Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as201620077.html
Timestamp: 2019-03-20 19:30:00+00:00

Document:
as201620077
Auto Supremo: 77/2016
Expediente: LP – 47 – 15 – S
Partes: Mario Balboa Máximo y Gregoria Limachi Segales c/ Gobierno Autónomo
Proceso: Mejor Derecho de Propiedad y Acción Negatoria
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 224 a 231, interpuesto por Gustavo Alberto Flores Azurduy, en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz contra el Auto de Vista Nº 204/2014 de 16 de junio, cursante a fs. 218 a 219 y vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de mejor derecho de propiedad y acción negatoria, seguido por Mario Balboa Máximo y Gregoria Limachi Segales, respuesta al recurso de fs. 233 a 236; el Auto de concesión de fs. 237; los antecedentes del proceso, y:
Mario Balboa Máximo y Gregoria Limachi Segales, por memorial de fs. 12 a 13, adjuntado las literales de fs. 1 a 11, interponen demanda de mejor derecho de propiedad y acción negatoria en contra del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz, señalando ser propietarios de un bien inmueble consistente en un lote de terreno cuya superficie es de 34.50 m2., ubicado en la Av. Del Poeta entre Pasaje Montevideo Nº 347, zona Cancha Zapata de la ciudad de La Paz, mismo que lo adquirieron a título gratuito de los señores Reverendo Padre José Ramón Herrera Rodríguez, Vicario General del Arzobispado de La Paz y Reverendo Padre Joaquín Sáenz Martínez Párroco de la Iglesia María Auxiliadora de la misma ciudad, mediante Escritura Pública Nº 277/2001 de fecha 03 de agosto de 2001, registrado en Derechos Reales, bajo la matricula Nº 2.01.0.99.0023564 de fecha 04 de octubre de 2001. Ahora bien la Subalcaldía Centro Macro Distrito Nº 7 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, emitió la Resolución Técnico Administrativa Nº 91/2012 de fecha 27 de febrero de 2012, resolviendo la demolición de su vivienda por ser área de propiedad Municipal; no obstante tener acreditado su derecho propietario sobre dicha superficie el Gobierno Municipal a través de la sub Alcaldía pretende apropiarse de su terreno, por lo que al amparo del art. 56 de la Constitución Política del Estado, 105, 1.455 y 1.538 del Código Civil concordante con el art. 327 de su Procedimiento, demandan mejor derecho propietario y acción negatoria contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, pidiendo se declare probada la demanda.
Citado el demandado se apersona Carlos Andrés Suárez Ibáñez en representación legal de Luis Antonio Revilla Herrero Alcalde Municipal de la ciudad de La Paz, purgando rebeldía. Para estar en derecho.
Sustanciado el proceso en primera instancia la Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia-Resolución Nº 219/2013 de 21 de octubre de 2013, cursante de fs. 194 a 195 y vta., declaró probada la demanda de fs. 12-13 interpuesta por Mario Balboa Máximo y Gregoria Limachi Segales, declarando su mejor derecho propietario sobre el lote de terreno de 34.50 m2., así como la acción negatoria.
Contra esa Resolución de primera instancia, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, representado legalmente por Gustavo Alberto Flores Azurduy interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 204/2014 de 16 de junio, confirma en parte la Sentencia-Resolución Nº 219/2013 de 21 de octubre, en cuanto a la acción negatoria y se revoca en parte, en lo que respecta al mejor derecho propietario; en contra de esta última Resolución de segunda instancia; el demandado por medio de su representante legal recurre de casación en la forma y en el fondo, mismo que se pasa a considerar y resolver.
Del contenido del Recurso de Casación en la forma y en el fondo interpuesto por Gustavo Alberto Flores Azurduy, en representación legal del Gobierno autónomo Municipal de La Paz se tiene lo siguiente:
Acusa el recurrente, que el Auto de Vista Nº 204/2014 no se habría pronunciado sobre todos los reclamos deducidos en el recurso de apelación, infringiendo los arts. 188 y 190 del Código de Procedimiento Civil, resoluciones que deben contener decisiones expresas, positivas y precisas de las cuestiones planteadas en la manera que hubieran sido demandadas, obedeciendo al principio de congruencia.
Acusa que el Tribunal de Instancia habría obviado pronunciarse sobre la consulta de oficio, infringiendo el art. 197 del Código de Procedimiento Civil, respecto a las sentencias contra el Estado, no habiendo resuelto los agravios denunciados bajo el argumento de que el Ad quem debió efectuar una revisión de todo el proceso conforme corresponde al instituto de la consulta, labor manifiestamente incumplida por el Tribunal de Alzada, ya que habría sido elevado en consulta de manera discrecional, después de que el G.A.M.L.P habría interpuesto su recurso de apelación, infringiendo la obligatoriedad de elevar en consulta sin perjuicio de la apelación que pudiera interponerse.
Acusa aplicación indebida del art. 237 del Código de Procedimiento Civil, relativas a las formas de resolución previstas en los incisos 1) al 4) de la citada norma, señalando que las formas de resolución no estarían sujetas al arbitrio libre del Tribunal de Segundo Grado, no pudiendo resolver de forma distinta a la establecida en la ley, cuestionando la forma de resolución consignada en el Auto de Vista-Resolución Nº 204/2014, confirmado en parte, en cuento a la acción negatoria y revocando en parte, en lo que respecta al mejor derecho propietario; resolución no prevista en las formas señaladas por art. 237 del Adjetivo Civil.
Acusa que el Auto de Vista impugnado sería contradictorio tanto en su parte considerativa como resolutiva, debido a que las acciones interpuestas en la demanda no serían conexas y cuya Resolución habría dejando en la incertidumbre respecto de que si estaría o no de acuerdo con la labor efectuada por la Juez de instancia, por consiguiente reitera el recurrente que la Resolución de segunda instancia sería manifiestamente contradictoria al confirmar la sentencia Nº 219/2013 respecto de la acción negatoria, empero no declaro la inexistencia del derecho del Gobierno Antónimo Municipal de La Paz, dejando abierta la posibilidad de su existencia.
Acusa violación al derecho a la defensa y al debido proceso, bajo el entendimiento de que el Auto de Vista-Resolución Nº 204/2014 de 16 de junio de 2014, agravaría la situación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz aún más revocando su acción negatoria que no fue apelado por la parte demandante y no forma parte de la expresión de agravios contenida en la apelación del G.A.M.L.P., Resolución que favorecería más al parte demandante en desmedro de los intereses del demandado.
Acusa en cuatro sub punto que el Auto de vista hubiera incurrido: 1. interpretación errónea de hecho y de derecho en las pruebas aportadas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, respecto de la ubicación del bien, quebrantando el art. 190 en sus ordinales 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil cuya valoración va en contra de la sana critica, habiéndose tomado como referencia los folios reales, cuyo contenido sería muy general. 2. acusa omisión en la valoración de la prueba presentada por el G.A.M.L.P., como ser: copia del formulario y certificado catastral de fs. 87-88, informe de inspección S.A.C.- U.F.I. Nº 027/08, informe DAG-UBI Nº 1097/2010 de fs. 111, informe DAG-UBI Nº 1094/2011 fs. 86. 3. denuncia no haber sido valorada la confesión espontanea de la parte demandante; en el entendido de que entre sus acciones interpuso mejor derecho propietario sobre un terreno de 34.50 m2 ubicado en el pasaje Montevideo Nº 347, entre la Av. del Poeta, por inmediaciones de la cancha Zapata, confesando espontáneamente que el G.A.M.L.P. tendría derecho propietario sobre el bien inmueble que demandan, empero que el derecho de ellos tendría prevalencia. 4. Finalmente acusa error de hecho al no haber otorgado la calidad de plena prueba a los documentos presentados por el G.A.M.L.P., por consiguiente vulneración del art. 1.296 del Código Civil.
Acusa violación de la Constitución Política del Estado y las leyes, como consecuencia de la incorrecta valoración de las pruebas aportadas por el Gobierno Municipal misma que estaría inmersa en propiedad municipal, revistiendo el carácter de inviolable, inalienable, imprescriptible e inexpropiable conforme lo dispone el parágrafo II del art. 339 de la C.P.E., disposición legal resquebrajada por el Tribunal de Alzada al negar el derecho propietario del G.A.M.L.P., permitiendo de esta forma que parte de un área verde sea provecho únicamente de particulares en desmedro de toda la comunidad.
Por los fundamentos expuestos en el presente recurso y de conformidad con los arts. 250, 253, 254, 255, 257 y 258 del Código de Procedimiento Civil, formula recurso de casación en la forma y en el fondo contra el Auto de Vista-Resolución Nº 204/2014 de 16 de junio, solicitado la nulidad de obrados hasta fs. 204 inclusive, a fin de que el Tribunal de Segunda instancia emita un nuevo Auto de Vista y en caso de decidir ingresar a considerar el recurso de casación en el fondo, solicita se case el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo declare improbada la acción de mejor derecho propietario y acción negatoria interpuesta por los demandantes.
En sujeción a la argumentación deducida en el recurso de casación en la forma y en el fondo planteado por la parte demandada, se ingresará a resolver en primer lugar lo referido a la forma, en razón a que si fueran evidentes los extremos denunciados y la consecuencia fuera por anular el Auto de Vista o lo obrado hasta el vicio procesal denunciado y evidenciado, resultaría innecesario ingresar a analizar el recurso de fondo.
Al punto 1, el recurrente señala que el Auto de Vista Nº 204/2014 no se habría pronunciado sobre todos los reclamos deducidos en el recurso de apelación, infringiendo los arts. 188 y 190 del Código de Procedimiento Civil, vulnerando el principio de congruencia.
Del análisis y contrastación del recurso de apelación con el Auto de Vista impugnado se advierte que; el recurso contiene cinco reclamos, de los cuales el Ad quem habría extraído tres (Considerando I. punto I.2. de la resolución impugnada), referido en principio a que no se hubiera demostrado que un mismo propietario hubiera trasferido dos veces el inmueble objeto de litis, que la acción de mejor derecho propietario y acción negatoria serían excluyentes y finalmente que la sentencia no hubiera valorado la prueba cursante a fs. 132, siendo estos los aspectos atinentes al caso que nos ocupa, así se tiene establecido en el Auto de Relación Procesal de fecha 29 de mayo de 2012; quedando al margen dos aspectos; el relativo a los bienes de dominio público amparados por el parágrafo II del art. 339 de la Constitución Política del Estado y la Sentencia haría referencia a elementos que no serían propios de las acciones interpuestas.
En el caso que nos ocupa, la parte recurrente de haber advertido que el Auto de Vista no hubiera absuelto todos los puntos denunciados en su recurso, tenía expedita la aplicación del art. 239 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo no obstante haber presentado el memorial de fs. 221, mediante el cual solicitó complementación de otros aspectos y no así de los puntos ahora reclamados, no pudiendo ser considerados en esta etapa del proceso en virtud a no haber agotado la instancia correspondiente.
Con relación al punto 2, el recurrente señala que el Tribunal de segunda instancia habría obviado pronunciarse sobre la consulta de oficio, infringiendo el art. 197 del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto diremos que el art. 197 del Código de Procedimiento Civil.- (Sentencia contra el Estado) dispone que: Todas las sentencias dictadas contra el Estado o entidades públicas en general serán consultadas de oficio ante el superior en grado sin perjuicio de la apelación que pudiere interponerse”. Disposición legal que ha criterio del recurrente habría sido vulnerado, alegado que el Ad Quem habría omitido pronunciarse sobre la consulta.
En tal sentido de la revisión de obrados se tiene que el Juez de primera instancia en cumplimiento de la citada norma; mediante Auto cursante a fs. 211 vta., de manera expresa eleva en consulta la sentencia Nº 219/2013 ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien a través del Auto de Vista recurrido ha analizado la Sentencia de primera instancia de manera detallada en sus diferentes considerados, refiriendo los antecedentes del proceso, las pruebas producidas por las partes durante la sustanciación del mismo con la debida motivación y fundamentación que toda Resolución debe contener, advirtiendo la autoridad superior del error cometido por la juzgadora en primera instancia al declarar probadas ambas acciones; en tal sentido procedió a revocar la Sentencia de primer grado, ratificando en parte la Sentencia respecto de la acción negatoria y revocando la misma respecto del mejor derecho propietario, Lo que implica que la Resolución además de haber sido apelada fue revisada de oficio en cumplimiento de la Ley, no siendo evidente lo acusado en este punto, pues el hecho de que la Resolución impugnada no contenga un acápite especifico que indique la revisión en consulta, no significa que el Ad quem no haya hecho dicha valoración, de consiguiente por lo expuesto supra se tiene que el Ad quem cumplió con lo dispuesto por el art. 197 del Código de Procedimiento Civil.
Al punto 1 del presente recurso, acusa aplicación indebida del art. 237 del Código de Procedimiento Civil, relativas a las formas de resolución previstas en los incisos 1) al 4) de la citada disposición, señalando que las formas de Resolución no estarían sujetas al arbitrio libre del Tribunal de Segundo Grado, no pudiendo resolver de forma distinta a la establecida en la ley; sin embargo el Auto de Vista-Resolución Nº 204/2014, habría confirmado en parte la Sentencia, en cuento a la acción negatoria y revocando en parte en lo que respecta al mejor derecho propietario; Resolución no prevista en el art. 237 del Adjetivo Civil.
De lo acusado en este punto, se advierte que el reclamo contiene aspectos de forma que debieron se interpuestos en el recurso de casación precisamente en la forma y no en el fondo como erradamente lo hizo el recurrente, por lo que este Tribunal se halla impedido de abrir su competencia y considerar lo denunciado en este punto.
Al punto 2, acusa que el Auto de Vista sería contradictorio, debido a que las acciones interpuestas en la demanda no serían conexas, considerándola manifiestamente contradictoria al confirmar la Sentencia Nº 219/2013 respecto de la acción negatoria, no habiendo declarado la inexistencia del derecho del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, dejando abierta la posibilidad de su existencia.
El artículo 1455 del Código Civil, bajo el nomen juris de "acción negatoria" establece que: "I. El propietario puede demandar a quien afirme tener derechos sobre la cosa y pedir que se reconozca la inexistencia de tales derechos. II. Si existen perturbaciones o molestias, el propietario puede pedir el cese de ellas y el resarcimiento del daño."
Asimismo, la doctrina nos enseña que el artículo 1.455 del sustantivo Civil, proporciona al propietario la acción negatoria, mediante la cual éste desconoce un derecho real que sobre la cosa de su propiedad alegare alguien. Su objeto, es obtener una sentencia declarativa que establezca que la cosa está libre y franca de determinada carga, o que la carga es inexistente, puede tratarse de servidumbre, usufructo, uso inmobiliario, habitación. Al propietario le basta demostrar su derecho, mientras que al demandado le corresponde probar la existencia del derecho real que alega sobre la cosa ajena.
En ese contexto, establecida la naturaleza jurídica de una de las pretensiones objeto de la litis, se tiene que de la interpretación desarrollada por el Tribunal A quo, confirmada en parte por el Ad quem respecto de la acción negatoria es acertada, porque estableció que al haber acreditado los demandantes tener título de propiedad, le correspondía declarar la inexistencia de ese derecho de propiedad del demandado (G.A.M.L.P.), en virtud a que el mismo no habría demostrado con prueba idónea ser propietarios del mismo lugar, sino de otro conforme se tiene dicho en la Sentencia y Auto de Vista; por cuanto la acción negatoria permite al propietario demandar a quien afirme tener algún derecho real sobre la cosa de su propiedad y pedir se reconozca la inexistencia de tal derecho, aspecto que opera siempre y cuando el demandado no demuestre la existencia del pretendido derecho, empero cuando el demandado prueba ser titular del derecho real -principal o accesorio- que alega, la acción debe ser declarada improbada, toda vez que, como es lógico, no podría declararse la inexistencia del derecho real acreditado por el demandado, hecho no acontecido en el presente caso.
En el caso que nos ocupa, de acuerdo a las resoluciones de los de jueces de instancia; el demandado no contaría con derecho propietario respecto al lote de terreno de 34.50 m2., sito en Avenida del Poeta, entre pasaje Montevideo Nº 374, zona Universidad Cancha Zapata de la ciudad de La Paz, por lo que no existe la posibilidad de reconocer un mejor derecho propietario en favor de la parte demandada como pretende el recurrente.
Es así que como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el Gobierno Municipal de La Paz contra la Sentencia de primera instancia, fue emitido el Auto de Vista-Resolución Nº 204/2014 de fecha 16 de junio, mismo que en su parte dispositiva confirma en parte la Sentencia-Resolución Nº 219/2013 en cuanto a la acción negatoria, en consecuencia se niega cualquier derecho que pudiera tener el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, sobre el bien inmueble de propiedad de los demandantes, y se revoca en parte, en lo que respecta al mejor derecho propietario, y deliberando en el fondo lo declara improbado, bajo los fundamentos de que; compulsadas la pruebas y conforme las observaciones del recurrente las acciones pretendidas serían excluyentes entre sí, además de que no se habría acreditado de forma clara y cierta que el bien inmueble objeto de Autos devenga de un mismo vendedor, es decir que no existiría prueba donde se evidencia las tradiciones de los propietarios, y de esa forma dilucidar cuál de los dos tiene derecho propietario oponible. No quedando duda respecto de la titularidad del derecho sobre el bien inmueble.
Al punto 3, acusa violación al derecho a la defensa y al debido proceso, bajo el entendimiento de que el Auto de Vista-Resolución Nº 204/2014 de 16 de junio, habría agravado más la situación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, revocando su acción negatoria que no fue apelada por la parte demandante y no formaría parte de la expresión de agravios contenida en la apelación del G.A.M.L.P., Resolución que favorecería más a la parte demandante en desmedro de los intereses del demandado.
Del análisis y contrastación del Auto de Vista y el recurso de casación en el fondo, se advierte cierta confusión en el recurrente, al manifestar que el Auto de Vista impugnado habría revocado la Sentencia de primer grado en lo que respecta a la acción negatoria, dando a entender que se habría confirmado respecto del mejor derecho propietario, aspecto que agravaría más la situación del Gobierno Municipal; sin embargo cabe aclarar al recurrente que el Auto de Vista fue claro en cuanto a su decisión, pues revocó la Sentencia parcialmente en lo que respecta al mejor derecho propietario y confirmó en lo que respecta a la acción negatoria, bajo los argumentos ya señalados en el punto precedente.
Con relación al punto 4, debemos advertir que el mismos se encuentra subdividido en otros cuatro puntos, de cuya extracción se tienen las siguientes acusaciones: 1. interpretación errónea de hecho y de derecho en las pruebas aportadas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, respecto de la ubicación del bien, por consiguiente vulneración del art. 190 en sus ordinales 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil. 2. Acusa error de hecho por la omisión de valoración de otros medios de prueba presentados por el G.A.M.L.P., como ser: copia del formulario y certificado catastral de fs. 87-88, informe de inspección S.A.C.- U.F.I. Nº 027/08, informe DAG-UBI Nº 1097/2010 de fs. 111, informe DAG-UBI Nº 1094/2011 fs. 86. 3. Error de hecho al haber omitido la valoración de la confesión espontanea del demandante, en el entendido de que al haber interpuesto acción de mejor derecho propietario habrían reconocido que el G.A.M.L.P. también tendría derecho propietario sobre el bien. 4. Finalmente acusa error de hecho y de derecho al no haber otorgado la calidad de plena prueba a los documentos presentados por el G.A.M.L.P., conforme lo establece el art. 1.296 del Código Civil.
De la forma como fueron denunciados los agravios en el presente punto diremos que, en cuanto a la interpretación errónea de hecho y de derecho en las pruebas aportadas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, respecto de la ubicación del bien, de la revisión de obrados se tiene se tiene que la Juez A quo emitió la Sentencia-Resolución Nº 219/2013, cursante de fs. 194 a 195 y vta., en cuyo contexto se manifiesta en su segundo considerando; que conforme lo dispuesto por los arts. 1.286 del Código Civil y 375 de su Procedimiento además de la sana crítica y prudente criterio, se llegó a las siguientes conclusiones: 1. Que el pequeño inmueble de propiedad de los demandantes habría sido obtenido en buena ley, de los entonces Reverendos Padres y párrocos de la Iglesia María Auxiliadora (registrados en Derechos Reales bajo la partida Nº 014055117), aludido en el certificado de fs. 157, habiendo sido transferido un terreno de 34.50 m2., a título gratuito a favor de Mario Balboa Máximo y Gregoria Limachi Segales, dicha transferencia cuenta con la Escritura Pública Nº 277/2001 de 03 de agosto de 2001, encontrándose registrada a nombre de los demandantes bajo la matricula Nº 2.01.0.99.0023564 de 04 de octubre de 2001, donde continúan viviendo junto a su familia. 2. Que el Gobierno Municipal Autónomo de La Paz habría efectuado un trámite administrativo, disponiendo la drástica medida de demolición del referido inmueble, con la argumentación de ser propiedad municipal. 3. De otra parte señala que la ubicación del inmueble transferido a título gratuito a la parte actora, no tendría ninguna relación con el lugar del que existe un Folio Real Nº 2.01.0.99.0093086 a favor de la Municipalidad de La Paz (fs. 184), lugar que se encontraría ubicada en la región de “LAICACOTA”, ZONAS SOPOCACHI Y MIRAFLORES”, inmueble que no tendría ninguna relación con la ubicación que corresponde al inmueble de los ahora demandantes a juzgar por los informes técnicos de fs. 130 y 132 y sobre todo los planos de fs. 133, 134, 135, 137, presentados por la Alcaldía, cuyo contenido señala que CORRESPONDEN A LA ZONA DE KANTUTANI. 4. A fs. 117, cursa informe de Derechos Reales que claramente indica que el terreno de 34.50 m2., se encuentra ubicado entre LA AVENIDA DEL POETA Y PASAJE MONTEVIDEO, lugar que según los referidos planos presentados por la propia entidad edilicia corresponde a la ZONA DE KANTUTANI 5. Que en audiencia de inspección judicial el Juez de la causa evidenció a cabalidad que los vecinos de los demandantes se encontrarían en la misma línea y nivel, resultando sorprendente la existencia de construcciones grandes y bienes edificados, siendo a su criterio ilógico el interés del G.A.M.L.P. para demoler ese pequeño inmueble. 6. Refiere que los actores estarían cumpliendo con sus obligaciones tributarias, pagando sus impuestos.
De lo que se infiere que la autoridad judicial de primera instancia en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 192 del Código de Procedimiento Civil, habría hecho una relación y consideración del proceso en su conjunto, valoración de la prueba producida por ambas partes de cargo y descargo, sobre todo documentales e inspección judicial producidas en el curso del proceso, de las cuales procedió a disgregar unas de otras, para establecer los hechos probados y no probados, asignándoles el valor que la ley les otorga a cada una de ellas y en su caso usando la sana critica que le faculta la ley, llegando a la conclusión de que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz no habría probado tener derecho propietario alguno sobre el inmueble en cuestión, aspectos que fueron considerados por el Tribunal de Alzada, llegando a la conclusión de que el Juez Aquo habría incurrido en error al declarar probada la acción de mejor derecho propietario con el fundamento legal de que el bien objeto de Autos no devenía de un mismo vendedor y que la ubicación del inmueble sería distinta a la pretendida por el ente municipal como se tiene dicho precedentemente, por lo que fue revocada la Sentencia de primera instancia en lo que respecta al mejor derecho propietario y confirmado la acción negatoria.
Respecto los sub numerales 2) y 3) del punto 4, del recurso, se tiene que los recurrentes acusan error de hecho y de derecho en la omisión de la valoración de las pruebas presentadas por la Alcaldía Municipal y la confesión espontanea de los demandantes, reclamos que se encuentran al margen del inc. 3) del art. 253 del Adjetivo Civil, norma legal que establece error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba; sin embargo las denuncias son de omisión en la valoración de pruebas, pues no puede haber error si una prueba no ha sido valorada, aspecto que debió ser acusado en el recurso de casación en la forma y no en el fondo como se tiene erradamente planteado.
Finalmente con relación al sub inciso 4) del presente punto, los recurrentes pretenden se le asigne plena prueba a las literales señaladas supra y que a su criterio merecerían la fe probatoria dispuesta por el art. 1.296 del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto cabe señalar que la prueba es necesaria en todo proceso, esta debe tener eficacia jurídica para suministrarle al órgano jurisdiccional la convicción o la certeza sobre los hechos que sirven de presupuesto a las normas aplicables al pleito, por lo que no se concibe la institución de la prueba judicial sin esa eficacia jurídica reconocida por la ley, de lo que se infiere que el fin del proceso es la realización del derecho mediante la aplicación de la ley al caso concreto y las pruebas constituyen ser los elementos utilizados por el órgano jurisdiccional para llegar a un resultado.
En el caso de Autos se tiene que la Juez de primera habría valorado todas las pruebas en su conjunto de manera global, concatenando unas con otras conforme lo establece el principio de unidad de prueba, considerando las necesarias y desechando las innecesarias, y no de forma aislada como pretende el recurrente, habiendo llegado a la conclusión de que los actores serían prioritarios del terreno de 34.50 m2., ubicado en el pasaje Montevideo Nº 347, entre la Av. del Poeta, por inmediaciones de la cancha Zapata y no así el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. De lo que se concluye que las pruebas si fueron valoradas por los jueces de instancia conforme a ley y las reglas de la sana crítica, por lo que no son evidentes los agravios denunciados en este acápite.
Al punto 5, acusa violación de la Constitución Política del Estado y las leyes, como consecuencia de la incorrecta valoración de pruebas aportadas por el Gobierno Municipal y que el Tribunal de segunda instancia habría llegado a la conclusión de que el bien pretendido no estaría inmerso en propiedad municipal, revestido del carácter de inviolable, inalienable, imprescriptible e inexpropiable conforme lo dispone el parágrafo II del art. 339 de la C.P.E.
Al respecto cabe manifestar que si bien la Constitución Política del Estado claramente establece que; los bienes patrimoniales del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; que no podrán ser empleados en provecho particular alguno; sin embargo en el caso que nos ocupa las autoridades jurisdiccionales en ningún momento han reconocido derecho propietario en favor del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz sobre el inmueble objeto de la litis, debido a que la entidad Edil no demostró con prueba idónea cómo se tiene manifestado en el punto 2 de respuesta al recurso de fondo de la presente Resolución tener derecho propietario sobre el bien inmueble en cuestión, por tal motivo no se evidencia violación alguna aludida, dispuesto en la Constitución Política del Estado.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, y en aplicación a lo previsto en el art. 271 num. 2) y art. 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y el el fondo interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, representada por Gustavo Alberto Flores Azurduy contra el Auto de Vista Nº 204/2014 de 16 de junio. Sin Costas por ser entidad pública.

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