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Timestamp: 2017-08-23 21:36:55+00:00

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Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. TÍTULO IV. RÉGIMEN DE CONTROL, INSPECCIÓN Y SANCIÓN.
RÉGIMEN DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Artículo 25 Obras de construcción o demolición sujetas a licencia urbanística
1. Las Entidades Locales, en el marco de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras para las que concedan licencia.
A tal fin se seguirá el siguiente procedimiento:
a) Junto a la solicitud de licencia de obras, e incorporado al proyecto técnico de las mismas, se presentará el estudio de producción y gestión previsto en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. La no presentación de dicho estudio junto con el proyecto técnico, bastará para denegar la licencia solicitada.
b) Con carácter previo al otorgamiento de la licencia de obras, los Ayuntamientos exigirán una fianza u otra garantía financiera equivalente que el titular de la licencia de obras deberá depositar y que responderá de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en las obras.
c) La cuantía de dicha garantía financiera se basará en el presupuesto incorporado al estudio de gestión y será proporcional a la cantidad de residuos que se estima se van a generar, salvo que el presupuesto haya sido elaborado de modo infundado a la baja, en cuyo caso, los Servicios Técnicos Municipales podrán elevar motivadamente el importe de la fianza. No obstante, al objeto de establecer criterios mínimos comunes a todas las fianzas, se establecerá el importe mínimo teniendo en cuenta la categoría, según el artículo 5 y la cantidad de residuos de cada categoría que se generará durante el desarrollo de las obras, según se recoge en el Estudio de Generación de Residuos del proyecto, estableciéndose los siguientes importes mínimos:
— Residuos de categoría I: 1.000 euros/m3.
— Residuos de categoría II: 30 euros/m3.
— Residuos de categoría III: 15 euros/m3.
— Residuos de categoría IV: 7 euros/m3.
d) El importe de la fianza no podrá ser inferior al 0,4% del presupuesto de ejecución material de la obra.
2. Finalizada la obra se procederá a la devolución de la fianza o garantía financiera equivalente, siempre que su titular acredite de manera fehaciente una correcta gestión de los residuos generados, mediante la presentación del correspondiente certificado de gestión, establecido en el artículo 19 del presente decreto emitido al efecto por un gestor autorizado de residuos de construcción y demolición.
3. En caso de no acreditarse una adecuada gestión de los residuos, y sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la Entidad Local deberá ejecutar, con carácter subsidiario y con cargo a la fianza constituida, las actuaciones necesarias para la correcta gestión de los mismos.
Artículo 26 Obras no sujetas a licencia urbanística
En las obras no sujetas a licencia urbanística, el productor deberá constituir la fianza en el Ayuntamiento del término municipal donde se realicen las obras y en el caso de obras lineales o aquellas que afecten a varios términos municipales, ante el órgano competente en materia ambiental de la Junta de Extremadura. El depósito de la misma será en todo caso, previo al comienzo de la obra.
INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 27 Inspección y supervisión
1. Las personas físicas o jurídicas que produzcan, posean o gestionen residuos de construcción y demolición, tendrán la obligación de facilitar al órgano con competencias en materia de medio ambiente de la Junta de Extremadura la información que les sea requerida, así como las tareas de supervisión e inspección que considere convenientes, para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto.
2. Las Entidades Locales serán competentes para requerir información y realizar funciones de supervisión e inspección respecto de la producción, posesión o gestión de residuos de construcción y demolición derivados de su ámbito competencial.
Para la calificación de las infracciones y determinación de las sanciones se estará a lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, sin perjuicio de las responsabilidades, civiles, penales o de otro orden a que hubiere lugar.
1. A efectos de lo establecido en este decreto, los residuos de construcción y demolición tendrán siempre un titular responsable, cualidad que corresponderá al productor, poseedor, o gestor de los mismos.
2. Cuando los productores o poseedores de los residuos de construcción y demolición los entreguen a terceros que no dispongan de la autorización de gestor necesaria, responderán solidariamente con ellos de los daños y perjuicios que se produjesen por causa de los residuos de construcción y demolición, así como de las sanciones procedentes.
3. Asimismo, la responsabilidad será solidaria cuando sean varios los responsables de algún deterioro ambiental o de daños o perjuicios causados a terceros y no fuese posible determinar el grado de participación de las diferentes personas físicas o jurídicas en la comisión de la infracción.
Artículo 30 Obligación de restauración e indemnización
1. La imposición de sanciones en virtud de actuaciones u omisiones contrarias al presente decreto no exime de la obligación de restaurar la realidad física alterada o transformada, en la forma y condiciones que determine el órgano sancionador. En aquellos casos en que no se ejecute dicha obligación de restauración, en el plazo máximo de 6 meses, la Administración Autonómica o las Entidades Locales, en los ámbitos de sus respectivas competencias, podrán actuar de forma supletoria, ejecutando las fianzas depositadas a tales efectos.
2. Igualmente, subsistirá la obligación de indemnizar a los lesionados por los daños y perjuicios ocasionados.
1. En tanto por normas específicas no se regule un procedimiento sancionador especial, a los expedientes tramitados por la Comunidad Autónoma de Extremadura les será de aplicación el previsto en el Decreto 9/1994, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre procedimientos sancionadores seguidos por la Comunidad Autónoma de Extremadura; y a los expedientes tramitados por los entes locales les será de aplicación el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
En todo caso, deberá respetarse en dichos procedimientos la debida separación entre la fase instructora y la fase de resolución o sancionadora, que estarán encomendadas a órganos distintos.
2. Si el instructor apreciara que la infracción presuntamente cometida pudiera ser constitutiva de delito o falta penal, se pondrá en conocimiento de la autoridad judicial competente para depurar las responsabilidades de este orden, en cuyo caso se acordará la suspensión del procedimiento administrativo sancionador hasta que sea adoptada la decisión judicial definitiva.
1. Las Entidades Locales, serán competentes para la incoación, tramitación y resolución de los correspondientes expedientes sancionadores, relativos a los incumplimientos derivados de su ámbito competencial.
2. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura será órgano competente para incoar el procedimiento sancionador el titular de la Dirección General correspondiente por razón de la materia, de la Consejería competente en materia de medio ambiente de la Junta de Extremadura. La competencia para la resolución de estos expedientes corresponde a:
a) El titular de la Dirección General correspondiente por razón de la materia, de la Consejería competente en materia de medio ambiente de la Junta de Extremadura, para infracciones que lleven aparejadas multas de hasta 300.000 euros.
b) El titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente de la Junta de Extremadura, para infracciones que conlleven multas desde 300.001 euros hasta 600.500 euros.
c) El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura cuando la multa exceda de 600.500 euros.
En todo lo no previsto por este decreto, se aplicará la regulación contenida en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Disposición adicional segunda Obras menores
1. Las obras menores, serán aquellas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 2.d) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
2. Las Entidades Locales, en el marco de sus competencias en materia de residuos, establecerán en sus respectivas ordenanzas las condiciones a que deberá someterse la producción, la posesión y, en su caso, la gestión de los residuos de construcción y demolición de obra menor, ya que éstos tendrán la consideración de residuos sólidos urbanos. Las ordenanzas se inspirarán en los principios establecidos en la legislación sobre residuos e incorporarán los instrumentos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y requisitos del presente decreto.
3. Las Entidades Locales deberán garantizar en cualquier caso la correcta gestión de estos residuos procedentes de obras menores, bien gestionando directamente su reciclado, valorización o eliminación, o bien mediante su entrega a gestor autorizado por el ente local correspondiente.
Disposición adicional tercera Colaboración y relaciones interadministrativas con las Entidades Locales
1. En los términos de la legislación de régimen local, los Ayuntamientos facilitarán a la Consejería con competencias en materia de residuos y medio ambiente a requerimiento de ésta, la información que les solicite en relación con las licencias otorgadas para la ejecución de obras de construcción y demolición a las que resulte de aplicación este decreto, pudiendo incluso dicha Consejería requerirles la remisión de informes, la exhibición de expedientes y la remisión de copias certificadas de los mismos.
2. Las Entidades Locales en el ámbito de sus propias competencias podrán colaborar mediante los correspondientes instrumentos con la Administración de la Comunidad Autónoma en la formulación, desarrollo ejecución de los planes y programas necesarios para el cumplimiento de los principios y objetivos enunciados en materia de producción, posesión y gestión de residuos de construcción y demolición.
Disposición adicional cuarta Residuos peligrosos
1. Las actividades de producción de residuos de construcción y demolición que tengan la consideración de residuos peligrosos se regirán por lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
2. Los residuos de construcción y demolición que contengan amianto son residuos peligrosos y por tanto están sometidos a la legislación en materia de residuos peligrosos, e igualmente su manipulación está sometida a lo dispuesto en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Disposición adicional quinta Competencias técnicas para la firma de proyectos de gestión de residuos
1. En las competencias para la redacción y firma de los proyectos y ante las responsabilidades a asumir por las Direcciones Técnicas de las obras en materia de gestión de residuos de construcción y demolición, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 10, 12 y 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
2. Cuando las Administraciones públicas y los organismos y entidades sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen como agentes del proceso de la edificación se regirán por lo dispuesto en la legislación de contratos del Sector Público y en lo no contemplado en la misma por las disposiciones de esta Ley.
Disposición adicional sexta Fomento de la prevención por parte de las Administraciones Públicas
1. En las obras en las que intervengan como promotores, las Administraciones Públicas velarán por que se introduzcan en los pliegos reguladores de la contratación, medidas orientadas a la prevención de residuos de construcción y demolición y fomentarán que en la fase de proyecto se contemplen las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, las que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de la ejecución material del proyecto y que contribuya al ahorro en la utilización de recursos naturales.
2. Las Administraciones Públicas fomentarán que en los procedimientos de estudio y evaluación ambiental de proyectos y de planes de obras, se tomen en consideración los impactos ambientales de los residuos de construcción y demolición generados durante las fases de construcción y explotación.
3. Asimismo, las Administraciones Públicas fomentarán que en los procedimientos de adjudicación de contratos de obra se introduzcan criterios de valoración de las ofertas que tengan en cuenta aquellas que supongan una menor generación de residuos o que utilicen en las unidades de obra, áridos y otros productos procedentes de valoración de residuos.
Disposición adicional séptima Régimen aplicable a los excedentes de excavación generados en obras de titularidad pública sometidas a evaluación de impacto ambiental
Las medidas previstas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, salvo lo referido en su artículo 4.1.a), no serán aplicables a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras de titularidad pública, a los que será de aplicación lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Cuando dichos excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas será de aplicación la normativa específica de residuos.
Disposición adicional octava Poblaciones con dificultades para el tratamiento previo al depósito en vertedero
En el marco de la planificación regional en materia de gestión de residuos de construcción y demolición, la Junta de Extremadura podrá aplicar la exención prevista en el apartado 2 del artículo 114 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la que se declara obligatorio el tratamiento previo y valorización de los residuos inertes de construcción y demolición, para aquellas poblaciones que reúnan las siguientes características:
b) No tener una aglomeración urbana con una densidad mayor o igual de 250 habitantes por kilómetro cuadrado a una distancia menor de 50 kilómetros.
c) Y encontrarse a más de 15 kilómetros, por carretera, de una población mayor de 10.000 habitantes de derecho.
En cualquier caso, dicha excepción del tratamiento previo de los residuos, para este tipo de poblaciones, no eximirá de los requisitos preceptuados en el RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Disposición adicional novena Adaptación de las Ordenanzas Municipales
Las Entidades Locales deberán adaptar sus ordenanzas municipales a los objetivos y requisitos establecidos en el presente decreto, antes de su entrada en vigor.
Tengase en cuenta que la disposición adicional novena entrará en vigor al día siguiente de su publicación según dispone la disposición final segunda del D [EXTREMADURA] 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura («D.O.E.» 3 marzo).
1. El presente decreto no se aplicará a los residuos de construcción y demolición de aquellas obras que a la fecha de su entrada en vigor dispongan de licencia urbanística otorgada por la Entidad Local competente, ni a obras de titularidad pública adjudicadas o con proyecto de construcción aprobado, todo ello siempre que dichas obras se inicien en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente normativa.
2. Con el fin de adaptar los presupuestos públicos a las disposiciones previstas en el presente decreto, no será de aplicación el mismo, a los proyectos de obras, de titularidad pública, cuya aprobación se produzca en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del mismo.
Se autoriza al Consejero competente en materia de Medio Ambiente para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en este decreto y, en particular, para actualizar los importes y fianzas reguladas en el mismo.
El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2012, salvo lo dispuesto en el Título III y la disposición adicional novena, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

References: Artículo 25
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 19

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 30
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 114