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BOE.es - Documento BOE-A-2015-10464
Documento BOE-A-2015-10464
«BOE» núm. 234, de 30 de septiembre de 2015, páginas 88758 a 88764 (7 págs.)
BOE-A-2015-10464
En el recurso interpuesto por don Jesús María Morote Mendoza, Notario de Palma de Mallorca, contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles I de Palma de Mallorca, don Joaquín Cortés Sánchez, a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.
Mediante escritura autorizada por el Notario de Palma de Mallorca, don Jesús María Morote Mendoza, el día 13 de mayo de 2015, número 482 de su protocolo, se constituyó la sociedad con carácter de unipersonal «EV Holiday Property Development, S.L.», por el único socio, la sociedad denominada «EV Balear Real Estate Holding, S.L.». Esta última sociedad tiene un capital social de tres mil seis euros, y aporta a dicha constitución la cantidad de tres mil euros.
El día 26 de mayo de 2015 se presentó el título en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca y, el día 8 de junio de 2015, fue objeto de calificación negativa por el Registrador, don Joaquín Cortés Sánchez, que se transcribe: «El Registrador Mercantil que suscribe, previo el consiguiente examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho: Diario/Asiento: (…) F. Presentación: (…) Entrada: (…) Sociedad: (…) Hoja: (…) Autorizante: (…) Protocolo: (…) Fundamentos de Derecho (defectos): 1. En relación a la aportación de la Sociedad "EV Balear Real Estate Holding, S.L.", de conformidad con lo previsto en el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital, falta hacer constar que lo aportado no es un activo esencial de la Sociedad o, en caso contrario, acompañar el correspondiente acuerdo de la Junta General de Socios permitiendo la aportación realizada.–Circular número 4 de 4 de febrero del Colegio Notarial de las Islas Baleares. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento del Registro Mercantil contando la presente nota de calificación con la conformidad del cotitular del Registro. En relación con la presente calificación: (…) Palma de Mallorca, a 8 de junio de 2015.–El Registrador».
El Notario autorizante, don Jesús María Morote Mendoza, interpuso recurso contra la anterior calificación, mediante escrito que causó entrada en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca el día 10 de junio de 2015. En dicho escrito alega los siguientes fundamentos de Derecho: «Primero.–En primer lugar, no cabe duda de que la consideración de si el activo objeto del negocio jurídico que se formaliza en la escritura pública es o no esencial, a efectos de determinar si el representante de la entidad otorgante (en este caso administrador único) tiene facultades suficientes para el otorgamiento, es competencia exclusiva del notario autorizante, que emite el juicio de capacidad bajo su propia responsabilidad. Naturalmente al formar ese juicio de suficiencia de las facultades se tiene en cuenta no sólo el contenido expreso de su mandato, sino, en su caso, las normas legales que puedan limitar su ámbito de actuación, como puede ser el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital o cualquier otra norma, o cualquier cláusula expresa dispositiva contenida en el propio mandato que, en algún sentido, limite sus facultades. No es de ningún modo necesario que el notario detalle exhaustivamente las normas de aplicación, que han de entenderse implícitas en el mencionado juicio notarial, ni tampoco los elementos fácticos tenidos en cuenta para formar dicho juicio, cuya explicitación pública en la escritura incluso podría ser contraria al derecho a la privacidad, pues puede tratarse de datos internos de la sociedad que no tienen por qué hacerse constar en documentos que van a circular de forma pública. En todo caso, es tan extensa la doctrina de la Dirección General sobre el juicio notarial de suficiencia de poderes, que resultaría ocioso reproducirla aquí, por ser suficientemente conocida. Segundo.–Si no se estimase suficiente el anterior motivo para revocar la calificación del registrador, hay que añadir que es bastante evidente que, tratándose en este caso de la creación de una sociedad mercantil mediante aportación exclusivamente dineraria, por una cantidad, además, mínima de 3.050 euros, no le resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 160, letra f), pues el dinero nunca puede ser, por naturaleza económica, un activo esencial. El dinero de una sociedad opera siempre como un activo instrumental, imprescindible para el desarrollo de cualquier negocio, pero inesencial, pues nunca puede ser la "esencia" de la actividad societaria, el manejo del propio dinero en efectivo. Tercero.–La interpretación que el Registrador Mercantil hace de la letra f) del artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital es, cuando menos, sumamente extraña. En efecto, en su calificación entiende que, para dar cumplimiento al citado precepto, sólo se abren dos opciones: a) Que el propio compareciente en representación de la sociedad haga constar que lo aportado no es un activo esencial. Así resulta de la remisión que hace el registrador a la llamada "Circular número 4"; "circular", por otra parte, que no es sino una mera opinión doctrinal de un compañero notario que ni pertenece a la Junta Directiva ni tiene delegada por ésta, que se sepa, ninguna competencia referente a dictar instrucciones a los demás compañeros de Colegio ni sobre este asunto ni sobre ninguno otro. b) Que se cuente con autorización de la Junta general. Pero la opción a) es sumamente extravagante. En efecto, ¿cómo iba a depender el juicio de suficiencia del notario de la manifestación del propio representante cuyas facultades y su extensión está el propio notario sometiendo a fiscalización y control? Eso es un disparate, pues nunca el juicio sobre las facultades de actuación del apoderado puede hacerse depender exclusivamente de sus propias manifestaciones. En efecto, si el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital excluye de la competencia del administrador ciertos actos, y los desplaza a la competencia exclusiva de la Junta General, en ningún caso puede hacerse depender la eficacia práctica de dicho precepto de la mera voluntad y criterio del propio administrador, pues, si no, se estaría burlando la propia cautela que la ley establece, y por causa de la cual se retiran al administrador estas facultades que la redacción anterior de la ley sí permitía. Pero si esto es así, como parece claro, las dos opciones del registrador quedarán reducidas a una sola: la necesidad, en todo caso, de contar siempre con autorización de la Junta, lo que convertiría el artículo 160 en una cláusula general de inhabilitación del administrador para actuar en representación de la sociedad, convirtiéndolo así en un mero nuncio o recadero de la Junta general de socios, y no en un representante orgánico. Cuarto.–Así las cosas, es evidente que la interpretación del artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital, si no quiere convertirse en un vaciamiento total de las competencias del administrador, con sede de todas ellas en Junta General, debe ir por otros derroteros. El espíritu y finalidad del artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital en su actual redacción no puede ser otro que configurar el concepto de "activo esencial" de forma objetiva. Ciertamente se trata de un concepto jurídico indeterminado, pero que debe ser determinable atendiendo a cada caso concreto. En lo que aquí nos interesa, los negocios jurídicos formalizados en documento público, esa determinación queda en manos del notario autorizante, que la llevará a cabo bajo su responsabilidad. A tal efecto, habrá que acudir a las circunstancias objetivas del caso. La propia ley establece ya una presunción iuris tantum al disponer que "se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado". Por tanto, si se da tal circunstancia deberá el notario recabar prueba en contrario de tal presunción, requiriendo, si no se aporta, acuerdo de la Junta; prueba que, evidentemente, no puede ser ·la propia manifestación del administrador, en contra de lo que dice el registrador Mercantil, como ya se ha argumentado. Pero, por otro lado, las demás circunstancias concurrentes en la citada operación, pueden bastar igualmente al notario para emitir un juicio de suficiencia de las facultades del apoderado o administrador. Así, por ejemplo, que la operación sea de las ordinarias del tráfico habitual de la empresa. En este caso, como expresamente se consignó en la escritura, la sociedad que concurría a la suscripción de participaciones sociales tiene como objeto social "...La tenencia y gestión de valores, participaciones sociales y acciones...". Es decir: que el negocio jurídico documentado en la escritura entraba de lleno en el tráfico propio de la sociedad. Por otro lado, como fácilmente hubiera podido comprobar el mismo registrador, pues la sociedad está inscrita en el Registro Mercantil a su cargo, conforme al artículo 2 de los estatutos de dicha sociedad, ésa es la única actividad del objeto social, por lo que parece totalmente ocioso someter a acuerdo o autorización de la Junta un acto que entra de lleno en el tráfico propio de la sociedad salvo que, como también se ha argumentado, se quiera despojar al cargo de administrador de cualquier contenido y reducirlo al de mero mensajero de los acuerdos de la Junta general».
Mediante escrito, de fecha 11 de junio de 2015, el Registrador Mercantil emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.
1. Mediante la escritura cuya calificación es objeto del presente recurso se constituye una sociedad de responsabilidad limitada, con aportación dineraria de tres mil euros realizada por otra sociedad limitada, representada por su administrador único. El objeto social de dicha sociedad fundadora está constituido por «…la tenencia y gestión de valores, participaciones sociales y acciones…».
El registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, conforme al artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital falta hacer constar que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad o, en caso contrario, acompañar el correspondiente acuerdo de la junta general de socios permitiendo la aportación realizada.
Por lo que se refiere a la actuación del registrador, debe tenerse en cuenta que al Registro sólo pueden acceder títulos en apariencia válidos y perfectos, debiendo ser rechazados los títulos claudicantes, es decir los títulos que revelan una causa de nulidad o resolución susceptible de impugnación (cfr. artículos 18, 33, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria y 1.259 del Código Civil). Sólo así puede garantizarse la seguridad jurídica preventiva que en nuestro sistema jurídico tiene su apoyo basilar en el instrumento público y en el Registro de la Propiedad. Y es que, como ya expresara el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de octubre de 2000, Sala Tercera, «a Notarios y registradores les incumbe en el desempeño de sus funciones un juicio de legalidad, que, recae, respectivamente, sobre los negocios jurídicos que son objeto del instrumento público, o sobre los títulos inscribibles». Pero debe también tomarse en consideración que el artículo 18 de la Ley Hipotecaria delimita el ámbito objetivo de la calificación al establecer que los registradores calificarán «…la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase,... así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas…». Ciertamente, en el procedimiento registral se trata de hacer compatible la efectividad del derecho a la inscripción del título con la necesidad de impedir que los actos que estén viciados accedan al Registro, dada la eficacia protectora de éste. Ahora bien, es igualmente cierto que en nuestro sistema registral no se exige la afirmación por los otorgantes sobre la inexistencia de un vicio invalidante; y la facultad que se atribuye al registrador para calificar esa validez –a los efectos de extender o no el asiento registral solicitado–, implica la comprobación de que el contenido del documento no es contrario a la ley imperativa o al orden público, ni existe alguna falta de requisitos esenciales que vicie el acto o negocio documentado. Por ello, sólo cuando según los medios que puede tener en cuenta al calificar el título presentado pueda apreciar el carácter esencial de los activos objeto del negocio documentado podrá controlar que la regla competencial haya sido respetada, sin que pueda exigir al representante de la sociedad manifestación alguna sobre tal extremo, pues en ninguna norma se impone dicha manifestación, a diferencia de lo que acontece en otros supuestos en los que se exige determinada manifestación del otorgante y la falta del requisito establecido (como, por ejemplo, la manifestación sobre la falta de carácter de vivienda habitual de la familia –artículo 91 del Reglamento Hipotecario en relación con el artículo 1320 del Código Civil–, la inexistencia de arrendamiento de la finca vendida, según los artículos 25.5 de la Ley de Arrendamiento Urbanos y 11.1 de la Ley de Arrendamientos Rústicos, etc.) constituye impedimento legal para la práctica del asiento.
3. Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha limitado a exigir que se manifieste que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad o, en caso contrario, que se acompañe el correspondiente acuerdo de la junta general de socios permitiendo la aportación realizada, el defecto no puede ser confirmado.

References: artículo 160
 artículo 15
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 2
 artículo 160
 resolución 
 artículo 18
 artículo 1320