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Timestamp: 2018-02-22 02:45:02+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 148, de 21/09/2012
cve: BOCG-10-D-148
299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Nombramiento ... (Página3)
162/000419 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el Torneo del Toro de la Vega ... (Página3)
162/000420 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la elaboración del Código de Buenas Prácticas en la distribución de excedentes de alimentos ... (Página4)
162/000421 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de apoyo al sector vitivinícola ... (Página5)
162/000422 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación al incendio forestal ocurrido en la provincia de Málaga ... (Página7)
162/000423 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la lucha contra el fraude fiscal ... (Página8)
162/000424 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa al empleo de los rescates solicitados al Estado por diversas Comunidades Autónomas ... (Página9)
162/000425 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre paralización de línea de muy alta tensión en la provincia de Castellón ... (Página11)
162/000426 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adaptación normativa para dar respuesta a la situación de vulnerabilidad y desamparo en que se encuentran aquellos menores, hijos de víctimas mortales de violencia de género y del padre agresor ... (Página12)
162/000427 Proposicion no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la creación de un Plan Nacional de Conciliación Laboral que impulse el fomento de medidas de conciliación ... (Página14)
162/000428 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la transferencia a la Generalitat de Cataluña de las facultades de ejecución de la legislación del Estado para la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum ... (Página15)
162/000429 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la crisis del sector lácteo ... (Página16)
162/000430 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a reconsiderar la subida del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas de plantas vivas y flores ... (Página18)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 17 de septiembre de 2012 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña María Trinidad Noguera Gracia, a propuesta del Excmo. Sr. don Eduardo Madina Muñoz, con efectos de 19 de septiembre de 2012 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme aI artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley, y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000419
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley sobre el Torneo del Toro de la Vega, para su debate en el Pleno de la Cámara.
El Toro de la Vega de Tordesillas es una de las mayores bestialidades de España, que bajo el escudo de lo que algunos llaman pomposamente "tradiciones", permite que más de cien lanceros acosen al animal por el campo dándole lanzazos, hasta que, chorreando sangre, acribillado, se derrumba sin fuerza,
momento en que se supone le dan la puntilla. Esto último, a menudo, cuando aún está con vida, como han asegurado testigos presenciales.
Es una tortura lenta, vociferante y tumultuosa, una sádica diversión. Y a este horror sin nombre llevan a los niños para que aprendan.
No es el único acto de barbarie contra los animales que se produce en el territorio español bajo el amparo de la tradición, pero sí es uno de los más crueles y representativos de tortura animal permitida. Afortunadamente muchos municipios ya han erradicado este tipo de barbaries (carreras de gallos, tirar una cabra desde un campanario, etc.), aunque perviven en muchas otras localidades. Ya es hora de dejar de hacer el ridículo y plantearnos si la tradición lo justifica todo.
Por otra parte, el 30 de septiembre de 2009, la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de esta Cámara, aprobó, a propuesta del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida - Iniciativa per Catalunya Verds, el siguiente texto:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo de seis meses, un Grupo de Trabajo de Alto Nivel en el que participen las Comunidades Autónomas, los agentes sociales más representativos, las organizaciones ambientales y representantes de los Grupos Parlamentarios, para que analice la diferente legislación existente sobre el tema en España y proponga soluciones al objeto de evitar el maltrato animal, así como la elaboración de una Ley de Protección Animal."
Como quiera que este acuerdo de la Cámara no se ha cumplido y que la problemática que lo suscitó, el maltrato animal, cuyo máximo exponente es el Toro de la Vega, que desgraciadamente se llevará a cabo mañana en Tordesillas, sigue vigente, se presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer los mecanismos y desarrollos legales necesarios que eviten situaciones de maltrato animal tales como el Torneo del Toro de la Vega."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposicion no de Ley, sobre la elaboración del Código de Buenas Prácticas en la distribución de excedentes de alimentos, para su debate en Pleno.
Según el Informe del Parlamento Europeo "sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaría en la UE, cada año se pierden en Europa más alimentos sanos y comestibles -según algunas estimaciones, hasta el 50 %- a lo largo de los eslabones de la cadena agroalimentaria hasta llegar al consumidor, que se convierten en residuos.
En España, más de un 20 % de la población activa está en paro y más de un millón de personas pasando hambre, según recoge la "Encuesta de Condiciones de Vida" que realiza cada año el INE, cuyos
datos señalan que un 2,4 % de los residentes en España "no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días". Informes recientes de organizaciones como Fundación FOESSA o UNICEF han identificado tendencias parecidas, que afectan de manera particular al bienestar de los niños y los mayores.
Esta situación de pobreza, agravada en los últimos meses por los efectos de la crisis, ha llevado a algunas organizaciones sociales ha denunciar el despilfarro de alimentos aptos para el consumo: la producción, distribución y también de forma importante en el consumo.
Ante esta realidad, las acciones simbólicas de organizaciones como el Sindicato Andaluz de Trabajadores en fas últimas semanas, han reactivado el debate sobre qué deberían hacer tos supermercados y grandes superficies con los alimentos a punto de caducar y a cuestionarse el sistema alimentario actual, exigiendo el aprovechamiento de los alimentos aptos para el consumo en lugar de convertirlos en desperdicios.
Según el último informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ta gran mayoría de las cadenas de distribución de alimentos (un 78 %) desecha la comida que está a punto de caducar, y tan sólo el 20 % se la entrega a un banco de alimentos o a una ONG para su aprovechamiento.
3. Contribuir a concienciar a toda la cadena, desde productores a consumidores, de la necesidad de realizar un consumo responsable y de reducir el derroche de alimentos."
Palacio del Congreso de los Diputados,10 de septiembre de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de apoyo al sector vitivinícola, para su debate en Pleno.
España cuenta con un sector vitivinícola muy potente. Somos el primer país del planeta en superficie vitivinícola y uno de los principales productores de vino y otros productos procedentes de la uva. 1.104.000 hectáreas plantadas de viñas demuestran nuestro enorme potencial.
Es un sector con una producción anual de vino y mosto que alcanza cifras anuales cercanas a los 40 millones de hectolitros.
Junto a su importancia económica y su indudable contribución a la creación de empleo en las zonas productoras hay que sumar su indudable valor ambiental, por sus aportaciones al mantenimiento de la diversidad, del paisaje y sus contribuciones a la captura de C02.
El sector vinícola, en España, está integrado por 4.055 industrias, de las que unas 2.200 tienen más de un empleado, y el 88 % del total tienen menos de 50 empleados. Esta actividad industrial ligada a la transformación de la uva en vino y en otros productos vitivinícolas (mosto fundamentalmente) juega un papel fundamental en amplias regiones y comarcas vitivinícolas de España.
Por otra parte, en España la producción y consumo de vino forma parte de un acervo cultural presente en todos los rincones de la geografía nacional. Son muchas las fiestas y celebraciones que reconocen en el vino algo más que a un sector económico.
La producción y comercialización de vino se desarrolla en España, como miembro de la Unión Europea, en el marco de la Organización Común de Mercados del Sector Vitivinícola, y en el marco de la misma se desarrollan las tareas de reestructuración y reconversión del sector, las medidas de apoyo a la eliminación de subproductos, la destilación y todo lo que tiene que ver con control de plantaciones, etc.
Sin embargo hay un asunto que no contempla la legislación europea y que es motivo de gran preocupación en el sector, y que es la permanente caída del consumo interno que está situando a España en niveles desconocidos, y que dan cifras muy inferiores a las de países no productores, en torno a los 17 litros por habitante y año. Las causas de la caída del consumo son muy diversas, pero no cabe duda que hay que abordar esta problemática.
En estos últimos años el incremento de las exportaciones ha permitido equilibrar anualmente el balance de producción y consumo, pero es evidente que hay que, además de apoyar las exportaciones, desarrollar acciones dirigidas a potenciar el consumo interno para garantizar un futuro halagüeño para este importante sector.
El vino es un alimento que, consumido con moderación, es beneficioso para la salud. Así lo atestiguan los indicadores de salud en los países en los que el vino forma parte de un consumo habitual formando parte de una dieta saludable que en nuestro entorno reconocemos como Dieta Mediterránea.
Por todo ello, y a través de esta iniciativa, consideramos necesario que el Gobierno español se proponga atajar la preocupante disminución de consumo y defina y apruebe una estrategia nacional que diferencie perfectamente el consumo moderado del consumo abusivo, determinando lo que son consumos saludables y diferenciándolos de los consumos nocivos, para apoyar los primeros y abolir los segundos. La estrategia debe definir y perseguir los patrones de consumo inadecuados, que resultan perjudiciales para los individuos y para la sociedad, especialmente en los colectivos vulnerables, jóvenes especialmente.
Otras bebidas alcohólicas, como la cerveza, por ejemplo, han podido desarrollar estrategias que hacen compatible la utilización del nombre habitual, cerveza, un producto que contiene alcohol, con la utilización del mismo término, cerveza, en este caso fabricada sin alcohol.
En el caso del vino, la legislación comunitaria no permite la utilización del termino "vino" si no lo es para un producto con un grado alcohólico superior a 9. Consideramos que la promoción del consumo de "vino sin alcohol" puede ser una alternativa viable y muy conveniente para el sector, además la investigación realizada en estos últimos años permite presentar en el mercado excelentes vinos desalcoholizados, que con una adecuada promoción y con una modificación de la legislación, podrían alcanzar muy importantes cotas de mercado.
Asimismo creernos que una estrategia adecuada para mostos y zumos de uva puede colaborar a equilibrar la balanza producción-consumo.
Por último señalar que en un escenario de bajada de consumo no parece razonable que puedan operarse modificaciones al alza de la fiscalidad del vino y de los productos del sector vitivinícola, por lo que proponemos garantizar que no se subirán los impuestos.
1. Elaborar una Estrategia Nacional de recuperación del consumo de vino y otros productos del sector vitivinícola bajo el paraguas de "Vino y salud" y "Wine in moderation", incorporando a la misma a
todas las administraciones, fundaciones y organizaciones sectoriales y científicas interesadas en esta problemática. La estrategia comprometerá la acción de todo el Gobierno.
2. Defender en los organismos internacionales, particularmente la OIV y la Unión Europea, la posibilidad de producción y comercialización del "Vino sin alcohol" (pudiendo utilizar en su comercialización la palabra "vino"), e incorporar este producto a la Estrategia Nacional a la que se refiere el punto anterior.
3. Continuar apoyando la elaboración de zumos de uva, su equiparación al resto de zumos de frutas en lo que a la legislación respecte y fomentar su comercialización para dar valor y estabilidad comercial a este producto derivado de la uva.
4. Apoyar y defender en la Unión Europea la utilización de mostos de uva como método preferente de enriquecimiento de vinos en sustitución de la adición de azúcar.
5. Garantizar que durante la presente legislatura no se van a producir incrementos de la fiscalidad del vino y del resto de productos del sector vitivinícola.
6. Aprobar un Plan Estratégico para la Internacionalización del Sector Vitivinícola comprometiendo los recursos económicos necesarios para asegurar la presencia de los vinos españoles en todos los mercados internacionales."
Palacio del Congreso, 11 de septiembre de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en relación al incendio forestal ocurrido en la provincia de Málaga, para su debate en Pleno.
El pasado jueves 30 de agosto de 2012 se originó el mayor incendio forestal de las dos últimas décadas en la Costa del Sol, uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país. El fuego inició su devastadora destrucción en Coín, en el paraje natural de Barranco Blanco, a las siete de la tarde. Avanzó durante la noche en cinco frentes hacia el municipio de Marbella, obligando a desalojar las urbanizaciones de Elviria, la zona alta de la de El Rosario, La Mairena y el municipio de Ojén. En Mijas, que el año pasado vivió otro terrible incendio, se evacuaron las zonas de La Atalaya, Entrerríos y la zona alta de Calahonda.
Las labores de extinción obligaron a la intervención conjunta y coordinada de efectivos del Infoca, dependiente de la Junta de Andalucía, del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación Provincial, de parques municipales, de la Unidad Militar de Emergencias, del 112, de la Guardia Civil y la Policía Nacional, de la Policía Local de los municipios afectados y colindantes, de Protección Civil y ONGs.
El incendio ha afectado a seis municipios de la Costa del Sol: Alhaurín el Grande, Coín, Marbella, Monda, Mijas y Ojén, con una superficie afectada de más de 8.000 hectáreas según las primeras estimaciones y más de 5.000 evacuados. En lo referente a daños personales, se ha producido un fallecido y 5 heridos. A la espera de un balance exhaustivo y definitivo de los daños, los ayuntamientos han informado de que al menos unas 200 viviendas se han visto afectadas en diferente grado.
Estamos, por tanto, ante un suceso sin precedentes en la provincia malagueña, con una relevante difusión fuera de nuestras fronteras en medios extranjeros, sobre todo en países emisores de turistas. La Junta de Andalucía y las autoridades locales han lanzado mensajes de tranquilidad a los agentes turísticos, ya que ninguna infraestructura se ha visto afectada.
El pasado 17 de julio, el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad, aprobó una Proposición no de Ley en materia de incendios. En lo que aquí interesa, se establecía un sistema de ayudas a recoger en un futuro Decreto-Ley que, como mínimo, incluiría las ayudas contempladas en la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas. Además se arbitraba
la posibilidad de activar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por catástrofe natural si se daban las condiciones necesarias para ello. Finalmente, se establecía un mecanismo de control parlamentario sobre la actuación del Gobierno de la nación en relación con las tareas de extinción y las ayudas arbitradas para paliar sus daños.
1. Instar al Gobierno de España a tener en cuenta las particularidades específicas de cada municipio, en cuanto a afecciones y daños materiales municipales y particulares, para la aplicación del decreto de ayudas aprobado en el Consejo de Ministros de 7 de septiembre de 2012 de los municipios afectados por el incendio, y aprobar otro si las primeras se quedaran fuera del marco del citado decreto.
2. Si se comprueba que se dan los requisitos para ello, proceder a solicitar la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por catástrofe natural.
3. Dar cuenta, en el plazo máximo de tres meses, de todo lo actuado en relación con esta catástrofe natural ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.
4. Desarrollar una campaña específica de promoción y difusión turística para la Costa del Sol que minimice los posibles efectos negativos sobre la zona como destino vacacional, con especial atención al turismo rural y medioambiental del entorno de la Sierra de las Nieves, así como reforzar la presencia de la provincia de Málaga en las acciones promocionales previstas por la Secretaría de Estado de Turismo.
5. Expresar el reconocimiento público del trabajo y el esfuerzo de los cientos de efectivos que han arriesgados sus vidas para salvar las de otros ciudadanos. Los efectivos del Infoca (dependientes de la Junta de Andalucía), del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación Provincial, de la Unidad Militar de Emergencias, del 112, de la Guardia Civil y la Policía Nacional, de la Policía Local de nuestros municipios y de Protección Civil y ONGs han desarrollado un trabajo conjunto, coordinado y solidario que ha sido clave para detener uno de los peores incendios que se recuerdan en nuestra provincia. Este reconocimiento y agradecimiento se amplía a todos aquellos ciudadanos (voluntarios, taxistas, vecinos que han ofrecido sus casas, etc.) que han colaborado solidariamente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Trinidad Jiménez García-Herrera y José Andrés Torres Mora, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la lucha contra el fraude fiscal, para su debate en Pleno.
El fraude fiscal es, sin duda, un problema a combatir desde múltiples ámbitos, desde la educación y el fomento de valores como la solidaridad, hasta la utilización del Código Penal y cuantas herramientas disponga al efecto el sistema democrático.
En época de crisis como la presente, la necesidad de luchar contra el fraude se multiplica. Debería ser, sin duda, la primera fuente de obtención de ingresos antes de subir impuestos o recortar gastos, especialmente si éstos son de carácter social. No pagar los impuestos siempre debería ser motivo de sanción económica, penal y social, pero es especialmente grave cuando muchos ciudadanos lo están pasando mal con la crisis, bien porque están en paro o bien porque se recortan las prestaciones sociales.
Con la adopción de las medidas que se proponen, y que corresponden al ámbito competencial de las Cortes, se mejoraría notablemente la eficacia de todas las administraciones contra el fraude fiscal,
penalizando con mayor rigor los comportamientos de quienes eluden e incumplen sus obligaciones con el sostenimiento de las cuentas públicas. Una reforma legal destinada a revisar las penas establecidas para los delitos económicos, modificar regulaciones fiscales que permiten un gravamen discriminatoriamente beneficioso de las rentas obtenidas y eliminar los elementos que facilitan la creación de bolsas de fraude
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el plazo máximo de tres meses las iniciativas legislativas necesarias para hacer posible las siguientes modificaciones en el ordenamiento jurídico:
1. Medidas de carácter penal.
- Reforma del Código Penal de manera que el delito contra la hacienda pública sea mayor que el establecido para la insolvencia punible.
- Revisión de la figura del "dolo eventual" en lo referente a delitos fiscales de manera que se imposibilite su utilización como vía de escape para los defraudadores.
- Se endurecerá el tratamiento de las figuras de ingeniería fiscal y financiera cuyo objetivo sea la elusión fiscal.
2. Modificación Ley Concursal.
- Modificación de la Ley Concursal de manera que quienes se acojan a ella no puedan, tras dar por liquidadas sus deudas fiscales, reanudar la actividad económica.
3. Régimen de las SICAV.
- Modificación del régimen de las SICAV de manera que su tributación se iguale al tipo máximo del Impuesto de Sociedades."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al empleo de los rescates solicitados al Estado por diversas Comunidades Autónomas, para su debate en Pleno.
La crítica situación financiera de numerosas comunidades autónomas ha conducido a varias de ellas a pedir la ayuda del Estado a cargo del Fondo de Liquidez Autonómica, creado para la financiación de las comunidades autónomas con problemas de liquidez (Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio). Según las declaraciones del Gobierno, y concretamente del Ministro de Economía, don Luis de Guindos, las comunidades que se acojan voluntariamente a este Fondo de Liquidez Autonómica extraordinario deberán cumplir "estrictas condiciones presupuestarias y económicas".
Aunque técnicamente no se haya empleado la palabra "rescate" para denominar a esta fórmula, es evidente que su significación es similar a la de los rescates a cargo de organismos públicos internacionales que solicitan estados soberanos con problemas también similares a los de nuestras comunidades autónomas, aunque se den a otra escala: falta de liquidez para hacer frente a pagos urgentes y extrema dificultad para financiarse en el mercado internacional de préstamo, sea mediante créditos o mediante la colocación de bonos de la deuda. En definitiva, algunas comunidades autónomas se enfrentan a dificultades financieras extremas semejantes a las que conducen a los estados a solicitar su rescate total
o parcial. Y puesto que el mecanismo de financiación extraordinaria previsto en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, es comparable al ofrecido a los estados en situación similar, incluyendo la exigencia vinculante del cumplimiento de estrictas condiciones presupuestarias y financieras, es propio referirse por analogía al rescate financiero de las comunidades autónomas por parte del Estado.
En el procedimiento de rescate de las comunidades autónomas, el Estado cumple, pues, un papel comparable al de los organismos internacionales que negocian rescates financieros de estados soberanos. Con la siguiente y crucial diferencia: que las comunidades autónomas forman parte integrante del propio Estado que las rescata, y que por tanto están sometidas al mismo ordenamiento constitucional y jurídico. Por tanto, y a diferencia de lo que ocurre en las relaciones entre organismos financieros internacionales y estados soberanos, donde no se contempla la exigencia de condiciones de orden político expreso para la concesión de rescates financieros, pues resultarían improcedentes -aunque de hecho tengan efectos políticos trascendentales-, el Estado español sí puede requerir a las comunidades autónomas que soliciten un rescate, en tanto que partes básicas de su arquitectura constitucional, el cumplimiento de condiciones políticas conducentes a la corrección de actuaciones políticas que hayan podido ser causa de la crítica situación financiera que les obliga a ser rescatadas para poder cumplir con sus obligaciones fiscales y financieras. Sostener que el Estado no estuviera cualificado para solicitar a las comunidades autónomas condiciones de tipo político para la concesión de un rescate financiero conllevaría la asunción de que las relaciones entre el Estado español y las comunidades autónomas que lo componen es igual a la existente entre estados soberanos y organismos internacionales como la UE o el FMI, convirtiendo a las comunidades autónomas en virtuales estados soberanos iguales al estado común.
La situación financiera crítica de algunas comunidades autónomas es en buena medida consecuencia de una gestión política que ha tratado de imitar la administración propia de un estado soberano, con la creación de redes de "embajadas" autonómicas en el extranjero, subvenciones a instituciones de otras comunidades autónomas y de terceros países con las que se presume sintonía dentro de un proceso ideológico de "construcción nacional", y otras prácticas similares con un alto coste financiero y, sobre todo, totalmente inapropiadas para instituciones públicas cuyo cometido no puede ser, sin romper con el sentido de la Constitución e incurrir en un partidismo flagrante, impulsar y financiar a costa del erario proyectos ideológicos que llegan hasta la consecución de un estado propio tras un proceso de secesión del resto de España.
Es por eso de la mayor importancia que el Estado exija a las comunidades autónomas que solicitan su rescate financiero garantías de que éste no se destinará a financiar de ningún modo prácticas de gobierno incompatibles con el ordenamiento constitucional, tales como proyectos de "construcción nacional" y procesos conducentes a la secesión de la comunidad autónoma. En resumen, se trata de asegurar que el dinero de todos los contribuyentes españoles, y también de las ayudas financieras concedidas al Estado por instituciones europeas e internacionales, no sea empleado para ningún fin distinto al rescate financiero, el saneamiento de las cuentas y la reducción del déficit público. Objetivo que requiere que, a las condiciones presupuestarias y financieras requeridas para la concesión del rescate, se añada la condición política expresa, a modo de cláusula o salvaguarda democrática que deberá ser asumida en esos términos por la comunidad autónoma solicitante, de que la ayuda obtenida del Estado no se dedicará a ningún fin que pueda ignorar, contradecir o subvertir la Constitución española.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que remita a las Cortes en el plazo máximo de 3 meses un Proyecto de Ley de Empleo del Rescate de Comunidades Autónomas por el Estado que incluya las siguientes previsiones:
1. La aprobación de condiciones políticas expresas de preservación del ordenamiento constitucional a las comunidades autónomas que soliciten al Estado rescate o ayuda financiera extraordinaria en los términos contempladas por el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio.
2. Tales condiciones consistirán en el compromiso expreso de que la ayuda financiera extraordinaria no será empleada para financiar de ningún modo, directo o indirecto, proyectos o iniciativas políticas de secesión de la comunidad autónoma del conjunto del Estado español.
3. En el caso de que alguna comunidad autónoma incumpla los compromisos políticos asumidos para la obtención de la ayuda financiera extraordinaria o rescate, el Gobierno pondrá en marcha la ejecución de las previsiones del art. 155 de la Constitución española para la protección del interés general."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000425
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre paralización de línea de muy alta tensión en la provincia de Castellón, para su debate en Pleno.
Red Eléctrica de España proyecta una línea eléctrica de doble circuito de 400 kV de Almassora a Morella, cruzando 17 términos municipales de la provincia de Castellón. Se trata de una línea de muy alta tensión (MATE) con torres de más de 70 metros de altura con cortafuegos de 50 m y una distancia media entre las torres de 450 m.
El trazado propuesto por Red Eléctrica afecta lugares emblemáticos de Castellón y a zonas de gran interés medioambiental, atravesando zonas pobladas sin respetar la distancia mínima de seguridad actualmente recomendada (1 m/kV), en este caso, un mínimo de 400 m en relación a cualquier casa habitada.
Las líneas de muy alta tensión o autopistas eléctricas no son líneas de distribución de energía por dar servicio a hogares y empresas. Son líneas para el transporte de electricidad a grandes distancias conectando los mercados eléctricos europeos entre sí y con el norte de África para vender los excedentes de electricidad. Las MATE son parte del negocio de las eléctricas, no una necesidad social.
Las líneas de alta tensión no son inocuas, causan graves daños a la salud, como demuestran estudios científicos, que relacionan los campos magnéticos con enfermedades como la leucemia infantil, cáncer, depresión, Alzheimer, etc. Además causan ruidos constantes, pérdida de calidad de vida por el impacto visual y un impacto negativo en el turismo de la zona afectada, que cuenta con un gran patrimonio paisajístico y arquitectónico. Daños a la flora y la fauna, por abertura de pistas alrededor de las torres y la muerte de aves por electrocución.
Por último mencionar que existe en el estado español una fuerte oposición social a estas líneas que se han traducido en movimientos de protesta como el de la de alta tensión entre Vitoria y Castejón, desestimado por Red Eléctrica Española (REE) en 2010 por la oposición social. El Tribunal Supremo también ha paralizado proyectos de alta tensión, como el de Cantabria al País Vasco en 2010 o el de Aragón a Francia en 1999.
Es por todo ello que presentamos la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas y trámites pertinentes para que:
1. Red Eléctrica de España no construya la proyectada línea de muy alta tensión (MATE) para la provincia de Castellón, que cruza por 17 de sus términos municipales.
2. En cualquier caso referente a este tipo de líneas:
- El trazado de las líneas MATE sigan los pasadizos de infraestructuras existentes y no afecten al medio natural y a los habitantes de los pueblos afectados por su trazado.
- Se tenga que proceder al soterramiento de ésta en las cercanías de las viviendas e instalaciones, así como en las zonas de mayor impacto paisajístico y sobre las aves.
- Se aleje la línea de las viviendas un mínimo de 400 metros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000426
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la adaptación normativa para dar respuesta a la situación de vulnerabilidad y desamparo en que se encuentran aquellos menores, hijos de víctimas mortales de violencia de género y del padre agresor, para su debate en Pleno.
En aquellos casos en que como resultado de la violencia de género se ocasiona la muerte a una mujer, y ésta es madre de hijos menores, las consecuencias del terrible daño se trasladan a estos descendientes con especial crueldad, pues pueden ver agravado su sufrimiento e indefensión con situaciones de desprotección, cuando el agresor es, a la vez, el progenitor del hijo o hijos comunes. Esta situación de desamparo es especialmente intensa en el periodo que transcurre entre la comisión del delito y la condena por sentencia firme por homicidio en cualquiera de sus formas.
La realidad que se presenta al menor, en tanto se sustancia el procedimiento judicial, conlleva graves consecuencias, cuya incidencia en diversos ámbitos no está adecuadamente tratada por nuestro ordenamiento jurídico, ni queda suficientemente resuelta con el nombramiento de representante legal del menor, para velar y proteger por su persona y bienes, como tampoco por el reconocimiento de una prestación de orfandad, en los términos que actualmente prevé nuestra regulación.
En estos casos, la situación de hecho del hijo menor resulta similar a la de una orfandad absoluta (muerte de los dos padres), pues no sólo pierde a su madre, sino que psicológica y legalmente también pierde a su padre en aquellos casos en que, existiendo serios indicios de responsabilidad criminal, atendida la gravedad del delito, cautelarmente, el agresor debe quedar ingresado en prisión preventiva y privado de la patria potestad.
Sin embargo, el hijo de víctima mortal de violencia de género tiene reconocido en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a una pensión de orfandad simple (muerte de uno de los padres), equivalente al 20 % de la base reguladora del causante por cada huérfano, lo que implica reconocer la misma pensión que le correspondería si la madre trabajadora falleciera por enfermedad común y contara con la protección y amparo de su padre.
Esta prestación sin duda contraviene el concepto más elemental de equidad y no se atiene al "interés superior del niño" al que se debe cualquier ley, como señala el principio segundo de la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 1386(XIV), de 20 de noviembre de 1959, y el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.
Establece el principio octavo de La Declaración Universal de los Derechos del Niño que "el niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro".
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional ratificado por España, viene a señalar de manera más específica en su artículo 20:
"1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado."
Sin embargo, la pensión que se le reconoce en la actualidad a estos menores, es una asistencia general, pues la previsión de la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, conforme a la redacción dada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, si bien incluye a los menores como víctimas de la violencia de género, no tiene prevista una pensión de orfandad "especial" para atender las concretas necesidades de estos menores.
"Disposición adicional primera. Pensiones y ayudas.
En tales casos, la pensión de viudedad que hubiera debido reconocerse incrementará las pensiones de orfandad, si las hubiese, siempre que tal incremento esté establecido en la legislación reguladora del régimen de Seguridad Social de que se trate."
De esta manera, hasta que no recaiga condena por sentencia firme -lo que puede tardar varios años-, la pensión de orfandad no se verá incrementada con la pérdida de la pensión de viudedad del agresor, haciendo depender de esta manera la protección del menor, de la pérdida del derecho del causante de su daño. Ello supone un evidente incumplimiento de la obligación que al Estado corresponde, conforme al Tratado suscrito por España, de brindar temporalmente una protección especial al menor, hijo y víctima de violencia de género, privado totalmente de su medio familiar.
Razones de proporcionalidad y de justicia social aconsejan por ello adecuar nuestro ordenamiento a las recomendaciones de los organismos internacionales, proporcionando una respuesta similar a la que se ofrece a la mujer víctima de violencia, a la que sí se le mejora la asistencia general, incluso cuando el agresor ha fallecido, sin necesidad de esperar para el reconocimiento de su derecho a la existencia de una sentencia penal condenatoria firme (artículo 174.2 de la LGSS).
Pero la protección especial al menor hijo de víctima mortal de violencia de género debe alcanzar igualmente a otros aspectos, que permitan remover los obstáculos que impiden en la actualidad la correcta asistencia y protección de los derechos fundamentales de estos menores.
Así, los menores se ven inmersos en diversos procedimientos judiciales para el nombramiento de tutor, intervención de herencia yacente, medidas en torno a los bienes de la causante, establecimiento de una pensión de alimentos, etc., y todo ello en una situación de prejudicialidad penal, de la que igualmente dependerá si existe o no causa de desheredación del imputado y pérdida definitiva de la patria potestad.
Habiendo anunciado el Gobierno su intención de impulsar un Estatuto de la víctima, parece oportuno que se valore la necesidad de introducir en dicha norma las medidas y mecanismos necesarios para evitar que los menores que se hallan en situaciones como las que nos ocupan pudieran quedar desprotegidos.
El control y coordinación de estos diversos aspectos podría centralizarse desde la instancia judicial, de modo que el instructor en esta pieza separada, dando fe de la existencia de un homicidio en el ámbito de la violencia de género, comunicara a las diversas Administraciones competentes el fallecimiento de la víctima, número de hijos y edades, así como aquellos otros datos esenciales como los referentes al nombramiento de representante legal, a fin de que sean tramitadas las correspondientes pensiones de orfandad, se adopten las cautelas para que la pensión de viudedad correspondiente sea consignada en la cuenta judicial a la espera de resolución firme, de manera que con cargo a las cantidades consignadas, el Juez pueda acordar, a petición de parte, el abono de determinadas cargas familiares, el establecimiento de una pensión de alimentos, o el pago de determinados gastos extraordinarios de los menores.
Por otro lado, y puesto que entre las cargas que han de soportar los menores se encuentran las obligaciones fiscales, dada su situación económica de dependencia, incluso de prohibición de acceso a un puesto de trabajo antes de los 16 años, resultaría adecuado que no les fueran exigibles, de manera excepcional y en tanto se incorporen a la vida laboral alcanzando su independencia económica, el pago de impuestos, tales como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Renta, IBI, así como otras tasas o arbitrios devengados por los bienes heredados o intervenidos judicialmente.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar, en el marco de las proyectadas reformas del ordenamiento jurídico, las modificaciones legales necesarias para ofrecer una protección especial adecuada ante la situación de vulnerabilidad y desamparo en que se encuentran aquellos menores, hijos de víctimas mortales de violencia de género y del padre agresor, durante el periodo que transcurre entre la comisión del delito y la condena por sentencia firme; y ello con la finalidad de dar cumplimiento a los Convenios Internacionales suscritos por España en materia de protección de menores, así como a las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000427
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de un Plan Nacional de Conciliación laboral que impulse el fomento de medidas de conciliación laboral en España, para su debate en Pleno.
El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007 establece que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, las empresas deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
Durante los últimos años una de las mayores brechas en este trato entre hombres y mujeres han sido los roles sociales establecidos dentro de las propias familias debido a la complejidad para llevar a cabo una conciliación laboral efectiva.
La conciliación laboral en España es todavía una asignatura pendiente que supone numerosos problemas tanto para las mujeres como para los hombres. Diversos estudios demuestran que el impedimento de conciliar la actividad laboral con la vida familiar produce una sobrecarga de tareas, generación de estrés, mayor índice de depresiones y síndromes de "burnout" en aquellas personas con fuertes cargas familiares, aumento del trastorno de conductas y reacciones antisociales en lo que al individuo respecta, aumentando el índice de bajas por stress y depresión, así como disminuyendo la productividad laboral del trabajador, haciendo nuestra economía menos competitiva. Otras de las consecuencias directas de las políticas ineficaces de conciliación laboral ha sido el aplazamiento de la maternidad, así como la disminución de la media de hijos por pareja, lo que a la larga puede producir serios problemas en el sistema de la Seguridad Social español al no alcanzarse las tasas de reposición requeridas para la viabilidad del sistema, produciendo además la disminución del tiempo en familia que poseen los trabajadores, que repercute en los índices de estabilidad familiar de manera proporcionalmente negativa. Esta falta de conciliación laboral, unida a un sistema de Dependencia deficientemente desarrollado en diferentes Comunidades Autónomas ya sea por falta de voluntad política o motivos económicos, produce una mayor exclusión social de las personas mayores, y un aumento de la dificultad del acceso de la mujer, de manera principal debido al rol de cuidadora principal que históricamente ha desarrollado.
Otro reciente estudio realizado por Edenred e ICWF revela que los entornos laborales que favorecen la conciliación laboral, multiplican por cuatro el compromiso de los empleados, añadiendo que los entornos laborales sin medidas de conciliación laboral, multiplican por once la intención de los empleados de dejar la empresa, lo que supone un menor compromiso con esta y disminución de la productividad. El estudio refleja que el 80 % de las personas entre 29 y 47 años manifiesta de manera abierta su intención de dejar la empresa en entornos laborales que dificultan sistemáticamente la conciliación.
Otros autores del ámbito académico señalan otras causas, además de las nombradas anteriormente, como principales factores que urgen la necesidad de profundizar en lo que a conciliación laboral respecta. Entre estas causas, se encuentra el déficit de plazas de guarderías, con sistemas de guarderías públicos que no atienden la demanda existente, así como la inexistencia de prestaciones económicas a las familias que faciliten la conciliación laboral con las cargas familiares. Otros factores pueden ser la deficiencia cuantitativa y cualitativa de los transportes públicos y comunicaciones, ya que suponen un costo de tiempo importante en los desplazamientos, el alto precio de la vivienda añadido a la insuficiente cantidad de Vivienda de Protección Oficial en diferentes Comunidades Autónomas, así como la precariedad laboral, la generalización de horarios laborales extensísimos mucho más allá de las 40 horas semanales, la insuficiente oferta de empleos a tiempo parcial y la falta de flexibilidad en tiempo y espacio de los contratos laborales, ya que muchas tareas son desarrolladas "in situ" por exigencias cuando gracias a las nuevas tecnologías, muchas tareas podrían realizarse desde el propio hogar.
Así también, el Informe 2011 de la igualdad en el emprendimiento realizado por el Observatorio Estatal de Igualdad en el Emprendimiento, señala que el aumento de las condiciones de conciliación laboral elevan la calidad de vida de las personas que emprenden de forma inmediata, siendo un estímulo al emprendimiento, favoreciendo el espíritu emprendedor a medio y largo plazo, algo muy necesario en esta situación económica.
En resumen, fomentar la conciliación en nuestro sistema económico y laboral es absolutamente necesario, pero no como medidas-parche que busquen equipararnos con los países de nuestro entorno. Por el contrario, es preciso introducir en nuestro país un sistema integral de conciliación, en el que se incardine la idea esencial de que la conciliación forme parte de la vida laboral de las personas, hombres y mujeres, haciendo realidad el principio de igualdad. La conciliación debe de empezar desde las empresas y dentro de ellas, es decir, en el sector privado, promovida desde los poderes públicos, que a su vez la aplicarán en la propia administración y empresas públicas. Todo esto correspondería a un Plan Nacional de Conciliación.
"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de seis meses presente una propuesta de Plan Nacional de Conciliación Laboral, que deberá posteriormente ser acordado con las Comunidades Autónomas para su puesta en marcha y posterior aplicación homogénea en todo el territorio, cuyo objetivo esencial será establecer una nueva cultura de mejora del entorno laboral en nuestro país y de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres acorde con los países europeos de nuestro entorno, y que recoja medidas que favorezcan y garanticen una conciliación más efectiva y que faciliten el desempeño laboral de los trabajadores siendo algunas de ellas:
a) Fomento de políticas de flexibilidad del tiempo en la actividad laboral, de forma señalada la promoción y fomento del teletrabajo en las empresas privadas y en la administración pública.
b) Política coordinada con las Comunidades Autónomas para establecer un sistema integral de escuelas infantiles de 0 a 3 años, incidiendo también en la reordenación de la oferta de colegios, centros médicos y comerciales o polígonos industriales.
c) Ampliación del periodo de reducción de las cotizaciones de la Seguridad Social en función de la maternidad/paternidad.
d) Deducción por los gastos por empleadas/os de hogar en la declaración de la renta.
e) Fomento en la educación de los niños y adolescentes del reconocimiento de la importancia del trabajo doméstico y familiar y su necesario reparto entre los diferentes miembros del hogar independientemente del sexo.
f) Instauración de los "bancos de tiempo" en las empresas para poder atender necesidades familiares respecto a sus hijos y familiares mayores o en situación de discapacidad por parte de los trabajadores/as.
g) Impulso de la adecuación y racionalización de horarios laborales, escolares y de participación social y política para favorecer la conciliación laboral."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000428
El Grupo Mixto, a instancia del diputado Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-SÍ (ERC-RCAT-CATSÍ), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la transferencia a la Generalitat de Catalunya de las facultades de ejecución de la legislación del Estado para la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, para su debate en Pleno.
El referéndum es uno de los principales instrumentos de participación popular y de expresión de su voluntad en los modelos de democracia representativa, como los actuales. En consecuencia, debería ser un mecanismo normalizado de expresión política en cada una de las Administraciones con poder de decisión. Sin embargo, en el Estado español, esta normalización está obstaculizada de manera
incomprensible por la autorización previa estatal a cualquier referéndum de una Comunidad Autónoma o municipio.
El Parlamento catalán aprobó una Ley de Consultas que precisamente iba en el camino de la normalización de las mismas como mecanismo de profundización en la democracia. No obstante, la Ley fue impugnada por el Gobierno del PSOE y suspendida por el Tribunal Constitucional, dejando a Catalunya sin esta importante Ley para otorgar mayor poder de decisión a su población.
A pesar de ello, y más allá del cuestionamiento de que la propia Constitución española limite los mecanismos democráticos de decisión popular -como el referéndum- de manera tan restrictiva, en el marco de la propia CE se puede otorgar a Catalunya las competencias sobre la autorización de referéndums y, por tanto, permitir en toda su magnitud la Ley de consultas catalana e, incluso, aumentar su profundización democrática.
Extender el derecho de participación directa de la ciudadanía respecto a las decisiones y acuerdos sobre aspectos de especial trascendencia política que afecte al ámbito estricto de las Comunidades Autónomas, haría posible una articulación del poder evidentemente más participativa.
El Estatuto de Autonomía de Catalunya atribuye, en su artículo 122, a la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, el cumplimiento y la convocatoria por la Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, exceptuando los que la Constitución española reserva al Estado en virtud del artículo 149.1.32.
No obstante, el artículo 150.2 de la Constitución española habilita al Estado para transferir o delegar a las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación y, en consecuencia, depende sólo de la voluntad política del Parlamento español que la Generalitat de Catalunya asuma las competencias de ejecución de la legislación estatal para la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a transferir, en el plazo máximo de 6 meses, a través del artículo 150.2 de la Constitución española, a la Generalitat de Catalunya las facultades de ejecución de la legislación del Estado para la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum para que disponga de la facultad de someter las decisiones políticas de trascendencia especial al referéndum de la ciudadanía de Catalunya."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2012.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000429
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la crisis del sector lácteo, para su debate en Pleno.
El sector lácteo es un sector importante de nuestra agricultura y cobra el carácter de estratégico en algunas regiones, especialmente en la Cornisa Cantábrica. El entramado económico y social que forman ganaderías de leche, centros de recogida, industrias y distribución conforman el medio fundamental de subsistencia de miles de pueblos de España. Es un sector que mantiene más de 200.000 puestos de trabajo y tiene una cifra de negocio de 8.000 millones de euros.
Es un sector que vive una situación de crisis de extrema gravedad. Los precios percibidos por los ganaderos por la venta de la leche son muy inferiores a los costes de producción y esta situación lejos de
arreglarse se agrava día a día y ya perdura varios meses sin que se hayan adoptado por el Gobierno ninguna medida para paliar sus efectos negativos.
Las organizaciones agrarias españolas han informado al Ministro de Agricultura que están en riesgo de desaparición más de 10.000 explotaciones si no se toman medidas con urgencia. La rentabilidad de miles de explotaciones está en cuestión por lo que podrían cerrar en los próximos meses más de la mitad de las ganaderías lecheras españolas.
En el caso de Galicia, que tiene actualmente el precio de la leche más bajo de España, se ha informado del cierre de 10 explotaciones por día desde que comenzó la crisis.
La diferencia de esta crisis con las anteriores es que antes desaparecieron explotaciones de escasa dimensión, poco profesionalizadas y poco competitivas. Ahora están cerrando explotaciones dimensionadas, que han invertido en modernización, en adquisición de cuota y que, abrumadas por los costes y sobreendeudadas no pueden mantener la actividad. Estamos ante una crisis muy dura, sin precedentes y mucho más grave de la ocurrida durante el verano de 2009.
El origen de la crisis es muy diverso pero en los últimos meses ésta se ha acentuado debido al incremento del precio de las materias primas utilizadas en la alimentación animal, además del incremento de otros imputs como los costes energéticos. En el coste de producción de un litro de leche interviene en más de un 75 % el precio de la alimentación y esta se ha encarecido en más de un 30 % en lo que va de año y lo que supone un sobrecoste de 3 céntimos por litro de leche. Pese a este incremento de costes de producción, los precios percibidos por los ganaderos por la venta de la leche han caído, dando lugar a una situación insoportable para los ganaderos (el elemento mas débil de la cadena) al que no se le está dejando más salida que el cierre de sus explotaciones. El coste de producción de leche alcanza hoy los 0,36 euros por litro y el precio de venta de la leche está por debajo de 0,28 euros por litro. La situación es insostenible.
Somos un país deficitario en leche, que anualmente importa importantes cantidades de leche comunitaria y si esta situación continúa nos convertiríamos en un país absolutamente dependiente en un alimento básico para la población. España tiene una cuota láctea muy inferior a su consumo anual (75 %) por lo que de hecho nos convertimos en el sumidero de la leche excedentaria de Francia, Alemania y otros países europeos.
Desde el Congreso de los Diputados no podemos aceptar, que este es un asunto en el que solo se puede intervenir desde el acuerdo entre las partes que intervienen en el mercado. Consideramos que el Gobierno debe actuar y debe hacerlo con contundencia y con rapidez. Los acuerdos voluntarios que puedan alcanzarse entre productores, industria y distribución son bienvenidos, pero la responsabilidad de la administración no es delegable a las partes.
Proponemos que el Gobierno adopte una serie de medidas que deberán desarrollarse tanto en el ámbito de las políticas nacionales como en los ámbitos europeos.
1. Aprobar en Consejo de Ministros con carácter de urgencia un Plan de Medidas para paliar la crisis del Sector Lácteo que incluya, al menos, las siguientes:
- La puesta a disposición del sector de un paquete de ayudas directas a la renta calculada en función de la producción real, así como de una línea de financiación con créditos ICO subvencionados dirigidos fundamentalmente a la refinanciación de la deuda. Estas ayudas se complementarán con medidas fiscales y de Seguridad Social.
- Una actuación contundente de las Autoridades de Competencia para evitar toda práctica abusiva en la cadena alimentaria. El Gobierno garantizará que la leche no es utilizada como producto reclamo por la gran distribución y que no se realizarán ventas a pérdidas ni prácticas de dumping.
- La realización de un Plan de inspecciones en frontera y en industria de destino de todas las partidas de leche y productos lácteos importados de forma que se asegure la más estricta legalidad en el cumplimiento de la normativa de calidad y se eviten operaciones fraudulentas con leche en polvo o sueros de leche.
- Una intervención contundente en el mercado de materias primas para alimentación animal que evite la volatilidad de precios actual.
- La aplicación inmediata del denominado "Paquete Lácteo" con el objetivo de garantizar la recogida de toda la leche sometida a cuota, especialmente en lo referido a los contratos obligatorios y al establecimiento de un sistema organizativo en el sector que permita negociar conjuntamente los precios de la leche. El Gobierno apoyará la constitución de Organizaciones de Productores de leche dimensionadas.
- El establecimiento de la figura del "Mediador", con capacidad legal para intervenir en casos de desacuerdo entre el vendedor y comprador de leche.
- El establecimiento de un sistema de control e inspección que asegure que todas las operaciones de compra de leche se realizan sobre contrato y que en éste se incluya un sistema de referencia para el cálculo del precio teniendo en cuenta los costes de producción.
- Desarrollar una campaña de promoción del consumo de leche y productos lácteos.
2. Desplegar ante las Instituciones Europeas una estrategia de Estado que asegure:
- El incremento de la cuota láctea asignada a España, por lo menos hasta una cuantía que nos homologue con la media europea en la relación producción/consumo.
- Una actuación decidida en los mercados de materias primas que asegure el abastecimiento europeo a precios competitivos.
- Un tratamiento específico para el Sector Lácteo en la nueva PAC 2.013-2.020 que asegure su viabilidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado, Eduardo Madina Muñoz, María Luisa Carcedo Roces, María del Puerto Gallego Arriola, Alejandro Alonso Núñez, Julio Villarrubia Mediavilla, Francesc Vallès Vives, Juan Moscoso del Prado-Hernández y María Carmen Sánchez Díaz, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000430
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante el Pleno del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a reconsiderar la subida del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas de plantas vivas y flores, para su debate en Pleno.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, estableció un aumento del tipo impositivo general del IVA de 3 puntos y un aumento del tipo reducido de 2 puntos, mientras que el tipo superreducido permaneció invariable. Pero además, pasó a determinados bienes y servicios que hasta el momento tributaban por el tipo impositivo reducido al tipo impositivo normal. Uno de estos bienes son las flores y plantas.
Para el sector de las flores y plantas el tipo impositivo del IVA pasa del 8 % al 21 %, es decir, aumenta el impuesto en un 13 %, siendo una de las escasas producciones agrarias sometidas al tipo impositivo general.
La actual crisis económica ha tenido un impacto negativo general sobre toda la actividad económica y laboral. Sin embargo hay sectores en los que su incidencia ha sido mayor, como por ejemplo el sector de las flores, puesto que el gasto en dichos productos es más sensible a las medidas de austeridad que aplican tanto las economías domésticas, como las empresas o las instituciones públicas.
El sector de las flores es un sector económico y laboral relevante, factura unos 600 millones de euros al año. Aumentar el tipo impositivo en dichos productos en un 13 % afectará muy negativamente sobre las ventas y la producción, agravándose la crisis en las explotaciones agrarias dedicadas a la floricultura y propiciando un aumento de la economía sumergida en este sector.
Cabe destacar que en la mayoría de países donde el sector es representativo tienen tipos reducidos de IVA. Por ejemplo, en Francia y Alemania aplican un 7 %, en Bélgica y Holanda aplican un 6 %, en Italia un 10 %, en ningún caso, aplican un 21 %, como el caso español. Sólo Portugal aplica un 23 % y se ha reducido la recaudación a niveles inferiores a antes de aplicarse el incremento.
Cabe destacar que cuando Francia optó por subir el IVA aplicable a las entregas de plantas y flores al tipo general, tuvo que revocar la medida, por los importantes impactos negativos en ingresos y destrucción de empleo, que ocasionaba. Otro caso remarcable, es el de Holanda, donde se planteó el alza de tipos que nunca llegó a aplicarse, ya que un estudio demostró un impacto muy negativo sobre el sector.
Convergència i Unió siempre se ha manifestado en contra de la subida de impuestos, en el alza del IVA del Real Decreto-ley 20/2012 hay un alza transversal de la fiscalidad que se aplica a todos los sectores y que podría justificarse desde la perspectiva de reducir el déficit, pero hay también un alza de impuestos discriminatoria respecto a determinados bienes y servicios. Pasar la venta de flores y plantas ornamentales del tipo impositivo reducido al tipo impositivo general comporta discriminar específicamente a un sector, intensivo en mano de obra y muy afectado por la situación de crisis.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una modificación legislativa destinada a volver a aplicar el tipo impositivo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido a la entrega de flores y plantas ornamentales, revisando así el aumento del tipo impositivo aplicable a estos bienes, que contempla el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

References: artículo 2
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 artículo 20
 resolución 
 artículo 45
 artículo 193
 artículo 122
 artículo 149
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 193
 artículo 193