Source: https://seniales.blogspot.de/2013/09/
Timestamp: 2017-06-26 05:23:05+00:00

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Señales: 09/01/2013 - 10/01/2013
Caso Ángeles: Informe sobre la cobertura televisiva del caso
El presente texto, de la Defensoría del Público, surge luego de una serie de denuncias y reclamos presentados en este organismo. Se resaltaron la violación a los derechos de las personas imputadas y no imputadas en el hecho
Aquí se presenta un informe sobre la cobertura periodística televisiva en torno al homicidio de la joven Ángeles Rawson. El texto tiene su origen en un conjunto de denuncias que fueron formuladas ante esta Defensoría del Público, en las que se expresó una gran disconformidad frente al tratamiento que hicieron del caso una serie de canales televisivos.
En dichas denuncias se resaltaron, especialmente, la violación a los derechos de las personas imputadas y no imputadas en el hecho, así como la banalización del caso y su ficcionalización mediática. El informe realizado por la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual identifica y analiza un despliegue mediático que evidencia su subordinación a la espectacularización del caso, a la vez que posterga la difusión de información socialmente necesaria que constituye la función esencial de los géneros informativos de los medios de comunicación.
Dictamen de Gils Carbó II: Es legítima una resolución que ordena incluir a CN23 en una grilla
Gils Carbó convalidó una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que requería a una distribuidora de televisión que repusiera en su grilla a la señal de TV. Consignó la importancia del Estado en velar por el correcto funcionamiento del mercado cuando están en juego derechos humanos
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó a favor de que se revoque la sentencia de Cámara que desestimó una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por entender que no tenía atribuciones para emitirla. En la misma, la CNDC había ordenado a Teledifusora San Miguel Arcángel SA (Telered SA) a reponer en su grilla de programación a la señal CN23 (del Grupo Szpolski-Garfunkel).
La denuncia había sido presentada por la Secretaría de Comercio Interior, en carácter de administrador de la señal CN23 ante la CNDC. Allí consignó que Telered SA -que forma parte del Grupo Clarín- dio de baja la señal de forma repentina e infundada. A partir de esta denuncia, la CNDC inició un procedimiento para investigar la posible violación a la Ley de Defensa de la Competencia.
La CNCD concluyó que la conducta denunciada podría configurar una práctica de competencia desleal, puesto que Telered SA habría abusado de la situación oligopólica en la que se encuentra para impedir el acceso al mercado de señales competidoras. En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley de Defensa de la Competencia fue que ordenó a Telered SA incluir en su grilla de programación a la señal excluida.
Defensa de la competencia y rol del Estado
En su dictamen, la Procuradora -en consonancia con lo que había sostenido en “Cencosud SA”- señaló que una de las principales finalidades del régimen de defensa de las competencia es velar por el correcto funcionamiento del mercado e impedir la competencia desleal, en beneficio de los competidores, de los usuarios y consumidores y del bienestar general. Y que, en este sentido, la actuación del Estado es esencial para controlar la existencia de prácticas anticompetitivas.
Refirió a su vez que la actuación del organismo estatal tiene características que la tornan indispensable para la protección de derechos. Así, destacó que la misma es esencialmente preventiva, lo cual es particularmente relevante dado que las prácticas anticompetitivas causan daños que, por su naturaleza, son de imposible o difícil reparación ulterior.
Gils Carbó también aseguró que los perjuicios producidos por una conducta anticompetitiva suelen diseminarse en millones de sujetos que en general carecen de los medios, la información e incluso los incentivos para promover una acción judicial o un reclamo formal de otra naturaleza.
Respecto de la facultad de la CNCD para dictar la resolución impugnada, entendió que la atribución del artículo 35 de la ley 25.156 asegura que el organismo, que realiza una investigación y que cuenta con la información, la especialidad, la experiencia y la agilidad para prevenir una lesión a los derechos constitucionales, tenga herramientas adecuadas para cumplir su función.
De esta manera, para Gils Carbó la sentencia de la cámara desconoció una atribución legal que tiene como fin proteger el correcto funcionamiento del mercado y la competencia leal, de carácter constitucional. A ello consideró que se suma la gravedad de que en el caso no están involucrados únicamente intereses pecuniarios, sino también derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión e información.
En relación con el último punto, se refirió a lo dictaminado en el expediente “Grupo Clarín SA y otros c/ PEN s/ acción declarativa”, donde sostuvo que el derecho a la libertad de expresión comprende tanto el derecho de cada individuo a expresar su pensamiento y a difundirlo a través de cualquier medio apropiado, como el derecho colectivo a recibir todo tipo de información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.
Allí también destacó la relevancia de la actuación del Estado para proteger a las expresiones, a la información y a las ideas de la censura que proviene de la dinámica de un mercado que tiende a la concentración y de los poderes no estatales, como la llamada “censura empresarial”.
La procuradora general concluyó su dictamen indicando que, sobre la base de lo que había expuesto, la presunta exclusión de una señal informativa podía configurar una práctica de competencia desleal, que tenía entidad para comprometer seriamente el derecho a dar información del productor de la señal CN23, así como el derecho de la audiencia a recibir esa información.
Según Telered la señal ya estaba en la grilla
Dictamen de Gils Carbó I: La justicia de Mar del Plata no debió intervenir en una cautelar de Cablevisión
La Procuradora General consideró que la empresa buscó el tribunal más favorable para lograr la suspensión de la Ley de Medios. Señaló que debe mantenerse la unidad de jurisdicción, ya que la Corte aún debe dictar sentencia en la causa que alcanza al Grupo Clarín
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que la justicia federal de Mar del Plata no tiene competencia para resolver la solicitud de Cablevisión S.A. de una medida cautelar contra la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata -que revocó la decisión de primera instancia- había hecho lugar al recurso de la empresa argumentando que estas “actuaciones no tienen ninguna relación” con la causa “Grupo Clarín c/ Estado Nacional s/ medidas cautelares”, que es la que se encuentra pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero, en línea con lo que había señalado el Fiscal General ante ese tribunal, Daniel Adler, Gils Carbó explicó que “la identidad en el objeto y la finalidad de las dos causas es ilustrada por la circunstancia de que ambas pretensiones cautelares utilizan las mismas palabras”.
La Procuradora General señaló que, al momento de pedir la cautelar en la jurisdicción bonaerense -el 27 de noviembre de 2012- “la actora pretendía obtener de la justicia federal de Mar del Plata algo que, hasta el momento, no había obtenido de la justicia federal de la Capital Federal”, lo que ocurrió pocos días después, el 6 de diciembre. “La presente solicitud por parte de Cablevisión SA parece formar parte de una estrategia de búsqueda del foro más favorable con el fin de lograr, en definitiva, la suspensión de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, advirtió.
En ese sentido, la jefa de los fiscales calificó a esa práctica como “un abuso del derecho a peticionar”; es decir, como un intento de manipular las normas procesales que atribuyen competencia a los tribunales, para buscar el foro más favorable. Ello -agregó- “no puede ser convalidado a la luz de las normas que rigen el debido proceso (artículo 18 de la Constitución Nacional)”. De ser así, “podría entorpecer el cumplimiento de la sentencia que oportunamente dicte la Corte Suprema en el marco de la citada causa ‘Grupo Clarín SA y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros s/ acción meramente declarativa’”.
De esta manera, Gils Carbó consideró que "debe preservarse la unidad de jurisdicción e impedir que la misma cuestión sea controvertida ante distintos jueces para evitar el escándalo jurídico que representaría el dictado de sentencias contradictorias”.
Por último, recordó que recientemente el Máximo Tribunal reprobó un abuso procesal similar en el caso “Pro Familia Asociación Civil c/ GCBA y otros s/impugnación de actos administrativos”. La actora había intentado hacer valer la misma pretensión -la solicitud de una medida cautelar dirigida a la suspensión de un procedimiento de aborto no punible-, primero en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y después en la nacional. Como, presumiblemente, el segundo proceso fue un intento de revertir el resultado adverso del primero, la Corte entendió que correspondía “tomar las medidas necesarias para desmantelar toda posible consecuencia que pretenda derivarse de esas actuaciones judiciales deformadas”.
Zapala: un ejemplo de cómo Cablevisión incumple la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
En esa localidad de la provincia de Neuquén, la empresa del Grupo Clarín se niega a subir una señal con contenidos locales. Ante esto los vecinos no pueden acceder a la programación de TV13 Coop, de la Cooperativa Eléctrica, que en 1982 había sido prohibida por la dictadura cívico-militar. El caso sirvió de ejemplo en el debate ante la Corte por la Ley de Medios
Los abonados al servicio de cable en Zapala, en la provincia de Neuquén, no pueden acceder a los programas de TV13 Coop, el canal de televisión abierto con contenidos locales brindado por la Cooperativa Eléctrica de Zapala (CEEZ), porque la empresa Cablevisión, único operador de TV por suscripción en el distrito, se niega a subirlo a su grilla. Este caso, mencionado en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema, también ejemplifica la prohibición que afrontaron las cooperativas para acceder a los medios con la vieja Ley de Radiodifusión de la dictadura.
En 1967, la Cooperativa Eléctrica de Zapala fue la primera entidad sin fines de lucro autorizada a tener un canal de televisión y brindar un servicio por suscripción, pero en 1982 la dictadura le quitó este derecho. Desde 2007, la entidad cuenta con TV Coop Canal 8 –autorizado mediante un acuerdo con la municipalidad de Zapala y el ex Comfer–, que opera como repetidora de la TV Pública. Y a partir de noviembre de 2009, como consecuencia directa de la Ley de Medios, la CEEZ tiene su canal propio con contenidos locales: TV13 Coop.
Hoy, la Cooperativa busca "la restitución" de la licencia para brindar servicio de cable que le fuera anulada en 1982. "La cooperativa se fundó en 1951 y empezó brindando el servicio de energía eléctrica. Hasta el surgimiento del Canal 3 Circuito Cerrado de Televisión Zapala, el único medio (de radiodifusión) era Radio Nacional", recordó Néstor Zambelli, presidente de la entidad. Según datos parciales del Censo 2010, la población de Zapala supera los 36.500 habitantes. "Funcionó normalmente hasta 1980, cuando hubo un primer intento de cerrarlo. Entonces, hubo una movilización en Zapala y no pasó nada. En 1982, llegó una intimación ordenando el cese de emisiones. Se hizo un operativo para decomisar los equipos del canal, pero por suerte alguien avisó, y el día que llegaron, el 2 o 3 de noviembre, ya el canal estaba vacío", relató Zambelli.
El vacío del aire para la cooperativa recién comenzó a resquebrajarse en 2007. "En ese entonces el Comfer nos autorizó a cortar dos horas por día de la Televisión Pública. Arrancamos así porque había que rearmar todo", contó el presidente de CEEZ sobre TV Coop Canal 8, que continúa retransmitiendo a la TV Pública. Pero faltaba un canal con contenidos propios, que llegó el 18 de noviembre de 2009. "TV Coop Canal 13 tiene seis horas diarias de programación local, y después retransmitimos Canal Encuentro, ColsecorTV, Paka Paka", detalló. "Nuestra llegada a la audiencia es del 60% de la población, que es la que no tiene servicio de cable", consignó, aclarando que las dos señales son abiertas y de aire. Según Zambelli, Cablevisión tiene en Zapala 4600 abonados.
"Por supuesto, intervenimos en todos los foros de la región apoyando la nueva Ley de Medios", narró Zambelli, norma que les permitiría inaugurar directamente Canal 13. "Hace un mes, presentamos el proyecto para meter el cable, internet, telefonía básica, video on demand", anticipó el cooperativista. Sobre Cablevisión, volvió a remarcar: "Siempre se negaron a subir nuestra señal al cable."
La cooperativa tiene trece mil asociados. Sobre la licencia de cable que lograron en 1967 y la dictadura les anuló en el '82, dijo Zambelli: "Pedimos la restitución de derechos de una licencia, por lo menos como reconocimiento a la cooperativa y al cooperativismo."
Miguel Julio Rodríguez Villafañe, representante de Cooperar, destacó que "la televisión por cable fue la primera revolución comunicacional desde el interior a los grandes conglomerados del país", porque "históricamente, todos los medios radiales eran convergentes en la Capital Federal y las nuevas tecnologías eran pensadas desde las grandes ciudades". Rodríguez Villafañe agregó que "el interior del interior era un sector residual para esas nuevas tecnologías, que llegaban con un atraso de cinco, diez años o más". Fue entonces que surgió la llamada "antena comunitaria", donde tuvo mucho que ver el movimiento cooperativo y así nació la televisión por cable. "La televisión por cable llegó diez años después a las grandes urbes. Y cuando viene la Ley (de Radiodifusión) del Proceso militar, se excluyó a las entidades no comerciales", continuó.
Esta situación, principalmente en el caso de las cooperativas, cambió con el artículo 30 de la nueva Ley de Medios. "En las grandes ciudades muchas veces no se nota la presencia del cooperativismo, pero a medida que vas a los pueblos, la cooperativa es todo: son los servicios de agua, de luz, de teléfono, y sociales", enfatizó el representante de Cooperar.
"Cablevisión se niega a subir la señal del canal de televisión que ahora tiene la cooperativa. Y eso está en la ley, pero además es fundamental, porque lo que estaba en discusión en la audiencia pública –ante la Corte Suprema– es la no concentración de medios. Imaginate: si la población de Zapala recibe sólo Cablevisión, sólo sabe que hay concentración de tráfico en el Obelisco. Y lo que ocurre a cuatro cuadras no lo saben, por el solo hecho de que Cablevisión no sube el canal local", concluyó.
A partir de 2009, como consecuencia de la nueva norma, la CEEZ tiene su canal propio.
Fútbol Para Todos costará casi $ 4 millones por día durante 2014
Desde que se firmó el acuerdo en 2009, el gasto en el programa aumentó un 135%. En menos de cinco años se desembolsaron $ 6.127 millones solamente en derechos de televisión
Por: Bernardo Vázquez y David Cayón
De acuerdo al proyecto del presupuesto nacional que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que espera convertirse en ley en el Senado, la Jefatura de Gabinete de Ministros le asignó una partida de $ 1.410 millones al programa Fútbol para Todos para 2014. Así, televisar los torneos de Primera División y el Nacional B costará $ 3,86 millones por día el año próximo, en tanto que la inversión total en el área desde que en 2009 la AFA le entregó los derechos al Gobierno alcanzaron los $ 6.127,9 millones.
De aquél primer envío de fondos que el Ejecutivo le giró a la AFA hace cuatro años el incremento de las partidas fue exponencial, hasta llegar a un 135% teniendo en cuenta lo proyectado para el próximo presupuesto. Teniendo en cuenta que este año se pactó destinar $ 1.201 millones, el alza para 2014 será de 17%, por encima del 10,4% de inflación anual que presume el Ministerio de Economía y por debajo del 23% de privados. Para conocer el inicio de la historia hay que remontarse al 11 de agosto de 2009, cuando la presidenta, en el predio de Ezeiza de la AFA, rubricó el vínculo entre el Gobierno y la entidad que preside Julio Grondona, que venía de rescindir de manera unilateral su contrato con las compañías TSC y Trisa, propiedad del Grupo Clarín y de Torneos y Competencias. Pocos días después del anuncio, el 2 de septiembre, ingresó el primer pago mensual del Estado por $ 50 millones. Esa fue la primera cuota de todas las que desembolsaría la Casa Rosada ese año hasta alcanzar los $ 600 millones para solventar el programa. En 2010, según lo presupuestado, la AFA recibiría otros $ 648 millones por los campeonatos de Primera. Pero en el transcurso de ese año, Gabinete le habilitó a la AFA otros $ 206,7 millones. La tendencia siguió en 2011, cuando se previeron $ 690 millones, a los que luego se agregaron $ 189 millones. En 2012, el aumento de partidas fuera de presupuesto fue sideral. En el inicio del año se había previsto destinar fondos por $ 698,7 millones. Esa cifra casi se duplicó por los envíos de $ 205 millones y $ 279 millones, sumando un global de $ 1.182,7 millones. Este año, sin asignaciones fuera del presupuesto, se destinaron $ 1.201,5 millones. La suma deja afuera los costos logísticos y de transmisión con productoras como La Corte, el Farolito International, VTS; empresas entre las que se reparte la producción y post producción de los encuentros. Según un pedido de informes realizado recientemente, en concepto de producción, sólo en 2012 se gastaron $ 147,7 millones, que se agregan a los $ 678 millones que costó producir el Fútbol para Todos entre 2009 y 2011. A todos esos gastos se podría sumar el costo de los spots de propaganda oficial que transmite el Gobierno nacional cada fin de semana, desde que en 2010 el ex presidente Néstor kirchner frenó el ingreso de publicidad privada. Para el año que viene, se calcula que parte de los fondos para la propaganda en el fútbol saldrán de los $ 951 millones que se prevé destinar en pauta oficial. Pero como nadie sabe cuánto cotiza el segundo de publicidad en TV, ni si se paga, cuantificarlo queda dentro de una nebulosa.
Presupuesto Nacional: Sostener el relato costará en 2014 casi un 50% más
La especial atención que el Gobierno le presta al desenvolvimiento de los medios de comunicación y al manejo de la información en la Argentina tendrá un fuerte correlato en el Presupuesto 2014: aumentarán el 47% los fondos vinculados a la materia, duplicando así el crecimiento promedio de todos los gastos.
Sumando desde las partidas destinadas a repartir la publicidad oficial y el Fútbol para Todos, hasta para la implementación del sistema de Televisión Digital Terrestre, pasando por los fondos para el funcionamiento de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) o Radio y Televisión Argentina SE (la TV Pública y Radio Nacional), se totalizan más de 11.700 millones de pesos.
Para algunos opositores, todas estas partidas, en mayor o menor medida, están destinadas a sostener la difusión del tan mentado relato. Para los kirchneristas, en cambio, es el esfuerzo que se debe realizar para hacer frente a lo que denominan como “la cadena nacional del desánimo”.
La publicidad oficial, como difundió Perfil el domingo último, aumenta un 26% en relación a lo que inicialmente se había presupuestado para 2013. Sin embargo, esa partida que maneja el jefe de Gabinete bajo el programa “Prensa y difusión de los actos de Gobierno”, recibió más fondos durante el año, algo que podría repetirse durante 2014. También desde la Anses se publicita la gestión: el rubro “Publicidad y propaganda” que tiene en su presupuesto supera el medio millón y crece el 10%. En 2014, el Estado nacional gastará 1.400 millones de pesos para que todos y todas puedan ver los partidos de fútbol en sus televisores. Un programa que sirve además para darle difusión a las obras del Gobierno e, incluso, para criticar a medios de comunicación o a políticos opositores. En la campaña para la gobernación correntina también fue usada para promocionar a Carlos Espínola, el candidato K. Recibe un 17% más que para 2013.
El mayor crecimiento se da en Obligaciones a Cargo del Tesoro, una jurisdicción que sirve para asistir financieramente a sectores privados o públicos que creció exponencialmente con el kirchnerismo. Allí hay 6 mil millones de pesos destinados a asistir a empresas públicas del sector “Comunicaciones”. Están incluidos los presupuestos de RTA SE, Télam, las radios de las universidades de Córdoba y Del Litoral, y de Ar-Sat (empresa de soluciones satelitales). Ar-Sat y RTA son las que más crecen. Esta última, tendrá 1,2 millón para controlar el funcionamiento de la TV Pública y Radio Nacional, también cuestionadas por la oposición por la falta de pluralidad en sus contenidos. Desde Obligaciones a Cargo del Tesoro también salen los fondos para Educ.ar, la entidad que tiene a su cargo los canales de TV Encuentro y Paka-Paka.
El Ministerio de Planificación tiene tres proyectos vinculados a las telecomunicaciones. Son los planes Argentina Conectada e Igualdad Cultural, y el sistema de Televisión Digital Abierta. Entre los tres suman 573 millones de pesos. Como se define en su sitio de internet, la TDA “es una política pública que se propone garantizar el acceso universal a la televisión de aire de modo gratuito”. El sistema, sin embargo, por ahora incluye a los canales que tienen una línea editorial afín al Gobierno. De los canales de aire existentes en la Ciudad, por ejemplo, El Trece es el único que todavía no fue incorporado a la grilla.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una de las banderas principales que levanta el kirchnerismo. El organismo encargado de garantizar su aplicación, que en parte sigue trabada a la espera del fallo de la Corte Suprema, es la Afsca que lidera Martín Sabbatella. Para 2014, esa cartera dispondrá de 368 millones de pesos, el 63% más de lo que tenía presupuestado a comienzos de 2013 (luego se amplió a 328 millones).
AFSCA aprobó la infraestructura tecnológica y las Cooperativas se preparan para transmitir contenidos audiovisuales
Aunque aún no posee la licencia para prestar servicio televisivo, la Corpico ya tiene aprobada, con la nueva decisión de la AFSCA, la infraestructura tecnológica para transmitir contenidos audiovisuales
La nueva resolución tomada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), para utilizar el soporte de banda ancha en la provisión de televisión, beneficiará a la Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y otros Servicios de la ciudad de General Pico. Se trata de la base tecnológica conocida como Internet Protocol Television (IPTV), que obtuvo el "visto bueno" en la reunión del directorio de la AFSCA realizada el lunes en Buenos Aires. Por ello, se autorizó el uso de nuevas tecnología para transmitir contenidos audiovisuales basándose en el uso del protocolo IP.
René Freigedo, presidente de la Corpico, explicó que esta novedad no tiene que ver con la licencia para prestar el servicio de televisión si bien son temas relacionados. Es un avance en cuanto al tipo de infraestructura que se puede utilizar. O sea la red de distribución de fibra óptica, en la cual ya invirtió la cooperativa, y que le permitirá llegar a los hogares de sus usuarios.
Freigedo señaló que en esta semana tienen previsto un viaje a Buenos Aires para interiorizarse acerca de esta resolución pero todavía no tuvieron una confirmación oficial. El presidente de la Corpico agregó que todavía están esperando obtener la licencia que les permitirá ofrecer el servicio de televisión, usando la misma red con la que la institución hoy ofrece internet y telefonía. En relación a la licencia no han tenido novedades, pero están atentos y saben que el gobierno ha otorgado la aprobación a otras cooperativas hace poco tiempo. Freigedo explicó que desde la Corpico ya se realizaron todos los trámites necesarios y esperan tener alguna respuesta en breve, pero no tienen una fecha anticipada.
La apuesta IP
Son varias las cooperativas de Argentina que han apostado a la utilización del protocolo IP para sustentar servicios televisivos. Como ejemplo se puede mencionar a la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, la de Colonia Caroya (Córdoba), de Río Tercero (Córdoba), de Telpín (Pinamar, Buenos Aires), de Gobernador Gálvez y Tostado (Santa Fe). Esta novedad les brindará a las cooperativas que ya invirtieron en internet, telefonía, y otras. la opción de usar la red de fibra óptica, mediante un ancho de banda reservado, para transmisiones audiovisuales. Con una lógica de funcionamiento que se adapta a la oferta tradicional de canales pero también con la opción de "pago por visión", que significa que se compran contenidos a gusto del consumidor. Fuente: Diario La Arena
Opacada por citas doctrinarias sobre garantías constitucionales como la libertad de expresión y postergada por la suma de intereses políticos y económicos decantados en posiciones a favor o contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; en esa condición se halla una de las claves que explica, mucho más que mil discursos, la situación de las políticas estatales en el sector audiovisual y en telecomunicaciones móviles. Esta clave tiene escaso atractivo para la discusión pública, pero su impacto es mayúsculo por la ceguera informativa a la que se somete el Estado.
La ley audiovisual 26.522 sancionada por el Congreso hace casi cuatro años modificó las condiciones de ejercicio de las licencias de televisión (abierta y de pago) y de radio. Todos los países poseen reglas de juego para estas licencias. En este aspecto, es sabido, hay controversia. El grupo Clarín reclama la inconstitucionalidad de una parte de la regulación en una causa sobre la que dictaminará la Corte Suprema.
Pero la ley contiene otros ejes sobresalientes. Uno de ellos, legitimado por el amplio debate previo y posterior a la aprobación de la norma, es la reserva del 33% de las frecuencias para organizaciones sin fines de lucro. A diferencia de las disposiciones sobre concentración, que tienen antecedentes en toda la normativa de radiodifusión previa a 2009, el reconocimiento legal de prestadores sin intención lucrativa es inédito en la Argentina y en buena parte del continente. Desde la sanción de la ley, esta reserva para actores de la sociedad civil fue saludada por las Relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA y por partidos políticos de distinta orientación. Uno de los autores más citados en la reciente audiencia organizada por la Corte Suprema, Owen Fiss, dice que la libertad de expresión depende de los recursos de los que se dispone; si éstos están concentrados, el interés público se resiente. De allí que la apertura a la sociedad civil mejore y amplíe el ejercicio de la libertad.
Resulta extraño, pues, que sin existir pleitos sobre el derecho de las organizaciones sin fines de lucro a convertirse en licenciatarias, la reserva determinada por la ley carezca hasta ahora de correlato significativo en el mapa de medios. Pero, por obvio que parezca, para poder reservar y luego concretar ese 33% hay que conocer, antes, cuál es el 100%. Y no se sabe.
No se sabe, a días de cumplirse cuatro años de la aprobación de la ley audiovisual, cuántas licencias hay disponibles ni cuáles están ocupadas por licenciatarios en cada una de las localidades del territorio argentino. Esa información, elemental, se denomina “plan técnico de frecuencias” porque ubica en el mapa las frecuencias según su estado de explotación. Sin plan técnico no pueden abrirse concursos para otorgar nuevas licencias. Sin plan técnico no sólo se debilita el conocimiento y la gestión de licencias audiovisuales, sino también la asignación de espectro para telecomunicaciones, sector que puja con insistencia por la falta de frecuencias para expandir las redes móviles, alegando que el pésimo servicio que brindan los operadores no puede mejorar sin nuevas frecuencias.
La responsabilidad por no construir un plan técnico no es exclusiva del actual gobierno, porque desde 1984, cuando se suspendió el anterior, diseñado por la dictadura, ninguna administración dedicó esfuerzos para ordenar el espectro. Pero la ausencia de plan técnico tras la ley audiovisual de 2009 conspira directamente contra la letra y los propósitos de la norma e impide planificar una política inclusiva de asignación de licencias y permisos para que nuevos actores agreguen diversidad al sistema de medios en el país.
La tendencia a otorgar un barniz aséptico a los datos técnicos subestima su impacto. Como ocurre con la manipulación de las estadísticas nacionales por parte del Indec, la falta de información pública sobre el uso de los recursos radioeléctricos escamotea su control social y político y horada la capacidad del Estado de asentar su gestión sobre bases confiables y estables.
*Especialista en medios; en Twitter @aracalacana
Una historia de Hum® La que leyeron todos
Editorial Marea lanzó esta semana la primera historia completa de la emblemática revista y de la no menos legendaria empresa fundada por Andrés Cascioli Ediciones de la Urraca. Aquí, parte del capítulo 7, del libro de Diego Igal, periodista de Tiempo Argentino, sobre la mítica publicación:
Seymour Hersh: "Los medios de EE.UU. son serviles, tienen miedo de meterse con Obama"
El legendario periodista estadounidense Seymour Hersh se mostró enojado por la timidez de los medios del país y su incapacidad para desafiar a la Casa Blanca y ser un mensajero impopular de la verdad
Según Hersh, el Gobierno de Obama miente con frecuencia y lo hace porque los medios de comunicación se lo permiten. "Es patético, son más que serviles, no se atreven a meterse con este tipo [Obama]", dijo a 'The Guardian'. Respecto a la dramática redada de los Navy Seals en 2011 que concluyó con la muerte del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, Hersh remarcó: "No se ha hecho nada sobre esa historia, es una gran mentira, ninguna palabra sobre ello es verdad".
Hersh declaró que el periodismo de investigación en EE.UU. está muriendo por la crisis de confianza, la falta de recursos y una idea equivocada de lo que implica el trabajo. "Lo que se hace es buscar premios. Es un periodismo buscando el Premio Pulitzer", dice.
"Así pasa con los asesinatos de la gente con los 'drones' […] ¿por qué no vamos más lejos? ¿Cómo se justifica? ¿Cuál es la inteligencia? ¿Por qué no investigamos lo bueno y lo malo de esta política? ¿Por qué los periódicos citan constantemente a los dos o tres grupos que monitorean los asesinatos con aviones no tripulados. ¿Por qué no hacemos nuestro trabajo?", se preguntó retóricamente.
"Nuestro trabajo es encontrarnos a nosotros mismos, nuestro trabajo no es solo para decir 'esto es un debate', nuestro trabajo consiste en ir más allá del debate y averiguar quién tiene razón y quién está equivocado acerca de los problemas. Eso no sucede de una manera suficiente. No es que cueste dinero, cuesta tiempo, nos pone en peligro y plantea riesgos. Hay algunas personas, el 'New York Times' por ejemplo, todavía tiene algunos periodistas de investigación, pero mucho más tiempo acarreando agua para Obama de lo que jamás pensé que lo harían... es como si no se atrevieran más a ser un 'outsider'".
"La República está en problemas, mentimos sobre todo, mentir se ha convertido en el alimento básico", concluyó Hersh.
Una vez más: El diario La Nación publico una foto tomada por periodista
El diario La Nación volvió a publicar una foto tomada por la redactora Elisabetta Piqué @bettapique, corresponsal en Italia.
El 28 de agosto de 2013 la editorial Perfil reunió a todo su departamento fotográfico para comunicarles la intención de reducir en un 50% el plantel en 90 días, aduciendo problemas económicos empresariales. Para eso abrió la lista de retiros voluntarios.
Estos despidos se producen dentro de un contexto, donde diversas empresas periodísticas, proponen de manera coercitiva a redactores que asuman labores de fotógrafos, bajo el pretexto de que “las nuevas tecnologías” implican una mayor facilidad en el uso de las cámaras fotográficas.
En este caso, la foto hecha por la redactora Elisabetta Piqué y publicada por La Nación no hace más que degradar la profesión y el periodismo en general.
Los redactores escriben la nota
Los reporteros gráficos hacemos la foto
Y entre todos defendemos nuestra profesión
PáginaI12 sobre las elecciones en la UTPBA
La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires desoyó un fallo judicial y realizó su elección de autoridades. La Cámara de Apelaciones del Trabajo, a pedido de la Lista Multicolor, había suspendido el acto y emplazado al gremio a entregar el padrón a la oposición y fijar una nueva fecha. Finalmente se votó en la sede central y en medios aislados como los canales 7, 9 y 26 y radios del conurbano. En Clarín votaron cinco de sus 2200 empleados. En la AM 26 de Julio, de Longchamps, los dirigentes fueron echados por trabajadores. En Página/12, Perfil o Tiempo Argentino no intentaron instalar urnas. El plenario autoconvocado de delegados de prensa informó ayer que “no les reconoce legitimidad alguna” a las elecciones y llamó al Ministerio de Trabajo a arbitrar medidas “para garantizar elecciones transparentes y con padrones depurados”.
En Miradas al Sur
Suspendieron las elecciones en el gremio de prensa
En lo que puede considerarse como la noticia gremial de la semana, la Sala 9 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó el fallo de primera instancia de la jueza María Alejandra D’Agnillo que suspendió las elecciones para renovar las autoridades de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba), el sindicato que agrupa a los trabajadores de prensa de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.
La decisión de la Justicia, a la que recurrió la lista Multicolor-Frente Unidad para Luchar, opositora a la actual conducción Celeste y Blanca, se basó en el incumplimiento por parte de la Junta Electoral de la normativa que rige los procesos electorales gremiales: la exhibición de los padrones por orden alfabético y por establecimiento con 30 días hábiles de anticipación a la fecha del acto comicial.
En ese sentido, la Justicia obligó a la reprogramación del cronograma electoral, previa entrega de los padrones a la oposición o al Ministerio de Trabajo.
A pesar de este fallo y del acatamiento del mismo por parte de la cartera laboral, que no envió veedores para verificar el desarrollo de la elección, la conducción del sindicato avanzó en su realización. Asambleas de trabajadores en numerosas empresas resolvieron impedir el acceso de las urnas y criticaron en duros términos que se hicieran los comicios.
De esta manera, se votó en pocas redacciones –Canal 7, Radio Continental, Canal 9, AGEA-Clarín, entre otras– y el centro de la elección estuvo en la Obra Social del sindicato.
El candidato a secretario adjunto por la lista Multicolor, Patricio Klimezuk, se mostró preocupado por la determinación de la conducción y aseguró, en consonancia con el comunicado que dio a conocer la oposición, que esta decisión es “ilegal, porque viola una sentencia judicial, e ilegítima, porque ninguna dirección sindical puede emerger de un proceso donde los trabajadores de prensa se expresaron tan claramente por la negativa a participar de dicho proceso”.
“Esperamos que la Junta Electoral tome definitivamente nota de lo que está pasando, aunque lo dudamos, porque es totalmente funcional a la conducción”, agregó Klimezuk y señaló que “se autoconvocó un plenario de delegados de radio, televisión y prensa escrita en la que se desconoció la elección, punto de partida para seguir adelante con nuestra estrategia político-jurídica”.
La ADC presenta una investigación sobre acceso a la información en la Argentina
En el marco de la celebración del Día Mundial por le Derechos al Acceso a la Información, la ADC presenta el informe "Un mal balance: los datos personales como barrera al acceso a la información en la Argentina". El mismo sistematiza los argumentos jurídicos que cuestionan la utilización por parte del Estado de la Ley de Protección de Datos Personales para negar el acceso a información claramente pública
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presenta su informe Un mal balance: los datos personales como barrera al acceso a la información en la Argentina. El trabajo sistematiza los argumentos jurídicos desarrollados en cinco casos judiciales en los que la ADC cuestionó la utilización por parte del Estado de la Ley de Protección de Datos Personales para negar, de manera arbitraria, el acceso a información claramente pública.
En efecto, en los últimos tiempos hemos detectado que las autoridades recurren cada vez más a la Ley de Protección de Datos Personales para negar información pública. Sostienen que cuando la información solicitada sea “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables” quien solicita la información debe demostrar tener un interés legitimo en acceder a la misma. De acuerdo a la investigación Un derecho débil, difundida por la ADC en mayo pasado, ella es la principal excusa invocada por la autoridades para negar información en el orden federal. Y es el producto de una errónea interpretación del ordenamiento jurídico vigente.
Como consecuencia de ese diagnóstico, la ADC diseñó y llevó adelante una estrategia de litigio estratégico tendiente a cuestionar las razones ofrecidas por el Estado ante los tribunales. Para ello, buscó y tomó casos de interés público en los que el Estado invocaba estas razones para negar información. Así, patrocinó a la periodista Mariel Fitz Patrick y a los legisladores Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido –este último, recientemente– en amparos en defensa de su derecho constitucional a acceder a información pública. En los últimos dos casos, además, se cuestionó la afirmación del poder ejecutivo de acuerdo a la cual los diputados renuncian a su derecho constitucional de acceso a la información pública al acceder al Congreso de la Nación.
Los casos mencionados forman parte de una estrategia de litigio que tiene por objeto garantizar judicialmente el acceso a la información. Esperamos, además, que los tribunales locales se comprometan con una visión robusta del derecho de acceso a la información como lo hizo la Corte Suprema en el caso ADC c. PAMI, en diciembre de 2012. El máximo tribunal tiene en sus manos otro caso llevado adelante por la ADC en el que se cuestionaba –justamente– el uso de los datos personales como barrera al acceso a la información. Un pronunciamiento del tribunal sobre esta cuestión permitiría destrabar un conflicto interpretativo que, hoy en día, impide la plena vigencia de un derecho fundamental en una comunidad democrática.
En el documento Un mal balance, la ADC sistematiza los argumentos jurídicos utilizados en los casos mencionados en el párrafo anterior. Asimismo, se hace un un breve repaso por los cinco casos judiciales que integran nuestra estrategia de litigio. El trabajo es complementario de la investigación Un derecho débil: investigación sobre el acceso a la información pública en la Argentina, dado a conocer en mayo pasado.
Esta agenda de trabajo de la ADC se vincula con la necesidad de no retroceder en materia de acceso a la información. En el día mundial por el acceso a la información, que se celebra cada año el 28 de septiembre, se vuelve necesario recordar –una vez más– que avanzar en este agenda exige una ley nacional de acceso a la información que se adecue a los estándares internacionales que rigen en la materia.
Descargue los documentos aquí:
Un derecho débil
Para que el Derecho a Saber sea patrimonio de toda la sociedad
Cuando se cumple otro 28 de septiembre, Día Mundial del Derecho a Saber, el Sindicato de Prensa Rosario recuerda la importante deuda que los legisladores provinciales, y también los nacionales, tienen respecto de una ley de acceso a la información pública sin restricciones. En diciembre próximo se cumplirán 30 años del regreso al período constitucional en la Argentina, después de la sangrienta dictadura militar que se inició en marzo de 1976, y durante ese lapso fueron muchos los proyectos que en la materia hubo en los dos niveles del Estado, sin que se pudiera aprobar una norma que contemple el derecho a conocer la información que está en manos de los tres poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La cultura del ocultamiento y el oscurantismo sigue primando por sobre la de la democracia y la transparencia.
El acceso a la información que poseen los distintos niveles del gobierno fortalece y profundiza el sistema democrático. A la vez que volvemos a reclamar por las leyes correspondientes, lo hacemos en cuanto a la imperiosa necesidad de divulgar y poner en conocimiento de la sociedad toda, los instrumentos que existen en la materia, como el decreto provincial firmado oportunamente por el entonces gobernador Hermes Binner, y las respectivas ordenanzas que rigen desde hace años en la ciudad de Rosario, en la de Santa Fe y en la de San Lorenzo, por poner sólo algunos ejemplos provinciales.
También existen normas similares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en otros puntos de esa provincia, del país y el que tiene validez para el ámbito del Ejecutivo nacional (Decreto Nº 1132 firmado por Néstor Kirchner), pero en ninguno de los casos se llevó a cabo una campaña sostenida de capacitación ciudadana. Es necesario que las y los destinatarios de esas leyes puedan conocer el derecho que les asiste, de qué utilidad puede serles el conocer determinadas informaciones y cómo deben canalizar en cada caso los pedidos correspondientes.
El derecho que se consagró con esas leyes termina ignorado por las grandes mayorías y la realidad limita el ejercicio del derecho a la información a alguna ONG y muy pocos periodistas que lo tienen en cuenta.
En el Día Mundial del Derecho a Saber es necesario, además, volver a reclamar por la total aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, después de cuatro años en que fue sancionada. Y desde otro lugar expresar nuestra convicción de que el proyecto para la creación de Radio y TV Santafesina, Sociedad del Estado, debe ser modificado en la media sanción que le dio la Cámara de Senadores. Esa modificación que solicitamos tiene como objetivo adecuar su texto para consagrar un sistema de medios públicos plural, participativo y que sea una alternativa para tener un nuevo espacio de información y comunicación que recoja la voz de los más diversos sectores santafesinos.
Posicionamiento de medios alternativos, comunitarios y populares ante el fraude en la UTPBA
Los medios alternativos hacemos comunicación social contrahegemónica. Mostramos lo que en las empresas periodísticas no se muestra y se manipula y disputamos la agenda de los grandes medios aportando nuestra mirada. No somos objetivos: estamos de un lado en la confrontación por un proyecto de sociedad y eso se hace cuerpo en nuestros proyectos periodísticos, en la forma en que los llevamos adelante
Esto es: no tenemos patrones, no somos pymes, creemos en la comunicación como herramienta para la construcción de proyectos sociales y políticos alternativos, desde los sectores populares y desde la clase trabajadora. Caminamos cada toma, cada movilización, ponemos el cuerpo para informar lo que a los intereses económicos y políticos les interesa ocultar. Somos trabajadores de prensa: somos comunicadores desde una posición militante y comprometida, buscamos aportar a las luchas para la transformación de la sociedad.
Por eso mismo, nos resulta inadmisible que se invoquen nuestras militancias, compromiso e historia como comunicadores de la prensa alternativa para intentar legitimar el fraude electoral que se lleva adelante este 26 y 27 de septiembre en el sindicato de prensa Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA). Repudiamos que la Junta Electoral no haya dado a conocer los padrones y repudiamos que se intente construir la idea de que en la disputa por la conducción del sindicato de prensa hay en una lista “asalariados elitistas” y en la otra lista “comprometidos” con la prensa alternativa.
Repudiamos que se invoquen nuestras construcciones para legitimar un fraude electoral, cuando como comunicadores de prensa alternativa difundimos la lucha paritaria y la forma en que los trabajadores y trabajadoras de prensa la llevaron adelante, sin apoyo de la conducción de la UTPBA, que no sólo es antidemocrática al no haber presentado los padrones con anterioridad sino que además, apela a quienes no tenemos contacto con ellos para intentar legitimarse.
Los abajo firmantes, integrantes de medios alternativos, comunitarios y populares decimos NO a las elecciones Fraudulentas y SÍ a una verdadera disputa por un sindicato de prensa democrático y participativo donde trabajadores asalariados y medios alternativos compartamos discusiones y construcción colectiva.
Agencia de Noticias ANRED / Agencia Walsh / Periódico El Caminante / FM Che Barracas 99.7 / FM Roca Negra 105.1 / FM De Frente 88.7 / Monstruo del Palo audiovisuales / Marcha.org.ar / Programa radial “Te digo más” (radios AM 690 y LR) / Radio La Caterva / Comunicación x la libertad / Radio a Contramano, Bernal / Dtl / Radio Cienfuegos, Wilde / DiarioConurbano.com / Aire Nativo, por Radio eLe FM 93.3 de Lomas de Zamora / Radio Sur FM 88.3 / Revista Cítrica / SubteRadio FM 101.7
Daniel Vila: "Estoy convencido de que hay sectores del Gobierno que juegan a proteger a Clarín"
El empresario de medios y accionista del Canal América y Radio la Red, Daniel Vila, habla en exclusiva con 3Días. Cuestiona duramente la polémica Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y da su visión sobre la disputa entre el Gobierno y Clarín. Le preocupa la polarización que vive la Argentina y dice que hoy, más que libertad de expresión, hay libertinaje. Afirma que para la mirada extranjera, los argentinos somos un papelón. Y que a Cristina Kirchner la ve muy sola
Luego de varios intentos por compromisos personales e incompatibilidad de horarios, el empresario de medios Daniel Vila accede sin rodeos a la entrevista con 3Días. Es uno de los directivos del canal América y Radio la Red y accionista y presidente de otras empresas. Oriundo de la provincia de Mendoza, acusa tener 60 años recién cumplidos y estar atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Padre de seis hijos, Lola, la más mimada, acaba de cumplir un año. Es fruto de su relación con la modelo y conductora Pamela David, quien conduce diariamente el programa Desayuno Americano por la pantalla de su propio canal.
Qué América se venga posicionando en el tercer puesto respecto de Canal 13 y Telefe, ¿tiene que ver con la gestión de Liliana Parodi como gerente de programación del canal?
No le doy mucha importancia a las mediciones de Ibope, porque siempre he sostenido que no es una medición que esté apoyada en bases creíbles. Cuando vos ponés 800 people meter en una ciudad donde hay muchos habitantes, la muestra difícilmente pueda ser fidedigna, por lo tanto, separo el ráting de la gestión de Liliana Parodi, que de hecho es muy buena. Ella le ha dado coherencia a la pantalla del canal, hemos podido poner al aire programas con artistas propios del canal, con éxito y los resultados son altamente satisfactorios.
¿Ve el programa de Jorge Lanata?
Porque no le creo al personaje, creo que es una persona capaz de tomar lo que todos sabemos o lo que está en Internet y vestirlo de forma tal que no solamente genera daño sino que no es creíble. Monta un show periodístico, no es verosímil, lo cual no quiere decir que los argentinos no supongamos que las cosas que dice sean ciertas... pero de suponer a decir que algo sucedió hay una gran distancia, y él lo que hace todo el tiempo es decir: "Tengo pruebas de", y la verdad no las tiene. Dice lo que todos queremos saber pero no lo muestra porque no lo tiene.
¿Un poco mito y un poco realidad, dice?
Efectivamente, pero el problema es que él no nos termina de ayudar a esclarecer cuál de las dos es realidad y esa debería ser su labor periodística. Un tipo que tiene los niveles de audiencia que tiene Jorge Lanata debería hacer un trabajo más serio y responsable periodísticamente hablando. Tampoco veo 678 ni Bajada de Línea. ¡Dígame que cada tanto ve a Luis Majul en La Cornisa!
Sí, sí, a Majul lo veo (contesta entre risas).
¿Cuál es el problema concreto que hay entre la producción del programa de Mirtha Legrand y el Canal, que ha bajado algunos invitados a último momento en las primeras emisiones?
Por ahí la gente que trabajó en el Canal no fue la misma que le consiguió el contrato, entonces esa producción no conocía bien el acuerdo y que por supuesto tenía escritas condiciones económicas y artísticas. Quizás las desinteligencias de los primeros programas hicieron que no se mirara lo que se había convenido con lo que se hacía.
¿Por qué se desinvitó a Adrián Suar, gerente de programación de Canal 13?
La señora Mirtha Legrand no conocía las cláusulas a las que hice referencia y el Canal decidió que no era conveniente invitar al gerente de programación de la competencia, que además es el vocero de Magnetto. No estamos en buenas relaciones y como si fuera poco, le querían hacer un homenaje.
En 2009, cuando se debatía la ley, dije que esa norma no serviría y que quienes la habían elaborado no sabían nada del tema. Estaban cargados de ideología y tenían cero conocimiento. Se cumplirán cuatro años de su sanción, y la realidad ha demostrado que nada ha cambiado para bien en la comunicación. Por el contrario, el desorden es enorme y al único que la ley no lo ha tocado es al Grupo Clarín, que sigue siendo hegemónico en gran parte de la industria y monopólico en la más rentable, como es la televisión por cable. Estoy convencido de que hay sectores del Gobierno que juegan a proteger a Clarín. Por supuesto que no es la Presidenta, quien tienen la firme decisión de darles batalla. Lástima que algunos de sus funcionarios más cercanos no la acompañan en este camino.
¿Cree que hay libertad de expresión?
Más que libertad de expresión, creo que hay libertinaje. Hoy la sociedad argentina presencia como el Gobierno y Clarín juegan a destrozarse mediáticamente. Eso ha hecho que se pierda la esencia del periodismo. En nombre de sus intereses, ambos bandos en pugna se dicen cualquier cosa. Poco importa si es verdad. Sólo les interesa que parezca cierto. Esa forma de hacer periodismo derrama y contagia al resto en forma negativa. Es tan nocivo para nuestra actividad que en la televisión pública se destroce a quien no piensa igual que el kirchnerismo, como Canal 13 haciendo un informe trucho sobre las Seychelles. Eso no es libertad de expresión. Es libertinaje de expresión o para decirlo mejor, son operaciones mediáticas.
Fuente: 3Días
Jornadas Internacionales de Cable de ATVC: Dias de anuncios y debates
El día de ayer tuvo como hechos destacados la inauguración oficial de las XXII Jornadas Internacionales centradas en la refundación de un nuevo marco regulatorio para el sector y el anunció de dos nuevas marcas de Fox International Channels
Por: Sebastián Amoroso y Luis Cabrera
El segundo día de las XXIII Jornadas Internacionales que se llevan a cabo el hotel Hilton Buenos Aires fue el punto cumbre del evento. La jornada se caracterizó por la fuerte participación de público y una agenda de lo más variada.
Sergio Veiga, presidente de Cappsa, junto a Walter Burzaco, presidente de ATVC
Contra el “relato” oficial. A la hora 11:40 comenzó el Acto Inaugural con la presencia de Walter Burzaco, presidente de la ATVC, Sergio Veiga, presidente da CAPPSA y Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, quienes ante la presencia de unas 200 personas, entre ejecutivos del sector, autoridades públicas y periodistas, dieron sendos discursos críticos con la Ley de Medios que lleva promulgada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Como nota sentida, previamente se divulgó un video in memoraim tras la desaparición física de José “Pepe” Toledo, hombre de la industria de la TV por cable de la Argentina, gerente general de Red Intercable, un defensor y promotor de las pymes del cable o del “interior del interior” como solía definir, fallecido el pasado 22 de octubre. “Un gladiador de la industria”, como se le recordó. El emotivo documento audiovisual, que incluyó frases de Toledo sobre la nueva regulación, despertó el aplauso de los asistentes.
Sergio Veiga, comenzó su alocución subrayando que “el negocio hoy tiene un espectro más amplio” ya que quienes “producimos, programamos y distribuimos contenidos lo hacemos a través de múltiples plataformas”. Sin embargo, el sector argentino se ve amenazado por un marco regulatorio que va en contra de los intereses del sector. “Tenemos que tener un marco regulatorio claro”, sentenció el presidente de CAPPSA.
Por su parte, Walter Burzaco definió al sector como “un puente hacia el futuro” aunque subrayó que la voz de la industria del cable argentina “cae en saco roto” porque “estamos regidos por una ley que nació vieja”, por lo cual alegó que es necesario “cambiar la Ley de Medios” ya que “limita de forma insensata y va en sentido contrario a las regulaciones en el mundo entero”. Asimismo, subrayó que existe en la Argentina “una cacofonía oficial” citando un extracto de la Ley de Medios y evidenciando la inexistencia de asimetría competitiva entre los jugadores del sector del cable, la operadora DirecTV y las telefónicas. “Necesitamos que se revean estas irregularidades”, sentenció Burzaco.
A su turno, Mauricio Macri fustigó también el carácter irracional y sesgado de la Ley de Medios, abogando por cambios urgentes en lo que se refiere al marco regulatorio de los medios de comunicación audiovisual ya que es necesario apoyar a “esta industria que es un vehículo para la libertad de expresión”.
En paralelo, el gobernador de Buenos Aires destacó la función de iniciativas de la ciudad como lo es el Distrito Audiovisual que actualmente cuenta con más de 120 empresas del rubro radicadas en estas zona de Buenos Aires con el fin de promover el sector de la industria audiovisual. “Esperamos que esto se siga potenciando”, remarcó Macri. Y adelantó que el debate acerca de una nueva Ley de Medios en la Argentina se dará después del 2015.
Regulaciones y asimetrias regionales. Uno de los puntos altos de la jornada del jueves 26 fue la conferencia “Presente y Futuro de la TV por Cable”, que tuvo la participación de José Felix, CEO de Net de Brasil; Carlos Moltini, CEO de Cablevisión de Argentina; Mauricio Ramos; presidente para América Latina de Liberty Global y presidente de VTR de Chile; y Eduardo Stigol, presidente de Inter de Venezuela.
La conferencia resultó de lo más interesante de estos días de las Jornadas Internacionales. Una puesta a punto de las actividades de cada una de estas empresas de la TV paga de América Latina, contemplando sus inicios, desarrollos y situaciones actuales, done quedó en evidencia las grandes diferencias existentes entre estas cuatros empresas y sus respectivas situaciones según las realidades regulativas de sus respectivos países. En este sentido, quedaron diferenciados antes los asistentes las diferencias existentes entre estas cuatro realidades corporativas. Por un lado, Cablevisión e Inter sufriendo los embates de gobiernos persecutorios y economías totalmente sumergidas en contraposición con Net y VTR con escalabilidades potenciadas y economías sólidas y en constante crecimiento.
Así, Carlos Moltini afirmó que “la Ley de Medios y la falta de regulación ha generado un atraso enorme” para el sector”. Por su parte, José Felix aseguró que la realidad del sector en Brasil es muy buena y que existe “mucha oportunidad para crecer”. Por el contrario, Eduardo Stigol afirmó que las trabas existentes para la importación de equipamiento en Venezuela hacen que sea prácticamente imposible desarrollar un negocio con las exigencias que demanda la actualidad. En tanto, Mauricio Ramos dijo que el sector en Chile está sumamente robusto y que por esta razón existe una “gran competencia”.
La gran noche de Fox. Para finalizar la noche de ayer, Fox International Channels Latin America realizó dos anuncios trascendentes: el lanzamiento a partir del 4 de noviembre de las señales FOX Life (ex Utilísima) y de MundoFOX. La primera centrada en el contenido lifestyle y la segunda en el contenido de ficción cien por ciento original latinoamericano. Sin duda, dos grandes apuestas para la compañía programadora que celebra este año su 20° aniversario.
La noche culminó con una gran fiesta en el centro cultural Faena, en Puerto Madero, con una gran fiesta de celebración como hace años no se presenciaba en Jornadas Internacionales, con la presencia de cientos de invitados y la participación de talentos del nuevo canal FOX Life.
Duros cuestionamientos a la Ley de Medios en las jornadas de ATVC
La regulación argentina no tiene precedentes internacionales en su régimen de licencias ni en la aplicación del 35%. Así lo afirmó Carlos Winograd durante las Jornadas Internacionales de Cable de ATVC
En conferencia con Michael Schooller, asesor de la National Cable Telecommunicatios Association e integrante del Law & Regulatory Policy Department, abogado especializado en regulaciones de las telecomunicaciones. Seth Davidson, socio del Estudio Edwards Wildman, de Washington, abogado especializado en asuntos regulatorios de interés para las industrias de la TV por Cable, radiodifusión, satélite e internet.
El punto de la Ley que plante un máximo de 35% de mercado, se sostiene que se basa en la legislación americana, abrió el juego Winograd, a lo que los asesores americanos respondieron “La regulación del 30% de mercado fue pensada en el año 1992, cuando existían solo Cable y Satélite. Sin embargo, la misma no se aplicó nunca ni está vigente. Esto fue juzgado por la corte del distrito de Columbia en dos oportunidades, en los casos Time Warner y Comcast. En ninguno de los casos la FCC pudo fundamentar el porque del porcentaje que estableció, durante el proceso además quedó en evidencia que el organismo regulador no había tenido en cuenta la competencia satelital y “en el segundo fallo dejo vacante este tope de mercado por encontrarlo arbitrario y caprichoso” describieron. En el caso del mayor operador de Estados Unidos, que es Comcast, tiene permisos, denominación de las licencias, en 6.500 pueblos y ciudades, que supera el 20% del total de las poblaciones en Estados Unidos, versus las 24 licencias máximo en la Argentina sobre un total de 2.200, lo cual no llega ni al tres por ciento de la totalidad.
En tanto que al principio de propiedad cruzada, es decir que las empresas de Cable no puedan tener una señal de aire, es una regulación pensada cuando la televisión por aire ponía en peligro al cable, situación que en la Argentina no existe, dado que son dos sectores maduros.
En síntesis, los articulados de la actual regulación, carecen de sustento internacional en gran parte de su cuerpo, y se atan a visiones parciales y anacrónicas. Existen cooperativas con once servicios y facturación multimillonaria, son monopolios absolutos
Dante Gigena, Cable Operador PyME, denunció que las Cooperativas a su vez niegan el acceso a los postes y condicionan al Cable a que no de internet para poder tener acceso a los postes. El Dr. Perez Bello a su vez explicó que las excepciones impositivas de las Cooperativas son desigualdades que agravan su condición de monopolio de servicio público y ponen en riesgo la industria PyME.
En la primera charla académica de las Jornadas Internacionales de Cable 2013, que se desarrollan en el hotel Hilton, los Cable Operadores PyME en la voz de Gigena, expresaron que “nosotros damos servicio a más de 900 localidades con 800 empresas, generamos más de 5000 puestos de trabajo directo y unos 7000 indirectos, además de dar servicio al 20 por ciento de los 6,5 millones de abonados que tiene la televisión por Cable de la Argentina. Somos la voz del interior del interior y somos quienes llevaron comunicación hace cincuenta años a todo el país. Hoy la industria está en peligro de desaparecer por la regulación existente que nos hace competir con Cooperativas Monopólicas de Servicios Públicos, prestadoras de servicios de tarjeta de crédito, banco de sangre, cementerio parque y otros innumerables, todos en una sola factura de forma irregular. Además cuentan con excepciones impositivas en tanto que nosotros, con un solo servicio debemos abonar la totalidad de los impuestos y reinvertir para dar el servicio de excelencia que pretendemos dar a nuestros clientes.
Aun bajo el régimen actual hay incumplimientos, cuando presentamos la oposición que plantea el artículo treinta de la actual ley, no se nos da lugar, no se evalúa, se desestima y se otorgan licencias sin los requisitos legales. No existe así seguridad jurídica y nos destruyen la sustentabilidad y la viabilidad. Han caído en dar servicio gratis por dos meses e ignoran el derecho.” concluyó Gigena.
El Dr. Juan Carlos Perez Bello, experto en derecho administrativo y de radiodifusión remarcó “la ley actual es contradictoria en sí misma. Plantea la limitación a los servicios públicos para dar servicios de radiodifusión, pero luego hace una excepción con las Cooperativas, bajo la figura de “sin fines de lucro”, que es contradictoria dado que si los exceptúa del impuesto a las ganancias, quiere decir que lo tienen. Por otra parte, la posición de dominancia por acceso a todos los hogares con múltiples servicios es indiscutible y plantea una desigualdad radical. Es el único caso de una ley que genera una condición general para luego dar una excepción particular, y no da ningún espacio el AFSCA para la consideración de oposiciones, otorga las licencias sin análisis del daño o las condiciones de cada caso.”, cerró el especialista.
Adrián Noremberg, consultor, destacó que “en todo el mundo es el cable el que transporta los nuevos servicios, en la Argentina los Cables PyME lo harían si existiera una regulación que los apoye, a la inversa de la existente, que piensa como debían ser los medios y no cómo deben ser.”
Las empresas de cable reclaman al Gobierno una nueva Ley de Medios
Aseguran que la actual es impracticable y fomenta los monopolios de las telefónicas y las cooperativas que reciben subsidios públicos. Y denuncian que favorece a DirecTV
Por: Andrés Sanguinetti Las empresas de televisión por cable volvieron a embestir contra la televisión por cable y reclamaron al Gobierno cambios en la norma, tras advertir que a cuatro años de su sanción ha sido impracticable, permite desigualdades, está llena de vicios de procedimiento y va en contra de las normas que se aplican en otros países, especialmente los desarrollados. Los reclamos se escucharon ayer durante el segundo día de las Jornadas Internacionales de Cable 2013 que se llevan a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero.
Al respecto, Walter Burzaco, presidente de la Asociación de Televisión por Cable (ATVC), reclamó la imperiosa aprobación de una nueva ley que contemple todas las asimetrías y que acompañe el rumbo de lo que demande la ciudadanía en materia de comunicación social.
Durante el discurso, tras dejar inauguradas las jornadas, dijo que la Ley de Medios va en sentido contrario de la regulación del mundo. Y advirtió que el Gobierno autorizó licencias a 50 cooperativas en todos los casos con vicios de procedimientos. Según añadió no se verifica ni controla que estos monopolios de servicios públicos no incurran en prácticas anticompetitivas tales como subsidios cruzados con fondos provenientes del servicio público.
Burzaco también fue duro con DirecTV y con las empresas de telecomunicaciones. Sobre la operadora de TV satelital destacó que la ley le permite desigualdades como que con una sola licencia brinde servicios a 2.200 localidades contra una licencia por pueblo para el cable. Con respecto a las telefónicas, cuestionó que se les permita brindar Internet, también con una sola licencia. Y añadió que actúan junto a DirecTV por medio del Trio, que ya tiene 300.000 abonados, publicitado y comercializado por más que está prohibido por la Ley. Para Burzaco, de no modificarse esta realidad, los monopolios telefónicos y las cooperativas se van a quedar con todo. Por su parte, Sergio Veiga, titular de la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (Cappsa), advirtió que los cambios de la industria exigen un escenario previsible en lo económico y regulatorio, para poder invertir y planificar. Luego Carlos Moltini, CEO de Cablevisión, dijo que por la falta de seguridad jurídica y la existencia de un marco regulatorio anacrónico y restrictivo, la inversión y el financiamiento se tornan complejos. Cómo se va a invertir en infraestructura, si una licencia de cable tiene una duración de 10 años y la renovación es incierta con la cantidad de requisitos que se presentan, advirtió. Nuestras inversiones tienen un plazo de retorno de 7 a 9 años, si a eso sumamos la limitación de licencias, cuando las telefónicas operan con una licencia única otorgada por 100 años, los desniveles son enormes y desarrollar es complejo, agregó. Para Moltini, debemos marchar hacia un marco regulatorio de telecomunicaciones dirigido por un organismo autárquico que privilegie el desarrollo, cuide las asimetrías para que no suceda como ahora que la empresa más importante de cable es 15 menor que las telefónicas, que hoy son una.
Pepe Mujica se arrepintió y descalificó a Consorcio Cooperativo Giro por falta de “viabilidad económica”
Sólo formalidades. Mujica defendió decisión de ignorar a la CHAI y adelantó resolución sobre llamado comunitario
“Hicimos una evaluación y es la siguiente: un canal de TV abierta que esté funcionando es un presupuesto alto, bastante alto. Uruguay es una plaza chica. Tenemos miedo respecto a la viabilidad económica de proyectos que se presentaron. Y no queremos trasladar crisis que después se transforman en reclamos que se van a hacer en el Estado. Que me dé propaganda, que seguro de paro, que esto y que lo otro”, comentó ayer el presidente José Mujica en Estados Unidos, respecto de su decisión de asignar un canal a VTV y otro a Pop TV en el llamado a televisión digital del sector comercial. En el proyecto de resolución, el Poder Ejecutivo descartó el proyecto del consorcio Giro, que había quedado en el primer lugar en la evaluación de la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI), por entender que no tenía “viabilidad económica”. Giro anunció ayer que presentará sus descargos, para lo cual cuenta con tiempo hasta el viernes de la semana próxima.
“Como cualquier decisión humana, nos podemos equivocar”, continuó ayer Mujica. “Pero quedan dos canales para adjudicar. Si la experiencia indica que la plaza resiste, ahí están para adjudicarse para la administración que viene”, agregó. “Hay propuestas muy buenas, pero muy débiles desde el punto de vista económico”, comentó. Se refirió a la propuesta del consorcio Giro, y aseguró que “hace un mes” la diaria pidió al Fondo de Desarrollo (Fondes) “un apoyo para sacar una revista. Un apoyo de 400.000 dólares”. “Y si para sacar una revista precisabas un préstamo, no me pidas un canal ahora. Porque además, si me pedís plata para eso y me pedís un canal, quedo como si te doy plata, levanto centro y voy a cabecear. Es una lógica infantil”, continuó.
Mujica destacó que no hace del tema “una cuestión ideológica”. “Si fuera por las ideas, se lo tendría que haber dado a Fasano, que como empresario sé que ha tenido problemas con los trabajadores, pero como línea, siempre me ha defendido. No tengo empacho en decirlo. Pero no lo podía hacer porque económicamente era imbancable y era un lío que iba a tener después, con trabajadores, reclamos, etcétera. Por eso, opté por el camino de la verdad, con honradez intelectual”, manifestó. El empresario Federico Fasano quedó en cuarto lugar en la evaluación de la CHAI.
Ayer, la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay emitió un comunicado en el que afirma que la propuesta del consorcio Giro, “con asesoramiento del grupo Mondragón y con la experiencia de gestión innovadora y exitosa de más de siete años en la diaria”, constituye “un invalorable aporte a la democratización de los medios de comunicación”.
Además, la Federación manifiesta su apoyo al proyecto comunicacional presentado y “hace votos para que el Poder Ejecutivo revea a la brevedad la injusta decisión”.
La Comisión Honoraria Asesora de Radiodifusión Comunitaria (CHARC) todavía no resolvió las adjudicaciones de canales del sector. Según informó Edison Lanza, de la CHARC, en algunos casos aún no se proporcionó la información ampliatoria solicitada a los oferentes, el PIT-CNT y las cámaras empresariales. Mujica adelantó ayer que le va a dar un canal al PIT-CNT “por lo que significa”. No mencionó el proyecto de las cámaras empresariales. “Tenemos que adjudicar uno a actores sociales”, comentó, cuando el llamado del sector comunitario prevé la asignación a dos operadores.
De consorcio Giro sobre TV digital
Ejecutivo resolvió otorgar canales de TV digital a VTV y Pop TV; descalificó a Consorcio Giro por falta de “viabilidad económica”
La Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería, comenzó ayer a notificar a los interesados que se presentaron al llamado de televisión digital del sector comercial su proyecto de resolución respecto del otorgamiento de las frecuencias.
El gobierno resolvió no atender la recomendación de la comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI), que dejó al Consorcio Giro (integrado por las cooperativas La Diaria y Demos) en primer lugar. En cambio, el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, y el presidente, José Mujica, descalificaron este proyecto. Para fundamentar esta decisión, el Poder Ejecutivo señala en su escrito que “considera sustantiva la observación realizada por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) respecto a la capacidad económica del consorcio”.
El Ejecutivo considera que “la necesidad excluyente de acceso a mecanismos de financiamiento ‘no tradicionales’, cuya disponibilidad no ha sido documentada, determinan la carencia de ‘viabilidad económica de ejecución de la propuesta’ referida en el pliego del llamado a interesados, lo que llevó a desaconsejar el otorgamiento de la autorización”.
En su informe, la Ursec señalaba, entre otras cosas, respecto de consorcio Giro: “Se entiende que no se muestra razonable concordancia con el proyecto técnico y los aspectos técnicos incluidos en el proyecto comunicacional que se proponen, y que su análisis se debe completar conjuntamente con la evaluación de la capacidad financiera, dado que las fuentes de financiamiento se encuentran incluidas en la Parte 3 del Pliego”.
“El informe de la Ursec no descalifica en absoluto. Si el proyecto está pensado en una lógica cooperativa, [la falta de patrimonio] no tendría que haber sido un elemento para descalificar a nadie”, sostuvo Mariela Machado, directora de la Ursec.
La CHAI se encargó del análisis de los proyectos comunicacionales y los modelos de negocios. De hecho, el ítem “Evaluación global del proyecto” incorporaba el análisis del carácter innovador de la propuesta y del modelo de negocios. En este ítem, Giro y Pop fueron los proyectos mejor puntuados.
Luis Ferrari, de la Dinatel y presidente de la CHAI, señaló que entre las propuestas “claramente se destacaban la de Giro y la de Pop, en opinión unánime de los miembros de la CHAI”. “Ambas propuestas [la de Giro y la de Pop] tenían unas hipótesis que implicaban riesgos en relación con la suposición de acceso a fondos y las proyecciones de ingreso. Nosotros pusimos en nuestro informe ese aspecto dentro de las debilidades de los dos [oferentes]. Ningún proyecto era redondo, los mejores proyectos arriesgaban más”, indicó el jerarca.
Ferrari sostuvo que “reafirma y mantiene” los resultados. “Ganó el consorcio Giro y punto”, afirmó. Agregó que “si algún proyecto hubiera tenido mérito para ser descalificado, eso tendría que haber quedado escrito expresamente en el informe”.
El ojo tevé
El Poder Ejecutivo dejó en claro que los informes de la Ursec y de la CHAI no son vinculantes, si bien sostiene que basó su decisión en ambos, “así como en el análisis propio del ministerio”. En ese sentido, el gobierno evaluó que tanto Saomil SA (VTV) como el consorcio Pop TV (productora Oz Media y editorial Bla) “son pasibles de adjudicación de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos por el pliego del llamado, en tanto plantean una oferta de televisión de calidad, que seguramente impactará positivamente en el sector televisivo nacional, diversificándolo”.
Sobre VTV en particular se consideró, teniendo en cuenta la información que se divulgó ayer, que “es una propuesta sustentable, que parte de una experiencia existente exitosa a nivel de televisión para abonados, con una programación cuyo perfil está alineado con el gusto del público uruguayo, que se sostiene en un modelo de negocio sólido y equilibrado, con capacidad de financiamiento disponible”.
En cuanto a Pop TV, considera que “es una propuesta preparada y presentada con un altísimo grado de profesionalismo, con una programación innovadora, incluyendo muchas horas de ficción y una señal temática, adicional, dirigida al público infantil, que posee un modelo de gestión flexible, un modelo de negocio innovador, con una amplia apuesta al desarrollo de la cadena de valor de la industria audiovisual, y cuenta con financiamiento, lo que le da sostenibilidad”.
Según se desprende de la resolución gubernamental, decide asignar a VTV el canal 38 y a Pop TV el canal 39, por un plazo de 15 años. Además, como ya se sabía, el gobierno les otorgará otros tres canales completos a los actuales operadores privados (canales 4, 10 y 12).
Los interesados que no fueron seleccionados tienen hasta el viernes de la semana próxima para hacer sus descargos. A partir de entonces el presidente Mujica y el ministro Kreimerman quedan habilitados a firmar la resolución, tras lo cual dejarán firme la decisión.
Respuesta de la diaria al presidente Mujica: Error presidencial
El presidente sostuvo que "hay propuestas muy buenas, pero muy débiles desde el punto de vista económico", y que tiene "miedo" de que, si les da luz verde, entren en crisis y quieran trasladar sus costos al Estado, pidiéndole publicidad, seguros de paro y otros desembolsos. Es un criterio prudente, pero cuando puso como ejemplo de tales riesgos al proyecto de Giro se basó en información que no es correcta.
Mujica dijo que la base de Giro es la diaria, y que nuestra cooperativa pidió "hace un mes en el Fondes [Fondo de Desarrollo de la Economía Solidaria] un apoyo para sacar una revista, un apoyo de 400 mil dólares". Tras lo cual argumentó: "si para sacar una revista precisabas un préstamo, no me pidas un canal ahora". El problema es que nada de eso fue como dijo el presidente.
Nuestra cooperativa se presentó ante el Fondes hace más de un año, el 17 de octubre de 2012, para pedir un préstamo (no "un apoyo")destinado a varios proyectos. Del monto solicitado, cerca de un millón de pesos (unos 45 mil dólares), estaba previsto para los gastos iniciales de la revista Lento. Los técnicos del Fondes evaluaron esa iniciativa, así como nuestra capacidad de pago, y a fines del año pasado le dieron el visto bueno. Sin embargo, el trámite de otorgamiento del préstamo se demoró mucho más de lo previsto, tuvimos que sacar la revista en abril por nuestra cuenta (quizá Mujica recuerde que el artículo más comentado del primer número fue una entrevista con él), y recién el mes que viene, cuando el número 7 de Lento ya esté impreso, podremos acceder al crédito.
Por lo tanto, no pedimos "un apoyo" para la revista "hace un mes" ni ese "apoyo" fue de de 400 mil dólares, y además quedó demostrado que nuestra insolvencia no es tanta como algunos dicen, ya que nos las pudimos arreglar para que Lento saliera. Además, la revista tiene ventas muy superiores a las que habíamos previsto y buenos ingresos por publicidad, que permiten cubrir sin sobresaltos sus costos y la inversión inicial.
"Somos trabajadores, no somos la empresa periodística"
Conflicto docente, contra la discriminación, en defensa de los trabajadores de prensa. Sobre nuestra responsabilidad y las responsabilidades compartidas
Somos trabajadores, no somos la empresa periodística. Sin embargo, mientras realizamos nuestra tarea a diario recibimos reproches acerca de las coberturas, que como hemos dicho muchas veces, quizá no representan lo que "vemos" u opinamos acerca del conflicto. Los mismos reproches que más de una vez recibimos en las redacciones y salas de producción dado que no son funcionales a los intereses empresarios, y prima siempre la responsabilidad como profesionales, como ciudadanos. De hecho en muchas ocasiones son los trabajadores los que toman la iniciativa de cubrir las luchas de los diferentes sectores aun cuando están lejos de ser prioridad para las empresas, afrontando todo el trabajo extra que esto representará, conscientes de que nuestro deber es dar cuenta de estas luchas.
Comisión Directiva y afiliados Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia
Fuente: Diario Crónica, Comodoro Rivadavia
Un equipo de Canal 9 fue baleado, agredido y amenazado
El grave incidente se produjo mientras un equipo de periodistas se encontraba en el predio de Radio Nacional y la Policía que acompañaba el trabajo realizó el relevo de guardia. En ese momento – que no fueron más de 10 minutos- un grupo de hombres pertenecientes al barrio de Los Paraguayos agredió a los trabajadores con armas de fuego, picos y palos
El sábado por la noche, un grupo de periodistas y productores del programa “Ciudad Abierta”, que es emitido los días miércoles a las 22 horas por Canal 9, se encontraba en el predio de Radio Nacional, recreando la escena del crimen de la niña de 11 años Yasmín Chacoma, quien fue asesinada y violada el lunes pasado. Mientras sucedía esto, los trabajadores fueron amenazados y baleados por un grupo iracundo de hombres procedentes del denominado barrio de Los Paraguayos.
En este sentido, la productora del programa televisivo, Leila Cambero, relató que "todo pasó en inmediaciones del predio de Radio Nacional, cuando hacíamos imágenes en un sector donde hay luz. Escuchamos tiros, nos dispararon alrededor de 150 personas. Corrimos, nos caímos en el medio del campo. A mí me pusieron un pico en la cara y a Adolfo Morales un machete. Los incidentes se produjeron en los 10 minutos de recambio de la camioneta policial que nos acompañó todo el tiempo. En ese momento, salieron a dispararnos".
En comunicación con Radio Del Mar, señaló que "el equipo planteó hacer la recreación de los pasos de Yasmín Chacoma el sábado. Se hicieron diferentes tareas que tenían que ver con el caso. Un chico hizo la misma compra que realizó la nena, para hacer la recreación del hecho. El sábado realizamos la pre producción en las 1008, con apoyo de la policía. Sergio Cavichioli (conductor) avisó que estaríamos en el lugar. Acompañados por la policía, hicimos todo el recorrido. Fuimos a La Anónima, hicimos las mismas compras que Yasmín y empezamos el recorrido".
En esta línea, Cambero sostuvo que "desde allí nos fuimos al predio de Radio Nacional. La camioneta tenía un relevo y nosotros empezamos a filmar en la zona de los arcos donde hay luz. Estábamos por llegar al lugar donde encontraron al cuerpo de Yasmín. Estuvimos cerca del lugar. Faltaban 10 minutos para terminar nuestra tarea y justo la camioneta de la Policía se fue porque tenía que venir el relevo. En ese momento sentimos disparos. Miramos hacia el barrio (de Los Paraguayos) y era todo una nube de fuego. Empezamos a correr, yo me caí junto con Adolfo (Morales) en el medio del campo. Era como una película. Corrió la gente hacia nosotros con armas. Nos agarraron en la Constituyentes y calles del lugar y nos pusieron tumberas en la espalda. A mí me pusieron un pico de construcción en la cara. Y a Adolfo lo amenazaron con un machete. Venían del barrio de los Paraguayos".
"Para que no nos hicieran nada yo estiraba la mano para mostrar que no teníamos armas. Les decíamos que éramos periodistas. En eso apareció la policía y comenzó a dispersarlos. También enfrentaron a la policía. Estamos todos vivos, unos más golpeados que otros. Estamos enteros y la podemos contar. Sólo ingresamos al barrio, no nos metimos con ellos. A uno de los chicos le robaron la cámara y después se la devolvieron", finalizó.
"Hay varias armas en el barrio"
Por su parte, el jefe de la Brigada de Investigaciones, Leonardo Bustos indicó que se hizo un acompañamiento al quipo de Canal 9 en el sector de las 1.008 “esto sucedió en el lugar que menos se pensó que iba a suceder”.
Mientras tanto aclaró que “estas personas que están ahí en forma ilegal, más allá del consumo de alcohol y de otras cosas, dan cuenta de que hay varias armas en el barrio y esto se puede llegar a un nivel de conflicto que no teníamos pensado”. Bustos aseguró que hay que tomar los recaudos rápidamente y sacar las armas del lugar, pero aclaró que para ello es preciso contar con las órdenes de allanamiento correspondientes, ya que no se pueden hacer de manera general.
“Se debe acercar al juez datos concretos para el allanamiento, como por ejemplo, en qué viviendas están las armas”, indicó.
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