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Timestamp: 2019-03-26 02:32:53+00:00

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Evaluacion de Puglisi Final
Poder General Judicial (Clausula Especial)
SALA CONSTITUCIONAL.docx Recurso de Revisión.doc Cont Admn
SENTENCIA DEFINITIVA Nº 47075 (4)
SALA CONSTITUCIONAL MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J.
GARCÍA GARCÏA El 1º de abril de 2004, el abogado GREGORIO PÉREZ VARGAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 34.917, en representación de la Contraloría General del Estado Falcón, según consta en instrumento poder otorgado por el ciudadano Félix E. Zambrano, en su carácter de Contralor General del Estado Falcón, el 12 de marzo de 2004 ante la Notaría Pública de Coro, inserto bajo el N° 36, Tomo 20 de los Libros de Autenticaciones llevado por la misma, solicitó la anulación del ordinal 9º del artículo 157 de la CONSTITUCION FEDERAL DEL ESTADO FALCON, publicada en la Gaceta Oficial del Estado, en edición extraordinaria del 7 de enero de 2004. El 21 de abril de 2004 el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Constitucional admitió el recurso y ordenó notificar al Presidente del Consejo Legislativo del Estado Falcón, al Fiscal General de la República y a la Procuradora General de la República. Asimismo, ordenó emplazar a los interesados mediante cartel publicado en uno de los diarios de mayor circulación nacional, todo ello de conformidad con lo preceptuado en el artículo 116 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Por cuanto también se solicitó la declaratoria de mero derecho de la causa, en el referido auto se ordenó abrir cuaderno separado.
Efectuadas las notificaciones, el 11 de mayo de 2004 fue recibido en Sala el cuaderno separado, oportunidad en la que se designó ponente al Magistrado Antonio García García, a los fines del pronunciamiento sobre la solicitud de mero derecho. El 18 de mayo de 2004 los abogados Julio Enrique Tova Boso y Luis Alfonso Flores, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 60.903 y 85.692, respectivamente, en representación del Consejo Legislativo del Estado Falcón, consignaron escrito en el que aceptaron que la causa se tramite como de mero derecho, pero solicitaron la aplicación del procedimiento establecido en las Secciones Tercera y Cuarta del Capítulo II de la hoy derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia –Sección Segunda, referida a los procedimientos contra actos de efectos generales; y Sección Tercera, referida a los procedimientos contra actos administrativos de efectos particulares-, a fin de que se permita a ese Consejo tener una oportunidad para exponer sus alegatos de defensa de fondo. Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a emitir pronunciamiento, previas las siguientes consideraciones: I DE LA SOLICITUD DE MERO DERECHO La Constitución del Estado Falcón impone a la Contraloría del Estado la obligación de presentar memoria y rendir cuenta, de manera anual, ante el Consejo Legislativo de esa entidad. Para el actor ello constituye violación de la autonomía que garantiza la Constitución de la República a los órganos de control externo, los cuales –en su criterio- sólo tienen esas obligaciones frente al Contralor General de la República, como parte del Sistema Nacional de Control Fiscal.
. los procedimientos judiciales ante el Máximo Tribunal están regulados por esta última. pues los aspectos procesales constituían en la ley derogada una regulación provisional. según establece el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil. expresamente destinado a reglar los siempre complejos asuntos procedimentales. destaca la Sala que ese Consejo planteó erróneamente la aplicación del procedimiento destinado a los juicios contra normas a la vez que el de juicios contra actos individuales. El Consejo Legislativo del Estado Falcón compartió esa apreciación. Dos leyes aparentemente organizativas se convierten así en verdadera legislación adjetiva. pero resulta que la nueva ley tiene la misma vocación de provisionalidad. si bien pidió que se le concediera oportunidad para exponer sus defensas de fondo (sin embargo. derogada por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. De esta manera. Esa derogación no deja de producir una situación curiosa. en virtud de que se sigue a la espera de la normativa procesal concreta. observa la Sala lo siguiente: La presente petición es decidida cuando ya no se encuentra vigente la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. dejando en el pasado el triste ejemplo de una provisionalidad que excedió los veinticinco años.La parte accionante solicitó la aplicación del artículo 135 de la para entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien. si bien es deseo de esta Sala una mayor prontitud en la sanción de un cuerpo jurídico coherente. por tratarse de un asunto de mero derecho. sin reparar en la contradicción que ello implica). a la espera de la ley sobre el contencioso constitucional y el contencioso administrativo. la cual es de aplicación inmediata a los procedimientos en curso.
para la demanda contra actos individuales). Para esta Sala. más restringidos.fue preceptuado justamente para remediar . porque la controversia solía limitarse a asuntos jurídicos. salvo aspectos sólo aplicables a un caso (como la peticion de antecedentes administrativos) y dejando también a salvo la existencia de ciertas especificidades (como la legitimación y los plazos. La experiencia judicial demostraba que las partes no solían hacer uso del período probatorio. al ser una controversia de carácter jurídico. La ley derogada contenía una importante e injustificada diferencia procesal: mientras en el juicio contra actos generales –como el de autos. si se piensa en que lo usual es que en las demandas contra normas no sea necesaria prueba alguna. los sesenta días continuos a que se refería el artículo 117 del texto legal derogado corrían inútilmente. toda vez que exigía la realización de una fase que en la mayor parte de los casos resultaba inútil. no era así en el supuesto de los actos individuales. en los que era siempre imprescindible la petición de parte. Por ello.era obligatoria la apertura del proceso a pruebas. estableciendo reglas comunes. mientras que en el juicio contra actos de efectos particulares suele ser relevante la prueba. Difícil de explicar esto. en exclusivo desmedro de la justicia. Es cierto que el artículo invocado por ambas partes de este proceso –el 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.Los dos procedimientos principales que contenía la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia eran el concebido para tramitar la demanda de anulación de actos de efectos generales y el establecido para el caso de la impugnación de actos de efectos particulares. La ley vigente eliminó esa distinción. como es natural. el procedimiento fijado por la ley derogada para el caso de las demandas contra normas impedía la necesaria celeridad y la economía procesal.
por lo que no debía eliminarse el acto de informes. La Sala estaba consciente de que. como entienden las partes que es el caso de autos. pues dispuso una consecuencia que nada tenía que ver con tal declaratoria: la eliminación de la relación y de los informes. que bien puede referirse a aspectos puramente jurídicos. Recordemos que ese artículo disponía el poder de dictar “sentencia definitiva. sin embargo. La declaratoria de mero derecho. se decidió mantenerlo.esta situación y permitir la declaratoria de mero derecho. con lo que para el autor del acto impugnado los informes son esenciales. no se prevé una contestación de la demanda. De esta manera. aunque la letra de la ley permitía eliminarlo. El legislador. no logró compatibilizar esa intención con el texto de la disposición. cuando el asunto fuera de mero derecho”. si bien se aceptó la posibilidad de que las circunstancias del caso demostrasen que no era necesaria su celebración. Fue criterio posterior de la Sala que en las causas de mero derecho no se perdía el interés de las partes en exponer su opinión sobre la validez del acto impugnado. la ley permitió simplificar el procedimiento en las causas en las que el asunto se limitase a consideraciones puramente jurídicas.y la posibilidad de supresión de la relación de la causa y del acto de informes. sin relación ni informes. El mantenimiento del acto de informes hizo a la Sala mantener también la segunda etapa de la relación. Ello explica la constante jurisprudencia de la Sala sosteniendo que esa declaratoria tendría dos consecuencias: la eliminación del período probatorio –no señalada en la ley. Así. última actuación procedimental para traer a los autos esas apreciaciones. entonces. se producía en las causas sin hechos que probar. en la tramitación del recurso de nulidad. que viene a continuación de aquél. Como la relación está .
la ley no tuvo en cuenta. el Máximo Tribunal procuró dar sentido a la declaratoria de mero derecho. Se apartó el juez de la letra de la ley. la ley la dividió en esas dos fases. como una vez que las partes y los terceros han expuesto sus conclusiones. Por ello. De esta manera. si se suprime el período probatorio. cuando en realidad ese lapso carece normalmente de interés para las partes. No obstante. Era indudable que el legislador olvidó establecer lo que era la consecuencia natural de la declaratoria: la supresión de los 60 días continuos para promoción y evacuación de pruebas que preveía la Ley. por razones prácticas. Con los vaivenes reseñados en las líneas precedentes. las evidentes diferencias que existen entre la demanda contra actos individuales y la dirigida contra normas. teniendo como intermedio el acto de informes: así los magistrados pueden conocer los términos de la controversia y dedicarse a su estudio. a fin de darle sentido a la norma. En jurisprudencia aun más reciente.establecida para permitir a los magistrados hacer el estudio del expediente. Aun peor: el artículo 126 de la ley derogada no exigía la apertura automática del lapso de pruebas en los juicios contra actos . sino con la pura eliminación del lapso de pruebas. ni la interpretación dada a aquel artículo 135 fue suficiente para garantizar un proceso idóneo. tanto una vez evacuadas las pruebas promovidas y admitidas. toda vez que se basaba en la consideración de la necesidad del lapso probatorio –aunque sea eliminable-. dentro del marco general del proceso. con lo que la declaratoria de mero derecho nada tenía que ver con lo que se leía en el referido artículo 135. aun cuando conservase importancia la segunda. la Sala estimó imprescindible ambas etapas. Fue la jurisprudencia la que tuvo que corregir ese error. a los efectos del lapso de pruebas. parece innecesaria la primera etapa de la relación.
se debía al hecho de que en tales juicios la prueba principal suele ser el expediente administrativo. La Sala está consciente de que no toda demanda contra un acto normativo es de mero derecho. en vista de que no es lo usual. así como producir las que no requiriesen evacuación. Sin embargo.el proceso.individuales. indicando los hechos sobre los que recaerían las pruebas que pretendieren promover. Como se observa. Ahora bien. en los juicios en los que puede presuponerse la necesidad de la prueba. No era para nadie desconocido que la petición producía el pase del expediente desde el Juzgado de Sustanciación a la Sala. Ello ocasionaba que la supresión del lapso de pruebas se produjese incluso después de la oportunidad a la que de todas formas hubiera concluido ese lapso. al permitir la supresión del lapso probatorio cuando no hiciera falta. la letra y la interpretación del mencionado artículo 135 hacían pensar que se garantizaba la tutela judicial efectiva. acumulándose con los otros muchos ya existentes. Al contrario. la ley no estableció la obligatoriedad de una fase procesal a tal efecto. sin duda. que solía ser vista con recelo por los abogados experimentados. no puede ocultar la Sala que la solicitud de declaratoria de mero derecho solía retrasar –y no simplificar. el cual es requerido de oficio por el propio tribunal aun antes de la admisión del recurso. parecía más apropiado que el procedimiento para la tramitación de tales demandas hubiese sido el inverso al que se seguía: en lugar de prever un lapso probatorio. En fin. posible de ser suprimido a solicitud de . con lo que no se había ganado nada. durante el lapso de comparencia. quienes preferían esperar el transcurso íntegro del lapso probatorio. De allí su desprestigio. las partes o terceros podían solicitar su apertura. Ello. perdía todo el sistema de administración de justicia: la Sala se ocupaba inútilmente de un asunto y los justiciables perdían confianza en la utilidad de la petición.
Para la Sala. Puede observarse que la nueva ley previó lo que esta Sala considera correcto: eliminar la obligatoriedad del lapso probatorio –en todos los procesos. dejando su apertura a la solicitud de las partes. dicho lapso será de cinco (5) días hábiles para promoverlas y treinta (30) días continuos para evacuarlas.parte. dueños reales del proceso. Por supuesto. la Sala es del criterio siguiente: en las causas en las que se formuló la solicitud de declaratoria de mero derecho antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del . En el período de promoción de pruebas las partes indicarán los hechos sobre los cuales recaerán las mismas y producirá aquellas que no requieran evacuación”. dicho plazo podrá extenderse por una sola vez. Ahora bien. sólo sin la obligatoriedad del lapso probatorio en las demandas contra normas se garantiza la economía y la celeridad y se convierte al proceso en un mecanismo adecuado para la tramitación de la pretensión.prevé que: “Una vez practicada la citación. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia cambió esa situación. y no sólo aquellos contra normas-. en caso de que fuere necesario. cualquiera de las partes podrán solicitar la apertura de un lapso para promover y evacuar las pruebas que consideren convenientes para la mejor defensa de sus intereses. Las partes de este juicio han pedido la declaratoria de mero derecho. de manera de no retrasar los procedimientos ya en curso. y a la vez darle efectividad a las nuevas reglas procesales. si bien ahora la solicitud ha de ser precisamente la contraria. cuando sea necesario. El larguísimo artículo 21 –en su párrafo 13. para compatibilizar esas situaciones. por un lapso de quince (15) días continuos. las partes actuaron apegadas a la legislación vigente para el momento de su solicitud. prever que ese plazo sólo se abriese si alguna de las partes lo solicitase expresamente.
debe entenderse que la voluntad de las partes es que no exista lapso probatorio. las hubiera planteado. . Si no lo hizo. si para que ahora se abra la causa a pruebas debe haber solicitud de alguna de las partes.Tribunal Supremo de Justicia. Para entender lo anterior. si la contraparte hubiere tenido objeciones a esa petición.debe entenderse como equivalente a la falta de solicitud de apertura del lapso probatorio y. Por tanto. Por lo tanto. incluso se adhirió a la petición. por tanto. o tácita. se ha pedido que no se abra –de manera expresa. a fin de impedir que la Sala acordase la eliminación del lapso probatorio. al igual que hoy sucedería si nadie pide dicha apertura. a causa de la falta de oposición a esa petición. como el infrecuente caso de autos. es obvio que si. sin obstáculos. que se acordará en todas las causas anteriores a la vigente ley del Máximo Tribunal. En efecto. en tales casos no se abrirá la causa a pruebas. siempre que la contraparte no se hubiere opuesto a esa solicitud de declaratoria. con base en la ley derogada. debe tramitarse la causa sin lapso probatorio cuando ninguna parte se haya opuesto a ello. Se trata ahora de una supresión automática del lapso probatorio. obviar la fase de pruebas. la situación en la que una parte ha solicitado la declaratoria de mero derecho y la contraparte no se opuso –o. como en el caso de autos. Para la Sala. manifestó implícitamente su voluntad coincidente con la de la otra parte y puede ahora la Sala. tener la misma consecuencia: que no se abra la causa a pruebas. sin necesidad de que la Sala analice lo que antes hacía: si había motivos para acordarla. debe recordarse que el órgano autor del acto impugnado ya ha sido notificado cuando se pasa el expediente a la Sala para la resolución de la solicitud de mero derecho.
Así se declara y ordena. según se ha dicho. nadie le hubiera pedido la apertura de la causa a pruebas. pues la reducción de los lapsos por urgencia no figura en la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. la Secretaría remitirá el expediente al Juzgado de Sustanciación para la continuación del juicio. si ya existe el cartel publicado y ha transcurrido el lapso de comparecencia). Será como si. la Sala ordena la supresión del lapso probatorio. pero habilita a la Secretaría de la Sala para dejar constancia del hecho de que la causa no requiere pruebas. Lo anterior obedece al principio de celeridad: si basta una simple verificación. si no se ha realizado. Así se declara y ordena. Como es éste el primer caso. II SOBRE EL PROCEDIMIENTO ANTE ESTA SALA EN CASO DE DEMANDAS DE ANULACIÓN DE ACTOS ESTATALES Se ha visto que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevé que el lapso probatorio se abrirá cuando las partes lo soliciten. con la ley ahora vigente. caso en los que tampoco requiere la Sala de análisis: simplemente se pasará a la fase siguiente (la publicación del cartel. si la contraparte no se ha opuesto a la declaratoria de mero derecho. no es necesario que la Sala efectúe un pronunciamiento que siempre llevará a la supresión del lapso probatorio. De igual manera deberá actuarse en los casos en que se haya solicitado la declaratoria de urgencia. En esos caso.La diferencia radicará en que la Sala no necesitará analizar el caso. La Secretaría es la que debe remitir el caso al Juzgado de Sustanciación para que el procedimiento siga su curso. En esos casos se devolverá el expediente al Juzgado de Sustanciación. el inicio de la relación. una vez practicada la citación. .
en puro interés del derecho.Ello implica la necesidad de precisar el momento en que las partes pueden solicitar la apertura del lapso probatorio. el asunto parece fácil: una vez practicada la citación. sino sólo notificar para que esté enterado de su existencia. El problema es que la ley revela descuido en los aspectos relacionados con la citación. en el caso de los particulares distintos al recurrente. en el caso del autor del acto. la cual se efectuará por cartel publicado en prensa. Si ése fue el propósito. posibles. en el párrafo 12 del artículo 21: la del autor del acto. las partes podrán solicitar la apertura del lapso de pruebas. que exige hablar de verdaderas partes y relegar la idea de procesos objetivos. sin embargo poco logró el legislador: en realidad no cambió el fondo. Tras las nuevas citaciones no hay nada distinto a las anteriores notificaciones. Se prevén las siguientes. Unas y otras no están establecidas dentro de un verdadero proceso subjetivo –un conflicto entre partes-.la existencia de la demanda. Lo primero que se observa es que se varió la denominación usada por la ley derogada: “notificación” en lugar de “citación”. Lo anterior . Ese cambió tal vez obedeció al continuo reclamo doctrinal y jurisprudencial a favor de la naturaleza subjetiva de los procesos. la Sala debe hacer el siguiente análisis. Al respecto se observa: En principio. la del Fiscal General de la República y/o el Procurador General de la República y la de los interesados. únicamente lo hicieron los términos. sin nadie a quien citar para que comparezca al juicio. A efectos de los procesos iniciados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. sino como mecanismos para poner en conocimiento de interesados –obvios.
que aparte de que el legislador no regula con cuidado la institución de la citación y la notificación. En la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. aquellos que acuden al tribunal en virtud del cartel publicado en prensa. emplazarle para presentarse en el tribunal (emplazamiento y comparecencia).se comportarán en el juicio. es decir. Son notificados del proceso. si es su deseo. Con la citación. sin embargo. hacer del conocimiento del citado la existencia de una demanda que ha sido admitida. en lenguaje procesal. Puede notarse. como lo son el demandante y el demandado. teniendo las facultades que esa condición les da. Se observa como la ley retoma el término “notificación” de los interesados. aparte de la Procuraduría General.parece irrefutable si se piensa que el legislador olvidó incluir un elemento esencial en toda citación: el emplazamiento para comparecer ante el Tribunal. Por supuesto. no lo harán. y dos. en realidad se cumplen dos cometidos: uno. y con ese carácter de partes –sobrevenidas. A ellos se les conceden diez días hábiles “a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados”. incurre en el error de fijar la petición de apertura del lapso probatorio para el momento en que se practique la citación. pero no da plazos para que los citados se presenten en el tribunal. los llamados por cartel pueden demostrar un interés tal que los convierta en partes. Por supuesto. sólo hay un plazo para la comparecencia: el preceptuado para los usualmente denominados terceros interesados. entonces. no puede pensarse . Ni el Fiscal General de la República ni los terceros cuya identidad es imprecisa son citados: se les invita a participar. Ello tiene su razón: el legislador estaba consciente de que el único verdaderamente citado es el autor del acto. cuando poco antes se refiere a su citación. intervendrán. si no lo consideran necesario. como representante de la República.
debe actuarse de manera similar al caso de los juicios de amparo constitucional: es decir. amén de la sensación de cercanía entre partes y jueces. El único plazo.que la solicitud la harán el mismo día en que la citación se practica –imposible exigir tal premura. Para la Sala. se ha encargado de confirmar la celeridad que proporciona el método oral. puedan informar al Tribunal acerca de su deseo de que la causa cuente con un lapso probatorio. La experiencia. pues. al respecto. lo que para la Sala no puede tener otro sentido que el de la última citación en los casos en que no se publique cartel. Para ello es imprescindible emplazarles para un acto al que deberán comparecer. es el previsto para los llamados interesados: diez días hábiles. La ley indica que ese plazo se cuenta desde la publicación del cartel o de la última notificación de los interesados. Esa comparecencia tendrá por objeto informarles acerca de la realización de un acto al que también deberán comparecer y que será la ocasión para solicitar la apertura del lapso probatorio. según lo indicado. .acerca de la oralidad en los procesos. citar a las partes para que comparezcan ante el Tribunal. pero tampoco puede dejarse indefinido el momento en que precluye la oportunidad para hacerlo. de hecho. Esta Sala debe. es obligatorio indicar cuál será ese momento. por lo que no es necesario insistir en su importancia. para lo cual se hacen las consideraciones siguientes: La intención del legislador parece ser que las partes. observar lo siguiente: Una de las innovaciones más relevantes en el ámbito judicial venezolano fue la disposición constitucional –de 1999. una vez que estén citadas. Para la Sala. al no ser esa publicación obligatoria. cuando no se conoce bien el caso-. Bastante se ha destacado ese particular.
Se abandonan así los informes escritos que preveía la ley derogada. Por ello. a fin de integrar las normas y dar coherencia al procedimiento. pero ello no es suficiente para que en todo el procedimiento –salvo los informes. la Sala. contiene la obligatoriedad de informes orales. En criterio de la Sala. pero sólo parcialmente. La demanda contra una ley. en un acto que. la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia carece de un acto oral al inicio del procedimiento.La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia logró. la Sala estima prudente regular el procedimiento de forma de permitir que ello se haga de forma oral. el legislador debió seguir el espíritu de la letra de la Constitución y prever actos orales. amerita un escrito concienzudo que tal vez sea innecesario en casos más sencillos. además. la cual únicamente establecía la oralidad a instancia de parte. sin admitir excepciones. La Sala estima que ello constituye un apartamiento de la voluntad del Constituyente. satisfaga otros dos principios procesales: el de concentración y el de inmediación. que ha querido un proceso fundamentalmente oral y no sólo de manera muy parcial. fija las siguientes reglas para los procedimientos que se sigan ante ésta: . El artículo 19. Lo correcto es que partes e interesados comparezcan ante el Tribunal a imponerse de los términos de la controversia. Ahora bien. Por el contrario. cuando se lee la totalidad de la nueva ley se puede verificar que la oralidad está ausente del resto del proceso. Como la ley sí prevé que las partes pueden solicitar la apertura de lapso probatorio. es cierto. En el nuevo régimen la oralidad de los informes es la regla.se prescinda de la oralidad. incorporar esa novedad. párrafo 9.
1) 1) Admitida la demanda. se concederá a todos los citados el plazo de diez días hábiles establecidos para los terceros que comparecen en virtud de la publicación del cartel. se harán las citaciones y notificaciones que prevé el artículo 21. por cartel. 2) 2) A los citados y notificados se les emplazará para un acto oral. una vez que conste en autos la realización de todas las formalidades relacionadas con la citación y con la notificación. se informará sobre la convocatoria para un acto público y oral. en el que se expondrán los argumentos del demandante y se precisará la controversia. . En las citaciones y notificaciones se emplazará para la comparecencia ante el Tribunal. Por analogía. una vez que venzan los diez días hábiles para todos los llamados a comparecer. la Sala calificará el interés de los terceros que pretendan hacerse parte en el proceso. para los interesados). para el Fiscal General. Tanto en las citaciones como en el cartel se indicará que luego del vencimiento del lapso de comparecencia. Previo a la realización de dicho acto. La fijación de ese acto la hará el Juzgado de Sustanciación de la Sala. por aplicación del artículo 10 del Código de Procedimiento Civil. de manera similar a lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. De esta manera. el Juzgado de Sustanciación dará por precluida la oportunidad para hacerlo y dictará el auto convocando para un acto oral y público. El plazo para dictar ese auto será de tres días. Ese plazo se contará a partir de la citación (del demandado o del Procurador General) o de la notificación (por oficio.
se hará una nueva convocatoria. . por referirse a la competencia del tribunal o la admisibilidad del recurso. Si la Sala estimase necesario suspender el acto para resolver la defensa opuesta. 4) 4) De existir defensas que deban ser resueltas de manera inmediata. el actor expondrá brevemente los términos de su demanda y el demandado opondrá las defensas previas que estime pertinentes. que se realizará ante la Sala directamente. los Magistrados se retirarán a deliberar. En caso de suspensión del acto. El demandado podrá consignar escrito con sus defensas de fondo. según la complejidad del caso. los escritos sobre la defensa opuesta. éstos expondrán de manera breve sus argumentos a favor o en contra de la demanda y podrán consignar escrito contentivo de su criterio respecto del mérito de la controversia. sin que nunca pueda ser inferior a los diez minutos. Una vez logrado el acuerdo sobre el aspecto planteado. fijará al inicio del acto el tiempo que se concederá a cada parte.3) 3) En el acto público. a fin de ilustrar el criterio de la Sala. se reiniciará el acto y el Presidente de la Sala lo comunicará a las partes y quedará asentado en el acta. De ser aceptada la intervención de terceros. Idéntico poder tendrá la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público. El Presidente de la Sala. las partes podrán presentar. a fin de que se agregue a los autos y sirva para el estudio del expediente durante la relación de la causa. dentro de los tres días de despacho siguientes. la cual deberá hacerse dentro de los diez días de despacho siguientes.
De no abrirse entonces lapso para la promoción. quien las agregará luego a los autos. El Tribunal se pronunciará. sin limitarse sólo a anunciarlas a la Sala. De no haber necesidad de evacuación. 6) 6) Si no hubiera promoción de pruebas o cuando hubiera vencido el lapso para evacuarlas.5) 5) En caso de que no se planteen defensas o de que sean resueltas en el mismo acto. La oposición tanto de la admisión como de la orden de evacuación a las pruebas se formulará y resolverá en el mismo acto. el Tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad de las mismas. Las pruebas admitidas se entregarán al Secretario de la Sala. se procederá a la designación de ponente y se dará inicio a la relación. en el mismo acto. Cualquiera de las partes podrá. comenzará a correr el lapso para la evacuación de las pruebas que lo requieran. contenido en el artículo 21 de la Ley el cual se aplicará por analogía. en el mismo acto. Se suprimirá el acto de informes en . promover las pruebas. De ser necesario. de ser necesario. la Sala declarará innecesario el lapso legal para la promoción posterior. deberá indicar los hechos que estima necesario probar e informará acerca de las pruebas que estime pertinentes. Si alguna de ellas la solicita. Si las partes manifiestan que todas las pruebas serán promovidas exclusivamente en ese acto. acerca de la necesidad de probar los hechos indicados por la parte solicitante. la Sala declarará ello expresamente y dará por concluida la tramitación de las pruebas. para lo cual los Magistrados podrán retirarse a deliberar. continuará el acto público y se interrogará a las partes acerca de su interés en la apertura del lapso probatorio.
concentración. con exclusión de las defensas previas opuestas en el acto público. toda vez que el acto público sirve para poner a los Magistrados al tanto de la controversia y bastará dejar transcurrir el lapso para la relación y permitir así el análisis individual o colectivo del expediente. las partes podrán consignar escrito contentivo de esas conclusiones. a fin de que las partes puedan exponer sus conclusiones sobre ellas. sobre las que la Sala se habrá pronunciado en su oportunidad. La sentencia contendrá una breve reseña de los actos del procedimiento y un resumen de los alegatos y argumentos de las partes. De esa manera. dirá “vistos” y comenzará a transcurrir el plazo para la preparación del fallo. se realizará el acto de informes orales. Para la Sala. De existir pruebas. Al final del acto. e inmediación. el procedimiento establecido cumple con los requerimientos de todo proceso: oral. sin que en nada se trastoque el espíritu del legislador. La Sala.los casos en que no haya pruebas. con ocasión del vacío dejado acerca de la comparecencia de los citados y la oportunidad para la solicitud . el procedimiento queda considerablemente simplificado. pues las partes exponen sus planteamientos sin necesidad de escritos. pues las partes exponen directamente sus pretensiones ante los jueces. quedando la Sala en disposición para dictar una pronta decisión. 7) 7) Una vez concluida la relación. así lo hará constar la Secretaría de la Sala. si bien todo quedará debidamente asentado en acta. pues se eliminan trámites innecesarios y se condensan en una sola oportunidad todos los aspectos relacionados con la fijación de los términos de la controversia y las pruebas.
dejando a salvo. pues los jueces no reciben de inmediato la solicitud y no se ven compelidos a actuar con prontitud. la presencia de los justiciables obliga a actuar con celeridad. da pie a los retrasos. ha efectuado una integración de las normas. Con ello. Ahora bien. los casos en que la Sala considere que debe tomar un tiempo para el estudio más detenido. como no podría ser de otra forma. las declaratorias de mero derecho que se hacían bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia pasan a convertirse en innecesarias para los juicios que se inicien en lo adelante. con la ventaja de permitir a las partes exponer directamente a los Magistrados sus planteamientos y a ellos resolverlos sin necesidad de dilación. además.de lapso probatorio. El procedimiento escrito. basada en la analogía y en la aplicación de los principios constitucionales y legales en materia procesal. Su párrafo 21 establece que se “podrá dictar sentencia definitiva. cuando el asunto fuera de mero derecho”. como también lo es lo relacionado con la admisión de los terceros y de las pruebas. del que se ha apartado el Texto Fundamental de manera expresa. Nada justifica que aspectos que pueden ser decididos de inmediato deban esperar. otra consecuencia: en todo este fallo se ha insistido en que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia eliminó la obligatoriedad del lapso probatorio. el mismo artículo 21 de la nueva ley reprodujo el artículo 135 de la ley derogada. las defensas previas son de fácil resolución. Todo lo expuesto tiene. sin relación ni informes. que descansa ahora en poder de las partes. El procedimiento expuesto en párrafos precedentes mantiene todas las fases imprescindibles del juicio. Por lo general. La Sala lamenta que el .
administrando justicia en nombre de la República. pero sí será aplicable el acto de informes orales. pues es suficiente la ausencia de petición para la apertura del lapso probatorio. Para los casos previos no se realizará el acto público y oral. FIJA CRITERIO respecto de las causas en las que se haya solicitado la declaratoria de mero derecho y urgencia. pero haya mantenido una norma que estaba prevista para el caso contrario. cuando es evidente que sólo lograría que el juez repita su criterio. Así se declara. si éste aún no hubiere sido efectuado. esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Si el Máximo Tribunal se esforzó en mostrar cómo la disposición legislativa era injustificada y constituía un error jurídico. El procedimiento indicado en los párrafos previos es aplicable sólo a los recursos que se ejerzan luego de que esta parte del fallo empiece a surtir sus efectos. de acuerdo con lo establecido en esta decisión. con anterioridad a esta decisión y SE HABILITA a la Secretaría de la Sala para la inmediata . que no es necesaria declaración alguna de mero derecho. de acuerdo con el dispositivo de la decisión. pues. si es el caso. por autoridad de la Ley: DECLARA que la presente causa debe tramitarse sin lapso probatorio.legislador haya pretendido cambiar la situación. La Sala declara. es incomprensible que el legislador se desentendiese de ello. La relación y los informes deberán hacerse. preceptuando la eliminación del lapso de pruebas con carácter obligatorio. III DECISION Por las razones expuestas.
SE ORDENA que en la página principal del sitio web de este Tribunal se haga mención de la existencia del fallo y se remita a su texto íntegro. como mecanismo de integración de las normas procesales. IVÁN RINCÓN URDANETA El Vicepresidente. en Caracas. Años 194° de la Independencia y 145° de la Federación. Como se trata de reglas procedimentales de imprescindible conocimiento por los operadores jurídicos. SE ORDENA publicar este fallo en la Gaceta Oficial de la República. firmada y sellada. en Sala Constitucional. Archívese el presente cuaderno separado. a los 19 días del mes de agosto de dos mil cuatro (2004). .remisión de los autos correspondientes al Juzgado de Sustanciación. Asimismo. Los efectos de la sentencia. en lo relativo al procedimiento. Dada. ESTABLECE. regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenando. el procedimiento a seguir en lo adelante para el caso de demandas de anulación tanto de normas como de actos administrativos. comenzarán a surtir diez días después de su publicación en la Gaceta Oficial. Publíquese. en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia. El Presidente. a los fines de la continuación del procedimiento en esas causas.
so pretexto de llenar el vacío de la norma ..JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO Los Magistrados.. JOSE M. al menos. que es lo que ha venido haciendo la Sala.e. quien concurre estima que la mayoría excedió el propósito integrador de la jurisprudencia para la solución de los problemas de adaptación a la Constitución de leyes preconstitucionales y de lagunas normativas. DELGADO OCANDO ANTONIO J. con violación a la reserva legal y al principio de separación de poderes el que la Sala Constitucional. linda. En este sentido. las que guardan relación con la declaratoria de mero derecho en los juicios de nulidad de actos de ejecución directa de la Constitución-.:04-0824 AGG/asa . gistrado Pedro Rafael Rondón Haaz concurre con la mayoría respecto del fallo que antecede con las siguientes razones: Aunque se comparten tanto la solución del caso concreto como algunas de las consideraciones de la decisión anterior –p. GARCÍA GARCÍA Ponente PEDRO RAFAEL RONDON HAAZ El Secretario JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO Exp.
en general. lo que no puede compartirse es el que se haga por la vía de la jurisprudencia cuando la ley no presenta. Fecha ut retro.respecto al lapso para la solicitud de la apertura de la causa a pruebas -situación que debería ser excepcional por la naturaleza del asunto que se debate. en un proceso que no contiene una contestación de la demanda u otra forma de trabazón de la litis. a escasos meses de vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO . se ha introducido un indeseable elemento de inseguridad jurídica. ambigüedad u oscuridad que requieran de interpretación o integración por parte del juez. en este punto. de modo que. Queda sí expresado el criterio del Magistrado que concurre. ningún vacío. en lugar de un beneficio para los justiciables. IVÁN RINCÓN URDANETA El Vicepresidente. “rediseñe” el procedimiento de Ley. tal como lo demuestra la práctica-.no hace falta acto de informes puesto que esa sería la única oportunidad que tendrían las partes para la mutua contradicción de sus respectivos argumentos. El Presidente. en criterio del Magistrado que concurre. Sí disiente quien concurre de la disposición según la cual a falta de lapso probatorio –que será el caso más común. Conviene la aclaratoria de que no se discrepa. del elemento de oralidad que se incluyó.
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO PRRH.sn. 04-0824 .JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO Magistrado ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA Magistrado PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ Magistrado Concurrente El Secretario. EXP.ar.
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 resolución 
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 artículo 10
 artículo 223
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