Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531234.html
Timestamp: 2019-03-19 10:02:16+00:00

Document:
as201531234
Auto Supremo Nº 234
Expediente: 402/2014-A
Demandante: Emilio Sejas Ramírez
VISTOS: Los Recursos de Casación de fs. 192 a 194 y 197 a 198 vta., interpuestos por Santos Victoriano Salgado Ticona en representación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales y por Emilio Sejas Ramírez respectivamente, contra el Auto de Vista Nº 161/2014 de 31 de marzo de 2014 de fs. 166 a 172 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso contencioso tributario seguido por Emilio Sejas Ramírez contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), las respuestas de fs. 202 a 203 y 205 a 206 vta., respectivamente; el Auto que concedió los recursos de fs. 207; los antecedentes del proceso, y:
Que, interpuesta la demanda coactivo fiscal y tramitado la misma, el Juez Segundo de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Santa Cruz, emitió Sentencia Nº 07/2012 de 31 de diciembre de fs. 133 a 142, declarando probada en parte la demanda de fs. 12 a 14, ampliada por memorial de fs. 52 a 54 vta., interpuesta por Emilio Sejas Ramírez, contra la Gerencia Distrital de Santa Cruz del SIN, en consecuencia revocó parcialmente la Resolución Determinativa (RD) No 17-0701-09 de 10 de noviembre de 2009, declarando la extinción por prescripción de las obligaciones tributarias y sanción por evasión, señalados en el considerando III, punto 1.10.10, 1.10.11 y 1.10.15 de la presente sentencia, y en merito a los demás puntos desarrollados en el considerando III, mantiene firme y subsistente la obligación tributaria determinada con respecto a los impuestos IVA e IT correspondiente a los periodos diciembre 2001 a septiembre 2002 y con respecto RC-IVA correspondiente a los periodos trimestrales de diciembre 2001 marzo 2002, junio 2002 y septiembre 2002 y la sanción por omisión de pago determinado, con respecto a los Impuestos IVA, IT y RC-IVA, correspondiente a los periodos de marzo 2005 a marzo 2006.
Interpuesto el recurso de apelación por Mayra Ninoshka Mercado Michel en su condición de Gerente Distrital de Santa Cruz del SIN de fs. 146 a 148 vta., la respuesta al recurso de la parte contraria, el Auto de 12 de noviembre de 2013, que concedió el recurso en efecto suspensivo, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 161/2014 de 31 de marzo, de fs. 166 a 172 vta., confirmó en su totalidad la Sentencia Nº 07/2012 de 31 de diciembre. Sin costas.
Dicha resolución motivó los recursos de casación de fs. 192 a 194 y 197 a 198 vta., interpuestos por Santos Victoriano Salgado Ticona en representación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN y por Emilio Sejas Ramírez respectivamente, quienes señalaron:
II.1. Recurso de casación en el fondo interpuesto por Santos Victoriano Salgado Ticona en representación del SIN
a) Acusa violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, denunciando, que el Auto de Vista recurrido aplicó e interpretó erróneamente el art. 52 Código Tributario (CTb) de 28 de mayo de 1992, al confirmar la Sentencia que restringe las facultades de la Administración Tributaria respecto a los periodos comprendidos entre septiembre de 1998 a noviembre de 2001 respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), los periodos trimestrales de septiembre de 1998 a septiembre de 2001 para el Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) y en lo concierne a la sanción por evasión correspondiente a los periodos comprendidos entre el 1 de septiembre de 1998 a septiembre de 2001, sin tomar en cuenta que“..En los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho”, el término de la prescripción se extiende a siete años, y porque además, tampoco consideraron que el ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria comienzan a partir del momento que tuvo conocimiento del nacimiento del hecho generador, momento desde el cual debe empezarse a computar el término de la prescripción, en el caso concreto, desde el 21 de junio de 2006 a horas 16:20, fecha en la cual Marcelo Roas Condori, en su condición de inquilino del contribuyente realiza la denuncia en contra del contribuyente al no emitirle factura de alquileres de los periodos septiembre/1998 a marzo/2006. Manifiesta que, los impuestos cuya vigencia se encontraban alcanzados por el Código Tributario, prescribirían el año 2011 y los que están alcanzados por el Código Tributario Boliviano el año 2010, de ahí que, las facultades que goza la Administración Tributaria no se encuentran prescritas, toda vez que la Resolución Administrativa que interrumpe el computo de la prescripción fue emitida y notificada el año 2009.
b) Señala que, en cuanto a los periodos comprendidos entre el 02/09/2002 a 28/02/2005, el Tribunal de Alzada no ha considerado los arts. 65 y 76 del Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003, el primero referido a la presunción de legitimidad de los actos de la Administración Tributaria y el segundo que dispone que en los procesos administrativos y jurisdiccionales, quien pretende hacer valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos del mismo, de ahí que, tanto el Juez como el Tribunal, al concluir que no se ha demostrado que existan hechos generadores del tributo durante estos periodos, no han considerado que la carga de la prueba corresponde al contribuyente, el cual no ha demostrado que el contrato que supuestamente finalizaba el 10/09/2002, no fue objeto de tácita reconducción, a través de contratos verbales, por lo que, se debió mantener firme la determinación impositiva sobre los indicados periodos.
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 275 del Código de Procedimiento Civil (CPC) Case en parte el Auto de Vista recurrido respecto a la parte desfavorable a la Administración Tributaria, y declare improbada la demanda interpuesta por el contribuyente, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa No 17-0701-09 de 10 de noviembre de 2009.
II.3. Recurso de casación interpuesto por Emilio Sejas Ramírez
a) Señala que, el Tribunal de apelación, ignora el informe emitido por el Auditor Técnico del Juzgado Segundo de Partido Administrativa Coactiva Fiscal y Tributaria que toma en cuenta los elementos materiales de la fiscalización y no así la insoluble negación de la prescripción total de los tributos.
b) Indica que, el contenido íntegro de la fiscalización está fundado en una denuncia falsa en su contra, pero que además, existe un exceso del ente fiscal que amplía sus facultades más allá de los siete años permitidos por el Código Tributario y por propia permisión de la Sentencia se aumenta abruptamente las facultades de Administración Tributaria a los diez y once años respectivamente en relación a las gestiones 2001 y 2002 en cuanto a las facultades determinativas que fueron abrogadas en el año 2003 con la ley 1340 y respecto a la resolución determinativa emitida el año 2009, manifiesta también, que las sanciones 2005 y 2006, no estarían contempladas en la Resolución Determinativa 17-0701-09.
c) Indica que, se hubiera vulnerado el derecho constitucional a la defensa y a la equidad lo que constituiría una flagrante nulidad, siendo que el objeto de la verificación era nulo por prescripción.
d) Manifiesta que, de acuerdo al art. 37 del Código de Comercio (Ccom) prescribe en cinco años el resguardo de documentación y que la Administración Tributaria con intenciones de sonsacarle su patrimonio con amenazas y extorción de sus funcionarios señalaron que sus adeudos se encuentran en ejecución, y que sus documentos y otros descargos no existían a la fecha de la verificación, por lo que, los adeudos se realizaron sobre base presunta con cargos inventados por los fiscalizadores.
e) Indica que, al notificar las actuaciones administrativas, desde la OVE, la Vista de Cargo y la RD Nº 17-0701-09, la Administración Tributaria no ha observado la Ley, porque el objeto de la fiscalización es ilegal, los impuestos fiscalizados estaban prescritos el año 2008, en virtud a lo dispuesto en el art. 59 del CTB.
f) Denuncia que, no existe prueba de las situaciones que el Juez de primera instancia asevera haberse dado como percutores de la prórroga de facultades de la Administración Tributaria para abarcar más de diez años para la determinación de tributos sobre base presunta.
II.4. Petitorio
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 274.I y II del CPC, dicte resolución casando parcialmente el Auto de Vista de 31 de marzo de 2014, determinando la prescripción en cuanto a los impuestos del IVA e IT correspondiente a los periodos diciembre 2001 a septiembre 2002, y con respecto al RC IVA correspondiente a los periodos trimestrales de diciembre 2001, marzo 2002, junio 2002 y septiembre 2002, así como también la obligación tributaria y la sanción por omisión de pago determinado con respecto a los impuestos IVA, IT y RC IVA correspondiente a los periodos marzo 2005 a marzo 2006, siendo que los mismos se encuentran prescritos de conformidad al art. 59 del CTB.
Que así planteados los recursos de casación, se ingresa a su consideración y análisis:
II.1. Resolviendo el recurso de casación en el fondo interpuesto por Santos Victoriano Salgado Ticona en representación de la Gerencia Distrital de Santa Cruz del SIN
El recurso refiere violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, en relación al art. 52 del CTb, al haber los jueces de instancia determinado la prescripción para ejercitar las facultades de verificación, determinación, cálculo y cobro de la deuda tributaria del contribuyente, y la falta de consideración de los arts. 65 y 76 del CTB referidos a la presunción de legitimidad de los actos de la administración tributaria y la obligación de quien pretende hacer valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos del mismo. Al respecto, a los fines de dar respuesta a las denuncias planteadas, corresponde partir de las siguientes consideraciones:
El instituto de la prescripción estaba contemplado en nuestro ordenamiento jurídico Código Tri8butario abrogado en la Sección Quinta del Capítulo V, referido a la Extinción de las obligaciones tributarias, actualmente está contemplado en el Código Tributario Boliviano vigente, precisamente en la Subsección V, de la Sección VII, dedicada a las formas de extinción de la obligación tributaria; es una categoría jurídica por la que se le atribuye la función de ser una causa extintiva de la obligación tributaria, necesaria para el orden social, que responde a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica, y no en la equidad y la justicia, puesto que: "El fundamento del instituto de la prescripción estriba en evitar la inseguridad que trae aparejada el transcurso del tiempo sin el ejercicio de un derecho”. En otros términos, su objeto es evitar la falta de certeza en las relaciones jurídicas, producto de la inactividad de un sujeto titular de un derecho" (Buitrago Ignacio Josué, Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina. Memoria IV Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2011).
La irretroactividad como principio jurídico, se funda en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, uno de cuyos tres componentes es el de la certeza, en sentido de que "las reglas de juego no sean alteradas para atrás". La doctrina al respecto sostiene que las leyes tributarias pueden tener eficacia retroactiva siempre que estén establecidas expresamente en estas y no contravengan principios constitucionales como la seguridad jurídica o la capacidad contributiva. Este régimen fue asumido en nuestro ordenamiento jurídico supremo en el art. 123 de nuestra Constitución Política del Estado, que establece que: "La ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo", sin embargo en el mismo artículo también establece y limita el efecto retroactivo de las leyes en tres casos específicos, uno de ellos en materia penal, cuando beneficie a la imputada o imputado. Por su parte, el art. 150 CTB prescribe que: "Las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo", sin embargo salva excepciones y una de ellas es precisamente cuando establezcan términos de prescripción más breves.
El Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional (SC) 0028/2005 de 28 de abril, configura a la prescripción como un "modo anormal de extinción del crédito tributario"; por otro lado, distingue el ámbito netamente tributario del tributario punitivo, refiere que este último, parte del presupuesto de la contravención al ordenamiento jurídico tributario, cuya posibilidad de retroactividad se encuentra establecida en el art. 66 del CTb (abrogado). Respecto a la prescripción establecida en el art. 59 del CTB (vigente), y la aplicabilidad del art. 150 del mismo cuerpo legal, tomando en cuenta el carácter de retroactividad de la norma más benigna establecida en la Constitución Política del Estado, concluye que la retroactividad solo opera cuando una persona es sindicada de la comisión de un ilícito tributario.
Nuestra legislación, vigente para el caso, en los arts. 41.5, y 52 del CTb, prevé la prescripción como una de las causales de extinción de la obligación tributaria, estableciendo que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. Asimismo, el art. 53 del CTb expresa que el término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la citada norma legal señala que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1.La determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2.El reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y; 3.El pedido de prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. Asimismo, el art. 55 CTb establece que el curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos.
En el marco legal y doctrinal expuesto, en la especie, los jueces de instancia consideraron correctamente que el hecho generador del IVA, IT y RC-IVA, se perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción conforme a lo previsto por el art. 53 del CTb, el cómputo comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; de ahí que concluyeron que el computo de la prescripción para los periodos septiembre/98 a septiembre/02 y de marzo/05 a marzo/06, no podría considerarse a partir de la denuncia efectuada por el Sr. Marcelo Rojas Condori (21 de junio de 2006). Pero además efectuaron una disquisición en cuanto a la naturaleza de la prescripción de la obligación tributaria y la prescripción de las sanciones o contravenciones tributarias, concluyendo que solo en el caso de las sanciones (ilícitos y contravenciones) se aplicara la ley mas benigna y no así en el caso de las obligaciones tributarias, bajo este razonamiento, en cuanto a la obligación tributaria correspondiente al IVA,IT y RC-IV de los periodos septiembre/98 a septiembre/2002, aplicaron de forma legal y correcta en cuanto a la prescripción y sus reglas del Código Tributario (de 1992), y para la obligación tributaria referida al IVA, IT y RC-IVA de los periodos marzo/2005 a marzo/2006, del Código Tributario Boliviano (vigente) al ser las normas sustantivas o materiales vigentes al momento de haber ocurrido los hechos generadores del tributo. Pero además, en base a los conceptos doctrinarios y legales desarrollados supra, consideraron de forma también legal y correcta en cuanto a la prescripción de la sanción, la aplicación de la norma más benigna, es decir del Código Tributario Boliviano (vigente). Asimismo, determinaron, que al no evidenciarse por parte del contribuyente su inscripción en el Padrón de Contribuyentes hasta el 9 de abril de 2001, y por consiguiente no haber declarado sobre la existencia de contratos de alquiler con el Sr. Marcelo Rojas Condori y recién haber tenido conocimiento la Administración Tributaria a través de la denuncia efectuada por este ultimo, corresponde la ampliación del computo de la prescripción a 7 años para las obligaciones tributarias IVA, IT y RC-IVA, no obstante ello, concluyeron que, los periodos comprendidos entre septiembre/98 a septiembre/02 referidos al IVA e IT, se extinguieron por prescripción, así como los periodos trimestrales en relación al RC-IVA correspondiente a los trimestre comprendidos entre septiembre/98 a septiembre/01, tomando en cuenta la notificación efectuada el 10 de diciembre de 2009, con la RD Nº 17-0701-09, confirmando la deuda tributaria correspondiente a los periodos marzo/05 a marzo/06, correspondiente al IVA, IT y RC-IVA, en merito a lo dispuesto en el Código Tributario Boliviano (vigente) al momento de haber ocurrido el hecho generador. Asimismo, declararon la prescripción de las sanciones de evasión de tributos correspondiente a los periodos septiembre/98 a septiembre/02, por concepto de IVA,IT y RC-IVA, aplicando la extensión de los siete años hasta antes de la inscripción del contribuyente al régimen general y los cuatro años después de su inscripción, y respecto a las sanciones de omisión de pago emergente de los impuestos IVA,IT y RC-IVA correspondiente a los periodos marzo/05 a marzo/06, determinaron que el curso de la prescripción fue interrumpido con la notificación de la RD Nº 17-0701-09 ocurrida el 10 de diciembre de 2009, confirmando la deuda tributaria por estos conceptos.
Por otro lado, si bien el art. 65 del CTB indica que: “Los actos de la administración tributaria por estar sometidos a la ley se presume y serán ejecutivos salvo clara expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este código establece” , sin embargo, esta presunción de legitimidad debe conllevar la suposición de que el acto fue emitido “conforme a derecho”, es decir, que su emisión responda a todas las disposiciones legales, para considerar su eficacia y consecuentemente su validez, mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente.
En el marco de lo referido, en la especie la Administración Tributaria, en la emisión de los actos precedentes al cobro impositivo y su correspondiente sanción, no ha observado adecuadamente la normativa jurídica que regula la prescripción de la obligación tributaria y de las sanciones, incidiendo autoritativamente con esta decisión sobre la esfera de derechos y obligaciones del destinatario del acto, en tal merito, los Jueces de instancia correctamente determinaron su revocación parcial, en virtud de las situaciones de hecho que se han desconocido y su confrontación con el orden jurídico.
En cuanto la falta de consideración del art. 76 del CTB, referidos a la obligación de quien pretende hacer valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos del mismo, corresponde establecer, que al tener esta normativa alcance general tanto para el sujeto pasivo (contribuyente) como para el sujeto activo (Administración Tributaria), es importante, tomar en cuenta, que el cálculo de determinación de los ingresos sin declarar IVA, IT y RC-IVA efectuados por la Administración Tributaria, tiene que tener un sustento documental e información que permita conocer de forma directa los hechos generadores del tributo o en su caso elementos, hechos o circunstancias que por su vinculación al hecho generador, permitan deducir la existencia de la obligación tributaria, obligación procesal administrativa que también se deduce del contenido del art. 95.I del CTB, lo que significa que la Administración Tributaria, en el proceso de determinación, debe probar los hechos constitutivos de su derecho, haciendo uso de sus facultades de fiscalización, verificación e investigación para condicionar el hecho imponible y establecer el nacimiento de la obligación tributaria.
En la especie, la Administración Tributaria no cumplió con esta obligación legal, al no haber demostrado los reparos tributarios por contrato de alquiler de inmueble correspondientes a los periodos comprendidos entre el 02 de septiembre de 2002 al 28 de febrero de 2005, por la inexistencia o demostración de contrato de alquiler por estos periodos. Asimismo, al Administración Tributaria no desvirtuó en base a hechos y la aplicación del derecho, que los periodos comprendidos entre septiembre/98 a septiembre/02 referidos al IVA e IT, se extinguieron por prescripción, así como los periodos trimestrales en relación al RC-IVA correspondiente a los trimestre comprendidos entre septiembre/98 a septiembre/01, así como la prescripción de las sanciones de evasión de tributos correspondiente a los periodos septiembre/98 a septiembre/02, por concepto de IVA, IT y RC-IVA.
Por lo expuesto, éste Tribunal constata que el Tribunal de Alzada no incurrió en violación interpretación errónea y aplicación indebida del art. 52 del CTb, ni la falta de consideración de los arts. 65 y 76 del CTB, como se acusa en el recurso de casación, más al contrario, velaron por el respeto a las normas que rigen la materia para restablecer las irregularidades en las que se incurrió en el caso, correspondiendo entonces resolver el mismo conforme la previsión contenida en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso de autos por mandato de la normas remisiva contenida en el art. 214 del CTb vigente en cuanto al procedimiento contencioso tributario en virtud a la SC 076/2004 de 16 de julio.
I.2. Resolviendo el recurso de casación interpuesto por Emilio Sejas Ramírez
La jurisprudencia sentada por este Tribunal, estableció que el recurso de casación se equipara a una nueva demanda de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el art. 250 del CPC, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el art. 258.2) del mismo cuerpo legal, referidos a la obligación que tiene el recurrente de citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es solo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado art. 258.2) del CPC de ahí que, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del art. 272.2) del CPC.
En la especie, el recurso de casación en el fondo, en todo su contexto resulta incompleto e impreciso; primero porque omite precisar las causales de casación en el fondo del art. 253.1), 2) y 3) del CPC; segundo porque, el recurrente se limita a enunciar de manera general, que no se hubiere observado el informe del auditor técnico del juzgado, que la fiscalización está basada en una denuncia falsa, que se habrían ampliado de forma abrupta las facultades de fiscalización de la Administración Tributaria más allá de permitido por ley, que por disposición del art. 37 del Ccom el resguardo de la documentación prescribe a los cinco años y finalmente, que el objeto de la fiscalización es ilegal en virtud a lo dispuesto por el art. 59 del CTB, es decir, no ha cumplido con la obligación legal establecida en el art. 258.2) del CPC, de especificar si las supuestas denuncias, están referidas a la violación, aplicación falsa o errónea de alguna norma tributaria, además de proponer la solución jurídica al caso concreto; tercero, En cuanto a vulneración del derecho a la defensa y la equidad, al estar ligados a errores en relación a las formas esenciales del proceso, correspondía su denuncia a través del recurso de casación en la forma y no en el fondo como sucede en el presente caso cuarto, porque el recurrente denuncia inobservancia de normas que no constituyeron la base sustantiva de la resolución recurrida, y que además no fueron aplicadas por el Juez primera instancia al no ser motivo del debate como es el art. 37 del Ccom lo que decanta en la improcedencia del recurso.
Por lo expuesto, y en consideración de que el Tribunal Supremo de Justicia es de puro derecho como lo es la impugnación extraordinaria, no puede suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en que incurre los recurrentes, lo que impide se apertura la competencia para conocer el recurso intentado, al que castiga conforme los arts. 271.1) y 272.2) del CPC.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 192 a 194 interpuesto por Santos Victoriano Salgado Ticona en representación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales y declara IMPROCEDENTE el recurso opuesto por Emilio Sejas Ramírez de fs. 197 a 198 vta., sin costas.

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