Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70078
Timestamp: 2017-08-22 03:27:04+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/2SPO-111/70078
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
La iniciativa propone reformar el artículo 58 porque contiene aún una serie de términos inadecuados y discriminatorios para las personas con discapacidad, desactualizados conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación correspondiente, por lo que se actualiza para su comprensión clara y armónica.
SYNOPSIS: The initiative proposes to reform Article 58 because it still contains a series of inadequate and discriminatory terms for people with disabilities, outdated in accordance with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the corresponding legislation, so it is updated for clear and harmonious understanding.
Sen. Yolanda
de la Torre Valdez
La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asícomo los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento delSenado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, lapresente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD., al tenor de la siguiente:
El dinamismo de la economía moderna, supone relaciones entre particulares en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana, donde cada persona de acuerdo a su profesión, oficio o trabajo desempeñado interactúa con otras personas sean en las figuras de cliente o proveedor, o en cualesquiera otras que las necesidades de cada uno de ellos dispongan.
Una de las principales responsabilidades del Estado, es precisamente proteger a los involucrados en cada una de las etapas del comercio y la prestación de servicios, a los consumidores y proveedores de bienes de servicios, para lo cual ha dispuesto una serie de medidas al tenor del Derecho Mercantil, y en particular a efectos de la Exposición de Motivos, se cita el objetivo de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 1º párrafo segundo [*] en cuyo texto se lee:
Artículo 1º: …
El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Es por tanto que la Iniciativa tiene como interés fundamental reformar el artículo 58 [*] de la Ley en comento, dado que no cuenta con el vocabulario adecuado para referirse a las personas con discapacidad y tampoco dispone a la accesibilidad como un principio de observancia en las relaciones privadas entre particulares, cuando las personas con discapacidad, son considerados consumidores en los términos de la misma ley, de acuerdo con el párrafo primero de la fracción I de su artículo 2º, que a la letra dice
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:
I. Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente para los casos a que se refieren los artículos 99 y 117 de esta ley.
Para lo cual se considera:
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 1º párrafo sexto [*] , prohíbe cualquier forma de discriminación, en particular por motivos derivados de las discapacidades.
Quela Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 5 [*] , señala una serie de medidas que los Estados Parte deben adoptar con el fin de eliminar todas las formas de discriminación por motivos de discapacidad, las cuales derivadas de su importancia para la Exposición de Motivos se citan a continuación:
Artículo 5 Igualdad y no discriminación
Quela Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación clarifica que la ausencia de accesibilidad y la negación del derecho a solicitar ajustes razonables se consideran formas de discriminación, de acuerdo a lo estipulado en su artículo 9 párrafo primero, fracciones XXII Bis y Ter [*] .
Que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad [*] señala en su artículo 4, las medidas que debe tomar el Estado, para asegurar que las personas con discapacidad no sean objeto de discriminación en alguna de sus formas y que de acuerdo a los intereses de la Exposición de Motivos se considera puntual citarlo íntegramente:
Artículo 4.Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.
Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee.
Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.
La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas.
De acuerdo a las consideraciones anteriores las personas con discapacidad, coexisten en igualdad de derechos con sus pares sin discapacidad, en el caso particular de la Iniciativa, considerarse consumidores dentro de las prerrogativas de ley; para lo cual debe estipularse con claridad las acciones afirmativas que deben observar sin dilación los prestadores de servicios, de forma particular la accesibilidad.
El artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) [*] , crea una serie de responsabilidades para los Estados Partes de asegurar un entorno donde las personas puedan interactuar en él sin restricciones y en igualdad de condiciones con sus pares, dicho artículo está particularmente vinculado con la Exposición de Motivos, más aún la pretensión de la Iniciativa de incorporar la accesibilidad como una condición previa, indispensable e indivisible para que todas las personas accedan en igualdad a bienes y servicios, es sin duda la razón de la misma, por tanto se cita de forma íntegra, a continuación.
Artículo 9 Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.
Más aún la Observación General No. 2, sobre el artículo 9 de la CDPCD [*] , es particularmente enriquecedor para calificar los conceptos de accesibilidad y sobre todo entender su dimensión en la vida de las personas, para lo cual se citan a continuación los siguientes numerales de dicho documento:
1. La accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, las personas con discapacidad no tendrían iguales oportunidades de participar en sus respectivas sociedades.
13. […] Es importante que la accesibilidad se aborde en toda su complejidad, incluyendo el entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, y los servicios. La atención prioritaria ya no se centra en la personalidad jurídica y el carácter público o privado de quienes poseen los edificios, las infraestructuras de transporte, los vehículos, la información y la comunicación, y los servicios. En la medida en que los bienes, productos y servicios están abiertos al público o son de uso público, deben ser accesibles a todas las personas, independientemente de que la entidad que los posea u ofrezca sea una autoridad pública o una empresa privada. Las personas con discapacidad deben tener igualdad de acceso a todos los bienes, productos y servicios abiertos al público o de uso público de una manera que garantice su acceso efectivo y en condiciones de igualdad y respete su dignidad. Este enfoque se basa en la prohibición de la discriminación; la denegación de acceso debe considerarse un acto discriminatorio, independientemente de que quien lo cometa sea una entidad pública o privada.
14. […] La obligación de los Estados de proporcionar la accesibilidad es una parte esencial del nuevo deber de respetar, proteger y hacer realidad los derechos a la igualdad. Por lo tanto, la accesibilidad debe considerarse en el contexto del derecho al acceso, visto desde la perspectiva específica de la discapacidad. El derecho al acceso de las personas con discapacidad se garantiza mediante la estricta aplicación de las normas de accesibilidad. Las barreras que impiden el acceso a los objetos, instalaciones, bienes y servicios existentes que están destinados o abiertos al público se eliminarán gradualmente de forma sistemática y, lo que es más importante, con una supervisión continua, al objeto de alcanzar la plena accesibilidad.
25. La accesibilidad se relaciona con grupos de personas, mientras que los ajustes razonables se refieren a casos individuales. Esto significa que la obligación de proporcionar accesibilidad es una obligación ex ante. Por tanto, los Estados partes tienen la obligación de proporcionar accesibilidad antes de recibir una petición individual para entrar en un lugar o utilizar un servicio. Los Estados partes deben establecer normas de accesibilidad, que deben adoptarse en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad y especificarse para los proveedores de servicios, los constructores y otros interesados pertinentes. Las normas de accesibilidad deben ser amplias y uniformes.
28. Los Estados partes están obligados a aprobar y promulgar normas nacionales de accesibilidad y a supervisarlas. En caso de no contarse con legislación sobre la materia, el primer paso es aprobar un marco jurídico adecuado. Los Estados partes deben proceder a un examen exhaustivo de las leyes sobre la accesibilidad para identificar, vigilar y resolver las lagunas en la legislación y en la aplicación.
29. Es útil generalizar el uso de las normas de accesibilidad que establecen los diversos ámbitos que han de ser accesibles, como el entorno físico en las leyes sobre construcción y planificación, el transporte en las leyes sobre transporte público aéreo, ferroviario, por carretera y acuático, la información y las comunicaciones, y los servicios abiertos al público.
En octubre de 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, organismo internacional encargado de evaluar el estado que guarda la implementación de la CDPCD, en nuestro país emitió una serie de recomendaciones relacionadas con los artículos de forma particular, en este sentido los textos relativos a los artículos 5 y 9 [*] se exponen a continuación.
Igualdad y no discriminación (artículo 5)
9. Al Comité le preocupa la discriminación contra las personas con discapacidad en el Estado parte agravadas por la concurrencia de otros factores de exclusión social, como la edad, género, pertenencia étnica y ruralidad. Asimismo, le preocupa que en algunos estados se encuentre pendiente la adopción de leyes que prohíban la discriminación por motivos de discapacidad y que reconozcan la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación basada en la discapacidad.
10. El Comité recomienda al Estado parte a establecer líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en materia de igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de discriminación interseccional, basadas en la discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad, entre otros factores de exclusión. Del mismo modo, lo alienta a aumentar sus esfuerzos, desarrollando estrategias de difusión, toma de conciencia y diálogo con las autoridades locales, a fin de que todos los estados expidan legislación prohibiendo la discriminación basada en la discapacidad y reconozcan la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación.
11. El Comité se encuentra preocupado por el reducido número de quejas y de pronunciamientos sobre casos de discriminación por motivos de discapacidad; la falta de reglamentación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la poca información sobre su difusión en formatos accesibles, incluyendo en lenguas indígenas.
Accesibilidad (artículo 9)
19. El Comité observa con preocupación que el marco legislativo existente en el Estado parte sobre accesibilidad para las personas con discapacidad no aborda todos los aspectos contemplados en el artículo 9 de la Convención. Al Comité le preocupa también que el Estado parte no cuente con mecanismos específicos de evaluación del cumplimiento con la normativa de accesibilidad en todos los ámbitos considerados por la Convención. .
20. El Comité recomienda al Estado parte:
(a) Acelerar el proceso de reglamentación de las leyes en materia de accesibilidad en línea con el Comentario General No. 2 (2014) Articulo 9 Accesibilidad. ;
(b) Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones efectivas por incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad;
(c) Adoptar medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y no solamente las nuevas edificaciones;
(d) Diseñar e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público; y
(e) Velar por que las entidades privadas tengan debidamente en cuenta todos los aspectos relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad y que sean objeto de sanciones en caso de incumplimiento.
De lo anterior se concluye que la accesibilidad es un elemento fundamental para que las personas con discapacidad accedan a sus derechos, en particular aquellas prerrogativas derivadas de su papel como consumidores de bienes y servicios y aún hoy en México persisten prácticas discriminatorias derivadas de la falta de conciencia en las autoridades para exigir la mayor accesibilidad posible y sobre todo la ausencia de un procedimiento justiciable que le permita a la autoridad determinar específicamente las acciones obligatorias para los proveedores de bienes y servicios. Un ejemplo enriquecedor es la Circular Obligatoria CO SA-09.2/13 Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo [*] . La cual sienta una referencia a seguir para las autoridades en cuanto a los derechos de los consumidores y emite un procedimiento de queja, aunque aún no se conocen sus alcances y sobre todo la exigibilidad del derecho a la accesibilidad.
Es de entender, que la discapacidad no es producto de las características de las personas, que pueden ser de carácter físico, sensorial, psicosocial e intelectual, sino que, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se considera una condición dada por el entorno y su resignificado a la luz de Tratado en comento, atribuye la carga mayoritaria de la superación de dicha condición al Estado.
Más aún, la observancia de la accesibilidad como un principio necesario y suficiente para garantizar la igualdad de las oportunidades y reforma las relaciones en las que prestadores de servicios y clientes convergen. De hecho, la observancia y garantía de dicho principio no puede considerarse como un privilegio particular de un grupo social, por el contrario, se significa como una obligación de los particulares, para no incurrir en una forma de discriminación contra las personas con discapacidad, en los términos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
El papel del Estado, representado a efectos de la Ley, se atribuye a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, quien en orden del artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de las fracciones XXII, Bis y Ter del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminacióncitadas con anterioridad en la Exposición de Motivos, es quien debe ejercer la acción legal necesaria para asegurar la accesibilidad como un derecho previo a una relación comercial y la protección del derecho a solicitar ajustes razonables, como unaacción inmediata que permita acceder en igualdad de condiciones y con el mayor respeto a la dignidad y autonomía de las personas con discapacidad, a un producto o servicio que ofrezcan los proveedores.
Suponer que el costo de la accesibilidad es una carga desproporcionada o equivale a un prejuicio del particular en su papel de proveedor, es una visión excluyente y discriminatoria; los prejuicios sobre la accesibilidad y su elevado costo derivan principalmente de la ausencia de las personas con discapacidad, como consumidores, es decir, el entorno no considera a este grupo social, como objeto o como mercado, situando el diseño de instalaciones y servicios al margen de un estándar de habilidades y funciones corporales y sensoriales, traducido de otro modo en una única forma de desplazarse, movilizarse, comunicarse, adquirir información y en general de interactuar con el entorno.
Más aún, el hechodemejorar las medidas de accesibilidad, permite que las instalaciones, los mecanismos para adquirir información y los medios de comunicación al interior de las instalaciones o en los procesos mercantiles sobre la proveeduría de un servicio, amplíen su espectro de uso a una mayor cantidad de usuarios, en condiciones de dignidad y autonomía, lo que se traduce en términos comerciales a mayor comodidad y calidad en los bienes y servicios. Sin embargo, la razón de esta premisa puede ser discriminatoria si no se considera como obligación, sino como una acción de valor agregado.
Uno de los principales retos sobre la inclusión de las personas con discapacidad en sus entornos, sean comunitarios o colectivos, es precisamente su invisibilidad, la cual no deriva de sus condiciones, sino de la ausencia de accesibilidad en cualesquiera de los procesos de socialización común. En otras palabras, la ausencia de las personas con discapacidad en un mayor número, en su papel como consumidores, depende casi en su totalidad de los costos adicionales asociados para superar de manera personal la inaccesibilidad en los entornos, que incrementa su erogación en cuanto desean o necesitan cierto producto, bien o servicio, este coste adicional, no permite que se conviertan en consumidores potenciales o que accedan en igualdad de condiciones al mercado.
Resignificar el papel de la accesibilidad, bajo la premisa de a mayor accesibilidad mayores clientes es una visión discriminatoria de los Derechos Humanos, puesto que los proveedores no asumen el compromiso que la Ley los obliga, haciendo de las medidas de accesibilidad un valor agregado en su actuar, más la accesibilidad como se ha mostrado con anterioridad, es una acción de derechos humanos fuera de cualquier índole comercial.
Así, la Iniciativa propone una adopción en cuanto al cambio de paradigma sobre la carga de la superación de la discapacidad, situando al Estado, representado por la Procuraduría Federal del Consumidor, como el agente de cambio necesario para reinterpretar el sentido de la accesibilidad como una medida de no discriminación, legal y acorde, con los compromisos que el país ha adquirido, por encima de los intereses comerciales de los proveedores de bienes y servicios.
Finalmente, el artículo sujeto a reforma contiene aún una serie de términos inadecuados y discriminatorios para las personas con discapacidad, desactualizados conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidady la Ley General en Materia, por lo que se actualiza para su comprensión clara y armónica.
Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta:
ARTÍCULO 58.- El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad.
Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público en general, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, condicionamiento del consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad y otras prácticas similares, salvo por causas que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento, de sus clientes o de las personas discapacitadas, o se funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos legales. Dichos proveedores en ningún caso podrán aplicar o cobrar tarifas superiores a las autorizadas o registradas para la clientela en general, ni ofrecer o aplicar descuentos en forma parcial o discriminatoria. Tampoco podrán aplicar o cobrar cuotas extraordinarias o compensatorias a las personas con discapacidad por sus implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su uso personal, incluyéndose el perro guía en el caso de invidentes.
Los proveedores están obligados a dar las facilidades o contar con los dispositivos indispensables para que las personas con discapacidad puedan utilizar los bienes o servicios que ofrecen. Dichas facilidades y dispositivos no pueden ser inferiores a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales aplicables, ni tampoco podrá el proveedor establecer condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente correspondan al discapacitado como consumidor.
Artículo 58.- El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, discapacidad, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad.
Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público en general, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, condicionamiento del consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad y otras prácticas similares, salvo por causas que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento, de sus clientes o de las personas con discapacidad, o se funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos legales. Dichos proveedores en ningún caso podrán aplicar o cobrar tarifas superiores a las autorizadas o registradas para la clientela en general, ni ofrecer o aplicar descuentos en forma parcial o discriminatoria. Tampoco podrán aplicar o cobrar cuotas extraordinarias o compensatorias a las personas con discapacidad por sus implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su uso personal, incluyéndose los animales de asistencia, tales como perros guía en el caso de personas ciegas o débiles visuales.
Los proveedores están obligados a adoptar las medidas de accesibilidad necesarias y suficientes en la mayor medida posible, en sus instalaciones y la prestación de sus servicios, de tal forma que las personas puedan acceder a ellas con autonomía e independencia, acceder a la información y servicios de comunicación y puedan utilizar los bienes o servicios que ofrecen de conformidad con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.Dichas medidas no pueden ser inferiores a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales aplicables, ni tampoco podrá el proveedor establecer condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente correspondan a la persona con discapacidad como consumidor, así mismo no podrán negarse a la solicitud de ajustes razonables en los términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, siempre que no representen un costo económico desproporcionado, mayor al del producto o servicio que se solicite.
Es por lo anteriormente expuesto y fundado; y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se somete ante la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
Único. - Se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar en los términos siguientes:
Los proveedores están obligados a adoptar las medidas de accesibilidad necesarias y suficientes en la mayor medida posible, en sus instalaciones y la prestación de sus servicios, de tal forma que las personas puedan acceder ellas con autonomía e independencia, acceder a la información y servicios de comunicación y puedan utilizar los bienes o servicios que ofrecen de conformidad con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.Dichas medidas no pueden ser inferiores a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales aplicables, ni tampoco podrá el proveedor establecer condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente correspondan a la persona con discapacidad como consumidor, así mismo no podrán negarse a la solicitud de ajustes razonables en los términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, siempre que no representen un costo económico desproporcionado, mayor al del producto o servicio que se solicite.
Dado en el Pleno del Senado de la República a los 30 días del mes de marzo de 2017.
[*] Ley Federal de Protección del Consumidor, DOF: 24-12-1992, reformado: 02-04-2004, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_281216.pdf
[*] ARTÍCULO 58.- El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad.
Ley Federal para la Protección del Consumidor, DOF: 24-12-1992, reformado: 02-04-2004, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_281216.pdf
[*] Articulo 1º: …
[*] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, DOF: 03-05-2008, disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008
[*] Artículo 9.- (Se deroga el anterior párrafo primero y se recorren los demás en su orden)
Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras: …
XXII. Bis.La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público;
XXII. Ter. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad;
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación: DOF: 11-06-2003, reformado: 23-06-2014, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_011216.pdf
[*] Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; DOF: 30-05-2011, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf
[*] Observación General No. 2, respecto a el artículo 9 “Accesibilidad”, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Disponible en: http://www.conadis.gob.ar/doc_publicar/observaciongeneral2.pdf
[*] Observaciones finales sobre el informe inicial de México,Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2014, disponible en: http://www.gob.mx/conadis/documentos/observaciones-finales-sobre-el-informe-inicial-de-mexico
[*] CIRCULAR Obligatoria CO SA-09.2/13 Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo.DOF:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5322735&fecha=20/11/2013
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70078

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 ARTÍCULO 58
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ARTÍCULO 2
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