Source: http://www.sindic.cat/es/page.asp?id=42
Timestamp: 2020-07-15 18:47:54+00:00

Document:
El Síndic investiga el impacto de la Covid-19 en la Región Sanitaria de Lleida
Rafael Ribó se ha desplazado a la ciudad para visitar el Hospital Arnau de Vilanova y para reunirse con el alcalde y con responsables de la Generalitat en la zona
Advierte del deber de proteger como prioridad absoluta el derecho a la vida y a la salud de las personas que viven en las poblaciones afectadas por el confinamiento
Recomienda actuar de forma eficaz, transparente y coordinada dentro de la propia Administración de la Generalitat así como en relación con el resto de administraciones
El Síndic está estudiando las medidas adoptadas por la Generalitat ante la aparición de varios brotes activos de Covid-19 en la Región Sanitaria de Lleida, que han llevado al confinamiento de la comarca del Segrià, en un primer momento, y al confinamiento domiciliario de ocho municipios, incluyendo Lleida y dos entidades descentralizadas de la comarca del Segrià, posteriormente.
El Síndic advierte del deber de proteger como prioridad absoluta el derecho a la vida y a la salud de las personas que viven en las poblaciones afectadas por el confinamiento. En este contexto, es imprescindible reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica y aumentar la capacidad de detección precoz y el seguimiento de los nuevos casos. Asimismo, la trazabilidad de los casos mediante el seguimiento de los contactos para realizar los aislamientos necesarios es clave para cortar el contagio.
Igualmente, el Síndic apela a la necesidad de que se actúe de forma eficaz, transparente, coordinada dentro de la propia Administración de la Generalitat así como en relación con las demás administraciones, como la Administración local y el Gobierno del Estado. Asimismo, es necesario trasladar toda la información a la ciudadanía para que las medidas previstas alcancen su objetivo y las personas puedan sentirse seguras y confiadas respecto a la actuación de los responsables públicos.
En este contexto, el Síndic ha abierto una actuación de oficio para estudiar el sistema de vigilancia epidemiológica en esta zona y el seguimiento que se realiza de los nuevos casos detectados y de sus contactos, más allá del refuerzo de la atención primaria para detectar nuevos casos y hacer pruebas.
Por este motivo, se ha dirigido al Departamento de Salud para pedir, entre otras cuestiones:
- si se ha reforzado el sistema de vigilancia epidemiológica en Cataluña en general y en esta zona en particular desde que surgieron los primeros brotes;
- en qué consiste el plan para acorralar la propagación del virus al que se ha referido la gerente de la Región Sanitaria de Lleida;
- si se puede garantizar la trazabilidad en todos los casos mediante el seguimiento de los contactos para llevar a cabo los aislamientos necesarios;
- la eventual habilitación de nuevos espacios para atender a las personas afectadas.
Asimismo, dada la resolución que establece el confinamiento domiciliario en ciertos municipios de la comarca, el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida que deniega la aprobación de esta medida y el Decreto-Ley 27/20, adoptado hoy, de modificación de la Ley de salud pública y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de la Covid-19, se han solicitado los datos que se han tenido en cuenta para establecer las medidas que restringen la movilidad en el Segrià y el criterio temporal de vigencia de estas medidas, así como las previsiones de futuro con perspectiva de preservación de la salud y la integridad de la ciudadanía.
El síndic se ha desplazado a la ciudad para visitar el Hospital Arnau de Vilanova y analizar de primera mano las previsiones realizadas para atender la pandemia, y también para mantener reuniones con las autoridades locales, como el alcalde y responsables de la Generalitat en la zona.
Además de los objetivos expuestos, el Síndic ha iniciado una actuación de oficio para monitorizar el impacto de la Covid-19 en el colectivo de temporeros, y cómo se ven afectadas sus condiciones de trabajo y de vida.
Video: extracto de la rueda de prensa
El estudio de la plaza escolar pone de manifiesto la infrafinanciación del sistema en su conjunto
El estudio calcula el coste teórico de la plaza escolar en un escenario hipotético de plena escolarización equilibrada del alumnado, que actualmente no se da, incorporando la gratuidad de las actividades complementarias, las salidas y campamentos escolares, y los libros y materiales escolares, tanto en centros públicos como concertados
Para garantizar el coste teórico de la plaza escolar de forma gratuita se requiere de una financiación pública adicional de 1.163,8 millones de euros en los centros del Servicio de Educación de Cataluña
La mejora de la financiación de los centros debe ir acompañada necesariamente y de forma simultánea de medidas para combatir los desequilibrios existentes
El síndic ha presentado el informe Estimación del coste de la plaza escolar en Cataluña, que recoge los resultados de los trabajos desarrollados por la Comisión del coste de la plaza escolar, integrada por profesionales expertos y coordinada por el Síndic de Greuges, cuyo objetivo era cuantificar el gasto público necesario para garantizar la provisión en condiciones de gratuidad de la plaza escolar con estándares de calidad equivalentes entre centros.
La comisión de estudio ha estado coordinada por el Síndic de Greuges e integrada por profesionales expertos en la materia: por orden alfabético, Pedro Alonso Garcia (sustituido por motivos profesionales por Lluís Biosca), Xavier Bonal, Isabel Fons, Eugeni Garcia Alegre y Guillem López Casasnovas. Los trabajos se han llevado a cabo entre los meses de junio de 2019 y marzo de 2020.
Este estudio plantea no solo la necesidad de incrementar progresivamente la financiación de los centros del Servicio de Educación de Cataluña, teniendo presente, mientras existan desigualdades en la composición social de los centros, la equidad en la distribución de los recursos como principio básico sino también, y especialmente, que la mejora de la financiación sea un instrumento para ir corrigiendo progresivamente los desequilibrios existentes entre centros, con el objetivo de garantizar en el futuro una escolarización plenamente equilibrada de acuerdo con unos estándares de calidad equivalentes entre centros.
El coste teórico de la plaza escolar está calculado tomando como referencia un escenario hipotético de escolarización plenamente equilibrado, que actualmente no se produce, en el que centros públicos y centros concertados tuvieran una composición social equivalente entre sí. La mejora de la financiación de los centros debe desarrollarse, pues, siempre que se garantice un equilibrio real en la composición de dichos centros.
El coste teórico de la plaza prevé un incremento de la dotación de personal docente y de apoyo en los centros públicos y concertados, especialmente para la atención a la diversidad, con una disponibilidad de horas lectivas equivalente entre centros, un incremento de la financiación para cubrir los gastos de funcionamiento de los centros a fin de garantizar su suficiencia financiera, y también una mayor cobertura de la prestación gratuita del servicio educativo, particularmente de las actividades complementarias (que se incorporarían con carácter general en el sector público), de las salidas y colonias escolares, así como de los libros y materiales escolares, tanto para centros públicos como concertados.
Para el cálculo del coste de la plaza, la Comisión de estudio ha dispuesto, entre otros, de los datos de financiación pública del conjunto de centros públicos y concertados proporcionados por el Departamento de Educación, de los datos de presupuestos liquidados de una muestra de 100 centros concertados, así como de los datos extraídos de una encuesta dirigida a los centros públicos y concertados sobre cuotas sufragadas por las familias por diferentes conceptos, con 1.574 centros con respuesta en primaria y 758 centros con respuesta en secundaria, el 70% del total.
Este es un estudio pionero en el conjunto del Estado en cuanto al análisis del coste de la plaza escolar, especialmente si se tiene en cuenta la exhaustividad de los datos económicos disponibles del conjunto de los centros, tanto de financiación pública como de financiación privada por parte de las familias.
El impacto presupuestario que supondría cubrir el coste de la plaza con financiación pública sería de 1.163,8 millones de euros adicionales en el gasto público actual, 581,2 millones de euros en el sector público y 582,6 millones de euros en el sector concertado.
Algunas de las evidencias que constata el estudio son:
La financiación pública de los centros es más elevada en el sector público que en el sector concertado, fundamentalmente debido al coste diferenciado de la dotación de plantillas, en un escenario en que el sector público presenta una mayor corresponsabilidad en la escolarización del alumnado socialmente desfavorecido. La financiación pública que reciben los centros públicos y concertados para los gastos de funcionamiento o para la atención a la diversidad no presenta diferencias tan significativas.
Los proyectos educativos de los centros concertados son comparativamente más costosos que los de los centros públicos, pero reciben menos financiación pública: si se contabilizan las actividades y los servicios complementarios, el gasto real por alumno de los centros concertados es significativamente más elevado que el de los centros públicos, en primaria 1.461,4 euros más por alumno y en secundaria, 1.386,2 euros por alumno.
Actualmente, la inversión de las administraciones públicas en la plaza escolar es insuficiente para cubrir el coste sin necesidad de copago, tanto si se mide con el objetivo de garantizar la financiación pública necesaria para cubrir el gasto real de la plaza escolar, como si se realiza para cubrir el coste teórico de la plaza escolar, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión de estudio del coste de la plaza escolar. La infrafinanciación es más elevada en el sector concertado que en el sector público, si se calcula este gasto por estudiante (sin ponderar este estudiante en función de la prevalencia de necesidades educativas específicas). Con todo, cabe decir nuevamente que la composición social de los dos sectores de titularidad actualmente también es desigual y que el sector público escolariza una proporción más elevada de alumnado socialmente desfavorecido, que a su vez requiere un gasto por estudiante más elevado.
Los elevados niveles de gasto privado de las familias, tanto en el sector público como especialmente en el sector concertado, evidencian que el principio de gratuidad de la enseñanza no se cumple en la realidad. El gasto real de los centros previstos, contabilizando las actividades y los servicios complementarios, cerca de 1.867,9 millones de euros no financiados con fondos públicos (580,3 millones de euros en el sector público y 1.286,7 millones de euros en el sector concertado), 1.857,2 euros por alumno/año (855,8 euros en el sector público y 3.931,5 euros en el sector concertado). En los centros públicos y muy especialmente en los centros concertados es relevante la fuerte asociación existente entre las aportaciones de las familias y la composición social del centro, hecho que provoca que los proyectos educativos sean desiguales.
Los centros con menos complejidad disponen de menos recursos que los centros con más complejidad, particularmente en el sector concertado por efecto del desigual gasto privado. En el sector público, este efecto se corrige debido a la financiación pública condicionada a la complejidad. En los centros concertados, en cambio, la financiación pública es prácticamente lineal, independientemente de la complejidad.
El gasto real de los centros y el coste de la plaza escolar no son asimilables. La Comisión de estudio del coste de la plaza escolar ha definido un coste teórico de la plaza a partir de criterios objetivos, a pesar de ser consciente de que no se ajusta plenamente a la media del gasto real de los centros. El gasto real no debe ser necesariamente el coste de referencia para la plaza escolar, especialmente cuando se constata que este coste real está fuertemente condicionado por la capacidad económica de las familias que conforman la comunidad escolar de cada centro. Sobre el gasto privado, cabe decir que si bien una parte está dirigida a compensar la infrafinanciación, e incluso a financiar mecanismos de solidaridad, en algunos centros también financia incrementos de la calidad en la prestación del servicio escolar o elementos de diferenciación de la oferta que no deben quedar cubiertos necesariamente por financiación pública.
La Comisión de estudio del coste de la plaza parte de la base que el incremento de financiación pública de la plaza escolar en el marco del Pacto contra la segregación escolar sólo se debe desarrollar si va orientado a corregir esta problemática. No se trata, pues, de mejorar únicamente la financiación de los centros públicos y concertados para garantizar su suficiencia financiera, sino de promover esta mejora con medidas que contribuyan a reducir la segregación escolar del sistema educativo en Cataluña
A partir de estas bases, la Comisión de estudio del coste de la plaza escolar ha emitido las siguientes recomendaciones para orientar a la mejora de la financiación de los centros:
El sistema de asignación presupuestaria se podrá ya hacer a partir de los contratos programa, tanto con centros públicos como con centros concertados, que deben ir acompañados indefectiblemente de una mejora de los instrumentos de control sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato programa, así como de una mejora de los instrumentos de escolarización equilibrada de alumnado. La aprobación del nuevo decreto de admisión de alumnado, también prevista en el marco del Pacto contra la segregación escolar, va en esta dirección.
Este sistema de asignación se debería aplicar gradual y progresivamente, comenzando por favorecer las condiciones de gratuidad entre los alumnos, los centros y los entornos con mayor complejidad, y progresivamente extendiéndose al conjunto del sistema educativo, a medida que aumente la corresponsabilidad de los centros con la escolarización de alumnado socialmente desfavorecido.
El Síndic estudia la actuación del Departamento de Salud en la contratación de Ferrovial para llevar a cabo las actividades de seguimiento y contagios de la Covid-19
Se ha dirigido a la Secretaría General de Salud para pedir toda la información relativa al procedimiento de contratación
El Síndic de Greuges tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de la contratación por parte del Departamento de Salud de una empresa del grupo Ferrovial para llevar a cabo las tareas de seguimiento y control de contagios por la Covid-19. El Síndic ha podido constatar en el perfil del contratante que, efectivamente, en fecha de 29 de mayo, el ente público Sistema de Emergencias Médicas contrató con la empresa Ferroser Servicios Auxiliares, SA, por el procedimiento de emergencia, el servicio de seguimiento de contactos positivos mediante scouts, con el fin de dar cobertura a esta necesidad del sistema sanitario.
Posteriormente, los medios de comunicación han destacado que el contrato indicado no se ha llegado a ejecutar. El Síndic ha comprobado que en el perfil del contratante figura la resolución que adjudica a la empresa indicada la ejecución de la prestación, pero no consta ninguna información sobre una eventual modificación o resolución de este contrato.
Por lo anterior, con el fin de poder valorar la actuación del Departamento de Salud en la contratación indicada, el Síndic ha abierto una actuación de oficio y ha pedido la siguiente información a la Secretaría General de Salud:
- Los motivos que fundamentan que la contratación de la prestación se llevara a cabo mediante el procedimiento de emergencia, previsto en el artículo 120 de la Ley de contratos del sector público.
- El estado de ejecución del contrato o, en su caso, el acuerdo de resolución del contrato y su fundamentación, así como las condiciones con que esta resolución se acordó.
- Copia de los acuerdos o resoluciones y demás documentación relacionada con las actuaciones indicadas.
El Síndic espera recibir respuesta lo antes posible para poder estudiar y valorar.
El Síndic recomienda que se informe de forma clara a las personas afectadas por ERTE sobre sus obligaciones tributarias
Se destaca que durante al menos seis semanas el Servicio Público de Empleo Estatal ha estado prácticamente colapsado
El SEPE se considera otro pagador a efectos del IRPF y aplica una retención mínima sobre la cantidad que paga a los trabajadores en ERTE
Los poderes públicos deben velar por un sistema fiscal justo con objetivos de equilibrio social y ambiental para combatir la creciente desigualdad, la pobreza y la exclusión social
La institución ha trasladado estas consideraciones al Defensor del Pueblo y al Gobierno de España
El pasado 4 de junio, el Síndic de Greuges presentó el informe Salud y derechos en la crisis de la Covid-19, en el que, entre otras acciones, destacaban las quejas y consultas recibidas de las personas afectadas por expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE) por fuerza mayor pendientes de percibir la prestación del Servicio Público de empleo Estatal (SEPE). En este punto, se subraya que durante al menos seis semanas el SEPE ha estado prácticamente colapsado.
A esta situación, hay que añadir que es probable que haya desconocimiento sobre los efectos que tiene el hecho de haber recibido la prestación mencionada en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para el ejercicio 2020, teniendo en cuenta que el SEPE se considera otro pagador a los efectos de este impuesto y que aplica una retención mínima sobre la cantidad que paga a los trabajadores en ERTE.
El Síndic recuerda que el artículo 96 de la Ley 35/2006 determina dos límites que fijan la obligación de declarar en este impuesto en relación con las rentas procedentes de los rendimientos íntegros del trabajo. En concreto, establece un límite de 22.000 euros anuales si los rendimientos de trabajo proceden de un solo pagador y, en cambio, cuando los rendimientos provienen de más de un pagador, siempre que la suma de las cantidades percibidas del segundo pagador y restantes supere en total 1.500 euros, el límite se fija en 14.000 euros.
Considerando la normativa vigente, las personas que no están obligadas a presentar la declaración del IRPF para el ejercicio de 2019, ya que han obtenido unos rendimientos del trabajo de un importe inferior a 22.000 euros, se verán obligadas a presentarla para el ejercicio 2020 por haber sido afectadas por un ERTE y, en consecuencia, haber tenido ingresos de dos pagadores. En este caso, el límite aplicable no es el de 22.000 euros sino de 14.000 euros. El Síndic subraya que las personas deben tener conocimiento de esta obligación a fin de que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias adecuadamente.
Otro problema que puede haber por el hecho tener dos o más pagadores es que la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas resulte a pagar. Esta situación se debe a las retenciones soportadas. Como se ha dicho, en general el SEPE aplica una retención mínima sobre la prestación que abona a los trabajadores en ERTE. Por ello, se debe tener en cuenta que mientras se está percibiendo la prestación por desempleo, se puede solicitar que se retenga el IRPF o que se aplique un porcentaje superior, si procede. Aunque esta información está publicada en la web del SEPE, no consta que se presenten solicitudes en este sentido de forma habitual, ni que la posibilidad de hacer uso de este derecho sea suficientemente conocida.
Hay que añadir que tener dos o más pagadores no implica que se pague una cantidad superior en concepto del impuesto sobre la renta de las personas físicas, sino que la situación se regularizará en el momento de presentar la declaración del impuesto el próximo año.
El Síndic insiste en que las personas tienen derecho a ser informadas y asistidas sobre el ejercicio de sus derechos y sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Por esta razón, dado el desconocimiento que puede haber sobre los efectos fiscales de la percepción de la prestación de desempleo, como es la diferencia en el límite de la obligación de declarar, la institución advierte que las administraciones deben realizar esfuerzos para informar a las personas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo.
Esta información se debe transmitir de forma clara y suficiente e informar en el marco del procedimiento de tramitación de la prestación, por lo que se podrían incorporar las advertencias fiscales oportunas en la resolución. También habría que hacerla constar en la web del SEPE de manera que fuera visible con facilidad.
En este sentido, la institución recomienda que se adopten medidas para garantizar el derecho de las personas a ser informadas sobre los efectos fiscales de la percepción de la prestación para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y así evitar situaciones inesperadas en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas del próximo año y las consecuencias negativas que esto podría conllevar.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que las ayudas o las subvenciones que se pueden recibir para hacer frente a las dificultades económicas derivadas del efecto de la Covid-19 también tienen efectos fiscales, y relacionado con estas subvenciones es necesario que se proporcionen las advertencias fiscales adecuadas a las personas. Asimismo, hay que apuntar que se debería valorar la conveniencia de añadir estas ayudas como un supuesto más de las exenciones previstas en el artículo 7 de la LIRPF.
Dicho esto, y como se remarcó en el informe Salud y derechos en la crisis de la Covid-19, los poderes públicos deben velar para configurar un sistema fiscal justo con objetivos de equilibrio social y ambiental para combatir la creciente desigualdad social, la pobreza y la exclusión social. Un sistema que asegure la distribución de la riqueza y permita conseguir una sociedad más justa y equitativa, garantizando los derechos sociales de la ciudadanía y la igualdad de oportunidades, en el marco de un estado de bienestar que dignifique la vida de las personas.
El Síndic de Greuges ha enviado estas consideraciones al Ministerio de Trabajo y Economía Social, a la Delegación del Gobierno en Cataluña y al Defensor del Pueblo.
El Síndic y el Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans firman un convenio para garantizar los derechos de las personas en el ámbito local combinando seguridad y proximidad
El acuerdo garantiza dar la máxima celeridad a la tramitación de las quejas presentadas al Síndic que afecten a las competencias municipales
La institución también puede iniciar vías de mediación que faciliten una resolución positiva y rápida de las quejas
Se establece que la institución debe ofrecer al Ayuntamiento una visión singularizada de supervisión con el envío de un informe, su defensa en el pleno y dos visitas anuales del equipo itinerante del Servicio de Atención a las Personas
El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, y el alcalde del Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans, Oriol Lozano, han firmado un convenio de colaboración para garantizar la defensa de los derechos de las personas en el ámbito local, con la máxima eficiencia, experiencia y ahorro del gasto público, combinando proximidad con seguridad, y la supervisión de la actividad de la Administración local de Cataluña y la de los organismos públicos o privados vinculados o dependientes.
El convenio, que explicita las competencias del Síndic incluidas en el artículo 58 de la Ley del Síndic, prevé la suscripción de convenios y acuerdos entre la institución y la Administración local, a fin de crear un marco de colaboración y facilitar la comunicación mutua. Se establece que la institución debe ofrecer al Ayuntamiento una visión singularizada de supervisión con el envío de un informe anual que recoja la situación de las quejas tramitadas por el Síndic referentes al municipio, la posibilidad de asistir a un pleno municipal para exponer con detalle el informe mencionado y debatirlo y dos visitas anuales del equipo itinerante del Servicio de Atención a las Personas del Síndic de Greuges.
El acuerdo también garantiza dar la máxima celeridad a la tramitación de las quejas presentadas en el Síndic que afecten a competencias municipales. En este sentido, el Ayuntamiento debe crear sistemas para divulgar la figura de la institución a fin de que la población del municipio sea conocedora de dicha figura y se puedan establecer mecanismos para hacer del todo accesible la operativa de este convenio.
Además, la institución puede iniciar vías de mediación que faciliten una resolución positiva y rápida de las quejas para resolver cuestiones entre las personas y el Ayuntamiento, sin que este hecho vaya en detrimento de las capacidades de supervisión del Síndic sobre el conjunto de los procesos administrativos del Ayuntamiento.
El convenio firmado tiene una duración de cuatro años y antes de finalizar este plazo las personas firmantes pueden acordar su prórroga o su extinción.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 120
 resolución 
 resolución 
 artículo 96
 artículo 7
 resolución 
 artículo 58
 resolución