Source: http://segundaslecturas.blogspot.com.ar/2010/01/
Timestamp: 2018-05-24 02:00:59+00:00

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Segundas Lecturas: 1/01/10
Es muy recomendable –y sano, además- que cuando alguien dice algo uno vaya a ver porque lo dice, o desde donde. Porque todo posicionamiento, está motivado en algo. Y los que tienen que ver con la política y/o la economía más aún.
Este año se inició con el debate por el Fondo del Bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad, anunciado por CFK el 14 de diciembre de 2009. En esta puja se han puesto en tela de juicio cuestiones tales como el grado de independencia del BCRA, su ubicación en el sistema institucional en razón de la naturaleza jurídica de su carta orgánica, las posibilidades que tiene un Presidente de la Nación de remover al jefe del Central, y el grado de sujeción o no que este último le debe a aquel.
Muy en particular, el diario La Nación viene efectuando lo que alguna vez fue denominado como noble tarea de calentamiento de cabeza, en pos de que el oficialismo efectúe un ajuste sobre las espaldas populares (acá, acá, acá, acá, acá) . Supuestamente, el gasto público estaría desorbitado. Asimismo, se cuestiona el hecho de que tanto la constitución del Fondo, así como también la remoción que la Presidenta intenta con Martín Redrado desde que este decidió desconocer la medida adoptada por el ejecutivo, hayan sido decididos por medio de sendos DNU.
Vale decir que el DNU es una herramienta consagrada por la CN, desde que a esta se le efectuó reforma en el año 1994, por medio del inciso 3º del artículo 99. Y que fue el kirchnerismo, con la sanción de la ley 26.122, quien saldó una deuda (de doce años) con dicho artículo de la Carta Magna, que manda trámite parlamentario para examen del DNU, a posteriori de su dictado.
Asimismo, si es que acaso el mercado puede ser tomado en cuenta como termómetro de las acciones que se toman, pues no podrán valerse de él quienes se oponen a la conformación de la herramienta para el desendeudamiento, siendo que cuanto indicador quiera uno observar desde el día posterior al anuncio de la Presidenta de creación del Fondo, hasta que se armó el Redrado gate, fueron altamente positivos.
Pero volviendo a La Nación, a este bloguero se le dio últimamente por revisar las ediciones correspondientes a aquellos días en que se anunciara uno de los más grandes ajustes de que se tenga memoria en Argentina: el plan López Murphy, durante el gobierno de la Alianza. ¿Qué dijo La Nación de todo aquello? De esto se trata.
López Murphy fue designado el 4 de marzo de 2001, en reemplazo del quien fuese primer jefe de hacienda, José Luis Machinea, renunciado por reconocer que no podía hacer frente a la crisis recesiva que por esos días azotaba a Argentina.
La Nación anticipaba, en su edición del día del día lunes 5, que se esperaba del nuevo ministro (acá): "De él se espera que tome la posta de las medidas que su antecesor, José Luis Machinea, anunció pero no pudo hacer realidad: disciplina fiscal, poniendo el acento sobre el déficit público generado por las administraciones provinciales y municipales; mejora de la competitividad empresarial por medio de reducciones impositivas y de cargas patronales; mayor apertura económica y desregulación, y aumento de la recaudación de impuestos”.
Y avanzaba con un concepto revelador: “la diferencia sustancial con Machinea es que los mercados lo ven como uno de los suyos, con mayor credibilidad y ejecutividad para concretar las reformas anunciadas. En cambio, los mercados jamás vieron al titular de Hacienda saliente como alguien del palo”. Ejemplo gráfico de quien realmente gobernaba en Argentina por aquellos tiempos.
Aquí, una radiografía de las voces a favor de su llegada. No obstante, ya se advertía que el socio principal de la coalición gobernante, el Frepaso, ponía reparos a la convocatoria del nuevo ministro, en razón de que, temían, ”lleve a la práctica otro ajuste en la administración pública, lo que no estaría alejado de algunas de sus afirmaciones del pasado (fue quien recomendó, en plena campaña presidencial, bajar los sueldos de los empleados públicos)”.
Pasó la jura del ministro, persistieron las dudas en torno a que respaldo político haría de plafón a lo era un secreto a voces: se venían recortes. Y gruesos. ¿Quién lo pedía? El FMI, obvio. Días después de designar a Murphy, se producía también un cambio en Desarrollo Social, donde Meijide resignaba su cargo a favor de Marcos Makón. Crease o no, Makón, contador público de profesión, era designado en razón de que, ”es un experto en presupuesto. Optimizar el gasto público es una de sus especialidades. Es un hombre de confianza del ex vicepresidente. Cultiva el perfil bajo y no es un político tradicional, sino un técnico”. Todo un símbolo de aquellos días.
No llegaron las medidas en la semana de la asunción de López Murphy, no obstante. De todos modos, La Nación ya anticipaba lo que sería su postura en este editorial, del que se destacan pasajes como: “Ha crecido por lo tanto el consenso sobre la necesidad de una reforma integral de la administración pública (…)”; “La reformulación del Estado, pues, debe instrumentarse cuanto antes. Lo mismo debe decirse respecto de la reforma del sistema de coparticipación federal de impuestos y de la revisión del pacto fiscal con las provincias, al que es necesario introducirle metas y condiciones más ambiciosas (...)”. Aquí, Grondona aportaba su inconmovible granito de arena, y aquí, se movía el piso para completar el menú con Cavallo en el BCRA (después del sismo generado por el plan LM, en la Alianza querrían meter a Mingo como Jefe de Gabinete, llevando a Colombo a Interior e intentando mantener al bulldog en economía). Lo que se intentaba era armar el equipo más potable para los mercados y el establishment financiero internacional.
El lunes 12 asumía en su totalidad el equipo económico que acompañaría a López Murphy. Y en lo que es un sello de aquella época, la nota que evoca la ceremonia se titulaba “Temor por la influencia de la política”, en la que se menciona la opinión de diversos “notables”, a favor de los nuevos mandamases económicos (ver). En clave antipolítica, como no podía ser de otra manera aun tratándose de los finales del reinado del Consenso de Washington, con sus “logros” ya lo suficientemente evidenciados.
Seguíamos con pedidos del FMI, tales como “volver a encarrilar el programa que le dio acceso al blindaje financiero”. En tanto la espera se hacía de chicle, y aparecían nuevas resistencias, como a la privatización del BNA. El rechazo de la oposición sería clave en los días siguientes. De La Rúa algo intuía, pero sin que desde el diario de Mitre lo tildaran de propiciar obediencia debida hacia dentro de sus propias filas.
Pero no tendría mucha suerte. Sus ministros y demás hombres de su gobierno ya aparecían poco dispuestos a jugarse por un plan de híper ajuste como el que se manejaba que presentaría López Murphy (aquí y aquí se puede ver).
Un punto interesante de lo que se manejaba por aquellos días, es que entre los recortes a efectuarse figuraban las transferencias del poder central a las provincias. Tanto que hoy se habla de que el gobierno K “ahoga el federalismo”, en cambio las versiones que auguraban ajuste a los fondos que recibían por aquellos días las provincias recibían títulos ajenos a toda valoración: “El ajuste en las provincias será de $ 1000 millones”.
El panorama pintaba flojo de apoyos para López Murphy y sus planes económicos desde casi cualquier costado del arco dirigencial. No obstante, La Nación prefería en aquel momento hacer oídos sordos al famoso consenso que requiere cualquier medida, según ellos, y poner todas sus fichas editoriales a festejar y recomendar el futuro ajustazo.
Llegaba el día en que se anunciarían las medidas. El viernes 16. Las noticias, tanto en la sección política como economía, seguían la misma línea discursiva: ajenas a toda valoración. En realidad, la larga espera hacía todo muy repetitivo. Todos los días se recrudecía el clima de tensión interna en la Alianza (1, 2 y 3) y el entonces ministro de educación, Hugo Juri, amenazaba con renunciar si se daba el recorte que finalmente se daría (acá). El editorial del día 16, en cambio, ubicaba la posible resistencia al nuevo plan en que “recelan de los efectos que una política de achicamiento y reorganización del sector público pudiera ejercer sobre el ánimo del electorado en los comicios de octubre próximo”. Agregaban que ”Los argumentos empleados por numerosos políticos para defender la permanencia de estructuras y presupuestos que son administrados directa o indirectamente por ellos mismos o por sus pares contribuyen a que la asignación del gasto público siga siendo desordenada, irresponsable y defectuosa”. El mejor resumen de sus consideraciones es este: “La Argentina necesita hoy, y con urgencia, aplicar una política que venga a enderezar las cuentas públicas. Parece posible (aunque no son muchas, a primera vista, las alternativas disponibles) discutir sobre la forma de hacerlo, pero no hay duda de que el crecimiento ilimitado de la deuda pública no es un camino accesible ni sostenible a mediano plazo, por muchas dispensas que conceda al país el Fondo Monetario”. Es decir que se dejaba de lado el hecho de que, a las ya menguadas cifras que en cuanto ítem social se quisiera uno imaginar se le pretendían imponer nuevas quitas. Se las vendía como el único camino posible, un clásico, y se desestimaba cualquier salida de la convertibilidad o que el ahorro se descargara sobre otros sectores que no fuesen los populares.
Pero hay algo todavía más curioso. Al inicio de este texto, se consignaba que uno de los motivos por los cuales recibe objeción la decisión de Cristina es que se haya tomado por decreto, puesto que en el sancionado presupuesto ya estaban incluidas las partidas a los fines de efectuarse dichos pagos. Pero resulta ser que el plan de López Murphy también se dio por decreto, y también ese decreto modificaba partidas aprobadas por el parlamento en el presupuesto. Sin embargo no merecía ninguna objeción en la crónica del día 17 que informaba al respecto, titulada “Ajustan por decreto $ 1860 millones del gasto público”. Nada de caos republicano, avasallamiento a las instituciones, ni cosas por el estilo. Frases como ”Ante el incumplimiento de las metas fiscales del primer trimestre, se ejecutarán por decreto recortes en las partidas destinadas a las universidades nacionales, las provincias, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Congreso, programas de los ministerios de Economía y Salud, y las cajas previsionales de las Fuerzas Armadas, entre otros”, nos dicen que el doble estándar funcionaba a pleno: cuando de obedecer al FMI se trataba, el derecho constitucional (y Sabsay, Badeni, Loñ), no importan nada.
Una pluma siempre bien dispuesta a la justificación ideológica de la derecha, Roberto Cachanosky, sentenciaba, haciendo un análisis de los anuncios, “aquí no hay ninguna posibilidad de un blindaje II y la reducción del gasto es inevitable”, y “Técnicamente el plan es viable, ahora el futuro depende del comportamiento de la dirigencia política”.
Otro valor vedette de los tiempos actuales, el famoso consenso, era también dejado de lado, en cuanto el viceministro de López Murphy, Daniel Artana –cuadro del grupo FIEL- declaraba que “Un plan políticamente viable, mantiene la recesión”, dejando de lado, subestimando, menospreciando casi, la importancia de que las medidas recogieran más voluntades que las del propio gobierno.
La propia bajada del diario, día 18 de marzo ya, era aún mucho más explícita:
- “Los sectores afectados por este inevitable programa de saneamiento de las cuentas públicas deben tener la suficiente lucidez para advertir que sin la ejecución de las reformas que el Gobierno ha resuelto instrumentar será imposible que la Argentina recupere la salud económica y vuelva a tener la competitividad y la capacidad productiva necesarias para reinsertarse en la senda del crecimiento”.
- “corresponde exigirle a los legisladores -cualquiera que sea la bancada de la que formen parte- que se coloquen a la altura de sus responsabilidades institucionales e históricas”.
Como se puede observar, según la particular mirada de LN, se pueden admitir las presiones de parte de un matutino a legisladores de la República, más no es tolerable que lo haga el Presidente de un partido político sobre los integrantes de dicha fuerza.
Más profundos, en el editorial del día 19, cuando asomaba ya la incorporación de Cavallo (como Jefe de Gabinete, no como Ministro de Economía, donde planeaban mantener a López M), ofrecían una visión distinta de la que hoy tienen sobre los mal llamados superpoderes: “La posibilidad de que el Poder Ejecutivo reclame del Congreso una delegación de facultades -invocando la emergencia pública prevista por el artículo 76 de la Constitución- podría ser uno de los instrumentos adecuados para la dinamización de los cambios que se reclaman”. E insistían en que “sin una acción de reordenamiento fiscal como la que ha anunciado Ricardo López Murphy será muy difícil que la economía argentina consiga salir del estado de postración en que se encuentra”. Admirablemente, quemaban lanzas aún ante la monumental y generalizada crispación que habían provocado las medidas del ministro cara de perro. Claro está, quienes estaban crispados entonces no forman parte del seleccionado de protegidos por ese matutino.
El resto de la historia es más conocido. López Murphy terminó renunciando, vacío de poder y consenso; Cavallo, tras desecharse su incorporación como Jefe de Ministros (con pase de Colombo a Interior y división de Economía en Hacienda y Producción bajo su control tácito), finalmente fue el nuevo Jefe de los números, permaneciendo Colombo en la cumbre ministerial, tras que De La Rúa se negase colocar allí a Chacho Álvarez. De más está decir que La Nación, editorial del día 20, llenó también de elogios al pelado de ojos claros que regresaba al cargo desde el cual había erigido el modelo neoliberal argentino, y que también bajo su mando moriría a fines de ese año. Y, pertinaces cual le critican a Kirchner, apretaban los dientes a por el sostenimiento del ajuste,
- “(…) es altamente saludable que el Presidente convoque para las más altas esferas del poder al economista que fue protagonista decisivo de los principales cambios estructurales de la última década y cuyos merecimientos son ampliamente reconocidos en el país y en el exterior”.
- “Al margen de que algunas medidas impulsadas por López Murphy puedan discutirse, sería irracional cuestionar los fundamentos y los objetivos de disciplina fiscal que contiene la propuesta de su equipo económico”.
- “Sería importante que los cambios en el gabinete de ministros no echen por la borda muchas de las ideas del equipo liderado por López Murphy para eliminar todo gasto público improductivo”.
El del día 21 ya rozó lo gracioso:
- “¿Acaso quienes resisten el ajuste pueden justificar que la Legislatura de una de las provincias más pobres de la Argentina, como Formosa, tenga un costo superior al del cuerpo legislativo de la provincia alemana de Baviera, cuya riqueza es 176 veces mayor a la del distrito argentino? ¿O están en condiciones de defender una estructura educativa que deriva un 29 por ciento de su presupuesto a tareas administrativas, cuando en los países de la OCDE tales erogaciones apenas promedian el 12 por ciento?”. Casi como niños lloraban porque sus ideas no eran comúnmente aclamadas, sino más bien todo lo contrario.
El día 22, un homenaje a Lopez Murphy:
- “(…) la renuncia de López Murphy, al igual que la de sus colaboradores, no debe ser considerada como un mero trámite administrativo. Por el contrario, representa un genuino acto de servicio que es de esperar que sea reconocido y valorado por la ciudadanía cuando el tiempo y la historia permitan formular un juicio desapasionado sobre los vertiginosos acontecimientos vividos recientemente”.
Y la justificación de la concentración de poder:
- “(…) nunca como ahora, el Ejecutivo se "juega" en cada decreto y en cada nombramiento”.
Este escribidor ha dicho por aquí muchas veces que el diario La Nación es merecedor del mayor de sus respetos. Lo reafirma, ahora, en base a las mismas razones que siempre ha esgrimido para sostener tal cosa: La Nación juega a favor de una ideología. No la va de –Carlos Raimundi dixit- sacrosanto transmisor de la realidad, sino que se asume militante a por la defensa de un modelo determinado. No se la da de objetivo o ascético como Clarín, no se para en el centro, sino, bien definido, en determinado lugar. Es una derecha que no tiene vergüenza de decirlo. Intelectualmente honesta. Tanto que Mitre lo fundó para ser “una tribuna de doctrina”. Y es desde ese lugar que vive hace más de cien años. No es poco. Y está perfecto que así sea.
Este trabajo lo que ha intentado no es denostar el ideario que guía cada letra que se escribe en la tribuna de la derecha. Sino, más bien, a lo efectos de intentar aportar elementos a favor de quienes postulamos que nadie escribe o dice algo porque sí. Que los hechos pueden ser vistos desde más de un lugar, y que pueden, y de hecho son, construidos en base a los principios rectores que cada uno trae desde previo.
Ya vemos que La Nación, cuando está convencido de que determinadas medidas son convenientes, y es respetable que piensen así, no duda en ofrecer toda su batería argumentativa en cuanto pueda ofrecerle a favor a las mismas. O en ocultar lo que, ahora, con decisiones que le resultan desagradables, presenta como avasallamientos constitucionales, legales y/o morales insalvables.
La objetividad, por fin, es algo que no existe. Pura utopía. Queda claro también porque, con todo el derecho del mundo, se oponen a cuanta medida propone el actual gobierno nacional. Y mucho más ostensible, aún, que todo lo que hubo antes del kirchnerismo y los tiempos actuales, no es lo mismo.
El radical de Illia y el Joven K viajando en el 17
Volvía del laburo en Bondi, línea 17, en un viaje que cada vez demora más, a pesar de que el Ingeniero Macri, en campaña, había prometido lo contrario. Esto pasó hoy. Son las 16:32 cuando posteo, serían entonces algo de las 14:00.
Siempre los viajes de vuelta en el capo (así le digo yo al 17) me resultan placenteros para la lectura.
Por estos días, ha llegado a mis manos uno de un tal Miguel Ángel Taroncher, “La caída de Illia. La trama oculta del poder mediático”.
En él, el autor describe como los semanarios Primera Plana, Confirmado –de Jacobo Timerman-, y Todo –obra de Bernardo Neustadt-, fueron preparando el clima golpista mediante el canto de loas al Partido Militar y la persistente degradación del Presidente radical y del orden institucional que lo instituía.
En particular, hace foco en la bajada de línea que, a favor de la ruptura, provenía de los editoriales de Mariano Grondona, Bernie y Mariano Montemayor. Cualquier similitud con la actualidad, no es mera coincidencia.
En eso estaba, muy pancho de la vida, cuando se sienta al lado mío un señor bastante mayor. Después de un ratito de observarme leer muy plácidamente, el señor se decidió y me llamó la atención:
“Pibe. ¿Te puedo decir algo de eso que lees, de la caída de Illia?”.
“Si, como no”, le contesté.
“Bueno, mira, yo en ese momento militaba en la JR –Juventud Radical-. Después de las elecciones, y antes de la asunción, nos reunimos con el Dr. Illia, y le dijimos ´Doctor, usted asuma por noventa días, levante las proscripciones a todos los partidos políticos, incluido al peronismo, y entonces llama a elecciones de vuelta, porque no va a poder gobernar con el 24 % de los votos.`. ´Pero si hago eso me voltean`, fue lo que nos contestó. Y vos fíjate, no lo hizo y lo voltearon igual”.
Ese fue el inicio de un lindo diálogo. Yo le comenté que estaba leyendo para conocer un poco más de la historia aquella de Illia en la Rosada, porque a trazos gruesos me parecía –me parece- más de lo mismo: un tipo con buenas intenciones, con un perfil de protección de los intereses nacionales, que recibió la tumbada de los sectores del Partido de la Exclusión.
“Y sí. Más o menos. Fue un buen tipo. Ahí influyeron muchas cosas. Las cagadas del Chino (Ricardo Balbín, por entonces Presidente de la U. C. R. Pueblo, que había declinado su candidatura a favor de Illia ante la errónea creencia de que su partido no podría ganar), que siempre fue y quiso ser segundón. La oposición de la Iglesia y los milicos, que siempre fueron los instrumentos de la oligarquía: uno te predica la sumisión y el otro te caga a palos… Este era radical de verdad, estaba para el país. ¿Qué me vienen con el desarrollismo de Frondizi? Yo había leído Petróleo y Política, y una vez que llegó a Presidente hizo todo al revés. Por favor, dejame… ¿Frondizi radical? Por favor… Lo mismo que este tarado de ahora… El Morales ese… todo en contra del país habla. Le encantaría que esté todo como el dice que está, que es mentira, pero el estaría gustoso que nos matemos en la calle”.
Casi sin querer, me llevó a la actualidad el viejo. Estaba con ganas de charlar parece.
“¿Y a vos te gusta alguien de la política hoy?
“Y, yo soy oficialista”, respondí tímidamente. Porque al revés de lo que dice Mirtha Legrand, los que tenemos que tener cuidado de las represalias somos nosotros cuando hablamos.
“Ah… ¿Y? ¿Quién gana en el 11?”
“No se. Yo quisiera que Néstor o Cristina. Pero lo veo difícil”
“Yo, si se pudiera, diez votos les pondría. Decí que está prohibido, sino”
“¡¡¡¿¿¿A los Kirchner???!!!”, pregunte, muy sorprendido.
“Pero lógico, querido. Mira yo un día me encontré con el comando de la Alianza. Estaba el De La Rúa, la vieja Meijide, el Chacho. Haciendo proselitismo, ¿no? Le dije a De La Rúa, ´Doctor, yo lo voy a votar a usted porque dice que Menem se vaya buscando un buen abogado porque usted lo va a enjuiciar, y me parece muy bien. Pero dígame, ¿Cómo va a hacer para gobernar con este Senado en contra?` ´Y… haremos uno nuevo`. Un nuevo Senado quería decir, mira vos si será pelotudo, así le fue también. Y todo lo que vino después con Cavallo, el recorte del 13 % a los jubilados… ¿Y ahora nos quieren usar a los jubilados para hacer oposición a este gobierno, que nos dio más que ninguno? Por favor, conmigo no. Eso se lo pueden hacer creer a otros”
“Y está jodida la cosa. La pelea con Clarín se fue de mambo y te domina todo”, acoté cuando me dejó.
“Uhhhh… eso también. Clarín. El nuevo instrumento del imperialismo. Te meten de todas mentiras en la cabeza. No tienen límite. Y todo, todo, en contra del país. Si con Alfonsín era lo mismo estos hijos de puta”, sentenció el hombre, ya envalentonado.
“Sí, están todos muy convulsionados. Carrio..”, metí el bocado y me interrumpió el anciano para arremeter de nuevo.
“Esa mujer está enferma de la cabeza. ¿No te parece una desequilibrada mental? No sabe decir nada inteligente, es un disco rayado. Todo denuncia, pero no se sabe que carajo quiere hacer. Y cuando dice algo, es contra los intereses del país. Igual que Sanz, Morales, ahora defendiendo al Redrado. Ellos dicen que es para defender la institución. No… es lo mismo.”, nueva estocada contra sus conmilitones.
“Y esas son rémoras de la derecha. La autonomía del Central, todas esas cosas. Fíjese que todos ahora dicen que en Chile se gobierna de otra forma, más calmos. Lo que no dicen es que el cobre, que es su recurso natural más importante, ni Pinochet se animó a privatizarlo. Y les aporta un millón de dólares por hora al tesoro nacional. Yo también gobernaría más tranquilo así. Pero nadie tiene en cuenta esas cosas, ¿vio?”, razoné yo, cuando me dejó el amigo radical.
“Claro. Es que hay una antipolítica feroz. Son cosas que fueron provocadas esas, ojo eh. En mi época, en los `60, `70, éramos todos políticos, nos interesaba. Ahora los jóvenes nada, en cualquier cosa andan. No se interesan por nada. Hablan mal. Yo tengo dos yernos y trato de hablar con ellos. Escuchan, pero… es como que no les entra, eso fue provocado no tengo dudas”, dijo, medio desilusionado.
“Sí, sí, es tal cual. ¿Y entonces, ahora, de su partido no le gusta nadie?”, pregunté yo.
“¿Ahora? Noooooooo… Por favor. Estos gansos de Sanz, Morales, no sirven para nada. ¿Qué radicales son esos? Todo a servicio del establishment que te quiere dominar. Dejame. ¿Cobos? ¿El doblemente traidor? Traidor a los radicales, y después traidor a los peronistas. Y encima vicepresidente para armarle candidaturas en contra a la Presidenta, pared de por medio. Y no sabe hablar, ni hacer nada tampoco. ¿Eso va a gobernar? Ni loco. Espero que no, por favor.”, contestó el hombre.
"Lamentablemente las encuestas dicen que gana Cobos", le metí fichas.
"Las encuestas son mentiras. Son para arriar boludos", exageró.
“¿Entonces?”, volví a inquirir.
“No, en 2011, y eso que tengo que romper mi juramento de no votar nunca peronistas, no tengo dudas”, aseguró.
“Esta bien eso –se dice esta bien, no esta bueno. Digo, porque hay una ciudad acá cerca de Avellaneda donde una horda de imbeciles andan diciendo que algo va a estar bueno, los muy burros-. Siendo usted radical. Yo también me puse triste cuando murió Alfonsín”, retruqué.
“Un demócrata de verdad ese. Un gobernante nacional, en serio. Lo único, bueno, lo del Pacto de Olivos, ¿no? Pero fuera de eso un fenómeno. Y era igual que ahora. El decía que la derecha lo acusaba de zurdo; y los zurdos, de ser de derecha. Como ahora.”
“Y si te dicen eso algo bueno debes estar haciendo. Porque si te critican así es porque no saben que mierda decirte”, fue mi razonamiento.
“Exacto. Por eso yo, hasta que me muera, mi Presidente va a ser Néstor. Porque él me devolvió el orgullo de ser argentino… querido futuro abogado… te despido, un gusto charlar con vos realmente, en la próxima me bajo”, se despidió.
“No le puedo decir compañero, pero igualmente, que bueno es saber que no todos están contaminados por los medios”, cerré yo.
Más que historias, son testimonios, diría Rodrigo. Me reconfortó la charla, realmente. Dialogo y consenso nos dicen, ¿verdad? Bueno, cuando hay buena leche sí se puede.
Publicado por Pablo D en 16:23
¿Qué tipo de instituciones son las que hay que respetar?
“La guerra es la continuación de la política por otros medios”, decía Karl Von Clausewitz.
Uno diría que “la ley es el reflejo de los resultados de aquella guerra”.
Siempre el derecho es impuesto por los sectores dominantes de un momento determinado de la historia. En Argentina, cuando los Mitre, Sarmiento, Roca y demás se impusieron en los hechos, consiguieron la hegemonía necesaria a los fines de confeccionar la primer institucionalización de la República (Constitución 1853/60, Código Civil, etc).
¿Pero quien dijo que ese estado de cosas no puede ser discutido jamás?
Perón, por caso, impulsó una reforma amplia de la versión 53/60 de la Carta Magna cuando las tenía todas consigo, aunque no atacó por completo, de raíz, las bases del estado liberal. Es a partir del no derrumbe de los pilares del modelo oligárquico – elitista que los opositores al gobierno de Perón pudieron articular una oposición.
No obstante ello, es innegable que Perón cimentó los pilares de lo que fue la sociedad más igualitaria de Latinoamérica.
Es a partir de los noventa que los sectores del conservadurismo socioeconómico se deciden tomar las instituciones para efectuar las modificaciones necesarias a los fines de retomar el estado de cosas pre peronismo, en lugar de forzarlas como lo venían haciendo desde 1955.
El kirchnerismo, que dice -y en muchos casos, hace- como para desandar el camino noventista, no se decide hacerlo mediante la revolución de los esquemas institucionales que ha heredado, y que no gozan, que se sepa, de la vida eterna: cuando uno entra a la facultad de derecho, una de las primeras cosas que le enseñan es que el derecho es dinámico.
Tanto Néstor, bastante menos Cristina, no han andado un camino similar al de Perón en ese aspecto.
Sin embargo, hay un atenuante. Ese es que cada vez que se intenta poner en discusión, en tela de juicio, los esquemas jurídicos concebidos en las etapas de predominio del establishment el mensaje es “daño a”, en lugar de “reforma de”, las instituciones. El hecho de clarificar a quienes responden los que están a cargo de los mensajes, ya es reiterativo. Lo que no sobra, es decir que una bajada tan perversa supone un escollo por demás difícil a la hora de una praxis política como la del kirchnerismo. Valgan como ejemplos los escándalos realizados en torno a las excelentes reformas a la administración del sistema previsional y de los medios audiovisuales. Llama la atención que haya que reconocer que la nueva ley de medios “es perfectible”, pero respecto de otras leyes pareciera que no está permitido poner en duda ni una coma. Se discuten las formas en función de los bolsillos que los cambios afecten o favorezcan. Es útil mencionarlo a los fines de entender que el poder no lo tiene solamente el gobierno, ni este, ni cualquier otro.
¿Quién les dio ese aura de intangibilidad y por que? Es la principal pregunta que hay que hacerse por estas horas en las que se habla de la autonomía del BCRA cual si fuese una verdad revelada que bajó del cielo y no se concibieran otros modelos, como ser el Japón y Corea del Sur, por ejemplos, en los que no existe tal autonomía, y ello ha sido vital en función de sus respectivos desarrollos. El debate pasa por que tipo de sociedad se quiere configurar. Y por inquirirse si se está dispuesto a hacerlo o se aceptará que lo dado es lo único posible.
Y encima el oficialismo, vale reiterar, no pone todo el empeño que se le podría pedir en andar nuevos caminos jurídicos. Muchas veces fuerza los límites de lo heredado –cuando no es que directamente los sobrepasa-. Lo más sano hubiese sido, es, y seguirá siendo emprender el camino de la ley para cristalizar todas las intenciones, aunque no sea (no es) fácil. En ese sentido, reformas necesarias como a las nauseabundas leyes de entidades financieras o la Carta Orgánica del Banco Central, hubiese sido deseable encararlas en tiempos de mayor holgura política, hoy seriamente amenazada.
Pero también hay que tener (muy) en cuenta que no es tabú discutir reformas legales, aunque cualquier idiota tenga la cara de bajar al patio trasero para chicanear con la “inseguridad jurídica”.
El fondo es y será más importante que la forma. Sin dudas. Pero en función de una estrategia política inteligente, que agarre al rival volviendo del off side y encima sirva de legado, cuan mejor resultaría poner en duda cuanto código hay dando vueltas por ahí.
Las cautelares Clarín amontonadas a fines de 2009 habían puesto contento al bloguero. Porque siendo que todas ellas apuntaban a suspender la aplicación del artículo 161 (que obliga a las empresas a adecuarse al marco de la ley y desinvertir hasta dicho límite en el plazo de un año a partir de conformada la autoridad de aplicación), se había terminado el verso de que los medios se oponían al nuevo texto para defender la libertad de expresión. De lo que se trataba, de lo que se trata, para ellos, es de no perder un statu quo. De negocios. De poder. De guita, al fin y al cabo. La norma sancionada el año pasado no ataca la libertad de expresión, y ser libre no significa ver TN y leer Clarín.
Pero, lamentablemente, desde La Nación han vuelto a la carga. Mediante esta nota firmada por Marcela Basterra, pobre nota por cierto. Uno estaría tentado de contestarles “calentitos los panchos”. Pero como es un tema que gustó, y siempre queda una que otra cosita por enseñarles, vamos a repasar, punto por punto, todas las particulares lecturas que ofreció la autora. Cita y comentario, no en orden.
Dice Basterra: “Un punto seriamente controvertido, es la autoridad de aplicación -Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual-, la que estará integrada por siete miembros, de los cuales la mayoría, podría estar digitada por el Gobierno, tal como surge de la redacción de la ley".
Dice Pablo D: Controvertido para ella. De siete miembros, solo tres con seguridad responderán a K: los dos designados directamente por el Ejecutivo, y el que le corresponde por ser primera minoría parlamentaria. Luego tenemos dos seguramente opositores, los de las segunda y tercera minoría –hoy UCR y PJ disidente-. Los dos restantes, provendrán de lo decidido por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, donde estarán representadas muchas provincias con gobernadores opositores como Binner, R.Saá, Fabiana Ríos, Das Neves, Macri, Brizuela del Moral, Schiaretti; las universidades públicas –que no son precisamente reductos kirchneristas-; los medios privados –seguro allí podrá tallar don Héctor Magnetto-. Seguramente de aquí surgirá un oficialista y un opositor, está bastante parejo. Nos da 4 K vs. 3 no K, 57 por ciento de preponderancia. Además tenés una bicameral de control en el Congreso de la Nación, donde talla fuerte el mayoritario Grupo “A”, y crea un Defensor del Público. Todo eso, contra el 100 por ciento que poseía cualquier Poder Ejecutivo en COMFER, y con una normativa mucho más permisiva. ¿Cuál es mejor, la anterior o la actual? Que lo decida cada uno con su conciencia. Pero sin mentiras de por medio a la hora del análisis.
Dice Basterra: ”Sabemos lo desafortunado que resulta para una democracia que, en un organismo de control, la mayoría dependa del Poder Ejecutivo, y, en definitiva, del oficialismo de turno. Basta recordar lo ocurrido con la Auditoría General de la Nación y el Consejo de la Magistratura”.
Dice Pablo D: La Autoridad de Aplicación de la 26.522, es justamente de eso, de aplicación. No de control. Hago el favor de no inventar si no sabe, señora. No más que decir, su señoría.
Dice Basterra: “Lesiona gravemente el sistema federal, ya que el artículo 32 de la Constitución prohíbe al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o que establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Sin embargo, en contradicción con la Ley Fundamental, el artículo 7° prevé, claramente, que los servicios de radiodifusión estarán sujetos a la jurisdicción federal".
Dice Pablo D: Falso. Los servicios de radiodifusión no se rigen por el artículo 32, sino por el inciso 19 del artículo 75, que, entre las facultades del Congreso, incluye: ”Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales”. Simple y categórico. En base a esto hay profusa jurisprudencia en la cual la Corte relegó las facultades provinciales en la materia a lo determinado por la autoridad federal:
- C. 1082. XXXV. “COMFER c/ Buenos Aires s/ inconstitucionalidad” // “Río Negro c/ Estado Nacional s/ acción de amparo”, Fallos 327: 6011, año 2004 // C. 1553. XLI. “COMFER c/ Misiones s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”
Entre las citas de dichos fallos, los cortesanos han dicho: “es competencia federal la regulación de las telecomunicaciones”; e intimó a la provincia de Misiones a no realizar ningún “acto relacionado con la radiodifusión que requiera la conformidad de la autoridad nacional y no cuente con ella”. Todo esto tomado de esta nota de Verbitsky en P12, pero si alguno no cree en la honestidad de Horacio puede buscar los fallos en crudo con la cita brindada. Viene muy fácil la cosa.
Dice Basterra: ”Desconoce el derecho de propiedad y restringe, en forma directa, derechos adquiridos. El artículo 161 dispone que los titulares de licencias que no cumplan con los requisitos estipulados por la normativa deberán adecuarse a ellos en el término de un año. Recordemos que en 2005 se había dictado el decreto 527, que permitía a los titulares un plazo adicional por diez años en las licencias de servicios de radiodifusión. Con esta disposición, se afecta el grado mínimo de seguridad jurídica que debe existir en un Estado constitucional de derecho”.
Dice Pablo D: Esta señora desconoce que la nueva y/o cualquier otra ley de medios se rigen por el Derecho Administrativo, no privado, toda vez que una de las partes de la relación es el estado nacional, que es quien administra los bienes de dominio público como las licencias de radiodifusión. Es obligación del poder administrador (estado nacional), además, gestionar el bien general como precepto de mayor importancia. En orden a ello, lo que otorgó en un momento puede, bajo el fundamento de haber cambiado las condiciones que hagan a ese bien general, mutar las condiciones de las relaciones jurídicas que instituye sin más, al revés de en el derecho privado. Es decir, no configuran los particulares, en un régimen de derecho público, propiedad ninguna. El derecho otorgado es, de por sí, precario, sin perjuicio de la indemnización que corresponde ante la mutación o ruptura al particular. Siendo que la Autoridad Federal de Radiodifusión va a velar por los precios que van a recibir los licenciatarios por lo bienes de que deben desprenderse, la obligación está más que satisfecha. Y aún tienen los particulares la posibilidad de recurrir a sede administrativa y judicial a reclamar por como se haga el proceso. Pero lo que no se puede admitir es que los particulares quieran imponer derechos que no constituyen para bloquear la acción del poder administrador en función de lo que considere bien general. Aquí, alguien lo explica mejor que yo. De todos modos, extraemos algunas citas por si alguien no tiene ganas de leer la nota completa:
- ”Bien explicaba Rafael Bielsa que una de las más importantes cuestiones en el régimen de servicio público es la relativa a la facultad que la Administración Pública tiene de modificar las formas y condiciones del funcionamiento del servicio público de concesión (Rafael Bielsa, Derecho Administrativo, 1938, 3ª edición, Librería de Lajouane y Cía., pág. 329). Y dice este autor, recordando a Jéze: ´Si se pudiese admitir por un instante que, por efecto de los contratos de concesión, la voluntad de los concesionarios (léase ahora medios de comunicación) pudiera poner en jaque las decisiones tomadas por la Administración en un fin de utilidad pública, necesario sería condenar irremisiblemente el sistema de la concesión como contrario al interés general´ (ibídem pág. 329)”.
- (…) generalmente los servicios públicos tienen por base el dominio público (como es el caso de la TV abierta y las radios), que es de la comunidad, y respecto del cual, por eso mismo, el Estado, o sea, en nuestro caso, el poder administrador, ejerce sobre él el derecho de regular el uso; también esto define lo precario de ciertas concesiones. En las cosas del dominio público no puede constituirse ningún jus in re (Nota de autor: eso quiere decir derecho de propiedad), ni se pueden enajenar los bienes que lo componen, mientras dure la afectación al uso público, ni fraccionar el derecho de dominio. Se trata de un principio general (ibídem 320)”.
- “Ni las disposiciones legislativas de orden esencialmente económico fiscal ni las de orden público pueden ser discutidas por los concesionarios”.
- “la última parte del primer párrafo del art. 161: ´Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al incumplimiento –en cada caso– correspondiesen´. De ello no se desprende que el vencimiento del plazo legal determine la caducidad automática de la licencia sino que es necesario a tal fin el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en donde el responsable podrá articular todas las defensas que estime adecuado, incluso las dirigidas a plantear las razones que lo llevaron a incumplir con las normas sobre adecuación al régimen de incompatibilidad. En suma: el plazo legal es un plazo de gracia que confiere el legislador ante una ilicitud sobreviniente”.
Dice Basterra: “Otorga al Gobierno -éste u otro- total discrecionalidad para definir quiénes serán los afortunados que accederán a las licencias de radio o de TV (artículo 41). Lo que motivará, en forma conjunta con la renovación de las licencias -cada dos años, en realidad dos veces al año, ya que la norma dice ´bianual´ (sic)-, que el Poder Ejecutivo de turno tenga la potestad de otorgar y de renovar licencias aplicando la lógica amigo-enemigo”.
Dice Pablo D: Un nene le diría “que hambre”. A ver, sobre la discrecionalidad. Si lo que regula la nueva ley es discrecionalidad, ¿Cómo le podemos decir a lo estipulado por la “ley” Videla - Ernestina? Porque donde la señora dice Gobierno, debió decir autoridad de aplicación, que hoy como ayer, y como en cualquier país del mundo medianamente civilizado, están bajo la orbita del poder ejecutivo. Esa autoridad de aplicación bajo la vieja ley estaba cien por ciento conformada por hombres del P.Ej., ahora se ha abierto a la oposición. Y las autoridades de aplicación en el derecho son concebidas para, justamente, aplicar la letra de norma. También la ley anterior otorgaba las potestades criticadas por Basterra al P.Ej. Y cualquier ley de medios, o que otorgue cualquier otro derecho público, se hace así. ¿Quien y de que otra forma, sino esta, podrían instrumentar la ley? Bajo el nuevo régimen, por otro lado, es el Consejo federal –con representantes de todas las provincias, hoy mucho más en manos de opositores que en 2007, y de las universidades públicas, que ya vimos como respondieron cuando han sido convocadas a evaluar al INDEC- quien elaborará los pliegos de condiciones para la licitación de licencias. Podrán gustar o no las pautas a partir de las cuales se van a otorgar las licencias. Son claramente mas duras con la posibilidad de conformación de conglomerados dominantes del mercado, y eso será tal vez lo que molesta. De ninguna forma pueden ser calificadas de discrecionales, en el sentido de asociar dicho término a un vicio autoritario. Lo de bienal-bianual, fue un error ya subsanado, por tanto chicanea Basterra, sin sentido alguno.
Dice Basterra: ”El artículo 108 permite revocar los permisos de aquellas emisoras que transmitan mensajes que atenten contra el orden constitucional. De esta manera, podría clausurarse un medio cuyas comunicaciones sean consideradas "destituyentes" por el poder de turno. En otras palabras, podría silenciarse todo mensaje opositor”.
Dice Pablo D: Quizá a Basterra le ha gustado como los medios cubrieron el golpe en Honduras, y los intentos de en Bolivia y Paraguay, acríticamente. Tampoco se le leen críticas a la doctrina de la seguridad nacional inserta en el texto anterior. En manos de quien estuvo aquel mando y en manos de quien está este, con bicameral de control parlamentario, Defensor del Público, presencia de las minorías en el nuevo COMFER y Consejo Federal mediante, es la clave. Una norma no es solo lo que dice, sino las condiciones del medio político en que va a operar. Tener miedo a lo supuestamente laxo 108 habiendo como habrá tanta voz disidente de por medio, es ridículo. Si Silvana Giudice, Fernando Iglesias o Norma Morandini van a integrar la nueva autoridad de aplicación, y ven desde adentro que alguien se quiere exceder en considerar destituyente toda crítica, tendrán a su disposición la cadena nacional de TN, América y subsidiarias para vociferar los atropellos: ¿alguien puede suponer que en ese marco un gobierno, cualquiera este sea, podrá extralimitarse?
Señores del jurado, han sido oídas ambas campanas. Ustedes, los comentaristas, tienen la palabra final. ¿Los argumentos de Basterra o los de Pablo D?
Publicado por Pablo D en 22:12
Redrado, Papel Prensa y el carril angosto del claroscuro kirchnerista
“Los goles que no se hacen en el arco de enfrente, terminan por sufrirse en el propio”
En un mismo día, dos acontecimientos del escenario político vienen a plantear nuevos episodios en la ola de discusión de “verdades” que ha sido característica de la etapa kirchnerista, en torno a ver hasta donde se anima a independizarse el poder público: el Redrado gate y la unificación de precios de papel prensa.
Como siempre, el kirchnerismo va encontrándose en el camino con las limitantes que le marca la configuración de un sistema que ha recorrido en modo desafiante pero sin alterarlo todo lo necesario. Ese claroscuro bien le vale la calificación de haber hecho más que ningún otro gobierno por profundizar la intensidad democrática. Pero también, termina por generarle más de un dolor de cabeza, en tanto emprende discusiones de poder contra sectores del establishment que se las traen -y que no admiten siquiera lo que no son más que moderadas reformas-, al tiempo que el chasis de alianzas se le reduce por izquierda, siendo que para esos nada alcanza si no es "los ricos al paredón", porque actúan con un infantilismo conceptual e histórico que termina por serle funcional a los intereses de quienes son sus verdaderos enemigos.
En el caso de Redrado, resulta ser que un funcionario no consagrado por el pueblo (ni sometido a él, por una directiva legal heredada de los tiempos del Consenso de Washington), le pone límites a la confección de la estrategia económica que está -y debe estar, y debería seguir estando-, en manos de la Presidenta. Está en discusión si Redrado puede o no ser echado, y si su negativa a liberar recursos para el fondo del bicentenario tiene fundamento legal, cuando se lo mira estrictamente desde ese prisma, el de la fría letra de la ley. El BCRA es autónomo, lo que en los hechos significa que representa un poder cuasi paralelo en lo que hace al manejo de la economía. Cunde ese payaso argumento de que despolitizar organismos como el Central, redunda en gestiones más sanas. Lo vivimos durante el debate de la ley de medios. El que escribe piensa todo lo contrario, siendo que quienes provienen del soberano están sometidos a lo visible de sus actos, y son escrutados periódicamente. Y tampoco el objeto de estas líneas adentrarse en las bondades o defectos del fondo del bicentenario. De lo que se trata es de llamar la atención acerca de la necesidad, vital como puede comprobarse, de hacerse de la construcción de herramientas que conformen una nueva institucionalidad, si es que de verdad se quiere dar vuelta una página. Es por lo menos insensato haber mantenido el actual esquema jurídico, bajo el cual funciona el BCRA, durante seis años de amplias mayorías legislativas -y rabioso consenso popular en buena parte de ellos-.
Bien lo acaba de escribir Eric Calcagno en P12: “En cuanto a la cuestión de la “independencia” de algunas instituciones, hay que saber que el manejo de los instrumentos de política económica propios de un Banco Central confiere gran parte del poder. Quien establece la tasa de interés, el tipo de cambio, el crédito y la emisión monetaria controla la base de los mecanismos económicos. Es un lugar estratégico porque si no alcanza para ejecutar un programa económico, puede impedir la ejecución de políticas alternativas. De allí que conservar la conducción del Banco Central es considerado como un objetivo estratégico mayor (…)”.
Luego está la discusión meramente política, donde surgen los ridículos de siempre. Los mismos que hasta no hace mucho tildaban a Redrado poco menos que de trapo de piso porque en sus imbéciles pareceres su gestión había significado la resignación de aquella vomitiva autonomía a la cual rinden pleitesía, habida cuenta de a que intereses sirven. Hoy titulan “Redrado resiste”, intentando darle al hecho tintes guevaristas que no le caben. Un ejemplo es el siempre gracioso senador Morales, otrora funcionario de un gobierno que supo de tornar impagables las deudas y reventarse las reservas, para hoy pretenderse en Sierra Maestra y erigirse en cuidador de fondos que sobran. Y luego de haberse pasado seis años pregonando lo innecesario de tamaña acumulación de reservas. Lo que menos da es haber querido funcionar con una ley y un ejecutor que no comulgan con la política económica propuesta, sea lo que sea que se piense de todos ellos, porque lo cierto es que, al margen de varas morales, el nombre de Redrado quedará asociado al período de más exitosa gestión de la entidad, haya sido o no ese su mérito.
Por añadidura, se le da pasto a la reaccionara franja pseudo republicana de la oposición, que no tiene empachos en salir a teñir de caos lo que no es más que una mera discusión política, y que es deseable que en esos carriles acabe de ser transitada. Anda ahora a buscar una remoción de Redrado que no traiga cola, anda a reformar la carta orgánica del central sin los números necesarios en el parlamento. Era de esperarse que una época de discusión de intereses como esta se sufriesen pasos en falso. Que te sirva de lección.
Casi a la misma hora en que le daba los saludos finales a Tincho, pero mucho menos difundido, Amado Boudou anunció que el gobierno disponía que, de aquí en mas, Papel Prensa debe ofrecer sus productos a igual precio para todos los compradores. Son muy esperables las ediciones venideras de Clarín y La Nación. Será gracioso ver como se las arreglan para calificar de ataque a la libertad de expresión, avance contra Papel Prensa, cambio en las reglas de juego, y demás, ahora que se democratiza el acceso al insumo principal para todos los actores del mercado, lo que en los hechos viene a igualar las oportunidades de difusión y acceso ciudadano a la información.
En realidad, lo que resulta inconcebible es que todavía esa empresa pertenece a quienes pertenece, haciéndoles juez y parte del proceso. Negocio ese que subsiste desde que el Estado manejado por los genocidas del proceso hicieron flor de acuerdo con Ernestina y sus amigos, para que el estado subsidiase la materia prima de los diarios de papel a cambio del silencio para con las atrocidades que cometían, abriéndoles paso al brutal crecimiento económico empresarial de que gozaron dichas empresas, desde allí hasta nuestros días.
Curioso: el mismo estado que se desprendió de todo cuanto uno se pudiera imaginar durante los ´90, entre ellas muchas actividades imprescindibles para el desarrollo social -al son de propaganda mediática favorable, desde luego-, no tuvo jamás entre sus planes abandonar la (seguramente imprescindible, claro) tarea de vender papel de diarios. En cambio, no tuvo empachos en decirles a sus ciudadanos que se jubilarían si se les daba, y sino dios te salve. Luego dicen que el menso es uno, y que en realidad no existen intereses que presionan para la adopción de políticas públicas.
El año pasado el gobierno lo finalizó a todo vapor. Comida con empresarios y sindicalistas, y otras yerbas mediante, el gobierno se mostró como un todo orgánico y coherente dotado de la virtud de dinamitar el berenjenal opositor mayoritario, empeñado este en una suma que, a la luz del devenir coyuntural, se muestra y se seguirá mostrando impracticable. No había necesidad de ganarse este conflicto cuando amanece el año.
La praxis debe ser mejorada, aun cuando ha de reconocerse que el escenario es bien peludo. Y sobre todo, indócil.
Es el precalentamiento de lo que se viene con Congreso, medios y clase media en contra. De lujo seguro para el análisis, no caben dudas de la cantidad de crispaciones que esperan, conociendo a los habitantes de Olivos. Ojala se hagan duchos, y tengan suerte.
Publicado por Pablo D en 17:46
La estrategia de una nación en materia económica, debe –o debería- ser decidida por el pueblo, a través de sus representantes democráticamente elegidos. El posteante supone que no hay –o no debería haber- discordancias en torno a ese punto.
En función de ese rezo, los distintos gobiernos habrán de considerar las formas en las que el estado (al cual transitoriamente representan) interviene, a los fines de encauzar el rumbo determinado.
Si es un modelo de gestión directa, si es un modelo de gestión privada, si se opta por regular más o menos a las fuerzas que intervienen en determinado mercado (o más importante, a que fuerzas); todo será definido en base a un objetivo previamente establecido. Por todo eso, lo primero que se debe encarar es la elección del tipo de modelo que se quiere configurar.
Alguna vez, Raúl Alfonsín, en diálogo con Daniel Hadad, le decía al periodista que si uno consultara al mercado sobre si había que construir casas para pobres, el mercado diría que no, pues lógicamente eso no era rentable. Pero, no obstante –continuaba el extinto líder radical-, el estado no puede dar la espalda a todos aquellos a quienes el mercado de la construcción de casas no contempla.
Esa es, quizá, una buena forma de empezar el debate. Determinar las prioridades a atender, y preguntarse si esas prioridades están siendo lo debidamente contempladas, antes de definir si el estado va a intervenir, y como, en la marcha económica.
Durante la campaña previa a las últimas elecciones legislativas, el Jefe del estado capitalino, Maurizio Macri, abogó por la re privatización de numerosas empresas prestatarias de servicios públicos (AA, entre otras, pero también el sistema previsional). Su punto era que el saldo deficitario que estas arrojaban, generaban un desquicio de gasto público (en sus palabras), que tornaban imposible abarcar debidamente el gasto social y el saneamiento de las cuentas públicas.
Quien mejor le contestó, a juicio de este escriba, fue el sociólogo Pablo Alabarces, quien se preguntó por que debían las empresas del estado generar plusvalía. Agregó, en ese sentido, que con ese pretexto debieran privatizarse también hospitales, escuelas, tribunales.
Es que Macri colocó el debate en un punto falaz. Más allá de que alude a un caos que no existe como tal en las cuentas públicas nacionales. El ¿líder? PRO seguramente dirá “pregúntenle a ´lagente´ si está de acuerdo en gastar ocho millones por día en avioncitos mientras hay 40% de pobres”. Claro, induce indebidamente. Esa no es la pregunta. Desde luego que cualquiera en su sano juicio optaría por destinar tamaña cifra en acabar con la pobreza y la indigencia.
Pero Macri sabe muy bien que la adopción de un modelo de gestión privada no significó que el dinero que se ahorraba fuera redireccionado a encontrar la solución al hambre. Más bien todo lo contrario: pocas veces en la historia se conoció una construcción de pobreza peor que la de los años en que imperó la gestión privada de los servicios. ¿Entonces? Hay que preguntar de otra forma: “¿usted estaría de acuerdo en que el estado se quede de brazos cruzados mientras la gestión privada de aviación elimina destinos de sus programas de vuelo solo porque ellos no son rentables?”.
Sería interesante encauzar el debate entre lo público y lo privado desde una mayor sinceridad. Reconociendo, por ejemplo, que la dicotomía público-privado, no es falsa. Aquí no se ha dado respuesta alguna, sino que se ha intentado ofrecer un marco básico de discusión más intelectualmente honesto.
Sería sano, además, no vender falsas expectativas. Una cosa es aspirar a una gestión económica sana. Otra, muy distinta, incitar a que la acción del estado opere en función de los intereses mas fuertes que participan en la economía. Proponer su retiro de la economía, al tiempo que se pide dejar el libre juego entre iguales que no lo son, sin que le quede más por hacer que encargarse de la seguridad de determinados intereses (patrimoniales), está bastante alejado de aspirar a la mejora de la vida social. Y es también una cuestión, esa, ni más ni menos que de ideología.

References: artículo 99
 artículo 76
 artículo 161
 artículo 32
 artículo 7
 artículo 32
 artículo 75
 artículo 161
 artículo 108