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Timestamp: 2020-05-26 16:23:35+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 25, de 21/07/2004
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 25
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 23
(Sesión extraordinaria)
celebrada el miércoles, 21 de julio de 2004
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes: ...
- Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía. "BOE" núm. 154, de 26 de junio de 2004. (Número de expediente 130/000003.) ... (Página 1095)
- Real Decreto-ley 4/2004, de 2 de julio, por el que se adoptan determinadas medidas relacionadas con los daños ocasionados por el accidente del buque "Prestige". "BOE" núm. 160, de 3 de julio de 2004.
(Número de expediente 130/000004.) ... (Página 1110)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 1095)
Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía ... (Página 1095)
El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán) pide, en nombre del Gobierno, la convalidación del Real Decretoley 3/2004, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 25 de junio. Manifiesta que el Gobierno se ha guiado del compromiso político y del diálogo social y, tras el análisis de la realidad social española, propone, en coherencia con el discurso de investidura del presidente del Gobierno, la elevación progresiva del salario mínimo hasta alcanzar los 600 euros mensuales al final de la legislatura, con el fin de recuperar la capacidad adquisitiva que, según dice, se ha perdido en los últimos años. Explica que se ha acudido a la fórmula del Real Decreto-ley por la urgencia del tema, pero destaca que ha estado precedido de un proceso de diálogo entre Gobierno, organizaciones sindicales y empresariales, que han dado su aprobación al incremento del salario mínimo. Expone el contenido del Real Decreto-ley y pide que se convalide por razones sociales, por razones de eficiencia económica, por razones de igualdad y porque el diálogo social también ha convenido que era necesario para mejorar la productividad de la economía española.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Cierra el debate el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, se aprueba por 304 votos a favor.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, se rechaza por 22 votos a favor, 276 en contra y seis abstenciones.
Real Decreto-ley 4/2004, de 2 de julio, por el que se adoptan determinadas medidas relacionadas con los daños ocasionados por el accidente del buque "Prestige" ... (Página 1110)
La señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz) somete a la consideración de la Cámara el Real Decreto-ley 4/2004, aprobado por el Gobierno el pasado 2 de julio, que tiene como objetivo atender con carácter urgente algunas de las situaciones originadas como consecuencia de la catástrofe producida por el accidente del buque "Prestige" que hasta el momento no habían encontrado solución en las medidas que en su día se adoptaron. Dice concretamente que pretende hacer frente de forma inmediata, en primer lugar, al pago de indemnizaciones pendientes a los sectores afectados, suprimiendo el tope máximo de 160 millones de euros de la anterior regulación legal; en segundo lugar, dotar al fondo de provisión constituido en el ICO con 249'5 millones de euros para hacer frente a dichos pagos, y en tercer lugar, compensar a los titulares de actividades económicas de pesca, marisqueo y acuicultura por las pérdidas experimentadas como consecuencia directa del derrame producido por el hundimiento del "Prestige" con posterioridad al mes de diciembre de 2003, creando al efecto un fondo complementario de tres millones de euros.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Replica la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, y duplica la señora Sainz García.
Cierra el debate la señora vicepresidenta primera del Gobierno.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/2004, de 2 de julio, por el que se adoptan determinadas medidas relacionadas con los daños ocasionados por el accidente del buque "Prestige", se aprueba por 303 votos a favor.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, se rechaza por 26 votos a favor, 270 en contra y una abstención.
La señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto, solicita que se aclare que el Bloque Nacionalista Galego también pidió la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado. Asimismo hace constar que como en el momento de la votación su grupo estaba pidiendo la palabra, no pudo votar a favor de la tramitación del proyecto de ley como era su deseo.
El señor presidente pide disculpas por no haber concedido la palabra a la señora Fernández Dávila y afirma que se incorporará al acta la petición del Bloque Nacionalista Galego de la tramitación como proyecto de ley del real decreto y la votación favorable al mismo.
Se levanta la sesión a las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.
- REAL DECRETO-LEY 3/2004, DE 25 DE JUNIO, PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL Y PARA EL INCREMENTO DE SU CUANTÍA. (Número de expediente 130/000003.)
El orden del día del Pleno versa sobre la convalidación o derogación de dos decretos-leyes. El primero de ellos es el Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía.
Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo en representación del Gobierno para solicitar de todos ustedes la convalidación del Real Decreto-Ley 3/2004, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 25 de junio. Para ello el Gobierno se ha guiado del compromiso político y del diálogo social. En el análisis de la realidad social española creo que convendremos todos en que el salario mínimo, en los últimos siete años, perdió considerablemente poder adquisitivo. El programa electoral con que concurrió el Partido Socialista a las elecciones recordaba lo siguiente, señorías: más de medio millón de hogares en España tiene a todos sus miembros en paro y, entre los que disponen de un empleo, un millón y medio perciben un salario próximo al salario mínimo, entre 450 y 600 euros al mes. No es extraño por tanto que la Unión Europea haya confirmado que el 19 por ciento de la población española, es decir, 7,6 millones de personas, viven por debajo de lo que en Europa se considera el umbral de la pobreza, es decir, son personas que viven en hogares cuya renta disponible está por debajo del 60 por ciento de la media nacional. Por ello, con el propósito de dinamizar la sociedad, asumimos, para promover además y mejorar la empleabilidad de los trabajadores como parte de la necesaria reforma del mercado de trabajo, entre otras medidas, el compromiso siguiente: aumentar el salario mínimo hasta alcanzar una cuantía de 600 euros mensuales al final de la legislatura y previa modificación de la actual vinculación al salario mínimo de determinadas previsiones y prestaciones. En coherencia con lo anterior, señorías, el presidente del Gobierno en el discurso de investidura anunció el mismo compromiso e indicó que procederíamos a la elevación progresiva del salario mínimo hasta alcanzar los 600 euros mensuales al final de la legislatura, con el fin de recuperar la capacidad adquisitiva que se ha perdido en los últimos años. Como ello era urgente, nos llevó a la aprobación del real dcreto-ley que hoy, señorías, sometemos a su consideración y convalidación. Quiero destacar que, no obstante esa urgencia, la aprobación del real decreto-ley ha estado precedida de un período intenso de casi un mes de duración de consultas con los a gentes sociales y los agentes sociales han dado su acuerdo a esta elevación del salario mínimo que hoy sometemos a su convalidación. Por tanto a empresarios y sindicatos quiero agradecerles su receptividad y el consenso que hemos alcanzado para incrementar el salario mínimo.
La regulación del salario mínimo interprofesional, como saben SS.SS., deriva del artículo 35 de la Constitución, que reconoce a los trabajadores el derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. De acuerdo con ella, el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores señala que corresponde al Gobierno determinar cada año el salario mínimo interprofesional y establece una serie de factores o elementos que han de ser tenidos en cuenta para ello.
Entre estos figura el índice de precios al consumo, la productividad media nacional alcanzada, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Sin embargo, a pesar de ello, en los últimos años no se actualizó el salario mínimo en función de estos criterios y la justificación de ese comportamiento se basaba fundamentalmente en las características especiales que el salario mínimo reviste en España. Así, en primer lugar, el salario mínimo en España tiene un efecto directo o estrictamente laboral, atribuido por el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Cuál es ese efecto? Que sirve de suelo o garantía salarial mínima de los trabajadores, ninguno de los cuales puede percibir por su trabajo, en cualquier en actividad, un salario por debajo de la cuantía del salario mínimo interprofesional, actuando por tanto como una garantía mínima de retribución suficiente. En ese aspecto tengo que decirles que la incidencia del salario mínimo es limitada, dado que se aplica a un número reducido de trabajadores: los que no estén cubiertos por negociación colectiva. Ahora bien, para estos trabajadores el salario mínimo constituye su retribución efectiva y la única garantía de derecho que reconoce nuestra Constitución a una retribución suficiente. Dentro de ese efecto directo laboral se incluyen los supuestos en que el SMI se utiliza como referente para determinar el salario o retribución de los trabajadores, como es el caso, entre otros, de empleadas de hogar, penados en actividades laborales en talleres penitenciarios, trabajadores con contratos de formación, o aquellos otros en que sirve para concretar aspectos que están íntimamente vinculados al salario de los trabajadores, tales como la determinación de las garantías, privilegios y preferencias del salario, los límites de responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial, la garantía financiera que deben constituir las empresas de trabajo temporal, las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social, el concepto de colocación adecuada del sistema de protección por desempleo o la cuantía de la subvención de los costes salariales correspondientes a los puestos de trabajo ocupados por los trabajadores con discapacidad en los centros especiales de empleo, así como aquellos otros referidos a los alumnos trabajadores en los programas de escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo.
Además del efecto directo de carácter laboral, el salario mínimo interprofesional tiene en España múltiples efectos indirectos que se le han venido atribuyendo en muy diversas normas legales o convencionales, siendo precisamente estos efectos los que han impedido que el salario mínimo tuviera una evolución más acorde con la exigencia de suficiencia que se recoge en el artículo 35 de la Constitución. Los efectos indirectos del salario mínimo son muy amplios. Se utiliza, por ejemplo, como indicador de nivel de renta que permite acceder a determinados beneficios o a la aplicación de determinadas medidas: normativa educativa para percepción de becas; en el ámbito procesal, para el acceso a los beneficios de justicia gratuita; en vivienda, para el acceso a las viviendas de protección oficial y revisión de alquileres. Dentro de esta función, se utiliza también en el ámbito sociolaboral como referencia para la determinación de los requisitos de acceso al subsidio por desempleo, el subsidio agrario, la renta agraria y la renta activa de inserción, entre otros mecanismos de protección. En segundo lugar, el salario mínimo se utiliza como parámetro de referencia para la cuantificación de determinadas prestaciones sociales, tales como el subsidio de desempleo, el subsidio agrario y las rentas que les he indicado, agraria y activa de inserción.
Así, argumentos tan aparentemente loables como la necesidad de mantener el gasto público, que es loable, o las ventajas de contener la inflación han servido de base y justificación para elevar el salario mínimo en la misma cuantía que la previsión del índice de precios al consumo, lo que ha conducido a una injustificable pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo, que, recordemos, aparece constitucionalmente como umbral mínimo de suficiencia para satisfacer las necesidades económicas del trabajador y de su familia. Por tanto, la necesidad imperiosa de restituir la capacidad adquisitiva perdida, la aproximación del salario mínimo a una cuantía más cercana al 60 por ciento del salario medio de los trabajadores y, tal y como recomienda la Carta Social Europea del Consejo de Europa, el cumplimiento del derecho constitucional del trabajador a una remuneración suficiente y la efectividad de los principios de igualdad y justicia social, de cara a conseguir un auténtico Estado social, son las razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de la norma que hoy se somete a su convalidación, que brevemente les explico.
En primer lugar, se procede a una subida del 6,6 por ciento de la cuantía, que pasa de 460,5 a 490,8 euros mensuales. Se recupera de una vez todo lo perdido entre los años 1996 y 2004. En segundo lugar, se recupera la función esencial del salario mínimo como garantía de retribución. Por ello los trabajadores no pueden percibir una retribución inferior al salario mínimo por su trabajo por cuenta ajena en cualquier actividad.
Además, se establece una serie de excepciones al principio general de desvinculación del salario mínimo de sus efectos indirectos, tratándose en general de supuestos que tienen una relación directa con el concepto y la cuantía del salario mínimo. En este sentido
las excepciones son dos, por un lado, conceptos regulados en normas de carácter laboral o complementarias de éste -Estatuto de los Trabajadores, Ley de empresas de trabajo temporal, etcétera-, y el otro apartado o bloque se refiere a los conceptos que tienen regulación específica en la Ley General de Seguridad Social, desde luego las bases mínimas de cotización y, además, los requisitos de acceso y mantenimiento de ciertas prestaciones como viudedad y orfandad. Especial consideración se hace en relación con las prestaciones por desempleo en las que, en líneas generales, los requisitos de acceso y mantenimiento se vinculan al salario mínimo y sus cuantías concretas al IPREM, es decir, el índice alternativo que también aprueba este real decreto-ley, con los matices que más adelante diré. Como consecuencia de ello, señorías, en tercer lugar, el salario mínimo se desvincula de sus efectos impropios o no laborales, esto es, la nueva cuantía del salario mínimo se desvincula de las cuantías de todas las prestaciones, ayudas, subvenciones, etcétera, en ámbitos distintos del sociolaboral. En cuarto lugar, como complemento necesario a esa desvinculación, por evidentes razones de seguridad jurídica y para actuar como referente de futuro, se crea el indicador público de rentas de efectos múltiples. De él, señorías, es importante señalar que se fijará cada año en la Ley de Presupuestos del Estado, que esa fijación se hará previa consulta con los agentes sociales...
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, disculpe.
Por favor, guarden silencio.
Continúe, señor ministro.
Decía que se crea un indicador alternativo que se aprobará cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado previa consulta con los agentes sociales y que en su determinación se tendrá en cuenta el objetivo de inflación que se utilice en la propia Ley de Presupuestos. El propio real decreto-ley ha fijado ya la cuantía inicial de este indicador alternativo de rentas aplicable a partir del 1 de julio. Es exactamente coincidente con la anterior cuantía del salario mínimo: 460,5 euros al mes, pero los efectos de este indicador alternativo son diferentes según se trate de normas estatales o autonómicas y locales. En las primeras, en las normas estatales, el nuevo IPREM es sin más, salvo para las retribuciones salariales, el nuevo referente, pero para respetar la distribución de competencias de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que integran la Administración local, todo aquello que incluya referencias al salario mínimo no se verá afectado por la subida del mismo ni se aplicará este indicador alternativo de forma automática, si bien en el ámbito de sus competencias todas ellas podrán optar por utilizar este indicador alternativo de referencia o establecer indicadores propios; es decir, que comunidades autónomas y ayuntamientos podrán decidir si siguen el indicador alternativo establecido con carácter estatal o establecen uno propio. Con carácter transitorio se establece que, salvo norma en contrario, en estos casos cualquier referencia al salario mínimo debe entenderse realizada a la cuantía vigente en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, y a partir del año que viene, 2005, la referencia deberá entenderse hecha a la cuantía del salario mínimo establecida en el Real Decreto 1793/2003, de 26 de diciembre, incrementada para los años siguientes en el mismo porcentaje en que se incremente el IPREM, el indicador alternativo de rentas de efectos múltiples.
En quinto lugar, el sistema de protección por desempleo, señorías, requiere una consideración particular. Dado que las prestaciones que conforman el sistema tienen una vinculación directa con las rentas salariales a las que vienen a sustituir, resulta necesario que los efectos positivos de la elevación de la cuantía del salario mínimo se extiendan también a los perceptores de las diferentes prestaciones que integran el sistema de protección por desempleo. A tal efecto, el real decreto-ley establece las siguientes medidas. Se mantiene la vinculación con el salario mínimo de los requisitos de rentas y responsabilidades familiares que se exigen para el acceso y mantenimiento de las citadas prestaciones y con carácter definitivo las cuantías de las diferentes prestaciones se desvinculan del salario mínimo y pasan a estar referenciadas al nuevo indicador público de rentas múltiples, con una excepción, que consiste en que los perceptores de las diferentes prestaciones por desempleo, en particular cuando se trata de las cuantías mínimas de éstas, se beneficiarán del incremento de esta primera subida del salario mínimo, es decir, que la subida de este año alcanzará a quienes perciben prestaciones y subsidios por desempleo, pero las siguientes subidas del salario mínimo ya quedarán desvinculadas de estas prestaciones, porque de lo contrario el coste sería inasumible, no sería aceptable.
Este real decreto-ley tiene una serie de efectos positivos, desde luego muy beneficiosos, unos de índole social. En primer lugar, los trabajadores españoles que perciben salario mínimo recuperan de una sola vez todo lo perdido. La recuperación, señorías, de este poder adquisitivo perdido afecta a las familias más humildes de España o, si se prefiere, supone hacer justicia a 600.000 trabajadores que han visto empeorada su situación en los últimos años, puesto que sus percepciones económicas perdían capacidad adquisitiva cada año. En segundo lugar, se trata de una medida trascendente desde el punto de vista de la justicia social, que invierte una corriente contraria a la equidad en el mercado laboral y que avanza en la consecución del Estado del bienestar. Se pretende también con esta medida dar cumplimiento a lo que dice el artículo 35 de la Constitución,
esto es, el derecho del trabajador a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. En tercer lugar, y sin salir de estas motivaciones sociales, se consigue con ello dignificar la cuantía del salario mínimo, eliminando las trampas de pobreza y exclusión social, de las que se hablará más adelante, y acercándonos a las recomendaciones de la Carta Social Europea sobre fijación del salario mínimo en un 60 por ciento del salario medio.
También tiene efectos positivos, señoras y señores diputados, en la economía y en la productividad. Ofrece consecuencias en otros órdenes. La medida se justifica también desde el punto de vista de la prosperidad de la economía española y de la mejora de la competitividad, porque el incremento del salario mínimo aumentará la oferta de trabajo, contribuirá a combatir la inestabilidad laboral y favorecerá la incorporación de nuevos ciudadanos al mercado laboral. Habrá de intensificarse también a través de esta vía la incorporación de la mujer al mercado laboral, porque es obvio que muy bajos salarios no compensan el gasto que tiene que realizar la mujer o el hombre respecto a sus hijos para mantener su nivel de vida. Debe recordarse que la estrategia europea de empleo aprobada en Salónica incluía entre las directrices que deben guiar las políticas de empleo de los Estados miembros aquella que dice hacer que el trabajo sea rentable, y si se quiere conseguir que más gente participe en el mercado de trabajo, habrá que hacer el trabajo más atractivo, animando a hombres y mujeres a buscar, ocupar y conservar ese puesto de trabajo.
Señala textualmente esta estrategia europea para el empleo que, en este contexto, los Estados miembros deberán llevar a cabo políticas adecuadas para reducir el número de trabajadores pobres, siendo necesario eliminar las trampas de la pobreza y la inactividad. Es evidente, señorías, que un salario mínimo cercano al umbral de la pobreza desalienta el trabajo y es obvio que muchas mujeres no se incorporan al mercado de trabajo porque sus salarios son inferiores a los gastos a los que deben hacer frente para trabajar: guarderías, escuelas infantiles, residencias, cuidadores de ancianos y niños, etcétera. En materia de salario mínimo particular recuerdo que España es el país de Europa que tiene los costes laborales más bajos y es también el penúltimo país de Europa donde el salario mínimo es más bajo hasta que se ha producido la ampliación a 25 países.
Por ello la medida adquiere importancia de cara a corregir las desigualdades salariales, que son las mayores de la Unión Europea, y para cumplir con las recomendaciones de la Carta Social Europea, cuyo incumplimiento es hoy un hecho. Además, esa reducción de las discriminaciones y desigualdades excesivas de los trabajadores respecto de otros debe contribuir a generar un clima laboral favorable en el país y como consecuencia de ello y de todas las medidas que he indicado a incentivar el aumento de la productividad, mejorando la motivación e interés del trabajador por su realización laboral en la empresa, reforzándose la unidad de mercado y la cohesión territorial y por supuesto aumentando la cohesión social. Además, continuaremos a través del diálogo social, señorías, la regulación del salario mínimo en el futuro, rompiendo con la tendencia anterior de fijar el salario mínimo de espaldas a la opinión de agentes económicos y sociales. Este incremento del salario mínimo ha sido consecuencia de un intenso proceso de diálogo social en el último mes, y además de pactarlo con empresarios y sindicatos, el Gobierno ha puesto las bases para que en el futuro cuestiones tan importantes como la cuantía del indicador público de rentas de efectos múltiples, el salario mínimo interprofesional y los módulos para su revisión e incremento no se lleven a cabo unilateralmente y sin consultar con las fuerzas políticas y sociales. Así ha sido ya con este real decreto-ley.
Señorías, tengo que anunciarles que en la declaración para el diálogo social del año 2004 se establece que entre las materias objeto del diálogo social en el futuro estará siempre el proceso de revisión del salario mínimo a lo largo de los próximos años y los criterios que podrían tenerse en cuenta para la revisión del indicador público de rentas múltiples o los cambios en la regulación sustantiva del salario mínimo interprofesional. Por ello el proceso de diálogo abierto entre Gobierno, organizaciones sindicales y empresariales más representativas deberá tener en cuenta en el futuro asuntos tan relevantes como llegar a la cuantía de 600 euros de salario mínimo a lo largo de la legislatura, los criterios de revisión o la reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores sobre la forma de determinación del salario mínimo interprofesional, con vistas a que no se repitan en el futuro las pérdidas de poder adquisitivo que hemos tenido en los últimos ocho años.
Señorías, estas son las razones por las cuales pedimos que convaliden este incremento del salario mínimo, por razones sociales, de recuperación del poder adquisitivo perdido, por razones de cohesión social, por razones de eficiencia económica, por razones de igualdad y porque el diálogo social también ha convenido que era necesario, para mejorar la productividad de la economía española, elevar el salario mínimo en esta primera cuantía hasta 490 euros y en el futuro hasta los 600 euros comprometido a lo largo de la legislatura.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno en contra? (Pausa.)
Iniciamos, pues, el turno de fijación de posiciones de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.
Señoras y señores diputados, la posición del Bloque Nacionalista Galego parte del criterio de que la dignificación del salario mínimo interprofesional debe de ser una tarea a abordar inmediatamente. Sin duda ello contribuye de manera especial a que se reconozca en la práctica el derecho de los trabajadores y trabajadoras a una remuneración justa y equitativa que les permita alcanzar y mantener unas condiciones de vida dignas. Es además urgente después de un período, como ya ha señalado el señor ministro, en que se aplicaron políticas económicas regresivas desde el punto de vista social, más preocupadas en alcanzar objetivos macroeconómicos que en proporcionar bienestar al conjunto de la población y contribuir a reducir las desigualdades sociales. El incremento significativo del salario mínimo interprofesional aproximándolo en su cuantía a la recomendaciones mínimas de la Carta Social Europea supondría desandar en parte ese camino al posibilitar la recuperación de una parte del poder adquisitivo perdido durante la última década por los trabajadores y trabajadoras con salarios más bajos. Es por eso por lo que el Bloque Nacionalista Galego registró ya en la Cámara el 30 de abril precisamente una proposición no de ley instando al Gobierno a proceder a incrementar de forma progresiva y gradual el salario mínimo interprofesional con el objetivo de que en el plazo de cuatro años se equipare a la cuantía equivalente al 60 por ciento del salario medio, de acuerdo con las recomendaciones de la Carta Social Europea.
Viene ahora afortunadamente este real-decreto ley para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía. Como indica su nombre, el real-decreto ley aborda tres aspectos del salario mínimo interprofesional que queremos poner de relieve. En primer lugar se incrementa su cuantía. El salario mínimo interprofesional se eleva para el segundo trimestre de 2004 en un 6 por ciento hasta llegar a los 490,80 euros. La valoración de este incremento es positiva para el Bloque Nacionalista Galego pues es el mayor incremento nominal de los últimos años, ya que venía subiendo apenas el 2 por ciento, lo que supuso en el 2002 y 2003 una subida por debajo del IPC real. En segundo lugar, la cuantía aprobada, 490,80 euros, significa un incremento de 8,7 por ciento respecto de la aprobada para 2003, lo que puede permitir una recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras con salarios referenciados al salario mínimo interprofesional. En tercer lugar, cambia la tendencia de crecimientos nominales iguales a la inflación prevista, con lo que, de mantenerse, podrá llegar al final de la presente legislatura a la cuantía de 600 euros, aproximándonos a las recomendaciones de la Carta Social Europea de situar al salario mínimo interprofesional en una cifra equivalente al 60 por ciento del salario medio neto. Esto es, sin duda, muy importante pues de seguir actualizando el salario mínimo interprofesional al 2 por ciento anual, no alcanzaría una cuantía de 600 euros hasta por lo menos dentro de 12 años.
Vayamos ahora a la nueva regulación. El nuevo enfoque legal del salario mínimo interprofesional lo desvincula como referencia de políticas con repercusión presupuestaria ajenas al ámbito laboral que a veces impedían una actualización por encima del IPC. De esa manera, el salario mínimo interprofesional se mantiene como referencia para determinar los requisitos de acceso a determinadas prestaciones sociales, pero se sustituye a la hora de fijar las cuantías de las mismas, que quedarán sujetas a la política de gasto social que efectúe cada Gobierno. Así, los eventuales incrementos del gasto en determinadas prestaciones sociales, principalmente por desempleo, no podrán ser la excusa para impedir un aumento del salario mínimo interprofesional, como estaba aconteciendo hasta ahora. Como sustituto del salario mínimo interprofesional se diseña un índice público de renta de efectos múltiples (IPREM) que servirá de referencia para determinadas prestaciones. A la espera de su evolución, la aprobación de este real decreto-ley también repercutirá en una mejora inmediata de las prestaciones por desempleo por las siguientes razones.
En primer lugar, se incrementan los porcentajes de las cuantías del subsidio por desempleo y los topes mínimos y máximos de la prestación contributiva. En segundo lugar, las prestaciones de desempleo aumentarán en el segundo semestre de 2004, en función de las cargas familiares, de 23 a 37 euros mensuales. En tercer lugar, se refuerza, aunque sea tímidamente -queremos señalarlo-, la progresividad del sistema de desempleo al aumentar en mayor medida los topes mínimos de la prestación por desempleo que los máximos. Por último, al mantener el salario mínimo interprofesional como referencia para determinar la concesión de las prestaciones del subsidio por desempleo y al prever su aumento en los próximos años por encima del IPC, también se elevarán los límites de las rentas para poder acceder a estas prestaciones. En suma, señorías, el Bloque Nacionalista Galego considera que se trata de una regulación positiva pues supondrá un incremento inmediato de los salarios más bajos que tienen como referencia el salario mínimo interprofesional. Tiene su origen en las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras a lo largo de los últimos años y sirve para desterrar un modelo de política de crecimiento económico y resultados empresariales basado en los bajos salarios, tal y como se venía imponiendo durante los últimos años. Este real decreto-ley va a contar con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego, esperando que los próximos presupuestos confirmen la tendencia que se adivina con la aprobación del mismo, que se avance en un incremento de las cuantías superior al IPC y que se aumenten las prestaciones sociales anteriormente vinculadas al salario mínimo interprofesional, con una fijación del IPREM también por encima del IPC.
Esperamos, señorías, que este real decreto-ley y lo que contiene no se quede en una medida puntual, con más vocación propagandística que compromiso real, con una nueva política social más equitativa y con mayor acento redistributivo. En esos dos aspectos (política social más equitativa y con mayor acento redistributivo) el Gobierno contará siempre con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo de Coalición Canaria, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, mi grupo va a apoyar la convalidación del real decreto-ley por varias consideraciones.
En primer lugar, nos parece bien el procedimiento seguido por el Gobierno, porque por una vez lo utiliza para favorecer a los más débiles.
Pudiera ser discutible el procedimiento seguido por el Gobierno para aumentar el salario mínimo interprofesional, pero a mí me parece un símbolo de que este Gobierno está dispuesto a apostar por dar respuesta a los sectores de población más debilitados -y desde luego lo son-, a los trabajadores que sin convenio tienen que recurrir al salario mínimo interprofesional para garantizarse un salario de supervivencia. Nos parece oportuno el procedimiento seguido. Los dos contenidos que pretende resolver responden también a una demanda y, sobre todo, hacen justicia.
Nos parece razonable la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo interprofesional perdido en los últimos años y, sobre todo, es importante la apuesta del Gobierno para conseguir que, a lo largo de esta legislatura, se consolide un salario mínimo interprofesional más próximo al salario medio, que se ha cuantificado por parte del Gobierno en 600 euros mensuales. Nos parece asimismo oportuno que las aplicaciones indirectas que ha tenido el salario mínimo interprofesional lo hagan ahora a través de un nuevo indicador para calcular esas rentas en otras aplicaciones y se deje al salario mínimo interprofesional su auténtica función, cual es la de garantizar las rentas mínimas de esos trabajadores que desgraciadamente no tienen oportunidad de la negociación colectiva y que necesariamente se apoyan en esta regulación para garantizarse esos recursos.
Por todo ello, mi grupo apoya la actualización del poder adquisitivo del salario mínimo interprofesional, la creación de ese nuevo indicador para los efectos indirectos que hasta ahora ha tenido el salario mínimo interprofesional, y seguirá apoyando al Gobierno para llegar a un proceso real de convergencia del salario mínimo interprofesional con el salario medio de nuestro país. Estimamos fundamental la aprobación de este real decreto-ley hoy en el Congreso de los Diputados y Coalición Canaria le apoya sin paliativos.
Grupo de Izquierda Unida. Señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya queremos intervenir esta tarde en este debate para la convalidación de este real decreto, afirmando desde el principio una cuestión que parece obvia, pero que, a pesar de su obviedad, a menudo parece también olvidada. Y es que el salario mínimo remunera trabajo, es decir, no es una concesión graciosa, no es una medida de beneficencia, ni es una ayuda para la inserción. Remunera trabajo. Queremos aprovechar esta intervención no para hacer una loa al Gobierno, aun reconociendo lo positivo de la medida, sino para intentar, una vez más, defender desde esta tribuna los intereses de los trabajadores más desprotegidos en el mercado laboral y que son frecuentemente presa de abusos de una parte desconsiderada de la patronal.
El salario mínimo interprofesional nace como una garantía de ingreso mínimo digno para los trabajadores más desfavorecidos, aquellos que realizan actividades en donde la fijación de salarios no está regulada y que, por supuesto, suelen ser muy bajos. Son trabajadores que se encuentran las más de las veces en el margen de la negociación colectiva, sin posibilidad de representación sindical articulada. El salario mínimo interprofesional se concibe, pues, como una obligación de los poderes públicos para impedir que haya salarios por debajo de esa subjetiva línea que entendemos por dignidad. Ese es el sentido del artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, pero también de convenios internacionales de la OIT o de la Carta Social Europea de 1980, ratificada por el Estado español. No recurriríamos nosotros aquí al artículo 35 de la Constitución porque emplea un criterio, a nuestro juicio, más objetivo que es el de la suficiencia y aunque habláramos de 490 ó de 600 euros seguiríamos moviéndonos, a nuestro juicio, en márgenes de insuficiencia.
Parece que el salario mínimo interprofesional debiera tener una naturaleza referida únicamente al ámbito laboral, pero la realidad, y se ha dicho, es que hay un buen número de trabajadores cuyos ingresos están referenciados en el salario mínimo interprofesional: los subsidios por desempleo, o las rentas del régimen especial agrario son casos. El salario mínimo interprofesional es también un baremo a la hora de establecer políticas públicas, como la ayuda para la vivienda de protección oficial, becas, diversas ayudas, etcétera. Por tanto, el alcance de las consecuencias de esta revisión del salario mínimo está más allá del número de sus perceptores directos. Es ese precisamente el argumento que muchos gobiernos han venido hasta ahora utilizando para tocar lo menos posible el salario mínimo interprofesional, con el resultado de su congelación efectiva, generando pérdidas de su capacidad de compra,
estableciendo además un criterio gratuito de discriminación precisamente con los trabajadores más desfavorecidos. Y como a perro flaco todo son pulgas, los trabajadores que reciben el salario mínimo interprofesional han podido disfrutar también de la indiferencia de muchos y variados gobiernos, agudizándose esa tendencia a partir de 1996. En primer lugar, el salario mínimo interprofesional ha ido perdiendo poder adquisitivo gracias a que los gobiernos prevén una inflación que suele ser menor de la real; es decir, los gobiernos han hecho trampas a los trabajadores más indefensos, menos organizados y en peores condiciones laborales.
Semejantes errores de cálculo del Gobierno, por supuesto, los pagan los trabajadores peor pagados. Todo un ejemplo de ignorancia de la negociación colectiva, a menos que negociación colectiva se entienda porque aquí se hace lo que diga colectivamente el Gobierno y punto, que es la máxima aplicada durante todos estos años.
¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores? Que tiene que haber una previa consulta a los sindicatos y asociaciones empresariales para fijar el salario mínimo interprofesional y que deben tenerse en cuenta criterios como el IPC, la productividad media, el incremento de la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional, y la coyuntura económica general. Además se fijaba una revisión semestral para intentar corregir las desviaciones del IPC. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que estos seis criterios que recoge el Estatuto de los Trabajadores se han reducido todos estos años a dos: uno, que lo que se utiliza como referencia es el IPC previsto por el Gobierno; y que esto sucede una vez al año. Este es todo el debate que los trabajadores han tenido con los gobiernos sucesivos. Se puede o no estar de acuerdo, nosotros desde luego no lo estamos, pero hay que reconocer que simple sí era el razonamiento.
Los resultados, los lógicos. El resultado es que al tradicional retraso de nuestro país en estos temas se ha unido el moderno retraso de nuestro país, con el resultado final del retraso actual, de forma que de los nueve países que establecen el salario mínimo interprofesional por ley en nuestro ámbito europeo de referencia, España sólo se sitúa por encima de Portugal; que cinco de esos países duplican la cuantía de nuestro país; y que mientras la Carta Social Europea efectivamente habla del 60 por ciento del salario medio, en España en 2003 estábamos en el 36,4 por ciento. Si tuviéramos en cuenta datos del Instituto Nacional de Estadística en su índice de costes laborales, en el tercer trimestre de 2003 el salario medio es de 1.430 euros en nuestro país. Esto quiere decir que el salario mínimo debería estar establecido en torno a los 840 euros. Por tanto, nos encontramos aún con esta revisión muy lejos de las aspiraciones ratificadas por España en la Carta Social Europea.
Ahora bien, con esta situación es difícil oponerse a la propuesta del Gobierno, en primer lugar, porque recupera la buena costumbre de escuchar a los agentes sociales; en segundo lugar, porque supone la descongelación del salario mínimo interprofesional, y esperemos que una mejor evolución de los salarios más bajos; en tercer lugar, porque desvincula al salario mínimo de criterios presupuestarios al crear el indicador público de renta de efectos múltiples, cuyo nombre evidentemente promete largos desarrollos; en cuarto lugar, repercute positivamente en prestaciones por desempleo y bases de cotización; y, en quinto lugar, porque el hecho de que en la propia memoria del decreto se plantee el 60 por ciento del salario medio como objetivo a alcanzar, coloca también al salario mínimo interprofesional en el marco de la negociación colectiva y los trabajadores sujetos a él en conexión también con el resto de los trabajadores, criterio que nos parece fundamental, no desde un punto sindical sino social y de cohesión. Por todo ello votaremos a favor, pero no queremos dejar de expresar que 490 euros están muy por debajo de lo que nosotros consideramos un salario justo y muy lejos de lo ratificado por España en la Carta Social Europea. Creemos que el IPREM debe ser revisado según la inflación real y de forma automática; que es necesario garantizar la revisión semestral del salario mínimo en tanto se proceda o no a la reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores y que debe utilizarse la media anual de inflación en lugar de la inflación interanual. No compartimos el establecimiento de un tope máximo para la prestación contributiva, que llega a alcanzar hasta el 2,9, pero 3,7 puntos menos que el resto de las prestaciones y creemos que deben ser compensadas las rentas y subsidios del régimen especial agrario. Con estas y otras inquietudes, seguiremos tratando de que el salario mínimo llegue a la cota de dignidad que hoy evidentemente aún no tiene, a pesar del esfuerzo de esta propuesta del Gobierno. Señorías, no presentamos ninguna enmienda porque no queríamos poner en cuestión nuestro voto -nuestro voto es afirmativo sin cuestión-, pero sí les pedimos, señores del Gobierno, una cierta autoenmienda en el sentido de estas propuestas que les hacemos. Y sí les anunciamos insistencia en su propuesta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, en relación con este real decreto-ley queremos felicitar al Gobierno por la presentación, por su contenido y por la oportunidad. Como el portavoz de Coalición Canaria comentaba, se ha utilizado bien la fórmula de real decreto-ley; la concurrencia de razones de urgencia están plenamente justificadas en opinión de mi grupo parlamentario.
Señor ministro, quiero indicarle que nos felicitamos particularmente de que por fin se empiezan a cumplir -y no es cuestión baladí- los requerimientos de un mandato constitucional pendientes desde el año 1978.
El contenido del artículo 35 establece la palabra mágica en materia de protección pública, en relación con el salario mínimo interprofesional, que es la de la suficiencia; la palabra mágica se utiliza en cuanto al sistema público de pensiones, a la cuantía de las pensiones, y también en cuanto al salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional cuantitativamente tiene que ser suficiente para atender a las necesidades mínimas, elementales del trabajador y de sus familiares. Es obvio que en el Estado español este requerimiento de la suficiencia ha sido sistemáticamente incumplido. Por tanto, nosotros nos felicitamos de que el Partido Socialista afronte esta legislatura priorizando esta cuestión tan trascendente, que había sido incumplida demasiado tiempo. Desde esa perspectiva, felicitaciones, señor ministro.
Nosotros estamos de acuerdo con el contenido del decreto en relación con la suficiencia, sobre todo porque la proyección pro futuro es ir adecuándolo a lo que recomienda la Carta Social Europea, que es que la cuantía del salario mínimo interprofesional se ajuste al 60 por ciento de las rentas laborales medias. Es una perspectiva pro futuro a la que al final de la legislatura estaremos en condiciones de aproximarnos razonablemente.
Dicho esto, señor ministro, también tenemos que felicitarle por otras razones. Luego le diré por qué razones no tenemos que felicitarle, porque no todo es de color rosa en opinión de nuestro grupo parlamentario.
Tenemos que felicitarle por la diferente configuración jurídica que se otorga al salario mínimo interprofesional. Tal como estaba jurídicamente configurado el salario mínimo interprofesional en el Estado español era una verdadera excentricidad jurídica. Desde la perspectiva del derecho laboral, su configuración jurídica en nada se asemejaba a cómo está configurado en los demás países de nuestro contexto sociocultural, de la Unión Europea, y por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque como criterio fundamental de actualización del salario mínimo interprofesional se ha venido utilizando, como usted con tono razonablemente crítico hacía, la estimación -ni siquiera el resultado- del índice de precios al consumo, que luego resultaba siempre superior; con lo cual desde el año 1996 hasta el año 2004 los trabajadores, fuera del ámbito de la negociación colectiva, perceptores del salario mínimo interprofesional, han sufrido un quebrando económico del 6,6 por ciento como mínimo, seguramente más. Yo no sé si estos cálculos están macroeconómicamente bien concebidos o econométricamente bien calculados, porque la impresión de nuestro grupo es que el quebranto económico de estos trabajadores, los perceptores del salario mínimo interprofesional, ha podido ser probablemente superior. Por tanto, ya la actualización, utilizando el criterio del 6,6 por ciento para evitar este quebranto, pero sobre todo la utilización como elemento referencial para la configuración del salario mínimo interprofesional no sólo de las estimaciones del IPC, sino de otros elementos referentes macroeconómicos importantes como la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional considerada en su conjunto, los índices de productividad y la coyuntura económica con carácter general, era un déficit jurídico que hacía que nuestro salario mínimo interprofesional fuera no sólo insuficiente, sino que fuera mermando su capacidad de cumplir con el requerimiento constitucional de cubrir las necesidades básicas del trabajador y sus familiares. Constituía una excentricidad en la configuración jurídica del salario mínimo interprofesional en el Estado español su utilización como referente único para multitud de cuestiones atinentes a contingencias protegidas por el sistema público de pensiones, de prestaciones, de subsidios, de la cuantía remuneratoria del trabajo de los penados en establecimientos penitenciarios, de los trabajadores del hogar, del régimen de la Seguridad Social de las cooperativas, de la renta mínima de inserción, de ámbitos ajenos al derecho de trabajo como las tasas y las becas de estudio, las ayudas familiares a partir del tercer hijo. Todo este amplio baremo, dado el carácter horizontal que afectaba prácticamente a la economía en su conjunto, al salario mínimo interprofesional como único referente para la identificación o para el cómputo en cuanto a la equivalencia del aumento del salario mínimo interprofesional con estas subidas. Estamos hablando también de la renta agraria, del subsidio agrario, de las cotizaciones por desempleo, del nivel de preferencias del salario en situaciones de crisis, del nivel de preferencias del salario en cuanto a las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial. La afectación del salario mínimo interprofesional al ordenamiento jurídico de forma horizontal era prácticamente unicomprensiva. Luego es muy pertinente que no se utilice sólo desde esta perspectiva un único indicador, insuficiente, incorrectamente articulado -el salario mínimo interprofesional-, sino otro indicador diferente, que es el que ustedes denominan de forma en mi opinión un poco farragosa pero razonable IPREM, que es esta especie de indicador multiusos para situaciones diversas.
Nos parece bien la disquisición que se hace en aquello que todavía debe utilizarse como referencia fundamental, el salario mínimo interprofesional, de aquellas otras cuestiones para cuya cuantificación es necesario el IPREM. Nos parece razonable que se entiendan referidas al IPREM las cuantías máxima y mínima de la prestación por desempleo prevista en el artículo 211.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la cuantía del subsidio de desempleo, la de la renta activa de inserción y la del subsidio de desempleo del Real Decreto 5/1997, de la renta agraria. También nos parece bien, a sensu contrario, que se utilice el salario
mínimo interprofesional para la determinación de las condiciones de acceso a determinadas prestaciones, fundamentalmente las de desempleo y las cotizaciones mínimas de la Seguridad Social.
Ahora le voy a decir las dos reservas que mi grupo parlamentario mantiene con relación al real decreto-ley que aquí se nos presenta. Señor ministro, usted conoce perfectamente el tenor literal y el mandato que consigna el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que es que con todos los sindicatos más representativos, amén de con otros interlocutores, pero con todos ellos, sin ninguna excepción, se debe consensuar la cuantía del salario mínimo interprofesional, se debe concertar, que es la alocución usada por este precepto. Y usted ha prescindido de dos sindicatos que ostentan la condición de mayor representatividad sindical. Los sindicatos ELA-STV y LAB ostentan la condición de mayor representatividad sindical en las mismas condiciones, con el mismo derecho, con la misma legitimidad jurídica, a tenor de los requerimientos de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras. Estos dos sindicatos cumplen el requerimiento de la Ley Orgánica de Libertad Sindical de ostentar en las últimas elecciones sindicales un mínimo en su ámbito territorial de actuación del 15 por ciento del total de representantes sindicales electos y un mínimo de 1.500. Me gustaría que me respondiera, señor ministro, por qué no ha contado, incumpliendo palmariamente el precepto legal, con estos dos sindicatos que ostentan la condición de más representativos y que, por tanto, tienen las mismas facultades ultra vires de actuación, las mismas facultades para el ejercicio de competencias públicas y cuasipublicas que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.
El segundo reproche -es una reflexión pro futuro más que un reproche-, si estamos afirmando que a tenor de lo que prevé el artículo 35 de la Constitución la cuantía del salario mínimo interprofesional es el nivel mínimo a partir del cual se pueden satisfacer las necesidades mínimas del trabajador y sus familiares, usted conoce un fenómeno mejor que nadie que es el proceso de envejecimiento de la población española que hace que también unidades familiares dependan de sujetos pasivos, de sujetos protegidos por el sistema público de pensiones. En este momento nos encontramos con una paradoja que podría suponer un incumplimiento del artículo 41 de la Constitución, que para las pensiones del sistema público de pensiones establece también el criterio de suficiencia con la paradoja de que no fueran suficientes las prestaciones del sistema público de pensiones contributivas o asistenciales, siempre que éstas sirvieran para cubrir las necesidades mínimas del prestatario y de los familiares a su cargo, fenómeno que está incrementándose notablemente.
Desde esa perspectiva le hago una petición. Mi grupo parlamentario va a presentar una serie de iniciativas legislativas pidiendo el incremento de pensiones que en este momento son de cuantía escandalosa, absolutamente inaceptable, que vulneran flagrantemente los requerimientos de suficiencia del artículo 41 de la Constitución. Me estoy refiriendo a las llamadas prestaciones de supervivencia, a la pensión de viudedad y a la de orfandad. Le pido, señor ministro, que haga esta reflexión: si usted considera pertinentemente en este real decreto-ley que es esta cuantía, los 491 euros mensuales, aquella que de alguna forma determina la suficiencia para atender las necesidades básicas de un trabajador y sus familiares, también debe determinar cuál es la cuantía necesaria para atender a la suficiencia -es otro requerimiento constitucional del artículo 41- de los pensionistas y sus familiares cuando la única renta disponible en muchas unidades familiares es esa: la pensión. Sobre todo en aquellas que son flagrantemente insuficientes: la viudedad, la orfandad, las pensiones de supervivencia y algunas otras respecto a las cuales mi grupo tiene presentadas ya diversas iniciativas legislativas.
Dicho lo cual -estas son las únicas reservas que mi grupo parlamentario mantendría-, quiero indicarle que nos parecen muy razonables las dos correcciones que se han hecho respecto al salario mínimo interprofesional, el incremento de su cuantía hacia niveles de suficiencia en cumplimiento de la Constitución, y una configuración jurídica que no deja de ser atípica y excéntrica en relación con la configuración jurídica del salario mínimo interprofesional en otros países, sino que se aproxima a cómo está configurado el salario mínimo interprofesional en los países en los cuales estamos inmersos, de nuestro contexto sociocultural, de la Unión Europea en definitiva. Lo que ustedes están haciendo con este real decreto-ley, señor ministro, es atender a requerimientos elementales de justicia material, no sólo constitucionales sino de justicia material elemental. Desde esa perspectiva, sabe S.S. que para atender a esos requerimientos contará siempre con el consenso de nuestro grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
La palabra del Grupo de Esquerra Republicana, el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Els instem, en nom de la llibertat i de la cultura, a ser solidaris amb la demanda que els fem de poder exercir el dret a utilitzar la nostra llengua materna, dret al qual la majoria de vostès, como ha de ser, sí gaudeixen. No volem ser ni més ni menys que vostès.
Aspirem a ser iguals. Les instamos, en nombre de la libertad y de la cultura, a ser solidarios con la demanda que les hacemos de poder ejercer el derecho a utilizar nuestra lengua materna, derecho que la mayoría de ustedes -como tiene que ser- sí gozan.
No queremos ser ni más ni menos que ustedes. Deseamos ser iguales.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana manifiesta su apoyo a la convalidación del real decreto-ley que hoy debatimos. Votaremos a favor, al entender que existen algunos argumentos a los que les asignamos una valoración positiva. En primer lugar, valoramos una actuación que considerábamos urgente y necesaria, contemplada, asimismo, en nuestro programa electoral, que atiende a la misma esencia del concepto de salario mínimo como derecho laboral básico conquistado por el sindicalismo obrero, y recogido en el Estatuto de los Trabajadores, para garantizar que no se impongan salarios miserables en aquellos ámbitos o actividades donde no existe un régimen eficaz para la fijación de salarios y en los que estos son excepcionalmente bajos. La aprobación de este real decreto-ley debe significar la garantía a un salario más digno y la contribución a la recuperación del poder adquisitivo por aquellas personas que, como perceptoras de esta renta, habían contemplado mínimos incrementos, de tan sólo el 2 por ciento, por parte de los gobiernos derechistas. Esta exigua revalorización del salario mínimo interprofesional de los últimos años había conllevado un empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores menos favorecidos en el Estado español en relación con los países de nuestro entorno.
En segundo lugar, valoramos el incremento anunciado, del orden del 6,6 por ciento, en el tránsito hacia el objetivo fijado de los 600 euros para el final de la legislatura. Por lo tanto, hablamos de unos porcentajes que nos aproximarán a un salario mínimo interprofesional del 60 por ciento del salario medio neto, tal como recomienda la Carta Social Europea.
Hasta ahora, nos hallábamos lejos de este porcentaje. De hecho, el salario mínimo interprofesional español es el más bajo de la Unión Europea, después de Portugal, si nos atenemos a los ocho Estados que lo establecen por ley. Hoy por hoy, el salario medio interprofesional español significaba sólo el 36,9 por ciento del salario medio neto, es decir, 23 puntos por debajo del nivel establecido por la mencionada Carta Social del Consejo de Europa, lo cual llevó a su comité de expertos, encargado de su complemento, a calificar la situación española de claramente injusta. Socialmente, huelga reseñar que los salarios más bajos se concentran en colectivos muy concretos, que afectan básicamente a los jóvenes o a aquellos trabajos que por sus características de nueva planta, o bien porque solamente desde hace poco tiempo han sido reconocidos como actividades laborales, no tienen sus relaciones laborales reconocidas por convenio colectivo. Hemos hecho hincapié a la cifra aproximada, refiriéndonos a los 600 euros. Ciertamente, reconozcámoslo, aun alcanzándolos en el año 2008, nos situaremos por debajo del 60 por ciento. De hecho, hoy día, el cálculo nos llevaría ya a una cuantía por encima de los 600 euros. En el año 2008, y a pesar de los avances evidentes que supone la actuación del actual Gobierno, aún estaremos lejos de alcanzar el objetivo. Nuestra posición, coyunturalmente, en el día de hoy y en esta Cámara, responde a un posicionamiento previo en nuestro Parlamento nacional. Efectivamente con el fin de garantizar, alcanzar y mantener el objetivo de asegurar el 60 por ciento mencionado, se ha presentado una proposición de ley en nuestro Parlamento nacional, repito, por parte de los grupos parlamentarios que sustentan el actual Gobierno de la Generalitat de Cataluña, más el de Convergència i Unió, en la que se insta al Congreso de los Diputados a modificar el artículo 27.1 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, a fin de añadir un nuevo apartado con la finalidad de que se refleje de manera explícita que en ningún caso se podrá fijar que, en términos netos, sea inferior al 60 por ciento del salario mínimo neto del Estado español en cada momento.
En tercer lugar, valoramos positivamente haber procedido a la desvinculación del salario mínimo interprofesional como referencia de políticas con repercusión presupuestaria, ajenas al ámbito laboral y la introducción del nuevo indicador de rentas, no estrictamente laboral, el IPREM. Entendemos que esta desvinculación se hacía necesaria en la medida en que la utilización del salario mínimo interprofesional como baremo de políticas sociales públicas en ámbitos diferentes del estrictamente laboral, gravaba injustamente el ámbito de aplicación del salario mínimo interprofesional en la medida en que lo estrictamente laboral, como corresponde por ley según el Estatuto de los Trabajadores, se convertía en un asunto de carácter presupuestario ligado a los posibles objetivos globales del Estado del bienestar y, a la vez, se alejaba de los beneficios económicos directos a los sectores laborales más necesitados.
Aun así, se abren algunos interrogantes al dejar de ser el salario mínimo interprofesional la referencia legal para la determinación de la cuantía de las prestaciones públicas sustitutorias del salario dejado de percibir y al continuar utilizándose el nuevo salario mínimo interprofesional como límite de rentas por debajo del cual se tendrá derecho al acceso y mantenimiento de estas prestaciones. No debería ello significar una puerta abierta para que el Estado gozara de una perfecta coartada para aligerar el presupuesto destinado a políticas de bienestar, en la medida que el nuevo indicador en el futuro tendrá regulación legal independiente y cuantía inferior al salario mínimo interprofesional.
Por último, valoramos positivamente que este real decreto, por lo que afecta a las comunidades autónomas, no establezca que el nuevo salario en su nueva cuantía sea de aplicación directa a las normas de las comunidades autónomas que lo utilizan como indicador de referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a prestaciones, beneficios o servicios públicos. No obstante quisiéramos dejar claras algunas cuestiones.
Esquerra Republicana de Catalunya no se llama a engaño. La reforma nos parece limitada porque no profundiza en las competencias autonómicas en materias tan estancadas como han sido las relativas a cuestiones sociolaborales. Ustedes deben conocer cuáles son nuestras aspiraciones.
Los independentistas y los republicanos catalanes defendemos el derecho de los trabajadores y trabajadoras catalanes a decidir sobre nuestras propias relaciones laborales; es decir, al establecimiento de un verdadero marco de relación laboral catalán para dar respuesta a una realidad socioeconómica con características distintas a otras existentes del Estado español que configuran, por ejemplo, mercados de trabajo también distintos, con necesidades de protección específicas o singulares para las clases populares, con lo cual se requiere el fomento de la negociación colectiva de ámbito autonómico en la dialéctica de la utilización de los índices económicos autonómicos. Todo ello nos llevaría a aceptar que una regulación estrictamente unitaria resulta injusta y muy perjudicial para las clases populares, en la medida que el mercado plural y diverso comporta costes de la vida también diversos a lo largo del Estado. En consecuencia, habrá que exigir modificaciones profundas, de carácter legislativo y político, que permitan transferir determinadas competencias, actualmente reservadas al Estado, como la determinación del mismo salario mínimo interprofesional, competencias plenas en materia de legislación laboral, Seguridad Social, Función pública, transferencia en materia de trabajo, etcétera.
Esquerra Republicana considera que impulsar el Estado del bienestar requiere ineludiblemente, la asunción de mayores competencias para nuestras instituciones nacionales con la finalidad de socializar nuestra riqueza en beneficio de las clases populares y superar las injusticias sociales. Sepan que, evidentemente, de una manera u otra, lo repetimos, de una manera u otra, contemplaremos nuestras demandas en el proceso que ha de llevarnos próximamente a disponer, en el caso particular del Principat de Catalunya de un nuevo estatuto nacional. Repito, en el marco de una nueva articulación política y financiera del conjunto de los Paissos Catalans y del Estado español.
Gracias. (Un señor diputado: Ahí queda eso.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá.
Turno del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Señor Campuzano.
Señorías, señor ministro, mi grupo va a apoyar la convalidación de este real decreto. Compartimos el compromiso político que el Gobierno expresó en la investidura, en su programa electoral, sobre la necesidad de actualizar el salario mínimo interprofesional. Forma parte también de la oferta política de Convergència i Unió en estas últimas elecciones generales y, por tanto, en coherencia con aquello que defendimos en ese proceso electoral y en la pasada legislatura a raíz de iniciativas de otros grupos políticos, apoyamos esta iniciativa.
En términos estrictamente materiales, y así lo ha manifestado el conjunto de los portavoces, con este real decreto se inicia un proceso de solución de una evidente injusticia social como era esa congelación de facto, de esa pérdida de poder adquisitivo en los últimos años de aquellos trabajadores que recibían como remuneración básica esa salario mínimo que venía definido. Además coincidimos con la filosofía que ha articulado la propuesta del Gobierno en el sentido de mantener determinadas prestaciones vinculadas al salario mínimo interprofesional y, al mismo tiempo, desvincular otras prestaciones del Estado del bienestar, tanto de carácter estatal como de carácter autonómico y local, con la creación de ese nuevo índice de referencia.
Estamos convencidos -y hasta el momento, en el transcurso de este debate esta cuestión no ha aparecido- de que aquellas concepciones que situaban la subida del salario mínimo interprofesional como un freno a la creación de empleo, hoy en España, hoy en esta Cámara no tienen a nadie que las defienda. Es importante que el conjunto de grupos de la Cámara esté de acuerdo en que la existencia de un salario mínimo interprofesional que responda a los mandatos de la Constitución y a los mandatos del Estatuto de los Trabajadores constituye un buen instrumento para evitar la generación de puestos de trabajo que termine empobreciendo a aquellos trabajadores que ven su percepción salarial vinculada o a la inexistencia de un salario mínimo interprofesional o a un salario mínimo interprofesional excesivamente bajo. En este sentido, determinados planteamientos de carácter fundamentalista que pretendían situar al salario mínimo como un elemento negador de la creación de empleo, en España, en esta Cámara no gozan de apoyo político ni de apoyo social.
Entendemos también la desvinculación del salario mínimo de esas prestaciones del Estado del bienestar que podrían suponer un incremento en los presupuestos públicos del Estado.
Ahora bien, situados en esa coyuntura, en este contexto, y entendiendo también que el Gobierno ha aprobado este real decreto después de haber procedido a un diálogo con Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y la CEOE-CEPYME, y por tanto entendiendo que responde a ese diálogo social y mostrando mi solidaridad hacia la intervención del señor Olabarría respecto a la marginación de los dos sindicatos más representativos del País Vasco, como son ELA y LAB, mi grupo también entiende que es necesario que este real decreto se pueda tramitar como proyecto de ley, por una razón creo que importante, y los portavoces así lo han manifestado. Estamos cambiando la naturaleza del salario mínimo en lo que ha sido la práctica existente
hasta ahora en España. Hasta ahora en España el salario mínimo ha sido, evidentemente, un nivel de referencia por lo que tiene que ver con las cuestiones laborales, pero también en la práctica durante muchísimos años ha sido punto de referencia de buena parte de nuestras políticas del Estado del bienestar. Un tema de estas características, con la profundidad de ese elemento, no es una cuestión que pueda quedar simplemente en un diálogo entre el Gobierno y los agentes sociales y con respecto a la cual la Cámara se limita a dar el visto bueno, sino que es necesario que la Cámara pueda intervenir por respeto a la cuestión de fondo que estamos planteando. Ese cambio de naturaleza del salario mínimo en España exige un debate a fondo en el propio Parlamento desde la coincidencia en ese planteamiento.
En segundo lugar, la redacción del punto 2 del artículo 2, en el que se establece ese nuevo indicador público de renta de efectos múltiples, el IPREM, por lo que hace referencia a la determinación futura de la cuantía del mismo, no satisface las pretensiones de Convergència i Unió. Esa redacción afirma lo siguiente: Anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se determinará la cuantía del citado indicador teniendo en cuenta al menos la previsión de objetivo de inflación utilizada en ella. En la línea de lo que en su momento manifestó Comisiones Obreras, nos parece que esa única referencia a la inflación prevista puede suponer en la práctica un deterioro de aquellas prestaciones del Estado del bienestar vinculadas en su evolución a la cuantía del IPREM. Nos parece que este no es un tema menor que podamos obviar, sino que como mínimo se merece una discusión a fondo en el Parlamento. Una de las partes sociales, Comisiones Obreras, ha manifestado su rechazo a ese punto concreto y por tanto mi grupo entiende que de entrada eso ya merece la necesidad de un debate a fondo. ¿En base a qué vamos a actualizar ese indicador que va a ser determinante en buena parte de nuestras prestaciones sociales? El texto que el Gobierno presenta para su convalidación dice: al menos la inflación que prevea el Gobierno. Nos parece un planteamiento claramente insuficiente y por tanto hay que discutirlo.
En tercer lugar, en un ámbito muy concreto, como el que tiene que ver con las subvenciones salariales a los centros especiales de empleo, es evidente que esa cuestión queda bien resuelta en el texto del real decreto, pero el propio Gobierno se ha comprometido a estudiar con los representantes de los centros especiales de empleo el impacto económico que para este año tiene esa subida del salario mínimo interprofesional para el sector que crea ocupación con las personas discapacitadas. A nosotros nos parecería oportuno que al contenido de este real decreto se incorporasen aquellas medidas que vayan a resolver las necesidades que para el sector del empleo protegido para las personas con discapacidad genera esta decisión para el 2004. Ahí también existe una segunda necesidad de profundizar en el debate parlamentario del mismo.
Finalmente, señorías, en la redacción del punto 4 del artículo 2, en el que se establece el IPREM, el Gobierno deja muy claro que las comunidades autónomas tienen absoluta potestad para fijar indicadores propios en el ejercicio de las competencias que constitucionalmente les correspondan.
Ahí no hay crítica alguna que se le pueda formular al Gobierno, pero precisamente en relación con ese IPREM, que por otro lado también puede ser utilizado por las comunidades autónomas a la hora de fijar las cuantías de sus prestaciones -de manera potestativa, pero pueden utilizar esa referencia-, mi grupo no entiende cómo en el nivel de consultas que se contempla también en el artículo 2 no se hace referencia a la necesidad de consultar a los gobiernos autonómicos. No es razonable, que dentro del modelo de Estado en el que estamos instalados y que queremos desarrollar en el futuro, en donde se encuentra buena parte de las prestaciones vinculadas al Estado del bienestar -educación, sanidad, servicios sociales, ayudas a la vivienda, política de becas, etcétera-, a la hora de determinar ese IPREM, el Gobierno no contemple una mínima consulta con los gobiernos autonómicos. Nos parece que en el trámite parlamentario sería oportuno introducir que junto con la consulta a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas o la cuantía del IPREM estuviesen también los gobiernos autonómicos.
Señorías, desde la coincidencia de fondo con la propuesta que plantea el Gobierno, valorándola positivamente, recordando que también era un compromiso de Converència i Unió; desde la complicidad de que la medida de la desvinculación de ese conjunto de rentas es lo que garantiza que en términos económicos esta propuesta sea viable, mi grupo cree necesario que la Cámara vote la tramitación como proyecto de ley de este real decreto. Sabiendo, eso sí, que queda abierto para el diálogo social, que los compromisos que nos marca la Carta Social Europea aún están lejos de alcanzarse y que los compromisos que buena parte de los grupos de la Cámara expresamos en la última campaña electoral de alcanzar esos 600 euros se pueden lograr con el inicio de este camino; desde esa coincidencia en la cuestión de fondo que el Gobierno ha planteado, mi grupo cree que la Cámara no puede ser ajena a esta decisión y por tanto se impone un debate a fondo en el Parlamento que mejore el texto para el que el Gobierno pide hoy su convalidación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
La palabra la tiene el señor Azpiroz, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la convalidación de este Real Decreto-ley 3/2004, de subida del 6,6 por ciento del salario mínimo interprofesional y de desvinculación del mismo como índice de referencia para otras cuestiones que no son las estrictamente salariales.
No pensaba hacerlo pero a lo largo del debate me ha parecido oportuno, por razones de objetividad, enmarcar adecuadamente determinados parámetros y hechos, porque creo que todo lo que se ha dicho no responde exactamente a la realidad. El señor ministro ha dicho, sin duda en un lapsus, que en los siete últimos años se ha perdido poder adquisitivo en un 6,6 por ciento, y yo le digo que eso no es verdad. Más aún, le diré que según datos del ministerio que él dirige, en el año 1996 el Gobierno previó un IPC del 3,5 y el IPC real fue del 3,2, con lo cual hubo un incremento del 0,3 en relación con el IPC; en el año 1997 la previsión fue del 2,6 y la realidad del 2, por lo que hubo un incremento del 0,6; en el año 1998 la previsión fue del 2,1 y la realidad un 1,4, por lo que todo ello configura que en esos tres años se produjo un incremento del 1,6 por ciento del salario mínimo interprofesional. Este es un hecho objetivo.
Como lo es que hay que responder a la pregunta de qué ha ocurrido a lo largo del último cuarto de siglo en relación con el salario mínimo interprofesional, porque salvo en los años en que estaba vigente la Ley de Relaciones Laborales, 1976 a 1979, en los que tal vez alguna de SS.SS.
recuerde que se daban inflaciones del orden del 26 por ciento, todos los demás años la subida del salario mínimo interprofesional, fuera el Gobierno del color político que fuera, ha venido indefectiblemente vinculada a la subida de la inflación prevista por el Gobierno. Por lo tanto, he de decir aquí también que no es cierto que la subida del 6,6 por ciento represente una recuperación de la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo interprofesional. Diré más, cuando gobernaba el Partido Socialista hubo una pérdida del poder adquisitivo a lo largo de los casi 14 años en que gobernó. Digo esto porque nos parece oportuno encuadrar las cosas en sus justos términos y no con otra razón.
De la misma forma que también nos parece, desde una perspectiva estrictamente política, decir que es muy positiva, ciertamente, la subida que se plantea del 6,6 por ciento, que los trabajadores que perciben menos rentas tengan 30 euros al mes de incremento, pero sin llegar a la conclusión de que una subida de 30 euros al mes significa la obtención de salarios suficientes o la erradicación de la pobreza. La verdad es que nos encantaría que fuera así, pero dudamos que el efecto positivo, que sin duda se produce, tenga tamaño alcance.
Dicho esto y sin entrar a valorar, porque sin duda el señor ministro tendrá datos que yo no tengo y probablemente a lo largo del último cuarto de siglo el salario mínimo interprofesional haya perdido más del 30 por ciento, me atrevo a aventurar, en relación con el IPC, he de decir que el Gobierno socialista sí puede traer a la Cámara la convalidación de este real decreto y sí puede plantear la subida que hoy debatimos. Lo puede plantear porque se ha encontrado afortunadamente con unas cuentas públicas perfectamente saneadas; se ha encontrado con un presupuesto con equilibrio presupuestario; se ha encontrado con un Instituto Nacional de Empleo donde los ingresos superan a los gastos; donde el Fondo de Garantía Salarial, afortunadamente, no tiene que cubrir contingencias concursales y de destrucción de empresas y por lo tanto tiene un superávit francamente importante; se ha encontrado también -y lo está incrementando y le ayudaremos en lo que podamos a que así sea en el futuro- con un importante fondo de reserva en la Seguridad Social, y se ha encontrado también con una actividad económica saneada y un crecimiento del PIB muy por encima de los países de nuestro entorno. Nos parece que esta subida es positiva; subida que, por cierto, de acuerdo con los datos que se extraen de la memoria económica del real decreto-ley, podemos evaluar que afectará a menos de 100.000 trabajadores directamente, no llega a un 1 por ciento de la población trabajadora española y viene a representar un gasto que supera los 300 millones de euros en cómputo anual. Lo digo por ubicarlo porque evidentemente las 5.000 pesetas, los 30 euros -importantes para quien tiene un nivel salarial tan bajo ciertamente- tienen un efecto de costo salarial para los patronos que pagan la nómina y un costo, tal y como se ha diseñado este real decreto, también de gasto público en diversas prestaciones incluida la de desempleo que ciertamente en el futuro no tienen por qué tenerlo porque, eso sí, han desvinculado su asimilación a las subidas con el salario mínimo interprofesional y lo han vinculado al IPREM.
Hay que hacer algunas consideraciones a este real decreto. Por ejemplo, no plantea efectos retroactivos a las prestaciones por desempleo. Siendo una norma favorable cabría pensar que hubiera sido deseable, desde el progresismo del Gobierno socialista, haber tenido el buen talante de que aquellos parados que se encuentran incorporados en las listas del INEM puedan percibir una prestación de desempleo actualizada, aunque hayan iniciado este camino antes del 1 de julio, que es la fecha de la entrada en vigor del real decreto que ahora vamos a convalidar. No aborda un problema que está dentro de la fórmula dentro de la cual se deberá revisar en el futuro salario mínimo interprofesional, es decir, el complicado artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Entendemos que puede existir una contradicción -y técnicamente reconocemos la dificultad de un real-decreto ley de estas características- entre los artículos 3.1 y 3.2, especialmente en las letras c) y d), y como técnicamente es complejo al final vamos a tener durante una serie de tiempo cuatro referencias: tenemos el nuevo salario mínimo interprofesional que ahora se aprobará; tenemos el IPREM que ahora también
se aprobará; por otro lado, tenemos el salario mínimo anterior que seguirá vigente para los convenios colectivos en vigor en el año 2004, y tendremos una cuarta referencia que será el anterior salario mínimo interprofesional, el vigente hasta antes del 1 de julio que será susceptible de ser una referencia para los convenios colectivos a partir del año 2004 con el incremento que en el futuro se produzca con carácter automático del IPC. Con ello quiero decir que el asunto tiene su complejidad, es decir, que no sólo se trata de una determinación necesaria de orden político, sino que tiene una complicación técnica y unas derivaciones en diversos campos, los que se han dicho por otros intervinientes anteriores a mí y los que yo ahora mismo de otra forma estoy intentando señalar. El Partido Popular ciertamente no abordó una reforma como ésta, aunque sí el saneamiento de las cuentas públicas que nos parece que es una premisa fundamental para poder acometer en este momento un real-decreto ley como éste. También hay que decir -que se oculta- que, aunque el Partido Popular no acometió esto, sí hizo algo que era necesario, pero como ya está hecho todo el mundo lo da por bueno sin mayor valor, que fue la equiparación entre el salario mínimo interprofesional de los menores de 18 años y los trabajadores mayores de 18 años, de tal suerte que en el año 1996 el colectivo de trabajadores perceptores del salario mínimo interprofesional menores de 18 años tuvieron una subida del 21,2 por ciento y al año siguiente del 17,7 por ciento hasta quedar perfectamente equiparados con los mismos.
Yo he de decir que asumo plenamente, como no puede ser de otra forma, las palabras del secretario general y presidente de mi grupo, Mariano Rajoy, cuando ha anunciado en esta tribuna desde su primera intervención creo que hasta la última que el Grupo Parlamentario Popular iba a hacer una oposición seria, rigurosa y responsable. Vamos a hacer una oposición seria, rigurosa y responsable en favor de las medidas que consideramos que contribuyen a la mejora de los derechos y a la calidad de vida de los ciudadanos.
Ustedes nos plantean la subida de las rentas salariales más bajas de las personas más desfavorecidas y nosotros vamos a dar al Gobierno socialista esta oportunidad con nuestro voto, y lo vamos a dar conscientes de que ustedes han diferido una de las cuestiones que yo alegaba que no abordaba el decreto-ley, como era el artículo 27, a la configuración de una mesa específica sobre el salario mínimo interprofesional dentro del diálogo social. Como creemos y hemos tenido experiencia que acredita que gobiernos del Partido Popular fortalecieron la actividad económica y social, sobre todo robustecidos desde el consenso entre los interlocutores sociales, no seremos nosotros quienes ahora pongamos piedras en el camino o palos en la rueda para que ustedes puedan estar a expensas del resultado de ese diálogo social que nos parece importante.
Con ello, señorías, señor presidente, este diputado no prejuzga en modo alguno cuál será la evolución del salario mínimo interprofesional. El Gobierno socialista plantea la promesa de llegar a los 600 euros en esta legislatura. Yo, más prudentemente, estimo que nos pronunciaremos cuando conozcamos realmente los criterios y las propuestas que desde la mesa del diálogo social se puedan hacer, sobre todo si se hacen con consenso, porque es cierto que una subida de este tipo va a suponer un notable incremento -del que hay que hablar también- y que puede introducir efectos perversos no deseados en la buena voluntad política de incrementar las rentas salariales más bajas que lo precisan, pero que al final pueden introducir, como decía, elementos de incompetencia o elementos que puedan favorecer la creación de desempleo. El llamado efecto deslizamiento entre la negociación colectiva (aquí hay ilustres diputados que conocen mejor que yo la dinámica de lo que estoy hablando) puede ser también un objeto de preocupación en esta cuestión. Por ello, hoy, por responsabilidad, por seriedad, por lealtad política y porque además creemos que ahora esto se puede hacer, vamos a dar nuestro apoyo en pro de las rentas de los más desfavorecidos y vamos a esperar el resultado futuro del diálogo social para pronunciarnos ante eventuales subidas de qué forma, en qué tiempos y hasta qué cuantías. Desde esta perspectiva, y oyéndoles, tendrán siempre la cooperación eficaz de un Grupo Popular que busca lo mejor desde la oposición hoy, como antes lo hicimos desde el Gobierno, para todos los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Señor presidente, señorías, comparece hoy el Gobierno para solicitar de la Cámara la convalidación del Real Decreto-ley, de 25 de junio, que regula el salario mínimo interprofesional e incrementa su cuantía. Como ha dicho el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en su intervención, este decreto-ley es la respuesta a un compromiso político adquirido por el Partido Socialista en la campaña electoral y reiterado por el presidente del Gobierno en la sesión de investidura. Ese compromiso político consiste en un incremento gradual del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los 600 euros al final de esta legislatura, siendo éste, el de hoy, el primer paso en ese camino.
La voluntad de incrementar el salario mínimo responde a un dato de la realidad que es la baja cantidad de ese salario y también a una sensibilidad social bien extendida por todo nuestro país; una sensibilidad que está presente en el pacto constituyente de nuestro orden político. Si la Constitución recoge en su artículo 35 no sólo el derecho sino el deber de trabajar es porque bajo ese artículo late una idea del bien, una idea moral de la sociedad; y si se afirma que ese trabajo debe estar
remunerado de manera suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia es porque nuestra sociedad se constituyó bajo una idea sustantiva del bien y no sobre el neutro ajuste de la oferta y la demanda. Hoy, cuando muchos teóricos sociales hablan de la renta básica de ciudadanía o de desligar el derecho a obtener un ingreso de la capacidad de obtenerlo, nosotros estamos hablando sencillamente de ganar lo suficiente para poder vivir del trabajo. Sinceramente creo que todos los que estamos aquí compartimos con el resto de la sociedad la justicia elemental de esta idea.
Señorías, hay un impulso que es la esencia de toda moral, que es el impulso de sentirnos responsables de la suerte de los más débiles. Porque sentimos ese impulso los socialistas nos hemos hecho eco en nuestro programa del mismo sentir de la mayoría de los ciudadanos de nuestro país, y porque hacemos lo que decimos hemos tomado esta medida que hoy se presenta ante SS.SS. para que la convaliden, si así lo estiman oportuno; una medida que comparten todos los agentes sociales, tanto los trabajadores, los sindicatos, como los empresarios; una medida que además responde a la racionalidad económica. La racionalidad económica no nos invita a competir en la economía mundial mediante bajos salarios. Es verdad que hasta ahora podíamos competir en la Unión Europea con salarios bajos; podíamos ofrecer trabajo más barato, sobre todo porque nuestro salario medio es poco más de la mitad del salario medio europeo, pero con la incorporación de los diez nuevos países a la Unión Europea nuestro salario es tres veces mayor que el de los países que se incorporan y que van a competir con nosotros. Si queremos evitar la deslocalización de nuestras empresas a la Europa del Este insistir en la vía de los costes salariales es una pérdida de tiempo, que es lo que hemos perdido estos años, un tiempo precioso para haber reestructurado nuestro sistema productivo, orientándolo hacia una mayor productividad e incrementando el valor añadido de nuestros productos. Hemos perdido el tiempo en mejorar nuestro capital humano. En eso debíamos competir, en educación, pero el gasto público en educación en nuestro país en porcentaje del PIB es notablemente inferior al del resto de Europa, a la Europa de los Quince, que es, por cierto, inferior también a la Europa de la ampliación. En España el 30 por ciento de los jóvenes abandonan el sistema educativo sin realizar estudios secundarios. Cómo vamos a competir con los países de la ampliación, donde el abandono es inferior al 14 por ciento de los jóvenes. Estamos compitiendo en capital humano con países que tienen bastante mejor capital humano que nosotros, por no hablar de la inversión en I+D. En la Unión Europea el gasto en I+D es del 1,99, en España es del 0,96 y en los países de la ampliación es del 0,81. También ahí están a nuestra rueda los países de la ampliación, los países con los que tenemos que competir. No es de extrañar, por tanto, que nuestra competitividad se haya alejado a lo largo de estos años de la Unión Europea.
No quiero cansar a SS.SS. con cifras pero lo cierto es que entre 1996 y 2003 nuestra competitividad, nuestra productividad creció un 0,3 y en Polonia un 7,8. Eso además con salarios tres veces más bajos que los nuestros. Estoy convencido de que si a nuestra política económica de estos últimos años la llamamos milagro, los polacos no encontrarán palabras suficientemente grandes para llamar a la suya. Lo cierto es que mirar hacia los bajos salarios es mirar al pasado; mirar a la productividad, mirar hacia la investigación y el desarrollo, a la inversión en capital humano, es mirar hacia el futuro; discutir por un leve incremento, por el intento de hacer justicia con los sectores laborales más débiles, es realmente una pérdida de tiempo, tiempo que tenemos que dedicar a plantearnos cómo ser mucho más competitivos en la economía mundial.
Señorías, creo que alejar de las fronteras de la pobreza la retribución del trabajo es una buena decisión de política económica, como ha explicado el ministro de Trabajo en su intervención. La subida del salario mínimo tendrá efectos positivos sobre el mercado de trabajo, animará a incorporarse a la población activa a sectores habitualmente difíciles de incorporar por pura racionalidad, porque les resultaba más caro incorporarse al mercado de trabajo con estos salarios que mantener su trabajo en el hogar; va a suponer también la mejora de la productividad en la medida en que se produce un estímulo al recibir un salario que es justo y va sin duda a mejorar el clima laboral y social de nuestro país. No hay que tener miedo por los posibles efectos de contagio. Consultadas las centrales sindicales y los trabajadores manifiestan que van a mantener su comportamiento de moderación salarial, que es el que han tenido en los últimos años. Por el contrario, la decisión de hoy es una buena decisión de política económica, es una decisión de justicia; subir 30 euros es sólo el comienzo de una marcha que debe ser constante en la mejora de los salarios de los trabajadores, y me parece que a tenor de lo que hemos escuchado aquí toda la Cámara se suma a lo que es una buena medida de Gobierno, que representa una esperanza para muchos trabajadores, un alivio y en todo caso un acto de justicia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres Mora.
No tengo la más mínima intención de reabrir debate alguno. Sólo quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos los grupos parlamentarios.
Colijo de sus intervenciones que el real decreto-ley se convalidará
por unanimidad, y creo que eso significa rendir un buen servicio por parte de todos a la sociedad española. Es más, intentaré incorporar en los futuros procesos, tanto de subida del salario mínimo como de fijación del indicador alternativo de rentas múltiples, cuantas sugerencias se nos han realizado por diversos grupos parlamentarios; elaborar consultas a todas las organizaciones sindicales que superen el 15 por ciento y que, por tanto, tengan el título de más representativas y a las comunidades autónomas, porque creo que de ese modo todos obtendremos mejores resultados.
Señorías, vamos a votar.
Señor Campuzano, si he entendido bien en su intervención usted ha pedido procedimiento de urgencia.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: La tramitación como proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, ¿no? En ese caso me lo confirma, digo, porque en ese caso habrá dos votaciones, que es lo que quería advertir a la Cámara.
Primera votación, relativa a la convalidación o derogación del real decreto-ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 304.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos.)
A continuación votaremos la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley que acabamos de convalidar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 22; en contra, 276; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.El real decreto-ley no se tramitará como proyecto de ley.
- REAL DECRETO-LEY 4/2004, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE ADOPTAN DETERMINADAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL ACCIDENTE DEL BUQUE PRESTIGE. (Número de expediente 130/000004.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el segundo punto del orden del día; calculen ustedes que la votación se realizará aproximadamente dentro de una hora y cuarto o una hora y media.
Les rogaría orden en el hemiciclo. Por favor, señorías, si han decidido salir salgan rápido y en silencio. (Rumores.) Señorías, por favor, no hagan corrillos y mantengan silencio.
Tiene la palabra, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Decreto-Ley 4/2004, aprobado por el Gobierno el pasado 2 de julio, cuya convalidación sometemos a la consideración de esta Cámara, tiene por objeto atender con carácter urgente alguna de las situaciones originadas como consecuencia de la catástrofe producida por el accidente del buque Prestige, que hasta el momento no habían encontrado solución en las medidas que en su día se adoptaron. Más concretamente pretende hacer frente de forma inmediata, en primer lugar, al pago de indemnizaciones pendientes a los sectores afectados, suprimiendo el tope máximo de 160 millones de euros que se disponía en la anterior regulación legal y cuya cuantía no responde a la realidad de los compromisos contraídos con particulares y administraciones públicas; en segundo lugar, pretende dotar al fondo de provisión constituido en el ICO con 249,5 millones de euros para hacer frente a dichos pagos; y, en tercer lugar, compensar a los titulares de actividades económicas de pesca, marisqueo y acuicultura por las pérdidas experimentadas como consecuencia directa del derrame producido por el hundimiento del Prestige con posterioridad al mes de diciembre del 2003, creando al efecto un fondo complementario de tres millones de euros.
Señorías, para comprender mejor el contenido y sobre todo el carácter extraordinario y urgente de las medidas introducidas por este decreto-ley cuya convalidación solicitamos, es preciso partir de un mínimo análisis de los daños habidos y de la magnitud de las consecuencias directamente derivadas de la catástrofe: un vertido de más de 70.000 toneladas de fuel pesado, altamente contaminante, extendido desde el norte de la costa portuguesa hasta el litoral francés; 789 playas y arenales cubiertos e impregnados de chapapote; aves, plantas marinas, viveros y bancos naturales de peces y mariscos extinguidos o gravemente contaminados; más de 90.000 toneladas de lodos y residuos recogidos en tierra y alrededor de 53.000 toneladas recogidas en el mar. Al lado de este desastre ecológico y humano, el económico. En aguas exteriores las actividades pesqueras estuvieron suspendidas una media de mes y medio a tres meses, en función de las artes y los caladeros, y en aguas interiores, sobre todo en las rías gallegas, una media de seis meses. Para hacer frente a tan catastrófica situación desde una perspectiva financiera, el
Gobierno anterior del Partido Popular dictó el Decreto-ley 4/2003, de 20 de junio, mediante el que se dispuso un singular régimen jurídico. El régimen legal consistía en esencia en que toda la financiación destinada a reparar los daños causados por el siniestro iba a depender de la recepción de fondos externos procedentes de fondos internacionales, más concretamente de las cantidades que tendría que abonar el Fondo Internacional de Compensación de Daños debidos a la contaminación por hidrocarburos, el conocido como FIDAC, y de una serie de ingresos complementarios de carácter especial, tales como sorteos de la Lotería Nacional o los que procediesen de un llamado Plan de turismo cultural de Galicia que serían ingresados en el Instituto de Crédito Oficial; no existía pues, señorías, una provisión de fondos específicos del Estado para hacer frente a la catástrofe. Como consecuencia de ello, el pago de las indemnizaciones se sometió a raíz de este régimen jurídico a tres importantes limitaciones. En primer lugar, se fijaba un tope máximo para todas las indemnizaciones de 160 millones de euros, cantidad equivalente a la suma de los ingresos que se esperaba recibir del FIDAC y de los recaudados por otros cauces que les he señalado; en segundo lugar, el pago efectivo de las indemnizaciones por el Estado quedaba condicionado al hecho de que previamente se hubiese recibido o ingresado en el ICO los recursos procedentes del FIDAC y, en tercer y último lugar, los daños susceptibles de ser indemnizados nunca podrían referirse a ejercicios posteriores al año 2003. En desarrollo de estos criterios y de este marco legal se dictó el Decreto 1053/2003, de 1 de agosto, que diferenció para el caso de acuerdos transaccionales y de abono de anticipos dos procedimientos diferentes: uno de estimación objetiva, en el que no era necesario acudir a valoraciones periciales, fijándose la indemnización con arreglo a un baremo que tenía presente los días de parada, el número de tripulantes de cada embarcación y otros criterios fácilmente objetivables; y, otro, de estimación directa, pensado para aquellos afectados que habían sufrido daños distintos que por su naturaleza exigían acudir a fórmulas de tasación y valoración pericial. Además, al lado de estas dos modalidades o procedimientos de cálculo de anticipos se dispuso la forma de convenios cuando los damnificados fuesen las administraciones públicas, comunidades autónomas, diputaciones provinciales o municipios. El resultado de tan singular marco normativo y de financiación ha sido que hasta la fecha de dictarse el decreto-ley que ahora nos ocupa sólo se han ingresado unos 75 millones de euros en el ICO procedentes del FIDAC, 57,5 a cuenta de la futura indemnización que corresponda al Estado español y 17 procedentes de un sorteo especial de la Lotería. Esos, señorías, eran y han sido los recursos económicos con los que se contaba para hacer frente a la deuda contraída, que como ahora explicaré supera con mucho esa cantidad.
En efecto, con la citada cantidad el anterior Gobierno comenzó a pagar las solicitudes que se habían formulado a través del procedimiento de estimación objetiva, firmando alrededor de 15.320 acuerdos transaccionales con personas físicas o jurídicas directamente afectadas, que corresponden a parte de múltiples particulares que lo solicitaron individualmente y también a algunas cofradías, en concreto a 58 cofradías de Galicia, una de Asturias y una de Cantabria. Los acuerdos por este sistema supusieron un desembolso de algo más de 70 millones de euros, por lo que cuando el Gobierno actual al que pertenezco evaluó la situación pudo comprobar, en primer lugar, que el ICO para estos pagos del Prestige tuvo unos ingresos de 75,5 millones de euros (ya se lo he dicho antes, 57 del FIDAC y 17 de la Lotería); en segundo lugar, que todavía quedaban muchas solicitudes del sistema de estimación objetiva por pagar, siendo claramente insuficientes para hacer frente a esas peticiones los cerca de cinco millones de euros que quedaban en el ICO. No sólo no habían cobrado importantes cofradías gallegas de las Rías Bajas, sino que tampoco se habían abonado las cantidades reclamadas por las cofradías de Vizcaya y de Guipuzkoa. En tercer lugar, que estaban además pendientes de pago las más de 1.000 solicitudes que se habían presentado por el procedimiento de estimación directa, que, aunque están pendientes de valoración pericial, pueden suponer en principio una reclamación global de algo más de 90 millones de euros. En cuarto lugar, que, mediante diferentes órdenes del Ministerio de la Presidencia, se declararon un total de 153 municipios afectados, de los cuales han solicitado un adelanto de cobro de indemnización 67, por un importe aproximado de 20 millones de euros. Y, en quinto lugar, que las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Galicia y el País Vasco, habían remitido a la oficina del comisionado del Prestige relaciones de gastos y compromisos contraídos en convenios, incluido el tratamiento del fuel y de los lodos residuales que se encuentran almacenados, por un valor superior a los 130 millones de euros. Si SS.SS suman, verán a dónde llega la cantidad que estaba depositada. Un compromiso de gasto, en definitiva, próximo a los 250 millones de euros, al que desde luego resultaba imposible hacer frente, no ya con los escasos cinco millones de euros que quedaban en el ICO, sino con el régimen legal que se había establecido, que interesa recordar que establecía un tope de 100 millones de euros, los cuales además sólo se iban pagando en la medida en que previamente el FIDAC iba anticipando o lo abonase al Estado español. No había, pues, señorías, fondos para pagar ni podía pagarse lo efectivamente comprometido.
Para el Gobierno socialista era imprescindible remediar urgentemente la situación que de modo sucinto les acabo de describir. Los perjudicados por la catástrofe del Prestige no debían padecer ahora nuevos perjuicios derivados de la singular operación financiera que se
había llevado a cabo y que limitaba, temporal y cuantitativamente, la reparación a la que justamente tenían derecho. Era y es urgente que los pescadores que no habían cobrado pudiesen hacerlo lo antes posible y para ello no quedaba más alternativa que modificar sin demora la norma legal que establecía aquellos límites. Esta es, señorías, la extraordinaria y urgente necesidad que obligó a este Gobierno a dictar el presente decreto-ley, un decreto-ley que incorpora tres medidas claves. En primer lugar, se suprime el tope máximo de los 160 millones de euros, sin establecer ningún otro límite cuantitativo expreso. Esta eliminación es imprescindible desde la perspectiva del principio de igualdad, pues, aunque se trata de acuerdos transaccionales y de convenios, hubiese sido un agravio inaceptable, por discriminatorio, el hecho de que se pagase a unos perjudicados y que, en similares circunstancias, no se pagase a otros por la obligación legal de sujetarse a un límite que, como ya he expuesto, no respondía a la realidad. Única y exclusivamente, respondía a un cálculo hecho por el Estado en función de una cantidad que se calculaba que iba a ingresar el FIDAC. En segundo lugar, este decreto-ley dota al ICO con 249,5 millones de euros, con el fin de que pueda proceder al pago inmediato de los daños y perjuicios sufridos por particulares y entidades, sin necesidad de esperar a que se produzca el abono futuro de compensación que en su caso y en su día asigne el FIDAC. Y, en tercer lugar, se suprime el requisito de la previa disposición de fondos en poder del ICO, contenido en el artículo 2 del DecretoLey 4/2003, acordándose la derogación de dicho precepto.
En definitiva, hemos suprimido los límites que anteriormente se habían establecido y hemos dotado al ICO de fondos procedentes del Estado, para que los pescadores y las administraciones implicadas puedan recibir las indemnizaciones acordadas, sin que tengan que esperar a que el FIDAC adelante -circunstancia no prevista en un futuro inmediato- alguna otra cantidad. Pero no sólo hemos querido remediar esta situación, con el fin de evitar demoras injustificadas en el resarcimiento de los daños causados, sino que hemos querido también dejar constancia de los compromisos contraídos por este Gobierno con las gentes del mar. En efecto, aunque el instrumento del decreto-ley por su carácter extraordinario no permite acometer más regulaciones que las estrictamente imprescindibles para dar solución inmediata a problemas acuciantes, hemos querido que en él se reflejase de forma inequívoca la voluntad decidida de este Gobierno en orden a apoyar a sectores económicos perjudicados, los más perjudicados, por tan grave episodio de contaminación marina. Por ello, en este decreto-ley que ahora someto a su convalidación se reconoce la posible existencia de daños directos posteriores al año 2003, creándose para ello un nuevo fondo dotado con tres millones de euros destinado a compensar las pérdidas sufridas por los titulares de actividades de pesca, acuicultura y marisqueo durante el año 2004, que además se distribuirá con arreglo al criterio de la productividad, al objeto de subsanar una importante deficiencia del sistema anterior, que no contemplaba posibilidad de reparación alguna de las pérdidas sufridas con posterioridad a diciembre de 2003.
Señorías, el Gobierno es plenamente consciente de que este decreto-ley no soluciona todos los problemas surgidos en torno a la catástrofe del Prestige. Como ministra de la Presidencia, departamento en el que se encuentra ubicado el comisionado del Prestige, conozco de primera mano los efectos excluyentes y los inadecuados criterios que se fijaron en el pasado, sobre todo en el ámbito de la estimación objetiva. Los colectivos afectados han de saber sin embargo que este Gobierno no tiene una máquina del tiempo que le permita remover situaciones jurídicas consolidadas, ni tampoco puede, por impedirlo expresamente la Constitución, regular en un decreto-ley cuestiones que no sean verdaderamente urgentes y necesarias.
Ahora bien, con la misma sinceridad les digo que las medidas contenidas en este decreto-ley habrán de ir seguidas de otras complementarias que tendrán su plasmación, tanto en un nivel reglamentario y administrativo como en cualquier otro, con el fin de mejorar la situación de una zona tan castigada por este tipo de catástrofes. Ayudaremos a paliar las consecuencias del accidente del buque Prestige con medidas urgentes y con programas de regeneración medioambiental a medio y largo plazo.
Adoptaremos cuantas medidas sean necesarias para impedir o en su caso contrarrestar con eficacia futuros episodios de contaminación marina.
Pero que nadie se llame a engaño, ningún gobierno puede cambiar el ayer ni evitar lo ya ocurrido. Sí puede, por el contrario, asumir compromisos de presente, como hemos hecho hoy con este decreto-ley, desde la cercanía, trabajando conjuntamente para construir un futuro mejor. En eso estamos, señorías; este es y será siempre nuestro compromiso.
Les solicito por todo ello la convalidación del decreto-ley que acabo de presentarles.
Muchas gracias.(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
¿Algún turno en contra? (Pausa.)
Entramos en el turno de fijación de posiciones. En primer lugar el Grupo Parlamentario Mixto. Señora Fernández Dávila.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señora ministra de la Presidencia, tengo que decir en primer lugar que, después de que fuese aprobada en Comisión de este Parlamento por unanimidad una proposición no de ley presentada
por nuestro grupo y transaccionada con el Grupo Socialista, en la que se instaba al Gobierno a derogar o modificar el Real Decreto-ley 4/2003, recibíamos con expectación el anuncio de la modificación de este real decreto. Efectivamente, este real decreto-ley que hoy vamos a convalidar lo modifica, pero tengo que decirle, señora ministra, que la sensación al leer el real decreto, después de las expectativas que nos creamos una vez que se aprobó en el Parlamento la proposición no de ley a la que hacía mención, es una sensación agridulce, por decirlo de alguna manera.
Somos conscientes de que el real decreto es un avance, un avance en dos direcciones: Una, la provisión de fondos económicos para hacer frente a los pagos de indemnizaciones por la catástrofe y, otra, la ampliación del plazo para que las personas, a título individual o colectivo, puedan acceder a las ayudas por indemnización de las pérdidas más o menos del año 2004. Y así se recoge en el real decreto-ley que hoy estamos convalidando. Por lo tanto, el avance, como digo, es porque este real decreto recoge el pago de esas indemnizaciones a aquellos que, siendo titulares de actividades económicas de pesca, marisqueo y acuicultura, acrediten pérdidas económicas durante este año 2004; cuestión que, como usted decía, negaba el anterior real decreto, además de otra serie de cuestiones que usted también mencionó. A pesar de que estos dos puntos los consideramos un avance, hay otra serie de cuestiones que tenemos que considerar insuficientes. Primero, porque mantiene el artículo 5 del real decreto que se modifica, que obliga a los afectados que suscriban los acuerdos de indemnización con el Estado a desistir de forma irrevocable e incondicional a cualquier acción, recurso o instancia pendiente de resolución y renuncia, y asimismo a entablar en el futuro cualquier acción, procedimiento o reclamación, cualquiera que sea su naturaleza, de carácter o denominación judicial o extrajudicial relativos al siniestro del buque Prestige. Este artículo 5 del Real Decreto-ley 4/2003 se mantiene y nos parece que esto es una insuficiencia en el avance que representa el Real Decreto-ley 4/2004. De la misma forma tenemos que valorar como insuficiente la disponibilidad económica con la que se provee al ICO para el pago de estas indemnizaciones: Tres millones de euros para aquellas personas afectadas por perjuicios económicos, sobre todo las relacionadas con el sector y la actividad económica del mar.
Nosotros entendemos que las pérdidas reales, si tenemos en cuenta los datos que existen actualmente, aunque algunos no estén aún cuantificados, son muy superiores a esos tres millones de euros que se contemplan para este tipo de indemnizaciones. Entendemos que el pago de estas indemnizaciones no representa la realidad de las pérdidas que en este momento están evaluadas, si tenemos en cuenta que el fuel afectó fundamentalmente a los procesos y a las fases larvarias y crías de alevines. Por tanto, los perjuicios y los daños ocasionados no solamente son los ocasionados económicamente durante el año 2004, sino que tenemos que prever que en los años posteriores va a continuar habiendo este tipo de perjuicios. Por poner un ejemplo -son ejemplos muy gráficos-, en el sector mejillonero el problema no es el actual, no es en este momento donde se está notando una pérdida de la producción, sino que precisamente porque la cría del mejillón no se adhirió a las cuerdas que tienen que criarlos, el problema de la producción del mejillón va a ser después del año 2005. Volvemos a repetir lo que decíamos anteriormente. Hay otro dato del año 2004, y es que en la ría de Arosa, concretamente en la illa de Arousa, donde la media de extracción de almeja era aproximadamente de 200 toneladas, este año, en el mismo tiempo que dura la campaña, fue sólo de 50 toneladas.
En O Grove, la media de extracción de este mismo bivalvo era de 500 toneladas, siendo en la campaña del año 2004 apenas superior a 150 toneladas. Tengo que decirle que durante estos últimos días intenté averiguar, poniéndome en contacto con distintas cofradías, cómo estaba la situación y la verdad es que todas las cofradías consultadas apuntan a que aprecian una considerable disminución de las capturas de la pesca del litoral en todas las artes en que en este momento están faenando en las aguas del litoral gallego, notándose esto además en el mercado por un incremento de los precios de este tipo de productos, que suelen ser rodaballo, lenguado, etcétera, la pesca típica de la costa gallega. Si a esto añadimos lo que consideran los marineros de la ría de Vigo, todas las cofradías de la ría de Vigo, y que es que nunca se vio un nivel tan bajo de capturas de la pesca de litoral, efectivamente es una realidad que desde el Gobierno es necesario contemplar.
Estoy hablando de una serie de datos que podríamos decir que son anecdóticos, pero que reflejan una realidad del sector en el año 2004.
Podíamos hacernos eco del informe que en su momento elaboró, aunque tiene fecha de 1 de marzo de 2004, la coordinadora de cofradías afectadas por la catástrofe del Prestige, que cifraba en las conclusiones que hacía de este estudio que la pérdida en euros a 31 de diciembre del año 2003 era superior a los 71 millones de euros. Usted hablaba antes de que el ICO disponía de 70 millones para esas indemnizaciones y las indemnizaciones que se pagaron con esos 70 millones no fueron solamente las relacionadas con el sector pesquero, sino que estaban las demás cuestiones relacionadas con la catástrofe. Si tenemos en cuenta esto, el déficit, que con toda claridad usted explicó que existía, y la necesidad de pagar hace aproximadamente un mes -creo que hace una semana estuvieron pagando a la mayoría de los 2.000 afectados que no habían cobrado-, nos encontramos con que ese déficit, junto con lo que es necesario pagar del año 2004, hace que sea insuficiente esa cantidad que ustedes consideran límite para las indemnizaciones en materia de la catástrofe del Prestige.
tener en cuenta, y por eso no digo indemnizaciones del sector pesquero, que con esos 249 millones de euros hay que pagar los 90 millones de Repsol por la extracción del fuel en el pecio -por lo menos es la información que nosotros tenemos- y los 60 millones de la limpieza del fuel, que en estos momentos aún está en balsinas.
Nosotros entendemos que el plazo establecido es insuficiente, ya que es necesario contemplarlo cuando menos durante los dos o tres próximos años.
Consideramos además que el Gobierno no debería cerrar ningún plazo, como hace en este real decreto, hasta que tenga las resoluciones de la comisión científica, que, por lo que sabemos, no emitirá informe hasta aproximadamente el mes de octubre, después de que se coordinen los diferentes trabajos que se están realizando por los distintos equipos de investigación. Sabemos que de vez en cuando aparece alguna no sé si resolución pero sí consideración de algunos de estos equipos que estima que puede tener una menor gravedad de lo que en principio parecía. Lo que sí es cierto es que, hasta que estos equipos no coordinen su labor, dado que además entre ellos hay grandes y serias diferencias, y hasta que se tenga el informe que he dicho que tiene que emitir la comisión científica, no se pueden resolver ni considerar los efectos reales del Prestige.
Es necesario recordar, antes de tener esta resolución de la comisión científica, la experiencia de otras mareas negras para hacernos una idea de lo que esto puede significar. Y no solamente las mareas negras en el mundo, sino la experiencia reciente de Galicia, como fue el caso del Agean sea, teniendo en cuenta además que parte de la zona afectada de esta otra catástrofe se corresponde con la zona afectada por el Prestige.
Esta experiencia demuestra -por lo menos a nosotros, y pensamos que es empírico, no hay absolutamente ninguna subjetividad- que los impactos biológicos y económicos de las mareas negras perduran durante periodos más o menos prolongados en el tiempo y que las capturas no se recuperan a los límites anteriores a la contaminación hasta pasados entre cinco y diez años.
Señor presidente, acabo ya. Por otro lado, el decreto establece que podrán reclamar daños futuros los titulares de actividades económicas de pesca, marisqueo y acuicultura, olvidando de nuevo, igual que el anterior, las actividades directamente relacionadas con la pesca, como la comercialización o suministros navales. Además excluye todo tipo de afectación indirecta, como por ejemplo la cobertura del sector turístico.
Como me extendí en el tiempo, sólo quiero, dado la insuficiencia, sobre todo económica, y limitación del tiempo para poder reclamar, repetir una frase de uno de los afectados, y es que parece que el Gobierno, más que indemnizar, lo que pretende es compensar. Y realmente estamos hablando de un sector que si en este momento no tiene una situación más grave de perjuicio económico es porque por sí mismo fue capaz de salir al mar, a las bocas de las rías, para conseguir, con sus propias manos, que el fuel no entrara en las rías y en estos momentos la catástrofe no sea tan grande como hubiera podido ser si lo hubieran dejado en manos de la Administración del Estado. Nosotros entendemos, señora ministra, que lo que tiene que hacer el Estado no es ayudar a los damnificados por el Prestige, sino paliar lo más posible la pérdida económica que se refleja en algunos datos que ya les dimos, suponiendo además que el Gobierno conoce el informe a que yo hacía referencia.
Nosotros, y termino ya, señor presidente, vamos a dar nuestro voto favorable a la convalidación de este real decreto, porque somos conscientes de que medidas urgentes hay que tomar y no vamos a poner impedimentos para ello, pero, como ya expusimos aquí, pensamos que es necesario -y así lo proponemos- tramitar este real decreto como proyecto de ley, ya que es necesario seguir discutiendo sobre aquellas necesidades que hoy tiene todo el sector pesquero e incluso los recursos marinos de la costa gallega para, a través de este real decreto, que se transformaría en ley, alcanzar aquellas medidas más adecuadas, con la participación en el debate de todos los grupos parlamentarios, incluidas las opiniones del propio sector. Con esta propuesta, y dándole las gracias, señor presidente, por su benevolencia, acabo.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. (Pausa.)
Grupo de Izquierda Unida. Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, nosotros vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto, pero queremos hacer algunas precisiones en el sentido de aportaciones que nos parecería importante que se recogiesen.
Para una mejor valoración de las medidas incorporadas a este real decreto cuya convalidación se propone es necesario hacer referencia al marco normativo en el que se produce, desde el punto de vista interno y desde el punto de vista del Derecho internacional. Lo que interesa destacar en este punto es que los convenios internacionales establecen un marco de responsabilidad civil de carácter objetivo, pero también tasada o limitada de varias maneras. En primer término en lo referente a su cuantía, dado que el importe máximo de las indemnizaciones a abonar por el sujeto responsable vendrá dado por las características del buque causante de la contaminación, se recoge una cifra máxima que en el caso del Prestige no alcanza a cubrir el monto total de daños y perjuicios causados, porque el armador no está en condiciones de hacer frente a tales cantidades. Es necesario hacer mención igualmente a otro límite en relación con este mecanismo de indemnización, el del tipo de daños susceptibles de ser indemnizados. Quedan fuera de este sistema los daños morales,
los daños estrictamente ecológicos que no se concreten en medidas razonables de restauración del medio y los daños personales o daños de salud.
El Gobierno Aznar adoptó en los años 2002 y 2003 una serie de medidas dirigidas en apariencia a hacer efectivo el principio de solidaridad.
Tales medidas se concretaron inicialmente en el Real Decretoley 7/2002, de 22 de noviembre, y en el Real Decreto-ley 8/2002, de 13 de diciembre.
El primero de los reales decretos indicados establece una serie de medidas de apoyo a los damnificados que no voy a detallar, al igual que finalmente la última de las medidas adoptadas por el anterior Gobierno se produjo el 20 de junio de 2003 con el Real Decreto-ley 4/2003, sobre actuaciones para el abono de indemnizaciones en relación con los daños ocasionados por el accidente del buque Prestige.
Desde un punto de vista jurídico-político, este conjunto de decretos es la expresión más clara que se ha visto de la llamada omertà elevada a la categoría de norma legal, el chantaje perpetrado desde la propia Administración General del Estado a los damnificados en un evidente intento de silenciar la responsabilidad de la Administración, recurriendo para ello a la coacción económica. Para empezar, el propio Real Decreto-ley 4/2003 deja claro que su contenido en manera alguna supone un reconocimiento de responsabilidad de la catástrofe. En segundo término, todo su articulado y el conjunto de medidas que en él se contemplan se encuentran sujetos a un límite económico de 160 millones de euros. Esta cantidad, sin duda importante, era y es a todas luces insuficiente para hacer frente al conjunto de gravísimos daños y perjuicios derivados de la catástrofe del Prestige. Como límite económico adicional de carácter adjetivo o procedimental se establecía que la disposición de estos 160 millones de euros se verificaría en la medida que la propia entidad pagadora, el ICO, dispusiese efectivamente de los ingresos previstos, lo cual efectivamente plantea un serio problema de tesorería, que hoy vemos que no estaba resuelto. Los beneficiarios de las medidas propuestas en aquel real decreto-ley, según establecía su artículo tercero, serían las personas físicas o jurídicas que hubieran sufrido daños derivados del accidente del buque Prestige. El Real Decreto-ley 4/2003 excluyó así de su ámbito los daños morales, los daños personales sufridos por los afectados y los daños específicamente ecológicos difícilmente cuantificables. Ya sea porque preveía tal contingencia, ya sea porque las conversaciones con el FIDAC habían resultado infructuosas para esas fechas, el 1 de agosto de 2003 se dicta el Real Decreto 1053/2003 en el que se recogen normas de desarrollo del anterior. Dichas normas establecen un sistema de valoración objetiva de los daños que se encuentra bastante por debajo de los criterios habituales del propio FIDAC, que ya de por sí no suele ser dado ni a la generosidad ni al dispendio, como he comentado con anterioridad.
En definitiva, se trata de un sistema de valoración o cuantificación de las indemnizaciones que se encuentra por debajo de lo que podríamos considerar estándar internacional y de facto bastante por debajo de la entidad real de los daños causados, de los lucros cesantes realmente causados y de las expectativas de los damnificados que podrían albergar al amparo de la normativa interna española y de resultar finalmente condenado el Estado, como mucho nos tememos puede ocurrir. Por si lo anteriormente descrito no fuese suficiente, y aun cuando a estas alturas de la lectura cabría deducir que poco más podría haber dicho, el artículo 5 del real decreto-ley nos descubre que todavía podía ser peor. Por un lado, se establece que el Estado se subrogará en los derechos y acciones de aquellos a quienes adelante las indemnizaciones en virtud de los acuerdos que regula la propia norma. El texto va bastante más lejos y previene que los damnificados que perciban las indemnizaciones desistan de acciones o reclamaciones que ya estén formuladas. A partir de este análisis cumple ahora valorar el Real Decreto-ley 4/2004, cuya convalidación se propone hoy al Pleno del Congreso. Este real decreto-ley consta de dos únicos artículos relativos el primero de ellos a la supresión del límite de 160 millones de euros contenida por su antecesor y el segundo a otro precepto relativo a la previsión de compensaciones económicas por importe máximo de tres millones de euros, en relación con las pérdidas que tengan su causa en el hundimiento del buque Prestige y se pongan de manifiesto a lo largo del ejercicio 2004.
Comenzando por lo referente a la supresión del límite de indemnización de 160 millones de euros, ya se comentó con anterioridad que el sistema articulado al respecto por el Real Decreto-ley 4/2003 había originado un importante problema de falta de tesorería para hacer frente a parte de las indemnizaciones previstas, por lo que desde este punto de vista esta es sin duda una novedad positiva. Por lo que se refiere a la medida complementaria que se establece en la disposición adicional única referente a la autorización al Consejo de Ministros para establecer un incremento adicional de 249,5 millones de euros, a la vista de las cifras señaladas cabe suponer que es suficiente para atender las obligaciones ya generadas y las que se devenguen al amparo de las previsiones contenidas en este Decreto 4/2003. Sin embargo, en cuanto al segundo de los artículos cabe plantear varias objeciones tanto jurídicas como económicas. La adecuada interpretación del mismo hace necesaria la lectura de la exposición de motivos de la norma, en la que se señala que las compensaciones son complementarias e independientes del sistema de acuerdos transaccionales establecido en el Decreto 4/2003. Ello significa que el régimen jurídico de las mismas no será establecido en el anterior decreto y que por tanto no conllevará renuncia o desistimiento
de acciones. Esa es nuestra interpretación. El problema, sin embargo, estriba en que el grueso de los destinatarios de estas compensaciones ya han suscrito los acuerdos transaccionales previstos por la norma anterior y, por tanto, quienes se hallen en estos supuestos se encontrarán en situaciones de desigualdad. Si el Gobierno consideraba que la renuncia de acciones era una exigencia poco razonable para la percepción de compensaciones o el adelanto de indemnizaciones al amparo de cualquiera de las dos normas a que nos estamos refiriendo, debería haber adoptado medidas en tal sentido en el presente real decreto, cosa que, en nuestra opinión, no hace. Por todo ello, el que ahora se declare que el régimen jurídico de los acuerdos previstos en el Real Decreto 4/2003 no es de aplicación a las nuevas compensaciones poca o muy poca virtualidad tiene en relación con los potenciales beneficiarios de las mismas, que son ya muy pocos al margen de los acuerdos.
Desde el punto de vista económico, el importe previsto resulta, en nuestra opinión, ínfimo para la compensación de pérdidas más allá en 2004. Si partimos de las cifras ofrecidas por el propio Gobierno en su memoria económica, cabe señalar que el número de damnificados y por tanto potenciales destinatarios de las compensaciones asciende a un total de más de 16.000 personas físicas o jurídicas. Una simple división de los tres millones de euros lleva a la cifra de 183 euros por persona física o jurídica como compensación por las pérdidas ocasionadas en 2004. En nuestra opinión, muy insuficiente.
En consecuencia, teniendo en cuenta que, salvo mejor criterio, no vemos objeciones de relieve al artículo 1 de este real decreto, nuestro grupo parlamentario considera necesario presentar aportaciones dirigidas a solventar las siguientes cuestiones en el artículo 2 en una doble dirección: incrementando el fondo previsto y previendo un fondo específico para años posteriores y, en todo caso, la declaración inequívoca de que la percepción de las compensaciones no conllevará renuncia a los derechos o acciones de los beneficiarios de las mismas, así como la extensión de las compensaciones a aquellos sectores relacionados con la pesca, el marisquero y la acuicultura que pudieran experimentar pérdidas económicas a lo largo de 2004 con cantidades más importantes. Por tanto, en relación con los artículos 4, 5 y 6 de este real decreto, la modificación de los mismos que propondríamos sería que el sistema de adelanto de indemnizaciones previsto sea extensible a aquellos otros sectores de actividad no contemplados y que se encuentran directamente ligados a la actividad pesquera, marisquera o de acuicultura, así como a los espacios geográficos directamente afectados por los vertidos.
Termino planteando que la suscripción de los acuerdos transaccionales y la efectiva percepción de las indemnizaciones no se condicione al desistimiento y renuncia por parte de los beneficiarios a los derechos y acciones que pudieran corresponderles. En definitiva, nuestro grupo parlamentario va a apoyar este real decreto-ley y solicita que la tramitación del mismo se pueda hacer como proyecto de ley con el fin de presentar estas aportaciones que son tanto de las cofradías como de las comunidades autónomas afectadas y que creemos que no se ven reflejadas en el real decreto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
El turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señor presidente, señorías, el hundimiento del Prestige supuso una serie de situaciones, actuaciones y consecuencias que, por brevedad y porque son del conocimiento de todos ustedes, no voy a repetir, pero sí hay una situación en concreto que probablemente la mayoría de los diputados aquí presentes desconocen, y me van a permitir que brevemente me refiera a ella ya que es objeto y objetivo del decreto-ley que a continuación probablemente aprobaremos.
A algunas comunidades autónomas, y me refiero especialmente a Galicia, les cayeron prácticamente encima las consecuencias inmediatas del Prestige; y digo prácticamente porque casi no tuvieron tiempo y capacidad de reacción para poder afrontar como hubiesen querido y con tiempo esta cuestión. En otras en concreto, y me refiero a la nuestra, a Euskadi, los que trabajaron tuvieron algún tiempo para preparar una estrategia y organizar unas actuaciones ante lo que se venía encima, y así se afrontó con una determinación clave, tanto por el sector privado pesquero y la flota vasca como por las Administraciones, esta cuestión, y además se hizo bajo un principio y una determinación clara, y era que el fuel, el galipote, el chapapote, debía pescarse en alta mar, que a las costas y a las playas debía llegar la mínima cantidad, aquella que por tamaño o por las condiciones para operar en el mar no fuera posible recoger. A tal efecto, 215 barcos de la flota vasca, con más de mil pescadores, afrontaron este reto desde diciembre de 2002 hasta muy entrado el año 2003. Tres mil personas, personal de las diputaciones forales, del Gobierno vasco, ayuntamientos, voluntarios de Cruz Roja, DYA, socorristas y voluntarios en general, se implicaron asimismo en la tarea, y, como ustedes saben, también se preparó un plan de choque específico para realizar cinco mil analíticas extraordinarias para la detección de hidrocarburos en agua, arenas y productos pesqueros; dos campañas específicas de prospección de fondos marinos, con los centros de buceo de Euskadi; limpiezas específicas de roquedades y acantilados de difícil acceso y alto valor ecológico, y una permanente investigación oceanográfica para determinar los efectos a medio y largo plazo del hundimiento del Prestige.
¿Cuáles fueron los efectos y cuáles los resultados de esta estrategia y de esta determinación? Pues bien, la flota vasca recogió 21.000 toneladas de fuel emulsionado, que supuso el 60 por ciento de todo el fuel emulsionado que se recogió en alta mar empezando desde Galicia hasta la costa francesa. Estoy dando el dato claro y quiero que se me entienda: el 60 por ciento de todo el fuel que se recogió en alta mar, superando, por lo tanto, ampliamente la efectividad y la eficacia de los buques europeos anticontaminación. En tierra, por el contrario, se recogieron sólo tres mil toneladas o, lo que es lo mismo, de cada ocho toneladas que llegaron a dichas aguas, siete prácticamente se pescaron, y digo pescaron porque lo pescaron pescadores profesionales de la flota vasca, y una sólo fue a las costas. Asimismo se ha reciclado, en un esfuerzo medioambiental sin precedentes, el 20 por ciento de este fuel. El gasto de toda esta operación -me estoy refiriendo a cifras del 31 de diciembre de 2003- ha sido de más de 55 millones de euros. Entiendo que todos ustedes, el Gobierno fundamentalmente, reconocen que la estrategia fue adecuada, los esfuerzos fueron eficaces y los resultados fueron muy buenos. Sólo quiero recordar que la responsabilidad y la competencia de esta actuación en alta mar y de las próximas son del Gobierno del Estado.)
Pues bien, hoy es el día en que la Comunidad Autónoma de Euskadi no ha recibido ni un solo euro de estos 55 millones de euros gastados; pero hay algo que para mí es más grave -porque al fin y al cabo los 55 millones son fondos de la Administración, esfuerzo de la Administración-: hoy es el día que los pescadores vascos son los únicos, por cierto, de todo el Atlántico y de todo el Cantábrico que no han recibido ni un solo euro por la parada biológica que supuso el Prestige y los días que no pudieron faenar. Se les excluyó específicamente del Real Decreto 4/2003 del Gobierno del Partido Popular. La flota vasca sufrió como la que más el efecto de aquel incidente -me estoy refiriendo a la flota vasca, no a las costas-, trabajó como la que más para minimizar el impacto y sin embargo, a diferencia de las flotas de las comunidades vecinas, todavía hoy es el día que no ha recibido ni un solo euro. Quiero que así conste porque esa es la realidad.
La situación de injusticia y de agravio que se estaba creando la denuncié repetidas veces en la anterior legislatura en este mismo Congreso. ¿Saben ustedes cuál fue la respuesta, tras varias intervenciones, cuando me dirigí en privado al escaño del señor Montoro, entonces ministro de Hacienda? Que no tenía ninguna intención de pagar. Y cuando le pregunté cuál era el motivo, me contestó -ya digo que fue en privado- que les pagara el lehendakari, que para eso se presentó a despedir a esa flota vasca cuando salía a faenar en el puerto de Bermeo. Esa fue la actitud y la respuesta. Tengo que reconocer también -y lo digo sin empacho- que el entonces ministro señor Rajoy, en cuanto se le volvió a plantear el atropello que se estaba creando, nos manifestó que él era el máximo responsable y que trataría de solucionarlo. Pero la realidad, repito, es que al día de hoy los pagos han sido cero; ningún pescador vasco ha recibido una sola peseta. Y mil pescadores, doscientos quince barcos, se dedicaron, con el esfuerzo y la efectividad que he mencionado anteriormente, a esa labor.
Pues bien, el Gobierno actual ha elaborado este nuevo decreto-ley con un nuevo fondo, con una reforma del sistema anterior y con el compromiso, que entiendo que se especifica en el propio decreto-ley, de que puede ir seguida de otras que se recogerán en los próximos Presupuestos Generales del Estado, con lo cual se nos dice que se va a proceder a resolver dicha situación y dicho atropello. Por tanto, señora vicepresidenta, aunque sea tarde, bienvenido sea este decreto y este reconocimiento. Entiendo que en cuanto se apruebe van a proceder a pagar inmediatamente y que tratarán y se tratará de paliar la situación de injusticia y de discrecionalidad que se creó. Por tanto, lógicamente van ustedes a contar con nuestro aplauso y, evidentemente, con nuestro voto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Señor presidente, señorías, señora vicepresidenta, desde la orilla mediterránea, sintiendo, como el parlamentario que me ha precedido, no haber podido ayudar desde Cataluña en las tareas ocasionadas por el Prestige dado que la aportación que hizo la Generalitat en barcos fue rechazada, veo que están aflorando en este momento no aquellos hilillos de plastilina de que nos hablaban sino que está aflorando presupuestariamente la mayor catástrofe ecológica que ha tenido España. Es cierto que los 160 millones de euros presupuestados por el anterior decreto-ley son insuficientes, pero si sumamos los millones de euros de este decreto-ley, la cifra sube a 409 millones de euros, que volverán a ser insuficientes, sin que nadie haya asumido ante tamaña cantidad ninguna responsabilidad en el alejamiento y hundimiento del Prestige. Tamaña cantidad presupuestaria no se ha relativizado en la adopción de responsabilidades por parte de los que en aquellos momentos estaban en el Gobierno. Y no hay duda de que, aun siendo muy importante la cantidad ahora destinada, seguramente en esta legislatura tendremos otra vez que arbitrar fondos y presupuestos porque sabemos por experiencia de otras mareas negras que su influencia sobre las actividades económicas se prolongan más allá de los límites que se establecen en este decreto-ley.
La limitación a tres millones de euros por la disminución de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, realmente parecen del todo insuficientes. Sí es cierto que hemos abierto una puerta a partir de 2004, lo que no se
reflejaba en el anterior decreto-ley, pero el criterio de que después se repartirán, si no llega el presupuesto, proporcionalmente las ayudas evidencia esta insuficiencia. La condición de renuncia que sigue latente en todos los que reciban subvenciones a la posterior responsabilidad subsidiaria del Estado creemos que se tendría que eliminar. Nuestro voto será afirmativo, pero nos sumamos a la petición iniciada por el Bloque Nacionalista Gallego de que haya una tramitación como proyecto de ley para poder subsanar todas estas insuficiencias que se han ido detallando.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, nuestro grupo va a fijar posición favorable a este real decreto-ley que en definitiva era esperado por corresponder, con la urgencia que ustedes lo han presentado, a las necesidades de un problema real y justifica una acción del Gobierno presentada rápidamente para poder actuar dentro del marco presupuestario y para cubrir unas deficiencias posiblemente nacidas del Real Decreto 4/2003, que se presentó inmediatamente después del accidente y que incluía unas primeras acciones que intentaban cubrir o resolver las necesidades que se habían generado en aquel momento cuando ya se tenían unas primeras aproximaciones de la magnitud de la catástrofe. La cantidad de 160 millones de euros, para cuya liquidación se necesitaba el previo ingreso del ICO, era la primera ayuda que se genera rápidamente por el estado de necesidad que origina un accidente, una catástrofe.
El primer punto que nos propone el Real Decreto 4/2004 es que elimina este límite de 160 millones, también elimina el requisito de previa disposición del ICO y lo más importante es que amplía la dotación del Estado para estas indemnizaciones, llegando, con la suma de las cifras que nos ha dado la señora vicepresidenta, a 409 millones de euros. Esta adecuación de medios merece nuestra convalidación y nuestro voto favorable. Por ello, nuestro grupo dará su voto afirmativo a este real decreto-ley, que nos hubiera gustado, como han dicho ya otros grupos, que hubiera entrado en la Cámara como una proposición de ley, y a propuesta de Presidencia nuestro grupo le daría el voto favorable, en el sentido de que nuestro grupo entiende que ya se conocen más claramente los daños de esta catástrofe, que se han evaluado en 250 millones de euros adicionales, y que se abre paso a la posibilidad de unas secuelas que también pueden producirse en el año 2004 y que se tasan en un máximo de 3 millones de euros, como otros daños que puedan darse en las explotaciones a partir del accidente.
Nuestro grupo reconoce que es difícil presupuestar en el tema medioambiental, pero hay que hacerlo así. Por ello las actuaciones que se han dado hasta ahora han tenido un calado superior al que se había previsto en un momento inicial. Las actuaciones sobre el buque hundido y la recuperación del fuel que se ha producido han tenido unos costes muy imprevisibles y por ello había que dejar una vía abierta sobre la base de una objetivación de lo que eran las condiciones necesarias para la indemnización que diera en caso necesario la libertad al Gobierno de dotar complementariamente las necesidades que estas acciones conllevaran.
Esta indemnización y el principio de indemnización que cubre el FIDAC, que tiene unos baremos internacionales y, como ya ha dicho alguno de los intervinientes, posiblemente no tenga la cobertura total de los daños necesarios, entendemos que tienen que ser lo más aproximados posible a la realidad y que estas secuelas o estos daños medioambientales se puedan restituir a la población afectada. Usted nos ha hablado de un desarrollo reglamentario, que viene a sustituir la posibilidad de la objetivación de la que le hablaba anteriormente, de la necesidad de sentar para este tema de catástrofes una actuación parlamentaria que sienta -si me permite el símil- una jurisprudencia en la actuación en los casos de necesidad en los cuales de alguna forma se dé la palabra a los diferentes grupos y paralelamente una capacidad de actuación del Ejecutivo que permita actuar dentro de este marco consecuentemente y así marcar para el futuro una actuación suficiente. Estos tres millones de euros que nos marca para el ejercicio 2004 son, si tomamos el total de 409 millones, menos de un 1 por ciento de los daños habidos. Entendemos que es una cifra moderada y, de acuerdo con lo que ha dicho el representante del Bloque Nacionalista Galego, es insuficiente para los daños que han tenido determinados caladeros. Es por ello por lo que nos hubiera gustado que hubiera una línea objetiva y que este desarrollo reglamentario permitiera al Gobierno, en caso de necesidad, actuar y cubrir las necesidades que ha generado esta catástrofe. Esta proposición de ley abriría las condiciones de diálogo y, posiblemente, la fijación de unas condiciones más claras de todos los grupos y una participación en la generación de las vías de solución.
No se preocupe, señora vicepresidenta, nuestro grupo le dará el voto positivo, nos alinearemos en la solicitud de esta convalidación, nos alinearemos en la solicitud de la proposición de ley, en el bien entendido de ser constructivos en la búsqueda de las soluciones, en la aproximación a la realidad y en la evaluación, lo más concretamente posible, de las soluciones del problema que ello le supone. Por ello nuestro voto será positivo y esperamos que las vías que se abran aquí - y si no sigue adelante la proposición de ley, lo hagan
los reglamentos o las propuestas que nos ha hecho la señora vicepresidenta- se acerquen a esta objetivación y permitan de alguna forma los complementos que la realidad de la problemática requiere.
Esperamos que este problema sea pronto olvidado en nuestros debates porque se haya dado la solución correspondiente al mismo.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, anuncio que nuestro grupo va a apoyar también este real decreto.
Es más, señora vicepresidenta, nos alegra que traiga este real decreto a la Cámara por dos razones. En primer lugar, porque ello evidencia que ustedes están continuando lo que el Gobierno del Partido Popular puso en marcha, algo que no suele ser frecuente en el Gobierno, porque ustedes se están caracterizando por exterminar todo lo que ha hecho el Partido Popular. Por fin parece que hacen algo bien. La segunda razón es porque con ello se demuestra que nuestra actuación fue apropiada, confirmando que lo realizado se hizo correctamente a pesar de que lo criticaron y hasta lo hicieron eje de la campaña electoral. En definitiva, se demuestra que todo ello no era más que una manifestación de la demagogia en la que el Partido Socialista se instaló desde el primer momento en el tema del Prestige, bien es verdad que en los últimos años en otros muchos temas también. Por cierto, señora vicepresidenta, catástrofe sí, pero no humana. Catástrofe humana ha sido la vivida, desgraciadamente, hace unos días con el O Bahía. Lo que ocurre es que nosotros no estamos instalados en la demagogia y en las manifestaciones de las que ustedes son claramente maestros.
En definitiva, el tiempo nos está dando la razón y se está comprobando la eficacia de nuestra gestión, y es que el real decreto que hoy debatimos -y se desprende claramante de las intervenciones críticas que ha habido en esta Cámara- sigue manteniendo sustancialmente las mismas cuestiones.
La cláusula de renuncia a las acciones judiciales por parte de quienes suscribieran el acuerdo transaccional, que tanto criticaron, permanece inalterable, como tampoco se modifican los baremos para el pago de las compensaciones por el sistema de estimación objetiva, que ustedes calificaron nada más y nada menos que de arbitrarios. Sí, las críticas mantenidas en la convalidación del real decreto figuran en el "Diario de sesiones". Las descalificaciones fueron verdaderamente duras, incluso yo diría que muy graves. Pero hoy esas descalificaciones se vuelven contra ustedes y resaltan una vez más cuánta irresponsabilidad hubo en su actuación en este tema. La cláusula de renuncia, que nunca debía existir, ahora se mantiene ¿verdad? El sistema de reparto, que no era nada claro según ustedes, ahora ya les parece objetivo y claro. Ha desaparecido, señorías, aquello que ustedes calificaban de alarma, las alarmas más gratuitas sin duda que ustedes estaban calificando. Lo que en la oposición era algo arbitrario, hoy parece que es bueno y así tiene que entenderse, porque nada de lo que era un panorama desolador por ustedes pintado, que tanto -repito- criticaron, ha cambiado; hoy lo asumen claramente. Por tanto, bienvenidos a ello, bienvenidos al procedimiento y al sistema jurídico articulado por el Grupo Popular. La verdad es que no podían hacer otra cosa, por dos razones. La primera porque era imposible hacerlo de otra forma, porque ustedes saben que el FIDAC lo impedía, y la segunda porque saben que fue muy bien acogido por los interesados a pesar de que aquí se dijo que era un chantaje a los interesados; fue muy bien acogido por los interesados hasta el punto de que ha cobrado el 90 por ciento de todos los afectados sometidos al régimen de estimación objetiva, es decir, a los marineros, a los pescadores, a todos aquellos que tenían los papeles en regla, como ustedes tendrán también que seguir haciendo porque es claramente una exigencia de la normativa y del FIDAC.
Por cierto, no es verdad que el Gobierno, como nos han venido diciendo -no hoy aquí pero en otras ocasiones- no pusiese dinero, porque los recursos del FIDAC los tenía que recuperar el Estado, que ha sido el primer afectado, lo que ocurre es que el Estado, desde esa responsabilidad, los ha puesto de inmediato para atender las necesidades de las personas.
Y no exagero, señorías, cuando voy a decir lo que a continuación me escucharán, cuando les digo que en ningún país del mundo la Administración del Estado indemnizó a los afectados antes de que se declarase ninguna responsabilidad. Y el Gobierno del Partido Popular lo hizo además en un tiempo récord, marcando un abismo con ustedes, señores socialistas, y que hubo un antes y un después en el tratamiento de las personas cuando hay accidentes de este tipo. Cuando sucedió el accidente del Mar Egeo y ustedes gobernaban, todos sabemos que los afectados no cobraron ni el primer año ni el segundo ni el tercero ni el sexto, cobraron al décimo y ¿saben por qué? Porque gracias a que el vicepresidente entonces, Mariano Rajoy, articuló una solución que les permitió cobrar esos daños que habían sufrido hacía diez años. Lo saben perfectamente bien los implicados y lo conoce perfectamente toda Galicia.
Por tanto, fue una decisión de solidaridad política y de justicia que el Gobierno aprobara aquel real decreto de junio de 2003, en el que se ofrecía voluntariamente a todos los damnificados la posibilidad de que el Estado abonara de manera anticipada y rápida las indemnizaciones por los daños producidos. Y se hizo para acelerar el trámite antes de conocer la cantidad que el FIDAC iba a anticipar, porque se supo en el mes de
octubre pasado. Y antes de saberlo se cifró en un concepto que ascendía a 57,5 millones de euros, que aquí se han recordado. Por cierto, desde que ustedes han llegado al Gobierno creo que no han vuelto a hacer ninguna reclamación al FIDAC para que siga adelantando indemnizaciones. Es cierto trambién que el decreto se hizo sin conocer cuántos serían los afectados que se iban a acoger a esa solución y la cuantía a la que ascenderían las reclamaciones, porque el plazo para hacerlo terminaba en el mes de diciembre. Y en línea con lo que el comisionado dijo en su momento y en línea con lo que quedó reflejado en el "Diario de Sesiones" cuando intervino esta parlamentaria, se había previsto que en el caso de ser necesario se ampliaría la cuantía económica. Buena prueba de ello es que el Gobierno realizó todos los pagos por la totalidad de las cuantías reclamadas de quienes tenían la documentación en regla. Y de eso tiene constancia el actual Gobierno, lo saben muy bien porque en el traspaso de poderes se les transmitió un borrador de anteproyecto en esta línea.
Saben que estaba preparado desde enero un nuevo real decreto con ese fin, que no podía aprobarse hasta que se abrieran de nuevo las Cámaras. Por tanto, señorías, nada nuevo, nada extraordinario, sino más bien que han tardado demasiado tiempo en traerlo a esta Cámara.
Ahora, eso sí, una puntualización importante. Ustedes que tanto presumen, y sobre todo estos últimos días, de transparencia, en este decreto-ley que presentan, que implica directamente un coste presupuestario, en lugar de utilizar el fondo de contingencia, como nosotros habíamos previsto y que es una partida transparente que está consignada en los presupuestos precisamente para imprevistos de esta naturaleza, ustedes utilizan una vía indirecta de financiación, que es el fondo de provisión del ICO; fondo que en cuanto se emplea, como les habrá dicho la Intervención General del Estado, siguiendo los criterios que tiene que conocer muy bien la vicepresidencia de Eurostat, impacta en déficit. Claro que no nos dirán cuánto porque estos ajustes no se saben hasta el final del periodo, señorías. (La señora Cunillera i Mestres: Eso es lo que hacía el PP.) Esto, señorías, no es lo que hacía el PP, eso es lo que han empezado a hacer ustedes. Esta, señorías, es la verdad de este real decreto, como cierto es que el Gobierno del Partido Popular es el que puso los recursos económicos para dar ayudas desde el primer momento, también por primera vez, a todos los afectados por el accidente del Prestige y al cabo de un mes. Como cierto es que el Gobierno del Partido Popular programó, presupuestó y contrató los trabajos de extracción del fuel, que por cierto ustedes -cómo no- también criticaron, y están siendo un éxito como lo certifica la magnífica noticia que ayer aparecía de que cerca de 6.000 toneladas de fuel de los tanques se habían extraído.
En el real decreto hay una única novedad -y lo reconocemos-, que es el establecimiento de un fondo de tres millones de euros que en el caso de ser insuficiente -dice- se distribuirá proporcionalmente entre los demandantes, pero con el límite -no se engañen, porque aquí ha habido algunas otras interpretaciones- del ejercicio que está terminando, del 2004, y con una cláusula de cumplimiento que dice que sean consecuencia directa e inequívoca del derrame. Algo que saben que va a ser muy difícil de probar, lo que unido a esa mínima cuantía económica de la que hablamos, señorías, es un claro brindis al sol, es en definitiva una clara operación de marketing. Ustedes lo saben y desde luego los afectados ya se lo han dicho. Este real decreto -y con ello termino- sigue en esencia las líneas marcadas por el Gobierno del Partido Popular que, como señalamos, estableció una forma pionera que tuvo una gran acogida por los afectados, a pesar de que ustedes querían que así no fuera, y que ustedes hoy dejan esencialmente igual.
Para concluir, primero les diré que no se olviden de que efectivamente tienen pendientes deudas con las comunidades autónomas, con todas, la del País Vasco, la de Cantabria, la de Asturias y también (me van a permitir, no por ser gallega sino porque la Comunidad Autónoma de Galicia fue la que sufrió los mayores problemas y las mayores consecuencias) tienen pendiente con la Comunidad Autónoma de Galicia el pago por los tratamientos de los lodos de los residuos almacenados. En segundo lugar quiero decirles que ya que han tardado en traer este real decreto, que sabían que estaba prácticamente preparado, sean ahora más diligentes para realizar los pagos al mismo ritmo que lo ha hecho el Gobierno del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
El turno de fijación de posiciones corresponde al Grupo Socialista, señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, si no estuviera en esta Cámara diría ¡lo que hay que oír!, pero este diputado no va a entrar en provocaciones y por ello no me voy a extender en recordar los hechos de aquel fatídico 13 de noviembre, cuando uno de los muchos viejos petroleros que pasan diariamente frente a Fisterre sufrió un accidente a 50 kilómetros de la costa y se ordenó llevar el barco mar adentro sin consultar con nadie. Este error, señorías, ayudó a convertir un accidente en catástrofe ecológica y económica. No hablaré tampoco de lo caro que nos ha costado a todos que el Gobierno no afrontara el problema en su momento ni de los engaños sistemáticos y de la manipulación informativa sobre el tema. Fue el comienzo, señorías, de una serie que los llevó justamente donde están ahora. Señores del Partido Popular, eso es otra historia.
Recordaremos, eso sí, a los voluntarios, lo único positivo de esta catástrofe, que el 23 de noviembre
comienzan a llegar a Galicia y se quejan de la falta de organización y de medios para realizar un trabajo de limpieza. La descoordinación en este tema duró demasiado. Les recuerdo también que el 1 de diciembre miles de personas se manifestaron en Santiago de Compostela al grito de nunca máis mientras las costas de Galicia son asoladas por chapapote. En los días siguientes, como bien reconocía la diputada del BNG, los marineros de las Rías Baixas evitan que la catástrofe vaya a mayores y con sus propios medios, con sus aparejos y con sus manos consiguen frenar la segunda marea negra que podía ser definitiva y mientras el Gobierno no actuaba, solamente esperaba. El Gobierno creyó demasiado tiempo que alejando el barco eliminaba el problema. Eso sí, señora Sainz, actuó rápidamente a la hora de pagar a los afectados -el 7 de diciembre comienzan a cobrar las primeras ayudas-, pero la intencionalidad del pago no entro a juzgarla.
En todo caso, el Gobierno trató siempre de minimizar el problema y cuando comprobó que no podía ocultarlo quiso cerrarlo. Para ello recurrió, en primer lugar, a la limpieza general de playas y rocas. El objetivo eran playas y rocas esplendorosas cuando cualquiera que conozca el mundo del mar sabe que lo importante son las playas y las rocas vivas, puesto que las rocas batidas por el mar y las playas son también productivas y en estos momentos no sabemos si la limpieza de rocas como si fueran piedras de catedrales afectó a la productividad de las mismas o no. El tiempo lo dirá y, aunque hoy por hoy sabemos que las rocas y las playas están limpias, su productividad es bastante dudosa. También el Gobierno, en su afán de normalizar el tema, recurrió a la apertura apresurada de caladeros. Hay que decir que en ese tema hubo suerte, no salió mal, pero hay zonas que se quejan de que si la veda hubiera sido más larga hoy es posible que el futuro productivo del sector fuera mejor. Por último, el Gobierno, en su afán de cerrar el problema, elaboró un decreto que nosotros llamamos de punto final, el Decreto 4/2003. Respecto a este decreto, nosotros criticamos que a cambio del 15 por ciento del valor de los daños estimados por el FIDAC se pretendiera indemnizar a todos los afectados. También y sobre todo se pretendía cerrar el problema con una decisión político-administrativa, negando las reclamaciones en años futuros. En resumen, nosotros criticábamos y criticamos que el decreto no garantizaba el anticipo de las indemnizaciones ni el pago de los daños causados hasta el presente y cerraba la posibilidad de reclamar por daños futuros que pudiesen presentarse como consecuencia de la contaminación de los recursos marinos.
La obsesión del Gobierno del Partido Popular fue, en primer lugar, transmitir la idea de que no había problema, pero el chapapote es inocultable, entre otras cosas mancha, y entonces el Gobierno procedió a limpiar todo lo visible para dar por hecho que el problema había pasado porque no estaba a la vista. Lo malo es que el fuel seguía en el barco y, como decía este diputado al señor Rajoy en su comparecencia ante la Comisión Constitucional, seremos nosotros quienes tengamos que sacar el chapapote que todavía almacena el Prestige. Y lo estamos haciendo, ¿pero con qué presupuestos, señora Sainz? Tenemos también que asumir la indemnización de una parte importante de los afectados, ¿pero con qué fondos, señora Sainz? Rifas y loterías no son suficientes y el Gobierno Aznar no presupuestó nada; se limitó a administrar los recursos del FIDAC. ¿Y ahora qué habría que hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hay que hacer? En primer lugar hay que pagar las indemnizaciones de todos los afectados, y no hay fondos, señorías; no hay fondos. En estos momentos los fondos son 4.800.000 euros y lo que hay que pagar a los afectados supera con mucho esa cantidad. Solamente en Galicia hay que pagar más de cinco millones de euros para que todos los afectados estén en igualdad de condiciones, y quedan aún los afectados de estimación directa. También hay que pagar las consecuencias de la catástrofe a los excluidos del anterior decreto, a ayuntamientos y a comunidades autónomas, y no hay fondos. Y hay que pagar también consecuencias futuras porque los daños de la catástrofe no terminan el 31 de diciembre, como decretaba el anterior Gobierno. Esto hay que hacerlo desde la legalidad, desde la coherencia y también se está haciendo desde el diálogo con los afectados.
Frente a una postura que considerábamos y consideramos irresponsable del Gobierno del Partido Popular de cerrar este problema con el ejercicio presupuestario de 2003, nosotros defendíamos y defendemos la necesidad de seguir con atención todos los problemas pendientes, partiendo de que la recuperación de los ecosistemas afectados lleva un tiempo y repercute en los recursos y, en consecuencia, en la economía de las personas. En coherencia con lo anterior, señorías, recuerden que el Grupo Parlamentario Socialista apoyó que esta Cámara creara una comisión de seguimiento para evaluar las consecuencias de las políticas que se están materializando en torno al Prestige. El decreto que hoy se somete a la consideración de esta Cámara cuenta, como no podía ser menos, con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista porque es coherente con lo que siempre defendió en este tema, aunque por limitaciones constitucionales que se expusieron aquí no puede abordar todos los problemas. Como se dijo en la presentación, el nuevo decreto amplía fondos para pagos necesarios y urgentes, al tiempo que corrige algunas deficiencias del sistema anterior, como condicionar el pago al abono de la compensación por parte del FIDAC, lo que podría durar años. Con el decreto del Gobierno, señores del Partido Popular, quienes no hubieran cobrado tardarían años en hacerlo porque no habría fondos FIDAC. Asimismo, el actual decreto suprime el tope máximo de las indemnizaciones, que estaba en 160 millones de euros. Ahora se indemnizarán
los daños sin tope máximo. Igualmente, se crea un nuevo fondo de tres millones de euros para compensar las pérdidas sufridas durante 2004. Las ayudas futuras se incluirán en los presupuestos de 2005 y siguientes. O sea que figure en el 2004 un fondo no quiere decir que este fondo no vaya a figurar en los presupuestos siguientes. Y es una lectura yo creo que corta la de pensar que el fondo es únicamente para 2004, cuando nosotros reconocemos públicamente -y lo dijimos siempre- que la catástrofe tiene consecuencias futuras que se cubrirán en presupuestos sucesivos. Además, existe el compromiso del Gobierno -lo acaba de explicitar la señora vicepresidenta- de flexibilizar en el decreto-ley el sistema de acceso a las ayudas para que puedan acceder a ellas los colectivos afectados excluidos del decreto anterior. En todo caso, este decreto tiene limitaciones constitucionales. Por ello sólo puede regular lo que es de extraordinaria y urgente necesidad. Pero aquí no acaban ni las medidas ni las ayudas de apoyo a los sectores afectados, ni tampoco la recuperación integral de la extensa zona afectada en los aspectos ecológicos y económicos. En los presupuestos de 2005 -se dijo ya por parte del Gobierno- se van a incorporar por diferentes ministerios las partidas necesarias para seguir reparando los daños del Prestige.
Quisiera hacer algunas precisiones que me parecen importantes. En primer lugar, recuerdo a SS.SS. que el 16 de junio se aprobó por unanimidad en la Comisión de Economía una proposición no de ley que recordaba aquí el BNG. Esta proposición se cumple íntegramente en este decreto. En primer lugar, allí no había demandas que no estén contempladas en este decreto.
En segundo lugar, entendemos las críticas, pero las críticas que se hacen aquí hoy a este decreto no las está haciendo el sector en Galicia; el sector en Galicia no está haciendo las críticas que se hacen hoy aquí a este decreto. El problema del sector en estos momentos no es poder reclamar a instancias más o menos intelectuales, sino que el sector quiere cobrar ya, quiere que se le pague ya y quiere garantías de cobertura de futuro. Y eso se recoge en este decreto y eso está en la intención del Gobierno. Los otros temas están bien, pero no son hoy la prioridad del sector. En todo caso, quiero decirles también que el decreto no impide ningún contencioso ni reclamación por pagos afectados contra las empresas u organismos internacionales implicados, no impide nada. No impide que los afectados puedan reclamar. Asimismo, quiero decirles en honor a la verdad que no hay ningún grupo en esta Cámara que tenga a día de hoy un contacto directo con el sector como lo tiene el Grupo Socialista. Todo lo que estamos haciendo aquí, todas estas medidas están habladas con los representantes del sector, una y más veces.
También quiero decirles que el Gobierno, a través de su vicepresidenta primera, tiene línea directa con el sector y tiene un compromiso con los afectados que se va a cumplir.
Señorías, conocemos los problemas y creemos que este decreto es una parte importante de la solución, aunque no la solución. Es la parte necesaria ahora para empezar a normalizar una situación que heredamos. (Rumores.) Por favor, señorías.
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor DÍAZ DÍAZ: También sabemos que se van a empezar a normalizar otros temas en los presupuestos del año 2006 y en presupuestos futuros.
Este es nuestro compromiso y en función del mismo y de la defensa de un sector con el que todos estamos un poco en deuda pedimos el apoyo para este decreto. (Rumores.)
Señorías, quisiera que algún grupo reconsiderara su posición respecto a tramitar este decreto como proyecto de ley. No quisiera ser el responsable de que los sectores implicados que decimos aquí que están muy agobiados me pudieran responsabilizar de no percibir los pagos en el momento en que lo están necesitando. Sepan ustedes que tramitar este decreto como proyecto de ley implica un retraso, ya que se tramitará más o menos en paralelo con los presupuestos, y hay pagos que no pueden esperar y si el decreto no está aprobado esos pagos no pueden realizarse.
Además, ustedes saben que estamos hablando de un decreto-ley que tiene unos condicionantes y las mejoras que se pueden hacer en ese trámite son mínimas. Entiendan que en el decreto se está haciendo todo lo que ahora es posible.
Por último, quiero recordar al Grupo Parlamentario Popular, que denunciaba retrasos en los pagos y que todo se había paralizado con este Gobierno, que el problema es con qué se paga, porque el Gobierno saliente dejó un grave problema y no arbitró su solución; no dejó fondos habilitados para hacer frente a los compromisos contraídos. El real decreto que hoy discutimos va a habilitar esos fondos y yo espero que lo convaliden.
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.
Quiero agradecer a todos los grupos su posición y el apoyo a la convalidación de este decreto-ley. He tomado buena nota de las observaciones que han efectuado, algunas de las cuales comparto.
Solamente quiero que sepan que el objetivo del Gobierno con este decreto-ley ha sido solucionar un problema grave, que era atender el pago de indemnizaciones que estaban pendientes y que no se podían llevar a cabo por falta de fondos y por problemas derivados del régimen jurídico establecido en el anterior decreto. Por tanto, reitero que con las limitaciones que tiene un instrumento de carácter extraordinario y urgente, como es un decreto-ley, el Gobierno cree que con ello afronta los problemas más graves que en estos momentos están planteados. Sabemos que
con esto no vamos a solucionar todas aquellas cuestiones que se han planteado como consecuencia de la catástrofe del Prestige. Ya he dicho al inicio de mi intervención que se irán adoptando otra serie de medidas que son necesarias, y solamente quería decir a la portavoz del Grupo Popular que la verdad es que el decreto del que usted ha hablado ni está ni estaba ni parece que se le esperaba, y consignación presupuestaria, señora Sainz, no había ninguna, absolutamente ninguna. Este es un decreto-ley que ha habido que hacer de forma urgente y lo que sí le aseguro es que yo no recibí ningún proyecto del anterior Gobierno de que había que renovar, reformar o realizar otro decreto-ley. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sainz.
Simplemente quiero decir a la vicepresidenta que me parece que van perdiendo por el camino demasiados papeles. Están perdiendo demasiados papeles. (Rumores.-Un señor diputado: ¡No los pasáis!-Aplausos.) Saben perfectamente que el comisionado les entregó un borrador y tal vez tengan, como tantas veces se les ha dicho aquí, un grave problema de coordinación y de comunicación dentro del propio Gobierno.
(Aplausos.-Rumores y protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señor presidente, solamente para cerrar este debate y decir que seguramente los papeles se los han llevado, señora Sainz. (Aplausos.-Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación, advirtiendo que habrá dos votaciones porque el Grupo de Convergència i Unió ha solicitado que en el supuesto de que sea convalidado el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley. En consecuencia, primera votación relativa a la convalidación o no del real decreto-ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 303.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.
A continuación votamos la solicitud del Grupo de Convergència i Unió de que sea tramitado como proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 26; en contra, 270; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley que acabamos de convalidar. (La señora Fernández Dávila pide la palabra.)
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Señor presidente, nosotros estábamos pidiendo la palabra para aclarar una cuestión. Yo en mi intervención pedí la votación del real decreto-ley que hoy estamos convalidando para su trámite como proyecto de ley. Es cierto que el diputado de Convergència i Unió, el de Izquierda Unida y el de Esquerra Republicana se manifestaron en el mismo sentido, pero la solicitud de esa votación la hizo el Bloque Nacionalista Galego y nosotros entendemos que se debía de repetir la votación.
El señor PRESIDENTE: Señora, le pido disculpas, pero mis compañeros de Mesa son testigos de que he solicitado a todos los parlamentarios y al señor Grau de una manera específica que me lo confirmaran. Veo que no solamente ha sido él el que lo ha hecho. Probablemente yo no me di cuenta en las distintas intervenciones, pero lo que hago es incorporar al acta que no ha sido solamente el Grupo de Convergència i Unió el que ha solicitado la votación en ese sentido, pero no la vamos a repetir porque el resultado sería el mismo, señora, y no se puede repetir una votación ya realizada.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Bien, señor presidente, pero dado que nosotros estábamos solicitando la palabra en el momento de la votación, no votamos. Por tanto pedimos que también se incluya en el acta el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a que este real decreto-ley se tramite como proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Así constará, pero las votaciones no se pueden repetir.
Les deseo a todos felices vacaciones.

References: real decreto 
 artículo 35
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 35
 Real Decreto 
 artículo 35
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 35
 artículo 27
 artículo 35
 artículo 211
 Real Decreto 
 artículo 27
 artículo 35
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 27
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 2
 real decreto 
 artículo 2
 artículo 2
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 artículo 27
 artículo 27
 artículo 35
 artículo 2
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 artículo 5
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 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
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 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 2
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