Source: https://issuu.com/contralinea/docs/contralinea-327
Timestamp: 2016-12-10 04:10:39+00:00

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Contralínea 327 by Revista Contralínea - issuu
OFICIO DE PAPEL/IFE LICITA 75 MILLONES
PORTADA/MINERA CANADIENSE
EN OAXACA: SAQUEO Y VIOLENCIA
SOCIEDAD/HIDROELÉCTRICA EL NARANJAL:
DESPOJO A 30 MIL POBRES
SOCIEDAD/JERARQUÍA CATÓLICA: LOS
PRIVILEGIOS DURANTE EL CALDERONISMO
NUEVO LEÓN SANJUANA MARTÍNEZ
Nancy Flores/ Monserrat Rojas, fotografías/ enviadas
LÍNEA GLOBAL/PERÚ: EXPRESIDENTES, AL
BANQUILLO POR SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
LÍNEA GLOBAL/UNIVERSITARIOS ESTADUNIDENSES:
DEUDAS POR 388 MIL MDD
LÍNEA GLOBAL/EL TABACO BURLA LAS LEYES
DE CONTROL EN AMÉRICA LATINA
RADIO EDUCACIÓN Y SUS
TRES PULSOS DE INFORMACIÓN
HACIA LOS PROCESOS
POR CRÍMENES ECONÓMICOS
HACIA LA RESTAURACIÓN DEL
PRESIDENCIALISMO DESPÓTICO
UNADM, EN PICADA: RECORTE
SALARIAL A FACILITADORES Y
EDUCATIVO A LOS ALUMNOS
POLICÍA DEMOCRÁTICA PARA
Portada: mina de San José del Progreso, Oaxaca, propiedad de la canadiense Fortuna Silver Mines
Foto: Érika Ramírez
CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 11, número 327, del 25 al 31 de marzo de 2013– es una publicación semanal editada por Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación,
SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626.
Impresa por JR Impresiones, Bolívar 238, col. Obrera, delegación Cuauhtémoc, teléfono 57 61 34 94; este número se terminó de imprimir el 22 de marzo de 2013. Distribuida por Distribuidora de Impresos,
Que viva Chávez, dice
Muy interesante el artículo “Chávez: profunda huella en
América Latina”. Desde la distancia de la geografía mexicana que se
acorta, con un mismo dolor y sentimiento, ¡viva Chávez!
“Ridículos, argumentos que justifican
privatización de recursos de Pemex, señala
Muy bien por el reportaje “Pemex envía 1.2 billones a
paraísos fiscales”. Es muy complejo el manejo y la administración del
petróleo, y más cuando los altos funcionarios te hablan de manera
confusa, engañosa, tan difícil de entender. Pero sí debemos tener
claro que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa del Estado y
que quienes la administran deben rendir cuentas. Son ridículos los
“argumentos” para justificar que el dinero del petróleo se convierta
en privado al pasar a empresas “privadas” que son de Pemex.
Calderonismo, sexenio de represión y violación
a todos los derechos humanos: Frayba
Desde las tareas cotidianas de documentación durante el
periodo 2006-2012, corroboramos que el sexenio pasado se caracterizó por dar continuidad y profundizar de manera sistemática las violaciones a los derechos humanos en contra de la población en el
En primer término se destacan las violaciones a los derechos
humanos hacia la población civil en general, con el argumento y en
nombre de la seguridad, al utilizar mecanismos de control territorial a
través de la militarización del país; la tortura como método de investigación y destrucción de la persona; el aumento desbordado de las
personas desaparecidas forzadamente; el incremento de los feminicidios y asesinatos que se suman a la larga lista de casos en
En segundo término, las acciones represivas en contra de las
comunidades y pueblos que resisten y reivindican derechos específicos, en particular las agresiones al territorio de las Bases de Apoyo
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como continuidad de la
estrategia contrainsurgente ejecutada por el gobierno mexicano.
De lo anterior, también podemos sostener que en el sexenio que
concluyó, la brecha entre los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y el ejercicio y práctica de éstos, fue cada vez más amplia.
Asimismo en el Informe sobre la situación de los derechos
humanos en Chiapas durante los gobiernos federal y estatal 20062012 presentamos que en la disputa por el territorio, la legalidad del
despojo territorial de los pueblos indígenas ha seguido su marcha a
través de proyectos neoliberales que contemplan elementos de
seguridad nacional y protección a la inversión de empresas ligadas a
los gobiernos que tienen intereses en estos territorios de gran riqueza
La libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos se
siguen realizando en un contexto de guerra: la criminalización de la
protesta social y la persecución a los líderes sociales, por un lado; el
acoso y persecución a las defensoras y defensores de los derechos
humanos, por el otro. Esto nos habla de un Estado represor con métodos de control social al pueblo organizado.
El conflicto armado interno en Chiapas se caracterizó, en el pasado sexenio, por la continua y amplia presencia militar, sobre todo en
las comunidades indígenas en la zona de influencia del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional. La estrategia contrainsurgente llevada a cabo va desde la confrontación directa hasta la ejecución de
proyectos sociales en conjunto con algunas agencias de la
Organización de las Naciones Unidas en el marco de los Objetivos de
La estrategia se ha afinado, se ha adecuado a las nuevas situaciones, se ha deslizado hacia nuevas tácticas de la guerra integral de
desgaste, ha utilizado los argumentos con un lenguaje en pro de
los derechos humanos, con énfasis en los derechos colectivos de los
pueblos indígenas y de un discurso de respeto a las comunidades
autónomas y a las Juntas de Buen Gobierno. Discursos falsos y vacíos
de contenido, ya que en el fondo está la intención de acallar y controlar, apropiarse de sus argumentos y recursos, al dividir y provocar
enfrentamientos en las comunidades.
Estos énfasis de violaciones a los derechos humanos que hacemos patentes continúan con el gobierno en el poder del Partido
Revolucionario Institucional, que por antonomasia se ha caracterizado
por ser represivo, demagógico y controlador de la vida de los ciudadanos, que copta a medios masivos y a cualquier otro grupo que
quiera hacer sombra al sistema de gobierno.
Ante estos tiempos adversos, las comunidades, los pueblos, las y
los sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos encuentran
nuevas fuerzas, nuevas energías de esperanza para continuar con la
Como respuesta a este contexto de impunidad, las personas se
organizan desde la memoria y en construcción de alternativas que
reinventan buenas y nuevas formas de vida en la defensa y el
ejercicio efectivo de sus derechos como pueblos.
Las comunidades y pueblos en resistencia continúan en la defensa de sus territorios, su marco de derechos son los Acuerdos de San
Andrés y demás leyes y costumbres emanadas desde la autonomía,
los cuales se han ampliado en la construcción de su gobierno alternativo y ejemplar. Un buen gobierno: justicia, salud y educación acorde
con sus necesidades, una producción con respeto a la vida, la naturaleza y una democracia directa y radical.
Romero Deschamps firmará todo lo que el
gobierno le ponga en la mesa, opina
Inicialmente se dijo que la iniciativa de reforma estructural
energética se presentaría hasta el segundo periodo de sesiones en el
Congreso de la Unión, que iniciará el 1 de septiembre, pero al parecer
no será así, y esto se hará entre mayo y julio para ser discutido en un
periodo extraordinario de sesiones, según la Secretaría de
Si eres trabajador de “confianza” y ostentas un nivel de entre 30
y 38, tu situación contractual real es de trabajador sindicalizado, ya
que en 1989 se firmó un convenio administrativo sindical ilegal
para que la entonces administración de Francisco Rojas Gutiérrez
pudiera “controlar” a ese personal que era el más aguerrido dentro
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, e
iba a ser contrario a la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex),
iniciada por Carlos Salinas de Gortari, egresado de la Universidad de
Harvard [Estados Unidos], secretario de Programación y Presupuesto
durante el gobierno de Miguel de la Madrid y presidente de la
República a partir del 1 de diciembre de 1988.
Es necesario aclarar que el encarcelamiento de Joaquín
Hernández Galicia, con la complicidad de Sebastián Guzmán Cabrera
y Carlos Romero Deschamps, fue por un problema personal que se
gestó en 1984, y no durante la campaña, en 1988, del candidato
presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como
tanto se ha comentado.
Del problema referido, los trabajadores sindicalizados pagamos la
cuantiosa deuda contraída con la empresa texana Arriba Limited, producto de un litigio por incumplimiento de un contrato de venta de
petróleo residual, de cada destilación fraccionada que el gobierno federal le regaló a la representación sindical en 1982, y el entonces secretario de Programación y Presupuesto les quitó la canonjía en 1984. El
pago actualmente se realiza vía cuotas sindicales, negociada por el
exabogado de Pemex, César Nava, iniciada con la confiscación de 500
millones de pesos que Ricardo Aldana Prieto y Carlos Romero
Deschamps depositaron en un banco texano como fruto del Pemexgate. El monto total de la deuda ascendió a 250 millones de dólares
(más de 3 mil millones de pesos). Cabe señalar que la exoneración de
Romero Deschamps y Aldana, del Pemexgate, es ilegal, ya que a la
fecha Rogelio Montemayor Seguy tiene un juicio contra la Secretaría de
la Función Pública y nadie ha resarcido del daño patrimonial a Pemex.
El caso, por jurisprudencia, puede ser reabierto en el Distrito Federal,
con base en que el amparo promovido por ambos no procedía, ya que
el peculado electoral está tipificado como delito grave.
Por esto y muchos otros actos de corrupción, Romero Deschamps
deberá firmar todo lo que la administración de Pemex, hoy priísta, le
pongan en la mesa. El fuero de senador y diputado –ilegal– que les
otorgó el PRI de manera corporativa a Carlos Romero Deschamps y a
Ricardo Aldana Prieto en las elecciones del año pasado está encaminado a la privatización de la paraestatal y el control político de los
trabajadores sindicalizados, que serán liquidados y jubilados o hasta
que entreguen el equipo. Los charros están en vías de extinción
porque el mismo PRI ya rompió relaciones corporativas con la
Confederación de Trabajadores de México (CTM), al haber modificado
sus estatutos. El PRI, a partir del 3 de marzo pasado, es netamente
neoliberal, plegado a los designios del Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio; por lo
tanto, ya es antagónico a la CTM y a sus charros afiliados.
Los ilegales analfabetos funcionales (36) que hoy ocupan una
Secretaría General del gremio petrolero, los comisionados sindicales y
delegados departamentales dentro de muy poco tiempo se van a llevar una gran sorpresa, producto de la privatización de la investigación, exploración y explotación, refinación y petroquímica,
resultado de la reforma estructural energética, ya que al igual que los
trabajadores serán liquidados y jubilados; excepto aquellos charros
que ocupan un cargo de elección popular del mismo PRI. La traición
se va a dar de manera irreversible dentro de muy poco tiempo. Los
que hoy pisotean nuestros derechos laborales muy pronto serán
pisoteados por quienes tanto adoran, y en su gran ignorancia hasta
les rinden pleitesía, porque ellos los eligen de manera antidemocrática al violar los estatutos para ocupar una comisión sindical o delegación departamental, y les regalan plazas del sector tradicional o de
confianza para sus familiares o amigos.
En abril se espera el inicio de la liquidación y jubilación de personal de confianza en estricto apego a lo que estipula el contrato
colectivo de trabajo vigente. Para la próxima revisión contractual se
modificarán las jubilaciones y así complementar la reforma estructural
laboral. Aquí es donde los trabajadores liquidados comenzarán a ver
las “bondades” de la referida reforma al buscar trabajo en otras
¿Qué se espera de la reforma estructural energética? La privatización de Pemex en sus principales áreas productivas, como la refinación y la petroquímica básica; la liquidación y jubilación del
personal sindicalizado y de confianza para dar rienda suelta a los
capitales privados para que compren refinerías y complejos petroquímicos desincorporadas conforme al artículo 16 de la Ley Federal
de Entidades Paraestatales; con la contratación individual y la subcontratación (outsourcing), tal como lo marca la actual Ley Federal
El hecho de que el gobierno federal se quede con la investigación,
exploración y explotación para mantenerse en el poder no implica la
continuación del corporativismo, sino por el contrario, de acuerdo con
el paradigma neoliberal, se dará paso a la contratación por outsourcing para la desinversión o venta de activos, tales como refinerías y
complejos petroquímicos, ya que se requieren miles de millones de
dólares para la investigación, exploración y explotación de gas y
petróleo crudo en aguas profundas.
En lo que respecta a la privatización de la petroquímica secundaria, ésta ya se está realizando conforme al Artículo 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera disfrazada, al ocuparse todavía personal al servicio de Pemex que posteriormente será separado legalmente.
Todo esto es lo que conforma el llamado Estado neoliberal o Estado
eficiente o de costo mínimo, que durante su campaña electoral promovió el entonces candidato priísta Enrique Peña Nieto, y que a su vez
forma parte del paradigma neoliberal, con las llamadas recetas neoliberales, entre las que se encuentran las desincorporaciones de actividades o instituciones del Estado benefactor. En su momento, Platón
describió este tipo de Estado como tiránico, en el cual los zánganos una
vez conseguido el poder, deben someter a la población a la pobreza
extrema para mantenerse y evitar la insurrección del pueblo.
Elba Esther Gordillo Morales está encarcelada por oponerse al
avance del paradigma neoliberal en lo que a la reforma estructural
educativa se refiere. Los charros institucionales Carlos Romero
Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, quienes ilegalmente ocupan los
cargos de senador y diputado, respectivamente, así como representantes sindicales de manera simultánea –con lo que se violan el
Artículo 62 constitucional, la Ley del Congreso– el contrato colectivo y
los estatutos del gremio, deberán permitir la privatización de Pemex
y la liquidación y la jubilación del personal sindicalizado. Si no, el priísmo los enviará a la cárcel a acompañar a la Maestra. Porque así acaban los traidores al padre de la promoción del neoliberalismo en
México, Carlos Salinas de Gortari. Joaquín Hernández Galicia es el
ejemplo más representativo de esto.
Saulo Tenoch
IFE licita 75 millones
a semana pasada, el contralor del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas, acusó a los consejeros de ese
Instituto, incluido su presidente, Leonardo Valdés Zurita, y su secretario ejecutivo,
Edmundo Jacobo Molina, de ocultar la
corrupción y el desvío de recursos públicos en la adquisición de
bienes y servicios, una práctica conocida en ese órgano electoral
“Algunos consejeros,
que habitualmente hacen
encendidas defensas y se
llenan la boca de conceptos
como transparencia, rendición de cuentas y combate a
la corrupción, hoy se han
ocultado, han empeñado su
inteligencia dejando como
su principal contribución al
IFE una buena dosis de
impu-nidad”, dijo el contralor Guerrero Pozas, asqueado por la corrupción que los
consejeros han incentivado
al exonerar al exdirector ejecutivo de Administración,
Fernando Santos, quien estaba acusado, después de
años de auditorías e investigaciones, de un quebranto patrimonial por 124.5 millones de pesos en la compra de un edificio del
IFE, en la zona de Acoxpa, en el Distrito Federal, que tuvo un costo superior al ciento por ciento de su valor real.
El contralor del IFE remató a los consejeros: “nuevamente se
han agachado a esconder la mugre debajo del tapete”.
Muy pocas veces algún servidor público, responsable de vigilar el buen uso de las finanzas públicas, habla claro y fuerte en
contra de la corrupción y de sus promotores.
“No sólo lamento la decisión [de los consejeros], sino que
debo confesar que me produce indignación y hasta un poco de
vergüenza, porque estoy seguro de que si se tratara de su dinero
sí verían la diferencia entre comprar un edificio en 118 millones
de pesos o en 282 [millones].”
A pesar de las evidencias de corrupción encontradas por el
contralor, los consejeros el IFE emitieron una declaratoria en donde dicen que no tolerarán ningún acto de corrupción, pero advirtieron al contralor Guerrero Pozas que “de la misma manera no
aceptaremos intentos de sancionar y perseguir sin pruebas a funcionarios y exfuncionarios públicos del IFE”. La preocupación
mayor de los consejeros es que alguno de ellos pueda ser investigado y es preferible frenar ahora las acciones de auditoría e
investigación del contralor
del IFE que los podrían comprometer.
Los ocho consejeros aseguraron que sus resoluciones
se basan en los principios de
legalidad, objetividad y certeza “que estamos obligados a cumplir como funcionarios públicos de una
institución del Estado mexicano”.
Pues este mismo cuestionado Consejo General del
IFE –integrado por su presidente doctor Leonardo Valdés Zurita, su secretario
ejecutivo licenciado Edmundo Jacobo Molina y los siete consejeros electorales, maestro Marco Antonio Baños Martínez,
doctor Lorenzo Córdova Vianello, doctora María Macarita Elizondo Gasperín, maestro Alfredo Figueroa Fernández, doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, doctora María Marván Laborde y
doctor Benito Nacif Hernández– decidirá en los próximos días a
cuál empresa privada contratará para los próximos 5 años y la
elaboración de 75 millones de credenciales de elector para
la población en edad de votar, con un valor unitario de entre 9 y
10 pesos, lo que representaría un gasto aproximado de 750 millones de pesos.
Este contrato millonario ha llamado el interés de más de 20 negoció en Boca Ratón, Estados Unidos, con DGI Mark y llegaron
empresas privadas nacionales y extranjeras ( Francia, Estados Uni- a un acuerdo para cederle el contrato de producción de credendos, España), algunas de ellas propiedad de los mismos accionisciales del IFE, lo que incrementó su precio a 6.5 pesos por unitas, quienes presentan distintas propuestas para buscar asegurarse dad. Con esto también se elevó el precio de las acciones de esta
el triunfo. Este lunes 25 de marzo los interesados presentarán última empresa en el mercado de valores.
ante el IFE sus ofertas con las que buscarán ganar la licitación.
Años más tarde, DGI Mark quebró y cedió el contrato a la
Sin embargo, algunos involucrados en el proceso de licita- empresa estadunidense L-1 Secure Credentialing, Inc. De 2008 y
ción aseguran que cualquier empresa que gane el contrato millo- hasta la fecha, L-1 mantiene la producción de credenciales del
nario estará en el entendido que deberá cubrir un 10 por ciento IFE. Con problemas financieros, la empresa extranjera se fusionó
adicional al costo de producción para otorgarlo como una comien 2011 con Safran Morpho, y para entonces el costo de credensión a los responsables de la licitación, lo que de ser cierto signi- ciales para votar se habría elevado a 7.5 pesos, a pesar de que
ficaría un soborno por 75 millones de pesos para algunos aún utiliza la misma tecnología aplicada desde 2002 por Unisys.
servidores públicos corruptos.
Safran Morpho es socia de la empresa Sagem, que tiene capiCon los antecedentes que dio la semana pasada el contralor tal francés y es proveedora del IFE para el servicio de identificadel IFE, habrá que observar quiénes son los consejeros más inte- ción de huellas digitales (sistema automatizado de identificación
resados en dicha licitación y
de huellas dactilares, AFIS,
también aquellos adminispor su sigla en inglés).
tradores que participarán
El órgano de control del
Algunos involucrados en
directamente en el proceso,
Intituto debe revisar entonpues es seguro que una vez
ces si las empresas Safran
más el órgano de vigilancia
Morpho, L-1 y Sagem, que
y control tendrá elementos
presentan propuestas distinpara denunciar cualquier
tas, son los mismos accionisque gane el contrato
tas; de confirmarse esto,
millonario deberá cubrir un
Entre las empresas parpodrían ser anuladas sus
10 por ciento adicional al
ticipantes están Safran
propuestas. El antecedente
Morpho, Inc; L-1 Secure Crede Morpho y Sagem en Méxicosto de producción para
dentialing, Inc; Informática
co es haber hecho negocios
otorgarlo como una
El Corte Inglés, SA; 3M Méxide AFIS con el cuestionado
co; Técnica Comercial Vilsa,
secretario de Seguridad Púcomisión a los responsables
SA de CV; Giesecke y Devblica del gobierno de Felipe
rient de México, SA de CV;
Calderón, Genaro García Lucierto significaría un soborOberthur Technologies de
na (quien huyó del país y se
México, S de RL de CV; Litho
refugia en Miami, Estados
no por 75 millones de pesos
Formas, SA de CV; Graphic
Unidos, ante las denuncias
Security Systems; Grupo
penales que hay en su contra
Mexgraphic, SA de CV; NEC
y otras investigaciones por
de México, SA de CV; Smartmatic México; Expansión Mj; Código enriquecimiento ilícito). Estas empresas extranjeras también dan
Empresarial, SA de CV; Grupo Santoro, SA de CV; De la Rue Méxi- servicio a la Secretaría de la Defensa Nacional.
co, SA de CV; Formas Inteligentes, SA de CV; Indra Sistemas México,
La empresa Morpho, del grupo Safran, produce las tarjetas
SA de CV; y Secure Mobile Solution, Inc.
inteligentes de MasterCard en su planta de Naucalpan, Estado
La historia de la producción de credenciales para votar ha de México. Su presencia en nuestro país tiene más de 20 años y
sido controversial desde la misma creación del IFE, en donde los actualmente proporciona servicios en los sectores de aviación
costos de producción han permitido el enriquecimiento de algu- y seguridad.
nos servidores públicos.
Morpho Trust Solutions, antes L-1 Identity Solutions, es el
Por ejemplo, entre 1996-2001, cada credencial electoral tuvo mayor proveedor de soluciones de gestión de identidad en el merun costo de 17 pesos y fue la firma alemana Polaroid la encargacado de Estados Unidos, que incluye licencias de conducir, pasada de su elaboración; entre 2002 y 2005, la producción de iden- portes, tarjetas, credenciales para votar y otros propósitos
tificaciones electorales bajó considerablemente hasta 6 pesos por gubernamentales y comerciales.3
cada credencial y fue la empresa Unisys la que ganó esa licitación y aplicó una mejor tecnología; entre 2005 y 2008, Unisys *Periodista
a programación en las diversas frecuencias radiofónicas excepcionalmente
no tiene un espacio para noticieros. La mayoría sí, con información sobre los
hechos que tienen lugar en nuestro país y lo más relevante en el resto del
planeta. También incluyen opiniones de corte periodístico e incluso ofrecen
datos culturales, de espectáculos y temas económico-financieros. El duopolio
televisivo ha copiado, con algunos cambios que no hacen verano, lo que
ocurre en la radio y que sigue siendo punto de partida para la comunicación por todo el territorio
nacional. Si tomamos en cuenta a las radios comunitarias, siempre perseguidas por inquisiciones
político-administrativas que terminan por clausurarlas en un acto autoritario de censura, en lugar de
ayudarlas a legalizarse o expandirse... Y es que éstas son frentes de defensa y comunicación
entre poblaciones casi siempre indígenas, sin acceso a medios semejantes de información.
Radio Educación cumple 88 años al aire bajo el lema: “El sueño de Vanconcelos”. Ha
ejercido a través de sus tres (y una cuarta, intermedia a la última) salidas al aire, bajo el
nombre de Pulso de Radio Educación en la mañana, tarde y noche, un periodismo oral de
primerísima calidad. No es un noticiero más: ofrece información crítica, ya que no acepta
ir con la corriente. Pero no escandaliza. Presenta a su auditorio cuanto irrumpe en los diarios sucesos nacionales e internacionales, al sujetarse al trabajo de sus reporteros, quienes
no aceptan el boletín y van a las fuentes para recoger hechos y versiones de los protagonistas. Es de los noticieros más verídicos (la otra cara de la desinformación y manipulación
de Televisa y Tv Azteca). A la par, Radio Educación cumple en un 90 por ciento de su programación con su misión cultural. Como ejemplo de esto, acaba de transmitir, por primera
vez, el Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013, desde el municipio de Álamos, Sonora,
en vivo y directo durante los 10 días de su duración.
La emisora ha tenido directores como el periodista Miguel Ángel Granados Chapa
(1941-2011), con quien llegó a su mayoría de edad; y la radiodifusora, a su vez, rindió un
homenaje al comunicador. Así que debe mencionarse la trayectoria de Radio Educación, la
cual se ha ido abriendo paso con autonomía para su quehacer público. Su periodismo cumple con la
máxima objetividad para que sus oyentes tengan una información completa sin amarillismos, que
cubre todas las expresiones que componen las noticias en un contexto de libertades constitucionales y ofrece, simultáneamente, opiniones críticas para desmitificar la información. En cada uno de sus
Pulsos, sus comunicadores se apoyan en el despliegue de sus reporteros que cumplen con su compromiso democrático y republicano vasconcelista.
Así los radioescuchas tienen una concepción oportuna de cuanto acontece en los Estados Unidos Mexicanos, al tomar el pulso a cada suceso sin sobredimensionarlo. Esto ha hecho de Radio Educación una emisora indispensable para tener información sin prejuicios que hace de la síntesis: ir al
grano, pero sin sacrificar los datos para recrear lo noticioso. Deben ponerse en relieve los noticieros
de Radio Educación ya que la mayoría del resto, en manos de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, sólo difunden lo que les conviene para no tocar sus intereses y cubren a sus compañeros de via-
je empresarial; mientras que Radio Educación abre sus
informativos de par en par para que la opinión pública
tenga los elementos en su totalidad para examinarlos y
dar contenido a sus puntos de vista respecto a los actos,
hechos y omisiones, que tienen lugar como información.
A sus 88 años, Radio Educación ha consolidado su
trabajo radiofónico en todos sus servicios a la nación. Y
si la cultura es todo el abanico de manifestaciones humanas y su medio ambiente, entonces ésta ha cumplido
con las tareas de comunicación para sus radioescuchas.
Incluso tiene debates donde invita a jóvenes para que
participen en cuestionamientos sobre problemas sexua-
les, con preguntas y respuestas a los especialistas en el
tema. Y los defensores del radioescucha exponen al aire
sus críticas y comentarios para mejorar la programación.
Pero si de noticieros se trata, entonces ha de insistirse
que esa radiodifusora mantiene una apertura para la
información veraz y oportuna en sus tres Pulsos medulares (y el cuarto como un intermedio o avance) para su
auditorio. Sin ellos faltaría la cara democrática de la
información crítica.3
“El presidente lo podía todo”. Es “el supremo árbitro de la nación”. “El motor de las relaciones es el poder
institucional del presidente”. “Sobre los obreros, campesinos y patronos no podía haber más forma de trato
que la imposición autoritaria del poder presidencial”. “El sistema les fue impuesto y no tuvieron más remedio que aceptarlo”. “Ese poder sin límites, acompañado del desprestigio de todos los demás poderes, comprendidos los institucionales, no dejaba otro camino que aceptarlo sin reservas u oponérsele sin reservas”
Arnaldo Córdova, La formación del poder político en México, 1972
El presidente a la cabeza de todo y el partido […] contribuye a la reconstrucción del poder presidencial omnímodo […]. Lo que […] tiene que superarse es que el jefe del Ejecutivo no devenga en un mandatario como
los que existieron en las épocas autoritarias del partido
José Luis Reyna (politólogo), El PRI de Peña: vuelta al pasado, 2013
No se trata de una vuelta al pasado ni […] de una copia del pasado; el pasado no se repite. Estamos presenciando la reproducción de un modo de dominación, el del presidencialismo autoritario
Arnaldo Córdova, El nuevo viejo PRI, 2013
a obstinación de algunos gobernantes por aparecer incesantemente ante los reflectores, aunque carezca de sentido, se asemeja al llamado trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Qué objeto
tiene remedar tradiciones ajenas cuando no se tiene nada relevante qué informar a la nación?
Sobre todo cuando, quizá, lo único digno de tomarse en cuenta fue deliberadamente dejado
de lado, aun cuando hasta el momento se reduzca a un simple y escenográfico ajuste de cuentas, en virtud de la escasa relevancia del resto del breve discurso emitido y los resultados mencionados en el mismo. Como si la vendetta hubiera sido un hecho fortuito, aislado. Apenas un fugaz y atronador
juego pirotécnico, cuya trascendencia se agotó en el acto mismo, sin daños “colaterales”, al reducirse a una simple
anécdota y no a una “razón de Estado”, pletórica de mensajes inquietantes nada subliminales hacia diferentes lados,
cuyos efectos político-legales serán dosificados según la reacción del amplio número de involucrados en el caso
Elba o de otros casos parecidos y cuyas cabezas sean sacrificables, según las necesidades del Ejecutivo, bajo el
principio de “que cambie todo para que no cambie nada”. Ante la escuálida sustancia publicitaria, la imitación de la
costumbre estadunidense por la primera centena de días de gobierno se trastocó en una parodia, aderezada con un
insulso espectáculo de imágenes presidenciales en el intento por desempolvar el rancio culto de la figura del Ejecutivo,
típica de la era del régimen del partido “único” o “hegemónico” y el presidencialismo autoritario.
Pese a reconocer que el tiempo es breve para cumplir los compromisos asumidos, entre ellos los 95 incluidos
en el Pacto por México –coincidencia numérica de las 95 tesis cismáticas del excomulgado Martín Lutero–, Enrique
Peña Nieto dijo sentirse “satisfecho y optimista” por el avance de su gestión que busca “restablecer la rectoría del
Estado”, “transformar a México” para convertirlo en un “país moderno, audaz, competitivo, triunfador y reposicionarlo [sic] como un actor con mayor responsabilidad global”, según sus propias palabras. Enrique Peña Nieto sólo
1) Su “nueva” política de seguridad, de la cual los
delincuentes no se han enterado porque siguen actuando con el mismo ímpetu de siempre; plan que está
condenado al fracaso porque, al igual que el calderonismo, no aborda las causas económicas que obligan a
miles de personas a vivir como forajidos. Al obstinarse
en mantener la “disciplina” fiscal y profundizar el
modelo neoliberal, mantendrá intocados los factores
antisociales que marginan y empobrecen a millones de
mexicanos: el estancamiento económico; la escasa
creación de empleos formales; el agravamiento de las
condiciones del mercado de trabajo con la contrarreforma laboral; la pérdida del poder de compra de los
salarios debido a su contención; la pésima calidad de
los servicios públicos sociales; el alza arbitraria e impune de los precios de los bienes y servicios públicos; la
regresividad impositiva fiscal (el IVA a alimentos y medicinas) agudizará la pérdida en los ingresos de las mayorías y la inequitativa distribución del ingreso.
2) Su salinista “cruzada” contra el hambre –y otras
medidas caritativas– a la que califica como el “piso
básico de bienestar social” es tan sólida como el suelo
de un pantano donde se hunden 80 millones de miserables y pobres. Sólo atiende a las manifestaciones de
la exclusión social y se limita a atender a los primeros,
cuyas carencias serán compensadas con unas cuantas
monedas y obras públicas para que tengan una muerte sencilla, justa, eterna, silenciosa y agradecida con la
caridad peñista. En cambio, los pobres seguirán abandonados a su suerte por no acreditarse como miserables consumados.
3) La reforma educativa de “calidad”, que nada
novedoso ofrece a sus problemas nodales (castigo presupuestal, deterioro de la infraestructura y la calidad
de la educación pública, cobertura limitada, privatización, intervención religiosa), sólo hace a un lado a Elba
de la estructura corporativa y gansteril que caracteriza
al sindicalismo y coloca a otra persona igual a ella que
aceptó someterse a los dictados del Ejecutivo, sin los
cambios que requiere la relación Estado-maestroseducandos.
4) La creación del Instituto Nacional del Emprendedor, sucedáneo a la falta de empleos estables y mejor
El periodista Francisco Reséndiz, de El Universal, se tomó la molestia de hacer el recuento de sus
actividades: 80 discursos y tres mensajes a la nación;
85 actos públicos; gira a 23 estados y visita a cuatro países; inauguración del inicio de cuatro obras;
la emisión de varios programas, planes e iniciativas
(ley de víctimas, contra el delito, desarrollo urbano,
de vivienda, forestal, telecomunicaciones, además de
las citadas previamente). En resumidas cuentas, en
100 días demostró que es un incansable viajero con
¿Valió la pena el festejo ante esos “logros”?
¿Cuánto costó a los mexicanos la renovación del culto
a un incansable príncipe viajero y escenográfico, cuyas primeras actividades se reducen a los escarceos
de lo que será su mandato?
Quizá por timidez, acaso por prudencia ante la
suspicacia, Enrique Peña Nieto omitió señalar lo más
relevante de sus acciones, postura compartida por
sus súbditos y sus epígonos a sueldo que se encargaron de ocultarlas con sus apologías.
Por un lado, Peña Nieto omitió destacar la estrategia que emplea para recuperar la rectoría del Estado, reconstruir el poder presidencial para lograr un
gobierno centrado en la fortaleza del Ejecutivo, en
el escenario de lo que se ha llamado “gobiernos divididos”, renovar el vínculo estructural y orgánico con
su partido y replantear las relaciones con los grupos
dominantes y de poder; por otro, la manera en que
avanza para convertir a México en un “país moderno, competitivo, triunfador”, con presencia internacional.
Para alguien como Peña Nieto, que dice que su
“religión es el pragmatismo”, no “se identifica con
algún dogma político”, no tiene “ideología”, que su
“valor máximo [es] el éxito” y lo único que importa
son “los resultados”(Carlos Puig, “Enrique Peña Nieto: la lógica pragmática”, Letras Libres, junio de
2012), la ruta que ha trazado para consolidar su
gobierno, ampliar sus márgenes de gobernabilidad,
legitimarse y “modernizar” a México, no deja de ser
Su inodoro pragmatismo “centrista”, al estilo
del manoseado principio de Deng Xiaoping (“lo
importante no es el color del gato sino su pericia en
cazar ratones”), no logra ocultar el dogma político
que profesa, la ideología que abraza y e ilumina su
camino y los resultados que espera obtener:
a) Reciclar el antiguo régimen presidencialista
autoritario, dominado por un Ejecutivo fuerte que
impone los cambios desde arriba, al margen de la
sociedad, somete a los poderes Legislativo y Judicial,
así como a las clases sociales; que emplea el poder
político para tratar de ubicarse como el supremo árbitro que reproduce las formas de dominación y manipulación autoritarias y corporativas conocidas entre 1929 y 2000, como parte de la estrategia que aspira asegurar el retorno de las élites priístas y su partido al poder por un nuevo largo periodo.
El politólogo Arnaldo Córdova ha definido con claridad las características que identificaron al viejo presidencialismo priísta: 1) la apariencia de la alianza institucionalizada entre el gobierno y los grupos de poder;
2) la existencia de un presidente con poderes institucionales y metaconstitucionales extraordinarios los cuales emplea para garantizar la estabilidad política (concesiones y castigos); 3) el presidente como árbitro supremo a cuya representatividad todos los grupos someten sus diferencias y a través de él legitiman sus intereses;
4) la glorificación del poder presidencial que lo “podía todo”; 5) la relación personal, el compadrazgo y el
servilismo como formas de dependencia y de control.
b) Su convencimiento de que la radicalización del proyecto neoliberal de nación, con algunos ajustes
para mejorar su funcionamiento, es la única alternativa para garantizar la “modernización” de la nación, pese
a su quiebra a escala mundial, su naturaleza socialmente excluyente (que sólo ha beneficiado a la oligarquía,
el 1 por ciento de la población, y a un 19 por ciento más) y que su integración desigual y subordinada a la
economía global sólo asegura su condición desacreditada de paria en el escenario internacional. Que esa
estrategia económica sólo comprometerá la estabilidad y el futuro del país, ya que agravará los conflictos
Es cierto que el actual escenario político de la nación es diferente al del pasado, debido a la emergencia
de otras fuerzas políticas dentro del sistema de partidos y que participan en las Cámaras de Diputados y
Senadores, y al de otros grupos que actúan con mayor libertad que el viejo régimen presidencialista priísta.
Sin embargo, diversas decisiones adaptadas por Peña Nieto pretenden reproducir la antigua estructura
de dominación. Entre éstas sobresalen:
-La distancia que toma con los grupos de poder con la detención de Elba Esther Gordillo, como advertencia de lo que le puede suceder a aquellos que no acepten someterse al presidente.
-Los cambios en la ley de telecomunicaciones que acota, sin destruirlo, el poder económico y político de
varios de los principales representantes de la oligarquía. Según la periodista Jesusa Cervantes, de Proceso, en
enero pasado Enrique Peña Nieto se reunió con Elba Esther Gordillo y le exigió su renuncia, y al oponerse,
hoy Elba paga los costos; con Carlos Romero Deschamps, quien le dijo: “Conmigo no vas a batallar”; con
Ricardo Salinas Pliego, quien dijo: “Estoy a tus órdenes”; con Emilio Azcárraga, quien quiso pasarse de listo
bajo el argumento de que eran amigos y que él lo había llevado a la Presidencia, a lo que Peña respondió: “No,
tú me vendiste una estrategia de campaña y no te debo nada”; y con Carlos Slim tuvo un ríspido encuentro.
-Las concesiones a la misma oligarquía con la contrarreforma laboral y la reprivatización disfrazada del
sector energético y la reforma a las comunicaciones, entre otras se impondrán y que le abrirán espacio a otros
empresarios como forma de replantear los equilibrios entre los verdaderos grupos de poder.
-La cooptación de opositores (Mario Di Costanzo, Emilio Zebadúa, Rosario Robles, Manuel Espino, René
Arce, Víctor Hugo Círigo, el acercamiento con Miguel Ángel Mancera o Graco Ramírez) con el objeto de debilitar a la oposición panista, perredista y otras organizaciones que existen fuera del sistema de partidos.
-El Pacto por México, el arreglo cupular entre los tres principales partidos políticos y el Ejecutivo para
legitimarse e imponer sus reformas, al otorgarles algunas concesiones controladas por el Ejecutivo.
-El Ejecutivo generoso y protector que utiliza la política social como forma de control de la población de
bajo ingresos que, eventualmente, le garantizarán su credibilidad y los votos necesarios para ampliar los
triunfos electorales estatales a su partido y su permanencia futura en la Presidencia de la República.
-Los cambios en el funcionamiento de la administración y las instituciones para someterlas a su dominio
(la electoral, de acceso a la información, etcétera). El Poder Judicial siempre ha mostrado su alegría por mantener su condición de siervo generosamente remunerado y beneficiado.
-La eliminación del fuero a los legisladores y el mantenimiento de la impunidad del Ejecutivo.
-La sustitución de la “sana distancia” entre Peña Nieto y su partido por el “insano sometimiento” de
antaño: acepta arrojar a la basura los resabios del viejo “nacionalismo revolucionario” para abrazar abiertamente la ideología neoliberal de la derecha y que defiende el mexiquense; reafirma su lealtad y el control del
jefe; se compromete a llevar a buen término de sus iniciativas en el Legislativo; admite el retorno del “dedo
mágico” que erigirá a los candidatos a los puestos de elección popular.3
Roberto Galindo Domínguez*
casi 4 meses del cambio de estafeta en el gobierno federal y con esto de cambio del titular de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México
(Unadm) no da muestras de mejoría. En el número 317 de Contralínea expuse algunas de las más
graves irregularidades que se viven en esa “institución educativa”, referentes
a la deficiencia académica de los programas de estudio, las dificultades de su
plataforma virtual y las desfavorables condiciones laborales, sobre todo de
sus facilitadores (profesores) y de los supervisores. Todo parece indicar que el
nuevo titular de la SEP, Emilio Chuayffet, no se ha dado ni por enterado de la
crisis que se vive en la Unadm, y con ello está desaprovechando la oportunidad de corregir el rumbo del proyecto educativo virtual engendrado durante el
gobierno panista de Felipe Calderón.
Es evidente que a las autoridades administrativas y académicas de la
Unadm sólo les interesan los cambios de imagen y no de contenido y fondo.
En enero de 2012 se beneficiaron de un decreto oficial para pasar del proyecto
educativo denominado Educación Superior a Distancia a ser oficialmente una
universidad, sin que hasta ahora se pueda decir que esa institución merezca
ser llamada de tal manera. Su más reciente cambio ha sido solamente de sede,
pues ahora gran parte de las oficinas administrativas y académicas ocupan el
piso 3 de la otrora Torre Banobras (Torre Insignia) en Avenida Insurgentes Norte,
423, Nonoalco Tlatelolco, en la delegación Cuauhtémoc. Pero eso no ha significado ningún beneficio para los facilitadores y ni para los alumnos. Al contrario,
el panorama de éstos se vuelve cada vez más pernicioso.
Finalmente, y después de 11 meses de iniciado el cuatrimestre 2012-02
(abril-agosto) y a 7 meses de terminado el mismo, se ha procedido con el pago
a muchos de los facilitadores que no lo habían recibido, aun cuando la Unadm
establece que el pago por los servicios académicos prestados por el facilitador deberá ser remunerado dentro de los siguientes 90 días de culminado el
periodo educativo, lo que significa 3 meses después de este hecho, con lo que
todos los facilitadores que laboraron el mencionado cuatrimestre debieron de
haber recibido su pago a más tardar en noviembre del año pasado. Ese margen de 3 meses ya es de por sí una situación grave, que además las autoridades administrativas, y principalmente Héctor Luna Reyes (del Enlace
Administrativo y Responsable de Pagos), violan constantemente. No confor-
mes con esos 3 meses de margen, retuvieron el pago hasta marzo de
Ante tal retraso, se solicitó información a la maestra Mónica Ángeles Cervantes, del Área Administrativa de la Unadm (vía telefónica y por
correo electrónico), quien desde diciembre del año pasado señalaba que
el recurso económico ya había sido asignado a las diversas sedes de pago
(universidades e institutos tecnológicos) y que ya todo dependía de éstos.
Para poner un ejemplo del proceder de dichos centros educativos en cuanto a los pagos, menciono el caso de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), donde cobra una gran cantidad de facilitadores del
Valle de México. Desde diciembre se solicitó información (vía telefónica)
al respecto a la licenciada Ana Karen García, del Departamento de Contabilidad, quien es señalada por las autoridades administrativas de la
Unadm como una de las responsables de los pagos en la UTN. La licenciada García confirmó que el recurso para el pago de facilitadores ya había
sido recibido por dicha Universidad, pero que los pagos no se podían realizar debido al cambio de rector de la institución, ya que los contratos de
los facilitadores tenían el nombre del rector saliente (Israel Jerónimo López)
y que debían generar nuevos contratos para que los firmara el rector
entrante (Noé Molina Rusiles, quien recibió su nombramiento como rector desde el 1 de julio de 2012). Parece increíble que para hacer nuevos
contratos se tardaran 3 meses y, peor aún, que no hayan previsto esa
situación desde julio. Durante ese tiempo se solicitó información al Departamento de Contabilidad, pero nunca más se tuvo comunicación con la
licenciada García, a quien, evidentemente, la secretaria del área, Lilia Hernández, negaba. Misma que reiteradamente mencionó que el retraso en
los pagos no era responsabilidad de la UTN y que todo dependía de la
Unadm. Así, durante 3 meses, varios “servidores públicos” de ambas instituciones achacaban la responsabilidad a su contraparte. Ante la falta de
información se le solicitó a Lilia Hernández hablar con Jorge Arturo Castaño (profesional técnico en administración), director de Administración y
Finanzas de la UTN. Las respuestas fueron siempre las mismas: “se encuentra de viaje en Toluca” o “su agenda es muy apretada”. Se solicitó una
cita con el licenciado Castaño, la cual nunca fue otorgada, y Lilia Hernández me indicó que sin ésta no se permite el acceso al campus.
Una vez que se realizó el pago, los facilitadores se encontraron con
la desagradable sorpresa de que en esta ocasión no se les pagaba un cuatrimestre sino un trimestre, es decir, se les recortó su salario en 1 mes, lo
que no quiere decir que no hayan trabajado los 4 meses, pues el cuatriCONTRALÍNEA
mestre en cuestión inició el 23 de abril, de acuerdo con un comunicado
emitido vía correo electrónico por la entonces responsable del Área Académica, la maestra Soila del Carmen López Cuevas, y aunque en éste se
señalaba que finalizaría el 13 de julio, en realidad culminó con la entrega
de actas entre el 17 y el 27 de agosto, mismas que, de acuerdo con instrucciones de supervisores y coordinadores de la Unadm, debían ser impresas después del 14 de agosto (se tiene copia de los documentos, además
de evidencias que demuestran que los facilitadores estuvieron en activo
del 13 de julio y hasta el 27 de agosto en actividades de revisión, evaluación, atención de alumnos y elaboración de las actas finales de calificaciones). Lo anterior certifica que los facilitadores trabajaron del 23 de
abril al 27 de agosto, en suma, 4 meses y no 3. Cabe señalar que dichas
actas tienen la leyenda de cuatrimestre y no de trimestre. Así, sin mediar
explicación, el cuatrimestre se convirtió en trimestre en lo que debe ser
considerado como un atraco a los facilitadores. Entre los trabajadores de
la Unadm (omito nombres para evitar represalias) se habla de que los
cuatrimestres se han vuelto trimestres por una decisión de las áreas Administrativa y Académica sin sustento y sólo para efectos de pago, pues
ellos siguen trabajando 4 meses.
Aunque no se ha emitido un aviso oficial para la reducción del periodo escolar, eso ya es una práctica común. Cabe señalar que con esta decisión la Unadm viola su normatividad, pues en el oficio circular DGAIR/
031/2010 y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 3 y 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 7, 9, 10, 11,
12, 14, 33 (fracciones I y II y último párrafo), 37, 46, 47, 49, 50, 60 al 64 de
la Ley General de Educación; el artículo 41, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la SEP, la Unadm suscribió las Normas de Control Escolar,
aplicables a los servicios educativos del tipo superior que imparte la Subsecretaría de Educación Superior, en la modalidad no escolarizada (abierta
y a distancia), que específicamente en su Norma 1.6 Estructura General
del Plan de Estudios establece que “el modelo educativo cuenta con las
siguientes características: los programas del nivel técnico superior universitario se cursarán de forma ordinaria en 2 años, en tanto que los de licenciatura tendrán una duración de 4 años. La estructura académica de los
planes y programas de estudio será cuatrimestral” (www.controlesco
lar.sep.gob.mx/images/pdf/Normas/superior/educabiertad.pdf). Documento aún vigente en la página de la SEP: no se tiene ningún otro al respecto
de la educación a distancia. Aparte del despojo económico a los facilitadores, se debe de pensar cómo se solventará el tiempo de la educación de
los alumnos si ahora se le recorta 1 mes a su educación.
Ante el constante y prolongado retraso en los pagos y si el presupuesto de la Unadm es asignado para su gasto económico corriente del
año en turno (como ya se mencionó en el número 317 de Contralínea)
desde las áreas Académica y Administrativa se retenían las procedencias de pago sin razón alguna y ahora el recurso económico es también
retenido en los centros de pago, como en el caso de la UTN, entonces
cabe hacernos una pregunta: ¿qué pasa con los intereses generados por
el dinero cuando está en las cuentas bancarias de la Unadm y de los
centros de pago? Parecería trivial hablar de esto, pero si se considera
que la Unadm cuenta con 2 mil 940 facilitadores, como aparece en el
Anuncio Programático Presupuestal 2013, de la Dirección General de
Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, K00 Universidad Abierta y a
Distancia de México E0 45 Universidad Virtual, en su página 5 (http://sippac2013.sep.gob.mx/anunciopp2013SEP/OrganosDesconcentrados/URs/K00
/matrizIndicadores.PDF) y que sus pagos por cuatrimestre eran de alrededor
de 28 mil pesos, estamos hablando de poco más de 82 millones de pesos,
por lo que los intereses generados por esa cantidad ascienden a una suma
significativa, y más cuando los retrasos son de varios meses ¿Qué nos pueden decir al respecto las áreas de Administración de la Unadm y la UTN?
Algunos facilitadores han revelado (omito nombres para evitar represalias) que además de lo anterior, las autoridades académicas y administrativas
tomaron otra sorprendente y desatinada decisión que se ha llevado a cabo
desde el cuatrimestre 2012-03, y ésta fue solamente asignar un grupo a cada
facilitador a pesar de que desde el inicio del proyecto y hasta el cuatrimestre
(perdón, trimestre) 2012-02, los facilitadores eran responsables de dos grupos, cada uno de entre 25 y 30 alumnos. Y aunque ese hecho no está consignado en la página electrónica de la Unadm, en el mismo Anuncio Programático
se establece que la matrícula asignada a cada facilitador debe ser de aproximadamente 60 alumnos. Con lo que se podría pensar que esa decisión ha sido
acorde con la de recortar el cuatrimestre a trimestre, al disminuir al mismo
tiempo el número de alumnos y en consecuencia el salario de los facilitadores. Pero no, aunque parezca increíble, ahora los facilitadores deben atender
un grupo que en el mejor de los casos es de 75 alumnos y en otros llega hasta
los 90, lo que en realidad implica atender tres grupos de los originales en un
lapso de 3 meses y no de 4, lo que invariablemente disminuirá la ya de por sí
deficiente preparación de los estudiantes. A este respecto cabe una reflexión,
si los alumnos inscritos al primer cuatrimestre de 2013 son 49 mil, así se consigna en el Anuncio Programático (página 2), y los profesores son 2 mil 940, y
los estudiantes toman máximo 4 materias por trimestre (www.unadmexico.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=268&Itemid=232),
entonces cada facilitador debe atender un promedio de 66 alumnos, lo que
está completamente de acuerdo con lo señalado en el Anuncio Programático.
¿Entonces por qué ahora a cada facilitador se le están asignando de 75 a 90
alumnos? Existen dos posibles respuestas: 1. Hay facilitadores que tienen
más alumnos que otros, lo cual no sería equitativo; y 2. La cifra de 2 mil 940
facilitadores no es correcta. Para no especular al respecto, el rector de la
Unadm, el maestro Manuel Quintero Quintero, debe aclarar tal situación.
El sentir de varios facilitadores consultados es que cada vez se les trata
peor, que sus esfuerzos y preparación no son valorados. Consideran que con el
aumento de alumnos y la disminución salarial y del tiempo de cada periodo
escolar se desvinculan más de la Unadm. No es de genios saber que un profesor que se siente menospreciado por la institución con la que colabora disminuirá su interés en la enseñanza y pasará de la excelencia a la mediocridad
educativa. Es así que se llega a situaciones ya por todos conocidas en la relación laboral e institucional de la SEP y muchos de sus maestros: “Tú haces como
que me pagas y yo hago como que enseño”. Ante la evidente discapacidad de
las áreas Académica y Administrativa de la Unadm es conveniente preguntarle
al maestro Manuel Quintero el porqué de tantas aberraciones administrativas
y académicas en detrimento de la educación.3
*Maestro en ciencias; arqueólogo subacuático; diseñador gráfico; integrante
del taller Madre Crónica.
Respeto a usos y
indígenas, sólo en el papel
e debe distinguir entre los nuevos grupos de
autodefensa que están surgiendo en Guerrero (y
en otros estados de la República) y la Policía
Comunitaria, la cual lleva ya una tradición de existencia y resultados de más de 17 años. A su vez, a
ambos grupos se les debe distinguir también del
paramilitarismo y del crimen organizado, cuyos fines de existencia
no son la protección de las poblaciones. Igualmente se deben respetar los usos y costumbres de las comunidades de Guerrero, cuyo
derecho a formar una policía con normativa propia es legítimo y
legal, pues su existencia está actualmente sustentada por tratados internacionales y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política guerrerense.
do con sus propios usos y costumbres, en los hechos estaría convirtiendo a la Policía Comunitaria en un cuerpo auxiliar policiaco
municipal sin independencia ni jurisdicción real, atado a las disposiciones del sistema jurídico estatal y no a la Asamblea Comunitaria.
Esta última se estaría convirtiendo, por tanto, en representante y
administradora sin capacidad jurídica.
La cuestión es, si se siguen los argumentos presentados, que
la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero (ya
vigente) explícitamente “reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa-Montaña y al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias para todos los efectos legales a que haya
lugar” (artículo 37). Y, como sistema jurídico, incluye el reconocimiento a “la existencia y la validez de sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas con características
propias y específicas en cada uno” (artículo 35). Sin embargo, la
Necesario, que el Estado mexicano respete los usos y costumbres de las
comunidades de Guerrero, cuyo derecho a formar una policía con normativa propia es legítimo y legal: su existencia está sustentada por tratados
internacionales, la Constitución nacional y la Constitución guerrerense
Estas observaciones fueron presentadas por representantes de la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero dentro del coloquio titulado Pluralismo Jurídico y Conflictos Sociales, realizado en instalaciones
de la Universidad Nacional Autónoma de México, el pasado 27 de
En dicho coloquio, Valentín Hernández y Pablo Guzmán, representantes de la CRAC-PC, denunciaron el fin oculto en la iniciativa de decreto por medio del cual se crea el cuerpo de la Policía
Comunitaria de Guerrero que, mientras en el discurso reconoce el
derecho de los pueblos indígenas a regirse internamente de acuer16
nueva iniciativa de decreto, que supuestamente estaría complementando la ley actual (logro político de las comunidades indígenas), en lugar de respetar la autonomía jurídica de los pueblos
indígenas, la cancela: limita a la Policía Comunitaria y a sus consejos a funciones de detención en flagrancia o bajo órdenes de
“autoridades ministeriales competentes” (artículos 12 y 13 de la
iniciativa), con ello se les impide investigar, llevar juicios o retener a los acusados por más tiempo del “estrictamente necesario
para ponerlas a disposición de las autoridades ministeriales”.
La redacción de la iniciativa de decreto no sólo entra en contradicción con la Ley 701 de Guerrero, sino que contradice sus proCONTRALÍNEA
La administración de Guerrero reconoce que en el caso de la Policía
Comunitaria que opera en la entidad “no se trata de grupos armados o
guerrilleros, sino del restablecimiento de sus órganos tradicionales de vigilancia que el derecho internacional les confiere”
pios argumentos internos (como veremos) y destruye la esencia
del derecho de los pueblos a regirse por propios usos y costumbres; es decir, el derecho a solucionar sus conflictos internos de
acuerdo con formas propias, formas que, si bien deben respetar
las normas constitucionales, tratados internacionales y derechos
humanos y de la mujer, son singulares a cada pueblo y obedecen no
sólo a sistemas jurídicos diferentes, sino a cosmogonías y filosofías de vida particulares y no reducibles a meras autonomías administrativas.
Los límites propuestos en la iniciativa de decreto dan al traste con toda una práctica y filosofía de justicia que el propio decreto reconoce: “han dado resultados positivos”. A estas prácticas
y filosofías de justicia la misma CRAC-PC las ha denominado procesos de “reeducación” y, de
acuerdo con sus representantes, no sólo ha sido exitoso en tanto que logra una
reinserción del delincuente a
la sociedad, sino que, más
allá de un proceso enfocado
en el castigo del hallado culpable, invita a la reflexión de
los actos por parte del sentenciado, quien es persuadido
por un consejo de ancianos e
implica un proceso de revaloración de la propia persona en
su papel dentro de la comunidad a través del pago de la
falta con faenas o trabajo comunitario. Este proceso, a decir de los propios miembros de la CRAC-PC, es tan efectivo que
muchos de los procesados decidieron integrarse a la Policía Comunitaria (que es una labor voluntaria) o integrarse a nuevas faenas
habiendo ya cumplido su sentencia.
La iniciativa de decreto contradice los propios argumentos de
los que supuestamente emana, pues en la parte introductoria se reconoce que los pueblos indígenas “tienen derecho a la libre autodeterminación”, “decidir sus formas internas” y “aplicar sus propios
sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos”. Nada de esto, como ya se argumentó, se retoma en la normativa propuesta; la Policía Comunitaria queda en realidad bajo
el mando del ministerio y jueces estatales y no del Consejo y AsamCONTRALÍNEA
blea de las comunidades, como en realidad dictan sus usos y costumbres.
Se argumenta que con este decreto se evita la usurpación de
funciones, pero en realidad es lo contrario: se usurpa a las comunidades de sus funciones de autonomía jurídica interna y se le
entrega al estado. Se argumenta que se corre el peligro de que las
policías comunitarias se conviertan en grupos delincuenciales; sin
embargo, el propio documento oficial reconoce su efectividad,
además, textualmente señala que la institución de la Policía Comunitaria “no se trata de grupos armados o guerrilleros, sino del restablecimiento de sus órganos tradicionales de vigilancia que el
derecho internacional les confiere”.
La iniciativa de decreto, a todas luces impositiva e irrespetuosa de las autonomías indígenas, ignorante de las
propias voces indígenas, de
las que dice respetar su autonomía, se impulsa en un
momento coyuntural que le
ha favorecido por la irresponsable actitud de muchos
medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos, que hablan de grupos de
autodefensa, grupos criminales y policía comunal de
forma indistinta, sin distinguir situaciones ni contextos.
En el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria, sus acciones cuentan con un reglamento propio y aprobado por las 107 comunidades donde actúan en 14 municipios; y los
1 mil 200 policías comunitarios que la conforman actúan con rostros descubiertos, están registrados y son coordinados por cuatro
casas de justicia hasta hoy legalmente constituidas.
El contexto actual toma más peso y perverso sentido cuando
nos enteramos de que además de luchar por el derecho a la autodeterminación interna, la CRAC-PC se opone rotundamente al
establecimiento de megaproyectos mineros en su región.3
Tamayo*/Centro
de Colaboraciones Solidarias
ohn Perkins escribió Confesiones de un sicario económico.
Lo fue y develó que los “sicarios económicos” perpetraron
crímenes para alterar la economía de países empobrecidos y desviar sus recursos naturales para beneficio de
trasnacionales y bancos estadunidenses. Hoy, el 0.01 por
ciento de la humanidad, que se identifica como rico, actúa
contra 7 mil millones de personas sin recurrir a sicarios económicos, porque el sistema se ha rediseñado para su beneficio.
La crisis desvela lo más predador del sistema, pero el camino del
delito empezó décadas antes. Tras estallar la crisis financiera, millones de
víctimas fueron precipitadas a la pobreza. Reformas legales que son un
saqueo y una apropiación indebida más un descarado trasvase de lo público a manos privadas muestran que se delinque de forma generalizada.
La crisis de alimentos de 2008 fue por el salvaje aumento de precios en alimentos básicos a causa de la especulación. Los precios del
trigo y del maíz aumentaron un 25 por ciento. Hubo revueltas en 40 países y 130 millones de hambrientos más. Mientras multinacionales como
Bunge, DuPont, Cargill, ADM o Syngenta controlan más del 70 por ciento de la oferta de cereales e imponen sus precios, Goldman Sachs, JP
Morgan, Bank of America, Santander, BBVA y Deutsche Bank especulan
con el precio de los alimentos.
Jean Ziegler, quien es vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denunció que “son
las estructuras económicas criminales las que fabrican la masacre cotidiana del hambre”. Y el hambre, nos dice Ziegler, es hoy la principal causa de muerte en el mundo. Incluso más que las guerras, las enfermedades
¿Y la crisis? Para Rafael Poch, la crisis es un “atraco perfecto”. Primero quiebra el sistema financiero “víctima de su propio latrocinio”,
nos explica, pero se salva con un rescate astronómico de dinero público
(905 mil millones de dólares para los países del Grupo de los 20, según
el Ministerio Federal de Finanzas de Alemania). Y entonces se pasa al
segundo atraco. El problema ahora es la deuda, no el atraco causante
de la crisis. La deuda es por el excesivo gasto social, dicen. Por tanto,
[se combate con] menos seguros de desempleo, menos seguridad social,
más privatización (desmontar lo público), menos derechos laborales,
más abuso y más desigualdad. Puro pillaje.
La crisis en realidad no es el principio sino el resultado de las tropelías que desde la década de 1970 perpetran quienes iban controlan-
do la economía. Para muestra, la actividad de Goldman Sachs, grupo
de banca de inversión, condenada en 1929 por estafa financiera. Goldman Sachs maquilló y ocultó cifras reales de la economía griega para
que ese país pudiera formar parte de la Eurozona. La crisis de hipotecas basura es otra prueba de la conducta criminal del sistema financiero. Todas las investigaciones y auditorías demuestran que un cúmulo
de bancos y agencias de calificación engañaron a sabiendas, al garantizar la seguridad de los títulos que contenían hipotecas incobrables.
La crisis y las presuntas medidas para combatirla han supuesto
una violación sistemática de los derechos fundamentales, un escandaloso aumento del paro, más hambre y millones de personas pobres en
Europa. Y en las décadas de 1980 y 1990, los ajustes impuestos por
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial acarrearon gravísimos costos sociales a las poblaciones de África, América Latina, Asia
Carmen Sarasúa y Lourdes Benería nos explican que, según la
Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier conducta que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o
física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”.
¿Acaso la crisis y sus efectos no recuerdan esa definición? ¿No
hay responsables de tanto daño?
Hay responsables, porque los “mercados” tienen nombres y apellidos. Son instituciones concretas que han forzado el descontrol de
los mercados financieros, han promovido el ahogo ciudadano y han
creado esta situación. Un reciente informe de Stefano Battiston, James
Glattfelder y Stefania Vitali ha demostrado que en realidad los “mercados” son 737 bancos, compañías aseguradoras y corporaciones industriales que controlan 43 mil empresas multinacionales: gente que
decide, personas responsables de lo que ocurre, personas a las que se
Es preciso definir los nuevos crímenes económicos contra la humanidad, denunciarlos, investigarlos y perseguirlos. Y así como se crearon
instituciones y procedimientos para perseguir crímenes de guerra, hay
que hacer lo mismo con los crímenes económicos contra la humanidad; e incorporar ese concepto al discurso ciudadano en la lucha por
la recuperación de la democracia y la superación de la crisis-estafa.3
SAQUEO Y
En el tercer municipio más pobre de Oaxaca, la extracción de oro y plata deja a la trasnacional
canadiense Fortuna Silver Mines –a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán– cientos
de miles de onzas de los minerales preciosos. Sólo por la extracción de oro podría haber ganado 360
millones de pesos en 2012. En contraste, el pago por las concesiones al gobierno mexicano ascendió apenas a 2 millones de pesos y dejó en el municipio 8 millones de pesos para “obras públicas”.
Los pobladores, en la incertidumbre ante los efectos al medio ambiente, a la salud y al tejido social
an José del Progreso, Oaxaca. Las boyas metálicas le
impusieron bajar la velocidad del automóvil. Su hermano, el copiloto; su prima,
la acompañante. A la par,
un vehículo Tsuru sin placas seguía su curso sin detenerse. Una ráfaga de plomo atravesó los cristales del automóvil guinda de
Bernardo Vásquez Sánchez.
Era el 15 de marzo de 2012, pasaban
las 21:00 horas. Bernardo dio un volantazo. “¡Me dieron!”, gritó. El joven, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos
del Valle de Ocotlán (CPUVO) –organi-
zación opositora a la operación de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines–, apenas alcanzó a desviarse de la carretera. Sus últimos respiros quedaban en
las inmediaciones del municipio de Santa Lucía Ocotlán.
El copiloto, Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, se resguardó lo
más que pudo sobre su asiento, pero igual fue herido. Rosalinda se
dejó caer sobre el sillón trasero, que terminaría bañado en sangre.
El auto de Bernardo se detuvo completamente, su propio resuello
estaba a punto de hacerlo. Las balas que le habían penetrado el cuerpo, ahí se alojaron. Una, en el pulmón derecho, fue letal.
A 15 minutos de distancia, las festividades del patrono
comenzaban a alistarse. La algarabía religiosa se teñía de rojo.
Bernardo moría, Rosalinda estaba herida en la pierna derecha por una bala que casi le destroza la rodilla, de la que aún
no ha podido reponerse.
“¡Queríamos salvarlo!”, dice ella, en entrevista con Contralínea. Pararon un taxi. El conductor los ayudó a sacar a Bernardo y
trasladarlo a un consultorio médico particular. Murió al llegar al
lugar donde se le brindaría atención. “Tenía varios impactos [en
espalda y cadera], había entrada, pero no salida”, recuerda la joven.
Meses antes, señala Rosalinda, “en un video que circuló en
YouTube, se amenazaba la vida de Bernardo. En éste se burlaban
de las personas que estaban en el movimiento en contra de la mina.
En un vertedero de la presa municipal quedó inscrita la sentencia
de muerte: ‘Te vas a morir, perro Bernardo Vásquez’” (sic).
Él es la segunda víctima perteneciente al movimiento opositor
a la Compañía Minera Cuzcatlán. Ingeniero agrónomo de profesión por la Universidad de Chapingo, fue, como mucha gente de
campo, emigrante a Estados Unidos. Allá trabajó como albañil
para ayudar económicamente a su familia, compuesta por nueve
hermanos y sus padres.
Cuando regresó a México en 2008, la minera canadiense ya
había comenzado los trabajos de explotación de oro y plata en la
zona. La falta de consulta a los integrantes de la comunidad indígena zapoteca puso en alerta al activista. Comenzó, junto con hermanos, familiares y oriundos del municipio, la defensa de su
territorio, relata su hermano y sustituto al frente del CPUVO, Leovigildo Vásquez Sánchez.
El informe Transición traicionada: los derechos humanos en México
durante el sexenio 2006-2012 –elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)– indica que “la empresa minera Cuzcatlán ha violentado diversos
tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula el consentimiento previo, libre e informado para la realización
de proyectos en territorios indígenas”.
Independientes dice que “los gobiernos deberán consultar a los
pueblos interesados cada vez que prevean medidas susceptibles de
afectarles directamente, y establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adaptación de decisiones en
instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se reitera que
los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones
y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio
desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán
y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
El gobierno federal es quien genera los conflictos vinculados a
los proyectos mineros, “ya que ellos otorgan permisos y no consultan con el gobierno de Oaxaca. El gobierno estatal reconoce
que no hubo un proceso de consulta y acepta que no está bien regulada la consulta a
nivel federal”, comentó Eréndira Cruzvillegas Fuentes, comisionada de Derechos
Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca,
ante integrantes de la Misión Civil de
Observación Justicia para San José del
Progreso, en la que participaron 19 organizaciones civiles estatales, nacionales e
Además, la comisionada reconoció que
“el origen de la división social en varias de
las comunidades, como en San José del Progreso, es por el dinero que vienen a ofrecer
las empresas trasnacionales a través de los
megaproyectos, y que generan una violencia social en el estado”.
El documento del Centro Prodh afirma que se “ha generado un clima de tensión social y política al interior de la
comunidad, mismo que el gobierno de
Oaxaca ha minimizado bajo el argumento
de que es un conflicto interno por el control y el poder del municipio.
“La empresa minera no ha asumido su
responsabilidad con los pueblos y comunidades del Valle de Ocotlán. En todo
momento se ha deslindado de la problemática de San José del Progreso y de las graves
violaciones a los derechos humanos. Esta
situación corrobora la tesis de las comunidades y organizaciones que les acompañan
acerca de que en México se protegen los
intereses privados de empresas trasnacionales por encima de la vida de las comunidades y de defensoras y defensores de
derechos humanos. En Oaxaca, esta situación ha cobrado la vida de varias personas,
se han vivido enfrentamientos entre pobladores, encarcelamiento y procesos penales
contra quienes se oponen a la mina”, dice
el Centro Prodh mediante su informe.
El 18 de enero de 2012 fue asesinado
Bernardo Méndez, y herida de gravedad
Abigail Vásquez Sánchez, quienes también
se oponían al proyecto de la Compañía
Minera Cuzcatlán.
4En Oaxaca, octavo productor de oro y plata a nivel nacional, se desarrollan 33 proyectos
mineros privados. En la imagen, una protesta por los costos sociales de esta industria
CONTRALĂ?NEA
Ante la falta de consulta previa de los pueblos, que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Arturo de
Jesús Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca, considera que “han sido violados los derechos de la población de una forma sistemática. No hubo
consulta, sino imposición. Hay una estrategia de entregar beneficios de parte de la empresa. Nos preocupa también la violencia que
se ha dado y observamos el desgaste de la
En una reunión con integrantes de la
Misión Civil de Observación “Justicia
para San José del Progreso”, aseguró que no
ha habido una atención integral para este
“conflicto complejo”. Esto ha provocado un
grave deterioro en la seguridad de las personas que defienden la causa y no se han visiCONTRALÍNEA
bilizado las violaciones a derechos humanos
de comunidades completas.
Peimbert Calvo aceptó que existe una
crisis de credibilidad de los organismos
públicos en materia de derechos humanos:
“Faltan mecanismos y protocolos para
garantizar los derechos humanos de los
defensores, pero estamos trabajando en ello.
Estamos en un proceso de implementación
y diseño de protocolos en varias áreas”.
Francisco Cravioto, investigador y monitor de políticas públicas
relacionadas con industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis
e Investigación, explica que en San José del Progreso existe un conflicto social grave desatado por la presencia de un megaproyecto.
“Aquí vemos cuál es el resultado de que no se haga una adecuada instrumentación de la consulta. Este derecho no es aislado, parte del reconocimiento que tienen los indígenas al uso y
aprovechamiento de su territorio y sus recursos. La consulta surge
como un mecanismo para que siempre que
vaya a haber una afectación, el estado tenga la obligación de consultar a las comunidades”, expone el investigador de Fundar.
de 10 hijos que ahora viven en un afán de lucha por su tierra. Para
él todo ha cambiado desde la llegada de la mina: la división del pueblo, la administración de los programas para aquellos que están a
favor del proyecto extractivo y la amenaza de degradación y contaminación ambiental que ve aproximarse.
Explotación y miseria
San José del Progreso es uno de los municipios más pobres de Oaxaca. Paradójicamente, un pueblo rico en oro y plata, ahora
extraídos por la filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, Compañía Minera Cuzcatlán.
El Catálogo de localidades, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), indica
que en este municipio habitan 6 mil 579
personas que viven en un alto grado de marginación municipal. Esta situación lo coloca como el tercero más pobre en todo el
estado gobernado, hasta 2010, por el Parti-
Los problemas de salud que pueda acarrear la extracción minera en
San José del Progreso es una de las preocupaciones que crece entre
la población. Tal es el caso de Mayra Cruz López, quien desde hace
algunos meses siente un continuo ardor en los ojos; a su pequeña
hija le comenzaron los problemas en la piel, unas manchas que parecen de resequedad en sus piernas.
Son máculas en forma de flor que han aparecido en la piel de
la niña de casi 4 años de edad. “Me dicen que es el jabón, pero antes
no pasaba. Le he puesto pomadas pero no se le quieren quitar”.
Algunos de los pobladores atribuyen este tipo de problemas a
la probabilidad de que se esté contaminando el agua, o al polvo que
hay en la región; sin embargo no tienen certeza de esto, pues no
cuentan con información clara del impacto
ambiental que trae consigo la extracción que
hace la minera canadiense.
San José del Progreso, un territorio cuya riqueza en oro
La organización internacional Hesperian,
en su Guía comunitaria para la salud
y plata es explotada por la trasnacional Fortuna Silver
ambiental, indica que con la minería “la conMines, es el tercer municipio más pobre de Oaxaca. En
taminación del agua y el excesivo uso de los
alto grado de marginación, 6 mil 579 de sus habitantes
recursos de agua da lugar a muchos problemas de salud. Además, la destrucción de la
tierra da lugar a la escasez de alimentos y al
hambre. Y la contaminación del aire, provedo Revolucionario Institucional y ahora por niente de las centrales eléctricas y las fundiciones construidas cerca
el aliancista Gabino Cué Monteagudo de las minas, ocasiona enfermedades graves… El carácter de la
(partidos de la Revolución Democrática y industria minera es explotar hasta el último pedazo de tierra y hasAcción Nacional). A nivel nacional ocupa ta el último trabajador disponible, sacrificando la salud, los dereel sitio 481, de los casi 2 mil 500 munici- chos humanos y el medio ambiente de las comunidades”, entre
pios que conforman la nación.
Datos de la Sedesol muestran que el
16.67 por ciento de las personas de este Minería, oscuro panorama
municipio viven en muy alto grado de marginación; el 75 por ciento, en alto grado y Rurik Hernández, integrante del Frente Amplio Opositor a la Minesólo 1 por ciento, en grado medio.
ra San Xavier, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, comenta
Andrés Vásquez, padre del dirigente que actualmente la minería deja un “panorama oscuro” para el país,
asesinado de la Coordinadora de Pueblos con más de 26 mil concesiones en todo el territorio nacional, en su
Unidos del Valle de Ocotlán, es uno de mayoría de oro y plata.
los campesinos que ha padecido las condiComo lo documentó Contralínea (edición 268), México ha
ciones de pobreza.
otorgado 26 mil 43 concesiones a mineras para explotar 51 milloHuérfano de padre y madre, don nes 994 mil 312.7 hectáreas, con base en los padrones de expediAndrés ha vivido toda su vida del trabajo en ción de títulos de concesión minera, de la Secretaría de Economía.
el campo. A sus 62 años de edad, es padre “Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación.
La empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines, representada en México por la Compañía Minera Cuzcatlán, ha extraído del
suelo oaxaqueño 1 millón 967 mil 96 onzas de metales preciosos.
De acuerdo con el Reporte anual 2012 de la trasnacional, la producción ese año ascendió a 1 millón 949 mil 178 onzas de plata y
a 17 mil 918 onzas de oro. Ésta es una de las 302 compañías, principalmente de capital canadiense, que tienen concesionada una
cuarta parte del territorio nacional.
La trasnacional que inició operaciones de extracción en el tercer municipio más pobre del estado paga anualmente al erario mexicano 2 millones de pesos por la concesión de 58 mil hectáreas,
asegura en entrevista Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán.
Con la producción extraída y la cotización del oro a nivel internacional por el World Gold Council –organización de desarrollo
de mercado para la industria del oro–, la minera canadiense podría
haber ganado 360 millones 80 mil 128 pesos ese año, sólo por este
metal. La institución cotiza, al 4 de marzo de 2013, la onza de oro
Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como
en la época de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras”.
Hernández, también integrante e investigador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, comenta que ante las reformas
constitucionales en derechos humanos, esta actividad extractiva viola los mismos, así como la Ley Minera: “garantiza la actividad minera, otorga los recursos naturales a cambio de algunos pesos. No es
posible que se esté otorgando el territorio nacional sin importar
nada, que haya despojos y coacción para despojar a los pueblos de
sus territorios”.
—Es el mismo principio, pero con una capacidad de destrucción mayor. En 10 años, los canadienses han sacado mucho más
de lo que sacaron los españoles en 2 siglos. Los niveles de destrucción y capacidad de trabajo con la nueva tecnología son impresionantes. Las minas mueven entre 60 y 300 toneladas en un sólo
camión, detonan miles de toneladas de explosivos al año y mueven
millones de minerales y de tierra. Son desarrollos gigantes.
“Las minas subterráneas no son diferentes, es todo un enjambre que construyen bajo tierra y luego regresan los desechos a la
mina. El problema más grande que estamos viendo aquí con la actividad minera subterránea (que no es visualmente tan impactante
como con la mina de tajo a cielo abierto) son los impactos a los
acuíferos, es algo muy serio. Toda el agua que se filtra y baja al espejo de agua de las comunidades. También, regresar los desechos pone
en riesgo la integridad por contaminación de todo un acuífero. Esto
es espantoso y no vamos a saber hasta dónde va a llegar toda la contaminación.”
4¡Queríamos salvar a Bernardo!: Rosalinda, quien fuera
herida durante el atentado
en 1 mil 570 dólares. En tanto, el Banco de
México mantiene el precio del dólar en
12.78 pesos.
En marzo de 2012, Contralínea (edición
274) documentó que las “trasnacionales
mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los recursos
obtenidos del territorio nacional. Las multinacionales extrajeron recursos minerales
por más de 552 mil millones de pesos entre
2005 y 2010, pero sólo pagaron al país
‘derechos’ por 6 mil 500 millones. Tan sólo
en 2008, las empresas canadienses, estadunidenses, australianas y brasileñas sacaron
de este país más de 50 toneladas de oro y 2
mil 600 de plata”.
El estudio Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas –elaborado por el Centro
de Estudios Sociales y de Opinión Pública
de la Cámara de Diputados de la recién
saliente legislatura– indica que “la próspera
situación de los consorcios minerometalúrgicos en el país, el auge internacional del
mercado de metales y el favorable escenario de políticas públicas han propiciado
–por ejemplo– que nunca antes en la historia de México se hayan extraído tanto oro
y plata como ahora.
“Este bonancible entorno cohabita con
otra faceta de la minería mexicana contemporánea, la de los accidentes que sepultan a
decenas de mineros, la de las difíciles condiciones laborales para amplios porcentajes
de trabajadores y la del otorgamiento de
enormes concesiones del territorio nacional
a empresas mineras que no están sujetas
al pago fiscal de regalías.”
Presencia en México y Oaxaca
Catálogos de la Secretaría de Economía (SE)
demuestran que Fortuna Silver Mines es
una de las 301 compañías extranjeras que
exploran y explotan los metales preciosos
El documento Empresas con proyectos
mineros en México, elaborado por la Dirección General de Minas de la SE, muestra
que otras firmas con capital de origen canadiense son Almaden Minerals, Aztec Metals
Corp, Canada Gold Corporation, Silver
Dragon Resources Inc, Ross River Minerals
Inc, por mencionar algunas.
Del Sistema Integral sobre Economía
de Minerales se desprende que Oaxaca es el
octavo productor de oro y plata a nivel
nacional. Son 33 los proyectos en todo
el estado, reconocido como el cuarto en
extrema pobreza del país.
Del listado –elaborado por la Secretaría
encargada de ejecutar políticas económicas
para el desarrollo del país– se desprende que
en este estado, el 79 por ciento de los proyectos pertenecen a empresas canadienses,
el resto con origen en Estados Unidos. Fortuna Silver Mines opera en San José del Progreso, en fase de producción, y en Tlacolula,
en exploración, ambas de oro y plata.
Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de
Administración y Finanzas de la Compañía
Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, asegura en entrevista que ésta es una empresa comprometida socialmente, y que sus
políticas tienen un perfil social y de cuidado del medio ambiente.
Comenta que la presencia de la minera en la localidad indígena zapoteca emplea a 750 personas, de las cuales el 66 por ciento
pertenece a la zona y el resto, a San José del Progreso. Todos los
empleados, en todos los niveles, se encuentran contratados bajo el
mecanismo de subcontratación (conocido como outsourcing). Esta
situación los desvincula directamente de la trasnacional y no genera obligaciones directas entre el obrero y el patrón.
El ejecutivo dice que en 2012 la minera dotó de recursos por 8
millones de pesos al municipio donde se encuentran sus instalaciones y otros 7 millones de pesos en 2011, con el fin de llevar a cabo
obras de infraestructura para los pobladores.
Alberto Mauro Sánchez Muñoz, presidente municipal de San
José del Progreso, defiende la presencia de la minera en la zona. En
entrevista con Contralínea y con integrantes de la Misión Civil de
Observación Justicia para San José del Progreso, acepta que “este
pueblo era muy tranquilo, no había pleitos. Ahorita estamos en la
voz de todo el mundo por las muertes que ha habido”.
El hombre que administra el tercer municipio más pobre del estado porta gruesas cadenas de oro en cuello y muñecas. Dice que “las
minas no son nuevas: había mucha gente que venía a explotar los
recursos a San José del Progreso, y antes sí eran esclavos los que tenían trabajando ahí. Mi abuelo y mi papá trabajaron en la mina y los
obligaban a trabajar por una paga que no alcanzaba ni para comer”.
—San José de Progreso tiene 89 años; es un pueblo nuevo,
minero. Se fundó de toda la gente que venía a trabajar a las minas
desde hace 150 años. En 2006, llega Cuzcatlán [filial de la canadiense Fortuna Silver Mines] y empiezan a trabajar. Vienen a comprar las tierras a 30 mil pesos la hectárea, aquí había gente campesina
que nunca en su vida había visto 10 mil [pesos]; menos, 30 mil, y
así fueron adquiriendo terrenos. Empezamos a exigirle a la empresa minera que dejara un beneficio, que no fuera nada más el saqueo
sino que dejara un beneficio a la comunidad. Hacía donaciones
con becas escolares, lo mínimo.
Discrepa de las cantidades que dice la empresa haber entregado al municipio, pero asegura: “Fuimos la primera autoridad en
realizar un convenio con la minera para que deje bonificaciones.
En 2011 dio al municipio 6.5 millones [de pesos] en obras; en 2012
fueron 7 millones de pesos”.
Contrario a la inconformidad de los pobladores y a la aceptación de las autoridades estatales de que se han violentado los derechos humanos en este territorio, el presidente municipal asegura
que la empresa trabaja cabalmente, y “como autoridades le exigimos todos los estudios correspondientes: impacto ambiental, sismográfico, de no contaminación del viento; la empresa no genera
polvo, se les hizo que a los molinos se les pusieran silenciadores”.3
DESPOJO A 30
MIL POBRES
La hidroeléctrica privada El Naranjal despojará de tierras y agua a unos 30 mil campesinos e indígenas en Veracruz, y afectará a 56 especies animales y vegetales protegidas. Su negocio se centrará
en la generación media anual de 676 gigavatios/hora para “autoabastecimiento” y para venta de
excedentes a la Comisión Federal de Electricidad. Detrás de su construcción está el empresario
Guillermo González Guajardo (hijo de Claudio X González), dueño de una red empresarial dedicada al desarrollo de proyectos energéticos que han desplazado a decenas de pueblos
Nancy Flores, @nancy_contra/Monserrat Rojas, fotografías/ enviadas
matlán de los Reyes, Veracruz.
“A la mejor nos maten, como dicen. Pero si a fuerza van, a fuerza
vamos”, afirma Juana León.
Desde el corredor de su vivienda, la mujer explica que para los
afectados –como ella– “no hay ninguna ganancia” con
la hidroeléctrica privada El Naranjal. “Si llegamos a fracasar [en la resistencia pacífica], no hay de otra más que
levantarse y hacer algo”.
A sus 75 años de edad, doña Juanita –como la
conocen aquí en su comunidad, Congregación Guadalupe La Patrona– no cede ante la amenaza del proyecto de generación de energía que impulsa en esta
entidad el empresario Guillermo González Guajardo,
hijo de Claudio X González Laporte. “Yo por mí, lo
mío no lo vendo”, afirma.
Integrante de Las Patronas (grupo de mujeres que
brindan asistencia humanitaria a migrantes centroamericanos que viajan por tren), doña Juanita mira en
derredor de su casa. Con ese recorrido señala las colinas que rodean el lugar. “Si llegan a hacer la hidroeléctrica, ¿a dónde vamos a quedar nosotros? Así,
sentados, échenle un lente: cómo estamos, miren los
cerros. ¿A dónde quedaríamos?, dentro del agua”.
En varias ocasiones, a doña Juanita y a su esposo
los han visitado representantes de la hidroeléctrica
para “convencerlos” de que vendan la tierra en la que
nacieron y crecieron; donde ella parió a sus seis hijos
y donde éstos, a su vez, tuvieron a sus 15 nietos. El
territorio donde viven, siembran y donde descansan
De acuerdo con el permiso oficial –emitido por la
(Semarnat) el 8 de enero de 2010, con folio SGPA/
DGIRA.DG.0016.10–, la hidroeléctrica afectará una
superficie de 93.31 hectáreas ubicadas en los municipios veracruzanos de Amatlán de los Reyes, Córdoba,
Fortín, Ixtaczoquitlán, Cuichapa y Yanga. De ese total, 61.44 hectáreas (el 65.8 por ciento del territorio)
requieren cambio de “uso de suelo”, por estar catalogadas como áreas forestales.
El saldo social del proyecto privado será de unos 30
mil campesinos e indígenas afectados, tanto por el despojo de tierras como por el del agua, señala en entrevista con Contralínea Francisco Rojas Palacios, integrante
del Grupo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre.
Aunado a esto, la Semarnat admite que se perjudicarán 40 especies de “fauna con relevancia para la conservación” (20, con estatus de protección; 15, sujetas a
protección especial; cuatro, amenazadas; una en peligro
de extinción) y 16 especies protegidas de vegetación
(12, con estatus de protección; cuatro, amenazadas).
De estas especies, los casos más graves son los del
chiropterotriton chiropterus (una especie de salamandra),
la orthogeomys lanius (tuza lanuda) y la dasyprocta mexicana (agutí negro), en inminente peligro de extinción y
cuyo hábitat será destruido por la hidroeléctrica El
Éstas no son las únicas afectaciones medioambientales: la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas advirtió a la Semarnat que parte de la obra
(una cortina) se localizará muy cerca de la poligonal del
Parque Nacional Cañón del Río Blanco, decretado así
el 4 de mayo de 1938.
Sin embargo, esto tampoco frenó el aval de la Secretaría a la hidroeléctrica. Sobre ese último punto, la
Semarnat –que entonces encabezaba Rafael Elvira
Quesada– observó que la cortina no representa riesgo
alguno: “se ubica a aproximadamente 470 metros [sic]
de distancia del área natural”.
El activista Rojas Palacios denuncia que el proyecto hidroeléctrico también acabará con la afluencia de
dos ríos, el Blanco y el Metlac; a este último lo califica como de gran importancia, porque provee de agua a
algunas comunidades de los municipios afectados. No
obstante, para la Semarnat esto no es un peligro, pues
ambos afluentes, asegura, están contaminados.
En el permiso federal se enlistan 10 obras sobre los
ríos Metlac y Blanco, de las cuales destacan cuatro: el
embalse de ambos a partir de su confluencia, la captación permanente de un caudal de 2 metros cúbicos por
segundo, la construcción de un canal a cielo abierto de
22 kilómetros de longitud sobre la margen izquierda
del Río Blanco y el alzamiento de la cortina derivadora
de 9 metros de altura, a menos de medio kilómetro de
la reserva natural protegida.
“Las obras de derivación consisten en construir, a 30
metros debajo de la junta de los ríos, una cortina de
9 metros de alto que va a inundar una zona de vegetación de 9 a 11 hectáreas, para aprovechar la gran depresión. Del lado izquierdo del río van a derivar el 95 por
ciento de las aguas por un trayecto de 22 kilómetros,
para llevarlas al cerro de San José de Gracia. Ahí hay
unas depresiones naturales que van a servir para almacenar las aguas de este proyecto”, refiere Rojas Palacios.
4La autorización que emitió la Semarnat da cuenta de la opinión negativa de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas al proyecto por la
cercanía de éste con el Parque Nacional Cañón del Río Blanco
El problema, indica, es el gran impacto ambiental.
“Se van a afectar a varias poblaciones de los municipios de Fortín, Amatlán, Cuichiapa y Omealca. Éstas
sí están contempladas dentro del proyecto, sin embargo hay daños que nosotros hemos detectado con trabajo de campo que no lo están: ellos comentan que
van a dejar un caudal ecológico de 2 metros cúbicos
por segundo, entonces al desviar esas aguas van a afectar a la población de Rincón Buenavista, porque ellos
tienen un punto de alimentación de agua por filtración del Río Blanco. Es una población de aproximadamente 1 mil 500 o 2 mil habitantes que se van a ver
afectados por la ausencia del Río Blanco”.
A pesar de los irreparables daños social y medioambiental que causará, Hidroeléctrica Naranjal, SAPI
de CV, repartió volantes en los que insta a los pobladores de los seis municipios a decir “¡sí al progreso!”.
En la propaganda, la empresa de González Guajardo indica como “beneficios” la generación de energía
que dejará supuestamente una derrama económica en
la región, la creación de 400 empleos directos, el control de inundaciones y la provisión de un suministro de
agua “más confiable y de más alta calidad”, entre otros.
Cuando los impulsores de la hidroeléctrica se refieren al desarrollo sustentable “tal vez hablan de sustentar su economía solamente y de la gran riqueza
que se van a llevar; no del gran problema social, económico, cultural y en todos los aspectos en los que se
va a ver afectada la población”, opina el activista
ambiental Rojas Palacios.
“El desarrollo es una mentira. No es desarrollo, es
una destrucción. Si lo fuera, pondrían algo de preparación para la juventud y la niñez y quitarían la
maldita droga que está en todas partes. Eso sí sería
desarrollo. Si no hubiera naturaleza, de dónde vamos
a vivir. Eso de que quieren acabar con la humanidad
no es desarrollo. Eso viene siendo como un principio
de guerra”, señala doña Juanita.
Una guerra que previamente ha incluido amenazas. “Si no quieren vender el terreno, se pierde o se
muere el esposo y después la viuda tiene que vender”,
le espetó a doña Juanita uno de los representantes
de Hidroeléctrica Naranjal, SAPI de CV, una tarde de
4Tal vez nos maten, como dicen. Pero si a fuerza van con la hidroeléc-
trica, a fuerza vamos en la defensa de la tierra: Juanita León, afectada
La mujer le respondió: “¿Qué dice? ¿Usted piensa
que estamos durmiendo, que si se pierde o matan al
esposo, la esposa se va a quedar con miedo y que su familia no va a pelear por su familiar? Matarán a uno,
pero no a todos. Sabe qué, mejor lárguese y no vuelva a venir porque eso es una amenaza. Ustedes ni conocen a la gente de aquí”.
Los amedrentamientos contra los pobladores se
multiplican. Hugo Guzmán Cuevas, integrante del
Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, refiere
que amenazas similares a la que recibió doña Juanita
son cada vez más frecuentes: “sí han habido y son muy
directas, no son como para tomarlas a la ligera”.
Algunos afectados identifican al jefe del proyecto,
el ingeniero Javier Tobías de la Rosa, como principal
responsable de estos actos ilegales. Al respecto, Contralínea buscó conocer la posición del empresario González Guajardo y de sus representantes. Hasta el cierre
de esta edición, no se obtuvo respuesta.
Campesinos e indígenas, sin información
En la comunidad Congregación Guadalupe La Patrona no se sabe con exactitud cuántos afectados habrá por
la construcción de la hidroeléctrica El Naranjal. El ejidatario Leonardo García sospecha que será uno, pero
no tiene certeza de ello: sus vecinos empezaron a recibir las “visitas” de los representantes de Hidroeléctrica
Naranjal, SAPI de CV; pero él, a pesar de tener su tierra en la misma zona, no.
“En realidad, a mí no me han buscado para nada
los de la empresa; pero a muchos de los que están por
ahí donde yo tengo mi terreno sí los anduvieron vien34
4El saldo social del proyecto privado será de unos 30 mil campesinos e indígenas
Rojas Palacios, integrante del Grupo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre
do los de la hidroeléctrica. Nadie ha vendido”, dice en
Contrario a lo que marca el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo respecto del
derecho fundamental de los pueblos a la consulta previa, lo que aquí se sabe de la hidroeléctrica ha sido por
investigación propia y de activistas ambientales.
Don Leonardo narra incluso que algunos trabajadores de la compañía privada han hecho estudios y
mediciones en los terrenos sin pedir permiso a los ejidatarios. Luego, cuando son descubiertos por los dueños, han mentido sobre sus propósitos reales.
Con engaños y amenazas, desde 2007 los representantes de tres empresas de González Guajardo involucradas en este proyecto –Hidroeléctrica Naranjal, SAPI
de CV; Agroetanol de Veracruz, S de RL de CV, y Protama, SA de CV– empezaron a comprar terrenos. Actualmente, la Unión de Propietarios y Comuneros del
Valle de Tuxpango calcula que ya fue vendido el 50 por
ciento del territorio que requiere la obra.
“Hemos platicado con algunas personas que van a
ser afectadas en caso de que este proyecto se lleve a caCONTRALÍNEA
“Nos vamos a morir de sed, como ya ha pasado
en otros lados con las hidroeléctricas. Una vez
que empiecen a hacer sus desviaciones del Río
Blanco, nos van a contaminar el agua”
nero junta y pues acepta ceder sus derechos de posesión”, detalla Guzmán Cuevas.
Para don Leonardo, de 66 años de edad, la venta
de la tierra es impensable. “El problema es que nos vamos a morir de sed, como ya ha pasado en otros lados
con las hidroeléctricas. Una vez que empiecen a hacer
sus cortinas, sus desviaciones del Río Blanco, el primer
problema durísimo es que nos van a contaminar el
agua y ya no vamos a tener nacimiento. Tenemos un
río [el Metlac] muy bonito”.
Ante la falta de información y los crecientes rumores del despojo, casi de forma clandestina ejidatarios de
varias comunidades que posiblemente serán afectadas
dígenas afectados, tanto por el despojo de tierras como por el del agua, señala Francisco
bo. La principal inconformidad es que no les informaron nada. Ellos se enteran porque ven a personas
haciendo estudios; no saben de qué se trata; preguntan,
pero no les dicen. Después, gente que representa a la
empresa se acerca a varias comunidades a querer comprar tierras, pero no dicen para qué”, explica el defensor de derechos humanos Guzmán Cuevas.
Las denuncias que ha recibido el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo indican que el ingeniero
Javier Tobías de la Rosa es quien directamente habló
con varias comunidades de proyectos distintos a la
hidroeléctrica, para convencer a los ejidatarios de vender sus tierras. La construcción de una cabaña ecológica, una planta trituradora de piedras, un vivero de
lirios, una casa de retiro para ancianos son sólo algunos
de los falsos proyectos que ofreció.
“La gente se empieza a dar cuenta de que es una
persona que está mintiendo, y aumenta la desconfianza. Lo último que nos comentan es que, como ya se
sabe para quién trabaja, ahora lo que hace es ofrecer
más dinero. Hay gente que tiene mucha necesidad y,
me imagino, que nunca ha visto cierta cantidad de diCONTRALÍNEA
4Pese a los irreparables daños que causará, Hidroeléctrica Naranjal insta a los pobladores de los seis municipios a decir “¡sí al progreso!”
formaron un frente de resistencia pacífico al que han
llamado el Colectivo. Sus reuniones son para discutir
los alcances de la obra, informarse y acordar las acciones que llevarán a cabo en defensa de sus tierras.
“Somos gente humilde, pero cuando ellos se quisieran poner así como rudamente, pienso que no nos
vamos a dejar. Con garrotes, con piedras y con lo que
sea nos podemos defender. Y de que los correteamos,
los correteamos. Yo siempre pienso que mientras se
pueda ir caminando noblemente podemos seguir, pero
cuando veamos la definitiva, de que ellos se van a poner
en un plan muy rudo, pues no los vamos a dejar. Eso es
lo que yo he pensado. Quién sabe los demás compañeros”, dice don Leonardo.
—¿A dónde se iría con su familia si se hace lo de la
—Cuando esto sucediera, le digo que a lo que nos
iríamos es al pleito, porque aquí la ganamos o la perdemos, pero en la raya.
Aunque no lo sepan, doña Juanita, don Leonardo y
demás pobladores que rechazan la construcción de la
hidroeléctrica El Naranjal se enfrentan a un empresario
con amplia experiencia, pero bajo perfil en el ámbito
energético: Guillermo González Guajardo, uno de los
seis hijos de Claudio X González Laporte.
Desde finales de la década de 1990, el actual consejero de Kimberly-Clark, Endeavor México y Endeavor Global Advisory Board ha estructurado una red de
empresas privadas dedicadas a la generación, venta e
Aunque su experiencia empresarial se liga más a su
antigua sociedad con Emilio Azcárraga Jean –dueño de
Televisa– en restaurantes temáticos como el Hard Rock
Cafe y el Planet Hollywood, González Guajardo aumenta su participación en el mercado energético, tanto
privado como público: mantiene negocios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con Pemex Gas
y Petroquímica Básica (empresa subsidiaria de Petróleos Mexicanos).
Las compañías rectoras de su grupo son Protama,
SA de CV, y Taller de Empresa, SC. Esta última se dedica a la inversión y promoción de proyectos en los
sectores de Energía y Educación, indica una breve semblanza del empresario elaborada por Espacio de Vinculación, AC (organización creada por Televisa).
Además de Hidroeléctrica Naranjal y Agroetanol de
Veracruz, la red se conforma, al menos, por la texana
Texmex Energy, y las mexicanas Energía Azteca X,
Gasoducto de la Huasteca, Hidroeléctrica Moctezuma,
Hidroeléctrica Moctezuma II, Hidroeléctrica Moctezuma III, Hidrorizaba, Hidrorizaba II y Micase.
Mientras que Texmex Energy se dedica a la importación de energía eléctrica (la cual vende a la CFE y
a municipios como Saltillo, Coahuila, y Monclova,
Sonora), el resto de empresas tienen por objetivo la
generación de energía eléctrica en México para autoconsumo del sector privado; sin embargo, sus excedentes de producción son susceptibles de ser comprados
Para González Guajardo, el brazo derecho en estos
negocios es Pablo Edgard Herrán Salvatti, hermano
del exprocurador de Chiapas, Mariano Herrán. Además de figurar como socio, se ostenta como el representante legal de varias empresas y gestiona los litigios
en los que éstas se ven involucradas.
La hidroeléctrica El Naranjal sería el tercer proyecto que González Guajardo desarrolla en Veracruz para
generación de energía: aquí también posee las plantas
de Hidrorizaba, en sociedad con los municipios de
Boca del Río y Rafael Delgado, así como un gasoducto. Otras de sus centrales se localizan en Hidalgo (proyecto hidroeléctrico Moctezuma) y San Luis Potosí
(Desarrollo Las Chacas, en el municipio de Tamazunchale).
Además, en estas tres entidades se encuentra el
gasoducto Tamazunchale, que construyó para Pemex
Gas y Petroquímica Básica (éste parte de la Estación 11
de la paraestatal, ubicada en el municipio Naranjos
Amatlán, Veracruz, y finaliza en Tamazunchale, San
Luis Potosí). En su trayecto de 120 kilómetros afecta
otros municipios veracruzanos (Ozuluama de Mascareñas, Platón Sánchez, Tantima y Tantoyuca), y en Hidalgo, el municipio de San Felipe Orizatlán.
De acuerdo con el documento Prospectiva del sector
eléctrico 2012-2026, elaborado por la Secretaría de
Energía (Sener), “para la generación de electricidad no
considerada como servicio público el artículo 36 de la
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que la Sener, con base en los criterios y lineamientos de la política energética nacional y contando con la
opinión de la CFE, otorgará permisos de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de importación o
exportación de energía eléctrica, según se trate, en las
condiciones señaladas para cada caso. Esta atribución
de la Sener se ha conferido a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), como órgano desconcentrado
de ocultamiento de información, coerción para la venta de tierras y
violación al derecho de consulta” en los que incurrió la empresa
del gobierno federal”.
Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de
Electricistas, observa el negocio que ha significado la
producción independiente de energía: “A diciembre de
2009, la compra de energía a las trasnacionales le costó al país más de 268 mil millones de pesos y se estima
que por los compromisos adquiridos de compra-venta
de energía, de 2010 a 2041, los mexicanos pagaremos
a las firmas extranjeras 1.6 billones de pesos” (Contralínea 298).
La participación de la iniciativa privada en la generación de energía aumenta en el ámbito nacional.
La Prospectiva del sector eléctrico 2012-2026 indica
que, en 2011, la CFE aportó sólo el 63.8 por ciento
de la capacidad total instalada en el país y los activos de
la extinta Luz y Fuerza del Centro participaron con el
2.2 por ciento; los productores independientes de
energía (es decir, la iniciativa privada) contribuyeron
con el 19.3 por ciento; además, con permisos de autoabastecimiento, cogeneración y para fines de exportación de electricidad, el sector privado participó con
Jorge Alonso Cervera/Procesofoto
4El Tribunal Permanente de los Pueblos exigió “sancionar las prácticas
4La hidroeléctrica El Naranjal es el tercer proyecto que el empresario
Guillermo González Guajardo desarrolla en Veracruz para generación
El documento refiere que hasta 2011 se tenían 670
permisos vigentes para generación de energía privada:
600, en operación autorizada; 54, en construcción; siete, por iniciar obras, y nueve, inactivos.
Para conocer los alcances de los permisos que se
operan en materia de generación de energía se solicitó entrevista con la CFE y la Semarnat. Hasta el cierre
de edición, no se obtuvo respuesta.
Las afectaciones que causará la hidroeléctrica privada El
Naranjal son de tal magnitud que, a finales de enero
pasado, el Tribunal Permanente de los Pueblos exigió la
4Las oficinas de las empresas de González Guajardo, ubicadas en
Tonalá 44 y 46, colonia Roma, en el Distrito Federal
cancelación definitiva del proyecto. Esta institución
–de carácter ético, internacional y no gubernamental–
examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si han sido violados tales derechos y denuncia públicamente a los
autores de dichas violaciones.
En su resolución, apunta que el proyecto El Naranjal se debe frenar “por los altos costos sociales y ambientales que generaría en un territorio indígena y
campesino”. También, solicita “sancionar las prácticas
de ocultamiento de información, coerción para la venta de tierras y violación al derecho de consulta de una
empresa que pretende imponer el interés privado sobre
los derechos individuales y colectivos de la población
indígena y campesina, con el fin de generar energía
eléctrica con fines de lucro”.
El Tribunal exige castigar “el comportamiento al
margen de la ley y violaciones a los derechos en los que
han incurrido las instituciones del Estado, como la
Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. En particular esta última, por la aprobación de la manifestación de impacto
ambiental cargada de ambigüedades y omisiones para
favorecer la construcción y operación de presas hidroeléctricas por la iniciativa privada, sin que cumplan con
la legislación ambiental y agraria ni tengan la anuencia
y consenso social”.
Para el activista ambiental Rojas Palacios, “los grandes capitales entienden el desarrollo a su modo. Sin
embargo, los pueblos entendemos el desarrollo desde
otro punto de vista: para nosotros, nuestro crecimiento
como pueblo y el tener un sustento económico no necesita de desgastar a los árboles ni contaminar nuestras
fuentes de agua; no necesitamos separarnos, marcar una
línea de separación entre la humanidad y la naturaleza”.
De construirse, la hidroeléctrica El Naranjal se sumaría a otros proyectos contaminantes de generación
de energía que operan en la zona. En Veracruz, hay al
menos 10 centrales generadoras (seis hidroeléctricas y
cuatro termoeléctricas) y 34 unidades de generación de
energía eléctrica (16 hidroeléctricas y 18 termoeléctricas), refieren los datos más recientes del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, correspondientes a
La probabilidad de que el proyecto privado El
Naranjal afecte a los 5 mil habitantes de Congregación
Guadalupe La Patrona es muy alta, indica doña Juanita. Sin embargo, no se tiene certeza de ello porque
nadie les consultó ni les informó de los objetivos y afectaciones reales.
“Cuando se empezó a hablar de la hidroeléctrica se
hablaba de [la empresa] Agroetanol de Veracruz, que
era quien los mandaba. Los compañeros han investigado y la cara nadie la da. Entonces, en quién va uno a
confiar. Mandan a gente que se quiere beneficiar de
nosotros: ya sabemos que nos quieren hacer una compra por cuartos y las van a vender enteras. Cuánto nos
ha costado a nosotros tener esas tierras para nuestros hijos y muy fácil vienen ellos a reposar”.
—Pues a mí aunque me ofrecieran más dinero no
cedería nada, porque tengo seis hijos y 15 nietos; lo que
tiene él [su esposo] no alcanza para nada. Dónde los
voy a meter. Está bien que cada quien trabaje y todo,
pero no hay. Todos trabajamos para nuestros hijos.3
C291 003 7/13/12 3:20 PM Página 3
Ivรกn Stephens/Cuartoscuro
Hacia el final de su sexenio, Calderón había aumentado en más de 2 mil por ciento los actos religiosos en radio y televisión. Además, las autorizaciones para la celebración de cultos religiosos fuera
de las iglesias aumentaron más de 1 mil por ciento en 5 años. También, en su sexenio 6 mil 810
inmuebles fueron registrados como propiedad de asociaciones religiosas. “El expresidente es un militante católico que por su ideología favoreció a la Iglesia durante su mandato”, considera especialista
Rogelio Velázquez, @rogelio_contra
4”El discurso del papa Francisco se centra en los pobres, pero desde las perspectivas más conservadoras”
e septiembre de 2011 a agosto
de 2012, el gobierno federal
otorgó 113 mil 960 autorizaciones para la transmisión de
actos con contenido religioso
Lo anterior significó un aumento de 2 mil 199 por
ciento respecto del periodo comprendido entre septiembre de 2006 y agosto de 2007, es decir, los últimos
3 meses de Vicente Fox en la Presidencia de la República y los primeros 9 meses de Felipe Calderón al
mando del Ejecutivo federal, en los cuales se registraron apenas 5 mil 181 autorizaciones.
Un año antes, entre septiembre de 2010 y agosto
de 2011, se habían registrado 15 mil 96 autorizaciones; es decir, en 12 meses el aumento fue de 754.9 por
El incremento de los permisos para que la Iglesia
transmitiera sus contenidos en los medios de comunicación masiva se dio progresivamente durante el
sexenio pasado. Entre septiembre de 2007 y agosto
de 2008 se registraron 5 mil 446 permisos; entre septiembre de 2008 y agosto de 2009 fueron 9 mil 330;
y para el periodo comprendido entre septiembre de
2009 y agosto de 2010 se concedieron 14 mil 884.
En total fueron otorgados 163 mil 867 permisos
entre septiembre de 2006 y agosto de 2012, el 69.5
por ciento de éstos en el último año.
Éstas no fueron las únicas cifras que crecieron a
favor de la Iglesia Católica. Las declaratorias de procedencia e inscripción de inmuebles propiedad de
asociaciones religiosas pasaron de 1 mil 487 (entre
septiembre de 2006 y agosto de 2007) a 2 mil 164
(entre septiembre de 2011 y agosto de 2012).
En los meses comprendidos entre septiembre de
2007 y agosto de 2008 se registraron 1 mil 234
declaratorias; tan sólo 1 año después, fueron 1 mil
280; posteriormente, 1 mil 602, y para el periodo de
4”La Iglesia Católica
fue beneficiada significativamente durante el sexenio de
debido a su extracción ideológica y
política”. En la imagen, el cardenal
septiembre de 2010 y agosto de 2011 se otorgaron 2
Los datos fueron dados a conocer por la Secretaría
de Gobernación en el Sexto informe de gobierno en septiembre de 2012, a través de la Dirección General de
En el documento se explica que el gobierno federal ha realizado diversas acciones para asegurar el
ejercicio pleno de la libertad de creencias y culto, garantizada en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; además de proteger en todo
momento el carácter laico del Estado y actuar en un
plano neutral ante todas las expresiones religiosas que
Por ello, “la Secretaría de Gobernación, a través de
la Dirección General de Asociaciones Religiosas, es la
encargada de desarrollar la política del gobierno federal en dicha materia, a través del fortalecimiento de
[las] relaciones con las distintas asociaciones y agrupaciones religiosas de México”.
El maestro en filosofía Edgar González Ruiz, especialista en estudios acerca de la derecha política en
México, explica –en entrevista con Contralínea– que la
Iglesia Católica fue beneficiada significativamente durante el sexenio de Felipe Calderón debido a la extracción ideológica y política del expresidente.
“Es el presidente más vinculado a la jerarquía católica porque él y su familia siempre han sido militantes
católicos; por ello la relación del Estado mexicano con
la Iglesia fue tan estrecha durante su mandato.”
No obstante, González Ruiz menciona que el fortalecimiento de la institución religiosa no empezó con
Calderón, sino que fue Carlos Salinas de Gortari el presidente que, para legitimarse después de la cuestionada
elección en 1988, estableció, por estrategia política,
vínculos más estrechos no sólo con la Iglesia Católica
mexicana, sino con el entonces papa Juan Pablo II.
“En la época de Calderón, el poder de la Iglesia no
sólo se manifestó en el gobierno, sino que ha recibido
apoyos de los medios de comunicación, que en sus
contenidos reflejan el compromiso de empresarios con
la jerarquía eclesiástica. El Partido Acción Nacional
[PAN], católico por tradición, ya dejó el poder, pero
medios [electrónicos] como Televisa y Radio Centro
siguen apoyando al papa y al clero con base en la agenda derechista que propone la prohibición al aborto”.
Culto en el exterior
“No obstante, a pesar de las presiones de la curia,
se dio un cambio en el último mes de Felipe Calderón
[como presidente de la República] en materia constitucional respecto al Artículo 40, el cual fortalece el
carácter laico del Estado mexicano”.
El 6 de noviembre de 2012, el Senado validó dicha reforma, en la cual se establece que “es voluntad
del pueblo mexicano constituirse en una República
laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos
en todo lo concerniente a su régimen interior pero
Además, la reforma señala que la Constitución reconoce y tutela un Estado laico, cuyas bases se encuentran en el Artículo 3, mismo que establece la
laicidad de la educación.
La reforma fue avalada por 16 congresos locales
(Michoacán, Morelos, Chipas y Oaxaca, entre otros).
La diputada panista María Teresa Jiménez, en
entrevista con Contralínea, señala que lo que debe
privilegiar las relaciones entre Iglesia y Estado es el
El periodo comprendido entre septiembre de 2010 y
agosto de 2011 fue en el que se registraron más avisos
para la celebración de cultos públicos fuera de los templos religiosos. En esos 12 meses hubo 70 mil 705 avisos.
Sin embargo, entre septiembre de 2006 y agosto
de 2007 apenas se habían registrado 5 mil 982.
Es decir que en 5 años el incremento fue de 1 mil 181
Entre septiembre de 2007 y agosto de 2008 se
notificaron 8 mil 963 avisos; en los siguientes 12
meses fueron 6 mil 848; entre septiembre de 2009 y
agosto de 2010 se registraron sólo 6 mil
163; en el siguiente periodo crecieron 1
mil 147 por ciento (los 70 mil 705);
De septiembre de 2006 a agosto de 2012 se notificaron
y finalmente, entre septiembre de 2011 y
agosto de 2012, los avisos descendieron:
152 mil 28 avisos para la celebración de cultos públicos
53 mil 367. En total, de septiembre de
fuera de los templos religiosos. La mayoría (70 mil 705),
2006 a agosto de 2012 fueron 152 mil 28.
Además, la Dirección General de Asoentre 2010 y 2011
ciaciones Religiosas registró un total de 39
mil 21 tomas de nota para modificar la
organización interna de las asociaciones religiosas y dio trámite a 760 avisos de apertura de locarespeto a las diferencias que existen entre los cultos.
les destinados al culto público religioso entre
Menciona que la apertura que el expresidente Feliseptiembre de 2011 y agosto de 2012.
pe Calderón le dio a la Iglesia Católica se basó en la
En el mismo periodo se brindaron 2 mil 345 aselibertad de expresión. “Es un derecho que tenemos
sorías al público en general en materia religiosa, y se
todos los mexicanos y sí, el sexenio pasado había más
otorgaron 6 mil 395 anuencias para la interacción y
libertad de expresión y no debemos dejar que se pierlegal estancia en el país de ministros de culto de origen
da. Somos de los países más católicos a nivel mundial
y la importancia de la Iglesia es mucha”.
Roberto Blancarte Pimentel, especialista en socioEl papa Francisco
logía de la religión por el Colegio de México, señala
que el gobierno federal se identificó con la doctrina
La elección del argentino Jorge Bergoglio como nuesocial de la Iglesia en los últimos años, por lo cual se
vo papa de la Iglesia Católica el pasado 13 de marzo,
trató que las políticas públicas se adecuaran a ésta.
provocó que Enrique Peña Nieto manifestara su beneMás allá de las cifras, el especialista expone en
plácito por la designación, en especial por tratarse
entrevista que el gobierno intentó congraciarse con la
del primer pontífice latinoamericano en la historia de
jerarquía católica en el asunto del registro de la Igledicha institución religiosa.
sia de la Cienciología –negado hasta ahora–, debido a
“Saludamos con respeto y afecto al papa Francisco
la postura negativa de algunos miembros de la ConfeI, Jefe del Estado Vaticano, con quienes deseamos
rencia del Episcopado Mexicano.
4”El clero tiene aliados en los tres partidos; sin embargo, los más radicales, ultraca-
tólicos e incondicionales de El Vaticano sólo pueden existir en el PAN”. En la imagen, el papa Francisco
4“Aunque la Igle-
sia está orientada
a los pobres eso
sea liberal o progresista”
establecer una relación cordial y cercana” [sic], escribió
Para Edgar González Ruiz, la designación de Bergoglio completa una sucesión de pontífices de ultraderecha: “Juan Pablo II fue muy reaccionario y un
anticomunista radical; Benedicto XVI tenía antecedentes nazis en su lejana juventud; y Bergoglio pude
ser peor que ellos. Los sectores más reaccionarios de la
Iglesia Católica esperan tener en el nuevo papa un líder
de la ultraderecha católica, el cual ya colaboró con la
dictadura argentina”.
—¿Con el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) se seguirá favoreciendo a la Iglesia Católica?
—No habrá un distanciamiento significativo, pero
la Iglesia no es su aliado incondicional como sí lo fue
con el PAN. Recordemos que los embajadores en El
Vaticano fueron panistas de ultraderecha, como Luis
Felipe Bravo Mena y Federico Ling Altamirano. Si
Mariano Palacios Alcocer llega a ocupar el cargo, la
relación será amistosa, pero no se le puede comparar
ideológicamente con sus antecesores.
“El clero tiene aliados en los tres partidos; sin
embargo, los más radicales, ultracatólicos y aliados
incondicionales de El Vaticano sólo pueden existir en
el PAN. A pesar del oportunismo del PRI y del Partido de la Revolución Democrática, la Iglesia Católica ya
no tiene a su partido en el poder”, expone el investigador.
La diputada panista Elizabeth Yáñez señala que a
pesar de la felicidad que causa tener un papa latinoamericano, la relación del Estado con la Iglesia debe de
seguir siendo institucional.
“Durante los 2 sexenios panistas no se simuló la
simpatía con la Iglesia; antes, con el PRI, a pesar de
las buenas relaciones con la Iglesia, no se exponían
abiertamente. Ahora, incluso Peña Nieto va a El
Vaticano y nadie se sorprende. Se puede expresar la
fe, siempre y cuando se haga con respeto de las instituciones.”
Finalmente, Roberto Blancarte comenta que el
nuevo papa no es distinto de los europeos y tal vez no
signifique un gran cambio.
“La designación [del papa] no representa cambios
doctrinales ni ideológicos, no hay alguna razón que
nos haga pensar en una reforma significativa en la Santa Sede.
“La Iglesia está orientada a los pobres, pero ello no
significa que sea liberal o progresista. El discurso se
centra en los pobres, pero desde las perspectivas más
conservadoras”.3
Además de Alberto Fujimori –quien purga una sentencia por corrupción–, los expresidentes Alejandro Toledo
y Alan García son investigados por supuesto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos. La corrupción, sin embargo, está enquistada en todas las estructuras del gobierno peruano y en amplios sectores sociales
ima, Perú. De los gobernantes que
este país ha tenido en los últimos
30 años, uno está preso por corrupto y dos son investigados por
acusaciones de corrupción, en tanto que dos –y únicamente dos–, ya
fallecidos, son considerados ejemplo de honradez.
Sólo los expresidentes Fernando Belaúnde (con dos
mandatos: de 1963 a 1968 y de 1980 a 1985) y Valentín Paniagua (interino, de 2000 a 2001) tienen una
imagen acrisolada; en tanto que Alberto Fujimori (presidente de 1990 a 2000) cumple una condena de 25
años por crímenes de lesa humanidad y corrupción
(sobre ese último punto, admitió su culpabilidad).
El socialdemócrata Alan García (mandatario en
dos ocasiones: de 1985 a 1990, y de 2006 a 2011) y el
centrista Alejandro Toledo (presidente de 2001 a 2006)
afrontan por estos días acusaciones y sospechas de
corrupción y son investigados por el Ministerio Público. El primero también es investigado por el Congreso de la República del Perú.
García es investigado por posible enriquecimiento ilícito y por haber comprado una residencia de 830
mil dólares, suma que a simple vista está por encima
de las posibilidades de quien a lo largo de su vida sólo
se ha dedicado a la política.
El veterano y hábil político alega que desde que
dejó el gobierno, en julio de 2011, ha ganado más de
4La investigación contra Toledo se derivó de la compra de una
residencia de 3.7 millones de dólares, que realizó su suegra
4Alan García, investigado por posible enriquecimiento ilícito. Recientemente compró
www.agenciachaski.wordpress.com
una residencia de 830 mil dólares
4Para los peruanos, la corrupción es el principal problema que enfrenta el país. En la
imagen, una protesta contra el desfalco a las finanzas públicas
1 millón 300 mil dólares por dar conferencias en el
extranjero, por la pensión de exgobernante y las regalías de tres libros publicados.
La indagación a Toledo se debe a que su suegra (de
origen belga) compró una lujosa casa limeña en 3 millones 750 mil dólares, y sus detractores insinúan que
la operación encubre dinero indebidamente obtenido
por el exgobernante.
Sin embargo, el expresidente Toledo sostiene que
su suegra recibió herencias cuantiosas al enviudar dos
veces, y obtuvo anteriormente una indemnización y
una pensión vitalicia del gobierno alemán, en el rubro
de sobreviviente de las matanzas nazis en contra de la
El exgobernante atribuye la acusación a enconos
políticos; esto también lo alega García, cuyas explicaciones carecen de credibilidad, según el analista Raúl
Wiener, porque sigue sin explicación el cómo un exgobernante de origen humilde y que sólo ha hecho política tenga un cuantioso patrimonio.
Una comisión parlamentaria investiga paralelamente diversos casos de corrupción registrados en el
último gobierno de Alan García que han quedado impunes.
Tras su primera administración, el exgobernante
socialdemócrata fue enjuiciado por enriquecimiento
ilícito, pero se acogió a la prescripción judicial y no
La investigación fiscal es vista con escepticismo
por veteranos periodistas y analistas, a la luz de la experiencia de grandes e importantes casos que han queCONTRALÍNEA
dado en la impunidad o han terminado con castigo
sólo para personajes secundarios.
La pesquisa al exmandatario García ha motivado
incluso la preocupación del presidente de la comisión
congresal, Sergio Tejada, que investiga al exgobernante, ya que teme que las indagaciones frustren la que
tenía proyectada el Poder Legislativo.
Según advierte Tejada, el Parlamento Andino no
podrá intervenir si el Ministerio Público archiva el
expediente, lo que ha ocurrido con todos los exfuncionarios del gobierno de García, cuyos casos ya ha
tratado aquella instancia.
Las investigaciones contra García y Toledo coincidieron con el anuncio de una nueva estrategia anticorrupción del gobierno con acciones preventivas y
ajustes legales para combatir lo que la mayoría de los
peruanos consideran el principal problema del Estado, según una encuesta oficial realizada en 2010.
Dicha estrategia fue precedida por la creación, en
enero pasado, de la Comisión Nacional de Alto Nivel
Anticorrupción, y prevé mejorar el control interno y
los procedimientos de compras en el aparato estatal,
además de crear un sistema de alerta temprana, indicó el primer ministro, Juan Jiménez.
La mayor protección a denunciantes y testigos, la
unificación de las normas legales anticorrupción y
la estandarización y mejora de los mecanismos de
recepción de denuncias, están igualmente incluidos
en la nueva estrategia.
La gravedad del problema se evidencia en el hecho
de que, cada año, la corrupción causa daños económicos al Estado peruano de entre el 30 y el 40 por
ciento del presupuesto nacional y del 3 al 4 por ciento del producto bruto interno, de acuerdo con un
estudio divulgado en 2012 por el investigador Alfonso Quiroz.
El contralor General de la República, Fuad Khoury, informó en noviembre de 2010 que en los 18
meses anteriores –la mayor parte en el gobierno de
Alan García– la pérdida fue entre el 10 y 15 por ciento del presupuesto nacional, lo que puede llegar a 9
mil millones de nuevos soles (3 mil 530 millones de
Otro problema es la tolerancia social a la corrupción por su práctica generalizada, al punto que es
usual, y hasta un argumento de proselitismo callejero, alegar que un político cuestionado “roba, pero
hace obra”.3
admitió haber
incurrido en actos
contra de las
nacional y del
3 al 4 por
Perú por la
388 MIL MDD
En promedio, cuando egresa un universitario de Estados Unidos lo hace con una deuda de 25 mil
dólares. La falta de empleos y la crisis económica hacen que el pasivo se vuelva una pesada carga
para los noveles profesionales. Para muchos de ellos, resulta impagable. El problema adquiere un
carácter económico nacional: en 2012, la deuda total ascendía a 388 mil millones de dólares
illones de universitarios en
Estados Unidos luchan cada
año por saldar deudas derivadas de onerosos préstamos bancarios que pidieron
para poder concluir sus licenciaturas, al tiempo que el problema se acerca al
umbral de una crisis nacional.
Con los datos del desempleo en tasas extremadamente altas en importantes áreas sociales, estudios
recientes muestran que casi la mitad del total de
los empréstitos financieros a estudiantes estadunidenses se acercan, hoy día, al estatus de “diferido”.
Este concepto significa que el alumno o exbecario
ha elegido la opción de pagar mayores recargos e intereses a cambio de mejores variables de compensación
y devolución de capitales, se comenta en el sitio digital US News University y en la revista Forbes.
En Estados Unidos hay leyes que permiten que los
estudiantes aplacen el cumplimiento de sus compromisos monetarios hasta un máximo de 3 años, después de ese plazo podrían entrar en una situación
financiera verdaderamente difícil, explica Ezra Becker, analista del grupo consultor TransUnion.
De acuerdo con estadísticas de esta organización
no gubernamental, en Estados Unidos alrededor de
un 44 por ciento de los préstamos estudiantiles están
oficialmente catalogados como en “estado diferido” o
de “repago moroso”.
El mismo reporte evidencia que la deuda general
por este concepto se ha incrementado en un 30 por
ciento desde 2007, y que el promedio del déficit
monetario de cada educando o recién graduado era
de 23 mil 800 dólares hasta enero de 2013.
Según otros datos –suministrados por autoridades
federales estadunidenses–, más de la mitad de los graduados menores de 25 años atraviesan actualmente
una situación de paro laboral o subempleo.
Durante los últimos 5 años el balance total de
las deudas por préstamos a estudiantes en Estados
Unidos pasó de 288 mil millones de dólares en 2007
a 388 mil millones en 2012; por alumno, en promedio, esto quiere decir que pasó de 18 mil 380 a 23 mil
829, según Becker.
Las cuentas por préstamos federales acaparan el
92 por ciento de las deudas por financiamientos universitarios, mientras que el otro 8 por ciento corresponde a débitos del alumnado de cara al sector
privado estadunidense.
4”Durante 2012, las deudas de los universitarios estadunidenses agregaron un monto
grado para doctorados y profesores titulares en leyes o medicina”
De acuerdo con informes del Departamento de
Educación de Estados Unidos, el incremento en estos
tipos de adeudos marchan con un ritmo de 2 mil 800
dólares al día, y con marcas porcentuales al alza de 9.1
en 2012, luego de un 8.8 en 2011.
Mientras los costos de los estudios universitarios
aumentan cada año, la recesión económica y la debilidad del mercado laboral condicionan una mayor
demanda por la educación superior, comenta el sociólogo Patrick Kandianis, fundador del foro SimpleTuition.
Los últimos datos reflejan que durante 2012 las
deudas de los universitarios estadunidenses agregaron
un monto adicional de 42 mil millones de dólares,
sobre todo relacionadas con cursos de posgrado para
doctorados y profesores titulares en leyes o medicina.
Como resultado de toda la tendencia, actualmente los débitos derivados de préstamos a universitarios
superan los fondos de créditos y amenazan con hacer
colapsar el inventario general de subsidios federales,
señala un reporte de SimpleTuition.
www.rachelsigner.files.wordpress.com
n monto adicional de 42 mil millones de dólares, sobre todo relacionadas con cursos de pos-
Otro estudio de SureVest Capital Management
constata que durante los últimos 30 años los costos
de colegiaturas en Estados Unidos han sido golpeados por la inflación dos veces más rápido que el impacto de esta irregularidad económica en el dólar.
Las familias pertenecientes a la clase media son las
que han visto aumentar más sus deudas financieras provenientes de préstamos para estudiantes, explican fuentes bancarias federales.
Grupos con ingresos conjuntos entre 90 mil y 200
mil dólares anuales vieron cómo sus débitos se incrementaron significativamente durante un periodo de
3 años. Para el total de las familias de cualquier ingreso, la tendencia fue de 15.2 por ciento en 2007 a 19.1
de hogares con deudas en 2010.
enfocado en atraer el voto joven, defendió en julio pasado los intereses de los universitarios y su acceso a la educación, al tiempo que pidió evitar alza en los préstamos.
Al terminar la universidad, los jóvenes estadunidenses tienen una deuda promedio de 25 mil dólares;
La tasa de interés del 3.4 por ciento que
hasta ahora se aplica a las deudas de educación universitaria se duplicará antes de
concluir 2013
las tasas de préstamos están fijadas en 3.4 por ciento
y está previsto que se dupliquen durante este año.
Un eventual incremento en el costo del dinero proporcionado a alumnos podría perjudicar a 7 millones
400 mil estudiantes, incluyendo a 987 mil hispanos
asentados en el norteño país.
Casi la mitad de los graduados universitarios estadunidenses, desde 2010, han tenido que aceptar
trabajos de menor categoría profesional y se desempeñan como taxistas, vendedores al detalle o empleados
de mantenimiento, confirmó un estudio institucional.
Datos del Center for College Affordability and
Productivity precisan que el inventario de licenciados
aumentó de forma desequilibrada durante los últimos 2 años, hasta conformar un remanente laboral de
41 millones de individuos para unas 28 millones de
Tal tendencia provocó que un 15 por ciento de los
choferes de taxi hoy cuenten con diploma de nivel superior (1 por ciento en 1970); y entre los vendedores,
un 25 por ciento está licenciado, indica el instituto.
A juicio del autor de la investigación, el profesor
de la Universidad Estatal de Ohio, Richard Vedder,
las estadísticas negativas continuarán durante la próxima década y perjudicarán significativamente a futuros graduados universitarios.
Desafortunadamente veremos a una importante
cantidad de personas licenciadas que podrían terminar como conserjes, mozos de limpieza, porteros o
ujieres. En 2010, el porcentaje en este acápite era de
5, es decir, 115 mil 520 trabajadores, señaló Vedder.
La recesión ha perjudicado más a los hombres estadunidenses, y en el camino hacia la recuperación económica están acaparando puestos antes ocupados por
mujeres, reveló otra pesquisa de Bloomberg y The Washington Post.
En Estados Unidos, la crisis financiera –cuya peor
etapa fue entre 2007 y 2009– desapareció 3.6 millones de puestos de trabajo. El total de desocupados quedó en 11.6 millones luego de que consorcios como
Microsoft Corporation, Boeing, Caterpillar y Home
Depot despidieran a 200 mil asalariados en 2009.3
burla las leyes
Trasnacionales tabacaleras derrochan creatividad… para burlar las leyes que acotan el consumo
de cigarros en países de América Latina. Las políticas comerciales y publicitarias de las empresas
buscan banalizar las campañas que advierten de los efectos del tabaco en los seres vivos, así como
expandir su mercado entre la población vulnerable
uenos Aires, Argentina. A pesar de
los avances en América Latina en
materia de legislación contra el hábito de fumar, la industria tabacalera
elude restricciones a la publicidad
mediante variadas estrategias, alertan organizaciones sociales y especialistas en la materia.
Con la publicidad prohibida en todos los países, las
campañas se dirigen ahora a los puntos de venta, donde se busca aumentar la visibilidad de los productos,
además de financiar programas de responsabilidad social
que ayudan a mantener la vigencia de las marcas asociadas a causas altruistas.
Así se desprende del informe La salud no se negocia.
La sociedad civil frente a las estrategias de la industria tabacalera en América Latina (www.ficargentina.org/ima
ges/stories/biblioteca/la_salud_no_se_negocia%20__casos_de_estudio.pdf), elaborado por los capítulos
argentino y mexicano de la Fundación InterAmericana del Corazón (FIC) y la Alianza Contra el Tabaquismo en Brasil, entre otras entidades.
Mariela Alderete, vicedirectora de la FIC Argentina, explica a Inter Press Service (IPS) que en este país
la industria aprovecha la rendija que deja la falta de
reglamentación de la Ley Nacional de Control del
Tabaco aprobada en 2011.
“El reglamento ayudaría mucho a cubrir vacíos
legales, por ejemplo en publicidad o en áreas libres de
humo”, detalla.
Argentina es el único país de América del Sur que
no ratificó el Convenio Marco de la Organización
Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, firmado por el gobierno en 2003, debido a la oposición
de provincias tabacaleras que argumentan que esas normas atentan contra las economías locales, pese a que
el 80 por ciento del cultivo se exporta.
El reporte de la FIC y la Alianza sostiene que en
los últimos años hubo “grandes avances” en la región
para controlar el hábito de fumar. “No obstante, la
industria despliega estrategias innovadoras para alcanzar nuevos públicos y violar o eludir políticas de salud”,
que procuran prevenir enfermedades y muertes causadas por el tabaquismo.
Las estrategias se repiten casi idénticas en algunos
casos, con iguales argumentos, rebatidos una y otra vez
por las entidades sanitarias que promueven el control. El
objetivo es evitar la sanción de leyes o debilitarlas una vez
que salen, denuncia el estudio publicado a finales de 2012,
pero casi ignorado por los medios de comunicación.
Según el informe, las empresas presionan contra
las normas amparándose en “grupos de fachada”, que
pueden ser pequeños productores de tabaco, propietarios de bares, restaurantes, salas de juego o quioscos,
con el objetivo de resaltar los supuestos impactos negativos que tendrían las limitaciones para fumar.
También condicionan a dirigentes políticos y legisladores mediante financiamientos de campañas electorales o de otras iniciativas, y manipulan datos para
poner en cuestión medidas que son eficaces para combatir esta adicción, como el incremento de los impuestos sobre el producto.
La ley argentina prohibió la publicidad con la
excepción de los puntos de venta. El Ministerio de
Salud resolvió el año pasado, además, que los paquetes de cigarrillos contuvieran un pictograma con advertencias sanitarias del tipo “fumar causa cáncer” o “la
mujer embarazada que fuma causa daños irreparables
a su hijo”, por mencionar algunos.
Pero según Alderete, para banalizar la advertencia
se fabrican cigarreras con un recorte que sólo permite
que se vea la marca y, del lado en que debería verse el
pictograma, llevan un cartel que dice “no me jodas”.
La reglamentación está frenada, entre otras causas,
por la oposición de Lotería Nacional, el organismo estatal encargado de administrar las salas de juego, que
reclama la habilitación de lugares para fumadores y
que se valide la instalación de purificadores y sistemas
“Esa propuesta es la que hace la industria tabacalera en su programa Convivencia en Armonía, pero se
sabe que esos sistemas son inefectivos y afectan el derecho a la salud de los trabajadores y de los no fumadores. Es decir que la industria se vale de Lotería Nacional
como fachada”, denuncia Alderete.
En México, las empresas buscaron desacreditar los
intentos de subir impuestos que tengan impacto en el
4”La industria tabacalera despliega estrategias innovadoras para alcanzar nuevos públicos y violar o eludir las políticas de salud”
precio final, al argumentar que con esa medida lo único que se lograba era aumentar el contrabando. Los
ejecutivos del sector utilizaron incluso datos contradictorios con la información oficial.
Mientras que las firmas difundían en medios de
comunicación y en campañas callejeras que el comercio ilegal se había quintuplicado, cifras oficiales citadas en el informe indican que el contrabando se redujo
“significativamente” en los últimos años.
Sin embargo, también en los últimos años crecieron sin control los expendios de cigarrillos en los que
se venden sueltos y a niños y niñas, pese a que la ley lo
prohíbe expresamente, dice a IPS el experto Erick
Ochoa, de la FIC México.
“De nada sirve ratificar el convenio marco y contar con una legislación sólida si después no se cumple
con ambos instrumentos en los hechos”, remarca
Ochoa. “Las buenas intenciones no bastan, se requiere
voluntad de una dirigencia política dispuesta a diseñar
una normatividad sólida y que se cumpla”.
En tanto, en Brasil, pionero en vedar la publicidad
(desde 2000), también hay interferencias. Como la
prohibición no alcanza al interior de los puntos de venta, los cigarrillos, que antes se adquirían sólo en quioscos, ahora se comercializan también en panaderías,
supermercados, puestos de diarios o discotecas.
Según el informe La salud no se negocia, la filial de
la empresa trasnacional British American Tobacco presentó en 2012 una demanda judicial contra la Alianza
de Control del Tabaquismo, para que la entidad retirara de la televisión un spot que llamaba a imitar el consumo de cigarrillos. La justicia rechazó la demanda.
El litigio también fue el camino elegido por la
industria en Uruguay, donde por ley se prohíbe fumar
en todos los lugares públicos bajo techo y que desde
2009 aprobó por decreto la exigencia de pictogramas
de advertencia de enfermedades en 80 por ciento del
espacio de cada cara del paquete de cigarrillos.
La firma trasnacional tabacalera estadunidense Philip Morris demandó a Uruguay ante tribunales internacionales por la presunta afectación de inversiones,
pero el gobierno del izquierdista Frente Amplio mantuvo la misma postura que impulsó la norma en 2008
(www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=1
8256&Anchor=).
En Colombia, donde la prohibición de publicidad
es completa, se presentaron dos demandas de inconstitucionalidad que fueron rechazadas. Luego se avanzó
sobre los comercios al ofrecer el patrocinio de actividades de la Federación Nacional de Comerciantes, con
encuentros en todo el país.
Las empresas tabacaleras financian los encuentros
de quiosqueros y organizan concursos, descuentos, premios e incentivos para el sector.
“Hasta ofrecen becas para la universidad a los hijos
de los comerciantes”, dice Alderete.
Pero mayor inquietud provoca a las organizaciones no gubernamentales la promoción de programas
contra el trabajo infantil, actividades artísticas y culturales, o proyectos de reinserción de desmovilizados
(exmiembros de organizaciones armadas ilegales de
izquierda y de derecha) y sus familias, que suelen tener
como socios a organismos del Estado que comparten
Así, es posible encontrar en diarios trabajos periodísticos con títulos tales como “Programas sociales de
la firma Coltabaco han beneficiado a 13 mil 500 desmovilizados desde 2008”.
“Es una burla a la prohibición completa y no es
percibido como estrategia publicitaria”, denuncia el
informe.3
4Las trasnacionales tabacaleras difundieron un supuesto crecimiento
exponencial del contrabando de cigarros para fomentar su mercado
para una sociedad en crisis
na nueva edición del
libro Policía y sociedad
democrática, con 13 completísimos ensayos, obliga a esta reseña para que
los lectores se hagan de
un documento necesario, hoy que en nuestro país
se debate cómo resolver el gravísimo problema de la
inseguridad, provocada por omisiones –no pocas
veces intencionales– de los gobernantes, quienes
permitieron el aumento de las delincuencias encabezadas por los cárteles del
narcotráfico que desafían a las
instituciones, y a
las cuales también han penetrado. La nación está atenazada
por mafias armadas y dispuestas a todo para mantener sus fines y defender el terreno ganado que vulnera la vigencia jurídica, ya que los delincuentes han
impuesto su “ley del más fuerte”. Aterrorizan a la
población, cobran “impuestos”, hacen “justicia” por
propia mano y son un poder fáctico, un “Estado” dentro del Estado constitucional.
José María Rico compila los 13 textos, escribe el
prólogo y los temas: “Presupuestos para una reforma de la policía” y “Sistemas
comparados de policía”. Entre sí se complementan para una visión centrada en que
“la policía debe estar al servicio de la comunidad, siendo su razón de ser la de
garantizar al ciudadano el libre y pacífico ejercicio de los derechos que la ley reconoce”, pues en una sociedad abierta, el individuo y la sociedad construyen su convivencia al ejercer las libertades constitucionales en un estado de derecho. Sociedad
abierta como conquista. En palabras de Immanuel Kant: “para ir del estado de naturaleza autoritario en la cual cada quien sigue sus caprichos, y debe unirse con los
demás en una asociación y someterse a un orden legal de contenidos, de fines republicanos”.
Los autores de los otros ensayos son especialistas en teoría y práctica para
mantener la paz pública. Son servidores públicos y nunca enemigos o adversarios
de quienes constituyen la sociedad abierta o sociedad civil. En esos
textos se obtiene una concepción de lo que debe
ser el trabajo policiaco y de que el gobierno
debe enterar a sus gobernados, si es que quiere su
colaboración en el desempeño del poder policiaco. Una
policía democrática y que no sea represiva. Que contribuya a la convivencia pública y a la tranquilidad privada, donde la calle y los domicilios sean vasos
comunicantes para la máxima paz social.
Los ensayos van de la mano del principio fundamental
propuesto por Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (17381794), en su siempre actual y moderno Tratado de los delitos y de
las penas (1764), donde se estableció que “es mejor evitar los delitos
que castigarlos”. Las policías en las democracias han de llevar consigo,
en lugar de pistola y garrote, la Constitución Política para respetarla y hacerla respetar, con un comportamiento apegado a la ética de la honradez (para
lo cual han de ser servidores públicos lo mejor remunerados y con condiciones de
bienestar para ellos y su familia), al facilitar su organización con una planta
de abogados para la defensa de la ley. “Actualmente, los policías no pueden vivir
aislados, dándose cuenta de que el problema de la delincuencia es un fenómeno
social mucho más amplio, del cual deben ocuparse todos los sectores de la sociedad, sin excepción alguna”.3
TEATRO4El malentendido. La claridad del
pensamiento es lo que rige cada escena, lo
preciso de las motivaciones, el hastío de
lo rutinario, un objetivo supremo. Hay quienes quieren escapar de su patria yerta, hay
quienes no están conformes con lo que les
brinda el horizonte a través de la ventana:
extensiones tantas veces repasadas, viejas,
aprendidas, agotadas; hay quienes quieren,
con urgencia, escapar… El nuevo día dejó
hace mucho de ser inspirador; ahora es molesto, insuficiente. La salvación será entonces
emprender la huida, alejarse de las mismas paredes y las mismas sillas. El anhelo
será enfrentarse a otro sol y respirar un otoño distinto, comenzar de nuevo.
Lo que no hay es el sentido de la espera. Lo que se vislumbra en la imaginación, lo único asequible. Si no fuera por eso, nada quedaría. En ese lugar
ya todo está ajado aunque impecable; se nota el cansancio, la frustración, en
un espacio violentado por el deseo de no estar más tiempo ahí, en donde ya
no queda nada. Acaso algunos vagos y ruinosos recuerdos de lo que fue
una familia y que sólo reafirman las ganas de
Pero también existe la complicidad, un
vínculo que no permite el abandono entre
un par de mujeres que se conocen bien,
mujeres decididas, imbatibles. Madre e hija
quienes aguardan que llegue el último huésped para matarlo, robarle y salir de ahí… Sin
ser así desde el principio, sí es la consecuencia de dos almas cuya frustración las alienta.
Y es que es la única manera en la que ambas
mujeres lograrán su objetivo: cerrar el negocio del hostal sin concurrencia y marcharse a un sitio en donde irrumpa el sonido del
El huésped llega. Mísero huésped arrastrado por el arrepentimiento; obcecado personaje que se deja llevar por pueriles desenfados; hijo pródigo que
regresa como un cliente más después de 20 años. Llegar a casa, a la madre,
a la hermana, como un acto reivindicatorio, como un súbito acercamiento al
lugar en el que ya no lo esperan es la intención. Aciaga suerte de un hombre enamorado, dichoso, que sólo busca reconciliarse con el pasado y sus raíces.
Mas este hombre no quiere que ni su
madre ni su hermana lo reconozcan, porque piensa que la jugarreta de volver
será una sorpresa feliz para ellas. Ha
decidido volver para colmarlas de dicha,
compañía y riqueza, para presentarles a
su esposa (quien se tiene que hospedar
en otro sitio para hacer más grande la
sorpresa cuando llegue al día siguiente)
y reavivar la calidez familiar añorada;
pero primero quiere sondear, enterarse si
lo han reconocido, si lo han extrañado o
si lo atenderán con la frialdad que seguramente
caracterizará el trato que tienen hacia cualquier
Pero “el corazón no tiene mucho que hacer
aquí”, a decir de la hermana (Marta). La intimidad ni lo que se ha vivido (perdido) en ese hostal
no es de la incumbencia del viajero. No hay familiaridad. Hay desconfianza. Hay detrás de la presencia del incauto un plan, mismo que él dista
mucho de imaginar.
El viajero, el hijo que había estado extraviado
(Jan), no tiene palabras. No sabe cómo decirle a
su hermana que es él, que se ha casado y que es
feliz porque ha vuelto lleno de alborozo; no puede decirle a su madre que le pesa no ser identificado por ella… Pero ya habrá tiempo, él lo planeó así: “Aprovecharé la
ocasión para verlas desde afuera. Me daré cuenta mejor de lo que las hará
felices. Después inventaré el modo de darme a conocer... Sólo basta encontrar las palabras...”. Sin embargo, el plan de las mujeres es implacable pese al
cansancio y el hartazgo de la madre por los tantos crímenes cometidos; y a
pesar de que saben que la aniquilación de aquel
ufano e indiscreto huésped es lo único que esperan, los enfrentamientos morales y la disputa por
la razón se tornan impostergables: dar o no la última muestra de voluntad. El tiempo se acorta y
deberán decidir con rapidez.
Pero la ausencia de palabras suscitará el malentendido...
Es con esta puesta en escena del novelista,
ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista argelino-francés Albert Camus (1913-1960)
que la Compañía Nacional de Teatro celebra los
100 años del natalicio del Premio Nobel de
Literatura 1957. Obra, de profundas reflexiones
sobre la existencia y las emociones humanas.
Dirigida por Marta Verduzco, la obra genera
en el espectador un agudo malestar por el contraste entre lo impactante del
argumento, el peso emocional y la cercanía de los temas que trata, con un
escenario luminoso y pulcro; sorprendente, en cuanto a la sencillez del trazo
y la energía actoral a cargo del elenco estable de la Compañía. En esta ocasión, las actuaciones corren a cargo de Ana Ofelia Murguía, Farnesio de
Bernal, Emma Dib, Rodrigo Vázquez y Érika de la Llave. Cuenta con la música original de Joaquín Gutiérrez Heras (de
quien se conmemora su primer aniversario
luctuoso) y el trabajo escenográfico y de iluminación de Gabriel Pascal.
4Teatro Julio Castillo del Centro Cultural
del Bosque, Paseo de la Reforma y Campo
Marte sin número, atrás del Auditorio Nacional (hasta el 21 de abril; jueves y viernes,
20:00 horas; sábados, 19:00 horas, y domingos, 18:00 horas; por el asueto de Semana
Santa, los días 28, 29, 30 y 31 de marzo no
habrá función).
Refuerza Veracruz su programa
POLICÍA ESTATAL CONTIGO
a la población, y fortalecer la confianza
En este año ya suman 33 jornadas, es decir, 33 municipios cubiertos,
pero el objetivo de la SSP estatal es llegar a los 212 ayuntamientos. Con este
programa social, la nueva policía estatal
muestra su visión humanitaria, pues sus
elementos especializados ofrecen consultas médicas, odontodológicas, servicios de optometría, entre otras acciones
Seguridad Pública, Arturo Bermúdez
Zurita, la nueva mística de la policía
estatal veracruzana es el servicio al ciudadano, y las jornadas itinerantes de
trabajo social buscan inhibir actos delictivos.
A través de talleres, charlas y
dinámicas enseñan a niños, jóvenes
y adultos, los nuevos policías estatales
presentan las acciones de prevención
social, sobre las medidas de seguridad
que se deben tomar en la casa, en la
escuela o en las calles.
Entre la información se incluyen
medidas de prevención al hacer uso de
las redes sociales, qué hacer en casos
de bullying, de llamadas de extorsión o
de fraude, sobre las líneas de auxilio
066 y denuncia anónima 089 y su
Policía Estatal Contigo es un programa que reforzó el Gobierno del Estado de Veracruz, e
implementa la SSP para acercarse y apoyar a las comunidades más apartadas.
El 18 de noviembre de 2012, la SSP puso en marcha
este programa itinerante con un objetivo primordial, prevenir el
delito a través de la proximidad social de la institución y sus
elementos con los habitantes de cada ciudad, quienes a su
vez, resultan beneficiados con las actividades gratuitas incluidas en el esquema de trabajo planteado por la SSP.
Se trata de acciones de acercamiento,
vigilancia, labor social e información
Xalapa, Ver.- Con jornadas itinerantes, la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) de Veracruz trabaja para transformar
la imagen de la policía. Con el programa Policía Estatal
Contigo, los elementos de seguridad no sólo se encargan de
la vigilancia en los municipios, también tienen bajo su responsabilidad jornadas de trabajo comunitario y de información
para promover la prevención social.
Se trata de acciones bajo el modelo de proximidad
social que la SSP de Veracruz implementa para acercarse más
Contralínea 327

References: artículo 16
 Artículo 28

Artículo 62
 artículo 41
 artículo 36
 Artículo 40
 Artículo 3