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Timestamp: 2018-08-14 22:18:50+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2000-02473/43592 DE ABRIL 5 DE 2017
SENTENCIA 2000-02473 DE 05 DE ABRIL DE 2017
CONTENIDO:DIFERENCIA ENTRE PRUEBA PERICIAL Y CONCEPTO TÉCNICO. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 446 DE 1998 Y EL ARTÍCULO 183 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EL CONCEPTO TÉCNICO SE PRESENTA POR FUERA DEL PROCESO Y POR PROFESIONALES ESCOGIDOS POR UN EXTREMO PROCESAL. POR SU PARTE, LA PRUEBA PERICIAL ES RENDIDA POR UN PERITO AUXILIAR DE JUSTICIA, RESPECTO DEL CUAL DEBE CORRERSE TRASLADO A LAS PARTES. SOBRE EL CONCEPTO DE PRUEBA PERICIAL TÉCNICA LO REGULA LOS ARTÍCULOS 233 A 242 DEL CPC, MIENTRAS QUE LA PRUEBA PERICIAL SE ENCUENTRA REGULADA EN EL ARTÍCULO 243. DIFERENCIACIÓN QUE HIZO TAMBIÉN LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA T-417-2008.
TEMAS ESPECÍFICOS:PERITAZGO, PROCEDENCIA DEL PERITAZGO, PERITAZGO EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SOLICITUD DE PERITAZGO, CONCEPTOS JURÍDICOS DE AUTORIDAD PÚBLICA, VALOR PROBATORIO DEL PERITAZGO, FUNGIBILIDAD DEL PERITAZGO
Sentencia 2000-02473 de abril 5 de 2017
Radicación: 15001 23 31 000 2000 02473 01
Expediente: 43592
Actores: Parroquia de San Antonio de Padua de Chiscas (Boyacá)
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia del 29 de noviembre de 2011, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor de la demanda es de $ 800’000.000, solicitados por concepto de daño emergente, y la cuantía mínima exigida por la ley en 2000(5), para acceder a la doble instancia, en acción de reparación directa, era de $ 26’390.000(6).
De conformidad con lo expuesto en el recurso de apelación, la Sala pone de presente que la decisión de segunda instancia se contrae a determinar si, en el presente asunto, hay lugar a modificar la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Boyacá en primera instancia.
Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 9 de febrero de 2012 (exp. 21.060), unificó su jurisprudencia en cuanto a la competencia del juez ad quem con ocasión del recurso de apelación, en los siguientes términos —se resalta—:
“Tal como en diversas oportunidades lo ha puntualizado la Jurisprudencia (sic) de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conviene precisar que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.
“Así pues, por regla general, a la luz de las disposiciones legales vigentes y según la interpretación que a las mismas les ha atribuido la Jurisprudencia (sic) nacional, se tiene entonces que el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también debe justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez.
“No sobra mencionar que otra de las limitaciones relevantes a las cuales se encuentra materialmente sujeta la competencia del juez ad quem, para efectos de proferir el fallo respectivo con el cual ha de desatar la apelación interpuesta contra una sentencia, la constituye la garantía de la non reformatio in pejus, por virtud de la cual no resulta válidamente posible que, con su decisión, el juez de la segunda instancia agrave, empeore o desmejore la situación que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia.
“De esta manera resulta claro que el límite material para la competencia del juez superior lo constituye el alcance de la apelación y los propósitos específicos que con la misma se persiguen, lo cual se complementa de manera diáfana y directa con la garantía de la no reformatio in pejus, a la cual, simultáneamente, le sirve de fundamento y explicación”.
En este orden de ideas, resulta claro que, para el juez de segunda instancia, su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se formulen en contra de la decisión adoptada en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos (diversos a los planteados por el recurrente) se excluyen del debate en la instancia superior, teniendo en cuenta que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio “dispositivo de las partes”(7).
Así, entonces, conforme al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto, el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”. Lo anterior limita al ad quem a pronunciarse sólo sobre los aspectos que perjudicaron al apelante; por tanto, le corresponde al recurrente confrontar, con sus propias razones, los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida los asuntos que se plantean en la apelación respectiva.
Pues bien, en el sub examine la parte recurrente cuestionó que: i) el Tribunal Administrativo de Boyacá no valoró el dictamen rendido por Romero Ingenieros Ltda. (en el cual se tasó el daño emergente atinente a la “Casa Cural Antigua”), ii) no reconoció el daño emergente causado por la destrucción de la “Casa Cural Antigua” y la “Torre del Templo Parroquial” y iii) no reconoció el lucro cesante, debido a los emolumentos dejados de percibir por no poder arrendar la “Casa Cural Antigua” (ver, num. 1.5 supra).
Así, pues, respecto de los demás temas del fallo impugnado es claro que la parte recurrente no realizó ataque o cuestionamiento alguno; por consiguiente, ninguna precisión efectuará la Sala en relación con el régimen de responsabilidad aplicable, pues dicho aspecto de la litis quedó fijado con la decisión apelada, sin que se pueda entender que, con la presentación del recurso de apelación, en los términos en que fue formulado, se haya cuestionado tal declaratoria de responsabilidad.
En este orden de ideas, se insiste, el objeto del recurso de apelación está encaminado a que se valore el supuesto “dictamen pericial” (que no lo es, como se verá más adelante) rendido por la firma Romero Ingenieros Ltda. y se modifique la indemnización reconocida en primera instancia; por consiguiente, a estudiar dichos aspectos se contraerá la presente providencia, la cual, por tanto, no se ocupará de la revocatoria de la sentencia apelada, petición formulada por la Policía Nacional en los alegatos de segunda instancia, ya que esta última no presentó apelación.
Descendiendo al caso concreto, se tiene por acreditado que, efectivamente, en el expediente obra un documento aportado con la demanda y elaborado por Romero Ingenieros Ltda., en el cual se consignaron las siguientes conclusiones (se transcribe conforme obra, inclusive con errores):
“La casa cural antigua debe ser reconstruida en su totalidad, pues sus estructuras fueron afectadas a grado tal, que no es posible la rehabilitación o recuperación.
“El Templo puede ser restaurado, para lo cual se requiere trabajo especializado en este arte.
“La torre del Templo requiere ser desmontada y reconstruida nuevamente, trabajos que requieren especialización en restauración o construcción de monumentos.
“La Casa Cural Nueva puede ser reparada, reforzando sus cimientos y estructuras y reconstruyendo el segundo piso” (fl. 18, cdno. 1).
Para fundamentar tales “conclusiones” se aportaron varias cotizaciones, elaboradas por la misma firma de ingenieros, como consta a folios 19, 20, 21 y 22, cuaderno 1.
Entiende la Sala que el extremo demandante lo que pretende con el mencionado documento es sustentar las afirmaciones contenidas en la demanda; no obstante, el Tribunal Administrativo de Boyacá nada dijo respecto de su procedencia o no como elemento de juicio, es decir, no realizó ninguna consideración en relación con su validez probatoria; en efecto, en la sentencia apelada únicamente se dijo (se transcribe conforme obra, inclusive con errores):
“… la indemnización de perjuicios se centrará única y exclusivamente sobre las construcciones que estaban en posesión de la Parroquia San Antonio de Padua, como son Casa Cural Nueva y el Templo Parroquial, predios sobre los cuales realmente se causaron daños, y que fueron reparados por la parte actora.
“Siendo las cosas de este tenor y como quiera que la actora no cuantificó los daños materiales irrogados, pero dentro del plenario existe un concepto pericial de 23 de noviembre de 2009, igualmente reposa la aclaración de 20 de septiembre de 2010; entonces con miras a acoger el mismo, la Sala se aparta del primero de ellos para tener en cuenta la aclaración, pues resulta más ajustado a las reparaciones que realmente se hicieron, como efectivamente se plasma en los argumentos expuestos en el numeral 2º de la aclaración, con ocasión de la toma guerrillera al municipio de Chiscas, rendido por el ingeniero Daniel Andrés Ángel Medina. Frente a lo cual se expresan los siguientes valores:
“1. PRESUPUESTO CASA CURAL NUEVA $ 2.102.264.00
“2. PRESUPUESTO TEMPLO PARROQUIAL $ 3.008.552.50
“TOTAL DAÑOS $ 5.110.816.5
“Suma que será indexada a la fecha de esta providencia, teniendo en cuenta la fórmula reconocida de actualización monetaria, así:
“Por consiguiente, la liquidación por concepto de perjuicios materiales, asciende a la suma de DIEZ MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 10.053.989) m/cte.” (fls. 421 a 422, cdno. ppal.).
La Sala no encuentra explicación alguna por la cual el tribunal guardó silencio respecto del mencionado documento aportado con la demanda, pues es claro que el mismo constituye un medio probatorio que debió ser analizado de manera objetiva —como los demás—, en los términos del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil que establece:
“ART. 187.—Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
Ahora, se debe anotar que la prueba aportada por la demandante no es una prueba pericial, como se afirma en el recurso de apelación, sino que simplemente es un concepto técnico (en los términos de la L. 446/98, art. 10 y CPC, art. 183)(8) presentado por fuera del proceso y por profesionales escogidos por el mencionado extremo procesal —no por el juez—. La prueba pericial, por su parte, es aquella decretada por el juez y rendida por un perito auxiliar de la justicia, respecto de la cual debe correrse traslado a las partes, en los términos de que trata el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.
Sobre el concepto técnico, la Corte Constitucional precisó que el legislador diseñó un nuevo concepto de prueba judicial técnica, diferente a la prueba pericial, en los siguientes términos:
“… Nótese que las experticias técnicas a que hacen referencia éstos [se refiere a los conceptos técnicos] no son los mismos dictámenes periciales regulados en los artículos 233 a 242 del Código de Procedimiento Civil, ni los informes técnicos de entidades y dependencias oficiales que reglamenta el artículo 243 del mismo estatuto procesal, por cuanto no se practican por mandato judicial, ni en el curso de una actuación judicial que impliquen intervención del juez, ni están sometidos a las ritualidades de posesión, recusaciones e impedimentos que sí se exigen para los peritos. Por el contrario, este tipo de pruebas se origina en un encargo de la parte que lo escoge y sin la intervención judicial que delimite su práctica y su contenido, pues ello corresponde a una solicitud previa al proceso.
“La incorporación de los conceptos técnicos se efectúa válidamente de la misma manera que se aportan al proceso las demás pruebas documentales, puesto que el Código de Procedimiento Civil expresamente señala que podrán ser aportados en las oportunidades procesales correspondientes para solicitar pruebas (demanda, complementación de la demanda, solicitud de excepciones, contestación de la demanda y escrito que contesta las excepciones).
“En cuanto a la contradicción de los conceptos técnicos se tiene que no se ejerce mediante el traslado de 3 días, como ocurre en la prueba pericial, sino en las oportunidades previstas en el procedimiento para que la contraparte manifieste su oposición y sus razones para restar credibilidad al mismo. Por esa misma razón, la validez de su incorporación al proceso se valora dentro de la sana crítica judicial, como las demás pruebas, y se aprecian en conjunto, pues al igual que el dictamen pericial, el juez es autónomo para valorar las pruebas técnicas y verificar la veracidad de sus fundamentos y conclusiones, en tanto que es al juez, y no al perito o al profesional especializado, a quién (sic) corresponde administrar justicia y resolver la controversia que se somete a su decisión final”(9) (se resalta).
Pues bien, analizado el concepto técnico objeto de estudio, la Sala concluye que el mismo no cuenta con el vigor probatorio necesario para ser valorado, pues sus conclusiones no reúnen los más elementales requisitos de firmeza, claridad y fundamentación; en efecto, la sociedad Romero Ingenieros Ltda. se limitó a expresar unas supuestas “conclusiones” en torno a los perjuicios causados por la destrucción de la Casa Cural Antigua, el Templo —incluida su torre— y la Casa Cural Nueva, sin que haya sustentado las razones o fundamentos que condujeron a tales conclusiones. A lo anterior se agrega que el mencionado concepto técnico se caracteriza por su exiguo soporte probatorio, pues, para corroborar su contenido, únicamente se aportaron varias cotizaciones, elaboradas por la misma sociedad que lo produjo, las cuales no suplen en forma alguna la carente o escasa motivación del mencionado concepto. En tales condiciones, la Sala debe desechar las apreciaciones en él contenidas.
Por otro lado, obra en el expediente el dictamen pericial rendido durante la primera instancia, el 23 de noviembre de 2009, en el que se consignaron las siguientes conclusiones (se transcribe conforme obra, inclusive con errores):
“La estructura de la casa cural antigua, está compuesta por el sistema estructural pórtico y por muros de carga en adobe. El sistema estructural pórtico presenta grietas que atraviesan en su totalidad el concreto de columnas y vigas que lo componen, lográndose apreciar en algunas partes las varillas longitudinales de refuerzo; en otra parte, en el nudo 1B (ver plano) se aprecia el acero de refuerzo y la columna que llega a este nudo totalmente desempotrada de la cimentación, tal como se puede verificar en el anexo fotográfico. En general las vigas y columnas de la edificación no actúan como un elemento monolítico, sino como un elemento dividido en varias partes, con lo cual se hace inestable e incapaz de soportar las solicitaciones presentes en esta como son la carga muerta, carga viva, cargas gravitacionales, cargas de viento, cargas sísmicas y demás que puedan ocurrir; por su mal estado no es posible reparar esta estructura, siendo indispensable reconstruirlas.
“Los muros de carga en adobe tienen grietas diagonales, horizontales y verticales, las cuales por su profundidad y espesor comprometen la capacidad de soporte que deben tener estos elementos estructurales ante las diferentes solicitaciones. Al estar en tan mal estado no es posible reparar estos muros, sin evitar que la edificación se derrumbe y por lo tanto es necesario reconstruirlos nuevamente.
“Además se observa grietas verticales en la traba de los muros divisorios y muros de carga o entre muros de carga, lo cual indica que la traba que mantiene unidos estos muros podría ceder no solo ante eventos sísmicos, sino con su propio peso, ocasionando el colapso de la edificación.
“Debido a las razones mencionadas en los párrafos anteriores se debe cambiar la estructura de la vivienda, ya que la actual estructura no representa ninguna garantía de estabilidad, la nueva estructura debe estar enmarcada dentro de los parámetros de la norma sismoresistente de 1998 (NSR-98), por lo tanto es necesario utilizar un sistema estructural de resistencia sísmica aprobado por esta. Para lo cual escogí el sistema estructural pórtico por facilidades en cuanto a mano de obra calificada, facilidad en la consecución de elementos, materiales y equipos de construcción; este sistema está compuesto por vigas y columnas en concreto reforzado, resistentes tanto a cargas verticales como fuerzas horizontales, estas últimas producidas por movimientos sísmicos. Dependiendo del tipo de material estructural y las características del sistema de resistencia sísmica, se establezcan los grados de capacidad de disipación de energía mínimos que debe cumplir el material estructural en las diferentes zonas de amenaza sísmica, que para el municipio de Chiscas al estar ubicado en una zona de amenaza sísmica alta y para el sistema estructural pórtico, se debe utilizar como mínimo un sistema estructural con capacidad especial de disipación de energía (DME), y por lo tanto regirse por las orientaciones emanadas por la NSR-98 para este tipo de sistemas. Siendo indispensable construir la nueva estructura en concreto reforzado, ya que la norma no permite en zonas de amenaza sísmica alta emplear muros de carga en adobe.
“1.4. Presupuesto reconstrucción casa cural antigua.
“De acuerdo a los puntos descritos anteriormente y apoyándome en el apéndice de cantidad, realicé el presupuesto de obra necesario para reconstruir la casa cural antigua del municipio de Chiscas, incrementando los precios unitarios por distancia en un 34%. El presupuesto se realiza a mayo de 1999, está basado en los precios de la gobernación de mayo de 1998, los cuales se encuentran en el anexo documentación de este dictamen. Se actualiza al día de hoy aplicando el daño emergente, con relación a lucro cesante no hay prueba que la acredite, ya que los inmuebles afectados son utilizados en labores religiosas y no tienen uso comercial, por lo anterior no lo cuantifico.
Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Valor total
1.1 Localización y replanteo M2 238.06 1.624.08 386.635.63
1.2 Demolición muros en ladrillo … M2 579.60 9.042.32 5.240.887.98
1.3 Demolición placa de piso (incluye acarreo) M2 238.06 17.444.12 4.152.823.96
2 Cimentación y desagües
2.1 Concreto viga de amarre cimiento 3000 psi M3 14.76 308.931.64 4.559.831.01
2.2 Suministro figurada y amarre de acero PDR 60 KG 4.010.60 2.090.40 8.383.758.24
2.3 Concreto Zapatas 3000 psi M3 5.40 252.922.32 1.365.780.24
3.1 Columnas en concreto de 3000 psi M3 12.44 365.900.40 4.551.800.98
3.2 Viga aérea 3000 psi M3 14.76 375.139.70 5.537.061.97
4.1 Muro en bloque … M2 644.00 15.928.24 10.257.062.92
4.2 Alfagia en concreto … ML 127.18 20.642.70 2.625.338.59
5.1 Pañete liso en muro … M2 1.287.99 6.464.16 8.325.773.44
5.2 Pañete liso bajo placa … M2 238.06 7.289.60 1.735.394.25
6.1 Estuco y vinilo tres manos en muros M2 1.287.99 7.370.00 9.492.486.30
6.2 Estuco y vinilo tres manos bajo placa M2 238.06 8.437.98 2.008.782.65
7 Instalaciones hidráulicas y sanitarias
7.1 Bajante de aguas lluvias PVC 4’’ ML 36.00 20.717.74 745.838.64
7.1 Suministro e instalación PVC sanitaria 4’’ ML 45.50 26.336.36 1.198.304.37
8.1 Base en material de afirmado compactado M3 114.27 37.708.94 4.309.034.96
8.2 Placa base en concreto … M2 238.06 22.931.42 5.459.154.74
Acometida aérea … UN 8.00 162.863.60 1.302.908.80
9.2 Salida lámpara toma PVC completa … UN 9.00 59.013.60 531.122.40
10.1 Teja de barro M2 294.67 28.022.08 8.257.380.08
10.2 Entramado para teja de barro M2 294.67 23.303.94 6.867.066.61
11 Carpintería madera
11.1 Puertas marco y hoja cedro Caquetá
12.1 Ventana lámina calibre 18 inc. Anticorrosivo M2 35.35 59.420.96 2.100.352.67
12.2 Puerta lámina calibre 18 inc. Anticorrosivo M2 10.25 90.415.16 926.574.56
12.3 Baranta en tubo de acero inoxidable ML 7.00 79.703.20 698.349.27
14 Obras exteriores
14.1 Concreto sardines … ML 34.46 18.404.90 634.232.85
14.2 Concretos andenes … M2 41.35 20.236.68 836.827.19
Valor costos directos 180.553.003.25
AIU 25% 45.138.250.81
Valor total propuesta 225.691.254.06
“1.5. Presupuesto reconstrucción torre.
“Debido a las grietas presentes en muros de carga en piedra que comprometen la estabilidad de la torre, es necesario demolerla y construirla nuevamente. Por consiguiente presento el presupuesto de reconstrucción, el cual se realiza a mayo de 1999, está basado en los precios de la gobernación de 1998, los cuales se encuentran en el anexo documentación de este dictamen. Se actualiza al día de hoy por medio del daño emergente, con relación al lucro cesante no hay prueba que la acredite, ya que los inmuebles afectados son utilizados en labores religiosas y no tienen uso comercial. Por lo anterior no lo cuantifico. Además los precios unitarios se incrementa en 34% por distancia. Teniendo en cuenta la mano de obra especializada necesaria para la construcción de la torre y los especiales materiales utilizados presento el presupuesto de reconstrucción:
1.1 Localización y replanteo M2 30.71 1.624.08 49.879.56
1.2 Demolición muros en piedra …. M2 359.64 11.471.60 4.125.646.22
2.1 Concreto viga de amarre cimiento 30000 psi M3 36.63 308.931.64 11.316.165.97
2.2 Suministro figurada y amarre de acero PDR 60 KG 255.00 2.090.40 533.052.00
3.1 Muro en piedra … M2 399.60 116.500.00 46.533.400.00
3.2 Alfagia en piedra ML 30.00 75.430.00 2.262.900.00
4.1 Base en material de afirmado compactado M3 33.78 37.708.94 1.273949.40
4.2 Placa base en concreto … M2 3.07 22.931.42 70.428.12
5.1 Teja de barro M2 30.71 44.590.70 1.369.491.87
5.2 Entramado para teja de barro M2 30.71 33.438.90 1.026.992.22
6 Carpintería madera
6.1 Entrepiso en madera M2 92.14 120.000.00 11.056.500
6.2 Escalera en madera ML 12.00 80.000.00 960.000.00
6.3 Baranda en madera ML 12.00 50.000.00 600.000.00
Valor costos directos 81.198.405.37
AIU 25% 20.299.601.34
Valor total propuesta 101.498.006.71
“(…)” (se resalta, fls. 11 a 14, anexo 1).
El anterior dictamen fue complementado el 21 de septiembre de 2010, en el sentido de cuantificar los perjuicios causados a la demandante “… por la reconstrucción del Templo Parroquial y la Casa Cural Nueva”(10), los cuales se establecieron así:
“2. Cuantificación de los perjuicios causados al demandante por la reconstrucción del Templo Parroquial y la Casa Cural Nueva.
“Teniendo en cuenta la información disponible, como son las fotografías que reposan en el expediente a folios 28 del cuaderno principal, video y fotografías de la toma guerrillera los cuales anexo; en la fotografía a folios 28 del expediente (fotografía 1 del anexo fotográfico), después de compararla con las tomadas en la visita al municipio de Chiscas, resulta evidente que la fotografía a folio 28 corresponde a la Casa Cural Antigua y no a la Casa Cural Nueva como se indica en el expediente … por tal razón no tuve en cuenta esta fotografía al momento de tasar los daños en la Casa Cural Nueva. Por consiguiente tuve solo en cuenta el video y fotografías de la toma guerrillera, basados en lo anterior se causaron daños en el Templo Parroquial, en fachada y muro contiguo a la Casa Cural Antigua, ocasionando cambio de piedras y cambio de vidrios, respectivamente. Por otra parte en la Casa Cural Nueva los daños fueron causados en la fachada, los cuales comprometen los vidrios, por parte de pañete y total de pintura.
“De acuerdo a las anteriores consideraciones, elaboré el presupuesto de las reparaciones que se hicieron en el Templo Parroquial y la Casa Cural Nueva, a precios actuales, los cuales describo en las siguientes tablas:
“Presupuesto casa cural nueva
1. Pañetes
1.1 Resane pañete liso en muro 1:4 M2 46.64 6.464.16 301.488.42
2.1 Vinilo tres manos en muros M2 58.30 9.854.00 574.488.20
2.2 Esmalte s / marcos lámina tres manos ML 20.80 7.302.000 151.881.60
2.3 Esmalte s / marcos lámina tres manos M2 6.60 13.309.00 87.839.40
3 Vidrios y cerraduras
3.1 Vidrio 4 mm M2 20.80 27.217.00 566.113.60
Valor costos directos 1.681.811.22
AIU 25% 420.452.81
Valor total propuesta 2.102.264.03
“Presupuesto templo parroquial
1. Mamposteria
1.1 Resane muro en piedra M2 28.80 59.000.00 1.699.200.00
2 Vidrios y cerraduras
2.1 Vidrio 4 mm M2 26.00 27.217.00 707.642.00
Valor costos directos 2.406.842.00
AIU 25% 601.710.50
Valor total propuesta 3.008.552.50
“(…)” (fls. 352 y 353, cdno. 1).
El tribunal solo tuvo en cuenta esta última experticia (la complementación del dictamen) sin expresar las razones por las cuales se apartaba de las consideraciones expuestas en el dictamen inicial del 23 de noviembre de 2009; en efecto, como se vio, el a quo únicamente dijo:
“Siendo las cosas de este tenor y como quiera que la actora no cuantificó los daños materiales irrogados, pero dentro del plenario existe un concepto pericial de 23 de noviembre de 2009, igualmente reposa la aclaración de 20 de septiembre de 2010; entonces con miras a acoger el mismo, la Sala se aparta del primero de ellos para tener en cuenta la aclaración, pues resulta más ajustado a las reparaciones que realmente se hicieron …” (se resalta, ver pág. 10 supra).
Pues bien, para esta Subsección no es de recibo el silencio que guardó el tribunal respecto de la validez o no del mencionado dictamen del 23 de noviembre de 2009, pues —como atrás se dijo— “… todas las pruebas deben ser apreciadas en conjunto …”, según las reglas de la sana crítica, y el juez debe exponer “… razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”, como lo dispone el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil; además, al juez le asiste la obligación de motivar en todo momento sus decisiones(11), circunstancia que no se observa satisfecha en el presente asunto, pues no se indicaron las razones legales o de hecho que llevaron al a quo a no tener en cuenta dicho dictamen.
Ahora, la Sala encuentra que, si bien el mencionado dictamen y su complementación no fueron cuestionados ni objetados por alguna de las partes, tal circunstancia no significa que deban ser aceptados por esta corporación sin ningún tipo de análisis, por cuanto el juez debe tener en cuenta “… la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos”, en los términos de que trata el artículo 214 del Código de Procedimiento Civil, precepto que impone a la Sala el estudio riguroso de la razón de sus conclusiones(12).
Pues bien, la Sala no acoge el mencionado dictamen del 23 de noviembre de 2009, pues es claro que el perito no rindió ninguna explicación sobre la metodología empleada, así como las herramientas y los procedimientos que condujeron a sus conclusiones en torno a los perjuicios causados; por el contrario, se limitó a señalar el costo de “reconstrucción” (de la Torre del Templo Parroquial y de la Casa Cural Antigua), sin allegar ningún soporte que permita concluir que los precios empleados para hacer las operaciones aritméticas corresponden a valores ciertos, reales y que se ajustan a las condiciones físicas que presentaban los inmuebles afectados al momento de los hechos.
De otra parte, si bien en el dictamen pericial del 23 de noviembre de 2009 se describen las condiciones ideales de reconstrucción de la Torre del Templo Parroquial y de la Casa Cural Antigua, teniendo en cuenta que sugiere una estructura totalmente nueva (ajustada a los parámetros de sismo-resistencia empleados en la actualidad), también es cierto que él no permite a la Sala establecer las condiciones reales en que se encontraban los inmuebles al momento de la toma guerrillera; en otros términos, la experticia carece de un sustento objetivo para cuantificar los perjuicios efectivamente sufridos por la parte actora [ver, págs. 13 y 14 supra], lo cual también impide acogerlo.
A lo anterior se agrega que no se tiene certeza de que la parte actora efectivamente haya incurrido en los gastos de reconstrucción que allí se señalan, pues, como se indica en la misma experticia, los montos consignados corresponden a un “presupuesto de reconstrucción” de dichos bienes [ver, págs. 14 y 16 supra].
Lo contrario sucede con la complementación del dictamen, calendada el 21 de septiembre de 2010, pues cuenta con todo el vigor probatorio necesario para ser valorado, dado que sus conclusiones se encuentran debidamente fundamentadas y son convincentes, porque advierten que las reparaciones a la Casa Cural Nueva y al Templo Parroquial ya fueron realizadas; por tanto, constituye un daño emergente efectivamente causado. Se agrega que tal experticia no está desvirtuada por ninguna otra prueba.
Con todo, en aras de proteger el derecho a la reparación de la parte actora y teniendo en cuenta que está demostrada la causación de los perjuicios materiales por la destrucción de la Casa Cural Antigua y la Torre del Templo Parroquial (bienes respecto de los cuales dicha parte probó su propiedad, con el certificado de tradición y libertad 0760017998 —fls. 3 a 7, cdno. 1—), la Sala condenará en abstracto a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que en trámite incidental, con intervención de peritos, se establezca el valor de los daños efectivamente ocasionados en dichos inmuebles y se reconozca en favor de la parte actora su indemnización por concepto de daño emergente(13). La definición de ese valor se sujetará a los siguientes parámetros:
1. El perito deberá determinar, con base en soportes debidamente obtenidos, cuál era el valor —para la época de los hechos— de los bienes destruidos en la toma guerrillera del 16 de abril de 1999 (esto es, la Casa Cural Antigua y la Torre del Templo Parroquial), teniendo en cuenta aspectos tales como su ubicación, materiales con los cuales fueron construidos originalmente, valor histórico (teniendo en cuenta la antigüedad) y el costo del metro cuadrado en el municipio de Chiscas para aquella época.
2. De otra parte, el perito deberá consultar a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, para que certifique si la Nación ha otorgado, en los términos de que trata la Ley 1448 de 2011, alguna suma de dinero a la parte actora por aquellos hechos.
3. En caso de ser afirmativa la respuesta del numeral inmediatamente anterior, el monto que se indique por parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas se deberá descontar del valor que resulte del numeral 1º de este trámite incidental.
4. Después de haber descontado la cantidad que señale dicha unidad —si a ello hay lugar—, el valor de los bienes se deberá actualizar a precios de hoy, teniendo en cuenta las fórmulas que, para el efecto, ha dispuesto la jurisprudencia de esta corporación(14).
El incidente podrá ser promovido por la parte actora dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del auto del Tribunal Administrativo que ordene cumplir lo dispuesto en esta providencia, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 172 del Código Contencioso Administrativo y 135 a 137 del Código de Procedimiento Civil. De otra parte y con miras a dar a conocer las pautas anteriormente relacionadas, se ordenará enviar copia de esta providencia a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas(15) (adscrita al Departamento para la Prosperidad Social).
Bajo este panorama, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional no solo debe responder por las erogaciones que realizó la parte demandante como consecuencia de la destrucción de la Casa Cural Nueva y del Templo Parroquial (reconocidos en primera instancia), sino que también debe responder por los perjuicios ocasionados con la destrucción de la Casa Cural Antigua y la torre del mencionado Templo Parroquial, pues se trata de perjuicios que tienen relación directa con los efectos del ataque guerrillero perpetrado el 16 de abril de 1999 en contra de la Estación de Policía de San Antonio de Padua de Chiscas, Boyacá.
En consecuencia, se modificará la sentencia apelada (en su ordinal segundo) y se incluirán los perjuicios causados por la destrucción de la Casa Cural Antigua y la Torre del Templo Parroquial, al tiempo que se actualizará la indemnización ya reconocida en primera instancia por la destrucción de la Casa Cural Nueva y el mencionado Templo.
Actualización de la indemnización reconocida en primera instancia por la destrucción de la Casa Cural Nueva y el Templo Parroquial:
Aplicando la fórmula respectiva, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (suma reconocida por el Tribunal) multiplicada por la cifra que arroja dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se dictó la sentencia de primera instancia.
De esta manera, dado que en la sentencia apelada se reconoció en favor de la parte actora la suma de $ 10.053.989(16), su actualización se establece para este momento, así:
Ra= $ 12’590.147.03
Finalmente, se negará el lucro cesante solicitado por la parte actora, toda vez que en el expediente no obra ninguna prueba demostrativa de que la “Casa Cural Antigua” se encontrara arrendada y que, con ocasión del ataque guerrillero, se haya dejado de percibir emolumento alguno; por el contrario, la prueba pericial —a la que se hizo referencia anteriormente— da cuenta de que los inmuebles afectados eran utilizados “… en labores religiosas y no tienen uso comercial” (ver, pág. 14 supra).
PRIMERO: MODIFÍCASE el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 29 de noviembre de 2011, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el cual quedará así:
“SEGUNDO: CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a la parte actora, por concepto de perjuicios materiales (en la modalidad de daño emergente), la suma de $ 12’590.147.03, por la destrucción de la Casa Cural Nueva y el Templo Parroquial.
De igual manera, CONDÉNASE EN ABSTRACTO a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a la parte actora, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, el 16 de abril de 1999 de la Casa Cural Antigua y la Torre del Templo Parroquial, las sumas que resulten liquidadas como consecuencia del respectivo incidente, teniendo como fundamento las bases expuestas en la parte considerativa de este providencia.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y EXPÍDANSE al apoderado de la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
5 Año de presentación de la demanda.
6 Decreto 597 de 1988.
7 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin” (LÓPEZ BLANCO Hernán Fabio: “Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General”, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, pág. 106).
8 Derogados por el artículo 626 de la Ley 1564 de 2012.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-417 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
10 Folio 352, cuaderno 1.
11 La motivación se orienta “… al convencimiento de las partes sobre el por qué (sic) de la decisión adoptada, con el fin de evitar arbitrariedades …” (C. Const., Sent. SU-250, mayo 26/98, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
12 La Sección, en sentencia de 3 de mayo de 2007, expediente 16098, consideró: “En efecto, al igual que con los demás medios de prueba, la ley le otorga al juez la libertad para apreciar el dictamen de acuerdo a (sic) las reglas de la sana crítica, como quiera que resultaría absurdo que el fallador se viese obligado por un dictamen dudoso, contrario a la lógica o a las reglas generales de la experiencia, o a los otros medios de prueba obrantes en el proceso”.
13 “El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente necesidad para el afectado de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que el daño emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento en que se haga su valoración” (C.E., Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc. Tercera, sent. dic. 4/2006, exp. 13168).
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 2013, expediente 24676.
15 Ley 1448 de 2011, artículo 168: “La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las víctimas coordinará de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónica las actuaciones de las entidades que conforman el sistema nacional de atención y reparación a las víctimas en lo que se refiere a la ejecución e implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas y asumirá las competencias de coordinación señaladas en las leyes 387, 418 de 1997, 975 de 2005, 1190 de 2008, y en las demás normas que regulen la coordinación de políticas encaminadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas”.
16 Monto actualizado de la suma de $ 2’102.264 (presupuesto de la “Casa Cural Nueva”) más $ 3’008.552.50 (presupuesto del “Templo Parroquial”).

References: ARTÍCULO 10
 ARTÍCULO 183
 ARTÍCULO 243
 artículo 357
 artículo 357
 artículo 187
 artículo 238
 artículo 243
 artículo 187
 artículo 214
 artículo 115
 artículo 626
 artículo 168