Source: http://cidh.org/annualrep/2003sp/Peru.12165.htm
Timestamp: 2017-12-14 18:50:40+00:00

Document:
4. El 13 de noviembre de 1998, en ocasión de la visita in loco de la Comisión al Perú, se recibió la denuncia de Uldarico Velarde M. a favor de su hija, Monsi Lilia Velarde Retamozo. El 1º de marzo de 1999 la CIDH envió nota acusando recibo de la denuncia al peticionario. Por comunicación de 21 de mayo de 1999, recibida por la Comisión el día 27 del mismo mes, el peticionario amplió su denuncia.
10. Relata el peticionario que, durante el período en que estuvo en las dependencias de DINCOTE, su hija fue “víctima de golpes en la cabeza contra la pared para que contestara las preguntas que le eran formuladas por el personal policial, que le ponían corriente eléctrica en las rodillas, en el oído; que la vendaban, le ataban las manos en la espalda, que la colocaban sobre el suelo boca abajo, la cubrían con una frazada y caminaban sobre ella. También le fue negado proporcionarle agua para saciar su sed y los servicios sanitarios hasta límites insoportables. Asimismo, insistentemente la inducían a llegar a un arreglo económico para liberarla”.[3] Señaló además que el Certificado Médico 3720-DL, elaborado por médicos legistas del Ministerio Público el 14 de octubre de 1996, indicando que la víctima no presentaba huellas de lesiones recientes, no es un documento válido porque fue producido mientras la víctima se encontraba incomunicada.[4]
25. Continuando la descripción de los hechos, el Estado relató que: “El Consejo de Guerra Especial de Marina confirmó dicha sentencia por Resolución de 10 de abril de 1997; pero ésta fue declarada nula el 4 de septiembre de 1997 por el Tribunal Supremo Militar Especial, ordenando se expida nueva sentencia. Por Resolución de 10 de octubre de 1997, el Consejo de Guerra Especial de Marina emite nueva sentencia, confirmando la de primera instancia. El 28 de octubre de 1997 la defensa de Velarde Retamozo interpuso recurso de nulidad, elevándose los autos al Tribunal Supremo Militar Especial y el 27 de enero de 1998 dicha defensa presentó su alegato escrito y designó como nuevo abogado defensor al Dr. Jorge Del Carpio Servillano. Por Ejecutoria de 28 de enero de 1998 el Tribunal Supremo Militar Especial declaró no haber nulidad en la condena impuesta a Velarde Retamozo; pero sí haber nulidad en cuanto a la extensión de la pena, por lo que modificando este extremo, le impuso la pena privativa de libertad de cadena perpetua. Por escrito de 7 de abril de 1998, Velarde Retamozo nombró nuevo abogado defensor a la Dra. Gloria Cano Legua y a solicitud de dicha defensa, el fuero militar puso a su disposición el expediente el 26 de junio de 1998 en la Mesa de Partes Única para casos de Traición a la Patria.” También observó el Estado que, luego de la creación de la Comisión Ad-Hoc encargada de proponer al Presidente de la República la concesión de indulto por la Ley 26.655, la víctima solicitó el beneficio y la Comisión lo denegó el 19 de julio de 1999. [12]
26. En relación al tratamiento de la víctima en el establecimiento penal, el Estado afirmó que ella está detenida en una celda de 3 X 3 metros, con luz y ventilación adecuadas, recibiendo visitas los días sábados y domingos y manteniendo correspondencia con su esposo, José Galindo Sedano, quien se encuentra internado en el Penal Castro Castro. Sobre el estado de salud de la víctima, añadió que “el 22.07.98 el servicio médico informó sobre el resultado del reconocimiento médico realizado a la interna, a solicitud de su padre, de 17.07.98, siendo el diagnóstico parasitosis y gonalgia bilateral, recibiendo la correspondiente atención. Fue atendida el 26.03.99 por caries dental; el 03.04.99 por onicomicosis; el 03.06.99 por leucorrea; el 05.05.99 por equimosis y el 09.07.99 por faringo-traquitis, recibiendo en todos esos casos, el correspondiente tratamiento medico, encontrándose a la fecha en buen estado de salud”. [13]
27. Sobre los requisitos de admisibilidad, el Estado sustentó que la petición es manifiestamente infundada, aduciendo que: “el peticionario pretende que la CIDH determine en este caso, si las resoluciones y sentencias de los tribunales internos no merituaron e interpretaron correctamente las pruebas actuadas en el proceso penal; sin embargo, conforme a lo sostenido por la CIDH en su Informe n 8/98, ‘La Comisión no es un tribunal de revisión de fallos pronunciados por las autoridades judiciales’ de los Estados miembros de la OEA, que hayan actuado dentro de la esfera de sus atribuciones constitucionales y legales, por lo cual carece de facultad para conocer y decidir respecto al fondo de la petición formulada en el presente caso”. [14]
32. El peticionario se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto a quién Perú se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Perú es parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978, fecha en que depositó el respectivo instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
33. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado. Asimismo, la CIDH tiene competencia ratione temporis, por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión es competente ratione materiae, debido a que en la petición se denuncian violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
34. En el asunto sometido a conocimiento de la CIDH se ha planteado una controversia respecto al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana, sustentando el Estado que los hechos no caracterizan una violación de derechos protegidos por este instrumento internacional.
48. El Estado, en sus últimas comunicaciones, observó las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionando la legislación antiterrorista establecida por los Decretos Leyes 25475, 25659 y otros. Enfatizó también que ha llevado a cabo un proceso de revisión de los procesos penales relativos a delitos bajo dicha legislación. Que el Tribunal Constitucional de Perú, con fecha 3 de enero de 2003, profirió una sentencia en la cual declaró la inconstitucionalidad de algunas normas de los decretos 25475 y 25659, sin afectar el artículo 2o del decreto 254750 que tipifica el delito de terrorismo en el que se refundió el tipo penal de traición a la patria.
49. En igual forma, el Gobierno peruano en desarrollo de tal pronunciamiento, emitió los decretos legislativos 923, 924, 925, 926 y 927 de fecha 19 de febrero de 2003, dentro de los cuales dispuso que la Sala Nacional de Terrorismo, progresivamente en un plazo no mayor de sesenta días hábiles desde la vigencia de esta legislación, anulará de oficio, salvo renuencia del reo, la sentencia, el juicio oral y declarará de ser del caso, la insubsistencia de la acusación fiscal en los procesos penales por los delitos de terrorismo seguidos en la jurisdicción penal ante jueces o fiscales con identidad secreta. La CIDH entiende que la nueva legislación con la que el Estado peruano pretende ofrecer nuevos juicios a las personas que fueron en su momento investigas, juzgadas y condenadas por los delitos de terrorismo y traición a la patria, y su incidencia en el presente caso, será materia del análisis del fondo en su momento. En igual forma, en lo atinente al segundo proceso contra Velarde Retamozo, que ha informado el Estado se tramita en la actualidad ante el Cuarto Juzgado Penal de Terrorismo por el delito de terrorismo, por hechos al parecer distintos bajo el mismo el tipo penal y para la misma época.
50. Por lo tanto, la CIDH considera que la discusión sobre la existencia de violaciones a los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 25 debe ser objeto del análisis del fondo del caso. Para efectos de admisibilidad, la Comisión concluye que existen elementos suficientes para que los hechos tiendan a indicar violaciones de derechos humanos y que la denuncia no se califica como manifiestamente infundada ni evidentemente improcedente.
51. La CIDH ha establecido en el presente informe que se agotaron los recursos internos y que la petición fue presentada de acuerdo con el plazo previsto a tal efecto en la Convención Americana.
52. La Comisión concluye que la petición es admisible de conformidad con el artículo 47(a) de la Convención Americana. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos,
1. Declarar admisible la presente petición en relación con los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana.
[10] Comunicación del Estado peruano de 26 de noviembre de 1999.
[11] Comunicación del Estado peruano de 26 de noviembre de 1999.
[12] Comunicación del Estado peruano de 26 de noviembre de 1999.
[13] Comunicación del Estado peruano de 26 de noviembre de 1999.
[14] Comunicación del Estado peruano de 26 de noviembre de 1999.
[15] Comunicación del Estado peruano de 26 de noviembre de 1999.
[16] Informe Nº 02, enviado a la CIDH mediante nota de 6 de octubre de 2000.
[19] Informe Nº 02, enviado a la CIDH mediante nota de 6 de octubre de 2000.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 2
 artículo 47