Source: https://www.iberley.es/temas/procesos-menores-ley-enjuiciamiento-civil-52521
Timestamp: 2020-07-14 06:06:33+00:00

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Los procesos de menores en la Ley de Enjuiciamiento Civil | Iberley
Dentro de los procedimientos especiales concretados en el Libro IV del CC, se establecen los correspondientes a los menores, concretamente, en los arts. 769 a 778, los correspodientes a la guarda y custodia y alimentos,ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos, la entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecución forzosa de las medidas de protección de menores (art. 778ter LECiv), las medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional (778quáter-778sexies LECiv) y, finalmente, la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores y el procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción.
Guarda, custodia y alimentos de menores
Al igual que sucede con todos los procesos relacionados en el L-436271-articulo748LECiv los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos (reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores) habrán de tener presentes las siguientes especialidades:
En ellos es preceptiva la Intervención del Ministerio Fiscal (Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil)-articulo749LECiv).
Las partes actuarán con asistencia de abogado y representadas por procurador, salvo en aquellos casos en que la misma sea defendida por el Ministerio Público, (Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil)-articulo750LECiv).
El objeto del proceso es indisponible, esto es, en los mismos no cabe la renuncia, el allanamiento ni la transacción y el desistimiento, por regla general, requerirá la conformidad del Ministerio Fiscal (Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil)-articulo751LECiv).[Es cierto que la Sentencia Constitucional Nº 185/2012, TC, Pleno, Rec Cuestión de inconstitucionalidad 8912-2006, 17-10-2012 ha declarado inconstitucional y nulo el inciso 'favorable' del informe del Ministerio Fiscal contenido en el artículo 92.8 del Código civil , según redacción dada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, de tal forma que corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal verificar si concurren los requisitos legales para aplicar este régimen. Es por tanto al Juez al que, en el marco de la controversia existente entre los progenitores, corresponde valorar si debe o no adoptarse tal medida considerando cuál sea la situación más beneficiosa para el niño; y si bien se confiere a los progenitores la facultad de autorregular tal medida y el Ministerio Fiscal tiene el deber de velar por la protección de los menores en este tipo de procesos, sólo a aquel le corresponde la facultad de resolver el conflicto que se le plantea, pues exclusivamente él tiene encomendada constitucionalmente la función jurisdiccional, obligando a los progenitores a ejercerla conjuntamente sólo cuando quede demostrado que es beneficiosa para el menor. Guarda y custodia compartida. Interés de los menores. Sentencia Civil Nº 257/2013, TS, Sala de lo Civil, Sec. 1, Rec 2525/2011, 29-04-2013 )]
Respecto a la prueba no rige la preclusión procesal, es decir, los procesos se decidirán con arreglo a lo hechos debatidos que resulten probados, con independencia del momento en que fuesen alegados o introducidos en el procedimiento (Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil)-articulo752LECiv).[ (...) debemos recordar que el procedimiento de reconocimiento e impugnación de la filiación es un proceso especial, en el que se aplican de forma flexible las reglas sobre preclusión de alegaciones y admisión de medios de prueba ( arts. 752 y 767 LEC ). Sentencia CIVIL Nº 160/2017, TS, Sala de lo Civil, Sec. 1, Rec 72/2015, 08-03-2017]
La tramitación de los mismos será preferente, y, salvo disposición expresa, se sustanciará por los trámites del juicio verbal con las siguientes especialidades (Art. 753LECiv):
el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la demanda al Ministerio Fiscal, cuando proceda, y a las demás personas que, conforme a la ley, deban ser parte en el procedimiento, hayan sido o no demandados, emplazándoles para que la contesten en el plazo de veinte días, conforme a lo establecido en el L-436271-articulo405LECiv.
en la celebración de la vista y de la comparecencia a que se refiere el L-436271-articulo771LECiv, una vez practicadas las pruebas el Tribunal permitirá a las partes formular oralmente sus conclusiones, siendo de aplicación a tal fin lo establecido en los apartados 2, 3 y 4 del L-436271-articulo433LECiv.
Exclusión de la publicidad: el tribunal podrá decidir mediante providencia, de oficio o a instancia de parte, que los actos y vistas se celebren a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas, siempre que las circunstancias lo aconsejen y aunque no se esté en ninguno de los casos del apartado 2 del Art. 138 LECiv.y Art. 754 LECiv
Acceso de las sentencias a Registros Comunes. Según dispone el L-436271-articulo755LECiv, cuando proceda, "el Secretario judicial acordará que las sentencias y demás resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere este Título se comuniquen de oficio a los Registros Civiles para la práctica de los asientos que correspondan. A petición de parte, se comunicarán también a cualquier otro Registro público a los efectos que en cada caso procedan".
Por lo que respecta al procedimiento, el apdo. 3 del Art. 769 LECiv determina que es competente territorialmente el Juez de Primera Instancia del lugar del último domicilio común de los progenitores, y si residen en distintos partidos, a elección del demandante, el del domicilio del demandado o el de residencia del menor, y el apdo. 6 del Art. 770 LECiv que para la adopción de las medidas cautelares que sean adecuadas a estos procesos se seguirán los trámites establecidos en la ley para la adopción de medidas previas, simultáneas o definitivas en los procesos de nulidad, separación o divorcio.
En estos casos de pretensiones exclusivas, para la adopción de medidas cautelares que sean idóneas para la tutela deseada a través de dichos procesos, se seguirán los trámites establecidos para la adopción de medidas previas, simultáneas o definitivas en los procesos de nulidad, separación o divorcio.
Sobre el ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos (Ley 1/1996 de 10 de Ene (Asistencia jurídica gratuita)-25 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero), regulado en el Art. 778 bis LECiv, se pueden ofrecer las siguientes notas:
La legitimación para solicitar la autorización judicial para el ingreso corresponde a la Entidad Pública que ostente la tutela o guarda de un menor y al Ministerio Fiscal.
La competencia para la autorización corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del lugar donde radique el centro.
La autorización judicial será obligatoria, deberá ser previa a dicho ingreso (salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida) e implicará que el menor sea examinado y oído junto a la Entidad Pública, a los progenitores o tutores que ostentaran la patria potestad o tutela, y a cualquier persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada, y se emitirá informe por el Ministerio Fiscal. El Juzgado recabará, al menos, dictamen de un facultativo por él designado
Frente a la resolución que el Juzgado adopte podrá interponerse recurso de apelación (sin efecto suspensivo) por el menor afectado, la Entidad Pública, el Ministerio Fiscal, o los progenitores o tutores que sigan teniendo legitimación para oponerse a las resoluciones en materia de protección de menores.
En la misma resolución en que se acuerde el ingreso se expresará la obligación de la Entidad Pública y del Director del centro de informar periódicamente al Juzgado y al Ministerio Fiscal sobre las circunstancias del menor y la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de los demás informes que el Juez pueda requerir cuando lo crea pertinente. Estos informes serán emitidos cada tres meses, a no ser que el Juez, atendida la naturaleza de la conducta que motivó el ingreso, señale un plazo inferior, y transcurrido el plazo y recibidos los informes se acordará lo procedente sobre la continuación o no del ingreso.
Los menores (que habrán de ser informados de todas las resoluciones que se adopten) no permanecerán en el centro más tiempo del estrictamente necesario para atender a sus necesidades específicas.
Para la entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecución forzosa de las medidas de protección de menores, habrá que estar a lo dispuesto en el Art. 778 ter que dispone lo siguiente:
La Entidad Pública deberá solicitar al Juzgado de Primera Instancia con competencia en el lugar donde radique su domicilio, autorización para la entrada en domicilios y restantes edificios y lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular u ocupante, cuando ello sea necesario para la ejecución forzosa de las medidas adoptadas por ella para la protección de un menor. Cuando se trate de la ejecución de un acto confirmado por una resolución judicial, la solicitud se dirigirá al órgano que la hubiera dictado.
La solicitud se iniciará por escrito en el que se harán constar, al menos, los siguientes extremos:
La resolución administrativa o el expediente que haya dado lugar a la solicitud.
El concreto domicilio o lugar al que se pretende acceder, y la identidad del titular u ocupante del mismo y cuyo acceso requiera su consentimiento.
La justificación de que se ha intentado recabar dicho consentimiento sin resultado o con resultado negativo. En el caso en el que ello no resulte procedente, se hará constar dicha circunstancia de manera razonada en el escrito de solicitud, sin que sea necesaria la aportación de la referida justificación.
La necesidad de dicha entrada para la ejecución de la resolución de la Entidad Pública.
Presentada por la Entidad Pública la solicitud, el Secretario Judicial, en el mismo día, dará traslado de ella al titular u ocupante del domicilio o edificio para que en el plazo de las 24 horas siguientes alegue lo que a su derecho convenga exclusivamente sobre la procedencia de conceder la autorización.No obstante, cuando la Entidad Pública solicitante así lo pida de forma razonada y acredite que concurren razones de urgencia para acordar la entrada, bien porque la demora en la ejecución de la resolución administrativa pudiera provocar un riesgo para la seguridad del menor, o bien porque exista afectación real e inmediata de sus derechos fundamentales, el Juez podrá acordarla mediante auto dictado de forma inmediata y, en todo caso en el plazo máximo de las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud, previo informe del Ministerio Fiscal. En el auto dictado se razonará por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al interesado.
Presentado el escrito de alegaciones por el interesado o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Juez acordará o denegará la entrada por auto en el plazo máximo de las 24 horas siguientes, previo informe del Ministerio Fiscal, tras valorar la concurrencia de los extremos mencionados en el apartado 3 de este artículo, la competencia de la Entidad Pública para dictar el acto que se pretende ejecutar y la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la entrada solicitada para alcanzar el fin perseguido con la medida de protección.
En el auto en el que se autorice la entrada se harán constar los límites materiales y temporales para la realización de la misma, que serán los estrictamente necesarios para la ejecución de la medida de protección.
El testimonio del auto en el que se autorice la entrada será entregado a la Entidad Pública solicitante para que proceda a realizarla. El auto será notificado sin dilación a las partes que hubieran intervenido en el procedimiento y, de no haber intervenido o de no ser posible la notificación antes de la realización de la diligencia de entrada, el Secretario Judicial procederá a su notificación al practicar la diligencia.
Contra el auto en que se acuerde o deniegue la autorización, aun cuando se hubiera dictado sin previa audiencia del interesado, cabrá recurso de apelación, sin efecto suspensivo, que deberá ser interpuesto en el plazo de los tres días siguientes, contados desde la notificación del auto, al que se dará una tramitación preferente.
La entrada en el domicilio será practicada por el Secretario Judicial dentro de los límites establecidos, pudiendo auxiliarse de la fuerza pública, si fuera preciso, y siendo acompañado de la Entidad Pública solicitante. Finalizada la diligencia, se decretará el archivo del procedimiento.
El Capítulo IV BIS del Título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil se ocupa de las medidas relacionadas con la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional, entendiendo por tal, a decir del Art. 778 quater LECiv los supuestos en que, "siendo aplicables un convenio internacional o las disposiciones de la Unión Europea, se pretenda la restitución de un menor o su retorno al lugar de procedencia por haber sido objeto de un traslado o retención ilícito y se encuentre en España". A este respecto, cabe señalar las siguientes notas:
La competencia le corresponde al Juzgado de Primera Instancia de la capital de la provincia, de Ceuta o Melilla, con competencias en materia de derecho de familia, en cuya circunscripción se halle el menor si lo hubiere y, en su defecto, al que por turno de reparto corresponda.
Tienen legitimación para promover el procedimiento la persona, institución u organismo que tenga atribuida la guarda y custodia o un régimen de estancia o visitas, relación o comunicación del menor, la Autoridad Central española encargada del cumplimiento de las obligaciones impuestas por el correspondiente convenio, en su caso, y, en representación de ésta, la persona que designe dicha autoridad.
Las partes deberán actuar con asistencia de Abogado y representadas por Procurador. (La intervención de la Abogacía del Estado, cuando proceda a instancia de la Autoridad Central española, cesará desde el momento en que el solicitante de la restitución o del retorno comparezca en el proceso con su propio Abogado y Procurador).
El procedimiento tendrá carácter urgente y preferente. Deberá realizarse, en ambas instancias, si las hubiere, en el inexcusable plazo total de seis semanas desde la fecha de la presentación de la solicitud (salvo que existan circunstancias excepcionales que lo hagan imposible).
Con la finalidad de facilitar las comunicaciones judiciales directas entre órganos jurisdiccionales de distintos países, si ello fuera posible y el Juez lo considerase necesario, podrá recurrirse al auxilio de las Autoridades Centrales implicadas, de las Redes de Cooperación Judicial Internacional existentes, de los miembros de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya y de los Jueces de enlace.
El Juez podrá acordar a lo largo de todo el proceso, de oficio, a petición de quien promueva el procedimiento o del Ministerio Fiscal, las medidas cautelares oportunas y de aseguramiento del menor que estime pertinentes conforme al L-436271-articulo773LECiv, además de las previstas en el Art. 158 Código Civil. Del mismo modo podrá acordar que durante la tramitación del proceso se garanticen los derechos de estancia o visita, relación y comunicación del menor con el demandante, incluso de forma supervisada, si ello fuera conveniente a los intereses del menor.
El procedimiento se encuentra regulado en el Art. 778 quinquies LECiv y el Art. 778 sexies LECiv se ocupa de la declaración de ilicitud de un traslado o retención internacional.
La oposición a resoluciones administrativas en materia de protección de menores, mencionada en el apartado sexto del L-436271-articulo748LECiv tiene su regulación en los Art. 779, L-436271-articulo780LECiv, de los que se pueden extraer las siguientes notas de interés:
Los procedimientos en los que se sustancie tendrán carácter preferente.
La competencia para su conocimiento será el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la Entidad Pública y, en su defecto o en los supuestos de los Art. 179, Art. 180 LECiv, el Tribunal del domicilio del adoptante.
No será necesaria reclamación previa en vía administrativa para formular oposición; en consecuencia, la oposición a las mismas podrá formularse en el plazo de dos meses desde su notificación.
La legitimación corresponde (siempre que tengan interés legítimo y directo en la resolución) los menores afectados, los progenitores, tutores, acogedores, guardadores, el Ministerio Fiscal y aquellas personas que expresamente la ley les reconozca tal legitimación.
Los menores tendrán derecho a ser parte y a ser oídos en el proceso conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
Por lo que se refiere al Proceso:
Se iniciará mediante la presentación de un escrito inicial en el que el actor sucintamente expresará la pretensión y la resolución a que se opone. En el escrito consignará expresamente la fecha de notificación de la resolución administrativa y manifestará si existen procedimientos relativos a ese menor.
El Secretario judicial reclamará a la entidad administrativa un testimonio completo del expediente, que deberá ser aportado en el plazo de veinte días.
Recibido el testimonio del expediente administrativo, el Secretario judicial emplazará al actor por veinte días para que presente la demanda, que se tramitará con arreglo a lo previsto en el Art. 753 LECiv.
Si el Ministerio Fiscal, las partes o el Juez competente tuvieren conocimiento de la existencia de más de un procedimiento de oposición a resoluciones administrativas relativas a la protección de un mismo menor, pedirán los primeros y dispondrá el segundo, incluso de oficio, la acumulación ante el Juzgado que estuviera conociendo del procedimiento más antiguo. Acordada la acumulación, se procederá según dispone el Art. 84 LECiv, con la especialidad de que no se suspenderá la vista que ya estuviera señalada si fuera posible tramitar el resto de procesos acumulados dentro del plazo determinado por el señalamiento. En caso contrario, el Secretario Judicial acordará la suspensión del que tuviera la vista ya fijada, hasta que los otros se hallen en el mismo estado, procediendo a realizar el nuevo señalamiento para todos con carácter preferente y, en todo caso, dentro de los diez días siguientes. Contra el auto que deniegue la acumulación podrán interponerse los recursos de reposición y apelación sin efectos suspensivos. Contra el auto que acuerde la acumulación no se dará recurso alguno.
Procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción
El Art. 181 LECiv, relativo al procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción indica lo que se transcribe a continuación:
Los progenitores que pretendan que se reconozca la necesidad de su asentimiento para la adopción podrán comparecer ante el Tribunal que esté conociendo del correspondiente expediente de adopción y manifestarlo así. El Secretario Judicial, con suspensión del expediente, otorgará el plazo de quince días para la presentación de la demanda, para cuyo conocimiento será competente el mismo Tribunal.
Si no se presentara la demanda en el plazo fijado, el Secretario Judicial dictará decreto dando por finalizado el trámite y alzando la suspensión del expediente de adopción, que continuará tramitándose de conformidad con lo establecido en la legislación de jurisdicción voluntaria. El decreto será recurrible directamente en revisión ante el Tribunal. Firme dicha resolución, no se admitirá ninguna reclamación posterior de los mismos sujetos sobre la necesidad de asentimiento para la adopción de que se trate.
Presentada la demanda dentro de plazo, el Secretario Judicial dictará decreto declarando contencioso el expediente de adopción y acordará la tramitación de la demanda presentada en el mismo procedimiento, como pieza separada, con arreglo a lo previsto en el Art. 753 LECiv. Una vez firme la resolución que se dicte en la pieza separada sobre la necesidad del asentimiento de los progenitores del adoptando, el Secretario Judicial acordará la citación ante el Juez de las personas indicadas en el Art. 177 Código Civil que deban prestar el consentimiento o el asentimiento a la adopción así como ser oídos, y que todavía no lo hayan hecho, debiendo resolver a continuación sobre la adopción.
Por último, cabe destacar que todos y cada uno de los procesos antes abordados son procesos "contenciosos", de ahí que no se encuentren dentro del ámbito de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria (recuérdese que, según ésta, se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria todos "aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso"). Así, la referida ley trata diversos procesos relacionados con menores:
Adopción (Ley 15/2015 de 2 de Jul (Jurisdicción voluntaria)-33 a Art. 42 Ley 15/2015, de 2 de julio)
Tutela, curatela y guarda de hecho (Ley 15/2015 de 2 de Jul (Jurisdicción voluntaria)-43 a Art. 52 Ley 15/2015, de 2 de julio).
Concesión judicial de la emancipación y del beneficio de la mayoría de edad (Ley 15/2015 de 2 de Jul (Jurisdicción voluntaria)-53 a Art. 55 Ley 15/2015, de 2 de julio).
Autorización en materia de derecho al honor, intimidad y propia imagen del menor (Ley 15/2015 de 2 de Jul (Jurisdicción voluntaria)-59 a Art. 60 Ley 15/2015, de 2 de julio).
Autorización o aprobación inicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de los menores (Ley 15/2015 de 2 de Jul (Jurisdicción voluntaria)-61 a Art. 66 Ley 15/2015, de 2 de julio).
Los procesos sobre filiación, paternidad y maternidad
Los procesos de menores ESTOY AQUÍ
Los procesos universales: Procesos de división de patrimonios
Sentencia CIVIL Nº 513/2018, AP - Caceres, Sec. 1, Rec 1169/2018, 30-11-2018
Orden: Civil Fecha: 30/11/2018 Tribunal: Ap - Caceres Ponente: Gonzalez Floriano, Antonio Maria Num. Sentencia: 513/2018 Num. Recurso: 1169/2018
Sentencia CIVIL Nº 140/2018, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 202/2018, 02-05-2018
Orden: Civil Fecha: 02/05/2018 Tribunal: Ap - La Rioja Ponente: Moreno Garcia, Ricardo Num. Sentencia: 140/2018 Num. Recurso: 202/2018
Sentencia Civil Nº 205/2012, AP - Murcia, Sec. 4, Rec 153/2011, 23-03-2012
Orden: Civil Fecha: 23/03/2012 Tribunal: Ap - Murcia Ponente: Mihi Montalvo, Maria Nieves Num. Sentencia: 205/2012 Num. Recurso: 153/2011
Sentencia Civil Nº 658/2015, AP - Malaga, Sec. 6, Rec 518/2015, 28-10-2015
Orden: Civil Fecha: 28/10/2015 Tribunal: Ap - Malaga Ponente: Jurado Rodriguez, Maria De La Soledad Num. Sentencia: 658/2015 Num. Recurso: 518/2015
La protección de los menores en la Ley 2/2006, de 14 de junio de Derecho civil de Galicia.
La protección de los menores da nombre al título I de la Ley 2/2006, de 14 de junio de Derecho Civil de Galicia. En él se considera que a fin de garantizar los derechos de las personas menores y de subsanar las situaciones de desamparo o riesgo en...

References: artículo 92
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