Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl6200-2014-de-marzo-12-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fe6ac62cc77d001ae0430a010151001a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-20 21:14:58+00:00

Document:
﻿ Sentencia 44801 de marzo 12 de 2014
SENTENCIA SL6200-2014 DE 12 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:JUEZ NO DEBE MODULAR EFECTOS DE SENTENCIA QUE ANULA DESPIDOS BAJO FUERO CIRCUNSTANCIA. SE AFIRMÓ QUE, SE ADOCTRINÓ EN UNA SENTENCIA ANTERIOR QUE, TRATÁNDOSE DE LA PROTECCIÓN POR FUERO CIRCUNSTANCIAL EL JUEZ NO DEBE EXAMINAR LA CONVENIENCIA O INCONVENIENCIA DE LA CONTINUIDAD DEL VÍNCULO LABORAL, PORQUE AL RESULTAR NULO EL DESPIDO PRODUCIDO CONTRA EL MANDATO DEL DECRETO 2351 DE 1965 ART. 25, SU CONSECUENCIA NECESARIA ES LA DE VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE SE TENÍA ANTES DE PRODUCIRSE EL ACTO VICIADO, SIN QUE SEA DADO AL JUEZ MODULAR LOS EFECTOS DE SU DECISIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REINTEGRO LABORAL, DERECHOS DEL TRABAJADOR, EFECTOS RETROACTIVOS DE LA SENTENCIA, FUERO SINDICAL CIRCUNSTANCIAL, MODULACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:513 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PÁG.1699
Sentencia 44801 de marzo 12 de 2014
Rad.: 44801
Lo interpuso la entidad demandada, con el fin de que se CASE totalmente la sentencia impugnada y, en sede de instancia, se revoque en su integridad el fallo de primer grado, para en su lugar absolverla de todas las pretensiones formuladas en su contra, proveyendo lo que corresponda por costas.
En subsidió, busca CASAR parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto a las condenas que involucran el reintegro y el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y demás derechos dejados de percibir, así como la declaratoria de no solución de continuidad del contrato de trabajo. Por consiguiente, que no se case en lo restante, es decir, respecto de la conclusión según la cual el despido de la trabajadora fue injusto, para que en sede de instancia la Corte revoque la decisión del a quo y en su lugar condene únicamente por la pretensión subsidiaria, atinente a la indemnización por despido injusto y absolviendo de lo demás, con la correspondiente provisión en materia de costas.
Con tal propósito invocó la causal primera de casación laboral contemplada en el D. 528/1964 Art. 60, y formuló tres cargos que merecieron réplica, los cuales se estudiarán en el orden que aparecen propuestos.
Atacó la sentencia recurrida en casación, por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, respecto de los siguientes artículos:
25 del Decreto 2351 de 1965, en relación con los artículos 1º, 55, 58 —numerales 1 y 5—, 60, 61 (Subrogado por la Ley 50 de 1990, artículo 5º), 62 (Subrogado por el Decreto-Ley 2351 de 1965, artículo 7º, literal a, numerales 4 y 6), 64 (Modificado por la Ley 789 de 2002, artículo 28), 65 (Modificado por la Ley 789 de 2002, artículo 29), 127 (Subrogado por la Ley 50 de 1990, artículo 14), 186, 249, 259, 306, 353 (Subrogado por la Ley 50 de 1990, artículo 38. Modificado por la Ley 584 de 2000, artículo 1º, numeral 1), 354 (Subrogado por la Ley 50 de 1990, artículo 39), 356 (Subrogado por la Ley 50 de 1990, artículo 40), 357 (Subrogado por el Decreto-Ley 2351 de 1965, artículo 26), 358 (Modificado por la Ley 584 de 2000, artículo 2º), 359, 365 (Subrogado por la Ley 50 de 1990, artículo 45), 371, 374, 376 (Modificado por la Ley 11 de 1984, artículo 16), 386, 387, 401, 417, 432, 433 (Subrogado por el Decreto 2351 de 1965, artículo 27), 467, 468, 469, 470 (Subrogado por el Decreto-Ley 2351 de 1965, artículo 37), 471 (subrogado por el artículo 38 del Decreto 2351 de 1965), 474, 478 y 479 (Modificado por el Decreto-Ley 616 de 1954, artículo 14) del Código Sustantivo del Trabajo; 8º, numeral 5ºy 39 del Decreto-Ley 2351 de 1965; 1º y 2º de la Ley 52 de 1975; 21 de la Ley 11 de 1984; 6º —literales b), c) y d)—, 56 y 99 de la Ley 50 de 1990, 73 de la Ley 101 de 1993, 174, 175, 177, 187 y 305 (Modificado. Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 135) del Código de Procedimiento Civil, y 50, 51, 60, 61, 66 A (Adicionado. Ley 712 de 2001, artículo 35) y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Adujo que la anterior transgresión de la ley se produjo por haber cometido el tribunal los siguientes errores de hecho:
1) Dar por demostrado, en contra de la realidad, que la Caja de Compensación Familiar Campesina, Comcaja, y Comcaja Programa ARS en Liquidación son una sola y misma persona jurídica, por lo que entonces el despido de la demandante por parte de la última de las entidades mencionadas, que era su empleadora como lo reconoce el ad quem (fl. 30), así como los efectos que se desprenden de tal acto también pueden ser atribuibles a la primera.
2) No dar por demostrado, siendo evidente, que la Caja de Compensación Familiar Campesina, Comcaja, y Comcaja Programa ARS en Liquidación son dos personas jurídicas distintas y autónomas, por lo que entonces el despido de la demandante por parte de la última de las entidades mencionadas, que era su empleadora como lo reconoce el fallo recurrido (fl. 30), así como los efectos que se desprenden de tal acto no pueden ser atribuibles a la primera.
3) Dar por demostrado, en contra de la realidad, que para la época en que sobrevino el despido de la señora Clementina López Pulido, su empleadora, es decir, Comcaja Programa ARS en Liquidación, seencontraba en un proceso de negociación colectiva con su sindicato, por lo que entonces ella gozaba de fuero circunstancial, y/o no dar por demostrado, siendo evidente, que con ocasión de la escisión patrimonial ocurrida entre la Caja de Compensación Familiar Campesina Comcaja y Comcaja Programa ARS en Liquidación, la demandante fue adscrita al servicio de esta última entidad sin objeción alguna de su parte, por lo que entonces y al dejar de ser trabajadora de la primera, que era la que verdaderamente y para el momento de su desvinculación estaba negociando un conflicto colectivo con su sindicato, dejó también de pertenecer a la mencionada organización sindical y perdió las coberturas y beneficios derivados de la afiliación sindical.
4) En subsidio de los errores de hecho precedentes: no dar por demostrado, como lo indican los autos, que la desvinculación de la señora Clementina López Pulido obedeció a un mandato legal e inoponible impuesto por la Superintendencia Nacional de Salud a Comcaja Programa ARS en Liquidación, por lo que entonces dicha empleadora estaba imposibilitada para calificar dicho modo genérico de rescisión como si se tratase de una “causal” de despido, de todo lo cual se sigue que por acomodarse o responder a dicho modo el despido de la actora no puede reputarse de ilegal ni da lugar a su reintegro, O en subsidio: no dar por demostrado, siendo evidente, que para el momento en que se desvinculó a la trabajadora la misma carecía del fuero circunstancial que aduce como fundamento del presente proceso por efecto del mandato legal e inoponible impuesto por la Superintendencia Nacional de Salud a Comcaja Programa ARS en Liquidación para cristalizar su disolución definitiva, orden cuya ejecución no podía depender de la existencia de una negociación con un sindicato aún en la hipótesis de que ella y él existieran.
5) En defecto de los anteriores errores de hecho y en perspectiva del 4 alcance subsidiario de la impugnación: no dar por demostrado, siendo incontrastable, que encontrándose al servicio de Comcaja Programa ARS en Liquidación para el momento en que fue despedida y habiendo desaparecido del mundo jurídico dicha entidad, el reintegro de la señora Clementina López Pulido constituye una obligación imposible de cumplir, por lo que entonces y en la hipótesis de que dicho despido hubiese carecido de causa justa el resarcimiento del daño inferido solo puede hacerse mediante el pago de la correspondiente indemnización”.
Relacionó como piezas procesales y pruebas erróneamente apreciadas las siguientes:
1. La demanda introductoria (fls. 37 a 41).
2. La contestación de la demanda radicada por La Caja de Compensación Familiar Campesina, Comcaja, (fls. 75 a 81).
3. La contestación de la demanda hecha por Comcaja Programa ARS en Liquidación (fls. 117 a 121), llamada al proceso como litisconsorte.
4. La Convención Colectiva (fls. 204 a 230).
5. El acta final de la etapa de arreglo directo (fls. 2 y 3).
6. El boletín emitido por la asociación sindical el 13 de diciembre de 2001 (fls. 4 y 5).
7. El memorial dirigido por los directivos sindicales al Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social el 10 de enero de 2002 (fls. 9 y 10).
8. El certificado expedido por el Sindicato de la entidad respecto de la duración del conflicto de 6 de octubre de 2004 (fl. 231).
9. La comunicación de despido de la demandante (fls. 7 y 49).
10. El certificado de afiliación al sindicato de la entidad (fls. 23 y 232).
11. El documento que acredita las características de la Caja de Compensación Familiar Campesina (fl. 273).
12. La Resolución No. 2219 de 9 de octubre de 2001 emanada de la Superintendencia de Salud mediante la cual se ordenó la liquidación de Comcaja Programa ARS (fls. 56 a 66, 134 a 144, 157 a 167, 176 a 186, 303 a 313).
13. El contrato de trabajo celebrado entre las partes (fls. 21 y 22).
14. La certificación expedida por el agente liquidador de Comcaja Programa ARS de 5 de diciembre de 2001 (fls. 68 a 71).
En la sustentación comenzó por reproducir lo dicho por el tribunal, para sostener que apreció equivocadamente la Resolución 2219 del 9 de octubre de 2001 emanada de la Superintendencia de Salud, mediante la cual se ordenó la liquidación de Comcaja, Programa ARS (fls. 56 a 66, 134 a 144, 157 a 167, 176 a 186, 303 a 313). Lo anterior, por cuanto esa prueba da cuenta no solo de la escisión patrimonial, gubernativa y orgánica de la ARS, sino también de la transferencia de los trabajadores vinculados al servicio de salud al nuevo ente, lo que significa que la demandada quedó dividida en dos entidades “Caja de Compensación Familiar Campesina, Comcaja” y “Comcaja Programa ARS en Liquidación”.
Después de transcribir algunos apartes de la mencionada resolución, expresó que el tribunal debió concluir que se estaba al frente de dos personas jurídicas distintas y autónomas, y por consiguiente el despido de la actora por parte de la ARS en liquidación que era su empleadora, no puede comprometer a Comcaja.
A continuación se refirió a la certificación expedida por el agente liquidador de Comcaja-Programa ARS, fechada 5 de diciembre de 2001 (fls. 68 a 71), que en decir del recurrente demuestran que la demandante estaba adscrita al mencionado programa, cuyo liquidador fue quien tomó la decisión del despido y le notificó la carta de terminación visible a folio 7. En tales condiciones —agrega—, la accionada Comcaja no fue quien determinó la ruptura del contrato, lo cual no la hace responsable, a lo que se suma que la reclamación que elevó la trabajadora está dirigida al mencionado agente liquidador, prueba que también fue apreciada con error.
Especificó que en el escrito de contestación de la demanda efectuada por el liquidador de Comcaja Programa ARS, en calidad de litisconsorte, se admitió que la demandante para el momento de su desvinculación se encontraba laborando para esa entidad (fl. 30), lo que se traduce en una “confesión categórica”, además que en dicha respuesta se explicaron las razones que se tuvieron para cancelar el contrato de trabajo, y se alegó la no existencia de fuero circunstancial alguno ya que el Programa ARS en liquidación no estaba vinculado al proceso de negociación colectiva.
A continuación manifestó que el documento de folio 13, también da cuenta que trabajadores que eran de Comcaja en el área de salud, pasaron a ser dependientes directos de Comcaja Programa ARS, entre ellos la actora, lo que se corrobora también con las documentales de folios 68 a 71, en donde se relacionan los funcionarios que por la escisión orgánica de la entidad pasaron a prestar servicios a esa última, con consciencia plena de la situación y sin ninguna objeción de su parte.
Adujo que en esta forma habían quedado acreditados los dos primeros errores de hecho.
Seguidamente reflexionó diciendo que el tribunal no estudió la novación contractual que operó con la demandante respecto del contrato de trabajo de folio 20, quedando establecida la labor de recepcionista para Comcaja y luego la de Secretaria de Gerencia de Salud – Nivel Operativo III adscrita al programa ARS en liquidación, resultando contraevidente que se hubiera concluido que el último empleador lo fue la demandada Comcaja.
Dijo que igualmente fueron mal apreciadas las documentales relacionadas con la existencia del Sindicato “Sintracomcaja” y la convención colectiva de trabajo, obrantes a folios 2 y 3, 4 y 5, 9 y 10, 204 a 230, y 231, toda vez que Comcaja-Programa ARS en liquidación, es ajena a cualquier conflicto colectivo, pues la accionada Comcaja era quien estaba negociando el pliego de peticiones y en tales circunstancia quedó demostrado el tercer yerro fáctico.
A reglón seguido insistió en la equivocada apreciación de la Resolución 2219 del 9 de octubre de 2001, de la Superintendencia de Salud, que ordenó la liquidación de Comcaja-Programa ARS, y de la certificación que milita a folios 68 a 71, lo que llevó a que la colegiatura no concluyera que la desvinculación de la demandante obedeció a un mandato legal e inoponible impuesto en dicho acto administrativo, a fin de cristalizar la disolución definitiva de la ARS, estando el agente designado obligado a no solo liquidar el programa sino a despedir a sus trabajadores por un modo de rescisión imperativo y no una justa causa susceptible de calificación.
Trajo a colación lo expuesto por la sentencia de la Corte Constitucional C-795 de 2009, sobre la reforma al régimen de liquidación de las entidades estatales contenido en la Ley 1105 de 2006 artículo 8º, para luego inferir que la terminación del contrato de trabajo de la actora, no dependía de la existencia de una negociación colectiva con el Sindicato, sino, como atrás se anotó, de un mandato legal e inoponible, siendo en consecuencia fundado el cuarto error de hecho.
A continuación señaló que aun cuando se esté en presencia del fuero circunstancial alegado, el reintegro objeto de condena constituye una obligación imposible de cumplir por la liquidación de Comcaja-Programa ARS en el cual laboraba la accionante, por haber desaparecido como persona jurídica, siendo el citado reintegro manifiestamente incompatible con la desaparición jurídica y material de la verdadera empleadora, el cual no se puede materializar. Al efecto rememoró la sentencia de la CSJ SL, 7 de jul 1999, rad. 10779, relativa a las obligaciones de imposible cumplimiento, casos en los cuales la única manera de compensar los perjuicios sufridos será el pago de la respectiva indemnización. Agrega que de esta manera se prueba el quinto yerro fáctico.
Por su parte, la opositora solicitó de la Corte rechazar el cargo, por cuanto en el contrato de trabajo de la demandante no aparece que ésta hubiera sido vinculada para laborar al servicio de Comcaja-Programa ARS ahora en liquidación, pues fue contratada por Comcaja, que según la constancia de folio 47 del cdno. 1 ostenta personería jurídica desde el año 1993 como corporación de subsidio familiar. Que el hecho de que posteriormente la Superintendencia Nacional de Salud en el año 1996, le hubiera aprobado a la accionada la administración de los recursos del régimen subsidiado, bajo la denominación Comcaja-ARS —autorización que fue revocada en el año 2001, volviendo a ser simplemente Comcaja—, no desvirtúa que la empleadora fue siempre la misma entidad demandada.
Agregó que el tribunal apreció correctamente las pruebas denunciadas, que demuestran que Comcaja y Comcaja-ARS son una sola persona jurídica con dos programas, uno relativo al subsidio familiar y otro concerniente a la administración del régimen subsidiado en salud.
Se comienza por recordar que de acuerdo con lo normado en la Ley 16 de 1969, artículo 7º, que modificó la Ley 16 de 1968, artículo 23, para que se configure el error de hecho es indispensable que el cargo exprese las razones que lo demuestran y, a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que los desatinos aparezcan notorios, protuberantes y manifiestos, por provenir de la falta de apreciación o de la errada valoración de una o más pruebas calificadas.
La censura en este cargo encauzado por la vía indirecta, formuló cinco (5) errores de hecho, orientados a demostrar que el tribunal se equivocó, al concluir: a) Que la Caja de Compensación Familiar Campesina, Comcaja, y Comcaja-Programa ARS en liquidación, son una sola y misma persona jurídica; y b) Que para la época del despido de la demandante la empleadora se encontraba en un proceso de negociación colectiva con el sindicato de la empresa, por lo que entonces ella gozaba de fuero circunstancial y de protección especial, siendo su reintegro necesario. Para ello acusó la errada valoración de las piezas procesales de la demanda introductoria y su contestación, así como de otras varias pruebas documentales.
En el desarrollo de la acusación, en esencia, la recurrente argumentó que la Caja de Compensación Familiar Campesina, Comcaja y Comcaja Programa-ARS en liquidación, son dos personas jurídicas distintas o autónomas, y por ende el despido de la actora, comunicado por la última, tuvo su causa en un mandato legal e inoponible como lo era su liquidación, debiéndose atribuir la responsabilidad a esta y no a la demandada Comcaja que no fue la última empleadora. La recurrente afirma que ello apareja que no se configure el fuero circunstancial reclamado, al no existir conflicto colectivo alguno, además de que la liquidación del programa ARS hace imposible el cumplimiento de una orden de reintegro, al desaparecer éste del mundo jurídico.
Planteadas así las cosas, en el plano meramente fáctico, el tribunal no desconoció que la actora se vinculó mediante contrato de trabajo a la demandada Caja de Compensación Familiar Campesina, Comcaja, para desempeñar un cargo en el área de seguridad social en salud. Tampoco el hecho de que la carta de despido la suscribió el liquidador del programa ARS en liquidación. El ad quem consideró fue que Comcaja —como una sola unidad y con una misma razón social—, continuó siendo la verdadera empleadora de la accionante, y la circunstancia de que uno de sus negocios que hacen parte de su objeto social se hubiera intervenido con fines de liquidación, no implicó cambio de empleador. Además, evidenció que la entidad en su totalidad no entró en proceso de liquidación, pues continuó funcionando administrando lo relativo al subsidio familiar. Del mismo modo, el ad quem concluyó que el agente liquidador del citado programa ARS no podía ejercer la facultad de cancelar los contrato de trabajo, mientras no solicitara permiso del Ministerio de Trabajo, por gozar los trabajadores —entre ellos la demandante—, de fuero circunstancial y si bien operó un modo legal de ruptura de la relación laboral por voluntad de una de las partes, no se configuró una justa causa de despido, lo que lleva a reintegrar a la trabajadora tal como lo dispuso el juez de primer grado.
Las inferencias puestas de presente no son desvirtuadas con las piezas procesales y pruebas denunciadas y, por consiguiente, del estudio objetivo de las mismas, no se logra acreditar ninguno de los yerros fácticos endilgados, como pasa a explicarse:
A. Primero y segundo errores de hecho: Empleador de la demandante:
1. Demanda inicial y su contestación. (fls. 37 a 41 y 75 a 81 del cdno. del Juzgado).
Primeramente hay que decir, es que la errada apreciación de la demanda inaugural y su contestación, puede generar un error de hecho con el carácter de manifiesto, como lo ha sostenido esta Sala, entre otras, en la sentencia de la CSJ SL, 5 ag. 1996, rad. 8616, reiterada en casación de 21 jul. 2004, rad. 22386.
En este caso concreto, la Sala observa que dichas piezas procesales no fueron mal apreciadas, toda vez que la sentencia acusada guarda congruencia y se dictó conforme a los supuestos fácticos que rodearon los puntos en discordia, según los pedimentos de la demandante y los argumentos de defensa de la accionada Caja de Compensación Familiar Campesina, Comcaja.
Es más, frente al punto que interesa al recurso de casación, atinente a quién ostenta la calidad de empleador de la demandante, se observa que la demandada Comcaja al dar contestación al hecho 1.1. del libelo demandatorio, admitió la existencia de los contratos de trabajo suscritos por ésta y no el programa ARS con la actora, aun cuando adujo que para el momento del retiro era otro el empleador refiriéndose a dicho programa (fl. 75 ibídem), situación esta última que, como se verá, no se logró acreditar. Esto trae como consecuencia que la convocada al proceso fue la entidad contratante de los servicios de la accionante y, por ende, como lo concluyó la alzada, ella era la verdadera empleadora.
De otro lado, en lo que atañe a la respuesta dada por el liquidador del programa del régimen subsidiado de Comcaja-ARS en Liquidación (fls. 117 a 121 idem), la censura aduce que contiene una “confesión categórica” de que para el momento de la desvinculación de la demandante dicho programa, como entidad, era la verdadera empleadora y no la demandada Comcaja. Al respecto cabe decir, que partiendo de la conclusión del tribunal de que se trata de la misma persona jurídica, no es factible considerar las manifestaciones de la parte accionada contenidas en la citada pieza procesal, dado que no constituyen confesión judicial, por no reunir los requisitos del Código de Procedimiento Civil, artículo 195, valga decir, que ella verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante —ya que en este caso buscan su favorecimiento—, o que favorezcan a la parte contraria.
2. Constancia de la división legal de la Superintendencia de Subsidio Familiar expedida el 3 de mayo de 2005 (fl. 273 cdno. ppal.).
Esta prueba documental fue correctamente apreciada por el ad quem, pues de su contenido extrajo lo que exactamente aquella muestra, esto es, que Comcaja “es una persona jurídica sin ánimo de lucro, organizada como corporación de subsidio familiar, que cumple funciones de Seguridad Social” vigilada por las Superintendencias de Subsidio familiar y de Salud (subraya la Sala).
Ese documento incluso corrobora lo inferido por la Colegiatura, en el sentido de que se trata de una única persona jurídica con dos negocios que hacen parte de su objeto social, uno relativo al subsidio familiar y otro a la seguridad social en salud relativo a la administración del régimen subsidiado.
3. Resolución 2219 del 9 de octubre de 2001 emanada de la Superintendencia Nacional de Salud (fls. 56 a 66, que se repite a folios 134 a 144, 157 a 167, 176 a 186 y 303 a 313 del cuaderno del Juzgado).
El anterior acto administrativo no se apreció con error, como quiera que el tribunal no distorsionó su contenido y del mismo no es factible arribar a la conclusión a que llega la censura, en el sentido de que la Caja de Compensación Familiar Campesina, Comcaja, y Comcaja-Programa ARS en liquidación, sean dos personas jurídicas distintas y autónomas, ya que ninguno de sus apartes da cuenta de ese hecho.
Como bien lo coligió el Juez Colegiado, con dicha resolución la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención parcial (no total) de la demandada Caja de Compensación Familiar Campesina “Comcaja”, para efectos de liquidar uno de sus negocios o programas que venía cumpliendo, como lo era la administración del régimen subsidiado de salud, para lo cual dispuso la toma de posesión como consecuencia de haberse revocado la aprobación o autorización que esta tenía para administrar los recursos de ese régimen. Ello, según se lee, con amparo en el Decreto 788 de 1998, que le otorgó facultades o funciones de intervención a la “Superintendencia Nacional de Salud” en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en el Decreto 1922 de 1994, que se refiere a la intervención para administrar total o parcialmente la entidad y en caso de que sea necesario la intervención y toma de posesión para efectos de liquidar una EPS o ARS, cualquiera que sea su naturaleza. Para el caso, “de manera parcial para liquidar un área o programa específico” de Comcaja, o sea el de la administración del régimen subsidiado (subraya la Sala). Lo anterior obligaba a tomar una serie de medidas a fin de garantizar la eficacia del procedimiento liquidatorio. Entre estas últimas está la de separar sus administraciones y direcciones, con el fin de que se concentren en los bienes propios de cada área, con la consecuente designación de un liquidador del programa ARS.
La citada resolución también enfatizó que por la intervención parcial efectuada por la Superintendencia Nacional de Salud y la supresión de la autorización de que gozaba Comcaja para administrar el régimen subsidiado en salud, debía liquidarse el programa o área encargada de este negocio.
En parte alguna de la citada resolución se expresa que, a partir del momento de la intervención parcial en comento, el programa ARS se deba considerar como una nueva persona jurídica ajena a Comcaja, o que se entienda que ésta quedó escindida en dos sujetos totalmente independientes, conforme lo sostiene la censura. Por el contrario, lo que muestra su contenido, es lo concluido por el tribunal, de que por la liquidación del programa ARS, de ahí en adelante quedó operando la Caja únicamente en lo relativo al subsidio familiar, conservándose como una sola entidad. En tales condiciones, era factible colegir que la empleadora de la demandante continuó siendo la demandada Comcaja.
En un caso seguido contra la misma demandada con características similares al presente, que mantuvo el reintegro del demandante que gozaba de fuero circunstancial, en el que analizó igual prueba relativa a la Resolución 2219 de 2001 emanada de la Superintendencia Nacional de Salud, en sentencia de la CSJ SL, 16 mar. 2010, rad. 36551, la Sala infirió que: “Así mismo en el año 2001 la Superintendencia Nacional de Salud, decidió quitarle la administración y la operación del Régimen Subsidiado y volvió a ser simplemente Comcaja encargada de la administración del subsidio familiar” (resalta la Sala).
Así las cosas, desde el punto de vista fáctico el tribunal no cometió ninguna deficiencia probatoria al valorar la resolución de marras, pues como quedó visto se atuvo a su contenido, sin hacerle decir nada que no aparezca en su texto.
4. Contrato de trabajo celebrado entre las partes (fls. 21 y 22 del cdno. ppal.).
Esta prueba documental también fue bien valorada, por cuanto el tribunal de allí extrajo que la persona jurídica con quien se vinculó la demandante para laborar en el programa del régimen subsidiado en salud, era la accionada Caja de Compensación Familiar Campesina “Comcaja”; inferencia que está completamente acorde con lo que muestra el contenido del contrato de trabajo en cuestión, en el que se lee como empleador “Caja de Compensación Familiar Campesina NIT: 800.231.969-4”, cargo “Secretaria Coordinación, Nivel Operativo – Secretarial, Categoría II”, dependencia “Área Seguridad Social Salud” y fecha de iniciación de labores “2 de enero de 1997” (fl. 21 y 22).
Bajo este entendido no es de recibo lo planteado por el recurrente de que la demandante que era trabajadora de Comcaja que fue quien la contrató, pasó a ser dependiente exclusiva de Comcaja Programa ARS, ya que el contrato es uno solo y no aparece ninguna modificación posterior de cambio de empleador, ni la censura alude a la suscripción de un nuevo contrato.
5. Certificación expedida el 5 de diciembre de 2001 sobre las personas que prestan servicios al programa Comcaja ARS (fls. 68 a 71 del cuaderno del Juzgado) y carta de despido de la demandante del 22 de enero de 2002 (fls. 7 y 49 ibídem), ambos documentos suscritos por el agente liquidador del programa ARS en liquidación.
El juez de apelaciones, frente a la valoración de estas pruebas documentales, tampoco incurrió en deficiencia probatoria alguna, ya que no desconoció la situación de que la demandante como trabajadora de Comcaja simplemente, estaba asignada para laborar en el área de salud ARS y que la persona que firmó la carta de terminación de su contrato de trabajo fue el agente liquidador de dicho programa, pues así lo puso de presente en las consideraciones de la sentencia impugnada.
Caso distinto fue que el ad quem estimó con fundamento en lo que muestran las pruebas, que al liquidador del programa ARS le correspondía suscribir la carta de despido, por haber sido nombrado por la Superintendencia de Salud con esas facultades, por razón de la intervención parcial y liquidación de uno de los negocios de la demandada Comcaja, entidad que en el presente caso fungió como empleadora y, como antes se explicó, fue la persona jurídica que contrató laboralmente a la demandante para prestar servicios en el área que administraba el régimen subsidiado. Este último programa, como atrás quedó visto, hacía parte del objeto social de la entidad accionada, según la autorización dada con la Resolución 265 del 28 de febrero de 1996 de la Superintendencia Nacional de Salud, tal como figura reseñado en los antecedentes de la resolución ya estudiada, Nº 2219 del 9 de octubre de 2001 (fl. 59 del cdno. ppal).
Por lo aquí expuesto, no quedan demostrados los dos primeros errores de hecho.
B. Tercer error de hecho: Proceso de negociación colectiva:
Documentos relativos a la afiliación de la demandante a la organización sindical Sintracomcaja (fl. 23 y 232 del cuaderno del Juzgado), al desarrollo del conflicto colectivo de trabajo (fls. 2 - 3, 4 - 5, 9-10 y 231 ibidem) y la existencia de la convención colectiva de trabajo (fls. 204 a 230 idem).
Conforme a la sustentación del cargo, la recurrente con estas pruebas pretende demostrar que “Comcaja Programa ARS en Liquidación” nunca estuvo involucrada en un proceso de negociación colectiva con la organización sindical Sintracomcaja, a la cual estaba afiliada la actora, para lo cual le enrostró su mala apreciación.
Como no se probó en plano fáctico que el programa ARS en liquidación se tratara de una persona jurídica diferente y ajena a la demandada Caja de Compensación Familiar Campesina, Comcaja, que actuó como la entidad empleadora en el conflicto colectivo de trabajo que existía para la época, se tiene que el tribunal apreció bien esas pruebas.
En efecto, con tales probanzas se dio por acreditado lo que realmente muestran, esto es, tanto la afiliación de la accionante a la organización sindical que presentó el pliego (fls. 23 y 232), como la negociación colectiva que se desarrolló entre ésta y Concaja (fls. 2 - 3, 4 - 5, 9-10 y 231), que culminó con la suscripción de la convención colectiva de trabajo tiempo después del retiro de la actora (fls. 204 a 230 ídem).
Con base en ello, el tribunal sin distorsionar el contenido de tales medios de convicción, estableció que la demandante gozaba de la protección del fuero circunstancial.
Así las cosas, no queda tampoco probado el tercer yerro fáctico.
C. Cuarto error de hecho. Motivo de terminación del contrato de trabajo.
Vista la motivación de la sentencia impugnada, el tribunal en este punto consideró que la finalización del contrato de trabajo de la demandante por la liquidación del programa ARS, aun cuando configura un modo legal de ruptura de la relación laboral contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 61, no se constituye en un despido justificado, máxime cuando la jurisprudencia viene sosteniendo que la liquidación de una empresa faculta para cancelar los contratos, pero de ninguna forma con fundamento en una de las justas causas legalmente establecidas.
El tribunal extrajo el motivo de la desvinculación de la demandante de lo invocado por el agente liquidador del programa ARS en la carta de despido, fechada “enero 22 de 2002», visible a folios 7 y 49 del cuaderno del juzgado. En dicha misiva efectivamente se le comunicó a la demandante que “Teniendo en cuenta que mediante la Resolución 2219 de octubre 9 de 2001. La Superintendencia Nacional de Salud, ordenó la liquidación del Programa de Régimen Subsidiado de la Caja de Compensación Familiar Campesina Comcaja y en consecuencia ante la imposibilidad de desarrollar el objeto social para la cual fue contratado (sic), he decido (sic) dar por terminado el contrato de trabajo suscrito con usted, a partir del 24 de enero de 2002, inclusive…”.
Como se puede observar, el motivo de terminación del contrato de trabajo que encontró el fallador de alzada es el mismo que aparece señalado en la carta de despido, y en este sentido apreció correctamente tal comunicación.
De la misma manera, el tribunal no desconoció que en la mencionada Resolución 2219 de 2001, por medio de la cual se ordenó la intervención parcial de Comcaja y que condujo a la liquidación del Programa del régimen subsidiado, se está facultando al liquidador para “Dar por terminado los contratos de trabajo de empleados cuyo servicio no requería y conservar y contratar los que sean necesarios para el debido adelantamiento de la liquidación”. Es así que en la sentencia impugnada aludió y transcribió ese aparte del acto administrativo contenido en el parágrafo único literal L del artículo 5º de la parte resolutiva (fls. 65, 143, 166, 185 y 312 ibídem), lo cual descarta cualquier deficiencia probatoria en este puntual aspecto.
Situación diferente es que, partiendo de la correcta apreciación de estos medios de convicción, el tribunal concluyó que el motivo antes reseñado de terminación de la relación laboral, si bien era un “modo” de ruptura de los contratos de trabajo, no encajaba dentro de las justas causas de despido que consagra la legislación laboral, y la circunstancia de que el agente liquidador estuviera facultado por la Superintendencia Nacional de Salud para cancelar los contratos del personal que no requiriera, no determinaba que la liquidación del Programa ARS fuera una justa causa.
Si el recurrente no estuvo de acuerdo con la calificación jurídica que le imprimió el tribunal al motivo de finalización del vínculo de la actora —esto es, modo legal en los términos del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 61 y no una justa causa—, y por el contrario estimó que la liquidación del área o programa de administración del régimen subsidiado de Comcaja, por razón de la intervención “parcial” de la entidad de parte de uno de los órganos de control y vigilancia, se enmarca dentro de los presupuestos normativos de la disposición legal que consagra las justas causas de despido —al ser, en su decir, un “mandato legal e inoponible” impuesto por la Superintendencia Nacional de Salud—, debió plantearlo en su recurso por la vía adecuada, que lo es la directa, dado que son cuestiones jurídicas o de puro derecho.
En definitiva, tampoco queda acreditado el cuarto yerro fáctico.
D. Quinto error de hecho. Incompatibilidad del reintegro.
En relación con la imposibilidad de cumplir con la orden de reintegro, por la liquidación del área o programa ARS en el que laboraba la demandante, aun cuando se esté en presencia de un fuero circunstancial, el tribunal no pudo cometer ningún yerro fáctico, por la potísima razón de que no se pronunció sobre el tema de las eventuales incompatibilidades del reintegro, surgidas a raíz de la liquidación de Comcaja-ARS.
Al respecto es menester recordar lo dicho por esta corporación, en torno a la improcedencia de aducir un error de hecho sobre un punto que no fue materia de pronunciamiento por parte del juez colegiado. Así, en sentencia de la CSJ SL, 26 de ene 2006, rad. 25.494, reiterada en la SL 6 de jun 2007, rad. 31.010, puntualizó:
En lo que concierne a los yerros enumerados como segundo y tercero, que tienden a demostrar es la vigencia durante todo el vínculo contractual del anexo al contrato de trabajo suscrito entre las partes, que consagró la fórmula o sistema de liquidación de comisiones que “Incluia restar del valor establecido para identificar la comisión para el trabajador, el 10% de 6 salarios mínimos legales vigentes”, el juez colegiado no pudo cometer ningún dislate en la medida que en su decisión no analizó lo que pactaron los contratantes en materia de liquidación de comisiones, en especial lo acordado en los anexos u “otro si” del contrato, que éstos celebraron en el transcurso de la relación laboral, pues simplemente se limitó a establecer las cantidades que por el rubro "(-) 10% 6 salarios mínimos vigentes” figuraban en las planillas valoradas de “detalle liquidación de comisiones” y a inferir que se trataba de descuentos de salarios no autorizados.
Por consiguiente, el quinto error de hecho no se configuró.
Enconsecuencia, por todo lo dicho, el cargo no prospera.
Acusó la sentencia impugnada por la vía directa, por violación de medio respecto del Código de Procedimiento Civil, artículos 92, 304 y 305, aplicable en lo laboral por remisión analógica del Código de Procedimiento del Trabajo y Seguridad Social, artículo 145, en relación con el mismo conjunto normativo invocado en el cargo anterior, lo que condujo a aplicar indebidamente el Decreto 2351 de 1965, artículo 25.
Para el desarrollo de la acusación, el recurrente manifestó que dada la vía escogida, compartía las conclusiones fácticas de la sentencia del tribunal, entre ellas que la actora para el momento de la desvinculación laboral “era trabajadora” de Comcaja-Programa ARS, cuyo liquidador fue quien despidió y notificó de esa decisión a la trabajadora demandante.
Especificó que partiendo de estos supuestos, el tribunal debió declarar la prosperidad de la excepción propuesta por la demandada Comcaja, en la que se alegó que ella no era la llamada a responder por las pretensiones incoadas, ya que por las consecuencias del despido de la actora, quien debe responder es la persona jurídica Comcaja Programa ARS en liquidación, en su calidad de empleadora.
Expuso que la falta de personería sustantiva en la persona demandada Comcaja, que no se declaró, trajo como consecuencia que el tribunal incurriera en la violación de medio que se enrostra, lo cual condujo a la aplicación indebida del D. 2351 de 1965, artículo 25, cuyas prescripciones no pueden imponerse a la convocada al proceso, pues resulta ajena al despido de la trabajadora, y que es la premisa o fundamento de la acción de reintegro que no procede.
A su turno, la réplica arguyó que se remite a las mismas razones fácticas y jurídicas expresadas para el cargo anterior, que llevan también al fracaso de esta segunda acusación.
Para dar al traste con la acusación baste decir que la censura, para edificar el ataque por la vía directa, parte de una conclusión ajena a las que verdaderamente soportan la sentencia de segunda instancia, ya que el tribunal en ningún momento infirió que la demandante era trabajadora de Comcaja Programa ARS en liquidación siendo ésta su empleadora.
Conforme a la parte motiva del fallo impugnado, lo que concluyó la alzada fue que como la demandada Caja de Compensación Familiar Campesina, Comcaja, fue la que contrató a la actora para laborar en el área o programa del régimen subsidiado, era esa y no otra la empleadora, además que Comcaja como caja de compensación familiar y como administradora del régimen subsidiado en salud “siempre ha sido una misma entidad, no dos como lo trata de hacer ver el apelante”. Al no lograrse derruir lo anterior, como quedó ampliamente analizado al despacharse el primer cargo, no puede atribuírsele un yerro jurídico al tribunal por no declarar probadas las excepciones propuestas por la accionada, bajo el entendido de que quien debía responder era el programa ARS en liquidación como empleadora y persona jurídica autónoma e independiente, pues esto último no se logró probar en el plenario.
De tal modo, que el tribunal no pudo cometer los errores jurídicos endilgados y por consiguiente el cargo no prospera.
La censura acusó la sentencia recurrida, de vulnerar la ley sustancial por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, en relación con el conjunto normativo enunciado en el primer cargo.
En la demostración del cargo esgrimió que la acusación tiene que ver con el alcance subsidiario de la impugnación, en el que se busca modificar la actual postura de la Sala según la cual el fuero circunstancial procede “independientemente de las razones fácticas que lo hagan aconsejable o desaconsejable”, postura que se funda en la idea de defender la negociación colectiva y garantizar la subsistencia del sindicato y de sus integrantes.
Aseveró que, por el contrario, excluir de una orden de reintegro toda ponderación sobre la compatibilidad o incompatibilidad de esta medida, viola la ley sustancial, ya que siempre debe estar precedida de ese examen, lo cual no atenta ni resulta extraño a la finalidad de proteger tanto a los trabajadores como a la organización sindical que los representa.
Aseguró que un despido de un trabajador que no hace parte de la junta directiva del sindicato, es muy distinto al de un líder sindical aforado que puede precipitar la disolución, desintegración o crisis de esta clase de organizaciones. En este asunto —agrega—, resulta intrascendente para la estabilidad del sindicato la desvinculación de un trabajador durante un conflicto colectivo, como fue el caso de la demandante, a menos que se tratara de un despido masivo de trabajadores, ante el cual sí se amerita una decisión diferente.
Esbozó que el tribunal en este proceso fulminó el reintegro de la actora maquinalmente, dado que no efectuó ningún análisis de la compatibilidad o incompatibilidad del mismo, de acuerdo a los lineamientos que se han trazado para la hipótesis del llamado reintegro ordinario, que tienen plena aplicación para los casos del reintegro por fuero circunstancial. De lo contrario se incurre en una interpretación errada de la ley o norma denunciada.
Finalmente, la censura presenta algunos razonamientos para ser tenidos en cuenta en sede de instancia, una vez se case la sentencia impugnada, consistentes en que el reintegro al programa ARS constituye una obligación imposible de cumplir, en la medida que al desaparecer éste no hay manera de materializar la reinstalación de la demandante, lo cual configura una incompatibilidad con la realidad expresada de la liquidación de la entidad para la cual trabajaba. Por tanto, “en subsidio y en la hipótesis de que el finiquito se hubiera producido sin justa causa la única manera de compensar los perjuicios sufridos por ella es ordenando el pago de la correspondiente indemnización”.
La entidad opositora solicitó se desestimara el cargo, por virtud de que la demandante fue despedida sin justa causa, ya que la liquidación del programa ARS no implicaba la terminación automática del contrato de trabajo. Además, como ello ocurrió encontrándose la empleadora y el sindicato en plena negociación colectiva, se configura la protección del fuero circunstancial, lo que trae como consecuencia la ineficacia o nulidad del despido, y, por contera, la continuidad del vínculo contractual con el pago de salarios de conformidad con el Código ST Art. 140, pero no el pago de la indemnización por despido.
Este cargo persigue que se determine jurídicamente que no es posible disponer un reintegro por razón de la protección por fuero circunstancial, sin el previo examen y ponderación sobre la compatibilidad o incompatibilidad de esta medida, lo cual omitió por completo realizar el juez colegiado, quien según la recurrente aplicó automáticamente el reintegro de la demandante, incurriendo en la trasgresión de la ley sustancial denunciada.
Sobre este aspecto, la Sala tuvo la oportunidad de estudiar y definir el tema en un proceso adelantado contra la misma demandada Comcaja, en el que se planteó similar acusación. En esa oportunidad se adoctrinó que tratándose de la protección por “fuero circunstancial” el juez no debe examinar la conveniencia o inconveniencia de la continuidad del vínculo laboral, porque al resultar nulo el despido producido contra el mandato del Decreto 2351 de 1965 art. 25, su consecuencia necesaria es la de volver las cosas al estado que se tenía antes de producirse el acto viciado, sin que sea dado al juez modular los efectos de su decisión. En sentencia de la CSJ SL, 10 de jul 2012, rad. 38962, se dijo:
El cargo en esencia plantea que el tribunal se equivocó al interpretar las normas que se mencionan en la proposición jurídica en tanto aplicó automáticamente el reintegro de la demandante sin detenerse a analizar la conveniencia o inconveniencia del mismo.
En orden a determinar si el tribunal cometió el yerro jurídico que se le atribuye, es necesario tener en cuenta que el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 dispone:
Al fijar el alcance de dicha disposición el tribunal trascribió apartes de la sentencia de esta Sala de fecha 5 de octubre de 1998, radicado 11.017 en uno de cuyos apartes se lee:
El anterior entendimiento descarta, desde luego, que en estos eventos el juez deba examinar la conveniencia o inconveniencia de la continuidad del vínculo contractual, porque al resultar nulo el despido producido contra el mandato del citado artículo 25, su consecuencia necesaria es la de volver las cosas al estado que tenían antes de producirse el acto viciado, sin que en este evento le sea dado al juez modular los efectos de su decisión, ni mucho menos aplicar por analogía lo previsto en el artículo 8 ordinal 5 del Decreto 2351 de 1965, en la forma en que fue extendido por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, porque en esta hipótesis legal se trata de reintegro del trabajador, al paso que el caso del fuero circunstancial se implementó otra solución legal que aunque aparentemente semejante guarda diferencias sustanciales y de fondo con aquella, aparte de que es sabido que en materia laboral la analogía es aplicable en los casos de vacíos o lagunas normativas, como se desprende el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, situación que no se presenta en este caso dado que el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 señala tanto el supuesto de hecho como la consecuencia jurídica que se produce.
Surge de lo discurrido que el cargo debe ser desestimado, porque no demuestra la interpretación errónea que denuncia.
En este orden de ideas, como no hay razones suficientes para variar el actual criterio de la Sala, que se reitera, se concluye que el ad quem no incurrió en el yerro jurídico enrostrado al ordenar el reintegro de la actora, sin entrar a determinar incompatibilidades o inconveniencias, máxime que, como quedó visto, la alzada desde el punto de vista probatorio infirió que la demandada Comcaja continuó funcionando con uno de los negocios que hace parte de su objeto social, pues conforme lo muestran las pruebas se intervino y liquidó solamente un programa de ésta, mas no la totalidad de la entidad, lo cual como quedó visto el recurrente no logró derruir en el primer cargo.
En tales condiciones el cargo no prospera.
Las costas del recurso extraordinario serán a cargo de la demandada recurrente, por cuanto la acusación no salió triunfante y hubo réplica. Se fijan en la suma de seis millones trecientos mil pesos m/c ($6.300.000), que se incluirán en la liquidación que para tal efecto practique la secretaría.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de proferida por Sala Laboral del tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, el 22 de octubre de 2009, en el proceso que Clementina López Pulido le promovió a la Caja de Compensación Familiar Campesina, Comcaja.

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