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Timestamp: 2019-10-17 08:17:07+00:00

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﻿ Sentencia T-541 de agosto 16 de 2013
SENTENCIA T-541 DE 16 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:DERECHO AL AGUA – NIÑOS - FUNDACIÓN. SE PRESENTA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS AL AGUA Y A LA VIDA DIGNA DE LOS MENORES DE EDAD, RESPECTO A LA OBLIGACIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO DEL AGUA DE ADOPTAR UN ACUERDO DE PAGO CON PERSONA DEUDORA, A TRAVÉS DEL CUAL SE POSIBILITE QUE LOS NIÑOS QUE ACUDEN A REALIZAR ACTIVIDADES LÚDICAS O AL COMEDOR COMUNITARIO DE UNA FUNDACIÓN, TENGAN UN GOCE EFECTIVO DE ESE DERECHO.
TEMAS ESPECÍFICOS:MENOR DE EDAD, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO, DERECHO DE UTILIZACIÓN DE AGUAS, PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD, FUNDACIONES, DERECHOS DEL MENOR DE EDAD
Sentencia T-541 de agosto 16 de 2013
Ref.: Expediente T-3.868.456
1.2.1. Expone el representante legal, que la Empresa Asociativa de Trabajo Desarrollo Integral Piloto es una entidad sin ánimo de lucro que funciona en la carrera 99 Bis Nº 38-22 Sur, en el barrio Ciudad Galán en la localidad Octava de Kennedy en la ciudad de Bogotá.
1.2.4. Asevera que en el año 2003 la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. ESP realizó la instalación de las redes y del contador en el predio mencionado.
1.2.6. Relata que, a su parecer, el costo del servicio de agua resultaba exagerado, si se tiene en consideración el consumo real del predio y el estrato al que corresponde. Afirma que presentó distintas solicitudes a la empresa demandada con el fin de que se solucionaran las anomalías que se estaban presentado en relación con el cobro del servicio, a las cuales esta hizo caso omiso.
1.3.1. Contestación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
1.3.2. Contestación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Mediante escrito del 18 de enero de 2013, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó que la entidad ha atendido y dado respuesta en debida forma a todas y cada una de las peticiones invocadas por el ahora accionante, al igual que estará siempre presta a continuar atendiendo amablemente sus solicitudes. En este sentido, solicitó al juez de tutela, negar las pretensiones del demandante con respecto a esta.
1.4.2. Decisión de segunda instancia.
En sentencia del 28 de febrero de 2013, el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá confirmó la decisión del a quo. Tal fallo se fundamentó en dos razones, a saber: (i) no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, puesto que existen mecanismos administrativos idóneos para ventilar las pretensiones de la empresa demandante, a los cuales esta ya acudió y en cuyo ejercicio le fue garantizado el debido proceso, y (ii) no se cumple con el requisito de la inmediatez, dado que los hechos discutidos acaecieron en el año 2004 y su desarrollo administrativo se dio hasta el 2007, y no hallándose circunstancia alguna que denote la existencia de justificación de tal tenor que imponga que la promoción de ésta se hizo dentro de un plazo razonable, es que se ha de llegar a la conclusión de que la presente acción se torna improcedente a fin de lograr el propósito mediante ella perseguido, también por tal razón.
1.5.1. Pruebas que obran en los expedientes.
1.5.1.1. Copia del certificado de existencia y representación legal de la Empresa Asociativa de Desarrollo Integral Piloto, en Liquidación, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá(1).
1.5.1.2. Copia de la comunicación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, de junio de 2004(2).
1.5.1.3. Copia del derecho de petición presentado por el señor Miguel Ángel Prieto Osorio ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, de septiembre de 2004(3).
1.5.1.4. Copia de la factura Nº 2353075613, correspondiente al periodo de facturación comprendido entre el 3 de julio y el 1º de octubre de 2004(4).
1.5.1.5. Copia del derecho de petición presentado por el señor Miguel Ángel Prieto Osorio ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, de octubre de 2004(5).
1.5.1.6. Copia del derecho de petición presentado por el señor Miguel Ángel Prieto Osorio ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, radicado el 13 de enero de 2005(6).
1.5.1.7. Copia de la comunicación remitida por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, de septiembre de 2005(7).
1.5.1.8. Copia de la resolución expedida el 1º de septiembre de 2005, mediante la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios formuló cargos al representante legal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá(8).
1.5.1.9. Copia del derecho de petición suscrito por el representante legal de la demandante, radicado ante la entidad el 23 de noviembre de 2004, en el se afirma: (…) nosotros solicitamos urgentemente se nos sea revisado el contador puesto que en la última y única visita el operario que lo reviso [sic] le desarmo [sic] una parte y dijo que la otra estaba rota y de igual manera el consumo registrado en el contador es exagerado (…) y nosotros consideramos que es injusto que después de 11 meses de instalado el registrado nos venga a cobrar en 3 meses lo que ustedes no facturaron en 11 meses, nuestra institución solicita una revisión técnica que se justifique el pago de esta cantidad la cual nosotros no tenemos para pagarle(9).
1.5.1.10. Copia del Oficio S-2004-131346 del 3 de diciembre de 2004, mediante el cual la EAAB dio respuesta a la petición presentada por el señor Prieto en la que relaciona el consumo facturado en el periodo comprendido entre el 3 de julio y el 1º de octubre de 2004. En aquella decisión la demandada manifestó que los valores facturados corresponden a la lectura del contador ubicado en el predio, motivo por el cual decidió confirmar el consumo facturado y ordenó notificar personalmente el contenido de la decisión(10).
1.5.1.11. Copia de la comunicación del 9 de diciembre de 2004, mediante la cual se cita al señor Miguel Ángel Prieto para notificarse personalmente del Oficio S-2004-131346. En el documento consta que la citación nunca se entregó por no existir la dirección(11).
1.5.1.12. Copia del edicto del 21 de diciembre de 2004, mediante el cual se notificó el Oficio S-2004-131346(12).
1.5.1.13. Copia del Oficio 20058121100261, del 2 de septiembre de 2005, mediante el cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respondió la solicitud presentada por el señor Miguel Ángel Prieto Osorio el 13 de enero de 2005, a través de la cual se había puesto en conocimiento de la entidad que la EAAB no había dado respuesta a los 3 derechos de petición radicados por el señor Prieto y se había solicitado a la entidad declarar la existencia del silencio administrativo positivo por parte de la EAAB. En aquella decisión la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informa que el proceso de encuentra en la etapa de recaudo de pruebas(13).
1.5.1.14. Copia del derecho de petición presentado por el representante legal de la demandante ante la EAAB, el 20 de septiembre de 2005, en el cual solicitó (…) las contestaciones a los derechos de petición y la urgente revisión de las instalaciones del contador y sus accesorios pues de lo contrario esto ira [sic] en detrimento de la prestación del servicio a niños y niñas pertenecientes a la fundación en mención(14).
1.5.1.16. Copia de la Resolución 20068150042915 del 6 de marzo de 2006, mediante la cual la directora territorial del centro de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso una sanción pecuniaria a la EAAB por omitir resolver los derechos de petición presentados por el señor Prieto y ordenó los efectos de silencio administrativo positivo. La decisión se fundamentó en que la empresa (…) no puede simplemente afirmar que no pudo entregar la citación por que [sic] el usuario no colocó completa la dirección, pues a la empresa le queda fácil acudir a sus registros de datos, además de encontrar que para llevar otras comunicaciones no tuvo problemas, encontrando que la empresa incurrió en error de procedimiento para la notificación personal, violando el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, y en consecuencia el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, configurándose el silencio administrativo respecto de al [sic] presente solicitud, por lo que deberá proceder a materializar su efectúen el sentido de reliquiden [sic] los consumos facturados, se realice visita al predio para revisión del aparato medidor(15).
1.5.1.17. Copia de la Resolución SSPD-20068150108735 del 22 de mayo de 2006, mediante la cual se resolvió el recuso de reposición presentado por la empresa contra la Resolución 20068150042915 del 6 de marzo de 2006, se revocó la decisión recurrida y se ordenó el cierre y archivo de la investigación. Lo anterior, por considerar que la empresa no incurrió en ninguna omisión y que fue el usuario quien omitió allegar la dirección exacta de notificación(16).
1.5.1.18. Copia del derecho de petición presentado por el señor Miguel Ángel Prieto, del 16 de agosto de 2006, en el cual informa que, a pesar de las constantes solicitudes presentadas dentro de los años 2004 y 2006, no se dio la presentación cumplida de las facturas ni el cambio de contador, pedidos por el representante, y únicamente hasta el mes de agosto del año 2006 se dio la suspensión del servicio de acueducto en el predio. En consecuencia, en resumen solicita (i) que se revise la normativa pertinente, para determinar qué tarifa se debe aplicar a la demandante, teniendo en cuenta que se trata de una fundación sin ánimo de lucro; (ii) que se de la revisión exhaustiva de todas las facturas generadas, teniendo en cuenta que el consumo que se registra en el contador resulta exagerado; (iii) que se revise el valor total al que ascienden las facturas del periodo mencionado, es decir 18’433.500 pesos, las cuales no podrán cancelar(17).
1.5.1.19. Copia del Oficio E-2006-068381 del 18 de agosto de 2006, mediante el cual se informa que solo puede tener lugar el estudio de los tres últimos periodos de facturación, los cuales registran valores que se obtuvieron de la lectura del medidor, y por tanto, no adolecen de ningún defecto. Por otra parte, se establece que, de conformidad con la Resolución 0789 de 2003, si el representante legal pretende que se aplique una tarifa distinta a la fundación mencionada, deberá presentar para el efecto una solicitud a la empresa, acompañada de los documentos que señala la norma. Por último, se indica que, respecto a la facturación anterior a los últimos tres periodos, deberá dirigirse a las oficinas de jurisdicción coactiva.
1.5.1.20. Copia del memorando interno de la EAAB del 17 de enero de 2013(18), presentado por esta, en el cual se sostiene:
(iii) Que, una vez remitida la petición, esta se resolvió mediante el Oficio S-2007-113087, en el que se informó que conforme al artículo 154 de la Ley 142 de 1994 en ningún caso proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos.
(iv) Que el señor Miguel Ángel Prieto allegó distintas solicitudes en los años 2008 —el 8 de febrero, el 4 de julio, y el 22 de octubre—, y 2009 —el 16 de marzo— con la finalidad de que le fuera explicado por qué motivo las facturas de acueducto expedidas entre los años 2004 y 2006, suman aproximadamente 19’000.000 de pesos. La EAAB respondió que el demandante puede acercarse a las instalaciones de la empresa, cancelar el 20% de la obligación y así celebrar un acuerdo de pago.
1.5.1.21. Escrito allegado por el representante legal de la demandante en el que afirma que, debido a que el 10 de agosto de 2006 se cortó el servicio de acueducto, la fundación se vio obligada a suspender el comedor comunitario, que era parte de las prestaciones que ofrecía la institución(19).
1.5.1.22. Certificado de existencia y representación legal de la Fundación Programa Ecológico Educacional Piloto (FUNPEEP), proferido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el que consta que el 20 de marzo de 2005 se constituyó la Fundación Programa Ecológico Educacional Piloto, que tiene por objeto social, entre otros, el de formación integral de niños, jóvenes y adultos, con énfasis en lo social, el medio ambiente y nutrición(20).
2.3. El derecho al agua.
2.3.1. Consagración del derecho al agua.
DERECHOS FUNDAMENTALESDERECHO DE UTILIZACIÓN DE AGUAS Dentro del marco constitucional, el artículo 366 consagra el derecho al acceso al agua potable. Conforme a tal disposición, uno de los fines del Estado es lograr el bienestar social, motivo por el cual uno de sus objetivos fundamentales es la solución de necesidades no satisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
2.3.1.1. Como máximo intérprete de la Constitución, en la Sentencia C-220 de 2011(21), la Sala Plena de la Corte recordó que el derecho al acceso al agua potable es un derecho fundamental del cual dependen otros derechos y precisó que este tiene un alcance subjetivo y otro objetivo:
Los artículos 11 y 12 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales(22) establecen que los Estados partes reconocen del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y, además, consagran el deber de garantizar que toda persona disfrute del más alto nivel de salud física y mental. Para garantizar estos derechos, el pacto estipula el deber de tomar medidas que posibiliten el sano desarrollo de los niños, el mejoramiento de la higiene laboral y medioambiental, la prevención de enfermedades endémicas y el seguro médico en caso de enfermedad.
2.3.2. Contenido del derecho.
2.3.2.1. El Comité de derechos económicos sociales y culturales(23) es el órgano autorizado para interpretar las normas incorporadas al Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, con el objetivo de lograr la plena efectividad de los derechos proclamados en este instrumento(24). La función interpretativa de este órgano es ejercida a través de observaciones generales, las cuales, aunque no forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, sí forman parte del bloque como fuente interpretativa, conforme al artículo 93, inciso 2º, de la Constitución Política(25). En consecuencia, la Corte Constitucional, en su jurisprudencia, ha adoptado los lineamientos proferidos por este órgano para determinar el alcance y contenido de derechos constitucionales, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la vivienda digna.
En la Observación General Nº 15(26) el comité definió el acceso al agua como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Adicionalmente estableció que el suministro de agua es indispensable para la realización de otros derechos humanos, tales como la vida, la vida digna, el derecho al más alto nivel posible de salud, la vivienda digna y el derecho a una alimentación adecuada.
Además, identificó tres aspectos que deben ser observados para la plena realización de este derecho, a saber: (i) la disponibilidad, que implica que el abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos —que comprenden el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene— (ii) la calidad, que supone la salubridad del agua; y (iii) la accesibilidad, que conlleva que el agua y las instalaciones y servicios sean accesibles a todos, sin discriminación alguna.
— La accesibilidad económica encierra el deber del Estado de asegurar que el agua y los servicios e instalaciones de agua estén al alcance de todos, motivo por el cual los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no pueden comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos.
— Conforme al principio de no discriminación, el agua y los servicios e instalaciones deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población. En este orden de ideas, los estados tienen la obligación de facilitar y garantizar el suministro necesario de agua a quienes no disponen de medios suficientes, así como de impedir que se excluya a las personas y grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, en particular, las mujeres, los niños, los grupos minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, los trabajadores migrantes, los presos y los detenidos.
Al respecto, la Observación General Nº 15 dispone que los Estados deben asegurarse de que [n]o se impida a los niños ejercer sus derechos humanos por falta de agua potable en las instituciones de enseñanza y los hogares o a causa de la carga que supone la obtención de agua. Es preciso abordar con carácter urgente la cuestión del suministro de agua potable a las instituciones de enseñanza que actualmente carecen de ella.
2.3.2.2. En distintas ocasiones la Corte Constitucional ha protegido por vía de tutela el derecho al agua en relación con el factor de accesibilidad económica, ante la ausencia de recursos económicos para sufragar el servicio, cuando los usuarios se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Por ejemplo, en la Sentencia T-270 de 2007(27), esta corporación conoció la situación de una mujer de 56 años de edad, quien padecía de insuficiencia renal crónica y requería la práctica de diálisis peritoneal ambulatoria en su casa de habitación. La demandante tenía una deuda que superaba el millón de pesos con las Empresas Públicas de Medellín, motivo por el cual le habían sido suspendidos los servicios públicos de su vivienda. Ante tal situación, solicitaba la reconexión de los servicios públicos acueducto y energía, necesarios para recibir su tratamiento y así garantizar sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad física. Además, manifestaba que no estaba en condiciones de asumir ninguna carga financiera, dadas sus precarias condiciones.
Del mismo modo, en Sentencia T-717 de 2010(28), la Corte analizó dos expedientes en los que los demandantes solicitaban la reconexión del servicio de acueducto. El primero, correspondía a la tutela presentada por una mujer que actuaba en representación de su madre de 68 años de edad y de sus dos nietos y sobrino, estos últimos menores de 18 años, a quienes les fue suspendido el servicio público de agua potable por parte de las Empresas Públicas de Medellín, debido a la falta de pago. Por tal razón, la peticionaria solicitaba la protección de los derechos fundamentales al agua, a la salud y a la integridad física, los cuales consideraba vulnerados por las Empresas Públicas de Medellín.
Para pronunciarse sobre la posibilidad de las empresas prestadoras del servicio público de suspender el servicio de acueducto, indicó que en ciertas ocasiones esta es legítima y en otras no.
En contraste, es definitivamente inconstitucional la suspensión de los servicios públicos cuando se reúnen las siguientes condiciones: 1) que efectivamente recaiga sobre un sujeto de especial protección constitucional, 2) que tenga como consecuencia directa, para él, un “desconocimiento de [sus] derechos constitucionales”, y 3) que se produzca por un incumplimiento de las obligaciones que pueda considerarse como involuntario, debido a circunstancias insuperables e incontrolables por el sujeto especialmente protegido o por quienes cuidan de él(29).
En una decisión más reciente, la Sentencia T-496 de 2012(30), la Corte examinó la situación de una mujer que afirmaba que debido a su situación de desempleo no contaba con los medios económicos para pagar el servicio de agua potable que le había sido suspendido por la empresa Triple A S.A., situación que afectaba además los derechos de sus tres hijos menores de 18 años.
2.4. El interés superior del menor.
La Convención sobre derechos del niño(31) y el Código de la Infancia y la Adolescencia(32) hacen una conceptualización especial de los derechos de los niños, al consagrar la obligación de las autoridades de tener una consideración especial por su satisfacción y protección. Del mismo modo, la Constitución Política establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás y así, eleva al niño a la posición de sujeto merecedor de especial protección por parte del Estado, la sociedad y la familia. En este orden de ideas, cuando se trata de proteger los derechos de los menores, cobra relevancia el interés superior del menor, lo que significa que todas las medidas que le conciernan a los niños, niñas y adolescentes, deben atender al interés superior del niño sobre otras consideraciones y derechos, para así apuntar a que los menores reciban un trato preferente, de forma que se garantice su desarrollo integral y armónico como miembro de la sociedad(33).
Al respecto, esta corporación ha señalado que (…) el interés superior del menor, se caracteriza por ser: (1) real, en cuanto se relaciona con las particulares necesidades del menor y con sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) independiente del criterio arbitarario [sic] de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres, en tanto se trata de intereses jurídicamente autónomos; (3) un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de los derechos del menor; (4) la garantía de un interés jurídico supremo consistente en el desarrollo integral y sano de la personalidad del menor”(34).
Por consiguiente, al momento de aplicar el mencionado principio a un caso particular, se debe prestar atención a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad. Particularmente, en Sentencia T-510 de 2003(35) esta Corte señaló que (…) para establecer cuáles son las condiciones que mejor satisfacen el interés superior de los niños en situaciones concretas, debe atenderse tanto a consideraciones (i) fácticas —las circunstancias específicas del caso, visto en su totalidad y no atendiendo a aspectos aislados—, como (ii) jurídicas —los parámetros y criterios establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil— (negrilla fuera del texto).
1. Garantía del desarrollo integral del menor. Es necesario, como regla general, asegurar el desarrollo armónico, integral, normal y sano de los niños, desde los puntos de vista físico, psicológico, afectivo, intelectual y ético, así como la plena evolución de su personalidad. Esta obligación, consagrada a nivel constitucional (C.P., art. 44), internacional (Convención sobre los derechos del niño, art. 27) y legal (Código del Menor, art. 3º), compete a la familia, la sociedad y el Estado, quienes deben brindar la protección y la asistencia necesarias para materializar el derecho de los niños a desarrollarse integralmente, teniendo en cuenta las condiciones, aptitudes y limitaciones propias de cada menor.
Específicamente, la Corte ha manifestado que a los niños, cuyos derechos prevalecen sobre los de los demás, se les debe garantizar el aseo y la suficiente alimentación sana. En este orden de ideas, el Estado se encuentra obligado a procurar el suministro permanente del servicio de agua, bien sea directamente o a través de las entidades prestadoras de servicios públicos, a los lugares donde se encuentren menores de edad, tales como guarderías, jardines infantiles, centro educativos, fundaciones, albergues y demás establecimientos donde suelan acudir o permanecer niños, bajo el marco de un análisis de legitimidad en la suspensión, que pondere la afectación sufrida en caso de suspensión(36).
a) La Empresa Asociativa de Trabajo Desarrollo Integral Piloto, en Liquidación, es una entidad sin ánimo de lucro que funciona en la carrera 99 Bis Nº 38-22 Sur, en el barrio Ciudad Galán en la Localidad Octava de Kennedy en la ciudad de Bogotá. En el año 2005, con el fin de tener la capacidad de contratar con la Alcaldía de Bogotá, se creó la Fundación Programa Ecológico Educacional Piloto (FUNPEEP) quien ejerce las mismas labores que estaban a cargo de la Empresa Asociativa de Trabajo Desarrollo Integral Piloto, en Liquidación.
d) En el año 2003 la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. ESP realizó la instalación de las redes y del contador en el predio mencionado.
k) En consecuencia, mediante resolución expedida el 1º de septiembre de 2005, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios formuló cargos al representante legal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
o) A seguir, la EAAB recurrió tal decisión y en la Resolución SSPD-20068150108735 del 22 de mayo de 2006, se revocó la decisión y se ordenó el cierre y archivo de la investigación. Lo anterior, por considerar que la empresa no incurrió en ninguna omisión y que fue el usuario quien omitió allegar la dirección exacta de notificación.
r) Mediante el Oficio E-2006-068381 del 18 de agosto de 2006, se informó que solo puede tener lugar el estudio de los tres últimos periodos de facturación, los cuales registran valores que se obtuvieron de la lectura del medidor, y por tanto, no adolecen de ningún defecto. Por otra parte, se estableció que, de conformidad con la Resolución 0789 de 2003, si el representante legal pretendía que se aplicara una tarifa distinta a la fundación mencionada, debía presentar una solicitud acompañada de los documentos que señala la norma. Por último, se indicó que, respecto a la facturación anterior a los últimos tres periodos, debía acudir a las oficinas de jurisdicción coactiva.
s) El señor Miguel Ángel Prieto allegó distintas solicitudes en los años 2007 —el 9 de julio—, 2008 —el 8 de febrero, el 4 de julio, y el 22 de octubre—, y 2009 —el 16 de marzo— con la finalidad de que le fuera explicado por qué motivo las facturas de acueducto expedidas entre los años 2004 y 2006, suman aproximadamente 19’000.000 de pesos. La EAAB respondió que el demandante puede acercarse a las instalaciones de la empresa, cancelar el 20% de la obligación y así celebrar un acuerdo de pago.
2.4.2.2. Legitimación pasiva.
La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada(37).
2.4.2.3. Consideraciones sobre el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso estudiado.
En segundo lugar, observa la Sala que conforme a la Sentencia SU-225 de 1998(38), que estudió la protección especial de los derechos de los niños, la tutela es el mecanismo idóneo para su garantía. La decisión referida determinó que los derechos de los menores tienen un contenido esencial de aplicación inmediata que limita la discrecionalidad de los órganos políticos y que cuenta con un mecanismo judicial reforzado para su protección: la acción de tutela.
2.4.2.4. Consideraciones sobre el cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso estudiado.
— La indebida notificación de la demandante
Por este motivo, la Superintendencia de Servicios Públicos también vulneró el debido proceso de la demandante, pues al proferir la Resolución SSPD-20068150108735 del 22 de mayo de 2006, en la que revocó la decisión y ordenó el cierre y archivo de la investigación, al considerar que la EAAB no incurrió en ninguna omisión y que fue el usuario quien omitió allegar la dirección exacta de notificación; avaló la conducta negligente de la empresa y omitió garantizar los derechos de la entidad sin ánimo de lucro.
— La omisión en la que incurrió la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá al abstenerse de revisar el medidor está siendo trasladada a la entidad demandante.
Posteriormente, ante las solicitudes presentadas en el año 2005 se dio la inspección del medidor y se constató que el aparato presentaba una fuga, la cual debía ser asumida por el dueño del predio, de quien la ley presume que debe percibir la fuga, arreglarla y sufragar el mayor costo que esta haya causado.
— La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá debió dar aplicación a la Ley 142 de 1994 y suspender el servicio de acueducto del predio
La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) periodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3) periodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas.
Tal como se estableció en las consideraciones generales de esta sentencia, el contenido de accesibilidad que caracteriza al derecho al agua exige (i) que los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua sean asequibles —accesibilidad económica—, y (ii) que el agua y los servicios e instalaciones sean accesibles a todos, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población —principio de no discriminación—.
— La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ubicó a la Empresa Asociativa de Desarrollo Integral Piloto en una situación de indefensión
Como consecuencia de las omisiones mencionadas, la Empresa Asociativa de Desarrollo Integral Piloto se vio en una situación de indefensión ante la EAAB. Tal situación se dio de la siguiente manera: primero, el representante legal no fue notificado de la respuesta dada por la entidad a la reclamación que controvertía la primera factura; segundo, la EAAB omitió revisar si el contador presentaba alguna fuga y no dio respuesta de fondo sobre la tarifa que estaba siendo aplicada al consumo obtenido por el medidor; tercero, cuando la demandante tuvo conocimiento de la primera respuesta a sus solicitudes, habían pasado más de cinco meses desde la primera factura no cancelada; cuarto, la EAAB continuó prestando el servicio y se negó a resolver las reclamaciones subsiguientes, en razón a que el artículo 155 de la Ley 142 de 1994 establece que para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco periodos.
2.4.3.2. En segundo lugar, la Sala observa la necesidad de pronunciarse sobre la posible vulneración de los derechos al agua y a la dignidad humana de los menores de edad que acuden a la Empresa Asociativa de Trabajo Desarrollo Integral Piloto, hoy Fundación Programa Ecológico Educacional Piloto (FUNPEEP), al abstenerse de llegar a un acuerdo de pago con la fundación que resulte favorable para ambas partes, y así dar continuidad a la prestación del servicio.
Tal como lo señala la Observación General Nº 15 de Comité DESC, los Estados deben asegurarse de que [n]o se impida a los niños ejercer sus derechos humanos por falta de agua potable en las instituciones de enseñanza y los hogares o a causa de la carga que supone la obtención de agua. Es preciso abordar con carácter urgente la cuestión del suministro de agua potable a las instituciones de enseñanza que actualmente carecen de ella.
Por tanto, la Sala dejará sin efecto las decisiones administrativas proferidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y ordenará a la empresa (i) reiniciar el procedimiento administrativo, desde el momento de la notificación del Oficio S-2004-131346 del 3 de diciembre de 2004, mediante el cual la EAAB dio respuesta a la petición presentada por el señor Prieto en la que relaciona el consumo facturado en el periodo comprendido entre el 3 de julio y el 1º de octubre de 2004; (ii) proporcionar el servicio de acueducto al predio ubicado en la carrera 99 Bis Nº 38-22 Sur, en el barrio Ciudad Galán en la Localidad Octava de Kennedy en la ciudad de Bogotá; (iii) que, una vez se termine el procedimiento administrativo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá deberá llegar a un acuerdo de pago que facilite la cancelación de los dineros que resulten probados, teniendo en cuenta que se trata de una institución de escasos recursos en la que se prestan servicios de educación y alimentación a niños.
Adicionalmente, se advertirá a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que el cobro de los valores facturados solo se podrá dar, con observancia del artículo 140 de la Ley 142 de 1994, es decir, sin trasladar a la demandante el consumo generado por la negligencia de la empresa en la suspensión del servicio.
1. REVOCAR la decisión adoptada por el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá el 28 de febrero de 2013, que confirmó la decisión proferida por el Juzgado 70 Civil Municipal de Bogotá, el 5 de febrero de 2013, dentro del trámite de la acción de tutela promovida por la Empresa Asociativa de Desarrollo Integral Piloto contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y en su lugar, CONCEDER el amparo.
2. DEJAR SIN EFECTO las decisiones administrativas proferidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá desde el momento de la notificación del Oficio S-2004-131346 del 3 de diciembre de 2004, mediante el cual la EAAB dio respuesta a la petición presentada por el señor Miguel Ángel Prieto.
3. ORDENAR a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación de esta providencia, reinicie el procedimiento administrativo, y proceda a notificar personalmente el Oficio S-2004-131346 del 3 de diciembre de 2004, mediante el cual la EAAB dio respuesta a la petición presentada por el señor Miguel Ángel Prieto, para que este manifieste lo que estime pertinente.
4. ORDENAR a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación de esta providencia, proceda a reconectar el servicio de acueducto al predio ubicado en la carrera 99 Bis Nº 38-22 Sur, en el barrio Ciudad Galán en la Localidad Octava de Kennedy en la ciudad de Bogotá.
5. ORDENAR a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para que, que, una vez termine el procedimiento administrativo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá llegue a un acuerdo de pago que facilite la cancelación de los dineros que resulten probados, teniendo en cuenta que se trata de una institución de escasos recursos en la que se prestan servicios de educación y alimentación a niños.
6. ADVERTIR a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que el cobro de los valores facturados solo se podrá dar, con observancia del artículo 140 de la Ley 142 de 1994, es decir, sin trasladar a la demandante el consumo generado por la negligencia de la empresa en la suspensión del servicio.
(1) Folios 1-2, cuaderno de primera instancia.
(2) Folio 3, cuaderno de primera instancia.
(3) Folio 4, cuaderno de primera instancia.
(4) Folio 7, cuaderno de primera instancia.
(5) Folio 6, cuaderno de primera instancia.
(6) Folio 8, cuaderno de primera instancia.
(7) Folio 10, cuaderno de primera instancia.
(8) Folios 11-13, cuaderno de primera instancia.
(9) Folio 43, cuaderno de primera instancia.
(10) Folio 44, cuaderno de primera instancia.
(11) Folio 46, cuaderno de primera instancia.
(12) Folio 45, cuaderno de primera instancia.
(13) Folio 47, cuaderno de primera instancia.
(15) Folios 55-57, cuaderno de primera instancia.
(16) Folios 52-54, cuaderno de primera instancia.
(17) Folios 58-59, cuaderno de primera instancia.
(18) Folios 115-118, cuaderno de primera instancia.
(19) Folio 11, cuaderno principal.
(20) Folios 12-13, cuaderno principal.
(21) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. La Corte estudió la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Eduardo Montealegre Lynnet contra el parágrafo 1º del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, sobre las tasas por utilización de aguas. Fue declarado exequible.
(22) Ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969.
(23) Creado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas mediante Resolución 1985/17 del 28 de mayo de 1985.
(24) Como se explicó anteriormente, el PIDESC es parte del bloque de constitucionalidad y forma parte del ordenamiento interno, conforme al artículo 93 de la Constitución Política.
(25) ART. 93.—Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. (…) (resaltado fuera del texto).
(26) En este instrumento el comité interpretó los artículos 11 y 12 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
(28) M.P. María Victoria Calle.
(31) ART. 3º—1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
(32) ART. 8º—Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.
(33) Ver las sentencias T-514 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-510 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-292 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; y T-794 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(34) Sentencia T-408 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(36) Sentencia T-915 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(37) Ver sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-780 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 44
 artículo 158
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 154
 artículo 366
 artículo 93
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 155
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 43
 Resolución 
 artículo 93