Source: http://goizargi.com/2004/sobreelpasadodebatedepg.htm
Timestamp: 2018-11-16 09:58:57+00:00

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SOBRE EL PASADO DEBATE DE POLÍTICA GENERAL
Resulta francamente difícil hacer un comentario crítico sobre el pasado debate de política general, celebrado en el Parlamento Vasco el 24 de septiembre. Un debate, sobredimensionado en su contenido político por la cuestión nacional, y en el que se volvieron a reproducir las posiciones archiconocidas de los actores intervinientes.
El profesor Francisco Garmendia ha presentado una comunicación en el pasado Congreso de Sociología, consistente en apuntar los valores asociados al concepto de democracia, en los medios de comunicación escrita. Después de una investigación sobre más de ciento cincuenta mil artículos, publicados en medios de comunicación escrita vascos y españoles, una de las conclusiones que se apuntan es que el discurso mediático sobre los valores democráticos esta mediatizado, de una forma decisiva, por la adscripción a una determinada comunidad política, de manera que lo que es la esencia propia de estos valores: la libertad, la igualdad, la seguridad, la participación, etc. aparece en un lugar secundario. La sobremediación nacional se convierte así, en un obstáculo para el encuentro democrático entre personas y grupos adscritos, de manera desigual, a proyectos nacionales distintos. Algo parecido podemos concluir del debate parlamentario vasco, en el que los distintos actores políticos se nos presentan como enquistados en sus posiciones de identidad nacional, sin avanzar en planteamientos democráticos, sobre los que resulta más fácil buscar afinidades. Más allá de ello, algunos, hasta parecen prestarse al juego demagógico.
El Lehendakari Juan José Ibarretxe llevó a cabo un discurso político, construido sobre la base de tres certezas, que quiso poner de manifiesto a la Cámara y, en definitiva, a los ciudadanos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
La primera certeza es que el Gobierno tripartito es el cauce central de la sociedad vasca, un proyecto político de futuro, asentado sobre dos pilares: el respeto a los derechos individuales y el reconocimiento del derecho de autodeterminación. En relación con esta última afirmación recuerdo haber expuesto, en algún otro artículo, mi mayor identificación con la posición sostenida por EAJ-PNV, en el debate que sobre esta cuestión que se llevó a cabo en la cámara vasca, en el que el ponente parlamentario defendía la improcedencia del reconocimiento de un derecho por un sujeto no legitimado para ello, como son las Cortes Generales. Sigo sosteniendo esta posición, tanto desde una perspectiva estrictamente doctrinal como estratégica, en la medida en que, el Parlamento de Madrid no ostenta la representación popular de los vascos y, la defensa de la autodeterminación, en términos de reconocimiento constitucional, nos introduce, directamente, en una posición de enfrentamiento directo con el estado y, también, en la estrategia de ETA, como recientemente nos los volvía a poner de manifiesto en su último comunicado: "Cuando los derechos de nuestro pueblo y de sus ciudadanos sean reconocidos y respetados, se habrá acabado el conflicto". Pero no merece la pena volver a incidir en un planteamiento ya conocido.
La segunda certeza consistía en informar a los ciudadanos vascos que el gobierno agotaría la legislatura.
Pero donde se produce la mayor innovación política es en la tercera, en el plus que introduce a su conocida tesis, de que la sociedad vasca va a ser consultada sobre su propio futuro. El Lehendakari la formulaba, textualmente, de la siguiente manera: "Si el parlamento vasco aprueba una propuesta de un nuevo estatuto político y las Cortes Generales no se avienen a un proceso de negociación, entonces solicitaré autorización a la Cámara para la celebración de una consulta general en referéndum que ratifique el proyecto aprobado, en su caso, por el Parlamento Vasco".
La afirmación está cuidadosamente medida e introduce un elemento añadido a su enunciación anterior, todavía no explicada del todo, consistente en que la consulta se celebraría en un escenario de ausencia de violencia. En la misma vamos a detenernos.
Se plantean dos condiciones:
1ª) Que el Parlamento apruebe una propuesta de nuevo Estatuto Político.
2ª) Que las Cortes Generales no se avengan a un proceso de negociación.
El articulo 46 del Estatuto de Gernika recoge el procedimiento de reforma estatutaria, en el que, después de atribuir la iniciativa al Parlamento, al Gobierno Vasco o a las Cortes Generales, exige que la propuesta haya de ser aprobada por el Parlamento por mayoría absoluta. Esta sería la hipótesis que plantea Ibarretxe: una situación política con un nuevo proyecto de estatuto aprobado en sede parlamentaria. Desde un perspectiva jurídica no se le puede poner ningún reproche, al seguir, fielmente, el procedimiento estatutario de reforma previsto.
Desde una perspectiva política podemos hacer algunas conjeturas:
1ª) Que el proyecto sea aprobado en esta legislatura, para lo cual resulta necesario el apoyo de Batasuna, en cuyo caso debiera de abrirse el proceso negociador con las Cortes Generales. Esta hipótesis se presenta como improbable por la negativa, manifestada por su portavoz parlamentario y, sobre todo por ETA, en su reciente comunicado: "No aceptamos ningún plan basado en la reforma del Estatuto de la Moncloa y en los intereses partidistas".
2ª) Que el proyecto no sea aprobado y se reclame el apoyo de las ciudadanos a la propuesta, mediante el apoyo a la coalición EAJ-EA, -tanto sea formal como material-, en las próximas elecciones. Esta tesis, que es la que se presenta con mayor grado de probabilidad, plantea la interrogante, que no se puede desdeñar, de que el tripartito no alcance los 38 escaños que necesita. Está por ver como se va a articular la presencia de Batasuna en las elecciones y si va a ser posible su participación electoral, mediante mecanismos que puedan obviar la aplicación de la antidemocrática ley de partidos. Es seguro que los partidos habrán hecho también la correspondiente extrapolación de votos y reparto de escaños, para el caso de que el MLNV no lograra encontrar los mecanismos jurídicos que posibilitasen su participación en la contienda electoral. Las preguntas surgen de manera natural, para el caso de un escenario en el que el tripartito no lograra los 38 escaños necesarios para alcanzar la mayoría: ¿cómo quedaría la legitimidad de un gobierno que carecería de los apoyos políticos necesarios para sacar adelante su principal bandera electoral?. Las respuestas en el modelo comparado, singularmente en el alemán, dejarían al futuro gobierno de coalición en una difícil situación política.
3º) La tesis del Lehendakari se sitúa en otra de las hipótesis probables: la de que se alcance la mayoría absoluta de la Cámara e, iniciada nuevamente la tramitación parlamentaria del proyecto estatutario, éste, a su vez, alcance la mayoría absoluta requerida por el artículo 46.1.b) del Estatuto.
En esta situación política se entra en el segundo de los condicionantes anteriormente anunciados, que las Cortes Generales del Estado no se avengan a la apertura de un proceso negociador, para su posterior presentación los ciudadanos vascos de la CAV, en orden a la ratificación o no del texto resultante. Las dificultades jurídicas resultan de la falta de previsión legal respecto al modo en que ha de operarse la negociación del proyecto estatutario. Únicamente el artículo 152.2 de la Constitución española, en relación con los estatutos aprobados por la vía del artículo 151, señala que: "Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes". La remisión de la disposición transitoria segunda, al proyecto elaborado de conformidad con el artículo 151.2, para los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado, afirmativamente, proyectos de estatutos de autonomía y contasen, al tiempo de promulgarse la constitución, con régimen provisionales de autonomía el caso vasco- nos lleva a la aplicación del precepto anteriormente mencionado.
El Estatuto tiene una naturaleza paccionada innegable, que requiere el acuerdo, el consenso, no solamente entre los propios vascos, sino, además y sobre todo, entre las instituciones que recogen la voluntad popular de vascos y españoles. El artículo 46 del Estatuto no aclara si el proyecto aprobado por nuestro parlamento debe ser sometido, sin modificaciones de ninguna clase, a la aprobación por las Cortes Generales. Sin embargo, la aplicación de los preceptos constitucionales citados en el apartado anterior y, singularmente, el proceso de elaboración estatutaria seguido para la redacción de los actualmente vigentes, el citado artículo 151.2, conlleva la necesidad de la apertura de un proceso negociador entre el Parlamento Vasco y la correspondiente comisión del Congreso. El supuesto planteado por el Lehendakari es muy concreto: un proyecto de reforma estatutaria elaborado y aprobado por nuestro Parlamento, sobre el que el Congreso se niega a aperturar el correspondiente debate. En esta situación nos encontraríamos, desde una perspectiva jurídico-política, con una quiebra de la naturaleza paccionada estatutaria por una de las partes: la Cámara baja estatal, que se negaría a abrir una negociación sobre la modificación del régimen autonómico vasco. Frente a esta negativa, no se puede alegar en defensa de la actuación del parlamento español, la relación bilateral estatutaria que lleva a la imposibilidad de su modificación si una de las partes no quiere y ello por dos motivos: uno de naturaleza política, consistente en que el Parlamento vasco es el genuino depositario de la voluntad popular de alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos y, por tanto, la solicitud de la reforma estaría avalada por la legitimidad de dicha voluntad y sujeta a la función legitimadora que debe exigirse de todo instrumento de esta naturaleza; y otro de naturaleza jurídica, derivado de la cláusula de salvaguarda contenida en la disposición adicional única del estatuto, que otorga a éste último una naturaleza instrumental y permite su permanente actualización.
El artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, de regulación de las distintas modalidades de referéndum, atribuye al Estado la competencia exclusiva para la autorización de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades y la residencia directamente en el Gobierno español, a propuesta de su presidente, salvo en el caso de que esté reservada por la Constitución al Congreso de los Diputados.
La consulta que plantea el Lehendakari se sitúa, en definitiva, al margen de la legalidad, pero, también, se opera en una hipótesis en la que el Parlamento español la habría previamente incumplido. Desde el punto de vista de la legitimidad democrática es difícilmente contestable, sobre todo para los que compartimos un sentimiento de identidad nacional vasco. Sin embargo, desde el punto de vista procedimental plantea la interrogante de la existencia de caminos previos que se desechan, con independencia de que su trazado sea tortuoso y, desde el punto de vista político, augura un escenario de confrontación llevado a límites extremos, no deseable en una escenario democrático, al confrontar legitimidad democrática con legalidad en un estado de derecho.
Que la reforma estatutaria resulta pertinente, parece una decisión comúnmente compartida por el arco parlamentario vasco, a excepción del PP y de SA, los primeros por su clásica posición inmovilista y reaccionaria, en lo que al autogobierno vasco se refiere, y los segundos, por su apoyo únicamente al preámbulo del texto que constituye un importante error estratégico del proyecto, al sostener, en un texto abocado al consenso, concepciones dogmáticas compartidas únicamente por los que tenemos una idea nacional de Euskalherria, e introducirnos en una línea política de deslegitimación estatutaria propia del MLNV.
En este sentido ha habido en el debate parlamentario intervenciones de contenido netamente electoral, cuando no demagógico: «No aceptaremos un Estatuto que deje al margen la soberanía y la territorialidad de Euskal Herria», «el autonomismo ha muerto».... El nacionalismo vasco ni ha sido soberanista ni autonomista, sino pactista. Es comprensible que los sentimientos de identidad nacional afloren en el curso de un debate político con pasión, porque la tensión entre las aspiraciones políticas que muchos compartimos y la realidad política cotidiana, que solamente viven aquellos que se dedican a la muy noble actividad pública, tiene que generar constantes situaciones de frustración cuando no de impotencia. Lo que es preocupante es que se pueda caer en la tentación que parece atisbarse en algunas posiciones de verse como salvaguardadoras del frasco de las esencias patrias.
Más de ochocientos treinta mil vascos dijeron que sí al Estatuto de Gernika, frente a los 480.000 que dijeron sí a la Constitución, texto, éste último, que únicamente alcanzó el voto favorable del 31,3% del electorado vasco, sin llegar en Gipuzkoa al 28% y con un índice de abstención en la CAV, de más del 50%. Corremos el peligro de que, llevados de nuestro afán de reforma, olvidemos que la legalidad de nuestras instituciones y la propia legitimidad de los que nos representan, provienen del Estatuto de Gernika que fué diseñado, pactado y refrendado a modo de texto estatuyente, que nos ha dado una percepción jurídico-institucional de nuestra identidad nacional y ha ofrecido una legitimidad democrática a nuestros representantes, como nunca hemos tenido en la historia. Desde esta concepción, resulta peligroso emplear argumentos que puedan introducir cuñas en la legitimidad democrática estatutaria, como el de que todos los vascos y las vascas que hoy tienen menos de 43 años, en su día, no tuvieron opción de votar el marco actual. Tampoco lo han hecho los norteamericanos con su Constitución, que permanece vigente desde 1787, con las distintas enmiendas a las que ha sido sometida y, sin embargo, nadie pone en tela de juicio su legitimidad democrática y su profundo arraigo en la sociedad norteamericana. Por otro lado, el porcentaje de abstención en la votación sobre el Estatuto de Gernika, es perfectamente equiparable al existente en otros procesos refrendarios sobre textos constitucionales. El propio referéndum sobre la Constitución española del 78 tuvo un voto favorable, en el conjunto del estado, del 59,4% del censo electoral y, constituciones como la italiana o la alemana del 49, no fueron sometidas a referéndum. A pesar de ello, nadie pone en tela de juicio su legitimidad democrática. Por consiguiente, parece razonable pedir que si bien la reforma estatutaria parece oportuna, deseable y necesaria, la pasión por su modificación no nos lleve a emplear argumentos que pueden volverse contra los que defendimos y fuimos los impulsores del Estatuto vasco.
Por terminar con las intervenciones habidas, únicamente un breve comentario sobre la sostenida por el portavoz socialista, Patxi López que solo puede calificarse como de decepcionante, en un discurso plagado de generalidades, sin ningún tipo de concreción ni planteamiento serios en relación con la propuesta de reforma del Estatuto. La posición del PSE sigue apegada a una tesis estática de mantenimiento del texto en su actual configuración, con una culminación del proceso de transferencias pendientes, de cuyo estancamiento ha sido el Partido Socialista en buena parte responsable: "Nuestra apuesta a favor de "Mas Estatuto" parte de la certeza de que el Estatuto lejos de estar agotado, contiene todavía un amplio recurrido y capacidad suficiente para darnos acomodo a todos". En este contexto, el texto elaborado por Guevara que, al día de hoy, no se conoce en su integridad por la opinión pública, y que el PSE no quiere convertir en un texto articulado, ni pasarlo por el filtro parlamentario, -la sede en la que está residenciada la voluntad popular de los vascos de la CAV-, se nos presenta más que un instrumento para el consenso y el desarrollo del autogobierno vasco, como un material de lucha demagógica, de cara a las próximas elecciones autonómicas. Seguimos, por tanto, encontrándonos con un socialismo vasco, rehén del PP en la cuestión nacional y, con un claro temor a diseñar una estrategia política propia que se aparte del principio de más España y más Estado.
"Será la propia sociedad vasca la que decida su futuro[...] ¡Qué maravillosa oportunidad para la actual generación de vascos y vascas el tener en nuestras manos la capacidad para decidir nuestro futuro!¡Qué gran ilusión el saber que vamos a ser los protagonistas principales del nuevo tiempo que ya hemos abierto!". Son expresiones que utilizó el Lehendakari y que más allá del tono optimista que emplean me generan una gran preocupación. Hay varias razones que fundamentan la misma. Las más simples de naturaleza material, porque, a partir de aquella ya clásica distinción en la ciencia política acerca de los límites materiales y formales de la soberanía, en un mundo globalizado como el que nos toca vivir, no existe ninguna sociedad en la actualidad, ni siquiera la norteamericana, con capacidad para decidir por sí misma su destino.
La cuestión más de fondo es como desde una perspectiva democrática los pueblos las colectividades definen su destino. Una respuesta a este planteamiento vino dada por la doctrina liberal-jacobina que tuvo su principal plasmación en el proceso revolucionario francés, en el que vino a sustituirse el Leviathan de Hobbes, por el concepto de voluntad general de Rousseau, ambas, con un planteamiento compartido de raíz, con la diferencia de que en el primero el poder absoluto se residencia en un órgano, el monarca, y en el segundo, en un ente abstracto, la comunidad, la república, a la que cada uno de los ciudadanos y los pueblos que la integran entregan sus derechos, surgiendo un cuerpo moral y colectivo, el sujeto de la soberanía, que es el único legítimo detentador del poder político. El liberalismo constitucionalista español, donde Rousseau ponía a la República, colocó al texto constitucional, de forma que para él la única forma de garantizar la igualdad y la solidaridad entre los ciudadanos y los pueblos del estado, era subordinando a todos a la Carta Magna, suprimiendo los privilegios: las leyes privadas. De esa filosofía trae su causa la conocida expresión abolitoria foral: "...sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía". Nada existe al margen de la constitución, todo y todos/as están subordinados a la misma.
La tradición vasca por el contrario tiene un ideal de libertad que va a la afirmación desde la negación. No se trata de dar expresión afirmativa de nuestra identidad, que tiene una realidad material, constatable, que ha permanecido y permanecerá y, que no tiene que definirse en oposición a otros sujetos, tal y como ocurrió cuando el absolutismo monárquico acuñó el concepto de soberanía para enfrentarse a la Iglesia, el Imperio y los señores feudales que le negaban el pan y la sal. Lo genuinamente vasco ha consistido en negar la ingerencia de cualquier otra voluntad ajena a la de sus ciudadanos/as que la limite o constriña, bien sea desde la imposición autoritaria, bien desde el encorsetamiento constitucional. Esto venía a ser de una manera muy simplificada el pase foral, cuya moderna expresión es el derecho de veto. ¡Negamos a cualquier texto constitucional legitimidad para condicionar nuestro destino, negamos a cualquier parlamento, ajeno al que es depositario de nuestra voluntad, legitimidad democrática para imponer sus decisiones sobre las del conjunto de los vascos!. Nuestra realidad como pueblo tiene su fundamento en la historia, en el euskera que es la principal manifestación de nuestra singularidad y, en nuestra voluntad de querer seguir siendo vascos y continuar manteniendo nuestras señas de identidad.
Lo que vayamos a ser los vascos, por tanto, no está en nuestras manos, sino que está sujeto a una enorme pluralidad de condicionantes ajenos a nuestra voluntad, entre los que destacan la realidad sociológica que en cada momento tengamos y las relaciones de poder a las que en que cada circunstancia histórica estemos sujetos. Por consiguiente, la única forma, de existir alguna, de garantizar nuestra pervivencia como pueblo, frente a las todopoderosas realidades estatales que en este momento histórico existen, no va a venir desde la radicalidad de la confrontación directa, reclamándonos sujetos soberanos, sino desde la oposición democrática a cualquier expresión de poder que pretenda negar la pervivencia y desarrollo de nuestra identidad como pueblo. En ese valor democrático podemos encontrar el acompañamiento de otros demócratas con sentimientos de identidad diferentes. Lo otro, a la único que puede conducirnos es a la frustración.
Deustu 2004-10-16

References: artículo 46
 artículo 152
 artículo 151
 artículo 151
 artículo 46
 artículo 151
 artículo 2