Source: https://observatorio.defensoria.gov.co/?_s=ojc&_a=18&_b=1584&_es=0
Timestamp: 2020-01-18 14:54:22+00:00

Document:
ViolaciÃ³n de las garantÃ­as judiciales y al deber de protecciÃ³n por violaciÃ³n del plazo razonable y faltas al deber de investigar los hechos, asÃ­ como por la falta de mecanismos judiciales efectivos para investigar y sancionar a los responsables, en casos de desapariciÃ³n forzada, en perjuicio de las vÃ­ctimas y/o familiares
VulneraciÃ³n de las garantÃ­as judiciales cuando se excede la razonabilidad del plazo en la investigaciÃ³n por la muerte de la vÃ­ctima
En el Caso Genie Lacayo, el joven Jean Paul Genie Lacayo, de 16 años, se dirigía en automóvil a su domicilio, cuando se encontró con una caravana de vehículos con militares quienes, le dispararon con sus armas. La víctima fue abandonada en la carretera y murió a consecuencia de la hemorragia. Como su muerte ocurrió antes de la fecha de reconocimiento de la competencia de la Corte por el Estado, el asunto se reduce al examen de violaciones de carácter procesal. Las autoridades militares de Nicaragua obstaculizaron o no colaboraron con las investigaciones de la Procuraduría, ni con el Juez instructor, quienes afrontaron problemas para reunir las pruebas necesarias para tramitar la causa Las investigaciones judiciales fueron extensas, las pruebas amplias y justificaron que el proceso tuviera en sus primeras etapas una mayor duración que otros que no tenían las características de este caso. El padre de la víctima no pudo intervenir en un principio como parte en el proceso porque no lo permitía la ley, pero pudo hacerlo cuando ésta fue modificada. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, a pesar del considerable tiempo transcurrido y las diversas solicitudes de las partes, no ha decidido el recurso de casación interpuesto. nota 1
El artículo 8 de la Convención sobre las garantías judiciales consagra los lineamientos del debido proceso legal o derecho de defensa procesal, que consisten en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal o para determinar los derechos de carácter civil, laboral, u otro cualquiera. Existen constancias que demuestran que las autoridades militares obstaculizaron o no colaboraron con las investigaciones en la Procuraduría y con el juez de primera instancia, lo que constituye una violación del artículo 8.1 de la Convención.
Este artículo también se refiere al plazo razonable que no es un concepto de sencilla definición. Se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales.
En el análisis del Caso del joven Lacayo, la Corte se refiere acerca de cada uno de los elementos antes mencionados. Sobre el primer elemento, es claro que el asunto es complejo, ya que dada la gran repercusión de la muerte del joven Genie Lacayo, las investigaciones fueron extensas y las pruebas muy amplias. Todo ello podría justificar que el proceso, que ha tenido muchos incidentes e instancias, se haya prolongado más que otros de características distintas. En cuanto al segundo elemento que se refiere a la actividad procesal del afectado no consta que el padre de la víctima, haya tenido una conducta incompatible con su carácter de acusador privado ni entorpecido la tramitación, pues se limitó a interponer los medios de impugnación reconocidos por la ley de Nicaragua. Respecto del tercer elemento, la Corte estima que no se han producido dilaciones excesivas en las etapas del proceso, con excepción de la última fase, el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, y que, no obstante las diversas solicitudes de las partes, todavía no ha sido resuelto. Incluso considerando la complejidad del asunto, así como las excusas, impedimentos y sustitución de los magistrados, el plazo de más de dos años, transcurrido desde la admisión del recurso no es razonable y por consiguiente este Tribunal lo considera violatorio del artículo 8.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 que contiene la obligación general de respetar la Convención.
Adicionalmente al estudio de las demoras en las diversas etapas del proceso, para determinar la razonabilidad del plazo en el conjunto de su trámite se debe realizar un análisis global del procedimiento. Aún cuando se excluyan la investigación policial y el plazo que empleó la Procuraduría General para formular acusación ante el juez de primera instancia, es decir, realizando el cómputo desde la fecha en que el juez dictó el auto de apertura del proceso, hasta el momento en que se profirió la sentencia de la Corte, en que todavía no se había pronunciado sentencia firme, transcurrieron más de 5 años, lapso que la Corte considera que rebasa los límites de la razonabilidad que señala el artículo 8.1 de la Convención. nota 2
De acuerdo con la Corte, como los decretos sobre enjuiciamiento militar en Nicaragua fueron aplicados en este caso, cabe analizar la conformidad de las disposiciones aplicadas con la Convención, en relación con los derechos procesales del padre de la víctima que es el afectado en este asunto, ya que la circunstancia de que se trate de una jurisdicción militar no significa per se que se violen los derechos humanos de la parte acusadora. El señor Raymond Genie Peñalba pudo intervenir en el procedimiento militar, ofrecer pruebas, ejercitar los recursos y acudir en casación ante la Corte Suprema de Justicia, a la que corresponde pronunciarse sobre el fondo de la controversia criminal y determinar la existencia de violaciones procesales. Por tanto, respecto del afectado no puede afirmarse que la aplicación de los decretos sobre enjuiciamiento militar hubiese restringido sus derechos procesales protegidos por la Convención.
En cuanto al argumento de que los decretos infringen el artículo 8.1 de la Convención por afectar la imparcialidad e independencia de los tribunales militares que conocieron del asunto, tanto por su integración, como en la posible utilización de elementos ideológicos, la Corte estima que aunque las disposiciones estaban en vigor cuando se tramitó el proceso militar y podrían haber afectado la independencia e imparcialidad de los tribunales castrenses, no fueron aplicadas en este caso. Tampoco se ha demostrado que el señor Raymond Genie Peñalba, como parte acusadora ante los tribunales castrenses, se hubiese encontrado en situación de inferioridad con respecto de los acusados o de los jueces militares y, por consiguiente, no se ha infringido el derecho de igualdad ante la ley establecido por el artículo 24 de la Convención. Finalmente de acuerdo con el derecho internacional general, la Corte Interamericana no tiene el carácter de tribunal de apelación o de casación de los organismos jurisdiccionales de carácter nacional; sólo puede señalar las violaciones procesales de los derechos consagrados en la Convención que hayan perjudicado al señor Raymond Genie Peñalba, como afectado, pero carece de competencia para subsanar las violaciones en el ámbito interno, lo que corresponde hacer a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua al resolver el recurso de casación que se encuentra pendiente. Dado el tipo de violación de la Convención que la Corte ha encontrado imputable al Gobierno -obstaculización de las autoridades a la investigación judicial y demora irrazonable en el proceso-, la Corte considera que debe ordenar al Gobierno el pago de una compensación pecuniaria al padre del joven Jean Paul Genie Lacayo. Además, Nicaragua debe poner todos los medios a su alcance para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, procurar el restablecimiento del derecho violado y, subsanar la demora objeto de la violación señalada. nota 3
En el Caso Paniagua Morales y otros, la Corte considera demostrado que existía una situación generalizada de temor entre los involucrados, lo cual se corrobora por la reticencia de los testigos presenciales a testificar ante el Juez y la ausencia de una investigación completa del secuestro que éste mismo sufrió. Asimismo, de acuerdo con los criterios establecidos por la Corte respecto de la consideración de la razonabilidad del plazo en procesos judiciales la Corte estima que en el presente caso, el procedimiento, que aún continuaba en la etapa de sumario, había excedido en mucho el principio de plazo razonable consagrado en la Convención.
Lo mismo es aplicable al Caso del señor Chinchilla, en el cual no existe evidencia de que el proceso respectivo haya sido iniciado en los tribunales de justicia. Las consideraciones anteriores se aplican únicamente respecto de las víctimas que fueron privadas de la vida y en relación con el procedimiento judicial que se inició para determinar la responsabilidad penal de quienes cometieron estos hechos, pero no en cuanto a las personas que también figuran en este caso y que fueron sometidas a procesos penales ordinarios, pues no está demostrado, que en estos últimos en particular, se hubiese infringido las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención. El Estado allegó a este proceso copia de algunas actuaciones realizadas contra la resolución que ordenó el sobreseimiento de los implicados en el ?Caso de la Panel Blanca?, seguido en la jurisdicción interna. Dichas actuaciones, así como la promulgación de un nuevo Código de Procedimiento Penal, son considerados por la Corte como una expresión de la voluntad del Estado de dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y convencionales, pero no constituyen prueba alguna de que se haya dado cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 8.1 de la Convención. La Corte considera que el denominado ?Caso de la Panel Blanca? no fue tramitado ante un tribunal independiente e imparcial ni en un plazo razonable y que el Estado no proveyó las debidas garantías para asegurar a las víctimas un debido proceso en la determinación de sus derechos. La responsabilidad de este incumplimiento recae sobre el Estado, el cual debía hacer posibles dichas garantías. En consecuencia, la Corte declara que Guatemala violó el artículo 8.1 de la Convención en perjuicio de los señores Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López y Erik Leonardo Chinchilla. nota 4
En el Caso 19 comerciantes, al analizar los criterios que se deben tomar en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, la Corte ha constatado que a pesar de que se trataba de un caso complejo, desde el inicio de la investigación fueron allegados al proceso importantes elementos probatorios que habrían permitido una actuación más diligente y rápida de las autoridades judiciales en cuanto a la apertura de la investigación, determinación del paradero de los restos de los 19 comerciantes, y sanción de los responsables, por lo que se violó el principio de plazo razonable consagrado en el artículo 8 de la Convención. nota 5
En el Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia), los días 27 y 28 de noviembre de 1992 dentro del Retén de Catia, centro penitenciario ubicado en la ciudad de Caracas, Venezuela, los guardias del establecimiento y tropas del Comando Regional 5 de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana intervinieron masivamente, haciendo uso desproporcionado de la fuerza y dispararon indiscriminadamente a la población reclusa, produciendo la muerte de 37 reclusos. Las acciones cumplidas por las autoridades venezolanas en el curso de la investigación de los hechos no han sido suficientes para el debido esclarecimiento de la verdad histórica, la determinación de responsabilidades y condena de los responsables de la masacre del Retén de Catia. El proceso ha sufrido una excesiva demora de más de 13 años. En una primera etapa, la investigación tuvo múltiples inconvenientes ocasionados por la falta de colaboración de la fuerza pública y las autoridades carcelarias en la recopilación y custodia de pruebas esenciales. En una segunda etapa, las autoridades judiciales encargadas de dirigir la investigación demostraron negligencia para cumplir con su deber y obtener resultados serios. En su allanamiento el Estado reconoció que el acceso al expediente por parte de los familiares de las víctimas estaba legalmente limitado, debido a que las investigaciones se encontraban en la etapa sumarial y su conocimiento se atribuyó a Tribunales con competencias militares. Por lo anterior, la Corte estimó que el Estado violó los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de las víctimas.nota]
En el Caso Baldeón García, el 25 de septiembre de 1990, como parte de un operativo contrainsurgente llevado a cabo en la comunidad campesina de Pucapaccana - Departamento de Ayacucho, efectivos militares allanaron varios domicilios, sustrayendo dinero y víveres, y detuvieron ilegal y arbitrariamente al señor Bernabé Baldeón García. Durante su detención, fue torturado y asesinado en la madrugada del 26 de septiembre de 1990, y su cadáver fue enterrado ese mismo día. La familia del señor Bernabé Baldeón García denunció los hechos ante diferentes autoridades, sin que esto haya culminado en una investigación efectiva por parte del Estado. Después de la fecha de la ?transición a la democracia?, es decir, a partir de noviembre de 2000, el Estado reactivó la investigación de los hechos, a insistencia de la familia del señor Baldeón García. No obstante, hasta la fecha de la emisión de la sentencia solamente dos personas han sido procesadas y ninguna sancionada por los hechos que originaron el presente caso. Para la Corte, se ha comprobado la falta de diligencia de los tribunales de justicia para impulsar el procedimiento penal tendiente a esclarecer todos los hechos de la muerte del señor Bernabé Baldeón García y sancionar a todos los responsables. La Corte consideró que este caso no es complejo. Se trata de una sola víctima claramente identificada, y hay suficientes indicios que permitirían la realización de un proceso penal en contra de los presuntos responsables. La duración del proceso se ha debido únicamente a la conducta de las autoridades judiciales, pues la familia del señor Baldeón García no ha realizado diligencias que retrasaran la causa. El plazo en el que se ha desarrollado el proceso es claramente irrazonable puesto que, a quince años de ocurridos los hechos, el procedimiento judicial continúa en la fase de instrucción. Además, la falta de justicia en el orden penal ha impedido que los familiares del señor Baldeón García obtengan una compensación civil por los hechos del presente caso, afectando así el derecho de éstos a recibir una reparación adecuada. Por todo lo anterior, la Corte consideró que no se dispuso de un recurso efectivo para garantizar, en un plazo razonable, el derecho de acceso a la justicia de los familiares del señor Baldeón García con plena observancia de las garantías judiciales. nota 6
Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Sentencia Serie C. No. 30 .
Ver tambiÃ©n Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 101 .
Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Sentencia Serie C. No. 30 . Ver tambiÃ©n caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 101 .
ViolaciÃ³n de los derechos a las garantÃ­as judiciales y a la protecciÃ³n judicial, en relaciÃ³n con los derechos a la vida y a la integridad personal: IniciaciÃ³n oportuna de investigaciÃ³n por muerte de un menor y falta de diligencia para obtener la extradiciÃ³n de un implicado

References: artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 24
 artículo 8
 resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 1