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STS 569/2012, 27 de Junio de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 395382138
STS 569/2012, 27 de Junio de 2012
Número de Recurso: 2257/2011
En los recursos de Casación por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma y Vulneración de Precepto Constitucional que ante Nos pende, interpuestos por Martin y ASESORIA JURIDICA HOSTELERA, S.L., contra Sentencia número 345/2011 dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Primera, con fecha 28 de julio de 2011 , en la causa Rollo número 43/2009, dimanante de las Diligencias Previas número 7664/2007 del Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid, en causa seguida contra aquél por delito continuado de apropiación indebida y delito continuado de falsedad en documental mercantil y oficial; los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los citados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también partes el Ministerio Fiscal y los recurridos Jose Luis , Carla y Clínica Garralde S.L, representados por el Procurador D. Gonzalo Herráiz Aguirre y defendidos por el Letrado D. Antonio J. Gismero López y estando dichos recurrentes representados y defendidos, respectivamente, por los Procuradores D. Francisco Javier Pozo Calamardo, y D. Manuel Lanchares Perlado.
) El Juzgado de Instrucción número 43 de los de Madrid siguió las Diligencias Previas número 7664/2007 por delitos continuados de falsedad en documento mercantil y oficial y apropiación indebida contra Martin y, una vez conclusas, las elevó a la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 1ª, que, en el Rollo número 43/2009, dictó Sentencia de fecha 28/7/2011 , cuyos hechos probados son del siguiente tenor literal:
PRIMERO.- Queda probado y, así se declara expresamente, que el acusado, Don Martin , prestaba servicios en la sociedad "Asesoría Jurídica Hostelera S. L." con domicilio social en Boadilla del Monte de Madrid, como asesor fiscal, laboral y contable de los clientes de dicha asesoría, actuando dentro del marco organizativo de la misma. En esa condición era el encargado de la gestión legal, fiscal, laboral, contable y de seguridad social de la clínica odontológica Garralda SL.
SEGUNDO.- Durante los años 2004 a 2007, la Asesoría Jurídica y a través de ella el acusado, cobraba una cantidad mensual por los servicios de asesoría legal prestados a la clínica Garralda pero con la finalidad de obtener un ilícito enriquecimiento convenció a los responsables de la Clínica para recibir de ésta, en efectivo o mediante cheques al portador, el dinero que la empresa había de abonar periódicamente a la Agencia Tributaria en concepto de pagos de IRPF e impuesto de Sociedades con el compromiso de hacer los pagos correspondientes. Sin embargo, el acusado no ingreso en la Agencia Tributaria el dinero recibido del cliente, aplicándolo a usos propios.
TERCERO.- El acusado para justificar ante su cliente estos supuestos ingresos decidió insertar en las declaraciones fiscales del año 2005 el código de validación de Caja Madrid (números 2038 24095- (folios 78 y 86).
Igualmente las declaraciones de IRPF IVA de los años 2006 y 2007 (folios 79 a 83) llevaban incorporadas validaciones de la entidad Banesto (0030 1227 ...) cuando la entidad no había colaborado ni había recibido cantidad alguna para el pago de los tributos. El acusado, de la misma manera, decidió encubrir su actitud creando un documento con el membrete de la Agencia Tributaria de Madrid con fecha 26 de octubre de 2007 que decía que "la clínica Garralda S. L. estaba al corriente de sus obligaciones tributarias" cuando ni la entidad pública había intervenido, ni la firma que lleva incorporada el documento pertenecía a persona autorizada, ni la información reflejada obedecía a la realidad.
CUARTO.- C omo quiera que Hacienda no llegaba a recibir ni declaración ni dinero alguno, procedió a embargar por importe de 57.453 euros los créditos que la clínica tenía a su favor y que los gestionaba la sociedad MAPFRE. El acusado para tratar de ocultar lo que había hecho entregó a la Clínica Garralda SL en Septiembre y Noviembre de 2007 dos cheques por importe de 31.465,98 y de 7.000 euros (folios 121 y 248) que resultaron impagados, a partir de lo cual los responsables de dicha Clínica comenzaron a conocer las consecuencias de la actuación del acusado.
QUINTO.- Por último, queda probado que el acusado recibió para pago de los impuestos devengados de 2003 a 2007 de la Clínica Garralda la cantidad de 178.487,67 euros que en vez de ingresar en Hacienda la aplicó a usos propios. Los impuestos correspondientes a este periodo generaron recargos, sanciones e intereses por valor aproximado de 80.912,69 euros, generando una deuda con Hacienda de 259.400,36 euros. Posteriormente el acusado ha devuelto la cantidad de 29.175 euros y hasta la fecha Hacienda ha liquidado mayor cantidad de la calculada pericialmente en concepto de recargos e intereses por cuantía de 24.511,21 euros, por lo que la cantidad total adeudada a la Agencia Tributaria por consecuencia de la falta de ingreso imputable al acusado asciende a 254.736,57 euros"(sic).
Segundo .- La Audiencia de instancia, en la citad Sentencia, dictó el siguiente Fallo:
"Debemos condenar y condenamos a Martin como autor responsable de un delito de apropiación indebida, tipificado en el artículo 252 y de un delito de falsedad en documento oficial y mercantil de los artículos 390 y 392 del Código Penal a las siguientes penas: Por el delito de estafa a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y a la pena de MULTA de NUEVE MESES Y QUINCE DÍAS. Por el delito de falsedad a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y a la pena de MULTA de NUEVE MESES Y QUINCE DÍAS.
Las penas de prisión conllevan la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Para las penas de multa si fija una cuota por día de CINCO EUROS. Si el condenado no satisface las multas impuestas, voluntariamente o por vía de apremio, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de multa por cada dos cuotas de multa o fracción no satisfechas.
Se condena al acusado a que indemnice a la Clínica GARRALDA SL en la cantidad de 254.736,57 euros, declarándose la responsabilidad civil subsidiaria de ASESORÍA JURÍDICA HOSTELERA SL.
Por último, se condena al acusado al pago de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular"(sic).
Tercero .- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recurso de casación por infracción de Ley, quebrantamiento de Forma y vulneración de Precepto Constitucional por las representaciones procesales de los recurrentes Martin y ASESORIA JURIDIA HOSTELERA S.L., que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso; por diligencia de ordenación de fecha 1 de diciembre de 2011, se tuvieron por personados y partes a los recurridos a las representaciones procesales de Jose Luis , Carla y Clínica Garralde S.L.
Cuarto.- Los recursos de casación interpuestos por Infracción de Ley, Vulneración de Precepto Constitucional por las representaciones procesales de los recurrentes ASESORIA JURIDICA HOSTELERA, S.L., y Martin , y basan sus recursos de casación en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR Martin , representado por el Procurador Don Manuel Lanchares Perlado y defendido por el Letrado Don Ignacio García Tábora.
- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.4 de la LOPJ , n relación con el art. 52 de la LECrim , por infracción de precepto constitucional, por entender que se ha infringido pro la cuestionada sentencia el artículo 24 de la Constitución , expresivo de los derechos fundamentales y libertades públicas.
- Al amparo del nº 1 del articulo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por entender que se han infringido preceptos penales de carácter sustantivo, en la aplicación de las normas que configuran el hecho delictivo, en concreto del artículo 252 del Código Penal , relativo al delito de apropiación indebida, y de los artículos 390 y 392 del mismo texto legal , relativos al delito de falsedad en documento oficial y mercantil, dado que no se cumplen los requisitos de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Asimismo, por inaplicación de las circunstancias atenuantes de confesión (21.4ª) y de anomalía o alteración psíquica (artículo 21.1ª en relación al artículo 20.1º).
- Al amparo del nº 2 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por error de hecho en la apreciación de la prueba documental.
RECURSO INTERPUESTO POR ASESORÍA JURIDICA HOSTELERA S.L.
- Por quebrantamiento de Forma, al amparo del artículo 851.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por entender que resulta manifiesta contradicción entre los hechos que se consideran probados en la Sentencia.
- Por infracción de Ley, del artículo 849.2º de la LECrim , por entender que la Sentencia incurre en error de hecho en la apreciación de la prueba, que resulta de haber reflejado en los Hechos probados circunstancias que no sólo no se ajustan a la realidad sino que por el contrario se ha demostrado que no han existido. Siendo que de conformidad con lo establecido en el art. 855, párrafo segundo, de la Ley Procesal Penal , se designan como particulares los siguientes documentos.
- Por infracción de Ley, del artículo 849.2º de la LECrim , por entender que la Sentencia incurre en error de hecho en la apreciación de la prueba, que resulta a nuestro entender de la errónea determinación de la indemnización establecida. Siendo que de conformidad con lo establecido en el art. 855, párrafo segundo, de la Ley Procesal Penal , se designan como particulares los siguientes documentos unidos a los autos: Talones obrantes a los Folios 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43.
- Por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por entender que dados los hechos que, dados los hechos que se declaren probados en la Sentencia, ha existido error en la valoración de la prueba a tenor de la prueba testifical practicada en el acto del Juicio Oral.
- Por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por entender que se han infringido normas sustantivas, tales como el art. 22 del Código penal , así como reiterada doctrina jurisprudencial relativa a este precepto.
- Por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por entender que dados los hechos que se declaran probados se han infringido normas sustantivas de obligada observancia y aplicación de la ley penal, concretamente por indebida aplicación del art. 120.4º del Código Penal , así como constante Jurisprudencia relacionada con esta norma.
Quinto.- Instruidas las partes recurridas de los recursos interpuestos, el Ministerio Fiscal no estimó necesaria la celebración de vista oral para su resolución e interesó la inadmisión de la totalidad de los motivos esgrimidos, que, subsidiariamente, impugnó, todo ello por las razones expuestas en su informe; la Sala admitió los recursos; quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
Sexto.- Hecho el señalamiento para el Fallo, se celebró la deliberación prevenida el día veinte de junio de dos mil doce.
RECURSO Martin
) El motivo primero al amparo de lo dispuesto en el art. 5.4 LOPJ , en relación con el art. 852 LECrim por infracción de precepto constitucional por entender vulnerado el art. 24 CE : derecho a un proceso con las garantías debidas, sin que en ningún caso se produzca indefensión, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia, así como el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Se queja de que el acusado no tuvo ninguna oportunidad de defenderse en su primera declaración ante el instructor al no tener posibilidad de entrevistarse reservadamente con el Letrado del turno de oficio que tampoco sabía de que iba la causa al no haber tenido acceso al procedimiento y por tanto no asesoró previamente al acusado ni tampoco formuló pregunta alguna. Ante esta situación considera que debió solicitar la suspensión de la declaración y en todo caso, el instructor debió, a la vista de lo que el imputado comenzaba a declarar, recordar al acusado su derecho a no declarar y a no autoinculparse.
Por todo ello concluye que se vulneraron derechos fundamentales y por lo menos, debería haberse tenido en cuenta la apreciación de la atenuante de confesión.
Es doctrina reiterada del TC sobre el derecho fundamental a la defensa y asistencia letrada ( art. 24.2 CE ) expuesta, entre otras, en SSTC 37/88 de 3.3 ; 54/40, de 26.3; 91/94, de 21.3 ; 105/99, de 14.6 ; 03/2000 de 17-1 y 47/2003, de 3.3 , la que establece que los órganos judiciales han de velar por evitar la indefensión del justiciable en el proceso penal, especialmente en los casos en que la dirección y representación se realiza mediante la designación de oficio - de quien se supone, en principio, que no tiene por qué gozar de la confianza del imputado, que no lo eligió sino que le fue impuesto, no bastando para tutelar el derecho de defensa la designación de los correspondientes profesionales, sino que la realización efectiva del derecho de defensa requiere, como ha puesto remanifiesto el TEDH en sentencias 9.10.79 (caso Airrey ), 13.5.90 (caso Artico ) y 25.4.83 (caso Pukelli ), proporcionar asistencia letrada real y operativa"; esto es, se exige la "efectividad de la defensa" que no se satisface con el mero nombramiento de oficio, sino que exige una "asistencia efectiva que garantice del disfrute real de ese derecho", imponiendo a las autoridades "en caso de eludir sus deberes, la obligación de sustituirle u obligarle a cumplir con su obligación".
El tribunal Constitucional también se ha referido a la necesidad de garantizar la efectividad de la defensa impidiendo la posibilidad de que se convierta en una simple designación con ausencia de asistencia efectiva" ( STC 178/91, de 19.9 ), afirmando que "el tribunal no cumple con su deber con la mera designación y no puede desvincularse de las vicisitudes posteriores que afecten al derecho de defensa"( STC 71/88, de 9.11 ) por cuanto que "el abogado de oficio tiene un carácter semipúblico de colaboración no sólo con el cliente - el justiciable - sino con la exigencia y obtención de un proceso justo", para finalmente terminar alineándose con las exigencias del TEDH en sentencia 105/99 de 14.6 , en la que expresamente afirma "aun cuando en el proceso penal, según hemos dicho con insistencia, el Juez o Tribunal debe, nombrar al imputado o al acusado un abogado de oficio cuando se den ciertas circunstancias no basta para considerar satisfecho el derecho de defensa con la mera designación de los correspondientes profesionales, siendo necesario que los así nombrados proporcionen una asistencia real y operativa a sus patrocinados".
Esta exigencia se conecta con la preservación de los derechos fundamentales del acusado, y, en especial, la regla o principio de interdicción de indefensión, reclaman un cuidadoso esfuerzo del órgano jurisdiccional por garantizar la plena efectividad de los derechos de defensa, por lo que corresponde a los órganos judiciales velar para que en las distintas fases del proceso se dé la necesaria contradicción entre las partes y que posean éstas idénticas posibilidades de defensa en cada una de las instancias que lo componen.
) En el caso presente consta que el recurrente declaró como imputado, asistido de letrado, previa información de sus derechos, entre ellos, el de no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable. La posible indefensión generada por la actitud pasiva del letrado no basta con que sea formal sino que si se alega debe acreditarse material y realmente, sin que las eventuales lesiones de derechos fundamentales resultantes de las relaciones entre el justiciable y sus representantes procesales, sean comparables constitucionalmente por no ser atribuibles a un orden público ( SSTC 112/89 , 91/94 , 38/2004 ).
Las nulidades cometidas en fase instructora no transcienden al resto de las pruebas que sean ajenas a la vulneración del derecho fundamental infringido por las primeras, y en concreto la eventual nulidad de declaración prestada en fase instructora sólo produce el efecto de no poder ser apreciada tal declaración como prueba de cargo apta para enervar la presunción de inocencia. En el caso presente, el letrado designado de oficio no hizo petición alguna en orden a la suspensión de la primera declaración por la necesidad de instruirse de las diligencias, y en todo caso en el plenario, al contestar a las preguntas de las defensas, el acusado ratificó las declaraciones prestadas en la instrucción, ello unido a que tuvo oportunidad de solicitar cuantas diligencias de investigación que pudiera haber estimado procedentes - entre ellas haber interesado una nueva declaración - y someter a contradicción en el juicio oral todas las pruebas de cargo, impide pueda hablarse de indefensión alguna.
) Respecto a la apreciación de la atenuante de confesión, al no haber ocultado o intentado ocultar la infracción, con independencia de la contradicción que encierra tal petición respecto a la nulidad interesada de aquella declaración, su improsperabilidad deviene necesaria.
En el caso presente es cierto que en el factum /hecho 4º párrafo segundo), se dice que "Tras efectuar los disparos Valeriano , en compañía de su esposa y de su hijo, subió a continuación al domicilio, desde donde llamó a la Policía, comunicando que había matado a una persona y que llamaran a una ambulancia" y en el hecho 9º, que " Valeriano confesó los hechos ocurridos a la Policía", pero también lo es que en el párrafo 3º del hecho 4º se recoge que " Valeriano .... abandonó el establecimiento que regentaba Belarmino , sin atender previamente al herido y con presencia de terceras personas en el lugar de los hechos, que ya habían alertado a la comisión de los mismos" , circunstancia ésta que implícitamente se reconoce en el motivo al admitir que la llamada que desde el teléfono de su casa efectuó el recurrente identificándose como policía, como causante de la muerte de Belarmino y explicando que no ha sido en acto de servicio, se produce después de otras dos llamadas comunicando lo sucedido, extremo este acreditado por la declaración del Policía Nacional NUM000 , sin olvidar que la detención del acusado fue inmediata con la intervención de un testigo, policía nacional en practicas, por lo que la identificación de aquél se produjo inmediatamente a la comisión de los hechos, siendo de aplicación la doctrina jurisprudencial, por ejemplo SS. 117/2000 de 30.6 , con cita de la 1713/99 de 4.12 , que recuerda que "en ningún caso podía ser fundamento de la atenuante invocada el mero hecho (...), de que el condenado asumiera, a raíz de los hechos que había sido autor de los dos incendios, lo que era notorio".
En el caso presente es evidente que faltaría el elemento cronológico por cuanto la confesión del acusado se produjo una vez iniciado el procedimiento, y respecto a la posibilidad de la concurrencia de la atenuante analógica 21.6 en relación con la 21.4, hemos de partir de que la atenuante de análoga significación "no puede alcanzar nunca al puesto en que falten los requisitos básicos para ser estimada una concreta atenuante, porque ello equivaldría a crear atenuantes incompletas o a permitir la infracción de la norma, tampoco puede exigirse una similitud y una correspondencia absoluta entre la atenuante análoga significación "no puede alcanzar nunca al supuesto en que falten los requisitos básicos para ser estimada una concreta infracción de la norma, tampoco puede exigirse una similitud y una correspondencia absoluta entre la atenuante analógica y la que sirve de tipo, pues ello equivaldría a hacer inoperante el humanitario y plausible propósito de que hablaba la S. 28.1.80, 27.3.83 y 11.5.92), STS. 159/95 de 3.2 . Lo mismo en SSTS. 5.1.99 , 7.1.99 , 27.1.2003 y en STS. 2.4.2004 , concita de la STS. 31.1.2000 , se expresa que "tal atenuante ha de aplicarse a aquellos supuestos en los que en la conducta declarada probada se aprecia una disminución del injusto del reproche de culpabilidad en el autor, (...) no se refiere a la concurrencia de los presupuestos de las demás atenuantes previstas en el precepto que recoge las circunstancias de atenuación, pues ello daría lugar a la afirmación de la existencia de atenuantes incompletas, sino que sin tener encaje preciso en las atenuantes (.....), merezcan un menor reproche penal y, consecuentemente, una menor consecuencia jurídica".
Ahora bien, en estos casos en que falta el requisito cronológico, para la estimación de la atenuante analógica de colaboración debe exigirse que la aportación de datos por el recurrente haya sido relevante para la restauración del orden jurídico alterado por el delito ( SSTS. 1.2.2005 ), y en el factum de la sentencia nada se indica sobre tal relevancia por lo que no hay base para la apreciación de la atenuante analógica máxime cuando en el fundamento jurídico quinto expresamente se señala que la confesión se produjo "ante la evidencia de los indicios existentes en su contra y no ha supuesto facilitación alguna para la restauración del orden jurídico o para el desarrollo de la investigación...".
) - Respecto a las dilaciones indebidas como hemos dicho en recientes sentencias 60/2012 de 8.2 ; 1376/2011 de 19.12 ; 1095/2011, de 18.10 y 739/2011 de 14.7 , la reforma introducida por LO. 5/2010 de 22.6, ya en vigor, ha añadido una nueva circunstancia en el art. 21 CP , que es la de "dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuibles al propio inculpado y que ya no guarde proporción con la complejidad de la causa".
En el caso presente, la sentencia de instancia - fundamento jurídico 6- destaca como el procedimiento se inició el 8.10.2007 , finalizando la instrucción por auto de 6.2.2009, sin que existan en este proceso - 1 año y 4 meses - paralizaciones algunas relevantes practicándose diligencias de investigación acordes con la complejidad de la causa. El período intermedio finalizó el 7.7.2009 - 5 meses después - recibiéndose los autos por la Audiencia y desde esa fecha acordada en tres ocasiones la celebración del Juicio oral, se ha suspendido, a instancia del propio recurrente con justificación en una enfermedad de dudosa existencia y gravedad. Consecuentemente con independencia de que tal enfermedad esté o no debidamente acreditada por los informes médicos aportados, lo cierto es que las suspensiones fueron motivadas o atribuibles al propio acusado y no al órgano judicial, lo que impide la apreciación de la atenuante.
) El motivo segundo al amparo del n. 1 del art. 849 LECr por infracción de preceptos penales de carácter sustantivo, en concreto al art. 252 CP relativo a la apropiación, y los arts. 390 y 392 CP relativos al delito de falsedad en documento oficial y mercantil al no cumplirse los requisitos de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Asimismo por inaplicación de las circunstancias atenuantes de confesión (21º 4º) y de anomalía o alteración psíquica (art. 21.1 en relación al art. 20.1º).
Se destaca en el motivo la absoluta falta de diligencia por parte de los administradores de la empresa clínica Garralda S.L. al pretender pagar sus impuestos a la Hacienda Pública mediante la entrega al acusado de cheques y de dinero en efectivo, cuando éste era un mero empleado de la mercantil Asesoría Jurídica Hostelera S.L, que era la gestoría contratada por la Clínica para gestionar el pago de los impuestos a Hacienda, a través de sus responsables y no al Sr. Martin , por lo que la falta de diligencia de los responsables de ambas mercantiles no puede suponer la condena del recurrente, dado que el título de la recepción no se le puede imputar al mero empleado al no concurrir en el mismo los elementos recogidos en el tipo penal que regula el delito de apropiación indebida.
En SSTS 95/2012 de 13.2 ; 452/2011 de 31.5 y 476/2009 de 7.5 hemos dado respuesta a la cuestión de la falta de diligencia de la víctima, desde la construcción dogmática de la imputación objetiva, que permite afirmar que cuando se trata de delitos de resultado, el mismo es imputable al comportamiento del autor ni éste crea un riesgo, jurídicamente desaprobado y de cuyo riesgo el resultado - aquí el desplazamiento patrimonial - es la realización misma.
La STS 476/2009 de 7-5 , analiza de forma minuciosa la hipótesis que pudiera calificarse de autopuesta en peligro . Es decir cuando la víctima no es ajena con su comportamiento a la producción del resultado. Supuesto en que surge la necesidad de decidir si la víctima pierde la protección del Derecho Penal, bajo criterios de autorresponsabilidad, o si, por el contrario, debe mantenerse la atribución de responsabilidad al autor que creó el riesgo. Lo determinante sería la existencia de ámbitos de responsabilidad diferenciados, con determinación normativa previa a la imputación.
Situación que sería la presente desde el momento en que en el factum - cuyo escrupuloso respeto exige la vía casacional del art. 849.1 LECr , se señala que el recurrente era asesor fiscal, laboral y contable prestando recursos en la Asesoría Jurídica Hostelera SL, y en esta condición era el encargado de la gestión legal, fiscal, laboral, contable y de Seguridad Social de la Clínica odontológica Arralde S.L. Asimismo se destaca como el acusado convenció a los responsables de la denuncia para recibir de éste, en efectivo o mediante cheques al portador, el dinero que la empresa había de abonar periódicamente a la Agencia tributaria en concepto de pagos de IRPF e impuesto de Sociedades, con el compromiso de hacer los pagos correspondientes.
Siendo así, el titulo de recepción del dinero con la expresa finalidad y destino de ingresarlo en Hacienda para pago de impuestos y por el contrario, destinarlo a usos propios, permite tal conducta ser subsumida en el delito de apropiación indebida del art. 252 CP .
) El motivo tercero al amparo del n. 2 del art. 849 LECrim error de hecho en la apreciación de la prueba documental al haber llegado el tribunal a conclusiones divergentes y opuestas al dictamen aportado por psiquiatra y médico forense D. Secundino y no reconocer la existencia de un trastorno de personalidad en el recurrente y existir un error notorio y evidente al incluirse en la relación fáctica una serie de supuestos inexactos cuando se dice que el acusado decidió encubrir su actitud creando una serie de documentos falsificados, y lo cierto es que se trata de simples y burdas falsificaciones, designando a tales efectos los documentos de los folios 207, 78 y 86, y 79 a 83 (Agencia Tributaria, Caja Madrid y Banesto, respectivamente).
En el caso presente y en relación al informe médico-pericial, la doctrina de esta Sala (STS 182/2000, de 8-2 1793/2003, de 24- 12 ; 299/2004, de 4-3 ; 1200/2005, de 27-10 ; 742/2006, de 29-6 ; 1068/2007, de 20-12 ; 1148/2009, de 25-11 ; 6342/2001, de 28-6 ; mantiene que dichos informes no son en realidad documentos sino pruebas personales documentadas consistentes en la emisión de pareceres técnicos sobre determinadas materias o sobre determinados hechos por parte de quienes tienen sobre los mismos una preparación especial, con la finalidad de facilitar la labor del Tribunal en el momento de valorar la prueba.
) En el caso presente la sentencia impugnada - fundamento jurídico cuarto - analiza el informe pericial médico aportado a juicio y las explicaciones ofrecidas por el perito y estima que no existe certeza suficiente para afirmar la existencia de cleptomanía en el acusado ni que ésta tuviera intensidad suficiente como para anular o limitar las capacidades intelectivas y volitivas del acusado.
Según el perito, Sr. Secundino , la cleptomanía es un trastorno de control de impulsos que parece incompatible con la premeditación, con argucias para la obtención de los bienes, con una justificación racional como la existencia de problemas económicos, con una selección del sujeto pasivo de la acción o con el lugar o medios con que se realiza. Se trata de un comportamiento impulsivo, no premeditado, que produce cierta satisfacción en quien lo hace. En el presente caso las acciones desarrolladas por el acusado no responden a ese patrón. El acusado ha isdo selectivo en cuanto a los medios empleados y la víctima elegida para su acción. Los actos han sido repetidos sobrel a misma persona y utilizando una misma situación. Se ha reiterado en el tiempo, ha respondido a una planificación y, además, el acusado ha utilizado medios fraudulentos (falsedades documetnales reiteradas) para encubrir y justificar su acción.
Razonamiento correcto por cuanto la jurisprudencia de esta Sala (por ejemplo STS 1400/99 de 9-10 ) precisa que no basta la existencia de un diagnóstico para concluir que en la conducta del sujeto concurre una afectación psíquica. El sistema mixto del CP está basado en esos casos en la doble exigencia de una causa biopatológica y un efecto psicológico: la anulación o grave afectación de la capacidad de comprender la ilicitud del hecho o de determinar el comportamiento con arreglo a esa comprensión, siendo imprescindible el efecto psicológico en los casos de anormales o alteraciones psíquicas, ya que la enfermedad es condición necesaria pero no suficiente para establecer una relación causal entre la enfermedad mental y el acto delictivo ( STS 314/2005, de 9-3 ) y sigue insistiéndose en que "es necesario poner en relación al alteración mental con el acto delictivo concreto" ( STS 437/2001, de 22-3 -, 332/97 de 17-3 ), declarando que "al requerir cada uno de los términos integrantes de la alteración de imputabilidad prueba específica e independiente, la probanza de uno de ellos no lleva al automatismo de tener imperativamente por acreditado el otro" ( STS 937/2004, de 19-7 ), y se puntualiza que "cuando el autor del delito padezca cualquier anomalía o alteración psíquica , no es tanto su capacidad general de entender y querer, sino su capacidad de comprender la ilicitud del hecho y de actuar conforme a esa comprensión" ( STS 175/2008, de 14-5 ).
No obstante, se considera aplicable este segundo elemento "cuando los presupuestos biológicos de la capacidad de culpabilidad (las enfermedades mentales, las graves alteraciones de la conciencia o la debilidad mental) se dan en un alto grado" ( STS 258/2007, de 19-7 ).
En el caso presente en relación al trastorno de personalidad, cleptomanía, se caracteriza por las conductas reiteradas de ceder a los impulsos y por la tensión, a veces intolerable, de sustraer objetos que no son obtenidos por su valor monetario, para uso personal o como ganancia o beneficio patrimonial.
Las conductas han de ser recurrentes y ante ellas ha de experimentarse la dificultad para controlar los impulsos y esas tendencias a la repetición. Se actúa tras sufrir una fuerte tensión emocional creciente, que solo cede al obedecer al impulso, sintiendo alivio o gratificación.
Desde el punto de vista de la fenomenología, no es descartado pensar que la cleptomanía es tan solo una manifestación clínica concreta en la que subyace un trastorno obsesivo compulsivo. Y ello es así porque el verdadero trastorno de cleptomanía lleva aparejada la conciencia de que es un acto absurdo, sin sentido racional, tras el que se experimenta bienestar y liberación por la desaparición de la tensión, pero también autoreproches o ideas de culpa, es decir, con malestar clínico significativo.
A menudo es causa de reacciones depresivas, estados de ansiedad o, inclusive, estados de pánico.
Otros profesionales, partidarios de teorías psicoanalíticas, sostienen que esta conducta representa una defensa o una gratificación simbólica de impulsos, deseos, conflictos o necesidades inconscientes. Estos podrían reflejar temas sexuales o masoquistas y el hurto podía ser el mecanismo por el cual el individuo narcisista vulnerable satisface el impulso para evitar la fragmentación del yo.
El cleptómano - con más frecuencia la cleptómana - actúa en solitario, se arriesga, sustrae, generalmente hurta, objetos inútiles, no le sirve la experiencia anterior ni la culpa, para que desaparezca la conducta patológica. Y ello a pesar de los problemas que esto le crea, de tipo familiar, profesional, legales o judiciales.
Los delitos están en relación con la definición específica del trastorno,, es decir, hurtos y robos de diversos objetos en tiendas, museos, exposiciones, etc, solo a veces planificados y las más de forma impulsiva. Este trastorno no se puede confundir con los hurtos en tiendas para satisfacer caprichos, vender posteriormente los artículos sustraídos, para poner en evidencia los mecanismos de seguridad o como represalia, revancha o venganza contra los comerciantes, etc...
En definitiva, la cleptomanía es un trastorno del control de los impulsos cuya característica esencial es la dificultad recurrente para controlar los impulsos de tomar cualquier objeto, aun cuando no sea necesario para el uso personal o por su valor económico.
El individuo experimenta una sensación de tensión creciente antes de la acción, seguida de bienestar, gratificación o liberación cuando lo lleva a cabo. Los objetos son tomados a pesar de que tengan poco valor para el individuo, que tendría medios para adquirirlos y que con frecuencia se desprende de ellos y no los usa. A veces, los acumula o los devuelve inesperadamente.
Asi pues, solo en supuestos de excepcional gravedad puede llegar a plantearse la eventual apreciación de una eximente completa o incompleta, cuando pericialmente se acredite fuera de toda duda una anulación absoluta o cuasi absoluta de la capacidad de raciocinio o voluntad del acusado.
Situación que, tal como la sentencia razona, no se corresponde con la actuación desarrollada por el recurrente.
b). En cuanto al error en cuanto a los documentos falsificados al tratarse de burdas falsificaciones, es cierto que esta Sala, por ejemplo SSTS 13.3.2004 y 6.3.2007 ha estimado que la falsedad documental requiere la concurrencia de dos elementos: una imitación de la verdad y además, que la falsificación se efectúe de tal modo que sea capaz de engañar, porque una alteración de la verdad que lo sea de modo manifiesto y evidente, de forma tal que cualquiera que se acerca al objeto falsificado pueda percatarse de ello sin esfuerzo alguno, carece de aptitud para incidir en el tráfico jurídico al que ese objeto se refiere, de manera que cuando se trata de falsedad documental si la alteración la puede conocer la persona a la que va dirigida por tratarse de algo burdo y ostensible, no existirá el delito ( STS 2-11-2011 ). Es decir que no sean necesarios ningún otro tipo de examen, reconocimiento o verificación porque la falsedad aparece por si misma de manera evidente.
Las SSTS 687/2006, de 7.6 ; 1224/2006, de 7.12 y 398/2009 de 11-4 insisten en que es cierto que una alteración de un documento formalmente típico puede no resultar antijurídica si es claramente perceptible por su carácter burdo, en cuanto no supone ningún riesgo ni daño efectivo para el bien jurídico protegido. Para ello es preciso que se trata de una falsificación fácilmente perceptible por cualquiera.
En el caso no ocurre así tal como explica la sentencia impugnada, no pueden calificarse de burdas o apreciables a simple vista, pues por su especificidad (supuesta certificación Agencia Tributaria folio 207); supuestos pagos con supuesta validación de una Agencia de Caja Madrid (folios 78 y 86) y de la entidad Banesto (folios 79 a 83) solo podían apreciarse por personal de la Agencia Tributaria o de las entidades bancarias o por peritos, mediante el correspondiente informe técnico, contrastando los documentos falsos con originales. Concluyendo que no son falsificaciones burdas, sino suficientes para el fin propuesto de justificar hechos falsos ante quienes entregaron el dinero en un destino predeterminado.
RECURSO ASESORIA JURIDICA HOSTELERA S. L.
) El motivo primero por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.1 LECrim por entender que resulta manifiesta contradicción entre los hechos que se consideran probados en la sentencia.
El recurrente basa la contradicción en que en los hechos probados se afirma que prestaba servicios en la sociedad como asesor..laboral...de los clientes de dicha asesoría, actuando dentro del marco organizativo de la misma...era el encargado de la gestión...laboral... y de seguridad social de la clínica deontológico Garralda SL" cuando ese extremo no refleja la realidad existente, dado que la prueba practicada se constata que no mantenía ningún tipo de relación laboral o semejante con la Asesoría, al haber vendido sus participaciones sociales n. 16.6.98. Tampoco que fuera asesor laboral de la cantidad, solo asesoramiento fiscal y contable y de manera personal y particular.
Pues bien del planteamiento y desarrollo del motivo ninguna contradicción aparece entre los hechos del relato fáctico, sino que el recurrente da una versión de los hechos en base a su subjetiva interpretación de las pruebas, que no coincide con los hechos que la Sala consideró probados, lo que es ajeno a este vicio in iudicando.
) El motivo segundo por infracción de Ley, art. 849.2 LECrim por entender que la sentencia incurre en error de hecho en la apreciación de la prueba, al haber reflejado en los hechos probados circunstancias que no se ajustan a la realidad y que no han existido designando como particulares los documentos siguientes:
1) Escritura de compraventa de participaciones sociales de 16.698 (folios 301 a 303).
2) Certificado expedido por Ibercaja aportado en el acto de la vista celebrada el 19.5.2011.
El primer documento acreditaría que el acusado no era socio de la entidad declarada responsable civil subsidiaria, limitándose a realizar su trabajo de asesor fiscal y contable.
El segundo que de la única cuenta de que es titular Asesoría jurídica Hostelera las únicas personas que han tenido disponibilidad sobre la misma, han sido los miembros de la familia Olivenza Cereza, sin que jamás haya tenido Martin , por lo que difícilmente podría jugar un papel organizativo o deducción.
Retomando la doctrina jurisprudencial expuesta en el análisis del motivo 3 del anterior recurrente el referido vicio de error en la valoración probatoria presupone la autarquía demostrativa del documento que ha de serlo desde dos planos: 1º) El propiamente autárquico, lo que se ha venido denominando como literosuficiente, es decir que no precise de la adición de otras pruebas para evidenciar el error; y 2º) que no resulte contradicho por otros elementos de prueba obrantes en la causa, como, siguiendo lo expresamente establecido en el precepto, viene también señalando una reiterada doctrina jurisprudencial.
Asimismo resulta esencial destacar la esencialidad del error y su trascendencia para la subsunción, como también de manera muy reiterada señala la Jurisprudencia de esta Sala (SSTS 26.2.2008 y 30.9.2005 ) por lo que no cabe la estimación de un motivo orientado en este sentido si se refiere la mutación a extremos accesorios o irrelevantes; lo que es consecuencia de la doctrina del Tribunal Constitucional en orden a la irrelevancia de los errores secundarios en la motivación, y así como señala la STC 44/87 de 9-4 "carecerá así de sentido la concesión de un amparo que se limitara a anular una parte de la motivación de la sentencia y mantuviera en su integridad el fallo. Pero también carecería de sentido anular totalmente una sentencia, incluido el fallo, con el único objeto de que órgano judicial dictara una nueva sentencia en la que confirmara el fallo, pero corrigiera posibles desaciertos en la redacción de su fundamentación . En igual sentido la STC 124/93 de 19.4 "los errores cometidos en la fundamentación jurídica de las resoluciones judiciales sólo tiene trascendencia constitucional en cuanto sean determinantes de la decisión adoptada, esto es, cuando constituyan el soporte único o básico de la resolución, de modo que constatada su existencia, la fundamentación jurídica pierda el sentido y alcance que la justificaba y no pueda conocerse cuál hubiese sido el sentido de la resolución de no haberse incurrido en el mismo".
Situación que no es la contemplada. Los documentos invocados no acreditan que el acusado no fuera asesor y prestara servicios por cuenta y cargo de la asesoría.
Que no fuera socio de la entidad resulta indiferente cuando su labor como asesor esté acreditado por las testificales de los representantes de la clínica Sarralde y los recibos de las igualas mensuales por los servicios laborales, contables y fiscales (folios 273 a 275 y los aportados en la primera sesión del juicio, docum. 6 a 12) expedidos con cargo a Asesoría Jurídica Hostelera S.L. y no a título particular, como autónomo por el Sr. Martin .
Y por último que el condenado no tuviera firma en la cuenta a la sociedad no pudiendo disponer de la misma, no incide en la mecánica comisiva de la apropiación de cantidades que le eran entregadas en metálico o cheques al portador con motivo de las declaraciones de impuestos de la sociedad Clínica Sarralde por su condición de encargado de la gestión fiscal, laboral y contable de los clientes de la asesoría recurrente.
) El motivo tercero por infracción de Ley, del art. 849.2º LEcrim , por entender que la sentenciaincurre en error de hecho en la apreciación de la prueba que resulta de la errónea determinación de la indemnización concedida 254.736,57 euros, designando como documentos los talones obrantes a los folios 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 por importes respectivos de 8.094,22 euros, 13.442 euros, 10.171 euros, 3110 euros, 7.751 euros y 14.936,61 euros.
Se señala en el motivo que la acusación particular no ha practicado prueba alguna que acredite el importe de las cantidades que en su día entregó a Martin y de los que presuntamente se apropió éste, sin que se haya llegado a demostrar que se entregara mediante cheque o metálico el importe de todas y cada una de las declaraciones trimestrales que se contraen al período de los ejercicios 2004 a 2007.
Se hace referencia a la evidente falta de diligencia de los representantes de la Clínica Sarralde, al ser su propia pasividad la que facilitó la disposición patrimonial realizada por el acusado y por último se cuestiona el informe de parte que la Audiencia Provincial ha tenido en cuenta para determinar la indemnización.
Respecto al quantum de la indemnización las SSTS 105/2005 de 26.1 , 131/2007 de 16.2 , 957/2007 de 28-11 y 396/2008 de 1-7 , recuerdan que la indemnización de daños y perjuicios derivados de un ilícito penal doloso que realice el tribunal de instancia, fijando el alcance material de quantum de las responsabilidades civiles, por tratarse de un criterio valorativo soberano, más que objetivo o reglado, ateniendo a las circunstancias personales, necesidades generadas y daños y perjuicios realmente causados, daño emergente y lucro cesante, no puede, por regla general ser sometida a la censura de la casación por ser una cuestión totalmente autonómica de discrecional facultad del órgano sentenciador, como ha revenido a señalar la Jurisprudencia de esta Sala que únicamente permite el control en el supuesto que le ponga en discusión las bases o diferentes conceptos en que se apoya la fijación de la cifra respectiva, o lo que es igual, el supuesto de precisar si existe razón o causa bastante para indemnizar, pero no el alcance cuantitativo del concepto por el que se indemniza ( STS 18.3.2004 , 29-9-2003 , 24.5.99 ).
Es decir, que la cantidad indemnizatoria únicamente será objeto de fiscalización en casación, cuando:
existe error en la valoración de las pruebas que hubieran determinando la fijación del "quantum" indemnizatorio, indemnizando conceptos no susceptibles de indemnización o por cuantía superior a la acreditada por la correspondiente prueba de parte;
que se indemnice por cuantía superior a la solicitada por las partes, en virtud del principio acusatorio que rige nuestro derecho procesal penal y del principio de rogación y vinculación del órgano jurisdiccional a la petición de parte que rige en el ejercicio de acciones civiles, bien independientes, bien acumuladas a las penales correspondientes.
Bien entendido que la necesidad de motivar las resoluciones judiciales ( art. 120 CE , puesta de relieve por el Tribunal constitucional respecto de la responsabilidad civil ex delicto ( SSTC 78/86 de 13.6 ) y por esta Sala (SSTS 22.7.92 , 19.12.93 , 28.4.95 , 12.5.2000 ) impone a los Jueces y Tribunales la exigencia de razonar la fijación de las cuantías indemnizatorias que reconozcan en sentencias, precisando, cuando ello sea posible, las bases en que se fundamentan - extremo revisable en casación - .
El TS ha fijado la posibilidad de revisar en casación la cuantía de la indemnización en sentencia de la Sala 1ª de 9.3.2010 , se apunta que esta puntualidad es excepcional y se puede llevar a cabo únicamente - respecto de las bases en la que se asienta y en supuestos de irrazonable desproporción de la cuantía fijada, especialmente cuando las razones en que se apoya su determinación no ofrecen la consistencia fáctica y jurídica necesaria y adolecer de desajustes apreciables a tenor de una racionalidad media.
En el caso que nos ocupa la Sala tiene en cuenta la prueba pericial practicada a instancia de la acusación particular, sometida a contradicción en el plenario y establece la cuantía indemnizatoria distinguiendo entre la cuantía de lo apropiado - las cantidades que el acusado recibió parra pago de los impuestos - 178.487'67 euros - y que aplicó a usos propios, y los recargos, sanciones e intereses devengados por esa deuda - indemnizables conforme el art. 110.3 CP - ascendientes a 80.400'36 euros y 24.511'21 euros, y descontando las cantidades devueltas por el acusado ascendientes a un total de 29.175 euros.
La parte hoy recurrente no impugnó aquel informe ni propuso prueba correspondiente y es solo en esta vía casacional cuando pretende sustituir la valoración de la Sala por su particular interesada apreciación de cómo debería haberse realizado el informe pericial, lo que resulta inaceptable porque el principio de congruencia procesal obligada a todas las partes integradas en el proceso y descarta de antemano la discusión de una serie de cuestiones que se dan pro admitidas en virtud de pruebas ya practicadas.
- Respecto a la posible falta de diligencia de los responsables de la entidad perjudicada, tal cuestión ya ha sido analizada en el motivo segundo del recurso articulado por el condenado penalmente, remitiéndonos a lo ya argumentado para evitar innecesarias repeticiones, debiendo solo recordar que es cierto que en los tipos penales que protegen el patrimonio singularmente la estafa y la apropiación indebida- se protege éste en la medida en que su titular haya observado el comportamiento exigible en orden a su protección, pero no en el caso en que se haya relajado en la observancia de sus deberes de autotutela primaria. Por tanto, en la medida en que el error que sufre el sujeto pasivo, en atención a las circunstancias del caso particular, las relaciones entre autor y víctima y las circunstancias subjetivas de esta ultima, resulta evitable con una mínima diligencia y sea exigible su citación, no puede hablarse de engaño bastante y en consecuencia no puede ser imputado el error a la previa conducta engañosa quebrándose la correspondiente relación de riesgo pues "bastante" no es el engaño que puede ser fácilmente evitable, sino aquel que sea idóneo para vencer los mecanismos de defensa puestos por el titular del patrimonio perjudicado. En estos casos el error es producto del comportamiento negligente de la víctima. Por eso se ha podido decir que la constatación de la idoneidad general es un proceso normativo que valora tanto la intensidad del engaño, como las causas, a la hora de establecer la vencibilidad del engaño por parte de la víctima.
Doctrina inaplicable al caso enjuiciado al tratarse de un delito de apropiación indebida en el que la empresa perjudicada contrató los servicios de una Gestoría especializada en cuestiones fiscales, laborales y contables, siendo precisamente la actuación de ésta no controlando la actuación de uno de sus colaboradores lo que propició la comisión del delito y por ello, de su responsabilidad civil subsidiaria, art. 120.4 CP .
) El motivo cuarto por infracción de ley, al amparo art. 849.2 LECrim por error en la valoración de la prueba a tenor de la prueba testifical practicada en el acto del juicio oral.
El motivo insiste en lo ya expuesto en el motivo segundo de que el acusado era autónomo e independiente de la Asesoría S.L. que solo colaboraban a efectos de compartir costas con total independencia.
) El motivo quinto por infracción de ley, art. 849.1º LECrim , en cuanto la parte por error denuncia la infracción del art. 22 CP , precepto que se refiere a las circunstancias aparentes, debe, por ello, ser analizado conjuntamente con el motivo sexto que por igual vía casacional, art. 849.1 LECr , sostiene la infracción del art. 120.4 CP , cuyo antecedente inmediato es el art. 22 CP1973 , que no estaba ya en vigor en el momento de producirse los hechos.
Se sostiene en el motivo que no se dan los elementos que sustentan la aplicación de la responsabilidad del art. 120 CP , por cuanto la conexión que pudiera existir en su día entre el acusado, Martin , y "Asesoría Jurídica Hostelera, S:L." tenía una evidente naturaleza consensual, recíproca, bilateral y en plano de igualdad, por lo que no procede extenderse la responsabilidad civil subsidiaria a este supuesto.
Como hemos dicho en SSTS 239/2010 de 24.3 , y 1036/2007 de 12-12 , el art. 120.4 CP . establece que son responsables civilmente, en defecto de los que sean criminalmente: "Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios".
La jurisprudencia de esta Sala a propósito de esta responsabilidad, por ejemplo STS. 1096/2003 , señala que su razón de ser se encuentra en el principio de derecho según el cual quien obtiene beneficios de un servicio que se le presta por otro debe soportar también los daños ocasionados por el mismo (principio "cuius commoda, eius est incommoda"), subrayando la evolución de dicho fundamento desde la culpa "in vigilando" o "in eligendo" hasta una suerte de responsabilidad objetiva, siempre que concurran los siguientes elementos : a ) existencia de una relación de dependencia entre el autor del ilícito penal y el principal, ya sea persona jurídica o física, bajo cuya dependencia se encuentre, sin que sea preciso que la misma tenga carácter jurídico, sea retribuida o permanente, bastando que la actividad así desarrollada cuente con la anuencia o conformidad del principal, sin que por tanto la dependencia se identifique con la jerárquica u orgánica siendo suficiente la meramente funcional; y b) que el delito que genera la responsabilidad se haya inscrito dentro del ejercicio, normal o anormal, de las funciones así desarrolladas por el infractor, perteneciendo a su ámbito de actuación ( S.S.T.S., entre muchas, 2422/01 o 1033 y 1185/02 ). "
Como señalaba esta Sala en sentencia 1557/2002 "extralimitaciones siempre hay cuando se cometen infracciones penales", idea que viene pretendiéndose en las SS. 1491/2000 , 1561/2002 y 1372/2003 entre otras muchas. En efecto son muy frecuentes las resoluciones del Tribunal Supremo que contemplan casos en los que la actuación del condenado penal se ha producido excediéndose de los mandatos expresos o tácitos del titular de la empresa acusada como responsable civil subsidiaria o vulnerando normas legales o reglamentarias.
Pero es más, el requisito exigido para la aplicación de este art. 120.4 CP . nada tiene que ver con el apartamiento o no del obrar del acusado respecto de lo ordenado por su principal. La condición exigida se contrae a que el responsable penal ha de haber actuado con cierta dependencia en relación a la empresa, dependencia que no se rompe con tales extralimitaciones.
Por ello la interpretación de aquellos dos requisitos debe efectuarse con amplitud, apoyándose la fundamentación de tal responsabilidad civil subsidiaria no solo " en los pilares tradicionales de la culpa iu eligendo y la culpa iu vigilando", sino también sobre todo en la teoría del riesgo, conforme al principio qui sentire commodum, dibet sentire incomodum" ( SSTS. 525/2005 de 27.4 , 948/2005 de 19.7 ), de manera que quien se beneficia de actividades que de alguna forma puedan generar un riesgo para terceros debe soportar las eventuales consecuencias negativas de orden civil respecto de esos terceros cuando resulten perjudicados. ( ATS 1987/2000 de 14.7 ), admite incluso la aplicación de esta clase de responsabilidad civil en los casos en que la actividad desarrollada por el delincuente no produce ningún beneficio en su principal "bastando para ello una cierta dependencia, de forma que se encuentre sujeta tal actividad, de algún modo, a la voluntad del principal, por tener esta la posibilidad de incidir sobre la misma", lo que constituye una versión inequívoca de la teoría de creación del riesgo mencionada más arriba.
) En el caso presente desestimados ya han sido los motivos 2 y 4 por error en la apreciación de las pruebas, debemos recordar que la vía casacional del art. 849.1 LECrim , como se dice en la STS 589/2010, de 24-6 , obliga a respetar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos sólo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser los fijados al efecto por el tribunal de instancia, salvo que hayan sido corregidos previamente por estimación de algún motivo fundado en el art. 849.2 LECrim . (error en la apreciación de la prueba) o en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, art. 852 LECrim .
Siendo así en el factum se destaca que "el acusado Martin prestaba servicios en la sociedad "Asesoría Jurídica Hostelera S.L."...como asesor fiscal, laboral y contable de los clientes de dicha asesoría, actuando dentro del marco organizativo de la misma. En esa condición era el encargo de la gestión legal, fiscal, laboral, contable y de seguridad social de la Clínica Odontológica Garralda S.L.", insistiéndose en el fundamento jurídico décimo en que "lo cierto es que el acusado desempeñaba sus servicios como agente de la misma; facturaba con cargo a dicha asesoría; las gestiones, según han declarado los testigos, las hacía prioritariamente el acusado pero también otros empleados o miembros de la asesoría y en caso de reclamación de conflictos los clientes se dirigían a la responsable de la Asesoría.... Frente a terceros, el acusado era un gestor, un empleado de la asesoría y no un individuo que actuara con independencia de medios y organización. Su actuación se desarrollaba en el marco de actuación de la Asesoría mencionada que a todos los efectos actuaba en el tráfico y contrataba frente a terceros...", para concluir que "en definitiva, el acusado, por más que fuera un profesional independiente, actuaba por cuenta de la empresa y en el marco ordinario de actuación, con sus medios y bajo la dirección empresarial de la titular de la Asesoría...".
Pronunciamientos fácticos que posibilitan la aplicación del art. 120-4 CP .
) En base a lo razonado, los recursos deben ser desestimados, con imposición de costas ( art. 901 LECr .).
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por infracción de ley, quebrantamiento de forma y vulneración de precepto constitucional por Martin y ASESORIA JURIDICA HOSTELERA, S.L, contra sentencia de fecha 28/7/2011 dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Primera , en causa seguida contra aquél por delitos continuados de apropiación indebida y de falsedad en documento mercantil y oficial; y condenamos a los recurrentes al pago de las costas causadas en la tramitación de sus respectivos recursos.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Joaquin Gimenez Garcia Perfecto Andres Ibañez Francisco Monterde Ferrer Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre Antonio del Moral Garcia
STS 365/2010, 10 de Marzo de 2010
SAP Madrid 794/2006, 13 de Diciembre de 2006

References: artículo 252
 artículo 5
 artículo 24
 artículo 252
 artículo 20
 artículo 849
 artículo 851
 artículo 849
 artículo 849
 artículo 849
 artículo 849
 artículo 849
 resolución 
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