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Timestamp: 2013-05-24 13:21:45+00:00

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Derechos Humanos en Paraguay 1996: Implementacion de los instrumentos
Implementación de los Instrumentos
Por Soledad Villagra de Biederman.
1. Situación de los instrumentos internacionales de derechos humanos en la Constitucion paraguaya.
2. Los tratados de Derechos Humanos ratificados por el Paraguay.
3. Obligación del Paraguay al ratificar los tratados de derechos humanos.
1.- Situación de los instrumentos internacionales de derechos
humanos en la Constitución paraguaya.
La jerarquía de las leyes determinada en el artículo 137 de la Constitución determina que "la ley Suprema de la
República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes
dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran
el derecho positivo nacional, en el orden de prelación enunciado".
Los tratados están entonces, por encima de los códigos y leyes aprobados por el Congreso. Los términos utilizados:
tratados, convenios y acuerdos, permiten inferir que no sólo son los tratados los que están por encima de las leyes
nacionales, sino también otros instrumentos internacionales.
En virtud de este orden, se dan entre otras las siguientes consecuencias: en virtud del principio de unidad, a través del
cual se asegura la compatibilidad vertical y horizontal de las normas dentro del ordenamiento, las normas inferiores a
los tratados deberán adecuarse a ellos. Estas deben ser instrumentos o medios adecuados para cumplir con los fines
establecidos por las normas superiores. Su ubicación por encima de las leyes nacionales implica también que cuando un
tratado, aprobado por ley, contradice una ley nacional anterior, la deroga, incluso si no lo prevé expresamente. Cuando
es una nueva ley la que contradice un tratado anterior, el Estado está infringiendo el derecho internacional. Los tribunales
de este Estado deben subsanar el asunto aplicando el tratado por encima de la nueva ley.
Por otra parte, la Constitución de 1992 equiparó a su propia jerarquía, en cuanto a estabilidad se refiere, en el artículo
142, a los tratados relativos a derechos humanos, ya que éstos "no podrán ser denunciados sino por los procedimientos
que rigen para la enmienda de la Constitución". |1|
Hay que analizar en este punto detenidamente el artículo 45, que establece que "la enunciación de los derechos y
garantías contenidos en la Constitución no debe entenderse como negación de otros, que siendo inherentes a la persona
humana, no figuren expresamente en ella". Este permite colegir que los derechos inherentes a la persona humana que
no se enumeran en la Constitución son igualmente objeto de protección y garantía por el Estado. Cuáles serían estos
derechos aquí no enumerados? Los que estuvieran citados en los instrumentos de derechos humanos, no sólo en las
convenciones internacionales, sino por ejemplo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la
Agrega el artículo 45 que la falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar o menoscabar ningún derecho
o garantía. Con lo cual los derechos inherentes a la persona humana son directamente exigibles. Tienen entonces los
derechos humanos no establecidos expresamente en la Constitución, en el orden jurídico nacional, el rango de los
derechos constitucionales. Esta conclusión es independiente de la posición que pueda adoptarse en relación con la
jerarquía de los otros tratados frente a las leyes internas, porque el rango constitucional no nace de que tales derechos
sean objeto de una convención internacional, sino de haber sido reconocidos como inherentes a la persona humana.
Nuestra Constitución agrega un elemento más a ser tomado en cuenta: un principio relativo a la conducción de la política
exterior del Estado, que "la República del Paraguay, en sus relaciones internacionales, acepta el derecho internacional
y se ajusta a (...) la protección internacional de los derechos humanos". Esto no se puede considerar como una mera
enunciación; representa una dirección de política, una decisión fundamental que debería determinar la actuación del
Estado en sus relaciones internacionales. Refuerza esta pauta de relacionamiento internacional el artículo 145, que
establece que el Paraguay admite un orden jurídico supranacional siempre y cuando, entre otras condiciones, se garantice
No cabe duda de que los tratados de derechos humanos son derecho positivo y por tanto, leyes internas, cuyo contenido
es la mayoría de las veces ignorado en nuestra práctica jurídica. La tendencia constitucional iberoamericana apunta hacia la jerarquización cada vez mayor de los tratados de derechos
humanos. Sin duda la triste experiencia histórica de las recientes dictaduras empuja a este proceso. Dado lo que éstas
significaron en cuanto a violaciones de derechos humanos, violaciones que muchas veces pretendieron fundarse en leyes
internas -que en verdad no eran leyes, sino un mandato arbitrario carente de legitimidad-, la experiencia aconseja que
se le de una verdadera "super-legalidad" a los tratados de derechos humanos, como elemento indispensable para asegurar
la pervivencia y desarrollo de la democracia. |2| 2.- Los tratados de Derechos Humanos ratificados por el Paraguay.
Los más importantes son los que contienen normas de protección de todos los derechos humanos en general, siendo en
el plano regional, en la Organización de Estados Americanos, la Convención Americana sobre derechos humanos o Pacto
de San José de Costa Rica (1969), ratificada como Ley N 1/89, primera ley luego de la asunción del primer Congreso
post-dictadura. Ratificamos también la disposición que permite quejas interestatales y principalmente, la que reconoce
la competencia y nos permite acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 8 de enero de 1993. Se
encuentra en estudio en el Senado, a ser próximamente ratificado, el Protocolo de San Salvador (1988) sobre derechos
Fueron ratificados, en el plano de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)
como Ley N 5/92, su Protocolo facultativo -que permite denuncias individuales al Comité creado por el mismo- como
Ley N 400/94 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) como Ley N 4/92.
En 1990 fueron ratificadas las dos Convenciones contra la Tortura: en el plano regional, La Convención Interamericana
para prevenir y sancionar la Tortura (1985), como Ley N 56/90 y en el de la ONU, la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), como Ley N 69/90. Otros instrumentos ratificados son la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas(1989), ratificada
como Ley N 57/90, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979),
ratificada como Ley N 1215/86, y los siguientes Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT |3| : N
87 sobre la libertad sindical y protección al derecho de sindicación (1948) ratificado en 1962, N 98 sobre derecho de
sindicación y negociación colectiva (1949), en 1966, N 105 sobre abolición del trabajo forzoso (1959), en 1968, N 107
sobre poblaciones indígenas y tribales, en 1969, N 122 sobre política de empleo (1964), en 1969, los cuatro Convenios
de Ginebra sobre derecho internacional humanitario (1949) y sus dos protocolos adicionales (1977), ratificados como
Ley N 28/90 y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951).
Varios de estos instrumentos tienen un órgano operativo ante el cual los Estados están obligados a presentar informes
sobre la situación de los derechos protegidos en la Convención respectiva, y además cuentan con la posibilidad de recibir
denuncias individuales sobre violaciones del tratado respectivo luego de haberse agotado los recursos internos. Significa que cuando una persona sujeta a la jurisdicción de un Estado sufre una lesión indebida y los medios o recursos
internos de ese Estado sean insuficientes para hacer efectiva esa garantía, queda abierto el camino para invocar la
protección internacional a través de los órganos internacionales. Lo subsidiario es el uso de los medios internacionales
de protección, procedimientos a los que, en principio, sólo puede acudirse en defecto de los internos o después de
haberlos agotado infructuosamente.
3.- Obligación del Paraguay al ratificar los tratados de derechos
humanos: de respetar derechos, establecer disposiciones, y
garantizar el ejercicio de los mismos.
Los estados partes se comprometen en los tratados de derechos humanos a respetar los derechos y libertades reconocidos
y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona humana, sin discriminaciones. Si el ejercicio de los derechos y
libertades no estuviera ya garantizado, los Estados se deben comprometer a adoptar las medidas legislativas o de otro
carácter necesarias para hacer efectivas tales derechos y libertades. |4|
Una clara violación a una norma internacional de derechos humanos es la falta de tipificación del delito de tortura, ya
que es una medida legislativa que el Paraguay está obligado a adoptar desde 1989, año en que ratificó la Convención
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, y principalmente desde 1990, fecha en que
promulgó como Ley N 69/90 y Ley N 56/90 las ratificaciones de las Convenciones contra la tortura de la ONU y de
la OEA. Se crearon de esta manera expectativas en la comunidad internacional y entre los habitantes que no son
cumplidas. Los jueces, sin embargo podrían, supliendo esta falta -mediante el desarrollo jurisprudencial de estos tratados de
derechos humanos-, aplicar un estándar más alto en la protección de las personas víctimas de tortura, imponiendo los
agravantes correspondientes al delito de lesión corporal y calificando juntamente este delito con abuso de autoridad,
privación ilegítima de libertad -del que a menudo se acompaña- y otros delitos que sí están tipificados |5| . Lo mismo
en cuanto a la imprescriptibilidad de la tortura, norma consagrada en los tratados internacionales y en la Constitución
y que algunos jueces desconocen. Ya ha habido jurisprudencia de la Corte Suprema declarando la imprescriptibilidad
de la tortura durante la época de la dictadura por la imposibilidad de ejercer los recursos correspondientes para
denunciarla, por lo que la protección de las víctimas de la dictadura y las actuales se halla garantizada en este sentido.
Esta obligación de adaptación implica el deber de organizar todo el aparato gubernamental, y en general, todas las
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Paraguay tiene una falencia en esta organización, dada
la carencia de un Defensor del Pueblo, indispensable figura para canalizar denuncias y hacer efectivos estos derechos,
función que cumplen hasta ahora las dos Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y Diputados y
cada vez en mayor medida, el Departamento de Derechos Humanos de la Fiscalía General, aunque con las limitaciones
que sus facultades no jurisdiccionales les imponen. La Dirección de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de
Justicia y Trabajo, aunque ideada para un fin similar, hasta ahora no ha tenido la función de ser la oficina del Poder
Ejecutivo con contacto directo con víctimas de violaciones a los derechos humanos, como serían otras subsecretarías
similares de otros países. Sería necesario que se la dote de funciones en este sentido, acompañadas de la necesaria
capacidad de decisión para poder solucionar algunas violaciones, o al menos dar el impulso inicial para mediar en estas
soluciones. Implica además que los tribunales deben regirse por procedimientos que aseguren el debido proceso garantizado en
múltiples convenciones y aplicar en sus decisiones los principios del derecho internacional de los derechos humanos. La recepción constitucional del derecho internacional de los derechos humanos trae aparejada que las violaciones al
mismo conlleven paralelamente la inconstitucionalidad o ilegalidad de tal violación y la responsabilidad internacional
del Estado. Esto adquiere particular importancia en el caso de tratados que crean mecanismos de supervisión y control.
Todos estos procedimientos suelen exigir como requisito previo a su puesta en funcionamiento, el agotamiento de los
recursos de la jurisdicción interna. De modo que, prácticamente en todos los casos de denuncias internacionales por
violación a los derechos humanos, estará implicado algún tribunal nacional que ha fallado en la obligación de garantizar
el efectivo goce de los derechos reconocidos |6| .
Los estados parte de las convenciones internacionales de derechos humanos pueden ser entonces responsables por acción
u omisión; inmediata cuando sus órganos o agentes violan los derechos de la persona humana, o mediata cuando en
presencia de atentados a los derechos y libertades de la persona humana por acción u omisión de particulares, faltan a
la debida diligencia para prevenir la violación |7| . La actuación de organismos de control tiene lugar cuando el propio Estado omite dar cumplimiento a su deber de
garantía, es decir, no previene, investiga o sanciona las violaciones de derechos humanos que tienen lugar dentro de su
propia jurisdicción. Es muy común en Paraguay que los jueces, cuando un proceso no avanza, culpen a los abogados de
la causa, cuando en violaciones de derechos humanos esta obligación está en manos del juez y el fiscal.
También se compromete el Paraguay en sus instrumentos internacionales a dar un recurso efectivo a quienes han sido
lesionados en sus derechos o libertades fundamentales, y a desarrollar las posibilidades de los recursos, así como a
cumplir las decisiones en que se haya estimado procedente el recurso. Este remedio judicial debe ser idóneo para
establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos, y el Estado debe proveer lo necesario para
remediar la situación. En el veto a la Ley N 838/96 de indemnización a las víctimas, y luego del rechazo parlamentario
al veto, el posterior atacamiento de inconstitucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, se incumple con este deber de
remediar la violación de parte del Estado |8| .
Por último, es importante aclarar que es la protección internacional de los derechos humanos está concebida para
proteger a las personas de los abusos del Estado, y no, como comunmente se malinterpreta, de otras personas
particulares. La delincuencia común se puede combatir con el sistema penal, judicial y policial. Sólo cuando el mismo
Estado, que debe proteger a la sociedad, es el que viola los derechos individuales, funciona el sistema internacional de
1. Es decir, el procedimiento del artículo 290, que exige además de mayorías absolutas, la convocatoria a referéndum. 2. En este sentido, Argentina, Ecuador y Perú le dan a los tratados de derechos humanos rango constitucional;
Argentina incluso adjunta los principales instrumentos internacionales a la Constitución para que no hubiera duda de que
son normas constitucionales. Le dan protección constitucional Brasil, Portugal, España, Costa Rica. Tienen
procedimientos similares de denuncia de tratados de derechos humanos a nuestra Constitución Argentina, España y Perú.
Ha dejado de ser una excepción la circunstancia que a tratados de derechos humanos se les otorgue una determinada
jerarquía, distinta y superior del resto de las normas de origen internacional en las constituciones. Esto indiscutiblemente
forma parte del proceso de internacionalización del derecho internacional.
3. Por primera vez, Paraguay forma parte del Consejo de Administración de la OIT, con un representante de la CNT.
Aunque se han ratificado varios de los Convenios de la OIT (la mayoría), esto no se traduce en su aplicación efectiva.
Hay un gran déficit en la verificación del cumplimiento de leyes laborales.
4. Artículo 1.1 y 2 Convención Americana, Artículo 2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
5. Esto se da podría hacer prácticamente en todos los tipos de derechos protegidos por la legislación internacional.
6. Ver capítulos de derecho a la vida y abusos y torturas de agentes públicos sobre los casos individuales que se llevan
ante instancias internacionales contra Paraguay.
7. Ver casos actuales en las violaciones del derecho a la vida.
8. Ver derecho a la indemnización.
Editado por el Equipo Nizkor el 24 de marzo de 1997.

References: artículo 137
 artículo
142
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 145
 artículo 290
 Artículo 1
 Artículo 2