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Timestamp: 2017-12-17 13:43:27+00:00

Document:
REFLEXIONES MULTIDISCIPLINARIAS SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARRESTO DOMICILIARIO.
Recibido el 10 de mayo de 2012
CENTRO DE REFERENCIA MORÓN
Cecilia Benítez (TS)
Rafael Gamas (Ps)*
Liliana Molinari (Abog)
Jorge Moreno (Ps)
Jésica Suárez (Ps)
En términos generales, la adolescencia es el período en la vida de las personas en donde se construye, de manera lenta, continua y sostenida el desarrollo de la personalidad, el ejercicio paulatino y progresivo de derechos y la toma, también de manera progresiva de responsabilidades.
En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, por su carácter holístico, integrador e indivisible, va otorgando a través de sus disposiciones, los distintos niveles de intervención de los Estados Partes, para que estos derechos y responsabilidades vayan adquiriendo forma y efectivización en la vida de un niño hasta llegar a su completa adultez.
Los artículos vinculados a la Justicia Juvenil de la Convención son los artículos 37, 39 y 40, pero la Justicia Juvenil está relacionada a toda la Convención. La categoría de responsabilidad penal no se halla incluida en la Convención; pero sí los principios y las regulaciones que deben guiar las acciones en estos casos. Sin embargo, en la práctica no se cumplen en su totalidad. La privación de libertad asumida como último recurso no se aplica en la práctica cotidiana con la frecuencia que propone la CDN en tanto última ratio, en consecuencia su utilización resulta abusiva en calidad y cantidad, reduciendo a su mínima expresión la utilización de medidas socio educativas alternativas a la privación de libertad.
Es necesario mirar la temática de la Justicia Juvenil con un enfoque de derechos, integral y de conjunto. Este enfoque de derechos debe estar en el carácter de la relación entre el Estado y los ciudadanos. Es decir que la Justicia Juvenil no debe considerarse por separado. Los adolescentes involucrados en la Justicia Juvenil deben ser abarcados por el conjunto de las políticas públicas integrales, como las de educación, salud, formación profesional, y otras. Por esto es que no podemos dejar de relacionarla también con el artículo 3, donde se refiere al interés superior del niño; con el artículo 12, vinculado al derecho a ser oído; los artículos 28 y 29 sobre el derecho a la educación; el artículo 24 relativo al derecho a la salud, e incluso, con el artículo 9 sobre el derecho del niño a mantener el vínculo con sus padres.
En este sentido, y en relación a la reforma legislativa producida en la Provincia de Buenos Aires, en términos de armonización con los principios y disposiciones de la CDN, desde esta Subsecretaría, como órgano protector y promotor de los derechos de niños/as y adolescentes, no podemos dejar de mostrar nuestra preocupación al momento de analizar y evaluar las prácticas socio-judiciales aplicadas en este sentido y su real congruencia con el documento internacional referido.
La presencia de la norma, no significa siempre el verdadero cambio de paradigma. Este cambio debe reflejarse, no sólo en la letra, sino en la implementación e interpretación del espíritu con la que fue creada. Muchas veces, en el análisis cotidiano de nuestras prácticas, observamos, desde la interdisciplinariedad que por imperativo legal ejercemos, que este cambio de paradigma no siempre está presente al momento de actuar en relación al adolescente en conflicto con la ley. Y esto se ve en el seguimiento y evaluación de aquellos casos donde notamos que estamos trabajando más en la exclusión del adolescente de sus ámbitos familiares, de pares y comunitarios, que acorde a una política de inclusión, única forma de desarrollar el ejercicio pleno de derechos y la toma de responsabilidades.
La situación de los adolescentes en conflicto con la ley penal, supone actuar desde diferentes planos: desde la justicia por un lado, pero, y más enfáticamente, desde esta relación de la justicia con las políticas desarrolladas en aras de lograr una mejor convivencia con el medio social, una verdadera inserción en ese medio social, disminuyendo de este modo las desigualdades y falta de oportunidades que, por diversos motivos, mantienen ciertos sectores de mayor vulnerabilidad dentro de la sociedad.
La aplicación de medidas, que se dicen “alternativas”, y que en definitiva suponen, restricciones a las libertades individuales, por la mera aplicación de la norma, abandonando la integralidad con que se deben trabajar en estos temas, sin medir las consecuencias en la vida de un ser en desarrollo, solo llevan a reproducir esas desigualdades, y enfatizar la estigmatización de un sector determinado, no contribuyendo a fortalecer todos los aspectos que habrán de tomarse en cuenta al momento de intervenir en la vida de un niño o adolescente.
En este sentido, y vale traer a colación, las Observaciones Generales del Comité sobre los Derechos del Niño, órgano de control de la aplicación de la CDN. Es permanente su preocupación luego de los informes dados por el Estado argentino, en relación a la aplicación de medidas restrictivas de la libertad, en términos de no coincidir esta práctica con las reformas legislativas alcanzadas.
Así es como en respuesta a los informes presentados a partir del año 2004, el Comité manifestó como motivo de preocupación el elevado número de adolescentes en situación de prisión preventiva, que en el sistema penitenciario bonaerense alcanza un 78% según el Estado Parte, y entre sus Recomendaciones expresó:
“…Considere revisar su legislación y prácticas en materia de detención preventiva, a fin de que la imposición de la prisión preventiva se aplique sólo como medida excepcional, tomando en cuenta las recomendaciones de diciembre de 2003 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en cuanto a las medidas alternativas a la detención preventiva…”.
En la implementación de estos principios de justicia juvenil, el interés superior del niño debe ser una consideración primordial. Esto significa, como lo establece el artículo 40, párrafo 4 de la CDN, que todas las intervenciones deben ser apropiadas para el bienestar del niño y guardar proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción. En este sentido, el Comité expresó:
“…El Comité toma nota de que la preservación del orden público y seguridad son objetivos legitimados de la justicia juvenil, pero opina que éstos objetivos se cumplen mejor a través de un pleno respeto por la implementación de los principios rectores y abarcadores del sistema de justicia juvenil como lo establece la Convención…”
Lo manifestado, no ha tenido cambios sustanciales en los últimos informes del Comité, ni respecto a la implementación de la administración de justicia, y mucho menos, en referencia a la relación entre el niño y/o adolescente en lo que hace a la violencia institucional.
Asimismo, el Comité también recomendó al Estado argentino:
“La estructura y contenido de las medidas de intervención deben contener las siguientes opciones en orden de prioridad:
-Intervenciones sin recurrir a procedimientos judiciales
De conformidad con el artículo 40, párrafo 3 de la CDN los Estados Partes deben buscar promover este tipo de intervenciones siempre que sea apropiado y deseable. Dado el hecho de que una mayoría de jóvenes comenten infracciones menores las intervenciones sin aplicar plenamente los procedimientos de derecho penal deben ser una práctica bien establecida que puede y debe ser utilizada en la mayoría de los casos de delincuencia juvenil. Esto significa que los Estados Partes deben desarrollar e implementar un juego de medidas tales como cuidado, orientación y supervisión, colocación en hogares de guarda, programas de enseñanza y formación profesional (ver artículo 40 párrafo 4 CD-…”
-Intervenciones en el contexto de procedimientos judiciales
Si se inicia un procedimiento judicial por una autoridad competente (frecuentemente es fiscal) los principios de juicio justo e imparcial deben ser aplicados. Pero al mismo tiempo, el sistema de justicia juvenil debe brindar amplias oportunidades de desviar el caso a medidas socio y/o educativas y limitar el uso de la privación de la libertad, en particular la detención previa al juicio, tanto como sea posible a través de medidas alternativas incluyendo la posibilidad de órdenes condicionales o suspensión de la detención…”.
Con estos datos, creemos que es posible, revisar nuestras prácticas institucionales desde todos los ámbitos de aplicación, a fin de dar cumplimiento efectivo a los compromisos asumidos ante la comunidad internacional, y hacia nuestro propio Estado, implementando intervenciones coordinadas desde las distintas instituciones, que promuevan la integración del niño y para que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
Aspectos Psico-sociales del Arresto Domiciliario y sus posibles paradojas
Para los grupos vulnerables no hay causas, motivaciones psicológicas, sociales o económicas que justifiquen su accionar. La recuperabilidad está subordinada a los instrumentos de los cuales se dispone y a la voluntad de recuperar.
Respecto de la delincuencia sucede lo mismo, esa recuperabilidad depende de una serie de condiciones y recursos, que en general este colectivo sólo tiene como soporte cuando no se está incluido en las denominadas comunidades/grupos vulnerables.
Si se quiere afrontar el problema de la vulnerabilidad/marginalidad debemos afrontarlo en relación a la estructura social y no como fenómeno aislado que se pretende hacer pasar como simples anomalías individuales.
Las instituciones tienen la función formal de curar, reeducar, rehabilitar, resocializar; por lo cual deberían orientarse a dicho objetivo; pero su práctica real es diferente ya que es desestructurante y elimina al sujeto.
En el marco institucional, no podemos obviar el entrecruzamiento del discurso psico-socio-terapéutico con el jurídico, focalizando en las colisiones conceptuales de las diferentes disciplinas y propiciando una comprensión compleja y transdisciplinar del fenómeno.
Al pensar en un adolescente en riesgo y/o en conflicto con la ley; entendemos que pasan muchas horas del día sin actividades organizadas y no cuentan con ámbitos sociales de contención u orientación para canalizar necesidades o intereses; aspiran a bienes de consumo caracterizados como propios de la etapa juvenil por la propaganda y los medios masivos de comunicación, pero no tienen dinero para adquirirlos; su vida cotidiana transcurre dentro de las fronteras de su barrio que opera a la vez como límite geográfico y social. Son padres o madres muy tempranamente, sin recursos suficientes para formar un hogar propio; algunos tienen familiares detenidos, o están vinculados a personas que habitualmente cometen delitos; otros tienen antecedentes penales, descreen de las instituciones de justicia y temen la selectividad y arbitrariedad de la policía; no avizoran un futuro inmediato ni mediato muy diferente a su presente; para ellos y ellas arriesgar la vida y la libertad forma parte de sus vivencias.
Si un joven llega a involucrarse en situaciones de conflicto con la ley, entendemos que hubo una “falla”; tanto sea en la inscripción de una ley subjetiva interna que ordena lo prohibido y lo permitido; como así también en la contención, límite y orientación en el vínculo afectivo parental.
Lo antes mencionado hace de límite a la condición de posibilidad de cada joven de construir-se subjetivamente hacia su adultez y realizar el movimiento subjetivo hacia la exogamia, hacia la salida hacia lo simbólico-social.
Es por lo expuesto que desde una posición profesional, nos interrogamos por el fundamento para determinar años de Arresto Domiciliario.
¿A que se apunta con tal decisión?
Si en la infancia y pre-adolescencia sucedieron fallas, ¿qué se espera que suceda con un joven durante tres años y seis meses de arresto domiciliario?
Desde una posición compartida en el Centro de Referencia, tenemos la convicción de que los jóvenes necesitan reconstruir su pasado, pensar su presente y proyectar un futuro. En este punto y al pensar al Arresto Domiciliario como una medida restrictiva de la libertad y, al entender el “sin sentido” de su aplicación; volvemos a sostener que el seguimiento psico-social en una medida judicial, donde se interviene con jóvenes en conflicto con la ley; debe estar orientada a dejar de ejercer el mero control social y centrarse más en favorecer la subjetivación historizante, a partir del análisis de las posibles causas y sobredeterminaciones que vivió cada joven en su recorrido vital y, desde ese lugar, diseñar y proyectar toda intervención.
Desde esta perspectiva, tiene sentido tomar la noción descripta por Pierre Legendre en cuanto a la función clínica del derecho, en tanto instancia social de carácter ritual que hace tope al sujeto, pero que a su vez le permite apalabrar, hablar, dar sentido a su acto.
En esta línea es que la noción de sanción penal cobra sentido enfrentando la noción de castigo, considerando que toda vez que una pena es aplicada y no es comprendida como efecto de un acto, la misma pierde sentido.
Este es el lugar en el que queda el Arresto Domiciliario en los jóvenes. El lugar del sin-sentido, del zafé, del no tengo nada que ver con esto que pasó.
No estamos hablando de la responsabilidad del derecho, sino de la responsabilidad subjetiva que le permita entender y entender-se como sujeto social entramado en la cultura.
Es así, que pensamos que más que este Arresto, que en la práctica es casi imposible de implementar, habría que incluir las medidas alternativas que, siendo medidas de control permiten un trabajo más subjetivante para los jóvenes.
Si bien es un objetivo ambicioso, la intervención diferenciada pero complementaria es la articulación técnica e institucionalmente deseable entre las labores de protección y restitución de derechos y aquellas relativas a la supervisión de medidas alternativas a la privación de libertad.
Por otro lado, en continuidad con el marco legal que encuadra nuestra práctica, donde la privación de libertad es la última medida a tomar tratándose de un niño o adolescente (Convención sobre los Derechos del Niño, Reglas de Beijing o Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, Directrices de Riad de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, Ley Nac. 26.061, Ley Prov. 13.298 y Ley Prov. 13.634); y a la vez entendiendo el Arresto Domiciliario, como una medida restrictiva de la libertad con la característica de que esta privación, una vez más, se juega en el contexto familiar, desde el Centro de Referencia entendemos como iatrogénica dicha medida, más aún cuando el tiempo de la misma esta medido en años.
Lo dicho está fundado en que el control de estas medidas recae sobre familias que han fracasado con anterioridad y que acompañaron a que el joven se encuentre en conflictiva con la ley penal. En este sentido se abre la pregunta: ¿Porqué algo que no funcionó, por el simple hecho de que este normatizado, va a funcionar?
Desde esta perspectiva entendemos que hay situaciones paradojales que debemos señalar.
Primera paradoja.
Desde la perspectiva de la psicología del desarrollo, la adolescencia se caracteriza por el momento del desarrollo psíquico y cultural donde los jóvenes construyen un fuerte lazo con el grupo de pares, confrontando con las figuras parentales; es la instancia de la salida exogámica la cual es constitutiva del lazo social. Lazo que hace a la construcción del sujeto social.
Los aspectos mencionados entran en contradicción con la medida de Arresto Domiciliario impuesta a gran parte de los jóvenes con los que trabajamos, entendiéndola como una medida inadecuada en la aplicación tratándose de esa franja etárea, teniendo en cuenta que la misma propicia, justamente, que el joven, salvo por los permisos especiales (escuela, programa, etc.) permanezca en su casa.
El contexto familiar de precariedad socio económica solicita/necesita/requiere muchas veces para su funcionamiento el aporte económico de los jóvenes como forma de subsistencia (lugar asignado para el que tampoco está preparado el joven, significándole una carga que puede desembocar en conductas auto-agresivas), hecho que considerando la aplicación de la sanción a los 18 años y tomando como promedio tres años de cumplimiento del Arresto, pone a estas familias, más que deprivadas y vulneradas, en situación de solventar los gastos de mantenimiento y sustento de un joven hasta los 21 años… o más.
En cuanto a lo laboral, en la mayoría de los casos la inclusión de los mismos es en el mercado informal de trabajo, constituyendo una nueva contradicción.
Por un lado la vulneración del derecho al trabajo ya que les resulta dificultoso tanto conseguirlo (tienen que salir y por lo tanto violar el Arresto) como demostrarlo por la propia informalidad.
Por otro se presenta la dificultad de que habiéndolo conseguido no siempre les es otorgado el correspondiente permiso o por la mora en el otorgamiento lo pierden.
Se construye así una nueva contradicción cuando desde la labor del Centro de Referencia se trabaja para ubicar al joven en otra relación con su contexto socio familiar y comunitario siendo una imposibilidad desde la medida planteada.
En este sentido, entendemos la práctica profesional en términos de facilitador. Facilitador para sensibilizar/promover la inscripción del joven en lo legal; es decir tender a que el joven que se encuentra en conflicto con la ley penal visualice para sí, aquello que la Ley dice; e incorpore el sentido en el cual esta lo nombra. De modo tal que el norte de la intervención sería que logre un posicionamiento subjetivo respecto de sus conductas pretéritas que faciliten la generación propia de preguntas que sirvan de portal de acceso hacia su inscripción en la ley.
Respecto de la condición circunstancial del arresto domiciliario se podría pensar que, allí donde muchas veces la trasgresión se ha instalado como configuración de lo cotidiano (entendiéndola como enraizada en su vida cotidiana, como práctica social desde aquella primera institución que es la familia), con sus generalidades y particularidades, pero con evidentes signos de desadaptaciones y disfuncionalidades que son capaces de actuar sus familias; emergen posiblemente estos jóvenes en ocasiones como portavoces de tales semblantes. Por lo expuesto interpretamos que sin una adecuada intervención en lo socio familiar, sin lograr el desarrollo de estrategias vinculares entre las familias y otros efectores de la comunidad y el centro de Referencia esta disposición (el arresto domiciliario) es estéril, e inadecuada porque abandona al joven a la soledad de su conflicto familiar ubicándolo legalmente en ese lugar del chivo emisario. Poco tiene el cumplimiento de esta disposición de reparación en el marco de la responsabilidad, ya que desconoce la historicidad y verticalidad de los condicionantes que integran la decisión que llevara a la transgresión.
Nuestra experiencia en el trabajo con esta población nos permite pensar propuestas de intervención con instituciones que permitan el alojamiento de la temática y de sus integrantes; es decir de las familias y los jóvenes desde dispositivos diferenciados, individuales y colectivos, cuya presencia y referencia, valga la redundancia, permita co-construir un abordaje de trabajo integral en torno de la responsabilización subjetiva.
La intervención judicial da el marco para el trabajo posible a realizar y desde el arresto domiciliario de los jóvenes los límites impuestos hacen inabordable el espacio para la revisión y redefinición de prácticas sociales potenciadas por espacios subjetivos de aprendizaje y transformación que habiliten la internalización de la norma.
Para que las intervenciones no estén fatalmente condenadas al desacierto, para tender a la búsqueda de efectos positivos y mejores resultados, es menester promover modelos vinculares e identificatorios que habiliten el desarrollo de potenciales saludables que sean paulatinamente incorporados a la escena familiar y desde allí revisados en sus espacios de “tratamiento temático”, para buscar un posicionamiento superador posterior. Todo este movimiento que es básicamente inaplicable desde lo endogámico de la disposición arresto domiciliario, pasaría a potenciarse en el contexto de medidas alternativas a la privación/restricción de la libertad.
*E-mail de contacto: regamas@yahoo.com.ar

References: artículo 3
 artículo 12
 artículo 24
 artículo 9
 artículo 40
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