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Timestamp: 2019-10-22 12:00:37+00:00

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﻿ Sentencia T-431 de junio 12 de 2012
SENTENCIA T-431 DE 12 DE JUNIO DE 2012
CONTENIDO:EL CUMPLIMIENTO DE LOS FALLOS JUDICIALES TIENE CARÁCTER DE DERECHO FUNDAMENTAL. LA EFECTIVIDAD DE LOS FALLOS PROFERIDOS POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES ES UNA DE LAS FORMAS MÁS IMPORTANTES DE CONCRECIÓN DEL DERECHO DE ACCESO EFICAZ A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, QUE NO TENDRÍA SENTIDO EN UN ESTADO SOCIAL SI NO ASEGURASE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS, SUPERANDO EL CONCEPTO MERAMENTE DECLARATIVO DEL PROCESO Y LLEVANDO A LA REALIDAD FÁCTICA LOS RAZONAMIENTOS Y CONCLUSIONES JUDICIALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AGENCIA OFICIOSA EN LA ACCIÓN DE TUTELA, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA JUDICIAL
Sentencia T-431 de junio 12 de 2012
Ref.: Exp. T-3369547
Acción de tutela instaurada por Rosa Amelia Agudelo Villada en representación de Roberto Luís Blandon Diosa contra el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué
Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué Sala de Revisión Penal y la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal en el trámite de la acción de tutela instaurada por Rosa Amelia Agudelo Villada en representación de Roberto Luís Blandon Diosa contra el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué.
El pasado mes de noviembre de dos mil once, la señora Rosa Amelia Agudelo Villada actuando en representación de su esposo el señor Roberto Luís Blandon Diosa interpuso acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y solicitó el amparo del derecho fundamental al debido proceso de su esposo, el cual fue supuestamente vulnerado por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué, toda vez que se negó a conceder el incidente de desacato iniciado en contra del Instituto de Seguros Sociales, entidad que a su vez decidió suspender el pago de la pensión de invalidez reconocida por acción de tutela.
1. Aseguró la accionante que su esposo sufrió de una patogénesis de alto riesgo y catastrófica, por lo que fue calificado con una pérdida de la capacidad laboral en un porcentaje del 73.90% por la junta regional de calificación de invalidez.
2. Al iniciar los trámites para el reconocimiento de la pensión de invalidez, el Instituto de Seguros Sociales mediante la resolución número 000337 del 28 de enero de 2010 negó la pensión(1), argumentando que no contaba con el requisito de fidelidad dispuesto en la norma.
3. En consecuencia, afirmó la accionante que se interpuso acción de tutela en contra de dicha entidad. Por reparto la tutela le correspondió al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué que por sentencia proferida el 8 de abril de 2010 tuteló los derechos fundamentales del señor Blandon Diosa.
4. Aseguró la actora que en el fallo se dispuso al Instituto de Seguros Sociales expedir la respectiva resolución que ordenara el pago y reconocimiento de la pensión de invalidez a favor de su esposo desde el momento de su estructuración de manera definitiva y sin estar condicionada al inicio de un proceso ordinario laboral.
5. Posteriormente, el Instituto de Seguros Sociales profirió la Resolución 04186 del 2010(2) otorgando la pensión de invalidez, la cual fue pagada a partir del mes de noviembre de 2010. Sin embargo, dicha entidad en el mes de diciembre del mismo año decidió suspender el pago de la pensión argumentando que era necesario presentar una demandada ante la justicia ordinaria puesto que la tutela fue concedida solo como mecanismo transitorio.
6. Agregó, la actora que presentó incidente de desacato con el propósito que el Juez procediera a sancionar a la entidad por la suspensión del pago de las mesadas pensionales. Empero, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué en sentencia del 20 de mayo de 2011 se abstuvo de ordenar al ISS cumplir la sentencia.
Con fundamento en los hechos narrados anteriormente la señora Rosa Amelia Villada requirió el amparo de tutela y solicitó se ordene:
“(i) se declare probado el incidente de desacato a la sentencia judicial proferida el día 08 de abril de 2010, (ii) se sancione al incidentado conforme lo establece el artículo 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991, con multa y arresto sucesivo hasta tanto se cumpla en su integridad la sentencia, y que a la vez proceda, a restablecer el pago de la pensión de invalidez del señor Roberto Luis Blandon Diosa, a partir del mes de noviembre de 2010 (iii) que se considera lesionado los intereses del Instituto proceda a demandar su propio acto a través de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho”.
Asumido el conocimiento de la acción de tutela por parte del Tribunal Superior Sala Penal, mediante oficio del 3 de noviembre de 2011, se dispuso la notificación al Juez Sexto Penal del Circuito de Ibagué.
El Juez Sexto Penal del Circuito de Ibagué se pronunció sobre los hechos de la tutela, y aseguró que por sentencia del 8 de abril de 2010, su despacho tuteló el derecho fundamental al mínimo vital en conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas y ordenó al ISS que expidiera la correspondiente resolución administrativa para reconocer el derecho a la pensión de invalidez del accionante.
Informó el juez que el ISS procedió a reconocer la pensión mediante la expedición del Acto Administrativo 4186 del 7 de julio de 2010 a favor del señor Blando Diosa, los cuales serían pagaderos desde el mes de septiembre de 2010. Sin embargo, agregó el juez que se presentó un incidente de desacato y ante la expedición de dicho acto administrativo el despacho decidió el 6 de septiembre de 2010 declarar infundado el incidente de desacato.
Posteriormente, aseguró el juez que el 20 de enero de 2011, se interpuso otro incidente de desacato, toda vez que el ISS no continuo con el pago de la pensión y el 20 de mayo del mismo año, luego de que se revisara la actuación de la entidad, se decidió no sancionarla. Argumentando lo siguiente: “lo lógico, lo legal, lo justo, y normal, hubiere sido que la accionante en representación del señor Blandon Diosa, iniciara mediante trámite reglado pertinente el proceso ordinario laboral correspondiente y comunicará sobre el mismo a la entidad accionada, para que esta mientras se dirimía el conflicto legal, siguiera cancelando el valor de la pensión a este tal y conforme lo advierte claramente el acto administrativo o la Resolución 04186 de la que se ha hecho mención; porque la tutela en caso de prestaciones económicas es un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y no para suplir actos administrativos o jurisdiccionales o vías ordinarias”.
• Fotocopia de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué del 8 de abril de 2010, en la que se resuelve la tutela interpuesta por la señora Rosa Agudelo Villada solicitando la pensión de invalidez de su esposo el señor Roberto Luís Blando Diosa. Al respecto el juez se pronunció en los siguientes términos: “Plenamente establecido la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital en conexidad con la vida en condiciones dignas del ciudadano Roberto Luis Blando Diosa por parte de la demandada Instituto de Seguro Social Seccional Risaralda —jefe de atención al pensionado—; se ordenará a esta el reconocimiento de su pensión de invalidez” (fls. 11-22).
• Fotocopia de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué del 20 de mayo de 2011 en la que se resuelve el incidente de desacato promovido por la señora Rosa Agudelo Villada con el fin de lograr el cumplimiento del fallo dictado por el despacho y se decide: “No sancionar a la entidad Instituto de Seguro Social Seccional Risaralda” (fls. 23-31).
• Fotocopia de la Resolución 04186 del 7 de julio de 2010 en la que reconoce el derecho a la pensión de invalidez del accionante y se ordena iniciar dentro de los cuatro meses siguientes al acto administrativo que otorga la pensión un proceso ordinario laboral para el reconocimiento definitivo de su derecho (fls. 32-34).
• Fotocopia del comprobante de pago del pensionado del mes de septiembre de 2010 (fls. 35 y 36).
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué Sala de Decisión Penal, hizo un recuento de los hechos y así como de la jurisprudencia constitucional en materia de procedencia de tutela contra providencias judiciales y concluyó que en el caso concreto no se evidencia un quebranto al debido proceso, toda vez que la accionante tenía claro que debía iniciar el proceso laboral ordinario pues en la Resolución 04186 así lo establecía.
Por lo que mencionó: “Si se observa con detenimiento la sentencia judicial de tutela, donde el Juzgado Cuarto (sic) Penal del Circuito le ordenó al ISS conceder el derecho a la pensión de invalidez a mi esposo Roberto Luis Blandon Diosa, se coligue sin ningún esfuerzo intelectual, que este despacho otorgó el amparo judicial de tutela, como mecanismo definitivo”(resaltado del texto).
A fin de resolver el asunto, la Sala se pronunciará sobre los siguientes tópicos:(i) la agencia oficiosa como figura para configurar la legitimación por activa de una persona padece una enfermedad catastrófica,(ii) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (iii) el cumplimiento del fallo como concreción del derecho al acceso a la administración de justicia, (iv) y por último el caso concreto.
3. La agencia oficiosa como figura para configurar la legitimación por activa de una persona padece una enfermedad catastrófica.
De conformidad con la normatividad que regula la materia(3), la jurisprudencia constitucional ha reiterado que “no se pueden agenciar derechos ajenos, en materia de tutela, cuando no se demuestra la imposibilidad del titular de estos de ejercer su propia defensa, bajo el entendido que solo este puede disponer de sus derechos y propender a su c protección”(4). Es decir, los elementos indispensables de la agencia oficiosa en materia de tutela son (i) la necesidad de que el agente oficioso manifieste explícitamente que está actuando como tal y (ii) que el titular de los derechos invocados no se encuentre en condiciones para instaurar la tutela a nombre propio(5).
En materia de protección del derecho a la salud, esta corporación ha señalado que “se presume la incapacidad para acudir directamente a la jurisdicción cuando una persona padece de una enfermedad catastrófica (...) Concretamente en casos, en los que la persona que solicita la tutela de sus derechos a la vida y a la salud, por medio de agente oficioso, padece cáncer y está en tratamiento, la jurisprudencia ha presumido su incapacidad para defenderse por sí misma, en razón al alto impacto que tienen los tratamientos actualmente existentes en la integridad física y psicológica de toda persona”(6). Así, en la Sentencia T-514 de 2006 se consideró que si bien el accionante“(...) no manifestó en forma expresa en el escrito de la demanda que su esposa se encontraba imposibilitada para promover su propia defensa, de acuerdo con lo (probado en el expediente) (...) consta que esta ha sido sometida a intensas y continuas sesiones de quimioterapias y radioterapias que la desgastan físicamente (...)”(7). En el mismo sentido se ha entendido que se configuran los supuestos para la agencia oficiosa cuando la tutela ha sido interpuesta por los padres(8), los hijos(9), los hermanos(10), los cónyuges(11), los compañeros(12), o al cuñado(13) para reclamar prestaciones necesarias para la protección de este derecho.
La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene un carácter excepcional(14), está supeditada, entre otras cosas, a que los efectos de una decisión judicial vulneren o amenacen derechos fundamentales y a que no exista otro mecanismo judicial idóneo para proteger el derecho comprometido. Esta corporación ha sentado una abundante jurisprudencia en torno a lo que en los primeros años fue llamado vía de hecho y que más recientemente ha experimentado una evolución terminológica hacia el concepto de causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela, en cuanto a la procedencia de esta acción constitucional para controvertir providencias judiciales (sentencias y autos).
Ahora bien, la expresión vía de hecho, si bien resultaba ilustrativa de algunos de los eventos que pretende describir, tales como errores burdos o arbitrariedades en las decisiones judiciales, no abarca todos los supuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por una parte, y adicionalmente puede entenderse que tiene una connotación de deslegitimación o sindicación peyorativa del juez que profiere la sentencia objeto de una tutela, razón por la cual la jurisprudencia constitucional desde hace algunos años ha sugerido el abandono de la anterior terminología y su sustitución por la expresión causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales(15)”.
Para el caso concreto importa resaltar que dentro de las manifestaciones del derecho de acceso a la administración de justicia se encuentra, con un carácter esencial, el cumplimiento del fallo proferido como resultado de un proceso en donde mediaron todas y cada una de las garantías propias de un proceso realizado en un Estado social y democrático de derecho, ya sea aquel conducido por el propio Estado o por particulares.
En este sentido se ha manifestado desde su inicio la Corte Constitucional, siendo muestra de ello la Sentencia T-553 de 1993, en donde se consagró:
Adicionalmente, y destacando de forma más profunda la significación que el cumplimiento de los fallos proferidos en procesos judiciales tiene dentro del Estado social, se ha concluido que este integra el núcleo esencial del derecho al debido proceso, como se ha manifestado, entre otras, en la Sentencia T-554 de 1992 oportunidad en que la Corte expresó:
La capital importancia que para el interés público tiene el cumplimiento de las sentencias obliga a los jueces y tribunales adoptar las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales, lo mismo que a la autoridad condenada al cumplimiento oportuno”(16)—resaltado ausente en texto original—.
Es pertinente resaltar que no es exclusivo de la jurisprudencia constitucional colombiana el concluir que el cumplimiento de los fallos judiciales tiene carácter de derecho fundamental. En este sentido también se han hecho manifestaciones en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tribunal con jurisdicción reconocida en nuestro Estado y, por tanto, referencia relevante en la construcción conceptual del derecho fundamental al cumplimiento del fallo. Al respecto reflexionó de forma detallada sobre el carácter y alcances de este derecho en el caso Baena Ricardo v. Panamá, en donde consagró:
“72. Una vez determinada la responsabilidad internacional del Estado por la violación de la Convención Americana, la Corte procede a ordenar las medidas destinadas a reparar dicha violación. La jurisdicción comprende la facultad de administrar justicia; no se limita a declarar el derecho, sino que también comprende la supervisión del cumplimiento de lo juzgado. Es por ello necesario establecer y poner en funcionamiento mecanismos o procedimientos para la supervisión del cumplimiento de las decisiones judiciales, actividad que es inherente a la función jurisdiccional(17). La supervisión del cumplimiento de las sentencias es uno de los elementos que componen la jurisdicción. Sostener lo contrario significaría afirmar que las sentencias emitidas por la Corte son meramente declarativas y no efectivas. El cumplimiento de las reparaciones ordenadas por el tribunal en sus decisiones es la materialización de la justicia para el caso concreto y, por ende, de la jurisdicción; en caso contrario se estaría atentando contra la raison d’être de la operación del tribunal.
73. La efectividad de las sentencias depende de su ejecución. El proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento.
82. A la luz de lo anterior, este tribunal estima que, para satisfacer el derecho de acceso a la justicia, no es suficiente con que en el respectivo proceso o recurso se emita una decisión definitiva(18), en la cual se declaren derechos y obligaciones o se proporcione la protección a las personas. Además, es preciso que existan mecanismos efectivos para ejecutar las decisiones o sentencias, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados. La ejecución de tales decisiones y sentencias debe ser considerada como parte integrante del derecho de acceso a la justicia, entendido este en sentido amplio, que abarque también el cumplimiento pleno de la decisión respectiva. Lo contrario supone la negación misma de este derecho”(19).
Esta conclusión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se apoya en los artículos 8º (acceso a la justicia) y 25 (garantías judiciales) de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. En este sentido el artículo 8.1 de la convención establece que:
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la (...) convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
(...) este derecho sería ilusorio si el ordenamiento jurídico interno del Estado parte permite que una decisión judicial final y obligatoria permanezca inoperante en detrimento de una de las partes. (...) La ejecución de las sentencias emitidas por los tribunales debe ser considerada como parte integrante del ‘juicio’ (...)(20) —resaltado ausente en texto original—.
La señora Rosa Amelia Villada en representación de su esposo, interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué, toda vez que se negó a sancionar al Instituto de Seguros Sociales en el trámite del incidente de desacato promovido contra dicha entidad al suspender el acto administrativo que reconoció la pensión de invalidez.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué Sala de Decisión Penal, determinó que en el caso concreto no se evidencia un quebranto al debido proceso, toda vez que la accionante tenía claro que debía iniciar el proceso laboral ordinario, pues en la Resolución 4186 así lo establecía.
Para comenzar debe hacerse referencia a la legitimación de la señora Rosa Amelia Villada para actuar como agente oficioso de su cónyuge el señor Roberto Luís Blandon Diosa quien fue calificado con una pérdida de la capacidad laboral del 73.90% a causa de una patogénesis del alto riesgo y catastrófica, por lo que de las pruebas(21) aportadas en el expediente se encuentra justificada la imposibilidad del señor Blandon para acudir directamente a la jurisdicción.
1.Procedencia de la acción de tutela interpuesta por la accionante.
Así, pues, es en este marco fáctico en donde debe estudiarse la existencia o no de las causales de procedibilidad de la presente tutela, recordando, como se indicó, que la aplicación de la doctrina constitucional en ese tópico, tiene un carácter eminentemente excepcional, por virtud del principio de independencia de la administración de justicia y del carácter residual de la acción de tutela. Por tal razón, las vías de hecho deben estar presentes en forma tan protuberante y deben tener tal magnitud, que sean capaces de desvirtuar la juridicidad del pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento(22).
Adicionalmente, es preciso tener presente que para que la acción de tutela sea procedente en casos en los que se ataca un fallo judicial, debe darse cumplimiento al mandato según el cual, esta solo procede en ausencia de un mecanismo alternativo de defensa judicial o para efectos de evitar un perjuicio irremediable. En las sentencias T-639 de 2003 y T-996 de 2003, la Corte resumió así los requisitos de tipo formal para la procedencia de la acción de tutela:
“a) Es necesario que la persona haya agotado todos los mecanismos de defensa previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión que se pretende controvertir mediante tutela. Con ello se pretende prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso ordinario(23), que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el legislador(24), y que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos(25), pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial(26).
La Sala advierte además, como prólogo al estudio detallado de los cargos de la demanda, que en sede de tutela solo se analiza si la providencia acusada incurrió en una vía de hecho o si se advierte en el fallo enjuiciado alguna de las causales de procedibilidad indicadas por la doctrina constitucional, de tal manera que lo que se realiza es un juicio de validez de la sentencia dictada por el Juzgado Sexto Penal y no un juicio de corrección en tanto no obra el juez de tutela como una instancia más dentro del proceso penal.
Ahora bien, en cuanto los requisitos de procedencia general de la acción de tutela particularmente la inmediatez, la sentencia que negó el incidente de desacato fue proferida el 20 de mayo de 2011 y la tutela interpuesta el 11 de noviembre de 2011. De esta manera, ha transcurrido solo seis meses entre el fallo desfavorable del desacato y la acción de tutela, tiempo razonable entre el hecho que dio origen a la acción y la interposición de la misma. Por lo que, se encuentra acreditado el presupuesto de inmediatez en el ejercicio de la acción.
2. Examen el defecto sustantivo alegado y sobre la violación del derecho de acceso a la administración de justicia.
En este caso, la sentencia desconoció el contenido de la orden dispuesta en la sentencia del 8 de abril de 2010 mediante la cual se reconoció la pensión de invalidez a favor del señor Roberto Luís Blandon en los siguientes términos:
“Plenamente establecido la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital en conexidad con la vida en condiciones dignas del ciudadano Roberto Luis Blando Diosa por parte de la demandada Instituto de Seguro Social Seccional Risaralda —jefe de atención al pensionado—; se ordenará a esta el reconocimiento de su pensión de invalidez y, por ende el pago de las mesadas pensionales desde el momento de estructuración de la misma” (resaltado por fuera del texto).
Segundo: Ordenar al Instituto de Seguro Social Seccional Risaralda, jefe de atención al pensionado representado por la doctora María Gregoria Vásquez Correa, para que dentro del término de la cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación personal de esta decisión, inicie el trámite administrativo pertinente tendiente al proferimiento de la respectiva resolución que ordene reconocer y pagar la pensión de invalidez al señor Roberto Luis Blandon Diosa” (resaltado por fuera del texto).
Por lo que, de la lectura de estos apartes no hay duda respecto del sentido de la sentencia del juez y de las obligaciones que de la misma surgieron para la parte incumplida. Por esta razón, la interpretación surgida por el ISS no está conforme a derecho y vulneró los derechos de la parte accionante.
Tanto en la parte considerativa como en la resolutiva está más que claro que la orden conceder la pensión de invalidez esta proferida de manera definitiva y sin estar sujeta al inicio de un proceso ordinario laboral ni de ningún tipo. En consecuencia, es no válido que el ISS en la Resolución 4186 del ISS, haya dispuesto:
“Es en el caso citado, frente al cumplimiento de los fallos de tutela que ordenan la cancelación de una prestación pensional sin que establezca en el mismo que corresponde a un mecanismo transitorio,
Deberá establecerse en el acto administrativo que el cumplimiento del fallo de tutela por parte de instituto es temporal, indicando que este se concederá por el término de 4 meses”.
Por esta razón, se encuentra que los jueces que decidieron el desacato, particularmente el Juez Sexto Penal del Circuito desconoció su propia sentencia, pues para él era claro que la suspensión del pago de la mesada pensional del señor Blandon Diosa obedeció a los lineamientos dados por el nivel central del ISS, particularmente por la Circular VP 2800 del 2 de abril de 2009, expedida por la vicepresidencia de pensiones de la referida institución y que al no haber iniciado el proceso ordinario laboral dispuesto en la circular, la parte accionante incurrió en negligencia. En este sentido expreso:
“En otras palabras, mal haría este despacho en sancionar a la entidad el Instituto de Seguros Social Seccional Risaralda, por una conducta omisiva que no ha realizado, debido a que el usuario debe someterse al igual que toda la comunidad al trámite reglado”.
Así las cosas, al momento de resolver el incidente de desacato el Juez Sexto Penal del Circuito de Ibagué cambió de manera sustancial la decisión consignada en la sentencia del 8 de abril de 2010, pues en aquella oportunidad la providencia reconoció que el actor se encontraba en situación de especial debilidad manifiesta a consecuencia de su estado de salud y que en esa medida resultaba inoportuno exigirle acudir a la jurisdicción ordinaria. Al respecto manifestó:
“Por ello la acción de tutela es el camino expedito, eficaz e idóneo para la protección de los derechos fundamentales vulnerados, pues resulta desproporcionado someter a persona beneficiaria de pensión de invalidez a la espera de proceso laboral ordinario o administrativo”.
En efecto, de acuerdo con esta línea de argumentación, la Corte evidencia claramente que en las providencias emitidas dentro del trámite de desacato cuestionado se configuró un (i) defecto sustantivo consistente en la inaplicación de la sentencia que reconoció la pensión de invalidez, así como el indebido alcance otorgado por el ISS al contenido de la sentencia en cuestión, circunstancias que terminaron afectando los derechos fundamentales del actor, las cuales concluyeron en una violación al debido proceso del señor Roberto Luís Blandon Diosa.
Además debe recordarse que la efectividad de los fallos proferidos por las autoridades judiciales es una de las formas más importantes de concreción del derecho de acceso eficaz a la administración de justicia, que no tendría sentido en un Estado social si no asegurase la ejecución de las sentencias proferidas, superando el concepto meramente declarativo del proceso y llevando a la realidad fáctica los razonamientos y conclusiones judiciales, como lo ha reconocido tanto la jurisprudencia constitucional, como la proferida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos(28). Y es este el sentido que tiene la actuación de los demandantes en el presente caso, en el que la sentencia, proferida a su favor en términos claros y precisos, había sido tergiversada con la anuencia del juez encargado de su cumplimiento.
Por las razones expuestas, la Sala encuentra que se vulneró el derecho al acceso efectivo a la justicia y el debido proceso por las actuaciones negligentes del Juez Sexto Penal del Circuito de Ibagué. Así las cosas, tiene pleno sentido la acusación de dilación en el cumplimiento del fallo que realiza la parte actora en contra del Juez, quien siendo el encargado del cumplimiento del mismo, no realizó labor alguna tendiente a restablecer la eficacia de la decisión tomada, por él aceptando expresamente las acciones realizadas por el ISS.
Con base en los anteriores argumentos esta Sala revocará la sentencia proferidapor la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 2 de febrero de dos mil doce (2012) que a su vez confirmó la providencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.
1. REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 2 de febrero de dos mil doce (2012), que a su vez confirmó la providencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. En su lugar, TUTELAR los derechos al acceso a la justicia y al debido proceso del señor Roberto Luís Blandon Diosa por las razones y en los términos de esta sentencia.
2. ORDENAR al Instituto de Seguro Social - Seccional Risaralda, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a expedir un nuevo acto administrativo dando cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del 8 de abril de 2010 dictada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué que concedió de manera DEFINITIVA el derecho a la pensión de invalidez a favor del señor Roberto Luís Blandon Diosa.
3. ORDENAR al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué VIGILAR el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia del 8 de abril de 2010 en los estrictos términos en que la misma fue entendida por esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional.
4. EXHORTAR al Instituto de Seguros Sociales que en el futuro deberá abstenerse de ordenar el inicio de algún proceso ordinario laboral cuando esta consecuencia no se manifieste expresamente en el fallo de tutela.
(1) Folio 1, comunicación enviada a la parte actora en donde se niega la pensión de invalidez, argumentando lo siguiente: “Revisado el reporte de semanas, expedido por la gerencia general de historia laboral y nómina de pensionado del Instituto de Seguros Sociales se establece que el asegurado cotizó a este instituto en forma interrumpida un total de 107 semanas, de las cuales 41 semanas se cotizaron en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez aclarando que las semanas cotizadas con posterioridad a dicha fecha no pueden ser tenidas en cuenta para efectos de la prestación solicitada acredita 00% de fidelidad al sistema”.
(2) Folio 32, Resolución 4186 del Instituto de Seguros Sociales, en la que se señala: “Que mediante Circular VP 2800 de abril 02 de 2009, expedida por la vicepresidencia de pensiones del ISS, que determina. En atención a los múltiples fallos de tutela emitidos por los despachos judiciales, en los cuales se reconocen prestaciones sin que se acrediten la totalidad de los requisitos expuestos por las normas pensiónales,
Sin embargo y de examinar que la pensión concedida por fallo tutelar es contraria a las leyes pensiónales por no acreditar la totalidad de los requisitos, siendo reconocida sin derecho alguno, deberá establecerse en el acto administrativo que el cumplimiento del fallo de tutela por parte del Instituto es temporal”.
(3) Decreto 2591, ART. 10.—Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. || También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. || También podrán ejercerla el defensor del pueblo y los personeros municipales.
(4) Corte Constitucional, Sentencia T-294 de 2000, en esta sentencia se consideró que una madre no estaba legitimada para presentar una acción de tutela en contra de la empresa en la que trabajaba un celador al que se le disparó un arma y lesionó a su hijo (Brinks de Colombia S.A.), quien tenía 17 años al ocurrir los hechos, puesto que no se demostró su incapacidad para actuar.
(6) Sentencia T-913 de 2006.
(7) Sentencia T-514 de 2006.
(8) En la Sentencia T-924 de 2004 la Corte tuteló el derecho de una mujer de 19 años a recibir los medicamentos necesarios para atender el cáncer que padece, los cuales habían sido defendidos por su señora madre, en calidad de agente oficioso.
(9) En la Sentencia T-750 de 2005 la Corte consideró que una hija podía agenciar legítimamente los derechos de su madre enferma de cáncer; a su juicio, la incapacidad de defenderse por sí misma se presumía de su propio estado de salud (padecer una enfermedad catastrófica).
(10) En la Sentencia T-754 de 2005 tuteló los derechos de un menor de (14 años) que padece hemofilia severa, tipo A, los cuales habían sido agenciados por su hermana.
(11) En la Sentencia T-246 de 2005 la Corte consideró que el cónyuge puede representar legítimamente los derechos de su pareja cuando padece cáncer, imposibilitada para ejercer su propia defensa. En el mismo sentido, se pronunció en las sentencias T-348 de 2006 y T-514 de 2006.
(12) En la Sentencia T-575 de 2005 se tuteló el derecho de una persona a acceder a un servicio de salud (recibir un complemento alimenticio), el cual había sido alegado y defendido por su compañera permanente, en calidad de agente oficioso.
(13) Corte Constitucional, Sentencia T-471 de 2005, en este caso se resolvió tutelar los derechos a la vida y la salud de una persona, los cuales habían sido defendidos por su cuñado en calidad de agente oficioso.
(14) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992.
(15) Así, en fecha reciente, sostuvo esta corporación: “en los últimos años se ha venido presentando una evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacen viable la acción de tutela contra providencias judiciales. Este desarrollo ha llevado a concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una «violación flagrante y grosera de la Constitución», es más adecuado utilizar el concepto de «causales genéricas de procedibilidad de la acción» que el de «vía de hecho»”, Sentencia T-774 de 2004.
(16) Reiterado en sentencias T-962 de 2001; T-882 de 2003; T-599 de 2004; T-360 de 2007; y T-937 de 2007, entre otras.
(17) Cfr. Caso Barrios Altos. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2003, considerando primero; caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2003, considerando primero; caso Suárez Rosero. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; caso Caballero Delgado y Santana. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; caso Garrido y Baigorria. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; caso Blake. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; caso Benavides Cevallos. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; caso Loayza Tamayo. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; caso Cantoral Benavides. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso Bámaca Velásquez. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; caso Castillo Páez. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; caso del Tribunal Constitucional. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; y caso Hilaire, Constantine y Benajmin y otros. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero.
(18) Cfr. Caso “Cinco Pensionistas”, supra nota 32, párrs. 138 y 141; y caso Cantos, supra nota 31, párr. 55.
(19) Caso Baena Ricardo v. Panamá, Sentencia (competencia) de 28 de noviembre de 2003.
(20) Hornsby v. Greece judgment of 19 March 1997, ECHR, Reports of judgments and decisions 1997-II, par. 40; y cfr. Antonetto c. Italie, Nº 15918/89, par. 27, CEDH, 20 juillet 2000; e immobiliare Saffi v. Italy (GC), Nº 22774/93, par. 63, ECHR, 1999-V. (Versión Oficial: “(...) that right would be illusory if a contracting State’s domestic legal system allowed a final, binding judicial decision to remain inoperative to the detriment of one party. (...) Execution of a judgment given by any court must therefore be regarded as an integral part of the ‘trial’ (...)”). Citado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Baena Ricardo v. Panamá, op. cit., párrafo 81.
(21) Folio 2, en el que se especifica el diagnostico de la patología padecida: “Hipertensión arterial no controlada, compromiso cardíaco y renal diabetes mellitas no controlada, compromiso renal clase iv, enfermedad pulmonar obstructiva crónica no controlada, hipertensión pulmonar, insuficiencia renal crónica mixta en hemodiálisis clase III”. Folio 96, fotografía en la que figura el accionante postrado.
(22) Sentencia T-933 de 2003.
(23) Cfr. Sentencia T-001 de 1999.
(24) Cfr. Sentencia SU-622 de 2001.
(25) Sentencia T-116 de 2003.
(27) Cfr. Sentencia T-440 de 2003. La Corte concedió la tutela a una entidad bancaria y algunos usuarios de la misma, por considerar que en el trámite de una acción de grupo la autoridad judicial había desconocido los derechos a la intimidad y al debido proceso, al ordenar la remisión de varios documentos que implicaban la revelación de datos privados confiados a una corporación bancaria. Sobre la procedencia de la tutela la Corte señaló: “(...) En segundo lugar, la Corte también desestima la consideración según la cual existió una omisión procesal por parte de los usuarios del Banco Caja Social. Dichas personas no integraban el pasivo del proceso de acción de grupo (...). Por lo tanto, difícilmente podían los ahora tutelantes controvertir providencias judiciales que no les habían sido notificadas, y que, por demás, habían sido proferidas en el transcurso de un proceso judicial de cuya existencia no estaban enterados”. En sentido similar pueden consultarse las sentencias T-329 de 1996 y T-567 de 1998.
(28) Sentencia T-082 de 2010.

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 52
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 Resolución 
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