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Timestamp: 2018-03-19 06:32:44+00:00

Document:
Libra Abogados Sentencia AP Madrid
Apelación Sentencias Violencia sobre la Mujer 838/2014
Origen :Juzgado de lo Penal nº 04 de Móstoles
Juicio Rápido 26/2014
Apelante: D./Dña. Carlos Miguel
Procurador D./Dña. JUAN PEDRO MARCOS MORENO
Letrado D./Dña. MARIA TERESA SANCHEZ MARTIN
Apelado: D./Dña. Verónica y D./Dña. MINISTERIO FISCAL
Procurador D./Dña. MIRIAM LOPEZ OCAMPOS
Letrado D./Dña. DAVID ANCHUELO RODRIGUEZ
SENTENCIA Nº 291/ 2014
Dña. CONSUELO ROMERA VAQUERO (Presidente)
Dña. MARIA TERESA CHACON ALONSO (Ponente).
D. JUSTO RODRIGUEZ CASTRO
En Madrid, a 8 de mayo de dos mil catorce.
Vistos por esta Sección Vigésimo Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, en Audiencia pública y en grado de apelación, en el PA 251/2013, procedente del Juzgado de lo Penal nº 4 de Móstoles, seguido por un delito de lesiones y maltrato familiar, siendo partes en esta alzada como apelante D. Carlos Miguel y como apelado DÑA. Verónica ; y Ponente la Magistrada Sra. MARIA TERESA CHACON ALONSO.
- Por el indicado Juzgado nº de Madrid, se dictó sentencia el 13/01/14, que contiene los siguientes Hechos Probados: " Se declara probado que el día 26 de enero de 2014, sobre las 6.30 horas el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, se encontraba en el interior del domicilio de Verónica ( ex pareja con la que tiene un hijo en común), situado en la CALLE000 de Fuenlabrada y cuando esta llego al domicilio se produjo una discusión entre ambos en la que el acusado con ánimo de menoscabar su integridad física le dio una patada en la espalda después de haberla insultado con expresiones como puta y similares. Como consecuencia de estos hechos la perjudicada sufrió contusión lumbar, que necesito de una primera asistencia médica tardando en curar un día no impeditivo".
En la parte dispositiva de la sentencia se establece: " Debo condenar y condeno a Carlos Miguel como autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de nueve meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y a la privación del derecho y porte de armas durante dos años, así como la prohibición de acercarse a la víctima, Verónica, domicilio de la misma, o lugar de trabajo a distancia inferior a 500 metros o comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de dos años y costas. En materia de responsabilidad civil deberá estarse al fundamento jurídico cuarto de la presente resolución.
Se mantienen las medidas cautelares acordadas en el presente procedimiento".
- Notificada la sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación de D. Carlos Miguel que fue admitido y del que se confirió traslado por cinco días a las demás partes para que pudieran adherirse o impugnarlo.
- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se formó el correspondiente rollo de apelación, y se señaló para la deliberación y resolución del recurso el día 08/05/14.
- Por la representación de Carlos Miguel se interpone recurso de apelación contra la sentencia referida que condena a su patrocinado como autor responsable de un delito de maltrato en el ámbito familiar del art. 1531 y 3 del CP, viniendo a alegar vulneración del principio de presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba, esgrimiendo que no se ha practicado una prueba de cargo suficiente para enervar dicha presunción.
Señala que si bien existe un informe médico forense, diagnosticando a la presunta víctima una contusión, dicha contusión, tambien es compatible con la versión ofrecida por su defendido, que señaló que se pudo producir en el intento de la presunta víctima de abrir la puerta, introduciendo el brazo entre el espacio que permitía la cadena. Apunta además el principio in dubio pro reo .
- Centrada así la cuestión, la revisión de la valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida por el Juez a quo, se debe concretar a la forma en que se han practicado o desarrollado en el plenario las pruebas, si existen pruebas de cargo, y si la valoración efectuada obedece a las reglas de la lógica, experiencia y de la sana crítica ( SSTC 17-12-85 [RTC 1985 \174 ], 13-6-86 [RTC 1986\78 ], 13-5-87 [RTC 1987\55 ], 2-7-90 [RTC 1990\124 ], 4-12-92 [RJ 1992\10012 ], 3-10-94 [RJ 1994\7607]), y únicamente debe ser rectificada, bien cuando no existe al imprescindible marco probatorio de cargo, vulnerándose entonces el principio de presunción de inocencia, o bien, cuando un detenido examen de las actuaciones revele un manifiesto y claro error del juzgador «a quo» de tal entidad que imponga la modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, o más concretamente, sólo cabe revisar la apreciación hecha por el Juez de la prueba recibida en el acto del juicio oral en la medida en que aquella valoración haya sido llevada a cabo por el órgano judicial de forma arbitraria, irracional o absurda, es decir, si la valoración de la prueba ha sido hecha mediante un razonamiento que debe calificarse de incongruente o apoyado en fundamentos arbitrarios, como aquellos que aplican criterios contrarios a los preceptos constitucionales. ( SS. TC 1-3-93 [RTC 1993\79], S. TS 29-1-90 [RJ 1990\527]).
Asimismo, el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución (RCL 1978\2836), implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos [LEG 1948\1]; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [RCL 1979\2421], y artículo
14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [RCL 1977\893]). Esto supone que es preciso que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que sea suficiente para desvirtuar esa presunción inicial ( STS 251/2004 ).
Debe incidirse en que, no puede prescindiese de la ineludible necesidad de desplegar una prueba de cargo, razonablemente suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Presunción que no solo constituye un derecho fundamental declarado en nuestra Constitución sino que además, es el "eje alrededor del cual giran las demás garantías procesales y en definitiva el funcionamiento de todo el procedimiento penal. ( STS 2 de diciembre de 2003 ).
Señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 137/88 de 7 de julio y ha reiterado en numerosas resoluciones, que la presunción de inocencia ocasiona un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, debiendo ser suficiente para generar en el juzgador la evidencia de la existencia un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el acusado, así como sustentarse la actividad probatoria en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad, exceptuándose los supuestos de prueba pre constituida y anticipada siempre que se observe el de un cumplimiento de determinados requisitos materiales (imposibilidad de reproducción en el juicio oral), subjetivos (intervención del juez de instrucción), objetivos (contradicción con la intervención de letrado) y formales (introducción en el juicio través de la lectura de los documentos)".
Por su parte, también el Tribunal Supremo ha señalado reiteradamente que aun cuando, en principio, la declaración de la víctima puede ser hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, atendiendo a que el marco de clandestinidad en que se producen estos delitos, impide en ocasiones disponer de otras pruebas, es necesario depurar con rigor las circunstancias del caso para comprobar si efectivamente concurren los requisitos que se exigen para la viabilidad de la prueba y que son los siguientes: a) ausencia de incredulidad subjetiva; b) verosimilitud del testimonio; c) persistencia en la incriminación y la concurrencia de datos corroboradores ( SSTS 23-3-1999 [RJ 1999\2676 ], 2-6-1999 [RJ 1999\3872 ], 24-4-2000 [RJ 2000\3734 ], 26-6-2000 [RJ 2000\6074 ], 15-6-2000 [RJ 2000\5774 ] y 6-2-2001 [RJ 2001\1233]).
En relación a la persistencia la STS 667 de 2008 de 5 de 11 afirma que supone:
a.	Ausencia de modificaciones esenciales en las sucesivas declaraciones prestadas por la víctima sin contradecirse ni desdecirse. Se trata de una persistencia material en la incriminación, valorable «no en un aspecto meramente formal de repetición de un disco o lección aprendida, sino en su constancia sustancial de las diversas declaraciones» ( Sentencia de 18 de junio de 1998 ).
b.	Concreción en la declaración que ha de hacerse sin ambigüedades, generalidades o vaguedades. Es valorable que especifique y concrete con precisión los hechos narrándolos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar.
c.	Coherencia o ausencia de contradicciones, manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre sus diversas partes.
Así pues, el Tribunal Supremo cuando defiende la legitimidad constitucional y de la legalidad ordinaria, de la declaración de la víctima, aunque sea única prueba, como suficiente para destruir la presunción de inocencia si no existieren razones objetivas que hagan dudar de la veracidad de lo que se dice, no es pues un problema de legalidad sino de credibilidad. En realidad, como dice la STS de 7 de octubre de 1998 (RJ 1998\8049), lo que acontece es que para esa «viabilidad probatoria» es necesario no sólo que no se den razones objetivas como para dudar de la veracidad de la víctima, sino también que por los Tribunales se proceda a una «profunda y exhaustiva verificación» de las circunstancias concurrentes en orden a esa credibilidad que va de la mano de la verosimilitud. Por último la STS núm. 58/2005 (Sala de lo Penal), de 21 enero recuerda que «el principio pro reo tiene un carácter eminentemente procesal, utilizable en el ámbito de la crítica de la prueba, e instrumental en orden a resolver los conflictos en los que el Tribunal no puede llegar a una convicción firme sobre lo probado, casos en los que la duda surgida debe ser resuelta a favor del reo. Pero no es principio invocable en casación, ni resulta aplicable en los supuestos en que el Tribunal, en méritos a la disposición del art. 741 de la LECrim (LEG 1882\16), llega a una convicción en conciencia sobre el acreditamiento de un dato fáctico, excluyéndose toda duda sobre su existencia (Cfr. sentencias de 20 de enero de 1993 [RJ 1993\136 ], 7 de febrero [RJ 1995\792] y 23 de noviembre [RJ 1995\8421] de 1995 ).
- En el presente supuesto el Juez a quo analiza minuciosamente de forma coherente y sin incongruencia alguna en la sentencia impugnada, el resultado de la prueba practicada con todas las garantías en el acto del juicio oral refiriéndose a la declaración de la presunta víctima señalando,como esta manifestó que cuando llegó a su domicilio se encontró al acusado durmiendo en el sofá pidiéndole que se marchara, a lo cual aquel le contestó que era una zorra y que se encontraba zorreando y cuando ella le dijo que eso lo sería su madre aquel aprovechando que ella se volvió, le dio una patada llamándola "zorra puta".
Por otra parte se refiere a la versión del acusado quien, aún cuando no reconoció los insultos en dicho momento, si reconoció haberlos enviado con anterioridad por Whatsapp, refiriendo que cuando la presunta víctima entró en el domicilio, " lo levantó a hostias, y él sólo dijo joder y se quitó de encima".
Con dichas versiones contradictorias, otorga credibilidad, a la versión incriminatoria de la presunta víctima, en la que entiende, concurren los parámetros que la jurisprudencia viene considerando a los efectos de constituir prueba hábil en orden a enervar la presunción de inocencia del acusado apuntando que esta corroborada por la lesión que presentaba, sin que aprecie en aquella móvil espureo alguno.
Pues bien dichas declaraciones, constituyen un supuesto de prueba de naturaleza personal en cuya valoración resulta esencial la percepción directa de la misma por el Juez a quo, quien en virtud de la inmediación, se encuentra en una situación privilegiada para valorar su fiabilidad consistencia y autenticidad de ahí que deba respetarse su criterio salvo que se aprecien ilogicidades incoherencias o lagunas. Al respecto, es preciso recordar que como señalaba la STS 251/2004 de 26 de febrero " la inmediación aún cuando no garantice el acierto, ni sea por si misma suficiente para distinguir la versión correcta de lo que no lo es, es presupuesto de la valoración de las pruebas personales, de forma que la decisión del tribunal de instancia en cuanto a la credibilidad de quien declaro ante él, no puede ser sustituida por la de otro Tribunal, que no las haya presenciado, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento, que puedan poner de relieve una valoración manifiestamente errónea que deba ser recogida.
Elementos inexistentes en el caso que nos ocupa, en el que la versión incriminatoria de la presunta víctima, sobre la forma y ocasión en la que el día de los hechos en su domicilio el acusado, a lo largo de la una discusión, le propina una patada en la espalda y la insulta en la forma que se recoge, se ha venido a mantener firme y persistente que en el procedimiento, ofreciendo en el plenario un relato coherente y seguro, que viene avalado en parte por la declaración del propio acusado quien aún cuando niega la agresión, admite el enfrentamiento el día los hechos y especialmente por el parte facultativo del suma 112 en que aprecio en la presunta víctima "un eritema en zona lumbar "baja" e informe médico forense que le diagnosticó "una contusión lumbar, totalmente compatibles con el mecanismo de agresión descrita, sin que por otra parte se aprecie móvil espurio alguno en la versión incriminatoria ofrecida.
Los antecedentes señalados, reflejan como el Juez a quo,ha contado con una prueba de cargo de contenido inequívocamente incriminatoria, que enervando la presunción de inocencia del acusado, le ha permitido llegar a un juicio de certeza, sobre la realidad de los hechos que declara probados, sin que más allá de las subjetivas manifestaciones del recurrente, existan elementos objetivos que permitan a esta Sala, poder efectuar una valoración de la prueba distinta a la llevada a cabo por aquel, desde su inmediación conforme alart. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
- No se aprecian razones para imponer, por temeridad o mala fe, las costas de esta alzada, que deben declararse de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
F A L L A M O S : Que SE DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de D. Carlos Miguel, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 4 de Móstoles, con fecha 12/02/2014, en el Juicio Rápido nº 26/2014, debemos confirmar y CONFIRMAMOS íntegramente la expresada resolución, declarando de oficio las costas de esta alzada.
Devuélvanse las diligencias originales al Juzgado de procedencia, con certificación de la presente resolución, para su ejecución y cumplimiento, solicitando acuse de recibo y previa su notificación a las partes, con arreglo a las prevenciones contenidas en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

References: resolución 
in dubio
 resolución 
 artículo 24
 artículo 11
 artículo 6
 artículo
14