Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2016/as201610695.html
Timestamp: 2019-03-19 17:39:21+00:00

Document:
as201610695
AUTO SUPREMO Nº 695/2016-RRC
Sucre, 16 de septiembre de 2016
Expediente : Pando 9/2016
Parte Imputada : Vladimir Lazcano Barrancos
Delitos : Incumplimiento de Deberes
Por memoriales presentados el 22 y 26 de abril de 2016, cursantes de fs. 381 a 383 y 388 a 393 vta., el Ministerio Público y Vladimir Lazcano Barrancos, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista de 6 de abril de 2016, de fs. 369 a 371 vta. y su Auto Complementario de 12 del mismo mes y año, de fs. 376, pronunciados por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, integrada por los Vocales Germán Miranda Guerrero y Juan Pereira Olmos, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Vladimir Lazcano Barrancos, por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal (CP).
a) Por Sentencia 14/2015 de 3 de noviembre (fs. 222 a 225), el Juez de Partido en lo Civil en suplencia legal, declaró a Vladimir Lazcano Barrancos, autor del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, imponiéndole la pena de dos años de reclusión, con costas.
b) Contra la mencionada Sentencia, se presentaron dos recursos de apelación restringida: el primero por parte de la Defensa Pública (fs. 279 a 281 vta.) y el segundo por el imputado (fs. 291 a 303); posteriormente, ante la solicitud de definir cuál de las apelaciones es la que tiene validez, el Juez de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por decreto de 15 de enero de 2016 (fs. 330), determinó que el recurso de apelación restringida válido era el presentado por el defensor de oficio, siendo resuelto por Auto de Vista de 6 de abril de 2016 (fs. 369 a 371 vta.) y su Auto complementario (fs. 376), que declaró improcedente el recurso y confirmó la Sentencia apelada, con la única modificación de reducir la pena de dos a un año de privación de libertad, motivando la formulación de recursos de casación.
I.1.1. Motivos de los recursos de casación.
De los memoriales de recursos de casación y del Auto Supremo 483/2016-RA de 27 de junio, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
Del recurso de casación del Ministerio Público.
a) Denuncia el defecto absoluto establecido en el art. 169 inc. 3) del CPP, porque el Tribunal de alzada no habría fundamentado la reducción del quantum de la pena de dos años a un año, menos habría considerado las atenuantes o agravantes establecidos en los arts. 38, 39 y 40 del CP; por lo que, a decir del recurrente se vulneraron los arts. 16 .II) de la Constitución Política del Estado (CPE), 14 inc. e) inc. 3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 8.2 inc. f) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, al efecto cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 38/2013-RRC de 18 de febrero.
b) El Auto de Vista recurrido vulneró el art. 398 del CPP, al rebajar el quantum de la pena de manera ultra petita, cuando esa situación no habría sido reclamada por el acusado en su recurso de apelación restringida, invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo 410/2006 de 20 de octubre.
Del recurso de casación de Vladimir Lazcano Barrancos.
El recurrente denuncia incongruencia omisiva, señalando que el Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista impugnado, no resolvió la apelación restringida que presentó, situación que lo dejaría en un estado de indefensión, además de vulnerar los arts. 124 y 398 del CPP, el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, incurriendo en el defecto absoluto establecido en el art. 169 inc. 3) del CPP.
I.1.2. Petitorios.
El representante del Ministerio Público solicita se admita su recurso de casación y se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, disponiendo se emita otro enmendando el quantum de la pena, sin cambiar la condición de condenado del acusado; en tanto que el imputado, impetra se deje sin efecto la Resolución recurrida, se anule la Sentencia y se ordene la reposición del juicio por otro Juez.
I.2. Admisión de los recursos.
Mediante Auto Supremo 483/2016-RA de 27 de junio, cursante de fs. 400 a 404, este Tribunal admitió el recurso de casación del Ministerio Público, así como el formulado por Vladimir Lazcano Barrancos, únicamente en este caso para el análisis del motivo identificado precedentemente, ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización.
De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:
Por Sentencia 14/2015 de 3 de noviembre, el Juez de Partido en lo Civil en suplencia legal, declaró a Vladimir Lazcano Barrancos, autor del delito de Incumplimiento de Deberes previsto y sancionado por el art. 154 del CP, imponiéndole la pena de dos años de reclusión, con costas; fundando la aplicación de la pena en la condición personal del imputado que al ser profesional abogado, conocía y dominaba el ordenamiento jurídico nacional y en su condición de servidor público con título profesional, estaba obligado a ejercer su función con eficiencia. No obstante, se tomó en cuenta para atenuar la pena, que no se demostró que hubiere sido condenado por otro delito; es decir, que a la fecha de emisión de la Sentencia no era reincidente.
II.2.De la apelación restringida del imputado.
Con carácter previo se aclara que en antecedentes cursa memorial de fs. 279 a 281 vta., con la suma: “Interpone Apelación Restringida” presentada por el abogado de oficio de Vladimir Lazcano y de fs. 291 a 303 vta., cursa otro recurso de Apelación Restringida suscrito esta vez por el acusado.
Ante la concurrencia de dos recursos, mediante memorial de 16 de diciembre de 2015 cursante a fs. 309, la representante del Ministerio Público solicita que quede vigente sólo la apelación presentada por el acusado, a los efectos del cómputo del plazo para la contestación; ante dicho requerimiento, se emitió el decreto de 17 de diciembre de 2015 en el que el Juez de Sentencia dispone: “El suscrito Juez de Sentencia Penal advertido de las dos apelaciones cursantes en obrados, la primera por el Servicio Departamental de Defensa Pública cursante a fs. 279 a 281 vlta de fecha 18 de noviembre de 2015, la segunda presentada en ejercicio de la defensa material y técnica por el Abogado Vladimir Lazcano Barrancos cursante a fs. 291 a 303 vlta de fecha 30 de noviembre de 2015, el Acta de Audiencia de 261 y 262 con carácter previo y conforme al principio de igualdad y la defensa, óigase al acusado, con su respuesta y la solicitud del representante del Ministerio Público se dispondrá lo que en derecho corresponda, concediéndose el plazo de 48 horas a partir de su notificación personal al acusado”.
El 14 de enero de 2016, el imputado presenta memorial cursante a fs. 329 y vta., en el que señala: “Dado el actuar de este proceso y ante la existencia de un contubernio entre FISCAL ACUSADOR, JUEZ GARCÍA Y EL DEFENSOR DE OFICIO, que dentro de lo planificado por esta organización para que se emita una sentencia injusta, por haberse vulnerado derechos y garantías constitucionales y a efectos de demostrar este contubernio corresponde por su autoridad, dar el trámite de esta apelación restringida por el defensor de oficio y de ese modo demostrar este comportamiento hasta donde tienen la intención de quererme perjudicar” (sic); a cuyo mérito, el 15 de enero de 2016 se decreta: “Habiendo el acusado abogado Vladimir Lazcano Barrancos determinado que el recurso de apelación restringida presentado por el defensor cursante a fs. 279 a 281 vlta es el valido a los efectos de su defensa técnica, conforme previene el art. 409 del Código de Procedimiento Penal, traslado a las demás partes para que contesten el recurso”.
En consecuencia, conforme los antecedentes señalados supra, corresponde describir primero los agravios de la apelación restringida presentada por el abogado de oficio:
Efectuado el desarrollo de la norma legal que ampara su recurso denunció: i) Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva; ii) Falta de resolución a sus incidentes de duración máxima del proceso y nulidad de notificación acarreando la existencia de defectos absolutos; y, vulneración del debido proceso; iii) Se alegó la falta de fundamentación de la Sentencia vulnerando el art. 124 con relación al inc. 5) del art. 370 del CPP, pues esta se hubiese basado en hechos inexistentes o valoración defectuosa de la prueba; iv) De manera ilegal el Juez hubiese dado valor a la declaración del acusado cuando esto no está permitido por la legislación boliviana; y, v) concurrencia del defecto previsto en el inc. 11) del art. 370 del CPP por inobservancia a las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación.
Habiéndose alegado en casación por parte del imputado que el Tribunal de alzada no se pronunció a su apelación Restringida, se desarrolla los agravios de este recurso.
Previa referencia al derecho a la impugnación denunció: i) Incumplimiento por falta de comunicación con diferentes actuados durante todo el proceso mediante edictos por un medio de circulación nacional; ii) Incumplimiento al debido proceso, alegando que no fue verificada la dinámica establecida en el art. 356 del CPP; es decir, que inmediatamente concluidos los debates sin ingresar a su despacho a elaborar la parte resolutiva el juez procedió a emitir una Sentencia condenatoria, que a decir del apelante hubiere estado previamente elaborada, difiriendo su lectura íntegra para el 6 de noviembre de 2015; iii) Violación del art. 370 inc.1) del CPP; iv) Falta de enunciación del hecho objeto del juicio, defecto previsto en el inc. 3) del art. 370 del CPP; v) Ilegal incorporación de la prueba a juicio, respecto de la signada como MP 2 referida a su declaración testifical; vi) Falta de fundamentación descriptiva e intelectiva de la Sentencia respecto de la prueba presentada, igualmente la falta de fundamentación en la aplicación de la pena; vii) Defectuosa valoración probatoria, en cuanto a las conclusiones del Juez de Sentencia; y, viii) Contradicción entre la parte considerativa y dispositiva de la sentencia.
La Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Pando, emite el Auto de Vista 6 de abril de 2016, que declara improcedente la apelación y confirma la Sentencia apelada, reduciendo la pena a un año de reclusión, quedando en lo demás tal cual dispuso la Sentencia de primer grado, señalando entre sus argumentos lo siguiente:
El Tribunal de alzada efectuando la descripción de los agravios denunciados por el imputado Vladimir Lazcano resolvió señalando: i) Respecto de la notificación alegada, se hizo en un medio de difusión escrito autorizado que se edita localmente y es de circulación nacional; por lo que, se cumplió la norma prevista en el art. 165 segunda parte del CPP, más si en el caso presente la publicación también se hizo por radio Fides; ii) En cuanto a que no se cumplió con el art. 356 del CPP, de la revisión del acta se concluyó que el juicio se efectuó el 3 de noviembre de 2015, empezó a las 15:30 y terminó a las 18:30 dictándose la parte resolutiva de la Sentencia y el 6 de noviembre dentro de los tres días previstos por ley, se dio lectura al contenido íntegro de la Sentencia; por lo que, se dio cumplimiento a las previsiones de los arts. 356, 357 y 361 del CPP; iii) Sobre la vulneración del art. 370 inc. 1) del CPP, señalando que el juez le condenó por no presentar la prueba con la acusación fiscal, señala el Tribunal de alzada que se debe tener presente la correcta aplicación del 323 del CPP; en cuanto, a lo alegado responde que presentado el requerimiento de acusación con la evidencia, las otras partes como el acusado y eventualmente la víctima, tienen un plazo para examinar la acusación y las evidencia a fin de que puedan en la audiencia observar la acusación, plantear excepciones e incidentes, exclusión probatoria; iv) Respecto de la falta de enunciación del hecho objeto de juicio concluyó que en el acta consta que se dio lectura al Auto de Apertura; pero, no se tenía como prueba ese acto procesal, por lo que, no se podía establecer si el recurrente tenía la razón o no a su reclamo; v) Sobre la ilegal incorporación de la prueba MP 2, señaló que evidentemente consta dicha prueba; sin embargo, no era una prueba contundente para la decisión del juez, pues existieron muchos otros elementos probatorios que se consideraron a la hora de decidir; por lo que, la consideración o no de esta prueba no alteraría el resultado, no existiendo razón suficiente para anular la sentencia; vi) En cuanto a la falta de fundamentación descriptiva e intelectiva, verificado el punto IV de la Fundamentación analítica, se estableció que por la prueba producida se llegó al convencimiento que Vladimir Lazcano Barrancos, en su condición de fiscal, en el proceso penal seguido en contra de Roger Pinto y otros, el 12 de marzo presentó acusación sin la prueba para demostrar los hechos afirmados en la acusación, lo que retardó el proceso al hacerse dicha afirmación se estaría asignado el valor correspondiente a los elementos probatorios. “En cuanto a la pena se tiene como agravante que por ser abogado conocía de su obligación y como atenuante que no es reincidente. Se olvidó el juez de un aspecto muy importante previsto en el art. 37 del CP -la menor o mayor gravedad del hecho- El hecho juzgado solamente retrasó el desarrollo del proceso, donde ya existe Sentencia ejecutoriada; por lo que, se considera que no es de tal gravedad para imponer sanción alta” (sic); vii) Sobre la defectuosa valoración probatoria, las alegaciones del recurrente no resultan ciertas ya que el juez estableció que el acusado no adjuntó la prueba documental a la que estaba obligado, prueba luego colecta por otros fiscales; tampoco, es evidente que el juez habría tomado como elemento probatorio la testifical de Allen Acosta y finalmente sobre la alusión de que el acusado no hubiese emitido ningún requerimiento fiscal durante la etapa preparatoria, se tiene el informe de ZOFRA en el que se acreditó que no recibió ninguna solicitud de prueba, y; viii) No se acreditó la contradicción alegada, ya que es evidente que en la acusación no se adjuntó al requerimiento copias legalizadas, en ese sentido el juez concluyó que no se adjuntó la prueba a la que estaba obligado. El fiscal estaba obligado a adjuntar la prueba original o por lo menos en fotocopias legalizadas, en consecuencia la condena fue por no presentar la prueba en forma legal, por lo que no resultaría evidente que exista contradicción entre la acusación, la parte considerativa y dispositiva.
III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS POR LA RECURRENTE
En el caso presente, el Ministerio Público, denuncia de falta de fundamentación del Auto de Vista en la reducción del quantum de la pena de dos años a uno, así como la vulneración del art. 398 del CPP, al rebajar el quantum de la pena de manera ultra petita, cuando esa situación no habría sido reclamada por el acusado en su recurso de apelación restringida. Por su parte, el imputado denuncia la presunta existencia de incongruencia omisiva, porque el Auto de Vista impugnado no habría resuelto la apelación restringida que presentó vulnerándose los arts. 124 y 398 del CPP, por lo que corresponde resolver en el fondo las problemáticas planteadas.
III.1. Respecto al recurso de casación del Ministerio Público.
Por razón de metodología y coherencia, en la resolución del recurso de casación del representante del Ministerio Público, corresponde resolver primero la denuncia del presunto pronunciamiento ultra petita del Tribunal de alzada respecto del quantum de la pena, para luego establecer si dicho Tribunal habilitada su competencia, se pronunció con la debida fundamentación a tiempo de reducir la pena impuesta por el Juez de sentencia.
Respecto del precedente invocado en cuanto al pronunciamiento ultra petita, el Ministerio Público invoca como precedente el Auto Supremo 410/2006 de 20 de octubre, emitido dentro de un proceso seguido por el delito de Estafa, teniéndose como antecedente generador de doctrina legal que el Auto de Vista recurrido entre otros errores procesales, actuó de forma "ultra petita", al haber tomado en cuenta aspectos no peticionados por el acusador particular (tal el caso de la declaración de los peritos como testigos), resultando que el Tribunal de alzada actuó ilegalmente al haber concedido más allá de lo solicitado en el recurso de apelación restringida, vulnerando la garantía constitucional del debido proceso; por ende, se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “…Finalmente el Tribunal de alzada de acuerdo al imperio de lo dispuesto por el artículo. 398 del Código de Procedimiento Penal que dispone; `Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución´, en consecuencia no pueden considerar otros aspectos procesales que ameriten obrar en forma `ultra petita´ en aplicación del principio de `legalidad´ que obliga a los Tribunales de alzada de observar estrictamente esta disposición, a no ser que se evidencien violaciones a derechos y garantías constitucionales, vicios insubsanables no sujetos a convalidación contenidos en los artículos 169 inciso 3) y 370 del Código de Procedimiento Penal lo contrario significaría actuar en vulneración a la garantía constitucional del `debido proceso´, tal el caso de autos que el Tribunal de alzada, resuelve aspectos no reclamados por el apelante de la sentencia”.
Teniendo identificado el precedente contradictorio que permite efectuar la labor de contraste solicitada, al ser similar en cuanto al agravio traído en casación -que el Tribunal de alzada actuó de forma ultra petita al considerar el quantum de la pena cuando este aspecto no fue motivo de apelación, en vulneración del art. 398 del CPP- corresponde establecer si efectivamente existe la contradicción alegada.
Al respecto, a los fines de resolver la problemática planteada corresponde previamente contextualizar los antecedentes de la apelación restringida resuelta por el Tribunal de alzada en el Auto de Vista recurrido, siendo así que en antecedentes cursan dos memoriales de apelación restringida, uno presentado por el abogado de oficio de Vladimir Lazcano y otro suscrito por el propio imputado, lo que género que la representante del Ministerio Público solicite quede vigente sólo la segunda apelación, solicitud que fue tramitada en traslado al acusado para que señale cuál el recurso válido para su tramitación; es en ese contexto, que el 14 de enero de 2016, el acusado alegó irregularidades en su proceso y que ameritaría que se dé el trámite a la apelación de su abogado de oficio, a tiempo de enfatizar la existencia de un contubernio entre el fiscal, el Juez y el defensor de oficio, sin que exista una renuncia o desistimiento expreso al recurso presentado por su cuenta. Esta situación, generó una confusión en el trámite regular de la apelación restringida hasta ese momento, es decir determinar cuál de los recursos era el válido para su tramitación, siendo que es el Tribunal de alzada, el competente para verificar o realizar el análisis de cumplimiento de requisitos de formalidad para la admisibilidad del recurso.
En ese contexto, verificado el acta de audiencia de fundamentación de la apelación restringida, se tiene que de fs. 364 a 365, el acusado efectuó la fundamentación oral de su recurso en cuanto a los ocho motivos expuestos en el memorial cursante de fs. 291 a 303 vta., estando el motivo séptimo destinado a cuestionar la pena impuesta en la sentencia, alegándose que no se consideró la igualdad respecto de otros procesos con similares antecedentes, agravio que junto a los demás fue corrido en traslado al Ministerio Público, cuyo representante pidió: “se tome en cuenta la fundamentación de la pena” (sic).
Conforme los antecedentes desarrollados supra, se tiene que si bien se generó una confusión sobre cuáles los agravios motivo de apelación restringida, en la audiencia efectuada ante el Tribunal de alzada quedaron claramente delimitados con la fundamentación oral expuesta por el imputado y con la respuesta de parte del Ministerio Público; en cuyo mérito, cualquier defecto quedó convalidado al haberse garantizado el principio de igualdad reconocido por los arts. 180.I de la CPE y 12 del CPP, por lo que el Ministerio Público no puede sostener la concurrencia de una situación de indefensión ante la falta de posibilidad de oponerse al reclamo del imputado, por cuanto este extremo no es evidente; en conclusión, conforme los argumentos expuestos no se advierte que el Auto de Vista recurrido haya incurrido en contradicción con el precedente invocado, deviniendo en consecuencia en infundado el presente motivo.
Respecto a la denuncia de falta de fundamentación en la imposición de la pena por parte del Tribunal de alzada, se invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 38/2013-RRC de 18 de febrero, emitido dentro de un proceso seguido por el delito de Estafa, teniéndose como antecedente generador de doctrina legal que el Auto de Vista impugnado convalidó una errónea aplicación de la ley sustantiva en lo que toca al quantum de la pena prevista por el art. 335 del CP, en relación a los arts. 37, 38 y 40 de la misma norma sustantiva; por ende, se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “La determinación judicial de la pena que comprende todo el procedimiento; es decir, la evaluación, decisión y justificación del tipo y la extensión de la pena, tiene líneas de orientación previstas legalmente, de manera que no puede considerarse una cuestión propia de la discrecionalidad del juez. La individualización de la pena está sometida al principio de proporcionalidad recogido por el Código Penal en sus diferentes artículos y a la finalidad de la pena establecida constitucionalmente como la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto a sus derechos.
En este ámbito, el juez o tribunal que fija una pena tiene la obligación de someterse a dichos principios, correspondiendo al Tribunal de alzada, ante la constatación de su incumplimiento, proceder directamente a la modificación del quantum de la pena, en sujeción a los principios constitucionales y procesales, en ejercicio de la facultad reconocida por el art. 414 del CPP, considerando los siguientes criterios para la fijación de la pena:
a) La personalidad del autor, el cometido que la ley penal boliviana asigna al juez de apreciar la personalidad del autor, es una tarea compleja; aunque debe reconocerse que el Código Penal en los arts. 37 y 38 (atender la personalidad del autor) no exige la realización de un diagnóstico científico "de la personalidad", sino un perfil de la personalidad, vinculado al hecho concreto para aplicar la pena en la dimensión que corresponda a esa persona concreta e individual, distinta a los demás seres humanos. De tal manera que el reproche jurídico que merezca su comportamiento, guarde armonía con el hecho, su personalidad y las circunstancias.
La edad, es un factor que, dependiendo del caso, puede operar como agravante o atenuante. En cuanto a la educación, por regla general como circunstancia agravante, pues el reproche será mayor cuando el autor ha tenido acceso a la educación y, por lo tanto, ha disminuido su vulnerabilidad al sistema penal. En similar sentido opera la posición económica, sobre todo en los casos vinculados a delitos económicos. La vida anterior libre de sanciones penales no se debe tomar sin más como atenuante para la determinación de la pena. Lo que sí debe considerarse como factor de atenuación, es que el autor haya desarrollado hasta la comisión del hecho punible una vida ordenada y acorde al derecho, de tal manera que el hecho delictivo signifique una notoria contracción con su conducta anterior. Respecto a la conducta posterior, debe tomarse en cuenta como factor para la fijación de la pena, el esfuerzo del autor por reparar el daño causado. También puede apreciarse como favorable la conducta del procesado en el proceso penal, cuando: i) Se haya entregado a la autoridad policial o judicial voluntariamente, pese a haber contado con la posibilidad de una fácil huida, o tener la posibilidad de no ser descubierto, y, ii) La confesión que manifieste arrepentimiento, o bien que haya ayudado significativamente al establecimiento de la verdad mediante su declaración.
Sin embargo, la sola falta de arrepentimiento o confesión no puede valorarse para hacer más rigurosa la sanción. Ahora bien, si la confesión no es tal, sino un intento de lograr la impunidad y si el “arrepentimiento” no es sincero, sino una manera de procurar un trato benigno de los jueces, cuando se sabe, por la prueba, que no hay forma alguna de eludir la acción de la justicia, los jueces deben examinar ese dato como parte de las manifestaciones defensivas, pero deben ignorarlo al momento de fijar la pena, pues ni las mentiras, ni las falsas actitudes del acusado constituyen un factor que deba perjudicarlo cuando se decida sobre la sanción a imponer. La reparación del daño, consiste fundamentalmente en aliviar las consecuencias materiales del hecho delictivo son también factor de atenuación; empero, también pueden tener un efecto atenuante de la pena, los actos que denoten voluntad de reparar. La extensión del daño causado debe ser delimitada sólo para aquello que tenga vinculación con el hecho típico, directamente. Además, debe tenerse en cuenta que no es necesaria la concurrencia de todas las circunstancias descritas, pues dependerá de cada caso concreto.
b) La mayor o menor gravedad del hecho, que tiene que ver con lo previsto por el art. 38 inc. 2) del CP; es decir, la naturaleza de la acción, los de los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido.
c) Circunstancias y las consecuencias del delito, que también deben ser consideradas en el caso concreto.
La fundamentación de la fijación de la pena es inexcusable, en este ámbito la exigencia de fundamentación que debe satisfacer la sentencia condenatoria en el proceso de individualización de la pena, obliga al juez a observar los parámetros descritos por el legislador; por lo tanto la resolución debe contener un razonamiento capaz de dar cuenta de que se consideraron dichos parámetros de tal modo que a través de la exposición razonada del juez o tribunal se pueda evidenciar que su resolución se ha fundado en parámetros legales, y no es fruto de la apreciación estrictamente personal o arbitraria al efecto debe explicar cómo aplicó la pena, en término considero las previsiones de los arts. 37, 38 y 40 del CP, al caso concreto y qué atenuantes y agravantes tomo en cuenta para establecer la sanción dentro de los límites legales”.
En el caso de autos, del contenido del Auto de Vista recurrido, se tiene que en el inc. vi) del único considerando, el Tribunal de alzada al resolver el reclamo formulado por el imputado sobre la imposición de la pena, destacó que el Juez de sentencia consideró como agravante la calidad de abogado del imputado, de modo que conocía de su obligación y como atenuante que no era reincidente; dejando sin embargo sentado que el Juez de origen olvidó un aspecto muy importante, el previsto en el art. 37 del CP, relativo a la menor o mayor gravedad del hecho, estableciendo que el hecho juzgado solamente retrasó el desarrollo de un proceso donde ya existe Sentencia ejecutoriada, por lo que consideró que no era de tal gravedad para imponer una sanción alta; esto supone que el Tribunal de apelación en observancia del art. 414 del CPP, asumió un aspecto de ineludible consideración por el juzgador en la imposición de la pena conforme la disposición contenida en el citado art. 37, enmarcando su actuación a los parámetros desarrollados por el precedente desarrollado supra; pues, además de la personalidad del autor, se consideró la mayor o menor gravedad del hecho, pero principalmente el resultado o consecuencia del delito, que en este caso a decir del Tribunal de alzada fue menor, ya que con la conducta desplegada por el imputado sólo produjo un retraso en el desarrollo del proceso del cual se encontraba a cargo y que culminó con una sentencia ejecutoriada, por lo que ameritaba reducir la pena; en consecuencia, no se advierte la contradicción alegada por la parte recurrente, más cuando el Tribunal de alzada fundamentó su decisión en normas sustantivas atinentes a la problemática planteada por el imputado en su recurso de apelación restringida y motivó su decisión estableciendo las razones de orden fáctico para proceder a la disminución de la sanción impuesta al imputado, teniendo en cuenta que tanto la jurisprudencia constitucional como la emitida por este Tribunal, ha sostenido de manera reiterada que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, resultando en esa lógica, inexistente la vulneración al derecho a una resolución debidamente fundamentada como componente del debido proceso.
III.2. En cuanto al recurso de casación de Vladimir Lazcano Barrancos.
En principio corresponde precisar que efectuado el examen de admisibilidad de este recurso, esta Sala Penal resolvió ingresar a su análisis de fondo, ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, con la finalidad de verificar si resulta evidente o no la denuncia del imputado respecto a que el Tribunal de alzada hubiese incurrido en incongruencia omisiva al no resolver los motivos de la apelación que presentó conforme los antecedentes procesales, tanto en su condición de imputado y abogado.
Efectuada esa precisión, debe tenerse presente que el art. 115.I de la CPE, hace hincapié en la protección oportuna y efectiva de los derechos e intereses legítimos, cuando señala que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. Este derecho en su contenido evidencia distintas dimensiones como el derecho de libre acceso al proceso, a la defensa, al pronunciamiento judicial sobre las pretensiones planteadas, a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas y el derecho a los recursos previstos por ley.
En ese contexto, se incurre en el defecto de la incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP; temática que fue ampliamente desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, que refirió: “…sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.
Siendo así, que la incongruencia omisiva o fallo corto constituye un defecto absoluto, referido en esencia a la vulneración por el juez o tribunal del deber de atender y resolver a las pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener un respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada.
La incongruencia omisiva quebranta el principio tantum devolutum quantum apellatum, así lo ha establecido la doctrina legal aplicable citada en el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007; aforismo que a decir del tratadista Hugo Alsina, significa que los poderes del Tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por lo cual, ‘...sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo’ (Alsina, Hugo. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial. Editorial Ediar Soc. Anón. Buenos Aires 1961. Segunda Edición, Tomo IV, Pág. 416).
Igualmente, refiere el versado Couture, que: ‘El juez de la apelación conviene repetir, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: tantum devolutum quantum apellatum’ (Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial IB de F. Montevideo - Buenos Aires 2005. Euro Editores S.R.L. 4ta. Edición. Pág. 300).
Ahora bien, sin necesidad de reiterar ampliamente los antecedentes referidos a las dos apelaciones restringidas presentadas en el caso y a la fundamentación oral y respuesta ante el Tribunal de alzada, de la apelación formulada por el propio imputado, ingresando al examen del Auto de Vista impugnado, se evidencia que en su acápite “Resultando”, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, procedió a identificar los ochos motivos planteados en el recurso de apelación del imputado de acuerdo a lo expuesto en el memorial de fs. 291 a 303, como en la fundamentación oral de fs. 364 a 366, para posteriormente en el único considerando de la resolución impugnada, dar respuesta a cada uno de esos agravios en los términos identificados en el acápite II.3. del presente fallo, no siendo evidente en consecuencia la existencia de la incongruencia omisiva denunciada en casación por el imputado, quien pretende desconocer el pronunciamiento del Tribunal de alzada a cada uno de sus agravios e inducir en error en la resolución del presente recurso; en consecuencia, no siendo evidente que no se haya resuelto el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado Vladimir Lazcano Barrancos, el presente recurso deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por el representante del Ministerio Público y el imputado Vladimir Lazcano Barrancos.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución