Source: https://www.americas.org/es/archives/2218
Timestamp: 2017-12-14 19:05:17+00:00

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La Misión Internacional de Observación Pre-Electoral en Colombia fue dirigida por Global Exchange, con la participación de profesionales, analistas y ciudadanos de más de siete países incluyendo los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido y México.
La misión reunió a 22 individuos con experiencia colectiva de observación electoral en once países. Del 3 al 15 de febrero, el grupo condujo observación pre-electoral en Colombia, antes de las elecciones de 2010. Nos dividimos en cuatro equipos para observar las condiciones en municipios y en las regiones de Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca y Santander.
Informe Misión Internacional de Observación Pre-Electoral-Colombia
3-15 febrero de 2010
La Misión de Observación Electoral Internacional visitó en el mes de febrero municipios de los departamentos de Córdoba, Valle del Cauca, Antioquia y Santander. Los equipos de observación fueron conformados por profesionales de diferentes organizaciones y formaciones, lo que buscó ser un trabajo metodológico amplio, que permitiera una mirada diversa a las condiciones particulares de cada región.
Las agendas de trabajo fueron incluyentes y las reuniones se realizaron con dirigentes de diferentes partidos políticos (Partido Conservador, Partido Liberal, Polo Democrático, Partido de la U, Partido de Integración Nacional—PIN, Partido Verde, Partido MIRA, Movimiento Compromiso Ciudadano y Alianza Social Indígena—ASI, etc.); representantes de la sociedad civil organizada entre ellas organizaciones sociales de victimas, personas desplazados, afro-colombianos/as, indígenas, campesinos y mujeres; funcionarios de las administraciones locales (Gobernaciones, Alcaldías, Secretarios de Gobierno, Concejales); autoridades electorales (Consejo Nacional Electoral y Registradores(as) municipales y departamentales); funcionarios de los organismos de control y vigilancia (Procuradurías regionales y provinciales, Contralorías, Defensoría del Pueblo y Personerías municipales); periodistas y miembros de medios de comunicación regionales. Se buscó además contacto directo con ciudadanos y ciudadanas en diferentes espacios, formales e informales, en los diferentes municipios visitados.
El propósito de la observación pre-electoral es recoger información pertinente a las condiciones en las cuales se desarrolla el proceso electoral. Los estándares de observación electoral marcan claramente la necesidad de tomar en cuenta las condiciones previas al día de las votaciones y las situaciones estructurales en que se lleva a cabo elecciones. En una situación de conflicto interno, con altos niveles de violencia, violación de derechos humanos y desplazamiento interno, esto se vuelve aún más importante.
En este sentido, la historia de Colombia es un factor de contexto muy importante, por ser un país que ha vivido, y sigue viviendo, conflictos violentos. La violencia partidario entre los Liberales y Conservadores de los años cuarenta y cincuenta ha sido superado desde hace mucho tiempo, sin embargo, existen formas de violencia más recientes muy graves que existen en la sociedad y restringen el ejercicio del voto libre entre verdaderas alternativas electorales.
La destrucción del la Unión Patriótica, un partido de la izquierda lanzado por las FARC y el Partido Comunista en los ochenta durante un proceso de paz, fue logrado al costo de unos 3,000 miembros y dirigentes, incluyendo dos candidatos a la presidencia. Este hecho histórico ha afectado la posibilidad de construir opciones electorales desde la izquierda.
Las FARC, por su parte, han intentado controlar los resultados electorales a través del asesinato de alcaldes, gobernadores, y candidatos en muchas partes del país. Los narcotraficantes, por otra parte, lanzaron una guerra contra elementos del Estado y contra los movimientos sociales en los años ochenta y principios de los noventa. Hoy en día, siguen siendo una amenaza a la paz y a la democracia en distintas partes del país. Estamos convencidos de que el ejercicio de la democracia no se puede entender como un evento aislado. Incluye un cúmulo de factores que van desde la participación cotidiana en la toma de decisiones de una ciudadanía libre e informada, hasta la soberanía nacional a nivel geopolítico. Por esta razón, creemos pertinente el análisis de fondo de las condiciones sociales y políticas en el país que constituyen el trasfondo del proceso electoral y que son determinantes en el desarrollo del mismo. Esta observación electoral es un pequeño paso en este sentido.
EL CONTEXTO POLITICO/SOCIAL
Nuestra investigación previa a la llegada de la misión mostró un panorama preelectoral preocupante marcado, en grandes rasgos, por: 1) fallas en la aplicación de las reformas y las leyes electorales, 2) el escándalo de los pactos entre políticos y grupos paramilitares (la “parapolítica“) actualmente bajo investigación y proceso legal, 3) el impacto del desplazamiento masivo de poblaciones (pasado, presente y futuro, y 4) el contexto de violación de derechos humanos y violencia en el país. Los siguientes apartados explican cada uno de estas preocupaciones en más detalle:
Las reformas electorales y ambigüedad en su aplicación
Las reformas políticas dotaron al proceso electoral nuevos mecanismos de transparencia y equidad, sin embargo, han causado incertidumbre y ambigüedad en su aplicación. Colombia ha promulgado varias reformas a su legislación electoral desde la Constitución de 19911. Algunas de las reformas más significativas son la Acta Legislativa 01 de 2003, la Ley de Garantías de 2005 y la Acta Legislativa 01 de 2009.
La reforma de 2003 trajo cambios al proceso electoral y a las medidas para fortalecer el sistema de partidos políticos. Los cambios incluyen un nuevo método para determinar financiamiento público para los partidos políticos; una prohibición para unirse a más de un partido; un número mínimo de votos requeridos para mantener el estatus legal del partido; la promulgación de un sistema de bancada; y el establecimiento de una lista única de candidatos de cada partido político para las elecciones.
Estas reformas fueron hechas para corregir algunos problemas que surgieron de la Constitución de 1991, una de los cuales fue el numero más grande de partidos que aparecieron (72 partidos en 2003). Más que representar diversidad, la plétora de partidos fue juzgado por tener un impacto negativo para la democracia Colombiana con muchos partidos nuevos vistos solamente como proyectos electorales de corto plazo de un individuo especifico. Muchas fuerzas compitiendo hicieron al congreso menos manejable y que su rendición de cuentas fuera más difícil. En 2005, la Ley de Garantía Electoral (ley 996 de 2005) fue desarrollada en respuesta a las cambios constitucionales que permitían la reelección presidencial por primera vez (Acta Legislativa de 2004). Reconocer la ventaja potencial que un Presidente o Vicepresidente en el poder podría tener sobre otros candidatos, la Ley de Garantías busca asegurar una competencia justa entre todos los candidatos presidenciales. Por lo tanto, la ley prohíbe al Presidente o al Vicepresidente actual usar su posición para hacer campaña si están compitiendo para un segundo periodo y regula la igualdad de oportunidades para publicidad. También previene que trabajadores del sector público participen en campañas electorales y prohíbe el otorgamiento de contratos gubernamentales en seis meses antes de empezar la campana.
Durante el periodo de observación, la posibilidad de una reelección intentada por el Presidente Álvaro Uribe Vélez y la incertidumbre de su candidatura- ahora descartada por la decisión de una Corte Constitucional- creo ambigüedad en la aplicación de la Ley de Garantías ya que el presidente era un posible pero no declarado candidato. La Misión alaba la decisión de la Corte Constitucional para prohibir una candidatura de último minuto, ya que da gran institucionalidad al proceso electoral además de demostrar y reforzar el balance esencial de poder entre las tres ramas de gobierno.
La Ley de Garantías también Prohíbe que un miembro de un grupo armado ilegal participe directamente en las elecciones como candidato o en apoyo de un candidato, a menos que primero se haya reincorporado a la sociedad civil2.
El Acta Legislativa de 2009 incluye más detalles sobre financiamiento público para las campanas electorales de los partidos políticos. De igual manera también detalla claramente la responsabilidad y sanciones de un partido político que tiene un candidato o representante electo que ha sido acusado de nexos con grupos armados ilegales, trafico de drogas o crímenes en contra de la humanidad y democracia3 Esta última sección surgió del escándalo de la “parapolítica“.
Algunas áreas que aún requieren de reformas legales electorales son las que incluyen la necesidad de generar mecanismos para garantizar el balance de poder entre el poder ejecutivo del gobierno y otros poderes e instituciones tales como la Corte Constitucional y la Procuraduría General. Antes, esto era garantizado por el hecho de que el presidente estaba limitado a sólo un periodo. La otra área crítica es la falta de sanciones serias para algunos casos de fraude electoral, tales como la compra del voto y el mal uso de voto (por ejemplo: las boletas).
La parapolítica y la incidencia del paramilitarismo en los procesos electorales en Colombia
El escándalo de la “parapolítica” estalló en Colombia cuando empezaron a salir los vínculos entre grupos paramilitares y políticos en el Congreso y otros puestos públicos, a partir de las declaraciones de múltiples paramilitares desmovilizados y la información encontrada por la Fiscalía en el computador de alias “Jorge 40”, sobre el llamado “Pacto de Ralito”. Con esa información, la Corte Suprema, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación empezaron a investigar los representantes supuestamente involucrados a nivel nacional y departamental. El alcance de la colusión entre políticos y grupos armados aún no se sabe plenamente, pero fue masiva. Por ejemplo, en el Pacto de Chivolo del año 2000 en el departamento de Magdalena, asistieron 13 candidatos a alcaldías y 395 personas a una reunión con fuerzas paramilitares, entre ellos miembros de Concejos municipales y Asambleas Departamentales4.
Hasta la fecha al menos 133 congresistas han sido investigados en los últimos tres años por vínculos con grupos al margen de la ley. De estos congresistas, 71 han sido llamados a indagatoria, 50 actualmente están detenidos, 42 renunciaron a su fuero como congresista, 18 están en etapa de juicio, 13 aceptaron su responsabilidad por los cargos imputados y se sometieron a sentencia anticipada, y 7 fueron condenados. La mayoría de los políticos implicados hacen parte de la coalición de gobierno. León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris señala que “de los siete partidos que hacen parte de la coalición Uribista, existen cinco en donde la totalidad de sus candidatos son procesados por parapolítica. Actualmente, estos partidos siguen teniendo capacidad de influencia dentro de la escena política5.”
La Misión toma nota que el esfuerzo sigue siendo incompleto y existen evidencias de que la presencia de paramilitares en el gobierno no solo sigue sino que podría ser renovado en las actuales elecciones a través de candidatos colocados por los mismos políticos actualmente bajo investigación y castigo, mayoritariamente por las candidaturas de sus familiares.
Para nuestra labor de observación pre-electoral en Colombia, fue muy importante medir las secuelas y las posibles continuaciones de la parapolítica, y así el impacto en el ejercicio de la democracia en el país. El más reciente reporte de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre riesgos electorales para las elecciones del congreso en el 20106 incluye un análisis cualitativa por parte de la organización Nuevo Arco Iris, que destaca las fuertes estructuras parapolíticas, tanto a nivel regional como nacional, las cuales han permitido a congresistas—pese a las investigaciones en su contra por vínculos con grupos narco-paramilitares o estar preso—de “mantener influencias en sus lugares de origen y poner su maquinaria a disposición de algún allegado, con el fin de que su grupo o red política continúe en el poder regional.” El hecho, además, que en el 2007 los partidos con miembros vinculados a la parapolítica lograron obtener gobernaciones (24), alcaldías (925), asambleas (360) y concejales (460) demuestra que existe suficiente poder paramilitar no solo para salpicar las elecciones en 2010 con ingresos ilícitos, sino también para incidir en el proceso electoral por adentro del propio sistema: “la realidad de varios departamentos del país es que la financiación de las campañas se está dando por medio del dinero que políticos tomaron del presupuesto del departamento”.
Esa influencia se está haciendo evidente con el nuevo partido del PIN (Partido de Integración Nacional). Fundado a finales del último año el partido espera que pueda participar en el nuevo Senado de la República con un 15% de las curules.7 El PIN está compuesto por miembros del extinto partido Convergencia Ciudadana, del anulado ADN8, así como candidatos que no fueron avalados ni por el partido de la U, ni por el partido Conservador. También integran este grupo los familiares de políticos que están en la cárcel o que son investigados por vínculos con paramilitares9.
El gran número de candidatos al Congreso con vínculos con las estructuras paramilitares—por no mencionar las investigaciones a servidores públicos en otros niveles del gobierno—se explica en parte por tres fenómenos observados. Primero, no existen mecanismos eficaces contra los para-herederos, es decir, la capacidad que tienen los políticos deshabilitados por vínculos con los paramilitares de colocar a gente cercana en el poder. Segundo, los electores no suelen castigar a este tipo de comportamiento, lo que tiene que ver con la falta de educación política en el país, presiones directas sobre el voto y falta de información y difusión10. Segundo, porque “gran parte del terreno se encuentra condicionado al temor que lograron acuñar las autodefensas sobre la población”11. Esa realidad coincide con un comentario por parte de un oficial, quien nos dijo que “la clase media, por su educación, no por su riqueza, tiene muy poca incidencia política en este país12“. En fin, con la maquinaría parapolítica aún intacta, acceso a fondos por parte de grupos ilegales y una población con una carencia de educación cívica y/o atemorizado, ha sido posible que congresistas que no están formalmente inhabilitados, los familiares de ellos quiénes son y otros apoyados por paramilitares—en total más que 80 candidatos con supuestos vínculos con paramilitares—no solo están apostando carreras, sino también tienen la fuerte posibilidad de ser elegidos; en este caso, las elecciones 2010 no significarían el fin de la parapolítica, sino un nuevo comienzo.
Desde su principio, el proceso legal contra los políticos con vínculos al paramilitarismo ha encontrado una variedad de obstáculos, entre ellos las amenazas y asesinatos de testigos, las “chuzadas” o interceptaciones de comunicaciones de manera ilegal por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a miembros de la Corte Suprema de Justicia, y las extradiciones de los principales jefes paramilitares a los Estados Unidos, lo cual impide conocer en profundidad los nexos de políticos con los grupos paramilitares.
El informe “Obstáculos a la aplicación de la justicia” de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” de octubre de 2009, detalle las dificultades para llegar a la verdad, pues muchos desmovilizados en busca de beneficios jurídicos incurren en falsos testimonios o extorsiones que además persiguen fines económicos y beneficios políticos.
También existen casos de evasiones jurídicas como la renuncia al fuero que reviste a Senadores y Representantes de la Cámara, con lo cual se quiere que sea un juez ordinario y no la Corte Suprema la que asuma las investigaciones. De manera oportuna la Corte Suprema decidió reasumir su competencia en los procesos contra congresistas que han renunciado su curul a partir del 15 de septiembre de 200913. Numerosos casos han regresado a manos de la Corte Suprema, incluido el proceso contra el jefe del partido Convergencia Ciudadana, Luís Alberto Gil.
Mientras el proceso actual de investigaciones y juicios de la parapolítica representa un paso adelante muy importante en la lucha contra la impunidad que ha caracterizado la actitud del Estado hacia las actividades paramilitares—y más aún cuando están involucrados directamente representantes del Estado como políticos y las fuerzas armadas. Existen una multitud de casos que muestran la impunidad en masacres y actuaciones delictivas de grupos paramilitares y militares, que van desde crímenes de hace años aun no resueltos como Segovia el 11 de noviembre 198814 y La Rochela en 198915, donde las dilaciones y los laberintos jurídicos han impedido que se tomen acciones contra políticos y servidores públicos que han sido señalados como cómplices en dichas masacres.
Los últimos casos de impunidad tienen que ver con los ‘falsos positivos’ y la masacre de ocho personas en la Comunidad de Paz, San José de Apartado, el 21 y 22 de febrero 2005. La nueva táctica para que crimines de lesa humanidad se queden impunes se lleva a cabo a través de técnicas jurídicas que permiten que se vencen los términos establecidos en el código penal. Ya salieron libres 46 militares procesados por los ‘falsos positivos’ de Soacha16 y parece que el juicio en contra de diez militares por la masacre en la Comunidad de Paz, sufriera el mismo destino17. Después de múltiples obstáculos y años de retraso18, el juicio contra los culpables podría quedarse anulado por la misma técnica jurídica.
El fenómeno de la parapolítica en Colombia ha sido presentado como un hecho aislado de algunas “manzanas podridas”, incapaces de arriesgar la democracia de manera estructural. A esa interpretación de la presencia de estructuras mafiosas aisladas, se opone la contundencia de los casos investigados por la Corte Suprema de Justicia y que ponen en evidencia la relación histórica entre estructuras mafiosas y políticos de diversas regiones en una alianza consensuada y planificada.
El ex-fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, afirmó que “según las investigaciones de la Parapolítica […], se pudo constatar que no fueron los paramilitares quienes buscaron a la clase política en las regiones donde tenían sus operaciones, sino muy al contrario, fueron los elites de la política regional quienes acudieron en su ayuda19“.
Gracias a las investigaciones de la Corte Suprema y el seguimiento de ONG defensoras de Derechos Humanos, se ha demostrado el preocupante alcance del paramilitarismo dentro de las estructuras políticas en Colombia, mediante una sistemática implementación del proyecto paramilitar unido a la clase política a través de los pactos realizados entre las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia—AUC y los líderes políticos del país, que buscaban entre otros fines “refundar nuestra patria”y hacer un “nuevo contrato social”20.
Qué existan investigaciones por paramilitarismo en 25 de los 32 departamentos de Colombia, muestra la amplia incidencia del fenómeno en lo político y lo administrativo. Como resultado, el miedo permanece entre la sociedad civil e incluso entre miembros de las entidades públicas con quienes los distintos equipos regionales de la Misión Internacional de Observación se reunieron durante su estadía en Colombia. Cabe señalar que en varias oportunidades, funcionarios de entidades como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la República, Personerías Locales y otras instancias, prefirieron hablar extraoficialmente de la situación de conflicto armado en las regiones, presencia de grupos armados ilegales y violaciones de derechos humanos, ya que consideran difícil mantener su opinión profesional sobre estos hechos en el marco de la institucionalidad que los ampara.
El impacto del desplazamiento masivo de poblaciones
El desplazamiento interno sigue siendo un gran obstáculo para muchos colombianos para participar de forma libre, informada y transparente en las elecciones del país. Es de gran preocupación que el desplazamiento y su impacto negativo en la participación democrática afecten a algunos sectores que ya de por si están en desventaja—los descendientes de africanos, indígenas, agricultores rurales pobres y mujeres jefas de familia. De acuerdo a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en 2009 más de 280,000 colombianos se convirtieron en nuevos desplazados internos debido al conflicto armado y la violencia interna. Estas personas se unieron a más de tres millones de personas que ya son desplazados internos en el país. Esto representa un número significativo de colombianos, tal vez el 8 por ciento de la población, en situación de gran vulnerabilidad de maltrato físico, coerción, reclutamiento forzado por grupos armados y pobreza extrema. Algunas de las áreas más afectadas por los nuevos desplazamientos en 2009 incluyen los cuatro departamentos visitados por la Misión Internacional de Observación Pre-electoral: Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Córdoba.
Mientras Colombia cuenta con la normativa legal más completa para tratar el desplazamiento interno de personas (PIDs) en el mundo, el ámbito de los derechos consagrados en estas normas está lejos de ser aplicados. Esto llevó a la Corte Constitucional de Colombia a pronunciar en Abril de 2004 que la situación de la protección de los derechos de personas desplazadas en el país era inconstitucional. En esto la Corte se refiere a todos sus derechos—desde los básicos como el derecho a la vida hasta los políticos, económicos y culturales. Desde entonces la Corte ha ordenada al gobierno implementar una serie de medidas para rectificar la situación. En enero de 2009 la Corte expidió las órdenes 004 y 005 relacionadas a la grave situación enfrentada por los afro-colombianos e Indígenas PIDs.
Aunque el gobierno ha tomado pasos para dar respuesta junto a las órdenes de la Corte, la mayoría de los desplazados internos continúan sufriendo de serios abusos a sus derechos, inseguridad y falta de estabilidad socioeconómica para sacarlos del estatus de desplazados. También muchos PIDs siguen sin ser capaces de regresar a sus territorios de origen debido al actual conflicto interno armado y las actividades de las FARC, paramilitares y militares, presencia de minas y usurpación de sus tierras a causa de intereses económicos. Desplazamientos Internos afectan a la mayoría de municipios colombianos y representan el mayor reto humanitario a lo largo del país.
Los desplazamientos internos nos son solo un problema grave de seguridad humanitario, esto también conlleva al deterioro de los derechos civiles políticos y culturales. Personas que se convirtieron en desplazados suelen huir de un momento al otro y perder sus documentos de identidad los cuales son vitales para registrarse para votar y acceder a servicios públicos muchos más necesarios en las áreas de refugio. En Colombia, una falta de documentos de identidad puede llevar a una grave amenaza de seguridad y la sospecha de grupos armados ilegales. Muchas mujeres especialmente las de áreas rurales pobres que confían en sus esposos para servicios relacionados con documentación son viudas o separadas de sus maridos o compañeros sin documentos.
La Misión encontró que el gobierno no tomo suficientes medidas para compensar los obstáculos para la participación civil que enfrentan las PIDs. Se nos informo repetitivamente que el periodo de dos semanas permitió a las PIDs registrarse para votar en las elecciones venideras y que dicho periodo estaba lejos de ser muy corto.
Grupos de PIDs con los que nos reunimos propusieron tres medidas especificas para rectificar esta situación: 1) PIDs deben de ser autorizados para votar en su lugar de expulsión mismo si no tienen sus documentos, 2) que las autoridades no exijan los requerimientos de mostrar documentos de residencia en el lugar donde los PIDs votan y 3) que a los PIDs Afro-colombianos e indígenas se les otorgue una excepción para votar.
Debido al continuo conflicto armado a lo largo de Colombia y a una taza alta de desplazamiento interno que no se ha abatido, el reto de integrar completamente a las PIDs dentro del proceso democrático es crítico para tener elecciones libres y justas. El único camino real para garantizar derechos democráticos completos para todos los ciudadanos es detener las fuerzas políticas y económicas que siguen siendo causa de desplazamientos internos.
El contexto de los derechos humanos y las libertades fundamentales
Colombia tiene una larga trayectoria de reconocimiento como la democracia más antigua de América Latina. Su Constitución y el marco normativo en relación con derechos humanos y libertades fundamentales es altamente comprehensivo. En 1991, la nación se reconoció en sus diferencias y pluralidades étnicas y culturales y así se dejo plasmado en la nueva Constitución Nacional (Articulo 7). Igualmente, gobierno y sociedad civil se reafirmaron en su compromiso con la democracia definiendo importantes mecanismos de participación, control y monitoreo ciudadano, como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato y el voto (artículo 103 de la Constitución) y legislación específica dirigida a proteger los derechos de la población Indígena y Afrodescendiente21.
El voto, consagrado en el Articulo 258 de la Constitución, reconoce la “soberanía del pueblo” para escoger libremente a sus representantes en el gobierno, reflejando así el derecho de la sociedad civil a participar en la vida política del país. Consecuente con su trayectoria, Colombia es signatario de la mayoría de tratados y convenios regionales e internacionales que determinan los estándares de respeto y protección de los derechos y libertades fundamentales, dentro de los cuales se enmarcan los criterios y prerequisitos para un ejercicio electoral libre y equitativo.
A pesar del esfuerzo colombiano por establecer un sistema de gobierno que pueda asegurar respeto por los derechos humanos, el respeto por la norma y el desarrollo de instituciones democráticas, nuestra Misión Internacional de Observación Pre-Electoral encontró que persistentes factores de violencia, discriminación en todas sus formas, racismo estructural, exclusión, segregación y pobreza hacen a la sociedad civil vulnerable a acciones que debilitan el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Durante el proceso electoral, estos factores—sumados a la corrupción y la impunidad—propician condiciones de manipulación, coacción y coerción del voto para promover intereses económicos y políticos, al tiempo que obstaculizan procesos transparentes de participación ciudadana y ejercicio de ciudadanía.
En el marco de los estándares internacionales de derechos humanos y libertades fundamentales, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, así como otros convenios y declaraciones de carácter internacional y regional, se entiende que las garantías electorales están dadas por criterios básicos de libertad y justicia. Elecciones por si mismas no constituyen democracia22, se requiere un proceso complejo de participación en la vida política del país sin intimidaciones, sin miedo, sin manipulaciones. En este marco la libertad de opinión, expresión e información; la libertad de reunión y asociación; procesos judiciales independientes y libres de coerción y, la protección en contra de toda forma de discriminación, son pre-requisitos para el ejercicio democrático de elección y el pleno ejercicio de voto, entendido este como derecho en sí mismo.23Se entiende que es responsabilidad del Estado asegurar el cumplimiento de estos prerequisitos. Como se expone en este informe, numerosos factores hacen que Colombia no reúna tales pre-requisitos para las presentes elecciones y en consecuencia el conjunto de la sociedad civil no cuenta con plenas garantías de participación en un proceso libre y equitativo de elección de sus representantes.
Criterios de Libertad y Equidad en el marco de la realización plena de derechos. Los efectos del conflicto armado interno.
La vida colombiana ha estado marcada en las últimas décadas por graves violaciones a los derechos fundamentales, las libertades políticas y el derecho internacional humanitario, ampliamente documentados a nivel nacional e internacional. Entre ellos son: el fenómeno del desplazamiento forzado interno y su consecuente crisis humanitaria y la expropiación territorial; los asesinatos selectivos y masacres concentrados hoy en día en territorios y contra comunidades indígenas y Afro descendientes; la vinculación forzada de mujeres y niños a la guerra; los actos de intolerancia social, racial y de género, manifestados en las “listas de limpieza social” y acciones crueles y degradantes contra la comunidad LGBT por parte de la fuerza pública.
A estas prácticas, se suman a otras bien-documentadas por grupos de derechos humanos dentro y fuera del país. Se reportan actitudes de intolerancia por parte del gobierno y los actores armados hacia las expresiones ideológicas y políticas de oposición. Existe también una falta de garantías laborales y múltiples acciones violentas en contra de los grupos sindicales, la mayoría de los cuales siguen en la impunidad; en 2008 y los primeros ocho meses de 2009 se reportan 73 asesinatos de dirigentes sindicales.24
Los casos de “los falsos positivos” que siguen siendo investigados involucran elementos del Estado, en este caso las Fuerzas Armadas, en ejecuciones extrajudiciales en todo el país. Existen evidencias que, a pesar de las investigaciones, está también involucrado en cubrir y no castigar estos crímenes; según la U.S. Office on Colombia, sólo 16 de los 1,025 casos recibidos por la Procuraduría han sido sentenciados. El escándalo reciente de las interceptaciones telefónicas ilegales o “chuzadas” por parte del DAS contra periodistas y defensores de derechos humanos es otra señal preocupante de un patrón de violaciones de derechos humanos por parte del Estado.
Los estándares internacionales para las elecciones25 comprenden tres derechos básicos, dentro de los derechos civiles y políticos (Artículo 25, CIDCP): 1) el derecho a tomar parte en el gobierno, 2) el derecho a votar y ser elegido y, 3) el derecho al acceso equitativo a los servicios públicos. Por la información recogida durante las visitas a las diferentes regiones, se observa que hay una falta de realización de estos derechos en la medida en que violencia, pobreza, impunidad y corrupción incrementan las condiciones que propician la opresión, coerción y coartación de sectores de por si marginados, como son mujeres, jóvenes y grupos étnicos, particularmente en periodos de elecciones.
Responsabilidad del Estado en la coartación de Derechos y Libertades Fundamentales
En los últimos años diferentes organismos de veeduría regional e internacional, así como ONG y defensores de derechos humanos han puesto en evidencia hechos que evidencian un resquebrajamiento del estado social de derecho en Colombia y en consecuencia serios reveces en la protección de los derechos y libertades fundamentales. Pronunciamientos como la Sentencia T-025 del 6 de Febrero del 200426 de la Corte Constitucional, denunciando el “estado de cosas inconstitucional” en relación con la población en situación de desplazamiento forzado interno, las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dentro del Examen Periódico Universal—EPU, a Colombia (Diciembre 2008)27 y, los comentarios hechos por la Experta Independiente de las Naciones Unidas para las cuestiones de minorías, durante su reciente visita a Colombia28, sustentan la necesidad de que el estado colombiano sea más efectivo en la generación de garantías democráticas, desde una perspectiva no solo legislativa sino también de justicia social.
Se encontró como objeto de gran controversia la implementación de mecanismos dentro de la política de seguridad democrática, que involucran a la sociedad civil y en particular a niños y jóvenes en acciones de vigilancia y recolección de información para acciones de inteligencia, generando condiciones propicias para la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Estas preocupaciones son secundadas en las recomendaciones emanadas del EPU a Colombia, donde se recomienda al gobierno Colombiano poner término a tales medidas.29
Se observa que en las políticas de combate al narcotráfico y terrorismo, hay múltiples factores que tienen un efecto adverso en la sociedad civil y su práctica de soberanía. Algunos componentes de tales políticas se han convertido o, a su vez han favorecido, circunstancias propicias de violación de derechos y coartación de libertades. Durante las entrevistas con organizaciones de comunidades rurales, particularmente de la zona de Buenaventura, se pudo observar que las confrontaciones armadas y los bombardeos indiscriminados ponen en riesgo a la población civil. Las fumigaciones, como estrategia primaria de erradicación de cultivos de uso ilícito, son una causa del desplazamiento interno, como lo ratifica la Corte Constitucional en los Autos 004 y 005 del 2009. Sin embargo, la población que se desplaza por razones de fumigaciones no es reconocida como tal y en consecuencia no recibe atención diferenciada del estado, lo cual pone a estas personas en riesgo de indigencia y predispone condiciones para su utilización en periodo electoral.
El programa del gobierno de pagar a jóvenes como “informantes” presenta otra amenaza a la seguridad y libertad de la gente. Los “informantes” son objeto de estigmatización, y en muchos casos su reclutamiento para este fin lleva a rupturas en los vínculos familiares y comunitarios y compromete seriamente la seguridad de todos sus miembros. Los casos de “ajusticiamiento” a personas clasificadas dentro de un bando u el otro son numerosos. Con una taza de desempleo de 13.6% en el 2009 y altos niveles de pauperización entre la población desplazada, este tipo de iniciativas estimulan la participación de la población más vulnerable en una economía de guerra. Además, ha sido ampliamente documentado que guerrilla y grupos paramilitares utilizan estos mismos mecanismos con los mismos objetivos que el gobierno.
Diferentes testimonios en relación con la discriminación racial y de género dejan igualmente una preocupación en relación con las garantías electorales. De particular atención deben ser las condiciones de marginalidad y exclusión de la población Indígena y Afro descendiente en condiciones de desplazamiento interno, emplazamiento y confinamiento; las mujeres, vinculadas de manera forzada al conflicto armado, bien sea a través de la violencia psicológica, física y/o sexual, el reclutamiento forzado de sus hijos y parejas, su propio reclutamiento forzado, o por vías económicas y, la comunidad lesbiana, gay, bisexual, travestí y transexual—LGBT sometida a tratamiento cruel, la estigmatización y exclusión de la vida política y social dada su orientación sexual.
Problemas con su auto-identificación (identidad), identificación a través de un documento formal (cedula), del cual regularmente carecen por diferentes motivos y, carencia de estadísticas especificas que los identifique e identifique sus problemas y necesidades de manera diferenciada, al igual que la carencia de políticas públicas que les brinde atención diferenciada, son componentes de una problemática poco visible y sin embargo explotada en periodos de elecciones. Definidos como grupos minoritarios, su capacidad de auto-representación está limitada por las maquinarias económicas y políticas ya establecidas, de las cuales terminan siendo objeto de manipulación. A pesar de que las comunidades indígenas y Afro descendientes cuentan con legislación que les permite tener representantes dentro del gobierno, por circunscripción especial, ellos mismos reportaron que las condiciones de participación dentro del proceso electoral son desiguales e inequitativas, dadas las circunstancias de pobreza, desplazamiento interno y amenaza permanente a sus comunidades y lideres y su acceso desigual a estos puestos30.
I. Riesgos al proceso electoral
Sección 1: Incidencia de grupos armados (paramilitares/narcotráfico/guerrilla) en los procesos electorales en Colombia
En todas las regiones visitadas, el equipo de observación internacional recibió informes y pudo constatar a través de la observación directa la prevalencia de grupos de acción violenta o amenazas de violencia entre la sociedad colombiana. La relativa falta de reconocimiento ó respuesta a esta situación por parte de las autoridades colombianas fue en muchas ocasiones desconcertante. Aún más preocupante es el contexto generalizado de impunidad que se manifiesta en paralelo a un Estado democrático en casos de violaciones de derechos humanos y otros crimines cometidos por los paramilitares.
Es importante aclarar que el fenómeno del paramilitarismo en Colombia no obedece únicamente a su función contrainsurgente, sino a una estrategia que desde el campo político promovió la creación de grupos armados que retomaran el territorio en manos de la guerrilla y ofrecieran seguridad a ciertos sectores económicos. Estas organizaciones han funcionado de manera simultánea al mandato que en dicha materia compete exclusivamente al Estado mediante sus fuerzas militares y policiales. La estrecha relación entre elementos del Estado y los paramilitares ha sido ampliamente documentada.
En zonas de presencia paramilitar y grupos armados ilegales, el miedo y la preocupación permanecen entre la sociedad civil e incluso entre miembros de las entidades públicas con quienes el equipo de la Misión se reunió durante su estadía en Colombia. Cabe señalar que en varias ocasiones, funcionarios de entidades, incluyendo la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la República, Personerías Locales y otras instancias, prefirieron hablar extraoficialmente de la situación de conflicto armado, la presencia de grupos armados ilegales y las violaciones de derechos humanos en sus regiones, ya que consideran problemático expresar su preocupación profesional sobre estos hechos en el marco de la institucionalidad que los ampara. Estos funcionarios dejaron ver que la persistente presencia y creciente consolidación de estos grupos paramilitares sucesores a la AUC es un secreto a voces en un escenario político que oficialmente está caracterizado como “pos-conflicto” desde la desmovilización de las estructuras nacionales.
La Misión recibió informes de presencia de grupos paramilitares en las cuatro regiones visitadas. Los grupos más mencionados fueron las Águilas Negras, los Rastrojos, los Machos, entre otros. También recibimos reportes, como en Buenaventura, en el sentido de que en algunos barrios de control paramilitar estos operan sin intervención por parte de las fuerzas públicas.
La incidencia de los narcotraficantes y grupos armados ilegales en el proceso electoral en varias partes de Colombia es, según varios indicadores, significativos y alarmantes. La Misión de observación recibió numerosos reportes de la presencia de estos grupos en todas las regiones. Su intromisión a menudo a base de la fuerza y la intimidación en la vida política está relacionada directamente con objetivos estratégicos de convertirse en el poder de facto y/o formal en distintas zonas del país.
Un funcionario de la oficina de la Defensoría en Bucaramanga encargado del Sistema de Alerta Temprana describió el fenómeno de la presencia de estos grupos ilegales en los siguientes términos:
“[Los grupos paramilitares]…se desmovilizaron en el año 2006 pero lo que uno no puede negar es que existen otra serie de agrupaciones y estructuras con nexos muy fuertes con el narcotráfico pero en nuestra opinión y en el trabajo validado a nivel nacional que hacemos con todo el sistema… es que no se ha renunciado a la consecución de objetivos estratégicos, como el control social, como el control poblacional y el control de los poderes locales y regionales… Y también en convertirse en poder efectivo en el Estado para direccionar no solo esas actividades ilegales sino también—a eso nos parece muy grave—es que puede naturalizarse conductas ilegales dentro de una actividad normal.”
La tendencia de los grupos armados ilegales y los narcotraficantes (a menudo lo mismo) de incursionar en actividades económicas legítimas, como el cultivo de palma y otras, le “parece grave” a las autoridades electorales porque lo hace aún más difícil rastrear su participación en la financiación y manipulación de las elecciones. La financiación de campañas por parte de empresas está permitida por ley, así que la participación de intereses y dinero ilegales en actividades legales no solo borra la línea entre los dos en la economía local sino también ofrece una manera de meter dinero sucio en la política.
Además, en áreas en donde estos grupos son activos y operan con relativa impunidad, la legitimidad y libertad de los procesos electorales se pone en duda y los candidatos elegidos bajo estas condiciones no tienen—ni tendrán, según testimonios de grupos de la sociedad civil en estas zonas, como Buenaventura, Barrancabermeja y Medellín—la plena confianza de la gente. Este hecho contribuye a la erosión de la confianza en el proceso electoral, y el cinismo frente la idea de que el gobierno se elige para representar los intereses del pueblo.
Recibimos varios informes respeto a la presencia y presiones por parte de grupos de narcotraficantes y paramilitares, especialmente en zonas de población vulnerable—Afro descendientes, indígenas y campesinos ocupando tierras que puedan tener valor para estos grupos. A pesar de que estos nuevos grupos ilegales hayan sido plenamente identificados por varias organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos31, la violencia e intimidación que ejercen en ciertas zonas no es un factor que se toma suficientemente en cuenta en la evaluación de riesgos electorales porque va su existencia de alguna manera desmiente la versión oficial de que este tipo de grupos no existen después de la desmovilización.
Según los entrevistados en varias comunidades, los narcotraficantes y actores armados están involucrados en muchos aspectos de la política electoral, incluyendo sobornos y intimidación hacia los candidatos y los votantes, vigilancia de las urnas el día de las votaciones para asegurar que sus planes de control se desarrollen sin contratiempos, y interferencia directa con los jurados y los tarjetones después de cerrar el centro de votación.
En casos como Buenaventura se encontró que el paramilitarismo se ha tomado varios barrios de la zona urbana, desplazando a los grupos guerrilleros que tenían dominio territorial en muchos de ellos. Desde diferentes experiencias, de acuerdo con las entrevistas, se manifestó reiteradamente que estos grupos tienen total control y dominan la vida comunitaria. Un ejemplo concreto de esta situación fue expresado durante la entrevista con la oficina de la Procuraduría de Buenaventura. Se manifestó que los Jueces de Paz fueron elegidos en condiciones “normales” y bajo un proceso democrático, por el hecho de que los grupos armados permitieron las elecciones y aceptaron a los elegidos en tanto estos “fueron aceptados por la comunidad”.
Este ejemplo deja dos preocupaciones. Por un lado la consideración de que la normalidad de un ejercicio democrático este medida por el visto bueno de los grupos armados, da legitimidad a su presencia y control sobre la participación ciudadana en la vida política del país. Por otra parte, dadas las múltiples denuncias de la comunidad al respecto, queda la sensación de que los Jueces de Paz elegidos bien pueden haber sido impuestos por los grupos armados a través de intimidación a la comunidad. La Misión escuchó reiteradamente como los grupos armados instigan a la comunidad a votar por un candidato en particular, aun si el candidato no tiene ninguna relación con el grupo que arbitrariamente lo “endorsa”.
Para estos grupos, la incidencia en la política, y la manipulación electoral facilitan el control del territorio, de los servicios públicos, de los recursos y otros elementos que son importantes para sostener sus negocios. Además del soborno y otras formas de corrupción, emplean también formas de intimidación. Estas formas van desde amenazas a actos de violencia física, y pueden terminar en la muerte de las personas que rehúsan a cooperar con sus fines.
Sección 2: Fraude y Delitos Electorales
La Delegación Observadora Pre-electoral Internacional de febrero 2010 recibió numerosas quejas de actividades ilegales que pudieran influenciar potencialmente la participación y los resultados en las elecciones del Congreso colombiano programadas para marzo 14 de 2010 y fungir como interferencia en el libre ejercicio del voto.
En nuestras juntas con ciudadanos colombianos, funcionarios electos y representantes de partidos políticos (ver anexo 1) fueron registradas las siguientes quejas:
Compra y venta de votos y corrupción al sufragante: Bajo la prohibición de la ley en contra de “corrupción del votante” ambos comprador y vendedor son castigados con prisión o con multas. Esta fue una de las quejas más comunes recibidas por la delegación regional de la misión. Ciudadanos en Tierra Alta, Montelíbano, Montería etc. Reportaron haber recibido ofrecimientos que van desde comida, bolsas de cementos, materiales para la construcción de techos y pagos en efectivo de 20,000 a 50,000 pesos por voto. Recurrentemente, votantes y representantes de partidos de oposición reportaron que compradores de votos de varios partidos políticos o grupos armados, requerían la confirmación de que el ciudadano había votado como fue pactado antes de realizar el pago total. Métodos comunes para llevar a cabo estas acciones son “el carrusel” donde una boleta ya marcada en favor de un candidato en particular seráotorgada a la persona que recibe el soborno, y que después de votar, la mismapersona regresará con una boleta en blanco, permitiendo que este proceso continúeinfinitamente. Otros métodos incluyen tomar fotografías de boletas marcadas concelulares y cámaras fotográficas, o usar papel carbón para probar que alguien havotado por cierto candidato.
Mal manejo de las identificaciones de los votantes: Prohibido por ley bajo la categoría de “voto fraudulento”… Esto fue comúnmente citado como un método de voto fraudulento en todas las regiones. Identificaciones de votantes de otros distritos, identificaciones falsas e incluso identificaciones de personas fallecidas han sido usadas. La delegación en Córdoba fue informada que dicho problema es muy común, que cedulas de personas fallecidas son robadas frecuentemente, dejando un gran número de cadáveres que después son sepultados sin identificación. Como otra forma de voto fraudulento se informó a la delegación de Valle del Cauca que en una elección pasada reciente, hombres armados acudieron a las urnas y que a punta de pistola entregaron a los jurados 1000 boletas marcadas que querían fueran cambiadas por los votos reales. Los jurados temiendo por sus vidas no tuvieron más opción que cambiar las boletas reales por las boletas fraudulentas. El uso fraudulento de identificaciones de los votantes generalmente involucra el choque de funcionarios en las urnas el día de las elecciones, lo cual es también un delito electoral referido como “permitir el voto fraudulento”.
Coacción al Votante: (constreñimiento al sufragante. También cuando las fuerzas armadas impiden el voto libre) se considera como un delito electoral, esto se refiere al uso de amenazas o violencia para impedir o influenciar la decisión del votante. La Misión de Observación escuchó un sin número de quejas de que subsidios otorgados a desplazados y a familias pobres a través del programa Acción Social de la oficina del presidente en ocasiones estaban siendo usados para coaccionar a la gente (ver Sección 4). Durante las últimas elecciones presidenciales, representantes de campañas informaron a las familias que recibían subsidios en Montería y Tierra Alta, Córdoba y en varias localidades en Valle del Cauca que si no votaban por Uribe para Presidente, el Plan Colombia sería reducido y con ello sus subsidios. Un mensaje similar ha sido escuchado durante las campañas en estas elecciones para apoyar a los candidatos para el congreso en partidos de la coalición presidencial en Bucaramanga y en otras ciudades. Este delito también incluye incidentes de grupos armados impidiendo el voto libre a través de violencia o amenazas de violencia, etc.
Fraude por jurados en las urnas: En todas las regiones existieron reportes que observadores oficiales habían sido “comprados” por los partidos para promover sus intereses o coaccionar a través de amenazas de violencia por grupos armados y que o ignoraban las irregularidades o que participaban activamente en ellas. Esto incluye actividades como el marcado de boletas a favor de su candidato, anulación de boletas marcadas para candidatos opuestos, y falsificar conteo de votos. Estos delitos electorales se refieren a permitir el voto fraudulento, y falsificación de los resultados electorales.
Posesión ilegal y ocultación de identificaciones. Nuevamente considerado como una forma de delito electoral, la cedula de registro del votantes es ocultada durante el proceso de registro hasta el día de la elección y regresada para que el votante vacié su boleta junto con la promesa de un pago en efectivo. En una entrevista con un candidato político en Santander, un empleado de un candidato mostró una cantidad de cédulas durante la entrevista con la Misión.
Retiro y obstrucción de observadores electorales en los centros de votación: Esto fue reportado por ciudadanos de varias regiones del país en relación a las elecciones pasadas. La decisión de retirar observadores fue hecha de manera repetida por los funcionarios en las urnas, sin una clara justificación, Además, se dieron muchos reportes de casos donde los observadores electorales fueron impedidos de estar a no más de 2 a 3 metros de las urnas, lo cual hacía imposible observar de manera clara el procesos de revisión de identificaciones y la entrega de boleta o el recibo de boletas marcadas, impidiendo así el trabajo de los observadores electorales. Mientras que no se encuentre considerado como delito electoral como tal, impedir e obstruir la observación del proceso electoral claramente facilita el fraude electoral.
Impedimento al derecho de votar: Un delito electoral, “perturbación del certamen democrático”. En muchos centros, esto fue realizado a través del uso de monopolios en el transporte público para interrumpir el servicio el día de la elección. Un partido político reportó al grupo de Córdoba que un candidato contrato la flota completa de autobuses normalmente bajo contrato para promover transito público el día de la elección, dejando a muchos ciudadanos en el área sin trasporte para acudir a las urnas a menos de que aceptaran ser transportados por un candidato en particular, por lo tanto comprometiendo su voto posiblemente. El miedo de que los paramilitares o la guerrilla impidieran votar el día de la elección a través del bloqueo también fue reportado.
Estudiantes universitarios se quejaron de una “cultura de corrupción” que ha permeado a la sociedad al grado de percibir el fraude electoral como normal o inevitable. Muchos expresaron la necesidad de educación dentro de la sociedad en gran escala y en las escuelas con el fin de combatir este problema. La impunidad de delitos electorales contribuye a la omnipresencia natural del problema. Como ejemplo, la denuncia mostrada a la delegación en Córdoba ejecutada en contra de un funcionario electo por fraude electoral. Cada tipo de fraude descrito anteriormente usando la identificación del votante fue supuestamente empleada en este caso además de otros. Aunque la queja parecía estar bien documentada y contenía pruebas de varios actos ilícitos, el caso sigue sin resolverse en la Oficina del Consejo Nacional Electoral, dos años después de haber sido presentado y de que el funcionario afirmó haber sido elegido a través de métodos fraudulentos seguía en su cargo.32
Sección 3: Financiación de campañas
Aunque hay esfuerzos de la mayoría de los partidos políticos y del Consejo Nacional Electoral (CNE) de regular y controlar la financiación de las campañas, la Misión recibió reportes de la existencia de prácticas ilegales de financiamiento de las campañas electorales a través del presupuesto público y de dineros ilegales, especialmente provenientes del narcotráfico. Hay que destacar que las prácticas ilegales a veces son complejas y difíciles de comprobar, por transferencias sofisticadas o por contribuciones en efectivo especialmente de dineros ilícitos provenientes del narcotráfico. También hay pactos entre candidatos y servidores públicos, y empresas que invierten en campañas para después beneficiarse a través de la contratación para construcciones de infraestructura contratadas por el Estado. Aunque son legales las aportaciones de empresas a las campañas electorales al Congreso, este tipo de pacto incentiva la corrupción.
Marco Legal de la Financiación Electoral
En Colombia existe un sistema mixto de financiación de la política,33 por parte del Estado y por parte de particulares que contribuyen recursos para el “funcionamiento de las campañas electorales de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica”.34
Para la financiación estatal prevista en el Artículo 12 de la Ley 130 de 1994 (23 de marzo) sobre la financiación de los partidos se creó a través del Artículo 38 de la misma ley, el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, adscrito al CNE. Los recursos de este fondo se distribuyen de acuerdo con los siguientes criterios:35 a) Una suma básica fija equivalente al 10% del fondo distribuida por partes iguales entre todos los partidos y movimientos políticos; b) El 50% entre los partidos y movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección para el Congreso de la República o para Asambleas Departamentales, según el caso; c) El 10%, d) El 30% para contribuir a las actividades que realicen los partidos y movimientos para el cumplimiento de sus fines y el logro de sus propósitos. Para el año 2010 la Resolución No. 0284 de 2010 (16 de Febrero 2010): “fija la cuantía y se distribuye entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente, los recursos estatales asignados al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales para la financiación del funcionamiento de los mismos para la vigencia de 2010 […].”
La Ley 130 de 1994, reglamenta además en el Artículo 20 la financiación de los partidos, que por parte de los particulares pueden ser a través de las siguientes modalidades como son: a) Contribución de los miembros; b) Donaciones; c) Inversiones; d) Actos públicos, de la distribución de folletos, insignias, publicaciones y cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento; e) Créditos; f) Ayudas en especie.
En cuanto a la financiación de las campañas electorales tanto los Artículos 13 y 14 de la Ley 130 de 1994 definen respectivamente los aportes del Estado y los de particulares, aunque el último artículo expresa claramente que: “Ningún candidato a cargo de elección popular podrá invertir en la respectiva campaña suma que sobrepase la que fije el Consejo Nacional Electoral, bien sea de su propio peculio, del de su familia o de contribuciones de particulares.”36 El CNE estableció a través de las resoluciones respectivas tanto para las elecciones presidenciales y del vicepresidente,37 como para las elecciones al Congreso,38 los topes de financiamiento de las campañas electorales. El tope máximo de gastos en elecciones presidenciales para la primera vuelta es para el 2010 de $17.000.000.000 y para la segunda vuelta de $8.500.000.000, y los topes máximos en las elecciones de Congreso son en general para el Senado y Cámara de $ 675.000.000, pero con topes menores para el Distrito Capital y según censo de la circunscripción electoral, por ejemplo el valor en regiones donde el censo da igual o inferior a 100.000 habitantes el tope máximo es de $ 264.000.000.39 Hay que tener en cuenta que en el caso de las campañas presidenciales, hay un régimen especial para su financiación, definido en la Ley de Garantías Electorales, Ley 996 de 2005 (24 de Noviembre), una ley que busca garantizar la igualdad de condiciones para todos los candidatos presidenciales, y además reglamentando la participación de los servidores públicos en la política y las garantías a la oposición.
Al igual hay un tope establecido para los aportes particulares a las campañas presidenciales. En el caso de las campañas presidenciales, la ley estipula un aporte de 80% por el Estado y 20% por particulares, pero a la vez el aporte máximo para una campaña presidencial por parte de un particular no puede superar los 2% del valor determinado para el tope global de todos los aportes de particulares.40 Aquí hay que tener en cuenta la Ley 996 de 2005, que expresa en el Artículo 14, que el 20% de las campañas presidenciales puede recibir financiación por personas naturales, así excluyendo los aportes de personas jurídicas como son por ejemplo las empresas. A los aportes particulares para campañas electorales para Congreso no se han establecido un tope para aportaciones de un particular, quien podría aportar el valor total permitido para la financiación de particulares.41
Como mecanismos de financiación de las campañas electorales por parte del Estado, existe la reposición de votos y el anticipo de la reposición de votos. Este último mecanismo se aplica a las campañas presidenciales, en el sentido que se da “un anticipo del valor que se estima se obtendrá por reposición de votos.”42 El mecanismo de la reposición de votos se aplica tanto para las campañas presidenciales como para las campañas electorales para el Congreso posteriormente de las elecciones, para financiar los gastos ejecutados durante las campañas electorales, para ello se multiplica el número de votos conseguidos por un candidato por el valor previamente establecido por el CNE o la ley. Las condiciones y los valores respectivos para la reposición de votos son establecidos para las campañas electorales de 2010-2014 a través de la Resolución No. 0020 de 2010 (14 de Enero) del CNE, en lo que corresponde la campaña presidencial y para las campañas al Congreso a través de la Resolución No. 1139 de 2009 (1 de Diciembre) del CNE. Por ejemplo, hay un valor de $4.217 por voto para las campañas al Congreso y $4.217,85 por voto a la presidencia (sin previo anticipo). Para tener derecho a la reposición de votos los candidatos presidenciales necesitan obtener “una votación equivalente o superior al 4% de los votos válidamente emitidos, no solo no accederán a la reposición de votos, sino que además deberán devolver la totalidad de los dineros dados a título de anticipo,”43 y para los candidatos del Congreso, las lista de las campañas deben superar el umbral.
Solamente tienen derecho a la reposición de votos los partidos y movimientos políticos que han presentado su rendición de cuentas, pero en el caso de los candidatos independientes estos reciben directamente el valor respectivo de los gastos de su campaña.
La rendición de cuentas es exigida en la Constitución Política de 1991, a través del Artículo 109 que dice que “los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.” A su vez el Artículo 18 de la Ley 130 de 1994 (23 de Marzo) determina qué tipo de informes públicos los partidos y movimientos políticos deben presentar ante el CNE, como son:
El Artículo 20 de la misma ley especifica qué categorías de ingresos deben aparecer en las rendiciones de cuentas, como son:
f) Ayudas en especie valoradas a su precio comercial; y
Cabe anotar que para las campañas presidenciales la Ley 996 de 2005 (24 de Noviembre) se han establecido varios requerimientos para la rendición de cuentas, como la asignación de un gerente de campaña, libros de contabilidad y soportes, sistema de auditoría, una cuenta única y según necesidad subcuentas. Pero, también hay normas especiales para este tipo de campañas descritas en la Resolución No. 0330 de 2007 (30 de Mayo) del CNE.
Para las demás campañas electorales para el Congreso se aplican los requerimientos expresados tanto en la Ley 130 de 1994, como en la Resolución No. 0330 de 2007 (30 de Mayo) del CNE acerca del registro y presentación de los libros contables, y posterior presentación de un informe consolidado por parte de los partidos o movimientos políticos, ante el CNE para su revisión. Una vez aprobado el informe por el CNE, este debe ser publicado. El CNE reglamenta a través de la Resolución 0212 de 2010 (del 9 de Febrero) y la Resolución 1142 de 2009 (1 de Diciembre), y la cual fue aclarada por la Resolución 1329 de 2009 (17 de Diciembre), los límites o llamados topes de publicidad para las campañas presidenciales y las al Congreso respectivamente, para evitar la desigualdad en las campañas.
En cuanto a las sanciones por violaciones44 a las normas expresadas de la Ley 130 de 1994, el Artículo 39, Numeral A se refiere a las multas, especificando el rango de valores en los cuales puede haber multas. Dichos valores son anualmente actualizados, para que mantengan su valor en el tiempo.45
En estas elecciones de 2010 se ha denunciado públicamente, incluso por parte de diferentes candidatos políticos, el exceso de dinero en las campañas electorales que se evidencia entre otras maneras en grandes cantidades de publicidad como las vallas que tienen un costo muy alto, pero también de las sedes y cuñas. Además se ha denunciado la posibilidad de que muchos recursos para la financiación de las campañas de algunos candidatos podrían ser fruto de acuerdos financieros, o con fuentes del narcotráfico ó con recursos públicos.46 Según la gente entrevistada por la Misión Internacional de Observación Pre-electoral en las diferentes regiones, un exceso de recursos en las campañas electorales y la superación de los topes establecidos por el CNE se muestran principalmente en la cantidad de publicidad que se percibe. Mucha gente piensa que algunos candidatos manejen presupuestos demasiados altos para su campaña electoral.
II. Superación de los topes
Hay una percepción general que algunas campañas electorales disponen de altos presupuestos que superan los topes establecidos por el CNE, sobre todo para las elecciones al Congreso. La publicidad electoral es uno de los gastos donde más se evidencia la superación de los topes. Sobre todo en el departamento del Valle de Cauca, la gente percibe que haya excesos de publicidad por parte del Partido de Integración Nacional (PIN)47 y el Partido de la U; y en Antioquia por parte del Partido Conservador. En Colombia la publicidad es extremamente costosa, así que sirve de indicador de altos gastos de campaña. El presidente del CNE, Marco Emilio Hincapié, dice que hay un elevado número de vallas en diferentes regiones del país, lo cual podría bien reflejar inversiones excesivas en algunas campañas electorales.48 El CNE comenzó a investigar el exceso de vallas de publicidad en Bogotá y encontró que cinco partidos violaron los topes de vallas, sobrepasando el límite legal de 15 por partido: el partido de ‘la U’ tenía 65, el Conservador 25; Cambio Radical 20, y el Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal 18 cada uno.49 Los respectivos partidos tuvieron que empezar a bajar la cantidad de vallas que superara el tope.50
En la actualidad hay dos casos que están en la mira en cuanto a su supuesta superación de topes. Uno de ellos que está actualmente en etapa de investigación es la financiación de la recolección de firmas para el referendo reeleccionista para una segunda reelección del actual presidente Álvaro Uribe Vélez, donde supuestamente se ha superado el tope máximo para la financiación de esta iniciativa, lo que se evidencia en la suma de 2000 millones de pesos que fueron invertidos, aunque el tope máximo es de 340 millones de pesos.51 Lo que llama la atención no es solamente el hecho que se superó el tope máximo, sino también que la mayoría de los recursos fueron aportados por parte de “consorcios y empresas que tienen contratos con el Estado,”52 a través de una fundación. Dado que es prohibido el aporte de personas jurídicas como son las empresas a tales iniciativas,53 se espera en este caso aun un pronunciamiento oficial al respecto por parte de la Corte Constitucional. Otro caso donde supuestamente se está superando el tope, es el de Andrés Felipe Arias, precandidato del Partido Conservador para la presidencia,54 caso que está en proceso de investigación por parte del CNE.55 Refiriéndose al caso de Arias, Daniel Coronell56 en su columna sostiene que en la lista de los aportantes hay varios beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro. Es una situación muy crítica ante el hecho de que Arias fue, antes de lanzarse como candidato a la presidencia, Ministro de Agricultura. Cabe recordarse que aportes de personas jurídicas como empresas para campañas presidenciales están prohibidos por la ley57, Aunque en este caso también se ha fundado una fundación para canalizar los aportes a la campaña. En este caso se está esperando un pronunciamiento del CNE al respecto, ya que se trata de un precandidato para la Presidencia.
En la misma línea, hay otro caso que llama mucho la atención, que es el del Ex-Senador y Ex-Vicepresidente del Partido Conservador Alirio Villamizar en cuya casa en Bucaramanga, Santander se encontraron casi 1000 millones de pesos en efectivo, y quien está acusado por la justicia por el escándalo de Notarías, aunque hay “37 senadores y representantes más de haber recibido notarías como retribución por el apoyo dado al proyecto de reforma constitucional que permitió la reelección presidencial.”58 Por esta alta suma de dinero y las acusaciones en su contra, la Corte Suprema expidió una orden de captura, y actualmente Villamizar se encuentra encarcelado. El mismo Villamizar manifestó que el dinero encontrado en su casa fue aportado por particulares para su campaña política en 2010.59 Pero, debe recordarse si fuera así, la suma de dinero superaría mucho el tope de 675.000.000 de pesos, establecido por el CNE para las campañas electorales para candidatos al Congreso.
Corrupción—Influencia en las Campañas Electorales a través de Recursos del Presupuesto Público
Según El Tiempo.com, el Ministerio del Interior ha recibido hasta ahora 54 denuncias de posibles actos de corrupción en la actual campaña electoral de 2010, la mayoría de estos en los departamentos de Santander, Antioquia y Valle del Cauca,60 regiones visitadas por la Misión Internacional de Observación Pre-electoral. Entre los hechos que fueron denunciados se menciona la corrupción al sufragante (entre otros en Antioquia, Santander y Valle del Cauca), dineros públicos en política (entre otros en Valle del Cauca) y la participación de funcionarios en política (entre otros, en Valle del Cauca).
La Misión recibió reportes de corrupción con fondos ilegales en todas las regiones, no solamente comprando a líderes de barrios, y entre la población—especialmente la que se encuentra en condiciones vulnerables—sino también de servidores públicos como gobernadores y alcaldes, para facilitar la elección de ciertos candidatos y para obstaculizar la elección de candidatos no deseados.
Según la gente entrevistada por la Misión Internacional de Observación Pre-electoral, hay una práctica de influenciar al electorado a través de recursos públicos. La corrupción de servidores públicos juega en este sentido un papel importante, ya que a menudo son ellos que permiten y/o ejercen prácticas ilegales para favorecer candidatos. En este sentido hay que tener en cuenta que la corrupción no solamente se muestra en el momento de las campañas políticas, sino en muchas regiones como por ejemplo decía la gente entrevistada por la Misión de Observación en el Bajo Cauca, ha sido una práctica que constituye uno de los principales problemas. Así la gente consideró que se da de igual manera la corrupción también en las campañas de estas elecciones de 2010.
Incluso se denunció que hay publicidad financiada por gobernaciones y alcaldías a través del presupuesto público.61 Son los alcaldes, junto con los registradores, a quienes corresponde a asignar los lugares para la publicidad electoral en sus respectivos municipios.62
Como posible acto de corrupción, está el mecanismo de las contrataciones para obras de infraestructura a cambio de la financiación de campañas electorales. Aparecieron denuncias públicas que aparentemente hay congresistas de la coalición del gobierno que indican a los alcaldes a qué empresas conceder contratos, para obtener de estos recursos para la financiación de sus campañas.63 Como explicó un servidor público en Antioquia, las contrataciones municipales—por ejemplo, para obras de infraestructura, son dirigidas por alcaldes, que ilegalmente pueden a través de los contratos que otorgan, favorecer a sus candidatos, y al mismo tiempo se benefician ellos mismos de este tipo de contrato por recibir posteriormente de las empresas aportes de dinero. Para que se otorgue el contrato a cierta empresa se pone en los Términos de Referencia criterios o experiencias previas que solamente la empresa (en general, compañías constructoras) que debe ser beneficiada puede cumplir. En el caso de las campañas presidenciales son prohibidas las aportaciones de empresas, pero en las demás son permitidas. Pero aunque en este último caso son legales, implican consecuencias políticas, en el sentido que propician la captura de candidatos (y alcaldes que les apoyan) por las empresas, y así incentiva la corrupción, ya que la empresa constructora como gran contribuyente a una campaña espera que sea favorecido después con contratos para obras de infraestructura.
Durante la visita a las regiones de Antioquia se comentó a la Misión Internacional de Observación Pre-electoral por parte de grupos sociales acerca de la compra de votos en el municipio Bello,64 a través de recursos públicos, en el sentido de que por parte de la alcaldía se están construyendo casas para líderes y/o casas de interés social/público en la región para comprar votos (en bloques y facilitados por los líderes) a favor de una candidata. Al igual según periodistas y grupos sociales, existe un exceso de publicidad por parte de esta candidata.
El apoyo de candidatos al Congreso en su campaña por parte de servidores públicos, con recursos del presupuesto público, se da por ejemplo a través de eventos donde se promueven candidatos en Antioquia y Valle del Cauca. También se habló del uso del Programa de Mejoramiento Alimentario y Nutricional para hacer campaña en Antioquia.65
Se ha reportado a la Misión casos de servidores públicos usando sus oficinas públicas para promover a sus candidatos, en Valle de Cauca y Santander. Existen también denuncias acerca de la corrupción a través de la participación de empleados de entidades estatales en campañas electorales.66
También se hablaba en las visitas de la Misión Internacional de Observación Preelectoral a las diferentes regiones de la financiación anticipada de campañas a cambio de la facilitación de votos, por ejemplo a través de la práctica de que un líder de un municipio facilita en las elecciones al Congreso votos, pero a través de la práctica ilegal de la compra de votos para un candidato a cambio de una financiación adelantada de su propia campaña para la alcaldía en las próximas elecciones regionales. Para aclarar, también hay casos donde líderes de barrios o comunidades son contratados por candidatos, para hacer propaganda política en su zona de influencia a favor de este candidatos y recibiendo para ello un sueldo, lo que en un sentido estricto no es ilegal, solamente se convierte en un acto ilegal si este líder además está ofreciendo a la gente dinero a cambio de su voto.
Resumiendo, se puede decir que en algunas regiones de Colombia, visitadas por la Misión de Observación, se busca influir en el electorado a través del presupuesto público, tanto nacional, como departamental y municipal para favorecer candidaturas al Congreso y la Presidencia.
Recursos ilegales del narcotráfico
Otra realidad todavía en Colombia son los recursos provenientes del narcotráfico en las campañas electorales, como se ha denunciado especialmente en el Valle de Cauca. Cabe recordarse el Proceso 8000 sobre la financiación de la campaña presidencial electoral de Ernesto Samper en 1994.67 Hay que destacar que detectar las fuentes ilegales de recursos como del narcotráfico, hoy es más difícil, ya que muchos recursos están en la legalidad a través de negocios legales. Para poder seguir con el negocio Ilícito, algunos grupos armados dedicados al narcotráfico apoyan con sus recursos campañas electorales de candidatos en las regiones donde tienen control territorial.
En su visita de la Misión Internacional de Observación Pre-electoral al departamento del Valle de Cauca la gente entrevistada expresaba preocupaciones acerca de candidatos del Partido de Integración Nacional (PIN), por sus supuestos nexos con individuos cuestionables, y considerando que hay algunos que reciben financiación ilegal para sus campañas. El departamento del Valle de Cauca figura también en la lista sobre hechos denunciados al Ministerio Interior acerca de la infiltración de dinero Ilícito en campañas electorales.68
La compra del voto es un acto ilegal. Cabe resaltar que el financiamiento para la compra de votos viene de diferentes fuentes como son las instituciones públicas, narcotraficantes y de grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico. Lo que hace difícil detectar este dinero ilegal es el hecho que es a menudo invertido en efectivo, así no aparece en la contabilidad. La práctica de la compra de votos a través de recursos públicos—por ejemplo, a través de la construcción de casas de interés social/público a cambio de votos facilitados por líderes de comunidades/barrios, es un hecho que es según la gente difícil de explicar y denunciarlo. Respecto a la compra de votos en Antioquia, recibimos serias denuncias públicas acerca de que personas del municipio Bello fueron llevadas en camiones para inscribir sus cédulas, y para favorecer a dos candidatos (del Partido Conservador) a cambio de la compra de su voto69, en este sentido se habla también del “voto prepago.”70
Como se comentó en muchas regiones visitadas por la Misión Internacional de Observación Pre-electoral, hay candidatos que gastan altas cantidades de dineros en ciertas zonas rurales, por ejemplo para la construcción de casas o en un caso concreto en el Bajo Cauca (Antioquia) donde la gente decía que un candidato equipó un equipo de fútbol con materiales deportivos a cambio de sus votos, aunque la entrega de los materiales fue hecho por un Concejal.
Según alguna gente del Bajo Cauca que fue entrevistada por la Misión de Observación tanto en elecciones anteriores, como en las actuales de 2010 hay otra vez candidatos de Córdoba, que hacen campaña en Caucasia y que supuestamente compren votos, aunque hasta ahora no existen denuncias oficiales. La gente decía también que se pagaba en el Bajo Cauca por 20 votos entre 100 hasta 130 mil Pesos, o la práctica de comprar el voto por un saco de cemento.
Pero, también como sostiene un candidato la corrupción en las campañas electorales no es solo de los candidatos, ya que se está ofreciendo por parte de líderes a vender votos, por ejemplo cada uno por 50 mil pesos.71
Desventajas en la Financiación como Realidad Política
Como se comentó a la Misión Internacional de Observación Pre-electoral por parte de integrantes del Partido Conservador, se presentan desventajas para ciertos candidatos en la financiación de sus campañas electorales en el sentido de que muchos de los nuevos candidatos no cuentan con el mismo apoyo financiero que candidatos conocidos, e incluso no se está apoyando a las mujeres candidatas con recursos por parte del partido. La financiación de campañas electorales a través de la financiación pública por el CNE a menudo no es suficiente, especialmente para candidatos nuevos, que tampoco reciben muchas donaciones individuales.
Así las campañas que reciben financiamiento de empresas tienen una clara ventaja, frente a las que no reciben este tipo de financiación, aunque obviamente las que reciben recursos ilícitos provenientes del narcotráfico tienen una ventaja aun mayor.
Aunque se sabe que a menudo hay dinero sucio en algunas campañas, denunciarlo sobre todo en regiones con presencia de grupos armados ilegales es peligroso por las consecuencias que eso puede llevar. Lo que dificulta la labor de investigación es el hecho de que no se han metido muchas denuncias formales con pruebas, lo que en muchos casos es difícil a comprobar por parte de la persona que quiere denunciar una violación, además poniendo en riesgo su vida. Al otro lado, varias autoridades nos dijeron que no son capaces de vigilar cabalmente los procesos electorales por falta de recursos. Otras autoridades muestran desinterés y falta de voluntad por dar seguimiento a las denuncias, de la compra de votos, o la financiación que supera los topes. Esta actitud se percibe según la gente entrevistada por la Misión Internacional de Observación Pre-electoral en los Comités de Seguimiento a nivel municipal en Antioquia, sobre todo en municipios donde se habla de los vínculos de los alcaldes con grupos ilegales o donde un alcalde se ve comprometido con ciertos candidatos. En estas regiones el papel de los Comités de Seguimiento se limita a hacer reuniones informativas, y no tanto de investigación.
Hay que destacar que durante las campañas tampoco hay un control financiero por parte del partido político, sino solamente después de las elecciones, cuando el partido exige de sus candidatos a presentarles su contabilidad para poder enviarla al Fondo de Campañas para su respectiva revisión.
El tiempo de investigación de violaciones por superar los topes se demora hasta 2 años. Solamente hay un control por el CNE en el momento de la inscripción de los candidatos y 30 días después de las elecciones, cuando los partidos/candidatos tienen que entregar al CNE los registros contables de sus campañas electorales para su respectiva revisión.
Votebien.com señala que en lo que corresponde a las elecciones al Congreso del 2006, hasta finales de octubre “137 aspirantes a la Cámara de Representantes y 27 candidatos al Senado no entregaron informes de rendición de cuentas a sus partidos políticos, según estadísticas del CNE.”72 Quiere decir que ni los partidos políticos ni el CNE saben cómo estos candidatos financiaron sus campañas. Aparte de eso, se presenta en términos de rendición de cuentas la situación desfavorable que el Fondo de Campañas únicamente puede hacer las respectivas revisiones de los montos reportados de los partidos y los informes finales para ver si las cuentas cuadren, además cuenta el Fondo para esta tarea con muy pocos recursos como funcionarios para estas revisiones por lo cual el control es mínimo.73 En los casos donde fueron entregados los registros contables muchos contienen errores en las sumatorias o errores en la diligencia de los formularios o no cumplen con ciertos requerimientos. En este sentido es importante anotar que aparentemente “no hay una ley o un plazo que diga cuantas veces pueden ir y venir los informes y eso hace que el CNE todavía tenga cuentas sin certificar desde los comicios de 1997,” y de “las cuentas de las campañas al Congreso de 2006, hoy hay 23 cuentas en proceso de corrección.”74 Lo que se evidencia es la falta de una norma para sancionar la calidad de los informes y en qué forma son presentados. Otro problema es que gracias a la Resolución 157 de 2006 que emitió el CNE, los partidos solamente tienen que presentar los informes consolidados y resumidos sin la relación detallada acerca “de lo que cada candidato había recibido y gastado, y de lo que entregó a su partido.”75 Quiere decir que no hay un control efectivo acerca de las campañas electorales.
Aunque el CNE investigó a diferentes candidatos y partidos por violaciones de las reglas en las campañas electorales tanto para el Congreso como la Presidencia en 2006, hasta finales de octubre de 2009 no había “ninguna sanción por violación de topes,”76 sino más por abuso de publicidad o falta de entrega de informes etc. Todavía hay revisiones e investigaciones de las cuentas de campañas anteriores de algunos candidatos, que no necesariamente quiere decir que se ha superado los topes, así hay que esperar los resultados de estas investigaciones. Aunque la percepción de mucha gente es que si había candidatos que han superado los topes, y en la actualidad, para las elecciones al Congreso de 2010 la gente considera que haya supuestamente también candidatos que están superando los topes máximos.
Lo que dificulta las investigaciones y sanciones por parte del CNE es el hecho que sus magistrados son nombrados por el Congreso, lo que naturalmente les pone en un conflicto de interés, limitando de esta manera su autonomía a proceder en contra los partidos y candidatos que violan la ley. Lo que además hay que tener en cuenta, si en un caso se comprueba una violación al tope para la financiación de una campaña electoral la sanción pueda llegar hasta quitar la personería jurídica a los partidos respectivos.77
En este sentido deben tenerse en cuenta tanto la Ley 130 de 1994 acerca de las sanciones en caso de violaciones de las normas reglamentadas por ella, como el Artículo 107 de la Constitución Política de 1991, el cual fue modificado por el Artículo 1 de la Reforma del 2009 a través del Acto Legislativo 01 de 2009 (14 de Julio) lo cual establece la responsabilidad de los partidos y movimientos políticos de “[…] responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación […].” Este mismo artículo establece como posibles sanciones “[…] multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica.”
En resumen se puede decir aunque la ley prevé sanciones en casos de violaciones, no existe una ley que especifica claramente los diferentes tipos de delitos (entre otros electorales) y sus respectivas sanciones como multas.
Tristemente parece que todavía en Colombia vale el lema, expresado por un político que “Una campaña cuesta que uno quiere que valga.” A pesar de que existan las reglamentaciones acerca de la financiación de las campañas electorales muchos candidatos no cumplen estas directrices. Pero se debe reconocer los avances de investigaciones y denuncias por parte de las diferentes entidades de control que se presentaron posteriormente a la Misión Internacional de Observación Pre-electoral.
Sección 4: Programas sociales y su eventual manipulación con fines electorales
Acción Social y los programas Sociales de la Presidencia de la República.
El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez creó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional mediante el decreto 2467 de 2005, fusionando dos entidades: la Red de Solidaridad Social, encargada hasta entonces de los programas sociales de la Presidencia de la República y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, que focalizaba la cooperación técnica y financiera del país78.
Desde entonces, Acción Social es la entidad que canaliza recursos nacionales e internacionales para los programas sociales que dependen de la Presidencia de la República y que atiende a poblaciones vulnerables afectadas por la pobreza, el narcotráfico y la violencia. Coordina además la atención a la población víctima del conflicto armado mediante el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, SNAIPD. La entidad realiza además la coordinación interinstitucional para que los programas sociales lleguen de manera ordenada y oportuna a diversas regiones del territorio nacional.
Entre los diferentes programas que desarrolla Acción Social, el programa “Familias en Acción” es el más reconocido a nivel nacional y el que cuenta con la mayor cobertura con cerca de 3 millones de familias. El programa consiste en otorgar subsidios condicionados a madres y familias pobres y/o desplazadas por la violencia, que cumplan con compromisos frente a sus propios hijos, como la asistencia de los niños y niñas a centros educativos y llevarlos a controles periódicos de salud. Este programa goza del reconocimiento de las autoridades locales como una importante estrategia de lucha contra la pobreza y tiene una masiva aceptación entre sus beneficiarios(as).
Resultados de la Observación de la Misión.
Como se ha dicho, el equipo de Observación Pre-electoral realizó visitas a cuatro regiones del país, con equipos diferentes, pero luego del análisis de los hallazgos regionales, llamó la atención de la Misión que diferentes fuentes (funcionarios, ciudadanos, miembros de organizaciones sociales y partidos políticos) coincidieran en afirmar, casi de manera literal salvando las diferencias de fuente y región, que miembros del Partido de la U y de partidos de coalición de gobierno que aspiran a la Cámara y al Senado de la república, han asistido a reuniones con los beneficiarios de los programas sociales de la presidencia, concretamente “Familias en Acción” y ha manifestado, que de no apoyarlos en las urnas “los subsidios que reciben del presidente de la república se acabarían”.
Resulta grave que no se identifique una distancia entre la figura presidencial y programas que buscan atender poblaciones desplazadas y vulnerables en el país, lo cual, a nuestro entender, deja abierta una gran oportunidad para la manipulación de los subsidios y la restricción de la libertad ciudadana a elegir libremente al candidato de su preferencia.
La manipulación electoral a partir del favorecimiento en programas sociales o beneficios como empleos temporales, no se limitan al gobierno nacional, pero sin duda la gran cobertura de “Familias en Acción” lo hace muy visible, tanto para quienes agradecen sus bondades, como para quienes buscan aprovechar electoralmente esta iniciativa.
La Misión recibió quejas de casos de manipulación y desinformación por parte de políticos regionales sobre los beneficiarios del programa “Familias en Acción” en los sectores populares de todos los municipios que visitó. Infortunadamente, el miedo impide que ellos mismos adelanten las denuncias formales ante las autoridades competentes y las fuentes pidieron a la Misión el anonimato ya que pueden correr riesgos por firmar una denuncia con su propio nombre. Sin embargo, es significativo que a partir de las primeras declaraciones de la Misión de Observación Pre-electoral Internacional el pasado 15 de febrero, los medios de comunicación hayan mostrando su interés en seguir investigando y eso evidencia que nuestras afirmaciones no buscan ser un ataque a la institucionalidad colombiana, sino una preocupación auténtica frente al uso inadecuado de los programas sociales y la necesidad de establecer condiciones para el ejercicio de la democracia, la distinción clara entre las obligaciones del Estado y actividades de proselitismo político, así como la igualdad para todos los partidos y candidatos en el marco de los procesos electorales en Colombia. Este informe busca dar voz a las percepciones, preocupaciones y quejas que los ciudadanos y ciudadanas han expresado en forma insistente a menudo de manera anónima, con el interés compartido de mejorar el funcionamiento de la democracia y la aplicación de las leyes existentes.
Lo que se comentó a la Misión Internacional de Observación Pre-electoral es que beneficiaros de ayudas brindadas por Acción Social reciben subsidios con el mensaje de que estas fueran facilitadas directamente por el presidente Uribe y que si no reeligieran a él en la segunda reelección seguramente se les quitarán estas ayudas, o incluso como señalaron líderes comunitarios y beneficiarios de programas sociales de Acción Social, aspirantes a la Cámara y Senado han asistido a reuniones con los beneficiarios, donde se ha señalado que si no votan por ellos y por el partido de gobierno, los subsidios que reciben de la Presidencia de la República se acabarían.
Esta práctica pone en gran desventaja a los partidos opositores del actual gobierno. Estos hechos ya fueron denunciados públicamente por el periódico El Tiempo que obtuvo conocimiento de “casos concretos en los que el nombre del programa presidencial Acción Social—que beneficia a 4 millones de personas aptas para votar- es usado irregularmente por candidatos que dicen tener el poder para decidir la asignación o suspensión de los subsidios.”79 Como reacción se ordenó por parte del gobierno a suspender los subsidios de todos los programas de Acción Social hasta después de las elecciones, y la misma agencia presidencial ya ha denunciado 6 casos sobre la utilización del programa para campañas políticas.80
Otras instancias de denuncia de anomalías.
Desde la misma dirección de Acción Social se han hecho denuncias de manipulación de los programas de la entidad con fines electorales y sabemos, gracias a los medios de comunicación, que tales denuncias ya están en manos de la Fiscalía General de Nación. Por las mismas fuentes periodísticas se han denunciado casos en los municipios de Tenjo (Cundinamarca), Cajamarca (Quindío), Saldaña (Tolima), y en el departamento de Nariño y se puso en evidencia la presunta manipulación del programa Familias en Acción con fines electorales por parte del señor Julián Rivera, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical y ex-funcionario de Acción Social.
La Procuraduría General de la República, a través de su Sistema de Información y Gestión Disciplinaria (GEDIS) ha recibido quejas de los ciudadanos en los últimos tres años frente a presuntas manipulaciones de los programas de Acción Social en municipios como Cucutilla (Norte de Santander), Dagua (Valle), Guaduas (Cundinamarca), Tierralta (Córdoba), Agustín Codazzi (Cesar), Bolívar y Toro (Valle del Cauca), Santana (Boyacá), Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare) y Venadillo (Tolima).
De igual forma, funcionarios de Acción Social en las Unidades Territoriales de la entidad, han denunciado que a los beneficiarios los políticos regionales los convocan “presuntamente a reuniones de la entidad, luego se les exige presentación de documentos y afiliaciones, y posteriormente se les advierte que si no han participado de las convocatorias se les podría suspender la ayuda gubernamental que les brinda el Estado”.81
Más que suplantar las funciones que por demás le competen a organismos del gobierno colombiano como la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la República en cuanto a realizar investigaciones y encontrar responsabilidades, queremos hacer un llamado para que Acción Social adelante acciones que más allá de toda duda, le permitan a beneficiarios que no tienen acceso a la Internet o que en muchas oportunidades no son alfabetizados, identificar que no son los políticos regionales quienes otorgan los subsidios de “Familias en Acción”, ni que el programa o la inclusión en el mismo son “favores” que deben cambiarse por votos por un determinado candidato o partido político.
INFORMES REGIONALES:
1. Informe de la Misión de Observación Internacional—Córdoba (Montería, Montelíbano)
2. Informe de la Misión de Observación Internacional—Santander (Barrancabermeja, Bucaramanga)
3. Informe de la Misión de Observación Internacional—Valle de Cauca (Cali, Buenaventura)
4. Informe de la misión de Observación Internacional—Antioquia (Medellín, Caucasia)
Conclusiones y recomendaciones de la Misión Internacional de Observación Pre-Electoral a Colombia, febrero de 2010
En términos generales, los retos de la democracia son grandes y complejos en Colombia. Los efectos adversos del conflicto armado internos y la influencia de la economía del narcotráfico, en un contexto generalizado de pobreza, corrupción, impunidad y miedo, han dejado a las instituciones democráticas y a la sociedad civil en un estado de debilidad y sometimiento que amenaza los derechos humanos y libertades fundamentales, y en ese contexto, las condiciones necesaria para un ejercicio electoral libre, incluyente y equitativo en el periodo 2010.
La Misión concluye que es imposible analizar el ambiente pre-electoral sin tomar en cuenta el contexto político, el conflicto armado interno, y los factores socio-económicos que impactan al país. Señalamos que la participación ciudadana en el sistema democrática es profundamente influenciada por el conflicto armado interno, por las actividades de los grupos armados ilegales, por el narcotráfico, por la impunidad y por la sistemática violación de los derechos humanos que se vive en algunas regiones y en algunos sectores de la población. Esta situación y una cultura de desconfianza en las autoridades debido a la corrupción y los abusos han llevado a que existe en algunas partes del país la percepción de que las elecciones de marzo tendrán altos riesgos de delitos electorales, fraude y manipulación.
La misión está consciente de los problemas electorales y las deficiencias en los procesos democráticos que existen también en otros propios países, y trabajamos allá también para lograr la plena democracia. Estamos convencidos de que la lucha por la democracia es una tarea constante en todos los países, y reconocemos que Colombia no es la única sociedad que se enfrenta a tales retos.
Planteamos las siguientes conclusiones y recomendaciones en el espíritu de solidaridad democrática, basada en nuestras observaciones y las propuestas que escuchamos, y con la plena convicción de que lograr un proceso más democrático en Colombia es un tema humanitario y fundamental para el país y para el hemisferio. Los y las ciudadanos colombianos son los árbitros finales de su soberanía y vida nacional.
1. La Misión señala su grave preocupación por el evidente control que ejercen grupos armados ilegales en las regiones visitadas, con particular énfasis en la ciudad de Buenaventura. La misión recomienda que todos los niveles de gobierno retomen la preocupación de los ciudadanos de los sectores vulnerables, y tomen las medidas para controlar y desarticular estas estructuras criminales.
2. Se requieren medidas efectivas por parte del Estado Colombiano en su conjunto para evitar actos de intimidación y manipulación del voto por parte de las diversas bandas armadas criminales, así como la adopción de medidas certeras para evitar la captura del Estado por estos grupos delincuenciales.
3. Es recomendable que el Ejecutivo, así como el Congreso de la República, doten de recursos humanos, financieros y organizacionales suficientes a los organismos electorales, para que de manera autónoma puedan cumplir cabalmente con sus funciones.
4. Es necesario que las sanciones a los autores de la adulteración de los resultados electorales, de la trashumancia electoral, del acopio de cédulas, de las violaciones a la ley de garantías electorales, etc. sean rápidas y efectivas. Se requiere fortalecer la justicia electoral, ya que la existencia de impunidad es una invitación al fraude electoral.
5. Se hace necesario que el país modernice su censo electoral para evitar las situaciones señaladas en donde “los muertos votan” y otras irregularidades.
6. Se requieren acciones de mayor participación ciudadana en el control social de los procesos electorales para que las autoridades locales y las instancias de monitoreo electoral cuenten con la credibilidad y la confianza ciudadana, y de todos los partidos políticos como parte de estas acciones, es necesario fortalecer las instancias de Observación Electoral por parte de los diversos estamentos de la sociedad civil.
7. Se hacen necesarios esfuerzos en materia de la aplicación de las leyes que regulan los topes de la publicidad electoral, que garantizan mayor transparencia y legalidad en el acceso a programas y políticas públicas de bienestar social, que limitan el uso de las contrataciones con fines electorales, así como otras leyes y regulaciones que garantizan elecciones libres y justas.
Global Exchange es una organización internacional de derechos humanos que apoya la participación democrática como prerrequisito para la justicia social, económica y ambiental. Por más de una década Global Exchange ha promovido activamente la democracia en el mundo a través de la observación electoral.
Hemos liderado o participado en observación electoral en más de una docena de países muchos de los cuales se encontraban en contextos agitados o en transición entre la dictadura y la democracia. En cooperación con organizaciones de la sociedad civil locales, hemos observado o monitoreado complejas elecciones en México, Sudáfrica, Haití, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Indonesia y los Estados Unidos.
Como resultado Global Exchange se ha establecido como un defensor creíble y ampliamente reconocido de la democracia. Para la realización de esta primera experiencia de observación pre-electoral para Colombia, Global Exchange convocó a un equipo de investigadores, profesionales, ciudadanos y defensores de democracia interesados en promover y apoyar los esfuerzos para consolidar la democracia en Colombia y que hacen parte de las siguientes organizaciones:
CUPE—SCFP Canadian Union of Public Employees.
Network for Advocacy and Support of Grassroots Afro—Colombian Communities.
Los recursos para las actividades realizadas en el marco de esta misión internacional de observación pre-electoral para Colombia proceden de donaciones privadas y fundaciones benéficas de un pequeño grupo de familias con un historial de apoyo a la democracia en todo el mundo. Global Exchange no recibe financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos, ni cualquier otro gobierno.
Para nuestra observación contamos con el apoyo de la Misión de Observación Electoral (MOE) tanto a nivel nacional como regional. La MOE viene realizando una importante labor de identificación y sistematización de riesgos electorales en Colombia. Como organismo independiente nos alienta, junto con MOE, el mismo propósito de fortalecer la democracia y fomentar el ejercicio pleno de los derechos políticos de los ciudadanos. Agradecemos profundamente a los hombres y las mujeres de la MOE en todo el país, pero especialmente en las cuatro regiones en donde llevamos a cabo la Observación Internacional, por su valor y su compromiso y el apoyo que nos brindaron. Desde luego, nuestra labor como Misión Internacional de Observación Pre-Electoral y el informe correspondiente quedan exclusivamente bajo nuestra responsabilidad.
Para una lista completa de la ley electoral Colombiana ver:
http://www.moe.org.co/webmoe/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=152
http://cvisible.uniandes.edu.co/var/rw/CMS/congresodelarepublica/4.%20Reglas%20de%20Juego%20Electorales/Guia%20Pedagogica%20Elecciones%202006.pdf, Febrero 24, 2010.
Acto Legislativo 1 De 2009, Diario Oficial No. 47.410 de 14 de julio de 2009, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
De encuentro al que asistieron 410 políticos hablaría ‘Jorge 40″ en versión que rendirá en 10 días. Revista Semana, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3560754#, 18 de mayo de 2007.
Llevan expediente de la ‘parapolítica’ ante la CIDH. Verdadabierta.com, Marzo 24 de 2009,
http://www.verdadabierta.com/web3/parapolitica/1062-llevan-expediente-de-la-parapolitica-ante-la-cidh.
6 Misión de Observación Electoral, Mapas de Riesgo Electoral por Factores de Violencia—Elecciones Congreso 2010,
http://moecolombia.org/descargas/01%20MAPAS%20VIOLENCIA%202010.pdf, Marzo 2010.
El fenómeno del PIN. Revista Semana. 6 de Febrero 2010. http://www.semana.com/noticias-nacion/fenomeno-delpin/134631.aspx.
el Consejo Nacional Electoral—CNE suspendió la personería jurídica de dicho partido.
Herederos de la ‘parapolítica’ se la juegan a fondo para llegar al Congreso, Revista Cambio,
http://www.cambio.com.co/paiscambio/politicacambio/863/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-6997047.html, 22 de enero 2010.
Reunión con MOE regional, Barrancabermeja, 8 de febrero 2010.
Entrevista con oficial en Bucaramanga, 11 de febrero 2010.
Providencia sobre competencia en caso en contra Araújo. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Septiembre 15 de 2009, Única 27032, http://www.verdadabierta.com/web3/archivos-para-descargar/category/44-parapoltica?download=490%3Aprovidencia-coerte-suprema-competencia-caso-araujo.
Consolidación y exterminio de la oposición política en el Bajo Nordeste Antioqueño”, en Colombia Nunca Más: Crímenes de lesa humanidad. Proyecto Nunca Más, Tomo I, Julio 16 de 2001,
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14I/cap8.html.
El turno de Antioquia. Revista Semana, Abril 14 de 2007, http://www.verdadabierta.com/web3/parapolitica/antioquia/351-elturno-de-antioquia.
Aromaterapia para los militares de ‘falsos positivos’. El Tiempo, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM- 3810097, 26 de enero 2010.
Corporación Jurídica Utopía, Inminente la libertad de 10 militares implicados en masacre de 8 personas en Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Corporación Colectivo de Abogados, http://www.colectivodeabogados.org/Inminente-lalibertad-de-10, 27 de enero 2010.
Colectivo de Abogados, Con Intimidaciones, arrancó juicio por masacre en Comunidad de Paz.
http://www.colectivodeabogados.org/Con-intimidaciones-arranco-juicio, 25 de Agosto 2009.
Así termina la parapolítica en el 2009. Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris,
http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/oca/analisis/parapolitica_2009_DICIEMBRE.pdf , Diciembre 2009.
Texto original del “Acuerdo de Ralito. El País, Enero 19 de 2007, http://www.derechos.org/nizkor/corru/doc/ralito1.html). (Ver también: Así se ‘tejió’ el pacto secreto del 2001 entre políticos y ‘paras’, en Santa Fe Ralito. José Antonio Sánchez y Carlos Camacho Marín, El Tiempo, Enero 20 de 2007, http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paz/ralito3.html; El Acuerdo de Ralito fue un pacto con el diablo. Revista Semana, Enero 21 de 2007, http://www.derechos.org/nizkor/corru/doc/ralito.html).
Para el caso Indígena hay diferentes Sentencias de la Corte Constitucional que reconocen derechos políticos, territoriales y culturales, entre ellas la Sentencias C-139 de 1996 y T-652 de 1998 que reconoce el derecho a determinar sus propias instituciones políticas. Para el caso de los Afro descendientes esta la Ley 70 de 1993, como marco legal comprehensivo. Sin embargo, esta ley no está desarrollada en su totalidad. Capítulos relacionados con el desarrollo y administración territorial se encuentran aun sin reglamentar.
UN Centro para los Derechos Humanos, “Human Rights and Elections. Profesional Training, Series No. 2”. Geneva. 1994. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training2en.pdf.
ONU. “Ampliando la efectividad del principio de elecciones periódicas y genuinas”. Reporte del Secretario General. Pag, 76. HRPPT2 1991. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training2en.pdf.
COMMENTS CONCERNING THE PENDING FREE TRADE AGREEMENT WITH COLOMBIA
THE AMERICAN FEDERATION OF LABOR, presentación al USTR, AFL-CIIO, 15 de septiembre de 2009.
UNCHR, Training Manual. “UN Human Rights and Standards regarding Elections in general”. Num. II-A. Pag. 4 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training2en.pdf.
Ver, http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2522.pdf.
Ver, http://www.upr-info.org/IMG/pdf/Recommendations_Colombia_2008.pdf.
Ver, http://www.afrocolombians.com/pdfs/independentexpertonminorities-Feb2010.pdf.
UN EPU, Colombia. Lista de recomendaciones contenidas en la sección II del Informe del Grupo de trabajo A/HRC/10/82. Diciembre 10, 208. Adopción, Marzo 20, 2008. Geneva. http://www.uprinfo.org/IMG/pdf/Recommendations_Colombia_2008_S.pdf.
R- Párrafo 37 (c) (Eslovenia) “Recomendó que, de conformidad con la recomendación formulada por el Comité de los Derechos del Niño en 2006, se pusiera término a la utilización de niños por las fuerzas de seguridad en la recolección de información de inteligencia y en programas como “Soldados por un día””.
R- Párrafo 19 (e). “Suprimir las medidas administrativas que estimulaban la comisión de actos que atentaban contra los derechos humanos, tales como incentivos a los militares según el número de bajas infligidas en combate”.
R- Párrafo 19 (d) (Chile) “Suprimir las medidas administrativas que estimulaban la comisión de actos que atentaban contra los derechos humanos, tales como el uso indiscriminado de recompensas a civiles informantes”.
ver, “RESUMEN PREPARADO POR LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS CON ARREGLO AL PÁRRAFO 15 c) DEL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN 5/1 DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. Colombia”. http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/CO/A_HRC_WG6_3_COL_3_S.pdf.
“Stop Abuses by Paramilitaries’ Successor Groups”, Human Rights Watch http://www.hrw.org/en/news/2010/02/02/colombiastop-abuses-paramilitaries-successor-groups.
Un reporte detallado sobre el tema por la M.O.E. titulado “Irregularidades y delitos electorales” fue publicado en enero de 2010.
Misión de Observación Electoral (2010). El financiamiento de la política, Cartilla G. Bogotá, 2010. Por publicar.
Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 109.
Artículo 12 de la Ley 130 de 1994 (23 de Marzo).
Artículo 14 de la Ley 130 de 1994.
Véase: Consejo Electoral Nacional (2010). Resolución No. 0020 de 2010 (14 de Enero). Bogotá, Colombia.
Véase: Consejo Electoral Nacional (2009). Resolución No. 0552 de 2009 (01 de Julio) y Resolución No. 0521 de 2009 (9 de Junio). Bogotá, Colombia.
Misión de Observación Electoral (2010). El financiamiento de la política, Cartilla G. Bogotá, 2010, p. 8. Por publicar.
4 Misión de Observación Electoral (2010). El financiamiento de la política, Cartilla G. Bogotá, 2010, p. 10. Por publicar
Véase también: Acto Legislativo 01 de 2009 (14 de Julio).
Véase: Resolución No. 0033 de 2010 (26 de Enero) del CNE.
El Tiempo.com (2010). Rafael Pardo y Germán Vargas Lleras denuncian derroche de dinero en las campañas. El Tiempo.com (25 de Enero de 2010):
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/candidatos/rafaelpardo/ARTICULO-WEB PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7028808.html.
Véase: El Tiempo.com (2010). Cinco partidos violaron topes de vallas en Bogotá y serán sancionados. El Tiempo.com (18 de Febrero de 2010): http://www.eltiempo.com/elecciones2010/parlamentarias/cinco-partidos-violaron-topes-de-vallas-en-bogota-yseran-sancionados-sus-logos_7225834-1.
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El Tiempo.com (2010). Cinco partidos violaron topes de vallas en Bogotá y serán sancionados. El Tiempo.com (18 de Febrero de 2010): http://www.eltiempo.com/elecciones2010/parlamentarias/cinco-partidos-violaron-topes-de-vallas-en-bogota-y-seransancionados-sus-logos_7225834-1.
Semana.com (2010). Ponencia del referendo es negativa, dicen varias fuentes. Seman.com (4 de Febrero de 2010): http://www.semana.com/noticias-politica/ponencia-del-referendo-negativa-dicen-varias-fuentes/134527.aspx.
Daniel Coronell (2010). Agro aporte seguro. Semana.com (13 de Febrero de 2010): http://www.semana.com/noticiasopinion/agro-aporte-seguro/134925.aspx.
Ley 996 de 2005 (24 de Noviembre).
El Tiempo.com (2010). Senador Alirio Villamizar es el primer acusado por escándalo de Notarías. El Tiempo.com (19 deFebrero de 2010): http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-6803162.html.
El Espectador.com (2009). Llamado a juicio a Alirio Villamizar. El Espectador.com (18 de Diciembre de 2009): http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso178185-llamado-juicio-alirio-villamizar.
El País (2010). Contratistas del Estado aportaron al referendo. El País (19 de Febrero 2010):
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Diciembre022008/nal3.html.
Semana.com (2010). Agro aporte seguro. Semana.com (13 de Febrero de 2010): http://www.semana.com/noticiasopinion/agro-aporte-seguro/134925.aspx.
Semana.com (2010). Lo que le puede pasar a Arias por la investigación del CNE. Semana.com (15 de Febrero 2010): http://www.semana.com/noticiaspolitica/puede-pasar-arias-investigacion-del-cne/135027.aspx.
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El Tiempo.com (2010). Mininterior ha recibido 54 denuncias de posibles actos de corrupción en campaña electoral. El Tiempo.com (18 de Febrero de 2010): http://www.eltiempo.com/elecciones2010/54-denuncias-de-posibles-actos-de-corrupcionen- campana-electoral-uriel_7242747-1.
El Tiempo.com (2010). Rafael Pardo y Germán Vargas Lleras denuncian derroche de dinero en las campañas. El Tiempo.com (25 de Enero de 2010): http://www.eltiempo.com/elecciones2010/candidatos/rafaelpardo/ARTICULO-WEBPLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7028808.html.
Véase: Ley 130 de 1994 (23 de Marzo).
Votebien.com (2010). Rafael Pardo denuncia feria de subsidios para financiar campañas uribistas. Votebien.com (22 de Enero de 2010): http://www.terra.com.co/elecciones_2010/votebien/html/vbn369-rafael-pardo-denuncia-feria-de-subsidios-parafinanciar-campanas-uribistas.htm, consultado el 20 de Febrero 2010.
Bello es uno de los municipios más importantes de Antioquia en lo que se refiere a su gran potencial de votación electoral.
Votebien.com (2010). Cuestionan a la Gobernación de Antioquia por participación en política. Votebien.com (16 de Febrero de 2010): http://www.terra.com.co/elecciones_2010/votebien/html/vbn492-cuestionan-a-la-gobernacion-de-antioquia-porparcialidad-politica.htm.
El Tiempo.com (1996). En qué va el Proceso 8.000. El Tiempo.com (6 de Octubre de 1996):
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-528362.
68 El Tiempo.com (2010). Mininterior ha recibido 54 denuncias de posibles actos de corrupción en campaña electoral. El Tiempo.com (18 de Febrero de 2010): http://www.eltiempo.com/elecciones2010/54-denuncias-de-posibles-actos-de-corrupcionen- campana-electoral-uriel_7242747-1
El Tiempo.com (2010). Trasteo de votantes, subsidios de Acción Social y dinero en efectivo prenden alerta electoral. El Tiempo.com (21 de Febrero de 2010): http://www.eltiempo.com/elecciones2010/alerta-electoral-por-irregularidades-comotrasteo-de-votantes_7295161-1.
Caracol (2010). El ‘voto pre pago’ aparece como nuevo delito electoral en Antioquia. Caracol (16 de Febrero): http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=954274.
72 Votebien.com (2009). Candidatos morosos. Votebien.com (26 de Octubre de 2009):
http://www.terra.com.co/elecciones_2010/articulo/html/vbn77-las-cuentas-pendientes-del-2006.htm, consultado el 20 de Febrero de 2009.
Votebien.com (2009). Las cifras que no cuadran. Votebien.com (28 de Octubre de 2009):
http://www.terra.com.co/elecciones_2010/articulo/html/vbn87-las-cuentas-que-no-cuadran.htm, consultado el 20 de Febrero de 2009.
Votebien.com (2009). Las cuentas sin sanciones. Votebien.com (29 de Octubre de 2009):
http://www.terra.com.co/elecciones_2010/votebien/html/vbn95-las-cuentas-sin-sanciones.htm, consultado el 20 de Febrero de 2009.
http://www.terra.com.co/elecciones_2010/votebien/html/vbn95-las-cuentas-sin-sanciones.htm, consultado el 20 de Febrero de 2010.
Cfr. http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=3&conID=544&pagID=820.
80 El Tiempo.com (2010). Trasteo de votantes, subsidios de Acción Social y dinero en efectivo prenden alerta electoral. El Tiempo.com (21 de Febrero de 2010): http://www.eltiempo.com/elecciones2010/alerta-electoral-por-irregularidades-comotrasteo-de-votantes_7295161-1.
81 Diario del Huila, febrero 20 de 2010. http://www.diariodelhuila.com/actualidad/item/10245-m%C3%A1s-denuncias-poracoso-de-familias-en-acci%C3%B3n.
Nace el consejo de defensa de UNASUR
“Elecciones en Honduras”, una parodia de democracia
http://www.ircamericas.org/esp/6625

References: Artículo 12
 Artículo 38
 Resolución 
 Artículo 20
 Artículo 14
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 109
 Artículo 18
 Artículo 20
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 39
 Resolución 
 Artículo 107
 Artículo 1
 RESOLUCIÓN 
 Artículo 109

Artículo 12

Artículo 14
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución