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Timestamp: 2018-12-11 06:22:19+00:00

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Actuaciones de transformación urbanística - El Derecho
Foro 13-10-2010 Coordinador: Dimitry Berberoff Ayuda
El articulo 14 del RDL 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto...
Por lo que respecta a la caducidad de los instrumentos de ordenación y ejecución, fundamentalmente instrumentos del planeamiento -Planes generales y de ejecución, proyectos de urbanización , es necesario que los mismos establezcan tales plazos de ejecución, para poder establecer la consecuencia de que el incumplimiento de esos plazos pueda suponer un efecto como el señalado. Habrá de nuevo que estar a la legislación urbanística autonómica para determinar el procedimiento para constatar esa caducidad. El legislador estatal sigue persiguiendo la valoración con arreglo a la situación real del suelo evitando indemnizar cualquier expectativa. Y por eso prevé que a los efectos de la ley, su situación será la inicial, es decir suelo rural.
El redactado del art. 14.2 del texto refundido de la Ley de Suelo (TRLS) nos...
El redactado del art. 14.2 del texto refundido de la Ley de Suelo (TRLS) nos dice cuando deberán considerarse iniciadas y acabadas las u0022actuaciones de urbanizaciónu0022; eso sí: u0022a los efectos de lo dispuesto en esta Leyu0022.
Se supone que esta última precisión tiene una doble finalidad: evitar que el significado y alcance de los conceptos y expresiones del TRLS puedan extrapolarse a otras normas que los hayan utilizado en un ámbito diferente, con un significado propio y específico; y, a la vez, conjurar el riesgo de que la normativa llamada a desarrollar las previsiones del texto refundido estatal, pueda eludir las consecuencias que se desprenden de este último mediante un ardid consistente en manipular el lenguaje. Por eso, la expresión u0022a efectos de esta Leyu0022, ya aparece en el primer punto del art. 14 TRLS, con el propósito de especificar qué deberá entenderse por u0022actuaciones de transformación urbanísticau0022.
En cualquier caso, parecería que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14.2 TRLS, para que las actuaciones de urbanización se pudieran considerar iniciadas con todos los beneficios de rigor, no bastaría con el arranque de su ejecución material, pues sería necesario otro requisito (o doble requisito); a saber: el de la u0022aprobaciónu0022 y u0022eficaciau0022 de los instrumentos de ordenación y ejecución legitimadores de dichas actuaciones.
Es cierto que será la conclusión de la actividad urbanizadora la que determinará, en su caso, la consolidación de la situación básica de u0022suelo urbanizadou0022; pero si esa conclusión no ha venido precedida del cumplimiento de los requisitos formales a los que ya hemos hecho alusión, no será posible salvar ese trance apelando a la u0022normatividad de lo fácticou0022. El suelo permanecerá indefectiblemente en su situación básica de partida.
El art. 14.2 TRLS prevé que u0022la caducidad de cualquiera de los instrumentos mencionados (anteriormente) restituye, a los efectos de esta ley, el suelo a la situación en que se hallaba al inicio de la actuaciónu0022. Obviamente, se trata de una u0022restituciónu0022 en todo caso de carácter jurídico (que no es poco), porque no cabe descartar la hipótesis de una declaración de caducidad, promovida por terceros con interés legítimo y directo o en méritos de la acción pública, reconocida en vía administrativa o judicial una vez concluida la obra urbanizadora.
En cualquier caso, no faltan autores (González Pérez; y González-Sicilia y Ruiz del Portal, entre otros), según los cuales la u0022caducidadu0022 a la que alude el art. 14.2 TRLS, no sería la del u0022expedienteu0022 de aprobación de los instrumentos de ordenación o ejecución, sino la de las previsiones en materia de urbanización contenidas en esos instrumentos; y ello, como consecuencia del incumplimiento de los plazos de ejecución contemplados en los mismos.
Por mucho que el suelo rural no deje de serlo hasta la total conclusión de la obra urbanizadora, las previsiones sobre u0022caducidadu0022 del art. 14.2 TRLS no se hallan carentes de sentido o de aplicabilidad. Porque –como ya hemos dicho no cabe descartar que esa u0022caducidadu0022 se haga valer o se declare formalmente una vez concluida la obra urbanizadora. Y en esa hipótesis, parecería que el designio legal sería el de hacer abstracción de la realidad física consumada.
Desde luego, la u0022caducidadu0022 introducida en el art. 14.2 TRLS viene a complicar –y no poco un panorama en el que no todas las legislaciones autonómicas han previsto las mismas consecuencias, para el caso de incumplirse (sobre todo por los promotores privados) los plazos de ejecución de la urbanización. Pero se trata de una previsión básica que está ahí y que no es posible obviar porque, para empezar, podrá ser invocada por aquellos terceros que se sientan perjudicados por las obras de urbanización e incluso por entidades cívicas o asociativas promotoras o defensoras de los intereses colectivos. Aunque –insistimos no puedan descartarse situaciones paradójicas, derivadas de la inexistencia o de la ambigüedad de los plazos de ejecución establecidos.
Cuestión distinta es que, por razones diversas (seguridad jurídica, eficacia o aplicabilidad de los actos de alcance general o de las normas, entre otras), la u0022caducidadu0022 a la que nos estamos refiriendo (que en realidad se resumiría en la pérdida sobrevenida de vigencia de la función habilitante que se halla asociada a la programación ejecutiva de los instrumentos de ordenación y gestión), no pudiera surtir efectos sin una previa declaración –administrativa o en su caso judicialmente impuesta-, sometida al régimen de publicidad inherente al instrumento concernido. O que la tal declaración de caducidad, no pueda promoverse una vez transcurrido un determinado plazo a contar desde la conclusión de las obras (por ejemplo, el previsto a los efectos del ejercicio de la acción pública).
No obstante lo dicho hasta ahora, el art. 14.2 TRLS no es lo suficientemente preciso o taxativo como para evitar que las leyes autonómicas puedan desarrollar esta nueva vertiente de la u0022caducidadu0022, estableciendo excepciones debidamente justificadas y previendo, en tales, casos, la aprobación de prórrogas o de nuevos plazos de ejecución. Así como las responsabilidades que pudieran derivarse de una declaración de caducidad perjudicial para los intereses de los titulares de las fincas afectadas, pero imputable a la Administración o al urbanizador. Porque –volvemos a insistir-, aunque la caducidad que ahora nos ocupa pudiera remediarse mediante un expediente de convalidación, podría ocurrir que eso no fuese suficiente como para evitar los perjuicios derivados, por ejemplo, de una demorada consolidación definitiva de la situación básica de suelo urbanizado.
Cambiando de tercio, resulta discutible la extensión de la caducidad del art. 14.2 TRLS a los instrumentos de ordenación y ejecución en su vertiente relativa a las u0022actuaciones de dotaciónu0022 (de incremento de dotación, para ser exactos) previstas en el art. 14.1.b TRLS, pues en puridad, en ese precepto se estarían contemplando unas dotaciones públicas no susceptibles de incidir de forma relevante en una situación básica de suelo urbanizado ya consolidada. Y es la alteración de esta situación, la principal virtualidad que cabe asociar a la caducidad prevista en el art. 14.2 TRLS.
Cuestión distinta sería la de la extensión de ese régimen de caducidad –por identidad de razón a las actuaciones de dotación asociadas a las de nueva urbanización (art. 14.1.a.1 TRLS), en la medida en que las mismas vendrían a constituir una condición de posibilidad para el acceso a la situación básica de suelo urbanizado (art. 12.3 TLS).
No obstante el consenso doctrinal que parece apuntarse a propósito del significado del término u0022caducidadu0022 en el contexto del art. 14.2 TRLS, no cabe descartar que, por mor de otras normas de rango legal (art. 44 y concordantes de la Ley básica 30/1992, de 26 de noviembre –LPAC-), en aquellos supuestos en los que no se haya previsto el régimen de silencio positivo (ver arts. 11.5 y 11.6 TRLS), la superación de los plazos previstos para tramitar y aprobar siquiera los instrumentos de ejecución urbanística, pudiera concluir con una declaración de caducidad del propio expediente de aprobación, que, de producirse una vez concluidas las obras de urbanización, podría plantear problemas similares a los analizados a propósito de la caducidad de los plazos de ejecución.
El artículo 14 del Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se...
El artículo 14 del Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, se ocupa de la regulación de las actuaciones de transformación urbanística, que define en el apartado 1. El apartado 2 de este artículo indica cuando las actuaciones de urbanización deben entenderse iniciadas y lo hace u0022a los solos efectos de lo dispuesto en esta Leyu0022.
La primera duda que surge es la referente al alcance de la expresión u0022a los solos efectos de lo dispuesto en esta Leyu0022. Como punto de partida parece oportuno recordar cual es la naturaleza del TR de la Ley del Suelo. De acuerdo con la exposición de motivos se trata de una Ley referida al régimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a él asociados en lo que atañe a los intereses cuya gestión está constitucionalmente encomendada al Estado, y que no es una ley urbanística.
Indica que se prescinde por primera vez de regular técnicas específicamente urbanísticas, tales como los tipos de planes o las clases de suelo. Considera, además, que la clasificación no es necesaria para fijar los criterios legales de valoración del suelo pudiendo, pues, concluirse que cuando se está refiriendo a u0022los efectos de esta Leyu0022 debe estar aludiendo a aquellos aspectos que guarden relación con la valoración del suelo. En este particular aspecto, es cierto que, en principio, la insistencia del precepto en contemplar una realidad cuya transformación se ha iniciado, aunque no culminado, no parece tener mucho sentido cuando, conforme al artículo 12.2.b), hasta que no termine la correspondiente actuación de urbanización el terreno no alcanza la situación básica de suelo urbanizado. Sin embargo, debe también tomarse en consideración que el TR no ignora completamente la realidad de la transición de suelo rural a suelo urbanizado a la hora de fijar criterios de valoración. Así, contiene previsiones en relación con el suelo afectado por actuaciones de urbanización en los artículos 26 y 27.
Específicamente, a los efectos de lo que aquí interesa, el artículo 26 se refiere a la indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de edificación y establece patrones para la determinación del importe de las compensaciones para aquellos que hayan realizado actuaciones de urbanización o edificación que hayan devenido inútiles como consecuencia de la disposición, acto o hecho que motive la valoración, incluyendo los costes y gastos derivados de la elaboración de proyectos técnicos de ordenación o ejecución necesarios para legitimar la actuación de urbanización, edificación o de conservación o rehabilitación de la edificación, los de obras acometidas así como gastos de financiación e indemnizaciones pagadas. Por tanto, entiendo que la expresión u0022a los solos efectos de lo dispuesto en esta Leyu0022 designa exclusivamente aquello que tenga que ver con la aplicación de los criterios de valoración que contiene y más en concreto con las reglas del artículo 26.
Más problemática, a mi parecer, es la mención que el precepto comentado hace a la u0022caducidadu0022. Con carácter general la caducidad puede producirse en dos supuestos. El primero, cuando se trate de actuaciones iniciadas de oficio en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, y el expediente correspondiente no se resuelva dentro de plazo –artículo 44 de la Ley 30/92. El segundo, en los procedimientos iniciados a instancia del interesado cuando el procedimiento se paralice por causas imputables a éste.
Para ilustrarlo con un supuesto concreto, cuando se elige el sistema de compensación como modo de ejecución del planeamiento puede que haya un interés de los propietarios constituidos en Junta de Compensación en ejecutar las obras de urbanización, pero por encima de ese interés está el interés público en que las obras se ejecuten efectivamente. No en vano el incumplimiento de los compromisos de la Junta de Compensación en relación con su obligación principal de urbanizar no se traduce en que la actuación proyectada no se pueda ya realizar, sino que la u0022sanciónu0022 consiste en el nacimiento para la Administración de la habilitación para sustituir el sistema de compensación por el de expropiación.
Si se diera esta sustitución por la expropiación, habría que valorar los derechos e intereses de los propietarios en el caso concreto pero no habría existido la u0022caducidadu0022 a que se refiere el artículo comentado porque el ordenamiento lo que persigue es la realización de los fines marcados por el planeamiento, de forma que el instituto de la caducidad sería, en este ámbito, poco adecuado.
En otra ocasión nos hemos pronunciado, aunque tangencialmente, sobre el rég...
En otra ocasión nos hemos pronunciado, aunque tangencialmente, sobre el régimen de las actuaciones de transformación urbanística, en concreto, sobre las actuaciones de reforma o renovación a efectos de valoraciones del suelo urbanizado (art. 24.3 TRLS). Volvemos ahora sobre ciertas dudas interpretativas que plantea el artículo 14 del TRLS, especialmente en lo referente a las actuaciones de urbanización. Recordemos que el artículo 14.1 del TRLS distingue dos tipos de actuaciones de transformación urbanística: las de urbanización (art. 14.1 a) TRLS), en sus dos modalidades de nueva urbanización (apdo.1) y de reforma o renovación (apdo. 2), y las actuaciones de dotación (art. 14.1 b) TRLS). Y nos centramos en las previsiones del artículo 14.2 del TRLS, que con carácter básico aunque u0022a los efectos de la Leyu0022 define cuando deben entenderse iniciadas y terminadas las actuaciones de urbanización.
Lo primero que deberíamos hacer es aclarar cuales son exactamente esos u0022efectos de la Leyu0022 que se condicionan al inicio de las actuaciones de urbanización. Sabemos, desde luego, que el efecto principal del nuevo sistema de situaciones básicas del suelo es la aplicación de un determinado modelo de valoraciones urbanísticas, según si el suelo es rural (art. 23 TRLS) o urbanizado (art. 24 TRLS).
Sin embargo, conviene indagar en si existen otros efectos que se anuden, precisamente, a la iniciación de una obra de urbanización (art. 14.2 primer párrafo TRLS). ¿Por qué el empeño de la Ley en concretar cuando se entiende iniciada una obra de urbanización? ¿Si, poniendo en relación este precepto con la definición de suelo urbanizado que ofrece el artículo 12.2 b) del TRLS, el suelo seguirá en la situación de rural u0022hasta que termine la correspondiente actuación de urbanizaciónu0022? El artículo 14.2 del TRLS cobra una relevancia especial en las actuaciones de nueva urbanización, las que suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación a rural a la de suelo urbanizado. A simple vista, lo importante no sería tanto la u0022iniciaciónu0022 en la que insiste el TRLS, sino su u0022terminaciónu0022. Y la terminación se producirá u0022cuando concluyan las obras urbanizadoras de conformidad con los instrumentos que las legitiman, habiéndose cumplido los deberes y levantado las cargas correspondientesu0022 (art. 14.2 segundo párrafo, y art. 16.2 TRLS). Sólo entonces, en el caso de las actuaciones de nueva urbanización, el suelo pasará a la situación de urbanizado a los efectos de aplicar el correspondiente régimen de valoraciones (art. 24 TRLS).
Además, el artículo 14.2 del TRLS establece que u0022la caducidad de cualquiera de los instrumentos mencionados restituye, a los efectos de esta Ley, el suelo a la situación en que se hallaba al inicio de la actuaciónu0022. Sorprendente declaración, ¿y con qué efectos? A mi juicio, la restitución no debe entenderse aquí en un sentido literal, emparejada con las situaciones básicas del suelo, pues no se trata de que el suelo en proceso de urbanización vuelva a la situación de suelo rural, dado que las obras de urbanización, como digo, se realizan siempre en terrenos rurales. Por el contrario, la u0022restituciónu0022, como explica muy bien Díaz Lema (2008, 125), alude a la reiniciación del proceso de transformación urbanística, fijando el proceso de actuación, convocando el correspondiente concurso, entre otros.
A pesar de todo, hemos de reconocer que el empeño legal por concretar la iniciación de las obras de urbanización debe de tener algún otro sentido. Una posible explicación que justifica la importancia dada a la iniciación de las obras es que de ella depende el cómputo de los plazos establecidos para su terminación, ya sea en los instrumentos de planificación o en los de gestión. Y, sobre todo, la fijación del momento inicial de las obras de urbanización tiene suma importancia en los procedimientos sancionadores por incumplimiento de los plazos [Díaz Lema, 2008, 125)]. Y aquí es donde flaquea la acotación u0022a los efectos de la Leyu0022, porque la trascendencia del artículo 14.2 del TRLS va más allá de las consecuencias a efectos de valoraciones. Dicho de otro modo: sería conveniente que existiera un dies a quo común para las medidas sancionadoras previstas en la legislación autonómica.
De nuevo en expresión de Díaz Lema (2008, 125), a mi juicio el comentarista que más sutilmente detecta todos los problemas interpretativos de la ley del suelo, el efecto armonizador de la Ley sugeriría que u0022el momento inicial de las obras de urbanización lo sea a todos los efectosu0022, y no sólo u0022a los efectos de la leyu0022.
Por último, se nos solicita opinión sobre si el artículo 14.2 del TRLS se ciñe sólo a las u0022actuaciones de urbanizaciónu0022, o si se aplica también a las actuaciones de dotación que, aun no siendo en puridad actuaciones de urbanización, el propio artículo 14.1 considera como actuaciones u0022de transformación urbanísticau0022.
No es la primera vez que la Ley suscita dudas interpretativas en relación con estas cuestiones u omisiones. Recuerdo, por ejemplo, que el artículo 24.3 del TRLS, en sede de valoraciones del suelo urbanizado, tampoco menciona expresamente las actuaciones de dotación, sino únicamente las de u0022reforma o renovación integralu0022, a pesar de que el artículo 16 TRLS aplica el mismo estatuto de deberes a todas las operaciones de transformación urbanística (a todas: también las de dotación). De nuevo el artículo 14.2 del TRLS, como digo, olvida mencionar expresamente las actuaciones de dotación. Por tanto, la solución a eventuales conflictos que puedan surgir requiere un esfuerzo hermenéutico adicional.
Sin embargo, el mismo autor incurre en cierta contradicción cuando afirma que la palabra u0022urbanizaciónu0022 en el artículo 16.2 del TRLS, cuando se refiere a su terminación, adquiere un sentido amplio comprensivo de la totalidad de las actuaciones de transformación o gestión urbanística. Por tanto, no es un tema pacífico, ni desde luego coherente desde el punto de vista de la mejora de la técnica legislativa. Veremos cómo se desarrolla en la legislación autonómica y cómo es interpretado por nuestros tribunales.
Se nos formulan en esta ocasión dos preguntas a las que no es fácil dar res...
Al glosar este precepto, entonces por referencia a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, Luciano Parejo Alfonso y Gerardo Roger Fernández, dos ilustres urbanistas, cuyas aportaciones científicas tanto han inspirado al legislador urbanístico de los años 2007 y 2008, constatan que u0022la imprecisión hasta ahora de los momentos claves del comienzo y la terminación de la ejecución de esta clase de actuaciones [se refieren a las actuaciones de transformación urbanística] ha venido suscitando innumerables problemas en la prácticau0022. Y añaden seguidamente que u0022el legislador estatal ha decidido no sólo atajar estos problemas prácticos, sino, yendo más lejos, introducir i) disciplina en la relación entre la Administración responsable del desarrollo urbano y los sujetos encargados de la ejecución de las actuaciones en el que éste se traduzca y, sobre ello, ii) rigor en el ejercicio de la potestad de planeamiento a la hora del diseño de aquel desarrollo, mediante la anticipación de sus consecuencias para la hacienda y la gestión públicas y la exigencia del seguimiento y la evaluación del proceso de ejecución de las actuacionesu0022 (Comentarios a la Ley de Suelo, Iustel, Madrid, pp. 188 y s.).
Es posible que así sea. Sin embargo, no acaba de comprenderse muy bien en qué consiste esa anticipación de las consecuencias u0022para la hacienda y la gestión públicasu0022 del ejercicio de la potestad de planeamiento. En particular porque, como bien se apunta en la primera de las preguntas formuladas, de acuerdo con el art. 12.2 b) del Texto Refundido de la Ley de Suelo, el suelo rural no alcanza la situación básica de urbanizado hasta tanto u0022se termine la correspondiente actuación de urbanizaciónu0022. Recuérdese que esta clasificación del suelo en función de sus u0022situaciones básicasu0022 se afronta desde la perspectiva que proporcionan los títulos competenciales de los que dispone el legislador estatal que, sustancialmente, nos reconducen a la definición del derecho de propiedad sobre el suelo.
Coherentemente con ello, al regularse el régimen de valoraciones de suelo (arts. 21 y ss.), el legislador opera a partir de la referida clasificación, que a su vez se asienta sobre la primacía de la realidad material. Dicho de otro modo, nada hay en esos preceptos legales que permita dotar de un contenido sustantivo, en términos de propiedad, al establecimiento de unos criterios sobre el proceso de transformación urbanística del suelo. Puede que, como apuntan los autores arriba citados, el precepto que nos ocupa acierte a anticipar las consecuencias que de la culminación del proceso de transformación urbanística del suelo habrán de derivarse u0022para la hacienda y la gestión públicasu0022. Pero es harto discutible que resulte idóneo para definir con cierta precisión el estatuto básico del derecho de propiedad del suelo.
Más discutible resulta que por sí sola pueda caracterizarse u0022condición básicau0022 del ejercicio del derecho de propiedad (art. 149.1.1 CE), base de ordenación general de la economía (art. 149.1.13 CE) o legislación básica de protección ambiental (art. 149.1.23 CE). Ciertamente, el mencionado art. 149.1.18 CE brinda al precepto legal cobertura competencial bastante, pero no deja de resultar llamativa esta acumulación, un tanto indiscriminada, de títulos competenciales para u0022blindaru0022 la normativa estatal.
La derogación de un instrumento de planeamiento por disposición expresa –o tácita de un plan posterior tendrá los efectos propios de la pérdida de vigencia pero no conllevará insoslayablemente la pérdida absoluta de efectos, en particular por lo que hace a la autorización o promoción de transformación urbanística del suelo. Otro tanto cabe decir de los proyectos o programas de urbanización, en la hipótesis de que se entiendan comprendidos entre u0022los instrumentos de ordenación y ejecución que requiera la legislación sobre ordenación territorial y urbanísticau0022, cuya caducidad precisará de una declaración formal de la Administración.
Más sencillo resulta responder a la tercera y última pregunta toda vez que el propio art. 14.1 b) del Texto Refundido de la Ley de Suelo incluye las actuaciones de dotación en el género común de las u0022actuaciones de transformación urbanísticau0022, pero no entre las u0022actuaciones de urbanizaciónu0022. Como quiera que el art. 14.2 se refiere precisa y exclusivamente a estas últimas, no resultará aplicable a las actuaciones de dotación lo previsto en este apartado del precepto legal. Queda así en la indefinición el régimen de comienzo y finalización de esas actuaciones de dotación, sin que se comprenda muy bien por qué, habida cuenta de que, como señalaban Luciano Parejo y Gerardo Roger, este art. 14.2 tiene un doble contenido: disciplinar las relaciones entre la Administración y los sujetos encargados de la ejecución de las actuaciones en que se concrete el desarrollo urbanístico, y anticipar las consecuencias de dichas actuaciones u0022para la hacienda y la gestión públicasu0022, así como u0022la exigencia del seguimiento y la evaluación del proceso de ejecución de las actuacionesu0022.
Las actuaciones de transformación urbanística se hallan definidas en el Rea...
Las actuaciones de transformación urbanística se hallan definidas en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en su artículo 14, y desde luego a sus efectos en la doble vertiente de actuaciones de urbanización –bien de nueva urbanización o bien de reforma o renovación de una urbanización preexistente y de actuaciones de dotación. La diferenciada previsión de esos supuestos en el artículos 14.1.a) y 14.1.b) del referido Real Decreto Legislativo –como anteriormente lo fue en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo es suficientemente significativa. La remisión a lo establecido en esa Ley de Suelo debe entenderse reiterada en lo que seguirá y se irá argumentando.
Seguramente por cuanto una cosa es la realización de la urbanización y otra cosa es la realización de las actuaciones de dotación más allá de los deberes de cesión –por todos baste la cita del artículo 16 del meritado Texto Refundido como del mismo precepto de la Ley de Suelo es por lo que la legislación estatal en el texto refundido –como anteriormente la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo se fijó en el artículo 14.2 en la primera vertiente y se pasó por alto la segunda.
Con nuevo énfasis en la dicción de u0022a los solos efectos de lo establecidou0022 en el régimen legal estatal se aborda, especialmente y de una parte, el inicio de las actuaciones de urbanización con ofrecimiento de unas denominadas presunciones y de una disposición referente a la caducidad de los instrumentos de ordenación y de ejecución. Y, de otra parte, se afronta una definición de la terminación de las actuaciones de urbanización, también con ofrecimiento de unas denominadas presunciones.
Es, pues, en esa formulación donde tiene mucho más sentido ofrecer unas reglas de presunción como las establecidas bien por la recepción formal de las obras por la Administración –siempre con nutridas problemáticas elusivas bien a la finalización del plazo de la recepción desde la solicitud acompañada de la certificación expedida por la dirección técnica de las obras.
Y supuestos que seguramente no agotan otros como la tan común u0022aceptación tácitau0022 a resultas de los propios actos de la Administración como la puesta en servicio y al público de los correspondientes servicios de urbanización y, desde luego, sin perjuicio de poder articular a esos fines cualesquiera pruebas admisibles en derecho.
Como precedentemente se ha expuesto y en sede de actuaciones de urbanización iniciadas (sic) se prevé un supuesto de caducidad (sic) de los instrumentos de ordenación y de ejecución que a los efectos del texto refundido –como anteriormente a los efectos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo restituye el suelo a la situación en que se hallaba al inicio de la actuación.
Con ello no se quiere decir otra cosa que, como en tantos casos se ha tenido que apreciar, con fundamento en la teoría de las concausas o más todavía en base al principio de proporcionalidad, no debe descartarse la posibilidad de reconducir el supuesto a las previsiones autonómicas específicas en sede territorial o urbanística o en sede general de ejecución forzosa de los actos administrativos –así, por la vía de las multas coercitivas que gocen de expresa previsión legal o de la ejecución subsidiaria o/y por la vía del derecho sancionador si se colman las exigencias de la tipicidad establecida, inclusive por la aplicación del instituto expropiatorio, entre otras posibilidades si es que lo verdaderamente relevante urbanísticamente no deba ser la vuelta al suelo rural como se enfatiza en ese supuesto, sino antes bien, en el desarrollo debido de los aprovechamientos que se hayan estimado necesarios, inclusive de pronta y rápida ejecución.
En último término, estas notas no pueden terminar sino destacando que la ordenación urbanística ha tenido la atención (sic), en determinados casos, de pronunciarse sobre las equivalencias de los conceptos estatales y no sólo en materia de las situaciones básicas de suelo respecto a la técnica de clasificación de suelo que corresponda, sino también, en su relación, dando lugar a nivel legal autonómico y a los efectos de la aplicación de la legislación estatal, estableciendo determinaciones concretas sobre lo que deben entenderse actuaciones de transformación urbanística bien para actuaciones de nueva urbanización o bien de renovación o reforma de la urbanización o bien para las de dotación, según el caso. Baste a los presentes efectos la cita de las Disposiciones Adicionales Decimoquinta y Decimosexta del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, adicionadas por el Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística –que se reproducen por nota para su consulta y que plantea especiales temáticas de análisis cuanto menos desde la óptica de los títulos competenciales en liza.

References: artículo 14
 artículo 14
 artículo 12
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 24
 artículo 16
 artículo 14
 artículo 16
 Real Decreto 
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 14