Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190409-IV.html
Timestamp: 2019-10-18 03:44:22+00:00

Document:
Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5253-IV, martes 9 de abril de 2019
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la SHCP a implantar un programa para regularizar automóviles de procedencia extranjera que se encuentran de manera irregular en la región fronteriza norte del país, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a instaurar medidas preventivas urgentes con transversalidad de embarazos de adolescentes, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas secretarías de Estado a implantar una estrategia integral para atender a los infantes que viven en los centros penitenciarios del país, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Cultura a realizar tanto una exposición, temporal o permanente, como un catálogo y recorrido digitales de la colección de exvotos mexicanos recuperada por el gobierno italiano y devuelta el 6 de marzo de 2019 para su exhibición, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR y la SHCP a instruir a la Administración General de Aduanas para que realice labores conjuntas que den seguimiento y sancionen la extracción y el contrabando de mercancías confiscadas en recintos aduaneros, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para realizar las debidas investigaciones, asignación de responsabilidades y aplicación de sanciones en Tamaulipas por el caso de importación de pollos de EUA contaminados, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas a instruir a las instancias locales correspondientes para que realicen un recuento general de los bienes almacenados, desincorporados o incautados por el gobierno estatal en favor de la realización de ventas o subastas, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar respetuosamente al Ejecutivo federal a asignar por la SHCP recursos presupuestarios adicionales al Inegi para levantar la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para mantener el nombre de la estación Allende, en virtud del punto de acuerdo aprobado sobre el tema por el Congreso de la Ciudad de México, el pasado 14 de febrero, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Con motivo del 7 de abril, Día Mundial de la Salud, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos y aplicables del reglamento de la cámara de diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a implementar un programa que permita la regularización de automóviles de procedencia extranjera que se encuentran de manera irregular en la región fronteriza norte de nuestro país, conforme a las siguientes
En los últimos años se ha registrado un incremento en el ingreso de vehículos de procedencia extranjera a territorio mexicano de manera irregular, principalmente provenientes de Estados Unidos. Este incremento se ha intensificado en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, debido a su cercanía con nuestro país vecino, dichas entidades que han tenido que vivir en mayor medida las consecuencias negativas que conlleva la existencia de carros que circulan de manera irregular.
Existen diversos motivos por los cuales estos automóviles entran a territorio mexicano, entre ellos encontramos que resulta más barato adquirirlos en Estados Unidos que en nuestro país, otra razón es que mexicanos que viven del otro lado de la frontera envían a México estos bienes muebles para ponerlos a trabajar o como parte de su patrimonio.
El problema radica en que la importación de estos automóviles se hace de manera irregular, es decir, al no cumplir con los requisitos necesarios para poder ser importados de manera definitiva como lo marca la Ley, ingresan a nuestro territorio sin ser identificados y sin que se tenga control sobre ellos. Una de las razones por las cuales no se llega a hacer conforme lo señala la Ley, es que el procedimiento resulta incosteable para los bolsillos de la gran mayoría de personas, además, también el modelo y año del vehículo son características que imposibilitan su importación.
Al no cumplir con los requisitos, miles de mexicanos optan por ingresar autos a nuestro país sin cumplir con las formalidades necesarias, y esta falta de regularización de estos vehículos de procedencia extranjera ha originado graves problemas que requieren de una solución inmediata, ya que repercuten negativamente en la vida de la población mexicana.
Entre los efectos más preocupantes se encuentra el incremento de la inseguridad en las ciudades a las que llegan estos automóviles, pues al no contar con placas ni registro, es casi imposible que sean identificados y esta situación es aprovechada por criminales para cometer un gran número de delitos. Este problema no es cosa menor, ejemplo de ello es que el 85 por ciento de los delitos cometidos en Baja California se efectúa con estos carros irregulares de procedencia extranjera,1 pues de esta manera evitan que sean localizados y juzgados. Por su parte, en Tamaulipas 8 de cada 10 delitos son realizados por delincuentes que se transportaban a través de uno de estos carros también conocidos como “chocolate”.2
Por otro lado, estos vehículos representan un problema para la recaudación fiscal, pues evaden los impuestos a los que toda persona es acreedora al hacer uso de un automóvil, y tampoco es posible que paguen multas en caso de incumplir con los reglamentos de tránsito, lo cual resulta totalmente injusto para el resto de mexicanos quienes cumplen con el pago de sus obligaciones fiscales.
Otro gran problema que es necesario atender en la regularización de estos carros es la contaminación al medio ambiente que provocan las emisiones de los mismos, ya que en su mayoría son automóviles viejos y contaminan de manera considerable sin que alguien les pueda sancionar.
Esta situación irregular no sólo afecta a terceras personas, sino también directamente a los dueños de dichas unidades de motor, pues con frecuencia son extorsionados por empresas falsas que prometen la regularización de sus unidades.
De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, desde 1978 hasta 2011 se han llevado a cabo 19 medidas de regularización de vehículos ilegales de procedencia extranjera,3 esto refleja la existencia de un problema que no es reciente y debe ser atendido adecuadamente.
Es importante mencionar que existe un alto grado de corrupción en las aduanas mexicanas, pues es por ahí donde lograr entrar los automóviles de manera irregular. Las personas que desean ingresar un automóvil logran hacerlo con ayuda de autoridades que incumplen con su labor, por ello es necesario que se establezcan mecanismos que impidan la realización de estas conductas contrarias a la Ley, tanto por parte de autoridades, como de particulares.
La finalidad de este Punto de Acuerdo es dar solución una situación que no puede continuar, no se puede seguir arriesgando la tranquilidad y seguridad de miles de mexicanos, es necesario que se reconozca la existencia de automóviles irregulares en nuestro territorio y darle una pronta solución a las terribles consecuencias que derivan de ello.
La totalidad de estos automóviles de procedencia extranjera que ya se encuentran dentro de territorio mexicano deben ser identificados y regularizados, se busca acabar con las consecuencias negativas que trae consigo la importación de automóviles irregulares, más no promover la llegada de más carros que nos cumplen con las formalidades a nuestro territorio, por ello de igual manera se plantea que se tomen las medidas necesarias a fin de que los próximos automóviles de procedencia extranjera que ingresen a territorio mexicano, lo hagan de manera regular.
En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Segundo: La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría y Crédito Público a reforzar los mecanismos necesarios que impidan la entrada irregular de automóviles extranjeros, provenientes de Estados Unidos, a territorio mexicano a través de las aduanas.
1 Frontera.info, Autos chocolate involucrados en 85% de delitos, consultado el 27 de marzo de 2019, disponible en:
https://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/
11052017/1212729-Autos-Chocolate-involucrados-en-85-de-delitos.html
2 Excélsior, Ocho de cada diez delitos son en carros “chocolate” en Tamaulipas, consultado el 27 de marzo de 2019, disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/11/1207125
3 Pág. 5 file:///C:/Users/Diana/Downloads/Vehiculos-usados-extranjeros-docto142. pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2019.
El que suscribe, Francisco Javier Huacus Esquivel, diputado a la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Primera. Por un largo periodo en México se instaló la marginación y segregación social como una consecuencia de las políticas públicas excluyentes, para la población con mayor vulnerabilidad económica y social en el país. El gran desafío del México contemporáneo, es recobrar los derechos humanos sustantivos que permitan la reconstitución del tejido social, que garanticen comunidades saludables y seguras para el segmento poblacional adolescente de la nación.
Los embarazos en los adolescentes en México son un fenómeno que demanda una atención emergente por parte del gobierno de México, de las autoridades de salud y de las diversas instancias institucionales encargadas de proveer información, difusión y prevención para la población categorizada entre los 15 y 19 años de edad.
Ante los esfuerzos transversales y gubernamentales por inhibir los embarazos en adolescentes en el país, las cifras arrojan resultados que evidencian las fallidas estrategias o las medidas insuficientes para contener un fenómeno social, que modifica y altera los procesos biológicos, sociales, económicos, educativos y culturales de los jóvenes en México al asumir responsabilidades prematuras.
Segunda. Las evaluaciones y los datos recientes revelan el exponencial crecimiento de los embarazos no deseados en los adolescentes; que son producto de la desinformación, de la pobreza, de los bajos niveles de educación y por la violencia sexual, que dibuja un diagnóstico desalentador para una población bajo riesgos y amenazas latentes.
De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que en 2016 nacieron 399 mil 140 niños de mujeres menores de 20 años de edad, lo que equivale a 17.4 por ciento del total en el país. Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que de una población de 124.7 millones de habitantes, cerca de 22.2 millones son adolescentes, de entre 10 y 19 años de edad.
En el grupo de 10 a 14 años, la tasa de fecundidad para el año 2015 era de 2.08, y para el grupo de 15 a 19 años era de 74.4 por cada 100 mil mujeres adolescentes. El Conapo advirtió que en los años recientes se observa una desaceleración de la cobertura y uso de métodos anticonceptivos. En México, el derecho a la planificación familiar se elevó a rango constitucional desde 1974.
En el caso del Distrito 12 de Apatzingán que represento, en 2018 y hasta febrero de 2019 en la cabecera distrital, 827 adolescentes fueron madres por vez primera de edades que oscilaron entre los 15 y 19 años de edad. Este problema de salud pública se presenta en algunos de los municipios que integran la demarcación electoral como Buenavista, Aguililla y Coalcomán.
Sin obviar que México encabeza la lista de entre todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la tasa más alta de embarazos en adolescentes. Que, de acuerdo a este organismo internacional en promedio se atienden mil 252 partos de mujeres de este grupo de la población en el país.
Tercera. En efecto, en 2015 se estableció la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes, donde participaron alrededor de 10 instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Secretaría de Educación y el Consejo Nacional de Población (Conapo), entre otras, para, de forma interinstitucional, paliar el grave problema público. Sin embargo, los resultados no fueron los deseados, las cifras se incrementaron. Hasta hoy, las acciones gubernativas para combatir con relativos resultados este desafío son fallidas. En tal sentido, urge que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, oriente sus esfuerzos de forma transversal para inhibir este fenómeno de salud pública, que se significa como el gran pendiente de las instituciones responsables de difundir, concientizar, prevenir y atender los embarazaos en los adolescentes en México.
Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somos consecuentes y velamos por el bienestar del pueblo de México. Este asunto es un tema de estado, minimizarlo es negar el derecho a los jóvenes de la nación por aspirar a un futuro y a un presente con dignidad y seguridad social.
Conforme a lo anterior, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Único . La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, que haga del conocimiento público los diagnósticos, estadísticas, estrategias y medidas implementadas para la prevención de los embarazos en los adolescentes. Así como el exhorto para que se establezca un plan emergente de salud con transversalidad institucional, donde se incorpore una visión integral, amplia e incluyente del problema.
Diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbrica)
La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
En nuestro país, los principios de igualdad y no discriminación se encuentran reconocidos en el artículo 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se indica que:
“Artículo 1o. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Artículo 4o . El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.1
En la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación en los artículos 1o., 2o. y 4o.:
“Articulo 1 . El objeto de la misma (Ley) es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas”.
Artículo 4. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades”2
Y en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en los artículos 1o., 2o. y 6o.:
Artículo 6. La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo”3
Durante el periodo 2013-2018, el Plan Nacional de Desarrollo, se insertaron estos principios a través del Eje Rector 1, México en Paz:
• Promover una legislación nacional acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.”4
• Paridad de género en las candidaturas a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Congresos Locales,
• Instalación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres,
• Creación del Observatorio Nacional de Participación Política de las Mujeres, donde a la par de instalaron Observatorios de Participación en cada Entidad Federativa,
• Incorporación de la perspectiva de género a las Reglas de Operación de todos los programas,
• Certificación de las dependencias de la administración pública federal y del sector privado en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación y,
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en nuestro país existen 16 Centros Femeniles Estatales en donde se encuentran 3 mil 284 mujeres.5
Un Centro Femenil Federal que alberga 4 mil 441 reclusas, y 75 Centros Mixtos en los que se localizan 5 mil 264 mujeres, dando así, un total de 9 mil 705 mujeres privadas de su libertad censadas en el 2017. De los 92 Centros de Readaptación Social Femenil, en 60 de ellos se ubican a 444 niñas y niños que viven con sus madres. 6
Ahora bien, mayoritariamente las mujeres que cumplen estas condenas pertenecen a “clases bajas y marginales, son de escasos recursos económicos y prácticamente nula formación profesional”,7 ésta podría caracterizarse como una de las razones por las que no existe un desarrollo integral en la atención de sus hijos, pues no tienen con los recursos para poder solventar los gastos que representa su atención.
De acuerdo con la investigación de Catalina Pérez Correa, que impulsó el Banco Interamericano de Desarrollo en “Las Mujeres invisibles: los costos de la prisión y los efectos indirectos en las mujeres”, se visibilizan los costos indirectos por mantener a un reo en prisión, pues no sólo requieren de ayuda económica para alimentos, medicamentos o productos de limpieza sino también para sostener su estancia el centro de reclusión.8
Es una decisión que sus hijas e hijos permanezcan en el centro penitenciario, vivan con alguno de sus parientes o sean entregados a instituciones que se hacen cargo de la custodia mientras ellas cumplan con su condena, sin embargo también pueden decidir mantenerlos junto a ellas en el ambiente carcelario.
Además se deben garantizar los principios básicos de alimentación, salud, educación, desarrollo integral tanto de las madres como de sus hijos.
“Artículo 4. (...) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”9
Por otra parte la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue creada con el objetivo de “reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos por lo que implica garantizar el pleno ejercicio, protección, respeto y promoción de sus derechos humanos, bajo los principios rectores y criterios que sean definidos en la política nacional del Estado.”10
Por su parte, el estudio de “Menores que viven con sus madres en los centros penitenciarios”, del Instituto Belisario Domínguez, señala que aunque en el artículo 13 de esta ley se describen los derechos de las niños, niñas y adolescentes, éstos son violentados, por lo que cabe hacer la siguiente referencia a lo encontrado:11
a) Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Las niñas y niños que viven en las prisiones con sus madres, no lo hacen en condiciones de dignidad, pues carecen de las mismas necesidades básicas que sus madres.
b) Derecho de prioridad. El marco legislativo mexicano establece que los niños son la prioridad para el diseño e implementación de las políticas públicas con el fin de proteger sus derechos. Las niñas y los niños que viven en las prisiones con sus madres, no son considerados en el ciclo de las políticas públicas.
c) Derecho a la identidad. No se sabe con exactitud si las niñas y niños nacidos en los centros penitenciarios, fueron registrados inmediatamente, y se desconoce si cuentan con un acta de nacimiento.
d) Derecho a vivir en familia. Los niños y las niñas no deben ser separados de sus familias de origen, a menos de que sea necesario. En el caso de los menores que nacen en las prisiones, la Ley establece que deben permanecer con sus madres hasta la edad de tres años, cumplida esa edad, deben ser separados y entregados al Sistema Nacional DIF o Sistemas de las Entidades para que sean ubicados en el mejor de los casos, con su familia extensa o ampliada, y en el caso más sensible, sean entregados a una familia de acogida.
e) Derecho a la igualdad sustantiva. Las niñas y niños que viven en las prisiones con sus madres, tienen derecho al mismo trato e igualdad de oportunidades que las niñas y los niños que viven fuera de las prisiones.
f) Del derecho a no ser discriminados. El artículo 39 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, indica que “niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento , discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia”,12 entonces las niñas y niños que nacieron en las prisiones, no deben discriminados por circunstancias de nacimiento, ni por este hecho se les debe de restringir o limitar sus derechos.
g) Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral. Si bien, todas las niñas y niños tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano, las niñas y los niños que viven en las prisiones con su madre no lo tienen, y aunque distintas instituciones demuestran que el ambiente carcelario no es bueno para ellos, sigue prevaleciendo el derecho a estar con su familia, en este caso, las madres que cumplen condenas y, que por distintos motivos no pueden separar a sus hijos de ellas.
h) Derechos de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Todos los menores, tienen derecho a una vida libre de violencia, y aunque no se tienen datos oficiales sobre la violencia que sufren las niñas y niños que viven en las prisiones con su madre, sí se tienen informes de la CNDH sobre la violencia que viven las mujeres en las prisiones, lo cual es de preocupación para el desarrollo de los menores.
i) Del derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. La precariedad de la atención médica ha quedado visibilizada en distintos estudios de la CNDH y del Inmujeres. Las niñas y los niños que viven en ambientes carcelarios con sus madres no reciben atención médica de calidad, a pesar de que en el artículo 50 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establece que “niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud”.13
j) Del derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. De las 444 niñas y niños que viven en las cárceles con su madre según el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, no se tiene información sobre si alguno de los menores tenía una discapacidad y si recibían la atención adecuada. De ser así, los niños y niñas con discapacidad deben ser incluidos y recibir un trato con igualdad de oportunidades al resto de los demás menores que se encuentran fuera de las prisiones.
k) Del derecho a la educación. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a recibir educación,14 y al mismo tiempo el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes indica que “niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”15 A pesar de ello, de todos los Centros de Reinserción, sólo el Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, cuenta con un Centro de Desarrollo Social (CENDI) validado por la Secretaria de Educación Pública (SEP), otros no cuentan con dicha validación o no existen.
l) De los derechos al descanso y al esparcimiento. Las autoridades de los tres niveles de gobierno, tienen la obligación de fomentar el descanso y esparcimiento de las niñas y los niños en actividades ya sean culturales, artísticas, deportivas, o de cualquier otro ámbito para su pleno desarrollo, independientemente del lugar donde vivan.
m) De los derechos de la libertad de convicciones ética, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Este derecho se encuentra señalado en el artículo 62, y tiene el fin de garantizarse en el marco del Estado Laico, a su vez, queda prohibida su discriminación.16
n) De los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información. Se debe de tomar en cuenta la opinión de las niñas y los niños, y aunque aquellos que viven en las prisiones tienen 3 años o menos, no puede ser excusa para no considerar su voluntad.
o) Del derecho a la participación. Una vez más este derecho también involucra a que las opiniones de las niñas y niños sean tomadas en cuenta, y el artículo 71 establece que debe ser acorde a su edad, a su desarrollo evolutivo, a su desarrollo cognoscitivo y a su madurez.17
p) Del derecho a la asociación y reunión. Es cierto que las niñas y los niños que viven en las prisiones con su madre no tienen garantizado este derecho por las condiciones en las que se encuentran, empero, su permanencia en los primeros años de vida con su madre, parece ser lo correcto.
q) Derecho a la intimidad. El artículo 76 de la misma Ley, establece que “niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación”.18 A las niñas y niños que viven en las prisiones también se les debe respetar este derecho.
r) Del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Para el caso de las niñas y los niños que viven en los reclusorios, no son ellos quienes cometieron un delito, pero sí sus madres, y en el mejor de los casos, están tratando de demostrar su inocencia, o bien, pagando una condena.
s) Niñas, niños y adolescentes migrantes. Las niñas y los niños que nacen en un reclusorio nacional, son considerados mexicanos, sin importar la nacionalidad de sus padres.
De acuerdo con el estudio publicado por Reinserta, AC, y el Instituto Nacional de las Mujeres sobre el Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana, lo que más solicitaban las mujeres es: leche (17.14 por ciento), pañales (16 por ciento), servicio médico (14,85 por ciento), medicinas para niñas y niños (10.28 por ciento), alimentos (8.5 por ciento), fuentes de trabajo para las madres (6.85 por ciento), ropa (6.85 por ciento), centros para niños/guarderías (6.28 por ciento), visitas más seguidas y más largas (3.42 por ciento), juguetes (3.42 por ciento), espacios especiales para que duerman los menores (2.28 por ciento), talleres para las madres (1.71 por ciento), mejor trato de las custodias hacia los menores (1.14 por ciento) y apoyo legal (1.14 por ciento).19
De ese mismo estudio, se cuestiona por el trabajo al interior de los Centros de Reinserción Social lo que el resultado arrojó que: “el 53 por ciento de las mujeres encuestadas comentó no tener un trabajo al interior de la prisión; el 25 por ciento dice que sí trabaja dentro del centro, aunque algunas consideran actividades informales como manualidades (es la mayor frecuencia) o servicios de faena como un trabajo, el 22 por ciento no contestó a esta pregunta.
De las que sí trabajan al interior del centro, el 52 por ciento no recibe ninguna remuneración económica; al 40 por ciento sí le pagan por trabajar (aunque esto no quiere decir que lo reciban por la institución penitenciaria); el 6 por ciento no respondió y el 2 por ciento no respondió.”20
En cuanto a la distribución de los gastos: “El 56 por ciento de las mujeres que reciben algún apoyo económico o les pagan por el trabajo que realizan, utilizan el dinero para sus necesidades al interior del centro; 18 por ciento utilizan el dinero para la manutención de sus hijos e hijas y el 13 por ciento para abastecer su negocio.
El 16 por ciento del total de las mujeres encuestadas considera que su ingreso semanal es entre 100 y 299 pesos mexicanos, aunque el 62 por ciento no respondió a esta pregunta.”21
Para atención y cuidados de los menores: “El 41 por ciento de las mujeres afirma alimentar a sus hijas e hijos con leche materna; el 32 por ciento no alimenta a sus hijas e hijos con leche materna y el 28 por ciento no respondió.
Respecto a la alimentación, 30 por ciento de las mujeres considera que cuenta con los alimentos suficientes para las necesidades básicas de sus hijas o hijos; el 34 por ciento los considera insuficientes y el 36 por ciento no respondió a esta pregunta.
El tema de Salud para las hijas e hijos de las madres en prisión, es muy delicada, pues “el 58 por ciento de los menores al interior tiene todas sus vacunas; 34 por ciento no respondió y el resto no sabe, o no las tiene. De las que respondieron que no, 13 por ciento no sabe por qué; 13 por ciento no tiene acceso a vacunas; 50 por ciento mencionó que dentro de la prisión no hay vacunas y 25 por ciento por otra situación.
Cuando las niñas o los niños se enferman, el 40 por ciento recibe atención pediátrica dentro del centro penitenciario; el 13 por ciento fuera del centro penitenciario; el 12 por ciento no recibe atención pediátrica; el 34 por ciento no respondió y el 1 por ciento dentro y fuera del centro penitenciario, esto en virtud porque hay algunas niñas y niños que salen temporalmente con algún familiar y algunas mujeres aprovechan para que los menores puedan acudir con un médico fuera del centro penitenciario, sin embargo son muy pocas las que tienen el apoyo.
Cuando las y los menores se enferman, el 39 por ciento recibe las medicinas sin costo en el centro penitenciario; el 35 por ciento lo consigue en el mercado negro; el 15 por ciento las tiene que conseguir por otro medio; el 7 por ciento a través del centro penitenciario pero las tiene que pagar y el 4 por ciento otra (...). El 66 por ciento de las mujeres considera que su hija o hijo tiene buena salud; el 17 por ciento no respondió; el 13 por ciento un estado de salud regular; 3 por ciento no sabe y el 1 por ciento mala salud.”22
“Es por todas” y con la finalidad de que los infantes que habitan en los centros penitenciarios de nuestro país sean atendidos mediante una estrategia y esfuerzo coordinado de las dependencias de la administración pública federal que garanticen además los principios del interés superior de la infancia que se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a formalizar un convenio de colaboración y coordinación con la Secretaría de Economía que permita impulsar medidas de apoyo para que las mujeres en condiciones de internamiento en los Centros de Readaptación Social Femenil de nuestro país puedan recibir capacitación en materia laboral que permita generar una fuente de ingresos a pesar de encontrarse en esta condición.
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o. y artículo 4o., disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_260319.pdf
2 Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, artículo 1o., artículo 2o. y artículo 4o., disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf
3 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, artículo 1o., artículo 2o. y artículo 6o., disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_140618.pdf
4 Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, página 110, disponible en
http://copladem.edomex.gob.mx/sites/copladem.edomex.gob. mx/files/files/pdf/Planes%20y%20programas/PND.pdf
5 CNDH, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, página 617, disponible en
7 Reinserta, AC, Inmujeres, Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana. Propuesta de políticas públicas para atender de manera integral sus necesidades más apremiantes, página 20, disponible en
https://reinserta.org/noticias/diagnostico-de-maternidad -en-centros-penitenciarios
8 Para mayor información, consúltese en
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15473/las-m ujeres-invisibles-los-costos-de-la-prision-y-los-efectos-indirectos-en- las
9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4, Op. Cit.
10 Carla Angélica Gómez Macfarland, Menores que viven con sus madres en centros penitenciarios: legislación en México, Instituto Belisario Domínguez, agosto 2017, página 12, disponible en http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3665/C uaderno%20de%20investigaci%C3%B3n%2034.pdf?sequence=1&isAllowed=y
11 Ibídem, artículo 13.
12 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 39, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf
13 Ibídem, artículo 50.
14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3, Op. Cit.
15 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 57, Op. Cit.
16 Ibídem, artículo 62.
17 Ibídem, artículo 71.
18 Ibídem, artículo 76.
19 Reinserta, AC, Inmujeres, Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana, página 122.
20 Ibídem, página 73.
21 Ibídem, página 74.
22 Ibídem, página 87.
El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, en el uso de sus facultades para realizar una exposición, temporal o permanente, así como, un catálogo y recorrido digital de la colección de exvotos mexicanos recuperada por el gobierno italiano y devueltos el pasado 6 de marzo de 2019 para su exhibición en algunos de los museos más relevantes de nuestro país, en favor de un acceso igualitario a la producción cultural nacional, al tenor de las siguientes
El tráfico ilegal de obras y objetos históricos mexicanos siempre ha sido abundante ante el gran atractivo que esta clase de piezas tiene para los coleccionistas privados. La amplia variedad de momentos históricos emblemáticos, al igual que la diversidad artística y de diseño con las que cuentan los objetos artísticos nacionales, los sitúa como piezas que resaltan el prestigio de quienes las poseen.
Por desgracia para los interesados, las obras cuentan con protección del estado mexicano, por lo que, idealmente, poseer algunas de estas piezas traería consigo consecuencias graves para aquellos que sean partícipes del acto delictivo.
A pesar de ello, la frecuencia con la cual el arte nacional se encuentra amenazado ha ido en aumento en los últimos años, especialmente en el caso del arte relacionado al periodo colonial y poscolonial de origen “sacro”. El crecimiento en el robo de esta clase de objetos se ha caracterizado por su crecimiento durante el presente siglo, donde ha tenido un aumento del 600% en estos 19 años. Igualmente, se promedia que cada semana 26 iglesias mexicanas sufren robos de óleos y esculturas de acorde a datos provistos por la Episcopado Mexicano.1 De 2001 a 2010 se estima que fueron ultrajadas cerca de 400 obras de arte sacro de la época virreinal, con un costo de entre 35,000 y 150,000 dólares.2 En este caso, las entidades más afectadas fueron Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Zacatecas y Jalisco, según información del Centro Católico Multimedial de México.3 En muchos casos, dichos objetos terminan exhibidos en el mercado negro, técnicamente irrastreables de primera mano y con periodos de recuperación (si llega a suceder) bastante extensos, como fue el caso de las esculturas recuperadas en una tienda de antigüedades en la colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México en el mes de diciembre de 2018, donde los objetos habían sido reportados como robados desde 2001.4
Un escenario de esta clase muestra que los valores culturales tangibles e intangibles de los mexicanos, ante su naturaleza, se encuentran constantemente amenazados por esta clase de prácticas. En sus consecuencias, más allá de la pérdida monetaria, el valor histórico de las obras tiene un efecto negativo en la memoria colectiva de las comunidades nacionales. El despojo del valor intangible que acompaña a objetos de esta índole es incalculable. La privación de ellos para las masas es un atentado intelectual contra las riquezas históricas de nuestro país y contra los incentivos creativos e intelectuales que estos objetos juegan al inspirar a los mexicanos. Privar de obras de carácter histórico relevante al resto de la población o, como en algunos casos pasa, a los mexicanos en general, debido a intereses económicos, de estatus y privados, es algo deleznable.
Por lo tanto, el hecho de que sucedan casos como la recuperación de 596 exvotos confiscados y devueltos por el gobierno italiano5 el pasado 6 de marzo de 2019, es motivo de alegría y de celebración. El restablecimiento del patrimonio histórico nacional es un acto justo para el respeto a la identidad nacional y la basta historia artística que la acompaña.
Su reubicación y exposición en los recintos pertinentes debe de ser prioritario, aunque igual abre una oportunidad única para su presentación pública. Tomar provecho de la situación y promover una exposición temporal o permanente, en coordinación con las entidades religiosas propietarias de los objetos, y en recintos varios a lo largo del país, es una forma de realzar la valía cultural de los objetos y recalcar el compromiso que se tiene con México. Por otra parte, la realización de actos de esta clase de manera recurrente otorga rendimientos positivos para la población en general. La diversificación de su exposición y su muestra a la población en general es una manera de posicionar las obras y su relevancia en la vida cotidiana de la ciudadanía, la cual tiene el derecho de acceder a las producciones culturales mexicanas.
Con esto, el objetivo de difusión y apertura por parte de la presidencia actual denotará un compromiso con los ideales expuestos durante el proceso de elección. La apertura de espacios es, a su vez, la apertura de posibilidades de desarrollo humano y profesional, donde la oportunidad de acceso a dichas obras puede incentivar a múltiples ciudadanos a tener un mayor compromiso con la producción cultural de nuestro país. Ilustrar, con referentes, la capacidad creativa de nuestros conciudadanos, realza los valores nacionales e instituye en el imaginario social las corrientes artísticas que hemos producido a lo largo de nuestra historia.
Igualmente, se vuelve un atractivo turístico no sólo para nuestros ciudadanos, sino también para los visitantes extranjeros. Mientras una mayor cantidad de espacios dedicados a mostrar las propiedades nacionales en los distintos rubros de la actividad humana, mayor el valor social y los atractivos turísticos que los visitantes podrán disfrutar y recomendar para ser presenciados por potenciales visitantes a futuro. Debido a la relevancia del turismo para la economía nacional, realizar pequeñas acciones que, en conjunto, incentiven el atractivo de nuestro país como destino siempre será considerado de ayuda para mantener a la industria.
Explicitados los beneficios económicos y culturales de una exposición de esta clase, considerar la puesta de dichas obras a disposición del público es una gran manera de enlazar las promesas de campaña, con la generación de espacios culturales y la búsqueda de un impacto positivo para el bienestar de la población. Emplear esta especie de situaciones como oportunidades para hacer frente a las diversas problemáticas planteadas en el proyecto de nación de la presente administración, como la brecha de desigualdad económica y cultural, al igual que realzar la valía del respeto al estado de derecho, comienza a partir de la articulación de diversos grandes y pequeños actos que denoten el compromiso por parte de nosotros, sus representantes, para la generación de bienestar para nuestro país.
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, en el uso de sus facultades para realizar un catálogo y recorrido digital general de los exvotos mexicanos recuperados por el gobierno italiano y devueltos el pasado 6 de marzo de 2019 para posibilitar su difusión y apreciación a lo largo de nuestro país ante la imposibilidad de toda la ciudanía de poder asistir a las principales urbes donde usualmente se exponen esta clase de obras.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias para realizar una exposición, temporal o permanente, de exvotos mexicanos recuperados por el gobierno italiano y devueltos el pasado 6 de marzo de 2019 para su exhibición en algunos de los museos más relevantes de nuestro país, en favor de un acceso igualitario a la producción cultural nacional.
1 Agencia EFE. (2018). Crece el robo de arte sacro en México, de Excélsior. Sitio web:
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/crece-el-robo-d e-arte-sacro-en-mexico/1286598
4 Milenio Digital. (2018). Tienda de antigüedades en Lomas de Chapultepec vendía arte sacro robado, de Milenio. Sitio web:
https://www.milenio.com/policia/tienda-antiguedades-loma s-chapultepec-vendia-arte-sacro-robado
5 Heraldo de México. (2019). Italia devuelve a México 596 exvotos que fueron robados, de Heraldo de México. Sitio web:
https://heraldodemexico.com.mx/artes/italia-devuelve-a-m exico-596-exvotos-que-fueron-robados/
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, y a ?Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el uso de sus facultades, a girar las instrucciones necesarias a Ricardo Peralta Saucedo, titular de la Administración General de Aduanas, para realizar labores conjuntas para el seguimiento y sanción en casos de extracción y contrabando de mercancías confiscadas en recintos aduaneros, al tenor de las siguientes
La historia reciente del trabajo aduanero en México se ha visto manchada por casos de corrupción que han encontrado resonancia en medios nacionales e internacionales. En este año, los titulares expusieron las declaraciones del ahora Administrados General de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, donde se reportaron 7 casos de corrupción al interior de las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. En uno de los casos reportados de la aduana de Reynosa, se confiscaron cerca de 1,400 cargadores de “cuerno de chivo”.1 Estas acciones, más comunes de las que se reportan, son solo una pequeña muestra del tipo de situaciones con las cuales se enfrentará en el día a día la actual administración. Sus consecuencias, irreversibles en muchos casos, tienen impacto diverso en diferentes rubros de la vida social del país, especialmente en temas económicos y de seguridad. Este año, la OCDE publicó que se pierden cerca de 2,000 millones de dólares por país derivado de la corrupción en sus respectivas aduanas.2 Esto, sumado al peso que el tráfico de armas y otras herramientas útiles para el crimen organizado muestran que el tema debe de ser encarado de forma prioritaria por las autoridades correspondientes.
Lo preocupante, en este caso, pasa por el conjunto de posibles mercancías traficables y la impunidad que rodea a esta actividad, ya que los hechos muestran que no se cuenta con una estrategia eficiente para afrontar la problemática. Viéndolo en retrospectiva, existe una serie de crímenes que no han sido sancionados y que deben de ser efectivos en favor de los intereses de seguridad nacional y protección a la propiedad intelectual. El control estatal a la entrada de cierta clase de mercancías siempre debe de ser considerado en sus momentos pasados, presentes y futuros, debido a la relevancia que juega en el mantenimiento de un mercado y sociedad sanos.
Un flujo sin restricciones deriva en escenarios sumamente negativos para las expectativas de desarrollo nacionales y el crecimiento de los individuos que componen a nuestra sociedad. La continuidad únicamente vaticina una serie de relaciones complejas que apuntan a detonar en un escenario mucho más recrudecido en relación con la inseguridad que atraviesa actualmente el país. En una nación donde hasta enero de 2019 se mantuvo un promedio de 79.7 homicidios al día,3 el hecho de que muchas de las herramientas que se emplean para la realización de actos delictivos pasen por las aduanas y que en estas los mecanismos empleados y los actores involucrados son incapaces de detenerlas o, en el peor de los casos, colaboran para el tráfico de dichas mercancías, muestra que es necesario un ejercicio real de la ley e instituciones existentes para prevenir esta clase de situaciones.
En sintonía con la implementación del “Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación”, el cual será presentado el día 18 de marzo de 2019,4 exhortar a un trabajo colaborativo que se dedique a dar un seguimiento retroactivo a los casos de corrupción registrados en el pasado en las aduanas, al igual que una implementación presente y futura de mecanismos de control, en conjunto con normatividades contemporáneas (siempre sujetas a mejoramiento), trabajo de investigación y la emisión de sus correspondientes sanciones, es el punto de partida que debe de orientar la labor de seguridad en relación con el comercio aduanero.
Sobre este escenario, considerar que la Fiscalía General de la República atraiga los casos pasados, presentes y futuros de manera prioritaria abona a una serie de políticas preventivas en contacto con el problema de la inseguridad y la corrupción. Consolidar una relación orgánica entre ambas instancias, donde exista una comunicación constante y una colaboración en trabajos de investigación, al igual que la facilidad en el acceso a los recintos e información relacionada con la forma de operar de las aduanas y las mercancías que en ellas circulan, son potenciales formas de encarar la problemática mediante la implementación de métodos y herramientas con las cuales ya se cuenta hoy en día, para posteriormente ser reemplazadas por formas más trabajadas y pulidas de acorde a un diagnóstico concreto acerca del cómo están operando el delito aduanero y cómo podemos prevenir que se siga cometiendo con la frecuencia que tiene hoy en día.
Consideramos que las aduanas cuentan con el potencial y algunas herramientas para hacer frente al problema, pero la implementación de diversos métodos y herramientas es insuficiente si no se dispone de voluntad política y moral para volver efectivas las normatividades para las que se emplean dichas herramientas.
Por ello, consideramos que la Fiscalía debe de contar con la disposición y los canales suficientes para afrontar la diversidad de delitos que pueden ser realizados al interior de las aduanas. En la administración pasada, la labor realizada por parte de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, y Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia,5 unidades de la ya extinta Procuraduría General de la República,6 son solo algunas de las instancias involucradas con esta clase de actividades delictivas y que demuestran la complejidad de la temática. Atraer dichas labores al interior de la Fiscalía y situarlas en una categoría propia para los delitos aduaneros permitirá concatenar a cada una de estas instancias sin atentar contra sus funciones más generales.
Todo esto en favor de mantener altos estándares en términos de la seguridad aduanera y la protección de la propiedad intelectual, que tendrá efectos positivos para el desarrollo y mejoría del bienestar en México, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a ?Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el uso de sus facultades gire las instrucciones necesarias a Ricardo Peralta Saucedo, titular de la Administración General de Aduanas, para realizar un reporte pormenorizado semestral sobre los delitos registrados en las aduanas y recintos fiscales donde se tipifiquen aspectos detallados como mercancías específicas, montos y actores involucrados.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias a las instancias, dependencias y actores involucrados directamente con los delitos cometidos en las aduanas y recintos fiscales para realizar las investigaciones y aplicación de sanciones correspondientes en casos de extracción y contrabando de mercancías confiscadas en recintos aduaneros.
1 Frida Andrade. (2019). Detectan 7 casos de corrupción en aduanas, de Reforma. Sitio web:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1592566&
md5=0997fb8bb5397f05f2d3c178ce2a0540&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
2 Ricardo Peralta Saucedo. (2019). Las aduanas de México y su Cuarta Transformación, de Excélsior. Sitio web: https://m.excelsior.com.mx/opinion/ricardo-peralta-saucedo/las-aduanas- de-mexico-y-su-cuarta-transformacion/1295739
3 Andrés Mendoza. (2019). Inseguridad, el mayor reto; crimen no da tregua, de Excélsior. Sitio web:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/inseguridad-el-may or-reto-crimen-no-da-tregua/1299924
4 José de Jesús Guadarrama. (2019). El 18 de marzo se presentará el ‘Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación’, de Excélsior. Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-18-de-marzo-se-presentara-el-p lan-nacional-aduanero-cuarta-transformacion/1294031
5 Procuraduría General de la República. (2017). Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de Procuraduría General de la República. Sitio web:
https://www.gob.mx/pgr/articulos/subprocuraduria-especia lizada-en-investigacion-de-delitos-federales-130534
6 Arturo Ángel. (2018). PGR hereda a la nueva Fiscalía recortes, rezago de averiguaciones y casos clave sin resolver, de Animal Político. Sitio web: https://www.animalpolitico.com/2018/12/pgr-fiscalia-general-rezago/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2019
El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, a Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, a ?Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, y a José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias para realizar las debidas investigaciones, asignación de responsabilidades y aplicación de sanciones en el caso de la importación de pollos contaminados provenientes de los Estados Unidos de América en el estado de Tamaulipas , al tenor de las siguientes
La presencia de alimentos contaminados en las mesas de los mexicanos no es un tema nada nuevo como problema pendiente del estado mexicano. Desde la década pasada se han registrado diversos casos con cierta resonancia nacional e internacional, como el suscitado en 2011 con la propagación de la gripe aviar y la exportación de pollo mexicano, la intoxicación de 198 personas en Sonora en 2013,1 la intoxicación de 117 menores de edad en el estado de Jalisco en marzo de 20182 y el escándalo expuesto este 2019 de los 10,806 internos enfermados por el consumo de alimentos contaminados provistos por La Cosmopolitana, empresa responsable de la alimentación en penales federales desde 2006.3
En tiempos más recientes, un caso similar se ha suscitado en Tamaulipas el pasado 6 de marzo de 2019, donde denuncias ciudadanas destaparon las alarmas de autoridades estatales al registrarse la presencia de pollo contaminado en diversos puntos de distribución de Matamoros, Reynosa, Valle Hermoso y San Fernando.4 Provenientes de los Estados Unidos, estos productos pudieron haber provocado daños a la salud irreversibles para la población, la cual se encuentra vulnerable y a merced de esta clase de productos si no garantizamos la existencia de los mecanismos pertinentes para su prevención. Ejemplos como este, cotidiano en su frecuencia y variado en los lugares donde se suscita, debe de ser tomado en serio por parte de autoridades municipales, estatales y federales.
Episodios así muestran que el problema en el uso y tratamiento de alimentos contaminados es una práctica que se presenta en diversos escenarios de manera reiterada. Su presencia en la vida cotidiana es irrefutable, por lo que considerar acciones claras y ejemplares contra esta clase de prácticas se torna necesario. En el caso de Tamaulipas, las autoridades correspondientes deben de tomar cartas en el asunto para así dejar en claro y de manera explícita que la actual administración está comprometida con la prevención de la circulación de alimentos contaminados en los mercados comerciales locales, estatales y federales.
Para esto, considerar la participación de las autoridades correspondientes, como la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, debe de ejercer las investigaciones y debidas sanciones, de la mano con la Fiscalía General de la República, respecto a la importación de productos contaminados y su comercialización, consciente o no, ante la realidad de las consecuencias de esta clase de actos.
Ejemplificar de manera eficaz el tratamiento a esta clase de delitos sienta un precedente respecto al problema, donde acciones de esta clase únicamente se realizan en favor de la protección del bienestar de los mexicanos y generan rendimientos en términos de la confianza derivada de la muestra de resultados palpables.
Igualmente, mantener un flujo impoluto de mercancías, especialmente alimentos, es una labor que no sólo involucra al consumo, sino a la salud de la ciudadanía. Los efectos no buscados de esta clase de delitos pueden implicar problemas sumamente peligrosos, como epidemias y enfermedades masificadas en la población, lo que implica costos para el erario estatal y federal, y un tema de gobernabilidad en situaciones de crisis. La proliferación de estas prácticas alude a la existencia de formas esquematizadas del ejercicio de este delito, por lo que asumir la relevancia de ejercer de manera inmediata medidas para prevenir la existencia de mercancías de esta clase en los mercados locales, estatales y federales, debe de ser algo prioritario y tratado por las múltiples dependencias involucradas. Por ello, la aplicación de las respectivas sanciones a partir del trabajo de investigación inmediato es indispensable para aspirar a cumplir con dichos objetivos.
Primero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, y a José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias para realizar las debidas investigaciones, asignación de responsabilidades y aplicación de sanciones en el caso de la importación de pollos contaminados provenientes de los Estados Unidos de América en el estado de Tamaulipas.
Segundo. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, y a Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias para realizar las debidas investigaciones, asignación de responsabilidades y aplicación de sanciones en el caso de la importación de pollos contaminados provenientes de los Estados Unidos de América en el estado de Tamaulipas.
1 Daniel Sánchez Dórame. (2013). Salmonella provocó intoxicación a 198 personas tras comer sushi, de Excélsior. Sitio web:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/10/18/924208
2 Héctor Escamilla. (2018). Se intoxican 117 niños por alimentos contaminados en guarderías de gobierno, de Publimetro. Sitio web:
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/03/13/nin os-117-alimentos-intoxicacion.html
3 Arturo Ángel. (2019). #ElCárteldelaComida: La Cosmopolitana tiene 34 sanciones por enfermar a 5 mil reos con alimentos contaminados, de Animal Político. Sitio web:
https://www.animalpolitico.com/2019/02/la-cosmopolitana- sanciones-alimento-reos/
4 Sandra Tovar. (2019). Emiten alerta en Tamaulipas por pollo contaminado proveniente de EU, de El Universal. Sitio web:
https://www.eluniversal.com.mx/estados/emiten-alerta-en- tamaulipas-por-pollo-contaminado-proveniente-de-eu
El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a María de Lourdes Arteaga Reyna, titular de la Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias a las instancias estatales correspondientes para realizar un recuento general de todos los bienes almacenados, desincorporados o incautados por el gobierno estatal en favor de la realización de ventas o subastas de bienes desincorporados los cuales carezcan de un propósito futuro para su implementación y uso en favor de aminorar los gastos que representan por motivos de su almacenaje y mantenimiento, al tenor de las siguientes
Toda dependencia gubernamental cuenta con una serie de actividades las cuales se apegan a necesidades de operación, organización o, simplemente, a los tiempos en los cuales se encuentran inmersas. Esta diversidad, en muchos casos, implica costos referidos a la adquisición de bienes los cuales únicamente cuentan con propósitos específicos a tiempos y formas, es decir, son de un uso breve o único.
En el caso de las dependencias estatales, situaciones de esta clase son comunes, ya que se tienen que apegar al calendario festivo, las variaciones de los programas estatales implementados por las diferentes administraciones públicas o a la realización de eventos esporádicos o seriados, como foros, campañas informativas o eventos culturales. De ellos, una serie de bienes son obtenidos para su realización y, en muchos casos, son dejados en el olvido, donde se podría hablar de dos posibles escenarios en el futuro de dichos bienes: se relegan a bodegas propias o rentadas por parte de entidades gubernamentales, o “desaparecen” sin dejar mayor rastro que el registro de que fueron adquiridos. Ambas situaciones tienen como consecuencia una pérdida en términos económicos para el estado de Tamaulipas.
En el primer caso, el uso de espacios con un mayor potencial que el de ser meramente “garajes” públicos es un tema sumamente importante por considerar. La realización de eventos o la implementación de programas temporales han dejado en el olvido una parafernalia que podría encontrar una mejor utilidad en manos de la ciudadanía y los privados. Por otra parte, los costos espaciales y monetarios que implica el cuidado de bienes arrumbados es algo que la actual administración no debería de tolerar en favor de una lógica de austeridad pública.
En el segundo caso, la falta de atención sobre bienes de este tipo deriva en situaciones donde hurtos de diversas magnitudes se realizan de manera común. La falta de atención derivada de la ausencia de relevancia que se les otorga, hace difícil que los chequeos se realicen de manera constante más allá de un primer vistazo. Este escenario está especialmente ligado a bienes y objetos que carecen de alta atención mediática.
Un caso excepcional es el de bienes como vehículos o inmuebles. Mientras el resto de productos tiende a ser poco o nulamente considerado por parte de medios de comunicación públicos o privados, las subastas y ventas que se realizan acerca de esta clase de objetos es de gran escala. Tan sólo recordar la reciente subasta de vehículos realizada el fin de semana del 23 y 24 de febrero de 20191 por parte de la administración federal, y la cual generó cerca de 62 millones de pesos en ganancias,2 es un claro ejemplo de que esta clase de prácticas son consideradas a partir del tipo de bienes que se comercializan y no necesariamente por el ejercicio general de esta práctica.
A pesar de ello, tomar en cuenta la derrama generada por esta clase de actividades es el punto positivo que arroja. A nivel estatal, pensar en la subvención de programas sociales mediante el ejercicio de recursos obtenidos por subastas y ventas es una forma explícita de compromiso con una postura de hacer política austera y pertinente para las demandas contemporáneas.
Igualmente, el propósito de esto es una muestra del cómo se ha hecho el ejercicio de los recursos públicos en tiempos pasados. A nivel de transparencia, la manera en la cual se ha tratado el tema deja mucho que desear por parte de las autoridades mexicanas. Sin tomar en cuenta el impacto mediático que podría tener en medios nacionales e internacionales, la puesta en venta o subasta cualquier clase de productos arrumbados en bodegas es una forma de reducir costos. El portal del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes ya expone una serie de productos a su venta o subasta de diferentes tipos, pero usualmente asociados a bienes confiscados. Esto, complementado con cualquier bien y con su depuración, tiene el potencial de otorgar buenos dividendos.
Su uso o reuso debe de ser considerado para aminorar las cargas de gasto estatales. Ya sea mediante el reciclaje, venta o subasta de dichos productos, encontrar una forma de obtener rendimientos y recuperar parte del gasto debe de ser prioridad en tiempos que solicitan prudencia en el gasto público e inversión en los diferentes sectores sociales que dependen de apoyos gubernamentales.
Sobre esto, exhortamos a que sin importar origen, monto o utilidad que tengan los diversos bienes almacenados en bodegas usadas por dependencias gubernamentales estatales que carezcan de un propósito a corto, mediano y largo plazo, sean puestos a la venta o subasta para así aminorar los gastos y recuperar la inversión realizada por parte de las administraciones previas y actuales, en favor de usar las ganancias obtenidas en programas sociales de diferente índole.
Así, se pretende sentar bases para mantener una política que sea estricta respecto al tema de los gastos innecesarios que se han mantenido por gobiernos pasados. Mantener una administración pública eficiente es el criterio central para así dar paso al desarrollo y bienestar de nuestra entidad.
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a María de Lourdes Arteaga Reyna, titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias a las instancias estatales correspondientes para realizar un recuento general de todos los bienes almacenados, desincorporados o incautados por el gobierno estatal que se encuentren en situación de desuso, deshecho o dado de baja, y, en dado caso de no estar desincorporados, realizar los procesos necesarios para cambiar su estatus.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a María de Lourdes Arteaga Reyna, titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias a las instancias estatales correspondientes para la realización de ventas o subastas de toda clase de bienes almacenados por diversas instancias e instituciones gubernamentales, los cuales carezcan de un propósito futuro para su implementación y uso en favor de aminorar los gastos que representan por motivos de su almacenaje y mantenimiento.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Ricardo Rodríguez Vargas, director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y a María De Lourdes Arteaga Reyna, titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias para coordinarse para la implementación de un portal con acceso estatal y nacional a los diferentes bienes que ofrezca el estado de Tamaulipas en favor de la realización de ventas o subastas de toda clase de bienes almacenados por diversas instancias, instituciones gubernamentales y entes del gobierno estatal.
1 Ariadna Ortega. (2019) ¡Vendidos! 196 vehículos fifís de la presidencia en subasta de AMLO, de ADN Político. Sitio web: https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/24/vendidos-196-vehiculos-fifis- de-la-presidencia-en-subasta-de-amlo
2 Redacción Nación321. (2019) ¡Se rayó! Esto es lo que ganó el Gobierno de AMLO en la primera subasta de autos, de Nación321. Sitio web: https://www.nacion321.com/gobierno/se-rayo-esto-es-lo-que-gano-el-gobie rno-de-amlo-en-la-primera-subasta-de-autos
El diputado, Raúl Gracia Guzmán, así como quienes suscriben, las y los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asigne recursos presupuestales adicionales al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la realización de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, en los términos de lo previsto en el artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
1. El 23 de enero de 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), anunció la cancelación de proyectos estadísticos por falta de presupuesto. Lo anterior, se dio a conocer por medio del documento Inegi 2019, donde se detalla que las siguientes encuestas y censos con financiamiento externo no se realizarán:
• Encuesta nacional de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia
• Encuesta nacional de uso de las tecnologías de información en los hogares
• Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo
• Encuesta nacional de acceso a la información pública y protección de datos personales
• Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas
Las encuestas y los censos que se cancelaron y que no cuentan con financiamiento externo son
• Encuesta Nacional Agropecuaria
• Encuesta nacional de gasto en los hogares
• Encuesta nacional de consumidores de sustancias psicotrópicas
• Encuesta Nacional de los Hogares
• Encuesta Nacional de Micronegocios
• Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol)
• Encuesta Nacional de Trabajo Infantil
• Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, Cobertura Regional
2. Dentro de las encuestas y censos que fueron cancelados por falta de financiamiento se encuentra la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad. Esta encuesta, se debe cumplir conforme lo mandata el artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece lo siguiente
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad tendrá como finalidad generar información estadística que permita conocer las condiciones de procesamiento e internamiento de las Personas privadas de su libertad, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los que fueron procesados o sentenciados, entre otras características. Dicha encuesta se levantará de manera periódica y conforme a criterios estadísticos y técnicos, será de tipo probabilística, incluirá a población privada de la libertad tanto del fuero común como federal y será representativa a nivel nacional y estatal. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará dicha Encuesta conforme a su presupuesto. Asimismo, los Centros Penitenciarios seleccionados en la muestra determinada para la Encuesta deberán brindar todas las facilidades al Instituto para realizar entrevistas directas a la población privada de la libertad. 1 (Ley, 2016.)
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad se complementa con censos nacionales de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario que también realiza el Inegi. Con la Enpol, se busca conocer las condiciones de todos los internos y sobre todo las condiciones del Sistema Penitenciario, la información que arroja se convierte en un marco de referencia que permite conocer el avance en la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
3. Respecto al objetivo general que persigue la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad el Inegi señala lo siguiente
El objetivo general de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad es, generar información estadística relevante con representatividad nacional, por entidad federativa y por centros penitenciarios de interés, sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población privada de su libertad de 18 años y más.
Dicha información permitirá generar estimaciones sobre:
• Antecedentes familiares y laborales
• Proceso judicial
• Centro penitenciario
• Vida carcelaria
• Expectativas de salida
• Experiencias de corrupción2 Inegi, 2017.
4. El 16 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Nacional de Ejecución Penal, este ordenamiento busca que el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, se conviertan en la base de la reinserción social, el derecho a la educación, salud, el deporte y el trabajo deben ser fundamentales para garantizarla. Para realizar este propósito se deben conocer las condiciones de todos centros penitenciarios y del sistema penitenciario en su conjunto. Sin la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, no se podrán conocer ni evaluar los resultados ni los avances en la implementación de la Ley, lo anterior es un enorme retroceso en los avances que ya se tenían respecto a conocer las condiciones de vida de los internos.
Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, es indispensable para generar información estadística que sirve para conocer las condiciones del sistema penitenciario y las características de vida de las personas privadas de la libertad.
Si bien es cierto, todo el sistema de penitenciario tiene severos problemas que hacen muy complicado garantizar los derechos humanos de todos los internos, también es cierto que recabar las evidencias y conocer las condiciones de vida de los reos sólo se puede hacer mediante trabajo de campo y estadístico que proporciona la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, por ello no se debe postergar el realizar esta actividad.
Es necesario cumplir con lo que mandata la Ley Nacional de Ejecución Penal, realizar la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), no es opcional y no debería de estar sujeta al presupuesto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se debe cumplir con la Ley, de no realizarse la Enpol, se retrasaría mucho tiempo la efectiva implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal pues no se podría evaluar con claridad en qué medida se cumple con lo mandatado en este ordenamiento y con ello saber y conocer su eficacia y vigencia, lo anterior es de vital importancia para las personas privadas de la libertad.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asigne recursos presupuestales adicionales al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la realización de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, en los términos de lo previsto en el artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
1 Ley Nacional de Ejecución Penal
2 Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 Principales Resultados, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol _presentacion_ejecutiva.pdf revisión hecha el 6 de febrero de 2019.
Diagnóstico, ND. (2 de mayo de 2018). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017.
Obtenido de http://appweb2.cndh.org.mx/DNSP/Ceresos/p_diagNacional_Resumen.asp
Inegi, IN. (Julio de 2017). Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016 Principales Resultados
Obtenido de https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol _presentacion_ejecutiva.pdf
Ley, ND. (16 de junio de 2016). Ley Nacional de Ejecución Penal. Obtenido de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518. pdf
El que suscribe diputado federal Ricardo Villarreal García , en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consciente de la relevancia del Sistema de Transporte Colectivo Metro como medio de transporte primordial de la Ciudad de México, usado por millones de mexicanos al año, es importante resaltar la representatividad de los nombres de cada estación. Como lo menciona el punto de acuerdo propuesto por el diputado Valentín Maldonado Salgado, la mayoría de los iconos que las identifican invocan a algún símbolo significativo para la ciudad o para el país, mediante las imágenes resultó más fácil identificar las paradas sin necesidad de leer los nombres.
Hidalgo, Guerrero, Cuauhtémoc, Candelaria, Santa Anita, San Lázaro, La Merced, Zócalo, Tacuba, Tlatelolco y Garibaldi son algunas de las estaciones que menciona el punto de acuerdo original; sin embargo, entre ellos, es importante agregar a uno de los héroes nacionales más grandes: Allende.
Ignacio José de Jesús Pedro Regalado de Allende y Unzaga es uno de los más grandes héroes del proceso de independencia de México. Fue él, junto con los hermanos Ignacio y Juan Aldama, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez y el cura Miguel Hidalgo, quien estuvo al origen de la insurgencia de 1810. Su importancia histórica y su legado nacional son base de la identidad en la que se basan los valores de nuestro país. Como muestra de su relevancia, el 8 de marzo de 2016, se trasladó la sede del Congreso de Guanajuato a San Miguel de Allende, para nombrarlo “Hijo Predilecto del estado de Guanajuato.”
Este año se conmemora el 250 aniversario del natalicio del Generalísimo Don Ignacio de Allende y Unzaga, quien nació el 21 de enero de 1769 en la Villa de San Miguel el Grande, nombrada San Miguel de Allende en su honor el 8 de marzo de 1826.
Allende recibió una educación de calidad con los ideales liberales europeos, combatió a los estadounidenses que pretendían invadir Texas y, más tarde, lo nombraron capitán, al mando de un regimiento de caballería en San Miguel, llamado Dragones de la Reina.
Cuando Francia invadió a España y sustituyó al rey Fernando VII por José Bonaparte, la Nueva España nombró como virrey a Francisco Javier de Lizana, quien reforzó el sentimiento de disgusto entre la población. Al poco tiempo, se desataron las conspiraciones, la primera en Valladolid. Aunque la descubrieron, ésta ya se había extendido a Querétaro y San Miguel el Grande.
Ignacio de Allende y Unzaga, cabeza y alma de la junta conspiradora, fue quien convenció al cura Miguel Hidalgo y Costilla de unirse al movimiento libertador en 1809. Al año siguiente, se reunían Allende, Juan Aldama, Hidalgo y algunos comerciantes en casa de los corregidores Miguel y Josefa Ortiz de Domínguez, para planear la insurrección que, en un principio se iniciaría hasta diciembre, durante la feria de San Juan de los Lagos.
El 13 de septiembre de 1810 se descubrió la conspiración de Querétaro. Los queretanos sintieron la urgencia de avisar a Allende, jefe de la junta secreta de San Miguel (mas no a Hidalgo, como muchos piensan), que se sabían sus planes.
Ignacio Pérez, alcalde de Querétaro, llegó a San Miguel el Grande buscando a Allende, pero, éste se encontraba en Dolores, reunido con Miguel Hidalgo y Juan Aldama; entonces, se dirigió hacia allá para alertarlos. Aunque no estaban listos militarmente ni tenían suficiente gente para la magnitud de la insurrección, sabían que la búsqueda de libertad no podía esperar más.
Ignacio Allende, con su experiencia militar, fue líder del ejército insurgente, el cual incorporó a más de ochenta mil campesinos, rancheros y artesanos. A pesar de no contar con suficientes armas y de estar poco organizados, tomó varias ciudades, entre ellas Valladolid, y triunfó en la batalla del Monte de las Cruces. Sin la fuerza, valentía y rectitud del Generalísimo Don Ignacio de Allende y Unzaga, la causa de la insurgencia y logros trascendentales con los que inició la lucha, quizás hubieran sido fútiles.
La importancia de Ignacio Allende en la historia de nuestro país es innegable. Por esa razón, no sólo le debemos respeto a su liderazgo y legado histórico, también estamos obligados a darle el debido reconocimiento a su valentía y coraje. La estación Allende del Metro de Ciudad de México es una de las más transitadas, llega al centro de la capital y rememora con el tránsito de millones de personas que, gracias a nuestro héroe, este país es libre y soberano.
La creación de la Constitución de Ciudad de México es, sin duda alguna, un acontecimiento histórico notable, al cual debe dársele un lugar en la vida diaria de los ciudadanos y la mejor manera de hacerlo es mediante la adición de la leyenda propuesta por el diputado Valentín Maldonado Salgado; sin embargo, existen múltiples estaciones del Metro cuyos nombres pueden modificarse y enriquecerían su valor simbólico sin restarle su protagonismo a un personaje histórico igualmente relevante.
En palabras de Allende, “sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o las mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos.” Los mexicanos hemos demostrado una gran capacidad de trascender en la historia y una profunda voluntad de poner el nombre de nuestro país en alto. Consecuentemente, el presente punto de acuerdo propone que la estación del Metro Allende no se modifique, por respeto al personaje histórico al cual alude.
Por todo lo anteriormente expuesto, propongo ante el pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente:
Único. Se exhorta al Comité de Administración y autoridades competentes del Sistema de Trasporte Colectivo Metro y del gobierno de Ciudad de México para que se mantenga el nombre de la estación Allende, en virtud del punto de acuerdo aprobado sobre este tema por el Congreso de Ciudad de México el pasado 14 de febrero.
Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a los nueve días de abril de 2019.
El Día Mundial de la Salud se observó por primera vez el 22 de julio de 1949. Se estableció como uno de los primeros actos oficiales de la Organización Mundial de la Salud para conmemorar su constitución, pero posteriormente se cambió la fecha al 7 de abril para fomentar la participación de los estudiantes, ya que en julio hay muchos planteles educativos cerrados, recordando así la fecha en que oficialmente se adoptó la constitución.
Esta celebración anual desde 1950 utiliza un lema y un tema diferente cada año, lo que permite, en el ámbito mundial, centrar la atención en importantes cuestiones de salud pública que afectan a la comunidad internacional.
En 2019 se cumplen 70 años de celebraciones anuales y en la región de las Américas, estas celebraciones se han enfocado en torno a la salud universal, con el lema “Salud universal: para todos y todas, en todas partes”.
En el país, el derecho a la salud es un derecho humano, cuyo fundamento es la dignidad humana y es un elemento fundamental para acceder a un nivel de vida adecuado. El derecho a la protección de la salud, por tanto, es un derecho para todos y en todas partes.
No obstante, y aunque hemos avanzado, estamos lejos de este ideal. Enfrentamos en materia de salud retos formidables y de grandes dimensiones, lo que obliga a hacer una reflexión seria y profunda en el marco de la celebración de este día tan importante.
En el país, la realidad que impone el dinamismo demográfico y epidemiológico de la población, la atención de una población que envejece en una mayor proporción e implica combatir la creciente carga de enfermedades no transmisibles que provocan mala salud y muerte prematura, debido al consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, los estilos de vida y comportamientos poco saludables, la insuficiente actividad física y las dietas poco saludables; que en su conjunto han incrementado la prevalencia de la enfermedades no transmisibles, muchas de las cuales, si no son prevenidas a tiempo, tienen un gran costo para las familias y el Estado.
Además, habrá que considerar la violencia, las epidemias, los desastres naturales, los efectos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos sobre la salud y otros factores ambientales; todo ello representa parte de los grandes retos que permitan garantizar el acceso efectivo a la atención médica integral.
En este escenario, alcanzar la “Salud universal: para todos y todas, en todas partes”, para que todas las personas tengan acceso, sin discriminación alguna, accedan a servicios de salud integrales de calidad, oportunos y con calidez, cuando y donde los necesiten, sin enfrentarlas a dificultades financieras, pasa por la posibilidad real del Estado para hacerlo.
Enfrentar los retos del presente y futuro inmediato implica disipar toda duda respecto de las acciones y políticas que en materia de salud se emprenderán en el nuevo gobierno, hoy existe incertidumbre respecto de diversos anuncios relacionados con el derecho a la protección de la salud de todas y todos los mexicanos. La desaparición del Seguro Popular y las recentralización de los servicios e infraestructura, la falta de financiamiento para la prestación de programas vitales y de gran impacto para sectores vulnerables de nuestra sociedad, el desabasto de insumos para la salud y las nuevas reglas para su compra y la falta de pago para el personal de la salud son solo algunos de aspectos que hoy generan incertidumbre en la sociedad.
La celebración del Día Mundial de la Salud representa una gran oportunidad para tener claridad del compromiso de este gobierno respecto de la salud para todas las personas y el alcance real de su propuesta de salud universal y medicamentos gratuitos para todos.
Aunque la responsabilidad principal está en el gobierno, los diversos actores del sector debemos tener una participación más activa en el futuro de la política de salud de nuestro país. Por ello, invito a reflexionar y actuar decididamente en su construcción, necesitamos igualdad acceso y la cobertura de los servicios de salud, pero con equidad y solidaridad, enfrentar las barreras de acceso mediante una mejorar comprensión de la salud universal y e impulso de acciones que contribuyan a que ésta sea una realidad para todas las personas, en todas partes.
Definir el contenido de los servicios de salud integrales y su instauración de manera que éstos sean oportunos y de calidad, de ampliación progresiva, de acuerdo con los recursos disponibles y con las necesidades y prioridades de salud, es decir, la capacidad del sistema y el contexto nacional.
Aumentar y mejorar el financiamiento público, de forma sostenible y fiscalmente responsable, con equidad y eficiencia para avanzar hacia la eliminación del pago de bolsillo, que se convierte en barrera para el acceso en el momento de la prestación de servicios, además de generar las condiciones óptimas para la participación del sector privado en la atención de la salud.
Incrementar la protección financiera e implantar intervenciones eficientes, mediante una asignación eficiente del gasto público destinado a la salud, es una condición necesaria para reducir las iniquidades en el marco del acceso universal a la salud; por ejemplo, es necesario fortalecer de forma prioritaria al primer nivel de atención y el enfoque preventivo de la salud.
Racionalizar la introducción y el uso de medicamentos y otras tecnologías de salud con un enfoque integrado y multidisciplinario y adoptar procesos transparentes para su adquisición y luchar contra la corrupción.
Fortalecer los mecanismos para la participación social y el diálogo entre las autoridades responsables de salud y los de otros sectores relevantes del gobierno, la sociedad civil y el sector privado para promover la formulación y ejecución de políticas inclusivas, garantizando la rendición de cuentas y transparencia.
Fortalecer la formación de recursos humanos y mejorar las condiciones laborales del personal de salud son una condición necesaria para mejorar la atención de la salud para todas y todos.
En fin, la lista de retos puede extenderse tanto como nuestros deseos de mejorar el sistema. Pero ésta es una muy buena ocasión para reflexionar y actuar en consecuencia.

References: artículo 1

Artículo 4
 artículo 1

Artículo 2

Artículo 4

Artículo 6
 artículo 13
 artículo 39
 artículo 50
 artículo 3
 artículo 57
 artículo 62
 artículo 71
 artículo 76
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 artículo 29
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