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Timestamp: 2020-04-04 19:07:53+00:00

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General – ARBITRAJE & CONCILIACIÓN
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Continuando con el tema postulado en nuestro anterior escrito y estando en el tratamiento de los elementos singulares de la Transacción Extrajudicial como materia de análisis comparativo frente a la Conciliación Extrajudicial, pasaremos a revisar el segundo de dichos elementos:
1) Concesiones recíprocas: Rasgo particular de la Transacción, significa necesariamente que las partes deben ceder respecto de sus posiciones originales para lograr un acuerdo que en otra medida satisface sus intereses, siendo más importante que iniciar o continuar un litigio. No puede haber Transacción, a pesar de llamar así a un acuerdo, si una de las partes impone a la otra su voluntad sin sacrificar algo, o si simplemente renuncia a su pretensión. Dichas concesiones no tienen que guardar equivalencia en valor, no siendo relevante que se busque el “punto medio” entre las cesiones de las partes. Solamente basta que cada parte le conceda algo a la otra sin que necesariamente lo que le cede ésta a aquella tenga la misma medida.
Además, las concesiones no tienen que limitarse a prestaciones derivadas del asunto dudoso o litigioso, sino pueden ser diferentes y variadas, distintas al objeto de la controversia. Podrían incluso combinarse entrega de bienes con servicios, y entre ambos de distinta clase y características. Se permite jugar con prestaciones de dar, hacer y no hacer, aceptándose incluso conductas mixtas.
Las partes tienen amplio margen discrcional de regulación sobre sus nuevos compromisos surgidos de la Transacción, pudiendo mezclar figuras contractuales típicas con atípicas, en lo que se denomina “libertad de configuración interna”.
En consecuencia, la finalidad primordial de la Transacción es finiquitar un conflicto, a veces extinguiendo obligaciones, y otras generándolas, pero siempre dirigidas a la solución del conflicto, sea este sobre un asunto dudoso o litigioso, y provocando la certidumbre sobre los derechos involucrados de manera definitiva.
2) Valor de cosa juzgada: Entendemos que se alude al carácter definitivo que inspira la Transacción. No hay duda que respecto a la Transacción Judicial, ésta tiene calidad de cosa juzgada, al constituirse como incuestionable y final. Tiene el valor y los efectos de una sentencia que pone fin al proceso. Igual trato tiene la Transacción Extrajudicial incorporada en un proceso mediante una resolución del juez que recoja la voluntad de las partes.
Distinto es el caso de la Transacción Extrajudicial cuando no hay proceso al cual referirse, revelándose así la relatividad de su calidad de cosa juzgada; expresión que se usa en el Código Civil en su sentido amplio, el de vocación resolutiva definitiva y por lo tanto irrevisable, al menos en principio, y no en su rígida connotación jurídico procesal.
La Transacción Extrajudicial al tener naturaleza contractual y configurarse como fuente de obligaciones, es susceptible de ser atacada como cualquier acto jurídico, ante cualquier causal prevista en el mismo Código, ya sea afectando su validez (nulidad y anulabilidad) o su eficacia (rescisión y resolución).
A manera de ejemplo, si se tratase de una Transacción Judicial y una parte incumpliera con ejecutar la prestación a la que se obligó en aquella, la otra parte solamente podría exigirle dicho cumplimiento, no pudiendo pedir su resolución; en cambio, si fuera una Transacción Extrajudicial, ante el mismo escenario, la parte afectada por el incumplimiento de la otra, tendría la posibilidad de solicitar la resolución de la Transacción por inejecución de obligaciones, específicamente aplicando las normas referidas a contratos con prestaciones recíprocas.
3) Renuncia a acciones: Este elemento lo estimamos implícito en el de concesiones recíprocas, constituyendo una reiteración de la importancia de la reciprocidad en la Transacción, como aspecto inherente a su naturaleza y signo distintivo frente a otras figuras.
Esta renuncia también recíproca es sobre cualquier acción entre ellas sobre el asunto dudoso o litigioso materia de transacción; lo cual concuerda con su vocación de cosa juzgada, para evitar el juicio o terminarlo, cambiando la incertidumbre en certeza.
En el Código Civil se impone esta inclusión en la Transacción pero sin sancionar su omisión con nulidad. Sin embargo, recomendamos incluirla en una cláusula, de manera que conste de expresa e indubitablemente, para evitar posteriores afectaciones por nulidad o ineficacia derivadas del criterio de un juez que entienda que la imperatividad de la norma convierte en elemento configurativo esencial a esta mención, sin considerarla subsumida en la verificación de concesiones recíprocas.
4) Forma escrita: Se regula como un contrato formal, tanto para la Transacción Extrajudicial como para la judicial. Es requisito fundamental que conste por escrito, bastando un documento privado en el caso de la extrajudicial. Para la judicial en el Código Procesal Civil se prevén ciertos requisitos procesales. Se trata pues de un elemento constitutivo; sin escrito, no hay transacción.
5) Derechos transigibles: Solamente aquellos respecto a asuntos dudosos o litigiosos que sean de interés privado y por lo tanto susceptibles de disposición por las partes.
Recuérdese que se llama obligación a la relación jurídica con contenido patrimonial, originada por un acto jurídico que al producirla se denomina contrato. Es decir, el contrato es la causa y la obligación efecto.
A su vez, al ser la Transacción catalogada como fuente de las obligaciones, estamos ante un mecanismo contractual, con el cual no se pueden tratar derechos extra patrimoniales que comprometen el orden público como los inherentes a la persona, a la personalidad, a la familia, tales como la vida, la salud, la capacidad, la nacionalidad, el estado civil, la patria potestad, la filiación, la tutela, la curatela, etc., que al ser derechos intransferibles son por lo tanto intransigibles.
Excepción constituye el tema de alimentos, que involucrando derechos patrimoniales no son susceptibles de transacción.
Debemos precisar que si bien es cierto que una vez dirimida la controversia por sentencia judicial, mientras ésta no tenga la condición de firme (consentida o ejecutoriada), las partes podrán transigir sobre el asunto litigioso, sin embargo, al adquirir la sentencia inmutabilidad, la Transacción no resultaría aplicable al pacto de ejecución de tal sentencia, por mandato expreso del art. 339 del Código Procesal Civil.
Como aspecto final en este abordaje a la Transacción extrajudicial, pero no el último capaz de ser estudiado, está su ejecución, la cual se lleva a cabo mediante el proceso único de ejecución previsto en el Código Procesal Civil.
Una vez explicados sucintamente los elementos configurativos esenciales de la Transacción Extrajudicial, comparémosla con la Conciliación Extrajudicial.
Fuente de las obligaciones (mecanismo contractual)
Procedimiento – Requisito de procedibilidad
Escrito bajo sanción de nulidad
Acta con requisitos bajo sanción de nulidad
Derechos disponibles (patrimoniales y no patrimoniales)
Asunto dudoso o litigioso
Conflicto en general
Recíprocas (bilaterales)
Unilaterales – bilaterales
Acciones entre partes sobre asunto objeto de transacción
Si (conciliador)
Útil para ejecutar sentencias
Se aprecia que la Conciliación Extrajudicial es más versátil, ya que en cuanto a su cobertura, abarca mayor cantidad de materias y su objeto puede ser un conflicto no necesariamente dudoso o litigioso; y en cuanto a su contenido, puede tratar de prestaciones tanto bilaterales como unilaterales, siendo que una sola de las partes concede o renuncia a algo frente a la otra, sin que ésta ceda o renuncie a cosa alguna; adicionalmente, no es necesario que las partes renuncien a acciones entre ellas que se refieran al asunto acordado, y finalmente, tiene al conciliador como tercero coadyuvante, que orientará y apoyará a las partes en la estructuración del acuerdo para que resulte exigible y ejecutable ante la eventualidad de un incumplimiento. A todas luces, la Conciliación Extrajudicial es una herramienta resolutiva más eficiente por sus ventajas y alcances, frente a la Transacción Extrajudicial.
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Ya habiendo analizado aspectos trascedentes de la Conciliación Extrajudicial, como base conceptual orientadora de ésta institución y con carácter general, vamos a tratar en detalle un punto específico que preocupa a aquellos que deciden recurrir a la Conciliación como medio de solución de controversias, en lugar de acudir al Poder Judicial, con las consabidas características que revisten de incertidumbre la decisión impuesta por el juez.
Hablemos entonces de la ejecución del Acta de Conciliación. Claro está que cuando se alude a la ejecución del documento continente, a lo que se refiere es al cumplimiento forzado del acuerdo contenido.
Como cuestión previa cabe acotar que los acuerdos existen para ser cumplidos, y los contenidos en el Acta de Conciliación no son la excepción, máxime si la lógica que sustenta la figura conciliatoria como mecanismo alternativo para la resolución de conflictos es la de basarse en los cuatro principios básicos de la negociación integrativa, con la constante del rol de un tercero facilitador llamado conciliador: i) Separar a las personas del conflicto, diferenciándolas; ii) Trabajar con los intereses como razones fundamentales de las posiciones iniciales con las que se comienza; iii) Generar opciones que sea propuestas de solución siempre en mutuo beneficio, considerando tanto los propios intereses como los de la otra parte, y iv) Utilizar criterios objetivos externos de racionalidad para sustentar objetivamente las propuestas planteadas, independientemente de la voluntad, parecer o querencia de cada parte.
En este contexto, si el acuerdo conciliatorio es producto de la integración de las partes en un proyecto conjunto de solución y cada una siente las concesiones hechas como aportes y no como pérdidas, habiendo trabajado con sus posibilidades reales de acción luego de aprender a escucharse, resulta muy difícil que un acuerdo de esta naturaleza no se cumpla. Ahora, por supuesto que se dan incumplimientos ya sean determinados por circunstancias externas a las partes o simplemente por voluntad negativa; es imposible blindarse contra la mala fe. Sin embargo somos convencidos por la experiencia, que se incumplen más sentencias que acuerdos conciliatorios, al contrastar la eficacia de lo impuesto con lo autogenerado.
Frente a estos casos de incumplimiento de acuerdo contenido en Actas de Conciliación el sistema prevé la posibilidad de acudir al Poder Judicial para que un juez obligue a la parte incumpliente a honrar su compromiso, mediante una orden directa que se consigue con un trámite simple y rápido denominado Proceso Único de Ejecución, que es el mismo que se utilizaría si lo que se incumpliera fuera una sentencia judicial definitiva, es decir, para hablar en jurídico, firme y consentida.
Revisemos las normas aplicables para explicar mejor el tema:
En el Código Procesal Civil (CPC), modificado por el Decreto Legislativo N° 1069, publicado en junio de 2008, se enuncia:
3. Las Actas de Conciliación de acuerdo a ley(…)
En la Ley 26872, Ley de Conciliación Extrajudicial, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1070, publicado en junio de 2008, se dispone:
En el Reglamento de la Ley de Conciliación Extrajudicial, aprobado por DS 014-2008-JUS, publicado en agosto de 2008, se prescribe:
(…)El Acta de Conciliación se ejecutará a través del proceso único de ejecución.
De una lectura rápida surge una inquietud respecto al tenor de los textos objeto de cita frente a una aparente dualidad contradictoria; se mencionan dos categorías de títulos: título ejecutivo y título de ejecución, asignándole al Acta de Conciliación ambas calidades, la primera en la modificatoria del CPC y la segunda en la modificatoria de la Ley de Conciliación. Lo que sucede, como se puede observar, es que en la modificatoria de la Ley de Conciliación, hecha por DL 1070, no se cambió, y debió hacerse, la categoría de título de ejecución por la de título ejecutivo, que ya se había realizado en la modificatoria del CPC, que se publicó el mismo día de junio de 2008 y con un número de norma inmediato anterior, con DL 1069. Se trata pues, de una falta de coordinación de los legisladores que ocupándose puntualmente de un mismo tema, no cuidaron de unificar criterios y terminología, o tal vez de un descuido del equipo revisor del “paquete” de decretos legislativos, si es que aquél existió.
Mención aparte es la necesaria aclaración que la expresión “Proceso de Ejecución de Resoluciones Judiciales” debe entenderse como “Proceso Único de Ejecución”, por razones análogas a las expuestas en el párrafo precedente, ya que el Reglamento de la Ley de Conciliación fue aprobado en agosto de ese mismo 2008, es decir, dos meses después de la modificación de la Ley de Conciliación, y ya vigente la modificación del CPC que subsume el primero en el segundo.
Por lo tanto, estrictamente hablando, a partir de la reforma legislativa de 2008 ya no se regulan en el Perú los títulos de ejecución, llamados ejecutorios en otros países, habiendo incluido, en principio, a los que eran calificados así dentro de los títulos ejecutivos, consolidándose ambos tipos en ésta categoría, que es la única que se maneja actualmente. Por ello nos ocuparemos de explicar solamente a éstos últimos.
Se concibe como título ejecutivo al documento que la ley califica como tal, atribuyéndole la suficiencia necesaria para que sirva de sustento para exigir ante el Poder Judicial el cumplimiento forzoso de la obligación que consta en dicho título.
En el Perú, siguiendo la línea de la mayoría de ordenamientos jurídicos, solamente la ley establece cuales documentos son títulos ejecutivos, negándole a las partes la posibilidad de hacerlo, en razón de que los títulos en cuestión comprometen tanto el interés particular de los contratantes como el interés público. Lo anterior se acredita al reservarse el Proceso Único de Ejecución a las obligaciones que mediante medios legales se haya reconocido y declarado su existencia y exigibilidad.
Sin embargo, los títulos ejecutivos pueden clasificarse de varia maneras, como en nuestro CPC en judiciales y extrajudiciales por su ámbito de origen; en perfectos e imperfectos por requerir de algún acto habilitante de su ejecutabilidad, y en públicos y privados, en función a los intervinientes en su otorgamiento. Entremos al detalle de ésta última clasificación: 1) Títulos ejecutivos públicos son los otorgados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y con las formalidades de ley; y son 2) Títulos ejecutivos privados son los otorgados por particulares, y que el ordenamiento jurídico reconoce expresamente como tales dándoles mérito ejecutivo, es decir, ejecutabilidad, traducida en la capacidad de ser coercitivamente ejecutados por la autoridad judicial, a pedido de parte.
Coincidimos con Carnelutti cuando sostiene que el título ejecutivo es una combinación de hecho jurídico y prueba: una prueba que vale como un hecho y un hecho que consiste en una prueba; título al que debe reconocérsele una eficacia material y ultra probatoria.
En resumen, un título ejecutivo es un documento que contiene un derecho cierto y determinado, y que siendo eventualmente inactuado o insatisfecho en virtud del incumplimiento del obligado en la relación jurídica sustancial, lleva implícitas tanto la legitimación como la prueba de quien su titularidad alega; siendo las circunstancias configurativas de un título ejecutivo que; a) Exista norma legal expresa que le conceda esa condición, y b) que el documento reúna todos y cada uno de los requisitos que la ley exige.
Vemos que respecto al Acta de Conciliación se da claramente la primera de las antedichas circunstancias, ya que en el CPC, en la Ley de Conciliación Extrajudicial y en su Reglamento, se la califica como título de ejecución. Ahora bien, sobre la segunda de tales circunstancias configurativas, debemos remitirnos a lo previsto en el artículo 16 de la Ley de Conciliación Extrajudicial en donde se señalan los requisitos formales con los que debe contar el Acta de Conciliación para su validez, los que sumariamente reseñados consisten en: los datos generales de identificación de las partes, del conciliador y del abogado verificador de la legalidad, una exposición sucinta delos hechos expuestos (sin expresión de agravios), la descripción de las controversias específicas, el acuerdo conciliatorio, las firmas y demás elementos de acreditación de identidad, profesión y función; elementos cuyos alcances y pertinencia analizaremos en un próximo escrito.
Así las cosas, más allá de la calificación legal manifiesta, para culminar la confirmación de la existencia conjunta de las circunstancias configurativas del Acta de Conciliación como título ejecutivo se precisa entonces de una rigurosa revisión del Acta de Conciliación en cada caso concreto, para verificar el cumplimiento satisfactorio de cada uno de los requisitos exigidos por la ley.
Se confirma entonces que el Acta que contiene un acuerdo, total o parcial, producto de una Conciliación Extrajudicial, es un título ejecutivo, y que en caso alguna de las partes no cumpla con el compromiso asumido en el acuerdo, lo que la convierte en deudor, puede ser presentada ante el Poder Judicial para iniciar un Proceso Único de Ejecución, tal como se haría con la sentencia de un juez, en tanto ésta no sea cumplida, con una pequeña demanda que motiva la emisión de una orden judicial llamada “mandato ejecutivo”, de cumplimiento obligatorio y de muy limitadas causales de oposición por parte del deudor, siguiéndose un trámite muy rápido y económico, con posibilidades de afectar el patrimonio de ese deudor a favor del solicitante de la ejecución perjudicado con el incumplimiento alegado, como acreedor que es, concretando el afán de satisfacer sus intereses, con el apoyo de la autoridad, de manera definitiva.
agosto 22nd, 2013 Leave a comment CHRISTIAN STEIN CARDENAS
LA CONCILIACIÓN Y LA JURISDICCIÓN (II)
En nuestro escrito anterior efectuamos una revisión de normativa nacional de la significancia y alcances de la Conciliación respecto a la jurisdicción definida en nuestro sistema jurídico, tanto a nivel constitucional como legal. Con este avance aparece como saludable para la discusión, dado su carácter de antecedente inmediato y directo del establecimiento del régimen legal y tratamiento de la Conciliación en el Perú, el manejo que en Colombia se le ha dado a la materia, sirviéndonos de algunos datos entre los muchos que hay a disposición. En la Constitución de 1991 se enuncia:
Vemos que en Colombia la jurisdicción “ordinaria” no se limita al Poder Judicial sino a otros agentes operadores de justicia, el Congreso y algunas autoridades administrativas (cosa que en el Perú también sucede pero no está definido así de claro en la Constitución, sino desarrollado por normas de menor jerarquía), y que también tienen por “excepción” la jurisdicción militar, sino que, siempre excepcionalmente, se le concede a los particulares, aunque transitoriamente (entiéndase circunstancialmente), en la condición de conciliadores o árbitros, la función de administrar justicia (léase, función jurisdiccional), concordante con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 13 de la Ley 270 de 1996.
Comentario aparte merecerá más adelante lo consignado en su artículo 246 constitucional colombiano, antecedente del ya referido artículo 149 constitucional peruano, sobre la “jurisdicción especial” de las comunidades indígenas.
Complementa la precisión constitucional de la Conciliación como manifestación de la jurisdicción lo consignado en el artículo 3 del Decreto 1818 de 1998, que recoge lo descrito en el artículo 66 de la Ley 446 de 1998, sobre que:
“Artículo 3º: Efectos. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo. (Art. 66 Ley 446 de 1998).”
Con lo que queda claro que en Colombia, además de por expresa mención, la Conciliación SI implica el ejercicio de la función jurisdiccional, al definirse así desde el nivel constitucional hasta el legal, y adicionalmente cumplirse con los requisitos propios de ésta, ya compartidos en las palabras de Couture en nuestro escrito que antecede a éste.
Sin embargo, tenemos a bien plantear por ahora un par de puntos de cuestionamiento que enriquecerán el debate jurídico sobre la figura conciliatoria en nuestro país:
i) ¿La negación de la Conciliación como acto jurisdiccional es suficiente para no analizar su función y efectos frente a la jurisdicción?
ii) ¿El no otorgamiento de la calidad de cosa juzgada, que gozan las sentencias judiciales, a las Actas derivadas de la Conciliación, impide que cumplan ambas con el mismo fin, siendo una formalmente medio de la jurisdicción y la otra no?
Sobre ambos puntos, a nuestro criterio indesligables, partamos que la Ley de Conciliación Extrajudicial es determinante al negar en su artículo 4 a la Conciliación la calificación de acto jurisdiccional, sin embargo, a pesar de la diáfana precisión de esta norma, no podemos evitar observar que:
a) El contenido de la Conciliación es la existencia de un conflicto, controversia o diferendo de relevancia jurídica, igual que en el caso de la jurisdicción.
b) Entre el Acta de Conciliación y la efectiva vigencia del Derecho hay una relación de medio a fin, igual como en la autoridad de cosa juzgada.
c) El Acta de Conciliación se concibe sólo como medio de despejar la incertidumbre del Derecho y como forma de hacerlo coactivo en los casos de resistencia u omisión de su cumplimiento, tal como en la cosa juzgada.
d) Enfocando el asunto en sentido teleológico, el Acta de Conciliación por sí misma no se justifica; su singular energía vale como medio y no como fin, tal cual la cosa juzgada.
e) El fin del Acta de Conciliación no es, la inmutabilidad. Lo es la justicia, la paz, el orden, la seguridad, es decir, los valores a los cuales el Derecho accede y sirve, como se aprecia en la cosa juzgada.
f) La Conciliación en su eficacia es un medio de asegurar la necesaria continuidad del Derecho. Y el Derecho, a su vez, es un medio de acceso a los valores que son, esos sí, los que merecen la tutela del Estado; vemos que es lo mismo en la función jurisdiccional.
g) El Acta de Conciliación al constituir un Título Ejecutivo, igual que una sentencia judicial con calidad de cosa juzgada, tiene el elemento de la coercibilidad o ejecución de la decisión, asúmase del acuerdo inter partes, habilitándose entonces el proceso único de ejecución para su cumplimiento forzoso.
Se aprecia sin duda que las conclusiones que compartimos de Couture sobre la jurisdicción resultan de muy adecuada aplicación a la Conciliación como institución y su producto natural, el Acta.
Estas coincidencias conceptuales acercan tanto a ambas figuras, que merece cuando menos una revisión la regulación que en el Perú se brinda al tema, que conduzca a determinar dos cosas:
Si la Conciliación, por su naturaleza y características, puede ser considerada como manifestación de la jurisdicción; en pocas palabras, si los conciliadores ejercen o no función jurisdiccional.
Si el Acta de Conciliación debe tener o no la calidad de cosa juzgada.
Creemos que la Conciliación podría considerarse manifestación de la jurisdicción y por lo tanto ejercer los Conciliadores función jurisdiccional siempre y cuando se les legitime más allá de una mera calificación como operadores jurídicos titulares de una instancia resolutiva, que en su rol de facilitadores de la asunción de compromisos materializados en acuerdos que se formalizan en Actas, avienen voluntades e instrumentalizan éstas en decisiones legalmente validadas, que el sistema jurídico reconocería con el poder de la cosa juzgada.
En todo caso el debate está abierto y se trata de aportar para enriquecer la experiencia y mejorar el marco regulatorio y su aplicación; pero independientemente de tal reconocimiento ya sea normativo o teórico, en la práctica los conciliadores ejercen la misma función que los jueces cuando concilian en sede judicial, muy aparte de que sea obligatoria o no la audiencia conciliatoria intra proceso, y el documento fruto de ese episodio, o sea el Acta de Conciliación judicial, surta los mismos efectos que una sentencia judicial que cuenta con autoridad de cosa juzgada, de acuerdo a lo normado en el Art. 328 del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Procesal Civil, sin discutir por su origen cual tiene más o menos valor, lo que para cuestión de resultados y satisfacción de las necesidades de los justiciables, no es muy relevante; entones pensemos… ¿el juez que concilia ejerce en ese acto función jurisdiccional? Queda propuesta la pregunta.
Finalmente, una pequeña reflexión sobre con la que se acredita que la Conciliación, en su forma más elemental y menos rigurosa, si es manifestación de la jurisdicción en el Perú de hoy:
En la Constitución peruana de 1993 se establece:
Artículo 149.- Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.
Nótese que se califica como “jurisdicción especial” al ejercicio de las funciones jurisdiccionales, léase administrar justicia, por parte de las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, dentro de su territorio y según su derecho de costumbres, teniendo como límites el respecto por los Derechos Humanos.
A todo esto cabe recordar que la Conciliación es el instrumento de derecho consuetudinario más utilizado por nuestros pueblos originarios para resolver sus conflictos, con variantes y matices infinitos ante su diversidad cultural, con asistencia de sus instancias resolutivas propias y particulares, individuales y colegiadas, con sus roles singulares y funciones peculiares, pero siempre dirigida al mismo fin, lograr la armonía en el seno de la comunidad mediante, en primera instancia, el consenso de partes, siempre en beneficio de todos.
Ante esta realidad reconocida por la Constitución, la Conciliación, en sus raíces, y en la plena riqueza de su aplicación primigenia en un complejo contexto social, si se revela como manifestación de la jurisdicción, sus autoridades autóctonas como conciliadores ejercen función jurisdiccional, y sus soluciones, tienen, estamos seguros, más fuerza que la cosa juzgada que conocemos.
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LA CONCILIACIÓN Y EL ACCESO A LA JUSTICIA
“Todos los hombres tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes.”
Cuando se habla de acceso a la justicia regularmente se imagina un escenario de trámites enrevesados y trabas burocráticas que alejan al ciudadano de una solución con “valor legal” de las cuestiones que quiere someter al Poder Judicial, como expresión de lo “justo y lo injusto” a cargo del Estado.
Históricamente, al surgir el Estado como sistema suprasocial ordenador que tiene el poder y se compromete a ejercerlo bajo parámetros, variables por cierto en el tiempo, en virtud a lo que Rosseau llamó el contrato social (sometimiento-prestación por orden-contraprestación, simplificando en extremo el postulado teórico) e incorporar posteriormente las características que lo califican como moderno, con la división de poderes consagrada por Montesquieau, la función jurisdiccional, entiéndase aquella de administrar justicia, estuvo reservada al Estado. Luego, con la evolución política y su transformación en una estructura compleja de relaciones, el Estado tuvo que romper su monopolio de administración de justicia, flexibilizando su tratamiento.
La referida flexibilización del manejo de los asuntos propios de la justicia, manteniendo privativamente ciertos rubros con motivo de su naturaleza indesligable del rol estatal, implicó primero, que dentro de la propia estructura gubernativa, se instauraran dependencias administrativas que asumieran, dependiendo de la clasificación de materias determinante de su competencia, asuntos en los cuales tuvieron que dirimir, al mismo estilo que el Poder Judicial pero respetando jerarquías, los conflictos que se sometieran a su “jurisdicción administrativa”, la cual se extenderá hasta la llamada “cosa decidida”, prima menor de la “cosa jugada” consabida como exclusiva del órgano jurisdiccional.
Después, al desbordarse la capacidad estatal del manejo de los conflictos tanto a nivel judicial como administrativo, además de otras variables concurrentes de tipo político y económico de orden internacional, surgen los llamados Mecanismos Alternativos, como vías legalmente reconocidas como válidas para gestionar la solución de controversias, con efectos jurídicos relevantes.
En pocas palabras, el Estado actual ha madurado, o ha sido obligado por las circunstancias dependiendo del punto de vista, al punto de devolverles a los ciudadanos una porción de la cuota de libertad que su sometimiento significa en el contrato social, a efecto de generar espacios legítimos de autonomía para acceder a medios que les den la oportunidad de asumir seria y responsablemente la composición de sus diferencias.
A esta restitución de la autonomía de la voluntad para generar consensos con herramientas reguladas legalmente y consecuencias reconocidas por el sistema jurídico se le ha denominado “democratización de la administración de justicia.”
Estamos entonces ante una forma de “acceso a la justicia” distinta pero igualmente válida que la tradicional judicialización de las disputas. Así es, la Conciliación Extrajudicial regulada en la Ley 26872 constituye un medio alternativo al Poder Judicial, para resolver conflictos.
Cabe precisar que la alternatividad aludida debe ser entendida de dos formas: una formal y otra sustancial. La alternatividad formal se refiere a lo procedimental, al hecho de seguirse en sede conciliatoria un trámite diferente al de sede judicial; y la alternatividad sustancial consiste en la necesidad que las partes asuman en una conciliación disposiciones y actitudes distintas a las que asumirían si entablaran un juicio; sobre la base de lo que en anterior texto hemos tratado como “cambio de mentalidad”.
Si las partes, a pesar de recurrir a una conciliación, mantienen la conducta regularmente demostrada en un proceso judicial, entonces lo único que lograrán es retardar su llegada a éste, desaprovechando la coyuntura convirtiendo lo que es una oportunidad en una etapa prejudicial, en una mera formalidad, con el desgaste que ello conlleva para las propias partes, tanto en el plano emocional como material.
Vemos como el aprovechamiento de la antedicha alternatividad en su real y exacta dimensión depende de una disposición positiva y de una actitud proactiva de las partes involucradas en una conciliación, claro está, con la asistencia y orientación del conciliador como facilitador permanente.
El actual esquema definido por el marco regulatorio previsto para la resolución de los conflictos en el Perú es bastante amplio y diverso. Existen instancias, vías y mecanismos a todo nivel. Está el Poder Judicial como abanderado de la justicia, con las características que ya conocemos, la “justicia” en sede administrativa, no muy distante de las falencias de la jurisdicción ordinaria, y por otro lado el Arbitraje, la Conciliación, y más limitadas, otras figuras como la transacción; todos con valores y efectos a veces equivalentes y a veces subordinados, dependiendo del caso, y adicionalmente con puntos eventuales de contacto entre ellos.
Resulta interesante mencionar una circunstancia adicional que afecta el diseño y aplicación de todas las referidas instancias: la especialización derivada de dos causas que son la progresiva y acelerada complejidad del contexto social, y el avance de la tecnología. Tanto como el Poder Judicial, la Administración Pública, e incluso el Arbitraje y la Conciliación, cada cual en su ámbito, tienden especializarse cada vez más, algunos con más propiedad, rapidez y eficiencia que otros.
Actualmente, el ciudadano peruano tiene múltiples caminos para acceder a la justicia. En algunos casos la ley le indica el camino obligatorio de acuerdo con la trascendencia del tema controvertido. En otros casos el sistema le abre un abanico de posibilidades para que él escoja según variados criterios de apreciación tales como la duración, el costo, la complejidad, la especialidad, etc.
La Conciliación, por su sustento teórico y por lo demostrado en la práctica, es el canal más eficiente de acceso a la justicia entre las posibilidades reales e inmediatas que se ofertan en nuestro sistema jurídico.
Es difícil romper el paradigma muy arraigado en la conciencia social peruana de la necesidad de contingencia judicial para resolver un conflicto, buscando acceder a la justicia adjudicativa, ajena, impuesta, ingrata, en donde lo mejor que puede pasar es que una parte gane y la otra pierda, y lo peor que ambas pierdan.
Tenemos que promover la re-educación de los operadores jurídicos en la atención de los conflictos por Conciliación. No solamente en los Centros de Conciliación sino también en las Cortes, que son finalmente las que se ocupan exclusivamente de la ejecución forzada de acuerdos conciliatorios incumplidos, ya que de poco sirve una excelente Conciliación que ante un incumplimiento de parte (no es posible blindarse contra la mala fe), no se ejecute debidamente en el Poder Judicial.
El que sea alternativo acudir a los Juzgados o a los Centros de Conciliación no significa que no puedan complementarse en aras de optimizar la solución de problemas. Por eso, lo que se precisa urgentemente es iniciar un proceso de difusión que contenga componentes no solamente de mera ilustración, sino de formación y capacitación de todos los actores; conciliadores, Centros de Conciliación, abogados y sobre todo, partes conciliables.
Los abogados deben ser los principales aliados de la Conciliación ya que les permitirá resolver sus causas más rápidamente, con mayor nivel de satisfacción de su cliente y con más pronto cobro de sus honorarios. En los países desarrollados, lo estudios de abogados se ocupan de sus casos sobretodo en negociaciones prejudiciales, aplicando conciliación en varias modalidades. Los temas que llegan a las cortes son residuales. El litigio se concibe como el último recurso del patrocinio, por los impactos sociales negativos que acarrea y la poca eficiencia en la prestación del servicio legal.
Del engranaje armónico de todos estos elementos depende el buen aprovechamiento de la Conciliación como vía de acceso a la justicia; no a la impuesta sino a la propia, a la grata, nacida de la libertad, que busca la prosperidad y protegida por la ley, como decía Voltaire.
agosto 20th, 2013 Leave a comment CHRISTIAN STEIN CARDENAS

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 16
 artículo 13
 artículo 246
 artículo 149
 artículo 3
 artículo 66
 artículo 4

Artículo 149
 resolución