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Timestamp: 2020-08-14 05:44:45+00:00

Document:
Resolución de TEAF Bizkaia, 12569, 19-04-2011 | Iberley
Arts. 9 y 18 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre.
Art. 139 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Art. 6 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio.
Disposición Adicional única del Real Decreto 463/2003, de 25 de abril.
Pensión por incapacidad permanente total de la SS y cobro en forma de renta de una EPSV por dicha contingencia. Contribuyente mayor de 55 años. Tratamiento fiscal.
El consultante es una persona física a la que se le ha reconocido una pensión ordinaria por incapacidad permanente total de la Seguridad Social. Asimismo, es socio de una EPSV de la que percibe una renta mensual como consecuencia del reconocimiento de la citada incapacidad.
Desea conocer el tratamiento en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a las citadas rentas.
En relación con la cuestión planteada en el escrito de consulta, es de aplicación el artículo 9.2 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (NFIRPF), que, en su redacción vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, establecía que: 'Estarán exentas las siguientes rentas: (...) 2. Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social, o por las entidades que la sustituyan, como consecuencia de incapacidad permanente total cualificada de mayores de 55 años, absoluta o gran invalidez. Asímismo, siempre que se trate de prestaciones por situaciones idénticas a las mencionadas en el párrafo anterior, estarán exentas: - Las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativa al régimen especial de la Seguridad Social mencionado. - Las prestaciones que sean reconocidas a los socios cooperativistas por las entidades de previsión social voluntaria. En los dos casos previstos en el párrafo anterior, la cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades o entidades de previsión social voluntaria antes citadas, en las prestaciones de éstas últimas. (...)'.
A estos efectos, la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, determina en su artículo 139, relativo al Régimen General, que: '(...) 2. La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente total consistirá en una pensión vitalicia, que podrá excepcionalmente ser sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de sesenta años. Los declarados afectos de incapacidad permanente total para la profesión habitual percibirán la pensión prevista en el párrafo anterior incrementada en el porcentaje que reglamentariamente se determine, cuando por su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta de la habitual anterior. La cuantía de la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común no podrá resultar inferior al 55 por 100 de la base mínima de cotización para mayores de dieciocho años, en términos anuales, vigente en cada momento. (...)'.
Este precepto se encuentra desarrollado en el artículo 6 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, en virtud del cual: '1. El derecho a incremento de la pensión por incapacidad permanente total previsto en el número 4 del artículo 11 de la Ley 24/1972 se reconocerá, en su caso, a los trabajadores declarados en dicha situación a partir del 1 de julio de 1962, siendo competente, a estos efectos, el mismo Organismo que reconozca o hubiere reconocido la pensión. 2. El requisito de edad exigido en el precepto legal citado será, como mínimo, de cincuenta y cinco años. 3. El incremento a que el presente artículo se refiere consistirá en un 20 por 100 de la base reguladora que se tome para determinar la cuantía de la pensión. 4. El incremento quedará en suspenso durante el período en que el trabajador obtenga un empleo'.
Esta última situación, que da derecho a pensión incrementada en el Régimen General de la Seguridad Social, es la que se denomina incapacidad permanente total cualificada. En ella, se eleva la pensión a los mayores de 55 años, cuando, por su falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de obtener un empleo en actividad distinta de la habitual anterior. De conformidad con lo previsto en la Resolución de 22 de mayo de 1986, de la Secretaría General para la Seguridad Social, los pensionistas de incapacidad permanente total tienen derecho a pensión incrementada una vez cumplidos los 55 años, siempre que concurran los restantes requisitos exigidos para ello, con independencia de cuál fuera su edad a la fecha del hecho causante. De otro lado, en lo que se refiere al reconocimiento de este incremento, existe jurisprudencia consolidada en virtud de la cual, en períodos de crisis de empleo, se presume la dificultad para acceder a un nuevo trabajo por parte de las personas con más de 55 años, especialmente si tienen poca preparación general o especializada (sentencias del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1987, de 4 de marzo de 1992, o de 13 de noviembre de 2000; Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 22 de abril de 1999; Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 30 de abril de 1999, entre otras).
En lo que afecta al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, el artículo 38 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, en su redacción dada por el Real Decreto 463/2003, de 25 de abril, recoge que: '1. En el caso de invalidez en el grado de incapacidad permanente total para la profesión habitual, el beneficiario tendrá derecho a la entrega de una cantidad a tanto alzado equivalente a cuarenta mensualidades de la base reguladora, calculada ésta de conformidad con lo establecido en el artículo 31, o a una pensión vitalicia equivalente al 55 por 100 de dicha base reguladora. Los supuestos en que proceden dichas prestaciones serán los mismos que en el Régimen General de la Seguridad Social, sin perjuicio de tener en cuenta a tal efecto el requisito de edad exigido en el párrafo segundo del artículo anterior. La pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual se incrementará en un 20 por 100 de la base reguladora que se tenga en cuenta para determinar la cuantía de la pensión, cuando se acrediten los siguientes requisitos: a) Que el pensionista tenga una edad igual o superior a los 55 años. En los casos en los que el reconocimiento inicial de la pensión de incapacidad permanente se efectúe a una edad inferior a la señalada, el incremento del 20 por 100 se aplicará desde el día 1º del mes siguiente a aquel en que el trabajador cumpla los 55 años de edad, siempre que a dicha fecha se reúnan los requisitos establecidos en los párrafos siguientes. En los supuestos en que el derecho al incremento del 20 por 100 nazca en un año natural posterior a aquel en que se produjo el reconocimiento inicial de la pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual, a ésta, incrementada con el mencionado 20 por 100, se le aplicarán las revalorizaciones que, para las pensiones de la misma naturaleza, hubiesen tenido lugar desde la expresada fecha. b) Que el pensionista no ejerza una actividad retribuida por cuenta ajena o por cuenta propia que dé lugar a su inclusión en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social. El incremento de la pensión quedará en suspenso durante el período en que el trabajador obtenga un empleo o efectúe una actividad lucrativa por cuenta propia que sea compatible con la pensión de incapacidad permanente total que viniese percibiendo. c) Que el pensionista no ostente la titularidad de un establecimiento mercantil o industrial ni de una explotación agraria o marítimo-pesquera como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo'.
No obstante, este incremento de la pensión correspondiente a los trabajadores por cuenta propia en el RETA únicamente es de aplicación a las situaciones de incapacidad permanente declaradas a partir del 1 de enero de 2003, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional única del citado Real Decreto 463/2003, de 25 de abril, sobre reconocimiento del incremento de la pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual para los trabajadores por cuenta propia.
Esta Dirección General consideró inicialmente, a través de consulta de 8 de junio de 2007, que las pensiones de incapacidad permanente total no cualificada no se encuentran exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, independientemente del motivo por el cual no se reconozca el incremento en el derecho a pensión. No obstante, mediante consultas de 7 de abril y de 11 de noviembre de 2009, así como de 29 de abril de 2010, modificó este criterio, y entendió que los pensionistas por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de Clases Pasivas, así como los de los Regímenes Especiales Agrario y de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social afectados por la disposición adicional única del Real Decreto 463/2003, de 25 de abril, respectivamente, pueden aplicar la exención sobre las prestaciones que perciban por este motivo a partir del momento en que cumplan 55 años, siempre y cuando carezcan de cualquier otro empleo y no desarrollen actividad económica alguna por cuenta propia.
El compareciente no manifiesta su edad en el escrito de consulta. No obstante, según los datos obrantes en esta Administración, a la fecha de formulación de la presente consulta, su edad es superior a los 55 años. Asimismo, de dichos datos se desprende que se trata de un profesional independiente. Por lo que esta Dirección General entiende que la pensión de incapacidad permanente total que percibe de la Seguridad Social estará exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la medida en que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 38 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, para tener derecho a pensión incrementada. Particularmente, siempre que haya cumplidos los 55 años, carezca de cualquier otro empleo y no desarrolle actividad económica alguna por cuenta propia a partir del momento en que pase a cobrar la pensión.
En otro caso, es decir, si no resultara aplicable esta exención, el compareciente deberá atender a lo previsto en el artículo 18 de la NFIRPF, según el cual: 'También se consideran rendimientos del trabajo: a) Las siguientes prestaciones: 1ª Las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y Clases Pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad o similares, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de esta Norma Foral. (...)'.
A lo que el artículo 19 de la misma NFIRPF añade que: '1. El rendimiento íntegro del trabajo estará constituido, con carácter general, por la totalidad de los rendimientos definidos en los artículos anteriores de este Capítulo. 2. No obstante, en los supuestos que se relacionan en este apartado, el rendimiento íntegro del trabajo se obtendrá por la aplicación de los siguientes porcentajes al importe total de los rendimientos definidos en los artículos anteriores de este Capítulo: (...) d) Las prestaciones a que se refiere el artículo 18 a) de esta Norma Foral, cuando se perciban en forma de renta y las contribuciones empresariales imputadas que reduzcan la base imponible, se computarán en su totalidad'.
A la misma conclusión se llega, en lo que afecta a los ejercicios 2011 y siguientes, tras la entrada en vigor de la modificación del artículo 9.2 de la NFIRPF operada a través de la Norma Foral 4/2010, de 22 de diciembre, en el que, actualmente, se recoge que: 'Estarán exentas las siguientes rentas: (...) 2. Las prestaciones que la Seguridad Social, o las entidades que la sustituyan, reconozcan al contribuyente como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, así como las prestaciones de incapacidad permanente total percibidas por contribuyentes de edad superior a 55 años. En caso de incapacidad permanente total, la exención no será de aplicación a aquellos contribuyentes que perciban rendimientos del trabajo diferentes a los previstos en el artículo 18.a) de esta Norma Foral, o de actividades económicas. Esta incompatibilidad no será de aplicación en el período impositivo en que se perciba por primea vez la prestación. (...)'.
Ni en el ejercicio 2010, ni en los períodos 2011 y siguientes, el mero cobro de la prestación derivada de la EPSV por la que se pregunta impedirá la práctica de la exención analizada más arriba, siempre que se cumplan las demás condiciones requeridas para ello, en la medida en que dicha prestación de la EPSV no deriva del desarrollo de ningún trabajo, ni de la realización de ninguna actividad económica.
En lo que se refiere al tratamiento en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las cantidades que percibida de la EPSV, el artículo 18 de la NFRIPF dispone que: 'También se considerarán rendimientos del trabajo: a) Las siguientes prestaciones: (...) 3.ª Las percepciones que a continuación se relacionan: a) Las cantidades percibidas por los socios de número y los beneficiarios de las entidades de previsión social voluntaria, incluyendo las que se perciban como consecuencia de baja voluntaria o forzosa o de la disolución y liquidación de la entidad o en los supuestos de enfermedad grave y desempleo de larga duración. No obstante, no se incluirán en la base imponible del Impuesto las cantidades percibidas como consecuencia de baja voluntaria o forzosa o de la disolución y liquidación de la entidad, cuando las cantidades percibidas se aporten íntegramente a otra entidad de previsión social voluntaria en un plazo no superior a dos meses. b) Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de pensiones, incluyendo las cantidades dispuestas anticipadamente en los supuestos de enfermedad grave y desempleo de larga duración, y las percibidas de los planes de pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo. (...)'.
Mientras que en el artículo 19 de la misma NFIRPF, ya transcrito, señala que: '1. El rendimiento íntegro del trabajo estará constituido, con carácter general, por la totalidad de los rendimientos definidos en los artículos anteriores de este Capítulo. 2. No obstante, en los supuestos que se relacionan en este apartado, el rendimiento íntegro del trabajo se obtendrá por la aplicación de los siguientes porcentajes al importe total de los rendimientos definidos en los artículos anteriores de este Capítulo: (...) d) Las prestaciones a que se refiere el artículo 18 a) de esta Norma Foral, cuando se perciban en forma de renta y las contribuciones empresariales imputadas que reduzcan la base imponible, se computarán en su totalidad'.
De conformidad con lo dispuesto en los preceptos mencionados, los importes obtenidos de las EPSV generan rendimientos del trabajo para sus perceptores, los cuales deben integrarlos al 100% en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuando los cobren, como en el supuesto planteado, en forma de renta mensual.
La contestación a la presente consulta se ha elaborado sin analizar la tributación correspondiente a las prestaciones percibidas de las EPSV en forma de capital, al preguntarse únicamente por el cobro de las mismas en forma de renta mensual. Asimismo, en la medida en que se habla del reconocimiento de una incapacidad permanente total, se ha partido del presupuesto de que no estamos ante una EPSV constituida a favor de persona con discapacidad, en el sentido de lo establecido en el artículo 74 de la NFIRPF.
Sentencia SOCIAL Nº 754/2018, TSJ Asturias, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 216/2018, 22-03-2018
Orden: Social Fecha: 22/03/2018 Tribunal: Tsj Asturias Ponente: Martin Morillo, Jesus Maria Num. Sentencia: 754/2018 Num. Recurso: 216/2018
Escrito al INSS por parte de trabajador/a autónomo/a optando por la sustitución de la pensión de IPT por la correspondiente indemnización
A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DELEGACIÓN PROVINCIAL DE [PROVINCIA]D./ Dña [NOMBRE_TRABAJADOR_A], con D.N.I. [DNI] con domicilio social en [DOMICILIO_SOCIAL] y número de inscripción a la Seguridad Social...

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 139
 artículo 6
 artículo 11
 Resolución 
 artículo 38
 Real Decreto 
 artículo 31
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 38
 artículo 18
 artículo 9
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 9
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 74