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Timestamp: 2018-03-23 17:02:10+00:00

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AUMENTO DE PENA A DELITO DE MANEJO EN ESTADO DE EBRIEDAD CON RESULTADO DE MUERTE O DE LESIONES GRAVÍSIMAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
REGULACIÓN DE VENTA Y ARRIENDO DE VIDEOJUEGOS EXCESIVAMENTE VIOLENTOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN PASARELAS, PASOS SOBRE NIVEL Y PUENTES QUE CRUZAN CARRETERAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
ENMIENDA A CÓDIGO AERONÁUTICO EN MATERIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS DERECHOS
REGULACIÓN DE COMPETENCIA EN MERCADO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS
ENMIENDA DE NORMAS SOBRE CONTROL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y AUDIENCIA EN CITACIONES DE TRÁNSITO
TIPIFICACIÓN COMO DELITO DE ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD CON NIÑOS Y ADOLESCENTES COMETIDOS FUERA DE ÁMBITO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
INCERTIDUMBRE ANTE RESULTADO OPERACIONAL DE CODELCO EN 2013. OFICIOS
DESPIDO DE DIRECTORA REGIONAL DE JUNJI. OFICIO
INCLUSIÓN DE HOSPITALES DE LA ARAUCANÍA EN PLAN NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS EN SALUD PERÍODO 2014-2018. OFICIO
REVOCACIÓN DE DECRETO 140, QUE ELIMINÓ DECLARACIÓN DE ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO A VILLARRICA, PUCÓN, QUEULE Y TOLTÉN VIEJO. OFICIO
RETORNO DE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO A OBRAS DE CARRETERA DE LA COSTA, COMUNA DE PUERTO SAAVEDRA. OFICIO
REUBICACIÓN DE HABITANTES DE NIGUE, COMUNA DE TOLTÉN, ANTE RIESGOS EN CASO DE TSUNAMI. OFICIO
MEDIDAS PARA INCENTIVAR EL SERVICIO MILITAR EN LA JUVENTUD. OFICIO
REVOCACIÓN DE DECRETO 140, QUE ELIMINÓ DECLARACIÓN DE ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO A DIVERSOS LUGARES DEL PAÍS. OFICIOS
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD TERRESTRE EN ZONA AUSTRAL. OFICIOS
Sesión 7ª, en miércoles 9 de abril de 2014
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 4ª y 5ª, ordinarias, en 1 y 2 de abril del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
Informa, en respuesta a petición cursada en nombre del Senador señor Horvath, que esa Secretaría de Estado se desistió de la licitación pública de inmuebles en la Zona Franca para Aysén y que el decreto supremo N° 54, de 26 de marzo pasado, que así lo declara, se encuentra en trámite de toma de razón.
De los Senadores señor Letelier, señora Goic y señores De Urresti y Harboe, con la que dan inicio a un proyecto de ley que faculta a los contrayentes para pactar, en el acto del matrimonio, la administración de la sociedad conyugal por la cónyuge y establece el principio de igualdad ante la ley de los cónyuges como criterio hermenéutico de aquel régimen patrimonial (boletín N° 9.300-07).
De los Senadores señor Chahuán, señora Goic y señores Montes, Ossandón y Tuma, con la que se da inicio a un proyecto que modifica la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, para evitar que los reglamentos de copropiedad coarten las medidas de seguridad que alguno de los copropietarios adoptare con el fin de precaver caídas desde balcones o ventanas (boletín N° 9.301-14).
De los Senadores señoras Pérez San Martín y Goic y señores Chahuán y Lagos, para iniciar un proyecto de ley que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio (boletín N° 9.303-11).
Moción de los Senadores señor Prokurica, señora Von Baer y señores Guillier, Horvath y Ossandón con la que inician un proyecto de ley que impone la obligación de fijar los límites comunales mediante el sistema de coordenadas georreferenciadas en unidades transversales de Mercator.
De los Senadores señores Ossandón y Guillier, con el que piden a Su Excelencia la Presidenta de la República que desarrolle las acciones conducentes a una política integral de protección del adulto mayor (boletín Nº S 1.647-12).
De los Senadores señores Navarro, Araya y Guillier, con el que piden a Su Excelencia la Presidenta de la República y a las Cortes de Apelaciones de Arica y de Iquique que, en el ámbito de sus competencias, suspendan por el plazo de un año, en las zonas afectadas por el terremoto reciente, las subastas públicas, los juicios hipotecarios y los lanzamientos (boletín Nº S 1.649-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria correspondiente.
Dos del Senador señor Chahuán, para ausentarse del territorio nacional entre los días 10 y 12 y 25 y 28 de abril.
De la Comisión Especial de Zonas Extremas, con la que informa que eligió Presidenta a la Senadora señora Carolina Goic Boroevic.
El señor HORVATH.- Señora Presidenta, con respecto a la moción que se declaró inadmisible -impone la obligación de fijar los límites comunales de manera más actualizada, pues hay algunas comunas que dependen de los predios, de situaciones que van cambiando en el tiempo-, solicito que se le pida al Ejecutivo que la patrocine, ya que, como se planteó, es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, así se procederá.
Boletín N° 8329-15
La señora ALLENDE (Presidenta).- En primer término, corresponde discutir en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Transportes y Telecomunicaciones (segundo): sesión 2ª, en 18 de marzo de 2014.
Sesiones 78ª, en 10 de diciembre de 2013 (queda pendiente la discusión general); 80ª, en 17 de diciembre de 2013 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 17 de diciembre de 2013.
La Comisión efectuó una enmienda al proyecto de ley aprobado en general, la que acogió por unanimidad, por lo que debe ser aprobada sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnarla o que existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que consigna, en la cuarta columna, la modificación efectuada por la Comisión en su segundo informe, y en la quinta, el texto como quedaría si se aprobara.
En votación la enmienda que sugirió la Comisión.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- "Si le parece".
La señora ALLENDE (Presidenta).- Senador señor Letelier, ¿va a fundamentar su voto?
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, en el debate de este proyecto se ha querido complementar algo que la ley ya establece: se presupone que quien figura en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares por delitos de connotación sexual no puede trabajar con niños, niñas y adolescentes. Por eso se hizo aquel.
Aquí se está estableciendo el criterio de que quienes presten el servicio de transporte remunerado de escolares, para ser autorizados, deben ser revisados también por quien controla ese servicio. Inicialmente, la obligación se refería "al propietario" y "al conductor", expresión esta última que finalmente se cambió por "al conductor o conductores y sus acompañantes". Y lo que hemos propuesto es una ampliación de conceptos.
Yo insistí en esto cuando se estaba debatiendo originalmente. Y considero muy significativo que se haya logrado discutir la indicación.
La cuestión de fondo estriba en que el dueño de los vehículos de transporte escolar no necesariamente es quien los maneja. Hay personas que tienen dos o tres y contratan a conductores y acompañantes. Normalmente le preguntan al conductor si tiene la licencia correspondiente, pero no se hace la debida fiscalización respecto de los acompañantes o cuando hay más de un conductor.
Señora Presidenta, en la Comisión quisimos revisar esos aspectos. Y se decidió encomendar al dueño -esto se incorpora al artículo 6° de la ley- la responsabilidad de "certificar que sus choferes y acompañantes están habilitados para desempeñarse como tales".
Formulé la indicación no solo en mi nombre o en el de la bancada de Senadores socialistas, sino también en representación de la organización ciudadana No más Abuso Sexual Infantil, de mujeres y hombres cuyos hijos han sido violentados, han sido objeto de delitos sexuales, y que le reclaman al Congreso el asumir el compromiso, en cada iniciativa de ley que estemos discutiendo, de tener esa mirada.
Ellos han planteado otros tópicos también -y no me cabe la menor duda de que el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Senador Harboe, los tiene muy presentes-: cómo evitar la revictimización de los niños que son objeto de delitos sexuales; que se puedan grabar sus declaraciones, y que no se los someta durante años a situaciones indebidas.
El objeto de este proyecto -para volver al tema- es que protejamos de mejor forma a los niños y niñas.
Para concluir, agradezco que se haya acogido la indicación pertinente. Inicialmente hubo dudas; pero, después del debate, estoy seguro de que tenemos un mejor proyecto de ley.
--Se aprueba la enmienda propuesta por la Comisión (25 votos afirmativos), y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Quinteros, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Boletín N° 8813-15
La señora ALLENDE (Presidenta).- Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, N° 18.290, y sus modificaciones posteriores en sus artículos 196 y 197, referidos al delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones gravísimas o con resultado de muerte.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8813-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 11ª, en 10 de abril de 2013.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 51ª, en 3 de septiembre de 2013.
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 20ª, en 7 de mayo de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 30ª, en 12 de junio de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 49ª, en 27 de agosto de 2013.
Mixta: sesión 7ª, en 8 de abril de 2014.
Sesiones 32ª, en 18 de junio de 2013 (se aprueba en general); 50ª, en 28 de agosto de 2013 (se aprueba en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte de la de Diputados, en el tercer trámite constitucional, del remplazo efectuado por el Senado del artículo único del proyecto -pasaba a ser artículo 1°- y de la incorporación de los artículos 2° y transitorio.
En el referido artículo único la Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, introducía modificaciones a los artículos 196 y 197 de la Ley de Tránsito.
El Senado, en el segundo trámite constitucional, sustituyó dicha disposición por otra, signada como artículo 1°, que remplazaba en el inciso tercero del artículo 196 la expresión "presidio menor en su grado máximo" por "presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo" y agregaba un inciso cuarto que señalaba que la pena prevista se aplicaría en su grado máximo cuando el conductor se encontrare en determinadas circunstancias, que enumeraba.
La Comisión Mixta, como forma de resolver la divergencia entre ambas Cámaras, propone la sustitución integral del proyecto por otro que, en síntesis, agrava la penalidad del delito en presencia de ciertas circunstancias especiales particularmente reprochables, y deja constancia de que la nueva sanción que se propone motiva que el ilícito quede comprendido dentro de la figura de "hecho que tenga asignado pena de crimen", por lo cual hace procedente la prisión preventiva. Asimismo, se establece que se aplicará la pena más alta cuando el conductor abandonare el lugar del accidente, a menos que lo haga para ir en busca de auxilio.
La Comisión Mixta acordó tal proposición por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Alvear y señores Espina, Hernán Larraín, Prokurica y Patricio Walker, y Diputados señora Sabat y señores Auth, Hernández y Saffirio.
La Cámara de Diputados, en sesión de fecha 16 de octubre de 2013, rechazó la proposición de la Comisión Mixta.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figura, en la cuarta columna, dicha proposición.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, ¿por qué tenemos un debate de cinco minutos por Senador?
El señor COLOMA.- Porque es un informe de Comisión Mixta.
El señor ESPINA.- ¡Ah! ¡Perfecto!
La señora ALLENDE (Presidenta).- No hay problema si necesita más tiempo, señor Senador.
El señor ESPINA.- Muchas Gracias. Yo quería, simplemente, informarles a Sus Señorías lo que ha ocurrido con esto y los caminos que tenemos por delante.
Señora Presidenta, en primer lugar, debemos tener claro que, comoquiera que vote el Senado en esta sesión, el proyecto de ley no puede aprobarse, porque este informe, pese a haberse despachado por unanimidad en la Comisión Mixta, fue rechazado en la Cámara de Diputados.
El señor LAGOS.- Es un mero trámite.
El señor ESPINA.- Por lo tanto, la alternativa que queda es la presentación de otro proyecto de ley o la formulación de un veto presidencial.
Yo quiero contarles a Sus Señorías un poco lo que ha ocurrido y cuál es la solución que procuramos dar.
Primero, debo recordar que cuando el Estado de Chile dicta una norma legal para sancionar a una persona por su conducta lo hace en cumplimiento de su deber de dar protección a la ciudadanía.
A medida que la conducta tiene mayor reproche social, mientras más grave es, se van tomando medidas más duras con quien incurre en ella.
Así, de tiempo en tiempo las sociedades van adecuando su legislación, porque hay conductas menos graves, de acuerdo a lo que se estima en un momento determinado, y otras más graves.
Por eso, en todas partes del mundo la legislación penal se va ajustando: en algunas suben las penas y en otras bajan.
Respecto al delito de conducción en estado de ebriedad, el reproche de la sociedad chilena es cada vez más alto, particularmente cuando se produce el resultado de muerte o el de lesiones graves gravísimas, que son aquellas que privan a una persona de un miembro importante, o le provocan demencia, o la incapacitan para trabajar por el resto de su vida, o sea, lesiones que en muchos casos dejan a la víctima prácticamente en estado vegetal.
La razón es muy simple: desde hace años la sociedad chilena realiza una campaña permanente para demostrar el peligro que reviste conducir en estado de ebriedad. Por eso, les exige más a quienes conducen, porque estima que, si están más informados y saben del daño que pueden provocar al manejar en tal condición, son capaces de exhibir una conducta mejor que la que tenían antes.
Recordemos el gran reproche social a que dio lugar el brutal accidente en que murió la pequeña Emilia Silva Figueroa.
Hay al respecto, en consecuencia, una legítima aspiración de los parlamentarios, avalada por la comunidad, tanto más cuanto que un elevado porcentaje de los delitos de aquella índole están quedando en total impunidad.
Se presentó, pues, un proyecto de ley que establecía penas que iban de 5 años y un día a 15 años para quienes cometieran el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o de lesiones graves gravísimas, equiparándolo al de homicidio simple, o sea, cuando se actúa dolosamente con el propósito de matar.
En el Senado, después de un largo debate, llegamos a una propuesta distinta. Dijimos: "Cuando se trata del delito de conducción en estado de ebriedad y no hay lesionados sino solo daño a la propiedad o nada, se mantiene la penalidad de 61 a 540 días. Si hay lesiones leves o menos graves y la persona queda incapacitada por 30 días para trabajar, la penalidad" (según la legislación vigente) "va de 541 días a 3 años. Y si se produce resultado de muerte o de lesiones graves gravísimas," -como en el ejemplo que cité- "se aplica una penalidad de 3 años y un día a 10 años, dándose al juez un marco suficientemente amplio para evaluar caso a caso".
Luego se determinó que, sin embargo, la pena de 3 años y un día a 10 años se transformaba en una de 5 años y un día a 10 años cuando se daba alguna de las siguientes tres circunstancias: primero, que el responsable se arrancara del lugar y dejara a la víctima abandonada, salvo si lo hiciera para ir en busca de auxilio por no haber nadie para socorrerla -elemento probatorio sujeto a la decisión de los tribunales-; segundo, que se tratara de un conductor profesional, a quien la sociedad tiene derecho a exigir un grado de cumplimiento de la ley más estricto, por transportar bajo su responsabilidad a un grupo de personas en un avión, en un bus, en un taxi, en fin; y tercero, que el hechor fuera reincidente del delito de conducción en estado de ebriedad.
Aquello se convino unánimemente en la Comisión Mixta. Ahí fue votado, y se aprobó con los votos de los Senadores señora Alvear y señores Hernán Larraín, Prokurica y Patricio Walker, y de los Diputados señora Sabat y señores Auth, Hernández y Saffirio.
Y la Cámara Baja lo rechazó: querían una pena más alta.
Nosotros estamos viendo -lo he conversado con los colegas Allamand, Harboe, Larraín- la posibilidad de acoger una propuesta del Senado en la cual se incorpora un elemento nuevo que toca el problema de fondo.
En Chile el acento no está puesto en las penas asignadas a los delitos, sino en el hecho de que a los jueces se les permite, por la construcción de nuestra legislación, que está siendo muy retrógrada, salirse del marco que les fija la ley.
Cuando decimos que una persona es acreedora a una pena que va de 3 años y un día a 5 años, eso no es cierto, porque si reúne dos circunstancias atenuantes y no hay ninguna agravante el magistrado puede bajarla en un grado o dos. Entonces, lo cierto es que, en virtud de la rebaja, ese individuo queda condenado a 61 días.
Tal ocurrió en el caso de la pequeña Emilia: la ley dice que por la conducta pertinente corresponden 3 años y un día a 5 años, pero quien incurre en ella termina siendo sancionado a 2 años con pena remitida.
¿Qué sucede en las legislaciones de los países que han modernizado su Derecho Penal? Le dicen al juez: "Le fijaremos un marco razonable, prudente, equivalente al daño causado. Pero usted se va a mover solo dentro de él. Si la ley establece una pena de 3 años y un día a 5 años, aplique 3 años y un día en caso de considerar que hay atenuantes; pero no puede ir más allá de este piso. Y si cree que existen agravantes, imponga el máximo, que es de 5 años, pero sin que pueda excederlo".
De esa forma queremos enmarcar la conducta. Y estamos haciendo un esfuerzo por presentar una iniciativa dirigida en particular al ilícito en comento.
Sabemos que la aplicación debería ser general, para todos los delitos. Sin embargo, no tenemos cómo cambiar la legislación completa. Si pretendemos hacerlo, la ley respectiva no saldrá nunca.
Y digo más: la "Ley Emilia" nos llegará de la Cámara Baja.
Reconocemos que varios Diputados han presentado mociones. Senadores que vienen de esa Corporación firmaron algunas. No pretendemos desconocer ese hecho.
La cuestión reside en que nuestra solución apunta a un aspecto distinto, cual es lograr un aumento de las penas en términos de lo que el propio Senado acordó unánimemente o con una amplia votación cuando aprobó el segundo informe recaído en el proyecto en debate, pero incluyendo un elemento novedoso: señor juez, usted se mueve dentro del rango.
Es la manera de evitar que el día de mañana la gente pregunte por qué si la ley asigna tal pena en el hecho no se aplica por el tiempo previsto.
Las legislaciones de prácticamente todos los países -francesa, alemana, italiana, española, inglesa- han introducido ese cambio de fondo.
Entonces, invito a Sus Señorías a ver cómo podemos presentar el proyecto de ley en comento. Estamos preparándolo. Tenemos los borradores. Nos sentiremos felices si es lo más transversal posible, si el Senado enfrenta el problema...
Ante los dichos provenientes de las tribunas, debo precisar que este es un nuevo proyecto, elaborado por nosotros.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, señor Senador.
Quiero ser muy clara para señalar que no se aceptan interrupciones desde las tribunas.
El señor ESPINA.- Debo plantear, señora Presidenta, que la iniciativa a que me refiero incluye un elemento que la de la Cámara de Diputados no contiene.
El proyecto de aquella Corporación dispone que en caso de muerte o de lesiones graves gravísimas la pena será de 5 años y un día a 10 años.
Yo digo responsablemente -y Sus Señorías podrán invitar a todos los jueces del país para corroborarlo- que si la persona que comete aquel delito tiene dos o tres circunstancias atenuantes y ninguna agravante se le aplicará una pena de 61 a 540 días.
Por lo tanto, cuando un proyecto se limita a expresar "Voy a aplicar una pena de 3 a 5 años" no está resolviendo el problema de fondo. Porque, de acuerdo a las normas de los artículos 68 y siguientes del Código Penal, el juez puede decir: "Irreprochable conducta anterior; intentó con celo reparar el mal causado," -muchas veces esto no significa otra cosa que consignar plata en un tribunal- "y ayudó a la investigación." (tres circunstancias atenuantes) "Puedo bajar uno, dos, tres grados a partir del piso. Si este es de 5 años, puedo bajar, primer grado, de 3 años y un día a 5 años; segundo grado, de 541 días a 3 años; tercer grado, de 61 a 540 días".
Por lo tanto, no solucionan nada, porque no están metiéndole el diente al problema de fondo, que, en nuestro concepto, se resuelve mediante lo que estamos proponiendo.
Y a eso agregamos una última norma.
La ley de penas alternativas que aprobó este Senado significa que en determinados casos, cuando se dicta una sentencia, el juez puede optar: "A esta persona la dejo en la cárcel o le aplico una medida alternativa en un medio libre" (para aplicar esa legislación existe un conjunto de limitantes; por ejemplo, si hay parricidio, homicidio, delitos sexuales). Se trata concretamente de las llamadas "medidas alternativas", que, en el fondo, consisten en que la persona quede sometida a tratamiento, pero en libertad asistida especial.
Nosotros proponemos que la persona que comete el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o de lesiones graves gravísimas y recibe del juez una pena superior a 3 años no pueda quedar sometida a una medida alternativa.
Es, a todas luces, lo obvio. Y existe en otros casos, incluso menos graves que conducir en estado de ebriedad y matar a una persona.
Y hay una última consideración, que en esta Alta Corporación hicieron presente varios Senadores, de todos los sectores.
Algunos sostienen que la conducción en estado de ebriedad es un accidente de tránsito.
Es verdad: en principio, puede ser concebida como un cuasidelito, tal cual lo conversábamos hoy día con el colega Harboe.
Pero, en verdad, es un cuasidelito bien parecido a un dolo eventual. Porque, con la publicidad que se ha hecho, con la conciencia que el Estado y todos han tratado de tener al respecto, cuando una persona se sube a un auto en estado de ebriedad ya se representa a lo menos que, en virtud de su conducta negligente, imprudente, puede matar a una persona.
Entonces, en realidad, es una acción que se ha ido aproximando cada vez más a una conducta eventualmente dolosa.
Por eso, señora Presidenta, yo voy a votar a favor de nuestro informe. Entiendo que no satisface todas las expectativas. En todo caso, cualquiera que sea el resultado de la votación, el proyecto en que recae quedará rechazado.
Ahora, no sé si el Gobierno querrá presentar otro. Nosotros vamos a presentar el nuestro, abierto al debate de todos los parlamentarios. Ya lo envié al Senador Harboe; lo conversé con otros colegas.
No hay atraso en la tramitación. Porque la iniciativa de la Cámara está en la Comisión de Transportes, en su primer trámite.
Entonces, se refundirán los proyectos, se fusionarán, si nos interesa. Pero el Senado tiene derecho a expresar su punto de vista respecto a una solución que no se ha previsto en ningún precepto de nuestra legislación -no existe, y nadie lo ha planteado-, cual es el establecimiento del marco a que me referí -y con esto termino-, en que el juez no puede ir más abajo del mínimo ni más arriba del máximo que fija la ley.
El señor LARRAÍN.- Seré muy breve, señora Presidenta, porque, en cierto sentido, lo que planteó el Senador Espina interpreta en buena medida lo que quiero decir. Y estoy estudiando la iniciativa que Su Señoría elaboró, para ver si adherimos a ella, como una manera de aportar al debate.
Lamentablemente, el informe de la Comisión Mixta -en la práctica, allí se aprobó por unanimidad-, que resolvía el problema, fue rechazado por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, estamos a fojas cero, a menos que haya un veto; pero no creo que el Ejecutivo tenga voluntad para formularlo.
La cuestión es muy difícil. Y, efectivamente, surgió a raíz de un hecho muy trágico, como fue la muerte de Emilia Silva Figueroa, cuyos padres están en las tribunas. Ellos han impulsado con mucha fuerza la existencia de una legislación que permita que quienes manejando en estado de ebriedad causen la muerte de alguien reciban sanciones muy duras y fuertes, sin posibilidad de medidas alternativas, para que la pena sea a todo evento, más allá de cualquier consideración.
No es fácil llegar a una solución justa. Ello porque, compartiendo el sentimiento y la indignación que generan casos como el señalado y otros registrados con posterioridad, en el régimen penal uno siempre debe buscar cierta proporcionalidad de las penas. Y eso es lo que muchas veces hace difícil definir en forma aislada una situación concreta, pues podemos tener bienes jurídicamente muy sensibles, como la vida de una persona, con sanciones más débiles que las aplicables, por ejemplo, tratándose de bienes relacionados con la propiedad.
Aquello ocurre. Es común el dicho de que resulta más complejo robar una gallina que matar a alguien. No es tan exactamente así, pero eso refleja la necesidad de cautelar la proporcionalidad.
El proyecto original -expresado en términos simples- asimilaba el manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte al homicidio. Y eso, según los penalistas quienes consultamos y todas las legislaciones comparadas que revisamos, no era coherente ni razonable.
Desde entonces hemos buscado fórmulas que logren zanjar el problema. Y el trabajo no ha sido fácil.
Una era la de subir el techo.
Pongámoslo de manera más simple.
El delito en comento está sancionado hoy con pena de 3 años y un día a 5 años. Y el proyecto buscaba que la sanción fuera de 5 años y un día a 15 años. Con ello, automáticamente, el condenado recibía pena de cárcel a todo evento y no tenía salida alternativa antes de cumplir a lo menos la mitad de la condena y observando buena conducta.
Ahora bien, más que aumentar el piso de la pena vigente, subimos su techo: dejamos el piso en 3 años y un día y subimos el techo a 10 años, con lo cual ya podían tomarse medidas alternativas de prisión. Y eso cambiaba la situación actual.
Empero, aquello no fue aceptado por parte importante de los Diputados, que rechazó el informe que nos ocupa.
Se planteó en la Comisión Mixta una modificación que consagraba situaciones en que la condena tenía que ser de 5 años y un día; conductas que, por su gravedad, quedaban convertidas en un verdadero homicidio. Ello se aceptó en dicha Comisión, mas no en la Cámara de Diputados.
Entonces, la solución no es fácil.
Asimilar el delito en comento directamente al homicidio me parece difícil. Incluso, hay situaciones de personas que manejan sin hallarse del todo ebrias -por así decirlo-, aunque técnicamente lo estén. Porque hay grados distintos de pérdida de la capacidad de conducir; por lo mismo, no existe la misma intencionalidad.
Ahora, esto de nuevo entra en el límite de lo discutible, de lo opinable. Y por ello uno trata de ver cómo avanzar lo más posible en que la conducta en comento sea objeto realmente de sanciones muy duras. Porque el hecho de subirse a un vehículo y manejar en estado de ebriedad debe sancionarse siempre. Y si ello deriva en lesiones gravísimas o en muerte, tiene que haber una sanción adicional.
¿Cómo movernos para, en las situaciones más graves, asimilar aquel delito al de homicidio? Porque en ciertos casos sí puede haber lo que los penalistas llaman "dolo eventual". Pese a ser un cuasidelito, se configura de tal manera que, inequívocamente, es algo que al final termina siendo intencional.
Pero no todos los casos son así.
Entonces, algunos hemos planteado -lamentablemente, se nos ha criticado por eso- dejarle cierto espacio al juez para que, atendidas las circunstancias, pueda decir: "En este caso, sí. Esta persona debe tener la máxima sanción, entre 5 años y un día y 10 años"; o bien: "No. En este caso podemos pensar que la responsabilidad de esta persona es menor, de un verdadero cuasidelito. Entonces, podemos dejar la pena bajo los 10 años".
Eso hemos intentado hacer. Y creo que la iniciativa planteada por el Senador Espina, con la modalidad que explicó Su Señoría, puede ser una solución que va incluso más allá que el informe de la Comisión Mixta. Es lo que estamos evaluando algunos de nosotros, para ver si podemos adherir a dicha iniciativa y, sobre esa base, tener un punto de vista que recoja la inquietud existente, que se haga cargo del clamor que hay, que nosotros compartimos.
Porque uno abriga sentimientos de gran solidaridad ante situaciones como las que se han conocido. Y yo, al mismo tiempo, valoro mucho la verdadera cruzada que han hecho los padres de Emilia, pues gracias a ella estamos buscando cómo zanjar el problema. Pero debemos hacerlo de modo coherente con numerosos conceptos que están envueltos y que han de sopesarse a la hora de tomar una decisión.
El proyecto original no me parece el más razonable. Pero estamos acercándonos a la solución de una manera en que tal vez siempre vamos a dejarle al juez un espacio mayor de discrecionalidad, para que, de configurarse el dolo eventual, se apliquen las sanciones correspondientes. Y en ese caso se va a cumplir el objetivo original, aunque quizás de una forma más difícil, para dejar una ventana a la posibilidad de que no todas las situaciones se traten del mismo modo.
Así que, aunque el texto planteado en el informe de la Comisión Mixta me pareció razonable -a él adhirieron muchos Diputados que después, en la Sala, votaron distinto de como lo habían hecho en la referida instancia-, me allano a la idea de buscar la forma de aplicar una sanción lo más real y dura posible a quienes manejan en estado de ebriedad y causan muerte. Porque, en lo sustantivo, yo comparto esa inquietud.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, lo sucedido con este proyecto, por desgracia, nos impide dar una solución al problema por el cual se viene reclamando -ya se ha dicho acá- desde el accidente que dio lugar a la denominada "Ley Emilia", hecho que ha motivado una verdadera cruzada.
Quizás en el Parlamento no hemos sido suficientemente acuciosos. Porque, escuchando hoy a los Senadores Espina y Larraín, veo que habría existido un mecanismo más preciso para zanjar las situaciones extremas.
Como bien señaló el Senador Larraín, hay casos y casos en cuanto al manejo en estado de ebriedad. Pero por supuesto, configurado el dolo eventual, tal conducta debería sancionarse con el grado máximo.
En mi concepto, pese al esfuerzo que se hizo al establecer tres circunstancias agravantes para los efectos de imponer el máximo de la pena -ella, además, se aumentó en un grado-, según dijo el Senador Espina, si se aplican las atenuantes y de manera automática tiene lugar una rebaja, prácticamente se imposibilita la sanción de cárcel efectiva para casos extremos.
Creo que deberíamos buscar una redacción, porque lo peor de todo sería quedar nuevamente en una laguna y registrar situaciones como aquella respecto de la cual se está reclamando hoy día, con justicia, una sanción ejemplar para quien cometió un acto tan reprochable como el de manejar en estado de ebriedad y dar muerte a una persona.
Incluso si se aprobara el informe de la Comisión Mixta tal como viene, sucedería que, a pesar de todo el esfuerzo hecho para tratar de buscar una solución y hacer efectiva una pena, la aplicación de atenuantes aun en las circunstancias contempladas -reincidencia del conductor y abandono del lugar, porque la segunda de ellas es la de ser profesional en el transporte, factor que es diferente- haría volver a una rebaja. No tendría lugar, muchas veces, una sanción de cárcel efectiva, aun cuando la pena se subió hasta diez años, de acuerdo con la proposición que se hizo en la Comisión Mixta.
Me sumo a la idea de que redactemos un proyecto de ley -no creo que el Ejecutivo vaya a proceder por la vía del veto, contrariamente a lo que me gustaría-, en el cual podemos exponer lo manifestado por el Senador señor Espina en el sentido de que al juez le sería posible salirse del marco de la fijación de la pena o cabe que expresamente digamos que no aplicará las atenuantes cuando llegue a la convicción de que se ha configurado un dolo eventual. Esto último es lo que se está reclamando en el caso de Emilia, situación respecto de la cual realmente podríamos haber dicho que ellas no se consideraran.
Me parece que debiéramos redactar un texto en el cual llegásemos a esa definición de que no va a haber aplicación de las atenuantes -repito- cuando se llegue a tal conclusión, y se fijarían los grados de pena que aquí vienen señalados. De ese modo seguramente vamos a dar una solución al asunto.
Lo peor de todo es que no tenemos nada que aportar en la votación, excepto esta discusión a que podemos abocarnos.
También podría intervenir, para estos efectos, nuestra Comisión de Constitución.
Desde ya, estoy disponible para patrocinar una moción de ese tipo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Estimo que el Honorable señor Zaldívar ha expresado con claridad su planteamiento, pero quisiera recordar que nos corresponde votar en este momento el informe de la Comisión Mixta. Con independencia de lo que hagamos, este ya fue rechazado por la Cámara de Diputados.
La salvedad radica en que la Presidenta de la República decida insistir ante la Cámara de origen, pero eso no lo sabemos.
La otra alternativa es aquella a la cual se ha hecho referencia aquí -no dice relación con este momento ni esta votación, obviamente-, que es la posibilidad de presentar un nuevo proyecto, a fin de que recoja las inquietudes manifestadas y lo que se ha expresado una y otra vez en orden a buscar la manera de que no haya impunidad o de que exista algún tipo de sanción acorde con la gravedad de lo que ocurra.
Quería dejarles claro el punto, de todas maneras, a los señores Senadores. En cualquier caso, lo que procede en la presente sesión es votar el informe de la Comisión Mixta. No podemos sino atenernos a lo que nos corresponde.
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, por la sensibilidad del tema, me parece que sí tiene sentido que al menos lo conversemos antes de votar, porque no sería comprensible para los ciudadanos, frente a los tipos de accidente que hemos observado -estos son crecientes-, que pasara casi inadvertido, o que nos resignáramos a anular el proyecto o que este volviera a su origen. Por último, vale la pena como un testimonio.
En ese sentido, me parece bien acertada la intervención del Senador señor Espina, porque estimo que lo primero que tenemos que asumir es que en gran parte de nuestro medio todavía se considera mala suerte el accidente que causa heridas graves e incluso la muerte, como si el hecho no fuera merecedor de una sanción social. Y la víctima lo es por partida doble, ante la indiferencia hacia el daño sufrido, si quedó viva, o respecto de su familia, si falleció.
Por consiguiente, y pensando en que la ley no solo tiene que castigar, sino también educar y reparar, me parece muy legítimo y apoyo la idea de reponer un proyecto de ley al respecto. Cabe tener en cuenta la conducta de una persona bajo el efecto de drogas, en general. No sé si en esa discusión procedería hacer referencia no solo al alcohol, sino también a cualquier sustancia que altere la capacidad de manejar en un estado de autocontrol. Saludo tal posibilidad, por lo tanto, como algo muy significativo.
Más aún, los jueces suelen ser muy condescendientes, por estimar que la persona que comete el delito no se controla ni domina, de modo que no actuaría con dolo, con mala intención. Pero una interpretación más amplia del derecho permite comprender que el delito se comete cuando la persona bebe o consume drogas sabiendo que va a conducir y que, en consecuencia, no podrá hacerlo con seguridad para terceros e incluso para sí misma.
Considerado todo ello, juzgo que vale la pena votar y, además, apoyar el proyecto, aun cuando el pronunciamiento no tenga efecto, para que la sociedad sepa que nos preocupa la situación, y emprender una iniciativa en forma en la línea de lo que se ha señalado acá, con relación a lo cual, en general, hay bastante consenso.
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, creo que esta es la segunda o tercera oportunidad que intervengo en la materia.
Sostuvimos una discusión bastante apasionada, diría, pero razonable, respecto de qué es lo que hacíamos con un proyecto que nació a partir de un hecho dramático, como han ocurrido muchos, y que cobró relevancia pública. Los parientes de una guagüita fallecida han encabezado una cruzada para lograr una legislación mejor, pero, al mismo tiempo, recae en el Congreso la responsabilidad de hacer algo proporcional y coherente en relación con el sistema jurídico.
El Senador que habla votó en contra de las iniciativas anteriores por encontrar que eran insuficientes. No se trata de asumir una actitud de chiita o de talibán -con respeto por ellos-, pero me pareció que lo que estaba en juego no es solamente la proporcionalidad de las penas, objetivo que comparto. Estudié Derecho en la Universidad de Chile, un buen plantel de enseñanza superior, y entiendo el tema.
En todo caso, esa proporcionalidad está distorsionada hace muchos años. Espero que un proyecto de Código Penal nuevo pueda reparar la cuestión. Pero la desproporción obedece al transcurso del tiempo y dice relación con los valores que cambian. Creo que mi Honorable colega Larraín expuso que las penas por delitos contra la propiedad privada a veces son superiores a las aplicables por ilícitos contra las personas.
Se trata de un criterio que el medio tiene que establecer. Entonces, en este caso fui muy duro y muy drástico, y lo voy a seguir siendo, porque pienso que hay de por medio una cuestión de madurez de la sociedad chilena.
Hace treinta años, cualquiera que iba a un asado de fin de semana salía manejando con su trago puesto y sus propios cabros chicos en el auto. Esa es la verdad en el país, en la mayoría de las situaciones.
Y no me cabe duda de que en la actualidad hay personas que siguen haciendo lo mismo, pero se trata de una ínfima minoría, lo que es consecuencia de la publicidad, de las penas y de una mayor conciencia en la sociedad.
Lo que ocurre es que tenemos una legislación que permite que alguien conscientemente decida embriagarse. Y la persona, en ese minuto, no renuncia a la conducción. Porque, ¡claro!, el que se sube borracho a conducir un auto ya es inimputable, en estricto rigor, por su condición.
Pero la pregunta es qué estamos sancionando. Es cierto: se sanciona al que maneja en estado de ebriedad. Pero el borracho, a esas alturas, ya no está en condiciones de tomar una decisión. ¿Cuándo se toma la decisión? Cuando se resuelve beber más de la cuenta a sabiendas de que se va a conducir o no se renuncia a la conducción.
Dado el tipo de debate que hemos desarrollado en Chile en los últimos diez años, como se dijo acá, no conozco un sector, por alejado que se encuentre, que no conozca la sanción.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que se asesina a una guagua, al chocarse por detrás el auto en que viaja, detenido por una luz roja, y el resultado puede ser que el hechor se vaya para su casa con 500 días de pena remitida.
Comprendo que se desarrolle un debate acerca de la proporcionalidad. Lo comparto. Pero no me digan que es preciso ponerse extremadamente exigente con relación al proyecto que nos ocupa, en particular, en circunstancias de que en un sinnúmero de otros casos existe desproporcionalidad en el Código Penal y siguen tan rampantes como si nada.
Por mi parte, digo que en buena hora vamos a discutir un nuevo Código, que ojalá establezca proporcionalidad en materia de sanciones.
Valoro la intervención del Senador señor Espina -se lo expresé privadamente, además, por un mensaje de texto-, porque juzgo que su explicación constituyó un tremendo aporte. Hay que estudiar la materia en detalle para saber si la cuestión es así.
Me pareció escuchar a algunos Senadores advertir que tal vez podría verificarse un escape, pero lo efectivo es que la gente y algunos de nosotros creemos que tiene que existir una pena privativa de libertad. ¡Ese es el punto! ¡Eso es lo que está en discusión!
No sé si han de ser tres o cinco años, pero, cuando se fijaron cinco años en la "Ley Emilia" original, ¿para qué fue? Para evitar que la pena se cumpliera en casa. ¡Si esa es la cuestión!
Entonces, si la proposición de Su Señoría o la de otros logran resolver ese aspecto, creo que vamos a dar un paso gigantesco.
No se trata de ser talibán en la materia. Voté gustoso la legislación sobre la mayor exigibilidad en relación con los niveles de alcohol que puede ingerir un conductor. Sé que en algunos sectores ello es impopular; pero no es algo que haga más civilizada a una sociedad.
Y vamos a estar discutiendo luego en esta Corporación, seguramente, acerca de la fijación de penas mucho mayores que las actuales para los que andan manejando y hablando por celular o concentrándose en Messenger o WhatsApp. La sociedad va formulando peticiones en ese sentido, porque reprocha situaciones de distinta naturaleza.
En el caso del alcohol, estimo crucial que, manteniendo toda la proporcionalidad necesaria, busquemos la fórmula para que se pague con cárcel. Eso es lo que a mi juicio corresponde. Considero que el proyecto anterior no permitía del todo el logro de ese objetivo.
Si hay un planteamiento nuevo, que se materialice. Cabe lamentar, sí, después de la batalla, que la iniciativa no se haya concretado en su oportunidad, ya que tal vez estaríamos hoy día trabajando en un proyecto conjunto con la Cámara.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, efectivamente, el debate que hemos sostenido aquí ha servido para ir generando conciencia, diría, acerca de los cambios de conducta o culturales que deben tener lugar en nuestros hábitos sociales.
Algunos colegas hacían referencia recién a si el delito es beber, o bien, manejar después de que se ha bebido o en estado de ebriedad. Es algo que me llama la atención, porque todo el debate generado en la Sala obedeció al objetivo de despachar el proyecto de Ley Emilia, a propósito de un caso que ha sido emblemático para la opinión pública, como lo destacó el Honorable señor Lagos, en el cual un conductor total y absolutamente ebrio, quien chocó por detrás, lisa y llanamente terminó asesinando a una guagua.
Entonces, el punto radica en si las penas existentes para condenar a quien comete ese delito -porque no hay duda de que se ha incurrido en el ilícito de manejar en estado de ebriedad y, además, con consecuencia de muerte, con todos los agravantes que hay después- condicen con las asignadas a otros tipos de conducta tanto o más graves.
Y ahí es donde se produjo el primer debate en el Senado. Porque a muchos nos dio la impresión de que estábamos legislando más por la presión comunicacional, social, humana, testimonial, de lo que había sido ese caso emblemático que por establecer sanciones concordantes con nuestro Código.
Ese es el asunto de fondo planteado en esta Corporación al revisar el proyecto, no aprobarlo, corregirlo, mejorarlo, dentro de un debate mucho más amplio, que trató de ser más sereno, más tranquilo.
Sé que ello es difícil, porque la presión siempre existe y todavía se mantiene.
La Cámara de Diputados rechazó el informe de la Comisión Mixta, porque quiere endurecer aún más las penas de lo que establece el texto, que básicamente recoge lo que discutimos aquí. Parto de la base, entonces, de que la iniciativa anunciada por algunos de sus miembros apunta a reponer lo que ya tratamos hace un año.
Por mi parte, voy a votar a favor del informe, para ser consecuente con lo que votamos en el Senado, independientemente de que haya mediado un rechazo. A mi juicio, hay que dar una señal. Pero creo que lo que corresponde es que de alguna manera podamos anticiparnos al debate que se va a originar producto de la moción presentada por los Diputados, la cual, a lo mejor, resulta mucho más dura que aquello que ya dejamos de aprobar acá.
Mi sugerencia es que aprovechemos toda la discusión desarrollada en la Comisión de Constitución y en la Sala, así como también el hecho de que varios colegas trataron también el proyecto como Diputados -no sé cómo votaron- y de que ahora forman parte de esta Corporación. Así sería posible, entonces, contar con una propuesta que podría ser equilibrada en el sentido de sancionar duramente estas inconductas.
Como decía mi Honorable colega Lagos -ello lo comparto-, todos nosotros teníamos por costumbre salir a una comida, a una reunión, y tomarnos unos tragos, luego de lo cual algunos incluso afirmaban: "¡Así manejo mejor!". Es lo que se escuchaba responder cuando otro les pedía la llave.
Por lo tanto, también hay todo un proceso de educación cívica, de modificación de nuestra conducta, de generación de conciencia, para el cual creo que este debate sin duda sirve.
Pero mi sugerencia, señora Presidenta, es que la Sala otorgue un mandato a la Comisión de Constitución para que se adelante en la proposición de un proyecto específico que permita llevar a cabo una discusión con toda la tranquilidad y altura de miras que el asunto requiere. Lo anterior, a fin de que el hecho de sancionar duramente a quienes cometen este tipo de acciones atroces, con todas las agravantes a que aquí se ha hecho referencia, sea concordante con las penas establecidas en nuestro ordenamiento para otros delitos tan terribles como el asesinato premeditado, con alevosía, planificado, etcétera. Pienso que el debate siempre es positivo.
Voy a votar a favor, como una señal de respaldo -repito- a la postura que adoptó el Senado.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, aprobaré el informe de la Comisión Mixta, pues creo que recoge adecuadamente cada uno de los aspectos que se fueron planteando en el debate que efectuamos en esta Corporación.
Me parece que la exposición que nos ha hecho el Senador señor Espina marca un camino muy adecuado para poder enfrentar el asunto, porque no podemos soslayar que, como Congreso, estamos al debe frente a un aspecto fundamental: quien maneja en estado de ebriedad y causa una muerte o lesiones tiene que ser privado de libertad en el momento mismo en que comete el hecho, investigado y recibir después pena de cárcel.
A eso tenemos que llegar. Y juzgo que nadie plantea -es lo que más llama la atención- una solución o un camino distinto. Todos estamos de acuerdo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aplicarse para dar con la adecuación técnica, con la adecuación jurídica adecuada, a fin de que con el rigor de una sanción no afectemos la proporcionalidad de las penas.
Pero, como sociedad, enfrentamos la exigencia de contar con una legislación en ese sentido. Quien maneja en estado de ebriedad y le causa la muerte o lesiones graves o gravísimas a otra persona comete un delito y por ello tiene que pagar con privación de libertad. Ese elemento central es el que hemos de esforzarnos por buscar.
Y considero que lo que planteaba el Senado iba en el sentido correcto, si bien a lo mejor no con toda la fuerza y el rigor que muchos quisieran.
Me parece que lo expuesto por mi Honorable colega Espina es un complemento adecuado, y podríamos iniciar el tratamiento de esa iniciativa a la brevedad para paliar el déficit que registramos en la materia. Le consulté a Su Señoría cuándo iba a presentarla y me respondió que hoy.
A mi juicio, el mandato a la Comisión de Constitución mencionado por el Senador señor Pizarro dice relación verdaderamente, por lo tanto, con iniciar a la brevedad el tratamiento de una cuestión que hemos debatido latamente y en variadas oportunidades, y en relación con la cual todos hemos coincidido en que el elemento central al que debemos llegar es que la persona que maneja en estado de ebriedad y causa lesiones o muerte tiene que recibir una pena privativa de libertad.
No debemos desconocer tampoco que en los últimos dos o tres años hemos avanzado, no en materia penal, pero sí en otras, con respecto a este mismo hecho. Cabe recordar la Ley de Tolerancia Cero. En 2011, alguien que chocaba o atropellaba conduciendo en estado de ebriedad y causaba la muerte de una persona prácticamente no era objeto de ninguna sanción. Al mes, o incluso a los pocos días, ya podía estar manejando de nuevo. Hoy eso ya no es posible.
La "Ley de Tolerancia Cero" es un elemento nuevo, distinto, que muestra que la sociedad ha ido avanzando a sentar un reproche mucho más efectivo del que figuraba en nuestra legislación.
Por lo tanto, si bien hemos mejorado en diversos aspectos la Ley de Tránsito y otros elementos, como campañas comunicacionales o publicitarias que han permitido generar un evidente cambio de conducta en la ciudadanía, tenemos que avanzar a la brevedad en el ámbito penal.
Reitero que no hay ninguna razón ni nadie ha esgrimido fundamentos para impedir que una persona que haya causado la muerte o lesiones a otra por conducir en estado de ebriedad reciba una pena privativa de libertad.
El señor WALKER (don Patricio).- Señora Presidenta, qué duda cabe de que este es un asunto tremendamente difícil de resolver.
Creo que todos nosotros tenemos un sentimiento de solidaridad y enorme empatía con quienes han sufrido este drama. Hemos conversado muchas veces con los padres de Emilia, Benjamín y Carolina. Yo entiendo perfectamente bien por qué se hallan en esta cruzada, y los felicito, pues gracias a ellos estamos discutiendo hoy el tema.
Pero es difícil porque, efectivamente, los principios del Derecho Penal, la proporcionalidad de la pena, la estructura general del Código del ramo, generan algunos forados que provocan los problemas que ahora estamos analizando.
Es importante aclarar que todos estamos actuando de buena fe; que todos queremos subir las penas, y que todos queremos mostrar una actitud de mayor reproche y de mayor sanción hacia las personas que conducen bajo los efectos del alcohol y le provocan la muerte o una lesión grave a una persona.
Muchas veces se ha dicho que el Senado bajó las penas que existen en la actualidad -yo lo he escuchado-, o que aquí no queremos aumentarlas.
Quiero señalar que eso no es así. Se podrá discutir si las subimos suficientemente o no, pero en este momento las penas vigentes en Chile para este tipo de conductas van de 3 años y un día a 5 años de cárcel.
El proyecto de la Cámara de Diputados que nosotros recibimos contemplaba un piso de 5 años y un día y un techo de 15 años. Y establecimos un rango de penas de 3 años y un día a 10 años, pero fijando un piso de 5 años para tres situaciones muy precisas: cuando la persona arranca; cuando se trata de un conductor profesional, y cuando la persona es reincidente en estado de ebriedad.
Esto fue aprobado unánimemente por los Senadores y Diputados de la Comisión Mixta. ¡Unánimemente! Incluso, algunos que han salido reclamando por la prensa estaban en el órgano bicameral y votaron a favor, o bien no asistieron a la votación y después votaron en contra en la Cámara de Diputados. Lo digo, simplemente, para ser honesto con la forma en que ocurrieron los hechos.
Anteriormente, el Senador Espina había propuesto una indicación que planteaba un piso de 5 años para aquel que condujera con más de 1,2 gramos por mil de alcohol en la sangre; para la persona que viajara a más de 30 kilómetros del máximo permitido, para el conductor profesional, etcétera. Eran cinco causales.
O sea, buscamos muchas fórmulas para endurecer las penas, pero sin igualarlas a las del homicidio. ¿Por qué? Por lo siguiente.
Obviamente, es muy reprochable que alguien conduzca bajo los efectos del alcohol, pues sabe que puede ocasionarle la muerte o lesiones graves a una persona, pero los penalistas -no todos, porque algunos (los que acompañaron a la familia de Benjamín y Carolina) apoyaron la tesis contraria, pero sí la mayoría- sostuvieron que no se podía igualar el rango de penas de un homicidio -en que existe el dolo de matar a alguien, en que hay una intención- al de una conducta imprudente -donde hay dolo eventual, imprudencia, descuido, negligencia, etcétera- que provoca la muerte o la lesión grave de una persona.
Ese es el problema, que no es fácil de resolver. Se nos señaló: "Si ustedes igualan las penas dolosas y las culposas, cuando alguien, por ejemplo bajo los efectos del alcohol, atropelle a una persona provocándole la muerte o una lesión grave, no tendrá ningún incentivo para ayudar. Se va a arrancar, y si se arranca, no recibirá ningún reproche, porque, al final, al equiparar las penas de las conductas dolosas a las de las conductas culposas, no habrá ningún incentivo, ninguna "zanahoria" para ayudar a la víctima que fue atropellada.
Los penalistas nos advirtieron: "Tengan cuidado. Todos sabemos lo que se halla en juego en esta discusión, pero se pueden generar efectos no queridos por nadie".
En definitiva, yo creo que esto va a terminar en una norma donde no se pueda aplicar sino la pena de sanción efectiva, o bien en un veto o un proyecto que no otorgue ninguna posibilidad de remisión condicional, de libertad vigilada, y que imponga -repito- una pena efectiva.
Es posible que terminemos en eso, pero tengamos claro que cualquier joven de 18 años que se tome un par de cervezas y provoque alguna de estas situaciones -reprochables, reprobables, etcétera- se va a ir, sí o sí, 5 años a la cárcel. ¡Sí o sí! Igual que el que mata a otro por dolo directo, por así decirlo. Y eso es importante saberlo.
Tal vez estamos en un nivel de conmoción de este tipo de hechos en que, probablemente, tengamos que asumir tal riesgo.
Pero eso es lo que vamos a legislar. No nos equivoquemos.
Alguien dirá: "Es que un Senador tiene un hijo que está en la situación", en fin.
Miren, yo tengo 4 niños chicos. Nunca he tenido a un pariente pasando por estas circunstancias. Pero uno no legisla buscando un traje a la medida, sino persiguiendo el bien común y tratando de ser coherente.
Quiero señalar que estamos absolutamente disponibles para hallar una fórmula más dura, que no dé sensación de impunidad a las familias de las víctimas, las que han perdido a sus seres queridos producto de la conducta de personas irresponsables, ¡absolutamente irresponsables!, que han provocado la muerte o lesiones graves por beber alcohol, sabiendo que en Chile eso está prohibido y no se debe hacer.
Pero es importante, por una cuestión de seriedad, que conozcamos todas las consecuencias que, tal como indicó el Senador Espina, significa aplicar una sanción que no admita jamás remisión condicional, libertad vigilada u otro tipo de beneficio alternativo.
La señora MUÑOZ.- Señora Presidenta, participé en este debate en la Cámara de Diputados, donde sostuvimos una posición distinta de la del Senado, bastante transversal, por lo que voy a votar en contra del informe de la Comisión Mixta, para ser coherente con mis convicciones y con lo que planteé y defendí anteriormente.
Pienso que estos debates nos traen a situaciones de tensión en el Parlamento, desde las distintas miradas que tenemos sobre la vida, sobre la ley, sobre la realidad.
Yo respeto profundamente la tradición jurídica, el entramado normativo constitucional, las normas penales, sancionatorias, etcétera. Sin embargo, creo que hace rato la realidad, las distintas situaciones que se presentan en nuestra sociedad vienen tensionando esta normativa, vienen tensionando el entramado jurídico legislativo que se aplica en ciertas situaciones. Es el caso de la llamada "Ley Emilia".
Los padres de Emilia, una vez recuperados del profundo dolor que les provocó la muerte de su hija, permanentemente han estado trayéndonos, a los parlamentarios, a la Cámara de Diputados, hoy al Senado, el sufrimiento que se padece con la muerte de una hija, de un hijo, de un familiar, de quien sea, en manos de irresponsables que manejan en estado de ebriedad.
Me parece que este debate tensiona la ley, tensiona las normas, tensiona, tal como graficó recién el Senador Patricio Walker, las disposiciones que hasta ahora se aplican.
Yo tengo una mirada más desde la sociología, desde la cultura, desde la cotidianidad de la vida y de la fuerza de la realidad y de los hechos, y estoy atenta -al igual que muchos- a cómo esta realidad tensiona la normativa y la ley. No podemos parapetarnos detrás de esto y decir que no es posible efectuar cambios. Yo creo que sí es posible realizarlos, y ahora.
Comprendo la propuesta del Senador Espina; la encuentro sumamente importante para un debate con mayor profundidad. En mi opinión, se hace cargo de las exigencias que la realidad le está haciendo hoy día a la ley.
Sin embargo, en el caso específico de la "Ley Emilia", considero que debemos dar una señal como Parlamento. El accidente y la muerte de Emilia ocurrieron hace ya mucho, y durante todo este tiempo hemos debatido y puesto en cuestión una señal sancionatoria fuerte a este tipo de asesinato por no dirimir estas diferencias.
Yo creo que ya es hora de que el Parlamento dé una señal clara de que los culpables van a recibir una sanción y una penalidad ejemplarizadoras.
Por cierto, uno puede decir que las circunstancias de la responsabilidad en que una persona muere son distintas cuando hay un homicidio a mansalva que cuando ello se debe a un accidente por conducción bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, la pérdida de una vida humana tiene el mismo valor para quienes sufren sus efectos.
Por eso, voy a rechazar el informe de la Comisión Mixta, pues considero importante que de una vez por todas demos una señal no solo a la familia de Emilia, sino a muchas otras familias que hoy ven cómo sus seres queridos mueren a causa de personas irresponsables que, pese a toda la instalación mediática, pese a todo el esfuerzo que el país ha realizado para hacer conciencia de la gravedad de la situación, siguen persistiendo en manejar bajo los efectos del alcohol.
Así que, señora Presidenta, creo que hay un llamado de atención desde la vida, desde la cotidianeidad, desde los afectos de las personas, desde los dramas que algunas sufren, desde la realidad que miles de chilenas y chilenos están viviendo hoy en relación con esta nueva situación que se le plantea al Derecho. Yo no soy abogada, pero no entiendo por qué tenemos que responder apegados a lo que la ley establece, más aún cuando la realidad nos obliga a cambiar las normativas.
El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, como se ha señalado acá, estos son temas complejos de resolver. Sin embargo, para eso están el Congreso y el Senado.
Efectivamente, aquí hay visiones doctrinarias que las más de las veces uno tiende a seguir cuando se trata de la filosofía jurídica. Pero a mí me hace mucha fuerza esta situación, tal vez más desde la visión de un médico que la de un abogado, en el sentido de que muchos de nosotros hemos sido protagonistas e impulsadores de iniciativas que justamente buscan impedir que personas inocentes sufran lesiones o la pérdida de la vida como consecuencia de irresponsabilidades que son ingobernables en relación con el consumo de alcohol.
El alcohol es un problema. Ninguno de nosotros podría pedirle a alguien que no beba, porque el beber no constituye, en sí mismo, ninguna anomalía ni menos un delito. Incluso, hay quienes sostienen que beber en forma moderada puede llegar a ser hasta saludable.
El punto es que en la actualidad existe una evidencia planetaria, global, en cuanto a que no se puede ingerir alcohol y, al mismo tiempo, desarrollar acciones complejas, más aún cuando estas pueden tener consecuencias sobre terceros, como conducir. Y quien viola esta norma no lo hace sobre un supuesto de una simple negligencia: lo hace a sabiendas. Para mí, quien viola esa norma es un potencial criminal, un potencial homicida, porque lo hace, como digo, a sabiendas.
La ciencia médica ha demostrado que, de las 1.500 personas que fallecen cada año en Chile producto de accidentes de tránsito, el 80 por ciento registra alcohol en la sangre, salvo los peatones, que son víctimas de la irresponsabilidad de quienes, a sabiendas y conociendo las consecuencias, conducen bajo los efectos del alcohol.
Por lo tanto, si se quiere dar una señal fuerte de que estas situaciones no deben seguir ocurriendo, la ley tiene que usar todo el rigor posible, incluso trastocando lo que es la filosofía jurídica o un conjunto de elementos normativos, porque, finalmente, las leyes buscan no solo sancionar, sino, sobre todo, prevenir. Son un instrumento fundamentalmente de educación; son una señal de la sociedad.
Por eso se me hace tan difícil apoyar el acuerdo que se nos presenta y mi opción sea más bien rechazarlo.
Y quiero agregar un elemento adicional.
Es raro que los homicidas maten niños, pero es frecuente que quienes conducen bajo los efectos del alcohol -a los que yo también considero homicidas, pues lo hacen a sabiendas de toda la evidencia que indica que en esos estados se puede llegar a matar a alguien- tengan como víctimas a niños, como ocurrió con Emilia. Este es un caso, pero no el único: hay muchos otros.
Aquí no se trata de ser populista, pero yo prefiero establecer normas que hagan todo lo posible en una sociedad para que, quien va a manejar en estado de ebriedad y lo hace a sabiendas de que con ello puede generar un accidente y, eventualmente, la muerte de una persona, evalúe el costo de asumir esa conducta irresponsable, la cual puede traerle sanciones y penas irrevocables, dramáticas, lamentables, que le produzcan gran sufrimiento a su propia familia. Es posible que eso logre conseguir lo que la evidencia del saber científico y médico ha pretendido demostrar, en cuanto a que la conducción bajo los efectos del alcohol puede originar condiciones de riesgo para un inocente. Tal vez eso lo haga desmotivarse y estar dispuesto a no manejar o a entregar las llaves de su vehículo a otra persona para evitar una situación dramática y dolorosa.
Por todo lo anterior, voy a votar en contra del informe.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, en el día de ayer nos demoramos exactamente 24 horas, un día, en despachar una iniciativa legal para atender los casos de emergencia derivados del terremoto ocurrido en el norte.
Este es un tema, la "Ley Emilia", que se viene abordando desde hace mucho tiempo. Y, desgraciadamente, la Comisión Mixta ha fracasado, porque su informe no fue aprobado por la Cámara de Diputados, de tal manera que no vamos a tener un cuerpo legal sobre la materia.
Pero, tal como se ha señalado en el curso del debate, debemos dar una respuesta en cuanto Parlamento, y esa respuesta debe ser rápida, más allá de cuál sea la solución.
Espero que ello se materialice y tengamos la misma celeridad para abordar este asunto. Y lo digo por lo siguiente.
A título de reflexión, entiendo que en materia doctrinaria es difícil igualar una actitud dolosa con una actitud negligente. Sin embargo, uno -y también parte de los autores- a veces se cuestiona aquello, pues, tal como indicó el Senador Girardi, a pesar de todas las leyes drásticas que se han dictado, un gran porcentaje de los accidentes de tránsito son provocados por personas que conducen bajo los efectos del alcohol.
Por lo tanto, estando frente a la mayor causa de muerte, siento que hay que tener mayores grados de flexibilidad a la hora de establecer la penalidad de determinadas conductas, que en este caso producen la muerte o lesiones graves gravísimas, es decir, aquellas que dejan a una persona dañada de por vida.
Yo espero que se presente un veto o un nuevo proyecto de ley que podamos despachar en forma rápida, considerando que estamos frente a una de las mayores causas de muerte en Chile.
Ahora, quiero dejar constancia en Acta que toda esta normativa que se ha dictado y toda esta discusión que se ha generado se refiere no solo a la conducción en estado de ebriedad, sino también a la que se hace bajo la influencia de drogas o sustancias psicotrópicas, lo cual se halla establecido expresamente en el artículo 196 de la Ley de Tránsito y que se mantuvo tanto en el texto despachado por el Senado como en el informe de la Comisión de Mixta. Porque, en definitiva, lo que busca el legislador con la norma es que conduzcan personas que no tengan alterado su juicio de la realidad, como ocurre cuando se encuentran en estado de ebriedad y al consumir drogas o sustancias psicotrópicas.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, no hay más oradores inscritos, así que vamos a proceder a votar.
Como ya lo señalé, debemos pronunciarnos sobre el informe de la Comisión Mixta.
Creo que hay unanimidad en la Sala en cuanto a la necesidad de presentar una iniciativa, en este caso una moción parlamentaria, en que podamos abordar el asunto de fondo que nos preocupa. Pero en este momento corresponde votar el informe de la Comisión Mixta.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (19 votos a favor, 4 votos en contra, 2 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Larraín (don Hernán), Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Muñoz y los señores Bianchi, Girardi y Montes.
Se abstuvieron la señora Goic y el señor Harboe.
Boletín N° 5579-03
La señora ALLENDE (Presidenta).- Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que regula la venta de videojuegos excesivamente violentos a menores de 18 años y exige control parental a consolas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5579-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 90ª, en 1 de marzo de 2011.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 56ª, en 11 de septiembre de 2013.
Economía: sesión 90ª, en 17 de enero de 2012.
Economía (segundo): sesión 4ª, en 19 de marzo de 2013.
Sesiones 1ª, en 13 de marzo de 2012 (se aprueba en general); 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda aplazada la votación); 42ª, en 30 de julio de 2013 (se aprueba en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas ramas legislativas derivan del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, de la enmienda recaída en el artículo único del proyecto (artículo 1° del texto aprobado por el Senado) para remplazar el artículo 49 bis que se incorpora a la ley N° 19.496, por no alcanzarse el quórum requerido para su aprobación.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las discrepancias entre ambas Cámaras, acordó proponer la aprobación de las modificaciones que introdujo el Senado respecto al señalado artículo 49 bis de la ley N° 19.496, con una enmienda de redacción, que consiste en sustituir la frase "las instrucciones establecidas" por la expresión "lo dispuesto".
La Comisión adoptó este acuerdo por la unanimidad de sus miembros.
Cabe hacer presente que el inciso tercero del artículo 49 bis nuevo, que el artículo 1° incorpora a la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, contenido en la propuesta que formula la Comisión Mixta, tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que para su aprobación se necesitan 21 votos favorables.
Finalmente, corresponde informar que, en sesión de 4 de marzo de 2014, la Cámara de Diputados aprobó la proposición de la Comisión Mixta, que figura en el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En discusión el informe de la Comisión Mixta.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo informar a la Sala que, en estricto rigor, no es que el proyecto haya sido rechazado por la Cámara de Diputados, sino que para su aprobación se requería quórum especial y este no se alcanzó, porque seguramente en el momento de la votación no estaba presente el número suficiente de Diputados.
Prueba de ello es que la Comisión Mixta acordó por unanimidad (Diputados y Senadores) las modificaciones formuladas por el Senado en el segundo trámite constitucional.
Quiero recordar, señor Presidente, que respecto a la venta de videojuegos excesivamente violentes a menores de 18 años se establece que "Los fabricantes e importadores de videojuegos deberán colocar en los envases en que comercialicen dichos productos leyendas que señalen claramente el nivel de violencia contenida en el videojuego respectivo", según las instrucciones contenidas en el artículo 49 de la ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
Y se dispone que "Tal advertencia deberá ocupar, a lo menos, el 25% del espacio de ambas caras del envase o envoltorio del videojuego respectivo".
Además, se entrega al Consejo de Calificación Cinematográfica la tarea de calificar los videojuegos, para lo cual se crean diversas categorías.
Por lo tanto, me permito sugerir a la Sala que apruebe el informe de la Comisión Mixta.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
El señor PIZARRO.- Haga sonar los timbres, señor Presidente, porque hay varios Senadores que están trabajando en Comisiones.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Vamos a llamar a los Senadores que no se encuentran en la Sala para que concurran a votar.
Parece que ya hay un número suficiente de señores Senadores.
Haga la consulta pertinente, señor Secretario.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (22 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Larraín (don Hernán), Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron la señora Allende y el señor Harboe.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley sobre medidas de seguridad en pasarelas, pasos sobre nivel y puentes que cruzan carreteras.
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores García-Huidobro, Larraín Fernández, Orpis y Pérez Varela, y del entonces Senador señor Uriarte):
En trámite de Comisión Mixta, sesión 86ª, en 15 de enero de 2014.
Obras Públicas (segundo): sesión 39ª, en 9 de julio de 2013.
Hacienda: sesión 39ª, en 9 de julio de 2013.
Mixta: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2014.
Sesiones 60ª, en 7 de noviembre de 2012 (se aprueba en general); 42ª, en 30 de julio de 2013 (se aprueba en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras surgieron del rechazo de la idea de legislar por parte de la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional.
En efecto, el Senado aprobó en el primer trámite constitucional un proyecto que, mediante un artículo único, introduce dos modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.
La primera modificación propuesta consiste en incorporar tres incisos nuevos al artículo 84.
El primero hace de cargo del Ministerio de Obras Públicas el establecer, por Reglamento, las normas de seguridad mínimas que deben cumplir las pasarelas peatonales y los pasos desnivelados o puentes que pasan sobre carreteras, para evitar el lanzamiento de objetos contundentes a los vehículos en circulación.
El segundo inciso dispone que en las bases de licitación de obras públicas -cuando se trate de los caminos que define el inciso anterior- se deberán contemplar niveles de servicio acordes con las normas de seguridad fijadas por el referido decreto del Ministerio de Obras Públicas, así como las sanciones y multas aplicables.
El tercer inciso establece una excepción para los actuales límites de ampliación de obras que contempla la Ley de Concesiones de Obras Públicas, que opera exclusivamente para la incorporación de las nuevas medidas de seguridad en las vías.
La segunda modificación plantea un nuevo artículo transitorio que hace inaplicable las enmiendas anteriores a los actuales contratos de concesión, sin perjuicio de permitir que sus titulares puedan incorporar las nuevas disposiciones, dentro del plazo que indica.
Como se ha dicho, en el segundo trámite constitucional la Honorable Cámara de Diputados desechó el proyecto en su totalidad.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, propone aprobar el texto despachado por el Senado, por tres votos a favor, dos en contra y una abstención. Votaron a favor los Senadores señores García-Huidobro, Horvath y el entonces Senador señor Sabag. Se pronunciaron en contra el Diputado señor Tuma y el entonces Diputado señor Latorre. Se abstuvo el Diputado señor García.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figura la proposición de ese órgano técnico.
El señor TUMA (Vicepresidente).- La iniciativa sobre la cual recae el informe de la Comisión Mixta tuvo su origen en una moción de los Senadores señores García-Huidobro, Uriarte, Larraín Fernández, Orpis y Pérez Varela, referido a medidas de seguridad en pasarelas, pasos sobre nivel y puentes que cruzan carreteras.
El señor ORPIS.- ¿Podría abrir la votación, señor Presidente?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, el proyecto, que luego fue objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo, porque había materias en que era obligatoria y muy necesaria la participación del Gobierno, y respecto al cual se trabajó prácticamente durante dos años tanto en la Comisión de Obras Públicas como en la de Hacienda, nació luego de la conmoción que produjo la muerte de la periodista Andrea Urrejola.
Esta mujer profesional y madre de cuatro hijos, de 43 años, falleció en la localidad de Requínoa, en mi Región, al sufrir el impacto de una piedra lanzada desde un paso sobre nivel en la Ruta 5 Sur, que no tenía ninguna protección.
La impotencia que ocasionan estas situaciones, señor Presidente, surge de que ellas se podrían evitar si se dispusiera de medidas de seguridad adecuadas. Esto hizo necesaria la presentación de esta propuesta legislativa, que va mucho más allá del Manual de Carreteras con que hoy día cuenta el Ministerio de Obras Públicas.
Quiero también recordar, señor Presidente, que la Senadora Lily Pérez recibió un piedrazo cuando transitaba por la Autopista Troncal Sur, a la altura de Quilpué.
Después, en el año 2003, delincuentes lanzaron desde un puente ferroviario en Maipú una botella con agua congelada a una ambulancia que circulaba con enfermos por la Autopista del Sol.
El mismo año, un chofer de 32 años murió y dos hombres resultaron heridos como consecuencia de un accidente de tránsito provocado por una pedrada.
Hemos tenido que lamentar la pérdida de vidas y que numerosas personas resultaran heridas por este tipo de asaltos y de agresiones a conductores o a sus acompañantes.
En consecuencia, por estos graves hechos, las concesionarias se han visto obligadas a levantar vallas y rejas de seguridad en muchos sectores. Pero, lamentablemente, eso no se ha hecho en función de una regulación apropiada y aplicable a todos los atraviesos de carreteras, sino solo en la medida que se ha estimado aconsejable. Claramente, no ha sido ni lo apropiado ni lo suficiente.
Por lo tanto, este proyecto, en trámite de Comisión Mixta, obliga al Ministerio de Obras Públicas a dictar un Reglamento que regule la forma en que se deberán implementar las medidas de protección. Además, se estima que se debe especificar quién fiscalizará el cumplimiento de sus normas y cuáles serán las sanciones en caso de que esto último no ocurra.
La iniciativa aprobada por el Senado, que lo fue también porque no hubo ninguna propuesta de la Cámara de Diputados, modificó el artículo 84 del decreto con fuerza de ley N° 850 con el objeto de regular la implementación de medidas de protección para las personas que transitan por los atraviesos de carreteras y de encargar su fiscalización al MOP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley General de Concesiones de Obras Públicas.
Con las modificaciones aprobadas se obliga al Ministerio de Obras Públicas a establecer en un Reglamento las medidas de seguridad mínimas con que deben contar las pasarelas y pasos desnivelados a fin de impedir que desde ellos se arrojen objetos contundentes a las vías que atraviesan.
Además, se dispone que en los contratos de obras y de concesión siempre se deberán incorporar las medidas de seguridad consideradas en el Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, las cuales deben ser vinculantes si así se ha considerado específicamente en las respectivas bases de licitación.
Por otra parte, las enmiendas propuestas permitirán que las medidas mínimas de seguridad sean incrementadas en casos específicos y de acuerdo a criterios técnicos, como la densidad demográfica del lugar o el índice delictual de la zona.
También se consideró la incorporación de medidas de seguridad en pasos desnivelados y puentes peatonales o pasarelas, estructuras desde donde es posible lanzar objetos a las vías.
Asimismo, se plantea que, en las futuras concesiones de carreteras, será de cargo del concesionario la construcción de las medidas de protección, pues estas serán incorporadas en las bases de la licitación de tales contratos.
En cuanto a las vías ya concesionadas, la construcción de esas obras será de cargo del Fisco, lo que no afectará el desarrollo futuro previsto para tales obras ni el proyecto presentado por el concesionario cuando participó en la respectiva licitación.
Esto es muy importante, señor Presidente. Dado que no existe dicha obligación en los contratos de las autopistas en funcionamiento, el proyecto incorpora una norma para que el Estado financie las obras de seguridad.
Por otro lado, para garantizar que la construcción de tales obras se realice a un precio justo, se introduce una disposición similar a la contemplada en la Ley de Concesiones, que obliga al concesionario a licitar su ejecución cuando el valor de ello supere las cien mil unidades de fomento o exceda el cinco por ciento del presupuesto oficial.
Finalmente, en el caso de las vías no concesionadas ya existentes, que están en poder del Estado, o que se construyan sin concesión, la obligación de implementar las medidas de seguridad en las pasarelas será siempre de cargo del Fisco, pero solo cuando los pasos peatonales o puentes crucen sobre autopistas o autorrutas, donde el peligro derivado del lanzamiento de objetos contundentes a la vía se incrementa por la velocidad a que circulan los automóviles.
En consecuencia, señor Presidente, la iniciativa apunta a la protección de la vida e integridad física de las personas. Ha habido un alto número de muertos y lesionados, como dije, víctimas de inescrupulosos que lanzan objetos a vehículos en movimiento desde puentes y pasarelas.
Creo que lo propuesto es muy muy importante, por cuanto permitirá dar al Gobierno un instrumento para incrementar la seguridad en todas las rutas de alta velocidad, sean o no concesionadas.
¡Ah!, y pido que se abra la votación.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, se ha solicitado abrir la votación.
Sin perjuicio de ello, deseo intervenir en el debate de este proyecto, iniciado en una moción que el Senador señor García-Huidobro me invitó a firmar.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Perdón, señor Senador.
¿Ha pedido abrir la votación?
El señor TUMA (Vicepresidente).- Si hay acuerdo de la Sala, procederemos a la votación.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Sí.
El señor ORPIS.- Por supuesto.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En votación lo propuesto por la Comisión Mixta.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, de acuerdo con lo que informó el colega García-Huidobro, me parece importante que, en los nuevos incisos que se introducen al artículo 84º, se incorporen estas medidas de seguridad como parte de los contratos de construcción de obra y de concesión, a fin de impedir el lanzamiento de objetos contundentes a los vehículos desde pasarelas y puentes. A partir de esta norma, tal garantía quedará incluida en los contratos.
Sin embargo, aun cuando aprobaré la iniciativa, me surge una duda. Le pido al autor de la moción que ponga un poquito de atención para que me ayude a resolverla.
Respecto de las vías ya concesionadas, se señala que el Fisco se hará cargo del financiamiento de las obras de seguridad. La pregunta es: ¿se va a fijar un plazo en tal sentido? Del texto planteado no se desprende que el Estado se comprometa a ello. Por tanto, en diez años más, en la ruta entre Santiago y Puerto Montt, que son mil kilómetros, nos podremos encontrar con que aún no se han ejecutado esas obras.
No sé si el reglamento resolverá el punto. En las enmiendas propuestas no se establece un plazo para que el Fisco acometa la construcción de las medidas de seguridad.
Sin perjuicio de ello, creo que la iniciativa constituye un avance muy muy significativo. El solo hecho de incorporar tal obligación en los contratos de las nuevas concesiones es un paso relevante.
Considerando que el Gobierno tiene que dictar un reglamento en esta materia, quiero dejar constancia en la historia de la ley de que es tremendamente importante que en ese documento el Estado se comprometa a fijar un plazo. Si no fuera así, esta futura ley no surtiría grandes efectos en términos inmediatos, porque tal carga no estaría sujeta a plazo alguno. Ello puede resultar ineficaz en las rutas más importantes de un país que ha concesionado muchas obras.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, originalmente, cuando se presentó este proyecto, reconozco haber tenido algunas dudas respecto de si esta materia debía estar considerada en una ley o si podía ser parte de una norma interna del propio Ministerio de Obras Públicas, a fin de solucionar este problema con especial consideración.
Sin embargo, luego de una tramitación bien larga -más que larga, compleja, pues la iniciativa terminó en una Comisión Mixta-, en la cual hemos analizado el asunto más de una vez, me he ido convenciendo de que este proyecto se encuentra correctamente concebido desde la lógica de establecer una obligación.
Aquí se plantea un problema que no ha sido bien resuelto en el mundo de las concesiones de carreteras, las cuales, en mi opinión, han sido positivas para el país. Pero, en este ámbito, obviamente existen falencias, dificultades y complejidades que, hasta ahora, más allá de la intención de las partes, no han encontrado solución.
Yo he sido testigo -porque la zona que represento está llena de vías de alta velocidad- de los problemas que se producen con estos pasos sobre nivel o puentes que cruzan carreteras.
Hay momentos del año en que, francamente, la situación se torna muy angustiosa para muchos ciudadanos. Ya no se dice que es un lujo transitar por esas rutas; es una necesidad. Cientos de miles de personas se desplazan por ellas diariamente hacia sus lugares de trabajo, hacia el hospital, hacia los centros de educación, hacia sus negocios, en fin.
Efectivamente, uno observa el estado de esos atraviesos y se da cuenta de que tenemos una debilidad en materia de políticas públicas sobre el particular. La gracia del proyecto, en el fondo, es que obliga al Ministerio de Obras Públicas a establecer, mediante reglamento, las normas de seguridad mínimas para ese tipo de pasarelas.
Además, se consigna una segunda obligación: las bases de licitación de concesiones de autopistas deberán contemplar niveles de servicio acordes con las normas de seguridad fijadas en el reglamento que dictará el MOP. Claramente, los problemas que hoy día se generan obedecen, en parte, a que no existe este requisito.
En cuanto a la inquietud que plantea el Senador señor Orpis, debo señalar que no sé si en esta iniciativa es posible establecer un plazo para que el Estado se haga cargo de esta obligación. Creo que los autores de la moción que le dio origen al proyecto tuvieron razón en no proponerlo. En realidad, no pueden hacerlo. De lo contrario, se requeriría el patrocinio del Ejecutivo.
A mi juicio, consagrar la obligación constituye una señal muy potente para las futuras concesiones. Adicionalmente, con ello se deja claro que este es un problema que el Estado debe abordar de la manera más rápida y útil posible.
A propósito de lo relativo a las concesiones, cabe señalar que en la actualidad muchas obras requieren mejoramiento. Planteamos el punto hoy día al Ministro de Obras Públicas en la reunión pertinente. Hasta ahora, tales arreglos no se han hecho. Yo creo que es importante considerarlos dentro de los problemas, para poder contar con un servicio de calidad superior al que actualmente se presta.
Por tanto, la inquietud del Senador Orpis yo la entiendo como algo inevitable dentro de las dificultades que enfrentamos para generar gastos mediante mociones.
Con todo, creo que lo importante del proyecto radica en las señales que se dan. Aquí tenemos que velar por mayor protección; debemos establecer normas más precisas para regular los niveles mínimos de seguridad que deben cumplir las pasarelas y puentes. Lo central es la seguridad de las personas, como lo hemos visto en otros ámbitos.
Enfrentar el problema por la vía legal me parece bien, aunque reitero que tuve dudas en un principio.
Considero que la proposición de la Comisión Mixta apunta en el sentido correcto. Espero que la Cámara de Diputados adopte la misma lógica, porque en el trámite anterior no fue así.
En mi opinión, con esta iniciativa estamos realmente generando mejores condiciones para todos los chilenos. Además, se consagra una obligación moral permanente para el Estado: activar lo antes posible una solución para proveer medidas de seguridad en las concesiones ya vigentes.
Por ello, voto a favor de lo propuesto.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Quiero hacer una aclaración, señor Presidente.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Solo quiero aclarar que es una facultad del Ejecutivo determinar el plazo para dictar un reglamento. Nosotros no tenemos esa atribución.
El señor TUMA (Vicepresidente).- ¿Senador señor Orpis, desea agregar algo más?
El señor TUMA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, para precisar exactamente lo que ocurre con los plazos, quiero entregar un antecedente.
En cuanto a las nuevas concesiones, la norma es categórica: se incorporan las medidas de seguridad en los contratos desde el comienzo.
Sin embargo, respecto de las concesiones ya establecidas, se dispone que el Ministerio de Obras Públicas se halla obligado a dictar un reglamento. Pues bien, este no tiene plazo. Una vez que ello suceda, para que estas obras adicionales sean financiadas por el Fisco, las concesionarias vigentes tendrán tres meses para incorporarse al sistema. La clave, entonces, es la dictación del reglamento. Pero la fecha para ello no está fijada en la iniciativa de ley.
Por lo tanto, es de esperar, dada la señal que se está entregando, que ese reglamento se elabore luego, para que se aborde este problema de modo definitivo en rutas que son tremendamente largas y que tienen muchas pasarelas peatonales. Al no contar con esas medidas de protección, se pone en riesgo la vida de muchas personas.
El señor TUMA (Vicepresidente).- A usted, señor Senador.
--Se aprueba la proposición de la Comisión Mixta (20 votos a favor, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Pérez (doña Lily) y Van Rysselberghe y los señores Araya, Bianchi, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Larraín (don Hernán), Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo la señora Muñoz.
No votó, por estar pareada, la señora Von Baer
Boletín N° 4595-15
El señor TUMA (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el Código Aeronáutico en materia de transporte de pasajeros y sus derechos, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (4595-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los entonces Senadores señores Muñoz Aburto, Escalona y del Senador Letelier).
En primer trámite, sesión 59ª, en 10 de octubre de 2006.
Transportes, sesión 63ª, en 7 de noviembre de 2007.
Transportes (segundo), sesión 24ª, en 9 de junio de 2009.
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (4764-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los entonces Senadores señores Vásquez, Ávila, Gómez, Naranjo y Zaldívar, don Adolfo).
En tercer trámite, sesión 90ª, en 28 de enero de 2014.
Transportes (tercer trámite): sesión 2ª, en 18 de marzo de 2014.
Sesiones 64ª, en 13 de noviembre de 2007 (se aprueba en general); 31ª, en 7 de julio de 2009 (se aprueba en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa comenzó su tramitación en el Senado y, en el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados sustituyó íntegramente el texto del proyecto de ley despachado por nuestra Corporación por otro que incluye mayores derechos en lo relativo a información, retrasos y cancelaciones de vuelos y sobreventa de pasajes.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones aprobó la enmienda efectuada por la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán y Girardi y el entonces Senador señor Cantero.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se consigna, en la segunda columna, el texto aprobado por el Senado; en la tercera, la modificación introducida por la Cámara de Diputados, y en la cuarta, la proposición de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En discusión la enmienda de la Cámara de Diputados.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, pido segunda discusión.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Dado que el Comité UDI ha solicitado segunda discusión y que ningún señor Senador desea intervenir en esta oportunidad, continuaremos con la siguiente iniciativa.
Boletín N° 9201-03
El señor TUMA (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que regula la competencia en el mercado de los medios de pago electrónicos, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9201-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 80ª, en 17 de diciembre de 2013.
Economía: sesión 85ª, en 14 de enero de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es promover la competencia en el mercado de los medios de pago electrónicos.
La Comisión de Economía discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Tuma y Zaldívar.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 36 a 38 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En discusión la idea de legislar.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero sugerir a la Sala que aprobemos la iniciativa en general, que introduce mayor competencia en el mercado de las tarjetas de crédito, llamadas de manera más genérica como "medios de pago electrónicos".
Este proyecto es bastante técnico, porque tanto la emisión de tarjetas de crédito como la forma en que estas operan en el mercado -los consumidores acceden a estas tarjetas y las usan como instrumentos de pago-, además del proceso interno para gestionar las miles de compras que se realizan a diario con estos sistemas y permitir que luego los bancos paguen a los respectivos vendedores, es un proceso en realidad bastante técnico y, por lo demás, muy regulado.
En lo grueso, hoy día el gran operador de estas tarjetas es una institución que pertenece a todos los bancos, conocida como "Transbank". Lo que hace la iniciativa es otorgar todas las facilidades para que se creen nuevos operadores. (No sé si la palabra precisa es "operadores", pues el lenguaje técnico a veces no corresponde exactamente a lo que uno quiere decir con un lenguaje común). En definitiva, se busca que surjan competidores a esa empresa enorme. De esa manera, podrá haber tarifas más convenientes.
En la actualidad, dado que no hay competencia, Transbank tiene un acuerdo con el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, para evitar que utilice su posición dominante en beneficio propio, sin considerar a las miles -me atrevería a decir millones- de personas que pagan las respectivas comisiones.
Por eso, yo creo que este es un proyecto necesario en nuestra economía. Las tarjetas de crédito y, en general, los medios electrónicos de pago son cada vez más usados, están cada vez más extendidos. Por lo tanto, parece del todo razonable que tengamos una legislación que promueva la competencia y haga bajar las comisiones.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Patricio Walker asuma como Presidente accidental con el objeto de que yo pueda intervenir con relación al proyecto que nos ocupa.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Patricio Walker, en calidad de Presidente accidental.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, en Chile el sistema de tarjetas de crédito y débito de aceptación universal organiza los roles de licenciamiento, emisión, adquirencia y operación. Y la verdad es que cuando uno observa cómo se comporta la industria en esta materia advierte que, a diferencia de otros países, en el nuestro se presenta una verdadera integración vertical, donde el licenciamiento, la emisión y la adquirencia van quedando en las mismas manos.
No voy a entrar en detalles -se pueden ver en el informe, que resume la discusión del proyecto en la Comisión-, pero creo del caso reseñar los roles que cabe distinguir en este ámbito:
-El rol del adquirente comprende todos los procesos tecnológicos propios de él, la captura y el registro de la transacción.
-El rol de red o switch consiste en el ruteo o tráfico de la información entre los actores del sistema, y
-El rol del emisor implica, básicamente, la validación de la autenticidad de la tarjeta, disponibilidad de fondos y verificación de la clave.
En Chile los roles de adquirencia y operación corresponden a los emisores, quienes pueden ejercerlos por sí o por mandatarios. Lo que ha ocurrido es que en la práctica los emisores (bancos, retail, sociedades anónimas, cajas de compensación y otros) han encargado los roles de adquirencia, operación del rol adquirente y operación de red a un único operador, un tercero: Transbank, que es, en otras palabras, una sociedad de apoyo al giro.
Desde el año 1991 ha habido una discusión respecto del verdadero monopolio que ejerce Transbank en la materia, siendo una sociedad de apoyo al giro. Se ha generado toda una disputa, en la cual han tenido que intervenir la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para establecer ciertas condiciones en que pueden participar otros actores.
¿Qué ocurre? Este proyecto de ley, en lo fundamental, busca promover la competencia y permitir que cualquier adquirente que cumpla con las condiciones necesarias pueda acceder, de manera no discriminatoria, a la red de procesamiento. Es decir, la idea es que haya competencia en materia de adquirencia.
El problema radica en que las condiciones de entrada hoy día son desiguales y, en la práctica, no se puede competir. Si bien el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha señalado ciertas condiciones que deben cumplirse, en los hechos, señor Presidente, hoy día no está operando la competencia en este mercado.
Entonces, el proyecto va en la dirección correcta, en el sentido de establecer ciertas normas básicas.
En el año 2005 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia señaló que, en su función de plataforma de procesamiento, Transbank parecía tener las características de la denominada "instalación esencial" tanto para emisores como para adquirentes. En concreto, señaló que la "plataforma [de procesamiento] en que operan los servicios de tarjetas de créditos bancarias, pareciera tener la característica de instalación esencial para adquirentes y emisores" (Sentencia N° 29, de 2005).
Con el fin de permitir la entrada de potenciales nuevos adquirentes y considerando la eventual calidad de facilidad esencial, es importante que nuestra legislación -ya no necesariamente la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia- asegure que ellos podrán contratar los servicios de procesamiento de la red existente.
Siguiendo la normativa vigente para los emisores, el proyecto de ley establece que las condiciones y requisitos definidos por el procesador deberán considerar ciertos elementos: calidad del servicio, medidas de control, resolución de fraudes y tarificación de los servicios que se presten.
A su vez, con el fin de asegurar un acceso no discriminatorio y permitir que diferentes actores con distintas necesidades y modelos de negocio compitan en igualdad de condiciones, estos servicios deberán entregarse en forma desagregada, pudiendo ser contratados todos o algunos de ellos. En realidad, hoy día solo es posible contratarlos a través de un sistema integrado.
Fíjese, señor Presidente, que es bien particular que los bancos, las sociedades, las casas comerciales, el retail y las cajas de compensación compitan por la emisión de tarjetas. Sin embargo, se ponen de acuerdo en cuanto al sistema por medio del cual dichas tarjetas van a funcionar. Es decir, deciden competir por la emisión, pero se ponen de acuerdo -algunos hablan de "colusión"; otros, de "acuerdo económico" o de "monopolio"- para el acceso a las tarjetas.
En consecuencia, cualquier actor que desee incorporarse para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos no puede hacerlo, toda vez que las normas de ingreso son bastante cerradas.
El ARTÍCULO PRIMERO de esta iniciativa contiene un cuerpo normativo para resguardar que la prestación de estos servicios ofrecidos por los operadores de tarjetas de pago tenga lugar en condiciones de adecuada competencia.
En el artículo 1° del TÍTULO I se definen para los efectos legales los conceptos de "emisor", "operador" y "tarjetas de pago".
Pero lo fundamental de la iniciativa figura en los artículos 3° a 6° del TÍTULO II, donde se señala que, si el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia preceptúa que no hay condiciones competitivas en alguno de los sectores del mercado de tarjetas de pago, se aplicarán a los operadores las exigencias que el proyecto de ley dispone (artículo 3°): primero, establecer condiciones y requisitos públicos, generales, transparentes, objetivos y no discriminatorios para prestar sus servicios a emisores u otros operadores; y segundo, prestar dichos servicios a todo emisor u operador que cumpla tales condiciones y requisitos. Esta obligación se hará efectiva dentro del plazo de 360 días, contado desde la fecha de la respectiva resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Señor Presidente, estamos sacando una ley cuya aplicación queda supeditada a un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Es decir, esta normativa supone la existencia de un proceso de judicialización en el organismo especializado, como es ese Tribunal. ¿Por qué? Porque el artículo 6° dice que si ese órgano jurisdiccional señala que las condiciones del mercado son competitivas las obligaciones contenidas en la ley no se aplican.
Lo que pretende el proyecto es que cuando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia repare un mercado o parte de él porque no hay condiciones competitivas la ley haga aplicables las medidas que deberían adoptarse, pero que cuando señale que el mercado es competitivo tales normas dejan de aplicarse.
Yo no conozco, en verdad, una legislación que quede supeditada solo al fallo de un tribunal, en circunstancias de que el objetivo del legislador, quien tiene en vista la naturaleza de las funciones del Congreso, es justamente evitar los procesos de judicialización, que no tienen otro sentido que interpretar la norma cuando no queda suficientemente clara en el proceso legislativo seguido en el Parlamento.
Dicho de otro modo, las condiciones del artículo 3° deberán entenderse supletorias o de aplicación residual, y se aplicarán siempre y cuando no sean más gravosas que las que impone el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Es decir, el legislador está renunciando a la facultad regulatoria en función de un fallo de ese órgano jurisdiccional, situación que a mi juicio no es adecuada.
El ARTÍCULO SEGUNDO, por su parte, introduce una modificación a la Ley General de Bancos con la finalidad de prohibir a los operadores hacer trato directo con el público.
Creo que sería conveniente oír a algunos economistas, a fin de que nos ilustren sobre las implicancias prácticas de la aplicación de este proyecto de ley. Porque si queremos introducir medidas de competencia reales habrá que hacerlo, no sobre la base de normas supletorias de fallos de los tribunales, sino a través de una disposición de aplicación general.
Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que aquí el mercado no ha operado de buena forma. Exhibe un amplio nivel de concentración. Es más -probablemente vamos a tratar este tema a propósito de la reforma tributaria-, hemos observado que las sociedades de apoyo al giro (Nexus y Transbank, hoy día), producto de una disposición que data de la década de los ochenta, se encuentran exentas del pago del IVA. ¡Mire, usted! Y, claro, era lógico: en esa década se requería incentivar la bancarización.
Pero perdónenme: hoy día, con el nivel de utilidades que obtienen y que -¡ojo!- reparten antes del proceso de fin de año a través de sus bancos, que son los emisores finalmente, ¡estas empresas se hallan exentas de IVA!
En consecuencia, hay además una barrera tributaria para el ingreso de más competencia, porque cualquier nuevo actor debe pagar el IVA y, por ende, parte con un porcentaje de diferencia en su contra dentro del modelo de negocio.
Señor Presidente, entiendo el sentido del proyecto de ley, pero creo que no es suficiente para garantizar la transparencia y una apertura a la competencia que beneficie a los consumidores finales. Porque, como existe un monopolio en manos de una empresa, la Sociedad de Apoyo al Giro Bancario, ellos se ven afectados por cobros de cuotas que no se pueden eludir ni mucho menos reparar, toda vez que, además, los consumidores no están habilitados para modificar unilateralmente los contratos, a diferencia de los emisores, quienes sí pueden hacerlo.
Por consiguiente, pienso que este proyecto es necesario, pero insuficiente, dado que sus normas serán de carácter supletorio, lo cual no permitirá mejorar los niveles de competencia.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, en mi calidad de miembro de la Comisión de Economía, me correspondió conocer de este proyecto de ley, iniciado en mensaje del Ejecutivo, que tiene por finalidad regular un mercado que, lejos de estar reglado, reviste carácter monopólico.
Con entusiasmo voté a favor de la idea de legislar en el mencionado órgano técnico. Pero, sin duda, queda mucho mucho por analizar en esta iniciativa para garantizar que la intervención del Congreso Nacional y del Ejecutivo -hoy día hay un nuevo Gobierno- conduzca de verdad a la regulación de un mercado que tiene una influencia enorme en la actividad comercial.
Actualmente, el principal medio electrónico de pago son las tarjetas de crédito y de débito bancarias, y se encuentra monopolizado por los bancos, que actúan a través de Transbank.
Con relación a los volúmenes monetarios, podemos citar, en cifras aproximadas, que en 2012 se realizaron 131 millones de operaciones con tarjetas de crédito bancarias, por un valor de 15 mil millones de dólares, y más de 201 millones de operaciones con tarjetas de crédito no bancarias, por un monto de 10 mil 458 millones de dólares. Las tarjetas de débito registraron alrededor de 617 millones de operaciones, lo cual asciende a un monto de 52 mil 400 millones de dólares, incluyendo los giros en cajeros automáticos.
Contabilizando solo las operaciones en comercios, el monto total de transacciones con tarjetas de débito fue de 12 mil 460 millones de dólares solo en el año 2012.
Claramente, esta es una de las actividades que más se repiten en el comercio. Pero podemos ver que detrás de cada una de ellas hay comisiones que alguien paga, la mayoría de las veces sin ninguna capacidad de negociación.
La propiedad tanto de Transbank como de Nexus, que son los dos actores principales, se distribuye sobre todo entre Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Scotiabank Chile, Banco Corpbanca, Banco Santander Chile, BancoEstado y BBVA.
En ambos casos, el Banco de Chile -¡solo el Banco de Chile!- es el principal accionista, con una participación de 26,16 por ciento en Transbank y de 25,81 por ciento en Nexus.
Este es un mercado de dos lados, donde tanto la oferta cuanto la demanda de ambas partes se satisfacen de manera simultánea. Esto es similar al serrucho que antiguamente se usaba en los bosques para cortar los árboles: de ida y vuelta lograba su propósito. En este caso, los bancos y Transbank y Nexus cobran al comenzar la acción de la venta a los tarjetahabientes y luego a los comerciantes. Por un lado, los tarjetahabientes pagan una serie de comisiones e intereses por el uso de las tarjetas de crédito y por otro los comerciantes pagan al adquirente una tasa de descuento. Es decir, unen las dos puntas (la oferta y la demanda) y cobran una comisión a los consumidores y al comercio.
La estructura del financiamiento del sistema se sesga extrayendo excedentes al comerciante, subsidiando al tarjetahabiente y desincentivando la adhesión del comercio.
En Chile ese sesgo es evidente. Transbank es un monopolio que ofrece un precio único a cada comercio, pero varía por tipo de comercio y volumen de transacciones. Fluctúa entre 0,4 y 2,95 por ciento en el caso de las tarjetas de crédito y entre 0,5 y 2,5 por ciento en el de las tarjetas de débito.
En Estados Unidos, Europa, Australia y México las tasas de intercambio se fijan de acuerdo a estudios de costos y no se dejan a la negociación multilateral de las partes (cuando me refiero a "las partes", cabe hacer notar que una tiene una tremenda capacidad de negociación y la otra ninguna). Y la tasa de intercambio es regulada por diversas instituciones con competencia en la materia, desde bancos centrales a entidades supervisoras, lo que no ocurre en Chile.
En los casos anteriores, el Estado ha generado una normativa que permite establecer una relación de concordancia, de negociación, de equilibrio entre las partes. En Chile no tenemos esa oportunidad. Entonces, es claro que este mercado no ha sido tratado con la seriedad y la rigurosidad que amerita.
El actual proyecto de ley, sin duda, busca promover la competencia en el mercado de los medios de pago electrónicos -¡y en buena hora que estemos legislando sobre el particular!-, para lo cual actúa en tres niveles: la emisión, que es la generación de las tarjetas; el procesamiento, que se traduce en el procesamiento propiamente tal y la transmisión de la información entre los distintos actores de dicho sistema; y por último, la adquirencia, que es la afiliación de establecimientos comerciales al uso y aceptación de determinada tarjeta.
En tal sentido, la iniciativa define ciertas obligaciones para el operador de tarjetas de crédito, que es quien realiza el procesamiento.
Ante ese contexto, el problema surge en la estructura monopólica de quien controla la adquirencia de las tarjetas de crédito y de débito bancarias.
Sin lugar a dudas, el actuar de Transbank dista del que debe imperar en un mercado de libre competencia.
Es necesario, entonces, regular este mercado.
El proyecto debe discutirse con cifras claras y tiene que incluir a los actores que participan en el medio de pagos electrónicos. Pero está incompleto, porque:
-Primero, no se recogieron las demandas de otros emisores.
-Segundo, no se especifica el rol de las marcas (Visa, Mastercard, American Express, etcétera), que también son actores que fijan las reglas para la aceptación general de las tarjetas.
-Tercero, no se ha fijado una tasa de intercambio entre el adquirente y el emisor.
-Cuarto, no se establece un límite al porcentaje de la propiedad de los bancos sobre Nexus y Transbank. Es decir, persiste una propiedad vertical que no permite la competencia.
Por último, Transbank cobra una comisión a los establecimientos comerciales como porcentaje del valor de venta por cada operación con tarjetas de crédito y de débito. La comisión depende del rubro del propio comercio, del volumen de ventas promedio mensual y del valor promedio de cada transacción. Cuanto mayores son estas variables, menor es el porcentaje de la comisión.
Por lo tanto, el pequeño comercio está obligado a pagar una comisión mayor que un supermercado y que el retail, lo cual le resta oportunidades para competir.
Lo anterior se expresa en que la estructura de las tarifas discrimina a los pequeños comerciates y emprendedores, debido a que pagan más que los supermercados y el retail.
En resumen, señor Presidente, creo que tenemos una gran oportunidad de regular bien el mercado en comento.
Esta es una buena iniciativa, ya que le abre al Congreso la oportunidad de impulsar una regulación en favor del comercio y de los millones de consumidores que todos los días hacen uso de su tarjeta de crédito, detrás de lo cual hay también un gran abuso.
Por eso, señor Presidente, me parece que hay que dar el tiempo necesario para presentar indicaciones a esta iniciativa.
Yo sugiero un plazo no inferior a 20 días, al objeto de que los parlamentarios que no han conocido este texto se interioricen de él y efectúen aportes por aquella vía. Se deben formular muchas indicaciones.
Además, hay que invitar a numerosos otros actores; el número de aquellos a los que hemos escuchado en la Comisión de Economía no me parece suficiente. Es necesario abrir las puertas del Congreso y determinar un espacio mayor a efectos de recibir proposiciones que perfeccionen el proyecto y garanticen que se regulará el mercado en comento, que existirá competitividad y que habrá igualdad de oportunidades para el pequeño comercio y los consumidores.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, esta iniciativa dice relación con el sistema bancario y de crédito en general, área de nuestra economía que ha motivado nuestra preocupación durante los últimos años.
Hoy día para nadie es un misterio que el mercado de los bancos y de las instituciones financieras se encuentra altamente concentrado, lo que les permite hacer objeto de prácticas abusivas a sus clientes, muchos de los cuales se convierten en deudores eternos, o enfrentan acciones judiciales, o reciben amenazas de remate, y, al final, prácticamente quedan en la calle.
Tales hechos no son fantasías, sino una triste realidad. Y entre quienes incurren en ellos incluyo también al Banco del Estado, que "del Estado" tiene la nada misma.
Entre los abusos que tales instituciones cometen y que les reportan mayores utilidades está el cobro de comisiones por los servicios que prestan. A modo de ejemplo, puedo citar los cobros por giro en cajero automático, por giro en caja, por otorgamiento de crédito y, finalmente, por utilización de sistemas electrónicos de pago, como las tarjetas de crédito y de débito.
¿Qué vemos en el sistema de los bancos para que funcione el mecanismo de pago electrónico mediante tarjetas de crédito y de débito? Que también en este caso existe una verdadera colusión a los efectos de que a través de dos empresas, Transbank y Nexus, se pueda operar en forma conjunta todo el sistema de procesamiento, para lo cual es necesario establecer un procedimiento de pago electrónico.
Por eso, sin duda, este proyecto de ley enfrenta una situación absolutamente inaceptable: la actuación monopólica de los bancos, que al final afecta a los usuarios de las tarjetas de crédito y a los comerciantes, quienes son objeto de un cobro que no sigue las reglas del mercado, sino que es fijado por un monopolio sin control, lo cual, sin duda, incide en una ganancia para dichas instituciones y en una pérdida tanto para los tarjetahabientes cuanto para los comerciantes, que constituyen el eslabón final del sistema electrónico de pago controlado por los bancos.
Entonces, señor Presidente, mi primera preocupación apunta a determinar si con las medidas que propone esta iniciativa lograremos poner término a la alta concentración del mercado en comento y al monopolio que sobre él se ejerce.
A mí, por lo menos, me quedan algunas dudas.
Por lo mismo, me parece que durante la discusión particular deberemos actuar con mayor audacia y sugerir normas que garanticen la más absoluta libre competencia en un mercado que, para mi gusto, está escandalosamente concentrado.
De lo contrario, esta normativa será solo un saludo a la bandera y, seguramente, los bancos buscarán la fórmula para seguir dominando el mercado a su entero antojo.
Lo escuché atentamente, señor Presidente, cuando hizo uso de la palabra. En estas materias nos hemos encontrado en varias oportunidades en la misma línea: viendo cómo conseguir de una buena vez que no prime esa escandalosa situación de abuso contra las personas.
Hoy día el uso de las tarjetas en cuestión ya no es prohibitivo para nadie. Incluso, recuerden Sus Señorías cómo estos plásticos se entregaban a destajo a estudiantes, a personas que carecían de ingresos (por ejemplo, a dueñas de casa, mujeres que realizan una labor extraordinariamente significativa pero que por ello no perciben sueldo), etcétera, con el único propósito de que se endeudaran y al final sucediera todo lo que deriva de las cuentas impagas: remates, en fin, en un escenario complejo enfrentado por toda la familia.
No queremos esa situación. La consideramos inhumana, ya que, en definitiva, da lugar a que tanto poder económico, concentrado en las empresas que nombré, termine imponiéndose a través de una actuación brutalmente abusiva.
Por eso, señor Presidente, concuerdo con usted en que debemos hacer muchos ajustes, presentar varias indicaciones.
Por de pronto, espero que el plazo fijado para formularlas sea razonable, de manera que se presente el mayor número de proposiciones encaminadas a mejorar este proyecto de ley.
Es menester regular ese accionar abusivo de la banca, de las instituciones que otorgan créditos con intereses del todo inabordables.
La gente, una vez que entra en el círculo descrito, ya no puede salir de él. Y esta situación se da con las tarjetas de crédito, con las de supermercados -de grandes supermercados, de megasupermercados-, con las de tiendas comerciales o del retail, en que el gran negocio, más que la venta de productos en sí, es que la persona obtenga una de ellas, se endeude y pague intereses usurarios.
¡Ese es el negocio final: prestar dinero a través de los plásticos!
Por supuesto, vamos a estar muy atentos a la formulación de indicaciones conducentes a perfeccionar la iniciativa en debate.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos favorables), fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 12 de mayo, a las 12.
Votaron las señoras Goic, Muñoz y Van Rysselberghe y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Larraín (don Hernán), Letelier, Montes, Orpis, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Tuma y Walker (don Patricio).
El señor TUMA (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo de la Senadora señora Lily Pérez.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento llegó a la Mesa una moción de los Senadores señores Espina, Harboe, Larraín, Patricio Walker y Zaldívar con la que se da inicio a un proyecto que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, y sus enmiendas posteriores en lo referente al delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves gravísimas o con resultado de muerte, y fija normas al objeto de que las penas que determine el tribunal no sean inferiores al mínimo o superiores al máximo del marco establecido en la ley.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe consignar, además, que adhirieron a esa moción los Senadores señora Pérez San Martín y señores Allamand, García, Guillier, Horvath, Moreira, Orpis, Ossandón, Prokurica y Tuma.
Boletín N° 9158-15
El señor TUMA (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción del Senador señor Chahuán, que modifica las leyes N° 18.290 y 18.287 en lo relativo, respectivamente, al control de licencias de conducir y a la prórroga de la boleta de citación a audiencias en los casos de fuerza mayor que indica, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9158-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 70ª, en 19 de noviembre de 2013.
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 80ª, en 17 de diciembre de 2013.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de este proyecto es extender a 30 días el plazo establecido en el artículo 19 de la Ley de Tránsito cuando el titular de una licencia de conducir, por razones ajenas a su voluntad, tales como destrucción parcial o total; inundación o incendio del inmueble donde funciona el Departamento de Tránsito respectivo, o paro de sus funcionarios, no pueda someterse al control exigido por la ley.
Se propone también, por las mismas razones, agregar un artículo 4° bis a la ley N° 18.287, que establece el procedimiento ante los juzgados de policía local, para el caso de que no se pueda realizar la audiencia en las infracciones de tránsito, extendiéndose el plazo de habilitación de la boleta de citación.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, Girardi y Kuschel.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe de dicho órgano técnico y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El Senador señor Chahuán no se halla presente en este momento.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, yo soy miembro de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, pero no estuve durante la sesión en que se discutió este proyecto.
Entiendo que se busca dar facilidades al conductor que fue objeto de un parte y no puede presentarse ante el tribunal en el momento oportuno porque el lugar donde debe hacerlo se halla afectado por alguna de las causales que indicó el señor Secretario.
Me parece que la idea de la moción del colega Chahuán es que, por determinado lapso, esa persona no pierda la posibilidad de seguir usando la boleta de citación en remplazo de la licencia de conducir.
Ahora bien, a mí me surge una duda sobre lo que señaló el señor Secretario, durante la relación, en el sentido de que se propuso agregar un artículo 4° bis a la ley N° 18.287.
La única referencia que tenemos es la del artículo 2°, que figura en las páginas 3 y 4.
No sé a qué apuntaba el señor Secretario al señalar que se había propuesto un artículo 4° bis.
Solicito una aclaración al respecto.
En todo caso, me parece bien que aprobemos en general el proyecto y que en la Comisión hagamos una discusión detallada sobre la materia.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Es lo que dice el informe, señor Senador. Sin embargo, en el comparado no se refleja.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán, autor de la moción.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, la finalidad de esta iniciativa es muy simple, ya que se relaciona con una situación que ocurrió el año pasado, cuando los funcionarios de las municipalidades de nuestro país paralizaron sus labores, lo que impidió a muchos titulares de licencias de conducir cumplir oportunamente con el control a que los obliga el artículo 20 de la Ley de Tránsito: cada cuatro años si se trata de licencia profesional y cada seis años en el caso de licencias no profesionales.
Estimamos que, ante esas situaciones o la ocurrencia de otros hechos de fuerza mayor -por ejemplo, la destrucción total o parcial, o la inundación o incendio del inmueble donde funciona el respectivo Departamento de Tránsito-, el control de la licencia pertinente podrá efectuarse hasta treinta días después de que cese el impedimento, manteniendo aquella su habilitación durante dicho lapso.
Del mismo modo, consideramos que, frente a la denuncia que origina una infracción a la Ley de Tránsito y que da lugar a una audiencia en juzgado de policía local, en el evento de que por las mismas razones antes citadas -paralización de los funcionarios y, fundamentalmente, destrucción total o parcial, o inundación o incendio del inmueble- no se pudiere llevar a cabo la audiencia en el día señalado, el plazo de habilitación de la respectiva boleta de citación se extenderá hasta el día y hora fijados para la nueva audiencia, una vez que haya cesado el impedimento, por un plazo no mayor a treinta días, sin perjuicio de que el juez otorgue un término superior, dependiendo de las circunstancias.
A mi juicio, de esta forma se subsanarán situaciones como la ocurrida durante el año anterior a raíz del paro de los funcionarios municipales, que imposibilitó a diversos conductores efectuar el control de su licencia o asistir oportunamente a la audiencia judicial derivada de haber sido denunciados como infractores de la Ley de Tránsito.
Básicamente, cuando ocurrió la referida paralización, el gremio de los trabajadores del transporte público, del transporte colectivo, nos dijo: "Tenemos una dificultad, porque debemos someternos al control para la renovación de las licencias de conducir pero hay un impedimento de fuerza mayor debido al paro de los funcionarios municipales". Sin embargo, ello no es imputable a las personas que van a obtener o a renovar licencias de conducir.
En esa ocasión, durante el Gobierno del Presidente Piñera, hablamos con personeros del Ministerio de Transportes, quienes avalaron la fórmula propuesta e instaron a la Comisión a aprobarla, para los efectos de que ante situaciones como la descrita finalmente no paguen el pato los conductores que tienen que renovar su licencia de conducir o deben presentarse a una audiencia en un juzgado de policía local.
Con esto establecemos un criterio razonable: extender por 30 días la vigencia de las licencias de conducir o prorrogar por 15 días las audiencias ante dichos juzgados.
Por lo expuesto, pido a los Honorables colegas que voten favorablemente esta iniciativa, que, como dije, fue revisada en su momento por funcionarios del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor TUMA (Vicepresidente).- El señor Secretario va a responder la consulta que hizo el Honorable señor Pizarro.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señor Senador, el comparado que preparó la Comisión expresa: "Artículo 2°. Modifíquese la ley N° 18.287, que establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, agregándose un artículo 4° bis". Pero esta última disposición parte directamente con las palabras "En el caso que el denunciante", etcétera, en circunstancias de que en esa parte se debió precisar de qué artículo se trataba, para seguir después con el texto propiamente tal.
Efectivamente se está agregando un artículo 4° bis del tenor que se ha señalado en las intervenciones.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, comprendo que ha mediado buena voluntad para tratar de solucionar un problema muy específico, pero a mí me extraña mucho la referencia en una ley al incendio, inundación o destrucción de un determinado local, porque el control de la licencia normalmente no se hace en ese mismo lugar. Si una persona que va a Puerto Montt y cuya licencia es de Santiago es controlada en Pitrufquén, el problema se registra en esta última ciudad, y el carabinero no va a saber si hubo o no inundación en otra parte.
Entiendo que hay que buscar una salida, mas no la que leo en el texto.
Lo mismo sucede en lo relativo a la audiencia, que no se verifica en un solo tribunal. Si cometo una infracción en una comuna diferente a la de mi licencia, tengo que concurrir al tribunal respectivo, y, por supuesto, si reclamo que se inundó o incendió el local de Nacimiento, el funcionario o el juez de policía local de Calama, por ejemplo, no va a tener conocimiento de ello.
Entonces, creo que el proyecto tiene que volver al órgano técnico para que se le dé una redacción referente al caso fortuito, a la fuerza mayor, a la manera en que se puede otorgar un certificado por Carabineros. Habría que buscar una redacción para tratar de cubrir la solución que pretende el Senador autor de la moción. Pero, tal como está, se observa imprecisión en cómo llevar a efecto la norma.
Le hago presente al Honorable señor Chahuán, comprendiendo cuál es el sentido de la iniciativa, la conveniencia de que la enviemos a Comisión al objeto de darle la precisión necesaria. No cabe hacer referencia a un incendio o una inundación, sino a una fuerza mayor -ese es el elemento pertinente- que impida la participación en la audiencia o tener la licencia para los efectos del control que procede a más tardar el día del cumpleaños. Porque eso es lo dispuesto por la ley. Cuando llega el cuarto cumpleaños después de la emisión del documento, la persona está obligada a renovarlo. Tiene que saberlo.
El propósito del trámite propuesto, señora Presidenta, es darle a la normativa un sentido de legislación en el que se recurra a causas generales y acoger las inquietudes que se manifiestan.
El señor TUMA (Vicepresidente).- ¿El Senador señor Chahuán comparte la sugerencia de enviar el proyecto a la Comisión para un nuevo informe?
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, podemos aprobar hoy día la idea de legislar y remitirlo al órgano técnico para un nuevo primer informe que permita perfeccionar el texto, o bien, mandarlo derechamente a esa instancia. No tengo ningún inconveniente al respecto.
El señor ZALDÍVAR.- A mi juicio, esa solución es mejor, para que nos llegue una redacción más precisa.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se procederá en esos términos.
--Se envía el proyecto a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para la emisión de un nuevo primer informe.
Boletín N° 9179-07
El señor TUMA (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción del Senador señor Walker, don Patricio, la entonces Senadora señora Alvear, y los Honorables señores Espina y Quintana, que tipifica como delito los actos de maltrato o crueldad hacia niños y adolescentes fuera del ámbito de la violencia intrafamiliar, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9179-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Walker, don Patricio, señora Alvear y señores Espina y Quintana):
En primer trámite, sesión 76ª, en 3 de diciembre de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de la iniciativa es ofrecer protección a nivel penal a menores y otras personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a actos de maltrato corporal o conductas crueles o vejatorias cometidas por personas que los tienen bajo su cuidado o responsabilidad y no pertenecen al ámbito familiar.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 4 de diciembre de 2013, sancionando la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Espina, Larraín (don Hernán) y Walker (don Patricio).
En cuanto a la discusión particular, el órgano técnico realizó diversas enmiendas, todas las cuales acordó por la misma unanimidad recién consignada.
Cabe hacer presente que los artículos 2° y 3°, permanentes, y el artículo transitorio revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que su aprobación requiere 21 votos a favor.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado cuya segunda columna consigna el texto propuesto por la Comisión, y la tercera, el texto tentativo de los cuerpos legales que serían modificados por la iniciativa.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En discusión.
Puede usar de ella el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, dentro de la agenda de protección a la infancia, presentamos un proyecto de ley muy importante con los señores Senadores mencionados por el señor Secretario.
Hoy día, por ejemplo, hemos visto algunos reportajes televisivos en relación con el hecho de que en algunos centros de adultos mayores se les ocasiona un maltrato corporal grave a los residentes. Y también hemos conocido casos de nanas que, cuando están solas con el niño que cuidan, lo hacen objeto de acciones crueles, vejatorias, o derechamente le infligen un maltrato corporal grave.
Al no ser esta conducta de una envergadura tal que provoque lesiones, no se halla sancionada por el Código Penal. Y se trata de algo, no digo general, pero que ocurre mucho más a menudo de lo que quisiéramos.
La iniciativa contempla una situación mucho más amplia que la centrada en la infancia. Estamos haciendo referencia a la protección de personas vulnerables, que pueden ser adultos mayores, discapacitados o niños.
Y reitero que sancionamos la conducta de maltrato corporal grave o el trato cruel y vejatorio, asignando una pena de reclusión menor en su grado mínimo. Si se causa un daño mayor y lesiones corporales propiamente tales, consideradas en el artículo 399 del Código Penal, la consecuencia aumenta: reclusión menor en su grado mínimo a medio.
Cuando legislamos para sancionar la violencia intrafamiliar, es decir, el maltrato o el acto cruel o vejatorio dentro de la familia, hicimos bien y dimos un paso importante, pero no contemplamos estos casos que ocurren -reitero- fuera de ella: en un hogar de ancianos, en un hogar de menores o en una casa, pero sin que la persona tenga relación familiar con la víctima. No deseo estigmatizar, porque obviamente debe de corresponder a un 0,001 por ciento del sector de las involucradas, pero hemos visto muchas situaciones de nanas que maltratan y dañan a los niños que cuidan, sin sanción.
Ese es el objetivo del proyecto de ley. Se trata de algo muy simple.
Ojalá se pueda abrir la votación, señor Presidente, para contar con los votos necesarios, y, si no, cabría pronunciarse al inicio de la próxima sesión, porque esta normativa es muy importante para nuestros niños, nuestros adultos mayores, nuestros discapacitados. En efecto, permitirá que se encuentren protegidos y que quienes los cuidan sean efectivamente sancionados si incurren en las conductas que señalé.
Manifiesto mi agradecimiento a varios penalistas que nos ayudaron a redactar la normativa, a los integrantes de la anterior Comisión de Constitución que la presentamos y, en especial, al profesor Hernán Fernández, quien coordinó a los especialistas que nos apoyaron durante su estudio.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Entonces, conforme a lo solicitado por Su Señoría, la votación se llevaría a cabo en la próxima sesión.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿La discusión?
El señor TUMA (Vicepresidente).- ¿Su Señoría se refiere a continuar la discusión?
El señor WALKER (don Patricio).- Podemos votar.
El señor TUMA (Vicepresidente).- La materia es de rango orgánico constitucional.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, entiendo que el proyecto viene aprobado en general y en particular por la Comisión, en virtud de un acuerdo adoptado por la Sala. Ello significa que podríamos votarlo en la misma forma.
El señor PIZARRO.- Por lo que le escuché al Senador señor Patricio Walker, se trata de un asunto que debe analizarse en detalle, ante su relevancia.
Me declaro incompetente en este momento para pronunciarme. Y no quisiera pedir segunda discusión, sino más bien que la Sala resolviese colocarlo tal vez en el primer lugar del Orden del Día en la próxima sesión ordinaria. Para ser franco, nadie pensó que llegaríamos a tratarlo ahora.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, no sé si se requiere un ulterior debate. Entiendo que más bien cabe pedir el aplazamiento de la votación.
A mi juicio, el texto es muy positivo, muy valioso. En la Comisión fue acogido por unanimidad. Escuchamos a mucha gente. Se le introdujeron los cambios que nos sugirieron. Y quedó muy bien.
Aquí se puede realizar un debate si se cuenta con el número suficiente de Senadores. Lo que no hay es el quórum necesario para aprobar la iniciativa.
Por lo tanto, pediría aplazamiento de la votación, más que segunda discusión. No sé si interpreto el sentimiento de la Sala.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, mi intervención fue en los dos sentidos. Porque es efectivo, de acuerdo con lo informado por el ex Presidente de la Comisión de Constitución, que se trata de un proyecto muy relevante, pero exhibe bastantes implicancias. Y es bueno que podamos comprenderlo a cabalidad.
Por mi parte, me declaro incompetente para votarlo hoy día y no deseo pasar por alto la posibilidad de un debate serio, porque no alcancé a estudiarlo con la rigurosidad que merece.
Por eso digo que si lo dejamos para el próximo martes cumpliremos con los dos objetivos: realizar la discusión y votar en general y en particular.
El señor LARRAÍN.- Pidamos segunda discusión. Será tratado de todas maneras.
El señor PIZARRO.- Está bien. Da lo mismo.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Se deja agotada la primera discusión.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Se procederá en esos términos, entonces.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje del anterior Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, y en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios, con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9233-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es introducir en la ley N° 19.220 perfeccionamientos orientados a extender el ámbito de actuación de las bolsas a diversos sectores productivos e industriales y darle mayor agilidad a su operación.
La Comisión discutió la iniciativa solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Lagos y Zaldívar (don Andrés) y los entonces Senadores señores Escalona y Kuschel.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Advierto a la Sala que solo restan 8 o 9 minutos para el término del Orden del Día. Si no hay objeciones, se dejará pendiente el proyecto para la próxima oportunidad que corresponda, a fin de llevar a cabo un debate en el que exista correlación entre las diversas intervenciones.
A la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, a fin de pedir INFORME SOBRE COBROS MÁXIMOS DE EMPRESA AGUAS MAGALLANES Y FISCALIZACIÓN EN COMUNAS DE PORVENIR, PUERTO NATALES Y PUNTA ARENAS.
Al señor Ministro de Obras Públicas, para solicitar EJECUCIÓN DE CAMINOS Y RAMPAS DE ATRAQUE EN DIFERENTES LUGARES DE DÉCIMA REGIÓN.
A Su Excelencia la Presidenta de la República, pidiéndole formular INDICACIONES QUE SE SEÑALAN A PROYECTO SOBRE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En Incidentes, ofrezco la palabra al Comité Partido por la Democracia e Independiente.
En el tiempo del Comité Partido Demócrata Cristiano e Independiente, puede intervenir el Honorable señor Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, la principal empresa del Estado, CODELCO Chile, anunció en días pasados que por primera vez en una década había logrado la meta autoimpuesta de bajar sus costos de producción, política de contención que arroja la significativa cifra de mil 324 millones de dólares de ahorro en costos y gastos. Sin duda, ello debería significar una gran alegría, pero debe ser mirado con la mayor rigurosidad y prudencia.
Es necesario tener presente que una adecuada valoración de la operación global de la cuprífera estatal requiere información de calidad. Es indispensable conocer quiénes realmente aportaron a estos menores costos operacionales. Lo digo con la mayor responsabilidad, porque en la región que represento, la de Antofagasta, las empresas contratistas y subcontratistas -en especial, las de Calama- nos han denunciado permanentemente que han sido las verdaderas víctimas de la política de contención de costos implementada.
Señor Presidente, el reclamo creciente de las empresas colaboradoras de CODELCO -y ni hablar de la realidad que afecta a quienes se desempeñan en la minería privada- es un llamado de atención que no se puede desatender, razón por la cual reitero que una adecuada valoración de las labores del Directorio y de la plana ejecutiva de la Empresa requiere información transparente y de calidad, cuestión fundamental para apreciar objetivamente los aciertos o desaciertos de la administración próxima a concluir. En consecuencia, no basta enterarse solo de antecedentes publicados en forma parcial por algunos medios de comunicación en cuanto a las operaciones de 2013.
Además, para quienes representamos la región minera por excelencia de nuestro país no puede pasar inadvertido que los excedentes aportados por CODELCO al erario cayeron en un 50 por ciento, respecto del año inmediatamente anterior. Si vamos a las cifras, en 2012 fueron 7 mil 705 millones de dólares, y en 2013, solo 3 mil 889 millones. En palabras simples, hubo 3 mil 816 millones de dólares menos de inversión pública.
Este resultado operacional es un disparo a la reforma tributaria planteada por la Presidenta Bachelet, pues pretendemos recaudar 8 mil 200 millones de dólares en régimen y ocurre que la principal empresa del Estado le restó al patrimonio estatal 3 mil 816 millones de dólares, es decir, 46,5 por ciento de lo que se busca recaudar con la nueva normativa tributaria.
En razón de eso, necesitamos una respuesta para la Presidenta de la República y para el Senado, a fin de conocer cómo pueden financiarse de manera responsable y seria las reformas que se pretende impulsar para cambiar Chile de una buena vez. Por tanto, es urgente estar a la altura del desafío que enfrentamos.
En lo personal y con los sindicatos de CODELCO, División Norte, estamos muy preocupados y queremos advertir de estos resultados, que no nos dejan indiferentes. Y mucho menos creemos que el actual Directorio y su Presidente Ejecutivo pueden considerar que han sido exitosos.
Más bien, este resultado constituye un fuerte llamado de atención y una luz de alerta, porque la principal empresa del Estado está poniendo incertidumbre y quitando solidez al Presupuesto de la nación.
En consecuencia, no podemos menos que solicitar que el Presidente del Directorio de CODELCO sea invitado a la Comisión de Minería de esta Honorable Corporación, con el objeto de conocer de primera fuente y en detalle qué está ocurriendo y, sobre todo, qué sucederá con la principal empresa del Estado, considerando que es el soporte del Presupuesto de nuestra nación.
Asimismo, resulta necesario que se nos informe acerca de qué está pasando hoy día con los proyectos estructurales de CODELCO, que se han ido dejando de lado. Todos sabemos que si esos proyectos no comienzan en breve plazo se pondrán en riesgo cierto las operaciones de la empresa en el Distrito Norte.
En razón de lo mencionado, señor Presidente, pido que se remita copia de mi intervención a la señora Ministra de Minería, al señor Ministro de Hacienda y al señor Ministro del Interior, como, asimismo, que se requiera al Directorio de la minera estatal para que nos envíe un completo informe del balance de las operaciones del año 2013, con una explicación razonable respecto de esta baja en la producción, en circunstancias de que ellos mismos han anunciado que por primera vez CODELCO logró contener sus costos.
El señor TUMA (Vicepresidente).- A continuación, en el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, desde el 11 de marzo a la fecha hemos sido testigos de numerosos despidos al interior de las diversas reparticiones públicas. Solo quiero detenerme en uno de los miles de casos que han ocurrido.
María Andrea Obrador, Directora Regional de JUNJI Séptima Región, cargo seleccionado por el sistema de Alta Dirección Pública, recibió el 27 de marzo un llamado del Jefe de Personal de la Institución, quien le solicitó la renuncia no voluntaria a su cargo, en circunstancias de que la funcionaria se encontraba con licencia médica producto de una histerectomía, extrayéndosele el útero y con altas probabilidad de padecer cáncer.
Con fecha 4 de abril se le extendió una nueva licencia médica, por un período de 21 días, la que, según lo informado, no será aceptada por la Institución.
Siempre lo he dicho, y lo plantean muchos Senadores aquí: el Estado es el peor empleador. Y este caso es un ejemplo de ello. Si esta situación hubiese ocurrido en el sector privado, el empleador estaría viviendo el peor de los mundos, porque las denuncias le habrían caído de todos los sectores. Pero, como sucede al interior del Estado, todos guardan silencio y nadie hace nada.
Señor Presidente, los derechos de los trabajadores han de ser respetados. Y el primero en hacerlo debiera ser el Estado.
Aquí estamos en presencia de un caso a todas luces injusto, que afecta la salud de una persona que posee un diagnóstico, que fue operada, que ahora debe seguir un tratamiento y que es muy probable que tenga cáncer. Y se encuentra sin su fuente laboral y menos con el subsidio que entrega el sistema de licencias médicas que le permitiría seguir adelante en su lucha por recobrar la salud.
Hace un mes, la Presidenta de la República declaró que "cada Ministro evalúa y define quiénes siguen o se van".
Por lo tanto, señor Presidente, solicito que se oficie, a través del Senado, al señor Ministro de Educación para que informe sobre la justicia o injusticia del caso descrito.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Continuando en el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, intervengo con el propósito de solicitar que se oficie en mi nombre acerca de cuatro peticiones muy concretas.
El primer oficio pido dirigirlo a Su Excelencia la Presidenta de la República, a fin de que en el Plan Nacional de Inversiones Públicas en Salud para el período 2014-2018 (incluido en el punto 9 de las 50 medidas para los primeros cien días del actual Gobierno), se incluya la construcción del hospital de Padre Las Casas, Región de La Araucanía, dado que constituye una sentida necesidad de nuestra comunidad. Se requiere este hospital de mediana complejidad, entre otras razones, para dedicar el actual hospital Hernán Henríquez Aravena exclusivamente al tratamiento de enfermedades de alta complejidad.
También solicitamos que se incluya, por supuesto, el hospital de Villarrica, cuya licitación debiera estar bastante avanzada; que se termine el hospital de Pitrufquén, que se encuentra en plena construcción, y que se inicie la construcción de los hospitales de Cunco, Toltén, Maquehue y Carahue. El llamado a licitación de este último se está realizando en estos días.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor García, conforme al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Tuma.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, el segundo oficio pido dirigirlo al Ministro de Economía, con el propósito de exponerle que el 10 de marzo del presente año se firmó el decreto exento Nº 140, de la Cartera a su cargo, mediante el cual se revoca la condición de "zona de interés turístico" a diversos lugares del país.
Entre las zonas excluidas se encuentran las comunas de Villarrica y de Pucón y también los territorios de Queule y Toltén Viejo, en la comuna de Toltén.
En mi opinión, no existe ninguna razón para que se revoque la declaración de esas localidades como de interés turístico. Creo que ella es un buen instrumento para impedir que se instalen allí actividades económicas que sean absolutamente contradictorias con emprendimientos turísticos.
Por lo tanto, resulta del todo razonable que se deje sin efecto el decreto exento Nº 140, de 10 de marzo del presente año. Y por consiguiente así solicito que se le pida al señor Ministro de Economía en el oficio que se le remita.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en tercer término, solicito que se remita un oficio al señor Ministro de Defensa, para pedirle que retorne el Cuerpo Militar del Trabajo a la comuna de Puerto Saavedra, concretamente a las obras de la Carretera de la Costa.
Lamentablemente, por razones muy ajenas al Ejército, el CMT tomó la decisión de retirarse de ahí. Ello preocupa a todas las comunidades de la zona, puesto que las obras podrían quedar inconclusas. Y el ánimo de todos es que estas avancen bien y se ejecuten con prontitud y oportunidad.
El señor GARCÍA.- Por último, señor Presidente, pido que se envíe un oficio a la señora Ministra de Desarrollo Social, dado que las últimas evacuaciones que dispuso la autoridad de la ONEMI pusieron de relieve, una vez más, la dramática situación que viven familias mapuches, campesinos del sector de Nigue, en la comuna de Toltén.
Es una zona que no posee ningún tipo de defensa ni de protección. Son todas tierras planas y, en consecuencia, no hay para dónde evacuar con los estándares de seguridad que corresponden.
Por lo tanto, lo que procede es que a esa comunidad indígena se le compren terrenos para, entre otras razones, ponerla a buen resguardo cuando exista la amenaza de un tsunami.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo que resta al Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, hace unos días salió publicada en un medio de comunicación social la información relativa a la disminución en las postulaciones al servicio militar. Y se hacía mención, fundamentalmente, a que el Gobierno de la Presidenta Bachelet, ciertamente a través de su Ministro de Defensa, estaba abocado a analizar las formas de revertir esta reducción de voluntarios al servicio militar.
Las cifras son bastante conocidas. Efectivamente, en el último tiempo se ha registrado una baja en las postulaciones.
De más está decir que el servicio militar -plenamente voluntario desde hace mucho tiempo, cuando las postulaciones comenzaron a exceder los cupos- genera enormes beneficios, de distinta naturaleza, no solo desde el punto de vista de la vocación de los jóvenes, sino también en el aspecto social. Por ejemplo, un porcentaje importante de quienes ingresan al servicio militar -hay gente que no lo sabe- no ha completado su educación básica y la termina durante su alistamiento. Lo mismo ocurre en el caso de estudiantes que no han concluido su enseñanza media.
Por lo tanto, el servicio militar no solo se vincula con valores relevantes como la identidad nacional, el sentido de patria, la vocación profesional, sino que además envuelve un conjunto de beneficios sociales que no siempre se advierten.
¿Qué hacer, entonces, señor Presidente?
Como ex Ministro de Defensa Nacional, quiero plantear, y solicitar el envío de un oficio para que el Ministerio de Defensa Nacional se haga cargo de las, cosas que sí se pueden hacer para mejorar el interés que muchos jóvenes chilenos tienen en el servicio militar y que por distintas razones, algunas positivas, han perdido, como puede ser nuestra baja tasa de desempleo.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Comité Renovación Nacional.
¿Le puede conceder un minuto de su tiempo el Comité Independientes?
El señor HORVATH.- Por supuesto.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Entonces puede continuar, Senador Allamand.
El señor ALLAMAND.- Le agradezco al Honorable señor Horvath el tiempo cedido.
Tal como expresaba, señor Presidente, hay ciertas cosas prácticas que sí se pueden hacer.
Por ejemplo, la asignación mensual básica para quienes hacen su servicio militar, pese al aumento que experimentó hace un par de años, es todavía muy baja. Alcanza apenas a 75 mil 158 pesos, más cierta asignación de zona. A mi juicio, su monto debiera crecer sustantivamente.
Por otra parte, la capacitación que en la actualidad se entrega en el servicio militar podría ser optimizada para que realmente fuera una antesala y un vehículo de capacitación laboral mucho mejor.
También podría pensarse, por ejemplo, que los cursos de nivelación que se efectúan se prolongaran con posterioridad al término del alistamiento, ya sea accediendo a un segundo año o lo que fuera.
Y, por último, creo muy importante tomar nota de que hay un enorme interés femenino por participar en el servicio militar, situación que no se condice con la habitabilidad de los cuarteles.
Por lo tanto, solicito que se envíen las sugerencias mencionadas al señor Ministro de Defensa Nacional.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Corresponde el turno del Comité Partido Socialista.
En el turno del Comité Independientes y Partido MAS, tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, también quiero referirme al decreto exento N° 140, de 10 de marzo de 2014, que revocó la declaración de zona de interés turístico a distintas localidades.
El listado que se acompaña en el documento comprende las siguientes: "Isla Tenglo-Caleta Angelmó, Arica, Lago General Carrera, Río Futaleufú, Saltos del Laja, San José de Maipo, Pucón-Villarrica, Área de San Pedro de Atacama-Cuenca geotérmica del Tatio, Bahía Cisnes, Pica-Salar del Huasco, Queule-Toltén Viejo, Salar de Maricunga-Volcán Ojos del Salado, cuenca lago Lleu Lleu y lago Nalalhue, Área de la comuna de Colchane, cordillera de Chillán y Laguna del Laja, Chanco-Pelluhue, Batuco y Valdivia-Corral".
La medida obedece a una situación meramente administrativa y totalmente inconsulta con las regiones afectadas. El hecho de declarar zona de interés turístico permite que las inversiones, las proyecciones naturales del lugar no sean afectadas por proyectos incompatibles. Me refiero a la minería, a actividades forestales intensas, líneas de transmisión eléctrica, etcétera.
A nuestro juicio, tal determinación es no solo inconveniente, sino también inconsulta. Por estas razones, pedimos la revocación del mencionado decreto.
Por de pronto, presentaremos un proyecto de acuerdo con el Senador Alfonso de Urresti, al cual se sumarán otros colegas, aunque la idea es hacerlo llegar con prontitud.
Por tal motivo, pido que se envíen oficios al señor Ministro de Economía y a la señora Subsecretaria de Turismo para que el decreto 140 sea reanalizado, consultado y, en último término, revocado.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Horvath, conforme al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Tuma.
El señor HORVATH.- Por otro lado, quiero referirme a la situación de aislamiento de la zona austral y, en particular, a cómo ello afecta a los sistemas de transporte de las regiones de Aysén y de Magallanes y de la provincia de Palena, más lo que corresponde al territorio de lago Puelo y Cochamó. Estoy hablando del 34 por ciento de la superficie de Chile.
En verdad, en conectividad solamente tenemos la alternativa terrestre por Argentina o la vía bimodal, con transbordadores. Esta última se halla sujeta a itinerarios y cupos y es tremendamente cara, pese a que para algunos tramos existe una subvención del Estado.
En el caso del transporte por el lado argentino, las distancias muchas veces se duplican, las condiciones son diferentes a las de nuestro país y en no pocas ocasiones se queda expuesto a arbitrariedades.
Por lo tanto, es del máximo interés que esta situación sea resuelta en breve por los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Transportes y de Obras Públicas, en las dependencias que correspondan, ya que los camiones que vienen de las áreas señaladas (Aysén, Magallanes y Palena), cuando pasan por territorio argentino son sometidos a controles de sellos, condiciones de carga, etcétera. Ahora se les está poniendo un sistema de medición: largo, ancho, peso, en fin. En general, se cumple con las normas internacionales, pero varios vehículos que se mueven en el área austral provienen de zonas francas y tienen, sobre todo, longitudes distintas de las que normalmente se exigen en el resto del país.
Lo anterior está afectando no solo a los actores del transporte, sino también a los consumidores.
Por las razones expuestas, señor Presidente, solicito que se oficie a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Obras Públicas y de Transportes para que se analice la manera de resolver el problema descrito y, desde luego, se apure una solución de transporte carretero por nuestro territorio. Para esto último ya existen cuatro estudios de ingeniería, en los cuales se han gastado 12 mil millones de pesos que, si se hubieran invertido en la construcción de una senda de penetración, hubiesen permitido tener ya una solución por el lado chileno.
--Se anuncia el envío de los oficios requeridos, en nombre del Senador señor Horvath, conforme al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Tuma.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Corresponde el turno del Comité Partido Unión Demócrata Independiente e Independiente.

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