Source: https://www.parcan.es/pub/ds.py/2018/116/5/
Timestamp: 2019-12-11 03:42:55+00:00

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Diario de Sesiones 116/2018, de fecha 25/4/2018 - Punto 5 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 116/2018, de fecha 25/4/2018 - Punto 5
9L/PNL-0577 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC), SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON EL REAL DECRETO-LEY 1/2018, DE 23 DE MARZO, POR EL QUE SE PRORROGA PARA 2018 EL DESTINO DEL SUPERÁVIT DE LAS CORPORACIONES LOCALES PARA INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES Y SE MODIFICA EL ÁMBITO OBJETIVO DE ESTAS.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Seguimos con el orden del día. Comenzamos con las proposiciones no de ley. La primera, del Grupo Nacionalista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con el Real Decreto-Ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de estas.
Ya el presidente leyó el enunciado de esta PNL y se refirió al real decreto que nos trae hoy aquí, el real decreto que prorroga para el 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales, que se convalidó hace unas semanas en el Congreso de los Diputados. Mi compañera Ana Oramas apoyó la convalidación, porque es un avance después de tantas restricciones impuestas por el Gobierno de España. Teníamos que apoyar el real decreto para que puedan hacerse esas inversiones en este año y ya están los ayuntamientos con el tiempo justo para licitar y ejecutar en plazo.
Pero no podemos quedarnos aquí. Es un avance pero no es suficiente. Los ayuntamientos han conseguido, gracias a una buena gestión presupuestaria, pero sobre todo gracias al esfuerzo y al sacrificio de todos sus ciudadanos, unos excelentes indicadores en déficit público, en deuda per cápita y en pago a proveedores. Además, han hecho un esfuerzo enorme de disciplina y de saneamiento financiero y han pasado de acumular millones en déficit a una trayectoria de superávit consolidado.
En realidad, y es justo reconocerlo, comunidades autónomas y ayuntamientos son los que realmente han contribuido a que España cumpla con los objetivos fijados por Bruselas, los que han salvado el incumplimiento del Estado, y el Estado debe premiar esa buena gestión, debe reconocer esos esfuerzos.
En primer lugar, flexibilizando la regla de gasto, para permitir unas cuentas más expansivas que repercutan en el bienestar de los ciudadanos y se apliquen a las verdaderas necesidades de sus vecinos. Esta regla fiscal impuesta en el 2012 por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que prioriza el pago de la deuda por encima de la atención a los servicios públicos, ha cumplido su papel para el saneamiento financiero de las haciendas locales. Los datos están ahí. Pero se produjo en un contexto concreto, ahora estamos en el 2018 y las cosas han cambiado. Estamos en un momento de inflexión en la coyuntura económica y es el momento de que esta regla se revise, porque con base en ella los ayuntamientos acumulan millones de euros en los bancos que no pueden utilizar.
En segundo lugar, proponemos ampliar la aplicación del superávit para mejorar los servicios públicos y donde las necesidades de los ciudadanos son mayores: en planes de empleo municipales, en inversiones en servicios sociales, en políticas de igualdad, de juventud o de vivienda. Además que el superávit no cuente, a efectos del cómputo, para el objetivo de estabilidad presupuestaria, igual que no computa actualmente para el cálculo de la regla de gasto. De lo contrario, aprovechar el superávit puede llevarles a incumplir la estabilidad presupuestaria y sería peor el remedio que la enfermedad.
Apostamos también por que se permita usar el remanente de tesorería positivo. Esto es muy importante. Es decir, que se autorice también el uso de los ahorros, no solo del año 2017 sino los ahorros de años anteriores.
Miren, todos sabemos que fue la presión de los alcaldes a primeros de este año, reunidos en asamblea, la que logró que el Gobierno de España cediera, y accediera el señor Montoro, a las mejoras de este real decreto-ley. En aquella reunión de la Federación Española de Municipios intervino mi compañero de Coalición Canaria, Álvaro Dávila, el alcalde de Tacoronte, al que saludo porque nos acompaña hoy también en esta tribuna. Tacoronte es un municipio modesto, con unos 18 millones de euros de presupuesto, ¿y saben ustedes cuántos millones tiene de remanente de tesorería positivo?: 22 millones en ahorros. Mucho más que uno de sus presupuestos anuales ordinarios. Y sus ciudadanos no entienden cómo un ayuntamiento modesto, que no tiene deudas, que no tiene préstamos, que paga puntualmente a sus proveedores, no puede utilizar 22 millones de euros en los bancos. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta).
Pongo este ejemplo porque nos acostumbramos a hablar de grandes cifras, pero la realidad y el día a día de muchos alcaldes es la realidad de mi compañero de Tacoronte: gestionar bien y no poder invertir. Y encima tienen que soportar que la oposición, algunas veces del propio Partido Popular, los acuse de tener superávit mientras los ciudadanos lo están pasando mal. Una hipocresía.
Con esta proposición no de ley le decimos al Gobierno de España que es hora de acabar con las restricciones.
En relación con las enmiendas, las del Grupo Popular, reconocerá que son muy restrictivas y comprendo su cautela, pero, señor Estalella, no estaríamos siendo consecuentes con el sentir de los alcaldes, también el sentir de los alcaldes del Partido Popular, y, por tanto, no podemos aceptarlas.
Y respecto a las del Grupo Parlamentario Socialista, en los dos primeros puntos no queremos desviarnos del objeto de la iniciativa; por lo tanto, tampoco las aceptamos. Y respecto al tercer punto, sobre la reforma de la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal, estamos abiertos a debatir esa reforma, pero en un marco en el que se garantice el destino para servicios públicos municipales de interés autonómico, tal como hicimos en nuestra enmienda en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el reparto del incremento del fondo para este año. Por lo tanto, si admite transar con nosotros, con esa salvedad que le propongo, estaríamos dispuestos a aceptar su enmienda en el tercer punto.
Saben sus señorías las dificultades por las que está pasando Europa. El proyecto europeo está en crisis y hay un debate en Europa sobre la profundidad de las reformas necesarias para refundar la Unión Europea. Y hay dos posturas encontradas: la solidaridad que está defendiendo Francia frente a los ajustes y el rigor presupuestario que exige la señora Merkel. Está claro que hay que aprender de esta crisis. Esta crisis no ha pasado en balde y hay que prevenir crisis en el futuro, pero, señorías, hay que buscar un equilibrio, es el momento de buscar un equilibrio, o, tal como ha dicho Macron, hay que articular mejor la relación entre la solidaridad y la responsabilidad, cuando defiende la necesidad de abrir vías financieras para fomentar el crecimiento económico frente a la insistencia alemana del rigor presupuestario. Y lo menciono aquí porque tiene que ver con el objeto de nuestra iniciativa, en la que le decimos al Estado que ya es hora de dejar de priorizar el pago a los bancos. Es hora de dejar de priorizar las restricciones para priorizar los servicios públicos y la atención a las personas.
El dinero acumulado por tantos años de buena gestión municipal tiene que ponerse a circular. Tiene que circular para que puedan hacerse inversiones que generen empleo y generen puestos de trabajo. Es hora de poner por delante la solidaridad, autorizando a los ayuntamientos a utilizar los recursos para mejorar el bienestar de sus vecinos.
Para eso, señorías, les pido el apoyo a esta proposición no de ley.
Esta proposición no de ley tiene dos enmiendas. Por orden de presentación, el Grupo Socialista Canario. Para la defensa de la misma, el señor Pérez.
Las corporaciones locales han hecho sus deberes: 7000 millones de superávit así lo atestiguan. Algo que, como ya se ha dicho aquí, en esta tribuna, ha permitido al señor Montoro presumir de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Pero el precio que están pagando los ciudadanos es un precio muy alto y, sobre todo, innecesario. La regla de gasto, en sus términos e interpretación actual, está conllevando la asfixia de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos y las comunidades autónomas y solo da un balón de oxígeno a las entidades financieras, que se benefician de las obligaciones de amortización de deuda.
El Real Decreto-Ley, que ya se ha señalado aquí y objeto de esta PNL, el Real Decreto-Ley 1/2018, no ha venido a suponer un cambio sustancial sobre las restricciones. Nosotros también, nuestro grupo lo ha apoyado en las Cortes, pero es un decreto que o lo tomas o lo dejas. Por eso nosotros entendemos que era, es preciso que se adopte una serie de medidas para la mejora del mismo. De la misma manera que también Canarias, tampoco va a servirle a Canarias la disposición adicional centésima sexta del proyecto de presupuestos generales del Estado si finalmente son aprobados.
El señor Montoro se reunió con la Federación Española de Municipios y les prometió que se iban a poder gastar todo el dinero, el señor Montoro le prometió lo mismo a la señora Dávila sobre nuestro superávit y el resultado ha sido, en los mismos casos, una tomadura de pelo.
Las restricciones, señorías, a ayuntamientos para destinar el superávit a gasto corriente en políticas sociales, de empleo, de educación, de vivienda, etcétera, siguen siendo las mismas. Igual que las posibilidades para que en las comunidades autónomas con superávit puedan traducirse en mejoras para la ciudadanía son también prácticamente nulas.
El Gobierno de Canarias, a nuestro juicio, ha metido la pata con un superávit de 296 millones y gastando por debajo de lo que permitía la regla de gasto. Es el momento de rectificar y aunar esfuerzos con los ayuntamientos para que el Gobierno de España cambie su política económica. Por eso nosotros vamos a apoyar esta PNL y por eso hemos presentado la enmienda número 2, porque, señora Beato, nosotros entendemos que flexibilizar los criterios para gastar el superávit a corporaciones locales y comunidades autónomas no son cuestiones disociadas. Usted dice que no son objeto de esta PNL, pero entendemos que no son cuestiones disociadas, obedecen a la misma política errática y traen como consecuencia desatender a los mismos ciudadanos y ciudadanas.
Señorías, hay otras cuestiones también que tienen que ver con decisiones del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias que están afectando a nuestros municipios y a su capacidad para dar una respuesta adecuada a las necesidades más urgentes de sus vecinos. Como ustedes saben, los presupuestos del año 2017 contemplaban varias partidas nominadas en materia de políticas sociales para Canarias, partidas que exigían para su aplicación una resolución de la secretaría de Estado y una serie de convenios y protocolos con los ayuntamientos. La resolución de la secretaría de Estado llegó en noviembre del 2017 y aquí se produce el primer error estratégico, porque se da por bueno el pago anticipado de las subvenciones por el Estado y se fija como plazo para que los ayuntamientos realicen el gasto hasta junio del 2018. Nosotros entendemos que es un error. Y sabiendo que existía un plazo tan ajustado, ¿por qué a fecha de la semana pasada no se había firmado ningún protocolo con los ayuntamientos para que pudieran cobrar la subvención? ¿Había cuestiones más importantes para el señor presidente o para la señora consejera que los ayuntamientos pudieran ayudar a sus vecinos a salir de la pobreza? Nosotros consideramos, señorías, que queremos apoyar a los ayuntamientos y por eso, en la enmienda número 1, le pedimos al Gobierno que solicite al ministerio ampliar hasta diciembre el plazo para la justificación.
Por último, señorías, queremos intentar ser un poco coherentes y aquí le agradezco a la señora Beato que haya dicho que va a admitir la enmienda nuestra que hace referencia al Fondo de Financiación Municipal, con la matización que ella ha propuesto. La aceptamos con esa matización. Nosotros entendemos...
La señora PRESIDENTA: Señor Pérez, un minuto y concluya.
Nosotros entendemos, señorías, que si pedimos a Madrid que dé más libertad a los ayuntamientos para poder gastar los recursos, los superávits que tienen, ¿cómo vamos a negar esa autonomía a nuestros consistorios para que destinen los recursos del Fondo Canario de Financiación una vez que también esos ayuntamientos están saneados? Por eso le agradecemos la aceptación de esta enmienda con esa matización.
Turno ahora para el otro grupo enmendante, el Grupo Popular. Un error aquí yo...
El señor ESTALELLA LIMIÑANA: Buenos días, presidenta, señora presidenta. Señorías.
Valoramos muy positivamente cualquier iniciativa de mejora del Real Decreto-Ley 1/2018, que ya supone en sí mismo una aceptación de buena parte de las reivindicaciones de los municipios españoles. El mismo ha sido fruto del acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias y se hace con tiempo para que los ayuntamientos puedan desarrollar los procedimientos de ejecución del gasto y su contratación. Además, amplía a nuevos servicios públicos en los que se podrán realizar inversiones financieramente sostenibles y se agiliza el trámite de la revisión de la autorización administrativa.
Pero vayamos con el texto de la PNL, señora Beato, y nuestras enmiendas. Sobre el primer punto de la proposición no de ley, hemos visto que ya se ha producido una ampliación a nuevos servicios, en el real decreto mencionado, entre los que se encuentra la asistencia social primaria y la creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria. Tengo que destacar la importancia de destinar los recursos de las corporaciones locales a aquellos servicios que forman parte de sus competencias propias, establecidos en el artículo 25 y 26 de la ley básica reguladora del régimen local, y en el 27 están las que se pueden delegar por las comunidades autónomas y el Estado. Esta era otra de las bases de la reforma del 12, que los ayuntamientos hagan lo que tienen como competencias propias y no asuman más servicios. Ha sido muy importante el esfuerzo realizado por las corporaciones locales canarias para la contención del déficit y sería un error fomentar ahora un incremento del capítulo I, no sostenible, que nos llevará a poner en riesgo en el futuro el crecimiento económico alcanzado.
Sobre el segundo punto, el remanente de tesorería y su uso, habría que entenderlo no solo de la parte del mismo no afectado y además neteado por las obligaciones pendientes de pago, ya que, de lo contrario, estaríamos hablando de una magnitud que no es definitiva. Y aquí en este punto les recomiendo la lectura de un documento del doctor en Economía, el profesor Gayubo Pérez, de la Universidad de Valladolid, en la que analiza la conformación de la magnitud de la que estamos tratando. En cualquier caso, el remanente de tesorería ya se utiliza para financiar la aplicación del superávit en inversiones y marca la liquidez para garantizar el pago. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales permite, bajo determinados supuestos, su incorporación al presupuesto. Podría analizarse la utilización de un porcentaje del mismo, siendo prudentes y evitando poner en riesgo la liquidez de las corporaciones locales.
Y sobre el tercer y cuarto punto, el cálculo de la estabilidad presupuestaria está sometido a las reglas europeas y es fundamental mantenerse fiel al mismo con el fin de evitar la aparición de déficits presupuestarios no deseables. El cálculo se hace con base en el presupuesto liquidado y no al aprobado, ya que es el que nos muestra la realidad económico-financiera de la corporación local, si bien se podría atender a que no se tomen en consideración, como planteamos, para el cálculo del mismo, determinados gastos puntuales y establecer un mecanismo que identifique claramente...; en según qué supuestos, algunos gastos no quedarían afectados por la regla de gasto.
En este momento la utilización del remanente de tesorería para financiar las inversiones no afectaría a la regla de gasto, pero es importante destacar que afectaría negativamente a la estabilidad presupuestaria al aumentar el capítulo VI y VII de gasto del ejercicio.
Y sobre el quinto punto estamos absolutamente de acuerdo.
El grupo proponente ya nos ha informado que no admitirá ninguna de las enmiendas del Partido Popular, del Grupo Popular, y cuyo único objetivo, su única pretensión, era ajustar el texto de la PNL a la actual realidad jurídica. El Grupo Popular apoyará, en cualquier caso, esta proposición no de ley, porque está de acuerdo con el fondo de la cuestión, que es que las corporaciones locales puedan utilizar los excedentes presupuestarios para atender las necesidades de sus conciudadanos, pero manifestando que debíamos haber matizado, acotado, haber puesto unos límites, tanto a los tipos de uso, al destino, como a la cantidad económica utilizable. Nos parece que es una apuesta de máximos, una petición razonable de los alcaldes, pero debemos aprovechar para manifestar que no debemos cometer los errores del pasado reciente y creo que tenemos que comprometernos todos a no volver a estrangular económicamente las corporaciones locales y las instituciones públicas con decisiones que en ocasiones eran inadecuadas por ser insostenibles.
Señora Beato, aunque ya lo dijo, pero para que quede constancia, por favor, fije posición.
No comparto algunas aseveraciones que han hecho los dos portavoces, pero reglamentariamente no puedo intervenir en ese punto. Lo aclararemos en otro momento.
Como he adelantado, no aceptaremos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Socialista solo aceptaremos la tercera, el tercer punto, con la matización que he propuesto y que usted ha aceptado, y que ya los servicios de la Cámara tienen en su poder. Y agradecerles el apoyo a pesar del rechazo de las enmiendas. Nuestro grupo se lo agradece y también sus alcaldes se lo agradecerán.
La señora PRESIDENTA: Quedaría entonces con el añadido de "en un marco en el que se garantice el destino de los fondos para servicios municipales de interés autonómico". ¿Es así, señora Beato? (Asentimiento de la señora diputada).
Bien. Por tanto, seguimos ahora con el resto de los grupos.
Señora Beato, desde nuestro grupo, como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar esta iniciativa que presenta su grupo, porque estamos convencidos de que esta es una de las principales necesidades de los 88 ayuntamientos de nuestras islas y de los miles que hay en toda España.
Tenemos unas administraciones municipales que son modélicas en el cumplimiento de las normas de estabilidad presupuestaria y que a día de hoy la inmensa mayoría tiene superávit. Unos recursos que no pueden gastar porque están limitados por la regla de gasto y los objetivos de déficit. Una injusticia con mayúsculas que se mantiene desde hace años, cuando las políticas municipales sufrieron un duro recorte en su autonomía presupuestaria, a pesar de que son la Administración más cercana al ciudadano. Y a pesar de todo es su buena disposición lo que ha llevado a que sean los ayuntamientos de España los únicos que cumplieron con los objetivos que nos marcaba Europa en los diversos ejercicios, tal y como se demostró en el 2016, cuando ni el Gobierno del Estado ni 14 de las 17 comunidades autónomas habían cumplido estas reglas, y entre las cumplidoras se incluye Canarias. Pero es precisamente el no poder invertir los excedentes, excepto en cubrir deuda, lo que no se entiende, sobre todo cuando hay canarios que lo están pasando mal y su municipio no puede darles la respuesta que necesitan, porque no se puede gastar el dinero que en realidad les sobra.
Esto debe cambiar, señorías, no solo modificando un decreto-ley que está mal redactado y que les da incertidumbre a los ayuntamientos sobre si pueden o no pueden gastar en inversiones económicamente sostenibles. En este momento debemos cambiar estas leyes injustas que se hicieron en lo peor de la crisis, cuando más ayuda social se pedía a estos municipios y que de repente estaban con las manos atadas, tuvieran o no tuvieran déficit presupuestario.
Nuestro grupo estaba de acuerdo con el punto 3 que presentaba en su enmienda el Grupo Socialista, porque creemos, y de hecho es una demanda de la mayoría de los ayuntamientos, que nos han hecho llegar, pues, a todos los grupos por parte de la Fecam. En ese sentido, creíamos que, tal y como estaba redactado el punto 3 de su enmienda, también hubiese sido posible aceptarla y creo que hubiese sido justo para los ayuntamientos y para facilitar que la Administración más cercana al ciudadano sea capaz de responder a esas necesidades, que hasta el momento no lo pueden realizar, en su mayoría, precisamente porque no pueden gastarse un dinero que tienen.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias. El señor Campos.
Hace años asistimos a la tormenta perfecta, para los ayuntamientos, y, por tanto, a la tormenta perfecta para las personas, para los vecinos, porque no olvidemos que esas son las instituciones que de manera directa tienen un mayor impacto. Una tormenta perfecta que comenzaba con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, quitando muchísimas de las competencias y, por tanto, impidiendo a partir de ahí seguir desarrollando programas, específicos algunos de ellos, en función de las necesidades reales, que conoce mejor que nadie, obviamente, cada uno de los ayuntamientos. En poblaciones envejecidas, hubiera permitido desarrollar programas para mayores; en poblaciones muy jóvenes, programas muy específicos para los más jóvenes; en poblaciones con unos altos niveles de desempleo, programas en ese apartado concreto; o programas donde los niveles educativos o formativos del conjunto de la población fueran más bajos e incidir en ese sentido. Pero esa ley les dijo a los alcaldes y a las alcaldesas de toda España que tenían que conformarse con que la luz se apagara y se encendiera a la hora correcta, con que no hubiera basura en las calles y con que el agua llegara cuando se abrían los grifos en cada una de nuestras viviendas; en definitiva, convirtiéndonos prácticamente en gestores de determinados servicios públicos y no en lo que realmente representamos y somos, personas que nos dedicamos a la política para transformar la sociedad en aquello que estamos. Ley de racionalización y sostenibilidad local.
A todo esto, si añadimos otra parte de la tormenta, que fueron los recortes brutales en distintas materias, pues, empezó a cocinarse la situación que luego hemos vivido año a año: la aplicación de la ley de sostenibilidad financiera y, por tanto, también, a partir de ahí, la regla de gasto, que es que ya, incluso teniendo dinero y teniendo recursos, uno no podía aplicarlos y, en caso de tenerlos, en lugar de destinarlos a quienes peor lo pasaban, teníamos que contribuir al saneamiento de las entidades financieras. Todo ese panorama ha sido una de las principales causas o la principal causa de la situación que ha vivido la gente en este país, en concreto en Canarias.
Por tanto, que se vaya corrigiendo poco a poco, aunque creemos que de manera escasa, y sobre todo porque se ha visto presionado a través de la FEMP por los miles y miles de alcaldes y alcaldesas de este país, sin distinción de signo político, daba igual que fueran del Partido Popular o del Partido Socialista, los que tenemos en Nueva Canarias o de cualquier otro signo político... Reclamaban que se pudiera destinar en ese sentido.
Por tanto, vamos a apoyar esta iniciativa, con una incertidumbre, por eso nos hubiera gustado que se apoyaran también algunas de las enmiendas que se presentaban, porque creo que complementaban; pero con una incertidumbre porque no queda claro del todo y, sobre todo, como planteaban también en esa reunión de la FEMP muchos alcaldes y alcaldesas de este país, que coincida en el tiempo con la puesta en marcha de la nueva ley de contratos públicos, que está generando muchísimas dificultades para su aplicación y muchísima inseguridad jurídica para secretarios e interventores, va a impedir que se haga de manera eficiente la aplicación del gasto al menos en 2018.
Y para cerrar el turno de intervenciones, por el Grupo Popular... No, perdón, por el Grupo Podemos. Discúlpeme, señor Marrero, todavía no está usted ahí, no creo. El Grupo Podemos.
El señor MARRERO MORALES: Buenos días, don Álvaro, alcalde del municipio en el que pago mis impuestos.
Nosotros vamos a apoyar esta PNL porque siempre pretendemos ser constructivos y por eso traemos muchas aportaciones al Parlamento, aun cuando terminen en la gaveta del olvido y nos suman en la melancolía muchas veces, pero seguiremos insistiendo.
Yo creo que en muchas ocasiones se han convertido los parlamentos, sin que eso signifique un demérito, pero se han convertido en lugares para actuaciones que se asemejan un poco al teatro; es decir, hoy nos han presentado ustedes una pequeña obra, una obra menor, que viene precedida, la obra, por unos corchetes, que se suelen usar en el teatro para indicar a veces un aparte entre los actores y actrices o a veces para hacer una indicación del director o el autor de cómo le gustaría que la obra se hiciera. Y dentro de esos corchetes aparece una frase donde el PP, entre bambalinas, se dirige a Coalición Canaria y le plantea "tú has como que me lo pides que yo haré como que te lo otorgo". Uso la ironía, sin demérito de este Parlamento, pero uso la ironía porque desde la ultraperiferia llevamos muchísimo tiempo, décadas y décadas, donde hemos tenido que estar siempre pidiendo permiso a Madrid, en las monarquías absolutistas, en las dos dictaduras del siglo XX, durante mucho tiempo hemos tenido que estar pidiendo permiso a Madrid para poder hacer cosas en Canarias. Eso lo que nos indica es que aún hoy en día las clases dominantes en Canarias tienen unas relaciones subalternas con quien manda de verdad en el Estado. Y pensamos que las medidas recentralizadoras que se están haciendo en los últimos tiempos no contribuyen a la redistribución de la riqueza sino, antes al contrario, a la acumulación en pocas manos. Por eso nosotros de forma continuada los criticamos, porque es que ustedes han sido, desde Coalición Canaria, cómplices, colaboradores necesarios y en algunos momentos hasta han sacado pecho hablando de que son los mejores, los primeros de la clase, en cumplir a rajatabla recortes y reformas que nos han venido anteriormente.
La ley de sostenibilidad, la ley presupuestaria no es una cosa aislada, no es un hecho aislado en el tiempo; es decir, aquí hemos tenido reformas laborales, reformas fiscales, reformas financieras, reformas educativas, sanitarias, judiciales, del sistema de pensiones, de la Administración del Estado, de la Administración local, como nombraba el anterior compareciente, etcétera. Por tanto, lo que pediríamos es que esto que hoy vamos a apoyar no quede en la gaveta del olvido y de alguna manera sirva para que los municipios hagan políticas sociales.
Señorías, una vez que han intervenido todos los grupos y en los términos acordados, llamo a votación. (Suena el timbre de llamada a la votación. Pausa).
Saludamos al alcalde que nos acompaña en esta ocasión. (Aplausos).
9L/PNL-0577 Sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.

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