Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1700
Timestamp: 2018-01-19 13:52:12+00:00

Document:
CELEBRADA EL MARTES 12 DE ABRIL DEL 2016.
Una, del Senador Zoé Robledo Aburto, por la que informa de su reunión con la Jefa de Políticas Públicas, México, Centroamérica y El Caribe de Google, el pasado 5 de abril
Informe de labores correspondiente al año 2015
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria
Acuerdo por el que exhorta a comisiones de la Cámara de Senadores a dictaminar el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, recibido el 10 de diciembre de 2014
Comunicación por la que informa de modificaciones en la integración de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas
De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de los Senadores Jesús Casillas Romero, Mariana Gómez del Campo Gurza, Luz María Beristáin Navarrete, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud
De la Senadora Pilar Ortega Martínez y a nombre de los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
Del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que deroga el Título Décimo y agrega un Título Vigésimo Séptimo del Código Penal Federal
De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 7° y 11 de la Ley de Migración
De las Senadora Diva Gastélum Bajo y a nombre de las Senadoras Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 44 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Migración
De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la secretaría para la igualdad sustantiva y desarrollo de las mujeres
De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 81 de la Ley de Hidrocarburos
De la Senadora Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
De la Senadora Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos
Del Senador Jesús Casillas Romero y a nombre de las Senadoras Ana Gabriela Guevara, Ivonne Álvarez García, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, con proyecto de decreto por el que se declara el 21 de septiembre de cada año como “El Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano”
Iniciativa de ciudadanos, representados por el señor Juan Dabdoub Giacoman, que proponen proyecto de decreto para reformar el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que cumple con el requisito establecido por la fracción IV del artículo 71 constitucional, conforme al Informe presentado por el Instituto Nacional Electoral
De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Senadora Yolanda de la Torre Gálvez
De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones Ley de Vivienda
Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentado el 24 de marzo de 2015
Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con diversos proyectos de decreto, presentados los días 25 de marzo y 8 de abril de 2014 y 18 de noviembre de 2015.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: (11:51 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado 78 ciudadanas y ciudadanos Senadores.
En consecuencia, hay quórum señora Presidenta.
Se abre la sesión del martes 12 de abril correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió una comunicación del Senador Zoé Robledo Aburto, por la que informa de su reunión con la Jefa de Políticas Públicas, México, Centroamérica y El Caribe de Google, el pasado 5 de abril.
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió del Tribunal Superior Agrario su Informe de labores correspondiente al año 2015.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Remítase copia a las comisiones de Reforma Agraria y de Justicia.
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Asimismo, de la Colegisladora se remitió un acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de la Cámara de Senadores a dictaminar el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, recibido el 10 de diciembre del 2014.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Remítase a las comisiones de Desarrollo Urbano y de Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos.
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: La Cámara de Diputados nos remite también una comunicación por la que se informa de modificaciones a la integración de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: La Asamblea ha sido enterada.
En el apartado de iniciativas, tiene la palabra la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, para presentar a nombre propio y de los Senadores Jesús Casillas Romero, Mariana Gómez del Campo Gurza, Luz María Beristain Navarrete, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros: Las recientes emergencias atmosférica que hemos vivido en esta la zona metropolitana más importante del país, la más poblada, ponen en el centro de la atención social y gubernamental a la calidad del aire como el problema más relevante en las ciudades, pero lamentablemente no es el único problema, tengo que decir que lo que estamos presenciando, permítanme la expresión, una guerra en torno al espacio público.
Necesitamos prevenir, reducir, eliminar todas las problemáticas que ponen en riesgo la salud de las personas y, para ello, se han impulsado a lo largo de la historia diferentes adiciones a la Ley General de Salud en materia de tabaquismo, de control de sobrepeso, de obesidad, de bebidas alcohólicas, estas últimas, por ejemplo, ampliaron la intención y actuación para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol.
Se incorporaron una serie de acciones, incluso de coordinación con otras leyes del orden federal que también atienden esta problemática, y se estableció claramente la coordinación entre los gobiernos federales, estatales y municipales, que es uno de los grandes retos de nuestras zonas metropolitanas, cómo lograr una coordinación efectiva para que a partir de recursos presupuestarios, no basta solamente la voluntad, se desarrollen políticas públicas en la materia.
Por tratarse de un asunto que impacta la salud y la seguridad, deberíamos preguntarnos también, por eso les hablo de esta guerra sobre el espacio público, ¿cuántos accidentes viales le quitan la vida o propician alguna discapacidad a quienes transitan diariamente?
A nivel mundial, les voy a dar algunos datos, cada año se registran 1.3 millones de muertes a causa de accidentes viales, casi el total de la población de Aguascalientes, por citar un ejemplo. La mitad de las personas que mueren por esta razón son usuarios vulnerables en la vía pública; es decir, peatones, ciclistas y motociclistas.
En México, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, el Conapra, señaló que al año se registran 1.2 millones de personas con algún tipo de discapacidad provocados por accidentes de tránsito.
En este contexto, la Organización Mundial de la Salud advirtió que de no tomarse las medidas necesarias hacia 2030, los accidentes de tránsito podrían convertirse, ojo con este dato, en la séptima causa de muerte a nivel nacional. La falta de seguridad vial en nuestro país, como en muchas partes del mundo, se ha convertido en un problema de salud pública al que debemos otorgar la atención, la importancia que requiere, porque además de los millones de muertes ocasionados también es un problema que impacta en la economía.
De acuerdo con el secretario técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, y estos son datos a 2013. Los accidentes viales le cuestan a nuestro país alrededor de 150 mil millones de pesos, estamos hablando del 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto. Estos recursos podrían realmente invertirse en el cuidado de la salud, en una movilidad sustentable y, desde luego, en vialidades mucho más democráticas.
Qué puede haber más democrático que un espacio público al que todos podemos tener acceso, yo imagino pocas cosas.
Hace seis años la ONU estableció el decenio 2011-2020 como la década de acción para la seguridad vial. El objetivo es que realmente podamos generar conciencia a nivel mundial sobre este problema e intensificar el diseño y la implementación de políticas públicas que nos permitan atenderlo.
En noviembre de 2015 se llevó a cabo la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre la Seguridad Vial en Brasil, donde a tan sólo cinco años de cumplir las metas del decenio se hizo un llamado enfático señalando la obligación de obtener resultados mucho más eficaces que apliquen leyes en materia de vialidad y de tránsito, así como que generen las medidas de prevención necesarias para producir efectos a largo plazo.
En este sentido, mis compañeras y mis compañeros Jesús Casillas, Mariana Gómez del Campo, Luz María Beristain, Graciela Ortiz, Marcela Guerra y su servidora, consideramos necesario modificar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de seguridad vial, toda vez que dicha norma tiene como propósito reglamentar el derecho a la protección de la salud.
Esta iniciativa que ponemos hoy a su consideración tiene varios objetivos:
Primero, generar las bases para mitigar y prevenir un problema de salud pública que, debemos reconocer, va en franco crecimiento.
Segundo, coadyuvar en el cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales del Estado mexicano en materia de accidentes de tránsito, pero también en materia de lesiones.
Es fundamental fortalecer las políticas públicas impulsadas por el gobierno federal a través del Conapra, así como la coordinación efectiva, como ya les decía, entre las entidades federativas, los municipios y, desde luego, la Federación.
Es claro que la protección a la salud implica la coordinación, colaboración y corresponsabilidad del sector público, y que por eso consideramos que ampliar la normatividad en torno a los accidentes viales y de tránsito no tendría por qué ser la excepción.
De aprobarse esta propuesta en el contexto rumbo a Hábitat III, también abonaríamos a que en octubre próximo, que se lleva a cabo la Cumbre Mundial de Hábitat, México pueda presentarse en Quito con avances sustanciales en la legislación, que contribuya a lograr que nuestras ciudades sean más seguras, pero también mucho más excluyentes.
La política de segundos pisos que hemos venido teniendo, la verdad es profundamente excluyente, hay que tener un vehículo, hay que poder pagar un peaje, y eso no lo pueden hacer la mayoría de las personas en nuestro país.
Compañeras y compañeros: Aprovecho este espacio para reiterarles la invitación a la Reunión Regional para América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo en la ciudad de Toluca, en la capital de mi estado, los próximos días 18, 19 y 20 de abril, donde por primera vez en este proceso rumbo a la Cumbre Mundial de Hábitat, las y los legisladores tenemos un papel fundamental.
Hemos sido convocados formalmente para participar en una de las mesas de diálogo, de donde saldrá la Declaración de Toluca, que se presentará en la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible.
La seguridad vial, compañeras y compañeros, como muchos otros, es un tema que no puede regatearse, es literalmente un asunto de vida o muerte, un asunto que impacta la calidad de vida de millones de personas.
Espero que tengan a bien considerar esta propuesta que hoy ponemos a su consideración.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Ana Lilia.
Senadora Ana Lilia, las compañeras quieren suscribir la iniciativa.
Solicito a la Secretaría dé cuenta de los Senadores que quieran suscribir la presente iniciativa.
Enseguida tiene el uso de la palabra la Senadora Pilar Ortega Martínez para presentar a nombre propio y de las Senadoras y Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Tiene la palabra, Senadora Pilar.
La Senadora Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, Presidenta.
Compañeras y compañeros Senadores y Senadoras: Vengo a presentar esta propuesta a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y es una propuesta que se inserta dentro de los esfuerzos que se están haciendo por construir la reforma secundaria en materia del Sistema de Combate a la Corrupción.
Como ustedes saben, uno de los pilares en que descansará este Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, lo será la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Tal Fiscalía será la instancia responsable de investigar, prevenir y conocer los delitos en materia de corrupción.
Es relevante porque además la propia Constitución le da esta relevancia puesto que, derivado de la reforma política publicada el 10 de febrero de 2014, el Constituyente ordena la creación de una Fiscalía General de la Nación y con ello dota de autonomía al Ministerio Público, pero previene que dentro de esta Fiscalía se establezcan dos Fiscalías Especializadas; una en materia de combate a la corrupción y otra en materia de persecución a los delitos electorales.
Esta propuesta incluso ya se está analizando y me refiero a la Ley de la Fiscalía, y Acción Nacional, en su momento, presentó una iniciativa que está en comisiones.
Sin embargo el propio Constituyente establece que estas dos Fiscalías Especializadas, en tanto surja la Fiscalía General, deberán crearse a través de la designación directa del Senado de la República, es decir, lo que pretendía el Constituyente es que, independientemente del plazo en que se formara la Fiscalía General, estas dos Fiscalías Especializadas sí entraran en brevedad a formar parte de la vida jurídica.
Por ello uno de los aspectos medulares y relevantes es la construcción de un sistema de combate a la corrupción en materia penal, y esto tendrá su eficacia y su éxito derivado del éxito que tenga esta figura, la Fiscalía de Combate a la Corrupción.
Por ello lo que hoy estamos planteando es que se haga una modificación a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para que se establezcan con claridad las atribuciones y el marco de actuación que tendrán estas dos Fiscalías Especializadas que previene la Constitución: una, la Fiscalía en materia de combate a la corrupción, y la otra la Fiscalía para la atención de los delitos electorales.
Ustedes saben que uno de los temas más importantes que tenemos que atender en este Sistema Nacional Anticorrupción, tiene que ver con el ámbito del derecho penal, que va más allá de la imposición de sanciones administrativas, puesto que por su gravedad estas conductas implicarían penas incluso privativas de la libertad.
Por ello es muy delicada la función que desarrollará este Fiscal Anticorrupción que aún no ha sido designado por el Senado, pero para ello es importante que el mismo tenga un marco de actuación que le dé solidez, que le dé fortaleza y que le dé independencia técnica y operativa para desarrollar su función.
Ese es el objetivo de la propuesta que hoy venimos a poner a su consideración.
Sólo como preámbulo señalaré algunos datos que se publican en el estudio realizado por el CIDE y el IMCO denominado “México Anatomía de la Corrupción”.
En el que se refiere que de 444 denuncias presentadas entre los años 1998 a 2012; es decir, un lapso de 15 años, tan sólo se consignaron, si esto equivale, al 1.6 por ciento.
También se destaca en este estudio que en el Censo de Impartición de Justicia del IMCO, se estima que tan sólo el dos por ciento de los delitos cometidos por servidores públicos, derivan en penas privativas de libertad.
Y otro dato importante es que entre 2000 y 2013, en México estuvieron en funciones un total de 63 gobernadores, de los cuales a pesar de que 41 fueron señalados por actos de corrupción. Tan sólo 16 fueron investigados y sólo procesados y declarados culpables.
Es decir, tenemos que los datos nos indican un Estado de impunidad en lo que hace a la materia penal en materia de combate a la corrupción.
Es por ello que esta propuesta lo que pretende justamente es dotar a las instituciones de los mecanismos y herramientas necesarias para realizar está función de persecución, investigación de los delitos en materia de corrupción.
Y esta iniciativa lo que de alguna manera establece como aspectos relevantes de la misma lo siguiente:
Se establece que está fiscalía estará dotada de independencia técnica, me refiero a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer los delitos en materia de corrupción.
Se propone que cuente con una estructura regional a través de la creación de unidades administrativas distribuidas en regiones dentro del territorio nacional para el seguimiento de las investigaciones.
Se prevé que cuenten con una estructura funcional de recursos humanos suficiente para el debido cumplimiento de sus funciones. También se propone que cuente con los recursos presupuestales necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Para lo cual se diseña un mecanismo que asegura que está fiscalía contará con un presupuesto designado desde la propia ley, y que no podrá ser inferior en los subsecuentes ejercicios presupuestales, y mandatamos que sea la Cámara de Diputados quien asegure que esto se cumpla.
Se hace referencia en mecanismo de nombramiento y remoción previsto por la Constitución.
Se establecen los requisitos para hacer Fiscal Especializado, equiparándolos a los mismos que para ser Procuradora General de la República. Esto por lo que hace a la Fiscalía Anticorrupción.
De manera similar se establece un marco también de actuación para la Fiscalía Especializada para la actuación de delitos electorales, dotada también de independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia electoral.
Se propone que cuente también con una estructura regional, con una estructura funcional de recursos humanos suficientes para el cumplimiento de sus funciones.
También se hace referencia a un mecanismo que le permita tener un Presupuesto Marco para el desarrollo de su función y que éste tenga también una obligatoriedad de cumplimiento dentro de la propia Procuraduría.
Estos son los aspectos más relevantes de esta propuesta que, como les comentaba anteriormente, tiene como objetivo fundamental que la institución denominada “Fiscalía Anticorrupción”, nazca a partir de la designación que realice este Senado, con las herramientas y con la estructura suficiente y necesaria para combatir la Comisión de Conductas Ilícitas que Derivan en Actos de Corrupción, y que se constituye como un pilar fundamental dentro del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, para quedar homologada a los otros proyectos que existen sobre la materia.
Se concede ahora el uso de la palabra, el uso de la tribuna al señor Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto que deroga el Título Décimo y agrega un Título Vigésimo Séptimo, al Código Penal Federal.
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Muchas gracias, señor Presidente.
Con vuestra venia su señoría.
Hace unos días comentaba el Senador Romero Hicks, que buscaba algunos Senadores que hablaran poco; entonces, voy a tratar de cubrir la expectativa siendo más que breve.
No voy a andar en el tema de la corrupción y el problema que representa para el país, ya ha sido abordado en el exceso y creo que lo hemos debatido.
Sin embargo, quiero poner a su consideración lo que es una iniciativa para la reforma del Código Penal en lo que hasta hoy se entiende como delitos de servidores públicos.
Los delitos de servidores públicos, debilita la estructura institucional en todos los niveles y ha puesto al descubierto la amplia red de complicidades que existen al impedir su sanción de manera concurrente.
El Sistema Anticorrupción que hoy estamos debatiendo en sus leyes secundarias, su potencia radica en gran parte en la posibilidad de generar sanciones efectivas, lo que estamos proponiendo con esta iniciativa es un catálogo de delitos más amplio, efectivo y con mayores posibilidades de sancionar a los corruptos; el tránsito hacia nuevos ordenamientos deriva de la Reforma Constitucional de Combate a la Corrupción del 2015.
Hay que reconocer que esta reforma privilegió los consensos de los partidos y la sociedad civil.
Hoy los mexicanos exigen que los corruptos sean castigados de manera contundente, como verdaderamente lo merecen, no sólo por su traición al cargo, sino por la honestidad que deberían de haber ostentado hacia todo el país.
El contenido de esta iniciativa atiende de manera precisa las recomendaciones internacionales de las que México ha participado como la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, y los protocolos de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción.
En lo particular debemos referir que en nuestro Derecho Positivo no contempla los delitos de corrupción, sino que sólo atiende los delitos cometidos por servidores públicos.
Los actos de corrupción en el servicio público son sancionados con un marco legal interpretativo y vulnerable; así encontramos que la Encuesta Nacional de Calidad Gubernamental 2013 realizada por el Inegi señala que se realizaron 7.4 millones de actos de corrupción en México, de los cuales únicamente se sancionaron a 12 mil funcionarios, de los cuales solo 140 llegaron a prisión.
Sí, en este mar de corrupción solo hubo 140 funcionarios sancionados con pena corporal.
Esta cifra nos da claridad de la expectativa del ciudadano, no se está cumpliendo, toda vez que los corruptos gozan de impunidad.
El objeto de esta iniciativa es inhibir que los servidores públicos o las personas físicas y morales cometan delitos de corrupción, y en caso de que lo hagan tengan un tipo penal específico mediante el cual puedan recibir una sanción adecuada.
Atendiendo a las razones que se exponen a partir de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, celebrado en Mérida, se infiere que el delito establece una relación directa entre el sector público y el privado, y de manera específica entre varios individuos coludidos para un beneficio propio.
La propuesta considera que es un servidor público toda persona que desempeñe cargo o comisión en cualquier área de la administración pública descentralizada o de la Ciudad de México, organismos descentralizados, empresas de participación estatal, organizaciones y sociedades similares a estas como fideicomisos públicos, órganos constitucionales autónomos, el Congreso de la Unión o los Poderes Judicial Federal, judicial de la Ciudad de México o que maneja recursos económicos federales. Esto es, un catálogo mucho más amplio.
A partir de esto, se construye un catálogo de delitos que considera no solamente los delitos que están en el Código Penal actual, considera el de las convenciones, pero también las iniciativas ya presentadas en materia de responsabilidad de los servidores públicos de los tres partidos y también la iniciativa ciudadana.
No voy a entrar, en obvio de tiempo a describir todos delitos y las sanciones, pero lo que sí podemos decir, es que este catálogo es más amplio e incluyente.
La propuesta es parte del paquete de iniciativas del Sistema Nacional Anticorrupción por lo que más allá del mandato constitucional creo que es un compromiso aprobarlo como una exigencia de la sociedad para que los corruptos sean verdaderamente castigados.
Quiero finalizar dando cuenta que en esta iniciativa, que la presento a nombre del Senador Barbosa, del Senador Encinas, de la Senadora Torres Peimbert, de la Senadora de la Peña, de la Senadora Angélica Rojas, del Senador Romero Hicks, de la Senadora Martha Tagle, de la Senadora Dolores Padierna, Zoé Robledo, Armando Ríos Piter, Senador Félix Benjamín Hernández, Senadora María del Pilar Ortega, Senador Ernesto Ruffo y Senador Víctor Hermosillo y Celada, quienes estamos participando en esta dinámica de la construcción de leyes de combate a la corrupción.
Es muy, muy importante que integremos esta materia del Código Penal, toda vez que si no incluimos el Código Penal en el paquete anticorrupción, tendremos una legislación sin la posibilidad de sanciones efectivas.
A continuación tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 7 y 11 de la Ley de Migración.
Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Sansores.
La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Así es, Presidente.
Estamos solicitando se incluya en el artículo 7 que toda persona tenga derecho, conforme a las normas internacionales a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, especialmente en el caso de los niños, ya que no se les concede un debido proceso, sólo menos del 1 por ciento es escuchado, los demás son encarcelados.
Esto es grave, porque de acuerdo a las encuestas o a las pláticas que se han tenido con ellos, vienen huyendo de amenazas de sus países y prácticamente la mitad de ellos podría tener acceso a las condiciones, a los criterios para poder solicitar protección internacional.
Por eso creemos que ésta es una iniciativa muy importante.
Y nada más aquí a insistir, nosotros creemos que debemos ser parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, que en estos momentos está reunido, pero que tuvo a bien no invitarnos, a pesar de que hicimos el exhorto, presentamos un punto de acuerdo, porque si se invita a la Cámara de Diputados, ¿por qué no a la Comisión del Senado, a la Comisión de Asuntos Migratorios? ¿Por qué no puede formar parte de este Consejo Consultivo? Creo que los quieren siempre a modo y no aceptaron nuestra insistencia de participar.
El señor Roque Villanueva está al frente, pues ni modo, nos llegó la “Roqueseñal”, esperemos que rectifiquen.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, la presente iniciativa.
Ahora tiene el uso de la tribuna la Senadora Diva Gastélum Bajo, para presentar a nombre de propio y de las Senadoras Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En ese sentido tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Gastélum Bajo.
Compañeras, compañeros Senadores, Senadoras: Presento el día de hoy a nombre propio y de un grupo de compañeras, una iniciativa al artículo 44 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La violencia en contra de las mujeres y de las niñas es un hecho que ha caminado fuertemente y que las estadísticas reflejan cómo las estrategias que hemos implementado, no han logrado eliminar, erradicar uno de los fenómenos que más ofende a nuestra sociedad. La violencia puede ser pública, privada, en cualquier ámbito lo padecen muchas mujeres.
El Inegi tiene datos muy reveladores en donde hablan acerca de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres de 15 años en adelante, de 25 a 40, de 40 en adelante, pero todas tienen un común denominador que tiene que ver entre el 63 por ciento y el 70 por ciento, de que las mujeres han referido a un acto violento en contra de sus vidas.
México ha adoptado mecanismos internacionales, ha hecho todo un marco jurídico más adecuado, hay estrategias, decretos que el Ejecutivo Federal ha promovido como es el tema de que hoy la alerta de género no es letra muerta, aunque los resultados no son los que estamos esperando.
Las convenciones tanto de la CEDAW como la de Belem do Pará, tienen un compromiso hacia nuestro país que tenemos que atender. Y hoy esta propuesta que presento a su consideración, tiene que ver con que las medidas de protección que tienen a favor las mujeres no han sido totalmente eficaces.
Tenemos todavía en nuestra Comisión un debate muy fuerte acerca de las medidas de protección que requerimos para la seguridad y la vida libre de violencia de las mujeres.
Hoy estamos proponiendo, como lo ha hecho Estados Unidos, con mucho éxito, España, un Banco de Datos, que tiene que ver con agresores de la violencia en contra de las mujeres. No se trata de violentar los datos personales de hombres y mujeres. Se trata de tener datos claros acerca de sentencias definitivas, y subrayo la expresión de sentencias definitivas, porque este banco tendrá una relación muy estrecha, muy conjunta con el Poder Judicial.
Se trata de que a partir de este Banco de Datos, de esta base de datos, podamos eliminar, podamos revisar, tener a la mano los y las agresoras que podamos tener de violencia en contra de las mujeres. No solamente estamos hablando de la relación entre parejas, entre matrimonio, se puede dar, y hay datos muy interesantes acerca de la violencia que han ejercido algunos hijos e hijas sobre derechos sucesorios, o lo que tiene que ver con pensión alimenticia, no lo estamos encasillando solamente al tema de mujeres exactamente en una relación sentimental o laboral, sino que vamos más allá y consideramos muy pertinente poderlo alcanzar.
Por eso, ésta es la reforma a la fracción III del artículo 44 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia, y la propuesta es como sigue:
“Integrar un banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, asimismo coadyuvar con el Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales de los estados, a fin de proporcionar información sobre agresores que tengan sentencia definitiva, firme en casos de violencia contra las mujeres, a los tipos y modalidades previstas en la ley”.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.
Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Migración.
Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Ana Gabriela Guevara.
La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Muchas gracias, Presidente.
El modelo que hoy presentamos está basado en una alerta de género creada debido a que Honduras, El Salvador y nuestro país están ubicados entre los cinco países de mayor crecimiento en la tasa de los feminicidios.
El 22 de agosto de 2010 México vivió una de las imágenes, en cuestión de masacres, más grandes dentro del territorio nacional, en un rancho ubicado en San Fernando, Tamaulipas, cerca de la frontera con Texas, fueron encontrados 72 migrantes asesinados, de los cuales 14 fueron mujeres y 58 hombres de Centro y Sudamérica.
Esta noticia circuló por todo México e incluso llegó a darse a conocer en algunas partes del mundo, como un hecho de gran magnitud y violencia, y además de que México pasó de miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos que pueden pasar por lo mismo que pasaron esos 72 migrantes.
En los últimos meses hemos escuchado acerca de la crisis de migrantes que viven en Europa, fenómeno desatado que hemos visto las imágenes desgarradoras y que han circulado en las noticias y en las redes sociales y hemos visto que en algunos Estados han dejado de estar a los miles de migrantes y refugiados. Pero también hemos observado cómo en otros países han cerrado sus fronteras y han rechazado y expulsado a otros miles, sino que millones de migrantes que buscan escapar de la guerra que se vive en su país.
Como Senado nos pronunciamos ante dicha crisis, mientras nuestros ojos se mantuvieron en Europa, en México la situación no ha mejorado.
Como es bien conocido durante varias décadas México es un país de origen, tránsito y destino, retorno de migrantes que busca una mejor calidad de vida en México o en mayoría de los Estados Unidos, la mayor parte de estos migrantes son indocumentados que vienen de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y algunos países de Sudamérica. Esta ruta con el paso del tiempo se ha vuelto una de las vías más difíciles por las tienen que transitar, ya que el aumento de la violencia en nuestro país ha afectado también la forma considerable al migrante, ya sea documentado o indocumentado.
En los últimos años el crimen organizado se vuelven uno de los principales peligros por los que puede cruzar un migrante en su camino hacia los Estados Unidos, ya que la ruta de las drogas, casi siempre es la misma que han usado los migrantes durante muchas décadas, pues éstas son vías no vigiladas por los agentes de seguridad del Estado.
Durante su viaje, los migrantes están expuestos a los abusos de la policía, de agentes migratorios, militares, tratantes, traficantes de personas y bandas delictivas.
En el mejor de los casos pueden ser detenidos y expulsados de regreso a su país, pero también pueden sufrir extorsión, golpes, violencia sexual, secuestros, víctimas de trata y de tráfico, y asesinatos.
Ante la reciente crisis en materia migratoria debido al aumento de la violencia en nuestro país, es por lo que considero necesario implementar acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia en contra de los migrantes, ya sean documentados o indocumentados.
Servidores públicos estatales y federales, deben de tomar medidas inmediatas para proteger a los migrantes de actos de violencia, incluyendo la proposición de accionar policía efectiva…
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senadora Guevara. Me permite.
Una solicitud, por favor, a todos los integrantes de este Senado, si son tan amables de poner atención a la exposición de esta Iniciativa.
Y una amable y atenta solicitud. Les damos la bienvenida a profesionales deportistas de la lucha libre, también al Senador Casillas, si es tan amable de permitirnos seguir desarrollando esta sesión con el orden correspondiente.
El Senador Manuel Bartlett Díaz (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett, desde su escaño.
Me adivinó usted el pensamiento, después de 10 minutos de estarle pidiendo la palabra. Hay que meter orden en este salón. Está hablando una Senadora de nuestra fracción.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Con todo gusto, señor Senador.
Continúe con el uso de la palabra, Senadora Ana Gabriela Guevara.
La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, Presidente. Continúo.
Tales medidas deben incrementar el acceso a los migrantes a la protección y la justicia.
Es importante que los funcionarios se abstengan de criminalizar a las y los migrantes, al entrar en México sin permiso legal, los migrantes irregulares se vuelven invisibles, y el patrón de abusos que sufre este colectivo vulnerable a manos de los agentes de migración queda oculto debido a que el Estado no actúa con diligencia debida para prevenir y castigar los abusos.
En los últimos años, los controles migrantes en la frontera de los Estados Unidos han recrudecido el desvío de flujos migratorios de zonas más inseguridad para evadir dichos controles, y la contratación más frecuente de traficantes y tratantes de personas pone en peligro de la vida de los migrantes indocumentados, especialmente la de los niños y las niñas que deseen cruzar por la frontera sin compañía, los cuales pueden sufrir accidentes, asfixia, deshidratación o heridas graves.
Ser enganchados a redes del crimen organizado, ser sometidos a explotación sexual o laboral, sufrir maltrato por parte de las instancias encargadas del retorno en el momento de la repatriación o perder la vida en el momento del tránsito o cruce, además de los riesgos que enfrentan, interrumpen sus estudios regulares, lo cual frena las posibilidades de desarrollo y, por supuesto, no disfrutan de derechos básicos como el derecho a la alimentación, la salud, la vida familiar, entre otros.
Por lo tanto, quiero poner a consideración de este Pleno Honorable del Senado de la República, la propuesta de reforma a los artículos 18, 20, 27, 28 y 30 a la adición de un capítulo denominado: “De la alerta migratoria a la Ley de Migración”, cuyo objetivo fundamental es la de facultar a la Secretaría de Gobernación para que pueda declarar acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia contra los migrantes en territorio determinado, ya que sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, denominada “Alerta migratoria”, misma que garantiza la seguridad de las y los migrantes, el cese a la violencia en su contra y eliminar las desigualdades que agravian sus derechos humanos.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Ana Gabriela Guevara.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, así como de Estudios Legislativos.
El Senador Héctor David Flores Ávalos (Desde su escaño): ¿Me permite la palabra, señor Presidente?
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Sonido en el escaño del Senador Héctor Flores.
El Senador Héctor David Flores Ávalos: (Desde su escaño) Gracias.
Para preguntarle a la Senadora Guevara ¿si me permite adherirme a su Iniciativa?
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senadora Guevara ¿Está usted de acuerdo?
La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Con gusto, señor Senador.
La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senadora Sylvia ¿Es para el mismo efecto?
Sonido. Adelante.
La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo (Desde su escaño): Gracias.
Igualmente, pedirle a la Senadora si me deja suscribir.
La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Desde luego, Senadora.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Claro que sí.
Así han dado su anuencia a Servicios Parlamentarios para que tome nota.
Se suman a esta iniciativa que ha sido turnada.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría para la Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.
Señoras Senadoras, señores Senadores: Hemos insistido, en diversas ocasiones, en la importancia de que pueda lograrse la inclusión en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal una instancia con funciones de autoridad que pueda dotar de todos los insumos políticos, las directrices que son necesarias para que podamos lograr que nuestro país resuelva todos los estragos que tenemos de un sistema patriarcal que ha llevado a la discriminación a las mujeres por su condición de género en su vida cotidiana, pero particularmente es importante enfatizar también en que no ha habido de manera puntual, perseverante, instalada, una política sistematizada, metodológica, que puede impactar realmente a la resolución, a la eliminación, y yo diría de manera más puntual, a la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y contra las niñas.
México ha firmado prácticamente todos los tratados internacionales que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, además de otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pero particularmente lo que hoy motiva la presentación de esta iniciativa con proyecto de decreto, es precisamente lograr que el Instituto Nacional de las Mujeres deje de ser esta instancia normativa, como lo dice su ley, para que se transforme en la Secretaría para la Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.
Ya hay tres entidades federativas que han transformado el Instituto Estatal de las Mujeres en Secretarías inscritas en el gabinete de los gobiernos estatales, ahora estamos sobreviviendo, por desgracia, de manera contumaz distintas situaciones de violencia contra las mujeres que indican que a pesar de que tengamos leyes importantes en materia de derechos humanos de las mujeres hay una cruenta violencia que también debe preocuparnos, no verlo de manera coyuntural cada uno de estos casos que hoy son conocidos desde las redes sociales, que han motivado inclusive que en el propio Senado de la República presentamos distintos puntos de acuerdo para llamar la atención de las autoridades locales frente a distintos fenómenos que están inscritos, insisto, en algunas expresiones que violentan a las mujeres desde distintos derechos humanos.
De tal manera que hoy la iniciativa que presentamos, y esperemos que el gobierno de la República, y particularmente el Presidente de la República vea con buenos ojos esta reiteración de la importancia de que el Instituto Nacional de las Mujeres se transforme en una Secretaría con funciones de autoridad que pueda dotar realmente de políticas transversales desde la perspectiva de género con otras instancias, con otras Secretarías, con otros gobiernos locales y municipales para realmente tener políticas públicas, acciones gubernamentales que estén inscritas, insisto, en lograr la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.
Lograr la implementación de las distintas leyes que hemos aprobado, que están en vigor, para que ahora lo asuman las instituciones, la administración pública y las haga plausibles, puedan impactar al trabajo cotidiano político que desde las instituciones deben sustentar la aplicación de estas leyes, y, por supuesto, tengamos la posibilidad real de que empecemos a transformar en serio nuestras sociedades para que no existan estas diversas formas de discriminación que nos motivan cada día sí y el otro siguiente también, y el que viene igual, y que prácticamente estamos dando una respuesta, insisto, en la coyuntura a cada uno de estos hechos.
Hoy estamos simplemente tomando en consideración las recomendaciones del comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, que le insiste al Estado mexicano de que tome medidas profundas, serias, estructurales para que se pueda resolver la discriminación contra las mujeres y contra las niñas.
Termino señalando que esta preocupación simplemente la sustento en situaciones que hoy vemos de manera lamentable, jóvenes, algunos inclusive adolescentes, involucrados en hechos deleznables, señalados como posibles perpetradores de violación contra otras adolescentes, contra otras jóvenes, el problema no es menor, el problema es mayúsculo y lo único que tenemos que hacer es revisar si están funcionando las instituciones que hemos creado, que en su momento fueron oportunas, que fueron necesarias, fueron un avance importante en este adelanto de las mujeres al que nos obligan los tratados internacionales, pero que hoy a todas luces observamos que se han quedado rezagadas.
De tal manera, que de eso trata esta iniciativa que estamos poniendo a la consideración de ustedes para que sea turnada en las comisiones, y ojalá que hoy sí logremos pueda ser aprobado de manera afirmativa.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de deportistas y profesionales de la lucha libre, invitados por el Senador Jesús Casillas.
Destaco la presencia de los luchadores Brazo de Oro, Atlantis, Shocker, Blue Panther, Dragón Rojo, Hechicero, Último Guerrero, La Máscara, Hefesto, Rey Escorpión, Mephisto y Cráneo, sean ustedes bienvenidos a este recinto y muchas felicidades.
Ahora se concede el uso de la tribuna a la Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona un Apartado C al artículo 123 constitucional.
Nos ha solicitado el grupo parlamentario de que en lugar de la iniciante, Verónica González Rodríguez, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 81 de la Ley de Hidrocarburos.
Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Dolores Padierna Luna.
Anuncio que la iniciante, Verónica González Rodríguez, también subiría a la tribuna para que lea su iniciativa enseguida de la Senadora Dolores Padierna Luna.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Senadoras, Senadores: El gas natural es el segundo energético más relevante del país, pues representa el 43.2 por ciento del consumo primario de energía, es el energético más utilizado en la industria, que lo utiliza en 38.5 por ciento; en la generación de electricidad, que se le utiliza en un 80.3 por ciento, de ahí la enorme importancia de contar con un suministro suficiente, continuo y económico.
México es un gran productor de gas natural, pero el volumen extraído aún no alcanza para satisfacer la demanda y debe recurrir a las importaciones en un 40 por ciento. El precio del gas natural importado se ha orientado a la baja desde que se desplomaron los precios del petróleo.
El gas natural producido en México debe venderse al precio internacional, es decir, también debería de tender a la baja de acuerdo con las disposiciones también establecidas por la Comisión Reguladora de Energía.
La fórmula del precio toma como referencia la cotización observada en el sur de Estados Unidos, en Texas, y ese precio se emplea para fijar los precios de venta de primera mano que aplica Pemex, es un criterio que permite maximizar la contribución fiscal de Pemex a costa, ciertamente, de los consumidores.
El último día de 2015, en plenas vacaciones navideñas, la Comisión Reguladora de Energía decidió cambiar la metodología para determinar los precios máximos de venta de primera mano, y los nuevos precios comenzaron a aplicarse a partir de marzo de 2016.
En razón de este cambio, de metodología, el precio del gas natural aumentó 27.2 por ciento al pasar de 35.61 pesos a 45.29 pesos por cada Gigajoule. La cotización en la denominada ciudad Pemex es muy importante porque se utiliza para fijar el precio del gas en la mayor parte del territorio nacional.
El precio en Reynosa, Tamaulipas, también interviene en la fórmula de precios porque allí es el principal punto de internación del gas importado. En ese estado fronterizo el gas se vendió en 42 pesos con 20 centavos por cada Gigajoule en marzo, cuando era de 37 pesos con 15 centavos en febrero, lo que significa un incremento de 13.2 por ciento.
Del otro lado de la frontera sólo aumentó 5 por ciento, aquí cabe preguntarse, ¿por qué esta inmensa diferencia entre uno y otro precio? Por una decisión que debe de ser explicada, sin duda alguna, por la Comisión Reguladora de Energía y por la Secretaría de Energía, dado que es un duro golpe a la economía de los industriales, de los comerciantes, los artesanos, los prestadores de servicios y, sobre todo, de los hogares que consumen este combustible.
Cuando aprobaron la reforma energética se prometió que el precio de todos los energéticos bajarían, pero ahora vemos que está ocurriendo lo contrario. Justo por la reforma energética los precios del sector están aumentando en el sureste del país, que ya subió el precio del gas natural en 30 por ciento. A pesar de la tendencia, el precio del gas importado es a la baja.
Rosanety Barrios, la titular de la Unidad de Políticas de Transformación Industrial de la Secretaría de Energía, dijo al periódico Reforma el 23 de marzo, que el aumento se debe a que ahora se le reconocen a Pemex los costos de transporte del gas importado, ya que antes no se le reconocían y por eso no se reflejaba en los precios al consumidor final.
Si estas afirmaciones son ciertas, entonces Pemex ha estado subsidiando a los consumidores desde hace años con cargo a las finanzas de la empresa.
Aquí vale preguntar ¿quién autorizó estos subsidios durante tanto tiempo y por qué no figura en los estados financieros de la empresa? ¿Y cuánto dinero ha perdido Pemex en esta operación? ¿Y por qué la Comisión Reguladora de Energía le reconoce costos que antes no le reconocía? ¿Y por qué justo ahora?
Barrios, también dijo que el cambio de metodología incentivaría la creación de competidores de Pemex en la comercialización. Si esto es cierto, entonces vale la pena preguntar ¿para quién trabaja la funcionaria de la Secretaría de Energía? Porque el Estado es quien le paga, pero ella sirve al sector privado.
Se trata entonces de obligar a Pemex a encarecer el gas para que sus competidores lo den más barato y vacíen de clientes a Pemex.
¿No es ésta una competencia desleal impuesta arbitrariamente por los funcionarios que a toda costa quieren quebrar a Pemex?
La Comisión Reguladora de Energía, por su lado, justifica el cambio de metodología por varios argumentos. Uno es que está aplicando el décimo transitorio de la Ley de Hidrocarburos que nosotros en esta iniciativa proponemos regularlo para que esto ya no ocurra.
Dice la CRE que ordena continuar sujetando las ventas de primera mano del gas natural, a los principios de regulación asimétrica. Dicho en términos llanos, manipular los precios, pero siempre en contra de Pemex: primero los suben para luego bajarlos y decir que la competencia funciona. Los suben para que Pemex no tenga clientes, pero los regulan o los bajan en una regulación asimétrica para que los clientes sean de las petroleras privadas.
Otro argumento es que la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, establece entre otras cosas, proteger los intereses de los usuarios.
La pregunta aquí es: ¿Con un aumento de 30 por ciento en los precios al gas natural, se está protegiendo el interés de los usuarios?
Otro argumento es que el nuevo marco legal y regulatorio emanado de la reforma energética, genera un cambio en la organización y en el funcionamiento de la industria del gas natural, que implica la necesidad de diseñar una nueva metodología de precios máximos de ventas de primera mano que contemple estos cambios.
Es decir, ¿los cambios en la organización y funcionamiento de la industria del gas natural derivan necesariamente en un aumento indiscriminado de precios?
La CRE considera necesario expedir esta nueva metodología argumentando varias cosas: la mayor participación de agentes económicos en el mercado del gas natural; que las ventas de primera mano del gas natural reflejen las condiciones del mercado competitivo y el costo de oportunidad; evitar que exista el arbitraje de precios entre las distintas zonas del país; incentivar la mayor producción nacional posible de gas, etcétera.
¿El encarecimiento del gas es una condición para que todo esto que dice la Comisión Reguladora de Energía ocurra?
Evidentemente que no, y luego dice en muchas palabrerías que se buscó un artilugio, en pocas palabras, para subir el precio del gas que vende Pemex, todo ello como medida asimétrica para favorecer a los privados, y que la Comisión Reguladora de Energía decidió elevar su estimación del costo de transporte en el sur de Estados Unidos, de 0.065 a 0.2505 dólares por millón por cada BTU. Es una fórmula donde equivale a un increíble aumento de 285 por ciento.
La Comisión Reguladora de Energía, argumentó que el estimado anterior, este incremento de 285 por ciento que, ahora permite la nueva metodología, resulta del costo del transporte que incurría, antes incurría Pemex Gas Petroquímica Básica en 2013, pero que ya no era adecuado, y que este nuevo precio estimado por la CRE, reflejaba mejor la contratación y utilización eficiente, lo digo entre comillas, del uso del transporte y que por eso se incrementa en un 285 por ciento. Lo cual es ilógico, absurdo y también insostenible técnicamente.
Que la nueva metodología es aplicable únicamente a Pemex, ya que la CRE emitió otra metodología a los privados, o sea que las empresas privadas que se dediquen a importar gas natural, podrán vender el gas natural al precio que les plazca y la Comisión Reguladora de Energía está estimando que lo van a bajar para que ellos tengan más clientes. Lo cual nada lo asegura.
Y, al contrario, los privados pueden poner el precio que les plazca y seguramente va a ser más alto para obtener mayor ganancia, porque al final de cuentas están controlados por la Secretaría de Energía y la CRE, los precios que pueda dar Pemex.
Por ello es importante y explicable que los industriales estén analizando ampararse contra este precio abusivo y la gente que usa el gas natural, porque una cosa son las petroleras y otra cosa es toda la industria que utilice el gas natural como un insumo, y le están aumentando el precio del gas y es correcto que los industriales estén acudiendo a este amparo.
Nosotros aquí en el Senado, por otra parte, a la gente del consumo domiciliario que también se está viendo afectada por este incremento del gas natural. Les proponemos ampararse.
Y aquí nosotros vamos a tener a disposición del públicos, a los abogados expertos en amparos para que no aplique esta insensata regulación de la Comisión Reguladora de Energía, pero estamos proponiendo una reforma a la ley, al artículo 81 de la Ley de Hidrocarburos para establecer la obligación de la Comisión Reguladora de Energía, a entregar al Congreso de la Unión, un informe detallado en el cual pueda fundamentar las decisiones, explicando elementos técnicos y jurídicos que toma en cuenta.
También establecer la obligación de la CRE, que realice los análisis de impacto sobre los entes regulados y la población en general de cada decisión que ella tome, y transparentar mediante la publicación de su sitio de internet este informe, todo un informe y un análisis del impacto, principalmente en las modificaciones que proponemos a la Ley de Hidrocarburos.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda.
Y se concede el uso de la tribuna a la Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona un Apartado C, al artículo 123 constitucional.
La Senadora Verónica González Rodríguez: Compañeras y compañeros Senadores: La iniciativa que vengo a poner a su consideración tiene como objetivo establecer en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, el supuesto de emergencia laboral.
Situación que debe de ser declarada por el Congreso de la Unión, cuando los indicadores oficiales muestren que en un periodo consecutivo de 18 meses, la economía no genera empleo suficiente y de calidad para satisfacer la demanda de nuestra población.
De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, toda persona tiene derecho al trabajo, pues se trata de un derecho humano que es base para la realización de otros derechos y para acceder a una vida digna.
Por ende, los estados tienen la obligación de garantizar a la sociedad la oportunidad de elegir y aceptar libremente un trabajo, en condiciones equitativas y satisfactorias.
Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 123 de nuestra Constitución. Sin embargo, tiene la particularidad de referirse únicamente al trabajo asalariado en donde media una contrato.
La Organización Mundial del Trabajo, ha señalado que en los últimos años a nivel mundial, existen signos de debilidad y bajo crecimiento económico. Situación que ha llevado a una desaceleración de la economía, en consecuencia al aumento en las tasas de desempleo.
Distintos organismos internaciones calculan que al término del presente año en nuestro país, habrá 2.4 millones de personas desempleadas y se estima que en el 2017 está cifra disminuirá, sino que se mantendrá a la alza.
Esta situación llevaría a la tasa de desempleo para 2016, a 4.1 por ciento, mientras que para 2017, oscilaría en un 4 por ciento.
A esto debemos sumar que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico nuestro país se ubicó entre los que han reportado mayor incremento en la tasa de desempleo, en contraste con la baja de la mayoría de países que integran dicho organismo.
Hacia 2015, la tasa de desempleo en nuestro país fue de 4.4 por ciento, situación que no refleja una realidad que viven todos los días nuestros ciudadanos y que coincide con la opinión de la OCDE, en el sentido de que durante los últimos dos años nuestro país se encuentra con niveles al alza en cuestión de desempleo.
Esta situación y la precariedad en la contratación laboral son elementos que forman parte de un escenario poco alentador que cada día se vive en nuestro país, y que muchas veces llega a ser simulado bajo un discurso que muestra un desempeño del mercado laboral alejado de la realidad.
Es necesario que los principios fundamentales del derecho del trabajo se preserven porque constituyen cimientos a la estructura que sostiene y promueve la justicia social.
En opinión del Banco Mundial el complejo entorno económico y la globalización de las políticas monetaria y fiscal han creado un escenario en donde 205 millones de personas a nivel mundial están oficialmente desempleadas; situación que nos da una problemática que pareciera no tener fin, debido a que los responsables de las políticas no están seguros de cómo crear puestos de trabajo y mucho menos que estos sean suficientes y de calidad.
El Banco de México anticipó que para este año la cantidad de nuevos empleos no cubrirá el millón 200 mil personas que cada año se incorporan al mercado laboral.
Se calcula que apenas una de cada dos mexicanas que requieran encontrar un empleo, podrán obtenerlo, obligando a muchas personas a laborar en el sector informal.
Un Estado que asume el derecho al trabajo en su marco constitucional debe velar por la generación de empleos, particularmente cuando la economía se encuentra en sus peores momentos.
Es inconcebible que un Estado no asuma esta tarea, pues se trata del ingreso de millones de familias, justificar la pérdida del empleo para la viabilidad de una política fiscal es condenar a una parte importante de nuestra población a quedar desprotegida y sin sustento alguno.
Desde 1917 nuestro país fue ejemplo de justicia social, nuestra Constitución dio la pauta a la creación de una legislación más progresista y completa en materia laboral, donde las viejas estructuras fueron renovadas para establecer las bases en donde se impondría al Estado la responsabilidad de cuidar la condición justa y libre de los hombres frente a la economía y el capital.
Estos principios que incluyen la estabilidad y continuidad en el trabajo reduciendo al mínimo los riesgos del trabajador a quedar sin empleo o ser despedido injustificadamente deben adaptarse a la nueva realidad que vivimos como sociedad.
Con la presente iniciativa se propone la declaración de la emergencia en materia laboral, lo que llevaría a la prohibición de despidos y cesantías sin causa tanto en el sector público como en el privado. Con esto buscamos proteger el trabajo en sus diversas formas para lo cual se adoptan un conjunto de políticas que operarán durante un período determinado.
Esta iniciativa es una salvaguarda de excepción en beneficio de los trabajadores, sujeto que merece de vida y especial tutela por parte del derecho del trabajo, así como el más amplio y profundo respaldo por parte de nosotros como sus representantes.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; así como de Estudios Legislativos, Primera.
Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a alumnos y profesores de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, invitados por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.
Enseguida tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Tagle Martínez, para presentar un proyecto de decreto que reforma la Ley General de Acceso a las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.
Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Martha Tagle.
29 de enero del 2015, la precandidata a la diputación federal por el partido Acción Nacional en Morelos, Gabriela Pérez Cano, sufrió un ataque en su domicilio, durante el hecho los agresores se llevaron objetos de valor y documentos importantes.
Además dejaron el mensaje “abandona la candidatura”, a través de la agresión a su hijo, de 14 años.
8 de marzo de 2015, el Instituto Nacional de las Mujeres se suma a la indignación que provocó el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, cuando el 8 de marzo “Día Internacional de las Mujeres”, manifestó que, las mujeres, -cito- “Están rebuenas todas para cuidar niños, atender la casa para cuando uno llega”
10 de marzo del 2015. En la máxima expresión de violencia política, la precandidata del PRD, Aidé Nava, fue hallada decapitada en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa, un día después de haber sido secuestrada durante un acto político.
30 de abril de 2015. Aparecen mantas en Hermosillo, Sonora, con la frase: “Las mujeres como las escopetas, cargadas y en un rincón”. En alusión a la participación de las mujeres en la política.
12 de mayo del 2015. La candidata a la alcaldía de Ecatepec por el Partido del Trabajo, Jessica Salazar, denunció que ha sido víctima de agresiones y amenazas, y que tuvo un intento de secuestro el 11 de mayo en la colonia Alboradas de Aragón.
13 de mayo del 2015. La candidata a Diputada por el Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, Silvia Romero Suárez, quien fue secuestrada el día 12 de mayo por la tarde, fue liberada por sus captores un día después. Ella se encontraba en campaña electoral por municipios de Arcelia y Tlapehuala cuando fue interceptada.
14 de mayo del 2015. Condenan el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres el secuestro que sufrió la candidata a Diputada por el PRD en el estado de Guerrero, Silvia Romero. También denunciaron que la violencia de género es una práctica que está llevando en nuestro país.
19 de mayo del 2015. Denuncian la agresión que sufrieron dos brigadistas del equipo de campaña de la candidata a la presidencia municipal de Cuernavaca, Maricela Velázquez Sánchez, los cuales fueron detenidos y golpeados por policías del mando único cuando repartían propaganda electoral.
11 de julio del 2015. La candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Reforma en el estado de Chiapas, Yesenia Alamilla Vicente, fue interceptada, detenida y golpeada por un grupo de encapuchados cuando se dirigía a la vecina entidad de Tabasco. Los agresores le dijeron que la golpiza era un mensaje del candidato del Partido Verde, Herminio Valdez Castillo.
24 de julio. Una candidata del Partido Acción Nacional en el estado de Chiapas, denunció que fue víctima de violación sexual el día 27 de junio en su casa en el municipio de Reforma.
Compañeras afirmaron que fue agredida por participar en las elecciones, ya que su agresor lo dijo: “Esto le pasa por estar en la planilla”.
2 de enero de este año. La presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota, fue asesinada en su domicilio un día después de haber asumido el cargo.
25 de febrero de 2016. Amenazan a precandidata del PAN a la alcaldía de Aguascalientes, Hilda Medina Macías, y dejan en la puerta de su casa una corona de muertos.
Estos son ejemplos de lo que les sucede a las mujeres en la política, no importa el partido, no importa la localidad. Es una situación por la que hoy en día, las mujeres que estamos en la política estamos viviendo.
Y en el Senado de la República tenemos dos años sin avanzar en la dictaminarían que por fin tipifique el acoso y la violencia política en razón de género.
El objetivo de la presente iniciativa es colocar en la picota pública la violencia política contra las mujeres como un fenómeno que viven al acceder y ejercer sus derechos políticos, exponiendo las prácticas enraizadas y prevalecientes que en torno al género se traducen en interseccionalidad reforzando comportamientos sociales y políticos discriminatorios que debilitan nuestra democracia.
No omito manifestar que en materia de violencia política se han realizado múltiples aportes durante la LXII y LXIII Legislatura en el Senado de la República.
Entre otros, se encuentran las iniciativas presentadas por las Senadoras Lucero Saldaña, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Adriana Dávila Fernández, Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez, María del Pilar Ortega Martínez y Marcela Torres Peimbert.
Al tiempo, en la Colegisladora, las Diputadas Arlet Mólgora Glover y Maricela Contreras Julián, integrantes de la presente legislatura, se han sumado a dicha problemática.
Según estoy que cada una de las propuestas presentadas enriquecerán y perfeccionarán los ordenamientos jurídicos que hagan efectiva la participación de las mujeres en la vida política sin violencia. En el entendido que derechos humanos y democracia van de la mano.
La presencia de las mujeres es indispensable para fortalecer nuestra democracia, de no ser así, estamos creando un sistema artificial, anomia y con ello un Estado fallido.
La política constituye uno de los ámbitos sustantivos en el que se expresa la situación de desigualdad entre mujeres y hombres, sus dispositivos y estructuras restringen el derecho de las mujeres para acceder y participar de la misma manera que los hombres en los espacios de toma de decisiones y en general en todos aquellos ámbitos clave de poder, determinantes en la definición del interés colectivo de la sociedad.
Así, la desigualdad de género es uno de los grandes dilemas de la democracia mexicana, que no sólo afecta a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto, toda vez que la democracia implica inclusión, la ciudadanía hace posible que las personas se conviertan en sujetos políticos, actores en la vida pública, participando en los espacios de la toma de decisiones y claves del poder que determinan el interés público, al tiempo que guarda un vínculo con los derechos reconocidos por el Estado y su ejercicio, por lo que el déficit de la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones públicas da cuenta de una inminente crisis de representación y con ello de legitimidad en nuestro sistema político, y es preciso recalcar acá, que efectivamente las mujeres hemos logrado acceder a los espacios de representación, particularmente en el ámbito legislativo.
Falta mucho qué decir por el Poder Ejecutivo y el Judicial, pero se trata también de que las mujeres podamos acceder a la toma de decisiones ejerciendo plenamente nuestros derechos en una vida libre de violencia y aportando desde nuestra visión, lo que corresponde a la democracia en México.
La lucha por el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres ha visibilizado la discriminación estructural que se encuentra enquistada en las instituciones y la cultura política.
Por ello, compañeras y compañeros Senadores, es que esta mañana presento esta iniciativa que entre otras cuestiones retoma todas las buenas prácticas propuestas por el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres que recientemente presentaron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.
En el Ejecutivo están haciendo su trabajo para atender la violencia política contra las mujeres.
Les pregunto si debemos esperar más para que el Legislativo haga lo propio.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Segunda.
Enseguida tiene la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, para presentar a nombre propio y de los Senadores Ana Gabriela Guevara, Ivonne Álvarez García, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, un proyecto de decreto por el que se declara el 21 de septiembre de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional Mexicano”
Tiene usted el uso de la palabra Senador Casillas.
El Senador Jesús Casilla Romero: Gracias, Presidente.
Nuevamente saludar a todos los profesionales de la lucha libre, a los deportistas de todo el país, en la persona de los luchadores que amablemente nos acompañan esta tarde, representados por Brazo de Oro y algunos luchadores más, sean nuevamente bienvenidos.
La lucha libre es uno de los deportes más emblemáticos de México, es un espectáculo que se encuentra arraigado en la historia, en la cultura y en las tradiciones prácticamente de todos los mexicanos.
Por más de ocho décadas ha sido uno de los pasatiempos más populares de nuestro país. La mayoría de los especialistas consideran que la lucha libre es un arte, una fiesta en donde conjugan elementos míticos, simbólicos, lingüísticos que representan el folclor mexicano.
En los cuadriláteros conviven personajes que encarnan a demonios y a deidades, a la muerte, protagonistas místicos, a alebrijes, a fuerzas naturales, a excéntricos o animales majestuosos.
La también considerada por especialistas como la más honesta de las simulaciones, es un espectáculo donde se combinan la comedia, el teatro, la actuación, las llaves y los vuelos. Los luchadores se preparan físicamente y pocas veces lo hacen en las mejores condiciones.
La lucha libre es más que un espectáculo, también es una actividad productiva, turística y generadora de centenares de empleos. Esta actividad permite a vendedores, a fabricantes de máscaras, a restauranteros, a maestros sastres, acomodadores, meseros y expendedores tener un ingreso seguro cada semana.
La lucha libre, los luchadores profesionales se han popularizado a tal grado que hay empresas que ofrecen tours turísticos, tanto a visitantes como a extranjeros. Buscan este servicio, el cual, entre otras cosas ofrece una transportación segura a la Arena México, o en Guadalajara, a la Arena Coliseo.
Podemos decir que la lucha libre es cultura, espectáculo y recreación, lo que la convierte en el deporte nacional por excelencia en México.
La historia recreativa y la idiosincrasia de nuestro país, no podrá entenderse sin el pancracio y sus enigmáticos luchadores.
Para Héctor Villarreal, especialista en temas culturales, la lucha es una representación mística en la que están en disputa los símbolos del bien y el mal, en el que se ponen en escena los valores de la sociedad personificados como héroes y villanos, que la mayoría de las veces se convierten en ídolos, en héroes de los niños, de los jóvenes.
En la lucha libre, las porras juegan un papel determinante a través de gritos, ruidos, abucheos, chiflidos y recriminaciones. Los aficionados muestran su simpatía por uno u otro luchador. Las porras es lo que le da vida a la lucha libre.
A nivel internacional, es una industria admirada por su misticismo, su colorido y sus habilidades.
Basta mencionar que en Japón es un deporte que se admira y se respeta por sus grandes acrobacias.
España, Alemania, Francia, Reino Unido, Brasil, Guatemala, entre otras naciones hermanas, reconocen la lucha libre mexicana como una de las más importantes del mundo.
Son, los luchadores, los objetos más preciados para muchos jóvenes y para muchos niños, que al verse desposeídos, las máscaras, son los objetos más preciados de los luchadores; que al verse desposeídos de ellas, pierden parte de su personalidad, aunque sea momentáneamente, pues, vuelven a resurgir como ídolos, una y otra vez, con un rostro y nombres propios, dejan el anonimato de aquel personaje para convertirse en ellos mismos, en los seres humanos que son de la vida real.
Cuando un luchador apuesta su máscara o su cabellera, implica que ha llegado el momento cumbre de su trayectoria, ya que se está jugando su propia identidad, y aquello que lo ha hecho importante y reconocible.
El ganador se cubre de gloria y se posiciona en la cumbre, mientras que el perdedor mueve el polvo y vuelve a ver cómo su carrera va en declive.
Este deporte cuenta con organizaciones que congregan a centenares de luchadores en retiro y que se encuentran en activo.
Los gremios de luchadores, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y sus contratos colectivos, brindan toda la asistencia social para que cuenten con una vida digna.
Por desgracia también debemos recalcar que hay muchos luchadores independientes o retirados que carecen de apoyos y seguridad social, la cual, entre otras cosas, los hace vulnerables ante cualquier eventualidad económica, de salud, o incluso familiar, o que simplemente no tengan los recursos para atender los padecimientos que sufre cualquier deportista de alto rendimiento, por ejemplo, es de admirarse que un luchador puede realizar hasta cinco presentaciones por semana.
La lucha libre es un deporte de contacto que tiene muchos riesgos a la integridad física de los propios luchadores.
Basta recordar que muchos han perdido la vida por malas caídas o golpes fuertes, algunos de ellos como Sangre India, Oro, Espectro, Caos, y el más reciente, El Hijo del Perro Aguayo, que hay otros, algunos luchadores que también sufren de lesionen que los dejan incapacitados o los dejan fuera de esta actividad por un tiempo prolongado.
La carrera del luchador tiene muchos altibajos. La realidad nos muestra el pancracio, así como puede llevar al éxito a un luchador, facilitándole las diversas actividades de su vida laboral y en familia, también puede conducir al fracaso.
La historia de la lucha libre ha registrado grandes peleas máscara contra máscara, cabellera contra cabellera, y máscara contra cabellera, la cual ha dado alegrías y emociones a varias generaciones de aficionados en todo el país.
Reconocemos a todas aquellas mujeres y hombres que debajo de sus personajes desarrollan una vida en familia, productiva, que inculcan a las nuevas generaciones de mexicanos los anhelos de éxito y superación, que promueven los valores fundamentales de llevar una vida saludable a través del deporte.
Es un homenaje a todos los luchadores rudos, técnicos y exóticos, a los seres humanos que por décadas han traído muchas alegrías al pueblo de México.
Es un deporte noble que ha significado para los mexicanos de escasos recursos ascender de nivel social y, con ello, brindar oportunidades para sus familias, es, en ese sentido, que planteamos que sea un día de júbilo nacional el día que sirva a la reflexión para tratar de buscar apoyos sociales para los luchadores que se encuentran en situación vulnerable, en la tercera edad o en condición de abandono familiar.
Es por eso que los Senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, y el de la voz, acudimos a esta Honorable soberanía a efecto de proponer el siguiente proyecto de decreto.
Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano”
Túrnese a las comisiones unidas de Juventud y Deporte, así como de Estudios Legislativos, Primera.
Informo a la Asamblea que derivado de la recepción de una iniciativa propuesta…
Adelante, Senadora Rocío.
¿Es para sumarse a la iniciativa?
La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Sí. Pedirle al Senador Casillas, que me permita sumarse a esta relevante propuesta y, sobre todo, que adicional a todo lo que ha hecho, la lucha libre muestra la alegría colectiva que tiene el pueblo mexicano y que ha sido reconocido en el ámbito internacional.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Tome nota la Secretaría de los Senadores que desean sumarse a esta iniciativa, si es tan amable.
En tanto, informo a la Asamblea que derivado de la recepción de una iniciativa propuesta por ciudadanos de la que se dio cuenta el Pleno el pasado 25 de febrero, se remitió al Instituto Nacional Electoral la documentación entregada por los firmantes para comprobar la cobertura del requisito establecido por la fracción IV del artículo 71 constitucional, en cuanto al número mínimo de firmas de acuerdo al proyecto.
El Instituto Nacional Electoral remitió el Informe de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por lo que afirma que el número de ciudadanos solicitantes, representados por el señor Juan Dabdoub Giacoman, que proponen proyecto de decreto para reformar el artículo IV constitucional, cumple debidamente con el requisito de firmas.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo que marca el inciso d) del artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Iniciativa Ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo IV constitucional.
Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Familia; Desarrollo Humano; Derechos Humanos; y Estudios Legislativos, Primera.
Compañeras y compañeros Senadores: Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las comisiones unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia.
El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del mismo.
El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de expresarlo levantando la mano.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Queda de primera lectura.
Dé cuenta la Secretaría con ellos, si es tan amable.
El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Doy cuenta por instrucciones de la Presidencia.
Tenemos los siguientes dictámenes para la primera lectura.
Uno. De las comisiones unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Uno. De las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud.
Y uno. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.
Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de enfoque de discapacidad en el principio de diversidad.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras corrigieron un error de captura de la Cámara de Diputados, por lo que hace a la frase inicial, del artículo 3, que en la minuta recibida se anota como “respecto a la diversidad”, y la forma correcta es “respeto a la diversidad”, lo cual no altera lo aprobado por la Colegisladora.
En virtud de que el dictamen consta de un solo artículo, éste está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
En este sentido, se concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, en términos de lo dispuesto del artículo 196 del Reglamento correspondiente.
Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Graciela Ortiz González.
Compañeras y compañeros: A nombre de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos voy a presentarles a ustedes el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.
Vengo a este Pleno solicitándoles a ustedes su respaldo, para la reforma que estamos sometiendo a su consideración, a la Ley General de Desarrollo Social, en materia de discapacidad.
La ley establece el término de capacidades diferentes, lo cual lleva a pensar en determinadas características sobresalientes y que, incluso, se podría pensar en una diferencia en cuanto al uso de las capacidades humanas.
El término de discapacidad, por el contrario, da un sentido de totalidad a algo que es solamente una característica o cualidad, ésta constituye la imposibilidad o limitación en el desempeño de funciones en el ámbito físico o sociocultural.
La discapacidad, en su más pura concepción, constituye el resultado a nivel funcional de una deficiencia, pero está en función de la respuesta que la sociedad brinde a la persona ante esta situación e involucra, que esto es lo que más importa, involucra a la sociedad, porque es donde se desenvuelven las personas, una sociedad que buscamos sea incluyente, por lo que al no ser congruente una ley secundaria con lo establecido en la Constitución no estamos protegiendo plenamente lo que el Constituyente quiso incluir.
Al hablar de capacidades diferentes estamos hablando de entes del derecho positivo de personas, del derecho positivo totalmente diferentes, y esta confusión de terminología traería como consecuencia una exclusión en todos los ámbitos para las personas que tienen algún tipo de discapacidad que no pudieran desarrollarse física o intelectualmente, derecho que está consagrado en la Constitución y, más aún, un derecho, valga la redundancia, de derecho internacional donde la ONU no hace discriminación alguna, y se refiere este término en su significado más humano considerándola como una persona con una capacidad limitada o disminuida, pero jamás inferior.
Atendiendo a esta necesidad y a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, se establece ya en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, la protección a las personas con discapacidad donde se muestra claramente la voluntad del Constituyente, de proteger a las personas con algún tipo de discapacidad, que de ninguna manera se deben de considerar como capacidades diferentes, como se refiere a ellas erróneamente la Ley General de Desarrollo Social.
Es por eso que buscamos, mediante su apoyo y su voto a favor, que esta reforma, que estamos planteando a ustedes y que consideramos de vital importancia, se homologue en la ley, a nuestra Carta Magna, un término acorde a las personas con algún tipo de limitación al referirse a ellas con todo respeto y dignidad como discapacidad.
Estamos solicitando por tanto su respaldo y su apoyo para esta reforma que estamos poniendo a su consideración.
Y si no tiene inconveniente, señor Presidente, habría de presentar de una buena vez la segunda reforma que están planteando también las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, con un proyecto de decreto para modificar los artículos 6, 14, fracción I; 19, fracción V, y 36, fracción VII, de la Ley General de Desarrollo social.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Adelante, Senadora Ortiz.
La Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.
Estamos hablando entonces de una reforma a la Ley General de Desarrollo Social.
Aquí lo que estamos buscando las Comisiones que ya votamos a favor de esta reforma, es que consideremos y hagamos vigente que en algunos de los compromisos adquiridos por México, está uno que me parece sustancial, que es el de generar condiciones para erradicar la pobreza y la desigualdad, mejorar el acceso físico y económico de todos los mexicanos en todo momento, a alimentos suficientes, nutricionalmente adecuados e inocuos, entre otros.
Por ello y dado el compromiso internacional adquirido el 7 de abril del año 2000, se reforma nuestra Constitución Federal adicionándole un párrafo tercero en el artículo 4, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27, para establecer el derecho de los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación.
Es así y con el ánimo de instrumentar lo establecido en la reforma constitucional, que el 20 de enero de 2004 se crea la Ley General de Desarrollo Social, en la que se establece una política social que conduzca al Estado regulando la asignación de las aportaciones federales, la exigibilidad de los derechos sociales contenidos en el cuerpo de la ley, coordinación intersectorial e intergubernamental, definición y medición de la pobreza, evaluación de la política y programas sociales, traduciéndose en el fomento de la economía popular.
Sin embargo, y a pesar de lo dispuesto en esta reforma constitucional, se consideró que no era suficiente el derecho a la alimentación, sino que ésta también debe ser una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para el mejor desarrollo del ser humano.
Por ello surge la necesidad de establecerla de manera más específica, y el 13 de octubre de 2011 se adiciona un tercer párrafo al artículo 4, elevando a rango constitucional el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
En el Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Federal no es omiso a lo que ya está establecido en la Constitución, tampoco es omiso a los compromisos adquiridos en el ámbito internacional, y busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, esto es, asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los individuos en condiciones de extrema pobreza o con carencia alimentaria severa, donde la vía es construir oportunidades productivas a través de los programas públicos.
El gobierno federal materializa a través de los mecanismos diseñados para tal fin, el respeto a sus políticas sociales, transitando hacia una sociedad equitativa e incluyente.
Por eso estamos de acuerdo con la Colegisladora, y las dos comisiones consideramos la necesidad de que la norma específica sea congruente también con lo establecido en nuestra Carta Magna, impulsando para ello esta modificación a la Ley General de Desarrollo Social en materia de alimentación, en sus artículos 6; 14, fracción I; 19, fracción V, y 36, fracción VII, para establecer que la alimentación deberá ser nutritiva y de calidad.
Compañeras y compañeros: Les solicitamos ante la sensibilidad mostrada en temas como éste, tan importante para el desarrollo de nuestros niños, su apoyo y su respaldo en este Pleno del Senado de la República.
Gracias, señor Presidente, por permitirme hacer uso de la palabra para presentar a nombre de las integrantes de las Comisiones de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, estas dos reformas que buscan a través de su respaldo, mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias a usted, Senadora Graciela Ortiz.
Se concede el uso de la tribuna al Senador Jesús Casillas Romero, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Desarrollo Social, en términos de lo establecido por el artículo 196 de nuestro Reglamento.
Acudo a nombre de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos, Primera, a presentar este dictamen a la minuta con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social en materia de discapacidad.
Como antecedente, hay que recordar que el pasado 4 de diciembre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el dictamen que modifica el párrafo tercero del artículo 1º constitucional.
A partir de esa modificación, se reconoció que el término adecuado es discapacidades. Para referirse a las condiciones que enfrenta un determinado grupo de la población y que, a partir de ese momento, se reconoce que el término capacidades diferentes es arcaico, confuso e inapropiado.
Con este precedente, surge la propuesta de adecuación del término: “Capacidades diferentes”, que los sustituye por el más adecuado que es el de discapacidad.
Lo anterior, atiende el hecho de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece que el término adecuado para referirse a este grupo de la población, es el de las personas con discapacidad.
Entendiendo que la discapacidad no es un atributo, sino una situación.
Además, permite armonizar el término que ya se utiliza en el artículo 1º de nuestra Constitución y que es utilizado en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Es un cambio que, aunque pareciera sencillo, tiene implicaciones muy grandes. No podemos olvidar que la prevalencia de las discapacidad en México es del 6 por ciento; es decir, más de 7.2 millones de mexicanas o mexicanos tienen está condición, por lo menos, según las estadísticas, en el año 2014.
Y la inclusión de estas personas, no puede avanzar si en nuestras leyes seguimos reproduciendo términos equivocados que no corresponden a la realidad que deseamos construir.
Por eso, compañeras y compañeros, pues los integrantes de estas comisiones, les pedimos su respaldo y su voto a favor de este dictamen que, sin duda, pues marcará el inicio de lo que debe de ser, los términos que utilicemos para estas personas que merecen, no solamente, nuestro respeto, nuestro reconocimiento, sino también nuestro esfuerzo para que salgan adelante y tengan las mismas posibilidades y las mismas oportunidades que tenemos todos los mexicanos.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Casillas.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.
Compañeros y compañeras: Parte de este dictamen es la reforma al artículo 3 de la Ley de Desarrollo Social.
Y parecería menor, pero quiero decirles que no es una cosa menor.
¿De qué se trata aparentemente?
De cambiar sólo un término, capacidades diferentes por discapacidad. Pareciera no importante.
Yo les quiero decir, que la definición, conceptualización del lenguaje que utilizamos para denominar a las cosas, a los hechos o a las personas es de la mayor importancia. No es una cosa menor.
El lenguaje que usamos, estereotipa o discrimina, o bien, el lenguaje define, conceptualiza y reconoce la naturaleza y el alcance de los hechos, de las cosas y del significado que le damos a las personas de las que nos referimos o de las que hablamos.
Por ello, hoy deseo compartir con ustedes, compañeros Senadores y Senadoras, algunos conceptos de terminología que, además tiene que ver con el alcance y el impacto de esta reforma, personas con discapacidad, modificarla o como decía a personas con capacidades diferentes que incluso estuvo en la Constitución por desgracia y afortunadamente ya se cambió.
Cuando decimos personas con discapacidad, siempre debemos usar persona y después discapacidad.
Quiero decirles que yo escucho candidatos, regidores, Diputados federales, Senadores, de todo.
Los escucho en campaña acercarse a decir: yo estoy comprometido con las personas con capacidades diferentes y voy a trabajar.
Lo primero que tendríamos que hacer es conocer de qué estamos hablando, porque además pensamos que está bien dicho, que quizás se oye bonito, pero cuando nos referimos a las personas con discapacidad debemos usar, primero la palabra persona, y después, discapacidad.
Porque la discapacidad es una condición de vida, no es la persona.
Primero somos personas, la discapacidad es una condición que puede tenerse o no, es incorrecto decir capacidades diferentes, porque diferenciamos.
Nosotros, las personas con discapacidad no les decimos personas sin discapacidad diferentes, no los diferenciamos, porque nosotros tenemos claro que no hay una sola huella dactilar igual a otra; sabemos que no hay una persona igual a la otra, y la discapacidad es una condición de vida, que puede tener o no la persona, pero no es la persona.
Por eso es importante esta conceptualización. Y también preguntar, así como no hay una huella dactilar igual a otra, asimismo no hay un ser humano igual a otro, ¿por qué diferenciarnos?
Si todos los seres humanos somos diferentes, creer que capacidades diferentes es lindo, se escucha bonito, cariñoso, o es hablarnos con cierto afecto, es una rotunda equivocación.
Es un error en el lenguaje que excluye y diferencia.
Cuando usamos diferentes, nos están diferenciando. Por eso es bien importante esta pequeña reforma, pero de gran trascendencia e impacto porque la manera como nos expresamos, es la condición que les damos a las personas.
Es correcto, y aprovecho este momento, y la circunstancia para compartir con ustedes aspectos del lenguaje que son correctos o incorrectos.
Sí es correcto decir, persona con discapacidad; no es correcto, persona con capacidades diferentes o especiales; discapacitados, inválidos, disminuidos, impedidos, paralíticos, deficientes o minusválidos.
Sí es correcto persona con discapacidad motriz, no es correcto minusválido, incapaz, impedido, paralítico, inútil o cojo.
Es correcto persona con discapacidad auditiva, no es correcto, sordomudo, sordito y todos los diminutivos, aunque piensen que se escuche bonito.
Es correcto persona con discapacidad visual, persona ciega o de baja visual, no es correcto invidente, cieguito o cualquier diminutivo; persona con discapacidad intelectual es lo correcto; no es correcto retraso mental, mongol, tonto, tarado, deficiente o anormal; es correcto, persona con discapacidad psicosocial, no es correcto loco, loquito o demente.
La condición de discapacidad no se sufre ni se padece.
Cuando se refieren a las personas con discapacidad, que sufren discapacidad; yo quiero decirles a ustedes, y en general a la nación, ¿quién les ha dicho que sufrimos? ¿por qué nos estereotipan que sufrimos? tener una discapacidad no es motivo de sufrir.
Tener una discapacidad es una condición que nos tocó vivir en la vida, así es la vida, y depende de nosotros salir adelante, echarle ganas y decidir lo que queremos o no queremos hacer de nuestras vidas.
Sufrir es una condición que acepta el ser humano.
La gente sufre por amor y desamor, porque lo abandona la esposa, el marido, porque lo quieren o no lo quieren, porque tiene el trabajo que desea o no desea. Las gentes sufren por lo que le da su gana sufrir. Nosotros sufrimos por lo que nos da también nuestra gana sufrir.
Pero no quiere decir que tener una discapacidad nos condicione a sufrir.
Por eso es importante que cuando nos refiramos, utilicemos el lenguaje adecuado a las personas con discapacidad, no nos digan que sufrimos, y esto lo hablo a la nación entera, dejen que nosotros decidamos si queremos sufrir o no por nuestra discapacidad; si queremos sufrir o no, como sufren las demás personas, por lo que quieren y asumen sufrir.
La discapacidad no es un sinónimo de problemas, es una característica, condición de vida de millones de personas, de 650 millones de personas en el mundo, y en México del 10 por ciento de la población o hasta más según la Organización Mundial de la Salud.
Por esta conceptualización y esta reforma que hoy les presentamos es de la mayor importancia, porque significa la oportunidad de hablar con el lenguaje correcto, que no discrimine y excluya.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora de la Torre.
Al no haber más oradores, oradoras inscritas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinto minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, me permito dar cuenta del resultado de la votación.
Se emitieron 91 votos a favor; cero en contra y cero abstenciones.
Queda aprobado en lo general y en lo particular, el decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.
Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social en materia de alimentación nutritiva y de calidad.
Debido a que se encuentran publicados en la gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se omite su lectura.
El Secretario César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.
La Senadora Graciela Ortiz González, ha presentado a nombre de las Comisiones este dictamen en su pasada intervención.
Por lo tanto, está a discusión en lo general.
Informo a la Asamblea, que para la discusión en lo general de este dictamen, se han inscrito los siguientes oradores, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
Y el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, también a favor.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor de este dictamen.
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias Presidente. Con su venia.
Compañeras y compañeros Senadores: Actualmente en México padecemos distintos problemas de salud a causa de una mala alimentación. Cuando es excesiva deriva en obesidad y sobrepeso, y si es deficiente provoca desnutrición y la falta de micro nutrimentos.
La última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, reveló que el 2.8 por ciento de los menores de cinco años de edad, presentan bajo peso; el 13.6 por ciento talla baja, y el 1.6 por ciento, desnutrición aguda. Sin duda, son estadísticas que ponen en evidencia la magnitud de este gran problema.
En el año 2011 se modificó el artículo 4 de la Constitución Política, en la que se adicionó un párrafo en el que establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
El Estado se compromete a garantizarlo con la finalidad de asegurar que la población tenga acceso a una alimentación nutritiva y así poder enfrentar y superar la crisis alimentaria en nuestro país, principalmente de aquellos sectores más vulnerables del país.
Para garantizar el cumplimiento de este mandato constitucional, es indispensable la aprobación del presente dictamen que incorpora la Ley General de Desarrollo Social, el concepto de alimentación nutritiva y de calidad a la Política Nacional de Desarrollo Social.
Con este cambio el gobierno debe considerar a la alimentación nutritiva y de calidad, como parte fundamental en la aplicación de los programas en la definición de políticas públicas por parte del Estado mexicano. Es una reforma que armoniza los compromisos contraídos en la Declaración de Roma, y brinda a nuestra población el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.
En el Partido Revolucionario Institucional apoyamos el presente dictamen y reconocemos también los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno federal para mejorar la alimentación de la población. Un compromiso que se plasmó desde el inicio de esta administración con la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Quiero hacer mención también que México seremos sede en el mes de noviembre con el Frente Parlamentario contra el Hambre, donde Parlamentarios de América Latina y el Caribe, que estamos interesados por el combate al hambre, estaremos llevando a cabo foros de discusión y de análisis para que en todas las legislaciones de los Estados sea un derecho constitucional y que tengamos las leyes secundarias respectivas. Seguramente estaremos en los próximos meses ya votando la ley secundaria, derivada del artículo 4 constitucional en materia de alimentación, porque queremos que ninguna persona se vaya a dormir sin alimento. Queremos que haya esa calidad en la alimentación sana y nutritiva.
Es por eso compañeras y compañeros, que la aprobación del presente dictamen coadyuvará a fortalecer la instrumentación de este programa en beneficio de los y las mexicanas, en especial de los grupos con mayor vulnerabilidad social y económica del país.
Permítame, Senadora, permítame.
Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad Interamericana de Cuernavaca, Morelos, invitados por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.
Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.
Compañeras y compañeros Senadores: Hablar de este dictamen, que encierra un tema importante, que tiene que ver con la alimentación.
En este país, para muchos es un gran problema el tema de la alimentación; para una minoría es un problema resuelto; para la gran mayoría implica más del 80 por ciento del salario el tema de la alimentación por el nivel de ingreso que tenemos en nuestro país.
Hoy, la Comisión de Desarrollo Social, plantea un tema de una reforma a la Ley General de Desarrollo Social, para modificar el artículo 6, el 14, la fracción I; el 19 de la fracción V, y 36, fracción VII, de la Ley General de Desarrollo Social, y el propósito es armonizar, como ya lo dijo la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, la Ley de Desarrollo Social con la Constitución.
Ya ha sido argumento de en qué año se modificó nuestra Constitución, y esto obliga a que tengamos que establecer los mismos contenidos.
Pero no es sólo una obligación literal de establecer en la ley que rece: “Que tiene que asegurarse el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad”.
Esta reforma va encaminada a que se garantice el derecho humano a una alimentación adecuada y que se fortalezca con acciones, porque se reconoce que la alimentación balanceada permite que se establezca y se garantice la alimentación nutritiva y saludable. Estamos dando el paso a un compromiso que se hizo con los electores.
Yo les pido, compañeras y compañeros, el respaldo a esta modificación, que además es una propuesta vieja que estaba ya ahí en la Comisión de Desarrollo Social.
Se concede también el uso de la tribuna al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor de este dictamen.
Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: Nuevamente el Senado de la República hace el trabajo, es decir, al hacer la reforma a esta ley e incorporar un concepto tan importante como la alimentación nutritiva y de calidad, se está adecuando lo que señala el párrafo tercero del artículo 4°, que a la letra dice:
El artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley, esta protegerá la organización y desarrollo de la familia, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, el Estado lo garantizará.
Y cuando digo que el Senado hace su trabajo, me refiero a que esta modificación legal, igual que muchas otras, estoy convencido que se va a quedar en letra muerta.
Una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser, es decir, una cosa son los ideales y otra cosa es la práctica cotidiana de esos ideales.
En días pasados el gobierno de la República anunció que va a haber recortes presupuestales en tres áreas que son fundamentales para la vida del ser humano y, en consecuencia, para el desarrollo de la sociedad.
Anunció que se recortaría a la Secretaría de Educación Pública en programas fundamentales como las escuelas de calidad.
Anunció que se haría un recorte a la Secretaría de Salud.
Y anunció que se haría un recorte a la Sagarpa, es decir, a la Secretaría encargada de la producción de alimentos.
Por un lado, el Senado de la República, en el artículo 6 de esta ley está hablando de que son derechos la alimentación nutritiva y de calidad, es un derecho; es decir, el derecho no hay otra posibilidad más que cumplirlo.
Y sinceramente yo les pregunto, compañeros Senadores, compañeras Senadoras:
¿El estado mexicano, el gobierno actual, está haciendo posible este derecho plasmado en el párrafo tercero del artículo 4? Evidentemente no.
El último Informe de la CEPAL dice que: “México es el único país de América Latina que no ha reducido sus niveles de pobreza”.
También sostiene la CEPAL en su Informe que de 117 millones que tiene este país, 63 tienen algún tipo de pobreza, y que de esos 63 millones, 30 millones están en la pobreza alimentaria, es decir, que hace cuando mucho una comida al día.
Y la pregunta es: ¿De qué ha servido la famosa Cruzada Contra el Hambre?
Hemos sostenido y seguiremos sosteniendo que no es con asistencialismo como vamos a hacer efectivos estos derechos, que tenemos que impulsar la producción social de alimentos, pero esto parece que no le surte efecto al gobierno, porque si ya no les da el pescado, entonces seguramente en materia electoral se reducirán sus posibilidades de acceder al poder.
Y aquí la pregunta es: ¿Quieren mantenerse en el poder a costa de medrar con el hambre de los mexicanos y las mexicanas, o realmente quieren el poder para aliviar el terrible sufrimiento que tiene nuestro pueblo, producto de la hambruna?
Este recorte a estas áreas fundamentales plantea que lo que menos le interesa a este gobierno es el bienestar, un estado de bienestar de los mexicanos y de las mexicanas.
Desde aquí convocamos al ciudadano Presidente de la República a que en el Presupuesto 2017, en su proyecto, incorpore una partida especial para hacer efectivo el derecho a la alimentación nutritiva y de calidad; a que incorpore en el presupuesto, en su proyecto de presupuesto una partida especial para que, efectivamente, se supere la pobreza y los mexicanos y las mexicanas puedan tener acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, y que las políticas públicas de este gobierno se orienten en ese sentido.
De lo contrario, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, esto quedará en letra muerta, el hambre seguirá cabalgando sin control a lo largo y ancho de nuestra Nación, y lo que vamos a aprobar el día de hoy quedará, disculpen el término, como un sueño guajiro.
Qué bueno que ya se incorporó a la ley. Ojalá y el Ejecutivo Federal ahora haga su trabajo, incorporen sus políticas públicas, asuntos que tengan que ver con la erradicación del hambre en nuestro país.
Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.
Compañeras y compañeros: Sí, efectivamente, bueno, primero aplaudir la iniciativa de Lisbeth Hernández Lecona en el sentido de una iniciativa que tiene que ver con la calificación de los alimentos en México, que me parece muy oportuno y muy pertinente porque nosotros como legisladores, y no me refiero a recientemente, sino ya en legislaturas anteriores, hemos tenido diversos debates para calificar todos los alimentos que de una u otra forma procesados se venden o se vendían en las escuelas públicas y privadas, y que, además, estos alimentos han causado y causan problemas y trastornos metabólicos a nuestros hijos y a las familias mexicanas.
Por eso tenemos los altos índices de obesidad en nuestro país, que nos lleva a la penosa calificación de ser, en la obesidad infantil, el número uno, y también en algunas zonas del país nos llevan también a la desnutrición.
Entonces a mí me parece que es, que me parece el deponer el derecho a la alimentación nutritiva y de calidad en la Ley General de Desarrollo Social, me parece muy correcto, y creo que, además, viene a concluir o a cristalizar las legislaciones que tienen que ver con la eliminación del alimento chatarra o procesado, que ya se ha legislado, como ya lo dije hace rato, de muchas formas, y que además, también compromete a los productores de alimentos procesados para incluir ingredientes nutritivos, vitamínicos en todos los alimentos que están en nuestro país.
Que cuando estuvimos legislando el tema de los alimentos chatarra, es decir, procesados, muchísimos empresarios, dueños de las líneas de producción, no voy a decir marcas, ni mucho menos porque no es el caso, pero vinieron en ese entonces a la Cámara de Diputados a convencerlos de que abandonáramos esa idea de legislar en torno a lo que tenía que ver con los refrescos, lo que tenía que ver con el contenido calorífico, lo que tenía que ver con una serie de cosas.
Entonces lo que nosotros empezamos a impulsar fue el de poder sensibilizar a los dueños de los medios de producción, de estos alimentos, para que cambiaran líneas de producción no completas, sino simple y sencillamente que fueran evolucionando hacia un esquema de producción de alimentos nutritivos y con alto índice, ahora sí que de harinas ricas en vitaminas y en minerales, en una serie de cosas que pudieran ayudar a nuestros hijos en las escuelas.
Todo esto a mí me parece que resulta, esta reforma, protectora y garantiza los derechos humanos básicos de nuestra población con el propósito de crear una conciencia y de definir el tipo de alimento que necesitamos. Ya no sólo me refiero a las escuelas, sino en todos los ámbitos de la vida diaria.
Esto nos viene a nosotros a, no sólo a, como legisladores, a estar recordando que primero son los derechos de la población, y en este caso la alimentación, y me refiero también a las cifras del Coneval que aquí ya citaron algunos de mis compañeros, que tienen que ver también con el fenómeno o el problema de la pobreza vinculado directamente a la calidad de la alimentación.
Mi exhorto y mi voto será, por supuesto, a favor.
Quiero antes de conceder la palabra a la Senadora Luisa María Calderón, dar la bienvenida y hacer un reconocimiento a atletas por su destacada trayectoria y clasificación a Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, quienes están presentes en esta sesión, invitados por la Comisión de Juventud y Deporte, encabezada por el Senador Carlos Alberto Puente, y los menciono en este orden:
Nuria Lidón Diosdado García, de nado sincronizado. Bienvenida.
Karen Faride, de nado sincronizado. Bienvenida.
Joana Betsabe Jiménez García, de nado sincronizado. Bienvenida.
Daniel Gómez Tanamachi, de esgrima. Bienvenido.
Tania Karina Arrayales Macías, de esgrima. Bienvenida.
Y nuestros grandes deportistas Juan José Pacho Burgos, quien fue coach de béisbol, un gran atleta yucateco. Bienvenido.
Adriana Loftus Martínez, entrenadora de nado sincronizado. Bienvenida.
Y Jorge Castro Rea, Presidente de la Federación Mexicana de Esgrima. Bienvenido.
Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, para hablar a favor del dictamen.
La Senadora Luis María Calderón Hinojosa: Muchas gracias, Presidenta.
Yo coincido con el Senador Demédicis, en que por decreto no se acaba el hambre, ni se va a generar alimento en la mesa de cada uno de los mexicanos, pero sí celebro que en la ley nos obliguen a hablar de una alimentación nutritiva y de calidad, porque yo creo que no se trata de prohibir.
En la prohibición o en el impuesto a los alimentos con alto contenido calórico, quien más se perjudicó en su propio gasto es la gente que no tiene más que para comprar lo que está al día y no está cerca de su entorno la alimentación nutritiva y sana que pueda comprar. Así que ellos siguen comprando galletas, siguen comprando refrescos.
Lo que tenemos que hacer es incentivar, y con este dictamen que integra la alimentación nutritiva y de calidad, se puede generar un círculo virtuoso. Creo que esto es lo que más vale en el dictamen, que a la alimentación le califica de nutritiva y de calidad, porque puede generarse un círculo virtuoso alrededor de esta necesidad.
Hay muchos pequeños productores para quienes las legumbres, las verduras, los alimentos que ellos pueden producir, no tienen ningún valor. En cambio puede reorientarse la política de la propia Sagarpa, de provocar que los pequeños productores vuelvan a sembrar alimentos nutritivos que tienen que venderse en fresco, y que se genere también una cadena de valor, de tal forma que haya compras en lo local, en las escuelas, en los municipios, en los Cereso, en todos los lugares públicos que tienen que proveer de alimentación.
Que se generen estos círculos virtuosos, que haya productos que completan la canasta, que son las verduras que tienen vitaminas, que tienen hierro, y que hagan que podamos tener esta oportunidad.
No creo que se trate -y no es discusión de este momento- de aumentar el gasto en la Secretaría, sino de reorientarlo, de generar cadenas de valor, de generar asociaciones, de proponer y apoyar la agricultura familiar, que es un compromiso que todos tenemos, y que en lo local pueda empezarse a generar este círculo virtuoso que hará que los niños, las niñas, las mamás, los papás puedan tener una alimentación nutritiva, en frescos.
Que haya una reorientación de la propia Secretaría de Agricultura para que no sean proyectos aislados, que tienen poca vida los que se estén generando, sino proyectos que vinculen a comunidades, que vinculen a distintos productores y que tengan a los compradores y a los consumidores a la mano para que no sean los más pobres, los más alejados, los que a pesar de los decretos siguen teniendo obesidad, los que siguen consumiendo lo que no es fresco, porque es lo único que está a la mano.
Ojalá que podamos entrarle a la reforma de la Ley de Agricultura, para que podamos hacer factible, posible, obligada la generación de estos círculos virtuosos.
Por esto nuestro grupo parlamentario va a estar también a favor de esta reforma a la Ley de Desarrollo Social.
En virtud de que no hay otros oradores registrados, ni artículos reservados.
El Secretario Senador Octavio Pedroza Gaitán: Me permito, señora Vicepresidenta dar cuenta de la votación.
Se han emitido 82 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Esta aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman los artículos 6; 14, fracción I, 19, fracción V; y 36, fracción VII de la Ley General de Desarrollo Social.
Compañeros Senadores: Tenemos ahora la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos.
En consecuencia, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen, y se ponga a discusión de inmediato.
El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
Sí se dispensa la segunda lectura, señora Vicepresidenta.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en término de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su permiso, señora Presidente.
El Infonavit es una institución creada para los trabajadores y conformada también para los trabajadores.
Uno de sus mayores beneficios que busca el Infonavit es dar certeza y accesibilidad al derecho humano que aspira cualquier hombre y mujer de poder tener una vivienda.
En este orden de ideas y para fortalecer a la clase trabajadora, ustedes recordarán el esfuerzo que se ha hecho para brindarles un mejor salario, y que no se encuentre, por decirlo así, amarrado como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas o reguladas por la ley.
Por lo que el 27 de enero de este año se publicó en el Diario Oficial que se declaraban reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de nuestro país en materia de desindexación del salario mínimo.
La referida reforma tuvo por objeto evitar que el salario mínimo continuara siendo la unidad de cuenta utilizada a nivel nacional permitiendo que los incrementos al salario mínimo no perjudiquen en ningún momento a los trabajadores causando aumentos en costos y pagos para ellos, buscando que el salario realmente adquiera un nuevo carácter con mayor poder adquisitivo.
La reforma en pro de los trabajadores prioriza que el salario mínimo sólo se utilice como remuneración básica para el trabajador, desindexándolo en la Constitución, y posteriormente en las demás leyes a fin de sustituirlo como una nueva unidad de medida y actualización, el UMA, la cual fungirá como unidad de cuenta, índice, base, medio o referencia para las obligaciones y supuestos del sistema jurídico nacional.
Ésta es una medida que fortalece al salario mínimo permitiendo que se sienten las bases para establecer una política que recupere el poder adquisitivo de los salarios.
Con ello se busca que el salario mínimo esté vinculado con el crecimiento de la productividad nacional y no se utilice para indexar precios, lo cual había sido un freno para el crecimiento del valor de los salarios mínimos.
No hay duda, fortalecer los salarios es fortalecer también a nuestra clase trabajadora.
En dicho decreto de reforma constitucional se establece que las leyes se deberá sustituir el salario mínimo por la nueva unidad de medida y actualización.
Sin embargo, en materia de créditos esta sustitución no es una tarea sencilla. Por lo que con esta iniciativa los créditos de Infonavit que se encuentren firmados en veces de salarios mínimos, así se mantendrán y no perderán sus condiciones apoyados en sus ventajas para los acreditados, resaltando que las disposiciones transitorias de la reforma constitucional continúa un mecanismo de protección para ellos, y, en el caso de incrementos sustanciales al salario mínimo, es decir, los créditos que se encuentren firmados en veces salarios mínimos se actualizarán anualmente con el incremento que resulte menor entre el salario mínimo y la UMA.
Además, con la aprobación de este dictamen que nos ocupa, se refuerza la viabilidad financiera de largo plazo para este instituto el cual en su carácter de organismo de seguridad social tiene también el compromiso de crear las condiciones adecuadas que apoyen y fortalezcan a los trabajadores de nuestro país.
Bajo los mecanismos de solidaridad, de redistribución e integralidad tomando en cuenta las condiciones también de la propia economía nacional.
Siendo entonces, de vital importancia para el Instituto salvaguardar este derecho de los trabajadores y cumplir con el mandato legal que le ha sido encomendado.
Establecer un sistema de financiamiento que les permita por un lado otorgar crédito barato y suficiente para la adquisición de habitaciones como las higiénicas y adecuada, así como el otorgamiento de los rendimientos del salario a la subcuenta de vivienda.
Compañeras y compañeros: El dictamen que estoy presentando ante ustedes, es una reforma necesaria, mandatada desde la Constitución Política para beneficiar a los trabajadores; es una aportación para los más de 50 trabajadores que cotizan a este Instituto.
El Infonavit es una institución de los trabajadores para los trabajadores.
Por eso hoy los invito a votar a favor de este dictamen, a votar a favor del fortalecimiento del Instituto, a votar a favor de todos y cada uno de los trabajadores mexicanos.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Barrera.
Con fundamento en el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales serán en orden creciente y por un tiempo de diez minutos cada uno.
Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Compañeras y compañeros Senadores: Buenas tardes.
Una de las máximas aspiraciones de todos los mexicanos es que los esfuerzos de toda la vida de trabajo se reflejen en la adquisición de una vivienda que dé tranquilidad a nuestras familias.
Sin embargo, para materializar este decreto constitucional de toda persona a una vivienda digna y decorosa, se requieren políticas públicas que permitan que el gobierno acompañe a los trabajadores y tengan derecho a créditos hipotecarios con montos, plazos y tasas de interés adecuadas.
Por ello, una de las instituciones que ha sido pilar de la seguridad social en México es el Instituto Nacional de la Vivienda para los trabajadores, el Infonavit, que desde hace ya más de cuatro décadas, ha apoyado la adquisición y mejora de las viviendas.
El pasado 27 de enero del 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma constitucional que permitirá que el salario mínimo deje de ser usado como una referencia para la determinación de pagos en todo el país.
La desindexación del salario mínimo tiene la mayor de las relevancias en el ámbito de competencias del Infonavit, pues no se debe perder de vista que anteriormente los créditos eran otorgados en base a los salarios mínimos.
Bajo este contexto, el dictamen que nos envían las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, tiene la finalidad de dar cumplimiento a la reciente reforma constitucional antes referida en materia de desindexación del salario mínimo.
La reforma propuesta responde a la necesidad de eliminar las referencias del salario mínimo como medida para evitar impactos financieros en el Infonavit, asegurando que los rendimientos mínimos de las subcuentas de vivienda de los trabajadores sean un reflejo de rendimiento de sus activos y se generen sanos niveles de rentabilidad.
Además de beneficiar las finanzas del Infonavit, tenemos la certeza de que la desindexación del salario mínimo sea en pro de los trabajadores. Esta medida contribuirá a establecer una política de repercusión del poder adquisitivo de los salarios mínimos, que ha sufrido depreciación desde la década de 1980.
Por último, el régimen transitorio del proyecto de decreto, se prevé que los contratos vigentes celebrados previamente por el Infonavit podrán seguir utilizando como referencia el salario mínimo, salvo que las partes acuerden lo contrario. Esto permitirá que las instituciones que otorguen créditos a la vivienda y los trabajadores deudores de los mismos no sufran problemas financieros a causa de la situación de las unidades de medida.
Es por ello que los senadores del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen que reforma la Ley del Infonavit, en virtud de que representan diversos beneficios para el propio instituto y para los trabajadores mexicanos.
Enseguida se concede el uso de la palabra al Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Gracias. Con permiso Presidenta.
Compañeras y compañeros: El Gobierno de la República ha impulsado desde el inicio de la actual administración, una política vigorosa para garantizar que todas las mexicanas y mexicanos accedan a una vivienda digna y decorosa.
En este sentido el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 recoge los objetivos fundamentales de la política nacional en esta materia, la cual establece un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector; mejorar y regularizar la vivienda urbana y construir y mejorar la vivienda en el campo.
El dictamen que hoy discutimos está en concordancia con la reforma en materia de desindexación del salario mínimo, cuyo objetivo primordial es desvincular del salario mínimo a la función que adquirió como unidad de cuenta para diferentes efectos legales y económicos.
Dicha reforma establece que el salario mínimo sólo debe utilizarse como remuneración básica para el trabajador y ser sustituido por una nueva Unidad de Medida y Actualización, UMA, que fungirá como unidad de cuenta, índice, base media o referencia para las obligaciones y supuestos del Sistema Jurídico Nacional.
La reforma que hoy analizamos resulta de la mayor trascendencia para millones de trabajadores y para el desarrollo de nuestro país.
Coincidimos en la necesidad de modificar los artículos de la Ley de Infonavit, que hace referencia al salario mínimo para evitar algún impacto financiero negativo en este noble Instituto y por ende en las familias mexicanas.
Esta reforma es técnicamente viable y socialmente necesaria. Entre sus principales bondades se encuentran las siguientes:
Permitir armonizar la Ley del Infonavit con los cambios constitucionales que aprobamos recientemente, que sin duda darán viabilidad ante escenarios adversos. Permite evitar que en un escenario de alta inflación no se amenace la estabilidad financiera del Instituto; beneficiará a más de 18 millones de trabajadores activos y cotizando en todo el territorio nacional.
La labor del Infonavit para desarrollar y promover vivienda digna en favor del bienestar de los mexicanos ha sido trascendental.
Entre septiembre del año 2014 y agosto del año pasado, el Instituto otorgó 655 mil 460 créditos en beneficio de igual número de familias para financiar la adquisición de viviendas, impulsar nuevos esquemas de renta, mejoramiento y ampliación y atender nuevos segmentos de nuestros trabajadores.
Nuestra Carta Magna establece en su artículo 4 el derecho de una vivienda digna y decorosa. Asimismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, indica que los Estados miembros deben realizar las medidas suficientes y necesarias para que todas las personas puedan acceder a una vivienda adecuada.
Compañeras y compañeros Legisladores: Sin duda las modificaciones propuestas por el presente decreto garantizan el sano balance financiero del Infonavit, en beneficio de todos sus derechohabientes actuales y los que contratarán en un futuro.
En el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos posicionamos a favor de esta relevante reforma, porque estamos seguros que coadyuvará al mejoramiento sistemático del bienestar de los trabajadores y las familias en todo el país.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Está a discusión en lo general el dictamen.
Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se ha inscrito la Senadora Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor del dictamen.
La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias, Presidenta. Buenas tardes.
Compañeras y compañeros Senadores: El dictamen que hoy discutimos es de gran trascendencia, como ya se ha señalado, para garantizar la estabilidad financiera del más grande emisor hipotecario del país.
Se modifican diversas disposiciones, en particular los artículos 39, 44, 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, para armonizar esta legislación con la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo.
Es oportuno recordar que esta reforma tuvo por objeto evitar que el salario mínimo continuara siendo la unidad de cuenta utilizada, a nivel nacional, una situación que limitaba su incremento por estar indexado a diversos montos, a cuotas, en la legislación, tanto federal como local.
Con la reforma que hoy discutimos se estipula un esquema que garantiza derechos y obligaciones recíprocas para el Infonavit, y así mantener el equilibrio financiero del instituto.
Lo anterior, significa que en todo momento el rendimiento mínimo garantizado del pasivo estará en concordancia con el rendimiento generado por el activo, para generar con esto sanos niveles de rentabilidad.
El Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, es una institución muy importante para el Estado mexicano, cuyo objetivo, como aquí se ha señalado, consiste en coadyuvar a materializar uno de los derechos humanos más importantes para el ser humano como lo es el derecho humano a una vivienda adecuada.
Sólo para darles unas cifras. En el 2014, el Infonavit otorgó más de 396 mil de los créditos hipotecarios, lo que representó un 75 por ciento del total de los créditos hipotecarios que se ofertaron en nuestro país.
De igual manera, el Infonavit ejerció 296 mil acciones para el mejoramiento de las viviendas de los mexicanos.
La importancia de la reforma a discusión radica, en que a través de estos cambios que aquí estamos plasmando, evitaremos un eventual desequilibrio financiero de este Instituto al integrar los cambios en materia de desindexación del salario mínimo.
Con la presente reforma se busca armonizar el destino de los derechos y obligaciones de este Instituto, que dicho sea de paso, es el Instituto que atiende a más de 50 millones de trabajadores derechohabientes, entre los que se encuentran activos y los que hoy no están inactivos.
De no llevar a cabo estos cambios, corremos el riesgo de que el Infonavit pierda la estabilidad financiera ante escenarios de alta inflación.
Así que, en síntesis, se trata de una medida de prevención y de rentabilidad que traerá beneficios concretos para los trabajadores y, sobre todo, para sus familias.
Es un cambio de vital importancia, sobre todo si tenemos en cuenta que en los próximos 20 años, se puede suponer que habrá un déficit o una demanda de vivienda para más de 10 millones de familias y de personas en nuestro país.
El objetivo que perseguimos es claro: brindar certeza jurídica, estabilidad, tranquilidad y estabilidad al Instituto, pero sobre todo a los derechohabientes, que es realmente a quien el Instituto rinde cuentas.
Así que, compañeras y compañeros, si bien es cierto que el derecho humano a la vivienda está consagrado en legislaciones nacionales e internacionales, también lo es que existen todavía áreas de oportunidad para poder asegurar una vivienda adecuada para millones de mexicanos que aún necesitamos atender.
El asunto que hoy está a nuestra consideración es producto de un análisis técnico muy riguroso, el cual permitió generar un consenso entre todas las fuerzas políticas que aquí estamos representadas.
Así que, a partir de estas consideraciones, yo quisiera decirles que a nombre de mi grupo parlamentario del PRI, nosotros estaremos votando a favor, y pedimos, por supuesto, también a todos ustedes, el voto a favor del presente dictamen.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Angélica Araujo.
En virtud de que no hay otros oradores registrados, ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señora Presidente, se han emitido 83 votos a favor; cero en contra y cero abstenciones.
Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Compañeros Senadores: A petición del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, esta Presidencia emitirá atentas excitativas a comisiones sobre diversos proyectos presentados.
Uno, que reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentado el 24 de marzo de 2015.
Y otros presentados, los días 25 de marzo y 8 de abril de 2014; y 18 de noviembre de 2015, sobre Protección y Seguridad a Periodistas.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 14 de abril, a las 11:00 horas.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1700

References: artículo 44
 artículo 81
 artículo 123
 artículo 4
 artículo 71
 artículo 7
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 123
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 71
 artículo 132
 artículo 245
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 196
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 27
 artículo 4
 artículo 196
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 58
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 4
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 artículo 4
 artículo 196
 artículo 197
 artículo 4