Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2017/se201700331.html
Timestamp: 2019-03-21 01:54:48+00:00

Document:
se201700331
SENTENCIA: 331/2017.
EXPEDIENTE: 16/2014.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 14 a 21., impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 181/2013 pronunciada el 30 de septiembre de 2013 por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fs. 92 a 96 y vta., réplica de fs. 101 a 103 vta., dúplica a fs. 56 y vta.; notificación al tercero interesado cursante a fs. 57, 142 y 291 a 294, decreto de fs. 297, los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.
Que, Manuel Félix Sangueza Guzmán, en calidad de Gerente Regional Aduana Potosí a.i. dependiente de la Aduana Nacional (AN), a través de su representante legal Lilian Zabala Zambrana, se apersona a este Tribunal, manifestando que el 8 de octubre de 2013, la administración que representa fue notificada con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1817/2013, pronunciada el 30 de septiembre de 2013, por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), por lo que dentro del plazo legal y en tiempo hábil, al amparo de los arts. 89 y 70 de la Ley Nº 2341 en concordancia con los arts. 327, 778 779 y 780 del Código de Procedimiento Civil, habiéndose agotado la vía administrativa, interpone la presente demanda contenciosa administrativa.
Señaló que el Auto Administrativo AN-GRPGR-SPCCR Nº 996/2013, anuló el Acta de Intervención GRPTS-C-1002/2012, de 2 de enero de 2013, por lo que se elaboró nueva Acta de Intervención GRPTS-C-1002/2012 de 4 de febrero de 2013 del expediente denominado “SARDINAS 05/2012” (sic). El 27 de diciembre de 2012, se elaboró el Cuadro de Valoración POTPI-VA 557/2012 anotándose que el total de tributos omitidos asciende a UFVs 29.996,68 que no sobre pasa las 50.000 UFVs, por lo que se tipifica como Proceso Contravecional, tal como se establece en la Ley Nº 100 en su art. 21 numeral II (sic).
El 6 de febrero de 2013, se notificó al presunto autor del ilícito de Contrabando Contravencional con el Acta de Intervención GRPTS-C-1002/2012 de 4 de febrero de 2013 en el Tablero de Notificaciones en Secretaria de la Administración de la Aduana Interior Potosí, cumpliendo con el mandato del art. 90 del Código Tributario.
Bajo el epígrafe “Análisis de la prueba de descargo”, efectúa una transcripción del Anexo 5 parágrafo II de la Resolución Normativa de Directorio RND Nª 01.031-05 de 18 de diciembre, del art. 101 del Reglamento de la Ley de Aduana, modificado por el DS 0784, del art. 2 parágrafo I del DS 708 de 23 de noviembre de 2010, del art. 81 del Código Tributario y del numeral 12 inciso c) del Manual para el Procedimiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercaderías, aprobado por RND 01-003-11 de 23 de marzo, para concluir que una vez realizado el aforo físico se evidenció que la DUI exhibida por el conductor del camión consignaba la mercadería a nombre de Eugenia Faustina Acapari Mamani, documento que no ampara la importación de la mercadería comisada, asi mismo, continúa el demandante, la Factura Nº 000052 se encuentra referida a la importación de 50 pares jabón Bolivar no teniendo ninguna relación con aquella mercancía.
Enumera cada una de las pruebas presentadas tanto por Eugenia Faustina Acapari Mamani cuanto por el conductor del vehículo, consignando esta vez el nombre de Lucas Gonzáles Maldonado cuando anteriormente mencionó que en el Acta de Intervención se señaló que el conductor respondía al nombre de Iván Gonzáles Yacma, para concluir en el punto referido a antecedentes de la demanda, que la prueba de descargo no figura en el sistema informático de la Aduana Nacional y no desvirtúa los hechos alegados por esta entidad.
La Gerencia Regional Potosí, de la AN, transcribiendo parte de la Resolución Jerárquica impugnada en el presente proceso, señaló que la autoridad demandada no tiene razón cuando manifiesta que la AN al omitir señalar día y hora para juramento de prueba de reciente obtención violó el Principio Constitucional del Debido Proceso previsto en el art. 115-II de la Constitución Política del Estado, resultando fuera de toda norma jurídica la determinación de anular la Resolución del Recurso de Alzada pronunciada por la ARIT Chuquisaca, en virtud a que la AGIT no consideró que el Acta de Intervención GRPTS-C-1002/2012 de 4 de febrero de 2013, cumple con los requisitos establecidos en el art. 96-II, no indica de que disposición legal, queriendo referirse –seguramente- a la Ley Nº 2492, como tampoco se consideró que el Informe Técnico AN GRPGR SPCCR Nº 108/2013 de 28 de febrero evidenció una correcta valoración de la prueba de descargo presentada por la mercancía comisa (sic), cumpliéndose con la previsión del art, 101 del DS 0784 de 2 de febrero de 2011 referida a los requisitos que debe contener la DUI.
Transcribiendo inextenso el art. 76 del Código Tributario, señaló que la Resolución Administrativa AN-GRPGR-SPCCR Nº 11/2013 de 14 de marzo de 2013, también evidencia una correcta valoración de la prueba, habiéndose practicado la notificación en Secretaria conforme a la disposición del Manual para el Procedimiento por Contrabando Contravencional y Remates de Mercancías y en cumplimiento del art. 98 de la Ley 2492 cuya transcripción es realizada a continuación así como transcribe el art. 65 de dicha Ley a fin de justificar -seguramente-, la presunción de legitimidad de la que gozan los actos administrativos, para afirmar que los sujetos pasivos no pudieron desvirtuar lo aseverado por la Aduana.
Finalmente, transcribiendo los arts. 181, 51 de la Ley Nº 2492, 2 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, manifestó que la conducta del responsable fue calificada como Contrabando habiéndose apreciado las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, pertinencia y oportunidad.
Así mismo transcribió el art. 2 del DS Nº 0708 de 24 de noviembre de 2010 reglamentario de la Ley Nº 037 de 10 de agosto de 2010, referido al traslado interno de las mercancías, sin justificar el motivo de dicha trascripción ni argumentar nada a cerca de dicha disposición legal.
Solicitó se declare probada la demanda contencioso administrativa, revocando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 1817/2013 de 30 de septiembre, por consiguiente se confirme la Resolución Administrativa AN-GRPGR-SPCCR Nº 011/2013 de 14 de marzo.
Daney David Valdivia Coria, en representación legal de la AGIT, se apersonó al proceso, respondió negativamente a la demanda con memorial presentado el 22 de octubre de 2014, que cursa de fojas 92 a 96 vta., señalando lo siguiente:
Los fundamentos de la demanda son sólo exposiciones generales y nada claras, empero conforme a los Principios de Informalismo y Oficialidad previstos en los incisos l) y n) del art 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo y numeral 1) del art. 74 de la Ley Nº 2492, corresponde a la Administración Pública no observar las exigencias formales no esenciales por parte del administrado así como impulsar los procesos en los que medie el interés público con la finalidad de establecer la verdad material de los hechos para tutelar el derecho del sujeto activo a percibir la deuda.
Indicó que, en relación a la presentación de pruebas de reciente obtención en la etapa administrativa, aspecto que fue observado por el sujeto pasivo, una vez que fue notificado con el Acta de Intervención Contravencional, éste tenía un plazo perentorio e improrrogable de tres días para la presentación de sus descargos, a cuyo vencimiento el representante de la Empresa MACANUDO S.R.L., presentó memorial haciendo conocer que por la distancia existente entre la ciudad de La Paz y Potosí no presentó el descargo en el término de Ley, presentando en ese momento como prueba de descargo con juramento de reciento obtención conforme al art. 81 de la Ley Nº 2492, fotocopia legalizada de la DUI C-33418, C-306124, C-26992, C-19875 y C-14386.
Agregó que, en el Informe Técnico AN GRPGR SPCCR Nº 108/2013 de 28 de febrero, se observa en relación a la prueba de descargo, que esta no mereció ninguna valoración, limitándose a transcribir el art. 4 de la Ley Nº 2492, para señalar que el término de la distancia no surte efecto en materia aduanera tributaria, y que la presentación de la prueba resultaba extemporánea, aspecto que redundó en la falta de fundamentación de hecho en la Resolución Administrativa AN-GRPGR-SPCCR Nº 11/2013 de 14 de marzo, incumpliendo el art. 99 de la Ley Nº 2492 al no poseer los requisitos exigidos en esta norma.
Refirió que la Administración Aduanera debió cumplir con el mandato del art. 81 del Código Tributario, y analizar si la extemporaneidad en la presentación de la prueba de descargo fue por causa atribuible al administrado, al no haberlo hecho se transgredió el Principio Constitucional del debido proceso, por lo que tal situación debió ser reparada al resolver el Recurso de Impugnación, instancia que expresamente se pronunció “Sobre la presentación de pruebas de reciente obtención en la etapa administrativa”, transcribe parte de la Resolución Jerárquica referida a este aspecto.
Manifestó que la demanda no desvirtúa los fundamentos expuestos por la AGIT, debiendo tenerse en cuenta que una demanda no puede sustentarse menos limitarse a hacer copias de disposiciones legales y argumentos expuestos en sede administrativa, más aún si la Resolución Jerárquica es clara en sus fundamentos. Cita como precedente la Sentencia Nº 238/2013 de 5 de juliodictada por Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia.
Finalizó señalando que la demanda contencioso administrativa incoada, no establece de forma indubitable la errada interpretación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, no pudiendo este Tribunal suplir la carencia de carga argumentativa y sustento jurídico.
Concluye solicitando se declare improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la AN, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1817/2013 de 30 de septiembre de 2013.
III.- DE LA CONTESTACIÓN DEL TERCERO INTERESADO.
Conforme consta en los actuados que cursan a fs. 57, se notificó personalmente a Encarnación Albino Zeballos (importadora), a fs. 142 al representante legal de la Empresa Macanudo S.R.L. (empresa transportadora) y a fs. 291, 292, 293 y 294, se procedió a la notificación con la presente acción a Eugenia Faustina Acarapi Mamani, mediante edictos, todos en su condición de terceros interesados, sin que se hayan apersonado a la demanda.
1.- El 2 de enero de 2012 (en la demanda se consigna erróneamente el año 2013), la Administración de la Aduana Nacional Potosí, emitió el Acta de Intervención GRPTS-C-1002/2012 en el caso denominado “Operativo Sardinas” (fs. 3 a 5 del Anexo 1), que fue anulada por Auto Administrativo AN-GRPGR-SPCCR Nº 996/2013 de 16 de enero de 2013 que dispuso se consigne en el acta la mercancía decomisada, de forma establecida en el art. 96 del Código Tributario y Manual de Procesamiento de Contrabando Contravencional (fs. 146-148 del Anexo 1), motivando el pronunciamiento del Acta de Intervención GRPTS-C-1002/2012 de 4 de febrero de 2013, en la que se hizo constar los siguientes extremos: a) El 2 de diciembre de 2012 a horas 2:20 a.m., en la localidad de Plahipo del Departamento de Potosí, funcionarios del COA procedieron al control de un vehículo Trailer (Tracto camión mas remolque) color amarillo, marca Volvo. Modelo 1992, con placa de control Nº 2026-GLD identificándose el conductor como Iván Gonzales Yacma que portaba la licencia de conducir correspondiente, quién transportaba 81 cajas aproximadamente –textual-, conteniendo en su interior sardinas de origen peruano en una cantidad demás a la permitida (no indica cual es la cantidad permitida), b) En el momento de la intervención, el conductor del vehículo exhibió la Declaración Única de Importación (DUI) C-20725 presuntamente escaneada y la Factura Nº 000052 en la que se detalla la compra de 25 unidades de sardinas Lidita, anormalidad por la que se presumió el ilícito de contrabando y determinó el comiso de la mercancía y el medio de transporte trasladándose a Depósitos Aduaneros Interior Potosí para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente, c) Presuntamente, se calificó la conducta del conductor del vehículo como contrabando contravencional, d) Se elaboró el listado de la mercancía comisada haciendo constar 60 items con la respectiva descripción de la misma. (fs. 152-159 del Anexo 1).
2.- El 6 de febrero de 2013, se notificó al presunto autor del ilícito de Contrabando Contravencional, Eugenia Faustina Alcapari Mamani, y otros con el Acta de Intervención GRPTS-C-1002/2012 de 4 de febrero de 2013 en el Tablero de Notificaciones en Secretaria de la Administración de la Aduana Interior Potosí (fs. 164 Anexo 1).
3.- El 28 de febrero de 2013, la Administración Aduanera elaboró el Informe Técnico ANGRPGR-SPCCR Nº 108/2013, recomendando: a) emitir Resolución determinando el comiso definitivo a favor de la Aduana de la mercancía no amparada descrita en los ítems 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 29, 40, 41, 42, 43 y 45, b) La devolución a favor del sujeto pasivo de la mercancía amparada descrita en los ítems 2,4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 22, 24, 33, 34 y 44 del acta de intervención de 4 de febrero de 2013; c) La devolución del semirremolque y vehículo en el que sirvió de medio de transporte (fs. 341.355 Anexo 2).
4.- El 14 de marzo de 2013, la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa AN-GRPGR-SPCCR Nº 11/2013, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra de Juan Gonzáles Yecma con licencia de conducir 5658385 Tr. y Eugenia Faustina Acarapi Mamamani con C.I. 4312878 LP., y el comiso definitivo de la mercancía no amparada descrita en los ítems del informe mencionado en el punto anterior. Así mismo declaró Improbada la contravención aduanera de contrabando en relación a los ítems descritos en el Informe Técnico y que cuenta con la debida documentación de respaldo y la entrega legal de aquella mercancía mediante acta respectiva y ordenó la devolución del vehículo medio de transporte previa la cancelación del 50% del valor CIF de la mercancía no amparada que asciende a UFV 35.989.53 (fs. 365-372 Anexo 2), siendo notificados personalmente los interesados en secretaría el 15 y 18 de marzo de 2013, conforme consta en los actuados de fs. 373 y 374 del Anexo 2.
5.- Eugenia Faustina Acarapi Mamani (tercer interesado en el presente proceso), dedujo Recurso de Alzada en los términos del memorial de fs. 97 a 99 del Anexo 3, que fue resuelto a través de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0181/2013 de 8 de julio de 2013, en la que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca resolvió Confirmar la Resolución Administrativa impugnada (fs. 173-180 Anexo 3). Se hace constar que, Encarnación Albino Zeballos y Felix Antonio Condori Alejo, representante legal de la empresa Macanudo S.R.L., sujetos pasivos que no son nombrados por el demandante en la presente causa, también dedujeron Recurso de Alzada, al haber sido comisada la mercadería sobre la que alegaban ser propietarios en el mismo acto que inmiscuye a Juan Gonzáles Yecma y Eugenia Faustina Acarapi Mamani.
6.- Ante la decisión de la ARIT Chuquisaca, la Empresa Macanudo S.R.L., representada por Felix Antonio Condori Alejo, dedujo Recurso Jerárquico, conforme consta a fs.193-199 vta., del Anexo 3, quién adujo que conforme demostró con las debidas Facturas, transfirió las mercaderías de su propiedad en favor de la Distribuidora Sur de la ciudad de Tarija, que fueron embarcadas en la ciudad de La Paz con destino a la ciudad de Tarija, vía Potosí, que fueron objeto de comiso por funcionarios del COA, conforme costa en el Acta de Intervención GRPTS-C-1002/2012 de 4 de febrero de 2013, que concedió el plazo de tres días para la presentación de descargos sin considerar la distancia existente entre las ciudades de Potosí y La Paz, habiendo presentado prueba fuera del plazo señalado bajo juramento de reciente obtención amparados en el art. 81 de la Ley Nº 2492 sin que haya sido valorada por la Administración Aduanera, situándolo en estado de indefensión, acto que al no haber sido entendido por la ARIT Chuquisaca fue además confirmado por esta instancia administrativa.
7.- El Recurso Jerárquico interpuesto mereció la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1817/2013, pronunciada el 30 de septiembre de 2013, que anuló la Resolución de su inferior, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta Resolución Administrativa AN-GRPGR-SPCCR Nº 11/2013 de 14 de marzo de 2013 inclusive, debiendo la Administración Aduanera Potosí, fijar día y hora de audiencia de juramento de reciente obtención para la presentación de la prueba de descargo presentada por la Empresa Macanudo S.R.L., aspecto que incidió en la falta de fundamentación de la Resolución Administrativa referida, transgrediendo el art. 99-II de la Ley Nº 2492, haciendo posible la nulidad del acto por ausencia de los requisitos esenciales en el acto administrativo (fs. 5 a 13 vta., del expediente), resolución que motivó la interposición del presente proceso contencioso administrativo.
8. En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado en los arts. 781 y 354.II y III del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975).
9.- Notificada con la presente acción los terceros interesados, no se apersonaron al proceso, por lo que, no habiendo más que tramitar en la causa, mediante decreto de fs. 297, se pronunció el decreto de “Autos para sentencia”.
En este punto es necesario dejar claramente establecido que la deficiencia de la demanda no permite identificar con exactitud el objeto de la Litis, por lo que, únicamente se puede “extractar” de la escasa o ninguna fundamentación de la demanda que, en el caso de autos, la Administración Aduanera Potosí, controvierte la decisión de la Autoridad General de Impugnación Tributaria y solicita se declare probada su demanda porque considera que las pruebas de descargo presentadas fuera del plazo otorgado en el Acta de Intervención no pudieron ser consideradas por su extemporaneidad.
Por su parte, la AGIT sostiene que la Resolución Administrativa AN-GRPGR-SPCCR Nº 11/2013 de 14 de marzo de 2013, al no haber considerado los documentos de descargo presentados por la Empresa Macanudo S.R.L., carece de la debida fundamentación de hecho y de derecho, aspecto que incidió en que dicha Resolución no posea los requisitos esenciales de este acto administrativo, viciándola de nulidad. Solicita se declare improbada la demanda, porque además la misma no establece de forma indubitable la errada interpretación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, no siendo posible según el demandado, que este Tribunal supla la carencia de carga argumentativa y sustento jurídico, en la que incurre el actor.
En primer lugar, antes de ingresar a la resolución de la causa, el Tribunal Supremo de Justicia no puede dejar de mencionar que la demanda resulta totalmente incoherente, imprecisa y hasta inentendible, constituyendo una transcripción de disposiciones legales sin explicar, menos fundamentar el motivo de tal transcripción, aspecto que dificulta el resumen de la misma, pues la falta de pericia técnica del causídico redunda en la dificultad de identificar la pretensión del actor, por lo que, haciendo un esfuerzo para comprender la demanda y relacionándola con el fundamento de la Resolución impugnada se ha logrado arribar a la identificación de la controversia para cuya resolución se efectúan las siguientes consideraciones:
Previamente, resulta indispensable considerar si la demanda en cuestión cumple con las exigencias legales para ser considerado como un acto en Derecho, más aún si se considera que la demanda es el acto de iniciación procesal por antonomasia, en la que se configura con motivo de la petición formulada ante un órgano judicial para que disponga la iniciación y el trámite del proceso. Es el acto en el que el demandante o peticionante solicita la apertura del proceso y formula la pretensión que constituirá objeto de éste. Doctrinariamente, siguiendo al tratadista Hugo Alsina, la demanda es considerada como un medio hábil para ejercer el derecho a la acción, siendo la forma común de ejercitarlo. La demanda es también definida como un documento cuya presentación a la autoridad (juez o árbitro) tiene por objeto lograr de ésta la iniciación de un procedimiento para sustanciar en él tantos procesos como pretensiones tenga el demandante para ser satisfechas por persona distinta a dicha autoridad.
Al amparo de la puntualización precedente, el Tribunal Supremo de Justicia conviene en afirmar que la demanda en derecho, es un acto de procedimiento oral o escrito, que materializa un poder jurídico (la acción), un derecho real o ilusorio (la pretensión) y una petición del acto como correspondiente a ese derecho procurando la iniciación del proceso.
Sobre los requisitos de forma de la demanda, el art. 327 del Código de Procedimiento Civil (CPC), señala que deberá contener: 1) La indicación del juez o tribunal ante quien se interpusiere. 2) La suma o síntesis de la acción que se dedujere. 3) El nombre, domicilio y generales del demandante o del representante legal si se tratare de persona jurídica. 4) El nombre, domicilio y generales de ley del demandado. Si se tratase de una persona jurídica la indicación de quién es el representante legal. 5) la cosa demandada, designándola con toda exactitud. 6) Los hechos en que se fundare, expuestos con claridad y precisión. 7) El derecho, expuesto sucintamente. 8) La cuantía, cuando su estimación fuere posible. 9) La petición en términos claros y positivos. (Arts. 716, 755, 775, 779). (Negrillas y subrayado fueron añadidos).
En autos, la lectura de la demanda, evidencia lo siguiente:
La Administración Aduanera Potosí, transcribió partes del Acta de Intervención GRPTS-C-1002/2012 de 4 de febrero de 2013, del Cuadro de Valoración POTPI-VA-557/2012 de 27 de diciembre de 2012.
Bajo el subtítulo “Análisis de la prueba de descargo y en el acápite referido a “Antecedentes de la demanda”, se transcribe una parte de la RND 01-031-05 de 19 de diciembre, que aprueba el procedimiento de régimen de importación para el consumo, transcribe el art. 101 del Reglamento de Aduana (debió decir de la Ley de Aduana), modificado por el DS Nº 0784, así como transcribe también el art. 2 del DS Nº 708, el art. 81 del Código Tributario, el numeral 12 inciso c) del Manual para el Procedimiento por contrabando contravencional, el numeral 11 del inciso A) de la Resolución de Directorio (debió decir Resolución Normativa de Directorio) 016-06 de 6 de octubre.
Más adelante se realiza una transcripción de cada una de las DUIs, que fueron presentadas en el momento de la incautación de la mercadería, nombrando a personas que no se encuentran inmersas en la demanda ni en los antecedentes administrativos, sin especificar cuál su participación en el caso de autos.
Prosigue realizando transcripción de ciertas Resoluciones Normativas de Directorio del SIN, para concluir que las pruebas presentadas fuera del plazo de los tres días no pueden ser consideradas, menos valoradas y que el plazo de la distancia “no surte efecto legal en el caso”.
Luego de una extensa e innecesaria reproducción de disposiciones legales, en el acápite titulado “Fundamentación Legal”, procede a copiar lo arts. 65, 76, 96-II, 181 81, de la Ley Nº 2492, 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 2 del DS Nº 27874, 2 del DS Nº 708, para concluir como único fundamento rescatable de las transcripciones anotadas que no tiene razón de ser la anulación dispuesta por la AGIT, por cuanto la Resolución Administrativa AN-GRPGR-SPCCR Nº 11/2013 de 14 de marzo de 2013, cumple con los requisitos exigidos por Ley.
De la relación precedente, resulta más que evidente que la entidad demandante, al presentar su demanda, no ha cumplido con la exigencia del art. 327 del Código de Procedimiento Civil, resultando inconcebible que con la transcripción de disposiciones legales y normas reglamentarias, se pretenda suplir la indicación precisa de los supuestos fácticos correspondientes, y la identificación exacta y precisa de la pretensión que lo impulsa a accionar su derecho, proporcionando a este Tribunal los elementos de hecho y de derecho necesarios para efectuar el contraste correspondiente entre el hecho concreto y la norma invocada, para concluir si la actuación administrativa de la autoridad demandada fue correcta o no.
Ante la total ausencia de carga argumentativa, no puede pretenderse que el juzgador supla tal deficiencia y deba “entender” la pretensión del actor.
Se concluye entonces, que es evidente que la Administración Aduanera, al plantear su demanda no ha observado los requisitos puntuales señalados por el art. 327 del Código de Procedimiento Civil; por consiguiente, no ha provisto a esta Sala Plena, los antecedentes fácticos ni los argumentos suficientes para que pueda efectuarse el control de legalidad correspondiente, teniéndose presente que el cumplimiento del mandato contenido en el art. 192-3) del Código de Procedimiento Civil es imperativo y que dicha norma refleja el principio de congruencia que conforme ha señalado el Tribunal Constitucional, en su amplia jurisprudencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes, de manera que lo resuelto por la autoridad jurisdiccional debe responder precisamente a lo solicitado por las partes, no es posible inferir, suponer o adivinar lo que quiso decir la parte actora, pues “el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas… los derechos de acción y de contradicción imponen al Estado el deber de proveer mediante un proceso y por una Sentencia, cuyo alcance y contenido están delimitados por las pretensiones y las excepciones que complementan el ejercicio de aquellos derechos”.
Corresponde aclarar que el alcance del art. 1 del CPC, está vinculado con la falta, oscuridad o ausencia de la ley y no al caso de ausencia de carga argumentativa de la demanda; es decir, de razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes con base en los hechos en que se fundare, que en el caso es inexistente y con datos erróneos que no pueden ser considerados y menos aún, resueltos por este Tribunal so pena de vulnerar gravemente no únicamente el deber de congruencia sino también, el derecho a la seguridad jurídica de las partes procesales, previniendo emitir un fallo ultra petita (más allá de lo pedido por la parte), extra petita (algo diferente a lo solicitado) o infra o citra petita (otorgando menos de lo pedido).
La fundamentación precedente, exime a este Tribunal Supremo de Justicia de efectuar mayores consideraciones.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el ejercicio de la atribución conferida en los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620; falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda planteada por la Administración Aduanera, Regional Potosí y, en su mérito, firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1817/2013 de 30 de septiembre.
No suscriben la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina, los Magistrados Pastor S. Mamani Villca, Fidel Marcos Tordoya Rivas por emitir voto disidente.

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