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Timestamp: 2019-04-21 02:46:46+00:00

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Desde que nuestra Comunidad Autónoma asumiera las competencias en materia de asistencia y bienestar social, ya desde la aprobación del texto originario del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, varias han sido las regulaciones que se han ido sucediendo en materia de autorización, registro, acreditación e inspección de centros de servicios sociales.
Así, el Decreto 62/1988, de 12 mayo, en desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 5/1987, de 11 de abril, de Servicios Sociales, estableció una primera regulación autonómica de las condiciones y requisitos higiénico-sanitarios, si bien solo respecto de las residencias de mayores.
Catorce años mas tarde, y como consecuencia de las nuevas necesidades que habían ido surgiendo al compás del progresivo desarrollo de la red de centros y servicios sociales, tanto de titularidad pública como privada, se hizo necesaria una normativa que actualizara la regulación de las residencias de mayores y ordenara los distintos tipos de centros de servicios sociales que habían quedado al margen del Decreto 62/1988, de 12 mayo. Así, se dictó el Decreto 79/2002, de 13 de junio, por el que se aprobaba el Reglamento de autorización, registro, acreditación e inspección de centros de atención de servicios sociales, que pretendía una primera regulación integral de todos los centros de servicios sociales, incluyendo a aquellos concebidos para las personas con discapacidad y para la infancia y adolescencia e introduciendo la acreditación como estadio superior de calidad en la prestación de servicios por parte de los centros privados.
No obstante, los profundos cambios normativos habidos desde entonces, tales como la promulgación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales o la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, han generado un escenario sustancialmente distinto al que contemplaba el Decreto 79/2002.
En efecto, la instauración del Sistema de Autonomía y atención a la Dependencia ha influido, en gran medida, en la obsolescencia del Decreto 79/2002, incorporando la necesidad, no prevista en éste, de crear un Registro que incluya a centros pero también a servicios de carácter social, imponiendo la adaptación del régimen de acreditación al concepto que de ésta maneja la Ley 39/2006 y a los efectos que le atribuye, y determinando el sometimiento de los servicios de carácter social al régimen de autorización administrativa y de acreditación para garantizar unos estándares de calidad adecuados en la prestación de los mismos a personas dependientes.
El reglamento que ahora se aprueba, pretende igualmente atender a las obligaciones que impone la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, suprimiendo el carácter temporal que, hasta ahora, tenían tanto la autorización administrativa como la acreditación de los centros, y eliminando algunos trámites para facilitar la libertad de establecimiento de las empresas, como la autorización previa para ejecutar proyectos de obra, que se sustituye por el visado del proyecto, manteniendo la autorización para su puesta en uso.
El régimen de autorización previsto en este reglamento, cumple lo establecido en el artículo 5 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, al concurrir las siguientes condiciones:
a) No discriminación: el régimen de autorización establecido no establece discriminación alguna, ni directa ni indirectamente, en función de la nacionalidad del titular o domicilio social de la sociedad propietaria de la entidad, centro o servicio social o de que el establecimiento o centro principal de las actividades de la entidad o servicio se encuentre o no en el territorio del Principado de Asturias. Únicamente se limita la competencia de la administración autonómica a aquellos centros, servicios y entidades que desarrollen su actividad en el ámbito territorial del Principado de Asturias.
b) Necesidad: el régimen de autorización establecido es necesario y esta justificado por una razón imperiosa de interés general, cual es la necesidad de garantizar la salud y seguridad de colectivos de personas especialmente vulnerables, como personas mayores, personas con discapacidad, menores, personas con riesgo de exclusión social, etc.
c) Proporcionalidad: el régimen de autorización establecido constituye el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo señalado en el apartado anterior, ya que no existen medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado. En efecto, articular un sistema de comunicación y control a posteriori resulta insuficiente para garantizar la salud y seguridad de los colectivos de personas atendidas en centros y servicios sociales y podría determinar que el control a posteriori tuviere lugar cuando la lesión ya se hubiere producido, resultando en muchos casos irreversible dada, precisamente, la especial vulnerabilidad de estos colectivos. Adicionalmente, si se permitiera la apertura de este tipo de centros sin la necesidad de autorización administrativa, un eventual cierre del centro por incumplimientos detectados como consecuencias del control a posteriori generaría importantes perjuicios, no ya solo al titular, sino igualmente a usuarios como personas mayores o personas con discapacidad que tienen en el centro su lugar habitual de residencia o de atención diurna.
El texto ha sido sometido al examen del Consejo Asesor de Bienestar Social, Consejo de Personas Mayores, Consejo Asesor de la Discapacidad, Consejo Económico y Social y cuenta con la conformidad de dichos órganos asesores.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Bienestar Social y Vivienda y al amparo de lo establecido en el artículo 10.1.24 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, artículo 42 y 43 de la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, el artículo 25.h) de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y artículos 32 a 34 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, oído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, y previo acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión de 17 de mayo de 2011,
Artículo único.—Se aprueba el Reglamento de Autorización, Acreditación, Registro e Inspección de Centros y Servicios Sociales, cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición Adicional Primera.—De la evaluación periódica de la calidad en la prestación de los servicios.
1. La evaluación periódica de la calidad en la prestación de los servicios será obligatoria para los centros o servicios sociales que hubieren obtenido la acreditación, así como aquellos que perciban ayudas, subvenciones o cualquier otro tipo de medida de fomento por la prestación de servicios sociales con cargo a los Presupuestos del Principado de Asturias, conforme a los requisitos y condiciones que se determinen reglamentariamente.
2. También deberán someterse a evaluación periódica de calidad las personas físicas o jurídicas que contraten con la Administración del Principado de Asturias la prestación de servicios sociales o la gestión de centros y servicios de igual naturaleza, en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente.
3. El desarrollo reglamentario a que se refieren los apartados anteriores se efectuará en el plazo máximo de 3 años desde la entrada en vigor del presente decreto. En tanto no se produzca éste, no será exigible la evaluación periódica de la calidad.
Disposición Adicional Segunda.—Regímenes especiales de autorización y acreditación.
1. Excepcionalmente se podrá conceder autorización administrativa o acreditación, aún cuando el centro o servicio no cumpla todos los requisitos que en cada caso se exijan, y siempre que dicho incumplimiento lo sea por motivos jurídicos o arquitectónicos referidos a las condiciones estructurales del edificio en el que se ubique, de éste no se derive riesgo para la salud o seguridad de las personas usuarias y concurran razones de interés social para el funcionamiento del centro que queden debidamente acreditadas en el expediente administrativo que se tramite al efecto.
Para el otorgamiento de la citada autorización o acreditación se verificará el cumplimiento de las siguientes condiciones:
b) Que se propongan soluciones alternativas que, respondiendo a la finalidad de la norma y atendiendo a las necesidades de las personas usuarias, minimicen el impacto y hagan viable la prestación del servicio en un nivel de calidad similar.
Examinada la documentación aportada, se someterá el expediente a la consideración de una comisión de valoración formada por la persona titular del servicio competente en materia de inspección de centros y servicios sociales, que actuará como presidente/a, un técnico/a de la inspección de servicios sociales, que actuará como secretario/a, y tres vocales, dos designados entre el personal funcionario adscrito al servicio competente en materia de personas mayores, discapacidad, menores y familia o inclusión social, según el caso, y uno entre el personal funcionario adscrito a la inspección de servicios sociales. Dicha comisión formulará la propuesta de resolución, que será elevada a la consideración del/la titular de la consejería competente en materia de bienestar social, quien, a la vista de dicha propuesta y ponderando la entidad de los requisitos no cumplidos y el interés social presente en el funcionamiento del recurso, resolverá de manera motivada.
En todo caso, la imposibilidad del cumplimiento de determinados requisitos u obligaciones no eximirá del cumplimiento del resto de las prescripciones establecidas en la normativa de aplicación.
2. Por razones de utilidad pública, la consejería competente en materia de bienestar social podrá autorizar, con carácter experimental, servicios y centros no regulados en este decreto que supongan modalidades alternativas e innovadoras de atención, por un plazo máximo de 2 años. Transcurrido dicho plazo la Administración procederá a una evaluación cualitativa del servicio y si resultara que la actividad desarrollada constituye una alternativa adecuada y viable, se deberá proceder a la regulación de los requisitos materiales y funcionales que le correspondan.
Disposición Transitoria Primera.—Centros y servicios sociales no incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa anterior.
Los centros y servicios sociales de titularidad privada no incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 79/2002, de 13 de junio, que se encuentren funcionando a la entrada en vigor del presente decreto deberán solicitar la oportuna autorización y adecuar sus condiciones organizativo-funcionales y materiales en el plazo de dos años desde que entre en vigor la normativa que establezca tales condiciones. En todo caso, deberán subsanarse de forma inmediata las deficiencias que pudieran afectar a la salud o seguridad de las personas usuarias.
Disposición Transitoria Segunda.—Solicitudes de autorización y de acreditación en curso.
Los expedientes administrativos relativos a centros de servicios sociales que hubieren solicitado la autorización previa para la ejecución de obras o la acreditación con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, se tramitarán de acuerdo con lo establecido en el Decreto 79/2002, de 13 de junio, y en su normativa de desarrollo.
En todo caso, estos centros deberán ajustarse a las condiciones organizativo-funcionales y materiales que se establezcan en la normativa de desarrollo del presente decreto en el plazo establecido en la disposición transitoria primera.
Disposición Transitoria Tercera.—Actualización del Registro y aplicación de las condiciones y requisitos de autorización y acreditación a los centros autorizados a la entrada en vigor del presente decreto.
1. Los centros autorizados con arreglo al Decreto 79/2002, de 13 de junio, e inscritos en el antiguo Registro de centros de servicios sociales, se integrarán automáticamente en el Registro de entidades, centros y servicios sociales del Principado de Asturias.
2. Los centros que, a la entrada en vigor del presente decreto dispongan de autorización administrativa de funcionamiento y/o acreditación conforme al Decreto 79/2002, de 13 de junio, se considerarán autorizados y/o acreditados con carácter indefinido.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente decreto, la consejería competente en materia de bienestar social dictará las correspondientes resoluciones otorgando carácter indefinido a las autorizaciones y acreditaciones concedidas a los centros al amparo de la normativa anterior y adaptándolas a la clasificación de centros y servicios establecida en el reglamento que aprueba este decreto.
3. No obstante lo anterior, los centros a que se refiere el apartado anterior deberán cumplir los requisitos organizativo-funcionales y materiales que, para la autorización y acreditación de cada tipo de centro o servicio, se establezcan en la normativa de desarrollo de este decreto en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de dicha normativa.
En tanto transcurra dicho plazo continuarán vigentes y les resultará de aplicación, transitoriamente, lo dispuesto en los artículos 4 a 59 y 75 a 87 del Decreto 79/2002, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de autorización, registro, acreditación e inspección de centros de atención de servicios sociales, así como cualesquiera disposiciones administrativas de carácter general dictadas en su desarrollo, salvo en aquello que les resultare más gravoso.
Disposición Transitoria Cuarta.—Acreditación temporal parcial.
1. Transitoriamente, en orden a facilitar la implantación de una red de centros acreditados y durante los 4 primeros años de vigencia del presente decreto, los centros podrán ser objeto de acreditación parcial en aquellas partes de sus instalaciones que, por su diferenciación e individualización del resto de las dependencias, constituyan una unidad organizada funcional y materialmente para la prestación de servicios a personas dependientes.
2. Expirado el plazo a que se refiere el párrafo anterior, solo cabrá la acreditación o no de la totalidad de las instalaciones de un centro.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria tercera, punto tercero, se deroga el Decreto 79/2002, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de autorización, registro, acreditación e inspección de centros de atención de servicios sociales, y los artículos 25 a 28 del Decreto 93/2005, de 2 de septiembre, de los Puntos de Encuentro Familiar en el Principado de Asturias.
Sin perjuicio de lo señalado en la disposición transitoria tercera, quedan asimismo derogadas, a la entrada en vigor del presente decreto, las disposiciones de igual o inferior rango emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma que se opongan a lo previsto en la misma.
Disposición final primera.—Título competencial.
El presente decreto se dicta en uso de la competencia exclusiva que, en materia de asistencia y bienestar social, atribuye el artículo 10.1.24 de la Ley Orgánica 7/1981 por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y en uso de la habilitación establecida en el artículo 42 y 43 de la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.
Disposición final segunda.—Habilitación normativa.
Se autoriza a la persona titular de la consejería competente en materia de bienestar social a dictar cuantas disposiciones sean necesarias en aplicación y desarrollo de la presente norma y, en especial, para la concreción de los requisitos básicos de funcionamiento y acreditación de los centros y servicios sociales y para el establecimiento de requisitos adicionales.
No obstante, y dada la repercusión social y económica de estas disposiciones, en el curso de su tramitación administrativa y como trámite último inmediatamente anterior a su aprobación, se recabará el visto bueno del Consejo de Gobierno a su contenido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 25.z) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno.
Dado en Oviedo, a 17 de mayo de 2011.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—Cód. 2011-10730.
REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN, ACREDITACIÓN, REGISTRO E INSPECCIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS SOCIALES
Artículo 3.—Tipología de centros.
Artículo 4.—Tipología de servicios.
Artículo 5.—Personas usuarias.
Régimen de autorización y comunicación
Artículo 6.—Autorización administrativa.
Artículo 7.—Comunicación.
Artículo 8.—Cumplimiento de requisitos de funcionamiento.
Artículo 9.—Requisitos básicos para el funcionamiento de los centros.
Artículo 10.—Requisitos básicos para el funcionamiento de los servicios.
Artículo 11.—Visado de proyectos de obra.
Artículo 12.—Procedimiento de autorización de centros y servicios sociales de titularidad privada.
Artículo 13.—Autorización sometida a condición.
Artículo 14.—Extensión de la autorización de funcionamiento y comunicación.
Artículo 15.—Revocación de la autorización.
Artículo 16.—Concepto y objeto de la acreditación.
Artículo 17.—Efectos de la acreditación.
Artículo 18. Requisitos básicos para la acreditación de centros y servicios sociales.
Artículo 19.—Procedimiento de acreditación.
Artículo 20.—Obligaciones de la persona titular o gestora del centro o servicio acreditado.
Artículo 21.—Vigencia de la acreditación.
Artículo 22.—Naturaleza y adscripción.
Artículo 23.—Sujetos de la inscripción.
Artículo 24.—Estructura y soporte.
Artículo 25.—Procedimiento de inscripción, anotación y cancelación.
Artículo 26.—Datos registrales.
Artículo 27.—Número de registro.
Artículo 28.—Efectos de la inscripción.
Artículo 29.—Variación de datos y comunicaciones.
Artículo 30.—Publicidad registral.
Artículo 31.—Objeto y plan anual de inspección.
Artículo 32.—Inicio del procedimiento.
Artículo 33.—Actuación del personal inspector.
Artículo 34.—Obligación de colaboración.
Artículo 35.—Acta de inspección.
Artículo 36.—Efectos de la inspección.
1. El presente reglamento tiene por objeto establecer el régimen de autorización administrativa, acreditación, registro e inspección de los centros y servicios sociales.
2. El ámbito de aplicación del presente reglamento se extiende a los centros y servicios definidos en los artículos 3 y 4 y a cualesquiera otros que pudieran establecerse y cuya actividad principal sea la prestación de servicios o asistencia social, ya sean de titularidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro, y que desarrollen su actividad en el ámbito territorial del Principado de Asturias, así como a los titulares de los mismos.
3. Quedan expresamente excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento:
a) Las escuelas de 0 a 3 años y demás centros cuya actividad principal sea la educativa.
b) Los centros cuya finalidad prioritaria sea el ocio y recreo de las personas usuarias, salvo los expresamente previstos en este reglamento.
c) Las entidades, centros o servicios que desarrollen su actividad en el ámbito de las drogodependencias u otros trastornos adictivos, que se regirán por su normativa específica.
1. A los efectos del presente reglamento se entiende por entidad de servicios sociales toda persona física o jurídica legalmente constituida, de naturaleza pública o privada, con o sin ánimo de lucro, titular de uno o varios servicios y/o centros de servicios sociales.
2. Centro de servicios sociales es la unidad orgánica y funcional, dotada de una infraestructura material con ubicación autónoma e identificable, donde se desarrollan las prestaciones o programas de servicios sociales.
3. Un servicio de carácter social se define como toda actividad organizada técnica y funcionalmente, de carácter general o especializado, cuyo objeto principal sea la asistencia social prestada con carácter regular y permanente, ya sea por una persona física o jurídica, sin que dicha prestación deba ofrecerse necesariamente en un centro.
4. Son condiciones organizativo-funcionales todas aquellas que afecten a la organización y funcionamiento del centro tales como las relativas a personal, dirección y organigrama del centro, plan general de intervención, coste de los servicios, reglamento de régimen interior, metodología y procedimientos de trabajo, régimen de visitas y sistemas de participación.
Asimismo, las condiciones materiales se refieren al emplazamiento y edificación del centro, instalaciones y servicios, dependencias y adecuación ambiental.
5. Se entenderá por cese voluntario de un centro o servicio aquel cuya duración máxima sea de 6 meses y por cierre voluntario el que exceda dicho periodo, con los efectos, en éste último caso, de los artículos 15.1 y 25.6 del presente reglamento.
1. A los efectos de este reglamento, los centros de servicios sociales, se clasifican en las siguientes modalidades:
a) Centros para personas mayores: destinados a la atención de personas de 65 o más años, con dependencia o no, y sin perjuicio de que presenten alguna discapacidad.
b) Centros para personas con discapacidad y/o dependencia: cuyos usuarios serán personas que, sin alcanzar los 65 años de edad, sean dependientes y/o presenten algún grado de discapacidad.
No obstante lo anterior, las personas con discapacidad que hubieren accedido a este tipo de centros antes de alcanzar los 65 años podrán permanecer en éstos una vez superada dicha edad, previa valoración favorable de la consejería competente en materia de bienestar social, cuando resulte ser el recuso mas apropiado para la persona con discapacidad una vez valoradas sus circunstancias personales y socio-familiares.
c) Centros de atención de menores y familia.
d) Otros centros.
2. Son centros para personas mayores:
a) Los centros de alojamiento, que son centros gerontológicos abiertos, de desarrollo personal y atención sociosanitaria interdisciplinar, en los que viven temporal o permanentemente personas mayores en situación de fragilidad psicosocial o dependencia.
En estos centros se podrán prestar los servicios de atención residencial para personas mayores, atención residencial para personas mayores con deterioro cognitivo y centro de noche.
b) Los apartamentos, que son centros de alojamiento para personas mayores en situación de fragilidad psicosocial, constituidos por pequeñas viviendas independientes donde la persona puede vivir sola o con un grupo familiar reducido sin necesidad de apoyos intensos.
Estos centros podrán establecer los servicios de atención residencial para personas mayores y centro de noche.
c) Las pequeñas unidades de convivencia, que se definen como dispositivos de alojamiento permanente de carácter integrador y socioterapeútico, donde conviven grupos reducidos de personas mayores en situación de fragilidad psicosocial o dependencia leve. El modelo de intervención en estas pequeñas unidades pretende, mediante el apoyo individualizado, estimular y conservar las capacidades de la persona y el mantenimiento en sus actividades cotidianas así como la preservación del control sobre su vida.
En estos centros se podrán prestar los servicios de atención residencial para personas mayores y centro de noche.
d) Los centros polivalentes de recursos son centros de carácter mixto, en los que podrán integrase dependencias propias de los centros de alojamiento, apartamentos, pequeñas unidades de convivencia y/o centro de día para personas mayores en situación de fragilidad psicosocial o dependencia y que presta atención a las necesidades básicas, terapéuticas y sociales de personas mayores residentes o no en el centro.
Los centros polivalentes de recursos podrán prestar los servicios de atención residencial para personas mayores, atención residencial para personas mayores con deterioro cognitivo, centro de día para personas mayores, centro de día para personas mayores con deterioro cognitivo y centro de noche.
e) Los centros de día para personas mayores, que son centros gerontológicos de carácter terapéutico y asistencial que durante el día presta atención a las necesidades básicas, terapéuticas y sociales de la persona mayor, promoviendo su autonomía funcional y personal, facilitando el respiro familiar y permitiendo una permanencia adecuada en el entorno habitual de vida.
Estos centros podrán facilitar los servicios de centro de día para personas mayores y centro de día para personas mayores con deterioro cognitivo.
f) Los centros rurales de apoyo diurno, como recurso integrado en los servicios sociales generales, son centros de carácter integrador, preventivo y asistencial que durante el día presta atención a las personas mayores o con discapacidad que viven en zonas rurales dispersas, promoviendo su autonomía funcional y personal, facilitando el respiro familiar y permitiendo una permanencia adecuada en el entorno habitual de vida.
En estos centros, podrán establecerse los servicios de centro rural de apoyo diurno para personas mayores, centro rural de apoyo diurno para con dependencia, centro rural de apoyo diurno para personas con discapacidad física u orgánica, centro rural de apoyo diurno para personas con discapacidad sensorial, centro rural de apoyo diurno para personas con discapacidad intelectual, centro rural de apoyo diurno para personas con discapacidad asociada a enfermedad mental y centro rural de apoyo diurno para personas con pluridiscapacidad.
3. Son centros para personas con discapacidad y/o dependencia:
a) Los centros de alojamiento, concebidos como centros abiertos en los que residen de forma temporal o permanente personas con discapacidad y/o dependencia de 18 a 65 años y en el que se desarrollan programas especializados de intervención orientados al desarrollo personal a través de una atención individualizada e interdisciplinar.
Estos podrán prestar uno o varios de los siguientes servicios: atención residencial para personas dependientes menores de 65 años, atención residencial para personas con discapacidad física u orgánica, sensorial, intelectual, asociada a enfermedad mental o con pluridiscapacidad, así como el servicio de centro de noche.
b) Las viviendas con apoyos, que son unidades de alojamiento, permanente o temporal, de capacidad reducida, donde residen personas con discapacidad y/o dependencia de entre 18 y 65 años y en las que se desarrollan programas especializados de intervención cuyo objetivo básico es favorecer una forma de vida autónoma e integrada en la comunidad.
En la viviendas con apoyos se podrán establecer los mismos servicios que en los centros de alojamiento definidos en la letra anterior.
c) Los centros de día se definen como unidades de carácter social y asistencial que, en horario diurno, prestan atención a las necesidades básicas y sociales de personas de 50 a 65 años con discapacidad o dependencia, promoviendo su autonomía personal, facilitando el apoyo familiar y el envejecimiento activo y permitiendo una permanencia adecuada en su entorno habitual de vida.
Estos centros podrán implantar los servicios que se relacionan a continuación: el servicio de centro de día para personas dependientes y los servicios de centro de día para personas con discapacidad física u orgánica, sensorial, intelectual, asociada a enfermedad mental y pluridiscapacidad.
d) Los centros de apoyo a la integración, que son centros de atención y formación para aquellas personas de 18 a 50 años de edad que presenten alguna discapacidad o dependencia, cuyo objetivo es favorecer la integración sociolaboral, la promoción de la autonomía, la independencia personal y el incremento de la calidad de vida y bienestar de éstos mediante la elaboración de programas personalizados de apoyo.
Los centros de apoyo a la integración podrán incluir, dentro de sus servicios, los siguientes: servicio de apoyo a la integración de personas dependientes, servicios de apoyo a la integración de personas con discapacidad física u orgánica, sensorial, intelectual, asociada a enfermedad mental y con pluridiscapacidad.
e) Las unidades de atención infantil temprana: De carácter generalista o especializado, son centros descentralizados para la atención infantil, donde, a través de equipos interdisciplinares especializados, se establecen, coordinan y facilitan un conjunto personalizado de intervenciones que proporcionan al niño o niña con dependencia, trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos, así como a su familia, los soportes necesarios para que desarrolle al máximo su autonomía.
Estas unidades, podrán prestar los servicios de: atención infantil temprana generalista y atención infantil temprana para personas con discapacidad física u orgánica, sensorial, intelectual y con pluridiscapacidad.
Igualmente, las unidades de atención infantil temprana podrán facilitar a las personas usuarias los restantes servicios de prevención de la dependencia que, en su caso, se regulen por la normativa de desarrollo de este reglamento.
4. Son centros de atención de menores y familia:
a) Las residencias de menores, que son centros para la atención integral a menores respecto a los cuales se haya adoptado la medida de guarda y tutela y, por tanto, de acogimiento residencial. Su titularidad sólo podrá corresponder a la Administración del Principado de Asturias o a las instituciones colaboradoras de integración familiar habilitadas para la guarda de menores en los términos establecidos en el Decreto 5/1998, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar y de Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional.
En estas residencias se prestará el servicio de atención residencial para menores.
b) Los pisos u hogares de menores que cumplen las mismas funciones y deben de responder a los mismos requisitos de titularidad que las residencias para menores. Como característica diferencial los pisos u hogares de menores están integrados en comunidades de vecinos.
Estos recursos podrán establecer los servicios de atención residencial para menores y el servicio de atención diurna.
c) Los centros de día para menores, que son centros de apoyo a la familia cuando esta atraviesa una situación de especial dificultad para hacerse cargo de sus hijos o hijas en horario extraescolar, teniendo carácter complementario de otras medidas de intervención social.
En estos centros se prestará el servicio de centro de día de menores.
d) Las ludotecas, que son centros destinados al cuidado de niños y niñas de entre 3 y 14 años, durante un espacio de tiempo no superior a 3 horas, que tiene como primera tarea el desarrollo integral de la personalidad a través del juego y del juguete. Para ello, posibilita y estimula el juego infantil, ofreciendo a los niños y niñas los materiales y espacios de juego, indicaciones, apoyos y acompañamientos que demanden para su desarrollo.
Dicho recurso prestará el servicio de ludoteca.
e) Los puntos de encuentro familiar, que son recursos sociales que proporcionan un espacio neutral donde ejercer el derecho a visita y comunicación entre el niño, niña o adolescente y su familia, con el objetivo de favorecer el derecho que le asiste a mantener una relación normalizada con ambos progenitores y sus respectivas familias.
En estos puntos se ofrecerá el servicio de encuentro familiar.
f) Los centros para mujeres con grave problemática sociofamiliar, que son centros de alojamiento temporal que posibilita la atención integral de mujeres gestantes, o con hijos o hijas a su cargo, en situación de riesgo social, para garantizar el bienestar de los menores y la salvaguarda de su seguridad e integridad básica, eliminando o aminorando los factores que en cada caso están provocando la situación de riesgo de desprotección.
Desde estos centros se prestará el servicio de atención a mujeres gestantes, o con hijos o hijas a su cargo, en situación de riesgo social.
5. Dentro de la categoría de otros centros se incluyen los albergues de transeúntes, cocinas económicas, centros de atención, prevención e incorporación social de personas o colectivos en situación de riesgo o exclusión social y todos aquellos que no puedan clasificarse en ninguna de las rúbricas anteriores.
1. Los servicios sociales se clasifican atendiendo a la siguiente tipología:
a) servicios de carácter general;
b) servicios para las personas mayores;
c) servicios para las personas con discapacidad y/o dependientes menores de 65 años;
d) servicios para los menores y la familia;
2. Son servicios de carácter general: los de información, orientación y asesoramiento en materia de derechos, recursos y prestaciones sociales.
3. Son servicios para personas mayores:
a) Los servicios de atención residencial:
1.º Servicio de atención residencial para personas mayores.
2.º Servicio de atención residencial para personas mayores con deterioro cognitivo.
b) Los servicios de atención diurna:
1.º Servicio de centro de día para personas mayores.
2.º Servicio de centro de día para personas mayores con deterioro cognitivo.
3.º Servicio de centro rural de apoyo diurno para personas mayores.
c) Los servicios de centro de noche.
d) Los servicios de promoción de la autonomía personal:
1.º Servicio de asistente personal.
2.º Servicio de ayuda a domicilio.
4. Son servicios para las personas con discapacidad y/o dependientes menores de 65 años:
—1.º Servicio de atención residencial para personas con dependencia.
—2.º Servicio de atención residencial para personas con discapacidad física u orgánica.
—3.º Servicio de atención residencial para personas con discapacidad intelectual.
—4.º Servicio de atención residencial para personas con discapacidad sensorial.
—5.º Servicio de atención residencial para personas con discapacidad asociada a enfermedad mental.
—6.º Servicio de atención residencial para personas con pluridiscapacidad.
b I) Servicio de centro de día para:
1.º Personas con dependencia.
2.º Personas con discapacidad física u orgánica.
3.º Personas con discapacidad intelectual.
4.º Personas con discapacidad sensorial.
5.º Personas con discapacidad asociada a enfermedad mental.
6.º Personas con pluridiscapacidad.
b II) Servicio de centro rural de apoyo diurno para:
1.º Apoyo a la integración de personas con dependencia.
2.º Apoyo a la integración de personas con discapacidad física u orgánica.
3.º Apoyo a la integración de personas con discapacidad intelectual.
4.º Apoyo a la integración de personas con discapacidad sensorial.
5.º Apoyo a la integración de personas con discapacidad asociada a enfermedad mental.
6.º Apoyo a la integración de personas con pluridiscapacidad.
7.º Asistente personal.
8.º Otros servicios de promoción de la autonomía personal.
e) Los servicios de prevención de la dependencia:
1.º Atención infantil temprana generalista.
2.º Atención infantil temprana para personas con discapacidad física u orgánica.
3.º Atención infantil temprana para personas con discapacidad sensorial.
4.º Atención infantil temprana para personas con discapacidad intelectual.
5.º Atención infantil temprana para personas con pluridiscapacidad.
6.º Otros servicios de prevención de la dependencia.
5. Son servicios para los menores y la familia:
a) El servicio de atención residencial de menores.
b) El servicio de centro de día de menores.
c) El servicio de atención diurna.
d) El servicio de ludoteca.
e) El servicio de encuentro familiar.
f) El servicio de atención a mujeres gestantes, o con hijos o hijas a su cargo, en situación de riesgo social.
6. Dentro de la categoría de otros servicios se incluyen:
a) El servicio de albergue de transeúntes.
b) El servicio de cocina económica.
c) El servicio de atención, prevención e incorporación social de personas o colectivos en situación de riesgo o exclusión social.
d) y todos aquellos que no puedan clasificarse en ninguna de las rúbricas anteriores.
Sin perjuicio de lo que pueda establecerse en virtud de resolución judicial o en el caso de menores o personas legalmente incapacitadas, el acceso y permanencia de las personas usuarias en los centros y servicios regulados en este reglamento será estrictamente voluntario debiendo estos manifestar de forma expresa y escrita su conformidad.
1. Los titulares de centros o servicios privados requerirán de previa autorización administrativa para:
a) La primera puesta en funcionamiento de un centro, así como la puesta en uso de las obras de ampliación, reforma o modificación sustancial de las condiciones materiales o arquitectónicas que se hubieren hecho en centros ya existentes.
A estos efectos, se entiende por modificación sustancial aquella que afecte a la estructura, planta o distribución interior de los edificios.
b) El inicio de actividades de un servicio social.
c) El traslado de un centro o servicio social.
d) El cambio o ampliación de los servicios a prestar en un centro.
2. No estará sujeta a autorización administrativa:
a) La creación de una entidad de servicios sociales, cambio de denominación, titular o responsable y de las demás circunstancias de ésta.
b) La creación, construcción, instalación, puesta en funcionamiento, modificación o traslado de servicios o centros de titularidad pública.
c) Las restantes modificaciones de las condiciones materiales u organizativo-funcionales de los centros y servicios sociales no contempladas en el apartado 1 de este artículo.
d) Las circunstancias sujetas a la obligación de comunicación establecida en el artículo siguiente.
3. El régimen de autorización administrativa previsto en este reglamento, se establece sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones o licencias, de competencia de otras administraciones, organismos o entidades públicas, que puedan resultar exigibles. En particular, aquellos centros de servicios sociales que en la totalidad o parte de sus instalaciones incluyan dependencias y medios técnicos y humanos que, conforme al artículo 2.1 del Decreto 53/2006, de 8 de junio, por el que se regula la autorización de centros y servicios sanitarios, puedan calificarse como centro o servicio sanitario habrán de obtener la previa autorización sanitaria para el funcionamiento de dichas dependencias.
1. Deberán ser objeto de comunicación a la consejería competente en materia de bienestar social:
a) La creación e inicio de actividad de una entidad de servicios sociales, así como los cambios en su denominación, titular o responsable, en el plazo de dos meses desde que se lleven a efecto.
b) Los cambios de titularidad y dirección de un servicio o centro en el plazo de dos meses desde que se produzcan.
c) El cese o cierre voluntarios de un centro o servicio con una antelación mínima de dos meses a la fecha en que se lleve a efecto.
2. Al escrito por el que se comuniquen las circunstancias descritas en el apartado anterior se acompañará la siguiente documentación e información:
a) En el caso de creación e inicio de actividad de una entidad de servicios sociales:
—Documento nacional de identidad de la persona física o documento de constitución de la entidad, y en su caso modificaciones del mismo, debidamente inscritos en el registro oficial que corresponda, así como copia de sus estatutos.
—En caso de tratarse de persona distinta a aquella a que se refiere la comunicación, se aportará fotocopia de documento nacional de identidad de la persona que presenta la comunicación así como el documento justificativo de la representación con que actúa.
—Indicación de la fecha prevista de inicio de la actividad, un domicilio para notificaciones, así como el teléfono, fax y dirección de correo electrónico de la persona titular y del director/a o responsable de la entidad.
—Memoria explicativa de la actividad a desarrollar, con referencia expresa a sus objetivos generales y específicos y ámbito territorial en el que actuará.
b) Cuando se trate de un cambio de titularidad de una entidad, centro o servicio, se adjuntará:
—Documento en el que la antigua y nueva titularidad acuerden, de manera expresa, la transmisión de la entidad, centro o servicio por cualquier negocio jurídico admitido en derecho.
—Documento acreditativo de la personalidad del/la nuevo/a titular de la entidad, centro o servicio y, en su caso, de la persona que presenta la comunicación así como el documento justificativo de la representación con que actúa. Si se trata de una persona jurídica, presentará escritura de constitución, y en su caso modificaciones de la misma, debidamente inscritos en el registro oficial que corresponda, así como copia de sus estatutos.
—El número o código de identificación fiscal de la persona física o jurídica que asume la titularidad.
c) Para los cambios en la dirección de un servicio o centro se aportará la aceptación expresa del cargo por parte del nuevo/a director/a y copia compulsada de la titulación y formación complementaria que le sea exigible.
3. El encargado del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales procederá a la práctica de la correspondiente anotación de las circunstancias comunicadas en el plazo de 10 días desde su comunicación.
1. Los centros y servicios sociales de titularidad privada deberán cumplir, para la concesión de la autorización de funcionamiento, los requisitos y condiciones que, con carácter básico, se establecen en los artículos siguientes, así como aquellos otros que, en desarrollo de este reglamento, pudieran establecerse. La autorización se entenderá condicionada al mantenimiento de las condiciones y requisitos necesarios para su otorgamiento.
2. Los centros y servicios sociales de titularidad pública, pese a no estar sometidos al régimen de autorización administrativa, deberán igualmente cumplir las condiciones materiales y organizativo-funcionales señaladas en los artículos siguientes. A estos efectos, deberán someter los proyectos de obra o de reforma de los centros y los de establecimiento de servicios a informe del servicio competente en materia de inspección de centros y servicios, que tendrá carácter preceptivo y vinculante. Igualmente, deberán comunicar al órgano encargado del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales todos los datos registrales necesarios para su inscripción dentro del plazo de un mes desde su puesta en funcionamiento.
3. No obstante lo anterior, para el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar y del servicio de encuentro familiar asociado al mismo se exigirá el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 a 24 del Decreto 93/2005, de 2 de septiembre, de los Puntos de Encuentro Familiar en el Principado de Asturias o normativa que lo sustituya.
Los edificios que alberguen centros de servicios sociales deberán cumplir las siguientes condiciones:
1. Estarán situados en zonas salubres y consideradas no peligrosas para la integridad física de las personas usuarias, que garanticen un fácil acceso a los mismos y su comunicación mediante transporte público con la zona céntrica del concejo.
El acceso a las instalaciones ha de ser posible mediante calzada para vehículos y viales de uso peatonal o en su defecto, firme sólido y regular en suficiente anchura para el paso simultáneo de vehículos y personas de forma que permita el tránsito de las personas usuarias con dificultades o limitaciones en su movilidad.
2. Cada centro de servicios sociales constituirá una unidad funcional independiente, bien ocupando la totalidad de un edificio, bien una parte independizada del mismo, y deberá disponer de las estancias, espacios y dependencias adecuadas para la correcta atención de las personas usuarias que se establezcan en la normativa de desarrollo de este reglamento.
3. Todos los centros, salvo los destinados a menores y personas con discapacidad, deberán estar debidamente identificados mediante rótulo o placa fija bien visible en su entrada o acceso principal desde la vía pública. El tamaño mínimo será de 40 x 40 centímetros y dicha identificación reflejará como mínimo:
a) La denominación del centro, que en ningún caso podrá inducir a error respecto a la actividad que se desarrolle en el centro.
b) La actividad a la que se dedica.
c) Su número de registro.
4. Los centros de servicios sociales deberán estar adaptados física y funcionalmente a las condiciones de las personas usuarias así como a los servicios y programas que en los mismos se desarrollen.
Los centros de nueva planta, y aquellos ya existentes que se reformen de manera sustancial, cumplirán con lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, en los ámbitos urbanístico y arquitectónico y en el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ésta.
En todo caso, los centros para personas mayores y los centros para personas con discapacidad física u orgánica, con pluridiscapacidad o con discapacidad intelectual que limite su movilidad, y que desarrollen actividades en más de una planta o no presenten buena accesibilidad desde el exterior deberán de disponer de, al menos, un ascensor que reunirá los requisitos establecidos en la normativa sobre promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, observándose, en especial, la presencia de botonera baja adaptada y puertas telescópicas.
Adicionalmente, si se trata de centros de alojamiento destinados a las personas usuarias descritas en el párrafo anterior que tuvieren una capacidad superior a 60 personas y cuya actividad residencial se realice en más de una planta o presenten dificultades de acceso desde el exterior, existirá un segundo ascensor con las características descritas anteriormente, que, en el caso de los centros de alojamiento para personas mayores será de tipo porta-camillas.
En los restantes centros la existencia de ascensor se supeditará a las necesidades de las personas usuarias.
5. Las diferentes instalaciones y servicios que integran el conjunto de equipamientos de los centros de servicios sociales deberán cumplir con las especificaciones técnicas, de mantenimiento y requisitos que para cada uno de ellos estipule la normativa sectorial aplicable. En todo caso:
a) Los locales o salas con superficie superior a 100 metros cuadrados y permanencia superior a 50 personas dispondrán de 2 salidas.
b) Todos los centros de servicios sociales contarán con una dotación de extintores manuales a razón de 1 por cada 200 metros cuadrados y no menos de 2 por planta.
6. Así mismo, los centros contarán con un plan de autoprotección, debidamente implementado, en los términos del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, que deberá estar informado favorablemente por la consejería u organismo competente en materia de protección civil. Una copia del plan deberá mantenerse en un lugar cerrado y ubicado a la entrada del edificio para uso exclusivo de bomberos.
No obstante lo anterior, y siempre que su superficie construida no exceda los 250 metros cuadrados, podrá sustituirse la obligación de contar con plan de autoprotección por la adopción de las recomendaciones que, a tal efecto, establezca la consejería u organismo competente en materia de protección civil en los siguientes centros:
a) Apartamentos para mayores.
b) Pequeñas unidades de convivencia para mayores.
c) Viviendas con apoyos para personas con discapacidad y/o dependencia.
d) Pisos u hogares de menores.
e) Unidades de Atención Infantil Temprana.
g) Puntos de encuentro familiar.
h) Cocinas económicas.
7. Los centros de servicios sociales, deberán tener contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil con las siguientes coberturas mínimas de riesgo:
Los servicios definidos en el presente reglamento deberán observar las siguientes condiciones en su prestación:
1. Recursos humanos: Los servicios deberán contar con el personal necesario y debidamente cualificado para la atención de las personas usuarias a que se dirigen, cuyo número, categorías y titulaciones profesionales exigibles se concretarán en la normativa de desarrollo de este reglamento en función de la tipología, intensidad de la prestación de cada recurso y programas que desarrollan.
En todo caso, los servicios contarán con un/a director/a o responsable con titulación universitaria y formación complementaria en dependencia, discapacidad, geriatría, gerontología, familia, menores, puericultura, inclusión social o dirección de centros de servicios sociales, según la naturaleza del servicio, salvo en los puestos ya ocupados a la entrada en vigor de este reglamento, en los que el director o directora podrá sustituir la titulación universitaria por un mínimo de 3 años de experiencia en puestos de dirección o gerencia del tipo de centro de que se trate.
Igualmente, los servicios que cuente con 50 o más trabajadores/as emplearán a un número de trabajadores/as con discapacidad no inferior al 2 por 100 de la plantilla o, en su defecto, cumplirán con las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad, y demás normativa de aplicación.
2. Recursos materiales: Los servicios deberán disponer de los medios materiales que permitan una adecuada puesta en práctica de los programas que desarrollen, y que se concretarán, para cada tipo de servicio, en la normativa de desarrollo de este reglamento.
3. Documentación y procedimientos de trabajo:
a) Todos los servicios tendrán, a disposición de la Inspección de Servicios Sociales, un organigrama, copia de los contratos de trabajo y de la documentación acreditativa de la cotización a la Seguridad Social de sus trabajadores, titulaciones de éstos, así como la restante documentación que, con carácter obligatorio, pudiera establecerse.
b) Los servicios regulados en este reglamento llevarán un listado de personas usuarias que incluya nombre y apellidos, número del documento nacional de identidad. Este listado, que será actualizado diariamente, se encontrará en todo momento en la sede del centro y a disposición de la Inspección de Servicios Sociales.
c) En garantía de la voluntariedad de acceso de las personas usuarias al sistema de servicios sociales, al inicio de la prestación de todo servicio se informará a éstas de las condiciones en que se desarrollará, debiendo firmarse el documento en el que la persona usuaria, o su representante, manifiesten su consenti¬miento informado para el acceso a dicho servicio que, en su caso, podrá ser sustituido por la resolución admi-nistrativa que lo autorice o resolución judicial que lo disponga, siendo esta última imprescindible para el acceso al servicio cuando la persona usuaria, no pudiendo manifestar su consentimiento, careciera de representante legal.
d) Igualmente, los distintos servicios contarán con un dossier de documentación referida a cada persona usuaria que incluirá, al menos, la ficha personal, los documentos para el seguimiento de su evolución que pudieran exigirse para cada tipo de recurso y el consentimiento informado para el acceso al servicio.
e) Todos los servicios aprobarán, y tendrán a disposición del usuario, un Reglamento de Régimen Interior y un Plan General de Intervención, con obligación de revisión anual de éste último, que incluirán los contenidos que se establezcan, para cada tipo de servicio, en la normativa de desarrollo de este reglamento.
f) Igualmente, habilitarán y utilizarán los protocolos de trabajo que se establezcan para cada tipo de servicio y en los que se identificará el profesional o profesionales que han de realizar la concreta tarea, modo de ejecutarla de manera correcta y frecuencia, así como las correspondientes hojas de registro de dichas tareas.
g) Aquellos servicios que incluyan la alimentación de las personas usuarias cumplirán las disposiciones establecidas en el Reglamento 852/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la higiene de los productos alimenticios, Reglamento 853/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal, Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas y Real Decreto 1420/2006, de 1 de diciembre, sobre prevención de la parasitosis por anisakis en productos de la pesca suministrados por establecimientos que sirven comida a los consumidores finales o a colectividades o normativa que los sustituya.
h) Se prohibe todo tipo de actividad con las personas usuarias en dependencias insuficientemente ventiladas o iluminadas.
1. Las obras de edificación de un centro de servicios sociales de nueva planta, así como las de ampliación, reforma o modificación sustancial de las condiciones materiales o arquitectónicas de los centros ya existentes requerirán, en garantía de su adecuación a la normativa vigente, el previo visado del proyecto por la Inspección de Servicios Sociales para su ejecución.
2. A estos efectos, la entidad o persona que pretenda la edificación de un centro de servicios sociales presentará la oportuna solicitud en modelo normalizado a la que adjuntará la siguiente documentación complementaria:
a) Cuando la persona que presenta la solicitud sea distinta del/la titular del centro o servicio, se aportará fotocopia de documento nacional de identidad de la persona así como el documento justificativo de la representación con que actúa.
b) Memoria explicativa de la actividad a desarrollar en el centro, con referencia expresa a sus objetivos generales y específicos, perfil de las personas usuarias, servicios a ofertar, programas a desarrollar, los recursos materiales y humanos con los que se dotará y capacidad prevista.
c) Documento acreditativo de la propiedad o del derecho de utilización del inmueble en que se ubique el centro.
d) Proyecto básico y/o de ejecución, debidamente visado por el colegio profesional correspondiente en los casos en los que legalmente proceda, cuando se trate de estructuras de nueva planta o reforma, o planos técnicos que definan en planta, alzado y secciones la obra a ejecutar, en el caso de tratarse de una modificación sustancial de las condiciones materiales de los centros.
e) Proyecto de equipamiento.
f) Copia compulsada de la solicitud de la licencia municipal de obras.
g) Adicionalmente, en el caso de que la entidad o persona solicitante no hubiera comunicado previamente su inicio de actividad, aportará la documentación a que se refiere el artículo 7.2. a).
La solicitud podrá igualmente cursarse por los medios telemáticos que la administración establezca al efecto y en las condiciones que se determinen.
4. Aportada toda la documentación exigible, la Inspección de Servicios Sociales procederá al estudio de la adecuación del proyecto de centro presentado a los requisitos exigibles, pudiendo recabar de la persona solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquel, al amparo del 71.3 de la citada Ley 30/1992.
5. Una vez comprobada la adecuación del proyecto a la normativa vigente, y corregidas, en su caso, las anomalías detectadas, la Inspección de Servicios Sociales visará el proyecto de centro.
El visado del proyecto habilitará a la persona solicitante para su ejecución a partir del día siguiente al de la notificación de este y en un plazo no superior a dos años.
6. Podrá entenderse estimada la solicitud si, transcurrido el plazo de tres meses desde su fecha de presentación, no se hubiere practicado y notificado el visado o no se notificare la resolución de denegación del mismo.
1. Para la primera apertura de un centro privado o de la parte del mismo que hubiere sido objeto de modificación sustancial, así como para la puesta en funcionamiento de los servicios de titularidad privada, deberá formularse la oportuna solicitud de autorización administrativa, en modelo normalizado, al que acompañará la siguiente documentación:
a) En el caso de que el solicitante fuera persona jurídica, certificación de los acuerdos adoptados en relación con la autorización que se solicita.
b) Cuando la persona que presenta la solicitud sea distinta de la titular del centro o servicio, se aportará fotocopia de documento nacional de identidad de la persona así como el documento justificativo de la representación con que actúa.
c) Nombramiento de la persona que ocupará la dirección del centro y aceptación del cargo por parte de ésta.
d) Memoria explicativa de la actividad a desarrollar, con referencia expresa a sus objetivos generales y específicos, perfil de las personas usuarias, servicios a ofertar, programas a desarrollar, recursos materiales y humanos con los que se dotará y, en su caso, capacidad prevista.
e) Copia del Reglamento de Régimen Interior.
f) Copia del Plan General de Intervención.
h) En el caso de los centros de servicios sociales:
—Licencia municipal de apertura, cuando fuere exigible.
—Justificación expresa del cumplimiento de la normativa vigente en materia de instalaciones y servicios.
—Plan de autoprotección, si le resultara exigible.
—Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil.
—Planos actualizados del centro.
—Certificado de fin de obra, si se hubieren ejecutado obras de primer establecimiento o modificación sustancial.
2. Si la solicitud no reuniera los requisitos mínimos para su tramitación o no se acompañara toda la documentación exigida, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane las deficiencias o aporte los documentos requeridos, con indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá por desistido del procedimiento, previa resolución, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71.1 de la citada Ley 30/1992.
3. Una vez valorada la documentación inicialmente aportada y la complementaria que fuere requerida, la Inspección de Servicios Sociales procederá a verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos para la autorización del centro o servicio efectuando, en su caso, la oportuna visita de inspección de cuyo resultado se levantará acta.
A la luz de las actuaciones practicadas el/la inspector/a actuante formulará el correspondiente informe-propuesta.
4. El expediente completo, se elevará a la consideración del/la titular de la consejería competente en materia de bienestar social que resolverá sobre la autorización o no del centro.
5. Las solicitudes de autorización de los centros y servicios podrán entenderse estimadas si, en el plazo de cuatro meses desde la presentación de ésta, no se hubiere notificado la resolución de concesión o denegación de la autorización administrativa.
No obstante lo anterior, las solicitudes de autorización de los servicios de información, orientación y asesoramiento en materia de derechos, recursos y prestaciones sociales, asistente personal, ayuda a domicilio, teleasistencia y servicios de promoción de la autonomía personal podrán entenderse estimadas si, en el plazo de un mes desde la presentación de ésta, no se hubiere notificado la resolución de concesión o denegación de la autorización administrativa.
1. Se podrá conceder autorización administrativa sometida a condición cuando, no cumpliendo el centro o servicio con todas las condiciones materiales y organizativo-funcionales exigibles, exista la necesidad social de la puesta en funcionamiento de dicho recurso, las deficiencias no afecten a la seguridad o salud de las personas usuarias y se haya emitido informe favorable de la inspección de servicios sociales y de la unidad administrativa competente en materia de mayores, discapacidad, infancia, familia o inclusión social, según los casos.
2. La autorización condicionada indicará las deficiencias observadas y el plazo para proceder a su corrección que en ningún caso podrá ser superior a un año.
3. En el caso de que, transcurrido el plazo establecido en la autorización sometida a condición, las deficiencias indicadas en la misma no hubieren sido corregidas, se estará a lo dispuesto en este reglamento sobre la revocación de la autorización administrativa de funcionamiento.
1. Las autorizaciones administrativas concedidas al amparo del presente reglamento se entenderán otorgadas por tiempo indefinido, con la salvedad de lo dispuesto en el artículo anterior.
2. La autorización administrativa de funcionamiento de un centro o servicio o, en su caso, la correspondiente comunicación, habilitará para la atención de las personas usuarias propias de cada centro o servicio, salvo que se trate de personas consideradas dependientes al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, para lo cual se precisará obtener la correspondiente acreditación.
1. La revocación de la autorización administrativa concedida se producirá por las siguientes causas:
a) Extinción, pérdida de la personalidad jurídica o fallecimiento de quien ostente la titularidad del servicio o centro autorizado, salvo que se produzca y comunique el cambio de titularidad en el plazo de dos meses desde que tales circunstancias se produzcan.
b) Comunicación del cierre voluntario de la actividad por parte de la persona usuaria.
c) La puesta en uso, no autorizada, de las obras de ampliación, reforma o modificación sustancial de las condiciones materiales o arquitectónicas que se hubieren hecho en centros ya existentes.
d) Pérdida de la vigencia de la póliza de seguro de responsabilidad civil.
e) Imposición de la sanción de cierre definitivo del centro o servicio por incumplimiento de la normativa en materia de servicios sociales.
f) La no corrección de los condicionantes en el tiempo y en la forma establecidos en la resolución de autorización.
g) El incumplimiento en la obligación del mantenimiento de las condiciones y requisitos necesarios para el otorgamiento de la autorización de funcionamiento.
2. La revocación de la autorización se acordará por el órgano competente para su otorgamiento previo expediente instruido al efecto con audiencia a la persona interesada.
3. La revocación de la autorización conllevará la obligación de cierre del centro por su titular y la cancelación de su inscripción en el Registro de entidades, centros y servicios sociales.
1. La acreditación es el acto por el que la consejería competente en materia de bienestar social certifica que un servicio o centro de titularidad privada reúne especiales condiciones de calidad en la prestación de los servicios ofertados, y declara la idoneidad de su integración en la red de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y, en general, para desempeñar sus funciones como parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.
2. Podrán ser objeto de acreditación los centros o servicios, de titularidad privada, previamente autorizados para la atención de personas mayores o con discapacidad.
3. Los centros y servicios sociales para la atención de personas mayores o con discapacidad y/o dependencia de titularidad pública no estarán sometidos al régimen de acreditación, si bien, para la pres¬tación de servicios a personas dependientes, deberán observar las condiciones y requisitos de calidad y garantía en las prestaciones que se exijan para la acreditación de los centros y servicios privados.
4. Para acceder a la condición de centro o servicio acreditado por la consejería competente en materia de bienestar social se considerarán diferentes aspectos relacionados con la atención ofrecida y el grado de calidad de los servicios prestados y derivados de una mejora manifiesta en los requisitos y condiciones de funcionamiento exigidas tanto en la dimensión física, como en la organizativo- funcional.
1. La acreditación habilitará a los centros y servicios sociales de titularidad privada para concertar con la administración las plazas correspondientes a personas dependientes que no puedan ser asumidas por los centros y servicios públicos, así como para prestar los servicios previstos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
2. Los centros acreditados tendrán acceso preferente a las subvenciones o ayudas públicas que la consejería competente en materia de bienestar social pudiera establecer.
Artículo 18.—Requisitos básicos para la acreditación de centros y servicios sociales.
1. Para obtener la acreditación, los servicios y centros de servicios sociales deberán cumplir los requisitos y condiciones exigidos para su funcionamiento, los requisitos básicos previstos en los apartados siguientes de este artículo, así como aquellos otros que, en desarrollo de este reglamento, pudieran establecerse.
2. Los centros y servicios acreditados observarán los siguientes principios de funcionamiento:
a) Adecuación. Los centros y servicios, así como los programas y prestaciones que en los mismos se desarrollen, se adecuarán funcionalmente a las condiciones de las personas usuarias, en especial de las personas con mayor grado de dependencia.
b) Normalización. Los centros y servicios desarrollarán su actividad a través de conductas y pautas de comportamiento que se adecuen lo más posible a las consideradas como cotidianas para la ciudadanía.
c) Estimulación, de manera que se favorezca el desarrollo de la autonomía personal de la persona usuaria.
d) Respeto a la persona y su intimidad. Los centros y servicios procurarán un trato digno y garantizarán los derechos legalmente reconocidos a las personas usuarias, sin perjuicio de las limitaciones que pudieran establecerse por resolución adminis¬trativa o judicial. Los protocolos de actuación e intervención necesaria respetarán y protegerán el derecho a la intimidad de las personas usuarias.
e) Autonomía y elección. La persona ha de tener control sobre su propia vida y actuar con libertad. La dirección y organización del centro o servicio procurará ofrecer a las personas usuarias distintas opciones en las condiciones de vida y actividades que se desarrollen, fomentando su derecho a decidir.
f) Participación. Se articularán mecanismos y vías de participación de las personas usuarias en las actividades y funcionamiento de los centros o servicios.
g) Integración, tanto en el ámbito social como cultural.
h) Globalidad e interdisciplinariedad. Se procurará una atención integral a la persona usuaria, desde un enfoque interdisciplinar, que incluya las esferas sanitaria, psicológica, social, cultural y ambiental, en función de la naturaleza del centro o servicio de que se trate.
i) Profesionalización. El personal de los centros y servicios tendrá la cualificación técnica correspondiente a su nivel profesional.
j) Atención personalizada. La atención a la persona usuaria se adaptará a las necesidades de cada individuo.
k) Prevención, a nivel sanitario y social, llevando a cabo, de forma coordinada, actuaciones de promoción de la autonomía personal.
l) Confidencialidad, por parte del personal y dirección de los centros y servicios respecto a todo aquello que se refiera a las personas usuarias.
m) Colaboración con la Administración, debiendo aportar todos los datos e informes que se soliciten con carácter periódico o puntual.
3. Los edificios que alberguen centros de servicios sociales acreditados deberán cumplir las siguientes condiciones básicas:
a) Deberán existir medidas ambientales para favorecer un ambiente físico que cumpla las siguientes características:
—Orientador: Ofreciendo, de un modo especial para las personas con deterioro cognitivo, referencias que favorezcan la orientación temporal, espacial y personal.
—Seguro: Adoptando las medidas oportunas para minimizar los riesgos y estableciendo un ambiente seguro para la persona usuaria.
—Confort: Favoreciendo una decoración que proporcione un ambiente cálido, familiar y confortable.
—Estimulación sensorial adecuada: Evitando tanto un exceso de estimulación como el defecto o ausencia de la misma.
b) Dispondrán de espacios y dependencias adicionales a los mínimos establecidos para su funcionamiento y/o con condiciones de habitabilidad de superior calidad a las ya exigidas para el funcionamiento de los centros, todo ello en los términos que se determinarán en la normativa de desarrollo de este decreto.
4. Para su acreditación, los servicios deberán cumplir, con carácter previo, los siguientes requisitos básicos:
a) Los servicios deberán ofrecer a las personas usuarias, además de los de carácter obligatorio para su funcionamiento, las prestaciones y programas adicionales que, en función de su objeto y actividad, se establezcan en la normativa de desarrollo de este reglamento.
b) Contarán con el personal necesario y debidamente cualificado para la prestación de una atención de calidad a las personas usuarias, cuyo número, categorías y titulaciones profesionales exigibles se concretarán en la normativa de desarrollo de este reglamento en función de la tipología, intensidad de la prestación de cada recurso y programas que desarrollan.
La plantilla de personal deberá tener carácter estable, en los términos que se establezcan, y se habilitará un plan de formación continua para la cualificación de ésta.
Igualmente, los servicios deberán justificar documentalmente, y con carácter previo, el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en concreto, que cuando empleen un número de trabajadores/as que exceda de 50 vendrán obligadas a emplear un número de personal con discapacidad no inferior al 2 por 100 de la plantilla, o cumplir con las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril y demás normativa de aplicación.
c) Cada servicio deberá disponer del manual de buenas prácticas que apruebe la administración para su consulta por el personal.
d) Existirá una metodología de trabajo en equipo que promueva la personalización de la atención.
Igualmente, deberá existir un sistema de seguimiento continuado de las personas usuarias.
e) La organización de los servicios deberá posibilitar y facilitar la participación de las personas usuarias, sus familias y profesionales en el desarrollo y gestión de los mismos.
Para ello existirán sistemas de participación que serán recogidos en el reglamento de régimen interior.
f) Los servicios de alojamiento y de centro de día, tanto de personas mayores como de personas con discapacidad, deberán disponer de estrategias y actividades planificadas donde se promueva tanto la participación de las personas usuarias en las actividades de índole social o festivo que se realicen en la comunidad, como la participación de los familiares de los mismos y las entidades del entorno en las actividades promovidas por el establecimiento en que se prestan dichos servicios.
g) Con carácter adicional a lo exigido para el funcionamiento de los servicios, se requerirá que éstos dispongan, al menos, de la siguiente documentación e información:
1º. Plan de gestión de calidad, que incluya mapa de procesos, procedimientos y protocolos de actuación referidos a las personas usuarias y sus familias, a los servicios y a los recursos humanos, con establecimiento de unos indicadores mínimos asociados.
La normativa de desarrollo de este reglamento podrá incorporar la exigencia de algún sistema adicional de certificación, evaluación externa, auditoría de calidad, modelo de calidad o compromiso de plan de mejora.
2º. Carta de servicios.
3º. Carta de derechos y deberes de la persona usuaria y sus familiares.
4º. Documentación referida a la persona usuaria, que recoja los objetivos, plan de trabajo interdisciplinar e intervenciones, así como la evaluación de los resultados en cuanto a mejora de su calidad de vida.
A estos efectos, los servicios elaborarán, para cada usuario, un plan individual de atención que incluirá, como mínimo, la valoración integral de la persona usuaria, una propuesta de servicios, programas y pautas de atención individualizada, un seguimiento, evaluación y revisión periódica del plan y la designación de un profesional de referencia para la persona usuaria o su representante, y en su caso, sus familiares.
En la elaboración inicial del plan, y en cada revisión del mismo, la persona usuaria o su representante, y en su caso, sus familiares tendrán una participación activa.
5º. Información, en formato accesible y lenguaje comprensible, a suministrar a la persona en situación de dependencia y/o a sus familiares en relación a las ayudas, prestaciones o servicios a que pudieran tener derecho.
6º. Información referida a las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad del centro o servicio.
En todo caso se exigirá garantía de privacidad respecto de los datos referidos a las personas, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
1. El procedimiento para la acreditación de los centros o servicios se iniciará a instancia de la persona interesada, mediante la presentación de la oportuna solicitud en modelo normalizado a la que acompañará una memoria explicativa y detallada acerca de su adecuación a los criterios o requisitos de acreditación que se establezcan, así como la documentación acreditativa de su cumplimiento.
2. La solicitud podrá igualmente cursarse por los medios telemáticos que la administración establezca al efecto y en las condiciones que se determinen.
3. Cuando la solicitud no reuniera los requisitos mínimos para su tramitación o no acompañara toda la documentación exigida, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de 10 días hábiles subsane las deficiencias o aporte los documentos requeridos, con indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá por desistido del procedimiento, previa resolución, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71.1 de la citada Ley 30/1992.
4. Una vez valorada la documentación inicialmente aportada y la complementaria que, en su caso, sea requerida, la inspección de servicios sociales procederá a verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos de acreditación exigibles y formulará el correspondiente informe-propuesta.
5. El expediente completo, se elevará a la consideración del/la titular de la consejería competente en materia de bienestar social que resolverá sobre la concesión o no de la condición de centro o servicio acreditado.
Podrá entenderse estimada la solicitud de acreditación si, transcurrido el plazo de tres meses desde su presentación, no se hubiere notificado la resolución de concesión o denegación de la misma.
6. Una vez concedida la acreditación, se dará traslado de oficio al Registro de entidades, centros y servicios sociales para la práctica de la anotación correspondiente.
Las personas titulares o gestoras de los centros y servicios acreditados además del mantenimiento de las condiciones y requisitos necesarios para su otorgamiento, estarán obligadas a:
a) Remitir anualmente a la consejería competente en materia de bienestar social una memoria anual de actividades del centro, en la que se incluirán los datos de plantilla y perfiles profesionales del personal del centro.
b) Facilitar a la consejería competente en materia de bienestar social la información y documentación que ésta le requiera, sobre las condiciones organizativo-funcionales o materiales del centro o servicio, así como cuantos datos económicos y estadísticos le sean exigibles con arreglo a la normativa vigente. Al objeto de posibilitar la adecuada planificación de servicios y prestaciones, la Administración podrá recabar de los titulares información relativa a las personas usuarias de los centros o servicios.
1. La acreditación de centros y servicios sociales tendrá carácter indefinido, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes.
2. No obstante, la acreditación otorgada se entenderá condicionada al mantenimiento de las condiciones y requisitos necesarios para su otorgamiento.
3. La consejería competente en materia de bienestar social podrá revocar la acreditación, previa tramitación del expediente administrativo correspondiente con audiencia de la persona interesada, en los siguientes supuestos:
a) Por el incumplimiento de los requisitos materiales necesarios para su obtención, previo requerimiento de corrección del incumplimiento efectuado por la administración.
b) Por el incumplimiento, en más de una ocasión, de los requisitos de servicios mínimos a prestar, ratios de personal, requisitos de estabilidad en el empleo, formación del personal o cualquier otro de índole organizativo-funcional.
c) Por la imposición de sanciones como consecuencia de la comisión de una infracción grave o muy grave o de tres leves en el plazo de 6 años.
4. Igualmente, la persona titular del centro o servicio acreditado podrá renunciar voluntariamente a la acreditación mediante comunicación escrita a la inspección de servicios sociales, practicándose la consiguiente anotación en el Registro de entidades, centros y servicios sociales.
5. El centro o servicio al que se hubiere revocado la acreditación o renuncie a ésta no podrá resultar nuevamente acreditado hasta trascurridos 2 años desde la revocación o renuncia.
El Registro de entidades, centros y servicios sociales, de carácter público y naturaleza administrativa, estará adscrito orgánica y funcionalmente a la consejería competente en materia de bienestar social.
Están sujetos a inscripción en el Registro todos los centros y servicios sociales, públicos o privados, con o sin ánimo de lucro, incluidos en el ámbito de aplicación del presente decreto, así como las entidades y personas titulares de los mismos.
1. El Registro se organiza a través del libro diario y el libro de registro.
2. En el libro diario se anotarán, numeradas y por orden cronológico cuantas incidencias se produzcan y afecten al régimen del registro, autorización, acreditación o comunicación de entidades, servicios o centros de servicios sociales relativas a los datos que obligatoriamente han de constar en el mismo.
3. El libro de registro se estructura en tres secciones:
a) La primera, relativa a las entidades y personas titulares de centros y servicios, que constará de tres subsecciones:
1º. Subsección primera: referida a las administraciones y entidades públicas.
2º. Subsección segunda: en la que se incluirán a las entidades sin ánimo de lucro.
3º. Subsección tercera: a la que accederán las personas o entidades privadas, distintas de las anteriores, titulares de centros o servicios de carácter social.
b) La segunda, en la que se inscribirán los centros de servicios sociales, y que se divide en cinco subsecciones:
1º. Subsección primera: centros para personas mayores.
2º. Subsección segunda: centros para personas con discapacidad o dependencia menores de 65 años.
3º. Subsección tercera: centros de atención a menores y familia.
4º. Subsección cuarta: otros centros.
c) La tercera, referente a los servicios sociales, constará de las siguientes subsecciones:
1º. Subsección primera: servicios de carácter general.
2º. Subsección segunda: servicios para personas mayores.
3º. Subsección tercera: servicios para personas con discapacidad o dependencia menores de 65 años.
4º. Subsección cuarta: servicios para los menores y la familia.
5º. Subsección quinta: otros servicios.
4. En las secciones del Registro podrán practicarse los siguientes asientos:
a) Inscripciones: que suponen el acceso de una persona o entidad, centro o servicio al Registro, con asignación del número de registro correspondiente y, en su caso, número de plazas autorizadas.
b) Anotaciones: que hacen constar, de modo sucesivo, situaciones posteriores que deben de ser autorizadas por la consejería competente en materia de bienestar social, la variación de los datos inicialmente inscritos o hechos que deben de ser comunicados a ésta.
c) Cancelaciones: que dejan sin efecto la inscripción en que se practiquen.
5. Tanto el libro diario como el libro de registro podrá tener soporte informático, cumpliéndose las condiciones que establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, siempre que dicho soporte resulte apropiado para recoger y expresar, de modo indubitado y con adecuada garantía jurídica, seguridad de conservación y facilidad de acceso y comprensión, todos los datos que deban constar en el Registro.
1. La inscripción de las personas o entidades titulares de centros o servicios podrá efectuarse a instancia de parte, como consecuencia de la comunicación a que se refiere el artículo 6, o de oficio cuando, no habiendo efectuado comunicación la persona interesada, resulte procedente por haberse practicado la inscripción de la autorización de funcionamiento de algún centro o servicio de su titularidad o por haberse transmitido la titularidad del centro o servicio a una tercera persona no inscrita.
2. Recibida la comunicación a que se refiere el artículo 7, el órgano encargado del registro verificará si la documentación presentada está completa y es correcta y, en su caso, requerirá la persona interesada para que en el plazo de 10 días hábiles aporte los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá por desistido del procedimiento, previa resolución, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71.1 de la citada Ley 30/1992.
Una vez completa la documentación e información a facilitar por la entidad, y mediante resolución de la consejería competente en materia de bienestar social, se acordará o denegará la inscripción, dentro del plazo de tres meses a contar desde el día de la presentación de la comunicación. En caso de que hubiera transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado la resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud de inscripción.
3. Cuando la inscripción de personas o entidades titulares se efectúe de oficio, el órgano encargado del registro formulará el correspondiente requerimiento para que, en el plazo de un mes, se aporte la documentación e información preceptiva conforme al artículo 6 que no obre en poder de la administración, no procediendo a la inscripción de la autorización de funcionamiento de sus centros o servicios o a la anotación del cambio de titularidad de los mismos en tanto no se atienda dicho requerimiento.
Aportada la documentación requerida, y previa resolución de la consejería competente en materia de bienestar social que acuerde la inscripción de la entidad o persona titular se procederá a la práctica de ésta.
4. La inscripción de los centros y servicios sociales se realizará de oficio por el órgano encargado del registro, previa resolución de la consejería competente en materia de bienestar social por la que se otorgue la autorización administrativa de funcionamiento y se acuerde la inscripción del centro o servicio.
5. Las sucesivas anotaciones en las hojas de registro de las entidades, centros o servicios, se realizará de oficio, cuando se trate de circunstancias conocidas por la administración como consecuencia de procedimientos administrativos tramitados ante ésta o cuando, por cualquier medio, se constate la discordancia del dato registrado con la realidad. Igualmente, podrán practicarse anotaciones a instancia de la persona interesada respecto de aquellas circunstancias que ésta tuviere obligación de comunicar a la Administración.
Tendrán acceso al Registro aquellos documentos que recojan con exactitud los hechos o actos objeto de anotación.
6. La cancelación de las inscripciones correspondientes a entidades procederá en el caso de extinción de la personalidad jurídica o fallecimiento de la persona física, por comunicación del interesado o comprobación administrativa de dicha circunstancia, y siempre previa resolución al efecto.
La cancelación de inscripciones de centros o servicios de titularidad privada se efectuará, previa resolución del titular de la consejería competente en materia de bienestar social, por la revocación de su autorización de funcionamiento en los supuestos establecidos en el artículo 12.1.
La cancelación de las inscripciones de centros o servicios de titularidad pública se practicará, a solicitud de la administración, organismo autónomo o entidad pública de la que dependan.
El ejercicio de los derechos de acceso y rectificación de los datos incorporados al Registro de entidades, centros y servicios, se realizará conforme dispone la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
1. En la hoja registral relativa a cada entidad o titular de centros o servicios de carácter social se incluirán, en el momento de la inscripción, los siguientes datos:
a) Fecha y número de registro.
b) Nombre de la persona física o denominación de la persona jurídica.
d) Número de inscripción de la persona jurídica en el Registro de asociaciones, fundaciones, cooperativas, mercantil o aquel que le corresponda en virtud de su normativa de aplicación.
e) Ámbito territorial en que actúa.
f) Objeto principal.
g) Representante legal.
h) Domicilio, teléfono, fax y dirección de correo electrónico, en su caso.
2. Una vez practicada la inscripción, se podrán realizar las siguientes anotaciones:
a) Centros y servicios de su titularidad inscritos en las secciones correspondientes del Registro y su fecha de autorización.
b) Conciertos o convenios suscritos con entidades públicas.
c) Subvenciones o ayudas concedidas por las Administraciones Públicas.
d) Medidas provisionales adoptadas en los procedimientos sancionadores incoados en materia de servicios sociales.
e) Sanciones administrativas impuestas y que hayan adquirido firmeza.
f) La variación o pérdida de vigencia de alguno de los datos incluidos en la inscripción o en las correspondientes anotaciones.
3. Con la inscripción, accederán a la hoja de registro de los centros de servicios sociales los siguientes datos:
a) Denominación del centro y número de registro.
b) Fecha de autorización y de inscripción.
c) Nombre de la persona física o denominación de la persona jurídica titular del centro y número registral de ésta.
d) Tipo de centro.
e) Número de plazas autorizadas, cuando proceda.
f) Dirección, teléfono, fax y dirección de correo electrónico, en su caso.
g) Área de servicios sociales en que se ubica.
4. A continuación, y de manera sucesiva, se anotarán las circunstancias siguientes:
a) Persona física o jurídica gestora del centro, cuando ésta sea distinta de la titular.
b) Persona que ejerza la dirección del centro.
c) Comunicaciones relativas a cambios de titularidad o cierres temporales o definitivos.
d) Obtención de la condición de centro acreditado, fecha y extensión de la acreditación e la implantación de otros sistemas de calidad.
e) Número de plazas concertadas con entidades públicas, en su caso, y fecha del concierto.
f) Servicios que presta el centro.
g) La variación o pérdida de vigencia de alguno de los datos incluidos en la inscripción o en las correspondientes anotaciones.
5. El contenido de la inscripción registral de los servicios hará referencia a los siguientes extremos:
a) Denominación del servicio y número de registro.
c) Nombre de la persona física o denominación de la persona jurídica titular del servicio y número registral de ésta.
d) Tipo de servicio.
e) Ámbito de actuación y descripción del servicio.
f) Centro o dependencia desde el que se presta y dirección del mismo, cuando proceda.
6. Una vez practicada la inscripción, se podrán realizar las siguientes anotaciones:
a) Persona física o jurídica gestora del servicio, cuando ésta sea distinta de la titular.
b) Persona que ejerza la dirección del servicio.
c) Comunicaciones relativas a cambios de titularidad o suspensiones temporales o definitivas en la prestación de éste.
d) Obtención de la condición de servicio acreditado, fecha y extensión de la acreditación e la implantación de otros sistemas de calidad.
e) La variación o pérdida de vigencia de alguno de los datos incluidos en la inscripción o en las correspondientes anotaciones.
1. En el momento de la práctica de la inscripción de cada entidad o persona física titular, servicio o centro que se registre, se asignará un número de registro formado por la letra E, C o S, según se inscriban en la sección del libro de registro correspondiente, respectivamente, a entidades y personas titulares, centros o servicios, seguida del ordinal correspondiente a la inscripción que se efectúa, permaneciendo invariable durante toda la vigencia de la inscripción.
2. La cancelación de una inscripción no habilitará para la asignación del número correspondiente a una nueva entidad, centro o servicio.
1. La inscripción tendrá efectos desde la fecha de la resolución administrativa que la acuerde.
2. La inscripción de entidades o personas titulares no supondrá la autorización de los servicios y centros dependientes de éstas.
3. La actualización de los datos registrales de las entidades, centros o servicios será requisito indispensable para la celebración de conciertos o convenios con la administración autonómica y para la concesión por la misma de subvenciones o cualquier clase de ayuda en materia de servicios sociales.
1. La persona o entidad inscrita deberá comunicar al órgano encargado del Registro, en el plazo de un mes desde la fecha en que se produzcan, todas las variaciones de los datos incluidos en su hoja de registro.
2. Las anotaciones referidas a sanciones administrativas leves, graves y muy graves se podrán cancelar a instancia de parte una vez transcurrido uno, tres y cinco años, respectivamente, desde que sean firmes, siempre que se hayan cumplido en su totalidad.
Dado el carácter público del Registro, el acceso a la información contenida en el mismo podrá ejercitarse por cualquier particular, en los términos y condiciones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y con las limitaciones previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por exhibición de los asientos contenidos en los libros, mediante certificaciones expedidas, previa solicitud, por el órgano encargado del mismo, o por los medios telemáticos que se establezcan.
1. Los centros y servicios sociales regulados en el presente reglamento serán objeto de inspección en los términos previstos en la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 1 de febrero, de Servicios Sociales, en la Ley del Principado de Asturias 7/1991, de 5 de abril, de Asistencia y Protección al Anciano, y demás normas de aplicación.
2. Mediante resolución del titular de la consejería competente en materia de bienestar social se aprobará el plan anual de inspección en el que se establecerán los objetivos, líneas de actuación, acciones concretas y criterios para su ejecución y seguimiento, y se aprobarán los distintos protocolos de actuación y modelos de actas.
3. Los planes de inspección que se aprueben garantizarán, en todo caso, una inspección completa de cada centro o servicio cada dos años a efectos de verificar el mantenimiento de los requisitos que fundamentaron su autorización y/o acreditación.
La Inspección actuará de oficio por denuncia, orden superior o a petición razonada de otros órganos administrativos. La inspección también podrá realizarse a solicitud del propio centro o servicio a inspeccionar.
1. El personal inspector, en el ejercicio de las funciones que le son propias, deberá actuar con arreglo a los principios de legalidad, economía, celeridad, eficacia, objetividad, transparencia e imparcialidad y deberá guardar secreto y sigilo profesional respecto de los asuntos que conozca por razón de su cargo, función y actuaciones.
2. Las visitas de inspección deben efectuarse en presencia del titular o responsable de la entidad, servicio o centro, o de la persona que asuma sus funciones en su ausencia.
3. El personal inspector estará provisto de un documento identificativo, que le acredite para cumplir sus funciones, en el que deberán constar su nombre y apellidos, el documento nacional de identidad y la unidad administrativa a la que está adscrito, y que exhibirá al inicio de las actuaciones que practique.
4. En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector está facultado para:
b) Recabar los documentos e informaciones y efectuar las pruebas, tomas de muestras, investigaciones o exámenes necesarios para comprobar los hechos objeto de inspección así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre centros y servicios sociales, respetando en todo caso lo dispuesto por la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.
d) Requerir la subsanación de las deficiencias o irregularidades que detecten.
5. En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector actuará con el respeto y la consideración debidos a las personas interesadas y al público en general, informándoles de sus derechos y deberes y de los cauces efectivos para su ejercicio, de acuerdo con la normativa en materia de servicios sociales, a fin de facilitar su adecuado cumplimiento.
1. Las personas responsables de las entidades, servicios y centros, así como sus representantes y el personal a su servicio, están obligados a facilitar las funciones de inspección, posibilitando el acceso a las dependencias, obras e instalaciones, y el examen de documentos, registros, libros y datos estadísticos, y, en general, a cuanto pueda conducir a un mejor conocimiento de los hechos y a la consecución de la finalidad de la inspección, así como a suministrar cualquier otra información necesaria para comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de servicios sociales.
En el desarrollo de su función inspectora, la inspección de servicios sociales actuará dentro de los límites que imponen la legislación sobre protección de la intimidad, datos personales y secreto profesional, velando porque toda actuación que incida en dichos derechos se realice previa ponderación de los bienes y derechos afectados, con acceso a la información estrictamente necesaria para verificar que la asistencia recibida por las personas usuarias sea la adecuada.
2. Los restantes órganos y organismos del Principado de Asturias están obligados a colaborar con la mayor eficacia y celeridad con la inspección de servicios sociales.
1. Una vez realizadas las actuaciones oportunas, el personal inspector extenderá la correspondiente acta, haciendo constar, al menos, los siguientes datos:
c) Identificación de la entidad, servicio o centro inspeccionados y de la persona ante cuya presencia se lleva a cabo la inspección, haciendo constar su conformidad o disconformidad con respecto a su contenido, así como sus alegaciones si desea formularlas.
d) Descripción concreta de los hechos y circunstancias concurrentes y de las presuntas infracciones cometidas, haciendo constar, en su caso, el precepto o preceptos que se consideren vulnerados.
2. El acta será firmada por el inspector actuante y por la persona titular del centro, su representante o, en su defecto, por la persona presente en la inspección, a quién se facilitará una copia de la misma.
Si la persona con quien se entiendan las actuaciones se negase a firmar el acta se hará constar esta negativa en la misma. Si se negase a recibir la copia del acta se hará constar también en la misma, teniéndose por practicada la notificación. En tal caso, el correspondiente ejemplar le será cursado, a efectos meramente informativos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que haya tenido lugar la visita de inspección.
3. El personal que realice las funciones de inspección tendrá la consideración de agente de la autoridad. Los hechos constatados que se formalicen en las actas observando los requisitos legal y reglamentariamente establecidos, gozarán de presunción de veracidad sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses, puedan aportar las personas interesadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1. La persona titular o responsable de la entidad, servicio o centro inspeccionado deberá subsanar, en el plazo establecido en el requerimiento que se le formule al efecto, los incumplimientos de la normativa que se hubieran detectado en el curso de la inspección.
2. Transcurrido este plazo, la inspección procederá a visitar de nuevo la entidad, servicio o centro para verificar la adopción de las oportunas medidas correctoras.
3. Si el personal inspector consignara en acta hechos que pudieran constituir infracciones a la normativa en materia de servicios sociales, el órgano competente iniciará el correspondiente procedimiento sancionador.
4. Cuando, en el ejercicio de sus funciones, el personal inspector tuviere conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, falta o infracción administrativa en otros ámbitos competenciales, lo comunicará a la autoridad judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Ministerio Fiscal o al órgano administrativo competente por razón de la materia.

References: artículo 5
 artículo 10
 artículo 42
 artículo 25
 artículo 10
 artículo 42
 artículo 25

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36
 resolución 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 7
 resolución 
 artículo 71
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 18
 resolución 
 artículo 38
 Real Decreto 
 artículo 71
 resolución 
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 71
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 12
 resolución 
 resolución 
 artículo 137