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Timestamp: 2019-08-21 06:18:06+00:00

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Derecho Constitucional y DD. HH. | Jaime David Abanto Torres Derecho, literatura, cine y música
Archivo de la categoría: Derecho Constitucional y DD. HH.
EXP. N.° 00020-2015-PI/TC
AREQUIPA Representado(a) por ALFREDO
ALVAREZ DIAZ – DECANO
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversas disposiciones de la Ley 29622, que modifica la Ley 27785, Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.
TC suspendió efectos del fallo que restringía facultad sancionadora de la Contraloría
https://rpp.pe/politica/judiciales/tc-suspendio-efectos-del-fallo-que-restringia-facultad-sancionadora-de-la-contraloria-video-noticia-1193979
Esta entrada fue publicada en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y DD. HH. el 18 mayo, 2019 por Jaime David Abanto Torres.
21 cuadernillos de #Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Buenos días, les comparto los *21 cuadernillos de #Jurisprudencia* de la *Corte Interamericana de Derechos Humanos*, espero les sea de utilidad:
*1.- Pena de muerte:* https://bit.ly/2UMPsJW
*2.- Migración:* https://bit.ly/2Vh0Ahq
*3.- Desplazamiento:* https://bit.ly/2PkSgYK
*4.- Género:* https://bit.ly/2VbjUgg
*5.- Niñas/os y adolescentes:* https://bit.ly/2Gs2ZwB
*6.- Desaparición forzada:* https://bit.ly/2IvKYkj
*7.- Control de Convencionalidad:* https://bit.ly/2IJROCc
*8.- Libertad personal:* https://bit.ly/2Gmoqz0
*9.- Personas privadas de libertad:* https://bit.ly/2IOUVbI
*10.- Integridad personal:* https://bit.ly/2IIS9oD
*11.- Pueblos indígenas:* https://bit.ly/2UQlHrP
*12.- Debido proceso:* https://bit.ly/2PmDVuP
*13.- Protección judicial:* https://bit.ly/2PjA1Tr
*14.- Igualdad y no discriminación:* https://bit.ly/2Xslesu
*15.- Justicia transicional:* https://bit.ly/2GuCshU
*16.- Libertad de pensamiento:* https://bit.ly/2DrWMA2
*17.- Derecho Internacional:* https://bit.ly/2QBDtg4
*18.- El Salvador:* https://bit.ly/2BndHlf
*19.- Personas LGTBI:* https://bit.ly/2EA1caj
*20.- Derechos Políticos:* https://bit.ly/2S6HYfw
*21.- Derecho a la vida:* https://bit.ly/2EpEBft
Esta entrada se publicó en Derecho Constitucional y DD. HH. y está etiquetada con Corte Interamericana de Derechos Humanos, Derechos Humanos, jurisprudencia en 25 abril, 2019 por Jaime David Abanto Torres.
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42. A la luz de todo ello, puede afirmarse que la presencia de símbolos religiosos como el crucifijo o la Biblia que se encuentran histórica y tradicionalmente presentes en un ámbito público, como en los despachos y tribunales del Poder Judicial, no afectan los derechos invocados por el recurrente ni el principio de laicidad del Estado, en tanto que la presencia de esos símbolos responde a una tradición históricamente arraigada en la sociedad, que se explica por ser la Iglesia católica un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, conforme lo reconoce la Constitución.
43. De este modo, si bien en un templo el crucifijo tiene un significado religioso, en un escenario público (como en los despachos y tribunales del Poder Judicial) tiene un valor cultural, ligado a la historia de un país, a su cultura o tradiciones. En tal contexto, que el Estado mantenga dichos símbolos en tales espacios públicos no significa que abandone su condición de Estado laico para volverse un Estado confesional protector de la religión católica.
44. La sola presencia de un crucifijo o una Biblia en un despacho o tribunal del Poder Judicial no fuerza a nadie a actuar en contra de sus convicciones. En efecto, no puede sostenerse que de la presencia de tales símbolos se derive alguna obligación para el recurrente (de adoración o veneración, por ejemplo), cuyo cumplimiento afecte su conciencia y podría dar lugar a que plantee una objeción de conciencia, que este Tribunal ya ha tenido oportunidad de defender (cfr. Exp. N.° 0895-2001-AA/TC; en ese caso, este Colegiado ordenó no incluir a un trabajador de confesión Adventista del Séptimo Día en la jornada laboral de los días sábados, ya que obligarlo a trabajar ese día afectaba sus convicciones religiosas, para las que el sábado es un día dedicado al culto). Tal supuesto de coacción, evidentemente objetivo, sí tendría suficiente fundamento como para ser calificado de inconstitucional por lesivo de la libertad religiosa, lo que sin embargo y como reiteramos, no sucede ni se configura por el solo hecho de exhibir o colocar crucifijos siguiendo una tradición arraigada a nuestra historia y a nuestras costumbres.
45. Asimismo –siguiendo el contenido protegido del derecho fundamental de libertad religiosa señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, con los símbolos religiosos cuyo retiro demanda el recurrente tampoco se priva o menoscaba el derecho de toda persona de conservar, cambiar, profesar o divulgar, con absoluta libertad, su religión o sus creencias [cfr. Sentencia del caso La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, del 5 de febrero de 2001, Nº 79]. Por lo tanto, no existe afectación al derecho fundamental de libertad religiosa.
46. Tampoco se vulnera el derecho a no ser discriminado por motivos de religión, pues con la presencia de tales símbolos religiosos en un ámbito público no se realiza un trato diferenciado injustificado al recurrente, sino que la presencia de dichos símbolos responde a la influencia de la Iglesia católica en la formación histórica, cultural y moral del Perú que la Constitución reconoce en su artículo 50º, y ello no significa, como ya se ha demostrado, afectación alguna a la libertad religiosa del recurrente.
47. Ni la libertad religiosa ni la laicidad del Estado pueden entenderse afectadas cuando se respetan expresiones que, aunque en su origen religiosas, forman parte ya de las tradiciones sociales de un país. Así lo entendió, por ejemplo, la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos de América, país en el que su Constitución (en su Primera Enmienda) reconoce el derecho de libertad religiosa e impide el establecimiento de una religión como oficial del Estado. En la sentencia Marsh vs. Chambers [463 U.S. 783 (1983)], la Corte Suprema declaró constitucional que en la apertura de las sesiones parlamentarias se diga una oración pública por un capellán remunerado con fondos públicos, por considerar que “a la luz de una historia sin ambigüedades y sin interrupción de más de 200 años, no cabe duda de que la práctica de abrir las sesiones legislativas con la oración se ha convertido en parte de nuestro entramado social. Invocar la guía divina en un organismo público encargado de hacer las leyes no es, en estas circunstancias, el “establecimiento” de una religión (oficial) o un paso hacia su establecimiento; es simplemente un reconocimiento tolerable de las creencias ampliamente extendidas en el pueblo de este país”.
48. El hecho de que exista una neutralidad del Estado en materia religiosa no significa que los poderes públicos hayan de desarrollar una especie de persecución del fenómeno religioso o de cualquier manifestación de tipo religiosa.
La laicidad es incompatible con un Estado que se considere defensor o protector de una determinada confesión, pero también lo es con un Estado que promueva el ateísmo o el agnosticismo o el destierro del ámbito público de toda expresión de origen religioso. La incompetencia del Estado ante la fe y la práctica religiosa no significa la promoción del ateísmo o agnosticismo con la eliminación de símbolos religiosos de la esfera pública o la imposición de una ideología antirreligiosa, ignorando las tradiciones que responden a la formación histórica, cultural y moral del Perú.
49. Plantearse obligar al Estado al retiro de un símbolo religioso que ya existe y cuya presencia se explica por la tradición del país, implica preguntarse si la mera presencia del crucifijo o la Biblia tienen la capacidad de perturbar a un no creyente al punto de afectar su libertad religiosa. Si el impacto de la sola presencia silenciosa de un objeto en un espacio público representase un trastorno de tal entidad, habría igualmente que prohibir la exposición de símbolos religiosos en las calles, como las cruces en la cima de los templos, ya que su presencia podría resultar emocionalmente perturbadora para los no creyentes.
Así, por ejemplo, el Estado, en nombre de una supuesta laicidad, tendría la obligación de retirar la cruz del cerro San Cristóbal o prohibir el recorrido por lugares públicos de la procesión del Señor de los Milagros, o suprimir del calendario de feriados no laborables fechas de origen religioso católico como la Navidad o el Jueves o el Viernes Santo, con el argumento de que de lo contrario se ofende a los miembros de religiones no católicas, agnósticos o ateos, que pueden verse emocionalmente afectados por la sola presencia de símbolos religiosos católicos en lugares públicos o porque dichos feriados están marcados por una celebración o, en su caso, conmemoración ligada a la religión católica.
Si el Estado procediera así, estaría “protegiendo” en realidad “emociones” de orden meramente subjetivo, antes que derechos fundamentales como la libertad religiosa.
No debe perderse de vista que nuestro sistema constitucional no es de aquellos que conciben el derecho de libertad religiosa como el derecho a liberarse de la religión y a recabar del Estado una acción institucional en tal sentido. Es evidente que este tipo de sistema no es de libertad religiosa, sino de libertad privilegiada del ateísmo y de intolerancia discriminatoria hacia lo religioso, lo que resulta claramente contrario al artículo 50º de la Constitución.
50. La interpretación de los derechos fundamentales no puede hacerse al margen del contexto: nuestra historia y nuestras tradiciones. Pretender lo contrario supondría eliminar la esencia social que acompaña a los derechos humanos en su nacimiento y posterior desarrollo. Este Tribunal, más allá de las convicciones religiosas de sus miembros, se esfuerza racionalmente por ubicarse en un punto en el que pueda garantizar de la manera más sensata el pluralismo que le ordena la Constitución. Al hacerlo, sin embargo, no puede soslayar la cultura, la historia y la inevitable presencia de los símbolos católicos en nuestra vida cotidiana. Su deber es, pues, garantizar un modelo de pluralismo, pero sin hacer abstracción de la historia y la realidad. La garantía del pluralismo, sin embargo, sólo es posible en el marco del principio de tolerancia. Este último, que es consustancial a la fórmula del Estado constitucional de derecho, permite la convivencia, también en los espacios públicos, sin tener que llegar al extremo de negar nuestra tradición y nuestra historia.
51. Otro tanto cabe decir respecto de la presencia de la Biblia en los estrados judiciales. De manera similar a lo que acontece con los crucifijos, el caso de la Biblia requiere ser enfocado no sólo en función del simbolismo religioso, sino también a la luz de lo que representa su presencia en el devenir histórico de la administración de Justicia. En efecto, sabido es que la presencia de Biblias en los estrados judiciales obedece a su recurrente utilización como uno de los elementos a tomarse en consideración al momento de realizar el juramento o el compromiso de decir la verdad. Tal perspectiva permite considerar que, más allá de su indudable vinculación con la religiosidad, la Biblia representa en el desarrollo histórico de la Justicia el esfuerzo de los seres humanos por acercarse a la verdad como valor preciado en el que aquella se sustenta.
52. En el contexto señalado queda claro que la Biblia puede no ser utilizada por todos como un instrumento de compromiso religioso, sino como una forma de identificación en torno a ciertos valores de trascendencia o aceptación general. En tales circunstancias, no puede considerarse su presencia como lesiva de ningún tipo de libertad a menos que, como se dijo respecto de los crucifijos, se obligara a quienes participan de las actuaciones judiciales (sea como jueces, sea como justiciables) a adoptar cánones de sujeción o vinculación en el orden estrictamente religioso.
53. Por último, no comparte este Colegiado la posición del recurrente cuando afirma que la bandera, el escudo o el himno nacional son una síntesis de una serie de valores “respetados por todos”, mientras que no ocurre lo mismo con los símbolos religiosos de cualquier confesión, pues siempre representarán a una parte de los nacionales, excluyendo a otros. Esta opinión no toma en cuenta que existen personas que pueden también sentirse afectadas en sus conciencias por la presencia en lugares públicos de símbolos como la bandera nacional o el escudo, al considerarlos idolátricos, por lo que tales personas, con el mismo argumento del recurrente, podrían pedir igualmente que se retiren dichos símbolos de los espacios públicos. Sin embargo, en tales supuestos, con argumentos similares a los aquí expuestos, mutatis mutandis, habría que responder que la presencia de tales símbolos patrios en espacios públicos no afecta la libertad de conciencia y de religión, por lo que no cabría obligar al Estado a su retiro.
En efecto, la experiencia comparada muestra casos de objeciones de conciencia a expresiones cívicas (no de orden religioso). Así, por ejemplo, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América están los llamados flag-salute cases, surgidos en los años cuarenta del siglo pasado, por la negativa de algunos alumnos de escuelas estatales, pertenecientes a los Testigos de Jehová, a participar en la ceremonia cotidiana de saludo a la bandera nacional, que incluía algunos gestos con la mano y la recitación de una fórmula de fidelidad a la patria. El motivo del rechazo se fundaba en el carácter idolátrico atribuido a esa ceremonia, según la doctrina de los Testigos de Jehová [cfr. West Virginia Board of Education vs. Barnette, 319 U.S. 624 (1943)]. También, puede mencionarse los casos Valsamis y Efstratiou, ambos contra Grecia, resueltos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 18 de diciembre de 1996. En éstos, dos matrimonios Testigos de Jehová reclamaban contra la sanción (expulsión del colegio por dos días) impuesta a sus hijas menores por negarse a participar en el desfile escolar por la fiesta nacional de Grecia, al ser tal desfile contrario a sus convicciones pacifistas.
54. Por supuesto, a juicio de este Colegiado, que el Poder Judicial no deba quitar los crucifijos o Biblias de los despachos y tribunales porque alguien así lo reclame, no impide que el órgano correspondiente de dicho Poder del Estado pueda decidir que se retiren, pero no precisamente porque sea inconstitucional mantenerlos.
55. En conclusión, este Colegiado considera desestimable el primer extremo del petitorio demandado, pues no se aprecia que resulte inconstitucional o lesiva de algún tipo de libertad la presencia de símbolos religiosos católicos en lugares públicos, que se cuestiona mediante la presente demanda.
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/05416-2009-AA.pdf
05416-2009-AA
Esta entrada se publicó en Derecho Constitucional y DD. HH. y está etiquetada con Libertad Religiosa en 29 marzo, 2018 por Jaime David Abanto Torres.
Compedio Normativo del TC
Esta entrada fue publicada en Derecho Constitucional y DD. HH. el 25 enero, 2018 por Jaime David Abanto Torres.
El MINJUSDH reafirma que se actuó con probidad y apego a las normas en proceso de indulto a Alberto Fujimori
Asimismo, reitera que se entregará la información bajo los parámetros de lo estipulado en los artículos 1 y 2 de la Constitución, la Ley Nº 29733 de Protección de Datos Personales y la Ley General de Salud Nº 26842
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirma haber actuado con absoluta veracidad, en concordancia con el artículo 118 de la Constitución que establece la atribución presidencial de otorgar el indulto humanitario y con apego al marco jurídico en el caso de la resolución suprema 281-2017-JUS que otorgó el indulto y derecho de gracia a Alberto Fujimori.
En ese sentido, el sector respeta todas las opiniones vinculadas al indulto humanitario como la vertida hoy por el señor Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, sin embargo mantiene su posición respecto a la legalidad y solidez de la medida tomada por la Comisión de Gracias Presidenciales.
Asimismo, el sector sostiene que se entregará la información solicitada por la Defensoría del Pueblo bajo los parámetros de lo estipulado en los artículos 1 y 2 de la Constitución, la Ley Nº 29733 de Protección de Datos Personales y la Ley General de Salud Nº 26842.
Cabe señalar que el sector se encuentra trabajando en la estrategia legal del Estado peruano de cara a la audiencia del 2 febrero ante la Corte IDH, por lo que la información solicitada viene siendo objeto de estudio y análisis, con la reserva que corresponde a un litigio internacional, y cuya defensa está a cargo de los agentes del Estado peruano.
El Ministerio de Justicia reitera su compromiso con la transparencia respecto a asuntos de interés y su colaboración frente a requerimientos realizados en diversas instancias.
En https://www.minjus.gob.pe/ultimas-noticias/noticias-destacadas/el-minjusdh-reafirma-que-se-actuo-con-probidad-y-apego-a-las-normas-en-proceso-de-indulto-a-alberto-fujimori/
Esta entrada se publicó en Derecho Constitucional y DD. HH. y está etiquetada con derecho de gracia, indulto, protección de datos en 25 enero, 2018 por Jaime David Abanto Torres.
Condena en costas y costos [ 34132 vistas ]
Cuarto Pleno Casatorio Civil [ 19040 vistas ]

References: artículo 50
e contrario
 artículo 50
e contrario
 artículo 118
 resolución