Source: http://www.libertadidioma.com/2005/20050821.htm
Timestamp: 2020-06-01 20:04:54+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Domingo 21 Agosto 2005
España entra en crisis
José Antonio Zarzalejos ABC 21 Agosto 2005
Antonio Burgos ABC 21 Agosto 2005
Ignacio Camacho CARTA DEL DIRECTOR ABC 21 Agosto 2005
Euskadi, botín nacionalista
JOSEBA ARREGI El Correo 21 Agosto 2005
Nota del Editor 21 Agosto 2005
Centralismo irredento
J. RAMÓN PARADA La Voz 21 Agosto 2005
Derechos históricos y balanzas fiscales
VÍCTOR MORO La Voz 21 Agosto 2005
Mikel Buesa dice que Batasuna quiere recuperar el terreno perdido alentado por la tolerancia del Gobierno
Libertad Digital 21 Agosto 2005
LA AGENCIA CATALANA DEL CONSUMO PROHIBE EL USO DEL CASTELLANO A LAS ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS CATALANAS.
ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA www.tolerancia.org 21 Agosto 2005 España entra en crisis
Por José Antonio Zarzalejos ABC 21 Agosto 2005
... Sobre las desgracias de Roquetas y el siniestro de Herat (Afganistán) no haré comentario adicional, seguro de que Amnistía Internacional, «Nunca mais» y los directores y productores de «Hay motivo» (...) ejercerán de conciencia crítica colectiva con la misma eficacia con la que lo hicieron en el bienio 2003-04...
YA nos advirtió Ortega en su siempre actual «España invertebrada» que la «ausencia de los mejores» en la dirección de la sociedad la conduce a épocas de decadencia y trastorno. Estamos instalados ahora los españoles en uno de esos malos períodos, tan recurrentes en nuestra historia, desde que el 11-M de 2004 y lo que sucedió después abriese en canal las entrañas de nuestro país y se desatase entonces el peor de los revanchismos tanto en lo político como en lo cultural. Ha comenzado en España, de la mano de un Gobierno reactivo y de una intelectualidad sectaria, un episodio crítico verdaderamente grave porque los problemas colectivos crecen en una progresión geométrica y las soluciones compartidas no se atisban y las que se perfilaban como buenas han sido desarregladas. Estamos, por lo tanto, entrando en una crisis, entendiendo el término en su acepción de situación «difícil y comprometida», aunque también valdría la significación que asigna a ese concepto la de «mutación importante», y negativa, en algunos procesos. En este caso, en el proceso de desarrollo nacional.
La destrucción política practicada por el Gobierno en estos meses no ha dejado tecla por tocar. En la política exterior, la situación de España es calamitosa. Enfangado el Ejecutivo en una desarmonía irreversible con el de los Estados Unidos, el denominado eje franco-alemán se ha venido abajo y con él, la Constitución Europea y la agenda financiera de la UE. Mal cambio se hizo, pero no peor que el realizado con los vecinos del sur. En Marruecos -que nos sigue enviando la muerte en patera con una regularidad crudelísima-, el Gobierno se ha desembarazado del Plan Baker en sus dos fases y ha dejado al albur dictatorial del monarca alauita la suerte del Sahara, sacudido ahora por la peor represión. El esfuerzo -a caballo entre la ingenuidad y la ignorancia culpable- para estrechar lazos con Rabat no ha servido siquiera para aumentar el número de nuestros pesqueros en las aguas jurisdiccionales marroquíes. Mientras tanto, Castro y Chavez protagonizan en Cuba y Venezuela -con la permanente comprensión de nuestro Gobierno- las peores versiones del populismo totalitario de la América de habla hispana. El decaimiento de la capacidad de interlocución de nuestro ministro de Exteriores, no sólo con el sátrapa de Libia sino también con los Ejecutivos americanos, ha obligado a la vicepresidenta primera -quien, con el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, es la única garantía de templanza- a realizar una gira por varios países para que sus máximos dignatarios acudan a la próxima cumbre Iberoamericana de Salamanca. Se está tratando de salvar el aislamiento en el que nos ha introducido la política de Rodríguez Zapatero, ahora que el referente occidental es el de marchamo anglosajón (véase, Londres 2012), sin duda comandado por Blair y Bush.
La política interna no se encuentra en situación menos lamentable. El fracaso indefectible de la reformulación jurídico-constitucional de Cataluña en España y la inviabilidad política y aritmética de cambiar determinados aspectos de la Carta Magna, dejan a Rodríguez Zapatero suspendido en la nada, tan desairadamente como cuando contempló -perplejo- que el presidente secesionista del País Vasco era reelegido con el imprescindible concurso del reconvertido entorno de ETA cuyos epígonos han vuelto a tomar impunemente las calles vascas, a reclamar el chantaje económico y a susurrar las peores amenazas en los oídos de los que siguen sin rendirse a su matonismo tabernario. Si el consuelo a tanto despropósito -destruido ya el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo- es que algunos dirigentes del PNV «sólo» reclaman la cosoberanía, aviados estamos. Y lo estamos también -aviados- si, como parece, los terroristas siguen suscitando adivinaciones pacificadoras en nuestro presidente del Gobierno al que la banda le recuerda su presencia contribuyendo a los colapsos circulatorios en este sufrido y viario país que, además, arde donde más duele: en Guadalajara y en Jaén, por citar dos puntos geográficos trágicos y que han demostrado que la capacidad de gestión -y de presencia- en situaciones de emergencia no es precisamente un don que distinga a este equipo gubernamental que declaró la alerta sanitaria por salmonelosis cuando se habían registrado ya más de seiscientos afectados.
La impertinencia del Gobierno y de la clase que ejerce el oficialismo progresista para con los jueces que han elevado cuestiones de inconstitucionalidad sobre la ley del matrimonio homosexual y la de violencia doméstica, trasluce el nerviosismo acerca de que ambas iniciativas se vean seriamente reprobadas por el Tribunal Constitucional y menos discretamente, además, que las protestas internacionales que suscitó en su momento -y que aún continúan- la insólita regularización de inmigrantes que dejó en pasmo a todos los gobiernos de la Unión Europea.
No olvido -¿cómo hacerlo?- la muerte de un ciudadano en el cuartel de la Guardia Civil en Roquetas, ni el siniestro que se cobró el martes pasado la vida de diecisiete militares españoles en Herat (Afganistán). Sobre ambas desgracias -y algo más que desgracias- y sobre su alcance político y sobre las tragedias ecológicas de los incendios y sobre la ruina de los agricultores por la sequía -sin perspectivas inmediatas de un justo trasvase del Ebro- y sobre lo antes expuesto y relatado, no haré comentario adicional, seguro como estoy de que Amnistía Internacional, «Nunca mais» y los directores y productores del documental «Hay motivo», entre otros, secundados por la Academia del Cine en su próxima edición retransmitida por TVE de los premios Goya, ejercerán de conciencia crítica colectiva con la eficacia con la que lo hicieron en el bienio 2003-04. Esperémoslo.
Por Antonio Burgos ABC 21 Agosto 2005
SI un golpe de ataúd en tierra es algo completamente serio(Antonio Machado), imaginen 17. Pero como todos, gracias a Dios, no somos iguales y todavía hay clases (clase de tropa, clase de familiares de los caídos por España, clase de oposición), y nadie en esta ocasión ha calentado la demagogia pancartera y pegatinera, en el solemne patio de armas del Cuartel General del Ejército no sonó un solo grito destemplado. Nadie llamó «asesino» a nadie. Es terrible este «tócala otra vez, Chopin» con que nos habituamos a escuchar la marcha fúnebre por nuestros militares muertos en acto de servicio a la Patria. Es terrible que hagan falta 17 ataúdes, 17, con 17 rotas esperanzas dentro, para que todos acepten la bandera constitucional de España o la celebración de una misa por el alma de los que por ella dieron lo mejor que tenían: la flor de sus vidas.
En el patio de armas del Palacio de Buenavista se leen decretos de luto. El Boletín Oficial del Estado, a media asta. Y no entiendo nada, cada vez menos, cuando oigo esas palabras oficiales de hogaño, recordando las de antaño. Como todavía hay clases, nadie dice lo de otrora: «El Gobierno miente». O lo otro: «España no se merece un gobierno que le mienta». Por muy serios que sean 17 golpes de ataúd, quedan en el aire, como este dolor de la procesional marcha fúnebre, las preguntas que nadie responde. Aunque no todos somos iguales gracias a Dios, algunos queremos saber.
Queremos saber, por ejemplo, si estábamos en «misión de paz», como se dijo en el patio funeral de Buenavista, por qué el helicóptero iba cargado, y hasta las trancas, de explosivos y de combatientes. No de medicinas, de alimentos infantiles, de raciones de rancho frío, de grupos electrógenos o de plantas potabilizadoras, no: de explosivos. ¿Qué misiones de paz son éstas que se realizan con una ametralladora pesada a babor, otra a estribor y una santabárbara dentro del Cougar Puma?
Queremos saber qué hay detrás de tanta palabrería de esos juegos florales de la ONU y de la OTAN, con las que nos dicen que servimos «la causa de la paz, de la democracia, de la libertad», como se oyó en el patio de Buenavista. ¡Hombre, estaría bonito que encima de que nos matan a nuestros hombres fuéramos a servir la causa de la dictadura y del totalitarismo! ¿Y qué diferencia hay entre una misión humanitaria en Irak y otra en Afganistán? ¿Por qué de Irak nos retiramos y a Afganistán mandamos más madera, que esto es la guerra?
Queremos saber cuál es exactamente el papel de las Fuerzas Armadas. No hablo ya de su papel ante el futuro de la unidad de España, eso es para nota: me conformo con algo más sencillito. Si están sólo en plan «a morir por Dios y por España», en un continuo «La muerte no es el final», y no para defenderse ni para defendernos de nada, visto el «mejor morir que matar» de su ministro. Si las FF.AA. tienen presupuesto, dotaciones, equipos, medios, efectivos, capacidad para realizar simultáneamente todas las misiones que les están siendo encomendadas en el exterior, quizá para lavar la mala imagen y limpiar la mala conciencia de la vergonzosa retirada de Irak, en las que tuvieron que cumplir ejemplarmente con el desarrollo táctico de una cobardía ajena. Si son las garantes de la Constitución y de la libertad interior, o si son una ONG de uniforme cuyo fin es repartir chocolatinas, bombones y caramelos, así como tiritas y mercromina, por todos los confines de la tierra.
Queremos saber por qué hacemos con 17 hombres de España y no con gaseosa el experimento de que nuestros helicópteros pasen la ITV de la OTAN.
Queremos saber qué es lo «humanitario». Si es que vamos a la guerra, pero poquito, en plan Gila, o qué es eso del «afgano amigo», moro amigo, paisa. No es que sea mucho preguntar. Es que 17 golpes de ataúd en tierra son algo completamente serio y merecen unas respuestas.
Por Ignacio Camacho CARTA DEL DIRECTOR ABC 21 Agosto 2005
EN los años setenta, cuando la Transición nos trajo con retraso el dulce espíritu de la libertad, la mayoría de los españoles nos creímos que todo el monte era orégano y nos pasamos en la pólvora de las salvas del pacifismo. Nadie se salvó de ese virus juguetón que nos hacía cosquillas al paso alegre de la paz: los políticos, los sindicatos, los intelectuales, la juventud, la Iglesia. El resultado fue que en los ochenta llegó una oleada de insumisos y objetores que hacía inviable un Ejército de leva, y en los noventa Aznar lo tuvo que profesionalizar con más pena que gloria. Sobre todo porque no lo supo vender: el hombre que suprimió la mili acabó, paradoja española, vapuleado como un siniestro adalid de la guerra. Ay, si hubiera sido Felipe el autor de ese salto que nunca se atrevió a dar: lo habrían propuesto para el Nobel de la Paz que ahora sueña con ganar Zapatero.
El caso es que la mentalidad dominante, este discurso de éticas indoloras (Lipovetsky) y crepúsculo de deberes, ha dado en alumbrar una idea políticamente correcta del Ejército como una oenegé que está, como dice Rajoy, para ayudar a cruzar la acera a las viejecitas de los países en guerra o para sustituir a los misioneros en el áspero Tercer Mundo de las hambrunas y las limpiezas étnicas. Por eso cuando caen militares en acto de servicio, en España se desata una crisis política que nace de la perplejidad ante el hecho de que los profesionales de las armas vivan en peligro de muerte. Y el problema no es sólo una cuestión de conciencia popular, sino que está empezando a calar en las propias Fuerzas Armadas, al fin y al cabo tan hijas del pueblo como los funcionarios de Hacienda o los carteros: yo he visto banderas pacifistas en la despedida de unos soldados que iban a Irak.
La tragedia del helicóptero de Herat ha colocado al Gobierno de Rodríguez Zapatero ante el espejo de sus peores fantasmas. De un lado, le recuerda con incómoda crueldad la irresponsable oposición que los socialistas le hicieron al PP en los asuntos militares, tanto si ha tratado de un accidente (Yak-42) como de un ataque guerrillero (Irak). De otro, sitúa al Ejecutivo en abierta contradicción con unos aliados radicales que piden sin recato el repliegue de todas nuestras fuerzas armadas para dedicarlas a apagar fuegos en el monte.
Zapatero y Bono han gestionado la crisis con un ardor mediático y una puesta en escena digna de mejor causa. En eso le han dado sopas con honda a aquel Aznar tan hierático y autista: han retransmitido en directo las videoconferencias, se han hecho retratar en presuntos aterrizajes de emergencia y han ensayado con éxito los gestos de contrición mejor compuestos que se recuerdan en la escena política. De paso, han puesto todo el empeño en subrayar las diferencias con sus antecesores, aunque haya sido a costa de confusiones interesadas como la de decir que en Afganistán estamos bajo encomienda de la ONU, sin especificar que dicha misión se está cumpliendo bajo el mando de la OTAN, esas siglas que ponen de los nervios a Llamazares y otros tardoprogres con la memoria anclada en los tiempos del Telón de Acero. Pero, sobre todo, están intentando cuadrar un círculo imposible. El de explicarle a la gente que con los socialistas el Ejército no va a la guerra, sino a la paz, esa paz por la que Zapatero dijo sentir «un ansia infinita».
Pues no. En Afganistán es menester que esté la OTAN porque los guerrilleros talibanes y los señores de la guerra tienen la peligrosa costumbre de tirar misiles como pepinos de media tonelada, y eso no lo hacen para celebrar las fiestas patronales. Por aquellas montañas se esconden nada menos que Bin Laden y su número dos, Al-Zawahri, de cuyos designios emanan las consignas que estrellan los aviones contra las torres de oficinas o activan las bombas en los trenes de Madrid, en el Metro de Londres o donde quiera que toque el próximo episodio. También de aquellos secarrales parten las órdenes que acaban reventando panaderías en Bagdad o comisarías en Faluya. Es la misma guerra, la de Occidente contra el terror, aunque el ataque inicial tuviese -esto es lamentablemente cierto- mayor amparo y cobertura internacionales que la invasión de Irak.
Es la misma guerra, en realidad la única guerra, y nuestros soldados, que están allí porque tienen que estar, porque formamos parte de ese Occidente que se defiende de su principal enemigo, no cumplen una misión muy diferente de la que desarrollaban en la célebre «zona hortofrutícola» de Diwaniya, de la que Zapatero y Bono les mandaron salir por piernas mientras los militares polacos les hacían con los brazos el cloqueo de las gallinas. Y los diecisiete de Herat han muerto porque en la guerra a veces muere gente, militares que estaban allí enviados para cumplir con los gajes de su oficio, que incluyen la posibilidad cierta de dejarse la vida a cambio de una paga escasa y una gloria incierta.
Esta es la realidad que el Gobierno quiere confundir con cortinas de humo retóricas sobre la paz. En el mismo Irak, poco antes de la nada gloriosa Anábasis zapaterista, nuestras tropas tuvieron que defenderse a tiro limpio de un ataque con todos sus avíos. Disconformes con la «doctrina Bono» de que es preferible morir a matar, liquidaron en el trance a bastantes enemigos para salvar el pellejo y cuentan las crónicas que, metidos en la feroz adrenalina del combate, llegaron a disparar contra mujeres civiles a las que llamaban «ninjas» por ir vestidas con toca negra. Así son las cosas; en la guerra nadie elige la misión que le corresponde porque el enemigo dispone por cuenta propia.
Del mismo modo parece razonable concluir, a tenor de los análisis del mando aliado y del propio Centro Nacional de Inteligencia, que en Afganistán nuestras tropas no están ateniéndose al estricto mandato quietista que autorizó el Congreso para poder lograr un consenso del PSOE con sus socios de izquierda y nacionalistas, sino que participan en misiones de alto riesgo. Es lógico que así sea porque aquello no es un parque temático, pero la contradicción del Gobierno consigo mismo resulta manifiesta. En un país como esos a los que nos queremos parecer, el presidente y su ministro de Defensa sacarían pecho y condecorarían a los muertos como héroes caídos por la patria, que es lo que son porque a la patria se la sirve tanto en suelo propio como en ajeno, y no se enredarían en disquisiciones ni casuismos vergonzantes para disfrazar de misión de paz lo que no es más que un desgraciado hecho de guerra, sea su causa de naturaleza accidental o provocada.
Pero eso implicaría admitir que estamos en guerra contra el terrorismo de turbante y yihad, desmontaría las milongas sobre la alianza de civilizaciones y recordaría a la opinión pública el ensañamiento oportunista y carnicero con que se crucificó al Gobierno anterior. Así que es más cómodo aprovechar la bula moral de la izquierda, la complicidad pasiva de los pacifistas unilaterales, el silencio bochornoso de los antiguos pancarteros, y tirar adelante con retruécanos semánticos y salvedades inverosímiles. Todo antes que dar el paso al frente de aceptar que el ejercicio del poder implica una responsabilidad moral. Y que, por muy pacífico y bienintencionado que se pueda ser, la democracia exige el mandato y la necesidad de sostener un Ejército preparado y decidido a matar y morir cuando hace falta. Así en la paz que todos anhelamos como en la guerra que a veces quiebra nuestros bienaventurados sueños.
La tragedia de Herat ha colocado al Gobierno de Zapatero ante el espejo de sus peores fantasmas. De un lado, le recuerda con incómoda crueldad la irresponsable oposición que los socialistas le hicieron al PP en los asuntos militares. De otro, sitúa al Ejecutivo en abierta contradicción con unos aliados radicales
Andan algunos medios de comunicación, sobre todo los confidenciales de Internet, analizando los movimientos de los distintos grupos nacionalistas vascos para colocarse en la mejor posición de recaudar los beneficios de una llamada pacificación -un eufemismo peligroso para la desaparición de ETA- en la que, aparte de la misma ETA, poco pintan. En términos de Bolsa se llamaría a esto voluntad de recoger los 'windfall profits', los beneficios colaterales, sin haber invertido un céntimo en la operación.
Los analistas políticos serios siguen preocupados por la cuestión del precio político que puede acompañar, aunque en ningún caso debiera, a la desaparición de ETA, mal llamada pacificación. Les preocupa si los terroristas y sus adláteres conseguirán, aunque sea de forma camuflada, cobrar un precio político por la desaparición de ETA en forma de compromisos de territorialidad y de derecho de autodeterminación. Es una preocupación seria y que deberá estar sometida al escrutinio más crítico de una sociedad vasca de ciudadanos, si es que algo parecido existe todavía en Euskadi.
Algunos analistas muy ligados al PP afirman que el precio político ya ha sido pagado permitiendo la presencia de PCTV en el Parlamento vasco. En este caso es tan peligroso no ver las dificultades objetivas de proceder a la ilegalización de un partido político legal respetando todos los procedimientos de un Estado de derecho garantista, algo completamente distinto a impugnar una candidatura electoral, como no apurar todos los medios del mismo Estado de Derecho para hacer sentir al entorno de ETA que el Estado sigue vigilante y que no se está dispuesto a perder fácilmente lo mucho y bueno conseguido con la ilegalización de Batasuna.
Algunas personas, sin embargo, empiezan a barruntar otras derivas peligrosas del proceso en el que parece que estamos inmersos. No parece que el mapa político español, la opinión pública, la ciudadanía crítica de Euskadi y las distintas representaciones de las víctimas del terrorismo vayan a permitir que se hipoteque la desaparición de ETA con cesiones políticas en lo que afecta a la estructura jurídico-institucional del Estado y en lo que afecta a la definición política de la sociedad vasca, de Euskadi.
No es una hipótesis obligada, pero sí suficientemente razonable, pensar que, aunque en torno a todos esos temas la tendencia al nominalismo en política -no se trata más que de palabras sin importancia- se vea reforzada por una inflación desmesurada de nuevos términos inventados para dar la sensación de que es posible la cuadratura del círculo, llegado el momento de la responsabilidad política de quienes tienen que adoptar las decisiones más importantes, los cargados con la responsabilidad de respetar y defender el marco constitucional que garantiza la convivencia entre los ciudadanos, hagan honor a lo que han prometido o jurado sin someterlo a lecturas e interpretaciones suicidas.
Pero incluso en esa hipótesis no todos los peligros quedan conjurados. El resultado del proceso puede ser satisfactorio en términos constitucionales, pero insatisfactorio en términos políticos, especialmente insatisfactorio en términos de memoria de las víctimas. Vuelvo a repetir: aunque se respeten los límites impuestos por la Constitución puede darse el caso de que el proceso de desaparición de ETA vaya acompañado por la consolidación de una situación poco satisfactoria políticamente, poco satisfactoria para la memoria de las víctimas.
El peligro que empiezan a barruntar algunos es que el proceso de desaparición de ETA venga acompañado por una consolidación de la hegemonía nacionalista de hecho en y sobre la sociedad vasca, de forma que la alternancia en el poder en Euskadi sea una imposibilidad real, aunque no formal. El peligro que algunos empiezan a percibir es que, aunque se salve formalmente el escollo de que la sociedad vasca se defina y se institucionalice mediante pacto, esa salvación se consiga mediante el precio de consolidar la apropiación de la mayoría de las instituciones vascas por parte del nacionalismo. El peligro que algunos empiezan a temer es que la desaparición de ETA se lleve a cabo bajo el mantenimiento formal de los límites que no se pueden franquear, pero entregando a cambio el conjunto de la sociedad vasca, nacionalista y no nacionalista, al dominio hegemónico del nacionalismo, de un nacionalismo radicalizado a lo largo de todo el proceso. Euskadi como botín de paz.
La sociedad vasca puede ser demasiado pequeña en el juego de las grandes estrategias a nivel español. Y si la sociedad vasca en su conjunto es demasiado pequeña en el horizonte de los juegos de poder en el Estado, cuánta menor importancia tendrá la consideración de la situación de quienes no son nacionalistas en la sociedad vasca. Si al hijo de Juana de Albrecht y del marqués de Borbón, Enrique de Navarra, París bien le valió una misa, es decir, bien pudo dejar de ser hugonote y declararse católico, a algunos estrategas actuales Madrid bien puede valer algún pequeño sacrificio en la libertad de otros.
De momento, sin embargo, no hemos llegado, utilizando una palabra que ha vuelto a ponerse de moda y que nos acompañará en los próximos tiempos, al escenario que se acaba de imaginar. Todavía estamos en la situación de ajustar la mirada crítica para que la desaparición de ETA no conlleve el pago de precio político alguno. Aún estamos en el momento de saber si ETA ha interiorizado la necesidad de su propia desaparición, o si todavía sigue jugando con la idea de que puede hacerse pagar su desaparición con conquistas políticas como la de la territorialidad y la del derecho de autodeterminación -no toda consulta popular es ejercicio del derecho de autodeterminación, aunque exista tanto interés en mezclarlo todo-.
Estando todavía en esta situación, la preocupación urgente es que la ciudadanía crítica esté atenta para que no se produzca ningún atropello. Y nada mejor para ello que analizar la manipulación del lenguaje, denunciar que diciendo pacificación los nacionalistas quieren decir algo más que desaparición de ETA, denunciar que diciendo normalización los nacionalistas quieren decir pacificación con conquistas políticas, hacer ver que en democracia la legitimidad no la dan las urnas, sino que para que las urnas y los votos legitimen algo es necesario situarse dentro de la legalidad legítima, es decir, condenar la violencia y el terror, criticar el mal uso y el abuso de la palabra diálogo que puede significar tanto la disposición a aceptar la limitación de las pretensiones particulares como la exigencia de aceptar los sentimientos de la mayoría, tanto el respeto a las reglas que guían toda comunicación como exigir la sumisión en nombre del diálogo mismo.
Pero es la misma responsabilidad ciudadana la que debe llevar a no quedarse en el momento presente, en la situación en la que nos encontramos ahora, sino a mirar más allá, a intentar ver cuáles pueden ser las consecuencias de que lo urgente y necesario ahora se haga de forma que no conduzca a resultados indeseados en el futuro. No basta con salvar la formalidad constitucional en este momento, de modo que formalmente no se pague ningún precio político por la desaparición de ETA, una desparición debida a la sociedad vasca y a los asesinados por ETA, sino que es necesario prever los riesgos que pueden estar implicados en hacerlo de una forma u otra.
Si en Euskadi existe una ciudadanía crítica, será posible no sólo impedir que en el proceso que parece iniciado no se llegue a pagar precio político alguno, sino que el proceso se lleve a cabo de forma que la sociedad vasca no se convierta en rehén del nacionalismo para todo un futuro, que las posibilidades de alternancia en el poder, la realización práctica del pluralismo de la sociedad vasca se mantenga como posibilidad eficaz, y no como mera afirmación formal.
Mientras unos gozan del poder, se han adueñado de las instituciones y actúan como si el país fuera de ellos, y mientras muchos miran a otro lado porque no les va del todo mal en esa feria, quienes sienten alguna obligación con la memoria de los asesinados por ETA, quienes creen que la desaparición de ETA debe ir acompañada con una conquista de más libertad, quienes creen que la libertad de las personas y los derechos de los ciudadanos son la asignatura pendiente en Euskadi, tendrán que asumir la carga de ver, juzgar y no callar.
Eso de que quieran inyectarnos palabra por palabra una lengua regional, pensando que vamos a olvidar los buenos principios, es una suposición que no saldrá adelante. Baste recordar los cuarenta años en los que el Paseo de la Castellana y la Gran Via fueron pretendidamente rebautizados. Con lo fácil que resulta mantener la conversación en el mismo idioma, tienen una tremenda manía persecutoria de muestra de sus conocimientos de una lengua regional, que a nadie interesa, salvo a aquéllos que obtienen beneficios a costa de otros por ella.
Así que seguiremos hablando, cada vez menos, esperemos, de las provincias vascongadas, de las vascongadas, de Alava, San Sebastián, Bilbao, y sobre todo sin olvidar el adjetivo calificativo de asesinos y terroristas de E. T. A.
EL REFERÉNDUM celebrado en Portugal en que el pueblo portugués rechazó la descentralización política y administrativa y la creación de regiones a modo de comunidades autónomas, abrazándose de nuevo al centralismo jacobino de su modernidad constitucional, me hizo recordar, en su día, una sesión académica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Presidía el acto de defensa de una buena tesis sobre el régimen jurídico de la ordenación portuaria que planteaba la tensión competencial entre el municipio y las administraciones superiores y en mi turno de observaciones me interrogué públicamente por las razones últimas de mi incurable centralismo, que me lleva indefectiblemente a fiar más del Estado que de la comunidad autónoma, y de ésta más que de los municipios, como bien saben, y soportan con cristiana resignación, mis amigos y discípulos catalanes, desde una cortesía y un liberalismo que eran entonces para mí el hecho diferencial catalán más significativo y apreciable; una actitud de respeto al prójimo y sus opiniones tan difícil de encontrar en otros pagos de esta bronca España, sobre todo en territorio de boinas rojas, donde lo normal es que, si disientes, de entrada te excomulguen por tu mala cabeza, que, si insistes en el error, ya llegarán los de la vanguardia, el brazo secular, a descerrajarla con la parabellum de nueve milímetros, siguiendo la infalible estrategia de su rechulo teólogo: «Unos predicar, otros discutir, otros arrear, todos coger nueces».
Hasta este acto académico creía yo que mi opción por el centralismo, esa despreciable doctrina para una izquierda cada vez más ignorante de la Historia y de sus propias raíces, tenía una cierta base racional y que se debía a la herencia cultural de la Ilustración, a una cierta coherencia con la España constitucional y liberal que repudió derechos históricos y hechos diferenciales y, desde luego, a las prédicas de mis ancestros, los administrativistas liberales: Javier de Burgos, Alejandro Oliván y, sobre todo, de don José Posada Herrera que lo tenía muy claro: «Aquí, cuando no copiamos a los franceses nos equivocamos». Reforzaba mi fe con ciertas dosis de cientificismo organizativo, el que ilustran las organizaciones privadas más eficientes, las multinacionales, obedientes a la lógica de las economías de escala en un mundo de comunicación instantánea donde no tiene sentido la más mínima veleidad descentralizadora, y que actúan, como los organismos públicos, sobre poblaciones móviles, trashumantes, en las que se diluye el patriotismo local por falta de identificación con un concreto territorio y, en fin, pensaba yo que los sistemas de descentralización que favorecen a los poderes locales son necesariamente más complicados que los sistemas centrales y unitarios, más costosos en tiempo, dinero y personal, provocan la desigualdad jurídica y social, reducen o anulan la responsabilidad política, favorecen la creación de bestias negras y los conflictos entre autoridades; y todo ello ante la perplejidad y la impotencia de los ciudadanos, perdidos en esta nueva medievalización del sector público, en feliz expresión de Alain Ming. En definitiva, que por este camino de la indefinida descentralización nos espera un sector público cada vez más atomizado, débil, ineficiente pero más costoso cada vez, y un sector privado poderosísimo, precisamente por su centralismo radical, hasta la globalización. Y entretanto la izquierda sacando pecho de autonomista en competencia con los herederos del carlismo foralista.
Pero ¡quiá!, nada de razones. Al reflexionar en aquel acto académico sobre la espesa y dogmática adhesión que en todo el espectro político suscita la descentralización política y administrativa, se produjo en mí una súbita iluminación y comprendo que eso de no creer en las virtudes milagrosas de la autonomía, regional, provincial, municipal, universitaria o institucional, no debe ser cosa de argumentos mejores o peores, sino consecuencia de alguna malformación o trauma infantil no superado. Y ciertamente allí, en aquella tesis que versaba sobre los puertos y las disputas competenciales para su control entre municipio, comunidad autónoma y Estado, encontré al fin la respuesta a mis aberrantes ideas centralistas y unitarias que se me aparecieron como causadas por una elección infantil entre un ayuntamiento y el Estado, elección a lo que habría sido forzado en muy temprana edad por haber nacido, y pasado mi infancia, en el número 12, piso 5º, de la plaza de María Pita de La Coruña, una vivienda ambivalente, con doble cara, municipal una, estatal otra. Mientras la fachada de poniente daba frente por frente al palacio consistorial, la del naciente y mediodía, por cuya blanca galería entraba el sol, se abría a la avenida de la Marina y ofrecía, en primerísimo plano, la hermosa vista del puerto y la bahía y el deambular de los tranvías de diversos colores que allí mismo, Puerta Real, llegaban, cambiaban el trole y arrancaban aproados a Sada o a Monelos. A lo lejos, la playa de Santa Cristina. En los muelles y la bahía, la indiscutible y segura presencia del Estado: Comandancia de Marina; Aduana, Correos, Junta de Obras del Puerto y castillo de San Antón. Algo más allá, subiendo por el Parrote, Europa: la puerta por la que entraba y salía el emperador Carlos V y el romántico jardín de San Carlos, mausoleo del general Sir John Moore, muerto en la protección del embarque del Ejército inglés frente al mariscal Soult. En los muros versos de Rosalía al héroe romántico: «¡Cuán lonxe, cánto, d'as oscuras niebras, d'os verdes pinos, d'as ferventes olas qu'o nacer viron!... D'os paternos lares, d'o ceo d'a patria qu'o alumou mimoso, d'os sitios ¡ay!, d'o seu querer, ¡qué lexos viu a caer, baixo enemigo golpe pra nunca mais se levantar, coitado! Morrer asím en extrangeiras prayas, morrer tan mozo, abandonal-a vida non farto ainda de vivir, ansiando gustar d'a froita que coidar houbera. Y en vez d'as ponlas d'o loureiro altivo, que d'heroe a testa varonil coroan, baixar a tomba silenciosa e muda!»; y cortesía militar europea: la proclama del duque de Wellington al ejército angloespañol, tras la victoria de San Marcial, el 31 de agosto de 1813: «Guerreros del mundo civilizado, aprended a serlo de los individuos del 4º Ejército que tengo la dicha de mandar. Cada soldado de él merece con más justo motivo que yo el bastón que empuño. Todos somos testigos de un valor desconocido hasta ahora. Españoles: imitar a los inimitables gallegos». El territorio infantil llegaba sin peligro al muelle, donde sentados al borde, con las piernas colgando sobre el agua -sedal, corcho y anzuelo-, pescábamos panchitos, mientras regateaban las velas blancas de los snipes y el trasatlántico Marqués de Comillas , lágrimas de emigrantes y pañuelos al viento, surcaba la bahía rumbo a América (Rosalía otra vez: «Adios rios, adios, fontes, adios regatos pequenos, adios vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos (....). ¡Adios tamén queridiña! Adios por sempre quizais, digoche este adios chorando dende a beiriña do mar»). El puerto era España, Europa, América y el mundo entero que entraba y salía por él; un mundo que se encogía cuando la lluvia y el viento arreciaban y nos refugiábamos en los soportales de la plaza de María Pita sin más horizonte que el Ayuntamiento y, una y otra vez, la vanidad municipal de su fachada: «Palacio Consistorial de la muy noble y leal ciudad de La Coruña, cabeza, guarda y llave, fuerza y antemural del Reino de Galicia».
Desde esa privilegiada infancia, dividida entre un maravilloso puerto estatal y una pretenciosa casa consistorial, mi preferencia por el Estado quedó marcada, como lo está en general nuestro carácter por las emociones y placeres de la niñez. Mis convicciones centralistas y unitarias, así lo acabé reconociendo en la Universidad Autónoma de Barcelona, quizás no se debieran tanto a la influencia del pensamiento Ilustrado, a la admiración por el esfuerzo histórico que supuso salir de la Monarquía absoluta y al coraje con que los liberales constitucionalistas se enfrentaron a las pretensiones diferenciadoras o forales de los facciosos carlistas, los nacionalistas periféricos del siglo XIX, ni al convencimiento sobre el alto grado de eficiencia y eficacia de las organizaciones centralizadas y unitarias en el sector privado y en el público, sino, más sencillamente a que en el puerto de La Coruña, territorio estatal, abierto al mundo entero, y en mucha mayor medida que en la plaza municipal de María Pita, se concentró la felicidad de mi infancia. El centralismo se me habría impuesto desde entonces como se imponen los días de sol sobre la lluvia, y por ello, y así lo dije, entre el municipio y la comunidad autónoma mi lealtad será para ésta, a la que dejará sin dudarlo si entra en conflicto con España y su Estado, y a éste y aquélla por Europa y su Unión, y así sucesivamente. En otros palabras: jacobinisno irredento; la misma enfermedad padecen en Portugal.
LA REFORMA de los estatutos de autonomía que hoy ocupa a varias comunidades autónomas, contempla como objetivo principal la mejora de su financiación. Es decir, más dinero para las arcas propias. Se pasó de la invocación del «hecho diferencial», justificador de diferencias evidentes en lo político, lengua, cultura y tradiciones, el cual es el caso de Galicia, para desembocar en hipotéticos «derechos históricos» que justificarían un sistema tributario y de financiación como el vigente en el País Vasco y Navarra.
Gozar de régimen tributario discriminatorio o de financiación privilegiada invocando «derechos históricos» mientras se participa igualitariamente del mercado nacional, es un anacronismo difícilmente sostenible. Con la Constitución en la mano no cabe contemplar ventajas fiscales o financieras para un territorio o sus habitantes sobre los de otras comunidades. Bien están las peculiaridades de autogobierno en todas las áreas. Pero los sujetos concurrentes al mercado único español, habrán de hacerlo en análogas condiciones. En caso contrario cabría legítimamente a las comunidades discriminadas establecer medidas correctoras que favorezcan o al menos equilibren fiscalmente su situación.
Invocar «derechos históricos» para romper el pacto de solidaridad constitucional no es admisible, ni política, ni moral, ni técnicamente. En un régimen democrático no prevalecen más derechos que los reconocidos por sufragio. Esgrimir el fantasma soberanista en un proceso de autodeterminación para romper la solidaridad, no deja de ser una actitud intimidatoria que a quienes menos interesa es a los que la airean amenazantes, sin considerar las reacciones económicas, políticas y sociales que tal decisión provocaría. Un mercado tradicional con más de treinta millones de consumidores de alto valor de compra no se improvisa. Va siendo hora de que las distintas comunidades valoren conjuntamente sus potencialidades ante la insolidaridad que amenaza, y que las difundan también como advertencia de un nuevo escenario que no desean ni los que irresponsablemente lo provocan.
El análisis de las «balanzas fiscales» que están considerando los expertos del Ministerio de Economía, tiene que ser estudiado también por los gobiernos autonómicos prestándole especial atención para evitar sorpresas. Considerar que la balanza fiscal de una comunidad es la elemental diferencia entre los impuestos pagados por sus ciudadanos (o ingresados por los contribuyentes de esa comunidad) y los servicios, inversiones y transferencias que reciben, es de una simplicidad que no resiste el más leve análisis, pues hay que tener en cuenta, entre otras consideraciones, el proceso de traslación y repercusión final del impuesto sobre los ciudadanos de otras comunidades, que son quienes verdaderamente lo soportan, así como también las rentas generadas por sus actividades en aquellos territorios.
España no es un Estado federal nacido del acuerdo de Estados preexistentes en donde la soberanía fiscal es compartida a partir del pacto de constitución del Estado. España es un Estado recientemente articulado en comunidades autónomas, fuertemente descentralizado, pero que durante más de quinientos años se fue configurando política y económicamente, y en los últimos siglos desarrolló una férrea política proteccionista a favor de las regiones hoy más prósperas que permitió su despegue comercial e industrial y que, sin embargo, en obcecación política contumaz, sostienen o pretenden privilegios fiscales y financieros sobre el resto de los territorios a cuyos mercados deben principalmente su progreso.
Las balanzas tienen que contemplar, además de los saldos fiscales calculados correctamente, otras balanzas, también económicas e importantes. Me refiero a la balanza inmigratoria sobre la que otrora se apoyó el progreso de las comunidades más ricas y, de modo especial, la balanza comercial. No hace muchos años se publicaron las tablas input-output de una importante comunidad autónoma. Entonces, el 80% de su actividad comercial se concentraba en el mercado español y la de servicios llegaba al 90%. Esta situación, que hay que actualizar, no ha sufrido modificaciones sustanciales y es aplicable a las comunidades más prósperas del Estado. Las balanzas fiscales traen causa de las balanzas comerciales. Sustraer el análisis de estas últimas argumentando que las primeras derivan de las decisiones de las administraciones públicas sobre impuestos y gastos, mientras las segundas se deben a decisiones de empresas y consumidores en un libre mercado, olvidando la conformación proteccionista del mercado español durante siglos, favorecedora de posiciones privilegiadas que en cierto modo se mantienen, pero que también pueden perderse por libre decisión de empresas y consumidores, es ponerse la venda antes que la herida, es una falacia insostenible que las restantes comunidades, Galicia entre ellas, están obligadas a considerar.
CREE QUE "ESTAMOS EN UN CAMINO DE REVERSIÓN"
El vicepresidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, ha declarado este domingo en la Cadena COPE que la situación del País Vasco en la actualidad es parecida a la del año 2000. Buesa ha dicho que "estamos volviendo a comienzos de este siglo, es decir, antes del proceso de ilegalización de Batasuna". Además, ha justificado que el PSOE alabe la actuación de la Ertzaintza en la manifestación de San Sebastián el pasado domingo ya que busca "algún tipo de alianza con los nacionalistas del PNV y de Eusko Alkartasuna para meter la mano en el Gobierno vasco".
Mikel Buesa ha subrayado este domingo que "ahora estamos en un camino de reversión. La tolerancia que ha tenido el Gobierno nacional con respecto a Batasuna –o con otras expresiones de Batasuna como puede ser el PCTV– ha hecho que esta organización terrorista, vinculada a ETA, quiera volver por sus pasos, quiera volver al terreno que había perdido". Ha agregado que para ellos "lograr presencia institucional en los ayuntamientos, en el parlamento y en las diputaciones, es fundamental para obtener los recursos que se requieren para sostener todo el aparatado y el sistema utilizado por estas organizaciones terroristas".
Sobre lo que pasó en San Sebastián, Buesa ha señalado que "hay dos elementos que hay que diferenciar: por una parte, la policía autónoma impidió la manifestación que estaba convocada. Lo que ocurre es que luego no actuó adecuadamente con los elementos que trataron de reproducir esa manifestación. Lo hicieron de manera violenta en otro lugar y por tanto no hay motivo para la satisfacción en esto, ni para el Gobierno vasco ni por supuesto para el PSOE". Sin embargo, dijo que "lo que ocurre en este caso es que el Partido Socialista está buscando algún tipo de alianza con los nacionalistas del PNV y de Eusko Alkartasuna para meter la mano en el Gobierno vasco. Esa es la causa fundamental por la que han acabado justificando esa actuación incompleta de la Ertzaintza".
En cuanto a los honores a los etarras que se han realizado en Amurrio, Buesa ha opinado que "esto ocurre porque los nacionalistas, todos ellos, persiguen los mismos fines. Coinciden en los fundamental, bien sea los que practican el terrorismo o los que gobiernan. Ese es el motivo por el cual los nacionalistas que gobiernan, en muchos casos, ven bastante normal rendir homenajes a los que practican el terrorismo".
También se ha referido a la kale borroka. Según Buesa, se trata de terrorismo ya que "así había estado establecido en la doctrina jurídica que había aplicado la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo hasta hace poco tiempo. Pero tuvimos esta desgraciada sentencia de un tribunal de Audiencia Nacional con respecto a Jarrai, es decir a los que practican la kale borroka. Señaló que "tenemos que esperar ahora que esa visión quede rectificada en los recursos que se han presentado al respecto. Pero entender que el terrorismo no tiene nada que ver con el tipo de armas o el tipo de violencia concreta que se practica o se utilice es algo elemental. El terrorismo consiste en ejercer la violencia sobre los ciudadanos para tratar de amedrentarlos y que se alineen con las opiniones políticas de quienes lo practican".
NOTA DE PRENSA DE LA ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA www.tolerancia.org 21 Agosto 2005
La Resolución de la Agencia Catalana del Consumo CTC/2128/2005, de 4 de julio, por la que se aprueban las bases y se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a las organizaciones de consumidores y usuarios que llevan a cabo actividades de información y de defensa de los consumidores y usuarios (DOGC de 13/07/2005) , ha condicionado el derecho a percibir estas ayudas a la utilización exclusiva de la lengua catalana. El plazo para pedir las ayudas finalizó el día 14 de agosto y es la primera vez que se establece este requisito para tener derecho a ellas.
La citada resolución destina 500.000 euros a subvencionar las actividades de las organizaciones de consumidores y usuarios catalanas y en ella se establece como requisito la utilización exclusiva de la lengua catalana para tener derecho a percibir las ayudas en actuaciones de información y formación a las personas consumidoras (línea 3); ayudas de actuaciones de información y formación a las personas consumidoras en ámbitos prioritarios (línea 4); ayudas para la adaptación a las nuevas tecnologías de las organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios (línea 7); y ayudas para el fomento de actuaciones conjuntas entre diversas asociaciones y organizaciones de consumidores (línea 10) .
El establecimiento de este requisito vulnera la libertad de actuación de las organizaciones de consumidores y usuarios y el contenido de la Ley de Política Lingüística. En concreto, el artículo 3 reconoce que el catalán y el castellano, como lenguas oficiales, pueden ser utilizadas indistintamente por los ciudadanos y ciudadanas en todas las actividades públicas y privadas sin discriminación, y el artículo 4 declara que en Cataluña todas las personas tienen derecho a utilizar libremente cualquiera de las dos lenguas oficiales en todos los ámbitos y no ser discriminados por razón de la lengua oficial que utilizan, todo ello de acuerdo con el artículo 3 del Estatuto de autonomía, y en el marco de una política activa de la Generalidad para crear las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena en cuanto a los derechos y deberes lingüísticos.
La finalidad de las organizaciones de consumidores y usuarios se compadece mal con la exclusión de la utilización del castellano en las actividades informativas, dado que según el artículo 15 del Estatuto del Consumidor, aprobado por la Ley catalana 3/1993, de 5 de marzo, estas organizaciones tienen como objetivo la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y según el artículo 1 de la referida Ley 3/1993, se consideran "consumidores las personas físicas o jurídicas de cualquier nacionalidad o residencia que, como destinatarios finales, adquieren, utilizan o disfrutan dentro del territorio de Cataluña, bienes y servicios para su consumo o uso particular, familiar o colectivo, siempre que el proveedor tenga carácter empresarial o profesional o sea la misma Administración pública".
La Agencia Catalana del Consumo obliga a las Organizaciones de Consumidores y Usuarios catalanas, cuya supervivencia depende de las subvenciones en su inmensa mayoría, a actuar tanto en su ámbito interno como externo en catalán, con la consiguiente discriminación para con los consumidores y usuarios de lengua castellana, lo que vulnera de plano los artículos 3, 14 y 51 de la Constitución española que consagran el principio de igualdad de todos los españoles, la cooficialidad lingüística, y el derecho a la información de los consumidores y usuarios.
La Asociación por la Tolerancia ha remitido a las Organizaciones de Consumidores y Usuarios una carta en la que les informa de la citada Resolución, solicitando que desconozcan la obligación y velen por los intereses de todos los consumidores y usuarios informando a los ciudadanos también en castellano, en aranés y en otros idiomas, en función del contexto. Con independencia de lo anterior, se anuncia que se interpondrá recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la Resolución de la Agencia Catalana del Consumo y solicitará la suspensión de los preceptos discriminadores para evitar que el evidente perjuicio que la medida supone para los ciudadanos en general.
La Asociación muestra su preocupación por el sectarismo que preside las actuaciones de la Agencia Catalana del Consumo y de su Presidente, el Conseller de Comerç, Turisme i Consum, Josep Huguet, que, con la excusa de la protección de los derechos lingüísticos, está llevando a cabo una política sancionadora basada en el amedrentamiento y en el miedo en la que únicamente se vigila la presencia del catalán, despreciando los derechos lingüísticos de las personas de lengua castellana.
Por ello, reclamamos de la Generalitat de Cataluña que se preocupe fundamentalmente del consumidor y usuario como persona, atendiendo a aquellas situaciones que puedan afectar a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad y que no priorice el uso de la lengua catalana a una política de información generalizada y a los intereses individuales del consumidor.
En Barcelona, a dieciséis de agosto de dos mil cinco.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 15
 artículo 1
 Resolución