Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920206.html
Timestamp: 2019-11-20 02:25:18+00:00

Document:
as201920206
Auto Supremo: 206/2019 Fecha: 06 de marzo de 2019
Expediente: B-16-18-S
Partes: Eduardo Velasco Aguilera c/ Víctor Hugo Velasco Aguilera.
Proceso: Reivindicación. Distrito: Beni.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 78 a 79, interpuesto por Eduardo Velasco Aguilera; contra el Auto de Vista Nº 102/2018 de 23 de mayo, cursante de fs. 74 a 75 vta., pronunciado por la Sala Civil Mixta de familia, niñez, adolescencia y violencia intrafamiliar o domestica publica del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro del proceso ordinario sobre reivindicación, seguido por el recurrente contra Víctor Hugo Velasco Aguilera; la respuesta al recurso de casación de fs. 83 a 85; el Auto de concesión del recurso de casación cursante a fs. 87; el Auto Supremo de Admisión 768/2018-RA cursante de fs. 92 a 93; los antecedentes procesales; y:
Eduardo Velasco Aguilera, interpuso demanda de reivindicación, por memorial de fs. 14 a 15, acción que fue admitida por el juez de instancia y corrida en traslado al demandado. Víctor Hugo Velasco Aguilera, quien no se apersonó al proceso fue declarado rebelde mediante Auto Nº 427/2016 de 1 de agosto, cursante a fs. 20 vta., tramitándose de esta forma el proceso hasta el pronunciamiento de la Sentencia Nº 140/2017 de 15 de agosto, cursante de fs. 38 a 39 vta., por la que declaró PROBADA la demanda de reivindicación.
Resolución de primera instancia que fue apelada por Pedro Butrón Mamani y María Elena Limari Choque según el escrito de fs. 49 a 52 vta., que fue resuelto mediante el Auto de Vista Nº 102/2018 de 23 de mayo, cursante de fs. 74 a 75 vta., pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, ANULANDO obrados hasta la admisión de la demanda.
El Tribunal Ad quem, señaló que de la revisión de autos, se tiene que los apelantes se apersonaron presentando el Testimonio Nº 0287/2015 de 27 de julio, de la que se constata que Gerardo Guardia Fariñas, transfiere un inmueble urbano ubicado sobre la Av. Tipa y Av. Almendrillo, Urb. Los Almendros, Manzana Nº 14, Lote Nº L-1, Zona D, Distrito Nº5 , Código Catastral Nº 5-56, con una superficie de 600 m2, en favor de Pedro Butrón Mamani y María Elena Limari Choque, inscrito bajo la Matricula Nº 8.02.1.01.0012329, dicho inmueble transferido, guarda identidad material, en cuanto a ubicación, colindancias y extensión con aquel que se pretende reivindicar, conforme la relación fáctica, narrativa y jurídica de la demanda, y antecedentes probatorios consistentes en la Escritura Pública Nº 0282/2015 de 16 de noviembre; informe técnico elaborado por el técnico GAMR Mario Flores Guary del G.A.M.R, como del acta de inspección judicial de fs. 33, que al tiempo de rebelar la ubicación del inmueble, describe que en el lugar se encuentra el Sr. Pedro Butrón, por lo que del análisis de la prueba y confesión plasmada en la demanda, se concluye que tanto el poseedor del inmueble y quienes figuran como titulares del inmueble, no han sido incorporados a la demanda, en tal sentido se evidencia la vulneración directa, real, personal y demostrable de los derechos de las personas quienes tienen el estatus de poseedor y de titulares del inmueble objeto de la litis, siendo que en aplicación del art. 48.I del Código Procesal Civil debieron ser incorporados al proceso.
Esta resolución fue impugnada mediante recurso de casación cursante de fs. 78 a 79, interpuesto por Eduardo Velasco Aguilera, el cual se analiza.
Señaló que el Auto de Vista no tomo en cuenta que el recurso de apelación se encontraría planteado fuera de plazo vulnerándose los arts. 89.I y 90 del Código Procesal Civil.
Acusó que la resolución de segunda instancia no considero que la apelación fue realizada por persona extraña al proceso de reivindicación, por lo que no correspondía su absolución.
Por todo lo expuesto solicitó a este Tribunal Supremo dicte Auto Supremo revocando el Auto de Vista y confirmando la Sentencia de primera instancia.
Expresaron que el recurso de casación, carece de los requisitos formales para su presentación, expuestos en el art. 274 del Código Procesal Civil.
Señalaron que los recurrentes no denunciaron de forma oportuna ante el juez A quo el agravio sufrido sobre la extemporaneidad del recurso de casación y la participación de terceros, siendo aplicable el principio per saltum.
Alegaron que debe de considerarse el art. 216.IV del Código Procesal Civil, respecto a los plazos para impugnar. Así como también el art. 56 del mismo compilado adjetivo que respecto a la apelación por terceros expresa que el término para interponer el recurso será de diez días, computables desde la última notificación a las partes.
En tal sentido solicitó que este Tribunal, declare improcedente el recurso de casación, y se disponga la ejecutoria de la resolución de segunda instancia.
III.1. Del instituto del litisconsorcio.
El art. 67 de la abrogada ley Código de Procedimiento Civil, señalaba lo siguiente: “(Litisconsorcio).- Varias personas podrán demandar o ser demandadas en el mismo proceso, cuando las acciones fueren conexas por el título, el objeto, o por ambos elementos a la vez”, la norma describía que pueden integrarse al litigio a los titulares del derecho litigado que por razón del título, deban formar parte de la relación procesal.
Actualmente, este instituto se encuentra concebido en los arts. 47 del Código Procesal Civil, en cuyo parágrafo I señala: “Dos o más personas podrán litigar en forma conjunta como demandantes o demandadas en el mismo proceso, cuando sus pretensiones fueren conexas por su causa u objeto, o cuando la sentencia a dictarse respecto de una pudiere afectar a la otra”. Los parágrafos II y III establecen que los litisconsortes facultativos serán tenidos como sujetos procesales independientes, salvo disposición en contrario y que los actos de un litisconsorte no favorecen ni perjudican a los otros y tampoco afectan la unidad del proceso. Y también el art. 48 de la misma norma procesal. describe al litisconsorcio necesario estableciendo que: “I. Cuando por la naturaleza de la relación jurídica substancial, objeto del proceso, no pudiere pronunciarse sentencia, sin la concurrencia o el emplazamiento de todos los interesados, según se trate del litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, todos los litisconsortes activos deberán comparecer y todos los pasivos deberán ser emplazados en forma legal”. El parágrafo II de esta disposición señala que los recursos y actuaciones procesales de uno de los litisconsortes favorecerán a los otros. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si fueren consentidos por todos los litisconsortes.
Sobre este instituto Escriche refiere: “… litisconsorte es aquel que litiga por la misma causa o interés que otro, formando con él una sola parte, ya sea de actor o de reo demandado en pleito…”.
En el ámbito doctrinario, podemos citar a Couture que define al litisconsorcio como la situación jurídica en que se hallan diversas personas que actúan en juicio conjuntamente como actores (litisconsorcio activo) o como demandadas (litisconsorcio pasivo) para deleitar sobre el instituto corresponde señalar que la palabra litisconsorcio se encuentra compuesto del latín “litisconsors” (litis = conflicto; con = junto; y sos = junto), de acuerdo a la clasificación doctrinaria existe el litisconsorcio voluntario o necesario, la primera que de común acuerdo de los litigantes disponen participe un tercero a quien estará a las expectativas de la resolución debatida, y el necesario cuando, radica la existencia de resguardar el derecho de defensa en el proceso de todos los interesados a quien ha de ampliarse la cosa juzgada, razón por la cual en el litisconsorcio necesario, el juez se encuentra obligado a verificar si de acuerdo a la naturaleza de la cuestión planteada o de acuerdo al título de las partes, sea necesaria la concurrencia de terceros, como el caso del litisconsorte pasivo y activo de la reconvención.
Por otra parte, Hugo Alsina quien en su obra TRATADO TEÓRICO PRACTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL, tomo IV, página 136 y siguientes señala lo siguiente: “a) determinar cuándo hay cosa juzgada en razón de las personas, es establecer sus límites subjetivos; es decir, a quienes se extiende su Autoridad. En principio, la sentencia afecta únicamente a quienes hubieran intervenido en el proceso en calidad de partes, y no aprovecha ni perjudica a los terceros que hayan permanecido ajenos al mismo los cuales podrán oponer en su caso, la defensa de “cosa no juzgada”. Pero las relaciones jurídicas son tan complejas que, con frecuencia, la Litis afecta derechos de terceros (efecto reflejo), que se ven así vinculados a un proceso en el que no han intervenido, y de cuya sentencia, sin embargo, puede derivarles perjuicios, surgiendo entonces la necesidad de considerar la posibilidad de que estos terceros intervengan en el proceso para prevenir una sentencia que pueda serles desfavorable…”.
En este entendido este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos entre ellos los Autos Supremos Nros. 406/2013, 441/2013, 1156/2015 citando al Auto Supremo Nº 99 de 22 de noviembre de 2004, emitido por la extinta Corte Suprema de Justicia ha orientado lo siguiente: “…a veces es la ley la que exige que sean varias personas las que, conjuntamente, deduzcan la pretensión frente a las cuales la pretensión ha de decirse (litis consorcio necesario), otras veces se produce por libre decisión de las partes (litis consorcio simple o facultativo), sin que ello impida a que sea la Autoridad judicial la que disponga de oficio un litis consorcio, por dos razones: a) la primera relativa a su rol de director del proceso, debiendo cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad, como establecen los arts. 3 núm. 1) y 87 del Código de Procedimiento Civil y b) la segunda referida al derecho de defensa en el proceso, de todas las partes o eventuales comparecientes respecto a los cuales se amplía la cosa juzgada, característica de la sentencia que se dicta en el fondo del proceso, cuyas disposiciones y alcance sólo comprenden a las partes y a las que derivaren sus derechos de aquellas.”.
III.2. De la facultad del Juez o Tribunal de disponer la integración de la Litisconsorcio.
En consecuencia, a los efectos de las responsabilidades otorgadas al juzgador en previsiones de los arts. 24 y 213.I del Código Procesal Civil, se establece la necesidad de la integración a la litis de todos aquellos que deban ser sometidos al proceso, en función de la naturaleza de la relación o del objeto de la controversia, tarea que no sólo puede ser de las partes (litis consorcio simple o facultativo), sino de la Autoridad judicial de instancia que en su calidad de director del proceso debe cuidar que se desarrolle sin vicios de nulidad, para lo que podrá disponer un litis consorcio de oficio; siendo esa la única manera de asegurar que sus decisiones sean útiles para las partes demandantes, demandadas y otros que se hayan integrado en el proceso, alcanzando a todos ellos los efectos de la cosa juzgada.
En este marco es preciso tener en cuenta que en cuanto al análisis de la legitimación pasiva a momento de admitir las causas, no se trata solo de poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados, ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que imparten justicia, bajo el principio dispositivo entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes.
Razonamientos que también se encuentran contenidos y orientados en los Autos Supremos Nros. 441/2013 de 28 de agosto, 243/2014 de 22 de mayo y 509/2016 de 16 de mayo.
1. Señaló que el Auto de Vista no tomo en cuenta que el recurso de apelación se encontraría planteado fuera de plazo vulnerándose los arts. 89.I y 90 del Código Procesal Civil.
Al respecto para dar una adecuada respuesta, se debe considerar los antecedentes del proceso a fs. 35, donde se puede acreditar la existencia del acta de la audiencia complementaria de juicio llevada bajo la dirección del juez A quo, de la que se puede extractar lo siguiente “En la ciudad de Riberalta, capital de la provincia Vaca Diez, departamento del Beni a horas quince treinta y cinco del día martes quince de agosto de dos mil diecisiete, el personal del juzgado publico civil, comercial y de familia compuesto por el juez (…) y el suscrito secretario, se constituyó en audiencia pública dentro del juicio Ordinario civil sobre REIVINDICACIÓN DE DERECHO PROPIETARIO seguido por EDUARDO VELASCO AGUILERA contra VÍCTOR HUGO VELASCO AGUILERA”. Para posteriormente en dicho actuado dar lectura solo de la parte dispositiva de la sentencia señalando “POR TANTO.- Se declara probada la demanda. La sentencia en su integridad será leída el día miércoles 6 de septiembre de 2017 a horas 15:00.
Con lo que termino el presente acto…”.
Posteriormente ha dicho actuado de fs. 38 a 39 vta., se puede evidenciar la fundamentación de la sentencia en su integridad, la que fue emitida el 15 de agosto de 2017 fs. 38 – 39 vta., resolución judicial que fue notificada a las partes del proceso, al demandante Eduardo Velasco A. en fecha 15 de agosto de 2017 a horas 9:40 y por otro lado al demandado, declarado rebelde Víctor H. Velasco A. en la misma fecha a horas 9:45 conforme fs. 39 vta.
En tal sentido del análisis integral de los actuados procesales se puede constatar que las notificaciones realizadas a las partes con la sentencia fueron generadas con irregularidad, puesto que la audiencia complementaria de juicio donde se emitió la parte dispositiva de la sentencia, se instaló el día 15 de agosto de 2018 a horas 15:35, y extrañamente a fs. 39 vta., se puede verificar que las notificaciones con la integridad de dicha resolución fueron el mismo día pero a horas 9:40 para el demandante y de 9:45 para el demandado, aspecto que lógicamente generan defectos en la notificación con resolución de primera instancia, en sentido de que las partes en el presente caso conocieron de la sentencia incluso antes de la instalación de la audiencia complementaria de juicio, aspecto que origina la ineficacia de dichas notificaciones.
Por otro lado, se debe considerar que la notificación realizada al demandado declarado rebelde Víctor Hugo Velasco Aguilera, fue realizada en estrados judiciales conforme se acredita a fs. 39 vta., aspecto que también vulneró el art. 364.II del Código Procesal Civil que al respecto señala “Declarada la rebeldía, se notificará a la parte demandada en su domicilio real mediante cédula. Todas las actuaciones y resoluciones posteriores se notificarán en estrados, excepto la sentencia…”.
Por lo que las notificaciones con la sentencia, realizado a las partes del proceso no puede ser considerados, para el cómputo de presentación del recurso de apelación interpuesto por Pedro Butrón Mamani y María Elena Limari Choque como terceros interesados, además se debe tomar en cuenta que el acta de lectura de la sentencia donde no se presentó el demandado declarado rebelde fue realizada en fecha 06 de septiembre de 2017, la que no fue notificada a las partes en tal sentido no se considera que hubiera vulnerado el art. 89.I y 90 del Código Procesal Civil como expresa el recurrente por lo que respecto a este punto el mismo deviene en infundado.
2. Acusó que la resolución de segunda instancia no consideró que la apelación fue realizada por persona extraña al proceso de reivindicación, por lo que no correspondía su absolución.
Sobre este aspecto es necesario al igual que el punto anterior remitirnos al legajo del expediente, del que se desprende que a fs. 43 vta., la Escritura Pública Nº 0287/2015 de 27 de julio, presentada por los señores Pedro Butrón Mamani y María Elena Limari Choque, mediante el cual se acreditan su derecho propietario sobre el bien inmueble ubicado en la Urbanización Los Almendros, correspondiente a la manzana Nº 14 lote Nº L-1, Zona D, Distrito Nº 5, Código Catastral Nº 5-56, consiste de 15.00 metros de frente por 40.00 metros de fondo, con una superficie de 600 m2. El bien inmueble se encuentra registrado en derechos reales, bajo la matrícula computarizada Nº 8.02.1.01.0012329.
Dicho bien inmueble que guarda identidad con el pretendido por el demandante en la demanda cursante de fs. 14 a 15, donde solicita la reivindicación del bien inmueble ubicado en la Av. Tipa, Manzana Nº 14, Lote L, Zona D, Distrito Nº 5, Barrio Los Almendros con una superficie de 15.00 metros de frente y 40 metros de fondo, haciendo una superficie regular de 600.00 m2., ubicación que también es respaldad por la Escritura Pública Nº 0282/2015 de 16 de noviembre.
En el mismo sentido se, tiene la documental de fs. 3 presentado por el demandante consistente en informe técnico de remensura, realizado por el Técnico Mario Flores Guary, que guarda relación con los datos del inmueble de propiedad de los señores Pedro Butrón Mamani y María Elena Limachi Choque, como terceros interesados dentro del presente proceso.
Por otro lado se constata que mediante la audiencia de inspección ocular realizada al inmueble objeto de la litis cursante de fs. 33, se pudo acreditar que el mismo se encuentra ocupado por el señor Pedro Butrón.
Aspectos que generan la convicción del interés legítimo sobre el presente proceso de los señores Pedro Butrón Mamani y María Elena Limari Choque, como litisconsorcio necesario conforme lo expuesto en la doctrina legal aplicable III.1., y que al no haber sido integrados al proceso se les hubiera generado indefensión, puesto que tienen un interés directo sobre el objeto de la litis, por lo que la decisión del Tribunal de alzada de ANULAR el proceso hasta la integración de los anteriormente mencionados al presente proceso fue acertada, empero la anulación dispuesta solo debió ejecutarse hasta la audiencia preliminar, salvando los actuados procesales generados por el demandado Víctor Hugo Velasco Aguilera a efecto de generar cosa juzgada, por lo que no corresponde dar curso al agravio presentado por el recurrente respecto a este punto.
En referencia a lo alegado en su contestación al recurso de casación se debe considerar que el mismo fue admitido mediante A.S Nº 768/2018-RA, cursante de fs. 92 a 93, tomando en cuenta la flexibilidad de criterios bajo la orientación de la Sentencia Constitucional Nº 2210/2012 de 8 de noviembre.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 78 a 79, interpuesto por Eduardo Velasco Aguilera contra el Auto de Vista Nº 102/2018 de 23 de mayo, cursante de fs. 74 a 75 vta., pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, modulando dicha resolución solamente en relación a la extensión de la nulidad dispuesta en segunda instancia, sea la misma hasta la instalación de la audiencia preliminar, donde se deberá integrar a los terceros interesados. Sin costas ni costos por la modulación.

References: Resolución 
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