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Timestamp: 2018-10-22 09:28:04+00:00

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Tras el voto negativo en el Senado de la Nación: cuál es el protocolo de aborto que rige en Provincia | AlvearYa.com.ar
Sobre esos puntos, la resolución aclara que la interrupción del embarazo en los casos enunciados “no requiere autorización judicial”. “El Hospital y el/la médico/a tratante tienen la obligación legal de practicar la intervención a requerimiento y siempre que exista el consentimiento informado de la mujer”, sostiene el texto.
Un dato a tener en cuenta es que “cuando se trate de una beneficiaria menor de 13 años se deberá cumplir con la obligación de funcionario público notificando a la UFI correspondiente la situación, sin que ello obstaculice el acceso a la práctica solicitada por su representante legal, consentida por la menor”.
En el ítem denominado “Consentimiento Informado”, el texto aclara que “deberá solicitarse el consentimiento informado de la mujer para proceder a la interrupción del embarazo (Ley Nacional 26.529) una vez que recibió información clara, precisa y completa sobre sus derechos, los procedimientos, los riesgos y los efectos para su salud y su vida”. Esa información deberá ser efectuada por su médico tratante, y será suscripta por la mujer o sus representantes legales en su caso. Esto rige para los casos de mujeres con enfermedades o discapacidad mental. En el caso de las menores de 18 años, la resolución sostiene que “se deberá respetar el interés superior del niño”, basado en el artículo 3 de la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de las Niñas, Niños y adolescentes, el artículo 4 de la Ley Provincial 13298 De la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños y de la Convención de los Derechos del Niño.
En cuanto a los plazos, el texto sostiene que será de no mayor a 10 siguientes a la solicitud de la mujer o representante legal, tutor o encargado.
Un dato para nada menor, es que el texto del 2012 vigente aún, tiene el apartado denominado “Objeción de Conciencia”, que sostiene: “Todo profesional de la salud tiene derecho a ejercer su objeción de conciencia con respecto a la práctica de ANP sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente”. “La objeción de conciencia es siempre individual y no podrá ser institucional”, agrega el texto.
En la gestión de María Eugenia Vidal, en octubre de 2016, la entonces ministra de Salud, Zulma Ortiz aprobó la Resolución 2095/2016 del Ministerio, el cual apuntaba a adherir a la Provincia al Protocolo de Aborto No Punible de Nación, el único intento por actualizarlo a una versión "completa”.
Sin embargo, la iniciativa duró apenas siete días. La adhesión dictada mediante resolución ministerial quedó anulada por consejo del ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre, y el entonces Secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand, fervientes militantes católicos ligados al opus dei.
El desplante contra Ortiz devino, meses después, en su posterior expulsión del Gobierno y nunca más habló del tema.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 4
 Resolución 
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