Source: http://jaramelagrani.com.ar/papers/paper4.html
Timestamp: 2018-11-12 18:08:36+00:00

Document:
ALUMNO: PABLO CHRISTIAN LINARES
TEMA: LA MEDIDA AUTOSATIFACTIVA
CICLO: 2005-2006
CARÁTULA...........................................................................................................1
1.1Aparición de los procesos urgentes.......................................................5
1.2Procesos urgentes. Clases......................................................................6
1.3Surgimiento del Concepto.....................................................................7
2.1 Medida Autosatisfactiva. Concepto.......................................................8
2.2 Características........................................................................................8
2.3 Diversas denominaciones.......................................................................9
2.4 Antecedente en el Derecho Comparado................................................10
2.5 Fundamento Constitucional...................................................................14
3.1 La medida autosatisfactiva y la medida cautelar.
similitudes y diferencias que la hacen autónomas..................................16
3.2 Críticas posibles......................................................................................24
CONCLUSIÓN.........................................................................................................27
BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................29
Quienes buscamos en el derecho respuestas oportunas y eficaces que hagan de la justicia una forma de vida en lugar de un vocablo abstracto, de la necesidad que existe en la esfera del derecho procesal de legislar oportunamente los denominados procesos urgentes, género que incluye las medidas cautelares reguladas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero que también comprende el amparo, el hábeas data y el hábeas corpus garantizados específicamente en el artículo 43 de la Carta Magna.
Pero allí no acaban las especies que requiere el derecho para que el sistema de economía procesal - directiva de nuestro ordenamiento de forma que incluye el concepto “celeridad”- viaje por su cauce natural.
La teoría cautelar ortodoxa no ha podido dar respuestas adecuadas a ciertos requerimientos de los justiciables que claman por soluciones inmediatas, en tiempo razonable, ante las situaciones que no admiten demora.
Es por ello que hace ya varios años dos institutos que vienen a sumarse y a completar los referidos procesos urgentes, son ellos, la “tutela anticipada” y la conocida “medida autosatisfactiva”. Y es de ésta última que deseamos ocuparnos.
Dentro del amplio espectro que brinda el tema de las medidas cautelares, el trabajo que me propongo se reduce al análisis de las “medidas cautelares autosatisfactivas”, institución jurídica de reciente cuño y gran proliferación doctrinaria.
Ello, con el objeto de indagar acerca de la necesidad de recepción legislativa de las mentadas medidas independientemente de otros institutos ya conocidos dentro de la teoría general del proceso. Y en dicho marco, se analizará las posibles consecuencias de su recepción en el proceso, así como los eventuales secuelas que puede presentar su acogimiento favorable.
Conoceremos escuetamente el fenómeno de los procesos urgentes, su aparición y clases.
Como así, para llevar a cabo el objetivo general, nos encargaremos de definir la medida autosatisfactiva, ver sus características, sus diversas denominaciones, sus antecedentes en la legislación extranjera, su fundamento constitucional, comparar ésta con la medida cautelar y demostrar sus puntos comunes y diferencias que las hace autónomas, para terminar con las posibles criticas al instituto, todo lo que nos permitirá corroborar la finalidad del trabajo.
1.1 APARICION DE LOS PROCESOS URGENTES.
Las exigencias de la vida jurídica actual han determinado la necesidad de crear estructuras destinadas a la resolución urgente de pretensiones en forma definitiva al margen de la tutela cautelar y provisional clásicas.
El achicamiento del Estado que se ha registrado en la casi totalidad de las Naciones Iberoamericanas, circunstancia que ha provocado la desaparición de organismos dependientes del Poder Administrador que ejercían contralor sobre una ancha franja de cuestiones que han quedado huérfanas de intervención gubernamental.
Ello explica el fortalecimiento del rol de los jueces y la imperiosa necesidad experimentada por éstos de contar con “tutelas diferenciadas” de las corrientes, que les permitan ejercer cabalmente el nuevo perfil que les ha conferido la sociedad.
Pero como todos sabemos, no siempre es posible acceder a las necesidades imperiosas e impostergables del justiciable sin transitar previamente el duro y largo trayecto del proceso judicial.
En este nuevo milenio, uno de los problemas más delicados a los que se enfrenta el mundo jurídico es, indudablemente, la profunda crisis en que está sumergido el sistema jurisdiccional, principalmente en el ámbito práctico jurídico, la lentitud y onerosidad de su concreción, el retardo en que los conflictos jurídicos llegan a ser resueltos por la autoridad y, en consecuencia a tal entumecimiento, la sociedad clama por la creación de una vía rápida de solución de disputas que no torne más penoso aún, por el transcurso del tiempo, el padecimiento que todo conflicto intersubjetivo implica per se; exigiendo a viva voz que se otorgue vigencia efectiva a la norma constitucional, garantizadora del derecho de todos los ciudadanos a una justicia expedita, a la satisfacción de las prestaciones jurisdiccionales por parte del Estado en tiempo razonable.
En este contexto nace la necesidad de legislar sobre las tutelas de urgencia para asegurar la tutela efectiva en la oportunidad adecuada; conduciéndonos así a la búsqueda de nuevas y diversificadas técnicas adaptadas a las características y exigencias particulares de ciertas situaciones para las cuales el proceso de cognición común resulta estructural y funcionalmente inadecuado.
Aparecen así, tanto en el ámbito nacional como en el derecho comparado, las tutelas de urgencia o PROCESOS URGENTES.-
Se destaca que la nota característica de los mencionados procesos es la prevalencia que se asigna al principio de celeridad, que se reduce a reducir la cognición y a postergar la bilateralidad a los fines de asegurar una tutela eficaz.
En este sentido, el respeto y cumplimiento de los principios procesales garantizan la logicidad de la sentencia con que se heterocompone el litigio, y la justicia del caso concreto. Sin embargo, ello no es suficiente para la consecución de los fines del proceso ya que la efectividad práctica de la resolución definitiva puede verse desbaratada si, en el lapso que transcurre desde la explosión del conflicto hasta la formación del mandato judicial, desaparecen los bienes objeto del litigio, las pruebas, o se modifica el estado de las cosas existente, o si el daño a las personas o bienes se transforma en irreparable; apareciendo entonces las medidas precautorias para asegurar la eficacia práctica del proceso principal (y sus fines) mediante un procedimiento siempre accesorio al proceso principal.
1.2 PROCESOS URGENTES. CLASES.
El derecho procesal moderno nos habla hoy de la imperiosa necesidad de crear y desarrollar una suerte de tutela judicial urgente. En el abanico de posibilidades de los procesos urgentes actuales nos encontramos primariamente con las Medidas cautelares, se las llama así porque nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva y al resultado práctico que aseguran preventivamente; más que a hacer justicia contribuyen a garantizar el eficaz funcionamiento de la misma.
Después encontramos a La Tutela Anticipatoria: es la que apunta a la satisfacción inmediata, total o parcial de la pretensión contenida en la demanda, cuando de la insatisfacción pueda derivar un perjuicio irreparable.
Y finalmente la Medida Autosatisfactiva.
1.3 SURGIMIENTO DEL CONCEPTO
La causa próxima más importante de su nacimiento ha sido la percepción de la ausencia en el conjunto de atribuciones judiciales en vista a la satisfacción de ciertas situaciones urgentes que no encontraban soluciones adecuadas en las medidas precautorias tradicionales.
Inclusive desde la perspectiva de los civilistas y comercialistas se experimentaba igual sensación, es decir que si bien todo lo cautelar es urgente, no todo lo urgente es cautelar.
Es que la categoría de lo urgente resulta mucho más amplia que el horizonte de lo cautelar.
Así se desfiguro lo conocido y empezaron a hablar de la cautelar autónoma, que sería aquella que no caduca, cuya sobrevivencia no depende de la iniciación a posteriori de un juicio principal.
Otros, buscaron fijar los límites de un nuevo concepto jurídico, “la medida autosatisfactiva”, que llegaba para ocupar, de manera coherente y fundada, la referida sensación de vacío.
En lugar de “desfigurar” a la “teoría cautelar clásica” se ha preferido preservarla y generar un nuevo instituto pensado por y para dar respuestas eficaces y expeditas a ciertas situaciones de urgencia que no reclaman (por sí mismas o porque no les interesa a los afectados) la promoción de acciones principales posteriores.
2.1 LA MEDIDA AUTOSATISFACTIVA. CONCEPTO
Cuando hablamos de una medida autosatisfactiva se habla de un requerimiento “urgente” formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que se agota con su despacho favorable, no siendo necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento.
La misma no constituyendo una medida cautelar, por más que en la praxis muchas veces se la haya calificado, erróneamente, como una cautelar autónoma
Se trata de una especie del género de los “procesos urgentes” diciendo que son soluciones jurisdiccionales urgentes no cautelares, despachables in extremis y mediando una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles.
Las mismas importan una “satisfacción definitiva” de los requerimientos de los postulantes, de modo que son autónomas, no dependiendo su vigencia y mantenimiento de la interposición o ulterior de una pretensión principal.
Asimismo dicho remedio de urgencia, no cautelar, resulta útil para solucionar vías de hecho. Igualmente exige una solución urgente, que procura aportar una respuesta jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una pronta y expedita intervención del órgano judicial.
La misma no constituyendo una medida cautelar, por más que en la praxis muchas veces se la haya calificado, erróneamente, como una cautelar autónoma. Ya que posee la característica de que su vigencia y mantenimiento no depende de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal.
.La medida autosatisfactiva es una solución urgente no cautelar, despachable in extremis, que procura aportar una respuesta jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una pronta y expedita intervención del órgano judicial.-
.Su vigencia y mantenimiento no depende de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal. Ello es así desde el punto de vista que su despacho favorable produce una situación consolidada insusceptible de ser revertida con posterioridad.-
.Su dictado está sujeto a distintos requisitos:
a)concurrencia de una situación de urgencia.-
b)fuerte probabilidad de que el derecho material del postulante sea atendible.-
c)la exigibilidad de la contracautela queda sujeta al prudente arbitrio judicial.-
.Tramitan inaudita et altera pars, es decir, sin escuchar al recipiendario de la medida o bien previa audiencia en donde se limita a oírlo.-
.Hasta tanto se regule legalmente la medida autosatisfactiva, puede fundamentarse su dictado en la potestad cautelar genérica o en una válida interpretación analógica extensiva de las disposiciones legales que expresamente disciplinan diversos supuestos que pueden calificarse como medidas autosatisfactivas.
En consecuencia, las medidas autosatisfactivas vendrían, de ese modo, a remediar la flaqueza propia de la teoría cautelar clásica, ya que en el orden procesal argentino sólo se puede obtener una respuesta jurisdiccional urgente recurriendo a las medidas cautelares, las cuales imponen necesariamente la ulterior o concomitante iniciación de una pretensión principal para evitar la caducidad o decaimiento de la solución urgente obtenida.-
2.3 DIVERSAS DENOMINACIONES
Respecto de este tema, vale aclarar que dicha acción ha recibido doctrinariamente diferentes nombres, entre ellos:
-Medida autosatisfactiva (Peyrano), remarcando que la acción urgente no cautelar se agota en sí misma en la sentencia de mérito.
-Anticipación de tutela (Morello), por cuanto el órgano jurisdiccional resuelve la cuestión aún antes de la traba de la litis.-
-Cautela material (Berizonce).-
-Sentencias anticipatorias (Rivas).-
-Tutela inhibitoria (Lorenzetti), destacando el propósito de prevención que la acción posee.
-anticipo de jurisdicción (CSJN, LL 1997-E-652, in re: “Camacho Acosta Máximo), etc.-
2.4 ANTECEDENTES EN EL DERECHO COMPARADO.
En países, como en EE.UU., a través del régimen de los injuctions, y asimismo en Italia, Alemania y Perú, el ideario de la medida autosatisfactiva está presente de lege lata, y su funcionamiento es corriente.
En dichos lugares, el referido ideario se encuentra en paralelo con la diligencia cautelar ortodoxa sin mezclarse y asignándole a esta última el rol que le compete.
El derecho comparado registra antecedentes legislativos relacionados a medidas cautelares en el ámbito del proceso administrativo, ya respecto de la tutela anticipada así como referido a las medidas cautelares positivas.
Ello, como consecuencia de una corriente de pensamiento que ha llevado a la generalización, en la Unión Europea, de la técnica de habilitar una “justicia provisional” inmediata y rápida, dejando la “justicia definitiva” remitida, ya sin grave daño, a los largos y dilatados procesos.-
El sistema español en relación con las posiciones entre el ciudadano y la Administración Pública y alude al conjunto de preceptos jurídicos acogidos por la norma constitucional que es la base que organiza el sistema institucional y atribuye los verdaderos derechos.
Advierte asimismo un cambio radical a través del tiempo en la situación básica del Derecho Administrativo, la relación entre Administración y Administrado.
La tradición era la superioridad de la Administración por una razón posicional que derivaba de una suerte se superioridad cuantitativa: la administración sería el titular del interés general y el ciudadano sería el titular de un interés particular.
Sin embargo, los derechos fundamentales que tienen por sí mismos carácter de “valores superiores del ordenamiento” (art. 1º de la Constitución española hacen que éstos prevalezcan incluso frente a la pretensión de superioridad posicional que la Administración tiene el hábito de invocar.)
Indica este autor que el nuevo paradigma del derecho administrativo reside en la tutela judicial efectiva y que pone de resalto el art. 24, párrafo 1 de dicha Constitución, el que expresa: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”.-
En la actualidad la Ley 29 del 13 de julio de 1998 “Reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa” resalta las medidas cautelares innominadas en el Titulo II, Capitulo II.-
En los arts. 129 a 136 establece que los interesados en el procedimiento contencioso administrativo podrán solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia.
Refiere también a que si se impugnare una disposición general, y se solicitare la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados, la petición deberá efectuarse en el momento de la interposición de la demanda.
La medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de las disposiciones pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso. Agrega que la medida podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de terceros que el juez o tribunal ponderará en forma circunstanciada.
La normativa transcripta evidencia que la legislación española admite la posibilidad del otorgamiento provisional de lo solicitado en el ámbito del contencioso administrativo.-
El código peninsular en punto a los procesos urgentes consagró el “proveimiento” de urgencia en una norma específica, el art. 700 del C.P.C..-
Cabe señalar que las medidas a disponer por el magistrado no revisten carácter cautelar, pues al acordar una tutela anticipada lo hace porque luego de efectuar un juicio suficiente como para conceder al momento del planteo, lo que debería ser admitido al final –en la sentencia de mérito- pero que si se postergara, el derecho que demanda protección quedaría desconocido en grado irreparable y sin embargo, el trámite del proceso continúa hasta la sentencia final.
En una reciente reforma introducida por la ley 353/90 prevé la admisibilidad de dos proveimientos específicos que actúan a modo de tutela anticipatoria. Ellos son:
A_ La ordenanza por el pago de suma no contestada (puede disponer el juez hasta el momento final de la fase instructoria, para ordenar el pago de sumas no contradichas); y
B_ La ordenanza de “ingiunzione” a favor del acreedor de una suma de dinero o cantidad determinada de cosa fungible cuando el crédito está fundado en títulos de particular valor, o si existe peligro de grave perjuicio en la demora. En ambos supuestos es necesario que el derecho consista en prueba escrita.
Los procedimientos señalados han sido aplicados por la jurisprudencia italiana hasta en materia contencioso administrativa, con relación a los actos de la administración, los “guidizio di ottemperanza”
En síntesis, la doctrina y jurisprudencia itálica han ido configurando un proceso cautelar amplio que permite al juez adoptar cualquier medida idónea para garantizar la tutela, frente a cualquier acto administrativo, incluido los negativos.-
Legislación Brasileña.
En este país, el art. 273 del C.P.C. (conf. Reforma por ley 8952/94) prevé el instituto nominado como “Anticipación de la Tutela”, sin embargo es menester acotar que el artículo de referencia no está ubicado dentro de los procesos cautelares sino entre las disposiciones generales de los procesos de conocimiento –lo que alerta acerca de que su naturaleza no es precautoria-, concluyese de ello que no es un procedimiento accesorio o instrumental de otro principal, sino que dentro del mismo proceso principal se postula y obtiene resolución anticipatoria.
Dicha resolución en vez de asegurar la futura realización de un derecho (lo que es propio de los cautelar) realiza ya mismo el derecho material sometido a juicio y antes de que éste finalice.
El mencionado dispositivo establece que “El juez podrá, a requerimiento de parte, anticipar, total o parcialmente, los efectos de la tutela pretendida en la petición inicial, desde que, existiendo prueba inequívoca, se convenza de la verosimilitud de la alegación y:
a_ Exista fundado temor de daño irreparable o de difícil reparación;
b_ Esté caracterizado el abuso de derecho de defensa o el manifiesto propósito retardatorio (malicioso) del demandado...”.-
El requirente debe prestar contracautela y si obtiene el dictado de la sentencia anticipatoria, ella se insertará dentro del proceso troncal que seguirá su trámite, no representando una incidencia separada.
En este sentido, vale aclarar que el trámite troncal seguirá su curso, y la sentencia de mérito revocará o confirmará la sentencia anticipatoria.
Respecto de este tema, cabe mencionar la existencia del Protocolo de Medidas Cautelares, el que forma parte del plexo normativo del MERCOSUR. Este Protocolo fue firmado en Ouro Preto en 1994 e incorporado a nuestra legislación por ley 24579, promulgada el 22 de noviembre de 1995.-
Dentro de los antecedentes del mencionado Protocolo están los Tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889 y 1940 vigentes entre Argentina, Paraguay y Uruguay, y la Convención Interamericana de Montevideo de 1979, vigente entre otros Estados en Argentina, Paraguay y Uruguay y aprobada por la II Conferencia Especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado (CIDIP II), siendo ésta última más amplia que el Protocolo de Ouro Preto, no resultando ello óbice para su aplicación ya que el propio Protocolo prevé en su art. 26 que “...no restringirá la aplicación de disposiciones más favorables para la cooperación, contenidas en otras convenciones sobre medidas cautelares”.-
En lo referente al tema del presente trabajo, las autosatisfactivas, los especialistas en la materia se preguntan si por aplicación del Protocolo se podría solicitar la concreción de otro tipo de medidas como por ejemplo una medida autosatisfactiva.-
En este sentido, se destaca que la medida autosatisfactiva concebida como un remedio de emergencia que con su acogimiento se agota, no siendo necesario la iniciación de una acción principal, si bien se asemeja a una medida cautelar, tiene con ésta marcadas diferencias, entre las que se resaltan: la verosimilitud del derecho requerida en la medida cautelar, no alcanzaría para ordenar una medida autosatisfactiva que necesita “una fuerte probabilidad” de que la pretensión sea atendible: el acogimiento de una autosatisfactiva equivale a la satisfacción del requerimiento del accionante y la medida cautelar es accesoria de un proceso principal en tanto que la otra es autónoma en cuanto se agota en sí misma.-
Entonces, la pregunta que cabe es si el Protocolo incluye la posibilidad de esta medida sui géneris sin violentar su art. 3 en cuanto admite “...medidas cautelares preparatorias, incidentales de una acción principal y que garanticen la ejecución de una sentencia”.-
Asimismo, se preguntan qué sucede si el país requerido no contiene en su derecho la medida solicitada. En este caso, una medida cautelar no específicamente regulada en el país requerido, podría ser acogida en tanto este Estado contenga en su derecho interno una medida cautelar genérica, como la que surge del art. 232 del CPCCN.-
2.5 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
En nuestro país, esta exigencia supralegal está consagrada en el artículo 43 de la Constitución Nacional, y en el art. 8, apartado 1º del Pacto de San José de Costa Rica.
Además en los siguientes derechos y principios constitucionales:
a) Derecho a la jurisdicción, traducido en la posibilidad de acudir al órgano jurisdiccional en procura de un pronunciamiento útil y eficaz que resuelva oportunamente la pretensión articulada en la causa.
Este derecho preexiste al proceso, como un derecho del hombre, plasmado en la facultad de peticionar (art.14, Constitución Nacional)
b) Acceso a la justicia: derivado del anterior. Este principio y garantía tiene asiento en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y cabe entenderlo como la capacidad de toda persona física o jurídica de tener la posibilidad real, concreta y sin excepciones, de solicitar y obtener que el Estado, por medio del Poder Judicial, le garantice efectivamente en los hechos el ejercicio de sus derechos.
De este principio se derivan los siguientes subprincipios:
- Subprincipio de la pretensión a la tutela jurídica: en el sentido de que una de las partes pretende frente al Estado la tutela jurídica favorable correspondiente a una situación jurídica
- Subprincipio de “razonabilidad técnica y axiológica”, que requiere una adecuación entre los fines del proceso (en nuestro caso de las medidas autosatisfactivas) y los medios para lograrlos, mirando siempre la justicia intrínseca de la postulación.
c) Principio de “justicia pronta”: como corolario del principio preambular de “afianzar la justicia”, la Corte ha inferido el mandato de “lograr una justicia rápida dentro de lo razonable”
- Subprincipio de economía procesal: en lo tocante a la simplificación de las formas del debate
- Subprincipio de humanización de la justicia judicial, en el sentido de propender a la inmediación y tender a la aceleración de los procesos, evitando dilaciones desleales; confianza en la buena justicia y tutela de la paz y de la armonía social
- Subprincipio de eficacia: a fin de obtener la finalidad principal del proceso, esto es: la justicia, debe privilegiarse el valor jurídico eficacia
d) Derecho de defensa, que comprende:
- El derecho de ser oído (arts. 18 y 75, inc. 22, Constitución Nacional; art. 8º, Pacto de San José de Costa Rica)
- El derecho de cuestionar, que comprende 2 facetas: por aplicación del principio procesal de contradicción, se admitirá acá en ciertos casos una bilateralidad restringida previa al despacho y la posibilidad de postular la revisión judicial que se dicte, mediante los recursos legalmente autorizados.
e) Principio de razonabilidad que, desde el preámbulo (“Dios, fuente de toda razón y justicia”), impregna todo nuestro sistema jurídico. Vale decir, viniendo a la órbita procesal, cualquier pretensión y cualquier decisión en el proceso (también en las medidas autosatisfactivas) debe pasar por el tamiz de la “razonabilidad” directamente conectado con el valor “justicia”.
3.1 La medida autosatisfactiva y la medida cautelar: similitudes y diferencias que las hace autónomas
Creemos que pocos son los caracteres comunes entre las medidas cautelares y las autosatisfactivas, consistiendo básicamente el elemento común en el carácter urgente, del que deriva la ejecutabilidad inmediata, la mutabilidad y el requisito del peligro en la demora para su despacho favorable que se traduce en la necesidad de tutela judicial inmediata a los fines de evitar la frustración del Derecho.
Los restantes caracteres y requisitos propios del esquema cautelar son ajenos a la esencia y finalidad del proceso autosatisfactivo, el que por su naturaleza constituye un proceso urgente, autónomo y contradictorio, despachable “inaudita parte” y previa contracautela, según el grado de apariencia del derecho y de urgencia de su despacho.
Es asimismo un medio de tutela rápida y extraordinaria, admisible restrictivamente ante la inexistencia de otra vía procesal eficaz.
Teniendo en cuenta los caracteres propios de las medidas cautelares, que son instrumentales, provisionales, mutables o flexibles, se disponen inaudita parte, el conocimiento para decretarlas es “en grado de apariencia” -no de certeza-, no producen efectos de cosa juzgada material, no causan instancia, su acogimiento no configura prejuzgamiento, no tienen incidencia directa sobre la relación procesal, son de ejecutabilidad inmediata y revisten carácter urgente.
a) Carácter instrumental. Esta nota distintiva, consiste en la característica configuradora de las medidas cautelares que las vincula a un proceso principal, al que sirven, garantizando
la efectividad de su resultado.
Las mismas nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente
preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva, de la cual aseguran preventivamente su resultado práctico.
Nacen al servicio de una providencia definitiva. La tutela cautelar es, en relación al derecho sustancial, una tutela mediata por cuanto más que a hacer justicia contribuye a garantizar
el eficaz funcionamiento de la justicia.
Si bien todas las normas procesales son instrumentales respecto de la actuación del derecho material, las medidas cautelares son “instrumento del instrumento” en relación a la finalidad última de la función jurisdiccional.
De este modo la tutela cautelar se prevé por el legislador como medio a través del cual puede conseguirse que otro medio, el proceso, funcione eficazmente, haciendo realidad esa afirmación teórica de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Ahora bien, como instrumento que es la medida cautelar necesariamente debe cumplir su función en relación al proceso principal, vale decir, a la tutela judicial que en él se presta. Ello se traduce en una serie de consecuencias que deben verificarse para afirmar la existencia de esa relación de dependencia con el proceso principal y que se analizan seguidamente.
En primer lugar: la medida se acuerda teniendo en mira el objeto de un proceso principal pendiente o que se habrá de iniciar, a cuyo efecto el régimen legal prevé un plazo de caducidad de la medida si no se promueve el juicio al que accede la cautelar (vgr. Art 207, Cód. Proc. Civ. Nac.: “Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez días siguientes al de su
traba...”).
En segundo término, la instrumentalidad exige que finalizado el proceso principal la medida cautelar se extinga. Nacida en previsión de la prestación de una tutela judicial, una vez obtenida ésta la resolución cautelar está destinada a desaparecer por falta de fines.
Sin embargo esta consecuencia tiene matices vinculados con el tipo de sentencia que ponga fin al proceso principal y con las modalidades de su eventual ejecución, si se trata de una sentencia de condena.
En tercer lugar, toda medida cautelar, pese a producir sus efectos desde el momento en que es concedida, tiene una duración temporal supeditada a la pendencia del proceso principal. Nacen con una duración limitada que deriva de su carácter provisional (art. 202, Cód. Proc. Civ. Nac.: “Las medidas cautelares subsistirán mientras duran las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se podrá requerir su levantamiento”), pero es la instrumentalidad la que determina su momento final.
Finalmente, la relación de medio a fin existente entre la medida cautelar y el proceso principal impone que exista correlación entre la medida que se ha de adoptar y el posible contenido de la sentencia.
Los efectos que se deriven de la cautela deben ser adecuados para cumplir esa función asignada de asegurar la efectividad práctica de la resolución definitiva de la litis.
Ahora bien, esta consecuencia del carácter instrumental debe interpretarse en sentido amplio, entendiendo que es admisible toda medida que asegure o garantice la efectividad de la sentencia y no sólo aquellas destinadas a asegurar la ejecución.
La relación de instrumentalidad que liga la providencia cautelar a la providencia principal puede asumir diversas formas, que el autor agrupa en cuatro categorías:
1) Las providencias que aseguran la futura ejecución forzada de la sentencia de condena;
2) Las que deciden interinamente sobre la relación sustancial controvertida hasta tanto sobrevenga la decisión definitiva y con miras a evitar perjuicios irreparables derivados del mantenimiento de la situación existente;
3) las providencias instructorias anticipadas -que en nuestro Derecho positivo y no obstante su finalidad cautelar se las considera un instituto jurídico diferenciado: las medidas de prueba anticipadas-, y
4) las resoluciones que deciden sobre la contracautela que se establezca para evitar eventuales perjuicios derivados de la traba indebida de la medida cautelar
Ahora bien, la cuestión adquiere relevancia en tanto la jurisprudencia registra casos de denegatoria de cautelares por coincidir con el objeto de la pretensión principal decisiones que parten de la concepción de la cautelar como mera aseguradora de la eventual ejecución de la sentencia, omitiendo que su contenido es más amplio y que la cautela puede ser no sólo conservativa sino también innovativa, pudiendo incluso anticipar provisionalmente el contenido de la decisión de mérito sobre la pretensión principal.
b) Provisionalidad: Se entienden que son provisionales o interinas por cuanto mantienen su vigencia en tanto subsisten las circunstancias que las engendraron. Asimismo, denegada una medida precautoria su rechazo no impide recabarla nuevamente, en tanto se hubiere modificado la situación de hecho o de derecho.
Tal carácter resulta del propio texto del artículo 202 del Código Procesal Civil de la Nación: “Las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron: en cualquier momento en que éstas cesaren se podrá requerir su levantamiento”.
El carácter provisorio de las medidas cautelares no significa apartamiento del principio de preclusión que opera la extinción de la facultad de impugnar los pronunciamientos jurisdiccionales cuando transcurre el plazo que establece la ley.
De allí que para solicitar el levantamiento de una medida cautelar firme –vale decir: fuera de los casos que prevé el artículo 198 del Código Procesal Civil de la Nación- debe demostrarse que cesaron las causas que la determinaron. No se puede fundar el pedido en que ellas fueron inicialmente improcedentes que, de ser así, debió recurrirse dentro del plazo legal.
c) Mutabilidad o flexibilidad. Para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, puede disponerse un aseguramiento distinto al solicitado u obtenido, o limitarlo teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intenta proteger (art. 204, Cód. Pro. Civ. Nac.).
Asimismo, cuando la medida no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada, el acreedor puede solicitar su ampliación, mejora o sustitución, mientras que el deudor está autorizado a recabar su sustitución por otra menos perjudicial que garantice suficientemente el derecho del primero (art. 203, Cód. Proc. Civ. Nac.).
Así resulta del texto de los artículos 203 y 204 del Código Procesal Civil de la Nación antes citados: Art. 203 - Modificación. El acreedor podrá pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que esta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada.
El deudor podrá requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del acreedor. Podrá, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes de mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere.
La resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco días, que el juez podrá abreviar según las circunstancias.
Art. 204 - Facultades del Juez. El juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger.
Se decretan “inaudita parte”. Establece el artículo 198 del Código Procesal Civil de la Nación que: “Las medidas precautorias se decretaran y cumplirán sin audiencia de la otra parte...” La razón de dicha disposición debe hallarse en la necesidad de eficacia de la tutela cautelar, pues si se cursara notificación a quien se pretende afectar con la medida, se le otorgaría la posibilidad de frustrar precisamente el objeto a que tiende.
El conocimiento jurisdiccional para decretarlas es en grado de apariencia, no de certeza. Adviértase que el principio de cognición, que es el grado de conocimiento que asume el juez frente a las situaciones jurídicas que se plantean en los procesos para emitir una declaración de la voluntad de la ley, es en materia cautelar en grado de “apariencia”: el juez debe verificar la apariencia o “humo de buen derecho” del peticionante de la medida.
El juez no declara cierto ni el derecho del acreedor ni el cumplimiento del deudor, sino
el fumus bonis iuris y el peligro de que el probable derecho sea violado, o sea ciertos hechos de los cuales resulta la verosimilitud de que exista un crédito y que, sin la efectivización de la cautelar, tal crédito pueda permanecer insatisfecho
f) No producen los efectos de la cosa juzgada material, no causan instancias y su acogimiento no configura prejuzgamiento, caracteres derivados de la mutabilidad o flexibilidad analizadas precedentemente.
g) No tienen incidencia directa sobre la relación procesal en sí, de allí que no interrumpen el plazo de caducidad de la instancia.
h) Son de ejecutabilidad inmediata. Los recursos contra las mismas se conceden con efecto devolutivo (no suspensivo) y ningún incidente planteado por el destinatario de la medida puede detener su cumplimiento.
Así lo establece el artículo 198 del Código Procesal Civil de la Nación:
...Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento.
i) Revisten carácter urgente. Este rasgo de las medidas cautelares resulta de su propia naturaleza y del contenido de diversas disposiciones legales. En efecto, las mismas pueden solicitarse aun antes de deducida la demanda (art. 195, Cód. Proc. Civ. Nac.); en caso de contienda de competencia, establece el artículo 12 del Código Procesal Civil de la Nación que “...ambos jueces suspenderán los procedimientos sobre lo principal, salvo las medidas precautorias o cualquier diligencia de cuya omisión pudiere resultar perjuicio irreparable”; se arbitra un mecanismo especial de suma celeridad para recibir información sumaria (art. 197, Cód. Proc. Civ. Nac.), tramitan por expediente separado (idem), ningún incidente planteado por el destinatario de la medida puede detener su cumplimiento (art. 198, Cód. Proc. Civ. Nac.), se decretan sin sustanciación (idem), entre otros.
Dicho carácter urgente ha adquirido relevancia en razón de los más recientes estudios doctrinarios que lo consideran el rasgo común de las medidas cautelares con otros institutos de tutela urgente que no son estrictamente precautorios -por no compartir los restantes caracteres que estudiáramos-, tales como las medidas autosatisfactivas.
Así también se deriva de dicho carácter urgente que las providencias simples para resolver sobre pedimentos cautelares deben emitirse “inmediatamente” y no dentro del plazo de tres días, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso 3º, in fine del Código Procesal Civil de la Nación.
Veamos ahora los caracteres salientes de este nuevo instituto procesal que ha dado en llamarse medida autosatisfactiva. Es conteste la doctrina en sostener que el rasgo común de este tipo de providencias con las cautelares radica en el carácter de urgente que se explicara precedentemente.
Esto supone que su dictado debe efectuarse en el lapso más breve posible y aun inaudita parte. Sin embargo, no en todos los casos deberían ser decretadas sin oír a la contraparte. En efecto, si media una fuerte probabilidad cercana a la certeza del derecho la medida podrá disponerse inaudita parte, de lo contrario deberá preverse algún tipo de sustanciación rápida, compatible con la efectividad de lo pretendido y con el carácter urgente de la pretensión.
Por su lado y por derivación lógica del carácter de urgente de la medida autosatisfactiva, la misma participa de otra nota de las medidas cautelares: la ejecutabilidad inmediata de lo decidido seguramente frustraría la finalidad de la medida que se admitieran recursos con efecto suspensivo contra la resolución que la acuerda o que algún incidente pudiera suspender su ejecución.
Respecto al carácter de mutable o flexible referido a la discrecionalidad del juez para acordar una medida diferente de la peticionada o limitarla; teniendo en cuenta la naturaleza del derecho a proteger, el mismo es aplicable a la medida autosatisfactiva en tanto resulta inherente a las decisiones urgentes.
La razón de la acentuada discrecionalidad del juez de la urgencia implica apreciación subjetiva y cierta dosis de flexibilidad pero, obviamente, no justifica la arbitrariedad.
En el caso de la medida autosatisfactiva tal carácter permite al juez “disponer las medidas que la índole de la protección adecuada indique”.
Con independencia de estos tres caracteres comunes entre las medidas autosatisfactivas y las cautelares, respecto de las demás características antes señaladas existen importantes diferencias que son las que hacen difícil encuadrar estos pedimentos en la estructura cautelar clásica.
En efecto, como señalara precedentemente, la medida autosatisfactiva no es instrumental, circunstancia que evidencia su condición de diligencia no cautelar. Tampoco es provisional por cuanto su resultado no queda ligado al resultado de una litis principal que no existe; ello obviamente sin perjuicio de reconocer que, como toda decisión judicial, se encuentra sujeta implícitamente a la regla rebus sic stantibus; vale decir, puede cesar si se modifican las circunstancias tenidas en cuenta para acordarlas.
Por su lado la medida autosatisfactiva no necesariamente debe disponerse “inaudita parte”, debiendo reservarse dicha posibilidad exclusivamente para los supuestos en que exista convicción suficiente, cercana a la certeza, respecto del derecho invocado.
Adviértase que tratándose de procesos de cognición restringida, que agotan el conflicto y lo resuelven de una vez y para siempre, el mero contralor ulterior en vía recursiva resulta insuficiente en la mayoría de los casos para resguardar adecuadamente el principio de
bilateralidad o de defensa en juicio.
Consecuentemente, siempre que las particularidades del caso lo permitan, debiera admitirse una suerte de sustanciación rápida o audiencia urgente.
Finalmente, en cuanto a los requisitos para la procedencia de las medidas autosatisfactivas cabe puntualizar que tal como lo destacan lo prevén el instituto, el grado de conocimiento para disponer la tutela autosatisfactiva es la existencia de una fuerte probabilidad cercana a la certeza y no la simple verosimilitud.
Asimismo siempre es necesario, al igual que en el esquema cautelar clásico, que exista peligro en la demora; consistente en la necesidad impostergable de tutela judicial inmediata de manera que en caso contrario se frustre el derecho invocado, recaudo que deriva del carácter urgente del proceso autosatisfactivo.
Finalmente, no en todos los casos será necesaria la prestación de contracautela, la que sólo procederá cuando la medida se decrete inaudita parte y sin la suficiente certeza sobre la existencia del derecho invocado.
No puede soslayarse que algunos principios de la teoría general de las medidas cautelares sirven para explicar y resolver este tipo de requerimientos urgentes, tales como la relación entre el grado de apariencia del derecho y la entidad de la contracautela (a mayor verosimilitud del derecho, menor contracautela y viceversa), pero tal circunstancia no resulta suficiente para concluir que este proceso autónomo, no instrumental, sea cautelar.
En efecto, se trata de una medida que genera un proceso autónomo en el sentido que no es tributario ni accesorio respecto de otro, agotándose en sí mismo.
Su dictado acarrea, insistimos, una satisfacción definitiva de los requerimientos del postulante. Se impone aclarar que lo de “satisfacción definitiva” debe entenderse en sus justos límites.
Ello se producirá en el supuesto de que la medida autosatisfactiva sea consentida o que adquiera firmeza como resultado de la frustración de las vías impugnatorias interpuestas por el recipiendario de la misma.
Como corolario de lo expuesto precedentemente pueden reseñarse las diferencias entre la medida cautelar y la medida autosatisfactiva en las siguientes características diferenciadas propias de esta última:
a) No es instrumental;
b) No es provisoria;
c) Su dictado no debe realizarse necesariamente inaudita parte, siendo menester en algunos casos alguna suerte de sustanciación rápida;
d) Es requisito de procedencia de la misma que se acredite una fuerte probabilidad -cercana a la certeza- de la atendibilidad del derecho invocado;
e) No siempre es exigible la prestación de contracautela para su efectivización, especialmente si ha mediado sustanciación previa a su despacho.
3.2 CRITICAS POSIBLES.
La medida autosatisfactiva, como proceso autónomo de cognición restringida y contradicción posterior al dictado de la medida ha llevado a considerar que la generalización de las tutelas diferenciadas podría representar un riesgo para el principio más caro al debido proceso legal: el de contradicción o defensa en juicio.
Se ha sostenido que la efectividad del proceso no puede ser buscada a cualquier costo, con sacrificio de las garantías fundamentales de una de las partes.
Además de que su admisión sólo debe ser admitida con carácter absolutamente excepcional, para la tutela de los derechos absolutos, inherentes a la personalidad, cuando de su insatisfacción deviene necesariamente su frustración.
No obstante que en la practica tribunalicia se corre el riesgo de que se puede prestar a ser “mal usados” por parte de los magistrados u ocasionar un festival de medidas, como se reprocha de los amparos en ciertas circunscripciones judiciales.
Con lo cual se desfigura la delicada labor de los jueces que muchas veces pierden la referencia de que se encuentran posados sobre la delgada línea que separa el ejercicio regular de sus funciones, conforme sus competencias constitucionales y la probable violación de principio de división de poderes por inmiscuirse en la funciones asignadas al Poder Ejecutivo.
Analicemos los críticas encontradas a la inclusión legislativa del instituto.
a) Riesgo de la utilización generalizada de los procesos urgentes:
La medida autosatisfactiva expresamente es destacada por su carácter excepcional y condicionan su admisión a los siguientes recaudos:
1) existencia de un interés tutelable cierto y manifiesto o fuerte probabilidad de que lo postulado resulta atendible,
2) que sea impostergable prestar tutela judicial inmediata para evitar la frustración del derecho,
3) que el interés del postulante se circunscriba, de manera evidente, a obtener la solución de urgencia no cautelar requerida y
4) que fuese necesaria la cesación inmediata de conductas o vías de hecho producidas o inminentes, contrarias a derecho.
Como se ve, no es probable que la tutela autosatisfactiva se generalice y se admita por esa vía lo que debe tramitar por la vía ordinaria de cognición plena.
b) Está en juego la bilateralidad en la estructura de la medida autosatisfactiva?
La autosatisfactiva someten su definitividad a una regla de recurribilidad o impugnación y algunos admiten -si el juez lo considera necesario- una previa y reducida sustanciación.
Ahora bien, aun en caso de despacharse inaudita parte no se vulnera el principio de bilateralidad o contradicción, el que se afianza con el ejercicio ulterior de la potestad impugnatoria que se abre con la vía recursiva.
La postergación de la bilateralidad no afecta la vigencia de la defensa en juicio ni, por consiguiente, los postulados del debido proceso legal.
Paralelamente se preserva la igualdad de las partes con la contracautela, lo que adquiere especial relevancia cuando la medida se decreta sin oír a la contraria y deben adoptarse recaudos para asegurar la responsabilidad por el eventual daño que pueda causar la misma en caso de ser impugnada y finalmente revocada.
c) Debe limitarse el ámbito de aplicación de la medida autosatisfactiva?
No existen razones para limitar el ámbito sustancial de aplicación de la tutela autosatisfactiva porque implicaría una limitación derivada de una concepción apriorística carente de fundamento y que deja fuera del ámbito de aplicación del instituto, por ejemplo,
a la cesación de infracciones al régimen de la propiedad horizontal o a la suspensión judicial de las asambleas de las sociedades anónimas, entre otras postulaciones que requieren de este remedio.
d) ¿Es Inconstitucional La Medida Autosatisfactiva?.
La llamada “medida autosatisfactiva” puede no llegar a soportar el “test” de constitucionalidad
Se enfatiza la importancia que tiene la igualdad en todo proceso judicial, condición que la eleva a la categoría de imperativo constitucional.-
En este sentido, observamos que las “medidas autosatisfactivas”, en tanto y en cuanto son despachadas “inaudita et altera pars”, pueden hacerse acreedoras a ese reproche de falta de bilateralidad y carencia de contradicción, pareciendo indubitable en las relaciones “inter privatos”.-
Ahora bien en lo referente al contencioso administrativo, sabemos que el Estado demandado también se hace beneficiario al derecho de defensa, es decir, el referido derecho siempre aprovecha tanto al actor como al accionado, aún en los supuestos de la presencia estatal en la relación procesal de base.-
Por último, y para culminar el tema, debe tenerse, entonces, muy presente que la autosatisfactiva no es lo normal o corriente. Pero cuando entra en juego la tutela inmediata de derechos, como ha sucedido con casos relativos a derecho a la salud, la autostisfactiva tiene cabida. deben ser excepcionales, pero no inexistentes.
El derecho administrativo, en tanto derecho procesal del derecho constitucional, debe representar el adecuado equilibrio y balance entre potestad y garantía, que es lo mismo que entre poder y libertad.-
No es aventurado afirmar que cada derecho tutelado por la Constitución, articulándose en una multiplicidad de situaciones subjetivas precisa para su efectividad tanto de la labor especializada del legislador, como de la intervención garantista y reparadora del juez
De todo lo expuesto, comparto plenamente la inquietud ante la necesidad de una justicia temprana y oportuna, que satisfaga los angustiantes y desesperados reclamos sociales, siendo éste el motivo por el que creo invalorable el esfuerzo para encontrar respuestas que se hagan cargo y efectivicen el clamor popular, acentuando el tiempo que insume el proceso.-
Ahora bien, ya en el tercer milenio, podemos observar que se plantean necesidades extremas, motivo por el que las garantías y derechos constitucionales (la tutela judicial efectiva, el debido proceso) no pueden tener vigencia sólo para unos (reclamantes) y dejar de tenerla para otros (reclamados), violando así la idea lógica de proceso con todos sus principios, derecho y garantía emanados de la norma suprema.-
En este sentido, sería necesario encauzar las soluciones urgentes en las vías constitucionales, de modo que la respuesta jurisdiccional rápida y expedita no se torne ineficaz en el caso concreto, por vulnerar aquellas garantías supralegales, las que constituyen el soporte de la seguridad jurídica.-
Resulta imperioso incluir en la mayoría de los códigos procesales vigentes el instituto de la medida autosatisfactiva (sobre todo el de la Nación) en tanto constituye una vía necesaria para asegurar la efectiva operatividad de los derechos sustanciales en los casos en los que sólo una actuación rápida de la jurisdicción puede evitar un daño irreparable o la frustración del Derecho.
Si bien tal postulación puede obtenerse a través de una aplicación de la medida cautelar genérica o innominada, se impone el dictado de normas procesales generales que determinen claramente el carácter excepcional de la medida autosatisfactiva, sus requisitos de admisibilidad, los efectos de su dictado y el régimen impugnativo.
La normativa que lo contemple contribuirá a dar certeza y evitará la inseguridad jurídica.
Por otra parte, el conocimiento previo por parte del justiciable de la vía y régimen aplicable, en tanto sirve de guía a quien quiera pedir justicia y al tribunal para administrarla, permite asegurar la igualdad de las partes y constituye una garantía para la defensa de los derechos.
No existe el riesgo de generalización del instituto si se lo legisla como vía excepcional y sujeta a la verificación de sus recaudos de admisibilidad.
No media afectación del principio de bilateralidad si se posterga la contradicción, sino, por el contrario, una adecuada compatibilización e integración de las garantías constitucionales vinculadas al “debido proceso”; por un lado, la defensa en juicio y la igualdad y, por otro, el dictado de una rápida y eficaz decisión jurisdiccional que haga efectivo el postulado de “afianzar la justicia”.
No es conveniente limitar el ámbito sustancial de aplicación de la tutela de urgencia autosatisfactiva, pues los derechos previstos en las leyes sustanciales requieren de preceptos generales que permitan su operatividad sólo condicionada a recaudos genéricos de admisibilidad.
Respecto a los procesos urgentes, se dijo:
1. El debido proceso es una preciosa garantía constitucional no sólo del demandado, sino también del actor, e involucra el derecho de éste a obtener una efectiva y oportuna respuesta jurisdiccional.
2. La garantía del debido proceso es polifacética y no siempre se materializa en la realidad de igual manera. Sus alcances y características no son las mismas cuando se trata de un proceso de conocimiento pleno que cuando se hacen valer “derechos líquidos” o se alega una situación de extrema urgencia que reclama impostergable solución.
3. El procedimiento monitorio, la medida autosatisfactiva y la tutela anticipada son tres de las vertientes principales del proceso urgente. Dichos institutos buscan mejorar la posición relativa del actor o del requirente de la prestación jurisdiccional, a veces injustamente olvidada.
4. Se recomienda la pronta y prudente incorporación a la legislación procesal Argentina de la estructura monitoria, la medida autosatisfactiva, la tutela anticipada y otras expresiones válidas de una deseable “justicia temprana”.
Cabe destacar que el empirismo registrado actualmente en la Provincia del Chaco, como consecuencia de que en su Código Civil y Comercial, la medida autosatisfactiva se encuentra legislada en el art. 232 bis, sirve para demostrar de manera palpable, una herramienta incuestionable más para la solución de casos concretos de carácter urgente.
- Alvarado Velloso, Adolfo, “Introducción al Estudio del Derecho Procesal”, T. I y II, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1997 y 1998.
- Berizonce, Roberto, “Tutela anticipada y definitoria”, J.A. 1996-IV-741.
- Bidart Campos, Germán J., “Tratado Elemental de Derecho Constitucional
Argentino”, T. I, Ed. Ediar, Bs. As., 1989.
- Bosch, Juan, “Acerca de la suspensión de los efectos del acto administrativo”, Diario La Ley del 26/08/96.
- Calamandrei, Piero, “Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares”, Ed. El Foro, 1997, págs. 44/5.
- Camps, Carlos E., La proyectada recepción legislativa de la tutela anticipada, J.A. Doctrina, Septiembre 1999, Nº 6161, pág. 2.
- Comadira, Julio Rodolfo, “Las medidas cautelares en el proceso administrativo”, La Ley 1994-C, Sec. Doctrina.
- Chiappini, Julio, “Adventicios alcances de la medida cautelar innovativa”, Zeus 29-J-45.
- De la Rocha García, Ernesto, “Procesos y medidas cautelares en los procedimientos civiles, penales, mercantiles, laborales, administrativos económicos-administrativos y contenciosos administrativos”, Granada, 1999.
- De los Santos, Mabel, Medida autosatisfactiva y medida cautelar, Rev. De Derecho Procesal, Medidas Cautelares, Ed. Rubinzal- Culzoni, Bs. As.-Santa Fe, 1998.
- De los Santos, Mabel, “Conveniencia y necesidad de legislar sobre las tutelas de urgencia”, FUNDESI, Escuela Judicial, “procesos urgentes”.
- Diaz, Mariana, “Breves comentarios sobre el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires”, El Derecho, 186-2000, Buenos Aires, Universitas.
- Dromi, “Derecho Administrativo”, T. I, Ed. Astrea, 1992.
- Ekmekdjian, Miguel Angel, “Tratado de Derecho Constitucional”, T. II, Ed. Depalma, Bs. As., 1994, art. 18.
- Gordillo, Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo II, Buenos Aires, 2000, XIII-36.
- Morello, Agustín M., “Anticipación de tutela”, Ed, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1996.
- Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, T. VIII, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1985.
- Palacio, Lino E. Y Alvarado Velloso, Adolfo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliograficamente, T. V, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1990.
- Perez Ragone, Alvaro, “Introducción al estudio de la tutela anticipatoria”, Jurisprudencia Santafesina Nº 26.
- Peyrano, Jorge W., Medidas autosatisfactivas, Ateneo de Estudios del Proceso Civil. Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, 1999.
- Peyrano, Jorge W., “Aspectos concretos del proceso urgente y de la tutela anticipatoria. Las recientes innovaciones brasileñas”, Ed. Fundación de cultura universitaria, Montevideo 1999.
- Peyrano, Jorge W., “Regimen de las medidas autosatisfactivas. Nuevas propuestas”, La Ley 1998-A-968.
- Peyrano, Jorge W., “Lo urgente y lo cautelar”, J.A. 1995-I-899.
- Quevedo Mendoza, Efraín, “Presupuestos de fundabilidad de las medidas cautelares autosatisfactivas y de las medidas cautelares”.
- Revista, J.A. 1997-IV, págs. 620 a 622 (fallo Camacho Acosta).
- Rivas, Adolfo, “La jurisdicción anticipatoria”, XVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal.
- Rolla, Giancarlo, “Derechos Fundamentales. Estado Democrático y justicia constitucional”, México D.F., 2002.
- Vargas, Abraham Luis, “Teoría General de los procesos urgentes”, parte I, La Ley 1996-A-8.

References: artículo 43
 resolución 
 resolución 
de lege lata
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 artículo 202
 artículo 198
 resolución 
 artículo 198
 artículo 198
 artículo 12
 artículo 34
in fine
 resolución