Source: http://elmundodelaeducacion.mx/revista/reportajes/item/la-suprema-corte-avala-el-servicio-profesional-docente
Timestamp: 2018-05-26 08:15:11+00:00

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La Suprema Corte avala el servicio profesional docente - El Mundo del Educación
Miguel Augusto Castañeda Fernández*
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de resolver las demandas de amparo que presentaron algunos docentes, directivos y supervisores de educación básica y media superior en contra de la Ley General del Servicio Profesional Docente, por considerar que violaba sus derechos humanos, específicamente los relacionados con el derecho al trabajo, con los derechos adquiridos y con aquellos derechos relacionados con su permanencia. El autor expone la resolución de la Corte al respecto.
El amparo contra leyes es un juicio previsto en la Constitución mediante el cual los gobernados pueden instar a un órgano del Poder Judicial de la Federación para analizar si una ley o un acto de autoridad ha sido creado de conformidad con los parámetros que nuestra Constitución establece y si respeta los derechos humanos contenidos en la misma y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país forma parte.
Tal es la efectividad del juicio de amparo, que al declararse que un artículo de la ley en cuestión resulta contrario a nuestra Constitución o a los derechos humanos, se tendrá como efecto la no aplicación de la misma en beneficio de los gobernados que interpusieron el juicio.
En ese sentido, ante la implementación de la reforma constitucional de 2013, relativa a los artículos 3 y 73, se facultó al Congreso para establecer el Servicio Profesional Docente, con el fin de regular el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia del personal con funciones de docencia, dirección y supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado, teniendo por objeto que se cumpla cabalmente con la obligación de proporcionar la educación pública gratuita, laica y de calidad.
En cumplimiento de dicha reforma constitucional nace a la vida jurídica la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), que contempla como principio el asegurar, mediante un sistema de evaluación (como actividad permanente y tendiente a la formación de la práctica profesional), la idoneidad de los conocimientos y las capacidades del personal, así como un nivel de desempeño suficiente, el estímulo de reconocimiento de la labor docente y la garantía de la formación continua del personal en funciones de docencia.
Cabe señalar que el sistema de evaluación no entró en vigor al mismo tiempo que la LGSPD, puesto que éste entró en la segunda parte de 2014, razón por la cual durante este periodo se generaron diversas especulaciones sobre su aplicación, llegando a considerarse por algunos docentes, directivos y supervisores de educación básica y media superior, que violentaba sus derechos humanos, específicamente aquellos relacionados con el derecho al trabajo, con los derechos adquiridos y con aquellos derechos relacionados con su permanencia.
Derivado de lo anterior se han presentado, desde la entrada en vigor de la LGSPD a la fecha, más de 3,400 demandas de amparo en contra de dicho ordenamiento que la ha puesto bajo el escrutinio del Poder Judicial de la Federación, razón por la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomó su facultad originaria, toda vez que al tratarse de un cuerpo normativo sin precedente debía pronunciarse sobre su constitucionalidad a efecto de brindar seguridad jurídica y evitar criterios contradictorios entre los diversos órganos jurisdiccionales.
Al respecto, la SCJN ha tenido oportunidad de resolver sobre la LGSPD en dos etapas. La primera respecto de los juicios que se presentaron con la vigencia de la norma, y la segunda, respecto de aquellos que se presentaron con un acto de autoridad que los vinculaba al cumplimiento de la ley; no obstante, en ambos casos se ha determinado que dicha ley respeta los derechos humanos de los docentes.
En la primera etapa la SCJN resolvió sobre la constitucionalidad de los artículos 52, 53 y noveno transitorio de la LGSPD que contemplan el sistema normativo relacionado con el ingreso y la permanencia de los docentes mediante un sistema de evaluación y capacitación, que dieron lugar a las siguientes jurisprudencias.
El sistema de evaluación obligatoria para el ingreso, promoción y permanencia del personal docente respeta dicha prerrogativa puesto que la intención del Constituyente fue establecer un nuevo modelo educativo orientado a desarrollar de manera armónica las facultades del ser humano y fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y la justicia, concluyendo que la separación de algún docente de su empleo, cuando no acredite las evaluaciones respectivas, se encuentra plenamente justificada, en tanto tiene como finalidad garantizar los derechos de los educandos a recibir un servicio educativo de calidad impartido por docentes calificados.
No se impide a los docentes dedicarse al trabajo que decidan; sólo se establece como una condición de permanencia en la actividad docente la obtención de resultados favorables en las evaluaciones que se practiquen conforme a los lineamientos expedidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y cuya finalidad es protegerlo en la medida en que constituye el mecanismo a través del cual se garantiza a la sociedad que el trabajo que desempeñan los docentes cumpla con las condiciones de calidad previstas en el artículo 3º constitucional, en función del interés superior del menor a que se refiere el artículo 4º, párrafo noveno, de la Constitución federal.
El hecho de que, por virtud del resultado de esas evaluaciones, puedan ser separados del cargo (tratándose de los docentes que a la entrada en vigor de las normas impugnadas tuvieren un nombramiento provisional), o bien que puedan ser readscritos a otras áreas (tratándose de los docentes que a la entrada en vigor de las normas impugnadas tuvieren un nombramiento definitivo), por no reunir un requisito de permanencia como es aprobar una evaluación, no contraviene la garantía señalada en el artículo 5º constitucional porque la misma será exigible siempre y cuando la actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad; esto es, existe un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual.
Principio de no regresividad en relación con el derecho a la estabilidad en el empleo
El artículo 123, apartado B, fracción IX, de nuestra Constitución establece que los trabajadores podrán ser suspendidos o cesados por causas justificadas; por otra parte, la observación general número 13, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con el artículo 7, apartado D, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece la separación de los docentes de su empleo cuando éstos no acrediten las evaluaciones respectivas, ya que tiene como finalidad garantizar los derechos de los educandos a recibir un servicio educativo de calidad impartido por docentes calificados, razón por la cual el derecho a la estabilidad del empleo no es absoluto.
La regulación de la LGSPD que contienen los supuestos de separación, readscripción o incorporación a programas de retiro voluntario para el personal docente no vulneran el derecho humano a la estabilidad en el empleo, porque constituyen una causa justificada prevista en la ley para la cesación referida, misma que persigue un fin constitucionalmente válido, y resultan idónea, necesaria, así como proporcional a dicho fin.
Bajo esos supuestos, no se trasgrede el principio de no regresividad, entendido como la obligación que tiene el Estado para que el grado de tutela del ejercicio de un derecho no disminuya, en el entendido de que el derecho a la estabilidad en el empleo no es absoluto, ya que puede limitarse cuando lo permita la ley y por causa justificada, como lo establece la LGSPD al señalar la posibilidad de que los docentes sean removidos de sus cargos o adscritos a otras áreas cuando éstos no acrediten las evaluaciones respectivas, ya que su finalidad es garantizar el principio superior del menor a obtener una educación de calidad.
En relación con los nombramientos provisionales emitidos con anterioridad a la entrada en vigor, no existe violación a la retroactividad puesto que, de conformidad con los componentes de la norma, no se había actualizado ningún supuesto que permitiera considerar que se produjo la consecuencia de adquirir el derecho a la permanencia en el servicio; por el contrario, a la entrada en vigor de las normas indicadas, únicamente tenían una expectativa de derecho en torno de la eventual obtención de su base y de su permanencia en el empleo. No obstante, con la ley vigente sólo la evaluación que llegue a realizar el docente dará lugar a la obtención del nombramiento definitivo.
En caso de no estar de acuerdo con los resultados de las evaluaciones, los docentes tienen la posibilidad de impugnar las determinaciones a través del recurso de revisión ante la autoridad que emitió la resolución respectiva, o bien acudir ante la autoridad jurisdiccional en sede contenciosa administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de dicho ordenamiento.
En la segunda etapa, la Primera Sala de la SCJN, al interpretar los artículos 3º, párrafo tercero, fracción III, de la Constitución, y 22, 53, 71, 74, 75, 80 y 83 de la LGSPD, analizó la naturaleza de la separación del Servicios Profesional Docente por los supuestos contenidos en la LGSPD, del cual se emitieron dos tesis relevantes.
Actos condición
Los nombramientos en el Servicio Profesional Docente constituyen “actos condición”, pues la permanencia en el cargo se encuentra condicionada en la LGSPD, que determina los parámetros bajo los cuales debe prestarse el servicio público; en ese sentido, cuando la persona deja de cumplir con las exigencias que establece el marco jurídico para su prestación, la autoridad educativa cuenta con la atribución de retirar dicho nombramiento sin responsabilidad y con el respeto a los derechos fundamentales.
La separación del cargo no debe considerarse una sanción
El incumplimiento de las condiciones de permanencia en el empleo, como la acreditación de evaluaciones, da lugar a una consecuencia jurídica consistente en la terminación del nombramiento y la separación del Servicio Profesional Docente, la cual, pese a constituir una sanción en sentido amplio, no conlleva el reproche a una infracción ni da origen a responsabilidad administrativa, sino que parte del entendimiento de los nombramientos como “actos condición”, cuya subsistencia depende del respeto a las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los parámetros bajo los cuales debe prestarse el servicio público; en consecuencia, dichas determinaciones se impugnarán ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral.
De forma paralela, la Segunda Sala de la SCJN resolvió la constitucionalidad de los artículos, 1, párrafos primero y cuarto, 2, fracción I, 4, fracciones XVII, XVIII, XXI, XXV y XXVIII, 7, 9, 10, fracciones II, X, XI y XII, 16, fracción II, 18, 21, 22, párrafos primero y quinto, 23, 24, 26, primer párrafo y la fracción II, incisos a y b, 28, 30, 31, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 53, 54, 56, 57, fracción II, 58, 61, 62, 63, 69, 71, 74, 76, 75, 78, 80, 81 y 83, y los artículos tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, décimo, décimo segundo, décimo quinto y vigésimo transitorios de la LGSPD, de los cuales se desprenden los siguientes criterios relevantes.
El sistema de evaluación educativa, al derivar del propio texto constitucional, tiene como consecuencia el desconocimiento de cualquier derecho u obligación que vaya en contra de las nuevas disposiciones, en el entendido de que, al ser la Constitución la posición suprema en la estructura jerárquica normativa, resulta evidente que los derechos u obligaciones que contravengan la reforma constitucional no pueden generar derechos adquiridos.
La declaratoria de nulidad del artículo 3 constitucional no viola el derecho al trabajo
La nulidad absoluta de los ingresos y las promociones que no se lleven a cabo conforme a lo establecido en la LGSPD, contemplada en el artículo 3º constitucional, no viola la esencia del derecho del trabajo y del artículo 123 constitucional, ya que nadie puede verse beneficiado o reprochar un pago respecto de algún derecho o prerrogativa derivados de una conducta ilícita como es ingresar y ser promovido en contravención a la ley, lo cual no sólo es aplicable para las autoridades sino también para docentes, directores y supervisores.
En consecuencia, del análisis efectuado a la constitucionalidad de la LGSPD por la SCJN se advierte claramente el esfuerzo que ha realizado para ponderar el bien común frente al derecho de los gobernados en lo individual. Nuestro máximo tribunal ha determinado que el derecho humano al trabajo será preponderantemente exigible siempre y cuando la actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, por lo que en aras de ese interés mayor se justifica en la medida en que se busca garantizar a la sociedad que el trabajo que desempeñan docentes, directivos y supervisores cumplan con un nivel de calidad adecuada.
* Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública.

References: resolución 
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 123
 artículo 7
 resolución 
 artículo 80
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 123