Source: http://www.iurisprudente.com/2015/11/la-autocontratacion-coincidencia-de.html
Timestamp: 2018-08-19 04:12:54+00:00

Document:
Iuris Prudente: La autocontratación. Coincidencia de personas. El conflicto indirecto. La sustitución de poder. Licencia para autocontratar. La compraventa. Arrendamientos. Préstamos. Reconocimiento de deuda. Constitución de garantías. Asunción de obligaciones solidarias. Partición de herencia.
La autocontratación. Coincidencia de personas. El conflicto indirecto. La sustitución de poder. Licencia para autocontratar. La compraventa. Arrendamientos. Préstamos. Reconocimiento de deuda. Constitución de garantías. Asunción de obligaciones solidarias. Partición de herencia.
Hace ya algún tiempo redacté unas notas sobre el auto-contrato. Como ahí estaban y dada la finalidad del blog, he pensado en publicarlas, actualizándolas en lo que he podido. He suprimido la parte relativa al conflicto de intereses de los administradores de las sociedades mercantiles, pues esa cuestión ha sido recientemente modificada y le he dedicado una entrada separada, que aquí enlazo:
En relación con este supuesto del conflicto de interés y su distinción con el auto-contrato, es de interés la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2015, que parece diferenciar las consecuencias de ambas hipótesis, restringiendo las del conflicto de interés a la relación interna entre representado y representante, sin poder alcanzar al tercero en el contrato de buena fe, en el el caso, una entidad de crédito que concedía los préstamos hipotecarios cuestionados. Dice la Sentencia:
"La jurisprudencia de esta Sala ha considerado jurídicamente ineficaz la autocontratación cuando se da un conflicto y una contradicción de intereses que haga incompatible la actuación de una persona que obra para sí misma y a la vez en la representación de otra, física o jurídica. En tales casos, al contrato llevado a cabo se le desprovee de causa lícita, entrando así en el campo del abuso el derecho, que siempre lleva consigo intención de dañar y perjudicar...
Pero tal doctrina es aplicable cuando se ha producido una autocontratación propiamente dicha, en la que la coincidencia de los consentimientos necesaria para la perfección del contrato es sustituida por la voluntad de una sola persona, que actúa en nombre propio, como una de las partes del contrato, y en nombre y representación de otra persona, como la otra parte del contrato. Esto es, una sola persona se ha situado en ambas partes de un contrato bilateral, en una actuando en nombre propio, en la otra actuando en nombre y representación de sus poderdantes. En tal caso, cuando concurren los requisitos indicados, los poderdantes que se han visto perjudicados por el autocontrato de su representante pueden accionar contra éste solicitando la nulidad del contrato.
No es ese el caso objeto del recurso. En él lo que ha sucedido es que en algunos contratos una de las partes (bien los prestatarios, bien los prestatarios y quienes hipotecaban un bien para garantizar la obligación de los prestatarios) estaba integrada por el demandado que actuaba en su propio nombre, y por los poderdantes, representados por tal mandatario con poder suficiente otorgado al efecto. Pero no se trataba de partes que estuvieran en una relación de bilateralidad o reciprocidad contractual, sino que se alineaban en una de las posiciones contractuales, mientras que en la otra posición contractual se situaba un tercero ajeno a esa relación de mandato representativo. Es cierto que aun alineados en la misma posición contractual, podía existir un conflicto de intereses entre el representante y sus representados, porque, por ejemplo, los representados ignorasen el negocio que había sido concertado en su nombre, y fuera el representante quien aprovechara para sí la totalidad del dinero obtenido. Pero en tal caso, la existencia de ese conflicto de intereses y de ese abuso de derecho por parte del representante no puede determinar la nulidad del contrato porque la parte situada en la otra posición contractual (el banco que ha concedido el préstamo, que ha hecho el reintegro, o a favor del cual se ha constituido la hipoteca, o el comprador de un bien vendido por los demandantes representados por el apoderado codemandado) resulta ajeno al conflicto de intereses, a la conducta abusiva del representante, y no puede verse perjudicada por hechos que afectan exclusivamente a la relación interna entre los poderdantes, de un lado, y el representante, de otro, cuando dicho representante actuó dentro de las facultades que le habían sido concedidas mediante apoderamiento ante notario".
En el caso, no obstante, existía dispensa expresa de auto-contratación en el poder, lo que pudo influir en la decisión última del Tribunal.
La Resolución DGRN de 11 de octubre de 2017 aplica esta misma teoría a la venta por la nuda propietaria en su nombre y representando por poder a la usufructuaria, negando que exista conflicto de interés entre representada y representante. No obstante, es discutible, a mi entender, que los intereses del nudo propietario y del usufructuario al vender sus respectivos derechos sean siempre concurrentes, en cuanto uno tiene la posesión de hecho o material de la cosa y otro no, y ello puede implicar un interés diverso en la operación de venta. La propia Resolución hace referencia a las circunstancias concurrentes en el caso, aunque no llegue a aclarar cuáles son exactamente estas.
Un caso peculiar, aunque el supuesto no es extraño en la práctica, en el que el auto-contrato no se manifiesta de modo directo, es el que da lugar a la Resolución DGRN de 18 de diciembre de 2012. En el caso, una persona otorga poder a una entidad de crédito, la cual mediante un apoderado, a favor de quien se sustituye el poder, sustitución autorizada por el poderdante, procede a enajenar un bien inmueble a un tercero, manifestando el apoderado percibir el precio para la entidad de crédito a fin de destinarlo al pago del préstamo hipotecario que gravaba el bien transmitido, habiéndose otorgado previamente a la compra escritura de cancelación por la entidad de crédito, en la cual se condicionaba suspensivamente la eficacia de la cancelación al otorgamiento de la compraventa en dichos términos. La calificación registral, además de otros defectos, plantea la existencia de autocontratación no autorizada. El notario, sin oponerse a esta calificación por razones de fondo, plantea recurso en cuanto a los demás defectos alegados, que tenían que ver con la prohibición del pacto comisorio y ser el precio muy inferior al valor de tasación hipotecaria, y además señala en el recurso que sí existía autorización para autocontratar, con lo cual la DGRN, que además rechaza los demás defectos, entiende subsanado el defecto de la falta de expresión en el juicio de suficiencia notarial de la representación por la manifestación realizada por el notario en el propio recurso sobre la existencia de dispensa por el poderdante de la autocontratación. En este caso, tanto la calificación registral, como el notario, como la DGRN dan por supuesta la existencia de autocontratación, a pesar de que no se daba coincidencia directa entre el apoderado y la persona compradora. El conflicto de intereses parece surgir de percibir el precio en la compraventa por la entidad de crédito apoderada para destinarlo al pago y cancelación del préstamo hipotecario que gravaba el inmueble transmitido.
No obstante, la referida resolución DGRN asimila dicha situación al autocontrato, declarando:
“Ahora bien, no puede ignorarse que esta relación de subordinación y accesoriedad entre los dos negocios celebrados, recíprocamente dependientes y económicamente contrapuestos (es innegable tanto la repercusión de la prestación de la garantía en la concesión del crédito y en sus condiciones, como el sacrificio patrimonial actual que la hipoteca implica para el propietario gravado, aún antes de su efectividad) provoca, en el caso debatido, una situación similar a la que subyace en la figura del autocontrato stricto sensu y que es la que determina las cautelas y prevenciones con que ésta es considerada jurídicamente; efectivamente, en ambos casos, una persona con su sola actuación compromete simultáneamente los intereses de dos patrimonios cuya representación ostenta, en forma tal que no queda garantizada la independencia necesaria entre los procesos de formación de cada una de las voluntades negociales emitidas; no se asegura que en cada uno de ellos haya sido considerado exclusivamente lo más conveniente y beneficioso para el patrimonio afectado; se incide con ello, en la cuestión del ámbito de las facultades representativas conferidas al apoderado y, en este sentido, tanto el criterio de interpretación estricta que ha de regir en la materia (art. 1713 del Código Civil) como la aplicación analógica de las soluciones legalmente previstas para casos similares (vid. arts. 221.2.º del Código Civil y 267 del Código de Comercio) imponen la necesidad de específica autorización para la inclusión en el poder conferido de la hipótesis considerada; en otro caso, la insuficiencia de facultades del apoderado viciaría el negocio y determinaría su ineficacia respecto del patrimonio representado (arts. 1727 del Código Civil y 247 y 253 del Código de Comercio) sin perjuicio de la posible sanación posterior si mediase la ratificación.”
Sin embargo, en el caso de la Resolución DGRN de 5 de mayo de 2005, la deuda garantizada era de un tercero, y los bienes hipotecados pertenecían a una persona física y a una sociedad, que comparecían representados por la misma persona, en el caso de la persona física como apoderado y en el de la sociedad como administrador.
En este punto debe recordarse la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2015, que parece diferenciar las consecuencias del verdadero auto-contrato de las situaciones de conflicto de interés que no reúnen los requisitos de aquel, por no existir reciprocidad de partes entre las personas en conflicto, restringiendo las del conflicto de interés a la relación interna entre representado y representante, sin poder alcanzar al tercero en el contrato de buena fe, en el el caso, una entidad de crédito que concedía los préstamos hipotecarios cuestionados
La Resolución DGRN de 7 de julio de 2011 se ocupa nuevamente de un supuesto de autocontratación en la constitución de una sociedad. En el caso, una misma persona actúa en representación de dos sociedades mercantiles, como administrador único de ambas, y constituye una sociedad de la que son socios las dos mercantiles por él representadas, designándose a sí mismo administrador de la sociedad.
En el caso de esta Resolución de 7 de noviembre de 2011 las aportaciones al capital de ambas sociedades constituyentes eran dinerarias. Se ha sostenido por algún autor que el simple hecho de que las aportaciones sean no dinerarias determina la existencia de un potencial conflicto de interés entre representante y representado. Pero, a mi entender, aun cuando las aportaciones sean no dinerarias, la naturaleza del acto de constitución de la sociedad sigue siendo no sinalagmática, sin partes con intereses contrapuestos, y no debemos presumir el fraude en la valoración de las aportaciones sociales. Además, en el caso de las sociedades anónimas, existirá un informe de valoración pericial que determinará el valor objetivo de la aportación. Y, en el de las limitadas, aunque no exista dicho informe pericial y exista un riesgo efectivo de sobre o sub valoración de las aportaciones, la solución a esta conducta está en los remedios que da la ley frente a la actuación dolosa o negligente de un representante más que, por principio, en limitar su representación y exigir la intervención de un defensor judicial, al menos cuando se trate de un representante legal (quizás en el de los voluntarios, partiendo del carácter estricto de sus facultades, pudiera darse una solución distinta). Piénsese que las amplias facultades que gozan los representantes legales para administrar el patrimonio de los representados son siempre susceptibles siempre de utilización fraudulenta. Nadie garantiza el buen uso del dinero del representado que el representante legal administra, ni que compre o venda en buenas condiciones o que no exista colusión en el acto, o que, en el caso de los padres, el dinero que piden a préstamo sea empleado en beneficio del representado, más allá de los controles judiciales a posteriori, cuando existan (rendición de cuentas) y de la posibilidad de exigir responsabilidad al representante legal por su mala administración. Pero este riesgo efectivo de fraude, incluso en actos para los que no se exige autorización judicial, no impide al legislador conceder al representante legal amplias facultades de administración y representación, debiendo interpretarse extensivamente los supuestos de conflicto de interés.
La Resolución DGRN de 20 de octubre de 2015 confirma la calificación registral que, en una donación otorgada por apoderado en nombre de los donantes y a su favor, aprecia la incongruencia del juicio notarial de suficiencia por falta de mención de la dispensa de autocontratación.
(La actual redacción de este artículo 1060 del Código Civil, tras la LJV, es la siguiente: "Cuando los menores o personas con capacidad modificada judicialmente estén legalmente representados en la partición, no será necesaria la intervención ni la autorización judicial, pero el tutor necesitará aprobación judicial de la partición efectuada. El defensor judicial designado para representar a un menor o persona con capacidad modificada judicialmente en una partición, deberá obtener la aprobación del Juez, si el Secretario judicial no hubiera dispuesto otra cosa al hacer el nombramiento").
No obstante, cabe señalar que la ya citada Resolución DGRN de 18 de junio de 2013 analiza un caso de usufructo universal atribuido a la madre como cautela sociniana e hija menor, considerando la DGRN que si el valor del usufructo universal no supera el valor de la parte de libre disposición y de la cuota legal usufructuaria de la viuda, la hija carecería de la opción de oponerse al usufructo. Interpreta la DGRN el artículo 820.3 Código Civil, desde el punto de vista de la intangibilidad cuantitativa de la legítima y como excepción a la intangibilidad cualitativa, excepción que, a juicio de esta resolución, encuentra amparo en el artículo 813.2 Código Civil, en la referencia que hace al "usufructo del viudo", como posible caso de gravamen de la legítima.
Recientemente, la DGRN ha vuelto a pronunciarse sobre esta materia:
Si comparamos ambos casos, veremos que, en contra de lo que parece considerar la DGRN, en los dos supuestos el viudo elige, aunque en el segundo caso opta por la solución que no grava la legítima estricta, lo que parece estar en el fondo de la decisión diversa de la DGRN.
Pese a lo sostenido sobre el carácter absoluto de estas prohibiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 221 Código Civil, la Resolución DGRN de 9 de enero de 2004 analiza un caso de elevación a público de un contrato de compraventa por la tutora en representación de la vendedora incapacitada, siendo la tutora, además, la parte compradora, considerándola prohibida por contradecir el 1459.1, sin mención alguna al 221.3, y alude a la posibilidad de que en sede judicial se acuerde la validez del negocio. Según esta resolución, la única fecha a tener en cuenta será la del otorgamiento de la escritura pública, momento en la que la vendedora estaba incapacitada, rechazando estimar como fecha la del previo documento privado, momento en el que no había sido aún incapacitada.
Publicado por Francisco Mariño Pardo en 18:24:00
Etiquetas: derecho civil, derecho de contratos, derecho de obligaciones, derecho notarial

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1060
 Resolución 
 artículo 820
 artículo 813
 artículo 221
 Resolución