Source: http://catalogodepoliticas.inai.org.mx/policies/plan-nacional-de-socializacion-del-dai-plandai-ac3dfa4b-05c2-4e2b-94ba-046c603888e0
Timestamp: 2020-02-19 11:38:39+00:00

Document:
Plan Nacional de Socialización del DAI (PlanDAI)
Acceso a la información > Ampliación y diversificación del número de usuarios
Enlace para la Política Pública
https://docs.google.com/document/d/1nYIevir36qXURhKjEk49bk5b8t2eBObz8VsFeBA7WuA/edit
Enlace para la Presentación Resumen
https://docs.google.com/presentation/d/1wFgH19CgjkOu7P5QYHekuKvCN9KjNAd_hcpmfT_En6A/edit
Plan Nacional de Socialización del DAI
A partir de la reforma constitucional en materia de transparencia promulgada en 2014, nuestro país cuenta con un robusto andamiaje normativo e institucional para garantizar el acceso a la información pública en posesión del Estado mexicano.
No obstante, los resultados de estudios como la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2016 o el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CNTAIP) 2017 evidencian las dificultades que aún se enfrentan en México para que la población pueda ejercer plenamente y en su caso, aprovechar este derecho en el territorio nacional. Además, ofrecen un panorama que permite identificar las áreas de oportunidad a partir de las cuales será posible diseñar e impulsar esfuerzos específicos en materia de acceso a la información, transparencia proactiva o gobierno abierto, así como en otras áreas relacionadas con los derechos que tutela el mismo INAI.
En primera instancia, se detecta que existe un déficit de conocimientos básicos del derecho de acceso a la información. Para poder exigir información a alguna institución, primero se debe saber que se puede, conocer las funciones específicas de las autoridades sobre quienes desea conocerse información, así como los mecanismos precisos para llevarlo a cabo y, en su caso, la instancia a la que podemos acudir para que defienda nuestro derecho ante cualquier negativa.
Sin embargo, la ENAID expone que sólo el 50.6% de la población tiene conocimiento acerca de la existencia de leyes e instituciones relacionadas con esta materia. Esto significa que un área de oportunidad importante para aumentar el número de usuarios potenciales del DAI, es desarrollar acciones de promoción y difusión del derecho y todo lo que implica, buscando se amplíe su conocimiento y en consecuencia, se posibilite que este derecho se encuentre al alcance del mayor número de personas.
En segundo lugar, aun contando con tales conocimientos, los interesados en ejercer este derecho todavía deben sortear otra barrera: conocer el proceso (entramado legal e institucional) de acceso a la información. En esta línea, es preciso recordar que actualmente existen dos mecanismos básicos para que la población acceda a la información pública: a) solicitud de acceso a la información a través de los canales previamente establecidos por la ley; y b) información que de oficio o aquella que de manera proactiva es difundida en los portales institucionales de internet (se considera tanto los sistemas de portales de obligaciones de transparencia, como las páginas de internet de las instituciones públicas).
Este fenómeno, desde la experiencia del usuario, puede observarse como un camino para acceder a la información pública que resulta largo y complicado. De hecho, de acuerdo con el CNTAIP, la principal razón por la cual los ciudadanos interpusieron un recurso de revisión ante los organismos garantes, fue en 31.1% la falta de respuesta a una solicitud en los plazos establecidos. La segunda de ellas es la entrega de información incompleta (14.1%), mientras que la tercera, la entrega de información que no correspondía con lo solicitado (6.8%). Además, del total de personas que declararon haber solicitado información por cualquier medio, sólo 7 de cada 10 afirmaron haber recibido información adecuada.
Cabe agregar que, dicha complejidad de procesos, al impedir que las personas cuenten con posibilidades reales y suficientes para acceder a la información, deriva en un escaso y muy acotado uso del DAI. La propia ENAID refleja que el ejercicio de este derecho, se ubica principalmente en habitantes de las ciudades capitales del país y de zonas altamente urbanizadas, y en quienes cuentan regularmente con estudios de licenciatura o maestría. En este sentido, el reto que es posible identificar consiste en la importancia de formar usuarios del derecho de acceso a la información; es decir, generar un mayor y cada vez más diverso (por su perfil) número de personas que sepan cómo ejercer el DAI y que en la práctica, a pesar de los obstáculos referidos, sepan cómo sortear las posibles barreras que se presenten, logrando acceder u obtener de manera exitosa la información pública requerida.
Por otra parte, en tercer lugar, al proceso general para el ejercicio del DAI pueden sumarse algunas particularidades en las que incurren ciertos sujetos obligados (SO) para cumplir con las leyes en transparencia. La LGTAIP señala en su Título Noveno, Capítulo II como causales de sanción a los servidores públicos cuya negligencia se manifieste en alguno de los siguientes comportamientos: actuar con dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes de información, no difundir información relativa a sus obligaciones previstas en la ley, declaración de inexistencia de información aún cuando el sujeto obligado deba generarla, la omisión de documentar el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones y actos de autoridad, así como la clasificación de información como reservada sin que se cumplan las características señaladas en dicha Ley.
Otro aspecto importante se refiere a las capacidades administrativas de los SO para cumpir con la normatividad en la materia. El CNTAIP permitió conocer que la carga de trabajo de las unidades de transparencia del poder ejecutivo estatal y de los municipios difiere de estado a estado. No sólo eso, el resultado se erige como un elemento sustancial de la capacidad que tienen esas áreas para atender sus tareas. Por ejemplo, la Ciudad de México, Baja California y Quintana Roo son las entidades con mayor carga de trabajo por persona; mientras que Chihuahua, Tamaulipas y Tlaxcala las que menos. Así, es posible observar un reto adicional que de hecho, aunque aún persisten muchas áreas de oportunidad, los sujetos obligados han buscado atender en los últimos años derivado de la experiencia adquirida: Mejorar la eficiencia, la eficacia, la calidad y la economía en las acciones que por ley, deben realizar en materia de acceso a la información.
En cuarto lugar, se observa que el escaso aprovechamiento del DAI no sólo es consecuencia del escenario presentado anteriormente relacionado con la falta de conocimiento del derecho, la dificultad para su ejercicio o las debilidades institucionales y aquellas atribuibles a los servidores públicos; también deviene de la falta de percepción sobre la utilidad de este derecho y de la información pública para un amplio sector de la población.
Esta falta de percepción surge de al menos dos razones fundamentales: a) existe una desvinculación del ejercicio del DAI como parte de la solución a una situación o problema cotidiano; es decir, frente a una contrariedad, no se considera a la información pública como un insumo estratégico para la toma de decisiones; y, b) también existe una desvinculación con los actores relevantes que permitan solucionar esa situación o problema, pues tras obtener la información pública, las personas no tienen claridad acerca de a quién o qué instancia recurrir para poder resolverlo.
Prueba de lo anterior, es el dato que arroja la ENAID respecto a que sólo el 5.6% de la población afirma haber realizado una solicitud de información alguna vez en su vida. Además, según esta encuesta, de la población que afirmó no haber realizado una solicitud de información (94.4%), sólo el 18.7% manifestó interés en realizarla. Por su parte, respecto de los usuarios que consultan información en los portales institucionales de internet, sólo el 14.1% de la población dice haberlo hecho por esa vía. De ese porcentaje, 62 de cada 100 personas no encontraron la información que buscaban o bien, no estuvieron satisfechas con lo que obtuvieron. Por su parte, se desconoce, salvo en aquellos casos documentados por el INAI y otros actores de la sociedad civil y la academia, cuál fue el curso de acción de los usuarios, luego de haber obtenido la información requerida, es decir, qué hicieron con ella.
En este sentido, es claro que existe un último y no menos importante reto, relacionado con la importancia y la necesidad de transmitir hacia los usuarios, las ventajas y los beneficios que ofrece (en términos de su utilidad), el ejercicio (estratégico) del DAI y el uso de la información pública para el logro de objetivos concretos y la incidencia en el contexto; ya sea para satisfacer necesidades de información o como se ha mencionado, para resolver alguna situación o problema, sea privado o colectivo.
Puesto que pocos saben que se puede y cómo solicitar información, pocos ejercen su derecho (muchos menos de manera estratégica) y, en consecuencia, casi nadie obtiene beneficios del mismo (escaso aprovechamiento del DAI) en los términos deseables antes expuestos.
Esta situación, no sólo genera cierta insatisfacción y pérdida de interés en el derecho de acceso a la información, lo cual deriva en la concentración de su ejercicio; sino además los ciudadanos, al no lograr sus objetivos y no resolver las situaciones negativas que se les presentan, no alcanzan a percibir ni capitalizar la utilidad del DAI, lo cual deriva en desencanto en las instituciones públicas y en su caso, en la democracia, que como contexto, le ha dado vida a tales instituciones.
De hecho, según datos de la ENAID, las razones por las cuales la población de 18 años y más manifestó no tener confianza absoluta en la información pública son: debido a que se manipula (82.4%), no coincide con la realidad (71.4%), está incompleta (68.9%), se oculta (62.1%) o es falsa (58.5%). Esta percepción poco a poco va minando la posibilidad de que la ciudadanía ejerza su DAI y que a partir de él, se involucre cada vez más en los asuntos públicos y en la atención a los principales problemas que aquejan a nuestro país.
Hacia una política pública de Socialización del DAI
Con el análisis anterior, el principal problema que buscará atender la política pública que se propone, traducida en un plan de socialización del DAI con alcance nacional, es el escaso aprovechamiento del derecho de acceso a la información por parte de la población y, en particular, en la población objetivo que se detalla en el apartado correspondiente.
Para ello, esta política pública se enfocará en lograr este objetivo como consecuencia de detonar esfuerzos que busquen (1) posibilitar que el derecho se encuentre al alcance de toda persona, (2) ampliar y diversificar la base de usuarios, así como (3) propiciar su ejercicio estratégico para obtener beneficios concretos, potenciando la utilidad de la información pública; pues como se ha contextualizado, se considera que conocer el derecho de acceso a la información no significa necesariamente usarlo ni mucho menos, asegurar que éste llegue a sus últimas consecuencias, es decir, el aprovechamiento.
Así, el aprovechamiento consistirá en la aplicación práctica y tangible del derecho de acceso a la información a la generación de conocimiento o más allá, a la solución de alguna situación o problema de la vida cotidiana, logrando obtener un beneficio ulterior o potenciando otro derecho. Para ello, y como parte de este esfuerzo orientado al aprovechamiento del DAI, no solo habrá que analizar el sentido que se dará a la información pública obtenida sino también, habrá que entender, sortear y superar los posibles obstáculos legales y burocráticos subsecuentes; lo que algunos autores llaman “cruzar el río de cocodrilos”.
En los últimos años, el DAI ha mostrado ser una herramienta valiosa que contribuye no sólo a transparentar la gestión pública o a prevenir la corrupción; sino también, cuando este se da a conocer, se enseña y se transmite hacia las personas apropiadamente, de modo que se genera en los usuarios las capacidades suficientes para un ejercicio óptimo de este derecho (y se destaca la utilidad de la información pública), se incrementan las posibilidades para incidir en el entorno, logrando beneficios privados o públicos en los individuos y en sus comunidades.
En este sentido, una política pública cuyo objetivo sea incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población, debe considerar necesariamente y procurar un enfoque de Derechos Humanos. Hoy nuestro país no sólo enfrenta un contexto complicado para el acceso a la información como los párrafos precedentes lo evidencian; también existen otras áreas donde las políticas públicas deben ocuparse, pues tienen ante sí escenarios igualmente apremiantes y será con ellas, donde la propuesta que se propone deberá vincularse.
Por ejemplo, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a través de su Medición de la Pobreza, el 70.4% de la población en México presenta al menos una carencia social. Lo anterior equivale a 86.3 millones de personas que carecen de servicios de salud, seguridad social, una vivienda digna o una alimentación completa. Además, el escenario se torna más grave cuando el mismo CONEVAL señala en dicho instrumento que, el 18.7% de los mexicanos tienen al menos tres carencias sociales.
En esta perspectiva, aunque la política pública, a través de diversos esfuerzos articulados buscará llegar al mayor número de personas en el país, sin importar género, edad, nivel educativo, ocupación, religión o cualquier otro tipo de clasificación, resalta la necesidad de brindar un enfoque que le permita llegar, prioritariamente a aquella población que sufre este tipo de carencias.
Al concebir el DAI como un derecho que detona tanto una función cognitiva en los usuarios, como otra de tipo instrumental, se presenta un área de oportunidad importante para dirigir esfuerzos principalmente hacia grupos sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad (aunque esta política pública no se limite a este sector poblacional) en México; pues en primer lugar, será más factible que la problemática antes señalada acerca del poco acceso a la información pública se acentúe en ellos. Y no sólo eso, en consecuencia, ellos serán quienes eventualmente, podrán beneficiarse aún más del aprovechamiento del DAI (luego de un ejercicio adecuado) y hacer de él un derecho humano que en consecuencia, les permita incrementar las posibilidades para mejorar su calidad de vida.
Impulsar un Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (en adelante PlanDAI), que consiste en la construcción de una Red Nacional de Socialización (RNS) del DAI constituida por Redes Locales de Socialización (RLS) del DAI, así como en la formación y despliegue de actores denominados “Facilitadores del DAI” (en adelante Facilitadores), cuyos esfuerzos tendrán como objetivo incrementar el aprovechamiento de este derecho por parte de la población, principalmente por grupos sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad y por otros grupos poblacionales definidos.
En el marco de dichas redes y de la labor que desempeñen los Facilitadores, el PlanDAI tendrá como propósito ampliar el alcance e impacto del DAI en el país con miras a incrementar el aprovechamiento del derecho. Esto se logrará a partir de: (1) posibilitar que el derecho se encuentre al alcance de toda persona, (2) ampliar y diversificar la base de usuarios, así como (3) propiciar su ejercicio estratégico para obtener beneficios concretos, potenciando la utilidad de la información pública.
Se trata de un esfuerzo que se deberá impulsar desde lo local, de manera gradual y progresiva en el territorio nacional, y que, como se ha referido, se denominará “Socialización del DAI”. En este sentido, luego del diagnóstico realizado y del problema identificado, en el Numeral 4 “Planeación y Diseño” del presente documento se detallan y explican los objetivos de política pública que se persiguen, así como la población potencial, población objetivo y algunas consideraciones; mientras que en el Numeral 5 “Implementación” las actividades puntuales a desarrollar, agrupadas en siete acciones clave. Finalmente, se agrega información complementaria, tal como el cronograma, documentos de trabajo y otros anexos.
¿Qué acciones específicas debe realizar para alcanzar la solución?
El plan propuesto considera el desarrollo de siete ACCIONES CLAVE (las cuales se detallan en el Numeral 5 “Implementación”); no obstante, con la finalidad de esbozar los procesos tanto de diseño como de implementación y evaluación de la política pública, a continuación se presentan tres etapas generales:
Diseño: El proceso de diseño de la política pública, en primer lugar, estará a cargo de la Dirección General de Políticas de Acceso. Posteriormente se hará una primera etapa de retroalimentación dentro del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y, por último, se llevará a cabo, de manera pública, abierta y colaborativa, un proceso donde se pedirá a distintos actores del sector público, privado, académico, de la sociedad civil y a la población en general, emitir sus opiniones respecto a la propuesta de PlanDAI.
Implementación: Desarrollar las actividades necesarias para cumplir con el proceso de implementación del PlanDAI, entre las que destacan: 1) Construir la RNS, a través de la instalación de RLS; 2) Elaborar, publicar y cumplir los PLS; 3) Formar a Facilitadores; 4) Socializar el DAI en la Población objetivo; 5) Documentar las actividades realizadas; 6) Comunicar las mejores prácticas, y; 7) Desarrollar un Sistema de incentivos.
Evaluación: Se evaluará el PlanDAI a nivel nacional desde el INAI y a nivel local, conjuntamente con los OGL, a través del cumplimiento de los PLS por cada entidad federativa. Ello, con el objetivo de retroalimentar y ajustar constantemente la política pública. En su caso, se considerará llevar a cabo evaluaciones externas de Diseño, de Consistencia y Resultados, y de Impacto.
Es importante señalar que, en su oportunidad, este esfuerzo se presentará ante el SNT para su implementación de manera opcional y voluntaria por los OGL. Al tener un enfoque de federalismo cooperativo, los organismos garantes que así lo deseen podrán involucrarse como promotores e implementadores del PlanDAI en cada región del país.
¿Cuáles son los antecedentes relevantes para comprender la solución propuesta?
Además de la literatura existente sobre casos de éxito derivados del ejercicio estratégico del DAI (que para efectos del PlanDAI, se denomina “Aprovechamiento del DAI”), en el mundo, y particularmente en México, esta propuesta de política pública no sólo deviene del interés del INAI para que el derecho de acceso a la información sea considerado por las personas como una herramienta útil tanto para la generación de conocimiento como para la solución de alguna situación o problema a partir de decisiones cada vez mejor informadas.
Como se ha señalado en la parte introductoria, está inspirada en las preocupaciones y propuestas expuestas por la sociedad civil organizada en los últimos años y, específicamente, entre otras vías, a través del “Pronunciamiento por la Socialización Integral del Derecho de Acceso a la Información Pública en México, enfocada al Aprovechamiento y Beneficios de todas las Personas”. Este documento recoge una narrativa histórica vinculada a la necesidad de impulsar un esfuerzo de esta naturaleza (Socialización del DAI) en nuestro país.
Es importante señalar que dichas ideas y reflexiones no solo han sido analizadas e incorporadas a los diversos instrumentos de planeación del Instituto, sino también se ha buscado traducir estas múltiples acciones sugeridas en instrumentos de política pública y, por lo tanto, en esfuerzos institucionales concretos.
¿Cuál es el sustento jurídico aplicable para solucionar este problema?
La presente propuesta se encuentra legalmente sustentada en las atribuciones y facultades que la normatividad aplicable le confiere al INAI. Se basa en los preceptos señalados tanto en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), como en la LGTAIP, en particular en su Título Cuarto, Capítulo I “De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información”; así como a la normatividad aplicable a los organismos garantes federal o locales y demás instrumentos adoptados en el seno del SNT.
Asimismo, dada la naturaleza del problema que se aborda, el proyecto se encuentra alineado a instrumentos de planeación del INAI y a sus respectivos indicadores. Tal es el caso del PROTAI, específicamente en el Eje Temático 2 “Derecho de Acceso a la Información”, a través de su estrategia 2.1.1 “Impulsar progresivamente el desarrollo de un Plan Nacional de Socialización, promoción y difusión del derecho de acceso a la información, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para que la población conozca y utilice la información pública”.
Por otra parte, en el Programa Institucional 2017-2020 del INAI se encuentra alineado al apartado diagnóstico titulado “Políticas públicas para mejorar ampliar y diversificar el acceso a la información pública”, el cual plantea, entre otros, el reto “Incentivar, dentro de SNT y en el marco de las atribuciones del Instituto, la formulación de políticas públicas basadas en evidencia que permitan ampliar la socialización del derecho de acceso a la información a partir de un enfoque regional y atento a los grupos vulnerables”.
Finalmente, en el Programa Anual de Trabajo 2018 del INAI, el presente proyecto se vincula a las acciones atribuibles a la Dirección General de Políticas de Acceso (DGPA) de la Secretaría de Acceso a la Información (SAI). A saber: “Desarrollar una política de socialización del derecho de acceso a la información, que tenga como objetivos la ampliación y diversificación de la base de usuarios de este Derecho, y el uso estratégico de la información por parte de la población”.
¿A qué institución o instituciones compete resolver este problema?
Para el desarrollo de las acciones que más adelante se proponen y el logro de los objetivos que persigue el PlanDAI, en términos de la normatividad aplicable y de las funciones que desempeñan, deberán coadyuvar diversos actores tanto del sector público como de otros sectores. Desde el INAI y los OGL como impulsores y coordinadores de la política pública a nivel nacional y local, hasta los aliados estratégicos que lleguen a formar parte de la RNS a través de las RLS, tales como SO que implementan programas y acciones institucionales para la atención de grupos sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de otros grupos poblacionales definidos, instituciones públicas o privadas de educación superior (IES), organizaciones de la sociedad civil (OSC) e, incluso, empresas que deseen sumarse a este esfuerzo.
Esto en función de los compromisos y metas que se definan en cada uno de los PLS y de las tareas que corresponda realizar a cada actor participante en las RLS. Por lo que, si bien de manera inicial se presenta un esbozo de las responsabilidades generales de los miembros de estas redes, deberá existir voluntad política y disposición para actuar, así como capacidad administrativa, técnica y financiera para involucrarse con diligencia, oportunidad y efectividad.
¿Por qué cree que la política pública que usted eligió puede solucionar de mejor forma el problema público en comparación con otras alternativas?
El diseño la política pública se dará de manera pública, abierta y colaborativa, considerando una perspectiva integral que identifique y reúna lo necesario para ponerla en marcha atendiendo el contexto nacional pero también, de manera cuidadosa, las particularidades locales en cada entidad federativa que se involucre. Por ello, como se ha señalado, esta etapa del PlanDAI requerirá del involucramiento, opinión y retroalimentación de diferentes actores no sólo nacionales, sino, principalmente, del ámbito local. Se considera que de esta forma es posible construir una política pública de Socialización del DAI robusta, integral y apropiada a cada contexto en nuestro país.
Una de las ventajas que ofrece el PlanDAI en términos de implementación es la construcción de una RNS mediante la integración de RLS. Esto permitirá que todos los esfuerzos y las directrices metodológicas se realicen de manera homogénea en cada entidad federativa. Vale precisar que si bien el objetivo es desarrollar un conjunto de acciones “estandarizadas” en el territorio nacional, la existencia de RLS detonará que en cada PLS se plasmen las necesidades específicas de las localidades y de la población de la entidad. Para asegurar esto se ha privilegiado para la integración de estas redes la participación y convergencia de todos aquellos actores que, tras conocer los objetivos que se persiguen, puedan contribuir con su experiencia, talento, capacidad y recursos.
En cuanto a la formación de los Facilitadores del DAI, hay que destacar que el PlanDAI ofrece un programa específico para la formación de estos perfiles. Se construyó a partir de la experiencia probada de múltiples actores que han desarrollado acciones de esta naturaleza en el país. Además, dicha labor será parte de un proceso constante de monitoreo, evaluación y certificación a partir de un Estándar de Competencia en materia de Socialización del DAI. Se busca asegurar, en todo momento, un alto estándar de calidad en el desempeño de los Facilitadores.
Por su parte, si bien la labor de Socialización comprende principalmente la intervención de los Facilitadores del DAI, será complementada por múltiples esfuerzos (definidos al interior de las RLS) orientados estratégicamente a incrementar el aprovechamiento de este derecho, las cuales se presentan a modo de sugerencia, en el apartado correspondiente.
En este contexto la RLS es fundamental: ellos contarán con el conocimiento, proximidad y comunicación entre actores que ya tienen contacto con la población objetivo en su trabajo cotidiano, lo cual no solo generará una mayor confianza por parte de los beneficiarios de dichos programas o acciones, sino que permitirá que la implementación del PlanDAI a nivel local sea mucho más eficiente, eficaz, de calidad y liberando de cargas técnicas que pudieran implicar la erogación de recursos adicionales a los inicialmente presupuestados.
Con el propósito de incentivar y estimular las acciones de socialización del DAI, el INAI desarrollará una estrategia para reconocer el desempeño de los actores participantes en las RLS, así como las mejores experiencias de aprovechamiento. Este componente será acompañado de un esfuerzo robusto para comunicar dichas prácticas, legitimando la política pública y sensibilizando a la sociedad sobre las ventajas y beneficios del DAI.
Finalmente, el proceso de evaluación de la política pública a nivel nacional por parte del INAI y a nivel local conjuntamente con los OGL a través del cumplimiento de los PLS por cada entidad federativa, permitirá retroalimentar y ajustar constantemente la política pública. En su caso, si fuera necesario, se considerará el llevar a cabo evaluaciones externas de Diseño, de Consistencia y Resultados, y de Impacto.
¿Qué tipo de consideraciones presupuestales, técnicas u operativas se tomaron en cuenta para seleccionarla?
Se busca que desde el INAI, de manera coordinada con los OGL, se puedan cubrir todas las etapas de implementación del PlanDAI referidas con los recursos humanos, materiales y financieros con los que ya cuentan los organismos garantes y demás miembros de las redes. Para lograrlo, se procurará compaginar la mayor cantidad de actividades derivadas de la política pública a las atribuciones que actualmente realizan.
En términos técnicos y operativos, se considera que es posible construir desde lo local y de manera gradual y progresiva una RNS cuyos integrantes, tomando previsiones técnicas, presupuestales y de incentivos, puedan realizar la integración y operación de RLS; la elaboración, publicación y cumplimiento de los PLS; la formación y despliegue de los Facilitadores del DAI; actividades para la documentación de los esfuerzos realizados en la entidad federativa y la comunicación de las mismas.
¿Cuál es el objetivo general de la política que propone? ¿Cómo piensa medir el éxito o el fracaso de su política? La redacción del objetivo estratégico debe seguir la siguiente estructura: Verbo + Qué + Para qué o para quién
El objetivo general del PlanDAI es, incrementar el aprovechamiento de este derecho por parte de la población, principalmente por grupos sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad y otros grupos poblacionales definidos. En todo momento, se buscará adoptar un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género.
El PlanDAI tendrá como propósito ampliar, mediante el desarrollo de un conjunto de acciones, el alcance e impacto del DAI en el país. Para ello, tales acciones buscarán (1) posibilitar que el derecho se encuentre al alcance de toda persona, (2) ampliar y diversificar la base de usuarios, así como (3) propiciar su ejercicio estratégico para obtener beneficios concretos, potenciando la utilidad de la información pública.
El éxito o fracaso de la socialización del DAI se medirá, en primera instancia, a partir de los indicadores construidos en el marco de la propia política pública. Asimismo se reconoce la importancia de vincular este plan a otras variables; por ejemplo, aquellas contenidas en instrumentos como diagnósticos y encuestas que buscan conocer y medir el estado del derecho de acceso a la información en México.
¿Qué resultados concretos busca alcanzar con la política pública a implementar? ¿En qué plazo se planean alcanzar estos resultados? ¿Qué bienes, servicios o productos busca generar para alcanzar estos resultados?
El PlanDAI cuenta con tres objetivos específicos:
1. Posibilitar que el DAI se encuentre al alcance de toda persona.
Se buscar promover y difundir el conocimiento del DAI y, así, lograr que este derecho se encuentre al alcance del mayor número de personas. Para ello, se deberán desarrollar acciones para poder impactar en distintos contextos del territorio nacional y a diversas audiencias de interés. Esto con el fin de que conozcan el DAI, sus mecanismos, instancias e identifiquen los medios más accesibles para ejercer y aprovechar este derecho.
2. Ampliar y diversificar la base de usuarios del DAI.
Es importante generar cada vez un mayor y diverso número de personas que sepan cómo ejercer el DAI y que, en la práctica, sepan sortear posibles barreras para acceder de manera exitosa la información pública requerida. Lo anterior, considerando principalmente a grupos sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad y a otros grupos poblacionales definidos.
3. Propiciar el ejercicio estratégico del DAI.
Transmitir hacia los potenciales usuarios las ventajas y beneficios que ofrece el ejercicio del DAI y el uso de la información pública para el logro de objetivos concretos y la incidencia en su contexto. Se deberán generar y difundir productos comunicativos que muestren, a partir de casos reales, los usos variados y la utilidad de la información pública, ya sea para satisfacer necesidades de información o para resolver alguna situación o problema en la vida cotidiana.
Para lograr estos objetivos específicos, como se verá más adelante, será necesario que las RLS consideren, como parte de sus compromisos en los PLS, acciones orientadas al cumplimiento de cada uno de ellos. Es así como se espera que se incremente el aprovechamiento del DAI tanto en el corto plazo, derivado de la intervención directa a partir de dichas acciones (periodo no mayor a seis meses), como de manera sostenible en el mediano y largo plazo, a partir de la “internalización” de tales acciones en la población objetivo que sea atendida.
¿Cuánto tiempo, aproximadamente, tomará en desarrollar la política?
Bajo la narrativa expresada, por tratarse de una política pública cuya elaboración será pública, abierta y colaborativa, y que su implementación dependerá del consenso entre los diversos actores que resultan involucrados en el marco de la RNS, el proceso de diseño del PlanDAI se realizará durante 2018. Esto con miras a que sea implementada a partir de 2019.
Dada la directriz establecida en los instrumentos de planeación, como el PROTAI, y en virtud de la problemática que se pretende abordar, el proceso de implementación del PlanDAI se dará gradual y progresivamente desde lo local, es decir, cada semestre se buscará incorporar a un número determinado de entidades federativas que expresen su interés en hacerlo.
Finalmente, el proceso de evaluación de la política pública a nivel nacional y del cuplimiento de los PLS se dará conforme se vayan alcanzando los objetivos del PlanDAI y en función de las entidades federativas que vayan formando parte de la política pública.
¿Hay algún escenario que impida el desarrollo de la política en el plazo previsto?
Es importante valorar dos escenarios que pudieran traducirse en posibles obstáculos: en primer lugar, es indispensable la disposición y colaboración que ofrezcan las áreas del Instituto que por sus atribuciones resultan involucradas para el diseño de la política pública; al igual que los OGL y otros actores del sector público, privado, académico y de la sociedad civil que se busca contribuyan en su construcción. En segundo lugar, un factor determinante será el involucramiento de los OGL, los sujetos obligados y los demás aliados estratégicos para llevar a cabo la implementación del PlanDAI en las entidades federativas. Son estos actores quienes tendrán que definir, coordinar, dar seguimiento y reportar las actividades necesarias para el cumplimiento de la política pública en lo general y para el cumplimiento de los compromisos establecidos en los PLS que sean elaborados.
¿Cuál es la población total que se ve afectada por el problema público a resolver?
Como se puede deducir a partir de lo que se ha mencionado en el Numeral 2 “Diagnóstico y Problema”, la información es un recurso estratégico que necesitamos en cada dimensión de nuestra vida cotidiana. Nos permite potenciar nuestras capacidades de comunicación, diálogo e interacción con otros individuos u organizaciones; ya sea para promover o proteger nuestros derechos e intereses o, en su caso, para controlar, dentro de un contexto democrático, a las propias organizaciones -públicas o privadas- que pudieran afectar dichos intereses.
De esta manera, al constituirse la información como un insumo indispensable para la convivencia social y eventualmente para alcanzar un mayor grado de bienestar, es claro que no disponer de ella y, por lo tanto, no utilizarla (mucho menos de forma estratégica), podría implicar por sí mismo diversas limitaciones. La gravedad se intensifica si consideramos que no poder potenciar las posibilidades para generar conocimiento o resolver alguna situación o problema mediante el ejercicio del DAI puede afectar principalmente a grupos sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) define a estos grupos como “núcleos de población y personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar”. Es decir, aquellos hacia los cuales deben dirigirse programas y acciones institucionales de desarrollo social con el objetivo de erradicar sus principales carencias.
En este sentido, retomando el panorama nacional que se ha puntualizado en los apartados precedentes. Según la Medición de Pobreza del CONEVAL, actualmente en México el 70.4% de la población presenta al menos una carencia social. Es decir, al menos 86.3 millones de personas no tienen asegurados servicios de salud, seguridad social, vivienda digna o acceso a una alimentación. El 18.7% presenta al menos tres de estas carencias, lo que equivale al 23% de la población total. Asimismo, el 50.6% cuenta con un ingreso inferior a la línea de bienestar, mientras que el 17.5% con uno inferior a la línea de bienestar mínimo.
En otra vertiente, como parte de la población potencial que se ha identificado para efectos de esta política pública, independientemente de aquellos grupos sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad y donde, por lo expuesto, existe un área de oportunidad para aproximar el DAI bajo un enfoque de aprovechamiento; también existen otros grupos poblacionales definidos que, al tener problemáticas específicas y delimitadas para su atención, el ejercicio del DAI de manera estratégica puede generar en ellos efectos similares. Estas problemáticas específicas y delimitadas, son aquellas que de manera concreta buscan ser resueltas por beneficiarios de servicios, tanto públicos como privados. Ejemplo, servicios educativos, servicios de salud, servicios de seguridad, de alimentación, entre otros.
En este contexto, si bien el PlanDAI busca llegar al mayor número de personas en el país, existe un potencial al enfocarse en atender en primer lugar, a grupos sociales que se encuentren dentro del 70.4% de la población que presenta al menos una carencia social y en otra línea, a otros grupos poblacionales definidos (audiencias focalizadas). Resulta entonces relevante, reiterar la importancia de que ambos grupos se apropien del DAI y lo asuman como un medio para exigir y obtener mejores condiciones de vida o en su caso, para salir de su situación de desigualdad.
¿A qué porcentaje de la población potencial se busca beneficiar con la política? ¿Esta población coincide con la identificada en el diagnóstico? ¿Quiénes serán los beneficiarios directos de su política?
A partir de la población potencial presentada, existe una oportunidad en que el PlanDAI pueda llegar de manera estructurada, gradual, por etapas y dirigida al mayor número de personas posible, pues se trata de una política pública que busca impulsarse desde lo local, pero con alcance nacional. De manera estructurada, por disponer de una estrategia para construir una RNS a partir de RLS; gradual, por realizarse progresivamente en las entidades federativas; por etapas, por considerar acciones para el corto, mediano y largo plazo; y dirigida, por trabajar con una población (nichos) que deberá estar identificada.
Para seleccionar a esta población, inicialmente, se considerará: dentro de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, a aquellas personas que son beneficiarias de programas o acciones institucionales de desarrollo social; mientras que, dentro de otros grupos poblacionales definidos, a aquellas personas que son beneficiarias de algún servicio público o privado, educativo (particularmente de instituciones de educación superior) y en su caso, a usuarios de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), de la Red Nacional de Centros Comunitarios Digitales (RNCCD) o específicamente, aquellas audiencias que son atendidas directamente por OSC o por empresas.
Cabe señalar que si bien, en cada caso el alcance de estos esfuerzos y su desarrollo será definido por las RLS, esto no impide que el INAI, en aras de fortalecer tales tareas realice esfuerzos paralelos con actores estratégicos del ámbito federal. Así, para orientar mejor los objetivos del PlanDAI (a modo de criterios), se privilegiará trabajar en entidades federativas y regiones donde se identifica un menor nivel de conocimiento del DAI; así como abordar, idealmente, aquellas localidades donde se identifique un grado de marginación medio, procurando asegurar las condiciones mínimas para el ejercicio del derecho.
Población beneficiaria de un programa social
Para llegar a esta población objetivo, el principal mecanismo previsto por la política pública son los programas y acciones institucionales, primordialmente de desarrollo social. Por ello, se ha planteado que desde el inicio, dentro de las RLS participen SO implementadores de estas tareas. Al respecto, en 2017 el CONEVAL registró 6,488 programas y acciones de desarrollo social en el país: 149 federales, 2,528 estatales y 3,811 municipales. Por su parte, el Padrón Único de Beneficiarios de Programas (PUB) de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), señala que todos estos programas han tenido como beneficiarios a 72,407,989 mexicanos, es decir, 60.6% de la población en México.
De esta manera, para seleccionar el programa o acción institucional de desarrollo social que se utilizará como mecanismo para socializar el DAI en la población objetivo, y buscar homogeneizar el tipo de programas y acciones utilizados, será un requisito que estos tengan como mínimo y de manera pública, la siguiente información: Reglas de Operación, Padrón de beneficiarios, Informes de resultados, estudio sociodemográfico de la población a la que se enfocan, medios que emplean para llegar a sus beneficiarios, entre otra que resulte de utilidad para identificar y llegar a los grupos poblacionales.
Por otra parte, se privilegiará la elección de estos programas y acciones a partir de dos enfoques: 1) De Derechos Humanos. Es decir, aquellos que se encuentren alineados a cualquiera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos objetivos devienen de los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio y tienen como misión el abatimiento de la pobreza de la mano del crecimiento económico y el cuidado del planeta. Así, el trabajo que se realice en el marco del PlanDAI estará alineado a tales objetivos. 2) De Perspectiva de Género. A saber, aquellos cuya población beneficiaria sean mujeres. Con el objetivo de darle al PlanDAI una orientación hacia esta dirección, en el marco de las RLS se fomentará la designación de programas y acciones dirigidos a que las mujeres ejerzan sus derechos.
Población beneficiaria de servicios educativos
Para llegar a esta población objetivo, es decir, a estudiantes universitarios, el principal mecanismo previsto por la política pública son las instituciones de educación superior (a través de su plantilla docente). Por ello, se ha planteado que desde el inicio, dentro de las RLS participen las IES.
Al respecto, en 2017 la SEP registró 7,241 centros educativos de este nivel en el país, así como una plantilla docente de 388,310 profesores. La matrícula estudiantil en México asciende a 3,762,679 estudiantes universitarios.
Población beneficiaria de otros servicios (RNBP y RNCCD)
Otro esquema a través del cual es posible llegar a un grupo poblacional relevante y también definido, son las bibliotecas públicas que forman parte de la RNBP y los centros comunitarios que forman parte de la RNCCD. Por ello, se ha planteado que desde el inicio, dentro de las RLS participen SO que se encuentren a cargo o coordinan a nivel local, estos centros de estudio y recreación; pues así, será posible abarcar a un sector muy importante que es usuaria de estos servicios públicos.
Al respecto, de acuerdo con datos de la Secretaría de Cultura (CULTURA), en 2017 se registraron como parte de la RNBP 7,427 centros de estudio en el país y; de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a 2016 como parte de la RNCCD, un total de 11,589 centros de esta naturaleza.
Población beneficiaria por otros actores (OSC y empresas)
Finalmente, otro ejemplo que también permite aproximarnos a grupos poblacionales que indistintamente pueden o no pueden ser beneficiarios de algún programa o acción institucional de desarrollo social, es mediante OSC y empresas que trabajan, atienden o tienen contacto cotidiano con personas en distintas materias o áreas del conocimiento. Por ello, y por muchas razones más, se ha planteado que desde el inicio, dentro de las RLS participen OSC o empresas tiene experiencia en este dinámica.
Para el primer caso, de acuerdo con datos del INDESOL, a 2017 se tienen registradas 21,623 organizaciones de la sociedad civil activas. En el segundo caso, de acuerdo con datos del INEGI, a 2015 se tienen registradas 4,048,543 empresas en nuestro país, la mayoría agrupadas a través de organizaciones empresariales y que de esa manera, se desenvuelven en diferentes sectores de la economía.
Por entidad federativa o región con menor conocimiento
Se ha mencionado que inicialmente, la población objetivo del PlanDAI será principalmente aquella beneficiaria de algún programa o acción institucional de desarrollo social, aunque también se podrá trabajar con otros grupos poblacionales definidos, tales como estudiantes universitarios, usuarios de bibliotecas públicas y de centros comunitarios digitales, así como población atendida por OSC o empresas en el país. En este sentido, dicha población se procurará esté determinada también, de manera geográfica de acuerdo con información existente en relación con el grado de conocimiento de una ley e institución que garanticen el derecho a la información en nuestro país. Estos datos, extraídos de la ENAID o en su caso, de algún instrumento similar que sirva para los fines de la presente política pública.
Según esta Encuesta en la edición 2016, la región sureste, compuesta por Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, es la que presenta los mayores retos, pues su promedio fue el menor respecto al grado de conocimiento de la ley que garantiza su DAI. Posteriormente, también por debajo del promedio nacional, está la región centro occidente, que incluye a Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, Nayarit, Jalisco y Colima.
Respecto al grado de conocimiento de una institución garante del derecho de acceso a la información, igualmente tanto la región sureste como la centro occidente fueron las que presentan los mayores retos. No obstante, en este rubro la región norte también se inscribió por debajo del promedio nacional. A esta región la conforman Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Por grado de marginación (medio)
Desde 1990, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) desarrolla un índice que permite evidenciar la carencia de oportunidades sociales y la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, así como la falta de bienes y servicios fundamentales. La CONAPO define la marginación como “un fenómeno multidimensional y estructural originado, en última instancia, por el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo”.
La educación, contar con una vivienda digna, la distribución de la población y los ingresos monetarios son las dimensiones base que determinan si una localidad es o no es marginada. Es decir, debido a que se trata de fenómenos estructurales, es indispensable que el Estado cree mecanismos que busquen mejorar la situación de la población marginada. Al respecto, según el Índice de Marginación 2015, 12.7 millones de personas residen en entidades federativas con muy alto grado de marginación; 27.4 con marginación alta; 20.4 en entidades con grado medio; así como 38.7 y 20.3 con grados bajo y muy bajo, respectivamente.
En este sentido, el PlanDAI procurará enfocarse, inicialmente, en entidades con un grado de marginación medio. El motivo principal es para poder asegurar en un principio las condiciones mínimas necesarias para acceder a la información: infraestructura, internet, telefonía, luz o los recursos que permitan a la población objetivo trasladarse al OGL.
Lo anterior, no significa en absoluto que no se considere a aquella población con marginación alta y muy alta, pues ahí también se identifican beneficiarios de programas y acciones institucionales de desarrollo social y otros grupos poblacionales definidos, y por lo tanto, de población objetivo que resulta potencial para el PlanDAI. Sin embargo, es preciso recordar que esta política pública busca tener un desarrollo gradual y progresivo, expandiéndose no sólo geográfica sino poblacionalmente.
Este proceso estará bajo la coordinación del INAI, a través de su área sustantiva de política pública en materia de acceso a la información, la cual cuenta con las facultades, atribuciones y antecedentes necesarios para elaborar el proyecto y definir una ruta para conducir tanto la elaboración del PlanDAI como su puesta en marcha. En este sentido, para la elaboración de la primera propuesta, se ha invitado a participar a diversas áreas del Instituto, identificadas al interior de la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia y la Secretaría de Acceso a la Información del INAI.
Por su parte, con el propósito de ser la primera política pública del Instituto realizada en un ambiente de transparencia, participación y colaboración, es decir, de manera pública, abierta y colaborativa, y por tratarse de un proyecto de alcance nacional, la propuesta será sometida a Consulta Pública. Se busca enriquecerla con la opinión y sugerencias de los OGL y de quienes conforman el SNT, así como de diversos actores del sector público, privado, académico, de la sociedad civil y de la población en general.
Es importante señalar que el proceso de diseño de la política pública atenderá en todo momento lo establecido en el “Acuerdo por el que se aprueban los Criterios mínimos y metodología para el diseño y documentación de Políticas de Acceso a la Información, Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto, así como el uso del Catálogo Nacional de Políticas”, publicado el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2017.
Como se ha mencionado, en virtud de la planeación institucional y de la problemática que aborda la política pública, los objetivos planteados, su alcance nacional y por tratarse de un esfuerzo a impulsar en el mediano y largo plazo, la implementación del PlanDAI deberá desarrollarse de manera estructurada, gradual, por etapas y dirigida.
Para dar pie a la implementación del PlanDAI, el INAI deberá coordinarse con los OGL que, en el marco del PROTAI, resulten interesados en impulsar este esfuerzo de socialización. Una vez acordado y definido en las correspondientes Rutas de Implementación, se iniciarán los trabajos correspondientes para conformar las RLS y, eventualmente, para construir el PLS. En este sentido, deberán entablarse alianzas con los diversos actores que, de acuerdo con lo establecido en la presente política pública, puedan aportar a los objetivos del plan y en su caso, proporcionar su experiencia, recursos e insumos.
Son estos mismos actores quienes, dependiendo lo plasmado en cada PLS, deberán coordinarse al interior de las RLS para coadyuvar en el logro de sus objetivos. Por ejemplo, el OGL, además de su función como responsable de la implementación del PlanDAI en la entidad federativa, deberá dirigir el proceso para formar y coordinar a los Facilitadores del DAI; los SO deberán proporcionar información relacionada con los programas o acciones institucionales (de desarrollo social, acerca de las bibliotecas o los centros comunitarios) que se realizan y facilitar el acercamiento a su población objetivo; la IES deberá proponer estrategias posibles para llegar a los estudiantes universitarios y sugerir, además, un programa para obtener servicio social o prácticas profesionales siendo facilitador; las OSC y empresas señalarán la manera en que se comunican y trabajan con su población objetivo para definir la manera de socializar el DAI en ellos.
Una vez en marcha, el OGL será el encargado de integrar y reportar al interior de la RLS los avances en el cumplimiento del PLS, así como de documentar y comunicar los casos de aprovechamiento identificados. En este último punto, el INAI también será un actor relevante, pues retomará los casos de éxito relevantes y, mediante su área encargada de comunicación social y difusión, generará productos para comunicar a la sociedad no sólo los resultados derivados del PlanDAI y los PLS, sino aquellos insumos que permitan a la población en general conocer nuevas perspectivas para aprovechar el derecho de acceso a la información en sus cotidianidades.
Por último, es importante mencionar que en todo momento se priorizará la vinculación de las acciones que se realicen en el marco del PlanDAI y de las RLS con el trabajo institucional que ya se encuentre en curso, sea nacional o local. Por ejemplo, los trabajos en el marco de la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia, la Caravana Nacional por una Cultura de la Transparencia, las Jornadas Cívicas, la estrategia para la Formación de Usuarios, el trabajo que viene realizando el Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI, el Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE), entre otros.
El proceso de evaluación de la política pública se realizará desde el INAI a nivel nacional y a nivel local, éste último conjuntamente con los OGL. Esto permitirá retroalimentar y ajustar el PlanDAI, así como identificar, documentar y comunicar los casos de aprovechamiento y las mejores prácticas identificados. En el componente de evaluación se buscará revisar aspectos de gestión y de resultado de la política pública, así como los efectos y el impacto que se estén generando.
Opcionalmente, podrán participar en el proceso de evaluación de la política pública las instancias que a nivel local se determinen y, en el ámbito federal, el INAI en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 43 del Estatuto Orgánico del Instituto, de la fracción IV del artículo 48 de la LGTAIP o, en su caso, se podrá llevar a cabo evaluaciones externas de Diseño, de Consistencia y Resultados, y de Impacto.
¿Qué otros actores podrían contribuir en la implementación de su política? ¿Cuál podría ser su aportación específica?
Como se ha advertido, en el proceso de diseño se considerará la participación de diversos actores del sector público, privado, académico y de la sociedad, la cual podrá ser diversa y variable. Sin embargo, es claro que para la implementación del PlanDAI, se deberá contar con el liderazgo del INAI y los OGL, así como, a nivel local, la participación específica de quienes formen parte de las RLS. El proceso de evaluación deberá estar a cargo de aquellas instancias cuya competencia esté orientada al análisis de la gestión, resultados e impacto de políticas públicas, sean locales o federales.
¿Qué organizaciones o individuos podrían oponerse u obstruir la implementación de su política? ¿Qué circunstancias podrían limitar la implementación? ¿Cómo la política podría afectar los intereses de los adversarios?
Como toda política pública, en el caso del PlanDAI existen diversos escenarios y elementos que, de manera voluntaria o involuntaria, podrían significar barreras para su diseño, implementación o evaluación, los cuales se presentan a través del siguiente análisis de factibilidad en cada una de sus dimensiones:
¿Es posible implementar el PlanDAI?
(+) Es posible operar la política pública con los recursos asociados a las atribuciones de los actores involucrados.
(-) Podrían requerirse recursos adicionales para casos muy específicos. Ejemplo: Traslados e incentivos para facilitadores.
(+) Debido al escaso conocimiento, uso y aprovechamiento del DAI en México, existe un amplio margen para generar impactos positivos en la población.
(-) Pueden encontrarse problemas sociales, educativos y económicos que obstruyan la labor de los facilitadores (anomia, etc).
(+) La política pública está plenamente sustentada en las facultades del INAI, del SNT y alineado a su planeación institucional.
(+) Dado que la política pública se encuentra inscrita en el PROTAI, tanto los OGL como los SO, las IES, así como OSC o empresas, pueden resultar interesados en su implementación.
(-) Incompatibilidad entre la agenda federal y la local en materia de transparencia. Dificultades para integrar a los actores de la RLS o en su caso, llevar a cabo convenios de colaboración.
(+) El INAI, como encargado de garantizar el DAI a nivel nacional, tiene capacidad para diseñar un Plan y concertar acciones con los OGL.
(-) El proceso de construcción, aprobación y publicación de la política pública, lleva tiempo y debe agotar diversas etapas.
Además, desde la participación de los actores que han sido considerados para impulsar esta política pública como parte de la RNS y las RLS, podrían presentarse escenarios que es importante tomar en cuenta.
Dificultad en el proceso de vinculación del PlanDAI con otros esfuerzos institucionales internos, debido a la planeación institucional previamente definida por cada una de las áreas, así como una la posible falta de recursos.
Dificultad en el proceso de implementación de la política pública a nivel local, debido a la planeación institucional de los OGL, así como a la posible falta de recursos.
Aliados estratégicos (SO, IES, OSC o empresas)
Escasa participación debido al desconocimiento del tema, falta de prioridad en sus agendas públicas y privadas o falta de recursos que les permitan coadyuvar en este esfuerzo.
Facilitador del DAI
Escasa participación durante el proceso de reclutamiento al no contar con el tiempo necesario o, en su caso, con los recursos que les permitan dejar ciertas labores productivas o económicas para dedicar tiempo al PlanDAI.
Usuarios (población objetivo)
Escasa participación al desconocer el DAI, al tener desconfianza en las instituciones o en los servidores públicos por miedo a posibles represalias, así como falta de medios o recursos para ejercer su DAI o, en su caso, para acudir a las sesiones de asesoría, orientación o gestoría.
En virtud del objetivo general y los objetivos específicos que se plantean por el PlanDAI, los indicadores y metas que permitirán conocer el grado de avance en su implementación, así como el éxito de esta política pública en cuanto a sus resultados e impacto, se detallan en el Apartado 6.3 “Indicadores y metas”. Además, como se ha señalado, se considera realizar en su momento las correspondientes evaluaciones de diseño, de consistencia y resultados, y de impacto, de acuerdo con las necesidades de la propia política pública.
¿Cuántos recursos, aproximadamente, requerirá para implementar su política, ya sean financieros, humanos, materiales, tiempo, u otros?
La estructura presupuestal se compone tanto del costo estimado para el proceso de diseño de la política pública, como para el de implementación y evaluación de la misma. En este apartado se detallan los objetivos y las actividades que se desarrollarán. Para cada una de ellas se agregan los conceptos que implicarán costos, así como los actores que, idealmente, deberán absorber tales erogaciones.
Es importante precisar que únicamente se presentan los conceptos que podrían generar erogaciones, no se especifican o sugieren montos. Esto, pues, al ser una política pública de alcance nacional que atenderá problemáticas y particularidades regionales, el costo de operación variará en función de la entidad federativa donde sea impulsado el PlanDAI.
Finalmente, el presente ejercicio se realiza considerando los conceptos de gasto para la implementación de la política pública en una entidad federativa; por lo que los costos a escala se deberán calcular a partir del despliegue gradual de ésta en el país, el cual está previsto, a partir de 2019, en cinco entidades federativas por año.
El diseño de la política pública estará a cargo del INAI. Dicho proceso, pasará por la construcción de una primera propuesta (presentada y aprobada) al interior de la CPPAI, posteriormente por la retroalimentación de diversas áreas del Instituto y luego, con la participación de expertos en materia de transparencia del sector público, privado, académico, de la sociedad civil, y la población en general en el marco de una Consulta Pública.
Finalmente, luego de dicha Consulta Pública, se pondrá a consideración del Pleno del INAI para su aprobación. Hasta este momento, será posible compartirla y ponerla a disposición de los OGL para su implementación en el ámbito local de manera opcional.
Por lo anterior, esta etapa no implica la erogación de recursos adicionales a los que ya forman parte de las funciones cotidianas del Instituto; se trata de una etapa creativa y procedimental que estará asociada al cumplimiento de las atribuciones de diversas áreas del INAI.
Para la implementación de la política pública se prevé el ejercicio de dos tipos de recursos. En primer lugar, aquellos asociados al cumplimiento de las atribuciones de las instancias participantes (INAI, OGL y demás miembros de la RLS) y, en segundo lugar, aquellos para la atención de componentes específicos del PlanDAI que podrían requerir recursos adicionales (por ejemplo, aspectos logísticos o campañas de comunicación no previstas). Esto permitirá desde un inicio tomar las medidas necesarias para presupuestar con oportunidad el costo de la implementación del Plan en la entidad federativa.
En este sentido, de acuerdo con las Siete ACCIONES CLAVE que comprenden la implementación de la política pública, a continuación se plantean, por actor responsable, cada una de las actividades a desarrollar y los conceptos de costos (posibles) que permitirán alcanzar los objetivos definidos.
5.1 Actividades (Siete ACCIONES CLAVE)
¿Qué actividades se desarrollarán como parte de su política? ¿Cómo verificará que las actividades que usted ha enumerado se llevarán a cabo?
Para implementar el PlanDAI en las entidades federativas, se propone desarrollar las siguientes siete acciones clave. Se espera que en cada caso se sigan como ruta para impulsar de manera adecuada la agenda de Socialización del DAI. En todo momento, el INAI brindará acompañamiento y seguimiento a los esfuerzos que se vayan realizando.
1) Instalar Red de Socialización
En aras de construir una RNS, el primer paso será instalar una RLS en cada entidad federativa. Estas redes serán la instancia responsable de coordinar los esfuerzos para la implementación del PlanDAI a nivel local; además, será un espacio para el diálogo y el máximo órgano para la toma de decisiones.
Las RLS deberán contar con al menos los siguientes cinco integrantes: el INAI; el OGL; un representante del Poder Ejecutivo Estatal (PEE), quien será el interlocutor con los SO locales encargados de la implementación de programas o acciones institucionales de desarrollo social, de la RNBP y de la RNCCD en la entidad federativa; una IES local; y una OSC local enfocada en temas de democracia, gobierno abierto y transparencia, o aquellas cuya agenda se inscriba en alguno de los principales problemas que aqueja a la población. Se podrá invitar a empresas que deseen contribuir a este esfuerzo. Desde luego, con el tiempo, el número de actores en la RLS se podrá ampliar, pero inicialmente se espera contar con este mínimo.
En el ámbito local la adopción e implementación del PlanDAI por parte de los OGL será opcional y voluntaria y, en su caso, deberá inscribirse y ser reportada a través de la correspondiente Ruta de Implementación del PROTAI. En este sentido, se buscará que el trabajo que se desarrolle en las entidades federativas sea homogéneo, de modo que los esfuerzos a nivel nacional se encuentren estandarizados.
Por su parte, el INAI, independientemente de su labor impulsora y coordinadora del PlanDAI a nivel nacional, como parte de los esfuerzos de socialización del DAI podrá explorar estrategias paralelas para desarrollar acciones conjuntas directamente con actores estratégicos de los distintos sectores desde el ámbito federal.
El principal objetivo de las RLS, además de ser la responsable de coordinar las acciones para el cumplimiento de las actividades propias del PlanDAI en la entidad federativa, será elaborar y publicar un PLS, el cual deberá atender los objetivos definidos por la política pública. A continuación se detalla la participación y la responsabilidad de cada integrante de estas redes:
Como coordinador del PlanDAI a nivel nacional. Será el impulsor principal de la política pública y, para ello, brindará acompañamiento durante el proceso para la integración y operación de las RLS, para la elaboración, publicación y cumplimiento de sus correspondientes PLS, además de involucrarse en el proceso para la formación de los Facilitadores del DAI.
Para lograr lo anterior, deberá compartir la información, metodologías y herramientas que resulten pertinentes y que contribuyan al logro de los objetivos y metas planteados en la entidad federativa. Además, independientemente de las evaluaciones que realice del PlanDAI a nivel nacional, de manera coordinada evaluará a nivel local los resultados y avances de la política pública a partir de los compromisos plasmados en los PLS.
Toda vez que la implementación del PlanDAI en el país será por etapas, a partir del primer semestre de 2019, previa convocatoria (o invitación) y de manera concertada con los OGL, se seleccionará el primer grupo de entidades federativas en donde se promoverá este esfuerzo, durante el segundo semestre se seleccionará al siguiente grupo, y así sucesivamente durante los próximos años.
Como coordinadores del PlanDAI en las entidades federativas, serán los encargados de impulsar las actividades necesarias para la integración y operación de las RLS, para la elaboración, publicación, cumplimiento y evaluación de los correspondientes PLS, y para la formación y despliegue de los Facilitadores del DAI. Los OGL serán los principales aliados del INAI para aterrizar de manera coordinada y homogénea la política pública.
De esta manera, deberán sumarse con liderazgo, así como operativa y -de manera preferencial pero no obligatoria- presupuestariamente al desarrollo del PlanDAI para alcanzar los resultados esperados y lograr un impacto real en la población objetivo. Para ello, una vez definida la participación de la entidad federativa, en primer lugar, habrá que considerar la designación de un Enlace Responsable de la política pública a nivel estatal y prever los posibles recursos que pudieran utilizarse.
En segundo lugar, el OGL deberá identificar a los aliados estratégicos que conformarán la RLS (PEE, IES, OSC) y dar inicio a las reuniones preparatorias de planeación rumbo a la instalación de dicha Red. Como se ha advertido, en su momento, el primer objetivo será la elaboración y publicación del PLS, y su cumplimiento a partir de las actividades que de él deriven, tales como la formación de Facilitadores del DAI (en este punto el OGL tendrá una participación destacada, como agente multiplicador de Facilitadores del DAI), socialización del DAI (la cual podrá considerar otro tipo de acciones que se sugieren en el apartado correspondiente), documentación de actividades, comunicación de mejores prácticas, contribuir al sistema de incentivos definido, entre otras. Todo esto, en el marco de las RLS.
Poder Ejecutivo Estatal y sujetos obligados
Como punto de partida, el OGL deberá establecer contacto con el PEE y solicitar la designación de un Representante ante la RLS. Será a través de dicho representante, como se contactará a los SO locales con quienes inicialmente se llevarán a cabo los esfuerzos de socialización del DAI en la entidad federativa; considerando, como se ha señalado, a los encargados de la implementación de programas o acciones institucionales de desarrollo social, así como de la RNBP y de la RNCCD en la entidad federativa.
La disposición de los SO locales es fundamental para el éxito del PlanDAI, pues serán quienes, de manera coordinada con el OGL, contribuyan al cumplimiento de los PLS y permitan a los Facilitadores del DAI utilizar los canales institucionales para aproximarse a la población objetivo definida.
La participación de la IES local es fundamental y será, en primera instancia, con la intención de proporcionar información que permita definir estrategias posibles para llegar a estudiantes universitarios. Esto mediante la plantilla docente o mediante los servicios administrativos que se determinen. En segunda instancia, con la intención de sugerir un programa para que estudiantes universitarios puedan cubrir su servicio social o prácticas profesionales, formándose y siendo parte de los grupos de Facilitadores del DAI que realizarán el esfuerzo de socialización del DAI en la entidad federativa.
Se buscará un involucramiento cada vez mayor por parte de las IES locales para que en algún momento de la implementación de la política pública, se conviertan también en evaluadoras y certificadoras de los Facilitadores del DAI a nivel local. Al hablar de este tipo de evaluación y certificación, estas deberán atender los requisitos y procedimientos establecidos en el propio Estándar de Competencia que en materia de Socialización del DAI será construido en el marco de la presente política pública.
OSC o empresas
El OGL invitará a aquella organización de la sociedad civil enfocada a la transparencia, participación democrática, educación, salud, seguridad, asistencia social y defensa de derechos humanos, y, en su caso, a alguna empresa, a formar parte de la RLS. Esto, con la finalidad de que, desde la planeación hasta la labor de socialización del DAI y la evaluación de los resultados, sean parte fundamental en la toma de decisiones y coadyuven al cumplimiento de los PLS.
La participación de estos actores para la implementación del PlanDAI en la entidad federativa podrá darse en dos vías. En primer lugar, siendo parte fundamental en el proceso de elaboración del PLS. Por su experiencia derivada del trabajo cotidiano con su población objetivo (grupos sociales, empresarios y empleados), podrán aportar elementos para mejorar las estrategias definidas, así como ofrecer un diagnóstico certero sobre las necesidades informacionales que enfrenta la población del estado. Por otra parte, las organizaciones o empresas que se sumen a este compromiso también podrán ser formadas como Facilitadores, convirtiéndose en las principales usuarias y ejecutoras estratégicas de la política pública, con lo que podrán detonar y documentar casos de éxito.
Finalmente, es importante sugerir que, en el proceso de integración de la RLS, el OGL y los actores que lleguen a formar parte de ella en la entidad federativa, podrán valorar el aprovechar esquemas, mecanismos u otros foros previamente definidos, establecidos o en operación, para atender los esfuerzos que deban desarrollarse en el marco del PlanDAI (por ejemplo: Secretariados Técnicos, Redes Locales, entre otros). Esto con el fin de empatar o, en su caso, vincular acciones y optimizar las capacidades institucionales y administrativas que ya existen a nivel local.
2) Elaborar Plan de Socialización
La RLS será la encargada de elaborar, en primer lugar, un PLS en el cual se establecerán los esfuerzos a desarrollar en materia de Socialización del DAI en la entidad federativa. Este documento será elaborado por la Red con la participación activa de cada uno de sus miembros; de modo que sea posible determinar con claridad las actividades a desarrollar, los plazos y las metas, en un periodo de cumplimiento que no deberá extender los 12 meses.
De manera general más no limitativa, el PLS deberá contener al menos los siguientes elementos, buscando ofrecer certeza y claridad acerca de las actividades, plazos y metas que se habrán de desarrollar en la entidad federativa, de la responsabilidad que tendrá cada actor participante, y de la disposición de una estructura y contenidos homogéneos que permitan a nivel nacional, dar seguimiento a sus resultados: Introducción, objetivos, preparativos, estrategia, acciones, seguimiento y evaluación del PLS, comunicación, recursos.
En todo momento las actividades plasmadas en el PLS estarán alineadas y buscarán dar cumplimiento a los objetivos de política pública del PlanDAI. Por su parte, como se ha mencionado, tanto el INAI como el OGL determinará qué otro tipo de esfuerzo es posible vincular con el PLS; por ejemplo, dentro de la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia, la Caravana Nacional por una Cultura de la Transparencia, las Jornadas Cívicas, la estrategia para la Formación de Usuarios, el trabajo que viene realizando el CAS del INAI, el PROSEDE, entre otros.
Con la intención de asegurar en sus primeros momentos una debida implementación del PlanDAI en cada entidad federativa donde se integren RLS, el INAI acompañará permanentemente a los involucrados a nivel local, específicamente, para el cumplimiento de las acciones 1 y 2 que se han detallado. Además de intervenir en el proceso para la formación de los Facilitadores del DAI.
3) Formar Facilitadores del DAI
Los Facilitadores del DAI son la figura central de la política pública, pues en gran medida de ellos depende su éxito. En función de lo que se haya planteado en el PLS, e independientemente que se haya considerado otro tipo de acciones, se deberá formar un número determinado de facilitadores.
Inicialmente se encontrarán dentro de los mismos integrantes de la RLS que llevarán a cabo el esfuerzo de socialización del DAI. Es decir, además del personal del OGL, por parte del PEE y específicamente de los SO locales, pueden ser aquellos que se encuentran a cargo de la implementación y operación de programas o acciones institucionales de desarrollo social y que tengan contacto con los beneficiarios o los encargados de la RNBP y de la RNCCD en la entidad federativa que tengan contacto con los usuarios. Por parte de la IES local, se considerará al personal docente o administrativo que tiene contacto con los estudiantes universitarios y, por parte de la OSC o empresa local, quienes atiendan o tengan contacto con grupos poblacionales específicos. Será posible acompañar esta estrategia de formación de facilitadores con prestadores de servicio social y prácticas profesionales de las IES que deseen participar e involucrarse, así como la emisión de una convocatoria pública y abierta a la sociedad.
En este sentido, previa convocatoria y selección, el futuro Facilitador será formado de manera presencial o por los medios que se determinen en el marco de la RLS (a partir del contenido definido en el Programa de Estudio y el Manual del Facilitador del DAI, elaborado para este fin), para que esté en posibilidad de sumarse a los trabajos de socialización para el cumplimiento del PLS. La formación estará a cargo del OGL con apoyo del INAI, de acuerdo con las metodologías y materiales que este último determine.
Los Facilitadores del DAI deberán cumplir con los compromisos y metas establecidos en el PLS, los cuales estarán alineados a los objetivos de la política pública. Así, con el objeto de dar a conocer, promover el uso y propiciar el aprovechamiento del DAI en la población objetivo que se determine, sus funciones serán en lo general:
Brindar orientación, asesoría y gestoría a la población objetivo.
Documentar su labor y los casos de aprovechamiento identificados.
En la práctica, los Facilitador del DAI tendrán la capacidad de ajustarse a diversos escenarios: podrá modificar su exposición en extensión, contenido y secuencia para adaptar la orientación, asesoría y acompañamiento a todos los grupos poblacionales. Asimismo, contarán con las competencias para detectar y comunicar al coordinador de la política pública en la localidad, el cual estará en el OGL, cuando cierta información pueda derivar en un apartado de transparencia proactiva, con base en los principios estipulados en los Lineamientos para determinar Catálogos y Publicación de Información de Interés Público y para la Emisión y Evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva publicado en el marco del Sistema Nacional de Transparencia.
Posteriormente, tras realizar dicha labor de acuerdo con las actividades y plazos que le hayan sido asignados en el PLS, podrán someterse a un proceso de evaluación y certificación en relación de acuerdo con un Estándar de Competencia en materia de Socialización del DAI que, de la misma forma estará diseñado para tal fin. Así, el Facilitador del DAI no solo contará con una formación robusta y una experiencia probada en la materia, sino también, tendrá un documento oficial que le avala contar con los conocimientos y capacidades para socializar el DAI en términos de la presente política pública.
En este sentido, para la evaluación y certificación en materia de Socialización del DAI, se prevé que el INAI, los OGL y las IES locales cuenten más adelante e inicialmente, con esta facultad; posteriormente, se irá incrementando el número de actores que puedan evaluar y certificar, así como brindar capacitación para la formación correspondiente. Finalmente, los Facilitadores del DAI formarán parte de un registro nacional concentrado desde el INAI y el OGL, con la intención de poder dar seguimiento a su formación, actualización y labor; además de ser parte de una Red de Facilitadores del DAI que, en el marco de la política pública, serán invitados a foros, eventos y otras actividades mediante las cuales se buscará estimular su labor.
A continuación, se detalla una breve descripción de los diversos perfiles que podrán participar y formarse como Facilitadores del DAI en función del contexto y las necesidades presentadas, así como de lo establecido en los PLS:
Personal de los OGL
Se espera que, en el caso de los OGL, pueda involucrarse al personal adscrito a las áreas de capacitación o de aquellas cuyas responsabilidades estén dirigidas al contacto directo con la sociedad. Es importante señalar que en ningún momento la presente política pública plantea que la institución participante contrate personal específicamente para los objetivos de este PlanDAI. Al contrario, uno de los objetivos ulteriores es que ésta se desarrolle a partir de los recursos disponibles y que todos los servidores públicos que tengan contacto directo con la sociedad estén eventualmente formados para orientar, asesorar y brindar gestoría a la ciudadanía, en aras de alcanzar un mejor ejercicio y aprovechamiento del DAI.
Como se ha señalado, en el caso específico de los Facilitadores del DAI adscritos al OGL, se espera que también funjan como multiplicadores y su formación les permita brindar sostenibilidad a la política pública y al desarrollo de actividades posteriores mediante la formación de nuevos perfiles y personas que busquen sumarse a este esfuerzo.
Personal de los SO
Desde los SO se podrá considerar al personal que forme parte de las unidades de transparencia o, en su caso, y de manera preferente, aquellos encargados de la implementación y operación de programas o acciones institucionales de desarrollo social y que tengan contacto con los beneficiarios, así como aquellos encargados de la RNBP y de la RNCCD en la entidad federativa que tengan contacto con los usuarios.
Lo anterior, debido a que, primordialmente el PlanDAI plantea desarrollar el trabajo de socialización del DAI a través de la infraestructura y capacidades técnicas y operativas con las que cuentan los programas y acciones institucionales: al respecto, será importante valorar si, para atender o ampliar este esfuerzo, es posible formar como Facilitadores del DAI a aquellas personas que forman parte de los Comités de Contraloría Social, Comités de Vigilancia u otra estructura similar.
Personal de la IES
A través de las IES, se espera llegar al mayor número de estudiantes universitarios mediante la formación de la plantilla docente o del personal administrativo. Esperando que la labor de socialización del DAI se realice ya sea durante clases regulares o, en su caso, mediante otro tipo de actividades extracurriculares. Como parte de estas sedes, también se podrá formar al personal de las bibliotecas y otros centros de estudio de dichas instituciones.
Miembros de OSC o empresas
Se priorizará a aquellas organizaciones de la sociedad civil cuyos temas sean transparencia, derechos humanos, democracia, entre otros afines. Además, se podrá incorporar a aquellas que se enfoquen a la atención de los problemas públicos de su localidad; por ejemplo, acceso al agua, educación pública, servicios de salud. Al igual que los perfiles anteriores, los miembros de las OSC serán formados como Facilitadores del DAI y las actividades que tengan a bien realizar, deberá formar parte, inicialmente, del PLS.
De la misma manera, si así lo desean, podrán participar en un esfuerzo similar las empresas para que, a través de ellas, sea posible, mediante la formación de Facilitadores del DAI en dichos centros laborales, llevar la labor de socialización del DAI dirigida a los trabajadores.
Para acompañar y fortalecer la estrategia de formación de Facilitadores y los esfuerzos que se desarrollen en cumplimiento a los PLS, se podrá considerar desarrollar programas para la formación de universitarios que deseen liberar a cambio su servicio social o prácticas profesionales. En este caso, se privilegiará la formación de perfiles afines a las ciencias sociales para asegurar una base de conocimientos sobre administración y política; así como aquellos que vivan cerca de las zonas donde se desarrollarán las actividades definidas en el PLS, que en la mayoría de los casos, dependerá de las localidades donde los programas y acciones institucionales de desarrollo social atiendan a su población objetivo.
Por su parte, se podrá abrir convocatorias dirigidas a la sociedad desde el OGL, para que cualquier ciudadano que así lo desee, participe en este esfuerzo.
4) Socialización DAI en Población objetivo
La labor de socialización del DAI comprende principalmente, el trabajo que desarrollarán los Facilitadores del DAI una vez definida la población objetivo que se atenderá y las estrategias adecuadas para lograrlo. El éxito de esta labor dependerá de la coordinación que se establezca al interior de la RLS para optimizar la participación del Facilitador del DAI. Es decir, que éste se encuentre igualmente coordinado con el personal de los SO, las IES, las SO o empresas y otros actores, para capitalizar las tareas que ya se realizan con los beneficiarios correspondientes, y participe en los espacios de los que se dispongan (foros dirigidos a beneficiarios de actividades de desarrollo social, sedes y espacios en bibliotecas, sedes y espacios en centros comunitarios digitales). En este punto, también se encuentra la clave para reducir costos en relación con posibles viáticos y pasajes que pudieran ocupar, de no existir tal coordinación, los facilitadores.
Labor del Facilitador del DAI
Así, una vez definidos tanto los programas y acciones institucionales a través de los cuales se llegará a la población objetivo, como las actividades y los plazos específicos para realizar la tarea de socialización, cada Facilitador del DAI, sin importar de qué perfil se trate, deberá atender diversos elementos para que la socialización se considere exitosa. Cabe señalar que dichas actividades estarán debidamente delimitadas en el Programa de Estudio y el Manual del Facilitador del DAI correspondientes, así como de acuerdo con cualquier otra metodología de apoyo para estos fines. A continuación se detalla, de manera general, el paso a paso que durante dicha labor, deberán seguir los Facilitadores del FAI frente a los usuarios o potenciales beneficiarios:
Orientación (dar a conocer el DAI)
El primer paso para la socialización será dar un panorama general del DAI.
Se darán a conocer todos los medios para acceder a la información pública.
Se incorporarán casos de éxito en el aprovechamiento para comenzar a evidenciar la utilidad del DAI y motivar la permanencia del público.
Asesoría (promover el uso del DAI)
El Facilitador deberá realizar una investigación previa para tener el panorama de problemáticas que aquejan a la población donde se desarrollará su labor.
Deberá estar pendiente de aquellas problemáticas que surjan de las participaciones de las personas que asistan al evento.
Deberá convertir dichas problemáticas en necesidades de información para así convertirlas en potenciales casos de aprovechamiento.
Se llevará a cabo el llenado de una solicitud de acceso a la información y el acceso a un portal de transparencia para que la ciudadanía pueda observar detalladamente el proceso de acceso.
Gestoría (propiciar el aprovechamiento del DAI)
Se propiciará el aprovechamiento del DAI por parte de los asistentes a la asesoría.
Se mostrará cómo elaborar y presentar un escrito o petición dirigido a la autoridad responsable para resolver una determinada situación problemática.
Deberá llenar un documento donde reporte la cantidad de personas que asistieron al evento, la cantidad de asesorías que brindó, la cantidad de personas que se le acercaron para realizar una solicitud después del evento, así como los contactos para darle seguimiento a dichos casos.
Finalmente, la labor de socialización podrá complementarse con otro tipo de esfuerzos que se determinen al interior de la RLS y que estén debidamente plasmadas en los propios PLS. Estos podrán ser de manera enunciativa y a sugerencia: 1) desarrollar investigación en materia de socialización y aprovechamiento del DAI; 2) desarrollar estrategias y campañas de comunicación en materia de socialización y aprovechamiento del DAI, a través de medios electrónicos, digitales, impresos, complementarios o públicos; de acuerdo con los diversos sectores de la sociedad y su contexto; 3) desarrollar eventos, talleres, y otras actividades para promover y difundir la socialización y el aprovechamiento del DAI; 4) incluir contenidos sobre el DAI (con enfoque de socialización y aprovechamiento) en los planes y programas de estudio y para la formación de profesores, así como en programas y actividades académicas curriculares y extracurriculares; 5) elaborar y publicar materiales y contenidos en materia de socialización y aprovechamiento del DAI.
5) Documentación de actividades
Documentar y reportar las actividades relacionadas con la socialización del DAI. La información relacionada con el PlanDAI deberá estar contenida en una Plataforma Informática diseñada para tal fin. En ella, se deberán encontrar los documentos básicos de la política pública, así como la información que se vaya generando durante su proceso de implementación.
Esta plataforma informática deberá permitir a los Facilitadores del DAI documentar la orientación, asesorías y gestoría que realicen, así como los casos de éxito en el aprovechamiento del DAI que se vayan generando. Además, ir construyendo una Red Nacional de Facilitadores del DAI, a través de la cual se mantendrá comunicación con ellos.
Con este mecanismo (inicialmente de administración centralizada), se podrá contar con estadísticas nacionales que permitan identificar factores de éxito o fracaso del PlanDAI, así como información para calibrar la propia política política y maximizar su impacto nacional, regional o local. Contar con un mecanismo de este tipo permitirá brindar seguimiento al desarrollo de la política pública e impulsar acciones de mejora tanto locales como nacionales.
Para atender este componente, el INAI analizará aquellos sistemas informáticos institucionales ya existentes o en funcionamiento y determinará la viabilidad de su uso con la intención de optimizar recursos públicos.
6) Comunicar mejores prácticas
En todo momento será necesaria la comunicación de los avances y resultados del PlanDAI, de modo que sea posible generar material a escala y ampliar el alcance de su impacto, al documentar: a) la implementación del PlanDAI, es decir, la construcción de la RNS a través de las RLS y el cumplimiento de los PLS, b) la formación, despliegue y labor de los Facilitadores del DAI, y c) las mejores prácticas en el aprovechamiento del DAI.
Por considerarse fundamental, el INAI y, en su momento, los OGL, desarrollarán una estrategia con los preceptos y el concepto emprendidos en el proyecto titulado “Ciudadanos en Acción”. Se trata de una serie de vídeos donde una persona utiliza el derecho de acceso a la información y obtiene un beneficio ulterior a la información recibida.
Cabe señalar que se han observado prácticas de comunicación similares en distintas partes del mundo, de las cuales se rescatarán elementos que puedan ser de utilidad para comunicar la implementación y resultados del PlanDAI. Destaca Digital Green, una OSC internacional que empodera a los pequeños agricultores de países pobres para superar su condición de pobreza a través del conocimiento colectivo y el uso de información. Esta estrategia de video comunitario inició en 2008, facilitando la producción y difusión de más de 5 mil videos localmente relevantes en más de 50 idiomas. Este ha probado ser un mecanismo altamente exitoso para promover conocimiento entre agricultores que puede ser replicado para las poblaciones objetivo de la política.
7) Desarrollar Sistema de Incentivos
Se prevé desarrollar un sistema de incentivos para que la implementación de la política pública en las entidades federativas sea funcional y el PlanDAI se vuelva sostenible.
Inicialmente, se considera que ser parte de un esfuerzo de esta naturaleza es, por sí mismo, un incentivo: permite a los actores participantes involucrarse como pioneros en una agenda necesaria, urgente, novedosa y concreta, la de “Socialización del DAI”. Además, tienen la posibilidad de incidir directamente en la población objetivo y generar resultados e impactos concretos, al tiempo de rescatar, para su promoción y difusión, las mejores prácticas identificadas en términos de aprovechamiento del DAI y ser parte de una estrategia de comunicación que permita replicar dichos modelos en el territorio nacional.
Independientemente de ello, a continuación se detallan incentivos específicos dirigidos a los diferentes participantes de la RLS en el proceso de implementación de esta política pública en cada entidad federativa.
OGL, SO, IES y OSC o empresas
Uno de los principales atractivos para formar parte del PlanDAI para el OGL, los SO, las IES y las OSC o empresas es su dimensión política. El ser parte de este esfuerzo de alcance nacional y que busca tener presencia en el ámbito local, brindará reconocimiento como instituciones comprometidas con el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, así como la resolución de problemas que aquejan a la población, principalmente aquella que se encuentra en situación de vulnerabilidad y grupos poblacionales definidos.
Por su parte, en una dimensión de tipo técnica, derivado del PlanDAI tanto el personal de estos actores como la población objetivo que atiendan, podrá generar nuevas capacidades en materias relacionadas o que se desprendan del proceso de socialización del DAI. En todo momento, el INAI brindará acompañamiento a los actores locales para asegurar un buen proceso de instalación de las RLS, elaboración de los PLS y demás actividades clave.
Facilitadores del DAI
Estos actores contarán con una formación muy robusta e integral en lo relacionado con el DAI y, de resultar interesados, con la certificación en materia de en Socialización del DAI. Este documento es válido a nivel nacional y confirma que se cuentan con los conocimientos y destrezas necesarios para realizar dicha función. Además, el ser Facilitador del DAI permite formar parte de una Red Nacional de Facilitadores del DAI, a través de la cual se mantendrá comunicación constante desde el INAI y los OGL para promover su actualización en cuanto a la formación en materia de socialización, así como hacerlos partícipes de los eventos que se lleven a cabo y compartirles otro tipo de información y materiales de utilidad.
En el caso del perfil de prestadores de servicio social y prácticas profesionales, un incentivo adicional es la propia liberación del requisito, aunado a la experiencia y los conocimientos que se adquirirán en el proceso de capacitación e implementación. No obstante, el INAI y el OGL, así como los integrantes de la RLS podrán considerar el presupuestar recursos para el otorgamiento de becas o apoyos económicos, tanto por la labor que realizarán, como para cubrir en su caso, los gastos de transporte y viáticos que conlleva el desarrollo de actividades.
Adquisición de capacidades tanto para ejercer como para sugerir a otros la utilización del derecho de acceso a la información para atender diferentes situaciones cotidianas; lo que les permite resolver, como verdaderos usuarios del DAI, problemas cotidianos a nivel individual o comunitario. Ello, derivado de la posibilidad de ejercer su derecho tanto en una función de tipo cognitiva, como otra de tipo instrumental.
Estímulos a la Socialización del DAI
Se llevarán a cabo actividades para reconocer el desempeño de los actores participantes en las RLS, así como el de los Facilitadores del DAI y las mejores prácticas en el aprovechamiento del DAI, que se hayan identificado en el marco del PlanDAI. Ello, mediante la puesta en marcha de un “Premio Nacional a las mejores prácticas en el Aprovechamiento del DAI”, el cual será construido y definido en su oportunidad, por un grupo multidisciplinario y plural convocado por el INAI.
Aquellas dirigidas a los OGL, con el propósito de reconocer la integración y operación de las RLS, así como el cumplimiento de las estrategias y acciones que comprenden la implementación de la política pública en la entidad federativa (a través del cumplimiento de sus PLS); específicamente, aquellas relacionadas con la formación de los Facilitadores del DAI y otras acciones específicas que hayan realizado orientadas al cumplimiento de los objetivos del PlanDAI.
Por su parte, aquellas dirigidas a los Facilitadores de DAI, con el propósito de reconocer su labor y los mejores casos e historias de aprovechamiento del DAI que sean identificados, a partir de diferentes categorías (por ejemplo: educación, salud, vivienda, etc.). En ese sentido, se evaluará la posibilidad y viabilidad de gratificar el desempeño de los Facilitadores del DAI a través de apoyos o patrocinios otorgados por actores que, eventualmente, se constituyan como aliados del INAI para la implementación del PlanDAI.
¿Cuáles serán los productos específicos que se espera generar? ¿Cómo verificará que se están generando los productos específicos?
Dentro de los documentos y productos que se espera sean generados durante el desarrollo de la política pública, es decir, desde su diseño, hasta su implementación y evaluación, al momento, se identifican los siguientes:
Documento “Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información” (publicación en DOF)
Documento “Acta de Instalación de la Red Local de Socialización”
Documento “Reglas para la Integración y Operación de la Red Local de Socialización”
Documento “Guía para el Diseño, Implementación y Evaluación del Plan Local de Socialización”
Planes Locales de Socialización
Programa para la formación de Facilitadores del DAI
Programa de Estudio (carta descriptiva)
Manual del Facilitador del DAI
Estándar de Competencia en materia de Socialización del DAI y documentos complementarios (Estándar de Competencia, Tabla de Especificaciones, Instrumento de Evaluación)
Plataforma Informática del PlanDAI
Micrositio y Manual de uso
Informes Locales de Socialización del DAI
Informe Nacional de Socialización del DAI
Audioteca y Videoteca de casos de éxito en el aprovechamiento del DAI
Informes derivados de evaluaciones externas (opcional)
PlanDAI Socialización Aprovechamiento DAI SNT INAI
3 13 Compartir en:
Jesús García Hurtado
Se sugiere una amplia difusión en el público en general, a efecto de que conozca los alcances y posibilidades del derecho a la información y con ello fomentar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, los cuales son elementos indispensables en el combate a la corrupción, así como indicadores que puedan medir de manera clara y precisa los resultados del PLANDAI, que permitan el cumplimiento de sus objetivos.
Publicado el 02 de oct 19:33.
NormaLeyla-OSNA
Política de socialización del derecho de acceso a la información: Concepto del “estado de bienestar”.
“Con el propósito de apoyar dicha estrategia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha planteado desarrollar una política pública nacional, y para ello ha elaborado la propuesta denominada Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI). El PlanDAI es un esfuerzo que busca (1) posibilitar que el Derecho de acceso a la Información (DAI) se encuentre al alcance de toda persona; (2) ampliar y diversificar la base de usuarios y beneficiarios de este derecho; y (3) propiciar su ejercicio estratégico y el uso de la información pública para alcanzar objetivos concretos. Con lo anterior, se pretende que las personas hagan del DAI una herramienta que les permita incidir en su vida cotidiana, y alcanzar un mayor grado de bienestar”( http://proyectos.inai.org.mx/plandai/).
En atención al texto anterior y haciendo énfasis en que la pretensión final es que la población objetivo conozca los derechos que tiene a su alcance, siendo uno de ellos, el derecho a la información, sin embargo, en muchas ocasiones y siendo un concepto amplio, no llega a tener el significado que se espera, sin demeritar la necesidad de publicitar lo relacionado a la información como tal, mi aportación versa sobre el “estado de bienestar de la población”, si damos a conocer este concepto, es probable que podamos tocar fibras más sensibles en la población atendiendo a sus necesidades básicas.
El bienestar va a depender de la justa distribución del ingreso en función del desarrollo de sus capacidades y habilidades, ello implica una lucha constante contra la desigualdad que prevalece actualmente en nuestra población, donde el trabajo, el estudio y la recreación carecen de incentivos pues el concepto de injusticia social ha permeado en la población de diferentes edades, raza, condición física y mental.
Es importante analizar los resultados de las encuestas en cuanto a los 5 factores que más ofenden e indignan a nuestra población con el fin de mostrar una opción que les permita comprender la utilidad de la información para tener un sustento que pueda cambiar esa realidad que no desean.
“Cabe destacar, que la evolución del bienestar social, surge en las primeras décadas del siglo XX, en su lucha por los logros de los derechos de la sociedad y en el sentido de la igualdad social, demostrando que el nivel económico, la madurez del sistema de seguridad social y el nivel de la estructura de la población, son la mejor explicación del esfuerzo del bienestar. En virtud de ello, según Mariñez (2000), “El Estado debe proporcionar ese bienestar social, a través de estándares mínimos de niveles de ingreso, nutrición, salud y seguridad, educación y vivienda a cada ciudadano, no como un derecho caritativo, sino como un derecho social” (p. 9).
En consecuencia, el mismo autor concluye, refiriéndose a lo citado por Marshall (1963), que el bienestar social es una consecuencia del proceso de modernización, o del desarrollo de las sociedades industriales en los últimos 300 años, en el que se lograron alcanzar los derechos de los ciudadanos. Asimismo, realiza la evolución del bienestar social…”(http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2010/lmr/index.htm).
Atendiendo a lo señalado en estos dos párrafos, es un hecho que aun cuando ahí están las estructuras jurídicas e incluso el recurso, la población lo desconoce pues no le hace sentido el beneficio de la información que no se ve reflejado en ese estado de bienestar, pues en nuestro país es un hecho que se ha desvirtuado la figura del “derecho social”, dándole una connotación de miseria y mendicidad, resulta que una obligación del Estado y un correlativo derecho de la población termina siendo ofensivo. Derivado de esta práctica que lleva ya varios años, y cumpliendo el Estado con la generación e implementación de programas y políticas públicas diversas, el destinatario o desconoce o se ofende por la mala publicidad que tiene el concepto.
Los países del primer mundo aplican políticas con fines sociales y su población es consciente de sus derechos y exige al Estado la implementación de las mismas, caso contrario en nuestro país donde se ignora el derecho, se ignora que se puede gozar o en su defecto que se puede exigir. Fortalecer con datos duros tales como las estadísticas de la FAO en materia alimentaria, comparando el ejercicio del presupuesto en atención a este derecho humano a la alimentación y así sucesivamente en el ejercicio de los diversos derechos que debemos gozar. Es importante fortalecer los valores, la educación y la autoestima en nuestra población, sólo así se harán conscientes del ejercicio de sus derechos.
Considero fundamental generar un efecto inverso en la publicidad que hasta ahora ha prevalecido en nuestra sociedad, publicitando el “estado de bienestar” que las personas conozcan lo que es, que anhelen tenerlo y que con deseo y orgullo lo busquen, de esa manera la implementación de políticas públicas tendientes a beneficiar a la población facilitando el ejercicio de sus derechos, tendrá más probabilidades de ser eficaz.
Esta publicidad debe llegar a la población en términos coloquiales, y debemos ser realistas, no todas las personas tienen acceso a las tic´s, menos nuestra población objetivo cuya característica esencial es justamente su vulnerabilidad, derivada de diversos factores y uno de ellos es su desconocimiento y falta de acceso efectivo a la información.
La publicidad, tal como se destina a las campañas políticas, con fines diversos bien podría operar a favor de promover de manera frecuente spots en radio y televisión, redes sociales, medios impresos que toquen puntos torales como la educación, el trabajo bien remunerado, el acceso a sistemas de salud eficientes, a los servicios que presta el Estado, a una vivienda digna, a contar con espacios de recreación y esparcimiento donde puedan desarrollarse de manera integral las personas, etc. Lo anterior como consecuencia de un “estado de bienestar social”.
Mtra. Norma Leyla Rangel López.
Secretaria del Consejo Directivo del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, A.C.
observatoriodelsna@gmail.com
Publicado el 28 de sep 18:42.
Lucelia Cuevas - OSNA
PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACION
El acceso a la información es un Derecho Humano previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6º, inciso a) fracciones I al VII.
Recientemente, en el Portal electrónico del INAI se publicó la invitación que el Instituto extiende a la ciudadanía participar con #DerechoalaInformación, la consulta se llevará a cabo del 27 de agosto al 28 de septiembre. El propósito de la consulta se orienta a “enriquecer el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información” conocido como “Plan DAI”
En el contexto se plantea que el Plan DAI busca tanto detonar estrategias que amplíen el alcance e impacto del DAI, primordialmente en grupos sociales en situación vulnerable, como propiciar el uso estratégico de la información para alcanzar objetivos que mejoren la calidad de vida de las personas.
Se considera un verdadero problema que una mayor parte de la población desconoce el derecho humano que nos otorga la Constitución, respecto a conocer la información del “quehacer” de nuestros gobernantes, desde sus datos como personas, como servidores públicos y finalmente cómo se ejerce el encargo que le confiere la ciudadanía. Cuántas acciones pasan sin que se tenga conocimiento de que es un verdadero derecho el acceso y recibir la información del tema que se cuestionan los ciudadanos mexicanos.
Fomentar la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y el derecho a la información. Incluir en los Programas Educativos de las escuelas públicas y privadas de todos los niveles, la materia de la Cultura de Transparencia, Rendición de Cuentas y el Derecho a la Información, como elementos claves en el combate a la corrupción. Para la formación de mexicanos verdaderamente conscientes de sus derechos, desde la niñez, en la formación primaria.
Considero que la inclusión en los programas de estudios de todos los niveles educativos, constituye un mecanismo que posibilita que esa cultura sea impregnada en una población muy importante, dado que el programa educativo abarca escuelas tanto en zonas rurales como urbanas del País.
Mi aportación como Ciudadana.
INTEGRANTE DE LA JUNTA DE HONOR
OBSERVATORIO DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (OSNA)
Publicado el 28 de sep 18:17.
Graciela Cámara-OSNA
POLÍTICA DE SOCIALIZACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
1.- Elaborar folletos muy claros y precisos sobre lo que es el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Las diferentes formas en que se puede acceder a la información, las opciones que se tiene en caso de que no se entregue la información, o no sea lo que se solicita parcial o totalmente. A quién se puede acudir y cuáles son los recursos con los que se cuenta. Finalmente cuál es el provecho que como ciudadano podemos obtener al ejercer nuestro derecho de acceso a la información. Dar un ejemplo claro y sencillo.
El INAI preparó hace tiempo algunos folletos informativos por ejemplo sobre los derechos ARCO. Sugiero que se hagan folletos de este tipo para el tema de DAI.
2.- Poner módulos de atención a la ciudadanía en los centros comerciales, con personal capacitado, para que se puedan aclarar las dudas de las personas interesadas en el tema.
3.- En las universidades debería de haber un programa que contemple la impartición de módulos informativos sobre el INAI y especialmente sobre esta política de socialización del DAI.
4.- En cuanto a las AC, que tengan disposición de participar como es el caso del OBSERVATORIO DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN OSNA, podríamos incluir esta información sobre esta (PSDAI) POLÍTICA DE SOCIALIZACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, en nuestra página del OSNA.
Si logramos que cientos de AC informen a través de su página, cada vez será mayor el número de personas informadas. Podría acudirse a los Colegios de Contadores de toda la República, haciendo un convenio con el IMCP Instituto Mexicano de Contadores Públicos, esto mismo se puede hacer a través de otras asociaciones de profesionistas.
5.- Definitivamente en los casos de las personas de bajos recursos, una opción son las bibliotecas públicas.
Pero la otra sería los cafés internet donde también hubiera un convenio de participación con el INAI, en la difusión de esta PSDAI.
6.- Considero que quienes pueden formar parte de los facilitadores o capacitadores, son los estudiantes de preparatoria y de universidades, que puedan tener como beneficio por ejemplo horas de servicio social, que les sean consideradas en algunas carreras, ya sea en la UNAM o en el POLITECNICO.
7.- Por último habría que empezar a nivel de algunas entidades federativas y después a los municipios, que ahí especialmente falta mucha información.
Podría también hacerse la difusión, con la participación de facilitadores o capacitadores en los cines de algunas poblaciones, para abarcar el ámbito municipal. También a través de convenios con CINEPOLIS Y CINEMEX.
En fin considero que hay mucho por hacer, por lo que es importante tomarle la palabra a la gente entusiasta y con capacidad, además de buenas ideas, para llevar a cabo este mega proyecto.
Mtra. Graciela Josefina Cámara Guerrero. Vicepresidenta de Comunicación del OSNA.
Publicado el 28 de sep 18:04.
Comentarios para Consulta Pública del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sobre el Plan Nacional de Socialización del DAI (PlanDAI)
Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de Honduras
Muy buen día, primeramente quisiéramos expresar que la elaboración de un documento de tal magnitud sin duda alguna significa un logro así como un reto para lograr incrementar la uso del DAI por parte de la población. Asimismo, el documento muestra un panorama muy detallado sobre las metas planificadas así como las actividades que se desarrollarán para llegar a dichas metas.
Nuestras observaciones se detallan a continuación:
1. Se recomienda crear lazos fuerte con las personas e instituciones externas al INAI que participan en el proceso de implementación del PlanDAI, a fin que asuman el compromiso de dar fiel cumplimiento con lo establecido en la Política.
2. Recomendamos planificar de manera puntual los acercamientos con los grupos en situación de vulnerabilidad e identificar los requerimientos cada grupo para garantizar su correcta socialización.
3. Se recomienda implementar mecanismos de rendición de cuentas sobre el desarrollo del PlanDAI y hacer énfasis en que estos sean socializados con los mismos grupos con los cuales se construirá este documento.
Publicado el 28 de sep 16:45.
Daniel Pefaur Dendal
El Consejo para la Transparencia de Chile, a propósito del cumplimiento de los 10 años de la Ley de Transparencia, ha desarrollado recientemente un proceso de participación ciudadana, que convocó a actores sociales, políticos, económicos y culturales de todo el país, para recoger propuestas que permitan mejorar el sistema de Transparencia en Chile. En dicho proceso participaron alrededor de 2.200 personas a lo largo de todo el país, lo que significó una experiencia de participación ciudadana sólo comparable a la etapa participativa del proceso constituyente realizado por el Gobierno de Chile en el año 2016.
Precisamente, uno de los temas de mayor relevancia destacados por los participantes de este proceso, guarda relación con uno de los objetivos centrales del Plan Nacional de Socialización del DAI (PlanDAI), sometido a la presente Consulta Pública, que es incrementar y facilitar el conocimiento y uso del Derecho de Acceso a la Información Pública por parte de la población. Dado esto, el Consejo para la Transparencia ha considerado pertinente, realizar algunas recomendaciones emanadas de su proceso de participación ciudadana en la presente Consulta Pública del PlanDAI:
El secretismo y la falta de trasparencia son inaceptables:
A modo de contexto general sobre la valoración y demanda de Transparencia en el país, en el desarrollo del proceso participativo, hemos evidenciado que la ciudadanía demanda, de manera inequívoca, la instalación de una Cultura de la Transparencia. Percibimos una marcada sensación de hastío e intolerancia absoluta con todas las actitudes, prácticas y comportamientos corruptos que atenten contra la ética, la probidad y la transparencia en los diferentes ámbitos de la vida social, tanto en lo público como en lo privado, así como en distintas escalas, ya sea en lo cotidiano, como en los grandes temas que repercuten a nivel país.
Lo anterior, redunda inevitablemente en una profunda desconfianza social, tanto a nivel interpersonal, como hacia el Estado y el sector privado. Esto no viene sino a refrendar los bajos niveles de confianza social que hay en Chile y que sistemáticamente los Estudios Nacionales de Transparencia del CPLT han venido evidenciando desde el año 2014 .
Precisamente, frente a este actual estado de desconfianza social, los participantes del proceso han manifestado que la instalación de una Cultura de la Transparencia es fundamental para revertir esta situación, principalmente, porque se percibe que la instalación de esta cultura, significa -en definitiva- una profunda interiorización de valores positivos y necesarios para nuestra sociedad, como la honestidad y la ética.
Facilitadores del cambio cultural:
•	La Educación y la Promoción:
La ciudadanía nos ha manifestado que la educación es la piedra angular para formar ciudadanos críticos respecto a problemáticas sociales y conscientes de sus derechos y obligaciones y como consecuencia de aquello, producir un cambio cultural, por lo tanto, uno de los componentes que aparece con mayor fuerza para producir ese cambio cultural, es la formación ciudadana y la educación cívica en todos los niveles educativos, pues se reconoce que mediante la educación se podrían anclar valores como la honestidad, la probidad, la ética y la transparencia, no sólo como un componente académico del cual las personas obtienen conocimiento, sino que también en la esfera emocional, formando personas íntegras y orientadas al bien común.
Complementariamente a la educación formal, otro elemento que se considera fundamental para implementar una Cultura de la Transparencia guarda relación con la difusión, promoción y capacitación de las políticas de Transparencia, Probidad y Acceso a la Información, tanto en el interior de las instituciones públicas, como en la ciudadanía. Esto, dado que se considera que el desconocimiento de los ciudadanos respecto de estas políticas, y especialmente del Derecho de Acceso a la Información, es un obstáculo importante para la plena instalación de un Cultura de la Transparencia.
•	Trabajo en Terreno:
Otro factor relevante que se plantea como un facilitador en la promoción e instalación de una Cultura de la Transparencia en nuestro país, es la complementariedad entre la realización de difusión y capacitaciones presenciales, con el uso de herramientas tecnológicas para favorecer la comunicación y el acceso a la información de los ciudadanos. Especial relevancia se da al hecho de, que si bien se reconoce que las tecnologías de la información (TIC) facilitan enormemente la interacción entre el Estado y la ciudadanía y, por lo tanto, el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información, éstas no son utilizadas por todos los ciudadanos, ya sea por el analfabetismo digital de una parte de la población o por la inexistencia de acceso a internet en algunas porciones de territorio. Además, se releva la importancia de los encuentros “cara a cara”, los que para los participantes, generan una reflexión más nutrida, una participación más activa y la generación de mejores propuestas para acercar la información y la transparencia a los ciudadanos.
•	Difusión y Promoción al interior de las Instituciones Públicas:
Se sostiene, igualmente, que el desconocimiento de la Ley y los procedimientos asociados a ella también alcanzan a los funcionarios públicos, los que al desconocer el procedimiento legal –o simplemente, no tener la voluntad de realizar una gestión que desconocen o consideran poco relevante- generan barreras de entrada para las personas que requieren realizar solicitudes de información. Interesante resulta ver que esta percepción es compartida por la ciudadanía y los propios funcionarios públicos.
Frente a esta situación, se señala la necesidad de difundir y capacitar en esta temática a todos los funcionarios en los Servicios Públicos, no sólo a los encargados de Transparencia. A su vez, se recomienda poner foco en la educación en Ética Pública y en los procesos de inducción a la Administración Pública, relevando la importancia de formar en la vocación de servicio. Esto, porque la Cultura de la Transparencia no se puede lograr plenamente si es que no existe una cultura organizacional que fomente la participación y educación de los funcionarios en temáticas de transparencia.
•	Función de vinculación con el medio y relacionamiento con la comunidad por parte del órgano garante:
Se señala que una actividad en la que el órgano garante debiese enfatizar su gestión, es su vinculación con el medio, es decir, una mayor vinculación con actores y organizaciones de diversa índole para facilitar un acercamiento con la ciudadanía, a modo que ésta pueda ejercer de mejor forma el Derecho de Acceso a la Información, fomentando también el control social.
Facilitadores para el uso de la información pública
•	Mejores formatos de la información pública
Los participantes señalan que es importante dotar al Derecho de Acceso a la Información de herramientas que lo hagan estar acorde al ritmo de vida que lleva actualmente la ciudadanía, donde las respuestas rápidas y útiles son el modo de comunicarse e informarse.
Al respecto, se plantea que las bases de datos del Estado debiesen estar en línea y bajo el mismo estándar, para permitir análisis, cruces y correlaciones de la información, todo con el objetivo de disponer de información que sea útil y relevante para la ciudadanía.
En esta misma línea, dado que se considera que la información en las páginas web de algunas instituciones públicas es incompleta y desactualizada, lo que dificulta el acceso a la información, se señala que se debería renovar el sistema de Transparencia Activa para que fuera más amigable y accesible a la ciudadanía en general. Adicionalmente, se plantea que las diferencias entre la información que se publica en las páginas web de las diferentes instituciones, se convierte en una barrera, por lo que se necesita una estandarización de la información entre instituciones.
Además de la necesaria actualización del formato actual de la Transparencia Activa, se plantea que los datos disponibilizados o recibidos cuando se entrega la información, no cuentan con estándares de calidad que permitan su análisis y reutilización, entonces, si bien se cumple con la Ley al publicar la información, la insuficiente calidad de ésta merma su real utilidad.
•	Lenguaje Claro
Por otra parte, se señala como una gran dificultad del Derecho de Acceso a la Información, que el lenguaje utilizado en los sitios web o en las respuestas a las solicitudes de información, muchas veces es incomprensible para la ciudadanía, dado que se trata de un lenguaje técnico propio de la Administración Pública, por lo que los participantes consideran que debiese implementarse la utilización de un lenguaje los más amigable y accesible posible, sin que esto signifique una disminución de la calidad de la información, esto es “Lenguaje Claro”.
•	Contenidos prioritarios a transparentar
Respecto a los contenidos prioritarios a transparentar, más allá de las exigencias generales de la norma, los participantes señalan que es muy relevante avanzar hacia un enfoque proactivo de transparencia, es decir, que más allá de que la Ley estipule la obligación de publicar una cantidad determinada de ítems generales para todas las instituciones, es muy relevante realizar un análisis de la conducta ciudadana e identificar las solicitudes y necesidades de información más recurrentes de los ciudadanos; y considerar estos insumos como una guía para disponer de manera proactiva, focalizada y pertinente para cada institución, la información que la ciudadanía requiere.
Publicado el 28 de sep 14:13.
MARIAELENA-OSNA
PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACION DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Un Derecho Humano que tenemos todos los mexicanos es el acceso a la información, consagrado en el artículo 6° Constitucional inciso A Fracciones I a VIII.
Si se considera que sólo el 50.6% de la población tiene conocimiento de la existencia de este derecho, que solo el 10% ha realizado una solicitud formal de información en su vida, y que sólo el 14.1% de la población ha buscado información a través de los portales de internet institucionales, se puede concluir que existe gran desconocimiento entre la población sobre este derecho, ya que su difusión o ventajas de su utilización no ha sido debidamente informado y difundido.
Si bien en el Plan Nacional de Socialización se considera como población objetivo a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, a personas que se benefician de programas o acciones institucionales de desarrollo social, así como a personas que son beneficiarias de algún servicio público, considero que se continua considerando sólo a un segmento de la población y no a toda, y se debe considerar que lo estipulado en la Constitución es para todos los mexicanos, sin importar su edad, sexo, condición social, económica, educativa, y al considerar sólo a este grupo objetivo dejamos de lado a todos los mexicanos que no se encuentren en el mismo.
Considero que se deben realizar campañas de difusión en medios masivos de comunicación, por folletos, por voceo, por reuniones, dependiendo el lugar donde se realice, con el fin de difundir que es el derecho a la información, cuales son los beneficios y utilidad de usar este derecho, permitirá que todos los ciudadanos tengan el conocimiento y en su caso el interés en su utilización. Se debe considerar los distintos tipos de difusión para los diferentes sectores de la población: norte-sur del territorio, rural y urbano, edades, educación, etc.
El utilizar a organizaciones de la sociedad civil es muy importante porque las mismas tienen objetivos en los diferentes sectores de la población y el unir fuerzas ayudará a difundir el derecho a la información que tenemos todos los mexicanos.
Así como contar con facilitadores del derecho de acceso a la información contribuirá a que especialistas asesoren, ayuden, difundan este derecho.
Una parte importante adicional al desconocimiento de manera general en la población al derecho de acceso a la información que tenemos los mexicanos, es el que se conozca para que nos puede servir la información que tiene el gobierno en cualquier orden de gobierno y que podemos hacer con la misma, como nos puede solucionar algún problema, adicional a conocer que hace el gobierno.
Se tiene la percepción de que sólo los periodistas, investigadores o servidores públicos pueden tener acceso a la información, o sólo ellos pueden saber qué información pueden solicitar, sin embargo se deben difundir por todos los canales que se tengan disponibles, que toda la población en general puede acceder la información que tiene el gobierno, así como saber los beneficios que pueden tener al contar con información, no debemos olvidar que la información es poder.
Se debe facilitar a los ciudadanos el acceso a la información y para lo cual la plataforma de transparencias medio por el cual se puede realizar una solicitud de información debe ser más amigable y fácil de utilizar, ya que actualmente sólo alguien que sabe que quiere y quien puede tener la información puede realizarla, ya que los campos son complicados de llenar para un ciudadano que no tiene conocimientos de cómputo, asimismo se deben ampliar los puntos donde cualquier ciudadano puede acceder adicional a las unidades de enlace como son bibliotecas públicas, universidades, centros comerciales, plazas públicas, en fin lugares accesibles para todos.
Lic. María Elena Rodríguez Uribe
Vocal OSNA
Publicado el 28 de sep 13:37.
Comentarios de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información(ANTAI), Panamá.
La propuesta nos parece atinada debido a la imperante necesidad de promover el conocimiento y la educación acerca del Derecho de Acceso a la Información, es una apuesta arriesgada, sin embargo la estructuración resulta lógica y viable, en este sentido consideramos:
1. Es vital tener consideración con la heterogeneidad que existe en el acceso a Internet entre los sectores de la población, este puede ser el principal obstáculo si no se cuenta con la sensibilidad adecuada, por parte de los facilitadores, para el acercamiento a todos los nuevos usuarios.
2. El plan debe prever que muchas poblaciones presentan necesidades que, para ellos [los miembros de la población], resultan más imperiosas e inmediatas.
Publicado el 28 de sep 11:24.
Ultima modificación por Marta Acosta el 28 de sep 11:26.
Lizbeth Estrada Osorio
Creo que es una excelente propuesta de política pública, creo que la socialización del DAI es fundamental. Mis comentarios respecto a la política son los siguientes:
1. Creo que hay que poner mucho interés en que los OGL asuman con el debido compromiso su papel en esta política pública mediante la preparación a sus integrantes para que desarrollen capacidades para vincularse adecuadamente con otros actores sociales, ya que en las entidades federativas, frecuentemente los perfiles profesionales de quienes integran los OGL no son los idóneos por lo tanto será necesario capacitarlos al respecto, si se quiere elevar la efectividad para la implementación de la política.
2. La PNT es una herramienta útil para quien ya tiene una formación e interés en el DAI, sin embargo, en los contextos locales, donde el nivel educativo y el acceso a tecnologías es escaso o nulo , se convierte en una limitante , pues a pesar de haber mucha información disponible no se encuentra en un lenguaje sencillo aunado a la dificultad que pueda presentarse para interactuar con la tecnología, creo importante considerar alguna estrategia para superar esa dificultad.
Esperando poder participar activamente en el plan local de Yucatán, reciban un cordial saludo y felicitaciones por esta iniciativa.
Publicado el 28 de sep 09:37.
Irma Concepción Flores Buenrostro
Primeramente se me hace muy oportuna ésta propuesta de política pública, porque en efecto, hay mucha gente que desconoce este derecho y su importancia para transformar nuestro entorno.
Comentarios son los siguientes:
-Es importante asegurar exista internet de calidad donde se vaya a impartir la socialización.
-Tener sensibilidad para transmitir el mensaje en zonas donde es carente el internet (comunidades) o bien a personas que no necesariamente cuentan con ciertos niveles educativos. Ofrecer alternativas.
-Que el mensaje cuente con un lenguaje incluyente y no sexista.
- Lo impostergable: mejorar la plataforma nacional de solicitudes de acceso a la información.
Publicado el 27 de sep 23:29.
Me parece bien fundamentada y bien planeada. Solo quedaré en espera de las evaluaciones que se realizarán para conocer sus resultados y el impacto que tendrá en el usuario ejercer este derecho, entre ellos este ciudadano. Me interesa mucho conocer si se logrará vencer con el burocratismo para la obtención de la información deseada y además, conocer la calidad y utilidad de la información brindada a los ciudadanos. No tengo propuestas de cambio a la política, pues en mi opinión, hasta que sea implementada y evaluada, se podrá re-diseñar por su gran equipo aquellos hallazgos encontrados. Se que los facilitadores harán su máximo esfuerzo para lograr los objetivos planteados. Muchas Gracias.
Publicado el 27 de sep 22:13.
Ultima modificación por Roberto Alvarado el 27 de sep 22:19.
Comentarios realizados por la Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género, adscrita a la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional del INAI.
-Página 5 a la 9. Sobre el "Análisis del problema". Se sugiere mayor desagregación de la información estadística planeada, al menos por sexo y por edad, datos que están disponibles en la mayor fuente de información utilizada (ENAID).
Existen otros datos interesantes en la ENAID que se podrían incluir, como el medio de preferencia de la población para obtener información. Por otra parte, también sería interesante señalar cifras sobre acceso a las tecnologías de la información (TIC), que pueden dar cuenta de varias cuestiones, como la necesidad de mayor acceso a las TIC, pero también la necesidad de explorar mayores alternativas para la transparencia y el acceso a la información.
-Páginas 9-10. Sobre "Enfoque de derechos humanos". Se considera importante fortalecer este apartado, si bien atender el tema de la pobreza es de suma importancia, no es el único factor relacionado con los derechos humanos. Para la sociedad, "derechos humanos" puede ser un término abstracto, por lo que se sugiere explicar más qué son los derechos humanos y cuáles son, de forma breve. Una opción sería sería ligar al tema a los ODS. Adicionalmente, como lo establece el PROTAI, se sugiere que el nombre de este apartado sea "Enfoque de derechos humanos y perspectiva de género".
-Página 11. En la fase "Diseño". Se sugiere, adicionalmente, explicar la conveniencia de participación de partes, como la sociedad civil, relacionadas con derechos humanos y grupos de la diversidad social.
-Página 13. Apartado "¿Cuál es el sustento jurídico aplicable para solucionar este problema?" Se sugiere agregar una breve referencia a la obligación constitucional (Art.1) del INAI, como organismo autónomo del Estado mexicano, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como los principios de igualdad y no discriminación en el ámbito de su competencia.
-Páginas 18 a la 20. Sobre "¿Cuál es la población total que se ve afectada por el problema público a resolver?" Vale la pena hacer referencia a los indicadores de género y pobreza de CONEVAL. Igualmente, hacer una breve referencia a cifras sobre grupos de la diversidad social, como personas con discapacidad o personas indígenas, para quienes la vulnerabilidad en cuanto a pobreza, por ejemplo, es potenciada. Señalarlo como un foco que también debe de ser atendido.
-Página 28. Apartado "Diseño". Se sugiere incluir que también se ha invitado a la DGPDI a participar en el PlanDAI.
-Páginas 37 y 38. Apartado "Formar Facilitadores del DAI". Se sugiere que en el programa de estudio y el "Manual del Facilitador del DAI" contengan nociones básicas sobre derechos humanos y perspectiva de género, al igual que el estándar de competencia.
Por otra parte, se formulan las siguientes observaciones observaciones relacionadas con el uso del lenguaje incluyente y no sexista
Texto utilizado: Sugerencia:
"Usuario" "Persona usuaria"
"Los usuarios" Dependiendo del contexto, se proponen las siguientes alternativas: "las personas usuarias" o "las y los usuarios".
"Usuario y potencial beneficiario" "Persona usuaria y potencial beneficiario"
"Beneficiarios" "Personas beneficiarias"
"El solicitante" Dependiendo del contexto, se proponen la siguientes alternativas: eliminar el artículo para que quede de la siguiente forma "solicitante" o "la persona solicitante".
"Actores" Dependiendo del contexto, se proponen las siguientes alternativas: "partes involucradas", "partes interesadas", "las y los integrantes", "autoridades integrantes", "organizaciones integrantes".
"Los servidores públicos" Dependiendo del contexto, se proponen las siguientes alternativas: "las personas servidoras públicas", "las y los servidores públicos", "funcionario público".
"Los individuos" "Las personas"
"Grupos sociales en situación de vulnerabilidad" "Grupos de la diversidad social históricamente discriminados".
"Los facilitadores" "Las personas facilitadoras".
"Coordinadores" Dependiendo del contexto, se proponen las siguientes alternativas: "personas coordinadoras", "entidades coordinadoras" e "instituciones coordinadoras".
"Un Enlace Responsable" "Una persona Enlace Responsable"
"Aliados estratégicos" "Personas o instituciones aliadas estratégicas".
"Ciudadanos en acción" "Ciudadanas y ciudadanos en acción".
Publicado el 11 de sep 17:14.
Me gustaría comentar algunos puntos sobre este plan:
1) ¿De qué manera garantizarán que, durante las sesiones de socialización, garanticen la accesibilidad a algún o alguna asistente con discapacidad visual o motora? No me quedó claro;
2) Creo que está contemplado, pero sería excelente que, al momento de implementar este plan de socialización, se tomara en cuenta el contexto de cada entidad federativa. Por ejemplo: A mí no me parece casual que Tamaulipas -un estado con una violencia exacerbada- tenga una unidad de transparencia local poco usada. Entonces, no se puede presentar contenidos homogéneos para todos las entidades federativas; creo, insisto, que el plan deberá de ser adaptado de acuerdo a las características de cada estado de la república mexicana;
3) Es fundamental que los facilitadores del DAI tengan claro las particularidades de los receptores/beneficiarios que escucharán la plática para poderla adaptarla de la mejor manera;
4) La Plataforma Nacional de Transparencia es una excelente herramienta que ha ayudado a muchísimos periodistas a sustentar sus investigaciones; no obstante, es complicada de comprender y manejar.
Si se desea fomentar o incentivar el acceso a la información por parte de la población, se requiere mejorar la plataforma porque ésta exige un vocabulario muy concreto y conocimientos bastante específicos sobre la información que se desea consultar. Lo anterior puede resultar confuso y desanimar a quien desee consultarla;
5) Ojalá se tome en cuenta la opinión de los receptores de la socialización del DAI respecto a la duración de las capacitaciones, así como de los materiales para que sea una actividad absolutamente proactiva;
6) Por lo demás, este plan me parece bien detallado, inclusivo e interesante. Ojalá el PlanDAI tenga éxito y genere ciudadanos participativos en actividades relativas a la transparencia de información.
Publicado el 06 de sep 10:33.
Muy buenos días. A partir de hoy, y hasta el próximo 28 de septiembre, se abre a Consulta Pública la propuesta de política pública del INAI, denominada Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI).
En esta página, y a través de esta sección, podrás retroalimentar el documento. Con este ejercicio, buscamos construir juntos, sociedad y gobierno, un proyecto que se encuentre a la altura de los retos actuales, pero que atienda tanto las necesidades nacionales como locales en materia de acceso a la información.
Todos los comentarios recibidos por este y por otros medios, serán difundidos para que el proceso de construcción de la política pública referida, sea público, abierto y colaborativo.
Por tu participación, ¡muchas gracias!
Publicado el 27 de ago 12:10.

References: artículo 6
 artículo 43
 artículo 48
 resolución 
 artículo 6
 artículo 6