Source: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-15800
Timestamp: 2020-08-03 12:46:29+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2003-15800
Documento BOE-A-2003-15800
Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 188, de 7 de agosto de 2003, páginas 30525 a 30546 (22 págs.)
BOE-A-2003-15800
https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/07/25/997
El capítulo I contiene las "Disposiciones generales" en la materia, comenzando por el ámbito de la representación y defensa en juicio, en la que se incluyen no sólo al Estado y sus organismos autónomos, sino también a las restantes personas jurídicas públicas o privadas integrantes del sector público estatal. También se incluye la posibilidad de prestar estos servicios a las comunidades autónomas y las corporaciones locales, mediante convenio. Dados sus resultados extraordinariamente positivos, se mantiene la atribución en exclusiva al Servicio Jurídico del Estado de la representación y defensa del Reino de España ante los tribunales, órganos y organismos internacionales en cualesquiera procedimientos jurisdiccionales, arbitrales o parajudiciales.
Artículo 6. Abogacía del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros órganos internacionales competentes en materia de salvaguarda de los derechos humanos.
Artículo 7. Abogacías del Estado de los departamentos ministeriales.
Artículo 8. Abogacías del Estado en la Administración periférica del Estado.
Artículo 9. Abogados del Estado adscritos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Artículo 28. Comunicación y coordinación con actuaciones contenciosas.
Artículo 32. Dependencia de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y actuación en juicio.
Artículo 60. Comunicación con el Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado.
Artículo 61. Ámbito, funciones y jefatura de la inspección de los servicios de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
e) La representación y defensa en juicio, ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales, del Estado y de sus organismos autónomos, así como, cuando así corresponda normativa o convencionalmente, de los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, y de los órganos constitucionales en los términos previstos en la legislación vigente, así como en los conflictos de jurisdicción y cuestiones de competencia y en los procedimientos prejudiciales y parajudiciales en que esté interesado el Estado, organismos públicos, sociedades mercantiles estatales, fundaciones y demás órganos mencionados. Le corresponde igualmente el informe de las reclamaciones previas a la vía judicial civil y laboral, en los casos en que se le solicite el dictamen, así como de los expedientes para el pago de costas a que fuera condenado el Estado cuando se suscite controversia.
k) Cuanto se relacione con la representación y defensa del Estado, organismos autónomos, restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales o fundaciones con participación estatal, cuando así corresponda legal o convencionalmente, y órganos constitucionales ante cualesquiera jurisdicciones o procedimientos prejudiciales o parajudiciales en el extranjero.
ñ) La gestión de los servicios de registro, archivo y estadística ; la gestión económica, financiera y presupuestaria del Servicio Jurídico del Estado, así como la administración y gestión del Cuerpo de Abogados del Estado, la publicación periódica del escalafón de dicho cuerpo y cualesquiera otras funciones dentro del ámbito económico-financiero y de personal que no estén atribuidas a otros órganos superiores por el ordenamiento jurídico.
b) Subdirección General de los Servicios Contenciosos, a la que corresponde el ejercicio de las funciones atribuidas al centro directivo en lo relativo a la representación y defensa del Estado y sus organismos autónomos, así como de los demás organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, comunidades autónomas y corporaciones locales, en su caso, y los órganos constitucionales, ante cualesquiera jurisdicciones y órganos jurisdiccionales, a los conflictos de jurisdicción y conflictos y cuestiones de competencia y a los procedimientos prejudiciales y parajudiciales en que esté interesado el Estado, organismos, entidades, sociedades y fundaciones y demás entidades y órganos mencionados. Le corresponde igualmente el informe de las reclamaciones previas a la vía judicial civil y laboral, en los casos en que se solicite el dictamen del centro directivo, de los expedientes para el pago de costas a que fuera condenado el Estado cuando se suscite controversia.
Igualmente le compete velar por la efectividad del principio de unidad de doctrina en el ámbito de las funciones contenciosas, formulando criterios generales de actuación en juicio para las Abogacías y los Abogados del Estado.
d) Subdirección General de Asistencia Jurídica Comunitaria e Internacional, que asume la Abogacía del
Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y de la que dependerá cualquier Abogacía del Estado que se cree para la asistencia jurídica del Reino de España en organismos internacionales. Le corresponde la asistencia jurídica en materia de Derecho Comunitario Europeo, así como la dirección jurídica y la representación y defensa del Reino de España ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea, cuanto se relacione con la representación y defensa del Estado, organismos autónomos, restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales o fundaciones con participación estatal cuando así corresponda legal o convencionalmente, y órganos constitucionales, ante cualesquiera jurisdicciones o procedimientos prejudiciales y parajudiciales en el extranjero, la dirección y coordinación del servicio de lo contencioso del Estado en el extranjero y la asistencia jurídica al Reino de España en otros organismos internacionales.
f) Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, a la que le corresponde la representación y defensa en juicio ante aquél del Estado y sus organismos autónomos y, cuando así corresponda legal o convencionalmente, de los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, y de los órganos constitucionales en los términos legalmente establecidos, así como, en su caso, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales ; del mismo modo, desarrollará el asesoramiento sobre cuestiones procesales o de fondo derivadas del planteamiento o tramitación de procedimientos constitucionales, como en el caso de la opción entre la formalización directa del conflicto de competencia o la formulación de requerimiento previo ; así como, en particular, el asesoramiento, cuando lo solicite el Gobierno o cualquiera de sus miembros, sobre la constitucionalidad de los anteproyectos y proyectos de disposiciones de cualquier rango que hayan de someterse a su aprobación, y el examen e informe en derecho, a petición del Gobierno o de cualquiera de sus miembros, de las disposiciones o resoluciones de las comunidades autónomas que sean susceptibles de impugnación ante el Tribunal Constitucional.
g) Secretaría General, que tiene a su cargo las funciones de asistencia al Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado en materia de gestión de los servicios de registro, archivo y estadística, gestión económica, financiera, presupuestaria y de régimen interior del centro directivo, así como la administración y gestión del personal incluido en la relación de puestos de trabajo de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, la confección anual del escalafón de dicho cuerpo para su posterior inserción en el "Boletín Oficial del Estado" y cualesquiera otras funciones dentro del ámbito económico-financiero y de personal que no estén atribuidas a otros órganos.
Artículo 9. Abogados del Estado adscritos al Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
1.a Se atenderá, en primer lugar, a lo dispuesto en la normativa especial o en las cláusulas convencionales reguladoras de la asistencia jurídica al organismo o entidad públicos, sociedades o fundaciones de que se trate.
2.a En caso de silencio de la norma o convenio se procederá del siguiente modo:
b) Cuando se suscite con ocasión del desempeño de las funciones contenciosas, la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, antes de evacuar el primer trámite procesal, y en atención a la naturaleza de los intereses en conflicto, expondrá a las Administraciones, organismos, entidades, sociedades o fundaciones litigantes su criterio tanto en cuanto a la eventual solución extrajudicial del litigio, de ser ésta posible, como, en su defecto, a la postulación que debiera asumir el Abogado del Estado, evitando en todo caso las situaciones de indefensión. Hayan o no manifestado su opinión las partes, con el informe previo de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, el Ministro de Justicia resolverá en definitiva lo procedente en cuanto a la postulación a asumir por el Abogado del Estado. De seguir apreciándose en esta resolución la contraposición de intereses no resultará de aplicación el convenio de colaboración y las Administraciones, organismos, entidades, sociedades o fundaciones litigantes que no sean defendidas y representadas por el Abogado del Estado podrán libremente designar para estos casos la asistencia, defensa y representación jurídicas que estimen convenientes.
El Secretario de Estado de Justicia acordará la suplencia del Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad ; en su defecto, será suplido por los titulares de las subdirecciones generales por el orden establecido en el artículo 3.1 de este reglamento.
2. Cuando la normativa aplicable a los organismos y entidades públicos a que se refiere el apartado anterior no prevea la asistencia jurídica contemplada en éste, los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurí dico del Estado podrán asumirla mediante la formalización del oportuno convenio. En dicho convenio deberá preverse la contraprestación económica que habrá de satisfacer el ente público al Estado, que se ingresará en el Tesoro Público generando crédito en los servicios correspondientes de la Abogacía General del EstadoDirección del Servicio Jurídico del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la legislación presupuestaria.
1. El Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado podrá designar especialmente a uno o más Abogados del Estado para que se encarguen de uno o varios asuntos o actuaciones concretas. Dicha designación será comunicada al Abogado del EstadoJefe, que la tendrá en cuenta para la distribución del trabajo en la respectiva Abogacía del Estado.
Fecha de entrada en vigor: 28/08/2003
el art. 3.1.e), por Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo (Ref. BOE-A-2020-3513).
el art. 67.1, por Real Decreto 242/2019, de 5 de abril (Ref. BOE-A-2019-5243).
los arts. 3, 13, 61, 63, 64, 72 y lo indicado de la parte expositiva VII, por Real Decreto 1003/2012, de 29 de junio (Ref. BOE-A-2012-9217).
SE DEROGA el art. 6,1 SE MODIFICAN determinados preceptos y se renumeran los arts. 7, 8 y 9 como 6, 7 y 8, por Real Decreto 247/2010, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2010-3693).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre organización de la Abogacía del Estado en el ámbito: Orden JUS/1492/2007, de 21 de mayo (Ref. BOE-A-2007-10765).
SE MODIFICA el art. 8, por Real Decreto 3/2007, de 12 de enero (Ref. BOE-A-2007-743).
CORRECCIÓN de errores en BOE num. 270, de 11 de noviembre de 2003 (Ref. BOE-A-2003-20617).
art. 8.5 a) del REAL DECREETO 1474/2000, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-2000-14927).
Real Decreto 1414/1994, de 25 de junio , (Ref. BOE-A-1994-16290).
Real Decreto 685/1993, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-1993-11996).
Real Decreto 2604/1985, de 4 de diciembre , (Ref. BOE-A-1986-907).
el Real Decreto 850/1985, de 5 de junio (Ref. BOE-A-1985-10564).
el Real Decreto 849/1985, de 5 de junio (Ref. BOE-A-1985-10563).
Real Decreto 1654/1980, de 11 de julio , (Ref. BOE-A-1980-17503).
Real Decreto 1425/1980, de 11 de julio , (Ref. BOE-A-1980-15251).
Decreto de 27 de julio de 1943 (GAZETA) (Ref. BOE-A-1943-7478).
DE CONFORMIDAD con la disposición final 1 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-1997-25338).
Orden de 30 de diciembre de 1981 (Ref. BOE-A-1982-2477).
Real Orden de 14 de marzo de 1929 (GAZETA) (Ref. BOE-A-1929-3303).
Real Orden de 21 de febrero de 1906 (GAZETA), (Ref. BOE-A-1906-1464).
Real Orden de 5 de febrero de 1906 (GAZETA) (Ref. BOE-A-1906-1334).
Real Orden de 21 de febrero de 1906 (GAZETA), (Ref. BOE-A-1906-1283).

References: Real Decreto 

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 28

Artículo 32

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 9
 resolución 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto