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Timestamp: 2018-04-21 11:17:35+00:00

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Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha (Vigente hasta el 01 de Enero de 2014).
Vigencia desde 26 de Noviembre de 2010. Esta revisión vigente desde 01 de Marzo de 2012 hasta 01 de Enero de 2014
CAPÍTULO I. Objeto, fines, ámbito de aplicación y principios de actuación de los poderes públicos
Artículo 4 Principios de actuación de la Administración Autonómica, de la Administración Local y de la Universidad para la implantación de la igualdad y la erradicación de la discriminación por razón de sexo
Artículo 5 La participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en las Instituciones y en los órganos públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Artículo 6 Perspectiva de género e informe de impacto de género
Artículo 7 Perspectiva de género en las estadísticas y registros públicos autonómicos
Artículo 8 Transversalidad de género
Artículo 9 Presupuesto con perspectiva de género
Artículo 10 Lenguaje no sexista e imagen pública de las mujeres
Artículo 11 Coordinación entre la Administración Autonómica y las distintas administraciones territoriales
Artículo 12 Plan estratégico para la igualdad de oportunidades
CAPÍTULO III. Instituciones, organismo y unidades para el impulso de esta Ley
Artículo 13 Organismo encargado del impulso de esta Ley
Artículo 14 Unidades de igualdad de género
Artículo 15 Comisión de Igualdad
Artículo 16 Centro de Estudios e Investigaciones de la Igualdad de Género
TÍTULO I. La igualdad de trato y de oportunidades, y la no discriminación por razón de sexo
TÍTULO II. Medidas activas para implantar la igualdad de trato y de oportunidades de hombres y mujeres
CAPÍTULO I. Igualdad de trato y oportunidades en la educación
SECCIÓN 1. Educación no universitaria
Artículo 31 Igualdad de trato y de oportunidades en la educación no universitaria
Artículo 32 Materiales curriculares e inspección educativa
Artículo 33 Formación del profesorado
Artículo 34 Consejos escolares
Artículo 35 Igualdad de trato y de oportunidades en la enseñanza universitaria
CAPÍTULO II. Igualdad de trato y oportunidades en el empleo
SECCIÓN 1. Igualdad y conciliación en las empresas
Artículo 36 Incentivos al empleo femenino
Artículo 37 Concertación social y dialogo social
Artículo 38 Contratación pública
Artículo 39 De la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en las empresas
SECCIÓN 2. Igualdad y conciliación en el empleo público
Artículo 40 Igualdad en el empleo del sector público
Artículo 41 Planes de igualdad en la función pública
Artículo 42 Conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el empleo público
Artículo 43 Embarazo, maternidad, paternidad
SECCIÓN 3. Distintivo de excelencia
Artículo 44 Excelencia en igualdad, conciliación y responsabilidad social empresarial
CAPÍTULO III. Salud y Bienestar
Artículo 45 La Perspectiva de género en salud
Artículo 46 Salud y Género
Artículo 47 Participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos colegiados de la sanidad pública
CAPÍTULO IV. Medios de comunicación e imagen de las mujeres en la publicidad
Artículo 48 Medios de comunicación de titularidad pública
Artículo 49 Prevención de la discriminación por razón de sexo en los medios de comunicación social públicos
Artículo 50 Fomento de la autorregulación de los medios de comunicación social de titularidad privada
Artículo 51 Imagen de las mujeres en la publicidad
Artículo 52 Publicidad discriminatoria
TÍTULO III. Medidas contra la discriminación por razón de sexo
CAPÍTULO I. Acoso sexual y acoso por razón de sexo
CAPÍTULO II. Discriminación retributiva
CAPÍTULO III. Medidas administrativas contra la discriminación por razón de sexo
TÍTULO IV. Garantía del Derecho a la Igualdad y a la no discriminación por razón de sexo
TÍTULO V. Entidades no gubernamentales colaboradoras para la implantación de la igualdad
La igualdad real entre mujeres y hombres es el objetivo principal de la presente Ley y la máxima preocupación de los poderes públicos es hacer efectivo este principio.
Las iniciativas para erradicar definitivamente la discriminación hacia las mujeres han sido numerosas dentro del marco de la Organización de Naciones Unidas, destacando la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres de 1979 y las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, siendo la de Pekín de 1995, la que estableció más claramente el principio de transversalidad de género como estrategia para hacer efectivo el principio de igualdad.
Dentro del marco de la Unión Europea, la Ley ha de tener en cuenta el acervo comunitario ya que tanto los tratados, como las directivas, las decisiones y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia han configurado una extensa doctrina sobre la igualdad entre hombres y mujeres, de aplicación en España.
De modo especial cabe hacer referencia a las directivas: 2002/73/CE de reforma de la Directiva 76/207/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional de las condiciones de trabajo; 96/97/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato en regímenes profesionales autónomos y de seguridad social; 97/80/CE sobre la inversión de la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo; la directiva 2004/113/CE sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro; y la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.
Las resoluciones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que forman parte del acervo comunitario, también deberán ser tenidas en cuenta.
Son relevantes las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras, el Caso Defrenne III (1977) que fue concluyente al afirmar que el principio de la igualdad de trato entre hombre y mujer en materia de empleo, y correlativamente la ausencia de toda discriminación directa o indirecta fundada sobre el sexo, es parte integrante de los derechos fundamentales.
La aprobación, por el Parlamento Español, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituye el armazón jurídico de la igualdad de género.
El Tribunal Constitucional ha reconocido constitucionalidad a las medidas de acción positiva establecidas en la Ley Orgánica 3/2007.
Una parte de la Ley Orgánica 3/2007 es legislación básica, es decir, regula los mínimos que tienen que ser garantizados a todas las personas con independencia de donde residan. La naturaleza de legislación básica de una buena parte de su articulado faculta a las comunidades autónomas a la ampliación de los derechos reconocidos. Es una medida potestativa, pero, como en todas las que afectan a los derechos de las personas, Castilla-La Mancha no puede conformarse con los mínimos y, por ello, desarrolla y amplía estos derechos básicos hasta el límite de sus competencias estatutarias.
Castilla-La Mancha ha promovido políticas antidiscriminatorias y leyes a favor de la igualdad real de mujeres y hombres.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha desarrollado distintos instrumentos políticos en aras a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Los cuatro Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, el Plan Integrado de Empleo que prevé una reserva para la contratación de mujeres igual o superior al 60 por ciento, junto con la constitución del Consejo de las Mujeres de Castilla-La Mancha, están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las mujeres de la región.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha aprobado leyes dirigidas a lograr la igualdad entre hombres y mujeres entre las que podemos citar las siguientes:
- La Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas, fue la primera ley de medidas integrales contra la violencia de género en la relación de pareja.
- La Ley 16/2001, de 29 de diciembre, del Defensor del Pueblo incorporó la Adjuntía de Igualdad y la Oficina de los Derechos de la Mujer, siendo esta ley pionera en España de la creación de una institución garante de la igualdad de género.
- La Ley 11/2002, de 27 de junio, de modificación de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha, incorporó la paridad electoral, lo que significó un balance equilibrado de mujeres y hombres en la composición de las Cortes.
- La Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha significó la creación de un organismo autónomo y especializado en el conocimiento de la situación de las mujeres y el impulso de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y la evaluación de la eficacia de las medidas aplicadas. La modificación de esta norma (Ley 5/2008, de 12 de junio), supuso un nuevo impulso a las políticas de igualdad y afrontar los nuevos retos de incorporar el principio de transversalidad en todas las políticas del Gobierno Regional.
Todas estas leyes han sido bien recibidas por la ciudadanía y están siendo útiles para profundizar en los principios democráticos y el avance social de la región.
Las evaluaciones de los tres primeros Planes de Igualdad, los Informes anuales sobre la aplicación de la Ley 5/2001 y la evaluación constante de la eficacia de las medidas que se adoptan para la implantación efectiva de la igualdad, permiten tener una radiografía social que pone de manifiesto el carácter estructural que tiene la desigualdad de género y la naturaleza estructurante de la discriminación por razón de sexo, que no sólo condiciona el presente sino que es determinante en el futuro a corto y medio plazo.
Los distintos roles que, históricamente, han asumido las mujeres y los hombres se han sedimentado en la actual sociedad que, aunque tolera que las mujeres participen de la vida pública (cultural, económica, política, etc.), continúa asignándoles el deber de la reproducción social (cuidado de las personas dependientes -menores, enfermas, discapacitadas y de edad avanzada- y del entorno doméstico). Ello, unido a la falta de corresponsabilidad masculina en el cuidado de la familia y las tareas domésticas, conduce a la doble o triple jornada de las mujeres que quieren ejercer su estatuto de ciudadanía.
A pesar de los esfuerzos realizados y de los progresos conseguidos, persisten los estereotipos masculino y femenino que perpetúan la desigualdad y que siguen soportando las mujeres en la educación, en el trabajo, en la salud, en la familia, en la economía y en la cultura.
La aprobación de la Ley que se propone se fundamenta en el artículo 9.2 de la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, el cual, en su artículo 4.3 establece:
«La Junta de Comunidades propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer, promoviendo la plena incorporación de ésta a la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política».
Esta Ley está fundamentada en la Constitución Española de 1978, en el Estatuto de Autonomía, en los diversos tratados internacionales ratificados por España y en aquellas normas de ámbito estatal que regulan la igualdad y no discriminación por razón de sexo.
Así mismo, las resoluciones del Tribunal Constitucional servirán para fundamentar las medidas que recogerá esta Ley.
Entre otras cabe hacer mención de las Sentencias 22/1981, de 2 de julio, 49/1982, de 14 de junio; 88/2005, de 18 de abril; y la del Pleno 190/2005, de 7 de julio, que consolidan la doctrina de la constitucionalidad del tratamiento desigual frente a situaciones desiguales.
La Sentencia 53/1985, de 11 de abril, que resolvió el Recurso previo de inconstitucionalidad n.º 800/1983, contra el texto definitivo del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del artículo 417 bis del Código Penal en la que ante el conflicto entre el nasciturus y la mujer, se consideró que el nasciturus constituye un bien jurídico digno de protección, aun cuando en ocasiones este bien constitucionalmente protegido puede entrar en colisión con derechos relativos a valores constitucionales de muy relevante significación.
Asimismo, cabe tener en cuenta la Sentencia 166/1988, de 26 de septiembre, que obliga a la parte empresarial a acreditar que la extinción de la relación laboral no se produce de forma discriminatoria en contra de la mujer por razón de su sexo, y la Sentencia 145/1991, de 1 de julio, que amplía la noción de discriminación para distinguir entre la discriminación directa y la indirecta, que es aquella que ante normas, criterios o prácticas aparentemente neutras, pone a personas de un sexo ante una desventaja particular con respecto a personas de otro sexo.
La Sentencia 224/1999, de 13 de diciembre, que otorgó amparo a una mujer víctima de acoso sexual en el trabajo, considera que se ha vulnerado el derecho a la intimidad personal de la trabajadora del artículo 18.1 de la Constitución, indicando que las recomendaciones y resoluciones de organismos como el Parlamento Europeo han de ser aplicadas para interpretar el derecho nacional.
Asimismo, cabe apreciar las fundamentaciones de las Sentencias 161/2004, de 4 de octubre; 17/2003, de 30 de enero; y 10/2001, de 29 de enero, que han supuesto una reválida para la no discriminación de mujeres embarazas o por causa de la maternidad.
Por último, hay que tener en cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional aprobada en el Pleno de 29 de enero de 2008, que desestima el recurso 12/2008 de inconstitucionalidad planteado por el Grupo Parlamentario Popular a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
Una ley de igualdad de género ha de contener derechos subjetivos y colectivos, obligaciones, medidas activas para implementar la igualdad, medidas contra la discriminación por razón de sexo, procedimientos garantistas y refuerzo de las instituciones de promoción de la igualdad.
En este punto se hace necesario clarificar la diferencia entre los dos tipos de medidas que se enuncian:
- Las medidas activas son aquellas dirigidas a implementar la igualdad en aquellas áreas donde las mujeres están infrarepresentadas o que, debido a la estructura socio-familiar, se encuentran con obstáculos que les dificultan para acceder a las mismas oportunidades que los hombres.
- Las medidas contra la discriminación por razón de sexo son aquellas destinadas a prevenir y evitar que se produzcan situaciones injustas que sólo las mujeres sufren por el hecho de serlo, sancionando, dentro del marco competencial de la Comunidad Autónoma, los actos u omisiones discriminatorios directos e indirectos.
En aquellas materias en las que Castilla-La Mancha no tiene competencias exclusivas, la promoción de la igualdad se realizará a través de la mediación con los interlocutores sociales, la colaboración con las asociaciones de mujeres y el fomento de políticas públicas para la igualdad en los ámbitos público y privado, mediante protocolos y pactos, que la ley debe prever en su articulado.
Otro aspecto destacable y que cobra especial relevancia es la concepción de las mujeres víctimas de trata, prostituidas con fines de explotación y comercio sexual, como una forma más de violencia hacia las mujeres, considerando que estas prácticas atentan contra la dignidad de las personas y son una vulneración de los derechos humanos. Por tanto, serán beneficiarias de todos los derechos que establece la Ley 5/2001 de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas.
La Ley de Castilla-La Mancha de Igualdad entre Mujeres y Hombres está estructurada del siguiente modo:
El Título Preliminar establece el objeto, los fines, ámbito de aplicación y los principios generales de actuación de las administraciones públicas en el territorio de Castilla-La Mancha, así como, las instituciones para el impulso de la Ley.
El Título I, Derecho a la igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo, reconoce los derechos básicos que se derivan del derecho fundamental recogido en el artículo 14 de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. En este mismo sentido, garantiza derechos a sectores de mujeres, como jóvenes, mayores de 65 años, viudas, con discapacidades diferentes, mujeres que viven en el medio rural, inmigrantes, prostituidas, así como la representación equilibrada y a la corresponsabilidad familiar y doméstica.
El Título II, Medidas activas para implantar la igualdad de trato y de oportunidades de hombres y mujeres, incorpora las medidas de acción positiva que desarrollan la legislación básica de la Ley Orgánica 3/2007. Este título se divide en cuatro capítulos que regulan la igualdad de oportunidades en la educación universitaria y no universitaria, en el empleo público y privado, en la salud y bienestar social y en los medios de comunicación.
El Título III contempla medidas contra la discriminación por razón de sexo, diferentes de las contenidas en el título anterior, ya que cualquier discriminación comporta una vulneración del artículo 14 de la Constitución Española, y por tanto, las medidas aquí previstas son preventivas, de reparación cuando la discriminación ya ha tenido lugar y de sanción, en función de las competencias autonómicas. Las principales medidas se refieren a la prevención del acoso sexual, acoso por razón de sexo y la discriminación retributiva.
El Título IV, Garantía del derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, contempla las competencias del Defensor del Pueblo para que incorpore en su informe anual, remitido a las Cortes Regionales, un capítulo específico dedicado a las quejas y reclamaciones en materia de igualdad de trato y oportunidades y no discriminación por razón de sexo. Igualmente, la Adjuntía de Igualdad realizará informes monográficos o especiales sobre igualdad de género y no discriminación por razón de sexo.
El Título V, Entidades no gubernamentales colaboradoras para la implantación de la igualdad, aborda la función colaboradora de las entidades no gubernamentales para hacer efectivo el principio de igualdad, incorporando a las asociaciones de mujeres en los órganos de consulta, participación y asesoramiento de las administraciones públicas. Al tiempo, su participación cobra un papel relevante para facilitar pactos y acuerdos con organizaciones sindicales y empresariales. Se da rango de entidades colaboradoras a los colegios y asociaciones profesionales que tengan entre sus actividades la promoción de la igualdad de género y que en sus juntas directivas tengan una composición equilibrada de mujeres y hombres.
Por último, la Ley incluye una disposición adicional única, una disposición derogatoria única y seis disposiciones finales.

References: Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 417
 artículo 18
 artículo 14
 artículo 14