Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-049_2001.html
Timestamp: 2020-05-30 09:39:10+00:00

Document:
Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [C-049_2001]
Actor: Leopoldo Campos Sanchez.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano LEOPOLDO CAMPOS SANCHEZ, presentó ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 106 parcial del Decreto 01 de 1984 "Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo".
Por Auto del 4 de julio del 2000, el Magistrado Sustanciador decidió admitir la demanda y ordenó fijar en lista el negocio, correr traslado del expediente al señor Procurador General de la Nación para efectos de recibir el concepto de su competencia y enviar las comunicaciones respectivas al señor Presidente de la República y a los señores Ministros del Interior, Justicia y del Derecho, así como al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura.
"Al de Bolívar, la Intendencia de san Andrés y Providencia.
"Al de Cundinamarca, las Comisarías del Amazonas y Vaupés.
"Al del Meta, las Comisarías de Vichada, Guainía y Guaviare.
"Al de Nariño, la Intendencia del Putumayo".
En relación con la inconstitucionalidad sobreviniente estima el interviniente que tal principio no es absoluto sino relativo porque la entrada en vigencia de la Carta de 1991 no implica la derogatoria en bloque de la legislación preexistente, como acertadamente lo ha entendido la Corte Constitucional (Sentencia C-155 de 1999 M.P. Dr. Vladimiro naranjo Mesa), pues de lo contrario se generaría un caos en aquellas regiones en donde al Consejo Superior de la Judicatura no ha creado tribunales administrativos.
2. El Consejo Superior de la Judicatura
El Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, intervino dentro de los términos procesales pertinentes para solicitar a la Corte Constitucional que se declare INHIBIDA de Fallar sobre la exequibilidad del artículo 106 del decreto 01 de 1984.
Por medio del concepto fiscal de fecha 29 de agosto del 2000, el Procurador General de la Nación, Dr. Jaime Bernal Cuéllar, solicita a esta Corporación declarar exequible en lo acusado el artículo 016 del decreto 01 de 1984.
Señala el Jefe del Ministerio Público que:
Por lo expuesto anteriormente, recuerda el Procurador General de la Nación, que el artículo 89 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia fija los criterios técnicos para efectos de establecer la división del territorio en materia judicial y que tal disposición jurídica fue declarada exequible mediante la Sentencia C-037 de 1996 (M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
Precisa el Jefe del Ministerio Público que es el Consejo Superior de la Judicatura el órgano competente para disponer la creación de tribunales contencioso administrativos, atribución que ejercerá conforme a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. No obstante lo anterior, aduce que el artículo 106 del decreto 01 de 1984, aún produce efectos materiales en virtud de los parágrafos transitorios de los artículos 19 y 40 de la Ley 270 de 1996, mientras el Consejo Superior de la Judicatura no haga uso de dicha facultad.
Por último, en lo que se refiere a la supuesta transgresión al principio de igualdad, el Procurador General de la Nación, no cumple los argumentos expuestos por el demandante, ya que la carta Política no obliga a dar idéntico trato a los departamentos en cuanto a la distribución de despachos judiciales por territorios. Todo lo contrario, el derecho a acceder a la administración de justicia que tienen todos los habitantes del territorio nacional, debe garantizarse adecuadamente pero no por factores políticos o administrativos, sino por el servicio encomendado, ya que el número de habitantes, la distancia entre municipios, el promedio de negocios que atiende la jurisdicción, entre otras, hace posible y exigen una diferenciación razonable.
2. La materia que se debate
3. El artículo 106 del decreto 01 de 1984 fue derogado tácitamente por el artículo 40 de la Ley 270 de 1996.
"PARAGRAFO TRANSITORIO 2. Los Tribunales Administrativos creados con anterioridad a la presente ley, continuarán cumpliendo las funciones previstas en el ordenamiento jurídico". Es de advertir que esta norma fue declarada exequible por esta Corporación en la Sentencia C-037 de 1996 (M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa), en donde esta Corporación sostuvo que:
"ARTÍCULO PRIMERO. Establécese la siguiente división del territorio nacional para la jurisdicción contencioso administrativa:
EL DISTRITO JUDICIAL ADMINISTRATIVO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA , con sede en la ciudad de San Andrés, con comprensión territorial judicial en el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
EL DISTRITO JUDICIAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, con sede en la ciudad de Neiva, con comprensión territorial judicial en el Departamento del Huila.
EL DISTRITO JUDICIAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, con sede en la ciudad de Santa Marta, con comprensión territorial judicial en el Departamento del Magdalena.
EL DISTRITO JUDICIAL ADMINISTRATIVO DEL META, con sede en la ciudad de Villavicencio, con comprensión territorial en los Departamentos del Meta, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.
EL DISTRITO JUDICIAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, con sede en la ciudad de Pasto, con comprensión territorial judicial en los Departamentos de Nariño y Putumayo.
EL DISTRITO JUDICIAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, con sede en la ciudad de Pereira, con comprensión territorial judicial en el Departamento de Risaralda.
Así las cosas, para la Corte es claro que conforme a su doctrina jurisprudencial[1], el pronunciamiento de una sentencia de constitucionalidad solamente debe recaer sobre disposiciones que se encuentren vigentes o que estando derogadas aún continúan produciendo efectos. No es posible dictar una sentencia de fondo por carencia actual de objeto, en el caso sub examine, pues tal como se afirmó, el artículo 106 del decreto 01 de 1984 fue tácitamente derogado por el artículo 40 de la ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, lo cual fue declarado, a su vez, exequible íntegramente por esta Corte, mediante sentencia C-037 de 1996 (M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
[1] C-228 de 1998 M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, C-222 de 1995, C-529 de 1994, C-379 de 1998, C-406 de 1998 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

References: artículo 241
 artículo 106
 artículo 106
 artículo 016
 artículo 89
 artículo 106
 artículo 106
 artículo 40
 artículo 106
 artículo 40