Source: https://tc.vlex.es/vid/-387380460
Timestamp: 2019-09-21 02:35:00+00:00

Document:
STC 134/2012, 19 de Junio de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 387380460
Número de Recurso: 3134-2006
El 21 de marzo de 2006 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional escrito de la Letrada de la Junta de Andalucía por el que, en la representación que ostenta, interpone conflicto positivo de competencia, en relación con los artículos 1, 2, 3 y 4 del Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) una lotería instantánea o presorteada.
Este Tribunal, mediante providencia de la Sección Primera de 25 de abril de 2006, admitió a trámite el conflicto positivo de competencia planteado por la Junta de Andalucía, acordando dar traslado de las actuaciones al Gobierno de la Nación, por conducto de su Presidente, al objeto de que, en el plazo de veinte días y bajo la representación procesal que señala el art. 82.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), pudiera personarse en los autos y aportar cuantos documentos y alegaciones considerase convenientes. Se acordó asimismo comunicar la incoación del conflicto a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, para el caso de encontrarse impugnado o se impugnare el referido real decreto, en cuyo caso se suspendería el curso del proceso hasta la decisión del conflicto. Igualmente, la citada providencia acordó la publicación de la incoación del conflicto en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”.
El 30 de mayo de 2006, fue registrado de entrada escrito del Abogado del Estado en el que solicita la desestimación de la demanda, con consecuente declaración de competencia favorable al Estado.
Mediante providencia de 19 de junio de 2012 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el 19 del mismo mes y año.
El presente conflicto positivo de competencia es promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con los artículos 1, 2, 3 y 4 del Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) la explotación de una lotería instantánea o presorteada, y se sustenta en la reivindicación por la citada Comunidad Autónoma de su competencia exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas, con apoyo jurisprudencial en la STC 163/1994, de 26 de mayo y legal, en el art. 13.33 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en relación con el art. 149.3 CE.
Con carácter previo, hemos de analizar los efectos que pueda tener sobre la controversia el hecho de que algunos de los preceptos del Real Decreto 1336/ 2005 hayan sido modificados. En concreto el Real Decreto 1706/2011, de 18 de noviembre, da nueva redacción al art. 2 y a los apartados 3, 4 y 6 del art. 3. Tal y como tenemos reiteradamente señalado, por todas la STC 99/2012, de 8 de mayo, FJ 2 c), en las controversias de alcance competencial es necesario apreciar los efectos que tiene sobre el conflicto la entrada en vigor de nueva normativa reguladora de algunos de los aspectos en discusión, operación que debe realizarse atendiendo en cada caso a las circunstancias concretas y, ante todo, a la pervivencia de la controversia competencial, esto es, a si la disputa sobre la titularidad competencial sigue o no viva entre las partes, de modo que si la normativa en torno a la cual se trabó el conflicto resulta parcialmente modificada por otra que viene a plantear los mismos problemas competenciales la consecuencia necesaria será la no desaparición del conflicto. Esto es, precisamente, lo que ocurre en este caso en que las modificaciones que ha sufrido la norma impugnada afectan únicamente a los conceptos a deducir de los ingresos que deberán ser afectados al cumplimiento de sus fines y a las condiciones en que deben adoptarse las decisiones comerciales por el consejo general de la ONCE, de modo que no tienen trascendencia alguna sobre la cuestión competencial planteada.
Asimismo, debemos precisar cuál debe ser el parámetro de control del presente recurso, pues resulta de aplicación nuestra doctrina sobre el ius superveniens, según la cual el control de las normas que incurren en un posible exceso competencial debe hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes en el momento de dictar Sentencia (STC 83/2012, de 18 de abril, FJ 2). Ello determina que nuestro pronunciamiento deba dictarse a la luz de la delimitación de competencias que deriva de la reforma del Estatuto de autonomía de Andalucía llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.
El real decreto impugnado, como hemos sostenido recientemente en la STC 32/2012, de 15 de marzo, que resolvió un conflicto positivo de competencia en el que se impugnaba esta misma norma, debe encuadrarse en la materia juego y apuestas. En la Sentencia citada, que a su vez aplica la doctrina establecida en la STC 204/2002, de 31 de octubre, afirmamos que “la materia de juego, a pesar de no ser mencionada en los arts. 148.1 y 149.1 CE y en los Estatutos de Autonomía, ha sido atribuida a las Comunidades Autónomas bajo el uniforme título de ‘casinos, juegos y apuestas con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas’, en sus respectivos Estatutos. [En consecuencia], de acuerdo con el art. 149.3 CE, y dado que en el art. 149.1 no se reserva expresamente al Estado dicha materia, cabe afirmar que corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva sobre los casinos, juegos y apuestas, excepto las apuestas mutuas deportivo-benéficas (STC 52/1988, FJ 4), y que la misma comprende la de organizar y autorizar la celebración de juegos en el territorio de la Comunidad Autónoma (SSTC 163/1994, FJ 3; 164/1994, FJ 4), precisamente en dicho territorio; pero no, evidentemente, la de cualquier juego en todo el territorio nacional, puesto que los Estatutos de Autonomía limitan al territorio de la Comunidad el ámbito en el que ha de desenvolver sus competencias”.
Resulta, por tanto, que como declaramos en la STC 32/20012, de 15 de marzo, FJ 4, en un supuesto análogo, “la competencia exclusiva autonómica comprende los supuestos de juegos que se desarrollen exclusivamente en Andalucía. Y este no es desde luego el caso del citado real decreto que justo comienza por precisar (art. 1) que la modalidad de lotería que establece es de ámbito nacional, lo que determina la competencia estatal sobre la misma”. De ahí que la citada STC 32/2012, de 15 de marzo, FJ 8 declarase que “no hay duda de que el Real Decreto 1336/2005 impugnado no menoscaba ni invade la competencia autonómica en materia de juego”.
STC 144/2002, 15 de Julio de 2002
SAP Navarra 41/2007, 1 de Junio de 2007

References: Real Decreto 
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