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Timestamp: 2019-08-23 14:33:12+00:00

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La acción rescisoria y la refinanciación - El Derecho
La acción rescisoria y la refinanciación
Foro 01-07-2014 Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez
¿La modificación operada en el art. 72 LC -EDL 2003/29207- por virtud del RD-ley 4/2014 -EDL 2014/20750- determina que la acción rescisoria frente a los acuerdos de refinanciación del art. 71 bis no podrá fundarse en la existencia de perjuicio patrimonial para la masa activa, al tiempo que excluye todas las presunciones del art. 71?
Como recordarán nuestros lectores, no es la primera vez que nos ocupamos en este Foro de las acciones rescisorias concursales, figura de profunda carga jurídica y trascendencia económica, y cuya interpretación ha sido objeto de notorios vaivenes jurisprudenciales.
En otra ocasión pusimos de manifiesto desde estas mismas páginas la necesidad de que se perfilara con la mayor precisión posible los límites del concepto jurídico indeterminado que fundamenta la rescisión en el concurso: el perjuicio para la masa activa. La cuestión, notoriamente, ha merecido diversas respuestas y no pocas matizaciones en la doctrina y en la jurisprudencia de todas las instancias de nuestros tribunales mercantiles.
Desde los primeros meses de vigencia de la Ley Concursal -EDL 2003/29207-, la realidad enseñó que junto al problema de la interpretación del perjuicio existían otros de semejante calado. Entre ellos la posibilidad de rescindir actos del deudor que, en el momento en el que se celebraron, iban dirigidos a evitar una situación de insolvencia que finalmente acaecería de forma inexorable. En qué medida la conducta de los acreedores profesionales, de las sociedades del grupo, o de otras personas vinculadas al deudor, que tenían incentivos en realizar préstamos y para inyectar capital para reestructurar su deuda, podía ser castigada con la rescisión de la refinanciación, resultó pronto un tema capital en el impacto económico del Derecho de la Insolvencia. La realidad puso de forma rápida de manifiesto que la excepción del originario apartado 5 del art 71 (la irrescindibilidad de los actos del deudor que formaran parte habitual de sus operaciones empresariales) contaba con un campo de aplicación muy limitado.
Ello así, comenzaron las reformas legales. Primero el Real Decreto-ley 3/2009 -EDL 2009/25042- introdujo en la Disposición Adicional 4ª el escudo protector frente a determinadas refinanciaciones, importado de otras legislaciones. La macro-reforma operada por la Ley 38/2011 -EDL 2011/222123- introdujo leves modificaciones sistemáticas, llevó al cuerpo de la Ley Concursal -EDL 2003/29207- el contenido de la Disposición Adicional (con un nuevo apartado 6º en el art. 71) e introdujo como relevante novedad la posibilidad de la homologación judicial de determinados acuerdos de refinanciación de masa, en el nuevo contenido de la adicional cuarta.
De este modo, a partir de la entrada en vigor de las normas reformadoras, determinados acuerdos de refinanciación, otorgados bajo estrictas condiciones de forma y de fondo, resultaban inmunes a las acciones rescisorias concursales. La medida fue saludada positivamente en términos generales, desde el momento en que introducía dosis de seguridad jurídica en el sistema y, al tiempo, constituía un paso en la buena dirección, si lo que se pretendía era evitar la destrucción del tejido empresarial, esencial para superar la situación de crisis económica.
Pero junto a los requisitos objetivos del acuerdo de refinanciación irrescindible, la reforma introdujo otros de contenido procesal: la legitimación exclusiva para la acción de reintegración correspondería a la administración concursal, sin legitimaciones subsidiarias de acreedores. Sin embargo, no quedaba del todo claro si la acción rescisoria podía ejercitarse también frente a las refinanciaciones homologadas judicialmente.
El panorama cambia radicalmente con la reciente reforma operada por el Real Decreto-ley 4/2014 -EDL 2014/20750-. En la fecha en que se escriben estas líneas se desconocen los pormenores de la inminente ley de homologación de dicho texto. Pero la norma introduce, además de relevantes reformas en materia de protección de las refinanciaciones (entre ellas, la posibilidad de que el escudo protector se extienda a determinados acuerdos bilaterales, en el nuevo apartado segundo del art. 71 bis -EDL 2003/29207-), una carga de profundidad en el ejercicio procesal de la acción de reintegración: el nuevo apartado segundo del art. 72, del siguiente tenor:
"Sólo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de la acción rescisoria y demás de impugnación que puedan plantearse contra los acuerdos de refinanciación del artículo 71 bis. La acción rescisoria solo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo, correspondiendo a quien ejercite la acción la prueba de tal incumplimiento. Para el ejercicio de estas acciones no será de aplicación la legitimación subsidiaria prevista en el apartado anterior".
Manteniéndose la legitimación exclusiva de la administración concursal, se introduce una doble norma material de consecuencias difíciles de calibrar: en primer lugar se deja claro que la impugnación de los acuerdos que caigan bajo el escudo protector sólo puede fundarse en el incumplimiento de sus requisitos formales; en segundo lugar se introduce una norma sobre distribución de la carga de la prueba: corresponde en exclusiva a la administración concursal acreditar ante el tribunal que el acuerdo impugnado no cumple los requisitos formales.
La primera parte de la cuestión no limita la impugnación a aspectos formales, en la medida en que seguirá siendo posible fundamentar la acción en el incumplimiento de un requisito sustantivo, no formal: que el plan de viabilidad era irrealizable en el momento en el que se presentó.
Pero su texto, junto con la segunda cuestión, la referida a la distribución del onus probandi, nos suscita muchas dudas: ¿significa esto que cuando se impugne un acuerdo de refinanciación del art. 71 bis -EDL 2003/29207- ya no podrá invocarse el perjuicio patrimonial como presupuesto de la rescisión?, y si se impugna el acto defendiendo que no cumple los requisitos del art. 71 bis, ¿ no hay lugar para el juego de las presunciones de perjuicio, como parece sugerir la Exposición de Motivos?, ¿en estos casos no podrá el actor invocar la presunción iuris et de iure del art. 71.2 o las presunciones iuris tantum del apartado tercero?. Así parece deducirse si ponemos en conexión el apartado cuarto del art. 71 con el nuevo apartado segundo del art. 72. Entonces, ¿ya no podrá invocarse que el acto se presume perjudicial porque se ha realizado un acto oneroso en beneficio de una sociedad del grupo?, ¿ya no se discutirá en este ámbito el efecto enervatorio del "interés de grupo"?, ¿es el administrador concursal en el en exclusiva corre con la carga de la prueba?.
Estas son las cuestiones que planteamos en esta sesión del foro a nuestros expertos y las respuestas, -no unánimes como comprobará el lector-, ofrecen puntos de vista complementarios, proponiendo, quizás como opción predominante, una interpretación sistemática de los textos legales, más allá de la literalidad de un precepto que parece decir más de lo que las circunstancias demandaban. Veremos cómo evolucionan los acontecimientos.
Este foro ha sido publicado en la "Revista Derecho Mercantil", el 1 de julio de 2014.
Es cierto que la lectura de la nueva redacción dada al artículo 72.2 de la ...
Es cierto que la lectura de la nueva redacción dada al artículo 72.2 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207-, permite entender que ahora, no sólo se mantiene la limitación de la legitimación activa para el ejercicio de la acción rescisoria, restringida a la administración concursal, sino que además se ha introducido una limitación de índole material en cuanto a las causas de la impugnación.
En efecto, dice ahora el precepto que la acción rescisoria sólo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo, correspondiendo a quien ejercite la acción la prueba de tal incumplimiento.
En tal sentido aboga además de forma literal el preámbulo o introducción del RD-ley 4/2014 -EDL 2014/20750 cuando señala que “Al no ser rescindibles, los acuerdos que reúnan las condiciones del artículo 71 bis -EDL 2003/29207-no estarán sometidos a las presunciones de los apartados 2 y 3 del artículo 71 aun cuando impliquen actos de disposición de activo”.
Sin embargo debe examinarse si ciertamente el contenido literal del artículo 72.2 -EDL 2003/29207 lleva a esa consecuencia.
Debe en primer lugar dejarse claro que incluso en el marco de una interpretación restrictiva –en tanto literal ello en caso alguno significaría la imposibilidad de una impugnación del acuerdo de refinanciación por cuales otras acciones reconocidas en derecho (art 71.6 LC -EDL 2003/29207-) dado que en el inciso primero del precepto que comentamos, reconoce expresamente la legitimación de la administración concursal respecto de los pactos del artículo 71 bis, en el ejercicio de las acciones rescisorias pero también, para el ejercicio de las demás de impugnación que puedan plantearse contra los acuerdos de refinanciación, por ejemplo, la acción rescisoria pauliana del art. 1.111 y 1.290 del Código Civil -EDL 1889/1-, si bien ha de recordarse que estas acciones precisan acreditar la existencia del consilium fraudis y el requisito de la subsidiariedad, a diferencia de la acción de reintegración concursal que tiene una base absolutamente objetiva.
Por tanto, no basta argumentar, para justificar la presunta desaparición del objeto de la rescinbilidad general del artículo 71 –y por supuesto, de sus presunciones-, con el hecho de que exista una reserva legal del ejercicio de esas otras acciones.
Lo que ha de examinarse es si el nuevo precepto blinda los acuerdos de refinanciación impidiendo su rescisión, aunque causen perjuicio y este se pruebe, o cuando oculten un interés contrario a la masa o, simplemente, a la par condictio creditorum.
Como es sabido, los actos que resultan lesivos para la masa activa son rescindibles aunque, como dice el TS (STS 28 marzo 2012 -EDJ 2012/87191-) no redunden en daño del patrimonio de la concursada, con independencia de si han sido realizados de buena fe. Por el contrario, no lo son los que no son lesivos para la masa activa, incluso si fueron ejecutados de mala fe.
De ahí que la doctrina jurisprudencial haya entendido que la acción de reintegración concursal tiene una base absolutamente objetiva y que probado el perjuicio, tiene lugar la rescisión.
Pues bien, en el caso de los acuerdos de refinanciación, ahora regulados en el artículo 71 bis -EDL 2003/29207-, la motivación de su rescinbilidad, dice el artículo 72.2, sólo puede el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho precepto.
Afirma por tanto ahora la norma que el motivo de revocación se encuentra en el hecho que, desde el punto de vista de la ley, no se trate de acuerdo de refinanciación porque no se cumplan las condiciones legales que exige la norma.
Pero ello no significa en absoluto que no pueda rescindirse si el acuerdo es perjudicial para la masa. No sólo el artículo 72.2 -EDL 2003/29207 sigue hablando de rescisión, sino que lo que hace en realidad es delimitar los motivos del daño o perjuicio.
Dicho de otro modo, los acuerdos de refinanciación son rescindibles y lo son cuando sean perjudiciales para la masa, pero tal perjuicio ha de derivar del hecho de que el acuerdo no cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 71 bis -EDL 2003/29207 lo que no debe entenderse en un sentido unilateral, es decir, limitado al hecho objetivo de infringir las condiciones en sentido formal sino, y ello es lo relevante, en un sentido bilateral, cuando incluso reuniendo las condiciones objetivas sea tal impacto en el masa que deba entenderse que en realidad el acuerdo no contiene un acuerdo de refinanciación que debe tener como límite el conjunto de la masa activa. Sólo así se comprende que se admita, después de todo, la rescindibilidad de los acuerdos de refinanciación.
El Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo -EDL 2014/20750-, por el que se ado...
El Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo -EDL 2014/20750-, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, vuelve a modificar la Ley Concursal en materia de refinanciación, evitando algunas rigideces que hasta entonces estaban vigentes y adoptando medidas destinadas a la restructuración viable de la deuda empresarial.
La finalidad que se persigue, según su exposición de motivos, es que ante la liquidación empresarial, el saneamiento financiero sea la regla general para que “la deuda remanente sea soportable, permitiendo así que la empresa siga atendiendo sus compromisos en el tráfico económico, generando riqueza y creando puestos de trabajo”, conjugándose esta finalidad con el máximo respeto a las expectativas de los acreedores.
Habiéndose detectado limitaciones en el contenido de los acuerdos de refinanciación, la reforma pretende flexibilizarlos para evitar el concurso y, en los eventuales supuestos de un concurso de acreedores, se establezcan las suficientes garantías para que las operaciones no estén sujetas a rescisión. Para ello la Ley Concursal -EDL 2003/29207 vuelve a la sistemática anterior regulando en el artículo 71 las acciones de reintegración y en el artículo 71 bis los supuestos de no rescindibilidad.
En esencia también la reforma mantiene la diferencia entre los acuerdos de refinanciación sin homologación judicial recogidos en el artículo 71 bis -EDL 2003/29207 y aquellos que, recogidos en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, mantienen dicha homologación.
Entre los primeros, el artículo 71 bis -EDL 2003/29207 recoge los supuestos de no rescisión previstos en el antiguo punto 6 del artículo 71 junto con un nuevo supuesto que no necesita alcanzar determinadas mayorías de pasivo permitiendo la negociación directa del deudor con uno o más acreedores.
En el apartado uno del artículo 71 bis -EDL 2003/29207 se recogen en esencia los supuestos de no rescindibilidad previstos en el antiguo artículo 71.6, si bien se clarifica su extensión comprendiendo los negocios, actos y pagos, cualquiera que sea su naturaleza y la forma en que se hubieran realizado y las garantías constituidas en ejecución de los mismos, que permitan la ampliación significativa del crédito disponible o la modificación o extinción de sus obligaciones y, sustituyendo el informe de experto independiente por la certificación del auditor de cuentas del deudor sobre la suficiencia del pasivo.
Como novedad, en el apartado segundo de este mismo artículo 71 bis -EDL 2003/29207 se introduce un nuevo supuesto que permite la no rescisión de determinados actos u operaciones previas al concurso que no pueden acogerse al apartado primero de este mismo artículo, siempre y cuando cumplan los cinco requisitos que se contemplan en el mismo en el momento de la suscripción del instrumento público en el que se recoja el acuerdo. En consecuencia se permite la no rescisión de determinados acuerdos con uno o más acreedores sin necesidad de alcanzar determinadas mayorías de pasivo.
La Ley Concursal establece en su artículo 71.1 -EDL 2003/29207 la regla general de rescindibilidad de los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso, estableciendo los supuestos en los que el perjuicio patrimonial se presume, aquellos otros en los que el perjuicio patrimonial deberá ser probado y, en el artículo siguiente los supuestos de no rescisión.
En la medida en la que los actos no rescindibles del apartado dos del artículo 71 bis -EDL 2003/29207 siguen vinculados al ejercicio de las acciones de reintegración en virtud de la regla general expresada en el artículo 71.1, en principio ello no implica que la acción rescisoria no pueda plantearse o no pueda fundarse, al menos indirectamente, en la existencia de un perjuicio patrimonial para la masa activa.
Lo que el legislador ha pretendido es que precisamente los supuestos regulados en el nuevo apartado dos del artículo 71 bis -EDL 2003/29207-, al darse conjuntamente y en la forma establecida en el mismo, impliquen un supuesto de no rescisión. Por ello, la exposición de motivos del Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo -EDL 2014/20750-, manifiesta expresamente que “al no ser rescindibles los acuerdos que reúnan las condiciones del artículo 71 bis no estarán sometidos a las presunciones de los apartados 2 y 3 del artículo 71 aun cuando impliquen actos de disposición del activo”.
Además, el apartado tercero del artículo 71 bis -EDL 2003/29207 establece que los acuerdos regulados en el mismo únicamente serán susceptibles de impugnación de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 72, es decir que sólo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de la acción rescisoria y demás de impugnación que puedan plantearse contra los acuerdos de refinanciación del artículo 71 bis y sin que sea de aplicación la legitimación subsidiaria prevista para los acreedores que hayan instado por escrito el ejercicio de alguna acción tal como se establece en el artículo 72.1.
No se excluye, por tanto, la impugnación contra los acuerdos de refinanciación regulados en el artículo 71 bis -EDL 2003/29207-, si no que se limita expresamente al incumplimiento de todas o alguna de sus condiciones. Así, el artículo 72.2 establece expresamente que “la acción rescisoria sólo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo, correspondiendo a quién ejercite la acción la prueba de tal incumplimiento”, por lo que al no ser rescindibles salvo por el incumplimiento de las condiciones establecidas, se excluye la acción rescisoria por las presunciones de los apartados 2 y 3 del artículo 71, presumiéndose sin embargo que el incumplimiento de alguna de las condiciones previstas en el artículo 71 bis comporta la existencia indiciaria de un perjuicio patrimonial para la masa activa.
Quizás la mejor manera de interpretar el correcto alcance de la reforma del ...
Quizás la mejor manera de interpretar el correcto alcance de la reforma del artículo 72 LC -EDL 2003/29207 llevada a cabo por el Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo -EDL 2014/20750-, sea analizar, aunque con obligada brevedad, la evolución experimentada por la acción rescisoria regulada en el artículo 71 LC.
Por lo que aquí interesa, el primero de los preceptos citados establece, tras la reforma operada por la norma mencionada, que "sólo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de la acción rescisoria y demás de impugnación que puedan plantearse contra los acuerdos de refinanciación del art. 71 bis -EDL 2003/29207-. La acción rescisoria solo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo, correspondiendo a quien ejercite la acción la prueba de tal incumplimiento. Para el ejercicio de estas acciones no será de aplicación la legitimación subsidiaria prevista en el apartado anterior".
Antes de la reforma, el artículo 72.2 LC -EDL 2003/29207 se limitaba a expresar que "sólo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de la acción rescisoria y demás de impugnación que puedan plantearse contra los acuerdos de refinanciación del art. 71.6. Para el ejercicio de estas acciones no será de aplicación la legitimación subsidiaria prevista en el apartado anterior".
Lo primero que debemos destacar es que la referencia hecha por el artículo 72.2 LC -EDL 2003/29207 a "los acuerdos de refinanciación del artículo 71 bis" deriva de la voluntad de mantener la coherencia sistemática consecuencia del traslado de la regulación de los acuerdos de refinanciación con "escudo protector", del artículo 71.6 LC al nuevo artículo 71 bis LC.
Más importancia tiene cuál pueda ser el alcance de la mención "la acción rescisoria solo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo"; y si con tal disposición el legislador ha querido excluir el "perjuicio patrimonial" como base de la acción rescisoria contra los acuerdos de refinanciación que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 71 bis LC -EDL 2003/29207-.
La discusión sobre el justo alcance de los efectos retroactivos que la declaración de insolvencia del deudor pueda tener sobre sus actos tiene un largo recorrido. SANCHO GARGALLO, I. en La retroacción de la quiebra; Aranzadi; Pamplona (1997), pág. 28, ya advertía que “esta doctrina (de retroactividad absoluta), que sin ser unánime sí es mayoritaria, pone en peligro la seguridad del tráfico inmobiliario y mercantil, pues facilita la desconfianza de las partes en que si una de ellas, comerciante, deviene posteriormente en quiebra, los efectos se la misma se pueda retrotraer a un momento anterior que englobe la fecha en que se enajenó un inmueble, se constituyó una hipoteca, o se descontaron unos efectos mercantiles…”.
El apartado III de la Exposición de Motivos de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 se hizo eco de esta preocupación, expresando que “la ley da un nuevo tratamiento al difícil tema de los efectos de la declaración de concurso sobre los actos realizados por el deudor en período sospechoso por su proximidad a ésta. El perturbador sistema de retroacción del concurso se sustituye por unas específicas acciones de reintegración destinadas a rescindir los actos perjudiciales para la masa activa, perjuicio que en unos casos la ley presume y en los demás habrá de probarse por la administración concursal o, subsidiariamente, por los acreedores legitimados para ejercitar la correspondiente acción. Los terceros adquirentes de bienes o derechos afectados por estas acciones gozan de la protección que derive, en su caso, de la buena fe, de las normas sobre irreivindicabilidad o del registro".
Fruto de lo anterior, el artículo 71.1 LC -EDL 2003/29207 estableció que "serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta", reconociéndose legitimación principal para el ejercicio de la acción a la Administración concursal, y subsidiaria a los acreedores (artículo 72.1 LC).
La novedosa orientación y la mayor claridad de la regulación de las acciones de reintegración concursal no se ha demostrado suficiente para contrarrestar la natural desconfianza a sus potenciales efectos. Ello, unido a la crisis económica cuyo impacto se ha producido en la economía española a partir del año 2007, provocó excepcionales dificultades para que las empresas en situación de dificultades económicas pudieran, con la normalidad que hubiera sido propia, refinanciar su deuda.
A pesar de la juventud de la Ley Concursal este nuevo y excepcional panorama obligó a una reforma que dotara de mayor seguridad jurídica, e indirectamente, incentivara los acuerdos de refinanciación potencialmente beneficiosos para la conservación del tejido industrial y comercial. El Preámbulo del Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo -EDL 2009/25042-, es claro al respecto, cuando dice “las modificaciones contenidas en el presente Decreto-ley pretenden facilitar la refinanciación de las empresas que puedan atravesar dificultades financieras”.
La Disposición Adicional Cuarta -EDL 2003/29207 introducida en virtud del mencionado Real Decreto Ley, menciona, por primera vez, los acuerdos de refinanciación, a fin de dotarlos de especial protección frente a las acciones de reintegración concursal si cumplen los requisitos establecidos legalmente, estableciendo un escudo protector [“en caso de concurso, los acuerdos de refinanciación a que se refiere el apartado anterior(…)no estarán sujetos a la rescisión prevista en el art. 71.1 de esa Ley], y limitando la legitimación para el ejercicio de las acciones rescisorias exclusivamente a la Administración concursal (Disposición Adicional Cuarta apartado 3).
Por medio de la Ley 38/2011 -EDL 2011/222123-, de 10 de octubre, se persiguió profundizar en el camino emprendido por el Real Decreto Ley 3/2009 -EDL 2009/25042 (apartado III de la Exposición de Motivos). En virtud de la reforma derivada de la mencionada norma, la regulación de los acuerdos de refinanciación con “escudo protector” se pasaba a ubicar en el artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207-, excluyendo a tales acuerdos de las acciones rescisorias ("no podrán ser objeto de rescisión los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor…siempre que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo y que con anterioridad a la declaración del concurso"), manteniéndose la legitimación exclusiva de la Administración concursal para su ejercicio.
La duda que dejaba abierta la nueva regulación era si las acciones rescisorias atribuidas a la Administración concursal podían fundarse sólo en el incumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para la invulnerabilidad del acuerdo de refinanciación o si cabía, también, fundarla en la existencia del ya clásico perjuicio patrimonial.
A nuestro juicio, la nueva regulación ha querido clarificar la cuestión. De acuerdo con el artículo 71 bis LC -EDL 2003/29207 “la acción rescisoria solo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo”, lo cual no está privado de lógica, puesto que si el acuerdo de refinanciación cumple estrictamente con los requisitos exigidos por el artículo 71 bis LC, difícilmente podrá considerarse que es perjudicial para un eventual futuro concurso.
En efecto, si el acuerdo de refinanciación protegido responde “a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo”, lo cierto es que será difícil definirlo como perjudicial en un eventual futuro concurso, puesto que, de cumplirse lo previsto en el plan de refinanciación, la realidad concursal se deberá alejar del panorama del deudor, y, en puridad, el concurso jamás debería tener lugar sobre la base de los planteamientos del acuerdo de refinanciación.
Por el contrario, si finalmente el concurso se demuestra inevitable dentro del plazo de dos años desde la firma del acuerdo de refinanciación sólo cabe la siguiente alternativa: o el acuerdo de refinanciación no cumplió con los requisitos legalmente exigidos por no soportarse en un “plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo”, o la declaración de concurso ha derivado de circunstancias imprevistas ajenas al acuerdo de refinanciación, en cuyo caso, no parece que pueda imputarse al acuerdo de refinanciación el perjuicio.
Esta es la interpretación que se deriva también de la literalidad de la norma que ciñe estrictamente al incumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 71 bis LC -EDL 2003/29207 la posibilidad de ejercicio de la acción de reintegración contra los acuerdos de refinanciación contemplados en tal precepto.
Acciones rescisorias y acuerdos de refinanciación constituyen un binomio que...
Acciones rescisorias y acuerdos de refinanciación constituyen un binomio que viene siendo objeto de constante atención por todos los que de una u otra manera intervienen en las situaciones de crisis empresarial. Esa atención ha determinado que su regulación haya experimentado modificaciones en las distintas iniciativas legislativas promovidas en los últimos años para mejorar la normativa concursal”. Así se encabezaba el comentario al Foro del nº 15 de la Revista de Derecho Mercantil, relativo a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre -EDL 2013/178110-, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Las mismas palabras son trasladables al presente comentario, que esta vez se centra en las modificaciones introducidas en la Ley Concursal (“LC”) por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo -EDL 2014/20750-, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (el “RD-L 4/2014”). Es más que probable que acuerdos de refinanciación y rescisorias vuelvan a dar que hablar cuando culmine el nuevo proceso de modificación de la Ley Concursal que está en curso.
En concreto, ahora se trata de determinar la interpretación que cabe dar al nuevo inciso del artículo 71.2 LC -EDL 2003/29207-, que, después de limitar a la administración concursal la legitimación para el ejercicio de la acción rescisoria y demás de impugnación que se puedan plantear contra los acuerdos de refinanciación del artículo 71 bis LC, añade que “la acción rescisoria sólo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo, correspondiendo a quien ejercite la acción la prueba de tal incumplimiento”. Recuérdese que el artículo 71 bis LC contiene la regulación de los acuerdos de refinanciación y demás actos del deudor blindados frente a las acciones rescisorias concursales.
La pregunta permite dos respuestas posibles. La primera es que con esta expresión se está queriendo decir que en caso de acción rescisoria de un acuerdo de refinanciación del artículo 71 bis LC -EDL 2003/29207-, la acción se habrá de estimar en cuanto se compruebe el incumplimiento de los requisitos materiales para acceder al escudo protector dispuestos en esa norma, de manera que constatado ese incumplimiento ya no será necesario determinar si el acuerdo es o no perjudicial para la masa activa. La segunda posibilidad es que con esa expresión se está haciendo referencia a un requisito imperativo para que se pueda plantear la rescisión de los acuerdos del artículo 71 bis LC, pero que no excluye la exigencia de perjuicio en los términos del artículo 71 LC. Según esta segunda opción, lo que habría hecho el legislador es aclarar que puede privarse del escudo protector a los acuerdos cerrados al amparo del artículo 71 bis LC, si se demuestra que no cumplían los requisitos establecidos en esa norma para tener acceso a esa protección.
En una aproximación inicial al problema, podría entenderse que el tenor literal de la norma examinada conduce a la primera de las opciones enunciadas. No en vano el precepto dice que la acción rescisoria “sólo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas” en el artículo 71 bis LC -EDL 2003/29207-, sin hacer ninguna referencia a las exigencias del artículo 71 LC, ni a la cláusula general ni a las presunciones allí establecidas. En la práctica, esta solución conduciría a entender que para rescindir un acto del artículo 71 bis LC bastaría con justificar que en su adopción y/o contenido se incumplieron los requisitos que el artículo 71 bis LC establece para activar el escudo protector de la irrescindibilidad. Ya no sería necesario acreditar que el acto es perjudicial para la masa activa, por aplicación de la cláusula general o de las presunciones legales de perjuicio. La constatación de la ausencia de los presupuestos del artículo 71 bis LC comportaría de forma automática la rescisión del acto. Y esto, podría argumentarse, haría los acuerdos cerrados bajo el paraguas del artículo 71 bis LC de “peor condición” que el resto de actos del deudor: serían rescindibles por el solo hecho de no ajustarse a los requisitos del artículo 71 bis LC, con independencia de que fueran o no perjudiciales para la masa activa; mientras que los demás seguirían sometidos al régimen general de exigencia de perjuicio.
Esta última consideración sobre las consecuencias de la interpretación expuesta nos acercan a la otra, que se considera más atenta a otros criterios de interpretación normativa, entre ellos el de integración e interpretación sistemática. La referencia contenida en el nuevo inciso del artículo 72.2 LC -EDL 2003/29207 puede, así, entenderse como una aclaración del legislador sobre los casos en que un acuerdo de refinanciación aparentemente acogido al artículo 71 bis LC puede ser sometido a una acción rescisoria. La protección dispensada por esa norma no significa que un acuerdo acogido formalmente a ella no puede ser rescindido. Puede serlo, si se demuestra que no cumplía los requisitos del artículo 71 bis LC. Y ese es el primer presupuesto para el ejercicio de la acción de rescisión. Es un presupuesto específico de las acciones rescisorias promovidas contra acuerdos del artículo 71 bis LC. Pero no es el único. Una vez justificado ese incumplimiento, el acuerdo queda desprovisto de la protección brindada por la norma. Pero eso no puede justificar que automáticamente quede rescindido. Sólo significa que pierde la protección legal y que, entonces, podrá ser rescindido si resulta ser perjudicial para la masa activa. Y la determinación de si se da o no ese perjuicio habrá de hacerse en aplicación de las reglas generales establecidas en el artículo 71 LC. Por tanto, esas reglas generales no quedan desplazadas o sustituidas por la referencia consignada en el artículo 72.2 LC.
Hay que tener en cuenta, en el sentido indicado, la ubicación sistemática de la regla del artículo 72.2 LC -EDL 2003/29207-. El artículo 72 LC tiene por rúbrica “legitimación y procedimiento” y contiene las normas procesales aplicables a las acciones rescisorias. El apartado 1 establece la regla general de legitimación directa de la administración concursal y subsidiaria de los acreedores. El apartado 2, la regla especial aplicable a los acuerdos de refinanciación del artículo 71 bis LC, que se limita a la administración concursal, con exclusión de la subsidiaria de los acreedores. No parece, pues, que tenga sentido que en una norma de naturaleza eminentemente procesal se haya querido introducir un presupuesto material y específico de la acción consistente en excluir la regla del perjuicio como parámetro de control de la rescindibilidad de los actos realizados bajo la cobertura del artículo 71 bis LC. Frente a ello, la debida comprensión de la norma exige atender a la que era su precedente inmediato. En su redacción anterior al RD-L 4/2014 -EDL 2014/20750-, el artículo 72.2 se limitaba a indicar que la legitimación para el ejercicio de la acción rescisoria y demás de impugnación de acuerdos del antiguo artículo 71.6 LC (ahora en el artículo 71 bis LC) era exclusiva de la administración concursal. Pero nada decía sobre en qué condiciones podía plantearse la rescisión de esos acuerdos, si resultaba que éstos estaban blindados frente a esas acciones. La modificación introducida viene, así, a aclarar esa cuestión, al indicar que la acción rescisoria cabe en los supuestos en que se justifique el incumplimiento de los requisitos del artículo 71 bis LC. Pero parece razonable entender que su alcance queda ahí limitado y que no excluye el sometimiento de esos actos al análisis de su posible carácter perjudicial para la masa activa.
Como muestra de las dudas existentes antes de la reforma, Nieto, C., “Derecho preconcursal y acuerdos de refinanciación”, en Memento Concursal Francis Lefebvre, explicaba que “si los acuerdos sujetos a la Ley Concursal art. 71.6 -EDL 2003/29207 no pueden ser objeto de rescisión, no se entiende que se atribuya legitimación activa (sea o no exclusiva) a la administración concursal para el ejercicio de la acción rescisoria concursal; y a duras penas se entiende la restricción para los raros supuestos en que pueda ejercitarse otra acción de impugnación distinta (acciones revocatorias o paulianas extraconcursales, acciones de nulidad contractual, etc.) por quien altruistamente desee litigar en beneficio de la masa activa”. Esa duda queda despejada con la nueva redacción del artículo 72.2 LC: aunque los acuerdos y actos acogidos al artículo 71 bis LC están protegidos frente a las acciones rescisorias, éstas podrán ejercitarse si se demuestra que no se cumplieron las exigencias del propio artículo 71 bis LC y, además, que resultaron perjudiciales para la masa activa. Bajo la nueva regulación Pulgar Ezquerra, J. “Refinanciación, restructuración de deuda empresarial y reforma concursal (Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo -EDL 2014/20750-)” (1), en Diario La Ley, nº 8271, 14 marzo 2014, p. 11, indica que “se añade un párrafo aclaratorio que tendrá gran relevancia práctica sobre el fundamento que en estos supuestos podría tener el eventual ejercicio de una acción rescisoria por la administración concursal, estableciéndose que ‘sólo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en el art. 71 bis’, con lo que se excluye cualquier consideración de la administración concursal respecto de estos acuerdos, sobre el carácter perjudicial para la masa de los actos, pues concurriendo dichos presupuestos, los acuerdos son irrescindibles concursalmente, sobreentendiéndose por tanto ex lege que no fueron perjudiciales para la masa”. En cambio, si los presupuestos no concurren y así se justifica en los términos del nuevo inciso del artículo 72.2 LC, los actos realizados bajo la cobertura del artículo 71 bis LC serán susceptibles de rescisión, pero siempre que se acredite, además, que fueron perjudiciales para la masa activa en la forma regulada en el artículo 71 LC. Con el cumplimiento de las condiciones o presupuestos del artículo 71 bis LC, hay una presunción ex lege de ausencia de perjuicio que justifica el blindaje otorgado con la Ley. Si no se dan esos presupuestos, la presunción decae, pero eso no determina automáticamente una presunción legal de perjuicio, sino sólo la pérdida del blindaje, de manera que el acto de que se trate será susceptible de rescisión si se llega a la conclusión de que fue perjudicial para la masa activa.
El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo -EDL 2014/20750- (en adelante RDL 4...
El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo -EDL 2014/20750 (en adelante RDL 4/14) modifica, entre otros el artículo 72 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 (LC). En realidad, la modificación se circunscribe al párrafo segundo y en concreto a la frase que se introduce en la mitad del artículo cuyo tenor literal es “la acción rescisoria sólo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo, correspondiendo a quien ejercite la acción la prueba de tal incumplimiento”.
Si recordamos las sucesivas modificaciones de la Ley Concursal, si en el RDL 3/2009 podían plantearse dudas acerca de si la administración concursal era la única legitimada activamente para impugnar los acuerdos de refinanciación (entonces regulados en la disposición adicional cuarta); en la reforma operada por la ley 38/2011 -EDL 2011/222123 claramente se legitima única y exclusivamente a la administración concursal para ejercitar las acciones que permiten anular estos acuerdos de refinanciación (que pasan a recogerse en el artículo 71.6), es más para que no haya ninguna duda respecto a esta legitimación restringida, la segunda frase del apartado 2 del artículo 72, “aclara” (o mejor, reitera) que, para el ejercicio de estas acciones no será de aplicación la legitimación subsidiaria prevista en el apartado 1. Reiteración que, a todas luces, es innecesaria ya que el artículo 72.1 define quién está legitimado activamente para el ejercicio de las acciones de reintegración y demás de impugnación: la administración concursal y, de forma subsidiaria, los acreedores que hubieran requerido a la administración concursal para el ejercicio de una acción y cuyo requerimiento no hubiera sido atendido; luego, si el apartado 2 indica que sólo la administración concursal podrá impugnar los acuerdos de refinanciación, parece evidente que se reduce la legitimación activa (el legislador no sólo resulta reiterativo en este artículo sino que en el 71bis3 establece que los acuerdos regulados en este artículo sólo serán susceptibles de impugnación conforme a lo dispuesto en el 72.2).
Si tenemos en cuenta estos antecedentes, a mi juicio es indudable que el legislador da un paso más en el RDL 4/14 -EDL 2014/20750-, al introducir la frase que he transcrito antes. Y, con esta modificación, no sólo se reduce la legitimación activa a la administración concursal, sino que además pretende reducir los supuestos por los que los acuerdos de refinanciación regulados ahora en el art.71bis -EDL 2003/29207 van a poder ser rescindidos. De esta forma, la administración concursal sólo podrá invocar el incumplimiento de los requisitos previstos en el 71bis como causa de impugnación y no podrá fundar su acción de reintegración en la existencia de un perjuicio patrimonial para la masa activa o en la existencia de alguna de las presunciones del artículo 71. Sólo así puede entenderse este artículo.
Es cierto que puede argumentarse que, de esta forma, se desnaturaliza la acción de rescisión cuyo fundamento era el perjuicio para la masa activa o pasiva del concurso (ya fuera acreditado ya por darse alguna de las presunciones reguladas en el citado artículo). Ahora bien, la naturaleza de la acción de rescisión concursal no ha sido una cuestión pacífica para la doctrina que la ha considerado una acción revocatoria, una acción rescisoria común o una acción de naturaleza rescisoria en fraude de acreedores, un supuesto de rescisión por lesión o una acción de carácter especial (una recopilación de las diferentes opiniones se expone por VARGAS, I. en “La acción de reintegración concursal”, Ed. Tirant monografías). La última postura, que considera a la acción de reintegración concursal como una acción nueva, de naturaleza rescisoria, que nace con el concurso y se justifica en atención al mismo es la sostenida por I.SANCHO GARGALLO (en el Tratado judicial de la insolvencia).
Sin embargo, no creo que el legislador al limitar los supuestos en los que la administración concursal podrá solicitar la rescisión de los acuerdos de refinanciación, al incumplimiento de los requisitos del 71bis -EDL 2003/29207-, esté realmente desnaturalizando la acción rescisoria concursal. No es que no se tenga en cuenta este elemento de la acción, sino que el cumplimiento de las condiciones recogidas en el art.71bis, suponen que no exista el perjuicio patrimonial (o que, si exista, deba admitirse puesto que hay un sacrificio patrimonial justificado).
Ahora bien, dicho lo anterior, no podemos dejar de preguntarnos si el cumplimiento de los requisitos al que se refiere el artículo 72.2 -EDL 2003/29207 son sólo los formales (del 71 bis 1b) o también los relativos al contenido del acuerdo (que se recogen en el artículo 71 bis 1a) y en el artículo 71 bis 2. Este argumento permitiría a la administración concursal tratar de acreditar el incumplimiento de las condiciones de fondo del art.71bis (y discutir, por ejemplo, si el plan de viabilidad garantizaba la continuidad de la actividad en el medio y corto plazo). Sin embargo, no parece ser esta la intención del legislador que, en aras a la seguridad jurídica y para favorecer los acuerdos de refinanciación quiere reducir los supuestos en los que se puedan dejar sin efecto los mismos y, por lo tanto, a mi juicio, la verificación de la administración concursal y del juez deberá limitarse a que se den o no las condiciones previstas en el artículo 71 bis.
Y, en apoyo de lo anterior, debemos recordar que el apartado 13 de la Disposición Adicional Cuarta -EDL 2003/29207 en la redacción del RDL 4/14 -EDL 2014/20750 expresamente indica que los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente – y recordemos que, si no hay oposición a la homologación, el juez se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado 1, conforme a lo que dispone el apartado 6 de la DA4ª – no podrán ser objeto de acciones de rescisión (y remite al art.72.2 respecto al ejercicio de las demás acciones, esto es, sólo estará legitimada activamente la administración concursal).
En conclusión, creo que, efectivamente la administración concursal no podrá invocar el perjuicio (o las presunciones) del art. 71 -EDL 2003/29207-, y deberá limitarse a invocar el incumplimiento de las condiciones del art. 71 bis. Ahora bien, también debemos entender que si se acreditara el incumplimiento de estas condiciones, ello NO determinaría, a mi juicio, que el acuerdo de refinanciación fuera automáticamente rescindible, sino que en ese caso sí sería necesario que se examinara si existe o no perjuicio patrimonial. Eso sí, se produce una inversión de la carga de la prueba puesto que la administración concursal sólo tiene que acreditar el incumplimiento de las condiciones del art.71bis y, si se hubieran incumplido, serán las partes del acuerdo de refinanciación – interesadas en mantener su eficacia – quienes deban probar que no existe perjuicio patrimonial (o que el efecto perjudicial se ve compensado con efectos beneficiosos, de manera que se produce un sacrificio patrimonial proporcionado). Esta posición es coherente con la posibilidad de que existan acuerdos de refinanciación atípicos, esto es, aquellos que suponen una refinanciación de la deuda, pero que no entran en ninguno de los supuestos del art.71bis (i.e. porque no hayan alcanzado la mayoría de adhesiones previstas en el art.71bis1a.1º) que no son por ello automáticamente rescindibles, si se consigue probar que no existe perjuicio patrimonial.
A tenor del artículo 72.2 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207- (en adelante,...
A tenor del artículo 72.2 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 (en adelante, LC), según la redacción proveniente del RD-Ley 4/2014, de 7 de marzo -EDL 2014/20750-, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, la acción rescisoria que se ejercite contra los acuerdos que cumplan los requisitos previstos en el art. 71 bis LC, «solo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo, correspondiendo a quién ejercite la acción la prueba de tal incumplimiento» y, a su vez, la legitimación para el ejercicio de esa acción rescisoria (pero también para el ejercicio de las «demás acciones de impugnación que puedan plantearse») corresponde en exclusiva a la propia administración concursal (se declara inaplicable la legitimación subsidiaria prevista en el apartado 1 del propio art. 72 LC). De este modo, al margen de los temas de legitimación, esta norma parece plantear una limitación al ejercicio de la acción rescisoria frente a acuerdos de refinanciación de los previstos en el art. 71 bis LC que, en opinión de sectores autorizados de nuestra doctrina, puede resultar muy útil dado que, a través de la misma, «se excluye cualquier consideración de la administración concursal respecto de estos acuerdos, sobre el carácter perjudicial para la masa de los actos, pues concurriendo dichos presupuestos, los acuerdos son irrescindibles concursalmente, sobreentendiéndose por tanto ex lege que no fueron perjudiciales para la masa» (PULGAR EZQUERRA, J., «Refinanciación, reestructuración de deuda empresarial y reforma concursal», La Ley, 14 de marzo de 2014). Conviene, sin embargo, que analicemos más detenidamente el alcance de esta norma.
Ante todo debe advertirse que la norma contenida en el art. 71 bis LC -EDL 2003/29207 se dirige específicamente a determinar la irrrescindibilidad de los acuerdos de refinanciación que cumplan ciertos requisitos, medida que con anterioridad a la reforma se contenía en el apartado 6 del propio artículo 71 LC. Con su nuevo contenido, por tanto, el art. 71 bis LC incorpora una excepción respecto a la norma general contenida en el art. 71 LC sobre rescisión, a través del ejercicio de las acciones de reintegración, de actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. En relación con ello, el alcance de la reforma ha sido de carácter sistemático, al separar la excepción (irrescindibilidad de ciertos acuerdos de refinanciación: nuevo contenido del art. 71 bis LC) de la regla general (art. 71 LC).
No obstante establecerse la irrescindibilidad de los acuerdos de refinanciación que cumpliesen ciertos requisitos, ya con anterioridad a la última reforma (por el momento) de la LC se contemplaba la posibilidad de que dichos acuerdos pudiesen ser objeto de acciones de rescisión o de otras acciones de impugnación. En este sentido, el art. 72.2 LC -EDL 2003/29207 establecía que «sólo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de la acción rescisoria y demás de impugnación que puedan plantearse contra los acuerdos de refinanciación del artículo 71.6» lo cual, al margen de la limitación a la legitimación para el ejercicio de acciones, implicaba admitir que cabía el ejercicio de la acción rescisoria así como también de otras acciones de impugnación contra los acuerdos contemplados en dicho precepto. A partir de ello, resultaba cuestionable, por tanto, si no obstante lo previsto en el apartado 6 del art. 71 LC (ahora trasladado al art. 71 bis LC), cabía o no el ejercicio de las acciones rescisorias contenidas en el propio art. 71 LC y, en su caso, los requisitos necesario para proceder a ello (en todo caso, la mayor parte de la doctrina admitía que cabía la revisión posterior de los acuerdos de refinanciación y su eventual rescisión vinculada al incumplimiento de los requisitos previstos -vid., entre otros, SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., «La rescisión de los acuerdos de refinanciación», en BELTRÁN/SAN JUAN (Dirs.), La reintegración de la masa, Madrid, 2012, pág. 361, VIÑUELAS SANZ, M., «Inmunidad a la rescisión y prededucción de la nueva financiación en la Ley 38/2011», RdCP, 18, 2013, pág. 188 y AZNAR GINER, E., Refinanciaciones de deuda, acuerdos extrajudiciales de pago y concurso de acreedores, Valencia, 2014, pág. 192-).
La finalidad de la reforma parece, por ello, clara. Se ha pretendido eliminar cualquier duda al respecto para determinar que únicamente cabrá instar la rescisión de estos acuerdos sobre la base del incumplimiento de las normas previstas en el art. 71 bis LC -EDL 2003/29207 de modo que, cumpliendo los requisitos previstos, no cabrá su rescisión incluso en el supuesto de que pudiese demostrarse que es un acto perjudicial para la masa (bien como consecuencia del juego de las presunciones previstas o mediante prueba de ese carácter) realizado en los dos años anteriores a la declaración de concurso. El cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 71 bis LC excluye de manera absoluta por tanto la rescisión concursal.
Ello no significa, sin embargo, que en el supuesto de que el acuerdo de refinanciación de que se trate no haya cumplido los requisitos establecidos en el art. 71 bis LC -EDL 2003/29207 sea directamente rescindible mediante el ejercicio de la acción rescisoria concursal. En nuestra opinión, el incumplimiento de los requisitos determina que el acuerdo de refinanciación pierda la inmunidad contra las acciones de rescisión que se vincula, precisamente, al cumplimiento de dichos requisitos. Pero para ello será necesario que se acredite el incumplimiento de los requisitos lo cual únicamente podrá realizarse a través del ejercicio por la administración concursal de la correspondiente acción de impugnación. Y será tras ello, es decir, una vez que se haya declarado judicialmente que el acuerdo de refinanciación no cumple los requisitos previstos en el art. 71 bis LC, cuando cabrá instar su rescisión concursal acreditando, a través del juego de las presunciones o mediante prueba ad hoc, que se trata de un acto perjudicial para la masa activa realizado dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso (nada impide, no obstante, que ambas acciones puedan ejercitarse conjuntamente si bien la rescisión concursal únicamente podrá ser tomada en consideración por el juez si previamente se constata que el acuerdo de refinanciación no cumple los requisitos y condiciones establecidos). El incumplimiento de los requisitos determina, por tanto, que el acuerdo de refinanciación pierda la protección que le dispensa el art. 71 bis LC y deje de ser inmune a la acción rescisoria concursal pero no que deba considerarse el acuerdo rescindido con los efectos a ello vinculados.
En definitiva, entendemos que la acción rescisoria que el art. 72.2 LC -EDL 2003/29207 autoriza a la administración concursal a interponer contra los acuerdos de refinanciación previstos en el art. 71 bis LC deberá fundamentarse en el incumplimiento de los requisitos establecidos en dicho precepto si bien, una vez confirmado que el acuerdo no cumple dichos requisitos, para su rescisión concursal será necesario acreditar su carácter perjudicial para la masa activa (bien mediante el juego de presunciones o mediante prueba ad hoc) así como que fue celebrado dentro del plazo de los dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso.

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