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PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 015 del 19/01/2001
Dictamen : 015 del 19/01/2001
C-015-2001
19 de enero del año 2001
Con la aprobación del Procurador General de la República, me refiero a la solicitud planteada, según oficio de fecha 4 de diciembre del mismo año, suscrito por su persona.
Se dictamina mediante este pronunciamiento en relación con la situación del señor XXX.
SEGUNDO. Mediante acciones de personal números 98-5748 y 5912, emitidas el 20 y 27 de agosto de 1998, respectivamente, se le reconoció al señor XXX un total de treinta años para el pago de las prestaciones legales.
TERCERO. Se consideraron para esa suma: nueve años laborados en el Ministerio de Seguridad Pública y veintiún años trabajados en el Banco Crédito Agrícola de Cartago (del 2 de enero de 1978 al 24 de agosto de 1998).
En la acción de personal Nº98-5748 se consignó, como "nota": "Tiene un reconocimiento de nueve (9) anualidades M.S.P.".
CUARTO. Sin embargo, según el estudio de la Auditoría Interna, externado mediante el dictamen AOP-264-98, del 29 de octubre de 1998 y complementado con el informe del mismo órgano rendido en el oficio NºAOP-51/99, no procedía el pago de prestaciones por cuatro años de los nueve trabajados por el señor XXX en el Ministerio de Seguridad Pública.
QUINTO. La Auditoría Interna determinó, con aplicación del criterio antes señalado, que al señor XXX se le pagó un exceso de ¢778.066.82 (setecientos setenta y ocho mil sesenta y seis colones con ochenta y dos céntimos), por concepto de prestaciones.
"Según constancia extendida en el Ministerio de Seguridad Pública, el ex - funcionario fue cesado de sus funciones "por reorganización de personal", sin que conste "...resolución de pago de prestaciones legales u otros".
En el expediente no se ubicó declaración jurada que indicara que el ex - funcionario no había recibido prestaciones legales en otra institución pública al momento de su ingreso al banco.
Se le reconocieron y cancelaron 30 años (21 años en el Banco, 9 años en el Ministerio de Seguridad Pública, de los cuales solo de 5 años se evidencia sustento para su pago, sin que se haya podido determinar a qué corresponden los restantes 4 pagados.
Con base en la información disponible se determinó que al señor XXX se le debió haber cancelado solo 26 años, en el caso de que le hubiesen sido canceladas las prestaciones legales por el tiempo laborado en el Banco y en el Ministerio de Seguridad Pública (por 5 años) lo que implicaría un pago en exceso de 4 años, equivalentes a ¢778.066.82 aproximadamente.
Acciones de Personal Nos.98-5748 y 5912, emitidas el 27/8/8, las cuales fueron revisadas por Laura Bianchini G., Miriam Calvo D. Y aprobadas por Patricia Zúñiga C."
SEPTIMO. Dado lo anterior, se instruyó un procedimiento contra el señor XXX, por decisión del señor Gerente General de ese Banco. Procedimiento que se inició según resolución del Órgano Director dictada a las nueve horas del ocho de junio de mil novecientos noventa y nueve.
OCTAVO. La audiencia oral se realizó a las 11:00 horas del 30 de julio de 1999. En ella el representante legal del señor XXX ofreció como prueba una certificación emitida por el Ministerio de Justicia y Gracia, según la cual el señor XXX laboró para ese reparto administrativo desde el 29 de septiembre de 1967 hasta el 1º de agosto de 1972. (folio 3 fte., del legajo correspondiente al procedimiento anulado)
NOVENO. En la certificación antes mencionada se consigna como motivo del cese: "...de conformidad con el artículo 81 del Código de Trabajo...". Igualmente se consigna que no se le pagaron prestaciones.
DECIMO. El Organo Director concluyó y recomendó, mediante resolución de las 10:00 horas del 20 de septiembre de 1999:
De conformidad con lo expuesto este Organo Director concluye que no se ofreció prueba válida, legítima o eficaz que desvirtuara lo apuntado por la Auditoría Interna. Por lo que estimamos que por ese pago de más que señala la Auditoría Interna se efectuó y el cual se le estipuló en el citatorio del Procedimiento, la Hacienda Pública se vio perjudicada en un monto de ¢778,066.82.
Este Organo Director se permite recomendar que en el caso de que el señor XXX no restituya al Banco la suma que éste canceló de más, se debe acudir a instancias judiciales competentes a fin de procurarse resarcimiento económico respectivo, y por ende debe procederse por parte del Jerarca de la Institución , a dictar el acto correspondiente para que el Banco recupere lo pagado de más y que asciende a la suma de ¢778.066.82.
..." . (legajo del procedimiento presuntamente anulado).
No se hizo ningún pronunciamiento en cuanto a la certificación emitida por el Ministerio de Justicia.
DECIMO PRIMERO. No consta que se le haya notificado al señor XXX la presunta anulación de ese primer procedimiento.
"Con fundamento en el informe de fecha 26 de enero del presente año, rendido por la Gerencia General y conocido en esta oportunidad, se acuerda instaurar un procedimiento administrativo contra los ex funcionarios que a continuación se indican, cuyas calidades constan en el referido documento que la Administración ha aportado en esta ocasión: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX XXX , XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX y XXX.
DECIMO TERCERO. La Junta Directiva General acordó en la sesión Nº7372/2000, celebrada el 18 de septiembre del año 2000, según consta en el artículo 10º del acta respectiva:
"Se dispone nombrar a los señores Adrián Leitón Z., y Lino Castillo A., para que en sustitución de la Licda. Ruth Montoya R., y de la señorita Ma. Marta Durán R., y conjuntamente con la Licda. Sonia Gómez E, integren uno de los órganos directores que se abocarán al conocimiento e instrucción de los procedimientos administrativos que se acordó instaurar en sesión Nº7330/2000, artículo 16º, celebrada el 31 de enero del 2000, con fundamento en el informe presentado por la Gerencia General en la sesión últimamente citada, en contra de los ex funcionarios que a continuación se indican, cuyas calidades constan en el referido documento que la Administración aportó: José Angel Fonseca Solís...
Lo anterior, con el fin de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto que ordenó el pago de prestaciones y vacaciones en exceso a dichos señores, que dejaron de laborar en el Banco con motivo de la aplicación del Plan de Reorientación Estratégica y Modernización de esta Entidad. En consecuencia, desarróllese el debido proceso...". .
DECIMO CUARTO. Mediante resolución dictada a las 12:30 horas del veintisiete de julio del 2000, en cumplimiento del acuerdo tomado por la Junta Directiva General del Banco Crédito Agrícola de Cartago, el Órgano Director inició de nuevo el procedimiento; resolvió intimar y citar al señor XXX a una audiencia oral y privada en los términos siguientes:
"Que a usted mediante Acciones de Personal No-5748 y No. 98-5912 y 5912 emitidas el 27 de agosto de 1998, se le canceló un total de 30 años por concepto de prestaciones legales, al acogerse a la "movilidad laboral obligatoria" a saber 9 años en el Ministerio de Seguridad Pública y 21 años laborados en el Banco Crédito Agrícola de Cartago (del 2 de enero de 1978 al 24 de agosto de 1998) no obstante, señala el anexo del supracitado oficio AOP-51-99 que lo que se le tenía que pagar eran los 21 años laborados en el Banco Crédito Agrícola de Cartago más 5 años laborados en el Ministerio de Seguridad Pública.
Señala la Auditoría Interna que al terminar la relación laboral del señor XXX con el Ministerio de Seguridad Pública se le pagó prestaciones sobre 4 años.
Apunta la Auditoría Interna que el Banco Crédito Agrícola de Cartago supuestamente le pagó de más la suma de ¢778.066.82.
DECIMO QUINTO. Mediante la misma resolución antes indicada se comunica que se adjunta expediente administrativo y se procede a hacer un listado de documentos que se ponen a disposición del señor XXX.
DECIMO SEXTO. No consta que el señor XXX haya sido citado en forma personal. Aparece en el expediente una firma ilegible sin indicarse además que corresponde a recibido alguno, así como tampoco a quien corresponde la misma.
DECIMO SEPTIMO. El día 26 de septiembre del 2000, a las 13:00 horas se inició la audiencia oral y privada antes señalada, sin embargo el señor XXX ni persona alguna que lo representara se hizo presente.
DECIMO OCTAVO. En el acta correspondiente a dicha diligencia se consignó:
Habiendo transcurrido treinta minutos después de la hora señalada el señor XXX, no se ha hecho presente y no justificó su ausencia, pese a que en el folio 1 del expediente consta que él recibió la documentación.
DECIMO NOVENO. Mediante resolución del 17 de octubre del año 2000, el Órgano Director del Procedimiento consideró y dispuso:
Que el día señalado para la comparecencia, el señorXXX no se hizo presente y no justificó su ausencia, motivo por el cual este Organo Director dejó constancia de ello, la cual corre en el tomo II del expediente.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 252 de la Ley General de la Administración Pública en armonía con el numeral 315 de ese Cuerpo Legal, al no comparecer el señor XXX el día que fue citado sin que justificara debidamente su ausencia, este Órgano procede a dar la recomendación con los elementos de juicio existentes.
Que no consta ni se aportó prueba legítima, admisible o eficaz que desvirtúe lo apuntado por la Auditoría Interna en el sentido de que al señor XXX se le pagaron cuatro años de prestaciones por servicios al Ministerio de Seguridad Pública, por lo cual no procedía el pago de esos años. Por lo anterior, este Órgano Director estima que por esa cancelación que se efectuó de más, la Hacienda Pública se vio perjudicada en un monto de ¢778.066.82.
Este Órgano Director se permite recomendar que se declare nulo el acto administrativo que ordenó el pago de las prestaciones legales del señor XXX, al violentarse el fin y el objeto del mismo. Entonces, en caso de que el señor XXX no restituya al Banco la suma que éste le canceló de más, se debe acudir a las instancias judiciales competentes a fin de procurarse el resarcimiento económico respectivo.
Por ende debe procederse por parte de la Junta Directiva General a dictar el acto correspondiente para que el banco recupere lo pagado de más y que asciende a la suma de ¢778.066.82 .
B. Vicios en la intimación. Omisión de la citación en forma personal
1. Mediante resolución dictada a las 12:30 horas del veintisiete de julio del 2000, el Órgano Director inició de nuevo el procedimiento y decidió intimar y citar al señor XXX a una audiencia oral y privada.
Sin embargo, la citación se hizo sin el debido cumplimiento del requisito previsto en el inciso f) del artículo 249 de la Ley General de la Administración Pública.
Ciertamente, no se le hicieron al señor XXX los "apercibimientos" a que quedaba sujeto "...caso de omisión, con indicación clara de la naturaleza y medida de las sanciones...."
2. Pero, además, no consta el señor XXX haya sido citado en forma personal. Según se puede corroborar en el folio 1 fte.. del legajo que corresponde al segundo procedimiento. Allí se consigna una firma ilegible sin indicarse a quien corresponde la misma ni tampoco que es lo que supuestamente se habría notificado.
Por lo demás, aunque la firma antes referida es similar a la que consta en el folio 1 fte., del legajo que corresponde al primer procedimiento (el presuntamente anulado), no se puede afirmar con certeza, tampoco, que esa corresponda a la del señor XXX, ya que también es ilegible, aunque dicho señor sí se hizo presente en el lugar y la fecha que allí se indican (dentro del procedimiento presuntamente anulado). En todo caso la diligencia hecha en el procedimiento anulado no podría sustituir la que se debía hacer en el nuevo procedimiento ni tampoco se puede presumir que la citación fue hecha en forma personal.
Consecuentemente, no consta que el señor XXX haya sido intimado, así como tampoco existe la certeza de que se haya puesto a su disposición los documentos que en la resolución citada se indican.
Estas omisiones tienen carácter substancial, ya que ciertamente podría haber imposibilitado el ejercicio del derecho de defensa del señor XXX, más aún considerando que hubo un primer procedimiento a cuya audiencia sí acudió con su representante legal, en el cual ofreció prueba que no fue tomada en cuenta (en ese ni en el segundo) y que la anulación de ese primer procedimiento no se le notificó.
C. Lesión de la legalidad del debido proceso
No es unánime el criterio sobre si es una exigencia procesal la emisión de una recomendación o resolución similar por el órgano director del procedimiento ordinario. Sin embargo, aun cuando no lo fuera, ello no implica que mediante la misma se pueda omitir el cumplimiento de la legalidad del proceso.
En la especie notamos, entre otros aspectos, que, mediante la resolución dictada el 17 de octubre del año 2000, el Órgano Director del Procedimiento tuvo como establecido y consideró:
Señala la Auditoría Interna que al terminar la relación laboral del señor XXX con el Ministerio de Seguridad Pública se le pagaron prestaciones sobre 4 años.
Que el día señalado para la comparecencia, el señor XXX no se hizo presente y no justificó su ausencia, motivo por el cual este Órgano Director dejó constancia de ello, la cual corre en el tomo II del expediente.
Que no consta ni se aportó prueba legítima, admisible o eficaz que desvirtúe lo apuntado por la Auditoría Interna en el sentido de que al señor XXX se le pagaron cuatro años de prestaciones por servicios al Ministerio de Seguridad Pública, por lo cual no procedía el pago de esos años. Por lo anterior, este ORGANO DIRECTOR estima que por esa cancelación que se efectuó de más, la Hacienda Pública se vio perjudicada en un monto de ¢778.066.82..." (El énfasis es nuestro).
Sin embargo la Auditoría Interna consignó en documento que parece ser un anexo del Informe NºAOP-51-99, en lo que interesa,:
Según constancia extendida en el Ministerio de Seguridad Pública, el ex - funcionario fue cesado de sus funciones "por reorganización de personal", sin que conste "...resolución de pago de prestaciones legales u otros".
Con base en la información disponible se determinó que al señor XXX se le debió haber cancelado solo 26 años, en el caso de que le hubiesen sido cancelas las prestaciones legales por el tiempo laborado en el Banco y en el Ministerio de Seguridad Pública (por 5 años) lo que implicaría un pago en exceso de 4 años, equivalentes a ¢778.066.82 aproximadamente.
Ciertamente, aun cuando el titular del derecho subjetivo tenga la oportunidad de impugnar el acto final, mediante el cual eventualmente se declarara la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto, ello no desplaza el deber de conformidad que deben tener los órganos administrativos con el Ordenamiento Jurídico y, en el caso específico, el deber de atenerse a la verdad real de los hechos (artículo 214 de la Ley General de la Administración Pública).
En efecto, según podemos corroborar, tanto en el legajo que corresponde a este procedimiento administrativo como al primero (que fue anulado pero que aparentemente se mantiene como parte del expediente administrativo y que, además contiene documentos que la Administración no descalificó en forma específica y que este órgano no puede ignorar), el señor XXX fue cesado con oportunidad de la ejecución de y dentro de un plan de "movilidad laboral obligatoria". Mediante la valoración conjunta de esta circunstancia y otros aspectos y elementos del procedimiento en el caso concreto no es posible concluir con certeza que existe nulidad absoluta, ni que la misma sea evidente y manifiesta.
. Mediante circular dirigida a: "Todo el personal", cuya fecha no se consigna, se comunicó, en lo que interesa:
c. Que, mediante el informe contenido en el oficio NºAOP-51-99, como ya lo advertimos, la Auditoría Interna manifestó:
Con base en la información disponible se determinó que al señorXXX se le debió haber cancelado solo 26 años, en el caso de que le hubiesen sido cancelas las prestaciones legales por el tiempo laborado en el Banco y en el Ministerio de Seguridad Pública (por 5 años) lo que implicaría un pago en exceso de 4 años, equivalentes a ¢778.066.82 aproximadamente.
Acciones de Personal Nos.98-5748 y 5912, emitidas el 27/8/8, las cuales fueron revisadas por Laura Bianchini G., Miriam Calvo D. Y aprobadas por Patricia Zúñiga C.
..." (El énfasis es nuestro).
Por otro lado, según certificación emitida por el Ministerio de Justicia, el señor XXX laboró en ese reparto administrativo del 29 de septiembre de 1967 hasta el 1º de agosto de 1972. Este documento no aparece autenticado pero, en todo caso, gran parte de los documentos del expediente administrativo son copias simples.
Esta certificación, si bien consta en el legajo del procedimiento que fue anulado, se encuentra dentro del mismo expediente administrativo y no fue desvirtuada en forma específica por la Administración. Con ella se da cuenta de un período de labores con el Estado.
De tal manera que se requeriría un análisis para determinar si ciertamente se rompió la continuidad laboral, dado que el señor XXX habría trabajado para el Ministerio de Justicia del 29 de septiembre de 1967 al 1º de agosto de 1972; para el Ministerio de Seguridad del 16 de septiembre de 1972 al 1º de enero de 1978 y para el Banco Crédito Agrícola de Cartago del 2 de enero de 1978 al 24 de agosto de 1998.
Igualmente, se requeriría un análisis para determinar la posibilidad de la aplicación en el caso concreto del artículo 37 del Estatuto Civil, uno de los fundamentos de la circular sin fecha que ya se mencionó; artículo con el que se dispone, en lo que interesa:
Todo ello, además, en forma relacionado con el régimen específico dentro del cual se desarrollaban las relaciones laborales de los servidores del Banco Crédito Agrícola de Cartago en el momento en que se dio la reestructuración cuyo cese del señor XXX fue una de sus consecuencias.
Según la substanciación del expediente administrativo remitido a este Despacho y el Ordenamiento Jurídico, especialmente los artículos 11, 33, 41, 191 y 192de la Constitución Política y 11, 13, 130, 131, 132, 133, 158, 165, 166, 167, 173, 214 y siguientes y concordantes y 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, no procede dictaminar favorablemente en relación con la presunta nulidad absoluta evidente y manifiesta de los actos administrativos mediante los cuales se le reconoció al señor XXX el pago de prestaciones por treinta años de servicio.
Devolvemos a su Despacho el expediente administrativo relacionado, el cual consta de dos tomos.
Licda. Clara Villegas Ramírez
ASISTENTE ABOGADA

References: resolución 
 artículo 81
 resolución 
 artículo 10
 artículo 16
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 252
 resolución 
 artículo 249
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 37