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Timestamp: 2020-01-20 00:11:46+00:00

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Language of document : Spanish Danish German Greek English French Italian Dutch Portuguese Finnish Swedish ECLI:EU:C:1999:594
de 2 de diciembre de 1999 (1)
«Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas - Transmisión entre sociedades pertenecientes a un mismo grupo»
En el asunto C-234/98,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente, artículo 234 CE), por el Industrial Tribunal, Leeds (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
G.C. Allen y otros
Amalgamated Construction Co. Ltd,
integrado por los Sres.: D.A.O. Edward, Presidente de Sala; J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (Ponente) y P. Jann, Jueces;
- En nombre del Sr. Allen y otros, por los Sres. J. Hendy, QC, y M. Ford, Barrister, designados por la Sra. L. Christian, Solicitor;
- en nombre de Amalgamated Construction Co. Ltd, por los Sres. P. Duffy, QC, y G. Clarke, Barrister, designados por el Sr. W. Burton, Solicitor;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. M. Ewing, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistida por la Sra. K. Smith, Barrister;
- en nombre del Gobierno francés, por las Sras. K. Rispal-Bellanger, sous-directeur de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y A. de Bourgoing, chargé de mission de la misma Dirección, en calidad de Agentes;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. C. Docksey y P. Hillenkamp, Consejeros Jurídicos, en calidad de Agentes;
oídas las observaciones orales del Sr. Allen y otros, de Amalgamated Construction Co. Ltd, del Gobierno del Reino Unido y de la Comisión, expuestas en la vista de 16 de junio de 1999;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 8 de julio de 1999;
Mediante resolución de 5 de mayo de 1998, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 3 de julio siguiente, el Industrial Tribunal, Leeds, planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente, artículo 234 CE), dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14
de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad (DO L 61, p. 26; EE 05/02, p. 122; en lo sucesivo, «Directiva»).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Sr. Allen y otros veintitrés mineros, por una parte, y Amalgamated Construction Co. Ltd (en lo sucesivo, «ACC»), por otra.
ACC es una sociedad británica cuya actividad minera consiste, desde hace veinte años, en la construcción de viales subterráneos y en la perforación de galerías por cuenta de los propietarios de las minas con el fin de que éstos puedan acceder al mineral y extraerlo. Para ello, los propietarios de las minas convocan regularmente licitaciones para la ejecución de una determinada serie de trabajos. Aunque no existe ninguna garantía en ese sentido, los contratos tienden a renovarse una y otra vez, por lo cual no ha habido ni un solo caso en que ACC haya perdido, en una nueva licitación, un contrato del que ya fuera titular.
ACC es una filial al 100 % de AMCO Corporation plc (en lo sucesivo, «grupo AMCO»). El Grupo AMCO está integrado por una docena de sociedades entre las cuales se halla otra filial al 100 %, AM Mining Services Ltd (en lo sucesivo, «AMS»). AMS fue constituida en 1993 para la realización de trabajos relacionados con el cierre de los pozos, como el mantenimiento y el relleno de galerías. Para ello contrató a su propio personal, cuyas condiciones de trabajo no son las mismas que las vigentes en ACC y, en particular, son mucho menos favorables para los trabajadores. Aunque ACC y AMS tienen personalidad jurídica diferente, sus directivos son los mismos y sus funciones administrativas y logísticas son compartidas con las demás empresas del Grupo AMCO.
Progresivamente AMS diversificó su actividad, logrando que se le adjudicaran trabajos auxiliares de los de excavación subterránea, como los de limpieza y mantenimiento de las galerías. En particular, consolidó estas nuevas tareas en las minas Prince of Wales de Yorkshire. ACC ya operaba allí, realizando trabajos de perforación para la empresa nacional del carbón británica British Coal y luego, cuando ésta fue privatizada y se vendió una parte de sus activos, para RJB Mining (UK) Ltd (en lo sucesivo, «RJB»).
En agosto de 1994 y luego en marzo de 1995, ACC, cuyos contratos iban a caducar, volvió a presentar ofertas para trabajos de perforación en las minas de carbón Prince of Wales. En todos los casos, las ofertas preveían que los trabajos serían subcontratados con AMS, cuyos costes de mano de obra eran inferiores a los de ACC. ACC obtuvo estos contratos. Sin embargo, como la correspondiente subcontratación con AMS dio lugar a una disminución de la actividad de ACC, ésta despidió a algunos de los trabajadores empleados en dichas minas, manifestándoles que serían contratados por AMS una vez transcurrido un fin de semana.
En 1994 y 1995, los trabajadores despedidos por ACC percibieron indemnizaciones de despido y fueron luego contratados por AMS. No obstante, como normalmente ACC no terminaba sus propios trabajos de perforación hasta después de que AMS hubiera iniciado los suyos, resultaba difícil determinar, durante este período transitorio, si los trabajadores afectados trabajaban para una u otra empresa.
En su calidad de subcontratante de los trabajos de construcción de viales, AMS disponía de la totalidad de las instalaciones y equipo que British Coal, primero, y RJB, después, ponían hasta entonces a disposición de ACC, como los sanitarios, la cantina y el material necesario para la evacuación de los escombros, el transporte de los materiales y la perforación subterránea.
Posteriormente, RJB manifestó objeciones sobre las condiciones de trabajo aplicadas por sus diferentes contratistas, entre los que se encontraba AMS, por estimar que desmotivaban al personal de dichas empresas. A instancia de RJB, ACC decidió no subcontratar con AMS el nuevo contrato de obras que había obtenido y encargarse por sí misma de su ejecución. Para ello volvió a contratar a sus antiguos trabajadores que habían pasado a AMS -cuyas contratas tocaban a su fin- y, entre ellos, a los demandantes del procedimiento principal. Esta nueva contratación se hizo en condiciones de empleo mejores que las de AMS, pero menos favorables que las que otorgaba ACC antes de 1994 o 1995.
Por estimar que debían disfrutar de las condiciones de trabajo que ACC les otorgaba antes de ser contratados por AMS, los demandantes del procedimiento principal interpusieron un recurso ante el Industrial Tribunal. En apoyo de sus reivindicaciones alegaron que, según el Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 1981 [Reglamento sobre transmisión de empresas (Protección del empleo)], que adaptaba el Derecho nacional a la Directiva, se había producido una doble transmisión de empresa, en primer lugar entre ACC y AMS y luego entre AMS y ACC. Ésta, por su parte, niega que haya tenido lugar tal transmisión.
Por considerar que la solución del litigio dependía de la interpretación de la Directiva, el Industrial Tribunal, Leeds, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) La Directiva sobre derechos adquiridos (77/187/CEE) ¿puede aplicarse a dos sociedades pertenecientes al mismo grupo que tienen propietarios, dirección, instalaciones y trabajo comunes, o debe considerarse que dichas sociedades constituyen una única empresa a efectos de la Directiva? En particular, ¿puede haber una transmisión de empresa a efectos de la Directiva si la sociedad A transfiere una parte considerable de su personal a la sociedad B, que pertenece al mismo grupo?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuáles son los criterios para determinar si ha habido una transmisión de ese tipo? En
particular, ¿existe una transmisión de empresa en las siguientes circunstancias:
a) durante algún tiempo, los trabajadores de que se trata estuvieron despedidos de la sociedad A, supuestamente por causas económicas, y se les ofreció empleo en la sociedad B, asociada a la primera, en la ejecución de una actividad geográficamente separada o de parte de la actividad de la sociedad A, a saber, la perforación de galerías en las minas;
b) no se produjo ninguna transmisión de instalaciones, dirección, infraestructura, materiales o activos entre la sociedad A y la sociedad B, y la mayoría de los activos significativos utilizados por ambas sociedades en los trabajos de perforación de galerías principales los proporciona un tercero, el operador de la mina;
c) la sociedad A sigue siendo el único contratista con el cliente, que la contrató para trabajar en proyectos de construcción realizados de forma ”sucesiva”;
d) apenas hubo coincidencia en el tiempo entre la cesión de los trabajadores de la sociedad A a la sociedad B y el comienzo y/o la terminación de los contratos relativos a los trabajos efectuados;
e) la sociedad A y la sociedad B tienen la misma dirección y las mismas instalaciones;
f) tras ser empleados por la sociedad B, los trabajadores trabajan indistintamente para la sociedad A o para la sociedad B, en función de las necesidades de la dirección local que administra ambas sociedades;
g) los trabajos realizados tuvieron continuidad, sin que hubiera ninguna suspensión de actividades o cambio alguno en la forma de llevarlos a cabo?»
Mediante la primera parte de la primera cuestión el órgano jurisdiccional nacional pregunta al Tribunal de Justicia si la Directiva puede aplicarse a una transmisión entre dos sociedades de un mismo grupo que tengan los mismos propietarios, la misma dirección, las mismas instalaciones y que trabajen en la misma obra.
Los demandantes del procedimiento principal, los Gobiernos francés y del Reino Unido, así como la Comisión, proponen que se responda afirmativamente a esta
cuestión. Alegan que el artículo 2 de la Directiva define al «cedente» y al «cesionario», respectivamente, como cualquier persona física o jurídica que, a causa de una transmisión, pierda o adquiera la calidad de empresario con respecto a la empresa, el centro de actividad o la parte del centro de actividad de que se trate. Pues bien, por el hecho de pertenecer a un mismo grupo, dos filiales no dejan de ser entidades jurídicas diferentes que contraen obligaciones jurídicas distintas frente a sus respectivos trabajadores.
En cambio, ACC considera que la Directiva no puede aplicarse en caso de transmisión entre dos sociedades que tienen los mismos propietarios, la misma dirección, el mismo marco de actuación y que no disponen de ninguna autonomía real para determinar, la una respecto a la otra, su línea de acción en el mercado. En efecto, dichas sociedades se consideran una empresa única en el contexto del Derecho de la competencia (sentencia de 24 de octubre de 1996, Viho/Comisión, C-73/95 P, Rec. p. I-5457). Pues bien, la necesidad de tener en cuenta la realidad económica obliga, de igual forma, a considerar a dos filiales de este tipo un solo empleador a los efectos de la Directiva.
Con arreglo a su artículo 1, apartado 1, la Directiva se aplica a las transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad a otro empresario, como consecuencia de una cesión contractual o de una fusión. A tenor de su artículo 2, letras a) y b), se entiende, respectivamente, por «cedente» y«cesionario» cualquier persona física o jurídica que, a causa de una transmisión en el sentido del apartado 1 del artículo 1, pierda o adquiera la calidad de empresario con respecto a la empresa, el centro de actividad o la parte del centro de actividad.
La Directiva es, pues, aplicable desde el momento en que, como consecuencia de una cesión contractual o de una fusión, se produce un cambio de la persona física o jurídica responsable de la explotación de la empresa y que, como tal, contrae las obligaciones de empresario frente a los trabajadores de la empresa, independientemente de que se transfiera la propiedad de la empresa (sentencias de 17 de diciembre de 1987, Ny Mølle Kro, 287/86, Rec. p. 5465, apartado 12, y de 10 de febrero de 1988, Tellerup, llamada «Daddy's Dance Hall», 324/86, Rec. p. 739, apartado 9).
De ello se deduce que el objetivo de la Directiva es regular toda mutación jurídica de la persona del empresario, siempre que se reúnan los demás requisitos que determina, y que, por tanto, puede aplicarse a una transmisión entre dos sociedades filiales de un mismo grupo que constituyen personas jurídicas diferentes que mantienen, cada una por su lado, relaciones laborales específicas con sus trabajadores. La circunstancia de que las sociedades de que se trata tengan no sólo los mismos propietarios, sino también la misma dirección y las mismas instalaciones, y trabajen en la misma obra es indiferente a este respecto.
Esta conclusión no queda invalidada por la sentencia Viho/Comisión, antes citada, en cuyos apartados 15 a 17 el Tribunal de Justicia manifestó que el artículo 85,
apartado 1, del Tratado CE (actualmente, artículo 81 CE, apartado 1) no es aplicable a las relaciones entre una sociedad matriz y sus filiales cuando estas sociedades constituyen una unidad económica en cuyo interior las filiales no disfrutan de verdadera autonomía para determinar su línea de acción en el mercado, sino que aplican las instrucciones que les imparte la sociedad matriz que las controla al 100 %.
En efecto, este concepto de empresa es propio del Derecho de la competencia y se explica por el hecho de que, cuando no existe un concurso de voluntades económicamente independientes, las relaciones en el seno de una unidad económica no pueden constituir un acuerdo o una práctica concertada entre empresas, restrictivos de la competencia en el sentido del artículo 85, apartado 1, del Tratado.
Nada justifica que, para la aplicación de la Directiva, la unidad de comportamiento en el mercado de la sociedad matriz y de sus filiales prevalezca sobre la separación formal entre estas sociedades que tienen personalidades jurídicas distintas. En efecto, una solución de esta naturaleza, que tendría la consecuencia de excluir las transmisiones entre sociedades de un mismo grupo del ámbito de aplicación de la Directiva, iría precisamente en contra del objetivo de ésta que, según el Tribunal de Justicia, es garantizar, en la medida de lo posible, el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de cambio de empresario, permitiéndoles seguir al servicio del nuevo empresario en las mismas condiciones que las pactadas con el cedente (véanse, especialmente, las sentencias antes citadas Ny Mølle Kro, apartado 12, y Daddy's Dance Hall, apartado 9).
Por lo tanto, procede responder a la primera parte de la primera cuestión que la Directiva puede aplicarse a una transmisión entre dos sociedades de un mismo grupo que tengan los mismos propietarios, la misma dirección, las mismas instalaciones y que trabajen en la misma obra.
Sobre la segunda parte de la primera cuestión y sobre la segunda cuestión
Mediante la segunda parte de su primera cuestión y mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional nacional desea que se dilucide, esencialmente, cuáles son los criterios que determinan la existencia de una transmisión y si en el caso de autos se reúnen estos criterios.
La Directiva tiene por objeto garantizar la continuidad de las relaciones laborales existentes en el marco de una entidad económica, con independencia de un cambio de propietario. El criterio decisivo para determinar la existencia de una transmisión a los efectos de esta Directiva es si la entidad de que se trata mantiene su identidad, lo que resulta, en particular, de que continúe efectivamente su explotación o de que ésta se reanude (sentencias de 18 de marzo de 1986, Spijkers,
24/85, Rec. p. 1119, apartados 11 y 12, y de 11 de marzo de 1997, Süzen, C-13/95, Rec. p. I-1259, apartado 10).
En primer lugar, para que la Directiva sea aplicable, la transmisión debe referirse a una entidad económica organizada de forma estable cuya actividad no se limite a la ejecución de una obra determinada (sentencia de 19 de septiembre de 1995, Rygaard, C-48/94, Rec. p. I-2745, apartado 20). Así, el concepto de entidad hace referencia a un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio (sentencia Süzen, antes citada, apartado 13).
Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar, a la luz de los anteriores elementos de interpretación, si la actividad de perforación de ACC en las minas de carbón Prince of Wales estaba organizada como una entidad económica antes de que esta empresa subcontratara dicha actividad con AMS.
En segundo lugar, para determinar si se reúnen los requisitos necesarios para la transmisión de una entidad, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho características de la operación de que se trata, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios y los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Sin embargo, estos elementos son únicamente aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente (véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, Spijkers, apartado 13, y Süzen, apartado 14).
En el asunto principal, la mera circunstancia de que los servicios prestados por la empresa titular de los contratos de perforación y, luego, por la empresa con la cual se subcontrataron estas obras sean similares no es suficiente para afirmar que existe transmisión de una entidad económica. En efecto, tal entidad no puede reducirse a la actividad que se le ha encomendado. Su identidad resulta también de otros elementos, como el personal que la integra, sus directivos, la organización de su trabajo, sus métodos de explotación o, en su caso, los medios de explotación de que dispone (sentencias Süzen, antes citada, apartado 15; de 10 de diciembre de 1998, Hernández Vidal y otros, asuntos acumulados C-127/96, C-229/96 y C-74/97, Rec. p. I-8179, apartado 30, e Hidalgo y otros, asuntos acumulados C-173/96 y C-247/96, Rec. p. I-8237, apartado 30).
Como se recuerda en el apartado 26 de la presente sentencia, para apreciar las circunstancias de hecho que caracterizan la operación de que se trata, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta, en particular, el tipo de empresa o de
centro de actividad de que se trate. De ello resulta que la importancia respectiva que debe atribuirse a los distintos criterios de la existencia de una transmisión en el sentido de la Directiva varía necesariamente en función de la actividad ejercida, o incluso de los métodos de producción o de explotación utilizados en la empresa, en el centro de actividad o en la parte de centro de actividad de que se trate. En particular, en la medida en que sea posible que una entidad económica funcione, en determinados sectores, sin elementos significativos de activo material o inmaterial, el mantenimiento de la identidad de dicha entidad independientemente de la operación de que es objeto no puede, por definición, depender de la cesión de tales elementos (sentencias, antes citadas, Süzen, apartado 18; Hernández Vidal y otros, apartado 31, e Hidalgo y otros, apartado 31).
El Tribunal de Justicia ha manifestado que, en la medida en que, en determinados sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede constituir una entidad económica, dicha entidad puede mantener su identidad aun después de su transmisión cuando el nuevo empresario no se limita a continuar con la actividad de que se trata, sino que además se hace cargo de una parte esencial, en términos de número y de competencias, del personal que su antecesor destinaba especialmente a dicha tarea. En este supuesto, el nuevo empresario adquiere, en efecto, el conjunto organizado de elementos que le permitirá continuar las actividades o algunas actividades de la empresa cedente de forma estable (sentencias, antes citadas, Süzen, apartado 21; Hernández Vidal y otros, apartado 32, e Hidalgo, apartado 32).
Bien es verdad que, en el asunto principal, la perforación de galerías de minas no puede considerarse una actividad que descansa fundamentalmente en la mano de obra, puesto que exige un material e instalaciones importantes. No obstante, se desprende de la resolución de remisión que, en el sector minero, es habitual que la mayor parte de los activos necesarios para la realización de los trabajos de perforación sea suministrada por el propietario de la mina. De esta forma, AMS, convertido en subcontratista, pudo disponer de los equipos que RJB ponía antes a disposición de ACC. Pues bien, la circunstancia de que la propiedad de los activos necesarios para la explotación de la empresa no haya sido transmitida al nuevo empresario no constituye un obstáculo para que exista una transmisión (véanse las sentencias Ny Mølle Kro y Daddy's Dance Hall, antes citadas, y la de 12 de noviembre de 1992, Watson Rask y Christensen, C-209/91, Rec. p. I-5755). En estas circunstancias, el hecho de que no haya tenido lugar ninguna transmisión de activos entre ACC y AMS no tiene carácter determinante.
La circunstancia de que ACC haya seguido siendo el único contratante de RJB y de que haya subcontratado los contratos de obras con AMS tampoco permite, por sí misma, descartar la existencia de una transmisión en el sentido de la Directiva. En efecto, por una parte, el hecho de que se haya realizado o no la transmisión de la clientela entre el cedente y el cesionario no es sino uno de los elementos que
deben ser tenidos en cuenta para apreciar la existencia de una transmisión (sentencia Spijkers, antes citada, apartado 13). Por otra parte, la Directiva es aplicable a todos los supuestos de cambio, en el marco de relaciones contractuales, de la persona física o jurídica responsable de la explotación de la empresa que asume las obligaciones de empresario frente a los empleados de la empresa (véase, en particular, la sentencia de 7 de marzo de 1996, Merckx y Neuhuys, asuntos acumulados C-171/94 y C-172/94, Rec. p. I-1253, apartado 28).
Por lo que se refiere a la falta de coincidencia en el tiempo entre la contratación de los trabajadores de ACC por AMS y el principio o el fin de las contratas, es preciso señalar, como lo ha hecho la Comisión, que una transmisión de empresa es una operación jurídica y material compleja cuya realización puede tomar cierto tiempo. Además, según la resolución de remisión, el despido de los trabajadores de ACC y su contratación por AMS estaban manifiestamente relacionados con la decisión de ACC de subcontratar con AMS los trabajos de que se trata. Por lo demás, cuando ACC empezó a realizar de nuevo por sí misma la actividad de perforación, volvió a contratar a los trabajadores que habían sido contratados por AMS. En estas circunstancias, no puede atribuirse una importancia particular a la falta de coincidencia entre el comienzo de la ejecución de los trabajos subcontratados con AMS y la contratación por parte de ésta de los trabajadores de ACC.
Por otra parte, aunque una suspensión temporal de la actividad de la empresa no permite, por sí sola, descartar la existencia de una transmisión (véase la sentencia Ny Mølle Kro, antes citada, apartado 19), la circunstancia de que los trabajos hayan proseguido de forma continua, sin interrupción ni cambio en la manera de realizarlos, no deja de ser una de las características más frecuentes de las transmisiones de empresas.
El hecho de que ACC y AMS compartan la misma dirección y las mismas instalaciones y de que no haya habido ningún traslado de personal directivo entre ambas sociedades no excluye la existencia de una transmisión, siempre que la operación entre las dos filiales haya tenido por objeto una entidad económica en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
El órgano jurisdiccional remitente también ha mencionado la circunstancia de que los trabajadores despedidos por ACC y contratados por AMS trabajaron luegoindistintamente para una u otra sociedad, en función de las necesidades de la dirección local que gestiona ambas sociedades. No obstante, como señaló el Abogado General en el punto 40 de sus conclusiones, el Tribunal de Justicia carece de elementos para pronunciarse al respecto. De cualquier modo, si, como sugiere la resolución de remisión y como han afirmado los demandantes del procedimiento principal durante la vista, esta situación corresponde al período inicial, durante el cual los trabajos de perforación de ACC y de AMS se solaparon, no puede afectar a la existencia de una transmisión por las razones expuestas en el apartado 32 de la presente sentencia.
No obstante, ACC alega que los hechos del procedimiento principal son del todo análogos a los que dieron lugar a la sentencia Rygaard, antes citada, en la que el Tribunal de Justicia manifestó que no existe transmisión de empresa en el sentido de la Directiva cuando un primer empresario se limita a poner a disposición de un segundo empresario trabajadores y materiales para realizar determinados trabajos.
Bien es verdad que el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia Rygaard, antes citada, que una situación en la que de una empresa transmite una de sus obras a otra empresa para que la termine, limitándose a poner a disposición de ésta algunos trabajadores y los materiales destinados a garantizar la realización de los trabajos en curso, no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva. No obstante, esta situación se diferencia de la del presente asunto en la medida en que AMS subcontrató la ejecución de obras completas. Además, en el apartado 21 de la sentencia Rygaard, antes citada, el Tribunal de Justicia añadió que la transmisión de una obra con miras a su terminación podría incluirse en el ámbito de la Directiva si fuera acompañada de la transmisión de un conjunto organizado de elementos que permitieran la continuidad de las actividades o de algunas actividades de la empresa cedente de forma estable. De este modo, la circunstancia de que ACC únicamente subcontratara con AMS la ejecución de determinados trabajos de perforación no bastaría para descartar la aplicación de la Directiva si se acreditase que, con ocasión de esta operación, AMS adquirió de ACC los medios organizados necesarios para ejercer de forma duradera su actividad de perforación en las minas de carbón Prince of Wales.
Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, a la luz de todos los elementos de interpretación que se han expuesto, si en el asunto principal ha habido una transmisión.
Procede, pues, responder a la segunda parte de la primera cuestión y a la segunda cuestión que la Directiva se aplica a una situación en la cual una sociedad perteneciente a un grupo decide subcontratar con otra sociedad del mismo grupo trabajos de perforación de minas, siempre que la operación vaya acompañada de la transmisión de una entidad económica entre las dos sociedades. El concepto de entidad económica hace referencia a un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio.
Los gastos efectuados por los Gobiernos del Reino Unido y francés, así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Industrial Tribunal, Leeds, mediante resolución de 5 de mayo de 1998, declara:
1) La Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad, puede aplicarse a una transmisión entre dos sociedades de un mismo grupo que tengan los mismos propietarios, la misma dirección, las mismas instalaciones y que trabajen en la misma obra.
2) La Directiva se aplica a una situación en la cual una sociedad perteneciente a un grupo decide subcontratar con otra sociedad del mismo grupo trabajos de perforación de minas, siempre que la operación vaya acompañada de la transmisión de una entidad económica entre las dos sociedades. El concepto de entidad económica hace referencia a un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio.
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 2 de diciembre de 1999.

References: artículo 177
 artículo 234
 resolución 
 artículo 177
 artículo 234
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 85
 artículo 81
 artículo 85
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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