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Timestamp: 2019-02-21 23:39:42+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 262/96 de Corte Constitucional, 13 de Junio de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 43676216
Sentencia de Constitucionalidad nº 262/96 de Corte Constitucional, 13 de Junio de 1996
Expediente: LAT 068
Ley aprobatoria y tratado: ley 243/95 convenio internacional para la proteccion de obtencion de vegetales -upov-
Revisión de la Ley 243 de 1995 "Por medio de la cual se aprueba el `CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES -UPOV-' del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978".
La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su P.C.G.D. y por los Magistrados J.A.M., A.B.C., E.C.M., J.G.H.G., H.H.V., A.M.C., V.N.M. y J.C.O.G.
En el proceso de revisión de la Ley 243 de 1995 "Por medio de la cual se aprueba el 'CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES -UPOV-' del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978".
"Por medio de la cual se aprueba el `CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES -UPOV-' del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978"
Visto el texto del "CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES", de 2 de Diciembre de 1961, y el 23 de Octubre de 1978.
están convencidas de la importancia que reviste la protección de las obtenciones vegetales, tanto para el desarrollo de la agricultura en su territorio como para la salvaguardia de los intereses de los obtentores.
están conscientes de los problemas especiales que representa el reconocimiento y protección del derecho del obtentor y especialmente las limitaciones que pueden imponer al libre ejercicio de tal derecho las exigencias del interés público.
Consideran que es altamente deseable que esos problemas, a los cuales numerosos Estados conceden legítima importancia, sean resueltos por cada uno de ellos conforme a principios uniformes y claramente definidos:
2) Los Estados parte del presente Convenio (denominados en adelante "Estados de la Unión") se constituyen en una Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
A la entrada en vigor del presente Convenio en su territorio, cada Estado de la Unión aplicará las disposiciones del Convenio a cinco géneros o especies, como mínimo.
Cada Estado de la Unión deberá aplicar a continuación dichas disposiciones a otros géneros o especies, en los siguientes plazos a partir de la entrada en vigor del presente Convenio en su territorio:
en un plazo de tres años, a diez géneros o especies en total por lo menos;
Cuando un Estado de la Unión limite la aplicación del presente Convenio dentro de un género o una especie, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2), ese género o especie, no obstante, se considerará como un género o una especie a los efectos de los párrafos a) y b).
Sea cual sea el origen, artificial o natural, de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad, ésta debe poder distinguirse claramente por uno o varios caracteres importantes de cualquier otra variedad, cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento en que se solicite la protección. Esta notoriedad podrá establecerse por diversas referencias, tales como cultivo o comercialización ya en curso, inscripción efectuada o en trámite en un registro oficial de variedades, presencia en una colección de referencia o descripción precisa en una publicación. Los caracteres que permitan definir y distinguir una variedad deberán poder ser reconocidos y descritos con precisión,
En la fecha de presentación de la solicitud de protección en un Estado de la Unión, la variedad
no deberá haber sido ofrecida en venta o comercializada, con el consentimiento del obtentor, en el territorio de dicho Estado - o, si la legislación de ese Estado lo prevé, no haberlo sido desde hace más de un año - y
La variedad deberá ser suficientemente homogénea, teniendo en cuenta las particularidades que presente su reproducción sexuada o su multiplicación vegetativa.
La variedad deberá ser estable en sus caracteres esenciales, es decir, deberá permanecer conforme a su definición después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, cuando el obtentor haya definido un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.
La variedad deberá recibir una denominación conforme a lo dispuesto en el Artículo 13.
que no presente a la autoridad competente, en un plazo determinado y tras haber sido requerido para ello, el material de reproducción o de multiplicación, los documentos e informaciones estimados necesarios para el control de la variedad, o que no permita la inspección de las medidas adoptadas para la conservación de la variedad:
que no haya abonado en los plazos determinados las tasas devengadas, en su caso, para el mantenimiento en vigor de sus derechos.
la Secretaría General, denominada Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
1) El Consejo elegirá entre sus miembros un P. y un Vicepresidente primero. Podrá elegir otros V.. El Vicepresidente primero sustituirá de derecho al Presidente en caso de ausencia.
estudiar las medidas adecuadas para asegurar la salvaguarda de la Unión y favorecer su desarrollo;
nombrar al S. General y, si lo considera necesario, un S. General Adjunto; fijar las condiciones de su nombramiento;
examinar el informe anual de actividades de la Unión y elaborar el programa de sus trabajos futuros;
dar al S. General, cuyas atribuciones se fijan en el Artículo 23, todas las directrices necesarias para el cumplimiento de las funciones de la Unión;
examinar y aprobar el presupuesto de la Unión y, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26, fijar la contribución de cada Estado de la Unión;
examinar y aprobar las cuentas presentadas por el S. General;
fijar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27, la fecha y lugar de las conferencias previstas en dicho artículo y adoptar las medidas necesarias para su preparación;
de manera general, adoptar todas las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Unión.
del S. General; nombramiento de funcionarios
1) La Oficina de la Unión ejecutará todas las atribuciones que le sean conferidas por el Consejo. Estará dirigida por el S. General.
2) El S. General será responsable ante el Consejo; asegurará la ejecución de las decisiones del Consejo. Someterá el presupuesto a la aprobación del Consejo y asegurará su ejecución. Anualmente rendirá cuentas al Consejo sobre su gestión y le presentará un informe sobre las actividades y la situación financiera de la Unión.
La parte de cada Estado de la Unión en el total de las contribuciones anuales se determinará por referencia al importe total de los gastos a cubrir mediante contribuciones de los Estados de la Unión y al número de unidades de contribución que le sea aplicable en virtud del párrafo 3). Dicha parte se calculará de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4).
El número de unidades de contribución se expresará en números enteros o en fracciones de unidad, a condición de que ese número no sea inferior a un quinto.
En lo que concierne a todo Estado que sea parte de la Unión en la fecha de entrada en vigor de la presente Acta respecto a ese Estado, le será aplicable el mismo número de unidades de contribución que el que le era aplicable, inmediatamente antes de dicha fecha, en virtud del Convenio de 1961 modificado por el Acta adicional de 1972.
En lo que concierne a cualquier otro Estado, en el momento de su adhesión a la Unión, indicará el número de unidades de contribución que le sea aplicable mediante una declaración dirigida al S. General.
Todo Estado de la Unión podrá indicar, en cualquier momento, mediante una declaración dirigida al S. General, un número de unidades de contribución diferente del que le sea aplicable en virtud de los párrafos a) o b) antes mencionados. Si la declaración se hace durante los seis primeros meses del año civil, la misma surtirá efectos a principios del año civil siguiente; en el caso contrario, surtirá efectos a principios del segundo año civil que siga al año durante el que se hizo la declaración.
Para cada ejercicio presupuestario, la cuantía de una unidad de contribución será igual al importe total de los gastos a cubrir durante ese ejercicio mediante contribuciones de los Estados de la Unión divida por el número total de unidades aplicable a esos Estados.
La cuantía de la contribución de cada Estado de la Unión será igual al importe de una unidad de contribución multiplicada por el número de unidades aplicable a dicho Estado.
Un Estado de la Unión atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de voto en el Consejo - sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo b) - si la cuantía de su atraso es igual o superior a la de las contribuciones que adeude por los dos últimos años completos transcurridos. La suspensión del derecho de voto no liberará a ese Estado de sus obligaciones y no le privará de los demás derechos derivados del presente Convenio.
El Consejo podrá autorizar a dicho Estado a conservar el ejercicio de su derecho de voto mientras considere que el atraso es debido a circunstancias excepcionales e inevitables.
preverá los recursos legales apropiados que permitan la defensa eficaz de los derechos previstos en el presente Convenio;
establecerá un servicio especial de protección de las obtenciones vegetales o encargará a un servicio ya existente de esa protección;
asegurará la comunicación al público de las informaciones relativas a esa protección y, como mínimo, la publicación periódica de la lista de títulos de protección otorgados.
La presente Acta queda abierta a la firma de todo Estado de la Unión y de cualquier otro Estado representado en la Conferencia Diplomática que adoptó la presente A.. Estará abierta a la firma hasta el 31 de octubre de 1979.
de un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, si ha firmado la presente Acta;
de un instrumento de adhesión, si no ha firmado la presente A..
2) Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del S. General.
3) Todo Estado que no sea miembro de la Unión y que no haya firmado la presente A., antes de depositar su instrumento de adhesión, solicitará la opinión del Consejo sobre la conformidad de su legislación con las disposiciones de la presente Acta. Si la decisión haciendo oficio de opinión es positiva, podrá depositarse el instrumento de adhesión.
el número de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión depositados es de cinco, por lo menos;
por lo menos tres de dichos instrumentos han sido depositados por Estados parte en el Convenio de 1961.
2) Todo Estado de la Unión no obligado por la presente Acta ("el primer Estado") podrá declarar, mediante una notificación dirigida al S. General, que aplicará el Convenio de 1961 modificado por el Acta adicional de 1972 en sus relaciones con cualquier Estado obligado por la presente Acta que se convierta en miembro de la Unión, ratificando, aceptando o aprobando la presente A. o adhiriéndose a la misma ("el segundo Estado"). Una vez expirado el plazo de un mes a contar desde la fecha de esa notificación y hasta la entrada en vigor de la presente Acta a su respecto, el primer Estado aplicará el Convenio de 1961 modificado por el Acta adicional de 1972 en sus relaciones con el segundo Estado, en tanto que éste aplicará la presente A. en sus relaciones con el primer Estado.
1) En el momento del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Acta o de adhesión a ésta, cada Estado que no sea ya miembro de la Unión notificará al S. General la lista de los géneros y especies a los que aplicará las disposiciones del presente Convenio en el momento de la entrada en vigor de la presente A. a su respecto.
2) Sobre la base de comunicaciones recibidas del Estado de la Unión afectado, el S. General publicará informaciones sobre:
toda extensión de la aplicación de las disposiciones del presente Convenio a otros géneros y especies después de la entrada en vigor de la presente Acta a su respecto;
toda utilización de la facultad prevista en el Artículo 3.3);
la utilización de toda facultad concedida por el Consejo en virtud del Artículo 4.4) o 5);
toda utilización de la facultad prevista en la primera frase del Artículo 5.4), precisando la naturaleza de los derechos más amplios y especificando los géneros y especies a los que se aplican esos derechos;
toda utilización de la facultad prevista en la segunda frase del Artículo 5.4);
el hecho de que la ley de ese Estado contenga una disposición permitida en virtud del Artículo 6.1) b) i) y la duración del plazo concedido;
la duración del plazo contemplado en el Artículo 8, si dicho plazo es superior a los quince años, o dieciocho, según el caso, que prevé dicho A..
1) Todo Estado podrá declarar en su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o podrá informar al S. General, mediante escrito en cualquier momento posterior, que la presente Acta es aplicable a la totalidad o a parte de los territorios designados en la declaración o la notificación.
2) Todo Estado que haya hecho tal declaración o efectuado tal notificación podrá notificar al S. General, en cualquier momento, que la presente A. cesa de ser aplicable en la totalidad o en parte de esos territorios.
Toda declaración formulada en virtud del párrafo 1) surtirá efecto en la misma fecha que la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en cuyo instrumento se haya incluido, y toda notificación efectuada en virtud de ese párrafo surtirá efecto tres meses después de su notificación por el S. General.
Toda notificación efectuada en virtud del párrafo 2) surtirá efecto doce meses después de su recepción por el S. General.
1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2.1), todo Estado que, antes de la expiración del plazo durante el que la presente A. está abierta a la firma, prevea la protección bajo las diferentes formas mencionadas en el Artículo 2.1) para un mismo género o una misma especie, podrá continuar previéndola si, en el momento de la firma de la presente Acta o de la presentación de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Acta o de adhesión a ésta, notifica ese hecho al S. General.
3) Dicho Estado podrá notificar al S. General, en cualquier momento, el retiro de su notificación hecha en conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1). Tal retiro surtirá efecto en la fecha indicada por ese Estado en su notificación de retiro.
2) Todo Estado de la Unión podrá denunciar el presente Convenio mediante una notificación dirigida al S. General. El S. General notificará sin demora la recepción de esa notificación a todos los Estados de la Unión.
3) La denuncia surtirá efecto a la expiración del año civil siguiente a aquel en el que se recibió la notificación por el S. General.
1) La presente Acta se firma en un ejemplar original en los idiomas francés, inglés y alemán, considerándose auténtico el texto francés en caso de diferencias entre los textos. Dicho ejemplar quedará depositado en poder del S. General.
2) El S. General transmitirá dos copias certificadas de la presente Acta a los Gobiernos de los Estados representados en la Conferencia Diplomática que la adoptó y al Gobierno de cualquier otro Estado que así lo solicite.
3) Tras consulta con los Gobiernos de los Estados interesados que estuvieran representados en dicha Conferencia, el S. General establecerá textos oficiales en árabe, español, italiano, japonés y neerlandés y en los otros idiomas que el Consejo pueda designar.
4) El S. General registrará la presente Acta en la Secretaría de las Naciones Unidas.
5) El S. General notificará a los Gobiernos de los Estados de la Unión y de los Estados que, sin ser miembros de la Unión, estuvieran representados en la Conferencia Diplomática que adoptó la presente Acta, las firmas de este Acta, el depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, toda notificación recibida en virtud de los Artículos 34.2), 36.1) o 2), 37.1) o 3) o 41.2) y toda declaración formulada en virtud del Artículo 36.1).
ARTICULO PRIMERO: Apruébese el "CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES", del 2 de diciembre de 1961. Revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978.
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el "CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES", del 2 de diciembre de 1961. Revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba. obligará al país a partir de la fecha en que se perfecciones el vínculo internacional respecto de la misma.
El Congreso de la República expidió la Ley 243 de 1995, publicada en el Diario Oficial N° 42171 de diciembre 29 de 1995, "Por medio de la cual se aprueba el 'CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES -UPOV-' del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978".
Mediante oficio de enero 15 de 1996, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia auténtica de la Ley 243 de 1995, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 241-10 de la Constitución.
Los Ministerios del Medio Ambiente, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior intervinieron con el objeto de solicitar la exequibilidad del instrumento objeto de revisión. La ciudadana C.S.V., presentó memorial en igual sentido. De manera extemporánea, el Ministerio de Salud intervino en defensa de la constitucionalidad del Tratado bajo examen y de la Ley 243 de 1995.
El Procurador General de la Nación, al rendir su concepto de rigor, solicita a la Corte que declare inhibida para conocer del Tratado.
En el auto mediante el cual se asumió la revisión del Tratado, el Magistrado Ponente invitó a algunos expertos a resolver preguntas relevantes para la decisión a adoptar en el proceso constitucional de la referencia.
1.1 A consideración de los expertos D.P., Directora del Instituto de Estudios Ambientales; F.C., C. del proyecto Biopacífico del Ministerio del Ambiente; R.C., Subdirectora de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -Corantioquia-; P.V.H., Director Ejecutivo de la Fundación Puerto Rastrojo; M.F., del Programa Ambiental del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos -ILSA-; G.B., Director del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia; y, al Consejo Nacional de Biotecnología, se sometió el siguiente cuestionario:
- De acuerdo con los términos del Convenio, ¿qué se entiende por variedades vegetales?
- De acuerdo con los términos del Convenio, ¿qué se entiende por "material de reproducción" y por "material de multiplicación vegetativa"?
- De acuerdo con los términos del Convenio, ¿qué se entiende por "origen, artificial o natural, de la variación inicial" (artículo 6°)?
- De acuerdo con los términos del Convenio, ¿se considera notoria una variedad vegetal tradicionalmente o comúnmente utilizada por las comunidades indígenas y campesinas colombianas?
- De acuerdo con los términos del Convenio, ¿se considera notorio el material fitogenético originario o común en Colombia?
- De acuerdo con los términos del Convenio, ¿las descripciones de material vegetal colombiano, realizadas por la "Expedición Botánica" o contenidas en diversos textos, como por ejemplo manuales de asistencia técnica, manuales educativos, documentos sobre la flora de ciertas regiones, manuales sobre material vegetal útil para efectos de terapias naturales o medicina casera, etc., permiten considerar dicho material vegetal como notorio?
"Artículo 1 literal VI) Se entenderá por "variedad" un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda:
-considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración".
"VARIEDAD: Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación".
La D.E.H. de Jaramillo, Jefe del Programa Nacional de Biotecnología consideró en su intervención que, en la medida en que el proceso de adhesión a UPOV 78 requirió del concepto favorable de la Unión sobre la normatividad interna (Decisión 345 de la Junta del Acuerdo de Cartagena y Decreto 533 de 1993), la definición contenida en Decisión 345 debe acogerse. De igual modo, debe brindarse especial atención a lo dispuesto en la Resolución N° 1893 del 29 de Junio de 1995, expedida por el ICA, donde "variedad" se define como:
"Conjunto de individuos botánicos plantados y mejorados por el hombre que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos y químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación".
Por último, fueron planteados algunos reparos al concepto de variedad. El Director del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, manifiesta que el Convenio establece las características que deben tenerse en cuenta para definir si una variedad es susceptible de protección o no, lo cual puede dar lugar a imprecisiones y generar problemas. En especial, considera problemática la característica de la distinguibilidad, exigida para proteger una variedad, pues "para ello nuestro país debería contar con un inventario pormenorizado de las variedades existentes en el territorio nacional, ya que se podría presentar el caso de otorgar protección a una variedad nativa pero relativamente poco accesible". Por su parte, D.P., del Instituto de Gestión Ambiental, se pregunta por el sentido de incluir la expresión "o cierta utilización final", en el artículo 2 numeral 2 del Convenio, ya que ello no define características distintivas de la variedad.
La expresión "origen, artificial o natural, de la variación inicial", se refiere a la calidad natural o artificial de la variedad a partir de la cual se crea aquella cuya protección se solicita. R.C. de CORANTIOQUIA, manifiesta que "no puede incluirse en el contenido de origen natural, los procesos de mejoramiento "tradicional" de comunidades étnicas campesinas, que tradicionalmente se conciben como de dominio público".
Existe coincidencia en señalar que las variedades utilizadas por parte de las comunidades indígenas o campesinas no se consideran notorias, toda vez que la notoriedad se aplica exclusivamente a las variedades obtenidas por medio de métodos científicos según parámetros occidentales. M.F. es explícita en señalar que: "No se pudo haber pensado en ello puesto que el Convenio fue pactado inicialmente, en países que ya habían desarrollado empresas cuyo objetivo económico era la explotación de las innovaciones tecnológicas alcanzadas"
La Jefe del Programa Nacional de Biotecnología anota: "Un comentario adicional en relación con la característica de notoriedad del material fitogenético colombiano se refiere a que este puede ser considerado como notorio si sus características son homogéneas después de la reproducción o multiplicación, y si: a- beneficia a comunidades de cualquier naturaleza, rural o urbana; b- tiene potencial de ser usado como alimento, industrial o medicinal; c- hace parte de un ecosistema que protege nacimientos de fuentes hídricas; d- la desaparición de ese material provoca el desequilibrio de ecosistemas frágiles o en vía de extinción".
En sus respuestas, los expertos consideran que las descripciones de material vegetal colombiano, realizadas por la "Expedición Botánica" o contenidas en diversos textos, como por ejemplo manuales de asistencia técnica, manuales educativos, documentos sobre la flora de ciertas regiones, manuales sobre material vegetal útil para efectos de terapias naturales o medicina casera, etc., permitirían considerarlo como notorio, siempre y cuando tales publicaciones satisfagan los requisitos establecidos por la comunidad internacional.
¿Qué relación existe entre el conocimiento y uso tradicional de variedades vegetales por parte de las comunidades indígenas y campesinas con su cosmovisión y, en general, su cultura?.
¿Qué efectos traería para la cultura de las comunidades indígenas y campesinas la imposibilidad de utilizar las variedades vegetales tradicionalmente usadas en su vida cotidiana?.
¿Existe algún régimen de regulación del acceso al conocimiento sobre variedades vegetales tradicionales y su uso en las comunidades indígenas?.
¿Existen en las comunidades negras del país relaciones especiales entre su cultura y el conocimiento y uso tradicional de variedades vegetales?. En el caso de que exista, ¿qué efectos traería para dichas comunidades la imposibilidad de utilizar tales variedades?. ¿Existe entre estas comunidades regulaciones sobre el acceso al conocimiento sobre variedades vegetales tradicionales y su uso?.
1.2.1 El Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes designó al antropólogo R.P., quien manifestó que en la elaboración de las respuestas participaron Blanca de Corredor (antropóloga), E.B. (lingüista), J.J.M.Y. e Israe Kaimeramuy (Comunidad Uitoto de los Monos). Por su parte, el Director del Instituto Colombiano de Antropología -ICAN- designó al antropólogo J.M.. Las preguntas formuladas fueron absueltas en los siguientes términos:
El doctor R.P. y sus colaboradores comienzan por afirmar, en cuanto a las comunidades étnicas que, "El conocimiento y uso de las plantas forma parte de su propia identidad cultural, de su manera de percibir y relacionarse con el mundo, de sus patrones de enfermedades y lograr el bienestar de la comunidad".
A partir del conocimiento de las variedades tradicionales, se desarrollan sistemas propios de clasificación fundados, entre otros, en las propiedades del material vegetal, el suelo sobre el cual crece, los animales que lo circundan, etc. "En este sentido, los sistemas de clasificación son depositarios de los conocimientos sobre la biodiversidad, y en cuanto tal constituyen de por sí un sistema de saberes relevantes para el manejo del medio, su preservación o restauración".
Estos conocimientos - sobre variedades, formas de aprovechamiento, utilidad, ciclos, asociaciones -, transmitidos oralmente, y cuya discusión entra en conjunción con aspectos sociales, "describen con detalle relaciones y funciones ecológicas fundamentales para la explotación sustentable del medio ambiente y el equilibrio del hombre con la naturaleza". En síntesis, estos conocimientos constituyen saberes especializados sobre el medio natural, la conservación del bosque y los suelos, los ciclos agrícolas, etc.
Esta información tiene, además, una función de reloj biológico, que permite "alertar sobre enfermedades, plagas, y cambios en el medio ambiente", e identificar "ciclos ambientales mayores que llevan a que la gente tome medidas de precaución y tome decisiones que minimicen ciertos riesgos ambientales".
Dentro de este contexto, cabe destacar el elemento nutricional. Las sociedades indígenas y campesinas, a diferencia de "nuestra sociedad", basan su alimentación y actividad agrícola en un gran número de especies y variedades, tanto domesticadas como de "selva brava". Algunas variedades o especies de "selva brava" poseen una función recuperadora o protectora, en cuanto se utilizan para "mitigar malas cosechas o para recuperar nuevas variedades".
Por otra parte, diversas variedades y especies tienen usos y funciones médicas importantes, sobre las cuales estas sociedades poseen conocimientos muy precisos. En dichas comunidades, buena parte del éxito de la curación depende de la utilización de "plantas homeopáticamente semejantes a las causantes de la enfermedad".
Finalmente, hay que destacar la relación estrecha entre lo sagrado, lo espiritual y las diversas variedades vegetales. En cuanto a lo sagrado, las llamadas "plantas poderosas" (coca, tabaco, yagé, yopo, etc.) tienen una función básica en la reproducción cultural, toda vez que su consumo permite "observar" una serie de hechos y situaciones importantes para la comunidad, así como reafirmar los mitos e historias tradicionales.
Respecto de lo espiritual, muchos grupos indígenas reconocen "poderes de las plantas" que determinan una suerte de interacciones entre éstas y los humanos. "Sin duda esto es coherente con su percepción animada de la naturaleza, la que conciben como una madre o ser sagrado conformada por dueños de animales y plantas, con quien es preciso relacionarse para mantener el equilibrio y la salud de una comunidad".
Todas las culturas campesinas mantienen "diversos grados de conocimiento sobre plantas y hacen uso de ella en diferentes contextos, particularmente en las prácticas de medicina popular, y en la elaboración de diversos objetos de cultura material, los cuales en muchos casos son expresión de su propia identidad (canastos, sombreros, etc.). Con frecuencia, la farmacopea local expresa tradiciones hispanas, tanto en los sistemas clasificatorios de las plantas así como en el uso y empleo de dichas plantas con fines terapéuticos".
En torno a las cuestiones planteadas por esta pregunta, el antropólogo designado por el ICAN consideró que, "En las sociedades tradicionales, los recursos vegetales están sujetos a clasificaciones que muchas veces resultan más complejas y detalladas que las establecidas por botánicos occidentales. Es así como principios cosmogónicos generales se proyectan en esas taxonomías, haciendo de la explotación y uso de variedades vegetales una práctica coherente con la cosmovisión y la vida cotidiana, en lugar de ser ruedas sueltas o por lo menos aspectos que conscientemente no se relacionan con el resto de la dinámica sociocultural, tal como sucede entre nosotros".
Los antropólogos consultados coinciden en afirmar los efectos deletéreos que tendría sobre la supervivencia de las comunidades la imposibilidad de utilizar las prácticas y métodos tradicionales, relacionados con las especies vegetales. En este orden de ideas, el doctor R.P. y su equipo manifestaron que, "La imposibilidad de utilizar las plantas tradicionales repercute en diversos ámbitos en las sociedades indígenas así como en las comunidades campesinas, en particular en sus sistemas económico, simbólico y terapéutico", de suerte que se generaría una crisis "en su identidad cultural y (vulneraría) de forma significativa su capacidad de supervivencia física y cultural".
Un primer dilema al que se enfrentaría la comunidad al impedírsele el uso de una variedad vegetal sería la resolución de problemas agrícolas. De una parte se reduciría la oferta nutricional, lo que se traduciría en "desnutrición o en un desequilibrio en el balance de nutrición de la comunidad". Por otro lado, el sistema productivo se alteraría por la imposibilidad de utilizar aquellas variedades que incrementan la productividad de los cultivos, que los hacen resistentes a las plagas, o que inciden en funciones indirectas tales como la recuperación de suelos y la protección de otros cultivos. Así mismo, se presentaría una restricción en la utilización de variedades en la caza y la pesca. Se generarían, entonces, múltiples formas de dependencia de la economía de mercado: adquisición de productos tradicionalmente cultivados; uso de especies botánicas no aptas y la consiguiente utilización de fertilizantes y pesticidas, etc.
En el campo terapéutico, tendría lugar un problema similar, toda vez que al no poder acceder al material vegetal curativo, se reducirían las oportunidades para resolver los problemas de salud conforme a sus propios sistemas de conocimiento, con la consiguiente dependencia de la medicina occidental y sus productos. Sobre este punto, el antropólogo J.M. puso en evidencia que, "La imposibilidad de continuar ejerciendo el conocimiento y utilización de recursos botánicos por parte de comunidades tradicionales de indígenas y campesinos, trastornaría gravemente los sistemas simbólicos y las prácticas rituales, especialmente de carácter médico, por parte de curanderos y chamanes, pues en sus actividades las plantas son artículos de gran valor diagnóstico y terapéutico".
El antropólogo R.P. y sus colaboradores consideran que, "Las sociedades indígenas poseen diversos mecanismos de regulación del uso de las variedades vegetales, los cuales definen derechos, condiciones de siembra, preparación, consumo, mecanismos de transmisión, etc. Los miembros de una comunidad pueden identificar una planta y conocer sus usos, pero ello no significa que la utilicen si no están dadas las condiciones físicas (dietas), sociales (edad, sexo), prácticas (sic) o legales que permitan y justifiquen su uso". De su lado, el doctor J.M. anota que, "Las comunidades indígenas tradicionales han establecido controles y regulaciones para el acceso a recursos vegetales (y naturales en general) las cuales se inscriben dentro del sistema de cosmovisión particular de los grupos étnicos".
Así, por ejemplo, existen variedades cuyo uso está condicionado a la autorización que otorgue "el dueño espiritual". En otras ocasiones, algunas comunidades se especializan "en recoger, cultivar y preparar ciertos productos, y asumen su difusión a otros grupos", como acontece con el curare, o con los curanderos populares del piedemonte colombiano. Es de resaltar que éstos "poseen verdaderos huertos medicinales, donde preservan la biodiversidad del bosque".
En el concepto del antropólogo designado por el ICAN, se precisa este punto en relación con las comunidades campesinas: "Entre grupos campesinos, tales regulaciones no presentan la misma eficacia", como quiera que han introducido costumbres más cercanas a la cultura urbana. En todo caso, algunas comunidades, ya sea por iniciativa propia o por la acción estatal, han "implementado condiciones para regular el acceso y uso de recursos naturales".
Para R.P. lo anterior permite colegir que, en estas comunidades, "el conocimiento y uso de variedades vegetales no sólo es fundamental en todas sus actividades socioeconómicas, culturales y religiosas, sino que forma parte de una estrategia cultural de utilización y preservación de la biodiversidad". Por su parte, J.M. señala que, en caso de presentarse una restricción en el acceso a las variedades vegetales, "se presentarían alteraciones considerables en los sistemas de cooperación en el trabajo, utilizados tradicionalmente por la gente. Habida sustracción de materia para continuar las redes de donaciones y reciprocidades generalizada y balanceada existentes en muchas localidades negras que sustentan la armonía social intra e intercomunitaria". Igualmente, los principios taxonómicos basados en dos ejes -frío-caliente y masculino-femenino- resultan fundamentales para la cosmovisión de estas comunidades, y se proyectan en la actividad cotidiana. Por ello, en el plano ideológico, la imposibilidad de acceder a ciertos recursos puede inhibir la expresión de los mencionados principios.
El antropólogo designado por el ICAN anota que, "Las regulaciones sobre uso de variedades vegetales hacen parte de los sistemas de propiedad, los cuales en las comunidades afrocolombianas del Pacífico trascienden la de carácter privado pues junto a ella surge la propiedad de tierras por grupos de descendencia que imparten normas tradicionales acumuladas oralmente a través de generaciones. De tal manera, muchas especies sólo podrán ser utilizadas por miembros del grupo (linaje, ramaje) que poseen tierra donde se hallan tales recursos. Pero también dan permiso y concesiones especiales a personas de otros segmentos para prolongar la dinámica de alianza y colaboración entre las diversas comunidades".
En suma - señala R.P. -, "el conocimiento y uso que los pueblos indígenas, campesinos y afrocolombianos tienen de las variedades vegetales forma parte fundamental del concepto de biodiversidad; aquellos son, sin duda, uno de nuestros principales componentes del patrimonio biológico y cultural de Colombia. La imposibilidad de utilizarlas -ya sea por pérdida de conocimiento, desuso, desaparición física de las especies por razones ambientales, o por su despojo mediante otros mecanismos (económicos, científicos, etc.) tiene consecuencias muy graves para las sociedades indígenas, campesinas y negras del país, tanto en el orden económico, cultural, social y ambiental. El fortalecimiento del conocimiento y uso de las variedades vegetales posibilita a dichas comunidades nuevos esquemas de solución a los graves retos que enfrentan; y propicia la posibilidad de que otros colombianos y la Humanidad se puedan beneficiar de los profundos conocimientos que las sociedades en cuestión poseen sobre una naturaleza apenas conocida por la "ciencia", pero bajo un marco de reglas de equidad y justicia hacia quienes tienen y practican esos saberes".
Intervención del Ministerio de Agricultura
El trámite de la ley se ajustó a los parámetros constitucionales, toda vez que el Gobierno presentó el respectivo proyecto de ley a la Comisión Segunda del Senado (C.P. art. 154), luego de lo cual se cumplió el trámite contemplado en la Carta (art. 157 de la C.P.), con sujeción a los términos que ésta prevé (art. 160 de la C.P.).
Desde el punto de vista material, el Convenio en cuestión no desconoce norma constitucional alguna. En efecto, el objetivo del instrumento es "reconocer y garantizar un derecho al obtentor de una variedad vegetal, dada la importancia que ello reviste para el desarrollo de la agricultura", de suerte que se requiera autorización de éste para producir la variedad con fines comerciales y para la puesta en venta y comercialización del material de reproducción o multiplicación vegetativa de la misma.
Por último, la participación del país en el Convenio, genera una serie de ventajas en materia de competitividad internacional, toda vez que estimula la actividad de mejoramiento de las especies cultivadas en el país, ya sea a través del desarrollo de la investigación nacional o por intermedio de transferencia tecnológica. Estos elementos redundan en la inserción de Colombia en el contexto internacional y facilitan "las negociaciones con terceros países a nivel del G3, MERCOSUR, NAFTA Y GATT".
El Ministerio del Medio Ambiente, por intermedio de su apoderada L.A.M.C., solicita a la Corte que declare exequible el Convenio UPOV y la Ley 243 de 1995. La representante judicial de la nación, funda su intervención en los siguientes argumentos.
La biodiversidad puede entenderse en varios sentidos. Uno de ellos comprende "la multiplicidad potencial o real de insumos para las industrias farmacéutica, cosmética y agroalimentaria". Sin embargo, junto a los distintos aspectos que conforman la definición del concepto de biodiversidad, deben considerarse elementos de orden intangible tales como "los conocimientos tradicionales, empíricos, tecnológicos y científicos y la capacidad intelectual de transformación de un recurso en otro con un fin determinado. Todo esto hace parte de la riqueza nacional y su puesta en movimiento conforma, de alguna forma, el universo de la cultura. De ahí la importancia de su conservación y de la protección de quienes contribuyen, con sus descubrimientos, al posicionamiento del país en la comunidad internacional".
Desde el punto de vista del contenido del Convenio, deben considerarse cuatro aspectos de importancia.
"Al proteger los derechos de propiedad intelectual y, por ende, económicos, de los obtentores de variedades vegetales, apunta, de una manera directa, a promover y estimular el trabajo tanto de los grandes y pequeños agricultores preocupados por lograr mejores productos, como de los investigadores de innovaciones tecnológicas que toman como materia prima nuestros recursos naturales vegetales para contribuir a la solución de los problemas que aquejan los procesos alimentarios y agropecuarios y, en general, a los que tienen que ver con la calidad de vida".
Por otra parte, el Convenio constituye "una garantía adicional con la que va a contar nuestro país para proteger sus riquezas culturales y naturales", de suerte que se desarrolla el artículo 8° de la Carta. Así mismo, las facultades que se reconocen a cada Estado para restringir la aplicación del Convenio a ciertas variedades y para limitar - por razones de interés común - los derechos del obtentor, además de respetar la soberanía nacional, garantizan herramientas para la planificación del uso de los recursos naturales (C.P. art. 80), para la protección del medio ambiente (art. 79 de la C.P.) y para la internacionalización de las relaciones ecológicas de Colombia (C.P., artículo 226).
Para concluir su intervención, la doctora L.A.M. anota que, "el reconocimiento de la propiedad intelectual de los obtentores de variedades vegetales de un país que, como el nuestro, cuenta con una riqueza inimaginable en recursos naturales y que, como tal, es susceptible de lograr innumerables innovaciones encaminadas a promover el desarrollo sostenible".
Intervención conjunta de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior
El señor Viceministro de Relaciones Exteriores, C.R.R., encargado de las funciones del Despacho, y el Ministro de Comercio Exterior, M.H.M., presentan escrito conjunto, en el que solicitan la declaratoria de exequibilidad del Convenio y de su Ley Aprobatoria.
Los ministros intervinientes manifiestan que la protección a los obtentores de variedades vegetales tiene como finalidad la reducción de los factores de distorsión en el comercio mundial, a fin de facilitar el comercio entre zonas agroecológicas similares, sin temor a que en uno y otro Estado se aprovechen, de manera indebida, las innovaciones logradas por el socio comercial. UPOV 78 contribuye a eliminar este tipo de temores al brindar igual protección a nacionales y extranjeros.
Por otra parte, el Tratado constitutivo de la Organización Mundial del Comercio incluyó un acuerdo sobre propiedad intelectual, en materias relativas al comercio internacional, denominado Acuerdo TRIPS. Con el fin de proteger las variedades vegetales, esta norma obliga a los estados miembros a adoptar, antes del 1° de enero del año 2000, un régimen sui generis, un régimen de patentes o, una combinacion de ambos. Si bien es posible que cada país diseñe su propio régimen, ello no contribuiría al propósito de "reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos del mismo". La práctica indica que los socios comerciales desean saber si un país es parte o no de UPOV, no si cuentan con un sistema propio de protección.
En opinión de los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, diversas razones justifican la constitucionalidad del Convenio. Ante todo, es necesario destacar que UPOV constituye un mecanismo para atender uno de los principios primordiales del derecho internacional: la cooperación internacional. En efecto, la Resolución 2625 (XXV), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 24 de octubre de 1970, relativa a los Principios del Derecho Internacional, dispone que:
"Los Estados tienen el deber de cooperar entre sí, independientemente de las diferencias en sus sistemas políticos, económicos y sociales, en la diversas esferas de las relaciones internacionales, a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales y de promover la estabilidad y el progreso de la economía mundial, el bienestar general de las naciones y la cooperación internacional libre de toda discriminación basada en esas diferencias".
Afirman los ministros que, "Como puede apreciarse (...), esos principios de derecho internacional público relativos a la cooperación internacional y a la reciprocidad entre Estados son reiterados en el instrumento Internacional objeto de examen, y así mismo su contenido permite que el Estado colombiano persiga su deber de promover sobre la base de la conveniencia nacional la internacionalización de sus relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas".
En cuanto a los compromisos que adquiere Colombia en virtud de la adhesión a UPOV 78 - señalan los representantes de la nación -, el objeto principal del Convenio es "reconocer y garantizar un derecho al obtentor de una variedad nueva", con base en ciertos parámetros comunes (variedades protegidas; condiciones de homogeneidad, distinguibilidad, novedad y estabilidad para otorgar el derecho; duración y alcance del derecho), que buscan extender la protección al mayor número posible de géneros y especies.
Por último, los ministros intervinientes señalan que la protección que se otorga a los obtentores de variedades vegetales, a través de UPOV, constituye un mecanismo de fomento de las investigaciones y la tecnología colombianas, a fin de que éstas se orienten hacia la creación de variedades más productivas. Lo anterior se aprecia al tomar en cuenta que "la experiencia ha demostrado que la falta de compensaciones adecuadas o de regalías pueden convertirse en factores que desestimulan el trabajo de los investigadores y el intercambio entre países de nuevas variedades". Además, es necesario contar con instrumentos para proteger internacionalmente las cerca de 400 variedades de vegetales obtenidas en Colombia.
La ciudadana C.S.V. intervino para solicitar la exequibilidad del instrumento internacional objeto de revisión.
En su opinión, la "protección (que se concede al obtentor) constituye no sólo un reconocimiento al hecho de que la nueva variedad vegetal, por ser el producto del conocimiento y del trabajo debe gozar de los derechos que la Constitución le otorga a la propiedad intelectual, sino que también constituye un reconocimiento y un incentivo a la labor de los obtentores, teniendo en cuenta la importancia que esta actividad reviste en el desarrollo de la agricultura, de la ciencias y de la tecnología en general". Lo anterior permite concluir que UPOV 78 desarrolla los artículos 25 (derecho al trabajo), 61 (protección de la propiedad intelectual), 65 (fomento y protección de la actividad agropecuaria), 70 (garantía de fomento, promoción, protección y acceso a la cultura) y 71 (búsqueda de conocimiento y expresión artística) de la Constitución colombiana.
En cuanto a las variedades protegidas por UPOV, la ciudadana manifiesta que se circunscriben a aquellas especies "nuevas que han sido obtenidas después de una labor de investigación y de aplicación del conocimiento humano", excluyéndose las variedades silvestres. En igual sentido se expidió la Decisión 345 de la Junta del Acuerdo de Cartagena y el Decreto 533 de 1994. Por otra parte, únicamente se incluyen las invenciones, en la medida que los descubrimientos y todo lo relativo a los procesos esencialmente biológicos, la biodiversidad y los recursos fitogenéticos naturales se rigen por otras normas, y son patrimonio nacional, conforme lo estipula el "Acuerdo de Río de Janeiro de 1992". En este orden de ideas, los artículos 80 y 81 de la Carta, que disponen la competencia del Estado para definir el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, quedan a salvo.
Señala la interviniente que, "Igualmente, debe tenerse en cuenta que este Convenio garantiza los derechos del agricultor. A este respecto, el artículo 26 de la decisión Nº 345 de 1993 prevé que no lesiona el derecho del obtentor quien reserve y siembre para su propio uso o venda como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida. Unicamente el Convenio de la UPOV somete a la autorización previa del obtentor la producción con fines comerciales, la puesta en venta y la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa en su calidad de tal de la variedad. De esta manera impide el abuso del derecho del agricultor en deterioro del derecho que le asiste al obtentor de autorizar el mismo y de acuerdo con las condiciones que señale la producción con fines comerciales de la nueva variedad o la comercialización del material de reproducción".
A continuación, la ciudadana C.S. agrega que, "El convenio de la UPOV protege al obtentor de la nueva variedad con independencia del origen artificial o natural de la variedad inicial que dio origen a la misma, sin que por ello se desvirtúe el nivel inventivo de dicha obtención. Debe tenerse en cuenta que el Convenio de la UPOV exige que la nueva variedad haya sido el resultado de la utilización de métodos genéticos aplicados a la variedad inicial y que ésta se distinga claramente" de otra variedad notoria. Es decir, se impone "la presencia de un nivel inventivo en la obtención de la nueva variedad".
En cuanto a la notoriedad, el artículo 6° del Convenio dispone que ella se puede establecer por varios mecanismos como "cultivo o comercialización ya en curso, inscripción efectuada o en trámite en un registro oficial de variedades, presencia en una colección de referencia o descripción precisa en una publicación". De acuerdo con lo anterior, las comunidades indígenas y campesinas podrán alegar como notoria una variedad vegetal tradicionalmente utilizada "siempre y cuando dicha variedad hubiera sido cultivada o comercializada por dicha comunidad". "En consecuencia, el Convenio de la UPOV, permite a las comunidades indígenas y Campesinas Colombianas que después de procesos de selección y de investigación hayan logrado una nueva variedad vegetal, impedir el registro de una nueva variedad que no difiera esencialmente de la variedad vegetal que haya sido cultivada o comercializada por la comunidad indígena o Campesina".
En opinión del señor P. General de la Nación, "el instrumento público que se revisa en esta oportunidad, (presenta) una serie de circunstancias especiales que ameritan un fallo inhibitorio por parte de ese Máximo Tribunal". El concepto fiscal basa el aserto anterior en los siguientes argumentos:
La Corte es competente para conocer del proceso de la referencia de acuerdo con lo estipulado en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Corporación que Colombia actuó como observador en la conferencia que produjo el Acta de UPOV de 1978. Sin embargo, no participó en su negociación y, por lo tanto, solicitó al Consejo de la Unión que autorizara su adhesión.
La Ley 243 de 1995 fue aprobada por el Congreso de la República mediante el siguiente trámite:
La ponencia para primer debate fue publicada en la Gaceta del Congreso N° 311, del 29 de septiembre de 1995, y aprobada en debate conjunto de las comisiones segundas de ambas cámaras, el día 27 de Septiembre de 1995. A esta sesión, se hicieron presentes 11 de los 13 miembros de la Comisión II del Senado, quienes aprobaron unánimemente el Proyecto de Ley, como consta en Certificación expedida el S. General de la Comisión II. Los 16 representantes de la Comisión II de la Cámara aprobaron por unanimidad el Proyecto de Ley N° 123/95, según consta en la certificación expedida por el S. General de la Comisión II de la Cámara de Representantes.
La ponencia para segundo debate en el Senado fue publicada en la Gaceta del Congreso N° 325, de octubre 10 de 1995, y aprobada unánimemente por los 87 senadores presentes en la sesión plenaria del 18 de octubre de 1995, como consta en el Acta N° 20, de octubre 18 de 1995, publicada en la Gaceta del Congreso N° 340, del 20 de octubre de 1995, y en la certificación remitida por el S. General del Senado de la República.
La ponencia para segundo debate en la Cámara se publicó en la Gaceta del Congreso N° 314, de septiembre 29 de 1995, la cual fue aprobada, en sesión plenaria de noviembre 14 de 1995, con una votación de 141 votos a favor, según consta en el Acta publicada en la Gaceta del Congreso N° 430, del 29 de noviembre de 1995, y en la certificación expedida por el S. General de la Cámara de Representantes.
Por razones metodológicas y para facilitar su análisis, el Convenio se ha dividido en cuatro partes. La división del Tratado se ha efectuado mediante la agrupación del articulado según materias afines.
4.2. El segundo grupo regula el régimen de protección, y comprende las disposiciones contenidas en los artículos 2 a 14 y 38. En ellas se establecen los siguientes principios generales: (1) la existencia de un único mecanismo de protección, bien sea a través de un título de protección particular o por medio de una patente (artículo 2-1); (2) la posibilidad de determinar - por parte de cada Estado de la Unión - que la protección se limite a aquellas especies que tengan sistemas particulares de reproducción o multiplicación, o a aquellas que tengan determinada utilización final (artículo 2-2); y, (3) el principio de "trato nacional", conforme al cual los Estados de la unión otorgarán, a los nacionales de otros Estados, la misma protección de que gozan sus nacionales, en materia de protección a los derechos de los obtentores (artículo 3°).
El artículo 15 establece que existen dos órganos: el Consejo y la Secretaría General. El primero está conformado por un representante de cada Estado Miembro (artículo 16), tendrá un P. y un V. primero al que le corresponde suplir al Presidente (artículo 18), se reunirá ordinariamente una vez al año (artículo 19) y establecerá su propio reglamento y régimen financiero (artículo 20). Entre sus atribuciones se encuentran la de estudiar medidas en favor del desarrollo de la Unión; la de nombrar al S. General; la de elaborar y aprobar los programas de trabajo y el presupuesto; la de fijar el lugar para la celebración de conferencias con el objeto de revisar el Convenio; y, la de dictar las directrices para que el S. ejerza sus funciones (artículo 21). Las decisiones del Consejo se adoptan por mayoría, salvo cuando se trate de materias relacionadas con el mínimo de géneros y especies que un Estado programe proteger, el reglamento del Consejo, el presupuesto, la autorización de voto para el Estado que no ha cumplido con sus contribuciones para el sostenimiento de la Unión, la convocatoria a una conferencia para revisar el Convenio y los idiomas de la Unión, las cuales requieren mayoría cualificada (artículo 22). A las sesiones del Consejo podrán asistir Estados no miembros o expertos, en calidad de observadores (artículo 17).
A las puertas del nuevo milenio, la humanidad se encuentra frente a una tensión que plantea una disyuntiva determinante para el futuro económico y ecológico del mundo: el logro de cada vez mayores niveles de desarrollo económico frente a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, de cuya explotación depende, en gran medida, la consecución de índices aceptables de crecimiento. Sin embargo, en los últimos tiempos, las disciplinas que se ocupan de los problemas del desarrollo han elaborado un concepto que busca compatibilizar ambos extremos de la tensión planteada. La noción de desarrollo sostenible aparece así como un modelo de desarrollo que integra, como una de sus principales variables, al medio ambiente y la protección de los recursos naturales, con el objeto de lograr niveles adecuados de crecimiento económico, sin comprometer el bienestar de las generaciones del futuro.
El Constituyente de 1991, consciente de esta problemática, consagró la noción de desarrollo sostenible como una de las directrices básicas de la planeación y la intervención económicas (C.P. artículos 8°, 95-8, 80 y 334). Por su parte, la Corte Constitucional ha precisado el alcance de este concepto en los siguientes términos:
"Un análisis de las normas constitucionales antes mencionadas, determina la configuración del concepto de desarrollo sostenible en un doble sentido. Por una parte, opera como una norma programática, esto es, como un mandato que ordena que algo sea realizado en la mayor medida dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas existentes. Es así como el desarrollo sostenible se convierte en un objetivo deseable a lograr por parte de las autoridades públicas a través de dos instrumentos fundamentales: la planeación y la dirección general de la economía por parte del Estado. Ninguno de estos dos mecanismos asegura, per se, una realización completa del fin deseado, pero sí obliga al sector público a hacer todos los esfuerzos necesarios para el logro de su máxima efectividad. Por otra parte, el concepto de desarrollo sostenible opera como un límite a las actividades de explotación o aprovechamiento de los recursos naturales en la medida en que tales actividades son constitucionalmente lícitas siempre y cuando se asegure el derecho de las generaciones futuras a seguir disfrutando de los recursos explotados Sentencia C-137/96. MP. E.C.M..".
Una de las principales aplicaciones de la noción de desarrollo sostenible se relaciona con la preservación de los recursos fitogenéticos, ésto es, el material a partir del cual se reproducen o propagan las especies vegetales, entre ellas las que contribuyen, directamente, a la alimentación y seguridad alimentaria de las poblaciones humanas. Dentro de éste marco, y habida cuenta de los diversos problemas sociales y ambientales del fin de siglo, el logro de una capacidad productiva que garantice la satisfacción de las necesidades alimenticias y nutricionales de la población surge como un reto que el desarrollo sostenible debe de resolver: ¿Cómo atender - de manera sostenible - la alimentación de una población creciente, con recursos naturales cada vez menos abundantes?.
La protección del delicado equilibrio de estos recursos naturales, así como la conservación de la seguridad alimentaria, han dado lugar al desarrollo de un área de la biotecnología que busca el mejoramiento de las especies vegetales existentes, con el fin de lograr índices mayores de productividad agropecuaria, conocida con el nombre de actividad fitomejoradora. La implementación de programas y políticas tendentes a fortalecer y desarrollar este tipo de actividades encuentra claro fundamento en las disposiciones del artículo 65 de la Carta Política, el cual contempla la especial protección de la producción alimentaria, a través del otorgamiento de "prioridad al desarrollo integral de actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales" y la promoción de "la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad". Dada la necesidad de proteger los recursos naturales y genéticos, la actividad fitomejoradora debe orientarse hacia la utilización sostenible de los mencionados recursos (C.P. artículos 80 y 334; Convenio sobre la Diversidad Biológica - Ley 162 de 1994 -, artículo 2°, numerales 2° y 17) y su regulación ha de quedar sometida a las disposiciones que adopte el Estado de acuerdo con el interés nacional (C.P., artículo 81, inciso 2°).
Las modernas actividades de mejoramiento o modificación vegetal requieren de cuantiosas inversiones de infraestructura, tiempo y conocimiento, que deben ser adecuadamente protegidos. La ausencia de protección puede llegar a incidir en forma negativa sobre el desarrollo y la promoción de estas formas de investigación científica y conducir a una reducción de los resultados que, en materia de mejoramiento de las especies vegetales, requiere el mundo contemporáneo para hacer frente a las carencias alimentarias de las distintas poblaciones. Dos autorizados expertos en estas materias señalan el fundamento de la protección que debe otorgarse a las obtenciones de nuevas especies vegetales que se logren a través de las actividades fitomejoradoras:
"El avance de las actividades de investigación, el fortalecimiento de las labores de transferencia y la mayor competencia en la oferta de semillas mejoradas a los agricultores colombianos requería, igualmente, que se protegieran los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados de investigación en el campo del mejoramiento genético. El hecho de que en Colombia no existiera legislación al respecto desestimulaba al sector privado a invertir recursos en investigación en este terreno, y desincentivaba, por lo tanto, a los investigadores que trabajaban en fitomejoramiento. Así mismo, las variedades desarrolladas por el ICA y otras entidades no contaban con suficiente difusión, dado que nadie estaba dispuesto a invertir dinero en abrir mercado y comercializar nuevos productos, que luego cualquier competidor podía vender sin haber realizado las inversiones iniciales requeridas para posicionar la semilla en el mercado.
Más aún, diversas variedades obtenidas en el país eran, después de probadas y difundidas en el mercado nacional, comercializadas en otras naciones, sin que en Colombia recibieran alguna retribución. En general, a las entidades públicas de investigación, y a sus científicos, no les estaba reportando ninguna gratificación la labor desarrollada en esta materia, y eran terceros, que ningún esfuerzo habían hecho, los que se beneficiaban económicamente de los resultados" O., J.A. y P., Santiago, El Giro de la Política Agropecuaria, Santa Fe de Bogotá, Tercer Mundo, FONADE, DNP, 1995. (C. del texto y negrillas de la Corte).
Como lo señalan los antropólogos R.P. (Universidad de los Andes) y J.M. (ICAN) en las respectivas respuestas al cuestionario sometido a su consideración por el Magistrado Sustanciador, las distintas comunidades étnicas se relacionan con el entorno que las rodea de acuerdo con sus específicas cosmovisiones. Las comunidades indígenas como las negras y las campesinas desarrollan particulares formas de interrelación con el medio ambiente y los recursos naturales. Como consecuencia de esta relación, estos grupos han desarrollado una serie de conocimientos y prácticas de carácter tradicional, transmitidos ancestralmente por vía oral, tendentes a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales. La importancia de estas formas tradicionales de producción es de tal magnitud que, como lo afirman los antropólogos P. y M., la supervivencia de los grupos étnicos depende de que estas prácticas persistan sin ser modificadas por influencias externas. De igual forma, se ha anotado que la protección de la biodiversidad ha sido posible, en gran medida, gracias a la acción sostenible de las culturas minoritarias sobre los recursos naturales (Convenio sobre la Diversidad Biológica - Ley 162 de 1994 -, artículo 8°, literal j). En torno a este punto la Corte ha afirmado:
"La importancia de estas prácticas autóctonas es de tal grado que se ha afirmado que las necesidades de un 80% de la población del mundo, así como el suministro de alimentos de cerca de la mitad de los habitantes de la Tierra, depende del conocimiento y plantaciones indígenas. Lo anterior ha determinado la necesidad de relacionar la noción de desarrollo sostenible con el reconocimiento y la importancia de la diversidad cultural especialmente en cuanto se refiere a las diversas formas de relación entre el hombre y la naturaleza. De este modo, se concluye que la protección de la biodiversidad depende, en gran medida, de la preservación de las prácticas tradicionales a través de las cuales una determinada cultura se relaciona con los recursos biológicos a los que accede Sentencia C-137/96. MP. E.C.M..".
De los artículos 7°, 70, 72, 330 - parágrafo - y 55 transitorio de la Carta Política y de la Ley 70 de 1993, se deriva la especial protección a que están sujetas las mencionadas prácticas y conocimientos tradicionales de los grupos étnicos, como parte integrante del patrimonio cultural de la nación colombiana y conformadores de la identidad nacional. Esta Corporación ha manifestado, alrededor de este asunto, que:
"De acuerdo con lo anterior, las distintas maneras en que las comunidades étnicas se relacionan con el medio ambiente y que determinan prácticas tradicionales de explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, deben considerarse como una particular forma de manifestación cultural y de creación de la identidad nacional. Por este motivo, tales prácticas forman parte del patrimonio cultural de la nación y, en esa medida, son bienes culturales - conformadores de la identidad nacional - inalienables, inembargables e imprescriptibles, sujetos a la protección del Estado (C.P. artículo 72) Sentencia C-137/96. MP. E.C.M..".
La forma de interacción de las comunidades étnicas con los recursos naturales implica que, en ocasiones, no sea admisible la idea de una apropiación individual, comercial y excluyente de las variedades vegetales obtenidas a través de la gestión cultural. Incluso, el reconocimiento de formas tradicionales "occidentales" de propiedad, - que suelen traducirse en el otorgamiento de un derecho de uso individual y exclusivo -, sobre las especies vegetales que los grupos étnicos explotan a través de métodos tradicionales de producción, podría conducir a las consecuencias negativas que se ponen de presente en los conceptos de los dos antropólogos consultados (desintegración cultural, desnutrición, hambrunas, insatisfacción de las necesidades médicas y de salud, y en general la amenaza a la supervivencia de la étnia).
El Convenio bajo estudio reconoce, dentro de los lineamientos generales establecidos, la potestad del Estado colombiano para regular el régimen de propiedad intelectual en materia de obtenciones vegetales. Nada en el citado Convenio impide el reconocimiento de la propiedad colectiva de las minorías étnicas y culturales respecto de las variedades vegetales que hubieren obtenido a través de sus prácticas y conocimientos tradicionales.
El artículo 6 del Convenio bajo estudio establece, como uno de los requisitos necesarios para gozar de los derechos de obtentor, que la variedad vegetal sobre la que se pretende obtener tales derechos pueda distinguirse claramente, por uno o varios caracteres importantes, de cualquier otra variedad, cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento en que se solicite la protección. Añade que la notoriedad puede ser demostrada a través de distintas referencias, una de las cuales es el cultivo o la comercialización de la variedad en el momento de presentación de la solicitud. A su turno el artículo 7 señala que cada Estado concederá la protección previo examen de la variedad en función de los criterios definidos en el artículo 6.
En las disposiciones contenidas en el Preámbulo y el artículo 1° del Convenio se hace explícita la importancia de proteger las obtenciones vegetales, con el fin de promover el desarrollo de la agricultura y salvaguardar los derechos de los obtentores. De igual manera se establece que el objetivo expreso e inmediato del Tratado consiste en "reconocer y garantizar un derecho al obtentor de una variedad vegetal nueva o a su causahabiente". Por su lado, el artículo 2° determina que el reconocimiento del derecho antes mencionado debe hacerse a través del sistema de patentes o de un "título de protección particular". En caso de que la legislación interna de un Estado-Parte admita ambos tipos de protección, deberá aplicarse una sola. En este orden de ideas, el artículo 37 del Convenio busca hacer efectiva el sistema de protección único que se pretende establecer en el ya mencionado artículo 2°.
El artículo 3° del Tratado consagra el principio del trato nacional, según el cual cada Estado-Parte en el Convenio otorgará a los naturales de otros estados el mismo trato jurídico que concede a sus nacionales. El artículo 11 del Convenio desarrolla el principio, consagrando la posibilidad de presentar la primera solicitud de protección en cualquiera de los países miembros de la Unión. El principio del trato nacional se constituye en un desarrollo lógico de la reciprocidad en materia internacional, en la que se debe fundar, por expreso mandato constitucional, la suscripción de tratados internacionales por parte del Gobierno colombiano (C.P., artículo 150-16) y la internacionalización de sus relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas (C.P., artículo 226). Por otra parte, la consagración del mencionado principio del trato nacional respeta y se ajusta a la disposición del artículo 100 de la Carta Política, según la cual "los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos". Con ésto se garantiza que, de la aplicación del Convenio, no surgirán tratamientos discriminatorios entre nacionales colombianos y extranjeros, violatorios del principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución.
El artículo 4° del Convenio dispone que todas las especies y géneros pueden ser objeto de protección. De igual forma, contempla un calendario conforme al cual el Estado contratante se compromete a incrementar, paulatinamente, el número de especies y géneros efectivamente protegidos. A su turno, los artículos 5° y 8° del Convenio consagran los derechos protegidos y el ámbito y duración de la protección. El derecho que se reconoce al obtentor consiste en el sometimiento a su autorización previa de la "(1) la producción con fines comerciales del material de reproducción o de multiplicación vegetativa (la autorización no se requiere para la producción de este tipo que no esté destinada a la comercialización, por ejemplo, en el caso de semillas de granja); (2) la puesta a la venta del material de reproducción o de multiplicación; (3) la comercialización de ese material; (4) el empleo repetido de la variedad para la producción comercial de otra variedad; y, (5) la utilización comercial de plantas ornamentales o de partes de esas plantas como material de multiplicación para la producción de plantas ornamentales o de flores cortadas" Documento de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales -UPOV-, Publicación de la UPOV N° 408 (S), Ginebra , 1993.. Según dispone el numeral 2° del artículo 5°, no se requerirá autorización del titular cuando la variedad por él obtenida vaya a ser utilizada como "origen inicial de variación con vistas a la creación de otras variedades, ni para la comercialización de éstas". A tenor de lo establecido en el artículo 5°, numeral 3°, del Tratado, los Estados parte podrán conceder a los obtentores un derecho más amplio - extensible especialmente hasta el producto comercializado - para ciertos géneros o especies. Por último, el artículo 8° establece que la protección no podrá ser inferior a 15 años, como regla general, y a 18 años en el caso de los árboles de diversa índole.
"En cuanto al tiempo, la razón de ser de la limitación no es otra que la función social de la propiedad privada, consagrada en los artículos 58 y 2° inciso segundo de la Carta. En efecto, la doctrina coincide en afirmar que una creación del espíritu que beneficie la cultura de un pueblo es algo que involucra simultáneamente derechos del creador como los derechos de la comunidad. Tanto a nivel tecnológico como artístico, un nuevo aporte nunca es un fenómeno individual. De allí que el derecho de propiedad sobre dichos aportes no sea intemporal sino que, por un fenómeno convencional de transacción entre el mínimo que exige el goce exclusivo y el máximo de difusión que la comunidad exige, se fija discrecionalmente por el legislador el término razonable al cabo del cual el derecho individual de propiedad se extingue. La temporalidad del derecho intelectual busca finalmente resolver la tensión que existe entre el interés privado y el interés público Sentencia C-334/93. MP. A.M.C..".
En los artículos 6°, 7°, 13 y 38 del Tratado se definen los requisitos que deben reunir los géneros y especies vegetales susceptibles de protección, la forma de verificar estos requisitos y la denominación que debe otorgarse a la variedad una vez reconocido el respectivo derecho.
Según voces del artículo 9° del Acuerdo bajo examen, el derecho concedido al obtentor sólo podrá ser limitado por razones de interés público. Si la limitación se impone con la finalidad de asegurar la difusión de la variedad, el Estado que la practique deberá adoptar las medidas necesarias para que el obtentor reciba una remuneración equitativa.
El derecho de prioridad, consagrado en el artículo 12 del Tratado, otorga un plazo prudencial para que el obtentor presente solicitudes en cada Estado de la Unión, con el fin de garantizar que, una vez presentada su solicitud, ninguna persona pueda pretender protección alguna sobre esa misma variedad.
Según el artículo 14 del Tratado, las medidas de protección a los obtentores que éste consagra son independientes de las normas internas que los Estados-Parte expidan en relación con la producción, certificación y comercialización de semillas y de plantones, las cuales, en cualquier caso, no deberán obstaculizar la aplicación de las normas del Convenio.
Los artículos 15 a 26 del Convenio regulan todos los aspectos relativos a la integración y funciones de los órganos de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales y sus mecanismos de financiación. Los distintos puntos regulados por los artículos mencionados son los siguientes: órganos de la Unión; composición del Consejo y número de votos; admisión de observadores en las reuniones del Consejo; Presidente Y Vicepresidentes del Consejo; sesiones del Consejo; Reglamento del Consejo; atribuciones del Consejo; mayorías en el Consejo; atribuciones de la oficina de la Unión; estatuto jurídico; verificación de cuentas; y, finanzas.
Este grupo de artículos regulan diversos aspectos relativos a la revisión del Convenio (artículo 27); los idiomas de la Unión y del texto del Tratado (artículos 28 y 42); la suscripción de acuerdos especiales entre países miembros para la protección de obtenciones vegetales (artículo 29); la aplicación del Convenio a nivel nacional (artículo 30); la firma (artículo 31); los mecanismos de ratificación, aprobación y adhesión (artículo 32); entrada en vigor (artículo 33); relaciones entre Estados obligados por textos diferentes (artículo 34); comunicaciones relativas a especies y géneros protegidos (artículo 35); aplicación del tratado en el territorio del estado parte (artículo 36); mantenimiento de derechos adquiridos (artículo 39); reservas (artículo 40); y, duración y denuncia del Convenio (artículo 41).
Como quiera que dentro del acuerdo subregional andino se han expedido normas sobre protección a obtentores vegetales, existe la posibilidad de un eventual conflicto entre las normas del Convenio que se revisa y las de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Resta a la Corte analizar la solicitud de inhibición planteada por el procurador General en el concepto de rigor. Según la vista fiscal, en el caso que se estudia se presenta el fenómeno de sustracción de materia dado que, a su juicio, ya no resulta posible efectuar el procedimiento de adhesión al Convenio objeto de revisión. Funda su aserto, en el hecho de que el artículo 37 de la versión del Acta de UPOV 1991 dispuso que los países en desarrollo podían adherir al Acta de 1978, siempre y cuando tal acto tuviera lugar antes del 31 de diciembre de 1995.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45968 de 4 de Febrero de 2010
Sentencia nº 05001-23-31-000-2008-01135-01 de Consejo de Estado - Sección Quinta, de 11 de Diciembre de 2008
Sentencia nº 25000-23-41-000-2015-00155-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Primera, de 31 de Agosto de 2015

References: Artículo 2
 Artículo 13
 Artículo 23
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 8
 Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 36
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 241
 Resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 8
 artículo 226
sui generis
 Resolución 
 artículo 26
 decisión Nº 
 artículo 6
 artículo 241
 artículo 15
 artículo 65
 artículo 2
 artículo 81
 artículo 8
 artículo 72
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 37
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 150
 artículo 226
 artículo 100
 artículo 13
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 37