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Timestamp: 2018-01-22 06:12:15+00:00

Document:
El Consejo de Ministros acuerda modificar las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador
El Consejo de Ministros de ayer, viernes 19 de enero, recibió un informe del Ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, y acordó la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del correspondiente Anteproyecto de Ley.
Según la referencia del Consejo de Ministros, los principales objetivos del Anteproyecto consisten en arbitrar la posibilidad del ejercicio conjunto de la abogacía y de la procura en las sociedades profesionales, habilitar un sistema de acceso único a dichas profesiones y clarificar el régimen arancelario de los procuradores.
A la vez que avanza hacia un nuevo sistema de acceso, se eliminarán las limitaciones que existen en la actualidad en el ámbito de las sociedades profesionales y permitirá que abogados y procuradores puedan integrarse en una misma entidad, preservando cada uno de ellos sus competencias, responsabilidades y obligaciones. Se mantiene la incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura, quedando garantizada la independencia e imparcialidad en el ejercicio de cada profesión.
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-Protocolo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Serbia para la aplicación del Acuerdo entre la República de Serbia y la Comunidad Europea sobre la readmisión de personas que residen sin autorización (Protocolo de Aplicación), hecho en Luxemburgo el 9 de julio de 2015.
Nota: Este Protocolo entró en vigor hace más de un mes y medio (!!): el 1 de diciembre de 2017.
-Resolución de 12 de enero de 2018, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos y se determina la fecha de celebración de las pruebas de aptitud para el ejercicio de la profesión de Abogado en España por parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Nota: Véase la Resolución de 22 de noviembre de 2017 y la Resolución de 12 de enero de 2018, así como las entradas de este blog del día 29.11.2017 y del día 13.1.2018.
[BOE n. 18, de 20.1.2018]
Parlamento Europeo - Aprobada Resolución legislativa sobre el texto refundido del Reglamento 2201/2003
El Parlamento Europeo aprobó ayer, 18 de enero, una Resolución legislativa sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (refundición).
Véase el documento COM(2016) 411 final, Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (refundición).
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Bibliografía - La discapacidad en la UE: concepto, regulación y estrategia
La discapacidad en la Unión Europea. Concepto, regulación y estrategia. Especial referencia a la convención de Naciones Unidas sobre derechos de personas con discapacidad así como a la situación de ciudadanos de terceros países
Carlos LÓPEZ-VERAZA PÉREZ, Fiscal, Fiscalía Provincial de Huelva (Especialista en Protección de Personas con Discapacidad y Extranjería)
Diario La Ley, Nº 9122, Sección Tribuna, 19 de Enero de 2018
El pasado 14 de noviembre de 2017, se publicó en el BOE, el primer Código de Discapacidad Español, en el que se recoge toda la regulación que de manera directa o indirecta afecta a la protección de las personas con discapacidad. El presente artículo comparte la finalidad divulgadora, teniendo por objeto la exposición a grandes rasgos del ámbito de protección de las personas con discapacidad en el ámbito de la Unión Europea.
Etiquetas: Bibliografía, D.Persona, Extranjería
Jurisprudencia - Abogado que estafa a sus clientes extranjeros prometiéndoles permisos de residencia a través de contratos falsos
Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia de 12 julio 2017, Rec. 1621/2016: Abogado en ejercicio que, bajo la promesa de obtener permisos de residencia y trabajo a los extranjeros sin regularizar que acudían a su despacho, creó falsas empresas que se encubrían en múltiples sociedades controladas por el acusado, las cuales carecían de cualquier actividad comercial, por ser inexistentes en el mercado, y con esa apariencia, rellenó solicitudes dirigidas a la Delegación del Gobierno de Madrid, que en ocasiones llevaban sellos falsos de recepción de la solicitud. Aplicación incorrecta en la sentencia recurrida del subtipo agravado del art. 250.1.5 del CP, siendo de aplicación el art. 249, al no alcanzar la cuantía de las defraudaciones la cantidad de 50.000 euros. Rebaja a la mitad de la pena inicialmente impuesta.
Iustel - Diario Del Derecho, 19 enero 2018, sección Jurisprudencia
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 2871/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2871]
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-Instrumento de ratificación del Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación, suplementario al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, hecho en Nagoya el 15 de octubre de 2010.
Nota: Este Protocolo se aplica a los daños resultantes de los organismos vivos modificados cuyo origen fue un movimiento transfronterizo (art. 3.1). Entrará en vigor, con carácter general y para España el 5 de marzo de 2018.
Véase el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Montreal el 29 de enero de 2000.
-Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Cocentaina, por la que se suspende la inscripción de un convenio de regulación de las medidas relativas a la patria potestad de un hijo menor de edad.
Nota: Este recurso tiene por objeto resolver acerca de la posibilidad de inscribir el uso sobre la vivienda familiar, fijado en un pacto de convivencia de una pareja de hecho al tiempo de su separación, existiendo la circunstancia de que la adjudicataria de dicho derecho es la madre de la hija menor de edad habida entre ambos interesados, y que además resulta ser la titular del «régimen de convivencia unilateral» de dicha menor, tal y como resulta del título presentado. Para ello, debe tenerse en cuenta que, en el ámbito territorial específico de la Comunidad Autónoma Valenciana, en la que ambos progenitores conviven y bajo cuya legislación se ha dictado la sentencia objeto de calificación, coexiste la Ley 5/2011 de la Comunitat Valenciana, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, que si bien ha sido declarada inconstitucional, debe estarse al alcance dado por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de noviembre de 2016 (véase la entrada de este blog del día 26.12.2016).
Sin embargo, la aplicación de la norma autonómica, tampoco puede quedar acreditada de manera indubitada, puesto que su ámbito subjetivo se circunscribe a los padres de vecindad civil valenciana (artículo 2), extremo éste que no se ha justificado en el expediente. Por ello, y sin perjuicio de la apreciación anterior, se trata de una figura jurídica regulada en ambos cuerpos legales, el Código Civil y la Ley de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, reconociendo la posibilidad de adjudicar o atribuir judicialmente a alguno de los progenitores el uso de la vivienda en que hubiesen convivido con sus hijos con carácter habitual, siendo dicho derecho susceptible de acceso al Registro de la Propiedad en los términos ya señalados por la DGRN en relación a las exigencias y condiciones impuestas en el art. 96 CCiv.
[BOE n 17, de 19.1.2018]
Etiquetas: BOE, D.Familia, D.Interregional, D.Obligaciones, DGRN
El Anuario Español de Derecho Internacional Privado (AEDIPr) es incluido en el Emerging Sources Citation Index (ESCI)
El Anuario Español de Derecho Internacional Privado (AEDIPr), publicado por la Editorial Iprolex S.L., ha sido aceptado para su indexación en el Emerging Sources Citation Index, la nueva edición de Web of Science. Los contenidos de este índice están siendo evaluados por Thomson Reuters para su inclusión en Science Citation Index Expanded™, Social Sciences Citation Index®, y Arts & Humanities Citation Index®. Web of Science se diferencia de otras bases de datos por la calidad y solidez del contenido que proporciona a los investigadores, autores, editores e instituciones. La inclusión del Anuario de Derecho Internacional Privado en el Emerging Sources Citation Index pone de manifiesto la dedicación que estamos llevando a cabo para proporcionar a nuestra comunidad científica con los contenidos disponibles más importantes e influyentes. Desde su aparición, la lista de revistas no ha dejado de aumentar. Además, es importante que, en la última convocatoria de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, la inclusión en ESCI ha sido considerada como referencia de calidad, en los campos 10 y 11, a igual nivel que las demás bases de datos de la colección principal de la WOS. Asimismo, ha sido incluida como mérito para las acreditaciones de la ANECA, en concreto para ciencias sociales.
Enhorabuena a su director, el profesor José Carlos Fernández Rozas, por este reconocimiento a la calidad del Anuario y, en definitiva, a su trabajo al frente de la publicación.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima) de 18 de enero de 2018, en el asunto C‑45/17 (Jahin): Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — Artículos 63 TFUE y 65 TFUE — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 11 — Gravámenes sobre los rendimientos del capital que contribuyen a la financiación de la seguridad social de un Estado miembro — Exención aplicable a los nacionales de la Unión Europea afiliados a un régimen de seguridad social de otro Estado miembro — Personas físicas afiliadas a un régimen de seguridad social de un tercer Estado — Diferencia de trato — Restricción — Justificación.
Fallo del Tribunal: "Los artículos 63 TFUE y 65 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la legislación de un Estado miembro, como la que es objeto del litigio principal, conforme a la cual un nacional de ese Estado miembro que resida en un tercer Estado distinto de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) o la Confederación Suiza, en el que esté afiliado a un régimen de seguridad social, está sujeto, en dicho Estado miembro, a gravámenes sobre los rendimientos del capital en concepto de cotización al régimen de seguridad social establecido por éste, mientras que un nacional de la Unión afiliado a un régimen de seguridad social de otro Estado miembro está exento de tales gravámenes en virtud del principio de unicidad de la legislación aplicable en materia de seguridad social con arreglo al artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social."
Jurisprudencia - Autorización reagrupación de extranjero no comunitario aunque el reagrupante no acredite ingresos económicos suficientes
Juzgado de lo Contencioso-administrativo N°. 9 de Sevilla, Sentencia 317/2017 de 21 Dic. 2017, Rec. 176/2017: Extranjeros. Reagrupación familiar. Concesión de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea. El solicitante es hijo de ciudadano español, menor de 21 años, al que le fue desestimada su solicitud al no acreditar su progenitor –reagrupante- ingresos económicos, pues no desarrolla actividad laboral alguna. No puede la Administración aprovechar una norma destinada a la transposición de una Directiva comunitaria para introducir requisitos y exigencias a los ciudadanos españoles para la reagrupación familiar no previstos en la norma europea.
Nº de Sentencia: 317/2017
Nº de Recurso: 176/2017
Diario La Ley, Nº 9121, Sección Reseña de Sentencias, 18 de Enero de 2018
Sentencia del Tribunal de la AELC, de 13 de septiembre de 2017, en el asunto E-15/16 — Yara International ASA contra Gobierno de Noruega (Libertad de establecimiento — Artículos 31 y 34 del Acuerdo EEE — Necesidad — Normas nacionales sobre las aportaciones intragrupo — Reparto equilibrado de la potestad tributaria — Excepción relativa a las pérdidas definitivas — Riesgo de elusión fiscal — Montaje puramente artificial — Prohibición del abuso de derecho)
Fallo del Tribunal: "Los artículos 31 y 34 del Acuerdo EEE no se oponen a la aplicación de normas nacionales sobre las aportaciones intragrupo, tales como las previstas en la Ley tributaria noruega, en virtud de las cuales estas aportaciones reducen la renta imponible del cedente y se incluyen en la del beneficiario, independientemente de que este registre pérdidas o beneficios a efectos fiscales, que establezcan como condición que el cedente y el beneficiario estén sujetos a imposición en el Estado del EEE en cuestión. El Derecho del EEE establece como condición que las normas nacionales deberán perseguir un objetivo legítimo, como la necesidad de preservar un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros del EEE o evitar montajes puramente artificiales que lleven a la elusión fiscal. Sin embargo, los requisitos de la legislación nacional van más allá de lo que es necesario para alcanzar estos objetivos cuando la pérdida sufrida por la filial extranjera es definitiva."
[DOUE C16, de 18.1.2018]
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Circular DGRN sobre inscripción de matrimonio y divorcio anterior a efectos de la inscripción en el RC de matrimonio posterior
Circular de 8 de noviembre de 2917, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el carácter no constitutivo de la inscripción de matrimonio y divorcio anterior a efectos de la inscripción de matrimonio posterior en el registro civil.
Nota: Mediante esta Circular, la DGRN recuerda que, siendo la inscripción en el Registro Civil, tanto en el caso de matrimonio como en el del divorcio, obligatoria, pero no constitutiva, en aquellos supuestos en los que los contrayentes soliciten la inscripción de un matrimonio, celebrado con posterioridad a otro, del que no conste inscripción de su celebración y disolución en el Registro Civil español, no será necesaria la inscripción previa del matrimonio y primer divorcio para la inscripción de este segundo matrimonio, siempre que conste debidamente acreditada la disolución del matrimonio anterior y, por tanto, la ausencia de impedimento personal de ligamen, mediante documento auténtico conforme a lo establecido en la legislación española o documento auténtico extranjero, con fuerza en España con arreglo a las leyes o a los Tratados internacionales.
Etiquetas: D.Familia, DGRN, DPCI, Reglamento Bruselas II
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (17.1.2018)
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 17 de enero de 2018, en el asunto C‑676/16 (CORPORATE COMPANIES): Procedimiento prejudicial — Prevención de la utilización del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo — Directiva 2005/60/CE — Ámbito de aplicación — Artículo 2, apartado 1, punto 3, letra c), y artículo 3, punto 7, letra a) — Objeto social de una empresa que consiste en la venta de sociedades mercantiles inscritas en el registro mercantil y constituidas con la única finalidad de venderlas — Venta realizada mediante la cesión de las participaciones de la empresa en la sociedad previamente constituida.
Fallo del Tribunal: "El artículo 2, apartado 1, punto 3, letra c), de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, en relación con el artículo 3, punto 7, letra a), de la misma Directiva, debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el ámbito de aplicación de esos preceptos una persona, como la interesada en el procedimiento principal, cuya actividad comercial consiste en vender sociedades que ella misma ha constituido, sin solicitud previa alguna por parte de sus futuros clientes, con objeto de venderlas a tales clientes, mediante la cesión de sus participaciones en el capital de la sociedad que es objeto de la venta."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, presentadas el 17 de enero de 2018, en el asunto C‑650/16 (Bevola y Jens W. Trock): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Tribunal de apelación de la Región Este, Dinamarca)] Procedimiento prejudicial — Impuesto sobre sociedades — Libertad de establecimiento — Grupos consolidados — Legislación fiscal que permite a una sociedad residente deducir de su base imponible las pérdidas de establecimientos permanentes residentes, pero excluye esa posibilidad para los no residentes, salvo que se opte por el régimen de tributación conjunta internacional.
"En condiciones análogas a las que fueron tomadas en consideración en la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 2005, Marks & Spencer, el artículo 49 TFUE no es compatible con la normativa de un Estado miembro conforme a la que una sociedad residente en ese Estado puede deducir de la base imponible del impuesto sobre sociedades las pérdidas de un establecimiento permanente nacional, pero no las de un establecimiento permanente situado en otro Estado miembro, en el que definitivamente no pueden ser computadas.
No basta para desvirtuar esa incompatibilidad que la sociedad matriz pueda optar por acogerse a un sistema de “tributación conjunta internacional” como el previsto por la legislación interna aplicable en el litigio principal, que le exige agrupar, a efectos del mismo impuesto, a todas sus filiales y a todos sus establecimientos permanentes radicados fuera de Dinamarca, durante un período de diez años."
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Nota: El recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por el Presidente del Gobierno, tiene por objeto el Decreto-ley 3/2015, de 24 de julio, del Consell de la Generalitat de Valencia, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana.
Según el Decreto-ley valenciano 3/2015, pueden acogerse a lo establecido en él las personas que, no teniendo la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, conforme a lo dispuesto en los arts. 2 y 3 del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, reúnan los siguientes requisitos (art. 6): tener la condición de extranjero, mayor de edad, no registrado ni autorizado a residir en España; acreditar que se está empadronado con residencia efectiva en algún municipio de la Comunidad Valenciana un mínimo de tres meses; no tener reconocido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o el Instituto Social de la Marina (ISM) la condición de asegurado o beneficiario del Sistema Nacional de Salud, ni tener posibilidad de acceso a cobertura sanitaria pública por cualquier otro título y no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde el país de origen o procedencia; no poder acceder a cobertura sanitaria en el Sistema Nacional de Salud al amparo de los reglamentos comunitarios y convenios internacionales existentes en materia de asistencia sanitaria; y, acreditar, mediante el informe social correspondiente, la imposibilidad de suscripción del convenio especial a que se refiere el Decreto 190/2013, de 20 de diciembre, del Consell. Las personas que accedan al sistema valenciano de salud en las condiciones establecidas en este Decreto-ley tienen acceso a la cartera común básica de servicios, en las mismas condiciones de igualdad efectiva y calidad que el resto de usuarios del Sistema Nacional de Salud.
La STC 134/2017, de 16 de noviembre, aborda una problema constitucional similar al suscitado en este recurso, al haberse pronunciado acerca de si en el Sistema Nacional de Salud, establecido para todo el territorio del Estado, el derecho de acceso a la cartera de prestaciones sanitarias debe tener el mismo nivel de cobertura subjetiva. De acuerdo con esta sentencia, "la normativa básica estatal cierra toda posibilidad a las normas autonómicas de desarrollo para configurar un sistema de acceso a las prestaciones sanitarias que no atienda a los conceptos de asegurado o de beneficiario que han establecido las bases recogidas en el tantas veces citado art. 3 de la Ley 16/2003, a excepción del supuesto residual de la suscripción del convenio especial previsto en el apartado 5 del citado precepto".
La determinación de la condición de asegurado y beneficiario del Sistema establecida en el art. 3 de la Ley 16/2003, cumple la doble exigencia de ser formal y materialmente básica, pues se encuentra recogida en una norma con rango de ley y tal determinación ha sido considerada por la doctrina del TC como materialmente básica (entre otras, SSTC 136/2012, de 19 de junio, FJ 5, y 63/2017, de 25 de mayo, FJ 4). El Decreto-ley 3/2015, extiende el acceso a las prestaciones sanitarias a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España y con residencia efectiva en la Comunidad Valenciana, que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud y que no puedan exportar el derecho a cobertura sanitaria en el Sistema Nacional de Salud desde sus países de origen, ni exista un tercero obligado a pago. De este modo, de forma expresa, lo que lleva a efecto esta norma es una ampliación de la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones no contemplado por la normativa estatal, que incluye entre los sujetos que tienen la condición de asegurados a los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, pero no a los que no están registrados ni autorizados como residentes en España. En consecuencia, al no atender al criterio de lo básico establecido en la norma estatal, el Decreto-ley del Consell de la Generalitat Valenciana 3/2015, debe declararse inconstitucional y nulo por vulneración del art. 149.1.16 CE.
En consecuencia, el TC decide estimar el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto-ley del Consell de la Generalitat Valenciana 3/2015, de 24 de julio, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana.
[BOE n. 15, de 17.1.2018]
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2017/2268 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2017, que modifica el Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.
Nota: Véase el Reglamento Delegado (UE) 2017/2268 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2017, así como la entrada de este blog el día 15.12.2017.
[DOUE L12, de 17.1.2018]
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 16 de enero de 2018, en el asunto C‑240/17 (E): Procedimiento prejudicial — Nacional de un tercer país en situación irregular en el territorio de un Estado miembro — Amenaza para el orden público y la seguridad nacional — Directiva 2008/115/CE — Artículo 6, apartado 2 — Decisión de retorno — Prohibición de entrada en el territorio de los Estados miembros — Inscripción como no admisible en el espacio Schengen — Nacional titular de un permiso de residencia válido expedido por otro Estado miembro — Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen — Artículo 25, apartado 2 — Procedimiento de consulta entre el Estado miembro que procede a la inscripción y el Estado miembro que expidió el permiso de residencia — Plazo — Ausencia de pronunciamiento del Estado contratante consultado — Consecuencias sobre la ejecución de las decisiones de retorno y de prohibición de entrada.
"1) El artículo 25, apartado 2, del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y que entró en vigor el 26 de marzo de 1995, debe interpretarse en el sentido de que, si bien el Estado contratante que tenga la intención de adoptar una decisión de retorno acompañada de una prohibición de entrada y estancia en el espacio Schengen contra un nacional de un tercer país titular de un permiso de residencia válido expedido por otro Estado contratante está facultado para incoar el procedimiento de consulta previsto en dicha disposición incluso antes de adoptar la referida decisión, la incoación de ese procedimiento será en cualquier caso obligatoria una vez que se haya adoptado tal decisión.
2) El artículo 25, apartado 2, del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la decisión de retorno acompañada de una prohibición de entrada adoptada por un Estado contratante respecto a un nacional de un tercer país titular de un permiso de residencia válido expedido por otro Estado contratante sea ejecutada aun cuando siga en curso el procedimiento de consulta previsto en esta disposición, en la medida en que el Estado contratante informador considere que dicho nacional representa una amenaza para el orden público o la seguridad nacional, sin perjuicio de la facultad del referido nacional para ejercer los derechos que le otorga ese permiso de residencia dirigiéndose posteriormente al territorio del segundo Estado contratante. No obstante, transcurrido un plazo razonable tras la incoación del procedimiento de consulta sin que haya habido respuesta del Estado contratante consultado, corresponderá al Estado contratante informador proceder a retirar la inscripción como no admisible y, en su caso, inscribir al nacional de un tercer país en su lista nacional de personas no admisibles.
3) El artículo 25, apartado 2, del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen debe interpretarse en el sentido de que el nacional de un tercer país, titular de un permiso de residencia válido expedido por un Estado contratante y contra el cual se ha adoptado, en otro Estado contratante, una decisión de retorno acompañada de una prohibición de entrada, puede invocar ante el juez nacional efectos jurídicos derivados del procedimiento de consulta que incumbe al Estado contratante informador, así como las exigencias que de él se desprenden."
-Asunto C-581/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Baden-Württemberg (Alemania) el 4 de octubre de 2017 — Martin Wächtler / Finanzamt Konstanz
Cuestión planteada: "¿Deben interpretarse las disposiciones del Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, de 21 de junio de 1999, que entró en vigor el 1 de junio de 2002, en particular su preámbulo y sus artículos 1, 2, 4, 6, 7, 16 y 21 y el anexo I, artículo 9, en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual, para no perder ningún elemento de tributación, se gravan (sin aplazamiento) las plusvalías latentes, aún no realizadas, de los derechos societarios cuando un nacional de ese Estado miembro que inicialmente estaba allí sujeto a tributación por obligación personal traslada su domicilio desde ese Estado miembro a Suiza y no a un Estado miembro de la Unión Europea, o bien a otro Estado en que sea aplicable el Acuerdo del Espacio Económico Europeo?"
[DOUE C13, de 15.1.2018]
Bibliografía - La Orden Europea de protección en cifras
La Orden Europea de Protección en cifras
Juan Carlos VEGAS AGUILAR, Doctor en Derecho (Universitat de València); Raquel BORGES BLÁZQUEZ, Contratada Predoctoral FPI (Universitat de València); Elisa SIMÓ SOLER, Doctoranda (Universitat de València)
Diario La Ley, Nº 9118, Sección Tribuna, 15 de Enero de 2018, Editorial Wolters Kluwer
Los últimos datos estadísticos de víctimas de violencia sobre la mujer tanto en España como en Europa reflejan la necesidad de un instrumento Europeo de Protección de Víctimas. La Orden Europea de Protección nació para dar respuesta a aquellas víctimas que por motivos personales o laborales se desplazan en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) pero, ¿realmente está funcionando?
Consulta vinculante - Clasificación en el IAE de la actividad de compraventa de bitcoin desde una aplicación web
Consulta Vinculante V2908-17, de 13 de noviembre de 2017 de la Subdireccion General de Tributos Locales SGTL: Impuesto sobre Actividades Económicas. Actividad de compraventa de criptomonedas. La clasificación de las actividades económicas en las Tarifas del Impuesto se realiza atendiendo a la naturaleza material de las actividades, de acuerdo con los servicios que se presten de modo efectivo. No especificada la actividad de compraventa de bitcoin a través de una aplicación web propia en las Tarifas del Impuesto, la calificación de la actividad estará en el epígrafe 831.9 de la sección primera, “Otros servicios financieros n.c.o.p.".
Diario La Ley, Nº 9118, 15 de Enero de 2018
Etiquetas: Fiscalidad, Internet, Jurisprudencia, M.Capitales
Nota: Mediante esta norma se autoriza, bajo determinadas condiciones, a los operadores que soliciten una licencia singular habilitante para el desarrollo y explotación del tipo de juego "Póquer" y a los operadores que ya cuenten con dicha licencia para que, con carácter voluntario, puedan ofertar este juego en un entorno de liquidez internacional. Un juego ofertado en un entorno de liquidez internacional es aquel en el que las cantidades económicas que se dedican a la participación en el juego provienen de jugadores con registro de usuario español y de jugadores sin registro de usuario español.
[BOE n. 13, de 15.1.2018]

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 11
 artículo 11
 Artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 49
 Real Decreto 
 Artículo 6
 Artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 9