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Timestamp: 2020-08-04 14:54:28+00:00

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Sentencia de Tutela nº 060/09 de Corte Constitucional, 3 de Febrero de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 56513835
Sentencia de Tutela nº 060/09 de Corte Constitucional, 3 de Febrero de 2009
Sentencia citada en: 874 sentencias, un artículo doctrinal
(Febrero 3 de 2009 )
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección ''A'' de la Sección Segunda.
La Superintendencia de Sociedades promovió acción de tutela contra la decisión proferida el 4 de octubre de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección ''A'', por considerar que tal decisión vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la sanción impuesta por la Superintendencia de Sociedades a uno de sus funcionarios, pues consideró que el proceso disciplinario en cuestión se había tramitado por el proceso verbal dispuesto en la Ley 734 de 2002 y no por el proceso ordinario contenido en esa misma ley. Sin embargo, consideró la Superintendencia que la referida decisión judicial violó su derecho fundamental al debido proceso, pues el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca interpretó equivocadamente el artículo 175 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único (CDU) El artículo 175 de la Ley 734 de 2002 dice:
''T I T U L O XI.
También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley. (Éste inciso fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional en sentencia C-1072 de 2002, M.P.C.I.V.H..
En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia.''
El Procurador General de la Nación, buscando siempre avanzar hacia la aplicación de un procedimiento que desarrolle los principios de oralidad y concentración, podrá determinar otros eventos de aplicación del procedimiento verbal siguiendo los derroteros anteriores''. (Éste último inciso fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional en sentencia C-1072 de 2002, M.P.C.I.V.H.., incurriendo de esta manera en una vía de hecho por haberse configurado un defecto sustantivo.
Por todo lo anterior, la Superintendencia de Sociedades pide se deje sin efectos la decisión del 4 de octubre de 2007 dicta por la Subsección ''A'' de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en su lugar, que dicha autoridad judicial profiera un nuevo fallo.
''Sea lo primero advertir, que las faltas o conductas presuntamente constitutivas de infracciones disciplinarias no son enlistadas como graves, gravísimas o leves, por el instructor disciplinario sino, por la ley. Luego, lo que corresponde al operador es hacer la adecuación dentro de las enunciadas en cada tipología de faltas atendiendo los distintos criterios o taxatividad, según el caso. Pero, en ningún caso, esa tipología puede estructurarse a partir del querer del operador disciplinario.
En efecto, tampoco puede acusarse válidamente de indebida interpretación la realizada por el Tribunal del inciso tercero (3°) del artículo 175 de la Ley 734 de 2002 que prevé: ''En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación, estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia''.
Así las cosas, también es claro que el referido y transcrito inciso tercero (3°) hace referencia es a la condición del sujeto disciplinable pero, jamás puede creerse que la competencia extensiva a que alude se refiera a la tipología de conductas que en general se hubieren presuntamente realizado sino, QUE HACEN RELACIÓN ES A LA CONDICIÓN DEL SUJETO QUE SUPUESTAMENTE TENGA LA AUTORÍA DE LA CONDUCTA O POSIBLE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, MÁS NO A LA CONDUCTA QUE HUBIERE DESARROLLADO. En efecto, prevé expresamente la norma al término ''sujeto'' y no ''conducta disciplinable.''
Si fuera correcta la interpretación que postula el accionante, en verdad, como lo expresó el tribunal en la providencia materia y causa de la acción de tutela impetrada, sobraría el procedimiento ordinario en la jurisdicción disciplinaria y en el procedimiento disciplinario administrativo, porque sería suficiente el `juicio de suficiencia que para cada caso hiciere el operador disciplinario.' Esta es la competencia exclusiva de la ley y no del operador disciplinario, porque es aquélla la que establece el procedimiento ordinario para las conductas calificadas como graves.
Luego para el caso que motivó el proceso, disciplinario en el que se impuso la sanción al señor Cadena Piñeros, por parte de la Superintendencia de Sociedades, la conducta endilgada a éste no se encontraba enlistada dentro de las relacionadas como gravísimas en el artículo 175 de la Ley 734 de 2.002 y por ello deviene contrario al debido proceso y por tanto, era anulable.''
3.1 El señor G.C.P.,técnico Administrativo 4065-15 de la planta global de la Superintendencia de Sociedades, fue objeto de una indagación preliminar iniciada por el Jefe de Control Disciplinario de la Superintendencia de Sociedades mediante Auto 555-013 de febrero 10 de 2003 Ver folios 27 a 34. De la lectura de este material probatorio se advierte que el señor G.C.P., fue notificado de la investigación seguida en su contra en razón a no haberle dado trámite a varios documentos radicados en dicha Superintendencia en años anteriores y que habiendo sido asignados por reparto a él no fueron evaluados y evacuados diligentemente, al punto que se pudo determinar que inició el estudio de lo mismos tan solo cuando su superior indagó por los mismos, por omisión de trámite de unos radicados que le habían sido asignados desde el año 2001, y respecto de los cuales ya se había estructurado la caducidad de la acción respectiva. La investigación disciplinaria iniciada se acogió al procedimiento verbal, imputándosele en el auto de citación a audiencia la comisión de una falta grave a título de culpa grave.
3.2 En sesión de fallo No. 555-003 del 10 de marzo de 2003 Ver folios 35 a 62. En este documento se advierte que el señor Cadena Piñeros, asistido por su abogada, y conociendo el material probatorio obrante en el proceso y comprendía documentos, y declaraciones de compañeros de trabajo y de su superior, fue efectivamente sancionado disciplinariamente por haber cometido una falta grave a título de culpa grave., el Jefe de Control Disciplinario encontró responsable al señor Cadena Piñeros de la comisión de una falta grave a título de culpa grave, descrita en el numeral 7° del artículo 35 El numeral 7° del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 dice lo siguiente:
''ARTÍCULO 35. PROHIBICIONES. A todo servidor público le está prohibido:
O., negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligado.'' de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la misma ley El artículo 23 de la Ley 734 de 2002 dice lo siguiente: ''ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.'', y por ello, lo sancionó disciplinariamente con la suspensión del ejercicio del cargo por el término de 32 días.
3.5 La Sección Segunda, Subsección ''A'' del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 4 de octubre de 2007 El referido fallo tuvo un salvamento de voto, en el cual se señaló que en el presente caso estaban dados todos los elementos que permitían que el proceso en cuestión se adelantarse por el procedimiento verbal, concluyendo así, que la decisión mayoritaria no fue acertada. declaró la nulidad de los actos administrativos contentivos de los fallos de primera y segunda instancia dictados por la Superintendencia de Sociedades, y ordenó el pago de los salarios y prestaciones reclamadas por el señor Cadena Piñeros. En dicha decisión señaló que se había violado el derecho al debido proceso del sujeto disciplinado, por cuanto el proceso se había tramitado bajo el procedimiento verbal, debiendo haber sido por el ordinario, pues se debatía la presunta comisión de una falta grave.
Intervención de la Procuraduría General de la Nación.
Ciertamente el juez disciplinario, dentro de su autonomía e independencia, debe someter su actuar a la aplicación lógica, objetiva y metódica de la ley, al momento de aplicar la justicia material al caso particular. Por eso ''la aplicación de la ley disciplinaria y su interpretación, si ésta se ajusta a los marcos de la hermenéutica jurídica vigente y aceptada en una comunidad jurídica, no puede ser objeto del control de legalidad, pues a éste escapa aquélla, en tanto olvidarlo convierte al juez contencioso administrativo en una tercera instancia.'' Ver folio 146 del cuaderno principal del expediente de tutela.
Reafirma dicha consideración el Ministerio Público al señalar que ''consecuencialmente debe afirmarse que la función del juez administrativo cuando juzga los actos administrativos disciplinarios se contrae a verificar razonable y consistentemente, conforme al principio de razón suficiente y demás reglas de hermenéutica jurídica, si la interpretación y aplicación de la ley realizada por el juez disciplinario se enmarca dentro de la legitimidad de su autonomía e independencia, otorgada por la razonabilidad y consistencia que deben presidir una decisión de un administrador de justicia''.
Por lo anterior, ''solo podrá calificarse de ilegal una interpretación de una regla jurídica cuando, (...) exista un error manifiesto de apreciación, se elija la aplicación de una norma en forma manifiestamente irrazonable, la asignación de una consecuencia jurídica sea manifiestamente desproporcionada o arbitraria, pues de lo contrario, la actividad del contencioso administrativo `deja de ser jurídica para deslizarse por la pendiente del decisionismo'.'' Í.. (N. original).
Sin embargo, esa fue la opción asumida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección ''A'', que al declarar la nulidad de la decisión disciplinaria impartida por la Superintendencia de Sociedades, dio una equivocada interpretación del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, ''la única que las reglas de la hermenéutica jurídica aceptada no toleraría''. Í..
Justamente, el Tribunal desconoció el tenor literal del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, que indica en su contenido del inciso 3º que ''en todo caso'', se aplicará el procedimiento verbal respecto de unas condiciones probatorias específicas y frente a una oportunidad procesal concreta, lo que significa que se está frente a una causal diferente de procedibilidad a las contempladas en los incisos 1º y 2º de la mencionada norma.
Con esta interpretación, se desconoció la intención de la norma cual es la de trocar el procedimiento disciplinario ordinario por el verbal cuando se tenga una fortaleza probatoria suficiente en etapas procesales tempranas: ''Precisamente cuando se habla de apertura de investigación y pliego de cargos es porque se está frente a infracciones disciplinarias diferentes a las anotadas en el inciso 2º del artículo 175, toda vez que, en tales casos, no hay duda que se aplica de manera automática e indefectible, sin sustento alguno diferente al de la ley, pues su oportunidad y conveniencia viene impuesta por el juicio del legislador, el trámite del procedimiento verbal, procedimiento en el cual ni existe apertura de investigación ni pliego de cargos en los términos del proceso ordinario (artículo 177 del CDU).'' Ver folio 148 del cuaderno principal del expediente de tutela.
Concluye el Ministerio Público que la equivocada interpretación hecha por el Tribunal del inciso 3º del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, le arrogó funciones de juez de control de constitucionalidad, toda vez que expulsó del ordenamiento jurídico la posibilidad de su aplicación, pues al irse en contravía de la lógica lo convirtió en un precepto inútil. Le asignó, en consecuencia, los mismos efectos de una declaratoria de inexequibilidad. Ver folio 149 del cuaderno principal del expediente de tutela. Por todo lo anterior se pidió la procedencia de la acción de tutela.
En sentencia del 5 de junio de 2008, se negó el amparo constitucional deprecado. Observa el a quo, que la postura asumida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, a su juicio ''no comporta la violación de los derechos fundamentales sino simplemente es un argumento interpretativo válido dentro de la autonomía funcional del juez en el entendimiento y comprensión de la normas, potestad que únicamente cuando invada los terrenos de la arbitrariedad, vale decir, cuando encierre un componente absurdo y evidentemente contrario al sentido ineludible que se desprende de las formas, posibilita la acción de tutela''.
En efecto, considera el juez de primera instancia, que la interpretación hecha por el juez contencioso administrativo a la norma, no fue caprichosa, como tampoco obedece a una conducta carente de competencia como lo pretende el Viceprocurador General de la Nación, ''porque el juzgamiento de la legalidad de los actos administrativos se le confía a los órganos que la integran (artículo 237 de la C.P. y artículos 82 y s.s. del C.C.A.) quedando por tanto facultada para interpretar las disposiciones disciplinarias que como el inciso 3º del artículo 175 de la Ley 734 de 2002 ofrezcan dificultad en su comprensión''.
5.2.2. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación coadyuvó la impugnación de la Superintendencia de Sociedades, al señalar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca interpretó de forma totalmente equivocada y, por ende, aplicó de manera absolutamente incorrecta el artículo 175 de la Ley 734 de 2002 del CDU. Insiste en que la correcta interpretación de la mencionada norma es que en los demás supuestos no previstos en los dos primeros incisos del artículo 175 del CDU, es decir, ''cuando se proceda por una falta grave o por una falta gravísima diferente a las expresamente contempladas en el inciso 2º y no medie la situación de flagrancia o la confesión del disciplinado, en caso tal de estar dados los requisitos para proferir pliego de cargos ya en el mismo instante de valorar la viabilidad de la apertura de investigación, es procedente adelantar el proceso disciplinario por vía del procedimiento verbal.'' Ver folios 205 y 206 del cuaderno principal del expediente de tutela.
Consideró el ad quem que la acción de tutela no procede contra providencias judiciales ni cuando se argumente que la decisión judicial configura una vía de hecho o que el juez ha cometido `errores protuberantes o groseros', pues, semejantes calificaciones se traducen en interpretaciones y criterios eminentemente subjetivos, que dependerán en cada caso, del alcance que a bien tenga darle el juzgador a la decisión de otro.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia.
3.1. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para la protección de los derechos fundamentales, en tanto vía judicial residual y subsidiaria Ver entre otras las sentencias T-827 de 2003, M.P.E.M.L.; T-648 de 2005 M.P.M.J.C.E.; T-1089 de 2005.M.P.Á.T.G.; T-691 de 2005 M.P.J.C.T. y T-015 de 2006 M.P.M.J.C.E., que se caracteriza igualmente por ofrecer una protección inmediata Sentencia T-570 de 2005. M.P.C.I.V.H.. y efectiva en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o en presencia de estos, cuando se trámite como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable Sobre la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, resultan relevantes las sentencias C-1225 de 2004, M.P.M.J.C.E.; SU-1070 de 2003, M.P.J.C.T.; SU-544 de 2001 M.P.E.M.L.; T-1670 de 2000 M.P.C.G.D., y la T-225 de 1993 en la cual se sentaron la primeras directrices sobre la materia, que han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior. También puede consultarse la sentencia T-698 de 2004. M.P.R.U.Y. y la sentencia T-827 de 2003. M.P.E.M.L... En sentencia C-542 de 1992 Magistrado P.J.G.H., la Corte resaltó el carácter inmediato de la protección que se persigue con la interposición de la acción de tutela, indicando lo siguiente:
''(...) la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales''. (Subrayas fuera del original).
De igual manera, aún cuando la acción de tutela no tiene caducidad para su ejercicio, no se pueda recurrir a ella luego de un prolongado transcurso de tiempo desde la ocurrencia de los hechos atentatorios de los derechos fundamentales. De aceptarse su procedencia en tales eventos, se estaría desvirtuando su naturaleza de mecanismo excepcional de protección inmediata y efectiva En sentencia T-575 de 2002, M.P.R.E.G., se dijo lo siguiente:
''... con la acción de tutela se busca la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, es imprescindible que su ejercicio tenga lugar dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos. Una percepción contraria a esta interpretación, desvirtúa el alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción de tutela y deja sin efecto el objetivo de garantizar por esa vía judicial la protección actual, inmediata y efectiva de tales derechos''.. Deberá entonces proponerse en un término razonable y oportuno Corte Constitucional. Sentencia T-900 de 2004. M.P.J.C.T.. , el cual se evaluara en cada caso concreto, para evitar que se convierta en un factor de inseguridad jurídica En sentencia SU-961 de 1999, M.P.V.N.M., se dijo sobre el particular lo siguiente:
''De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado (...). Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción''..
Ahora bien, cuando se promueve la acción de tutela en contra de una decisión judicial, la misma será viable en tanto persiga la protección de los derechos fundamentales El artículo 86 de la C.P. reza lo siguiente: ''Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (...)''. (N. fuera del texto original)., pues su amparo involucra las decisiones de las diferentes autoridades del Estado de Derecho, incluidas las autoridades que ejercen función jurisdiccional (Art. 2 C.P.). Por ello, la acción de tutela será viable contra una decisión judicial que ha sido proferida con desconocimiento de preceptos constitucionales Sentencia T-1223 de 2001. M.P.Á.T.G... Al respecto, esta Corporación en sentencia C-543 de 1992, hizo las siguientes precisiones:
''(...) nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los térmi-nos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.'' (Las subrayas fuera del texto original).
3.2. Es necesario que la acción de tutela cumpla con unos requisitos de procedibilidad Consultar al respecto, entre otras, las sentencias C-543 de 1992 M.P.J.G.H.G.; T-079 de 1993 M.P.E.C.M.; T-231 de 1994 M.P.E.C.M.; T-329 de 1996 M.P.J.G.H.G.; T-483 de 1997 M.P.V.N.M.; T-008 de 1998 M.P.E.C.M.; T-567 de 1998 M.P.E.C.M.; T-458 de 1998 M.P.J.G.H.G.; SU-047 de 1999 M.P.C.G.D. y A.M.C.; T-1031 de 2001 M.P.E.M.L.; SU-622 de 2001 M.P.J.A.R.; SU-1299 de 2001. M.P.M.J.C.E.; SU-159 de 2002 M.P.M.J.C.E.; T-108 de 2003 M.P.Á.T.G.; T-088 de 2003 M.P.C.I.V.; T-116 de 2003 M.P.C.I.V.; T-201 de 2003 M.P.R.E.G.; T-382 de 2003 M.P.C.I.V.; T-441 de 2003 M.P.E.M.L.; T-001 de 2004.M.P.A.B.S. ; T-057 de 2004 M.P.M.J.C.E.; T.-240M.P.J.C.T.; T-289 de 2005 M.P.M.G.M.C. y T-489 de 2005 M.P.Á.T.G.. . Para ello, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha planteado un conjunto de causales de procedibilidad de la acción de tutela, así:
3.2.1. Las primeras, definidas como generales, pretenden asegurar que quien acuda a este mecanismo excepcional, lo haga bajo unos lineamientos jurídicamente válidos que aseguren la eficacia de este mecanismo excepcional sin que ello suponga la desnaturalización de la misma. Así, en sentencia C-590 de 2005 M.P.J.C.T.. Sostuvo en esta oportunidad la Corte: ''Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales.'', se señalaron como requisitos generales de procedencia:
(ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, todo ello en aplicación del principio de subsidiariedad Corte Constitucional. Sentencia T-161 de 2005. M.P.M.G.M.C.;
(v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible Sentencia T-658 de 1998, M.P.C.G.D.;
Es claro así, que la acción de tutela no está destinada a desplazar los mecanismos judiciales ordinarios de defensa, en tanto es un mecanismo extraordinario Sentencia T-660 de 1999 M.P.Á.T.G.. y no una vía judicial adicional o paralela Sentencia C-543 de 1992.M.P.J.G.H.G.. a las dispuestas por el legislador Sentencia SU-622 de 2001 M.P.J.A.R., y tampoco es una concesión judicial que se le da a las partes para corregir sus errores e incuria procesal Sentencias C-543 de 1992 M.P.J.G.H.; T-567 de 1998 M.P.E.C.M.; T-511 de 2001 M.P.E.M.L.; SU-622 de 2001 M.P.J.A.R. y T-108 de 2003 M.P.Á.T.G., entre otras. , permitiéndoles recurrir de manera soterrada a la acción de tutela para subsanar tales omisiones.
'' (...) `...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.'' Sentencia T-453 de 2005, M.P.M.J.C.E..
Con todo, no toda irregularidad procesal o diferencia interpretativa configura una vía de hecho. Sobre el particular es importante recordar lo señalado en la sentencia SU-1185 de 2001 Magistrado Ponente R.E.G., que dijo lo siguiente:
''..., la Corte ha sostenido que no toda discrepancia interpretativa -defecto sustantivo- conlleva, prima facie, a la ocurrencia de una vía de hecho. El principio de autonomía e independencia judicial, pilar fundamental del Estado social de derecho, no permite que por vía de la acción de tutela se controviertan las decisiones judiciales con la simple excusa de que el criterio adoptado por el operador jurídico no es compartido por las partes o por el fallador que lo revisa. De hecho, las posibles diferencias de interpretación, sustentadas en un principio de razón suficiente, no pueden ser calificadas como vías de hecho pues, en realidad -lo ha dicho este Tribunal-, la eventual disparidad de criterios sobre un mismo asunto no implica por ella misma un desconocimiento grosero de la juridicidad, sino una consecuencia humana del ejercicio del derecho. Según lo ha dicho la jurisprudencia:
`...los jueces dentro de la órbita de sus competencias, son autónomos e independientes y en sus providencias ''sólo están sometidos al imperio de la ley (art. 230 C.P.)'; la valoración probatoria y la aplicación del derecho frente al caso concreto, son circunstancias reservadas al juez de la causa que las ejerce dentro de la libertad de interpretación que le otorgan la Constitución y la ley y, además, acorde con las reglas de la sana crítica'.(Sentencia T-073/97 M.P.D.V.N.M.)'.
''Conservando la misma línea de pensamiento, ha precisado la Corte que la autonomía e independencia judicial, como manifestación de la facultad que tiene el operador jurídico para interpretar las normas jurídicas, no es absoluta. Ella encuentra límites claros en la propia institucionalidad y en el orden jurídico. Así, la función judicial, analizada desde la perspectiva del conjunto de atribuciones y potestades reconocidas por la ley a los órganos encargados de administrar justicia, tiene necesariamente que desarrollarse dentro del marco de la Constitución Política, como la única forma de garantizarle a los coasociados la convivencia, el trabajo, la igualdad, la libertad, la justicia y la paz, y de procurar hacer efectivo el propósito Superior de asegurar un orden político, económico y social justo.''
3.2.3. Entonces, las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela, a las que se refiere la Corte en la sentencia C-590 de 2005 Magistrado Ponente J.C.T., debe corresponder a uno de los siguientes defectos:
''d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales Sentencia T-522/01, M.P.M.J.C.E. o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
''h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado Cfr. Sentencias T-1625 de 2000, M.P.M.V.S. de Moncaleano; T-1031 y SU-1184 de 2001, y T-462 de 2003, todas M.P.E.M.L...
''i. Violación directa de la Constitución.'' (Subraya fuera del texto original).
Causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela cuya configuración se alega en el presente caso: el defecto sustantivo.
4.1. Sea lo primero señalar que la Corte Constitucional ha señalado que se estará ante un defecto sustantivo cuando: (i) la decisión cuestionada se funda en una norma evidentemente inaplicable para el caso, ya sea porque perdió vigencia, porque resulta inconstitucional, o porque no guarda conexidad material con los supuestos de hecho que dieron origen a una controversia; (ii) cuando se deja de aplicar la disposición que corresponde, o se le da a la misma un alcance distinto del que tiene; (iii) también se configurará un defecto sustantivo cuando al resolver un caso, el funcionario desconoce sentencias con efectos erga omnes, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada. Cfr. Sentencias T-231 de 1994, T-008 de 1998, SU-1185 de 2001 y T-382 de 2003, entre otras.
En sentencia SU-159 de 2002, la Corte Constitucional fue más explicita al considerar que se configura una vía de hecho por defecto sustantivo cuando se da alguna de las siguientes situaciones M.P., M.J.C.E. y reafirmadas en compendio acerca de las vías de hecho por defecto sustantivo, en la sentencia T-462 de 2003, M.P.E.M.L.:
''La Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador''.
4.2 La indebida aplicación de las normas también es una modalidad del defecto sustantivo. Ocurre cuando, a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final que se hace de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente lesivo de los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada) Cfr. Sentencia T-1112 de 2003, M.P., C.I.V.H... En estos casos la Corte se ha pronunciado en los siguientes términos:
''La Corte debe reiterar que, en principio, el procedimiento de tutela no puede utilizarse para obtener que un juez diferente al que conoce del proceso ordinario intervenga inopinadamente para modificar el rumbo del mismo con base en una interpretación diversa, la suya, pretendiendo que, por haber entendido las normas pertinentes de una determinada manera, incurrió el primero en una vía de hecho.
La vía de hecho --excepcional, como se ha dicho-- no puede configurarse sino a partir de una ruptura flagrante, ostensible y grave de la normatividad constitucional o legal que rige en la materia a la que se refiere el fallo. Por tanto, mientras se apliquen las disposiciones pertinentes, independientemente de si otros jueces comparten o no la interpretación acogida por el fallador, no existe la vía de hecho, sino una vía de derecho distinta, en sí misma respetable si no carece de razonabilidad. Esta, así como el contenido y alcances de la sentencia proferida con ese apoyo, deben ser escrutados por la misma jurisdicción y por los procedimientos ordinarios, a través de los recursos que la ley establece y no, por regla general, a través de la acción de tutela.
Diferente es el caso de la ostensible aplicación indebida de una norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos quepan en ella, aun contra toda evidencia. Allí puede darse la vía de hecho, como lo ha admitido esta Corte, si por haberse forzado arbitrariamente el ordenamiento jurídico se han quebrantado o se amenazan derechos constitucionales fundamentales'' Cfr. en este sentido, sentencias T-765 de 1998 y T-001 de 1999, M.P.J.G.H.G.
5.1. Mediante jurisprudencia constitucional se ha considerado que el Estado puede ejercer un derecho de sanción o ius puniendi dentro del cual se encuentra el derecho disciplinario En sentencia C-818 de 2005 M.P.R.E.G. se señaló que ''Esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que el derecho sancionador del Estado en ejercicio del ius puniendi, es una disciplina compleja que envuelve, como género, al menos cuatro especies, a saber: el derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario y el derecho correccional. Salvo la primera de ellas, las demás especies del derecho punitivo del Estado, corresponden al denominado derecho administrativo sancionador''. V. también las sentencias C-214 de 1994, C-948 de 2002, C-406 de 2004. , como una especie del denominado derecho administrativo sancionador. En la misma sentencia C-818 de 2005, se indicó que el derecho administrativo sancionador ''pretende garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de una sanción que no sólo repruebe sino que también prevenga la realización de todas aquellas conductas contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder de sanción ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades públicas''
''Un amplio sector de la doctrina, si bien admite la diferenciación entre la responsabilidad civil, penal y disciplinaria, encuentra que la sanción disciplinaria debe sujetarse a los principios y garantías propias del derecho penal. (...) La naturaleza esencialmente sancionatoria de ambos derechos hace que las garantías del derecho más general (el penal) sean aplicables también a ese otro derecho, más especializado pero igualmente sancionatorio, que es el derecho disciplinario. Tanto el derecho penal como el administrativo disciplinario emplean las penas como el principal mecanismo de coacción represiva. Todos los principios y garantías propias del derecho penal se predican también del disciplinario'' Sentencia T-438 de 1992, reiterada en la sentencia C-181 de 2002.
5.3. Así, el funcionario público tiene pleno derecho a exigir el respeto del (i) principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) del principio de publicidad, (iii) del derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) del principio de la doble instancia, (v) de la presunción de inocencia, (vi) del principio de imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, (viii) del principio de cosa juzgada y (ix) de la prohibición de la reformatio in pejus. Sentencia C-555 de 2001 M.P.M.G.M.C..
6.1. La Superintendencia de Sociedades interpuso esta acción de tutela en contra de la decisión proferida por la Sección Segunda, Subsección ''A'' del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que anuló la sanción disciplinaria impuesta por la Superintendencia a un funcionario suyo, por encontrarlo responsable de la comisión de una falta grave a título de culpa grave, descrita en el numeral 7° del artículo 35 El numeral 7° del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 dice lo siguiente:
O., negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligado.'' de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la misma ley. Dicha sanción se originó en el hecho de que dicho funcionario no dio trámite a algunos radicados que le habían sido asignados desde el año 2001.
6.2. En su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el funcionario sancionado señaló que el procedimiento por el cual tramitó su investigación disciplinaria fue el verbal, considerando que debió haber sido el procedimiento ordinario, tal y como se infiere de lo dispuesto por el artículo 175 del CDU. Éste argumento fue acogido por la Sección Segunda, Subsección ''A'' del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca que anuló la sanción, pues consideró que no era posible haber agotado la investigación por el proceso verbal para el presente caso, en tanto la falta endilgada al funcionario se había calificado de grave, lo que conducía a que el proceso disciplinario se agotara por el procedimiento ordinario.
6.3. Alegó la Superintendencia que los argumentos, y más específicamente, la interpretación hecha al inciso tercero del artículo 175 de la Ley 734 de 2002 -CDU- por el Tribunal Contencioso de Cundinamarca, era abiertamente equivocada, configurándose una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela por la estructuración de un defecto sustantivo. Consideró procedente tramitar por el procedimiento verbal cualquier actuación disciplinaria, respecto de cualquier sujeto disciplinable y con ocasión de cualquiera clase de falta disciplinaria cometida (leve, grave o gravísima), siempre que en la indagación, o con las pruebas que acompañan la queja, estuviesen dados los presupuestos para proferir pliego de cargos, que no son otros que los previstos en el artículo 162 de la misma ley.
6.5. Planteado así el entorno fáctico y jurídico del caso objeto de revisión, la Sala de Revisión encuentra que la decisión proferida por la Segunda, Subsección ''A'' del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, no puede enmarcarse en una causal genérica de procedibilidad, por las razones que a continuación se expondrán.
6.8. En consecuencia, en la decisión judicial proferida por la Sección Segunda, Subsección ''A'' del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se puede advertir configuración de alguna causal genérica de procedibilidad, razón por la cual, expuestas las anteriores consideraciones, la Sala Quinta de Revisión confirmará el fallo proferido por la Sección Cuarta de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, mas por las consideraciones aquí expuestas, que afirman la juridicidad de la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
Sentencia de Tutela nº 327/05 de Corte Constitucional, 4 de Abril de 2005
Providencia nº 11001010200020110046800 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 16 de Marzo de 2011

References: artículo 175
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 artículo 48
 artículo 175
 artículo 175
e contrario
 artículo 35
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 artículo 23
 artículo 23
 artículo 28
 artículo 175
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 artículo 86
 artículo 86
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