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Timestamp: 2019-10-20 20:35:50+00:00

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Artículo 3 Permanencia en el extranjero
Artículo 6 Devengo y pago de la prestación económica
Artículo 8 Causas de extinción del derecho a la prestación económica
Artículo 9 Caducidad del derecho al cobro
CAPÍTULO II. Procedimiento para el reconocimiento de la prestación económica
Artículo 10 Iniciación y documentación preceptiva
Artículo 12 Lugar de presentación de la solicitud
Artículo 14 Resolución y plazo
Artículo 15 Desistimiento y caducidad
Artículo 17 Abono de las mensualidades devengadas y no percibidas
Artículo 18 Comprobación del cumplimiento de los requisitos y reintegro de las cantidades indebidamente percibidas
1. Para ser beneficiarios de esta prestación es preciso reunir los siguientes requisitos:
a) Haber sido español de origen en el período temporal señalado en la letra b) de este apartado.
b) Haber sido desplazado al extranjero en el período comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1939, siendo menor de 23 años de edad, como consecuencia de la Guerra Civil española, conforme a las disposiciones del Código Civil vigentes en el período temporal considerado.
c) Haber desarrollado la mayor parte de la vida fuera del territorio nacional.
2. Los efectos económicos de las prestaciones que se extingan por las causas que se recogen en el artículo 8 de la presente orden, se extenderán hasta el último día del mes en que se haya producido la causa determinante de la extinción del derecho.
2. En el caso de los beneficiarios de la prestación económica residentes en el exterior que sean perceptores de la pensión asistencial por ancianidad, se entenderá acreditada la «fe de vida» con la documentación que aporten cada año para la renovación de su pensión asistencial.
3. Los beneficiarios residentes en el exterior que se encuentren en los supuestos del artículo 2.c) y d) de la Ley 3/2005 deberán presentar cada año, la «fe de vida y la declaración de rentas o ingresos» conforme al modelo del anexo II, dentro del plazo establecido en cada país para la renovación del derecho a pensión asistencial por ancianidad.
4. Si el beneficiario de la prestación no presenta, en el plazo que corresponda, la documentación a que se refiere este artículo, el órgano competente para la instrucción, que se establece en el artículo 13 de esta orden, procederá de forma cautelar a suspender el pago de la prestación e iniciará los trámites correspondientes para la resolución de extinción.
Véase Res. 4 julio 2006, de la Dirección General de Emigración, por la que se establece el plazo para la presentación de la fe de vida y declaración de ingresos para los beneficiarios de pensiones asistenciales por ancianidad y de las prestaciones económicas reconocidas a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional («B.O.E.» 15 julio).
b) Superar el límite máximo de rentas o ingresos establecido en el artículo 3 de la Ley 3/2005.
c) No presentar la documentación anual a que se refiere el artículo 7 de esta orden en el plazo que se indica.
b) Fe de vida actualizada.
c) Documentación acreditativa de la fecha de emigración y del período de estancia en el extranjero.
a) En el caso de los residentes en España, en la Dirección General de Emigración o en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las respectivas Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. Cuando deba requerirse al interesado para subsanar deficiencias o aportar documentación, el órgano instructor podrá acordar la suspensión del procedimiento por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el interesado o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido, de acuerdo con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La suspensión del procedimiento interrumpirá el cómputo del plazo máximo para resolver y notificar la resolución.
3. El órgano instructor, a lo largo del procedimiento, podrá instar al solicitante para que aporte la documentación que se estime necesaria a fin de valorar el cumplimiento de los requisitos exigidos para tener derecho a la prestación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de la Ley 30/1992. A efecto, se concederá al interesado un plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente al de la notificación.
2. La resolución habrá de ser motivada y deberá ser dictada y notificada, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud en cualquiera de los registros del órgano competente para su tramitación.
2. En el supuesto previsto en el artículo 13.3 de esta orden y de conformidad con el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando el interesado no aporte los documentos requeridos por el órgano instructor, éste le advertirá de que de no aportarlos en un plazo de tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento, siempre que tales documentos fueran indispensables y que su omisión hubiera producido la paralización del procedimiento. En otro caso, el interesado simplemente perderá el derecho al trámite correspondiente.

References: Artículo 6

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 12

Artículo 14
 Resolución 

Artículo 15

Artículo 17

Artículo 18
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 13
 resolución 
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 42
 artículo 78
 resolución 
 artículo 59
 artículo 13
 artículo 92