Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2009-18732.htm
Timestamp: 2018-08-17 00:02:27+00:00

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A travÃ©s de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducciÃ³n por puntos y se modifica el texto articulado de la Ley sobre TrÃ¡fico, CirculaciÃ³n de VehÃ­culos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se establecÃ­a una nueva arquitectura jurÃ­dica de la autorizaciÃ³n para conducir basada en la especial apreciaciÃ³n y valoraciÃ³n por su titular. La AdministraciÃ³n del trÃ¡fico comenzaba a tasar el permiso y la licencia de conducciÃ³n en un nÃºmero de puntos que procede a detraer cuando el comportamiento del conductor no es conforme a lo exigido.
AsÃ­, el 1 de julio de 2006, fecha en la que entrÃ³ en vigor la citada modificaciÃ³n, el ordenamiento jurÃ­dico vial en nuestro paÃ­s iniciaba una nueva etapa bajo el sistema denominado permiso y licencia de conducciÃ³n por puntos.
Los efectos no se han hecho esperar. El cambio de comportamientos de los conductores ha provocado una reducciÃ³n muy significativa de la mortalidad en nuestras carreteras. Siendo asÃ­, lo cierto es que resulta imprescindible seguir avanzando en el camino recorrido y ello no es posible sin analizar los posibles fallos del sistema. En este sentido, transcurridos mÃ¡s de tres aÃ±os desde ese 1 de julio de 2006, es ya posible dirigir el grueso de las crÃ­ticas hacia el elemento que precede a toda detracciÃ³n de puntos: el procedimiento sancionador. Son varias las reflexiones que Ã©ste deja en la actualidad.
En primer lugar, su excesiva dilaciÃ³n en el tiempo, la cual se ha hecho quizÃ¡s aÃºn mÃ¡s palpable con la entrada en vigor de la modificaciÃ³n del CÃ³digo Penal operada a travÃ©s de la Ley OrgÃ¡nica 15/2007, de 30 de noviembre. AsÃ­, y a tÃ­tulo de ejemplo, resulta especialmente significativo que cuando la ingesta de alcohol durante la conducciÃ³n es especialmente elevada, y tipificada por tanto como delictiva, el reproche jurÃ­dico se produce en horas. Por el contrario, si aquella es menor, y sancionable Ãºnicamente en vÃ­a administrativa, la firmeza de la sanciÃ³n y la detracciÃ³n de puntos que Ã©sta implica se prolonga innecesariamente durante meses, aunque no sea intenciÃ³n del infractor litigar en el procedimiento.
Otro elemento de crÃ­tica radica en la incertidumbre que en la mayorÃ­a de los conductores provoca el desconocimiento acerca de la existencia de alguno de estos procedimientos en los que pudiera estar incurso. El empleo, cada vez mÃ¡s frecuente, de medios de detecciÃ³n de infracciones donde no se produce la detenciÃ³n del vehÃ­culo, y las deficiencias derivadas del sistema actual de notificaciones en el procedimiento, provocan al conductor una clara vulneraciÃ³n del Â«derecho a conocerÂ» el estado de la tramitaciÃ³n de los procedimientos en los que estÃ¡ implicado, derecho que le reconoce el artÃ­culo 35 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
Asimismo, y como ocurre en el resto de los paÃ­ses de nuestro entorno, resulta necesario abordar una adecuada configuraciÃ³n del sistema de responsabilidad en los supuestos en que la identificaciÃ³n no puede producirse en el acto de la comisiÃ³n del hecho infractor. Resultan especialmente llamativos los supuestos en que el conductor que diariamente utiliza un vehÃ­culo se ve llamado sistemÃ¡ticamente a identificarse a sÃ­ mismo como su conductor. Por ello, resulta adecuado que pueda incorporarse al Registro de VehÃ­culos, la persona que es usuario o conductor habitual del vehÃ­culo.
De todo lo expuesto anteriormente se deduce que es imprescindible llevar a cabo una reforma integral del procedimiento sancionador teniendo siempre presente la amplia jurisprudencia relativa al ejercicio del Â«ius puniendiÂ» por parte de la AdministraciÃ³n.
La experiencia acumulada durante los Ãºltimos aÃ±os pone de manifiesto, ademÃ¡s, la necesidad de construir un procedimiento especial para el Ã¡mbito sancionador del trÃ¡fico donde puedan ser tenidas en cuenta las especialidades que lo diferencian de los demÃ¡s procedimientos administrativos.
En primer lugar, su carÃ¡cter masivo. Treinta millones de vehÃ­culos y veinticinco millones de conductores arrojan en nuestras calles y carreteras mÃ¡s de quince millones de procedimientos sancionadores por infracciones a la normativa de circulaciÃ³n. Una cifra que, antojÃ¡ndose espectacular, dista sin embargo mucho de la existente en el resto de paÃ­ses europeos de nuestro entorno donde los sistemas automÃ¡ticos de detecciÃ³n de infracciones llegan a multiplicar por diez el nÃºmero existente en nuestro paÃ­s.
En segundo lugar, el carÃ¡cter mismo de la infracciÃ³n de trÃ¡fico. La veracidad de los hechos otorgada por los medios tÃ©cnicos homologados o por los Agentes de la Autoridad dejan poco margen a la duda.
La diversidad de Administraciones con competencias sancionadoras en materia de trÃ¡fico es una caracterÃ­stica que tambiÃ©n debe ser tenida en cuenta. La Ley unifica criterios en la idea de que el conductor tenga siempre presente que su comportamiento contrario a la norma, con independencia del lugar en que se cometa la infracciÃ³n y de la AdministraciÃ³n competente, va a recibir el mismo reproche jurÃ­dico.
Finalmente, con presencia probablemente en cada uno de los preceptos, late la voluntad de profundizar en la idea de la sanciÃ³n de trÃ¡fico como un elemento de seguridad preventiva en la conducciÃ³n: se trata de evitar la producciÃ³n de los accidentes ocasionados por un comportamiento infractor. Diferentes experiencias adoptadas en paÃ­ses de nuestro entorno dejan claro que una adecuada gestiÃ³n del procedimiento sancionador influye de un modo directo en la reducciÃ³n de la siniestralidad.
La configuraciÃ³n del nuevo procedimiento sancionador en materia de trÃ¡fico se articula mediante la nueva redacciÃ³n de los TÃ­tulos V y VI (infracciones y sanciones, y procedimiento sancionador de trÃ¡fico) del texto articulado de la Ley sobre TrÃ¡fico, CirculaciÃ³n de VehÃ­culos a Motor y Seguridad Vial. Constituyendo aquel el eje central de la reforma, se ha procedido a alterar otros tÃ­tulos, unos derivados de la propia modificaciÃ³n del procedimiento sancionador y otros como consecuencia de otras materias del texto articulado de la Ley necesitadas de nueva redacciÃ³n. En este sentido, destacar la nueva ordenaciÃ³n del ahora llamado Consejo Superior de Seguridad Vial y, por otra parte, la creaciÃ³n con rango de ley del Registro Estatal de VÃ­ctimas y Accidentes de TrÃ¡fico (REVAT).
En el grupo de tÃ­tulos de imprescindible cambio para la correcta articulaciÃ³n del nuevo procedimiento sancionador se encuentra el TÃ­tulo II Â«Normas de comportamiento en la circulaciÃ³nÂ», que en su capÃ­tulo primero incluye las obligaciones generales de los diferentes actores implicados en la circulaciÃ³n. AdemÃ¡s de introducir la no distracciÃ³n como obligaciÃ³n del conductor, el objetivo principal es singularizar y definir una serie de deberes para el titular del vehÃ­culo implicÃ¡ndolo de un modo activo en la responsabilidad de su circulaciÃ³n. De un modo mÃ¡s concreto se traslada a esta parte de la Ley, procedente del articulado sancionador, la obligaciÃ³n de todo titular o arrendatario de un vehÃ­culo, en su caso, de conocer no sÃ³lo quien hace uso del vehÃ­culo en cada momento, sino tambiÃ©n si cuenta con la autorizaciÃ³n administrativa necesaria para conducirlo. De esta obligaciÃ³n se deriva el deber de comunicar a la AdministraciÃ³n la persona que conducÃ­a el vehÃ­culo cuando se detecta una infracciÃ³n cometida con Ã©ste.
No obstante, como en la mayorÃ­a de los supuestos el conductor de un vehÃ­culo se convierte en habitual mientras no varÃ­a su titularidad, se permite ahora al titular desentenderse de las concretas obligaciones de identificaciÃ³n antes referidas si previamente ha indicado quien hace uso del vehÃ­culo como conductor habitual del mismo, trasladÃ¡ndose a Ã©ste las obligaciones que corresponden al titular.
Otro de los tÃ­tulos que toma nueva redacciÃ³n es el TÃ­tulo IV referente a las autorizaciones administrativas. TambiÃ©n aquÃ­ se incluye una importante novedad que tendrÃ¡ sin duda especiales repercusiones en el avance de los servicios electrÃ³nicos ofrecidos por la AdministraciÃ³n. El tradicional concepto de domicilio fÃ­sico se transforma ahora en domicilio virtual dejando atrÃ¡s la incertidumbre que constituÃ­a el hecho de no saber de la existencia de expedientes sancionadores por no haber recibido notificaciÃ³n alguna. Este domicilio virtual se constituye en obligatorio para las personas jurÃ­dicas que matriculen nuevos vehÃ­culos y se mantiene voluntario para las personas fÃ­sicas.
No obstante, y respecto de Ã©stas Ãºltimas, es previsible un uso cada vez mayor del mismo, habida cuenta de que a travÃ©s de este canal el ciudadano podrÃ¡ recibir otra serie de comunicaciones tan diversas como los avisos de caducidad de la vigencia de su permiso de conducciÃ³n, la necesaria inspecciÃ³n tÃ©cnica a que su vehÃ­culo debe someterse en breve o informaciÃ³n de todo tipo referente a la gestiÃ³n del trÃ¡fico.
Dentro ya del nuevo TÃ­tulo V Â«RÃ©gimen sancionadorÂ», pocos cambios se producen respecto al catÃ¡logo de infracciones. Tras la reordenaciÃ³n llevada a cabo por la Ley 17/2005, de 19 de julio, Ãºnicamente es necesario efectuar determinados ajustes en la descripciÃ³n de algunas conductas. Entre ellas cabrÃ­a seÃ±alar la inclusiÃ³n entre las infracciones muy graves de la utilizaciÃ³n de mecanismos destinados a eludir la vigilancia y control del trÃ¡fico.
Aspecto siempre controvertido en el derecho sancionador del trÃ¡fico es la determinaciÃ³n de la cuantÃ­a econÃ³mica de las multas a imponer. En este sentido debe recordarse que no se ha procedido a su revisiÃ³n en los dieciocho aÃ±os que han transcurrido desde la aprobaciÃ³n del texto articulado de la Ley sobre TrÃ¡fico, CirculaciÃ³n de VehÃ­culos a Motor y Seguridad Vial. Tampoco existe ahora intenciÃ³n de hacerlo en profundidad. El objetivo se centra en estos momentos en ofrecer al ciudadano seguridad en el conocimiento de la sanciÃ³n que corresponde a la infracciÃ³n cometida. La determinaciÃ³n de las cuantÃ­as en la vigente Ley ofrece a las diferentes Administraciones con competencias en materia de trÃ¡fico un elevado grado de discrecionalidad, provocando grandes diferencias en el reproche jurÃ­dico por unos hechos similares. De este modo, la graduaciÃ³n de la sanciÃ³n no atiende en la actualidad a principios como el del peligro potencial creado o a los antecedentes del infractor, sino, en gran medida, al territorio donde se ha cometido la infracciÃ³n.
La situaciÃ³n resulta especialmente llamativa cuando la infracciÃ³n cometida consiste en superar los lÃ­mites de velocidad establecidos. La redacciÃ³n actual de la infracciÃ³n administrativa grave, ampliamente interpretable, y de la infracciÃ³n muy grave (con referencia a tantos por ciento) provoca la creaciÃ³n de diferentes cuadros sancionadores por las diferentes Administraciones con competencias en materia de trÃ¡fico. Las diferencias llegan al lÃ­mite en determinados casos especialmente flagrantes: el mismo exceso de velocidad, cometido con identidad de vehÃ­culo, conductor y circunstancias de la vÃ­a es sancionable en un punto kilomÃ©trico y no lo es, por el contrario, en el siguiente, este Ãºltimo bajo diferente AdministraciÃ³n.
Las anteriores situaciones descritas han motivado que se proceda ahora a definir la cuantÃ­a de la multa en una cantidad exacta. SÃ³lo la existencia de circunstancias adicionales concurrentes como los antecedentes del infractor o el peligro potencial creado motivarÃ¡ una especial graduaciÃ³n de la sanciÃ³n. De este modo, y especialmente en la infracciÃ³n consistente en exceder el lÃ­mite de velocidad, el ciudadano tendrÃ¡ certeza absoluta de las consecuencias de su comportamiento infractor, independientemente de la AdministraciÃ³n que sobre Ã©l ejerza la competencia sancionadora.
Fuera del Ã¡mbito de la multa econÃ³mica, la reforma opera tambiÃ©n en el resto del catÃ¡logo de sanciones existentes en la actualidad. Se deroga la sanciÃ³n consistente en la imposibilidad de obtener el permiso por el perÃ­odo de dos aÃ±os tras haber sido denunciado, hoy condenado, por conducir careciendo de permiso y se suprime la sanciÃ³n de suspensiÃ³n de la autorizaciÃ³n administrativa para conducir. AdemÃ¡s del especÃ­fico deber del titular, asÃ­ configurado en el artÃ­culo 9 bis, de conocer en todo momento quien hace uso del vehÃ­culo y de comunicarlo a la AdministraciÃ³n cuando una infracciÃ³n sea cometida, se atiende a la especial problemÃ¡tica de los conductores no residentes que infringen en nuestro paÃ­s, configurando especiales consecuencias para situaciones que son realmente diferentes.
En un capÃ­tulo especÃ­ficamente dedicado a ello, la Ley mantiene el tradicional sistema de determinaciÃ³n de la responsabilidad dirigido a castigar al autor del hecho infractor. No obstante, la reforma no es ajena al hecho de que nuevas realidades exigen nuevas soluciones. Siguiendo la tendencia europea nuestro paÃ­s hace uso en un nÃºmero cada vez mayor de los sistemas automÃ¡ticos de detecciÃ³n de infracciones, especialmente eficaces en la reducciÃ³n de la siniestralidad, pero con una problemÃ¡tica comÃºn: la identificaciÃ³n del conductor responsable de la infracciÃ³n. Manteniendo el deber del titular del vehÃ­culo de conocer y comunicar quien es el conductor, la Ley articula el sistema de responsabilidad para la nueva figura antes explicada del conductor habitual.
De especial importancia, eje central de la reforma, es el CapÃ­tulo III del TÃ­tulo V, Ã­ntegramente dedicado al iter procedimental que debe producirse para que el comportamiento infractor sea sancionado. Como ya ocurre respecto de las infracciones y sanciones en el orden social, o de los procedimientos administrativos en materia tributaria, se trata de configurar ahora un procedimiento especÃ­fico, alejado de la rigidez de unas reglas comunes, que contemple las especiales caracterÃ­sticas del trÃ¡fico.
De este modo, la reforma incluye una modificaciÃ³n expresa de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a la que se incorpora una nueva disposiciÃ³n adicional octava bis al objeto de alterar el orden de prelaciÃ³n en la aplicaciÃ³n del texto articulado de la Ley sobre TrÃ¡fico, CirculaciÃ³n de VehÃ­culos a Motor y Seguridad Vial, tal como para las materias citadas anteriormente se seÃ±ala en las disposiciones adicionales quinta, sexta y sÃ©ptima de esa Ley.
Tres son las principales novedades que caracterizan ahora al procedimiento sancionador de trÃ¡fico: el establecimiento de un procedimiento abreviado, el diseÃ±o de un nuevo rÃ©gimen en la prÃ¡ctica de la notificaciÃ³n que tenga presente los nuevos sistemas telemÃ¡ticos de comunicaciÃ³n (correo electrÃ³nico, telÃ©fono mÃ³vil, etc.) y la terminaciÃ³n de oficio del procedimiento ante la falta de actuaciones por parte del infractor.
El procedimiento abreviado ahora diseÃ±ado es similar a los coloquialmente conocidos en el Ã¡mbito penal como Â«juicios rÃ¡pidosÂ». Se trata ahora de ofrecer al infractor la posibilidad de suscribir un pacto con la AdministraciÃ³n sancionadora que le permita cumplir rÃ¡pidamente el castigo impuesto a cambio de una rebaja sustantiva en Ã©ste. De las ventajas evidentes que para AdministraciÃ³n e infractor se derivan del acuerdo hay que aÃ±adir el refuerzo del principio antes apuntado de la sanciÃ³n como elemento de seguridad activa, toda vez que se afianza en los conductores la configuraciÃ³n de una justicia administrativa vial que actÃºa con inmediatez y se aleja de sensaciones de impunidad.
El segundo de los elementos caracterÃ­stico del nuevo procedimiento sancionador es la creaciÃ³n de un sistema de notificaciones adaptado a la realidad actual. Las notificaciones en boletines oficiales pueden efectivamente ofrecer Â«garantÃ­as formalesÂ» de que la notificaciÃ³n ha sido practicada. Sin embargo, no ofrecen Â«garantÃ­a materialÂ» alguna al ciudadano de que tenga siempre conocimiento de los procedimientos que contra Ã©l se dirigen. En estas circunstancias se crean la DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial (DEV) y el TablÃ³n Edictal de Sanciones de TrÃ¡fico, en formato digital.
Ambos parten de la realidad que el vehÃ­culo supone y que implica su traslado continuo, situÃ¡ndose sin soluciÃ³n de continuidad bajo el Ã¡mbito territorial de diferentes Administraciones con competencias sancionadoras. En este sentido, el conductor debe poder contar con un lugar cierto de notificaciones donde todas las Administraciones del trÃ¡fico puedan remitirle las diferentes comunicaciones. Asimismo, debe ser suficiente ese lugar para que cualquier conductor pueda conocer si sobre Ã©l o su vehÃ­culo se ha ejercido o se estÃ¡ ejerciendo la potestad sancionadora en materia de trÃ¡fico, sea cual fuere el Ã¡mbito territorial donde el hecho se hubiese cometido. Las nuevas tecnologÃ­as ayudan sin duda a esta nueva concepciÃ³n.
Las medidas cautelares, ahora denominadas provisionales, sufren tambiÃ©n una importante revisiÃ³n. Con objeto de asegurar la eficacia de la resoluciÃ³n sancionadora y de garantizar la seguridad vial en la circulaciÃ³n, se adoptan sobre el infractor nuevas medidas y se redefinen las existentes.
AdemÃ¡s, se contemplan otras medidas, como las que tienen por objeto limitar al titular la disposiciÃ³n sobre sus autorizaciones administrativas cuando con las mismas quedasen sanciones firmes pendientes de abonar. Finalmente, se clarifican los supuestos en que la AdministraciÃ³n puede proceder a la destrucciÃ³n del vehÃ­culo por haber quedado abandonado por su titular, medida que pasa ahora a denominarse Â«tratamiento residual del vehÃ­culoÂ».
TambiÃ©n se establecen novedades respecto a la ejecuciÃ³n de las sanciones y la gestiÃ³n de los antecedentes del infractor. AsÃ­, el plazo de prescripciÃ³n de las sanciones econÃ³micas y su cÃ³mputo se adaptan a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Por otra parte, cabe destacar la nueva condiciÃ³n impuesta a los titulares de autorizaciones administrativas de encontrarse al dÃ­a en el cumplimiento de las sanciones para poder efectuar cualquier trÃ¡mite relativo a las mismas.
Por Ãºltimo, en el TÃ­tulo VI se regula, con rango de ley, el Registro Estatal de VÃ­ctimas y Accidentes de TrÃ¡fico, en donde figurarÃ¡n Ãºnicamente aquellos datos que sean relevantes y que permitan disponer de la informaciÃ³n necesaria para determinar las causas y circunstancias en que se han producido los accidentes de trÃ¡fico de los que han derivado vÃ­ctimas y sus consecuencias. En este sentido, el tiempo ha demostrado que una correcta gestiÃ³n de los datos sobre accidentalidad permite adoptar medidas especiales dirigidas a reducir la siniestralidad en Ã¡mbitos o colectivos especÃ­ficos.
El texto articulado de la Ley sobre TrÃ¡fico, CirculaciÃ³n de VehÃ­culos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se modifica en los siguientes tÃ©rminos:
Uno. El pÃ¡rrafo c) del artÃ­culo 5 queda redactado del siguiente modo:
Â«c) Conceder la autorizaciÃ³n a los centros de formaciÃ³n de conductores y declarar la nulidad, asÃ­ como los certificados de aptitud y autorizaciones que permitan acceder a la actividad profesional en materia de enseÃ±anza de la conducciÃ³n y acreditar la de los centros de reconocimiento de aptitudes psicofÃ­sicas de los conductores, con los requisitos y condiciones que reglamentariamente se determinen.Â»
Dos. El CapÃ­tulo II del TÃ­tulo Primero queda redactado del siguiente modo:
[ignorar]ArtÃ­culo 8. Objeto, funciones y composiciÃ³n.
1. Se constituye el Consejo Superior de Seguridad Vial como el Ã³rgano de consulta y participaciÃ³n para el desarrollo y ejecuciÃ³n de la polÃ­tica de seguridad vial.
2. Para la mejor consecuciÃ³n de sus fines, el Consejo estarÃ¡ integrado por representantes de la AdministraciÃ³n General del Estado, de las Comunidades y Ciudades AutÃ³nomas, de las Administraciones Locales y de las entidades, fundaciones, asociaciones de vÃ­ctimas, sector social de la discapacidad y organizaciones profesionales, econÃ³micas y sociales de Ã¡mbito estatal mÃ¡s representativas directamente vinculadas con la seguridad vial.
3. El Consejo Superior de Seguridad Vial ejercerÃ¡ las siguientes funciones:
a) Informar los planes nacionales estratÃ©gicos y de actuaciÃ³n en materia de seguridad vial.
d) Conocer e informar sobre la evoluciÃ³n de la siniestralidad vial en EspaÃ±a.
e) Informar o proponer, en su caso, los proyectos de carÃ¡cter general que afectan a la seguridad vial.
f) Coordinar e impulsar, mediante las correspondientes propuestas, la actuaciÃ³n de los distintos organismos, entidades y asociaciones que desarrollen actividades relacionadas con la seguridad vial.
g) Promover la concertaciÃ³n y el intercambio de experiencias entre los diferentes miembros del Pleno.
4. La presidencia del Consejo corresponde al Ministro del Interior y la secretarÃ­a al Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
5. El Consejo Superior de Seguridad Vial se estructura en los siguientes Ã³rganos: el Pleno, la ComisiÃ³n Permanente, la ComisiÃ³n AutonÃ³mica, la ComisiÃ³n Local de Seguridad Vial y los grupos de trabajo.
6. Su composiciÃ³n, rÃ©gimen jurÃ­dico, orgÃ¡nico y funcional se determinarÃ¡n reglamentariamente. A estos efectos, podrÃ¡n crearse Consejos Territoriales de Seguridad Vial.
7. Las Comunidades AutÃ³nomas con competencias ejecutivas en materia de trÃ¡fico y seguridad vial podrÃ¡n establecer sus propios Consejos AutonÃ³micos de Seguridad Vial.Â»
Tres. El artÃ­culo 9 queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 9. Usuarios, conductores y titulares de vehÃ­culos.
1. Los usuarios de la vÃ­a estÃ¡n obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulaciÃ³n, ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daÃ±os a los bienes.
2. Los conductores deben utilizar el vehÃ­culo con la diligencia, precauciÃ³n y no distracciÃ³n necesarias para evitar todo daÃ±o, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sÃ­ mismos como a los demÃ¡s ocupantes del vehÃ­culo y al resto de usuarios de la vÃ­a.
El conductor deberÃ¡ verificar que las placas de matrÃ­cula del vehÃ­culo no presentan obstÃ¡culos que impidan o dificulten su lectura e identificaciÃ³n.
3. Los titulares y, en su caso, los arrendatarios de los vehÃ­culos tienen el deber de actuar con la mÃ¡xima diligencia para evitar los riesgos que conlleva su utilizaciÃ³n, manteniÃ©ndolos en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas, sometiÃ©ndolos a los reconocimientos e inspecciones que correspondan e impidiendo que sean conducidos por quienes nunca hubieren obtenido el permiso o la licencia de conducciÃ³n correspondiente.Â»
Cuatro. Se incluye un artÃ­culo 9 bis con la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 9 bis. Obligaciones del titular del vehÃ­culo y del conductor habitual.
1. El titular de un vehÃ­culo tiene las siguientes obligaciones:
a) Facilitar a la AdministraciÃ³n la identificaciÃ³n del conductor del vehÃ­culo en el momento de ser cometida una infracciÃ³n. Los datos facilitados deben incluir el nÃºmero del permiso o licencia de conducciÃ³n que permita la identificaciÃ³n en el Registro de Conductores e Infractores.
Si el conductor no figura inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, el titular deberÃ¡ disponer de copia de la autorizaciÃ³n administrativa que le habilite a conducir en EspaÃ±a y facilitarla a la AdministraciÃ³n cuando le sea requerida. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehÃ­culos sin conductor, la copia de la autorizaciÃ³n administrativa podrÃ¡ sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento.
b) Impedir que el vehÃ­culo sea conducido por quienes nunca hubieren obtenido el permiso o la licencia de conducciÃ³n correspondiente.
2. El titular podrÃ¡ comunicar al Registro de VehÃ­culos de la DirecciÃ³n General de TrÃ¡fico el conductor habitual del mismo en los tÃ©rminos que se determinen por Orden del Ministro del Interior y conforme a lo dispuesto en el apartado 1.bis del anexo I. En este supuesto, el titular quedarÃ¡ exonerado de las obligaciones anteriores, que se trasladarÃ¡n al conductor habitual.
3. Las obligaciones establecidas en el apartado 1 y la comunicaciÃ³n descrita en el apartado anterior corresponderÃ¡n al arrendatario a largo plazo del vehÃ­culo, en el supuesto de que hubiese constancia de Ã©ste en el Registro de VehÃ­culos.
4. Los titulares de los vehÃ­culos en rÃ©gimen de arrendamiento a largo plazo deberÃ¡n comunicar al Registro de VehÃ­culos el arrendatario, en los tÃ©rminos que se determinen mediante la correspondiente Orden Ministerial.Â»
Cuatro bis. El pÃ¡rrafo e) del apartado 2 del artÃ­culo 39 queda redactado del siguiente modo:
Â«e) Sobre las aceras, paseos y demÃ¡s zonas destinadas al paso de peatones. No obstante, los Municipios, a travÃ©s de Ordenanza Municipal, podrÃ¡n regular la parada y el estacionamiento de los vehÃ­culos de dos ruedas y ciclomotores de dos ruedas sobre las aceras y paseos siempre que no se perjudique ni se entorpezca el trÃ¡nsito de los peatones por ella, atendiendo a las necesidades de aquÃ©llos que puedan portar algÃºn objeto voluminoso y, especialmente, las de aquellas personas que pudieran contar con alguna discapacidad.Â»
Cinco. El artÃ­culo 59 queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 59. Normas generales sobre autorizaciones administrativas.
1. Con objeto de garantizar la aptitud de los conductores para manejar los vehÃ­culos y la idoneidad de Ã©stos para circular con el mÃ­nimo de riesgo posible, la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor por las vÃ­as objeto de esta Ley requerirÃ¡ de la obtenciÃ³n de la correspondiente autorizaciÃ³n administrativa previa.
Reglamentariamente se fijarÃ¡n los datos que han de constar en las autorizaciones de los conductores y de los vehÃ­culos.
2. El conductor de un vehÃ­culo queda obligado a estar en posesiÃ³n y llevar consigo su permiso o licencia vÃ¡lidos para conducir, asÃ­ como el permiso de circulaciÃ³n del vehÃ­culo y la tarjeta de inspecciÃ³n tÃ©cnica o certificado de caracterÃ­sticas, y deberÃ¡ exhibirlos ante los Agentes de la Autoridad que se lo soliciten, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
3. En las autorizaciones administrativas de circulaciÃ³n Ãºnicamente constarÃ¡ un titular.Â»
Seis. Se incluye un artÃ­culo 59 bis con la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 59 bis. Domicilio y DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial (DEV) de los titulares de una autorizaciÃ³n administrativa.
1. El titular de una autorizaciÃ³n administrativa para conducir o de circulaciÃ³n de vehÃ­culo comunicarÃ¡ a los Registros de la DirecciÃ³n General de TrÃ¡fico su domicilio. Este domicilio se utilizarÃ¡ para efectuar las notificaciones respecto de todas las autorizaciones de que disponga. A estos efectos, los Ayuntamientos y la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria podrÃ¡n comunicar a la DirecciÃ³n General de TrÃ¡fico los nuevos domicilios de que tengan constancia.
2. En el historial de cada vehÃ­culo podrÃ¡ hacerse constar, ademÃ¡s, un domicilio a los Ãºnicos efectos de gestiÃ³n de los diferentes tributos relacionados con el vehÃ­culo.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la DirecciÃ³n General de TrÃ¡fico asignarÃ¡ ademÃ¡s a todo titular de una autorizaciÃ³n administrativa de conducciÃ³n o de circulaciÃ³n de vehÃ­culo, y con carÃ¡cter previo a su obtenciÃ³n, una DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial (DEV). Esta direcciÃ³n se asignarÃ¡ automÃ¡ticamente a todas las autorizaciones de que disponga su titular en los Registros de VehÃ­culos y de Conductores.
4. La asignaciÃ³n de la DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial se realizarÃ¡ tambiÃ©n al arrendatario a largo plazo que conste en el Registro de VehÃ­culos, con carÃ¡cter previo a su inclusiÃ³n.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si el titular de la autorizaciÃ³n es una persona fÃ­sica sÃ³lo se le asignarÃ¡ una DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial cuando lo solicite voluntariamente. En este caso, todas las notificaciones se practicarÃ¡n en esa DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial conforme se establece en el artÃ­culo 77, sin perjuicio del derecho que al interesado le reconoce el artÃ­culo 28.4 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrÃ³nico de los ciudadanos a los servicios pÃºblicos.
6. En la DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial ademÃ¡s se practicarÃ¡n los avisos e incidencias relacionados con las autorizaciones administrativas recogidas en esta Ley.Â»
Seis bis. El Ãºltimo pÃ¡rrafo del apartado 4 del artÃ­culo 60 queda redactado del siguiente modo:
Â«Los conductores no perderÃ¡n mÃ¡s de ocho puntos por acumulaciÃ³n de infracciones en un solo dÃ­a, salvo que concurra alguna de las infracciones muy graves a que se refieren los pÃ¡rrafos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del artÃ­culo 65, apartado 5, en cuyo caso perderÃ¡n el nÃºmero total de puntos que correspondan.Â»
Seis ter. Se propone la modificaciÃ³n del pÃ¡rrafo segundo del apartado 7 del artÃ­culo 63, que queda redactado de la forma siguiente:
Â«7. El titular de una autorizaciÃ³n, que haya perdido una parte del crÃ©dito inicial de puntos asignado, podrÃ¡ optar a su recuperaciÃ³n parcial, hasta un mÃ¡ximo de seis puntos, por una sola vez cada dos aÃ±os, realizando y superando con aprovechamiento un curso de sensibilizaciÃ³n y reeducaciÃ³n vial, con la excepciÃ³n de los conductores profesionales que podrÃ¡n realizar el citado curso con frecuencia anual.Â»
Siete. El TÃ­tulo V queda redactado del siguiente modo:
[ignorar]ArtÃ­culo 65. Cuadro general de infracciones.
1. Las acciones u omisiones contrarias a esta Ley, desarrolladas reglamentariamente en su caso, tendrÃ¡n el carÃ¡cter de infracciones administrativas y serÃ¡n sancionadas en los casos, forma y medida que en ella se determinen.
Cuando las acciones u omisiones puedan constituir delitos o faltas tipificadas en las leyes penales, se estarÃ¡ a lo dispuesto en el artÃ­culo 72.
a) No respetar los lÃ­mites de velocidad reglamentariamente establecidos, de acuerdo con lo recogido en el Anexo IV.
b) Circular en un tramo a una velocidad media superior a los lÃ­mites establecidos reglamentariamente, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV.
c) Incumplir las disposiciones de esta Ley en materia de prioridad de paso, adelantamientos, cambios de direcciÃ³n o sentido y marcha atrÃ¡s, sentido de la circulaciÃ³n, utilizaciÃ³n de carriles y arcenes y, en general, toda vulneraciÃ³n de las ordenaciones especiales de trÃ¡fico por razones de seguridad o fluidez de la circulaciÃ³n.
d) Parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, tÃºneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice gravemente la circulaciÃ³n o constituya un riesgo, especialmente para los peatones.
e) Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario, salvo que el vehÃ­culo sea una bicicleta en cuyo caso la infracciÃ³n tendrÃ¡ el carÃ¡cter de leve.
f) Conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuyan la obligatoria atenciÃ³n permanente a la conducciÃ³n.
g) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonÃ­a mÃ³vil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicaciÃ³n.
h) No hacer uso del cinturÃ³n de seguridad, sistemas de retenciÃ³n infantil, casco y demÃ¡s elementos de protecciÃ³n.
i) Circular con menores de doce aÃ±os como pasajeros de ciclomotores o motocicletas.
j) No respetar las seÃ±ales de los Agentes que regulan la circulaciÃ³n.
k) No respetar la luz roja de un semÃ¡foro.
l) No respetar la seÃ±al de stop o la seÃ±al de ceda el paso.
ll) Conducir un vehÃ­culo siendo titular de una autorizaciÃ³n que carece de validez por no haber cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en EspaÃ±a.
m) La conducciÃ³n negligente.
n) Arrojar a la vÃ­a o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, o que obstaculicen la libre circulaciÃ³n.
Ã±) No mantener la distancia de seguridad con el vehÃ­culo que le precede.
o) Circular con un vehÃ­culo que incumpla las condiciones tÃ©cnicas reglamentariamente establecidas, salvo que pudieran estimarse incluidas en el apartado 5.ll) siguiente, asÃ­ como las infracciones relativas a las normas que regulan la inspecciÃ³n tÃ©cnica de vehÃ­culos.
p) Incumplir la obligaciÃ³n de todo conductor de verificar que las placas de matrÃ­cula del vehÃ­culo no presentan obstÃ¡culos que impidan o dificulten su lectura e identificaciÃ³n.
q) No facilitar al Agente de la autoridad su identidad ni los datos del vehÃ­culo solicitados por los afectados en un accidente de circulaciÃ³n, estando implicado en el mismo.
r) Conducir vehÃ­culos con la carga mal acondicionada o con peligro de caÃ­da.
s) Conducir un vehÃ­culo teniendo suspendida la autorizaciÃ³n administrativa para conducir o prohibida su utilizaciÃ³n por el conductor.
t) Circular con un vehÃ­culo cuyo permiso de circulaciÃ³n estÃ¡ suspendido.
u) La ocupaciÃ³n excesiva del vehÃ­culo que suponga aumentar en un 50 por ciento el nÃºmero de plazas autorizadas, excluida la del conductor.
v) Incumplir la obligaciÃ³n de impedir que el vehÃ­culo sea conducido por quien nunca hubiere obtenido el permiso o la licencia de conducciÃ³n correspondiente.
w) Incumplir las normas sobre el rÃ©gimen de autorizaciÃ³n y funcionamiento de los centros de enseÃ±anza y formaciÃ³n y de los centros de reconocimiento de conductores autorizados por el Ministerio del Interior o por los Ã³rganos competentes de las Comunidades AutÃ³nomas, salvo que pudieran estimarse incluidas en el artÃ­culo 65.6.e).
x) Circular por autopistas o autovÃ­as con vehÃ­culos que lo tienen prohibido.
y) No instalar los dispositivos de alerta al conductor en los garajes o aparcamientos en los tÃ©rminos legal y reglamentariamente previstos.
z) Circular en posiciÃ³n paralela con vehÃ­culos que lo tienen prohibido.
c) La conducciÃ³n por las vÃ­as objeto de esta Ley habiendo ingerido bebidas alcohÃ³licas con tasas superiores a las que reglamentariamente se establezcan, y en todo caso, la conducciÃ³n bajo los efectos de estupefacientes, psicotrÃ³picos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efectos anÃ¡logos.
d) Incumplir la obligaciÃ³n de todos los conductores de vehÃ­culos de someterse a las pruebas que se establezcan para la detecciÃ³n de posibles intoxicaciones de alcohol, estupefacientes, psicotrÃ³picos, estimulantes y otras sustancias anÃ¡logas, y la de los demÃ¡s usuarios de la vÃ­a cuando se hallen implicados en algÃºn accidente de circulaciÃ³n.
e) La conducciÃ³n temeraria.
f) La circulaciÃ³n en sentido contrario al establecido.
g) Participar en competiciones y carreras de vehÃ­culos no autorizadas.
h) Conducir vehÃ­culos que tengan instalados inhibidores de radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del trÃ¡fico.
i) El exceso en mÃ¡s del 50 por ciento en los tiempos de conducciÃ³n o la minoraciÃ³n en mÃ¡s del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la legislaciÃ³n sobre transporte terrestre.
j) El incumplimiento por el titular o el arrendatario del vehÃ­culo con el que se haya cometido la infracciÃ³n de la obligaciÃ³n de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracciÃ³n, cuando sean debidamente requeridos para ello en el plazo establecido. En el supuesto de las empresas de alquiler de vehÃ­culos sin conductor la obligaciÃ³n de identificar se ajustarÃ¡ a las previsiones al respecto del artÃ­culo 9 bis.
k) Conducir un vehÃ­culo careciendo de la autorizaciÃ³n administrativa correspondiente.
l) Circular con un vehÃ­culo que carezca de la autorizaciÃ³n administrativa correspondiente, o que Ã©sta no sea vÃ¡lida por no cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente.
ll) Circular con un vehÃ­culo que incumpla las condiciones tÃ©cnicas que afecten gravemente a la seguridad vial.
m) Participar o colaborar en la colocaciÃ³n o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento del uso del tacÃ³grafo o del limitador de velocidad.
a) Realizar en la vÃ­a obras sin la autorizaciÃ³n correspondiente, asÃ­ como la retirada, ocultaciÃ³n, alteraciÃ³n o deterioro de la seÃ±alizaciÃ³n permanente u ocasional.
b) No instalar la seÃ±alizaciÃ³n de obras o hacerlo incorrectamente, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.
d) Instalar inhibidores de radar en los vehÃ­culos o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del trÃ¡fico. No constituirÃ¡n infracciÃ³n los sistemas de aviso que informan de la posiciÃ³n de los sistemas de vigilancia del trÃ¡fico.
e) Incumplir las normas sobre el rÃ©gimen de autorizaciÃ³n y funcionamiento de los centros de enseÃ±anza y formaciÃ³n y de los centros de reconocimiento de conductores autorizados por el Ministerio del Interior o por los Ã³rganos competentes de las Comunidades AutÃ³nomas, que afecten a la cualificaciÃ³n de los profesores o facultativos, al estado de los vehÃ­culos utilizados en la enseÃ±anza, o a elementos esenciales que incidan directamente en la seguridad vial.
7. Las infracciones derivadas del incumplimiento de la obligaciÃ³n de asegurar los vehÃ­culos a motor se regularÃ¡n y sancionarÃ¡n con arreglo a su legislaciÃ³n especÃ­fica.
Las estaciones de ITV requerirÃ¡n la acreditaciÃ³n del seguro obligatorio en cada inspecciÃ³n ordinaria o extraordinaria del vehÃ­culo. El resultado de la inspecciÃ³n no podrÃ¡ ser favorable en tanto no se verifique este requisito.
[ignorar]ArtÃ­culo 66. Infracciones en materia de publicidad.
Las infracciones a lo previsto en el artÃ­culo 52 se sancionarÃ¡n en la cuantÃ­a y a travÃ©s del procedimiento establecido en la legislaciÃ³n sobre defensa de los consumidores y usuarios.
[ignorar]ArtÃ­culo 67. Sanciones.
1. Las infracciones leves serÃ¡n sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves con multa de 200 euros; y las muy graves con multa de 500 euros. No obstante, las infracciones consistentes en no respetar los lÃ­mites de velocidad se sancionarÃ¡n en la cuantÃ­a prevista en el Anexo IV de esta Ley.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposiciÃ³n de sanciones deberÃ¡ tenerse en cuenta que:
a) La multa por la infracciÃ³n prevista en el artÃ­culo 65.5.j) serÃ¡ el doble de la prevista para la infracciÃ³n originaria que la motivÃ³, si es infracciÃ³n leve, y el triple, si es infracciÃ³n grave o muy grave.
b) La infracciÃ³n recogida en el artÃ­culo 65.5.h) se sancionarÃ¡ con multa de 6.000 euros.
c) Las infracciones recogidas en el artÃ­culo 65.6 se sancionarÃ¡n con multa de entre 3.000 y 20.000 euros.
Asimismo, en el supuesto de la infracciÃ³n recogida en el artÃ­culo 65.6.e) se podrÃ¡ imponer la sanciÃ³n de suspensiÃ³n de la correspondiente autorizaciÃ³n por el perÃ­odo de un aÃ±o. Durante el tiempo que dure la suspensiÃ³n su titular no podrÃ¡ obtener otra autorizaciÃ³n para las mismas actividades.
La realizaciÃ³n de actividades durante el tiempo de suspensiÃ³n de la autorizaciÃ³n llevarÃ¡ aparejada una nueva suspensiÃ³n por un perÃ­odo de seis meses al cometerse el primer quebrantamiento, y de un aÃ±o si se produjese un segundo o sucesivos quebrantamientos.
3. En el supuesto de infracciones que impliquen detracciÃ³n de puntos, el Agente denunciante tomarÃ¡ nota de los datos del permiso de conducciÃ³n y los remitirÃ¡ al Ã³rgano sancionador competente que, cuando la sanciÃ³n sea firme, los comunicarÃ¡ juntamente con la sanciÃ³n y la detracciÃ³n de puntos correspondiente al Registro de Conductores e Infractores.
4. Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio espaÃ±ol, el Agente denunciante fijarÃ¡ provisionalmente la cuantÃ­a de la multa y, de no depositarse su importe, el conductor deberÃ¡ trasladar el vehÃ­culo e inmovilizarlo en el lugar indicado por el Agente denunciante. El depÃ³sito podrÃ¡ efectuarse mediante tarjeta de crÃ©dito, o en metÃ¡lico en euros y, en todo caso, se tendrÃ¡ en cuenta lo previsto en el artÃ­culo 80 respecto a la posibilidad de reducciÃ³n del 50 por ciento de la multa inicialmente fijada.
[ignorar]ArtÃ­culo 68. GraduaciÃ³n de las sanciones.
La cuantÃ­a econÃ³mica de las multas establecidas en el artÃ­culo 67.1 y en el Anexo IV podrÃ¡ incrementarse en un 30 por ciento, en atenciÃ³n a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes del infractor y a su condiciÃ³n de reincidente, el peligro potencial creado para Ã©l mismo y para los demÃ¡s usuarios de la vÃ­a y al criterio de proporcionalidad.
Los criterios de graduaciÃ³n establecidos anteriormente serÃ¡n asimismo de aplicaciÃ³n a las sanciones por las infracciones previstas en el artÃ­culo 65.6.
[ignorar]ArtÃ­culo 69. Personas responsables.
1. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ley recaerÃ¡ directamente en el autor del hecho en que consista la infracciÃ³n. No obstante:
a) El conductor de una motocicleta, de un ciclomotor, de un vehÃ­culo de tres o cuatro ruedas no carrozados o de cualquier otro vehÃ­culo para el que se exija el uso de casco por conductor y pasajero serÃ¡ responsable por la no utilizaciÃ³n del casco de protecciÃ³n por el pasajero, asÃ­ como por transportar pasajeros que no cuenten con la edad mÃ­nima exigida.
Asimismo, el conductor del vehÃ­culo serÃ¡ responsable por la no utilizaciÃ³n de los sistemas de retenciÃ³n infantil, con la excepciÃ³n prevista en el artÃ­culo 11.4 cuando se trate de conductores profesionales.
b) Cuando la autorÃ­a de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho aÃ±os, responderÃ¡n solidariamente con Ã©l sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razÃ³n al incumplimiento de la obligaciÃ³n impuesta a Ã©stos que conlleva un deber de prevenir la infracciÃ³n administrativa que se impute a los menores.
La responsabilidad solidaria quedarÃ¡ referida estrictamente a la pecuniaria derivada de la multa impuesta.
c) En los supuestos en que no tenga lugar la detenciÃ³n del vehÃ­culo y Ã©ste tuviese designado un conductor habitual, la responsabilidad por la infracciÃ³n recaerÃ¡ en Ã©ste, salvo en el supuesto de que acreditase que era otro el conductor o la sustracciÃ³n del vehÃ­culo.
d) En los supuestos en que no tenga lugar la detenciÃ³n del vehÃ­culo y Ã©ste no tuviese designado un conductor habitual, serÃ¡ responsable el conductor identificado por el titular o el arrendatario a largo plazo, de acuerdo con las obligaciones impuestas en el artÃ­culo 9 bis.
e) En las empresas de arrendamiento de vehÃ­culos a corto plazo serÃ¡ responsable el arrendatario del vehÃ­culo. En caso de que Ã©ste manifestara no ser el conductor, o fuese persona jurÃ­dica, le corresponderÃ¡n las obligaciones que para el titular establece el artÃ­culo 9 bis. La misma responsabilidad alcanzarÃ¡ a los titulares de los talleres mecÃ¡nicos o establecimientos de compraventa de vehÃ­culos por las infracciones cometidas con los vehÃ­culos mientras se encuentren allÃ­ depositados.
f) El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el Registro de VehÃ­culos, serÃ¡ en todo caso responsable de las infracciones relativas a la documentaciÃ³n del vehÃ­culo, a los reconocimientos periÃ³dicos y a su estado de conservaciÃ³n, cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehÃ­culo.
g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de VehÃ­culos, serÃ¡ responsable de las infracciones por estacionamiento, salvo en los supuestos en que el vehÃ­culo tuviese designado un conductor habitual o se indique un conductor responsable del hecho.
2. Lo dispuesto en el presente artÃ­culo se entenderÃ¡ a los Ãºnicos efectos de la determinaciÃ³n de la responsabilidad en el Ã¡mbito administrativo por las infracciones tipificadas en la presente Ley.
[ignorar]ArtÃ­culo 70. GarantÃ­a de procedimiento.
1. No se podrÃ¡ imponer sanciÃ³n alguna por las infracciones tipificadas en esta Ley sino en virtud de procedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en el presente CapÃ­tulo y en las disposiciones reglamentarias que lo desarrollen y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
2. Los instrumentos, aparatos o medios y sistemas de medida que sean utilizados para la formulaciÃ³n de denuncias por infracciones a la normativa de trÃ¡fico estarÃ¡n sometidos a control metrolÃ³gico en los tÃ©rminos establecidos por la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de MetrologÃ­a y su normativa de desarrollo.
[ignorar]ArtÃ­culo 71. Competencias.
1. La competencia para sancionar las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley corresponde al Jefe de TrÃ¡fico de la provincia en que se haya cometido el hecho. Si se trata de infracciones cometidas en el territorio de mÃ¡s de una provincia, la competencia para su sanciÃ³n corresponderÃ¡, en su caso, al Jefe de TrÃ¡fico de la provincia en que la infracciÃ³n hubiera sido primeramente denunciada.
2. Los Jefes Provinciales podrÃ¡n delegar esta competencia en la medida y extensiÃ³n que estimen conveniente. En particular podrÃ¡n delegar en el Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas la de las infracciones que hayan sido detectadas a travÃ©s de medios de captaciÃ³n y reproducciÃ³n de imÃ¡genes que permitan la identificaciÃ³n del vehÃ­culo. Asimismo los Ã³rganos de las diferentes Administraciones PÃºblicas podrÃ¡n delegar el ejercicio de sus competencias sancionadoras mediante convenios o encomiendas de gestiÃ³n o a travÃ©s de cualesquiera otros instrumentos de colaboraciÃ³n previstos en la legislaciÃ³n de procedimiento administrativo comÃºn.
3. En las Comunidades AutÃ³nomas que tengan transferidas las funciones y servicios en materia de trÃ¡fico y circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, serÃ¡n competentes para sancionar los Ã³rganos previstos en la normativa autonÃ³mica.
4. La sanciÃ³n por infracciÃ³n a normas de circulaciÃ³n cometidas en vÃ­as urbanas corresponderÃ¡ a los respectivos Alcaldes, los cuales podrÃ¡n delegar esta facultad de acuerdo con la legislaciÃ³n aplicable.
5. Los Jefes Provinciales de TrÃ¡fico y los Ã³rganos competentes que correspondan, en caso de Comunidades AutÃ³nomas que tengan transferidas las funciones y servicios en materia de trÃ¡fico y circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, asumirÃ¡n la competencia de los Alcaldes cuando, por razones justificadas o por insuficiencia de los servicios municipales, no pueda ser ejercida por Ã©stos.
6. Las competencias municipales no comprenden las infracciones a los preceptos del TÃ­tulo IV de esta Ley ni las cometidas en travesÃ­as en tanto no tengan el carÃ¡cter de vÃ­as urbanas.
7. La competencia para imponer la suspensiÃ³n del permiso o licencia de conducciÃ³n o de circulaciÃ³n corresponde, en todo caso, al Jefe Provincial de TrÃ¡fico.
8. La competencia para sancionar las infracciones a que se refiere el artÃ­culo 52 de esta Ley corresponderÃ¡, en todo caso, al Director General de TrÃ¡fico o al Ã³rgano que tenga atribuida la competencia en las Comunidades AutÃ³nomas que tengan transferidas las funciones y servicios en materia de trÃ¡fico y circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, limitada al Ã¡mbito geogrÃ¡fico de la Comunidad AutÃ³noma.
9. En las Ciudades de Ceuta y Melilla, las competencias que en los apartados anteriores se atribuyen a los Jefes Provinciales de TrÃ¡fico, corresponderÃ¡n a los Jefes Locales de TrÃ¡fico.
[ignorar]ArtÃ­culo 72. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.
1. Cuando en un procedimiento administrativo de carÃ¡cter sancionador se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, la Autoridad administrativa lo pondrÃ¡ en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acciÃ³n penal y acordarÃ¡ la suspensiÃ³n de las actuaciones.
2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados se archivarÃ¡ el procedimiento administrativo sin declaraciÃ³n de responsabilidad.
Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra resoluciÃ³n que le ponga fin sin declaraciÃ³n de responsabilidad, y siempre que la misma no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se podrÃ¡ iniciar o continuar el procedimiento administrativo sancionador contra quien no hubiese sido condenado en vÃ­a penal.
3. La resoluciÃ³n que se dicte deberÃ¡ respetar, en todo caso, la declaraciÃ³n de hechos probados en dicho procedimiento penal.
[ignorar]ArtÃ­culo 73. IncoaciÃ³n.
1. El procedimiento sancionador se incoarÃ¡ de oficio por la Autoridad competente que tenga noticia de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en esta Ley, por iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio de vigilancia de trÃ¡fico y control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.
2. No obstante, la denuncia formulada por los Agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del trÃ¡fico y notificada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciaciÃ³n del procedimiento sancionador, a todos los efectos.
[ignorar]ArtÃ­culo 74. Denuncias.
1. Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del trÃ¡fico deberÃ¡n denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la seguridad vial.
2. En las denuncias por hechos de circulaciÃ³n deberÃ¡ constar, en todo caso:
a) La identificaciÃ³n del vehÃ­culo con el que se hubiese cometido la supuesta infracciÃ³n.
c) Una descripciÃ³n sucinta del hecho, con expresiÃ³n del lugar o tramo, fecha y hora.
d) El nombre y domicilio del denunciante o, si fuera un Agente de la Autoridad, su nÃºmero de identificaciÃ³n profesional.
3. En las denuncias que los Agentes de la Autoridad notifiquen en el acto al denunciado deberÃ¡ constar, ademÃ¡s, a efectos de lo dispuesto en el artÃ­culo 73.2:
a) La infracciÃ³n presuntamente cometida, la sanciÃ³n que pudiera corresponder y el nÃºmero de puntos cuya pÃ©rdida lleve aparejada la infracciÃ³n, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
b) El Ã³rgano competente para imponer la sanciÃ³n y la norma que le atribuye tal competencia.
c) Si el denunciado procede al abono de la sanciÃ³n en el acto deberÃ¡ seÃ±alarse, ademÃ¡s, la cantidad abonada y las consecuencias derivadas del pago de la sanciÃ³n previstas en el artÃ­culo 80.
d) En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanciÃ³n, deberÃ¡ indicarse que dicha denuncia inicia el procedimiento sancionador y que dispone de un plazo de veinte dÃ­as naturales para efectuar el pago, con la reducciÃ³n y las consecuencias establecidas en el artÃ­culo 80, o para formular las alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes. En este caso, se indicarÃ¡n los lugares, oficinas o dependencias donde puede presentarlas.
e) Si en el plazo seÃ±alado en el pÃ¡rrafo anterior no se hubiesen formulado alegaciones o no se hubiese abonado la multa, se indicarÃ¡ que el procedimiento se tendrÃ¡ por concluido el dÃ­a siguiente a la finalizaciÃ³n de dicho plazo, conforme se establece en el artÃ­culo 81.5.
f) El domicilio que, en su caso, indique el interesado a efectos de notificaciones. Este domicilio no se tendrÃ¡ en cuenta si el denunciado tuviese asignada una DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial, ello sin perjuicio de lo previsto en el artÃ­culo 28.4 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
4. En las denuncias por hechos ajenos a la circulaciÃ³n se especificarÃ¡n todos los datos necesarios para su descripciÃ³n.
[ignorar]ArtÃ­culo 75. Valor probatorio de las denuncias de los Agentes de la Autoridad.
Las denuncias formuladas por los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del trÃ¡fico darÃ¡n fe, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados y de la identidad de quienes los hubieran cometido, asÃ­ como, en su caso, de la notificaciÃ³n de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquÃ©llos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado.
[ignorar]ArtÃ­culo 76. NotificaciÃ³n de la denuncia.
1. Las denuncias se notificarÃ¡n en el acto al denunciado.
2. No obstante, la notificaciÃ³n podrÃ¡ efectuarse en un momento posterior siempre que se dÃ© alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detenciÃ³n del vehÃ­culo pueda originar un riesgo para la circulaciÃ³n. En este caso, el Agente deberÃ¡ indicar los motivos concretos que la impiden.
b) Que la denuncia se formule estando el vehÃ­culo estacionado, cuando el conductor no estÃ© presente.
c) Que la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a travÃ©s de medios de captaciÃ³n y reproducciÃ³n de imÃ¡genes que permitan la identificaciÃ³n del vehÃ­culo.
[ignorar]ArtÃ­culo 77. PrÃ¡ctica de la notificaciÃ³n de las denuncias.
1. Las Administraciones con competencias sancionadoras en materia de trÃ¡fico notificarÃ¡n las denuncias que no se entreguen en el acto y las demÃ¡s notificaciones a que dÃ© lugar el procedimiento sancionador en la DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial.
En el caso de que el denunciado no la tuviese, la notificaciÃ³n se efectuarÃ¡ en el domicilio que expresamente hubiese indicado para el procedimiento, y en su defecto, en el domicilio que figure en los Registros de la DirecciÃ³n General de TrÃ¡fico.
2. El sistema de notificaciÃ³n en la DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial permitirÃ¡ acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposiciÃ³n del denunciado del acto objeto de notificaciÃ³n, asÃ­ como el acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificaciÃ³n se entenderÃ¡ practicada a todos los efectos legales.
Si existiendo constancia de la recepciÃ³n de la notificaciÃ³n en la DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial, transcurrieran diez dÃ­as naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderÃ¡ que aquÃ©lla ha sido rechazada, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad tÃ©cnica o material del acceso. El rechazo se harÃ¡ constar en el expediente sancionador, especificÃ¡ndose las circunstancias del intento de notificaciÃ³n, y se tendrÃ¡ por efectuado el trÃ¡mite, continuÃ¡ndose el procedimiento.
3. Cuando la notificaciÃ³n se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente Ã©ste en el momento de entregarse la notificaciÃ³n, podrÃ¡ hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
Si nadie se hiciera cargo de la notificaciÃ³n, se anotarÃ¡ esta circunstancia en el expediente sancionador, junto con el dÃ­a y la hora en que se intentÃ³, y se practicarÃ¡ de nuevo dentro de los tres dÃ­as siguientes. Si tampoco fuera posible la entrega, se darÃ¡ por cumplido el trÃ¡mite, procediÃ©ndose a la publicaciÃ³n en el TablÃ³n Edictal de Sanciones de TrÃ¡fico (TESTRA).
Si estando el interesado en el domicilio rechazase la notificaciÃ³n, se harÃ¡ constar en el expediente sancionador, especificÃ¡ndose las circunstancias del intento de notificaciÃ³n, teniÃ©ndose por efectuado el trÃ¡mite y continuÃ¡ndose el procedimiento.
Si el resultado de la notificaciÃ³n es que el interesado es desconocido en el domicilio al cual se dirigiÃ³ la misma, la AdministraciÃ³n procederÃ¡ a la publicaciÃ³n en el TablÃ³n Edictal de Sanciones de TrÃ¡fico (TESTRA).
[ignorar]ArtÃ­culo 78. Notificaciones en el TablÃ³n Edictal de Sanciones de TrÃ¡fico (TESTRA).
1. Las notificaciones que no puedan efectuarse en la DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial o en el domicilio indicado, se practicarÃ¡n en el TablÃ³n Edictal de Sanciones de TrÃ¡fico (TESTRA). Transcurrido el perÃ­odo de veinte dÃ­as naturales desde que la notificaciÃ³n se hubiese publicado en el TESTRA se entenderÃ¡ que Ã©sta ha sido practicada, dÃ¡ndose por cumplido dicho trÃ¡mite y continuÃ¡ndose con el procedimiento.
2. El TablÃ³n Edictal de Sanciones de TrÃ¡fico serÃ¡ gestionado por la DirecciÃ³n General de TrÃ¡fico. La prÃ¡ctica de la notificaciÃ³n en el mismo se efectuarÃ¡ en los tÃ©rminos que se determinen por Orden del Ministro del Interior.
[ignorar]ArtÃ­culo 79. Clases de procedimientos sancionadores.
1. Notificada la denuncia, el denunciado dispondrÃ¡ de un plazo de quince dÃ­as naturales para realizar el pago voluntario con reducciÃ³n de la sanciÃ³n de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.
Si efectÃºa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el pÃ¡rrafo anterior, se seguirÃ¡ el procedimiento sancionador abreviado y, en caso de no hacerlo, el procedimiento sancionador ordinario.
2. El procedimiento sancionador abreviado no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las infracciones previstas en el artÃ­culo 65, apartados 5. h), j) y 6.
3. El incumplimiento de la obligaciÃ³n de asegurar el vehÃ­culo que se establece en el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la CirculaciÃ³n Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, podrÃ¡ sancionarse conforme a uno de los dos procedimientos sancionadores que se establecen en esta Ley.
4. AdemÃ¡s de en los registros, oficinas y dependencias previstos en el apartado cuarto del artÃ­culo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las alegaciones, escritos y recursos que se deriven de los procedimientos sancionadores en materia de trÃ¡fico podrÃ¡n presentarse en los registros, oficinas y dependencias expresamente designados en la correspondiente denuncia o resoluciÃ³n sancionadora.
Cuando se presenten en los registros, oficinas o dependencias no designados expresamente, Ã©stos los remitirÃ¡n a los Ã³rganos competentes en materia de trÃ¡fico a la mayor brevedad posible.
[ignorar]ArtÃ­culo 80. Procedimiento sancionador abreviado.
Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la denuncia o dentro del plazo de quince dÃ­as naturales contados desde el dÃ­a siguiente al de su notificaciÃ³n, se tendrÃ¡ por concluido el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias:
a) La reducciÃ³n del 50 por ciento del importe de la sanciÃ³n de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrÃ¡n por no presentadas.
c) La terminaciÃ³n del procedimiento, sin necesidad de dictar resoluciÃ³n expresa, el dÃ­a en que se realice el pago.
d) El agotamiento de la vÃ­a administrativa siendo recurrible Ãºnicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
e) El plazo para interponer el recurso contencioso- administrativo se iniciarÃ¡ el dÃ­a siguiente a aquÃ©l en que tenga lugar el pago.
f) La firmeza de la sanciÃ³n en la vÃ­a administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos efectos desde el dÃ­a siguiente.
g) La sanciÃ³n no computarÃ¡ como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores, siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pÃ©rdida de puntos.
[ignorar]ArtÃ­culo 81. Procedimiento sancionador ordinario.
1. Notificada la denuncia, el interesado dispondrÃ¡ de un plazo de quince dÃ­as naturales para formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.
2. En el supuesto de que no se hubiese producido la detenciÃ³n del vehÃ­culo, el titular, el arrendatario a largo plazo o el conductor habitual, en su caso, dispondrÃ¡n de un plazo de quince dÃ­as naturales para identificar al conductor responsable de la infracciÃ³n contra el que se iniciarÃ¡ el procedimiento sancionador. Esta identificaciÃ³n se efectuarÃ¡ por medios telemÃ¡ticos si la notificaciÃ³n se hubiese efectuado a travÃ©s de la DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial.
3. Si las alegaciones formuladas aportasen datos nuevos o distintos de los constatados por el Agente denunciante, y siempre que se estime necesario por el instructor, se darÃ¡ traslado de aquÃ©llas al Agente para que informe en el plazo de quince dÃ­as naturales.
En todo caso, el instructor podrÃ¡ acordar que se practiquen las pruebas que estime pertinentes para la averiguaciÃ³n y calificaciÃ³n de los hechos y para la determinaciÃ³n de las posibles responsabilidades. La denegaciÃ³n de la prÃ¡ctica de las pruebas deberÃ¡ ser motivada, dejando constancia en el expediente sancionador.
4. Concluida la instrucciÃ³n del procedimiento, el Ã³rgano instructor elevarÃ¡ propuesta de resoluciÃ³n al Ã³rgano competente para sancionar para que dicte la resoluciÃ³n que proceda. Ãnicamente se darÃ¡ traslado de la propuesta al interesado, para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de quince dÃ­as naturales, si figuran en el procedimiento o se hubiesen tenido en cuenta en la resoluciÃ³n otros hechos u otras alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por el interesado.
5. Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de quince dÃ­as naturales siguientes al de la notificaciÃ³n de la denuncia, esta surtirÃ¡ el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanciÃ³n podrÃ¡ ejecutarse transcurridos treinta dÃ­as naturales desde la notificaciÃ³n de la denuncia.
Lo dispuesto anteriormente serÃ¡ de aplicaciÃ³n Ãºnicamente cuando se trate de:
c) Infracciones graves y muy graves cuya notificaciÃ³n se efectuase en el acto de la denuncia.
La terminaciÃ³n del procedimiento pone fin a la vÃ­a administrativa y la sanciÃ³n se podrÃ¡ ejecutar desde el dÃ­a siguiente al transcurso de los treinta dÃ­as antes indicados.
[ignorar]ArtÃ­culo 82. Recursos en el procedimiento sancionador ordinario.
1. La resoluciÃ³n sancionadora pondrÃ¡ fin a la vÃ­a administrativa y la sanciÃ³n se podrÃ¡ ejecutar desde el dÃ­a siguiente a aquÃ©l en que se notifique al interesado, produciendo plenos efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo indicado en el Ãºltimo apartado del artÃ­culo anterior.
2. Contra las resoluciones sancionadoras, podrÃ¡ interponerse recurso de reposiciÃ³n, con carÃ¡cter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el dÃ­a siguiente al de su notificaciÃ³n.
El recurso se interpondrÃ¡ ante el Ã³rgano que dictÃ³ la resoluciÃ³n sancionadora, que serÃ¡ el competente para resolverlo.
3. La interposiciÃ³n del recurso de reposiciÃ³n no suspenderÃ¡ la ejecuciÃ³n del acto impugnado ni la de la sanciÃ³n. En el caso de que el recurrente solicite la suspensiÃ³n de la ejecuciÃ³n, Ã©sta se entenderÃ¡ denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud sin que se haya resuelto.
4. No se tendrÃ¡n en cuenta en la resoluciÃ³n del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que pudieran haber sido aportados en el procedimiento originario.
5. El recurso de reposiciÃ³n regulado en este artÃ­culo se entenderÃ¡ desestimado si no recae resoluciÃ³n expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vÃ­a contencioso-administrativa.
6. Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por los Ã³rganos competentes de las Comunidades AutÃ³nomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de trÃ¡fico y circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, asÃ­ como por las dictadas por los Alcaldes, en el caso de las Entidades Locales, se estarÃ¡ a lo establecido en los anteriores apartados respetando la competencia sancionadora prevista en su normativa especÃ­fica.
[ignorar]ArtÃ­culo 83. Medidas provisionales.
1. El Ã³rgano competente que haya ordenado la incoaciÃ³n del procedimiento sancionador podrÃ¡ adoptar mediante acuerdo motivado, en cualquier momento de la instrucciÃ³n del procedimiento sancionador, las medidas provisionales que aseguren la eficacia de la resoluciÃ³n final que pudiera recaer en el procedimiento sancionador.
2. Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del trÃ¡fico como consecuencia de presuntas infracciones a lo dispuesto en esta Ley Ãºnicamente podrÃ¡n adoptar la inmovilizaciÃ³n del vehÃ­culo en los supuestos previstos en el artÃ­culo 84.
[ignorar]ArtÃ­culo 84. InmovilizaciÃ³n del vehÃ­culo.
1. Se podrÃ¡ proceder a la inmovilizaciÃ³n del vehÃ­culo cuando:
a) El vehÃ­culo carezca de autorizaciÃ³n administrativa para circular, bien por no haberla obtenido o porque haya sido objeto de anulaciÃ³n, declarada su pÃ©rdida de vigencia.
b) El vehÃ­culo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial.
c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protecciÃ³n, en los casos en que fuera obligatorio.
d) Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artÃ­culo 12.2 y 3 o Ã©stas arrojen un resultado positivo.
e) El vehÃ­culo carezca de seguro obligatorio.
f) Se observe un exceso en los tiempos de conducciÃ³n o una minoraciÃ³n en los tiempos de descanso que sean superiores al 50 por ciento de los tiempos establecidos reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro.
g) Se produzca una ocupaciÃ³n excesiva del vehÃ­culo que suponga aumentar en un 50 por ciento el nÃºmero de plazas autorizadas, excluida la del conductor.
h) El vehÃ­culo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente segÃºn el tipo de vehÃ­culo.
i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulaciÃ³n en los instrumentos de control.
j) Se detecte que el vehÃ­culo estÃ¡ dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los Agentes de TrÃ¡fico y de los medios de control a travÃ©s de captaciÃ³n de imÃ¡genes.
La inmovilizaciÃ³n se levantarÃ¡ en el momento en que cese la causa que la motivÃ³.
En los supuestos previstos en el apartado 1, pÃ¡rrafos h), i) y j), la inmovilizaciÃ³n sÃ³lo se levantarÃ¡ en el supuesto de que, trasladado el vehÃ­culo a un taller designado por el Agente de la Autoridad, se certifique por aquÃ©l la desapariciÃ³n del sistema o manipulaciÃ³n detectada o ya no se superen los niveles permitidos.
2. En el supuesto recogido en el apartado 1, pÃ¡rrafo e), se estarÃ¡ a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la CirculaciÃ³n Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
3. La inmovilizaciÃ³n del vehÃ­culo se producirÃ¡ en el lugar seÃ±alado por los Agentes de la Autoridad. A estos efectos, el Agente podrÃ¡ indicar al conductor del vehÃ­culo que continÃºe circulando hasta el lugar designado.
4. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilizaciÃ³n del vehÃ­culo serÃ¡n por cuenta del conductor que cometiÃ³ la infracciÃ³n. En su defecto, serÃ¡n por cuenta del conductor habitual o del arrendatario y, a falta de Ã©stos, del titular. Los gastos deberÃ¡n ser abonados como requisito previo a levantar la medida de inmovilizaciÃ³n, sin perjuicio del correspondiente derecho de defensa y de la posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la AdministraciÃ³n adopte dicha medida.
En los supuestos previstos en el apartado 1, pÃ¡rrafos h), i) y j), los gastos de la inspecciÃ³n correrÃ¡n de cuenta del denunciado, si se acredita la infracciÃ³n.
5. Si el vehÃ­culo inmovilizado fuese utilizado en rÃ©gimen de arrendamiento, la inmovilizaciÃ³n del vehÃ­culo se sustituirÃ¡ por la prohibiciÃ³n de uso del vehÃ­culo por el infractor.
[ignorar]ArtÃ­culo 85. Retirada y depÃ³sito del vehÃ­culo.
1. La Autoridad encargada de la gestiÃ³n del trÃ¡fico podrÃ¡ proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehÃ­culo de la vÃ­a y su depÃ³sito en el lugar que se designe en los siguientes casos:
a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulaciÃ³n de vehÃ­culos o peatones o deteriore algÃºn servicio o patrimonio pÃºblico.
c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilizaciÃ³n del vehÃ­culo, no hubiere lugar adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulaciÃ³n de vehÃ­culos o personas.
d) Cuando, inmovilizado un vehÃ­culo de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 84, no cesasen las causas que motivaron la inmovilizaciÃ³n.
e) Cuando un vehÃ­culo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza.
f) Cuando un vehÃ­culo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vÃ­as reservados exclusivamente para la circulaciÃ³n o para el servicio de determinados usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga.
g) Cuando un vehÃ­culo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitaciÃ³n horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal.
2. Salvo en los casos de sustracciÃ³n u otras formas de utilizaciÃ³n del vehÃ­culo en contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior, serÃ¡n por cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, segÃºn el caso, que deberÃ¡ abonarlos como requisito previo a la devoluciÃ³n del vehÃ­culo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehÃ­culo o de la infracciÃ³n que haya dado lugar a la retirada.
3. La AdministraciÃ³n deberÃ¡ comunicar la retirada y depÃ³sito del vehÃ­culo al titular en el plazo de 24 horas. La comunicaciÃ³n se efectuarÃ¡ a travÃ©s de la DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial, si el titular dispusiese de ella.
[ignorar]ArtÃ­culo 86. Tratamiento residual del vehÃ­culo.
1. La AdministraciÃ³n competente en materia de gestiÃ³n del trÃ¡fico podrÃ¡ ordenar el traslado del vehÃ­culo a un Centro Autorizado de Tratamiento de VehÃ­culos para su posterior destrucciÃ³n y descontaminaciÃ³n:
a) Cuando hayan transcurrido mÃ¡s de dos meses desde que el vehÃ­culo fuera inmovilizado o retirado de la vÃ­a pÃºblica y depositado por la AdministraciÃ³n y su titular no hubiera formulado alegaciones.
b) Cuando permanezca estacionado por un perÃ­odo superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matrÃ­cula.
c) Cuando recogido un vehÃ­culo como consecuencia de averÃ­a o accidente del mismo en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses.
Con anterioridad a la orden de traslado del vehÃ­culo, la AdministraciÃ³n requerirÃ¡ al titular del mismo advirtiÃ©ndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederÃ¡ a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.
2. En el supuesto previsto en el apartado 1, pÃ¡rrafo c), el propietario o responsable del lugar o recinto deberÃ¡ solicitar de la Jefatura Provincial de TrÃ¡fico autorizaciÃ³n para el tratamiento residual del vehÃ­culo. A estos efectos deberÃ¡ aportar la documentaciÃ³n que acredite haber solicitado al titular del vehÃ­culo la retirada de su recinto.
3. En aquellos casos en que se estime conveniente, la Jefatura Provincial de TrÃ¡fico, los Ã³rganos competentes de las Comunidades AutÃ³nomas con competencias en materia de trÃ¡fico, y el Alcalde o autoridad correspondiente por delegaciÃ³n, podrÃ¡n acordar la sustituciÃ³n de la destrucciÃ³n del vehÃ­culo por su adjudicaciÃ³n a los servicios de vigilancia y control del trÃ¡fico, respectivamente en cada Ã¡mbito.
[ignorar]ArtÃ­culo 87. Limitaciones de disposiciÃ³n en las autorizaciones administrativas.
El titular de un permiso o licencia de conducciÃ³n no podrÃ¡ efectuar ningÃºn trÃ¡mite relativo a los vehÃ­culos de los que fuese titular en el Registro de VehÃ­culos cuando figurasen como impagadas en su historial de conductor cuatro sanciones firmes en vÃ­a administrativa por infracciones graves o muy graves.
El titular de un vehÃ­culo no podrÃ¡ efectuar ningÃºn trÃ¡mite relativo al mismo cuando figurasen como impagadas en el historial del vehÃ­culo cuatro sanciones firmes en vÃ­a administrativa por infracciones graves o muy graves.
Queda exceptuado de lo dispuesto en los pÃ¡rrafos anteriores el trÃ¡mite de baja temporal o definitiva de vehÃ­culos.
EjecuciÃ³n de las sanciones
[ignorar]ArtÃ­culo 88. EjecuciÃ³n de las sanciones.
Una vez firmes en vÃ­a administrativa, se podrÃ¡ proceder a la ejecuciÃ³n de las sanciones conforme a lo previsto en esta Ley.
[ignorar]ArtÃ­culo 89. EjecuciÃ³n de la sanciÃ³n de suspensiÃ³n de las autorizaciones.
El cumplimiento de la sanciÃ³n de suspensiÃ³n de las autorizaciones reguladas en esta Ley se iniciarÃ¡ transcurrido un mes desde que la sanciÃ³n haya adquirido firmeza en vÃ­a administrativa y el perÃ­odo de suspensiÃ³n de las mismas se anotarÃ¡ en los correspondientes Registros.
[ignorar]ArtÃ­culo 90. Cobro de multas.
1. Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberÃ¡n hacerse efectivas dentro de los quince dÃ­as naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanciÃ³n.
2. Vencido el plazo de ingreso establecido en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacciÃ³n se llevarÃ¡ a cabo por el procedimiento de apremio. A tal efecto, serÃ¡ tÃ­tulo ejecutivo la providencia de apremio notificada al deudor, expedida por el Ã³rgano competente de la AdministraciÃ³n gestora.
3. Cuando las sanciones hayan sido impuestas por la AdministraciÃ³n del Estado, los Ã³rganos y procedimientos de la recaudaciÃ³n ejecutiva serÃ¡n los establecidos en el Reglamento General de RecaudaciÃ³n, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y demÃ¡s normas de aplicaciÃ³n. En los demÃ¡s casos, serÃ¡n los establecidos en la legislaciÃ³n aplicable segÃºn las Autoridades que las hayan impuesto.
[ignorar]ArtÃ­culo 91. Responsables subsidiarios del pago de multas.
1. Los titulares de los vehÃ­culos con los que se haya cometido una infracciÃ³n serÃ¡n responsables subsidiarios en caso de impago de la multa impuesta al conductor, salvo en los siguientes supuestos:
a) Robo, hurto o cualquier otro uso en el que quede acreditado que el vehÃ­culo fue utilizado en contra de su voluntad.
c) Cuando el vehÃ­culo tenga designado un arrendatario a largo plazo en el momento de cometerse la infracciÃ³n. En este caso, la responsabilidad recaerÃ¡ en Ã©ste.
d) Cuando el vehÃ­culo tenga designado un conductor habitual en el momento de cometerse la infracciÃ³n. En este caso, la responsabilidad recaerÃ¡ en Ã©ste.
2. La declaraciÃ³n de responsabilidad subsidiaria y sus consecuencias, incluida la posibilidad de adoptar medidas cautelares, se regirÃ¡n por lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Reglamento General de RecaudaciÃ³n.
De la prescripciÃ³n, caducidad y cancelaciÃ³n de antecedentes
[ignorar]ArtÃ­culo 92. PrescripciÃ³n y caducidad.
1. El plazo de prescripciÃ³n de las infracciones previstas en esta Ley serÃ¡ de tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves.
El plazo de prescripciÃ³n comenzarÃ¡ a contar a partir del mismo dÃ­a en que los hechos se hubieran cometido.
2. La prescripciÃ³n se interrumpe por cualquier actuaciÃ³n administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o estÃ© encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos. TambiÃ©n se interrumpe por la notificaciÃ³n efectuada de acuerdo con los artÃ­culos 76, 77 y 78.
El plazo de prescripciÃ³n se reanudarÃ¡ si el procedimiento se paraliza durante mÃ¡s de un mes por causa no imputable al denunciado.
3. Si no se hubiera producido la resoluciÃ³n sancionadora transcurrido un aÃ±o desde la iniciaciÃ³n del procedimiento, se producirÃ¡ su caducidad y se procederÃ¡ al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el Ã³rgano competente para dictar resoluciÃ³n.
Cuando la paralizaciÃ³n del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicciÃ³n penal, el plazo de caducidad se suspenderÃ¡ y, una vez haya adquirido firmeza la resoluciÃ³n judicial, se reanudarÃ¡ el cÃ³mputo del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensiÃ³n.
4. El plazo de prescripciÃ³n de las sanciones consistentes en multa pecuniaria serÃ¡ de cuatro aÃ±os y, el de las demÃ¡s sanciones, serÃ¡ de un aÃ±o, computados desde el dÃ­a siguiente a aquÃ©l en que adquiera firmeza en vÃ­a administrativa la sanciÃ³n.
El cÃ³mputo y la interrupciÃ³n del plazo de prescripciÃ³n del derecho de la AdministraciÃ³n para exigir el pago de las sanciones consistentes en multa pecuniaria se regirÃ¡n por lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
[ignorar]ArtÃ­culo 93. AnotaciÃ³n y cancelaciÃ³n.
1. Las sanciones graves y muy graves deberÃ¡n ser comunicadas al Registro de Conductores e Infractores por la Autoridad que la hubiera impuesto en el plazo de los quince dÃ­as naturales siguientes a su firmeza en vÃ­a administrativa.
2. Las autoridades judiciales comunicarÃ¡n al Registro de Conductores e Infractores, en el plazo de los quince dÃ­as naturales siguientes a su firmeza, las penas de privaciÃ³n del derecho a conducir vehÃ­culos a motor y ciclomotores que impongan por sentencias por la comisiÃ³n de delitos o faltas contra la seguridad vial.
3. En el Registro de VehÃ­culos quedarÃ¡n reflejadas las sanciones firmes graves y muy graves en las que un vehÃ­culo tanto matriculado en EspaÃ±a como en el extranjero estuviese implicado y el impago de las mismas, en su caso. Estas anotaciones formarÃ¡n parte del historial del vehÃ­culo.
4. Las anotaciones se cancelarÃ¡n de oficio, a efectos de antecedentes, una vez transcurridos tres aÃ±os desde su total cumplimiento o prescripciÃ³n.Â»
Ocho. El TÃ­tulo VI queda redactado del siguiente modo:
Del Registro Estatal de VÃ­ctimas y Accidentes de TrÃ¡fico
[ignorar]ArtÃ­culo 94. El Registro Estatal de VÃ­ctimas de Accidentes de TrÃ¡fico.
1. Se crea el Registro Estatal de VÃ­ctimas de Accidentes de TrÃ¡fico.
2. Las Comunidades AutÃ³nomas con competencias en materia de trÃ¡fico y circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor podrÃ¡n crear, respecto a sus Ã¡mbitos territoriales, sus propios Registros de VÃ­ctimas de Accidentes de TrÃ¡fico.
[ignorar]ArtÃ­culo 95. Finalidad del Registro.
1. En el Registro Estatal de VÃ­ctimas y Accidentes de TrÃ¡fico figurarÃ¡n Ãºnicamente aquellos datos que sean relevantes y que permitan disponer de la informaciÃ³n necesaria para determinar las causas y circunstancias en que se han producido los accidentes de trÃ¡fico y sus consecuencias.
Los datos que se incorporen en el Registro no contendrÃ¡n mÃ¡s datos identificativos de los implicados o relacionados con su salud, que los estrictamente necesarios para el cumplimiento de su finalidad, conforme se establece en el apartado anterior.
2. El titular responsable del Registro adoptarÃ¡ las medidas de gestiÃ³n y organizaciÃ³n necesarias para asegurar, en todo caso, la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos automatizados de carÃ¡cter personal existentes en el Registro y el uso de los mismos para las finalidades para las que fueron recogidos, asÃ­ como las conducentes a hacer efectivas las garantÃ­as, obligaciones y derechos reconocidos en la Ley OrgÃ¡nica 15/1999, de 13 de diciembre, de ProtecciÃ³n de Datos de CarÃ¡cter Personal, y sus normas de desarrollo.
[ignorar]ArtÃ­culo 96. ComunicaciÃ³n y acceso a los datos del Registro.
La comunicaciÃ³n de la informaciÃ³n referente a las vÃ­ctimas de accidentes de trÃ¡fico se efectuarÃ¡ en los tÃ©rminos que se determinen por Orden Ministerial.Â»
Nueve. La disposiciÃ³n adicional decimotercera queda redactada del siguiente modo:
Â«DisposiciÃ³n adicional decimotercera. ObtenciÃ³n del permiso o licencia de conducciÃ³n cuando su titular haya sido condenado por sentencia penal con la privaciÃ³n del derecho a conducir.
1. El titular de una autorizaciÃ³n administrativa para conducir que haya perdido su vigencia de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 47 del CÃ³digo Penal, al haber sido condenado por sentencia firme a la pena de privaciÃ³n del derecho a conducir vehÃ­culos a motor y ciclomotores por tiempo superior a dos aÃ±os, podrÃ¡ obtener, una vez cumplida la condena, una autorizaciÃ³n administrativa de la misma clase y con la misma antigÃŒedad, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artÃ­culo 63.7 para la pÃ©rdida de vigencia de la autorizaciÃ³n por la pÃ©rdida total de los puntos asignados.
El permiso que se obtenga dispondrÃ¡ de un saldo de 8 puntos.
2. Si la condena es inferior a dos aÃ±os, para volver a conducir, Ãºnicamente deberÃ¡ acreditar haber superado con aprovechamiento el curso de reeducaciÃ³n y sensibilizaciÃ³n vial al que hace referencia el primer pÃ¡rrafo del citado artÃ­culo 63.7.Â»
Diez. Se incorpora una disposiciÃ³n adicional decimocuarta con la siguiente redacciÃ³n:
Â«DisposiciÃ³n adicional decimocuarta. DocumentaciÃ³n correspondiente a otras Administraciones PÃºblicas.
El Organismo AutÃ³nomo Jefatura Central de TrÃ¡fico y las Administraciones PÃºblicas competentes podrÃ¡n articular mecanismos de cooperaciÃ³n, mediante los oportunos Convenios de ColaboraciÃ³n, para la transmisiÃ³n de los documentos que las citadas Administraciones deban remitir por imposiciÃ³n de una normativa ajena a esta Ley, a dicho Organismo AutÃ³nomo.Â»
Once. Se incorpora una disposiciÃ³n adicional decimoquinta con la siguiente redacciÃ³n:
Â«DisposiciÃ³n adicional decimoquinta. El TablÃ³n Edictal de Sanciones de TrÃ¡fico (TESTRA).
El funcionamiento, la gestiÃ³n y la publicaciÃ³n en el TablÃ³n Edictal de Sanciones de TrÃ¡fico (TESTRA), se harÃ¡ con pleno sometimiento a lo dispuesto en la Ley OrgÃ¡nica 15/1999, de 13 de diciembre, y conforme a los requisitos exigidos por la Ley 11/2007, de 22 de junio.Â»
Doce. Se incorpora una disposiciÃ³n adicional decimosexta con la siguiente redacciÃ³n:
Â«DisposiciÃ³n adicional decimosexta. Cambios en la limitaciÃ³n de velocidad.
El titular de la vÃ­a deberÃ¡ comunicar a las autoridades competentes en materia de gestiÃ³n del trÃ¡fico, con una antelaciÃ³n mÃ­nima de un mes, los cambios que realice en las limitaciones de velocidad.Â»
Trece. Se incorpora una disposiciÃ³n adicional decimosÃ©ptima con la siguiente redacciÃ³n:
Â«DisposiciÃ³n adicional decimosÃ©ptima. Marchas cicloturistas.
El Gobierno, en el plazo de un aÃ±o contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, llevarÃ¡ a cabo las modificaciones reglamentarias necesarias para dar nueva regulaciÃ³n a las marchas cicloturistas.Â»
Catorce. La disposiciÃ³n final Ãºnica pasa a ser primera al incorporarse una disposiciÃ³n final segunda, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«DisposiciÃ³n final segunda. ActualizaciÃ³n de las cuantÃ­as de las sanciones de multa.
El Gobierno, mediante Real Decreto, podrÃ¡ actualizar la cuantÃ­a de las sanciones de multa previstas en esta Ley, atendiendo a la variaciÃ³n que experimente el Ã­ndice de precios al consumo.Â»
Quince. En el Anexo I se incluye un apartado 1 bis Â«Conductor habitualÂ» con la siguiente redacciÃ³n:
Â«1.bis. Conductor habitual.â€A los exclusivos efectos previstos en esta Ley serÃ¡ la persona que, contando con el permiso o licencia de conducciÃ³n necesario, que estarÃ¡ inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, ha sido designada por el titular de un vehÃ­culo, previo su consentimiento, en virtud de lo dispuesto en el artÃ­culo 9 bis, por ser aquella que de manera usual o con mayor frecuencia conduce dicho vehÃ­culo.Â»
DiecisÃ©is. El anexo II queda redactado del siguiente modo:
1. Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida: Â
5. Conducir vehÃ­culos que tengan instalados mecanismos o sistemas encaminados a inhibir la vigilancia del trÃ¡fico, o que lleven instrumentos con la misma intenciÃ³n, asÃ­ como de inhibiciÃ³n de sistemas de detecciÃ³n de radar 6
6. El exceso en mÃ¡s del 50 por ciento en los tiempos de conducciÃ³n o la minoraciÃ³n en mÃ¡s del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la legislaciÃ³n sobre transporte terrestre 6
7. La participaciÃ³n o colaboraciÃ³n necesaria de los conductores en la colocaciÃ³n o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento del uso del tacÃ³grafo o del limitador de velocidad 6
8. Conducir un vehÃ­culo con un permiso o licencia que no le habilite para ello 4
9. Arrojar a la vÃ­a o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, accidentes de circulaciÃ³n u obstaculizar la libre circulaciÃ³n 4
10. Incumplir las disposiciones legales sobre prioridad de paso, y la obligaciÃ³n de detenerse en la seÃ±al de stop, ceda el paso y en los semÃ¡foros con luz roja encendida 4
13. Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta Ley y en los tÃ©rminos establecidos reglamentariamente 3
14. Realizar la maniobra de marcha atrÃ¡s en autopistas y autovÃ­as 4
15. No respetar las seÃ±ales de los Agentes que regulan la circulaciÃ³n 4
16. No mantener la distancia de seguridad con el vehÃ­culo que le precede 4
17. Conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuyan la atenciÃ³n a la conducciÃ³n o utilizar manualmente dispositivos de telefonÃ­a mÃ³vil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicaciÃ³n. Conforme a los avances de la tecnologÃ­a, se podrÃ¡n precisar reglamentariamente los dispositivos incluidos en este apartado 3
18. No hacer uso del cinturÃ³n de seguridad, sistemas de retenciÃ³n infantil, casco y demÃ¡s elementos de protecciÃ³n 3
19. Conducir un vehÃ­culo teniendo suspendida la autorizaciÃ³n administrativa para conducir o teniendo prohibido el uso del vehÃ­culo que se conduce 4
La detracciÃ³n de puntos por exceso de velocidad se producirÃ¡ de acuerdo con lo establecido en el anexo IV.
La pÃ©rdida de puntos Ãºnicamente se producirÃ¡ cuando el hecho del que se deriva la detracciÃ³n de puntos se produce con ocasiÃ³n de la conducciÃ³n de un vehÃ­culo para el que se exija autorizaciÃ³n administrativa para conducir.
El crÃ©dito de puntos es Ãºnico para todas las autorizaciones administrativas de las que sea titular el conductor.Â»
InfracciÃ³n sobre exceso de velocidad captado por cinemÃ³metro
Exceso velocidad Grave 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 100 â€
En los tramos de autovÃ­as y autopistas interurbanas de acceso a las ciudades en que se hayan establecido lÃ­mites inferiores a 100 km/h, los excesos de velocidad se sancionarÃ¡n con la multa econÃ³mica correspondiente al cuadro de sanciones del anexo IV. El resto de los efectos administrativos y penales sÃ³lo se producirÃ¡ cuando superen los 100 km/h y en los tÃ©rminos establecidos para este lÃ­mite.Â»
DisposiciÃ³n adicional primera. Referencias al Consejo Superior de TrÃ¡fico y Seguridad de la CirculaciÃ³n Vial.
Todas las referencias en la normativa vigente al Consejo Superior de TrÃ¡fico y Seguridad de la CirculaciÃ³n Vial, se entenderÃ¡n hechas al Consejo Superior de Seguridad Vial.
DisposiciÃ³n adicional segunda. AsignaciÃ³n de la DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial (DEV).
La DirecciÃ³n General de TrÃ¡fico asignarÃ¡ una DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial (DEV) a toda persona jurÃ­dica que obtenga una autorizaciÃ³n administrativa de circulaciÃ³n de vehÃ­culo, una vez haya entrado en vigor la presente ley, conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 59 bis.
A las personas jurÃ­dicas no incluidas en el pÃ¡rrafo anterior y a las personas fÃ­sicas que lo soliciten, tambiÃ©n se les asignarÃ¡ una DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial (DEV).
DisposiciÃ³n adicional tercera. ObligaciÃ³n de destinar las sanciones econÃ³micas a la financiaciÃ³n de seguridad vial, prevenciÃ³n de accidentes de trÃ¡fico y ayuda a las vÃ­ctimas.
El importe de las sanciones econÃ³micas obtenidas por infracciones a la Ley sobre TrÃ¡fico, CirculaciÃ³n de VehÃ­culos a Motor y Seguridad Vial, en el Ã¡mbito de la AdministraciÃ³n General del Estado, se destinarÃ¡ Ã­ntegramente a la financiaciÃ³n de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevenciÃ³n de accidentes de trÃ¡fico y ayuda a las vÃ­ctimas.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. Medidas de seguridad para discapacitados en aparcamientos.
1. En ejecuciÃ³n de la disposiciÃ³n adicional trigÃ©sima primera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, el Gobierno modificarÃ¡ en el plazo de seis meses el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CÃ³digo TÃ©cnico de la EdificaciÃ³n, para introducir en Ã©l la obligaciÃ³n de incorporar en los accesos a los aparcamientos y garajes dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de la entrada y salida a la vÃ­a pÃºblica de dichos establecimientos.
2. Reglamentariamente se fijarÃ¡ el plazo gradual de instalaciÃ³n de dichos dispositivos en los garajes y aparcamientos ya existentes atendiendo a su nÃºmero de plazas.
DisposiciÃ³n adicional quinta. Notificaciones y TablÃ³n Edictal de Sanciones de TrÃ¡fico en Comunidades AutÃ³nomas con competencias ejecutivas en materia de trÃ¡fico.
Las Comunidades AutÃ³nomas con competencias ejecutivas en materia de trÃ¡fico podrÃ¡n sustituir las notificaciones en la DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial por notificaciones a travÃ©s de sus propias plataformas informÃ¡ticas, para aquellos ciudadanos que opten por las mismas.
Las publicaciones en el TablÃ³n Edictal de Sanciones de TrÃ¡fico de las Comunidades AutÃ³nomas con competencias ejecutivas en materia de trÃ¡fico podrÃ¡n efectuarse a travÃ©s de sus propios Tablones Edictales. En este caso, los Tablones deberÃ¡n interoperar entre sÃ­ permitiendo al ciudadano, a travÃ©s de un Ãºnico acceso, el conocimiento y la comunicaciÃ³n de cualesquiera notificaciones de procedimientos sancionadores que sobre Ã©l existan.
Las Administraciones Locales pertenecientes a los Ã¡mbitos territoriales de las Comunidades AutÃ³nomas con competencias en materia de trÃ¡fico podrÃ¡n suscribir convenios de colaboraciÃ³n para efectuar las notificaciones telemÃ¡ticas a travÃ©s de las plataformas de notificaciÃ³n y de los Tablones Edictales de la Comunidad AutÃ³noma.
DisposiciÃ³n adicional sexta. RevisiÃ³n de la normativa sobre seÃ±alizaciÃ³n vial vertical.
En el plazo de un aÃ±o el Gobierno revisarÃ¡ la normativa vigente que regula la seÃ±alizaciÃ³n vial vertical para adaptar sus dimensiones mÃ­nimas a la intensidad actual del trÃ¡fico y al incremento en la edad media de los conductores.
DisposiciÃ³n transitoria primera. Procedimientos sancionadores en tramitaciÃ³n a la entrada en vigor de la Ley.
Los procedimientos sancionadores en tramitaciÃ³n a la entrada en vigor de esta Ley se seguirÃ¡n rigiendo, hasta su terminaciÃ³n, por las normas vigentes en el momento de su iniciaciÃ³n, salvo que de acuerdo con lo previsto en la DisposiciÃ³n Final SÃ©ptima pudieran derivarse efectos mÃ¡s favorables referentes a la suspensiÃ³n del permiso de conducciÃ³n y a la pÃ©rdida de puntos.
Contra las resoluciones sancionadoras que recaigan en dichos procedimientos, se interpondrÃ¡n los recursos previstos en el artÃ­culo 80 del Texto articulado de la Ley sobre TrÃ¡fico, CirculaciÃ³n de VehÃ­culos a Motor y Seguridad Vial vigente en el momento de su iniciaciÃ³n.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. Notificaciones telemÃ¡ticas.
1. El Organismo AutÃ³nomo Jefatura Central de TrÃ¡fico y los Ã³rganos de las Comunidades AutÃ³nomas con competencias ejecutivas en materia de trÃ¡fico y circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, vendrÃ¡n obligados a efectuar las notificaciones telemÃ¡ticas a la entrada en vigor de la presente Ley.
2. Las Administraciones locales con competencias en materia de trÃ¡fico vendrÃ¡n obligadas a efectuar las notificaciones telemÃ¡ticas a la DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial en el plazo de dos aÃ±os a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Durante ese plazo de tiempo, los titulares de vehÃ­culos aunque tengan asignada una DirecciÃ³n ElectrÃ³nica Vial (DEV) podrÃ¡n seguir recibiendo en su domicilio, conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 59 bis.1, las notificaciones practicadas por las Administraciones locales con competencias en materia de trÃ¡fico.
3. Los plazos establecidos en los apartados anteriores se aplicarÃ¡n en la medida en que sean compatibles con lo dispuesto en la disposiciÃ³n final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
DisposiciÃ³n transitoria tercera. LÃ­mites de velocidad para vehÃ­culos de tres ruedas asimilados a motocicletas.
Hasta que se modifique el Reglamento General de CirculaciÃ³n, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, y se fijen los lÃ­mites de velocidad para los vehÃ­culos de tres ruedas asimilados a las motocicletas, estos vehÃ­culos tendrÃ¡n los mismos lÃ­mites de velocidad que se establecen en dicho Reglamento para las motocicletas de dos ruedas.
Queda derogado el apartado tercero del artÃ­culo 14 del Reglamento del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en la CirculaciÃ³n de VehÃ­culos a Motor, aprobado por Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, asÃ­ como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
DisposiciÃ³n final primera. ModificaciÃ³n de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
Se incorpora una DisposiciÃ³n adicional octava bis a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«DisposiciÃ³n adicional octava bis. Procedimiento sancionador en materia de trÃ¡fico y seguridad vial.
Los procedimientos administrativos para la imposiciÃ³n de sanciones por infracciones en materia de trÃ¡fico, circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor y seguridad vial, se regirÃ¡n por lo dispuesto en su legislaciÃ³n especÃ­fica y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley.Â»
DisposiciÃ³n final segunda. ModificaciÃ³n del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la CirculaciÃ³n de VehÃ­culos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
Se suprimen los pÃ¡rrafos tercero y cuarto de la letra b) del apartado primero del artÃ­culo 3 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la CirculaciÃ³n de VehÃ­culos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y los apartados segundo y tercero del mismo artÃ­culo quedan redactados del siguiente modo:
Â«2. Para sancionar la infracciÃ³n serÃ¡n competentes los Jefes Provinciales de TrÃ¡fico o, en las Comunidades AutÃ³nomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de trÃ¡fico y circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, los Ã³rganos previstos en la normativa autonÃ³mica, en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 71 del texto articulado de la Ley sobre TrÃ¡fico, CirculaciÃ³n de VehÃ­culos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
3. La infracciÃ³n se sancionarÃ¡ conforme a uno de los procedimientos sancionadores previstos en el texto articulado de la Ley sobre TrÃ¡fico, CirculaciÃ³n de VehÃ­culos a Motor y Seguridad Vial.Â»
DisposiciÃ³n final tercera. ModificaciÃ³n de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El pÃ¡rrafo j) del apartado 1 del artÃ­culo 95 queda redactado del siguiente modo:
Â«j) La colaboraciÃ³n con Ã³rganos o entidades de derecho pÃºblico encargados de la recaudaciÃ³n de recursos pÃºblicos no tributarios para la correcta identificaciÃ³n de los obligados al pago y con la DirecciÃ³n General de TrÃ¡fico para la prÃ¡ctica de las notificaciones a los mismos, dirigidas al cobro de tales recursos.Â»
La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artÃ­culo 149.1.21.Âª de la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de trÃ¡fico y circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor.
Se exceptÃºa de lo anterior:
La disposiciÃ³n final primera, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artÃ­culo 149.1.18.Âª de la ConstituciÃ³n, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular el procedimiento administrativo comÃºn.
La disposiciÃ³n final segunda, que se dicta al amparo de lo establecido en el artÃ­culo 149.1.6.Âª de la ConstituciÃ³n, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislaciÃ³n mercantil.
La disposiciÃ³n final tercera, que se dicta al amparo de lo establecido en el artÃ­culo 149.1.14.Âª de la ConstituciÃ³n, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Hacienda General.
DisposiciÃ³n final quinta. AdaptaciÃ³n de otras normas.
El Gobierno procederÃ¡ a adaptar todas aquellas normas que se vean afectadas por las modificaciones introducidas por esta Ley.
1. El Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior, aprobarÃ¡ las normas necesarias para el desarrollo de esta Ley.
2. En todo caso, en el plazo de seis meses desde que entre en vigor esta Ley, se dictarÃ¡ un nuevo reglamento de procedimiento sancionador en materia de trÃ¡fico, circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor y seguridad vial.
La presente Ley entrarÃ¡ en vigor a los seis meses de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ», salvo los artÃ­culos 9.bis 2, 59 bis, 77 y 78, que entrarÃ¡n en vigor en el plazo de 1 aÃ±o, y los efectos de esta Ley que sean favorables para el infractor, que entrarÃ¡n en vigor el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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