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Timestamp: 2019-10-21 12:11:22+00:00

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por Autor invitado | Nov 24, 2018 | Derecho Penal
El artículo de hoy es de un autor invitado, el es Carlos Castell, abogado penalista, director del despacho Castell Abogados situado en Palma de Mallorca, y nos expone un breve análisis sobre él comúnmente denominado “delito fiscal”, y destaca 5 puntos elementales.
De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
El artículo 305 del código penal dice así:
El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo.
La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.
A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior:
a) Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en el apartado 1.
b) En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación.
Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas en el apartado 1 de este artículo se cometan contra la Hacienda de la Unión Europea, siempre que la cuantía defraudada excediera de cincuenta mil euros en el plazo de un año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en este apartado.
Si la cuantía defraudada no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.
Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.
Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa.
La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria.
Cuando la Administración Tributaria apreciare indicios de haberse cometido un delito contra la Hacienda Pública, podrá liquidar de forma separada, por una parte los conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública, y por otra, los que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública.
La liquidación indicada en primer lugar en el párrafo anterior seguirá la tramitación ordinaria y se sujetará al régimen de recursos propios de toda liquidación tributaria. Y la liquidación que en su caso derive de aquellos conceptos y cuantías que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública seguirá la tramitación que al efecto establezca la normativa tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el proceso penal.
La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria. Por parte de la Administración Tributaria podrán iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución, previa prestación de garantía. Si no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.
Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito.
En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya liquidado por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en los términos establecidos en la citada Ley.
La jurisprudencia extractada a continuación debe interpretarse con las salvedades que puedan resultar de las modificaciones normativas operadas en el precepto por Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, y Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.
Naturaleza. Responsabilidad civil en el delito fiscal
Se trata de un delito de resultado y naturaleza patrimonial, cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio de la Hacienda Pública en su manifestación relativa a la recaudación tributaria. La conducta típica, por acción u omisión, exige eludir el pago de tributos, entre otros supuestos, siempre que la cuantía de la cuota defraudada exceda de las cifras señaladas, actualizadas progresivamente.
Aunque el delito fiscal -y concretamente, el de elusión del pago de tributos- tiene cierta semejanza con muchos delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico a los que es aplicable indiscutiblemente la figura del delito continuado en caso de concurso real, la definición legal del tipo que nos ocupa, así como la diversidad de los deberes fiscales que son vulnerados mediante su comisión, condicionados cada uno de ellos por hechos imponibles diferentes, ejercicios temporalmente distintos e, incluso, por plazos de declaración y calendarios diversos, dan al delito fiscal una estructura especifica difícilmente compatible con la continuidad delictiva, nunca apreciada por el TS, que castiga por separado los diferentes delitos fiscales cometidos en cada caso (STS 2a – 21/12/1999 ; STS 2a – 28/03/2001 -): cuando el art. 305 CP describe la acción como la elusión del pago de tributos se refiere a infracciones particulares que solo pueden ser infracciones de deberes específicos propios de cada tributo, de suerte que si se presentan varias declaraciones fiscales fraudulentas referidas a distintas especies de tributos, se cometerán por regla varios hechos independientes, incluso cuando las declaraciones estén referidas al mismo ejercicio fiscal (STS 2a – 10/10/2001 – ).
Retroactividad de la Ley Penal más favorable en los delitos contra la Hacienda Pública
Según Acuerdo del Pleno de la Sala 2a de 25/10/2005 – , «es aplicable el principio de retroactividad de la Ley penal más favorable a los delitos contra la Hacienda Pública, en relación con la elevación de la cuantía defraudada» (STS 2a – 21/04/2006 ; STS 2a – 26/10/2005 – ).
Determinación del incremento patrimonial a integrar en la base imponible del delito
La Sala 2a considera que se trata de una cuestión jurídica, y no fáctica: «(…) Las consideraciones que llevan a fijar cuál sea el importe del «incremento de valor» a considerar fiscalmente no es ya una cuestión de hecho, sino de valoración jurídica (…). Por la misma razón, dicha conclusión no viene determinada por el informe del inspector fiscal, sino que es de la exclusiva responsabilidad del Tribunal en su labor de calificación de los hechos. Por eso, la alusión a prueba única inválida que se hace en el motivo, en referencia al informe del inspector fiscal, es inadmisible, sin necesidad de recordar la doctrina jurisprudencial sobre habilidad y validez de los informes de dichos funcionarios para, incluso, fijar los hechos típicos del delito fiscal» (STS 2a – 18/09/2009), en un supuesto de fraude del impuesto de sociedades; en similar sentido, (STS 2a – 12/02/2009 – , y STS 2a – 26/05/2004 -). No puede confundirse la determinación de la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación (acto administrativo tributario sometido al correspondiente régimen como tal) con una prueba pericial practicada por funcionarios públicos en el seno de un proceso penal, sujeta a sus reglas propias, sometida al oportuno debate contradictorio entre las partes y a la posterior valoración por el Tribunal, que puede asumir sus conclusiones o no hacerlo en función del resto de pruebas disponibles (STS 2a – 30/10/2001). Establecer qué son incrementos no justificados de patrimonio los bienes y derechos que no se corresponden con la renta o patrimonio declarados no es una presunción, sino una descripción normativa: los incrementos no justificados de patrimonio constituyen, pues, el hecho cierto, base o indicio. Probado ese indicio, el Legislador libera a la Administración de demostrar que efectivamente, en ese tiempo, se han obtenido rentas gravables que no se han declarado a Hacienda. Para la correcta virtualidad de la prueba indiciaria no es suficiente con un solo indicio, sino que la regla inferencial tiene que extraerse de varios indicios que racionalmente lleven al Tribunal a obtener como conclusión el hecho consecuencia o hecho presunto (STS 2a – 16/05/2002). El Tribunal de instancia debe establecer en los fundamentos jurídicos:
a) Los fundamentos de la prueba de los aspectos constitutivos del hecho imponible;
b) La subsunción del hecho probado bajo el tipo penal; y
c) Los fundamentos de la autoría de los acusados, teniendo en cuenta que el delito fiscal no es un delito de propia mano, sino un delito especial, pues sólo el sujeto fiscalmente responsable puede ser autor del mismo y, si es el caso, el representante que haya realizado la acción en nombre del obligado.
En el caso de las leyes penales en blanco, como es el supuesto del delito fiscal del art. 305 .3 CP, es necesario que el Tribunal haya determinado en los hechos los que serían relevantes para la comprobación de la elusión del pago de un tributo (nacional o comunitario). La relevancia de los hechos, al tratarse de una ley penal en blanco que sólo establece la infracción de una disposición fiscal, se deriva de la norma que establece el hecho imponible. Por lo tanto, es preciso poner en claro cuál es el hecho imponible, pues es el objeto del proceso. La acción típica no es sólo la realización de un hecho carente de connotaciones normativas, sino una acción que vulnera una norma (fiscal) extrapenal. La determinación de los hechos que configuran la infracción de la norma fiscal debe tener reflejo claro en el hecho probado, para lo cual es preciso que allí se hagan constar no solamente los aspectos fácticos del hecho imponible, sino también los normativos, que se refieren a las normas fiscales infringidas (STS 2a – 15/12/2006 – ).
Consumación del delito fiscal
La actuación fraudulenta realizada por el recurrente con ocasión de la venta de las acciones, desviando una parte sustancial de los beneficios percibidos mediante la utilización de una persona interpuesta y una ficticia doble venta, no constituye actos preparatorios, sino actos de ejecución, que dan principio a la realización del delito directamente, mediante hechos exteriores. El delito se perfecciona en el momento de la presentación de la declaración eludiendo los impuestos correspondientes a los beneficios desviados, pero su ejecución se inicia ya cuando se realiza la acción fraudulenta, de forma tal que predetermina el resultado al ocultar determinados ingresos que no aparecerán en los libros de la empresa y, en consecuencia, tampoco habrán de figurar en la declaración que se formule en su momento.
Excusa absolutoria: regularización de la situación fiscal.
Importante destacar la Circular 2/2009 de la FGE, sobre la interpretación del término «regularizar» en las excusas absolutorias previstas en los apartados 4 del art. 305 y 3 del art. 307 del CP .
Para la STS 1336/2002, de 15 de julio (núm. rec. 2313/2000), «(…) regularizar es convertir en regular, poner en orden. Tratándose de una deuda, de una obligación incumplida, poner en orden significa pagar, cumplir. Implica un comportamiento espontáneo, activo, positivo, por parte del deudor, que asume no sólo su incumplimiento previo, sino los recargos que normalmente gravan una situación como la provocada por su actitud. Tal es la razón por la que el ordenamiento decide asimilar esa conducta a la del que hubiera satisfecho la deuda tributaria dentro de plazo. Porque en ambas se dan dos básicos puntos de coincidencia, a saber, que es el sujeto deudor el que toma la iniciativa, y que la administración tributaria, en uno y otro caso, al fin, no resulta perjudicada, puesto que ingresa lo que le era debido según la ley. La extensión analógica de una norma presupone la previa identificación de su ratio, es decir, de la causa o motivo por el que la misma fue establecida. Como se sabe, para hacer uso de este recurso interpretativo es necesario remontarse al principio que da fundamento a la norma, para, una vez identificado éste, comprobar si su aplicación viene reclamada por la similitud esencial de las situaciones, es decir, por el hecho de que la específicamente tomada en consideración y regulada por el legislador guarde una relación de semejanza con la que ahora reclama la atención del que juzga.
por Jaime de Alarcón | Nov 16, 2018 | Derecho Penal
por Jaime de Alarcón | Nov 12, 2018 | Derecho Penal
Hola lector hoy te voy a contar todo lo que sé de la prescripción en derecho penal.
Cómo te habrás dado cuenta casi todos los temas que trato en mis artículos, tienen una gran controversia jurídica jurisprudencial y doctrinal.
Normal el derecho al fin y al cabo es lenguaje aplicado y como tal hablamos y hablamos, y damos puntos de vistas, que casi todos y siempre partiendo de un análisis correcto, siempre acertados.
Curiosamente sobre la prescripción, la gente suele preguntarse:
¿Cuándo prescribe mi delito?, ¿Cuándo prescribe un delito de tráfico?
Pero como vas a ver el Código penal no da un catálogo de delitos con su plazo de prescripción al lado.
No, en derecho penal se aplican unas reglas con esas reglas hacemos una hipótesis, con la información que nos proporciona el código penal y la jurisprudencia, y ya con esa hipótesis formada, vamos aplicando a cada caso concreto.
La prescripción en el derecho penal español
Para realizar un análisis correcto del tema vamos a utilizar estos recursos:
Artículos 133 a 135 del código penal.
Sentencias del Tribunal supremo: 1315/2000, 510/2001, 543/2001, 952/2004, 1596/2005, 998/2006, 938/2007. Algunas las puedes encontrar en el catálogo cendoj.
¿Qué es la prescripción en derecho penal?
La prescripción tal y como nos dice nuestro código penal es una causa de extinción de la responsabilidad criminal.
Además, entendiendo prescripción en un sentido amplio. Es decir, tanta prescripción del delito y prescripción de la pena.
Doctrinalmente se podría decir que es una figura jurídica o instituto de derecho penal, por la que el estado renuncia a perseguir al delincuente o renuncia a la ejecución penal.
Vamos a ver te lo voy a contar yo de la forma más práctica.
Un delincuente que ha cometido un delito ¿Qué hace? Pues intentar que no le descubran.
Si el estado en su facultad de perseguir el delito, no lo descubre en número determinado de años pues prescribe el delito, y su responsabilidad criminal se extingue.
¿Qué hace un delincuente que ha sido condenado? Pues cumplir la pena o escaparse antes de empezar a cumplirla, o bien quebrantar la condena que está cumpliendo.
Si el estado en su facultad de hacer cumplir las penas, no lo consigue en número de terminado de años, prescribe la pena, y se extingue la responsabilidad criminal.
Plazos de prescripción de delitos:
Inicio del plazo de prescripción de los delitos
El inicio de prescripción se inicia en el momento que se haya cometido la infracción penal.
Pero cómo en derecho no todo es tan sencillo hay algunas especialidades:
En los delitos continuados, delitos permanentes delitos que exijan habitualidad en su forma de comisión. El inicio de la prescripción de estos delitos comenzaría, cuando se realizó la última infracción penal.
En los delitos de, tentativa de homicidio y en los delitos de aborto no consentido, lesiones, trata de seres humanos, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. Que se cometen sobre una persona menor de edad, el inicio de la prescripción del delito comienza cuando el sujeto pasivo del delito alcanza la mayoría de edad.
En caso de que haya fallecido antes de alcanzar la mayoría de edad, se inicia el plazo de prescripción del delito, en el momento del fallecimiento.
La prescripción se interrumpe cuando se dirija el procedimiento penal contra la persona responsable.
Desde el momento desde que el procedimiento penal se dirige contra la persona presuntamente responsable, el tiempo ganado en la prescripción se pierde.
Es decir, se paraliza y empezaría a correr de nuevo cuando el procedimiento se paraliza o finaliza sin condena, pero el tiempo ganado se pierde, y empieza a correr de nuevo desde el inicio.
Más fácil Antonio comete un robo con fuerza en la casa de miguel. Transcurrido un año se eleva atestado de la policía judicial, porque han identificado sus huellas, y comienza después el procedimiento contra Antonio.
Ese año ganado en prescripción, por Antonio, lo pierde y en caso de que comenzara de nuevo la prescripción, comenzaría el “contador a cero”.
Delito de lesa humanidad, y de genocidio y por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
Plazos de prescripción de la pena:
Inicio del plazo de prescripción de las penas
Desde la fecha de la sentencia firme.
Desde el quebrantamiento de la condena.
Interrupción del plazo de prescripción de los delitos
Durante el cumplimiento de otras penas
En este último caso, hay que aclarar que se encuentra el supuesto de penas que por su naturaleza no pueden cumplirse simultáneamente.
Ejemplo de esto último, la pena de prisión no puede cumplirse simultáneamente con otra pena de prisión. Por lo que las penas de prisión se cumplen de forma sucesiva en orden a su gravedad.
Pues bien, la pena que esté pendiente de ejecución queda suspendida, a la espera de ser ejecutada, cuando lo sea la de mayor gravedad. Esta pena suspendida también estaría prescribiendo.
Penas que no prescriben
Las penas impuestas por delito de lesa humanidad, y de genocidio y por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
Hasta aquí el artículo de la prescripción de delitos y penas, el próximo artículo ya lo estoy trabajando, mi idea es publicar de dos a cuatro artículos por semana, pero lo mínimo a lo que me comprometo es a dos.
Recuerda que este y todos los artículos de este blog son actualizados de forma habitual.
Por último cómo este blog es nuevo me han comentado que es difícil encontrarme en Google, bien te recomiendo que añadas el blog a favoritos en tu navegador, o bien que pongas en Google: Jaime ius cogens o blog ius cogens
por Jaime de Alarcón | Nov 9, 2018 | Derecho Penal
Hoy te voy a hablar de la Libertad condicional, una tema que todavía hoy en 2018, continua siendo controvertido. Estas controversias vienen dadas fundamentalmente en tres aspectos:
¿Cómo se inicial el procedimiento de concesión de la libertad condicional?
Suspensión de la condena y libertad condicional.
¿La libertad condicional es el cuarto grado penitenciario?
A lo largo de este artículo espero que queden despejadas esas dudas aportando mi punto de vista.
La libertad condicional es una institución de derecho penal, por la cual se suspende el cumplimiento de la condena privativa de libertad.
Quedando el reo en situación de libertad, condicionado al cumplimiento de ciertas condiciones, impuesta por el juez de vigilancia penitenciaria, y condicionado también a no delinquir, durante el periodo de suspensión de la condena.
Este seria el concepto o definición de libertad condicional.
Régimen jurídico de la libertad condicional.
Código penal español artículos 90, 91, 92.
Ley orgánica general penitenciaria, artículo 72.
Reglamento penitenciario, desde el artículo 192 a 201.
Ley orgánica del poder judicial, disposición adicional quinta
Requisitos de la libertad condicional.
Los requisitos para la concesión de la libertad condicional, vendrá dado por el tipo de libertad condicional, que se trate, por ejemplo no serán los mismos requisitos para la libertad condicional general, que para la libertad condicional adelantada.
Por tanto vamos a ver los tipos de libertad condicional, que existen en nuestro Código penal, y sus requisitos para su concesión
En el derecho penal español, existen cinco tipos de libertad condicional:
La general u ordinaria.
La de penados primarios (es el primer delito que cometen)
La libertad condicional de condenados a prisión permanente revisable.
La de septuagenarios o enfermos.
Libertad condicional ordinaria.
Este es el primer tipo de libertad condicional que regula el código penal. En estos supuestos se encuentran la inmensa mayoría los internos que optan a la libertad condicional.
También en este tipo de libertad condicional, es en la que mas denegaciones se producen por parte del juez de vigilancia penitenciaria.
Requisitos de la libertad condicional general u ordinaria.
Internos clasificados en tercer grado penitenciario.
Que el interno haya cumplido las tres cuartas partes de la condena impuesta.
Que el penado haya observado buena conducta.
Que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, artículo 72 de la Ley orgánica general penitenciaria.
Criterios a valorar por el juez de vigilancia penitenciaria
Antecedentes del penado, las circunstancias del delito cometido .
Las circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.
Libertad condicional adelantada
Este tipo de libertad condicional se concede a los internos que durante su condena han observado algo más que “buena conducta”.
De hecho esta libertad condicional adelantada, a dos terceras partes de cumplimiento, requiere que el interno haya realizado actividades durante el cumplimiento de la condena.
Requisitos de la libertad condicional adelantada
Que el interno se halle clasificado en tercer grado penitenciario
Que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada de la comisión del delito. En los términos del artículo 72 de la Ley orgánica general penitenciaria.
Libertad condicional “super adelantada” muy “cualificada” o “exprés”
Esta libertad condicional es de aplicación a los internos que durante su condena han observado algo más que buena conducta, y algo más que participación en actividades durante el tiempo de cumplimiento.
Consiste en adelantar las dos terceras partes del cumplimiento, la libertad condicional adelantada. En noventa días por cada año de cumplimiento.
Requisitos de la libertad condicional super adelantada, muy cualificada o “exprés”
Que el interno haya cumplido la mitad de la condena.
Que el penado haya desarrollado continuamente, actividades laborales, culturales u ocupacionales, bien de forma continuada, bien con un aprovechamiento del que se haya derivado una modificación relevante y favorable de aquéllas de sus circunstancias personales relacionadas con su actividad delictiva previa.
👉Ten en cuenta el “continuamente” en negrita, pues en la libertad condicional adelantada sólo se exige participación mientras que en la “exprés” es de forma continuada.
Participación efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o programas de tratamiento o desintoxicación
Libertad condicional de penados primarios
Es una de las novedades que introdujo la reforma del Código penal de 2015.
👉Recordar que por delincuentes primarios, se entiende aquel que ha sido condenado por su primer delito.
Este tipo de libertad condicional no se aplica a los condenados primarios, siempre que no lo hayan sido por delitos contar la indemnidad y libertad sexual.
Requisitos de la Libertad condicional de penados primarios
Que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito. Conforme al articulo 72 de la LOGP.
Libertad condicional de condenados a prisión permanente revisable
Esta modalidad de libertad condicional, es otra de las novedades de la reforma del Código penal del año 2015.
Ya te hablé de ella en este artículo,👉 Libertad condicional y prisión permanente revisable.
Libertad condicional de septuagenarios y enfermos
Esta modalidad es de aplicación a los internos, septuagenarios y enfermos:
Clasificados en tercer grado penitenciario.
Hayan satisfecho la responsabilidad civil en los términos del artículo 72 de la LOGP.
En estos dos casos no se exige tiempo mínimo de cumplimiento de la pena.
Preguntas frecuentes sobre la Libertad condicional.
Voy a contestar, de forma breve, las preguntas más frecuentes que se plantean, sobre la libertad condicional.
👉Si tienes una pregunta, la puedes hacer en los comentarios de este artículo.
¿Como solicitar la libertad condicional?
Antes de la reforma del código penal el procedimiento de solicitud, no se podía realizar a instancia de parte.
De hecho la propuesta sólo se realizaba por parte de instituciones penitenciarias.
De acuerdo a la reforma del Código penal del año 2015, la solicitud se puede realizar también por parte del interno.
Por tanto cumpliendo los requisitos de cada una de las modalidades de libertad condicional, se puede solicitar al juez de vigilancia penitenciaria.
¿Cuál es la diferencia entre libertad condicional y tercer grado penitenciario?
La diferencia fundamental está en la situación física del penado.
Me explico el liberado condicional tiene suspendida su condena y por tanto sale en libertad y no está cumpliendo condena.
El clasificado en tercer grado penitenciario, no tiene suspendida la condena y por tanto continua cumpliendo. Sea en un centro de inserción social u unidad dependiente, pero está cumpliendo condena.
¿Quién decide la libertad condicional y quien revoca la libertad condicional?
La libertad condicional la concede el juez de vigilancia penitenciaria, salvo en el caso de condenados a prisión permanente revisable, que lo hace el tribunal sentenciador.
La revocación se hace igualmente por los mismos órganos judiciales que la conceden.
¿Es la libertad condicional un grado penitenciario?
La Ley orgánica general penitenciaria si configura a la libertad condicional como el cuarto grado penitenciario o último grado penitenciario.
Sin embargo esta artículo 72.1 de la LOGP, se debe entender derogado implícitamente por el Código penal.
La explicación es sencilla la regulación que hace el código penal, habla de suspensión de la condena. Es decir deja de cumplir y queda en suspenso.
Sin embargo una clasificado en grado penitenciario sí esta cumpliendo y de ahí su clasificación.
¿Se puede obtener la libertad condicional sin una sentencia firme?
Si y no, con muchos matices la respuesta está según el modo de enfocar el tema y por tanto la pregunta.
Pero esta pregunta la dejo para ti en los comentarios.
Pues hasta aquí la libertad condicional, me despido hasta el próximo artículo.
Sed buenos que no os tengan que liberar condicionalmente.
por Jaime de Alarcón | Oct 10, 2018 | Derecho Penal

References: artículo 305
 artículo 72
 artículo 192
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 72