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Timestamp: 2017-07-26 16:48:31+00:00

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rebecagapa – per laberints
Autor: rebecagapa	Un minuto para el absurdo?	Imagen | 19 septiembre, 201519 septiembre, 2015 | rebecagapa	El Maestro afirmaba que el mundo que ve
la mayor parte de las personas no es el
mundo de la Realidad, sino un mundo creado por sus mentes.
Cuando un sabio quiso contradecirle, el
Maestro puso dos palos sobre el suelo
formando la letra T, y le preguntó:
«No existe la letra T; no es más que un
símbolo que hay en tu mente. Lo que hay ahí
son dos pedazos de rama en forma de bastón».
DE MELLO, A. Un minuto para el absurdo. Trad. Jesús García. 8ª Ed.Cantabria: Edt. Sal Terrae 1993, Col. El pozo de Siquem. 350 pp.
ISBN: 84 ­293 ­1082­ 7
Compártelo:TwitterFacebookGoogleMe gusta:Me gusta Cargando...	Políticas públicas para una cultura libre. Tema 2 #encirc14	4 septiembre, 20144 septiembre, 2014 | rebecagapa	Participación ciudadana y brecha digital
Tarea del tema 2 Políticas públicas para una cultura libre de Artica Online
Defensa teórica
“Es necesario encontrar nuevos modelos de gestión cultural más centrados en promover la cultura como un bien común y no entendida como una mercancía.” Jaron Rowan
Como vimos en ¿Qué es la cultura libre?, el reconocimiento de los derechos culturales permite la defensa teórica del acceso equitativo a las vida cultural y la incorporación de compromisos para “promover la participación activa “y asegurar el acceso justo e igualitario a los recursos culturales”. Annamari Laaksonen defiende en Dibujando el mundo: Derechos, responsabilidades y ciudadanía cultural, que las políticas culturales basadas en la participación y el acceso a los procesos culturales permiten el desarrollo de los derechos humanos culturales, conectando la cultura con otros derechos como el acceso a la información, la libertad de opinión y de expresión, la educación, la autodeterminación y la asociación: “por lo tanto, las políticas culturales públicas, asumiendo uno de los mayores retos de nuestro tiempo, tendrían que asumir, fomentar e impulsar todas las vías que permitan un aumento del acceso a los bienes culturales artísticos.” (CoNCA, Informe anual sobre el estado de la Cultura y de las Artes en Cataluña 2010).
Por un lado, quiero hacer referencia a la Mesa de Cultura Libre de la Cumbre del Buen Conocer de mayo de 2014 donde se proponen una serie de medidas que de alguna manera garantizan el derecho a participar en la vida cultural al tiempo que aseguran la libertad de los usuarios para acceder y disfrutar del arte y la cultura. Una de estas propuestas esenciales para garantizar los derechos mencionados es “el apoyo estatal al microfinanciamiento y la colaboración comunitaria de proyectos culturales”, estableciendo mecanismos para que las personas propongan sus ideas y para que se reciba el apoyo económico y humano para la concreción de las mismas. Indispensable el reconocimiento de la libre circulación de las producciones que se deriven de dichas actividades o proyectos.
Por otro lado, me interesa la defensa de “Una Internet libre, universal y abierta donde los ciudadanos pueden expresarse y comunicarse de forma democrática facilita la circulación de una mayor diversidad de expresiones culturales” que se hace en Políticas públicas para una cultura libre.
¿Por qué a través de las TIC?
En su obra Arte, Ciencia y Tecnología, Pau Alsina afirma que “El desarrollo de las Tecnologías de la Comunicación ha generado un nuevo contexto social en el que las relaciones sociales se hallan mediadas “por artefactos o elementos no humanos que intervienen decisivamente en la relación” (pp. 19). El arte de los nuevos medios y las propuestas que ofrece Internet, las nuevas tendencias y lenguajes que se inclinan hacia la interacción con el territorio y el público “potencian nuevas formas de comportamiento, donde los usuarios pueden ser a la vez receptores y creadores, al diluirse la antigua unidireccionalidad entre la creación-producción-distribución y el acto de consumir” (L. BONET, Transformaciones y paradojas en el comportamiento económico del sector cultural. En La cultura, un motor económico. Cultura, pp 50). La misma visión nos da Alsina cuando afirma que el uso de las TIC e Internet “generan cambios significativos en el ámbito del consumo y producción cultural, en donde el usuario se vuelve también coproductor, o productor”.
Para Bonet, los nuevos canales crean sus propias lógicas de intercambio cultural transformando los procesos creativos y de acceso a la cultura, los modelos de negocio y las implicaciones económicas y legales del sistema cultural en un proceso en el que se deconstruyen los mecanismos de producción y de reconocimiento de valor.
Conjugando lo mencionado anteriormente, defiendo como esencial la creación de espacios públicos a disposición de la comunidad para el desarrollo de proyectos desde la proximidad, la autogestión y la participación comunitaria, con las TIC como herramienta esencial para el diseño de plataformas de participación a través de las cuales gestionar las demandas de la comunidad y diseñar a través de sistemas participativos y asamblearios los diferentes proyectos y actividades, que permitirían la toma de decisiones por parte de los protagonistas sobre las actividades y proyectos que deberían realizarse. De esta manera, la persona consumidora de cultura pasa a participar en el proceso, convirtiéndose en creadora y productora de cultura. Van a ser las mismas comunidades partícipes, los agentes protagonistas del uso que se le de al mismo espacio.
Para ello, es imprescindible, por un lado, el emponderamiento de las personas para que sean conscientes de sus derechos culturales y de acceso al conocimiento. Y, por otro lado, poner a su disposición las herramientas necesarias para poder convertirse en protagonistas de sus propios procesos.
A partir de la reflexión teórica sobre los cambios que las Tecnologías de Información y la Comunicación han provocado en los procesos de acceso a la cultura y el conocimiento y en la producción de los mismos, se hace necesario dar un paso atrás. Hoy día, a las limitaciones en el acceso técnico a Internet o el uso de terminales, hay que sumar las dificultades en la adquisición de los conocimientos y las herramientas necesarias para poder aprovechar el recurso de Internet. Es lo que llamaríamos la brecha digital, que no únicamente hace referencia a la posibilidad técnica de acceder a Internet sino que también describe la exclusión que se puede producir debido a los distintos niveles de alfabetización digital a los que puede acceder la población. No facilitar a las personas las herramientas necesarias para poder aprovechar las herramientas y recursos que facilita la World Wide Web limita las posibilidades de las mismas de ejercer sus derechos culturales, de la información y de la comunicación. Nos encontramos en una situación en la que, si bien las TIC han generado un nuevo contexto social, ciertos sectores de la población, además de no ser partícipes de dicho cambio, entran en un proceso de exclusión social en el que el desconocimiento y la imposibilidad de acceso a las tecnologías implica la limitación en el acceso al conocimiento, la información y la cultura.
Si bien, las TIC en espacios con acceso libre y gratuito a Internet facilitarían en cualquier caso la participación de los ciudadanos a través de plataformas digitales, en un primer lugar se hace necesario poner a disposición de la comunidad los conocimientos necesarios. A través de la alfabetización digital (que ya se realiza desde las administraciones públicas y organizaciones del tercer sector que abogan por la inclusión digital de las personas) y, yendo un paso más allá, facilitando recursos para promover la mentoría digital, se facilitaría el proceso de adquisición de las habilidades necesarias para la autogestión de estos espacios y de sus actividades y proyectos a través de la TIC. Las políticas públicas de alfabetización digital junto con las acciones de mentoría facilitarían a los ciudadanos el poder crear espacios y plataformas de participación garantizando así el acceso de las personas a los nuevos formatos y posibilidades de consumo cultural y, por qué no, de creación o producción de cultura. Además, daría a estas personas la oportunidad de participar en sus propios procesos culturales.
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Tarea del curso “Arte y cultura en circulación: Políticas públicas y gestión de lo común” de Ártica
El pasado jueves, 21 de agosto en la versión digital del diario El País se recogía la siguiente noticia: Bibliotecarios e IU lanzan campañas contra el canon por el préstamo de libros. La noticia aparecía en la sección de CCAA (Madrid) El texto avanzaba que “las bibliotecas públicas tendrán que “remunerar” a los autores siguiendo la normativa aprobada por el gobierno central”. Así es, el viernes 1 de agosto, se publicó en el BOE el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio de 2014, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público, siguiendo así, la directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. De paso, se terminaba de regular el canon ya definido anteriormente en la LPI ( Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.)
Por un lado, la directiva europea parte de que “La piratería constituye una amenaza cada vez más grave” (2) y de que “La protección de los derechos de autor y derechos afines ha de adaptarse a las realidades económicas nuevas, como las nuevas formas de explotación” (4), para defender “un régimen que garantice de manera irrenunciable una remuneración equitativa para autores y artistas intérpretes y ejecutantes, quienes deberán tener la posibilidad de confiar la administración de este derecho a entidades de gestión colectiva que los representen.” (12). ¿Establecer un canon sobre el préstamo en organizaciones públicas y sin ánimo de lucro, puede ser realmente un mecanismo eficiente de lucha contra la piratería y los problemas que puedan ocasionar las nuevas formas de explotación”? De alguna manera, se logran incluir en el mismo saco prácticas ilegales (aquí también se podría incluir un largo debate sobre lo que se consideran prácticas ilegales) y un sistema público y legal a través del cual se promueve el acceso a la cultura por parte de la ciudadanía.
Por otro lado, el artículo 37, la LPI disponía que “los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares de derechos por los préstamos que realicen” siempre que se remunere a los autores por los préstamos de sus obras: “Los titulares de estos establecimientos remunerarán a los autores por los préstamos que realicen de sus obras en la cuantía que se determine mediante Real Decreto.” (Art.37.2).
En el Decreto 624/2014 se regulan definitivamente el procedimiento de pago y los criterios objetivos para el cálculo de la cuantía a pagar “en función de la suma de una cantidad calculada en relación con el número de obras sujetas a derechos de autor puestas a disposición con destino al préstamo, y de una cantidad derivada del número de usuarios efectivos del servicio de préstamo.”(Art.7) y los establecimientos que están obligados a contribuir: “a los préstamos (protegidos por derecho de autor) realizados en museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español” (Art. 2). ¿Puede un criterio que se basa en el número de obras o ejemplares que tiene la institución, en lugar de en el número de veces que se presta esa obra, ser objetivo? Esta ha sido una de las críticas por parte de algunas organizaciones profesionales como ANABAD.
En el artículo 8 se atribuye la gestión de dicha remuneración a las entidades de gestión, que serán las encargadas de “satisfacer anualmente a los autores la remuneración individual que les corresponda por el préstamo de sus obras” (se hayan prestado o no). Podría ser cuestionable que sean entidades privadas que representan únicamente lo intereses de un determinado grupo, las que se encarguen de administrat y gestionar este tributo. Muchos autores que no pertenecen a las mismas, no están con el modelo de gestión de derechos de autor, como indica Pedro Lópen en “El pago en bibliotecas, ¿Deben las entidades de gestión cobrar por el trabajo de los autores?” (www.nuevatribuna.es).
Pero no hay que preocuparse porque, según este decreto, el canon no va a ser una medida abusiva que se aplique indiscriminadamente. Según el texto, quedarán eximidas de dicha obligación las bibliotecas de centros docentes garantizando de esta manera el derecho a la educación “en la línea con lo que viene siendo habitual en nuestro país” (esta afirmación debería intranquilizar a cualquiera que haya observado las últimas reformas educativas que se han realizado en nuestro país). Se libran igualmente las bibliotecas de municipios de menos de 5.000 habitantes. Tampoco se considera que generen derechos de remuneración la consulta in situ o “el préstamo en beneficio de personas con discapacidad, en los términos previstos en el artículo 31 bis 2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.” (Real Decreto 624/2014. Art.3.2).
Lo que me llama la atención es la siguiente afirmación de la que parte el Real Decreto: “la remuneración constituye la contrapartida al perjuicio causado a los autores derivada de la utilización de sus obras en establecimientos accesibles al público sin necesidad de autorización”. Esta afirmación pervierte el trabajo realizado desde bibliotecas, museos y otras instituciones culturales cuyo principal objetivo ha de ser la transmisión de conocimiento garantizando el acceso de la población a la cultura (no la obtención de réditos económicos en perjuicio de los autores). Finalmente, se ha terminado asignando a la transmisión de conocimiento y la participación cultural un valor económico artificial que irá en contra de las posibilidades de acceso de la población a las mismas. El acceso a los bienes culturales debería quedar fuera y a salvo de la lógica mercantilista del sistema capitalista actual a través de una regulación real que sí garantizara el derecho a la cultura, la ciencia y las tecnologías (parafraseando a Lea Shaver). Me quedo con una reflexión de Lea Shaver en su conferencia “Derecho a la cultura, la ciencia y las tecnologías” en la que defiende que la participación cultural, por sus características intrínsecas (no es un bien escaso), debería permitir alcanzar una sociedad más justa. Es una afirmación que puede parecer obvia pero que en estos momentos, no está únicamente cuestionada, sino que, a través de decretos, se ha ignorado y pervertido junto a otros derechos como la educación, la sanidad o el acceso a la justícia.
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia
DIRECTIVA 2006/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJOde 12 de diciembre de 2006 sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derecho de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. (Versión codificada)
Real Decreto 624/2014, de 18 de julio de 2014, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público
Bibliotecarios e IU lanzan campañas contra el canon por el préstamo de libros.
Asociación profesional de archiveros, bibliotecarios y documentalistas de Madrid
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References: Real Decreto 
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 artículo 37
 artículo 8
 artículo 31

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