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Timestamp: 2018-08-15 22:13:24+00:00

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﻿ Sentencia C-812 de noviembre 5 de 2014
SENTENCIA C-812 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SOBRE COOPERACIÓN FINANCIERA. SE DECLARA EXEQUIBLE EL “CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SOBRE COOPERACIÓN FINANCIERA”.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRATADO INTERNACIONAL, APROBACIÓN DEL TRATADO INTERNACIONAL, TRÁMITE DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, CONVENIO INTERNACIONAL, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
Sentencia C-812 de noviembre 5 de 2014
Ref.: Expediente LAT-429
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1691 de fecha 17 de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera’, suscrito en Bogotá, el 19 de julio de 2012”
Bogotá, D.C., 5 de noviembre de 2014.
“Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera’, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2012.
Unidos por profundos nexos históricos y resueltos a favorecer e impulsar eficazmente las relaciones mediante una cooperación asociativa para el desarrollo, sobre la base de los principios de independencia, soberanía y no injerencia en asuntos internos y con el deseo de reforzar los lazos de amistad -
1. Cooperación financiera: Todas aquellas medidas de desarrollo de carácter reembolsable o no reembolsable realizadas por el Kreditanstalt für Wiederaufbau - Instituto de Crédito para la Reconstrucción (KfW) y la Sociedad Alemana de Inversiones y Desarrollo (DEG) en el marco de su actividad como organismo ejecutor alemán;
12. Acuerdos de medidas: Instrumento de derecho internacional firmado por las partes contratantes de conformidad con el artículo 5º, párrafo 1, sobre la ejecución de las medidas de desarrollo;
13. Acta final de las negociaciones intergubernamentales: Documento suscrito por las partes contratantes de conformidad con el artículo 3º, párrafo 2, que no constituye instrumento jurídicamente vinculante;
(6) En el caso de los créditos de desarrollo, la solvencia del prestatario será una condición añadida a lo establecido en el párrafo 5 para la conclusión del acuerdo de ejecución.
(6) El gobierno de la República Federal de Alemania otorgará al gobierno de la República de Colombia la posibilidad de obtener aportaciones financieras para medidas complementarias necesarias a efectos de la realización y atención de medidas de desarrollo siempre y cuando se haya acordado en el acuerdo de medidas de conformidad con el artículo 4º, párrafo 12, o en las negociaciones intergubernamentales u otros arreglos intergubernamentales, de conformidad con el artículo 3º, párrafo 2º, y cuando después de examinadas de conformidad con el artículo 5º, párrafo 5, se constate que los objetivos perseguidos por la medida complementaria pueden ser alcanzados.
Bogotá D.C., 28 agosto 2012
ART. 1º—Apruébase el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera”, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2012.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera”, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2012, que por el artículo 1º de esta ley que se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
Ley 1691
Dada en Bogotá D.C., a los 17 diciembre 2013
El control formal de constitucionalidad de los tratados y sus leyes aprobatorias, comprende: (i) la revisión de las facultades de la República de Colombia, en calidad de sujeto de derecho internacional, para adoptar y/o suscribir el correspondiente instrumento internacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2º, de la Constitución Política, en concordancia con lo previsto en la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” del año 1969; (ii) la revisión de la realización y forma en que se efectuó el trámite de consultas a las comunidades étnicas, afrodescendientes y/o raizales —en el evento en que se precise—; y (iii) la revisión del trámite legislativo del respectivo proyecto de ley aprobatoria en el Senado de la República y la Cámara de Representantes.
2.1. Competencia para la adopción y/o suscripción del convenio.
2.1.1. El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Oficio S-GTAJI-14-011860 de fecha 4 de marzo de 2014(1), indicó que el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera” fue suscrito el día 19 de julio de 2012, en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, por la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuellar, en nombre y representación del Estado colombiano.
2.1.2. De conformidad con lo advertido en el fundamento jurídico 2º, al tenor de lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2º, de la Constitución Política, en concordancia con lo previsto en el artículo 7º, numeral 2º, literal (a) de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” del año 1969, no se precisó la expedición de un instrumento de plenos poderes(2) para la celebración del convenio sub examine.
2.1.3. Es de anotar que, el día 28 de agosto de 2012, el Presidente de la República impartió la correspondiente aprobación ejecutiva, mediante la cual autorizó y ordenó someter a consideración del Congreso de la República el convenio en comento(3).
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-915 de 2010, determinó la ineludible obligación del Gobierno Nacional de llevar a efecto, de manera previa, consultas con las comunidades étnicas, afrodescendientes y/o raizales, en todos aquellos eventos en los que medidas legislativas o administrativas pudieren afectar —directamente— a esas poblaciones, con independencia de los efectos positivos o negativos derivados de aquellas. Una vez revisado el contenido del convenio sub examine y, en particular, considerando lo previsto en su artículo 2º, es de señalar que el instrumento internacional pretende “establecer el marco jurídico que regirá la cooperación financiera entre las partes contratantes, para el financiamiento de actividades orientadas al desarrollo, en concordancia con las normas constitucionales y legales de sus Estados así como con los principios del derecho internacional”. Por consiguiente, no se advierte que el convenio en ciernes busque incidir, de manera directa, sobre unas poblaciones en particular, toda vez que sus disposiciones solo pretenden regular el desarrollo de actividades cooperación entre los dos Estados in toto. En ese sentido, el convenio sub examine no se adecúa a los supuestos indicados en la referida providencia y, por ende, no se precisa adelantar el mencionado proceso de consultas.
3. Trámite del proyecto de ley aprobatoria en el Congreso de la República.
3.1. Iniciativa, radicación y publicación del proyecto de ley aprobatoria.
El proyecto de ley aprobatoria fue presentado a consideración del Congreso de la República, el día 24 de octubre de 2012, por la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuellar, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 154 de la Constitución Política y el artículo 143 de la Ley 5ª de 1992, ante la secretaría general del Senado de la República(4).
El texto original del proyecto de ley aprobatoria, a la par con su correspondiente exposición de motivos, fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 733 de fecha 26 de octubre de 2012 (págs. 5 a 13)(5), de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 157 de la Constitución Política y el artículo 144 de la Ley 5ª de 1992.
3.2.1. Primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República(6).
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República fue presentada por los senadores de la República, Alexandra Moreno Piraquive y Guillermo García Realpe, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 880 de fecha 4 de diciembre de 2012 (págs. 19 a 22)(7). En la precitada ponencia se propone aprobar, en primer debate y sin modificación alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional, el proyecto de ley aprobatoria. Es de anotar que no se propone la formulación de reservas, enmiendas u observaciones, en los términos del artículo 217 de la Ley 5ª de 1992.
El anuncio de discusión y votación del proyecto de ley aprobatoria fue efectuado en la sesión ordinaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República de fecha 2 de abril de 2013, como consta en la Gaceta del Congreso Nº 456 de fecha 27 de junio de 2013 (págs. 1 a 3 y 10), que al efecto dispone:
Por instrucciones de la señora presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (A.L. 1/2003, art. 8º).
5. Proyecto de Ley 3144 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera’, suscrito en Bogotá, D.C., el 19 de julio de 2012.
El día 3 de abril de 2013 la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República realizó el debate y votación del proyecto de ley aprobatoria, conforme se consignó en la Gaceta del Congreso Nº 456 de fecha 27 de junio de 2013 —en particular, en el Acta 27 de sesión ordinaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República de fecha 3 de abril de 2013—. El informe de ponencia fue aprobado por la precitada comisión, mediante votación ordinaria, con quórum de once (11) senadores(8). No obra registro de votos en contra o abstenciones.
Sobre el particular, el oficio de fecha 24 de febrero de 2014, cursado a esta corporación por la secretaría de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República(9), dispone:
En relación al quórum se informa que este quedó integrado por los once (11) de los trece (13) senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales contestaron a lista al iniciar la sesión y otros que se hicieron presentes durante el transcurso de la misma, según consta en el Acta 27 del 3 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Nº 456 del 27 de junio de 2013; la cual se adjunta (págs. 10, 11, 14).
El proyecto de Ley 144 de 2012 Senado, hoy Ley 1691 de 2013, fue aprobado el día 3 de abril de 2013, según consta en el Acta 27 de sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 456 del 27 de junio de 2013, la cual se adjunta (págs. 10, 11, 14, 18, 19).
La proposición final, la omisión de la lectura del articulado, el articulado propuesto, el título del proyecto y el querer que este tenga segundo debate y se convierta en ley de la República fueron aprobados conforme al artículo 129 del reglamento del Congreso y/o artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 y revisada el Acta 27 del 3 de abril de 2013, no se registraron votos en contra o abstenciones.
De conformidad con el precitado oficio de fecha 24 de febrero de 2014 y en consideración a lo consignado en el Acta 27 de sesión ordinaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República de fecha 3 de abril de 2013 —publicada en la Gaceta del Congreso Nº 456 de fecha 27 de junio de 2013—, la proposición; la omisión de lectura del texto del articulado; el título del proyecto de ley aprobatoria; el texto del articulado propuesto; y el interrogante en relación con la voluntad de que el proyecto de ley surtiera segundo debate y se convirtiera en ley de la república; fueron aprobados mediante votación ordinaria, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011.
El Acta 27 de sesión ordinaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República de fecha 3 de abril de 2013 —página 18—, obra bajo el siguiente tenor:
En los anteriores términos; me permito rendir informe de ponencia favorable para primer debate al proyecto de Ley 144 de 2012 Senado, por medio de la cual es aprueba el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera”, suscrito en Bogotá, el 19 de julio de 2012.
Secretario una vez aprobado el informe con el cual termina la ponencia, sírvase dar lectura al articulado del proyecto de Ley 144 de 2012 Senado.
El señor secretario Diego Alejandro González González, le informo al señor presidente que los senadores si aprueban la omisión de lectura del articulado del proyecto de Ley 144 de 2012 Senado.
El señor presidente Carlos Fernando Motoa Solarte, solicita al secretario dar lectura al título del proyecto de Ley 144 de 2012.
El señor secretario Diego Alejandro González González, da lectura al título del proyecto de Ley 144 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera”, suscrito en Bogotá, el 19 de julio de 2012.
3.2.2. Segundo debate en la Plenaria del Senado de la República(10).
El texto definitivo aprobado en primer debate —surtido en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República— fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 228 de fecha 24 de abril de 2013 (pág. 25)(11).
La ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República fue presentada por los senadores de la República, Alexandra Moreno Piraquive y Guillermo García Realpe, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 228 de fecha 24 de abril de 2013 (págs. 22 a 25)(12). En la precitada ponencia se propone aprobar, en segundo debate y sin modificación alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional, el proyecto de ley aprobatoria. Es de anotar que tampoco se propone la formulación de reservas, enmiendas u observaciones, en los términos del artículo 217 de la Ley 5ª de 1992.
El anuncio de discusión y votación del proyecto de ley aprobatoria fue efectuado en la sesión ordinaria de la Plenaria del Senado de la República de fecha 21 de mayo de 2013, como consta en la Gaceta del Congreso Nº 510 de fecha 22 de julio de 2013 (págs. 1 a 7 y 18 a 19), que al efecto dispone:
— Proyecto de Ley 144 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera, suscrito en Bogotá, el 19 de julio de 2012.
El día 28 de mayo de 2013 la Plenaria del Senado de la República realizó el debate y votación del proyecto de ley aprobatoria, conforme se consignó en la Gaceta del Congreso Nº 511 de fecha 22 de julio de 2013 —en particular, en el Acta 63 de la sesión ordinaria de la Plenaria del Senado de la República de fecha 28 de mayo de 2013—. El informe de ponencia fue aprobado por la precitada plenaria, mediante votación ordinaria, con quórum de noventa y tres (93) senadores(13). No obra registro de votos en contra o abstenciones.
Sobre el particular, el Oficio S. G. 0215 S-SG-E-2014-151 de fecha 4 de marzo de 2014, cursado a esta corporación por la secretaría general del Senado de la República(14), dispone:
“... El mencionado proyecto de ley fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación ordinaria, conforme al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 y un quórum deliberatorio y decisorio de 93 de 98 senadores, según el llamado a lista, como consta en el Acta 63, de la Sesión Plenaria correspondiente al día 28 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 511 de 2013 (págs. 1, 2, 7, 9, 19 y 63).
Que el proyecto de Ley 144 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba El ‘Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera’, suscrito en Bogotá, el 19 de julio de 2012’, fue aprobado con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación ordinaria, conforme al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 con un quórum deliberatorio y decisorio de 93 de 98 senadores, según el llamado a lista, en la Sesión Plenaria del día 28 de mayo de 2013, como consta en el Acta 63, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 511 de 2013 (pág. 19).
Se expide y firma a solicitud de la honorable Corte Constitucional (Exp. LAT-429. L. 1691), en la ciudad de Bogotá, D.C., a los cuatro días del mes de marzo de dos mil catorce (04-III-2014).
De conformidad con el precitado Oficio S. G. 0215 S-SG-E-2014-151 de fecha 4 de marzo de 2014 y en consideración a lo consignado en el Acta 63 de la sesión ordinaria de la Plenaria del Senado de la República de fecha 28 de mayo de 2013 —publicada en la Gaceta del Congreso Nº 511 de fecha 22 de julio de 2013—, la proposición; la omisión de lectura del texto del articulado; el título del proyecto de ley aprobatoria; el texto del articulado propuesto; y el interrogante en relación con la voluntad de que el proyecto de ley surtiera su trámite en la Cámara de Representantes y se convirtiera en ley de la república; fueron aprobados mediante votación ordinaria, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011.
El Acta 63 de la sesión ordinaria de fecha 28 de mayo de 2013 —página 19—, obra bajo el siguiente tenor:
Proyecto de Ley 39 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera”, suscrito en Bogotá, el 19 de julio de 2012.
Por secretaría se da lectura al título del proyecto de Ley 144 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera”, suscrito en Bogotá, el 19 de julio de 2012.
3.3.1. Primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes(15).
El texto definitivo aprobado en segundo debate —surtido en la Plenaria del Senado de la República— fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 365 de fecha 2 de agosto de 2013 (pág. 18)(16).
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes fue presentada por el congresista Pedro Pablo Pérez Puerta, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 582 de fecha 2 de agosto de 2013 (págs. 21 a 24)(17). En la precitada ponencia se propone aprobar, en tercer debate y sin modificación alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional, el proyecto de ley aprobatoria. Es de anotar que tampoco se propone la formulación de reservas, enmiendas u observaciones, en los términos del artículo 217 de la Ley 5ª de 1992.
El anuncio de discusión y votación del proyecto de ley aprobatoria fue efectuado en la sesión ordinaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes de fecha 6 de agosto de 2013, como consta en la Gaceta del Congreso Nº 708 de fecha 11 de septiembre de 2013 (pág. 10), que al efecto dispone:
Quinto. Anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate, para ser discutidos y votados en la próxima sesión de comisión en donde se discutan y aprueben proyectos de ley. Este anuncio, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003.
Proyecto de Ley 323 de 2013 Cámara, 144 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el convenio entre el gobierno de la república de Colombia y el gobierno de la república federal de Alemania sobre cooperación financiera, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2012.
El día 13 de agosto de 2013 la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes realizó el debate y votación del proyecto de ley aprobatoria, conforme se consignó en la Gaceta del Congreso Nº 640 de fecha 23 de agosto de 2013 —en particular, en el Acta 5 de sesión ordinaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes de fecha 13 de agosto de 2013—. El informe de ponencia fue aprobado por la precitada comisión, mediante votación ordinaria, con quórum de diecisiete (17) representantes a la Cámara(18). No obra registro de votos en contra o abstenciones.
Sobre el particular, el Oficio CSCP 3.2.2.03.689/14 (IS) de fecha 24 de febrero de 2014, cursado a esta corporación por la secretaría general de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes(19), dispone:
certifico: que en sesión de 13 de agosto de 2013, Acta 5, se le dio primer debate y se aprobó en votación ordinaria de acuerdo al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 (L. 1431/ 2011), proyecto de Ley 323 de 2013 Cámara, 144 de 2012 Senado “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera”, suscrito en Bogotá, el 19 de julio de 2012, sesión a la cual asistieron 17 honorables representantes en los siguientes términos:
Sometido a consideración, el articulado del proyecto, publicado en la Gaceta 582/13, página 24 se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.
El Acta 5 de la sesión del 13 de agosto de 2013 esta publicada en la Gaceta del Congreso Nº 708 del 11 de septiembre de 2013; páginas de 11 a la 16 (págs. 12 a 14) anexo gaceta.
De conformidad con el precitado Oficio CSCP 3.2.2.03.689/14 (IS) de fecha 24 de febrero de 2014 y en consideración a lo consignado en el Acta 5 de sesión ordinaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes de fecha 13 de agosto de 2013 —publicada en la Gaceta del Congreso Nº 640 de fecha 23 de agosto de 2013—, la proposición; la lectura del texto del articulado propuesto; el título del proyecto de ley aprobatoria; y el interrogante en relación con la voluntad de que el proyecto de ley surtiera segundo debate en la Cámara de Representantes y se convirtiera en ley de la república; fueron aprobados mediante votación ordinaria, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011.
El Acta 5 de la sesión ordinaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes de fecha 23 de agosto de 2013 —páginas 12 a 14—, obra bajo el siguiente tenor:
Proyecto de Ley 323 de 2013 Cámara, 144 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera”, suscrito en Bogotá el 19 julio de 2012.
Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso Nº 733 de 2012.
Ponencia para primer debate Senado: Gaceta del Congreso Nº 880 de 2012
Ponencia para segundo debate Senado: Gaceta del Congreso Nº 228 de 2013
Ponencia para primer debate Cámara: Gaceta del Congreso Nº 582 de 2013.
Por las anteriores consideraciones propongo a los honorables miembros de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes dar primer debate al proyecto de Ley 323 de 2013 Cámara por medio de la cual se aprueba el Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera”, suscrito en Bogotá el 19 julio de 2012.
Sí señor presidente. Título del proyecto y se pregunta a la comisión si quieren que sea ley de la República.
Queda designado como ponente para segundo debate el honorable Representante Pedro Pablo Pérez. (...) Siguiente punto del orden del día señora secretaria.
3.3.2 Segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes de la República(20).
El texto definitivo aprobado en primer debate —surtido en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes— fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 640 de fecha 23 de agosto de 2013 (págs. 30 y 31)(21).
La ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada por el congresista Pedro Pablo Pérez Puerta, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 640 de fecha 23 de agosto de 2013 (págs. 26 a 31)(22). En la precitada ponencia se propone aprobar, en segundo debate y sin modificación alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional, el proyecto de ley aprobatoria. Es de anotar que tampoco se propone la formulación de reservas, enmiendas u observaciones, en los términos del artículo 217 de la Ley 5ª de 1992.
El anuncio de discusión y votación del proyecto de ley aprobatoria fue efectuado en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes de fecha 23 de octubre de 2013, como consta en la Gaceta del Congreso Nº 34 de fecha 12 de febrero de 2014 (pág. 40), que al efecto dispone:
Se anuncian los siguientes proyectos para la Sesión Plenaria el día 29 de octubre de 2013 o para la siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o acto legislativos (sic) de acuerdo, al Acto Legislativo 1 de julio 3 del 2003 en su artículo 8º.
Proyecto de Ley 323 de 2013 Cámara, 144 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera”, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2012.
[...] levanto entonces la sesión del día de hoy y convoco para el próximo martes 29 de octubre a las 3:00 de la tarde.
El día 29 de octubre de 2013, en el curso de la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes convocada para la misma fecha, fue efectuado un nuevo anuncio de discusión y votación del proyecto de ley aprobatoria, como consta en la Gaceta del Congreso Nº 1024 de fecha 10 de diciembre de 2013 (págs. 23 y 24), que obra bajo el siguiente tenor:
Sí, señor Presidente, se anuncian proyectos para la Sesión Plenaria del día 30 de octubre o para la siguiente sesión en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, de acuerdo al Acto legislativo 1 de julio de 3 de 2003, en su artículo 9º.
El día 30 de octubre de 2013, en el curso de la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes convocada para la misma fecha, fue efectuado un nuevo anuncio de discusión y votación del proyecto de ley aprobatoria, como consta en la Gaceta del Congreso Nº 1025 de fecha 10 de diciembre de 2013 (págs. 16 a 18), que obra bajo el siguiente tenor:
Proyecto de Ley 323 de 2013 Cámara, 144 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera”, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2012
El día 5 de noviembre de 2013 la Plenaria de la Cámara de Representantes realizó el debate y votación del proyecto de ley aprobatoria, conforme se consignó en la Gaceta del Congreso Nº 35 de fecha 12 de febrero de 2014 —en particular, en el Acta 246 de la Sesión Plenaria de fecha 5 de noviembre de 2013—.
Es de señalar que el informe de ponencia ya había sido aprobado por la precitada plenaria, mediante votación nominal(23), con quórum de ciento cincuenta y dos (152) representantes a la Cámara(24).
Sobre el particular, la certificación de fecha 3 de marzo de 2014, expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes y cursada anexa al Oficio S.G.2-333/2014 de fecha 4 de marzo de 2014(25), dispone:
El suscrito secretario general de la honorable Cámara de Representantes
Que el proyecto de Ley 323 de 2013 Cámara - 144 de 2012 Senado, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera”, suscrito en Bogotá, el 19 de julio de 2012”, fue aprobado de la siguiente manera en las sesiones plenaria (sic) de la corporación:
1. Que el proyecto de ley en comento fue anunciado previamente a la votación en la Sesión Plenaria del día 23 de octubre de 2013, según consta en el Acta 243, para la Sesión Plenaria del día 29 de octubre de 2012 o para la siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política.
2. Que en la Sesión Plenaria de la honorable Cámara de Representantes del día 29 de octubre de 2013, que consta en el Acta 244, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y dos (152) honorables Representantes a la Cámara, fue considerado y aprobado a través de votación nominal el informe de ponencia para segundo debate, así:
— Informe con el que termina la ponencia: Sí: 76 votos; No: 8 votos; No votó: 0; Total votos: 84.
3. Que en la Sesión Plenaria del día 30 de octubre de 2013, según consta en el Acta 245, fue anunciado previamente a la votación para la Sesión Plenaria del día 5 de noviembre de 2013 o para la siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política.
4. Que en la Sesión Plenaria de la honorable Cámara de Representantes del día 5 de noviembre de 2013, que consta en el Acta 246, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y cinco (155) honorables representantes a la Cámara, fue considerado y aprobado a través de votación nominal el articulado, el título y la pregunta “si quiere la Cámara de Representantes que este proyecto sea ley de la República”, así:
— Articulado: Sí: 74 votos; No: 11 votos; No votó: 1; Total votos: 85.
— Título y pregunta: Sí: 81 votos; No 9 votos; No votó: 1; Total votos: 90.
5. Que se en (sic) el trámite surtido por el proyecto de ley en mención se cumplió con lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley 5ª de 1992.
La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los tres (3) días del mes de marzo de 2014, a solicitud de la Corte Constitucional en oficio radicado en la secretaría general Nº 104 del 19 de febrero de los corrientes.
De conformidad con la precitada certificación de fecha 3 de marzo de 2014, expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes y en consideración a lo consignado en el Acta 246 de la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes de fecha 5 de noviembre de 2013 —publicada en la Gaceta del Congreso Nº 35 de fecha 12 de febrero de 2014—, el título del proyecto de ley aprobatoria; el texto del articulado propuesto; y el interrogante en relación con la voluntad de que el proyecto de ley se convirtiera en ley de la República; fueron aprobados, mediante votación nominal(26), por la Plenaria de la Cámara de Representantes.
El Acta 246 de la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes de fecha 5 de noviembre de 2013 —páginas 21 a 25—, obra bajo el siguiente tenor:
Si señor Presidente. Proyecto de Ley 323 de 2013 Cámara, 144 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera”, suscrito en Bogotá el 18 (sic) de julio de 2012.
Publicado en la Gaceta del Congreso 733 de 2012, publicada la ponencia en la Gaceta del Congreso 640 de 2013.
En consideración el articulado del proyecto de Ley 323 de 2013 Cámara, 144 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2012”. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, tiene el uso de la palabra la representante Alba Luz Pinilla.
Estamos en votación del articulado del Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania, proyecto de Ley 323 de 2013 de Cámara, 144 de 2012, Senado.
Proyecto de Ley 323 de 2013 Cámara, 144 de 2012 Senado
La votación anunciada para el articulado del proyecto de Ley 323 de 2013 Cámara, 144 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera”, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2012, fue: Por el Sí 75 votos, y por el No 11 votos; revisada la votación el resultado es: Por el Sí 74, y por el No 11 votos.
Si señor presidente, el título dice así: Proyecto de Ley 323 de 2013 Cámara, 144 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2012”.
En consideración el título del proyecto de Ley 323 de 2013 Cámara, 144 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2012”.
El texto definitivo aprobado en segundo debate —surtido en la Plenaria de la Cámara de Representantes– fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 896 de fecha 6 de noviembre de 2013 (pág. 15)(27).
El día 17 de diciembre de 2013, el Presidente de la República sancionó la Ley 1691 de fecha 17 de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se aprueba ‘Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera’, suscrito en Bogotá, el 19 de julio de 2012”. Fue publicada en el Diario Oficial Nº 49.007 de fecha 17 de diciembre de 2013.
Mediante Oficio OFI13-00149104 / JMSC 33020 de fecha 18 de diciembre de 2013, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia debidamente autenticada de la Ley 1691 de fecha 17 de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se aprueba ‘Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera’, suscrito en Bogotá, el 19 de julio de 2012”. El precitado oficio, a la par con sus anexos, fue recibido en esta corporación, en la misma fecha.
De conformidad con lo establecido en el artículo 241, numeral 10º, de la Constitución Política, la remisión se efectuó dentro del plazo establecido, a saber: “dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción” de la correspondiente ley(28).
3.5.1. El convenio sub examine fue adoptado y suscrito, en nombre y representación del Estado colombiano, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2º, de la Constitución Política, en concordancia con lo previsto en el artículo 7º, numeral 2º, literal (a) de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” del año 1969.
4.1.2. Asegura la adecuación de las disposiciones del tratado a la Constitución Política. El carácter preventivo del control material, en el evento de constatarse la inconstitucionalidad de algunas de las cláusulas del instrumento internacional, faculta a la Corte Constitucional, en observancia del artículo 241 —numeral 10—, para ordenar al Presidente de la República la formulación de las correspondientes reservas y/o declaraciones interpretativas condicionales.
4.1.4. Una vez efectuado, hace tránsito a cosa juzgada constitucional absoluta. Ello impide adelantar un nuevo escrutinio por parte de la Corte Constitucional y, en consecuencia, prohíbe la reproducción del contenido normativo declarado inexequible (C.P., art. 243).
4.2.2. En lo concerniente a la República Federal de Alemania, destaca la exposición de motivos en comento su condición de “principal Estado aportante de recursos de cooperación” y de “uno de los escasos Estados europeos que no ha reducido su aporte de dinero no reembolsable en el escenario económico de ese continente”.
4.2.3. Conviene anotar que la exposición de motivos del proyecto de ley aprobatoria refiere, a su turno, las relaciones diplomáticas entre los dos Estados como “históricas” y “dinámicas”. En esa medida, se anota que el convenio sub examine coadyuvará al impulso de estas últimas, en materia financiera, con arreglo a lo previsto en el “Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”, adoptado en consulta con los artículos 339 a 344 de la Constitución Política.
4.3.1. El convenio sub examine dispone de una frase pre-ambulatoria —o preámbulo— en la que la República de Colombia y la República Federal de Alemania, en su condición de Estados signatarios, renuevan sus nexos históricos y propenden por impulsar, de manera eficaz, sus relaciones diplomáticas. Para el efecto y con arreglo a los principios de independencia, soberanía y no injerencia en asuntos internos, pretenden celebrar el instrumento internacional en ciernes, relativo a la cooperación asociativa para el desarrollo.
La frase pre-ambulatoria o prefacio en mención es constitucional toda vez que refiere, de manera expresa, la observancia del principio de soberanía nacional, consignado en el artículo 9º de la Constitución Política, a la par con otros principios de derecho internacional aceptados por la República de Colombia, inter alia, el de no injerencia en asuntos internos de otros Estados. A su turno, es de destacar que el propósito de impulsar, de manera eficaz, las relaciones diplomáticas entre los Estados colombiano y alemán, mediante cooperación financiera —con arreglo al “principio de independencia”—, es compatible con la Constitución Política, considerando que da cumplimiento al mandato constitucional de promoción de la integración económica (art. 227), con reconocimiento a su condición de Estado soberano y república unitaria (art. 1º).
La disposición en comento es compatible con la Constitución Política. Considerando que la referida cláusula ciñe el “marco jurídico para el financiamiento de actividades orientadas al desarrollo” —a establecerse por medio del convenio sub examine— al cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, se advierte la observancia del artículo 4º de esta última. Adicionalmente, la cláusula en mención desarrolla lo dispuesto en el artículo 9º de aquella, en la medida en que refiere, a su vez, que el “marco jurídico” que emane del convenio sub examine deberá estar “en concordancia” con los principios de derecho internacional.
Naturalmente, para efectos de la República de Colombia, advierte la Corte Constitucional que los principios de derecho internacional a los que alude la precitada disposición del convenio sub examine deberán ser aquellos aceptados por el Estado colombiano —conforme precisa la integralidad del texto del artículo 9º de la Constitución Política— y, por consiguiente, no todos los principios que imperen en la sociedad internacional.
El segundo numeral de la cláusula 3ª en comento indica que la República de Colombia y la República Federal de Alemania mantendrán un “diálogo asociativo sobre las bases y cuestiones actuales de los financiamientos reembolsables y no reembolsables” con anterioridad a acordar las medidas de desarrollo. En tratándose de financiamientos reembolsables el Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, efectuará la identificación y priorización de los proyectos. En lo concerniente a financiamientos no reembolsables, será la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional —APC Colombia— quien lleve a término tal identificación y priorización. Los dos Estados acordarán los objetivos; las prioridades; y las entidades ejecutoras colombianas de las medidas de desarrollo, por medio de actas o acuerdos intergubernamentales.
Observa la Corte Constitucional que no median objeciones ni reparos de constitucionalidad a la cláusula 3ª del convenio sub examine. La precitada disposición se encuentra en consonancia con lo previsto en, inter alia, los artículos 226 y 227 de la Constitución Política, considerando que el mantenimiento de un “diálogo asociativo sobre las bases y cuestiones actuales de los financiamientos reembolsables y no reembolsables” entre los dos Estados asegura que la promoción de la integración económica, social y política emane de conversaciones bilaterales, diplomáticas y directas entre la República de Colombia y la República Federal de Alemania —y no mediante imposiciones unilaterales—, por consiguiente, propendiendo por la equidad, igualdad y reciprocidad. En adición a lo anterior, considera lo dispuesto en los artículos 339, 343 y 344 de la Constitución Política, que le asignan al Estado colombiano —Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y Departamento Nacional de Planeación, respectivamente— la dirección general de la economía (incluyendo la gestión de los recursos públicos desde la perspectiva presupuestal y financiera), y el diseño y organización de políticas y proyectos de inversión.
Sobre el particular, conviene señalar que el concepto, significado y alcance de los numerales romanos supra, (i) a (xi) y (xv) a (xvii) —consignados en el convenio sub examine en los numerales 1º a 11 y 15 a 17 de la cláusula 4ª–, se encuentran en sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política. Ello considerando que tales definiciones permiten precisar las nociones esenciales para la concertación, el ejercicio y la regulación de la cooperación financiera, que coadyuva, a su vez, a la realización de los fines esenciales del Estado (C.P., art. 2º), en lo atinente a la promoción de la prosperidad general, mediante proyectos o programas de desarrollo.
En primer término, el denominado “acuerdo de medidas” es definido por el convenio sub examine como un “instrumento de derecho internacional firmado por las partes contratantes de conformidad con el artículo 5º, párrafo 1º, sobre la ejecución de las medidas de desarrollo”. En ese sentido, debe advertirse, en consonancia con la reiterada jurisprudencia de esta corporación(29) y con el propósito de salvaguardar la supremacía constitucional, que solo es admisible la celebración y entrada en vigor de un “acuerdo de medidas”, sin precisar el trámite previsto en la Constitución Política para los tratados solemnes, si exclusivamente pretende ejecutar o desarrollar —de forma concreta— las cláusulas sustantivas consignadas en el convenio sub examine, sin exceder o desbordar lo allí estipulado (es decir, sin originar nuevas obligaciones a cargo del Estado colombiano).
En segundo término, las denominadas “actas finales de las negociaciones intergubernamentales”, definidas como “documentos suscritos por las partes contratantes de conformidad con el artículo 3º, párrafo 2, que no constituyen instrumento jurídicamente vinculante” en la cláusula en mención del convenio sub examine, imponen una obligación de no hacer al Gobierno Nacional, en el sentido de proscribirle la facultad de consignar allí la asunción de obligaciones y compromisos jurídicamente vinculantes a cargo de la República de Colombia, en calidad de sujeto de derecho internacional. El incumplimiento de ese deber conllevará, como es previsible, una naturaleza jurídica distinta a la descrita para el particular documento y, por consiguiente, deberá surtir el correspondiente trámite previsto en la Constitución Política (arts. 150, num. 16; 189, num. 2º; 224; y 241, num. 10).
Por último, es preciso aludir a los denominados “acuerdos de ejecución”, previstos en los siguientes términos en el convenio sub examine: “contratos regidos por el derecho privado sobre la base de los acuerdos de conformidad con lo estipulado en el artículo 5º, párrafo 1º, o sobre la base de las negociaciones intergubernamentales, de conformidad con el artículo 3º, párrafo 2º, y que estarán sujetos a las disposiciones legales vigentes en la República Federal de Alemania (en especial contratos de aportaciones financieras, contratos de préstamo, así como los acuerdos especiales que concreten estos contratos y otras disposiciones contractuales en relación con estos contratos). Todas las autorizaciones que deben ser otorgadas por la parte colombiana estarán sujetas a las disposiciones legales vigentes en la República de Colombia”. Es pertinente advertir que los signatarios de tales contratos deben ser entidades del Estado colombiano que dispongan de capacidad para contratar y cuya normativa permita la asunción de las obligaciones específicas allí estipuladas. En adición a lo anterior, no podrán consagrar obligaciones a cargo del Estado colombiano in toto, en la medida en que, exclusivamente, tienen capacidad para comprometer a sus respectivas entidades suscribientes.
Como colofón de lo expuesto, solo en ese entendido las definiciones contenidas en los numerales romanos (xii) a (xiv) serán exequibles.
4.3.6. La cláusula 5ª del convenio sub examine —numerales 1º y 7º— establece que la República de Colombia y la República Federal de Alemania podrán suscribir “acuerdos sobre medidas de desarrollo”, complementarios y regidos por el derecho internacional, donde se fijen los objetivos de las medidas de desarrollo y su financiamiento; el tiempo de ejecución; la estructura organizativa y técnica de las medidas de desarrollo y su financiamiento; los “usos previstos”; las prestaciones de las entidades participantes; el procedimiento de adjudicación de encargos (obras, bienes y servicios); y las consecuencias derivadas del eventual incumplimiento de obligaciones contractuales.
En adición a lo anterior, se señala que los Estados colombiano y alemán “adoptarán” los arreglos necesarios para la realización de las medidas de desarrollo, confiando la ejecución de estas últimas —previa autorización para la adopción de “acuerdos de ejecución concretos”— a “entidades idóneas” —numeral 3º de la cláusula 5ª en mención—.
Se consigna, además, que el gobierno de la República Federal de Alemania confiará la ejecución de medidas al Instituto de Crédito para la Reconstrucción (KfW) y a la Sociedad Alemana de Inversiones y Desarrollo (DEG) —numeral 4º de la cláusula 5ª en comento—. A la par con lo anterior, se expresa que: (i) el “organismo ejecutor alemán” suscribirá los “acuerdos de ejecución” con la entidad ejecutora colombiana, el prestatario o el destinatario y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional —APC Colombia—, cuando sea procedente —numeral 5º de la cláusula 5ª en comento—; y (ii) la solvencia del prestatario será una condición para la conclusión de los “acuerdos de ejecución”, en el caso de los créditos de desarrollo —numeral 6º de la cláusula 5ª en mención—.
A su vez, se consagra que la obligación de “cumplir las prestaciones”, por parte del Estado alemán, “nace bajo la condición de que el gobierno de la República Federal de Alemania haya considerado que la medida de desarrollo resulta digna de apoyo”. En último término, se indica que quedará sin efectos el acuerdo sobre medidas de desarrollo en el que el gobierno de la República de Colombia no realice “sus prestaciones según el artículo 7º o el artículo 8º del presente convenio” o no cumpla con las obligaciones que de tales cláusulas emanan —numeral 2º de la cláusula 5ª en comento—.
La referida disposición se adecúa a la Constitución Política y, en particular, al artículo 227, en la medida en que la promoción de la integración económica, social, ecológica y política con la República Federal de Alemania —mediante la celebración de “acuerdos sobre medidas de desarrollo”— se efectúa sobre bases precisas de equidad y reciprocidad, a saber: (i) las medidas de desarrollo no son impuestas, de manera unilateral, por la República de Colombia, sino que el Estado alemán dispone de la facultad de evaluar y expresar su apoyo a estas últimas; y (ii) el cumplimiento de las obligaciones (“prestaciones”) de la República Federal de Alemania está sujeto al correspondiente cumplimiento de los deberes asumidos (“prestaciones”) por el Estado colombiano.
No obstante, es de reiterar, conforme se indicó en el fundamento jurídico 9.5, que solo es admisible la celebración y entrada en vigor de un “acuerdo de medidas” sin precisar el trámite previsto en la Constitución Política para los tratados solemnes, si exclusivamente se pretenden ejecutar o desarrollar —de forma concreta— las cláusulas sustantivas consignadas en el convenio sub examine, sin exceder o desbordar lo allí estipulado y sin originar nuevas obligaciones a cargo del Estado colombiano.
El tercer numeral de la precitada cláusula 6ª establece que, para los financiamientos, el gobierno de la República Federal de Alemania otorgará al gobierno de la República de Colombia —o a otros destinatarios que los Estados designen de común acuerdo— la “posibilidad de obtener del organismo ejecutor alemán los montos que habrán de acordarse de conformidad con lo estipulado en el artículo 5º”.
A su turno, el numeral 4º de la cláusula 6ª del convenio sub examine señala que —siempre y cuando se haya acordado explícitamente en el acuerdo de medidas y se constate que los objetivos pueden ser alcanzados— la República Federal de Alemania podrá otorgar a la República de Colombia la “posibilidad de obtener aportaciones financieras para medidas especiales”, entre otras, medidas de protección ambiental, fondos de garantía de crédito para pequeñas y medianas empresas, medidas de autoayuda orientadas a combatir la pobreza y medidas destinadas a mejorar la situación social de la mujer.
Por último, el sexto numeral de la cláusula 6ª en comento dispone que el gobierno de la República Federal de Alemania otorgará al gobierno de la República de Colombia la posibilidad de obtener aportaciones financieras para “medidas complementarias necesarias a efectos de la realización y atención de medidas de desarrollo siempre y cuando se haya acordado en el acuerdo de medidas (...) o en las negociaciones intergubernamentales”, previa examinación y estimación de que los objetivos pueden ser alcanzados.
La disposición referida se ajusta a lo previsto en la Constitución Política. El fomento de medidas de desarrollo, en virtud de la cláusula convencional en ciernes, por parte de la República Federal de Alemania, contribuye a internacionalizar las relaciones bilaterales de la República de Colombia, en los ámbitos económico, social y político —artículo 226—. En igual sentido, la “posibilidad” de que la República de Colombia obtenga “aportaciones financieras para medidas especiales” coadyuva a realizar: (i) en materia de medidas de protección ambiental, el deber del Estado colombiano de proteger la diversidad e integridad del ambiente y de conservar las áreas de especial importancia ecológica —artículo 79, inciso 2º, de la Constitución Política—; (ii) en materia de medidas sobre fondos de garantía de crédito para pequeñas y medianas empresas, el deber del Estado colombiano de estimular el desarrollo empresarial —artículo 333, inciso 3º, de la Constitución Política—; (iii) en materia de medidas orientadas a combatir la pobreza, el deber del Estado colombiano de desarrollar estrategias gubernamentales de lucha contra la pobreza —artículo 339 de la Constitución Política—; y (iv) en materia de medidas destinadas a mejorar la situación social de la mujer, el deber del Estado colombiano de garantizar su igualdad de derechos y oportunidades —artículo 43 de la Constitución Política—.
4.3.8. La cláusula 7ª consagra las “prestaciones” y obligaciones de la República de Colombia. El numeral 1º establece que el gobierno del Estado colombiano contribuirá a las medidas de desarrollo: (i) velando por el cumplimiento de las prestaciones concertadas en los “acuerdos de ejecución” a su cargo; (ii) velando por el cumplimiento del uso reglamentario y económico de los fondos para los financiamientos, frente al “organismo ejecutor alemán”; (iii) velando por el financiamiento íntegro de las medidas de desarrollo, para la facilitación de fondos financieros; (iv) asumiendo los gastos corrientes de las medidas de desarrollo —salvo excepción expresa—; (v) proporcionando los expertos y auxiliares locales necesarios a sus expensas —salvo excepción expresa—; (vi) encargándose de las instalaciones creadas mediante medidas de desarrollo en un futuro próximo o continuando con la “reforma estructural apoyada” —salvo excepción expresa—; (vii) velando porque todos los “organismos involucrados” en la ejecución del convenio sub examine y de los “acuerdos de medidas” sean informados oportuna y detalladamente de su contenido; (viii) reconociendo la necesidad de facilitar, de forma oportuna y suficiente, divisas libremente transferibles y conversión libre de moneda local, en el marco de su legislación nacional, para todos los flujos de financiamiento; y (ix) velando porque los “organismos ejecutores alemanes” no se encuentren en desventaja respecto de instituciones financieras multilaterales en el servicio de la deuda externa.
El numeral 2º dispone, por su parte, que el gobierno de la República de Colombia otorgará para la ejecución de las medidas de desarrollo acordadas de conformidad con el artículo 5º: (i) exención de todos los impuestos y gravámenes públicos de orden nacional que se causen en la República de Colombia, y que se devenguen en relación con la concertación y durante la vigencia de los acuerdos de ejecución de los financiamientos; (ii) exención de impuestos y gravámenes públicos de orden nacional a todos los pagos por concepto del servicio de la deuda adquirida; (iii) exención de impuestos y gravámenes públicos de orden nacional a los contratos que deban celebrarse para la realización de cualquiera de las medidas de desarrollo que se ejecuten con aportaciones financieras, así como la adquisición de bienes y/o servicios y transacciones financieras que se realicen directamente con dineros provenientes de recursos recibidos como aportaciones financieras.
Observa la Corte Constitucional que no median objeciones ni reparos de constitucionalidad a la cláusula 7ª del convenio sub examine. En primer término, se constata que la consagración de obligaciones a cargo del Estado colombiano —y no solo del Estado alemán— ejecuta el mandato de celebrar tratados sobre bases de reciprocidad, con el propósito de promover la integración económica, social y política —artículo 227 de la Constitución Política—.
En segundo término, se registra su compatibilidad con la proscripción constitucional de conceder exenciones o tratamientos preferenciales en relación con tributos de propiedad de las entidades territoriales —artículo 294 de la Constitución Política—. De conformidad con la jurisprudencia constitucional(30), la consignación de exenciones tributarias un tratado celebrado por la República de Colombia no constituye una vulneración al precitado artículo de la Constitución Política, siempre y cuando tales exenciones se limiten, únicamente, a gravámenes y tributos del orden nacional. En el evento de pactarse exenciones respecto de tributos del orden territorial o regional, el Gobierno Nacional tendrá el deber de establecer un mecanismo de compensación que permita a las entidades territoriales reparar su eventual afectación de ingresos. Considerando que las exenciones tributarias previstas en la cláusula 7ª del convenio sub examine no versan sobre tributos de propiedad de las entidades territoriales, sino —exclusivamente— sobre tributos del orden nacional, se advierte su consonancia con lo previsto en el referido artículo de la Constitución Política.
4.3.9. La cláusula 8ª del convenio sub examine determina garantías particulares en relación con ciertos (i) contratos de préstamos y (ii) cooperación financiera no reembolsable. Para los contratos de préstamo con entidades públicas —diferentes al gobierno de la República de Colombia— que cuenten con garantía soberana, el Estado colombiano se compromete a garantizar ante el “organismo ejecutor alemán” correspondiente, los pagos en cumplimiento de obligaciones del prestatario o receptor, y a velar por la adecuada utilización de los fondos provenientes de la cooperación alemana, a fin de evitar eventuales reclamaciones de devolución.
Para los contratos de préstamo con entidades públicas diferentes al gobierno de la República de Colombia que no cuenten con garantía soberana, el gobierno de la República Federal de Alemania examinará —dependiendo del tipo de proyecto y la entidad pública— “si puede renunciar al requerimiento de la garantía o tiene que renunciar a la ejecución del proyecto”. Para la cooperación financiera no reembolsable, se garantizará el cumplimiento de las obligaciones consignadas en los contratos de financiación, ante el “organismo ejecutor alemán” correspondiente.
La disposición en comento es compatible con la Constitución Política y, en particular, con sus artículos 9º y 150 —numeral 9º—. Lo anterior, considerando que las relaciones exteriores de la República de Colombia se fundamentan, inter alia, en la soberanía nacional y en los principios de derecho internacional aceptados por el Estado colombiano. La cláusula 8ª del Convenio sub examine al consignar el deber de la República de Colombia de ofrecer “garantía soberana” en relación con los créditos o empréstitos que asuman entidades públicas nacionales que no cuenten con tal aval y/o de ejercerla en relación con los créditos o empréstitos que asuma el Estado o entidades públicas nacionales cobijadas por tal garantía, evidencia el ejercicio de la soberanía nacional que le asiste en calidad de sujeto de derecho internacional, con arreglo al “principio de igualdad soberana de los Estados” —principio de derecho internacional consagrado en la “Carta de las Naciones Unidas”(31), reconocido como tal por la Corte Internacional de Justicia(32) y aceptado por la República de Colombia—. En adición a lo anterior y considerando que la cláusula 8ª en comento fue aprobada, a la par con las demás disposiciones del convenio sub examine, por el Congreso de la República, se respetó el mandato constitucional relativo a la concesión de autorizaciones sobre empréstitos, previsto en el precitado artículo 150, numeral 9º.
4.3.10. La cláusula 9ª, titulada “Sustitución de medidas de desarrollo”, establece: (i) previo consenso entre el Estado colombiano y el Estado alemán, las medidas desarrollo de las cláusulas 3ª y 5ª pueden ser sustituidas por otras medidas de desarrollo de cooperación financiera; (ii) a reemplazo de una medida de desarrollo para la que se facilitó aportación financiera por otra, los fondos financieros solo se pondrán a disposición como financiamiento cuando se confirmen las condiciones especiales (en caso contrario, los fondos financieros se pondrán a disposición en calidad de préstamo); y (iii) aquellas medidas de desarrollo para las que se hayan convenido créditos de desarrollo no podrán ser reemplazadas por otras.
Observa la Corte Constitucional que no median objeciones ni reparos de constitucionalidad a la cláusula 9ª en ciernes. La consagración de la facultad de sustituir medidas de desarrollo, por mutuo acuerdo de la República de Colombia y la República Federal de Alemania, se encuentra en consonancia con el previamente aludido principio de derecho internacional de igualdad soberana de los Estados —artículo 9º de la Constitución Política— y con el mandato constitucional de celebrar tratados sobre bases de igualdad y reciprocidad —artículo 227 de la Constitución Política—.
Observa la Corte Constitucional que no median objeciones ni reparos de constitucionalidad a la cláusula 11ª en mención. La precitada disposición precisa que el Convenio sub examine y el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación técnica”, suscrito en Bogotá D.C., República de Colombia, el 26 de mayo de 1998, no son tratados sucesivos concernientes a la misma materia y, por lo tanto, no es aplicable el artículo 30 de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” del año 1969. Ello propende por un fin constitucionalmente legítimo y relevante, a saber: garantizar la ausencia de duplicidad entre las obligaciones de la República de Colombia consagradas en el convenio sub examine y las previstas en el referido “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación técnica”, aprobado por la Ley 560 de fecha 2 de febrero de 2000; declarado exequible —a la par con su ley aprobatoria— mediante la Sentencia C-1258 de 2000; y en vigor internacional desde el 28 de febrero de 2001.
En ese sentido, conviene aludir a las sentencias C-027 de 2011; C-378 de 2009; C-618 de 2004; C-288 de 2002; y C-247A de 2001, entre otras, que declararon exequibles tratados bilaterales de cooperación con disposiciones de resolución de controversias, cuyos mecanismos son: en primer término, la negociación y, en segundo término, “los restantes medios de solución pacífica reconocidos por el derecho internacional”. Los instrumentos internacionales encontrados ajustados a la Constitución Política fueron concertados con el Reino de Marruecos, la República Dominicana, la República de Guatemala y Rumania, encontrándose todos —actualmente— en vigor internacional.
No obstante lo anterior, en atención a los cuestionamientos que sobre la particular cláusula eleva uno de los intervinientes —señalando que “actúa en contra de voluntad del Estado colombiano de no querer someterse a la competencia de la Corte Internacional de Justicia porque reconoce esa competencia tácitamente”– conviene formular las siguientes consideraciones:
En primer término, es de advertir que la disposición 12ª del convenio sub examine no es una cláusula compromisoria o jurisdiccional de aceptación de competencia de la Corte Internacional de Justicia. Lo anterior, considerando que se trata de una disposición genérica que reitera la obligación positiva a la que ya están sometidos todos los Estados, bajo el derecho consuetudinario y bajo la “Carta de las Naciones Unidas”, de solucionar sus controversias por medios pacíficos. En ese sentido, la cláusula 12ª en mención no implica novedad alguna en la situación jurídica de los Estados, (i) frente al compromiso previamente adquirido y vigente de no acudir al uso de la fuerza para solucionar su disputa —artículo 33 de la “Carta de las Naciones Unidas”—; (ii) frente a la existencia de la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y el recurso a organismos regionales como mecanismos de resolución de controversias de su elección; (iii) máxime al no expresarse, de manera inequívoca, la voluntad y el consentimiento del Estado colombiano de aceptar, ipso jure y a partir de la entrada en vigor del convenio sub examine, la competencia de la Corte Internacional de Justicia.
Sobre el particular, la propia Corte Internacional de Justicia ha expresado que el escrutinio tendiente a determinar si una disposición convencional comporta la naturaleza jurídica de cláusula compromisoria no se efectúa mediante un “juicio leve”. En la sentencia de fecha 1º de julio de 1994 —jurisdicción y admisibilidad— del “Caso concerniente a cuestiones territoriales y de delimitación marítima entre Qatar y Bahréin”, sostuvo: “Para determinar si se trata de un acuerdo internacional que someta una disputa a (...) arreglo judicial, la Corte debe tener en cuenta, sobre todo, la integralidad de los términos reales y las circunstancias particulares en las que fue elaborada”(33). Ello ya había sido señalado, en los mismos precisos términos, en la sentencia de fecha 19 de diciembre de 1978 del “Caso de la plataforma continental del mar Egeo entre Grecia y Turquía”(34). A su turno, en la Sentencia de fecha 4 de junio de 2008 del “Caso concerniente a ciertas cuestiones de asistencia recíproca en asuntos penales entre Djibouti y Francia”, afirmó, en relación con el reconocimiento y/o aceptación subsiguiente de su competencia que “gran cuidado debe tomarse en relación con el alcance del consentimiento circunscrito por el Estado demandado”(35).
La Sentencia C-673 de 2002 —que declaró la exequibilidad de la “Convención sobre la protección física de los materiales nucleares”, suscrita en Viena, República de Austria y Nueva York, Estados Unidos de América, el día 3 de marzo de 1980— y la Sentencia C-944 de 2008 —que declaró la exequibilidad del “Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes”, adoptado en Estocolmo, Reino de Suecia, el 22 de mayo de 2001, de la ‘Corrección al artículo 1º del texto original en español’ de 21 de febrero de 2003, y del ‘Anexo G al Convenio de Estocolmo’ de 6 de mayo de 2005”—, permiten ilustran sobre ese particular, toda vez que incorporan cláusulas(36) que reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para la resolución de controversias derivadas de tales tratados. Es de anotar que, a la fecha, esos instrumentos internacionales no han sido denunciados por el Estado colombiano(37).
En relación con el numeral 1º de la cláusula en comento, advierte la Corte Constitucional que no median objeciones de naturaleza constitucional, toda vez que esa disposición prevé la entrada en vigor del instrumento internacional “en la fecha en que la República de Colombia haya comunicado al gobierno de la República Federal de Alemania que se han cumplido los requisitos internos necesarios para la entrada en vigor”. En consecuencia, la precitada cláusula reconoce la obligación del Gobierno Nacional de someter el convenio sub examine al trámite previsto en la Constitución Política para los tratados (arts. 150, num. 16; 189, num. 2º; 224; y 241, num. 10), de manera previa al perfeccionamiento del vínculo internacional, asegurando la observancia y cumplimiento de las normas constitucionales.
A su turno, el numeral 2º de la cláusula en mención se adecúa a lo dispuesto en la Constitución Política, considerando que determina —para la entrada en vigor de las eventuales enmiendas al convenio sub examine— que deberá surtirse el procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico nacional, a saber: el consagrado en los artículos 150, numeral 16; 189, numeral 2º; 224; y 241, numeral 10º de la Constitución Política, con anterioridad al perfeccionamiento del vínculo internacional(38).
Como corolario de lo anterior, tales numerales se encuentran en sujeción a lo previsto en la Constitución Política —artículos 226 y 227—, toda vez que reconocen la atribución y prerrogativa de la que es titular el Estado colombiano para terminar el vínculo internacional con el convenio sub examine, mediante remisión de nota diplomática de denuncia por, inter alia, razones de conveniencia nacional.
En lo concerniente al numeral 5º de la cláusula 13ª en mención, advierte la Corte Constitucional que se adecúa a lo previsto en la Constitución Política. Lo anterior, en la medida en que desarrolla el mandato de fundamentar las relaciones exteriores en el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por la República de Colombia —contenido en el artículo 9º—.
La obligación de registro del convenio sub examine ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) —numeral 5º de la cláusula 13ª en comento— emana del artículo 102 de la “Carta de las Naciones Unidas”, que proscribió los “tratados secretos” y dispuso que todo instrumento internacional gobernado por el derecho internacional público, concertado por sus Estados miembros, sería registrado en su Secretaría General “a la mayor brevedad posible”.
La precitada disposición de la “Carta de las Naciones Unidas” pretendió erradicar los efectos negativos de la “diplomacia secreta” que, bajo la égida de los “tratados secretos”, contribuyeron —ampliamente— a la guerra. Por consiguiente, para avanzar en la causa de la paz, los Estados signatarios de la “Carta de las Naciones Unidas” —entre ellos, la República de Colombia— consagraron la obligación de registro ante la organización internacional referida. Como se anotó en antecedencia, ello permite desarrollar el contenido del artículo 9º de la Constitución Política, en la medida en que coadyuva a la concreción de uno de los principios de derecho internacional aceptados por el Estado colombiano, a saber: el principio de proscripción del uso de la fuerza para la resolución de controversias internacionales.
En ese sentido, la Corte Constitucional exhorta al Gobierno Nacional —Ministerio de Relaciones Exteriores— a efectuar el registro del convenio sub examine ante la Organización de Naciones Unidas —sección de tratados de la oficina de asuntos legales de la Secretaría General—, en el término de la recepción por parte de la República Federal de Alemania de la nota diplomática mediante la cual se comunica la entrada en vigor del instrumento internacional, con el propósito de dar cumplimiento al artículo 9º de la Constitución Política, en relación con el artículo 102 de la aludida “Carta de las Naciones Unidas”.
En particular, las cláusulas 2ª; 4ª, 5ª y 12ª —que, prima facie, insinuaron algunos cuestionamientos sobre su constitucionalidad— fueron declaradas exequibles. En relación con la cláusula 2ª, se precisó que, para efectos de la República de Colombia, los principios de derecho internacional a los que alude la precitada disposición deberán ser aquellos aceptados por el Estado colombiano —conforme precisa la integralidad del texto del artículo 9º de la Constitución Política— y, por consiguiente, no todos los principios que imperen en la sociedad internacional.
En lo concerniente a las cláusulas 4ª y 5ª, se determinó: (i) solo es admisible la celebración y entrada en vigor de un “acuerdo de medidas”, sin precisar el trámite previsto en la Constitución Política para los tratados solemnes, si exclusivamente pretende ejecutar o desarrollar —de forma concreta— las cláusulas sustantivas consignadas en el convenio sub examine, sin exceder o desbordar lo allí estipulado (es decir, sin originar nuevas obligaciones a cargo del Estado colombiano); (ii) las denominadas “actas finales de las negociaciones intergubernamentales”, imponen una obligación de no hacer al Gobierno Nacional, en el sentido de proscribirle la facultad de consignar allí la asunción de obligaciones y compromisos jurídicamente vinculantes a cargo de la República de Colombia, en calidad de sujeto de derecho internacional; y (iii) los signatarios de los “acuerdos de ejecución” deben ser entidades del Estado colombiano que dispongan de capacidad para contratar y cuya normativa permita la asunción de las obligaciones específicas allí estipuladas: no podrán consagrar obligaciones a cargo del Estado colombiano in toto —en la medida en que, exclusivamente, tienen capacidad para comprometer a sus respectivas entidades suscribientes—.
1. Declarar EXEQUIBLE el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera”, suscrito en Bogotá D.C., República de Colombia, el 19 de julio de 2012.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1691 de fecha 17 de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera’, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2012”.
3. Disponer que se comunique esta Sentencia, inmediatamente y para lo de su competencia, al Presidente de la República y al presidente del Congreso de la República.
(1) Cuaderno principal (fls. 40 a 46).
(2) “(...).
a) los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado...” (destacado fuera de texto).
(3) Folio 46 del cuaderno primero.
(4) Gaceta del Congreso Nº 733 de fecha 26 de octubre de 2012 (pág. 13). Folio 14 del cuaderno primero.
(5) Copia cursada por el secretario general del Senado de la República, mediante Oficio S.G.0215.S-SG-E-2014-151 de fecha 4 de marzo de 2014, recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el día 4 de marzo de 2014 (fls. 1 a 4).
(6) Las Gacetas del Congreso, en relación con el primer debate del proyecto de ley aprobatoria, fueron cursadas por la secretaría general del Senado de la República, mediante Oficio S.G.0215.S-SG-E-2014-151 de fecha 4 de marzo de 2014 a la secretaría general de la Corte Constitucional. La aludida comunicación obra en el cuaderno primero.
(7) Folios 17 a 20.
(8) Gaceta del Congreso Nº 456 de fecha 27 de junio de 2013, pág. 2.
(9) Folio 43 del primer cuaderno.
(10) Las gacetas del Congreso, en relación con el segundo debate del proyecto de ley aprobatoria, fueron cursadas por la Secretaría General del Senado de la República, mediante Oficio S. G. 0215 S-SG-E-2014-151 de fecha 4 de marzo de 2014 a la secretaría general de la Corte Constitucional. La aludida comunicación obra en el cuaderno primero.
(11) Folio 26 del cuaderno primero.
(12) Folios 37 a 39 del cuaderno primero.
(13) Gaceta del Congreso Nº 511 de fecha 22 de julio de 2013, pág. 1 a 7.
(14) Folios 1 a 2 del cuaderno primero.
(15) Las gacetas del congreso, en relación con el tercer debate del proyecto de ley aprobatoria, fueron cursadas por la secretaría general de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, mediante Oficio CSCP 3.2.2.03.689/14 (IS) de fecha 24 de febrero de 2014 a la secretaría general de la Corte Constitucional. La aludida comunicación obra en el cuaderno segundo.
(16) Folio 38 del cuaderno segundo.
(17) Folios 119 a 121 del cuaderno primero.
(18) Gaceta del Congreso Nº 708 de fecha 11 de septiembre de 2013, pág. 1.
(19) Folio 108 del cuaderno primero.
(20) Las gacetas del Congreso, en relación con el tercer debate del proyecto de ley aprobatoria, fueron cursadas por la secretaría general de la Cámara de Representantes, mediante oficio de fecha 3 de marzo de 2014 a la secretaría general de la Corte Constitucional. La aludida comunicación obra en el cuaderno primero.
(21) Folio 146 del cuaderno primero.
(22) Folios 144 a 146 del cuaderno primero.
(23) Conforme se consigna en el Acta 244 de la Sesión Plenaria de fecha 29 de octubre de 2013 (i) la votación del informe de ponencia fue: setenta y seis (76) votos por el “Sí”, ocho (8) votos por el “No”. En consecuencia, fue aprobada. Folios 118 y 119 del cuaderno primero.
(24) Gaceta del Congreso Nº 1024 de fecha 10 de diciembre de 2013, págs. 15 a 23. Folios 88 a 92 del cuaderno segundo.
(25) Folios 49 y 50 del cuaderno primero.
(26) Conforme se consigna en el acta en mención: (i) la votación del texto del articulado propuesto fue: setenta y cuatro (74) votos por el “Sí”, once (11) votos por el “No”; y (ii) la votación del texto el título del proyecto de ley aprobatoria y del interrogante en relación con la voluntad de que el proyecto de ley se convirtiera en ley de la república fue: ochenta y un (81) votos por el “Sí”, nueve (9) votos por el “No”. Folios 118 y 119 del cuaderno primero.
(27) Folio 58 del cuaderno primero.
(28) Folio 1 del cuaderno primero.
(29) Ver, entre otras, las sentencias C-170 de 1995, C-363 de 2000, C-1258 de 2000, C-303 de 2001 y el Auto 288 de 2010.
(30) Ver, entre otras, las sentencias C-315 de 2004 y C-820 de 2004.
(31) Artículo 2º, párrafo 1º, de la “Carta de las Naciones Unidas”, suscrita en San Francisco, Estados Unidos de América, el 26 de junio de 1945.
(32) Corte Internacional de Justicia, Sentencia de fecha 3 de febrero de 2012 “Jurisdictional immunities of the State” (Alemania v. Italia; Grecia interviniendo), pág. 28.
(33) Corte Internacional de Justicia, “Case concerning maritime delimitation and territorial questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Jurisdiction and Admissibility, Judgment of 1 July 1994”, pág. 13: (...) In order to ascertain whether an agreement of that kind has been concluded, ‘the Court must have regard above all to its actual terms and to the particular circumstances in which it was drawn up...’”.
(34) Corte Internacional de Justicia, “Agean sea continental shelf case (Greece V. Turkey), Judgment of 19 December 1978”, pág. 40: “... On the contrary, in determining what was indeed the nature of the act or transaction embodied in the Brussels Communiqué, the Court must have regard above all to its actual terms and to the particular circumstances in which it was drawn up...”.
(35) Corte Internacional de Justicia, “Case concerning certain questions of mutual assistance in criminal matters (Djibouti v. France), Judgment of 4 June 2008”, pág. 38: “... Where jurisdiction is based on forum prorogatum, great care must be taken regarding the scope of the consent as circumscribed by the respondent State...”.
(36) Artículo 17, numeral 2º, de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares”: “... 2. Toda controversia de esta naturaleza que no pueda ser resuelta en la forma prescrita en el párrafo 1º deberá, a petición de cualquiera de las partes en dicha controversia, someterse a arbitraje o remitirse a la Corte Internacional de Justicia para que decida. Si se somete una controversia a arbitraje y dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las partes en la controversia no consiguen ponerse de acuerdo para organizarlo, cualquiera de ellas podrá pedir al Presidente de la Corte Internacional de Justicia o al Secretario General de las Naciones Unidas que nombre uno o más árbitros. En caso de que las partes en la controversia se hubieran dirigido a ambos, la solicitud de arbitraje dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas tendrá prioridad...”.
Artículo 18, numeral 2º, del “Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes”: “... Al ratificar, aceptar o aprobar el presente convenio, o al adherirse a él, o en cualquier momento posterior, toda parte que no sea una organización de integración económica regional podrá declarar, por instrumento escrito presentado al depositario que, con respecto a cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del presente convenio, acepta uno o los dos medios de solución de controversias que se indican a continuación, reconociendo su carácter obligatorio en relación con una Parte que acepte la misma obligación: (...) b) Sometimiento de la controversia a la decisión de la Corte Internacional de Justicia...”.
(37) Ver portal electrónico del Ministerio de Relaciones Exteriores —Biblioteca virtual de tratados—: http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/VerTratados.aspx?IDT=aee35626-4c3a-4167-9053-5ee59c896322 y http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/VerTratados.aspx?IDT=d9ccf1a7-befb-4d7a-ba21-ba8b6cdce0a1y
(38) Ver, entre otras, las sentencias C-639 de 2009 y C-378 de 2009, en las que la Corte Constitucional indica: “las enmiendas o modificaciones, como su nombre lo indica, alteran o varían el contenido del tratado inicialmente suscrito, de modo tal que el alcance de las obligaciones contraídas en un principio y todas las condiciones y reglas que las regulan no son las mismas. He ahí la razón para que las enmiendas o modificaciones de un tratado internacional estén sometidas al mismo procedimiento de aprobación por parte del Congreso y control constitucional que los tratados” (destacado fuera de texto).

References: artículo 5
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 189
 artículo 189
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 154
 artículo 143
 artículo 157
 artículo 144
 artículo 217
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 217
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 217
 artículo 8
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 217
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 175
 artículo 241
 artículo 189
 artículo 7
 artículo 241
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 227
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 150
 artículo 30
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 9
 artículo 102
 artículo 9
 resolución 
 artículo 9
 artículo 102
 artículo 9
 Artículo 2
 Artículo 17

Artículo 18