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Timestamp: 2019-12-09 10:28:46+00:00

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﻿ Sentencia 2008-00116 de mayo 10 de 2012
SENTENCIA 2008-00116 DE 10 DE MAYO DE 2012
CONTENIDO:IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. PARA QUE SE CAUSE ESTE IMPUESTO, BASTA CON SER UN USUARIO POTENCIAL RECEPTOR DEL SERVICIO, COMO EN EL EFECTO LO ES LAS EMPRESAS CARBONERA Y MINERA.
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPUESTO AL ALUMBRADO PÚBLICO, TARIFA DEL IMPUESTO
Sentencia 2008-00116 de mayo 10 de 2012
Rad. 47001-23-31-000-2008-00116-01-(18043)
Bogotá, D.C. diez de mayo de dos mil doce
En los términos del recurso de apelación interpuesto por las partes, la Sala decide si se ajustan a derecho los acuerdos 011 de 2003, 005 de 2004, 12 de 2006 y Acuerdo 008 de 2009, expedidos por el concejo municipal de Zona Bananera, en cuanto fijaron la tarifa del impuesto de alumbrado público para las empresas mineras que, en general, utilicen en el municipio las instalaciones o infraestructura para el almacenamiento, tratamiento, mantenimiento y transporte de sus productos.
Como se precisó en los antecedentes, las normas demandadas son las que se subrayan a continuación:
Acuerdo 11 de agosto 29 de 2003:
”ART. 6º—(...)
PAR. 2º—Las tarifas de alumbrado público para los siguientes usuarios se establecerá así:(...)
Empresas con actividades de minería a cielo abierto, que utilicen de manera permanente en el municipio instalaciones e infraestructura para el almacenamiento, tratamiento, mantenimiento y transporte de sus productos, 30 SMMLV” (...).
Acuerdo 005 Agosto 19 de 2004
PAR. 2º—Las tarifas de alumbrado público para los siguientes usuarios se establecerá así: (...)
Empresa con actividades de minería a cielo abierto que utilicen en el municipio instalaciones o infraestructuras para el almacenamiento, tratamiento o conducción de sus productos 70 SMMLV”.
Acuerdo 012 de septiembre 7 de 2006
ART. 7º—El artículo 6º del Acuerdo 011 de agosto 29 de 2003, modificado por el Acuerdo 005 de 19 de agosto de 2004, quedará así: La tarifa del impuesto de alumbrado público consistirá en el valor mensual que se cobrará a cada sujeto pasivo calculado por un porcentaje sobre el valor bruto del consumo de energía teniendo en cuenta su extracto (sic) o nivel de suscriptores del servicio de energía eléctrica, para los contribuyentes no incorporados como suscriptores de la empresa prestadora del servicio público domiciliario de energía eléctrica, se tomará como base un porcentaje de la liquidación del puesto (sic) predial unificado y para las empresas de actividades especiales se determinará en salarios mínimos legales mensuales.(...)
PAR. 1º—El parágrafo 2º del artículo 6º continua vigente”.
Acuerdo 008 del 14 de mayo de 2009
ART. 9º—El impuesto al servicio de alumbrado público, se cobrara mensualmente para todos los sectores y estratos, teniendo en cuenta los siguientes esquemas tarifarios:
9.2. Tarifa aplicables a quienes no se pueda determinar el consumo mensual de energía eléctrica (...).
9.2.4. Empresas mineras o carboneras (carbón natural y/o mineral): Las empresas que utilizan el territorio de la jurisdicción del municipio de Zona Bananera para el transporte de carbón mineral y/o natural, pagarán una tarifa mensual equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 smlmv.)” (Los apartes en negrilla son los demandados)
La Sala advierte que en sentencia de 30 de septiembre de 2009, expediente 2008-0024, que se encuentra ejecutoriada(3), el Tribunal Administrativo del Magdalena anuló los acuerdos 011 de 2003 y 005 de 2004 del Concejo Municipal de Zona Bananera.
Precisa, también, que en fallo de 11 de marzo de 2009, expediente 2006-0878, que se encuentra ejecutoriado, el Tribunal Administrativo del Magdalena anuló en su integridad el artículo 7º del Acuerdo 12 de 2006.
El artículo 175 del Código Contencioso Administrativo dispone que la sentencia que declara la nulidad de un acto tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes, esto es, frente a todo el mundo. Así pues, como lo ha precisado la Sala, la cosa juzgada opera sin limitación alguna, “de tal suerte que declarada la nulidad de una norma, esta desaparece del escenario jurídico y no puede ser motivo de una nueva impugnación”(4).
Dado que los acuerdos 11 de 2003 y 005 de 2004 fueron anulados en virtud de la sentencia de 30 de septiembre de 2009, ya citada, y que esta nulidad comprende la de los artículos 6º [par 2] del Acuerdo 11 de 2003 y 2 [par.2] del Acuerdo 005 de 2004, demandados en este proceso, se configuró respecto de las normas en mención la figura jurídica de la cosa juzgada, lo que impide a la Sala proferir nuevo fallo de fondo sobre la pretensión de nulidad de las citadas disposiciones.
En consecuencia, la Sala se estará a lo dispuesto en la providencia mencionada en relación con los artículos 6º [par 2] del Acuerdo 11 de 2003 y 2 [par.2] del Acuerdo 005 de 2004.
Además, como el artículo 7º del Acuerdo 12 de 2006 también fue anulado por el a quo en sentencia del 11 de marzo de 2009, Expediente 2006-0878, la Sala habrá de estarse a lo resuelto en dicho fallo, como lo dispuso el a quo.
Respecto al artículo 9º numeral 9.2.4. del Acuerdo 8 del 14 de mayo de 2009 la Sala precisa lo siguiente:
Aunque en auto de 6 de mayo de 2010 la Sala suspendió los efectos de la norma en mención por haber reproducido una disposición ya anulada, en esta oportunidad se reitera que los actos supuestamente reproducidos (acuerdos 11/2003 y 5/2004), fueron anulados por el Tribunal Administrativo del Magdalena en sentencia del 30 de septiembre de 2009. Y, como el Acuerdo 08 de 14 de mayo de 2009 es anterior a la providencia en mención, debe estudiarse el fondo de la nulidad planteada respecto del mismo.
Pues bien, el artículo 9º [num. 9.2.4] del Acuerdo 08 de 2009 dispone que las empresas mineras o carboneras que utilizan el territorio de la jurisdicción del municipio de Zona Bananera para el transporte de carbón mineral y/o natural, mensualmente deben pagar por concepto de tarifa del impuesto de alumbrado público el equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 smlmv).
El demandante considera que la norma en mención es nula porque el transporte de carbón por las vías férreas de Zona Bananera no tiene relación con el servicio de alumbrado público, debido a que no requiere la iluminación prestada por el municipio.
También sostiene que el artículo 27 de la Ley 141 de 1994 prohíbe a las entidades territoriales fijar gravámenes a la explotación de los recursos naturales no renovables, los cuales se someten al régimen de regalías y que el artículo 231 de la Ley 685 de 2001 prohíbe que la exploración y explotación mineras sean gravadas con impuestos directos o indirectos.
En sentencia de 11 de marzo de 2010, en la que se analizó la legalidad de un acuerdo que fijaba la tarifa del impuesto de alumbrado público para las empresas cuyos oleoductos atraviesen el municipio(5), la Sala hizo las siguientes precisiones, que ahora reitera(6):
• El impuesto fue creado por la Ley 97 de 1913 que facultó al Concejo de Bogotá para fijar los elementos del impuesto. La Ley 84 de 1915 hizo extensiva esta facultad a todos los municipios del país.
• El servicio de alumbrado público es un derecho colectivo que los municipios deben suministrar de manera eficiente y oportuna y la colectividad tiene el deber de contribuir a financiar para garantizar su sostenibilidad y expansión.
• El objeto imponible es el servicio de alumbrado público y el hecho que lo genera es el ser usuario potencial receptor de ese servicio.
• Para que se cause el impuesto no se requiere que el usuario reciba permanentemente el servicio, porque el servicio de alumbrado público, en general, es un servicio en constante proceso de expansión. El hecho de que potencialmente la colectividad pueda beneficiarse del mismo, justifica que ningún miembro quede excluido de la calidad de sujeto pasivo.
• El aspecto espacial del hecho generador está determinado por la jurisdicción del municipio donde se presta el servicio a la colectividad residente, porque los demás serían receptores ocasionales.
Respecto a la violación de los artículos 231 de la Ley 685 de 2001(7), que prohíbe gravar la exploración y explotación mineras con impuestos directos o indirectos de los entes territoriales, y 27 de la Ley 141 de 1994, que prohíbe a las entidades territoriales gravar la explotación de los recursos naturales no renovables, la Sala también reitera el criterio expuesto en la sentencia de 11 de marzo de 2010(8), con fundamento en el cual, la norma acusada no grava el transporte del carbón, la exploración y explotación minera, ni la explotación de recursos naturales no renovables.
Ello, por cuanto el impuesto de alumbrado público tiene como objeto imponible el servicio de alumbrado público y como hecho generador, el hecho de ser usuario potencial del servicio. Además, como lo precisó el fallo en mención, la norma no grava actividad alguna sino que tiene como fin hacer determinable el sujeto pasivo del impuesto.
Por las razones que anteceden, no procede la nulidad del artículo 9º [num 9.2.4] del Acuerdo 08 de 2009 del concejo municipal de Zona Bananera.
Con base en el análisis anterior, se impone modificar la parte resolutiva de la sentencia apelada para estarse a lo resuelto en la providencia del a quo de 30 de septiembre de 2009 Exp. 2008-0024, respecto de la nulidad de los artículos 6º [par 2] del Acuerdo 11 de 2003 y 2 [par 2] del Acuerdo 005 de 2004.
Así mismo, la Sala se estará a lo resuelto en la sentencia del tribunal de 11 de marzo de 2009, Exp. 2006-0878 en relación con la nulidad del artículo 7º [par 1] del Acuerdo 12 de 2006. Y, negará las pretensiones de la demanda frente al artículo 9º [par 9.2.4] del Acuerdo 08 de 2009.
MODIFÍCASE la parte resolutiva de la sentencia apelada en los siguientes términos:
1. ESTÉSE A LO RESUELTO en sentencia de 30 de septiembre de 2009 del Tribunal Administrativo del Magdalena, expediente 2008-0024 respecto de las normas que se resaltan:
Acuerdo Nº 011 de agosto 29 de 2003:
“ART. 6º—(...)
PAR. 2º—Las tarifas de alumbrado público para los siguientes usuarios se establecerá así:(...).
Empresas con actividades de minería a cielo abierto, que utilicen de manera permanente en el municipio instalaciones e infraestructura para el almacenamiento, tratamiento, mantenimiento y transporte de sus productos, 30 SMMLV.” (...)
2. ESTÉSE a lo resuelto en sentencia de 11 de marzo de 2009 del Tribunal Administrativo del Magdalena, expediente 2006-0878 frente a la norma que se subraya:
3. NIÉGASE la nulidad del artículo 9º [num 9.2.4] del Acuerdo 08 de 2009 del Concejo Municipal de Zona Bananera.
4. LEVÁNTASE la suspensión provisional del 9 [num 9.2.4] del Acuerdo 08 de 2009 del Concejo Municipal de Zona Bananera.
(3) Folio 343 cdno. ppal.
(4) Sentencia de 30 de mayo de 2011, Exp. 18257, C.P doctor William Giraldo Giraldo.
(5) El Acuerdo es el 101 de 2002 de San José de Cúcuta.
(6) Exp. 16667, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
(7) Las norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1071 de 2003.
(8) Para fijar su criterio, la Sala tuvo en cuenta las sentencias de la Corte C-537 de 1998, que declaró exequible el artículo 16 del Código de Petróleos y la Sentencia C-567 de 1997, que declaró exequible el artículo 27 de la Ley 141 de 1994.

References: artículo 6
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 175
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 27
 artículo 231
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 16
 artículo 27