alumnos durante el trayecto entre el colegio y la casa; subsiste también aunque no sea ejercida efectivamente, si el profesor se ausenta sin motivo legítimo”(7).
“Agréguese a lo dicho que si bien dentro de las nuevas tendencias pedagógicas, la educación que se imparte en los colegios debe respetar ciertos parámetros de libertad y autonomía, ello no obsta para que se adopten las medidas de seguridad necesarias con el fin de garantizar la integridad física de los alumnos, respetando desde luego la independencia que se les otorga.
“Este deber encuentra su fundamento en la protección que debe brindarse al alumno, no solo respecto de los daños que éste pueda causarse a sí mismo, sino también de los que pueda ocasionar a los demás.
“Así lo establece el inciso final del artículo 2347 del Código Civil: 'Pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho'.
“No obstante, sin consideración a la edad de los alumnos, las entidades educativas responderán por los daños que se generen como consecuencia de los riesgos que ellas mismas creen en el ejercicio de las actividades académicas, sin que le sea exigible a los alumnos y padres asumir una actitud prevenida frente a esas eventualidades, en razón de la confianza que debe animar las relaciones entre educandos, directores y docentes. Así por ejemplo, los establecimientos educativos y los docentes responderán por los daños que se cause en ejercicio de una práctica de laboratorio, cuando el profesor encargado de la clase confunda sustancias químicas y ocasione una explosión en la que muere o resulta lesionado el alumno que las manipulaba. En este caso, es evidente la responsabilidad de la institución educativa y del docente, pues es éste quien posee la instrucción académica necesaria para hacer seguras dichas prácticas, sin que sea exigible a los alumnos y padres cerciorarse previamente de la corrección de tales prácticas.
“En oportunidades anteriores, la Sala ha deducido la responsabilidad de los centros educativos por la falta de vigilancia sobre los alumnos, aún en la realización de actividades recreativas, cuando no se extreman las medidas de seguridad para evitar el peligro que éstos puedan sufrir. No obstante, en esas decisiones se ha reconocido que, inclusive en relación con alumnos menores de edad hay lugar a analizar si su conducta contribuyó igualmente a la realización del daño, para disminuir el valor de la indemnización”. “(...)”(8).
En similares términos, la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia del 23 de agosto de 2010, señaló:
“La responsabilidad de los centros educativos puede resultar comprometida a título de falla cuando se producen accidentes que afectan la integridad física de sus alumnos, por hechos originados como consecuencia de un descuido o negligencia de los directores o docentes encargados de custodiarlos, situación que puede ocurrir no sólo dentro de las instalaciones del plantel educativo sino fuera de él, como por ejemplo durante el tiempo destinado a la realización de otras actividades educativas o de recreación promovidas como parte del desarrollo integral de programas escolares. Es indudable que el deber de vigilancia y cuidado se origina en el ámbito de la relación de subordinación existente entre el docente y el alumno, toda vez que el primero, debido a la posición dominante que ostenta en razón de su autoridad, tiene no sólo el compromiso sino la responsabilidad ineludible de impedir que el segundo actúe de una forma imprudente y alejado de los patrones normales de comportamiento que debe observarse en todo momento, de tal suerte que el centro educativo se convierte en garante y adquiere la obligación de responder por los actos del estudiantado que pudieran lesionar derechos propios o ajenos.
“En relación con este aspecto, la Sala, de tiempo atrás, ha tenido oportunidad de pronunciarse en otras ocasiones, para reafirmar que a las autoridades educativas les asiste un deber de protección y cuidado de los alumnos que se encuentran a su cargo, de tal suerte que se garantice su seguridad y se vigile su comportamiento con miras a evitar la producción de daños propios o ajenos, deber que surge simple y llanamente porque los estudiantes se encuentran bajo la tutela de los directivos y docentes durante su permanencia en las instalaciones educativas o con ocasión de su participación en actividades afines de tipo académico, cultural o recreativo organizadas por sus directivas, dentro o fuera de las mismas (...)”(9).
Lo anterior, pone de presente que para esta corporación los establecimientos educativos deben responder por los daños causados a quienes se encuentran bajo su dirección y cuidado. Esta directriz se hace extensible a los daños que se producen en el desarrollo de las actividades académicas exigidas a los estudiantes, que tengan lugar por fuera del establecimiento educativo.
Ahora, este deber de vigilancia se extiende incluso a actividades académicas que tengan lugar por fuera del establecimiento educativo, como el servicio social educativo obligatorio, comoquiera que tal como lo define la Ley 115 de 1993(10), es un requisito para optar el título de bachiller. Asimismo, dispone el Decreto 1860 de 1994(11) que los temas de este servicio deben ser señalados en el proyecto educativo institucional de cada establecimiento educativo. En atención a esto el colegio estableció el programa de súper vigía de la salud de conformidad con la directriz del Ministerio de Educación y la Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996(12), reiteró que el servicio social estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y del proyecto educativo institucional, por lo cual, la Institución Educativa al haber organizado el programa de vigía de la salud en la vereda las chaverras debió garantizar la seguridad de los estudiantes que tenían la obligación académica de asistir a estas jornadas, de modo que debió ejercer funciones de vigilancia frente a cada uno de los estudiantes.
En consideración a lo anterior, en tratándose de estos eventos, el título de imputación por excelencia es el de la falla del servicio, por el desconocimiento del deber de custodia y cuidado que pesa sobre todo establecimiento que imparta el servicio de educación. Este tipo de responsabilidad, cuyo punto de partida normativa es el artículo 2347 del Código Civil, dimensiona una doble connotación, es decir, abarca dos esquemas que le dan origen: por un lado, la responsabilidad indirecta por hechos cometidos por personas a su cargo, que se entiende por aquel deber de determinadas personas (padres, guardadores, directores de colegios), de responder por las actuaciones de quien se encuentra bajo su dependencia y cuidado, y por el otro, la que surge ante una omisión que quebranta la garantía de cuidado sobre quienes están bajo su custodia y subordinación. En el primer caso se responde por el sujeto activo de la conducta; en el segundo, por el afectado con el hecho (sujeto pasivo), ambos encontrados bajo la custodia y cuidado del mediato responsable. Con ello no se dota de objetividad a este tipo de responsabilidad, en tanto el eje teórico que irradia este tópico solo se explica a partir de desconocimiento a contenidos obligacionales, es decir, se requiere una violación a un deber preexistente, obligación que tiene escenarios de conductas positivas (protección, vigilancia, control), y cuya infracción tiene lugar por un dejar de hacer (omisión), lo que marca el surgimiento de responder, como sucedió en el caso sub examine.
En este orden de ideas, el Colegio Antonio Álvarez Restrepo, dirigido y administrado por el municipio de Sonsón, tenía a cargo la vigilancia, cuidado y seguridad de los estudiantes, especialmente de los que se encontraban dentro de sus instalaciones; en efecto, ese deber de custodia se desprende, como se dijo anteriormente, de la relación de subordinación existente entre los docentes y los alumnos; de allí que los daños causados a estos últimos le son imputables al centro estudiantil, lo cual es extendido al ente territorial demandado, en tanto, se insiste, es garante(13) de la vida e integridad de los estudiantes a su cargo.
En el asunto sub examine, se acreditó la falla del servicio de la administración, en tanto que el menor Edwin Ramiro murió cuando regresaba de cumplir con el servicio social estudiantil en las circunstancias temporales, espaciales y modales determinadas por el colegio, sin ofrecer a los estudiantes medios adecuados para evitar la eventual ocurrencia de daños derivados de la actividad académica. La falta de seguridad y de vigilancia permitió que se desencadenara el hecho infortunado.
El tribunal de primera instancia negó las pretensiones por el a quo. En atención a que si bien las actividades fueron coordinadas por el colegio, esta era responsabilidad de los alumnos, quienes deben acreditar el haber cumplido con el requisito. Por tanto, declaró la culpa exclusiva de la víctima en atención a que voluntariamente tomaron el atajo de salida al área urbana del municipio de Sonsón, buscando el caudal del río. Sin embargo, esta Sala se aparta del argumento del a quo por cuanto el servicio obligatorio estudiantil al ser un componente integral del currículo y del proyecto educativo estudiantil constituye una actividad académica extracurricular que se encuentra bajo la órbita del deber de vigilancia, establecida en el artículo 2347 del Código Civil, dentro de las que se encontraba la de indicar la ruta de regreso de los estudiantes, por la instructora del programa vigías de la salud.
Se insiste, no hay duda que la institución educativa era garante de la seguridad del menor Edwin Ramiro, de allí que al desconocer los deberes que su posición le imponía, le es imputable, a título de falla del servicio, el daño alegado en la demanda y que pertenecía al municipio de Sonsón, por tanto, es el único responsable por el daño demandado, encontrándose probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de los demás demandados.
4.1. En relación con el perjuicio moral, los demandantes solicitaron el equivalente de 6.000 gramos oro para todos los demandantes, al momento de presentarse la demanda.
La Sala, de manera reiterada, ha señalado que este tipo de daño se presume en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje central de la sociedad, en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. De allí que el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral.
Ahora bien, con el fin de unificar los parámetros bajo los cuales debía tasarse esta clase de perjuicio y para garantizar el derecho a la igualdad, la Sección, en sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, estableció una serie de reglas que deben tenerse en cuenta y fijó los montos a indemnizar, según el supuesto de hecho que dio origen al daño, distinguiéndose si se trataba de un evento de muerte[1], lesiones físicas o psíquicas[2], privación injusta de la libertad[3] o graves violaciones de derechos humanos[4], evento en el que es posible reconocer un monto superior al establecido por la jurisprudencia, cuando se demuestre que el daño moral reviste mayor intensidad y gravedad y siempre y cuando el monto total de la indemnización no supere el triple de los montos indemnizatorios señalados para los demás supuestos. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser consecuente con la intensidad del daño. Además, como característica sui generis en el marco de graves violaciones a los derechos humanos, también se permite mutar la categoría o nivel en la que se encuentra el demandante, según las pruebas y la gravedad de la violación[5].
Sin embargo, es regla común a todos los supuestos la división de los demandantes en cinco categorías o grupos, de acuerdo con su cercanía a la víctima directa, así:
Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además de la prueba del parentesco se requiere la prueba de la relación afectiva y, finalmente, para el nivel 5 deberá acreditarse la relación afectiva.
Ahora bien, para los eventos en los que el daño se traduce en la muerte, se establecieron los siguientes montos: nivel 1, le corresponde el 100% del tope indemnizatorio, es decir, 100 SMLMV; nivel 2, le corresponde el 50% del tope indemnizatorio, o sea, 50 SMLMV; nivel 3, le corresponde el 35% del tope indemnizatorio, esto es, 35 SMLMV; nivel 4, le corresponde el 25% del tope indemnizatorio, es decir, 25 SMLMV; y nivel 5, le corresponde el 15% del tope indemnizatorio, o sea, 15 SMLMV.
En el sub examine, Edwin Ramiro Tobar Otalvaro era hijo de: Gilma Otalvaro Castañeda; y nieto de los señores: María del Carmen Castañeda Toro y Ángel María Otalvaro Cárdenas según dan cuenta los registros civiles de nacimiento, visibles de folios 5-11 del cuaderno 1.
En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta (i) la naturaleza y la gravedad del perjuicio, y (ii) los máximos porcentajes reconocidos por la jurisprudencia como compensación al dolor en situaciones extremas de pérdida de un ser querido, se asignarán los porcentajes, para cada uno de los demandantes, en los valores que se indican a continuación:
Gilma Otalvaro Castañeda (Madre) 100 SMLMV
Maria del Carmen Castañeda Toro (Abuela) 50 SMLMV
Angel María Toro Cárdenas (Abuelo) 50 SMLMV
1. Revócase la sentencia apelada, esto es, la proferida el 7 de septiembre de 2004, por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y en su lugar se decide:
1) Declárese probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva frente a la Nación- Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud- y al Departamento de Antioquia.
2) Declárase al Municipio de Sonsón patrimonialmente responsable por la muerte de Edwin Ramiro Tovar Otalvaro.
3) Condénase al Municipio de Sonsón, a pagar, a las personas que a continuación se relacionan, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:
María del Carmen Castañeda Toro (Abuela) 50 SMLMV
Ángel María Toro Cárdenas (Abuelo) 50 SMLMV
5) Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
6) Cumplido lo anterior, por Secretaría, remítase el expediente al tribunal de origen.
(1) Para el momento de presentación de la demanda, 25 de noviembre de 1997, la pretensión formulada debía ser igual o superior a $ 13.460.000.oo millones de pesos —reajuste de $ 3.500.000.00 atendiendo a lo dispuesto en los artículos 2º y 4º del Decreto 597 de 1998. El demandante, solicitó el pago de 6.000 gramos oro por perjuicios morales, que equivalen a $ 75.444.000 divididos entre los 3 demandantes correspondería a $ 25. 148.000.
(2) Ley 60 de 1993. “Artículo 15. Asunción de competencias por los departamentos y distritos. Los departamentos y distritos que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 14 en el transcurso de cuatro años, contados a partir de la vigencia de esta ley, recibirán mediante acta suscrita para el efecto, los bienes, el personal, y los establecimientos que les permitirán cumplir con las funciones y las obligaciones recibidas. En dicha acta deberán definirse los términos y los actos administrativos requeridos para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones a cargo de la nación y las entidades territoriales respectivas.
“Mientras las entidades territoriales no satisfagan los requisitos previstos en el artículo 14 y conforme al principio de subsidiariedad, la administración de los recursos del situado fiscal se realizará con la intervención técnica y administrativa de la Nación por intermedio del respectivo ministerio, en los fondos educativos regionales para el caso de educación. En el caso de Salud, a través de las modalidades y mecanismos existentes, u otros mecanismos que el Ministerio de Salud establezca, ya sea directamente o mediante contratos con otras personas jurídicas. Igualmente, en este evento el Gobierno determinará las condiciones y los términos en los cuales se prestarán los respectivos servicios con cargo al situado fiscal.
“El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos y demás formalidades necesarias para obtener la certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 de la presente ley”.
(3) Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, Exp. 13503, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, Exp. 10973, M.P. María Elena Giraldo Gómez.
(5) “[E]n los procesos contenciosos la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda, y respecto del demandado, en ser la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante...” Devis Echandía, Hernando “Teoría General del Proceso”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 260.
(6) En este sentido. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Mayo 5 de 1999. Expediente 4978 M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles
(7) Nota original de la sentencia citada: Mazeaud TUNC. Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1977, primer tomo, volumen II, pág. 545.
(8) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 7 de septiembre de 2004, expediente 14.869 C.P. Nora Cecilia Gómez Molina.
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de agosto de 2000, Expediente 18.627, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez.
(10) “ART. 97.—Servicio social obligatorio. Los estudiantes de educación media prestarán un servicio social obligatorio durante los dos (2) grados de estudios, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional”.
(11) “ART. 39.—Servicio social estudiantil. El servicio social que prestan los estudiantes de la educación media tiene el propósito principal de integrarse a la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimientos del educando respecto a su entorno social.
Los temas y objetivos del servicio social estudiantil serán definidos en el proyecto educativo institucional.
Los programas del servicio social estudiantil podrán ser ejecutados por el establecimiento en forma conjunta con entidades gubernamentales y no gubernamentales, especializadas en la atención a las familias y comunidades.
El Ministerio de Educación Nacional reglamentará los demás aspectos del servicio social estudiantil que faciliten su eficiente organización y funcionamiento”.
(12) Por la cual se establecen las reglas generales para la organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio.
(13) “Por posición de garante debe entenderse aquélla situación en que coloca el ordenamiento jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho...
“Así las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado que la misma ley —en sentido material— atribuye, en específicos y concretos supuestos, a ciertas personas para que tras la configuración material de un daño, estas tengan que asumir las derivaciones de dicha conducta, siempre y cuando se compruebe fáctica y jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y protección fue desconocida.” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre de 2007, expediente 15.567, C.P. Enrique Gil Botero.

References: artículo 67
 artículo 3
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 2347
 artículo 2347
 Resolución 
 artículo 2347
 artículo 2347
 artículo 42
sui generis
 artículo 115
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14