Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/1997/Smexico48-97.html
Timestamp: 2018-10-19 03:46:13+00:00

Document:
Severiano Santiz Gomez et al. v. México, Caso 11.411, Informe No. 48/97, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. en 637 (1997).
INFORME No. 48/97 CASO 11.411 SEVERIANO Y HERMELINDO SANTIZ GÓMEZ "EJIDO MORELIA" MÉXICO 18 de febrero de 1998
35. En lo que respecta a la afirmación dada por México en el sentido que los supuestos agraviados pudieran encontrarse vivos de haber existido, puesto que en la dirección del Registro Civil del Estado de Chiapas no se cuenta con antecedentes del nacimiento y fallecimiento de los quejosos, la Comisión debe expresar que el argumento no es del todo sostenible, pues si bien dichos registros son la documental probatoria por excelencia del nacimiento o defunción de una persona, la inexistencia de las mismas no puede tener el valor único de plena prueba para desconocer que éstas existan o hayan dejado de existir, pues habría que analizar los hechos en cada caso en concreto para poder llegar a una conclusión certera. En efecto, cuando se analiza el contexto socioeconómico de la zona en la cual ocurrieron los hechos, se entiende el porqué en muchos casos el registro de nacimientos y defunciones es una realidad ilusoria poco factible de cumplir. Según un informe sobre Chiapas realizado por el experto Marco A. Orozco Zuarth, Chiapas es la entidad federativa con el mayor índice y grado de marginación. De los 111 municipios, el 34.23% está catalogado con un grado de marginación "muy alta", el 50.45% con un grado de marginación "alta", el 10.81% con marginación media, solamente el 4.5% presenta marginación baja y ninguna tiene un grado de marginación muy baja. El 30.12% de la población de 15 años es analfabeta. El 66.56% de la población vive en pequeñas localidades con menos de 5 mil habitantes, y el 80.08% percibe ingresos menores de 2 salarios mínimos mensuales. Esta situación sin duda que también ha sido entendida por el Estado mexicano a través del Gobierno del Estado de Chiapas, al grado que en fecha 25 de marzo de 1994, la Lic. Blanca L. Escoto González (Coordinadora Operativa), autorizó el pago de 22.000 nuevos pesos para las esposas de Sebastián Santiz López y Severiano Santiz Gómez, y de 33.000 nuevos pesos para la concubina de Hermelindo Santiz Gómez, a través del Fondo de Apoyo para el Pago de Indemnizaciones para Afectados en el Conflicto Armado por cuenta del Gobierno Federal ("FAPIAC"), lo cual difícilmente hubiese sucedido si el Gobierno estatal hubiere tenido dudas sobre la existencia de las víctimas. Ello es una prueba de la situación antes descrita, así como de la aceptación de la pre-existencia de las víctimas, por parte de autoridades del propio Estado mexicano.
36. Con respecto al estudio de los restos encontrados, la CNDH ha señalado que los resultados a que han llegado los peritos de la CNDH, y que coinciden con los de PHR, señalan que se trata de tres personas adultas, de sexo masculino, con edad aproximada a las personas desaparecidas. Que el análisis de los cráneos permite deducir que la muerte fue ocasionada por traumatismo en la cabeza, y el tiempo de muerte podría variar de uno a tres meses dadas las condiciones del lugar y de cómo fueron encontrados los restos. Que las características dentales y de ropa coadyuvan a fortalecer la hipótesis de que se trata de estas personas, y finalmente, que los resultados del análisis Mitocondrial DNA de quienes pudieran ser Severiano Santiz Gómez y Hermelindo Santiz Gómez son coincidentes con las muestras de quienes dicen ser sus familiares. Queda pendiente de concluirse el análisis Mitocondrial DNA sobre quien pudiera ser Sebastián Santiz López.
37. Continúa la CNDH señalando que en contraparte, el peritaje de la SEDENA llega a conclusiones distintas respecto a los otros dictámenes, debido a que señala que se trata de cuatro personas adultas en lugar de tres; determina como tiempo probable de fallecimiento entre 8 y 36 meses, en lugar de uno a tres meses, y señala que las prendas de vestir encontradas no fueron portadas por algún cuerpo reciente en estado de putrefacción.
41. La Comisión expresa asimismo, que las disposiciones no derogables del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra rigen la conducta respecto a los hostilidades, vinculando tanto al Gobierno como a los grupos armados disidentes, en todos los conflictos armados internos.
46. En relación al plazo razonable existen muchos antecedentes en la jurisprudencia de órganos internacionales, de acuerdo con los cuales se ha considerado, a la luz de las circunstancias particulares de cada caso, los siguientes criterios: la complejidad del litigio; la conducta de los demandantes y de las autoridades judiciales, y la forma como se ha tramitado la etapa de instrucción del proceso.
La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de "respetar los derechos y libertades" reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado.
La segunda obligación es la de "garantizar" el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.
92. La Comisión toma nota del estado de los avances ocurridos en las investigaciones en el presente caso, en donde se designó un Fiscal Especial para el mismo, y se ha logrado llegar a un acuerdo con CONPAZ a fin de que coadyuve en las investigaciones. Sin embargo, transcurrido un año desde la aprobación del informe Nº 42/96 de la Comisión, y habiéndosele concedido las mayores facilidades al Estado para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el mismo, incluyendo la extensión del plazo originalmente otorgado, hasta ahora el caso no ha sido solucionado, ello es, aún el Estado no ha dado cabal cumplimiento a todas las recomendaciones contenidas en el informe Nº 42/96 de la Comisión. En efecto, hasta ahora no se ha realizado una investigación rápida, imparcial y efectiva de los hechos denunciados; no se han ejercido las acciones penales correspondientes; no se han reparado las consecuencias de la violación de los derechos enunciados; y no se ha dictado la legislación reglamentaria del artículo 21 constitucional. Más aún, el hecho de que el Estado haya informado a la Comisión en sus últimas comunicaciones las actuaciones que serán llevadas a cabo en el curso de las investigaciones y los cronogramas de trabajo para completar dichas investigaciones, demuestra que las mismas se encuentran todavía inconclusas a pesar del lapso holgadamente transcurrido. En este sentido, la Corte Interamericana ya ha señalado, que "la obligación de investigar, como la de prevenir y sancionar, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico y no como una simple formalidad".
109. Al analizar la recomendación contenida en el literal "C", la CIDH observa que, como lo ha aplicado en otros casos anteriores decididos por ella, se hace necesario analizar y evaluar el presente caso a la luz de los criterios establecidos en los "Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias", adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas mediante la Resolución 1989/65, a fin de determinar si el Estado ha cumplido con su obligación de investigar en forma inmediata, exhaustiva, e imparcial la ejecuciones sumarias de personas bajo su exclusivo control. Según estos principios, en casos de esta naturaleza la investigación debe tener por objeto determinar la causa, la forma y el momento de la muerte, la persona responsable y el procedimiento o práctica que pudiera haberla provocado. Asimismo, se debe realizar una autopsia adecuada, recopilar y analizar todas las pruebas materiales y documentales, y recoger las declaraciones de los testigos. La investigación deberá distinguir entre la muerte por causas naturales, la muerte por accidente, el suicidio y el homicidio.
110. Los principios mencionados han sido complementados con la adopción del "Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias", según el cual el objeto principal de una investigación es "descubrir la verdad acerca de acontecimientos que ocasionaron la muerte sospechosa de una víctima". A tal efecto, dicho Manual establece que quienes realizan la indagación deben adoptar, como mínimo, las medidas siguientes:
111. A fin de garantizar la realización de una investigación exhaustiva e imparcial de una ejecución extralegal, arbitraria o sumaria, el Manual establece que "[u]no de los aspectos más importantes de [la misma] es la reunión y el análisis de las pruebas". Por lo tanto, "[l]as personas a cargo de la investigación de una presunta ejecución extrajudicial deben tener acceso al lugar en que se ha descubierto el cadáver, así como al lugar en que pueda haber ocurrido la muerte". Según los estándares previstos en el Manual, el procedimiento de recolección de la prueba debe ajustarse a ciertos criterios, algunos de los cuales se señalan a continuación:
1 Marco A. Orozco Zuarth, Síntesis de Chiapas, Tercera Edición, Página 117, México.
2 Comisión Nacional de Derechos Humanos; Informe Anual Mayo 1994-Mayo 1995. Página 643, México 1995.
3 Comisión Nacional de Derechos Humanos; Informe Anual Mayo 1994-Mayo 1995. Página 644, México 1995.
4 El artículo 3 común de los Convenios de Ginebra establece que:
5 México ratificó los 4 Convenios de Ginebra de 1949 el 29 de octubre de 1952. El artículo 29 de la Convención Americana establece que ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada en el sentido de "excluir o limitar el efecto" de otros actos internacionales de la misma naturaleza, como lo son las normas de derecho internacional consuetudinario y normas generales de derecho internacional. Consecuentemente, la Comisión es competente para aplicar directamente normas de derecho internacional humanitario, i.e. el derecho de la guerra, o de informar la interpretación de las disposiciones de la Convención en relación a otras normas.
6 Véase por ejemplo: CIDH, Resolución Nº 17/89 Informe Caso Nº 10.037 (Mario Eduardo Firmenich), en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1988-1989, página, 38; Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Caso "Konig", sentencia de 28 de junio de 1978, Series A Nº27, páginas 34 a 40, párrafos 99, 102-105 y 107-111; Caso Guincho, Sentencia de 10 de julio de 1984, Serie A, Nº 81, página 16, párrafo 38; Unión Alimentaria Sanders S.A., Sentencia de 7 de julio de 1989, Serie A, Nº 157, página 15, párrafo 40; Caso Buchholz, Sentencia de 6 de mayo de 1981, Serie A Nº 42, página 16, párrafo 51, páginas 20-22, párrafos 61 y 63; Caso Kemmache, Sentencia de 27 de noviembre de 1991, Serie A Nº 218, página 27, párrafo 60.
8 Comunicado emitido por la CIDH el día 24 de julio de 1996, al final de la visita in-loco realizada a México.
9 Corte I.D.H., Caso Velázquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, página 68, párrafo 165.
10 Id. en párrafo 166.
11 Corte. I.D.H., Decisión del 27 de junio de 1996, Caso Vogt, Pág. 5.
12 Informe No. 10/95, Caso 10.580, Ecuador, Informe Anual de la CIDH, 1995, OEA/Ser.L/V/II.91 Doc. 7, rev. 3, 3 de abril de 1996, párrs. 32-34; Informe No. 55/97, caso 11.137, Argentina, 18 de noviembre de 1997, OEA/Ser/L/V/II.97 Doc. 38, párrs. 413 a 424.
13 Naciones Unidas, documento ST/CSDHA/12.

References: artículo 3
 artículo 21
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 29
 Resolución