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Timestamp: 2019-11-21 08:58:08+00:00

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Pakistán: la sociedad civil mundial pide la liberación inmediata de Mohammed Ismail y el cese de toda forma de acoso e intimidación
Noticias	 20 Noviembre 2019
Los miembros abajo firmantes de CIVICUS, la alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil y el Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA) exigen la liberación inmediata del profesor Mohammed Ismail de la detención preventiva en Pakistán y el cese de toda forma de acoso e intimidación y amenazas contra él y su familia.
Mohammed Ismail es miembro desde hace tiempo de AGNA, una red de 90 asociaciones nacionales y plataformas regionales de todo el mundo. Él es el punto focal del Foro de ONG de Pakistán (PNF), un organismo que agrupa a otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Pakistán. Su hija, Gulalai Ismail, es una defensora de los derechos humanos que se ha enfrentado a la persecución de las autoridades por defender los derechos de las mujeres y las niñas, y por intentar poner fin a las violaciones de los derechos humanos contra el grupo étnico pastún. Tras este episodio, se le ha concedido asilo en los Estados Unidos de América.
En julio de 2019, en aplicación de la Ley Antiterrorista, Mohammed Ismail fue acusado de cargos en relación con el trabajo legítimo de derechos humanos de su hija, Gulalai Ismail. El 24 de octubre de 2019, fue asaltado fuera de la Corte de Peshawar por hombres vestidos con uniformes militares negros, que lo obligaron a subir a un vehículo negro. Estuvo en paradero desconocido hasta la mañana del 25 de octubre, cuando compareció, bajo la custodia de la Agencia Federal de Investigaciones de Pakistán, ante un magistrado judicial y se le acusó de cargos adicionales en virtud de la Ley de Delitos Electrónicos de Pakistán. Sigue detenido y las solicitudes de libertad bajo fianza presentadas han sido rechazadas por los tribunales.
Además, estamos profundamente preocupados por los informes fidedignos que hemos recibido sobre las condiciones deplorables en las que se mantiene al profesor Ismail detenido, que puede considerarse como trato cruel, inhumano y degradante. Le ha sido denegada la atención médica, a pesar de tener múltiples problemas de salud, incluido un trastorno neurológico, discos dislocados en la espalda, dolores renales y altos niveles de creatinina. También se le ha negado atención médica para tratar su hipertensión.
Antes de su detención, Mohammed Ismail y su familia habían sido objeto de actos de intimidación, incluyendo al menos tres redadas en su hogar familiar en Islamabad, así como amenazas de daños físicos a la hermana menor de Gulalai Ismail.
Las acusaciones contra Mohammed Ismail son infundadas y parecen haber sido presentadas por las autoridades para silenciarlo a él y a Gulalai. Este acoso e intimidación judicial resaltan el ambiente hostil para los defensores de los derechos humanos, periodistas y otros actores en Pakistán que ejercen su libertad de expresión y expresan sus críticas al estado.
Nosotros, miembros de CIVICUS y AGNA, pedimos a las autoridades de Pakistán que liberen al Profesor Ismail de forma inmediata e incondicional y pongan fin a todos los actos de acoso contra el Profesor Mohammed Ismail, Gulalai Ismail y su familia y retiren todos los cargos en su contra. También solicitamos a las autoridades que tomen medidas inmediatas para garantizar que todos los defensores de derechos humanos en Pakistán puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin ningún impedimento o temor a represalias.
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Noticias	 09 Septiembre 2019
También gritamos por la paz: Organizaciones internacionales de la sociedad civil en solidaridad con las Marchas por la Paz de Colombia
Noticias	 26 Julio 2019
Washington, D.C.— Mientras que los colombianos y las colombianas marchan por la paz en su país éste 26 de julio, hacemos eco de sus reclamos exigiendo un final permanente a la guerra que cobró 260,000 vidas y obligó a 8 millones de personas a huir de sus hogares, la mayoría pertenecientes a comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, y principalmente mujeres y niños.
Nos sumamos a su llamado exigiendo que el gobierno colombiano proteja a los líderes y las lideresas sociales que trabajan para crear condiciones de paz en sus territorios. A centenares de personas han sido asesinadas desde el 2016 cuando se firmaron los acuerdos de paz, mientras que muchas más viven una situación de amenazas y ataques constantes. Esta tragedia debe cesar.
El cierre de una importante ONG de derechos humanos por parte del gobierno supone otro golpe a las libertades fundamentales en Guinea Ecuatorial
Noticias	 17 Julio 2019
⚠️Nuevo ataque contra las libertades fundamentales en #GuineaEcuatorial.
Denunciamos el cierre del #CEID, una de las pocas #OSC que denuncia las violaciones de #DDHH en el país y exigimos al Presidente Obiang que anule la resolución.
👉🏿 https://t.co/pWvRiyz97V pic.twitter.com/IwkqJwBVDD
— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) July 18, 2019
Grupos internacionales de derechos humanos han condenado la decisión del gobierno de Guinea Ecuatorial de cerrar una importante ONG de derechos humanos, el Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial (CEID).
El Ministerio del Interior y Corporaciones Locales del país publicó el 5 de julio un decreto que revoca la autorización oficial concedida al CEID, una de las pocas ONG independientes que denuncian las violaciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. La resolución que disuelve la organización de la sociedad civil (OSC) acusa a la organización de violar su propia constitución y de participar en actividades políticas.
"La disolución del CEID es un nuevo retroceso para los derechos humanos en un país que durante décadas no ha respetado las libertades fundamentales", dijo Paul Mulindwa, responsable de Incidencia y Políticas de CIVICUS, una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil.
"El cierre de la organización tiene por objeto silenciar las voces independientes y pacíficas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial", dijo Mulindwa.
El cierre del CEID se produce tras los ataques físicos, las detenciones arbitrarias y la persecución judicial del vicepresidente de la organización, Alfredo Okenve. La medida tiene por objeto silenciar las voces independientes y pacíficas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, y tiene un efecto intimidatorio sobre los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en el país.
El entorno represivo en Guinea Ecuatorial se ve alimentado por el uso de la violencia contra las personas que defienden los derechos humanos, la militarización del Estado y la política, los altos niveles de impunidad que gozan quienes perpetran violaciones de los derechos humanos y el uso de legislación restrictiva -como la Ley No. 1/1999 sobre el Régimen de las ONG- para restringir las operaciones de las OSC.
"La disolución del CEID es un reflejo de la grave situación de la libertad de asociación y expresión en el país y del continuo desprecio del gobierno por sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos", dijo Mulindwa.
El CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que rastrea las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, clasifica el espacio cívico -el espacio para la sociedad civil- en Guinea Ecuatorial como cerrado.
CIVICUS hace un llamamiento al gobierno del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo para que revoque públicamente la resolución, respete sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los compromisos contraídos recientemente con el proceso de Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, y cree un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos.
El gobierno de Honduras debe poner fin a la represión violenta de las protestas pacíficas
Noticias	 26 Junio 2019
📢 Desde @CIVICUSespanol condenamos y exigimos el fin de la brutal represión ejercida contra las protestas pacíficas en #Honduras por parte de las fuerzas de seguridad de @JuanOrlandoH.
+ Info: https://t.co/hsnGKNcVlG pic.twitter.com/MVv70MOEGT
— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) June 26, 2019
El gobierno reprime violentamente las protestas ciudadanas en Honduras
Tres personas muertas y otras 20 heridas en una brutal represión de protestas en Honduras
Alianza de la sociedad civil condena la dura represión de las manifestaciones en Honduras y la decisión del gobierno de utilizar fuerzas militares para controlar las protestas
Los defensores y defensoras del país se enfrentan a un entorno extremadamente peligroso por la violencia y la criminalización
La sociedad civil internacional se reunirá en los Balcanes con el objetivo de fortalecer «el poder de la unión».
Noticias	 31 Enero 2019
La Semana Internacional de la Sociedad Civil 2019 –ICSW, por sus siglas en inglés– reunirá en Belgrado, Serbia, a más de setecientos líderes de la sociedad civil, activistas y ciudadanos interesados de diferentes sectores y regiones en torno a varios temas con el fin abordar los desafíos mundiales más acuciantes en el ámbito de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo internacional.
Por primera vez en casi un cuarto de siglo de ediciones internacionales, este evento se realizará en los Balcanes, una región idónea para explorar la necesidad de unidad y el poder de la acción colectiva.
La ICSW contará con al menos treinta sesiones clave y eventos asociados que abordarán una serie de cuestiones decisivas: desde la ayuda de emergencia a las ONG objeto de ataques, pasando por la reducción de las libertades de los medios de comunicación, hasta una mayor rendición de cuentas en el seno de la sociedad civil.
Belgrado, Serbia — En todo el mundo las organizaciones de derechos humanos sufren cada vez más los ataques de los gobiernos. Los activistas, periodistas y demás personas que se pronuncian contra las crecientes restricciones son perseguidos. Un auge histórico de líderes populistas continúa erosionando las libertades fundamentales, intensificando la polarización política y sembrando la división.
Estamos inmersos en un mar de amenazas internacionales sin precedentes a las cuales la sociedad civil y los ciudadanos de todo el mundo ya han empezado a responder con una renovada determinación.
En este contexto se han abierto las inscripciones para la Semana Internacional de la Sociedad Civil 2019 –ICSW, por sus siglas en inglés–, un evento internacional que se desarrollará del 8 al 12 de abril en Belgrado, Serbia, en el que participarán más de setecientos líderes de la sociedad civil de diferentes sectores y regiones, y que abordará distintos temas. Los delegados compartirán ideas y propondrán soluciones comunes para algunos de los desafíos más acuciantes en el ámbito de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo internacional, y explorarán cómo liberar el poder de la acción colectiva para defender las libertades democráticas en todo el mundo.
La organización de este evento es fruto de trabajo conjunto de la alianza mundial de la sociedad civil, CIVICUS, y de la asociación serbia de la sociedad civil, Civic Initiatives, y cuenta con el apoyo de la Balkans Civil Society Development Network. El programa de la ICSW cuenta con al menos treinta sesiones que abordarán temas que van desde la represión de la libertad de los medios de comunicación y las ayudas de emergencia a las ONG objeto de ataques, hasta la rendición de cuentas dentro de la sociedad civil. Esta sesiones estarán acompañadas por una gran variedad de actividades organizadas por nuestros socios y de discursos clave a cargo de oradores de alto nivel. Gracias a la fuerza de su alianza compuesta por más de 7 000 miembros de 175 países y a su presencia regional, CIVICUS y Civic Initiatives han logrado la implicación de más de treinta socios para la organización del evento, así como la participación una serie de oradores inspiradores de alto nivel que compartirán sus experiencias y conocimientos con los delegados.
En un país tras otro, la democracia está siendo objeto de ataques y los movimientos populistas y de derecha siguen ganando terreno; incluso en países considerados históricamente como bastiones de la democracia se observa una regresión democrática.
Según CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que rastrea las amenazas que pesan sobre la sociedad civil en todos los países, solo el 4 % de la población mundial vive en lugares donde se respetan y protegen adecuadamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión.
«Pese a esto, la sociedad civil está luchando y buscando formas nuevas e innovadoras para organizarse y actuar. Vemos como se forjan nuevas alianzas, así como una creciente apertura a la construcción de coaliciones: activistas que trabajan por diferentes causas y en distintas comunidades se unen para luchar por cuestiones comunes», afirmó Lysa John, secretaria general de CIVICUS.
«El evento de este año en Serbia se produce en un momento crucial y oportuno para que la sociedad civil y los ciudadanos del mundo se den cuenta del poder de las acciones conjuntas y colectivas para desafiar una tendencia mundial que amenaza nuestras libertades fundamentales», declaró John.
El tema de este año, El poder de la unión, explora cómo las personas y las organizaciones de todo el mundo pueden trabajar juntas y cómo están ya haciéndolo con el fin de favorecer y defender espacios para la acción cívica en un mundo en el que las transformaciones globales están reconfigurando el funcionamiento de la sociedad civil.
Por primera vez en casi un cuarto de siglo de ediciones internacionales, el evento estrella de CIVICUS se desarrollará en los Balcanes, una región compuesta por once países y hogar de 55 millones de personas. La ciudad anfitriona será Belgrado, una de las más antiguas de Europa con sus 7 000 años historia. En ella se refleja su complejo pasado nacional y regional haciendo de esta urbe un lugar idóneo para explorar la necesidad de unidad y el poder de la acción colectiva.
«A lo largo de su historia, Serbia ha alternado entre regímenes autoritarios y democracios», indicó Maja Stojanovic de Civic Initiatives.
«Durante los años noventa se produjeron conflictos, graves violaciones de los derechos humanos y el genocidio. Hoy, a medida que nos acercamos a la adhesión a la Unión Europea, los mecanismos de supervisión independientes nacionales e internacionales muestran una reducción de las libertades de los medios de comunicación, una falta de separación de poderes, el menoscabo del estado de derecho y un deterioro de la libertad de voto», expresó Stojanovic.
«Esta región, y Serbia en particular, demuestra que el cambio de leyes, estrategias o gobiernos no ofrece garantías: la democracia no existe sin un trabajo de construcción constante. El evento de este año lo celebraremos en Belgrado con el objetivo de reunirnos, de enviar mensajes arraigados en el contexto local y de reflejar plenamente los desafíos mundiales».
El evento comenzará con una Asamblea de la Juventud de dos días en la ciudad serbia de Novi Sad, Capital Europea de la Juventud 2019 y acogerá a más de cien jóvenes activistas de todo el mundo. Esta asamblea ofrecerá a los delegados la oportunidad de relacionarse con sus pares internacionales, examinar y tomar medidas respecto a algunos de los principales desafíos a los que enfrentan los jóvenes de la sociedad civil en la actualidad.
Entre los oradores de ediciones pasadas de la ICSW se hallan reconocidos e influyentes pensadores, como los ganadores del Premio Nobel de la Paz Jimmy Carter, Desmond Tutu y Ali Zeddini; así como los ex primeros ministros de Nueva Zelanda y Grecia, Helen Clark y George Papandreou.
Para más información, escríbanos a .
Los organizadores de la ICSW 2019 son CIVICUS y Civic Initiatives (CI).
CIVICUS es una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil y de activistas dedicados a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. Desde su fundación en 1993, CIVICUS se esfuerza por hacer oír la voz de grupos marginados, en especial la de aquellos pertenecientes al hemisferio sur, y hoy cuenta con miembros en más de 145 países de todo el mundo.
Civic Initiatives fue fundada en mayo de 1996 por un grupo de destacados activistas pertenecientes a ONG que habían participado en el movimiento contra la guerra y en la oposición democrática no nacionalista desde 1990. Desde entonces, Civic Initiatives ha respondido a la necesidad de crear una base cívica que sostenga los valores democráticos apoyando el activismo ciudadano y abogando por un mejor marco jurídico para la participación cívica.
Preguntas frecuentes sobre la ICSW 2019
¿Qué es la Semana Internacional de la Sociedad Civil 2019?
La Semana Internacional de la Sociedad Civil (ICSW), que se celebrará del 8 al 12 de abril de 2019, es una reunión mundial clave para que la sociedad civil y otras partes interesadas participen de manera constructiva en la búsqueda de soluciones comunes para los desafíos globales. Por primera vez en más de veinte años de ediciones internacionales, CIVICUS, en asociación con Civic Initiatives (CI), celebrará su evento estrella en la región de los Balcanes.
¿Cuáles son los temas clave para 2019?
El programa de la ICSW 2019 se centrará en tres temas interrelacionados con el fin de que los delegados puedan trabajar juntos para:
entender y conectar con los ciudadanos y los movimientos populares que se están produciendo en las calles y en todo el mundo (tema STREETS );
construir puentes que fortalezcan alianzas, creen solidaridad y faciliten la acción colectiva en todas las cuestiones (tema BRIDGES);
e identificar los pasos necesarios para construir y mantener el impacto colectivo, y conectar los esfuerzos locales a los internacionales (tema STAIRS).
Más de setecientos delegados de todo el mundo participarán en la ICSW 2019. Entre ellos figurarán dirigentes de la sociedad civil, activistas, representantes de órganos intergubernamentales, de gobiernos y de los medios de comunicación.
¿Por qué se celebra en Serbia?
Serbia y los Balcanes Occidentales tienen marcos jurídicos sólidos que han de garantizar los derechos básicos de sus ciudadanos. Sin embargo, desde los años noventa los regímenes dictatoriales y la reducción de los derechos básicos han hecho que estas garantías solo lo sean en el papel. De hecho, esa misma década fue testigo de conflictos, de graves violaciones de los derechos humanos y del genocidio. Hoy los mecanismos de supervisión independientes nacionales e internacionales muestran una reducción de las libertades de los medios de comunicación, una falta de separación de poderes, el menoscabo del estado de derecho y un deterioro de la libertad de voto. Decidimos organizar la ICSW 2019 en Serbia con el objetivo de poner en relieve el trabajo de la comunidad de la sociedad civil de los Balcanes para abordar los desafíos actuales a los que se enfrenta la región y para encontrar formas de colaborar y apoyar su trabajo mediante la construcción de alianzas entre la sociedad civil local y la sociedad civil internacional.
NICARAGUA: Nuevo observatorio para velar por los derechos humanos
Noticias	 17 Enero 2019
El espacio de articulación y coordinación está formado por organizaciones internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos en diversas regiones del mundo, entre las que se encuentran: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Civicus- Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL), Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Red EU-LAT, JASS- Asociadas por lo justo, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Plataforma Internacional contra la Impunidad, Race and Equality, Unidad de protección a defensores y defensoras de Guatemala (UDEFEGUA) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
El gobierno cierra organizaciones de la sociedad civil como parte de la campaña de represión en curso en Nicaragua
Noticias	 19 Diciembre 2018
El Parlamento ha cancelado el registro legal de nueve organizaciones de la sociedad civil (OSC)
La medida se produce después de que algunas de las OSC participaron en audiencias sobre violaciones de derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El cierre de las OSC llega en un momento de graves ataques contra las libertades fundamentales en Nicaragua
Los grupos de la sociedad civil global expresan su preocupación de que más OSC nicaragüenses puedan ser atacadas
La alianza Mundial para la participación ciudadana, CIVICUS, ha condenado la cancelación de la personalidad jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua como una afrenta al derecho a la libertad de asociación. Se considera que la medida para cerrar las organizaciones es una represalia por la participación de algunas de esas organizaciones en las audiencias sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 12 de diciembre, el parlamento de Nicaragua votó para cancelar el registro legal de la organización de derechos humanos, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Al día siguiente, votaron nuevamente para cancelar el registro de cinco organizaciones más, entre ellas el Instituto de liderazgo las Segovias (ILLS), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), la Fundación del Río, el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y la Fundación Popol Na.
Apenas una semana antes, el CENIDH había sido parte de una delegación de organizaciones de derechos humanos que participaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con información sobre el impacto social de las violaciones de derechos humanos en curso. Los participantes en la Audiencia pidieron al gobierno que deje de reprimir violentamente las protestas pacíficas y atacar a las voces críticas.
"Después de utilizar la violencia para atacar a los manifestantes pacíficos, el gobierno de Nicaragua ahora extiende su represión a las organizaciones de la sociedad civil debido a su percepción de que han criticado públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas desde el inicio de las protestas en abril de 2018", dijo Natalia Gómez, de CIVICUS.
Las restricciones a las libertades fundamentales en Nicaragua aumentaron sustancialmente en abril, cuando el gobierno dispersó violentamente las manifestaciones contra los cambios en el sistema de seguridad social del país. Desde entonces, más de 300 personas han sido asesinadas y más de 600 siguen detenidas. El gobierno ahora está apuntando a las OSC que denuncian estas violaciones de derechos humanos. Ana Quiroz, directora de una de las organizaciones y costarricense de nacimiento que había vivido y trabajado en Nicaragua durante más de 40 años, fue despojada de la nacionalidad nicaragüense y deportada.
Poco antes de que se cancelara el registro del CENIDH, la policía rechazó su solicitud de realizar una marcha pacífica en conmemoración del 70 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese momento CENIDH canceló la marcha expreso que acudirían a las autoridades judiciales para solicitar la protección de sus derechos.
“El derecho de asociación está garantizado en la constitución de Nicaragua y debe ser respetado en todo momento. En lugar de dirigirse a grupos de la sociedad civil, el gobierno de Nicaragua debería crear un entorno propicio para la sociedad civil y buscar formas de atender las necesidades de sus ciudadanos", continuó Gómez.
CIVICUS ha pedido a las autoridades nicaragüenses que reviertan la cancelación de la inscripción de todas las organizaciones de la sociedad civil, que respeten el derecho de asociación y reunión y que liberen a todos los detenidos por participar en protestas pacíficas.
En septiembre, el Monitor CIVICUS, una plataforma en línea que rastrea las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, rebajó su calificación del espacio cívico en de "reducido" a "represivo". Nicaragua también está en la lista de vigilancia de la plataforma de los países que han visto un aumento repentino y alarmante de las restricciones en el espacio civil.
Para entrevistas por favor contacte al centro de Prensa de CIVICUS aquí.
Noticias	 27 Noviembre 2018
Estos resultados se basan en los datos publicados hoy por el Monitor CIVICUS, un proyecto global de investigación colaborativo cuyo objetivo es la evaluación y el seguimiento del respeto de las libertades fundamentales en 196 países.
CIVICUS acaba de publicar hoy People Power Under Attack 2018, un nuevo informe que pone de manifiesto que casi seis de cada diez países están restringiendo gravemente las libertades fundamentales de asociación, reunión pacífica y expresión de las personas. Esta proporción refleja la crisis continua a la que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil y los activistas de todo el mundo y, además, pone en relieve el hecho de que el espacio para el activismo cívico se ve con frecuencia socavado a través de la censura, los ataques contra periodistas y el acoso a defensores y defensoras de los derechos humanos.
«Estos datos constituyen una señal de alerta. Dada la magnitud del problema, los líderes mundiales, incluido el G20 que se reúne esta semana, deben tomarse mucho más en serio la protección de las libertades cívicas», declaró Cathal Gilbert, director de investigación sobre el espacio cívico de CIVICUS. «En 2018 la sociedad civil fue testigo de la aplicación de varias innovaciones por parte de los Estados con el objetivo de erradicar y acallar las críticas de aquellos que se atreven a desafiar al poder».
«Aunque existe una gran preocupación por la proliferación de leyes restrictivas y no sin razón, nuestros datos muestran que no son más que la punta del iceberg. Las medidas extrajudiciales, como los ataques contra periodistas o manifestantes, son mucho más comunes», declaró Gilbert. «Estas tácticas han sido concebidas de forma cínica y pretenden crear un efecto disuasivo y evitar que los demás se expresen o se conviertan en ciudadanos activos».
Los datos publicados hoy por CIVICUS también traen buenas noticias. Tanto en los siete países en los que mejoró la clasificación del espacio cívico como en otros lugares, vemos pruebas claras de que el activismo pacífico puede obligar a los gobiernos represivos a seguir un camino diferente. En Etiopía, por ejemplo, tras años de disturbios y una fuerte represión de todas las formas de disidencia, el 2018 supuso un giro notable. El nuevo primer ministro, Abiy Ahmed, ha liberado a presos políticos, ha suavizado las restricciones impuestas sobre las comunicaciones electrónicas y ha logrado importantes avances en la reforma de algunas de las leyes más represivas del país. Los cambios en el liderazgo político en Gambia y el Ecuador también han conducido a un mejor entorno para el ejercicio de las libertades fundamentales.
«Las recientes mejoras en Etiopía muestran lo que se puede lograr cuando existe voluntad política y cuando los líderes toman decisiones valientes para responder a los llamamientos de la sociedad civil», afirmó Gilbert. «Este debería ser un ejemplo para los países represivos de todo el mundo. Al eliminar las restricciones y proteger el espacio cívico, los países pueden aprovechar el verdadero potencial de la sociedad civil y acelerar su progreso en una gran cantidad de frentes».
Declaración global sobre el vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos
Noticias	 13 Noviembre 2018
El 9 de diciembre de 2018 se cumplen 20 años del día en que los líderes mundiales adoptaron la Declaración sobre las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Esta fue una gran victoria para el movimiento de derechos humanos, ya que la comunidad internacional finalmente dio el debido reconocimiento a aquellas personas valientes que dedican sus vidas a luchar por nuestros derechos. La Declaración es un texto inspirador que defiende los derechos de todas las personas defensoras de los derechos humanos a promover, proteger y defender los derechos humanos, desde las esferas individuales hasta las esferas mundiales. La Declaración afirma que los estados tienen la responsabilidad y el deber de proteger a las personas defensoras contra la violencia, las amenazas, las represalias y las acciones arbitrarias derivadas del ejercicio de sus derechos fundamentales. La Declaración señala que cuando se violan estos derechos, las víctimas tienen derecho a presentar quejas o demandas. Estas quejas deben ser revisadas con prontitud por autoridades judiciales independientes, imparciales y competentes, y se debe además realizar una reparación a las víctimas.
Desafortunadamente, veinte años después de su adopción, nuestra evaluación muestra enormes brechas en la implementación de la Declaración. Pruebas de esto son los ataques persistentes contra las personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones, los que continúan sucediendo sin cesar, 20 años después de la adopción de la Declaración. En todos los tipos de sistemas políticos, democráticos y de otro tipo, y en todo el mundo, los entornos en los que trabajan las personas defensoras de los derechos humanos son cada vez más controvertidos y volátiles. Muy pocos estados han promulgado leyes sobre las personas defensoras de los derechos humanos o han desarrollado políticas que buscan reconocerlas y protegerlas. Algunos de los que tienen este tipo de política son; Burkina Faso, Brasil, Costa de Marfil, Colombia, México y Malí. Pero incluso en algunos de estos estados, las personas defensoras de los derechos humanos están en riesgo.
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes expresamos nuestra preocupación más profunda sobre los desafíos que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos. Nuestro monitoreo de la situación que quienes están a la vanguardia de la defensa, promoción y protección de los derechos humanos son objeto principal de los ataques perpetrados por actores estatales y no estatales. El CIVICUS Monitor, una herramienta que se utiliza para analizar el estado del espacio cívico en países de todo el mundo, revela que la detención arbitraria e ilegal de personas defensoras de derechos humanos es la táctica número uno de represión utilizada por los estados. Entre junio de 2016 y marzo de 2017, el Monitor publicó 160 informes relacionados con la detención de enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos. La mayoría de estas personas están detenidas bajo una legislación restrictiva y son procesadas ​​bajo cargos falsos que van desde "terrorismo", "secesión", "narcotráfico", "traición", a “intentar desestabilizar la seguridad estatal y nacional”. Estos cargos a menudo conllevan penas severas que incluyen la pena de muerte y la cadena perpetua y, en algunos casos, los procesos judiciales tienen fallas y las personas defensoras de los derechos humanos son juzgadas en tribunales militares.
Las estadísticas relacionadas con personas defensoras de los derechos humanos que han pagado el precio más alto por defender los derechos humanos son alarmantes y deberían ser una fuente de preocupación para todos nosotros. La organización mundial de derechos humanos Frontline Defenders informó que solo en 2017 murieron 312 personas defensoras de los derechos humanos en 27 países. Aunque en casi todos los casos, los asesinatos a menudo brutales de estas personas están precedidos por amenazas que a menudo se denuncian a las autoridades, los pedidos de ayuda y protección se ignoran de forma rutinaria. Amnistía Internacional arroja luz sobre un estimado de 3.500 personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en los últimos 20 años. En la mayoría de estos casos, los perpetradores no han sido responsabilizados y continúan atacando a otras personas, mientras disfrutan de altos niveles de impunidad.
Las personas defensoras de los derechos humanos a menudo son víctimas de agresiones físicas, vigilancia ilegal y son amenazadas por actores estatales y no estatales. Las oficinas y los hogares de algunas personas defensoras han sido atacados como forma de intimidación, y sus movimientos son monitoreados por agentes estatales. Otras personas reciben prohibiciones de viaje, especialmente cuando planean viajar al extranjero para asistir a reuniones o conferencias que se centran en los derechos humanos. Muchas personas han sido secuestradas o retenidas por miembros de las fuerzas de seguridad o personas no identificadas y algunas han sido encontrados muertas. Otras personas defensoras simplemente han desaparecido y no se ha vuelto a saber de ellas. Los altos funcionarios del gobierno someten a las personas defensoras de los derechos humanos a campañas difamatorias para desacreditarlas y denigrar el trabajo que realizan, lo que les hace vulnerables a los ataques en sus comunidades. En medio de este ataque, las personas defensoras de los derechos humanos han tenido que autocensurarse y otras han huido de sus hogares y países.
Expresamos nuestra profunda preocupación de que, en la mayoría de los países, la falta de una respuesta policial y judicial efectiva a estos asesinatos, ataques, amenazas, hostigamientos e intimidaciones sufridos por las personas defensoras de los derechos humanos genere un clima de impunidad y aliente y perpetúe estas violaciones. La inclusión del Objetivo 16 en la Agenda 2030 es un reconocimiento por parte de los estados de que el desarrollo y los derechos humanos no se pueden separar. La meta 16 insta a los estados a proteger las libertades fundamentales de acuerdo con la legislación nacional y los acuerdos internacionales. Los costos humanos asociados con estos ataques a las personas defensoras de los derechos humanos no se pueden cuantificar fácilmente, pero si los estados no toman las medidas necesarias para detener estos ataques, no se alcanzarán los objetivos clave de la Agenda 2030.
Este es nuestro llamado colectivo a los estados, representantes gubernamentales, organizaciones internacionales y actores no estatales para que reconozcan a las personas defensoras de los derechos humanos como actores importantes en los procesos de construcción de la nación, respeten sus derechos, apoyen su trabajo y los protejan en todo momento.
Las organizaciones grupos abajo firmantes instan a los gobiernos a crear un entorno propicio que cumpla con las obligaciones y estándares regionales e internacionales de derechos humanos y en el que en el que las personas defensoras de los derechos humanos puedan trabajar libremente. Como mínimo, deben garantizarse las siguientes condiciones para las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan en todos los sectores: la libertad de asociación, expresión y reunión; el derecho a trabajar sin interferencias estatales injustificadas; y el deber de los estados de adecuada protección. A la luz de esto, hacemos las siguientes recomendaciones.
Desarrollar e implementar una ley que reconozca las actividades de las personas defensoras de derechos humanos, les proteja e incluya disposiciones que exija rendición de cuentas hacia quienes persigan a estas personas. Se debe asegurar que existan políticas, pautas o resoluciones claras para la implementación de la ley.
Crear mecanismos de protección que respondan a las necesidades específicas de las personas defensoras de derechos humanos. Estos mecanismos deben poder monitorear e informar sobre su situación y hacer recomendaciones para derogar o enmendar leyes y políticas que sean inconsistentes con los derechos de las personas defensoras de derechos humanos o que les ponga en riesgo.
Llevar a cabo investigaciones rápidas, independientes e imparciales sobre todos los casos en que personas defensoras de derechos humanos hayan sido asesinadas, amenazadas, atacadas, secuestradas, intimidadas o acosadas, y garantizar que los culpables sean responsabilizados y se proporcione reparaciones a las víctimas.
Derogar o enmendar todas las leyes y políticas restrictivas que se utilizan injustamente para restringir las actividades de las personas defensoras de derechos humanos, de forma que estén alineadas con los estándares regionales e internacionales de derechos humanos y sean de utilidad para evitar el hostigamiento hacia las personas defensoras de derechos humanos.
Mantener una relación de trabajo constructiva con los mecanismos de monitoreo de los derechos humanos, incluyendo los procedimientos especiales y los órganos garantes de tratados.
Instar a los gobiernos a llevar a cabo investigaciones independientes sobre casos en que personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas, agredidas físicamente, intimidadas y hostigadas por defender su medio ambiente, recursos naturales y comunidades contra los efectos de las operaciones extractivas de las empresas, y garantizar que los responsables rindan cuentas.
Dejar de participar en ataques físicos y legales contra personas defensoras de los derechos humanos que defienden sus comunidades y el medio ambiente contra las incursiones de los intereses comerciales.
Asegurar que las normas y estándares de derechos humanos guíen la implementación de emprendimientos empresariales, especialmente cuando éstos afectan el medio ambiente, los recursos naturales y las tierras de las comunidades.
Trabajar con los gobiernos para garantizar que se realicen consultas adecuadas con las comunidades y las personas defensoras de los derechos humanos antes de participar en operaciones de extracción que conduzcan al desplazamiento de las comunidades y al impacto en sus fuentes de sustento.
Para las instituciones multilaterales
Priorizar la participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones y abrir espacios para la participación de las personas defensoras de los derechos humanos en sus actividades.
Trabajar con la sociedad civil para impulsar un multilateralismo centrado en las personas, que refuerce la preeminencia de las normas y derechos humanos internacionalmente acordados.
Hablar con valentía cuando las personas defensoras de los derechos humanos sean amenazadas, atacadas o intimidados, y condenar tales acciones.
Anexo 1: Personas defensoras de los derechos humanos que fueron asesinadas en los últimos 3 años defendiendo los derechos humanos
Anexo 2: Personas actualmente en prisión o que enfrentan persecución judicial por promover los derechos humanos
Muestre su solidaridad al respaldar esta declaración
Noticias	 07 Noviembre 2018
Una iniciativa de investigación mundial, de un año de duración, explora el significado de democracia para personas de casi 80 países y la clase de democracia que quieren;
Los principales retos identificados son: elecciones fraudulentas, exclusión política y económica, extremismo y polarización política;
Entre las recomendaciones, destacan: una mayor democracia directa y participativa y una economía que funcione para todos.
Si pudiéramos reimaginar el tipo de democracia que vivimos y la manera como la vivimos, ¿a qué se parecería? y ¿cómo sería?
Esta es la pregunta que los investigadores han planteado a líderes de opinión y activistas de cerca de 80 países en todo el mundo, en el marco de una iniciativa llamada "Reimaginar la Democracia", de un año de duración. Aunque el proyecto ha coincidido con el auge de ideas populistas regresivas y con la polarización política que se ha experimentado en varias partes del mundo, la respuesta es contundente: la gente quiere más democracia, no menos.
Liderado por CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, el informe de la iniciativa, titulado "Democracia para todas las personas: más allá de la crisis de imaginación", se basa en las ideas extraídas de unas 100 entrevistas, 54 estudios y 26 "diálogos sobre democracia" de todo el mundo, que han servido para realizar un debate sobre el estado de la democracia.
"Deseábamos explorar el tema de reimaginar la democracia a través del análisis de los desafíos actuales, a la vez que realizábamos un examen de las principales lagunas existentes en las instituciones y en la práctica de la democracia", ha señalado Mandeep Tiwana, Director de Programas de CIVICUS y uno de los líderes de la iniciativa.
“Los sistemas de gobierno mundiales están viviendo el momento, limitados por una crisis de imaginación, un pensamiento a corto plazo y por las consideraciones tácticas de los que están en el poder. Necesitamos soluciones radicales basadas en valores democráticos para el futuro”, expresó Tiwana.
De uno a otro país, la democracia es el blanco de ataques. En muchos de ellos, advertimos una regresión democrática y la retirada de sus libertades. De acuerdo con Monitor de CIVICUS, una plataforma en línea que evalúa el espacio cívico, las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica están siendo menoscabadas en la mayor parte del mundo. Observamos el auge de una política polarizadora y el culto al líder de mano dura. Observamos el avance del populismo de derecha y, al mismo tiempo, las problemáticas mundiales profundas, como el cambio climático, la desigualdad y el conflicto siguen, en gran medida, sin resolverse. En todas partes del mundo, las personas están descontentas con las limitaciones y exclusiones democráticas que sufren.
Los participantes de la iniciativa han señalado varias soluciones innovadoras para reformar la democracia, centradas en torno a la adopción de decisiones políticas y económicas a todos los niveles. Asimismo, el informe identifica tres cambios fundamentales, necesarios para reimaginar la democracia. En primer lugar, la toma de decisiones debe llevarse a cabo a nivel local y comunitario. El informe pide nuevas y mayores modalidades de participación comunitaria, cuyas decisiones estén definidas por las necesidades y aspiraciones locales. Recomienda una democracia más directa y deliberativa, mediante asambleas de ciudadanos y parlamentos comunitarios.
En segundo lugar, los problemas globales exigen soluciones globales, que surjan a través de la democracia global. Los ciudadanos deben tener derecho a opinar sobre las decisiones internacionales que afecten a sus vidas, por ello, una de las soluciones que se ofrece es crear un parlamento mundial, elegido directamente por la población y no según la idea del Estado-nación. Frente a los desafíos actuales, el informe apunta a la gobernanza internacional como un ámbito de acción legítimo para que las personas y las organizaciones reclamen sus derechos y promuevan el cambio.
En tercer lugar, es necesaria una nueva visión que aborde la exclusión y la desigualdad a través de una economía democratizada que funcione para todos. Los elementos principales incluyen: la participación democrática en la toma de decisiones económicas, regímenes fiscales para todos que funcionen adecuadamente, redistribución de la riqueza, prestación de servicios públicos de calidad que no sean monetizados, democracia en el lugar de trabajo y gestión sostenible de los recursos finitos del mundo a través del control democrático.
El informe concluye que la sociedad civil ha desempeñado un papel fundamental de liderazgo en la respuesta global a los desafíos democráticos. En lugares tan diferentes como Armenia, Corea del Sur y Gambia, los movimientos populares han propiciado avances democráticos, desafiando con éxito a los líderes autocráticos en las urnas y en las calles. En países de África occidental, como Burkina Faso y Senegal, los jóvenes han liderado movimientos, agrupándose creativamente para enfrentar a los gobernantes autocráticos que intentaron prolongar su mandato. En Malasia, el partido gobernante fue finalmente derrotado después de más de seis décadas afianzado en el poder, y la campaña de la sociedad civil contra la corrupción y los abusos electorales fue fundamental para ello.
Los movimientos Me Too y Time Up movilizaron a una enorme cantidad de personas, transformando el debate sobre la situación de las mujeres en las sociedades y los lugares de trabajo, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. En Irlanda, las movilizaciones populares han demostrado cómo las asambleas y los referendos ciudadanos promueven los derechos a través de una campaña de éxito para cambiar la ley del aborto, logrando así un triunfo para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“Para progresar, debemos redoblar esfuerzos para que las elecciones sean justas, al mismo tiempo que forjamos diferentes alianzas que apoyen sistemas judiciales independientes, medios de comunicación y otros actores interesados en proteger los valores democráticos. En particular, la sociedad civil debe liderar con el ejemplo, creando el modelo de responsabilidad democrática que queremos ver”, explicó Tiwana.
En líneas generales, la iniciativa "Reimaginar la democracia" reveló que, en general, la gente todavía cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, incluso si no están satisfechos con su experiencia actual. Tener voz e influencia sobre las circunstancias de nuestras vidas es una aspiración humana fundamental. Con la democracia sustantiva, se pueden tomar mejores decisiones y se pueden exigir más responsabilidades a los decisores.
Para leer todas las contribuciones en la plataforma “Reimaginar la Democracia”, en las que se basa el informe, haga clic aquí.
Para obtener datos en tiempo real sobre las amenazas a la democracia y la sociedad civil en todos los países, proporcionados por el Monitor de CIVICUS, haga clic aquí.
Para ver el Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de 2018, haga clic aquí.
Para concertar entrevistas o para obtener más información o apoyo a los medios de comunicación, comuníquese con:
Para acceder al Centro de Prensa CIVICUS, haga clic aquí.
Acerca de CIVICUS:
CIVICUS es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y activistas dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. Creada en 1993 y con sede principal en Johannesburgo, Sudáfrica, CIVICUS cuenta con oficinas por todo el mundo y más de 4 000 miembros repartidos en más de 175 países.
Nuestra definición de sociedad civil es amplia y abarca organizaciones no gubernamentales, activistas, coaliciones y redes de la sociedad civil, movimientos sociales y de protesta, organismos de voluntariado, organizaciones de cabildeo, organizaciones benéficas, grupos religiosos, sindicatos y fundaciones filantrópicas. Nuestra membresía es diversa y abarca una amplia gama de temáticas, tamaños, y tipos de organización
Arabia Saudita: El asesinato del periodista y las detenciones generalizadas de defensores de los derechos de las mujeres
Noticias	 26 Octubre 2018
Reconociendo el derecho fundamental a expresar nuestras opiniones, libres de represión, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes instamos a la comunidad internacional, entre otros, a las Naciones Unidas, a las instituciones multilaterales y regionales, así como a los Gobiernos democráticos comprometidos con la libertad de expresión, a adoptar medidas inmediatas para que Arabia Saudita rinda cuentas por violaciones graves de los derechos humanos. El asesinato del periodista Jamal Ahmad Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul el 2 de octubre muestra únicamente una de las muchas, graves y sistemáticas violaciones perpetradas por las autoridades sauditas tanto dentro como fuera del país. A medida que se acerca el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el 2 de noviembre, nos hacemos eco de los llamamientos para que se lleve a cabo una investigación independiente sobre el asesinato de Khashoggi, a fin de que llevar a los responsables ante la justicia.
Este caso, junto a las crecientes detenciones de defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros, periodistas, académicos, defensores y defensoras de los derechos de las mujeres, la represión interna, la posible imposición de la pena de muerte a manifestantes y las conclusiones del informe del Grupo de Eminentes Expertos de las Naciones Unidas que indican que la Coalición dirigida por Arabia Saudita ha cometido actos en Yemen que pueden ser constitutivos de crímenes internacionales, demuestra el historial de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de Arabia Saudita. Por consiguiente, nuestras organizaciones también instan a la Asamblea General de las Naciones Unidas a suspender a Arabia Saudita del Consejo de Derechos Humanos (CDH), de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 de la resolución 60/251 de 13 de abril de 2006 de la Asamblea General.
Arabia Saudita nunca se ha destacado por su tolerancia y respeto de los derechos humanos, pero se esperaba que, cuando el príncipe heredero Mohammed Bin Salman puso en marcha su plan económico (Visión 2030) y por fin se permitió conducir a las mujeres, se podría producir una flexibilización de las restricciones de derechos de las mujeres y de las libertades de expresión y asamblea. Sin embargo, antes de que se levantara la prohibición de conducción en el mes de junio, las defensoras de derechos humanos recibieron llamadas telefónicas advirtiéndoles de que permaneciesen en silencio. Entonces, las autoridades sauditas detuvieron a decenas de defensores y defensoras de los derechos de las mujeres que habían participado en la campaña contra la prohibición de conducir. La represión ejercida por las autoridades sauditas contra toda forma de disidencia continúa hasta la fecha.
Khashoggi criticó las detenciones de los defensores y defensoras de derechos humanos y los planes de reforma del príncipe heredero y vivía en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos. El 2 de octubre de 2018, Khashoggi fue al Consulado de Estambul con su prometida para realizar unos trámites, pero nunca salió de allí. Las autoridades turcas pronto afirmaron que había pruebas de que había sido asesinado en el Consulado, pero las autoridades sauditas no admitieron su asesinato hasta dos semanas más tarde.
Tan solo dos días después, el 20 de octubre, el Ministerio Fiscal saudita publicó sus conclusiones confirmando que Khashoggi había muerto. Sus informes indican que murió tras “una pelea a puñetazos” en el Consulado y que se había detenido a 18 ciudadanos sauditas. El rey Salman también emitió varios reales decretos destituyendo a funcionarios de alto nivel, entre otros Saud Al-Qahtani, asesor de la corte real, y Ahmed Assiri, subdirector de los servicios de Inteligencia. La Fiscalía continúa su investigación, pero el cuerpo todavía no ha sido hallado.
En vista de los informes contradictorios de las autoridades sauditas, es esencial que se lleve a cabo una investigación internacional independiente.
El 18 de octubre, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras pidieron a Turquía que solicitase al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, una investigación de la ONU sobre la ejecución extrajudicial de Khashoggi.
El 15 de octubre de 2018, David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, y Agnès Callamard, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias, solicitaron una investigación independiente que pueda alcanzar conclusiones creíbles y siente las bases para la adopción de medidas punitivas claras, entre otras, la posible expulsión de personal diplomático, la suspensión de organismos de las Naciones Unidas (como el Consejo de Derechos Humanos), prohibiciones de viajar, consecuencias económicas, reparaciones y la posibilidad de celebrar juicios en terceros Estados.
Observamos que el 27 de septiembre, Arabia Saudita se sumó al consenso del Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuando aprobó una nueva resolución sobre la seguridad de los periodistas (A/HRC/Res/39/6). Observamos también que esta resolución insta a “realizar investigaciones imparciales, prontas, minuciosas, independientes y efectivas de todas las denuncias de actos de violencia, amenazas o agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que competan a su jurisdicción, lleven a los autores de esos delitos ante la justicia, incluidos quienes ordenen cometerlos o conspiren para ello, sean cómplices en ellos o los encubran.” Y también “a quienes corresponda a que dejen en libertad, de inmediato y de manera incondicional, a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que hayan sido detenidos o recluidos arbitrariamente”.
Khashoggi fue colaborador de los periódicos Washington Post y Al-Watan y redactor jefe del efímero canal de noticias Al-Arab News Channel en 2015. Salió de Arabia Saudita en 2017, cuando comenzó la escalada de detenciones de periodistas, escritores y defensores y defensoras de derechos humanos. En su último artículo de opinión publicado en el Washington Post, critica la condena a cinco años de prisión del periodista Saleh Al-Shehi, en febrero de 2018. Al-Shehi es uno de los más de 15 periodistas y blogueros arrestados en Arabia Saudita desde septiembre de 2017, lo que, según Reporteros Sin Fronteras, eleva a un total de 29 de ellos en prisión, además de 100 defensores y defensoras de derechos humanos y, probablemente, miles de activistas que también permanecen detenidos, según el Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR) y otros colaboradores sauditas como ALQST. Muchas de las personas detenidas en el último año han criticado públicamente los planes de reforma relacionados con Vision 2030 y han señalado que las mujeres no alcanzarían la igualdad económica únicamente por poder conducir.
Otro objetivo reciente de la represión contra la disidencia es el destacado economista Essam Al-Zamel, un empresario conocido por sus escritos sobre la necesidad de reformas económicas. El 1 de octubre de 2018, el Tribunal Penal Especializado (TPE) celebró una sesión secreta en la que la Fiscalía acusó a Al-Zamel de violar la Ley de Delitos Informáticos al “movilizar a sus seguidores en las redes sociales”. Al-Zamel criticó Vision 2030 en las redes sociales, donde tenía un millón de seguidores. Al-Zamel fue arrestado el 12 de septiembre de 2017, al mismo tiempo que otros muchos defensores de derechos humanos y reformistas.
La inédita persecución actual contra las defensoras de derechos humanos se inició en enero de 2018 con la detención de Noha Al-Balawi por su ciberactivismo para apoyar las campañas en las redes sociales en favor de los derechos de las mujeres como (#Right2Drive) o contra el sistema de tutela masculina (#IAmMyOwnGuardian). Antes incluso, el 10 de noviembre de 2017, el TPE de Riad condenó a Naimah Al-Matrod a seis años de prisión por ciberactivismo.
La ola de detenciones continuó después del periodo de sesiones de marzo del Consejo de Derechos Humanos y de la publicación de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW) sobre Arabia Saudita. Loujain Al-Hathloul, fue secuestrada en los Emiratos y trasladada a Arabia Saudita contra su voluntad el 15 de mayo de 2018; le siguió la detención de Eman Al-Nafjan, fundadora y autora del Saudiwoman's Weblog [Blog de las mujeres sauditas], quien previamente protestó contra la prohibición a conducir, y la de Aziza Al-Yousef, destacada activista de los derechos de las mujeres.
Otras cuatro defensoras de derechos humanos fueron detenidas en mayo de 2018, Aisha Al-Manae, Hessa Al-Sheikh y Madeha Al-Ajrous, que participaron en el primer movimiento de protesta de mujeres exigiendo el derecho a conducir en 1990, así como Walaa Al-Shubbar, una joven activista conocida por su movilización contra el sistema de tutela masculino. Todas estas personas son académicas y profesionales que apoyan los derechos de las mujeres y ayudan a supervivientes de violencia de género. Aunque todas han sido liberadas, se cree que las cuatro mujeres aún se enfrentan a acusaciones penales.
El 6 de junio de 2018, la periodista, editora, productora de televisión y defensora de los derechos humanos Nouf Abdulaziz fue detenida después de una violenta incursión en su casa. Después de su arresto, Mayya Al-Zahrani publicó una carta de Abdulaziz, tras lo que ella misma fue detenida el 9 de junio de 2018 por la publicación de la carta.
El 27 de junio de 2018 fue detenida Hatoon Al-Fassi, una reconocida académica y profesora asociada de historia de las mujeres en la Universidad Rey Saud. Durante mucho tiempo ha defendido el derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales y a conducir, y fue una de las primeras en ponerse al volante el 24 de junio de 2018, día en que se levantó la prohibición.
En dos ocasiones en el mes de junio, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas instaron a la puesta en libertad de los defensores y defensoras de derechos de las mujeres. El 27 de junio de 2018, nueve expertos independientes de la ONU declararon que, en marcado contraste con este momento de celebración por la liberación de las mujeres sauditas, se ha arrestado y detenido a gran escala a defensoras de derechos humanos en todo el país, lo que es verdaderamente preocupante y, probablemente, el mejor indicador del enfoque del Gobierno en relación a los derechos de las mujeres. Destacaron que las defensoras de derechos humanos “sufren una estigmatización más grave, no solo por su labor como defensoras de derechos humanos, sino también por discriminación en razón de su género”.
Sin embargo, las detenciones de defensoras de los derechos humanos continuaron con la de Nassima Al-Sadah y Samar Badawi el 30 de julio de 2018. Permanecen detenidas en régimen de aislamiento en una cárcel controlada por la Dirección de Seguridad Nacional, un mecanismo creado por mandato del rey Salman el 20 de julio de 2017. El hermano de Badawi, Raif Badawi, actualmente cumple condena a diez años de prisión por su actividad de incidencia política en línea y su exmarido Waleed Abu Al-Khair cumple una condena de quince años. Abu Al-Khair, Abdullah Al-Hamid y Mohammed Fahad Al-Qahtani (los dos últimos, miembros fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos - ACPRA) recibieron conjuntamente el Premio “Right Livelihood” en septiembre de 2018. De momento todos ellos siguen en la cárcel.
También han sido detenidos familiares de defensores y defensoras de derechos humanos. Amal Al-Harbi, esposa del destacado activista Fowzan Al-Harbi, fue detenida por agentes de seguridad del Estado el 30 de julio de 2018, mientras se encontraba en la playa con sus hijos en Jeddah. Su marido es otro miembro de ACPRA actualmente encarcelado. Resulta alarmante que, en octubre de 2018, se hayan impuesto prohibiciones de viajar a las familias de varias defensoras de derechos como Aziza Al-Yousef, Loujain Al-Hathloul y Eman Al-Nafjan.
Preocupa también el hecho de que, en un juicio ante el TPE el 6 de agosto de 2018, el Ministerio Fiscal solicitó la pena de muerte para Israa Al-Ghomgam detenida junto a su marido, Mousa Al-Hashim, el 6 de diciembre de 2015 por su participación en protestas pacíficas en Al-Qatif. Al-Ghomgam fue acusado en virtud del artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos de 2007 por su actividad en las redes sociales, así como por otros cargos relacionados con las protestas. Si se la condena a muerte, sería la primera mujer que se enfrenta a la pena capital por acusaciones relacionados con el activismo. La próxima audiencia está prevista el 28 de octubre de 2018.
El TPE fue creado en 2008 para juzgar casos de terrorismo y se ha utilizado principalmente para procesar a defensores y defensoras de derechos humanos y a personas críticas con el Gobierno, a fin de mantener un férreo control sobre la sociedad civil.
El 12 de octubre de 2018, los expertos de la ONU volvieron a instar a la liberación de todas las defensoras de derechos humanos detenidas en Arabia Saudita. Manifestaron una especial preocupación por el juicio de Al-Ghomgam ante el TPE, afirmando que, “nunca se debe utilizar las medidas antiterroristas para eliminar o limitar el trabajo de derechos humanos”. Es evidente que las autoridades sauditas no han tomado medidas tras la preocupación manifestada por los procedimientos especiales, y esta falta de cooperación aumenta el descrédito que suscita su pertenencia al CDH.
Muchos de los defensores y defensoras de derechos humanos arrestados este año han permanecido en régimen de incomunicación, sin acceso a sus familiares o abogados. A algunos se les ha tachado de traidores y han sido objeto de campañas de difamación en los medios de comunicación gubernamentales, aumentando así la posibilidad de ser condenados a largas penas de prisión. En vez de garantizar un entorno seguro para los defensores y defensoras de derechos humanos en el contexto de la reforma económica, las autoridades sauditas han decidido aumentar la represión contra las voces disidentes.
Nuestras organizaciones reiteran su llamamiento a la comunidad internacional para que Arabia Saudita rinda cuentas, a fin de que no se permita la impunidad por estas violaciones de los derechos humanos.
Instamos a la comunidad internacional y, en especial, a las Naciones Unidas a que:
- Tomen las medidas necesarias para garantizar que se lleva a cabo una investigación internacional, imparcial, rápida, exhaustiva, independiente y efectiva sobre el asesinato del periodista Jamal Ahmad Khashoggi.
- Garanticen que Arabia Saudita rinde cuentas por el asesinato de Khashoggi y por sus sistemáticas violaciones de los derechos humanos.
- Convoquen un periodo extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos ante la reciente ola de detenciones y ataques contra periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otras voces disidentes en Arabia Saudita.
- Tomen las medidas necesarias en la Asamblea General de las Naciones Unidas para suspender a Arabia Saudita como miembro del Consejo de Derechos Humanos.
- Pidan al Gobierno de Arabia Saudita que cumpla las recomendaciones que se formulan a continuación.
Instamos a las autoridades de Arabia Saudita a que:
- Entreguen el cuerpo de Jamal Ahmad Khashoggi e inviten a expertos internacionales independientes a supervisar las investigaciones sobre su asesinato; cooperen con todos los mecanismos de las Naciones Unidas y garanticen que se lleva a los responsables de esta muerte ante la justicia, entre ellos a los responsables de mando.
- Anulen inmediatamente las condenas de todos los defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros, de las mujeres y los hombres que defienden la igualdad entre géneros, y que retiren todas las acusaciones en su contra.
- Liberen inmediata e incondicionalmente a todos los defensores y defensoras de derechos humanos, escritores, periodistas y prisioneros de conciencia en Arabia Saudita detenidos por su legítimo y pacífico trabajo de promoción y protección de los derechos humanos, entre otros, de los derechos de las mujeres.
- Establezcan una moratoria de la pena de muerte, incluso cuando se utiliza como castigo para los delitos relacionados con el ejercicio del derecho a la opinión y expresión y de reunión pacífica.
- Garanticen en toda circunstancia que todos los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas en Arabia Saudita pueden desempeñar actividades legítimas de derechos humanos y de información de interés general sin temor a represalias.
- Cumplan de manera inmediata las recomendaciones del Grupo de Eminentes Expertos de las Naciones Unidas sobre Yemen, y
- Ratifiquen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, que todas las leyes nacionales que restringen los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación se ajusten a la normativa internacional de derechos humanos.
FIDH en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos
El Instituto International de la Prensa
Ligue des droits de l’Homme (LDH) - Belgium
Presentación de Lysa John como nueva Secretaria General de CIVICUS
Noticias	 18 Septiembre 2018
La Junta Directiva de CIVICUS se complace en anunciar que después de un extenso proceso de búsqueda y selección internacional, Lysa John se unirá a CIVICUS como la nueva secretaria general de la alianza.
Alerta de Solidaridad: Colombia
Noticias	 17 Septiembre 2018
Alerta de Solidaridad Colombia: la obstrucción de participantes en la marcha Rise for Climate muestra un patrón de violaciones contra los defensores del medio ambiente
Activistas y campesinos del "Movimiento Ríos Vivos" fueron detenidos ilegalmente por la policía en Ituango, Colombia, el 8 de septiembre de 2018, mientras participaban en la movilización "Rise for Climate". La acción en Ituango fue parte de una movilización global organizada por el grupo de derechos ambientales 350.org. Las movilizaciones reunieron a miles de personas en las calles de ciudades de todo el mundo que participaron en 900 acciones en 95 países. Las movilizaciones pidieron la protección del medio ambiente e instaron a los gobiernos a comprometerse con las energías limpias. Ríos Vivos es un movimiento de derechos humanos integrado por comunidades afectadas por los impactos de "Hidroituango", uno de los mayores proyectos hidroeléctricos en América Latina, actualmente en construcción en el río Cauca.
El 8 de septiembre de 2018, más de 400 personas viajaron desde diferentes pueblos de la región de Antioquia hasta la ciudad de Ituango, donde habían planeado una acción para exigir la protección del clima mundial. En el camino a Ituango fueron temporalmente retenidos por la Policía Nacional, que comenzó a hacer una lista de las personas que participan en la movilización. Esta acción fue denunciada por la oficina regional de 350.org para América Latina. Los miembros de la policía que retenían a los manifestantes también se negaron a mostrar su identidad y cubrieron sus nombres en sus uniformes.
Después de que la caravana de Ríos Vivos llegó a la ciudad de Ituango, la policía no permitió que los manifestantes realizaran una actuación planificada que pedía la protección del río Cauca y el clima mundial. Según Isabel Zuleta, una de las voceras de Ríos Vivos, la policía detuvo a los manifestantes por orden del Alcalde de Ituango.
El domingo 9 de septiembre, cuando la caravana de autobuses y autos con los manifestantes regresaba a sus lugares de origen, nuevamente fueron retenidos por un grupo de empleados de las Empresas Públicas de Medellín, la empresa que está construyendo el proyecto Hidroituango. La caravana eventualmente pudo continuar su viaje alrededor de las 6 p.m. después de haber sido retenida desde las 6 a. M.
" No tiene justificación que en la actualidad una empresa pública comprometa los derechos al libre tránsito de grupos comunitarios defensores del ambiente. Lo que hizo EPM con Rios Vivos Antioquia sobrepasa el deber ser del Estado que es garantizar la protección de la ciudadanía", dijo Xiomy Acevedo, de 350.org Colombia.
Las restricciones impuestas a la marcha de los activistas climáticos violan su derecho de reunión pacífica y refleja el ambiente hostil para los defensores del medio ambiente en Colombia. Según lo informado por el Monitor CIVICUS, el ambiente para los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en Colombia ha empeorado en los últimos meses.
"Es extremadamente preocupante que los manifestantes pacíficos que participan en una campaña mundial contra el cambio climático en Colombia sean estigmatizados y hostigados por las autoridades como sucedió este fin de semana en Ituango", dijo Natalia Gomez, directora de promoción y compromiso de CIVICUS.
Durante años, los miembros del Movimiento Ríos Vivos han sido objeto de amenazas, intimidación y estigmatización por oponerse a megaproyectos que amenazan a los ríos. Especialmente han sido blanco de su oposición a la construcción del proyecto “Hidroituango”, un proyecto que ha estado sumido en crisis durante meses y ha dejado cientos de personas afectadas.
CIVICUS hace un llamamiento a las autoridades colombianas para garantizar un entorno seguro para los activistas medioambientales y respetar su derecho a plantear inquietudes y reunirse pacíficamente.
CIVICUS es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y activistas dedicados a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. Fundado en 1993, promocionamos con orgullo las voces marginadas, especialmente del Sur Global, y tenemos miembros en más de 160 países en todo el mundo.
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Tratado podría proteger el medio ambiente y los derechos humanos en América Latina
Noticias	 04 Septiembre 2018
Los gobiernos de América Latina y el Caribe pueden hacer historia y establecer nuevos estándares para la protección del medio ambiente y los derechos humanos al firmar el Acuerdo de Escazú durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 27 de septiembre.
CIVICUS, la alianza mundial de la sociedad civil, es una de las 200 organizaciones que firmaron una carta abierta conjunta, pidiendo a los jefes de estado de los 33 países de la región que ratifiquen Este nuevo tratado.
"Para CIVICUS, el Acuerdo de Escazú es una herramienta fundamental para hacer frente a la grave situación que enfrentan los defensores del medio ambiente en América Latina y el Caribe, que en los últimos años se ha convertido en la región más peligrosa del mundo para las personas que participan en campañas de protección del medio ambiente", dijo Natalia Gómez, Responsable de Incidencia y Participación en la Red de la Coalición Vuka!
La carta abierta hace un llamamiento a los gobiernos para que firmen el acuerdo y adopten medidas rápidas y eficaces para aplicarlo en sus respectivos países. Fue firmado por más de 200 organizaciones mundiales, regionales y nacionales que trabajan en América Latina y el Caribe en campos como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo y la democracia, incluyendo Amnistía Internacional, Greenpeace, Human Rights Watch, Artículo 19, Front Line Defenders y Global Witness.
Adoptado en San José, Costa Rica, por representantes de 24 países el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo de Escazú sería el primer tratado vinculante en la región que establecería una protección para los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental, así como la protección de los defensores de los derechos humanos en materia ambiental.
CIVICUS hace un llamamiento a los gobiernos de los 33 países de América Latina y el Caribe para que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú y, de esta manera, asuman un compromiso real con la protección del espacio cívico y los defensores del medio ambiente.
Los 33 estados de América Latina y el Caribe tendrán la oportunidad de firmar el Acuerdo en la sede de la ONU en Nueva York a partir del 27 de septiembre de 2018. Para que entre en vigor, al menos 11 países deben firmarlo y ratificarlo antes del 27 de septiembre de 2020.
Noticias	 02 Julio 2018
Noticias	 12 Junio 2018
Noticias	 11 Abril 2017
La alianza global de la sociedad civil CIVICUS y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) expresan su profunda preocupación por el creciente deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela. Los días 28 y 29 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió las sentencias N° 155 y 156, mediante las cuales declaró a la Asamblea Nacional en desacato, privó a los legisladores de inmunidad parlamentaria y asumió atribuciones del Congreso, así como la prerrogativa de delegarlas en quien juzgara conveniente, en este caso en la presidencia.
Numerosas organizaciones de la sociedad civil venezolanas han manifestado que estas decisiones equivalen en la práctica a un intento de golpe de Estado contra el Poder Legislativo, un pilar fundamental de las instituciones democráticas y la encarnación del derecho de la ciudadanía a estar representada allí donde se toman las decisiones clave que repercuten sobre sus vidas y sus derechos. Del mismo modo, la Fiscal General consideró que estas decisiones del TSJ representan una ruptura del orden constitucional.
Los últimos acontecimientos han sido la culminación de un proceso de erosión de la autoridad del Congreso que lleva varios años, y que ha sumido al país en una profunda crisis social. Durante el pasado año y medio, el TSJ emitió más de 50 resoluciones que socavaron las funciones de la Asamblea Nacional y otorgaron poderes ilimitados al Ejecutivo. Esta es la razón por la cual la decisión del TSJ de dar marcha atrás sobre sus últimas decisiones no supuso un restablecimiento de la separación de poderes y del estado de derecho. El hecho de que el TSJ revirtiera sus decisiones a petición del Ejecutivo, asimismo, no hizo más que enfatizar la falta de independencia del poder judicial y la degradación en curso de las instituciones republicanas en Venezuela.
A lo largo de los años, la erosión de los controles constitucionales y la consiguiente polarización política han ido acompañados de restricciones cada vez mayores sobre las libertades cívicas, es decir, sobre los derechos a la libertad de asociación, de expresión y de reunión pacífica sin los cuales no puede funcionar una sociedad civil activa y empoderada.
A su vez, la creciente concentración de poderes de decisión en el liderazgo ejecutivo ha redundado en graves fallos en la formulación de políticas públicas, intensificando en vez de resolver la crisis social que afronta el país, con fenómenos que incluyen una aguda escasez de alimentos y otros bienes básicos, el desmoronamiento del sistema público de salud y un aumento de la violencia callejera que afecta desproporcionadamente a las comunidades empobrecidas. También resulta preocupante la creciente represión estatal contra individuos y grupos de la sociedad civil que se expresan, organizan y protestan acerca de estos problemas.
Frente a esta crisis multidimensional, hacemos un llamado al gobierno venezolano para que:
Restaure las funciones y recursos constitucionalmente definidos de la Asamblea Nacional, así como las prerrogativas de sus miembros, devuelva las facultades extraordinarias conferidas al Poder Ejecutivo mediante sucesivas sentencias del TSJ, e introduzca medidas para garantizar la independencia del Poder Judicial.
Derogue el estado actual de excepción, establecido mediante decreto ejecutivo, y cumpla con los compromisos de derechos humanos asumidos bajo el derecho internacional en materia de garantía de las condiciones básicas para el trabajo de defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
Garantice el derecho a las libertades de reunión pacífica, asociación y expresión. Las fuerzas de seguridad deben abstenerse del uso de la fuerza y el arresto arbitrario de manifestantes pacíficos.
Participe en un diálogo con actores nacionales relevantes, incluyendo a la sociedad civil, para resolver la actual crisis; y asegure el acceso a alimentos y medicamentos para toda la población.
Instamos también a la comunidad internacional, y en particular a la Organización de los Estados Americanos y a sus Estados miembros, a colaborar en aras de la resolución de la crisis social y política que enfrenta Venezuela.
Eleanor Openshaw,
ISHR Oficina de Nueva York
+12124902199
CIVICUS Políticas e Investigación
+598 2901 1646
Entrevistas Cantidad de artículos: 41
Actúa Cantidad de artículos: 1
Naciones Unidas Cantidad de artículos: 2

References: resolución 
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 artículo 6
 Artículo 19
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