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Ley de Policía y de Convivencia Social. Poder Legislativo
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Pilar Cano Calderón
1 Corte Suprema de Justicia Republica de Honduras Ley de Policía y de Convivencia Social Poder Legislativo Decreto No CONSIDERANDO: Que la sociedad hondureña, demanda la emisión de un Estatuto que sustituya la Ley de Policía vigente desde el año de 1906, y que garantice la satisfacción de las necesidades de armónica convivencia, buen gobierno municipal y legitime las acciones de la Policía Nacional. CONSIDERANDO: Que es fundamental que tanto la función policial general como la especial, tengan limitado claramente su campo específico, estableciéndose dentro del más amplio respeto de los derechos humanos los procedimiento policiales y las acciones propias del gobierno municipal. CONSIDERANDO: Que es atribución del Congreso Nacional crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. La siguiente, POR TANTO, DECRETA:
2 LEY DE POLICÍA Y DE CONVIVENCIA SOCIAL LIBRO I TITULO PRIMERO FUNCIÓN POLICÍAL Y SU REGULACIÓN CAPITULO PRIMERO DEL AMBITO DE LA FUNCIÓN POLICIAL ARTÍCULO 1.- La función policial general y especial se instituye para garantizar a los habitantes del territorio hondureño; el libre ejercicio de sus derechos y libertades, velando por el cumplimiento de las leyes y regulaciones que tienen por objeto proteger la vida, honra, bienes y creencias de las personas; mantener el orden público, las buenas costumbres y la armónica convivencia social; la erradicación de la violencia; la implantación del ordenamiento territorial urbano y rural; preservar el ornato; proteger al consumidor contra los abusos que puedan cometerse en el comercio de bienes y servicios; restablecer el orden doméstico, proteger el ambiente; tutelar a la infancia y la adolescencia; preservar la moralidad pública, la salud así como el patrimonio histórico y cultural, cumplir las regulaciones en materia de espectáculos públicos, servicios de cementerios, mercados, rastros, procesadoras de alimentos, y terminales de transporte; asegurar el bienestar de los habitantes, tanto en las áreas urbanas como rurales; sin perjuicio de las atribuciones contenidas en otras leyes. También es función de la policía salvaguardar la propiedad pública contra la ocupación violenta, ilegal y desordenada de los bienes nacionales, fiscales y de uso público. ARTÍCULO 2.- En la aplicación de esta Ley se observará los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República, los Tratados y Convenciones Internacionales, Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley de Municipalidades y demás leyes. ARTÍCULO 3.- La función policial es general y especial; la primera se ejerce en toda la República por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional, la segunda por la Municipalidad en sus respectivos términos, por medio de acuerdo y ordenanzas conforme a la Ley de Municipalidades. La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, organizará en las cabeceras departamentales y municipales más importantes, Oficinas de
3 Conciliación para asuntos de policía general y las Corporaciones Municipales, organizarán Departamentos Municipales de Justicia de su dependencia. Dichas Oficinas y Departamentos estarán a cargo preferentemente de profesionales de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, y donde no fuere posible obtener personal que llene tal requisito, en el caso de los Departamentos Municipales de Justicia, estarán a cargo de un Regidor nombrado por la Corporación; respecto de las Oficinas de Conciliación, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad podrá nombrar a profesionales de otras carreras universitarias en el área social. Los Jefes de Departamentos Municipales de Justicia y Directores de Oficinas de Conciliación, podrán ser uno o varios y estarán asistidos por los correspondientes Secretarios. ARTÍCULO 4.- Son funciones de Policía de exclusiva competencia de las Corporaciones Municipales, las siguientes: 1) Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas Municipales y el Plan de Arbitrios en las siguientes materias: a) Ornato; b) Aseo; E c) Higiene municipal 2) Supervisión, control y regulación de espectáculos, establecimientos de recreación, garantizar el libre tránsito en las vías públicas urbanas, aceras, parques, playas, señalamiento vial, cementerios, rastros, procesadoras de carnes municipales, crematorios, terminales de transporte urbano y mercados; 3) La supervisión, control y regulación de restaurantes, bares, clubes nocturnos, expendios de bebidas alcohólicas, casa de prostitución y similares; 4) La autorización y control de vendedores ambulantes; 5) Permisos de apertura de negocios; 6) Comprobación de medidas especiales de seguridad en instalaciones, industriales, comerciales y de servicio que generen impacto ecológico en el término municipal y sobre las cuales se hayan emitido ordenanzas; 7) El registro de fierros;
4 8) Las restricciones en el uso de las vías públicas; 9) Las medidas de control de animales domésticos; 10) El permiso y la supervisión de cementerios, rastros y procesadoras de carnes de naturaleza privada; 11) La autorización y control del comercio de cohetes y juegos pirotécnicos; y, 12) La autorización de establecimiento público donde se permitan juegos como los casinos, que regula una Ley Especial, las máquinas de video, máquinas traga monedas, billar, gallos, juegos mecánicos, barajas sin apuestas, dados, loterías, rifas, dominó, ajedrez, juegos de destreza corporal, competencias de tiro, caza, pesca, competencias de carreras de vehículos de cualquier categoría y naturaleza, regata y en general todo juego que fomente el desarrollo de la capacidad física y mental de los participantes. Son juegos prohibidos, los así declarados por la Ley. ARTÍCULO 5.- Sin perjuicio de las establecidas en su Ley Orgánica son funciones de la Policía Nacional, las siguientes: 1) Velar por la conservación y restablecimiento del orden público para la armónica convivencia social; 2) Prevenir, disuadir, controlar, investigar y combatir el delito, las faltas e infracciones; 3) Proteger la vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades de las personas y la seguridad de las personas públicas y privadas; 4) Ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las autoridades competentes; 5) La prevención y eliminación de las perturbaciones a la tranquilidad, moralidad pública y buenas costumbres; 6) Llevar registro y control general de la tenencia y portación de armas de conformidad con la ley respectiva; y, 7) Las demás establecidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
5 CAPITULO SEGUNDO PRINCIPIOS DE LA APLICACIÓN ARTÍCULO 6.- Ninguna disposición de esta Ley puede aplicarse analógicamente en perjuicio de la persona imputada ni aplicarse sanción alguna que no esté tipificada por ley dictada con anterioridad al hecho. Las sanciones impuestas por la autoridad en virtud de esta Ley, no constituyen penas. Todo acto que perturbe la tranquilidad, seguridad y la convivencia social en general, deberá ser puesto en conocimiento de las autoridades de policía competente, para su prevención y control. ARTÍCULO 7.- La función policial se desarrollará observando los principios siguientes: 1) Actitud de respeto a las personas; 2) Identificación con los intereses, valores y cultura de la comunidad; y, 3) Aceptación y sentido de servicio a la comunidad. ARTÍCULO 8.- Todas las autoridades y los particulares, están obligados a colaborar con la policía, tanto general como especial, siempre que no implique riesgo personal. Las autoridades deben disponer lo estrictamente preciso para asegurar el cumplimiento de las leyes y el ejercicio de los derechos constitucionales. Compete particularmente a las Oficinas de Conciliación y Departamentos Municipales de Justicia conocer de las contravenciones a esta ley, imponer sanciones y velar por el cumplimiento de la misma. En ninguna situación la detención de una persona por la autoridad policial podrá exceder de veinticuatro (24) horas. ARTÍCULO 9.- Ninguna actividad de policía puede restringir a quien ejerza su derecho excepto cuando violente el de los demás, la seguridad y el bienestar de todos. Al imponer una sanción, aplicará lo que resulte más eficaz conforme a criterios de oportunidad, individualización y justicia. ARTÍCULO 10.- La función policial se ejerce por las autoridades siguientes;
6 1) Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional; 2) Los Departamentos Municipales de Justicia; 3) Las Oficinas de Conciliación; y, 4) Los Alcaldes Auxiliares. CAPITULO TERCERO DE LA ORGANIZACIÓN POLICIAL MUNICIPAL ARTÍCULO 11.- Cada Policía Municipal estará a cargo de un director, que podrá ser asistido por un sub Director, ambos nombrados por la Corporación Municipal de quien dependerán. ARTÍCULO 12.- Para se Director o sub-director de Policía Municipal, se requiere: 1) Ser mayor de veinticinco (25) años; 2) Ser hondureño; 3) Ser preferiblemente egresado de una Academia de Policía o contar con experiencia en la rama Policial; 4) Ser de reconocida honorabilidad; 5) No tener antecedentes penales; y, 6) Estar apto física y mentalmente para el desempeño de sus funciones. ARTÍCULO 13.- Son atribuciones del Director de Policía Municipal: 1) Dirigir la Policía Municipal; 2) Proponer al alcalde nombramiento, ascenso, traslado, sanciones y despido del personal de Policía; 3) Promover la Educación Policial Municipal;
7 4) Proponer al alcalde municipal el correspondiente Proyecto de Presupuesto, para ser sometido a la aprobación de la Corporación Municipal; 5) Presentar diariamente el informe de novedades; 6) Planificar y ejecutar sus operaciones rutinarias y los operativos especiales; 7) Formar, promover y desarrollar en coordinación con la Policía Nacional, los comités comunales de seguridad en barrios, colonias, aldeas y caseríos; 8) Adoptar las medidas que sean necesarias para mantener la organización, jerarquía, disciplina, subordinación y la calidad del servicio, así como la identificación de sus miembros; 9) Cumplir con las disposiciones de la presente Ley, ordenanzas, plan de arbitrios, reglamentos y resoluciones que emita la Corporación Municipal, el Alcalde y el Departamento Municipal de Justicia; y, 10) Proporcionar la información policial que requiera la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, para la prevención y combate del delito. ARTÍCULO 14.- Es atribución del Sub-Director de Policía Municipal, asistir al Director de Policía Municipal en el cumplimiento a sus funciones. ARTÍCULO 15.- La Policía Municipal esta en el deber de coordinar sus acciones y operaciones con los demás policías municipales y con la Policía Nacional. ARTÍCULO 16.- El personal de la Policía Municipal estará sujeto a las mismas regulaciones disciplinarias establecidas para el personal de la Policía Nacional. CAPITULO CUARTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
8 ARTÍCULO 17.- Créanse los Departamentos Municipales de Justicia, los que estarán a cargo de un Juez, un Secretario y personal de apoyo necesarios, nombrados libremente o removidos por el Alcalde Municipal. ARTÍCULO 18.- Para ser Director del Departamento Municipal de Justicia, se requiere: 1) Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos; 2) Ser profesional de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, y en su caso, pasante de dicha carrera o que haya cursado la Secundaria; y, 3) Ser de reconocida honorabilidad. El director del Departamento Municipal de Justicia en el ejercicio de sus funciones actuará con independencia de criterio. Los Directores deberán administrar justicia en edificio público Municipal. ARTÍCULO 19.- Es competencia del Departamento Municipal de Justicia: 1) Conocer de las infracciones de la Ley de Municipalidades, ordenanzas, plan de arbitrios, reglamentos, resoluciones y acuerdos de la Corporación Municipal; 2) Servir de órgano conciliador o de mediador en los conflictos de los habitantes de la comunidad, en aquellas materias que se refieran a la función policial especial; y, 3) Las demás establecidas en esta Ley y la de las Municipalidades. ARTÍCULO 20.- Son atribuciones del Director del Departamento Municipal de Justicia: 1) Conocer de oficio, a instancia administrativa o a petición de parte interesada, de los conflictos que se le sometan a consideración en audiencias públicas; 2) Refrendar los pactos o convenios conciliatorios y extender las respectivas certificaciones; 3) Imponer las sanciones previstas por esta Ley; 4) Citar, emplazar o requerir a cualquier ciudadano en los asuntos a que se refiere esta Ley; 5) Presidir las audiencias y mantener la disciplina en el Despacho;
9 6) Resolver sumariamente, previa audiencia, las quejas que en contra los agentes de policía municipal por abuso de autoridad o negligencia, uso indebido de la fuerza o mala conducta de los agentes de policía municipal; y, 7) Conocer de las denuncias que presenten los habitantes en razón de las contravenciones a la presente Ley. ARTÍCULO 21.- Los servicios prestados por el Departamento Municipal de Justicia son gratuitos. Es prohibido a los Directores, Secretarios y demás personal de apoyo recibir o pedir, directa o indirectamente, obsequios o recompensas como retribución por actos propios de su cargo. ARTÍCULO 22.- No podrán ser Directores del Departamentos de Justicia Municipal los miembros corporativos electos, ni los parientes de los mismos en los grados que establece la Ley. TITULO SEGUNDO DE LA FUNCIÓN POLICIAL CAPITULO PRIMERO DE LAS REGULACIONES ARTÍCULO 23.- Podrá regularse el ejercicio de las actividades de las personas, cuando ésta se desarrollen en lugar público o abierto al público, siempre que estas actividades transciendan el ámbito estrictamente privado o afecten los derechos de otras personas o los intereses jurídicamente tutelados. ARTÍCULO 24.- En casos de emergencia, desastre o calamidad grave, perturbación del orden, declaradas por el Poder Ejecutivo o autoridad competente, la policía podrá, en coordinación con la Municipalidad, tomar las siguientes medidas para conjurar la calamidad o remediar sus consecuencias o evitar un mal mayor: 1) El inmediato derribo de edificios u obras cuando sea necesario; 2) Ordenar la construcción de obras y la realización de tareas indispensables para impedir, disminuir o detener los daños ocasionados o que puedan ocasionarse;
10 3) Impedir o regular en forma especial la circulación de vehículos y de personas en la zona afectada o establecer temporalmente este tránsito por predios particulares; 4) Ordenar la desocupación de casas, almacenes y tiendas o su cierre temporal; 5) Desviar el cauce de las aguas; 6) Ordenar la suspensión de reuniones y el cierre de espectáculos y establecimientos; 7) Mantener el orden y colaborar en el aprovisionamiento y distribución de víveres, medicinas y otros servicios humanitarios y de emergencia, así como médicos, clínicos y hospitalarios; 8) Solicitar a las autoridades competentes, o en su defecto, tomar medidas especiales para mantener el orden en la prestación de servicios tales como agua potable, energía eléctrica, transporte y cualquier otro; 9) Organizar campamentos para la población que carezca de techo en coordinación con los organismos de socorro; 10) Cooperar con las disposiciones de organismos de contingencia, y recomendar las acciones pertinentes en materia de seguridad, protección y salubridad; y, 11) Cualquiera otra que sea necesario para preservar la vida y seguridad de las personas, el orden público y la convivencia social pacífica. ARTÍCULO 25.- Realizar operativos y ejecutar acciones preventivas para evitar el saqueo. CAPITULO SEGUNDO DE LOS PERMISOS ARTÍCULO 26.- Cuando las Leyes o los Reglamentos estatuyan prohibiciones de carácter general y no obstante admitan expresamente excepciones, la actividad exceptuada sólo podrá ejercerse mediante el permiso de la autoridad competente. Se otorgarán permisos especiales o temporales cuando se acredite por parte del solicitante y mediando verificación de la autoridad, que el acto o la
11 actividad exceptuado no acarrean ningún perjuicio para el bienestar general ni para el orden público. ARTÍCULO 27.- Todo permiso debe ser escrito y motivado, debiendo expresar las condiciones y requisitos para el ejercicio de tal acto o actividad. El permiso será personal e intransferible, salvo autorización de la autoridad que lo concedió. ARTÍCULO 28.- Todo permiso estará sujeto a la comprobación del adecuado cumplimiento de las condiciones para la actividad que autoriza y establecerá el término de su vigencia y las causas de su suspensión o cancelación. ARTÍCULO 29.- La suspensión o renovación de un permiso legalmente autorizado compete ordinariamente a la autoridad concedente, salvo excepciones establecidas por la Ley o Reglamento; deberán ser escrita, motivada y fundada en algunas de las causas a que se refiere el Artículo anterior. CAPITULO TERCERO DE LAS ORDENES, ORDENANZAS Y PLAN DE ARBITRIOS ARTÍCULO 30.- Para asegurar el cumplimiento de la función policial general o especial, las autoridades podrán dictar órdenes según la competencia que se les atribuya. ARTÍCULO 31.- Las órdenes deben fundarse en Ley o Reglamento. Deberán ser claras, precisas y congruentes de posible y necesario cumplimiento. ARTÍCULO 32.- Las órdenes deberán ser motivadas y escritas, pero excepcionalmente y por razones de urgencia pueden ser verbales, en cuyo caso se deberá hacer constar por escrito dentro del término de veinticuatro (24) horas. ARTÍCULO 33.- Las resoluciones que se emitan para el cumplimiento de la presente Ley tienen carácter obligatorio. Si la persona citada o requerida incumple el mandato, incurrirá en el delito de desobediencia de conformidad con el Código Penal. Tratándose de resoluciones que implican la ejecución de acciones de carácter material o la abstención de su ejecución y fuere incumplida, la autoridad de policía procederá dentro del término de tres (3) días de notificada la resolución por si a su ejecución, salvo que por su naturaleza requiera su cumplimiento
12 inmediato, ello sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa que corresponda. ARTÍCULO 34.-Las Corporaciones Municipales, emitirán normas de aplicación general dentro de término municipal, en asuntos de su exclusiva competencia, las que deberán comunicarse por cualquier medio idóneo, tales como: prensa escrita, radio, televisión, aviso y altavoces. ARTÍCULO 35.- Ordenanza es la norma jurídica escrita emanada de la Corporación Municipal para regular el funcionamiento de su conducta. ARTÍCULO 36.- Son ordenanzas de policía las que regulan la convivencia ciudadana en el ámbito municipal, estableciendo los derechos y deberes de los vecinos, limitaciones y restricciones para la armónica convivencia, tales como: 1) Policía Municipal; 2) Interacción ciudadana; 3) Circulación y tráfico; 4) Venta ambulante; 5) Construcción; 6) Saneamiento; 7) Salubridad; 8) Ornato de los edificios; 9) Uso de parques; y, 10) Cualquiera otra de análoga naturaleza. ARTÍCULO 37.- El Plan de Arbitrios es el documento fiscal en que se consignan los impuestos, tasas y contribuciones municipales, decretadas por el Congreso Nacional, y los derechos, tarifas y multas establecidas, reguladas y enumeradas por las Corporaciones Municipales libremente, en uso de sus atribuciones y que pagan los ciudadanos para hacer frente a los gastos públicos municipales. CAPITULO CUARTO
13 DEL EMPLEO DE LA FUREZA Y OTROS MEDIOS COACTIVOS ARTÍCULO 38.- La autoridad de policía sólo podrá hacer uso de la fuerza en los términos establecidos por el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica de Policía, de esta Ley, los Reglamentos y la normativa de Naciones Unidas sobre la materia. ARTÍCULO 39.- La policía podrá hacer uso de la fuerza o de instrumentos coactivos cuando se hayan agotado o fracasado otros procedimientos no violentos, y solamente en los casos siguientes: 1) Para hacer cumplir las decisiones y órdenes de los Jueces y demás autoridades; 2) Para impedir la inminente o actual comisión de delitos o infracciones de policía; 3) Para asegurar la captura de el que debe ser conducido ante la autoridad; 4) Para vencer la resistencia de quien se oponga a una orden policial legítima que deba cumplirse inmediatamente; 5) Para evitar mayores peligros y perjuicios en casos de calamidad pública; 6) Para defender a otros de una violencia física o psicológica; 7) Para proteger a las personas contra peligros inminentes y graves; 8) Para asegurar el mantenimiento y restauración del orden público y la pacífica convivencia; y, 9) En general para proteger toda persona víctima de agresión física violenta o psicológica. ARTÍCULO 40.- Para preservar el orden público la policía empleará sólo medios autorizados por la Ley o Reglamento y escogerá siempre entre los eficaces, aquellos que acusen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento.
14 Las armas de fuego sólo se emplearán contra las personas, cuando se actúe en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza. Para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. ARTÍCULO 41.- Los policías están obligados a dar sin dilación el apoyo de su fuerza por propia iniciativa o porque se le pida directamente de palabra o por voces de auxilio, a toda persona que esté urgida de esa asistencia para proteger su vida y honor, sus bienes, la inviolabilidad de su domicilio, su libertad personal o su tranquilidad. ARTÍCULO 42.- En los casos de grave urgencia o de emergencia, la policía puede exigir la cooperación de las personas. Con tal ocasión podrá utilizar por la fuerza y transitoriamente bienes indispensables para el desempeño de su misión, como vehículos, ocupación de lugares privados, alimentos y medicinas. Las personas cuyos bienes haya sido utilizados deberá ser indemnizado. LIBRO SEGUNDO TITULO PRIMERO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PÚBLICAS CAPITULO PRIMERO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA ARTÍCULO 43.- Los espectáculos y actividades recreativas de carácter público estarán sujetos a medidas de seguridad de policía en atención a los fines siguientes:
15 1) Garantizar la seguridad frente a los riesgos que, para las personas o su bienes, se puedan derivar del comportamiento de quienes organicen un espectáculo o actividad recreativa, participen en ellos o los presencien; 2) Asegurar la pacífica convivencia cuando pudiera ser perturbada por la celebración del espectáculo o el desarrollo de la actividad; 3) Limitar las actividades de los locales y establecimientos públicos a las que tuvieren autorizadas, e impedir, en todo caso, el ejercicio en ellos de cualquiera otras que estuvieren prohibidas; y, 4) Fijar las condiciones a las que habrán de ajustarse la organización, venta de localidades y horarios de comienzo y terminación de los espectáculos o actividades recreativas, siempre que sea necesario, para que se desarrollo transcurra con normalidad. Los espectáculos deportivos quedarán, en todo caso, sujetos a las medidas de prevención de la violencia que se disponen en las Leyes y Reglamentos Deportivos. ARTÍCULO 44.- El Registro Nacional de las Personas extenderá en forma de Carnet con fotografía incluyendo en el mismo el nombre de los padres a todo menor de dieciocho (18) años que lo solicite y pague el valor que fije el Reglamento de esta Ley. Para solicitar el carnet de Partida de Nacimiento el interesado presentará solicitud ante el Registro Civil acompañado de la Certificación de la Partida de Nacimiento y tres (3) fotografías. Dicho carnet, será renovable cada tres (3) años y servirá para identificar al menor y acreditar fehacientemente su minoría de edad con el objeto que la policía y demás autoridades protejan sus derechos constitucionales. Al llegar a los dieciocho (18) años el carnet quedará sin valor y afecto debiendo al ciudadano inmediatamente solicitar se Tarjeta de Identidad. ARTÍCULO 45.- Todos los ciudadanos de nacionalidad hondureña mayores de dieciocho (18) años, deberán portar obligatoriamente el documento de identificación emitido por el Registro Nacional de las Personas. La autoridad de Policía podrá requerir a las personas para que se identifiquen; en caso contrario, podrán a su costo conducirlo a su vivienda o a sus oficinas inmediatas para el solo efecto de precisar su identidad.
16 ARTÍCULO 46.- Los extranjeros que se encuentren en territorio hondureño están obligados a portar la documentación que acredite su identidad y el hecho de hallarse legalmente en el país. Por todo niño o niña responderán sus padres o representantes legales. ARTÍCULO 47.- Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades relevantes para la seguridad de las personas, como las de hospedaje, el comercio o reparación de objetos usados, venta y alquiler de vehículos usados, repuestos de motor, la compraventa de joyas y metales preciosos, deberán llevar a cabo las actuaciones de registro documental e información pertinente. Del mismo modo se regulará todo lo relativo al registro para la fabricación, almacenamiento y comercio de productos químicos susceptibles de ser utilizados en la elaboración o transformación de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópica y otras gravemente nocivas a la salud. ARTÍCULO 48.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad podrá ordenar la adopción de las medidas de seguridad que sean necesarias en establecimientos e instalaciones industriales, comercial y de servicios, para prevenir la comisión de los actos delictivos, que se puedan cometer contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o los vuelvan especialmente vulnerables. La apertura de los establecimientos que estén obligados a la adopción de medidas de seguridad, estará condicionada a la comprobación, por las autoridades competentes, especialmente de bomberos, municipales, salubridad y policía de la ideoneidad y suficiencia de las mismas. Los propietarios o arrendatarios de los establecimientos e instalaciones serán responsables de la adopción de medida de seguridad obligatorias, de acuerdo con las normas que las regulen, así como de su efectivo funcionamiento y de la consecución de la finalidad protectora y preventiva propia de cada medida, sin perjuicio de la responsabilidad en que al respecto puedan incurrir sus empleados. ARTÍCULO 49.- Las autoridades competentes, de acuerdo con las leyes y reglamentos, podrán dictar las órdenes, citaciones, requerimiento, prohibiciones, restricciones y disponer las actuaciones policiales estrictamente necesarias para asegurar la consecución de las finalidades previstas en el Artículo 1 de esta Ley; podrán asimismo para ese propósito, decomisar o revisar bienes cuya tenencia sea prohibida o no autorizada. En otros casos, podrán asimismo, con previa autorización del Director del Departamento Municipal de Justicia, ordenar la destrucción de los productos
17 decomisados cuando sean deteriorables o resulte gravosa su custodia salvo que sea pieza de convicción. ARTÍCULO 50.- El Departamento Municipal de Justicia podrá ordenar, únicamente como medida temporal de seguridad extraordinaria, el cierre, desalojo, o readecuación de locales o establecimientos, la evacuación de inmuebles o el depósito de explosivos, cuando exista un peligro inminente o en caso de alteración del orden público. ARTÍCULO 51.- Las autoridades a las que se refiere la presente Ley, adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones o manifestaciones y de espectáculos públicos, procurando que no se perturbe la seguridad de las personas. Sin embargo, podrán suspender los espectáculos y disponer el desalojo de los locales y el cierre provisional de los establecimientos públicos mientras no existan otros medios para evitar las alternaciones graves de la seguridad que se estuvieren produciendo; dichas autoridades podrán reportar su cumplimiento a la autoridad competente. La policía podrá disolver a los grupos que protesten en toma de calles, puentes, carreteras, edificios e instalaciones afectando a servicios públicos cuando impidan la libre circulación o el acceso a los mismos si contrarían el orden público, la moral y las buenas costumbres y dañan la propiedad pública y privada. En los casos a que se refiere el Artículo anterior, los empleados de empresas privadas de vigilancia y seguridad si los hubiera, deberán colaborar con la policía. ARTÍCULO 52.- En el caso de que se produzca alteraciones a la paz pública poniendo en peligro la seguridad ciudadana con armas o con otros medios de acción violenta, u obstaculizando el libre tránsito, los cuerpos policiales disolverán la reunión o manifestación y retirarán los obstáculos. ARTÍCULO 53.- La autoridad policial podrá realizar los operativos de control necesario para impedir que en los centros deportivos y recreativos en los establecimientos públicos y medios de transporte colectivo, se porten o utilicen armas, procediendo a su depósito temporal, incluso de las que se lleven con licencia o permiso y de cualesquiera otros medios de agresión, si se estima necesario, con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de las cosas. Si no portare permiso para su portación se procederá al decomiso, en todo caso se extenderá recibo correspondiente donde se indicará el lugar para reclamarla.
18 Los propietarios o encargados de dichos establecimientos están en la obligación de instalar y poner en funcionamiento avisos, detectores y espacios necesarios para el depósito de las armas. ARTÍCULO 54.- Las Policía Nacional podrá limitar o restringir, por el tiempo imprescindible, la circulación o permanencia en vías o lugares públicos, zonas de alto riesgo en que opera la delincuencia, en alteración del orden público para proteger, prevenir o reprimir al crimen organizado, la seguridad o la pacífica convivencia, cuando fuere necesario para su restablecimiento. Asimismo, podrán decomisar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el Artículo anterior. ARTÍCULO 55.- Para el descubrimiento y detención de los participantes en un hecho delictivo causante de grave alarma social y para la recolección de los instrumentos, efectos o pruebas del mismo, se podrá establecer controles en las vías, lugares o establecimiento públicos, en la medida indispensable a los fines de este apartado, al objeto de este proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. El resultado de la diligencia se podrá de inmediato en conocimiento del Juez correspondiente, autoridad inmediata y la Fiscalía. ARTÍCULO 56.- En los casos de resistencia o negativa infundada, para presentar documentos de identidad o de propiedad de vehículos u objetos de necesaria portación, se podrá requerir la conducción de dichas personas a las dependencias próximas que cuenten con medios adecuados para realizar la diligencia de identificación o acreditación de propiedad, para este solo efecto y por el tiempo indispensable. ARTÍCULO 57.- La autoridad policial sólo podrá proceder a la entrada y registro del domicilio por causa legítima en los casos y en la forma permitidos por la Constitución de la República y en los términos que fijen las leyes. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entiende por causa legítima para la entrada en domicilio por delito flagrante, el conocimiento fundado por parte de la autoridad policial que les lleve a la certeza de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos, que en materia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas señala la Ley, siempre que la urgente intervención de los policías sea necesaria para impedir la consumación del delito, la huida del delincuente o la desaparición de los efectos o instrumentos del delito. Sin embargo, no se requerirá mandamiento escrito para socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio en caso de incendio, inundación o situación
19 similar, para dar caza a animal feroz o rabioso, para la protección de bienes de personas ausentes o cuando se descubra que un extraño ha entrado al domicilio, ni cuando se trata de establecimientos abiertos al público. Es causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente y otros semejantes de extrema y urgente necesidad. Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo. CAPITULO SEGUNDO DE LA RESIDENCIA Y LOCOMOCIÓN ARTÍCULO 58.- Toda persona nacional o extranjera, es libre para transitar dentro del territorio nacional. La autoridad de policía es responsable de proteger la libertad de locomoción y la libre circulación de personas, vehículos y carga en general. ARTÍCULO 59.- No se podrá restringir la libertad de locomoción, salvo casos de emergencia o disposición judicial y para garantizar la seguridad, el orden y la salubridad pública. No podrá cerrarse vía alguna ni parte de la misma, ni limitarse su utilización aún para reparación, sin permiso de la Autoridad Municipal, la cual podrá exigir fianza para garantizar la restauración de la obra. CAPITULO TERCERO DE LAS REUNIONES Y MANIFESTACIONES PÚBLICAS ARTÍCULO 60.- En ejercicio del Derecho constitucional de reunión y manifestación pública, toda persona puede reunirse con otras o desfilar en sitios públicos, con el fin de exponer ideas o intereses de carácter político, religioso, económico, social o cualquier otro que sea lícito, sin necesidad de aviso o permiso
20 especial. Sin embargo, deberán prohibirse cuando se considere que afectarán la libre circulación y derecho de los demás. En el ámbito político se estará a lo dispuesto en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. ARTÍCULO 61.- Toda reunión o desfile público que degenere en riña tumultaria o en desorden público, será disuelta por la policía. ARTÍCULO 62.- Se prohíbe portar armas o cualquier objeto que pueda causar daño a las personas, a la propiedad o al ambiente, en reuniones, manifestaciones o desfiles. ARTÍCULO 63.- La persona que en ocasión de reunión o desfile en sitio público infrinja las leyes, será detenida y puesta a la orden de la autoridad competente si fuere procedente. CAPITULO CUARTO DE LA LIBERTAD DE COMERCIO E INDUSTRIA ARTÍCULO 64.- Corresponde a las Procuradurías del Estado, Ministerio Público, las municipalidades y a la Policía, prevenir y combatir las prácticas monopólicas, oligopólicas y monopsónicas, acaparamientos y prácticas similares. ARTÍCULO 65.- Para impedir la práctica del comercio desleal, las municipalidades podrán acordar en las regulaciones y ordenanzas municipales, medidas tendientes a impedir la destrucción intencional de productos con fines desleales, la repartición de zonas, el acaparamiento, el agiotaje, la utilización de pesas y medias adulteradas; la obstaculización del acceso a los establecimientos ajenos, las falsas noticias tendientes a alterar los precios y, en general, promover los actos que impidan la competencia desleal. Corresponde a la Policía Municipal, la verificación de la exactitud de las pesas y medias legalmente establecidas, podrán igualmente verificar el incumplimiento de los precios autorizados para la venta de la canasta básica y otros productos sujetos a regulaciones, así como, a comprobar que el contenido corresponde en materia y calidad a lo enunciado. ARTÍCULO 66.- La publicidad o propaganda con fines comerciales podrá ser limitada por regulaciones u ordenanzas municipales con el fin de que no sean engañados o sorprendidos en su buena fe los consumidores. Igualmente deberá ser regulado la colocación de rótulos, vallas o anuncios; el envase, envoltorio o embalaje de los productos, deberá expresar su contenido, peso, vencimiento y los

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