Source: https://www.otrosi.net/civil/jurisprudencia/2020-507761
Timestamp: 2020-07-16 04:07:28+00:00

Document:
Tribunal Supremo , 12-02-2020 , nº 469/2017, rec.99/2020,
ECLI: ES:TS:2020:335
1.- La procuradora D.ª Amalia Rosa Sáenz Martín, en nombre y representación de Royal & Sun Alliance Insurance PLC, sucursal en España, interpuso demanda de juicio ordinario contra Megabiaga S.L. y Reale Seguros Generales S.A. en la que solicitaba se dictara sentencia:
«por la que estimando la presente demanda en su totalidad:
»(i) Condene a MEGABIAGA S.L. al pago del importe de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE euros (698.847,00€) más los intereses legales que correspondan, y todo ello con expresa condena en costas y con carácter solidario y alternativamente subsidiario.
(ii) (ii) Condene a REALE SEGUROS GENERALES. S.A. al pago de los daños causados hasta el límite pactado en las pólizas de seguro de aplicación y todo ello junto con los intereses legales correspondientes y con expresa condena en costas.»
2.- La demanda fue presentada el 30 de julio de 2015 y repartida al Juzgado, se registró con el núm. 590/2015. Una vez admitida a trámite, se emplazó a las partes demandadas.
3.- La procuradora D.ª Begoña Urizar Arancibia, en representación de Megabiaga S.L., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:
«[...] dictar sentencia por la que se desestime la demanda en base a la excepción previa de falta de legitimación activa de la parte actora, y, subsidiariamente, de no estimarse la citada excepción, se declare que la cantidad que se habría de pagar a la actora por la pérdida de la mercancía sería la de 425.999,52 €, y no la que se reclama en la demanda».
4.- El procurador D. Germán Apaletegui Carasa, en representación de Reale Seguros Generales S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:
«[...] acuerde dictar sentencia en su día:
»a) por la que se desestime la demanda en base a la excepción previa de falta de legitimación activa de ROYAL SUN o en base a la alegada falta de legitimación pasiva de REALE SEGUROS.
»b) Subsidiariamente, de no estimarse alguna de las citadas excepciones, se declare que, por concurrencia de dos seguros de daños, la cantidad máxima a la que deberá hacer frente mi representada es el 7,5% de los daños reales e indemnizables.
»c) Subsidiariamente, de no considerarse que la póliza de Reale lo es de responsabilidad civil de sus aseguradas MEGABIAGA DE MÉXICO, S.A. de C.V. y TRINITY INDUSTRIES DE MÉXICO, S.R.L. de C.V., declare que la cantidad máxima a la que deberá hacer frente mi representada es la de 4.788 euros.
»d) En todo caso, condene a la demandante Royal Sun al pago de las costas legales ocasionadas a mi representada».
5.- Por auto de fecha 13 de enero de 2015, se homologó el acuerdo transaccional alcanzado entre la parte demandante Royal Sun Alliance Insurance PLC y la codemandada Reale Seguros Generales S.A.
6.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao dictó sentencia n.º 163/2016, de 3 de mayo, con la siguiente parte dispositiva:
«1.- ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda formulada por la procuradora Sra. Amalia Rosa Sáenz Martín, en nombre y representación de RSA, frente a la entidad MEGABIAGA, S.L., representada por el procurador Sr. Begoña Urizar Arancibia.
»2.- CONDENAR a la entidad MEGABIAGA, S.L. en los términos del fundamento de derecho tercero último párrafo.
»3.- Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad».
1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Royal & Sun Alliance Insurance PLC, Sucursal en España.
2.- La resolución de este recurso correspondió a la sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que lo tramitó con el número de rollo 547/2016 y tras seguir los correspondientes trámites, dictó sentencia en fecha 1 de diciembre de 2016, cuya parte dispositiva establece:
«Que estimando el recurso de apelación interpuesto por ROYAL & SUN ALLIANZ INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA, representada por la Procuradora Dña. Amalia Rosa Sáenz Martín, contra la sentencia dictada el 3 de mayo de 2016 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de los de Bilbao, en los autos de Procedimiento Ordinario nº 590/15, DEBEMO REVOCAR Y REVOCAMOS la misma en el sentido de que estimando la demanda interpuesta contra Megabiaga SL debemos condenar y condenamos a la demandada a que abone a la actora la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS (398.847 euros), más los intereses legales y con expresa imposición de las costas procesales causadas en la primera instancia a la demandada y sin pronunciamiento de las causadas en esta alzada».
1.- La procuradora D.ª Begoña Urízar Arancibia, en representación de Megabiaga S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.
«Primero.- Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC , por incurrir la sentencia recurrida en infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, que se concreta en la infracción de los deberes de motivación de las sentenciasexartículo 218 LEC.
»Segundo.- Al amparo del artículo 469.1.4º de la LEC, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, al haberse infringido los artículos 218.2, 317, 319 y concordantes de la LEC y el artículo 24 de la Constitución , al vulnerar el principio de tutela judicial efectiva.
»Tercero.- Al amparo del artículo 469.1.4º LEC, por incurrir la sentencia recurrida en una vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución, que se concreta en el derecho a obtener la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión, al haberse infringido los artículos 218.2 de la LEC y 120.3 de la Constitución en relación con el deber de motivación de las sentencias».
«Único.- Al amparo del apartado primero del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, y en concreto del artículo 61 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías».
2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en la Sala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 22 de mayo de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:
«1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Megabiaga S.L. contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Bizkaia (Sección Cuarta) de fecha 1 de diciembre de 2016, en el rollo de apelación n.º 547/2016 dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 590/2015, del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao.
»2º) No admitir el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal antes mencionada.
»3º) Imponer a la parte recurrente las costas derivadas del recurso extraordinario por infracción procesal y la pérdida del depósito correspondiente a dicho recurso».
4.- Por providencia de 16 de septiembre de 2019 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 31 de octubre de 2019, en que tuvo lugar una primera deliberación en la que los miembros de la Sección acordaron proponer al presidente de la Sala que el asunto se elevara a Pleno.
5.- Mediante providencia de 11 de noviembre de 2019 se avocó el conocimiento del recurso al Pleno de la Sala y se señaló para tal fin el día 22 de enero de 2020, si bien por licencia por estudios de los magistrados D. Ignacio Sancho Gargallo y D. Rafael Sarazá Jimena, se suspendió el señalamiento y se volvió a señalar para el día 29 de enero de 2020, en que ha tenido lugar. En la deliberación, votación y fallo no intervino el magistrado D. Eduardo Baena Ruiz, por encontrarse con licencia.
1.- El 1 de enero de 2013, Gamesa Eólica S.L.U. (GEOL) concertó un contrato con la empresa transportista Megabiaga S.L. para el transporte terrestre de unos aerogeneradores.
En la cláusula quinta del contrato, denominada «Garantías» pactaron lo siguiente (en el contrato, Megabiaga es denominada «el proveedor»):
«El proveedor garantiza a GEOL que los servicios se prestarán conforme a la normativa vigente de aplicación, así como conforme a las especificaciones o instrucciones que GEOL le haya transmitido.
»El proveedor indemnizará a GEOL de toda pérdida, responsabilidad económica o multa derivada directamente de un incumplimiento de la normativa legal vigente por parte del personal del proveedor o por el personal de sus subcontratas que ejecuten los servicios.
»Asimismo, el proveedor será responsable de todas las pérdidas o daños que se produzcan en los bienes entregados por GEOL para su transporte por Megabiaga.
»Con el fin de tener cubiertas todas las responsabilidades que se deriven frente a GEOL y frente a cualquier tercero de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato, el proveedor tiene concertada, en vigor y mantendrá durante toda la vigencia del contrato, una póliza de responsabilidad civil que cubra los riesgos detallados en la presente cláusula, por un importe mínimo de 2.000.000 €».
2.- El 1 de agosto de 2014, durante la realización del transporte de una estructura metálica de 70 Tm, denominada «nacelle», que alberga la parte principal de un aerogenerador sobre la que se montan los diferentes elementos, el camión con cabeza tractora y con doble remolque que lo llevaba a cabo se salió de la calzada y volcó.
El camión circulaba a velocidad excesiva, su conductor invadió el carril contrario y al intentar volver al sentido correcto se desprendieron ambos remolques, que quedaron volcados sobre su lateral izquierdo, junto con la carga, que quedó destruida.
3.- Gamesa tenía contratada una póliza de seguro de daños en la mercancía con la compañía Royal & Sun Alliance Insurance PLC (en adelante, RSA).
En cumplimiento de dicho contrato, RSA indemnizó a Gamesa en 698.847 €, como consecuencia de los daños y perjuicios sufridos por la destrucción de la «nacelle».
2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente argumenta, resumidamente, que la regla general es la aplicación del límite legal de responsabilidad previsto en el art. 57 LCTTM y la excepción su inaplicación. La sentencia recurrida interpreta incorrectamente el art. 61.3 LCTTM, puesto que admite que se pacte no respetar los límites de responsabilidad, pero sin hacer una declaración especial de valor, ni pagar un suplemento del precio del transporte.
En la cláusula que, según la Audiencia Provincial, se acordó el exceso del límite de indemnización, no consta tal pacto, sino que se impone al transportista el pago del total de las pérdidas o averías.
El límite de responsabilidad en la LCTTM. Excepciones. Elart. 61 LCTTMy sus antecedentes en la normativa internacional y nacional de transportes
1.- Según declaramos en la sentencia 382/2015, de 9 de julio, una de las cuestiones nucleares de la LCTTM es el régimen de la responsabilidad del porteador por los daños que puedan sufrir las mercancías o por el retraso en su entrega, a que se refieren los arts. 46 a 63, que recogen, en lo esencial, el régimen de responsabilidad del porteador previsto en el Convenio CMR para el transporte internacional de mercancías por carretera.
Los límites constituyen una excepción al principio general de nuestro Derecho Civil, según el cual el deudor debe indemnizar todo el daño causado ( art. 1106 CC), que se entiende justificada por las consideraciones que hemos expresado en el fundamento anterior.
2.- Respecto de la regla general de imperatividad en la regulación de la responsabilidad del porteador que establece el art. 46 LCTTM, se hace una excepción, en favor de la autonomía contractual de las partes, mediante la posibilidad de pactar en el contrato cantidades máximas distintas a las que resultan de aplicar las fórmulas legales de cálculo, según previene el art. 61 LCTTM, que dice:
«Artículo 61. Declaración de valor y de interés especial en la entrega.
1.- Las llamadas declaraciones de valor y de interés, como excepciones al límite indemnizatorio normativamente previsto, ya estaban autorizadas por el art. 23.6 del CMR, que establece:
«Indemnizaciones de sumas superiores no podrán ser reclamadas a menos que exista declaración de valor de la mercancía o declaración de interés especial en la entrega, de conformidad con los arts. 24 y 26».
2.- La declaración de valor, regulada previamente en el art. 24 CMR y que ahora asume el art. 61.1 LCTTM, implica atribuir en el contrato un determinado valor a las mercancías para configurarlo como límite indemnizatorio máximo. La única condición que establece el art. 61.1 LCTTM para esta opción es que el valor introducido contractualmente sea superior al tope resarcitorio máximo previsto legalmente.
La declaración de valor solamente actúa como tope resarcitorio, pero no como parámetro de cálculo de las indemnizaciones. Es decir, no afecta a las reglas contenidas en los arts. 52 y 53 LCTTM.
3.- En cuanto a la declaración de interés, el art. 61.2 LCTTM permite modificar convencionalmente el proceso de cuantificación de la suma indemnizatoria a satisfacer por el porteador. Esta posibilidad, ya contemplada en el art. 26 CMR, supone añadir a la indemnización ordinaria, resultado de cuantificar económicamente los daños directos causados a la mercancía, el resarcimiento de otros perjuicios que las partes han convenido y cuantificado en el contrato, para el supuesto de pérdida, avería o de retraso. Y ello, porque el perjuicio que la pérdida, avería o retraso en la entrega de la cosa transportada le suponga al remitente (pérdida de mercado, depreciación, resolución contractual, etc.), en ocasiones, puede ser mayor que el propio valor que aquélla tenga.
El pacto delart. 61.3 LCTTM
La génesis legislativa del precepto no arroja ninguna luz que facilite su interpretación. En el anteproyecto de ley, que fue preparado por una sección especial de la Comisión General de Codificación, ya aparecía la norma, numerada como art. 58.3 y, con el mismo texto, pasó a ser el art. 61.3 del proyecto de ley finalmente aprobado. El Preámbulo de la Ley no contiene ninguna referencia específica a esta norma, sino que, más bien al contrario, da por hecho que el régimen de responsabilidad es similar al del CMR:
«Una vez más, la influencia de los textos internacionales, fundamentalmente del CMR, se deja sentir muy profundamente en los preceptos dedicados a la responsabilidad del porteador por pérdidas, averías o retraso. Y es que, ciertamente, no se aprecian razones de peso para regular en términos muy distintos la responsabilidad del porteador en el ámbito internacional y en el nacional».
5.- Si atendemos a la finalidad de una mejor distribución de riesgos que beneficie la economía del contrato, a que hemos hecho antes referencia, no parece lógico incrementar el riesgo de una parte sin contraprestación alguna. Sobre todo, en casos de desequilibrio contractual entre grandes cargadores, que pueden imponer sus condiciones, y pequeños o medianos transportistas.
1.- En el caso enjuiciado, las partes introdujeron un pacto (transcrito en el fundamento jurídico primero) que, por su literalidad, no tiene encaje en las previsiones del art. 61.3 LCTTM, porque no implica un aumento del límite indemnizatorio legal, sino que elimina cualquier limitación, al hacer responsable al porteador - Mesabiaga- de todas las pérdidas o daños sufridos por las mercancías transportadas.
3.- Por el contrario, como conforme a lo antes expuesto la cláusula litigiosa no reúne los requisitos de validez del art. 61.3 LCTTM, la sentencia recurrida infringe dicho precepto.
Por lo que el recurso de casación debe ser estimado, lo que conlleva asumir la instancia para resolver el recurso de apelación.
1.- Habida cuenta la estimación de recurso de casación, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas por el mismo, según preceptúa el art. 398.2 LEC.
2.- La estimación en parte del recurso de apelación interpuesto por RSA conlleva que tampoco proceda la imposición de las costas causadas por él, según determina el mismo art. 398.2 LEC.
3.- A su vez, la estimación del recurso de apelación supone estimación en parte de la demanda, por lo que tampoco procede expresa imposición de las costas de la primera instancia, a tenor del art. 394.2 LEC.
4.- Igualmente, debe acordarse la devolución de los depósitos constituidos para la formulación de los recursos de apelación y casación, según previene la Disposición adicional 15ª, apartado 8, LOPJ.
1.º- Estimar el recurso de casación formulado por Megabiaga S.L. contra la sentencia núm. 652/2016, de 1 de diciembre, dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya (sección 4ª), en el Recurso de Apelación núm. 547/2016, que casamos y anulamos.
2.º- Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por Royal & Sun Alliance Insurance PLC contra la sentencia núm. 163/2016, de 3 de mayo, dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm.2 de Bilbao, en el juicio ordinario núm. 590/2015, que revocamos.
3.º- Estimar en parte la demanda formulada por Royal & Sun Alliance Insurance PLC contra Megabiaga S.L. y condenar a la demandada a que indemnice a la actora en la suma de 125.499,52 €, más el interés legal desde la fecha de interposición de la demanda.
4.º- No hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación ni de las causadas en ambas instancias.
5.º- Ordenar la devolución de los depósitos constituidos para la formulación de los recursos de apelación y casación.

References: resolución 
 artículo 469
 artículo 469
 artículo 24
 artículo 469
 artículo 24
 artículo 477
 artículo 61
 resolución