Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/232313/ley-de-cantabria-2-2015-de-1-de-octubre-por-la-que-se-aprueba-el-regimen-sancionador-en-materia-de
Timestamp: 2017-08-18 12:33:16+00:00

Document:
Ley de Cantabria 2/2015, de 1 de octubre, por la que se aprueba el régimen sancionador en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Cantabria - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Legislación > Resultados > Ley de Cantabria 2/2015, de 1 de octubre, por la que se aprueba el régimen sancionador en materia...
LEY DE CANTABRIA 2/2015, DE 1 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA (BOC EXTRA 77 DE 2)
(BOE 247 DE 15 DE OCTUBRE)
La Comunidad Autónoma basa sus títulos competenciales para la aprobación de esta Ley, en los artículos 24.27 y 24.32 del Estatuto de Autonomía para Cantabria (RCL 1998, 3060) , según los cuales la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre espectáculos públicos y sobre procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia, competencias que serán ejercidas en los términos dispuestos en la Constitución.
La Ley Orgánica 2/1994, de 24 de marzo (RCL 1994, 890 y 1096) , modificó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Cantabria aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre (RCL 1982, 49) , de forma que procedió –entre otras cuestiones– a la ampliación del ámbito competencial de ésta y entre las nuevas competencias asumidas, como exclusiva, se encuentran las correspondiente a los espectáculos públicos y el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia.
Mediante Real Decreto 1389/1996, de 7 de junio (RCL 1996, 1917) , de traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de espectáculos, se aprobó el Acuerdo de la Comisión Mixta por el que se concretan las funciones y servicios de la Administración del Estado que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de espectáculos públicos, adoptado por el Pleno de dicha Comisión, en su sesión del día 23 de mayo de 1996.
Desde entonces y hasta la fecha la normativa reguladora de los espectáculos públicos y actividades recreativas y establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Cantabria, ha venido constituida esencialmente por el Decreto 72/1997, de 7 de julio (LCTB 1997, 118) , por el que se establece el Régimen General de Horarios de Establecimientos y Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, así como por la aplicación supletoria de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero (RCL 1992, 421) , sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto (RCL 1982, 2960, 3195 y RCL 1983, 2125) , por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y ActividadesRecreativas.
Lógicamente, la competencia autonómica en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, también lleva aparejada la correlativa potestad sancionadora, puesto que resulta esencial poder garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico aprobado. En este sentido la Constitución española de 1978 (RCL 1978, 2836) constituye la justificación jurídico-material de la potestad sancionadora de la Administración, pues hace referencia a ella en su artículo 25.1 , y viene refrendada por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en concreto, en su artículo 127 .
En el ámbito de los espectáculos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el título legal habilitante con relación al régimen legal de infracciones y sanciones administrativas, así como la determinación de las Administraciones competentes, venía dada por la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero (RCL 1992, 421) , sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Ahora bien, recientemente se ha aprobado la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo (RCL 2015, 442) , de Protección de la Seguridad Ciudadana, que ha entrado en vigor el 1 de julio de 2015 derogando la citada Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero. Esta nueva disposición legal, tal y como se indica en el apartado III de su Preámbulo, en su Capítulo IV »... desde la estricta perspectiva de la seguridad ciudadana, se contempla el régimen de intervención de las autoridades competentes en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y de las entidades locales en lo que se refiere a su normal desarrollo», y como consecuencia de ello, introduce novedades con respecto a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de forma que desaparece el régimen jurídico de infracciones y sanciones administrativas que hasta este momento se estaba aplicando por esta Comunidad Autónoma.
La potestad sancionadora en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, se ejercerá de acuerdo con lo previsto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por esta Ley y por las disposiciones que la desarrollen.
SECCIÓN 2.ª. Infracciones
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, las acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente Ley, que podrán ser especi?cadas en los reglamentos que la desarrollen, y sin perjuicio de las posibles responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran derivarse de las mismas.
1. Serán responsables de las infracciones administrativas previstas en esta Ley las personas físicas o jurídicas que incurran en acciones u omisiones tipi?cadas en la misma.
Artículo 5. Infracciones muy graves
Artículo 6. Infracciones graves
Artículo 7. Infracciones leves
Artículo 8. Prescripción de infracciones
SECCIÓN 3.ª. Sanciones
Artículo 9. Sanciones pecuniarias
Artículo 10. Sanciones no pecuniarias
1. Atendiendo a su naturaleza, y previa audiencia de los interesados, las infracciones tipi?cadas como muy graves podrán conllevar la imposición de alguna o algunas de las siguientes sanciones:
Artículo 11. Graduación de las sanciones
Artículo 12. Prescripción de sanciones
Artículo 13. Reparación del daño e indemnización
SECCIÓN 4.ª. Procedimiento sancionador
Los expedientes sancionadores que se incoen y resuelvan por infracciones previstas en esta Ley, se tramitarán por el procedimiento establecido en el R.D. 1398/1993, de 4 de agosto (RCL 1993, 2402) , por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, con estricto respeto a los principios contemplados en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No obstante, no será de aplicación el procedimiento simplificado establecido en el capítulo V de esta última norma.
Artículo 15. Actuaciones de los agentes de la autoridad
Artículo 16. Órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora
Artículo 17. Medidas provisionales
4. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modi?cadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. En todo caso, se extinguirán o devendrán en sanción?rme con la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador correspondiente.
Artículo 18. Concurrencia de responsabilidades
4. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador hasta que la autoridad judicial dicte resolución?rme o ponga?n al procedimiento.
Artículo 19. Extinción de la responsabilidad
La Administración podrá imponer multas coercitivas y de forma sucesiva una vez transcurridos los plazos legales para el pago y actos de cumplimiento de las sanciones. Estas multas serán de 300 euros, si bien se podrá aumentar su importe hasta el 50% a partir de la segunda,tomando en cada caso como referencia la cuantía de la multa inmediatamente anterior, hasta que se llegue a cumplir íntegramente el contenido de la resolución sancionadora.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Expedientes sancionadores

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 25
 artículo 127

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 resolución 

Artículo 18

Artículo 19
 resolución