Source: https://www.scribd.com/document/193515465/Conclusiones-de-Las-III-Congreso-Euroamericano-de-Proteccion-Juridica-de-Los-Consumidores
Timestamp: 2019-08-26 05:25:33+00:00

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26.11.Programa VII FMM (3)
La Mediación Para Una Comunidad Participativa
La Reforma de La Ley de Mediación Que Se Viene
Programa Mediacion y Arbitraje
Anteproyecto de Ley de Mediación C.a.B.a Revisado Febreo 07
CONCLUSIONES DE LAS III CONGRESO EUROAMERICANO DE PROTECCION JURIDICA DE LOS CONSUMIDORES En homenaje al profesor doctor Roberto M.
Lpez Cabana
COMISION N 1: Ambito de aplicacin del Derecho del Consumo. El bystander y su problemtica
1. Concepto de consumidor: incluye:
1) El consumidor en sentido estricto o consumidor directo, entendiendo por tal a quien contrata la adquisicin de bienes o la prestacin de servicios, actuando como destinatario final, siendo irrelevante el carcter gratuito u oneroso del negocio. 2) El usuario o consumidor material es aquel sujeto que utiliza bienes o servicios sin ser parte de un contrato de consumo. 3) El expuesto a una relacin de consumo, alude a quien se sita frente al peligro derivado de una relacin de consumo, o que resulta efectivamente damnificado. La nocin comprende, entre otras situaciones: a. Los sujetos indeterminados expuestos a prcticas comerciales abusivas; b. Los sujetos expuestos a los defectos de seguridad de productos y servicios incorporados al mercado por el proveedor Despacho por unanimidad. Agregado de la Dra. Gloria Girotti: la ocasin del consumo se constituye en un criterio de atribucin de la condicin de consumidor y con ello de imputacin al proveedor.
1. Casos especiales. 1.
El contrato de seguro: a.- I- Las vctimas de siniestros son consumidores de seguros, dado que sin ser parte de la relacin contractual entre asegurador y asegurado se ven expuestas a ella. Despacho de los Dres. Gonzalo Lpez (por justicia material), Dr. Waldo Sobrino, y Dra. Mara Ins Martnez. a.-I I- Si bien no cabe descartar a priori el carcter de expuesta a la relacin de consumo de la vctima de un accidente de trnsito, es indispensable profundizar el estudio y debate en torno a los argumentos que podran permitir sostener tal conclusin. Despacho Dres. Picasso, Vergara, Rusconi, Frustagli, Ncoli, Seritti, Nstico, Arteaga, Polito, G. y M.C. Girotti, Isnardi, Barcel, Turno, Leiva, De Vito, Zarabozo, DAtri. b.- La franquicia impuesta en el contrato de seguro obligatorio de responsabilidad civil es inoponible a la vctima de un accidente de trnsito, independientemente de que se califique o no a esta ltima como consumidor. Despacho por unanimidad.
1. Prestacin del servicio de agua para uso agropecuario.
El usuario de agua para uso agropecuario debe ser considerado consumidor (art. 42 CN), en cuanto se trata de un servicio prestado en forma monoplica y se presenta como una relacin entre experto y profano, lo que es propio de la relacin de consumo. Despacho por unanimidad. Comisin n 2: La publicidad en la relacin de consumo. 1.- Propiciamos la necesidad de una regulacin orgnica y especifica en materia de publicidad ante la dispersin normativa existente. 2.- La publicidad cumple el rol de oferta contractual obligando al oferente en los trminos en ella expresados. Esto, en el Derecho argentino, de acuerdo a la interpretacin armnica de los art. 42 CN 4 ,7 y 8 LDC , 740, 742 y1198 CC. 3.- El marco publicitario en su conjunto integra la oferta contractual. En la Argentina, en virtud de las previsiones contenidas en la LDC y los principios generales de buena fe (art. 1198 CC) y el ejercicio regular del derecho a publicitar (art. 1071 CC) 4.- La publicidad engaosa frustra las legtimas expectativas generadas en el consumidor haciendo responsable al emisor no solo por el incumplimiento, sino tambin existe una responsabilidad autnoma por el quebrantamiento de la confianza depositada en la conducta a seguir. 5.- El contenido de la publicidad engaosa (aseveraciones, omisiones, errores, etc.) se encuentran incluidos en el contrato con el consumidor sin prejuicio de las acciones de daos y perjuicios que correspondan.
6.- El criterio protectivo de la LDC hace que frente a una publicidad engaosa por error prevalezca la consideracin del error (vicio de la voluntad) al cual es inducido el consumidor por sobre la nocin de error obstativo del proveedor. 7. El error contenido en la publicidad la torna engaosa y el oferente debe respetar las condiciones en las cuales se ofert pues tal circunstancia forma parte del riesgo propio de su actividad, sin perjuicio de las acciones de repeticin contra el responsable del error. En la legislacin argentina, por aplicacin del art. 7 LDC. 8.- El proveedor tiene obligacin de corregir el error mediante una publicidad correctiva pues no resulta suficiente con el hecho de retirar la publicidad. 9. La doctrina de los actos propios basada en el principio de buena fe (art. 1198 CC) impide volver contra sus propios actos y en virtud del carcter vinculante de la publicidad el oferente se encuentra obligado a cumplir aun cuando exista un error. De lo contraro deber reparar el dao 10 En las publicidades destinadas a grupos vulnerables, debe evaluarse con mayor estrictez la responsabilidad del emisor, dada la situacin de especial debilidad del pblico al cual se hallan dirigidas. 11-. Dado que en materia de danos en el consumo, tiene especial vigencia el principio de prevencion, no es necesario que la publicidad haya ocasionado un dano, sino que basta con su potencialidad danosa para habilitar los remedios administrativos y jusrisdiccionales previstos. 12.- Remedios preventivos. Debe ponerse especial nfasis en las medidas preventivas o saneadoras: cese de la publicidad, rescate del material que le sirve de soporte, publicidad rectificativa, imposicin de acciones para hacer conocer la verdad, etc. Conclusiones de la Comisin n 3: Competencia desleal. Marcas y certificacin de calidad. Sugerir que la institucin de las marcas comerciales deje de ser solo signos distintivos y se transformen, como en las economas ms desarrolladas, en signos que indiquen el origen de los productos y servicios y al menos, evoquen su calidad, todo ello en beneficio de los consumidores. En este sentido se sugiere la aplicacin de mecanismos existentes en el derecho comparado que requieren la existencia de controles de calidad por parte del licenciante al licenciatario y si ellos no son efectivos, el uso de la marca que hace el licenciatario no es vlido para acreditar utilizacin de esa marca (Dres. Isabel Alvarez Vega, Rafael Barreiro, Rodrigo Cooper, Ovidio Parra, Ana Mara Montalto, Fulvio Santarelli, Gustavo German Muios, Lucrecia Crdoba, Elisa Romano, Gustavo Rodriguez). Especial trascendencia requiere distinguir que las marcas de certificacin de sistemas de calidad pueden implicar la certificacin de la calidad de los productos o nicamente certificar la actividad de elaboracin de ese bien o servicio. Es muy importante que el consumidor tenga clara esta distincin. Confundir la calidad del producto con su proceso de elaboracin puede inducir a error al consumidor. Este control de calidad tiene que ser realizado por una institucin acreditada e independiente (Dres. Isabel Alvarez Vega, Rafael Barreiro, Rodrigo Cooper, Ovidio Parra, Ana Mara Montalto, Fulvio Santarelli, Gustavo German Muios, Lucrecia Crdoba, Elisa Romano, Gustavo Rodriguez). Las regulaciones relativas a las garantas, sean stas legales o voluntarias, conllevan implcitamente una presuncin acerca de un nivel de actividad estndar al que se sometern los productos. De lege ferenda, se puede, para futuras reformas al art. 11 de la ley 24240, la inclusin de garantas legales diferenciadas, las que deberan contener el concepto de bidimensionalidad o pluridimensionalidad, es decir incorporando otros parmetros adems del tiempo, tal como ya se ha incorporado en el mbito de las garantas contractuales en algunas actividades como por ejemplo en el caso de la venta de automotores nuevos que utilizan indistintamente el tiempo o la cantidad de kilmetros recorridos. Esta conclusin sera vlida siempre que se pudiera controlar tanto por el consumidor como por el productor el nivel de actividad a un bajo costo (Dr. Muios). Esta conclusin sera vlida siempre que se pudiera controlar tanto por el consumidor como por el productor el nivel de actividad a un bajo costo, con la salvedad que se respete el plazo mnimo establecido por la ley de Defensa del Consumidor ( Dres. Isabel Alvarez Vega, Rafael Barreiro, Rodrigo Cooper, Ovidio Parra, Ana Mara Montalto, Fulvio Santarelli, Gustavo German Muios, Lucrecia Crdoba, Elisa Romano, Gustavo Rodriguez). Conclusiones comisin n 4: Clusulas abusivas. Control judicial y administrativo
1. Las clusulas y prcticas abusivas en lo jurdico, tienen por objeto la traslacin de riesgos hacia los
consumidores y usuarios, con la finalidad de cercenar el ejercicio de derechos de los consumidores y usuarios para obtener una sobretasa de ganancia. 2. La determinacin de la nulidad judicial de clusulas abusivas constituye suficiente sustento probatorio para la aplicacin del dao moral. 3. El Estado, a travs de las autoridades de aplicacin de la ley, deber ejercer un mayor control de las clusulas abusivas incorporadas en los sistemas contractuales (art. 38 LDC).
4. Cuando administrativa o judicialmente se determine la nulidad de las clusulas abusivas o se constataren
prcticas abusivas, los organismos competentes debern aplicar las sanciones correspondientes y elaborar un registro con el listado de empresas a las cuales se les ha aplicado tales sanciones y su publicacin en internet para consulta de la poblacin, con transcripcin de la clusula o prctica abusiva. 5. La reiteracin en la inclusin de clusulas que hubieran sido declaradas nulas anteriormente por parte de la misma empresa, deber dar lugar a la aplicacin de las sanciones punitivas establecidas en el artculo 52 bis de la ley 24.240 (t.o. por ley 26.361). 6. Cuando una clusula hubiera sido declarada nula, y la empresa no la hubiere removido en todos los contratos en curso de ejecucin u omitiere la notificacin al consumidor, deber tambin dar lugar a la aplicacin de las sanciones punitivas establecidas en el artculo 52 bis de la ley 24.240 (t.o. por ley 26.361). Recomendaciones:
1. Legislar especficamente sobre delitos de consumo. 2. Que el Congreso, en el transcurso del proceso de elaboracin de leyes o reformas a la ley de defensa del
consumidor convoque, con antelacin suficiente, a las universidades y a aquellos juristas que especficamente se hayan dedicado al estudio y anlisis de esta especial rama del derecho. CONCLUSIONES de la Comisin n 5: Principio de prevencin. Daos punitivos Unanimidad: El dao punitivo es un instituto de naturaleza civil sin relacin con el Derecho Penal. Unanimidad: De lege lata se interpreta que la multa civil no debe ser inferior ni exceder el monto necesario para cumplir con su funcin de disuasin. Unanimidad: Cuando exista una causa fctica lesiva que no es homognea, el tope mximo para la sancin lo es respecto de cada uno de los afectados y jams un tope para la totalidad de sucesos. Mayoria: Cuando exista una causa lesiva homognea el tope mximo para la sancin lo es respecto de cada uno de los afectados, y jams un tope para la totalidad de los sucesos. Minora: Cuando exista una causa lesiva homognea el tope mximo para la sancin lo es respecto de quien debe pagar el dao punitivo. Unanimidad: De lege ferenda Se propone derogar el tope mximo. Mayoria: De lege lata: Resulta adecuada la redaccin del art 52 bis de la ley 24240 en cuanto otorga al juez la facultad de aplicar una condena por daos punitivos. Minoria: De lege ferenda: Debe modificarse el trmino podr y reemplazarse por deber. Unanimidad: Se destaca que es de aplicacin al derecho del consumo por el art 3 de la ley 24240, el art. 54 de la ley 19550 en cuanto dispone la posibilidad de obtener el corrimiento del velo societario, debiendo imperar el in dubio pro consumidor . Mayoria: De lege lata: Mantener la redaccin actual del art. 52 bis en cuanto al destino asignado al monto por dao punitivo. Minoria: De lege ferenda: Se propone un criterio mixto en el cual parte del monto del dao punitivo se asigne al damnificado y parte a un fondo de educacin para el consumidor. Unanimidad: De lege lata: Para la graduacin de la sancin deben tomarse en consideracin los parmetros que incorpora el art 49 de la ley 24240. Unanimidad: De lege lata: El dao punitivo procede slo cuando medie al menos grave negligencia o grave imprudencia por parte del proveedor. Unanimidad: De lege lata: El consumidor no debe mensurar el dao punitivo al tiempo de su peticin, por cuanto su imposicin ha sido atribuida exclusivamente al magistrado en cumplimiento de una manda constitucional (art. 42 C. Nac. ), y por consiguiente no es pasible de la oposicin de la excepcin de defecto legal atento a quedar encuadrado en la excepcin que impone el art. 330 segundo prrafo del Codigo Procesal de la Nacion y el de la Pcia. De Buenos Aires. Unanimidad: De lege lata: El consumidor puede peticionar en cualquier momento del proceso la imposicin de dao punitivo, en razn de ser esta una potestad conferida exclusivamente al magistrado con fundamento en sus facultades instructorias. Unanimidad. De lege ferenda: Debe modificarse la exigencia de que sea el consumidor quien deba solicitar la aplicacin de la sancin, atento estar involucrado el orden pblico. Unanimidad: De lege lata: La peticin de daos punitivos resultara valida y justificada en cuanto se acredite un incumplimiento por parte del proveedor de sus obligaciones legales o contractuales para con el consumidor. En consecuencia, la no imposicin por parte del juez de la multa civil no generara costas. Unanimidad: De lege ferenda: Debe incorporarse en forma expresa en la ley de defensa de los consumidores y usuarios la facultad de los jueces de dictar medidas preventivas de oficio. Las medidas
autosatisfactivas y anticipatorias, aun las de creacin pretoriana constituyen medios eficaces y urgentes de la tutela inhibitoria, por lo que deben ser reconocidas en todos los ordenamientos procesales. Comisin n 6: Ejercicio de acciones colectivas 1.- Tanto las acciones colectivas como las denominadas plurindividuales homogneas son consideradas herramientas constitucionales y procesales efectivas para la debida proteccin de la afectacin de los derechos de los consumidores. 2.- Es importante la creacin de incentivos adecuados para la promocin de acciones de incidencia colectiva, tanto en aquellas que tienen un monto determinado como las que carecen de significacin meramente econmica, removiendo los obstculos que dificulten su ejercicio, tales como el agotamiento de la va administrativa, entre otros. 3.- No obstante que la norma constitucional del art. 43 CN es operativa en cuanto brinda sustento para el ejercicio de las acciones colectivas de consumo y que existe una regulacin especfica en los arts. 52 a 55 ley 24240, resultara conveniente introducir mejoras respecto de las herramientas procesales. 4.- Adems de la normativa existente en materia de acciones colectivas, resultara conveniente la regulacin del instituto del arbitraje y de la mediacin adecundolos a los lineamientos de la ley 24240. 5.- En materia de acciones colectivas cobra especial relevancia el activismo judicial, en la bsqueda de la verdad material de los procesos. Comisin n 7: Mtodos alternativos de resolucin de conflictos aplicados al derecho de consumo La comisin, por unanimidad, ha llegado a las siguientes conclusiones: 1. Se propone la incorporacin de los llamados sistemas hbridos como sistemas alternativos de resolucin de conflictos; esto es, que el propio procedimiento tenga una primera etapa de mediacin (o conciliacin, en los casos que correspondan segn los diferentes regmenes jurdicos) y una segunda etapa de arbitraje. 2. Dentro de estos sistemas hbridos, los papeles de mediador y rbitro no pueden ser ejercidos por una misma persona, para evitar que en el marco del arbitraje, el rbitro pueda estar influenciado por la informacin recibida en el marco de confidencialidad propio de la mediacin. 3. Resulta necesario diferenciar y definir con precisin las funciones del rbitro, del conciliador y del mediador. 4. A su vez resulta necesario diferenciar los procedimientos de defensa del consumidor, sea dentro de un procedimiento administrativo, sea dentro de un proceso arbitral. Ello lleva a distinguir tambin las funciones de los directores de los respectivos procesos, debindose tener en cuenta que la autoridad de aplicacin en el procedimiento administrativo debe velar por los intereses del consumidor. 5. Se propone que en todos los arbitrajes de consumo se incorpore una etapa previa de mediacin. En especial, y de lege ferenda se propone crear la mediacin previa al arbitraje de consumo en el mbito de la C.A.B.A. 6. Se propone el establecimiento de un modelo arbitral que permita la solucin mediante el arbitraje colectivo de controversias que afectan una pluralidad de consumidores. 7. A los efectos de promover el arbitraje colectivo de consumo, resulta necesario sancionar normas que garanticen la proteccin de los intereses diversos que pueden tener los propios consumidores. 8. Los PROCONS, esto es, los rganos brasileos responsables para el cumplimiento del deber fundamental de proteccin del consumidor, constituyen una experiencia vlida para ser promovida en los pases latinoamericanos, siempre y cuando se realicen ciertos ajustes que resultan necesarios: a) necesaria capacitacin del servidor del PROCON para actuar como negociador de los intereses de la categora que representan, b) separacin de funciones entre el servidor del PROCON y el conciliador, a los efectos de evitar alcanzar forzados acuerdos que perjudican a la parte dbil, c) otorgamiento de poderes y deberes de fiscalizacin y de aplicacin de penas, en el marco de la defensa de los consumidores. Comisin n 8: El paciente como consumidor. Medicina prepaga y obras sociales
1. Es necesario un marco regulatorio especfico para la actividad de medicina prepaga a cuyo fin se aconseja
el dictado de una norma y la creacin de organismos de contralor.
2. El derecho a la salud reconocido en el marco de la Constitucin Nacional debe ser interpretado de tal
modo que comprenda al colectivo de ciudadanos de la Nacin. As las cosas, las normas infraconstitucionales deben reflejar consensos sociales respecto de las prestaciones que debern ser cubiertas y ser claras en cuanto a los servicios que deben ser brindados, propiciando as la sustentabilidad y previsibilidad del sistema de salud, y tendiendo a la desjudicializacin progresiva de la materia. 3. La Ley 26529 resulta de aplicacin a las Empresas de Medicina Prepaga, as como el resto de los derechos del paciente incluidos en otras normas, incluidas las Directivas Anticipadas. 4. Se recomienda la generalizacin del instituto conocido como Ombudsman de la Tercera Edad, como herramienta para la efectiva proteccin de los derechos de los adultos mayores en su condicin de consumidores de servicios de salud.
La proteccin del derecho a la salud del paciente-consumidor, debe ser considerada de un modo integral, comprensible no slo de la fsica sino tambin de la psquica, debiendo tenerse especialmente en cuenta esta ltima a la hora de la bsqueda de los consensos precedentemente sealados. 6. Con relacin a la responsabilidad de los productores de medicamentos de expendio bajo receta, el deber de informacin a los consumidores previsto en los arts. 4, 5 y 6 de la ley 24.240, deber compatibilizarse con las normas de la lex artis correspondientes a las profesiones vinculadas al proceso de prescripcin y dispensa. COMISION N 9: EL CONTRATO DE SEGURO Y LA RELACION DE CONSUMO Se presentaron cinco ponencias relativas a la temtica de la Comisin, las que posibilitaron desarrollar la discusin acerca de la aplicabilidad o no de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios al contrato de seguro. Fueron las siguientes:
1. La de la Dra. Compiani present una ponencia titulada La armonizacin de las legislaciones de
Consumidor y Seguros.
2. Los Dres. Baeza, Magula y Schiavo presentaron la ponencia titulada la clausula de suspensin
automtica de la cobertura por falta de pago de la segunda o posteriores cuotas del premio en el marco de una relacin de consumo es abusiva, nula y el contrato debe integrarse con lo prescripto en el art. 216 del Cd. Com. 3. La Dra. Carla Kott present una ponencia El asegurado en la ley de defensa del consumidor: la incidencia de la FRANQUICIA. 4. Por su parte, las ponencias del Dr. Waldo Sobrino present una ponencia titulada Consumidores de seguros: la aplicabilidad de la normativa consumerista en el Derecho de Seguros (hay verdades que por conocidas, se callan; pero por callarse, se olvidan (Miguel de Unamuno). 5. La segunda ponencia se titul Las modificaciones a la Ley de Seguros por aplicacin de la normativa consumerista (art. 42 de la carta magna; leyes 24.240; 24.999 y ley 26.361). ...que tiempos sern los que vivimos que hay que defender lo obvio Bertold Bretch). El contenido de las mismas permiti deslindar tres posiciones diferentes, ninguna de las cuales alcanz mayora: la negatoria de la aplicacin de la Ley de Defensa de los Consumidores al contrato de seguro (Lpez Saavedra), la que sostiene su aplicacin en todos los casos (Sobrino) y la que distingue segn se trate el contrato de seguro de un contrato de consumo o no, segn se convenga el mismo como destino final o para anexarlo en el proceso de comercializacin o produccin del asegurado (Compiani). Hubo dos ponencias sobre temas especficos que tampoco alcanzaron mayora: los Dres. Baeza, Magula y Schiavo sostuvieron que la clausula de suspensin automtica de la cobertura por falta de pago de la segunda o posteriores cuotas del premio en el marco de una relacin de consumo es abusiva, nula y el contrato debe integrarse con lo prescripto en el art. 216 Cd. Com. En esta instancia se ley la ponencia presentada por la Dra. Carla Kott quien no asisti a su defensa, quien sostuvo que la franquicia en la valoracin de la ley de Defensa del Consumidor, es nula al desproteger a la vctima. Comisin n 10: Consumo y medio ambiente Los Gobiernos, junto con las empresas y las organizaciones competentes de la sociedad, deben desarrollar e implementar estrategias que promuevan el consumo sustentable a travs de una combinacin de polticas que incluya regulaciones; instrumentos econmicos y sociales; polticas sectoriales en reas como el uso de la tierra, el transporte, la energa, el agua y la vivienda; programas de informacin que promuevan la toma de conciencia acerca del impacto de las modalidades de consumo; remocin de subsidios que fomenten modalidades insustentables de consumo y produccin; y promocin de las mejores prcticas de gestin ambiental en sectores especficos. Debe asegurarse el acceso de los consumidores a la informacin precisa acerca de los efectos ambientales de los productos y servicios a travs de informes ambientales de las industrias, centros de informacin para consumidores, programas voluntarios y transparentes de eco-etiquetado, lneas directas de informacin sobre productos, entre otros. Los Gobiernos, en cooperacin con las empresas y otros sectores, deben desarrollar indicadores, metodologas y bases de datos para medir el progreso hacia el consumo sustentable en todos los niveles. Esta informacin debe estar disponible al pblico. Las polticas nacionales sobre consumidores deben promover la educacin general del consumidor en lo concerniente al consumo sustentable, la proteccin contra publicidad ambiental engaosa, los incentivos econmicos para un consumo ms sustentable, y el desarrollo de un plan que facilite el transporte, la vivienda y el consumo de agua y de energa de manera sustentable.
Las campaas que apuntan a movilizar el poder del consumidor para lograr formas ms sustentables de consumo tienen que considerar las limitaciones estructurales que restringen las opciones individuales. Es necesario que los programas de produccin limpia efectivamente contribuyan a que las industrias mejoren su desempeo ambiental, sus prcticas industriales desde una perspectiva competitiva y se adecuen progresivamente al marco regulatorio ambiental a nivel nacional, provincial y municipal. El papel de los Gobiernos en la proteccin de los consumidores en el mercado moderno es vital, en especial en materia de diseo de poltica, legislacin y desarrollo de la capacidad institucional para implementar el Derecho del consumidor. En este sentido, la dimensin participativa debe ser fundamental, ya que al promover el consumo sustentable los Gobiernos deben actuar en conjunto con todos los sectores de la sociedad, sin desconocer los obstculos que enfrentan distintos segmentos sociales para participar activamente en los procesos de adopcin de decisiones y en el poder. Estas polticas deben ser desarrolladas e implementadas por los Gobiernos, en colaboracin con los sectores de la industria, el comercio, las organizaciones de consumidores y otros sectores interesados, y apoyadas por la cooperacin internacional. En este contexto resulta esencial el establecimiento de un marco jurdico eficaz. Para integrar en forma efectiva el medio ambiente y la proteccin del consumidor en las polticas y prcticas de cada pas es indispensable elaborar y poner en vigor leyes y reglamentos integrados, que se apliquen en la prctica y se basen en principios sociales, ecolgicos, econmicos y cientficos racionales. En este marco, el Derecho del consumidor est llamado a desempear un papel preeminente para la proteccin ambiental. Los gobiernos, con el apoyo, segn procediera, de las organizaciones internacionales competentes, deben establecer procedimientos judiciales y administrativos de indemnizacin y reparaciones en los casos de actos que afectaran el medio ambiente y el desarrollo y que pudieran ser ilegales o violar los derechos que establece la ley, y deben propiciar el acceso de personas, grupos y organizaciones que tengan un inters jurdico suficiente. El otorgamiento de poder a los consumidores para el consumo sustentable requiere tanto de opciones informadas, como de mecanismos preventivos y de reparacin en los casos de actividades actual o potencialmente daosas. Comisin n 11: Servicios pblicos domiciliarios
Licenciatarias de Distribucin.
1. Por intermedio de la ley 26.605, se ha eliminado la facultad que se le haba otorgado en el marco regulatorio a las Licenciatarias de Distribucin de Gas Natural, de requerir un depsito de garanta a los usuarios residenciales a los que se les hubiere retirado la prestacin por mora en el pago y solicitaren la reactivacin de la misma. 2. Se ha considerado dicha prerrogativa un privilegio injusto a favor del prestador del servicio, amn de considerar las condiciones econmicas de gran parte de la poblacin y la inexistencia de un rgimen de tarifa social en la mayora de los servicios domiciliarios. 3. la existencia de dicho requisito dificulta en general el acceso al servicio pblico en cuestin, lo que ha motivado la sancin y promulgacin de la norma aludida.
1. Se considera que, a fin de su mejor y ms inmediata aplicacin, las normas reglamentarias afectadas por la Ley 26.605 deben ser objeto de las modificaciones pertinentes en su redaccin por parte del Poder Administrador. 2. Asimismo, existiendo la exigencia del depsito en garanta en los servicios de distribucin de energa elctrica y de prestacin del servicio bsico telefnico, se considera conveniente extender los alcances de la norma legal analizada, a los servicios domiciliarios antedichos y la adecuacin respectiva de las normas reglamentarias involucradas en cada caso. 1.
Los servicios pblicos en general.
1. Declarar la esencialidad de los Servicios Pblicos Domiciliarios para sostener la calidad de vida de la poblacin de la Nacin, 2. Existen distintos operadores en la prestacin de estos servicios, pero es el Estado, quien debe garantizar, que las prestaciones sean obligatorios, continuas, regulares, iguales y generales. 3. Dentro del mbito de la CABA la recoleccin de residuos, en concordancia con la ley de basura cero, debe realizarse a partir de un esquema que contemple los 4 momentos: 1. Separacin en Origen de la basura orgnica e inorgnica. 2. El Transporte a centros de diferenciacin municipal. 3. En esos centros se proceder a la separacin definitiva, que pueden estar a cargo de los denominados recicladores urbanos. 4. Respecto de los residuos orgnicos, se los debe aprovechar, convirtindolos en bioenerga. 1.
Reclamos por deficiencias o falta de suministro del servicio pblico .
1. La presentacin judicial de reclamos por parte de ONG y/o una institucin de garantas como la Defensora del Pueblo de la Ciudad, en representacin de una masa de usuarios afectados por deficiencias o falta de suministro de un servicio pblico, colocan al usuario afectado en el lugar que los principios generales del derecho, y los particulares del derecho del consumidor propician: la proteccin jurdica de los consumidores. 2. La actividad legislativa desplegada en el caso de la reforma de la LDC al contemplar normas procesales como las del nuevo art. 53 mejoran el acceso a la justicia, recomponen el desequilibrio de la relacin de consumo, y la debilidad jurdica de una de las partes. Al normativizarse en su texto el deber de colaboracin abre el camino hacia el reconocimiento efectivo de un reclamo, dado que las empresas, concesionarias prestatarias, siempre estn en mejores condiciones de aportar pruebas receptando de este modo la teora de las cargas dinmicas. 3. La actividad judicial pro activa debe encaminarse a equilibrar los criterios subjetivos de los tribunales de primera instancia mediante fallos plenarios a los fines de impartir justicia equitativa, y evitar que se generen resultados diferentes en situaciones de similares caractersticas. (vgr. el Fallo de la CNCyCFed en Barrera, Sergio J. C/Edesur SA S/daos y perjuicios del 9.06.2005, que determin el modo de computar intereses). 4. El estado actual de la doctrina jurisprudencial permite advertir que los usuarios cuentan con recursos procesales idneos a la hora de plantear reclamos en sede judicial, y as se visualiza, en principio, una nueva posibilidad de interpretar la legitimacin de instituciones de garantas o asociaciones de defensa de los usuarios y consumidores, en tanto: Accin Colectiva que incluya la posibilidad de asumir la defensa de intereses patrimoniales que pudieron resultar afectados por un factor de atribucin de la responsabilidad por incumplimiento de normas elementales de seguridad y previsin. En suma: la procedencia de acciones donde una vez establecida para un colectivo determinado la responsabilidad del prestador- cada usuario la invoque y se establezca individualmente la reparacin del perjuicio que a cada integrante del colectivo atae.
1. La tutela de los derechos de los consumidores requiere del diseo de polticas educativas que promuevan el conocimiento de esos derechos y los modos de hacerlos valer cuando son vulnerados. 2. Se propone la modificacin de los arts. 27 y 30 de le ley 24.240. 3. El primero citado, referido a una efectiva atencin personalizada del usuario, tal como lo garantiza la redaccin actual de la norma en anlisis; estableciendo pautas claras a fin de delimitar las zonas dentro de las cuales debe encontrar su asiento la oficina comercial referida al servicio respecto del cual se efecta un eventual reclamo y que debe hacerse extensivo a los respectivos rganos de control. 4. El segundo atinente intensificar el deber de responder de la empresa acotando el alcance de la causal de liberacin modificndose, en tal sentido, la formulacin del art. 30 de la LDC de manera que la empresa no se libere demostrando que la interrupcin del servicio no le es imputable -lo cual conlleva a admitir la fractura del nexo causal por causa ajena (culpa de un tercero, casus genrico, etc.)sino restringindola slo al supuesto de que la interrupcin o alteracin del servicio provenga del obrar del propio usuario.
Se establece que debe despejarse esa imputabilidad presumida -transformndola en una obligacin de resultado agravada- dejando a salvo la posibilidad del prestador del servicio deficiente de reclamar frente al tercero que ocasion la interrupcin o dficit de la prestacin.
1. A su vez se debe reducir el plazo dentro del cual la empresa prestataria tiene la posibilidad de expedirse a ese respecto y demostrar la culpa del usuario, reducindola al trmino de diez das.
En este ltimo supuesto, se pretende llenar una laguna que se advierte cuando la responsabilidad respecto de la calidad en la prestacin no recae sobre la empresa, considerando que el usuario no debe hacer frente a actos de terceros que perjudiquen la calidad de la prestacin. En iguales trminos se ha considerado la aplicacin de una multa diaria y su incremento por mora en el cumplimiento de ella, a una tasa similar a la del inters punitorio que cobra el prestador, a fin de otorgar igualdad de condiciones al usuario en la prestacin. Se propone la siguiente redaccin para el art. 30 Interrupcin de la prestacin. Cuando la prestacin del servicio pblico domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones, se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora. Efectuado el reclamo por el usuario, la empresa dispone de un plazo mximo de diez das para demostrar que la interrupcin o alteracin del servicio es imputable al usuario. En caso contrario, y vencido dicho plazo, la empresa deber reintegrar el importe total del servicio no prestado o efectuado en condiciones deficientes dentro del plazo mximo de diez das con ms una multa diaria por cada da de interrupcin o alteracin- del 1% que se calcular sobre la base de la facturacin del consumo efectuado en el inmediato perodo anterior. Ante la falta de pago del reintegro o de la multa, se devengarn intereses similares a los que la empresa cobra por falta de pago en trmino. Asimismo, deber restablecer la prestacin en ptimas condiciones en el plazo que establezca la reglamentacin del servicio de que se trate sindole aplicable, en caso contrario, la multa diaria establecida en el prrafo 1 que, en su caso, resultar acumulativa. La percepcin por parte del usuario del reintegro y la multa pertinente no impedir su derecho a incoar las acciones por daos y perjuicios que pudieran competirle.
1. En materia de prescripcin de las multas motivadas en sanciones administrativas impuestas a los
prestadores de servicios pblicos domiciliarios, se propicia que el dies a quo se compute desde la denuncia efectuada por parte del usuario o bien desde la constatacin oficiosa del incumplimiento por parte de la Administracin. Comisin n 12: Consumo on line. Problemtica del contrato informtico
1. El desarrollo de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (TICs) y especialmente el uso
masivo de Internet, impactan en el mbito del derecho de tal manera que es necesario efectuar un anlisis novedoso sobre sus elementos y consecuencias, especialmente en los contratos que se celebran por intermedio de computadoras, conocido como comercio electrnico ( e-commerce), particularmente en la modalidad conocida como en lnea (on line). La asimetra de conocimiento entre proveedores y usuarios, propia de todas las relaciones de consumo, se agrava con la utilizacin de sistemas de alta tecnologa, como ocurre con el comercio electrnico. En esta modalidad, generalmente, los consumos on line se realizan ingresando en una pgina Web que funciona como sistema comercial experto. Este sistema est integrado por diversos sujetos que constituyen una red de contratos conexos. Para una adecuada proteccin de los consumidores es necesario considerar que todos los sujetos que integran ese sistema comercial experto forman parte de una actividad nica. Los integrantes de un sistema comercial experto, como el que se presenta en el comercio electrnico y en los consumos on line deben responder solidariamente frente al usuario. En los sistemas comerciales expertos que permiten el consumo on line se presenta una apariencia de seguridad (creada por el experto), que genera confianza en el consumidor on line. Esta confianza aumenta mientras mayor es su desconocimiento de la alta tecnologia en que se desenvuelve el sistema comercial experto. Por ello el deber de informar contenido en el artculo 4 de la LDC es ms intenso que en otros supuestos de consumo.
6. El organizador de un sistema comercial experto, sin perjuicio de integrar una red de contratos conexos, es
un proveedor ms, conforme los trminos del artculo 2 de la ley 24.240, y responde en los trminos del artculo 40 de la citada ley. 7. En el marco de la LDC, el denominado riesgo desarrollo, o riesgo del desarrollo, debe ser asumido por el elenco de responsables descriptos enunciativamente en el art. 40. 8. Los daos causados al consumidor en los contratos celebrados en el marco de un sistema comercial experto, integrado por diversos contratos conexos, deben ser atribuidos en forma objetiva, a todos los integrantes de la red que configura el sistema experto, conforme lo establece el artculo 40 de la LDC. 9. Una propuesta para atenuar el impacto de costos que la conclusin anterior pudiera acarrear, puede consistir en la formacin de fondos de garanta, seguros obligatorios u otros mecanismos que permitan distribuir colectivamente los daos ocasionados por estos ries gos y garanticen la debida reparacin a los consumidores. 10. En todas la relaciones de consumo on line mantiene vigencia el derecho de arrepentimiento, Es un derecho para el consumidor, que no puede renunciarse y debe publicarse en el sitio web donde se aloje el sistema comercial experto, de modo claro y visible, en idioma nacional. 11. En el consumo on line lo que se modifica con respecto al contrato entre ausentes tradicional es el soporte de comunicacin entre las partes contratantes. 12. El Derecho Internacional Privado debe asumir su rol de herramienta indispensable para proveer a los consumidores y en particular, a los denominados ciberconsumidores de un marco jurdico transparente y confiable que les ofrezca un alto grado de certidumbre respecto de la ley que resultar aplicable as como del juez que ser competente en caso que surja una controversia, y les brinde, asimismo, mecanismos alternativos de resolucin de disputas eficaces y rpidos que les permitan resolver los conflictos que se susciten en torno de la relacin de consumo. 13. La autonoma de la voluntad es un criterio de conexin que resulta adecuado para la regulacin del derecho aplicable en la contratacin electrnica entre empresas, pero est atenuado en su alcance cuando intervienen personas pertenecientes a la categora de los denominados dbiles jurdicos, como los usuarios o consumidores. 14. Las conexiones subsidiarias del lugar de cumplimiento del contrato, o de la ley del domicilio o residencia habitual del consumidor o usuario pueden resultar las adecuadas cuando la opcin la tenga solamente el consumidor. 15. El consumidor informtico en particular de software (programas de computacin)- se encuentra en una situacin de profunda debilidad, lo que lo vulnera el equilibrio contractual de la relacin de consumo, por causa de las asimetras -econmicas, informativas y tecnolgicas- que caracterizan la relacin particular que los involucra. RECOMENDACIONES
1. Son necesarios instrumentos normativos que ayuden a conferir un marco de certeza y proteccin para
aquellos consumidores que adquieran productos por va electrnica, en especial, desde qu momento debe reputarse vlido el consentimiento en este tipos de contratos y desde cundo considerarse aceptada la oferta. 2. Apoyamos del Proyecto de CIDIP VII, en el mbito de la OEA., los acuerdos logrados en cuanto a jurisdiccin aplicable (domicilio del consumidor) y la aplicacin del principio favor consumidor.
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