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Timestamp: 2018-08-16 04:39:16+00:00

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ABCES jurídico by Editorial CES - Issuu
Facultad de Derecho Decana Maria Jael Arango Barreneche Jefe División Educación Natalia Castrillón Gallego Coordinador Cendes León Mario Toro Cortés Editora Clara María Mira Editorial CES Roger David Sánchez Bravo Yulieth Maritza Restrepo Montoya
Cuando se alude al “A, B, C” de alguna ciencia, arte u oficio, se hace referencia a aquellos conocimientos elementales susceptibles de ser aprehendidos por cualquier persona no especialista en el Tema. En este sentido, la Facultad de Derecho de la Universidad CES se ha propuesto semestralmente poner al alcance de toda la comunidad universitaria, mediante concisos boletines periódicos (preparados por los estudiantes con la asesoría de sus profesores y escritos en un lenguaje sencillo y claro), los lineamientos esenciales de determinados tópicos jurídicos de interés general, cuyo conocimiento se espera sea de gran utilidad para todos los integrantes de la familia CES. ISSN 2619-6417
Universidad CES - Calle 10 A No. 22 - 04 - Conmutador: 4440555 - Medellín - Colombia - Suramérica
El contrato de seguro .................................................................. 1
Aspectos básicos sobre el arbitraje .......................................... 5 El habeas data en Colombia........................................................ 8
Reticencia en el contrato de seguro........................................... 11
El teletrabajo en Colombia.......................................................... 14
¿Son las exclusiones de índole estético de la póliza de responsabilidad civil cláusulas abusivas? .................................................................... 17
El contrato de seguro* David Correa Rodríguez** La necesidad de las personas de buscar reparo ante los riegos que las puedan afectar fue lo que generó el mecanismo de compensación o mitigación de riego que denominamos seguro; podemos afirmar entonces que, a mayor aversión del hombre hacia el riesgo, mayor será su afecto hacia el seguro que lo protegerá a él o a sus beneficiarios. Es la unión de muchas personas lo que permite crear el fondo con el cual se proveerá al pago de los siniestros, convirtiéndose así el seguro en seguro solidario, ya que con las primas de todos se pagan los siniestros de aquellos que lo sufren.
¿Qué es el contrato de seguro? El Código de Comercio Colombiano no define el contrato de seguro, simplemente señala sus características. Por lo anterior, podríamos decir, que el Contrato de Seguro es un contrato consensual, mediante el cual una persona jurídica denominada asegurador, autorizada por la ley, asume los riesgos de otra persona, denominada asegurado, a quien le pagará una prima a cambio de asumir un riesgo o un aleas.
¿Quiénes son parte en el contrato de seguro? a- El Asegurador: Es una persona jurídica, aseguradora, que asume la cobertura del riesgo de las personas tomadoras del contrato de seguro. b- El Tomador: Es la persona que contrata el seguro y quien firma la póliza. Puede contratar el seguro, bien por cuenta propia o ajena. El tomador del contrato de seguro, está obligado a asumir las condiciones del contrato, especialmente las referentes al pago de la prima. c- El Asegurado: Es la persona, titular del objeto, materia o aleas sobre cuyo riesgo recae el contrato de seguro. En otras palabras, es la persona sobre quién recae la cobertura del seguro. d- El Beneficiario: Es aquel que tiene derecho a recibir la prestación del asegurador. Es la persona sobre la que recaen los beneficios de la póliza pactada, por voluntad expresa del tomador.
*El ABCES que se presenta a continuación hace parte del trabajo de grado realizado bajo la asesoría del docente Juan Camilo Arroyave Cárdenas para optar por el título de Abogado. El ABCES fue revisado en su parte metodológica por la docente Clara María Mira González y en sus contenidos por la docente Carolina Montoya Londoño. **Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: dcr2205@gmail.com
¿Cuáles son las características legales del contrato de seguro? El contrato de seguro es consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, esto según lo estipulado en el Art. 1036 del Código de Comercio. a- Consensual: Porque para perfeccionarlo se requiere del consentimiento libre de vicios de cualquiera de las partes. b- Bilateral: Toda vez que se generan obligaciones para cada una de las partes. Siendo dos las principales. Por una parte, para la entidad aseguradora, la de pagar la indemnización una vez ocurrido el siniestro, y por otra, por parte del tomador, la de cancelar efectivamente la prima. c- Oneroso: Este contrato tiene por objeto la utilidad para todos sus intervinientes, gravándose cada uno en beneficio del otro, se grava la aseguradora con el siniestro y el tomador con la prima. d- Aleatorio: El contrato de seguro se califica como contrato aleatorio. Lo anterior, debido a que la prestación a cargo de uno de los contratantes – la asegurador - no guarda una relación de equivalencia con la del otro – el asegurado – Lo anterior, dado que la prestación está sometida a la ocurrencia incierta de un hecho futuro, hecho que de llegar a suceder mostraría una desproporción notoria entre las prestaciones que resultan a cargo de la aseguradora. e- De ejecución sucesiva: Porque las obligaciones se cumplen durante la ejecución del contrato. Si bien la de pagar el valor del Seguro puede ser en un solo instante, se pueden pactar varios instalamentos, y además existen otras obligaciones que se desarrollan junto con el contrato, como la de mantener el estado del riesgo. El profesor José Efrén Ossa Gómez, señala en su libro “Teoría General del Seguro” que: “Por ser de ejecución sucesiva, el contrato de seguro no admite la resolución por incumplimiento de las obligaciones o cargas que de él derivan, como acontece con los contratos de ejecución instantánea, sino la terminación…”1
¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de seguro? En el contrato de seguro, los elementos esenciales están consagrados en el artículo 1045 del Código de Comercio, siendo éstos: a) el interés asegurable, b) el riesgo asegurable, c) la prima o precio del seguro, y d) la obligación condicional del asegurador. Se establece además que, a falta de alguno de estos elementos, el contrato de seguro no surtirá efecto alguno, de ahí su importancia y necesidad, entendiéndose que de faltar uno de éstos, el contrato es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial. Analizaremos someramente cada uno de los elementos esenciales. 1. Ossa G., J. Efrén. Teoría General del Seguro. El Contrato. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1991, p. 41.
a- El interés asegurable: Relación jurídico-económica que debe existir entre el tomador del seguro con la cosa asegurada, sea un bien, la vida o el patrimonio de la persona. Se traduciría en el interés del tomador en que no ocurra el siniestro. b. El riesgo asegurable: Conforme al artículo 1054 del Código de Comercio riesgo es el “suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos inciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles no constituyen riesgo, y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva, respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. c- La prima: Es el precio del seguro, la contraprestación que el tomador debe pagar a la aseguradora por el riesgo que ésta asume. Se refiere a la suma resultante de aplicar la tarifa calculada sobre las bases de la probabilidad de ocurrencia del siniestro y de su cuantía posible. d- La obligación condicional del asegurador: Una vez ocurra el siniestro y siempre y cuando no medie una causal de inoperancia del contrato de seguro, corresponderá al asegurador pagar el valor del seguro, dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador.
¿Existe una definición en Colombia del contrato de seguro? En Colombia la ley no definió el contrato de seguro, lo que hizo fue describirlo, en el artículo 1036 del Código de Comercio que establece: “El seguro es un contrato consensual, bilateral, onerosos, aleatorio y de ejecución sucesiva”. Además, se pueden destacar otros elementos derivados de la evolución que universalmente han tenido estos contratos, el profesor José Efrén Ossa Gómez, señalaba en su libro “Teoría general del seguro: el contrato”, que el seguro es un contrato solemne, bilateral, oneroso y aleatorio de acuerdo con el artículo 1036 del código de comercio. En él intervienen: el asegurador, persona jurídica que asume los riesgos de acuerdo con el artículo 1037 del código de comercio, y el tomador quien traslada los riesgos a la aseguradora de acuerdo con los artículos 1037 y 1039 del mismo código, cuyos elementos esenciales son el interés asegurable (arts. 1083, 1137), el riesgo asegurable (art.1054), la prima (art. 1066) y la obligación condicional del asegurador que se transforma en real con el siniestro (art. 1072) solución que debe efectuarse dentro del plazo legal (art. 1080). Y que, si versa sobre un seguro de daños, no puede constituir para el titular el interés asegurable fuente de enriquecimiento (art. 1088), en tanto que, si concebido para cubrir riesgos personales, el valor del interés asegurado ha de consultar tan sólo el arbitrio de las partes.
Referencias República de Colombia. Gobierno Nacional. Decreto 410 de 1991. Por medio del cual se expide el código de comercio en Colombia. Ossa., E. (1991). Teoría General del Seguro. El Contrato. Editorial Bogotá: Temis. Palacios, F. (2007). Seguros Temas Esenciales. 3ª. Ed. Bogotá: Ecoe Ediciones – Universidad de la Sabana. Palacios, F. (2016). Seguros Temas Esenciales. 4ª. Ed. Bogotá: Ecoe Ediciones Univ. De la Sabana – Bogotá Colombia, (2016). Revisión metodológica: Clara María Mira González, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad CES.
Aspectos básicos sobre el arbitraje* Juan Sebastián Cardona Tinoco* El Artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, en un inciso 4, establece: “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.” (República de Colombia, 1991) De las figuras indicadas en precedencia, la del arbitramento ha generado entre la doctrina y los círculos de discusión del derecho, reacciones distantes entre los diferentes actores del mismo, pues, mientras algunos lo consideran como el mecanismo idóneo de administración de justicia, por la posibilidad de integrar el Tribunal con las personas de alto conocimiento en la materia objeto de litigio y, personas altamente calificadas en materias especializadas; otros lo consideran como una figura arcaica que no es más que una manifestación de los mecanismos de justicia privada, ya superados por el poder jurisdiccional del Estado. En razón a lo anterior, este escrito se centrará en los aspectos esenciales del arbitraje como mecanismo de solución de conflictos de naturaleza hetero-compositiva, que debe conocer la comunidad en general en aras de utilizar mecanismos alternos y en ocasiones mucho más eficientes que la jurisdicción ordinaria.
¿Qué es el arbitraje? La Ley 1.563 de 2.012, manifiesta en su artículo 1, que: “El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice.” En consonancia con lo dispuesto por la ley, es pertinente afirmar que, el arbitraje es el mecanismo de solución de controversias alterno a la jurisdicción ordinaria, de carácter oneroso (a excepción del caso del arbitraje social, regulado por el artículo 117 de la Ley 1563 de 2012), y, por audiencias, mediante las cuales las partes involucradas en un conflicto, delegan la solución de este a un número impar de abogados denominados árbitros, quienes tienen la facultad de administrar justicia para el caso concreto y profieren una sentencia que se denomina laudo arbitral.
¿Cómo se delega la resolución de un conflicto al arbitraje? Para acudir al arbitraje es necesario que exista un acto jurídico entre las partes, al cual se le ha denominado pacto arbitral, en el cual las partes intervinientes, manifiestan su intención de acudir a la justicia arbitral en reemplazo de la justicia ordinaria, esto, en virtud del principio de * El ABCES que se presenta a continuación hace parte del requisito solicitado por la Universidad CES al estudiante, como parte de su práctica profesional empresarial. Fue asesorado por el Doctor José David Arenas Correa. ** Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: cardona.tinoco@gmail.com
la autonomía de la voluntad privada, así, las partes intervinientes en un contrato pueden prever la eventual existencia de un conflicto e incluir una “cláusula compromisoria” en el contenido de su acuerdo, como también, una vez surgidas las diferencias entre las partes pueden suscribir un “contrato de compromiso”.
¿Qué es una cláusula compromisoria? La cláusula compromisoria es un acto jurídico de carácter autónomo e independiente al contenido de un acuerdo entre las partes, aún de encontrarse trascrito en él mismo, es decir, es un acuerdo entre las partes de un contrato para definir el trámite al que serán sometidas las controversias que se pudieren llegar a presentar en virtud del suscrito contrato. Así las cosas, puede la misma estar incluida en el contenido del acuerdo o ser pactada en documento independiente, siempre y cuando, se haga referencia a las partes intervinientes y el acuerdo específico al cual será aplicable el pacto arbitral.
¿Qué es un compromiso? El compromiso, es un documento mediante el cual, las partes, una vez surgido el conflicto, determinan que someterán la resolución del mismo a la justicia arbitral. Dado su carácter consensual, el compromiso, según lo dispone la Ley 1263 de 2012, podrá constar en cualquier documento, que contenga: 1. Los nombres de las partes. 2. La indicación de las controversias que se someten al arbitraje. 3. La indicación del proceso en curso, cuando a ello hubiere lugar. En este caso las partes podrán ampliar o restringir las pretensiones aducidas en aquel.
¿Por qué someter un asunto a la decisión de un tribunal de arbitramento? Son muchos los motivos que pueden llevar a las partes a realizar un pacto arbitral, así que se enunciaran algunos de los más relevantes. a- Duración del trámite: Según lo dispone la Ley 1263 de 2012, salvo manifestación en contrario, el término del proceso arbitral será de seis (6) meses después de finalizada la primera audiencia de trámite, prorrogables máximo hasta seis (6) meses más. b- Especialización e idoneidad: Los árbitros, naturalmente, son expertos en los asuntos objeto de discusión, con alta trayectoria profesional y calidades jurídicas y morales, que dan garantía a las partes respecto al solucionador de su conflicto. c- Plenos efectos legales: El laudo arbitral se asemeja a una sentencia y, por lo tanto, la decisión tomada por los árbitros es de obligatorio e inmediato cumplimiento.
d- Imparcialidad: Los árbitros son profesionales independientes que deben asumir los poderes de juez solo para el caso concreto, brindando así a las partes todas las garantías procesales.
Referencias República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1.563 de 2.012. “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones.” Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html. (mayo de 2017) Gaviria, E. (1989). Lecciones de derecho comercial (Tercera Edición). Medellín: Biblioteca Jurídica DIKE. República de Colombia. Constitución Política de 1991. Versión digital disponible en: http:// www.secretariasenado.gov.co (mayo de 2017). Revisión metodológica: Clara María Mira González, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad CES.
El habeas data en Colombia* Laura Álvarez Jiménez** La tecnología ha evolucionado notoriamente en el trascurso de los siglos y ha perfeccionado la protección de la intimidad y de la información de las personas naturales. La protección del derecho de Habeas Data como derecho constitucional y autónomo es de gran relevancia para el mundo jurídico porque sanciona las conductas que van en contraposición del derecho a la intimidad y a la información, pese a que la legislación colombiana recién empieza a incursionar en este concepto con la expedición de leyes y decretos como inicio para proteger esta materia.
¿Qué es el habeas data? Según la Sentencia T-729/02 de la Corte Constitucional “El ámbito de acción o de operatividad del derecho al habeas data o derecho a la autodeterminación informática, está dado por el entorno en el cual se desarrollan los procesos de administración de bases de datos personales”, en tal sentido el Habeas Data es un derecho que tiene la persona natural para controlar la información que de ellas se almacena en bases de datos públicas o privadas y saber a quienes les ha suministrado dicha información.
¿Cuáles son los antecedentes del habeas data? El hábeas data se remonta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dispone que toda persona debe ser protegida contra injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, domicilio o correspondencia o contraataques a su honra y reputación. Este derecho viene pregonándose en Colombia mucho antes de la Constitución de 1991. Desde ese entonces se hablaba de la necesidad de proteger los datos de las personas, pero los intentos legislativos por regular la figura fueron infructuosos hasta 2008 cuando se inicia su regulación.
¿Qué es un dato personal? Es aquel que permite identificar a una persona diferenciándola de otra y que solo es relevante para el titular.
¿Cuál es la norma actual que regula el habeas data? Ley estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”. *El ABCES que se presenta a continuación fue asesorado por el docente Diego Martín Buitrago Botero. **Estudiante de décimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: lauraalvarezjimenez@gmail.com.
¿Quiénes son titulares de la protección de habeas data? Toda persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento, de igual manera este titular debe autorizar previamente el tratamiento de datos, los cuales puedan ser objeto de consulta. Según el artículo 15 de la carta política, en el cual se evidencia el habeas data entendido como el derecho de las personas a “conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas”, se vincula directamente con los derechos a la intimidad y buen nombre a los que se refiere el primer enunciado.
¿Es un deber informar al titular el tratamiento de sus datos? Sí, es un deber, se le debe informar de una forma expresa el tratamiento de sus datos personales, los derechos que posee como titular, identificación dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento, también el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes. (Ley 1581 de 2012 art. 4 lit. b, art. 9 y 11).
¿A quién podrá suministrarse la información del titular? 1. A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales 2. A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; 3. A los terceros autorizados por el Titular o por la ley. (Ley 1581 de 2012 art. 13).
¿Puedo reclamar si la información en la base de datos debe ser: corregida, actualizada o suprimida o cuando haya presunto incumplimiento de la Ley 1581 de 2012? Sí, el reclamo se formula mediante solicitud dirigida al responsable del tratamiento, el término máximo para atenderlo será de 15 días hábiles contados a partir de la fecha del recibido, en caso de que no sea posible atender el reclamo dentro del término previsto se le informa al interesado los motivos de la demora y la fecha en la que se va a atender el reclamo el cual no puede superar los 8 días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. ¿Si el reclamo no me ha sido favorable que otro mecanismo podría utilizar? La queja, la cual se lleva ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez se agote el reclamo.
¿La Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer sanciones? Sí, tal y como lo establece el artículo 23 de la ley estatutaria 1581 de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y también puede suspender las actividades relacionadas con el tratamiento de datos hasta por un término de seis (6) meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán adoptar, bien sea, el cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento de datos. Una vez transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio, puede ordenarse el cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos sensibles.
Referencias Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de 1991. Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125. (marzo de 2017). República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”. Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981. (marzo de 2017). Observatorio Ciro Angarita Barón sobre la protección de datos en Colombia. Versión digital disponible en: https://habeasdatacolombia.uniandes.edu.co/. (marzo de 2017). Organización de Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas de 1945. Versión digital disponible en: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf. (mayo de 2017). República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-729/02 . M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Versión digital disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2003/C-354-03.htm. (marzo de 2017). Revisión metodológica: Clara María Mira González, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad CES.
Reticencia en el contrato de seguro* Laura Catalina Moscoso Cardona** El Contrato de Seguro ha tenido un gran avance social, y ostenta una mayor acogida ante la sociedad, así entonces, se ha evidenciado la trascendencia económica y social de la actividad aseguradora en el país. Sin embargo, hay un desconocimiento por parte de la comunidad referente a la reticencia e inexactitud en el contrato de seguro, motivo por el cual buena parte de la comunidad desconoce lo que sucede cuando se proporciona información falsa o información inexacta en la etapa precontractual del Contrato de Seguro, entendiendo que es en esta etapa, en la que la técnica jurídica aseguradora determina sus obligaciones basándose en la confianza legítima y en el principio de buena fe de las partes contratantes. En razón de lo anterior, el objetivo claro para esté ABCES jurídico, es informar a la comunidad de qué se trata la reticencia en el Contrato de Seguro, debido a que desde sus orígenes el Seguro fue concebido como una necesidad, y teniendo en cuenta que en la actualidad ha tomado más fuerza, es necesario que los consumidores conozcan acerca del tema para que - de esta manera - no se dé una posición dominante por parte de las aseguradoras frente a los tomadores y/o asegurados.
¿Qué es reticencia? El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que la Reticencia viene del latín reticens, y su significado hace referencia al: “Efecto de no decir sino en parte, o de dar a entender claramente, y de ordinario con malicia, que se oculta o se calla o algo que debiera o pudiera decirse”.
¿Qué es la Reticencia en el Contrato de Seguro? Tanto en el Contrato de Seguro como en los demás contratos, cuando las partes manifiestan su deseo de suscribirlo, surgen para las partes una serie de obligaciones y deberes, especialmente en la etapa pre- contractual donde ambas partes asumen cargas contractuales reguladas legalmente por medio del principio de buena fe contractual y pre- contractual. Cuando se cumple con los presupuestos básicos exigidos en materia aseguradora se está frente a un actuar responsable, donde ambas partes de manera libre expresan su consentimiento, pero cuando dichos postulados básicos de la responsabilidad pre – contractual se infringen, podría conducir el contrato de seguro al fracaso, debido a que existiría duda en la obligatoriedad de ejecutar las obligaciones principales de las partes y, además, se podría generar una sanción a la parte que actuó de manera irresponsable durante dicha etapa del contrato. *El ABCES que se presenta a continuación fue asesorado por el docente Diego Martín Buitrago Botero. **Estudiante de décimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: lauraalvarezjimenez@gmail.com.
Siendo entonces la información un elemento importante en el Contrato de Seguro, dado que es altamente incidente en la formación de éste y en la determinación especifica de las obligaciones a las que éste dará lugar, entendiendo así, que la información brindada por el tomador, debe consistir en forma tal que dé cuenta de un efectivo conocimiento del estado real del riesgo que ostenta, y así suministre a la Entidad Aseguradora toda la información requerida por esta, para de esta forma lograr una determinación adecuada de la situación del riesgo para dicha entidad pueda valorarlo y determinar de esta manera el monto de las obligaciones que regirán el contrato. De lo anterior, es posible deducir que el tomador del contrato de seguro debe asumir una conducta sincera al momento de informar a la Entidad Aseguradora la situación y el estado del riesgo, “No obstante lo aleatorio del contrato, la ley procura un tratamiento de equilibrio entre el riesgo que asume el asegurador y la contraprestación a cargo del tomador”1 Esta condición es señalada igualmente en el artículo 1058 del Código de Comercio, donde se enuncia que el tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo. Así entonces, se está procurando proteger de al asegurador, debido a que es a éste a quien le interesa saber realmente cual es tal estado, no sólo para definir si acepta otorgar el cubrimiento solicitado, sino para tasar en forma ajustada a la realidad, el precio de la cobertura. No obstante, así la ley exija que el tomador sea quien suministre la información por ser quien en efecto conoce el verdadero estado del riesgo, esto no desplaza toda la carga de informar al tomador. Esto teniendo como base lo determinado por el inciso final del artículo 1058 del Código de Comercio en el cual se regula que: “Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente.” 2 Así las cosas, es posible expresar que se configura reticencia cuando el asegurado incumple su deber de ser exacto en sus declaraciones (falsa declaración) o de informar todas las circunstancias por él conocidas, por omisión u ocultamiento, por negligencia o incorrecta apreciación de que resultaban indiferentes.3
¿Cuáles son las formas de reticencia en el contrato de seguro? A continuación, brevemente expondré las clasificaciones de las declaraciones del tomador del seguro, teniendo en cuenta que sean reticentes o inexactas, así: - Declaración Inexacta: Implica una discordancia objetiva entre la declaración expresa y la realidad del hecho o circunstancias que sobre ella recae. Entendiendo entonces que la inexactitud requiere que se dé una conducta del tomador en potencia, encaminada a distorsionar la verdad de los hechos o circunstancias objeto del seguro. El asegurado, voluntaria y culposamente hace declaraciones que no son verídicas acerca de los riesgos. 1. Corte Suprema de Justicia. 33 Sala de Casación Civil Sentencia Expediente No. 4923 del 19 de Mayo de 1999, p. 1). 2. Artículo 1058, del Código de Comercio. 3. La reticencia en el Contrato de Seguro de Vida a la luz de los nuevos proyectos.
- Declaración Reticente: Se puede definir como el efecto de dar a entender con malicia, que se calla u oculta algo que debiera o pudiera decirse; lo cual implica una omisión por parte del tomador quien calla intencionalmente información relevante para la calificación del estado del riesgo, pudiendo dejar respuestas en blanco dentro del cuestionario brindado por la Entidad Aseguradora o no presentado dichas circunstancias dentro de la declaración espontánea.
Referencias Acosta, M.L. y Cavanna, L. I. (2014) “La reticencia en el contrato de seguro de vida a la luz de los nuevos proyectos”. En: Revista de la facultad de Derecho de la Universidad de Uruguay, No. 37, p. 53 -78. República de Colombia. Decreto 410 del 27 de marzo de 1971, “Por medio del cual se expide el Código de Comercio de Colombia. Versión digital disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102. (marzo de 2017) Palacios, F. Seguros Temas Esenciales (Tercera Edición). Bogotá, Universidad de la Sabana. República de Colombia. Corte Suprema de Justicia (2013). Revisión N° 39.565. Magistrado Ponente: Gustavo Enrique Malo Fernández. Versión digital disponible en: Revisión metodológica: Clara María Mira González, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad CES.
El teletrabajo en Colombia María Alejandra Buelvas Martínez* Natalia Eugenia Gómez Rúa** Las siguientes preguntas contribuyen a resolver algunas inquietudes generadas a partir de la implementación de esta modalidad de trabajo consagrada en el régimen laboral colombiano. Ha sido utilizada por personas interesadas en adecuar sus estilos de vida a las necesidades personales, familiares y profesionales.1 Por otra parte, diferentes empresas alrededor del mundo la han utilizado para mejorar su productividad y al mismo tiempo reducir costos.2 También puede ser útil como medida para reducir la contaminación ambiental y mejorar la movilidad en las regiones.
¿Qué es el teletrabajo? En el ámbito internacional se ha definido así: “El teletrabajo es una forma flexible de organización del trabajo (…). Engloba una amplia gama de actividades y puede realizarse a tiempo completo o parcial. La actividad profesional en el teletrabajo implica el uso frecuente de métodos de procesamiento electrónico de información, y el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa.”3 En la legislación colombiana se consagra como “una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo.”4
¿Qué normas regulan el teletrabajo en Colombia? El teletrabajo se encuentra regulado en la Ley 1221 de 2008 y reglamentado en los Decretos 884 de 2012 y la Resolución 2886 de 2012.
¿Cuáles son las formas de teletrabajo en Colombia? De acuerdo al artículo 2 de la Ley 1221 de 20085, son las siguientes: - Autónomos son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional, puede ser una pequeña oficina, un local comercial. En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de la empresa y sólo acuden a la oficina *Estudiante de décimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: malejab_08@hotmail.com **Abogada. Magíster en Derecho. Especialista en Derecho de la Seguridad Social. Docente Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: ngomez@ces.edu.co 1. Guillermo Caro, Mónica Zega de Krutli, y Horacio Dal Dosso, «Teletrabajo: un estilo de vida», en Segundo Congreso Iberoamericano de Teletrabajo. Yacimiento global de trabajo sin fronteras. Del, vol. 1, 2007, 12, http://www.hdosso.com.ar/ITT.pdf. 2. Eduardo Castillo Builes, «Teletrabajo, una opción de productividad y eficiencia real para las organizaciones», Revista Virtual Universidad Católica del Norte, n.o 31 (2010): 1–5. 3. M Gray, N Hodson, y Otros, El teletrabajo, 1a ed. (Madrid: Telecomunicaciones, ECTF y Fundación Universidad Empresa, 1995). 4. Congreso de la República de Colombia, «Ley 1221 de 2008», Pub. L. No. Diario Oficial 47052 de julio16 de 2008, 5 (2008), http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/ normas/Norma1.jsp?i=31431. 5. Ibid., 3.
en algunas ocasiones. -- Móviles son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las Tecnologías de la Información y la comunicación, en dispositivos móviles. -- Suplementarios, son aquellos teletrabajadores que laboran dos o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en una oficina.
¿Qué reglas específicas se deben considerar en los contratos laborales de teletrabajadores? Por regla general no se aplican las horas extras y el trabajo nocturno1. En caso de pactarse se deben pagar conforme a la Ley y tener en cuenta el máximo de horas extras (10) establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo2 para cualquier trabajador en Colombia. Se aplican los principios constitucionales consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política3 sobre igualdad salarial, protección contra discriminación, seguridad social, edad mínima para trabajar, estabilidad laboral reforzada por maternidad y discapacidad, entre otros.
¿Qué aspectos de seguridad y salud en el trabajo deben tenerse en cuenta para la implementación del teletrabajo? De acuerdo con la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, que regulan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), es importante tener en cuenta lo siguiente: - La modalidad de teletrabajo debe incluirse en la política de seguridad y salud en el trabajo. - Identificarse los factores de riesgos a los cuales se encuentra expuesto el teletrabajador. - Debe de estar articulado el SG-SST, el reglamento interno de trabajo y el contrato laboral respecto a las condiciones en las cuales se realiza el teletrabajo. - La matriz legal debe evidenciar el cumplimiento de las normas de teletrabajo. -Se recomienda en el plan de capacitaciones, incluir actividades dirigidas a esta población trabajadora. -En general debe aplicarse el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). Es un grupo de trabajadores que requieren un seguimiento y acompañamiento permanente en materia de prevención en riesgos laborales por sus actividades fuera de los espacios físicos de la empresa.
¿Se requiere un contrato especial para el teletrabajo? De acuerdo al artículo 6 de la Ley 1221 de 2008 y el artículo 3 del Decreto 0884 de 2012, debe cumplir con los lineamientos generales de cualquier contrato laboral en Colombia. Adicionalmente 6. Congreso de la República de Colombia, Ley 1221 de 2008. 2. Congreso de la República de Colombia, «Ley 50 de 1990» (1990), http://www.secretariasenado.gov.co/senado. 3. Asamblea Nacional Constituyente, «Constitución Política de Colombia» (1991), http://normograma.sena.edu.co/docs/pdf/constitucion_politica_1991.pdf.
se debe especificar: 1. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y si es posible de espacio., 2. Determinar los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal. 3. Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo. 4. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador.1
¿Es lo mismo el trabajo en casa y teletrabajo? La modalidad de trabajo en casa puede confundirse con el teletrabajo autónomo o suplementario en razón a que el lugar de trabajo puede ser la residencia del trabajador. Es usual que algunas empresas permitan que sus trabajadores desarrollen algunas actividades en su casa porque así lo permiten las funciones para las cuales son contratados (ejemplo: publicar artículos, presentar informes), lo cual dentro del marco de las relaciones laborales es legal y puede mediar permisos escritos o verbales según lo considere el empleador para efectos del SG-SST. Esta forma podría denominarse trabajo en casa. Por otra parte, se encuentra el teletrabajo que en las modalidades explicadas requiere la adecuación del puesto de trabajo por parte del empleador, esto es, verificar que se cumplan las condiciones físicas, dotar con los elementos de trabajo y especialmente de las TIC en el espacio de la casa del trabajador porque se entiende que su utilización es indispensable para las tareas que desarrolla según el contrato laboral. Revisión metodológica: Clara María Mira González, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad CES.
1. Congreso de la República de Colombia, Ley 1221 de 2008, 2.
¿Son las exclusiones de índole estético de la póliza de responsabilidad civil cláusulas abusivas? Sara González Calle*
¿Cuál es la noción del contrato de seguro? El Código de Comercio Colombiano en su artículo 1036 consagra que el contrato de seguro es “un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva”. Sin embargo, seguido de estas características legales, el contrato de seguro cuenta con unas características de índole doctrinal o de desarrollo jurisprudencial como son el carácter de contrato principal, personal, indivisible, con buena fe en el mismo, intuito personae y con una naturaleza de ser un contrato de adhesión. El contrato debe ser interpretado en forma similar a las normas legales y sin perder de vista la finalidad de cobertura del riesgo, el contrato de seguro es de interpretación restrictiva y por eso en su ámbito operativo, para determinar con exactitud los derechos y las obligaciones de los contratantes, es de entenderse como conjunto sistemático de condiciones generales y particulares que los jueces deben examinar con cuidado, especialmente en lo que tiene que ver con las cláusulas atinentes a la extensión de los riesgos cubiertos en cada caso y su delimitación, todo ello, permitiendo establecer que frente a la definición del concepto de contrato de seguros. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia T 751 de 2011 señaló cual es la definición de contrato de seguro adoptada por esa corporación, toda vez que de acuerdo con este tribunal el ordenamiento jurídico colombiano no contiene ninguna definición expresa con respecto a este tipo de vínculo contractual, motivo por el cual ha acudido reiteradamente a la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia la cual ha conceptuado lo siguiente: ... Aun cuando el Código de Comercio vigente en el país desde 1.972 no contiene en el Título V de su Libro Cuarto ninguna definición expresa del contrato de seguro, lo cierto es que con apoyo en varias de las disposiciones que de dicho Título hacen parte, y de modo particular en los artículos 1037,1045,1047,1054,1066,1072,1077 y 1082, bien pude decirse, sin ahondar desde luego en mayores detalles técnicos para el caso impertinentes, que es aquél negocio solemne, bilateral, oneroso, aleatorio y de tracto sucesivo por virtud del cual una persona –el asegurador- se obliga a cambio de una prestación pecuniaria cierta que se denomina “prima”, dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, a indemnizar al “asegurado” los daños sufridos o, dado el caso, a satisfacer un capital o una renta, según se trate de seguros respecto de intereses sobre cosas, sobre derechos o sobre el patrimonio mismo, supuestos en que se les llama de “daños” o de “indemnización efectiva”, o bien de seguros sobre las personas cuya función, como se sabe, es la previsión, la capitalización y el ahorro (...)
*Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: sarisgc95gmail.com
¿Cómo se denominan las exclusiones del contrato de seguro? Son las disposiciones de una póliza de seguro que establecen aquello por lo que no pagará indemnización la compañía aseguradora por no haber establecido esta cobertura.
¿Qué es la póliza de Responsabilidad Civil? La póliza de Responsabilidad Civil es un seguro patrimonial, es decir, un seguro real perteneciente a la subclasificación de los seguros de daños, el que puede resultar afectado de manera directa o indirecta por la materialización del riesgo en el patrimonio de la persona. La póliza de responsabilidad civil tiene cobertura sobre aquellos sucesos que se manifiestan durante su vigencia, amparando todos los diferentes perjuicios de índole patrimonial.
¿En qué consiste la cirugía plástica con fines estéticos? El objetivo que se tiene con este tipo de procedimientos es de dos tipos, a) el primero busca lograr la naturalidad en la persona o paciente que, a causa de una malformación congénita o por un accidente, ha perdido total o parcialmente la función de la parte afectada, noción que al materializarse evidencia la cobertura de la póliza de Responsabilidad Civil, lo que demuestra la no exclusión de esta; b) el segundo, consagra la cirugía plástica con fines estéticos como aquella que busca no solo la mejoría del aspecto tanto físico como funcional, sino también la mejoría en la parte estética como tal, es decir, en remodelar los cuerpos, corregir los defectos físicos e insatisfacciones, sin que eso implique una alteración funcional. Pese a que la sociedad colombiana de cirugía plástica estética, establece que, en la cirugía plástica con fines estéticos, al igual que las demás especialidades médicas, el médico cumple con la finalidad de dicha cirugía, realizando diligentemente su actividad de acuerdo con su conocimiento y experiencia aun cuando no se obtenga exactamente el resultado esperado.1, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil con ponencia del Doctor Arturo Solarte Rodríguez, en sentencia del 5 de marzo de 20013, afirma que en la cirugías plásticas con fines estéticos, las obligaciones son de resultado, teniendo en cuenta que si el resultado final obtenido no es satisfactorio al paciente, el médico no ha cumplido a cabalidad la prestación contratada, consistente en materializar o en hacer tangible lo ofrecido en él, generando una frustración al paciente (hecho dañoso) y, por lo tanto la responsabilidad civil del profesional y su patrimonio pues debe reparar de manera integral los perjuicios ocasionados, para lo cual se acreditará que el resultado prometido no se consiguió. Dicho aspecto consagra que la no protección de las aseguradoras sobre el riesgo transferido a ellas o la prestación contratada como dice la Corte evidencian la falta de cobertura de la póliza de Responsabilidad Civil, específicamente, por el hecho de que dichas pólizas plantean como una exclusión de cobertura o garantía, dentro del negocio jurídico entre la entidad aseguradora y el tomador del seguro la corrección, protección y todo aquello que se derive de cirugía.
1. En este sentido, El médico al valorar, diagnosticar, prescribir, aunque no se comprometa con la curación, presta - conforme con lo que recomienda la ciencia médica para cada caso en particular - con responsabilidad, con oportunidad, con diligencia, con prudencia y con pericia, el servicio como médico
¿Cómo se definen las Cláusulas Abusivas? De acuerdo con el Capítulo III, artículo 42 del Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, define las cláusulas abusivas como “Son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos”. (Budí, 2015) (Superintendencia financiera de industria y comercio)
¿Cuáles son los supuestos para identificar las cláusulas abusivas? De acuerdo con el estatuto del consumidor, consagrado en la Ley 1480 de 2011, se establecen los siguientes supuestos para identificar las cláusulas abusivas: “a) El condicionamiento al consumidor financiero por parte de la entidad vigilada de que éste acceda a la adquisición de uno o más productos o servicios que presta directamente o por medio de otras instituciones vigiladas a través de su red de oficinas, o realice inversiones o similares, para el otorgamiento de otro u otros de sus productos y servicios, y que no son necesarias para su natural prestación. b) El iniciar o renovar un servicio sin solicitud o autorización expresa del consumidor. c) La inversión de la carga de la prueba en caso de fraudes en contra de consumidor financiero.”
¿Son las exclusiones de índole estético de la póliza de Responsabilidad Civil cláusulas abusivas para la doctrina? Teniendo en cuenta lo expresado por el doctrinante José Antonio Ballesteros Garrido, la definición de cláusulas abusivas constituye un concepto jurídico indeterminado que obliga, a que en cada supuesto deba hacerse una valoración de una serie de circunstancias e intereses en conflicto, lo que en ocasiones puede ser extraordinariamente complejo; tal y como lo es en la interpretación que se quiere hallar sobre el aseguramiento de la cirugía plástica con fines estéticos. Es así, como dentro de este marco, resulta pertinente lo expresado conforme a la Superintendencia Financiera de Colombia, donde encontrar la exclusión de responsabilidad recae en dos circunstancias, por defectos de calidad y vicios redhibitorios, lo que genera que esa sola circunstancia, de por sí, se torne abusiva o vejatoria, demostrando con esto que las exclusiones generan una significativa inestabilidad de cara a los derechos, la protección, la estabilidad y las obligaciones que contraen las partes en el momento de la obtención del seguro. La teoría de las cláusulas abusivas surge como un mecanismo para recomponer el equilibrio jurídico roto, existiendo diferentes criterios para su aplicación en el derecho colombiano, según se trate de contratos de adhesión con consumidores o de contratos de adhesión entre empresarios (o no consumidores); pero para el caso, entre consumidores.
Con relación al fundamento jurídico de la teoría de las cláusulas abusivas encontramos que existen dos posiciones al respecto: la primera considera que la teoría de las cláusulas abusivas está edificada sobre la teoría del abuso del derecho, entendido como ejercicio abusivo de la libertad contractual, es decir, son consideradas como abusivas todas las cláusulas, impuestas por el predisponente (parte fuerte), el asegurador, en ejercicio de su libertad contractual al adherente (parte débil), tomador o beneficiario del seguro, en cuanto alteren, de manera injustificada, el equilibrio jurídico del contrato, por entenderse que la libertad contractual ha sido ejercida de manera abusiva en perjuicio de los intereses del asegurado. La segunda posición sostiene que el fundamento de la teoría de las cláusulas abusivas se encuentra en el principio de la buena fe, de acuerdo con el cual los contratantes no solo deben actuar con la intención de no vulnerar ningún interés jurídicamente tutelado por el derecho, sino que deberán comportarse también con lealtad, honestidad, diligencia y responsabilidad en todas las relaciones jurídicas que establezcan y durante todas las etapas del contrato suscrito, para que el contrato se establezca como el medio idóneo para la satisfacción de los intereses individuales de las partes.1 Por otra parte, se puede evidenciar como forma de regulación de las cláusulas abusivas los conceptos de lista gris, cláusulas-principios, prohibición general de abuso y cláusulas abusivas generales, donde el legislador de manera general y abstracta expone el supuesto de hecho de la norma como un “desequilibrio injustificado”, donde se deja al juez, con la ayuda de variados criterios metodológicos o de principialística del derecho (proporcionalidad, racionalidad o razonabilidad), para que a su potestad especifique la abusividad de una determina cláusula teniendo en cuenta las particularidades del contrato de seguro contraído.
¿Quién expide las pólizas de Responsabilidad Civil? De acuerdo con el decreto 663 de 1993, cualquier aseguradora debidamente constituida y autorizada por la Superintendencia Financiera para explotar este ramo, puede expedir pólizas de responsabilidad civil.
¿Qué aseguradoras en Colombia expiden Pólizas de Responsabilidad Civil? QBE, Pan American Life, Equidad, Suramericana, Maffre, Liberty seguros, entre otras.
¿Qué alcance tienen las cláusulas abusivas? Las cláusulas abusivas, van más allá de la simple interpretación normativa y los límites planteados por las normas del Estatuto del Consumidor, ello en atención a que los anteriormente mencionados no generan la protección suficiente, permitiendo incluso que el amparo y protección de las pólizas de responsabilidad civil se conviertan en un farsa legal con protección mínima en lo que respecta a las cirugías estéticas con fines de embellecimiento, toda vez que muchas de estas exclusiones podrían ser manifestadas y/o argumentadas a la luz de la legislación Colombiana como cláusulas abusivas puesto que presentan un desequilibrio para el consumidor. 1. Al respecto puede consultarse a Camilo Posada Torres en el artículo titulado: “Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en el derecho colombiano”
En pro de todo lo anterior, la póliza de Responsabilidad Civil como seguro patrimonial, debería responder por aquellas afectaciones o pérdidas que se tengan incluso a la luz de las cirugías plásticas con fines de embellecimiento, a fin de proteger los intereses de las víctimas.
¿Hay marco legislativo para manifestar como cláusulas abusivas las exclusiones de las cirugías plásticas con fines de embellecimiento de las pólizas de Responsabilidad Civil? No hay marco legislativo que dé solución a esta pregunta, las reglas ordinarias del contrato de seguro no son mecanismo para enfrentar la problemática y no existe línea jurisprudencial decantada que dé herramientas para dicha problemática.
Referencias Budi, F. Cláusulas abusivas o leoninas: concepto. Blog Latest News. Versión digital disponible en: http://www.budi-abogados.com/clausulas-abusivas-o-leoninas-concepto/. (marzo de 2017) República de Colombia. Congreso Nacional. Ley 1480 de 2011. “Por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y se dictan otras disposiciones.” Versión digital disponible en: http:// www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1480_2011.html. (marzo de 2017) Superintendencia Financiera de Industria y Comercio. Versión digital disponible en: https:// www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf. (marzo de 2017) República de Colombia. Presidencia de la República. Decreto 663 de 1993. “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración” http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_organico_sistema_financiero.html. (marzo de 2017) Sociedad colombiana de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Versión digital disponible en: https://www.cirugiaplastica.org.co/. (marzo de 2017) República de Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, 2 de febrero de 2001, expediente No. 5270. Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo J.). Versión digital disponible en: http://www.notinet.com.co/pedidos/41806.pdf. (marzo de 2017). Posada, C. Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en el derecho colombiano. En: Revista de Derecho Privado. No. 29, julio – diciembre de 2015. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. República de Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Sentencia del 13 de diciembre de 2002. Expediente No. 6462. Versión digital disponible en: https://www.google.com. co/search?q=Sala+de+Casaci%C3%B3n+Civil.+M.P.+Carlos+Ignacio+Jaramillo+Jaramillo.+Sentencia+del+13+de+diciembre+de+2002&oq=Sala+de+Casaci%C3%B3n+Civil.+M.P.+Carlos+Ignacio+Jaramillo+Jaramillo.+Sentencia+del+13+de+diciembre+de+2002&aqs=chrome..69i57.1312j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8. (marzo de 2017). Responsabilidad civil, un seguro que protege el patrimonio de su compañía. Versión digital disponible en: https://www.libertycolombia.com.co/Empresas/ProdyServ/Paginas/Responsabilidad-Civil.aspx. (marzo de 2017) Revisión metodológica: Clara María Mira González, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad CES.
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References: resolución 
 artículo 1045
 artículo 1054
 artículo 1036
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 artículo 1037
 Artículo 116
 artículo 1
 artículo 117
 resolución 
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 artículo 15
 artículo 23
 artículo 1058
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 Resolución 
 artículo 2
 artículo 53
 Resolución 
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 1036
 artículo 42