Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/12076
Timestamp: 2019-06-20 14:59:12+00:00

Document:
Sentencia: CE SIII E 00240 DE 2008
Las entidades pueden contratar servicios profesionales especializados.
MARCELIANO RAFAEL CORRALES LARRARTE VS. NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
Una entidad pública contrató a un abogado para que conceptuara sobre la liquidación de unos contratos. Un ciudadano demando dicho contrato por violación a la moralidad administrativa argumentando que: (1) para la suscprición del contrato la entidad delegó en la Secretaria General y ésta a su vez en la Directora Administrativa ; y (2) la entidad contaba con personal suficiente (72 abogados) para atender el objeto de dicho contrato violándose con ello el derecho a la moralidad administrativa y que en todo caso no se verificó por la Coordinación del Grupo de Talento si había personal suficiente y capacitado.
¿Puede una entidad pública realizar un contrato de prestación de servicios con un abogado para asuntos relacionados con contratos estatales a pesar de tener dentro de su planta de personal abogado y no haber verificado en el grupo de talento humano si los mismos eran suficientes y capacitados?
Requisitos para la contratación de servicios profesionales. « (…) El inciso segundo inciso 2º del artículo 13 del decreto 2170 de 2002, reglamentario del numeral 3º del artículo 32 de la ley 80 de 1993 prescribió: “De igual forma se procederá para la celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, los que sólo se realizarán cuando se trate de fines específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar. El contrato que se suscriba, contendrá como mínimo la expresa constancia de la circunstancia anterior, las condiciones de cumplimiento del contrato incluyendo el detalle de los resultados esperados y la transferencia de tecnología a la entidad contratante en caso de ser procedente.”
De conformidad con la norma transcrita, aplicable al caso sub lite como que estaba vigente a la época de los hechos, la celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, sólo puede tener lugar en dos eventos: i) cuando se trate de fines específicos o ii) cuando no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar.
Se trata de dos hipótesis distintas las que regula la norma reglamentaria en comento: una relacionada con situaciones especiales que demanden “trabajos específicos” y otra muy distinta cuando se trate de situaciones en que la planta de personal no resulte suficiente para prestar el servicio que se contrata.
En otras palabras, la Sala destaca que aún en el supuesto en que haya funcionarios de planta suficientes, la norma reglamentaria autoriza para contratar con terceros en eventos particulares que supongan un “trabajo específico”. Precepto que ha de estudiarse en concomitancia con el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 objeto de reglamentación que exige que se trate de contratos que requieran conocimientos especializados (…).»
« (…) En el caso sub lite, como se indicó en el apartado dedicado a las probanzas de este proveído, el Ministro de Defensa certificó la necesidad de contratar un abogado externo para que rindiera un concepto sobre un contrato suscrito el 20 de junio de 1980 con las compañías alemanas Ferrostaal AG de Essen y Howaldtswerke Deutsche Werft Aktiengesellschaft Hamburg Und Kiel, para la construcción de las cuatro (4) corbetas misileras y el suministro de dos (2) helicópteros navales unas compañías alemanas para la compra de cuatro corbetas y dos helicópteros.
También quedó establecido que el abogado Edmundo del Castillo cuenta con los conocimientos especializados en materia de contratación pública que demandaba la conceptualización sobre el alcance del contrato celebrado por el Ministerio de Defensa en 1980, ante los múltiples requerimientos formulados por el hoy actor popular(…).»
Una entidad pública puede realizar un contrato de prestación de servicios con un abogado para asuntos relacionados con un contrato estatal a pesar de tener dentro de su planta de personal abogado y no haber verificado en el grupo de talento humano si los mismos eran suficientes y capacitados, siempre que:
Exista la necesidad de contratar un abogado externo especializado para que rindiera concepto sobre el contrato.
El abogado contratado cuente con los conocimientos especializados en materia de contratación pública que demandaba la conceptualización sobre el alcance del contrato celebrado.
PRIMERO. ADICIÓNASE la sentencia dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de mayo de 2006, y en consecuencia DECLÁRASE probada la excepción de cosa juzgada respecto de las imputaciones relacionadas con el contrato celebrado por la Nación-Ministerio de Defensa Nacional el 20 de junio de 1980 con las compañías alemanas Ferrostaal AG de Essen y Howaldtswerke Deutsche Werft Aktiengesellschaft Hamburg Und Kiel, para la construcción de las cuatro (4) corbetas misileras y el suministro de dos (2) helicópteros navales.
SEGUNDO. CONFÍRMASE en sus demás partes la decisión adoptada por el a quo.
Inciso 2º del artículo 13 del decreto 2170 de 2002
Delegación en la celebración de contratos de prestación de servicios.
Una entidad pública contrató a un abogado para que conceptuara sobre la liquidación de unos contratos. Un ciudadano demandó dicho contrato por violación a la moralidad administrativa argumentando que para la suscripción del contrato la entidad delegó de forma indebida a la secretaría general de la misma entidad la facultad de contratar.
¿Puede una entidad estatal delegar en la secretaria general de la misma entidad la realización de un contrato de prestación de servicios profesionales, sin violar el derecho a la moralidad administrativa?
Procedencia de la acción popular contra contratos estatales. «(…) A jurisprudencia tiene establecida la procedencia de la acción popular cuando la conducta vulnerante del derecho o interés colectivo sea un contrato estatal, toda vez que(…) se trata de un instrumento procesal principal y autónomo que sin duda se constituye en instituto idóneo para la protección de los derechos e intereses colectivos, con independencia de la naturaleza de la conducta vulnerante. (…)»
Caracterización del derecho a la moralidad administrativa. «(…) Desde esta perspectiva, ha de considerarse como contrario a la moralidad administrativa toda actuación que no responda al interés de la colectividad y específicamente, al desarrollo de los fines que se buscan con las facultades concedidas al funcionario que lo ejecuta. Se advierte, por tanto, una estrecha vinculación entre este principio y la desviación de poder.
La jurisprudencia de la Corporación ha ido precisando el concepto de moralidad administrativa, como derecho colectivo que puede ser defendido por cualquier persona, del cual se destacan estas características: “a) es un principio que debe ser concretado en cada caso; b) al realizar el juicio de moralidad de las actuaciones, deben deslindarse las valoraciones sobre conveniencia y oportunidad que corresponde realizar al administrador de aquellas en las que se desconozcan las finalidades que debe perseguir con su actuación; c) en la práctica, la violación de este derecho colectivo implica la vulneración de otros derechos de la misma naturaleza.”[1] Igualmente ha hecho énfasis la Sala en la utilidad del principio de legalidad a la hora de determinar la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, en tanto la conclusión de su vulneración no depende del concepto personal del juez sobre lo que considera moral, sino de la justificación que la actuación cuestionada encuentre en el ordenamiento jurídico, eliminando de esa forma cualquier consideración de carácter subjetivo en la inferencia que encuentre el juez en torno ó no de ese derecho[2].(…)»
[1] Sentencia proferida por la Sección Tercera el 31 de octubre de 2002, Exp. AP-059. En el mismo sentido ver sentencias AP-166 y Ap-170 de 2001.
[2] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de junio de 2005. Exp. No. AP-720.
«(…) En el sub judice, quedó establecido en el plenario que según Resolución No. 264 de 2006 el Ministro de Defensa Nacional delegó en la Directora Administrativa la suscripción de contratos cuya cuantía vaya de 0 a 5.000 SMLMV. También está acreditado que la Directora Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional y el abogado Edmundo del Castillo Restrepo el 7 de junio de 2004 suscribieron la orden de servicios No. 046, por un valor de cinco millones de pesos “que equivale a 13.97 SMLMV”.
La transferencia de la función de celebrar contratos hasta la cuantía indicada la hizo el Ministro Delegante a una funcionaria del nivel directivo del organismo correspondiente: La Directora Administrativa, con objeto precisamente de racionalizar la función administrativa contractual, en orden a un mejor funcionamiento de la entidad.
Igualmente aparece demostrado con la probanza documental allegada que el acto administrativo de delegación reunió todos los presupuestos que exige el artículo 10 de la ley 489: i) presupuesto de forma (la Resolución No. 264 de 2006 es un acto administrativo motivado y por escrito); ii) presupuesto subjetivo (se determinó con precisión la autoridad delegataria: el Director Administrativo del Ministerio) y iii) presupuesto objetivo o material (se señaló la función contractual cuya atención y decisión fueron transferidas: la suscripción de contratos cuya cuantía vaya de 0 a 5.000 SMLMV).
La prueba también revela que la delegación efectuada no recae sobre algunas de las materias vedadas según lo previsto por el artículo 11 de la ley 489, en particular no se trata de una función recibida por un delegatario, pues justamente la dirección de los Ministerios corresponde al Ministro (art. 60 ley 489) en tanto jefe de la administración en su respectiva dependencia (art. 208 CN). (…)»
Una entidad estatal puede delegar en la secretaria general y esta a su vez en la dirección administrativa para la realización de un contrato de prestación de servicios profesionales, sin violar el derecho a la moralidad administrativa, porque:
Se cumplió el presupuesto de forma toda vez que la delegación se hizo mediante un acto administrativo motivado y por escrito
Se cumplió el presupuesto subjetivo toda vez que se determinó con precisión la autoridad delegataria
Se cumplió el presupuesto objetivo o material porque se señaló la función contractual cuya atención y decisión fueron transferidas.
Por último, la delegación no recae sobre materias vedadas según lo previsto por el artículo 11 de la ley 489, en particular no se trata de una función recibida por un delegatario.
PRIMERO. ADICIÓNASE la sentencia dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de mayo de 2006, y en consecuencia DECLÁRASE probada la excepción de cosa juzgada respecto de las imputaciones relacionadas con el contrato celebrado por la Nación-Ministerio de Defensa Nacional el 20 de junio de 1980 con las compañías alemanas Ferrostaal AG de Essen y Howaldtswerke Deutsche Werft Aktiengesellschaft Hamburg Und Kiel, para la construcción de las cuatro (4) corbetas misileras y el suministro de dos (2) helicópteros navales
Artículo 11 de la Ley 489 de 1998
Documento: CE SIII E 00240 DE 2008
Las entidades pueden contratar servicios profesionales especializados. ..

References: artículo 13
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 10
 Resolución 
 artículo 11
 artículo 11

Artículo 11