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Publicado en Junio 17, 2019 por Test
El diputado DC Iván Flores presentó un proyecto de resolución que rechaza la meta del año 2040 como límite para el cierre de centrales a carbón y advierte que no existe un cronograma claro para la etapa posterior al 2024. ‘Este es un tema demasiado serio como para no enfrentarlo con los estándares y exigencias que corresponde’.
Planteando que es posible reducir los plazos del plan de descarbonización sin afectar la estabilidad del suministro de energía, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, propuso al Gobierno acortar los tiempos para llegar al cierre de todas las centrales térmicas a carbón al año 2040; plazo anunciado por el Presidente de la República y que Flores considera ‘peligrosamente excesivo’.
En un proyecto de resolución de su autoría, el parlamentario DC recordó que la generación eléctrica a carbón constituye el 40% de la matriz energética del país y que el actual gobierno se propone llevar adelante un programa de cierre de centrales a carbón y su reemplazo por fuentes de energías renovables, ‘sin embargo, los plazos anunciados por la autoridad son absolutamente insuficientes y creemos que este proceso debe tener mayor celeridad, considerando el grave efecto que tiene las centrales de carbón en el planeta; no asumir este desafío es no entender en qué situación nos encontramos’.
‘Esto quiere decir que todavía no existe un cronograma para la etapa posterior al año 2024, por lo tanto aún es posible organizar el retiro de las plantas generadoras de energía a carbón, en plazos más acotados’, enfatizó el presidente de la Cámara de Diputados.
En ese marco, el proyecto de resolución busca que la Cámara de Diputados pida al Presidente de la República que, considerando los argumentos antes expuestos, ‘reduzca los plazos establecidos en el ‘Plan de Descarbonización’ anunciado recientemente’.
Publicado en: Elmostrador.cl	| Los comentarios están deshabilitados en Presidente de la Cámara ingresa resolución que pide al Gobierno reducir plazos en plan de descarbonización en Chile
Sector empresarial revela fórmulas para que Chile sea carbono neutral en 2050
El mundo privado reaccionó al conocer ayer en ‘El Mercurio’ este plan, que es el eje principal del anteproyecto de ley marco de cambio climático que trabaja el Gobierno.Aumentar el uso de las energías renovables, incentivar el uso de transporte eléctrico en pasajeros y carga, y elevar fuertemente la forestación. Esas son algunas de las variadas fórmulas que plantea el sector empresarial del país para que Chile cumpla la meta autoimpuesta de ser carbono neutral en el año 2050, siendo la primera nación en vías de desarrollo en aspirar a un objetivo de ese tipo.
El mundo privado reaccionó positivamente al conocer ayer en ‘El Mercurio’ este plan, que es el eje principal del anteproyecto de ley marco de cambio climático que trabaja el Ministerio del Medio Ambiente y que será presentado mañana para que sea objeto de debate en la ciudadanía. El proyecto apunta a que la economía nacional sea capaz de absorber tanto dióxido de carbono (CO{-2}) como el que genera, alcanzando un impacto medioambiental igual a cero.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Paulina Riquelme, considera que establecer la meta de carbono neutral para 2050 es potente, pero ello requerirá de una estrategia de largo plazo, donde se propongan medidas destinadas a crear condiciones ‘habilitantes’, como en materia regulatoria, de promoción y acceso a nuevas tecnologías, entre otras.
Riquelme sostiene que el mayor desafío para el país es lograr una estrategia de Estado que supere los cuatro años de gobierno y los ciclos electorales. Agrega que Chile, al estar en vías de desarrollo, requerirá de financiamiento permanente e incentivos a ‘la inversión baja en carbono’.
El presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, Claudio Seebach, sostiene ‘que Chile sea el primer país emergente en plantear una meta de carbono neutralidad por ley, en línea con lo propuesto por la ciencia, es una acción climática concreta, ambiciosa, pero necesaria. La electricidad será un pilar central para alcanzar este objetivo, a través de dos caminos: el crecimiento en energías renovables y la electrificación de los usos de energía, como transporte, hogares e industria’.
Seebach recuerda que en 2018, el 45% de la generación eléctrica fue renovable y que los últimos estudios indican que en 2030 se alcanzaría el 75%.
Para el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), Carlos Finat, el país debe reducir 45% las emisiones a 2030 y llegar a cero en 2050. Entre las medidas que propone está generar una ‘ley de acción climática’, ampliar el impuesto al CO{-2} a todas las actividades que lo generan, elevándolo desde los actuales US$ 5 a US$ 30 por tonelada de CO{-2}. El reemplazo de los autos a gasolina y diésel por eléctricos es otra de sus fórmulas.
En ese línea, el director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Cruz, propone potenciar el metro en ciudades de más de 500 mil habitantes, fomentar el transporte de superficie eléctrico (bus y autos), también los teleféricos y trenes eléctricos de cercanía.
Cruz añade que se debe suprimir el uso de la leña, especialmente en el sur del país; aumentar la superficie cultivable para la agricultura tecnificada, y educar en el uso eficiente del agua, entre varias otras ideas.
Desde el mundo forestal también comentaron el plan del Gobierno. El presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, asegura que el país ‘tiene todo el potencial para llegar a ser carbono neutral’, especialmente por su capacidad para generar energía a través del sol, viento, agua y biomasa. Igualmente, por las opciones que tiene para incrementar sus bosques ‘que transforman los gases contaminantes en oxígeno y nos proporcionan materiales sustentables’.
Ugarte recuerda que en la reunión COP de París, Chile se propuso la meta de plantar un árbol por cada chileno cada cuatro años, lo que —afirma— ha sido calificado como insuficiente por la comunidad científica internacional. Por ello, sostiene que su sector ha planteado sembrar cuatro árboles por cada persona al año durante las próximas dos décadas ‘y así alcanzar todo el potencial que tiene Chile para neutralizar el 100% de sus emisiones’.
En CMPC coinciden en que ‘las plantaciones forestales son importantes capturadoras de CO{-2}, así también las áreas de bosque y vegetación nativa, que representan un 30% del patrimonio forestal de la empresa en Chile, con casi 330 mil hectáreas’. La Papelera agrega que ‘se autoabastece en un 80% a través de energía renovable, principalmente biomasa’.
La industria pesquera también reaccionó. Héctor Bacigalupo, gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), estima que ‘el desarrollo tecnológico es la solución’, logrando un equilibrio entre mantener la actividad económica y los empleos que se generan, con una eliminación de los impactos al medio ambiente.
Bacigalupo afirma que el sector pesquero tiene varios proyectos en esa dirección, como la mejora en la potencia en las flotas de barcos, junto con la disminución de consumo de combustible. A la vez, para ferias libres están desarrollando ‘carros sustentables’ para la venta de productos del mar, que usan paneles solares y depósitos de aguas con desechos de pescados, que se convertiría en compost. Se agrega el aumento de cultivo de algas, que denomina ‘reforestación del mar’.
El investigador del Centro de Cambio Global UC, Luis Cifuentes, señala que lo básico es reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero —CO{-2}, CH{-4}, N{-2}0— y de los contaminantes climáticos de vida corta —carbono negro—, y aumentar la forestación. Añade que se debe agilizar la descarbonización de la matriz eléctrica.
Se debe poner énfasis en el transporte eléctrico para carga y pasajeros. El tren a Valparaíso debería ser un primer paso’.
Director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
Se requiere de un cambio cultural en las pautas de consumo y hábitos de la población, así como en los patrones de producción’.
Pdta. Comisión de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de la CPC
Expertos plantean aumentar los impuestos a las actividades que contaminen.
Los planteamientos de conservacionistas y ONGs
La organización conservacionista WWF Chile comenta que es necesario establecer una meta para que el país sea carbono neutral y valora que se realice. Sin embargo, la coordinadora de Clima y Energía de esa entidad, Paula Tassara, afirma que ‘neutralidad al 2050 no responde a la ambición que el país y el mundo necesitan’.
Tassara añade que el objetivo se puede lograr en 2040, ‘es una meta alcanzable, pero requiere un acuerdo país, un esfuerzo transversal, con acciones que se ejecuten desde hoy’. Indica que los sectores más gravitantes para esto son los que más emiten y que pueden adoptar cambios tecnológicos mediante incentivos de instrumentos públicos.
Patricia Araya, coordinadora de Cambio Climático de la ONG FIMA, celebra que el proyecto esté listo para ser conocido y evaluado. ‘La meta de carbono neutralidad es una buena noticia, sin duda. Pero para que estos anuncios sean coherentes, tenemos que acabar con las termoeléctricas, con todas, de aquí al 2030’, comenta. El Gobierno y las generadoras prevén acabar con este tipo de centrales en 2040.
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Enel define segunda etapa de crecimiento de energías renovables basada en plantas solares
Valter Moro, gerente general de Enel Green Power Chile, detalla los avances del plan de inversiones del grupo en el país en torno a US$ 1.360 millones.Como un plan ‘responsable’ califica Valter Moro, gerente general de Enel Green Power Chile, el cronograma de descarbonización dado a conocer en Chile por el gobierno, con miras a 2040. Un juicio que fundamenta en el hecho de que la salida de las unidades -los primeros 1.000 MW en un plazo de cinco años- va acompañada de la gestión técnica del Coordinador Eléctrico Nacional.
En este marco, la italiana asumió el compromiso de retirar su central Tarapacá, de 158 MW, en 2020 y Bocamina 1, de 128 MW, en 2023, pero Moro enfatiza que esto se podría adelantar.
El ejecutivo reconoce que el cierre de la primera de estas unidades se podría concretar a fines de este año. Asimismo, indicó que está analizando cuál será la decisión para el caso de las dos unidades restantes.
La descarbonización coincide con un presupuesto de US$ 2.050 millones para inversiones del grupo italiano en el país en los próximos años. De ellos, US$ 1.360 millones ya están en marcha, con energías renovables como protagonistas. Estos recursos se usarán para echar a andar 1.100 MW en nueva capacidad a 2021 y la hoja de ruta para materializarlos está clara.
Según detalla Moro, la empresa tenía contemplados 380 MW de energía solar, 140 MW en eólicos, 150 MW en Los Cóndores (hidroeléctrica) y 40 MW en Cerro Pabellón (geotermia). Además, acaba de definir 300 MW solares adicionales que se comenzarán a construir el próximo año.
Para este año, la empresa contempla la construcción de tres iniciativas, las que estarían en condiciones de entrar en operación en 2020.
Se trata de una planta solar de 380 MW que estará ubicada en aproximadamente 2 mil hectáreas en Copiapó. Esta iniciativa está en etapa de prospección y de análisis arqueológico del sitio, por lo que ya están trabajando con el Consejo de Monumentos Nacionales. ‘Tenemos un equipo de arqueólogos haciendo la fotografía. Ya tenemos la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la primera piedra la pondremos casi en paralelo con Cerro Pabellón, en los próximos meses’, dice.
Se suma una planta eólica en La Araucanía que ya tiene los permisos correspondientes y está en proceso de licitación de las maquinarias principales y de los servicios de infraestructura. ‘De hecho, podríamos empezar con la primera piedra ya al final de este año. Estamos bastante avanzados con la etapa de licitación, las obras son de grandes volúmenes e implican inyectar muchos megavatios al sistema, con paneles solares y turbinas eólicas’, dice Moro.
También está en carpeta la extensión de la geotérmica de Cerro Pabellón, que tienen en sociedad con ENAP. Moro señala que ‘en su momento realizamos los pozos, hicimos una inyección de agua y una línea de conexión nacional. Por lo tanto, ahora vamos a expandir la isla de producción donde no necesitamos pozo ni línea. Estamos agregando 30 megavatios y eso significa poner en marcha un sistema nuevo de interconexión y de turbinas con el vapor geotérmico y un sistema de enfriamiento del vapor de la turbina. Estamos en la etapa de finalización de los permisos y en paralelo estamos terminando la licitación’.
El financiamiento de la expansión aún está por definir, ya que si bien ENAP es socio con un 15%, están en el proceso de fijar la fórmula que determinará el aporte de capital de las partes. A esto se suma Los Cóndores, cuya construcción, según explica Moro, debiera terminar a fines de 2020 o principios de 2021, considerando su puesta en marcha o pruebas con agua. ‘Sufrimos algún retraso, es una obra de ingeniería bastante compleja en la cordillera. Hicimos parte del túnel de 14 kilómetros y nos falta terminar parte de la línea, pero nos queda poco, por eso tenemos un avance de alrededor del 70%’, asegura.
Luego Enel pasará a una segunda etapa para cubrir los 300 MW restantes. Moro adelanta que la idea es que sean tres proyectos solares en el norte, particularmente, en Antofagasta donde hay un mayor desarrollo de las plantas de este tipo.
Según los planes, probablemente comenzarán su construcción en 2020 para entrar en operación en 2021. ‘De aquí a fin de año veremos si hay algún agregado en este plan’, señala.
Impacto de la Descarbonización
Enel Generación detalló que por el cierre de las centrales Tarapacá y Bocamina I la empresa hará un deterioro de US$ 290 millones este año. Mientras, en el caso de los efectos financieros de Bocamina 2, que tiene fecha final para 2040, estos no fueron posibles de determinar. Ante este escenario, ya se está trabajando para aminorar el impacto que esto podría tener en los dividendos.
‘Hemos declarado en un hecho esencial un deterioro, por lo tanto, es una decisión estratégica bien ponderada por parte de la compañía. Estamos analizando cómo no penalizar a los accionistas con el dividendo’, dijo.
Empresa analiza opción de baterías en nuevos proyectos
En medio de las nuevas tecnologías o capacidades que las empresas están evaluando incorporar para dar respaldo al sistema, Valter Moro reconoce que las baterías son parte integrante de lo que se viene en materia de flexibilidad.
‘Las baterías pueden ser la otra respuesta al sistema. De hecho, ya estamos analizando dentro de nuestro proyecto de capacidad renovable cómo se pueden poner baterías dentro de la planta misma para compensar un poco o gestionar transitoriamente’, dice. Adelanta que esta variable se está incorporando al momento de pensar nuevas iniciativas. ‘Estamos buscando que cada proyecto nuevo lo vamos a analizar también con esta característica de batería’, dice.
El plan de descarbonización busca dar de baja 5.000 MW en capacidad instalada que hay en el sistema antes de 2040, con evaluaciones periódicas.
Enel, Engie, Colbún y AES Gener se comprometieron con el cronograma, lo que las llevará -en mayor o menor medida- a impulsar nuevos tipos de proyectos de energía renovable.
ENEL COMPROMETIÓ UN FUERTE PLAN DE INVERSIONES PARA EL PAÍS, LAS QUE SE DESARROLLARÁN EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS.
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“Necesitamos una nueva ley que traiga nuevos actores que pongan fin al monopolio de las grandes distribuidoras”
El exministro de Energía Máximo Pacheco no conoce personalmente al recién designado titular de la cartera, Juan Carlos Jobet, pero eso no fue impedimento para que le enviara un mensaje por WhatsApp felicitándolo por su nombramiento.
Sin querer entrar en las razones que motivaron la decisión del Presidente Piñera de sacar a Susana Jiménez de la cartera —porque ‘por mi formación republicana sé que en un régimen presidencial el que resuelve los cambios es el Presidente de la República’—, entra de lleno en lo que, a su juicio, son los ‘importantes desafíos’ que el ministro Jobet debería priorizar: modernizar la Ley de Distribución e implementar la descarbonización de la matriz eléctrica. Avanzar en esto último, agrega, va en línea con la intención del Gobierno de dinamizar la inversión.
—¿Cuál debería ser la prioridad del nuevo ministro de Energía?
‘Está claro que la energía es una política país y Chile está encauzado en un proceso de revolución energética que ha sido extraordinariamente exitoso y reconocido internacionalmente, por lo que hay que continuarlo. Lo primero que debiéramos hacer es discutir una nueva ley de distribución eléctrica, porque la que tenemos tiene 40 años, está obsoleta y no recoge lo que se ha hecho en otros campos como la transmisión, la generación o distribución de gas, que es que el Estado impulsa políticas para traer competencia al sector.
Necesitamos una nueva ley que traiga nuevos actores que pongan fin al monopolio de las grandes distribuidoras; reducir la rentabilidad exorbitante que tienen para ser un servicio regulado, la que causa precios altísimos en la cuenta de la luz; terminar con la empresa modelo para conocer realmente la estructura de costos de las empresas, y llegar a un esquema que permita mejorar la seguridad de suministro, porque no es aceptable que Chile tenga en promedio 12 horas de corte de suministro como fue el año pasado, mientras que en Europa las interrupciones no superan el año’.
‘Los estudios de una nueva ley de distribución comenzaron el 30 de septiembre de 2016. Ya están hechos y el debate prelegislativo tiene ya un largo tiempo en las mesas que han existido para ello. No se necesitan más estudios. Llegó el momento de resolver y legislar, y eso requerirá liderazgo y voluntad política. Una buena ley de distribución eléctrica puede disminuir las cuentas de la luz en por lo menos un 10%, adicional a lo que van a bajar por la caída de los precios de la energía pactados en las licitaciones de suministro’.
—¿El proyecto de ley corta que está en trámite es lo adecuado para lograr ese objetivo?
‘No, ese proyecto debe dar pie a una ley que aborde los temas de fondo. El texto es adecuado en algunas cosas, insuficiente en otras y algunas de sus propuestas son equivocadas. El llamado es a enfrentar los temas de fondo de la distribución eléctrica y el principal es poner fin al monopolio de las grandes distribuidoras en el sector’.
—Pero el proyecto apunta solo a bajar la rentabilidad.
‘Así es, y lo que la ciudadanía reclama es una nueva ley de distribución eléctrica, y eso lo expresó claramente con su irritación en el caso de los medidores. Hay un buen ambiente en el Parlamento. La principal lección y aprendizaje del período en que fui ministro es que el Estado puede impulsar la competencia en los mercados, puede convocar, alinear y construir los acuerdos que se necesitan para enfrentar este tema de las cuentas de luz, que le pega muy directamente al bienestar de los hogares en Chile’.
—¿Ve ahí entonces la prioridad para el ministro Jobet? ‘Es uno de los grandes desafíos, el segundo es el plan de descarbonización. No hay razón para no ser ambiciosos en el plano energético, y el plan de descarbonización del Gobierno carece de esa ambición. El anuncio del cierre de ocho plantas viene de una época anterior, son unidades con más de 40 años de operación y lo que corresponde es reducir el plazo de salida para las otras 20 centrales a carbón a una fecha más cercana a 2030, con un cronograma que sea conocido y también los recursos que se necesitarán. Es importante que el plan contenga las normas y regulaciones para que el decomisionamiento de estas plantas se haga de forma sustentable y que el retiro sea justo con las comunas donde están emplazadas estas centrales que van a cerrar (…). Lo que postulo es que con el plan de descarbonización —por todo lo que significa en desarrollo de nuevas fuentes de generación y nuevas líneas de transmisión—, el sector energía puede volver a liderar la inversión, y para eso ese requiere liderazgo, convicción y buena gestión’.
‘Otro tema que es muy importante es regular el uso de la leña, todos tenemos conciencia de que está pendiente desde hace muchos gobiernos, que desde Rancagua al sur tiene un uso intensivo y que genera problemas severos a la salud de los hogares’.
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Descarbonización: riesgo de déficit de abastecimiento en la Región de Valparaíso habría motivado esquema de reserva
Compañías como la italiana Enel tienen planes para reutilizar estos recintos con fines que van más allá de lo industrial, mientras otras firmas han optado por adaptar las unidades para usar combustibles menos contaminantes. Estos son ejemplos que podrían replicarse en Chile al alero del de descarbonización.Con 5,8 millones de personas que lo recorrieron, el museo de arte moderno de Londres fue el séptimo más visitado del mundo en 2018.
Su ubicación céntrica —en el distrito de Bankside— y una colección permanente, catalogada como una de las más completas del mundo, con obras de la mayoría de los artistas más relevantes del siglo XX —Pablo Picasso, Andy Warhol, Salvador Dalí o Mark Rothko—, hicieron que el Tate Modern superara a otros de su categoría, como el MoMA de Nueva York o el Reina Sofía de Madrid.
Hay una característica del museo londinense que lo hace muy particular y que no todos conocen: hasta 1981 el recinto que lo alberga fue una central termoeléctrica, que a raíz de un cambio en las condiciones del mercado se volvió inviable y cerró tras 35 años de operación.
El recinto estuvo un tiempo en desuso y después de cuatro años de trabajos de adaptación —donde se preservó el edificio de ladrillos, la estructura de acero y la chimenea de 90 metros de altura—, el museo abrió sus puertas el año 2000, convirtiéndose en una prueba de que los recintos industriales pueden tener otro uso.
Esto cobra mayor relevancia ahora, cuando varios países —entre ellos Chile— están anunciando planes de cierre de centrales a carbón.
En Europa y en América del Norte hay proyectos de reconversión con fines que van más allá de lo industrial. Centros logísticos, espacios comerciales y de turismo e incluso iniciativas inmobiliarias son las posibilidades que se barajan para dar un nuevo aire a estos sitios.
La mesa de descarbonización que el Ministerio de Energía formó con las generadoras para definir el cronograma de retiro de centrales a carbón utilizó como uno de sus insumos un estudio de la consultora Inodú, que analiza las variables ambientales y sociales que inciden en estos procesos, a partir de experiencias internacionales.
Una de estas fue la de Salem Harbor, una planta de carbón y petróleo (748 MW) construida entre 1950 y 1970, ubicada en el borde costero de la ciudad del mismo nombre, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos. El cierre de la planta se anunció en 2010 y dos años después la instalación fue vendida a Footprint Power, una empresa dedicada al cierre y reconversión de este tipo de instalaciones, que en 2018 la reabrió, pero adaptada para el uso de gas y ocupando una fracción menor de las 25 hectáreas que tenía el complejo original.
El proceso incluyó la remediación ambiental del suelo —por la presencia de metales pesados y petróleo— y un trabajo conjunto con autoridades y comunidades locales para definir el destino del terreno que quedó sin uso, lo que aún no concluye. Entre las recomendaciones figura la habilitación de un muelle de cruceros, una zona de estacionamientos y la generación de espacios de uso mixto (comerciales y de retail) abiertos al público, con lo cual se busca reemplazar el aporte fiscal que hacía la central.
Desde centros logísticos hasta recintos turísticos, el plan de Enel para transformar 23 centrales en Italia Abrió sus puertas a mediados de marzo pasado, convirtiéndose en el primer hito del programa Futur-e para la transformación de 23 instalaciones en desuso en Italia y España, que Enel lanzó en 2015.
Se trata del centro logístico de Carpi, que aprovecha parte de lo que fueron las instalaciones de la central a gas Fossoli (180 MW), construida a fines de la década de 1980 en la provincia de Módena. El nuevo recinto será utilizado por la propia Enel como uno de sus hub de almacenamiento para atender al noreste de Italia, ya que allí se habilitó un galpón de más de 20 mil metros cuadrados y una superficie similar externa, donde además se consideran instalaciones para reciclaje y recuperación de elementos.
Con este plan de renovación la eléctrica se adelanta al programa de descarbonización de su matriz eléctrica que las autoridades italianas tienen previsto oficializar en 2021. ‘El modelo, que se centra en la sostenibilidad del sistema, tiene como objetivo identificar, a través de licitaciones y concursos para nuevos proyectos, posibles soluciones circulares y sostenibles a largo plazo capaces de transformar las centrales eléctricas en nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades’, explican en Enel.
La eléctrica —que es el mayor operador en el mercado chileno— tiene planes concretos de reconversión en Italia y España para ocho de las 23 unidades, mientras en once tiene procesos en curso vía concursos internacionales, reconversiones internas y estudios.
El complejo Alessandro Volta, una mole con 3.600 MW —superior a toda la capacidad en base a gas actualmente disponible en Chile—, ubicada en la localidad de Montalto di Castro, en la región del Lazio, es una de las instalaciones que tiene un plan avanzado para sus más de 200 hectáreas.
En agosto del año pasado, Enel firmó una carta de intención con Studio Amati Architetti, firma especializada en reconversión de áreas urbanas, que participó en uno de estos concursos con el proyecto ‘Marina della Tuscia’, que considera convertir el recinto en el primer distrito náutico de la provincia del Viterbo.
Entre otras cosas, contempla transformar el canal que abastecía de agua a la central en una conexión entre el mar Tirreno y un espejo de agua interno, que permita la navegación. Además, habilitar un área comercial en la estructura que se levantó para albergar una central nuclear que nunca se concretó, mientras que la más alta de las chimeneas de la central será un espacio para proyecciones y eventos artísticos.
El proyecto también considera viviendas sociales y otros recintos inmobiliarios residenciales y turísticos. Esto ha atraído a varios inversionistas nacionales e internacionales vinculados al turismo, la construcción naval y el comercio, explicó en su momento la italiana, que está a la espera de finalizar la fase de estudios para cerrar la venta.
La regeneración urbana y la arqueología industrial son los elementos que se conjugan en otro caso de reconversión vinculado a la firma italiana, el de la antigua central Bari, emplazada en la zona del mismo nombre. Se trata de una unidad que comenzó a construirse al alero del Plan Marshall y entró en operaciones en 1958, siendo la primera termoeléctrica de la región de Puglia, y que dejó de funcionar en 2013. Debido a esta componente histórica, en la reconversión se preservará la estructura del recinto original.
El año pasado, Enel escogió dos propuestas presentadas por actores locales, que consideran reutilizar espacios para habilitar edificios de uso productivo, para el ocio y la cultura. Esto incluye, por ejemplo, un parque científico que integra actividades de formación, investigación, innovación y vivienda social. ‘Enel ahora discutirá con los proponentes para definir cuál se convertirá en una realidad y tomará el lugar de la planta’, informó la compañía recientemente.
En otros casos, los planes incluyen habilitar un pueblo turístico al aire libre en la central de Porto Tolle (Véneto); proyectos de movilidad eléctrica para Trino (Piamonte); y en el caso de Piombino (Toscana), la idea es desarrollar un área comercial y turística.
El Estado de Reserva Estratégica (ERE) fue clave para sellar el acuerdo que hace un par de semanas el Gobierno firmó con las cuatro generadoras que tienen centrales a carbón en Chile. Así lo reconocieron en la industria y en el propio gobierno.
El esquema permite que, por temas de seguridad, las centrales sigan disponibles por hasta cinco años, recibiendo las firmas un pago a cambio.
La fórmula fija que las centrales que se acojan a ERE recibirán el 60% del pago por potencia, equivalente a la capacidad efectiva de producción de cada unidad, que es uno de los componentes de la remuneración que reciben las eléctricas en el sistema. El otro es la energía que efectivamente inyectan a la red, explica el socio director de la consultora EnergiE, Daniel Salazar, quien precisa que por diseño este monto tiende a tener poca variación.
A juicio de quien hasta 2018 fue director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) —entidad que administra el sistema eléctrico—, el ERE se explica en gran medida por la necesidad del Gobierno de asegurar el suministro en un área específica: la costa de la Región de Valparaíso.
El especialista explica que la limitada capacidad de transmisión en esa zona hace que las unidades 1 y 2 de Ventanas, que AES Gener acordó cerrar en la primera fase del plan, abastezcan parte importante de los consumos de esa área específica.
Tradicionalmente se ha considerado que la Región de Valparaíso es una ‘exportadora’ de energía, debido a la presencia de varias termoeléctricas. Sin embargo, Salazar dice que las unidades de AES Gener ‘tienen una alta colocación para cubrir la demanda de la zona costera de la Región de Valparaíso’, asegura.
Según datos del CEN, entre 2016 y 2018 estas unidades operaron más del 70% del tiempo.
‘La transmisión se desarrolló asumiendo que esas dos centrales siempre estarían disponibles y operando, por lo que no se requería desarrollar capacidad adicional para abastecer a ese sector desde otros puntos’, agrega Salazar.
En el mercado comentan que el episodio ambiental del año pasado en Quintero-Puchuncaví evidenció esta vulnerabilidad, porque ante la decisión de la autoridad ambiental de detener las operaciones industriales en la zona, en el caso de Ventanas se redujo la operación de una de las dos centrales. ‘Eso fue una solución de compromiso, porque sacar ambas o incluso una implicaba una pérdida de seguridad del suministro para la zona, porque la operación se da justo al límite’, aseguran en una generadora.
Efectivamente, hasta el momento, AES Gener es la única de las tres empresas dueñas de las ocho centrales que tienen fecha conocida de cierre que anunció que se acogerá al ERE con las unidades de Ventanas. Engie y Enel no lo harían porque el pago acordado no cubriría suficientemente el costo de mantención de las centrales.
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El elogiado último discurso de Juan Carlos Jobet en su trabajo anterior
Hace una semana, poco antes de que fuera sorpresivamente nombrado como el nuevo ministro de Energía, en reemplazo de Susana Jiménez, Juan Carlos Jobet debió exponer en la reunión mensual del Consejo de Políticas de Infraestructura, donde hasta el jueves se desempeñaba como gerente general.
En la ocasión, el nuevo encargado de Energía se refirió en detalle a los cambios legales que se necesitan para que el Fondo de Infraestructura —creado en octubre del año pasado, para ‘desarrollar actividades de financiamiento e inversión en proyectos’— sea asimilado, por ejemplo, por otros instrumentos, como la ley de concesiones. Ahondó, además, en las campañas que se deben hacer para que los ciudadanos paguen los peajes, que son el origen del dinero del fondo.
Según quienes estuvieron ahí, su discurso generó variados elogios y felicitaciones de las personalidades presentes, entre ellos, los expresidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, además de los exministros Sergio Bitar y Hernán de Solminihac. ‘Fue una buena exposición, seria, muy preparada’, se comentó de quien luego sería nombrado parte del gabinete presidencial.
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[Carta al director] ¡Tenemos nuevo ministro!
Por: Hugh Rudnik
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La gran deuda del gobierno que no permite destrabar la ejecución de proyectos
Pese a que lleva casi un año en el Legislativo, no ha habido avances en una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Mientras desde el empresariado se le han hecho observaciones, la autoridad anunciará indicaciones que buscan agilizar el proyecto. Los economistas advierten el impacto macro de que las cosas sigan tal como están.Fue una de las tantas promesas de campaña. No solo en la elección recién pasada, sino también en la anterior de la exmandataria Michelle Bachelet, e incluso en la de 2010, cuando Sebastián Piñera salió electo Presidente por primera vez. Los tiempos tras los permisos para ejecutar proyectos han teñido todos los gobiernos. Y no solo eso: han sido el eterno clamor de empresarios e inversionistas que han visto caer iniciativas ante la lentitud en las autorizaciones. Y ahora no es la excepción. ‘Son los permisos, estúpido’. La célebre frase del asesor de Bill Clinton, James Carville, en alusión a la economía, cobra nueva fuerza en medio de una actividad que no repunta. Hoy, más allá de las reformas emblemáticas, existe consenso en que la gran deuda es la agilización de los permisos, una herramienta clave para elevar la inversión.
Así, la institucionalidad ambiental ha estado en la primera línea de las miradas de quienes consideran que se requiere de un tiempo demasiado prolongado para sacar algo adelante, en un área donde, además, existían grandes expectativas al inicio de este gobierno en torno a una reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que justamente apuntara a acelerar procedimientos e incorporara variables ciudadanas al inicio y no al final de los procesos. Si se consideran los proyectos aprobados en el SEIA durante los primeros tres meses del año, el tiempo medio que se requiere para que una iniciativa obtenga luz verde es de unos 13,6 meses, un lapso que pese a las declaraciones y buen ánimo de la autoridad en orden de acelerarlos, es un período de tiempo solo 4% más bajo que lo que se registraba al inicio de 2018, de acuerdo con el reciente informe del Observatorio de la Productividad de la CPC y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Ello, por cierto, no incluye la postergación -que en casos extremos puede llegar a ser definitiva- que enfrentarían los proyectos si debido al rechazo de comunidades u otros motivos entran en una espiral de judicialización que hasta ahora no ha conseguido amainar.
A fines de julio de 2019, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que obliga a que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se sometan a un proceso de consulta ciudadana anticipada -previo a su ingreso al SEIA-, además de medidas como la eliminación del Comité de Ministros y el Recurso de Reclamación Administrativo, para evitar una doble revisión administrativa de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). También, el proyecto, que no ha logrado caminar en el Legislativo plantea, la creación de tres comisiones macro-zonales, las que serán las encargadas de realizar la calificación de los proyectos, pero no se eliminan las oficinas regionales del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Tal y como llegó al Congreso, distintos sectores han planteado que la iniciativa legal requiere de cambios para cumplir con los objetivos para los que fue diseñado.
‘El proyecto requiere reformularse, por cuanto no cumplió con los dos propósitos fundamentales que expresamente se propuso. Tanto la reducción del componente político como la ampliación de la participación ciudadana. Ambos objetivos se focalizaron en destrabar el procedimiento contencioso administrativo ambiental y no en la fluidez y agilidad de la operación del sistema. Se trató de una discusión eminentemente procesal y poco de SEIA’, dice Jorge Cash, exfiscal del Ministerio del Medio Ambiente y jefe del área medioambiente de Elías Abogados. Y agrega que, por otro lado, el informe que la OIT hizo llegar a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, respecto de que este proyecto, por las normas referidas a participación ciudadana, era susceptible de afectar a las comunidades indígenas y requiere someterse al proceso de consulta indígena, suspende la tramitación legislativa hasta que no se dé cumplimiento a dicho procedimiento. ‘Lo anterior supone que la reforma al SEIA volverá a discutirse en un próximo gobierno’, dice. Preocupación empresarial El año pasado ingresaron al SEIA un total de 716 proyectos, con una inversión de US$ 26.400 millones, principalmente en minería, sector inmobiliario y energía.
En lo que va de 2019 han comenzado su tramitación 240 proyectos, por casi US$ 9.000 millones, también en su mayoría en los mismos tres sectores. Según la información del Ministerio del Medio Ambiente, 723 proyectos finalizaron su tramitación en 2018 por US$ 36.550 millones, mientras que durante lo que va de este año alcanzan a 241, por US$ 10.000 millones. Para la minería, pilar fundamental de la economía y el sector que más proyectos tiene en tramitación, agilizar el avance de las iniciativas es un asunto que no puede seguir esperando. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, indica que si bien el gremio apoya la participación ciudadana anticipada presentada en el proyecto, ‘aún falta precisar procedimientos, institución a cargo, resultados, mecanismo de validación y empalme con la consulta indígena’. Asimismo, sostiene que las compensaciones económicas que no forman parte del SEIA no debiesen ser tratadas como gasto rechazado, y agrega que se debe tener en cuenta que las comunidades quieren ser parte de los proyectos que agregan valor compartido, por lo que hay que buscar una institucionalidad más adecuada para ello.
‘No tenemos seguridad de cómo seguirá avanzando la iniciativa en el Congreso. Lamentablemente, este no es el único proyecto de ley que se encuentra entrampado’, responde Villarino. ‘De no avanzar en su discusión, Chile está perdiendo una oportunidad de solucionar un problema que es apremiante. Al final, las grandes inversiones del país pasan por Estudios de Impacto Ambiental, y si no te- nemos un sistema que le dé tranquilidad a la ciudadanía, seguridad a las empresas, y de alguna manera se preocupe de la conservación y cuidado del medioambiente, no vamos a tener buenos proyectos’, añade el dirigente. Distintos observadores han alertado sobre la falta de movilidad en el Congreso de los proyectos debido a la intensa agenda que ha impulsado el Ejecutivo y que tiene como piezas claves las reformas en las área tributaria y previsional.
Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), indica que si bien el sector valora el esfuerzo del gobierno de presentar el proyecto de reforma ambiental, es necesario incorporar un criterio de tipología a los proyectos de modo que no se hagan exigencias desmedidas a desarrollos cuando estas no se justifican. ‘El proyecto de ley está pensado para los megaproyectos que ingresen vía Estudio de Impacto Ambiental, lo cual redunda en mayores exigencias, tiempos y gastos para todos quienes deban ingresar a través de un EIA, sin distinguir las circunstancias particulares de cada proyecto, su magnitud y complejidades. En dicho contexto, el proyecto no considera un tratamiento diferenciado, lo que naturalmente podría afectar, complejizar o frenar inversiones más pequeñas’, sostiene Hernández. ‘El riesgo de no modernizar el SEIA es mantener a la industria e inversores con niveles de incerteza sobre la posibilidad y los tiempos para ejecutar proyectos de inversión en el territorio nacional, lo cual se traduce en desincentivos a la economía producto de bajas en la inversión, disminución en productividad y un posible aumento en la tasa de desempleo.
En tal escenario, resulta esencial contar con la mayor seguridad jurídica en materia ambiental, que permita considerar a Chile como un lugar estable y atractivo para los capitales nacionales y extranjeros’, añade Hernández. Impacto macro La semana que termina fue particularmente agitada en cuanto a noticias económicas, además de los titulares que concentró el esperado cambio en el gabinete. Luego de la sorpresiva baja de 50 puntos base en la Tasa de Política Monetaria (TPM) a 2,5% por parte del Consejo del Banco Central el viernes 7, tras una recalibración del PIB potencial y tendencial, el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio relevó el lunes un deterioro en todos los indicadores clave esérados para 2019: el PIB crecería entre 2,75% y 3,5%, mientras que la demanda interna apenas lo haría 2,9% y la Formación Bruta de Capital Fijo se expandiría un 4,5%. A lo anterior se sumó el jueves el cambio ministerial que incluyó la salida del extitular de Economía José Ramón Valente y su reemplazo por el hasta ese momento titular de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, y que coincidió con la publicación de los resultados de la encuesta del CEP, estudio que mostró que para 61% de los chilenos el país sencillamente está estancado. En medio del letargo de la actividad, las expectativas de los consumidores que no logran repuntar y un escenario externo que parece cada vez más complejo -con una caída en el precio del cobre y la cada vez más dura guerra comercial entre Washington y Beijing-, la tardanza en la aprobación de los papeles que requieren los proyectos en el país tampoco contribuye a mejorar las cosas. ‘La demora en la tramitación de aprobaciones de proyectos es un componente crítico en los procesos de inversión. Existe evidencia de que la lista de proyectos por ser aprobados es larga, lo cual, naturalmente, redunda en rezagos significativos en el inicio de las inversiones, y mayores costos propios de la espera y de carácter legal.
Es difícil tener una buena estimación de cuánto esto implica en menor crecimiento, porque es probable que algunos proyectos ni siquiera inicien el proceso de aprobación’, dice Sergio Lehmann, economista jefe de Bci. Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, recuerda que en períodos de debilidad económica como el actual, es importante considerar que cualquier inconveniente en la tramitación y obtención de permisos afecta mucho más en el desarrollo de cualquier proyecto, ya que en estos casos existe menos holgura para acomodar o internalizar los mayores plazos o postergaciones que provoca la falta de agilidad en la obtención de las autorizaciones. ‘En este contexto, la evidencia última indica que la tramitación de permisos se ha vuelto engorrosa, a un nivel crítico, elevando los plazos de concreción de proyectos. Todo esto se ha reflejado en la baja tasa de concreción de proyectos que exhibe la economía chilena desde hace algunos años y que se ha manifestado en tasas de inversión bajas y en varios años negativas’, dice Rojas. De acuerdo con el economista, este 2019 la ejecución de proyectos ha continuado siendo baja, todo lo cual se reflejará en que a la tasa de inversión fija le será difícil superar el 4% anual, como estima el Banco Central en su último IPoM. Mañana lunes el gobierno pretende presentar cambios al proyecto de reforma del sistema ambiental en un encuentro que sostendrán la ministra Carolina Schmidt y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que lidera el parlamentario Félix González.
‘Luego de escuchar a los diferentes actores que asistieron a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados decidimos ingresar una modificación que recoge estos planteamientos, que nos permitirá avanzar hacia una modernización integral del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental’, señala una declaración del ministerio. ‘Las modificaciones que daremos a conocer a los diputados buscan fortalecer la descentralización en la toma de decisiones, potenciar la mirada técnica en el Servicio de Evaluación Ambiental, generar un acceso igualitario a la justicia ambiental y fortalecer los procesos de participación ciudadana’, agrega, sin dar más detalle. Así, las cartas del Ejecutivo estarán ahora en esta cancha, pues son iniciativas como estas las que podrán reanimar las inversiones.*
>>Actualmente, una iniciativa que ingresa a tramitación ambiental demora una media de 13,6 meses en conseguir su aprobación.
>>La minería, el sector inmobiliario y la energía son las áreas que concentran los mayores proyectos.
>>Se espera que la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anuncie mañana indicaciones al proyecto de modernización del SEIA.
>> Existe incertidumbre sobre si el proyecto podrá avanzar en el Legislativo, donde ingresó el 31 de julio del año pasado.
>>’No tenemos seguridad de cómo seguirá avanzando la iniciativa en el Congreso. Lamentablemente, no es el único proyecto de ley entrampado’.
JOAQUÍN VILLARINO Presidente del Consejo Minero
>>’El proyecto requiere reformularse, por cuanto no cumplió con los dos propósitos fundamentales que expresamente se propuso’.
JORGE CASH Exfiscal de Medio Ambiente
>>’Resulta esencial contar con la mayor seguridad jurídica en materia ambiental, que permita considerar a Chile como un lugar estable y atractivo’.
DIEGO HERNÁNDEZ Presidente de Sonami
>>’La demora en la tramitación de las aprobaciones de los proyectos es un componente crítico en los procesos de inversión’.
SERGIO LEHMANN Economista jefe de Bci
>>’La evidencia última indica que la tramitación de permisos se ha vuelto engorrosa, a un nivel crítico, elevando los plazos de concreción’.
PATRICIO ROJAS Economista de Rojas y Asociados
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Enel Chile reactiva proyecto solar en Antofagasta
Enel Chile reactivó el desarrollo de otro proyecto fotovoltaico que tenía en carpeta, y con el que ya cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) hace varios años, según publicó ValorFuturo.
Se trata del proyecto denominado ‘Valle del Sol’, que se emplazará en la comuna de María Elena, en la Región de Antofagasta, y que cuenta con RCA favorable desde 2013.
En este contexto, Enel Green Power Chile ingresó una consulta de pertinencia al SEA, con el fin de conocer la opinión del organismo respecto a cambios que desea impulsar en el proyecto. Entre estos cambios se incluye el aumento de la potencia autorizada desde 143 MW a 188 MW.
Publicado en: El Mercurio	| Los comentarios están deshabilitados en Enel Chile reactiva proyecto solar en Antofagasta
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