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Timestamp: 2020-08-09 23:31:56+00:00

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Ficha Clínica y/o Negligencia Médica – Página 3 – HistoMed
Viudo presentó querella contra hospital de Talcahuano por muerte de su esposa embarazada
Publicado: Martes, 12 de Mayo de 2020 a las 12:07hrs.
Pablo Alvear, esposa de Gabriela Leiva, interpuso la acción legal por cuasidelito de homicidio.
Las diligencias apuntan a establecer la causa de muerte del bebé para sumar una nueva figura.
Una querella por cuasidelito de homicidio presentó Pablo Alvear, viudo de Gabriela Leiva quien con ocho meses de embarazo falleció el pasado 3 de mayo, un día después del deceso del bebé.
La querella de Alvear es contra quienes resulten responsables de ambas muertes en el Hospital Higueras de Talcahuano, en la Región del Biobío.
La mujer, de 35 semanas de gestación, acudió al recinto médico el 1 de mayo donde fue hospitalizada debido a complejidades en su embarazo. El 2 de mayo dio a luz al bebé que murió por asfixia. Al día siguiente la madre también falleció.
Andrés Durán, abogado querellante, explicó que «Gabriela entra al Hospital Higueras por problemas en su embarazo, molestias en la parte baja y con la guagua viva, y la demora, al parecer, por parte del personal trajo como consecuencia que el bebé naciera muerto, probablemente asfixiado».
«No obstante esto, también, Gabriela fallece el día domingo prácticamente desangrada, lo anterior amerita a lo menos una investigación por parte del Ministerio Público, donde se puedan determinar las responsabilidades por un posible cuasidelito de homicidio», añadió.
La acción legal es en representación del esposo e hijo y pide diligencias de acceso a la ficha clínica de la fallecida, los resultados de la autopsia del bebé, ya que al ser nonato no se puede aplicar una figura legal, y también acceder al sumario administrativo decretado por el recinto asistencial.
Las postas de salud rurales de la región de O’Higgins y del país se han unido al trabajo en el marco nacional de la pandemia por COVID-19, incorporando un nuevo canal de comunicación, que permite a los funcionarios de estos establecimientos contactarse con los médicos de Salud Digital Rural a través de una llamada telefónica.
«Para acceder a este servicio -explica María Antonieta Matas, Referente de Hospital Digital del Servicio de Salud O’Higgins- el técnico paramédico realiza llamada telefónica y se pone en contacto con el médico de HDR a través de la línea telefónica, le presenta al médico el paciente, sus signos vitales y síntomas. El medico realiza un diagnostico sindromático y entrega las indicaciones correspondientes al funcionario».
En la región de O’Higgins existen un total de 79 postas rurales, mientras que a nivel país la cifra llega a 1.170, donde a pesar de la lejanía comparten realidades comunes como largas distancias de viaje, conectividad vial deficiente, nula señal de telefonía, y para que hablar de internet.
Fuente: https://www.diarioviregion.cl/
Justicia condena a Clínica Las Condes y a dos médicos a pagar indemnización por fallecimiento de Romina Rojas en 2017
La sentencia estableció la responsabilidad de los demandados debido a “un conjunto de negligencias” que provocaron la muerte de la joven madre, luego de dar a luz en 2017.
11 de Mayo de 2020.-
El 29° Juzgado Civil de Santiago condenó a pagar solidariamente una indemnización de $660 millones de pesos a Clínica Las Condes y a dos médicos por su responsabilidad en el fallecimiento de Romina Rojas, debido a un Tromboembolismo Pulmonar Masivo no diagnosticado a tiempo y que la afectó tras dar a luz mediante cesárea.
El juez de la causa, Matías Franulic, estableció que existe una relación directa entre la muerte de la joven y el actuar de los profesionales, enmarcado en un conjunto de negligencias agravadas por la especialidad de cada uno. Tal como lo estableció en la sentencia: “No cabe duda de que los médicos demandados no entregaron a la paciente una prestación concienzuda, atenta y conforme a los conocimientos de la ciencia”. Y puso hincapié, además, en la angustia expresada por la joven como “otro motivo de alerta desatendido de la presencia de una trombosis venosa profunda”.
Para Eliot Rojas, padre de Romina, “esta sentencia es muy significativa no por la indemnización, sino porque nos da la razón en lo que hemos sostenido con tanto ahínco. Hemos luchado incansablemente para demostrar que la muerte de nuestra hija fue por un actuar negligente y soberbio de los médicos que la atendieron, y el juez así lo determinó porque existen pruebas fehacientes de ello”. Y agregó: “Esto nos permitirá potenciar la Fundación Romina Rojas Zarhi, la cual creamos hace un año para apoyar a las madres y padres primerizos de escasos recursos en Chile, para que tengan un parto digno y respetado, buscando que no sufran la violencia obstétrica que mi hija debió soportar en sus últimos días”.
Por su parte, Fernando Valle, viudo de Romina Rojas, comentó: “Estamos felices de saber que se está haciendo justicia. Es una lección para que aprendan a escuchar a sus pacientes y a ser más empáticos”.
Esta sentencia se enmarca en el juicio civil que inició la familia de Romina y que buscaba dictar un precedente sobre la responsabilidad de los profesionales en su fallecimiento y una reparación por los daños morales provocados. Pero, además, existe un proceso paralelo que busca condenar penalmente a los médicos como autores de cuasidelito de homicidio, y para lo cual está fijada una audiencia de formalización el próximo 10 de agosto.
Fuente: https://www.elperiodista.cl/
Madrid identificará los contactos de los contagiados con equipos de «rastreadores»
Los grupos, que realizarán un seguimiento diario, estarán liderados por epidemiólogos
Efe / Madrid 13.05.2020 | 07:41
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid creará equipos de «rastreadores» liderados por epidemiólogos de Salud Pública para identificar contactos estrechos de contagiados con coronavirus y hacerles seguimiento diario.
De esta forma, la Comunidad de Madrid aspira a pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo 18 de mayo, después de que el Ministerio de Sanidad rechazara una primera solicitud por la falta de mecanismos de detección precoz de la enfermedad, entre otros motivos.
La Comunidad de Madrid presentará la nueva documentación al Ministerio de Sanidad este miércoles pero el Gobierno no comunicará su decisión hasta el viernes por la tarde.
En un documento de la Consejería de Sanidad, al que ha tenido acceso Efe, la Comunidad sustenta la estrategia de vigilancia y control en la puesta en marcha de equipos multidisciplinarios de «rastreadores» liderados por epidemiólogos de Salud Pública.
Estos equipos estarán compuestos por epidemiólogos, personal de enfermería con formación epidemiológica y profesionales del centro de Atención Primaria, entre otros.
Su función consistirá en identificar los contactos estrechos de las personas contagiadas con coronavirus, a los que se recomendará aislamiento domiciliario durante los 14 días posteriores al último contacto con un caso.
En este tiempo, recibirán llamadas de control diario «para comprobar la ausencia de síntomas y el cumplimiento adecuado de la cuarentena».
Las llamadas se harán a través del centro de Atención Primaria, mediante el programa GoDATA de la Organización Mundial de la salud (OMS), siguiendo la ficha de encuesta establecida y según los protocolos de Salud Pública.
Mientras no esté disponible, se elaborará una ficha para los operadores.
Si los contactos tuvieran síntomas de coronavirus, pasarían a ser caso y se tendría que derivar al centro de salud y solicitar una prueba PCR al laboratorio de referencia.
Los casos confirmados pasarán a formar parte de la encuesta de notificación a nivel estatal y quedarán reflejados en la historia clínica de los hospitales y centros de salud.
La Consejería de Sanidad subraya en el documento la necesidad de «disponer de recursos humanos suficientes para la vigilancia epidemiológica, la identificación y contención precoz de fuentes de contagio y el diagnóstico y aislamiento de los casos».
Para ello, prevé reforzar los servicios de Salud Pública contratando a los 16 residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública que finalizan el 28 de mayo su periodo de residencia.
Posteriormente se incorporarán, durante el tiempo que se precise, el 50 % de los residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública de segundo y tercer que en la actualidad cursan la especialidad en los distintos hospitales de la Comunidad de Madrid.
Además, para la puesta en marcha de la encuesta a los contactos se incorporará a 66 trabajadores de personal de enfermería y para la puesta en marcha de las llamadas de control diario se contratarán a 40 operadores.
Estas contrataciones se suman a las 650 ya anunciadas en Atención Primaria.
Más que números: Las historias de los fallecidos por Covid-19
La Tercera 11 MAY 2020 01:30 PM
Una pandemia esperada por algunos, sorpresiva para otros y que ha detenido el funcionamiento del mundo como lo conocíamos. El coronavirus ha cobrado la vida de cerca de 300 mil personas alrededor del mundo. En Chile, ya son 323 personas de 14 regiones del país. En su memoria, recopilamos aquí sus datos e historias.
294.057 exámenes diagnósticos realizados. 30.063 contagiados. 323 personas fallecidas. Esa son algunas de las cifras mencionadas en el balance de hoy que el ministro de salud, Jaime Mañalich, realizó frente a la ciudadanía. Diariamente la autoridad entrega cifras, muchas cifras. Algunos debaten respecto a si estas son las suficientes o las correctas. Detrás de esos números hay una persona, enferma o muerta y familias, amigos, en cuarentena probablemente, preocupados o sufriendo el dolor de la pérdida de un ser querido.
La Ley de Derechos de los Pacientes indica que la información contenida en la ficha clínica de una persona es privada, aunque ciertos datos sí pueden conocerse, de manera anónima. En algunos casos, las historias han cobrado tal notoriedad pública que los nombres de esas personas han salido a la luz. Muchas veces sus propias familias han decidido contarlas.
En este especial hemos hecho un intento por recoger todo ese material. Mucho está disponible en internet, otro lo hemos reporteado directamente. Este trabajo nos ha permitido hacer varios descubrimientos.
El primero, que puede parecer evidente pero que nos parece importante recalcar, es el enorme miedo de las familias a hablar, por temor a ser estigmatizadas. Nadie está libre de la posibilidad de contraer esta enfermedad -de hecho- muchos de nosotros podemos ya tenerla, de manera asintomática y no saberlo. Invitamos a todos a tratarnos con empatía y respeto, teniendo especial consideración con aquellas personas que están viviendo en primera persona el Covid-19.
Lo segundo es, efectivamente, la falta de datos y el desfase de los mismos. Lo cierto es que la autoridad entrega diariamente una cifra de fallecidos, pero no sabemos con certeza la fecha en que esas personas han muerto. Hemos encontrado casos en que hay un desfase de hasta tres días en la publicación de la información, en los reportes nacionales.
Y tercero, con sorpresa hemos descubierto que muchos fallecidos, que la autoridad públicamente ha anunciado como víctimas del Covid-19, no constatan en su certificado de defunción ese diagnóstico. Nos preguntamos cómo en el futuro esto podría afectar el conteo final de víctimas de la pandemia.
Ex presidente del CPLT y filtración de mapa con contagiados: “Es una situación grave que se debe investigar”
Marcelo Drago afirmó que las autoridades del Estado deben velar por la protección de estos antecedentes personales, los que están separados de la información que exigen los científicos sobre la pandemia.
Por Sebastián Dote, 12 de Mayo de 2020.-
Preocupación e indignación provocó la filtración de una serie de mapas elaborados desde el Ministerio de Salud que contienen datos georreferenciales de las personas contagiadas con coronavirus en algunos barrios del país.
Los datos, que aparecieron en un medio digital, generaron la preocupación del ministro Jaime Mañalich, quien anunció la presentación de una denuncia para saber desde donde se pudo filtrar la información, la que iba a ser utilizada para trabajar en conjunto con los alcaldes para determinar algunos focos de hacinamiento y contagio en las comunas.
La situación generó debate en las redes sociales, considerando que para las autoridades la publicación de mapas con antecedentes tan precisos sobre los pacientes pueden generar situaciones de discriminación y violencia, además de vulnerar una ley que resguarda la confidencialidad de estos diagnósticos.
Marcelo Drago, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), analizó con EL DÍNAMO la polémica, la que surgió justo cuando parte de la comunidad científica está exigiendo al Gobierno la entrega de mayores antecedentes sobre la expansión de la pandemia.
La filtración de los mapas del coronavirus
Marcelo Drago, académico y ex presidente del CPLT. (Foto: Agencia Uno)
El abogado calificó la aparición del llamado “mapa del coronavirus” como una “situación grave que se debe investigar”, precisando que en esta materia existe la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, la que considera puntos esenciales para la protección de los datos de los enfermos.
“La protección de datos es bien precaria, es más bien débil, pero hay un área que es bien robusta que es el área de la salud que es la Ley de Derechos y Deberes, donde se señala que los datos de la ficha clínica son datos sensibles, los que pueden ser compartidos solo si el paciente los permite, y a los que pueden acceder el Ministerio Público y las autoridades como el Minsal, que velan por la salud pública, nadie más”, expresó.
Drago afirmó que lo más complejo es que la información salió desde una entidad estatal, ya que una filtración de este alcance implica una vulneración de las normativas de resguardo de información que están vigentes.
“El deber de la autoridad resguardar los datos, desde el punto de vista de la seguridad de la investigación y de los propios pacientes”, afirmó.
Sobre la publicación de los casos de coronavirus, el abogado afirmó que si bien los mapas publicados “son generales” en la entrega de información, están compuestos de información verídica que debería permanecer bajo confidencialidad y en manos del Estado.
Datos anónimos en la pandemia
La Ley de Derechos y Deberes del paciente establece la confidencialidad de los datos de las fichas clínicas. (Foto: Agencia Uno)
Tras analizar este caso puntual, Marcelo Drago habló sobre los conflictos que han surgido en medio de la pandemia y al debate por el manejo de los antecedentes de los pacientes. Según él, el manejo de las estadísticas bajo el anonimato es fundamental para la transparencia en la labor de las autoridades.
El actual consejero del CPLT expresó que en el último tiempo “se ha escuchado una multiplicidad de voces desde el mundo científico que pide más datos en la medida que son datos anónimos, que no se identifiquen”.
“El acceso a la información permite la rendición de cuentas, por eso se debe entregar. Es importante que se dé de la forma más desagregada posible, manteniendo el anonimato, porque la entrega de información estadística sirve en este contexto”, aseveró.
El académico también afirmó que “es una falacia que no se pueda entregar la información, porque lo principal es conservar lo estadístico de forma anónima”.
Por el rol del CPLT en estos casos, el consejero opinó que “en una situación inédita como ésta se produjo una colisión entre manejo de información, y eso hace más evidente que la autoridad que difiera del dato estadístico al personal, y ahí es importante la actuación de un organismo que vele por la protección de los datos personales y exija los datos al Estado cuando corresponda”.
Desde hace tres años, el Congreso está debatiendo un proyecto que actualiza las normativas sobre la protección de datos, que justamente entregaría atribuciones mayores al CPLT para proteger estos antecedentes y buscar sanciones ante las filtraciones.
Fuente: https://www.eldinamo.cl/
Información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con COVID-19, forma parte de su ficha clínica. No es posible que las municipalidades o sus respectivos alcaldes realicen el tratamiento de datos sensibles, sin su consentimiento.
09 de Mayo de 2020.-
Letra g) del artículo 2º de la ley Nº 19.628.
Un dato sensible que solo puede ser objeto de tratamiento, esto es, puede ser extraído, disociado, comunicado, cedido, transferido, transmitido o utilizado en cualquier otra forma, cuando la ley lo autoriza expresamente.
El Ministerio de Salud solicitó a la Contraloría General un pronunciamiento que determine si resulta procedente la comunicación de datos sensibles de salud, relativos al diagnóstico de pacientes COVID-19, a las municipalidades.
En su dictamen, la CGR recuerda que el artículo 19, número 4º, de la Constitución, asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada, a la honra de la persona y su familia, y la protección de sus datos personales; estableciendo que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley.
Por su parte, el artículo 12 de la ley Nº 20.584 -que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud-, define la ficha clínica como el instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas, que tiene como finalidad la integración de la información necesaria en el proceso asistencial de cada paciente.
Añade dicho precepto que toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada como dato sensible, de conformidad con lo previsto en la letra g) del artículo 2º de la ley Nº 19.628.
Como es posible advertir, señala el dictamen de la Contraloría, la información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con COVID-19, forma parte de la ficha clínica de cada uno de ellos y, en consecuencia, constituye un dato sensible que solo puede ser objeto de tratamiento -esto es, puede ser extraído, disociado, comunicado, cedido, transferido, transmitido o utilizado en cualquier otra forma-, en lo que interesa, cuando la ley lo autoriza expresamente (aplica criterio contenido en el dictamen Nº 52.957, de 2016).
En este orden de ideas, cumple con señalar que el artículo 13 de la referida ley Nº 20.584, establece que los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica, lo que se extiende, incluso, al personal de salud y administrativo del mismo prestador que no esté vinculado a su atención.
Dicha disposición precisa que se podrá entregar la información contenida en la ficha clínica, copia de la misma o parte de ella, total o parcialmente, en la forma y condiciones específicas que señala y a solicitud expresa de las personas y organismos que taxativamente indica, esto es, al respectivo titular; su representante legal; sus herederos; los tribunales de justicia -en las causas a las que se alude-, y los fiscales del Ministerio Público y los abogados -previa autorización del juez competente en el caso que se enuncia-.
Luego, y considerando que ni la referida ley Nº 20.584 -que no admite otras excepciones que las descritas- ni otro texto legal vigente, autorizan expresamente a las municipalidades o sus respectivos alcaldes para realizar el tratamiento de datos sensibles, no resulta procedente la entrega a tales entidades o autoridades de información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con el denominado COVID-19, sin su consentimiento. Cualquier medida en contrario requerirá de la aprobación de la correspondiente ley modificatoria que así lo permita.
Sin perjuicio de lo expresado, y atendida las facultades que en materia de protección de datos personales corresponde al Consejo para la Transparencia, de acuerdo con lo prescrito por las leyes Nºs 19.628 y 20.285, la Contraloría deriva la presentación en la parte pertinente, para los fines respectivos.
06 de Mayo de 2020.-
Fuente: https://www.infogate.cl/
Gobierno se querelló ayer en contra de portador de Covid-19 sorprendido afuera de céntrico banco
Por La Prensa Austral, martes 5 de mayo del 2020.-
La acción judicial está firmada por el intendente regional José Fernández
La primera querella criminal presentó el gobierno regional por delitos vinculados a incumplimientos de normas sanitarias preventivas del Covid-19.
La acción judicial ingresó ayer al Juzgado de Garantía de Punta Arenas, y si es acogida a trámite será reenviada a la Fiscalía para su investigación.
Los hechos tienen relación con el hombre, de 34 años, que fue detenido el pasado 17 de abril cuando hacía fila para ingresar al Banco de Crédito e Inversiones, siendo portador del coronavirus y que tenía que estar cumpliendo cuarentena en su domicilio.
A raíz de esto, el intendente José Fernández Dübrock se querelló en contra de esta persona (cuya identidad no se puede revelar por la Ley de Derechos y Deberes del Paciente), por el deber que tiene como autoridad de “velar por el mantenimiento del orden y la seguridad pública en la región”.
Fiscalizado y detenido
El escrito, presentado por el abogado Francisco Larraín, narra los hechos ocurridos el viernes 17 de abril, de acuerdo a lo que consigna el parte de la policía uniformada, “donde tras un control de turno, el querellado fue fiscalizado por carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas en las afueras del Banco BCI, ubicado en Errázuriz con 21 de Mayo, quien estaba en el lugar pese a encontrarse en régimen de cuarentena a raíz de estar diagnosticado con la enfermedad Covid-19, circunstancia verificada por el personal policial mediante sistema informático Simccar, procediendo a su detención”.
El delito infringido que se invoca en la querella es el artículo 318 del Código Penal, que dice: “El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales”.
Especial relevancia cobra el hecho de cometerse el delito bajo el estado de excepción constitucional vigente, en razón del brote mundial del síndrome respiratorio agudo grave que produce el Covid-19, catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de importancia internacional.
Entre las diligencias que se solicitan en la querella está la de recabar el registro de cámaras de seguridad del BCI, “a fin de establecer la ruta de tránsito del querellado”.
Se pide establecer “quién dio el aviso de que el querellado se encontraba en cuarentena y circulando por las dependencias del banco”.
Y que “se determine la situación actual de salud de cada una de las personas que tuvieron contacto con el querellado”; como también la ficha clínica del detenido en el centro de salud donde se le aplicó el examen para la detección del Covid-19, y se cite a declarar al profesional médico que realizó el diagnóstico.
Fuente: https://laprensaaustral.cl/

References: artículo 2
 artículo 19
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 318