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Timestamp: 2018-11-20 21:49:13+00:00

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Resumen: BIENES DE DOMINIO PÚBLICOS. Anulación de la recuperación de oficio de la posesión del dominio público marítimo-terrestre. Las fincas urbanas adquiridas por los recurrentes tenían ya existencia real con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas. Consta certificación del Ingeniero Jefe de la Demarcación de Costas donde se consigna que tales fincas no invadían el dominio público marítimo-terrestre de acuerdo con la línea de deslinde vigente, haciéndose también constar la existencia en la zona de una línea de deslinde probable, actualmente en tramitación, encontrándose sometidas a las servidumbres de tránsito y protección del dominio público marítimo-terrestre. Si por causa del deslinde se ha venido a alterar la situación anterior, pasando las fincas a ocupar la zona del dominio público marítimo terrestre, la Administración debió otorgar la concesión de oficio sino la pidieron los afectados.
Resumen de antecedentes y sentido del fallo: El TSJ Canarias estima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra resolución de la DG Costas, anulando la recuperación de oficio de la posesión del dominio público marítimo-terrestre.
Palabras Clave: BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
- Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (L 30/1992) (ART. 56, ART. 111)
- Ley de Costas (L 22/1988) (ART. 7, ART. 9, ART. 10, ART. 90, ART. 91)
En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009
SENTENCIA 117/09
D./Dña. María del Pilar Alonso Sotorrío
Visto por este TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS. SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO. Sección Primera. con sede en Santa Cruz de Tenerife, integrado por los Sres. Magistrados anotados al margen, el recurso Contencioso-Administrativo número 0000185/2008, interpuesto por los demandantes don Herminio y doña Eva María , representados por la Procuradora doña Cristina Arteaga Acosta y dirigidos por la Letrada doña María C. Pérez Ramos, y como Administración demandada, la General del Estado, dirigida por el Abogado del Estado, versando sobre recuperación del dominio público marítimo-terrestre, cuantía indeterminada, siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado DON Ángel Acevedo y Campos, se ha dictado, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente sentencia con base en los siguientes
PRIMERO.- La Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife, en resolución de 3 de julio de 2007, acordó recuperar de oficio la posesión del dominio público ocupado por los actores con motivo de unas construcciones en la zona de El Remo (Los Llanos de Aridane), ordenando el levantamiento de dicha ocupación; interpuesto recurso de alzada ante la Dirección General de Costas, se desestimó por resolución de 10 de marzo de 2008.
SEGUNDO.- Por la representación de la parte demandante, antes mencionada, se interpuso recurso contencioso-administrativo, formalizando demanda con la súplica de que se dicte sentencia por la que se estimen las pretensiones de esta parte, declarando nula la resolución impugnada, por no haber lugar a la recuperación del dominio público por parte de la Administración.
TERCERO.- La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella e interesando una sentencia desestimatoria en la que se confirme la resolución impugnada.
CUARTO.- Practicada la prueba propuesta, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.
QUINTO.- Señalado el día y hora para la votación y fallo, tuvo lugar la reunión de Tribunal en el designado al efecto.
SEXTO.- Aparecen observadas las formalidades de tramitación.
PRIMERO.- La Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife, luego de haber instruido de oficio expediente para la recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre y de la servidumbre de tránsito ocupados por las edificaciones identificadas en el plano de deslinde vigente de la zona de El Remo (término municipal de Los Llanos de Aridane) con los números 265, 266 y 267 y que han venido detentando los actores, dictó resolución, confirmada en la alzada del ámbito administrativo, por la que se ordenó recuperar dicha posesión del dominio público, con orden de levantar la ocupación representada por dichas construcciones, acto administrativo sometido ahora a revisión jurisdiccional.
SEGUNDO.- Respecto a las alegaciones aducidas en los fundamentos jurídicos-materiales tercero y primero del escrito de demanda, caben las consideraciones siguientes:
1º) Teniendo en cuenta que la acción puesta aquí en práctica por la Administración es la de recuperación del dominio público marítimo-terrestre, actuación amparada por los arts. 7, 9 y 10 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas , no cabe confundir la misma con la tutela y policía del dominio público marítimo- terrestre y de sus servidumbres, función que aunque es atribuída a la Administración del Estado por el art. 110 c) de la vigente Ley de Costas , se ha cuidado, no obstante, de matizarla la sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991, de 4 de julio , que, con ocasión de analizar los arts. 90 y 91 de la Ley de Costas , señala que "siendo las Comunidades Autónomas litorales las competentes para ejecutar las normas sobre protección del medio ambiente, habrán de ser ellas, en principio, las encargadas de perseguir y sancionar las faltas cometidas en las zonas de servidumbre e influencia, aunque puedan serlo directamente por la Administración del Estado cuando la conducta infractora atenta contra la integridad del demanio o el mantenimiento de las servidumbres de tránsito y acceso que garantizan su libre uso", por lo que al tratarse el presente caso de una actuación de la Administración del Estado encaminada a la recuperación del dominio público marítimo-terrestre, actividad de todo punto ajena al seguimiento de cualquier expediente sancionador que pueda instruírse para la protección de las zonas de servidumbre de protección y de influencia, es incuestionable la competencia de la Administración del Estado y no de la Comunidad Autónoma para dictar los pronunciamientos que se recogen en el acto impugnado, propios, insistimos, de la recuperación del dominio marítimo-terrestre y no de un procedimiento sancionador.
2º) Siendo ejecutivos los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo (art. 56 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), presumiéndose válidos los mismos y con producción de efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa (art. 57 de la citada Ley), es incuestionable que aprobado por O.M de 21 de noviembre de 2005 el deslinde de la zona de El Remo (Los Llanos de Aridane), entre los vértices M-207 y M-208, cobró efectividad tal deslinde desde la fecha indicada y ninguna inconveniencia suscita, a efectos resolutorios del litigio, el que dicho acto de la Administración haya sido recurrido en via contenciosa ante la Audiencia Nacional, estando el procedimiento pendiente de sentencia, pues aparte de que en el art. 111.1 y 2 de la Ley 30/1992 ya se dice que la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que se acuerde la paralización de su ejecutividad mediando las circunstancias que la propia norma establece, es de reseñar que no es distinto el criterio en la Ley Jurisdiccional a la vista del contenido de los arts. 130 a 134 de dicha normativa, preceptos que no tienen reflejo en el caso, al no constar que se haya adoptado en via jurisdiccional medida cautelar sobre la suspensión de la Orden Ministerial de 21 de noviembre de 2005, por la que se aprobó el deslinde ya expresado.
TERCERO.- Acreditado a través del expediente administrativo y del recurso jurisdiccional promovido por los actores que las fincas urbanas adquiridas por éstos en virtud de escritura pública de compraventa de 21 de enero de 2005 tenían ya existencia real con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas , en cuanto identificados tales inmuebles en el plano de deslinde vigente de la zona con los núms. 265, 266 y 267, se corresponden los mismos con los distinguidos en color verde en el fotograma efectuado en enero de 1987 por Cartográfica de Canarias S.A (Grafcan) con motivo de vuelos aéreos realizados en dicho momento, hay que entender que si a ello se une que las referidas fincas figuran desde el año 1990 en los padrones catastrales y, por ende, en los listados del Padrón de Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, siendo titular registral (referencia 000307100BS16B0002UB), don Herminio , así como que la adquisición por los actores de 21 de enero de 2005 dio lugar a la inscripción registral 7ª de las fincas en cuestión (18 de febrero de 2005), hecho demostrativo de que a la escritura notarial de 18 de enero de 1995, instrumento público por el que se adjudicaron a los transmitentes de los accionantes, como consecuencia de la extinción de una comunidad de bienes, las repetidas fincas urbanas, le precedieron, dado el alto número de inscripciones registrales, diversas titulaciones públicas de dominio inscritas ya desde antes de la aparición de la Ley de Costas de 1988 , viene a derivar de todo ello que si en la certificación del Ingeniero Jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife emitida en 21 de diciembre de 2004, la cual se incorporó a la escritura pública de propiedad de los recurrentes de 21 de enero de 2005, se consignó que las fincas de estos últimos no invadían el dominio público marítimo-terrestre de acuerdo con la línea de deslinde vigente aprobado por O.M de 19 de diciembre de 1984, haciéndose también constar, al propio tiempo, la existencia en la zona de una línea de deslinde probable, actualmente en tramitación, definida de acuerdo con el criterio establecido en los arts. 3, 4 y 5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas , y, por otro lado, que las citadas fincas sí se encontraban sometidas, no obstante su inafección a la zona marítimo-terrestre, a las servidumbres de tránsito y protección del dominio público marítimo-terrestre, en cuanto a la vivienda, y únicamente a la servidumbre de
protección, en cuanto al garaje, resulta palmario y evidente que si por causa del Deslinde de los Bienes del Dominio Público Marítimo-Terrestre del Tramo de Costa de unos 1204 metros de longitud comprendidos en El Remo, aprobado por O.M de 21 de noviembre de 2005, se ha venido a alterar la situación anterior, pasando las fincas de los demandantes a ocupar, además de la servidumbre de tránsito, la zona del dominio público marítimo terrestre, ello ha sido determinante para que cobre operatividad lo normado en la Disposición Transitoria Primera 4 de la Ley de Costas de 28 de julio de 1988 , pues al quedar comprendidos los terrenos referenciados entre la antigua y la nueva delimitación, se configuró para los titulares de aquéllos un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre a través del régimen de concesión previsto en el apartado 1 de la mencionada Disposición Transitoria Primera , debiendo la Administración tener presente al efecto que aunque los recurrentes no solicitaran la concesión en el plazo de un año a partir de la fecha de la aprobación del nuevo deslinde por O.M de 21 de noviembre de 2005, venía aquélla en todo caso obligada a otorgarla de oficio bajo la previa oferta de condiciones, acorde con la Disposición Transitoria Cuarta 2 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre , que aprobó el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas , siendo así que ante estas circunstancias, debió la Administración, pese a la aprobación del nuevo deslinde por O.M de 21 de noviembre de 2005, abstenerse de publicar en el BOP de 14 de abril de 2006 el acuerdo de inicio de expediente para la recuperación posesoria de oficio del dominio público marítimo-terrestre y servidumbre de tránsito a que se refiere el litigio, y, por ende, de la práctica de las actuaciones que culminaron con el acto administrativo recurrido, en tanto no transcurriera desde la aprobación del deslinde por O.M de 21 de noviembre de 2005 el plazo de un año de que disponían los interesados para solicitar la concesión o procediera, en su defecto, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo a otorgar la concesión de oficio, previa oferta de condiciones en la forma establecida en la meritada Disposición transitoria cuarta 2 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre .
CUARTO.- Al no advertirse temeridad o mala fe determinante de la imposición de costas procesales (art. 139.1 de la Ley Jurisdiccional), no procede hacer expresa condena de las mismas.
Estimar el recurso contencioso interpuesto por la representación de don Herminio y de doña Eva María contra el acto administrativo impugnado, anulando el mismo por no ser conforme a Derecho, sin hacer expresa imposición de costas.
Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario de la Sala doy fe. En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009 .

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 Real Decreto 
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