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Timestamp: 2020-07-02 21:37:06+00:00

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REGISTRO NRO. 11.445.4
//la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil nueve, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada, por el doctor Augusto Diez Ojeda como Presidente y los doctores Gustavo M. Hornos y Mariano González Palazzo como Vocales, asistidos por el Secretario de Cámara, Matías Sebastián Kallis, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 444/452 de la presente causa Nro. 10.145 del Registro de esta Sala, caratulada: ARIBEIRO, Guillermo Manuel s/recurso de casación@, de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 9 de esta ciudad, en la causa Nro. 2428 de su Registro, con fecha 14 de noviembre de 2008, resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba solicitado por la defensa de Guillermo Manuel Ribeiro (fs. 428/442).
II. Que, contra dicha resolución, la doctora Valeria G. Corbacho, abogada defensora de RIBEIRO, interpuso recurso de casación a fs. 444/452, el que fue concedido a fs. 453/453 vta.
III. Que la recurrente encuadró sus agravios en ambas vías casatorias previstas por el art. 456 del C.P.P.N., alegando una errónea aplicación de la ley sustantiva y una falta de fundamentación en la resolución impugnada.
Comenzó su embate recordando que la doctrina y la jurisprudencia han establecido dos posiciones diametralmente opuestas en torno a la interpretación del art. 76 bis del C.P.
Así, refirió que una tesis Arestrictiva@ exige la concurrencia de dos requisitos para la admisibilidad del beneficio en cuestión: que el delito imputado no esté conminado con una pena que en abstracto supere los 3 años de prisión, y que, además, en el caso concreto sea aplicable una condena de ejecución condicional.
Señaló que, por otro lado, la tesis Aamplia@ considera que la norma bajo análisis contiene dos supuestos de admisibilidad diversos: el primero, referido a los delitos cuya pena en abstracto no exceda los tres años de prisión (art. 76 bis, primer y segundo párrafo) y el otro, cuando se evidencia que en el caso concreto será posible dejar en suspenso una pena de prisión (art. 76 bis, cuarto párrafo).
Afirmó que si bien esta Cámara Nacional de Casación Penal asumió la postura restrictiva en el plenario AKosuta@, la práctica cotidiana ha demostrado que la jurisprudencia mayoritaria de los tribunales, así como las directivas de la Procuración General de la Nación a los señores Fiscales Generales, han recogido la tesis amplia.
Seguidamente, se agravió porque el tribunal a quo es uno de los contados tribunales que resuelve este tipo de cuestiones de acuerdo a la postura Arestringida@, lo que, a su modo de ver, implica una afectación al principio de legalidad y a la garantía de defensa en juicio, ya que se hace depender la situación procesal de su defendido al sorteo azaroso del tribunal que se le asigne.
A ello, agregó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en su precedente AAcosta@ (del 23/04/08) que resulta viable la suspensión del juicio a prueba en aquellos supuestos en donde, si bien la pena conminada en abstracto supera los 3 años de prisión, las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena.
En este sentido, puso de relieve que si bien los señores magistrados que conformaron la mayoría de la resolución impugnada admitieron la posibilidad de otorgar el beneficio solicitado -en virtud de lo normado por el cuarto párrafo del art. 76 bis del C.P.-, los mismos afirmaron que debía realizarse el juicio oral y público para poder determinar si, en el presente caso, la pena a recaer sería de ejecución condicional.
Refirió que dicha argumentación no sólo implica desnaturalizar la esencia del instituto, sino que, además, fue adoptada sin que mediara una valoración de las pautas subjetivas del art. 26 del C.P., lo que trasunta la falta de motivación suficiente del fallo en crisis, a la luz de lo prescripto por el art. 404, inc. 2°) del C.P.P.N.
En síntesis, solicitó que se declare la nulidad de la resolución recurrida y se remitan las actuaciones a otro Tribunal.
IV. Que realizada la audiencia prevista por el art. 465 bis, en función del art. 454 del C.P.P.N. (texto según Ley 26.374), quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Augusto M. Diez Ojeda, Mariano González Palazzo y Gustavo M. Hornos.
I. La controversia a resolver radica en dilucidar si la denegatoria del pedido de suspensión de juicio a prueba, obrante a fs. 428/442, luce ajustada a derecho o no.
En primer lugar, atento las constantes referencias efectuadas -tanto por la resolución impugnada, como por el aquí recurrente- a las diversas posturas interpretativas del art. 76 bis del C.P., corresponde señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha expedido sobre el tópico en cuestión, señalando que Ael criterio que limita el alcance del beneficio previsto en el art. 76 bis a los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supere los tres años se funda en una exégesis irrazonable de la norma que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que niega un derecho que la propia ley reconoce, otorgando una indebida preeminencia a sus dos primeros párrafos sobre el cuarto al que deja totalmente inoperante@ (A.2186 XLI. AAcosta, Alejandra Esteban s/infracción art. 14, 1° párrafo, ley 23.737 -causa N° 28/05-A, considerando 7°, rta. el 23/04/08).
Ahora bien, de la lectura de la resolución impugnada, se advierte que los señores magistrados que conformaron la mayoría sufragante, receptaron la doctrina emanada por el Alto Tribunal, al afirmar que Asi bien hemos admitido la posibilidad de dar curso a los pedidos del juicio a prueba en el caso de delitos cuya pena en abstracto supera los tres años de prisión, la base sobre la cual se asienta dicha decisión es que en el caso concreto resulte probable -en el supuesto de juicio- la aplicación de una condena de ejecución condicional (hipótesis del párrafo cuarto del art. 76 bis del Código Penal, según la interpretación amplia de esa norma)@ (cfr. fs. 440 vta.).
Pero, a partir de tal premisa, resolvió denegar la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa de RIBEIRO, considerando que Arefiriéndonos puntualmente al objeto de este proceso, no creemos posible aseverar que, si resultara condenado, el imputado Guillermo Manuel RIBEIRO vaya a ser favorecido con la aplicación del excepcional instituto contemplado en el art. 26 del Código Penal@ (cfr. fs. 441) y que Ala gravedad de la conducta imputada, cuya escala legal -de mantenerse la calificación propiciada por el Fiscal de Instrucción- va de un mes a seis años de prisión, torna necesaria la realización del juicio oral, para establecer tras él -reiteramos, en caso de condena- cuál es la calificación legal correcta, la pena individual adecuada a la presunta culpabilidad y, consecuentemente, cuál su modo de ejecución@ (cfr. fs. 441 vta.).
A la luz de las consideraciones transcriptas, considero que corresponde otorgar favorable acogida al recurso incoado, por las siguientes razones.
En primer lugar, no debe olvidarse que la Corte Suprema de la Nación ha sostenido que, al momento de analizar la viabilidad del instituto de la probation, debe tenerse en cuenta que Ael principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como ultima ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derecho acuerde al ser humano frente al poder estatal@ (fallo AAcosta@ citado ut supra, considerando N° 6).
Por ello mismo, tratándose la suspensión del juicio a prueba de una solución alternativa al ejercicio de la pretensión punitiva estatal, se erige como una respuesta (no punitiva) prevista por el sistema legal, para aquellos supuestos donde resulte aconsejable -según la política criminal delineada por el legislador- resignar el interés de la vindicta pública, en aras de conseguir la reinserción social del imputado sin necesidad de afectar sus derechos personales mediante la imposición de una pena. Ello, claro está, sin desoír la necesidad de los derechos resarcitorios de la víctima.
Así pues, si el instituto bajo estudio consiste en la posibilidad de que el encartado alcance los fines de resocialización, sin atravesar el riguroso camino de la condena (y subsiguiente pena), su procedencia debe ser analizada, precisamente, bajo las directivas interpretativas asentadas por el Alto Tribunal.
Partiendo, entonces, de la premisa por la cual debe asumirse una exégesis restrictiva frente a la respuesta penal, considerándola como la última ratio del ordenamiento jurídico, para así privilegiar una interpretación que más derechos acuerde al individuo frente al ius puniendi, cabe concluir que resulta arbitrario el razonamiento esgrimido por el a quo, a partir del cual consideró que la falta de certeza de que en el caso concreto recaería una pena de ejecución condicional, debía ser resuelta, sin más, del modo más riguroso posible, a saber, optando por la realización del juicio oral y público.
Por otro lado, también merece destacarse que el representante del Ministerio Público Fiscal es el legalmente facultado para promover la pretensión punitiva estatal (art. 71 del C.P.).
Ello implica que si bien en los supuestos previstos por los párrafos 1° y 2° del art. 76 bis del C.P., la norma ya ha realizado el juicio de oportunidad respecto del instituto de la probation -sin que al respecto el acusador público tenga injerencia alguna-, no obstante, en relación a los casos previstos por el párrafo cuarto del art. 76 bis, el legislador habilitó al órgano constitucionalmente facultado para promover la acción de la justicia (art. 120 del C.N.), para que opte por abdicar del ejercicio de la pretensión punitiva estatal y escoger la forma alternativa no punitiva que la suspensión del juicio a prueba comporta. En este mismo sentido, ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Ael ministerio público fiscal es titular de un interés legítimo frente a la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba; interés derivado del ejercicio de la acción penal que le es propio (arts. 5 y 65 del Código Procesal Penal) y de la obligación de velar por el cumplimiento de la ley@ (fallo AMenna, Luis s/recurso de queja@, M.305. XXXII, rta. el 25/09/97).
Además, reiterada es la jurisprudencia de esta Cámara, en el sentido que no corresponde que el tribunal de juicio traspase el monto de pena solicitado por el representante del Ministerio Publico Fiscal (cfr. causa Nro. 7015 de la Sala II, APérez Alati, Eduardo Juan Rodolfo s/ recurso de casación@, Reg. Nro. 10.042.2, rta. el 28/5/07; causa Nro. 8475 de la Sala III, AE. S., A. s/recurso de casación@, Reg. Nro. 548/08, rta. el 5/5/08; causa Nro. 7102 de esta Sala IV -con distinta integración a la actual-, AARGÜELLO, Carlos Ezequiel s/recur-so de casación@, Reg. Nro. 9532.4, rta. el 12/11/97; entre muchas otras), puesto que la garantía de la imparcialidad del juez impone la necesidad de que el magistrado no asuma funciones acusadoras, tratando de subsanar falencias que, a su entender, incurrió la parte que, representando los intereses punitivos del Estado, es la única legalmente encargada de asumir ese rol (art. 120 de la C.N.).
Teniendo en cuenta tales pautas, debe ponerse de relieve que, del cotejo del acta de la audiencia celebrada a tenor del art. 293 del C.P.P.N., surge que el señor Fiscal General consideró que atento Alas características del ilícito que se le atribuye al imputado y su carencia de antecedentes, hacen previsible que en el caso de dictarse una condena, la misma sería de ejecución condicional. Por todo ello, señaló que, compartiendo las razones expuestas por la defensa, se encontraba a favor de la concesión del beneficio solicitado en favor de Guillermo Manuel Ribeiro@ (sic., cfr. fs. 426 vta.)
Así pues, si el representante del Ministerio Público Fiscal prestó su consentimiento para la concesión de la suspensión del juicio a prueba, en la inteligencia de que, en el caso concreto, el interés punitivo del Estado -que esa parte representa, y no el juez- se satisfacería con la imposición de una pena de ejecución condicional, no se advierte motivo alguno para que el tribunal de juicio alegue, como razón obstativa para la viabilidad de la probation, su falta de certeza respecto del carácter y monto de pena que le correspondería al encartado.
Ello incluso resultaría contradictorio con lo afirmado por el mismo tribunal, que supedita la concesión de la suspensión del juicio a prueba a que A...en el caso concreto resulte probable (...) la aplicación de una condena de ejecución condicional@ (cfr. fs. 440 vta., el resaltado me pertenece).
Es por ello que entiendo que la resolución en crisis adolece de la debida fundamentación, toda vez que el sentenciante no ha brindado motivos de entidad suficiente como para considerar fundadamente que, en el hipotético caso de recaer sentencia condenatoria, no resultase probable que la pena a imponer fuese de ejecución condicional.
II. Por tales razones, habré de propiciar al acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto, sin costas, anular la resolución obrante a fs. 428/442, apartar al tribunal a quo de seguir interviniendo en las presentes actuaciones y remitirlas, a fin de que se desinsacule un nuevo tribunal que habrá de entender en su tramitación, de acuerdo a las pautas aquí asentadas.
Que por coincidir sustancialmente, adhiero al voto que lidera el presente acuerdo.
HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 444/452 por la doctora Valeria G. CORBACHO, asistiendo a Guillermo Manuel RIBEIRO y, consecuentemente, ANULAR la resolución obrante a fs. 428/442, APARTAR al tribunal a quo de seguir interviniendo en las presentes actuaciones y REMITIRLAS, a fin de que se desinsacule un nuevo tribunal que habrá de entender en su tramitación, de acuerdo a las pautas aquí asentadas. Sin costas (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, cúmplase con la remisión dispuesta, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.
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