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El derecho a la salud en la Constitución de Córdoba (Exposición efectuada en la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba)
Séneca por Luca Giordano
Resulta por demás oportuno analizar el derecho a la salud en este momento, en que el país vive una grave emergencia con motivo de las inundaciones que se han producido en las ciudades de Buenos Aires y la Plata y en algunos sectores de conurbano bonaerense, ya que a pesar de la más que ponderable solidaridad de los argentinos, ha quedado claro que el gobierno ni el Estado, en sus tres niveles: nacional, provincial ni municipal, no está preparado para enfrentar situaciones como éstas, donde se han producido una cantidad importante de muertes y donde la salud de centenares de miles de personas corren serios peligros.
Pero si comenzamos por analizar lo ocurrido en nuestra provincia debemos recordar que entre 1986/7 tuvo lugar en esta ciudad una Convención Constituyente, convocada por una motivación de política agonal: la reelección del entonces gobernador Eduardo César Angeloz, con los resultados por todos conocidos; que terminó sancionando, el 30 de abril de 1987, una nueva Constitución, la quinta en la historia de la provincia, en el que se logró el propósito reeleccionista, a costa de diseñar una Legislatura bicameral superpoblada, costosa e ineficiente, que llegó a tener 133 diputados y senadores, como consecuencia de los acuerdos que se hicieron para conseguir los votos que permitieron la reelección del gobernador.
Ello hizo necesario, catorce años después, y luego de una consulta popular, convocar a otra Convención Constituyente que corrigiera este exceso, lo que ocurrió en el año 2001, y en la que se modificó el Capítulo que se refiere al Poder Legislativo, el que quedó conformado por una sola Cámara de 70 legisladores.
Pero de la Carta Fundamental del 87, que el año pasado cumplió 25 años, es dable rescatar, como su mejor logro, lo que se legisló en su primera parte, donde, en el Preámbulo y, luego, con el título: “Declaraciones de fe política”, se proclamaron principios y valores que debían inspirar a las leyes y a la organización política de la provincia, que, como el país, cuatro años antes, había recuperado la democracia, entendida, ésta, no sólo como régimen político, sino también como un modo de vida.
El principal postulado que se destaca, en esta parte del texto, tiene que ver con la dignidad de la persona humana, el derecho natural y el bien común. Esto se complementa con una prolija enumeración que reconoce los derechos y garantías civiles, políticas, sociales y de los denominados de la “tercera generación”, de los habitantes de la provincia, y donde se les asegura su aplicación operativa.
Esto se puede ver en el preámbulo que declaró como la primera finalidad de la Constitución la: “(…) de exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; y reafirmar los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad (…).”
Pero, ¿qué debe entenderse por dignidad?
Nos animamos a afirmar que la dignidad de la persona humana surge de su naturaleza hipostática: espiritual y material, de su conciencia racional y libre, de su destino trascendente, y es lo que hace al hombre diferente y lo pone por encima de los demás seres de la creación, y para que ello le sirva para alcanzar su destino temporal y sobrenatural. La dignidad infunde respeto y permite a las personas sentirse plenas y satisfechas, eso es lo que quisieron decir los constituyentes al colocar en el primer objetivo preambular a la dignidad de la persona humana.
Jacques Maritain dijo que el hombre, creado por Dios, como realidad material, como individuo, “(…) se sostiene a sí mismo por la inteligencia y la voluntad”, lo que significa “(…) que en la carne y los huesos del hombre hay un alma que es un espíritu y vale más que todo el universo material”. “La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización”
En el texto de la Constitución cordobesa, redactado en base a un consenso que demandó un gran esfuerzo, y que fue aprobado por el voto unánime de la Asamblea, prevaleció un claro propósito de política arquitectónica, en donde se puede observar, como una singular pero consecuente característica, el uso reiterado de la palabra persona, que se repitió 30 veces, dejándose para lo indispensable las expresiones individuo o habitante, frecuentes en el articulado de la Constitución Nacional y en la de las demás provincias, al menos, hasta entonces.
En los primeros artículos se expresaba, también, que “la vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos” (art.4). Se declaran “inviolables (…) la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia.”(art.5); que las “(…)personas(…) son libres e iguales ante la ley y no se admiten discriminaciones” (art.7); el Estado provincial promueve “la plena participación política, económica, social y cultural de todas las personas y comunidades” (art.9); garantiza la “ iniciativa privada y toda actividad económica lícita, y las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad” (art.10) y “resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio ambiente y preserva los recursos naturales” (art. 10).
Hay un capítulo dedicado a los “Derechos personales” y cuando enumeran los derechos sociales expresa que: “Todas las personas en la provincia tienen derecho (…)” y se hace una detallada enumeración en el artículo 23. Los derechos de las personas se los trata teniendo en cuenta su condición de padre (art. 62 inc.5), de hijo (art.34 y 62 inc.5), de mujer (art. 24), de niño (art. 25), de joven (art. 26), de anciano (art.28), de discapacitado (art.27), de preso (art. 44), de consumidor (art.29), de litigante, de ciudadano, de funcionario, de magistrado o empleado público. Su intimidad personal, familiar, la de su morada y en las comunicaciones son, también, celosamente resguardadas (arts. 50, 45 y 46).
En el capítulo de las “Asociaciones y Sociedades intermedias”, que las personas integran a partir de la familia y como miembros de la sociedad política, se exalta la dimensión social del hombre. Cuando se refiere a las “Políticas Especiales del Estado”, estableciendo mediante ellas nexos entre la sociedad y el Estado, la definición personalista es más contundente cuando declara “la economía al servicio del hombre” (art. 67), la refiere a su bienestar (art. 56), a la salud (art. 59), a su participación en los adelantos tecnológicos (art. 64), y al gozo del medio ambiente (art. 66).
Se declara, por fin, que “La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida sociocultural y en el mundo laboral” (art. 61). “Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones.”(art.62 inc.5)
En una “Disposición complementaria” se estableció que en “Toda edición oficial de esta Constitución debe llevar anexo los textos de la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la Organización de las Naciones Unidas del año 1948 y de la “Convención Americana sobre los Derechos Humanos” (Preámbulo y primera parte), suscripta en San José de Costa Rica en 1969”, adelantándose al otorgamiento de jerarquía constitucional que se dispuso respecto de estas normas internacionales en la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
Recordemos, solamente, que la referida Declaración Universal comienza con la afirmación de que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (art. 1º), y que la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresa que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.” (art. 4.1).
Todo lo cual reafirma la visión personalista que contiene la dogmática de la Ley Fundamental provincial.
El mismo esta reconocido en el Artículo 59.al disponer que “La salud es un bien natural y social que genera en los habitantes de la Provincia el derecho al más completo bienestar psicofísico, espiritual, ambiental y social.
La Provincia en función de lo establecido en la Constitución Nacional, conserva y reafirma para sí la potestad del poder de policía en materia de legislación y administración sobre salud. El sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, e incluye el control de los riesgos biológicos sociales y ambientales de todas las personas, desde su concepción, Promueve la participación de los sectores interesados en la solución de la problemática sanitaria. Asegura el acceso en todo el territorio provincial, al uso adecuado, igualitario y oportuno de las tecnologías de salud y recursos terapéuticos.
La bancada del Peronismo Renovador y la Democracia Cristiana, que me tocó integrar y que tenía la segunda mayoría del Cuerpo, pretendió agregar, sin éxito, a través de su proyecto, un artículo que disponía que “La Persona tiene el derecho de exigir al Estado provincial la prestación de estos servicios por medio de la acción de amparo.” Esto fue un adelanto de lo que, con frecuencia ocurre actualmente, que los jueces, ante demandas del amparo ordinario, ordenan a las obras sociales, estatales o no estatales, el financiamiento de prácticas médicas y de medicamentos que los pacientes no pueden conseguir por los procedimientos ordinarios.
El convencional Abelardo Rahal (UCR), que informó brillantemente este artículo antes de ser aprobado, manifestó que “(…) la salud como bien natural, está integrada al bien sustancial y fundamental de la vida, Y ésta por las esenciales características de la persona humana posee una estrecha relación sistémica con el entorno físico, natural, social y económico. Sin salud, podemos decir, no puede concretarse la vida plena de la persona.
A ello agregó: “Si hemos afirmado que la salud es un bien natural y social, obviamente se lo entiende integrado al concepto de bien común. Ese bien común del que Maritain dice: “que no es la simple colección de bienes privados ni el bien propio, de un todo, que sólo beneficia a ese todo sacrificándole las partes. Este bien común es la conveniente vida humana de la multitud, de una multitud de personas, su comunicación en el bien vivir. Es, pues, común al todo y a las partes sobre los cuales se difunde y con el que deben beneficiarse. (…)”.
El convencional justicialista Luis Alberto Pereyra expresó: “(…) que la salud es un bien natural y social que genera en los habitantes el derecho al más completo bienestar psicofísico, espiritual y ambiental. Afirmamos –decía- que la salud es un bien inherente al hombre que se proyecta al ámbito social de cuya evolución es protagonista. La salud implica un estado de completo equilibrio psíquico, espiritual, físico y ambiental.(…)”
La dignidad de la persona humana surge de su naturaleza espiritual y material, por la que posee, como bienes fundamentales, la libertad (que se corresponde a su espíritu), la vida (que deviene de su aspecto material) y el trabajo (que emana de su personalidad). Cuando el hombre (varón o mujer) interactúa en la vida social necesita defender estos bienes de los abusos de los demás, y de allí surgen los derechos a la libertad, a la vida y al trabajo, de los que se derivan, luego, todo los demás derechos. De allí, entonces, que el derecho a la salud, es un derecho natural que deriva del derecho a la vida.
Las constitucionales, que son las leyes supremas del ordenamiento legal positivo, tienen, a su vez, como norma superior a la ley natural, que no pueden ni deben contrariar, porque ello significaría atentar contra la dignidad de la persona humana.
Los redactores y quienes aprobaron estos dispositivos de la Constitución tuvieron en cuenta estas consideraciones.
Volver a estos criterios implica enfocar el análisis de los problemas de hoy con una óptica diferente. Si a la política nos referimos, en vez de analizarla en función de las instituciones o los políticos o en función de la lucha por el poder, como muchas veces se hace, comencemos a hacerlo a partir del ciudadano; de los habitantes, de las personas.
Si nos referimos a la salud, comencemos no por la organización sanitaria que tiene o debe tener el Estado, las obras sociales o los centros de salud privados; sino por las personas, sanas o enfermas, que deben saber como cuidarse, alimentarse, cultivarse -física y síquicamente-, relacionarse con los demás, desenvolverse en un ambiente sano, conocer los peligro que pueden afectar su salud, y saber prevenir y curar las posibles enfermedades, recurriendo a sus antecedentes genéticos, y haciendo posible las prácticas médicas que le permitan superar las enfermedades que los afecten.
Norberto Bobbio ha dicho “que el problema grave de nuestro tiempo respecto a los derechos humanos no era el de fundamentarlos, sino el de protegerlos.” Pero la mala fundamentación de las políticas que los garantizan conduce irremediablemente a que las garantías de los derechos sean deficientes o no sean tales.
Jacques Maritain decía que el humanismo –que es esencial a su filosofía que inspiró el obrar de algunos de los constituyente- “tiende esencialmente a hacer al hombre más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza original haciéndolo participar en todo cuanto puede enriquecerle en la naturaleza y en la historia y, agregaba, “requiere a un tiempo que el hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas creadoras y la vida de la razón, y trabaje para convertir las fuerzas del mundo físico en instrumentos de su libertad.”
Los complejos problemas de la salud que enfrenta la sociedad actual; alguno de los cuales no han encontrado solución en el cuarto de siglo de la vigencia de la Constitución, como el de la salud mental –mencionado, como un ejemplo de lo que era necesario hacer, en aquel debate por el convencional Osvaldo Amelotti-, así como los graves problemas que han surgido en los últimos años, como el de las adicciones o el de los costosos tratamiento médicos o intervenciones quirúrgicas que deben practicarse necesariamente fuera del país; nos obligan a buscar nuevas, ingeniosas y muchas veces costosas soluciones, pero los criterios con que deben ser resueltos no pueden ser otros que los que nos indica la Constitución, y las declaraciones o tratados internacionales que la complementan, y que deben ser consecuentes con los principios de: “exaltar la dignidad de la persona humana” y de ser consecuente con “la consecución del bien común” de la sociedad.en la que vivimos, como señala el preámbulo de la Carta Fundamental de Córdoba.
Para terminar, quiero recordar un pensamiento de Séneca, que, me parece, tiene que ver con lo que acabamos de explicar: “La medicina y la moral descansan sobre una base común, sobre el conocimiento físico de la naturaleza humana”
Oleo de José de San Martín por Francois Navez
El 18 de diciembre el Intendente Marcelo Rolando jurará, con el sanmartiniano pueblo de Yapeyú, su Carta Orgánica que lo declara autónomo; a 15 años de cumplir sus 400 años, acto al que me siento honrado de haber sido invitado por haber sido uno de los asesores de los constituyentes.
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La Reforma Constitucional para la Re-reelección
En febrero de 2011, meses después del deceso de Néstor Kirchner, y ante la imposibilidad de continuar con la rotación matrimonial en la presidencia, la diputada Diana Conti declaró: “Deseamos una reforma constitucional porque queremos una Cristina eterna”, postulando así su reelección indefinida, y posicionándose, en la interna del oficialismo, respecto de las futuras elecciones. Este anticipo, nunca desmentido por la primera mandataria, tuvo eco en la voz de su fiel vicepresidente, de su segundo mandato, Amado Boudou, cuando la reemplazó en el primer mes de haber asumido, en enero de 2012.
La eterización en el poder tiene antecedentes históricos notables dignos de ser recordados como cuando:
Éramos gobernados por la Corona española y ésta le correspondió a don Carlos de Austria o de Habsburgo, que como rey de España llevó el nombre de Carlos I y gobernó durante 42 años (1516[] –1556), y fue el primero en unir las coronas de Castilla, Aragón y Navarra, y fue el Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con el nombre de Carlos V (1520–1558);
Su sucesor Felipe II de Austria o Habsburgo, de España, Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Inglaterra e Irlanda le tocó gobernar otros 42 años (1556- 1598).
En el período patrio, antes de la sanción de la Constitución, Juan Manuel de Rosas fue gobernador de Buenos Aires durante 20 años (1829-1832 y 1835-1852), y lo hizo investido con las “facultades extraordinarias y la suma del poder público” y estuvo a cargo de las relaciones exteriores del país por delegación que le hicieron las provincias, hasta que fue derrotado en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852.
En los regímenes autocráticos o totalitarios, alguno de los cuales todavía existen en el mundo, como es el caso del que gobierna Cuba, donde Fidel Alejandro Castro Ruz presidió el gobierno durante 47 años, entre 1959 y 2006, siendo además secretario del partido (único) comunista, y lo sucedió, hasta ahora, su hermano Raúl Castro Ruz, habiendo superado no solamente en años de permanencia en el poder, sino también en el número de opositores fusilados, presos y exiliados, al dictador Fulgencio Bastista (presidente entre 1940 a1944 y 1952 a 1959), a quién derrocó encabezando la Revolución cubana, que se gestó mediante la guerrilla que se desarrolló entre 1956 y1959, y que tuvo un importante apoyo de la opinión publica internacional.
La propuesta de la diputada Conti tuvo, poco después, el aval de uno de los teóricos del “modelo”, Ernesto Laclau, quien afirmó en un reportaje que“En primer lugar hay que ver si Cristina no puede ser reelecta, si no se modifica la Constitución. Sé que a ella no le gusta que se mencione el tema, pero me parece que una democracia real en Latinoamérica se basa en la reelección indefinida. Una vez que se construyó toda posibilidad de proceso de cambio en torno de cierto nombre, si ese nombre desaparece, el sistema se vuelve vulnerable.” [1]
El juez de la Corte Suprema de Justicia más afín al gobierno, Eugenio Raúl Zaffaroni, propuso implantar un sistema parlamentario, que reemplace al presidencialismo, donde el presidente y el primer ministro puedan ser reelectos, y donde Cristina Fernández, además de hacerse reelegir en forma infinita, podría alternarse, entre ambos cargos como lo comenzó a hacer con su marido Néstor Kirchner y que frustró su fallecimiento. Llama la atención que Zaffaroni no haya planteado este propuesta cuando fue convencional constituyente en 1994.
Esto nos trae a la memoria lo que viene sucediendo en Rusia con el presidente Vladimir Putín, que después de serlo en forma interina entre 1999 y 2000 fue elegido para ese cargo por el período 2000 y 2008, y al que sucedió, elecciones mediante, el joven presidente del Consejo de ministros Dmitri Medvédev entre 2008 y 2012, período en que Putin fue presidente de dicho Consejo de ministros. Ahora, y por tercera vez, desde 2012 Putin fue elegido presidente y Medvédev pasó a ser nuevamente presidente del Consejo de Ministros. Alternancia que se podría suceder en forma indefinida en el tiempo.
En la 12ª Carta Abierta del grupo de intelectuales kirchneristas que dirige Ricardo Forster del 25 de agosto pasado, se expiden a favor de la reforma constitucional, sin aludir concretamente a la reelección presidencial, expresando: “¿Cómo no reconocer que Argentina necesita una nueva Constitución? El proceso de transformación en curso que en nuestro país reconfigura la nación es parte del fenómeno que recorre Suramérica. Y este fenómeno merece una altura constitucional diferente. Esta es nuestra convicción y nuestro compromiso”.
Y propone como temas de la reforma: “Un nuevo cuerpo normativo, realizado y sostenido por un sujeto constituyente popular, debe establecer una barrera antineoliberal, en el reconocimiento de la multiculturalidad, la reconstrucción de la geometría del Estado, la inclusión de nuevas formas de propiedad, el dominio nacional-estatal de los recursos naturales, la protección del ambiente humano y natural, el reconocimiento de la salud como derecho y la responsabilidad del Estado para ofrecer respuestas integrales a la necesidad de salud de las poblaciones con eje en servicios públicos, el respeto a la heterogeneidad lingüística del territorio nacional, las relacionales colaborativas entre sociedad y Estado: en suma, el reconocimiento de áreas que requieren un gran debate imprescindible.” Todas materias que podrían legislarse sin necesidad de reformar la Ley Fundamental.
Cuando se discutía el borrador de este documento María Pía López, en un rapto de sinceridad, expresó: “Yo creo que la reforma es urgente fundamentalmente, hay que ser muy explicito, porque está en juego la continuidad de este gobierno y porque el kirchnerismo no tiene otro candidato que Cristina Fernández de Kirchner. Porque este proyecto político no puede ser continuado por personas como Scioli y porque hasta el momento no ha surgido un candidato alternativo. Podemos discutir todo lo que queramos acerca de la necesidad de las reforma legales, las transformaciones sociales, etc., pero creo que hay que ser muy explicitos con las necesaria defensa de la cláusula reeleccionista.”[2]
Julio Pereyra, intendente de Florencio Varela, ha llegado a afirmar recientemente que: “Cristina dejará de ser nuestra líder cuando el pueblo lo decida, y no cuando la Constitución lo determine.” [3]
La Constitución de 1853 estableció el período de seis años para el presidente y vicepresidente de la Nación prohibiendo la reelección en el siguiente período, y, recordando al extenso gobierno de Rosas, en el artículo 29 tipificó un delito para quienes concedan o ejerzan las “facultades extraordinarias y la suma del poder público”, que el Código Penal castiga con reclusión o prisión perpetua (Arts. 227 y 215).
Dos presidentes fueron elegidos por segunda vez, pero no en forma continuada, ellos fueron: Julio Argentino Roca (1880 – 1886 y 1898 – 1904) e Hipólito Irigoyen, que no pudo terminar su segundo mandato por el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 (1916 – 1922 y 1928 – 1930).
Sin embargo, el reeleccionismo se impuso en las reformas de la Constitución de 1949 y de 1994, que habilitaron a Juan Domingo Perón (1946 -1955) y a Carlos Saúl Menem (1989 -1999) para hacerse reelegir, en el primer caso en forma indefinida y, en el segundo, reduciendo a cuatro años el mandato con relección sólo para el siguiente. Ambos consiguieron ser elegidos en las urnas para un segundo mandato. Pero las segundas partes no fueron para nada mejores y Perón no pudo terminar su segundo período de 6 años -por el golpe de estado de 1955 mejor conocido como Revolución Libertadora-, y Menem, que terminó el suyo, intentó hacer reformar nuevamente la Carta Fundamental para su re-reelección en un tercer período, lo que no consiguió y su gobierno terminó muy desprestigiado. Raúl Ricardo Alfonsín también intentó sin éxito reformar la Constitución para hacerse reelegir para un segundo período, y no pudo concluir su primer mandato por la grave crisis económica que lo hizo renunciar en 1989.
La Constitución reformada en 1994 dispone en su Artículo 90 que “El presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período”.” Y en el Artículo 91 que “El presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su período de cuatro años; sin que evento alguno que lo haya interrumpido, pueda ser motivo de que se le complete más tarde.” La disposición transitoria Novena reza: “El mandato del Presidente en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma, deberá ser considerado como primer período (corresponde al Art. 90).” De esta manera se modificó el artículo 77, vigente desde 1853, que decía que. “El presidente y vicepresidente durarán en sus empleos el término de seis años; y no pueden ser reelegidos sino con intervalo de un período.”
En las provincias los gobernadores intentaron, y en algunos casos consiguieron, hacerse reelegir para lo cual tuvieron que hacer modificar las constituciones locales.
Eduardo César Angeloz, gobernador de Córdoba entre 1983 y1995, logró hacer reformar la Constitución en 1987 para ser relecto por un segundo mandato, lo que consiguió, y una vez finalizado éste, consiguió un fallo del Tribunal Superior, que él había designado, que con una forzada interpretación constitucional le permitió, para su desgracia, hacerse reelegir por tercera vez, mandato que consiguió en las urnas, pero por su mala gestión no pudo terminar. Luego de renunciar afrontó una causa penal por corrupción en la que fue absuelto por el beneficio de la duda.
En Formosa, Gildo Insfrán es gobernador desde 1995 hasta ahora, que ejerce su quinto mandato, luego de haber sido vicegobernador entre 1987 hasta 1995.
En Santa Cruz Néstor Kirchner gobernó entre 1991 y 2003, para lo cual, como ocurrió en los casos anterior, tuvo que hacer reformar la Constitución provincial mediante una Convención Constituyente en 1994, que hizo posible su segundo mandato, y en 1998, para su tercero. Pero como, en este caso, no tenía los dos tercios de votos suficientes en la Legislatura para convocar a la Convención, llamó a una consulta popular que mereció serías impugnaciones, y, por una mayoría del 57%, logró que se convocara a la Convención que aprobó la reelección indefinida luego de que se retirara la oposición.
Carlos Menem, que fue el único presidente argentino que gobernó durante dos mandatos seguidos (1987-1999), gobernó la provincia de La Rioja entre 1973 a 1976, y, luego del gobierno militar, fue elegido y reelegido, ejerciendo nuevamente la gobernación entre 1983 a 1989.
José Jorge Alperovich es el único gobernador de Tucumán que fue elegido para un tercer mandato en esa provincia, y ejerce actualmente ese cargo desde el año 2003.
Desde ese mismo año San Juan es gobernada por José Luis Gioja pero para hacerse reelegir por tercera vez en 2011 hizo hacer una consulta popular para modificar la Constitución, que fue cuestionada hasta por su propio hermano, por no ajustarse al procedimiento prescripto en la misma.
Monseñor Joaquín Piña, obispo emérito de Iguazú, infringió una dura derrota en elecciones de constituyentes en 2006 por un porcentaje de votos del 14 % al Gobernador Carlos Rovira de Misiones en su intento de reformar la Constitución para hacerse reelegir como gobernador, con el apoyo del presidente Néstor Kirchner.
Sólo tres provincias argentinas permiten actualmente en sus constituciones la reelección indefinida: Formosa, Santa Cruz y Catamarca.
Los gobiernos de familia
Carlos Arturo Juárez fue gobernador de Santiago del Estero entre 1948 y 1952, volvió a serlo entre 1973 y 1976, y, luego de la dictadura militar, lo fue por tercera vez, entre 1983 y 2001. En el 2002 lo reemplazó su esposa, Mercedes Aragonés de Juárez, y él pasó a ser su ministro, pero la provincia fue intervenida por el gobierno federal en el año 2004, por un grave escándalo.
Felipe Sapag fue gobernador de Neuquén durante diez y seis años, aunque en períodos discontinuos, entre 1963 y 1966, 1970 y 1972 (de facto), 1973 y 1976, 1983 a 1987 y 1995 a 1999. Su sobrino Jorge Augusto Sapag es gobernador actual de esa provincia desde 2007, luego de haber sido vicegobernador desde 1999.
En 1983, Ramón Saadi fue electo como gobernador de Catamarca. En 1987, fue electo Senador. Sin embargo, quien lo reemplazo como gobernador, su padre Vicente Leonidas Saadi –que ya lo había sido durante algunos meses del año 1949– , murió en 1988 y Ramón Saadi volvió a la gobernación en reemplazo de él. La familia Saadi dominó la política catamarqueña hasta que en 1990, el asesinato de María Soledad Morales, resquebrajó su poder.
En San Luis los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá gobernaron la provincia veintisiete años, entre 1983 hasta 2010 -cinco mandatos el primero y dos el segundo-.
Las reelecciones se han impuesto, también, en algunos países vecinos donde existen, lo que Guillermo O´Donnell llama, las “democracias delegativas”, o “populistas”, como las califica Ernesto Laclau; como es el caso de la Venezuela de Hugo Chávez (desde 1999), el Ecuador de Rafael Correa (desde 2006), la Bolivia de Evo Morales (desde 2006)y la Nicaragua de Daniel Ortega (1985-1990 y desde 2007), para lo cual sus presidente han tenido que hacer reformas constitucionales, mal interpretando las reglas que las autorizaban.
Al reeleccionismo hay que sumarle, en estos países, que las instituciones están debilitadas; los parlamentos parecen “escribanías” –auque ello incomode, con razón, a los notarios-; la justicia no es independiente; los órganos de control parecería que no existieran; las autonomías provinciales o municipales son más simbólicas que reales; las sociedades intermedias (partidos políticos, ONGs, empresas, medios de comunicación, etcétera) están debilitados; el “clientelismo” está a la orden del día; las expropiaciones están al orden del día; y los ciudadanos participan cada vez menos de las decisiones políticas y sus derechos han sido vulnerados de distintas maneras
Perpetuar a nuestros gobernantes y delegarle más poderes es olvidar el por qué bregamos por recuperar la democracia.
El problema de los dos tercios
Para que la reforma sea posible en nuestro país hay que cumplir con lo que dispone la Constitución Nacional en su artículo 30 que dice: “La constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros (…)”, lo que se interpreta de cuatro maneras distintas:
Dos tercios de los presentes (Convenciones constituyentes de 1860, 1866 y 1949 en Diputados).
Dos tercios de los que integran la Cámara (1994).
Dos tercios de los que ejercen el cargo, excluyendo a las bancas vacantes (por que no han asumido, que están de licencia o los que han renunciado, fallecido o han sido removidos o inhabilitados, y no han asumido en su remplazo sus respectivos suplentes o quienes hayan sido electos).
Dos tercios de los presentes que votan, excluyendo a los que se abstienen, pero que están presentes (proyecto del diputado Francisco Durañona y Vedia de 1991).
La interpretación correcta desde mi punto a vista, aunque quizás no sea actualmente el de la mayoría de los autores, es la de los dos tercios de los presentes por las siguientes razones:
No existe cámara sino cuando la misma está sesionando con el quórum que exige el artículo 64 de la Constitución (“Ninguna de ella entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros”), y lo que expresan los Reglamentos de ambas Salas (Artículo 15 del Reglamento interno de Diputados que dice: “Para formar quórum legal será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros(…)” y el Artículo 16 del Reglamento del Senado, dispone: “La mayoría absoluta del número constitucional de senadores hará Cámara”). Sobre el número de los presentes, que son los miembros de la Cámara, deberán contarse los dos tercios de votos.
Los constituyentes usaron indistintamente las expresiones: “dos terceras partes, al menos, de sus miembros” (Art. 30) o “dos tercios de los votos” (Art. 66 y 70) y “dos terceras partes de sus miembros presentes” (Art. 53 y el 86 que se incorporó en la reforma de 1996) o “dos tercios de los miembros presentes” (Art. 59); sin hacer una diferencia entre los mismos. En el 71, según la numeración de 1860, que después de 1994 lleva el número 81, en la sanción de las leyes que debía hacer por cuarta vez la cámara revisora exigía dos tercios de los miembros y en la quinta sanción de la cámara de origen dos tercios de los presentes. Ello fue corregido en la Convención de 1994 simplificándose a tres sanciones, en vez de las cinco exigidas antes de la reforma, y unificándose las expresiones, respecto de la mayoría exigida, que ahora en todos los casos es de: “dos terceras partes de sus miembros presentes“. En realidad, los constituyentes de 1853, no quisieron hacer la sútil distinción que motiva esta enojosa polémica, sino que quisieron referirse en todos los casos a los dos tercios de la cámara, que siempre tiene por miembros a los legisladores presentes. Los senadores y diputados que duermen en su casa o caminan por las calles, no forman parte de ninguna cámara. Si esta diferencia de redacción fuera también conceptual, no se explicaría el por qué de la referida diferencia del artículo 71 (en la redacción anterior a 1994 ahora 81) Tampoco se explicaría por qué el presidente puede ser destituido por el Senado en juicio político, con dos tercios de los miembros presentes (artículo 59), mientras que un diputado o senador puede ser corregido por desórdenes de conducta, la mayoría de las veces con una sanción muy leve (llamado de atención, suspensión o multa) sin necesidad de removerlo, “con dos tercios de votos” (artículo 66), lo que demuestra que en 1853 se pensó que en los dos casos se trataba de los dos tercios de los que formaban cámara o sea de los presentes. Si se interpretara lo contrario se estaría exigiendo una mayoría inferior para aplicar la pena más severa, y una mayor para aplicar la sanción más leve, lo que no se compadece con el principio de “afianzar la justicia”.
La reforma de la Constitución de 1860 fue convocada por la ley número 234 de la Confederación, que se sancionó con el voto de los dos tercios de los miembros presentes en ambas cámaras (mediante una ley que aprobaron las dos cámaras reunidas en Asamblea), y la reforma de 1866 se convocó por la ley 171, que tuvo media sanción del Senado, también con los dos tercios de los presentes. Si tenemos en cuenta que en aquella época hacía pocos años que se había sancionado la Constitución, y muchos de los constituyentes vivían y actuaban en la vida pública, la interpretación auténtica, hecha por los legisladores de entonces, cobra mayor relevancia que la que hicieron los de 1949, cuando sin tener dos tercios del total de sus integrantes, la Cámara de Diputados voto la media sanción de la ley 13.233, que luego fue convalidada por la Convención, que al modificar la Constitución en el artículo 30 agregó el término “presentes”.
La jurisprudencia no ha tenido ocasión de pronunciarse en nuestro país respecto de este tema, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos de América lo hizo en el caso “Missouri P.R. Co. Vs. Kansas“, 248 U.S., 276, de 1919, y “Rhode Island vs. Palmer (National prohibition cases)“, 235 U.S., 350 de 1923, en los que frente a textos similares al del artículo 30 que tiene la Constitución norteamericana, se consideró válido el criterio de los dos tercios de los miembros presentes.
Si la Constitución hubiera querido, en el artículo 30, referirse a los congresistas que tienen las salas y no a los miembros de cada cámara, quizá habría empleado la expresión “total de los miembros“, como lo hace en el artículo 84, última parte, antes de la reforma de 1994, al referirse al quórum especial de la asamblea legislativa del escrutinio y rectificación de la elección de presidente y vicepresidente de la Nación.
Respecto del ingenioso proyecto de Durañona y Vedia, destinado a facilitar la relección del presidente Carlos Menem antes del Pacto de Olivos, no cambia mi punto de vista ya que los legisladores que se abstienen de votar y forman quórum deben ser considerados como integrantes de la cámara en la que se contabilizan los dos tercios de votos exigidos por el artículo 30.
La reforma constitucional de 1994 no unificó las expresiones “de los miembros” y de los “miembros presentes” sino que agregó otra distinta en dos de los párrafos del artículo. 75 Inc. 22, en donde se dice: “dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara”, y dejó pasar la oportunidad para uniformar su lenguaje al respecto, salvo en lo que hoy es el artículo 81, con lo que se perdió la posibilidad de dar por terminado este debate doctrinario y político.
Las elecciones y la convención constituyente
Pero para reformar la Constitución el gobierno no dispone actualmente de los diputados y senadores que en el Congreso voten la declaración de la necesidad de la reforma. Para cambiar de esta situación es necesario conseguir un triunfo resonante en las elecciones de 2013, tanto en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (dispuestas por ley 26.571) como las de renovación legislativa, y luego de conseguido la mayoría en el Congreso y de aprobada la ley que declare la necesidad de la reforma deberán obtener igual triunfo en las elecciones de Constituyentes, y en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que las deberán preceder. Con estos resultados deberá hacerse la Convención que podrá reformar de la Constitución, y hecha la misma, y si consigue que ella la autorice a presentarse de nuevo a elecciones, Cristina Fernández deberá ganar las elecciones primarias abiertas y las de primera y, eventualmente, de segunda vuelta presidencial de 1915. Un camino bastante difícil de transitar. Algunas encuestas que se han publicado recientemente, como la de Poliarquía[4], demuestran que la opinión pública no acompaña la idea de la re-reelección.
Por qué no a la re-reelección
Más allá del debate de la convención constituyente de 1994 que redujo el mandato presidencial de seis a cuatro años y permitió una reelección; los argumentos en que se fundamenta mi oposición a que se permita la re-reelección mediante una nueva reforma constitucional para favorecer a la actual presidente, o cualquier otro que lo intente en el futuro, son los siguientes:
Es necesario limitar en el tiempo el mandato de los presidentes que son la máxima autoridad de la República.
Durante su mandato no debe reformarse la Constitución para beneficiarlo con la reelección y mucho menos con la re-reelección.
No es conveniente que el presidente que disputa una elección esté ejerciendo dicho cargo porque tiene una gran ventaja frente a sus rivales.
El presidente que aspira a la reelección debe dedicar parte de su tiempo y de su gestión a convencer al electorado que debe elegirlo nuevamente y descuida su función específica.
La reelección se convierte en una necesidad cuando el presidente o sus colaboradores han cometido graves errores o delitos en el ejercicio de sus cargos y pretenden con la continuidad en los mismos evitar que los actos de corrupción puedan ser investigados o castigados por la justicia.
La prolongación de los mandatos en el tiempo producen un desgaste en los funcionarios que sólo puede superar la renovación.
El límite a la reelección obliga a los partidos y a la sociedad a generar nuevos liderazgos para producir el relevo del mandatario que termina su período.
El mandatario que no puede ser reelegido debe preocuparse más del bien común y de dejar una mejor imagen para el juicio de la historia.
La experiencia histórica demuestra que no fueron positivas la permanencia por períodos prolongados de los gobernantes.
Las reformas de las constituciones no deben hacerse para favorecer a personas, partidos o sectores de la sociedad, y menos si ellas están en el gobierno en ese momento.
Una sabia frase de Montesquieu sintetiza lo que aquí hemos dicho: “Cuando un gobierno dura mucho tiempo se descompone poco a poco y sin notarlo.” No dejemos, otra vez, que esto suceda en Argentina.
Córdoba, Septiembre de 2012.
[1] Página /12, del 2 de octubre de 2011 “La real izquierda es el kirchnerismo”, reportaje de Ailín Bullentini.
[2] Beatriz Sarlo, “La trampa de la reelección eterna”, página 15, La Nacion, 29 de agosto de 2012.
[3] Beatriz Sarlo, Artículo citado, página 15.
[4] Diario La Nacion del l2 de agosto de 2012, con título de tapa.
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References: artículo 23
 Artículo 59
 artículo 29
 Artículo 90
 Artículo 91
 artículo 77
 artículo 30
 artículo 64
 Artículo 16
 artículo 71
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 84
 artículo 30
 artículo 81