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Timestamp: 2019-05-23 19:14:51+00:00

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﻿ Sentencia 10103 de abril 6 de 1984
SENTENCIA 10103 DE 06 DE ABRIL DE 1984
CONTENIDO:EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN COMO CAUSA PARA TERMINAR UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE TRABAJO. SE PRECISA QUE EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN EQUIVALE A SU OTORGAMIENTO, DE TAL SUERTE QUE AL TÉRMINO DEL CONTRATO ESTÉ EL TRABAJADOR EN CONDICIONES DE PERCIBIR INMEDIATAMENTE LA PENSIÓN EN SUSTITUCIÓN DEL SALARIO. SE TIENE EN CUENTA ENTONCES QUE EL TRABAJADOR TENGA DERECHO A LAS MESADAS PENSIONALES, SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD CON LA PERCEPCIÓN DEL SALARIO. EL PAGO EFECTIVO DE LA PENSIÓN ES CUESTIÓN DISTINTA, Y SI NO LO OBTIENE EFECTIVAMENTE EN FORMA OPORTUNA, EL TRABAJADOR PENSIONADO TIENE EN SUS MANOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE GARANTICEN SU DERECHO, YA QUE SE PARTE DEL SUPUESTO DE QUE SU PENSIÓN LE HA SIDO DEBIDAMENTE RECONOCIDA U OTORGADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, PENSIÓN DE VEJEZ, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON PREVIO AVISO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN PREVIO AVISO, CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA, TRABAJO SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD
Sentencia 10103 de abril 6 de 1984
Radicación 10.103.
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de Hermelina Matiz Ramos, identificada con C.C. 29.796.542, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 24 de agosto de 1983, en el juicio laboral ordinario de la indemnización por despido contemplada en el artículo 84 del Decreto 2351 de 1965.
El apoderado judicial de la demandada presentó oportunamente promovido por la recurrente contra la Industria Colombiana de Machetes S.A. —INCOLMA—, a fin de obtener el reconocimiento y pago de la indemnización por terminación unilateral del contrato, con base en los hechos de que dio noticia en el libelo inicial.
La empresa demandada admitió los hechos pero se opuso a todas las pretensiones de la demandante, alegando inexistencia de la obligación por haber sido despedida la actora en virtud de la justa causa establecida por el artículo 714 del Decreto 2351 de 1965, por previo reconocimiento por parte del ISS de la pensión de vejez. Tramitó la primera instancia el Juez Tercero Laboral del Circuito, y dictó sentencia absolutoria a la empresa de todos los cargos formulados por la actora, con costas a cargo de ésta. Apeló la demandada y su recurso fue resuelto por el Tribunal en la sentencia que ahora se acusa ante la Corte, mediante la cual se confirmó en un todo la decisión absolutoria del Juez, con costas a cargo de la demandada recurrente.
Interpuso ésta, oportunamente, el recurso extraordinario que ahora se decide, por haber sido tramitado debidamente.
Consta de cinco cargos, con base en la causal primera de casación laboral consagrada por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, y según el alcance de la impugnación se solicita la casación total del fallo acusado para que la Corte, en sede de instancia, revoque en su integridad la providencia del a quo, y en su lugar condene a la empresa al pago escrito de réplica, el cual será tenido en cuenta por la Sala al estudiar el ataque.
“Acuso la sentencia recurrida por ser violatoria en forma Directa de la ley sustancial, por interpretación errónea del Literal A nl 14, artículo 7º, Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, complementado por el Nl. 6º artículo 3º de la Ley 48 de 1968, norma que a su vez hace específica referencia a los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo y 11 del Decreto 3041 de 1966”.
“Demostración del cargo. La norma sustantiva violada fue el literal A, numeral 14, artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo texto es: “…El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa…” y que constituye una de las justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del patrono. Planteada esta impugnación en el ámbito de la violación directa, forzoso es dar por aceptado que el honorable Tribunal Superior de Manizales —Sala Laboral— al proferir el fallo de segundo grado, confirmando íntegramente no debiendo hacerlo la sentencia del a quo, que absolviera totalmente a la Empresa demandada, interpretó erróneamente el literal A, Nl 14, artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo porque, según los planteamientos allí contenidos, que significó aceptar como justo el despido, restringió flagrantemente el sentido y alcance del literal A, Nl 14, artículo 7º, Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, dando así por cierto que las proyecciones de la precipitada norma sustancial, llegan únicamente hasta el reconocimiento de la pensión de jubilación, y no —como debió hacerlo— interpretándola conforme a su correcta inteligencia, vale decir que no es suficiente el simple reconocimiento de la pensión, sino que se precisa además —y eso es lo más importante— que el trabajador desde el momento mismo del despido empiece a disfrutar de su pensión de vejez, percibiendo para el efecto sus mesadas, que es lo verdaderamente importa y tiene a la postre significación”.
“Si el honorable Tribunal Superior de Manizales —Sala Laboral— hubiese interpuesto correctamente el literal A, Nl 14, artículo 7º, Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, necesariamente habría tenido que llegar a la conclusión de que el despido de mi mandante había sido injusto, y por lo mismo, en vez de absolver a la empresa demandada, confirmando en tal punto la decisión del fallador de primer grado, debió proferir la consecuente condena indemnizatoria que contempla el literal D Nl 4º, artículo 8º, Decreto-Ley 2351 de 1965 que modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, recogiendo así en su integridad las pretensiones de la demanda, revocando en todas sus partes el fallo de primer grado, error jurídico que espero la honorable Corte habrá de enmendar, profiriendo en consonancia la condena a lugar”.
El opositor, por su parte, argumenta así:
“La interpretación errónea, se presenta cuando el fallador le da un alcance equivocado al contenido de la disposición. En el presente evento no ocurre tal cosa pues la sentencia no hace sino aplicar la disposición en forma correcta, quien quiere ir más allá, dándole un sentido y un giro a la norma es el casacionista. Estrictamente aparece el hecho sub lite subsumido por la disposición, el juzgador no le dio sino el sentido correcto, no hubo ningún error de apreciación: Se reconoció a la trabajadora la pensión de vejez estando al servicio de la empresa y eso dice el numeral 14 del artículo 7º, Decreto 2351 de 1965. Otra cosa sería que el artículo ordenara el reconocimiento y disfrute efectivo de las mesadas para poder proceder al despido. No es interpretación errónea al no darle a una disposición un sentido para hacerlo decir lo que no dice, pues tal cosa convierte al juzgador en legislador. No puede prosperar, pues el cargo”.
Dijo el tribunal en la sentencia acusada:
“En el proceso aparece plenamente acreditado que por medio de la Resolución 804 de septiembre 29 de 1982, el Seguro Social reconoció a la demandante pensión de vejez con retroactividad a julio 16 de 1982, concesión que se hizo cuando la trabajadora estaba al servicio de la demandada; dándose los supuestos de ley para que operara la desvinculación de la demandante, la empresa obró conforme a derecho al romper el vínculo por cuanto existía una justa causa para hacerlo y por ende mal puede la trabajadora solicitar la indemnización por despido injusto”.
El Tribunal interpretó así correctamente el numeral 14 del artículo 7º-A del Decreto 2351 de 1965, a juicio de la Sala, en cuanto esta norma establece que es justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del patrono, “el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa”.
Según la jurisprudencia de la Sala Laboral en pleno, el “reconocimiento” de la pensión equivale a su “otorgamiento”, de tal suerte que al término del contrato esté el trabajador “en condiciones de percibir inmediatamente la pensión en sustitución del salario”. Se tiene en cuenta entonces que el trabajador “tenga derecho” a las mesadas pensionales, sin solución de continuidad con la percepción del salario, y estas circunstancias se dan evidentemente en el presente caso. El pago efectivo de la pensión es cuestión distinta, y si no lo obtiene efectivamente en forma oportuna, el trabajador pensionado tiene en sus manos instrumentos jurídicos que garantizan su derecho, ya que se parte del supuesto de que su pensión le ha sido debidamente reconocida u otorgada (Ver sent. abr. 15/80, rad. 7084).
No se da en consecuencia la interpretación errónea que el cargo propone, y éste no prospera.
Se formula y sustenta así:
“Acuso la sentencia recurrida por ser violatoria en forma directa de la ley sustancial, por aplicación indebida del literal A Nl 14, artículo 7º, Decreto-Ley 2351 de 1965 que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, complementado por el Nl 6º, artículo 3º de la Ley 48 de 1968, norma que a su vez hace referencia a los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo y 11 del Decreto 3041 de 1966, lo cual condujo a una falta de aplicación literal D Nl 4º, artículo 8º, Decreto-Ley 2351 de 1965 que modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y de los artículos 1º y 18, Código Sustantivo del Trabajo”.
“Demostración del cargo. La norma sustantiva violada fue el literal a Nl 14, artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, contempla una de las justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del patrono y que dice: “…El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa…””.
“Planteada esta impugnación en el ámbito de la violación directa, forzoso es dar por aceptado que el honorable Tribunal Superior de Manizales —Sala Laboral—, al proferir el fallo de segundo grado, confirmando íntegramente la sentencia del a quo, no debiendo hacerlo, aplicó indebidamente el literal A Nl 14, artículo 7º, Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, complementado por el Nl 6º, artículo 3º de la Ley 48 de 1968, norma que a su vez hace específica referencia a los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo y 11 del Decreto 3041 de 1966, porque estimó —desde luego equivocadamente— que un mero reconocimiento de pensión de vejez, que según texto de la Resolución (sin notificar) 804 de 29 de septiembre de 1982, y con retroactividad a julio 16 de 1982 le hiciera el ISS Risaralda a la trabajadora demandante, bastaba para que la desvinculación estuviese conforme a derecho, cuando es palmario que resulta indispensable que la trabajadora como empalme al despido por el motivo aducido, comenzase a disfrutar efectiva e inmediatamente del beneficio pensional, percibiendo entonces cuanto menos el importe de la primera mesada, teniéndose en cuenta que no ha de haber solución de continuidad entre el instante de producirse la desvinculación definitiva y el momento del inicio del disfrute de la pensión”.
“Y es que —como bien lo dice el propio apoderado de la demandada en su alegato verbal sucedido ante el ad quem—, en la audiencia de rigor (fl. 8, cdno. 2) “…jurisprudencialmente se ha establecido que el fondo el pensamiento del legislador es tratar de que quien labora no tenga solución de continuidad entre lo que recibe por salario y lo que percibe por jubilación…”.
“Por lo mismo, el honorable Tribunal Superior de Manizales —Sala Laboral— con base a tan desacertada inteligencia, aplicó indebidamente el literal A Nl 14, artículo 7º, Decreto-Ley 2351 de 1965 que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, complementado por el Nl 6º, artículo 3º de la Ley 48 de 1968, norma que a su vez hace referencia concreta a los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo y 11 del Decreto 3041 de 1966, al restringir el alcance de la norma citada, calificando de justo el despido con el solo reconocimiento de la pensión, y no como debió haber sido, con el efectivo y real disfrute de la misma, lo que conllevó a una falta de aplicación del literal D Nl 4º, artículo 8º, Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, y de los artículos 1º y 18, Código Sustantivo del Trabajo, es decir, que en tratándose de contrato de trabajo a término indefinido y habiéndose producido el despido cuando la trabajadora llevaba más de diez años continuos al servicio de la empresa, por lo mismo siendo ese despido injusto, en aplicación del literal D Nl 4º, artículo 8º, Decreto-Ley 2351 de 1965 que modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, necesariamente tendría que haber condenado —pero no lo hizo— a la indemnización por despido consagrada especialmente en dicha norma, lo que conllevó a que no debiendo hacerlo, la dejara de aplicar”.
“Si el honorable Tribunal Superior de Manizales —Sala Laboral— hubiese aplicado debidamente el literal A Nl 14, artículo 7º, Decreto-Ley 2351 de 1965 que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, complementado por el Nl 6º, artículo 3º de la Ley 48 de 1968, norma que a su vez hace referencia a los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo y 11 del Decreto 3041 de 1968, necesariamente tendría que haber revocado totalmente el fallo del a quo, aplicando entonces el literal D Nl 4º, artículo 8º, Decreto-Ley 2351 de 1965 que modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y que contempla la indemnización por despido injusto y, en vez de absolver a la demandada, ha debido proferir la consecuente condena indemnizatoria, acogiendo así en su integridad las pretensiones de la demanda, error jurídico que espero la honorable Corte habría de enmendar”.
El opositor, a su turno, aduce:
“Incurre el impugnante en un gravísimo error por faltar a la técnica del recurso de este cargo. En efecto, inicialmente habla en el mismo de una aplicación indebida de una norma para concluir la falta de aplicación de otra. Es obvio que el tener en cuenta el Literal D, del numeral 4º del artículo 8º del Decreto-Ley 2351 de 1965 que modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, es algo que viene a desprenderse de determinar si hubo despido injusto, porque no puede aplicarse cuando el despido es justo”.
“La aplicación indebida se presenta: a) Cuando con la norma se resuelve un hecho no cobijado por ella; b) Cuando se aplica la ley a un hecho que no ha ocurrido: c) Cuando a un hecho se le da un mérito distinto al que da la ley. Habría pues aplicación indebida, si el fallador ante el hecho probado del despido justo, hubiera aceptado las pretensiones de la demanda y tenido en cuenta la disposición que indica cuál es la indemnización.
“No se presenta pues, aplicación indebida, sino al contrario y por ello, el cargo tampoco puede prosperar. Es de agregar que, básicamente y en el fondo, el cargo segundo es igual al primero”.
No encuentra la Sala que el censor haya incurrido en el error de técnica que señala el replicante ya que la aplicación indebida de una norma, al referirse a un hecho no contemplado por ella, bien puede producir la no aplicación de otras normas, como lo propone el censor.
Sin embargo, del examen que ha hecho la Sala del cargo anterior, se deduce con claridad que el Tribunal no aplicó indebidamente el numeral 14, artículo 7º-A del Decreto 2351 de 1965, puesto que previamente al despido se había producido el reconocimiento por el ISS de una pensión de vejez a la actora. La norma se aplicó entonces según su preciso alcance literal y jurídico, conforme se ha explicado.
No prospera el cargo, en consecuencia.
“Acuso la sentencia recurrida por ser violatoria en forma directa de la ley sustancial, por aplicación indebida del inciso final del literal A, artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual significó una falta de aplicación del artículo 62 de la Ley 4ª de 1913 (CRPM) que ordena expresamente que en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entenderán suprimidos los feriados y de vacante, a menos de expresarse lo contrario”.
“Demostración del cargo. Planteada esta impugnación en el ámbito de la violación directa, forzoso es dar por aceptado que el honorable Tribunal Superior de Manizales —Sala Laboral— al proferir el fallo de segundo grado de agosto 24 de 1983, confirmatorio de la sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales calendada a julio 5 de 1983, y que por lo mismo absolviera totalmente a la empresa demandada, aplicó indebidamente lo ordenado en el inciso final del literal A, artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, y cuyo texto es “…En los casos de los numerales 9º a 15 de este artículo, para la terminación del contrato el patrono deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de quince (15) días…”, y digo que lo aplicó indebidamente porque contabilizó como comunes, los días transcurridos entre el aviso de despido y la operancia del mismo, debiendo hacerlo —para que su aplicación fuera correcta— únicamente teniendo en cuenta días hábiles, lo que hubo de significar que el preaviso no fue dado siquiera con el mínimo de quince días que establece la ley, sino de un lapso menor, por lo que el despido en esa forma generado, se tornó en injusto, lo que determinó una falta de aplicación del artículo 62 de la Ley 4ª de 1913 (CRPM), porque como dicha norma prescribe que en los plazos de días que se señalen en la leyes y actos oficiales, se entenderán suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario, en tratándose de un plazo legal, como acontece en el caso sub examine, por lo mismo su contabilización no podía efectuarse —como así sucedió— por el sistema calendario, sino que el cómputo de tales días debió hacerse a partir de octubre 9 de 1982 (inclusive) y hasta octubre 24 del mismo año (inclusive), teniendo pues únicamente en cuenta los días hábiles, descartando por ende y por claro mandato legal todos los feriados comprendidos dentro de tal lapso, lo que evidentemente no aconteció habida cuenta de que el despido de la trabajadora se operó cuando todavía no habían corrido por lo menos los quince (15) días hábiles, lo que necesariamente hubo de tornarlo en injusto”.
“Si el honorable Tribunal Superior de Manizales —Sala Laboral— no hubiese aplicado indebidamente —sino en su correcta inteligencia— el literal A, artículo 7º, inciso final Decreto-Ley 2351 de 1965 modificatorio de los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, y hubiese aplicado debidamente el artículo 62, Ley 4ª de 1913 (CRPM), habría tenido necesariamente que llegar a la conclusión de que como entre el preaviso y la fecha en que se operó el despido, no transcurrió —como lo exige la ley— el plazo de por lo menos quince días hábiles que menciona el inciso final del literal A, artículo 7º, Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del trabajo, sino apenas doce (12) días a saber: sábado octubre 9, lunes octubre 11, miércoles octubre 13, jueves octubre 14, viernes octubre 15, sábado octubre 16, lunes octubre 18, martes octubre 19, miércoles octubre 20, jueves octubre 21, viernes octubre 22, y sábado octubre 23, por lo mismo del despido de mi mandante debió haber sido declarado injusto, y en vez de absolver a la demandada confirmando en tal punto la decisión del a quo debió proferir la consecuente condena indemnizatoria que contempla el literal D Nl 4º, artículo 8º del Decreto-Ley 2351 de 1965 que modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del trabajo, acogiendo así en su integridad las pretensiones de la demanda, revocando en todas sus partes el fallo de primer grado, situación que espero la honorable Corte habrá de enmendar, profiriendo en consonancia la condena indemnizatoria contemplada en el literal D, artículo 8º, Nl 4g del Decreto-Ley 2351 de 1965 que modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo”.
El opositor indica:
“No hubo aplicación indebida de parte ni del Tribunal, ni del Juzgado de primera instancia, ni del patrono. Los plazos para el cumplimiento de determinadas actividades cuando es de días excluye los festivos, mas no ocurre tal cosa en situaciones con respecto al contrato de trabajo pues éste es de tracto sucesivo y, por tanto, las prestaciones del mismo son periódicas, vale decir, requieren el transcurso del tiempo y, bien sabido es, al trabajador se le cancelan todos los días incluyendo los dominicales y festivos. En el evento del previo aviso, al trabajador no dejan de pagársele los días que correspondan a domingos o días de fiesta, por lo tanto, los quince días a que hace referencia la norma que se considera indebidamente aplicada son comunes y no hábiles. Precisamente la misma honorable Corte, en su Sala Laboral en casación de septiembre 17 de 1981, dijo:
“En lo que se relaciona con los preavisos y demás situaciones que surgen del vínculo individual de trabajo, no se puede perder de vista que este es continuado y su desenvolvimiento no se trunca con los festivos y feriados, que en manera alguna producen efectos de suspensión o terminación del contrato, sino, simplemente, constituyen días de obligado descanso. De suerte que los plazos de días que correspondan a tal relación jurídica, incluyen todas la fechas del calendario, a menos que exista disposición contraria como acontece con el régimen de vacaciones”.
“Entonces el preaviso para la terminación unilateral con justa causa del contrato de trabajo, ordenado en el artículo 7º, literal a), inciso final, del Decreto 2351 de 1965 debe cumplirse con anticipación no menor de quince (15) días comunes, hábiles y feriados”.
“No puede pues, de ninguna manera prosperar este tercer cargo, ya que la antelación a la terminación del contrato de trabajo con la que se dio el aviso fue de más de quince días contando en ellos los hábiles y feriados. Basta para ello contar desde el 8 de octubre de 1982, fecha en que se dio el preaviso hasta el 25 de octubre del mismo año”.
Tiene razón el opositor cuando transcribe jurisprudencia de esta Corporación en la cual se señala el verdadero alcance de las normas que regulan el término de los preavisos en materia laboral, que han de computarse en días de calendario, en los mismos en que transcurre la relación laboral, y no en días hábiles como ocurre en asuntos administrativos (ver sent. sep. 16/81, rad. 6418).
Se propone y sustenta así
“Acuso la sentencia recurrida por ser violatoria en forma directa de la ley sustancial, por interpretación errónea del inciso final del literal A, artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual significó una falta de aplicación del artículo 62 de la Ley 4ª de 1913 (CRPM) que ordena expresamente que en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entenderán suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario”.
“Demostración del cargo. La norma sustantiva fue el inciso final del literal A, artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo y que dispone: “...En los casos de los numerales 9º a 15 de este artículo, para la terminación del contrato, el patrono deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de quince (15) días...” que fue aplicada indebidamente, y el artículo 62 de la Ley 4ª de 1913 (CRPM) que dispone en su parte pertinente: “...En los plazos de días de que se traten se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario...””.
“Planteada esta impugnación en el ámbito de la violación directa, forzoso es dar por aceptado que el honorable Tribunal Superior de Manizales —Sala Laboral— al proferir el fallo de segundo grado de agosto 24 de 1983 y que por lo mismo absolviera totalmente a la empresa demandada, interpretó erróneamente el inciso final del literal A, artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965 que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, porque contabilizó como comunes, los días transcurridos entre el aviso de despido y la operancia del mismo, debiendo hacerlo para que su interpretación fuera correcta, únicamente teniendo en cuenta días hábiles, lo que hubo de significar que el preaviso no fue dado siquiera con el mínimo de quince días que establece la ley, por lo que el despido en esta forma generado, se tornó en injusto, lo que determinó una falta de aplicación del artículo 62 de la Ley 4ª de 1913 (CRPM), porque como dicha norma prescribe que en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entenderán suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario, en tratándose de un plazo legal como acontece en el caso sub examine, por lo mismo su contabilización no podía efectuarse —como así sucedió— por el sistema calendario, sino que el cómputo de tales días debió hacerse a partir de octubre 9 de 1982 (inclusive), teniendo pues únicamente en cuenta los días hábiles, descartando por ende y por claro mandato legal todos los feriados comprendidos dentro de tal lapso, lo que evidentemente no aconteció, habida cuenta que el despido de la trabajadora se operó cuando todavía no habían corrido por lo menos quince (15) días hábiles, lo que necesariamente hubo de tornarlo en injusto”.
“Si el honorable Tribunal Superior de Manizales —Sala Laboral— hubiese interpretado correctamente el inciso final del literal A, artículo 8º, Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, y hubiese aplicado debidamente el artículo 62, Ley 4ª de 1913 (CRPM), habría tenido necesariamente que llegar a la conclusión de que como entre el preaviso y la fecha en que se operó el despido, no transcurrió como lo exige la ley, el plazo de por lo menos quince días hábiles que menciona el inciso final del literal A, artículo 7º, Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, sino apenas doce (12) días a saber: sábado octubre 9, lunes octubre 11, miércoles octubre 13, jueves octubre 14, viernes octubre 15, sábado octubre 16, lunes octubre 18, martes octubre 19, miércoles octubre 20, jueves octubre 21, viernes octubre 22 y sábado octubre 23, por lo mismo el despido de mi mandante debió haber sido declarado injusto, porque no se había cumplido para llevarlo a cabo la exigencia del preaviso de los quince (15) días hábiles, si no que éste había sido menor al mínimo legal exigido, y por lo mismo, en vez de absolver a la demandada confirmando en tal punto la decisión del a quo, debió proferir la consecuente condena indemnizatoria que contempla el literal D Nl 4º, artículo 6º del Decreto-Ley 2351 de 1965 que modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, acogiendo así en su integridad las pretensiones de la demanda, revocando en todas sus partes el fallo de primer grado, situación que espero la honorable Corte habrá de remediar, profiriendo en consecuencia la condena indemnizatoria contemplada en el literal D Nl 4º, artículo 8º del Decreto-Ley 2351, que modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo”.
Es en el fondo el cuarto cargo igual al tercero. Se aduce que los días del preaviso deben ser hábiles y no calendario y ya se determinó hasta la saciedad, por la misma Sala de la Corte, que en tratándose del contrato de trabajo todos los días corren y obran en el mismo, siendo sólo los festivos y dominicales de descanso pero remunerado, no suspendiéndose en ellos la relación laboral. No puede, por tanto, prosperar tampoco este cargo”.
Las razones expuestas por la Sala al examinar el cargo anterior resultan suficientes para concluir que no se dio la interpretación errónea de las normas que regulan el término de los preavisos laborales, que el censor propone.
Dice el casacionista:
“Acuso la sentencia recurrida por ser violatoria en forma indirecta de la ley sustancial, por aplicación indebida del artículo 7º, Nl 14, literal A, Decreto-Ley 2351 de 1965 que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que conllevó a falta de aplicación del literal D Nl 4º, artículo 8º, Decreto-Ley 2351 de 1965 que modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y también falta de aplicación de los artículos 10 y 11 del Decreto-Ley 2733 de 1959, inciso 1º”.
“Demostración del cargo. Las normas sustantivas violadas fueron: El artículo 7º, Nl 14, literal A, Decreto-Ley 2351 de 1965 que modificó el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que contempla una de las justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del patrono y que dice: ‘…El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa…’; El literal D Nl 4º, artículo 8º, Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que en los contratos a término indefinido, cuando la terminación unilateral se produce por parte del patrono sin justa causa, la indemnización se pagará así: ‘…Si el trabajador tuviere diez (10) años o más de servicio continuo se le pagarán treinta (30) días adicionales de salarios sobre los cuarenta y cinco (45) básicos del literal A, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción…’; El artículo 10 del Decreto-Ley 2733 de 1959 que dice:
‘… Las providencias que ponen fin a un negocio o actuación administrativa de carácter nacional, se notificarán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición…’. Y el artículo 11, inciso 1º del Decreto 2733 de 1959 que dice: ‘…Si no se pudiere hacer la notificación personal, se fijará un edicto en papel común en lugar público del respectivo Despacho por el término de cinco días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia…’”.
“Planteada esta impugnación en el ámbito de la violación indirecta, forzoso es dar por aceptado que el honorable Tribunal Superior de Manizales —Sala Laboral—, al proferir el fallo de segundo grado confirmatorio íntegramente de la sentencia del a quo, aplicó indebidamente el artículo 7º, Nl 14, literal A, Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que conllevó a que dejara de aplicar el literal D, Nl 4º, artículo 8º, Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y también que dejara de aplicar los artículos 10 y 11 inciso 1º del Decreto-Ley 2733 de 1959, todo ello a consecuencia de evidente error de hecho consistente en dar por demostrado, sin estarlo, que la Resolución 804 de septiembre 29 de 1982 proveniente del ISS, Risaralda, producía efectos jurídicos en contra de mi mandante, sin constancia de su notificación personal o por edicto, y en no haber dado por demostrado, estándolo, que la Resolución 804 de septiembre 29 de 1982, proveniente del ISS, Risaralda, por la cual se le concedía pensión de vejez a mi representada, no es precisamente un acto administrativo firme, por carecer de la constancia de notificación personal y además por no aparecer prueba de que ello se hizo por edicto, ni tener tampoco constancia de su ejecutoria, circunstancias que por lo mismo impiden que tal resolución pudiese producir los efectos legales a ella atribuidos en el fallo de segundo grado que se concretaron en el Nl 14, literal A, artículo 7º, Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo y que motivara la desvinculación unilateral de mi representada aduciendo con base en tan ineficaz resolución, justa causa para ello”.
“Las pruebas mal apreciadas fueron:
“A) La Resolución 804 de septiembre 29 de 1982 proveniente del ISS, Risaralda. En efecto, este documento alude a un acto administrativo que no está en firme pues no aparece prueba alguna de haber sido notificado personalmente o en su defecto por edicto, ni constancia tampoco de su ejecutoria. Es cierto que dice su texto que el edicto será fijado el 11 de octubre de 1982 y desfijado el 18 del mismo mes y año en Manizales y que la notificación por edicto surte todos los efectos legales, pero, es lo cierto que no obra constancia de que el edicto notificatorio de tal Resolución fue fijado, ni tampoco constancia alguna de ejecutoria de dicha Resolución (fls. 11 y 12, cdno. P1)”.
“B) La carta de despido (fl. 2)”.
“De haber apreciado debidamente el honorable Tribunal Superior de Manizales —Sala Laboral— la Resolución 804 de septiembre 29 de 1982, emanada del ISS, Risaralda, y la carta comunicatoria del despido, necesariamente habría tenido que llegar a la conclusión de que como dicha Resolución distaba mucho de erigirse como un acto administrativo firme y como en la carta de despido no se había dado el preaviso de ley, el despido en tales condiciones había sido injusto y por lo mismo en vez de absolver a la empresa demandada confirmando en tal punto la decisión del a quo debió proferir la consecuente condena indemnizatoria prevista en el literal D Nl 4º, artículo 8º, Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo”.
“Esos errores indujeron a aplicar indebidamente las normas sustanciales sobre indemnización por despido injusto, situación que espero la honorable Corte habrá de remediar, profiriendo en consonancia la condena indemnizatoria contemplada en el literal D Nl 4º, artículo 8º, Decreto-Ley 2351 de 1965, que modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo”.
“Es inocuo referirme al cargo quinto cuando el mismo comienza diciendo que se impugna la sentencia por violación indirecta de la ley sustancial. Es muy claro el artículo 60 del D.E. 528 de 1964, cuando establece que la casación es procedente cuando la violación de la ley es por infracción directa. No cabe el recurso por violación indirecta y por ende, el cargo tampoco puede prosperar. Es bueno agregar que en la demanda de casación, en el fondo, se observan más unas alegaciones para una primera o segunda instancia. Que realmente determinan una violación directa de la ley sustancial que por ninguna parte se vislumbra, tratándose más bien de obtener una indemnización a toda costa, a la brava, aun haciéndose depender o tratar de hacer depender la actividad de un patrón de la desidia o demora de organismos dependientes del Estado como el ISS o de la voluntad de un trabajador de ir a reclamar una pensión o la demora de un banco de entregar un dinero, etc.”.
El cargo está bien formulado desde el punto de vista de la técnica de casación, en contra de lo que opina el replicante, puesto que los artículos 60 del Decreto 528 de 1964 y 7º de la Ley 16 de 1969, según los ha entendido la reiterada jurisprudencia de la Sala, permiten la acusación por la vía indirecta, con base en errores de hecho, cuando conducen a la aplicación indebida de la ley, la cual no se presenta exclusivamente por la vía directa, como lo supone el opositor.
En cuanto al fondo del ataque, no encuentra la Sala que el Tribunal hubiese incurrido en yerro alguno manifiesto y evidente, en los aspectos que señala el censor, ya que la Resolución 804 del ISS aparece en documento auténtico (fls. 11 a 12 y 22), fue expedida el 29 de septiembre de 1982 y reconoce la pensión de vejez a la actora con retroactividad al 16 de julio del mismo año. Por otra parte, no cabe duda de que la demandante conoció dicha Resolución, al menos al recibir la carta de despido de octubre 10, como lo afirman los testigos (fls. 25 vto.). O sea que la actora conoció la citada Resolución antes de la fecha prevista para la notificación por edicto, según el texto de la dicha Resolución.
En virtud de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, No Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, de fecha veinticuatro (24) de agosto de mil novecientos ochenta y tres (1983), en el juicio adelantado por Hermelina Matiz Ramos contra la Industria Colombiana de Machetes S.A. INCOLMA.
Magistrados: Fernando Uribe Restrepo, Ismael Coral Guerrero, Manuel Enrique Daza Álvarez.

References: artículo 84
 artículo 714
 artículo 60
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 64
 artículo 7
 Resolución 
 artículo 7
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 artículo 62
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 artículo 6
 artículo 64
 artículo 8
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 artículo 8
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 artículo 64
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 artículo 64
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