Source: http://fiscal.blogsiga.net/index.php/una-historia-triste-patologicamente-triste/
Timestamp: 2018-12-15 19:47:47+00:00

Document:
Una historia triste, patológicamente triste | Espacio Tributario
← Y seguimos con los bienes en el extranjero…
Tres pequeños dardos en la palabra del legislador →
Hoy traigo a esta “bitácora” un episodio del todo real que pone de manifiesto varias de las patologías de nuestro maltrecho entramado -que no sistema- fiscal en el que los contribuyentes, con más frecuencia de la que sería deseable (que habría de ser ninguna), se ven abocados a ser actores en escenarios en los que la indefensión campa a sus anchas.
Sumariamente expuestos, los hechos más relevantes del caso son los siguientes:
-. En 2004, la Agencia Tributaria (AEAT) le notifica a una empresa del sector automovilístico una derivación de responsabilidad solidaria relativa a las cuotas, intereses de demora y sanciones exigidas a los deudores principales en concepto de Impuesto Especial de Determinados Medios de Transporte (IEDMT) correspondiente a hechos imponibles devengados más de 4 años antes.
-. El “derivado” impugna esa actuación ante el TEAC argumentando, en esencia, la inexistencia del supuesto de hecho habilitante para la derivación (desgajado en i.- su ausencia de involucración alguna en la presunta “trama”; ii.- la carencia de pruebas acreditativas de su intervención en el fraude; y iii.- por la aplicación de la doctrina de la “prohibición de regreso”), la prescripción de las pretensiones de la AEAT frente al presunto responsable, la concurrencia de defectos procedimentales invalidantes, y la indebida extensión de la responsabilidad a las sanciones.
-. A principios de 2006, el TEAC resuelve desestimando la reclamación mediante una resolución en la que ni tan siquiera entró a analizar la mayor parte de las alegaciones esgrimidas por el recurrente que, así, se ve abocado a acudir ya a la Audiencia Nacional (AN) ante la que, además de los argumentos anteriores, ya añade la incongruencia omisiva en la que habría incurrido el TEAC.
-. La AN resolvió el recurso a mediados de 2008 en sentido contrario a las pretensiones del contribuyente, sin tan siquiera (y esto es lo aquí relevante) responder a varios de los motivos de defensa invocados en la demanda (es decir, abunda en la aparente incongruencia omisiva ya cometida por el TEAC).
-. Así las cosas, siguiendo las indicaciones expuestas en la propia SAN, el contribuyente recurre en casación ante el Tribunal Supremo (TS) que, sin embargo, inadmite el recurso por razón de la cuantía “por haber recaído en un asunto cuya cuantía no excede de 150.000€, pues aunque quedó fijada en la cantidad de 380.000€, sin embargo, toda vez que la cuantía litigiosa viene determinada por el importe de deudas tributarias pendientes de diversas entidades en el procedimiento de derivación de responsabilidad y, una vez examinado el expediente administrativo, ninguna de aquellas, individualmente consideradas, supera el umbral cuantitativo fijado por la Ley”.
-. La empresa recurrió esa interpretación alegando que aquí no era de aplicación la regla de cuantificación prevista en el artículo 41.3 LJC-A en la medida en que lo que ella impugnó ante la AN ya fue un único acto (la resolución del TEAC; ante el que, a su vez, se recurrió una única derivación de responsabilidad aglutinadora de todas las deudas que se le exigen, sumatorio de las de los respectivos obligados principales) por lo que en la vía judicial no tuvo lugar ninguna acumulación o ampliación, argumento este que el TS desestimó declarando firme la SAN previa.
-. Ante este escenario, y habiendo mediado ya sendos pronunciamientos (uno económico-administrativo y otro judicial) con sensibles carencias en cuanto a la siempre necesaria motivación, pues ni tan siquiera entraron a analizar varios de los argumentos esgrimidos por la recurrente, y todo ello con el añadido del “portazo” del TS a la casación presentada, la empresa decidió acudir en amparo al Tribunal Constitucional (TC), denunciando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que entiende se le ha inflingido.
-. Pero antes de ello, y como “peaje” necesario para que el TC no esgrimiera el no previo agotamiento de la vía judicial ordinaria, hubo de volverse al TS para plantear un incidente de nulidad de actuaciones que, una vez desestimado, permitió presentar el recurso de amparo ante el TC, pretensión que este inadmitió ya a principios de 2010 con ese “mantra” de que “el recurrente no ha satisfecho la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso”. ¡Qué cruz!
-. La desolación hace mella en la empresa, que ve así como tras 6 años de titánica lucha, y pese a todos los esfuerzos desplegados, no ha logrado un pronunciamiento no ya favorable sino que siquiera entre a valorar, fundadamente, todos y cada uno de los argumentos que ella había esgrimido en su defensa. Es por ello por lo que el contribuyente decide tocar la “tecla” del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo; TEDH) con la esperanza de que este ponga “las cosas en su sitio”, entendiendo que se habría vulnerado el artículo 6.1 del Convenio Europeo de DH (CEDH): “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída, equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal (…)”.
Y, efectivamente, en el verano de 2010, presenta formalmente su demanda ante el TEDH. A partir de ahí, cinco años de total y absoluto silencio (en el sentido literal del término) por parte del TEDH hasta que, hace apenas unas semanas, se recibió una carta por correo ordinario (no certificado; vid imagen) mediante la que se notifica fría y asépticamente que “a la luz del conjunto de elementos en su posesión y en la medida en que es competente para decidir sobre las quejas formuladas, el Tribunal ha considerado que su demanda no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 34 y 35 del Convenio. Esta decisión es definitiva y no puede ser objeto de recurso alguno ante este Tribunal, ante la gran Sala ni ante otro órgano. Por tanto, la Secretaría no podrá proporcionarle precisiones complementarias sobre las deliberaciones de la formación de juez único, ni responder a las cartas que usted pudiera enviar relativas a la decisión emitida en el presente caso. Asimismo, usted no recibirá ningún otro documento del Tribunal referente a su expediente, el cual, de acuerdo con las directivas del Tribunal, será destruido en el plazo de un año desde la fecha de la decisión”.
Desde el siempre obligado respeto y acatamiento de los pronunciamientos judiciales (de todos y cada uno de ellos), entiendo que en este caso confluyen varias patologías:
i.- La AEAT lleva a cabo una actuación que, como poco, era jurídicamente cuestionable, vidriosa.
ii.- Cuando el contribuyente ejercita su legítimo e inalienable derecho de defensa se encuentra con que ya no solo el TEAC (que también), sino que tanto la AN como el TC y ahora el TEDH, contestan a sus pretensiones sin motivarlas fundadamente, privándole así de conocer cuál es la razón última que lleva a unos y otros a desestimar (cuando no a inadmitir) sus pretensiones de Justicia. Esto es lo que el TC, en ocasiones análogas, ha calificado como incongruencia omisiva y, como tal, constitutiva de una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Aquí es obligado apuntar una “luz” para la esperanza pues el TEAC, en su reciente resolución de 18/6/2015, hace suyos, precisamente, los postulados del TC respecto a la incongruencia omisiva lo que le lleva a anular la resolución dictada por un TEAR en primera instancia. Aunque el refranero afirma que “nunca es tarde, si la dicha es buena”, lo cierto es que esta asunción por el TEAC de esa jurisprudencia constitucional ya llega tarde para la empresa perjudicada en su día por la omisión cometida por el propio TEAC.
iii.- La privación de la posibilidad de acudir al TS en casación pone de manifiesto una más que controvertida interpretación de la cuantía pues se basa en entender que son las liquidaciones previas, en sede de los deudores principales (y no del derivado, que es el aquí recurrente), las que habrán de tomarse en consideración a la hora de fijar la cuantía que, en su caso, permita el acceso a la casación del derivado (de modo y manera que la deuda total que a él se le exige es irrelevante a los efectos de la competencia del TS en casación, interpretación esta que supone que cuantos más obligados principales haya en el origen del asunto, más probable es que el TS se declare incompetente con independencia de que el asunto litigioso que ante él plantee el derivado supere con creces el umbral exigible para la casación; ¿alguien lo entiende? Yo -confieso-, no).
iv.- La inadmisión a trámite del recurso de amparo evidencia la virtualidad de este tras la modificación operada en la Ley Orgánica del TC por la LO 6/2007 que, por cierto, en su día no fue objeto de las esperables críticas desde estamentos sociales tan activos como lo fueron, por ejemplo, ante la imposición de tasas judiciales.
v.- Asimismo, este largo “iter procesal” alumbra la patológica existencia del incidente de nulidad de actuaciones al que habría de acudirse antes de solicitar el amparo del TC.
vi.- ¿Y qué decir, ya por último, del aséptico final del proceso instado ante el TEDH? Se acude a este como “clavo ardiendo” denunciando la ausencia de argumentación de los tribunales nacionales, pero… ¿cuál es la respuesta que -¡5 años después!- se recibe desde Estrasburgo? Una carta estereotipada mediante la que, sin dar detalle de cuál es el concreto motivo de la inadmisión (me niego a admitir la genérica referencia a los artículos 34 y 35 CEDH -genuinos cajones de sastre- como válida fundamentación de la negativa a admitir a trámite el recurso), se despacha al recurrente sin darle ya opción alguna siquiera a preguntar…
Y es que siendo obvio que el perder un litigio entra dentro de las reglas de juego que los administrados (y abogados) deben aceptar como consustanciales a toda controversia, no lo parece tanto el que el pleito se agote sin que en ninguna de sus instancias se haya analizado con el mínimo detenimiento deseable los argumentos esgrimidos. En fin, que así están las cosas y así se las he contado.
Esta entrada fue publicada en Fiscal y etiquetada amparo, falta de motivación, fiscal, gestor, gestor administrativo, incongruencia omisiva, indefensión, recurso de casación, Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Supremo, tutela judicial efectiva, vulneración de derechos fundamentales. Guarda el enlace permanente.
5 respuestas a Una historia triste, patológicamente triste
15 agosto, 2015 en 17:51
Y no se ha planteado la empresa el cambio de abogado? Tanto papel pero no ha sido capaz de asesorar bien…
17 agosto, 2015 en 23:31
Esta historia que nos cuenta Javier es muy parecida a la que he padecido este último año en un procedimiento de responsabilidad patrimonial frente a la Administración de Castilla y León, en la que he decidido desistir de seguir en vía judicial a la vista de la respuesta que he recibido de los diferentes operadores jurídicos con los que tenido que lidiar en la vía administrativa previa (Asesoría Jurídica, Procurador del Común, Inspección de Servicios y Consejo Consultivo).
Al margen de poner en juego todos mis conocimientos en la materia – que sin falsa modestia no son escasos – conté con el asesoramiento de varios amigos (un Inspector de Trabajo y dos altos funcionarios de la Administración Regional) y preparamos una reclamación que, a mi juicio, estaba muy bien fundamentada.
Pues bien, el problema no estaba en “cambiar de abogado” – éramos cuatro y todos nosotros altos funcionarios y licenciados en Derecho – sino en la respuesta que encontramos, y que en todos los casos se asemeja mucho a lo que nos cuenta Javier: bien sea porque no nuestros planteamientos no encajaban en sus modelos de resolución, bien sea porque no querían meterse en problemas, o bien porque el “resuelvo” estaba ya predeterminado, ninguno de los órganos que antes he citado se dignó en entrar en el fondo de las cuestiones que planteábamos.
Y, por cierto, la respuesta estaba tanto más alejada de nuestros planteamientos – simplemente atendiendo al principio de congruencia entre lo que se plantea y lo que se resuelve – cuanto mayor era el rango jerárquico del órgano. Como curiosidad, el consejero del Consejo Consultivo que informó sobre mi petición recientemente ha publicado un artículo en un diario de difusión nacional llamando a la regeneración democrática: consejos vendo que para mí no tengo.
Por tanto, desgraciadamente no es un problema de “cambiar de abogados”, porque lo que sucede es que el abogado puede plantear lo que quiera, que el juzgador contestará lo que estime por conveniente.
Y, por cierto, haciendo un comentario extensivo a nuestra actualidad política, si alguien espera que la regeneración de España venga de las Universidades y los Tribunales, que espere sentado.
Esau alarcon dijo:
18 agosto, 2015 en 14:56
Desafortunada historia la que cuentas, Javier, que cualquier defensor jurídico ha padecido en sus carnes lamentablemente. Respecto de lo de cambiar de abogado, me temo que es el clásico comentario de alguien ajeno al Derecho, sino ya al graduado escolar, propio de las personas que ‘postean’utilizando seudónimos. Probablemente el comentario en cuestión es así de breve porque articular una frase mejor trazada le hubiera calificado a sí mismo como profano iletrado. Respecto del tema de fondo, padecí algo similar en el sector de la chatarra. Tengo un artículo en QF que trata de esa patología tan extendida que es matar moscas a cañonazos. Respecto del TEDH, qué te puedo contar! Pues que en lo tributario, que yo conozca, sólo ha entrado en 2 cuestiones a lo largo de su Historia. Una, por una retroactividad en contra del sancionado de manual. La otra, el lamentable cambio normativo húngaro que bien conocerás. Es una vía muy complicada. Más incluso, que TC…como diría Bogart, siempre nos quedará Luxemburgo! Abrazo
28 agosto, 2015 en 11:23
Aquí podemos observar dos patologías.1.La del mal llamado sistema tributario, que no ha sido capaz de tutelar el derecho a la defensa del contribuyente a pesar del completísimo repertorio de recursos que pone en liza el abogado ( yo tengo un libro sobre responsabilidad y no lo hubiera defendido mejor). Es indignante que no tenga derecho a saber el por qué no le dan la razón, algo básico en nuestros tiempos y en otro anteriores, la motivación de los actos administrativos, uno de los aspectos que nos separan de regímenes tercermundistas y dictatoriales. 2.La segunda es que la tecnología permita publicar un comentario a un robot.El primer comentario es, sin duda, de un robot.No ha leído el post previo del autor, con lo que no tiene la posibilidad de opinar,no tiene ninguna capacidad para enjuiciar lo que se nos está contando, a pesar de lo cual ahí están sus despreciables palabras que nada aportan a lo que aquí interesa.He dado a leer a mi anciana madre la explicación del asunto y las letras que ha entrelazado el robot y me dice que ” ninguna legión de abogados expertos pueden hacer nada si los que evalúan el tema ni se lo leen”. O se lo leen pero están cansados y no contestan, con lo que cercenan el derecho de defensa constitucionalmente protegido. Ahí nada puede hacer tristemente el abogado. Ni los cinco mejores despachos de Europa actuando en comandita. Se les ha negado esa posibidad. Eso es de sentido común,lo ven los mayores y lo entienden los niños. Pero, querido Esaú no te calientes, estamos ante un deleznable robot sin identificar.
7 septiembre, 2015 en 8:57
http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/1037/sobre-gazapos-listos-y-listillos/

References: resolución 
 artículo 41
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 resolución