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BOE.es - Documento BOE-A-2011-15999
Documento BOE-A-2011-15999
«BOE» núm. 245, de 11 de octubre de 2011, páginas 106960 a 107000 (41 págs.)
Uno de los principales efectos de la crisis económica en nuestro país ha sido el incremento de las tasas de paro. El desempleo ha aumentado de manera drástica duplicando las tasas anteriores hasta situarse en torno al 20 por ciento de la población activa.
El proceso de destrucción de empleo en la economía española, como consecuencia de la crisis económica y financiera, ha significado asimismo una importante limitación en la efectividad de las actuales políticas activas de empleo. Por ello, recuperar la senda de la creación de empleo y reducir el desempleo se ha convertido en una exigencia del conjunto de la sociedad y, por tanto, debe constituir el objetivo último fundamental de toda política activa de empleo.
La situación económica actual tiene una incidencia especialmente negativa sobre la incorporación de jóvenes a la vida laboral. La tasa de desempleo juvenil (jóvenes hasta 30 años de edad) supera la cifra del 30 por ciento, con el consiguiente aumento del riesgo de exclusión social en los casos de desempleo de larga duración. Además, España cuenta con un alto índice de abandono escolar (en torno al 31 por ciento) y con un número de jóvenes con titulación de formación profesional de grado medio menor que los países del entorno europeo. Por otra parte, las previsiones realizadas hasta el horizonte 2020 sobre la demanda y oferta de cualificaciones en el ámbito europeo, indican que los requisitos de cualificación aumentarán drásticamente en la mayoría de los puestos de trabajo. La demanda de trabajadores de cualificación media-alta seguirá aumentando incluso en las profesiones de nivel más bajo.
Para paliar esta situación, se han adoptado diversas medidas de carácter urgente. Así, el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, contempla la realización de acciones de mejora de la empleabilidad, que combinen orientación y formación para el empleo a partir de itinerarios individuales y personalizados.
Por otra parte, la necesidad urgente de una reforma en profundidad de las políticas activas de empleo ha sido acometida mediante el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo.
En dicho Real Decreto-ley, se establece como un eje prioritario la implementación de políticas activas de empleo para aquellos colectivos que más la requieren entre los que se encuentran los jóvenes, con especial atención a aquellos con déficit de formación.
En el capítulo II del Real Decreto-ley 3/2011, se incorpora a la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo la realización de programas de carácter excepcional y duración determinada, cuya ejecución afecte a todo el territorio nacional, siendo imprescindible su gestión centralizada a los efectos de garantizar la efectividad de los mismos y para extender las posibilidades de participación en los mismos a todos los potenciales beneficiarios. Así mismo, se contemplan acciones y medidas que afecten a un ámbito geográfico superior al de una Comunidad Autónoma y que, por tanto, su ejecución requiera la movilidad de participantes en las mismas a otra Comunidad Autónoma diferente a la suya.
El artículo 23.1 de la citada Ley de Empleo, según la redacción dada al mismo por el artículo 10 del Real Decreto-ley 3/2011, establece que las políticas activas «deberán desarrollarse en todo el Estado, teniendo en cuenta la Estrategia Española de Empleo, las necesidades de los demandantes de empleo y los requerimientos de los respectivos mercados de trabajo, de manera coordinada entre los agentes de formación profesional para el empleo e intermediación laboral que realizan tales acciones, con objeto de favorecer la colocación de los demandantes de empleo.»
En el contexto de esta normativa, el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en su artículo 22.1,b) incluye la programación y gestión en el ámbito estatal de los programas específicos que establezca el Servicio Público de Empleo Estatal para la formación de personas con dificultades para su inserción o recualificación profesional, siendo desarrollado por la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo («BOE» de 18 de marzo de 2008), en los términos establecidos en el Título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Así mismo, la disposición final tercera de dicha Orden faculta al Director General del Servicio Público de Empleo Estatal para dictar, en su ámbito competencial, las disposiciones que sean necesarias para su aplicación.
Por todo lo anterior, resulta necesario impulsar nuevos programas de cualificación y formación que favorezcan la transición hacia un modelo de economía sostenible, generando aquellas competencias profesionales necesarias que precisan los nuevos empleos en sectores con potencial crecimiento y en aquellas otras ramas de actividad que están mostrando una tendencia positiva en la evolución del empleo.
De conformidad con lo establecido en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, antes citada, el procedimiento de concesión de las subvenciones públicas destinadas a financiar la ejecución de los programas específicos para la formación de ámbito estatal dirigidos a las personas empleadas y desempleadas, se iniciará de oficio mediante convocatoria pública realizada por el director general del Servicio Público de Empleo Estatal.
1. La presente Resolución tiene por objeto la aprobación de la convocatoria de subvenciones para la realización de un programa específico, de ámbito estatal, con la finalidad de cualificar y mejorar la empleabilidad de jóvenes menores de treinta años, con especial atención a quienes se hallan en situación de desempleo y a los de baja cualificación, mediante proyectos formativos que incluyan acciones de formación profesional para el empleo y prácticas profesionales no laborales en empresas.
Dicho programa deberá proporcionar a los participantes las competencias que les permitan adaptarse a los nuevos requerimientos del sistema productivo, específicamente en aquellos sectores que muestran una tendencia positiva en su actividad económica o un mayor potencial de crecimiento de empleo incluidos en el anexo I, así como en las ocupaciones correspondientes a los certificados de profesionalidad que figuran en el anexo II.
2. La ejecución del programa previsto en esta convocatoria afectará a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma y facilitará la movilidad de los participantes en los mismos, requiriendo la coordinación unificada del Servicio Público de Empleo Estatal, según lo establecido en el artículo 13 h) de la Ley 56/2003, de Empleo.
1. Al amparo de esta convocatoria se podrán conceder subvenciones para la ejecución de proyectos formativos que contengan, al menos, alguna de las siguientes acciones:
a) Acciones formativas que, no estando dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, respondan a las necesidades de cualificación y/o a los requerimientos de empleo de los sectores de actividad económica incluidos en el Anexo I hacia los que se dirigen dichas acciones, así como la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas.
1.ª Las acciones formativas podrán ser de modalidad presencial, teleformación y mixta (presencial y teleformación), con una duración mínima de 90 y máxima de 300 horas.
La entidad beneficiaria será la responsable de expedir y entregar o remitir a cada participante que haya finalizado la acción formativa un certificado de asistencia a la misma, o bien un diploma cuando haya superado la formación con evaluación positiva, en los que como mínimo se harán constar la denominación de la acción formativa, los contenidos formativos, la modalidad de impartición, duración y período de impartición de la acción y, en su caso, la duración, el período de realización y la empresa en la que se han realizado las prácticas.
2.ª Las prácticas profesionales no laborales en empresas se consideran a todos los efectos como parte del proceso formativo del participante, por lo que deben estar en consonancia con el contenido teórico-práctico de las correspondientes acciones formativas. Se garantizará que el contenido de las prácticas no laborales se corresponde con el desempeño real de la ocupación, situando al participante en el contexto en el que ésta se desarrolla y permitiéndole un contacto con el escenario real de trabajo.
Este tipo de prácticas se realizarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, y su duración supondrá un mínimo del 20 y un máximo del 40 por ciento de la duración de las respectivas acciones formativas.
El porcentaje mínimo de participación en las prácticas profesionales no laborales en empresas se establece en un 80 por ciento del total de participantes en las acciones formativas previstas en este apartado 1.
Las prácticas no laborales no implican relación laboral de los participantes en las acciones formativas con la empresa y no suponen compensación económica a los mismos por su formación práctica, salvo en lo previsto en el artículo 6 sobre becas y ayudas.
Las prácticas profesionales no laborales se podrán desarrollar durante la ejecución de las acciones formativas, siempre que los participantes hayan realizado un mínimo del 30 por ciento de la formación teórica y en horario compatible con el de la acción formativa. Así mismo, podrán realizarse una vez concluida la acción formativa. En ambos casos, será necesario que se haya superado con evaluación positiva la formación teórica realizada.
Antes del comienzo de las prácticas profesionales no laborales, las empresas pondrán en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores su realización, así como una relación de los alumnos que participan en las prácticas.
b) Acciones formativas, de modalidad presencial, vinculadas a uno o varios de los certificados de profesionalidad relacionados en el anexo II, con la acreditación correspondiente para quienes superen el proceso formativo. Esta oferta formativa se realizará por módulos o por unidades formativas en las que aquellos se dividan.
Estas acciones están destinadas a jóvenes de baja cualificación, tanto ocupados como desempleados.
La media de horas de formación en estas acciones por persona participante no podrá superar 450 horas.
El módulo de prácticas profesionales no laborales en centros de trabajo se realizará preferentemente una vez superados el resto de los módulos formativos de cada certificado de profesionalidad, pudiendo desarrollarse simultáneamente a la realización de aquellos. En todo caso, el módulo de prácticas sólo podrá realizarse aisladamente cuando, por sí mismo o junto con otros módulos o unidades formativas, permita a los participantes completar la formación necesaria para obtener el certificado de profesionalidad.
Antes del comienzo de los módulos de prácticas, las empresas pondrán en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores su realización, así como una relación de los alumnos que participan en las prácticas.
Estas acciones formativas deben contemplar el proceso de evaluación necesario, con objeto de comprobar los resultados del aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.
b) Información y asesoramiento que permita identificar los perfiles formativos de los participantes.
f) Realizar los trámites que sean precisos para la gestión de las becas y ayudas a las personas desempleadas participantes en el proyecto, al objeto de proceder a su pago por parte del Servicio Público de Empleo Estatal.
g) Realizar los trámites que sean precisos para la gestión de las compensaciones económicas a las empresas derivadas de la realización de las prácticas profesionales no laborales, al objeto de proceder a su pago por el Servicio Público de Empleo Estatal.
Artículo 3. Acreditación de la formación vinculada a los certificados de profesionalidad y centros acreditados.
1. La formación dirigida a la acreditación, total o parcial, de certificados de profesionalidad se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.1 y 3 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, así como en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, modificado por el Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, y en su normativa de desarrollo.
2. Los centros o entidades de formación deberán estar acreditados por el Servicio Público de Empleo Estatal o la Comunidad Autónoma competente, y reunir los requisitos de idoneidad establecidos en los certificados correspondientes antes del inicio de las acciones formativas.
Los proyectos que se desarrollen al amparo de esta convocatoria se podrán ejecutar a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y hasta el 30 de junio de 2012.
A efectos de la presente convocatoria, se consideran de baja cualificación los jóvenes que no estén en posesión de un carnet profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3, título de formación profesional o de una titulación universitaria.
Podrán realizar certificados de profesionalidad de nivel 2 los jóvenes que cuenten con un certificado de ESO, un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional al que se opta o los que tengan acreditadas las competencias clave necesarias o los conocimientos profesionales o formativos suficientes según los reales decretos que regulan los diferentes certificados de profesionalidad.
2. La selección de las personas participantes será realizada por la entidad beneficiaria. Las personas desempleadas participantes deberán tener la condición de demandantes de empleo y se seleccionarán a propuesta de los correspondientes Servicios Públicos de Empleo o de las entidades colaboradoras de estos.
A tales efectos, la entidad beneficiaria deberá comunicar a los citados Servicios Públicos de Empleo o a las entidades colaboradoras de estos la identificación, el lugar de impartición y la fecha prevista de inicio de las acciones formativas al menos con 15 días de antelación.
Si en el plazo de diez días dichos Servicios o entidades colaboradoras no propusieran personas para participar en el proyecto, la entidad beneficiaria podrá seleccionar otras personas desempleadas en el caso de acciones formativas del artículo 2.1.a) y ocupadas o desempleadas para el artículo 2.1.b) siempre menores de treinta años.
3. No se podrán incluir en cada solicitud menos de 200 ni más de 600 participantes.
Cuando no exista medio de transporte público entre el domicilio de la persona desempleada y el del centro donde se imparte la formación o se realizan las prácticas, o no tenga horario regular que permita compatibilizarlo con el horario del curso, se podrá tener derecho a una ayuda en concepto de uso de vehículo propio, que ascienda a 0,19 euros por kilómetro hasta un máximo de 20 euros diarios. A los efectos del abono de esta ayuda se podrán requerir los soportes documentales acreditativos de la falta de red de transporte público para hacer el trayecto o para compatibilizarlo con el horario del curso.
4. Si el horario de impartición del proceso formativo incluye mañana y tarde y los desplazamientos entre el domicilio habitual de la persona desempleada y el centro de impartición de la formación o de realización de las prácticas alcanzan o superan 20 kilómetros, se podrá tener derecho a una ayuda de manutención por importe máximo de 12 euros diarios.
5. Para trayectos superiores a 100 km, en el supuesto de que los desplazamientos entre el domicilio de la persona desempleada y el lugar de realización del proceso formativo no puedan efectuarse diariamente antes y después de las clases por incompatibilidad entre los servicios de la red de transportes existente y el horario de impartición del curso, se podrá tener derecho a una ayuda de alojamiento y manutención.
7. A los efectos de lo previsto en este artículo, la entidad beneficiaria suministrará información a las personas desempleadas sobre las becas y ayudas a las que puedan optar y sobre los requisitos exigibles para su obtención.
Así mismo, recogerá las solicitudes cumplimentadas y las remitirá, en los diez primeros días tras la finalización por cada participante de su acción formativa o de su práctica no laboral correspondiente, a la Fundación Tripartita, junto con la comunicación de asistencia a la formación, en el modelo que se publicará en la página de internet de la citada Fundación.
La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo tramitará las solicitudes ante el Servicio Público de Empleo Estatal, quien resolverá y, en su caso, procederá al pago de la beca o ayuda mediante ingreso en la cuenta bancaria designada por la persona desempleada. La citada Fundación podrá requerir aquella documentación necesaria para tramitar la solicitud, archivándose la misma si no se contestara al requerimiento en el plazo de diez días.
Artículo 7. Compensación económica a las empresas por las prácticas profesionales no laborales.
1. Las empresas en las que se realicen las prácticas profesionales no laborales previstas (incluidos los módulos de formación práctica) recibirán una compensación económica, en la que se incluirá en todo caso el coste de la suscripción de una póliza colectiva de accidentes de trabajo.
2. La cuantía de la compensación económica a las empresas por la realización de las prácticas será de 3 euros por alumno y hora de prácticas.
3. La entidad beneficiaria y la empresa interesada suscribirán el modelo de acuerdo que figura como anexo IV. Las empresas conservarán una copia de dicho acuerdo, junto con el informe del tutor sobre la realización de las prácticas profesionales no laborales y las pólizas del seguro de accidentes de las personas que las realicen.
Una vez finalizadas las prácticas, en el plazo de diez días la entidad beneficiaria remitirá a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo la solicitud de la empresa para el pago de la compensación económica y la acreditación de la realización de las prácticas, según el impreso que se publicará en la página de internet de la citada Fundación.
La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo tramitará las solicitudes ante el Servicio Público de Empleo Estatal, quien resolverá y, en su caso, procederá al pago de la compensación económica en la cuenta bancaria designada por la empresa. La citada Fundación podrá requerir aquella documentación necesaria para tramitar la solicitud, archivándose la misma si no se contestara al requerimiento en el plazo de diez días.
Cuando no se cumplan las condiciones previstas para el abono de la compensación económica, la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo trasladará la propuesta de denegación al Servicio Público de Empleo Estatal.
En todo caso, el pago de la compensación económica quedará condicionado a que las empresas acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, salvo que se acredite que dichas deudas se encuentran aplazadas, fraccionadas o cuando se hubiese acordado su suspensión.
1. Los proyectos subvencionables que se realicen al amparo de esta convocatoria se financiarán con cargo al crédito presupuestario 19.101.241A.482.50 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal para el ejercicio 2011.
2. La financiación máxima correspondiente a esta convocatoria se eleva a 85.000.000 euros.
1. Podrán ser solicitantes de las subvenciones previstas en esta convocatoria:
a) las organizaciones empresariales y sindicales de ámbito estatal más representativas;
b) las organizaciones empresariales y sindicales representativas en el marco de la negociación colectiva estatal correspondiente a los sectores de actividad económica previstos en el anexo I, así como los entes paritarios creados o amparados en el marco de dicha negociación.
c) las confederaciones y federaciones de cooperativas y/o de sociedades laborales y las organizaciones representativas de la economía social de carácter intersectorial con suficiente implantación en el ámbito estatal;
2. Las entidades beneficiarias a que se refiere el apartado anterior habrán de tener alguna relación con la formación objeto del proyecto en función del sector al que se dirige el proyecto.
3. Para poder acceder a la condición de beneficiarias, las entidades previstas en el primer apartado deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Acreditar capacidad técnica suficiente. A tal efecto se requiere experiencia de al menos tres años, en el ámbito de la formación profesional para el empleo que se certificará mediante una declaración en la que figure una relación de los trabajos realizados durante dicho periodo.
b) Disponer de un número de empresas en los ámbitos de actividades económicas (según CNAE) incluidos en el anexo I, para colaborar en la detección previa de las necesidades formativas relativas a las acciones previstas en el artículo 2.1.a) y garantizar la realización de las prácticas profesionales no laborales.
4. Las entidades que reuniendo los requisitos anteriores se agrupen, al amparo de lo previsto en el artículo 3.6 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, podrán asimismo presentar solicitudes.
1. Cada solicitud deberá contener un solo proyecto. Una entidad no podrá ser solicitante de más de un proyecto. Si se presenta más de una solicitud se admitirá la que tenga la fecha de presentación anterior en plazo. Si la fecha de presentación fuese la misma, se admitirá la que contemple un mayor número de participantes.
b) Compromisos y, en su caso, cuantías que asumen cada uno de los miembros de la agrupación prevista en el artículo 9.4.
e) Sector o sectores de actividad en los que está previsto desarrollar el proyecto.
f) Número de destinatarios por proyecto e importe de la subvención solicitada, detallando los participantes y el número de horas de formación por cada acción formativa.
g) Respecto a las acciones formativas vinculadas a los certificados de profesionalidad, identificar las mismas mediante los códigos del respectivo certificado, del módulo formativo y, en su caso, de la unidad formativa a impartir.
d) Documento acreditativo de la inscripción de la entidad solicitante en el registro oficial correspondiente.
e) Documentación acreditativa de la experiencia necesaria para realizar las acciones objeto de financiación mediante declaración en la que figure una relación de los trabajos realizados por las mismas en los términos establecidos en el artículo 9.3.a).
f) Relación de las entidades que formen la agrupación prevista en el artículo 9.4.
g) Respecto de las acciones previstas en el artículo 2.1.b), documentación que justifique que el centro o los centros de impartición están acreditados por las Administraciones competentes para impartir la formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad. Estos centros deberán reunir los requisitos especificados en los reales decretos que regulan los certificados de profesionalidad correspondientes a la formación que se imparta en ellos, sin perjuicio de los requisitos específicos que podrán establecer las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias.
c) Relación de las empresas que está previsto colaboren en el proyecto, según lo establecido en el artículo 9.3.b).
d) Acciones formativas: duración y contenidos de las mismas. Para el supuesto de las acciones vinculadas a los certificados de profesionalidad habrá que incluir, los certificados respectivos y los módulos y/o unidades formativas para las que se solicita la financiación.
e) Metodología relativa a la planificación, coordinación y seguimiento de las prácticas no laborales en las empresas que se incluyan en el proyecto.
g) Recursos humanos y materiales previstos en relación con las acciones y actividades.
5. No será necesario remitir los documentos que ya estén en poder del Servicio Público de Empleo Estatal por haber sido aportados con ocasión de la tramitación de anteriores solicitudes de subvenciones a iniciativas de formación profesional para el empleo concedidas por dicho órgano. En este caso, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo 35.f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga referencia al expediente administrativo en el que se hallen tales documentos y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
Artículo 12. Requerimientos.
a) Adecuación de la oferta formativa del proyecto a las necesidades del ámbito o sector al que va dirigido.
A tales efectos se tendrá en cuenta la justificación del proyecto, detección de necesidades de cualificación y adecuación de la oferta formativa: hasta 30 puntos.
1.º Experiencia acreditada de la entidad solicitante en las acciones que incluye el proyecto: hasta 15 puntos.
2.º Organización y seguimiento del proyecto: hasta 15 puntos.
3.º Idoneidad de los recursos humanos, técnicos y materiales de los centros en los que está previsto impartir la formación: hasta 10 puntos.
c) Aspectos técnicos de las acciones formativas que integran el proyecto:
1.º Adecuación de los objetivos, contenidos, metodología y recursos didácticos de las acciones formativas: hasta 15 puntos.
2.º Para las acciones previstas en el artículo 2.1.a) propuesta de prácticas no laborales a desarrollar e idoneidad de las empresas en las que se prevé llevarlas a cabo, y para las acciones previstas en el artículo 2.1.b), propuesta de acciones formativas vinculadas a los certificados de profesionalidad: hasta 15 puntos.
La puntuación mínima a obtener en los apartados a), b)1º, b)2º, b)3º, c)1º y c)2º no podrá ser inferior a la mitad más 1 de la puntuación máxima establecida en cada uno de ellos.
En los proyectos en los que se presenten tanto acciones de las previstas en el artículo 2.1.a) como de las previstas en el artículo 2.1.b), se aplicará una valoración media ponderada, considerando para ello el número de participantes previstos para cada tipo de acción, respecto de aquellos criterios que así lo requieran.
1. Las solicitudes que no alcancen la puntuación mínima de valoración técnica establecida en cada uno de los apartados del artículo anterior no serán objeto de financiación.
2. La cuantía de la subvención vendrá determinada por la cuantía solicitada en función del número de participantes previstos, y por los módulos económicos máximos establecidos en el Anexo I de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, cuando se trate de las acciones previstas en el artículo 2.1.a), y por los establecidos en el anexo II cuando se trate de las acciones previstas en el artículo 2.1.b).
Con cargo a los módulos económicos máximos citados en el párrafo anterior se financiarán, además de los costes de las acciones formativas, las actividades asociadas previstas en el artículo 2.2. La imputación de los costes de las actividades asociadas se realizará de conformidad con lo establecido en el Anexo II, apartado 2, de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
Respecto del módulo de formación práctica de los certificados de profesionalidad, el módulo económico máximo aplicable a la financiación del centro o entidad de formación por los costes de la actividad del tutor será de 1,5 euros por alumno y hora de práctica, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 bis.3 del Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre.
3. Se financiarán los proyectos de acuerdo con el orden de puntuación resultante de la valoración técnica obtenida hasta agotar el crédito disponible. A igualdad de puntuación, se financiará aquella solicitud que vaya dirigida al mayor número de participantes. Si tuvieren el mismo número de participantes, se financiarán proyectos por orden de presentación de la solicitud.
2. La Gerencia de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, a la vista del expediente y del informe de la Comisión Permanente del Patronato de la citada Fundación, formulará la propuesta de resolución provisional debidamente motivada, que será sometida al trámite de audiencia de la entidad solicitante para que, en el plazo de 5 días, presente las alegaciones que estime oportunas.
En el caso de que el solicitante formule alegaciones, una vez analizadas éstas, y previo informe de la Comisión Permanente del Patronato, la Gerencia de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo formulará la propuesta de resolución definitiva, y se remitirá al órgano competente para que dicte la resolución.
Si no se presentaran alegaciones en el plazo establecido al efecto, la propuesta de resolución provisional se elevará a definitiva, procediéndose de la forma prevista en el párrafo anterior.
3. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, el solicitante podrá alegar, según lo previsto en el apartado anterior, o reformular su solicitud, en el plazo de 5 días, para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, respetándose, en todo caso, el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.
4. Si el interesado presenta la reformulación de su solicitud, una vez que obtenga la conformidad de la Comisión Permanente del Patronato de la Fundación Tripartita, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la resolución. Por el contrario, si el interesado no reformula su solicitud ni presenta alegaciones en los citados plazos se mantendrá el contenido de la solicitud inicial, elevándose todo lo actuado al órgano competente para que dicte la resolución.
3. Contra las resoluciones dictadas por el director general del Servicio Público de Empleo Estatal cabrá interponer recurso de alzada, ante el Ministro de Trabajo e Inmigración, en los términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
4. Dictada resolución por el director general del Servicio Público de Empleo Estatal se procederá al pago anticipado del importe de la subvención concedida mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de la que sea titular el beneficiario.
Artículo 17. Modificación de la resolución de concesión de la subvención.
1. La entidad beneficiaria podrá solicitar las modificaciones de la resolución de concesión previstas en el artículo 13.2 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el citado precepto.
2. Se exceptúan del procedimiento a que se refiere el apartado anterior las siguientes modificaciones:
a. Respecto de las acciones previstas en el artículo 2.1.a):
1.º Las que afecten a un máximo de cinco participantes por acción formativa respecto de los presentados en solicitud o a un número de participantes que no exceda del 10 por ciento cuando este número resulte superior.
2.º La sustitución de las empresas donde se realicen las prácticas incluidas en la solicitud siempre que dicha modificación no afecte a un porcentaje superior al 50 por ciento respecto del total de los participantes que las realicen y que las nuevas empresas se asemejen en cuanto a su idoneidad y ámbito de actividad a las empresas que sustituyen.
b. Respecto de las acciones previstas en el artículo 2.1.b):
1.º Las relativas a la impartición de módulos o unidades formativas no incluidos en solicitud siempre que formen parte del mismo certificado de profesionalidad que otros módulos o unidades formativas aprobados.
2.º Las que afecten al número de participantes previstos para cada módulo formativo o unidad de formación de un mismo certificado de profesionalidad, siempre que se respete el total de participantes previsto para dicho certificado de profesionalidad.
En los supuestos previstos en este apartado bastará su comunicación previa a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo para su conocimiento.
Asimismo, hasta el tercer día lectivo, inclusive, desde el comienzo del grupo formativo y, en todo caso, antes de que se haya impartido el 25 por ciento de las horas de formación, deberá remitirse telemáticamente a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo una relación de los trabajadores participantes, identificando los que son desempleados, mediante el modelo normalizado disponible en la página de Internet antes citada. En esta relación de participantes se podrá incluir hasta un 20 por ciento más de los previstos para sustituir posibles bajas al inicio del curso. Esta sustitución se admitirá siempre que se produzca antes de alcanzar el 25 por ciento de la duración de la acción formativa.
3. Una vez concluida la impartición de cada grupo formativo y hasta el plazo máximo de tres meses tras la finalización de todas las acciones formativas del proyecto, se podrá remitir la certificación de cada grupo formativo finalizado por la que se comunica la relación de alumnos que han finalizado la formación así como los abandonos producidos. Esta comunicación se realizará telemáticamente en el modelo normalizado disponible en la página de Internet de la Fundación Tripartita y deberán indicarse los costes directos en los que se haya incurrido durante la ejecución del grupo o acción.
5. El beneficiario podrá subcontratar parcial o totalmente, por una sola vez la realización del proyecto formativo. La contratación de personal docente para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación.
6. La autorización previa del órgano concedente a que hacen referencia los apartados 3 y 7.d) del artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrá realizarse de forma expresa en la resolución de concesión de la subvención o bien mediante resolución posterior emitida en el plazo de 15 días a contar desde la solicitud de la autorización. Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano concedente.
1. A efectos de evaluar la calidad de las acciones formativas ejecutadas, las entidades beneficiarias, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, colaborarán con el citado organismo, entre otras actividades, en la distribución y puesta a disposición de las personas participantes, del cuestionario de evaluación de calidad de las acciones formativas incluido en dicha resolución.
Una vez cumplimentado el cuestionario por las personas participantes, las entidades beneficiarias procederán a su custodia y grabación, a fin de que en el plazo máximo de 2 meses tras la finalización del proyecto remitan los resultados extraídos de los cuestionarios a la Fundación Tripartita.
La justificación prevista en este artículo se realizará de conformidad con los criterios, condiciones y obligaciones recogidos en la Instrucción de justificación de la subvención aprobada mediante resolución del director general del Servicio Público de Empleo Estatal. Las consecuencias derivadas de su incumplimiento son las previstas en la citada Instrucción.
3. Cuando se presente la cuenta justificativa, con aportación de justificantes de gasto, el beneficiario deberá presentar en impreso normalizado la siguiente documentación:
El auditor será designado por el beneficiario, debiendo su informe cubrir el contenido y alcance que figuran en el modelo que se acompaña a esta resolución como anexo V.
Disposición transitoria única. Centros y entidades de formación.
Lo dispuesto en la resolución de 29 de julio de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, no será de aplicación a los centros y entidades que participen en las acciones formativas no dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad ejecutadas el amparo de la presente convocatoria.
Madrid, 6 de octubre de 2011.–El Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, Antonio Toro Barba.
Ámbitos sectoriales con mejores perspectivas de empleo
Construcción de edificios (Rehabilitación).
Industria madera y corcho, excepto muebles, cestería y espartería para rehabilitación de edificios.
Fabricación de muebles para rehabilitación de edificios.
Servicios de atención a personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal.
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores .

References: artículo 23
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 22
 Resolución 
 artículo 13
 artículo 24
 artículo 6

Artículo 3
 artículo 11
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 2

Artículo 7
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 35

Artículo 12
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 5
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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Artículo 17
 resolución 
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 artículo 13
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 29
 resolución 
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 Resolución 
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