Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/PL-2015/as20151L121.html
Timestamp: 2019-03-21 00:00:49+00:00

Document:
as20151L121
AUTO SUPREMO Nº 121/2015-RA-L
Expediente : Potosí 13/2010
Parte imputada : Caupolican Amir Mendivil Cavero y otros
Por memoriales presentados el 6 de febrero de 2010, cursantes de fs. 277 a 282 y 296 a 299 vta., Delia Aracely Salinas Velásquez y Caupolican Amir Mendivil Cavero respectivamente, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 03/2010 de 23 de enero, de fs. 259 a 262 y vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí ahora Tribunal Departamental de Justicia, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jaime Medina Subieta (declarado rebelde) y los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Hurto agravado, Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado, Estelionato, Uso de instrumento Falsificado y Falsedad Material, tipificados y sancionados por los arts. 326, 223, 337, 203 y 198, todos del Código Penal (CP).
Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 11/09 de 20 de abril de 2009 (fs. 154 a 184), el Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Potosí, declaró a Delia Aracely Salina Velásquez, absuelta de la comisión del delito de Falsedad material, previsto y sancionado en el art. 198 del CP y a Caupolicán Amir Mendivil Cavero, absuelto de la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado en el art. 337 del CP.
Contra la mencionada Sentencia, el representante del Ministerio Público (fs. 220 a 230), interpone recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 03/2010 de 23 de enero emitido por la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que declaró procedente el recurso de planteado, anulando totalmente la sentencia impugnada, disponiendo en consecuencia la reposición del juicio mediante reenvío ante el Tribunal de Sentencia primero de esa ciudad, con costas.
El 02 de febrero de 2010 (fs. 263), fueron notificados los recurrentes Delia Aracely Salinas Velásquez y Caupolicán Amir Mendivil Cavero con el referido Auto de Vista y el 06 del mismo mes y año, interpusieron recursos de casación respectivamente.
De la revisión de los recursos de casación de fs. 277 a 282 y 296 a 299 vta. , se extraen los siguientes motivos:
II.1. Del recurso de casación de Delia Aracely Salina Velásquez.
El recurrente manifiesta que, si bien está de acuerdo con la sentencia pronunciada por el Tribunal a quo, señala que esta resolución no fue debidamente analizada por el Tribunal de alzada a tiempo de resolver la apelación restringida formulada vulnerando su derecho a la defensa al prejuzgar su culpabilidad, sin considerar la prueba de descargo existente, pues en cuanto a su persona no se habría establecido el grado de participación. Añade que la emisión del Auto de Vista recurrido pasa a una situación de incertidumbre al tener que enfrentar un nuevo juicio, cuando lo correcto era que se confirme su absolución por no haberse establecido responsabilidad penal en su contra, contraviniendo lo establecido en el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), respecto de este motivo invoca el Auto Supremo 479 de 08 de diciembre de 2005.
Adicionalmente señala que el Auto de Vista recurrido, arbitrariamente dispuso revocar la sentencia determinando nuevo juicio en la vía de reenvió, lo cual amerita responsabilidad por haber sido dictado de manera ultra petita, y no contener los suficientes fundamentos que respalden el decisorio, aspectos que -indica- atentan al debido proceso y se encuentran sancionados con nulidad, tal cual expresa el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).
II. 2. Del recurso de casación de Caupolican Mendivil Cavero.
El recurrente acusa la vulneración de derechos constitucionales, vía apelación incidental, refiriendo que fue procesado por el delito de Estelionato; sin embargo, del análisis y fundamentación de la apelación era respecto a los delitos de falsedad los cuales nunca le fueron imputados, restringiendo su derecho a la legítima defensa establecido en el art. 119.II de la CPE.
El Tribunal de alzada vulneró la previsión establecida en el art. 124 CPP, pues no establecieron de forma clara o motivada del porque llegó a la conclusión de que la sentencia se basó en elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio.
Adicionalmente el recurrente asevera que el argumento señalado en el punto 2 del Primer Considerando del Auto de Vista impugnado, referido a que el documento suscrito por Eduardo Calderón, Caopolican Mendivil y otros a favor de Rolando Rossel Arancibia, es falso, es una conclusión equivocada ya que el Tribunal de Alzada no consideró que la sentencia no se encuentra ejecutoriada, por lo tanto, goza de la presunción de inocencia prevista en el art. 116.I CPE, de igual forma no se puede hablar de falsedad, mientras esta no haya sido declarada judicialmente, consiguientemente mientras no se cumpla con esta exigencia no se puede tachar de falso un documento, pues en contrario se presume su autenticidad, al respecto invoca el Auto de Vista 009 de 29 de enero de 2003, además pide se tenga presente lo señalado por la Sentencia Constitucional 546/2004-R de 12 de abril de 2004, referida a que ante la existencia de violación de derechos y garantías constitucionales, no es necesario la invocación de precedentes contradictorios.
En el caso de autos, se establece que los recurrentes Delia Aracely Salinas Velásquez y Caupolican Amir Mendivil Cavero, fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 02 de febrero de 2010 y el 06 del mismo mes y año, formularon sus recursos de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles que les otorga la ley, cumpliendo con el requisito previsto por el art. 417 del CPP.
Del recurso de casación de Delia Aracely Salina Velásquez:
Es así, que respecto al primer motivo del recurso, referido a que si bien está de acuerdo con la sentencia pronunciada por el Tribunal A quo, señala que esta resolución no fue debidamente analizada por el Tribunal de alzada a tiempo de resolver la apelación restringida formulada en Autos, incurriendo en vulneración a su derecho a la defensa ya que se prejuzgó su culpabilidad, sin considerar la prueba de descargo existente, pues en cuanto a su persona no se habría establecido el grado de participación. Con la emisión del Auto de Vista recurrido pasa a una situación de incertidumbre al tener que enfrentar un nuevo juicio cuando lo correcto era que se confirme su absolución por no haberse establecido responsabilidad penal en su contra, contraviniendo lo establecido en el art. 116 de la Constitución Política del Estado, respecto de este motivo invoca el Auto Supremo 479 de 08 de diciembre de 2005.
En cuanto al control sobre el cumplimiento de los requisitos formales para la admisibilidad de este motivo se tiene que, si bien la recurrente invocó el precedente contradictorio, no precisó la contradicción existente con el Auto de Vista, pues del recurso de casación solo se establece la cita de aspectos genéricos sin señalar en forma concreta qué argumentos del Auto de Vista recurrido son contradictorios al Auto Supremo 479 de 8 de diciembre de 2005, imposibilitando así su consideración en el fondo.
Con relación al segundo motivo, referido a que el Auto de Vista recurrido al haber arbitrariamente “decido la revocatoria de la sentencia” determinando nuevo juicio en la vía de reenvió, merece la condenación de responsabilidad por haber sido dictado de manera ultra petita, y no contener los suficientes fundamentos que respalden el decisorio, aspectos que atentan al debido proceso y que se encuentran sancionados con nulidad tal cual expresa el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Respecto de este motivo la recurrente no invoca precedente contradictorio alguno, incumpliendo las previsiones establecidas en los arts. 416 y 417 del CPP, ya que si bien se tiene en Autos que la misma no formuló recurso de apelación restringida por haberle sido favorable la sentencia, sin embargo la invocación del precedente contradictorio debió ser cumplida al momento de formular el recurso de casación, aspecto que conlleva a que tampoco se haya realizado la precisión de contradicciones respecto de este motivo, pues en contrario solo se fundó el recurso en alegaciones genéricas sin establecer porque el Tribunal de Alzada hubiese actuado de forma ultra petita, además que tampoco se identificó que aspectos no fueron debidamente fundamentados.
Finalmente respecto de la denuncia de defectos absolutos en la tramitación de la causa, conforme lo ya establecido en la parte in fine de acápite III de la presente resolución respecto de este tipo de denuncias, para la flexibilización en la admisibilidad del recurso se estableció que: Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, aspectos que no fueron cumplidos por la recurrente ya que solo cita la normativa legal sin exponer de manera fundada la existencia de vulneración de derechos y garantías constitucionales, en consecuencia el recurso deviene en inadmisible.
Del recurso de casación de Caupolican Mendivil Cavero.
Respecto al primer motivo, referido a la violación de derechos constitucionales vía apelación incidental, refiriendo que fue procesado por el delito de Estelionato; sin embargo, del análisis y fundamentación de la apelación era respecto a los delitos de falsedad los cuales nunca le fueron imputados, violándose su derecho a la legítima defensa establecida en el art. 119. II) de la CPE.
El recurrente obvia completamente la invocación de algún precedente contradictorio además de la correspondiente precisión de las contradicciones en las que hubiese incurrido el Tribunal de Alzada en la emisión de la resolución recurrida
Incumpliendo las previsiones establecidas en los arts. 416 y 417 del CPP, pues de la verificación del presente motivo se extraña una correlación de argumentos que permitan identificar cual la problemática planteada y el resultado legal que se espera ya que incluso se hace referencia a una apelación incidental, que por mandato legal no es recurrible en casación.
Con relación al segundo motivo, en el que se denunció, que el Tribunal de alzada vulneró la previsión establecida en el art. 124 CPP, pues no establecieron de forma clara o motivada del porque se llegó a la conclusión de que la sentencia se basó en elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio.
Al igual que en el primer motivo, se incumplió con los arts. 416 y 417 del CPP, ya que además de no haberse invocado el precedente contradictorio tampoco se señala de forma puntual que pruebas habrían sido ilegalmente tachadas de ilegales por parte del Tribunal de Alzada, recayendo el recurso en generalidades que impiden a este Tribunal ingresar al conocimiento y resolución de fondo por incumplimiento a las formalidades de admisibilidad previstas en el Código de Procedimiento Penal.
Acerca del tercer motivo, que el argumento señalado en el considerando primero del Auto de Vista recurrido, referido a que el documento suscrito por Eduardo Calderón, Caupolican Mendivil y otros a favor de Rolando Rossel Arancibia, es falso, es una conclusión equivocada ya que el Tribunal de Alzada no consideró que la sentencia no se encuentra ejecutoriada, por lo tanto, goza de la presunción de inocencia prevista en el art. 116.I CPE, de igual forma no se puede hablar de falsedad, mientras esta no haya sido declarada judicialmente, consiguientemente mientras no se cumpla con esta exigencia no se puede tachar de falso un documento, pues en contrario se presume su autenticidad, al respecto invoca el Auto de Vista 009 de 29 de enero de 2003, además pide se tenga presente lo señalado por la S.C. 546/2004-R de 12 de abril de 2004, referido a que ante la existencia de violación de derechos y garantías constitucionales no es necesario la invocación de precedentes contradictorios.
Respecto de este motivo y la invocación de un Auto de Vista como precedente contradictorio, mismo que se encuentra transcrito en tu totalidad, se debe tener presente que no es suficiente que se cite y transcriba el Auto de Vista, pues para que pueda ser considerado como precedente es imprescindible que se demuestre la ejecutoria del mismo, conforme preciso reiteradamente este Tribunal en los Autos Supremos 101/2014-RRC de 7 de abril y 044/2015-RA-L de 4 de febrero, entre otros, aspectos no cumplidos por el recurrente, ya que no existe constancia que dicho Auto de Vista tenga la calidad de ejecutoriado o que no haya dejado sin efecto, razón por la cual el presente motivo también deviene en inadmisible.
Finalmente, con relación a la Sentencia Constitucional 546/2004-R de 12 de abril de 2004, corresponde señalar que, en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, las Sentencias Constitucionales, no tienen la calidad de precedentes contradictorios, constituyendo tales, únicamente los Autos de Vista dictados en recursos de apelación restringida y Autos Supremos donde se establezca doctrina legal aplicable; no siendo válido el acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita del precedente y explicación de contradicción que exige la ley en la interposición del recurso de casación; en tal sentido, la invocación de la Sentencia Constitucional referida, conlleva al incumplimiento de los arts. 416 y 417 del CPP, extremo que impide a este Tribunal ingresar al análisis de los mismos, correspondiendo en consecuencia declarar su inadmisibilidad.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Delia Aracely Salinas Velásquez y Caupolicán Amir Mendivil Cavero; de fs. 277 a 282 y 296 a 299, respectivamente.

References: resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 
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