Source: https://tc.vlex.es/vid/1-2-3-4-5-stc-6-15034557
Timestamp: 2019-04-25 02:49:38+00:00

Document:
STC 14/1985, 1 de Febrero de 1985 - Jurisprudencia - VLEX 15034557
Fecha de Resolución: 1 de Febrero de 1985
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 869/1983
1. Como ha declarado el Tribunal en reiteradas ocasiones, la igualdad en la aplicación de la ley lo que impone es que un mismo órgano no pueda modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que, cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficientemente razonable. 2. Conforme a reiterada doctrina del Tribunal, si bien el contenido normal del derecho a la tutela judicial efectiva consiste en obtener una resolución de fondo, el derecho fundamental se satisface también cuando la resolución es de inadmisión, siempre que se dicte en aplicación razonada de una causa legal, debiendo responder el razonamiento a una interpretación de las normas de conformidad con la Constitución y en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental. 3. El Tribunal, dado que el recurso de amparo no es una tercera instancia, no examina con carácter general la legalidad aplicada; pero teniendo en cuenta que la inadmisión arbitraria, irrazonable o irrazonada, o basada en una interpretación distinta de la expuesta, afecta al contenido normal del derecho fundamental, entiende que en estos supuestos la resolución judicial puede incurrir en inconstitucionalidad que dé lugar al amparo, como sucede en los casos en que se declara la inadmisión por estimar inaplicable un procedimiento que sí era aplicable, o en que se ha padecido un error patente, o en que la normativa no se ha interpretado en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental y ello ha impedido entrar en el fondo. 4. No puede utilizarse la vía del recurso de amparo para someter al Tribunal todos los problemas que surjan de la aplicación de la legalidad procesal, más allá de los límites expuestos, con el argumento de que afectan a la tutela judicial efectiva, pues no es ésta, obviamente, la función que cumple el recurso de amparo ni el Tribunal Constitucional en el sistema jurídico. 5. Como se dijo en la STC 20/1982, de 5 de mayo, la congruencia se mide por el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la Sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que no hubiera sido pretendida, de forma que cuando la desviación en que consiste la incongruencia es de tal naturaleza que supone una completa modificación de los términos en que se produjo el debate procesal, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción y, por ende, del fundamental derecho de defensa. 6. La doctrina de la congruencia es perfectamente compatible con el principio tradicional «iura novit curia», pues los Tribunales no tienen necesidad, ni tampoco obligación, de ajustarse en los razonamientos jurídicos que les sirvan para motivar sus fallos a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes, y pueden basar sus decisiones en fundamentos jurídicos distintos, siempre que no se altere la acción ejercitada.
Sentencia citada en: 973 sentencias, 6 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 869/1983, formulado por la Procuradora de los Tribunales doña Elisa H. P., en nombre y representación de doña Laurie A., quien, a su vez, actúa en su propio nombre y en el de don Frederick D. G. J.., bajo la dirección del Letrado don Juan A. G. A., contra el Auto dictado por la Sala Primera del Tribunal Supremo con fecha de 31 de octubre de 1983, y, subsidiariamente, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Granada en 28 de junio de 1982. En el recurso ha comparecido el Ministerio Fiscal y don Francisco C. G., representado por el Procurador don Juan C. L. V., bajo la dirección del Letrado don Rogelio P. B.. Ha sido Ponente el Magistrado don Rafael G. F. M., quien expresa el parecer de la Sala.
1. El 23 de diciembre de 1983, doña Elisa H. P., Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de doña Laurie A., que interviene en su propio nombre y en representación de don David G. J.., formula recurso de amparo contra el Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, dictado el día 31 de octubre de 1983, por el que se dispone no haber lugar a la admisión del recurso de casación interpuesto por la solicitante de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Granada de fecha 28 de junio de 1982, contra la que también recurre de modo subsidiario. Suplica se dicte Sentencia en que se declare la nulidad del Auto de inadmisión dictado por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, y que se decrete que por dicha Sala se admita el recurso de casación interpuesto y se entre en el fondo del asunto, debiendo en su día dictar Sentencia resolviendo el recurso planteado.
a) Doña Laurie A., actuando por sí, y en nombre de don Frederick D. G. J.., con fecha 8 de febrero de 1980 interpuso demanda incidental de proceso arrendaticio urbano contra don Francisco C. G. y doña Manuela C. G., en petición de declaración de nulidad de pleno derecho de la cláusula de elevación de renta contenidas en tres contratos de arrendamiento de local de negocio suscritos con los demandados, sobre un local de negocio propiedad de los mismos, así como en solicitud de devolución de todas las cantidades indebidamente percibidas por dichos demandados en virtud de los aumentos producidos por aplicación de las cláusulas nulas, en cuantía a determinar en ejecución de Sentencia. El Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Almería, en Sentencia de 14 de junio de 1980, declaró nulas las cláusulas de elevación contenidas en los tres contratos, condenando a los demandados al reintegro de lo indebidamente percibido.
b) La Sentencia fue recurrida por don Francisco C. G. ante la Audiencia Territorial de Granada, no compareciendo en la segunda instancia doña Manuela C. G., solicitándose en el acto de la vista por el Letrado del único apelante, don Francisco C. G., la revocación de la Sentencia apelada, en base a sus únicos argumentos postulados en ambas instancias de caducidad de la acción y respeto de los propios actos, y que se dictase otra desestimando íntegramente la demanda; y por el Letrado de la actora, como parte apelada, se solicitó la integra confirmación de la Sentencia objeto del recurso.
La Sala de lo Civil de la Audiencia, con fecha 28 de junio de 1982, dictó Sentencia en la que se estimaba parcialmente el recurso de apelación interpuesto, declarando nulas las cláusulas de estabilización insertas en los contratos (pero válidos los aumentos girados en virtud de dichas cláusulas por ambos demandados, inclusive por la demandada que no apeló) y determinando que en lo sucesivo será renta del local arrendado a doña Manuela C. G. la de 19.099 pesetas, y la conjunta de los locales arrendados a don Francisco C. G. la de 22.988 pesetas, que son rentas novadas, de modo que los posteriores aumentos serán los legales y los demandados deberán reintegrar lo que exceda de la cifra indicada, descontados los aumentos legales; ello significó dejar igual la renta pagadera a doña Manuela C. G. y disminuir la renta pagadera a don Francisco C. G. de 28.148 a 22.988 pesetas mensuales.
c) La solicitante del amparo presentó escrito preparando recurso de casación por infracción de ley y de doctrina legal contra la mencionada Sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial; y la propia Sala, por Auto de fecha 20 de julio de 1982, acordó que no había lugar a tener por preparado recurso de casación, negando las certificaciones interesadas al efecto. Se fundaba en que, según el artículo 135 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sólo se dará recurso de casación en litigios sobre contratos de arrendamiento de local de negocio cuya renta contractual exceda de 300.000 pesetas, mientras que, en el caso en cuestión, ninguno de los contratos sobre los que versaba el litigio tenía una renta superior a esa cantidad. La solicitante de amparo recurrió en queja ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, recurso que fue estimado por Auto de dicha Sala de 30 de noviembre de 1982, al estimar como eficiente, a tal efecto, la alegación de la actora de la existencia de novación contractual refundiendo en uno solo los dos negocios de arrendamiento sucesivamente concertados, con identidad de elementos subjetivos y unidad de merced, por un total de 337.776 pesetas; en el propio Auto se acordó revocar la resolución recurrida, y se acordó dirigir carta-orden a la Audiencia Territorial de Granada para que la Sala de lo Civil entregara la certificación solicitada, al objeto de formalizar el recurso de casación, como efectivamente hizo doña Laurie A..
La inadmisión se fundamenta en que el recurso gira en torno a la revisión de la renta de tres locales de negocio, dos de los cuales fueron arrendados a don Francisco C. G. y el tercero a doña Manuela C. G., habiéndose llevado a cabo los arrendamientos en fechas distintas y suscribiendo contratos distintos; la renta del local de doña Manuela era de 156.000 pesetas anuales (13.000 mensuales), y las rentas de los locales de don Francisco eran de 132.000 y 36.000 pesetas anuales, respectivamente, a razón de 11.000 y 3.000 pesetas mensuales; el hecho duodécimo de la demanda fija la cuantía a los efectos de la litis en 275.856 pesetas la anual de los dos locales de don Francisco y en 229.188 la anual del local de doña Manuela. Y, por último, en que la correcta interpretación del art. 135 de la Ley de Arrendamientos Urbanos no permite acumular las rentas de los tres contratos a los efectos de alcanzar el tope mínimo establecido para el acceso a casación.
e) la parte actora pone de manifiesto los hechos que fundamentaban la demanda iniciadora del procedimiento arrendaticio, señalando, entre ellos, que en 1 de agosto de 1971 el señor G., entonces casado con la señora A., suscribió un contrato de arrendamiento con doña Manuela C., que afecta a parte del bajo del inmueble núm. 79 de la avenida del Generalísimo, de Almería; y que en la misma fecha el propio señor G. suscribió un contrato de arrendamiento con don Francisco C. G., que afecta a otra parte del mencionado bajo, contigua a la de doña Manuela, teniendo la una acceso por la otra; en 15 de noviembre de 1974 el señor G. celebró con don Francisco C. un nuevo contrato de arrendamiento de local de negocio, siendo su objeto otras dos habitaciones del mismo bajo, contiguas a las de los dos contratos anteriores, y teniendo su entrada por éstas, girando el señor C. a partir de este momento un solo recibo unificado por la renta derivada de ambos contratos.
La parte actora se refiere a las subidas practicadas por los arrendadores y, en concreto, indica que el señor C. ha venido cobrando, con efectos desde el día 1 de agosto de 1979, la cantidad de 28.148 pesetas mensuales, que suponen 337.776 pesetas anuales, cantidad valorada por el Tribunal Supremo cuando admitió el recurso de queja. Ahora bien, resulta que al interponer la demanda civil en fecha 8 de febrero de 1980 hubo de tomarse como base para la fijación de la cuantía litigiosa de renta mensual de 22.988 pesetas para don Francisco y 19.099 para doña Manuela C. G., de acuerdo con el art. 146 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que obliga a tomar como base para fijar la cuantía litigiosa «la renta anual conforme al último pago realizado»; ello, por estar pendiente de resolución un juicio de desahucio promovido por el señor C., al pretender éste cobrar por importe de 28.148 pesetas desde el día 1 de agosto de 1979, tras haber promovido la actora demanda de conciliación sobre nulidad de las cláusulas de elevación, juicio de desahucio que se resolvió favorablemente a las tesis del señor C., quedando fijada la renta en 28.148 pesetas desde agosto de 1979 por Sentencia de 22 de febrero de 1980, confirmada en apelación por la de 24 de marzo de 1980.
f) En fecha 31 de mayo de 1979, habiéndose producido la separación conyugal entre el señor G. y la señora A., esta última se subrogó en la posición de arrendataria, mediante cláusulas especiales que, al efecto, firmaron las partes al dorso de los dos primeros contratos.
a) Primeramente, aduce que si la ley otorga el derecho de acceder al recurso de casación, y si tal acceso se niega infundadamente, se está vulnerando el art. 24 de la C.E. Pues bien, el Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1983 lleva a cabo, por la interpretación que efectúa del art. 135 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, una vulneración de las arts. 14 y 24.1 de la Constitución, ya que, previamente, el Auto de la misma Sala de 30 de noviembre de 1982 razonaba la existencia de novación contractual, refundiéndose en uno solo dos negocios de arrendamiento concertados con el señor C. G., por un total de 337.776 pesetas; por lo que se trata de dos resoluciones contradictorias, lo que viene a violar los principios constitucionales recogidos en los arts. 9.3, 14 y 24.1 de la C.E.
b) Por otro lado, el Auto de inadmisión se acoge a la cuantía fijada en la demanda, lo que resulta contrario a los preceptos constitucionales citados. Ya que, si bien la cuantía litigiosa hubo de fijarse en la demanda de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 de la LAU, la renta anual efectiva era superior a esa cuantía litigiosa y superior a la cantidad exigida por el art. 135 de la LAU para la interposición de la casación. La posible contradicción entre los arts. 146 y 135 de la LAU no puede provocar la indefensión de la actora; y, por otra parte, la interpretación que el Tribunal Supremo, en su Auto de 31 de octubre de 1983, ha hecho del art. 135 de la LAU provoca la indefensión, al impedirle el acceso a la casación que legalmente le correspondía; dicha interpretación es inconstitucional por no contemplar la novación producida respecto de la actora y don Francisco C. G., y también lo es al considerar que, en este caso, deben computarse separadamente las rentas atribuidas a don Francisco y a doña Manuela C. G..
En apoyo de esta posición, la parte actora indica que ya en la demanda se hizo constar que las habitaciones objeto de los tres contratos de arrendamiento, todas contiguas entre sí (lo que se evidencia de los propios contratos) sitas todas en el bajo del inmueble 79 de la avenida del Generalísimo, de la ciudad de Almería, constituían un solo local de negocio en el que la actora ejercía una única actividad, la de hostelería, bajo la razón «Bar Buffalo», extremo que fue aceptado lisa y llanamente por los demandados, por lo que no fue objeto de probanza. Ello, unido a que el primer contrato de don Francisco C. se hizo el mismo día que el de doña Manuela, en impresos de igual clase, y con idéntico contenido, obligaba a la acumulación de acciones frente a ambos, pues se daba litis consorcio pasivo necesario y, por tanto, la cuantía litigiosa necesariamente era la suma de las rentas pagaderas a los demandados. Siendo así, la renta, a efectos del art. 135 de la LAU, ha de ser necesariamente la acumulada, máxime puesto que cuando la ley no distingue, tampoco ha de hacerlo el Juez.
c) Con respecto a la petición subsidiaria de amparo frente a la Sentencia de la Audiencia Territorial de Granada, se fundamenta en que esta resolución, a juicio de la solicitante de amparo, incurre en vulneración de los derechos reconocidos en los artículos 14, 24 y 9.3 de la Constitución y en un doble vicio de incongruencia por los siguientes motivos: De una parte, mejorar a la posición de doña Manuela C. G. en relación con la que fijaba la Sentencia dictada en primera instancia, que no había sido apelada por la misma; y, de otra, al emitir pronunciamientos no solicitados por ninguna de las partes en ambas instancias y que excedían del objeto litigioso, como es estimar que los aumentos de la renta podrían ser válidos aunque las cláusulas contractuales que los permitían eran nulas, y que en el caso debatido eran válidos porque tales aumentos no eran ilegales ni (des) proporcionados, temas ambos que, por no haberse discutido en el pleito, y por tanto no haber podido la demandante argumentar sobre ellos, exceden de la competencia judicial. Dichos vicios de incongruencia, denunciados al formalizar el recurso de casación, dejan en indefensión a la actora en el caso de que no pudiera acceder a la casación, con violación del art. 24.1 de la Constitución, al haberse vulnerado plenamente el principio de contradicción; cita en apoyo de su alegación la Sentencia del Tribunal 20/1982, de 5 de mayo.
5. Por providencia de 14 de marzo de 1984 la Sección acordó tener por recibidos los testimonios de actuaciones remitidos por el Tribunal Supremo, Audiencia Territorial de Granada y Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Almería, así como tener por personado y parte, en nombre y representación de don Francisco C. G., al Procurador don Juan C. L. V.. Por lo que, de conformidad con lo establecido en el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se acuerda dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y al recurrente, y al Procurador señor C. L. V., a fin de que en el plazo de veinte días formularan las alegaciones que estimaran pertinentes.
8. El 11 de abril de 1984, el Procurador de los Tribunales don Juan C. L. V., en representación de don Francisco C. G., presentó escrito de alegaciones, en el que se mantiene, esencialmente, que la resolución impugnada del Tribunal Supremo está ajustada a derecho, al no exceder la merced arrendaticia, en ninguno de los supuestos, de 300.000 pesetas anuales, como resulta de los términos del mismo escrito de demanda de la hoy recurrente al iniciar el pleito ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería.
a) En la demanda incidental del proceso arrendaticio urbano de fecha 8 de febrero de 1980, contra don Francisco C. G. y doña Manuela C. G., la parte actora -y aquí recurrente- solicitó la declaración de nulidad de pleno derecho de las cláusulas de elevación de renta contenidas en los tres contratos de arrendamiento suscritos entre las partes, así como que se declarara la procedencia de que los demandados devolvieran las cantidades indebidamente percibidas, respectivamente, por tales aumentos, condenándolos expresamente a su abono a la actora.
En el hecho séptimo de la demanda se ponía de manifiesto la subrogación de doña Laurie A. en la posición de arrendataria del señor G.. Y, por otra parte, el fundamento jurídico 6. se dedica a justificar la acumulación de acciones, citando a tal efecto los arts. 153 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil -en especial el 156-, añadiendo que: «Es evidente que en el presente caso la causa de pedir es idéntica, independientemente de que el relato de los hechos permita deducir que los distintos contratos celebrados obedecen a una unidad de arrendamiento».
c) Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación la representación de don Francisco C. G.. En el acto de la vista-según consta en la correspondiente «diligencia de vista» suscrita por el Secretario- el Letrado de la parte apelante interesó «una Sentencia que revocando el Fallo proferido por el Juzgado de Primera Instancia desestime la demanda, absolviendo de los pedimentos de la misma a los hoy apelantes»; y que por el Letrado de la parte apelada se instó de la Sala, por el contrario, «una Sentencia que confirme íntegramente el Fallo recurrido», con expresa imposición de costas a la parte apelante.
d) Por Sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Granada de 28 de junio de 1982, se estimó parcialmente el recurso de apelación, declarando nulas las cláusulas de estabilización y que en lo sucesivo será renta del local arrendado a doña Manuela C. G. la cantidad de 19.099 pesetas y la conjunta de los locales arrendados a don Francisco C. G. la de 22.088 pesetas, que son rentas novadas, de modo que los posteriores aumentos serán los legales, y los demandados deberán reintegrar lo que exceda de las cifras indicadas, descontados los aumentos legales, todo lo cual se llevará a cabo en ejecución de Sentencia, y sin que haya lugar al resto de los pedimentos especificados en el «escrito inicial de este litigio».
En la mencionada Sentencia consta que no ha comparecido en la apelación doña Manuela C. G.. Por otra parte, en su penúltimo resultando se indica que en el acto de la vista el Letrado de la parte apelante solicitó la revocación de la Sentencia y se dicte otra con arreglo a lo postulado en la instancia, y el Letrado de la parte apelada solicitó la confirmación de la misma con imposición de costas a la contraria. Y en el penúltimo considerando de la propia Sentencia se llega a la conclusión de la nulidad de las cláusulas de estabilización, lo que no empece, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1980 -añade la Sentencia-, para estimar «novadas» las rentas abonadas, sin oposición alguna por los arrendatarios, máxime al subrogarse en los contratos la señora A..
f) Interpuesto recurso de queja por la representación de la señora A., la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por Auto de 15 de diciembre de 1982, acordó revocar el Auto recurrido de 20 de julio de 1982. Esta resolución se dicta sobre la base del siguiente considerando:
«Considerando que el presente recurso gira en torno a la revisión de rentas de tres locales de negocio arrendados por los hoy recurrentes a doña Manuela C. G. uno y a don Francisco C. G. los otros dos, arrendamientos que se llevaron a cabo en fechas distintas, a cuyos efectos se suscribieron tres contratos, en los que se fijaron las siguientes rentas: de 156.000 pesetas anuales, o sea, a razón de 13.000 pesetas mensuales la correspondiente al local arrendado a doña Manuela y de 132.000 y 36.000 pesetas, respectivamente, también anuales, la de los dos locales arrendados por don Francisco , a razón de 11.000 y 3.000 pesetas mensuales uno y otro local, habiéndose fijado en el hecho duodécimo del escrito de demanda la cuantía de las rentas a efectos de la litis en 275.856 pesetas la anual, correspondiente a los dos locales propiedad del citado don Francisco , y en 229.188 pesetas las del perteneciente a doña Manuela.
h) Finalmente, debe señalarse que en el recurso de apelación se tuvo a doña Manuela C. G. como parte apelada no comparecida. Así resulta de las actuaciones, a partir del escrito de interposición del recurso de apelación formulado por la representación de don Francisco C. G., en el que se solicita se emplace a las partes para su comparecencia ante la Audiencia (folio 146 de los autos); el emplazamiento se efectuó a la representación de doña Manuela C. G. a través de su representante, el Procurador don José T. B.ú (folio 147); en el encabezamiento de la Sentencia dictada en apelación se relacionan las partes del proceso seguido ante el Juzgado en Primera Instancia, y se indica que doña Manuela C. G. no ha comparecido en la apelación, indicándose en el fallo que la Sentencia se notifique a la no comparecida, constando que se llevó a cabo tal notificación en los estrados del Tribunal.
b) En cuanto a la segunda [Antecedente 3, apartado b)], se habría producido porque el Auto impugnado se acoge a la cuantía fijada en la demanda, lo que resulta contrario a los preceptos constitucionales citados. El recurrente no afirma en ningún momento que la cuantía de la renta de cualquiera de los tres contratos fuera superior a 300.000 pesetas anuales, sino que sostiene que tal cuantía se supera (337.776) computando conjuntamente la correspondiente a los contratos celebrados con el señor C. G. (por haberse efectuado, a su juicio, una novación que refundía los dos contratos en uno), siendo procedente además el cómputo conjunto de las rentas de todos los contratos al tratarse de un supuesto de litis consorcio pasivo necesario.
Por otra parte, tampoco se aprecia que se haya producido violación alguna del artículo 24.1 de la Constitución, pues el Tribunal Supremo, al estimar que procede computar separadamente la renta de los contratos, efectúa una apreciación fundada en Derecho de mera legalidad, siendo irrelevante en este caso la interpretación dada a los arts. 135 y 146 de la Ley de Arrendamientos Urbanos en orden a si la renta de cada uno debía ser la que figuraba en la demanda o la realmente abonada, pues es lo cierto que lo decisivo era si se podían o no computar conjuntamente las rentas correspondientes a los dos contratos celebrados en su momento con el señor C. G., o incluso a los tres contratos, pues ésta era la forma de conseguir que la cuantía litigiosa fuera superior a 300.000 pesetas y, en consecuencia, cupiera el recurso de casación de acuerdo con lo previsto en el artículo 135 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la redacción dada al mismo por la Ley de 27 de junio de 1974.
c) La conclusión anterior se fundamenta en una muy reiterada doctrina del Tribunal acerca del artículo 24.1 de la Constitución, en el sentido de que si bien el contenido normal del derecho a la tutela judicial efectiva consiste en obtener una resolución de fondo, el derecho fundamental se satisface también cuando la resolución es de inadmisión siempre que se dicte en aplicación razonada de una causa legal, debiendo responder el razonamiento a una interpretación de las normas de conformidad con la Constitución y en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental [Sentencias, entre otras, 19/1983, de 14 de marzo, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de abril, FJ 4, y 69/1984, de 11 de junio, «Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio, FJ 2]. El Tribunal, dado que el recurso de amparo no es una tercera instancia, no revisa, con carácter general, la legalidad aplicada; pero teniendo en cuenta que la inadmisión arbitraria, o irrazonable, o irrazonada, o basada en una interpretación distinta de la expuesta, afecta al contenido normal del derecho fundamental, entiende que en estos supuestos la resolución judicial puede incurrir en inconstitucionalidad que dé lugar al amparo, como sucede en los casos en que se declara la inadmisión por estimar inaplicable un procedimiento que si era aplicable [Sentencia 11/1982, de 29 de marzo, «Boletín Oficial del Estado» de 21 de abril, FJ 2], o en qué se ha padecido un error patente [Sentencia 68/1983, de 26 de julio, «Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto, FJ 6], o en que la normativa no se ha interpretado en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental y ello ha impedido entrar en el fondo [Sentencia antes indicada 19/1983].
b) El primer vicio de incongruencia aducido por la recurrente es el referente a que la Sentencia mejora la posición de doña Manuela C. G. en relación con la que fijaba la Sentencia dictada en primera instancia, que no había sido apelada por la misma; por lo que es necesario considerar si ello ha supuesto la indefensión de la actora, al pronunciarse el juzgador sobre una cuestión no planteada en el juicio y sobre la cual no tuvo oportunidad de defenderse, con vulneración del principio de contradicción.
Pues bien, la Sala tampoco observa que se haya producido una desviación de tal naturaleza que suponga una completa modificación de los términos en que se produjo el debate procesal. Pues precisamente el objeto material del proceso era la fijación de la cuantía de tales rentas, en función de la validez o no de las cláusulas de revalorización contenidas en los correspondientes contratos de arrendamiento de local de negocio y la devolución de las cantidades indebidamente cobradas, habiéndose puesto también de manifiesto la subrogación efectuada por la señora A. en la posición del arrendatario.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 135
 resolución 
 resolución 
 artículo 146
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 135
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución