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Timestamp: 2020-04-02 20:00:36+00:00

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a. Los que fecunden óvulos humanos sin el consentimiento de la mujer o habiéndose obtenido por violencia, intimidación o engaño.
b. Las tres conductas son constitutivas del delito de manipulación genética.
c. Los que utilicen la ingeniería genética para practicar reproducción asistida a la mujer.
d. Los que con la finalidad de eliminar taras o enfermedades graves manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo.
a. Se podrán perseguir mediante acción popular previa consignación de fianza.
d. Sólo se perseguirán previa denuncia de la persona agraviada o de su representación.
a. Que el culpable cometiera el hecho mediante precio, recompensa o promesa.
b. Que el culpable ejecutare el hecho con alevosía.
a. Que se cometa haciendo uso de llaves falsas.
d. Que las cosas objeto del robo sean de primera necesidad.
a. Que el culpable tenga carácter de autoridad.
b. Que hubiera mediado ensañamiento.
c. Que los hechos se hubieran realizado en la vía pública.
d. Que haya reincidencia.
a. Si el encierro o detención ha durado más de quince días.
b. Si el encierro o detención ha durado más de cinco días.
c. Si el encierro o detención ha durado más de doce días.
d. Si el encierro o detención ha durado más de diez días.
c. Requiere, en todo caso, autorización judicial.
d. Ha de ser expreso en cada caso.
a. Se aplican en defecto de ley y costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
b. Se aplican supletoriamente, en defecto de las disposiciones del Código de Comercio.
c. Se aplican con preferencia a cualquier otra fuente del Derecho Mercantil.
d. Se aplican, imperativamente, a los actos de comercio celebrados en la plaza de que se trate.
a. El buque perteneciente al naviero.
d. El empresario individual.
a. Es potestativa para los empresarios individuales, con excepción del naviero.
b. Es siempre potestativa, pero los actos no inscritos no pueden perjudicar a terceros.
c. Es obligatoria para todos los empresarios, cualquiera que sea su naturaleza.
d. Solamente puede practicarse en virtud de documento público.
a. Las sociedades de capital deben fijar su domicilio en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación.
b. Las sociedades de capital pueden fijar libremente su domicilio en cualquier lugar dentro del territorio de la Unión Europea.
c. Las sociedades de capital pueden fijar libremente su domicilio en cualquier lugar del territorio nacional, pero no en el extranjero.
d. Las sociedades de capital deben fijar su domicilio en la misma localidad en la que se otorga su escritura de constitución.
a. Al director de la sucursal que se crea, suprime o traslada.
b. Al Presidente del Consejo de Administración de la sociedad.
c. A la junta general de accionistas de la sociedad.
d. Al órgano de administración de la sociedad.
a. Han de ser siempre retribuidas, fijándose la retribución como mención necesaria en los estatutos.
b. Son esencialmente gratuitas.
c. Integran el capital social y deben ser objeto de valoración pericial en la misma forma que las aportaciones no dinerarias.
d. En ningún caso pueden integrar el capital social.
a. A todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos, si bien podrán establecerse limitaciones a las facultades representativas de los administradores, que serán oponibles a terceros desde su inscripción en el Registro Mercantil.
d. A todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos y cualquier limitación de las facultades representativas de los administradores, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros.
a. La acción social de responsabilidad contra los administradores prescribirá a los cinco años, a contar desde el día en que la junta general hubiera sido informada por los administradores de la adopción del acuerdo del que se deriva la responsabilidad.
b. La acción individual de responsabilidad contra los administradores prescribe a los cuatro años, a contar desde la fecha de adopción del acuerdo del que se deriva la responsabilidad.
a. Son nulas, en todo caso, las cláusulas estatutarias que prohíban la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos inter vivos.
c. Son nulas cualesquiera cláusulas estatutarias que limiten la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actor inter vivos.
d. Se puede establecer cualquier limitación o prohibición de la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos inter vivos, siempre que sea acordada por unanimidad de todos los socios.
a. Los administradores de la sociedad cuyos cargos permanezcan en vigor.
b. El Gobierno, por razones de interés público que deberá acreditar ante el Secretario Judicial (en la actualidad Letrado de la Administración de Justicia) o el Registrador Mercantil del domicilio social.
c. Los liquidadores cuyo nombramiento haya sido debidamente inscrito en el Registro Mercantil.
d. Los accionistas que representen la vigésima parte del capital social.
a. Dentro de los siete días hábiles siguientes a la entrega del bien.
b. Dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato.
c. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato.
a. Cincuenta años desde su primera publicación.
b. Toda la vida del autor y hasta la muerte o declaración de fallecimiento del último de sus herederos directos.
d. Toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración del fallecimiento.
b. Seguro de crédito.
b. Al Juzgado de lo Mercantil del domicilio del solicitante de la exhibición.
c. Al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del solicitante de la exhibición.
a. Por medio de auto del Juez.
b. Por medio de sentencia del Juez.
c. Por medio de requerimiento del Letrado de la Administración de Justicia.
d. Por medio de decreto del Letrado de la Administración de Justicia.
b. Una sociedad mercantil estatal.
c. Una fundación del sector público.
d. Una entidad pública empresarial.
a. Los cinco años.
c. Al año.
d. Los tres años.
a. El órgano competente para resolver no debe tenerla en cuenta a efectos de graduar la sanción a imponer.
b. El órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
c. El órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo imponer una sanción más grave, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
d. El órgano competente para resolver podrá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
a. No podrán acumularse a otros procedimientos con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, aun cuando sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el mismo.
c. En todo caso, tendrán que ir precedidos de las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
d. Podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.
a. Los representantes de los menores de edad.
c. Los menores de edad.
d. Las personas físicas.
a. Interrumpirá el cómputo de plazo para resolver y notificar la resolución.
b. Dará lugar a que se entiendan desestimadas las pretensiones de los interesados.
c. Producirá la caducidad.
d. Dará lugar a que se entiendan estimadas las pretensiones de los interesados.
32. Acorde con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días:
a. Se entiende que éstos son hábiles excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
c. Se entiende que éstos son hábiles excluyéndose únicamente del cómputo los domingos y los declarados festivos.
d. Se entiende que éstos son hábiles excluyéndose del cómputo únicamente los sábados y domingos.
b. Al día siguiente en que se produzca el acceso a su contenido.
c. Al tercer día de que se produzca el acceso a su contenido.
a. A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
b. A los tres años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
c. A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
d. Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
a. Los interesados tienen el deber de aportar los documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, de no hacerlo, podrán imponerse multas coercitivas hasta su aportación.
b. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La Administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello.
c. La Administración podrá exigir a los interesados aportar los documentos necesarios, aun cuando se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración.
d. Los interesados tienen el deber de aportar cualquier documento reclamado por la Administración actuante que obre en su poder.
a. Transcurridos tres meses.
b. Transcurrido un año.
c. Transcurrido un mes.
d. Transcurridos seis meses.
c. Personas jurídicas públicas.
a. Encomienda a los poderes públicos, como un principio rector de la política social y económica, el fomento de una política que garantice la formación y la readaptación profesionales.
b. Reconoce el derecho a la promoción a través del trabajo como un principio rector de la política social y económica.
c. Reconoce el derecho al trabajo y a la libre elección de la profesión u oficio como un derecho fundamental.
d. Garantiza el derecho a la negociación colectiva como una libertad pública.
a. Pueden disponer válidamente por escrito, después de su adquisición, siempre que medie una compensación justa, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario.
c. Los trabajadores no pueden disponer válidamente, antes de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales o reglamentarias.
d. Los trabajadores no pueden disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario.
a. El convenio colectivo de empresa tiene, en algunas materias, prioridad aplicativa respecto del convenio colectivo de rama o sector, pero solo si se negocia antes de que entre en vigor el convenio colectivo de ámbito superior.
b. El convenio colectivo de empresa solo tiene preferencia aplicativa con respecto al convenio de rama o sector, si así lo establece este último.
c. El convenio colectivo de empresa tiene, en algunas materias, prioridad aplicativa respecto del convenio colectivo de rama o sector, y puede negociarse en cualquier momento de la vigencia del convenio colectivo de ámbito superior.
d. El convenio colectivo de empresa no tiene, en ningún caso, prioridad aplicativa con respecto al convenio colectivo de rama o sector.
b. El trabajador no puede rechazar la propuesta de conversión del contrato en uno a tiempo completo, porque es una prerrogativa del empresario.
c. Si el trabajador rechaza la propuesta de conversión del contrato en uno a tiempo completo, el empresario puede extinguir, por esa causa, la relación jurídica.
d. Si el trabajador rechaza la propuesta de conversión del contrato en uno a tiempo completo, el empresario puede modificar sustancialmente, de forma unilateral, las condiciones de trabajo para convertirlo en un contrato a tiempo completo.
c. No puede ser inferior a seis meses, ni exceder de un año.
d. No puede ser inferior a seis meses, ni exceder de dos años.
a. Hasta un límite del resultado de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento veinte días.
b. Hasta un límite del resultado de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional diario, excluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento cincuenta días.
c. El número de horas extraordinarias no puede ser superior a noventa al año, computándose también, en ese límite, las que se hayan compensado mediante descanso dentro de los seis meses siguientes a su realización.
d. El número de horas extraordinarias no puede ser superior a ochenta al año, computándose también, en ese límite, las horas trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.
a. A los veinte días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo, caso a los doce meses de haberse cometido.
c. A los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo, caso a los seis meses de haberse cometido.
a. El plazo para ejercitar la acción de despido es de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hubiera producido el despido. Dicho plazo es de prescripción.
b. El plazo para presentar la acción de despido es de veinte días hábiles, a contar desde el día en que se produce el despido. Dicho plazo es de caducidad a todos los efectos.
c. El plazo para ejercitar la acción de despido es de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hubiera producido el despido. Dicho plazo es de caducidad a todos los efectos.
d. El plazo para ejercitar la acción de despido es de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hubiera producido el despido. Dicho plazo es de caducidad a todos los efectos.
a. Solo en caso de que el despido sea nulo.
b. Siempre que el despido sea nulo o improcedente.
c. Solo en caso de que el despido sea improcedente, haya o no readmisión.
d. En caso de que el despido sea nulo, o bien en caso de que sea improcedente y se opte por la readmisión.
a. Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia, expresada en la obtención de, al menos, el 10 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal.
c. Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia, expresada en la obtención de, al menos, el 15 por 100 de los delegados del personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal.
Tema 7, Derecho del Trabajo y Seguridad Social y...
a. La suspensión del contrato de trabajo, con mantenimiento de la obligación de cotizar a la seguridad social.
b. La suspensión del contrato de trabajo, sin derecho al salario y sin la obligación de cotizar a la seguridad social, con la situación de alta especial en la seguridad social.
c. La suspensión del contrato de trabajo, sin derecho al salario y sin la obligación de cotizar a la seguridad social, con la situación de baja, a todos los efectos, en la seguridad social.
b. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
d. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965.
b. Recurrible ante la Sala correspondiente de ese Tribunal.
c. Recurrible ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
d. Recurrible ante un Comité de dicho Tribunal.
a. Que la Unión Europea podrá intervenir en los ámbitos de su exclusiva competencia con preferencia sobre los Estados miembros.
b. Que la Unión Europea podrá intervenir en los ámbitos competencia exclusiva de los Estados miembros para conseguir los objetivos básicos fijados por el derecho originario de la Unión.
c. Que la Unión Europea puede intervenir en ámbitos que no sean de su competencia exclusiva cuando los objetivos de la acción pretendida no puedan alcanzarse por los Estados miembros.
b. Un mínimo de dos jueces por cada Estado miembro, para que puedan sustituirse.
d. Es un número que puede variar ya que es proporcional al número de diputados de cada Estado.
b. Únicamente de oficio, pues con causas tasadas.
c. No existe tal procedimiento prejudicial de urgencia.
d. Únicamente a petición de parte, al ser una justicia rogada.
a. Con los ciudadanos y los profesionales exclusivamente.
b. Únicamente con los profesionales, y con las Administraciones que pertenezcan al ámbito territorial en el que estén transferidas las competencias en materia de Justicia.
c. Tanto con los ciudadanos, como con los profesionales que actúen en su ámbito, asi como con el resto de Administraciones y organismos públicos.
d. Con los profesionales exclusivamente.
c. Sólo cuando el titular de la sede judicial electrónica sea el Ministerio de Justicia.
d. En el caso de que exista un único Servicio de recepción de escritos, registro y reparto.
Tema 9, Organización y estructura de la Administ...
a. Un extracto del contenido de los documentos, para sustituir su contenido íntegro y así ahorrar recursos electrónicos.
b. Únicamente de la recepción de las presentaciones y de las comunicaciones, pero no de las notificaciones que no les afecta este sistema.
a. Que no se pueden imponer al autor de un delito penas no previstas con anterioridad.
b. Que para considerar un hecho como delictivo es necesario que una ley lo haya descrito previamente como tal.
c. Que el Gobierno no puede acordar el indulto de personas condenadas por hechos delictivos descritos en el Código Penal.
d. Que es necesario que exista una sentencia que así lo declare para considerar que un tipo de conducta es delictiva.
a. Aquellos a los que se impone la pena de prisión superior a 5 años o inhabilitación absoluta.
b. Aquellos a los que se impone la pena de prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
c. Aquellos a los que se impone la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor Y ciclomotores por tiempo de 3 meses a 1 año.
d. Aquellos a los que se impone la pena de prisión de 3 meses a 5 años o inhabilitación hasta 5 años.
a. Cuando se produce el inicio de la investigación judicial del delito.
b. Cuando el sujeto activo del delito toma la decisión interna de cometerlo.
c. Cuando el sujeto activo ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar.
d. Cuando la víctima del delito presenta denuncia ante la autoridad competente o sus agentes.
a. Que exista una relación causal entre los actos del autor y el resultado delictivo, sin otros requisitos.
b. Que existiendo relación de causalidad entre la acción y el resultado este pueda ser objetivamente atribuido al autor de la acción.
c. Que se trate de un resultado delictivo grave.
d. Que el resultado haya sido buscado por el autor con independencia de que traiga causa de su acción.
a. La atenuación de la pena del delito en todos los casos en los que se aprecie.
b. La exclusión de la responsabilidad criminal cuando sea invencible y la aplicación de la pena inferior en uno o dos grados al delito si se trata de un error vencible.
c. Es irrelevante para determinar la responsabilidad penal y la pena correspondiente.
d. La exclusión de la responsabilidad criminal siempre que concurra.
a. Todas las conductas que se correspondan con tipos penales dolosos.
b. Las conductas que generen riesgos socialmente rechazados.
c. Todas las conductas expresamente determinadas por el Código Penal como tales.
d. Las conductas que se correspondan con tipos penales dolosos y tengan regulación administrativa específica al margen del Código Penal.
a. Empleando cualquier medio para su defensa y habiendo provocado antes la legítima actuación del ofensor.
b. Ante una agresión ilegítima previa, empleando un medio racionalmente necesario y mediando una provocación suficiente por parte del ofensor.
c. Ante una actuación de quien con su conducta no comete delito, pero desafía a quien se defiende.
d. Ante una agresión previa legítima ocasionada por la provocación anterior de quien se defiende.
b. Leve y continuada que ocasiona en el sujeto dificultad para comprender la ilicitud de su conducta.
c. Intensa y causada por una enfermedad mental de carácter permanente que impide al sujeto conocer que actúa ilícitamente.
d. Puntual y promovida por el sujeto con la finalidad de inhibir completamente su voluntad.
c. Antes de que se inicie el procedimiento penal por delito.
d. En cualquier momento del procedimiento con anterioridad al acto del juicio oral.
c. El que se limite a facilitar los medios para la comisión del delito.
d. El que da principio a la ejecución del delito, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado y este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor.
70. Conforme establece el artículo 16 del Código Penal, estará exento de responsabilidad penal por el delito intentado:
a. El que da principio a la ejecución del delito, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado y este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor.
d. El que obligado por las circunstancias intente impedir la consumación del delito.
a. Los que realizan el hecho conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.
b. Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.
c. Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
d. Los que, no hallándose comprendidos en ninguno de los supuestos del artículo 28 del Código Penal, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.
a. Que se realicen una pluralidad de acciones. u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos.
b. Las inhabilitaciones hasta cinco años.
c. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años.
d. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años.
b. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.
d. La localización temporal.
a. Si el penado faltara del trabajo por causa justificada.
b. Se opusiera o incumpliera U!Ja vez las instrucciones que se le dieren por el responsable de la ocupación, referidas al desarrollo de la misma.
c. Se ausenta del trabajo durante una jornada laboral, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.
d. Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.
b. Cuando una persona diligente hubiera tenido motivos para sospechar, en las circunstancias del caso, de su origen lícito.
d. Cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.
a. Cuando hubiese sido condenado por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
b. Cuando hubiera sido condenado a una pena inferior a 9 meses de multa.
d. Cuando hubiera sido condenado a una pena de prisión inferior a un año.
a. Privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
a. Se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible.
b. Se cumplirán únicamente las más graves, dejando en suspenso las menos graves.
c. Se deberán conmutar, en todo caso y por medio del indulto, las penas impuestas más recientemente.
d. Se suspenderá la ejecución de todas ellas y se concederá al penado la libertad condicional.
a. Un plazo de tres años para las restantes penas menos graves inferiores a cinco años.
b. Un plazo de dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.
c. Un plazo de diez años para las penas menos graves.
d. Un plazo de un año para las penas leves.
a. La transformación.
b. La disolución siempre que no sea encubierta o aparente.
d. La fusión.
a. Podrán ordenar, en cualquier caso, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.
b. En ningún caso podrán ordenar la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada dado que es una facultad de la Administración competente.
c. Sólo podrán conceder, en cualquier caso, las indemnizaciones debidas al perjudicado y a terceros de buena fe sin afectar la realidad física alterada.
d. Podrán ordenar, en cualquier caso, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, que siempre correrá a cargo de la Administración competente, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.
a. El incendio que afecte a bienes de valor histórico especialmente relevantes.
b. La explosión que cause la destrucción de una estación comportando un peligro para la vida o integridad de las personas.
c. La venta al público de comestibles nocivos y corrompidos.
d. El vertido de productos químicos que causen daños sustanciales al equilibrio de sistemas naturales.
a. Ejecutar las labores de tráfico del artículo 368 del Código Penal por medio del contrabando.
c. Emplear drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas que causen grave daño a la salud.
c. Comete un delito de desobediencia grave a la autoridad del artículo 556 del Código Penal solamente si presentase síntomas de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
d. Comete un delito de desobediencia a la autoridad del artículo 556 del Código Penal.
a. El adquiriente de mala fe que los distribuyera si el valor aparente de los sellos no excediera de 400 euros.
b. El adquirente de buena fe que, conociendo su falsedad, los distribuyera si el valor aparente de los sellos no excediera de 1000 euros.
c. El adquiriente de buena fe que, conociendo su falsedad, los distribuyera si el valor aparente de los sellos no excediera de 400 euros.
d. El adquiriente de buena fe que, conociendo su falsedad, los distribuyera si el valor aparente de los sellos no excediera de 500 euros.
a. Cuando dicte, a sabiendas, una sentencia o resolución injusta.
b. Cuando dicte una sentencia o resolución que aplique de forma errónea el Derecho.
c. Cuando retarde maliciosamente la tramitación de un procedimiento judicial.
b. Será castigado con la pena inferior en grado a la correspondiente al delito de falso testimonio del artículo 458 del Código Penal inferior en grado.
d. Será castigado con la pena en su mitad inferior a la correspondiente al delito de falso testimonio del artículo 458 del Código Penal inferior en grado.
a. Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o a la Reina o al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.
b. Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.
c. Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.

References: resolución 
 artículo 30
 artículo 16
 artículo 28
 artículo 368
 artículo 556
 artículo 556
 resolución 
 resolución 
 artículo 458
 artículo 458