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CÁmara nacional de apelaciones de trabajo prosecretaría general boletín temático de jurisprudencia
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YPF. BONOS DE PARTICIPACIÓN EN LAS GANANCIAS. (ART. 29 LEY 23696.
García Margalejo. Rodríguez
Ruiz Díaz. Pasini
Morando. Billoch
En los reclamos de bonos de participación en las ganancias del artículo 29 ley 23696 es competente la justicia nacional del trabajo.
Causa: 12244/02. Fecha: 17/11/03. "Kouri Miguel y otros c/Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos y otro s/art. 29 Ley 23.696.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala I. Vilela. Puppo.
Dado que los actores son trabajadores que reclaman a su empleadora y al Estado Nacional los créditos emergentes de la emisión de bonos de participación en las ganancias, a los que aludía el art. 29 de la ley 23696, la contienda presenta aristas disímiles de aquellas que motivaran el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Albornoz, Domingo A. c/ Y.P.F. S.A.”, ya que ésta es una demanda entablada entre los dependientes y la empresa, referida a derechos litigiosos que tienen fundamento en el contrato de trabajo, encuadrando de tal modo en el amplio espectro de los arts. 20 y 21 de la ley 18345. En aquel precedente se discutía la responsabilidad estatal genérica emergente de las omisiones en la implementación del sistema de entrega de acciones, que resulta ajena a la empleadora.
Causa: 24858/02. Fecha: 13/5/04. "Surbatovich, Juan Jorge y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23696".
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II. Bermudez. Gonzalez.
La pretensión de bonos en los términos del art. 29 de la ley 23696 encuadra en el amplio diseño de los arts. 20 y 21 de la ley 18.345 y, en lo esencial, no se diferencia de los conflictos en los cuales los trabajadores persiguen el cumplimiento de normas que les conceden derechos a participar en las ganancias de las empresas según lo previsto por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. (del voto de Porta, por la mayoría)
Causa 892/02. SD 83646 Fecha 31/5/02 "Rossi, Jorge Héctor c/ Ministerio de Economía s/ley 23696".
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala III. Porta. Eiras. Guibourg.
La doctrina adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al decidir la causa “Albornoz, Domingo A. c/Y.P.F. S.A.” respecto al régimen de propiedad participada, no es aplicable al reclamo con fundamento en el art. 29 de la ley 23696, en tanto existen diferencias trascendentes, toda vez que aquella controversia giraba en torno a la existencia de una responsabilidad genérica del Estado, en la implementación del sistema de entrega de las acciones previstas en el programa, mientras esta demanda procura obtener el cumplimiento de una obligación que emerge de la vigencia de la relación laboral, lo que la ubica inequívocamente en los supuestos previstos en los arts. 20 y 21 de la ley 18.345 (en igual sentido, Sala II, SI. Nro. 49.635, del 9.5.2002, dictada en autos “Yelpo, Oscar y otros c/Ministerio de Economía y otro S/art. 29 ley 23.696”, Sala VII, SI. Nro. 23.834, del “Martello, Jorge Salvador y otros c/Ministerio de Economía y otro s/art. 29 ley 23.696”, Sala VIII SI. nor. 23.131, del 10 de mayo de 2002, dictada en autos “Varone, Francisco Antonio y otros c/Ministerio de Economía y otro s/art. 29 ley 23.696”.(del voto de Porta, por la mayoría)
El art. 230 de la ley 19.550 establece que los bonos de participación para el personal, sólo dan derecho a participar en las ganancias de ejercicio (cfr. art. 229), “…son instransferibles y caducan con la extinción de la relación laboral, cualquiera sea la causa”. Más allá de que el origen de la obligación que se le imputa a las demandadas se encontraría en las leyes que dispusieron la privatización de la empresa, ello no impide calificarlas – en su parte pertinente- como disposiciones legales del Derecho del Trabajo, ya que se trata de un crédito de raigambre remuneratoria y por ende, de alcance laboral (arg. arts. 14 bis C.N.; 110 LCT; en forma análoga Fallos 320: 2246). Por lo tanto, la cuestión encuadra en las previsiones de los arts. 20 y 21 L.O., lo que impone revocar la resolución recurrida. (del voto del doctor Eiras, por la mayoría)
Al votar en causas análogas al presente reclamo con fundamento en el art. 29 de la ley 23696, entendí que la justicia laboral resultaba competente para este tipo de reclamos (SI 46225 del 5/3/97 “Antúnez, José Ramón c/ YPF”, SD 75957 del 9/3/98 “Antelo c/ YPF”, SD 78837 del 5/5/99 “Nuñez, Juan Alberto c/ YPF”, SD 79140 del 24/6/99 “Medina c/ YPF”). Sostuve tal posición a partir de una causa en la que se discutía una cuestión de venta de activos y del beneficio del artículo 13 de la ley 24.145 ya que, más allá de las sutiles diferencias en los reclamos, la totalidad de las pretensiones de quienes fueron empleados de YPF se apoyaban y apoyan en confusas y desordenadas normas generales y se inscriben ineludiblemente en el marco de un contrato de trabajo. Una posterior decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación justificó, a mi juicio, dejar a salvo mi opinión en aquel sentido y resolver conforme tal criterio, por estrictas razones de economía procesal. En el precedente “Albornoz” referido, el máximo Tribunal entendió que la competencia de la justicia federal civil y comercial en reclamos de acciones de propiedad participada se apoyaba en el contenido del reclamo –vinculado a la interpretación de normas relativas al régimen de los programas de propiedad participada- y en el hecho de que el Estado Nacional resultaba el responsable central.
Si bien, insisto, no comparto tal criterio, entiendo que es de estricta aplicación a causas como la presente, en especial si se considera que la Corte ha extendido de modo explícito ese fundamento al disponer, con remisión al dictamen del Procurador General de la Nación, la competencia del fuero federal civil y comercial en dos causas en las que el derecho se fundaba en el art. 29 de la ley 23.696 de un modo expreso (“Cardozo, Guillermo c/ Estado y otro” y “Arbelo, Oscar c/ Estado Nacional y otro”); el Procurador General sostuvo en tales oportunidades que la causa en la que se discutía “la indemnización de los daños y perjuicios provocados por la no emisión de los bonos de participación en las ganancias previstos en el artículo 29 de la ley 23.696” resultaba “substancialmente análoga a la dictaminada con fecha 28 de septiembre de 1998 en autos “Albornoz, Domingo c/ YPF”. En la causa “Pardo c/ YPF” (SI 53191 del 16 de abril de 2002 y 53310 del 23 de mayo de 2002) esta Sala resolvió en sintonía con tal criterio –aunque también en esta cercana oportunidad dejé a salvo mi opinión contraria- y dispuso declarar la incompetencia del fuero y mantener tal decisión frente al planteo de nulidad de la actora. (del voto del doctor Guibourg).
Dado que la Cámara que integro, por abrumadora mayoría, se viene pronunciando por la competencia del fuero para entender en reclamos como el actual y mis propios colegas de Sala proponen tal solución. En este sentido han resuelto la Sala II (SI 49635 del 9/5/02 en autos “Velpo, Oscar y otros c/ Ministerio de Economía”), la Sala IV (SI 40029 del 21/05/02 en autos “Alzaga, Felipe Israel c/ Ministerio”), la Sala V (SI 21653 del 30/4/02 “Agüero, Adolfo c/ Ministerio”), la Sala VI (SI 24953 del 23/5/02 en autos “Milano, Héctor c/ Ministerio de Economía”), la Sala VII (SI 23834 del 8/5/02 en autos “Martello, Jorge c/ Ministerio”), la Sala VIII (SI 23131 del 10/5/02 en autos “Varone, Francisco c/ Ministerio de Economía”) y la Sala X (SI 8285 del 30/4/02 en autos “Felipe, Osvaldo c/ Ministerio de Economía”). En general, se han remitido al dictamen del señor Fiscal General, que sostiene, en contra del ya reseñado criterio del Procurador General de la Nación, la competencia del fuero laboral. (del voto del doctor Guibourg).
Jurídicamente, he sostenido de modo reiterado mi convicción de que este tipo de reclamos debe considerarse de competencia laboral; nótese que una pretensión como la actual caería, incluso, en la órbita del art. 110 de la LCT. Por razones de economía procesal, he cedido a la interpretación de la Corte Suprema que otorga competencia a la justicia federal civil y comercial para las acciones relativas a los programas de propiedad participada y, específicamente, a la entrega de bonos. Pragmáticamente podría sostenerse, incluso inicialmente, que causas como la presente deberían ventilarse allí donde tramitaron aquellas en las que se reclamaban acciones de propiedad participada: en esta línea interpretativa se ha pronunciado la Cámara Civil y Comercial Federal, al ponderar especialmente que “es pertinente añadir (…), en orden a la inconveniencia de dividir aún más el conocimiento de las cuestiones litigiosas que estos programas de propiedad participada han suscitado y a la doctrina respecto a la competencia para entender en los procesos donde tales cuestiones se ventilen, sentada por la Corte Suprema en el caso “Albornoz” allí invocado, que no se debe perder de vista la conexidad que liga a los bonos de participación de las ganancias con los programas de propiedad participada” (Sala I, Ramírez, Gloria c/ Estado Nacional”, 17/2/2000). Sin embargo, la ya referida existencia de un plenario virtual relacionado con la competencia de la justicia laboral, coincidente con mi criterio permanente en el mismo sentido, me inclina a proponer una decisión acorde. (del voto del doctor Guibourg).
En los reclamos de bonos de participación en las ganancias del artículo 29 ley 23696 es competente la justicia nacional del trabajo, punto en el que se comparte la opinión vertida por el señor Fiscal General (dictámenes 33644 y 33962), a cuyos fundamentos cabe remitirse en homenaje a la brevedad.
Causa: 4552/02. Fecha: 28/05/02.“Ricartes, Rogelio y otros c/Ministerio de Economía y otro s/art.29 Ley 23.696”.
Existe una íntima vinculación entre la participación accionaria y los bonos de participación en las ganancias para el personal que surgen del art. 29 de la ley 23696. Por ello, y habiendo ya emitido decisión la Corte Suprema de Justicia con relación al fuero competente para entender en la cuestión del régimen de propiedad participada de la empresa Y.P.F., resulta insoslayable referirse a dicho criterio, pues tal como la propia Corte ha expresado es indiscutible el carácter obligatorio de sus decisiones y los jueces tienen el deber de conformar las suyas a las de ese Tribunal. Resulta así de lo decidido por el Alto Tribunal en “Albornoz, Domingo c/ Y.P.F. S.A.” que los actuados no son de los comprendidos en los términos de los arts. 20 y siguientes de la L.O., puesto que escapan al alegado contrato de trabajo para dirigirse, centralmente, contra el Estado Nacional, poniendo en tela de juicio eventuales beneficios que no parecen comprometer sustancialmente aspectos legales del derecho del trabajo. Por lo tanto, corresponde declarar la incompetencia de la Justicia Nacional de Trabajo y ordenar la remisión a la Justicia en lo Civil y Comercial Federal.
Causa 10319/02. Fecha: 10/9/02. "Agüero Guillermo Victoriano y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23696".
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala V. García Margalejo. Rodríguez.
Es competente la justicia nacional de trabajo para entender en reclamos de bonos de participación en las ganancias en los términos del art. 29 de la ley 23696 por los fundamentos brindados por el señor Fiscal General ante esta Cámara, en su dictamen No. 33.655 del 23/04/02, que ponen de manifiesto que el reclamo tiene como marco un contrato de trabajo, circunstancia que de conformidad a lo normado en los arts. 20 y 21 de la Ley 18345, habilita la competencia de la Justicia del Trabajo para su tratamiento.
Causa 1327/02. Fecha: 23/05/02. “Milano Hector A. y otros c/Ministerio de Economía y otro s/art. 29 ley 23.696”
Los actores son trabajadores que reclaman a su empleadora (Estado Nacional) mediante demanda referida a litigiosos derechos que tienen por clara referencia el marco de un contrato de trabajo, como elemento esencial en la procedencia del rubro. En consecuencia, la pretensión encuadra en el amplio diseño de los arts. 20 y 21 de la ley 18345 y, en lo esencial, no es diferente de aquellos conflictos comunes en los cuales los trabajadores persiguen el cumplimiento de normas que, más allá de su jerarquía, les conceden derechos a participar en las ganancias, como forma de obtener ingresos prevista por el art. 14 bis. de la Constitución Nacional. Todo lo dicho encuadra el reclamo en la descripción de la norma adjetiva referida a nuestra aptitud jurisdiccional y es innegable el carácter laboral del crédito, tal como lo señala el Fiscal General en su dictamen 33644 del 23/04/02.
Causa 1127/02. Fecha 08/05/2002. "Martello Jorge S. y otros c/Ministerio de Economía y otro s/art. 29 ley 23.696.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VII. Ruiz Díaz. Pasini.
El objeto de la controversia es la pretensión de un grupo de personas que busca obtener una prestación –en el caso, créditos emergentes de la emisión de “bonos de participación”-, según el art. 29 de la ley 23696 -de su empleador o ex empleador- como consecuencia de la pre-existencia de la relación de trabajo y ello encuadra en los art. 20 y 21 de la ley 18.345. Corresponde entonces declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en las presentes actuaciones.
Causa 1221/02. Fecha 12/07/02. "Calvo Elena M. y otros c/ Ministerio de Economía y otro s/ art. 29 ley 23.696".
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VIII. Morando. Billoch.
En el caso de una demanda entablada entre los dependientes y la empresa (Estado Nacional) referida a litigiosos derechos que tienen por clara referencia el marco de un contrato de trabajo, como elemento esencial en la procedencia del rubro, la pretensión encuadra en el amplio diseño de los arts. 20 y 21 de la ley 18345, y en lo esencial, no es diferente de aquellos conflictos comunes en los cuales los trabajadores persiguen el cumplimiento de normas que, más allá de su jerarquía , les conceden derechos a participar en las ganancias, como forma de obtener ingresos prevista por el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Dictamen No. 33.644 del 23/04/02. "Kouri Miguel y otros c/Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos y otro s/art. 29 Ley 23.696".
1.2. PRESCRIPCIÓN.
Plazo bienal
Plazo trienal
Vilela. Puppo
Pirolo.
Vázquez Vialard.
RBrunengo.RDíaz.Ferreiros
Morando.Catardo.Lescano.
Pasini. Balestrini
Scotti. Corach.
Dado que el artículo 110 de la LCT contempla la remuneración con bonos de participación en las ganancias, corresponde adjudicar naturaleza laboral a los reclamos fundados en el art. 29 de la ley 23696. El plazo de prescripción para los créditos provenientes de relaciones individuales del trabajo es de dos años, tal como expresamente lo contempla el art. 256 de la L.C.T. , adjudicándole a dicha norma carácter de orden público.
Causa: 12244/02. Fecha: 17/11/03. "Kouri Miguel y otros c/ Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23696".
En igual sentido, “Cadenazzi Eduardo Jorge y otros c/Ministerio de Economía”, sentencia 53741 de fecha 30/10/03.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I. Vilela. Puppo.
Toda vez que los Bonos de Participación en las Ganancias constituyen una forma de remuneración debidamente contemplada en el art. 110 LCT, corresponde adjudicarle naturaleza laboral, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 256 LCT, en cuanto indica que prescriben a los dos años las acciones derivadas de créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo, y otorgándole a dicha norma carácter de orden público, cabe concluir que la acción basada en tales bonos debe regirse por dicho plazo prescriptito.
CNAT Sala I Expte n° 18166/02 sent. 81908 18/8/04 “Salazar, Aldo y otros c/ Ministerio de Economía y otro s/ art. 29 ley 23696” (Pir.- P.-)Criterio mantenido en: Expte n°23619/99 sent. int. 56915 18/5/06 “Tau, Ricardo y otros c/ YPF y otro s/ art. 29 ley 23696”.
La Sala II, con su nueva integración cambió de criterio:
La obligación de emisión de los bonos del art. 29 de la ley 23696 reviste naturaleza comercial propia del régimen de sociedades de esa índole, por lo que debería aplicarse el plazo prescriptivo de tres años previsto en el art. 848 inc. 1° del C. de Comercio (en igual sentido “Virasoro, Alberto c/ Ministerio de Economía s/ Part.acc. obrero” sent. 90608 del 28/7/05 del registro de la Sala IV). (Del voto del Dr. Vázquez Vialard).
CNAT Sala II Expte n° 18938/02 sent. 94330 10/7/06 “Pezzino, Carlos y otros c/Ministerio de Economía y otro s/ art. 29 ley 23696” (G.- VV.- P.-)
La entrega de bonos de participación en las ganancias (art. 29 e la ley 23696) que reclaman los actores está vinculada directamente al contrato de trabajo, que constituye la causa fuente de su derecho a ellos. Es indudable entonces que el presupuesto de hecho necesario para el nacimiento del crédito cuyo cobro se persigue es que exista una relación de dependencia y si los actores tienen derecho a ese beneficio, tal derecho sólo puede haberse originado durante la relación laboral. Por ello, no cabe duda que la acción que corresponde a un hipotético crédito proveniente de esa causa fuente (arg. Art. 110 LCT) se encuentra sujeta al plazo especialmente previsto en el art. 256 LCT. Dicha prescripción corre a partir del momento en que la obligación se hizo exigible, es decir cuando el acreedor pudo reclamar su cumplimiento a la empleadora. (Del voto del Dr. Pirolo).

References: artículo 29
 resolución 
 artículo 13
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 110