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Timestamp: 2019-08-20 07:11:08+00:00

Document:
STC 169/2003, 29 de Septiembre de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 190392
STC 169/2003, 29 de Septiembre de 2003
Número de Recurso: 280-2001
Recurso de amparo 280-2001. Promovido por don Juan D.M. frente a los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valencia que confirmaron la sanción de un mes de privación de permisos por las expresiones contenidas en una carta.
Sentencia citada en: 10 sentencias, 7 artículos doctrinales, un tema práctico
En el recurso de amparo núm. 280-2001, interpuesto por don Juan D.M., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Sonia María Casqueiro Álvarez y asistido por el Letrado don Tomás Rosón Olmedo, contra el Auto del Juez de Vigilancia Penitenciaria de Valencia de 30 de noviembre de 2002 que desestima un recurso de reforma contra otro anterior, de 1 de septiembre, que desestima a su vez el recurso interpuesto contra resolución de la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario de Valencia, recaída en el expediente disciplinario 370-2000, que acordó sancionar al interno con un mes de privación de permisos. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
El 16 de enero de 2001 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal una comunicación del establecimiento penitenciario de Valencia en la cual se daba traslado del escrito del interno don Juan D.M. por el que se interponía recurso de amparo contra el Acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario de Valencia de 20 de junio de 2000, recaído en el expediente disciplinario 370-2000, sobre sanción de un mes de privación de permisos, que había sido confirmada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de Valencia en Autos de 1 de septiembre y de 30 de noviembre de 2000. El preso interesaba la suspensión del cumplimiento de la sanción impuesta. En otro documento adjunto el recurrente dejaba asimismo constancia de que carecía de recursos económicos suficientes para litigar, solicitando la concesión del beneficio de justicia gratuita.
Cuando el recurrente se encontraba recluido en la prisión de Valencia dirigió una carta a otro interno de ésta en la que dedicaba algunos calificativos a determinado personal del centro. Estimando que no trabajarían durante las vacaciones de Pascua señalaba que "son así de cabrones", y más adelante escribe que los técnicos de un modulo carcelario, "técnicos entre comillas, ... son un atajo de macarras, macarrones, mercachifles, pasea cafés y cantamañanas".
El recluso interpuso entonces ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valencia recurso de alzada fundamentado, exclusivamente, en lo alegado frente al pliego de cargos.
Este Auto fue impugnado en reforma por el reo, con reiteración de la argumentación anteriormente utilizada. Y tal recurso (núm. 2619-2000) fue desestimado por el citado órgano judicial en Auto de 30 de noviembre de 2000, el cual señala que "se desprende que persisten los mismos motivos que dieron lugar a la desestimación del recurso interpuesto por el interno contra el acuerdo sancionador expresado, sin que hayan sido desvirtuados por el interno en su escrito interponiendo la reforma, por lo que, en armonía con el dictamen del Ministerio Fiscal, procede la confirmación del Auto recurrido con todos los pronunciamientos recogidos en el mismo". Ahora bien, el anterior 5 de octubre una Abogada había ampliado el recurso de reforma promovido por el reo denunciando la eventual lesión del derecho al secreto de las comunicaciones y la consiguiente vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías.
En la demanda de amparo se afirma que el acuerdo sancionador y las resoluciones judiciales que lo han confirmado lesionan los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia:
El recurrente, pese a estar privado de libertad, es titular del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) que solamente se puede ver coartado conforme a lo previsto en el art. 51.1 de la Ley Orgánica general penitenciaria, como confirman las SSTC 175/1997, FJ 4, y 188/1999, FFJJ 5 y 6. En el caso que nos ocupa no consta la existencia de una resolución motivada del director del centro que fuera comunicada al interno o al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, por lo que ha de entenderse lesionado el citado derecho fundamental.
También se han lesionado, en segundo lugar, los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia al no haberse decretado la nulidad del expediente sancionador.
La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal se dirigió, a través de diligencia de ordenación de 12 de diciembre de 2002, al Centro Penitenciario de Valencia a fin de que informara si el día 25 de abril de 2000 se encontraban intervenidas las comunicaciones del recurrente y del destinatario de la misiva a la que se ha hecho referencia, solicitando, en su caso, certificación o fotocopia adverada del Acuerdo adoptado por la dirección del centro penitenciario, así como de cuanta documentación exista en el expediente sobre la referida intervención de comunicaciones.
El 17 de enero de 2003 tuvo entrada en el registro de este Tribunal la documentación aportada por el establecimiento penitenciario de Valencia, en la que se hace referencia a los siguientes extremos:
La legislación que regula las comunicaciones de los presos está referida a las que mantienen con el exterior (art. 46.7 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero). La normativa penitenciaria no contempla la posibilidad de que internos de un mismo centro en departamentos distintos puedan mantener comunicaciones escritas. De producirse éstas puede procederse a su intervención con el fin de evitar la transmisión de consignas entre internos destinados en diferentes departamentos para organizar de manera coordinada desórdenes colectivos, luchar contra el tráfico interno de sustancias u objetos prohibidos y garantizar la integridad física de determinados internos.
El director del establecimiento penitenciario de Valencia trasladó el 16 de julio de 1996 al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria un escrito, en el que se indica: "El art. 46.7 del Reglamento Penitenciario establece lo siguiente: `la correspondencia entre internos de distintos Centros Penitenciarios podrá ser intervenida, mediante resolución motivada del Director...¿. Dado que, en el referido Reglamento, no aparecen reguladas las comunicaciones escritas entre internos del mismo Centro, destinados en departamentos distintos y atendiendo a lo señalado en los arts. 51 de la LOGP, 41.2 y 46.5 del Reglamento Penitenciario, salvo que V.S. disponga lo contrario, la correspondencia entre los internos destinados en diferentes departamentos de este Centro, será intervenida. Dicha medida se comunica a los internos". Al parecer se recurrió a una instrucción de servicio para conseguir este fin.
La intervención realizada sobre la carta remitida por el recurrente en amparo el 25 de abril de 2000 fue comunicada al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y al propio interno el 16 de mayo de 2000.
La Sección Cuarta de este Tribunal acordó, por providencia de 10 de febrero de 2003, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder al recurrente y al Ministerio Público un plazo común de diez días para que formularan las alegaciones que estimasen pertinentes y aportaran, en su caso, los documentos que considerasen oportunos en relación con la eventual concurrencia de la causa de inadmisibilidad del recurso de amparo prevista en el art. 50.1 c) LOTC (su manifiesta carencia de contenido constitucional).
En las alegaciones del Fiscal, registradas en este Tribunal el 5 de marzo de 2003, se interesa la admisión a trámite de la presente demanda de amparo por las siguientes razones:
La alegación referida a la eventual lesión del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) presenta realce constitucional, ya que este Tribunal ha señalado que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51.5 LOGP, aquéllas pueden ser intervenidas por el director del establecimiento penitenciario dando cuenta al Juez de Vigilancia, lo que no le exime de motivar su resolución de acuerdo con los requerimientos del art. 46 del Reglamento penitenciario (SSTC 104/2000 y 175/2000 y ATC de 18 de mayo de 2000).
Dado que la sanción impuesta trae causa de una carta obtenida con vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones debe considerarse asimismo lesionado el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
El 7 de marzo de 2003 fue registrado en este Tribunal el escrito del recurrente en amparo, en el cual vierte algunas alegaciones en relación con la documentación remitida por el Centro Penitenciario de Valencia con posterioridad a la interposición del recurso de amparo. Sigue sosteniendo que se ha vulnerado el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones porque se continúan incumpliendo determinados requisitos constitucional y legalmente exigibles (fundamentalmente la comunicación al interesado del acuerdo de intervención de las comunicaciones, medida que debió ser limitada temporalmente y adoptada con base en unas circunstancias específicas que hubieran podido motivar la impugnación de aquélla de ser conocidas). Se aprecia, además, una especial falta de motivación del acuerdo sancionador, y que hay una evidente discordancia entre el escrito del director del centro penitenciario (que pretende intervenir las comunicaciones realizadas entre internos del centro) y la aprobación judicial (referida a los internos de distintos centros penitenciarios).
La Sala Segunda acordó, a través de providencia de 29 de mayo de 2003, admitir a trámite la demanda de amparo, dando vista de las actuaciones a la parte recurrente, al Abogado del Estado y al Fiscal para que puedan evacuar las alegaciones que estimen pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC, en el plazo de veinte días.
El Abogado del Estado se personó en la causa a través de escrito que fue registrado en este Tribunal el 3 de junio de 2003. Posteriormente realizó sus alegaciones en otro documento, que tuvo entrada en esta sede el 16 de junio de 2003, interesando la desestimación del recurso de amparo. Al efecto indica lo que a continuación se resume:
Advierte que las primeras alegaciones realizadas por el recurrente en la vía previa no cuestionaban la apertura, por parte de las autoridades de la prisión, de la carta que envió el interno sino que se dolían de que dicha apertura pudiera originar un expediente disciplinario, cuando estaba dirigida a garantizar la seguridad del centro penitenciario. Pero que lo que resulta relevante para la resolución del caso es determinar si resulta o no posible iniciar un expediente sancionador por unos insultos referidos a los funcionarios o a las autoridades de la prisión contenidos en una carta no dirigida a ellos sino a otro interno. Planteada así la cuestión, que deja en segundo plano la intervención de la correspondencia en sí misma considerada, es claro que la seguridad del centro penitenciario comprende también el debido respeto a los funcionarios y a los restantes internos.
Considera oportuno señalar, a título subsidiario, que el Reglamento penitenciario solamente contempla las comunicaciones del interno "con el exterior" (capítulo IV y, en particular, art. 46-7). Si bien es claro que de este dato no se puede inferir que la comunicación entre internos de un mismo establecimiento penitenciario quede excluida de todo control, es igualmente claro que la actuación contemplada incide en el ámbito de orden del centro. Por tal razón la limitación de las posibilidades de comunicación entre los internos de un mismo centro tolera medidas de control general de acuerdo con el régimen disciplinario que se halle en aplicación. "Dicho en otra manera: los internos no tienen un derecho a comunicarse entre sí, sino en los tiempos, modos y circunstancias que se hallen establecidos; no reflejan una limitación singular, sino que resultan embebidos en la restricción general de libertad derivada de la condena". De ahí que la Instrucción de servicio adoptada por el Director del Centro Penitenciario de Valencia el 23 de julio de 1996 se inscriba en la general potestad de ordenación del régimen interno del establecimiento, la referida a los horarios en que pueden los internos comunicar oralmente entre sí. Es oportuno hacer notar, además, que, en el caso que nos ocupa, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valencia aprobó la medida adoptada por el Director del Centro de Valencia, por lo que ningún genero de reproche puede hacerse a la intervención efectuada.
El Fiscal, en su escrito de alegaciones, registrado el 11 de junio de 2003, interesa que este Tribunal ampare los derechos al secreto de las comunicaciones y a la presunción de inocencia del recurrente. Al efecto aduce lo siguiente:
A la vista de la jurisprudencia constitucional dictada en relación con el derecho al secreto de las comunicaciones en el ámbito carcelario (vid. ATC de 18 de mayo de 2000 y SSTC 106/2001 y 194/2002) y de la normativa aplicable a tal materia (art. 51 de la Ley Orgánica general penitenciaria) es evidente que se han desconocido las exigencias para que tal derecho pueda ser lícitamente limitado. No se ha realizado la comunicación de la medida de la intervención ni al interno ni al órgano judicial; no se ha determinado el límite temporal de la misma; ni se ha motivado en modo alguno su pertinencia.
Acreditada la lesión del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), y teniendo en cuenta que la sanción impuesta al recurrente tiene como único hecho justificador las expresiones que se contienen en el escrito indebidamente intervenido, es evidente que se ha menoscabado igualmente el derecho a la presunción de inocencia.
La representación procesal del recurrente, en escrito de alegaciones registrado en este Tribunal el 26 de junio, se ratifica en la demanda en su día interpuesta, remitiéndose a lo expresado en los distintos documentos remitidos hasta la fecha.
Por providencia de 25 de septiembre de 2003, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 29 del mismo mes y año.
El presente recurso se interpone contra el Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valencia de 30 de noviembre de 2002 que desestima un recurso de reforma contra otro anterior, de 1 de septiembre, que desestima a su vez el recurso interpuesto contra el Acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario de Valencia, de 20 de junio de 2000, en el que se imponía al demandante de amparo la sanción consistente en la privación de permisos durante un mes.
Este Tribunal se ha ocupado en varias ocasiones de la vigencia del derecho al secreto de las comunicaciones en el ámbito carcelario (vid. SSTC 183/1994, de 20 de junio; 127/1996, de 9 de julio; 170/1996, de 29 de octubre; 128/1997, de 14 de julio; 175/1997, de 27 de octubre; 200/1997, de 24 de noviembre; 58/1998, de 16 de marzo; 141/1999, de 22 de julio; 188/1999, de 25 de octubre; 175/2000, de 26 de junio; 106/2001, de 23 de abril; y 192/2002, 193/2002 y 194/2002, todas ellas de 28 de octubre).
En el caso que nos ocupa el Director del Centro Penitenciario de Valencia notificó al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, a través de un escrito fechado el 16 de julio de 1996, que, dado que las comunicaciones entre internos de un mismo establecimiento no están previstas en el Reglamento penitenciario, se intervendrán con carácter general. Pero el referido escrito parte de una premisa errónea, y manifiesta que va a procederse a una actuación que constituye, por muy diversas razones, una flagrante lesión del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE).
Por otra parte, examinada la resolución del director del establecimiento penitenciario desde el parámetro constitucional del derecho al secreto de las comunicaciones, es claro que, como sostiene el Ministerio Público, ha lesionado tal derecho, ya que carece de la motivación constitucionalmente exigible (acordando una medida desproporcionada por la falta de una justificación razonable), afecta a la generalidad de los reclusos presentes y futuros (como es el caso del recurrente, que en la fecha en que se ordenó la intervención de las comunicaciones no se encontraba en el centro) y tiene carácter atemporal.
Por lo que atañe al derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) debemos reiterar, una vez más, la vigencia de este derecho en el procedimiento administrativo sancionador, "que implica que la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la infracción recaiga sobre la Administración, con la prohibición absoluta de utilizar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales" (STC 9/2003, de 20 de enero, FJ 3). Dado que el expediente disciplinario y la sanción finalmente impuesta reposan sobre una carta que fue intervenida lesionando el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones resulta evidente que, a la luz de lo previsto en el art. 5.1 LOPJ, hemos de declarar la nulidad del expediente sancionador y la lesión refleja del derecho a la presunción de inocencia del recurrente.
La concesión del amparo en este punto, que conduce a decretar la nulidad del expediente sancionador, justifica que no nos pronunciemos sobre la alegación referida al derecho al proceso debido respecto de las resoluciones dictadas en alzada, el 1 de septiembre de 2000, y reforma, el 30 de noviembre de 2000, por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de Valencia.
Otorgar el amparo solicitado por don Juan D.M. y, en consecuencia:
Declarar que han sido vulnerados los derechos del recurrente al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
Restablecerlo en la integridad de sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valencia de 1 de septiembre y de 20 de noviembre de 2000, así como la del Acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario de Valencia de 20 de junio de 2000.
STS 421/1998, 16 de Marzo de 1998

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 Real Decreto 
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