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Timestamp: 2019-12-14 02:50:40+00:00

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Caso de estudio: las cooperativas de consumo - Articulación de políticas públicas dirigidas a las cooperativas Propuestas...
Articulación de políticas públicas dirigidas a las cooperativas Propuestas para el caso colombiano en el marco de la convivencia pacífica y la internacionalización
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Caso de estudio: las cooperativas de trabajo asociado
Caso de estudio: las cooperativas de consumo
El cooperativismo de consumo ha sido fomentado, desde los inicios del cooperativismo en Colombia, de forma moderada por un sinnúmero de órganos del Estado colombiano, buscando obtener de ellos la ventaja cooperativa de disminución y regulación de precios.
Sin embargo, las cifras dan cuenta de una merma progresiva de estas organizaciones en número y significancia dentro del universo cooperativo. Al respecto hay poca documentación, y la invisibilidad estadística y analítica predomina.
Antes de la década del ochenta, las cooperativas de consumo tenían incidencia en las grandes ciudades. El mayor número de cooperativas eran las de empresa y de establecimientos públicos (de vínculo cerrado) y estaban normalmente próximas a los trabajadores de empresas de capital.
La primera cooperativa de consumo que se registra se creó en 1933 y se denominó La Antioqueñita de Medellín. Posteriormente, se crearon cooperativas de consumo bajo la modalidad de cooperativas de empresas entre 1930 y 1940.
Luego, las entidades crecieron lentamente hasta la década de los cincuenta del siglo pasado, cuando el presidente Alberto Lleras Camargo intervino en una sesión del congreso cooperativo para resaltar la importancia que le daba al cooperativismo, como generador de un nuevo orden económico, en la solución de los problemas que tenía el país. En este período presidencial el discurso político rondó alrededor del establecimiento de cooperativas para contribuir a solucionar el problema de vivienda y organizar el mercadeo y transporte de productos agropecuarios para abaratar el costo de vida. Así, las cooperativas de consumo recibieron por parte del Estado las primeras acciones de apoyo exclusivo con base en la creación de organizaciones, pero también las primeras iniciativas basadas en la instrumentalización de la figura para solucionar problemas estructurales de abastecimiento y lucha contra el acaparamiento que ni el Estado ni las empresas de capital pudieron resolver.
En este período, la política pública fue paternalista e intervencionista. El desarrollo cooperativo de cooperativas de consumo se fundamentó en buena parte, en las amplias exenciones y facilidades que se les otorgaba. Posteriormente, a inicios de la década de los sesenta del siglo pasado, y luego de casi treinta años de reconocimiento jurídico, el cooperativismo colombiano comenzó a consolidarse en el área de crédito, consumo y vivienda. También predominaron las cooperativas de múltiple propósito (multiactivas). No obstante, las cooperativas de producción y las agrícolas tuvieron un crecimiento muy lento y económicamente casi insostenible (Uribe, 1978). Este último tipo de empresas fue el que paradójicamente recibió más apoyo gubernamental en décadas anteriores, especialmente en los años cuarenta del siglo pasado bajo el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo.
Desde la década de los setenta del siglo pasado, las estrategias implementadas en las cooperativas de consumo se basaron en el desarrollo de convenios para satisfacer las necesidades de asociados pertenecientes a entidades oficiales o privadas. De manera que las cooperativas de consumo que más preponderaron por su número, a partir de ese momento, fueron las de índole multiactivo con sección de consumo.
Sin embargo, la estrategia de satisfacer las necesidades de consumo a través de convenios con otras entidades, vacía de capacidad de reproducción económica a la organización cooperativa, generando que las escalas y dimensiones de consumo alcanzadas se transfieran a terceros no cooperativos. Al final del día, la organización cooperativa termina siendo un intermediario al cual los márgenes de comercialización sólo alcanzan para mantener las estructuras administrativas de estas organizaciones. En el tiempo, esto repercute en las posibilidades de desarrollar programas propios autofinanciados, y hace que las organizaciones dependan de fuentes financieras externas para su mantenimiento.
A continuación, se visibilizan las consideraciones anteriores en términos estadísticos, advirtiendo de antemano que lo apuntado representa una tendencia dados los problemas en los reportes de información, periodicidad, parámetros de cálculo y demás problemas propios de la escasa información disponible.
Evolución de las cooperativas de consumo en el tiempo
Examinar la evolución de las cooperativas de consumo no es tarea fácil. Inicialmente, es menester registrar que hay dos visiones con respecto a este tipo de cooperativas. La primera aboga por dar al cooperativismo de consumo una especificidad como tipo de entidad preponderante del sector cooperativo. Esta visión primo durante los primeros años del registro que realizamos (1980-1987). La segunda visión trata de incorporar las cooperativas de consumo dentro de la clasificación entre cooperativas para consumidores y cooperativas para productores. Así, dentro de esta segunda línea de registro documental, autores como Zabala involucran actividades dirigidas a los consumidores como la generada a través de las cooperativas de vivienda, transporte y educación. Y esta segunda línea pareciera que primó desde los años noventa del siglo pasado, para clasificar a las cooperativas.
Pero en la práctica, las cooperativas de consumo fueron incorporadas estadísticamente a las cuentas de cooperativas integrales, especializadas y multiactivas, lo que hace difícil precisar las estadísticas de este tipo de organizaciones porque en definitiva había cooperativas de consumo de empresa imbricadas dentro de las multiactivas, cooperativas de consumo especializadas e incluso cooperativas que, partiendo desde el consumo, se integraron en la cadena para procurar la producción, o viceversa.
Este documento analiza fundamentalmente a la cooperativa de consumo como entidad en la que se reúne la demanda de bienes perecederos y muebles de sus miembros para comprarlos en común, por cuenta de los mismos, y distribuírselos posteriormente para su consumo final, o para realizar una actividad económica productiva. El objetivo de este tipo de cooperativas es la regulación de precios y la generación de escalas de consumo para mitigar los efectos de la especulación. Sin embargo, este criterio puede restringir el universo de entidades que realizan actividades para procurar el consumo de sus asociados a través del crédito o de convenios, y aquí entran la mayoría de cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito y las cooperativas especializadas en ahorro y crédito que tienen líneas de crédito para el consumo.
De 1979 a 1987 se tenía claramente identificado el número de cooperativas de consumo (sean estas de vínculo empresarial cerrado, de asociación u otras) (tabla 8). Desde inicios de la década, las cooperativas de consumo disminuyeron en número pero lograron aumentar levemente el número de asociados, de manera que su participación dentro del universo cooperativo cayó en el tiempo, pero quizá internamente se vieron fortalecidas por agregación de escala.
Cruzando esta información con la del número de cooperativas totales, se puede apreciar la evolución de las cooperativas de consumo en el período 1979-1987 (figura 14). En este período, las cooperativas bajaron su participación en el universo en términos porcentuales y decrecieron.
Tabla 8. Evolución de las cooperativas de consumo en Colombia (1979-1987)
No. de cooperativas de consumo
No. de asociados
No. de cooperativas total
% Cooperativas de Consumo / Total de Cooperativas
190.169
243.916
194.209
170.785
Fuentes: Informes DANCOOP al Congreso de la República.
Figura 14. Evolución de las cooperativas de consumo frente al universo cooperativo 1979-1987
Fuente: Elaboración propia a partir de Informes DANCOOP al Congreso de la República
A partir de 1988, hay un vacío estadístico con fuentes siempre aproximativas que duró casi hasta el año 1999. Sin embargo, pudieron encontrarse algunos datos que pueden ser linealizados con efectos de estimar la tendencia de estas organizaciones en el tiempo.
Este período se constituye en una década pérdida en la visibilidad de las cooperativas de consumo y de igual manera, esta época coincide con la escisión de muchas secciones de ahorro de cooperativas de consumo, de liquidación de entidades especializadas de consumo y de la tendencia a asumir el consumo desde la noción crediticia y no de la dotación directa de bienes y servicios con fines de regulación de precios.
Los datos que se tienen (años 1989, 1991, 1993 y 1998) nos sirven de base para conocer la tendencia a la baja de la participación de este tipo de cooperativas en el universo (figura 15). Aun cuando cabe destacar que en el período de crisis del sector cooperativo del período 1996-1998 el universo de cooperativas cayó más que proporcionalmente que las cooperativas de consumo, también vale la pena destacar cómo el porcentaje de participación de las cooperativas de consumo de la década anterior, entre el 10% y el 13%, cayó a porcentajes entre el 4% y el 6%. En este período desapareció la precisión estadística y con ella, el registro de las cooperativas de consumo.
Figura 15. Evolución de las cooperativas de consumo frente al universo cooperativo (1979-1987)
A partir del año 2000, las cooperativas de consumo desaparecieron de los reportes tanto oficiales como gremiales, y eso da cuenta de un desinterés por el subsector, en tanto estadísticamente se registran cooperativas como las de salud y las aseguradoras con cuantías de empresa presumiblemente menores. Así, las actividades de las cooperativas de consumo quedaron inmersas como actividades conexas en cooperativas especializadas o multiactivas.
Por otra parte, se comenzó el registro de los subsectores de transporte, trabajo asociado, agropecuario, financiero, funerario, salud, asegurador, educación y aporte y crédito. La única forma aproximada de conocer el número de organizaciones es mediante el supuesto de que la clasificación económica correspondiente a comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicleta, efectos personales y enseres domésticos, corresponde a las cooperativas de consumo. Así lo clasifica la Superintendencia de Economía Solidaria en sus estadísticas, colocando en su clasificación la cuenta: Comercio (CONSUMO). Esto se ilustra en la tabla 9.
Sin embargo, conocemos que esta clasificación incluye cooperativas que no son necesariamente de consumo, por lo que el patrón de información es disperso, incluye a otros actores del sector solidario como los fondos de empleados y las mutuales y en definitiva, es poco confiable. Una muestra de lo anterior se da en las estadísticas del año 2002, cuando, por una parte, la Supersolidaria reportaba que las cooperativas que consideran de consumo representaban 6.9% del universo, mientras que el DNP reportó que sólo alcanzaba el 3%.
Tabla 9. Evolución de la actividad económica denominada Comercio (CONSUMO) correspondiente al período 2000-2010
290.030
311.861
341.701
359.034
403.805
Fuente: elaboración propia a partir de: año 2000 (Cerda y Pineda, 2002), año 1993 (Padilla y Atehortúa, 2005, p. 25); año 2001 (Estadísticas de Cooperativas por actividad económica -comercio al por mayor y al por menor reparación de vehículos automotores, motocicleta, efectos personales y enseres domésticos- Confecoop), años 2002-2009 (Estadísticas de entidades de economía solidaria por actividad económica Supersolidaria). ND: no disponible.
Las estadísticas disponibles muestran una aparente invisibilidad progresiva del sector cooperativo de consumo en el tiempo. A partir de entrevistas a profundidad, se llegó a una serie de conclusiones sobre las causas explicativas de tal fenómeno.
Marco normativo como expresión de la intencionalidad de las políticas públicas: En el campo de las cooperativas de consumo, el desarrollo normativo se basó hasta 1980 en el Decreto 1598 de 1963. Posteriormente, la Ley 79 de 1988 tomó en cuenta algunas particularidades de este Decreto, pero finalmente la poca difusión y práctica de esta forma cooperativa generaron un escaso desarrollo normativo (Zabala et al., 2005).
Las estadísticas asociadas a este tipo de cooperativas terminaron suprimiéndose hasta finales de los ochenta, cuando comenzaron a presentarse dentro de la denominación de cooperativas multiactivas o cooperativas de ahorro y crédito. Al respecto, algunos tratadistas comenzaron a plantear la necesidad de clasificar las organizaciones, no según su grado de especialización, sino por su móvil principal de acción (Zabala et al., 2005). De esta forma, las cooperativas se clasificarían en las que agrupan a los asociados en calidad de consumidores de bienes y servicios (incluyendo aquí las de consumo, vivienda, transporte, salud, educación y servicios públicos), y las que agrupan a los asociados para valorizar su trabajo o producción (incluiría las de comercialización, aprovisionamiento, transportadores y de trabajo asociado).
Con respecto a las leyes particulares, hemos de destacar que hasta el año 1988 estuvo vigente el Decreto 1598 de 1963, donde las cooperativas de consumo tenían ocho artículos que les eran de aplicación directa. A saber:
Artículo 9. Por razón de su objeto las sociedades cooperativas pueden ser especializadas o integrales. Son cooperativas especializadas las que se ocupan de una sola actividad económica, social o cultural, como la producción, el consumo, la vivienda, la educación, los seguros, etc. (…).
En este artículo se establecía una clasificación para las cooperativas de consumo dentro del universo de las cooperativas especializadas. Sin embargo, había cooperativas con sección de consumo que podían ser encuadradas dentro de las integrales y ello redundaba en la dificultad estadística de identificar y promover adecuadamente el universo, dada la inmensa gama de especificidades entre unas y otras organizaciones.
Artículo 11. Por regla general, las cooperativas deberán limitar la prestación de servicios al personal asociado. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Cooperativas podrá, cuando lo juzgue conveniente en razón del interés social o del bienestar colectivo, autorizar la extensión de los servicios al público no afiliado. En tales casos, los beneficios que se obtengan serán llevados necesariamente al fondo social no susceptible de repartición.
Este artículo abría las puertas a la vinculación de terceros en la actividad de consumo. Un aspecto que algunos vieron como conveniente desde el punto de vista económico, pero inconveniente desde el punto de vista de no brindar opciones de diferenciación entre el asociado y el cliente externo. Más adelante, este espacio legal generó algunas prácticas indebidas, dado que algunas organizaciones, amparadas en la necesidad de obtener escalas, abrieron sus puertas a clientes externos sin asociarlos y generando pocos incentivos para mantener los asociados.
Artículo 16. Las cooperativas de consumo no podrán establecer prácticas que impliquen en cualquier forma restricciones a la afiliación, como por ejemplo limitar el número de socios a los trabajadores de una empresa. La admisión debe estar siempre abierta a cuantos deseen ingresar a ellas, sin otras limitaciones que las establecidas en las normas legales, reglamentarias o estatutarias.
Este artículo abrió el vínculo para integrar cualquier tipo de asociados a la organización, pero algunos terminaban encontrando nuevas opciones de compra que les hacían poco atractivo permanecer en las cooperativas, dadas las condiciones fáciles de ingreso y retiro.
Además, existió una contradicción entre la búsqueda de escalas económicas con la incorporación creciente de asociados y su pérdida de participación por la delegación que requerían organizaciones de gran dimensión. Los patronos, que daban prebendas a este tipo de organización como medidas de bienestar para sus asociados, se encontraban en desacuerdo con la apertura asociativa y en la práctica la única sección que requería mayores escalas para prestar sus servicios era la de consumo. Esto creaba incentivos para suprimir estas secciones o para departamentalizarlas –estrategia que no se realizó– (Jiménez, 1998). En definitiva, la tensión entre intereses de asociados, trabajadores y patrones, generó que la normatividad no fuese cumplida en la práctica.
Artículo 17. Las cooperativas de consumo deberán realizar de contado las ventas o suministros de artículo
Este artículo venía dado por la tradición doctrinal de las cooperativas de consumo. De hecho, las ventas de contado fueron un principio cooperativo por muchos años y de alguna manera, la ley se apegaba a esa orientación de gestión. Sin embargo, muchas cooperativas de propósito múltiple comenzaron a enfocar sus actividades en el ahorro y crédito y terminaron transformándose en esta forma jurídica. El resultado fue la escisión de la actividad de consumo, dadas las pérdidas de tiendas y mercados cooperativos. Por ello, el artículo en mención suprimía la posibilidad del suministro de créditos para compras directas, práctica que con el tiempo fue haciéndose cada vez más común y obviamente sentó las bases para enfocar el servicio al ahorro y crédito, en desmedro del ineficiente mantenimiento de las secciones de consumo.
Artículo 18. Las cooperativas de consumo y las de mercado cuyas operaciones no constituyen actos de comercio, no estarán sujetas a las normas sobre prácticas comerciales restrictivas.
El artículo 17 buscaba evitar la discriminación que algunos productores aplicaban a las cooperativas, pero en escenarios económicos de poca innovación estas medidas no lograron contener el quiebre comercial de las tiendas y mercados cooperativos que, a falta de inversión y escalas de consumidores, comenzaron a quedar rezagados en materia de variedad de mercancías ofertadas.
Artículo 82. Las cooperativas de consumo y las de mercado agrícola serán consideradas como entidades reguladoras de precios para los artículos del objeto de su actividad en las áreas domiciliarias en las que cumpla su fin.
Este artículo daba en la punta de lanza de la promoción cooperativa: su capacidad para regular precios, desincentivar la especulación y generar ahorro para sus consumidores. Sin embargo, la ausencia de organizaciones y cuotas de mercado determinantes generó progresivamente la imposibilidad de incidir en la formación de precios.
Artículo 83. Las organizaciones cooperativas de grado superior serán consultadas en su respectiva rama de actividad y tendrán representación en todos los organismos oficiales y semioficiales, cuya finalidad sea procurar el mejoramiento de la calidad de vida, en especial las que se propongan los siguientes objetivos:
Literal a. El abaratamiento de la subsistencia y de los bienes de consumo de las clases media, obrera y campesina.
Pese a la buena intención del legislador, los gremios cooperativos fueron dejando de lado la reivindicación de la forma cooperativa de consumo como opción empresarial. La escasa visibilidad de esta forma organizacional y los fracasos repetidos de gremios para este subsector cooperativo, coartaron en el tiempo la participación de representantes de los gremios.
Artículo 93. (…) El Instituto Nacional de Abastecimientos realizará preferentemente sus actividades a través de las cooperativas de producción, de mercadeo, agrícola y de consumo.
Ciertamente el INA apoyó a las cooperativas, pero su posterior transformación y la débil formación que tenían los directivos de las cooperativas, generaron que los recursos obtenidos fuesen dispersados.
La única Resolución que se emitió con base en el Decreto 1598 de 1963, fue la No. 00382 de la Superintendencia de Cooperativas, en el año 1967. En ella, dos artículos destacan y dan cuenta de la discriminación que sufrieron las cooperativas de consumo por parte de algunos proveedores.
Artículo 1° de la Resolución 00382 de 1967 de la Superintendencia Nacional de Cooperativas:
- El ingreso a las cooperativas será libre para todas las personas que deseen cooperarse, sin otras limitaciones que las referentes a requisitos legales… y en ningún caso limitarse a núcleos determinados, tales como los trabajadores de una empresa.
- Cuando se trate de cooperativas organizadas, inicialmente por trabajadores de una empresa, además de los almacenes generales, estas podrán establecer almacenes especiales para los cooperadores trabajadores de la misma.
En particular, el último apartado del artículo primero da cuenta de la necesidad de diversificar los almacenes de las cooperativas de consumo. La diversificación tiene que ver con la apertura de espacios no sólo en los lugares de proximidad a las empresas sino, sobre todo, en los lugares de residencia de los trabajadores. Sin embargo, ni los trabajadores residen regularmente en un solo lugar, ni es posible evitar la entrada de terceros. Desde aquí fue configurándose un modelo perverso que no abogó por la formación para el consumo y la fidelización de clientes, sino por procurar una rápida rotación de inventarios con terceros.
Artículo 4. Resolución 00382 de 1967 de la Superintendencia Nacional de Cooperativas: Ninguna empresa industrial o comercial podrá negarse a vender a una cooperativa de consumo los artículos que produzca o distribuya, ni tampoco podrá exigirle que venda esos productos a precios pre-establecidos, los cuales deben ser fijados por la Cooperativa de acuerdo con sus costos de operación y el beneficio que pueden recibir sus afiliados.
Este artículo buscaba impedir la discriminación que imponían algunos proveedores. En la práctica, algunas empresas alegaban externamente que las cooperativas de consumo realizaban prácticas desleales de comercio al utilizar precios por debajo de los del mercado e internamente imponían condiciones para la compra de mercancías como la exclusividad sectorial (venta a organizaciones capitalistas) o artilugios comerciales como demoras en pagos.
Sin embargo, la lógica cooperativa del retorno por el consumo poco fue utilizada como argumento en contra de las acusaciones de prácticas desleales y los costos de transacción en los que incurrieron muchas cooperativas para evitar la discriminación legal o no, generaron una disminución de los márgenes de beneficio, lo que a la larga generó problemas para la autofinanciación y la inversión.
Posteriormente, en la Ley 79 de 1988, que derogaba el decreto anterior, se retoman algunos articulados, así:
Artículo 66. En las cooperativas especializadas de consumo, la vinculación deberá ser abierta a todas las personas que puedan hacer uso de sus servicios y que acepten las responsabilidades inherentes a la asociación.
Desde este punto de vista se precisaban los ámbitos de operación de las cooperativas: de vinculación abierta para las especializadas y con posibilidad de vínculo cerrado para las multiactivas y de empresa.
Artículo 137. La industria en general y el comercio mayorista venderán directamente sus productos a las cooperativas, a precio de mayoristas, agentes o concesionarios, de acuerdo con la demanda que tengan estas y sus asociados y a la oferta de productos existentes en el mercado.
Este artículo y el 146, retoman el espíritu jurídico de la anterior legislación, ampliando los términos a condiciones de mercado.
Artículo 146. Las cooperativas de consumo como entidades reguladoras de precios no están sujetas a las normas sobre prácticas comerciales restrictivas.
También se precisa que:
Artículo 67. Los artículos o productos a que se refiere el inciso segundo del artículo 233 del Código Penal, con referencia a las cooperativas, corresponden exclusivamente a los víveres, artículos o productos de primera necesidad obtenidos de cooperativas de consumo.
Este artículo del código penal en mención dejó de involucrar la organización cooperativa como organización susceptible de sufrir o realizar ilícita explotación comercial. El artículo en mención precisa que:
Artículo 3030. El que comercialice bienes recibidos para su distribución gratuita, incurrirá en prisión de 1 a 4 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá el que comercialice artículos o productos obtenidos de entidades públicas (antes decía o cooperativas) o privadas, a precio superior al convenido por estas.
Esta “omisión” del nuevo código penal coloca a las cooperativas de consumo en riesgo administrativo de generar, a partir de estas organizaciones, prácticas indebidas.
Finalmente, en el año 1991 nace la Constitución Política de Colombia y en ella se consigna el deber del Estado de promover las formas asociativas y solidarias, pero en desarrollos jurídicos posteriores el cooperativismo de consumo deja de aparecer. En definitiva, un examen global a la regulación da cuenta que esta, en su espíritu promovía y no interfería en el libre ejercicio económico y asociativo de las organizaciones, pero la ausencia de criterios empresariales conllevó a una disminución organizacional en un subsector que tuvo y tiene una de las mejores pautas normativas.
Apuntes sobre causas del auge y decadencia de las cooperativas de consumo bajo la experiencia colombiana: No hay una razón unívoca para entender cómo las cooperativas de consumo fueron mermando su presencia e incidencia en el tiempo. Más bien hay una canasta de problemas que determinaron incentivos y desincentivos institucionales que influyeron de forma gradual en lo que denominamos decadencia. A continuación se presenta una serie de relacionales institucionales que terminaron condicionando el estado actual de este subsector del cooperativismo y que pueden servir de referente sobre qué elementos debemos considerar a la hora de fomentar estas organizaciones.
Sobre las relaciones con el Estado: Algunas cooperativas de consumo creadas en la década de los cincuenta hasta los ochenta del siglo pasado, obtuvieron un apoyo estatal. Este surgimiento trajo consigo el imaginario de que todo el esfuerzo oficial debía dedicarse mediante leyes a crear, por disposiciones, organismos y obligaciones que sólo sirvieron para crear ilusiones y coartar la libertad de acción de las cooperativas (Serrano, 1967). En paralelo, los temas de asistencia técnica y acompañamiento con transferencia de saberes y tecnologías condujeron a limitar el esfuerzo propio y la aplicación de técnicas comerciales coherentes con la doctrina.
Por otra parte, muchas de las cooperativas de consumo que se constituían a partir de la asociación de trabadores de empresas públicas sufrieron bajas de membrecía por las reestructuraciones que el Estado implementó luego de la apertura económica y la consecuente política de reducción del tamaño del Estado.
Las cooperativas de consumo no han tenido relaciones con los municipios que garanticen su autonomía. En la medida en que estas organizaciones se convirtieron en instancias de liberación de recursos para los consumidores y reguladores de precios, los municipios buscaron su instrumentalización para transferirles funciones de distribución de recursos a poblaciones vulnerables.
Sobre su articulación con los mercados: La informalidad en el mercado de los bienes de consumo es un obstáculo real que compite de forma desigual con la opción del consumo cooperativo. En la medida en que vendedores ambulantes ofrecen sus mercancías directamente a los consumidores, sin pagar costes de administración y de transacción implícitos, generan ofertas difícilmente igualables por las organizaciones cooperativas. Además, generan desincentivos a la asociación de las personas para obtener beneficios económicos en sus compras, en tanto pueden obtenerlas de forma individual, aun cuando esto reste posibilidades a los comercios formales.
Por otra parte, a partir de la década del ochenta, el sector de consumo tuvo la incorporación al mercado de grandes superficies e hipermercados de empresas de capital. Este hecho desató una competencia férrea con las cooperativas de consumo, donde estas fueron perdiendo progresivamente cuotas de mercado. Las cajas de compensación desplazaron los espacios dejados por las cooperativas de consumo y además, lo hicieron con co-financiación pública y sin mayores índices de eficiencia. Muchas cooperativas de consumo fracasaron en su intento de parecerse a las grandes cadenas comerciales. Sus únicas estrategias se basaban en la realización de propagandas, premios por compras y promociones (Laidlaw, 1998), pero poco han enfatizado en la demostración de la diferencia que se establece por el retorno en el momento de la compra, al final del período económico y después de él por medio de los fondos sociales.
Sobre los sistemas de tratamiento diferenciados entre asociados y no asociados: Muchas organizaciones comenzaron a perder su autonomía en la medida en que incorporaban consumidores no asociados. Externamente, los terceros representaban para la cooperativa la posibilidad de crecer económicamente, pero internamente los asociados perdían progresivamente los incentivos para serlo. La incapacidad para generar una discriminación entre asociados y no asociados terminó por mermar la ventaja cooperativa de la asociación.
La inexistencia de incentivos para que los asociados se sientan tratados con diferencia es una de las mayores causas de la salida de estos. Cuando el asociado no es capaz de percibir los beneficios por el riesgo solidario que asume, tiende a dejar de participar en la organización y generar demandas de consumo que contribuyan a la generación de escalas. Al respecto, el maestro Alexander Laidlaw refiere que las cooperativas de consumo pueden ver disminuir el interés activo de sus socios porque en la comunidad donde actúan aparecen otras organizaciones que ofrecen mayores atractivos o porque extienden los servicios al público no asociado, lo cual deja a los socios sin mayores ventajas (Laidlaw, 1998, p. 101).
Sobre la estructura económica: Muchas de las actividades de consumo se han organizado de forma accesoria a la actividad de ahorro y crédito de las cooperativas. En el tiempo, el consumo visto desde la complementariedad ha generado énfasis en la actividad económica que mayores retribuciones genera: el ahorro y el crédito. Por ende, el consumo queda relegado como una actividad muchas veces deficitaria y en otras ocasiones como actividades prestadas a través de líneas de crédito que son utilizadas en supermercados de índole lucrativo. Autores como Mendoza (1977, p. 122) afirman que “el cooperativismo colombiano se ha orientado más a los aspectos especulativos de las finanzas que a los más profundos de la producción de artículos básicos, urbanos y agrarios, y a su comercialización y distribución en beneficio del conjunto”.
La ausencia de recursos para financiar nuevas inversiones es una de las razones que han impedido el crecimiento organizacional. Quizá sea útil deducir para fines de capitalización un porcentaje del retorno con este fin.
Sobre la integración: Las cooperativas de consumo no lograron integrarse y generar economías de escala suficientes para competir en los mercados. Esto vino aparejado de un insuficiente apoyo y compras intercooperativas entre las organizaciones del sector. En ello contribuye la ausencia de una política y personalidad compartida. También contribuye la falta de unicidad gremial frente a los demás sectores económicos, fruto de intereses particulares de directivos y representantes gremiales. En definitiva, el sector se presenta al país fragmentado en pedazos de diverso tamaño y condición (Mendoza, 1977).
Los gremios y en parte el Estado, no han reconocido el rol de las cooperativas de consumo como generadoras de desarrollo. Su papel ha sido asociado a actividades conexas sin una mayor fuerza productiva y de hecho en un diagnóstico concertado realizado al cooperativismo colombiano a finales de la década de los setenta del siglo pasado, se presentó como debilidad la alta concentración del sector cooperativo en áreas no productivas como el consumo (DANSOCIAL, PNUD-OIT, 1982).
En este contexto, el único rol que se atribuía a las cooperativas de consumo era la potencialidad que tenían de luchar contra la inflación. Su fomento buscaba instrumentalizar a esta forma organizacional como herramienta de combate contra la inflación y en la práctica no hubo evidencias del rol cumplido, por lo que estas organizaciones quedaron en el olvido y enfrentadas a una voraz competencia con hipermercados dispuestos a competir con precios bajos para absorber temporalmente los clientes y cajas de compensación cofinanciadas por el Estado, los trabajadores e incluso los propios cooperativistas.
La ausencia de visibilidad sectorial y el consecuente olvido de las estadísticas generó que este subsector cooperativo fuera unido a otro tipo de organizaciones.
Sobre la educación y capacitación técnica: Autores como Jaramillo (1978) refieren cómo la mentalidad individualista en la búsqueda de beneficios, genera una colisión con los intereses generales de las organizaciones. No se duda sobre la necesidad de generar beneficios tangibles, pero los mismos requieren necesariamente de los aportes previos de los asociados. En la práctica, muchos asociados tienden a aprovechar los beneficios de las organizaciones sin pagar los costos implícitos, utilizando para ello una voz de constante crítica que no se ajusta a la realidad financiera de organizaciones de índole mutuo.
La ausencia de capacidad técnica para gestionar este tipo de organizaciones venía dada por las prácticas generalizadas de elegir miembros para el Consejo de Administración desde las bases, sin que estos tuviesen competencias para gestionar almacenes de cadena que requerían saber algo más que la administración de un pequeño local de barrio.
Muchas cooperativas de consumo perdieron la participación y el interés de sus asociados por la ocasionalidad de sus decisiones. Esto genera que las compras en común sean determinadas por los trabajadores y no por los consumidores, lo que a la larga hace perder la identidad y conexión del usuario con el producto que demanda.
Existe una tendencia a destinar cada vez más recursos al consumo de bienes suntuarios y derrochar los recursos en promociones inútiles para las personas. Cuando las cooperativas de consumo no asumen el rol como inductores de consumos más responsables, ni ofrecen incentivos para ello, corren el riesgo de que los asociados sean constantemente seducidos por bienes ofrecidos por otros locales comerciales.
Sobre las dinámicas de las cooperativas de empresas e instituciones públicas: La práctica de proveer consumo a partir de las demandas de trabajadores de una organización determinada tan característica de las cooperativas de consumo de los años ochenta y principio de los noventa, terminó convirtiendo a estas organizaciones en intermediarias de comercio privado y debilita su posibilidad de desarrollo por cuando los márgenes de comercialización, que no se trasladan directamente a los asociados, sólo alcanzan para mantener las estructuras administrativas de estas organizaciones.
Las entidades pierden sus ventajas con respecto a la agregación de demandas y la competencia termina socavando las posibilidades de obtener ganancias para realizar nuevas inversiones, descuentos por grandes compras y en definitiva, el asociado termina encontrando mayores incentivos por descuentos en entidades foráneas.
Conclusiones acerca de la incidencia de las políticas públicas en las cooperativas de consumo (1980-2010): El discurso político ha generado vaivenes en el desarrollo e implementación de políticas públicas, muchas de ellas inmediatistas e influidas por las circunstancias y necesidades del momento, dotando al cooperativismo de un protagonismo potencial privilegiado, pero en la práctica carente de estructura para ejercerlo (Álvarez, 2007).
El discurso derivó en iniciativas de políticas públicas no siempre concertadas con las empresas cooperativas y bajo la visión de un promotor gubernamental con nociones, en la mayoría de los casos, diferenciadas de sus predecesores y orientadas inicialmente a intervenir en la creación de cooperativas, luego a su promoción mediante asesoría técnica y finalmente a su regulación como empresas en el mercado, pero siempre con objetivos de utilizarlas como medios para solucionar problemas de índole público asociados a la producción, comercialización o provisión de bienes y servicios y de impacto en temas como la pobreza, el desempleo, e incluso como alternativa de pacificación nacional. Estas nociones derivan en agendas públicas, pero se reitera que la descoordinación entre período y período gubernamental, las aleja de una política pública de Estado.
Con respecto al marco normativo, es posible afirmar que ha sido favorable. Y si bien, la intervención del Estado hacia este subsector ha sido discreta y para algunos insuficiente, en la práctica la evolución negativa de este subsector en el tiempo tiene que ver principalmente con su incapacidad para adaptarse a la dinámica de un mercado que se reestructuró totalmente y en el que las prácticas comerciales expansivas de cajas de compensación, y luego de hipermercados, generaron la transferencia de usuarios y asociados a los cuales muchas organizaciones no pudieron fidelizar.
El estudio del subsector de cooperativas de consumo da cuenta de la imposibilidad organizacional que tuvieron estas entidades de crear estructuras de desarrollo federativo. Los gremios fueron abandonando poco a poco el interés por esta figura y las entidades que realizaban acciones en este subsector se vieron abocadas a privilegiar actividades de crédito en procura de su sostenibilidad. La ausencia de una cooperativización progresiva de actividades, la débil integración con productores cooperativos y la ausencia de esquemas adaptativos de sobrevivencia permearon a las instituciones en un escenario de interés generalizado por propiciar salidas al laberinto competitivo que tuvieron que enfrentar estas entidades.
Los elementos anteriores, no hacen parte del modelo de cooperativas de consumo ni de las prácticas exitosas evidenciadas en algunas organizaciones. Por tanto, no es posible atribuir a las políticas públicas el desenlace de esta opción cooperativa. Por el contrario, la regulación en este subsector ha dejado espacios para el desarrollo de iniciativas, pero no ha habido instituciones que tomen esta opción.
Quizá la única carencia destacable es la de directivos que apliquen herramientas de gestión acordes con las necesidades de impulsar la figura cooperativa en escenarios que privilegian la conformación de monopolios que ofertan servicios y de consumidores desestructurados asociativamente. Esto tiene que ver con educación y asistencia técnica y si bien en el Plandecoop se plantearon algunas líneas al respecto, la vinculación de directivos de cooperativas de consumo fue mínima y la especialización en este tipo de organizaciones por parte de los consultores y formadores también.
El caso de las cooperativas de consumo no tiene los elementos del intervencionismo estatal que se evidencian en sectores como el agropecuario y el de ahorro y crédito. La legislación ha sido estable en el tiempo y la aparición de nueva normatividad no ha hecho más que reafirmar la anterior. La única restricción de tipo normativo que afecta a este subsector es la que restringe la constitución de comercializadores internacionales por medio de la opción cooperativa.
De manera que si ha de evaluarse la política pública estatal para este subsector, el resultado sería favorable. Pero si tomamos en cuenta que las políticas públicas requieren en su diseño e implementación la participación de los actores que tienen intereses en desarrollar el tema, encontraríamos que los actores no estatales como gremios, dirigentes y organizaciones de proximidad (como asociaciones de consumidores) no han logrado tener éxito en el desarrollo de estas organizaciones en el período bajo estudio.
La existencia aún de algunas organizaciones, y de otras que están intentando generar un marco propicio para el futuro, nos dan una lección contundente del valor de estas organizaciones y cómo al hablar de políticas públicas se debe responsabilizar por su ejecución y resultados no sólo al Estado, sino también a los actores inmersos (en especial los gremios), quienes al privilegiar opciones cooperativas imaginariamente más rentables, dejaron casi con desidia que el subsector de cooperativas de consumo languideciera progresivamente.
Afortunadamente, aún existen cooperativas de consumo y otras organizaciones asociativas que realizan acciones para acercar a los consumidores y productores bajo una lógica que procura el mayor bienestar para ambos agentes económicos. En estas organizaciones se evidencia una dinámica innovadora basada en la formación de consumidores y productores responsables que generan prácticas comerciales alternativas en un mundo en donde los consumidores comienzan a retomar su poder como fuerza social.
Las cooperativas de trabajo asociado tienen una larga data de buenas prácticas. En efecto, desde la década de los cuarenta del siglo pasado comenzaron a gestarse organizaciones de trabajadores que buscaban desarrollar la producción de forma asociativa.
Con el paso del tiempo, algunas de estas organizaciones consolidaron su presencia dentro del subsector cooperativo a partir del desarrollo de iniciativas productivas autogestionadas muy similares a las que, desde hace dos décadas, promovieron incubadoras de empresas, programas presidenciales de emprendimiento y de agencias nacionales e internacionales de innovación. En este contexto, era de esperar que estas organizaciones se convirtiesen en modelos a seguir por su interesante dinámica socioempresarial. Sin embargo, la dinámica empresarial de fines de los años ochenta y las nuevas tendencias del mercado laboral depararon en muchas ellas otro destino.
Corrían tiempos de apertura, flexibilización y desregulación del Estado, cuando a principios de la década de los noventa y hasta fines de la década del 2000, se gestaron miles de cooperativas de trabajo asociado que seguían un espíritu empresarial diferenciado de las primeras organizaciones creadas (figura 16).
Figura 16. Evolución de las cooperativas de trabajo asociado en Colombia (1962-2009)
Fuente: Confecoop (s. f.).
La asociación para el trabajo dejó de enfatizar en la producción y comenzaron a realizar acciones en el área de servicios. Los promotores fueron preponderantemente algunas entidades del Estado y de las empresas de capital que confundieron las prácticas de intermediación con las de tercerización reinantes en el mundo organizacional. Entre tanto, las organizaciones que venían operando desde antaño guardaron prudencia ante la magnitud de una nueva realidad del mercado laboral.
Los gremios cooperativos, enmudecidos por un crecimiento abrupto, dedicaron esfuerzos a otras acciones que consideraban primordiales. Los gremios empresariales de capital sentían fuertes incentivos a propiciar nuevas iniciativas para flexibilizar la mano de obra y el gobierno ni siquiera caía en cuenta de la confusión que desde el Ministerio de Protección Social se había gestado.
Algunas voces comenzaron a advertir problemas de precarización, deslaborización e intermediación en algunas organizaciones, sobre todo las que contrataban entidades del Estado (como en el sector salud) y las que contrataban con las empresas de capital (como las que desarrollaban algún producto o servicios de la cadena productiva).
La evidencia documentada dio cuenta de cómo en muchas casos las nacientes CTA surgieron en el contexto de tercerización laboral y fueron siendo instrumentalizadas como mecanismos de precarización y deslaborización (Álvarez, 2007; Farné, 2008; Aricapa, 2006, 2007 y 2008; Bedoya y Caruso, 2006; Castro, 2008; Urrea, 2006), realizando en muchos casos prácticas indebidas con los trabajadores y generando desconfianza sistémica hacia el modelo cooperativo.
Sin embargo, realizar una generalización sobre el tema generó un tratamiento injusto para las organizaciones que cumplían su función social y en contra del libre derecho asociativo que tienen las personas por principio constitucional. Las voces se hicieron cada vez más contundentes en lo que consideraban prácticas de explotación laboral, sin diferenciar las particularidades que propiciaban la intermediación en algunos sectores de los que realizaban tercerización y generando noticias con sesgos generalizadores que posteriormente se configuraron en imaginarios difíciles de desandar.
Las presiones externas, muchas generadas desde los sindicatos y otras provenientes de entidades políticas externas, como los provenientes de los afectos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, generaron un escenario propicio para estigmatizar a una de las expresiones más contundentes de la cooperación empresarial. En la figura 17 se muestran algunos de estos excesos en los medios de comunicación.
Figura 17. Algunos titulares de prensa referentes a las cooperativas de trabajo asociado por parte de los principales diarios de circulación nacional
Fuente: El Tiempo (2010), El Espectador (2011), El Colombiano (2011).
Se terminó legislando para evitar la trampa y no propiciar un marco de crecimiento organizacional coherente con las nuevas estructuras del mercado laboral, confundiéndose tercerización con intermediación; autodeterminación de la distribución en compensación por trabajo y por propiedad organizacional con precarización laboral; prácticas indebidas de organizaciones con fracaso del modelo de las CTA. Mientras tanto, las prácticas de CTA relevantes:
Quedan solapadas ante el universo de malas prácticas empeñando el modelo cooperativo
Se evidenció excesivo interés por las dimensiones financieras como medida del éxito organizacional y al no haber un plan único de cuentas de lo social que sirva para reportar, no se premiaron las buenas prácticas.
Las organizaciones indebidas fueron transformadas, la mayoría sin sanciones, a otras organizaciones que facilitaban la precarización laboral.
La salida de leyes, decretos y otros imperativos legislativos complicaron el panorama generando profusidad, pero sobre todo, espacios de decisión discrecional para algunos funcionarios que, desconociendo la naturaleza del modelo de trabajo asociado, terminaron, sin quererlo, castigando a las organizaciones que lo hacían bien y dejando espacios para que las organizaciones que hacían mal su labor pudiesen seguir existiendo.
En la actualidad se está frente a una imposición legislativa que busca reorientar las prácticas organizacionales por medio de un derrotero que ha generado la liquidación de muchas cooperativas de trabajo asociado que realizaron buenas y malas prácticas, castigándolas de forma indistinta por hacer parte de un entramado productivo que en algunos casos les fue impuesto. De manera que por una parte, se fomentó la creación de cooperativas de trabajo asociado y pasados unos años se castigó, con el mismo entusiasmo, la opción propiciada y a la postre instrumentalizada.
En síntesis, el cooperativismo colombiano ha sido fomentado por un sinnúmero de órganos del Estado, no obstante la evidencia da cuenta de que este fomento ha sido desarticulado de sus gremios e incluso hay dispersión de esfuerzos entre los mismos entes del Estado.
En los períodos analizados, el discurso político marcó decididamente el rumbo de la política pública. No obstante, la variabilidad de enfoques causó incertidumbre y un accionar acosado por las circunstancias y las necesidades del momento, dotando al cooperativismo de un protagonismo potencial privilegiado, pero en la práctica, carente de estructura para ejercerlo. Paralelamente, el cooperativismo independiente fue desarrollándose a un ritmo lento, pero constante.
Los discursos derivaron en agendas públicas, pero la descoordinación entre período y período gubernamental, generó que las agendas lograran calar en políticas públicas de largo aliento. Si bien los discursos referenciados evidenciaban un objeto de actuación pública, pocas veces (como cuando se inició un programa de asistencia técnica para la elaboración de un plan de desarrollo) atendían a la identificación técnica de una realidad social o económica.
Si bien existía una administración pública con una estructura definida desde antes de crearse las primeras cooperativas de Ley, esta no necesariamente desarrolló una política pública clara, sostenida, y se orientaba más bien a complacer pautas de agenda con el grado de improvisación que lo anterior conlleva. Si bien existían instrumentos de fomento, promoción y asistencia para desarrollar la política pública, los objetivos trazados no siempre coincidían con la necesidad del conglomerado de cooperativas.
Así, durante ocho décadas de promoción pública (1930-2010) se constata que en aquellos sectores donde se instrumentalizaron los diferentes tipos de cooperativas, tuvieron menor perdurabilidad en el tiempo y mayores problemas de gobernabilidad.
La intervención con fines instrumentales del Estado terminó generando costosas estructuras de intervención, incomprensión de la lógica de las organizaciones, discrecionalidad por parte de los funcionarios y tendencias a una regulación que asimila a estas organizaciones con firmas de capital. Esto es particularmente notable en los casos de las cooperativas fomentadas para la reforma agraria, algunas cooperativas financieras y en las cooperativas de trabajo asociado.

References: Artículo 9

Artículo 11

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18
 artículo 17

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 93
 Resolución 

Artículo 1
 Resolución 

Artículo 4
 Resolución 

Artículo 66

Artículo 137

Artículo 146

Artículo 67
 artículo 233

Artículo 3030