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Timestamp: 2017-11-22 05:04:50+00:00

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Resolución No. 12/2007 by Junta Central Electoral (JCE) - issuu
Que establece el Procedimiento para Suspender Provisionalmente la Expedici贸n de Actas del Estado Civil Viciadas o Instrumentadas de Manera Irregular
Serie Reglamentos y Resoluciones del Registro Civil No. 3
Resoluci贸n No. 12/2007
Título: Resolución No. 12/2007 que establece el procedimiento para Suspender Provisionalmente la Expedición de Actas del Estado Civil Viciadas o Instrumentadas de Manera Irregular. Serie Reglamentos y Resoluciones del Registro Civil, No. 3. Comisión de Oficialías Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, Coordinador Licda. Aura Celeste Fernández Rodríguez, Miembra Dra. Leyda Margarita Piña Medrano, Miembra Dr. César Francisco Féliz Féliz, Miembro Lic. Eddy de Jesús Olivares Ortega, Miembro Editora: Nurys Paulino, Encargada de Publicaciones Seguimiento de Edición: Ivanna Ramírez Diseño y Diagramación: Charles Castro Torres Publicaciones JCE, 2009
Presentación Durante los últimos años, el Registro Civil de la República Dominicana ha sido objeto de diferentes fraudes mediante la alteración de las informaciones contenidas en las Actas del Estado Civil o a través de la instrumentación de actas con informaciones falsas. La falta de supervisión de las Oficialías del Estado Civil y la complicidad de no pocos empleados del sistema, hacían relativamente fácil la ocurrencia de estos hechos reñidos con la ley. Estas actividades fraudulentas, constitutivas del delito de falsedad de escritura pública, comportan diferentes modalidades conforme al uso ulterior que pretenda darle a los documentos falsos, la persona que ha obtenido el acta adulterada. Los casos más frecuentes, son los siguientes:
•D  elincuentes nacionales e internacionales que realizan Declaraciones Tardías de Nacimiento con el propósito de obtener una nueva identidad y evadir así la persecución de las autoridades.
•F  alsificadores que mediante actas falsas tienen acceso a múltiples identidades que son utilizadas para obtener y utilizar tarjetas de crédito de manera fraudulenta, transferir propiedades privadas y realizar otras operaciones ilegales en perjuicio de empresas y de particulares.
•P  ersonas que se hacen figurar falsamente como descendientes, ascendientes o cónyuges de otras, a fin de obtener una visa o un permiso de residencia en Estados Unidos de Norteamérica o Europa; o hacerse beneficiarios de las propiedades correspondientes a una sucesión o una comunidad de bienes.
•D  eportistas que alteran su fecha de nacimiento, logrando así figurar con menos años de los que realmente tienen, lo que les facilita la obtención de beneficios adicionales en su contratación internacional.
•E  xtranjeros ilegales que tratan de obtener mediante Actas de Nacimiento falsificadas, una Cédula de Identidad Electoral para legalizar su status en el país.
A raíz de que la Junta Central Electoral decidiera, en el mes de enero del 2007, tomar control efectivo del sistema de registro civil, se han detectado numerosos casos como los antes descritos. Sin embargo, un escollo para disminuir de manera efectiva la comisión de estos fraudes, es el hecho de que un Acta de Nacimiento, aún tenga falsedades flagrantes, sólo puede ser declarada nula por la decisión de una instancia judicial. De ahí la necesidad de crear un procedimiento ágil y seguro que permita impedir que estas actas falsas se sigan emitiendo mientras transcurre el proceso judicial que eventualmente las anulará de manera definitiva. Es por lo antes expuesto que la Comisión de Oficialías concibió la propuesta de un procedimiento institucional que suspenda la emisión de estas actas, sin violentar los derechos de defensa constitucionales que asisten a sus beneficiarios; pero protegiendo al mismo tiempo a la sociedad del perjuicio que puede ocasionar una identidad originada en un acta fraudulenta. Asimismo, este procedimiento pone fin a la práctica irregular de declarar de oficio la “nulidad” de Actas del Estado Civil, que había sido implementado en años anteriores. El 10 de diciembre del 2007, el Pleno de la Junta Central Electoral aprueba la Resolución No. 12/2007, que consagra: “El Procedimiento para Suspender Provisionalmente la Expedición de Actas del Estado Civil Viciadas o Instrumentadas de Manera Irregular”, dando de esta forma un paso adelante en la lucha contra los fraudes en el Registro Civil y avanzando en su firme propósito de proteger la identidad de dominicanos y dominicanas. Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, Miembro Titular Coordinador de la Comisión de Oficialías
Resolución No. 12/2007 que establece el Procedimiento para Suspender Provisionalmente la Expedición de Actas del Estado Civil Viciadas o Instrumentadas de Manera Irregular. Resolución No.12-2007.La Junta Central Electoral, institución de Derecho Público, establecida en la Constitución de la República y regida por la Ley Electoral No.275-97, del 21 de diciembre del 1997, y sus modificaciones, regularmente constituida en su sede principal, sita en la intersección formada por las avenidas Luperón y 27 de Febrero en Santo Domingo, Distrito Nacional, frente a la “Plaza de la Bandera”, integrada por el Dr. Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la Junta Central Electoral; Dr. Roberto Rosario Márquez, Miembro; Dr. Mariano Américo Rodríguez Rijo, Miembro; Licda. Aura Celeste Fernández Rodríguez, Miembra; Dra. Leyda Margarita Piña Medrano, Miembra; Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, Miembro; Dr. César Francisco Féliz Féliz, Miembro; Dr. John N. Guiliani Valenzuela, Miembro; Lic. Eddy de Jesús Olivares Ortega, Miembro; asistidos por el Dr. Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, Secretario General, dicta dentro de sus atribuciones legales, la presente Resolución: Vista: La Ley No. 659 sobre Actos del Estado Civil de fecha 17 de julio del 1944, la cual no sanciona con la nulidad ningún acto por más grave que sea la irregularidad que la afecte. Visto: El Art. 3 de la referida ley, en el cual especifica que los Oficiales del Estado Civil no podrán actuar fuera de los límites de su jurisdicción. Visto: El Art. 11 de la referida ley y su párrafo único, que establece que el Juez de Paz del Municipio o Circunscripción correspondiente, certificará en el reverso de cada tapa, el número de folios hábiles de estos registros, y los rubricará. El párrafo único de ese mismo artículo dice textualmente así: “Si en los registros se hubiere omitido esta formalidad, el funcionario que notare la falta dará conocimiento de ello a la Junta Central Electoral. Esta gestionará por ante quien corresponda, la reparación de tal omisión”. Visto: El Art. 17 de la indicada ley y su párrafo único, el cual consagra que los Oficiales del Estado Civil no podrán instrumentar las actas que se refieran a sus personas o parientes hasta el cuarto grado inclusive y de sus afines hasta el tercer grado, debiendo en tal caso ser reemplazados por sus suplentes.
Visto: El Art. 18 de la indicada ley, el cual señala que los registros serán clausurados a fin de cada año por el Oficial del Estado Civil con un acta, inmediatamente después de la última, en la cual se indicará el número de actos que contengan cada registro. Visto: El Art. 25 de la referida ley, en su párrafo único el cual dice textualmente: “Sólo será necesario la presentación de testigos para los actos de matrimonio y reconocimientos. Los demás actos quedan exentos de esta formalidad”. Visto: El Art. 26 de la referida ley, el cual señala que los testigos llamados a figurar en las Actas del Estado Civil deberán ser mayores de dieciocho años, parientes o no de las partes interesadas, y serán escogidos por éstas. Visto: El Art. 36 de la referida ley, el cual establece que todo alteración y falsificación en las Actas del Estado Civil, así como el asiento que de ella se haga en hojas sueltas o de cualquier modo que no sea en los registros destinados a ese fin, dará lugar a reclamar los daños y perjuicios que procedan, además de las penas establecidas en el Código Penal. Visto: El Art. 43 de la referida ley, el cual dice textualmente que: “El nacimiento del niño será declarado por el padre o a falta de éste, por la madre, o por los médicos cirujanos, parteras u otras personas que hubieren asistido al parto; y en el caso de que éste hubiere ocurrido fuera de la residencia de la madre, la declaración se hará por la persona en cuya casa se hubiese verificado”. Visto: El Art. 46 de la referida ley, el cual señala los datos que deben contener las Actas de Nacimiento como son: el día, hora y lugar en que hubiese ocurrido el nacimiento, el sexo del niño y los nombres que se le den: los nombres, apellidos, edad, profesión u ocupación, domicilio y nacionalidad del padre y de la madre, si fuere legítimo, y si fuere natural los de la madre; y los del padre si éste se presentare personalmente a reconocerlo; los nombres, apellidos, edad, profesión u ocupación, domicilio, nacionalidad y número, serie y sello de la Cédula de Identidad y Electoral del declarante. Visto: El Código del Menor en su Art. 61, cual establece que: “Todos los hijos e hijas, ya sean nacidos de una relación consensual, de un matrimonio o adoptados, gozarán de iguales derechos y calidades, incluyendo los relativos al orden sucesoral”. Vista: La Resolución No. 11-2005, de fecha 5/12/2005, que prohíbe el uso de término discriminatoria en cuanto a la filiación en las Actas del Estado Civil.
Visto: El Art. 56, numeral 2 de la referida ley, que establece que: “Los menores de 18 años no podrán contraer matrimonio sin el consentimiento de sus padres o del padre superviviente”. Visto: El Art. 56, numeral 5 de la referida ley, el cual crea un IMPEDIMENTO PARA EL MATRIMONIO para el hombre MENOR DE 16 AÑOS DE EDAD, y la mujer MENOR DE 15 AÑOS DE EDAD, a menos que exista una dispensa de un Juez de Primera Instancia quien puede por razones atendibles, conceder la autorización de dispensa de edad. Visto: El Art. 56, numeral 6 de la referida ley, el cual hace PROHIBICIONES PARA CONTRAER MATRIMONIO Y QUE NO PUEDEN DISPENSARSE:
a) E  ntre todos los ascendientes y descendientes, legítimos o naturales, y los afines en la misma línea. b) E  ntre el padre o madre adoptante y el adoptado, y entre aquellos y el cónyuge viudo de éste. c) Entre los que hubieren sido condenados como autores o cómplice de la muerte del cónyuge de cualquiera de ellos. d) Entre hermanos legítimos o naturales. e) C  uando una de las partes contratantes, o las dos, sean dementes.
Visto: El Art. 70 de la referida ley, sobre la declaración de defunción que establece que la misma, se hará dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrida, por ante el Oficial del Estado Civil del lugar del fallecimiento, por un pariente del difunto o cualquiera otra persona que posea acerca de su estado civil, los datos más exactos y completos que sean posibles. Vista: La Sentencia de la Suprema Corte de Justicia, B. J. No. 460, pág. 1884 del mes de noviembre del año 1948, que se refiere a las irregularidades cometidas por los Oficiales del Estado Civil en las actas, y que no pueden ser jamás imputables a las partes, pues no es por falta de ellas que los registros son mal llevados; lo mismo expresa, que no existe un solo texto que declare la ineficacia de un Acta del Estado Civil, por grave que sea la irregularidad cometida; y es que el legislador ha querido dejar a la apreciación del Juez de declarar nulo un acto de este género. Considerando: Que la Junta Central Electoral tiene a su cargo los Servicios del Estado Civil y, por consiguiente, a través de su Dirección Nacional se efectúan de manera permanente verificaciones de Actas del Estado Civil, que reposan en los archivos de las Oficialías del Estado Civil y de la Oficina Central del Estado Civil.
8 Considerando: Que estas verificaciones generalmente se hacen a requerimiento de las partes interesadas, de los Consulados acreditados en el país, de la Dirección de Registro Civil y de otros departamentos de esta Junta Central Electoral. Considerando: Que en el proceso de investigación se determina con frecuencia, que las actas verificadas no fueron instrumentadas de conformidad con la ley sobre la materia, y que en muchos casos se encuentran afectadas de graves irregularidades que las hacen susceptibles de anulación o radiación judicial. Considerando: Que entre los casos de irregularidades más típicos se cuentan los siguientes: actas contenidas en folios insertados, actas con escrituras en tintas diferentes, actas inscritas después de la clausura de los libros, actas modificadas de manera ilegal, con datos suplantados, tales como: nombre del inscrito, fechas, nombre de los padres o del declarante, etc., duplicidades de declaración de nacimiento, omisión de formalidades sustanciales, entre otros. Considerando: Que las disposiciones legales precedentemente señaladas no sancionan con la nulidad de las Actas del Estado Civil, pudiendo la misma ser pronunciada por un Tribunal Competente. Considerando: Que cuando se presentan estos casos, como los arriba mencionados, ha constituido una práctica constante, solicitar la nulidad de los registros afectados, por la vía judicial correspondiente. Considerando: Que por tratarse de un procedimiento contencioso contradictorio, donde se requiere para conocer de tal acción en nulidad, la comparecencia de la parte demandante y de la demandada, ha sido una constante imposibilidad para culminar con el procedimiento, ya que la parte demandada no comparece ante el tribunal apoderado, por lo que éste se encuentra impedido de estatuir dentro de un proceso que garantice el derecho de defensa de las partes. Considerando: Que se hace necesario que la Junta Central Electoral adopte una fórmula dentro de sus atribuciones administrativas que impida que, de los registros irregulares o Actos del Estado Civil manifiestamente ilícitos, se expidan actas sin necesidad de agotar el procedimiento judicial correspondiente, salvo que estas expediciones se hagan con fines exclusivamente judiciales. Considerando: Que los Oficiales del Estado Civil no pueden insertar en sus actas, sea por vía de anotación o por cualquier otra indicación, sino aquello que está determinado en la ley para cada clase de acta.
9 La Junta Central Electoral, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, y en nombre de la República, Resuelve: Primero: Disponer que sea suspendida provisionalmente la expedición de Actas del Estado Civil que contengan irregularidades o vicios que imposibiliten legalmente su expedición, y que solamente sean emitidas para fines estrictamente judiciales. El Pleno de la Junta Central Electoral conocerá, a través de su Comisión de Oficialías, de los casos de actas que presentan vicios o irregularidades graves, a partir de las investigaciones realizadas por las instancias administrativas correspondientes. Segundo: Para estos fines, el Director Nacional de Registro del Estado Civil, será instruido mediante oficio firmado por el Presidente de la Junta Central Electoral, y deberá procurar los libros originales contentivos de tales actas en la Oficialía del Estado Civil correspondiente y en la Oficina Central del Estado Civil, si tienen duplicados, a los fines de ejecutar la medida dispuesta. Tercero: El Director Nacional del Estado Civil procederá a estampar un sello gomígrafo con la inscripción: de SUSPENDIDA PROVISIONALMENTE, en los folios afectados. Asentará la causa de la suspensión provisional, el número de oficio con que fue instruido por el Pleno de la Junta Central Electoral y procederá a firmarlo. Este proceso se hará en ambos registros originales. Cuarto: Luego de este procedimiento, el Director Nacional de Registro del Estado Civil, devolverá los libros a la Oficialía del Estado Civil o a la Oficina Central, según corresponda, y el Oficial del Estado Civil y el Director de la Oficina Central del Estado Civil, quedarán impedidos de expedir copias o extractos de los folios afectados, salvo autorización de la Junta Central Electoral o para fines estrictamente judiciales, indicándose de manera expresa, que se suspende provisionalmente la expedición de dicha acta. Quinto: El levantamiento temporal o definitivo de la suspensión provisional requiere de una decisión expresa de la Junta Central Electoral. Sexto: Los interesados en levantar el sello de suspensión provisional de la expedición de las Actas del Estado Civil deberán dirigirse a la Dirección Nacional de Registro Civil de la Junta Central Electoral y presentar los documentos justificativos que les sean requeridos según el caso. Séptimo: Cuando el levantamiento de la suspensión sea definitivo, el Director Nacional de Registro del Estado Civil será instruido por oficio del Presidente de la Junta Central Electoral y éste utilizará otro sello con la leyenda: “REVALIDADA POR DISPOSICIÓN EXPRESA DEL PLENO DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, indicando la causa y la fecha de la revalidación y firmando al pie de la nota.
Octavo: En caso de que la parte interesada opte por la instrumentación de una nueva acta, y ésta sea procedente de conformidad con la ley, queda a su cargo la obligación de efectuar los trámites tendentes a la anulación, mediante sentencia referida al acta suspendida provisionalmente. Noveno: El Pleno de la Junta Central Electoral apoderará a la Comisión de Revalidación y Cancelaciones a los fines de que ésta decida la suspensión o cancelación de la Cédula de Identidad correspondiente al acta cuya emisión se ha suspendido provisionalmente. Décimo: Cuando el Pleno de la Junta Central Electoral determine, previa recomendación de la Comisión de Oficialías, que la irregularidad de las actas del Estado Civil justifica una anulación definitiva, ordenará inmediatamente a la Consultoría Jurídica solicitar por ante los tribunales de la República la anulación judicial de las actas del Estado Civil que hayan sido suspendidas provisionalmente por la Junta Central Electoral. Décimo Primero: La Dirección Nacional de Registro del Estado Civil velará por el fiel cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Resolución y la aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan contra los funcionarios y Oficiales del Estado Civil que violen los términos de la presente Resolución. Décimo Segundo: Se ordena la publicación de la presente Resolución conforme a lo que establece la ley y se dispone su notificación a la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, Oficina Central del Estado Civil, a todas las Oficialías del Estado Civil, la Consultoría Jurídica, la Dirección Nacional de Registro Electoral y su colocación en el portal de Internet de la Junta Central Electoral, conforme la Ley de Libre Acceso a la Información. Dada en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil siete (2007), año 164 de la Independencia y 144 de la Restauración. Firmantes : Dr. Julio César Castaños Guzmán (Presidente), Dr. Roberto Rosario Márquez (Miembro), Dr. Mariano Américo Rodríguez Rijo (Miembro), Licda. Aura Celeste Fernández Rodríguez (Miembra), Dra. Leyda Margarita Piña Medrano (Miembra), Dr. José Ángel Aquino Rodríguez (Miembro), Dr. César Francisco Féliz Féliz (Miembro), Dr. John N. Guiliani Valenzuela (Miembro), Dr. Eddy de Jesús Olivares Ortega (Miembro), Dr. Ramón Hilario Espiñeira Ceballos (Secretario General).
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