Source: http://otrafuncionpublica.blogspot.com/2015/10/
Timestamp: 2019-10-17 21:57:12+00:00

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CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES (COFPA): octubre 2015
Dos informes recientes, uno sobre la fiscalización de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado de Asturias SA (ver aquí, pagina 11) y el otro sobre la fiscalización de la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias SA (ver aquí, pag. 10), ponen de manifiesto que estas entidades contratatan a su personal al margen de los principios constitucionales de acceso al empleo público de igualdad, mérito y capacidad.
El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera que se trata tan solo de dos muestras del clientelismo laboral que rige, de forma generalizada , el acceso a los puestos de trabajo del sector público del Principado de Asturias. Estamos seguros que el examen individualizado, una a una, de la larga lista de entes, fundaciones y empresas públicas de la Comunidad Autónoma, demostraría que incurren en los mismos vicios e ilegalidades.
Lo sorprendente de la situación es que parece que estas manifestaciones de corrupción supuestamente "blanca" quedan en el limbo de la indiferencia penal, porque aquí ninguna autoridad se da por aludida, ni para poner coto a este caciquismo endémico, ni para exigir responsabilidades por ello.
Las ilegalidades existen y así lo constata la Sindicatura de Cuentas pero, dicho esto, todo el mundo parece mirar para otro lado, quizá porque en este tema del enchufismo laboral casi nadie tiene las manos limpias.
En todo caso, felicitamos a la Sindicatura de Cuentas por empezar a incluir en sus informes de fiscalización un cuestión de tanta relevancia como la del modo en que se selecciona al personal de los entes públicos.
Porque el enchufismo laboral en el empleo público no solo supone un privilegio para quien se beneficia de él. Comporta, sobre todo, una agravio comparativo indecente para todos los ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a participar en procedimientos libres y en igualdad de condiciones para poder trabajar en la Administración Pública.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en viernes, octubre 30, 2015 No hay comentarios:
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en lunes, octubre 26, 2015 No hay comentarios:
El informe de la contratación estatal de 2012 del Tribunal de Cuentas denuncia irregularidades en todos los ministerios.
Analiza 377 contratos de entre los de mayor precio.
Destaca el uso del negociado para formalizar acuerdos previos con un empresario y la falta de publicidad y justificación.
La Marea, 23 octubre 2015
El BOE recoge hoy el informe de fiscalización a la contratación del sector público estatal de 2012 realizado por el Tribunal de Cuentas. El documento recoge -una vez mas- una larga lista de incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) por parte de todos los ministerios y otras entidades públicas. La mayoría tiene que ver con la falta de información y justificación de las decisiones tomadas, lo que frena la transparencia, la competencia y la rendición de cuentas.
De los 40.730 contratos adjudicados por el Estado en 2012, el Tribunal de Cuentas recibió, para su fiscalización, 1.383 expedientes. Se trata de aquellos contratos que superen ciertos umbrales: más de 600.000 euros en obras y concesiones, más de 450.000 en suministros y más de 150.000 en servicios. Pese a que los contratos mas altos tienen unas obligaciones de transparencia, concurrencia e igualdad mayores, las irregularidades detectadas son masivas. Ni uno de los ministerios analizados sale limpio del análisis. Pero el Tribunal de Cuentas no ha analizado los 1.383 expedientes remitidos, solo 377 de ellos, un 27,3%, elegidos según diversos criterios, como la cuantía, el procedimiento y otros valores mucho menos definidos, como “el especial interés”.
Estas son algunas de las ilegalidades detectadas por el Tribunal de Cuentas:
Falta de justificación del uso del procedimiento negociado, ya que en muchos casos no queda claro por qué se opta por este sistema y no por el concurso abierto que, según la propia ley, debe ser el método ordinario de adjudicación. En la mayoría de casos, continúa el informe, no se “negocia” con los empresarios participantes, simplemente se evalúan sus ofertas, lo que hace que este procedimiento pierda su sentido. Además, en ocasiones se usa simplemente para darle una pátina legal a un acuerdo con un empresario: “En determinados supuestos, las Entidades han justificado la elección de este procedimiento por la existencia de un acuerdo previo firmado con la empresa adjudicataria debido a la complejidad técnica de las prestaciones a realizar, y si bien pudiera estar justificada la elección del procedimiento por razones técnicas, la existencia de un acuerdo previo limita, al menos, el acceso de otras empresas del sector a la licitación.”
Uso de las características de la empresa como criterios de adjudicación, lo que limita la competencia y hace pensar en pliegos redactados a medida. Ocurre cuando se puntúa de forma elevada contar con ciertos trabajadores, tener la sede en un lugar concreto… El informe destaca un contrato de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que otorgaba un 15% de la valoración a las empresas que hubieran realizado un servicio similar en los años anteriores, lo que benefició a la empresa que ya estaba contratada, que pudo volver a ser elegida. Otro caso paradigmático de esta práctica, anulado por el Tribunal administrativo central de recursos contractuales tras un recurso, es el del reparto de la publicidad institucional en prensa de Melilla, redactado a medida para que los tres principales periódicos de la ciudad se llevaran su parte.
Falta de precisión de los criterios de adjudicación, como cuando se conceden puntos por “mejoras” sin especificar qué tipo de mejoras serán evaluadas y en qué proporción, lo que da pie a la arbitrariedad en la concesión. En demasiadas ocasiones, las actas de adjudicación tampoco aclaran qué se ha valorado para ofrecer, al final, una tabla de puntuación si más, esto es, no informan de las razones que les llevan a adjudicar a un empresario y no a otro.
Incumplimiento sistemático de las obligaciones de igualdad entre hombres y mujeres, que obligan a tener en cuenta los planes en este sentido y la efectiva implantación de los mismos de las empresas a contratar.
Límites a las rebajas de precio, lo que se conoce como el ‘umbral de saciedad’: a partir de cierto descuento en el precio, las rebajas posteriores ya no dan puntos. Esta práctica frena que las empresas puedan ofrecer contratos más baratos.
No se justifica por qué es necesario celebrar el contrato. En muchos casos, no hay informes de necesidad ni en los que se declara que los medios propios no son suficientes para hacer frente a las necesidades.
Incumplimiento de las obligaciones de publicidad básicas. Por ejemplo, la AEPD solo publicó en Contratación del Estado uno de los 23 contratos celebrados durante ese año. Y el Programa de Termalismo de Mayores se olvidó de publicar la formalización de un contrato en el BOE. En muchas ocasiones, el problema es que los pliegos de algunos negociados ni siquiera aclaran cuál es el objeto del contrato.
Tras la adjudicación, ¿qué pasa? En la mayoría de casos, nada. Una de las críticas mas repetidas en el informe está dirigida al escaso control a la ejecución de los contratos. No se nombra a un responsable del contrato para hacer seguimiento, aunque esté establecido de forma clara en los pliegos, no hay vigilancia de ningún tipo… Esto provoca excesos en la facturación final y retrasos que, en la mayoría de casos, no provocan ni la resolución del contrato ni la aplicación de las sanciones previstas. En muchos casos, el organismo adjudicador no informa al Tribunal sobre lo que pasó tras la adjudicación: ni siquiera disponen de esa documentación.
El informe del Tribunal de cuentas lanza una serie de propuestas de mejora pero, pese a las continuas ilegalidades cometidas, no plantea el establecimiento de ningún tipo de sanción.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en sábado, octubre 24, 2015 No hay comentarios:
La junta de personal, por acuerdo unánime, instó ayer al gobierno local a respetar los principios de acceso a la función y a evitar que la «desastrosa política de personal seguida en los últimos años» siga perjudicando a quienes, «legítimamente», quieren acceder a un empleo municipal. Con otras palabras, el órgano de los funcionarios quiere que no se incorporen más trabajadores de contratas por la 'puerta de atrás', a través de sentencias judiciales por cesión ilegal de trabajadores, y que las plazas que ya están ocupadas por estos casi 80 empleados no fijos de plantilla salgan a oferta pública de empleo.
El acuerdo de la junta insta, además, al equipo de gobierno a que «estudie las posibles responsabilidades en que se haya podido incurrir en la gestión del personal en los últimos años» y, en especial, a «las negligencias» más graves, «como los supuestos de cesión ilegal de trabajadores». Un informe de Abogacía Consistorial señalaba la responsabilidad de varios jefes de servicio en que el Ayuntamiento fuese condenado por cesión ilegal y, abundaba, en el caso del responsable de Prensa, que llegó a deponer en sede judicial en contra de los intereses municipales. Así mismo, dictaba una serie de medidas a implantar para evitar nuevos casos que no han dejado de producirse hasta el mandato pasado.
La junta de personal recuerda que «un acceso irregular al empleo propicia también situaciones en las que el trabajador está sometido a una situación de inestabilidad o vulnerabilidad que le impide actuar con los criterios de profesionalidad e independencia que deben regir en la función pública».
La ampliación del recurso contencioso-administrativo no es necesaria salvo que el acto tardío y expreso modifique el presumido por silencio
El TS estima el recurso de casación para la unificación de doctrina que inadmitió el recurso contencioso-administrativo por pérdida sobrevenida de objeto, al haberse dictado después de la interposición de dicho recurso resolución expresa del recurso de alzada por el TEAC, que, según la Sala “a quo”, devino firme y consentida al no haber sido objeto de impugnación mediante la ampliación del recurso contencioso prevista en el art. 36.4 de la LJCA.
Señala el Supremo que dicho precepto utiliza el término “podrá” en el sentido de que la ampliación del recurso no es necesaria salvo en los casos en los que el acuerdo tardío y expreso modifique el presumido por silencio. Entendiendo la Sala que procede la admisión del recurso contencioso, entra a resolver las cuestiones planteadas en la instancia, esto es, la prescripción del derecho a liquidar el Impuesto de Sociedades, improcedencia de la regularización de las bases y nulidad de las sanciones impuestas. Resuelve el Tribunal que sólo han de anularse las sanciones al no haber acreditado la Administración tributaria la exigencia de culpabilidad en la comisión de la infracción, ya que en la argumentación del TEAC sólo se realiza una descripción objetiva de los incumplimientos por parte del sujeto pasivo de normas que pueden servir para atribuir a la conducta la condición de típicamente antijurídica, pero no para entender que fuera también culpable.
SENTENCIA COMPLETA DEL TS, DE 15 DE JUNIO DE 2015 (RECURSO 1762/2014)
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en viernes, octubre 23, 2015 No hay comentarios:
El menor coste de la gestión privada de los servicios públicos en ningún caso se justificó con informes solventes que sirvieran de motivación para los procesos de contratación. Pero los estudios “a posteriori”, realizados después de que se consumara la mercantilización de lo público, vinieron a desvelar la impostura.
Así, por ejemplo, el informe del Tribunal de Cuentas de 28 de noviembre de 2013 sobre la fiscalización del sector público local del ejercicio de 2011, concluye que la gestión privada de la limpieza viaria, del abastecimiento de agua potable y de la recogida de residuos sólidos tiene un coste medio superior a la gestión directa realizada con medios propios de los Ayuntamientos.
Por lo que se refiere a la deficiente calidad de la gestión directa de los servicios públicos, utilizada como coartada privatizadora, casi siempre fue generada a drede por los gestores políticos, reduciendo las plantillas de personal mediante la congelación de las ofertas de empleo público y cerrando el grifo de las inversiones. En los últimos cuatro años asistimos a un caso dramático de degradación intencionada de la sanidad pública, cuyo presupuesto se redujo en 10.000 millones de euros entre los años 2009 y 2013 (el 16,3 %), mientras crecían exponencialmente las listas de espera en los hospitales. Los datos aparecen en un informe del Ministerio de Hacienda, hecho público a comienzos del presente año 2015, conforme al cual el gasto sanitario de las Administraciones Públicas fue en 2013 de 63.006 millones de euros, 9.933 menos que en el año 2009. En términos de PIB, 0,8 puntos porcentuales menos.
Agbar figura como el principal donante de la fundación de Convergencia Democrática de Cataluña implicada en un proceso judicial de corrupción a gran escala por la financiación ilícita del partido a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Y FCC aparece en los papeles de Bárcenas como donante de generosas sumas ilegalmente trasferidas al Partido Popular.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en miércoles, octubre 21, 2015 No hay comentarios:
Enrique López, ponente del tribunal que juzgará a Luis Bárcenas, se niega a abstenerse o inhibirse en el caso a pesar de su proximidad al PP
Xavier Vidal-Folch20 OCT 2015, El País
Como gato panza arriba. Así actúa el tal Enrique López, ponente del tribunal que juzgará a Luis Bárcenas, negándose a abstenerse o inhibirse en el caso, y oponiéndose a ser recusado.
En su escrito de autodefensa, el tal López (recordarán: el que tuvo que dimitir del Constitucional, por conducir ebrio, a toda máquina, y sin casco, por la Castellana) alega que las causas de abstención (artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) son un catálogo de “carácter cerrado” y de “restrictiva interpretación” y que su caso no incurre en ninguna. Quizá olvida la novena: “amistad íntima” con el bloque del PP, que le elevó al Consejo General del Poder Judicial, al Constitucional, y lo mantuvo como ponente periódico (50 veces) en la FAES. O la décima, “tener interés directo o indirecto” en el asunto.
Además, la sentencia 1.474, de 10 de julio de 2014, del Tribunal Supremo (ponente, José Manuel Bandrés) recuerda que la lista no es cerrada pues el TC (140/2004) obliga a los jueces a apartarse “cuando existen dudas objetivamente justificadas” de no ser ajenos a los actores. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH, (10/4/2003) impone que “debe inhibirse” todo juez “del que existen razones legítimas de temer una falta de imparcialidad”.
Ante el hecho continuado de las 50 intervenciones en la FAES (y otras en el PP), alega López que pasaba por allí “bien como ponente y coordinador” alguna vez, o como mero “asistente”, ay, ay, “en el resto”. Vamos, ¿esa presencia permanente no suscita ninguna duda objetiva de vinculación especial?, ¿no erosiona la necesaria “apariencia de imparcialidad” que exige el TEDH? Vamos, vamos.
Una cosa sí reconoce el asiduo conferenciante por cuenta del presidente de honor del PP (y ejecutivo de la FAES), José María Aznar, cuyo partido le encaramó a la cúpula judicial: que alberga “naturales sentimientos de agradecimiento por tales nombramientos” a quienes le promovieron. ¿Da menos apariencia de imparcial un estómago agradecido que un amigo? Pero el tal López extrae conclusiones contrarias a su confesión.
“Tampoco albergo algún tipo de prejuicio, o inclinación personal, ni una predisposición personal” en la causa, escribe. Coherencia mayúscula.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en martes, octubre 20, 2015 No hay comentarios:
La Defensora del Pueblo apoya a los policías nacionales que pelean contra los enchufes
Becerril admite irregularidades en las comisiones de servicio y critica el "uso abusivo" de la competencia de organización
Asturias 24, Sábado 17 de octubre de 2015
El colectivo de policías nacionales que ha denunciado el enchufismo en la concesión de comisiones de servicio en Asturias ha recibido un nuevo espaldarazo. La Defensora del Pueblo, Soledad, Becerril, considera que el cuerpo no está respetando la normativa que regula la provisión de puestos de trabajo y también que se está haciendo "un uso abusivo de la potestad de auto-organización" a la hora de mantener y otorgar estas comisiones de servicio. También considera que no se motiva en los concursos anuales de traslados la no convocatoria de plazas que están cubiertas por este sistema. Becerril reconoce que hay comisiones de larga duración, incluso desde 2007, que se prorrogan reiteradamente y se sorprende del elevado número de puestos que están en estas condiciones y a los que no pueden optar los agentes que quieren trasladarse.
Este caso está judicializado. Hay un recurso presentado en el 2014 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En una prueba practicada durante el proceso, la Dirección General de la Policía reconoció que en la convocatoria de traslados de 2014, además de las siete plazas ofertadas en Asturias, había otras 80 más del catálogo de puestos de trabajo que no se convocaron. La plataforma de policías nacionales explica que, a día de hoy, el recurso está pendiente de sentencia.
En el concurso de traslados de este año 2015, el colectivo denuncia que la Dirección General de la Policía ha seguido el mismo criterio y solo ha sacado cuatro plazas para toda Asturias. Por este motivo, han vuelto a presentar un nuevo recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta ha sido la sede elegida por "un nutrido grupo de policías de toda España, aunque la mayoría procede de la Jefatura Superior de Navarra".
Los agentes denunciantes aseguran que el informe de la Defensora del Pueblo les ha supuesto "una inyección de optimismo", tanto para los asturianos como para los que han denunciado comisiones de servicio ilegales en Galicia o en Ceuta. Ahora están pendientes de que se dicte sentencia sobre el primer contencioso de 2014. Anuncian, además, que continuarán dando la batalla en los tribunales mientras la política de la Dirección General de la Policía no cambie.
Un grupo de policías nacionales denuncia irregularidades en la adjudicación de plazas
Lleva a los tribunales las comisiones de servicio que deberían durar dos años y se convierten en vitalicias // La práctica bloquea el regreso a Asturias de funcionarios destinados fuera de la región
Agentes de la Policía Nacional elaboran un listado de enchufados
La plataforma de Afectados por las Comisiones de Servicio Ilegales denuncia que la desaparecida unidad adscrita fue un coladero de recomendados
Un sindicato se suma a la denuncia por las comisiones de servicio ilegales en la Policía Nacional
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en sábado, octubre 17, 2015 No hay comentarios:
Asociaciones progresistas y conservadoras critican una norma que limita a seis meses la instrucción de causas ordinarias y a dieciocho la de las más complejas. "Es una auténtica ley de punto final", dicen los magistrados en un comunicado.
Diario Público, 15/10/2015
MADRID.— Todas las asociaciones judiciales, excepto la conservadora APM, y todas las asociaciones fiscales han pedido al Gobierno la suspensión de su reforma estrella de la ley procesal penal porque, de no hacerlo, extenderá un manto de impunidad sobre todas las causas que están 'vivas' en los juzgados de toda España. Entre ellas, los 1 400 sumarios de corrupción política que se calcula que aún están en fase de instrucción.
La reforma, que entra en vigor el 5 de diciembre de no suspenderla limita el plazo de instrucción a seis meses -para las causas sencillas- y 18 meses -para las macrocausas-, límite muy criticado por las dificultades que entraña la delincuencia transnacional, en especial la económica y de corrupción política. Por si fuera poco, la prórroga sólo la puede solicitar el fiscal, cuando es el juez quien aún tiene la responsabilidad de instruir las causas.
La Ley 41/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, publicada en el BOE el pasado 6 de octubre, tilda estos plazos "máximos" de "realistas". Pero no va acompañada de presupuesto alguno para revisar todas las causas abiertas en España, y no concede medio alguno al ministerio público para ejercer las nuevas funciones que pretende.
Todas a una, las asociaciones Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, así como todas las asociaciones de fiscales -Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales- han difundido este jueves un comunicado en el que piden la suspensión de la entrada en vigor de esta reforma.
Las seis asociaciones de jueces y fiscales alertan de que la reforma supone, en realidad, "una auténtica ley de punto final" de los casos que se instruyen en los juzgados y tribunales.
Una ley "de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados", han alertado las asociaciones, partidarias de que la nueva ley no se aplique al menos hasta que no haya "medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma".
Un límite imposible de cumplir
Los jueces y fiscales asociados cuestionan una norma que plantea un plazo de seis meses para instruir las causas ordinarias y de dieciocho para las complejas, prorrogables a petición del fiscal.
A juicio de las asociaciones, establecer ese límite "puede resultar absurdo" cuando el propio juez que instruye el caso debe controlar que se realicen en plazo las diligencias procesales, pero también es "absurdo" otorgar al fiscal "en régimen de monopolio" la facultad de pedir prórrogas a quien está dirigiendo y controlando la investigación cuando puede haber desacuerdos en la misma.
"Ello coloca a los miembros del Ministerio Fiscal en una irresoluble tesitura, al resultar de imposible cumplimiento el mandato legal con los medios personales y materiales con que se cuenta en la actualidad, y a los jueces de instrucción en un delicado papel en el que, dirigiendo ellos la instrucción, carecen de la capacidad para prolongarla en el tiempo, si no es tras la petición del fiscal", han manifestado.
A juicio de las asociaciones, se confunde tanto el modelo procesal como el papel de los actores, "lo que lleva a su último extremo la falta de coherencia de la reforma".
También critican que entre en vigor dos meses después de su aprobación, es decir el 5 de diciembre, lo que obligará a revisar "todas las causas penales que se encuentran en fase de instrucción en todos los juzgados de España, teniendo éstos que atender la carga de trabajo ordinaria, y todo ello -como dice la propia ley- sin necesidad de habilitación presupuestaria alguna".
Por ello, consideran que es "una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados".
VER AQUÍ EL COMUNICADO CONJUNTO DE LAS ASOCIACIONES DE JUECES Y FISCALES
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en viernes, octubre 16, 2015 No hay comentarios:
Instrucciones de buenas prácticas para evitar cesión ilegal de trabajadores en contratos de servicios
Elaboradas por la Secretaría de Estado de Administraciones públicas
El Tribunal de Cuentas elevó a las Cortes Generales una Moción sobre la necesidad de evitar los riesgos de que los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración, por las condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se conviertan en personal laboral de la Administración contratante en virtud de sentencias judiciales, que motivó la aprobación de la Resolución de 27 de octubre de 2010 (BOE de 18 de enero de 2011 ), por la Comisión Mixta de las Cortes Generales para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.
En dicha Resolución se insta a las Administraciones Públicas a instrumentar los mecanismos necesarios para atajar aquellas prácticas que han venido llevándose a cabo durante los últimos años en las contrataciones de servicios, por cuanto la declaración de la cesión ilegal, que ofrece al trabajador el derecho a adquirir la condición de fijo en la empresa cedente o cesionaria, da lugar, en caso de decantarse por la cesionaria, en este caso una Administración Pública, a adquirir la condición de personal laboral indefinido no fijo.
De ahí que se imponga a los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1° del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la obligación de dictar antes del 31 de diciembre de 2012 unas instrucciones que garanticen en su aplicación práctica la correcta ejecución de los servicios externos que hubieran contratado, de manera que quede clarificada la relación entre los gestores de la Administración y el personal de la empresa contratada, evitando, en todo caso, actos que pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento de una relación laboral del personal de la empresa contratista respecto de la Administración Pública contratante.
Por ello, en cumplimiento de dicho mandato legislativo, y en el ejercicio de las funciones que corresponden a las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos, se dictan las presentes Instrucciones para establecer los criterios comunes de buenas prácticas para la gestión de las contrataciones administrativas de servicios y encomiendas de gestión de servicios a entidades que tengan la condición de medio propio e instrumental de la Administración, con la finalidad de evitar la existencia de situaciones en las que se incurra en la figura de cesión ilegal de trabajadores, así como una eventual declaración por vía judicial de la misma.
Acceso a las Instrucciones (Vía gencat.net)
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en miércoles, octubre 14, 2015 No hay comentarios:
Dos tercios de los jueces creen que los nombramientos del CGPJ no responden a criterios de mérito y capacidad
EL MUNDO 25/09/2015
Encuesta a la Carrera Judicial
La encuesta respondida por 1.285 jueces revela que sólo al 6% le parecen justas las designaciones de los puestos clave
El 9% de los jueces penales dicen que han sufrido presiones en casos de corrupción
Dos de cada tres jueces españoles sostienen que en los nombramientos del CGPJ no prevalecen los criterios de mérito y capacidad. Sólo un minúsculo 6% creen que esos son los motivos manejados por el órgano de gobierno de los jueces al escoger a las piezas clave de la judicatura (presidentes de Audiencia, de Tribunales Superiores y de sus salas, magistrados del Supremo). A la misma pregunta el 27% de los jueces no sabe qué contestar o prefiere no hacerlo.
Ese es uno de los resultados que arroja la VI Encuesta a la Carrera Judicial encargada por el CGPJ a SigmaDos. La encuesta, con un margen de error del 2,4%, se ha realizado mediante un cuestionario remitido a los 5.390 jueces y magistrados en activo al que contestaron 1.285 de ellos (un 23%).
La encuesta no incluye respuestas sobre los motivos a los que según los jueces responden en realidad los nombramientos del CGPJ. La institución siempre ha sido criticada por el reparto de nombramientos por motivos políticos, ideológicos o de afinidad personal. La críticas han proseguido tras las recientes reformas del Consejo. El último nombramiento polémico, el pasado mes de julio, fue el del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Varios vocales del CGPJ emitieron un voto particular en el que sostuvieron que el nombramiento no respondió a esos criterios de mérito y capacidad.
Se trata de la primera vez que el CGPJ -que decidió retomar las encuestas tras cinco años de parón- se atreve a hacer una pregunta tan comprometida sobre su propia actuación en la designación de la cúpula judicial. Los cinco estudios anteriores no ofrecían a los jueces la posibilidad de pronunciarse de manera directa sobre este asunto.
En el apartado de preguntas relacionadas con la corrupción, la encuesta indica que entre los jueces encargados de asuntos penales un 9% afirma haber sufrido presiones externas en la tramitación o el enjuiciamiento de casos de corrupción. Los más presionados han sido los jueces de instrucción (16%).
Quienes dicen haber sufrido presiones sitúan su origen en los medios de comunicación (51%), los políticos (43%) y los particulares (26%). El 67% de esos jueces y magistrados aseguran que reaccionaron a las presiones haciendo caso omiso de ellas, el 7% recurriendo al CGPJ y el 12% de otras forma no especificada. El 14% ha preferido no responder a cómo reaccionó.
Los jueces han respondido que está a favor (86%) de la creación de unidades periciales que dependan directamente de los juzgados y que se encarguen de asuntos de delincuencia económica o relacionada con la corrupción.
Un 60% apoya que se prohíba a los partidos políticos puedan ejercer la acusación popular en casos de corrupción. Eso, por ejemplo, dejaría fuera del caso Gürtel al PSOE y a IU. También respaldan retirar privilegios a algunos cargos como declarar por escrito en su despacho (79%), así como de que el jurado no juzgue casos de corrupción (66%).
El estudio aborda materias muy variadas y refleja, por ejemplo, que el 68% de los jueces españoles cree que el traspaso de competencias de Justicia a las Comunidades Autónomas ha sido perjudicial. Sólo el 13% cree que ha sido beneficioso. La opinión es especialmente negativa en los jueces responsables de lo contencioso-administrativo, entre los que el rechazo llega al 84%.
El rechazo generalizado a la dispersión competencial de Justicia no responde a los problemas que puedan ir relacionados a las lenguas cooficiales, ya que sólo el 15% de los los que trabajan en alguna de las Comunidades con lengua propia dicen tener dificultad para usarla. No hay problemas en Cataluña (13%), Valencia (12%), Baleares (10%) y Galicia (5%), pero sí en el País Vasco, donde el 54% de los jueces tiene dificultades con el euskera.
De las 13 reformas procesales planteadas los jueces se oponen sólo a una: a que la instrucción de los casos pase a manos del fiscal. El 52% de los encuestados se muestra en contra y el 41%.
La encuesta revela también que el 65% de los jueces y magistrados se muestra en contra de las cuotas para mujeres en los nombramientos de que efectúa el CGPJ. Entre las juezas y magistradas el rechazo a esa medida es del 52%. Las mujeres, que son mayoría ya en la carrera judicial (52%), creen que no están discriminadas (57%), si bien una cuarta parte de ellas sí opina que la discriminación existe.
Al margen del aspecto clave de los nombramientos, la encuesta del CGPJ no arroja buenos resultados para el órgano de gobierno de los jueces. Tres de cada cuatro jueces cree que no defiende de manera suficiente y adecuada la independencia judicial, si bien la mitad cree que tampoco tiene mecanismos adecuados para hacerlo de manera eficaz. La mitad de la carrera judicial no conoce la última reforma en el sistema de funcionamiento del CGPJ y la mitad de los que la conocen la consideran una reforma mala o muy mala.
La encuesta revela que los jueces no están demasiados satisfechos con su situación. Creen que la carga de trabajo es excesiva (70%), que están insuficientemente pagados (84%) y que están peor tratados que los registradores, notarios y fiscales.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en sábado, octubre 10, 2015 No hay comentarios:
El TJUE legitima el derecho de las empresas públicas a participar en concursos públicos
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado que las administraciones públicas pueden concurrir a licitaciones públicas siempre que estén habilitadas para ofrecer servicios en el mercado. El TJUE emitió esa sentencia en respuesta a una consulta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Lavanguardia.com 06.10.15
El conflicto surgió cuando el Consorci de Salut del Maresme i la Selva se negó a admitir a la empresa de titularidad pública Consorci Sanitari del Maresme en el concurso para la contratación del servicio de resonancia magnética, informó el tribunal.
Para concurrir a dicha licitación se exigía que los concursantes acreditaran su capacidad para contratar presentando un certificado.
El Consorci Sanitari del Maresme no aportó este certificado, pero presentó una declaración de compromiso que garantizaba su condición de entidad pública.
Pese a ello, fue excluido del procedimiento por no subsanar defectos detectados en la documentación presentada.
En respuesta, el Consorci Sanitari del Maresme interpuso ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic un recurso contra la decisión de la mesa de contratación, alegando que, dado su carácter de administración pública, no podía aplicársele el requisito de clasificación empresarial.
Una de las empresas licitadoras, QDIAGNOSTICA, adujo, además, que el Consorci Sanitari del Maresme no puede participar en concursos públicos debido a su condición de administración pública.
El tribunal catalán se dirigió entonces al TJUE solicitándole que determinase si una empresa de titularidad pública podía concurrir al concurso.
La instancia preguntó también si la ley europea ha sido correctamente traspuesta al derecho español y si el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic puede ser calificado como órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros según el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE).
En su sentencia, el TJUE responde positivamente a las tres cuestiones y legitima el derecho de una empresa pública a presentarse a una licitación.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en viernes, octubre 09, 2015 No hay comentarios:
Luis Arias Argüelles - Meres
“Es de interés primordial para los españoles que el Estado acapare los mejores ingenieros, los mejores médicos, los mejores letrados, disputándoselos a la industria privada y a las profesiones libres. Abaratar la Administración no es criterio admisible, porque mientras siga siendo defectuosa e incapaz, por poco que cueste, será muy cara”. (Manuel Azaña).
No voy a ser nada tibio a la hora de pronunciarme sobre las polémicas que se están generando a resultas de la voluntad declarada del Gobierno municipal de Oviedo en el sentido de rescatar servicios privatizados. Se entiende perfectamente que los trabajadores que pertenecen a empresas contratadas por el Consistorio manifiesten su nerviosismo si ven peligrar sus puestos de trabajo ante la perspectiva de que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo decida suspender, o, en su caso, no renovar el convenio vigente en este momento.
Ahora bien, seamos claros: la responsabilidad de su situación laboral no es achacable al Ayuntamiento de Oviedo, sino a la empresa privada a la que pertenecen. La misión del Consistorio –perdón por la perogrullada- es prestar servicios a la ciudadanía, y prestarlos con la mayor calidad posible.
Pero en modo alguno sería justo que, por una parte, el conjunto de los contribuyentes tuviese que pagar impuestos para dar beneficios a una empresa privada. Y, por otro lado, como el propio Alcalde se encargó de poner de manifiesto, para ser funcionarios de la Administración, han de cumplirse una serie de requisitos en los que no caben agravios comparativos.
Miren, hay que hablar claro: por una parte, en muchos ayuntamientos se vinieron llevando a cabo contrataciones de personal, sin haber convocado las oposiciones pertinentes, gracias al dedazo del alcalde o concejal de turno. Y esto se hizo también mientras, en la mayor parte de los casos, los sindicatos miraron hacia otro lado, sin pensar en las muchas personas cualificadas que hay en paro, pero que no están en posesión del carnet de partido, pero que no tienen la fortuna de tener vínculos familiares o afectivos con los mandamases de turno.
Y, por otro lado, como en el caso que nos ocupa, vino con fuerza una especie de tsunami privatizador que sirvió para que determinadas empresas hiciesen su agosto cada año, sin que ello implicase necesariamente una mejora en los servicios prestados a la ciudadanía; pero, sin duda, todo ello contribuyó a los endeudamientos insostenibles de muchos consistorios.
Trabajadores públicos para servir a la ciudadanía, para prestar servicios; trabajadores públicos para quienes debe regir la igualdad a la hora de concurrir a una plaza con su correspondiente concurso de méritos y oposición.
Y, ya puestos en esta tesitura, no estaría mal pensar en las personas desempleadas que, por titulación, podrían optar a una plaza en la Administración pública, personas desempleadas en las que nadie piensa, ni siquiera, en la mayor parte de los casos, unos sindicatos que se vuelcan más en quienes pueden pagar las cuotas, en tanto clientes suyos.
Lo que toca es dejar las cuentas claras y prestar servicios de calidad gracias, entre otras cosas, a un sistema de selección exigente, sin amiguismos ni clientelismos.
Y, perdón por la contundencia, pero no conviene olvidar que no es de justicia pedir privilegios a la hora de acceder a un puesto de trabajo, máxime en las administraciones públicas. Y contratar a dedo es una escenificación en toda regla de una apuesta por la desigualdad.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en miércoles, octubre 07, 2015 No hay comentarios:
La Auxiliar de Recaudación SL despidió a trabajadores de la anterior empresa adjudicataria con el consentimiento del Ayuntamiento de Oviedo
La empresa La Auxiliar de Recaudación SL, actual adjudicataria de los servicios auxiliares de recaudación de tributos del Ayuntamiento de Oviedo, se negó a subrogarse en los contratos laborales de la anterior empresa adjudicataria en el año 2008 y acabó despidiendo a nueve trabajadores.
Así se recoge en tres sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en el año 2009, una de fecha 23 de enero, y dos de 27 de febrero (ver aquí y aquí) , en las que se declaran los despidos como improcedentes.
En dichas sentencias el TSJA señala que la Auxiliar de Recaudación SL rechazó la subrogación en los contratos de los 45 trabajadores que venían prestando el servicio, iniciando un proceso selectivo que encargó a la empresa GS Consultores, tras el que acabó contratando a 36 trabajadores de la empresa precedente, mientras que los otros 9 fueron despedidos.
El TSJA recrimina al Ayuntamiento de Oviedo por lo que considera una “ambigüedad deliberada” en la redacción de las cláusulas del pliego de prescripciones técnicas de la contratación, referidas a los medios personales para la prestación del servicio, que sería la causa de los conflictos laborales planteados (fundamento de derecho quinto)
A pesar de ello, el TSJA entiende que la interpretación literal, lógica y sistemática del pliego de prescripciones técnicas " no puede ser otra que la obligación de la empresa adjudicataria de ofrecer la contratación "al personal que actualmente presta estos servicios en la UTE", respetando categoría, salarios y antigüedad, sin que resulte de esa expresión posibilidad alguna de la citada empresa para rechazar a ese personal o preferir a otro en su lugar, salvo las razones de posible incapacidad etc., que en ningún momento fueron opuestas” (fundamento de derecho sexto), y acaba declarando los despidos como improcedentes.
Dicho esto, el Ayuntamiento de Oviedo toleró el incumplimiento de la obligación contractual de subrogación laboral por parte de La Auxiliiar de Recaudación SL, pues estaba en su mano compeler a la empresa adjudicataria para que cumpliera con su obligación y no lo hizo.
Pero, además, La Auxiliar de Recaudación SL fue condenada por el TSJA, en sentencia de 30 de noviembre de 2012, a readmitir a la responsable de Gestión Administrativa, a la que había despedido. El despido fue declarado nulo por vulneración de sus derechos fundamentales , en concreto del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones que dicha empresa violó al acceder ilícitamente al contenido de los correos electrónicos que dicha trabajadora habia dirgido a otra compañera de trabajo del mismo departamento que había sido despedida en enero del año 2012
La conflictividad laboral conocida de la Auxiliar de Recaudación SL no termina aquí: en noviembre del año 2013 tres empleados despedidos por dicha empresa denunciaron públicamente que, en los últimos cuatro años, un total de 21 trabajadores con contrato indefinido habían sido despedidos y que "la filosofía de la compañía consiste en echar a la calle a la gente que lleva más tiempo y meter a otra con contratos temporales o incluso poner becarios",
A la luz de los hechos relatados, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies se reafirma en la perentoria necesidad de recuperar la gestión directa del servicio de recaudación del Ayuntamiento de Oviedo, que debe ser prestado por trabajadores públicos seleccionados mediante el único procedimiento legalmente posible, a saber, el que garantice la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y ciudadanas, mediante pruebas que tengan en cuenta, exclusivamente, el mérito y la capacidad de los aspirantes.
La imparcialidad en la gestión del servicio público de recaudación y el estricto respeto del derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas de Oviedo al tratamiento confidencial de la información tributaria, no permiten ya más demoras.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en lunes, octubre 05, 2015 No hay comentarios:
El servicio de recaudación del Ayuntamiento de Oviedo debe prestarse con empleados públicos
La oleada de privatizaciones de la gestión de servicios públicos de las dos últimas décadas ha generado, en una buena parte de los casos, un incremento de los precios, un mayor coste para las arcas públicas, el deterioro de las garantías jurídicas de los ciudadanos y de la calidad de las prestaciones, deficiencias en el control de la gestión, escandalosos márgenes de ganancias para las empresas adjudicatarias, clientelismo laboral y no pocos escándalos de corrupción asociados al proceso de adjudicación del servicio.
Por ello, los procesos de “remunicipalización”, consistentes en la recuperación de la gestión directa de los servicios públicos de titularidad municipal (agua, recogida de residuos, transporte público etc.), son ya una tendencia en muchos Ayuntamientos de España, fundada tanto en razones de eficiencia económica (la gestión pública puede ser más eficiente que la privada), como de rentabilidad social.
En este sentido, el anuncio del Ayuntamiento de Oviedo de que procederá a gestionar directamente las actividades relacionadas con el servicio de recaudación de tributos que fueron privatizadas sin ningún estudio económico que avalara una mayor eficiencia de la gestión privada, nos parece una decisión acertada desde el punto de vista de la defensa del interés general de los ciudadanos y ciudadanas del concejo. Ni el pliego de cláusulas administrativas que rigió la contratación, ni el de prescripciones técnicas, incluyen cláusula alguna que justifique el por qué de la necesidad de la colaboración de una empresa privada, por lo que debemos preguntarnos por los verdaderos motivos que llevaron a precisar de la colaboración de un empresario privado cuándo el servicio venía prestándose directamente por el Ayuntamiento con sus propios medios.
La gestión directa del servicio de recaudación de tributos debe llevarse a cabo con empleados públicos que accedan a sus puestos mediante procedimientos que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad, por imperativo de lo dispuesto en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución.
Pero es que, además, el Ayuntamiento de Oviedo no es libre para decidir si se subroga o no en los contratos de los trabajadores de la empresa privada que actualmente presta el servicio, si no que dicha subrogación sólo puede realizarse cuándo legalmente resulte procedente y, en este caso, no lo es. La jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, puede consultarse la sentencia de la Sala de lo Social de 26 de julio de 2012) señala que no hay subrogación laboral si no se trasmiten los elementos patrimoniales que configuran la infraestructura u organización empresarial básica de la explotación, transmisión que – como resulta evidente – no se da si el Ayuntamiento de Oviedo decide poner fin a la gestión privatizada y prestar directamente el servicio auxiliar de recaudación con sus propios medios materiales y personales.
Si el Ayuntamiento de Oviedo decidiera prestar directamente el servicio con el personal contratado por la empresa adjudicataria no sólo estaría tomando una decisión sin amparo legal. Además, la consecuencia de la misma sería que esos trabajadores ingresarían en la administración municipal como indefinidos no fijos, con la obligación del Ayuntamiento de crear de manera inmediata las plazas necesarias y cubrirlas mediante procedimientos públicos que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, los trabajadores subrogados no tendrían garantía alguna de permanencia en el Ayuntamiento.
La privatización de la gestión de servicios públicos tiene unas reglas de juego que deben respetarse: es la empresa beneficiaria del contrato la que debe responsabilizarse de sus trabajadores y no lanzarlos contra el Ayuntamiento cuando se le acaba el negocio, pues hay que recordar que ninguna empresa puede pretender que los contratos que celebre con la Administración sean para siempre.
Quien despedirá a los trabajadores será La Auxiliar de Recaudación SL y no el Ayuntamiento de Oviedo
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en jueves, octubre 01, 2015 No hay comentarios:

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 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 Real Decreto