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Timestamp: 2019-10-23 13:18:08+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 322, de 21/03/2018
cve: BOCG-12-D-322
162/000006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo como expresión de consenso político y el diálogo social con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones.
Aprobación con modificaciones... (Página4)
162/000550 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de las medidas necesarias para garantizar la veracidad de las informaciones que circulan por servicios conectados a Internet y evitar injerencias que pongan en peligro la estabilidad institucional en España. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmienda formulada... (Página5)
172/000111 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista al Ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre el modelo educativo del Gobierno... (Página6)
173/000080 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para revertir el proceso de despoblación en España. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara... (Página7)
173/000081 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento por España del dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 20 de junio de 2017 sobre el derecho a la vivienda.
173/000082 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del Sistema Español de Ciencia e Innovación.
162/000006
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo como expresión de consenso político y el diálogo social con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 11, de 12 de septiembre de 2016.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley para su debate en el Pleno para recuperar el Pacto de Toledo como expresión de consenso político y el diálogo social con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se añade un nuevo punto al final del texto actual con el siguiente redactado:
"2 (Nuevo). A garantizar la revalorización adecuada de las pensiones y la suficiencia de las mismas tal y como emana de los artículos 41 y 50 de la Constitución Española con total urgencia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-Aina Vidal Sáez, Diputada.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo como expresión de consenso político y el diálogo social con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones.
De adición in fine.
"Por ello, insta al Gobierno a:
1. Revalorizar las pensiones de conformidad con la previsión de inflación, con inclusión de una cláusula de desviación para el supuesto de que el Índice de Precios al Consumo sea superior
al índice previsto, con la adopción de las medidas necesarias para suspender la aplicación de la Ley 23/2013.
2. Abonar con cargo a la fiscalidad general las políticas activas de empleo que supongan reducciones, tarifas planas o exenciones de cuotas a la Seguridad Social.
3. Reanudar urgentemente el diálogo con los interlocutores sociales al objeto de acordar una estrategia concreta de medidas que aseguren unas pensiones que, en el ámbito contributivo, sigan cumpliendo su papel de sustitución adecuada de las rentas de activo y, en el ámbito no contributivo, posibiliten unas rentas dignas y suficientes, todo ello en un marco de equilibrio financiero que garantice la viabilidad de futuro del sistema.
Dicho acuerdo deberá presentarse en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, con el fin de posibilitar un nuevo pacto político, con nuevas recomendaciones y orientaciones, que permitan reforzar los principios en los que se basa nuestro sistema público de pensiones, como son los de solidaridad, equidad y contributividad, atendiendo a la suficiencia y adecuación de las pensiones públicas, contributivas y no contributivas, y a la sostenibilidad económico-financiera de las mismas.
4. Derogar la aplicación del factor de sostenibilidad previsto en la Ley 23/2013."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo como expresión de consenso político y el diálogo social con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones.
"El Congreso insta al Gobierno a seguir trabajando con los Agentes Sociales en el diálogo social y seguir manteniendo la colaboración permanente con la Comisión del Pacto de Toledo para que puedan concluir, con el necesario consenso, los debates que está llevando a cabo y aprobar las nuevas Recomendaciones necesarias para articular las orientaciones que deben guiar el modelo de Seguridad Social en el futuro, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, progresar en su equilibrio financiero y evitar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo como expresión de consenso político y el diálogo social con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones, publicada
en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 11, de 12 de septiembre de 2016, en los siguientes términos:
"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconstituir de forma urgente el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, especialmente las pensiones mínimas, así como fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones.
2. A garantizar la revalorización adecuada de las pensiones y la suficiencia de las mismas tal y como emana de los artículos 41 y 50 de la Constitución Española con total urgencia.
3. Revalorizar las pensiones de conformidad con la previsión de inflación, con inclusión de una cláusula de desviación para el supuesto de que el Índice de Precios al Consumo sea superior al índice previsto, con la adopción de las medidas necesarias para suspender la aplicación de la Ley 23/2013.
4. Abonar con cargo a la fiscalidad general las políticas activas de empleo que supongan reducciones, tarifas planas o exenciones de cuotas a la Seguridad Social.
5. Reanudar urgentemente el diálogo con los interlocutores sociales al objeto de acordar una estrategia concreta de medidas que aseguren unas pensiones que, en el ámbito contributivo, sigan cumpliendo su papel de sustitución adecuada de las rentas de activo y, en el ámbito no contributivo, posibiliten unas rentas dignas y suficientes, todo ello en un marco de equilibrio financiero que garantice la viabilidad de futuro del sistema.
6. Derogar la aplicación del factor de sostenibilidad previsto en la Ley 23/2013."
162/000550
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de las medidas necesarias para garantizar la veracidad de las informaciones que circulan por servicios conectados a Internet y evitar injerencias que pongan en peligro la estabilidad institucional en España, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 280, de 12 de enero de 2018.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de las medidas necesarias para garantizar la veracidad de las informaciones que circulan
por servicios conectados a Internet y evitar injerencias que pongan en peligro la estabilidad institucional en España.
Se propone la modificación de la iniciativa que quedaría redactada de la manera siguiente:
1. Introducir en las capacidades de los servicios encargados de la Seguridad Pública sistemas de vigilancia, monitorización, mitigación y respuesta ante acciones extranjeras que hayan sido identificadas como destinadas a cuestionar y debilitar la confianza en las instituciones públicas y, en general, en los valores democráticos,
2. Promover la colaboración, la cooperación y la búsqueda de un acuerdo internacional contra la desinformación como amenaza global sobre los sistemas democráticos, prestando especial atención a que esos acuerdos incluyan medidas específicas para proteger escenarios sensibles como los procesos electorales democráticos.
3. Reforzar la comunicación estratégica para hacer frente a las campañas de desinformación con objetivos de desestabilización contra países de la Unión Europea."
172/000111
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al Ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre el modelo educativo del Gobierno, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para formular, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados y para su inclusión en el orden del día de la próxima sesión del Pleno de la Cámara, la siguiente interpelación urgente al Ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre el modelo educativo del Gobierno.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) fue aprobada sin el más mínimo consenso político ni social. En el Parlamento contó únicamente con el apoyo de los diputados del Partido Popular. Y todos los sectores de la comunidad educativa se manifestaron en contra de una ley que consiguió, por primera vez en nuestra historia educativa, sacar a la calle a los representantes de madres y padres, alumnos y alumnas, sindicatos docentes y fuerzas políticas reclamando su retirada.
Se trata de una ley dictada con objeto de desmantelar la escuela pública y favorecer la privatización del sistema educativo. Una ley que apoya la segregación por sexos en los colegios y establece un sistema de reválidas sancionadoras y selectivas, que aparta del sistema educativo a los que más dificultades
tienen. Una ley que suprime la asignatura de Educación para la Ciudadanía y, en cambio, recupera la Religión como evaluable y computable para la nota media y, por tanto, para la adquisición de becas y ayudas al estudio. Una ley que atenta contra las competencias de las Comunidades Autónomas y limita la participación de la comunidad educativa al vaciar de competencias los consejos escolares de los centros.
El conocimiento es el mayor factor de desarrollo de una sociedad y el acceso al mismo determina, en gran parte, los niveles de cohesión social e igualdad de oportunidades. Por eso, el mayor factor de igualdad en una sociedad es una educación pública de calidad. Para lograrlo es preciso financiarla de forma suficiente, asegurar una oferta suficiente de plazas educativas, reforzar su equidad, impedir la segregación por sexos o por capacidad, dotar al sistema de estabilidad y garantizar la igualdad de oportunidades con becas suficientes que no exijan a quienes no tienen recursos un mayor esfuerzo académico que a los demás. El Gobierno de Rajoy ha supuesto una regresión sin precedentes en términos de calidad educativa, al retroceder en todos estos aspectos.
Es por ello que el Grupo Parlamentario Socialista formula la presente interpelación urgente al Ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre el modelo educativo del Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para revertir el proceso de despoblación en España, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de la interpelación urgente a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre sus políticas para revertir el proceso de despoblación en España.
Muchos núcleos de población han sido ya abandonados o están en proceso de estarlo. Además del riesgo de perder un inestimable patrimonio cultural ancestral (sea inmaterial o material), se produce una
pérdida de eficiencia económica, ya que la prestación de servicios públicos entra en una espiral de incremento de costes: los problemas en la sanidad, la educación, las infraestructuras, los servicios sociales o las telecomunicaciones en estas zonas son ejemplos palpables de esta situación. Por tanto, la población que vive en estos entornos carece de condiciones de vida equiparables con el resto de ciudadanos, lo que va claramente en contra del principio de equidad recogido en la Constitución.
1. Elaborar y desarrollar, en el plazo máximo de seis meses, y en consenso con las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los sectores implicados, una Estrategia Nacional contra la Despoblación que analice las causas de este problema y contemple las principales propuestas, medidas y actuaciones necesarias para combatirlo.
2. Redactar, en el plazo máximo de un año, y sobre la base de la citada Estrategia, una Ley de Reversión de la Despoblación que delimite las zonas más afectadas por este fenómeno y que fije un conjunto de medidas y actuaciones concretas para revertir este proceso en nuestro país.
3. Garantizar de manera efectiva la sostenibilidad del estado del bienestar, especialmente en el mundo rural, así como el desarrollo de los territorios, garantizando que los municipios reúnan las necesarias condiciones de infraestructuras y de suministros, con el fin de dar cumplimiento al principio de igualdad de todos los ciudadanos y promover las condiciones para que los derechos fundamentales sean reales y efectivos, eliminando los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y promoviendo las condiciones favorables para el progreso social y económico, de tal forma que los ciudadanos puedan desarrollar su actividad profesional en igualdad de condiciones en cualquier lugar de España.
4. Garantizar que el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, a quien corresponden "aquellas tareas que contribuyan a dar respuesta a la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante", cumple efectivamente con los objetivos que le encomienda el Real Decreto 40/2017, de 27 de enero."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para revertir el proceso de despoblación en España.
Al numeral 1
Quedando redactado el punto como sigue a continuación:
"1. Elaborar y desarrollar, en el plazo de tres meses y en consenso con las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los sectores implicados, una Estrategia Nacional contra la Despoblación que analice las causas de este problema y contemple las principales propuestas, medidas y actuaciones necesarias para combatirlo."
Ajustar el tiempo a los compromisos asumidos por el Gobierno con la creación del Comisionado para el reto Demográfico mediante RD 40/2017 de 27 de enero, y cuyo único objetivo era la elaboración y desarrollo de la Estrategia para el Reto Demográfico.
Al numeral 2
Quedando redactado el punto de la siguiente forma:
"2. Redactar, en el plazo de seis meses a partir de la presentación de la Estrategia Nacional contra la Despoblación, la modificación necesaria que actualice para su aplicación la Ley 45/2007, de 13 de diciembre de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, delimitando de manera adecuada las zonas más afectadas por este fenómeno y que fije un conjunto de medidas y actuaciones concretas para revertir este proceso en nuestro país."
Mejora técnica. Ajustar el tiempo para que el debate de la propuesta entre en la legislatura actual. Ajustar la propuesta al marco normativo vigente que da la actual Ley 45/2007, de 13 de diciembre de Desarrollo Sostenible del Medio Rural que es reclamada por el conjunto de los actores implicados.
Al numeral 3
Queda redactado el punto de la siguiente forma:
"3. La Estrategia Nacional contra la Despoblación irá acompañada de una memoria económica con la previsión adecuada en inversión y gasto público para el correcto desarrollo de las medidas previstas, al objeto de garantizar de manera efectiva, la sostenibilidad del estado de bienestar especialmente en el mundo rural, así como el desarrollo de los territorios, garantizando que los municipios reúnan las necesarias condiciones de infraestructuras y de suministros, con el fin de dar cumplimiento al principio de igualdad de todas las y los ciudadanos y promover las condiciones para que los derechos fundamentales sean reales y efectivos, eliminando los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y promoviendo las condiciones favorables para el progreso social y económico, de tal forma que las y los ciudadanos puedan desarrollar su actividad profesional en igualdad de condiciones en cualquier lugar de España."
Incorporar compromiso económico para el cumplimiento y desarrollo de la Estrategia Nacional contra la Despoblación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Mixto, a instancia del diputado Isidro Martínez Oblanca, de FORO, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre las políticas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para revertir el proceso de despoblación en España.
"1. Impulsar, junto con las Comunidades Autónomas afectadas por el envejecimiento de la población y el despoblamiento de su zona rural, Planes de Natalidad para corregir el cada vez más negativo saldo vegetativo de población.
2. Incorporar criterios demográficos en el próximo sistema de financiación autonómica al objeto de frenar la despoblación con políticas de empleo, juventud, familia, conectividad tecnológica, vivienda y sostenibilidad.
3. A defender ante la Unión Europea la mayor dotación posible de los fondos de cohesión y los de la PAC para evitar que los recortes anunciados para el nuevo periodo 2021-2027 penalicen aún más las zonas y regiones con más riesgos de despoblación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para revertir el proceso de despoblación en España.
1. Elaborar y desarrollar un Plan de Estrategia Nacional contra la despoblación en el plazo de seis meses para los territorios con graves riesgos demográficos, elaborando un mapa de la despoblación en España en consenso con las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los sectores implicados que analice las causas de este problema y contemple propuestas, medidas y actuaciones necesarias para combatirlo: mantenimiento de servicios básicos de titularidad autonómica y local; garantía de políticas de activación económica inclusiva y creación de empleo; incentivos para la reindustrialización y la localización
de servicios; promoción de actividades económicas en las mejores condiciones para el mundo rural que permita la normativa de fondos europeos.
2. Aplicar, de forma progresiva, el conjunto de recomendaciones aprobadas por el Senado en la pasada legislatura (Ponencia de Estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España e Informe de la Comisión Especial de estudios sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación en las zonas de montaña), así como, más recientemente, por la Comisión de Despoblación de la FEMP.
3. Dotar presupuestariamente la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, cofinanciando los correspondientes convenios con las Comunidades Autónomas para la puesta en marcha de los Planes de Zona, con la prioridad que la propia Ley establece, y garantizando la participación en su gestión de las entidades locales.
4. Establecer un fondo de cooperación económica local, asociado a la implementación de políticas públicas experimentales de lucha contra la despoblación, diseñadas y gestionadas de forma participativa y con estrategias a medio-largo plazo por parte de las entidades locales.
5. Garantizar que el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, a quien corresponden "aquellas tareas que contribuyan a dar respuesta a la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante", cumpla efectivamente con los objetivos que le encomienda el Real Decreto 40/2017, de 27 de enero."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para revertir el proceso de despoblación en España.
1. Presentar en el plazo máximo de tres meses y desarrollar en consenso con Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sectores implicados, una Estrategia Nacional que aborde los desafíos de la despoblación, que analice las causas de estos problemas y contemple las principales propuestas, medidas y actuaciones necesarias para combatirlos.
2. Incluir, en el marco de esta Estrategia, una planificación específica para abordar los problemas de la despoblación, proponiendo medidas dirigidas a las zonas más afectadas por las dinámicas de pérdida de población y los problemas de los pequeños municipios, poniendo en valor el papel de las Diputaciones Provinciales y entidades similares en la asistencia y respaldo a estos Ayuntamientos, especialmente en el medio rural.
4. Atender en este marco, especialmente, a la generación de oportunidades y el fomento de las potencialidades endógenas en el medio rural, promoviendo la modernización y diversificación de actividades económicas, la accesibilidad a las ventajas de las nuevas tecnologías, avanzando en la
conexión a Internet, y, en general, la generación de empleo y el fomento del emprendimiento como mecanismos clave para el mantenimiento o atracción de población. Priorizar, en este sentido e igualmente, la atención a colectivos clave para la evolución de la población en estas zonas, como las mujeres y los jóvenes, teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas, en ámbitos como el acceso a la vivienda. Y favorecer, en conjunto, un desarrollo sostenible que ofrezca a las personas las condiciones precisas para desarrollar sus vidas con plenitud en estos lugares.
5. Salvaguardar la representación de los ciudadanos de las provincias menos pobladas, manteniendo los principios de solidaridad y equilibrio territorial que ampara la Constitución de 1978, que garantiza la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG)."
Palacio del Congreso de los Diputados,13 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las políticas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre sus políticas para revertir el proceso de despoblación en España.
Impulsar una política leal con las comunidades autónomas que tenga por objetivo revertir la despoblación del medio rural a través de una política presupuestaria de apoyo, tanto a las estrategias de desarrollo rural que llevan a cabo las comunidades autónomas, como a las políticas económicas sectoriales de apoyo a la industria, al turismo o a los servicios, también competencia de las comunidades autónomas, ya que revertir la despoblación de sus áreas rurales es una responsabilidad de las administraciones autonómicas que el Estado debe contribuir a financiar."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento por España del dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 20 de junio de 2017 sobre el derecho a la vivienda y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno por el cumplimiento de España al dictamen del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 20 de junio de 2017 sobre el derecho a la vivienda, para su debate en Pleno.
Durante las últimas décadas, las políticas públicas en España en materia de vivienda han estado orientadas desde una perspectiva de bien de cambio en lugar de bien de uso. Los principales cambios legislativos han estado orientados a favorecer la liberalización del sector de la construcción y a promover al crédito hipotecario como el único o más rentable medio de acceso a la vivienda.
Esto se refleja principalmente en la promoción de la propiedad privada como forma principal de tenencia, a través de políticas de facilitación del crédito y desgravaciones fiscales, y en el carácter altamente especulativo que han tenido las sucesivas legislaciones del suelo, estando vinculada la construcción de vivienda y a la cultura del "pelotazo urbanístico".
El crecimiento económico de los últimos años en España se encuentra relacionado directamente con la "economía del ladrillo" que promueve un crecimiento acelerado de viandas y proyectos privados en los que no se ha incentivado espacios para la vivienda pública y vivienda social.
España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea un 1,1 % solo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32 %), Austria (23 %), Reino Unido (18 %) o Francia (17 %). Así mismo, nuestro país cuenta un porcentaje ínfimo de vivienda asequible (2,5 %), frente a otros países europeos tales como Austria que poseen el 24 % de parque público de protección y el Reino Unido o Francia alrededor del 17 %, entre otros, según datos de Amnistía Internacional.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la media de habitantes de una vivienda familiar en España es de 2,51 personas. Es decir que 213.350 personas se encuentran en situación de emergencia habitacional, obligadas por la situación económica a ocupar una vivienda.
Se trata de casi el 17 % del parque de viviendas nuevas vacías, que ronda las 500.000, y de algo más de un 8 % del millón de pisos no ocupados en total que se supone existen en el país. (Fuente INE). La cifra resulta escandalosa si se compara con el 2 % de vivienda social promovida por las administraciones públicas.
Más de 87.000 familias -unas 270.000 personas- mantienen una posesión de viviendas en precario en España 1. La mayoría se trata de familias en situación de vulnerabilidad.
En este contexto, las administraciones públicas en nuestro país han desarrollado el acceso a la vivienda como una cuestión de mercado y no de derecho social, acompañada con unas políticas públicas insuficientes, lo cual contrasta claramente con la propia Constitución Española, que establece en su artículo 47:
1 Estudio "La ocupación ilegal: realidad social, urbana y económica... un problema que necesita solución" - Instituto Cerdà). Fuente: file:///C:/Users/sheim.guerrero/Downloads/Presentaci%C3%B3%20Ocupaci%C3%B3%202017.05.02.pdf
Entre 1997 y 2007, se edificaron 6,6 millones de viviendas, la misma cantidad que se construyó en Francia, Italia y Alemania juntas en el mismo período, y el Estado español, con 25,2 millones de viviendas (según censo del INE), dispone hoy de uno de los ratios más altos de vivienda por habitante de la Unión Europea (UE).
Así, el sobreendeudamiento de las clases medias y de los sectores más vulnerables se convirtió en una de las formas principales para acceder una vivienda. Todo ello acompañado de prácticas que hasta el día de hoy han sido calificadas -cuanto menos- de abusivas, incluso por los tribunales.
Las ayudas al pago del alquiler son escasas y vinculadas a la disponibilidad presupuestaria, y las políticas públicas estatales de vivienda han renunciado a la introducción de medidas orientadas a luchar contra la desocupación e infrautilización injustificada de inmuebles, que es de un 14 % del total de viviendas. Como consecuencia de todo ello, el Estado español presenta el porcentaje más elevado de viviendas vacías de Europa y de los más reducidos de vivienda social.
El ordenamiento español prevé un procedimiento de ejecución hipotecaria que comporta no solo la pérdida de la vivienda habitual, sino también la posibilidad de que se embarguen los salarios y otros bienes presentes y futuros, del deudor hipotecario como de sus avalistas, subsistiendo parte de la deuda contraída.
La regulación actual implica que la entidad bancaria pueda adjudicarse la vivienda por tan solo el 60 % del valor de tasación y seguir exigiendo a la familia el monto restante, más los intereses generados y los gastos del procedimiento judicial. Dicha situación es insostenible y profundamente injusta.
A la problemática de las ejecuciones y desahucios hipotecarios se añade la del alquiler, castigado por las consecutivas reformas de la Ley de Alquiler Urbano, que han consagrado la inestabilidad en el proyecto vital de las personas cada tres años y la posibilidad de establecer subidas indiscriminadas de precio durante cada renovación contractual.
La desprotección de las personas inquilinas se manifiesta también por unas ayudas al pago del alquiler concebidas como subvenciones discrecionales de difícil acceso y condicionadas por la disponibilidad
presupuestaria. Por ende, justo durante los años más duros de crisis disminuyeron las partidas y se impidió el acceso a las ayudas por parte de nuevos demandantes. Las dificultades para afrontar el pago del alquiler han generado que, según datos judiciales, un 54 % de los 67.359 desahucios que se produjeron en 2016 en España estuvieran relacionados con el impago del alquiler, según datos del CGPJ.
En definitiva, el problema del parque de alquiler privado no es de reducida dimensión sino su configuración como régimen inestable y sometido a procesos especulativos que, de nuevo, ponen de manifiesto la mercantilización del derecho a la vivienda digna y adecuada. Además, a diferencia de los países del entorno europeo con un amplio parque de alquiler privado, no existen medidas orientadas a controlar el precio del alquiler y a impedir rentas abusivas.
Los últimos Relatores Especiales sobre la vivienda adecuada de las Naciones Unidas denunciaron la situación del acceso a la vivienda en España. Los informes A/HRC/7/16 de 7 de febrero de 2008 de Miloon Kothari y el informe A/67/286 de 10 de agosto de 2012 de Raquel Rolnik establecieron recomendaciones a numerosos países, entre ellos España, para modificar el paradigma de las políticas públicas en materia de vivienda, basadas exclusivamente en su financiación, y adoptar un enfoque centrado en los derechos humanos.
El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano que viene recogido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que declara:
"Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para él y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento."
La ratificación del PIDESC por parte de España en 1977 establece el carácter vinculante de sus disposiciones, que hacen parte de los principios democráticos de nuestro ordenamiento jurídico, tal y como los establece el artículo 96 de la Constitución Española:
"Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional."
El PIDESC es claro en cuanto a las obligaciones de los Estados en relación con los derechos en él recogidos, tal y como lo establece el artículo 2:
- La práctica de los desalojos forzosos no solo afecta a los derechos a la vivienda, sino a muchos otros; a la vida, la seguridad, etc; ya que los derechos humanos están interrelacionados y son interdependientes.
- Los desalojos forzosos no pueden suponer una violación de los DDHH, en particular no deben implicar que las personas se queden sin vivienda, por lo que los Estados firmantes deben tomar medidas hasta el máximo de recursos posibles, para garantizar una vivienda.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 61° período de sesiones (29 de mayo a 23 de junio de 2017), emitió un dictamen en contra del Estado español, frente a la denuncia presentada por el ciudadano Mohamed Ben Djazia y Naouel Bellili, tras un desahucio de su vivienda de alquiler en 2013 en Madrid. El dictamen concluye:
"Conforme a toda la información proporcionada y en las particulares circunstancias de este caso, el Comité considera que, en ausencia de argumentos razonables del Estado parte con relación a todas las medidas tomadas hasta el máximo de sus recursos disponibles, el desalojo de los autores, sin que les fuera garantizada una vivienda alternativa por las autoridades del Estado parte en su conjunto, incluidas las autoridades regionales de Madrid, constituyó una violación de su derecho a la vivienda adecuada."
De conformidad con los principios de Derecho Internacional de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el Comité DESC recordó que España tiene la obligación de prevenir vulneraciones de derechos similares en el futuro. Así mismo, nuestro país tiene la obligación de dar cumplimiento a las siguientes recomendaciones emitidas por el Comité DESC:
- Adoptar medidas legislativas y/o administrativas pertinentes para garantizar que en los procesos judiciales de desalojos de inquilinos, los demandados puedan oponerse o presentar un recurso con el fin de que el juez considere las consecuencias del desalojo y la compatibilidad de esta medida con el Pacto;
- Adoptar medidas necesarias para asegurarse de que los desalojos que afecten a personas sin recursos para procurarse una vivienda alternativa, solo se ejecuten después de que haya habido una consulta genuina y efectiva con estas personas y de que el Estado parte haya realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias, personas mayores, niños/as y/o otras personas en situación de vulnerabilidad.
- Formular e implementar, en coordinación con las comunidades autónomas y hasta el máximo de los recursos disponibles, un plan comprensivo e integral para garantizar el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos, de conformidad con la Observación general N.2 4. Este plan deberá incluir los recursos, las medidas, los plazos y los criterios de evaluación, que permitirán en forma razonable y verificable garantizar el derecho a la vivienda de esas personas.
1. Cumplir con sus obligaciones internacionales para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, llevando a cabo el desarrollo legislativo y aumentando las partidas presupuestarias necesarios para hacer efectivas las recomendaciones vinculantes de la Comunicación N.º 5/2015, que incluye el dictamen aprobado por el Comité DESC en su 61° período de sesiones (29 de mayo a 23 de junio de 2017).
2. Adoptar medidas legislativas y/o administrativas pertinentes para garantizar que en los procesos judiciales de desalojos de personas inquilinas, las personas demandadas puedan oponerse o presentar un recurso con el fin de que el juez pueda evaluar las situaciones de vulnerabilidad y acceso a la vivienda de las familias demandadas.
En especial se insta al Gobierno a modificar la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos a fin de garantizar los derechos a la tutela judicial efectiva y prohibición de desalojo sin alternativa habitacional.
3. Establecer protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y las de comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España, con el fin de definir acciones de operación conjunta entre jueces y unidades de servicios sociales competentes para que, en casos de desalojos, las Administraciones Públicas competentes otorguen a las familias y personas en situación de vulnerabilidad una alternativa habitacional adecuada, o que se les ofrezca alquiler social.
Estos protocolos deberán incluir medidas que garanticen que los desalojos que afecten a personas sin recursos para procurarse una vivienda alternativa, solo se ejecuten después de que haya habido una consulta genuina y efectiva con estas personas y de que las comunidades autónomas y/o los ayuntamientos hayan realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias, personas mayores, niños/as y/o otras personas en situación de vulnerabilidad.
4. Garantizar el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos, de conformidad con la Observación general N.º 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, a través de un plan estatal que establezca los recursos, las medidas, los plazos y los criterios de evaluación, que permitirán en forma razonable y verificable garantizar el derecho a la vivienda de esas personas, en coordinación con las comunidades autónomas y hasta el máximo de los recursos disponibles.
El plan estatal impulsará programas permanentes de ayuda al alquiler, con el objetivo de evitar el lanzamiento, para las personas que se encuentren en situación de exclusión residencial.
Así mismo, el plan deberá establecer medidas para incrementar el parque público de viviendas en alquiler con el objetivo de alcanzar los niveles medios de viviendas públicas disponibles en el resto de países de la Unión Europea que registran porcentajes de vivienda social de entre el 17 y el 32 %.
5. Cumplir con las disposiciones contenidas en la Observación General N.º 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de prohibir y paralizar inmediatamente todos los desahucios a personas y familias en su primera y única vivienda y sin alternativa habitacional.
6. Adoptar los mecanismos administrativos para luchar en contra del acaparamiento de viviendas en manos de grandes sociedades o entidades tenedoras de vivienda. Así mismo se insta a adoptar medidas legislativas para obligar a los grandes tenedores de vivienda a ceder sus viviendas vacías a las administraciones públicas competentes, para hacer frente a la situación de emergencia social de las personas o familias en riesgo de exclusión.
7. Promover los acuerdos con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. (SAREB) y las entidades bancarias, para la cesión de sus viviendas vacías a las Administraciones autonómicas y locales, con el objeto de destinarlas al alquiler social.
8. Establecer mecanismos de control que obliguen a los grandes tenedores de vivienda de España a garantizar el alquiler social en favor de familias en situación de vulnerabilidad que no comprometan los ingresos ponderados de la unidad familiar.
9. Dentro del Instituto de Crédito Oficial (ICO) establecer una línea de crédito destinada a financiar la construcción o rehabilitación de viviendas con destino al alquiler.
10. Aprobar ayudas directas destinadas al pago de la renta del alquiler que faciliten el acceso a la vivienda o la permanencia en la misma a familias con ingresos no superiores a tres veces el IPREM que cubran, como mínimo, el 40 % del alquiler."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-Rafael Mayoral Perales, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento por España del dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 20 de julio de 2017 sobre el derecho a la vivienda.
2. Se suprime el segundo párrafo y se añade la siguiente frase al final del párrafo primero:
"[...] y, en su caso, promover, mediante la oportuna comunicación a las administraciones competentes, la adjudicación de una alternativa habitacional.
5. Cumplir con las disposiciones contenidas en la Observación general n.º 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la Convención sobre Derechos del Niño, adoptando cuantas medidas legislativas y administrativas sean necesarias para garantizar el derecho a una vivienda adecuada.
6. Impulsar programas para la reducción del número de viviendas deshabitadas fomentando su destino al mercado del alquiler.
7 y 8. Promover acuerdos con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. (SAREB), los grandes propietarios de vivienda y las entidades bancarias, para que sus viviendas vacías puedan destinarse, por las administraciones autonómicas y locales, al alquiler social en favor de las familias en situación de vulnerabilidad, a un precio que no comprometa los ingresos ponderados de la unidad familiar.
10. [...]."
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente relativa al cumplimiento por España del dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 20 de junio de 2017 sobre el derecho a la vivienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
2. Adoptar medidas legislativas y/o administrativas pertinentes para garantizar que en los procesos judiciales de desalojos de personas inquilinas, las personas demandadas puedan oponerse o presentar
un recurso con el fin de que el juez pueda evaluar las situaciones de vulnerabilidad y acceso a la vivienda de las familias demandadas.
6. Adoptar los mecanismos administrativos necesarios para incentivar la puesta en el mercado del parque de vivienda vacía.
7. Teniendo en cuenta la necesidad de minimizar el coste que ha supuesto el rescate bancario para los ciudadanos, promover los acuerdos con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. (SAREB) y las entidades bancarias, para la cesión de sus viviendas vacías a las administraciones autonómicas y locales, con el objeto de destinarlas a alquiler social.
8. Se suprime.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento por España del dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 20 de junio de 2017 sobre el derecho a la vivienda.
1. Cumplir con sus obligaciones internacionales para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, llevando a cabo las medidas precisas para hacer efectivas las recomendaciones vinculantes de la Comunicación N.º 5/2015, que incluye el dictamen aprobado por el Comité DESC en su 61º período de sesiones (29 de mayo a 23 de junio de 2017).
En especial se insta al Gobierno a modificar la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos en los términos en los que se está trabajando la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que actualmente está siendo objeto de debate en la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social.
3. Establecer protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España, con el fin de definir acciones de operación conjunta entre jueces y unidades de servicios sociales competentes para que, en casos de desalojos, las
administraciones públicas competentes otorguen a las familias y personas en situación de vulnerabilidad una alternativa habitacional adecuada, o que se les ofrezca alquiler social.
4. Garantizar el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos, de conformidad con la Observación general N. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, a través de un plan estatal que establezca los recursos, las medidas, los plazos y los criterios de evaluación, que permitirán en forma razonable y verificable garantizar el derecho a la vivienda de esas personas, en coordinación con las comunidades autónomas y hasta el máximo de los recursos disponibles.
El plan estatal impulsará programas de ayuda al alquiler, con el objetivo de evitar el lanzamiento, para las personas que se encuentren en situación de exclusión residencial.
6. Promover recursos legales y administrativos necesarios para potenciar mecanismos de conciliación de forma que las viviendas vacías, no ocupadas, disponibles, ya sean de administraciones públicas, empresas públicas, entidades financieras y otros tenedores de vivienda, puedan constituir una bolsa de Viviendas gestionada por las comunidades autónomas para alquiler social destinado a arrendatarios o propietarios que hayan sido objeto de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, ya sea por impago de cuotas hipotecarias o por impago de alquiler.
7. Promover los acuerdos con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB), y las entidades bancarias, para la cesión de sus viviendas vacías a las administraciones autonómicas y locales, con el objeto de destinarlas al alquiler social.
8. Dentro del Instituto de Crédito Oficial (ICO) establecer una línea de crédito destinada a financiar la rehabilitación de viviendas y/o edificios y/o la reforma de sus elementos comunes, y la reconstrucción de una vivienda que haya sido dañada por alguna catástrofe o el paso del tiempo, que garantice las condiciones de habitabilidad y eficiencia energética de las familias.
9. Aprobar ayudas directas destinadas al pago de la renta del alquiler que faciliten el acceso a la vivienda a familias con ingresos no superiores a tres veces el IPREM que cubran, como máximo, el 40 % del alquiler.
10. Estimular la ampliación del parque de nuevas viviendas para evitar el brutal crecimiento que en el precio de la vivienda se está produciendo en ciudades como Madrid y Barcelona."
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de diputado del Partit Demòcrata, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución de los puntos 2 al 10, dejando en total 7 puntos, de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el cumplimiento de España al dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 20 de junio de 2017 sobre el derecho a la vivienda.
"2. Adoptar las medidas legislativas/y o administrativas pertinentes para garantizar que se comunique efectivamente a las unidades de servicios sociales competentes, la admisión a trámite de un procedimiento judicial que conlleve el lanzamiento de los demandados, a los efectos de que se les ofrezca una alternativa habitacional. Los demandados en su contestación a la demanda podrán manifestar su negativa a someterse a tal control de vulnerabilidad.
3. Elaborar un mapa del parque de viviendas vacías, que procedentes de ejecuciones hipotecarias actualmente son titularidad de la SAREB y de las que están aportadas al Fondo Social de Vivienda, a los efectos de conocer cuál es su situación en relación a su disponibilidad y ubicación a los efectos de poder ser destinadas a alquiler social por un tiempo determinado.
4. Promover acuerdos con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, con el Fondo Social de Vivienda así como con las sociedades, grandes tenedoras de viviendas, para la cesión de viviendas a las comunidades autónomas o ayuntamientos con necesidades de vivienda para ser destinadas a políticas sociales de vivienda, con el objetivo mínimo de doblar las cesiones efectuadas hasta el momento.
5. Establecer una línea de créditos ICO para ser destinados específicamente a la construcción, rehabilitación, regeneración y renovación de viviendas para ser destinadas a alquiler.
6. Modificar la Ley de arrendamientos urbanos para que el plazo mínimo contractual sea de cinco años y que el índice de referencia para la actualización del precio del alquiler se establezca en el IPC o cualquier otro.
7. Incrementar, con el objetivo de triplicar, los recursos de los Presupuestos Generales del Estado destinados a ayudas a las políticas de vivienda que llevan a cabo las comunidades autónomas y ayuntamientos."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento por España del dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 20 de junio de 2017 sobre el derecho a la vivienda, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara:
1. Cumplir con sus obligaciones internacionales para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, llevando a cabo el desarrollo legislativo y aumentando las partidas presupuestarias necesarios para hacer efectivas las recomendaciones vinculantes de la Comunicación N.º 5/2015, que incluye el dictamen aprobado por el Comité DESC en su 61.º período de sesiones (29 de mayo a 23 de junio de 2017).
En especial se insta al Gobierno a modificar la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos a fin de garantizar los derechos a la tutela judicial efectiva y prohibición de desalojo sin alternativa habitacional.
El plan estatal impulsará programas permanentes de ayuda al alquiler, con el objetivo de evitar el alzamiento, para las personas que se encuentren en situación de exclusión residencial.
10. Aprobar ayudas directas destinadas al pago de la renta del alquiler que faciliten el acceso a la vivienda o la permanencia en la misma a familias con ingresos no superiores a 3 veces el IPREM que cubran, como mínimo, el 40 % del alquiler."
173/000082
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del Sistema Español de Ciencia e Innovación y de las enmiendas presentadas a la misma.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente, sobre la situación del Sistema Español de Ciencia e Innovación.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar y a comprometerse con un Acuerdo de País para la Ciencia, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, e incorporando a todos los agentes del Sistema de Ciencia e Innovación y a todas las fuerzas políticas, en el que se garantice la estabilidad presupuestaria pública destinada a la I+D+i.
Un Acuerdo de País para la Ciencia que contemple:
1. Incrementar progresivamente la inversión pública en I+D+i al menos hasta el 2,5 % del gasto total de los Presupuestos Generales del Estado para 2020, y con el compromiso de:
1.1 Incrementar o, al menos, mantener los presupuestos públicos en ciencia y tecnología incluso en ciclos de crisis económica.
1.2 Realizar fas reformas necesarias para facilitar la ejecución total de los presupuestos públicos dedicados a I+D+i.
1.3 Reforzar las convocatorias de la red de centros de Investigación de excelencia "Severo Ochoa" y de las unidades de investigación "María de Maeztu" y aumentar la duración de las acreditaciones.
2. Facilitar y estimular la inversión privada, para alcanzar una inversión total en innovación e I+D en 2020 que represente como mínimo el 2 % del PIB. Y recuperar como objetivo estratégico el horizonte europeo de alcanzar una inversión total del 3 % del PIB.
3. Promover y aprobar un Plan de Rescate para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico, en colaboración con las comunidades autónomas, las universidades, los organismos públicos de investigación y otros agentes del Sistema de Ciencia e Innovación, con los siguientes objetivos:
3.1 Incorporar con criterios de excelencia, al menos a 10.000 investigadores jóvenes, con especial atención a los que se encuentren en las etapas iniciales de su carrera.
3.2 Plan cuatrienal con presupuestos y recursos suficientes, gestionado por la Agencia Estatal de Investigación.
4. Realizar urgentemente las acciones oportunas para reconocer la singularidad de los organismos públicos de investigación, consorcios, fundaciones de investigación y demás agentes de ejecución del sector público y de las actividades que realizan, incluyendo las siguientes acciones prioritarias:
4.1 Modificar la normativa necesaria para facilitar la estabilización laboral de investigadores y personal de administración y de apoyo técnico que desarrolla su actividad en los agentes de ejecución del sector público.
4.2 Recuperar el anterior sistema de control financiero, mediante la aplicación del control financiero permanente, en sustitución de la función interventora, tal y como prevé el artículo 149.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
4.3 Elaborar y aprobar de forma urgente mediante Real Decreto un Reglamento que establezca un sistema objetivo que permita la evaluación del desempeño del personal investigador funcionario de carrera al servicio de los organismos públicos de investigación, consorcios, fundaciones de investigación y demás agentes de ejecución del sector público, tal y como prevé el artículo 25.4 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
4.4 Analizar e impulsar la modificación legislativa necesaria para ampliar el umbral mínimo necesario para exigir un concurso público en la adquisición de bienes y servicios necesarios para los proyectos de investigación de los agentes del sistema.
4.5 Valorar la posibilidad de establecer un IVA reducido o exento a los agentes del sistema de ciencia e innovación que perciben subvenciones con cargo a fondos públicos.
4.6 Fomentar la concentración y la especialización de los centros de investigación públicos para generar nuevas oportunidades y fomentar su competitividad internacional.
5. Consensuar con los agentes sociales, la CRUE, la COSCE, y las demás asociaciones de investigadores el Estatuto del Personal Investigador en Formación y facilitar su aprobación en el plazo más breve posible.
6. Fomentar la interacción y la movilidad de personal entre todos los agentes del sistema (Universidades, organismos públicos de investigación y empresas e instituciones privadas), eliminando barreras normativas y procedimentales, teniendo siempre presente la función y características propias de cada uno de ellos.
7. Adoptar un nuevo modelo de Agencia Estatal de investigación en consonancia con modelos internacionales de éxito como el European Research Council (ERC), con las siguientes características:
7.1 La Agencia tendrá un presupuesto plurianual estable, que garantice la suficiencia y periodicidad de las convocatorias de proyectos de investigación y de recursos humanos, que permitan a científicos/as y tecnólogas/os organizar a medio y largo su trabajo y les permita contratar a tiempo los recursos humanos necesarios.
7.2 La concesión de los proyectos de investigación contará con una evaluación ex ante, y una rendición de cuentas ex post y no centrada solo en la fiscalización de los gastos, de modo que el rendimiento y grado de consecución de objetivos sea una variable para la concesión de proyectos futuros.
7.3 Realizará una evaluación y revisión continua para facilitar la simplificación de procedimientos administrativos que permitan una mayor flexibilidad en el funcionamiento normal de los centros públicos de investigación y en la solicitud de ayudas y formalización de gastos.
7.4 Realizará funciones estratégicas de análisis y seguimiento así como colaborar y buscar sinergias con otras entidades y programas regionales de financiación.
8. Potenciar e impulsar el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación como órgano de participación de la comunidad científica y de los agentes económicos y sociales.
9. Elaborar y desarrollar un Plan nacional de acceso abierto de la investigación y un plan de difusión, comunicación y cultura científicas, que favorezca una mejora de la educación y la participación ciudadana en la ciencia y un fortalecimiento de los agentes generadores de divulgación científica como los Museos de Ciencia o las Unidades de Cultura Científicas.
10. Promover planes de igualdad en todos los centros agentes del Sistema de Ciencia e Innovación.
11. Elaborar un Programa de Sensibilización y Visibilización de la Mujer en la Ciencia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la situación del Sistema Español de Ciencia e Innovación.
Se añade a continuación del punto 3.2 un nuevo apartado que queda redactado como sigue:
"3.X Definir un programa específico para la recuperación del talento joven fuera de nuestras fronteras mediante una convocatoria extraordinaria con el que se contratarán jóvenes investigadores con una ayuda económica para desarrollar un proyecto de investigación."
Se añade a continuación del punto 4.6 un nuevo apartado que queda redactado como sigue:
"4.X Eliminar totalmente los límites a la tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D, permitiendo la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I+D+i y a su convergencia con Europa en el número de personal de investigación por habitante."
"4.X Creación de un observatorio para la defensa de la transparencia en el acceso y gestión de las instituciones investigadoras y universitarias."
"5. Consensuar con los agentes sociales, la CRUE, la COSCE y las demás asociaciones de investigadores el Estatuto del Personal Investigador en Formación y facilitar su aprobación en el plazo más breve posible, asegurando, entre otras cuestiones:
5.1 La fijación de un salario mínimo para el personal investigador en formación que sea de al menos un 75 % del fijado para la categoría de profesores ayudantes doctores, con garantía de actualización para mantener el poder adquisitivo.
5.2 La limitación del número de horas de docencia máxima a un tercio de la carga media fijada para la categoría de profesores ayudantes doctores.
5.3 La garantía del conjunto de los derechos laborales, entre otros el derecho a la indemnización por fin de contrato y por despido y a la prestación por desempleo, durante todo el tiempo de duración de los contratos predoctorales."
"10. Establecer como una prioridad acabar con la desigualdad de género en el sistema I+D+i, incluyendo entre otras las siguientes medidas:
10.1 Promoción de planes de igualdad en todos los centros agentes del sistema de Ciencia e Innovación.
10.2 Diagnóstico y medidas para corregir la brecha salarial de género.
10.3 Incremento de la contratación de mujeres, teniendo como objetivo la paridad en plantillas, equipos de investigación, dirección y consejos científicos.
10.4 Revisión y/o actualización de los protocolos de acoso sexual en OPIS, Universidades y centros de investigación financiados con fondos públicos."
Se añade a continuación del punto 11 un nuevo punto que queda redactado como sigue:
"X. Asegurar la publicación en formato de libre acceso de aquellos trabajos que presenten los resultados de investigaciones realizadas con financiación pública."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2018.-Rosa Martínez Rodríguez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Isidro Manuel Martínez Oblanca, de FORO, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del Sistema Español de Ciencia e Innovación.
Se propone la incorporación de nuevos puntos para incluir en los objetivos del "Acuerdo de país para la Ciencia":
"- Establecer un sistema de Compra Pública Innovadora claro y que sea exportable desde la Administración Central a las administraciones autonómicas y locales. Con la Compra Pública Innovadora, las administraciones participarán en proyectos que mejoren su eficiencia y prestación poniendo a disposición de los ciudadanos más y mejores servicios.
- Fomentar vías alternativas de inversión privadas para generar condiciones fiscales y legales que favorezcan la constitución de fondos de capital riesgo, capital semilla y redes de "Business Angels". Además, se buscarán fórmulas de financiación público-privadas para proyectos innovadores, tanto de nuevas empresas como empresas ya consolidadas. Se aplicarán beneficios fiscales que permitan fórmulas de retribución atractivas a los investigadores para que nuestras empresas puedan competir en igualdad
de condiciones en los mercados globales en los que se mueven las empresas de alto contenido tecnológico e innovador.
- Consolidar la cultura innovadora con programas universitarios y empresariales focalizados en tener una mayor base de investigadores y en animar a la constitución de nuevas empresas partiendo de ideas innovadoras.
- Estimular la presencia activa de la Universidad en el desarrollo de todas las políticas que desde las administraciones se desarrollen en materia de I+D+i, por lo que se promoverá su cooperación e implicación en el desarrollo de una economía competitiva innovadora:
? Incremento del número de investigadores, especialmente relacionados con sectores estratégicos.
? Fomentar la actividad investigadora Universidad-empresa en sectores estratégicos y estrechar esas relaciones, para mejorar la transferencia de conocimiento al mundo empresarial.
? Fomentar la creación de empresas innovadoras de base tecnológica (EIBT), mediante beneficios fiscales.
? Desarrollar el factor de competitividad en relación con la innovación.
- Promover la incorporación, a Universidades y empresas, de investigadores tanto extranjeros como españoles residentes en el extranjero mediante incentivos fiscales y contratos atractivos, con el fin de atraer al mejor talento.
- Establecer un sistema de Compra Pública Innovadora claro y que sea exportable desde la Administración Central a las administraciones autonómicas y locales. Con la Compra Pública Innovadora, las administraciones participarán en proyectos que mejoren su eficiencia y prestación poniendo a disposición de los ciudadanos más y mejores servicios."
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación del apartado 4.5 de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del Sistema Español de Ciencia e Innovación.
"4.5 Considerar la investigación como actividad de interés general y en tal sentido proceder a impulsar la modificación de la Ley del IVA con el fin de: evitar que las subvenciones a centros y unidades de investigación contengan IVA repercutido, y poder deducir el 100 por 100 del IVA soportado."
Palacio del Congreso, 13 de marzo de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del Sistema Español de Ciencia e Innovación, ha acordado lo siguiente:
1.2 Realizar las reformas necesarias para facilitar la ejecución total de los presupuestos públicos dedicados a I+D+i.
2. Facilitar y estimular la inversión privada, para alcanzar una inversión total en innovación e I+D en 020 que represente como mínimo el 2 % del PIB. Y recuperar como objetivo estratégico el horizonte europeo de alcanzar una inversión total del 3 % del PIB.
4.5 Considerar la investigación como actividad de interés general y en tal sentido proceder a impulsar la modificación de la Ley del IVA con el fin de que las subvenciones a los organismos públicos mencionados que estén exentos del IVA, con el derecho a la deducción del 100 % del IVA soportado.
6. Fomentar la interacción y la movilidad de personal entre todos los agentes del sistema (universidades, organismos públicos de investigación y empresas e instituciones privadas), eliminando
barreras normativas y procedimentales, teniendo siempre presente la función y características propias de cada uno de ellos.
10. Establecer como una prioridad acabar con la desigualdad de género en el sistema de I+D+i, incluyendo entre otras las siguientes medidas:
10.3 Incremento de la contratación de mujeres, para conseguir una mayor presencia e incorporación en equipos de investigación, dirección y consejos científicos.
10.4 Revisión y/o actualización de los protocolos de acoso sexual en OPIS, Universidades y centros de investigación financiados con fondos públicos.
11. Elaborar un Programa de Sensibilización y Visibilización de la Mujer en la Ciencia.
12. Asegurar la publicación en formato de libre acceso de aquellos trabajos que presenten los resultados de investigaciones realizadas con financiación pública."

References: artículo 97
 artículo 194
in fine
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 184
 Real Decreto 
 artículo 184
 Real Decreto 
 artículo 184
 artículo 194
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 47
 artículo 96
 artículo 2
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 194
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 149
 Real Decreto 
 artículo 25
 artículo 194