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Timestamp: 2017-03-29 15:03:02+00:00

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Julio, 29, 2016
Julio 29, 2016 David	El Expreso
Walter Spurrier: “Es probable otra reforma tributaria”
El director de Análisis Semanal siempre ve los escollos económicos por muy imperceptibles que sean.
Año electoral. Año complicado. Muy complicado está el 2016, pero se pondrá peor en lo que queda, hasta coronar diciembre, donde el Gobierno debe cumplir con el pago del décimo a los empleados y pagar intereses de la deuda. De eso habla Walter Spurrier Baquerizo a Diario EXPRESO.
La economía decreció el 3 % en el primer trimestre y un rubro preocupante es la inversión o formación bruta de capital fijo. ¿A qué estamos abocados?
Es una espiral que va bajando. Estuve reunido con el presidente de uno de los cinco bancos más grandes y él me decía: “tres o cuatro clientes que están entre las diez empresas más grandes del país, mis “A” mis número uno, uno, me están prepagando los créditos y les he dicho no te preocupes tienes abierto el crédito: ¿cuánto más quieres de crédito? porque tengo plata para prestarte lo que quieras; ¡no!, me dicen, me está sobrando la plata porque estoy vendiendo menos”. La economía se va desinflando, necesitamos algo que compense y lo que podría hacerlo es el crecimiento de las exportaciones.
En el Gobierno pasa lo contrario, se está financiando con créditos caros…
Esta situación debe resolverla por las buenas o por las malas. El país no puede vivir como está porque la economía podría terminar colapsando como en Venezuela, no puede seguir endeudándose todos los años como se ha endeudado este 2016, con una economía contraída y falta de confianza.
Entonces el Fondo Monetario y una reforma tributaria nueva son opciones todavía…
El Fondo es una opción que no se la toma por razones políticas; como ya ha hablado tanto (el Gobierno) no quiere parecer haciendo pactos con el diablo; ha habido esta entrada por la puerta de atrás del Fondo que ha sido el crédito este de emergencia y ya hay relaciones formales con él, que empezó, por primera vez en el Gobierno de Correa, a hacer informes de la economía; ya hizo el correspondiente al 2016 y ahora debe estar preparando el de 2017. Contrario a lo que se piensa, van a haber probablemente nuevas reformas tributarias. El Gobierno verá cómo no golpea al público, ya con el pretexto del terremoto subió el IVA, sino, no lo hubieran tocado, creo yo; pueden aprobar la ley de herencia, de plusvalía o cosas por el estilo para decir “vamos a tener ingreso de los ricos para el pueblo”; eso es muy posible.
Es un año político también y ya el precandidato Guillermo Lasso ha dicho que la deuda -los papeles emitidos esta semana- son ilegítimos y que él, si gana, no los pagará. ¿Tiene eso un impacto en el inversionista?
Pienso que sí. No solo que es (Lasso) el candidato que a estas alturas parece más opcionado, ¡es además banquero! Si eso dice él qué dirán los otros. Su objetivo es decir no le sigan prestando porque eso friega al próximo Gobierno; muchos inversionistas van a decir, el riesgo es mayor de lo que había pensado.
¿Se espera un 2017 negativo por la reducción de las inversiones; el 2018 cómo sería?
Si el próximo Gobierno comienza generando optimismo, es posible que el 2018 sea un buen año. Tenemos un problema adicional: los costos tan altos. Ahora resulta que hay chacras en Carchi que están vendiendo cerdos como que si las cerdas que tienen estuvieran pariendo todos los días. Los traen de contrabando y los venden como nacional. ¿Eso cómo lo vamos a ir resolviendo? Porque es un problema demasiado grave.
A Walter Spurrier le gusta lo que hace Guillermo Lasso: un candidato que tiene gente trabajando y que tiene contactos con Sebastián Piñeira (expresidente chileno) y Mauricio Macri (presidente argentino). “Él no va a llegar a ver qué hace, llegará a hacer”. Y lo primero que buscará es inyectar optimismo. “Tiene que dar alguna movida que cause optimismo”.
El Gobierno se ufana de traer inversión y, de hecho, hay inversiones chinas…
En el sector metalmecánico las empresas chinas que tienen llave en mano para hacer obras, traen cosas que nosotros las podemos hacer; incluso -me han dicho empresarios- que traen cosas que ofrecen en el mercado, liberadas de impuestos, pero que si las trae el empresario ecuatoriano paga aranceles; eso es competencia desleal . Hay que saber calibrar para que no tengan tantas ventajas.
Usted dice que la opción es exportar…
Es la salida. Pero estamos perdiendo los mercados buenos y vendiendo a los malos, estamos perdiendo competitividad con Costa Rica y Colombia en el caso del banano; en el caso del camarón estamos yendo para atrás, se están desplazando las ventas de Estados Unidos a Vietnam y ellos revenden a China. Estamos perdiendo competitividad porque resulta muy caro pelar el camarón en Ecuador y es peligroso eso porque esos países son competidores nuestros.
Ecuador es señalado en un listado de EE.UU. por supuesta falta de transparencia fiscal
El país aparece este año por primera vez entre los países criticados en el informe anual de transparencia fiscal del Departamento de Estado.
Estados Unidos señaló este jueves 28 de julio a Ecuador, Nicaragua, Haití yBelice entre los países que, a su juicio, no tienen la transparencia fiscal suficiente. La información se expone luego de una evaluación que anualmente realiza el Departamento de Estado con las naciones que reciben ayuda financiera estadounidense.
Ecuador aparece este año por primera vez entre los países criticados en el informe anual de transparencia fiscal del Departamento de Estado, mientras que la República Dominicana, que figuró en esa misma “lista negra” desde 2012, fue retirada en la presente edición.
Entre los países examinados y que cumplen los requisitos mínimos de transparencia fiscal según los parámetros del Departamento de Estado, están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Uruguay.
Alianza PAIS (AP) y sus aliados rechazaron dos mociones presentadas por Antonio Posso (Avanza) y Cristina Reyes (MG-PSC) para que el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, comparezca a la Asamblea y explique el destino de los $ 120 millones, obtenidos por la aprobación de la Ley de Solidaridad para la reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril.
La moción de Posso obtuvo 31 votos afirmativos, 80 negativos y 8 abstenciones, y la moción de Reyes registró 30 votos afirmativos, 73 negativos y 6 abstenciones.
La presidenta del Legislativo, Gabriela Rivadeneira (AP), dijo que la Ley de Solidaridad obliga a informar cada trimestre a la Asamblea.
Varias solicitudes de información hechas por asambleístas de oposición sobre este tema ya están en trámite en la Asamblea. Virgilio Hernández (AP), presidente de la Comisión de Régimen Económico, expresó que la ley cumple 90 días el 20 de agosto y en esa fecha se tendrá la información.
La falta de datos deja ciego al mercado de crudo
Los países no transparentan sus inventarios de petróleo Hay almacenes flotantes El exceso de barriles deteriora los precios
Algunos países, como Rusia y China, ni siquiera informan de sus niveles de almacenamiento de crudo. Además, los operadores y las petroleras que estacionan supercargueros flotantes no tienen ninguna obligación de hacer público su suministro. La Agencia Internacional de Energía estimó en junio que el almacenamiento flotante llegó a 95 millones de barriles, el nivel más alto desde 2009.
Esto contribuye a que el mercado del petróleo sea más críptico y volátil, dicen los analistas. La cantidad de crudo almacenada en estos sitios y la rapidez con que la que puede ser sacada al mercado es clave para los operadores, los inversionistas y los analistas que tratan de anticipar el próximo movimiento del mercado petrolero. Seguir el rastro de los inventarios se ha vuelto más complicado a medida que los países en desarrollo almacenan y consumen más crudo.
Singapur, uno de los puertos más activos del mundo y la sede asiática de muchas grandes comercializadoras de petróleo, es uno de los países que confunde a los analistas. Los canales que rodean la nación isleña se han convertido en uno de los mayores centros mundiales de almacenamiento de petróleo, pero hay muy poca claridad sobre la cantidad de crudo guardado allí.
A principios de julio, según el servicio de seguimiento de embarcaciones de Thomson Reuters, había 23 superbuques cisterna anclados desde hacía un mes o más en el estrecho de Singapur, frente a 15 a comienzos de año. Esas embarcaciones tienen una capacidad de almacenamiento de 43 millones de barriles de petróleo; si estuvieran a plena capacidad, sería suficiente para satisfacer las necesidades de EE. UU. durante más de dos días.
En China, mientras tanto, hay otro misterio de almacenamiento. Los datos oficiales muestran que las importaciones de petróleo están aumentando más rápido que el ritmo con el que el crudo es procesado por las refinerías. Las cifras indican que el país acumuló un superávit de 160 millones de barriles durante el primer semestre del año, lo suficiente para satisfacer sus necesidades de crudo durante unas dos semanas. Los analistas creen que esos barriles están guardados en buques cisternas comerciales o en reservas estratégicas del Gobierno.
Sin embargo, no existe un registro oficial de la cantidad de crudo. Los proveedores de datos ofrecen estimaciones basadas en el nivel reportado de la cota de agua del buque, pero algunas embarcaciones podrían transportar fuel oil, un producto refinado que se utiliza en el transporte marítimo, según los analistas. Otros podrían estar cargados con agua de mar, lo que complica aún más las estimaciones. SE
La histórica caída de los precios del crudo ha creado una acumulación de inventarios, gran parte de los cuales están guardados en tanques en Estados Unidos y otros países industrializados que informan regularmente sobre sus niveles de existencias. No obstante, millones de barriles también van a parar a destinos donde son más difíciles de contabilizar.
Algunos países, como Rusia y China, ni siquiera informan de sus niveles de almacenamiento. Además, los operadores y las petroleras que estacionan supercargueros flotantes no tienen obligación de hacer público su suministro. La Agencia Internacional de Energía estimó en junio que el almacenamiento flotante llegó a 95 millones de barriles, el nivel más alto desde 2009.
Esto contribuye a que el mercado del petróleo sea más críptico y volátil, dicen los analistas. La cantidad de crudo almacenada y la rapidez con la que puede ser sacada al mercado es clave para los operadores, los inversionistas y los analistas que tratan de anticipar el próximo movimiento del mercado petrolero. Seguir el rastro de los inventarios se ha vuelto más complicado a medida que los países en desarrollo almacenan y consumen más crudo.
Singapur, uno de los puertos más activos del mundo y sede asiática de grandes comercializadoras de petróleo, es uno de los países que confunde a los analistas. Los canales que rodean la nación isleña se han convertido en uno de los mayores centros mundiales de almacenamiento de petróleo, pero hay poca claridad sobre la cantidad de crudo guardado allí.
A inicios de julio, según el servicio de seguimiento de embarcaciones de Thomson Reuters, había 23 superbuques cisterna anclados desde hacía un mes o más en el estrecho de Singapur, frente a 15 a comienzos de año. Esas naves tienen una capacidad de almacenamiento de 43 millones de barriles de crudo; si estuvieran a plena capacidad, sería suficiente para satisfacer las necesidades de EE. UU. durante más de dos días.
En China, mientras tanto, hay otro misterio. Los datos oficiales muestran que las importaciones de petróleo aumentan más rápido que el ritmo con el que el crudo es procesado por las refinerías. Las cifras indican que el país acumuló un superávit de 160 millones de barriles durante el primer semestre del año, lo suficiente para satisfacer sus necesidades de crudo durante dos semanas. Los analistas creen que esos barriles están guardados en buques cisternas comerciales o en reservas estratégicas del Gobierno.
Sin embargo, no existe un registro oficial de la cantidad de crudo. Los proveedores de datos ofrecen estimaciones basadas en el nivel reportado de la cota de agua del buque, pero algunas embarcaciones podrían transportar fuel oil, un producto refinado que se utiliza en el transporte marítimo, según los analistas.
Julio 28, 2016 David	El Telégrafo
La introducción de $ 10.000 millones disminuirá el tiempo de la recuperación económica nacional. En el segundo semestre de este año, la banca privada ecuatoriana prevé desembolsar créditos por $ 10.000 millones. Julio José Prado, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), indicó ayer, en una entrevista en Ecuavisa, que tal posibilidad se debe a la recuperación de los depósitos, el buen manejo de la liquidez y la eficiencia y técnica bancaria. Agregó que el 70% de los recursos serán destinados a créditos productivo, empresarial e industriales, el 20% a créditos para consumo y 10% a microcréditos. “Es una meta por cumplir, porque hemos encontrado ciertas señales de recuperación, sobre todo, en el sector de depósitos. Hay que recordar que hubo una reducción importante de depósitos en 2015 que totalizó unos $ 3.000 millones menos en el sistema bancario privado”, manifestó Prado, tras acotar que ya se entregaron créditos por $ 8.400 millones en el primer semestre de este año. Para Jorge Rodríguez, profesor de la Universidad Católica de Guayaquil, en la banca privada existe un poco de intranquilidad “cuando no hay demanda de créditos suficientes”. Sostiene que los $ 10.000 millones que anuncia la banca privada en créditos proviene de los depósitos que los ecuatorianos tienen en los bancos. “Eso tiene que obligatoriamente prestarse, sino no se hace negocio”. Enfatizó que “esto es beneficioso para las personas y el sector financiero, los bancos harán un mejor negocio que tener la plata guardada, y los empresarios, los promotores de pequeños negocios, los comerciantes, tienen esa apertura para obtener un crédito que estaba cerrado anteriormente”. Por su parte, Guido Macas, catedrático de la Universidad Ecotec, considera que esta inyección en la banca permitirá que la economía se oxigene y, con esta fase de recuperación expansiva, “la economía podría terminar en un crecimiento positivo y no negativo”. “Si la banca tiene liquidez y fondos disponibles, eso le dará mayor solidez y confianza para también hacer créditos, especialmente, al sector que es más prudente y que está más proclive a recuperarse, a los sectores comerciales. No se puede arriesgar mucho al consumo, al microempresarial, porque todavía están mostrando un nivel alto de morosidad”, comentó.
El superávit comercial llegó a $ 404 millones
Este resultado emergió gracias a la reducción de las importaciones y a los ingresos por ventas petroleras. Redacción Economía El Banco Central del Ecuador (BCE) publicó las cifras agregadas de la balanza comercial para el período comprendido entre enero y mayo de 2016. En este lapso, el saldo comercial externo ecuatoriano registró un superávit de $ 404,3 millones, un resultado que refleja principalmente el efecto de una disminución de las importaciones vinculada a la implementación de salvaguardias. El resultado global mejoró gracias al superávit petrolero Debido a la importancia que tiene el petróleo en la economía nacional, los registros del comercio exterior ecuatoriano distinguen dos grandes componentes de la relación entre exportaciones e importaciones. Por un lado, se encuentra la balanza comercial petrolera en la cual se registran los movimientos de crudo y sus derivados -efectuados por agentes públicos y privados- desde el país y hacia fuera de él. Entre enero y mayo de 2016, su saldo fue favorable para Ecuador en $ 951 millones. No obstante, el superávit petrolero fue menor al obtenido en el mismo período de 2015 y estuvo acompañado por una reducción del 41,7% en el valor de las exportaciones de crudo. Por otro lado, en comparación con el lapso comprendido entre enero y mayo de 2015, la balanza comercial no petrolera -en la cual se registran todos los demás bienes exportados e importados por Ecuador- disminuyó su déficit en 77,4% durante los primeros cinco meses de 2016. Como consecuencia de la combinación entre el superávit petrolero y el déficit no petrolero, el saldo global de la balanza comercial mejoró en $ 712 millones con respecto al déficit registrado entre enero y mayo de 2015 (ver infografía). Las exportaciones mantienen una tendencia a disminuir desde 2014 Entre enero y mayo de 2016, Ecuador exportó bienes petroleros y bienes no petroleros por $ 6.416 millones. Con relación al mismo período de 2015, ese valor implicó una contracción de -22% en las ventas externas efectuadas por el país. En la etapa de análisis, las exportaciones de crudo, en volumen, disminuyeron en 3,1%, al pasar de 9,237 miles de toneladas métricas a 8,951 miles de toneladas métricas. Las ventas petroleras experimentaron una disminución de –41,7% ($ 1.299 millones), pasando de $ 3.115 millones a solo $ 1.816 millones. Entre enero y mayo de 2016, en cambio, las ventas no petroleras llegaron a $ 4.600 millones, un valor inferior en un 9% respecto al saldo registrado entre enero y mayo de 2015 ($ 5,054 millones). Entre ambos quimestres, este grupo de productos presentó una disminución en volumen (toneladas métricas) de un 0,6%. Banano y camarón crearon el 47% de los envíos tradicionales Entre enero y mayo de 2016, con respecto al total de ventas no petroleras, el 57% de las mismas correspondió a comercializaciones tradicionales ($ 2.609 millones) y el 43% a exportaciones no tradicionales ($ 1.991 millones). En cuanto a los bienes tradicionales, los valores de los principales embarques al exterior fueron: banano ($ 1.196 millones), camarón ($ 975 millones), cacao ($ 292 millones), atún ($ 65 millones) y café ($ 51 millones). En cambio, los principales envíos no tradicionales fueron: flores ($ 364 millones), enlatados de pescado ($ 364 millones), otras manufacturas de metal ($ 139 millones), productos mineros ($ 131), madera ($ 102 millones) y aceites vegetales ($ 96 millones). Las importaciones bajaron 35% con respecto a enero-mayo 2015 En los primeros cinco meses de 2016, las importaciones FOB totales llegaron a $ 6.012 millones, una cifra inferior en $ 3.274 millones a las compras externas realizadas entre enero y mayo de 2015. Al comparar los quimestres de 2015 y 2016, se observa una reducción de todos los grupos importados: combustibles y lubricantes (-53%), bienes de capital (-36%); bienes de consumo (- 29%); materias primas (-28%); y productos diversos (- 8%). (I) DATOS Entre enero y mayo de 2016, las exportaciones ecuatorianas disminuyeron en $ 1.753 millones con respecto al valor registrado en el mismo período de 2015 ($ 8.169 millones). El valor unitario promedio del barril de petróleo experimentó una caída de 34% en el último año. Entre mayo de 2015 y mayo de 2016, el precio del barril facturado por Ecuador disminuyó en $ 19,1. Desde julio de 2014, se configuró una tendencia a la baja del precio internacional del petróleo. Como promedio para los cinco primeros meses de 2016, el barril de crudo se cotizó en $28,6. A mediados de 2016, el 28% de los ingresos ecuatorianos por ventas externas corresponde a exportaciones petroleras.
Ecuador exportará su excedente de azúcar
La temprana retirada del invierno mejoró la productividad en Ecuador. Estados Unidos se llevará el 30 % del exceso.
Será un año dulce para los productores de caña de azúcar: habrá un excedente de 31 mil toneladas y un precio internacional en alza.
Los precios se han estabilizado en los mercados internacionales, cosa que no pasó el año pasado, cuando Ecuador sacó alrededor de 18.000 toneladas métricas al exterior. Pero también para el 2016 se prevé un mayor excedente: alrededor de 31.000 toneladas métricas, pues se acumularon también las existencias del año pasado.
El presidente de la Federación Nacional de Azucareros (Fenazúcar), Miguel Pérez Quintero, cuenta a EXPRESO que más del 30 % de esa cantidad se irá para atender la “cuota americana”, es decir, la que Estados Unidos le da a Ecuador desde hace muchos años.
Tener estos excesos ha sido posible también a los impuestos que se crearon este año para las bebidas azucaradas, “lo cual ha provocado una reducción de la demanda de las industrias nacionales.
“Hay una contracción en la demanda, sobre todo de bebidas azucaradas, de gaseosas”, agrega Miguel Pérez.
Este año los ingenios del país obtendrán 540.000 toneladas de la molienda, pero además le están sacando provecho a productos como el alcohol, que se usa para biocombustible.
Solo entre San Carlos y Valdez han invertido alrededor de 35 millones de dólares para este propósito.
Las máquinas siguen en los canteros cosechando caña con mayor grado de sacarosa, porque en lo que va de 2016 se han registrado más horas de sol, lo cual ayuda a mejorar la cantidad de azúcar que se saca por caña molida.
En Ecuador hay plantadas 104.558 hectáreas de caña para azúcar; y 19.388 para otros usos, según la última encuesta (año 2015). El país ha llegado a esos niveles gracias al sector privado industrial y agrícola, ya que los ingenios tienen cultivos propios al igual que los productores afiliados a la Unión Nacional de Cañicultores.
Las variedades nuevas del Centro de Investigación de la Caña (Cincae) creado por el ingenio La Troncal, San Carlos y Valdez han ayudado a mejorar la productividad. La Unión de Cañicultores tiene también el suyo donde desarrolla variedades e insectos benéficos.
Sismo: proveedores y vivienda, el mayor gasto
Desde el 17 de junio se han hecho unas 163 transacciones desde la subcuenta. Oficialistas y oposición piden investigación.
El movimiento es constante. Los recursos por los impuestos fijados en la Ley Solidaria y las donaciones internacionales ingresan y salen de las arcas estatales a diario.
Con cargo a esa cuenta, desde el 17 de junio el Gobierno desembolsa fondos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Aunque también envía dinero para pagar a los proveedores de Esmeraldas y Manabí, con los que tenía facturas pendientes.
Hasta el 25 de julio se ejecutaron 163 desembolsos por 152,2 millones de dólares. El monto de las transferencias es variable y depende de las necesidades de cada sector. El más grande fue el gasto de 120 millones de dólares para el pago a proveedores del Estado en Manabí y Esmeraldas. Es decir, cerca del 78 % fue a cancelación de deudas.
Ese gasto inquieta a opositores y oficialistas. El presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional -que tramitó la Ley Solidaria- Virgilio Hernández, solicitó información al Ministerio de Finanzas, a través de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. “La Ley Solidaria tiene que cumplirse para el objetivo que fue creada”, justificó el legislador de Alianza PAIS.
A su solicitud se suman los pedidos de información e investigación de Milton Gualán (Unidad Popular), Diego Salgado (CREO), Antonio Posso (Avanza), Henry Cucalón (PSC), Ramiro Aguilar y Andrés Páez (independientes).
El otro rubro significativo que se movió desde la subcuenta creada para atender la emergencia corresponde al Ministerio de Vivienda. El lunes, por ejemplo, ejecutó 93.639 dólares para la adquisición de terrenos por expropiación. El banco público Banecuador fue parte de la transacción.
La lista de desembolsos también incluye fondos para la reconstrucción de casas. Vivienda tiene gastos en cada dirección provincial. En Santa Elena, por ejemplo, se entregó -esta semana- 113.316 dólares para la construcción de 13 viviendas nuevas y mejorar la infraestructura de tres.
Estos pagos se hacen a grupos inmobiliarios, constructoras o arquitectos. La subcuenta de la Ley Solidaria especifica el destinatario y el sector o comuna de beneficiados.
En Guayaquil también hay ejemplos. El 21 de julio, Vivienda entregó 15.960 dólares para la reconstrucción de dos viviendas nuevas en un terreno de los damnificados.
Esmeraldas y Manta son los cantones que más recursos han recibido. Los gobiernos parroquiales también tienen recursos para obras de reconstrucción. En total, las obras superan los 30 millones de dólares. El saldo por gastar de la subcuenta es de 172,6 millones.
El ministro de Educación, Augusto Espinosa, insiste en que no estaba obligado a contratar pólizas para asegurar los bienes de establecimientos educativos afectados por el terremoto del 16 de abril, pues considera que el reglamento de la Contraloría que lo determina tiene un rango inferior que compromete recursos no presupuestados, y que su accionar debe juzgarse según lo que determinan la Constitución y la ley sobre sus atribuciones.
Usted argumenta que ni la Constitución ni las leyes lo obligaban a contratar seguros, pero el legislador interpelante Bayron Pacheco señala que incumplió los reglamentos, que también son válidos…
Hay que diferenciar los ámbitos. En lo político, la Constitución establece el juicio a los ministros siempre que hayan incumplido con sus funciones y las leyes; y si alguien incumple un reglamento, el ámbito en el que se tiene que resolver es el administrativo; y por tratarse de uno expedido por la Contraloría, se debe resolver por resoluciones de la misma entidad.
Pero sí se contempló ese reglamento para asegurar qué vehículos, por ejemplo.
Antes había dos instrumentos de la Contraloría que regían la posibilidad de contratación de la póliza de seguro; primero era un manual y luego, un reglamento. Todos vigentes hasta septiembre pasado. El nuevo reglamento deroga la normativa anterior e introduce el artículo 5, en donde se dice que una de las posibilidades para el cuidado de bienes es contratar pólizas de seguro.
¿Y eso no le obligaba a contratar las pólizas?
No, porque ese artículo habría incorporado una obligación y comprometido recursos estatales; y el Código Orgánico de Finanzas Públicas dice en su disposición general segunda, que toda ley, decreto, resolución o instrumento legal o administrativo que comprometa recursos públicos se aplicará únicamente si cuenta con una fuente de financiamiento. Por lo tanto, la Contraloría debió haber solicitado al ente rector de las finanzas públicas la fuente de financiamiento. Si no, quedaba a discreción de las instituciones el incluir en el ejercicio fiscal…
¿Usted no presupuestó el seguro de los bienes?
Cómo se puede presupuestar si el nuevo reglamento entra en vigencia cuando ya estaba en curso todo el proceso de presupuestación del 2016.
¿En el 2015 tampoco presupuestaron el aseguramiento de bienes?
Le insisto que no es necesario porque el riesgo está disperso en el territorio.
Pero el Gobierno declaró en emergencia por el volcán Cotopaxi, ¿tampoco se observó eso?
Cuando hacemos un análisis y tenemos el riesgo disperso en todo el territorio, una póliza convencional es onerosa, porque ningún desastre natural va a afectar a una porción grande de escuelas. En el desastre más grave (sismo) se afectó el 1,5%.
Alrededor de 500 con daños moderado y severo, de las 13.500 en todo el país.
La Contraloría debió haber solicitado al ente rector de finanzas públicas la fuente de financiamiento… Mientras no se haya incluido el presupuesto no había obligatoriedad. Augusto Espinosa, ministro
Se dispararon los pedidos de seguro de desempleo
Antes del terremoto, se tramitaban 9 en Esmeraldas y 28 en Manabí. Luego del sismo fueron 292 en Esmeraldas y 1.230 en Manabí.
Luego de seis semanas de análisis a los destrozos que dejó el terremoto, principalmente en Manabí y Esmeraldas, la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), el primero de abril, divulgaba las primeras informaciones oficiales respecto a las pérdidas económicas.
Los 55 segundos que duró el terremoto, señalaba aquel día Sandra Naranjo, principal de la Senplades, había producido la pérdida de 21.823 plazas de empleo formales e informales a nivel nacional y el impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, sin políticas activas, era de un decrecimiento de 0,7 puntos porcentuales, acompañado de una pérdida del 0,22% del stock de capital.
Entre el 11 y el 15 abril de 2016, según cifras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 9 personas en Esmeraldas y 28 en Manabí solicitaron un Seguro de Desempleo. Inmediatamente se dio el terremoto, es decir, entre el 16 de abril y el 14 de julio último, la cifra de pedidos pasó a ser de 292 en Esmeraldas y 1.230 en Manabí.
El vicepresidente, Jorge Glas, en la sabatina 482, del 2 de julio, aunque calificaba de “fuerte y dura” la estimación de cerca de 22.000 plazas de empleo destruidas por el terremoto, manifestaba que ya habían respuestas efectivas. Entre ellas estaba la generación de fuentes de empleo a través de la entrega de créditos.
Crisis en Manabí:
En la economía de Manabí, la Senplades estimaba que el decrecimiento, sin políticas activas, alcanzaba los 9,8 puntos porcentuales del PIB provincial y que el incremento esperado en el desempleo era de 3,45 puntos.
Cuando estaban por cumplirse 100 días de la tragedia, Lucía Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Manta, aún no tenía datos de empleos perdidos o empresas cerradas. Lo que sí sabía es que en la zona se vive una grave crisis.
Según ella, solo en el sector de Tarqui, al que califica como el pulmón económico de Manta, habría una pérdida de 500 millones de dólares en estos meses.
Para quien dirige una entidad con más de 2.600 socios activos, la reactivación económica del sector comercial se hace más complicada porque no tienen acceso a liquidez de parte de la banca.
El sector más afectado de Manta por el terremoto fue el informal, dice Fernández, el cual, por no ser sujeto de crédito, pues constaba en la Central de Riesgos, estaba hasta antes de la catástrofe en manos de los chulqueros. “El sector que está realmente damnificado está en la Central de Riesgos. (..) Han recibido créditos muy pocos. Desgraciadamente el 90% están descalificados”.
Julio Prado, presidente de Asociación de Bancos del Ecuador, sostiene que las condiciones para créditos no han cambiado e incluso han creado líneas de liquidez especiales. Pese a ello, reconoce que en Manabí y Esmeraldas en estos tres meses ha existido poca demanda.
Según el economista, esto no solo tiene que ver con el terremoto, sino con la recesión que venía dándose en el país.
Desde los albergues:
En los albergues y los refugios, funcionarios de Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) han trabajado en una base de datos en la que se registra profesión u oficio que pueden realizar los cerca de 8.632 personas que están en los 26 albergues habilitados.
l 13 de julio, ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, la titular del MIES, Lídice Larrea, manifestó que la idea de tener este registro es dar prioridad a estas personas en los trabajos de reconstrucción. Desde el MIES se señala que el 29% de la población albergada en Manabí y Esmeraldas se encuentra entre la edad de 29 y 64 años y le sigue el rango comprendido entre los 4 y 12 años.
90% de comerciantes informales no está calificado como sujeto de crédito en Manta.
500 millones de dólares habría perdido Tarqui en apenas tres meses.
CES presenta el proyecto de reformas para la Ley de Educación Superior
La Comisión de Educación analizará las propuestas que expuso René Ramírez.
El presidente del Consejo de Educación Superior (CES), René Ramírez, presentó en la Comisión de Educación de la Asamblea un paquete de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
Ramírez aseguró que el objetivo es garantizar que las instituciones del sistema de educación superior no tengan fines de lucro, de acuerdo con lo que establece la Constitución. “Es el único servicio público que puede ser gestionado particularmente, pero que no tiene fines de lucro”, dijo.
Agregó que los excedentes deben reinvertirse en las propias universidades ya que estas no pueden tener utilidades al no ser empresas y al no tener propietarios, ya que la propiedad de las universidades es de toda la comunidad académica.
La propuesta, que contiene nueve artículos donde se incluye una disposición general y una transitoria, propone que para el uso de fondos públicos que no provengan del Estado, las universidades y escuelas politécnicas particulares deberán estar sujetas a la normativa interna respectiva, aprobada con el órgano colegiado académico superior y su control se sujetará a los mecanismos que establezca el CES.
También establece que el CES y el Servicio de Rentas Internas (SRI) realizarán un trabajo coordinado para garantizar el cumplimiento de la prohibición de lucro en las instituciones de educación superior.
Otra de las reformas planteadas es que los excedentes financieros, si es que existen, serán destinados a incrementar su patrimonio institucional. De no hacerlo así, se aplicarán sanciones.
Las instituciones del sistema de educación superior, según la propuesta, tampoco podrán realizar contratos, convenios o transacciones con personas jurídicas domiciliadas, constituidas o ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, entre otras reformas propuestas.
Raúl Abad, presidente de la Comisión, manifestó que analizarán la propuesta y que algunos de esos articulados podrían ser incluidos como insumos en el Código Ingenios o en la Ley de extinción de universidades ya que una reforma a la LOES tomaría mucho tiempo. (HCR)
Integrantes del CES rechazan reformas
Agustín Grijalva, Rocío Rueda, Ximena Díaz y Germán Rojas, integrantes del Consejo de Educación Superior (CES), rechazan la reforma que impulsa el oficialismo para prohibir el lucro en las universidades particulares. Esto, según indicaron, “debido a su alcance, al procedimiento y a partes de su contenido”.
Ellos votaron en contra de la iniciativa promovida por el presidente del organismo, René Ramírez, con el apoyo de otros miembros.
Por medio de un comunicado, informaron que esa propuesta fue adoptada “por la mayoría oficialista en apenas dos días” y que “no fue debidamente socializada con directivos y demás miembros de las comunidades universitarias particulares involucradas”.
En su criterio, es inaceptable que para asegurar la fiscalización, la responsabilidad social, la rendición de cuentas… “se limite o elimine inconstitucionalmente la autonomía académica, administrativa y financiera de las universidades.
Ramírez, de su lado, señaló que la propuesta apunta a garantizar la democratización
Julio 28, 2016 David	click para descargar
Anexos ICT 2015 (actualizados por la autoridad tributaria al 27 de julio de 2016)
NAC-DGERCGC16-00000310 Ampliazion plazo ICT
Julio 27, 2016 David	El Telégrafo
$ 5.349 millones se requieren para ejecutar las inversiones públicas en 2016
El Ministerio de Finanzas anunció una emisión internacional de bonos por $ 1.000 millones. Los recursos serán utilizados para financiar el Plan Anual de Inversiones. El pasado lunes, a través de un boletín de prensa el Ministerio de Finanzas indicó que el Gobierno Nacional colocó $ 1.000 millones en bonos soberanos en el mercado internacional de capitales, una decisión encaminada a financiar el Plan Anual de Inversiones (PAI). El documento informa que los bonos tendrán fecha de vencimiento en 2022 y ofrecerán un rendimiento de 10,75%. El proceso de negociación ocurrió en Estados Unidos y estuvo a cargo del Ministerio de Finanzas “que promovió la oferta de los bonos a varios inversionistas internacionales, quienes ratificaron su confianza en el país”. Mediante esta colocación, el Gobierno Nacional busca diversificar las fuentes de financiamiento del Presupuesto General del Estado (PEG) y ejecutar las inversiones planificadas para este año. A propósito de esta operación de financiamiento -la cuarta en su tipo desde que Ecuador regresó al mercado internacional de capitales en junio de 2014-, EL TELÉGRAFO solicitó al Ministerio de Finanzas detalles sobre el destino específico que tendrán los nuevos recursos conseguidos. Al respecto, sin embargo, la cartera de Estado indicó que, por el momento, no se contempla un pronunciamiento adicional a lo mencionado a través del boletín. El Plan de Inversiones responde a las nuevas condiciones Según la versión aprobada por la Asamblea Nacional, el PAI 2016 requiere $ 5.349 millones para financiar y ejecutar 570 proyectos. De estos, las 37 intervenciones públicas más grandes ameritan $ 3.865 millones (ver infografía). El pasado 9 de marzo, Sandra Naranjo, titular de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) informó que, en respuesta a las nuevas condiciones macroeconómicas del país, el PAI 2016 no incluiría nuevos proyectos sino que priorizaría la culminación de los preexistentes. Entre los proyectos priorizados para su ejecución estaban las unidades educativas, los hospitales, las centrales hidroeléctricas, las plataformas gubernamentales de servicios, la vía Rumichaca–Riobamba, la Ciudad de Conocimiento y el programa de becas. Inicialmente, alrededor del 59% del PAI 2016 estuvo destinado a cumplir con los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 2013-2017 relacionados con el auspicio de la equidad social y territorial, el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el aseguramiento de la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. Para transformar la matriz productiva, en cambio, se destinó el 15% de los recursos del PAI 2016. Seis provincias concentran los proyectos de inversión En concordancia con los mandatos constitucionales y legales, el Plan Anual de Inversiones debe facilitar el cumplimiento de PNBV 2013-2017. En este sentido, aquel instrumento de gestión pública asigna los recursos considerando objetivos, lineamientos y estrategias relacionadas, entre otras cosas, con la erradicación de la pobreza y la transformación productiva. Esta circunstancia aparece reflejada en la distribución especial de las inversiones. Según los datos publicados por Senplades, el 60% de los recursos del PAI 2016 está dirigido a proyectos en Pichincha ($1.072 millones), Guayas ($ 966 millones), Azuay ($ 368 millones), Imbabura ($ 300 millones), Manabí ($ 275 millones) y Sucumbíos ($228 millones). En términos sectoriales, por otra parte, el diseño inicial del PAI 2016 repartió $ 1.563 millones para Sectores Estratégicos; $ 1.378 millones para Talento Humano; $ 956 millones para Producción; $ 743 millones para Desarrollo Social; $ 208 millones para Seguridad; $ 41 millones para Política Económica; y $ 459 millones para otras actividades. Las inversiones fueron financiadas también con un crédito chino Según la información disponible, hasta el momento el 56% del PAI 2016 ha sido financiado con endeudamiento externo. Y ello en razón de que, además de la emisión internacional de bonos por $ 1.000 millones, el Ministerio de Finanzas informó en abril que el país suscribió un crédito por $ 2.000 millones con el Banco de Desarrollo de China cuyo propósito sería también financiar las inversiones públicas.
Jorge Calderón: “A mayor tasa, mayor es el riesgo”
Ecuador vuelve a recurrir al mercado internacional para poder financiarse, ¿cómo ve esta decisión?
Se trata ya de la cuarta emisión que este Gobierno realiza y que nos habla de la necesidad imperiosa que tiene para financiarse, pero lo estamos haciendo a tasas muy altas. ¿Y qué tan fácil puede ser colocar estos bonos en el mercado internacional, si las condiciones económicas de Ecuador no son las mejores?
Es un tema que se vuelve cuesta arriba. El tener un precio de barril de petróleo por debajo de los $ 45, $ 40, ligeramente menos que lo programado en el presupuesto del Estado, ya es una señal negativa para los inversionistas: el que el país pueda tener un fiel compromiso de pago en el futuro. Yo realmente veo muy difícil esta colocación, sobre todo por el nivel de riesgo país que tiene el Ecuador. Este llega a duplicarse frente a países como Colombia y Perú.
¿Una tasa del 10,75 % no hace atractiva esta emisión?
Sí, la hace atractiva por la alta rentabilidad que tiene, pero en finanzas la tasa más alta no solo se trata de mayor rentabilidad sino mayor riesgo para invertir en esos papeles. Los bonos del Estado americano son triple A, son los papeles más demandados y seguros a nivel mundial, pero lo que se paga por ellos es el 1 %.
¿Qué tan viable es recurrir a esta forma de financiamiento en un momento como este?
No es tan viable, pero yo creo que todo va a depender de las estrategias previas que haya hecho el Gobierno para asegurar el éxito de esta nueva colocación.
¿Endeudarse sigue siendo la alternativa inmediata que tiene el régimen para salir de la recesión económica que se vive?
Políticamente no es una medida adecuada. El nivel de endeudamiento que tiene nuestro país es supremamente alto. Extraoficialmente se dice que ya estamos en más del 40 %, más allá del límite constitucional. Pero del lado de vista económico, no tenemos más opciones que sean inmediatas. Si el precio del petróleo está bajo, si las exportaciones ecuatorianas no están despegando por la apreciación del dólar, hay abaratamiento de productos, entonces realmente no tenemos muchas alternativas. A mi criterio no hay más opción que en este caso emitir deuda.
La solución cuál sería entonces, ¿hallar deuda, pero en mejores condiciones?
Correcto. ¿Qué otras alternativas tenemos? Son realmente limitadas. Habría que buscar ayuda con organismos multilaterales de crédito. Una de las opciones sería aumentar la cuota con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que eso nos permita acceder a más recursos a una tasa relativamente baja.
Ecuador en estos días obtuvo la aprobación de un crédito por $ 364 millones delFMI, que hasta el viernes no había sido desembolsado.
Cepal prevé una contracción del 0,8% de la economía de América Latina y El Caribe
La economía de América Latina y el Caribe se contraería un 0,8% este año, arrastrada por el complejo escenario que enfrenta Brasil y caídas mayores a las previstas en Argentina y Venezuela, dijo este martes a Reuters la jefa de la Cepal.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, dijo que el nuevo retroceso que se prevé en la región, luego de la caída del 0,5% el año pasado, está marcado por una situación adversa en comercio exterior e inversiones debilitadas.
La jefa del organismo multilateral con sede en Santiago, dijo que la desaceleración regional es heterogénea y Sudamérica es el bloque que resulta más afectado, con una caída estimada de su Producto Interno Bruto de un 2,1 por ciento este año.
Crisis en cuatro países
En el caso de Brasil, la mayor economía de la región, Cepal mantuvo su proyección de una contracción económica del 3,5% este año, debido a nulas señales de repunte de sus principales motores de crecimiento.
“Los números de producción, comercio y servicios en Brasil todavía no hablan de una recuperación necesaria para una menor caída en 2016 (…) en el corto plazo hay desafíos muy fuertes en materia fiscal y en el mediano plazo está retomar las inversiones”, dijo Bárcena.
En contraste, la jefa de la Cepal destacó que la economía de México se expandiría un 2,3%, mientras que Centroamérica aumentaría un 3,8%.
En el desempeño de la región, figura además la baja mayor a la pronosticada en Argentina, con una caída del 1,5 por ciento (desde un cálculo previo de 0,8 por ciento), y en Venezuela con un desplome del PIB de 8,0% (desde -6,9%) condicionado por el precio del petróleo y de las importaciones.
Cuatro pedidos se hicieron a Finanzas desde la Asamblea para aclarar el uso de recursos de la Ley Solidaria 2335
La Comisión de Régimen Económico y los asambleístas de oposición Ramiro Aguilar (Independiente), Andrés Páez (Creo) y Antonio Posso (Avanza) dirigieron pedidos de información al Ministerio de Finanzas esta semana. Esto para que se aclare la polémica sobre el uso de USD 120 millones recaudados por la Ley solidaria. Esta normativa se propuso como una respuesta a los efectos que dejó el terremoto del 16 de abril. Este monto se trasladó de la cuenta de la Ley Orgánica de Solidaridad a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, que maneja el Ministerio de Finanzas. La transferencia se hizo el 4 de julio y sirvió para pagar a proveedores del estado en Esmeraldas y Manabí, según el Ministerio de Finanzas. Según la información que se detalla en la página web de esa Cartera de Estado, el movimiento se hizo en cumplimiento “al manejo integrado de la liquidez del sector público, con oficio reservado No. MINFIN-STN-2016-3742-01 de julio del 2016”. Esta acción ha generado incertidumbre en la legislación puesto que según el artículo 1 de la Ley solidaria, el objeto de la norma es “la recaudación de contribuciones solidarias con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva” en las zonas afectadas por el sismo. El legislador Andrés Páez se pronunció este martes 26 de julio, en una rueda de prensa sobre el caso. El quiteño criticó el traspasó de los USD 120 millones e indicó que envió un oficio a Finanzas para que explique cuánto y cómo se ha gastado en los damnificados del terremoto y zonas devastadas por el mismo. “Todo acto tiene que ser transparente en el manejo de fondos públicos”, dice Ramiro Aguilar. Ayer, el legislador también tramitó un pedido de información al Ministerio de Finanzas por intermedio de la presidencia de la Asamblea. En el documento hay tres interrogantes. La primera es sobre la nómina de proveedores y contratistas a los que se les pagó con esos USD 120 millones. Se pide además el detalle del objeto de los pagos y las fechas de contratación. Y solicita que se esclarezca porqué se utilizó un oficio “reservado” para realizar este movimiento y por qué hasta ahora no se ha hecho público. A Ramiro Aguilar le genera dudas que el Estado pague USD 112 millones por el caso Chevron, por la similitud en las cifras. Galo Borja (AP), vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, explicó que esta instancia también realizó un pedido a Finanzas solicitando una explicación de cómo se están manejando los recursos recaudados por la Ley Solidaria. Incluso dijo ya recibieron una primera respuesta del Ministerio y en esta se explica que todos los fondos públicos ingresan a la cuenta del Tesoro Nacional, por lo que los USD 120 millones “no se han perdido y volverán para ser usados en la reconstrucción”. La Comisión pidió un alcance de información con la nómina de contratistas. Antonio Posso, legislador de Imbabura por Avanza, indicó que este martes 26 de julio tramitará en la presidencia de la Asamblea un pedido a Finanzas. Al igual que en los otros casos, él quiere conocer la lista de los proveedores que cobraron.
La secretaria general de Flacso dice hay ‘voluntad del Gobierno’ para pagar lo adeudado al centro de estudios
Aún no hay fecha para los pagos, pero existe la “voluntad del Gobierno” de cumplir los compromisos económicos con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Ecuador. Este fue uno de los compromisos que logró Josette Altman, secretaria general de todo el sistema Flacso, que tiene presencia en 15 países de América. La Secretaria visitó Ecuador y mantuvo un encuentro “amistoso” la mañana del 26 de julio del 2016, con el canciller Guillaume Long, en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (centro de Quito). El objetivo era presentarse como flamante autoridad de Flacso ya que asumió su cargo el 20 de julio, en reemplazo de Adrián Bonilla. Ecuador abrió es el primer país que visita en el marco de una gira que realizará por el resto de sedes de Latinoamérica. Su visita coincidió con los impases que se han presentado entre el Gobierno y Flacso-Ecuador por la deuda que mantiene el Estado por cerca de USD 8 millones que corresponden a los siete primeros meses del 2016. Altman, quien fue primera dama de Costa Rica, aprovechó para hablar con Long sobre la deuda. “El Canciller reconoce que hay un atraso y ha ofrecido sus buenos oficios para que en el menor tiempo posible se hagan las transferencias. Hay que reconocer la buena voluntad del Gobierno”, dijo en una entrevista con El Comercio. Aseguró que Ecuador no es el único país que mantiene retrasos en los pagos con las sedes de la Flacso. Hay gobiernos de otras naciones que no han aportado por cerca de tres años. Altman espera que los gobernantes cumplan con los acuerdos internacionales. Respecto a las posibles reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), ella evitó pronunciarse hasta tener la certeza de que un proyecto llegó a la Asamblea. Aclaró que Flacso tiene un carácter internacional y que los gobiernos conocen este principio.
Julio 26, 2016 David	El Universo
Ecuador lanzó el lunes la emisión de un bono por 1.000 millones de dólares a cinco años, tras generar un libro de órdenes por 2.000 millones de dólares, dijeron el lunes fuentes a IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
El rendimiento final fue de 10,75 por ciento, dentro del área de 11 por ciento de en que se iniciaron las negociaciones por la deuda.
Para la operación, que se realiza bajo el formato 144a/Reg y en la que Citigroup actúa como agente único, se esperan calificaciones de B/B.
El vencimiento del bono es en marzo del 2022.
No todos los sectores de la economía cerraron con cifras negativas el primer trimestre de este año. Cinco sectores reportaron crecimiento en su actividad económica. Dos de esos segmentos son sectores estratégicos que el Gobierno impulsa a través de inversión en infraestructura: refinación de petróleo creció el 61,6% y fue el que más despuntó. Le siguió suministro de agua y electricidad, con el 4,5%. Otros como pesca (excepto camarón), agricultura, y servicio doméstico también registraron desempeños positivos (ver cifras). En el caso de refinación de petróleo, la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, que se inauguró en diciembre del año pasado, jugó un papel importante, según Edmundo Brown, exvicepresidente de Petroindustrial. Antes de la rehabilitación del complejo, según las autoridades, la Refinería operaba a un 85% de su capacidad. Con las adecuaciones se buscaba que funcione al 100% y que procese 110 000 barriles de crudo al día. En el primer trimestre del año pasado, se refinó 15,8 millones de barriles y en el mismo período de este año la producción de derivados se elevó a 19,4 millones, según cifras del BCE, es decir 18,5% más gracias a las adecuaciones. A esto hay que sumar el valor agregado de los derivados, explicó Patricio Almeida, analista económico. Gracias a las mejoras, los procesos son más eficientes y los combustibles que se obtienen son de mejor calidad. Mientras que en el sector de suministro de agua y electricidad, la entrada en funcionamiento de hidroeléctricas ayudó a dinamizar este sector, sostuvo Andrés Oquendo, presidente del colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha (Cieepi). Desde el 2010, el Gobierno viene impulsando ocho proyectos hidroeléctricos con la contratación directa de empresas de China, Rusia y Brasil y en su mayoría financiadas con créditos de bancos de esos mismos países. De ese grupo, el año pasado fue inaugurada la central Manduriacu, cuya construcción estuvo a cargo de la empresa brasileña Odebrecht. Desde febrero del 2015, esta hidroeléctrica dota de 60 megavatios (MW) de potencia (6% de la potencia de Paute) al país y su costo asciende a USD 192 millones. De las siete restantes, las más avanzadas son las centrales Sopladora y el Coca-Codo Sinclair. Otro de los datos que se vieron reflejados en el primer trimestre en este rubro, según Oquendo, es el funcionamiento al 100% de Paute, que hasta fines del año pasado se encontraba en mantenimiento, por lo que el país tuvo que reemplazar esa oferta con energía termoeléctrica. Otro de los sectores que registró crecimiento fue la pesca. El principal factor que explica este resultado fue el precio internacional, especialmente del atún, según indicó Bruno León, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Por ejemplo, asegura León, entre enero y marzo del 2015, una tonelada capturada de atún se comercializaba en USD 800, y al primer trimestre de este año se recuperaron los precios hasta alcanzar los USD 1 500 por tonelada. Según León, el resultado positivo obedece, a que se está comparando con un trimestre -del 2015- en el cual el sector se vio afectado por la sobrepesca en Asia y el fenómeno de El Niño. Durante este año esta situación se ha revertido, indicó el gremio. Las cifras positivas del sector agrícola se vieron impulsadas gracias a la exportación de flores, que en febrero alcanza uno de los picos más altos del año gracias a San Valentín y al consumo de alimentos en el país (papas, legumbres, hortalizas, frutas, etc.), según dirigentes gremiales y analistas. Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura I Zona, consideró que segmentos como el bananero y cacaotero reportaron cifras negativas de exportación, pero el dato del Central podría sostenerse por la exportación de flores. José Roberto Camacho, presidente de la Corporación de Floricultores de Tabacundo, señaló que en el primer trimestre del año se incrementó el volumen de exportaciones de este ítem, pero los precios cayeron. El consumo interno también impulsó a la producción agrícola, según Almeida, quien comentó que las personas, por la situación económica, dejan de consumir bienes como ropa, electrodomésticos, pero no alimentos. En el caso del crecimiento del servicio doméstico se debe a un fenómeno estacional del primer trimestre del año, según Carlos de la Torre, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica. Para el catedrático, a principios de año los hogares suelen decidir contratar este tipo de servicios. En ello coincide Maritza Zambrano, secretaria general del Sindicato Nacional Único de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, quien indicó que actualmente las 600 trabajadoras agremiadas a este grupo están laborando. Sin embargo, el resultado positivo de estos cinco sectores no fue suficiente levantar a la economía nacional, que cayó un 3% comparado con el mismo período del año pasado, el dato más bajo registrado desde el 2001, según reflejan las estadísticas del Banco Central.
Con parámetros del Central, Grecia y España no tuvieron crisis
El Banco Central considera que Ecuador no atraviesa una crisis por no cumplir con al menos tres de cuatro factores de pérdida económica; no obstante, bajo ese criterio, ni Grecia ni España habrían atravesado una crisis económica en años anteriores, analiza la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes).
Según el Central, para que sea crisis deben existir al menos tres de los siguientes elementos: más de dos trimestres de crecimiento negativo interanual, tasas anuales de inflación o deflación mayores al 30%, reducción de los depósitos o créditos en el sistema financiero en al menos un 20% y un crecimiento anual del desempleo mayor a dos puntos porcentuales.
Entre 2008 y 2015, Grecia muestra variantes de decrecimiento continuo en su Producto Interno Bruto (PIB), desde la caída del -0,3% el primer año, pasando por su peor caída en 2011 (-9.1%) hasta el -0.2% del año pasado. Salvo por el año 2014, todos los años fueron negativos en este ítem.
Las variantes de este país no cumplen con las características que dispone el Central salvo en 2013, cuando muestra tres variantes negativas en PIB (-3,2%), inflación anual (-0,9%) y desempleo (3,1%). Aun así, según Cordes, no cumpliría con los parámetros del Central pues no muestra tasas anuales de inflación o deflación mayores al 30%.
En el caso de España, muestra variantes de decrecimiento y crecimiento en su Producto Interno Bruto, desde 1,1%, en 2008; pasando por su peor caída de -2,6% en 2012 hasta la subida registrada al 3,2% del año pasado.
Excepto en 2009, España tampoco cumplía al menos tres de las características que describe el Central.
La conclusión de este análisis técnico es que: “Según los criterios del Banco Central, España y Grecia no sufrieron la crisis”, dice José Hidalgo, representante de Cordes en el país. (LGP)
El legislador dijo que es “una coincidencia” que el 4 de julio pasado se realizara el traslado de los $ 120 millones de una cuenta a otra, y que la semana pasada el Estado pagara $ 112 millones a Chevron.
El total recaudado muestra dos cifras diferentes: una en el Ministerio de Finanzas y otra en el SRI.
Una tercera parte de lo recaudado por la Ley que subió el IVA y otros impuestos fue destinada para el pago de proveedores de Manabí y Esmeraldas. Según el Ministerio de Finanzas y el Servicio de Rentas Internas (SRI), la cifra varía entre el 34% y el 39% del total.
Esta variación en los porcentajes se debe a que cada entidad tiene cifras diferentes: mientras el Ministerio muestra en su portal que el total es de 307’480.940 dólares, el SRI dice que es de 345’457.870 dólares.
¿A qué se debe esta diferencia? Según la explicación de Finanzas, radica en que el Ministerio registra en sus cuentas el total de dinero en efectivo, mientras que el SRI suma también los montos correspondientes a notas de crédito y los títulos del Banco Central (TBC).
El SRI fue consultado también, pero no dio ninguna respuesta hasta el cierre de esta edición.
En opinión de Jaime Carrera, representante del Observatorio de Política Fiscal, la diferencia es relativamente normal, considerando los tiempos de demora de flujo de capital entre las transferencias desde las entidades privadas al SRI y, posteriormente, a las arcas de Finanzas. Sin embargo, aclaró, “habrá que revisar que, al final, las cifras coincidan”, dijo.
Las prefecturas ‘ahorcadas’ por falta de recursos
Los 23 prefectos prevén reunirse en Quito para exigir la entrega de recursos. Analizan suspensión de programas sociales.
La deuda que mantiene el Estado con los gobiernos locales abrió el camino para que algunas autoridades seccionales adviertan la posibilidad de suspender obras y programas sociales por falta de transferencias económicas.
“Vivimos un momento muy crítico”, afirmó ayer el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe (PK), y exhortó a las autoridades a empezar a racionalizar y suprimir ciertas instancias del Estado; y mencionó el caso de la Secretaría del Buen Vivir.
Detalló que la deuda del Gobierno con su Prefectura es de 7millones de dólares, “lo que conllevará incluso a que en cualquier momento tengamos que dejar de transferir los recursos desde la Prefectura”, según detalló.
Explicó que esto significará tener que “forzosamente” cerrar centros de atención para las personas de la tercera edad o de atención para personas con problemas de drogas o alcoholismo.
Según Quishpe, el año anterior se vieron obligados a cerrar cinco centros de atención infantil en cantones como Palanda y Zamora. Anualmente, esta Prefectura requiere de al menos 2 millones de dólares para solventar las necesidades de los centros de atención a adultos mayores.
“Ya no tenemos opción; las prefecturas no cuentan con otros ingresos, sino del que viene del presupuesto general del Estado (…). Si persiste el retraso en los pagos no nos quedará otra alternativa que cerrar estos programas”, insistió.
Otra preocupación que plantea Quishpe es que hacia noviembre no cuenten con el dinero suficiente para el combustible que se requiere para la maquinaria que se utiliza para el mantenimiento y apertura de nuevas vías. “Estamos guardando los recursos para la vialidad porque eso es impostergable”, enfatizó.
En la dirección ejecutiva del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope) también hay inconformidad. Edwin Miño (PAIS) también ve el riesgo de que por la falta de recursos se tengan que paralizar o suprimir obras en algunas provincias. “Podría ser… (que se suspendan obras)”, señaló.
La viceprefecta de Cotopaxi, Silvia Bravo Cajas, también reclama por la falta de asignaciones mensuales. “Esto golpea. Sin recursos se deben ejecutar menos obras”, añadió, tras detallar que en su caso se vieron obligados a reprogramar el presupuesto en base a una “priorización”.
El 5 de julio, el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, reconoció que las acreencias que mantiene el Régimen con las autoridades locales bordeaban los 220 millones, y ayer, Edwin Miño aseguró que la deuda se ubicó en 177 millones.
Sin embargo, señaló que aún les deben alrededor de 50 millones que corresponden a los recursos por la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Por este concepto no se ha realizado ninguna transferencia.
Por el IVA, la deuda a la Prefectura del Cotopaxi sobrepasa el millón de dólares, según Bravo.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, los montos por concepto de IVA se cancelarán hasta fin de año de acuerdo con un cronograma de pagos con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y el Congope. (SC)
Las autoridades locales esperan mantener una reunión en los próximos días con la ministra de Gestión de la Política, Paola Pabón para acordar un plan de pagos.
“Hay que saber cuándo se nos va a cubrir (lo que se adeuda)”, agregó Miño. El 4 de agosto, los 23 prefectos prevén reunirse en Quito para volver a exigir al Gobierno la entrega de recursos. En la última reunión participaron y fueron críticos incluso prefectos identificados con el oficialista movimiento PAIS.
220 millones era la deuda a inicios de mes.
177 millones es la deuda actualmente.
203 mejores puntuados reciben becas universitarias
Autoridades niegan retraso en las transferencias de recursos para los becarios.
A universidades de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá y Argentina irán, en su mayoría, 203 jóvenes que obtuvieron los mejores puntajes en el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES).
Entre ellos está María Fernanda Flores, de 18 años de edad. Ella fue alumna del colegio Victoria Vásconez de Latacunga y en el examen sacó 968 puntos. Visiblemente emocionada contó que durante cuatro años estudiará Ingeniería Química en la universidad de Manchester.
Un puntaje similar obtuvo Achig Lema, de 19 años de edad, oriunda de Otavalo. Manifestó que irá a la universidad de Ámsterdam, Holanda, a seguir la carrera de Ciencias Políticas. Cree que será una profesión muy útil para ayudar a los indígenas de su comunidad.
Su madre, Mercedes Muenala, quien trabaja como enfermera en el centro de salud de esta ciudad de Imbabura, dijo sentirse orgullosa. “Es mi segunda hija, nos deja, pero le hemos dicho que los conocimientos que ella obtenga allá tiene que venir a compartir acá con la gente”, indicó.
De este grupo, la mayoría de estudiantes han seleccionado carreras como ingeniería Aeroespacial, Eléctrica, Mecánica, Mecatrónica, Ciencias Fundamentales y Ciencias de la Vida, y un 25% eligieron humanidades y ciencias sociales.
Recursos: Pese a que a través de redes sociales, hay comentarios de becarios que afirman que no les llegan a tiempo las transferencias de recursos, pero que no quieren hacer públicos sus casos por temor a represalias, las autoridades negaron esta situación.
“No tenemos problemas con eso. Está priorizado el presupuesto, es algo que se está pagando constantemente, entonces, no tenemos problemas. Más bien, si tiene un caso en específico, nos hace llegar y lo revisamos”, expresó Ernesto Nieto, subsecretario de Becas. (RVD)
Convocatoria: Ayer, la Senescyt hizo una convocatoria abierta a estudios de posgrado. Estará disponible hasta el 4 de septiembre y serán beneficiados todos aquellos que logren sacar más del 80% entre el examen y la entrevista. También para el caso de universidades de excelencia, en cuyo caso los alumnos deberán entregar la carta de aceptación hasta el 15 de septiembre.
El Dato: La beca cubre en su totalidad los costos de matriculación, colegiatura, boletos aéreos y manutención.
Julio 25, 2016 David	El Telégrafo
La construcción de dos plataformas no se frena
Los complejos estatales registran un avance de 47% entre ambos. Los edificios alojarán a más de 6.300 funcionarios.
Las dos plataformas gubernamentales que se construyen en Quito avanzan conforme lo planeado. El buen ritmo con el que se ejecutan ambas obras permite a las autoridades afirmar que los dos edificios se entregarán a inicios de 2017.
La primera es la plataforma Financiera, ubicada en la avenida Amazonas y José Villalengua, en el norte de Quito. La obra, que inició el 9 de septiembre de 2015, actualmente registra un avance del 49,53%, de acuerdo al reporte del 15 de julio, información proporcionada a EL TELÉGRAFO por Pablo Benalcázar, coordinador de la Zona 9 del Secob.
Los trabajos no tienen pausa. A cualquier hora se puede observar a los obreros en sus tareas. Las labores se efectúan durante tres jornadas, los siete días de la semana.
La obra solo fue detenida en el momento del terremoto del 16 de abril, lo que obligó a evacuar inmediatamente al personal y suspender las actividades 24 horas. En ese tiempo la infraestructura fue inspeccionada, sin encontrar ninguna novedad.
Aunque el sismo fue fuerte, los materiales resistieron, Benalcázar explica que aquello se debe a que la obra cumple la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC). Es así que el inmueble puede soportar un terremoto de hasta 8.8 grados de magnitud en la escala de Richter.
El monto de inversión es importante. Aproximadamente $ 198 millones (sin IVA) se destinaron a esta obra, de acuerdo a datos del Servicio de Contratación de Obras (Secob).
El financiamiento provino de la República Popular de China. Si el cronograma se cumple sin interrupciones la plataforma será entregada el 31 de enero de 2017, señala el funcionario.
La empresa china CAMC es la responsable de la construcción. Desde que empezaron los trabajos se estipuló un plazo de 17 meses para que culmine. “Es un contrato especial de precio fijo-plazo fijo, por lo cual el constructor debe tomar las medidas del caso para no extenderse en el plazo, sino será multada”, advierte Benalcázar.
Si el contratista no entrega la edificación terminada en la fecha señalada, por cada día de atraso se impondrá la sanción de 1×1.000 del costo total de la obra.
La infraestructura acogerá a cerca de 3.801 servidores públicos de varias entidades gubernamentales, como el Ministerio Coordinador de la Política Económica, Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador, Banco del Estado, BanEcuador, Banco del IESS, Servicio de Rentas Internas, Corporación de Finanzas Populares y Solidarias; y la Corporación de Seguros y Depósitos.
En el sur de la ciudad se levanta otra megaobra:
La segunda plataforma se construye desde el 12 de septiembre de 2015, con un plazo de ejecución de 15 meses. Hasta el momento ha avanzado un 44,53%. Está ubicada en las avenidas Quitumbe Ñan, Lira Ñan, Amaru Ñan y Plaza Quitumbe, en el sur de la capital. Allí se alojarán 5 ministerios: Coordinador de Desarrollo Social, Deporte, Salud Pública, Inclusión Económica y Social y Desarrollo Urbano y Vivienda, que albergarán a 2.500 funcionarios.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) financian el proyecto con una inversión cercana a los $ 98 millones, destaca el coordinador zonal, indicando que la estructura final se entregará “prácticamente al mismo tiempo” de la financiera.
Al igual que la plataforma del norte de la ciudad, aquí también se cumple con las normas técnicas. El constructor es el consorcio Tecnovía, con un contrato de características similares al de CAMC: precio fijo-plazo fijo. El complejo se entregaría “prácticamente al mismo tiempo” del edificio financiero, según Benalcázar.
Ambos proyectos se constituirán en polos de desarrollo económico. Está previsto que alrededor de las edificaciones convergerá una variedad de negocios. (I)
La empresa pública ESPE-Innovativa es la responsable de la fiscalización de ambos complejos. Fue creada por la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE.
La capacidad máxima de alojamiento de la plataforma financiera es de 6.000 personas. La infraestructura de desarrollo social puede albergar hasta 4.000 personas.
Una subestación eléctrica se construirá cerca del complejo financiero y dará energía a ese edificio y al metro de Quito. Según Pablo Benalcázar, se mantienen conversaciones para que la ejecute el mismo Secob con la Empresa Eléctrica de la capital.
Se mantienen como proyectos la plataforma de Sectores Estratégicos y la de Política, que también estarán en Quito. El coordinador zonal dijo que el Secob aún no tiene disposiciones sobre estas obras.
Aunque el sector petrolero creció 1% en el primer trimestre, gracias a un ligero aumento de la producción y la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, esto no fue suficiente para empujar a la economía en su conjunto, que registró su peor trimestre en dolarización.
El Banco Central del Ecuador presenta al sector no petrolero o valor agregado no petrolero detallado en 16 actividades. “El valor agregado no petrolero refleja los productos de consumo final o de exportación generados por la industria o los servicios, excepto producción y refinación de petróleo”, explica Patricio Almeida, catedrático de Economía.
Todas esas actividades no petroleras cayeron, con excepción de agricultura, pesca, suministro de electricidad y servicio doméstico.
En términos anuales, las actividades donde se evidenció más la contracción fueron alojamiento y servicios de comida (-13,2%), correo y comunicación (-7,8), acuicultura y pesca de camarón (-6,7), construcción (-4,4), entre otras, según un reporte que publica hoy el Semanario Líderes.
El gerente del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, atribuyó la contracción del sector no petrolero al enorme deterioro del sector externo.
“Hay un enorme deterioro de las exportaciones, en más del 26% en un año. Si uno compara el período enero-mayo del 2016 con iguales meses del 2014, la caída de ingresos por exportaciones es del 41%.Entonces, dada esa enorme reducción, de casi la mitad del ingreso de dólares, evidentemente la capacidad de consumo de hogares y de inversión del Gobierno se han visto afectadas, por tanto, también las ventas de las empresas”, dijo, consultado por este Diario sobre el tema.
Para José Hidalgo, director del Centro de Estudios para el Desarrollo (Cordes), la explicación también está relacionada con un modelo económico que aumentó la dependencia de la economía en su conjunto hacia un gasto público basado en el ingreso petrolero.
“Cada vez más empresas tuvieron al Estado como su principal cliente. Y cuando el Estado contrajo su gasto y acumuló atrasos, se sintió un ajuste de gasto generalizado”.
El ministro de la Política Económica, Patricio Rivera, indicó el jueves pasado que los atrasos suman USD 2 000 millones, una cifra que calificó como “bastante importante”.
La caída de la economía no petrolera se evidencia en la baja de ventas de las industrias y un deterioro de los indicadores de empleo, dice el editor de Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo.
La reducción de ventas ha llevado a que las empresas hagan recortes en gastos fijos, donde el principal rubro afectado fue el relacionado con el gasto laboral. Este proceso se viene dando desde inicios del 2015 y se acentuó el primer semestre del 2016, comentó el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Aspiazu.
“Es obvio que la pérdida de la capacidad de inversión del sector público -y no habiendo inversión por el lado del sector privado- se refleja en la contracción económica”.
La caída de la economía no petrolera también se reflejó en una menor recaudación tributaria, que hasta junio en promedio descendió 13%, comparado con el primer semestre del año pasado; lo que equivale a casi USD 1 000 millones menos en cobro de impuestos en ese período.
Almeida cree que la actual situación es un problema compartido entre la industria y el Estado. La economía nacional se sustentó en la inversión pública los últimos años y la industria le apostó a eso. “La industria se acomodó a la alta demanda interna de los años de bonanza y le faltó ajustarse para ser más competitiva”.
Para el Comité Empresarial Ecuatoriano, fue un error del Gobierno apuntar a un modelo basado en el gasto público y dependiente de los altos precios del crudo.
Santiago León, ministro de Industrias, reconoció que el país pasa por un momento complicado, pero mencionó que hay sectores que mantuvieron o subieron sus niveles de producción y exportación gracias a medidas de Gobierno como las salvaguardias; uno de ellos, dijo, fue el de calzado.
A pesar de las cifras de decrecimiento, Martínez señaló que el país no atraviesa por una crisis porque se deben tomar en cuenta variables como la inflación, empleo, depósitos y créditos, que no se han deteriorado, en comparación con 1999, año del feriado bancario.
Ecuador y la CAN, el dilema de una salida del bloque regional
La balanza comercial intracomunitaria es negativa para el país desde 2009. Una eventual separación, según expertos, acarrea más costos que beneficios
Ecuador baraja como opción su salida de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y con ello el desembarco de un proyecto de integración y cooperación regional vigente por 47 años.
La postura gubernamental es que el país compra más de lo que vende dentro de ese tejido comunitario de libre comercio, de mercancías que sirven a más de 105 millones de habitantes en cuatro naciones.
“El país tiene que reflexionar seriamente la conveniencia de continuar en la CAN, porque el desbalance comercial es terrible y lo que tenemos es solo restricciones”, declaró el presidente Correa en una de sus últimas cadenas sabatinas.
Las estadísticas sobre comercio intracomunitario dan la razón al jefe de Estado. En los últimos 10 años, excepto 2007 y 2008, la balanza comercial ha sido negativa para Ecuador.
El planteamiento del Gobierno no es un tema nuevo. Pero ahora el presidente Correa condiciona la permanencia en el bloque a la aplicación de salvaguardias inmediatas a productos de Colombia y Perú -socios en la región- en caso de depreciación de sus monedas.
El fin de esos aranceles, según la tesis oficial, es blindar la dolarizada economía nacional reduciendo las importaciones.
Pero el mercado andino es más que un espacio de libre comercio. Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia han concretado políticas comunes en materias social, ambiental, energética, fronteriza, derechos ciudadanos, seguridad y soberanía alimentaria.
Entonces, ¿es acertado para Ecuador abandonar la CAN?, ¿cuáles serían las consecuencias de esa decisión? Tres entendidos responden a EXPRESO.
“La salida afectaría directamente a lo que el Gobierno denomina cambio de la matriz productiva y a todos los encadenamientos que generan exportaciones en el sector de manufacturas”, argumenta Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).
Sostiene que los productos manufacturados, con mayor valor agregado representan más del 80 % de las exportaciones nacionales que van a los mercados del bloque regional.
El dirigente ve también afectaciones en otros ámbitos. “Por ejemplo, hay una legislación algo armonizada en materia de compraventa de energía y no necesitamos pasaporte para viajar entre los países”.
Para el analista económico Roberto Villacreses, no es conveniente un aislamiento. Estima que el problema del país no tiene que ver con su permanencia en la CAN, sino con la necesidad de ser competitivo.
“Se han tomado malas decisiones y eso ha hecho que nos convirtamos en un país caro. No somos competitivos no solo por el dólar sino porque internamente nuestras materias primas y bienes de capital están gravados con más impuestos y salvaguardias”, comenta.
En esa línea, Fidel Márquez, opina que en lugar de aplicar salvaguardias, el país debería implementar un proceso de promoción de las exportaciones y ampliar mercados. “Bajo ningún concepto deberíamos pensar en salir de los organismos de comercio internacional. Se estaría obrando contra natura”, dice.
La aprobación en Ecuador del acuerdo comercial con Unión Europea tardaría 50 días
La aprobación del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea (EU) en el interior de la Corte Constitucional (CC) y la Asamblea Nacional, organismos que lo tratarían en el país, tomaría hasta 50 días, según estimaciones de asambleístas y constitucionalistas consultados por este Diario.
Esto tras la firma de la ratificación de la adhesión de Ecuador al tratado, que el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, prevé concretar hasta el 11 de noviembre próximo.
Sin embargo, los tiempos estimados en cada organismo, sobrepasarían los cálculos de Cassinelli, quien espera que lo resuelvan en máximo 20 días para poder llegar a fines de diciembre próximo y no “perder competitividad” por la falta de preferencias arancelarias.
Antonio Gagliardo, quien fue juez de la Corte Constitucional por 3 años, explicó que la Corte analizará si el acuerdo compromete o no a alguno de los 8 numerales del artículo 419 de la Constitución sobre tratados internacionales.
Este artículo señala que el acuerdo requerirá la aprobación previa de la Asamblea en los casos que se refieran a límites, que establezcan alianzas políticas o militares, contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley, comprometan la política económica del Estado o comprometan al país en acuerdos de integración y comercio.
Además de otros puntos referentes al orden jurídico interno y el patrimonio natural y genético. “Si el tratado no compromete alguno de esos numerales, la Corte Constitucional lo devolverá al Ejecutivo para que sea publicado en el Registro Oficial directamente”, dijo.
De lo contrario irá al Legislativo, tras un análisis de la Corte para confirmar que esté acorde a la Constitución.
Gagliardo estima que la Corte podría tomar unos 5 días en analizar si el tratado es remitido a la Asamblea y otros 15 días más para ejercer el control de constitucionalidad.
En la Asamblea, el tiempo de análisis y aprobación podría tomar hasta un mes como máximo, expresó la asambleísta Dora Aguirre (AP), vicepresidenta de la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, que conocería el documento.
Fernando Bustamante, expresidente de esa mesa, explicó que el tratado llegará desde la CC a la Presidencia de la Asamblea, que a su vez lo remitirá al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que históricamente enfoca este tipo de tratados a esta comisión.
“La comisión debe realizar un informe y mostrarlo al pleno para un único debate, donde se aprobará o no”, expresó.
Pero antes, según indicó Aguirre, la Comisión llamará a comparecer tanto a los representantes de sectores que tengan relación con el tratado, así como a ministros de Estado involucrados en la negociación, como Juan Carlos Cassinelli.
Pese a los “ajustados plazos”, la legisladora indicó que hay voluntad política para agilizar el trámite para que el tratado con los europeos se firme antes de finales de diciembre. (I)
Fechas Avances:
Traducción y firma: El 13 de julio pasado, la UE concluyó la revisión jurídico-lingüística del Protocolo de Adhesión y remitió las versiones a los países que tendrán hasta el 22 de agosto para realizar observaciones. El Gobierno espera que hasta el 21 de octubre se apruebe la firma del tratado para su posterior ratificación, aunque el ministro Juan Carlos Cassinelli gestiona que esa etapa finalice el 20 de septiembre.
$ 47,8 millones cuestan gasolineras de Petroecuador a la venta
A $ 47,8 millones llega el precio referencial de las tres gasolineras de EP Petroecuador que el Gobierno venderá hasta el 15 de agosto, según señaló el viernes la petrolera estatal.
Según la información contenida en las bases del concurso para la venta de las estaciones de servicio publicadas por Petroecuador, los negocios están ubicados en Eloy Alfaro y Amazonas ($ 18,55 millones) y barrio Ponceano ($ 9,7 millones), en Quito; y la del puerto principal ($ 19,59 millones).
La convocatoria está dirigida a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, asociaciones o consorcios, interesados.
Las bases están publicadas en www.eppetroecuador.ec y pueden ser retiradas en oficinas. Las ofertas serán receptadas hasta el 2 de agosto. La adjudicación será el 15 de agosto y el pago se recibirá 15 días después de dicha adjudicación.
La venta se anunció en octubre pasado, cuando a la par se aprobó el alza gradual de $ 0,02 en el galón de gasolina súper cada mes.
En abril pasado, el Gobierno remarcó que vendería bienes a fin de obtener mayores recursos tras el terremoto
La Procuraduría anuncia la repetición por pago a Chevron
La decisión se dio a conocer tras el pago que hizo Finanzas .
Habrá acciones de repetición por el pago a Chevron. Estarán dirigidas a jueces y a judiciales que estuvieron a cargo de las causas presentadas por la compañía que, según la decisión del Tribunal, incumplieron su obligación de administrar justicia de manera oportuna, razón por la que fue condenado el Estado.
Lo anunció la Procuraduría que tras el pago de 96,3 millones de dólares, más intereses, se empezará a recabar la información en el Consejo de la Judicatura sobre las actuaciones de los judiciales responsables de la tramitación de los casos.
La Procuraduría asegura que la demanda de repetición le permitirá al Estado recuperar lo entregado a Chevron.
El caso inició en 2006 y fue resuelto mediante laudo arbitral el 31 de agosto de 2011. Ecuador solicitó la nulidad de los laudos ante la Corte Distrital de La Haya, que el 2 de mayo de 2012 negó la petición y fue ratificada por la Corte de Apelaciones.
El asambleísta Diego Salgado, del movimiento CREO, anunció ayer a través de su cuenta de Twitter que hoy, a las 09:30, pedirá a la Contraloría General que haga un examen especial al uso de los fondos recaudados por la Ley Solidaria.
Nuevo cálculo en pensiones de Policía en proyecto de reformas a seguridad social
La Policía Nacional no se ha pronunciado, al momento, sobre el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de la institución, que fue presentada en la Asamblea la semana anterior por el Ejecutivo.
En el mismo texto se plantean cambios a la seguridad social de las Fuerzas Armadas.
Con la propuesta, la normativa para los policías experimentará al menos seis reformas relacionadas con el método de cálculo de las pensiones y el tiempo de solicitud de la baja.
Actualmente, la base de la pensión de retiro se obtiene al “dividir la suma total de los sueldos imponibles del personal en servicio activo, oficiales o tropa, entre el total de efectivos de la jerarquía correspondiente”.
El Gobierno plantea que ese cálculo se lo haga tomando en cuenta el promedio de los 60 mejores haberes registrados hasta la fecha de la baja, multiplicado por el factor regulador establecido en el reglamento.
También se propone que su pensión se incremente con el índice de inflación anual.
Respecto a la baja voluntaria, la propuesta es que esta se dé a los 25 años de servicio.
El ministro del Interior, José Serrano, aseguró que se ha “conversado con el Comandante (general Diego Mejía) con quien ha existido una información permanente a los diferentes mandos”. Esto pese a que en el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) no hay un delegado de esa institución.
“Lo que es importante señalar en el caso de la Policía Nacional es que las reformas que se han planteado, son reformas que ya habían sido socializadas, incluso, por la propia institución desde hace cuatro años”, afirmó la semana pasada.
Pero el general retirado Jaime Vaca dijo que se enteraron de esta propuesta por el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, y no por Serrano o por el Consejo Directivo del Isspol.
Según explicó, “en la Policía hay un cupo anual de 350 miembros, 50 de oficiales y 300 miembros de la tropa (que se retiran), y es el aporte individual que le permite el sustento al Isspol, pues damos el 23%; pero el Estado no entrega el aporte y eso está mermando la capacidad económica… Según conocemos, hay una deuda de $ 200 millones”, explicó.
Cifras de la institución señalan que hay 49.351 policías activos; y, según la rendición de cuentas del Isspol, en el 2015 se pagó $ 253’635.046 a 21.225 pensionistas.
Exportar: El logro de los autoportistas
Es un sector golpeado, pero que se niega a caer. La industria automotriz nacional no pasa por sus mejores años. Restricciones, cupos y escasa demanda achicaron el mercado local. Por eso, los fabricantes de piezas y partes de vehículos miraron al extranjero y comienzan a ver frutos. Aunque la oferta aún es limitada, los empresarios confían en un crecimiento diario.
Saben que tienen que ser innovadores. Raúl Minda, gerente de Logística de Road Track, y su equipo entendieron el reto y comenzaron a exportar sus sistemas de rastreo satelital. Tecnología ecuatoriana que ahora llega a Brasil.
¿Cuál fue la clave? David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, tiene algunas respuestas. La más importante la generación de escalas en la producción. Road Track, por ejemplo, se unió a la gigante General Motors para incluir el software. Esa alianza, explicó Minda a EXPRESO, ha dado buenos resultados.
Los representantes del sector automotor también identifican otra clave: los acuerdos internacionales. Colombia y Venezuela son los compradores natos de los autos, piezas y partes ecuatorianas. ¿La razón? Un convenio de complementación que nació en el seno de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Con la salida de Venezuela, el sistema se aplica sobre todo entre Bogotá y Quito.
Para que un auto colombiano entre con aranceles preferenciales a Ecuador, por ejemplo, debe tener un 34 % de componente regional. Es decir, parte de la unidad debe tener piezas ecuatorianas y colombianas. Eso abre una puerta interesante, destacó Molina.
También significa una competencia más fuerte. El productor ecuatoriano debe ser más atractivo para el ensamblador colombiano. La calidad juega un rol protagónico en esta fase.
Tecnividrio conoce ese punto a la perfección, dicen sus representantes. La empresa comienza a exportar algunos de sus vidrios curvos hacia Colombia. Van a paso lento, dicen, pero seguros.
Si bien los vidrios y los sistemas de seguridad van ganando terreno, los neumáticos y las baterías son los productos estrella del Ecuador. De los 33 millones de dólares que se exportaron, en piezas y partes, entre enero y mayo de 2016, 21 millones de dólares fueron por llantas y 5,6 millones por baterías. Dacar, con sede en Guayaquil, es experta en la materia.
Molina dice que empresas como Dacar y Bosch son líderes por el servicio garantizado. El importador sabe que cuando compra una batería ecuatoriana, resaltó, tiene varios años de un buen producto.
Continental Tire Andina es otro ejemplo de cabeza de grupo en el mercado. La empresa transnacional tiene su sede en Cuenca desde 1955 y exporta a Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela.
Ganar esa fama no fue fácil. Los fabricantes de autopartes tienen regulaciones ecuatorianas que exigen altos estándares. Eso resulta atractivo a mercados como el brasileño y el estadounidense.
Molina destaca, sin embargo, que aunque muchas de las regulaciones ecuatorianas ayudaron a mejorar la calidad, hay otras que pueden bloquear el crecimiento empresarial. Él pide que las autoridades busquen un punto medio que no limite la producción nacional.
Julio 22, 2016 David	El Expreso
Finanzas caza más liquidez en las bolsas
El Ministerio buscó $ 1.800 millones, un 140 % más que en 2015. Cetes, los más vendidos
Los problemas para ponerse al día en los pagos, el Gobierno los está resolviendo casa adentro. Es mejor que ir a buscar efectivo al exterior con un Riesgo País que, aunque ha bajado, todavía le exige altas tasas de interés.
Desde que comenzó el año hasta el 19 de julio, tanto en la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) como en la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), el Ministerio de Finanzas emitió papeles frescos por $ 1.813 millones, para que alguien invierta y le proporcione la liquidez requerida. Su forma de financiamiento fue más por Cetes (Certificados de Tesorería, a corto plazo). Le siguieron los cupones y los bonos de Estado.
La búsqueda fue más intensa que el año pasado. El incremento de lo solicitado este 2016 supera en 140 % a lo que fue a cazar en igual lapso de 2015. El dinero tiene un objetivo: subsanar las deficiencias de la caja fiscal que ha recibido un 15 % menos de ingresos solo por impuestos. A eso se suman pagos extraordinarios a la Oxy por unos 1.000 millones de dólares, aunque por ahí el leve incremento del precio del crudo da algo de esperanzas, pero mucha de la producción ya está comprometida como forma de pago a China y a Tailandia.
Según la BVQ, el movimiento histórico negociado en papeles del sector público hasta junio alcanza los 3.083 millones, quitándole espacio al sector privado que, por sus valores, ha logrado transar apenas la mitad: 1.563 millones de dólares.
Y si bien el Biess ha sido el gran comprador de papeles estatales, ahora actúa menos y más bien se suman inversionistas privados. Pero hay una razón. En su época, profesores y ahora constructores han sido pagados a través de bonos, que a su vez son vendidos por sus tenedores a terceros (privados), según explica Luis Caballero, presidente de Plusbursátil Casa de Valores. Esto se ha dado, pese a que, desde el año pasado, el mercado de valores ha sufrido un inconveniente de iliquidez, dice.
Sin embargo, desde junio y en lo que se ve de este mes, la dinamia en el mercado empieza a mejorar, pues el Biess ha regresado como inversionista, pero ha hecho compras muy puntuales, señala Caballero.
Los TBC han sido otra forma de captar liquidez. El Banco Central emite esos títulos con los que se paga a proveedores del Estado que pueden usarlos para pagar impuestos o venderlos a otros para que paguen sus tributos. El SRI los recibe como medio de pago.
Según el Banco Central de Ecuador (BCE), la deuda interna del Gobierno va in crescendo. De enero a mayo rebasó los 13.038 millones: 542 millones más que igual tramo de 2015.
Luego del 16A se generaron 13.000 empleos
Los procesos de remoción de escombros y reconstrucción de la provincia de Manabí, tras el terremoto del pasado 16 de abril, significan un nuevo comienzo para miles de personas afectadas con el movimiento de 7.8.
Luego del 16A se generaron más de 13.000 empleos de manera directa en trabajos vinculados a las zonas afectadas, informó Jorge Glas, vicepresidente de la República, quien estuvo ayer en Portoviejo y entregó maquinaria pesada a la Prefectura de Manabí.
El funcionario resaltó que esto ha sido posible gracias a los más de 2.000 créditos directos otorgados por el BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional. “Como consecuencia del terremoto, 20.000 personas se quedaron sin empleo”, manifestó.
Destacó, también, el aporte del Gobierno a la provincia. “Son más de $ 550 millones. El proceso de construcción de escuelas móviles conllevó una inversión de más de $ 50 millones. Hay un paquete de vivienda, la infraestructura vial y otros puntos en los que se ha trabajado de manera imparable, como lo hacen siempre los manabitas, sin descanso”.
Hasta el momento, indicó Glas, se removieron más de 2,3 millones de metros cúbicos de escombros.
La maquinaria, que Glas entregó a la Prefectura, llegó previo al terremoto en Manabí y sirvió para los trabajos de apertura de vías, evacuación de escombros y la reconstrucción.
Además, el Gobierno Provincial de Manabí firmó un convenio por $ 21 millones con el BanEcuador para la ejecución de obras viales en Lodana-Sucre (13,48 km), Guale-Cerro de La Cruz (8,58 km), Chone-Boyacá (19,76 km), Canuto-La Rivera (5,97 km), Tosagua (km 20)-La Margarita (12,10 km).
Aporte personal del 12% a fondo de retiro no cubre pensiones militares
Se propone subir a 25 años el tiempo de servicio de militares y policías para solicitar la baja voluntaria, pero regirá solo para los nuevos ingresos.
A través de un proyecto de reformas legales, el Gobierno busca “revisar y derogar diversas disposiciones que aún persisten en el ordenamiento jurídico atinente a los regímenes especiales de seguridad social” de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, “que mantienen rezagos de aberrantes y odiosas discriminaciones…”.
Así lo señala una parte del proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, remitido por el Ejecutivo el 18 de julio pasado a la Asamblea Nacional.
Al respecto, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, enfatizó que actualmente los militares aportan el 12% de su sueldo al fondo de retiro, sin embargo, esta cantidad no alcanza a sostener el sistema de pensiones de los jubilados, pues el Estado aporta más del 60% para financiar las jubilaciones.
Por este motivo, la reforma busca establecer un techo a las pensiones equiparadas con la Seguridad Social en general, la cual está fijada actualmente en $ 2.013: “Esto no quiere decir que se bajarán pensiones, quienes reciben $ 3.000 o $ 4.000 seguirán cobrando lo mismo, esto no está considerado en la reforma”, aseguró ayer Patiño.
Sin embargo, aclaró que la pensión de los jubilados de las Fuerzas Armadas y de la Policía que no haya llegado a ese techo será incrementada de acuerdo al índice de inflación, ya no esperarán que suban las remuneraciones de los miembros activos para beneficiarse de un aumento.
El proyecto de ley tiene 3 aspectos principales que el ministro Patiño socializó personalmente en diferentes destacamentos militares, los cuales refieren que el tiempo del retiro voluntario se incrementará de 20 a 25 años, pero solo será aplicado a quienes ingresen a las instituciones a partir de que entre en vigencia la ley.
Otro aspecto es que las pensiones ya no se calcularán en relación al último salario percibido, sino basado al promedio de los sueldos de los últimos 5 años. Para ello, se aplicará la misma tabla de coeficiente actual y se aumentarán cada año de acuerdo al índice de inflación, sin sobrepasar el límite anotado.
El funcionario explicó los alcances de las reformas en la reunión con el Comité Ejecutivo del Issfa, ayer en la mañana, que no se había convocado hace 6 meses, en la que se leyeron 3 actas de las anteriores reuniones. Además, abordaron el tema de los informes de la venta de los terrenos de Samanes en Guayaquil, que el Ministerio del Ambiente pagó en exceso, por la compra para construir el parque del mismo nombre ($ 41 millones) y cuya devolución está pendiente, pero no hubo ninguna resolución.
El suboficial (r) Alejandro Valverde, del Comité Ejecutivo, corroboró que en la reunión no se tomaron decisiones, pero se convocó otra para la próxima semana para tratar el tema de las reformas del Seguro Social de las Fuerzas Armadas. “Necesitamos saber qué dice el proyecto, el servicio pasivo debe tener su opinión”, dijo.
Patiño afirmó que el tema de la cesantía no fue incluido en el proyecto por las sugerencias recogidas durante la socialización de la propuesta entre los soldados. “Vamos a revisar los datos para determinar si es adecuado reducir los aportes del fondo de cesantía de policías y militares de 6,25% a 2%, tenemos que estudiar con profundidad y cuando esté listo lo presentaremos a la Asamblea”, dijo.
Aclaró que el aporte de los militares a la Seguridad Social es el 23% de la remuneración individual, de lo cual el 12% es considerado para el capital de retiro, invalidez y muerte.
“Ese aporte es el que se utiliza para pagar las pensiones, eso no alcanza. La gente piensa que se está pagando su jubilación futura, pero no es así, ese 12% no alcanza, por eso más del 60% de las pensiones las cubre el Estado”, enfatizó.
El sargento (r) Wilson de la Torre, representante de los sargentos del Ejército en servicio pasivo, quienes también se reunieron con el ministro de Defensa la tarde de ayer, espera que se concrete esta reforma: “Yo no trabajo, vivo de mi pensión de $ 700, con esta reforma a la ley aumentará mi ingreso cada año, hasta llegar al techo que indica. Hasta ahora mi pensión no ha subido desde que me jubilé”.
¿Qué Comisión de la Asamblea tramitará el proyecto de reforma?
Marllely Vásconez, presidenta de la Comisión de Trabajadores que debatirá el proyecto de ley, anunció que el próximo miércoles se llevará a cabo la primera sesión para avocar conocimiento del proyecto y definir el cronograma de comparecencias, entre ellas, de los ministros del Interior, Defensa y del alto mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, para que den sus criterios y aportes. El trámite del proyecto, desde que avoque conocimiento la comisión hasta el segundo debate, tomaría alrededor de 90 días.
Frente a la iniciativa de reforma, asambleístas de oposición, como Ramiro Aguilar (exCREO), aprovecharon para llamar a los militares en servicio activo no solo a dar su opinión en la Asamblea, sino a realizar medidas de hecho. “Esas personas, como ciudadanos, tienen derecho de hacer plantones, hacer marchas, expresarse, porque ya no están hablando como (miembros de las) Fuerzas Armadas o Policía Nacional, sino como futuros afectados una vez que se jubilen”.
Consejo de Educación Superior aprueba reformas para regular aranceles
El Consejo de Educación Superior (CES) aprobó nueve reformas a un reglamento interno para regular la operatividad y los aranceles de las universidades privadas, establecen sanciones, y prohibiciones de realizar transacciones con instituciones en paraísos fiscales.
El presidente del CES, René Ramírez, expuso ayer el contenido de estos cambios que dijo la Asamblea debería recogerlos en el proyecto de Ley de Extinción de Universidades Cerradas, que está en trámite.
Las reformas se sustentan en una investigación y seguimiento entre el CES y el Servicio de Rentas Internas (SRI), respecto a supuestos malos manejos administrativos como elevados sueldos de los rectores y la constitución de empresas paralelas domiciliadas en paraísos fiscales para el manejo de las operaciones de las instituciones de educación superior.
Según Ramírez, se detectó la salida de divisas desde las universidades privadas de alrededor de $ 200 millones no vinculados a temas académicos, sino a paraísos fiscales, por lo que dijo que una de las reformas apuntará a prohibir a las universidades estas prácticas.
Las reformas prohibirán, regularán y eliminarán los incrementos de aranceles que superen más allá de la inflación, y además se obligará a que las universidades publiquen los aranceles, y la entrega de los estados financieros.
Advirtió que la información que proporcionaron las universidades al CES no fue suficiente para detectar lo que pudo establecer el SRI en supuestos incrementos de aranceles en la Universidad de las Américas, en la Universidad Católica de Quito y en el Instituto Técnico Superior de Ambato.
Aseguró que las universidades privadas, en cuatro años, movieron $ 2.800 millones, es decir, $ 700 millones anuales.
Denunció que de la investigación realizada se determinó que el salario a nivel de los rectores de las universidades privadas es exorbitante.
Aunque no quiso dar nombres, aseguró que hay un rector que gana casi $ 62 mil mensuales, otros reciben salarios de $ 40 mil, que son financiados por los estudiantes.
Las universidades tendrán un año para ajustar su funcionamiento. (I)
Disculpa UEES Mandatario: En su cuenta de Twitter, el presidente Rafael Correa se disculpó con la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Dijo que esta arrienda sus edificios a una empresa localizada en paraísos fiscales, lo cual “no es cierto”.
CES deslinda su responsabilidad sobre transferencias a universidades
El Consejo de Educación Superior (CES) deslindó ayer su responsabilidad en torno al retraso en la entrega de recursos del Estado a las universidades cofinanciadas, mientras busca tener un mayor control de las instituciones privadas.
“No es mi competencia sino del Ministerio de Finanzas el tema de los recursos que se tienen que entregar a las universidades cofinanciadas y a las dos internacionales, pero por ley se tienen que entregar”, dijo el presidente del organismo, René Ramírez.
De esa manera respondió ante los reclamos que existen por parte de instituciones como la Universidad Andina y la Flacso, cuyas autoridades afirman que desde enero no se les entregan los recursos y que está en riesgo su funcionamiento.
Pero el problema también se extiende a otras como la Universidad de las FF.AA. (ex Espe). Francis Salazar, uno de los profesores de dicha institución, comentó que hay retrasos en el pago de sus sueldos, porque el Estado “represa” los fondos.
Lo mismo ocurre en la estatal Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), donde esta semana un grupo de 60 académicos del curso de nivelación de nuevos alumnos denunció que llevan cuatro meses impagos.
Según sus testimonios, algunos han vendido hasta su celular para sostener su hogar. Santiago Zambrano, uno de los dirigentes, advirtió que no pasarán las notas finales mientras no se les cancele el dinero.
Ramírez, quien también es titular de la Senescyt, insistió en que la entrega de los fondos a estas instituciones es algo que está garantizado por la Ley Orgánica de Educación Superior y que el Ministerio de Finanzas tiene que hacerlo acorde a la proforma presupuestaria del año anterior. (RVD)
Control para instituciones privadas:
René Ramírez, titular del Consejo de Educación Superior, presentó ayer una resolución que enviará a la Asamblea para que se le entregue mayores competencias para investigar, fiscalizar y sancionar a las universidades privadas y cofinanciadas.
El documento apunta a prohibir el afán de lucro en dichos centros de educación superior, que tienen un patrimonio de $814 millones y que hasta el año pasado tenían ingresos por el orden de los $2.800 millones.
La norma propuesta apunta a que estas instituciones “no podrán realizar actos, contratos, convenciones u operaciones con personas, naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, vinculadas a ellas”.
Plantea que “las universidades tendrán el plazo de un año para ajustar su funcionamiento” y que en caso contrario se establecerán “severas sanciones para los infractores”, como la inhabilitación temporal o la destitución de los rectores y el descenso de categoría institucional.
Cifra: 8 universidades cofinanciadas hay en el país (Católica del Ecuador, Politécnica Salesiana, Católica de Cuenca, Técnica Particular de Loja, Del Azuay, Laica Vicente Rocafuerte, Católica de Guayaquil y Tecnológica Equinoccial).
Lecturas Recomendadas, Noticias Economicas
Artículo publicado en el periódico francés Le Monde
Julio 20, 2016 David	Click para descargar:
Le Monde Niza después del atentado
Julio 18, 2016 David	El Telégrafo
Reconstrucción ayudará a superar la crisis
La venta de petróleo es una de las principales fuentes de ingresos del país y por ello el alza de su precio, que el pasado viernes cerró en $45,41 el barril, genera expectativas entre las autoridades. “Estoy muy optimista este segundo semestre”, afirmó el presidente de la República, Rafael Correa, al referirse al desenvolvimiento de la economía nacional este año (2016), luego de analizar las cifras que proporcionó el Banco Central del Ecuador en donde se registra el decrecimiento de 1,9 en el Producto Interno Bruto (PIB).
En su informe semanal de actividades transmitido desde Tena, el Mandatario resaltó que las cifras macroeconómicas no mejorarán para el segundo trimestre por el terremoto de 7,8 grados de magnitud que devastó a Manabí y Esmeraldas, lo que ahondó las complicaciones económicas. La recuperación, afirmó, será en el segundo semestre. El fenómeno natural generó un problema en la producción de esas provincias, lo que también se refleja en las cifras macroeconómicas.
Para el analista económico Hugo Villacrés esto ahondó la desaceleración económica que se registra en el país y que se mantendrá en este segundo trimestre. También se sumó la apreciación del dólar y la devaluación de las monedas de países vecinos.
Sin embargo, al igual que Correa, augura que este comportamiento sea distinto durante el tercer trimestre del año. Una de las herramientas para lograr este objetivo es la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. La reactivación económica en las dos provincias perjudicadas por el terremoto es el primer paso. “Es necesario que se reconstruyan escuelas, edificios públicos, hospitales, negocios, casas, entre otros, y eso coincide con el momento de que el sector público debería crear una política contracíclica”, es decir que para Villacrés el Gobierno debería aumentar la inversión, lo que va en contra de la desaceleración. La inversión pública será una herramienta fundamental para que el sector privado tenga mayor confianza y se reactive la economía, en primer lugar la local y esto se reflejará en el resultado del PIB. Aunque es difícil que exista un crecimiento económico, con los resultados negativos de los 2 primeros trimestres, Villacrés recomienda trabajar en que el decrecimiento sea menor al esperado. Al respecto Correa descartó que el decrecimiento alcance el 4,6 como anunció el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Otro indicador que augura una recuperación es el del mes de junio, cuando 4 sectores productivos crecieron: servicio doméstico, pesca, suministro de electricidad y agua, y, agricultura. Los resultados influyen en el empleo. Según la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), Ecuador registró en junio 2016 una tasa de desempleo del 5,3% a nivel nacional. En lo que va del año, la tasa de desempleo se mantiene estadísticamente estable, resalta el Instituto de Estadística y Censos (Inec). Mientras que en el primer trimestre este indicador fue de 5,7%. Esta es una de las cifras más bajas de América Latina sobre desempleo.
El sector financiero tiene liquidez
Las cifras reportadas por la banca privada también son alentadoras. Correa detalló que este sector tiene previsto colocar $ 10.000 millones en créditos. Además demostró las cifras favorables de las cooperativas de ahorro y crédito, que registran alrededor de 5 millones de clientes y cuya presencia es mayoritariamente en sectores que no son atendidos por la banca tradicional.
El mandatario se reunió la semana pasada con representantes de 11 asociaciones de cooperativas de ahorro y crédito que agrupan a 772 instituciones. Estas son las personas sin voz, que no salen en los medios porque no son las dueñas de los bancos.
Correa informó que las cooperativas registran $ 6.619 millones en créditos y $ 6.676 millones en depósitos, es decir que los depósitos cubren esos créditos. Otorgan el 65% de los microcréditos y pese a las dificultades han crecido sostenidamente cuando la banca tuvo una reducción significativa en 2015.
Los depósitos de los bancos entre 2012 y 2016 tuvieron una variación de 12.5%, mientras que los créditos de 17.5%. En el sector cooperativismo los depósitos crecieron un 53.3% y los créditos un 40.4%. Las cifras favorables reflejan que pese a la crisis ellos crecieron, por eso el Presidente les ofreció todo su apoyo. Una de las estrategias será fondear a las cooperativas para que coloquen créditos en Manabí y Esmeraldas. Las cosas mejorarán gracias a la política económica implementada por el Gobierno.
Correa recordó a los ecuatorianos que los gobiernos de la década de los 90 intentaron aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que ese fue un tema recurrente y una aspiración. Todos los gobiernos anteriores quisieron aumentar el IVA, sin emergencias, desastres ni terremotos. Uno de los funcionarios de la época es el actual aspirante a la Presidencia, Guillermo Lasso, quien como ministro de Jamil Mahuad proponía que el IVA pasara del 10% al 15%. (I)
“No seremos un país de coyoteros” , Ecuador recibe a migrantes que quieren radicarse:
Las deportaciones de los 121 ciudadanos cubanos se cumplieron en total observancia de los derechos humanos, ratificó el presidente Rafael Correa desde Tena. Una de las principales críticas es que el país tiene en la Constitución la ciudadanía universal y se deportó a los ciudadanos cubanos. Ante estas declaraciones Correa ratificó la aplicación del principio constitucional, pero para todas las personas que busquen radicarse en el país andino y no convertirlo en un sitio de paso, como lo hicieron los cubanos.
“Aquí son bienvenidos todos los que quieran residir en este maravilloso país, aquí creemos en la movilidad humana, creemos en la ciudadanía universal, pero no vamos a servir de tráfico de personas para nadie, no nos vamos a convertir en un país de coyoteros compañeros, vamos a hacer respetar a Ecuador”.
Durante las últimas 3 semanas los cubanos en Ecuador y los que llegaron de otros países protagonizaron plantones y marchas. Hasta permanecieron en parques para presionar al Gobierno y conseguir que México les conceda asilo.
Correa recalcó que el procedimiento es el mismo que han aplicado en Colombia y otros países de Centroamérica, donde han sido deportados “miles de cubanos”. La motivación es la Ley estadounidense de Ajuste Cubano, vigente desde 1966. La norma permite la admisión automática de los ciudadanos cubanos que logran arribar al territorio estadounidense por cualquier vía, incluso indocumentados, y les brinda facilidades exclusivas como la obtención de la residencia permanente al cabo de un año.
Durante su permanencia en la Amazonía, Correa detalló que hay solicitudes de refugio de cubanos que se están tramitando porque la Carta Magna señala que “reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”.
La Cancillería hizo un llamado a los países involucrados en la crisis migratoria de los cubanos para trabajar en conjunto y solucionar la situación que afecta a las personas. El comunicado enfatiza que es inadmisible que el país sea parte de una migración irregular.
El camaleónico desempleo
Medición de junio. El INEC volvió a cambiar categorías de análisis del mercado laboral.
Lo que perciben analistas, empresarios y consumidores es casi siempre distinto a lo que reflejan las estadísticas oficiales sobre crecimiento, inflación o inversión. Las del mercado laboral no son la excepción. Y más cuando hay cambios en la metodología con las que se los mide.
Los reportes del Instituto nacional de Estadística y Censos (INEC) del mercado laboral ecuatoriano -que reflejan una caída del desempleo entre marzo y junio de este año- han tenido modificaciones, “sin previo aviso o discusión”.
Byron Villacís, quien fue de 2007 a 2012 director del INEC donde realizó dos censos nacionales de población (-Vivienda y Economía) y más de 40 encuestas de cobertura nacional y que puso en marcha un proceso de modernización de las estadísticas oficiales, analiza para Diario EXPRESO la situación actual.
Los cambios tienen que ver con la categoría Empleo Inadecuado e Inadecuado, Empleo Bruto: “La serie estadística de este indicador se empieza a presentar desde el último trimestre, a pesar de que no existe hasta la fecha un solo documento que explique de dónde salió este indicador, bajo qué marco conceptual, con qué intención o bajo la discusión de qué entidades”, explica.
Villacís es licenciado en Economía de la Universidad San Francisco de Quito, máster en Economía de la Flacso, profesor visitante en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, con estudios en métodos cuantitativos en la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Cursa un doctorado en la Universidad de California en Berkeley.
En octubre llegan $ 325 millones por preventa de crudo a Tailandia
El contrato con firma PTT International, por $ 2.500 millones, establece ese único pago en 2016. Ecuador debe entregarle en este año.
Foto de referencia. (AFP / Archivo)
Un nuevo depósito por venta anticipada de petróleo para la alicaída caja fiscal. Ecuador recibirá, máximo hasta el 20 de octubre de este año, $ 325 millones como parte de la negociación acordada en junio de 2015 con la empresa tailandesa PTT International Trading.
El país ha recurrido desde 2009 a este tipo de transacción petrolera para financiar su presupuesto. Se cuentan siete contratos con sus modificatorios, ampliatorios y enmiendas.
Este será el tercero de nueve desembolsos que estipula el contrato que Petroecuador suscribió con PTT, por un total de 2.500 millones de dólares, pagaderos hasta diciembre de 2020 (ver infografía).
La petrolera estatal, por su parte, está comprometida a entregar hasta esa fecha 116’640.000 barriles de petróleo, divididos en cuatro lotes.
El anticipo de $ 325 millones será el único pago que PTT realice en 2016. En cambio, el volumen de crudo a entregar a esa compañía en este año es de 12’960.000 barriles (1’080.000 mensuales), según la distribución de lotes que establece el contrato, del cual EXPRESO posee una copia.
El año pasado, desde julio (cuando entró en vigencia el compromiso) hasta diciembre, contractualmente Petroecuador debió haber cedido 8’640.000 barriles a su comprador.
Según el acuerdo, PTT reconocerá un precio que incluye un premio de $ 0,45 por barril.
Durante los 5 años y medio de vigencia del compromiso, Ecuador tiene que cubrir un recargo variable por los pagos adelantados, a una tasa anual de 6,97 %.
El Gobierno ha dicho que los recursos de la operación comercial con la compañía asiática se destinarán al financiamiento de los presupuestos del Estado hasta el 2020, para proyectos de inversión.
Consultado por EXPRESO, el analista petrolero Luis Calero considera a ese tipo de transacción comercial como lesiva para el Ecuador.
“El Estado debe reconocer intereses por un pago anticipado, lo cual no es usual en un esquema de preventa; y por otro lado congela el premio, cuando las condiciones de mercado podrían eventualmente otorgarle mayores ingresos al país”, explica.
Para Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, el buscar financiamiento por esa línea ha llegado a su tope. No recomienda seguir con operaciones de preventa porque -sostiene- pondría en riesgo futuros escenarios.
“Se compromete el crudo de manera anticipada perjudicando las exportaciones en el mediano plazo y también en lo que tiene que ver con el refinamiento para la producción nacional de derivados”, observa.
La cláusula novena del contrato con la tailandesa PTT establece que el destino del petróleo adquirido “será a la opción del comprador”.
A mediados del año pasado se conoció que, desde la firma del contrato, ningún cargamento de crudo Oriente y Napo entregado a PTT era despachado directamente a Tailandia sino que era revendido a otros mercados. Es la misma estrategia comercial empleada por las empresas chinas Petrochina y Unipec Asia, que también han firmado contratos de venta anticipada del crudo nacional.
Calero cree importante cotejar el volumen de crudo que Petroecuador entrega mensualmente a PTT.
“La empresa compradora tranquilamente puede revender. En el mercado de futuros puede vender las entregas de los próximos meses y tiene recursos suficientes como para pagar los anticipos, y no solo eso”, ilustra el experto.
Hoy en día, las tres compañías asiáticas que mantienen contratos de preventa de petróleo controlan casi el 90 % de las exportaciones de crudo ecuatoriano.
El Banco de Desarrollo dio créditos por $ 4.845 millones en 8 años
Las 4.551 líneas de financiamiento estuvieron destinadas mayoritariamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus empresas públicas.
En diciembre de 2015, el Municipio de San Jacinto de Yaguachi, en la provincia del Guayas, suscribió un nuevo convenio con el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE) para financiar la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, aceras, bordillos y calles adoquinadas para el sector El Tamarindo, que pertenece al cantón.
El monto del crédito que otorgó el BDE fue de $ 3’446.262. “Será un sueño que cumpliremos para los habitantes del sector”, indicó el alcalde de Yaguachi, Daniel Avecillas, luego de la firma del documento. Aquel convenio no es el único suscrito entre ambas entidades. Meses atrás, el Banco de Desarrollo concedió un crédito por $ 3,8 millones al Municipio para construir un nuevo sistema de agua potable para la ciudad. El 38,6% se entregó en calidad de subsidio gubernamental.
La obra, que se inauguró en julio de 2015, permite dotar del líquido al 100% de los habitantes del cantón, aplicando la política gubernamental de impulsar el desarrollo territorial con justicia social. “Este nuevo sistema de agua potable es un aporte para la sociedad. El progreso se visualiza con obras y no solo palabras”, mencionó Avecillas durante la inauguración simbólica del proyecto, en el marco de los 132 años de la cantonización de Yaguachi y que contó con la presencia de la gerente general del BDE, Verónica Gallardo, y del vicepresidente de la República, Jorge Glas.
Según el Banco de Desarrollo, entre 2007 y 2015, la entidad concedió a escala nacional 4.551 créditos para financiar proyectos de municipios, prefecturas, empresas públicas de dichas entidades, promotores de vivienda, organismos de desarrollo regional y otras empresas relacionadas con el sector público.
Los convenios firmados suman $ 4.845 millones, de los cuales más de $ 4.466 millones fueron para financiar proyectos de equipamiento urbano, saneamiento ambiental, vialidad y otros de municipios, prefecturas y de sus empresas públicas. De dicho valor, $ 1.964 millones fueron subsidiados por el Gobierno Nacional.
Estas cantidades son superiores a las registradas en el período 1998-2006, un lapso en el cual el banco aprobó 1.396 créditos por $ 974 millones. De eso, más de $ 473 millones fueron para financiar los proyectos de los GAD y sus empresas públicas, de los cuales se subsidiaron $ 45 millones. Desde el 1 de enero al 1 julio del año en curso, el Banco concedió 319 créditos por $ 161,5 millones.
Nuevos productos financieros serán lanzados al mercado
En su informe de rendición de cuentas de 2015, el BDE indica que este año será clave para el lanzamiento de nuevos productos en favor de los gobiernos locales, a través del emprendimiento de nuevos programas, del fortalecimiento financiero, de la nueva imagen corporativa, del rediseño de los procesos y del cambio de plataforma tecnológica. En dicho documento, además, la entidad indicó que se centrarán en el cliente y se esforzarán en ser un banco simple, ágil y accesible.
“El Banco de Desarrollo es una institución financiera sólida. Este año mantenemos la calificación AA+ emitida por el BankWatch Ratings S.A. Esto significa que tenemos la mejor valoración en la banca pública del país”, indicó en el informe Verónica Gallardo, gerente general del BDE.
Además, mencionó que este año no solo mantienen las tasas de interés más bajas del mercado, sino que también ampliarán los plazos de concesión crediticia hasta 15 años. “En el contexto económico, nuestra meta es seguir consolidándonos como la entidad aliada de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD)”, subrayó Gallardo.
La semana anterior, el Banco firmó un nuevo convenio con el Municipio de La Concordia por $ 217.234 para realizar los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos del sistema de alcantarillado sanitario y agua potable de las parroquias Las Villegas, Monterrey y Plan Piloto. Cuando esté concluido, el proyecto beneficiará a más de 6 mil habitantes.
Todo está listo para el evento que será en Guayaquil, en agosto.
Julio 15, 2016 David	El Comercio
Durante su intervención, el Mandatario explicó las razones por las cuales el Ejecutivo propone este Pacto. Esta mañana, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, entregó a la Corte Constitucional (CC) la solicitud para realizar una consulta popular sobre este tema.
El organismo tiene 20 días para calificar el pedido “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales? “. Esta será le pregunta que se realice a los ecuatorianos.
Sin embargo, Correa aclaró que esta propuesta no impide que alguien sea candidato. Ya que la consulta se realizará en el mismo proceso electoral que las elecciones presidenciales, de asambleístas y parlamentarios andinos, es decir, en febrero del 2017. Por esto, además, explicó que la realización de la consulta no tendrá un costo adicional para el Estado.
Una vez que se obtengan los resultados, si triunfa el Sí; en el plazo de un año la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes para que se ajuste la nueva normativa.
Durante este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán dar cumplimiento al nuevo mandato, caso contrario podrían ser destituidos.
“Nadie está impedido de ser candidato. Sin embargo (…) todo dignatario y funcionario público deberá empezar a creer en su Patria, deshaciéndose de cualquier empresa off shore o capitales en paraísos fiscales”, dijo Rafael Correa.
Además, indicó que las fugas de capitales hacia paraísos fiscales constituyen en uno de los mayores problemas para los países, puesto que causan evasión fiscal, ocultamiento de transacciones, fomento del crimen organizado e, incluso, apoyo al terrorismo.
Recordó que durante su Gobierno se han impulsado varias iniciativas legales para evitar este fenómeno. Pero, que estás no serán suficientes si quienes se encuentran al frente del país o aspiran a representarla en cualquier cargo público, buscan sacar del país sus recursos.
El clima político habla de “opacidad” del BCE pero sin ser alarmista. El Banco Central sigue sin explicar los motivos del retraso con el PIB
La reacción política al silencio del Banco Central se ha vuelto contra la gestión del Gobierno. Es muestra de una opacidad que ahora alcanza a las cifras sobre el Producto Interno Bruto del primer trimestre y que no contribuye por la desconfianza que genera, según los pronunciamientos recogidos ayer por EXPRESO.
Ante un retraso de 15 días en la publicación de las cuentas nacionales trimestrales, este Diario volvió a consultar a la institución responsable, el BCE, sobre los motivos de la demora y sobre la fecha prevista para conocer el comportamiento de ese indicador que mide el desempeño de la economía.
La respuesta de ayer fue similar a la del martes. “Estamos pendientes de su solicitud para poder dar la respuesta”, indicó por correo electrónico el departamento de Comunicación del BCE, institución que suele ser puntual a la hora de cumplir el detallado calendario estadístico que se fija anualmente y en el que se indica incluso el día concreto de la semana que corresponde al 30 de junio (jueves). El Ministerio de Finanzas, a quien se trasladó también la cuestión inicialmente, aún no ha respondido por correo ni por teléfono.
La ausencia de estadísticas que indiquen si la economía se ha deteriorado más o ha mejorado entre enero y marzo de este año es la manera que tiene el Gobierno de aplazar, según Guillermo Lasso, candidato de CREO a la presidencia, un juicio político o análisis sobre su gestión económica en un contexto de crisis. “No hay forma de hacer un análisis objetivo porque las cifras no son confiables”, dijo Lasso tras apostillar que ahora el Gobierno también controla al Banco Central.
Los analistas de estadísticas y números ya cuestionaban ayer esta demora en la publicación y auguraban malos resultados. Hoy, el pronunciamiento político va por la desconfianza. “Es muy grave de cara al exterior. Subirá el riesgo país y con ello el costo del dinero, en un momento donde el país requiere de créditos internacionales”, añade el legislador, también de CREO, Patricio Donoso.
Pero el asambleísta de Alianza PAÍS por Guayas, Christian Viteri, que esta semana cuestionaba duramente las atribuciones de la Superintendencia de Comunicación, achaca este clima de incertidumbre a los mismos analistas económicos que suelen pedir confianza. Con sus elucubraciones y con sus presagios de que el PIB decrecerá, dijo, “generan desconfianza e incertidumbre”. De ahí, que Viteri proponga darle más relevancia a noticias positivas como que la Asociación de Bancos Privados del Ecuador prevea -también recogido ayer en EXPRESO- entregar más de 10.000 millones en créditos y buena parte se destine al sector productivo.
La exportación privada impactada por la crisis
Por primera vez en años el banano afronta una caída, al igual que el cacao El mayor volumen vendido amortigua al camarón y eleva sus ingresos en dólares
Solo siete de los 25 principales ítems de exportación del Ecuador tuvieron números positivos.
Las exportaciones tradicionales, compuestas por cinco productos de la Costa, y que representan el 56,7 % del total de las ventas privadas externas, bajaron en 74 millones de dólares entre enero y mayo de 2016.
Fue evidente el mal comportamiento del banano, cacao, café en grano y elaborado y pescado. La excepción que confirma la regla es el camarón, que ha compensado la caída de precios con mayor productividad.
El banano (incluido el plátano) es víctima en gran parte de una rebaja del precio oficial que pasó de 6,55 dólares por caja en el 2015 a $ 6,16 en el presente año. Aunque hay un precio spot que no se rige por esa tabla, sino por el mercado y que este año ha sido alto. En valores, la caída fue del 4,4 % y en volumen de 2 %, según el Banco Central.
La reducción de las capturas de atún le ha pasado factura a las exportaciones, tanto de filetes como de conservas (no tradicional). A mayo de este año las capturas de Ecuador bajaron el 12 % -datos de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)- hasta las 122.319 toneladas métricas.
El empresario César Rohón ha dicho que la sobrepesca en Asia (Pacífico occidental) mermó los precios el año pasado, pero este se ha recuperado. Los valores de los enlatados de pescado, en su inmensa mayoría de túnidos, cayeron casi el 10 %, de acuerdo con el Banco Central.
Pese a esa caída, el saldo de la balanza comercial fue positivo para Ecuador en 404 millones de dólares, a causa de una drástica caída de las importaciones. El año pasado, en los cinco primeros meses, salieron de $ 9.285 millones, frente a solo 6.011 millones de dólares de igual periodo de 2016.
En cambio la reducción de las ventas al exterior fue menor: 1.753 millones de dólares o 21 % en relación al periodo anterior.
El café es otro de los productos en decadencia. De enero a mayo del 2013 entre granos y elaborados Ecuador vendió 93,3 millones de dólares. Este año la delgada cifra de $ 51,1 millones es lo que preocupa al sector y que la Asociación Nacional de Exportadores (Anecafé) sugiere revertir. Para ello será necesario un arduo trabajo que pemita tener a disposición material vegetativo y capital.
Por ahora, Anecafé tiene listo nuevos materiales de arábigo con rendimientos halagadores que serán conocidos en los próximos días. Su gerente general, Pablo Pinoargote, señala que otro de los incentivos será la taza dorada. Este año se busca vender a un precio sustancialmente mayor los lotes ganadores de la variedad robusta, que será otro incentivo.
El presidente Rafael Correa fue más optimista de lo que podría significar en términos monetarios. En su cuenta de la red social Twitter escribió ayer que con los precios actuales “implica un valor de más de $ 26.000 millones…”.
Ecuador debe cancelar a la petrolera $ 96 millones. Gobierno pediría extensión del plazo de pago a Chevron
El plazo vence el próximo miércoles, pero Mera aclaró que no es un plazo en términos legales, por lo que puede extenderse. Dijo que hablará también con abogados del Frente de Defensa de la Amazonía, que agrupa a 30 mil afectados por la contaminación dejada por Chevron, a quienes en cambio la petrolera debe pagarles $ 9.600 millones.
El gobierno nacional impulsa la iniciativa. Instituto técnico fortalecerá la economía popular y solidaria
En coordinación con las instituciones del sector cooperativo de ahorro y crédito del país, el Gobierno Nacional creará un instituto técnico superior especializado en economía popular y solidaria (EPS).
El presidente de la República, Rafael Correa, mantuvo una reunión con representantes de 11 asociaciones de cooperativas financieras que agrupan a 772 instituciones con 5 millones de clientes.
En la cita se acordó que la EPS sea fortalecida con la formación de profesionales especializados en esa rama. Los detalles para la implementación del centro de estudios aún se definen, indicó Juan Pablo Guerra, vocero de las cooperativas.
Otro de los acuerdos logrados fue dar paso a las instituciones para que puedan emitir tarjetas de crédito a sus clientes y, también, abrir cuentas corrientes. Al respecto, Guerra expresó que solo faltan unos pocos pasos para entregar las tarjetas en el país.
En cuanto a su participación en el sistema de dinero electrónico, el vocero indicó que se han conformado grupos de trabajo entre las cooperativas y el Gobierno para “puntualizar ciertos aspectos en la normativa”, precisó.
Para agosto, el sector cooperativo promete tomar una decisión con respecto al tema. Esto sucederá una vez que culmine el trabajo de las comisiones y se obtenga la resolución final.
Sobre su aporte a las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril, Guerra indicó que se entregan líneas de crédito a los damnificados a través de organismos del Estado, como la Corporación de Finanzas Populares.
Previo al encuentro, el ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, expresó que se busca brindar mayor inclusión en el sistema financiero para promover la competitividad de las cooperativas, especialmente en el manejo de tarjetas de crédito.
El funcionario señaló que ciertos sectores son susceptibles por las comisiones onerosas que se cobran en algunos servicios financieros
Gremio camaronero pide apurar el acuerdo con la Unión Europea
Los camaroneros ecuatorianos que participaron en la Aqua Expo Machala 2016 pidieron a la Asamblea que dé su apoyo al acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), para que entre en vigor a finales de año.
José Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, dijo que este tema es prioridad para el gremio. “Nuestro pedido apunta a que el Código Ingenios se discuta a partir del 2017, luego de la aprobación del acuerdo comercial con la UE”, indicó.
Esta ley plantea algunos cambios en materia de propiedad intelectual.
Agregó que el sector camaronero se beneficiará por la exoneración de pagos de aranceles por el ingreso del producto.
Y destacó que la Unión Europea es un mercado que capta el 30% de la producción camaronera ecuatoriana, por lo que remarcó que el acuerdo comercial sería altamente beneficioso para el sector.
Desde el martes hasta ayer, en el evento Aquaexpo El Oro 2016 se instalaron más de 50 estands de empresas que ofrecen productos y servicios.
Participaron 10 expertos en acuacultura (ocho nacionales y dos extranjeros) provenientes de Francia, India y Estados Unidos.
$ 80 millones para reubicar Muisne
El trasladar a unas 2.000 personas desde la isla de Muisne a la parte continental junto a otro tipo de obras, tendrá un costo que bordeará los $ 80 millones, aseguró César Navas, ministro coordinador de Seguridad.
El funcionario indicó ayer que para el programa de viviendas, un puente, arreglos de vías y las escuelas que se vayan a construir se destinarán los recursos necesarios.
“Más o menos de lo que hemos revisado hasta este momento de lo aprobado estamos bordeando los $ 80 millones”, explicó Navas, quien llegó a Montecristi para participar en un taller de experiencias y vivencias de lo que dejó el terremoto del 16 de abril.
La reubicación de la población se ha planteado luego de que se declaró en zona de riesgo a toda la isla Muisne que sería afectada por una inundación ante la posible presencia de un tsunami.
El secretario de Estado dijo que se ha destinado un gran albergue en la localidad de Bunche, de cerca de 5 hectáreas. Allí ya se trabaja en la adecuación de un terreno.
Dentro de una fase inicial se estructurarán 600 viviendas para las personas que serán evacuadas de la isla.
De acuerdo con los estudios de licuefacción, la isla es una zona bastante endeble para que la población siga manteniéndose residiendo en ese lugar, sin embargo, cree que se puede potencializar con el fin de desarrollar el turismo.
“En Muisne hemos pensado en hacerse otro tipo de actividades… ya se ha dispuesto la construcción, está por terminar los estudios, para hacer un puente peatonal o que pueda uno cruzar hasta en tricimoto o en bicicleta, podemos hacer actividades turísticas, en la mañana los restaurantes puedan operar pero que la gente vaya a pernoctar a sus casas, en un lugar seguro”, declaró Navas.
Puso como ejemplo lo que se está haciendo con las personas que vivían en la isla de Portete (cerca de Mompiche), en donde ya se han evacuado y están residiendo en un albergue unas 80 familias.
Susana Dueñas, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos, indicó que en todo el perfil costero del país se están realizando capacitaciones para conocer respuestas o acciones por desplegar en caso de producirse un nuevo embate de la naturaleza.
“Ojalá nunca tengamos un tsunami, pero estamos ya, por disposición del presidente, en el proceso de instalar en los próximos días cámaras alertas al sistema SAT en todos los lugares que tenemos población especialmente en las provincias de Esmeraldas y Manabí”, declaró Dueñas.
Hasta las 13:11 de ayer se habían registrado cuatro sismos entre las zonas costeras de Manabí y Esmeraldas y eso volvió a inquietar a la población.
El movimiento de mayor intensidad se dio a las 11:37, y el epicentro estuvo frente a las costas de Atacames con una magnitud de 4,7. Con esto sumaban 2.182 réplicas, según el Instituto Geofísico. (I)
Traslado Servicios públicos:
Visita, El lunes pasado, el presidente Rafael Correa estuvo en Muisne e indicó que ya no se fomentará la vivienda en la isla Muisne. Además, anticipó que los servicios públicos van a pasar a la parte del continente.
Gobierno quiere más control sobre las universidades
El CES alista una reforma para regular elección de decanos y también aranceles.
Los asambleístas oficialistas están decididos a impulsar una reforma legal para impedir que las universidades privadas tengan vínculos con empresas que persigan fines de lucro y no guarden relación con la academia. Dentro de 15 días, el Consejo de Educación Superior (CES) tiene previsto presentar la propuesta a la Comisión de Educación y se incluirá una regulación a los sueldos de directivos.
El organismo busca, además, que se le conceda facultad para fiscalizar, investigar y sancionar prácticas irregulares, democratizar la elección de decanos y autoridades, así como atribuciones para regular aranceles, suspender entrega de recursos públicos, entre otros temas.
Su presidente, René Ramírez, adujo que en los últimos cuatro años la universidad particular movió 2.800 millones de dólares y 208 millones están como excedentes, que no necesariamente van a reinversión, pues pasan a grupos económicos con las que estas tienen vínculos, según él.
El funcionario sugirió que se tipifique como faltas “muy graves” si se comprueba que una institución tiene vínculos con empresas con fines de lucro, en cuyo caso deberán establecerse sanciones como altas multas y la inhabilitación temporal o de por vida de los directivos.
La propuesta será incluida dentro del cuerpo legal con el que se refrendará el cierre definitivo de las 14 universidades que fueron suspendidas hace tres años por falta de calidad, anotó el presidente de la Comisión, Raúl Abad (PAIS).
Aseguró que no se trata de temas distintos, mientras su colega, Mauro Andino (PAIS), insistió en que hacen falta controles a estas instituciones, pues argumentó que están encargadas de gestionar un servicio público, que es la educación.
Sin embargo, Luis Fernando Torres, asambleísta opositor, advirtió que detrás de esta propuesta se busca “asfixiar” a las universidades privadas y se persiguen “excesivos controles y demasiados poderes para los burócratas del Consejo de Educación Superior”.
“Han destruido las bases del derecho constitucional y del derecho administrativo, han creado organismos que son juez y parte. En el ámbito de la Comunicación es juez y parte el órgano que sanciona y denuncia y quieren que ocurra lo mismo en la educación”, indicó.
El tema trasciende en momentos en que la Comisión adelanta una investigación sobre la constitución de empresas offshore en paraísos fiscales por parte de cinco universidades privadas.
Además de Ramírez, ante esta instancia acudió ayer el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, quien ventiló las cuentas de los rectores y los funcionarios.
Si bien dijo que estas no tienen recursos de manera directa en paraísos fiscales, cuestionó el hecho de que 179 directivos tengan vínculos en empresas que sí tienen fondos en esos lugares.

References: artículo 5
 resolución 
 artículo 1
 artículo 419
 resolución 
 resolución