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Timestamp: 2019-06-15 20:33:32+00:00

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STC 79/1991, 15 de Abril de 1991 - Jurisprudencia - VLEX 15356733
STC 79/1991, 15 de Abril de 1991
Fecha de Resolución: 15 de Abril de 1991
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 938/1988
1. Cuando se impugna en amparo una resolución judicial confirmatoria de otra que ha sido lógica y cronológicamente presupuesto de aquélla debe entenderse que se recurren ambas, aunque la primera no lo haya sido de forma explícita. 2. La propia unidad del ordenamiento jurídico no permite que una norma niegue radical e incondicionadamente la condición de trabajador asalariado que otras normas posteriores de igual o superior rango reconocen, sin permitir siquiera demostrar que se reúne dicha condición. Sería asimismo inaceptable que, dentro de la propia legislación de Seguridad Social, una norma del art. 3.1 a) del Decreto 2346/19691 impidiera radicalmente y en todo caso que el pariente de tercer grado del titular del hogar familiar pudiera probar su condición de trabajador asalariado, cuando la norma general del sistema de la Seguridad Social si le permite hacerlo (art. 7.2 de la Ley General de la Seguridad Social en su redacción originaria), convirtiendo así en una presunción «iuris et de iure» lo que en esta norma no era sino una presunción «iuris tantum».
Sentencia citada en: 79 sentencias, 7 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 938/88, promovido por doña Africa R. P. representada por la Procuradora doña Pilar Reina Sagrado y asistida por el Letrado don Enrique Algar Morillo, contra la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 8 de abril de 1988, en autos sobre afiliación a la Seguridad Social. Han comparecido el Ministerio Fiscal y la Tesorería General de la Seguridad Social, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Sara Gutiérrez Lorenzo y asistida por el Letrado don Paulino Jiménez Moreno. Ha sido Ponente el Magistrado don Jesús Leguina Villa, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Tras designarse Procurador de los Tribunales del turno de oficio, según se solicitaba en escrito presentado en el Tribunal el 21 de mayo de 1988, dona Pilar Reina Sagrado, en nombre y representación de doña Africa R. P. y mediante escrito registrado en el Tribunal el posterior 10 de octubre, interpone recurso de amparo contra la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo (TCT) de 8 de abril de 1988, en autos sobre afiliación a la Seguridad Social.
a) La solicitante de amparo, casada con un sobrino carnal de doña Antonia G. R. fue dada de alta por ésta como empleada de hogar permanente en mayo de 1979, teniendo conocimiento de la relación de parentesco la Tesorería Territorial de la Seguridad Social en mayo de 1987, con motivo de declaración efectuada por el ama de casa. La Tesorería Territorial de la Seguridad Social de Sevilla revisó de oficio la afiliación de la solicitante de amparo al Régimen Especial de la Seguridad Social del Servicio Doméstico, procediendo la Tesorería a la anulación de dicha afiliación, por resolución de 9 de octubre de 1987, con efectos de mayo de 1979, y por aplicación del art. 3 del Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre, al haberse comprobado relación de parentesco con el empleador de tercer grado por afinidad. Interpuesta reclamación previa contra la anterior resolución, la reclamación fue desestimada por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, mediante resolución de 4 de diciembre de 1987.
Por providencia de 16 de enero de 1989, la Sección acordó tener por recibidas las actuaciones remitidas por el TCT y por la Magistratura de Trabajo núm. 1 de Sevilla, tener por personado y parte a la Procuradora doña Sara Gutiérrez Lorenzo, en nombre y representación de la Tesorería General de la Seguridad Social. y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la LOTC, dar vista de las actuaciones por un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a las Procuradoras Sras G. L. y R. S. para que pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieran.
7. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 9 de febrero de 1989. En el mismo, tras recordar los antecedentes del supuesto, el Ministerio Público se detiene en la normativa aplicable al caso. La razón de la exclusión operada por el art. 3.1 a) del Decreto 2346/1969 parece evidente. Pese a la contraprestación económica, el legislador, quizás en previsión de posibles fraudes o abusos, no reconocía el carácter «ajeno» de la relación laboral, primando la relación de parentesco. Exclusión que ha permanecido hasta la actualidad. Pero posteriormente el art. 1.3 e)del Estatuto de los Trabajadores excluyó del ámbito del mismo a los trabajos familiares, considerando tales a los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado. Es precisamente el art. 1.3 e) del Estatuto de los Trabajadores al que remite el art. 2.1 b) del Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de carácter especial al servicio del hogar familiar. Esta evolución legislativa es clara. Los parientes por consanguinidad o afinidad que no se encuentren comprendidos en la definición de trabajo familiar del art. 1.3 e)del Estatuto de los Trabajadores pueden formalizar una relación laboral con todos los efectos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores, y más específicamente, en el Real Decreto 1424/1985; y sin embargo, y en contradicción con lo anterior, sigue vigente el art. 3.1 a) del Decreto 2346/1969, que excluye del Régimen Especial de la Seguridad Social a quienes prestan trabajo asalariado en el servicio doméstico y tengan con el empleador una relación de parentesco de tercer grado. Este es el caso de la demandante de amparo, la cual, al estar casada con un sobrino carnal de su empleadora, tiene con la misma una relación de afinidad de tercer grado. Esta relación laboral no parece de las excluidas por el art. 1.3 e) del Estatuto de los Trabajadores, ya que no consta ni que conviva con la empleadora ni el parentesco en segundo grado. Para dilucidar si, primero la actuación administrativa anulando la afiliación a la Seguridad Social, y luego las resoluciones judiciales, han lesionado o no el art. 14 C.E., el término de comparación, aunque la demanda no lo precise, no puede ser otro que el resto de las relaciones laborales del servicio doméstico que tengan cobertura de la Seguridad Social. Si se reconoce que unos y otros están incluidos en el art. 2.1 b) del Real Decreto 1424/1985, no puede concluirse sin una razón suficiente que unos tengan derecho a la cobertura prestacional del Régimen Especial de la Seguridad Social y otros no lo tengan. En el presente caso no pueden encontrarse razones que justifiquen la exclusión, pues la recurrente efectúa un trabajo asalariado, no convive con la empleadora y no tiene con la misma una relación de parentesco por afinidad ni consanguinidad de segundo grado. Sin que pueda prosperar el argumento esgrimido por las resoluciones judiciales de que el Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 1424/1985, aunque posteriores al Decreto 2346/1969, no tienen efectos sobre la cobertura de la Seguridad Social. Primero, por cuanto las normas cobran su sentido en virtud de su ratio que debe interpretarse sistemáticamente; y ello conlleva una interpretación contraria a la realizada judicialmente. Y, en segundo lugar, por cuanto las normas han de interpretarse en favor de la Constitución y de los derechos fundamentales aun cuando no fueren oscuras (STC 253/1988); lo que no han hecho en el presente caso los órganos judiciales, pese a que la parte advirtió de la posible vulneración del art. 14 de la Constitución. Finalmente, la interpretación judicial conduce al absurdo de una duplicidad normativa desconectada en su sistemática. De una parte, la actora es parte de una relación laboral especial y, de otra, lo anterior no implica una situación de cobertura de Seguridad Social. Por todo lo cual, el Ministerio Fiscal interesa que se otorgue el amparo solicitado.
De acuerdo con las anteriores premisas, resulta fácil sostener que el art. 3.1 a) del Decreto 2346/1969 no puede interpretarse aisladamente y en su mera literalidad, soslayando lo establecido en el art. 7.2 de la Ley General de la Seguridad Social, pues si así se hiciera se incurriría de lleno en los reproches que se han descrito. Por el contrario, el respeto al sistema de fuentes y a los principios que rigen las relaciones entre la ley y el reglamento obligan a interpretar el precepto reglamentario a la luz de lo dispuesto en el precepto legal, sin que sea admisibIe una interpretación y aplicación del primero que violente y contraríe lo establecido en el último. Y si, como se ha visto, la redacción originaria del art. 7.2 de la Ley General de la Seguridad Social permitía al pariente de tercer grado del empleador que conviviera con el mismo y estuviera a su cargo probar su condición de verdadero trabajador asalariado, no cabe intepretar y aplicar el art. 3.1 a) del Decreto 2346/1969 como si en ningún caso dicho pariente de tercer grado pudiera estar incluido en el Régimen Especial de la Seguridad Social del Servicio Doméstico, aun cuando no conviva con el titular del hogar familiar ni esté a su cargo, y sin que se le permita probar que reúne verdaderamente la condición de trabajador asalariado; prueba que, por lo demás, tampoco resulta negada por el tenor del precepto reglamentario, pues éste se limita a silenciar su posibilidad, lo que es distinto a excluirla expresamente, como si hacia, por ejemplo, la redacción originaria del art. 7.2 de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el cónyuge y los hijos sometidos a la patria potestad del empleador.
Ha decidido Otorgar el amparo solicitado por doña Africa R. P. y, en consecuencia:
1.° Declarar la nulidad de las Resoluciones de la Tesorería Territorial de Sevilla de 9 de octubre y 4 de diciembre de 1987 y de las Sentencias de la Magistratura de Trabajo de Sevilla de 27 de enero de 1988 y del Tribunal Central de Trabajo de 8 de abril de 1988.
2.° Reconocer el derecho de la recurrente a la igualdad ante la ley y a no ser discriminada en su afiliación el Régimen Especial de la Seguridad Social del Servicio Doméstico por el solo hecho de ser pariente de tercer grado por afinidad de quien le dio de alta en dicho Régimen Especial.
SAP Toledo 149/2011, 11 de Mayo de 2011
STS, 28 de Marzo de 2011
STS, 21 de Junio de 2005
ATC 74/2003, 3 de Marzo de 2003

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 Real Decreto 
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