Source: https://ro.scribd.com/document/210828487/DL-22056
Timestamp: 2020-07-08 12:20:52+00:00

Document:
DL 22056. | Regulación | Presupuesto
salvareSalvați DL 22056. pentru mai târziu
Acta No 8 Consejo de Seguridad. Colombia
Sunteți pe pagina 1din 350
1. Decreto Ley Nº 22056 - Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento.
"Evaluación Internacional de Procesos".
3. Ley N° 26507 - Declaran en disolución al Instituto Nacional de Administración Publica.
4. Ley Nº 27143 – Ley de Promoción temporal del Desarrollo Productivo Nacional.
5. Ley Nº 28242 – Ley Complementaria a la Ley Nº 27143 – Ley de Promoción del Desarrollo Productivo Nacional.
6. Ley Nº 28427 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005.
7. Decreto Supremo N° 74-95-PCM, mediante el cual se transfieren algunas funciones del Sistema Nacional de Abastecimiento a cada Entidad, otras a la Presidencia del Consejo de Ministros y otras se eliminan, quedando vigentes parte de las normas y directivas emitidas por dicho ex - organismo.
8. Decreto Supremo N° 132-92-EF, Autorizan al Ministerio de la Presidencia a celebrar con el PNUD el correspondiente convenio de Asistencia Técnica, a fin de que este organismo internacional pueda ejercer las funciones previstas en el Art. 3 del Decreto Ley Nº 25565.
9. Decreto Supremo N° 133-92-EF, Reglamento del Decreto Ley Nº 25565 que creó el Sistema de Evaluación Internacional de Procesos para Licitaciones y Concursos.
10. Decreto Supremo N° 036-97-EF, Precisan alcances de la Ley del Sistema de Evaluación Internacional de Procesos para Licitaciones y Concursos, y de su reglamento.
11. Decreto Supremo Nº 052-2001-PCM, Establecen disposiciones aplicables a las adquisiciones o contrataciones de bienes, servicios u obras que se efectúen con carácter de secreto militar o de orden interno.
12. Decreto
083-2004-PCM,
13. Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
14. Decreto Supremo Nº 014-2005-PCM, que incluye Quinta Disposición Final en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
15. Resolución Ministerial Nº 142-2004-PCM, establecen lineamientos para la implantación inicial del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE.
16. Resolución de Contraloría Nº 072-98-GG, aprueba Normas de Control Interno para el Sector Público.
17. Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG, modifica Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG.
18. Resolución de Contraloría Nº 036-2001-CG, modifica el texto de la Directiva Nº 012-2000- CG/OATJ-PRO “Autorización previa a la ejecución y pago de presupuestos adicionales de obra pública”.
Resolución de Contraloría Nº 042-2001-CG, Aprueban Directiva Nº 005-2001-CG/OATJ sobre la Información que las Entidades deben remitir a la Contraloría General de la República con relación a Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Resolución de Contraloría Nº 092-2001-CG, modifican Directiva Nº 005-2001-CG/OATJ, que establece la Información que las Entidades deben remitir a la Contraloría General con relación a Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
21. Resolución de Contraloría Nº 105-2001-CG, aprueban Directiva Nº 007-2001-CG/B140 “Emisión de opinión previa de la Contraloría General de la República en caso de contrataciones y adquisiciones con carácter de secreto militar u orden interno exoneradas de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa”.
22. Resolución Nº 285-2002-CONSUCODE/PRE, aprueba Directiva Nº 012-2002-CONSUCODE/PRE “Disposiciones complementarias para el otorgamiento de la garantía de fiel cumplimiento adicional por prestaciones accesorias”.
23. Resolución Nº 010-2003-CONSUCODE/PRE, aprueba Directiva Nº 001-2003-CONSUCODE/PRE “Intervención Económica de la Obra”.
24. Resolución Nº 267-2004-CONSUCODE/PRE, aprueba Directiva Nº 005-2004-CONSUCODE/PRE “Remisión de actas de instalación de árbitro único y tribunal arbitral”.
25. Resolución Nº 269-2004-CONSUCODE/PRE, aprueba Directiva Nº 007-2004-CONSUCODE/PRE “Remisión de solicitudes de designación de árbitro y su contestación, actas de conciliación y laudos arbitrales al CONSUCODE”.
26. Acuerdo
010/007
27. Acuerdo Nº 016/10 del Tribunal de contrataciones y Adquisiciones del Estado.
28. Acuerdo de Directorio Nº 001-2004/001-FONAFE, aprueba “Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE”.
29. Acuerdo de Directorio Nº 002-2005/003-FONAFE, modifican Directiva de Gestión y Proceso
del FONAFE, aprobada por el Acuerdo de
Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito
Directorio Nº 001-2004/001-FONAFE.
30. Acuerdo de Directorio Nº 005-2005/003-FONAFE, modifican Directiva de Gestión y Proceso
31. Resolución Jefatural N° 118-80-INAP/DNA, aprueba Normas Generales de Abastecimiento.
32. Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA, aprueba Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional.
Ley Del Sistema Nacional de Abastecimiento
Que es propósito del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada dinamizar la Administración Pública y Optimizar la utilización de sus recursos;
Que el plan de Gobierno Túpac Amaru en los lineamientos de política de reforma de la Administración Pública contempla la creación del Sistema de Abastecimiento;
Que para lograr este objetivo es conveniente, entre medidas, dar unidad, racionalidad y eficiencia a los procesos del Sistema de Abastecimiento de bienes y servicios Nacionales de Desarrollo y dentro de los principios de austeridad y moralidad que debe caracterizar al gasto público;
Que para ello institucionalizarse el Sistema de Abastecimiento y crearse el Órgano Central correspondiente que se encargue de realizar estudios, formular la política, dictar normas y brindar asesoramiento en los procesos técnicos que corresponden al Sistema;
Que por la naturaleza de las funciones asignadas al Instituto Nacional de Administración Pública por Decreto Ley Nº 20316. La Oficina Central del Sistema de Abastecimiento debe incorporarse como un órgano de dicho Instituto;
En uso de las facultades de que esta investido; y,
Artículo 1º.- Instituye del 1 de enero de 1978 el Sistema de Abastecimiento que conforman como Oficina Central Técnico Normativa la Dirección Nacional de Abastecimiento del Instituto Nacional de Abastecimiento Pública, y como órganos de ejecución, las Oficinas de Abastecimiento de los Ministerios, Organismos cuyo jefe tiene rango de Ministro, Organismos Públicos Descentralizados y Consejo Municipales.
Artículo 2º.- Corresponde al Sistema de Abastecimiento asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de abastecimiento de bienes y servicios no personales en la Administración Pública, a través de procesos técnicos de catalogación, registro de proveedores, programación, distribución , registro y control, mantenimiento, recuperación de bienes y disposición final.
Artículo 3º.- Ampliase las funciones y atribuciones asignadas al Instituto Nacional de Administración Pública- INAP, con sujeción a las disposiciones del presente Decreto Ley.
CREAN EL SISTEMA DE LICITACIONES Y CONCURSOS DENOMINADOS "EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE PROCESOS"
DECRETO LEY Nº 25565
Artículo 1.- Crease el sistema de licitaciones y concursos denominado "Evaluación Internacional de Procesos", mediante el cual, en los casos que sean aprobados por Resolución Suprema, los organismos del Sector Público y las empresas, integrantes de la actividad empresarial del Estado, encargarán a las entidades especializadas a que se refiere el artículo siguiente la realización de sus procesos de licitación pública para la adquisición de bienes, servicios y la ejecución de obras y los concursos de méritos para la contratación de consultoría, supervisiones, peritajes, estudios, asesorías e inspecciones.
Los organismos comitentes a que se refiere el primer párrafo de este Artículo son todos los comprendidos en los volúmenes 01, 02, 03, 04, 05, y 06 del Artículo 2 de la Ley Nº 25388.
Artículo 2.- Las entidades especializadas autorizadas para prestar el servicio de organización y ejecución de Licitaciones Públicas y Concursos de Méritos serán aprobados por decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
Sólo podrán ser calificadas como entidades especializadas las siguientes:
a) Organizaciones Internacionales que cuentan con dependencias u órganos especializados en brindar el servicio a que se refiere este Decreto Ley.
Están incluidas en este literal las Naciones Unidas y Organizaciones similares, sus órganos, dependencias y organismos especializados.
b) Organismos Multilaterales de Crédito o Agencias de Gobierno que cuenten con
dependencias, órganos o entidades dependientes especializados en brindar el servicio a que
se refiere este Decreto Ley.
c) Entidades Consultoras o Asesoras, públicas o privadas de ámbito internacional, de
reconocido prestigio y solvencia, especializadas en brindar el servicio a que se refiere este
Decreto Ley. Estas entidades deberán cumplir con los requisitos y garantías que establezca el reglamento. En todo caso deberá acreditarse que la entidad cuenta con una experiencia mínima en el ámbito internacional de por lo menos cinco años en la prestación efectiva y eficiente de los servicios a que se refiere el presente Decreto Ley.
Artículo 3.- El Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios con Organismos Internacionales para la presentación de propuestas de calificación para evaluación, idoneidad y solvencia de las entidades especializadas que, de acuerdo al artículo anterior, serán autorizadas a prestar el servicio a que se refiere el presente Decreto Ley. Asimismo, podrá encargarse a estos Organismos Internacionales la supervisión del sistema.
Artículo 4.- El encargado a que se refiere el Artículo 1 comprende la organización, conducción y ejecución de la integridad del proceso de licitación pública o concurso de méritos, incluyendo la convocatoria, la absolución de consultas, la recepción de ofertas, la calificación de los postores, la evaluación de las propuestas, el otorgamiento de la buena pro y, en general, todo acto que sea necesario para la realización del proceso de licitación o concurso.
Artículo 5.- Los procesos de licitación pública o concurso de méritos sometidos al sistema a que se refiere el Artículo 1 del presente Decreto Ley se regirán por sus bases establecidas conforme el Artículo 7 del presente Decreto Ley y no les serán de aplicación el Reglamento Único de Adquisiciones para el Suministro de Bienes y Prestaciones de Servicios No Personales (RUA), el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas (RULCOP), la Ley Nº 23554 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 208-87-EF, ni otros reglamentos especiales que pudieran expedirse para la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras.
Artículo 6.- Compete al organismo comitente aprobar las bases de acuerdo al procedimiento que se señale en el Reglamento de este Decreto Ley.
Una vez aprobadas las bases y hecho el encargo, previa autorización por resolución suprema, la entidad especializada asumirá automáticamente, sin necesidad de acto adicional y de pleno derecho, la representación del organismo comitente para realizar en su nombre, de acuerdo con las bases aprobadas, todos los actos propios de la licitación o concurso previsto por el Artículo 4 de este Decreto Ley.
Artículo 7.- Las bases que serán elaboradas por los organismos comitentes en coordinación con la entidad especializada, de conformidad a la legislación aplicable, cuidando de establecer mecanismos adecuados para satisfacer, de la forma más económica, los requerimientos y necesidades del organismo que encargó el proceso.
Las bases establecerán los procedimientos que permitan la mayor participación de postores posibles, de forma que se promueva la competencia. Son válidos los procesos de precalificación.
En el caso de financiamiento otorgado por organismos multilaterales o agencias gubernamentales se incorporarán a las bases las normas de estos organismos.
Artículo 8.- El organismo comitente, que autorizado mediante resolución suprema haya encargado el proceso de licitación o concurso, celebrará el correspondiente contrato con quien haya obtenido la buena pro. El contrato se celebrará de acuerdo con las bases de la licitación pública o concurso de méritos y el derecho común aplicable, sin tener en cuenta el Reglamento Único de Adquisiciones para el Suministro de Bienes y Prestación de Servicios No Personales (RUA), el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas (RULCOP) ni la Ley N° 23554 y su Reglamento.
Artículo 9.- Las bases contendrán necesariamente un proceso de reclamación expeditivo que se establecerá en el reglamento de esta Ley, que permita a los postores participantes impugnar el otorgamiento de la Buena Pro ante el Órgano que de acuerdo con la Ley de Presupuesto tenga la calidad de Titular de Pliego. Al que pertenece el organismo comitente (*)RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS
En caso de las empresas, la impugnación se formalizará ante su órgano directivo.
Lo resuelto por estas instancias pondrá fin a la vía administrativa.
Artículo 10.- La selección de la entidad especializada que prestará los servicios a que se refiere el Artículo 1 se efectuará de acuerdo al sistema que establezca el Reglamento.
Artículo 11.- Para la prestación de los servicios antes mencionados, las entidades especializadas calificadas como tal celebrarán los correspondientes contratos con el organismo comitente de acuerdo a lo siguiente:
a) En el caso de las entidades a que se refiere los literales a) y b) del Artículo 2 deberán
aplicarse las normas que se deriven de los convenios constitutivos, acuerdos y normas reglamentarias de dichos organismos internacionales.
b) En el caso de las entidades a que se refiere el literal c) del Artículo 2, el Poder Ejecutivo
aprobará las condiciones generales de contratación de carácter imperativo que regularán la forma de operación, las obligaciones, garantías, responsabilidades y tarifas de la entidad especializada. Estas condiciones generales se aprobarán por decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
Artículo 12.- En todo caso, las controversias derivadas de los contratos a que se refiere este Decreto Ley podrán ser sometidas a procedimientos de arbitraje, de acuerdo a la ley de la materia.
Artículo 13.- El presente Decreto Ley será reglamentado en un plazo no mayor de treinta días calendarios desde la fecha de vigencia del presente Decreto Ley.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de junio de mil novecientos noventidós.
OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA Presidente del Concejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores
VÍCTOR MALCA VILLANUEVA Ministro de Defensa
JUAN BRIONES DÁVILA Ministro del Interior
FERNANDO VEGA SANTA GADEA Ministro de Justicia. Encargado de la Cartera de Trabajo y Promoción Social y Relaciones Exteriores
ABSALON VÁSQUEZ VILLANUEVA Ministro de Agricultura Encargado de la Cartera de Salud
JAIME YOSHIYAMA TANAKA Ministro de Energía y Minas
JORGE CAMET DICKMANN Ministro de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración
JORGE LAU KONG Ministro de la Presidencia
Lima, 19 de junio de 1992
OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores.
CARLOS BOLOÑA BEHR, Ministro de Economía y Finanzas.
dependencias, órganos o entidades dependientes especializados en brindar el servicio a que se refiere este Decreto Ley.
reconocido prestigio y solvencia, especializadas en brindar el servicio a que se refiere este Decreto Ley. Estas entidades deberán cumplir con los requisitos y garantías que establezca el
reglamento. En todo caso deberá acreditarse que la entidad cuenta con una experiencia mínima en el ámbito internacional de por lo menos cinco años en la prestación efectiva y eficiente de los servicios a que se refiere el presente Decreto Ley.
aplicarse las normas que se deriven de los convenios constitutivos, acuerdos y normas
reglamentarias de dichos organismos internacionales.
Declaran en Disolución al Instituto Nacional de Administración Pública
Artículo 1.- Declárese en disolución al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), como organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo dependiente directamente del Presidente de la República.
Artículo 2.- El Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, podrá transferir las funciones que correspondan a dicha entidad, a fin de que sean asumidos por los organismos públicos competentes designados para tales efectos.
Artículo 3.- Crease la Comisión de Disolución y Transferencia del Instituto Nacional de Administración Pública, a fin de que en el plazo mínimo de 120 días calendario, computados desde la fecha de su instalación ejecute el proceso de disolución y transferencia a que se refieren los Artículos 1 y 2 de la presente Ley.
Artículo 4.- La Comisión de Disolución y Transferencia a que se refiere el Artículo 3 de la presente ley estará integrada por cinco miembros, nombrados mediante Resolución Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, uno de los cuales la presidirá.
Artículo 5.- La Comisión de Disolución y Transferencia queda facultada para realizar las acciones siguientes:
a. Implementar y supervisar el proceso de transferencia de funciones a los organismos designados por el Poder Ejecutivo
b. Transferir los bienes muebles e inmuebles de propiedad del INAP
c. Transferir el acervo documentario
e. Proceder a reorganizar la Escuela Superior de Administración Pública, de conformidad con lo establecido en la Segunda Disposición Transitoria y Final de la presente Ley
f. Reasignar a los funcionarios de carrera o servidores del INAP que les sean solicitados por las instituciones que asumirán las funciones de esta institución, de conformidad con lo establecido por el Artículo 2;
Artículo 6.- Autorizase al Poder Ejecutivo para que mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros fije por única vez el pago de una bonificación extraordinaria en favor del personal cesante del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en función al tiempo de servicios prestados a la Administración Pública.
Dicho personal no podrá reingresar a laborar en la Administración Pública bajo cualquier forma o modalidad de contratación o régimen legal, en un plazo de cinco (5) años computados a partir de
su fecha de cese.
Artículo 7.- La Oficina General de Administración del Instituto Nacional de Administración Publica actuará como Secretaria Técnica de la Comisión. Culminado el proceso de disolución y transferencia, la Comisión cesará al personal de la Oficina General de Administración, que tendrá derecho a percibir sus beneficios sociales, así como la bonificación extraordinaria que se establezca mediante Decreto Supremo.
Primera.- La Presidencia del Consejo de Ministros procederá a dictar las disposiciones reglamentarias requeridas para la ejecución de la presente ley.
Segunda.- Declárese en reorganización la Escuela Superior de Administración Pública. A dicho
efecto se procederá a liquidar, al personal que corresponda, el período de servicios prestado bajo
el régimen del Decreto Legislativo Nº 276.
A partir de la fecha de culminación del proceso de reorganización, la Escuela Superior de
Administración Pública se constituirá en organismo público descentralizado del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, comprendido en el Volumen VI de la Ley de Presupuesto del Sector Público, pasando todo su personal a estar comprendido en el régimen laboral de la actividad privada.
Tercera.- El Ministerio de Economía y Finanzas efectuará las transferencias presupuestarias correspondientes, a fin de que el Volumen 06 - Instituciones Públicas Descentralizadas Pliego 001- INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- utilice los recursos del Ejercicio Presupuestal 1995 para el pago de los beneficios sociales y la bonificación extraordinaria que se establezca mediante Decreto Supremo.
Cuarta.- Adécuese lo dispuesto en los Artículos 11 al 17 del Título 111 de la Ley Nº 25035, Ley de Simplificación Administrativa a lo establecido en el Artículo 2 de la presente Ley.
Quinta.- Deróguense y en su caso, déjense sin efecto todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan o limiten la aplicación de la presente Ley.
En Lima, a los trece días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco.
JAIME YOSHIYAMA Presidente del Congreso Constituyente Democrático
CARLOS TORRES Y TORRES LARA Primer Vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático
Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los diecinueve días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco.
EFRAÍN GOLDENBERG SCHREIBER Presidente del Consejo de Ministros
D.S. Nº 003-2001-PCM
LEY DE PROMOCION TEMPORAL DEL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL
Para la aplicación del Artículo 31 de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en los procesos de adquisición de bienes y para efectos del otorgamiento de la buena pro, se agregará un 10% adicional a la sumatoria de la calificación técnica y económica obtenida por las posturas de bienes elaborados dentro del territorio nacional, conforme al Reglamento de la materia. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 064-2000, publicada el 23-08- 2000, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo Unico.- Para la aplicación del Artículo 31 de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en los procesos de adquisición de bienes y servicios y para efectos del otorgamiento de la buena pro, se agregará un 15% adicional a la sumatoria de la calificación técnica obtenida por las posturas de bienes y servicios elaborados dentro del territorio nacional, conforme al Reglamento de la materia."(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27633 publicada el 16-01-2002, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo Único.- Para la aplicación del Artículo 31 de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en los procesos de adquisiciones de bienes y para efectos del otorgamiento de la buena pro, se agregará un 20% adicional a la sumatoria de la calificación técnica y económica obtenida por las posturas de bienes y servicios elaborados o prestados dentro del territorio nacional, conforme al reglamento de la materia."
CONCORDANCIAS: D.S.Nº 030-99-PCM
UNICA.- Suspensión temporal Precísase que para la aplicación de lo dispuesto por la presente Ley quedan suspendidas las disposiciones de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que se le opongan.
PRIMERA.- Plazo de reglamentación El Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, expedirá las normas reglamentarias que sean necesarias para la correcta aplicación de la presente Ley, en el plazo máximo de 30 días, contados a partir de su publicación.
SEGUNDA.- Vigencia de la Ley La presente Ley tendrá vigencia de un año calendario, contado a partir del día siguiente de la publicación del decreto supremo a que se refiere la disposición precedente.
(*) Disposición modificada por el Artículo 2 de la Ley Nº 27633 publicada el 16-01-2002, cuyo texto es el siguiente:
“Segunda.- El plazo de vigencia de la presente Ley y de su norma reglamentaria rige hasta el 30 de julio de 2005.”
D.U. Nº 064-2000 Artr. 3 D. U. Nº 083-2001 Art. 1
En Lima, a los veintiocho días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve.
RICARDO MARCENARO FRERS Presidente a.i. del Congreso de la República
CARLOS BLANCO OROPEZA Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Ley Complementaria a la Ley Nº 27143 Ley de Promoción del Desarrollo Productivo Nacional
Artículo 1.- Objeto de la Ley Para la aplicación del artículo 31 de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en los procesos de ejecución de obras que se efectúen de acuerdo a los sistemas y modalidades previstos en los artículos 45 y 46 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2002-PCM, o en otras modalidades que se establezcan de acuerdo a la naturaleza del requerimiento, en los cuales se requiera incorporar bienes, para efectos del otorgamiento de la buena pro, se otorgará un margen de preferencia a los postores que incorporen bienes elaborados dentro del territorio nacional. El margen de preferencia será el 20% del componente nacional de la oferta del postor, que se calculará obteniendo el 20% del factor en porcentaje que resulte de dividir el valor del componente nacional con declaración jurada, entre el valor total de la propuesta del postor. Para efectos de comparación de ofertas el margen de preferencia se deducirá de la propuesta del postor.
Artículo 2.- Contratos de concesión En todas las bases de licitación o concurso para concesiones o privatizaciones que otorgue el Estado, incluso aquellos referidos a fondos fiduciarios, se otorgará un puntaje adicional en función del compromiso que se asuma, para adquirir bienes y ejecución de obras producidos en el país. Este compromiso, una vez otorgada la buena pro, deberá ser incluido en los contratos a suscribirse entre el Estado peruano y el inversionista.
Artículo 3.- De la aplicación de las disposiciones de promoción del desarrollo productivo nacional a otros regímenes de contratación
En los procesos convocados al amparo de lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 25565, Ley que crea el sistema de licitaciones y concursos denominado “Evaluación Internacional de Procesos”, y su Reglamento:
- Cuando tengan por objeto la adquisición de bienes o la ejecución de obras, para efectos del otorgamiento de la buena pro, se otorgará una bonificación a los postores que, cumpliendo con los requisitos mínimos de las Bases y contando con una propuesta válida, incorporen bienes elaborados dentro del territorio nacional. Dicha bonificación equivaldrá a un puntaje adicional al que obtuvieron luego de evaluadas las propuestas económicas, el mismo que se calculará obteniendo el 20% del factor, en porcentaje, que resulte de dividir el valor del componente nacional, entre el valor total de la propuesta del postor. Para efectos de comparación de ofertas el margen de preferencia se deducirá de la propuesta del postor.
Artículo 4.- De los requisitos para acceder a los beneficios establecidos en la presente Ley Para efectos de gozar los beneficios establecidos en la presente Ley, el postor deberá presentar una Declaración Jurada donde conste, además de lo señalado por el Reglamento, el valor del componente nacional de su propuesta. El postor que sustituya los productos u obras ejecutadas por nacionales por otros, será sancionado con una penalidad equivalente al doble del monto ofertado.
Artículo 5.- Supervisión Corresponde al CONSUCODE la supervisión del cumplimiento de lo señalado en la presente Ley.
Artículo 6.- Modificatoria Modifícase la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 27143, la misma que queda redactada de la siguiente manera:
“Segunda.- La presente Ley rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.”
Artículo 7.- Reglamento Mediante decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo dictará el Reglamento de la presente Ley, en un plazo no mayor de 30 días calendario de su publicación.
Artículo 8.- Vigencia Lo dispuesto en la presente Ley tendrá vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto aprobado en la sesión de la Comisión Permanente realizada el día cuatro de febrero de dos mil cuatro, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, ordeno que se publique y cumpla.
En Lima, a los treintiún días del mes de mayo de dos mil cuatro.
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005
LEY Nº 28427
CAPÍTULO I: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
Artículo 1º.- Objeto de la Ley La presente Ley establece los montos de Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicio de la Deuda, los Créditos Presupuestarios correspondientes a los Pliegos que constituyen los límites para ejecutar gastos durante el Año Fiscal 2005, así como otras disposiciones vinculadas a la ejecución del Presupuesto; en concordancia con la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público - Ley Nº 28112, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley de equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005.
Artículo 2º.- El Presupuesto Anual de Gastos Apruébase el Presupuesto de Gastos para el Año Fiscal 2005 por el monto de CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 49 117 162 238,00), que comprende los Créditos Presupuestarios máximos correspondientes a los Pliegos del Gobierno Nacional y las Transferencias para los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e Instancias Descentralizadas, conforme al mandato de la Constitución Política del Perú y de acuerdo al detalle siguiente:
38,082175,515.00
Correspondiente al Gobierno Nacional Gastos Corrientes
21,404'489,887.00
3,749'486,704.00
12,908´139,144.00
11,054'288,723.90
Correspondiente a las Transferencias para los Gobiernos Regionales
7,735'016,037.00
6,863'037,454.00
871'978,583.00
Servicio de la Deuda Correspondiente a las Transferencias para los Gobiernos Locales
3,319'270,686.00
1,282'698,198.00
1,773'309,000.00
263'263,488.00
49,117'162,238.00
Artículo 3º.- Fuentes de Financiamiento Apruébase el Presupuesto de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2005, agrupados por Fuentes de Financiamiento, del Presupuesto Anual de Gastos fijado en el artículo precedente, por la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 49 117 162 238,00), conforme al detalle siguiente:
23,060'671,797.00
1,156'365,229.00
189'840,384.00
1,417'195,866.00
1,933'544,821.00
34829'251,127.00
2,090'500,003.00
Crédito Interno Recursos por Operaciones Oficiales de
7,502'196,501.00
Crédito Externo Donaciones y Transferencias
138'268,307.00
439'801,998.00
Recursos Ordinarios para los Gobiernos
6,864'729,036.00
Regionales Recursos Ordinarios para los Gobiernos Locales
494'797,169.00
Los Créditos Presupuestarios correspondientes al Gobierno Nacional y las Transferencias para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se detallan en los anexos que forman parte de la presente Ley, de acuerdo a lo siguiente:
Distribución del Gasto por Niveles de
Gobierno, Fuentes de Financiamiento y
Distribución del Gasto del Gobierno
Nacional por Actividad y Proyecto y
Distribución del Gasto de los Gobiernos Regionales por Actividad y Proyecto y Grupo Genérico de Gasto
Distribución del Gasto de los Gobiernos
Locales por Actividad, Proyecto y Grupo
Genérico de Gasto
Distribución del Gasto por Pliego y Fuentes de Financiamiento
CAPÍTULO II : DISPOSICIONES DE DISCIPLINA, RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD
Artículo 5º.- Alcance y objeto Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo son de obligatorio cumplimiento por las Entidades de la Administración Pública, sin excepción, con el objeto de ejecutar los recursos públicos con racionalidad y disciplina presupuestaria, así como mantener el equilibrio presupuestario a que se refiere la Constitución Política del Perú, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las reglas fiscales establecidas en la Ley Nº 27245 - Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, modificada por la Ley N° 27958.
Artículo 6º.- Disposiciones de disciplina presupuestaria Las Entidades, bajo responsabilidad de su Titular, deben ejecutar su Presupuesto de acuerdo a las normas de disciplina presupuestaria siguientes:
Los montos aprobados por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005 y sus modificaciones constituyen los Créditos Presupuestarios máximos para la ejecución de las prestaciones de servicios públicos y acciones desarrolladas por los Pliegos de conformidad con sus funciones y competencias institucionales. La ejecución del gasto se realiza en concordancia con los objetivos y metas del presupuesto, en el marco del Plan Operativo Insti- tucional.
Los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios, así como cualquier reglamentación u otra actuación que las Entidades autoricen con cargo a su respectivo Presu- puesto deben supeditarse, sin excepciones, a los Créditos Presupuestarios autorizados, es- tando prohibido que dichos actos se condicionen a Créditos Presupuestarios adicionales a los establecidos en los respectivos Presupuestos Institucionales.
sólo corresponde como contraprestación por el trabajo
Los pagos al personal activo y cesante deben realizarse de acuerdo a lo establecido en la nor- matividad vigente, teniendo como documento de compromiso la planilla única de pagos respectiva, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal del Titular de la Entidad, del Jefe de la Oficina de Administración, o quien haga sus veces en la Entidad, así como del responsable de la Unidad Ejecutora.
A nivel de Pliegos, el Grupo Genérico de Gasto 1. "Personal y Obligaciones Sociales" no es objeto de Créditos con cargo a Anulaciones Presupuestarias de otros Grupos Genéricos de
Gasto, salvo en el caso de creación, desactivación, fusión o reestructuración de Entidades, el traspaso de competencias de las funciones del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, según corresponda, así como los que se realicen durante el mes de
enero, previo informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público. Asimismo, el Grupo Genérico de Gasto 2. "Obligaciones Previsionales" no podrá ser habilitador, salvo para las habilitaciones que se realicen dentro del mismo Grupo Genérico de Gasto entre las diferen-
tes Unidades Ejecutoras del Pliego.
f) El ingreso a la administración pública, cualquiera sea el régimen laboral, se efectúa necesariamente por concurso público de méritos, y siempre y cuando se cuente con la plaza presupuestada. Entiéndese por plaza presupuestada al cargo contemplado en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) que cuente con el financiamiento debidamente previsto en el Presupuesto Institucional dentro del Grupo Genérico de Gasto 1. "Personal y Obligaciones Sociales", conforme al Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la entidad.
g) Los créditos presupuestarios asignados al gasto no financiero, ni previsional ni de personal, correspondientes al Seguro Integral de Salud. (SIS), a los Programas Sociales y de Lucha con- tra la Pobreza, así como a los programas presupuestarios de salud individual, salud colectiva, educación inicial, primaria y secundaria, no pueden ser objeto de anulaciones presupuestarias, salvo las que se produzcan entre y dentro de ellas.
Adicionalmente, al interior del SIS los recursos destinados a la ejecución de prestaciones del primer y segundo nivel de atención no podrán ser objeto de anulaciones presupuestarias en favor de prestaciones de mayor nivel de complejidad.
h) Los saldos no comprometidos del calendario de compromisos que se originen en los Pliegos por la elaboración de planillas y pago de remuneraciones o pensiones del personal activo y cesante no deben ser utilizados en otros compromisos de la entidad, así como en conceptos que no estén legalmente establecidos, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, el funcionario que autorice tal acto, el responsable y el Jefe de la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora, según sea el caso.
i) Los proyectos de inversión pública, cualquiera sea su Fuente de Financiamiento, que ejecuten las Entidades y empresas bajo el ámbito del Sistema Nacional de Inversión Pública, deberán ceñirse, obligatoriamente, a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente, para obtener su declaración de viabilidad como requisito previo a su ejecución. La aplicación de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública alcanza inclusive a los proyectos formulados
y ejecutados por terceros, cuando una entidad del Sector Público deba asumir, después de la
ejecución, los gastos permanentes de operación y mantenimiento, con cargo a su presupuesto institucional.
Artículo 7º.- Disposiciones de racionalidad Las Entidades, a fin de optimizar el gasto, están obligadas a actuar conforme a las siguientes medidas de racionalidad del gasto público:
a) Realizar las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de los objetivos de la Entidad
al menor costo posible, para cuyo efecto deben ejecutar una revisión de sus procesos y proce-
dimientos que abarque los casos de duplicidad de funciones, simplificación administrativa, así como la congruencia de sus acciones con las funciones que les corresponda legalmente.
b) Efectuar revisiones integrales respecto de las planillas de remuneraciones y pensiones a fin de depurar y evitar pagos a personas y pensionistas inexistentes. Para dicho efecto, las Entidades que cuenten con el "Módulo de Control del Pago de Planillas y de los Servicios No Personales (MCPP-SNP)", que el Ministerio de Economía y Finanzas viene implantando progresivamente, deben mantener actualizada la Base de Datos con las Altas y Bajas del personal activo, pensionistas y de los contratados por locación de servicios.
Adoptar medidas de ahorro efectivo, racionalizando el consumo de los servicios de energía, agua y teléfono; y gastos correspondientes al consumo de combustible, así como por viales dentro y fuera del país en comisión de servicios y materiales de oficina.
d) Optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles de las Entidades en el marco de su gestión institucional, así como reemplazar el uso de inmuebles arrendados por aquellos bienes inmuebles en desuso, los cuales deberán ser destinados al cumplimiento de las funciones pú- blicas. Para dicho efecto, se deberá respetar los respectivos contratos de arrendamiento y evitar costos adicionales.
e) Evaluar de manera semestral la ejecución de las donaciones y subvenciones otorgadas a personas naturales y jurídicas privadas, en función a la población objetivo, tanto por grupo es- pecífico como por ámbito regional o local; a fin de determinar si los recursos asignados son utilizados conforme a los objetivos y metas que motivan su otorgamiento.
Artículo 8º.- Disposiciones de austeridad Las Entidades deben aplicar obligatoriamente, durante la ejecución del presupuesto, las siguientes disposiciones de austeridad, independientemente de la fuente de financiamiento:
a) Sólo procede el nombramiento en plaza presupuestada, cuando se trate de magistrados del Poder Judicial, fiscales del Ministerio Público, docentes universitarios y de los magisterios nacionales, profesionales y asistenciales de la salud, así como del personal egresado de las Escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y de la Academia Diplomática.
e) Conducir procedimientos orientados a una adecuada racionalización de plazas, a fin de determinar aquellas que son estrictamente necesarias en cada entidad para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades correspondientes, teniendo en cuenta la ubicación y distribu- ción de las mismas en el territorio nacional conforme a las necesidades del servicio.
9.1 Las Entidades, a través de sus respectivas Oficinas Generales de Administración o las que
hagan sus veces, dentro de los diez (10) primeros días calendario de finalizado cada trimestre, deben publicar en su respectiva página web o, a falta de la misma, en carteles impresos ubicados en el local institucional, los resultados cuantitativos y cualitativos de la aplicación del presente Capítulo.
9.2 La Contraloría General de la República verifica los resultados que hayan obtenido las Entida-
des Públicas por la aplicación de lo dispuesto en el presente Capítulo y publica semestralmente
toda la información relativa a dicha verificación en su página web.
CAPÍTULO: DISPOSICIONES ESPECIALES
Artículo 10º.- Aguinaldos y Escolaridad
Los funcionarios y servidores nombrados y contratados, obreros permanentes y eventuales del Sector Público y el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como los pensionistas a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley N° 15117, Decretos Leyes núms. 19846 y 20530, Decreto Supremo Nº 051-88-PCM publicado con fecha 12 de abril de 1988, y Decreto Legislativo Nº 894, percibirán los siguientes conceptos en el Año Fiscal 2005:
a) Bonificación por Escolaridad, la cual es de aplicación únicamente en aquellas Entidades que habitualmente han entregado dicho concepto. Se otorga conjuntamente con la planilla de pago correspondiente al mes de febrero y asciende hasta la suma de TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 300,00).
b) Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, los cuales se otorgan conjuntamente con la planilla de pago correspondiente al mes de julio y diciembre, respectivamente, ascendiendo cada uno hasta la suma de DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 200,00).
Los Gobiernos Locales se rigen por lo dispuesto en el Decreto Suprema Nº 070-85-PCM, publicado el 31 de julio de 1985. Para dicho efecto, corresponde al Concejo Provincial o Distrital, según sea el caso y bajo responsabilidad, garantizar que la aprobación de los conceptos a que se refiere el presente artículo cuenten con el financiamiento debidamente previsto y disponible, bajo sanción de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos que los formalicen.
La percepción de los conceptos antes referidos es incompatible con la percepción de cualquier otro beneficio económico de naturaleza similar que, con igual o diferente denominación, otorga la entidad pública, independientemente de la fecha de su percepción dentro del ejercicio fiscal.
Artículo 11º.- Montos para la determinación de los Procesos de Selección 11.1 La determinación de los Procesos de Selección para efectuar las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas, en todas las Entidades del Sector Público compren- didas en el artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, publicado con fecha 13 de febrero de 2001, se sujetan a los montos siguientes:
- Licitación Pública, si el valor referencial es igual o superior a S/. 1 150 000,00
- Adjudicación Directa, si el valor referencial es inferior a S/. 1 150 000,00
Cuando el monto del valor referencial de una obra pública sea igual o mayor a S/. 4 050 000,00 el organismo ejecutor debe contratar, obligatoriamente, la supervisión y control de obras.
- Licitación Pública, si el valor referencial es igual o superior a S/. 450 000,00
- Adjudicación Directa, si el valor referencial es Inferior a S/. 450 000,00
c) La Contratación de Servicios y de Consultoría, tales como prestaciones de empresas de servicios, compañías de seguros, contratos de arrendamiento no financieros y del personal contratado directamente por locación de servicios, así como investigaciones, proyectos, estudios, diseños, supervisiones, inspecciones, gerencias, gestiones, auditorias, asesorías y peritajes de acuerdo a:
- Concurso Público, si el valor referencial es igual o superior a S/. 200 000,00
Adjudicación Directa, si el valor referencial es inferior a S/. 200 000,00
La contratación de auditorias externas se realiza de conformidad con las normas que rigen el Sistema Nacional de Control.
11.2 El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE
aprueba, mediante Acuerdo de Directorio, los montos a partir de los cuales se rigen los Procesos de Selección, regulados por las normas de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aplicables a las empresas bajo su ámbito. El mismo procedimiento es aplicable al Banco Central de Reserva del Perú.
11.3 La aplicación del presente artículo se realiza en concordancia con el Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, su reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, publicados con fecha 13 de febrero de 2001; y, demás normas modificatorias y complementarias.
11.4 Las Entidades del Sector Público pueden contratar entre ellas mismas, a través de convenios marco de cooperación institucional u otro tipo de convenios y contratos, la elaboración, supervisión
y evaluación de proyectos, así como la prestación de cualquier servicio compatible con su finalidad,
sin el requisito de Concurso Público o Adjudicación Directa, siempre que la entidad a ser contratada no desarrolle actividad empresarial habitual, salvo que esté autorizada por ley conforme al artículo 60º de la Constitución. En estos supuestos se realiza mediante proceso de adjudicación
de menor cuantía, con sujeción, en todos los casos, a los artículos 105º y 106º del Reglamento antes mencionado.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Las demandas adicionales de gasto no previstas en la Ley de Presupuesto del Sector
Público, en el marco del Principio de Equilibrio Presupuestario, deberán ser cubiertas por el Pliego correspondiente, en forma progresiva, tomando en cuenta el grado de prioridad en su ejecución y sujetándose estrictamente a la disponibilidad de recursos del Presupuesto de la entidad, conforme
a las Asignaciones Trimestrales y los Calendarios de Compromisos.
Los expedientes que se hayan originado en demandas de recursos que no fueran atendidos durante el año, así como aquellos vinculados a la ejecución del gasto, serán archivados.
SEGUNDA.- Los Pliegos Presupuestarios, previa evaluación, pueden prorrogar, directa y sucesivamente, los contratos de locación de servicios y/o servicios no personales suscritos con personas naturales, que se hayan encontrado vigentes al 31 de diciembre de 2003 y que hayan sido objeto de prórroga o reemplazo durante el Año Fiscal 2004, en el marco de la Cuarta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 28128. Entiéndese por prórroga la ampliación del plazo del contrato, la misma que para ser válida deberá realizarse antes de su vencimiento. Asimismo, se pueden celebrar nuevos contratos de locación de servicios y/o servicios no personales, siempre y cuando sea para el reemplazo de aquel que venia prestando servicios y cuya relación contractual haya culminado. La prórroga o reemplazo no debe implicar incremento alguno del gasto total por honorarios al 31 de diciembre de 2004.
TERCERA.- Las Transferencias de recursos que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, efectúe a favor de los Gobiernos Locales en el marco de las Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres y de sus Planes de Desarrollo Municipal Concertado, se realizan conforme a los Convenios que para tal efecto suscriba el MIMDES con los respectivos Gobiernos Locales; dichos Convenios deben precisar, entre otros aspectos, las metas e indicadores de desempeño a alcanzar y su concordancia con la ejecución de los planes nacionales respectivos.
Autorízase al MIMDES a efectuar, mediante resolución del Titular del Pliego, las Transferencias Financieras a que se refiere el párrafo precedente, a favor de los Gobiernos Locales Provinciales y Distritales que culminen el proceso de acreditación, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales - Ley Nº 28273.
CUARTA.- Las Entidades Públicas cuyos funcionarios y servidores vienen percibiendo gratificaciones de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27735 continúan otorgándolas durante el Año Fiscal 2005, en las mismas condiciones.
QUINTA.- Las Oficinas de Programación e Inversiones del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, o las que hagan sus veces, así como las empresas de servicios públicos de propiedad o bajo administración de más de un Gobierno Regional o Gobierno Local, son las instancias facultadas para evaluar y declarar la viabilidad de los proyectos de inversión pública, que se enmarquen en las disposiciones sobre delegación de facultades que, para tal efecto, emita el Ministerio de Economía y Finanzas.
SEXTA.- La atención del valor del Bono de Productividad que hace referencia el numeral 63.2 del artículo 63º de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, será financiado íntegramente con cargo a los ahorros que se produzcan en la gestión del presupuesto institucional de la Entidad.
SÉTIMA.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que mediante decreto supremo, con fuerza de ley, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y a propuesta de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, dicte dentro del primer trimestre del Año Fiscal 2005, disposiciones de austeridad complementarias a las establecidas en la Ley de Presupuesto del Sector Público, las mismas que serán de observancia obligatoria por todos los pliegos comprendidos en la Ley Anual de Presupuesto correspondiente al Año Fiscal 2005, sin excepción, para lograr un ahorro de por lo menos cien millones de nuevos soles.
OCTAVA.- El monto único de remuneración total permanente mensual y el monto porcentual proveniente de las recaudaciones consulares en el exterior, establecidos en el Decreto Ley N° 26163 y sus modificatorias, serán fijados por decreto supremo, refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores.
PRIMERA.- Las subvenciones a ser otorgadas durante el Año Fiscal 2005 por los Pliegos Presupuestarios están contenidas en el ANEXO A de la presente Ley "Subvenciones Año Fiscal
SEGUNDA.- Prorrogase la vigencia de la Décimo Primera Disposición Final de la Ley Nº 28254 durante el Año Fiscal 2005. Los Presupuestos Analíticos de Personal - PAP resultantes del proceso de racionalización dispuesto por la referida norma, servirán de base para la aprobación de los nuevos Cuadros de Asignación de Personal - CAP al concluirse el mencionado proceso, siguiendo los procedimientos establecidos por el Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM.
TERCERA.- Autorízase al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior a disponer, a título oneroso y conforme a la normatividad vigente, de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad que resulten excedentes de acuerdo con la opinión de la Comisión de Evaluación del Estado de los Bienes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que deberá constituirse en los Ministerios de Defensa y del Interior con participación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, respectivamente. Dicha disposición incluye, sin más limitación que la impuesta por la normatividad vigente, la venta, entrega en concesión, cesión en uso, usufructo y cualquier modalidad de disposición de los bienes referidos.
Precísase que los recursos provenientes de la disposición de bienes a que se refiere el párrafo anterior serán considerados en la Fuente de Financiamiento "Recursos Directamente Recaudados" y se destinarán, íntegramente, al mantenimiento, reconstrucción, repotenciación y transformación del material, equipos y armamento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, respectivamente. La Oficina de Auditoría Interna o la que haga sus veces verificará el efectivo cumplimiento de lo señalado en la presente disposición, bajo responsabilidad.
Los Ministerios de Defensa y del Interior informan trimestralmente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta General de la República y de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia,
Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso de la Republica sobre la aplicación de la presente disposición.
CUARTA.- El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, dicta, de ser necesario, las disposiciones reglamentarias para la mejor aplicación de la presente Ley.
QUINTA.- En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867 y la Ley de Bases de la Descentralización - Ley Nº 27783, la transferencia de los proyectos especiales a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo - INADE, a los Gobiernos Regionales, se efectuará, en el caso de los Proyectos con cobertura multidepartamental, cuando se conformen las nuevas regiones a que se refiere el artículo 29º de la Ley Nº 27783, según corresponda.
SEXTA.- Las Unidades de Gestión Educativa Local del Ministerio de Educación y de las Direcciones Regionales de Educación, a cargo de los Gobiernos Regionales, podrán utilizar los ahorros generados por efecto de la aplicación de la Décimo Primera Disposición Final de la Ley Nº 28254, en acciones orientadas a superar la emergencia educativa.
SÉTIMA.- Modifícase el artículo 7º del Decreto de Urgencia N° 80-94, en los términos siguientes:
"Artículo 7º.- Fíjase a partir de la vigencia de la presente Ley, a favor de los docentes activos, del Magisterio Nacional, la bonificación mensual por Palmas Magisteriales de acuerdo al siguiente detalle:
a) Grado de Amauta:
b) Grado de Maestro:
c) Grado de Educador: S/. 200,00
El pago de la bonificación a que se refiere el presente artículo está a cargo del Ministerio de Educación y de las Direcciones Regionales de Educación que corresponda, con cargo a su presupuesto institucional autorizado y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
OCTAVA.- Autorízase, excepcionalmente, el nombramiento de trabajadores administrativos del Sector Educación que tengan contrato laboral vigente con la Entidad durante un plazo continuo no menor a siete (7) años y que previamente cumplan con los requisitos previstos en el artículo 15º del Decreto Legislativo Nº 276. Lo dispuesto en la presente Disposición se hará con cargo al presu- puesto institucional autorizado del Ministerio de Educación y de las Direcciones Regionales de Educación que corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
NOVENA.- Autorízase al Fondo Especial de Administración de Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado - FEDADOI, a transferir a favor de las universidades públicas hasta un monto de CINCUENTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50 000 000,00) para ser destinados a la adquisición de materiales y equipos de investigación y enseñanza. Las universidades públicas canalizarán sus demandas al FEDADOI, conforme a los criterios que establezca la Asamblea Nacional de Rectores y previa opinión favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, de conformidad con lo establecido en el decreto supremo que a estos efectos emita el Poder Ejecutivo.
DECIMA.- En el marco de la Ley N° 28175 - Ley Marco del Empleo Público y en tanto se implemente la Ley del Sistema de Remuneraciones del Empleo Público, suspéndese lo dispuesto en el artículo 53º de la Ley Nº 23733.
UNDÉCIMA.- La presente Ley entra en vigencia a partir del 1 de enero del año 2005, salvo la Segunda Disposición Transitoria, la Segunda Disposición Final y la Primera Disposición Derogatoria que rigen a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".
PRIMERA.- Déjase sin efecto el numeral 23.2 del artículo 23º de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004 - Ley Nº 28128.
SEGUNDA.- Deróganse o déjanse en suspenso, en su caso, las disposiciones legales y reglamentarias Que se opongan a lo establecido por la presente Ley o limiten su aplicación.
En Lima, a los veintiséis días del mes de noviembre de dos mil Cuatro.
ÁNTERO FLORES-ARAOZ E. Presidente del Congreso de la República
JUDITH DE LA MATA FERNÁNDEZ Segunda Vicepresidenta del Congreso de la República
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mli cuatro.
ALEJANDRO TOLEDO. Presidente Constitucional de la República
ANEXO A DONACIONES Y SUBVENCIONES A ENTIDADES NO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE
Mediante el cual se transfieren algunas funciones del Sistema Nacional de Abastecimiento a cada Entidad, otras a la Presidencia del Consejo de Ministros y otras se eliminan, quedando vigentes parte de las normas y directivas emitidas por dicho ex - organismo DECRETO SUPREMO N° 74-95-PCM
Que, la Ley Nº 26507 declara en disolución al Instituto Nacional de Administración Pública, estableciendo su Artículo 2 que mediante Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se transferirán las funciones de la mencionada Institución;
De conformidad con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley Nº 26507;
Artículo 1.- Las funciones del Instituto Nacional de Administración Pública - INAP, serán transferidas de conformidad con lo siguiente:
a) La aprobación de los instrumentos de gestión tales como Cuadro de Asignación de Personal,
Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones y Presupuesto Analítico de Personal, será de responsabilidad exclusiva de cada entidad del sector Público, así como la fiscalización y cumplimiento de las normas de simplificación administrativa.
b) La Presidencia del Consejo de Ministros llevará un Registro de Proveedores Inhabilitados de
contratar con el Estado. Para tal efecto, cada entidad del sector público, remitirá a la Presidencia del Consejo de Ministros, copia de la Resolución de Inhabilitación emitida por el titular del Pliego de la entidad respectiva y publicada en el Diario Oficial El Peruano.
La Presidencia del Consejo de Ministros publicará, semestralmente, un listado consolidado de los proveedores inhabilitados, de contratar con el Estado. Los proveedores que no hayan sido declarados inhabilitados, no requerirán de certificado de habilitación; sin embargo, deberán presentar una Declaración Jurada firmada por el Representante Legal de la empresa proveedora por el propio proveedor en caso de personas naturales, señalando que se encuentran habilitados para contratar con el Estado.
c) El Registro Nacional de Funcionarios, Servidores y Pensionistas de la Administración Pública,
el Registro de Personal Renunciante con Incentivos, el Registro Nacional de Personal Cesado por Reorganización, el Registro Nacional de Personal Declarado Excedente, el Registro Nacional de Personal Renunciante sin Incentivos y el Registro de las Sanciones de Destitución, estarán a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de remitir periódicamente la información necesaria para la actualización de dichos registros.
La Presidencia del Consejo de Ministros queda facultada a reorganizar y optimizar el funcionamiento de dichos registros, tendiendo a su integración.
d) Las entidades de la Administración Pública son responsables de la publicación en el Diario
Oficial El Peruano de las resoluciones del personal destituido.
e) La normatividad sobre simplificación administrativa estará a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Artículo 2.- Las funciones del Instituto Nacional de Administración Pública no contempladas expresamente en este Decreto Supremo, quedan eliminadas a partir de la fecha de vigencia de la presente norma.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo precedente, dése por concluidos los trámites de los expedientes no resueltos a la fecha, referidos a la aprobación de instrumentos de gestión y consultas sobre los sistemas administrativos y simplificación administrativa que conducía la referida entidad, cualquiera sea el estado en que se encuentran, archivándose los mismos.
Artículo 3.- Deróganse los Artículos 22, 23, 26, 27 y 29 del Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, los Artículos 4 y 13 del Decreto Supremo Nº 026-82-JUS, el Decreto Supremo Nº 039-83-PCM, así como cualquier otra referencia al Instituto Nacional de Administración Pública o a la Comisión Técnica relacionados con las negociaciones colectivas en los Gobiernos Locales.
A partir de la fecha de vigencia del presente dispositivo legal, la negociación colectiva en los
Gobiernos Locales se efectuará correspondientes.
De conformidad con lo establecido en los párrafos precedentes, déjese sin efecto los trámites de los expedientes referidos a consultas sobre negociación colectiva en los Gobiernos Locales.
Artículo 4.- Déjese sin efecto las Resoluciones Jefaturales Nºs. 301-90-INAP/DTSA, 328-90- INAP/DTSA, 330-90-INAP/DTSA, 404-90-INAP/DTSA, 405-90-INAP/DTSA, 407-90-INAP/DTSA; las Resoluciones Directorales Nºs. 002-90-INAP/DTSA, 003-90-INAP/DTSA, 004-90-INAP/DTSA, 001-91-INAP/DTSA, 002-91-INAP/DTSA, 003-91-INAP/DTSA; las Resoluciones Jefaturales Nºs. 4378-91-INAP/DTSA, 597-91-INAP/DTSA, 298-A-92-INAP/DTSA, 047-93-INAP/DTSA, 285-93- INAP/TDSA, 035-94-INAP/DTSA, 136-94-INAP/DTSA, 159-94-INAP/DTSA, 179-94-INAP/DTSA; así como cualquier otra disposición que se oponga a los establecido en el presente Decreto Supremo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
bilateralmente conforme a las normas legales presupuéstales
DANTE CORDOVA BLANCO Presidente del Consejo de Ministros.
Autorizan al Ministerio de la Presidencia a celebrar con el PNUD el correspondiente convenio de Asistencia Técnica, a fin de que este Organismo Internacional pueda ejercer las funciones previstas en el Art. 3 del Decreto Ley Nº 25565
DECRETO SUPREMO N° 132-92-EF
Que, de acuerdo con el Artículo 2 del Decreto Ley Nº 25565, corresponde aprobar por Decreto Supremo la lista de entidades especializadas autorizadas para prestar el servicio de Evaluación Internacional de Procesos;
Que, en el Artículo 3 del mismo Decreto Ley Nº 25565 se establece que la supervisión del Sistema de Evaluación Internacional de procesos puede ser encargada a un organismo internacional;
Que, la Oficina de Ejecución de Proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD/OEP) es un organismo que tiene gran experiencia en la evaluación de licitaciones y concursos y garantiza plenamente los aspectos de imparcialidad y capacidad técnica;
Artículo 1.- Calificase al Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) como entidad especializada autorizada conforme a lo previsto en el Artículo 2 del Decreto Ley Nº 25565.
Artículo 2.- Autorízase al Ministerio de la Presidencia a celebrar con el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) el correspondiente Convenio de Asistencia Técnica con la finalidad que este organismo internacional pueda ejercer las funciones previstas en el Artículo 3 del Decreto Ley Nº 25565.
El Convenio a que se refiere este artículo será aprobado por Resolución Suprema.
Artículo 3.- El Ministerio de la Presidencia actuará como entidad nacional coordinadora y contraparte del Convenio de Asistencia Técnica a que se refiere el Artículo 2.
Dado en la Casa de Gobierno, a los dieciséis días del mes de julio de mil novecientos noventidós.
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Presidente Constitucional de la República OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores
Reglamento del Decreto Ley Nº 25565 que creó el Sistema de Evaluación Internacional de Procesos para Licitaciones y Concursos
DECRETO SUPREMO N° 133-92-EF
Precisan alcances de la Ley del Sistema de Evaluación Internacional de Procesos para Licitaciones y Concursos, y de su reglamento
DECRETO SUPREMO N° 036-97-EF
Que, mediante Decreto Ley N° 25565 se creó el Sistema de Licitaciones y Concursos denominado "Evaluación Internacional de Procesos";
Que, mediante Decreto Supremo N° 133-92-EF se aprobó el Reglamento de Sistemas de Evaluación Internacional de Procesos para Licitaciones y Concursos;
Que, resulta necesario precisar los alcances de los conceptos incluidos en las normas mencionadas en los párrafos anteriores, para el mejor desarrollo de los procesos de licitación y concurso de méritos;
De conformidad con el inciso 8) del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo N° 560 - Ley del Poder Ejecutivo;
Artículo 1.-Precísase que los mecanismos que fomenten la participación no discriminada de postores técnicamente calificados, a que se refiere el inciso a) del Artículo 7 del Decreto Supremo N° 133-92-EF, comprenden las siguientes reglas:
a) Las ofertas económicas que presenten los postores deberán expresar el costo total de las mercancías objeto de la licitación o concurso público.
Por costo total se entiende que tanto para la mercadería de fabricación nacional como para la importada, según sea el caso, comprende el valor de la mercancía, el transporte internacional y el nacional, seguro, los tributos de ley, aranceles aduaneros y cualquier otro gasto, sin excepción, hasta la entrega de la mercadería en el lugar determinado en las bases, de manera tal que exista plena homogeneidad de comparación de precios entre las mercaderías nacionales y las importadas.
b) Las características técnicas de los bienes, aprobadas en las bases de la licitación o concurso público de méritos, deberán ser verificadas por laboratorios acreditados ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
Cualquier diferencia entre las características técnicas del bien y lo declarado por el postor, ocasionará su descalificación inmediata del proceso de licitación o concurso de méritos. El postor será sancionado de acuerdo a lo establecido en las Bases y además, no podrá participar en ningún proceso de licitación y concurso de méritos que sea efectuado por alguna de las entidades a que se refiere el Artículo 2 del Decreto Ley Nº 25565, por el lapso de un (1) año contado a partir de su descalificación.
Artículo 2.-Cuando las adquisiciones las realice un Organismo Superior por encargo de un Organismo Comitente serán aplicables las normas tributarias que correspondan al Organismo Comitente.
Artículo 3.-Las disposiciones establecidas en el artículo anterior serán de obligatorio cumplimiento en todos los procesos de licitación y concurso de méritos que celebren en virtud del Decreto Ley N° 25565 y el Decreto Supremo N° 133-92-EF.
Artículo 4.-El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de la Presidencia, por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de abril de mil novecientos noventa y siete.
DANIEL HOKAMA TOKASHIKI Ministro de la Presidencia
GUSTAVO CAILLAUX ZAZZALI Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales
Establecen Disposiciones aplicables a las Adquisiciones o Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras que se efectúen con carácter de Secreto Militar o de Orden Interno
DECRETO SUPREMO Nº 052-2001-PCM
Que, una de las prioridades del Gobierno de Transición es asegurar la transparencia en la utilización de los recursos públicos;
Que, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se encuentran actualmente comprometidas con el logro de dicho objetivo;
Que, la utilización de los recursos públicos en los procesos de adquisición e importación de bienes o servicios por parte de las entidades del Sector Público debe efectuarse de manera transparente y eficiente, evitando distorsionar la competencia y permitiendo el desarrollo de un control ciudadano sobre el manejo de los recursos públicos;
Que, la exoneración o inafectación de los tributos que gravan la importación de mercaderías efectuadas por entidades del Sector Público puede introducir una distorsión en la competencia al colocar en situación de desventaja a los proveedores locales de dichas mercancías;
Que, tales exoneraciones o inafectaciones deben ser aplicadas de manera restrictiva con el objeto de reducir o eliminar cualquier efecto negativo que pudiere ocasionar la medida, reduciendo su aplicación a mercancías que no se producen en el país;
Que, por otro lado, razones de seguridad nacional o de orden interno justifican, en determinadas circunstancias, la utilización de procedimientos secretos o reservados para la adquisición e importación de determinados bienes o servicios;
Que, por su carácter excepcional, dichos procedimientos de adquisición o importación deben utilizarse de manera restrictiva;
Que, en los casos en que resulte justificable su utilización, la reserva de dichos procesos requiere ir acompañada de mecanismos que, sin poner en riesgo la seguridad nacional o el orden interno, garanticen una adecuada fiscalización y control de la utilización de los recursos públicos y de los beneficios y privilegios correspondientes;
Que, el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) que forma parte del portal de Transparencia Económica es una herramienta que permite registrar y transmitir información sobre los gastos e ingresos que efectúan las distintas Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a nivel nacional, constituyéndose en un instrumento básico para asegurar la transparencia en la utilización de recursos públicos y la fiscalización del gasto público por parte de la ciudadanía;
Que, mediante el Artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, se exoneró de los procesos de licitación pública, concurso público o adjudicación directa, las adquisiciones y contrataciones que se realicen con carácter de secreto militar o de orden interno por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, previa opinión favorable de la Contraloría General de la República, exoneración que en ningún caso resulta aplicable en el caso de los bienes, servicios u obras de carácter administrativo u operativo;
Que, tales contrataciones y adquisiciones se realizan a través de procesos de adjudicación de menor cuantía, debiendo aprobarse la exoneración mediante resolución del titular de la entidad;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-DE/SG-99 del 4 de enero de 1999, se estableció la relación de bienes, servicios y obras que tienen carácter de secreto militar o de orden interno cuya
adquisición y contratación se encuentra sujeta al procedimiento a que se refiere el inciso d) del citado Artículo 19;
Que, de otro lado, mediante el Decreto Ley Nº 14568 del 19 de julio de 1963, se estableció que la importación de mercancía consignada a los Institutos Armados consideradas como “Material de Guerra”, se encuentra inafecta al pago de los Derechos que gravan la importación;
Que, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 033-DE/SG de 4 de abril de 1989, la carga clasificada como “Material de Guerra” tiene el carácter de secreto militar cuyo conocimiento no debe ser de dominio público por razones de seguridad militar;
Que, el Decreto Ley Nº 21303 establece que el material y equipo destinados a la Defensa Nacional por su clasificación de “secreto” serán recibidos e internados exclusivamente por personal militar o policial en su caso;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 299-90-EF del 13 de noviembre de 1990, se reglamentó el procedimiento para el desaduanaje de bienes clasificados como “Material de Guerra” o “Secreto Militar” provenientes del extranjero consignadas al Ministerio de Defensa; asimismo, se incluyó a las adquisiciones de dichos bienes provenientes del extranjero dentro de las excepciones al Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 257-90-EF del 20 de setiembre de 1990 que dispuso la eliminación de las inafectaciones, exoneraciones y todo otro beneficio destinado a eliminar o reducir el pago de los Derechos Ad Valorem CIF por concepto de importaciones;
Que, resulta necesario delimitar claramente el ámbito de aplicación de los beneficios y procedimientos especiales a que se refieren los dispositivos mencionados, así como actualizar la relación de los bienes y servicios que serán considerados como “Material de Guerra”, “Secreto Militar” o de “Orden Interno”;
Que, con el objeto de fomentar la más amplia concurrencia y participación de postores, resulta conveniente establecer como requisito adicional para el otorgamiento de la Buena Pro en el proceso de adquisición y contratación de bienes, servicios y obras que tienen carácter de secreto militar o de orden interno, la participación de al menos tres postores en los procesos de adjudicación;
Que, asimismo, resulta conveniente modificar tanto el procedimiento aduanero seguido en la importación de mercancías clasificadas como “Material de Guerra” o “Secreto Militar” como los procedimientos de adquisición y contratación con carácter de secreto militar o de orden interno a efectos de facilitar la participación de la Contraloría General de la República y del Congreso de la República en la fiscalización de tales operaciones;
Que, finalmente, resulta necesario precisar que las Unidades Ejecutoras de los Pliegos Ministerio de Defensa e Interior se encuentran obligadas a registrar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) todas sus operaciones, incluyendo aquéllas consideradas secretas, mediante procedimientos específicos a determinarse;
De conformidad con las facultades conferidas por el inciso 8) del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
Artículo 1.- Tienen el carácter de secreto militar o de orden interno la contratación o adquisición de bienes, servicios u obras que directa o indirectamente revelen: (1) los cuadros de organización del personal; (2) la naturaleza, ubicación, cantidad y operatividad del material bélico disponible; o (3) la ubicación o distribución de las fuerzas o dependencias militares o policiales estratégicas, información que de hacerse de público conocimiento pondría en riesgo la seguridad nacional.
En cualquier caso, la necesidad de adquisición o contratación de dichos bienes o servicios es resultado del planeamiento estratégico, operativo y administrativo de la Defensa Nacional aprobado por el Consejo de Defensa Nacional integrado por el Presidente de la República, el
Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Defensa e Interior, el Ministro de Relaciones Exteriores el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Jefe de la Secretaría de Defensa Nacional, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 743 del 8 de noviembre de 1991, Ley del Sistema de Defensa Nacional.
Artículo 2.- La exoneración a que se refiere el inciso d) del Artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 012- 2001-PCM para las adquisiciones o contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno, se encuentra limitada a las adquisiciones o contrataciones referidas a los siguientes bienes y servicios:
a) todo tipo de armamento y sistemas de armas terrestres, navales, aéreas, antiaéreas y de defensa aérea, con sus correspondientes repuestos, accesorios y municiones;
b) bombas, cohetes, misiles y minas;
c) vehículos de combate, apoyo de combate y de comando (multipropósito, porta-tropas) para orden interno, con sus correspondientes accesorios, repuestos, armas y municiones;
d) unidades navales y aeronaves de combate, y apoyo de combate con sus correspondientes repuestos, accesorios, armas y municiones;
e) vehículos de seguridad y protección que, por su naturaleza, sean de uso exclusivamente militar o policial;
f) sistemas de cómputo componentes de los sistemas de armas, equipo y material de comunicaciones y electrónica que, por su naturaleza, sean de uso exclusivamente militar o policial;
g) sistema de radares, sonares y guerra electrónica, plantas propulsoras y componentes de las mismas de uso estrictamente militar o policial;
h) máquinas y herramientas para fabricación de armas, municiones y sus correspondientes insumos;
i) equipos, maquinarias, herramientas y material de ingeniería que, por su naturaleza, sean de uso exclusivamente militar y policial;
j) medicinas, equipos médicos, instrumental quirúrgico para campaña que, por su naturaleza, sean de uso exclusivamente militar o policial;
k) los servicios de asesoría, consultoría y asistencia técnica relacionadas con la operatividad de los bienes antes mencionados, así como los servicios para el mantenimiento y reparación de los mismos;
l) transferencia de tecnología que, por su naturaleza, sean de uso exclusivamente militar o policial;
m) contratación de pólizas de seguros para cubrir los riesgos asociados a los bienes antes mencionados;
n) otros bienes, servicios u obras de similar naturaleza cuya contratación u adquisición sea clasificada expresamente, como secreto militar o de orden interno mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y el Ministro de Defensa o el Ministro del Interior, según corresponda.
Artículo 3.- La exoneración a que se refiere el inciso d) del Artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 012- 2001-PCM, no será aplicable en las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios o ejecución de obras de carácter administrativo y operativo necesarios para el normal funcionamiento de las unidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, tales como:
a)automóviles, camionetas, camiones y cualquier otro vehículo motorizado y sus repuestos en general; b)equipos, maquinarias, herramientas y material de ingeniería; c)medicinas y equipos médicos en general; d)equipos y materiales de impresión; e)prendas de vestir y material textil para la confección de uniformes; f) equipos y materiales de lavandería; g)cocinas y materiales para el equipamiento de comedores;
h)equipos de refrigeración y aire acondicionado;
i) alimentos para personas;
j) equipo y materiales de oficina; y,
k)cualquier otro bien o servicio cuyo uso no se encuentre restringido a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional o que, por su naturaleza, no sean de uso exclusivo de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional.
Artículo 4.- Las adquisiciones y contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno que deban realizar las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se realizan mediante el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía en el que se requiere la participación de al menos tres (3) postores, salvo casos excepcionales debidamente justificados tales como la existencia de un proveedor único. La exoneración del proceso de selección y el otorgamiento de la Buena Pro se hará mediante Resolución Ministerial del titular de Defensa o Interior, según corresponda, previo informe técnico-legal y opinión favorable de la Contraloría General de la República.
Artículo 5.- El Titular de Defensa o Interior, según corresponda, remitirá anualmente a las Comisiones de Fiscalización y de Defensa del Congreso de la República un informe con la relación de las operaciones de adquisición y contratación con carácter de secreto militar o de orden interno que hubieren sido efectuadas bajo el régimen de excepción a que se refiere el inciso d) del Artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, sus normas reglamentarias y complementarias.
Artículo 6.- Para efectos de la aplicación de los beneficios y procedimientos especiales a la importación de “Material de Guerra” establecidos mediante el Decreto Ley Nº 14568 del 19 de julio de 1963, y las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 299-90-EF del 13 de noviembre de 1990, que reglamenta los procedimientos relativos al desaduanaje de mercancías provenientes del extranjero consignadas al Ministerio de Defensa, y sus normas modificatorias, se entenderá que los bienes clasificados como “Material de Guerra” o “Secreto Militar” son exclusivamente aquellos enumerados en el Artículo 2 del presente dispositivo que no se producen localmente.
Dichos beneficios y procedimientos en ningún caso serán aplicables a la importación de bienes de carácter administrativo y operativo necesarios para el normal funcionamiento de las unidades de las Fuerzas Armadas a que se refiere el Artículo 3 del presente dispositivo.
Artículo 7.- Modifícase el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 299-90-EF del 13 de noviembre de 1990, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1.- Los bienes clasificados como “Material de Guerra” o “Secreto Militar”, provenientes del extranjero, consignados al Ministerio de Defensa -Ejército Peruano, Fuerza Aérea del Perú y Marina de Guerra del Perú-, serán desaduanados, a la sola presentación de la “Declaración de Material de Guerra” y del informe en el que conste la opinión favorable de la Contraloría General de la República respecto al proceso de adquisición que origina la operación de importación.
La Contraloría General de la República podrá efectuar la verificación física de la mercadería objeto de la importación. A tal efecto, la Superintendencia Nacional de Aduanas notifica la operación a la Contraloría General de la República dentro de las 24 horas de recibida la “Declaración de Material de Guerra” correspondiente y antes de que se produzca la autorización para el retiro de la mercadería. La Contraloría General de la República establecerá mecanismos para salvaguardar la confidencialidad de la información a la que acceda con ocasión de dicho procedimiento.”
Artículo 8.- La Superintendencia Nacional de Aduanas remitirá anualmente a las Comisiones de Fiscalización y de Defensa del Congreso de la República un informe conteniendo la relación de las operaciones de importación de mercancías que hubieren sido realizadas por el Ministerio de Defensa bajo el régimen a que se refiere el Decreto Ley Nº 14568 del 19 de julio de 1963, el Decreto Supremo Nº 299-90-EF del 13 de noviembre de 1990, y sus normas modificatorias y ampliatorias.
Artículo 9.- Las Unidades Ejecutoras de los Pliegos Ministerio de Defensa e Interior están obligados a registrar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) todas sus operaciones, incluyendo aquéllas consideradas secretas. El Ministerio de Economía y Finanzas, en
coordinación con el Ministerio de Defensa e Interior y la Contraloría General de la República, establecerá los mecanismos para salvaguardar la confidencialidad de esta información.
Artículo 10.- Las disposiciones contenidas en el presente dispositivo se aplicarán a las importaciones y a los procedimientos de adquisición o contratación que se inicien a partir de la fecha de su entrada en vigencia.
Artículo 11.- Deróguese el Decreto Supremo Nº 001-DE/SG-99 y todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto Supremo.
Artículo 12.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil uno.
JAVIER SILVA RUETE Ministro de Economía y Finanzas JUAN INCHAUSTEGUI VARGAS Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales
WALTER LEDESMA REBAZA Ministro de Defensa
ANTONIO KETIN VIDAL HERRERA Ministro del Interior
Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE Presidente Constitucional de la República
CARLOS FERRERO COSTA Presidente del Consejo de Ministros
Principios que rigen las adquisiciones y contrataciones
TITULO II DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
Del Registro Nacional de Proveedores
Características de los bienes, servicios y obras a adquirir o contratar
CAPITULO SEGUNDO: De los Procesos de Selección
Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor Cuantía
Formalidades de los procedimientos no sujetos a procesos de selección
Situación de desabastecimiento inminente
CAPITULO TERCERO: De las Bases
CAPITULO CUARTO: De los Procedimientos
TITULO III DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
CAPITULO UNICO: Disposiciones Generales
Bienes, servicios y obras a adquirir o contratar
Adicionales, reducciones y ampliaciones
TITULO IV DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES
CAPITULO PRIMERO. De las Entidades y Funcionarios
CAPITULO SEGUNDO. Derechos y obligaciones de los contratistas
TITULO V SOLUCION DE CONTROVERSIAS E IMPUGNACIONES
TITULO VI DEL CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
TITULO VII DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO
Artículo 1°.- Alcances.- La presente Ley establece las normas básicas que contienen los lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público, dentro de criterios de racionalidad y transparencia, en los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos.
Artículo 2°.- Ámbito de aplicación.- 2.1 Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente Ley, bajo el término genérico de Entidad:
a) El Gobierno Nacional, sus dependencias y reparticiones, así como sus instituciones y organismos públicos descentralizados;
g) Los Institutos Armados y la Policía Nacional del Perú;
h) Los Fondos de Salud, de Vivienda, de Bienestar y demás de naturaleza análoga de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú;
i) Las empresas del Estado de derecho público o privado, ya sean de propiedad del Gobierno Nacional, Regional o Local; las empresas mixtas en las cuales el control de las decisiones de los órganos de gestión esté en manos del Estado;
j) Los proyectos, programas, órganos desconcentrados y demás unidades orgánicas, funcionales, ejecutoras y/u operativas de los Poderes del Estado y los organismos públicos descentralizados; y,
k) Todas las dependencias como organismos públicos descentralizados, unidades orgánicas, proyectos, programas, empresas, fondos pertenecientes o adscritos a los niveles de gobierno central, regional o local, así como los organismos a los que alude la Constitución Política y demás que son creados y reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional.
2.2 Las adquisiciones y contrataciones cuyos procesos de selección regula la presente Ley comprenden todos los contratos mediante los cuales el Estado requiere ser provisto de bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente y las demás obligaciones derivadas de la calidad de contratante.
2.3 La presente Ley no es de aplicación para:
a) La contratación de trabajadores, servidores o funcionarios públicos sujetos a los regímenes de la carrera administrativa o laboral de la actividad privada;
b) La contratación de auditorías externas en o para las entidades del Sector Público, la misma que se sujeta específicamente a las normas que rigen el Sistema Nacional de Control. Todas las demás adquisiciones y contrataciones que efectúe la Contraloría General de la República se sujetan a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento;
c) Las operaciones de endeudamiento interno o externo;
d) Los contratos bancarios y financieros celebrados por las entidades;
e) Los contratos de locación de servicios que se celebren con los presidentes de Directorio o Consejo Directivo, que desempeñen funciones a tiempo completo en las entidades o empresas del Estado;
f) Los actos de disposición y de administración y gestión de los bienes de propiedad estatal;
g) Las adquisiciones y contrataciones cuyos montos, en cada caso, sea igual o inferior a una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de la transacción;
h) La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en la presente Ley y su Reglamento;
i) Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación, instituciones arbitrales y demás derivados de la función conciliatoria y arbitral;
j) Las publicaciones oficiales que deban hacerse en el Diario Oficial El Peruano por mandato expreso de Ley o de norma reglamentaria;
k) La concesión de recursos naturales y obras públicas de infraestructura, bienes y servicios públicos;
l) La transferencia al sector privado de acciones y activos de propiedad del Estado, en el marco del proceso de privatización;
m) Las modalidades de ejecución presupuestal distintas al contrato contempladas en la normativa de la materia, salvo las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que se requieran para ello;
n) Los contratos internacionales, los cuales se regulan por los tratados en que el Perú sea parte o, en su defecto, por la costumbre y las prácticas del comercio internacional; y
o) Las contrataciones y adquisiciones que realicen las Misiones del Servicio Exterior de la República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión.
Artículo 3°.- Principios que rigen a las contrataciones y adquisiciones.- Los procesos de contratación y adquisición regulados por esta Ley y su Reglamento se rigen por los siguientes principios; ello sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo y del Derecho Común:
1. Principio de Moralidad: Los actos referidos a las contrataciones y adquisiciones deben caracterizarse por la honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad.
2. Principio de Libre Competencia: En los procedimientos de adquisiciones y contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia y objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores potenciales.
3. Principio de Imparcialidad: Los Acuerdos y Resoluciones de los funcionarios y dependencias responsables de las adquisiciones y contrataciones de la Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la Ley y el Reglamento; así como en atención a criterios técnicos que permitan objetividad en el tratamiento a los postores y contratistas.
4. Principio de Eficiencia: Los bienes, servicios o ejecución de obras que se adquieran o contraten deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega y deberán efectuarse en las mejores condiciones en su uso final.
5. Principio de Transparencia: Toda adquisición o contratación deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación de las adquisiciones y las contrataciones. Salvo las excepciones previstas en la Ley y el Reglamento, la convocatoria, el otorgamiento de buena pro y resultados deben ser de público conocimiento.
6. Principio de Economía: En toda adquisición o contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar en las Bases y en los contratos exigencias y formalidades costosas e innecesarias.
Principio de Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios o ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológica necesarias para cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos, desde el mismo momento en que son
adquiridos o contratados, y por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse, si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos.
8. Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de bienes, servicios o ejecución de obras debe tener participación y acceso para contratar con las Entidades en condiciones semejantes a las de los demás, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas, salvo las excepciones de ley.
Los principios señalados tienen como finalidad garantizar que las Entidades del Sector Público obtengan bienes, servicios y obras de calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados; y servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de la presente Ley y el Reglamento, como parámetros para la actuación de los funcionarios y dependencias responsables, y para suplir los vacíos en la presente Ley y en el Reglamento.
Artículo 4°.- Especialidad de la Norma y Delegación.-
4.1. Especialidad de la Norma: La presente Ley y su Reglamento prevalecen sobre las normas generales de procedimientos administrativos y sobre aquellas de derecho común que le
4.2. Delegación: El Titular de la Entidad puede delegar la autoridad que la presente Ley le otorga, siendo en este caso responsable solidario con el delegado; salvo disposición en contrario de la presente Ley o el Reglamento
Artículo 5°.- Dependencia responsable de las adquisiciones y contrataciones.- Cada Entidad establecerá la dependencia o dependencias responsables de planificar los procesos de adquisición o contratación, señalando en sus manuales de organización y funciones o dispositivo equivalente las actividades que competen a cada cargo, con la finalidad de establecer las responsabilidades que le son inherentes.
Artículo 6°.- Expediente.- La Entidad llevará un expediente de todas las actuaciones del proceso de contratación o adquisición desde la decisión para adquirir o contratar hasta la culminación del contrato.
Para el caso de ejecución de obras, la Entidad deberá contar además, previa a la convocatoria del proceso de selección correspondiente, con el Expediente Técnico; el mismo que debe cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento, debiendo la Entidad cautelar su adecuada formulación con el fin de asegurar su calidad técnica y reducir al mínimo la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de ejecución de obras.
Artículo 7°.- Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.- Cada Entidad elaborará un Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Dicho plan debe prever los bienes, servicios y obras que se requerirán durante el ejercicio presupuestal y el monto del presupuesto requerido. El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones será aprobado por el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad.
Artículo 8°.- Del Registro Nacional de Proveedores.- Crease el Registro Nacional de Proveedores.
Para ser postor se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y no estar sancionado e impedido para contratar con el Estado.
El Reglamento establecerá la organización, funciones y procedimientos del Registro, así como los requisitos para la inscripción o inclusión y la periodicidad con que se publicará en el Diario Oficial El Peruano la relación de sancionados.
Los derechos de tramitación se cancelarán conforme a la escala y criterios que señalará el Reglamento. El Registro deberá observar los principios sobre simplificación administrativa contenidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General.
En ningún caso las Bases de los procesos de selección podrán requerir a los postores la documentación que éstos hubiesen tenido que presentar para su inscripción ante el Registro.
El CONSUCODE administrará el Registro Nacional de Proveedores y deberá mantenerlo actualizado en su página web, a efectos de que las Entidades y los proveedores puedan acceder a él con facilidad.
Para el caso de los proveedores de bienes y servicios, ejecutores y consultores de obras se requiere que en la propuesta presenten copia simple del Certificado de Inscripción ante el RNP; adicionalmente y en todos los casos, los postores presentarán una declaración jurada de no tener sanción vigente según el RNP, la misma que, en caso de ser favorecido con la Buena Pro, deberán reemplazar por una constancia emitida por aquel, salvo en los procesos de adjudicación de menor cuantía en los cuales la verificación será efectuada directamente por la Entidad.
Las Entidades están prohibidas de llevar Registros de Proveedores. Sólo estarán facultadas para llevar y mantener un listado interno de proveedores, consistente en una base de datos que contenga la relación de aquellos. Bajo ninguna circunstancia la incorporación en este listado será requisito para la participación en los procesos de selección que la Entidad convoque. La incorporación de proveedores en este listado es discrecional y gratuita.
El Registro tendrá carácter desconcetrado a fin de no perjudicar ni generar mayores costos de transacción a las pequeñas y microempresas localizadas en las diversas regiones del país.
Artículo 9°.- Impedimentos para ser postor y/o contratista.- Están impedidos de ser postores y/o contratistas:
a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los representantes al Congreso de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos, hasta un año después de haber dejado el cargo;
c) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas a que se refieren los literales precedentes;
d) Las personas jurídicas en las que las personas naturales a que se refieren los literales a), b) y c) tengan una participación superior al cinco por ciento del capital o patrimonio social, dentro de los veinticuatro meses anteriores a la convocatoria;
e) Las personas jurídicas o naturales cuyos apoderados o representantes legales sean cónyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas a que se refieren los literales a) y b) precedentes;
f) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento;
g) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas o titulares hayan formado parte de personas jurídicas sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado, o que habiendo actuado como personas naturales se encontrarán con los mismos tipos de sanción; conforme a los criterios señalados en la Ley y en el Reglamento; y,
estudios o información técnica previa que da origen al proceso de selección y sirve de base para el objeto del contrato, salvo en el caso de los contratos de supervisión. En los casos a que se refieren los incisos b), c) y d) el impedimento para ser postor se restringe al ámbito de la jurisdicción o sector al que pertenecen las personas a que se refieren los literales a) y b). En el caso de los organismos constitucionales autónomos, el impedimento se circunscribe a las adquisiciones y contrataciones que realizan dichas entidades. Las propuestas que contravengan a lo dispuesto en el presente artículo se tendrán por no presentadas, bajo responsabilidad de los miembros del Comité Especial. Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto por el presente artículo son nulos sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar.
Artículo 10°.- Prohibición de prácticas restrictivas.- Los postores en un proceso de selección están prohibidos de celebrar acuerdos, entre sí o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia, bajo sanción de quedar inhabilitados para contratar con el Estado, sin perjuicio de las demás sanciones que establecen las disposiciones vigentes.
Artículo 11°.- Requisitos del proceso.- Es requisito para convocar a proceso de selección, bajo sanción de nulidad, que éste esté incluido en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones salvo las excepciones de la presente Ley, y que además se cuente con el expediente debidamente aprobado para la adquisición o contratación respectiva, el mismo que incluirá la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento. El Reglamento precisará los requisitos necesarios para los procesos previstos en el Artículo 17º de la presente Ley.
Pueden efectuarse adquisiciones o contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un ejercicio presupuestario, en cuyo caso deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones.
Mediante convenio, las Entidades podrán encargar a otras Entidades del Sector Público la realización de sus procesos de selección y/o las compras de bienes y contratación de servicios, aprovechando las economías de escala de una compra conjunta, en las mejores y más ventajosas condiciones para el Estado.
Artículo 12°.- Características de los bienes, servicios y obras a adquirir o contratar.- Sobre la base del requerimiento formulado por el área usuaria, la dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones de la Entidad definirá con precisión la cantidad y las características de los bienes, servicios y obras que se van a adquirir o contratar, los cuales deberán cumplir obligatoriamente con las normas técnicas, metrológicas y/o sanitarias nacionales si las hubiere.
Para tal efecto, antes de iniciar los procesos de adquisición o contratación coordinará con las dependencias de las cuales provienen los requerimientos y efectuará estudios o indagaciones aleatorias de las posibilidades que ofrece el mercado, según corresponda a la complejidad de la adquisición o contratación, de modo que cuente con la información para la descripción y especificaciones de los bienes, servicios u obras y para definir los valores referenciales de adquisición o contratación. Los valores referenciales no podrán ser superiores a los valores de mercado, salvo informe técnico de la Entidad emitido bajo responsabilidad.
En el caso de Licitaciones Públicas y de Concursos Públicos siempre se efectuarán estudios previos y no indagaciones.
En los procesos de selección según relación de ítems, etapas, tramos, paquetes o lotes se podrá convocar en un solo proceso la adquisición y/o contratación de bienes, servicios y/u obras, estableciéndose un valor referencial para cada ítem, etapa, tramo, paquete o lote. El Reglamento establecerá los procedimientos adicionales a seguir en los procesos bajo esta modalidad.
Artículo 13°.- Requisitos de la convocatoria.- Los requisitos y contenidos de la convocatoria a procesos de selección se fijarán en el Reglamento, debiendo existir un plazo razonable entre la convocatoria y la presentación de propuestas atendiendo a las características propias de cada proceso.
CAPITULO SEGUNDO. De los Procesos de Selección
Artículo 14°.- Procesos de selección.- Los procesos de selección son: Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor Cuantía. El Reglamento determinará las características, requisitos, procedimientos, sistemas y modalidades aplicables a cada proceso de selección.
Artículo 15°.- Licitación Pública.- La Licitación Pública se convoca para la contratación de obras y para la adquisición de bienes y suministros dentro de los márgenes que establece la Ley Anual de Presupuesto.
Artículo 16°.- Concurso Público.- El Concurso Público se convoca para la contratación de servicios de toda naturaleza, incluyendo consultorías y arrendamientos, dentro de los márgenes que establece la Ley Anual de Presupuesto.
Artículo 17°.- Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor Cuantía.- 17.1 La Adjudicación Directa se aplica para las adquisiciones y contrataciones que realice la Entidad, dentro de los márgenes que establece la Ley Anual de Presupuesto. En este caso
el proceso exige la convocatoria a por lo menos tres proveedores. La Adjudicación Directa
puede ser Pública o Selectiva. El Reglamento señalará la forma de convocatoria en cada caso. 17.2 La Adjudicación de Menor Cuantía se aplica para las adquisiciones y contrataciones que realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la décima parte del límite mínimo establecido por la Ley Anual de Presupuesto para la Licitación o Concurso Público, según corresponda. En este caso para el otorgamiento de la Buena Pro basta la evaluación favorable del proveedor o postor seleccionado, cuya propuesta deberá cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos.
En ambos casos, el procedimiento se regirá por los principios previstos en el artículo 3º de
la presente Ley, en lo que les fuere aplicable.
El Reglamento señalará los requisitos y las formalidades mínimas para el desarrollo de los
procesos de selección a que se refiere el presente artículo, los que considerarán la participación de la micro y pequeña empresa, en ese sentido, las entidades públicas deberán publicar en su página web los requerimientos de bienes o servicios a ser adquiridos bajo la modalidad de menor cuantía.
Si la adquisición o contratación se realiza con cargo al Fondo para Pagos en Efectivo, al Fondo para Caja Chica o similares, conforme a las normas de tesorería correspondientes y
a las que disponga el Reglamento, sólo se requerirá cumplir con el procedimiento y la sustentación que ordenen las indicadas normas de tesorería.
Artículo 18°.- Prohibición de fraccionamiento.- Queda prohibido fraccionar la adquisición de bienes, la contratación de servicios y la ejecución de obras con el objeto de cambiar el tipo de proceso de selección que corresponda. No se considera fraccionamiento a las contrataciones y adquisiciones por etapas, tramos, paquetes o lotes, posibles en función a la naturaleza del objeto de la contratación o adquisición, o para propiciar la
participación de las pequeñas y micro empresas en aquellos sectores económicos donde exista oferta competitiva.
La Presidencia del Consejo de Ministros, previa opinión favorable de los Ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo y de la Producción, establecerá, mediante decreto supremo, los sectores que son materia de interés del Estado para promover la participación de la micro y pequeña empresa.
En estos casos, la prohibición se aplicará sobre el monto total de la etapa, tramo, paquete o lote a ejecutar.
El Titular de la Entidad o la máxima autoridad administrativa de la misma, según corresponda, es responsable en caso del incumplimiento de la prohibición.
Artículo 19°.- Exoneración de procesos de selección.- Están exoneradas de los procesos de selección las adquisiciones y contrataciones que se realicen:
a) Entre Entidades del Sector Público, de acuerdo a los criterios de economía que establezca el Reglamento;
b) Para contratar servicios públicos sujetos a tarifas cuando éstas sean únicas;
c) En situación de emergencia o de desabastecimiento inminente declaradas de conformidad con la presente Ley;
d) Con carácter de secreto, secreto militar o de orden interno por parte de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Organismos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, que deban mantenerse en reserva conforme a Ley, previa opinión favorable de la Contraloría General de la República. Los bienes, servicios y obras con carácter de secreto, secreto militar o de orden interno serán definidos a través de decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros En ningún caso se referirán a bienes, servicios u obras de carácter administrativo u operativo de acuerdo al Reglamento;
e) Cuando los bienes o servicios no admiten sustitutos y exista proveedor único; y,
Artículo 20°.- Formalidades de los procedimientos no sujetos a procesos de selección.- Todas las exoneraciones, salvo las previstas en el literal b) del Artículo 19º, se aprobarán mediante:
a) Resolución del Titular del Pliego de la Entidad;
b) Acuerdo del Directorio, en el caso de las empresas a que hace referencia los literales i) y j) del numeral 2.1 del artículo 2º de la presente Ley; o,
c) Acuerdo del Consejo Regional o del Concejo Municipal, en el caso de los Gobiernos Regionales o Locales.
La facultad de aprobar exoneraciones es indelegable.
Las Resoluciones o Acuerdos señalados en los incisos precedentes requieren obligatoriamente de un informe técnico-legal previo y serán publicados en el Diario Oficial El Peruano, excepto en los casos a que se refiere el inciso d) del artículo 19º de la presente Ley. Esta prohibida la aprobación de exoneraciones en vía de regularización a excepción de la causal de situación de emergencia.
Copia de dichas Resoluciones o Acuerdos y el informe que los sustenta deben remitirse a la Contraloría General de la República y al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.
Las adquisiciones o contrataciones a que se refiere el artículo 19º se realizarán mediante acciones inmediatas.
En todos los casos de exoneración la contratación y la ejecución de los contratos se regulan por esta Ley, su Reglamento y demás normas complementarias.
Artículo 21°.- Situación de desabastecimiento inminente.-
Se considera situación de desabastecimiento inminente aquella situación extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia de determinado bien, servicio u obra compromete en forma directa e inminente la continuidad de las funciones, servicios, actividades u operaciones productivas que la Entidad tiene a su cargo de manera esencial. Dicha situación faculta a la Entidad a la adquisición o contratación de los bienes, servicios u obras sólo por el tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario para resolver la situación y llevar a cabo el proceso de selección que corresponda.
La aprobación de la exoneración en virtud de la causal de situación de desabastecimiento inminente, no constituye dispensa, exención o liberación de las responsabilidades de los funcionarios o servidores de la entidad cuya conducta hubiese originado la presencia o configuración de dicha causal. Constituye agravante de responsabilidad si la situación fue
generada por dolo o culpa inexcusable del funcionario o servidor de la entidad. En cualquier caso
la autoridad competente para autorizar la exoneración deberá ordenar, en el acto aprobatorio de la
misma, el inicio de las acciones que correspondan, de acuerdo al artículo 47º de la Ley.
La Contraloría General de la República participa de oficio en las contrataciones y adquisiciones de los bienes, servicios u obras, en situación de desabastecimiento inminente.
Cuando no corresponda realizar un proceso de selección posterior, en el informe técnico legal previo que sustenta la resolución que autoriza la exoneración, se deberán fundamentar las razones técnicas que motivan la adquisición o contratación definitiva materia de la exoneración. Esta disposición también es de aplicación, de ser el caso, para la situación de emergencia.
Artículo 22°.- Situación de emergencia.- Se entiende como situación de emergencia aquella en la cual la entidad tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro de necesidad que afecten la defensa nacional.
En este caso la Entidad queda exonerada de la tramitación de expediente administrativo y podrá
ordenar la ejecución de lo estrictamente necesario para remediar el evento producido y satisfacer
la necesidad sobrevenida, sin sujetarse a los requisitos formales de la presente Ley. El Reglamento
establecerá los mecanismos y plazos para la regularización del procedimiento correspondiente.
Artículo 23°.- Del Comité Especial.- Para cada proceso de selección, con excepción de la adjudicación de menor cuantía, la Entidad designará un Comité Especial que deberá llevar adelante el proceso.
El Comité Especial estará integrado por no menos de tres miembros y se conformará con la participación de representantes de las dependencias usuarias de los bienes, servicios u obras requeridos. En caso de bienes sofisticados, servicios especializados u obras, podrán participar en
el Comité Especial uno o más expertos independientes, ya sean personas naturales o jurídicas,
que no laboren en la Entidad contratante o funcionarios que laboran en otras Entidades del Sector Público.
La dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones tendrá a su cargo la realización
de los procesos de adjudicación de menor cuantía, sin embargo en estos casos el titular del Pliego
o la máxima autoridad administrativa, según corresponda, podrá designar un Comité Especial cuando lo considere conveniente.
En los casos a que se refiere el artículo 32° de la presente Ley los procesos de selección serán conducidos por el mismo Comité Especial que condujo el proceso de selección original.
Artículo 24°.- Responsabilidad.- Todos los miembros del Comité Especial son solidariamente responsables porque la selección realizada se encuentre arreglada a ley y responden administrativa y/o judicialmente, en su caso, de cualquier irregularidad cometida en la misma que les sea imputable. Son de aplicación a los miembros del Comité Especial lo establecido en el Artículo 47° de la presente Ley.
Artículo 25°.- Condiciones mínimas de las Bases.- Las Bases de una Licitación o Concurso Público serán aprobadas por el Titular del Pliego que lo convoca o por el funcionario designado por este último o por el Directorio en el caso de las empresas del Estado y deben contener obligatoriamente cuando menos, lo siguiente:
a) Mecanismos que fomenten la mayor participación de postores en función al objeto del proceso y la obtención de la propuesta técnica y económica más favorable. No constituye tratamiento discriminatorio la exigencia de requisitos técnicos y comerciales de carácter general establecidos por las Bases;
b) El detalle de las características de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; el lugar de entrega, elaboración o construcción, según el caso. Este detalle puede constar en un Anexo de Especificaciones Técnicas o, en el caso de obras, en un Expediente Técnico;
c) Garantía de acuerdo a lo que establezca el Reglamento;
d) Plazos y mecanismos de publicidad que garanticen la efectiva posibilidad de participación de los postores;
e) La definición del sistema y/o modalidad a seguir, el cual será uno de los establecidos en el Reglamento;
f) El calendario del proceso de selección;
g) El método de evaluación y calificación de propuestas;
h) La proforma de contrato, en la que se señale las condiciones de la operación. En el caso de contratos de obras figurará necesariamente como anexo el Cronograma General de Ejecución de la obra, el Cronograma de los Desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente técnico;
i) Fórmulas de Reajustes de Precios, de ser el caso;
j) Las normas que se aplicarán en caso de financiamiento otorgado por Entidades Multilaterales o Agencias Gubernamentales; y
k) Mecanismos que aseguren la confidencialidad de las propuestas.
Artículo 26°.- Valor Referencial.- La Entidad establecerá el valor referencial de la adquisición o contratación, a fin de determinar el proceso de selección correspondiente y la asignación de recursos necesarios.
El valor referencial será determinado sobre la base de los costos estimados por la dependencia o dependencias responsables de la Entidad, con una antigüedad no mayor a los dos meses anteriores a la convocatoria del proceso de selección.
El valor referencial será siempre público, salvo que la Entidad determine que éste tenga carácter reservado, mediante decisión debidamente sustentada, cuando el proceso de adquisición o contratación lo haga recomendable.
El Reglamento señalará los mecanismos para la determinación del valor referencial en las convocatorias cuyo objeto sea la contratación de servicios de cobranzas, recuperaciones o similares.
Artículo 27°.- Consultas.- El calendario a que se refiere el inciso f) del Artículo 25° de la presente Ley debe establecer un plazo para la presentación de consultas sobre las Bases, el que podrá variar de acuerdo a la complejidad de la adquisición o contratación y un plazo para su absolución.
Las respuestas a las consultas deben ser fundamentadas y sustentadas, se harán de conocimiento oportuno y simultáneo de los participantes en procesos de selección y se considerarán como parte integrante de las Bases del proceso.
El procedimiento y plazo para tramitar las consultas se fijará en el Reglamento.
Artículo 28°.- Observación a las Bases.- Los participantes en procesos de selección podrán formular observaciones, debidamente fundamentadas, relativas al incumplimiento de las condiciones mínimas o de cualquier disposición en materia de adquisiciones y contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección mediante escrito dirigido al Comité Especial o a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE.
La absolución de las observaciones por el Comité Especial debe ser fundamentada, se hará de conocimiento oportuno y simultáneo de los participantes y se considerará como parte integrante de las Bases del proceso.
El procedimiento y plazo para tramitar las observaciones se fijará en el Reglamento.
Cuando se acoja una observación, la corrección a que hubiere lugar se hará de conocimiento a todos los participantes.
Artículo 29°.- Obligatoriedad.- La elaboración de las Bases recogerá lo establecido en esta Ley y su Reglamento, las que se aplicarán obligatoriamente. Sólo en caso de vacío de éstas se observarán las normas generales de procedimientos administrativos y las del derecho común.
Artículo 30°.- Presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.- La presentación de propuestas y el otorgamiento de la Buena Pro en los procesos de Licitación o Concurso Público se realizará en acto público en una o más fechas señaladas en la convocatoria, con presencia de Notario Público o Juez de Paz cuando en la localidad donde se efectúe no hubiera el primero. Los procedimientos y requisitos de dicha presentación serán regulados por el Reglamento.
Las etapas y los actos del proceso de selección podrán ser materia de prórroga o postergación por el Comité Especial siempre y cuando medien causas debidamente justificadas, dando aviso de ello a todos los participantes del proceso de selección y además se deberá remitir un informe al Titular de la Entidad explicando el motivo de la prórroga o de la postergación.
La postergación o prórroga no podrá conducir a la Entidad a una situación de desabastecimiento ello bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.
El procedimiento para la presentación de propuestas, otorgamiento de la Buena Pro y publicación de resultados a través del SEACE se fijará en el Reglamento.
Artículo 31°.- Evaluación y calificación de propuestas.- El método de evaluación y calificación de propuestas que será establecido en el Reglamento, debe objetivamente permitir una selección de la calidad y tecnología requerida dentro de los plazos más convenientes y al mejor valor total.
El Reglamento establecerá los criterios, el sistema y los factores aplicables para cada tipo de bien, servicio u obra a adquirirse o contratarse.
Artículo 32°.- Proceso de selección desierto.- El Comité Especial otorga la Buena Pro en una Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa aun en los casos en los que se declare como válida una única oferta.
El proceso de selección será declarado desierto cuando no quede válida ninguna oferta y parcialmente desierto un proceso de selección cuando no quede válida ninguna oferta en alguno de los ítems identificados particularmente.
La declaración de desierta de un proceso de selección obliga a la entidad a formular un informe que evalúe las causas que motivaron dicha declaratoria debiéndose adoptar las medidas correctivas, antes de convocar nuevamente, bajo responsabilidad.
En el supuesto de que una Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa sean declarados desiertos por la ausencia de postores hasta en dos oportunidades, se convocará a un proceso de Adjudicación de Menor Cuantía.
Artículo 33°.- Sobre el valor referencial.- Las propuestas que excedan en más de diez por ciento el valor referencial, en todos los casos serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no presentadas.
Las propuestas inferiores al setenta por ciento del valor referencial en los casos de bienes y servicios y al noventa por ciento en los casos de servicios, ejecución y consultoría de obras serán devueltas por el Comité, teniéndolas por no presentadas.
En los casos de modalidades de contratación realizadas a través del SEACE, los márgenes serán establecidos en el Reglamento.
Artículo 34°.- Cancelación del Proceso.- En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad que lo convoca puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de adquirir o contratar, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad. En ese caso, la Entidad deberá reintegrar el costo de las Bases a quienes las hayan adquirido.
La formalización de la cancelación del proceso deberá realizarse mediante resolución o acuerdo debidamente sustentado, del mismo o superior nivel de aquél que dio inicio al expediente de adquisición o contratación, debiéndose publicar conforme lo disponga el Reglamento.
Artículo 35°.- (*) (*) Derogado por el artículo 3 de la Ley Nº 28267
Artículo 36°.- Del contrato.- El contrato deberá celebrarse por escrito y se ajustará a la proforma incluida en las Bases con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el proceso de selección. El Reglamento señala los casos en que el contrato puede formalizarse con una orden de compra o servicio, a la misma que no se le aplicará lo dispuesto en el Artículo 41° de la presente Ley.
Artículo 37°.- Ofertas en Consorcio.- En los procesos de selección podrán participar distintos postores en consorcio, sin que ello
implique crear una persona jurídica diferente. Para ello, será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la que se perfeccionará una vez consentido el otorgamiento de
Las partes del consorcio deben estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores y encontrarse hábiles para contratar con el Estado.
Artículo 38°.- Subcontratación.- El contratista podrá subcontratar, previa aprobación de la Entidad, parte de sus prestaciones en el contrato, salvo prohibición expresa contenida en las Bases.El contratista mantendrá la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a la Entidad, sin perjuicio de la responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista.
Para ser subcontratista se requiere no estar inhabilitado para contratar con el Estado y estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, los contratistas extranjeros podrán subcontratar con sus similares nacionales asegurando a sus subcontratistas capacitación y transferencia de tecnología.
Artículo 39°.- Adelantos
A solicitud del contratista, y siempre que haya sido previsto en las Bases, la Entidad podrá entregar
adelantos en los casos, montos y condiciones señalados en el Reglamento.
El adelanto se amortizará en la forma que establece el Reglamento.
Artículo 40°.- Garantías.- Las garantías que deberán otorgar los contratistas son las de fiel cumplimiento del contrato, por los adelantos y por el monto diferencial de propuesta; sus montos y condiciones serán regulados en el Reglamento.
Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito
de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.
En virtud de la realización automática a primera solicitud, las empresas no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de la garantía, debiendo limitarse a honrarla de inmediato dentro del plazo máximo de tres días. Toda demora generará responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el contratista y dará lugar al pago de intereses en favor de la Entidad.
El Reglamento señalar

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 1
 Resolución 
 Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4
 Artículo 1

Artículo 5
 Artículo 1
 Artículo 7

Artículo 6
 resolución 
 Artículo 4

Artículo 7

Artículo 8
 resolución 

Artículo 9

Artículo 10
 Artículo 1

Artículo 11
 Artículo 2
 Artículo 2

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4
 Artículo 3
 Resolución 

Artículo 5
 Artículo 2

Artículo 6

Artículo 7
 Artículo 2
 Artículo 31
 Artículo 1
 Artículo 31
 Artículo 1
 Artículo 31
 Artículo 2

Artículo 1
 artículo 31

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 108

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 2
 artículo 60
 resolución 
 artículo 63
 artículo 29
 artículo 7
 artículo 15
 artículo 53
 artículo 23
 Artículo 2
 Artículo 2

Artículo 1
 Resolución 

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4
 Artículo 2
 Artículo 3

Artículo 1
 Artículo 2

Artículo 2
 Artículo 3
 Resolución 

Artículo 3
 Artículo 2
 Artículo 118

Artículo 1
 Artículo 7
 Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4
 Artículo 19
 resolución 
 Artículo 19
 Artículo 2
 Artículo 118

Artículo 1

Artículo 2
 Artículo 19

Artículo 3
 Artículo 19

Artículo 4
 Resolución 

Artículo 5
 Artículo 19

Artículo 6
 Artículo 2
 Artículo 3

Artículo 7
 Artículo 1

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 Artículo 17

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 artículo 3

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20
 Artículo 19
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 19
 artículo 19

Artículo 21
 artículo 47
 resolución 

Artículo 22

Artículo 23
 artículo 32

Artículo 24
 Artículo 47

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27
 Artículo 25

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34
 resolución 

Artículo 35
 artículo 3

Artículo 36
 Artículo 41

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40