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Timestamp: 2019-06-16 03:30:01+00:00

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS III - Anteproyecto participativo - Ley de Participación de Castilla-La Mancha - Participa Castilla-La Mancha
Porque es en este escenario de cambio social y riesgo, donde cobra aún más sentido la participación, entendida como mecanismo de intervención de la sociedad civil, de la ciudadanía, sus organizaciones, colectivos y entidades en sus diversos ámbitos, en el proceso de elaboración de las políticas públicas. Una participación que trata de ampliar, reforzar, legitimar y hacer más real y cercano a las personas nuestro sistema democrático, reconociendo el derecho a la participación instaurado con vocación universal en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 21, que señala que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Y que tiene también su plasmación en el derecho internacional para ámbitos sectoriales concretos, como la Convención sobre los derechos de niños y niñas, de 1989, que recoge su derecho a participar (arts. 12 y 13) o la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, de 2005, que señala igual derecho en su artículo 21.
La participación, en la medida en que ha de tener como base una ciudadanía bien informada de las políticas y las decisiones públicas, profundiza en la transparencia de la actividad política y administrativa. En tanto permite conocer los múltiples intereses en presencia, contribuye a mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios y políticas públicas y, por ende, a la profundización democrática que nace de la corresponsabilidad de la población.
En el ámbito europeo, la Comunicación de la Comisión Europea, de 25 de julio de 2001, titulada “La gobernanza europea - Un Libro Blanco” pone de manifiesto la necesidad de reforzar la participación ciudadana, con inclusión de todos los actores sociales, al objeto de lograr su acercamiento a las instituciones.
En el Tratado de Lisboa, vigente desde diciembre de 2009, la Unión Europea se dota de normas esenciales que pretenden instaurar un proceso de elaboración de políticas más eficaz y democrático, como refleja su art. 10.3, que señala el derecho a participar y que todas las decisiones serán tomadas de las formas más abiertas y próximas posible a la ciudadanía, o el 11.2 que obliga a las Instituciones a mantener una diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 41 recoge el “Derecho a una buena Administración”, que obliga a que las Instituciones traten los asuntos ciudadanos imparcial y equitativamente, que escuchen a todas las personas, garanticen su acceso a los expedientes que le afecten y motiven siempre sus decisiones.
En España, nuestra Constitución de 1978 realiza una apuesta y un compromiso por la participación. El artículo 9.2 consagra expresamente el deber que corresponde a los poderes públicos de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Y el art. 23.1 viene a reproducir, como derecho fundamental, el contenido del art. 21 de la Declaración de los Derechos humanos de 1948. Así mismo cabe destacar el artículo 129.1 que indica que “la ley establecerá las formas de participación de los interesados en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de vida o al bienestar social”. Y de forma especial en relación a esta norma, el art. 105, que remite a la ley para regular la audiencia de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de las disposiciones que les afecten, así como el acceso a los archivos y registros administrativos, cuestiones últimas que a nivel estatal han sido abordadas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se trata de un proceso de largo recorrido para incrementar progresivamente la participación ciudadana en los asuntos públicos, como refleja el momento actual de desarrollo de políticas y normas de participación ciudadana y democracia participativa en nuestro país en sus distintas escalas, sobresaliendo las innovadoras experiencias locales de los últimos años.
En el ámbito autonómico han ido surgiendo diversas estrategias para promover la participación ciudadana. En este sentido, es de reseñar la aprobación de la Carta de Zaragoza para la Promoción de la Participación Ciudadana en el ámbito autonómico, aprobada en el año 2016 por la recién creada Red autonómica de Participación ciudadana.
Desde la óptica específica de nuestra Comunidad Autónoma, el fomento de la participación ciudadana tiene su reflejo en el artículo 4. Dos de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla - La Mancha, que asigna a los poderes públicos regionales la obligación de facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social de la región. Esta Ley desarrolla el principio de participación ya reconocido en las citadas normas, constitucional y estatutaria, existiendo antecedentes de interés en nuestra Comunidad que habían reconocido el derecho de la ciudadanía a participar en los servicios públicos, en concreto el artículo 2 punto VII del Decreto 30 / 1999, de 30 de marzo, por el que se aprobó la Carta de los Derechos del Ciudadano. También ha de mencionarse la Ley 3/2007, de 8/03/07, de Participación Social en la Educación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, como experiencia innovadora para fomentar la participación en un ámbito sectorial de gran importancia, con figuras de tanta significación participativa como los consejos escolares, así como en otros ámbitos como los Consejos de Salud, o en el de los derechos de las personas con discapacidad la Ley 7/ 2014, que garantiza sus derechos al diálogo civil y la participación.
Por todos estos motivos que justifican plenamente su necesidad, por el compromiso del actual Gobierno de Castilla La Mancha por el avance hacia una democracia participativa, entendida ésta como la gestión de los asuntos públicos basada en la cooperación y colaboración entre la Administración y la ciudadanía, nace esta Ley de Participación de Castilla La Mancha, cuyo texto normativo debe entenderse como una ampliación y desarrollo de lo dispuesto en la Ley 4/ 2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla La Mancha. Ciertamente la transparencia, la apertura de datos de la Administración a la ciudadanía es un acto de transformación de la sociedad, pero la información debe ir acompañada de una apertura de las instituciones y de una transformación de la gestión y la función pública en participativa.
Propuestas 21
Referencia: clm-RESU-2018-05-4
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Transparencia total de la administración
vicente pascual @vicente_pascual

References: artículo 21
 artículo 21
 artículo 41
 artículo 9
 artículo 129
 artículo 4
 artículo 2