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Timestamp: 2020-07-06 09:58:22+00:00

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Al respecto, contrario a lo manifestado, el Oficio de Inicio del presente procedimiento se encuentra debidamente fundado y motivado, como se demuestra a continuación.
Como ya se ha señalado, el artículo Octavo Transitorio, primer párrafo de la fracción III48, del Decreto, estableció que una vez constituido el Instituto, debía determinar la existencia de agentes económicos preponderantes, en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones respectivamente, e imponer las medidas necesarias para evitar que se afectara la competencia y libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales.
Las medidas a imponer a dichos agentes económicos debían incluir en lo aplicable, lo relacionado con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.
Adicionalmente, el artículo Noveno Transitorio del Decreto49, estableció que en relación con las resoluciones a que se referían las fracciones III y IV del Octavo Transitorio, el Instituto debía pronunciarse de conformidad con el procedimiento que estableciera la legislación vigente en la fecha de su emisión y a falta de disposición expresa, conforme a la LFPA.
De lo anterior, se advierte que el Constituyente ordenó el análisis del agente económico para la determinación de preponderancia, por lo que el Instituto estaba obligado a emitir perentoriamente las resoluciones de preponderancia de acuerdo con los procedimientos que estableciera la legislación secundaria que derivara de dicha reforma y, a falta de ella, aplicar lo dispuesto en la LFPA.50
En ese sentido, el régimen transitorio previsto para que el Instituto pudiera aplicar de manera supletoria la LFPA, buscaba no incurrir en vacíos legales, asegurar la funcionalidad de los órganos y la regulación del sector, atender los asuntos que se presentaran, cumplir con las obligaciones impuestas y ejercer efectivamente las facultades conferidas51. En ese sentido, el Instituto realizó sus fines institucionales, al ser titular de facultades constitucionales propias52, aun y cuando el Congreso de la Unión no hubiera emitido el marco legal regulatorio respectivo53.
En ejercicio de sus facultades constitucionales y en virtud de que las mismas no se encontraban condicionadas a la existencia de las disposiciones legales que debía emitir el Poder Legislativo, con fecha 6 de marzo de 2014, mediante la Resolución de AEP, el Instituto determinó como AEP en el sector de telecomunicaciones al GIE conformado por América Móvil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomóvil Dipsa, S.A.B. de C. V., Grupo Carso, S.A.B. de C.V., y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., e impuso Medidas Móviles, Medidas Fijas, Medidas de Desagregación y Medidas de Contenidos, para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales.
Mediante la emisión de dicha Resolución de AEP se puso fin al procedimiento administrativo iniciado en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción III del artículo Octavo Transitorio del Decreto. La referida Resolución de AEP constituye una resolución definitiva que tuvo por objeto determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e imponer las medidas necesarias para evitar que se afectara la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales, tan es así, que la misma fue impugnada en diversos juicios de amparo.
De esta forma, es posible afirmar, como ya se ha señalado, que desde el punto de vista jurídico el artículo Octavo Transitorio del Decreto surtió sus efectos una vez que fue sustanciado el procedimiento que el mismo establecía, por lo que resulta improcedente iniciar el procedimiento relativo a la evaluación del impacto de las medidas con fundamento en una norma transitoria que a la fecha carece de vigencia por haber cumplido con su objeto.
Con fecha 14 de julio de 2014, el Congreso de la Unión, expidió el Decreto de Ley, mediante el cual fue emitida la LFTR, misma que tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución.
Si bien el Instituto emitió la Resolución de AEP y medidas con anterioridad a la expedición del marco regulatorio al que hace referencia la reforma constitucional, es importante destacar que el artículo Trigésimo Quinto Transitorio contenido en el Decreto de Ley, establece lo siguiente:
“TRIGÉSIMO QUINTO. Con excepción de lo dispuesto en el artículo Vigésimo Transitorio, por el cual se encuentra obligado el Instituto Federal de Telecomunicaciones a aplicar el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide por virtud de este Decreto y demás que resulten aplicables en materia de interconexión en términos de la misma, las resoluciones administrativas que el Instituto Federal de Telecomunicaciones hubiere emitido previo a la entrada en vigor del presente Decreto en materia de preponderancia continuarán surtiendo todos sus efectos.”

References: Resolución 
 Resolución 
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 resolución 
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 artículo 131