Source: http://www.adelaprat.com/2014/05/la-corte-suprema-hizo-lugar-a-un-amparo-que-requeria-cobertura-integral-por-prepaga-de-un-procedimiento-quirurgico-mas-moderno-y-menos-invasivo-para-paciente-de-riesgo-y-vulnerable/
Timestamp: 2017-11-21 00:47:39+00:00

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DERECHO A LA SALUD. AMPARO. Paciente de riesgo. Aneurisma de aorta abdominal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejó sin efecto la Sentencia que desestimó el amparo.
Se trata de un requerimiento de un procedimiento quirúrgico de características menos invasivas que la cirugía convencional. Técnica en particular. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil había vedado el acceso a un procedimiento médico más moderno y seguro. No incluído en el PMO.
El enfoque de la Cámara desnaturaliza el régimen propio de la SALUD. El accionante `integra´ un grupo singularmente VULNERABLE. Resolución Ministerio de Salud Nº 201/2002. Recurso Extraordinario.
Autos caratulados: “D. D. F. c/ C.E.M.I.C. (Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas N.Q.) s/ Amparo”- CSJN – 29/04/2014. Fallo publicado por elDial.com – AA86E4, con fecha 09/05/2014.
El actor está afiliado a CEMIC desde agosto de 1994, y se encuentra `al día´ en el pago de las cuotas. Es un paciente de riesgo y ha presentado – entre otras afecciones, como EPOC severo -, un `aneurisma de aorta abdominal´.
El procedimiento quirúrgico que requiere el paciente, mediante una Acción de Amparo y Cautelar Autosatisfactiva – de características menos invasivas que la cirugía convencional, aceptado y regulado por la Autoridad Sanitaria Nacional ( cirugía con endoprótesis) – `no´ está incluído en el P.M.O., que `sí incluye´ el tratamiento quirúrgico del aneurisma de aorta abdominal y la cirugía de las ramas viscerales de la aorta abdominal y troncos ilíacos, contemplado en el Catálogo de la Resolución Nº 201/2002 (Anexo 11 – código 070401– )
De modo anticipatorio se concedió al actor la Medida Cautelar requerida y aún cuando `ya ha tenido lugar´ la intervención quirúrgica que procuraba obtener, – prescripta por dos Especialistas que pertenecen a la estructura médica del CEMIC – queda subsistente la resolución final de la Accion de Amparo, que tendrá influencia sobre la determinación del sujeto que – en definitiva – habrá de afrontar el costo de la operación.
Sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dejada sin efecto por la Corte.
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil “revocó” lo decidido por el Juez de Primera Instancia y desestimó el amparo promovido en autos.
Para así decidir, la Sala I indicó que “ni en la Resolución Nº 1991/2005 – que aprobó como parte integrante del Plan Médico Obligatorio las previsiones de la anterior Resolución 201/2002 – incorporando nuevas prestaciones, modalidades y productos medicinales, ni en ninguna norma posterior, se ha hecho mención al procedimiento requerido (cirugía con endoprótesis)
Señaló que, según lo informado por la Superintendencia de Seguros, “el P. M. O. SÍ incluye el tratamiento quirúrgico del aneurisma de aorta abdominal y la cirugía de las ramas viscerales de la aorta abdominal y troncos ilíacos.”
Más aún – dijo -, las nombradas intervenciones y la endoprótesis conforman arbitrios distintos, presentando importantes diferencias desde los ángulos médico y económico. En ese sentido, aclaró que el último de dichos sistemas – al tiempo que resulta más oneroso – es menos invasivo, con lo cual puede llevarse a cabo, tanto en pacientes con buen estado general, como en otros que, presentan factores de riesgo.
Concluyó que no es posible confundir una cirugía con otra, ni admitir que, al contemplar el “tratamiento quirúrgico de aneurisma de aorta abdominal“, el P.M.O. haya también comprendido la técnica endovascular con colocación de prótesis, dado que – al ser una práctica de aparición reciente – mal puede considerarse alcanzada por un Nomenclador dictado con anterioridad.
Aclaró que no obsta a dicha postura, que se trate de un método aceptado, reconocido y regulado por la Autoridad Sanitaria Nacional, si ésta en ningún momento la agregó en el P.M.O.; ni tampoco que hay Entidades que ofrezcan a sus Afiliados tal cobertura, pues la conducta de terceros extraños a la litis, no puede ser fuente de obligaciones para quienes, como la aquí demandada, optaron por no hacerlo.
Por qué el Alto Tribunal dejó sin efecto la Sentencia de Cámara e hizo lugar al Amparo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación – con la firma de los Ministros Sr. Dr. E. Raúl Zaffaroni, Sr. Dr. Juan Carlos Maqueda, Sr. Dr. Enrique S. Petracchi y Sr. Dr. Carlos Fayt – resolvió: de conformidad con el Dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, cuyos términos se dan por reproducidos en razón de brevedad, se declara procedente el Recurso Extraordinario interpuesto por el actor, y se deja sin efecto la Sentencia apelada. Con costas por su orden (art. 68, segunda parte, del CPCN).
Ordenó `vuelvan los autos´ al Tribunal de Origen a fin de que por quien corresponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo resuelto.
En primer término, los Ministros firmantes de la Sentencia resolvieron que la Apelación Extraordinaria es formalmente procedente, desde que se ha puesto en tela de juicio la inteligencia del régimen de la salud; y la Sentencia del Superior Tribunal de la Causa es contraria al derecho invocado por el recurrente. (art. 14, inc. 3º, de la Ley 48)
Por otro lado, aún cuando – a raíz de la Medida Anticipatoria decretada en autos – `ya ha tenido lugar´ la intervención quirúrgica que la demanda procuraba obtener, la Corte Suprema afirmó que “queda subsistente un interés suficiente en la habilitación de esta instancia, desde que el sentido de la resolución final tendrá directa influencia sobre la determinación del sujeto – que en definitiva – habrá de afrontar los costos de la operación.”
Precisiones efectuadas en el Dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal al que adhiere la Corte
La Sra. Procuradora Fiscal ante la CSJN – Dra. Marta A. Beiró de Gonçalvez – hizo hicapié en que “ el Estatuto de la Salud está dotado de objetivos y valores que refleja el art. 2º de la Ley 23.661, cuando toma como paramétro, entre otros, el mejor nivel de calidad disponible“ tras lo cual añadió “el derecho a la salud, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo éste el primer – y preexistente – derecho de la persona humana, reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, como por diversos Tratados de Derechos Humanos“ (1)
En tal sentido la Sra. Procuradora afirmó que “las especificaciones que emanan del P.M.O. resultan complementarias y subsidiarias respecto de las pautas que conforman las bases del régimen de la salud.”
Al abordar la cuestión de los costos esgrimido por C.E.M.I.C., la Dra Beiró de Gonçalvez afirmó que “ello exige la demostración del desequilibrio que se generaría con el otorgamiento de la cobertura integral” tras lo cual añadió : “tal argumento carece de toda virtualidad para denegar la prestación, sobre todo cuando, aún después de llevada a cabo la operación, `nada´ se ha demostrado en el plano de los principios de Justicia y solidaridad.“
“Tal como se advirtió en el precedente de Fallos : 330 : 3725, el art. 28 de la Ley 23.661, previó expresamente que el Programa de Prestaciones Obligatorias, se actualizará periódicamente. Allí la Corte apuntó que “… esta modalidad, por lo demás, encuentra explicación, entre muchas otras razones, en que el sistema de la Ley 23.661 tiene como `… objetivo fundamental proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales, humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible” (art. 2º), con lo cual, este cuerpo legal, al que remite la Ley 24.754, se comunica con los derechos de toda persona `al disfrute del más alto nivel posible de salud…”, y “a una mejora contínua de las condiciones de existencia…” (del Dictamen de la Procuradora Fiscal, compartido por la CSJN)
Las determinaciones de la Autoridad de Aplicación
Se lee en el Dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal “estamos ante una patología cuya resolución quirúrgica se ha considerado esencial para la preservación de la vida, que determinó en su momento, la incorporación de la cirugía del aneurisma de aorta abdominal al P.M.O., por la Autoridad de Aplicación, lo cual implica que fue evaluado como un mal cuya cobertura meritaba una garantía especial del Sistema de Salud” (conf. motivación de la Resolución Nº 201/2002, de allí que la obligación de cubrir dicha cirugía quedó impuesta, entre otras, para las Entidades del tipo de la demandada, en función del reenvío que hace el art. 1º de la Ley 24.754)
Necesidad de la Técnica indicada en particular
La Dra Beiró de Gonçalvez señaló que “el actor padece una serie de co-moborbilidades significativas, que han hecho menester la aplicación de una técnica en particular – conocida como endovacular – y esa necesidad no discutida, fue reconocida en la Sentencia apelada a fs… (2)
En base a lo antedicho, la Procuradora dictaminó que el “enfoque `restrictivo´ que subyace en la Sentencia de la Cámara Civil, al vedar el acceso a una terapéutica más moderna y segura – y, por añadidura, someter a este paciente a una mecánica que entraña mayor peligro de muerte -, desnaturaliza el régimen propio de la salud, dejando sin cobertura una grave necesidad, que los Jueces admitieron como tal.”
El Dictamen de la Sra Procuradora Fiscal ante la CSJN, pone de relieve que “la duda que generaría la fórmula genérica empleada por en Nomenclador (“tratamiento quirúrgico del aneurisma de aorta abdominal“), no puede, en este contexto, decantar en la elección de la cirugía a cielo abierto – que, por lo demás, tampoco está designada en el Católogo -, en franco desmedro del enfermo, máxime si éste porta una afección que supone riesgo de vida.”
“De coincidirse con este punto de vista, también queda despejado inmediatamente, cualquier interrogante en torno a la intelegencia del Anexo I (parágrafo 8.3.3.) de la Resolución Ministerial Nº 201/2002, en tanto establece la cobertura integral de las prótesis e implantes de colocación interna permanente” – concluyó el Dictamen –
Acto seguido, el Máximo Tribunal afirmó compartir los fundamentos y conclusiones del Dictamen precedente. Por ello, y de conformidad con el referido Dictamen, declaró procedente el Recurso Extraordinario, dejó sin efecto la Sentencia apelada que denegó el amparo, ordenando vuelvan los autos al Tribunal de Origen, a fin de que, por quien corresponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento, con arreglo a lo resuelto.
Por otra parte, el Dr. Fayt – según su voto – advirtió que “las inobservancias al Reglamento aprobado por la Acordada 4/07 no constituyen, en el caso, un obstáculo insalvable, ante los graves defectos de fundamentación que exhibe la Sentencia impugnada dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, (art. 11 del mencionado Reglamento) pues éstos han sido debidamente ponderados en el Dictamen que antecede, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir, en razón de brevedad.
(1) “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales“ (arts. 12.1 y 11.1) en vigor desde 1986 (Ley 23.323) y que cuenta con jerarquía constitucional (art. 75 inciso 22 C.N.); “Convención Americana sobre Derechos Humanos “ (arts. 4.1 y 5.1.); “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (art. 6.1.); “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” (art. 1º); “Declaración Universal de Derechos Humanos“ (art. 3º); Observación General Nº 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
(2) “Por otro lado, tampoco se encuentra controvertido, que la práctica requerida – no sólo cuenta con la debida comprobación científica – sino que está regulada por la Autoridad Sanitaria Nacional. Asimismo, la prescripción médica pertinente ha provenido de dos profesionales de CEMIC, en función del cuadro que presentaba el actor, sin que se haya cuestionado que dicha indicación médica, fuese incorrecta o contraria a los ejes establecidos en el modelo de abordaje de Medicina basada en la evidencia.” (conf. considerandos Resolución Nº 201/2002)
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