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Timestamp: 2019-11-18 01:25:16+00:00

Document:
STC 217/2002, 25 de Noviembre de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 174234
STC 217/2002, 25 de Noviembre de 2002
Número de Recurso: 3473/1999
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 31 de julio de 1999 don Aomar Abdelkader Rahal, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Rosa Núñez Arana, interpuso recurso de amparo contra el Auto y la providencia, ambos de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga, de los que se hace mérito en el encabezamiento, por infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión contemplado en el artículo 24.1 de la Constitución española, al impedirle las resoluciones impugnadas el acceso a los recursos legalmente establecidos.
Los hechos que originan la demanda de amparo relevantes para la solución del caso son, en síntesis, según se exponen en aquélla, los que a continuación se relacionan.
El 7 de septiembre de 1998 doña María del Carmen Martín Sánchez interpuso demanda de juicio de desahucio por falta de pago de rentas de un contrato de arrendamiento contra el ahora demandante de amparo. El citado procedimiento terminó mediante Sentencia de 1 de febrero de 1999 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Marbella, en el procedimiento núm. 268/98, por la que, accediendo a lo solicitado en la demanda, se declaraba resuelto el contrato de arrendamiento que ligaba a las partes, con el lanzamiento del demandado.
Contra la citada Sentencia, notificada el día 3 de febrero de 1999, se interpuso por la representación del ahora demandante de amparo recurso de apelación en fecha 6 del mismo mes y año, dentro del plazo que al efecto señala la ley procesal civil. El 19 de febrero de 1999 el ahora recurrente solicita la suspensión del proceso civil por haber interpuesto una querella contra la arrendadora por presunta estafa, petición que deniega el Juzgado mediante providencia de 12 de marzo siguiente, en la que además se concede a aquél un plazo de cinco días para acreditar el pago o consignar el importe de las rentas vencidas y no satisfechas de conformidad con los arts. 1566 y 1567 de la anterior Ley de enjuiciamiento civil (LEC 1881).
Personados en la Audiencia, su Sección Quinta dicta Auto de 31 de mayo de 1999, contra el que se interpone el presente recurso de amparo, por el que se declara mal admitido en la instancia el recurso de apelación, al entender que la consignación debía haberse hecho dentro del plazo para apelar, es decir, entre el 3 y 6 de febrero de 1999.
La demanda de amparo, presentada, como queda dicho, el 31 de julio de 1999, denuncia la vulneración del art. 24.1 CE en su modalidad de derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, al entender que se le ha exigido el cumplimiento de un requisito no previsto en la ley, como es el de la consignación de las rentas vencidas dentro del plazo previsto para apelar.
Por providencia de 2 de diciembre de 1999 la Sección Cuarta de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto por el art. 50.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), conceder un plazo común de diez días al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal para que formularan las alegaciones que estimaren pertinentes en relación con la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda. El recurrente y el Ministerio Fiscal evacuaron el trámite correspondiente interesando ambos, en sus respectivos escritos, la admisión a trámite de la demanda de amparo.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional acordó, mediante providencia de 11 de mayo de 2000, conocer del presente recurso de amparo y admitir a trámite la demanda y asimismo, de conformidad con el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Marbella y a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga para que remitiesen testimonio de los autos del juicio de desahucio 268/98 y del rollo de apelación civil 356/99 respectivamente, interesando al propio tiempo el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento judicial antecedente, excepto la parte recurrente en amparo, para que pudieran comparecer en este proceso constitucional en el plazo de diez días.
Por diligencia de 7 de noviembre de 2000 se acordó tener por recibidas las actuaciones solicitadas, tener por parte al Procurador don Isacio Calleja García en representación de doña María del Carmen Martín Sánchez, que había sido parte demandante en el juicio de desahucio, y dar vista de las actuaciones a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común de veinte días pudieran presentar las alegaciones que estimaren procedentes.
De las actuaciones recibidas interesa destacar, a los fines del presente recurso de amparo, las que a continuación se indican.
La demanda de juicio de desahucio se interpuso por doña María del Carmen Martín Sánchez contra los esposos don Aomar Abdelkader Rahal y doña Rabea Mohamed Mohamed, y lo era por "falta de pago de la renta en arrendamiento de industria". La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Marbella, dictada el 1 de febrero de 1999, declaró "la resolución del contrato de arrendamiento de fecha 7 de septiembre de 1994, que ligaba a tales contendientes, y el consecuente lanzamiento de los reseñados demandados del local sito en la Avda. General López Domínguez, número 14 de esta localidad, apercibiéndoles que si no lo dejan libre dentro del plazo legal serán desalojados de él a su cargo".
La representación procesal de don Aomar Abdelkader Rahal interpuso recurso de apelación el 6 de febrero de 1999. Después de diversas actuaciones procesales dirigidas a conseguir la suspensión del procedimiento de desahucio, recayó providencia del mismo Juzgado, de fecha 12 de marzo de 1999, del siguiente tenor literal: "Dada cuenta, por presentado el anterior escrito por el Procurador de la actora Sr. De Cotta, únase al procedimiento de su razón con entrega de la copia a la parte contraria. Y, constando en autos que la querella interpuesta por el demandado D. Aomar Abdelkader Rahal se presentó una vez se había dictado sentencia en el presente procedimiento de desahucio, no ha lugar a acordar la suspensión de éste. Y, dada cuenta del precedente escrito de apelación presentado y unido a los autos de su razón, se tiene por interpuesto por D. Aomar Abdelkader Rahal recurso de apelación contra la sentencia dictada en estos autos y, no acreditándose por el recurrente estar al corriente en el pago de las rentas ni haberlas consignado en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, se le concede el plazo de cinco días para que pueda subsanar el defecto, acreditando el pago o consignando el importe de las rentas vencidas y no satisfechas, bajo apercibimiento de no admitirse el recurso interpuesto y tenerse por firme la sentencia dictada". Esta providencia se notificó a la representación procesal del Sr. Abdelkader el día 15 de marzo de 1999.
Mediante escrito presentado el 20 de marzo de 1999 en el Registro General de Entrada, y dirigido al Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Marbella, el Letrado de don Aomar Abdelkader Rahal "comunica que se ha efectuado la consignación requerida ante el Notario Don Juan Antonio Madero García, que se acreditará en cuanto se nos facilite copia simple de la escritura de consignación", suplicando que "en su virtud, se tenga por efectuada la consignación requerida a los efectos oportunos".
El mencionado Juzgado dictó providencia en fecha 24 de marzo de 1999, que dice lo siguiente: "Dada cuenta, el precedente escrito y documento únanse a los autos de su razón. Se admite en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Aomar Abdelkader Rahall contra la sentencia dictada en los presentes autos.- Dese traslado a las demás partes por un plazo común de cinco días a fin de que puedan presentar escritos de impugnación y/o adhesión al recurso de apelación y, verificado o transcurrido que sea dicho término, se acordará".
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga dictó el 31 de mayo de 1999 el Auto impugnado con el presente recurso de amparo. Es del siguiente tenor literal: "Antecedentes de hecho.-. Primero.- La sentencia dictada en fecha 1 de febrero de 1999 en los autos civiles nº 268/98 del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Marbella fue notificada a la parte hoy apelante, según consta en los autos, en fecha 3 de febrero de 1999. El escrito de recurso está fechado el 6 del mismo mes y año; mientras que el documento acreditativo de la consignación de la cantidad objeto de las rentas vencidas lleva fecha 20 de marzo de 1999, según deriva de la fe notarial.- Segundo.- Por el Juzgado a quo se dio no obstante trámite al recurso, habiéndose apreciado al inicio de la tramitación de este Rollo las referidas circunstancias en que se realiza la apelación.- Fundamentos de Derecho.- Primero.- Considerando que es cuestión de orden público y por ello examinable de oficio por los Tribunales el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación especial de Arrendamientos Urbanos aplicable al caso, en cuanto establece el depósito previo y obligado para el condenado recurrente de la cantidad o importe de las rentas vencidas y que venzan en el transcurso del litigio para poder ejercer su derecho al recurso de apelación.- Segundo.- Considerando que en consonancia con lo expuesto el Tribunal Constitucional ha matizado en recientes sentencias que una cosa es la consignación extemporánea –fuera del plazo para apelar- y otra la posibilidad de acreditar hasta el momento de la vista de la segunda instancia el hecho de haberlo efectuado dentro del plazo indicado. A la vista está que la parte apelante no justifica el depósito o consignación dentro del plazo para apelar y en consecuencia debe declararse en este trámite de la alzada firme de derecho la resolución recurrida en base al razonamiento de que la causa de inadmisión se torna en causa de desestimación. No procede, por su firmeza, admitir tampoco la apelación frente a un auto incidental dictado posteriormente. Tercero.- Considerando que, siendo procedente el archivo del Rollo en función de los razonamientos expresados, ha de imponerse el abono de las costas que se hubiesen causado en esta segunda instancia al apelante.- Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación.- La Sala acuerda que no debió admitirse en la instancia el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Aomar Abdelkader Rahal contra la resolución dictada en fecha 1 de febrero de 1999 en los autos principales de los que deriva este Rollo. En su virtud se declara firme de derecho tal resolución condenando en las costas de esta alzada al apelante. Notifíquese y remítanse los autos al Juzgado de procedencia con certificación de este auto, a sus efectos, y verificado, procédase al archivo de este Rollo".
Notificado el mencionado Auto el día 24 de junio de 1999 a la representación procesal del Sr. Abdelkader Rahal, esta parte formuló recurso de súplica, solicitando la revocación de aquél, con la consiguiente admisión a trámite del expresado recurso de apelación. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga acordó por providencia de 19 de julio de 1999 lo siguiente: "Dada cuenta; el anterior exhorto únase al rollo de su razón. Y en cuanto al recurso de súplica interpuesto con fecha 25/junio/99, no siendo la resolución de fecha 31 de mayo de 1999 de las comprendidas en el art. 402 de la Ley Procesal sino que es definitiva, poniendo término al juicio en la segunda instancia, no cabe contra la misma recurso de súplica sino que es de aplicación el art. 403 de la Ley.- Estese a la resolución dictada".
Con fecha de registro de 17 de noviembre de 2000 la representación procesal de doña María del Carmen Martín Sánchez presentó escrito solicitando de este Tribunal se requiriese al demandante de amparo que consignara las rentas vencidas desde el mes de marzo de 2000 o declare desierto el recurso si no cumple con dicho deber. Por providencia de la Sala Segunda de 5 de diciembre de 2000 se declaró no haber lugar a lo interesado, estándose a lo ya acordado por la Sala en el Auto de 7 de noviembre de 2000.
Por escrito registrado el 1 de diciembre de 2000 la representación de doña María del Carmen Martín Sánchez evacuó el trámite conferido por diligencia de 7 de noviembre de 2000, presentando su escrito de alegaciones, en el que interesa la desestimación del recurso de amparo. Alega fundamentalmente el carácter extemporáneo del recurso por razón de la improcedencia del recurso de súplica interpuesto por el demandante de amparo contra el Auto de 31 de mayo de 1999, por ser esta resolución de las comprendidas en el art. 403 LEC, de modo que debe haberse contado el plazo de interposición del recurso de amparo que establece el art. 44.2 LOTC desde la fecha de notificación del referido Auto, el 23 de junio de 1999. Alega además dicha parte el incumplimiento por el demandante de amparo del requisito procesal de previa invocación, contemplado en el art. 44.1.c LOTC.
Mediante escrito presentado el 11 de diciembre de 2000 en el Juzgado de guardia de Madrid, al objeto de evacuar las correspondientes alegaciones, el recurrente reitera lo solicitado en la demanda de amparo, remitiéndose a la fundamentación expuesta en la misma.
Por su parte el Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 13 de diciembre de 2000, en el que interesa la estimación del amparo. Entiende el Ministerio público que en el Auto impugnado la Audiencia no ha tenido en cuenta y ha omitido por completo la valoración de lo señalado en el párrafo primero, último inciso, del art. 1567 LEC como norma habilitante para la admisión, que contemplaba la posibilidad de otorgar un nuevo plazo para consignar las rentas vencidas como excepción a la obligación de consignar las mismas dentro del plazo previsto para interponer el recurso de apelación. Indica al efecto que "ni siquiera mereció el tratamiento jurídico por la Sala la existencia del nuevo precepto y, por lo tanto, su análisis cuando con ello estaba en juego el derecho de accesos al recurso del desahuciado". Y añade que "se ha omitido por completo el razonamiento sobre la norma habilitante para la admisión y que se había utilizado por el Juzgado para la admisión provisional, siendo, de otro lado, norma vigente en el momento de la interposición del recurso y que merecía al menos un tratamiento por el Tribunal". Recuerda al respecto el Ministerio Fiscal que "habría que tener en cuenta el argumento puesto de manifiesto por el recurrente en su demanda de amparo con la cita de la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 204/1998, que se hace eco de la posibilidad de subsanación prevista en el tan citado art. 1567, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil".
Por diligencia de 18 de abril de 2002, complementada por otra del 6 de mayo, y previa presentación de los correspondientes escritos y documentación de otorgamiento de poder, se tuvo a la Procuradora doña Pilar Moliné López por comparecida y parte en representación del recurrente don Aomar Abdelkader Rahal y en sustitución de la Procuradora doña Rosa Núñez Arana.
Con posterioridad al trámite de alegaciones la representación procesal del recurrente presentó escrito de fecha 29 de abril de 2002, poniendo en conocimiento de este Tribunal que la Audiencia Provincial de Málaga le había requerido para que consignara las rentas devengadas desde el comienzo de la tramitación del recurso, bajo apercibimiento de declarar nuevamente desierto el recurso de apelación. Añade que, habiendo presentado varios escritos a la Audiencia en relación con tal requerimiento, "dichos escritos fueron contestados por la Audiencia Provincial de Málaga mediante Auto de 15 de febrero de 2002 ... declarando desierto una vez más el recurso de apelación interpuesto por no abonar parte de las rentas devengadas con posterioridad a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional". Solicita la parte que se ratifique la suspensión de la ejecución del Auto de la Audiencia Provincial de Málaga de 31 de mayo de 1999, "declarándose no haber lugar a declarar desierto el citado recurso de apelación ... ya que en caso contrario el presente recurso de amparo quedaría vacío de contenido".
Por providencia de 21 de noviembre de 2002, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 25 del mismo mes y año.
El presente recurso de amparo se dirige contra el Auto dictado el 31 de mayo de 1999 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga en el rollo de apelación civil núm. 356/99 y contra la providencia de dicha Sección de fecha 19 de julio de 1999. El expresado Auto declaró mal admitido el recurso de apelación interpuesto por el ahora recurrente en amparo contra la Sentencia dictada el 1 de febrero de 1998 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Marbella en el juicio de desahucio núm. 268/98. La mencionada providencia inadmitió el recurso de súplica que dicha parte había formulado contra el referido Auto.
La parte demandante del juicio de desahucio alega el carácter extemporáneo del presente recurso de amparo por transcurso del plazo dispuesto al efecto por el apartado segundo del art. 44 LOTC, sobre la base de un agotamiento defectuoso de la vía judicial previa: sostiene, al efecto, que la providencia de fecha 19 de julio de 1999, que inadmite el recurso de súplica formulado contra el Auto de 31 de mayo, expresa con rotundidad el carácter improcedente de dicho recurso por no hallarse el expresado Auto, que declara mal admitido por el Juzgado el recurso de apelación, entre las resoluciones comprendidas en el art. 402 LEC 1881, sino que, siendo definitiva, pone fin al juicio y excluye la posibilidad del recurso de súplica al serle de aplicación el art. 403 de la misma Ley. Por ello el plazo para la interposición del recurso de amparo debió haberse contado desde la fecha anterior de notificación de la resolución incorrectamente recurrida, es decir, el 24 de junio de 1999, siendo por tanto tardía a estos efectos la formulación del de amparo registrada el 31 de julio siguiente.
En respuesta a la alegación precedente es preciso recordar que, según doctrina consolidada de este Tribunal, el plazo para la interposición del recurso de amparo establecido en el art. 44.2 LOTC es un plazo de caducidad, improrrogable, no susceptible de suspensión y de orden público, por consiguiente de inexorable cumplimiento, sin que sea admisible la prolongación artificial de la vía judicial previa a través de la interposición de recursos manifiestamente improcedentes o legalmente inexistentes contra una resolución firme (SSTC352/1993, de 29 de noviembre, FJ 2; 132/1999, de 15 de julio, FJ 2; 123/2000, de 16 de mayo, FJ 2, entre otras).
Despejada la objeción procesal aducida, puede pasarse ya a resolver sobre el fondo de la queja presentada por el recurrente. La cuestión que plantea el presente recurso —según se indicó— se contrae a determinar si la decisión de la Audiencia de declarar mal admitido el recurso de apelación y firme la Sentencia apelada por incumplimiento del apelante, ahora demandante de amparo, del requisito procesal exigido y regulado por los arts. 1566 y 1567 LEC 1881 ha vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado con carácter general en el art. 24.1 CE, en su dimensión de derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos.
Proyectando la referida doctrina al caso enjuiciado, debemos comenzar recordando la reforma de los arts. 1566 y 1567 LEC 1881, operada por la disposición adicional quinta de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos. Según el primero de dichos preceptos, "en ningún caso se admitirán al demandado los recursos de apelación y de casación, cuando procedan, si no acredita al interponerlos tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas, o si no las consigna judicial o notarialmente". Ello no obstante, la falta de pago o consignación al tiempo de interposición del recurso no aparece como esencial pues, conforme al art. 1567 LEC, "si el arrendatario no cumpliese lo prevenido en el artículo anterior, se tendrá por firme la sentencia y se procederá a su ejecución, siempre que requerido por el Juez o Tribunal que conozca de los mismos no cumpliere con su obligación de pago o consignación en el plazo de cinco días". Con lo dispuesto por este último precepto se venía a reconocer que el cumplimiento producido en el período abierto por el requerimiento judicial tenía la virtualidad de subsanar la omisión cometida al tiempo de la interposición del recurso.
Declarar que se ha vulnerado el derecho del recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su modalidad de derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos.
Restablecer en el expresado derecho al recurrente y, a tal fin, anular el expresado Auto de 31 de mayo de 1999 dictado por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga en el rollo de apelación civil núm. 356/99, retrotrayendo las actuaciones al momento procesal inmediatamente anterior al de dictarse el expresado Auto de 31 de mayo de 1999, a fin de que la Audiencia acuerde lo procedente sobre la admisión del recurso de apelación, respetando el derecho fundamental ahora vulnerado.
STSJ Comunidad de Madrid 738/2005, 28 de Julio de 2005

References: artículo 24
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