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﻿ Sentencia 39446 de agosto 14 de 2012
SENTENCIA 39446 DE 14 DE AGOSTO DE 2012
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD EN RIESGOS PROFESIONALES. EN MATERIA DE RIESGOS PROFESIONALES, SURGEN DOS CLASES DE RESPONSABILIDAD, UNA DERIVADA DE LA RELACIÓN LABORAL, QUE OBLIGA A LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A ATENDER Y RECONOCER A FAVOR DEL TRABAJADOR, LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y ASISTENCIALES PREVISTAS POR EL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES EN TALES EVENTOS, Y TENEMOS TAMBIÉN LA RESPONSABILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 216 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO QUE LE IMPONE AL EMPLEADOR LA OBLIGACIÓN DE RESARCIR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS AL TRABAJADOR COMO CONSECUENCIA DE LOS RIESGOS PROFESIONALES QUE SUFRA, SIEMPRE QUE MEDIE CULPA SUYA DEBIDAMENTE PROBADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, RIESGOS PROFESIONALES, INCAPACIDAD LABORAL, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PAULIANA
Sentencia 39446 de agosto 14 de 2012
Radicación 39446
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Vidal Gáfaro, contra la sentencia proferida por la Sala Única de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, el 13 de agosto de 2008, en el proceso ordinario laboral que le promovió a la Empresa de Servicios Públicos de Pamplona “Empopamplona S.A. ESP”.
Vidal Gáfaro llamó a juicio a la Empresa de Servicios Públicos de Pamplona “Empopamplona S.A. ESP”, con el fin de que previa declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre las partes, “Terminado por la demandada al ocurrir el accidente de trabajo el 8 de mayo de 1997, por falta de medidas de prevención e incumplimiento de normas de salud ocupacional (fl. 51); y que durante la existencia del contrato de trabajo, realizó las funciones de recolección de basuras, fuera condenada a cancelar los daños y perjuicios materiales a título de daño emergente y lucro cesante consolidado y futuro por el accidente de trabajo ocurrido durante la relación laboral y por culpa patronal; los daños morales objetivados y subjetivados por el valor de 500 salarios mínimos legales vigentes al momento de la sentencia; reparación plena y ordinaria de perjuicios; sumas que deben ser indexadas, interés corriente o interés moratorio; y, costas y agencias en derecho.
Fundamentó sus peticiones, esencialmente, en que se desempeñó como recolector de basuras; fue afiliado por la demandada a Riesgos ATEP a la ARP ALFA; el 8 de mayo de 1997, cuando estaba ejerciendo funciones de recolección de basuras, sufrió un accidente de trabajo, tal como aparece en el formato único de accidente de trabajo suscrito por el jefe de personal de la entidad demandada, donde describe lo sucedido; al momento del accidente no contaba con los elementos de protección y seguridad industrial requeridos para este tipo de labores, encontrándose por orden de la demandada y sin tomar las mínimas medidas de seguridad en el interior del volteo del automotor tipo volqueta, el cual se encontraba lleno de bolsas de aseo, producto del turno diario que le eran lanzados desde las calles y avenidas por sus compañeros de turno, siendo un sistema no apto para recolección de basuras, colocando en riesgo su salud al realizar esta actividad, no solo porque en cualquier momento podía caerse, sino que en el momento del percance carecía de los elementos de seguridad industrial; la demandada carecía del “programa medidas de seguridad establecido en la Ley 9ª de 1979, del Programa de Salud Ocupacional violando la Resolución 1016/89 y por ende lo establecido en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial ordenado por el artículo 350 del CST (…) no estaba conformado el Copaso, (…) y que al no existir los programas y medidas establecidas en ellas, conllevo (sic) a que la demandada fuera imprudente y negligente con las consecuencias funestas recibidas por el actor” (fl. 53); y devengaba un salario mínimo legal mensual.
Agregó, que inició el período de incapacidad temporal a partir del 28 de mayo de 1997, hasta el 11 de septiembre de 2001, fecha de declaración de la incapacidad permanente parcial determinada por la Junta Nacional de Invalidez con porcentaje del 44.30% de pérdida de capacidad laboral de origen profesional; la prescripción de la acción debió iniciarse a partir del 12 de septiembre de 2001, fecha de notificación del dictamen de calificación de invalidez que otorgó una pérdida de la capacidad laboral del 44.30% de origen profesional, entrando en periodo progresivo de incapacidad permanente parcial; el 23 de abril de 2004, presentó reclamación ante la accionada por los daños y perjuicios ocasionados en el accidente de trabajo, quien negó lo solicitado “confundiendo la indemnización por pago de la responsabilidad objetiva cancelada por la ARP al actor, con el de su responsabilidad en la indemnización plena de perjuicios en el accidente de trabajo” (fl. 55).
Al dar respuesta a la demanda (fls. 78 a 82), la accionada se opuso a las pretensiones, en cuanto a los hechos, aceptó algunos, negó otros y, de los demás, dijo que no le constaban o no había constancia de ello. En su defensa propuso las excepciones que denominó: inexistencia de un contrato laboral, inexistencia del derecho, inexistencia de la obligación y prescripción de la acción.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pamplona, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 22 de abril de 2008 (fls. 293 a 307), resolvió:
“1. DECLARAR entre Vidal Gáfaro y Empopamplona S.A. ESP, existió contrato de trabajo por un término de 3 meses, con fecha de iniciación 10 de abril de 1997, (…).
2. DECLARAR que el 8 de mayo de 1997, Vidal Gáfaro sufrió un accidente de trabajo, al momento de cumplir las funciones de recolección de basuras, (…).
3. DECLARAR que Empopamplona S.A. ESP, no le canceló indemnización alguna a VIDAL GAFARO con ocasión del accidente acontecido el 8 de mayo de 1997 y éste acudió a la autoridad correspondiente para que aquella le cancelara la indemnización, a partir del 15 de septiembre de 2006, (…).
4. DECLARAR probada la excepción de mérito denominada PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, (…).
5. NO RECONOCER NI ORDENAR A PAGAR A Empopamplona S.A. ESP, suma de dinero alguno a favor de Vidal Gáfaro, por concepto de indemnización.
6. NO CONDENAR en costas a parte procesal alguna, (…)”.
Mediante providencia del 22 de mayo de 2008, el a quo negó la solicitud de adición y aclaración de su sentencia del 22 de abril de 2008, impetrada por el demandante.
Al conocer del proceso, por apelación interpuesta por la parte demandante, la Sala Única de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, mediante sentencia del 13 de agosto de 2008, revocó la sentencia del a quo y, en su lugar, rechazó las pretensiones incoadas; y se abstuvo de imponer costas.
A través de providencia del 28 de agosto de 2008, el mencionado tribunal, negó por improcedente la solicitud de adición de la sentencia proferida el 13 de agosto de 2008, al considerar que “el recurrente solicita adicionar todas las pretensiones que no avanzaron, como si esta fuera la primera instancia, teniéndose que en segunda instancia se estudia es la inconformidad del recurrente, que iba encaminada a cuestionar la declaratoria de prescripción y a eso se tenía que someter la corporación”. (fl. 37).
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal señaló en su sentencia del 13 de agosto de 2008, que el a quo se equivocó en su apreciación, por cuanto la Ley 776 de 2002 en lo que tiene que ver con accidentes de trabajo, estableció que la responsabilidad corresponde a la ARP a la cual está afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente; esa ARP bajo cuya afiliación se presente el accidente debe responder integralmente por las prestaciones respectivas, tanto en el momento inicial como frente a sus secuelas, independientemente de que con posterioridad el trabajador se encuentre afiliado o no a esta administradora.
Sobre la incapacidad permanente parcial, el ad quem dijo que, esta se presenta cuando el afiliado sufre una disminución parcial pero definitiva de su capacidad laboral, en un porcentaje que es igual o superior al 5% pero inferior al 50%, de conformidad con lo previsto en el artículo 5º de la Ley 776 de 2002; y, que en caso de declararse esta incapacidad el Sistema le reconoce al Trabajador los siguientes derechos:
“Una indemnización en proporción al daño sufrido, a cargo de la ARP, en cuantía de 2 a 24 veces su salario base de liquidación (L. 776, art. 7º).” (fl. 24).
Luego, indicó que la determinación de los porcentajes de pérdida de capacidad laboral se efectúa por una comisión médica interdisciplinaria de la ARP, para garantizar su objetividad, a través de un órgano plural; el afiliado tiene derecho a las prestaciones asistenciales, y en particular a los servicios de rehabilitación correspondientes.
Adicionó, que el demandante “suscribió un contrato de prestación de servicios con la demandada por un término de 3 meses a partir del 10 de abril de 1997” (sic) (fls. 24 a 25); fue vinculado a la ARP ALFA, administradora de riesgos profesionales; además, expresó que:
“El 8 de mayo del mismo año, sufrió un accidente de trabajo, “el cual generó una Hernia discal con severas repercusiones funcionales y limitación funcional arcos de movimientos”, concepto este emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, determinando el porcentaje y el monto de la Incapacidad Permanente Parcial, razón por la cual la ARP procedió a cancelar la suma de $6.191.900, como indemnización por incapacidad permanente al señor Vidal Gáfaro, suma esta que le fue cancelada el 24 de junio de 2003, observándose que no fue objetada, ni interpuso recurso alguno, cuando fue notificado de esta decisión por la ARP.
Igualmente es de anotar, que la ARP también le prestó los servicios asistenciales.
Así que, no es a la parte demandada a quien corresponde el pago de la indemnización por incapacidad permanente parcial por accidente de trabajo; y además, se tiene que dicha indemnización ya fue cancelada por la ARP, lo que significa que no se debe suma alguna por este concepto. (fls. 48, 73 y 74).” (fl. 25).
Por último, manifestó que el a quo, se equivocó en las apreciaciones, pues antes de estudiar la excepción de prescripción propuesta, debió analizar, si efectivamente a la entidad demandada le correspondía o no cumplir con el pago de las pretensiones demandadas como consecuencia del accidente de trabajo padecido por el demandante.
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte.
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, “confirme en sus numerales primero, segundo y tercero la sentencia de primer grado y la revoque en sus numerales cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo y en su lugar se condene a la Sociedad demandada Empopamplona S.A. ESP a cada una de las pretensiones incoadas por parte del demandante señor Vidal Gáfaro”. (fl. 14).
Con tal propósito formula un cargo, que denomina “PRIMER CARGO”, por la causal primera de casación, que no fue replicado y enseguida se estudia.
Acusa la sentencia impugnada de violar directamente, en la modalidad de aplicación indebida “de los artículos 5º y 7º de la ley 776 y consecuentemente la INFRACCCION (sic) DIRECTA de los artículos 1º, 2º, 22, 23, 29, 37, 38, 55, 56, 57-2, 205, 206, 216, 348 y 349 del Código Sustantivo del Trabajo, 58, 60, 61, 145 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 8º de la Ley 153 de 1887; 174, 175, 177, 187, 268, 276 y 279 del Código de Procedimiento Civil; artículos 80, 81, 82, 83, 84 y 85 de la ley 9 de 1979; 2, 24, 25 y 26 del Decreto 614 de 1984, 63, 1.568, 1.571, 1.572, 1.602, 1.603, 1,604, 1.613, 1.614, 1.615, 1.616, 1,627, 2.342, 2.349 del Código Civil”. (fl. 14).
En la demostración del cargo, el recurrente reproduce pasajes de la sentencia proferida por el Tribunal; asegura que el ad quem aplicó indebidamente los artículos 5º y 7º de la Ley 776 de 2002, pues si bien, su exégesis se ajusta a lo establecido por el Legislador en garantía de las prestaciones económicas por Indemnización por Incapacidad Temporal e Indemnización por Pérdida de la Capacidad Laboral del asegurado en riesgos ATEP como responsabilidad objetiva, ignoró que una vez se dio el siniestro “amparado por la Legislación de Riesgos Profesionales, nace para el trabajador el derecho a ser indemnizado por parte del empleador, cuando quiera que exista culpa patronal y se demuestre el nexo causal ante la falta de medidas de prevención y de seguridad, estando obligado a dilucidar el asunto debatido al amparo de la culpa patronal alegada y no a la indemnización por Incapacidad Permanente Parcial derivados de la responsabilidad objetiva”. (fl. 16).
Seguidamente, manifestó que:
“(…) al realizar el tribunal una equivocada valoración jurídica de los hechos, pues el siniestro ocurrió por la violación de lo establecido en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo al incumplir el empleador con las obligaciones establecidas en los (sic) 56, 57, 348 y 349 ibídem; 80, 81, 90 y 97 de la Ley 9 de 1979; Decreto 614 de 1984; las resoluciones 2400 de 1979, 2013 de 1986, 1016 de 1989 y los artículos 4º, 21 y 56 del Decreto-Ley 1295/94, ignoró las normas citadas pues, no obstante, la claridad del asunto, resolvió la litis con normas cuya situación fáctica no encajaba sobre la situación de hecho alegada y sobre los (sic) cual no hay discusión.” (fl. 17).
Posteriormente, en soporte de su aseveración, copia apartes de la sentencia de esta Sala de la Corte del 30 de junio de 2005, radicación 22656, donde, dice se abordaba el tema bajo examen, así:
“(…) la viabilidad de la pretensión indemnizatoria ordinaria y total de perjuicios, como atrás se dijo, exige el acreditarse no solo la ocurrencia del siniestro o daño por causa del accidente de trabajo o enfermedad profesional, sino también, la concurrencia en esta clase de infortunio de ‘culpa suficiente comprobada’ del empleador.
Esa culpa suficiente comprobada’ del empleador o, dicho en otros términos, prueba suficiente de la culpa del empleador, corresponde asumirla al trabajador demandante, en acatamiento de la regla general de la carga de la prueba de que trata el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. (…) la prueba del mero incumplimiento en la diligencia o cuidado ordinario o mediano que debe desplegar el empleador en la administración de sus negocios, para estos casos, en la observancia de los deberes de protección y seguridad que debe a sus trabajadores, es prueba suficiente de su culpa en el infortunio laboral y, por ende, de la responsabilidad de que aquí se habla, en consecuencia, de la obligación de indemnizar total y ordinariamente los perjuicios irrogados al trabajador. (…).” (fl. 19).
Asimismo, alude a la sentencia de esta corporación del 16 de marzo de 2005, radicación 23489, en la cual indica, se trataba el tema de la culpa patronal en accidentes de trabajo, donde se remite a la sentencia del 8 de abril de 1988, radicado 562, que reza:
“el Tribunal, en el fallo atacado, infringió directamente el artículo 1604 del Código Civil al no dar curso a la responsabilidad patronal prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, no obstante dar por probados tanto los supuestos de hecho de la citada disposición civil como los de la responsabilidad patronal; incurriendo, además, en un verdadero contrasentido al tener por ‘accidente de trabajo’ (fl. 226) el infortunio que afectó la integridad física del trabajador pero, a la vez, exigir para generar la consecuencia jurídica de la norma la prueba ‘eficiente’ de ese accidente, pues, según aseveró, bien podía “depender de otra circunstancia o de otro seguro” (fl. 229), cuando quiera que no había discusión alguna sobre la falta de diligencia y cuidado de la empleadora en el mantenimiento de la máquina con la cual éste se lesionó.
De manera que, no existiendo duda alguna sobre el daño que afectó al actor, que la empleadora no había asumido diligentemente su posición contractual en la relación, pues le imponía a aquél operar una máquina en deficitarias condiciones de funcionamiento, y que el accidente fue de trabajo, es decir, que fue un ‘suceso repentino que sobrevino por causa o con ocasión del trabajo la conclusión debió ser la de haberse originado un indiscutible evento de responsabilidad patronal. (…).” (fls. 21 a 22).
Para efectos de determinar si la proposición del cargo fue formulada en debida forma, es necesario aludir a lo siguiente:
El juzgado declaró la existencia del contrato de trabajo por un término de 3 meses, con fecha de iniciación 10 de abril de 2007, lo cual no fue objeto de apelación, ni de análisis en el fallo del tribunal, pues vislumbra la Sala que, este solo se limitó a indicar que el demandante suscribió un contrato de “prestación de servicios”, para historiar el caso, sin que estuviese decidiendo sobre este aspecto, por cuanto en el recurso de apelación únicamente se cuestionó lo relacionado con la prescripción.
Igualmente, el tribunal revoca la sentencia apelada, indicando “por las consideraciones aquí expuestas” (fl. 26), y “conforme a las consideraciones precedentes” (fl. 6), advirtiendo esta Sala que, en las consideraciones esbozadas por el juez colegiado no se estudio lo relacionado con la naturaleza del vínculo.
Además, el ad quem al pronunciarse sobre la adición de la sentencia en providencia del 28 de agosto de 2008, señaló:
“(...) teniéndose que en segunda instancia se estudia es la inconformidad del recurrente, que iba encaminada a cuestionar la declaratoria de prescripción y a eso se tenía que someter la corporación”.
Con la anterior precisión del tribunal, es dable entender que no se revocó lo concerniente a la existencia del contrato.
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el juez de primera instancia tuvo por acreditado la existencia de un contrato de trabajo y, así lo declaró en la parte resolutiva de su decisión, punto que no fue objeto de apelación, por tanto se mantiene incólume, y como quiera que Empopamplona S.A. ESP, es una empresa de economía mixta, aplican las normas del Código Sustantivo del Trabajo, tal como lo establece el artículo 41 de la Ley 142 de 1994.
Así las cosas, y dado que en la proposición jurídica de la acusación se citan el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 5º y 7º de la Ley 776 de 2002, entre otras disposiciones, encuentra la Sala que, está bien integrada la proposición jurídica.
Ahora, dada la vía directa seleccionada por el recurrente no hay discusión en torno a los siguientes fundamentos fácticos que encontró demostrados el tribunal: que el demandante fue vinculado a la ARP ALFA; sufrió accidente de trabajo el 8 de mayo de 1997; la junta nacional de calificación de invalidez determinó el porcentaje y monto de la incapacidad permanente parcial; y que la ARP procedió a pagar al actor el día 24 de junio de 2003 la suma de $6.191.900 como indemnización tarifada producto de dicha incapacidad, a más de prestarle los servicios asistenciales requeridos.
Así mismo, el juez colegiado infirió, con sustento en la Ley 776 de 2002, que la ARP a la que estaba afiliado el trabajador al momento de producirse el accidente de trabajo, era la autoridad competente para responder integralmente por las prestaciones respectivas, “tanto en el momento inicial como frente a sus secuelas independientemente de que con posterioridad el trabajador se encuentre afiliado o no a esta administradora”.
Concluyó de esta forma que “no es a la parte demandada a quien corresponde el pago de la indemnización por incapacidad permanente parcial por accidente de trabajo; y además, se tiene que dicha indemnización ya fue cancelada por la ARP, lo que significa que no se debe suma alguna por este concepto”.
La controversia jurídica en el sub lite radica en el derecho que cree tener el recurrente a la indemnización por parte del empleador, pues considera que existió culpa patronal en el accidente de trabajo; y, que el Tribunal estaba obligado a dilucidar el asunto debatido “al amparo de la culpa patronal alegada y no a la indemnización por Incapacidad Permanente Parcial derivados de la responsabilidad objetiva” (fl. 16).
Por tanto, las súplicas de la censura se orientan a obtener a través de la presente acción, el resarcimiento de los perjuicios que afirma el demandante sufrió como consecuencia de un accidente de trabajo, ocurrido el 8 de mayo de 1997, encontrándose al servicio de la accionada.
Para la Sala, en efecto, desconoce el tribunal en su pronunciamiento, que en materia de riesgos profesionales, surgen dos clases de responsabilidad claramente diferenciadas; una de tipo objetivo, derivada de la relación laboral, que obliga a las administradoras de riesgos profesionales a atender y reconocer a favor del trabajador, las prestaciones económicas y asistenciales previstas por el sistema de riesgos profesionales en tales eventos, prestaciones que se generan al momento en que acaece el riesgo profesional amparado, para cuya causación resulta indiferente la conducta adoptada por el empleador, pues se trata de una modalidad de responsabilidad objetiva prevista por el legislador con la finalidad de proteger al trabajador de los riesgos propios a los que se ve expuesto al realizar la actividad laboral.
Tenemos también la responsabilidad civil y ordinaria de perjuicios prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, esta sí derivada de la “culpa suficientemente probada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional”, que le impone al empleador la obligación de resarcir de manera plena e integral los perjuicios ocasionados al trabajador como consecuencia de los riesgos profesionales que sufra, siempre que en este último caso medie culpa suya debidamente probada en punto de su ocurrencia.
Sobre el tema bajo estudio, valga remembrar, la sentencia de esta Sala del 3 de junio de 2009, Radicación 35121, reiterada entre otras, en la del 1º de marzo de 2011, Radicación 36815, donde se dijo que:
“Con respecto al derecho a la reparación como consecuencia de un accidente de trabajo, nuestra legislación tiene prevista dos maneras de reparación identificables jurídicamente así: una, la denominada reparación tarifada de riesgos, relativa al reconocimiento de los beneficios o prestaciones económicas previstos en la Ley 100 de 1993, Ley 776 de 2002 y demás normas reglamentarias según el caso a cargo de las administradoras del riesgo profesional; y otra, la reparación plena de perjuicios que tiene que ver con la indemnización total y ordinaria de estos por culpa patronal en la ocurrencia del siniestro, y que corresponde asumir directamente al empleador en los términos del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.
Adicionalmente, es de anotar, que la Sala en decisión del 7 de marzo de 2003 Radicación 18515, que reiteró la sentencia que data del 25 de julio de 2002 Radicado 18520, al referirse a esta temática había adoctrinado que aún con la expedición del artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, al colocarlo en relación con el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, mantiene invariable la tesis según la cuál las entidades de seguridad social no asumen las indemnizaciones originadas en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo que ocurran por culpa suficientemente comprobada del empleador, y por tanto no es posible que le aminoren esa carga patrimonial al patrono encontrado culpable, quien tiene toda la responsabilidad ordinaria por mandato del citado precepto sustantivo laboral.
Las anteriores directrices jurisprudenciales permiten inferir, que los beneficiarios o causahabientes del trabajador fallecido que reciban una reparación integral de los perjuicios sufridos derivados de un accidente de trabajo por culpa patronal, y simultáneamente un beneficio prestacional del ISS o de la ARP, no están accediendo a un doble beneficio por un mismo perjuicio, en la medida que como se explicó su origen es disímil y obedecen a causas diferentes, sin olvidar que para estos casos la culpa y el dolo no son asegurables”.
Aplicando dicho precedente al caso de autos, se advierte sin mayor esfuerzo que el tribunal sí incurrió en los yerros jurídicos que se le atribuyen, pues es claro que aquí no se propuso como tema de debate lo atinente a las prestaciones económicas derivadas del sistema de riesgos profesionales con ocasión del accidente de trabajo, caso de la indemnización por incapacidad permanente parcial que le fue reconocida al demandante por la ARP Alfa, según lo tuvo por acreditado el tribunal, sino que, contrariamente, la litis se orientó a obtener el resarcimiento por los perjuicios que el accidente de trabajo ocurrido el 8 de mayo de 1997 le ocasionó al demandante, y que atribuye a culpa del empleador.
En tal virtud, el cargo prospera, por ser lo cierto que la Ley 776 de 2002, que introdujo normas sobre la organización, administración y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales, no es la llamada a regular el presente asunto, presentándose entonces la indebida aplicación de dicha preceptiva, tal como lo propuso el extremo recurrente, por debatirse en realidad lo atinente a la responsabilidad ordinaria y plena de perjuicios, por culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo en mientes, siendo entonces el precepto que rige la materia, el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, disposición que, se advierte, omitió el ad quem en su decisión, lo que a su turno, conlleva a tener por establecida también la violación directa de la ley, en la modalidad de infracción directa, denunciada por el censor.
Por lo anteriormente discurrido, prospera el cargo, y se casará la sentencia de segundo grado.
En sede de instancia, además de las argumentaciones de casación, debe ahora la Sala adentrarse en el estudio de los presupuestos del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo para revisar la procedencia de la condena peticionada a título de perjuicios en contra de la demandada.
En este punto es necesario precisar que no es objeto de discusión en la alzada, la existencia del contrato de trabajo entre las partes en la forma como fue declarado por el juez a quo, por un término de tres meses, con fecha de inicio el 10 de abril de 1997, así como la ocurrencia del accidente de trabajo el 8 de mayo de 1997, data para la cual el actor desempeñaba funciones de recolección de basuras, declaración que tampoco fue controvertida por el extremo accionado, con lo que se entiende su conformidad a ese respecto.
Tampoco se discute que dicho accidente le produjo una pérdida de capacidad laboral del 44,30%, que se redujo al 43,7% según nuevo dictamen emitido por la junta regional de calificación de invalidez el 17 de mayo de 2004 (fls. 38 a 40).
En nuestro caso, conforme se dejó visto, la demandada Empresa de Servicios Públicos de Pamplona “Empopamplona S.A. ESP” fue llamada a responder en juicio con fundamento en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece la responsabilidad del empleador cuando por su culpa el subordinado sufre un accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Es así como, cuando se persigue, se fije en el demandado la responsabilidad plena y ordinaria de perjuicios por culpa en el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, debe demostrar el peticionario que el empleador incurrió en culpa en su ocurrencia, para que asuma la totalidad de los perjuicios que produjo este hecho.
Sobre este punto, valga aludir a la sentencia de esta Sala del 30 de junio de 2005, Radicación 22656, citada por el recurrente, donde se precisó que:
Descendiendo al caso sub examine, encontramos que no se cuestiona en este asunto la ocurrencia del accidente, ni su origen profesional, pues así lo tuvo por acreditado el juzgador de primer grado y así lo declaró en el ordinal segundo de la parte resolutiva de la decisión, y así se desprende del reporte de accidente de trabajo contenido en el formato único expedido por la ARP Alfa, que fue diligenciado por la accionada, el que refiere como fecha de su ocurrencia el día 8 de mayo de 1997, a las 17 horas, encontrándose el trabajador realizando su labor habitual, donde se describe el accidente de trabajo de la siguiente manera:
“El señor Vidal Gáfaro se encontraba laborando en la recolección de basuras; en el plantón de la volqueta recolectora, al recibir una bolsa se resbaló con los residuos cayendo al piso golpeándose la cabeza y el cuerpo, presentando rompimiento de cuero cabelludo. Fue trasladado a urgencias en el Hospital San Juan de Dios”.
Se tiene entonces que el día 8 de mayo de 1997, el señor Vidal Gáfaro sufrió un accidente de origen profesional, que ocurrió en ejecución del servicio personal a favor de la demandada.
La responsabilidad del empleador en la ocurrencia de dicho suceso, en esencia, la deriva el demandante de la omisión frente a su obligación de instruir y capacitar al actor para el cargo de recolector de basuras, a más de no suministrarle los implementos de seguridad industrial requeridos para desarrollar de manera segura la labor encomendada, tales como botas de seguridad, casco, protector, mascarilla, guantes, pantalón, camisa y faja, y por no utilizar vehículos aptos para ese tipo de actividad.
Sobre dichas manifestaciones, resulta relevante el testimonio del señor Javier Alberto Jaimes Leal, deponente que en su condición de ex compañero de trabajo del demandante, manifiesta haber estado presente el día que tuvo ocurrencia el accidente de trabajo en mientes, quien ratifica el dicho del actor, sobre la omisión del empleador frente al cumplimiento de sus deberes de suministrar las medidas de seguridad necesarias para precaver cualquier contingencia producto de la labor encomendada.
En efecto, el deponente refiere que el día de los hechos estaban cumpliendo la ruta por el sector de Chapinero; el demandante se encontraba en la parte superior de la volqueta recibiendo las bolsas de basura que le lanzaban sus compañeros, y al tratar de atrapar una bolsa perdió el equilibrio, resbaló y cayó al pavimento; indicó que un compañero paró un taxi y lo llevó a un hospital, sin precisar a cuál, mientras que los demás siguieron la ruta normal de trabajo; dijo que luego del accidente, el demandante no regresó a trabajar debido a su delicado estado de salud; al ser indagado sobre los elementos de trabajo que les suministraba Empopamplona para el cumplimiento de sus actividades, dijo que únicamente les entregaban “guantes de trabajo, overol y zapatos no”, sobre elementos de seguridad industrial como cascos, gafas de seguridad, cinturón ergonómico, expuso no haber sido suministrados por el ente empleador; y al preguntarle si al momento de su ingreso el demandante recibió alguna capacitación en recolección de basuras, y en seguridad industrial nuevamente respondió de manera negativa.
La entidad demandada, por su parte, al contestar la demanda nada dijo sobre las medidas de protección y seguridad adoptadas con miras a prevenir los riesgos inherentes a la actividad personal desarrollada por el señor Vidal Gáfaro a su favor, ni tampoco arrimó medio de acreditación alguno a tales efectos, pues su defensa se concretó exclusivamente en negar la existencia de la relación subordinada en litigio.
Entre tanto, el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la enjuiciada, tampoco sirve a los efectos que interesan a esta Sala, pues el absolvente se limitó a exponer no tener conocimiento de si el demandante recibió alguna capacitación para el cargo que desempeñaba como recolector, tampoco lo atinente al suministro de dotación o de elementos de seguridad industrial a favor de aquel, menos aún pudo indicar si la empresa cumplía los programas de seguridad industrial y salud ocupacional para sus trabajadores, o si contaba con el reglamento de higiene y seguridad industrial.
Situación semejante se presenta con los testigos María Esperanza Berbesi Gamboa y Jesús Octavio Pérez Parada, deponentes peticionados por la accionada, que pese a su condición de tesorera y jefe de facturación la primera y el último como jefe de personal de la accionada, nada dijeron con relación a la vinculación laboral del accionante con la demandada, menos aún pudieron aportar nuevos elementos en punto del accidente de trabajo que nos ocupa.
Es así como, para esta Corte, se encuentra más que demostrada la omisión de Empopamplona S.A. ESP frente a su obligación legal de ofrecer a su trabajador Vidal Gáfaro mínimas medidas de seguridad para el ejercicio seguro de su labor como recolector de basuras, tal como sería el suministro de elementos de seguridad industrial indispensables para precaver accidentes o enfermedades profesionales, el suministro de dotación adecuada para la actividad por él cumplida, y el deber de capacitarlo sobre la actividad a cumplir.
Recuérdese como, la jurisprudencia, de antaño, si bien es cierto ha venido precisando que la exigencia contenida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo cuando reclama para la procedencia de la indemnización plena de perjuicios, la acreditación de la culpa suficientemente comprobada del empleador, que la carga probatoria en principio recae en quien demanda su reconocimiento, también ha señalado que tratándose del deber de prueba de la diligencia contractual “ha de valer la que impone el artículo 1604 del Código Civil según la cual la prueba de la diligencia incumbe al que ha debido emplearlo”.
Así las cosas, competía al extremo demandado, por ser a la parte contractual a quien le incumbía probar la diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones de protección y de seguridad impuestas por el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, acreditar la actuación esmerada y diligente frente al cumplimiento de tales exigencias inherentes a su condición de empleador; por lo que, cuando menos se esperaría, por parte de esta Sala, contar con los medios de acreditación que dieran cuenta de las capacitaciones que se le suministraron al trabajador a fin de que pudiera desarrollar de manera adecuada y segura la actividad para la que fue contratado; igual sucede con la entrega de la dotación apropiada y el suministro de los elementos de seguridad mínimos para el desarrollo de la actividad personal encomendada, teniéndose cuando menos, entre otros, para el oficio realizado por el actor —recolector de basuras—, el uso de gafas, mascarilla, botas industriales, cinturón ergonómico, casco, entre otros; empero, lo que se avizora de la declaración del señor Jaimes Leal, es que lo único que se les suministraba a los trabajadores era un overol y guantes.
Es así como, al quedar acreditada la ocurrencia del accidente de trabajo sufrido por el demandante, y de otra parte, al no haberse demostrado por el ente empleador el suministro de capacitaciones y elementos de seguridad y protección mínimos para el desarrollo adecuado de la labor por parte de aquel a favor del señor Vidal Gáfaro, es dable imputar a Empopamplona S.A. ESP responsabilidad a título de culpa en su ocurrencia, susceptible de tasar como responsabilidad patronal.
Definido lo anterior, frente a las condenas perseguidas por el actor por razón de la responsabilidad ordinaria y plena de perjuicios que aquí se analiza, específicamente en relación con el lucro cesante, consolidado y futuro, ante la inexistencia de dictamen pericial que contenga su tasación, para su cálculo se seguirá el criterio adoptado por esta Sala en sentencia del 30 de junio de 2005 (Rad. 22656), en la que, como en oportunidades anteriores, ha admitido la aplicación de las fórmulas adoptadas también por la Sala de Casación Civil de la Corte para calcular estos conceptos indemnizatorios, partiendo de los siguientes supuestos acreditados en el plenario: que el actor nació el 14 de febrero de 1961 y sufrió accidente de trabajo el 8 de mayo de 1997 (formato único de reporte de accidente de trabajo, fls. 7 a 9); que como consecuencia del mismo vio afectada su capacidad laboral en un 43,7% (último dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander y Arauca, fls. 38 a 40); y que para la fecha en que dejó de laborar para la demandada —8 de mayo de 1997— su salario promedio mensual ordinario fue de $344.500 (salario pactado en contrato de prestación de servicios, fls. 10 y 11), de lo que resulta:
Conforme a las operaciones efectuadas, el valor actual del lucro cesante consolidado corresponde a la suma de $128.731.332.09, y el del lucro cesante futuro a la suma de $68.928.379,23, para un total por lucro cesante de $197.659.711.32, monto al que se contraerá la condena por este concepto.
Cuanto a los perjuicios morales sufridos por el actor con la traumática transformación de su juventud, en plena vida activa personal, laboral, familiar y social, y frente a la considerable disminución de su capacidad laboral, aun cuando inconmensurable, se fija conforme al prudente juicio del juez, por lo que la Sala tendrá como suma representativa de los mismos la de veinticinco millones de pesos, ($25.000.000).
Frente al daño emergente demandado por razón del accidente de trabajo, no se accede a ello por cuanto no aparece debidamente demostrado y, en consecuencia, se absolverá de esta súplica.
En torno a la prescripción, en sede de instancia, corresponde resolver las inconformidades del apelante, que se concretan en la inoperancia del fenómeno extintivo de la prescripción declarado por el a quo, dada la interrupción que —dice— se generó con la reclamación formal presentada a la accionada el 23 de abril de 2004.
Al efecto, para dar prosperidad al medio exceptivo en estudio, se remitió el juzgado a la postura que ha sostenido de manera invariable esta Sala de la Corte, en sentencia del 17 de octubre de 2008, Radicación 28821, en punto de la fecha a partir de la cual inicia el conteo del término extintivo en cuestión, determinando al efecto que la obligación de indemnización total y ordinaria de perjuicios se exigibiliza solo a partir de la fecha en la cual se emite la calificación de la pérdida de capacidad laboral por las autoridades competentes, determinando que en el caso de autos dicha calificación data del 11 de septiembre de 2001, por cuenta de la junta regional de calificación de invalidez, que dictaminó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 44,30%, fecha esta que al ser confrontada con la de presentación de la demanda —15 de septiembre de 2006—, le permitió concluir la configuración del fenómeno prescriptivo.
Es cierto que esta corporación ha sido pacífica en sostener que la data a partir de la cual el trabajador se encuentra en posibilidad de exigir la reparación plena prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, no resulta coincidente con la de ocurrencia del accidente de trabajo, sino que, esta surge al momento de obtenerse la calificación médica definitiva que determina las secuelas sujetas a reparación, tal como se sostuvo en la sentencia del 6 de julio de 2011, Radicación 39867, donde se dijo lo siguiente:
Según quedó atrás anotado, está por fuera de controversia que, para estos casos, la prescripción debe comenzar a contarse “a partir de la fecha en la que se establezcan, por los mecanismos previstos en la ley, las secuelas que el accidente de trabajo haya dejado al trabajador, lo que desde luego implica la imperiosa necesidad de que este haya procurado el tratamiento médico de rigor y la consecuente valoración de su estado de salud”. Sentencia Radicación 28821 de 2008.
Vista dicha regla jurisprudencial, encuentra la Sala que el ad quem sí incurrió en la violación achacada, comoquiera que solo hasta el momento en que al ex trabajador se le calificó su grado de invalidez se pudieron establecer las secuelas finales que el accidente de trabajo dejó al trabajador, secuelas cuya reparación plena de perjuicios se pretende con el presente proceso. (...)”.
En el sub examine, no existe discusión acerca de la fecha que adoptó el juzgado como referente para contabilizar el término extintivo, que ubicó el 11 de septiembre de 2001, cuando se le notificó al actor el dictamen de la junta regional de calificación de invalidez que le determinó una pérdida de capacidad laboral en porcentaje del 44,30%, de origen profesional.
Ante este panorama, le asiste razón al impugnante cuando concluye que la prescripción fue interrumpida con el escrito de reclamación administrativa radicado en las dependencias de la accionada el 23 de abril de 2004, por virtud del cual peticionó del empleador el reconocimiento de “la indemnización total de perjuicios materiales y morales por culpa patronal en accidente de trabajo” (fls. 46 a 47), pues a tales efectos dispone el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, lo siguiente:
“ART. 151.—Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres (3) años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero solo por un lapso igual” resaltado de la Sala.
Al respecto, esta Sala en sentencia del 1º de marzo de 2011, Radicación 40206, señaló:
“(...) Para efectos de dar adecuada respuesta al cargo, se considera necesario trascribir el artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, norma que para la impugnación fue directamente infringida:
Reclamación administrativa. Las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública solo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta.
Cuando la ley exija la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad, esta reemplazará la reclamación administrativa de que trata el presente artículo”.
El ad quem estimó que en el presente caso hubo contrato de trabajo entre la actora y la demandada, por lo que “los extremos de esa prestación serían del 1º de enero de 1997 hasta el 20 de de enero de 1998”, y asentó que “A folio 220, aparece la reclamación previa por parte de la demandante al ente demandado, diciembre 18 de 2000 y es desatada el 29 de enero de 2001, tal como aparece en documental a folio 217, la demanda fue presentada el 19 de diciembre de 2003, un día después, por tanto el simple reclamo que interrumpió no logró el cometido por haberse pasado el trienio que regla el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para el auxilio de cesantías y salarios reclamados, mas no vacaciones, en razón que para este concepto es de cuatro años conforme al artículo 23 del Decreto-Ley 1045 de 1978” (fl. 23, cdno. del tribunal).
Al discurrir de esa manera, incurrió en el quebranto normativo que se le atribuye por la impugnación, pues no tuvo en cuenta que, durante el plazo legal que tenía la entidad demandada para responder la reclamación administrativa que le presentó la actora, no podía contarse el término de prescripción, conclusión que surge de lo que, de tiempo atrás, ha explicado esta Sala de la Corte al fijar los efectos jurídicos que se producen por la presentación del escrito de reclamación gubernativa. Discernimiento que ha sido fijado, entre muchas otras, en la sentencia de la Sección Segunda de 12 de agosto de 1992, Radicación 5116, en la que, aun antes de la vigencia de la Ley 712 de 2001 y del actual Código Contencioso Administrativo. Basada en el artículo 6º del ahora denominado Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, explicó lo que a continuación se trascribe:
“2. La prescripción liberatoria trianual en el caso de los trabajadores oficiales comienza a contarse a partir del agotamiento de la vía gubernativa bien sea mediante la contestación adversa de la entidad pública o de la operancia del silencio administrativo que es de un mes conforme a la preceptiva de los artículos 7º de la Ley 24 de 1947 y 18 del Decreto 2733 de 1959, sin que sea admisible la tesis de la suspensión de la prescripción ordinaria que contempla el artículo 2530 del Código Civil.
La deducción del término del mes para efectos del cómputo de la prescripción en materia laboral tiene su fundamento en la regla que trae el artículo 6º del CPL, en virtud de la cual las acciones contra entidades de derecho público solo podrán iniciarse cuando se haya agotado el procedimiento gubernativo.
Y siendo ello así la parte con interés legítimo para intentar la acción carece de aptitud procesal para promover la correspondiente demanda ante la jurisdicción, acto que cumple el objetivo de interrumpir la prescripción extintiva de los derechos sociales”.
Y aunque la censura no lo argumentó, importa anotar que la anterior conclusión surge ahora con mayor claridad del inciso segundo del artículo 6º en comento, luego de la modificación que le introdujo el 4º de la Ley 712 de 2001, en su inciso segundo, en cuanto establece que “Mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa se suspende el término de prescripción de la respectiva acción”.
Disposición que, desde luego, para su correcta utilización, debe interpretarse armónicamente, respecto de trabajadores oficiales, que es la calidad que la demandante alega que ostentaba al servicio de la demandada, con el artículo 151 del estatuto procesal del trabajo y de la seguridad social, según el cual “El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero solo por un lapso igual”. Armonización de la que debe concluirse, en consecuencia, que la reclamación gubernativa escrita del trabajador oficial, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción por un lapso igual, y que ese término se comenzará a contar de nuevo, en su integridad, solamente cuando se haya agotado la vía o reclamación gubernativa, esto es, cuando se haya dado respuesta a la reclamación administrativa, porque, en el evento de no darse esa contestación, si el trabajador decide esperarla, el término prescriptivo solamente se contará de nuevo, a partir de la respuesta efectiva que se le dé.
La anterior inferencia surge de lo que decidió la Corte Constitucional en la Sentencia C-792 de 2006, al estudiar la constitucionalidad del artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la que declaró la exequibilidad de la expresión “... o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta ...”, en el entendido de “que el agotamiento de la reclamación administrativa por virtud del silencio administrativo negativo, es optativo del administrado, de tal manera que si decide esperar la respuesta de la administración, la contabilización del término de prescripción solo se hará a partir del momento en el que la respuesta efectivamente se produzca (...)”.
Observando los parámetros establecidos en el antecitado pronunciamiento jurisprudencial, los cuales son pertinentes en este asunto, ya que algunas de las circunstancias de orden jurídico y fáctico relevantes resultan similares a las aquí estudiadas, advierte la Sala, que el demandante radicó la reclamación administrativa ante la entidad el 23 de abril de 2004, orientada a obtener la indemnización plena de perjuicios producto del accidente de trabajo, la cual interrumpió el fenómeno prescriptivo, cuya respuesta data del 28 de abril de 2004 (fl. 48), fecha a partir de la cual se reinicia nuevamente el término de tres años, siendo presentada la demanda dentro del término revivido —15 de septiembre de 2006— (fl. 66), por lo que, contrario a lo afirmado por el a quo, en el caso de autos, tal actuación impidió que las súplicas de la demanda fueran enervadas por el medio exceptivo de prescripción, y en tal virtud, habrá de revocarse el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia objeto de la alzada en cuanto así lo había declarado.
De otra parte, cabe acotar, que se recoge cualquier criterio sobre la prescripción, diferente al aquí expuesto.
Además, por las resultas del proceso se tienen por no demostrados los demás medios exceptivos.
Sin costas en el recurso extraordinario, dada la prosperidad del recurso extraordinario de casación. Las costas de las instancias estarán a cargo de la demandada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Única de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, el 13 de agosto de 2008, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Vidal Gáfaro contra Empopamplona S.A. ESP, en cuanto revocó la dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa misma urbe el 22 de abril de 2008, y que en su lugar dispuso el rechazo de las pretensiones de la demanda y, en sede de instancia, REVOCA los ordinales cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de la sentencia del juzgado a quo en cuanto declaró probada la excepción de prescripción propuesta por la pasiva y dispuso la consecuencial absolución de la demandada, para en su lugar, CONDENAR a Empopamplona S.A. ESP a pagar al demandante la suma de $ 197.659.711.32, por perjuicios materiales en el concepto de lucro cesante, así como la suma de $ 25.000.000 correspondiente a perjuicios morales. No la casa en lo demás. SE DECLARAN no probados los demás medios exceptivos de conformidad con las razones expuestas en precedencia.
Sin costas en el recurso extraordinario, dada la prosperidad de la demanda de casación. Las costas de las instancias estarán a cargo de la demandada.
Magistrados: Francisco Javier Ricaurte Gómez-Jorge Mauricio Burgos Ruiz-Elsy del Pilar Cuello Calderón-Rigoberto Echeverri Bueno-Luis Gabriel Miranda Buelvas-Carlos Ernesto Molina Monsalve.

References: ARTÍCULO 216
 Resolución 
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 artículo 216
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