Source: https://www.derechoenzapatillas.com/2020/un-amparo-por-mora-por-la-recategorizacion-en-el-empleo-publico/
Timestamp: 2020-02-20 01:57:43+00:00

Document:
Cuando el organismo se demora, el ciudadano dispone de este remedio para ganar tiempo y que se dicte una resolución
Por Sergio	 Ultima actualización Ene 19, 2020
El 5 de diciembre de 2008, es decir, hace más de 10 años, una investigadora del CONICET pidió la recategorización. Se pide esto para que la promuevan a la categoría de Investigadora Superior en antropología.
El 22 de septiembre de 2010 el Directorio del CONICET le rechazó la solicitud de promoción a la categoría de investigador superior. Siempre tiene que haber un acto administrativo. Contra ese acto administrativo, la investigadora interpuso recurso de reconsideración, el que fue rechazado por la Resolución Nº del 2011.
A su vez, contra esa Resolución la investigadora interpuso un recurso de alzada y en el año 2013, se resolvió hacer lugar al recurso, y se ordenó conformar una nueva Comisión Evaluadora para que se pronuncie sobre la solicitud de recategorización, publicó el sitio Diario Judicial.
El Directorio del organismo designó a los miembros de la Comisión de Investigadores Superiores para que trate la solicitud, y contra dicho acto la investigadora interpuso otro recurso de reconsideración y planteó la recusación de uno de los miembros.
El 6 de febrero de 2019, el presidente del Directorio del CONICET rechazó el recurso de reconsideración interpuesto, y desde el 9 de mayo de 2019 el expediente se encuentra en la Dirección de Coordinación de Órganos Asesores a los fines del análisis de promoción, de la recategorización.
Planteó un amparo por la demora y lo ganó. Los jueces resolvieron que “han transcurrido razonables pautas temporales sin que el demandado resuelva la causa administrativa, más aun considerando que la misma se inició en el año 2009, por lo que corresponde confirmar la sentencia recurrida”.
Sentencia completa, amparo por mora
#32044095#253499990#20191226121659079Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOFEDERAL- SALA V46809/2018
i… c/ CONSEJO NACIONAL DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS s/AMPARO PORMORABuenos Aires, de diciembre de 2019.-MLAY VISTOS; CONSIDERANDO:I.- Que, mediante pronunciamiento de fojas 131/134, el juez de laanterior instancia hizo lugar a la acción de amparo por mora interpuestapor la señora i , y ordenó al Consejo Nacional deInvestigaciones Científicas y Técnicas que, dentro del plazo de diez (10)días se expidiera respecto de lo solicitado en el expediente nro. 625/2009.
Impuso las costas a la demandada y reguló los honorarios del letrado dela parte actora en 20 UMA.Para así resolver, señaló que el tiempo que había insumido latramitación del expediente nro. 625/2009 no podría entenderse comorazonable en los términos del artículo 28 de la Ley de ProcedimientosAdministrativos.
II.- Que, disconforme, la parte demandada apeló y fundó susagravios a fojas 135/139vta., los que fueron replicados por su contraria afojas 150/150vta. Se agravia por considerar que la decisión recurrida hizo lugar a laacción mediante afirmaciones y fundamentos meramente dogmáticos ysin tener en cuenta los planteos defensivos formulados por esa parte, loque la torna arbitraria.Manifiesta que el recurso de amparo por mora no es procedente,porque la amparista no ha sufrido ninguna lesión o agravio, requisitoindispensable para la procedencia de la acción. Señala que la afirmación de que han transcurrido diez años sinresolver la solicitud de la actora resulta falaz; y que ha sido la mismaactora quien realizó sucesivas recusaciones y planteos dilatorios en elexpediente administrativo.
Finalmente, apela la imposición de costas y los honorariosregulados a la dirección letrada de la parte actora por considerarloselevados.III. -Que, en primer lugar, cabe recordar que el amparo por moraconstituye una especial acción de amparo, cuyos presupuestos de fondoestán contenidos en el artículo 28 de Ley N° 19.549. Este instituto, no esotra cosa que una orden judicial de “pronto despacho” de las actuacionesadministrativas que posibilita que quien fuera parte en un expedienteadministrativo acuda a la vía judicial cuando una autoridad administrativahubiera dejado vencer los plazos fijados en la norma sin expedirse enforma expresa respecto de lo solicitado.
Al respecto, es dable señalar que esta Sala tiene dicho que laadministración tiene el deber jurídico de pronunciarse expresamentefrente a las peticiones de los particulares. Este deber de decidir en cada caso concreto –que proviene de unprincipio que trasciende el marco del derecho público escrito– surgeclaramente del artículo 7°, inciso c), de la ley n° 19.549, que estableceque “deben decidirse todas las peticiones formuladas” ya que frente alderecho de petición, garantizado por el artículo 14 de la ConstituciónNacional, se encuentra la obligación de resolver por la AdministraciónPública (confr. “Galíndez Diego Mario c/ EN – Mº Justicia y DDHH s/Amparo por Mora”, pronunciamiento del 30/3/2016, y sus citas).
IV.- Que del análisis del expediente administrativo Nº 625/2009,resulta que: i) el 5 de diciembre de 2008 la señora Anatilde IdoyagaMolina presentó ante el Directorio del CONICET una solicitud derecategorización, por la que había peticionado la promoción de supersona a la categoría de Investigadora Superior (v. a fojas 1);
ii) el 22 deseptiembre de 2010 el Directorio del CONICET por Resolución Nº 2638,resolvió rechazar la solicitud de promoción a la categoría de investigadorsuperior presentada por la Dra. Anatilde Idoyaga Molina (v. a fojas 34/35).Contra dicho acto la aquí actora interpuso recurso de reconsideración, elque fue rechazado por la Resolución Nº 2189 del 4 de julio de 2011 (v. afojas 243/244);
iii) Contra la Resolución Nº 2189/11 la señora IdoyagaMolina interpuso recurso de alzada y por Resolución Nº 162 del 27 demarzo de 2013, se resolvió hacer lugar al recurso, ello sobre la base deque se había designado una Comisión ad-hoc para intervenir y habría terminado actuando otra, sin que existiera acto que lo justifique, y seordenó conformar una nueva Comisión Evaluadora para que se pronunciesobre la solicitud de recategorización (v. a fojas 389/391); iv) PorResolución Nº 1343/18 el Directorio designó a los miembros de laComisión Ad-Hoc de Investigadores Superiores para que trate la solicitudde la señora i , y contra dicho acto la accionante interpusorecurso de reconsideración y planteó la recusación de uno de losmiembros;
v) el 6 de febrero de 2019, elpresidente del Directorio delCONICET,por la Resolución Nº 460/2019 rechazó el recurso dereconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 1343/2018, e hizolugar a la recusación formulada respecto del Dr. b (fojas584/584vta.); v) desde el 9 de mayo de 2019 el expediente se encuentraen la Dirección de Coordinación de Órganos Asesores a los fines delanálisis de promoción de la Dra. Idoyaga Molina (cfr. a fojas 123 de laspresentes actuaciones). En tales condiciones, se advierte que han transcurrido razonablespautas temporales sin que el demandado resuelva la causaadministrativa, más aun considerando que la misma se inició en el año2009, por lo que corresponde confirmar la sentencia recurrida, con costas.
Es dable destacar que, la obligación de expedirse, “no significa quela Administración deba pronunciarse en un sentido determinado, sino quedebe resolver” (conf. “Pelissero, Norberto A. c/ UBA [Facultad de Filosofíay Letras], sent. Del 17/03/89 [ED, 136-184).V.- Que dada la forma en que se resuelve no se encuentranmotivos para apartarse del principio general de la derrota consagrado porel artículo 14 de la ley 16.986, por lo que corresponde que las costassean soportadas por la demandada vencida. VI.- Que, finalmente, en función de la naturaleza del proceso; delresultado obtenido y de la extensión, calidad y eficacia del trabajocumplido ante la anterior instancia, se modifica la regulación dehonorarios practicada en la sentencia de fs. 131/134 y se fijan loshonorarios del Dr. Alberto B. ,,,, en su carácter de letradopatrocinante de la parte actora, en la cantidad de siete (7) UMA -equivalentes a $20.314-cf. Ac. CSJN nro. 30/19-, los que se encuentran acargo de la parte demandada (v. arts. 16, 20, 44 y ccdtes. de la ley nro.27.423).
Asimismo, por las tareas desarrolladas en esta Alzada, se fijan loshonorarios del referido letrado en la cantidad de 2,1 UMA –equivalente a$6.094,20 cf. Ac. CSJN nro. 30/19–. Cabe dejar aclarado que en los importes establecidosprecedentemente no se encuentra incluida suma alguna en concepto deImpuesto al Valor Agregado, por lo que −frente a la acreditación de lacondición de responsable inscripto en dicho tributo que oportunamenterealicen los beneficiarios−, la obligada respecto de dichos emolumentosdeberá depositar el importe correspondiente a dicho tributo, en el montodel pago.En virtud de lo expuesto, el Tribunal
RESUELVE: 1) Rechazar elrecurso de apelación de fojas 135/139vta. y confirmar el pronunciamientoapelado, con costas a la vencida (art. 68, primera parte, del C.P.C.C.N.),2) Fijar los honorarios del Dr. Alberto B. Bianchi conforme fuera expuestoen el considerando VI.-El doctor Jorge F. Alemany no suscribe la presente por hallarse enuso de licencia (art. 109 R.J.N.).Regístrese, notifíquese y devuélvase.Guillermo F. Treacy Pablo Gallegos Fedriani Fecha de firma: 27/12/2019Alta en sistema: 30/12/2019Firmado por: GALLEGOS FEDRIANI PABLO , JUEZ DE CAMARAFirmado por: GUILLERMO F. TREACY, JUEZ DE CAMARA
Ordenan preservar un árbol El amparo por mora contra el silencio del Estado – para ganar tiempo Le obligan a pagar una multa de tránsito cometida en el futuro El derecho al audífono que debe cubrir la prepaga
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