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Timestamp: 2019-03-20 07:18:32+00:00

Document:
as201411591L
AUTO SUPREMO Nº 591/2014
Fecha: Sucre, 21 de octubre de 2014
Expediente: 13/10 Santa Cruz
Parte imputada: María José Lora Caro
El Recurso de Casación planteado por María José Lora Caro de fs. 162 a 163, impugnando el Auto de Vista 147 de 25 de noviembre de 2009, cursante de fs. 156 a 159 de obrados, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra María José Lora Caro, por la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley Nº 1008), los antecedentes; y,
Con base a la Acusación Fiscal, previa la sustanciación del juicio oral, el Tribunal de Sentencia Primero del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Sentencia Nº 28 de 27 de agosto de 2009, cursante de fs. 106 a 116, resolvió fallar, declarando a María José Lora Caro, Autora y Culpable de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley Nº 1008) y se le condenó a la pena privativa de libertad de ocho años (8) de reclusión, que deberá cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Palmasola), sección Mujeres y al pago de 300.- días multa a razón de dos Bolivianos (2) por día, así como el pago de costas a calificarse en ejecución de Sentencia, conforme lo dispone el art. 272 del Código de Procedimiento Penal.
Se dispuso la confiscación definitiva del monto del billete de pasaje, a favor del Consejo Nacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas.
La condena que se le impuso concluirá el 1 de noviembre de 2016, sin perjuicio de computar como parte de la sanción el tiempo que hubiese estado detenido preventivamente por este delito y de que goce de los beneficios que otorga la Ley de ejecución de penas.
Que, ante esta Sentencia, María José Lora Caro de fs. 136 a 139 vta., interpuso Recurso de Apelación Restringida, mismo que previo cumplimiento del procedimiento establecido por los arts. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el 25 de noviembre de 2009 (fs. 156 a 159), la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dictó Auto de Vista Nº 147/2009, por el que declaró Admisible e Improcedente el Recurso de Apelación Restringida interpuesto.
Notificadas que fueron las partes con el Auto de Vista, María José Lora Caro, mediante memorial presentado el 16 de diciembre de 2009 (fs. 162 a 163), interpuso Recurso de Casación contra el Auto de Vista precitado de acuerdo a los siguientes argumentos.
I.- El Tribunal de Alzada inobservó el art. 124 del Código de Procedimiento Penal, porque no consideró el rechazo del incidente de nulidad de citación con la Acusación Fiscal, infringiéndose los arts. 160, 163, 165 y 166 del Código de Procedimiento Penal y el Tribunal de Alzada al convalidar ese punto incurrió en un defecto absoluto insubsanable previsto en el art. 169 num. 3), con relación al 124 y 370 num. 5) del Código de Procedimiento Penal.
II.- El Tribunal de Alzada no analizó en absoluto los precedentes contradictorios que citó y que contienen similares características, como ser:
Sentencia Constitucional Nº 1034/2000-R
Sentencia Constitucional Nº 0119/03-R
Sentencia Constitucional Nº 418/2000-R
Sentencia Constitucional Nº 1276/2001-R
Sentencia Constitucional Nº 0361/03
Sentencia Constitucional Nº 313/2002-R
Sentencia Constitucional Nº 346/02
Sentencia Constitucional Nº 546/02
Sentencia Constitucional Nº 547/02
Sentencia Constitucional Nº 1991/02
Sentencia Constitucional Nº 1102/02
Sentencia Constitucional Nº 1107/02
Sentencia Constitucional Nº 1299/02
Considerando que el Auto de Vista incurrió en violación del art. 124 del Código de Procedimiento Penal al haber declarado Inadmisible su recurso de Apelación Restringida interpuesto.
III.- El Tribunal de Alzada al no analizar los defectos expuestos en el Titulo II de su memorial de 12 de setiembre incurrió en la violación del art. 169 num. 2) y3) del Código de Procedimiento Penal.
IV.- El Tribunal de Alzada al no realizar una debida fundamentación convalidó una defectuosa valoración de la prueba del Ministerio Público (art. 370 num. 1), 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal).
Solicitó, se admita su recurso de casación declarando procedente el mismo, dejando sin efecto el Auto recurrido para que dicten un nuvo Auto de vista anulando la Sentencia apelada.
Invocación del precedente contradictorio al momento de la interposición de su apelación restringida
Sentencia Constitucional Nº 0361/2003 de 25 de marzo
Sentencia Constitucional Nº 346/2002
Sentencia Constitucional Nº 546/2002
Sentencia Constitucional Nº 547/2002
Sentencia Constitucional Nº 1991/2002
Sentencia Constitucional Nº 1102/2002
Sentencia Constitucional Nº 1107/2002
Sentencia Constitucional Nº 1299/2002-R
Sentencia Constitucional Nº 1680/2005-R
Sentencia Constitucional Nº 1690/2004-R
Sentencia Constitucional Nº 1339/2002-R
Auto Supremo Nº 368 de 17 de septiembre de 2005
Auto Supremo Nº 122 de 24 de abril de 2006
Auto Supremo Nº 244 e 7 de marzo de 2007
Auto Supremo Nº 305 e 25 de agosto de 2006
Auto Supremo Nº 41 de 6 de julio de 2006
Auto Supremo Nº 250 de 28 de agosto
Auto Supremo Nº 88 e 31 de marzo de 2005
Auto Supremo Nº 424 de 20 de octubre de 2006
Auto Supremo Nº 90 de 31 de marzo de 2003
Auto Supremo Nº 111 de 31 de enero de 2007
Auto Supremo Nº 535 de 29 de diciembre de 2006
Auto Supremo Nº 342 de 28 de agosto de 2006
Auto Supremo Nº 207 de 28 de marzo de 2007
Auto Supremo Nº 214 de 28 de marzo de 2007
Auto Supremo Nº 256 de 26 de julio de 2006
Auto Supremo Nº 105 de 15 de enero de 2007
Auto Supremo Nº 373 de 6 de septiembre de 2006
De ahí según prevé el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia (hoy Tribunales Departamentales de Justicia), contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (hoy Tribunal Supremo de Justicia) de ahí que uno de los fines de este recurso es el controlar uniformidad en la aplicación de la normativa penal por parte de los operadores de justicia.
En el mismo sentido el Artículo 419 del Código de Procedimiento Penal establece que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia) dictará resolución por mayoría absoluta de votos determinando si existe o no existe contradicción en los términos del Artículo 416 de este Código. Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia (ahora Tribunal Departamental). En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la Sala Penal de la Corte Superior (Ahora Tribunal Departamental) que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.
Que, de conformidad al Auto Supremo Nº 492 de 7 de octubre de 2014, se dispuso la Admisión del Recurso de Casación con relación a los Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios, para ingresar al análisis y consideración del Auto de Vista recurrido, la invocación de los precedentes contradictorios en su Recurso de Casación y la supuesta existencia de defectos absolutos, a fin de establecer la posible contradicción en la que hubiese incurrido el Tribunal de Alzada al momento de emitir la Resolución objeto de análisis.
Con relación al punto I.- Al respecto se debe tener en cuenta el alcance de las nulidades desde el punto de vista doctrinal –según expone JORGE CLARIÁ OLMEDO- consisten en la invalidación de actos cumplidos e ingresados al proceso sin observarse las exigencias legales impuestas para su realización, en tal sentido, no todo defecto o no toda irregularidad en un acto procesal o en un procedimiento produce la nulidad y para declarar dicha nulidad se debe tomar en cuenta determinados principios como: no hay nulidad sin texto, vale decir, que la irregularidad de la que adolece el acto debe estar sancionada de manera expresa, pero además debe tener trascendencia, es decir, que el vicio debe ser de tal magnitud que impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido en orden al derecho o garantía que se dice violado; pero además las nulidades deben ser interpretadas de manera restrictiva a efectos de evitar se desvirtúe el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica y finalmente debe tomarse en cuenta el interés, pues no hay nulidad por la nulidad misma en sentido de que la nulidad puede ser pronunciada cuando el incumplimiento de las formas se traduce en un efectivo menoscabo a los intereses de la defensa. Exacerbar privilegios o garantías constitucionales en una incorrecta aplicación, daña el supremo interés u orden público afectando la seguridad del cuerpo social, este entendimiento se ve plasmado en el Auto Supremo Nº 73 de 12 de abril de 2012, Auto Supremo Nº 270 de 2 de octubre de 2013, entre otros.
Por otro lado se debe tener en cuenta, que si el impetrante identificó que se vulneró su derecho a la defensa, asimismo se debe tener en cuenta lo manifestado en la Audiencia de Juicio oral, en la cual se resolvió su solicitud de nulidad de notificación con la Acusación, en ese entendido se debe observar que en el Acta de Juicio Oral se estableció: “…la acusada María José Lora Caro fue notificada de manera personal en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Palmasola) firma la notificación el oficial de diligencias y consta la firma de la acusada, sin embargo, antes de todos los actuados que han sido remitidos, del Juez Cautelar, se evidencia que la acusada ha sido asistida por sus abogados, es así que tenemos todos los memoriales que han sido presentados ante el Ministerio Público, con la firma original de la acusada, por el abogado Fernando Ortíz en diciembre de 2008, en noviembre de 2008 el Dr. Marcos Charcas, en marzo de 2009 el Dr. Karín Barragán y otro memorial de mayo de 2009 presentado por el Abogado Ortíz, consecuentemente no se ha violados su derecho a la defensa de la acusada toda vez que por los diversos memoriales y los actuados que cursan en el Tribunal, han sido varios abogados que la han asistido, otro sería el problema que no la hayan asistido con ética que eso sería otra instancia ante el Colegio de Abogados, que se debe hacer la representación, por otro lado, es cierto y evidente que la acusada en caso que no tuviera recursos en su condición de ciudadana extranjera; pues todos los viernes asiste la defensa pública al penal de Palmasola y se le pregunta a los acusados quien quiere ser asistido por Defensa Pública, en ese caso la acusada debió apersonarse para ser asistida, además es cierto y evidente que en diversas visitas de cárcel, siempre ha estado presente este Tribunal en el Penal de Palmasola y nunca ha tenido ninguna queja por parte de la acusada…”, con esa argumentación el Tribunal de Sentencia, declaró improbado su incidente planteado.
Por otro lado, el Tribunal de Alzada con los antecedentes que cursan en obrados, emitió su criterio siendo el mismo por declarar Inadmisible su apelación incidental en aplicación al art. 399 parte final del Código de Procedimiento Penal, vale decir que su Apelación Incidental resultó manifiestamente Inadmisible, el cual en la parte final señala “…el mismo se deberá rechazar sin más trámite sin ingresar a ver el fondo del recurso”, más al contrario no ocurrió con su recurso de apelación restringida el cual fue debidamente considerado en el fondo.
Con relación al punto II.- Respecto de las Sentencias Constitucionales invocadas como precedentes contradictorios, se debe tener en cuenta que las mismas no tienen calidad de precedente contradictorio, así lo determinó la uniforme jurisprudencia de este Máximo Tribunal de Justicia en los Autos Supremos Nº 141 de 10 de marzo de 2004; 153 de 17 de marzo de 2003; 339 de 7 de junio de 2004; 59 de 5 de febrero de 2004; 132 de 18 de mayo de 2006, de la Sala Penal Segunda y 117-I de 31 de enero de 2007 de la Sala Penal Primera: “…Que en el caso de autos, del examen de los actuados procesales, se establece que el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida así como el recurso de casación deducido no ha invocado ningún precedente válido, pues las sentencias constitucionales cuyas fotocopias adjunta, no son precedentes al tenor del art. 416 del Procedimiento Penal, en consecuencia el recurso deducido no cumple con los requisitos formales exigidos para su admisión previstos en los arts. 416 y 417 del referido Código; omisión que no puede suplirse de oficio por ser base y sustento legal para la procedencia del recurso de casación…”. Por tanto las Sentencias Constitucionales invocadas no tienen calidad de precedentes contradictorios, además este punto también fue respondido oportunamente por el Tribunal de Alzada.
Al punto III y IV.- De lo analizado, el Tribunal de Alzada de fs. 156 vta. a 158 vta. da una respuesta concreta a las pretensiones planteadas en su recurso de apelación restringida señalando que se realizó la debida fundamentación, que la Sentencia empleó correctamente los arts. 171, 173 y 124 del Código de Procedimiento Penal, pues se tiene establecido que el Tribunal de Alzada al entrar a considerar los puntos apelados respecto de la valoración de la prueba, identificó la correcta actuación del Juez o Tribunal de Sentencia, en base a las conclusiones establecidas en la Sentencia a través de un análisis armónico y contextual del conjunto de estas estableciendo la inexistencia de infracción o errónea aplicación de la Ley Penal, realizando el análisis de la adecuación del tipo penal a la conducta del encausado advirtiendo la concurrencia de los elementos constitutivos del tipo penal endilgado, en este caso verificado el Auto de Vista recurrido el Tribunal de Alzada en base a los hechos probados en juicio y del análisis probatorio del conjunto de las pruebas llego a la conclusión de que la Sentencia tiene la suficiente fundamentación y motivación tanto en su parte fáctica como jurídica, por tanto carece de sustento lo señalado por la impetrante.
Por otro lado, no basta la cita de los precedentes contradictorios, resultando que es menester establecer con precisión el hecho similar comprobado tanto en el Auto impugnado como en el precedente, en este caso la imposibilidad de realizar ese cometido debido a que las Sentencias Constitucionales no se constituyen en precedentes contradictorios, tal como se señaló supra; además, se debe discernir puntualmente el sentido jurídico contradictorio; estos dos requisitos de fondo son imprescindibles, la falta de uno de ellos hace que se declare infundado el recurso de casación, estos presupuestos no fueron cumplidos por el recurrente, en consecuencia no se puede establecer el sentido jurídico contradictorio de la resolución impugnada, por esas circunstancias y teniendo en cuenta que la recurrente se basó en las mismas para señalar que existiría una supuesta contradicción, se puede establecer que no es cierto lo manifestado, porque resulta que el Auto de Vista impugnado se encuentra debidamente fundamentado, así se constató de fs. 157 a 159 de la misma forma de la fundamentación del Auto de Vista respeto de lo pretendido ahora en casación.
Respecto de la labor del Tribunal de Alzada, se debe tener en cuenta que la valoración de los hechos como de la prueba, bajo los Principios de Inmediación y Contradicción constituye una atribución del Juez o Tribunal de Sentencia, en ese contexto, el Tribunal de Alzada lo que debe realizar es la identificación de la falla, la impericia o arbitrariedad del Juez o Tribunal de instancia en la valoración de los hechos y de las pruebas, observando las reglas de la sana crítica que estén explicadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, que tenga la posibilidad de lograr la convicción en las partes, más allá de la duda razonable, en ese sentido, el Tribunal de alzada debe controlar que la Sentencia Apelada tenga el sustento fáctico, con una argumentación con base jurídica coherente, respetando siempre la normativa procesal y constitucional; pues, se tiene establecido que el Tribunal de alzada al entrar a considerar los puntos apelados respecto de la valoración de la prueba, debe identificar la correcta o incorrecta actuación del Juez o Tribunal de Sentencia, en base a las conclusiones establecidas en la Sentencia a través de un análisis armónico y contextual del conjunto de estas para poder establecer si existió infracción o errónea aplicación de la Ley Penal, en la adecuación del tipo penal a la conducta del encausado y, en su caso, si concurrieron los elementos constitutivos del tipo penal endilgado, en este caso verificado el Auto de Vista recurrido el Tribunal de Alzada en base a los hechos probados en juicio y del análisis probatorio del conjunto de las pruebas llego a la conclusión de que la Sentencia tiene la suficiente fundamentación y motivación tanto en su parte fáctica como jurídica.
De la revisión de los antecedentes, así como de la Sentencia y Auto de Vista, se debe tener en cuenta que de la Sentencia de fs. 106 a 116 consigna en su contenido la existencia de, fundamentación fáctica, declaración de la imputada, fundamentación probatoria, hechos probados que generaron convicción en el Tribunal, fundamentación de la responsabilidad penal, las cuales son debidamente detalladas respecto a la participación de la acusada en el hecho delictuoso denunciado. Así también en el Auto de Vista constan los razonamientos respecto del Recurso de Apelación Restringida, los que fueron analizados y resueltos de fs. 157 a 159.
Respecto de la supuesta existencia de defectos absolutos en los que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada, se debe tener en cuenta que la impetrante en el planteamiento de su Recurso de Casación, al momento de invocar los precedentes contradictorios se apoyó en los mismos para señalar la existencia de defectos absolutos, de los cuales (precedentes contradictorios) como se pudo observar resultan no ser contradictorios (no son considerados precedentes) con el Auto de Vista impugnado, por lo tanto, no se advierte actos vulneratorios de derechos y garantías Constitucionales y/o del procedimiento penal; por lo que se debe dejar constancia, que, no se advirtió la restricción o disminución de los derechos acusados de vulnerados o el resultado dañoso emergente del defecto.
La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la facultad conferida por la Disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, art. 8-II) de la Ley Nº 212, dispone conforme el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declarar: INFUNDADO el Recurso de Casación planteado por María José Lora Caro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la recurrente, por la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley Nº 1008), con costas.

References: Artículo 419
 resolución 
 Artículo 416
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