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Timestamp: 2019-03-25 09:46:48+00:00

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El delito de abuso de autoridad en la jurisprudencia peruana
Boletín Académico 41 Ojo
INFORME 3 anos RPA
Veracruz.- Codigo Penal
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Al haber procedido a clausurar el local comercial del agraviado en su calidad de funcionarios de la
municipalidad, los procesados se han limitado a cumplir con sus deberes de función, ejercitando
sus atribuciones y autoridad dentro de los límites y con el procedimiento que la ley señala, no
constituyendo su accionar delito de abuso de autoridad.
Expediente 2966-98
Lima, catorce de Diciembre de mil novecientos noventiocho.VISTOS: Interviniendo como vocal ponente el doctor Demetrio Ramírez Descalzi; de
conformidad con lo opinado por el Señor Fiscal Superior a fojas ciento treinta a ciento
treintiuno; y CONSIDERANDO: Que, se le atribuye a los procesados Francisca Izquierdo
Negrón y César Pela Lente, que abusando de las atribuciones que la confieren sus cargos de
funcionarios de la Municipalidad de Jesús María, haber procedido a clausurar indebidamente el
local comercial del agraviado Alberto Guerrero Arias, ubicado en el jirón Huiracocha número mil
doscientos sesentisiete y mil doscientos setentisiete, sin contar con la autorización pertinente, y
sin haber notificado previamente al agraviado a efectos de formular su descargo en la vía
administrativa correspondiente; que el agraviado sustenta su denuncia en el hecho de que las
autoridades edilicias antes mencionadas sin mediar causa justificada impidieron el normal
desenvolvimiento de su negocio depósito de mercaderías-, al no permitir los efectivos
policiales, el ingreso y salida de dicho local; manifestando a nivel judicial que en su depósito
alberga módulos de los comerciantes ambulantes de Jesús María, y que a la fecha de los
hechos su licencia se encontraba en trámite toda vez que esta se había vencido en Mayo de
mil novecientos noventiséis; que de la revisión de autos no se aprecia acto alguno que refleje
exceso en el desempeño de las funciones de los procesados en su calidad de funcionarios de
la Municipalidad de Jesús María; por el contrario de las pruebas recabadas a lo largo del
proceso como la Resolución de Alcaldía número ciento cuatro guión noventiséis ADO/MJM, de
fecha diez de junio de mil novecientos noventiséis, cuya copia certificada corre a fojas
cuarenta; y las propias declaraciones vertidas por el agraviado Alberto Guerrero Arias se colige
que los procesados se han limitado a cumplir con sus deberes de función, ejercitando sus
atribuciones y autoridad dentro de los límites y con el procedimiento que la Ley señala, no
constituyendo su accionar delito de Abuso de Autoridad, el cual se encuentra previsto y
sancionado por el artículo trescientos setentiséis del Código Penal vigente; que de otro lado de
la recurrida se aprecia que el A-quo ha omitido emitir resolución final respecto al procesado
César Pela Lente, toda vez que si bien es cierto en la parte expositiva y considerativa de la
misma ha contemplado la situación del procesado César Pela Lente, empero en la parte
resolutiva no ha emitido su pronunciamiento final; que al respecto teniendo en cuenta que los
hechos incriminados al procesado Pela Lente son los mismos que se le atribuyen a la
procesada Izquierdo Negrón, habiéndose determinado a lo largo del proceso, que tales hechos
no constituyen delito, procede declararse de oficio fundada la Excepción de naturaleza de
Acción de César Pela Lente, por tales fundamentos: CONFIRMARON: La sentencia de fojas
ciento veintiuno a ciento veintitrés, su fecha primero de abril de mil novecientos noventiocho,
que Declara FUNDADA la excepción de naturaleza de acción deducida por Francisca Izquierdo
Negrón en la instrucción que se le sigue por delito contra la Administración Pública - Abuso de
autoridad - en agravio de Alberto Guerrero Arias; con lo demás que contiene; y de OFICIO
declararon FUNDADA la Excepción de Naturaleza de Acción a favor de César Augusto Pela
Lente en el proceso que se le sigue por delito contra la administración pública - abuso de
autoridad - en agravio de Alberto Guerrero Arias y dispusieron se anulen los antecedentes
generados contra el procesado Guerrero Arias a raíz del presente proceso, dándose por
fenecido el proceso, debiéndose archivar la causa definitivamente; notificándose y los
devolvieron.SS. MARTINEZ MARAVI / BASCONEZ GOMEZ VELASQUEZ / RAMIREZ DESCALZI
Abuso de Autoridad: Actos ejecutivos desprovistos de dolo.
A. 100. es razonable deducir de su accionar. que ABSUELVE por mayoría a Oriol Mendoza Dávila por los delitos de Abuso de autoridad en agravio de la Compañía Minera Santa Luisa S. además de efectuar una resolución por la cual se dispone se trabe embargo en la forma de retención contra la Empresa agraviada. y por el delito de Usurpación de Autoridad en agravio del Estado.000 Nuevos Soles a la Compañía Minera “Santa Luisa” S. de conformidad con lo dictaminado por el Señor Fiscal: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas cuatrocientos setenta.S. al haber sido realizado sin dolo. si bien es cierto. quien en su condición de Alcalde Del Concejo Provincial de Dos de Mayo.. Por Lo expuesto. saliendo a favor de su comunidad.VISTOS. 30 y 35. Aparece en autos que se le imputa al encausado Oriol Mendoza Dávila. sin ser esa su atribución.A. 470 a 477. en tal sentido. se establece que su comportamiento carecía de dolo. su fecha diecisiete de abril de mil novecientos noventisiete que absuelve de la acusación fiscal a Oriol Mendoza Dávila por el delito de Abuso de Autoridad en agravio de la Compañía Minera Santa Luisa Sociedad Anónima de Huanzalá. según Acta de Embargo de fs. saliendo en defensa de su comunidad. Nº 26-97 C. lo resuelto por el Colegiado se encuentra arreglado a Ley.S. y Usurpación de Autoridad en agravio del Estado. no se ha acreditado tanto la comisión del delito como la responsabilidad penal del encausado Oriol Mendoza Dávila. que tuvo la intención de poner fin a la inminente contaminación del río Vizcarra. 2377-97 HUANUCO Lima. JERI DURANT / RODRIGUEZ MEDRANO / AMPUERO DE FUERTES / MARULL GALVEZ / CERNA SANCHEZ. por lo tanto. judicial y en el acto oral. las medidas que adoptó le correspondían al Ministerio de Energía y Minas. al carecer de un elemento del tipo subjetivo. que estaba afectando el equilibrio ecológico de la zona. no se configuran los delitos materia del presente proceso. en los hechos imputados en su contra.S. esta Fiscalía Suprema en lo Penal propone a la Sala se sirva declarar NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida. emitió una Resolución de Alcaldía Nº 03495-A-MP-DM. MINISTERIO PUBLICO EXP. no constituye delito. sin ser ésa su atribución. en la cual se le aplicaba la multa por S/.Huánuco Dictamen Nº 4513-97-1FSP-MP SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMAA Viene este proceso en mérito del recurso de nulidad interpuesto por el fiscal superior. su fecha 17 de abril de 1997. veintitrés de enero de mil novecientos noventiocho. contra la sentencia de fs. De las investigaciones realizadas a nivel policial. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA EXP. . Nº 2377-97 Segunda Sala Penal . 15. con lo demás que contiene y los devolvieron. y sumando a los documentos de fs..El hecho de haber emitido el Alcalde del Concejo Provincial de Dos de Mayo resolución que multaba a Compañía Minera. con la intención de poner fin a la inminente contaminación ambiental que afectaba el equilibrio ecológico de la zona.
de otro lado en los delitos de abuso de autoridad. PEDRO PABLO GUTIERREZ FERREYRA Fiscal Supremo en lo Penal Abuso de autoridad: Sujeto pasivo En los delitos de abuso de autoridad el sujeto pasivo es el Estado y no una persona particular. 18 de abril del 2000) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA HUÁNUCO Lima.. con el doble del tiempo máximo de la pena fijada en la ley para el delito. en cuanto condena a Rolando .- (. que de otro lado. pues la condición de miembro de la Policía Nacional como Institución tutelar del orden. el sujeto pasivo es el Estado y no persona particular como erróneamente se ha consignado en la sentencia de vista.. la pena debe enmarcarse dentro de los principios de lesividad y proporcionalidad recogidos en los artículos cuarto y octavo del Título Preliminar del Código Penal. dieciocho de abril del dos mil. que. que.Lima. la pena impuesta al encausado Huere Oré no refleja la gravedad del delito ni a la forma y circunstancias de la comisión del delito. y por ende le corresponde la misma pena que sus coencausados. en el caso de autos. asimismo. y estando a lo dispuesto por el artículo trescientos del Código de Procedimientos Penales: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas mil ciento noventicuatro. máxime que del análisis de los hechos contribuyó dolosamente en la consumación del hecho por lo que debe responder a título de coautor. la reparación civil no guarda proporción con la gravedad del daño ocasionado por lo que es del caso elevarla prudencialmente. también lo es que al derogarse dicho dispositivo legal. como erróneamente se consignó en la sentencia de vista. su fecha once de agosto de mil novecientos noventiocho.) CONSIDERANDO que. si bien es cierto los hechos materia del proceso se produjeron dentro de la vigencia del decreto ley veinticinco mil seiscientos sesentidós que sancionaba a los miembros de la Policía Nacional en actividad o dados de baja por medida disciplinaria que incurran en delitos comunes. que. siguiendo los lineamientos que establecen los artículos cuarenticinco y cuarentiséis del Código acotado y atendiendo a un análisis crítico-jurídico de la prueba aportada en razón del grado de responsabilidad del justiciable. 31 de diciembre de 1997. esta circunstancia agravante ha sido incorporado en nuestro ordenamiento penal mediante ley veintiséis mil setecientos cincuentiocho como artículo cuarentiséis–A. EXPEDIENTE Nº 430-99-Huánuco Lima. impone deberes especiales que obligan frente a la sociedad los que han sido infringidos por los encausados. que mantiene dicha circunstancia agravante.
de la acusación fiscal. JERI DURAND / RODRÍGUEZ MEDRANO / AMPUERO DE FUERTES / MARULL GÁLVEZ / CERNA SÁNCHEZ Abuso de Autoridad: Causa de justificación. diez años de pena privativa de libertad (. El hecho de haber la Directora de Colegio Nacional.S. cinco de marzo de mil novecientos noventiocho. por delito de lesiones graves seguidos de muerte en agravio de Jhoel Enrique Huamán García y abuso de autoridad en agravio del Estado. por sus fundamentos..Alejandro Huere Oré. con lo demás que contiene . 183 a 185. su fecha 18 de marzo de 1995. dtc MINISTERIO PUBLICO EXP. su fecha 09 de diciembre de 1994. que falla absolviendo de la acusación fiscal a Juana Luz Montero Pereda por el delito de Abuso de Autoridad en agravio de la Asociación de Padres de Familia del Colegio “Politécnico Nacional del Santa”. de conformidad con lo dictaminado por el señor fiscal. declararon HABER NULIDAD en la propia sentencia en la parte que impone al citado encausado cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de tres años. no dejar ingresar a las instalaciones de dicho centro Educativo a los Padres de Familia y Directivos de la Asociación de Padres de . haber ordenado al personal de servicio mediante Memorándum Nº 054.VISTOS. en agravio de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Nacional del Santa. por el delito contra la administración pública .abuso de autoridad -. Nº 2610-97 CHIMBOTE-ANCASH Lima. reformándola en estos extremos: IMPUSIERON a Rolando Alejandro Huere Oré.S. que absuelve a Juana Luz Montero Pereda. SIVINA HURTADO / ROMAN SANTISTEBAN / FERNANDEZ URDAY / CERNA SANCHEZ / GONZALES LOPEZ.S. su fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventisiete. (APAFA) con el fin de salvaguardar los bienes de la referida asociación. Nº 210-96-P Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Chimbote C. declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas ciento ochentitrés.S. Nº 2610-97 DICTAMEN Nº 3276-97-MP-FN-2ºFSP SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA.) S. dispuesto el no ingreso a dicho centro educativo a los anteriores directivos de la asociación de padres de familia. SALA PENAL EXP. y fija en mil nuevos soles la suma por concepto de reparación civil a favor de los herederos legales de la víctima. y los devolvieron. Se le incrimina a la procesada Juana Luz Montero Pereda en su condición de Directora del Colegio Politécnico Nacional del Santa. Viene vía recurso de nulidad concedido a la Representante del Ministerio Público la sentencia de fs. no constituye hecho punible..
87 a 90 que tomó esa medida debido a que había terminado el período de los dirigentes de la APAFA tal como se puede apreciar del documento de fs. R. SEGUNDO: Que. N° 4092-2004 PUNO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA CONCUSION Y OTRO Lima. es materia grado el recurso de nulidad interpuesto por el Representante del Ministerio Público y Miguel Andrade Rengifo. dispuso el no dejar ingresar a los padres de familia ni miembros de la APAFA del citado Centro Educativo. 65 y 66 y que miemtras tanto no hicieran entrega de la documentación los ex-directivos de la APAFA a los nuevos miembros. contra la sentencia que condena a este último como autor de los delitos contra la administración pública –concusión– y abuso de autoridad en agravio del Estado y de Luis Callo Maquera. adjuntó dicho documento a solicitud del ente administrativo. imputando a éste haberle arrebatado su póliza original para luego no devolvérsela y así no poder acreditar la propiedad de los sacos de azúcar. con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en su dictamen de fecha cuatro de junio del dos mil cuatro. menos aún se ha acreditado la responsabilidad penal de la procesada. señalando en su instructiva de fs. de los actuados se desprende que en contra del procesado Andrade Rengifo.Familia. tres de marzo del año dos mil cinco. así como haber dispuesto la colocación de un candado en la puerta de la Oficina en la que funcionaba la APAFA. quienes lo sindican como el agente aduanero que tras efectuar una indebida . Del análisis de lo actuado se puede apreciar que no se dan elementos constitutivos del hecho punible. Por lo expuesto esta Fiscalía Suprema en lo Penal es de opinión que la Sala de su Presidencia declare NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida. se ve desvirtuada con el hecho de que en el procedimiento administrativo iniciada por éste. ANGEL FERNANDEZ HERNANI Fiscal Supremo(P) en lo Penal Abuso de autoridad: Sindicación desvirtuada por procedimiento administrativo La inicial versión del agraviado de haber sido víctima del delito de abuso de autoridad por parte del procesado. obra la imputación del agraviado Luis Callo Maquera (manifestación policial de fojas seis. 28 de agosto de 1997. ya que el Presidente de la anterior junta directiva Eidio Llontóp.VISTOS. procedió a asegurar la Oficina de la APAFA a fin de salvaguardar los bienes de la referida asociación. la procesada en su condición de Directora del Colegio Politécnico Nacional del Santa. pues tal como se observa del Memorándum Nº 054. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que. preventiva de fojas cincuenta y ciento treintidós) y de su hija Josefina Callo Incacutipa (manifestación policial de fojas seis). a fin de recuperar la citada mercadería. 20. su fecha 09 de diciembre de 1994. 138 y 139 el desestimiento de la acción penal formulada por el denunciante. con excepción que estos últimos entreguen el cargo y documentos a la nueva Junta Directova. Lima. interviniendo como ponente el señor Vocal Supremo Raúl Valdez Roca. en el que precisa que la procesada no ha causado perjuicio a la APAFA . y.N. sin que la haya devuelto hasta la fecha. que las consideraciones glosadas nos lleva a concluir que la absolución decretada por el Colegiado está arreglada a Ley. que a mayor abundamiento de pruebas corre a fs. había sacado una máquina de escribir de dicha oficina. que corre a fs.
el día tres de setiembre del dos mil. por estos fundamentos. QUINTO: Que. Por otro lado. obrantes a fojas treintidós y treintitrés. DISPUSIERON la anulación de sus antecedentes policiales y judiciales con . este Supremo Tribunal observa evidentes signos de adulteración. favorece al procesado el hecho de que la inicial versión del agraviado de haber sido víctima del delito de abuso de autoridad por parte del procesado. TERCERO: Que.concusión . César Augusto Castro Rosas. y era del veintiséis de julio del dos mil.y.uno (cuya copia legalizada el veinte de mayo del dos mil uno. de propiedad Callo Maquera. se apoderó del original de la póliza DUA doscientos sesentidós . y que el agraviado a fin de sustentar su mercadería de ilícita procedencia presentó fotocopia de una póliza que acreditaba el ingreso legal de mercadería. afirma que el procesado les solicitó la suma de dos mil soles a fin de permitirles llevarse el camión quedándose incautados los sacos de azúcar. adjuntó dicho documento a solicitud del ente administrativo.dos mil nueve se encontró estacionado por más de dos días en dicho lugar. es decir dos meses antes de la intervención (de fecha tres de setiembre). de fojas doscientos setentidós y siguientes. con lo demás que al respecto contiene. los mismos que cuando menos producen duda en el juzgador respecto a si el camión de placa de rodaje número XH . obrante a fojas novecientos treinta.cero uno . pero que sin embargo esta no coincidía con la cantidad de sacos de azúcar contabilizados (cuatrocientos diecisiete). surge la duda de si con este hecho pudo haber sido coaccionado el agraviado.dos mil . que transportaba cuatrocientos veinte sacos azúcar.y. a fin de entregar dinero alguno a favor del procesado. imputando a éste haberte arrebatado su póliza original para luego no devolvérsela y así no poder acreditar la propiedad de los sacos de azúcar. así también. por lo cual la imputación por la comisión del delito de abuso de autoridad se ha desvanecido.abuso de autoridad . se ve desvirtuada con el hecho de que en el procedimiento administrativo iniciada por éste.dos mil nueve.diez . es la utilizada por los contrabandistas y consiste en ingresar con una misma póliza distinta mercadería CUARTO: Que. coadyuvando a favor del procesado obran las declaraciones de Juan Carlos Acurio Vallenas.Ilo. Corroborando la versión de éstos.cero cero cero seiscientos treinticuatro . al camión de placa de rodaje XH . Asimismo. Declararon: HABER NULIDAD en la sentencia de fecha veintiocho de octubre del dos mil cuatro.intervención en la carretera binacional Desagüadero .abuso de autoridad . frente a estos hechos. y del mismo hecho de que el procesado haya adjuntado copia de dicho documento "legalizada" con fecha veinte de mayo del dos mil uno. y con ello. tal como se aprecia a fojas ciento setenta.incautación y comiso. doscientos cuarenta sacos de azúcar habrían pertenecido al agraviado Luis Callo Maquera y ciento setentisiete a la persona de Hugo Condori Huanacuni. en el extremo que condena a MlGUEL ANDRADE RENGIFO como autor de los delitos contra la administración pública concusión . procedimiento irregular que implicaría que tal retención del vehículo se efectuó a efectos de compeler al agraviado a que entregue la suma requerida por el "mal funcionario". que participaron del operativo del tres de setiembre. es decir tres días después de su intervención. agregando además que esta modalidad denominada "ruleta". afirmando que la cantidad de azúcar incautada fue de cuatrocientos diecisiete sacos. obra a fojas ciento setenta de autos). la cual acreditaba el origen legal de su mercadería. trescientos treintiséis y quinientos ochenta. obra en autos la copia certificada de la hoja de control de ingreso del almacén de la Empresa TASSA (fojas doscientos cincuentiuno) que acredita que la salida del camión del lugar de almacenaje se realizó el día seis de setiembre del dos mil. afirmación final que en aplicación del principio universal del indubio pro reo. REFORMÁNDOLA: ABSOLVIERON a MIGUEL ANDRADE RENGlFO de la acusación fiscal por los delitos contra la administración pública . que observaron que a fin de acreditar la propiedad de esta mercadería el agraviado presentó copias de una póliza y no el original. Así también. ya que esta duda vulnera la presunción de inocencia que lo ampara constitucionalmente. a fin de recuperar la citada mercadería. negando luego el inculpado haber recibido dicho documento. tal como se colige del tenor del considerando undécimo de la resolución numero trescientos quince de fecha quince de junio del dos mil. las actas de inmovilización . respectivamente. Edgar Cáceres Valdivia (oficiales de aduanas) y Gabriel Edgardo Ortiz Carpio (funcionario del Servicio Nacional de Sanidad Agraria).en agravio del Estado y de Luis Callo Maquera.en agravio del Estado. en cuanto a la copia Certificada de la hoja de control de ingreso de los almacenes de la Empresa TASSA. de las cuales se desprende que de toda la mercadería incautada. sin que inicialmente les entregase copia del acta de incautación correspondiente. abonan en beneficio de este procesado. de fojas doscientos sesentidós. doscientos setenticinco. el procesado desde la etapa preliminar ha negado los cargos afirmando que la intervención realizada al camión que transportaba el azúcar se motivó en el hecho de tenerse información de que en dicho vehículo se habría cargado mercadería de contrabando. nos compele a absolver al procesado Andrade Rengifo.
de la revisión minuciosa de cada una de las declaraciones recabadas durante el proceso.S. llegando el policía sereno casi al término del mismo. y absuelve de la acusación fiscal a Lucia Lino Otañe por el delito contra la Administración Pública-Abuso de Autoridad en agravio de Julio Giancarlo Gonzales Morales. expresa que a su llegada se limitó a identificarse con la Secretaría del Plantel con la cual conversó asuntos del colegio. consiste en haber sometido al menor agraviado a un severo interrogatorio. la Subdirectora del Colegio. en relación a la acusada Margarita Pérez Contreras de Palacios. TERCERO: que. por lo que debe ampararse la Excepción que deduce a este respecto. donde se resuelve archivar dicha denuncia por no ser necesaria la adopción de ninguna medida de protección a favor del menor. y la absuelve de la acusación fiscal por el delito contra la Administración Pública-Abuso de Autoridad. REVOCARON la misma en el extremo que Declara Infundada la Excepción de Naturaleza de Acción deducida por la encausada Margarita Pérez Contreras de Palacios. profesora del plantel. quienes sostienen que no se trató de un interrogatorio. considerándose que el delito instruido requiere la concurrencia de actos de violencia o amenaza para su configuración. como prueba de cargo obra solamente el dicho del agraviado y su Señora madre. que Declara Infundada la Excepción de Naturaleza de Acción deducida por la procesada Lucia Lino Otañe. toda vez que el abogado Benigno Agreda. Exp. notificándose y los devolvieron. resulta relevante al caso citar la resolución emitida por la Señora Fiscal Provincial de Familia. como consecuencia del desorden propiciado por la madre de este último y otras personas. la conducta que se le atribuye carece de contenido penal. debe precisarse además que no teniendo la calidad de funcionaria pública. compañero de clase de éste. el tutor del menor y fundamentalmente. con lo expuesto por la Fiscal Superior. responsabilizando al agraviado. SEGUNDO: que. en ningún extremo de su testimonial refiere que se le haya negado su ingreso. Robert Morales Morales. se desprende la ausencia de elementos probatorios fehacientes que acrediten la comisión del delito investigado. sino de una conversación donde participaron también otros alumnos. REFORMÁNDOLA Declararon Fundada la Excepción deducida por la encausada Margarita Pérez Contreras de Palacios por el delito contra la Administración Pública-Abuso de Autoridad. por lo que: CONFIRMARON la Sentencia de fojas ciento ochenticuatro. entre ella. su fecha veinticuatro de enero del dos mil. MANDARON archivar definitivamente el proceso. . y los devolvieron.arreglo al Decreto Ley veinte mil quinientos setentinueve. CUARTO: Finalmente. siendo así. obrante a fojas ciento cuarentiocho. la imputación formulada contra las procesadas. VILLA STEIN VALDEZ ROCA Abuso de autoridad: De profesora La profesora de un plantel escolar no tiene la calidad de funcionaria pública. confirmaron lo demás que contiene. donde participó un efectivo policial de Serenazgo. conminándolo a que se autoincrimine e impidiendo a su madre y su abogado a participar en dicha reunión. por el contrario. Oído el Informe Oral.S. Nº 1468-2000 Lima. de otro lado. como lo reconoce el propio agraviado en su declaración preventiva. no habiendo presenciado cómo se desarrolló la reunión dentro del Despacho de la Directora. primero de setiembre del dos mil. de haberse apoderado de la suma de trescientos Nuevos Soles. y CONSIDERANDO: PRIMERO: que. sin prueba alguna. en consecuencia no puede ser sujeto activo del delito de abuso de autoridad. que es negado enfáticamente por la uniforme versión de las procesadas y las personas que participaron de esta reunión. VISTOS: Interviniendo como Vocal Ponente la Doctora Sánchez Espinoza. con relación a los presuntos maltratos psicológicos sufridos por el menor agraviado como consecuencia de estos hechos (segundo otro sí de la denuncia fiscal). asimismo.
en concordancia con el artículo segundo del Titulo Preliminár del Código Penal. hecho que no ha ocurrido ya que la participación de los efectivos policiales sólo consistió en trasladar al justiciable a la Fiscalía de Familia a solicitud verbal de Técnico en Abogacía II del Distrito Judicial. con ocasión haber supuestamente sustraído de la justicia al también encausado y ausente Geiner Narváez Freyre. como infracción punible. hecho que no ha ocurrido en autos ya que la participación de estos efectivos policiales sólo consistió en trasladar al justiciable Narváez Freyre a la Fiscalía de Familia a solicitud verbal de su co encausado Raúl Viena Cachique. que con fecha seis de setiembre solicitó en forma verbal apoyo de la sécción policial del Ministerio Público para que conduzcan al encausado Geiner Narváez Freyre a quien se le investigaba por el delito de violación sexual. situación en la que se vio involucrado precisamente por detentar el cargo público que ejercía. el tipo penal requiere que se trate de un acto arbitrario doloso y abusivo. y en cuanto a la imputación que se formula contra la función jurisdiccional. su absolución en este extremo se encuentra arreglada a ley.S. por haber notificado al ciudadano declarante y procesado Geiner Narváez Freyre para fecha distinta. Cuarto. respectivamente. veintisiete de octubre del año dos mil cuatro. Abuso de autoridad. en agravio del Estado. BAUTISTA GÓMEZ. delitos previstos por los artículos trescientos sesentiuno. en su condición de Técnico en Abogacía II del Distrito Judicial de Ucayali. donde el encausado Raúl Viena Cachique le recepcionó su declaración. y CONSIDERANDO: Primero.Que respecto al delito contra la administración pública . Segundo. y contra la función jurisdiccional . ejerció la función de su cargo como Técnico de Abogacía II y se limitó a recibir la declaración que le correspondía al denunciado.Que se les ha instruido a los encausados Raúl Viena Cachique el delito contra la administración pública usurpación de autoridad . en agravio del Estado. y a los Sub Oficiales de la Policía Nacional del Perú. conforme el apotegma "nullum crimen nulla pena sine lege". lo que deviene también en una conducta atípica en cuanto a este delito.encubrimiento personal . sino por el contrario. a la Fiscalía de Familia. SÁNCHEZ ESPINOZA.. con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo. pues no se hizo pasar por el Fiscal de Familia. sin conocimiento ni autorización del titular encargado de dicha Fiscalía.Que a tenor de lo dispuesto en el acápite "d" del numeral veinticuatro.. destacado a la Fiscalía de Familia del distrito de Coronel Portillo. obra de autos que el actor no usurpó autoridad alguna.en agravio del Estado. que produzca un perjuicio al agraviado. Absolución (ZXC) El delito de abuso de autoridad requiere que se trate de un acto arbitrario doloso y abusivo. Quinto. Tercero. pues el Fiscal Titular se hallaba fuera de . se le incriminó.S. acto arbitrario de omisión de funciones. la comisión del delito contra la administración pública.en la modalidad de ejercer una función distinta al cargo. de manera expresa e inequívoca. se consagra el principio de legalidad en virtud del cual nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de corrmetérse no este previamente calificado por la ley. artículo segundo de la Constitución Política del Perú. cuatrocientos cuatro y trescientos setentiséis del Código Penal. por lo que tratándose la protagonizada por este encausado de una conducta atípica. VISTOS. que se le atribuye a Raúl Viena Cachique. abuso de autoridad.-Que al justiciable Raúl Viena Cachique.. que produzca un perjuicio al agraviado. Técnico de Primera Genaro Oswaldo Figueroa Girao y Técnico de Tercera Humberto Mas Sopla. BACA CABRERA.usurpación de autoridad . N° 2718-03 UCAYALI CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA Lima. R.Que respecto al delito de abuso de autoridad incoado a los efectivos policiales encausados.N. interviniendo como ponente el señor Vocal Supremo Guillermo Cabanillas Zaldívar..en la modalidad de ejercer función distinta al cargo y contra la función jurisdiccional. siendo el caso que los policías encausados Genaro Oswaldo Figueroa Girao y Humberto Mas Sopla procedieron a conducir al referido Narváez Freyre a la Fiscalía de Familia. doctor Pablo Yesquén Sandoval.
por lo que teniéndose por no interpuesta. por lo que el Juez de la causa.la jurisdicción. es de advertirse que esta excepción en efecto pretendió deducir cuando eI encausado rendía su declaración instructiva conforme al acta de fojas cuatrocientos cuarentiuno. que falla ABSOLVIENDO a GENARO OSWALDO FIGUEROA GIRAO y HUMBERTO MAS SOPLAS de la acusación fiscal por el delito contra la administración pública.. se advierte que en la conducta desplegada por el procesado no esta presente el elemento rector del tipo penal relativo referido al mal uso ó ejercicio de las facultades que le confiere la ley. en consecuencia. en consecuencia: Declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas cuatrocientos noventiuno. no se le puede atribuir conducta arbitraria o unilateral en este extremo. previsto en el artículo trescientos setenta y siete del Código Penal. de conformidad en parte con lo dictaminado por el señor Fiscal. VIENA CACHIQUE como autor del delito contra la administración pública. en agravio del Estado. y reformándola.11-2001 LIMA CORTE SALA SUPREMA PENAL DE JUSTICIA TRANSITORIA El secretario de la Sala Penal Transitoria certifica los votos de los señores vocales supremos Robinson Octavio Gonzales Campos y Cesar Javier Vega Vega que es como sigue: VISTOS.S. . dispuso que cumpla con tramitar su excepción en la forma prevista y con las formalidades de ley. PAJARES PAREDES VILLA STEIN BALCAZAR ZLADA CABANILLAS ZALDIVAR Abuso de autoridad: Configuración Respecto al delito contra la administración pública en su modalidad de abuso de autoridad en la modalidad de omisión. habiendo el recurrente hecho caso omiso de dicho mandato judicial. usurpación de autoridad en la modalidad de ejercer una función distinta al cargo y contra -la función jurisdiccional encubrimiento personal . las consecuencias en este caso sí habrían sido constitutivas de delito. rehusamiento ó demora de actos funcionales. mediante decreto de fojas doscientos cuarenticinco. Sexto. DISPUSIERON la anulación de los antecedente policiales y judiciales que se hubieren generado con arreglo al Decreto Ley veinte mil quinientos setentinueve. HABER NULIDAD en cuanto condena a RAÚL.s. MANDARON que la Sala Penal Superior reitere las órdenes de ubicación y captura contra el citado.en agravio del Estado. y reserva el juzgamiento de Geiner Narváez Freyre. abuso de autoridad. carece de contenido penal tanto más que. hasta que sea habido. precisando sus características físicas. concordante con el artículo doscientos ochenticuatro del mismo cuerpo de leyes. respecto a la excepción de naturaleza de acción deducida por el inculpado recurrente y referido en su recurso de nulidad de fojas quinientos doce.Que por último. no cabe emitir pronunciamiento alguno al respecto. y los devolvieron. a cuatro años de pena privativa de la libertad. AV. por lo que es del caso absolverlo conforme a la facultad conferida por el artículo trescientos uno del Código de Procedimientos Penales. en el sentido que no ha sido resuelta debiendo por ello declararse la nulidad de la sentencia recurrida. su fecha veintitrés de julio de dos mil tres. por consiguiente. con lo demás que sobre el particular contiene. de haberlo detenido sin tener facultades para ello. lo ABSOLVIERON de la referida acusación fiscal.MANDARON archivar definitivamente el proceso. por sus fundamentos . dado que no existe prueba que acredite que al momento de suceder el hecho incriminado haya tenido a su cargo alguna investigación en la que estuvieran involucrados coencausados.
dado que no existe prueba que acredite que al momento de suceder el hecho incriminado haya tenido a su cargo alguna investigación en la que estuvieran involucrados los hermanos Víctor Alberto y Luis Venero Garrido. en lo que respecta al delito de corrupción de funcionarios en las modalidad de tráfico de influencias. corresponde verificar si de las pruebas incorporadas al proceso se acreditan que tales elementos están presentes en la conducta desplegada por el indicado procesado. en su condición de candidata a la Municipalidad Distrital de Miraflores. toda sentencia debe sustentarse en una actividad probatoria suficiente que permita revertir la inicial presunción de inocencia que ampara a todo procesado.. si bien no acepta haber recibido dicha suma de dinero en retribución del compromiso de "desviar" las investigaciones periodísticas y congresales referidas a los negociados que sostenían los hermanos Luis y Víctor Alberto Venero Garrido respectivamente. que. quedando fuera de dicho ámbito quienes no tengan facultades jurisdiccionales estrictas (jueces) o amplias (fiscales) respecto de caso judicial y de funcionarios públicos que no estén investidos de poder discrecional administrativo. doscientos catorce. no ha sido la única prueba ni la principal que se ha incorporado al proceso. en autos está acreditado que el procesado a la fecha de suceder los hechos detentaba la condición de Congresista de la República y miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso.Que. la escucha del audio casette fluye que en efecto. conoce del presente proceso esta Suprema Sala Penal al haber interpuesto recurso de nulidad el sentenciado Ernesto Ramón Gamarra Olivares y el señor Procurador Público Anticorrupción. la inicial referencia genérica que se hace al procesado de que coadyuvó al desvió de investigaciones periodísticas o congresales. que. Tercero. debe señalarse que. de sus declaraciones instructivas y ampliatorias obrantes a fojas ciento noventa y cuatro.. indudablemente que se refiere a quien tenga competencia judicial o administrativa sobre un caso concreto. y. y por consiguiente acreditado la comisión del delito de corrupción de funcionario en la modalidad de cohecho pasivo propio previsto en el artículo trescientos noventa y tres del Código Penal y la responsabilidad penal del procesado en dicho ilícito. el comportamiento típico del delito que se imputa al encausado Ernesto Ramón Gamarra Olivares. contra la sentencia que lo condena por los delitos contra la administración pública en sus modalidades de abuso de autoridadcorrupción de funcionario-cohecho pasivo propio y tráfico de influencias en agravio del Estado. a seis años de pena privativa de libertad. se advierte que reconoce haberse constituido el día veintidós de setiembre de mil novecientos noventa y ocho a las instalaciones de las oficinas de la empresa Alpeco a fin sostener una reunión con su gerente Manuel Táfur Ruiz y Luis Venero Garrido. la suma de tres mil dólares americanos. que con posterioridad.Que. cuando el tipo penal del artículo cuatrocientos del Código Penal hace referencia al "ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. "promesa" u otra "ventaja" en tal virtud. sin embargo. sin embargo. rehusamiento ó demora de actos funcionales.Que. que. no obstante ser la base inicial para la imputación en contra del procesado. no se le puede atribuir conducta arbitraria o unilateral en este extremo. respecto la tacha formulada contra el documento fílmico y elemento de prueba material de la acusación constitucional realizada por el Congreso de la República carece de sustento fáctico y jurídico. segundo. toda vez. se han actuado diversos medios de prueba adicionales que en lugar de desvirtuarla la han corroborado.. se trata el tema sobre desviar y controlar las investigaciones congresales y periodísticas ya referidas. mil ciento setenta y seis.pertinentes. en el presente caso. que dicha suma de dinero fue entregada por Venero Garrido como una colaboración para solventar económicamente la campaña electoral de su esposa Pilar Brescia Alvarez. por consiguiente. dos mil quinientos veinte y seis. recibiendo de parte de éste último.Que.. con respecto al delito contra la administración pública en su modalidad de abuso de autoridad en la modalidad de omisión. se advierte que en la conducta desplegada por el procesado no esta presente el elemento rector del tipo penal relativo referido al mal uso ó ejercicio de las facultades que le confiere la ley. asimismo. Cuarto. esta probada que la periodista Cecilia Valenzuela Valencia ha referido a fojas dos mil doscientos ochenta y ocho que el procesado con la exprofesa finalidad de desviar la investigación en ciernes sobre los hermanos Venero Garrido la indujo para que investigue otros hechos. CONSIDERANDO: Primero. que. esta se obtuvo de manera irregular y fue producto de un acto premeditado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres. que.". sin que se haya acreditado en forma concreta y certera la existencia real y previa de caso judicial o . de la visualización del video rotulado con el número mil ciento noventa y dos.. está dado por los verbos rectores "solicitar" y/o "aceptar" y los medios corruptores por los sustantivos "donativo". con los institutos militares y la Caja de Pensiones Militar-Policial y sostiene por el contrario. dado que si bien. previsto en el artículo trescientos setenta y siete del Código Penal.
ofrecimiento de" se encuentren presentes. en agravio del Estado y REFORMÁNDOLA absolvieron al citado encausado. en la modalidad de omisión. y por consiguiente no se subsuma en él. fijamos en cien mil nuevos soles. en la modalidad de omisión. es razonable y atendible disminuir la pena prudencialmente.abuso de autoridad-. aún cuando los demás elementos constitutivos del tipo penal como el núcleo rector principal «invocar con el ofrecimiento de interceder" y los verbos rectores complementarios «recibir" "hace dar" o "hacer prometer".en la modalidad de tráfico de influencias. que. cargo.administrativo en ciernes en contra de los hermanos Venero Garrido hace que la conducta incurrido por el procesado adolezca de un elemento objetivo del tipo penal indicado.abuso de autoridad-. por el delito contra la administración pública -corrupción de funcionarios. por consiguiente. extensión. el grado mayor o menor del desvalor del hecho.hasta el treinta y uno de octubre del mismo año -conforme oficio de fojas dos mil ochocientos noventa y uno-. tampoco puede dejarse de considerar en la determinación de la pena el hecho que al procesado no le alcanza responsabilidad penal por los delitos contra la administración pública en sus modalidades de abuso de autoridad y trafico de influencias -por los que se le ha juzgado y condenado en la sentencia recurrida. mandato o empleo de carácter público aunque proceda de elección popular. y REFORMÁNDOLA. cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva.cohecho pasivo propio en agravio del Estado. por escrito de fecha quince de octubre del dos mil uno. e INTEGRÁNDOLA en este extremo. sin perjuicio de restituir la suma de dinero indebidamente recibida a favor del Estado. es decir. que. que declara infundada la tacha contra el documento filmico formulada por el encausado ante la vocalía de instrucción. nuestro voto es porque se declare NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas seis mil quinientos diecinueve. en tal virtud. por los delitos contra la administración pública . conforme a lo dispuesto por el artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales. ameritándose rebajarla proporcionalmente. rehusamiento ó demora de actos de función y . inhabilitación por el término de tres años para la perdida del cargo de Congresista. de la acusación fiscal. por lo que de conformidad a lo preceptuado por el artículo trescientos del Código de Procedimientos Penales. y su concreción en el tipo. "promesa" o «cualquier otra ventaja" y el elemento finalístico "con el . la misma que con el descuento de la carcelería sufrida desde el veintidós de mayo del dos mil uno -conforme oficio de fojas ciento ochenta y cuatro. vencerá el ocho de setiembre del dos mil seis. Quinto: Que. corresponde absolver al indicado encausado por los delitos imputados que no se han verificado. por los delitos contra la administración pública . que. la suma que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del Estado.- Abuso de autoridad: Conducta típica . en consecuencia. y sesenta días-multa a razón del veinticinco por ciento de su ingreso diario a favor del tesoro público que deberá ser pagado dentro de los diez días de expedida la sentencia. HABER NULIDAD en el extremo que fija en ochocientos mil nuevos soles la suma que por concepto de reparación civil que deberá abonar el sentenciado a favor del Estado. la extensión del daño causado. respecto a la pretensión punitiva del Estado. debe tenerse en consideración los diversos factores objetivos y subjetivos que fluyen de autos. rehusamiento ó demora de actos de función y -corrupción de funcionarios. y los medios corruptores por los sustantivos "donativo" . siempre y en todo momento observando lo dispuesto en el artículo octavo y noveno del Título Preliminar del Código Penal concordante con el artículo cuarenta y seis del acotado cuerpo legal. las condiciones personales del encausado. y REFORMÁNDOLA imponer a Ernesto Ramón Gamarra Olivares. en la modalidad de tráfico de influencias. declararon NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene. intensidad del reproche del autor. HABER NULIDAD en cuanto se impone al citado encausado la pena de seis años de pena privativa de la libertad y lo demás que al respecto contiene. y los devolvieron. se declare HABER NULIDAD en la propia sentencia en cuanto condena al citado encausado. así como las circunstancias en que se llevó a cabo los hechos imputados. mandaron archivar definitivamente el proceso en cuanto a este extremo se refiere.corrupción de funcionarios-. y de conformidad con lo establecido por el Decreto Ley veinte mil quinientos setenta y nueve: dispusieron la anulación de sus antecedentes policiales y judiciales generados como consecuencia de los delitos materia de absolución. su fecha dieciocho de febrero del dos mil tres. ella se rige por el principio de proporcionalidad y objetividad y acorde con los efectos producidos por el delito. modalidad de cumplimiento de la pena. condena a Ernesto Ramón Gamarra Olivares. en igual sentido. en agravio del Estado. respecto a la determinación de la prestación resarcitoria o o monto de la reparación civil debe considerarse la naturaleza y magnitud de afectación al bien jurídico en concreto.
y CONSIDERANDO: Que. sino por el contrato los policias intervinientes pretendían llevarlo a la comisaria ofreciendo arreglar el impase si entregaba una cantidad de dinero. practicadas las diligencias pertinentes y vencido el término con los informes finales fueron elevados los autos a este superior Colegiado. optando por conducir al vehículo en referencia a la Delegación Policial de Lince para que se le imponga la papeleta de infracción correspondiente. niegan las incriminaciones.La conducta típica en el delito de abuso de autoridad consiste en que el funcionario público. al haber sido intervenido por los acusados Hinostroza Gamarra y Padilla Espinoza en las inmediaciones del mercado Risso en el Distrito de Lince con fecha doce de abril de mil novecientos noventisiete. y luego ir a la Comisaria de Lince y encontrar en dicha Delegación a su padre. solicitándole la tarjeta de propiedad y las llaves del vehículo en referencia. señalando que si bien Hinostroza y Padilla intervinieron el vehículo que manejaba Germán Jorge Gavino Aliaga. escuchada la Requisitoria Oral de la señora Fiscal Superior. abusando de sus atribuciones. Dra. consistiendo la conducta típica en que el funcionario público que abusando de sus atribuciones comete u ordena en perjuicio de alguien un acto arbitrario cualquiera. las incriminaciones por el delito de Abuso de Autoridad en contra de los procesados Marco Augusto Bustamante Peña. Exp. los acusados tanto en la etapa de instrucción como en el Acto Oral. refiriendo el agraviado que no se le impuso la papeleta de infracción correspondiente. que tramitada la causa por los cauce legales que a su naturaleza le corresponden. así como los alegados de la defensa cuyas conclusiones obran en pliego aparte y han sido consideradas al expedirse el presente fallo. que lo remitió al despacho del señor Fiscal Superior quien ha formulado acusación. se originan en la denuncia interpuesta por el agraviado Germán Jorge Gavino aliaga ante la Fiscalía Provincial de Turno de Lima. que instalado el Juicio Oral en Audiencias Públicas Continuadas. manifestando además que el acusado Padilla Espinoza le quitó las llaves del automovil a la altura del Parque Ramón Castilla en Lince por lo que tuvo que remolcar el auto hasta su domicilio en San Miguel. veintiuno de julio de mil novecientos noventinueve. previsto en el artículo trescientos setentiséis del Código Penal(58). Luz María Capuñay Chávez Lima. ampliada a fojas dieciséis a dieciocho. la causa seguida contra MARCO AUGUSTO BUSTAMANTE PEÑA. con quien mantenía una disputa por la posesión de su vehículo. por su parte el acusado Marco Bustamante Peña niega que haya actuado ilícitamente o de manera abusiva. veintiuno de julio de mil novecientos noventinueve.-Lima. Luz María Capuñay ChávezD. sino también a la responsabilidad del acusado por dichos actos. YONHY FRANCO HINOSTROZA GAMARRA y ENRIQUE ALFREDO PADILLA ESPINOZA por delito contra la Administración Pública –Abuso de Autoridad– en agravio de Germán Jorge Gavino Aliaga y Lila Reneé Aliaga Moore de Gavino. para expedir una sentencia condenatoria resulta imperativo que el Juzgador llegue a la convicción no sólo sobre la adecuación tipica de los hechos denunciados a la norma penal invocada. RESULTA DE AUTOS: Que. esto se motivó por una infracción al Reglamento de Tránsito.D. motivado en que Gavino Aliaga estaba conduciendo su vehículo de placa de rodaje número SQ siete mil ochocientos setentinueve con lunas polarizadas cuando el permiso estaba vencido. por cuyo mérito se dictó el auto superior de enjuiciamiento. y siendo así. Dra. Esto quiere decir que es requisito sine qua non del aspecto objetivo de este tipo penal que el sujeto activo cometa un acto arbitrario. comete u ordena en perjuicio de alguien un acto arbitrario cualquiera. cuyos debates consta en las actas precedentes.D. Nº 1800-98 D. la señora Fiscal Provincial Penal formula denuncia ante el Juez Especializado en lo Penal. se formula el Atestado Policial de fojas veinte y siguientes. quien abrió instrucción contra los agentes denunciados.VISTA: En Audiencia Pública. Nº 1800-98Exp. es requisito sine qua non del aspecto objetivo de este tipo penal que el sujeto activo comenta un acto arbitrario. por los hechos así descritos se aperturó Juicio Oral por el delito de Abuso de Autoridad. SEGUNDO: Que. en el caso sub judice se ha llegado a establecer lo siguiente: PRIMERO: Que. ha llegado la estación procesal de expedir sentencia. es decir. Yonhy Franco Hinostroza Gamarra y Enrique Alfredo Padilla Espinoza. . TERCERO: Que. a mérito de la denuncia de parte de fojas uno a tres. argumentando que ellos no podían imponer la papeleta por que no eran miembros de la Sección Tránsito y por consiguiente no tenían papeletas.
manifestando que en su condición de jefe de la Sección de Investigación de accidentes de Tránsito de la Delegación de Lince. determinan la forma y los límites dentro de los cuales puede el funcionario ejercitarlas lícitamente.Que conforme lo establece el numeral quinto del código de Procedimientos Penales. habiéndose acreditado que se impuso una papeleta de infracción. y luego en compañía de su madre se dirigieron a la Delegación Policial. N° 2240-2002 AREQUIPA Lima. Segundo. infundada la excepción de naturaleza de acción deducida por el referido inculpado.N. consiguientemente.N. que en todo caso el probl Abuso de autoridad: Conducta ilicita relacionada con los cargos propios de la función Para que se configure el delito de abuso de autoridad. toda vez que estos tipos penales requieren para su . con el auxilio de un taxi.. que al ser intervenido el policía Padilla le dijo que se dirigiera hasta el Parque Ramón Castilla. con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo. donde lo dejó. para interponer una excepción de naturaleza de acción. se imputa al inculpado el haberse beneficiado mediante el pago de incentivos laborales cuya percepción no le correspondía. esto es. modificado por el artículo primero del Decreto Legislativo número ciento veintiséis. habiéndose acreditado que se impuso una papeleta de infracción. la misma que corre a fojas treintiocho. y CONSIDERANDO: Primero. por lo que en estos casos. VISTO el recurso de nulidad interpuesto por el procesado Félix Héctor Franklin Meza Meza. N° 2240-2002 AREQUIPA SALA PENAL R. esto es. como tampoco se ha podido probar que alguno de los acusados haya solicitado una cantidad de dinero para obviar la infración. presupone el ejercicio de la función pública dentro de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico vigente. CUARTO: Que si bien el agraviado Gavino Aliaga ha reiterado que los acusados se han coludido para entregarle la posesión del vehículo a su padre. manisfestando que este recorrido lo hizo en aproximadamente veinte minutos SEXTO: Que de lo actuado se advierte que las versiones dadas por los acusados y el agraviado Gavino Aliaga son contradictorias. que el hecho denunciado no constituya delito. dicho precepto debe ser integrado con las normas de otras ramas del Derecho Público que fijan las funciones de los órganos de la Administración Pública y. el agraviado ha sostenido durante la instrucción y se ratificó en el Acto Oral. en esas circunstancias es que el citado policía le quita la llave de contacto del vehículo por lo que. declara por mayoría. mientras que el agraviado menciona que le quitaron las llaves en el Parque Castilla y de ahí remolcó el automóvil hasta su casa significado que este dicho del agraviado sobre el escaso término de veinte minutos que utilizó para este recorrido entre varios distritos resulta poco Que de otro lado. seis de agosto de dos mil tres. es necesario como uno de los supuestos. ratificándose los policías en el sentido que el ve-hículo fue conducido por el agraviado hasta la Comisaría. que dicha conducta no esté prevista como delito en el ordenamiento jurídico-penal vigente.Que en el presente caso. debiendo precisar al respecto que dicha conducta no se encuadra dentro de los alcances de los artículos trescientos setentiséis y trescientos setentisiete del Código penal. se hizo la entrega a éste porque su nombre aparecía en la tarjeta de propiedad y se encontraba en la comisaría. y que desconocía los problemas de la familia del agraviado sobre la posesión del vehículo. la conducta ilícita debe guardar relación con el cargo asumido. contra la resolución emitida por la Sala Penal Superior. QUINTO: Que. se limitó a conocer de la infracción cometida y a entregar la tarjeta de propiedad vehicular a la persona que aparecía como propietario. se dirigió al mercado Risso. remolcó su vehículo hasta su domicilio en San Miguel. R. como se advierte de fojas cuarentidós del acta de entrega de tarjeta de Propiedad a don Germán Gavino De La Cruz. esta afirmación no ha sido corroborada con prueba alguna. que confirmando la resolución apelada de fecha veintitrés de abril de dos mil dos.
deducida por el encausado FELIX HECTOR FRANKLIN MEZA MEZA. y los devolvieron. CABANILLAS ZALDIVAR.configuración. PALACIOS VILLAR. Tercero. en consecuencia: DECLARARON HABER NULIDAD en la resolución recurrida de fojas ciento diez. por lo que es del caso amparar la excepción deducida. que presupone el ejercicio de la función pública dentro de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico vigente. SS. no estuvo facultado para ordenar ningún tipo de pago. una conducta que guarde relación con el cargo asumido. más no el de abuso de autoridad que requiere la conducta del funcionario en relación a los cargos propios de su función. esto es. por lo que su conducta resulta atípica y el hecho de haberse beneficiado con dichos incentivos determina. BALCAZAR ZELADA. su fecha veintiocho de junio del dos mil dos que confirmando en parte la apelada. la comisión de otro tipo penal. en la instrucción que se le sigue por el delito contra la administración pública – abuso de autoridad– en agravio del Estado. como Gerente Regional de Control Interno del Consejo transitorio Regional Arequipa. dicho precepto debe ser integrado con las normas de otras ramas del derecho público que fijan las funciones de los órganos de la administración pública y consiguientemente determinan la forma y los límites dentro de los cuales puede el funcionario ejercitarlas lícitamente. LECAROS CORNEJO . por lo que en estos casos.Que en ese sentido. GOMERO VALDIVIA. en todo caso. declara INFUNDADA la excepción de naturaleza de acción. estando al cargo desempeñado por Félix Héctor Franklin Meza Meza..
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