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CONSTITUCIÓN Y DOMINIO MARÍTIMO - PDF
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Julia Vargas Álvarez
1 2 CONSTITUCIÓN Y DOMINIO MARÍTIMO PRÓLOGO I. El dominio marítimo en la Constitución de 1993 II. La Constitución del Perú y la Convención del Mar Apéndices I. Debates parlamentarios a) Comisión de Constitución y de Reglamento (sesión de 3 de mayo de 1993) b) Comisión de Constitución y Reglamento (sesión de 4 de mayo de 1993) c) Comisión de Constitución y Reglamento (sesión de 5 de mayo de 1993) II. Intercambio epistolar con Andrés Aramburú Menchaca III. Intercambio epistolar con José Luis Bustamante y Rivero IV. Intervención de Luis Alberto Sánchez en el Senado (fragmento) V. Nuestro mar, por Luis Alberto Sánchez VI. Intervención del canciller Javier Arias Stella (octubre de 1982) VII. Senado aprueba moción de apoyo a la Convención del Mar (1984) VIII. Perú no suscribirá Convención del Mar (diciembre de 1984) 23 IX. El Poder Ejecutivo remite al Congreso de la República el texto de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (mayo de 2001) X. El Perú y las 200 millas por Juan Miguel Bákula P. XI. Mar y Constitución por José F. Palomino Manchego 34 PRÓLOGO Uno de los temas más importantes de la política exterior peruana de los últimos años, ha sido el de las 200 millas, fijado por vez primera en 1947,en el famoso decreto que ese año firmó el presidente José Luis Bustamante y Rivero, y refrendó su canciller Enrique García Sayán. Tal como se desprende del contexto de la época, así como del testimonio de los contemporáneos, las motivaciones eran estrictamente económicas o relacionadas con este rubro. En concreto, y para sólo mencionar el año 1947,la caza de la ballena. Sólo más tarde, el horizonte se fue ampliando, y con los años los intereses nacionales en ese espacio marítimo han aumentado. Hasta llegar al día de hoy, vigente ya la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en donde el problema, conjuntamente con otros más, se ha convertido en mundial. Sin embargo, cuando todo empezó, los inicios fueron más bien modestos. Y por eso llama la atención el brio inicial que en él se puso. Así como la reafirmación del principio que los países del Pacífico Sur hicieron en la histórica como pionera, Declaración de Santiago de Pero esto no se detuvo ahí. Y fue así como el tópico en general, y sobre todo, el relacionado con el espacio marítimo de 200 millas, llegó por vez primera al más alto nivel en la Constitución de 1979, que fue la que sentó la bases de lo que vino después. Y que en sustancia, se mantiene hasta ahora. Por cierto que para llegar al enunciado constitucional de 1979, hubo un largo período de maduración y un gran debate que arrancó en 1978 y duró intensamente hasta 1982, cuando la Conferencia de Derecho del Mar concluyó y fue puesta a la firma. Y más tenuemente hasta 1984, fecha en la cual el Gobierno de entonces declaró que no suscribiría, por ahora, la Convención del Mar. 45 Todo este proceso, en sus tramos fundamentales, fue condensado y analizado con detenimiento en mi libro Mar y Constitución, que la Universidad de Lima me publicó en 1984,y del que hay reimpresiones. Y al que me remito para mayores precisiones y afinamientos. Con posterioridad a esa fecha, el panorama legislativo y jurisprudencial no ha cambiado, y puede decirse que tampoco se ha hecho ningún avance. Si bien es cierto que los furores y los odios contra la Convención se han desvanecido, enfriados ya los enconos de las primeras horas. Pero en el ínterin, se dio el golpe de Estado de 1992, con el único propósito de afianzar y mantener en el poder al Ing. Fujimori. Y producto del cual fue la Constitución de 1993, que actualmente, con ligeras modificaciones, se encuentra en vigor. Lo importante de esta Constitución es que, en lo básico, no hizo más que glosar lo dispuesto en la Carta de 1979, no obstante lo cual los constituyentes de entonces guardaron las formas e iniciaron un debate de los principales temas constitucionales que, como era de esperarse, despertaron notable interés en la ciudadanía. Pero la Carta de ese año es un texto que casi no trae novedades, muchas de las cuales, además, no han sido cumplidas. Y en algunos tramos, no hace más que seguir a la que la precedió. En lo referente a las 200 millas, y debido a sus alcances, las comisiones del así llamado Congreso Constituyente Democrático, se cuidaron de escuchar a las diversas posiciones que existían en torno al tema, de manera tal que el texto aprobado lo fue por consenso y sin oposición de nadie. Y esto consistía, básicamente, en repetir lo que ya decía la Constitución de A lo que hay que agregar, que este tema no trascendió a la opinión pública, ni tampoco existió un debate en torno a él, ni hubo un interés en conocerlo. En rigor, el debate, como queda dicho, acabó para efectos prácticos, en6 No obstante esto, en meses pasados, el gobierno transitorio del presidente Valentín Paniagua C., con el refrendo del canciller Javier Pérez de Cuellar, ha enviado la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, al Congreso de la República, para su discusión y aprobación. Y como consecuencia de ello, la eventual adhesión del Perú a tan importante instrumento internacional. Con esto queda claro, que lo que fue iniciado en 1979, se está acercando a su recta final, pues ya el Ejecutivo envió la Convención al Congreso. Si bien no se sabe cuándo ni cómo se iniciará el debate, ni menos aún su duración. Lo que sí es cierto es que en los actuales momentos, todo depende del Congreso, sin importar por ahora que apruebe o rechace la adhesión a la Convención (si bien entiendo que lo mejor para el país sería lo primero). Por lo que estimo que ya la situación está definitivamente clara, con independencia a lo que se decida en sede legislativa. Es por esto que he creído oportuno publicar, debidamente revisados y corregidos, dos textos míos que recogen toda la problemática de las 200 millas, incidiendo en lo que pasó en la constituyente de 1993, para demostrar así un sentido de continuidad en la normativa constitucional, pues aquí no hubo ningún tipo de ruptura. Los dos textos que aquí presento y que forman este libro, son en cierto sentido un complemento y una prolongación de mi libro de 1984, con la ventaja de que se han añadido importantes apéndices que no se publicaron en aquella oportunidad, algunos relacionados con esa época, y otros de fecha más reciente. Los apéndices contienen las intervenciones que en la Comisión de Constitución y Reglamento (1993) hicieron tres personalidades acreditadas en la materia: Andrés Aramburú Menchaca, Eduardo Ferrero Costa y Juan Miguel Bákula Patiño. Estas intervenciones, que aquí se publican únicamente en la parte pertinente al tema, han sido recogidas directamente de las cintas 67 magnetofónicas que se conservan en los archivos del Congreso, desgrabadas fielmente y respetando lo expresado por las partes en aquella ocasión. Sin embargo, cabe advertir que se han hecho algunas correcciones allí donde los errores de la grabación eran evidentes, o para evitar fraseos innecesarios o reiterativos. Y respetando en todo momento el pensamiento de los invitados y de los congresistas que intervinieron. Con todo, la trascripción que se ofrece no es oficial, y tiene un mero carácter informativo, del que me hago enteramente responsable. En la misma línea, publico un grupo de cartas que cursé con Andrés Aramburú Menchaca y José Luis Bustamante y Rivero, que obran en mi archivo personal, si bien, por razones que desconozco, han circulado en fotocopias entre los interesados del tema. De ahí que aquí las publique en su versión literal. Le siguen dos textos de Luis Alberto Sánchez. El primero es una intervención en el Senado en 1981, y luego, un artículo periodístico publicado en Se agregan acá, pues la numerosa producción de LAS no ha sido totalmente recopilada, y porque además, él es uno de los artífices de que la fórmula constitucional consagrada en y que todavía permanece- fuese aprobada por una amplia mayoría. Sánchez puso todo su empeño y su prestigio en la aprobación de la norma constitucional y en especial sobre el concepto de dominio marítimo, si bien no logró convencer a su partido de que apoyase la Convención (de hecho, luego del gobierno de Belaunde, ni García ni Fujimori hicieron el menor gesto a favor de la Convención del Mar). Los siguientes apéndices están dedicados a la actitud que en defensa de la Convención hizo el entonces canciller Javier Arias-Stella (que fue una voz aislada dentro del Gobierno de entonces); a la moción que en 1984 el Senado aprobó a favor de la Convención del Mar; a la información dada por el Gobierno en 1984 de que no firmaría la Convención. Y finalmente, el dispositivo legal mediante el cual, en mayo de 2001,se remitió la Convención al Congreso de la República. 78 Además, se recogen dos de los muchos comentarios periodísticos aparecidos en esos días en torno a mi libro Mar y Constitución, debidos a la generosidad de Juan Miguel Bákula Patiño y José F. Palomino Manchego. Por cierto, no son éstos los únicos documentos existentes y que merecen ser publicados. Pero son quizá los más ágiles y los más breves e ilustrativos para la ocasión. Y ésta no es otra que difundir aún más el sentido de las 200 millas marinas, de tanto interés en los actuales momentos. (*) Lima, diciembre de 2001 Domingo García Belaunde (*) Debo agradecer la valiosa colaboración del Embajador Fernando Guillén, quien me ha proporcionado documentación valiosa sobre el largo debate de las 200 millas; algunas de las cuales se reproducen en el Apéndice. 89 I El dominio marítimo en la Constitución de Alcances. 2.- La etapa fundacional: El problema en cuestión. 4.- La opinión pública ante las 200 millas. 5.- Lo que decía la Carta de 1979 y lo que faltó. 6.- La etapa de consolidación: de 1979 en adelante. 7.- Las incomprensibles oposiciones: Bustamante y Aramburú. 8.- La segunda etapa de consolidación: La Constitución de La opinión pública y la Convención Bibliografía reciente. 1. Alcances La vigente Constitución de 1993, no consigna mayores novedades en relación con la que la precedió, sancionada en Y esto se confirma, sin duda alguna, en lo referente al dominio marítimo, en donde las líneas maestras sancionadas en aquel entonces, se han mantenido, si bien imperfectamente. Lo que aquí se pretende exponer, es lo que ha consagrado la Constitución de 1993 en relación con el dominio marítimo, cuáles fueron sus debates y cuál es la situación actual de este texto normativo, en relación con la Convención sobre el Derecho del Mar. Habiendo ya realizado un estudio bastante comprensivo sobre la situación previa (en mi libro Mar y Constitución publicado en 1984 por la Universidad de Lima y reeditado en 1987), nada más conveniente que poner al día dicha obra, con las notas que a continuación se indican, que fueron especialmente preparadas para mi exposición en el seminario que sobre Derecho Internacional Marítimo, realizó la Escuela de Guerra Naval 910 Argentina, y que se llevó a cabo, con el concurso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, durante los días 28, 29 y 30 de setiembre de 1998, en la ciudad de Buenos Aires (por la parte peruana me acompañaron en esa oportunidad Marcial Rubio Correa y Elvira Méndez Chang). 2. La etapa fundacional: Se debe al Decreto Supremo núm. 781 de 1 de agosto de 1947, la proclamación, por parte del Perú, de la soberanía y jurisdicción sobre sus aguas adyacentes, para los fines de defensa y protección de sus recursos naturales y en la extensión de 200 millas marinas. Asi lo demuestra claramente el texto mismo y sus fundamentos, que por lo demás, son un eco de las sucesivas declaraciones unilaterales que se dieron en nuestra América, con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Y más en concreto, del decreto chileno de 23 de junio de 1947, firmado por el general Gonzáles Videla, entonces presidente de Chile, y que buscaba, sobre todo, defender a ese país de la caza indiscriminada de ballenas. Este decreto pionero tuvo, sin embargo, las más variadas vicisitudes, como lo he señalado en otro lugar. Por un lado, emprendió una carrera lenta, pero segura, de afirmación del derecho de los estados ribereños para la explotación de los recursos naturales de las aguas adyacentes, vivos y no vivos, con varias estaciones, de las que señalamos las siguientes: a) la Declaración de Santiago de 1952, que firmaron Perú, Chile y Ecuador, con la posterior adhesión de Colombia (en 1980), y que constituyó un núcleo importantísimo de defensa de las 200 millas, como la doctrina comparada se ha encargado de resaltar. b) La Primera y Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ambas en Ginebra, en 1958 y 1960 respectivamente), que permitieron precisamente afinar tales concepciones, y tomar importantes acuerdos, si bien nada vinculante se acordó en relación a la anchura del 1011 mar. Con todo, la comunidad internacional tomó conciencia del problema que la tesis de las 200 millas implicaba. c) La Tercera Conferencia sobre Derecho del Mar, gestada desde fines de la década de los sesenta, y con varios periodos de sesiones, el primero de los cuales se inició en 1974 y el último y definitivo en 1982, en que quedó concluida y para la firma, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esta Convención, que está en vigor desde el 16 de noviembre de 1994, y que cuenta en la actualidad con una adhesión mayoritaria de los países industrializados e incluso de los que están en la más alta posición en materia de tecnología para la explotación marina, ha alcanzado una aceptación definitiva y de ella, precisamente, el Perú está ausente, por razones de orden político interno. Esta etapa, iniciada en 1947, termina en 1979, ya que en esta época, aprobados ya por consenso los principales espacios marítimos de lo que luego sería la Convención del Mar, fue conocida por la Asamblea Constituyente de 1978, discutida en su fuero interno y en la opinión pública, y consagrada además en su texto constitucional, que rechazó expresamente el concepto de mar territorial, que inútilmente intentaron consagrar en la nueva Constitución los más conspicuos representantes territorialistas en ese momento, constituyentes ambos, Andrés Aramburú Menchaca y Alberto Ruiz-Eldredge. 3. El problema en cuestión Si bien es cierto que las 200 millas encierra un problema importante, cuál es la protección de las riquezas marinas, vivas y no vivas en ese espacio marítimo, lo cierto es que tal tesis era inimaginable para el Derecho Internacional clásico, que había pregonado la regla del tiro del cañón que llegaba a 3 millas, dentro de lo que hasta entonces se llamaba derecho marítimo internacional (sin embargo, en la Conferencia de La Haya de 1930, el célebre Gidel había cuestionado seriamente el ancho de las 3 millas, que desde entonces entró en crisis). Pero a nivel internacional, tan 1112 sólo a partir de la década de los cincuenta, coincidentemente con el inicio de las conferencias de Ginebra, el enfoque clásico empieza a ceder posiciones frente a los nuevos planteamientos. Por un lado, teníamos el cuestionamiento de la anchura de tres (3) millas. Pero por otro, lo que estaba en cuestión era la explotación de los recursos naturales, vivos y no vivos, existentes en el mar. Lo que en un principio era tan sólo riqueza pesquera, muy pronto fue rebasado al descubrirse la existencia de gran cantidad de recursos no vivos (minerales, petróleo, etc.) en la plataforma continental y en los llamados fondos marinos. Por tanto, la defensa del mar y de las 200 millas, era algo que unía por doquier a todas las tiendas. Pero la dificultad asomaba cuando se trataba de definir en qué consistían estas 200 millas. Por un lado, el ex presidente Bustamante y Rivero, luego de tanteos y vacilaciones, sostuvo en 1954, a seis años de distancia de su presidencia y desde el exilio, que tales 200 millas no eran otra cosa que un mar territorial a secas. Su antiguo ministro de Relaciones Exteriores y ponente del Decreto, de 1947, Enrique García Sayán, sostuvo otra cosa: que se trataba más bien de una zona especial creada para la protección de determinados recursos naturales, que favorecían al Estado costero. Pero esta discrepancia inicial, iba a tener gran repercusión. La tesis de Bustamante y Rivero tenía cierta lógica, pues en el Derecho Internacional clásico existían tan sólo dos zonas en el mar (mar territorial y alta mar) y nada más. Era casi imposible sostener la existencia de una tercera zona tan a contracorriente. Esto explica porqué la posición de Bustamante tuvo tanto predicamento, y porqué fue fácil que vendiese la tesis territorialista, casi sin contendor alguno. Por otro lado, su ex canciller García Sayán, nunca hizo campaña sobre el tema, y además, presumiblemente tampoco quiso aparecer como discrepante con el antiguo mandatario, si bien se cuidó de dejar estampado por escrito cuáles eran sus opiniones. 1213 A lo anterior debe añadirse que la tesis de la territorialidad de las 200 millas, tenía un evidente tinte patriotero, que fue muy bien aprovechado por las políticas nacionalistas, generalmente de izquierda, que agitaron nuestro escenario político durante la década del 60 y del 70. Esto es, la bandera territorialista, avalada por la figura preclara de Bustamante, y voceada a todo lo ancho del territorio del país, avanzó sin contendores. Los que sabían que la cosa no era así, o en todo caso, que no era tan sencilla, no intervinieron en el debate. Algunos, como García Sayán, porque prefirieron no terciar en la polémica, y otros, como en el caso de Alberto Ulloa y de diplomáticos conocedores en la materia, porque ni la Cancillería ni el Gobierno quisieron intervenir o prefirieron que la tesis se abriese paso lentamente, aun cuando fuese errada en sus alcances. Esta dejadez fue a la larga perjudicial, pues ha postergado hasta ahora la adhesión del Perú a la Convención del Mar, y le ha hecho perder algunas buenas oportunidades en este punto. Por tanto, el gran debate que hubo y que todavía subsiste, aun cuando minimizado, es el de la naturaleza jurídica de las 200 millas. 4. La opinión pública ante las 200 millas Después de la captura de la flota de Onasis, en noviembre de 1954, que conmovió a la opinión pública, ésta se orientó definitivamente hacia la concepción de las 200 millas como territoriales, no empece que los documentos oficiales del Perú decían precisamente lo contrario (si bien con algunas y aisladas excepciones, como el fallo del Capitán del Puerto de Paita, explicable por la premura con que fue redactado, por la época y por no ser un especialista el que lo preparó y sancionó). Difícil es saber porqué el Gobierno no intentó enderezar este desvío, y porqué tampoco la Cancillería- cuyos miembros deben pedir autorización para actuar en todo acto público o para realizar cualquier publicación técnica- no hizo nada. Sin embargo, se sabe que las delegaciones a las 1314 conferencias de Ginebra (1958 y 1960) así como a las sesiones de la tercera y última, fueron procesos en sentido negativo: no mencionar ni defender un mar territorial. Y así fue cómo se formó la concepción territorialista, alimentada por las pasiones y furores patrioteros y nacionalistas que nunca faltan, y que quizá fueron necesarios en su momento, para poder cuajar la tesis y llevarla a los escenarios internacionales. Precisamente por eso, el gran debate habido en el bienio es valioso, no sólo porque fue muy difícil para los defensores de la tesis internacional del Perú, mantenerse frente a la interpretación interna, sino porque ahí se afinaron muchas cosas y se consagró al más alto nivel constitucional una normatividad adecuada. La que ha continuado hasta ahora, pues además ha recibido una pública aceptación y reconocimiento de los partidos políticos y los sucesivos gobiernos. Cuando el gran debate se inició en 1978, en el cual participé muy activamente a pedido de mis dilectos mis amigos los embajadores René Hooper y Juan Miguel Bákula, me encontré luchando contra un gigante. Cuando defendíamos la tesis de las 200 millas como una zona sui generis o modal, como quería Alberto Ulloa, nos creían desquiciados o traidores a la patria. El periodismo estaba a favor de la tesis tradicional y grandes grupos de opinión respaldaban al ex presidente Bustamante. Sin embargo, como de la oscuridad sale la luz, de igual manera del debate salieron muchas cosas claras: se precisó la tradición diplomática e internacional del Perú; se reinterpretó nuestro pasado legislativo y sobre todo se hizo ver la conveniencia de aceptar, o por lo menos, esperar lo que dispusiera la comunidad internacional en lo referente a la Convención del Mar, ya lista en aquella época en sus primeras versiones. Si en 1978 el ciento por ciento de la opinión pública era territorialista acérrima, creo que en 1979 y más aun en 1982, estaban lejos del 50% quienes participaban de la concepción heroica, por así decirlo, de las15 millas territoriales. Dicho porcentaje ha ido descendiendo poco a poco, y es probable que hoy sea muy pequeño y en trance de desaparecer. Este cambio profundo de la opinión pública, de casi 180 grados en pocos años, se debe en parte a la labor de muchos por defender los frutos de la Convención del Mar, y a la buena voluntad de otros tantos que quisieron conocer la verdad, antes que aferrarse a estereotipos nacionalistas. Definido hoy el panorama internacional, aclarado de una vez por todas la legislación interna sobre la materia, constitucional e infraconstitucional, disipadas las dudas y vacilaciones de muchos sectores, y con una visión optimista por parte de la opinión pública, sólo falta ahora una decisión política para adherirse a la Convención sobre el Derecho del Mar. 5. Lo que decía la Carta de 1979 y lo que faltó Como ya se ha apuntado, la Constitución de 1979 es la primera, que con todo rigor, afronta la problemática del dominio marítimo del Estado. Pero para hacerlo, tuvo que haber todo un largo debate en el cual se esgrimieron las tesis territorialistas, por un lado, y las tesis no territorialistas o zonistas, por otro. Al final, la tesis territorialista, que logró ser introducida en un primer momento (como por ejemplo, en el Reglamento de la Asamblea Constituyente sancionado en agosto de 1978, y posteriormente en las dos comisiones de trabajo referidas al Estado y al Territorio y en otra dedicada a los Recursos Naturales), fue al final totalmente abandonada, como consta en los votos en contra y las opiniones disidentes que surgieron en los debates y que luego se plasmaron por escrito así como en las opiniones de algunos contribuyentes de entonces, como Luis Alberto Sánchez, quien fue uno de los responsables de que finalmente se adoptara el texto constitucional. Pues bien, el gran debate llevó precisamente a la adopción de un texto que representó: 1516 a) consagrar por vez primera y al más alto nivel, la tesis de las 200 millas, b) señalar que en esa zona el Estado ejerce soberanía y jurisdicción para determinados efectos, c) calificar a dicha zona como de dominio marítimo, entendiéndolo como, un concepto flexible, d) descartar expresamente la tesis territorial, como se demuestra por las propuestas, ponencias, mociones y dictámenes territoriales que surgieron durante el debate, que fueron desechadas una a una, y finalmente, e) actitud permisiva frente a la futura Convención sobre el Derecho del Mar. El texto es el siguiente: Art. 98: El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. En su dominio marítimo, el Perú ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y los convenios internacionales ratificados por la República. El siguiente artículo 99 fue dedicado al espacio aéreo, y se redactó en términos generales. De acuerdo a este texto, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y mar adyacente, hasta el límite de las doscientas millas, de conformidad con la ley y los convenios internacionales ratificados por la República. Faltó aquí la frase sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, que era el correlato fundamental para que el espacio tuviese la misma connotación que el mar de 200 millas. Se creó así la paradoja, a nivel normativo, que el mar tuviese una composición flexible, pues permitía las libertades de comunicación internacional, y el espacio aéreo no lo tuviese. Por cierto, que podría arguirse que esto último podría ser considerado por el Estado, sobre la base de acuerdos internacionales o las prácticas de los 1617 estados normalmente admitidas e incluso que el espacio aéreo sólo se entendía en relación al espacio marítimo, cuyo régimen seguía. Pero era mejor que lo dijese expresamente, y eso, lamentablemente, no sucedió. Dicho en otras palabras, el artículo 98 (redactado, al parecer, en Torre Tagle) tuvo un arreglo o redacción que encajaba perfectamente con la situación peruana y con la situación internacional, no así la parte relacionada con el espacio aéreo. Ahora bien porqué fue esta omisión? En un principio, una explicación sencilla era la siguiente: la gran batalla fue por afirmar a nivel constitucional el problema de las 200 millas marítimas; el espacio aéreo no era importante; debió haberse hecho, pero en el fragor de los debates se perdió este referente. Sin embargo, durante la exposición que ante la Comisión de Constitución y en 1993, realizaron Andrés Aramburú Menchaca y Eduardo Ferrero Costa, presidida en ese momento por el congresista Enrique Chirinos Soto, el primero de los nombrados atribuyó a Chirinos Soto haber deformado la parte referente al espacio aéreo al momento de la redacción de la Carta de 1979, ya que según Aramburú, ambos artículos, dedicados al mar y al espacio aéreo, tenían una misma calificación y no tenía sentido atribuir a uno lo que a otro se negaba, siendo el régimen jurídico el mismo para ambos. En el mismo encuentro (que se reproduce en el Apéndice) Chirinos Soto dijo no recordar haber incurrido en tal omisión, con lo cual ha quedado flotando en el aire que es lo que realmente pasó, si bien es probable que Chirinos Soto, quien revisó el texto aprobado por la Asamblea en 1978, en su condición de miembro de la Comisión de Redacción, haya borrado sin querer tal referencia o haya omitido consignarla, ya que no conociendo nada del problema teórico de las 200 millas e ignorando los avances del nuevo Derecho del Mar, no haya comprendido la importancia de unas cuantas palabras adicionales. Pero podría ser que en realidad, en aquel momento, nadie se hubiese percatado del problema del espacio aéreo, ya que no sólo era el mar lo 1718 que interesaba, sino que definida la naturaleza del espacio marítimo, lo demás caía por su peso (pues podría sostenerse que el espacio en cuanto a su régimen, dependía del mar sobre el cual se extendía). En fin, lo cierto del caso, es que así quedaron las cosas. 6. La etapa de consolidación : de 1979 en adelante Aprobada la Carta de 1979, y promulgada y puesta en vigencia en 1980, con el retorno del país a la democracia, empezó una larga espera. Los territorialistas, no contentos con su derrota en el seno de la Asamblea Constituyente, se dedicaron a reinterpretar la Constitución de 1979, atribuyéndole un tinte territorialista, no obstante que en los debates dijeron precisamente lo contrario, y se creó una campaña de animadversión contra la Convención del Mar, que mientras tanto, había sido aprobada y puesta a la firma de los países intervinientes en la Conferencia. Por el Perú firmó el Embajador Alfonso Arias-Schereiber, pero ad referéndum, lo cual, sin embargo, le causó más de un problema. Cabe destacar en este período la posición de algunas personalidades, como es el caso de Eduardo Ferrero Costa, quien renunció a su cargo de asesor de la Cancillería, cuando el Perú se negó a firmar la Convención arguyendo- según decía la nota oficial- que faltaban mayores estudios- así como de otros diplomáticos y juristas que publicaron estudios y defendieron la posición de la Cancillería en estos temas (como es el caso del Embajador Juan Miguel Bákula, autor de un estudio medular sobre el tema). El gobierno de Belaunde Terry tuvo así un distanciamiento prudente en relación con la Convención, y si bien hubo cierta simpatía en el subsiguiente gobierno de Alan García ( ), y que su primer canciller Allan Wagner Tizón, fuera partidario de ella, nada se logró hacer. Pero es indudable que la concientización de la opinión pública fue importante, pues fue avanzando la idea de que la tesis territorialista, 1819 interesante en la década del cincuenta y quizá útil como instrumento de negociación, era hoy en día no sólo inútil, sino obsoleta y hasta contraproducente. Cabe decir que en esta posición territorialista, fue figura importante José Luis Bustamante y Rivero, y también Andrés Aramburú Menchaca. 7. Las incomprensibles oposiciones: Bustamante y Aramburú Las 200 millas territoriales tienen un evidente halo patriótico y nacionalista, lo cual puede explicar como tan fácilmente despertó acogida y seguimiento, no sólo por parte de la doctrina, sino de la opinión pública, culta y no culta. Y por cierto, dentro del ámbito del hombre común y corriente, y más aun entre la población costera, tan vinculada al mar, pues sus integrantes viven de sus frutos o los aprovechan. Pero el problema es distinto cuando se trata de dos personalidades, como son Bustamante y Aramburú. Como hemos tenido oportunidad de demostrarlo anteriormente, cuando Bustamante llega a la Presidencia en 1945, no sabía absolutamente nada sobre problemas marítimos. Todo su curriculum estaba relacionado con la enseñanza del Derecho Civil en la Universidad de San Agustín, en Arequipa, y aun más, su fuerte, y por así decirlo, su predilección, era el ensayo bucólico y la poesía; había publicado en fecha lejana ensayos de tinte político, un largo trabajo sobre la justicia militar que le sirvió de tesis doctoral y, sobre todo, comentarios a un evento internacional sobre Derecho Civil al que asistió como representante del Perú en Montevideo y en Nada, pues, hacia presagiar al futuro internacionalista. (1) Por fin, el famoso Decreto Supremo núm.781 de 1 de agosto de 1947, marca el primer hito. Pero apareció ante la opinión pública sin estridencia. (1) Como se sabe, Bustamante fue, años más tarde, Juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya ( ). 1920 Aun más, no provocó eco alguno, y tan es así, que ni siquiera el acuerdo respectivo figura en el Libro de Actas del Consejo de Ministros de la época, como he podido constatar. Más tarde, en su libro Tres años de lucha por la democracia en el Perú, publicado en 1949 y en Buenos Aires, hace una referencia equívoca sobre el mar territorial, al que confunde con el zócalo continental. Y en Madrid, en 1951, al asistir como participante oficial al Primer Congreso Hispano Luso Americano de Derecho Internacional Público, no hace una sola referencia a las 200 millas de mar territorial, sino que por el contrario, se adhiere entusiasta a la tesis de 12 millas de mar territorial, que en esa época se consideraba como un gran avance. Pero tras los sucesos de la flota de Onasis a fines de 1954, su posición varía. Así lo demuestra en un sesudo artículo que sobre el tema envió para su publicación en la Revista del Foro, y que apareció en el número de finales de 1954, si bien es cierto que su circulación sólo ocurrió meses más tarde, (artículo que, de manera insólita por lo extemporáneo e inusual, presentó como Exposición de Motivos del Decreto Supremo de 1947). Desde entonces, Bustamante y Rivero se convierte en el abanderado de la tesis territorialista, y le dedica largos ensayos y algunos folletos que publica en forma intermitente. Incluso lo reitera en el largo documento que remite a la Asamblea Constituyente en 1978, a pedido de ésta, si bien es cauto al señalar que la posición del Perú debe tener en cuenta las negociaciones internacionales en curso -de aquella época- sobre el Derecho del Mar. Sin embargo, la postura de Bustamante ya no cambió más, y es probable que su presencia haya sido en el fondo un referente fundamental para que los gobiernos peruanos no hiciesen nada por adherirse a la Convención del Mar. En el fondo, mi impresión personal es que Bustamante sentía que las 200 millas como tesis, era lo único rescatable de su breve gobierno constitucional ( ) que tan mal acabó y que tan poco hizo. Esto 20 Mostrar más
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 Artículo 103
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