Source: http://www.slideshare.net/Coljuristas/retroactividad-penal-de-crmenes-internacionales-13051088
Timestamp: 2016-04-29 05:29:12+00:00

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De acuerdo con su mandato, laComisión Colombiana de Juristasbusca por medios jurídicos el plenorespeto en Colombia de los derechoshumanos (derechos civiles, políticos,económicos, sociales y culturales),así como del derecho humanitario,y reconoce el carácter universal,indivisible e interdependiente de esosderechos. La Comisión Colombiana deJuristas concibe los derechos humanoscomo un valor en sí, que no puede estarsupeditado a otros propósitos.Sus estatutos definen la orientacióndel trabajo que se realiza: contribuiral desarrollo del derecho internacionalde los derechos humanos y delderecho internacional humanitario,de conformidad con los propósitos yprincipios de la Carta de las NacionesUnidas, y a la plena vigencia del EstadoSocial y democrático de derecho enColombia.La Comisión Colombiana de Juristases una organización no gubernamentalpluralista, aconfesional y no vinculadaa partidos políticos. Tiene estatusconsultivo ante Naciones Unidas, yestá afiliada a la Comisión Internacionalde Juristas de Ginebra y a la ComisiónAndina de Juristas de Lima. Iniciósus actividades el 2 de mayo de1988 y obtuvo personería jurídica porresolución 1060 del 18 de agosto de1988 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
©	2012 Comisión Colombiana de Juristas	Calle 72 No, 12 - 65, piso 7	Bogotá, Colombia	Tel: +57 1 744 9333 - Fax: +57 1 743 2643	ccj@coljuristas.org	www.coljuristas.org® Retroactividad penal de crímenes internacionalesISBN: 978-958-9348-53-6Primera edición: abril 2012Bogotá, ColombiaPortadaZulma RodríguezAutorFederico Andreu GuzmánSubdirector de Litigio y Protección Jurídica de la Comisión Colombiana de JuristasProducción gráficaOpciones Gráficas Editores Ltda.Carrera 73A No. 64A-42Teléfonos: 224 1823 - 4827071Bogotá, Colombiawww.opcionesgraficas.comLas opiniones presentadas en este documento son responsabilidad exclusiva de laComisión Colombiana de Juristas.Este estudio ha sido posible gracias al generoso apoyo de la Embajada de Suiza enColombia.
ContenidoI. Introducción	7II.	Consideraciones Generales	12III.	Normas y estándares internacionales de derechos humanos	19 1.	Sistema Universal de Derechos Humanos	19 2.	Sistema Interamericano de Derechos Humanos	23 3.	Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos	28 i)	“Las ejecuciones del muro de Berlín”	29 ii)	El caso Kolk y Kislyiy c. Estonia	32 iii)	El caso Kononov c. Letonia	33IV.	El Derecho Internacional Humanitario	37V.	El Derecho Penal Internacional	40 1.	El Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad	44 2.	La jurisprudencia de los tribunales penales internacionales	51VI.	Prácticas nacionales y jurisprudencia comparada	54 1.	Israel: el caso Eichmann	54 2.	Francia: el caso Touvier	55 3.	España y Bélgica: el ex General Pinochet y la Junta Militar argentina	57 4.	Bosnia Herzegovina: los crímenes de la guerra de los Balcanes	59 5.	Indonesia: los crímenes de lesa humanidad en Timor Oriental	61 6.	Estados Unidos de América: el caso Demjanjuk	63
6 Retroactividad penal de crímenes internacionales 7.	Australia: el caso Polyukhovich	64 8.	Canadá: el caso Munyaneza	64 9.	Hungría: la Corte Constitucional	65 10.	Argentina: el caso Arancibia Clavel	67 11.	Chile: el caso Molco de Choshuenco	69 12.	España: el caso Scilingo	71 13.	Uruguay: el caso Bordaberry	75Anexo 1: Normas y estándares internacionales	77Anexo 2: Selección de decisiones judiciales colombianas	82 Corte Constitucional	82 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal	84 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz	107
I. Introducción “El derecho extremadamente injusto no es derecho” Robert Alexy1No hay duda alguna de que, bajo el derecho internacional, tanto convencionalcomo consuetudinario, los Estados tienen la obligación de juzgar y castigar,por medio de sus jurisdicciones penales nacionales, a los autores de gravesviolaciones de derechos humanos constitutivas de crímenes bajo el derechointernacional (como la ejecución extrajudicial, la tortura, la desapariciónforzada y la violencia sexual), crímenes de lesa humanidad, genocidio ycrímenes de guerra. Esta obligación internacional implica tipificar en lalegislación penal nacional como ilícitos penales los crímenes bajo el derechointernacional. Si bien varios tratados e instrumentos internacionales imponenexpresamente esta obligación2, esta es una consecuencia directa y lógica delcarácter de jus cogens de la prohibición de cometer tales crímenes.Al tipificar en sus legislaciones penales como delitos los comportamientosconstitutivos de crímenes bajo el derecho internacional, los Estados deben	1 “Derecho injusto, retroactividad y principio de legalidad penal”, en Revista DOXA, No. 23, Universidad de Alicante, España, 2000, pág. 205.	2 Así cabe destacar: Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (art. V); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 3); Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (art.5); Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (arts. 4 y 25); Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (art. 4); Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (art. III); Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (art. 6); Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (art. 3); Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (art. 5); Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (artículo 4); y Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales arbitrarias o sumarias reiteran esta obligación (Principio 1).
8 Retroactividad penal de crímenes internacionalesobservar escrupulosamente dos grandes aspectos: el principio de legalidadde los delitos y las definiciones de los crímenes provistas en el derechointernacional. El Estado puede adoptar tipos más amplios que otorguenun mayor umbral de protección a las víctimas. No obstante, la tipificaciónnacional del delito debe reflejar como mínimo los elementos que caracterizanla definición del crimen prescrita por el derecho internacional.Así lo ha indicado, entre otros órganos internacionales de protección, laCorte Interamericana de Derechos Humanos al precisar que “[e]l DerechoInternacional establece un estándar mínimo acerca de una correcta tipificaciónde esta clase de conductas y los elementos mínimos que la misma debe observar,en el entendido de que la persecución penal es una vía fundamental paraprevenir futuras violaciones de derechos humanos. Es decir, que los Estadospueden adoptar una mayor severidad en el tipo específico para efectos de unamejor persecución penal de esos delitos, en función de lo que consideren unamayor o mejor tutela de los bienes jurídicos protegidos, a condición de queal hacerlo no vulneren esas otras normas a las que están obligados. Además,la sustracción de elementos que se consideran irreductibles en la fórmulapersecutoria establecida a nivel internacional, así como la introducción demodalidades que le resten sentido o eficacia, pueden llevar a la impunidadde conductas que los Estados están obligados bajo el Derecho Internacional aprevenir, erradicar y sancionar”3.En ese orden de ideas, cabe destacar que la Corte Constitucional deColombia ha considerado que “la definición del artículo 2º [de la ConvenciónInteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas] establece un mínimoque debe ser protegido por los Estados partes, sin perjuicio de que estosadopten definiciones más amplias dentro de sus ordenamientos internos”4.Ciertamente, después de la II Guerra Mundial, varios países incorporaron ensus legislaciones internas varios de esos ilícitos internacionales, en particularlos crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra5. Con la ratificación	3 Goiburú y otros vs. Paraguay, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, Serie C No. 153, párrafo 92.	4 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-580/02 de 3 de Julio de 2002, Referencia: expediente L.A.T.-218, Asunto: Revisión oficiosa de la “Ley 707 del 28 de noviembre de 2001 ‘Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas’” hecha en Belem do Pará, el nueve de julio de 1994, Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.	5 Ver entre otros: Australia, War Crimes Act of 1945; Bangladesh, International Crimes (Tribunals) Act No. XIX of 1973; Barbados, Geneva Conventions Act of 1980; Bélgica, Ley de 16 de junio de
Introducción 9de tratados sobre el Genocidio, la tortura y la desaparición forzada y, sobretodo,con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,numerosos Estados han incorporado en sus legislaciones penales nacionalesla mayoría de estos crímenes6. No obstante, la práctica indica que numerosospaíses no han incorporado en su legislación penal los crímenes bajo el derechointernacional, o lo han hecho parcialmente o sólo recientemente.En Colombia, la incorporación en la legislación penal nacional de crímenesbajo el derecho internacional —como las graves violaciones de derechoshumanos, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes deguerra— se registró tardíamente. Así, el genocidio, la tortura, la desapariciónforzada y el desplazamiento forzado fueron tipificados como delitos en lalegislación penal interna en julio de 20007. Varios crímenes de guerra setipificaron en el año 2000, cuando fue expedido un nuevo Código Penal8. 1993 sobre la represión de las infracciones graves de los Convenios Internacionales de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y los Protocolos I y II, de 8 de junio de 1977, adicionales a los Convenios; Congo, Ley No. 8 - 98 de 31 de octubre de 1998 sobre la represión al Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra; Costa Rica, Código Penal de 1970; El Salvador, Código Penal de 1998; España, Ley Orgánica No. 10 de 1995; Etiopía, Código Penal de 1957; Francia, Ley de 1964 sobre imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad y el Código Penal de 1994; Guatemala, Decreto No 48-1995 de 1995; Hungría, Código Penal de 1978; India, Geneva Conventions Act de 1960; Luxemburgo, Ley de 9 de enero de 1985 sobre la represión de las infracciones graves de los Convenios Internacionales de Ginebra; Mauricio, Geneva Convention Act de 1970; Nueva Zelanda, Geneva Conventions Act de 1958; Nigeria, Geneva Conventions Act de 1960; Paraguay, Código Penal de 1997; Perú, Ley No. 26.926 de 1998; Portugal, Código Penal de 1996; Reino Unido, Geneva Conventions Act de 1957 y War Crimes Act de 1991; Venezuela, Código Penal de 1964; y Zimbabue, Geneva Conventions Act de 1981.	6 Ver entre otros: Alemania, Ley que introduce los crímenes bajo el derecho internacional en el Código Penal, de 2002; Argentina, Ley No. 26.200 de 2007, sobre la implementación del Estatuto de Roma; Australia, International Criminal Court of Act de 2002; Bosnia y Herzegovina, Ley de implementación del Estatuto de Roma y de cooperación con la Corte Penal Internacional de 2009; Burkina Faso, Ley No. 52-2009/AN de 2009; Burundi, Ley No. 1/004 de 2003; Canadá, Crimes Against Humanity and War Crimes Act de 2000; Filipinas, Act No. 9851 on Crimes against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes against Humanity, 2009; Fiji, Decreto No. 44 de 2009; Francia, Ley No. 2010-930 de 2010 de adaptación del Código Penal al Estatuto de Roma; Kenya, International Crimes Act de 2008; Nueva Zelanda, International Crimes and International Criminal Court Act de 2000; Países Bajos, International Crimes Act, de 2003; Portugal, Ley No. 31/2004; República de Corea, Act No. 8719 on the Punishment of Crimes within the Jurisdiction of the International Criminal Court, de 2007; Sudáfrica, Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court Act, de 2002; Trinidad y Tobago, International Criminal Court Act, de 2006; Uganda, International Criminal Court Act, de 2010; y Uruguay, Ley No. 18.026 de 2006.	7 Ley No. 589 de 6 de julio de 2000, Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones, y Ley No. 599 de 24 de julio de 2000, Por medio de la cual se expide el Código Penal.	8 Artículos 135 a 164 de la Ley No. 599 de 24 de julio de 2000, Por medio de la cual se expide el Código Penal.
10 Retroactividad penal de crímenes internacionalesAsí, en el enjuiciamiento y la sanción de los autores de crímenes bajo elderecho internacional, los tribunales nacionales se enfrentan frecuentementea un obstáculo no despreciable: la ausencia de legislación penal vigente quetipificara estos comportamientos como delitos, para la época de los hechos,aun cuando para ese entonces ya constituían ilícitos penales internacionales.Este vacío en la legislación penal nacional ha sido frecuentemente invocadopor las autoridades investigadoras y judiciales para no investigar, juzgar ysancionar a los autores y copartícipes de crímenes bajo el derecho internacional.Asimismo, en muchos casos, fiscales y jueces sólo investigan los hechos yprocesan a sus autores por delitos menores u otros delitos que no reflejanla entidad criminal de los crímenes bajo el derecho internacional. Además,ello tiene varias consecuencias en cuanto al régimen jurídico que establece elderecho internacional para estos crímenes en materia de responsabilidad penalindividual, amnistía y medidas similares, imprescriptibilidad, jurisdicciónuniversal, extradición, cooperación internacional, refugio y asilo.Generalmente, esta situación ha sido fuente generadora de impunidad. Elexperto sobre la cuestión de la impunidad de las Naciones Unidas Louis Joinetla calificó como una modalidad de impunidad de hecho o de facto9. Como loha señalado Sylvie Stoyanka Junod: “[n]o puede cometerse impunemente unaviolación del Derecho internacional basándose en el hecho de que ese acto oesa omisión no estaba prohibida por el derecho nacional cuando se cometió”10.En contextos donde se han tipificado, tardíamente, como delitos en lalegislación interna los crímenes bajo el derecho internacional, como enColombia, fiscales y jueces se enfrentan a un dilema jurídico: ¿puedenaplicar retroactivamente la ley penal nacional a hechos que cuando fueroncometidos ya constituían crímenes bajo el derecho internacional, sin violarlos principios nullum crimen sine lege y de irretroactividad de la ley penal? Elderecho internacional y el derecho comparado han resuelto afirmativamenteesta crucial pregunta. Como lo señaló el doctrinante uruguayo Oscar LópezGoldaracena: “el expreso reconocimiento por la jurisprudencia sobre la	9 Informe del Experto sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de derechos civiles y políticos, Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1995/18.10 Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, Ed. Comité Internacional de la Cruz Roja - Plaza & Janés Editores Colombia S. A., Bogotá, noviembre de 1998, párrafo 4607.
Introducción 11vigencia de principio de jus cogens y del derecho consuetudinario al momentoen que ocurrieron las violaciones a los derechos humanos en nuestros países,allana la discusión sobre los problemas que pudieran suscitarse en relación ala retroactividad de la norma penal y el principio de legalidad. No se trata deaplicar las normas sobre crímenes de lesa humanidad ni los nuevos tratadosinternacionales ‘hacia el pasado’, sino de entender que las convencionesinternacionales no han hecho más que ratificar o reconocer normas de juscogens que ya eran obligatorias para el Uruguay por encontrarse vigentes almomento en que sucedieron los hechos”11. Oscar López Goldaracena, Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, Ed.11 Asociación Americana de Juristas - Rama Uruguaya, Montevideo, 1986, págs. 12-13.
II. Consideraciones generales “La prohibición de medidas penales retroactivas es un principio fundamental de la justicia criminal y una norma consuetudinaria, incluso imperativa de derecho internacional, que debe ser observada en todas las circunstancias por los tribunales nacionales e internacionales” Theodore Meron12La prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal (principio deno retroactividad de la ley penal o principio de irretroactividad de la leypenal) es un principio del derecho penal contemporáneo y está consagradocomo un derecho fundamental en numerosos instrumentos internacionalesde derechos humanos13. Igualmente este principio está consagrado por elDerecho Internacional Humanitario14 y el Derecho Penal Internacional15.12 Meron, Theodore, “War Crimes Law Comes of Age 244“, citado en en Kenneth S. Gallant, The Principle of “Legality in International and Comparative Criminal Law”, Cambridge Studies in International and Comparative Law, Cambridge University Press, 2009, pág. 3 (original en inglés, traducción libre).13 Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 11); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 15); Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 9); Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (art. 7); Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (art. 7); Carta Árabe de Derechos Humanos (art. 15); y Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (art. 19) ; y Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 49).14 Artículo 99 del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de Guerra de 1949 (III Convenio); artículo 67 del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de Guerra (IV Convenio); artículo 75 (4,c) del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I); y artículo 6 (2,c) del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II).15 Véase, por ejemplo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (art. 22); el proyecto de Código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad y los informes de la Comisión
II Consideraciones generales 13La jurisprudencia de las cortes y los órganos internacionales de derechoshumanos ampliamente ha reiterado este principio y derecho16. El principio dela prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal es absoluto y tienevigencia en toda circunstancia y tiempo, incluyendo el estado de emergenciay tiempo de guerra. En efecto, los principales tratados de derechos humanosconsagran que no ser condenado por actos u omisiones que no eran delictivosal momento en que fueron cometidos, es un derecho que no puede ser derogadoen ningún tiempo17.Conforme a este principio fundamental, nadie puede ser procesado ycondenado por un acto o una omisión que no constituía delito al momento desu comisión. El principio de no aplicación retroactiva de la ley penal es unasalvaguarda esencial del derecho internacional, una “defensa del individuocontra la arbitrariedad”18, y es una consecuencia del principio de legalidad delos delitos (nullum crimen sine lege). Pero asimismo es un elemento esencialdel Estado de Derecho, como lo ha señalado la Corte Interamericana de de Derecho Internacional de las Naciones Unidas de 1993 (Suplemento No. 10 [A/48/10], p.81) y 1994 (Suplemento No. 10 [A/49/10], p.321); Informe presentado por el Secretario General de conformidad con el párrafo 2 de la Resolución 808 (1993) del Consejo de Seguridad, S/25704 de 3 de mayo de 1993; Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Sala de 1ª Instancia, Sentencia de 12 de noviembre de 2002, El Procurador c. Enver Hadzihasanovic y otros, caso No. IT-901-47-PT; y Tribunal Especial para El Líbano, Sala de apelaciones, Decisión interlocutoria relativa al derecho aplicable de 16 de febrero de 2011, caso STL- I I-OI/I.16 Ver, entre otros: Comité de Derechos Humanos, Dictamen de 19 de marzo 2004, caso David Michael Nicholas c. Australia, Comunicación No. 1080/2002; Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia de 18 de noviembre 2004, De la Cruz Flores v. Perú, Series C No. 115, Sentencia de de 31 de agosto 2004, caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, Series C No. 111, Sentencia de 25 de noviembre 2005, caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú, Series C No. 137, Sentencia de 20 de junio 2005, caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala, Series C No. 126, y Sentencia de 26 de septiembre de 2006, caso Almonacid Arellano y otros c. Chile, Serie C No. 154; y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sentencia de 13 de julio de 1995, caso Tolstoy Miloslavsky c. El Reino Unido, Sentencia de 25 de mayo de 1993, caso Kokkinakis c. Grecia, Sentencia de 22 de noviembre de 1995, caso S.W. c. El Reino Unido, Comunicación No. 20166/92, Sentencia de 19 de septiembre de 2008, caso Korbely c. Hungría, Comunicación No 9174/02, Sentencia de 22 de marzo de 2001, caso Streletz, Kessler y Krenz c. Allemania, Comunicación 34044/96, 35532/97y 44801/98, Sentencia de 22 de marzo de 2001, caso K.-H.W c. Alemania, Comunicación No. 37201/, Sentencia de 12 de octubre de 2007, caso Jorgic c. Alemania, Comunicación 74613/01, y Sentencia de 17de mayo 2010, caso Kononov c. Letonia, Comunicación No. 36376/04.17 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4), Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 15) y Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 27).18 “Cuarto informe sobre el proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, por el Sr. Doudou Thiam, Relator Especial” en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1986 - Actas resumidas de las sesiones del trigésimo octavo período de sesiones 5 de mayo-11 de julio de 1986- Volumen II, Primera Parte, A/CN.4/SER.A/1986/Add. l (Parte 1), párrafo 155.
14 Retroactividad penal de crímenes internacionalesDerechos Humanos: “[e]n un Estado de Derecho, los principios de legalidad eirretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en susrespectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio desu poder punitivo”19. Igualmente, está íntimamente ligado con el derecho a laseguridad jurídica, como lo ha señalado la Corte Interamericana de DerechosHumanos, toda vez que tiene el sentido de impedir que una persona seapenada por un hecho que cuando fue cometido no era delito o no era punibleo susceptible de persecución20. En ese sentido, la Corte Interamericana deDerechos Humanos ha señalado que: «[E]n aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva exista y resulte conocida, o pueda serlo antes de que ocurra la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor, ya que antes de que una conducta sea tipificada como delito la misma no reviste aún el carácter de ilícita para efectos penales. Por otro lado, si esto no fuera así, los particulares no podrían orientar su comportamiento a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste. Estos son los fundamentos del principio de irretroactividad desfavorable de una norma punitiva»21.El principio nullum crimen sine lege está vinculado estrechamente al derechoa “la seguridad de la persona”22, puesto que busca salvaguardar el derecho delas personas a saber qué actos pueden llegar a ser penalizados y cuáles no23.En efecto, “el derecho penal enuncia normas de conducta que los individuos19 Sentencia de 31 de agosto de 2004, caso Ricardo Canese c. Paraguay, Serie C No. 111, párrafo 174. En el mismo sentido ver: caso Baena Ricardo y otros, párr. 107.20 Ver, entre otros: Sentencia de 31 de agosto de 2004, caso Ricardo Canese c. Paraguay, Serie C No. 111, párrafo 175; Sentencia de 18 de noviembre de 2004, caso De la Cruz Flores c. Perú, Serie C No. 115, párrafo 105; Sentencia de 30 de mayo de 1999, caso de Castillo Petruzzi et al c. Perú, párrafo 120.21 Sentencia de 18 de noviembre de 2004, caso De la Cruz Flores c. Perú, Serie C No. 115, párrafo 104.22 Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.23 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Perú, documento de la OEA OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., de 2 de junio de 2000, párrafo 80.
II Consideraciones generales 15deben respetar”24. El principio de nullum crimen sine lege significa que, paracriminalizar un comportamiento como ilícito penal, la conducta específica quese busca sancionar debe estar estrictamente tipificada en la ley como delito yla definición de todo delito penal debe ser precisa y libre de ambigüedad25.En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado: «[Q]ue en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Esto implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad»26.Por su parte, el Comité de Derechos Humanos ha precisado que el principiode legalidad de los delitos implica “el requisito de que la responsabilidadpenal y la pena vengan determinadas exclusivamente por disposiciones claras24 Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 48º período de sesiones, 6 de mayo a 26 de julio de 1996, Asamblea General de las Naciones Unidas, Documentos oficiales, Quincuagésimo primer período de sesiones, Suplemento No. 10 (A/51/10), pág. 90.25 Véanse, entre otros, del Comité de Derechos Humanos: Observación general No. 29, Suspensión de obligaciones durante un estado de excepción (art. 4), párrafo 7, documento de las Naciones Unidas CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, de 31 de agosto de 2001; las Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre: República Democrática Popular de Corea, CCPR/CO/72/PRK, de 27 de agosto de 2001, párrafo 14; Bélgica, CCPR/CO/81/BEL, de 12 de agosto de 2004, párrafo 24; Islandia, CCPR/CO/83/ISL, de 25 de abril de 2005, párrafo 10; Estonia, CCPR/CO/77/EST, de 15 de abril de 2003, párrafo 8; Canadá, CCPR/C/CAN/CO/5, de 20 de abril de 2006, párrafo 12; y Marruecos, CCPR/CO/82/MAR, de 1 de diciembre de 2004, párrafo 20; Corte Europea de Derechos Humanos: Sentencia de 25 de mayo de 1993, Kokkinakis c. Grecia, Series A, No. 260-A, p.22, párrafo 52; y Sentencia de 22 de junio de 2000, Cöeme c. Bélgica, párrafo 11; Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia de 30 de mayo de 1999, caso de Castillo Petruzzi et al c. Perú, párrafos 119, 120 y 121; y Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Segundo Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Perú, op. cit. 8, párrafo 80, e Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, op. cit. 6, “Recomendaciones”, No. 10 (a).26 Sentencia de 30 de mayo de 1999, caso de Castillo Petruzzi et al c. Perú, párrafo 121. Ver igualmente, Sentencia de 31 de agosto de 2004, caso Ricardo Canese c. Paraguay, Serie C No. 111, párrafo 174.
16 Retroactividad penal de crímenes internacionalesy concretas de la ley en vigor y aplicable en el momento de cometerse elacto o la omisión, salvo que por la ley posterior se imponga una pena másleve”27. Así, las definiciones vagas, ambiguas e imprecisas contravienen elDerecho internacional de los derechos humanos y las “condiciones generalesestipuladas por el derecho internacional” 28.No obstante el principio de legalidad de los delitos no se limita a la aplicaciónde la ley nacional. Más allá de una regla de derecho comparado, el principionullum crimen sine lege es un principio del derecho internacional, que serefiere tanto al derecho nacional como al derecho internacional29. Si bien elprincipio de legalidad de los delitos se ha traducido en los sistemas penalesnacionales de tradición jurídica de derecho continental en la fórmula nullumcrimen sine lege nulla poena sine lege, en los sistemas jurídicos del CommonLaw éste se tradujo bajo la fórmula nullum crimen sine iure30.En derecho internacional, el principio de legalidad de los delitos se contrae ala fórmula nullum crimen sine lege. No obstante, dado que el principio abarcatanto el derecho nacional como el internacional, y que éste se halla igualmenteconformado por el derecho internacional consuetudinario, varios autores27 Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 29, Suspensión de obligaciones durante un estado de excepción (art. 4), párrafo 7.28 Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de Jueces y Abogados, documento de las Naciones Unidas E/CN.4/1998/39/Add.1, párrafo 129. Véase también Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos - Portugal (Macau), documento de las Naciones Unidas CCPR/C/79/Add.115, de 4 de noviembre de 1999, párrafo 12; Observaciones y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos sobre Argelia, CCPR/C/79/Add.95, de 18 de agosto de 1998, párrafo 11; Egipto, CCPR/C/79/Add.23, de 9 de agosto de 1993, párrafo 8; y Perú, CCPR/C/79/Add.67, de 25 de julio de 1996, párrafo 12; y Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre: República Democrática Popular de Corea, CCPR/CO/72/PRK, de 27 de agosto de 2001, párrafo 14; Bélgica, CCPR/CO/81/BEL, de 12 de agosto de 2004, párrafo 24; Islandia, CCPR/CO/83/ISL, de 25 de abril de 2005, párrafo 10; Estonia, CCPR/CO/77/EST, de 15 de abril de 2003, párrafo 8; y Canadá, CCPR/C/CAN/CO/5, de 20 de abril de 2006, párrafo 12. Véase también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1983-1984, p.85, párrafo 7, y Segundo Informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú, op. cit. 8, párrafo 80.29 Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Principio I de los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y las sentencias del Tribunal de Nuremberg (aprobados por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en 1950).30 Antonio Pagliaro, “Límites a la unificación del Derecho penal europeo” (traducción de Carlos Suárez González), en Hacia un Derecho penal económico europeo -Jornadas en honor del Profesor Klaus Tiedemann, Ed. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 1995, págs. 690-691.
II Consideraciones generales 17consideran que la fórmula nullum crimen sine iure refleja más la naturaleza yel alcance del principio de legalidad de los delitos31.El Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia (TIPY) ha recordadoque “[l]os principios nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege sonreconocidos por los principales sistemas de justicia penal del mundo comoprincipios fundamentales del derecho penal. Otro principio fundamental es laprohibición de leyes penales posteriores a los hechos con el corolario de que laaplicación de leyes y sanciones penales no puede ser retroactiva. Los términostambién deben ser explícitos y cualquier ambigüedad debe ser prohibida en lasleyes penales. Estas reglas constituyen los pilares del principio de legalidad.Si estos principios no son respetados, no puede haber incriminación”32. Noobstante, el TIPY ha señalado que el alcance de estos principios es distinto,esencialmente porque “las modalidades de incriminación son diferentesen los sistemas internos y los sistemas internacionales de justicia penal”33.Mientras que en el plano nacional la ley nacional define la conducta prohibiday fija el momento a partir del cual esta es ilegal, en el plano internacional, lacriminalización del comportamiento se hace mediante tratados o la costumbre.En ese sentido, Rodolfo Mattarollo precisa que “[e]n el derecho penalinternacional […] el principio de legalidad […] tiene características peculiaresy se ha expresado de una manera que le es propia: nullum crimen sine iure,lo que significa que las incriminaciones deben tener una base normativa y noser arbitrarias, aunque las penas no estén formuladas de manera expresa yespecífica. El principio de legalidad en el derecho penal internacional parte deuna distinción fundamental entre la norma de comportamiento y la norma derepresión. La costumbre puede dar nacimiento a la norma de comportamiento:un comportamiento se convertirá en algo prohibido porque la mayoría delos Estados se abstienen con la conciencia de ejecutar así una obligaciónjurídica. […] Dicho principio exige un texto, pero solamente para la normade comportamiento y como prueba de la existencia de la costumbre. Esto es31 Ver entre otros : Matchled Boot, Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the Internastional Criminal Court, Ed. Intersentia, 2001; y Rodolfo Mattarollo, “La jurisprudencia argentina reciente y los crímenes de lesa humanidad”, en Comisión Internacional de Juristas, La Revista, No. 62-63, Ginebra, julio de 2003, pág. 26.32 Sentencia de 16 de noviembre 1998, El Procurador c. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic y Esad Landzo (“caso Celebici”), caso No. IT-96-21-T, párrafo 402 (original en francés, traducción libre).33 Ibíd., párrafo 403 (original en francés, traducción libre).
18 Retroactividad penal de crímenes internacionalesnecesario para definir este comportamiento como criminal y no sólo comoilícito, distinción que la costumbre, no formulada en un texto, no siemprehace aparecer en forma clara. Pero la norma de represión es una consecuenciade la norma consuetudinaria de comportamiento. Exigir identificar de lamisma forma una norma consuetudinaria de represión equivaldría a exigir unacostumbre de la trasgresión”34.Por otro lado, los tratados internacionales que establecen crímenes bajo elderecho internacional no prescriben las sanciones a imponer y se limitana establecer el criterio de proporcionalidad de las penas de acuerdo con lagravedad del crimen35. Este aspecto es dejado a la legislación nacional o alos tribunales internacionales. La ausencia de penalidades en los instrumentosinternacionales no vulnera el principio de legalidad de los delitos en el ámbitodel derecho internacional. Desde los estatutos de los tribunales de Nurembergy de Tokio, pasando por los tratados internacionales contra el terrorismo, laConvención contra el Genocidio, las convenciones sobre tortura o sobre ladesaparición forzada de las Naciones Unidas y de la Organización de EstadosAmericanos, casi la totalidad de los tratados de derecho penal no prevén laspenas específicas para los delitos que tipifican. Así, el profesor Cherif Bassiouniseñala que ninguno de los 315 instrumentos de derecho penal internacionalelaborados entre 1815 y 1988 incluye las sanciones respectivas, por lo queconcluye que “la ausencia confirma una regla consuetudinaria de la aplicacióndel derecho internacional según la cual las penas por analogía son válidas”36.34 Rodolfo Mattarollo, “La jurisprudencia argentina reciente y los crímenes de lesa humanidad”, en Comisión Internacional de Juristas, La Revista, No. 62-63, Ginebra, julio de 2003, pág. 26.35 Ver por ejemplo: Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos y Degradantes (artículo 4,2); Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (artículo 7); Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (artículo 3,3); Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación, y el entrenamiento de los mercenarios (artículo 5); Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (artículo 6); y Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Persona (artículo III).36 Cherif Bassiouni en Crimes Against Humanity in International Criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/Londres, 1992, pág. 111 (original en inglés, traducción libre).
III. Normas y estándares internacionales de derechos humanos “Ante la gravedad de determinados delitos, las normas de derecho internacional consuetudinario y convencional establecen el deber de juzgar a sus responsables” Corte Interamericana de Derechos Humanos37Los instrumentos internacionales de derechos humanos tienen expresascláusulas sobre el principio de irretroactividad del derecho penal, así comoel concepto de derecho penal aplicable. Asimismo, la jurisprudencia delos órganos de control y de las cortes de derechos humanos ha abordado lacuestión de la aplicación retroactiva de la ley penal nacional por crímenes bajoel derecho internacional. 1. Sistema Universal de Derechos HumanosDesde la perspectiva normativa, dos instrumentos son esenciales en la materia:la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos.El artículo 11 (2) de la Declaración Universal de Derechos Humanos prescribe que: «Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito».37 Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, Serie C No. 153, párrafo 128.
20 Retroactividad penal de crímenes internacionalesEl artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosprescribe que: «1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. […] «2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.»Los travaux préparatoires del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos resultan relevantes en esta materia. La inclusión de la referencia alderecho internacional en el primer párrafo del artículo 15 fue iniciativa deFrancia y Uruguay. Esta inclusión tenía el propósito de impedir que autores decrímenes bajo el derecho internacional pudieran quedar impunes y escapar ala justicia, cuando estos comportamientos ilícitos no estaban tipificados comodelitos en la legislación penal nacional de un Estado38. Durante los debates delTercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se cristalizó unconsenso de los Estados sobre el entendimiento de que la expresión “derechointernacional” abarcaba tanto los tratados internacionales como el derechointernacional consuetudinario39.La noción de “principios generales del derecho reconocidos por la comunidadinternacional”, empleada en el segundo párrafo del artículo 15, tiene similaralcance a la referencia al “derecho internacional” del primer párrafo delartículo 15. Así, como lo señala Manfred Nowak, de conformidad con estadisposición, “una persona puede ser condenada por un acto u omisión que noera punible bajo el derecho nacional al momento de su comisión, siempre ycuando estos eran punibles bajo el derecho de los tratados internacionales obajo el derecho internacional consuetudinario vigentes para la época en que38 Ver, Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Politicals Rights – CCPR Commentary, Ed. Engel, Publisher, 2a Edición Revisada, Alemania/Francia/Estados Unidos, 2005, pág. 360.39 Ibídem.
III Normas y estándares internacionales de derechos humanos 21fue cometido”40. No obstante, es claro que el segundo párrafo del artículo15 está centrado en los crímenes prescritos por el derecho internacionalconsuetudinario. Estos abarcan el genocidio, los crímenes de lesa humanidad,los crímenes de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos, comola esclavitud, la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.Respecto de estas últimas, cabe señalar que el Comité de Derechos Humanosha calificado reiteradamente como graves violaciones de derechos humanos lasejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la tortura41. Asimismo,el Comité ha concluido que “[l]os Estados Partes no pueden en ningún casoinvocar el artículo 4 del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos]como justificación de actos que violan el derecho humanitario o normasimperativas de Derecho Internacional, por ejemplo, la toma de rehenes, laimposición de castigos colectivos, la privación arbitraria de la libertad”42. ElComité igualmente señaló que, bajo ninguna circunstancia, se pueden cometeractos tales como secuestro, detención no reconocida, deportación o trasladoforzoso de población sin motivos autorizados por el derecho internacional yapología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a ladiscriminación, la hostilidad o la violencia.El Comité de Derechos Humanos ha precisado que “según el párrafo 1 delartículo 15, es necesario que el acto u omisión por el que se condena a unacusado constituya ‘delito’. Si un acto u omisión debe traducirse en unacondena penal no es cuestión que pueda determinarse en abstracto; por elcontrario, se trata de una cuestión a la que sólo se puede responder tras unjuicio en el que se presenten pruebas que produzcan la convicción necesariaacerca de los elementos del delito. Si no puede probarse debidamente laexistencia de un elemento necesario del delito, según se tipifica en el derechonacional (o internacional), la conclusión es que la condena del acusado de eseacto u omisión quebrantaría el principio nullum crimen sine lege, así como laseguridad jurídica estipulados en el párrafo 1 del artículo 15”43.40 Ibídem (original en inglés, traducción libre).41 Ver por ejemplo, la decisión de 29 de marzo de 1982, Comunicación N° 30/1978, caso Bleier Lewhoff y Valiño de Bleier c. Uruguay; la decisión de 31 de marzo de 1982, Comunicación N° 45/1979, caso Pedro Pablo Carmargo c. Colombia; y Observaciones finales - Burundi, de 3de agosto 1994, párrafo 9.42 Observación general Nº 29, “Estados de emergencia (artículo 4), párrafo 11.43 Dictamen de 19 de marzo de 2004, caso David Michael Nicholas c. Australia, Comunicación No. 1080/2002, párrafo 7,5.
22 Retroactividad penal de crímenes internacionalesEl Comité de Derechos Humanos tiene una importante jurisprudencia sobre lacuestión del principio de legalidad de los delitos y de la aplicación retroactivade la ley penal. No obstante, en materia de aplicación retroactiva de la leypenal nacional por hechos que al momento de su comisión eran constitutivosde crímenes bajo el derecho internacional, la jurisprudencia del Comité deDerechos Humanos es menos que profusa y se limita, hasta la fecha, a un solocaso: Klaus Dieter Baumgarten c. Alemania.En efecto, la cuestión de la aplicación retroactiva de la ley nacional paradelitos bajo el derecho internacional fue examinada por el Comité de DerechosHumanos en el caso Klaus Dieter Baumgarten c. Alemania. Este caso hacereferencia a la condena del Viceministro de Defensa y Jefe de las Tropas dela Frontera (Chef der Grenztruppen) de la antigua República DemocráticaAlemana (RDA), por varios asesinatos o intentos de asesinato por los guardiasde fronteras, cuando las personas intentaban cruzar la frontera entre la antiguaRDA y la República Federal de Alemania (RFA), hechos conocidos comolas ejecuciones del muro de Berlín. Para la época de tales sucesos, estoshomicidios no eran considerados delitos por los tribunales de la RDA, todavez que la legislación interna autorizaba el uso de la fuerza letal para impedirla fuga hacia territorio de la RFA44. En 1996, Baumgarten fue condenado poresos hechos por el Tribunal Regional de Berlín, el cual descartó la aplicaciónde la legislación de la ex RDA que justificaba los homicidios y exonerabade responsabilidad a sus autores. Baumgarten acudió al Comité de DerechosHumanos, invocando la aplicación retroactiva de la ley penal, al considerarque en virtud de la legislación penal en vigor en la RDA para el momento delos hechos, los actos por los cuales se le condenó en 1996 no eran punibles.Asimismo, argumentó que esos actos tampoco “eran delictivos con arregloal derecho internacional, ni con arreglo a los principios generales de derechoreconocidos por la comunidad internacional”45.El Comité de Derechos Humanos observó que “la naturaleza específica decualquier violación del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto le exige que examine si44 Artículo 258 del Código Penal y artículos 17 y 20 de la Ley de policía del pueblo de la República Democrática Alemana y Ordenes No. 80/79 de 6 de octubre de 1979, No. 80/80 de 10 de octubre de 1980, No. 80/81 de 6 de octubre de 1981, No. 80/83 de 10 de octubre de 1983, No. 80/84 de 9 de octubre de 1984, No. 80/85 de 18 de octubre de 1985, No. 80/86 de 15 de octubre de 1986 y No. 80/88 de 26 de septiembre de 198845 Dictamen de 31 de julio de 2003, caso Klaus Dieter Baumgarten c. Alemania, Comunicación No. 960/2000, párrafo 5.6.
III Normas y estándares internacionales de derechos humanos 23la interpretación y aplicación de la legislación penal pertinente por los tribunalesnacionales en una causa determinada parece poner de manifiesto una violaciónde la prohibición de imponer un castigo con carácter retroactivo o un castigono basado en el derecho”46. El Comité consideró que, independientemente delo establecido por la legislación nacional al momento de los homicidios y comoEstado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la RDAtenía la obligación de garantizar el derecho a no ser privado arbitrariamente dela vida y por tanto debía “evitar que sus propias fuerzas de seguridad matende forma arbitraria”. Así, el Comité consideró que las ejecuciones del murode Berlín constituían un “uso desproporcionado de la fuerza letal [que] eracriminal de acuerdo con los principios generales del derecho reconocidos por lacomunidad internacional ya en el momento en que el autor cometió sus actos”47.Finalmente, el Comité concluyó que no se había configurado violación alguna alartículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.En algunas observaciones y conclusiones sobre países, el Comité de DerechosHumanos ha instado a los Estados a aplicar retroactivamente la ley penalnacional frente a actos que eran constitutivos de graves violaciones dederechos humanos al momento de su comisión. Así, por ejemplo, en el casode Argentina y ante la situación creada por las leyes de amnistía de ese país(ley de obediencia debida, ley de punto final y los indultos presidenciales), elComité señaló que “[l]as violaciones graves de los derechos civiles y políticosdurante el gobierno militar deben ser perseguibles durante todo el tiemponecesario y con toda la retroactividad necesaria para lograr el enjuiciamientode sus autores”48. 2. Sistema Interamericano de Derechos HumanosLa Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, ensu artículo 9 “Principio de Legalidad y de Retroactividad”, prescribe que: «Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.»46 Ibíd., párrafo 9,3.47 Ibíd., párrafo 9,4.48 “Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Argentina”, de 3 de noviembre 2000, documento de las Naciones Unidas CCPR/CO/70/ARG, párrafo 9.
24 Retroactividad penal de crímenes internacionalesEsta cláusula estuvo presente desde el principio del proceso de elaboración ynegociación del Pacto de San José. Así, cabe destacar que en el proyecto deConvención sobre derechos humanos, aprobado por la Cuarta Reunión delConsejo Interamericano de Jurisconsultos49, se incorporó en el artículo 7 eltexto siguiente: “[n]adie será ser condenado por acciones u omisiones que enel momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”.En su dictamen sobre este proyecto, la Comisión Interamericana de DerechosHumanos consideró que el texto del artículo 7 debía mantenerse50.El artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no fueobjeto de grandes debates ni diferendos durante el proceso de redacción ynegociación del tratado. En ese sentido los travaux préparatoires no son de granutilidad. Sin embargo, resulta relevante destacar la intervención del Presidente dela Comisión I que negoció esta norma, el Embajador Gonzalo García Bustillos.En la sesión del 13 de noviembre de 1969, ante una propuesta de enmiendaaclaratoria del alcance de la noción “derecho aplicable” formulada por eldelegado del Estado colombiano, el Presidente García Bustillos aclaró “queno era necesario especificar ‘derecho nacional o internacional’ puesto que laexpresión ‘derecho aplicable’ lo comprendía todo”51. La doctrina ha señaladoigualmente que la noción de “derecho aplicable”, empleada por el artículo 9 de laConvención Americana, abarca tanto el derecho nacional como el internacional52.Existe una amplia jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericanasde Derechos Humanos sobre la prohibición de la aplicación retroactiva de laley penal nacional53. No obstante, la jurisprudencia relativa a la aplicaciónretroactiva de la ley penal nacional por crímenes bajo el derecho internacional49 Acta final, Santiago de Chile, septiembre 1959, doc. CIJ-43.50 OEA/Ser/.L/V/II.15/doc.26.51 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica 7-22 de noviembre de 1969 – Actas y Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, pág. 206.52 Ver entre otros: Héctor Faúnez Ledesma, Administración de Justicia y Derecho Internacional de los Derechos Humanos (El Derecho a un juicio Justo), Ed. Universidad Central de Venezuela – Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Caracas, 1992, pág. 361; y Daniel O’Donnell, Protección internacional de los derechos humanos, Comisión Andina de Juristas, Lima 1989, 2ª Edición, página 131.53 Ver por ejemplo: Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004, Serie C No. 111; y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 121/10 de 23 de octubre de 2010, caso 12.431, Carlos Alberto Mojoli Vargas (Paraguay) e Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/ll.116, Doc. 5 rev. 1 corr. de 22 octubre 2002, párrafos 222 y 225.
III Normas y estándares internacionales de derechos humanos 25es escasa. No obstante, la Sentencia de la Corte Interamericana de DerechosHumanos en el caso Almonacid Arellano y otros c. Chile marca un hito en estamateria en el sistema interamericano.El caso Almonacid Arellano y otros c. Chile54 se refiere a la detención yejecución extrajudicial de Luis Alfredo Almonacid Arellano —militante delPartido Comunista y candidato a regidor del mismo, secretario provincial dela Central Unitaria de Trabajadores y dirigente gremial del magisterio— porcarabineros en septiembre de 1973, a los pocos días del golpe militar del GeneralAugusto Pinochet Ugarte. Un proceso penal fue abierto por el homicidio deLuis Alfredo Almonacid Arellano que culminó en un sobreseimiento temporalde la causa en 1974. Posteriormente, el régimen militar promulgó una ley deautoamnistía (Decreto Ley No. 2.191 de 18 de abril de 1978). En 1992, laviuda de Luis Alfredo Almonacid Arellano interpuso una querella criminalpor el homicidio de su esposo ante la jurisdicción ordinaria y solicitó lareapertura de la causa penal sobreseída temporalmente en 1974. La causa fuereabierta, el juez ordinario se declaró incompetente y el proceso fue remitido ala jurisdicción penal militar. Luego de un tortuoso y dilatado trámite, en 1997un juzgado penal militar dictó sobreseimiento total y definitivo de la causa enaplicación de la ley de autoamnistía. En 1998, la Corte Suprema de Justiciaconvalidó la decisión de la jurisdicción penal militar y ordenó el archivo dela causa. Los familiares de Luis Alfredo Almonacid Arellano acudieron alsistema interamericano por violación a las garantías judiciales (artículos 8 y25 de la Convención Americana) y de las obligaciones de respetar los derechoshumanos y adoptar las disposiciones de derecho interno para ello (artículos 1y 2 de la Convención Americana).Al estudiar el caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanosprimeramente examinó la naturaleza y caracterización del delito de que fuevíctima Luis Alfredo Almonacid Arellano, esto es “si el homicidio del señorAlmonacid Arellano constituye o no un crimen de lesa humanidad”55. La Corteconcluyó que, a la luz del derecho internacional vigente56 para la época de los54 Caso Almonacid Arellano y otros c. Chile, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 154.55 bíd., párrafo 90.56 La Corte citó, entre otros instrumentos : el Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907; Acuerdo para el establecimiento de un Tribunal Militar Internacional encargado del juicio y castigo de los principales criminales de guerra del Eje Europeo, de 1945; el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg; el Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente;
26 Retroactividad penal de crímenes internacionaleshechos, “hay amplia evidencia para concluir que en 1973, año de la muertedel señor Almonacid Arellano, la comisión de crímenes de lesa humanidad,incluido el asesinato ejecutado en un contexto de ataque generalizado osistemático contra sectores de la población civil, era violatoria de una normaimperativa del derecho internacional. Dicha prohibición de cometer crímenesde lesa humanidad es una norma de ius cogens, y la penalización de estoscrímenes es obligatoria conforme al derecho internacional general”57.Al analizar el contexto en el cual se produjo el homicidio de AlmonacidArellano, la Corte constató que, según lo probado, “desde el 11 de septiembrede 1973 hasta el 10 de marzo de 1990 gobernó en Chile una dictadura militarque dentro de una política de Estado encaminada a causar miedo, atacómasiva y sistemáticamente a sectores de la población civil consideradoscomo opositores al régimen, mediante una serie de graves violaciones alos derechos humanos y al derecho internacional, entre las que se cuentanal menos 3.197 víctimas de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas,y 33.221 detenidos, de quienes una inmensa mayoría fue víctima de tortura[…]. De igual forma, la Corte tuvo por probado que la época más violenta detodo este período represivo correspondió a los primeros meses del gobiernode facto. Cerca del 57% de todas las muertes y desapariciones, y el 61% delas detenciones ocurrieron en los primeros meses de la dictadura. La ejecucióndel señor Almonacid Arellano precisamente se produjo en esa época”58.Finalmente, la Corte concluyó que el homicidio de Almonacid Arellano,cometido dentro de un patrón sistemático y generalizado contra la poblacióncivil, constituyó un crimen de lesa humanidad59 y “formó parte de una políticade Estado de represión a sectores de la sociedad civil”60.Luego de recordar que bajo el derecho internacional estos crímenes no eransusceptibles de amnistías u otras medidas similares y que el Estado chileno no la Ley del Consejo de Control No. 10; las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 95(I) de 11 de diciembre de 1946 y 177 (II) de 21 de noviembre de 1947 ; los Principios de Derecho Internacional Reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las Sentencias del Tribunal, adoptados por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en 1950 (A/CN.4/34); y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de la humanidad.57 Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 154, párrafo 99.58 Ibíd., párrafo 103.59 Ibíd., párrafo 104.60 Ibíd., párrafo 129.
III Normas y estándares internacionales de derechos humanos 27podía invocar su legislación interna (como el Decreto Ley de autoamnistía)para exonerarse de su obligación internacional de juzgar y castigar a losautores de crímenes de lesa humanidad, la Corte señaló que “el Estado nopodrá argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, ni el principione bis in idem, así como cualquier excluyente similar de responsabilidad, paraexcusarse de su deber de investigar y sancionar a los responsables”61.La Corte precisó que el “principio ne bis in idem, aún cuando es un derecho humanoreconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absolutoy, por tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció elcaso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechoshumanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusadode su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independienteo imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) nohubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia62. Unasentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada‘aparente’ o ‘fraudulenta’63. Por otro lado, esta Corte considera que si aparecennuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsablesde violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenesde lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existeun sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigenciasde la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la ConvenciónAmericana desplaza la protección del ne bis in idem”64.En el caso Gelman Vs. Uruguay, la Corte Interamericana reiteró sujurisprudencia al señalar que “el Estado debe disponer que ninguna otra normaanáloga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, nebis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada yque las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstruccióndel proceso investigativo”65.61 Ibíd., párrafo 151.62 Cfr. Cfr. O.N.U., Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional, U.N. Doc. A/CONF.183/9, 17 de julio de 1998, art. 20; Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, S/Res/827, 1993, art. 10, y Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, S/Res/955, 8 de noviembre de 1994, art. 9.63 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 131.64 Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 154, párrafo 154.65 Caso Gelman Vs. Uruguay, Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C No. 221, párrafo 254.
28 Retroactividad penal de crímenes internacionales 3. Sistema Europeo de Protección de Derechos HumanosEl Convenio Europeo de Salvaguarda de los Derechos Humanos y lasLibertades Fundamentales prescribe a su artículo 7: «1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el Derecho nacional o internacional. […] «2. El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas.»El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha precisado que el artículo 7del Convenio Europeo no sólo consagra la prohibición de la aplicaciónretroactiva del derecho penal sino que consagra el principio de legalidad delos delitos (nullum crimen, nulla poena sine lege)66. Igualmente, el TribunalEuropeo ha precisado que la noción de ley (“law” y “droit”) empleada por elartículo 7 del Convenio Europeo englobaba “tanto el derecho escrito comono escrito”67. Asimismo, recordando su jurisprudencia sobre esta últimacondición, el Tribunal ha precisado que por más clara que sea la redacción deuna norma penal, en cualquier sistema jurídico “existe un infaltable elementode interpretación judicial” y que la jurisprudencia es fuente de derecho que66 Ver: Sentencia de 13 de julio de 1995, caso Tolstoy Miloslavsky c. El Reino Unido; Sentencia de 25 de mayo de 1993, caso Kokkinakis c. Grecia; Sentencia de 22 de noviembre de 1995, caso S.W. c. El Reino Unido, Comunicación No. 20166/92; Sentencia de 19 de septiembre de 2008, caso Korbely c. Hungría, Comunicación No 9174/02; Sentencia de 22 de marzo de 2001, caso Streletz, Kessler y Krenz c. Allemania, Comunicación 34044/96, 35532/97y 44801/98; Sentencia de 22 de marzo de 2001, caso K.-H.W c. Alemania, Comunicación No. 37201/; Sentencia de 12 de octubre de 2007, caso Jorgic c. Alemania, Comunicación 74613/01; y Sentencia de 17de mayo 2010, caso Kononov c. Letonia, Comunicación No. 36376/04.67 Sentencia de 13 de julio de 1995, caso Tolstoy Miloslavsky c. El Reino Unido, párrafo 37 ; Sentencia de 22 de marzo de 2001, caso Streletz, Kessler y Krenz c. Allemania, Comunicación 34044/96, 35532/97y 44801/98, párrafo 57; Sentencia de 17de mayo 2010, caso Kononov c. Letonia, Comunicación No. 36376/04, párrafo 185.
III Normas y estándares internacionales de derechos humanos 29contribuye al desarrollo progresivo del derecho penal68. Si bien una infraccióndebe estar claramente definida en la ley, el Tribunal ha igualmente precisadoque no es necesario que todos sus elementos estén definidos en la norma y loesencial es que el comportamiento prohibido esté definido de manera general,de tal suerte que el principio de legalidad de los delitos se encuentra protegido“cuando el justiciable puede saber a partir de la redacción de la disposiciónpertinente y, si es necesario, con su interpretación por los tribunales, qué actosy omisiones comprometen su responsabilidad penal”69.El Tribunal Europeo ha examinado la cuestión del principio de legalidad delos delitos en varios casos. No obstante, las cuestiones relativas al principiode legalidad de los delitos y el derecho internacional, así como a la aplicaciónde la aplicación retroactiva de la ley penal nacional por crímenes bajo elderecho internacional, han sido examinadas por el Tribunal Europeo a partirdel año 2000 en casos relativos a personas que cometieron crímenes de guerradurante la II Guerra Mundial (caso Kononov c. Letonia), durante la ocupaciónsoviética (caso Kolk y Kislyiy c. Estonia) o que fueron condenadas por las“ejecuciones del muro de Berlín” (casos Streletz, Kessler y Krenz c. Alemaniay K.-H.W. c. Alemania). i) “Las ejecuciones del muro de Berlín”El caso Streletz, Kessler y Krenz c. Alemania70 hace referencia al juzgamientoy condena de Fritz Streletz, Heinz Kessler y Egon Krenz, por la muerte devarios ciudadanos de la República Democrática de Alemania (RDA) cuandointentaban huir hacia la República Federal de Alemania (RFA), hechosconocidos como “las ejecuciones del muro de Berlín”. Para la fecha de loshechos, la legislación interna de la RDA autorizaba el uso de la fuerza letalpara impedir la fuga hacia territorio de la RFA. Así, fueron instalados sistemas68 Sentencia de 19 de septiembre de 2008, caso Korbely c. Hungría, Comunicación No 9174/02, párrafos 69-71; Sentencia de 22 de marzo de 2001, caso Streletz, Kessler y Krenz c. Allemania, Comunicación 34044/96, 35532/97y 44801/98, párrafo 82 ; Sentencia de 22 de marzo de 2001, caso K.-H.W c. Alemania, Comunicación No. 37201/97párrafo 85 ; Sentencia de 12 de octubre de 2007, caso Jorgic c. Alemania, Comunicación 74613/01, párrafos101-109; y Sentencia de 17de mayo 2010, caso Kononov c. Letonia, Comunicación No. 36376/04, párrafo 185.69 Sentencia de 25 de mayo de 1993, caso Kokkinakis c. Grecia, párrafo 52 y Sentencia de 22 de noviembre de 1995, caso S.W. c. El Reino Unido, Comunicación No. 20166/92, párrafo 35.70 Sentencia de 22 de marzo de 2001, caso K.‑H.W. c. Alemania, Comunicación 34044/96, 35532/97y 44801/98.
30 Retroactividad penal de crímenes internacionalesde disparos automáticos y minas antipersonales y los guardia-fronterasrecibieron órdenes de disparar contra los fugitivos. Streletz, Kessler y Krenzocupaban altos cargos en el Consejo Nacional de Defensa, el Comité Centraldel Partido Comunista, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional delPueblo, entidades responsables de esta legislación y órdenes. Luego de lareunificación de Alemania, un tribunal de Berlín juzgó y condenó a Streletzy Kessler en 1993, aplicando tanto la legislación penal de la RDA en vigorpara la época de los hechos, como el Código penal de la RFA, por incitaciónal homicidio voluntario. En segunda instancia, en 1994, la Corte Supremade Justicia condenó a Streletz y Kessler como autores intelectuales dehomicidio voluntario, aplicando el Código penal de la RFA. Los condenadosimpugnaron esta sentencia ante la Corte Constitucional, argumentando que laCorte Suprema había violado el principio de irretroactividad de la ley penal,pues la legislación aplicable era la de la RDA, la cual justificaba los hechose impedía que se les juzgara por estos. La Corte Constitucional rechazó laspretensiones de los demandantes en 1996. Krenz fue juzgado y condenado en1997 como autor intelectual de varios homicidios voluntarios. En su sentenciacondenatoria, el tribunal regional de Berlín aplicó tanto la legislación penal dela RDA en vigor para la época de los hechos, como el Código penal de la RFA.Streletz, Kessler y Krenz acudieron al Tribunal Europeo por violación delartículo 7 (1) del Convenio Europeo, pues según argumentaron, los hechospor los cuales habían sido condenados no constituían para la época delitos, nibajo el derecho penal de la RDA ni bajo el derecho internacional71. Los tresalegaron que, para la fecha de los hechos, la legislación aplicable en la RDAautorizaba el empleo de la fuerza letal contra quienes intentaban huir del país.El Tribunal Europeo consideró que, incluso bajo la legislación penal dela RDA para la época de los hechos, los homicidios por los cuales fueroncondenados Streletz, Kessler y Krenz constituían delitos, con lo cual existíauna base legal para procesarlos y condenarlos72. Pero asimismo, el Tribunalconsideró que, para la fecha de los hechos, estos comportamientos constituían“delitos definidos con suficiente accesibilidad y previsibilidad por las normasde Derecho internacional relativas a la protección de los derechos humanos”73,71 Ibíd., párrafo 46.72 Ibíd., párrafo 55.73 Ibíd., párrafo 105 (original en francés, traducción libre).
III Normas y estándares internacionales de derechos humanos 31e incluso podían ser considerados crímenes de lesa humanidad74. Así, segúnel Tribunal, era previsible para los tres condenados que sus conductas eranpunibles tanto bajo el derecho nacional como el derecho internacional.Respecto al argumento de que estos comportamientos eran lícitos bajo laderecho de la RDA, el Tribunal consideró que “la razón de Estado […]debe respetar la necesidad de preservar la vida humana […] teniendo encuenta que el derecho a la vida era, ya para el momento de los hechos, elvalor supremo en la escala de los derechos humanos a nivel internacional”75.Así, el Tribunal consideró que el uso de sistemas de disparos automáticos yminas antipersonales, tanto como las órdenes dadas a los guardia-fronterasde disparar contra los fugitivos eran, por su naturaleza indiscriminada y“ciega”, una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales76.El Tribunal consideró que “es legítimo para un Estado de Derecho iniciaracciones penales contra las personas que han cometido delitos en virtudde un régimen anterior, y del mismo modo, no se puede reprochar a lostribunales de dicho Estado, que sucedieron a los que anteriormente existían,de aplicar e interpretar las disposiciones legales existentes al momento delos hechos a la luz de los principios del imperio de la ley”77. Asimismo,el Tribunal señaló que “una práctica estatal, como aquella de la RDApara la vigilancia de la frontera, que viola flagrantemente los derechosfundamentales y especialmente el derecho a la vida, valor supremo en laescala de los derechos humanos a nivel internacional, no puede ser protegidapor el artículo 7 (1) del Convenio. Esta práctica, […] que era impuesta a todoslos órganos estatales, incluyendo el poder judicial, no puede ser calificada de‘derecho’, en el sentido del artículo 7 del Convenio”78. El Tribunal concluyóque la “apariencia de legalidad” para instaurar una práctica flagrantementeviolatoria de los derechos fundamentales no podía estar amparada por elartículo 7 del Convenio79.El caso K.-H.W. c. Alemania80 es muy similar al de Streletz, Kessler y Krenz c.Alemania, y está referido al procesamiento y condena en 1993 de un guardia74 Ibíd., párrafo 106.75 Ibíd., párrafo 72 (original en francés, traducción libre).76 Ibíd., párrafo 73.77 Ibíd., párrafo 81 (original en francés, traducción libre).78 Ibíd., párrafo 87 (original en francés, traducción libre).79 Ibídem.80 Sentencia de 22 de marzo, K.-H.W. c. Alemania, Comunicación No. 77201/97.
32 Retroactividad penal de crímenes internacionalesfrontera de la RDA por la ejecución extrajudicial de un ciudadano que intentabahuir hacia la RFA en 1972. Las consideraciones jurídicas y conclusiones delTribunal Europeo son similares a las del caso Streletz, Kessler y Krenz c.Alemania. ii) El caso Kolk y Kislyiy c. EstoniaEl caso Kolk y Kislyiy c. Estonia81 hace referencia a dos personas condenadasen 2003 por un tribunal estonio por crímenes de lesa humanidad (deportaciónde población civil) cometidos en 1949. Para la fecha de los hechos, Estoniaestaba bajo soberanía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y eraaplicable en el territorio estonio el Código Criminal de 1946 de la RepúblicaSocialista Federal Rusa, el cual no incluía crímenes de lesa humanidad en elcatálogo de delitos. El tribunal estonio aplicó el Código Penal de Estonia de1992, con su reforma de 1994 sobre crímenes de lesa humanidad, e invocóigualmente el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y laConvención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de loscrímenes de la humanidad. Kolk y Kislyiy acudieron al Tribunal Europeoinvocando la violación del artículo 7 del Convenio Europeo.Al examinar el caso, el Tribunal Europeo consideró que para la fecha de loshechos, los actos por los cuales habían sido condenados Kolk y Kislyiy eranconstitutivos de crímenes bajo el Estatuto del Tribunal Militar Internacional deNuremberg. Igualmente, el Tribunal Europeo recordó que, de conformidad conla resolución 95(I) de 11 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de lasNaciones Unidas, el Estatuto y la Sentencia del Tribunal de Nuremberg habíansido reconocidos como principios generales del derecho internacional y que losPrincipios de Derecho Internacional Reconocidos en el Estatuto del Tribunalde Nuremberg y las Sentencias del Tribunal, adoptados por la Comisión deDerecho Internacional de las Naciones Unidas en 1950, prescribían que “[t]odapersona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional esresponsable de él y está sujeta a sanción” (principio I). Asimismo, el TribunalEuropeo invocó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes deguerra y de los crímenes de la humanidad.81 Decisión de no admisibilidad de 17 de enero de 2006, caso Kolk y Kislyiy c. Estonia, Comunicaciones Nos. 23052/04 y 24018/04.
III Normas y estándares internacionales de derechos humanos 33El Tribunal Europeo reiteró que “el artículo 7 (2) del Convenio [Europeo]expresamente establece que este artículo no impedirá el juicio y el castigode un persona por todo acto u omisión que, al momento de cometerse, fueraconstitutivo de delito según los principios generales del derecho reconocidospor las naciones civilizadas. Esto es cierto respecto a los crímenes de lesahumanidad, frente a los cuales la regla de la imprescriptibilidad fue establecidapor la Carta del Tribunal Internacional de Nuremberg”82. Igualmente, elTribunal Europeo señaló que si los actos cometidos por los demandantesfueron considerados como legales bajo el derecho soviético para la época de loshechos, ello no impide que los tribunales estonios consideren que estos actosconstituyeron, para el momento de su comisión, crímenes de lesa humanidadbajo el derecho internacional. El Tribunal Europeo aseveró que “no ve ningunarazón para llegar a una conclusión diferente. Cabe destacar en este contextoen el que la Unión Soviética era parte en el Acuerdo de Londres de 8 deagosto 1945 por el que se promulgó la Carta de Nuremberg. Además, el 11 dediciembre 1946 la Asamblea General de Naciones Unidas, afirmó los principiosde Derecho internacional reconocidos por la Carta. En tanto la Unión SoviéticaUnión era un Estado miembro de las Naciones Unidas, no se puede afirmar queestos principios eran desconocidos para las autoridades soviéticas. El Tribunalconsidera infundadas las alegaciones de los demandantes de que sus actosno constituían crímenes de lesa humanidad en el momento de su comisión yque no pudieran razonablemente ser conscientes de ello”83. En conclusión, elTribunal Europeo rechazó la demanda de Kolk y Kislyiy y conluyó que no sehabían violado los principios de legalidad e irretroactividad del derecho penal. iii) El caso Kononov c. LetoniaEn el caso Kononov c. Letonia, el Tribunal Europeo examinó ampliamentela cuestión de la aplicación retroactiva de la ley penal nacional en casos dehechos constitutivos de crímenes bajo el derecho internacional84. En el año2000, Vassili Kononov fue juzgado y condenado por un tribunal letón porcrímenes de guerra cometidos en 1944, cuando participó como oficial delejército soviético en una expedición militar en territorio letón, en la cualfueron ejecutados numerosos civiles de la aldea de Mazie Bati, quienespresuntamente colaboraban con tropas alemanas.82 Ibíd., pág. 9 (original en inglés, traducción libre).83 Ibídem.84 Sentencia de 17de mayo 2010, caso Kononov c. Letonia, Comunicación No. 36376/04.
34 Retroactividad penal de crímenes internacionalesPara la fecha del crimen y desde 1940, Letonia estaba bajo la soberanía dela Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). En 1990, el ConsejoSupremo de Letonia adoptó la Declaración sobre el Restablecimiento de laIndependencia de la República de Letonia, declaró nula la incorporacióndel país a la URSS y promulgó la Declaración relativa a la Adhesión dela República de Letonia a los Instrumentos Internacionales de DerechosHumanos. En 1996, el Parlamento letón adoptó una declaración calificando deilegal y de régimen de ocupación militar a la anexión soviética de su territorio.En 1998, Kononov fue juzgado por un tribunal letón por crímenes de guerracometidos en 1944 y, luego de un intrincado proceso, sentenciado en el año2003 por estos hechos. El tribunal aplicó el Código Penal de 1961, el cualhabía quedado vigente luego de la reaccesión a la independencia de Letoniaen 1990 y que incorporaba los crímenes de guerra y de lesa humanidad en sucatálogo de delitos, luego de una reforma del Código en 1993. Kononov acudióal Tribunal Europeo alegando que Letonia había aplicado retroactivamente laley penal, violando así el artículo 7 del Convenio Europeo.El Tribunal Europeo consideró que el Derecho de Ginebra y las leyes ycostumbres de la guerra así como numerosos instrumentos internacionales, yen particular el Estatuto de Nuremberg, vigentes para la fecha de los hechos,criminalizaban los comportamientos cometidos por Kononov en 194485. ElTribunal destacó que el artículo 7 del Convenio Europeo “no se restringe ala prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal en desmedro delacusado: sino que también, de manera más amplia, consagra el principiode legalidad de los delitos (nullum crimen, nulla poena sine lege) y aquelque ordena no aplicar de manera extensiva la ley penal en detrimento delacusado, en particular por analogía. En consecuencia una infracción debeestar claramente definida en la ley”86.No obstante, el Tribunal precisó que la noción de ley (“law” y “droit”)empleada por el artículo 7 englobaba “tanto el derecho escrito como noescrito e implicando condiciones cualitativas, como las de accesibilidad yde previsibilidad”87. Asimismo, el Tribunal recordó que por más clara quesea la redacción de una disposición normativa penal, en cualquier sistema85 Ibíd., párrafos 52 a 142 y párrafos 205 y siguientes.86 Ibíd., párrafo 185 (original en francés, traducción libre).87 Ibídem.
III Normas y estándares internacionales de derechos humanos 35jurídico, “existe un infaltable elemento de interpretación judicial”88 yque la jurisprudencia es fuente de derecho que contribuye al desarrolloprogresivo del derecho penal. Con esto, el artículo 7 no puede interpretarsecomo proscribiendo la interpretación judicial, siempre que “el resultado seacoherente con la sustancia de la infracción y razonablemente previsible”89.Así, el Tribunal concluyó que el artículo 7 requiere de la existencia para lafecha de los hechos de una base legal, ya sea en la legislación interna o en elderecho internacional, para que se pueda condenar a alguien90.El Tribunal Europeo concluyó que, a la luz del estado del derecho internacionalpara la fecha de los hechos, los actos imputados a Kononov constituíancrímenes bajo el derecho internacional91, respecto de los cuales el derechointernacional consuetudinario imponía la obligación a los Estados de reprimir,por intermedio de sus jurisdicciones internas, a los individuos que hubierancometido violaciones a las leyes y costumbres de la guerra. En cuanto a laprevisibilidad de la solicitud del comportamiento bajo el derecho internacional,el Tribunal consideró que “dado el contexto, esto es, el comportamiento deun oficial con mando en virtud de las leyes y costumbres de la guerra, losconceptos de accesibilidad y previsibilidad deben examinarse conjuntamente.[…] [E]l alcance del concepto de previsibilidad depende en gran medidael contenido del texto en cuestión, el campo que abarca y el número y lacalidad de sus destinatarios. Los profesionales deben tener mucho cuidadoen el ejercicio de su profesión. Entonces se puede de esperar de ellos quetengan especial cuidado al evaluar los riesgos que conlleva la realización deun comportamiento”92.Las leyes y costumbres de la guerra vigentes para 1944 “constituían una lexspecialis detallada que fijaba los parámetros de la conducta criminal en tiempode guerra, y que estaban dirigidas principalmente a las fuerzas armadas y,en particular, a los comandantes”93. Dada la posición de comandante deuna unidad militar que tenía Kononov, el Tribunal consideró que “se podíarazonablemente esperar de él que apreciara con especial cuidado los riesgos88 Sentencia de 17de mayo 2010, caso Kononov c. Letonia, Comunicación No. 36376/04, párrafo 185.89 Ibídem.90 Ibíd., párrafo 198.91 Ibíd., párrafo 205 y siguientes.92 Ibíd., párrafo 235 (original en francés, traducción libre).93 Ibíd., párrafo 238 (original en francés, traducción libre).
36 Retroactividad penal de crímenes internacionalesinvolucrados en la operación de Mazie Bati”94 y que, dado el caráctermanifiestamente ilegal de los abusos y la muerte infligidos a los aldeanos, lareflexión más superficial acerca de estos comportamientos ponía en evidenciaque, por lo menos, estos actos podían quebrantar las leyes y costumbres dela guerra, tal como eran interpretadas para la fecha, y ser constitutivos decrímenes de guerra, por lo cual Kononov podía prever que comprometeríasu responsabilidad penal individual95. El Tribunal concluyó que “los actos[de Kononov] eran constitutivos de infracciones definidas con suficienteaccesibilidad y previsibilidad por las leyes y costumbres de la guerra”96.El Tribunal consideró que “cuando la legislación nacional no define loselementos constitutivos de un crimen de guerra, el tribunal nacional puedebasarse en el derecho internacional para fundamentar su razonamiento, sinviolar los principios nullum crimen y nulla poena sine lege”97. Asimismo, elTribunal consideró que cuando el derecho internacional no había definido consuficiente claridad las sanciones correspondientes a tal o cual crimen de guerra,un tribunal nacional podía, después de encontrar a un acusado culpable, fijar ladeterminación de la pena con base en el derecho penal interno98.94 Ibídem (original en francés, traducción libre).95 Ibídem.96 Ibíd., párrafo 235 (original en francés, traducción libre).97 Ibíd., párrafo 244 (original en francés, traducción libre).98 Ibíd., párrafo 212 (original en francés, traducción libre).
IV. El Derecho Internacional Humanitario “La mayoría de normas de Derecho Internacional Humanitario, en particular las que prohíben los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, son también normas perentorias de Derecho Internacional o ius cogens, es decir, de carácter imperativo e inderogable.” Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 99El Derecho Internacional Humanitario, tanto convencional comoconsuetudinario, consagra el principio de la irretroactividad del derecho penal.El Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de Guerrade 1949 (III Convenio), aplicable a los conflictos armados internacionales,estipula a su artículo 99 que “[n]ingún prisionero de guerra podrá ser juzgadoo condenado por un acto que no esté expresamente prohibido en la legislaciónde la Potencia detenedora o en el derecho internacional vigentes cuando sehaya cometido dicho acto”. Asimismo, el Convenio de Ginebra relativo a laprotección debida a las personas civiles en tiempo de Guerra (IV Convenio),en lo que se refiere a territorios ocupados, estipula en su artículo 67 que “[l]os tribunales sólo podrán aplicar las disposiciones legales anteriores a lainfracción y conformes a los principios generales del derecho”.El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armadosinternacionales (Protocolo I) prescribe en su artículo 75 (4,c) que:99 Sentencia de 14 de enero de 2000, Prosecutor v Kupreskic et al., “Lasva Valley” Case, Causa IT- 95-16, párrafo 520 (original en inglés, traducción libre).
38 Retroactividad penal de crímenes internacionales “[N]adie será acusado o condenado por actos u omisiones que no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional que le fuera aplicable en el momento de cometerse.»En su comentario respecto a este artículo, el Comité Internacional de la CruzRoja (CICR) ha precisado que esta norma fue inspirada tanto en el artículo 15del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en el artículo 7del Convenio Europeo de Derechos Humanos100. El CICR precisó que “[e]nmaterial penal, los tribunales nacionales aplican principalmente su legislaciónnacional; y en muchos países, solo pueden aplicar las disposiciones delos convenios internacionales en la medida en que estos textos hayan sidoincorporados por la legislación nacional. De este modo, en varios paíseseuropeos, la represión de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidadha enfrentado con frecuencia, después de la Segunda Guerra Mundial,obstáculos que fueron superados mediante la invocación de la necesidad dereprimir los crímenes que la voz de las Naciones con justa razón condena,incluso en ausencia de normas de aplicación interna. Esta referencia al derechointernacional a menudo ha sido llamada ‘cláusula de Nuremberg’”101.Asimismo, el CICR señaló que “el principio de legalidad (nullum crimen,nulla poena sine lege) es uno de los pilares de la ley penal interna, se requiereque, a nivel internacional, en la lex [se] abarque no sólo el derecho escrito,sino también la costumbre, toda vez que el derecho internacional es en parteconsuetudinario. […] [y destacó que] los gobiernos tienen el mayor de losintereses en adoptar, en tiempo de paz, las leyes necesarias para el castigo dedeterminados delitos punibles por el derecho internacional. Así, van a evitarser acusados de actuar arbitrariamente en la promulgación de leyes represivaspost factum, incluso si el derecho internacional los autoriza a hacerlo”102.El Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácterinternacional (Protocolo II) prescribe en su artículo 6 (2,c) que:100 Ver Comentario al artículo 75 del Protocolo I en: CICR, Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977 – Commentaires, (http://www.icrc.org/dih.nsf/COM/470- 750096?OpenDocument).101 Ibíd., párrafo 3103 (original en francés, traducción libre).102 Ibíd., párrafo 3104 y 3105 (original en francés, traducción libre).
IV El derecho internacional humanitario 39 «[N]adie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho.»En su comentario respecto a este artículo, el CICR ha precisado que lafórmula del Protocolo II se inspiró en el artículo 15 del Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticos, aun cuando no se incluyó expresamente laformula “según el derecho nacional o internacional” empleada por el tratadode derechos humanos103. No obstante, el CICR consideró que la fórmula delProtocolo II engloba el derecho internacional y precisó que “[n]o se puedencometer con impunidad en la violación del derecho internacional basado enel hecho de que dicho acto u omisión no fueron reprimidos por la legislaciónnacional, cuando se hayan cometido”104.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha considerado que elprincipio de irretroactividad del derecho penal es una norma del derechointernacional humanitario consuetudinario, aplicable tanto a conflictosarmados internacionales como a conflictos armados internos105. Así, en suestudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, el CICRestableció la norma No. 101, que prescribe que “[n]adie puede ser acusado ocondenado por una acción u omisión que no constituía delito según el derechonacional o internacional en el momento en que se cometió”.103 Ver Comentario al artículo 6 del Protocolo II en: CICR, Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977 - Commentaires, párrafo 4604 (http://www.icrc.org/dih. nsf/COM/475-760010?OpenDocument).104 Ibíd., párrafo 4607 (original en francés, traducción libre).105 Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, El Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, Volumen I: Reglas, Ed. CICR, pág. 422.
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 Artículo 99
 artículo 67
 artículo 75
 artículo 6
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 Artículo 258
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