Source: http://www.libertadidioma.com/2003/20031022.htm
Timestamp: 2020-03-28 11:46:23+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Miércoles 22 Octubre 2003
El miedo nacionalista a ETA
Editorial La Razón 22 Octubre 2003
LA ADVERTENCIA DE ÁLAVA
Editorial ABC 22 Octubre 2003
Ibarretxe separa
Editorial Heraldo de Aragón 22 Octubre 2003
Rajoy marca el territorio
Ignacio Villa Libertad Digital 22 Octubre 2003
Después de Alberdi, Redondo
Lorenzo Contreras Estrella Digital 22 Octubre 2003
La alternancia en el País Vasco
Aleix Vidal-Quadras La Razón 22 Octubre 2003
La reacción más eficaz
José Cavero El Ideal Gallego 22 Octubre 2003
Las víctimas de ETA piden en Estrasburgo que el terrorismo sea declarado delito contra la humanidad
AGENCIAS / ESTRASBURGO El Correo 22 Octubre 2003
Álava avisa a Ibarretxe
Pablo Sebastián Estrella Digital 22 Octubre 2003
ETA exigió al PNV un enfrentamiento frontal con el Estado a cambio de no atentar contra ellos
J. M. Zuloaga / R. L. Vargas - Madrid.- La Razón 22 Octubre 2003
Madrid acogerá el primer congreso internacional de víctimas del terrorismo
D. MARTÍNEZ / E. SERBETO ABC 22 Octubre 2003
Foro de Ermua informa a Francia y a la Unión Europea sobre el Plan Ibarretxe
ABC 22 Octubre 2003
Cuerda acusa a Ibarretxe de quebrar la gestión del País Vasco al centrarse sólo en su plan
KEPA AULESTIA/ El Correo 22 Octubre 2003
Hay que recurrir al miedo, al temor a verse marcado como objetivo de ETA y asumir el calificativo de víctima, para entender cómo el nacionalismo vasco es capaz de dejarse enredar de nuevo por la banda en otro turbio y secreto pacto de Estella, y aprieta el acelerador de su apuesta independentista hasta límites calificables políticamente como suicidas. Al nacionalismo le ha bastado saber que la banda comenzaba a considerar su inclusión en la lista de objetivos, tras descalificar al PNV por conductas «españolistas» y haber olvidado lo que firmaron en Estella, para sentarse a negociar nuevamente con ETA, como ha informado LA RAZÓN, con el compromiso de un enfrentamiento total con el Estado y una defensa del brazo político etarra, que incluye subvenciones para los gastos y las ayudas a los terroristas presos que ya no pueden cubrir los batasunos con dinero público. A cambio, ETA no les matará y suavizará su oposición al proyecto de Ibarreche. Al partido de Arzallus le basta con eso; con que no les maten.
El problema es que cuando se trata con una banda mafiosa como ETA, cualquier negociación, cualquier cesión, sólo sirve como parche. Más tarde o más temprano, los pistoleros se desdicen de su pacto y recurren a su terrible amenaza de muerte para poner, una vez más, de rodillas a quienes ya se humillaron antes. Así, de pacto en pacto, de amenaza en amenaza, progresan en su plan para un Estado euskaldún, una «república socialista» marxista leninista en la que un nacionalista sólo podría obedecer.
LA resolución aprobada por la Junta General de Álava contra la propuesta de Comunidad Libre Asociada presentada, el pasado 26 de septiembre, por el lendakari Juan José Ibarretxe en el Parlamento de Vitoria tiene un valor político que trasciende de la mera oposición al plan soberanista. Muestra con todo rigor que la iniciativa del lendakari no es únicamente un desafío al Estado, sino, en primer término, un plan de ruptura de la convivencia entre los vascos para asegurar la hegemonía nacionalista. Es cierto que populares y socialistas alaveses ya habían denunciado en dos ocasiones el plan de Ibarretxe, pero esta vez su declaración conjunta ha reflejado con mayor nitidez el planteamiento segregacionista apadrinado por el Gobierno de Vitoria.
La resolución de la Junta alavesa pone de manifiesto que el plan de Ibarretxe desprecia la pluralidad de la sociedad vasca -porque es un programa hegemónico- y ataca la raíz histórica del pacto estatutario. El principal problema que va a tener el lendakari Ibarretxe no se lo va a plantear el Estado con sus acciones judiciales y políticas, sino aquella parte de la sociedad vasca no nacionalista que es excluida del futuro de su comunidad, entre otras cosas, por la negación de un pasado común con los nacionalistas.
ÁLAVA advierte seriamente al lendakari de que se va y no por una dialéctica entre rupturistas de un lado y de otro -fórmula de equidistancia que no tardará en aparecer-, sino por lealtad a la historia traicionada nuevamente por el nacionalismo. El plan de Ibarretxe es una propuesta que disuelve los Territorios Históricos, un «contrafuero», como expuso en este periódico Javier Guevara, diputado de Presidencia de la Diputación Foral de Álava. La garantía foral establecida en la Disposición Adicional Primera de la Constitución se reconoce sólo a favor de los territorios forales. Son éstos la auténtica base histórica de la especificidad vasca que ahora el lendakari quiere adulterar como la justificación de un artefacto político-jurídico llamado comunidad libre asociada, fabricado a costa de la expropiación de los Territorios Históricos. Por eso, la resolución de la Junta alavesa es una reivindicación del Estatuto como expresión de la constitucionalización de los derechos históricos de los territorios forales. Si se rompe ese pacto estatutario, tal y como propone el nacionalismo vasco, Álava estará legitimada para proteger su foralidad como lo estime oportuno.
A cuatro días de que el Gobierno de Vitoria apruebe el texto normativo del plan del lendakari, la declaración institucional de la Junta General alavesa ofrece al lendakari Ibarretxe respuestas anticipadas a sus monótonas y falsas apelaciones a un diálogo y a un consenso que ya ha descartado de antemano. Su plan sólo conduce a la discordia civil entre vascos y entre territorios. Pese a esta evidencia, el plan seguirá adelante por dos razones cada vez más notorias: la urgencia en rentabilizar el tramo final de ETA y la necesidad de responder a un nuevo «espíritu de Ermua» que acabe cuajando en una alternativa constitucional.
En este sentido, el consenso entre socialistas y populares en Álava para aprobar la declaración de la Junta General ha resultado frustrante para un nacionalismo ilusionado con la posibilidad de sacar provecho en las aguas revueltas del socialismo vasco. La coincidencia de fondo entre PP y PSE ha sido más fuerte que las divergencias de estrategia y discursos. Sin embargo, el PSE ya ha anunciado su oposición a ir más lejos con el PP, saliendo al paso de cualquier propuesta de colaboración que implique coordinación o convergencia de acciones políticas frente al PNV.
Esta actitud no es la más adecuada para afrontar el futuro político del País Vasco, no tanto por lo que tiene de afirmación de autonomía del PSE, totalmente legítima, sino por la falta de consideración hacia el espacio común en que populares y socialistas se hallan por efecto de la radicalización del PNV.
EXISTEN bases para un acuerdo, como se ha comprobado en la Junta General de Álava, y lo que no es razonable es que ese acuerdo sólo se haga efectivo en el último minuto, para decir no al plan soberanista de Ibarretxe, desdeñando la posibilidad real de configurar una alternativa al nacionalismo que ofrezca a los ciudadanos vascos un programa de estabilidad política, de cohesión social y de seguridad jurídica. Álava es la prueba de que esa alternativa es posible. La advertencia al lendakari demuestra que por encima de los legítimos intereses de partido, la unión de PP y PSE juega en contra de la estrategia de un nacionalismo encantado de airear las puntuales fisuras entre los constitucionalistas.
Las Juntas Generales de Álava, con mayoría de PP y PSE-EE, han rechazado la propuesta soberanista de Ibarretxe para el País Vasco y advertido que, de seguir el empeño, las instituciones alavesas se considerarían liberadas de sus compromisos con la Comunidad Autónoma vasca. Dicho de otro modo, que romperían con ella. No es la primera vez que los vascos de Álava, con mayoría constitucionalista en las instituciones, manifiestan su malestar con la espiral del PNV y su creciente radicalismo independentista.
Hacer de Vitoria la capital de la Comunidad fue un intento de comprometer a la provincia con las tesis nacionalistas, pero la voluntad popular, tantas veces plasmada en las urnas, no ha variado en todos estos años ni ante la presión violenta, ni ante el "abertzalismo". La decisión que anuncian las Juntas muestra, junto a la actitud de Navarra, el despropósito de Ibarretxe y su "soberanismo", que avanza sin contar con los afectados.
La invención aranista no quebrará el Estado, pero puede quebrar la convivencia de una sociedad tan plural como la vasca. El anuncio alavés es un serio aviso a los líderes peneuvistas y sus aliados, una advertencia sobre las graves consecuencias a las que la irracionalidad del postulado soberanista puede conducir a los vascos. Las actitudes de los alaveses -que son y quieren ser vascos- y de los navarros, y el recelo de los empresarios deberían servir de aviso para un político que ha decidido no depender tanto de la realidad como de sus propias verdades particulares.
La conferencia que, este martes, ha dictado Mariano Rajoy en Barcelona nos ha dejado un rastro interesante para el futuro, y también un mensaje de tranquilidad sobre su actitud política en cuestiones que se antojan básicas e importantes. El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno ha aprovechado su intervención ante el Circulo de Economía, en la Ciudad Condal, para retomar un mensaje claro, contundente y sin margen para la interpretación ante la radicalización de los nacionalismos. De todos los nacionalismos: del vasco y también del catalán. El actual secretario general del PP, manteniendo sus formas y su modos, ha recuperado la dureza habitual del presidente Aznar en esta cuestión y ha marcado con claridad sus líneas de actuación. Las buenas formas, ha venido a decir, no están reñidas con la demostración de fortaleza cuando ésta sea necesaria.
La dinámica que el nacionalismo está exteriorizando en está última temporada no es para menos. Parece que los partidos nacionalistas tienen "patente" para decir en público la última machada que se les ocurra, o la primera ocurrencia que se les venga a la cabeza; y eso desde luego no es jugar todos con las mismas reglas. Parece como si unos pueden hacer lo que les venga en gana, mientras que los demás tienen que tentarse la ropa antes de abrir la boca. Y esto no parece serio.
Mariano Rajoy ha recordado, a unos y a otros, que los partidos nacionalistas han llegado a un punto que sólo tienen tres alternativas: el monte, la ambigüedad o la colaboración con el Gobierno del Estado. El PNV es evidente que se encuentra ya en el monte; y Convergencia i Unió ha pasado de la colaboración a la ambigüedad caminando ya hacia el monte. Un recorrido –a juicio de Rajoy– que los convergentes están realizando muy rápido de la mano de Artur Más. Rajoy ha puesto encima de la mesa un reproche tajante al decir que el candidato de Convergencia está dilapidando la herencia de Jordi Pujol con propuestas radicales, con su acercamiento a Esquerra Republicana, cuando no con iniciativas infantiles por falta de un proyecto sólido. El candidato electoral del PP, como decía, ha recuperado el discurso más duro de José María Aznar en un terreno en el que, efectivamente, no se puede jugar con fuego. La huida, sin dirección alguna, de los partidos nacionalistas que se ven y se sienten en claro retroceso les está llevando hacia posiciones poco razonables y muy alejadas de las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos.
Por cierto en la intervención de Mariano Rajoy en Barcelona, no ha faltado un "duro reproche" a Pascual Maragall, de quién el dirigente popular a dicho que no es nadie para apropiarse del concepto de pluralidad de España, cuando en la misma Constitución se recoge precisamente el carácter plural del Estado. Mariano Rajoy se ha despachado a gusto en una cuestión en la que el electoralismo nunca puede ser una justificación. Con esta claridad, Rajoy despeja muchos caminos y deja marcado con absoluta nitidez el territorio. Y por lo que hemos visto, se ha apuntado al territorio del sentido común y de la responsabilidad. Y eso es de agradecer.
Ya no es sólo Cristina Alberdi quien entra en desacuerdo político con la política de su partido, hoy encarnada por el líder José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora se ha incorporado a la línea crítica explícita y exterior Nicolás Redondo Terreros, ex dirigente de los socialistas vascos, hoy reducido a la condición de militante de base. Y lo ha hecho en circunstancias todavía más polémicas que las de Cristina Alberdi. Porque no se ha limitado a expresar determinadas discrepancias con puntos concretos como los derivados de la crisis de la Comunidad de Madrid, sino que además ha cuestionado en un foro de la capital, tan caracterizado como el Club Siglo XXI, la política vasca del PSOE, sus actitudes ante el nacionalismo y ante ETA, su desacuerdo con el PP a la hora de concertar una línea común que permita enviar al PNV a la oposición en las futuras elecciones autonómicas. Redondo Terreros ha dado su público aldabonazo en compañía de Jaime Mayor Oreja, presentándolo como conferenciante sobre el tema de la alternativa constitucionalista en Euskadi, bajo el título de “Agenda política para el cambio”.
Los dos grandes derrotados de las enteriores elecciones vascas, que confirmaron a Ibarretxe y le dieron alas para formular su famoso plan secesionista de Euskadi, presentado como “plan para la convivencia” a través de un Estado libremente asociado a España, se fundieron en un abrazo de solidaridad constitucionalista y estatutaria.
Mayor Oreja estuvo acompañado por ministros y altos dirigentes del PP. Redondo Terreros, en cambio, estuvo en completa soledad en cuanto a presencia de militantes y figuras de su partido. Era el suyo un grito en el desierto socialista, que tiene que resonar, sin emabrgo, en los ámbitos más sensibles de Ferraz. Confesándose en minoría dentro del PSE-PSOE, el discrepante no podía soslayar su fricción política personal con la dirección del partido en su conjunto. Para Zapatero se trata de un nuevo desplante que le sitúa en precaria posición como líder. Además, Redondo Terreros no está solo del todo. Cuenta con un nucleo de apoyo en Euskadi, donde destaca la eurodiputada Rosa Díez, que tampoco es cómoda para el partido.
Naturalmente, si hubiera lógica, la dirección zapateril concedería mucha más importancia e incluso gravedad al episodio que Redondo Terreros acaba de protagonizar en el Club Siglo XXI. Pero no es pensable que le vayan a abrir expediente al que fuera secretario general del PSE-PSOE y secretario de relaciones institucionales en la organización central. Lo cierto, de todos modos, es que, como suele decirse, a Zapatero le crecen los enenanos y eso, a este paso, va a costarle la dirección del “circo”.
El gesto público de Redondo Terreros coincide con un momento político especialmente significado. Se ha planteado en las Juntas Generales de Álava, equivalentes al Parlamento provincial, la posibilidad de una opción consistente en hacer frente al plan secesionista de Ibarretxe con una declaración secesionista de Álava respecto a Euskadi. Populares y socalistas invocan el compromiso unitario contraído en el Estatuto de Guernica de 1979, votado también entonces por quienes ahora lo cuestionan. Y como Ibarretxe quiere en su pretensión ir provincia por provincia antes de plantear el Plan en el conjunto del País Vasco, a los alaveses discrepantes y constitucionalistas se les ofrece la gran oportunidad de afrontar el conflicto con otro conflicto. O sea, votar la separación.
En las democracias maduras, la alternancia en el gobierno es un mecanismo desprovisto de dramatismo, gracias al cual se evitan los vicios y disfunciones que derivan necesariamente de etapas excesivamente largas, en las que un mismo partido ejerce el poder. Y precisamente porque ese cambio es un requisito imprescindible de higiene pública, aquellos sistemas políticos verdaderamente democráticos disponen de herramientas legales que impiden que los titulares del Ejecutivo ahoguen la crítica de la oposición o pongan sordina al debate de ideas en la sociedad.
Cuando la alternancia se ve dificultada por fuerzas distintas a las que emanan de la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos, la democracia llega a desaparecer. El País Vasco es un ejemplo paradigmático de este fenómeno degradante. Cuando los representantes de las organizaciones no nacionalistas deben realizar su labor rodeados de escoltas para que no les maten mientras el lehendakari no tiene como prioridad el combate contra el terrorismo, sino la construcción de un nuevo Estado independiente a la vez que incumple las resoluciones judiciales encaminadas a neutralizar la permanente amenaza del crimen organizado sobre los que no piensan como él, es obvio que cualquier pretensión del PNV de aparecer como un partido democrático suena a sarcasmo.
Por tanto, la urgencia de alcanzar esa indispensable alternancia en las urnas no es para muchas personas en el País Vasco una mera cuestión de mejora de la administración, sino un problema dramático de supervivencia. Inmediatamente surge el interrogante de cuál es la estrategia más eficaz para conseguir tan indispensable fin, una cooperación estrecha y sin fisuras entre los dos partidos que defienden la vigencia de la Constitución de 1978 y del Estatuto frente al soberanismo irresponsable de los nacionalistas o el mantenimiento de una marcada distancia entre ellos, evitando toda apariencia de frente común.
El trasvase masivo de votos batasunos hacia el PNV en las últimas elecciones autonómicas parecería abogar por la segunda opción, pero maniobras incomprensibles como la perpetrada recientemente en las Juntas Generales de Álava, con el consiguiente debilitamiento de su Diputación constitucionalista, ponen de manifiesto los peligros de la desunión. Además, siempre cabe la sospecha de que los partidarios de la acción separada se guardan cartas en la manga para volver a la coalición con el PNV y subirse de nuevo al coche oficial, dando así otro respiro al nacionalismo para facilitarle que se reponga antes del siguiente ataque a la convivencia y a la pluralidad. Es innegable que Nicolás Redondo y Jaime Mayor no acabaron de culminar la faena en su anterior intento, pero cualquier otro camino que no sea el que ellos iniciaron y siguen sosteniendo contra viento y marea, sólo conduce a la prolongación de la incertidumbre y de la violencia.
El lehendakari sigue cosechando reacciones hostiles a su plan secesionista, y la que ahora se expresa, pocos días antes de que su Gobierno dé a conocer el articulado de la reforma del Estatuto que debiera conducir a la autodeterminación parece la más contundente de las posibles. Como anteriormente expresaron grupos de empresarios vascos, ahora las Juntas Generales de Álava han aprobado una resolución en la que amenazan con romper la unidad de Euskadi si sigue adelante el plan soberanista del lehendakari. La resolución de las Juntas Generales alavesas suma los 26 votos del PP y del PSE, frente a los 23 de los tres partidos que gobiernan Euskadi, PNV, EA e IU, a los que se suma Unidad Alavesa.
La resolución es tajante y dice de manera explícita que si el lehendakari sigue obstinado en sus propósitos de disgregación de España, Álava y los alaveses se sentirán liberados del compromiso adquirido en 1979 cuando se configuró la unidad del País Vasco, al votar y asumir el Estatuto de Guernica actualmente vigente, y que Otegi se congratula de que ya haya sido superado por los propósitos de autodeterministas Ibarretxe.
La reacción de las Juntas Generales alaveses se produce cuando se impulsa la idea de una alternativa a la coalición que gobierna Euskadi. El PP insiste en constituir con los socialistas una fuerza capaz de afrontar el impulso secesionista. Mayor Oreja exponía el lunes en Madrid esa idea en presencia de Redondo Terreros y llama a los constitucionalistas a levantar esa alternativa de poder. Redondo Terreros se halla alineado con esas ideas, pero no lo está el PSE institucionalmente, que ha expuesto su parecer de fuerza autónoma y no deseosa de constituirse en formación alineada con el PP frente al PNV. En el seno del socialismo vasco sigue existiendo una poderosa línea de actuación favorable a algún modo de entendimiento con el PNV como estrategia para evitar que prosiga su radicalización independentista y su entendimiento con Batasuna y ETA.
Las víctimas de ETA piden en Estrasburgo que el terrorismo sea declarado "delito contra la humanidad"
Además exigen a la Eurocámara la aplicación efectiva por parte de los Estados miembros de la 'euro-orden'
Las Asociaciones y Fundaciones Víctimas del terrorismo en España han reclamado en el Parlamento Europeo la consideración de este fenómeno como "un delito contra la humanidad", lo que "evitaría su prescripción". Familiares de las víctimas de ETA, encabezados por Cristina Cuesta y Luis Portero, en representación de estos colectivos, consideraron que la Unión Europea ha dado grandes pasos en el reconocimiento de sus derechos, pero tiene que ser más activa con sus exigencias.
Luis Portero ha reconocido que "ha cambiado la actitud de las instituciones comunitarias respecto a las víctimas del terrorismo", en parte por el trabajo realizado por el Gobierno español y por los partidos constitucionalistas. También Cristina Cuesta ha dicho que "las víctimas tenemos ahora la percepción de que nos hemos hecho visibles, porque tenemos mayor protagonismo y no nos tenemos que ocultar".
Los colectivos de víctimas también han reclamado a la Eurocámara la aplicación efectiva por parte de los Estados miembros de la UE del acuerdo sobre la orden de detención y entrega (la llamada 'euro-orden'), así como del resto de medidas acordadas por la Comunidad en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. "Exigimos a los Estados miembros de la UE que cumplan y hagan cumplir las medidas acordadas en relación con la cooperación judicial y policial", reza un comunicado conjunto de estos colectivos.
Los dos representantes subrayaron que la actitud de las instituciones y ciudadanos de la UE hacia los afectados por esta lacra "ha cambiado" en los últimos años hacia "una mayor sensibilización" y "reconocimiento", como prueba la decisión que la Eurocámara adoptará mañana de asignar un millón de euros a las víctimas del terrorismo. No obstante, reclamaron a los gobieros que tengan "más voluntad política" para aplicar los avances legislativos contra los responsables de los atentados.
La visita a Estrasburgo de los miembros de la Asociación y del Colectivo Víctimas del terrorismo en España se produce la víspera de que el pleno de la Eurocámara dé el visto bueno a una ayuda comunitaria de un millón de euros en 2004 para atender a los que más padecen el acoso de los terroristas.
Esta es la primera vez que la UE introducirá en los presupuestos comunitarios un elemento de solidaridad en favor de los afectados por esa lacra, que servirá para reforzar la conciencia de los ciudadanos europeos de que cualquier víctima del terrorismo cuenta con el apoyo de todos.
El acuerdo de las Juntas Generales de Álava en el que advierten al lehendakari Ibarretxe del riesgo de que Álava rompa la unidad de Euskadi si el Gobierno del País Vasco y los partidos que lo sustentan insisten en la vía soberanista constituye una justa y razonada respuesta de los partidos hoy mayoritarios en Álava a las pretensiones de romper el marco estatutario y constitucional vigente.
Le están aplicando en Álava, al pacto soberanista de PNV, EA e IU que promueve Ibarretxe, la misma medicina que ellos quieren imponer por la fuerza de su mayoría minoritaria en el resto de Euskadi, con la notable diferencia de que en este caso hay una clara mayoría absoluta en las citadas Juntas Generales. Con un discurso muy contundente que incluye la siguiente reflexión: Si para el Gobierno vasco no tiene valor el vigente Estatuto de Guernica, para Álava tampoco tiene valor la unidad de Euskadi.
El acuerdo de las Juntas alavesas, en el que se señala que Álava y los alaveses se sentirían “liberados del compromiso adquirido en 1979 con la configuración unitaria del País Vasco”, incluye una seria advertencia al Gobierno vasco, que en los próximos días aprobará el nuevo proyecto de Estatuto vasco, para someterlo a la votación del Parlamento, en el que directamente se cuestiona el vigente Estatuto de Guernica y el propio texto de la Constitución Española.
En su declaración oficial, las Juntas de Álava, con el apoyo expreso de los representantes del PP y del PSE-PSOE, se muestran favorables a una mejora del actual Estatuto dentro del ámbito de la Constitución. Lo que, a su vez, constituye un gesto en favor de las posiciones del Partido Socialista, que promueve un perfeccionamiento del vigente Estatuto vasco, a la luz de la experiencia de los más de 20 años de vigencia.
Este acuerdo y la unidad de acción del PP y PSOE en Vitoria, que advierte a Ibarretxe de los riesgos de su aventura soberanista, contrasta con otras iniciativas del PP como las que lidera su primer representante en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja, en pos de configurar una alternativa de gobierno al PNV, EA e IU intentando incluir en dicha alternativa a dirigentes socialistas como Nicolás Redondo, lo que ya ha sido denunciado por el PSOE como una intromisión en sus “asuntos internos”.
Es mucho más eficaz y seria la actuación de los dos grandes partidos nacionales en Álava que los intentos de Mayor Oreja, que provocan tensiones en el seno del PSOE, o el fomentar un frente españolista como el que, en cierta manera, ya fracasó en las elecciones autonómicas del año 2001, creando la imagen de una embestida global en el País Vasco organizada en Madrid y, en consecuencia, una reacción frentista de todos los nacionalistas, que es, en definitiva, lo que luego ha dado pie a iniciativas como el Plan Ibarretxe con un amplio apoyo social.
El aviso de Álava a Ibarretxe se podría ampliar a otros ayuntamientos de Vizcaya y Guipúzcoa y debería hacer reflexionar al PNV sobre el riesgo de una ruptura importante en el seno de Euskadi en favor de un Estatuto foral propio para Álava, al estilo de Navarra. Con lo que, lejos de avanzar en su idea de ampliar el territorio en Euskadi con el sudoeste de Francia o con Navarra, como ellos pretenden en sus escritos, estarían llevando el País Vasco a una reducción de su marco actual a sólo dos provincias. Algo que sería bien visto en el resto de España, aunque lo ideal es que nada se mueva de su sitio y que se reconduzca la vigencia del Estatuto actual.
Los nacionalistas han escenificado esta postura con la negativa a disolver el grupo parlamentario «batasuno» Un sector de la banda planteó matar a «españolistas» como Anasagasti, Olabarría o Azcuna, pero al final se descartó la idea
El proceso de contactos e intercambio de mensajes entre el PNV y ETA, del que informó LA RAZÓN en exclusiva en sus ediciones de los pasados 1 y 2 de octubre, ha tenido ya algunos resultados, que suponen un acercamiento de posturas. Según han informado fuentes antiterroristas, la banda, en un acuerdo similar al que dio lugar a la falsa tregua de 1998-99, ha logrado que el partido de Arzallus les demuestre que está dispuesto a «un enfrentamiento frontal y político con el Gobierno de Madrid» con la negativa a disolver el grupo parlamentario de Socialista Abertzaleak. Los nacionalistas se han asegurado de que los pistoleros no atenten contra ellos, posibilidad que ha sido debatida por la organización criminal.
El documento fue entregado, supuestamente, por el abogado Errea (izda.) al preso Otegui (dcha.) en la cárcel de La Santé
En agosto de 1998, ETA se aseguró de que el PNV y Eusko Alkartasuna, que también tiene abiertas vías de contacto con la banda, rompieran todos los lazos con «las fuerzas cuyo objetivo es la destrucción de Euskal Herria y la construcción de España (PP y PSOE)», según el acuerdo firmado a que llegaron entonces. Ahora, con el enfrentamiento escenificado por el PNV con la Justicia, al no cumplir las resoluciones sobre la disolución del citado grupo parlamentario, ha logrado algo similar. A cambio, el PNV, que sabía de la existencia de un debate que podía convertirlos en objetivos, obtiene este «salvoconducto», que no incluye a los miembros de la Ertzaintza, que siguen siendo objetivo, en función de cómo transcurran los acontecimientos.
En 1995, cuando el PNV inició los contactos con la banda que concluyeron en la referida tregua, los pistoleros advirtieron a los nacionalistas de que «si seguían por la vía de España y se situaban entre ETA y España, eso traería consecuencias directas», según un documento de la banda, titulado «Etaren ekimena», del que informó LA RAZÓN en su edición del 27 de junio de 2000.
En La Santé
Los datos del debate que los pistoleros han mantenido ahora sobre esta asunto están contenidos en un documento, anexo al «Zutabe» número 100, que fue encontrado, el pasado 13 de mayo, en poder del preso de ETA José María Arregui Arrugaeta, en la cárcel de La Santé, en Francia. En relación con la entrega de este papel, fue detenido, el día 20 de ese mismo mes, el abogado Unai Errea. El documento obra en poder de la Justicia gala.
Los cabecillas explican las conclusiones a que se ha llegado tras consultar, mediante un cuestionario, a los miembros de la organización criminal. Un sector minoritario era partidario de empezar a atentar contra los miembros del PNV sin hacer distingos. Otro, más numeroso, se inclinaba por ir contra los llamados «españolistas» ¬se citaba a Iñaki Anasagasti, Emilio Olabarría, José Alberto Pradera, Joseba Arregui e Iñaki Azcuna¬ pero dejando fuera de los atentados a los que están bajo la «txapela [boina] abertzale», como Javier Arzallus y Joseba Eguíbar. El mayoritario planteaba dejar las cosas como estaban. Sus tesis son las que han sido aprobadas.
La banda hacía un balance bastante crítico de las relaciones con el PNV en los últimos años y consideraba especialmente «grave» el distanciamiento de los acuerdos del «pacto de Estella» que, según ellos, habían hecho los nacionalistas a partir de mayo de 2001. Pero desde entonces las cosas han ido cambiando.
Cuando se produjeron los primeros intercambios de mensajes, a comienzos de este año, después de que la banda hubiera manifestado su rechazo frontal al Plan Ibarreche (en el «Zutabe» número 98, de diciembre de 2002), ETA, según las referidas fuentes, le reprochó al PNV que, como pasó en el año 1998, le volvían a pedir el silencio de las armas pero no le ofrecían nada concreto a cambio. Les exigieron que demostraran que estaban dispuestos a enfrentarse con España y, a cambio, además de no incluirles como objetivos (el hecho de que el asunto hubiera sido debatido abría la posibilidad de atentados en el futuro), matizarían poco a poco ¬porque había que explicar a su militancia el cambio de postura¬ su oposición al citado Plan, como ha ocurrido.
En cualquier caso, ETA ha dejado claro al PNV que no está dispuesta a desaparecer.
Ayudas a los presos
Los nacionalistas han tenido que «pasar por taquilla» con otros asuntos para tener contentos a los terroristas: aprobar las ayudas, de hasta 1.200 euros, para los familiares de los presos, que se habían quedado sin apoyo tras la deslegalización de las Gestoras pro Amnistía; y, en general, enfrentarse a las decisiones judiciales contra las organizaciones del entramado etarra.
Los mensajes del PNV hacia el entorno de ETA sobre su disposición al enfrentamiento con España no son de ahora El 15 de octubre de 2002, Ibarreche se reunió con representantes de «Gara» y «Egunkaria» y les dijo, según un acta de la reunión encontrada por la Guardia Civil en una reciente operación, que si España no aceptaba su Plan, estaba dispuesto a «ir al conflicto político y democrático y no descartaba ir a las movilizaciones».
El Parlamento Europeo aprobará el jueves una enmienda a los presupuestos para destinar un millón de euros a la protección de las víctimas del terrorismo
MADRID/ESTRASBURGO. La capital de España será escenario del primer congreso internacional de víctimas del terrorismo. Aunque la fecha de celebración no está fijada, se prevé que tenga lugar a mediados de diciembre o en enero. La iniciativa ha partido de la Universidad San Pablo-CEU, centro que, en colaboración con la Fundación Víctimas del Terrorismo, se encarga de la organización.
Participarán en el congreso políticos de los países que sufren la barbarie terrorista, como Estados Unidos, Irlanda, Colombia, Francia, Argelia o España, así como representantes de asociaciones de víctimas de estas naciones, y será el presidente del Gobierno, José María Aznar, el encargado de cerrar un congreso que nace con el objetivo de ser un foro internacional en el que tendrán cabida las voces de las víctimas del terrorismo.
El congreso, el primero de estas características que se celebra en España, es consecuencia del creciente apoyo internacional que recibe nuestro país ante el terrorismo de ETA y que se ha visto potenciado tras los atentados del 11-S. De hecho, recientemente la sede de Naciones Unidas abrió sus puertas a las víctimas del terrorismo, entre las que se encontraban afectados por los atentados cometidos por Al Qaida en Bali y Estados Unidos. Las víctimas de ETA estuvieron representadas por Maite Pagazaurtundua y Luis Portero, hermana e hijo de dos asesinados.
Mientras, el Parlamento Europeo aprobará mañana una enmienda a los presupuestos para destinar un millón de euros a un programa piloto de protección a las victimas del terrorismo. Representantes de la Asociación (AVT) y del Colectivo de Víctimas (CVT) serán recibidas por el comisario de Interior, el portugués António Vitorino, para hablar de esta iniciativa que cuenta con el apoyo de los principales grupos políticos de la Cámara.
El Parlamento Europeo ha considerado necesario «introducir un elemento de solidaridad europea en ayuda de las víctimas de actos terroristas en el territorio de la Unión Europea» y pretende específicamente «reforzar la conciencia de los ciudadanos europeos de que cualquier víctima del terrorismo cuenta con la solidaridad de todos».
Los eurodiputados españoles, Gerardo Galeote (PP) y Rosa Díez (PSOE) participan en las reuniones junto a Luis Portero, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y Cristina Cuesta, portavoz del Colectivo de Víctimas del Terrorismo. Para Rosa Díez, «hay dos formas de acercarse a la cuestión de las víctimas: con decencia y responsabilidad o sin ninguna de estas dos cosas; como lo hace Europa, que reconoce el significado político de las víctimas de ETA, o como lo hace el Gobierno vasco que paga los viajes a los familiares de los asesinos».
Esta es la primera vez que el Parlamento Europeo aprueba fondos destinados directamente a víctimas del terrorismo, lo que tanto Rosa Díez como Gerardo Galeote han considerado como «el pago de una deuda histórica: la que tienen las democracias europeas para con la gente a la que han asesinado o mutilado, precisamente por defender los valores de la democraciaismo. Algo ha cambiado en Europa; por fin se hace justicia».
La financiación de las políticas de apoyo a las víctimas se presenta este año como un programa piloto que se pretende que tenga una continuidad en los presupuestos comunitarios y probablemente con mayor financiación en años sucesivos.
El Foro de Ermua está preparando un número especial de su revista «Papeles de Ermua» sobre el plan Ibarretxe, la
ilegalización de Batasuna y ETA. La revista se editará en francés y será remitido a autoridades y diputados galos y europarlamentarios. Asimismo, el Foro tiene previsto hacer llegar la publicación a magistrados franceses y miembros del mundo jurídico de la Unión
Europea. a fin de que conozcan «todo lo que está sucediendo en el País Vasco y el resto de España». También harán hincapié en la vinculación que el Tribunal Supremo estableció entre la banda ETA y Batasuna para sentenciar la ilegalización de esta formación. El Foro de Ermua utilizará este número especial de su revista para conmemorar el XXV aniversario de la Constitución española, así como para explicar lo que, a su juicio, supondría la puesta en marcha del «proyecto de libre adhesión del País Vasco con España», más conocido como plan Ibarretxe.
MADRID. José Ángel Cuerda, ex alcalde de Vitoria y destacado militante del PNV, considera que en el País Vasco se ha producido una «quiebra de la gestión autonómica», algo en lo que influye de manera decisiva que el Gobierno de Juan José Ibarretxe se haya centrado en impulsar el «plan soberanista». En declaraciones a Servimedia, Cuerda alertó sobre la «deficientísima gestión autonómica» que se registra en la Comunidad vasca, problema que, añadió, parece uno de los «temas tabúes» que no se pueden abordar.
El ex alcalde de Vitoria sostuvo que es «absolutamente inadecuada» la labor que desempeñan Consejerías autonómicas como las de Educación o Transportes, situación que atribuyó a «prejuicios importantes» y a que la prioridad del Gobierno autonómico parece ser el «plan soberanista». «Hay muchos aspectos de inoperancia, de ineptitud política», afirmó, «quizá porque el programa político en este momento del Gobierno vasco se reduce a dos palabras: plan Ibarretxe».
Por otra parte, el dirigente nacionalista estimó «coherente» con sus planteamientos que el PP y el PSE promuevan en las Juntas de Álava una declaración en la que se asegura que este territorio se planteará su futuro fuera de la Comunidad vasca si se aplica el «plan soberanista» de Ibarretxe.
Hay ciudadanos vascos que no se sienten españoles, como -según confiesan- no se sienten ni franceses ni alemanes. Se sienten únicamente vascos. Hay a quien eso le resulta incomprensible, o le parece una aberración. Un sentimiento irracional propio de alguien incapaz de aceptar lo que es por encima de lo que cree o desearía ser. Una postura forzada o fingida en personas que han hallado en el vínculo patrio un yo impostado. La negación de una identidad como soporte de otra de inciertos contornos. Sentirse únicamente vasco puede ser todo eso, en una u otra medida. Pero es una verdad indiscutible que hay ciudadanos vascos que no se consideran españoles o, por decirlo de otra manera, que desean fervientemente dejar de serlo y cuanto antes.
Es una realidad alimentada gracias al franquismo, pero que indudablemente existía también antes del 36. A tenor de los sondeos de opinión realizados desde que se reinstaurara la democracia, el porcentaje de únicamente vascos no ha variado desde 1977. A lo largo de todos estos años, la mayoría de los estudios sociológicos ha situado ese porcentaje entre el 25% y el 30% de la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ello significa que tras un período de profunda transformación política y cultural, después de conseguir un amplio desarrollo autonómico, y a pesar de la permanente renovación del censo electoral, la cuestión de la identidad nacional está poco más o menos como estaba hace veinticinco años.
El Estatuto no ha servido para disminuir el porcentaje de quienes no se sienten partícipes de ninguna idea de España. Pero tampoco ha contribuido a aumentar ese porcentaje. Éste es uno de los aspectos más enigmáticos del laberinto vasco: la persistencia de sus claves identitarias a pesar de los cambios experimentados, incluidos los generacionales. ¿Seguirá siendo así mientras vivamos los que hoy habitamos en esta tierra? Nada permite pensar lo contrario, salvo la paulatina incompatibilidad entre identidades a la que parecen conducir los acontecimientos políticos. ¿Refleja la persistencia de tal diversidad un fracaso de la autonomía como factor de integración? Probablemente el dato tenga otro significado: la autonomía ha favorecido la pervivencia de nuestro particular mosaico de identidades; y es esa pervivencia lo que ha acabado incomodando a quienes preferían una identidad más neta, menos plural, para la sociedad vasca.
De hecho, el problema surge sólo cuando alguien piensa que esta tierra es más de quienes se sienten únicamente vascos que de aquellos que participan de alguna otra referencia identitaria. Cuando se concibe la comunidad política como una realidad necesariamente monoétnica. Cuando alguien que se considera únicamente vasco cree estar en posesión de más derechos que aquellos conciudadanos que no comparten su mismo sentimiento de pertenencia. Desde la Declaración de Lizarra hasta el plan Ibarretxe ha aflorado un tema a debate que hasta entonces parecía más propio del exabrupto o de la broma: ¿Quiénes han de formar parte del censo plebiscitario vasco? El hecho de que Eusko Alkartasuna proponga distinguir entre ciudadanía y nacionalidad a la hora de conformar el cuerpo electoral de mañana mismo no es una casualidad. Entre otras cosas, es el resultado de la invitación que a tal efecto extiende -por su ambigüedad- la intervención del lehendakari Ibarretxe en el reciente debate de política general. La mera sugerencia de una distinción conceptual entre ciudadanía y nacionalidad induce a la segregación.
El último domingo de septiembre, el Alderdi Eguna celebrado por el PNV en las campas de Foronda fue el escenario de una elocuente ocurrencia: la aparición de pegatinas que rezaban Good bye, Spain . Era el gesto jocoso de personas que seguramente consideran que eso llamado España es una entidad sin alma. Un lastre inerte del que puedes despojarte sin que por ello ocurra nada. Quienes portaban esas pegatinas lo hacían en una jornada proclive para la vivencia endogámica, en una fiesta en la que todos los que están son.
En realidad, el Good bye, Spain representaba un emplazamiento dirigido a los conciudadanos que todavía no han optado por dicha despedida; y refleja la seguridad de quienes confían haber emprendido un camino sin retorno. Es habitual hacer mención al choque de trenes para advertir de la inminencia de una ruptura en Euskadi. Pero probablemente la mayoría de los nacionalistas convencidos no están viviendo estos últimos meses con la angustia del fatal encontronazo, sino con la convicción de que su tren se va separando irremisiblemente de la vía compartida con los otros para, a una velocidad lenta que evite descarrilamientos, distanciarse más y más cada día.
El nacionalismo ha reinventado la democracia. El ser para decidir confiere a la nación una nueva dimensión, porque en el fondo sus integrantes podrán serlo -o dejar de serlo- voluntariamente, por libre adhesión . ¿Puede haber algo más democrático? ¿Qué se siente usted? ¿Únicamente vasco? ¿Más vasco que español? ¿Tan español como vasco? ¿Más español que vasco? ¿O únicamente español? Todo eso, hasta hace poco, resultaba bastante irrelevante. Porque existía un bien de todos y de nadie llamado Estatuto que permitía acomodar esas cinco identidades subjetivas de la sociología en una misma comunidad política de ciudadanos. Pero a partir de esta misma semana el debate sobre la nacionalidad de los ciudadanos vascos va a adquirir rango parlamentario.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución