Source: http://www.cnv.gov.ar/ResDisciplinarias/ResFinales/Resolucion15268.htm
Timestamp: 2018-08-16 15:28:04+00:00

Document:
Resolución Nº 15.268
RESOLUCIÓN N° 15.268
VISTO el Expediente N° 1123/02 rotulado “ALPARGATAS S.A.s/ Incumplimiento” y lo dictaminado a fs. 2847/2857; y
Que por Resolución N° 14.592 de fecha 14 de agosto de 2003, se instruyó sumario a ALPARGATAS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ALPARGATAS) y a sus directores titulares a la época de los hechos investigados, Sres. Horacio Gabriel SCAPPARONE (H. SCAPPARONE), Víctor Enrique ROMANO (V. ROMANO), Guillermo Andrés GOTELLI (G. GOTELLI), Enrique Horacio BOILINI (E. BOILINI), William Augustus FRANKE (W. FRANKE), Ricardo Paul SCHIFTER (R. SCHIFTER), Carson MCKISSICK (C. MCKISSICK), Carlos Daniel TRAMUTOLA (C. TRAMUTOLA), Jorge Héctor FORTEZA (J. FORTEZA), Luis Pablo Rogelio PAGANO (L. PAGANO), Alan Rodolfo CLUTTERBUCK (A. CLUTTERBUCK), José María FERNANDEZ ALARA (J. FERNANDEZ ALARA), Anselmo Alfredo RIVA (A. RIVA) y Atilio Antonio FIGUEIRAS (A. FIGUEIRAS), por la posible infracción a los art. 15 del Cap. V de las NORMAS (N.T.2001); art. 4° del Cap. XXI de las NORMAS (N.T.2001) arts. 73, 256 y 260 de la Ley N° 19.550, art. 54 del Código de Comercio; art. 65 de la Ley N° 17.811 (conf. Decreto 677/01) y art. 31 y 33 del Cap. XVI de las NORMAS (N.T.2001) y a los miembros del Consejo de Vigilancia, Sres. Patricio Enrique ZAVALIA LAGOS (P. ZAVALIA LAGOS), Jorge Isidoro PEGORARO (J. PEGORARO), Carlos Alberto SLOSSE (C. SLOSSE); Pedro LELLA (P. LELLA), Jorge Antonio ACEIRO (J. ACEIRO) y Martín PAEZ ALLENDE (M. PAEZ ALLENDE), por la posible infracción a los arts, 281 incs. a) y g) y 294 inc. 9° de la Ley N° 19.550.-
1.- Sustanciación del sumario: trámite.
Que los sumariados fueron debidamente notificados (fs.496/537), presentándose los mismos a estar derecho y constituir domicilio, dando cuenta de ello la Disposición del Conductor del Sumario de fecha 02 de Septiembre de 2003 (fs. 578/581).
Que la totalidad de los integrantes del Directorio de la sociedad así como los miembros del Consejo de Vigilancia, efectuaron sus descargos en particular, a fs.595/616 y las ampliaciones pertinentes a fs. 780, a fs.617/9; 620; 621/2; 623/4; 625/6; 627/8; 844/48; 629/30; 631/2; 721/732; 633/4; 635/6; 638/657; 673/4; 684/94; 792/95; 825/27; 847/68; y 872/977, actos que serán analizados infra., ofreciendo además, prueba documental, informativa y testimonial.
Que C. TRAMUTOLA (fs. 539), M. PAEZ ALLENDE (fs.549), J. ACEIRO (fs. 550), J. FERNANDEZ ALLARA (fs. 551), J PEGORARO (fs. 552), P. LELLA (fs. 553), P. ZAVALIA LAGOS (fs. 554), A. FIGUEIRAS (fs. 555), V. ROMANO (fs. 557) y C. SLOSSE (fs.558), interpusieron en sus presentaciones un pedido de aclaratoria contra la Resolución N° 14.592, a los efectos que se precisaran los hechos que motivaron los respectivos cargos.
Que el 04.09.03 se rechazaron por improcedentes las aclaratorias interpuestas (fs. 582), por entender que las mismas se dirigían a impugnar la motivación de la Resolución N° 14.592, la cual es irrecurrible por imperio de lo establecido en el art. 14 de la Ley N° 17.811 (sust. Decreto N° 677/01).
Que a fs. 972/979 por Disposición del Conductor del Sumario, se tuvieron por presentados en legal tiempo y forma los descargos de ALPARGATAS como así también de los demás integrantes del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia, procediéndose a la apertura a prueba, mediante la cual se tuvo por presentada la prueba documental, se hizo lugar a la prueba de informes y a la testimonial ofrecida,
disponiéndose, a su vez, medidas para mejor proveer, asimismo se rechazó la prueba de inspección ocular, y el agregado del Expediente N° 787/01.
Que a fs.1069/1076 obran las declaraciones testimoniales de Pedro Luis MORELI y de Cristina SCHIAVONE.(Cuerpo VI).
Que a fs.1218/1221 se diligenciaron los oficios, y se agregaron como prueba documental fotocopias de las actas de reuniones de Directorio celebradas entre el 16.10.1998 hasta el 06.03.2003 de fs.1223 a 1448 (Cuerpo VII) y las actas de asambleas, de fechas 28.05.2000; 30.04.2001; 30.04.2002; 03.05.2002 y 11.09.2002 (agregadas en el Cuerpo VIII); documentación y actas de asambleas aportadas por el Sr. A. FIGUEIRAS (fs. 1641 a 1726); V. ROMANO de fs.1728/1755; P. ZAVALIA LAGOS (fs. 1757/1840) (Cuerpo IX); W. FRANKE a fs. 1785/2024; R. SCHIFTER a fs. 2026/2069 (Cuerpo X); C. MCKISSICK a fs. 2071/2098; H. SCAPPARONE s fs. 2100/2127; M. PAEZ ALLENDE a fs. 2129/2193; J. ACEIRO a fs. 2195/2280 (Cuerpo XI); C. SLOSSE a fs. 2384/2406; E. BOILINI a fs. 2408/2503 (Cuerpo XII); J. FERNANDEZ ALARA a fs. 2505/2635, y copias de fichas individuales de los Sres. FRANKE, SCHIFTER, y MCKISSICK a fs. 2636/2730 (Cuerpo XIII).
Que a fs. 2811/2818, ALPARGATAS presentó su memorial, reiterando los descargos oportunamente efectuados, al cual adhirieron V. ROMANO (fs. 2792); E. BOILINI (fs. 2810); A. FIGUEIRAS (fs.2819); A. RIVA (fs.2820); C. SLOSSE (fs. 2827); H. SCAPPARONE (fs.2828); M. PAEZ ALLENDE (fs.2829); P. ZAVALIA LAGOS (fs.2830); J. PEGORARO (fs. 2831); J. FORTEZA (fs. 2832) y W. FRANKE, R. SCHIFTER y C. MCKISSICK, en forma conjunta (fs. 2834).
Que a fs. 2793/2795 C. TRAMUTOLA adhiere al memorial de ALPARGATAS, solicitando se tenga presente que al momento de producirse los hechos que se investigan a través del sumario se encontraba con licencia, primero, y con mandato vencido después.
Que en similares términos se expiden en su respectivos memoriales J. FERNANDEZ ALARA (fs.2796/99), G. GOTELLI (fs. 2804/06); A. CLUTTERBUCK (fs.2823/26), P. LELLA y A. ACEIRO en conjunto (fs.2835/37).
2.- Los cargos: su alcance.
Los hechos que dieron lugar a la instrucción del sumario se refieren a la:
(i)Demora en la presentación de la documentación referida a la inscripción de las autoridades electas en la Asamblea General Ordinaria del 30 de abril de 2002 de CIENTO TREINTA Y TRES (133) días corridos de vencido el plazo que el art. 15 del Cap. V) de las NORMAS (N.T. 2001)establece al efecto, como la documentación para la inscripción de las autoridades electas por la Asamblea General Ordinaria del 11 de Septiembre de 2002, la cual se presentó SESENTA Y UN (61) días corridos de vencido el plazo impuesto en el art. 15 del Cap. V de las NORMAS (N.T.2001).
(ii) Omisión de informar en la Asamblea General Ordinaria del 11 de Septiembre de 2002 la condición de independientes o no independientes de los candidatos propuestos (art. 4° del Cap. XXI de las NORMAS (N.T.2001)
(iii) Infracción al art. 256 de la Ley de Sociedades que establece que la mayoría absoluta de los directores deben tener domicilio real en la República.
(iv) Reuniones de Directorio con participación de algunos de sus miembros por vía telefónica.
(v) Incumplimiento a lo establecido en los arts. 73 y 260 de la Ley de Sociedades y del art. 54 del Código de Comercio, al verificarse que algunas actas de Directorio no se encontraban firmadas de puño y letra sino en copiado; que otras actas no fueron firmadas por todos los asistentes, y en otras existían mas firmas que las personas señaladas como concurrentes. Así también, pudo detectarse que la reunión celebrada el 02 de Julio de 2002 se encontraba transcripta al libro correspondiente a continuación del acta de la reunión del 07 de agosto de 2002 y antes del acta de la reunión del 13 de agosto de 2002 y que a través del acta de Directorio de fecha 09 de
noviembre de 2001 se aprobaron las actas de las reuniones anteriores, incluyendo las conferencias telefónicas mantenidas entre los directores después de la última reunión.
(vi) Eventual incumplimiento del art. 31 de las NORMAS (N.T. 2001) al no informar la cotizante la rescisión del contrato con la calificadora “Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A.”
3.- Defensas: alcance y contenido de los descargos.
3.1.- Descargo de ALPARGATAS.
Que ALPARGATAS produce su descargo a fs. 595/616, el que amplía a fs. 780; A. FIGUEIRAS, sin perjuicio de adherirse a las defensas esgrimidas por la primera, efectúa lo propio a fs. 617/619; y el mismo temperamento siguen V. ROMANO a fs. 620; P. ZAVALIA LAGOS a fs.621/2, y W. FRANKE, R. SCHIFTER y C. MCKISSICK en forma conjunta a fs. 623/4; H. SCAPPARONE a fs.625/6; J. FERNANDEZ ALARA a fs.627/8 y su ampliación a fs 844/848; M. PAEZ ALLENDE a fs. 629/630; J. ACEIRO a fs.631/2 y su posterior ampliación a fs. 721/732; C. SLOSSE a fs., 633/634; J. PEGORARO a fs. 635/636, E. BOILINI a fs. 638/657; A. RIVA a fs. 673/4; P. LELLA a fs. 684/694; G. GOTELLI a fs. 792/795; J. CORTEZA a fs. 825/7; C. TRAMUTOLA a fs. 847/868 y A. CLUTTERBUCK a fs. 872/977.
3.1.1. Que en lo que respecta a la presunta infracción relativa a la demora en la inscripción de las autoridades electas de la Asamblea General Ordinaria del 30.04.02 y del 11.08.02 con 133 días y 61 días, respectivamente, sostiene la entidad que se debieron a involuntarias desinteligencias debido al cúmulo de tareas derivadas de la presentación en concurso preventivo de las seis sociedades integrantes del grupo empresario que ocurrió el 26 de Junio de 2002 a lo cual se sumó el cumplimiento de similares recaudos respecto de ALPARGATAS, derivados de similar presentación en diciembre de 2002.
3.1.2. Que en cuanto a la omisión de informar el carácter de independiente o no independiente de los candidatos propuestos en la asamblea, la empresa sostiene que
la omisión ocurrió respecto del acto asambleario del 11 de Septiembre de 2002, pero solamente en oportunidad de confeccionarse el acta, por cuanto el representante del accionista que efectuó la moción cumplió con dicha manifestación, y que sobre el particular se labraron las correspondientes actuaciones y se subsanó mediante publicaciones en el Boletín de la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES, señalando como hecho indiciario el cumplimiento de dicho extremo en la Asamblea del 30 de abril de 2002.
3.1.3. Que en relación a la presunta infracción al art. 256 de la LSC en cuanto al domicilio de los Directores de la entidad, adujo que la sociedad no vio alterado su funcionamiento, que se trató en realidad de una situación de hecho que en realidad compete a los accionistas, no siendo posible a los administradores alterar la voluntad de los mismos. Destaca a su vez que el tema fue subsanado en la Asamblea General Ordinaria del 30 de mayo de 2003, a partir de la cual cinco directores poseen domicilio en el país y sólo dos en el exterior.
3.1.4. Que con referencia a las reuniones de directorio con participación telefónica de algunos de sus miembros destaca que una sola vez se utilizó dicha modalidad en el acta del 16 de Octubre de 1998, y recién a partir del 03 de enero de 2001 volvió a utilizarse el sistema, dejando constancia que la ley no prohibió, ni prohibe esta práctica, sino que por el contrario se aplicó el principio de libertad de las formas contenido en el art. 974 del Código Civil y que, mediante nota del 13 de marzo de 2003 se dejó plena constancia de la conformación de la voluntad del órgano de administración, de acuerdo a lo previsto en el art. 65 de la Ley N° 17.811 según el Decreto 677/01 que incorporó la autorización de esta modalidad de reunión en el estatuto social.
3.1.5. Que las observaciones efectuadas por el Organismo sobre aspectos formales que se constataron en el libro de actas de directorio de la sociedad por no encontrarse firmadas de puño y letra, sino con lápices copiativos, o incorrectas intercalaciones de actas, manifiesta la sociedad que las mismas son anteriores al año 2001 fecha a partir del cual la empresa eliminó el engorroso sistema de papeles escritos
con tintas especiales suplantándolos por escrituras mecanizadas, no configurándose para la entidad la infracción respecto de las eventuales firmas copiadas ya que la sociedad conserva los textos con las firmas originales puestas de puño y letra por sus directores en sus archivos. A la fecha del descargo, según lo manifestado por la sociedad, se circulariza el libro respectivo para su firma, con el acta impresa.
Que sobre este aspecto la entidad efectúa una serie de comentarios respecto de numerosas actas de directorio en las cuales detalla que las mismas se firmaron de puño y letra y en algunos casos con lápices copiativos, y que en los casos que existen más firmas que las personas efectivamente asistentes a la reunión se debió a la incorporación de la firma de algún representante que no debía suscribir el acta, y en los casos de falta de firmas correspondía a algún representante del Consejo de Vigilancia que por error o viaje no firmó el acta.
3.1.6. Que con relación a la rescisión del contrato con “Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A.” manifiesta la entidad que dicha rescisión se debió a que el mantenimiento de la misma carecía de sentido al encontrarse la empresa en concurso preventivo de acreedores y significar un gasto innecesario, a lo cual – a su juicio- debía sumarse lo dispuesto por el Decreto N° 749/00 que eliminó la obligatoriedad del requisito de la previa calificación de la oferta pública, lo cual denota la voluntad derogatoria de las autoridades regulatorias, razón por la cual considera al art. 31 de las NORMAS inaplicable.
4.- Los descargos particulares.
4.1. A. FIGUEIRAS efectúa su descargo a fs. 617/9 y adhiere a las defensas de forma y de fondo formuladas por ALPARGATAS sosteniendo que no le cabe responsabilidad por cuestiones de carácter formal y que los hechos investigados ocurrieron con posterioridad a su cesación como director, hecho que ocurrió el 24.05.00. Asimismo manifiesta que fue director en el período del 28.05.99 hasta el 06.04.00 (ver fs. 137), donde toma licencia hasta el 24.05.00 fecha en la que renuncia, por tal motivo los cargos I, II y VI ocurridos en el año 2002 no se cometieron durante su gestión, y en relación a los cargos III y IV sostiene que no se efectuaron reuniones fuera de lo normal y en cuanto al cargo V se subsanó el vicio de forma.
4.2. V. ROMANO, adhiere a fs. 620 a las defensas de forma y de fondo formuladas por ALPARGATAS y considera que no puede atribuírsele responsabilidad alguna por cuestiones formales. De acuerdo a la constancia de fs. 30 se le otorgó mandato desde el 11.08.00 hasta el 31.12.00.
4.3. P. ZAVALIA LAGOS, en su descargo de fs. 621/2 adhiere a las defensas de forma y de fondo formuladas por Alpargatas S.A. y rechaza los cargos posteriores a su cesación como director, hecho que ocurrió el 03.01.2001 (ver fs. 36).-
4.4. W. FRANKE, R. SCHIFTER y C. MCKISSICK en sus descargos conjuntos de fs. 623/4 adhieren a las defensas de forma y de fondo de ALPARGATAS y rechaza los cargos efectuados a través de la instrucción del sumario, en especial los anteriores a sus respectivas incorporaciones en los casos de FRANKE y SCHIFTER el 25.08.97 Dejan constancias dichos sumariados que tanto FRANKE, SCHIFTER y MCKISSICK de acuerdo a los elementos de juicio agregados a fs. 33, 34 y 35, desempeñaron su mandato desde el 24.05.00 al 31.12.02 los dos primeros y desde el 11.08.00 al 31.12.02 el último de los nombrados.
4.5. H. SACAPPARONE en su descargo de fs. 625/6 adhiere a las defensas de forma y de fondo de ALPARGATAS, y respecto de cuestiones formales no le cabe responsabilidad y rechaza todos cargos anteriores a su incorporación como director en
11.08.00. Dicho director desempeñó su mandato entre el 11.08.00 al 31.12.02 (fs. 28/9).
4.6. J. FERNANDEZ ALARA en su descargo de fs. 627/8 y su ampliación a fs. 844/8 adhiere a las defensas de fondo y de forma que formula ALPARGATAS y rechaza la imputación respecto de los cargos posteriores a su cesación como Director ocurrido el 28.05.99. Su mandato se extendió desde el 28.05.99 al 31.12.01 (ver fs. 151).
4.7. M. PAEZ ALLENDE en su descargo de fs. 629/630 adhiere a las defensas de fondo y de forma de la ALPARGATAS, rechazando los cargos referidos a cuestiones formales así como aquellos que resultaren anteriores a su incorporación al Consejo de Vigilancia el 30.04.97 o posteriores a su cesación el 30.05.01.
4.8. Jorge ACEIRO en su descargo de fs. 631/2 adhiere a las defensas de forma y de fondo de ALPARGATAS, rechazando los cargos que tratan cuestiones formales así como los hechos ocurridos con anterioridad a su incorporación al Consejo de Vigilancia el 30.04.97 o posteriores a su cesación el 30.05.01. De igual forma en la ampliación de sus descargos de fs. 721/732 reitera su pedido de absolución.
4.9. C. SLOSSE en su descargo de fs.633/4 adhiere a las defensas de forma y de fondo de ALPARGATAS y rechaza los cargos que tratan cuestiones formales como los anteriores a su incorporación al Consejo de Vigilancia el 30.05.01, o posteriores a su cesación el 07.08.02. No obstante la finalización de su mandato es el 31.12.03 (ver fs.22/3).
4.10. J. PEGORARO en su descargo de fs.635/6 adhiere a las defensas de forma y de fondo de ALPARGATAS y rechaza los cargos que tratan cuestiones formales como los que corresponden a hechos anteriores a su incorporación al Consejo de Vigilancia el 30.05.01, o posteriores a su cesación el 07.08.02. Su mandato se extendió hasta el 31.12.03 (ver fs.38).
4.11. E. BOILINI en su descargo de fs. 638/657 y en su posterior ampliación adhiere a los descargos y argumentos expuestos por ALPARGATAS. Su mandato se extendió desde el 30.04.04 hasta el 30.05.05 (ver fs.32).
4.12. A. RIVA, en su descargo de fs. 673/4 rechaza la Resolución N° 14.592 por considerar a los cargos improcedentes, por cuanto de acuerdo a sus dichos los hechos ocurrieron entre el 11.08.00 y el 14.08.02, período en el cual el sumariado ya no ocupaba cargo alguno en la sociedad, adhiriéndose a su vez a los descargos efectuados por ALPARGATAS. Su mandato se extendió desde el 28.05.99 hasta el 31.12.01 (fs.135).
4.13. P. LELLA en su descargo de fs. 684/694, sostiene que la mayor parte de los cargos enunciados en la Resolución N° 14.592 habrían ocurrido con posterioridad a sus funciones o en su defecto, según su opinión, a la fecha resultan cuestiones abstractas por haberse revertido la situación. Su mandato se extendió desde el 30.04.97 hasta el 31.12.99 (ver fs. 281).
4.14. G. GOTELLI, en su descargo de fs. 792/795, sin perjuicio de adherirse a los efectuados por ALPARGATAS solicita su absolución por falta de mérito dado que los hechos habrían ocurrido con posterioridad a su cesación como Presidente, el 30.04.02.
4.15. J. FORTEZA en su descargo de fs. 825/7 solicita se lo exima de responsabilidad por cuanto los hechos habrían ocurrido, según su versión, con posterioridad a su desempeño como director titular. Su mandato se extendió desde el 30.04.96 hasta el 31.12.98 (ver fs.350).
4.16. C. TRAMUTOLA en su descargo de fs. 847/868 adhiere a las defensas que aporta ALPARGATAS, y de acuerdo a sus dichos, los cargos indicados como puntos I, II, III y VI serían posteriores a su cese como director de la sociedad. Su mandato se extendió desde el 28.04.93 hasta el 31.12.95.
4.17. A. CLUTTERBUCK en su descargo de fs. 872/877, sostiene que su desempeño como director comprendió el periodo 27.04.95 al 30.01.01, por lo que
considera que no le corresponde la imputación de los cargos I, II y VI dado que sucedieron en el año 2002. Respecto al cargo III y V adhiere a lo expresado por ALPARGATAS y en cuanto al cargo IV, a su juicio, no existe norma que prohiba el método de utilización telefónica para las reuniones de directorio, por ser una práctica usual en el mundo de los negocios.
5. Análisis de los descargos
5.1. Infracción al art. 15 del Cap. V de las NORMAS.
Que las respectivas demoras de CIENTO TREINTA Y TRES (133) días en la presentación de la nómina de autoridades electas de la Asamblea General Ordinaria del 30 de abril de 2002 y de SESENTA Y UN (61) días en relación a la inscripción de las autoridades electas por la Asamblea General Ordinaria de fecha 11 de Septiembre de 2002, generaron el cargo por incumplimiento del art. 15 del Cap. V de las NORMAS (N.T.2001).
Que la sociedad mas allá de reconocer la demora, adujo desinteligencias entre las personas del sector de la empresa encargada de efectuar dichas presentaciones, en base al cúmulo de tareas derivadas del concurso preventivo de acreedores de las sociedades integrantes del grupo empresario con fecha 26 de Junio de 2002 y al cumplimiento de los recaudos exigidos por la Ley de Concursos, derivados de similar presentación efectuada por ALPARGATAS, en diciembre de 2001, lo cual ha sido acreditado con las presentaciones de la sociedad a través de las Notas N° 28.170 y 13.018.
Que sin perjuicio de que la norma contenida en el art. 15 del Cap. V de las NORMAS (N.T.2001) contiene un plazo de cumplimiento perentorio, y no cualquier hecho puede dispensar el incumplimiento del mismo, no es menos cierto, que la presentación en concurso de acreedores, conforme se encuentra acreditado en autos, genera un incuestionable cumplimiento de obligaciones legales, financieras, y económicas bajo la dirección del síndico y el Juez del concurso que ameritan su
consideración como descargo, a los efectos de la graduación de la sanción, en tanto y en cuanto la infracción se encuentra configurada.
5.2. Infracción al art. 4° del Cap. XXI de las NORMAS.
Que con referencia a la omisión de informar la condición de independientes o no independientes de los candidatos a directores propuestos en la Asamblea General Ordinaria del 11 de Septiembre de 2002, la entidad sostiene, que la omisión se produjo en oportunidad de confeccionarse el acta, por cuanto el representante del accionista que efectuó la moción durante el acto, cumplió con tal manifestación a cuyo efecto ofreció prueba testimonial de parte de quienes actuaron como funcionarios y accionistas de la compañía en la asamblea.
Que en la declaración de fs. 1069/76 el Dr. MORELLI informa que efectivamente al momento de celebrarse el acto de efectuar las mociones sobre la designación de las personas a designar por la Asamblea, procedió a informar sobre la independencia o no de las personas propuestas, circunstancia que efectuó al hacer uso de la palabra, lo cual al confeccionarse el acta no fue recogido.
Que dicho testimonio es corroborado a su vez por los dichos de María Cristina SCHIAVONE, abogada interna de la sociedad, quien a fs. 1079 ratifica los dichos del Dr. MORELLI, labrándose actuaciones con motivo de dicha omisión y se efectuaron las correspondientes publicaciones en el Boletín de la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES.
Que en atención a las razones expuestas debe aceptarse el descargo de la sociedad habida cuenta que no surge de la investigación que la omisión haya tenido carácter intencional, por el contrario, aceptado el error, se procedió a dar cumplimiento a la normativa, siendo que en la asamblea del 30 de abril de 2002 se procedió a dar estricto cumplimiento a la norma del art. 4° del Cap. XXI, por lo cual, mantener el cargo implicaría un exceso de rigor formal, razón por la cual no se habrá de mantener dicha imputación.
5.3. Infracción al art. 256 de la LSC
Que en relación a la infracción al art. 256 de la Ley de Sociedades, de la documentación aportada al Organismo, surge que la sociedad desde el 11 de agosto de 2002 contaba con tres directores titulares domiciliados en el extranjero de un total de seis, manifestando la sociedad en su descargo, que ello no impidió el correcto y normal funcionamiento del Directorio.
Que sin embargo, el art. 256 de la LSC dice concretamente que “La mayoría absoluta de los directores deben tener domicilio real en la República”...por lo que no hay duda sobre el particular, en tanto que la función de director exige una permanencia mínima para el desempeño razonable de las tareas que debe cumplir, lo cual no se lograría si la radicación de los mismos no coincide con la jurisdicción de la sociedad, donde se supone que tiene que ejercer el cargo.
Que así, la ley 22.903 exige que la mayoría absoluta de los directores tengan domicilio real en la República Argentina, exigencia que se explica por si misma dado que se trata de los integrantes del órgano que tiene la conducción diaria de la empresa que opera en el territorio del país, no obstante, el descargo esgrimido por la sociedad en cuanto a que en caso de votación la mayoría estaba dada por su titular (dado que el mismo poseía domicilio en la República) no resulta irrazonable.
Que sin perjuicio de ello, la sociedad con posterioridad, a través de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30.05.02 subsanó dicha situación, disponiéndose que a partir de la misma cinco directores posean domicilio en el país, y sólo dos en el extranjero.
Que en este contexto, tampoco parece razonable el mantenimiento del cargo habida cuenta el silencio de la asamblea sobre el particular, y el saneamiento de la situación infractoria.
5.4. Infracción al art. 65 de la Ley Nº 17.811 (Dec. 677/01).
Que en cuanto a la infracción al art. 65 de ley Nº 17.811 por haber efectuado la sociedad diversas reuniones de directorio con fechas 12.03.01 (fs.177/8); 14.05.01 (fs.175/6); 09.08.01 (fs.173/4); 08.03.02 (fs.171/2); 23.05.02 (fs. 168/170) y 22.08.02
(fs. 167/8) con la participación telefónica de algunos de sus miembros, la entidad sostuvo la inexistencia de prohibición al respecto, no obstante, que el libre juego de los arts. 73, 258, 260 y 266 de la LSC determinaba la prohibición de dicha posibilidad.
Que sin embargo, la modificación implementada al art. 65 de la Ley Nº 17.811 a través del Decreto 677/01, dió la posibilidad al órgano de administración de las entidades emisoras, para funcionar con los miembros presentes, o comunicados entre sí por otros medios de comunicación simultánea, de sonido, imágenes o palabras, cuando así lo prevea el estatuto social.
Que si bien hoy día la normativa señalada prevé la posibilidad de efectuar reuniones asamblearias a través de dichos medios de comunicación, lo es con la condición de que deben estar previstos en el estatuto social. La sociedad al momento de
las reuniones de directorio indicadas se encontraba en infracción, tan es así que con posterioridad, la misma propuso la modificación de su estatuto y tratamiento en Asamblea a través del Expediente N° 735/03, a los efectos de facilitar la modalidad de este tipo de reuniones a través de distintos medios de comunicación, con lo cual queda en claro que la sociedad, al momento de celebrar las mismas, quebrantó las disposiciones del art. 65 de la Ley Nº 17.811 (conf. Dec. 677/01).
Que en este aspecto, la claridad de la normativa como la comisión de la infracción resulta incuestionable.
5.5. Infracción al art. 73 de la LSC y 54 del Código de Comercio.
Que en cuanto a la infracción a los arts. 73 de la Ley N° 19.550 y del art. 54 del Código de Comercio, al verificarse en la sociedad la existencia de actas de Directorio que no se encontraban firmadas de puño y letra sino con lápices copiativos, que otras no habían sido firmadas por todos los concurrentes a la reunión y cierta descompaginación en la trascripción de las actas en el libro respectivo -concretamente el acta de la reunión celebrada el 02.07.02 que fue transcripta a continuación del acta de la reunión del 07 de agosto de 2002 y antes del acta de la reunión del 13 de agosto de 2002
(de acuerdo al informe agregado a fs. 277/8)- genera un cuadro de cargo suficiente como para tener por configurada la infracción.
Que el argumento de la sociedad que aduce el cambio de sistema, habiendo pasado del procedimiento de escritura manual por el de escritura a máquina, no resulta convincente como para desafectar el cargo imputado, dado que los hechos descriptos y advertidos por la inspección del Organismo no se compadecen con lo dispuesto por el art. 73 de la Ley de Sociedades Comerciales, por cuanto el libro de actas debe ser llevado con las formalidades de los libros de comercio, si hay precisamente algo en el cual la sociedad debe extremar su cuidado es en la forma de llevar sus libros de comercio, para lo cual debe tener en cuenta las previsiones del art. 54 y cc. del Código de Comercio.
Que es evidente que siendo los libros de comercio la prueba irrefutable de un comerciante, resulta inadmisible mantener en los mismos errores de copiado, falta de firmas, interpolación de actas etc., lo cual denota falta de contralor por parte de los directores y administradores de la entidad.
Que no hay duda que los libros de actas revisten importancia fundamental en la existencia de la sociedad, pues en ellos se ve reflejada la historia de la misma y de sus consecuencias se derivarán derechos y obligaciones de los socios, de los administradores y de terceros.
Que la relevancia, por lo tanto, del libro de actas, es indiscutible, ya que el administrador solo podrá eximirse de su responsabilidad por las contingencias de los actos celebrados por la sociedad, sólo si dejó constancia escrita de su protesta en el libro respectivo. Por otro lado, el fundamento del art. 73 impone dar fuerza probatoria a sus constancias y quien las impugna, deberá probar la inexactitud o falsedad de lo allí decidido.
Que no llama entonces la atención, que la ley N° 22.903 introdujera en relación al texto anterior del art. 73 una modificación de importancia disponiendo al respecto, que los libros de actas de los órganos colegiados deben llevarse con las
mismas formalidades que los libros de comercio (NISSEN. Ley de Sociedades Comerciales T.2 pag.110/111).
Que en atención a lo expuesto, y no resultando convincente los argumentos exculpatorios aducidos por la sociedad, se tiene por configurada la infracción.
5.6. Infracción a los arts. 31 y 33 del Cap. XVI de las NORMAS.
Que respecto a la infracción al art. 31 del Cap. XVI de las NORMAS (N.T. 2001), la sociedad adujo en su descargo, que la rescisión del contrato con la calificadora de riesgo fue una decisión tomada en virtud de su estado concursal y por tener suspendida la cotización desde el 12 de agosto de 1999, a lo cual debía sumarse lo dispuesto por el Decreto N° 749/00, razón por la cual se estimó que dicha obligación carecía de sustento, y el mantenimiento del contrato con la calificadora un gasto innecesario.
Que en este punto la sociedad no tuvo presente que el art. 31 del Cap. XVI dispone “Los instrumentos que requieran contar con calificaciones de riesgo obligatorias para la oferta pública y que fueron autorizados por la Comisión con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 749/00 deberán continuar siendo objeto de calificación en la misma forma que la efectuada hasta el presente mientras no se produzca su cancelación total, salvo consentimiento unánime de los tenedores de los valores negociables emitidos, en cuyo caso deberán cumplir los requisitos del art. 33”.
Que así también vale recordar que el art. 33 del mencionado Cap. XVI tiene dicho que “Los emisores que en forma voluntaria soliciten el servicio de calificación de riesgo de los valores negociables al momento de su emisión deberán mantenerlo hasta su cancelación total, salvo consentimiento unánime de los tenedores de los valores negociables emitidos, en cuyo caso deberán cumplir los requisitos del art. 32”.
Que conforme lo dispuesto por la norma transcripta precedentemente, la sociedad tiene la obligación de continuar calificando sus valores negociables, salvo consentimiento unánime de los tenedores de los valores negociables emitidos, extremo que la sociedad nunca acreditó.
Que por tanto, la norma no admite los argumentos expuestos por la sumariada en el sentido de la inexistencia de la obligación calificadora, por el contrario, la mantiene, y en este aspecto la cotizante debe entender que el cumplimiento de la normativa del Organismo no resulta de carácter voluntario y modificable según las circunstancias. No obstante, debe destacarse que la sociedad mediante nota N° 6243 de fecha 04.04.03 (ver fs. 44 cuerpo III) informó que el 27.03.03 había suscripto un nuevo convenio con “Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A.” para la calificación de sus títulos y acciones, por lo tanto sin perjuicio de que el cargo se encuentra configurado debe destacarse que a la fecha se ha subsanado la cuestión.
5.7. Infracción a los arts. 281 inc. a) y g) y 294 de la LSC.
Que en este contexto de cargo, respecto de diferentes infracciones al régimen de oferta pública, no puede dejarse de señalar que quienes cumplen funciones en una entidad como miembros del Consejo de Vigilancia, tienen a su cargo la fiscalización y control del directorio, de la contabilidad de la empresa, y en tal carácter pueden realizar arqueos, recabar informes, como así también todas las demás funciones y facultades atribuidas por la ley a los síndicos.
Que dentro de dichas funciones, las cuales se encuentran contempladas en el art. 294 de la LSC se halla la de fiscalizar la administración de la sociedad y examinar los libros como la documentación pertinente.
Que si los cargos imputados a los miembros del Directorio, no resultan excusables en atención a las especiales funciones que cumplen como administradores societarios de acuerdo a lo que prescriben los arts. 59 y 274 de la ley de sociedades, mucho menos podrán serlo respecto de quienes desempeñan funciones de contralor como los miembros del Consejo de Vigilancia, siendo que dentro de su actividad ineludible se encuentra precisamente la de examinar los libros y verificar el cumplimiento de las obligaciones societarias.
Que el análisis de los hechos investigados, no deja lugar a dudas respecto de la responsabilidad que le cupo a los miembros del Consejo de Vigilancia de la sociedad
sumariada en las infracciones detectadas, razón por la cual en virtud del quebrantamiento de los arts. 281 inc. a) y g) y 294 de la LSC serán pasible de la misma sanción que se aplique a los miembros del directorio.
6.- La responsabilidad de los Directores.
Que dada la fecha de ocurrencia de los hechos investigados, los cuales se configuraron fundamentalmente durante el año 2002 y el número de directores y miembros del consejo de vigilancia a los cuales se les instruyó sumario, se hace necesario determinar a los que efectivamente cumplieron funciones durante dicho período, quienes a la postre son los responsables de las infracciones detectadas, para lo cual se habrá de considerar el acta del 15.05.02 donde se dispuso la distribución de cargos quedando conformado el DIRECTORIO de ALPARGATAS a dicha época con las siguientes personas: H. SCAPPARONE como Presidente, V. ROMANO, como Vice-Presidente, E. BOILINI, Secretario y los Sres. W. FRANKE, R. SCHIFTER, C. MCKISSICK, J. FERNANDEZ ALARA; y como miembros titulares del Consejo de Vigilancia P. ZAVALIA LAGOS, J. PEGORARO, C. SLOSSE.(fs. 342).
Que corresponde destacar que la mayoría de las defensas incoadas en el presente sumario han hecho especial hincapié: en el inexistente daño a la confianza en el mercado de capitales, en el aspecto netamente formal de las infracciones detectadas, y que no habían generado perjuicio, como así también, en la falta de responsabilidad individual de cada uno de los directores en particular.
Que en relación a dichas defensas, no puede soslayarse que los imputados han reconocido las transgresiones detectadas, ya sea como producto de errores de interpretación ó bien de errores formales, con lo cual pretenden restar trascendencia a la infracción, razones que de por sí no justifican la inacción de los mismos.
Que la sociedad, como sus directores y miembros del Consejo de Vigilancia se encuentran en una relación de sujeción especial, voluntariamente asumida respecto de la autoridad de control, a quien se solicitó habilitación para el ejercicio de una específica
actividad, que requiere una alta especialización y un especial cuidado y prudencia, que obviamente excede los límites normales.
Que la afirmación de tratarse de errores formales o involuntarios, denota falta de diligencia exigible, asimismo sostener la inexistencia de perjuicio, no excusa la conducta imputada ya que en el ámbito estatal lo que interesa es el correcto cumplimiento de las obligaciones que han sido impuestas al sujeto responsable en función del interés general, en aras del cual han sido instituidas en la especie en virtud de la tutela del ahorro público.
Que ya hemos señalado antes de ahora, que la existencia de daño constituye un presupuesto de la responsabilidad civil, no así de la responsabilidad administrativa, para la cual la infracción constituye el incumplimiento de un deber que generó un riesgo, desconectado en principio de sus consecuencias.
Que por tal motivo, los sumariados no pueden alegar o pretender justificar el incumplimiento de las disposiciones vigentes invocando el carácter formal de las infracciones o bien la falta de desempeño de tareas administrativas dentro de la sociedad, cuando como comerciantes poseen la obligación emergente del art. 73 de la LSC en cuanto a la forma de llevar las actas societarias, las que deben ser llevadas de conformidad a la formalidades de los libros de comercio (art. 54 del Código Comercio).
Que el argumento exculpatorio utilizado por la mayoría de los sumariados, en cuanto sostienen no tener responsabilidad sobre las tareas administrativas, nos lleva a la inexorable incongruencia de que ningún director, administrador ó sindico sería responsable del cumplimiento de la obligación emergente de los arts. 73 de la LSC y 54 del Código de Comercio.
Que no hay duda que el administrador societario debe ser un fiel cumplidor de la regla legal general (LSC) y en el caso de un administrador de una sociedad anónima debe observar todas las reglas que venimos analizando en este sumario, como las específicas, y las que hacen a la transparencia en la oferta pública, lo cual inexorablemente incluye la contabilidad y la documentación pertinente, tan es así, que la
trasgresión a las obligaciones referidas genera como lógica consecuencia, la responsabilidad del administrador social.
7. La sanción.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde absolver a los Sres. Directores y miembros del Consejo de Vigilancia a los cuales se les instruyó sumario, respecto de los cuales durante la investigación llevada a cabo en las presentes actuaciones, se determinó que no poseían mandato vigente al momento de los hechos investigados.
Que, por lo tanto, corresponde absolver a los Sres. C. TRAMUTOLA, G. GOTELLI, J. FORTEZA, A. CLUTTERBUCK, R. PAGANO, A. RIVA, y A. FIGUEIRAS, P. LELLA, M. PAEZ ALLENDE y J. FERNANDEZ ALARA de los cargos formulados en la Resolución N° 14.592 por falta de mérito.
Que asimismo, en atención a la naturaleza de las infracciones detectadas, como al análisis de los descargos efectuados por los sumariados, dejándose constancia que en varios de los mismos rectificaron su conducta, corresponde absolver a ALPARGATAS y a los miembros de su Directorio y Consejo de Vigilancia en orden a las infracciones al art. 4° del Cap. XXI de las NORMAS (N.T.2001) y arts. 256 y 260 de la LSC.
Que respecto a las infracciones detectadas al art. 15 del Cap. V de las NORMAS (N.T. 2001); a los arts. 31 y 33 Cap. XVI de las NORMAS (N.T. 2001) , arts 73 y 281 inc. a) y g) y 294 de la LSC y 65 de la Ley Nº 17.811 corresponde aplicar sanción disciplinaria a ALPARGATAS la cual alcanza a los integrantes del Directorio como a los miembros de su Consejo de Vigilancia, a la época de los hechos investigados, para lo cual se habrá de tener en cuenta como atenuante, el haberse subsanado la mayoría de los cargos, y como agravante, que a la fecha la entidad posee en su haber una sanción de multa, la que no se encuentra firme, aplicada por la Resolución N° 14.687 de fecha 20.11.03 por infracción al art. 2° de la Ley N° 23.576, y una advertencia por omisión de información al Organismo aplicada por la Resolución N° 14.696 de fecha dictada el 05.12.03 la que se encuentra firme.
Que en consecuencia, tratándose de una sociedad que registra antecedentes, la naturaleza de las infracciones detectadas, corresponde la sanción de multa, a los efectos de que la misma obre a modo de reconvención suficiente para que en lo sucesivo proceda a dar pleno cumplimiento a la normativa del Organismo.
Que por lo tanto, la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los arts. 10 y 12 de la Ley N° 17.811
ARTICULO 1°.- Imponer la sanción de MULTA que se fija en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000) a ALPARGATAS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL la que alcanza a los señores Directores titulares a la época de los hechos examinados Horacio Gabriel SCAPPARONE, Víctor Enrique ROMANO, Enrique Horacio BOILINI, William Augustus FRANKE, Richard Paul SCHIFTER, Carson MCKISSICK y a los Sres. Patricio Enrique ZAVALIA LAGOS, Jorge Isidoro PEGORARO, Carlos Alberto SLOSSE en su carácter de miembros del Consejo de Vigilancia, por infracción a los arts. 15 Cap V, arts. 31 y 33 Cap. XVI de las NORMAS (N.T. 2001) arts. 65 de la Ley Nª 17.811, y arts. 73, 281 inc. a) y g) y 294 de la Ley de Sociedades Comerciales.
ARTICULO 2°.- El pago de la multa deberá realizarse en la Subgerencia de Administración de esta Comisión Nacional de Valores (sita en 25 de Mayo 175 de esta ciudad, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.) dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles. En caso de que el pago se efectivice fuera del término estipulado la mora se producirá de pleno derecho, devengándose los intereses correspondientes.
ARTICULO 3°.- Absolver a ALPARGATAS S.A. como a los miembros del Directorio Sres. Horacio Gabriel SCAPPARONE, Víctor Enrique ROMANO, Enrique Horacio
BOILINI, William Augustus FRANKE, Ricardo Paul SCHIFTER, Carson MCKISSICK, Patricio Enrique ZAVALIA LAGOS, Jorge Isidoro PEGORARO, y Carlos Alberto SLOSSE de los cargos referidos al Art. 4° del Cap. XXI de las NORMAS (N.T.2001) y arts. 256 y 260 de la LSC.
ARTICULO 4°.- Absolver por falta de mérito a los Señores Directores Guillermo Andrés GOTELLI, Carlos Daniel TRAMUTOLA, Jorge Héctor FORTEZA, Luis Pablo Rogelio PAGANO, Alan Rodolfo CLUTTERBUCK, José María FERNANDEZ ALARA, Anselmo Alfredo RIVA, Atilio Antonio FIGUEIRAS y a los señores miembros del Consejo de Vigilancia Pedro LELLA, Jorge Antonio ACEIRO, y Martín PAEZ ALLENDE de la totalidad de los cargos señalados en la Resolución N° 14.592
del 14.08.03, por cuanto a la fecha de los hechos investigados, no se encontraban vigentes sus respectivos mandatos.
ARTICULO 5º.- El Señor Director José Luis PUNGITORE se excusa de emitir juicio respecto del sumariado Carlos Alberto SLOSSE en virtud de lo dispuesto en el art. 30 en función del art. 17 inc. 9º del CPCC de aplicación supletoria.
ARTICULO 6°.- Notifíquese a los sumariados con copia autenticada de la presente resolución, y a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES S.A. para su publicación en el Boletín Diario de dicha entidad.
ARTICULO 7°.- Regístrese y publíquese en la web del Organismo www.cnv.gov.ar
Fdo_ MUÑOZ, FERRE, PUNGITORE, Directores.

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