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Timestamp: 2019-09-18 20:22:53+00:00

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﻿ SENTENCIA SL1378-2018/57398 DE ABRIL 25 DE 2018
SENTENCIA SL1378-2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:NATURALEZA DE LA ACREDITACIÓN EN EL CONTRATO REALIDAD EN COLOMBIA. SE EXPLICA QUE LA ACREDITACIÓN DE LA ACTIVIDAD PERSONAL QUE LLEVA A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, PERMITE PRESUMIR LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO, LA PARTE INTERESADA EN ESTE PROCESO REQUIERE ACREDITAR OTROS ELEMENTOS AJENOS AL CONCEPTO DE SUBORDINACIÓN, COMO LOS EXTREMOS TEMPORALES DE LA RELACIÓN LABORAL. ASÍ MISMO, LA CORPORACIÓN EXPLICÓ QUE HA DEFINIDO EL TEMA EN REITERADAS SENTENCIAS Y PRECISADO QUE LOS JUECES DEBEN PROCURAR DESENTRAÑAR DE LOS MEDIOS PROBATORIOS DICHOS ELEMENTOS, CUANDO SE TENGA LA SEGURIDAD SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN UN DETERMINADO PERIODO. ADICIONALMENTE, SE PODRÍAN CALCULAR LOS DERECHOS LABORALES O SOCIALES QUE LE CORRESPONDAN AL TRABAJADOR. LA ACTIVIDAD PERSONAL QUE LLEVA A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE HACE PRESUMIR LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO, SE REQUIERE ACREDITAR OTROS ELEMENTOS AJENOS AL CONCEPTO DE SUBORDINACIÓN, COMO LOS EXTREMOS TEMPORALES DE LA RELACIÓN LABORAL, PRESUPUESTO INELUDIBLE PARA LA PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DEL TRABAJADOR, CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATO DE TRABAJO ESCRITO, DERECHO LABORAL, SUBORDINACIÓN LABORAL, DEBERES DEL TRABAJADOR
Sentencia SL1378-2018 de abril 25 de 2018
SL1378-2018
Rad.: 57398
Interpuesto por la accionante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo.
El juzgador de alzada consideró que, «De conformidad con las versiones rendidas por los testigos, no le asiste duda a la Sala, que el señor Norberto Gallego, le prestó un servicio al demandante en la actividad de llevar ganado al matadero para pesar y posteriormente, recogía las pieles» y agregó que la misma actividad cumplía para otros expendedores de carne, como Jairo Castro, Javier Cortés, Pedro Ángel Tabares; en tal virtud, dejó entrever la posibilidad de una coexistencia de contratos, pero que en esa situación, correspondía acreditar la actividad personal, la subordinación y el salario, que no se demostró, sino que, por el contrario, varios testigos afirmaron que Norberto Gallego no cumplía horario, ni estaba sometido a la continua subordinación y dependencia del enjuiciado.
Además, que ninguno de los testigos refirió circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se desarrolló la relación laboral, como tampoco del quehacer cumplido en las fincas y que se evidenció, que la actividad estuvo circunscrita a llevar ganado para el sacrificio, pesarlo y recoger pieles en el matadero, pero lo hacía para el demandante y para otras personas.
A pesar de que efectivamente el ad quem consideró que Norberto Gallego prestó servicios al demandado, con base en la declaración de los testigos, no es menos cierto que sobre la actora recaía la carga de probar los extremos temporales del contrato de trabajo, toda vez que sin dicha información el cálculo del valor de los derechos reclamados se torna imposible y de contera, se hace inviable la declaratoria misma de existencia de la relación laboral.
Conviene recordar que acreditada la actividad personal que lleva a la aplicación del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que hace presumir la existencia del contrato de trabajo, se requiere acreditar otros elementos ajenos al concepto de subordinación, como los extremos temporales de la relación laboral, presupuesto ineludible para la prosperidad de las pretensiones.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha definido, el tema en reiteradas sentencias, dentro de las que se destacan la CSJ SL, 23 sept, 2009, Rad. 36748 y CSJ SL, 6 mar. 2012, Rad. 42167, en la que se enseñó:
(...) que los jueces deben procurar desentrañar de los medios probatorios los extremos temporales de la relación laboral, cuando se tenga seguridad sobre la prestación de un servicio en un determinado período, para así poder calcular los derechos laborales o sociales que le correspondan al trabajador demandante.
Así las cosas, queda claro que el tribunal no cometió la equivocación jurídica que le imputa la censura, en la medida en que sí aplicó el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, pero además lo hizo en la forma en que la jurisprudencia lo tiene definido, pues partió de la presunción consagrada en dicho precepto; empero negó las pretensiones por falta de prueba de las fechas de iniciación y terminación del contrato de trabajo, inferencia que la recurrente no contraviene dada la senda de ataque seleccionada.
De lo que viene de decirse, el cargo no prospera.
Acusa violación indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 23 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el 51 y 60 del Código Procesal del Trabajo, 175, 194, 195 del Código de Procedimiento Civil, 43, 65, 186, 189, 249, 267 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, 99 numeral 3º, inciso último de la Ley 50 de 1990, 46 a 49 de la Ley 100 de 1993, violación a la que se llegó por error de hecho ante la falta de apreciación de prueba calificada.
Denuncia como error de hecho dar por demostrado, sin estarlo, que en la relación laboral existente entre el difunto Norberto Gallego Giraldo y su empleador, no se probaron los elementos del contrato de trabajo.
Señaló como documento dejado de apreciar la copia auténtica ante la Notaria Única de Samaná, Caldas (fl. 9), titulado poder autorización, suscrito por Norberto Gallego Giraldo y argumenta que la no apreciación del documento fue determinante, para llevar al ad quem a la aplicación indebida del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, al declarar la inexistencia de los elementos del contrato de trabajo, a pesar de que el documento acredita la relación laboral y el tiempo de la ejecución, pues se hace referencia a los derechos laborales por 19 años de trabajo con el demandado y concluye que si se hubiera valorado el mismo, junto a los demás medios de prueba, como el interrogatorio de parte y los testimonios, se habría revocado la sentencia de primera instancia, con imposición de las condenas solicitadas.
La censura pretende que como consecuencia de la no apreciación del poder-autorización extendido por Gallego Giraldo a favor de la actora, presentado ante la Notaria Única de Samaná, Caldas (fl. 9), el tribunal incurrió en el error de dar por demostrado, sin estarlo, que no se probaron los elementos del contrato de trabajo.
Para resolver, basta considerar que el documento fue aportado por la accionante y fue elaborado por el difunto Norberto Gallego Giraldo, por lo cual, en principio, no puede ser útil para demostrar un error fáctico, pues constituye un principio general de derecho probatorio, que la parte no puede crearse su propia prueba; de la misma manera que quien afirma un hecho, asume la carga procesal de demostrarlo.
Para la Sala, la presentación del documento ante Notario, no logra modificar su origen, de suerte que el suscrito por Norberto Gallego Giraldo mantiene la característica de provenir de la parte demandante, de suerte que de su contenido no puede beneficiarse la parte que hizo las manifestaciones allí vertidas.
De otra parte, el documento tampoco acredita los extremos de la relación laboral, información que se torna imprescindible a la hora de calcular el monto de las eventuales condenas.
Lo dicho lleva a que no prospera el cargo.
Acusa violación indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 23 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el 51 y 60 del Código Procesal del Trabajo, 175, 194, 195 del Código de Procedimiento Civil, 43, 65, 186, 189, 249, 267 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, 99 numeral 3º, inciso último de la Ley 50 de 1990, 46 a 49 de la Ley 100 de 1993.
Como error de hecho imputa al tribunal, no dar por demostrados, estándolo, los elementos del contrato de trabajo.
Enlista como erróneamente apreciados los testimonios de: «Jaime Cardona López, Alberto Rojas Rodríguez, Leonel Cortés Ospina, Ramiro Ríos Gil, Pedro Luis Toro Cardona» y el interrogatorio de parte de María Irene Ortiz de Gallego.
Argumenta que el ad quem incurrió en la apreciación errónea de los testimonios, porque restringió la evidencia que los mismos arrojaban, lo que condujo a dar por no demostrados los elementos del contrato de trabajo. A pesar de que los mismos describieron las actividades de vaquería que cumplió Gallego Giraldo, como arriar el ganado, pesarlo, recoger las pieles, salarlas, trasladarse a las fincas del demandante, comprar y vender ganado, así como que cumplía horario de dieciocho horas dentro del matadero y después en el exterior. Agrega, que describieron el salario que devengó Gallego Giraldo, que comenzó en $ 6.500 y 5 libras de carne a la semana en 1991 y $ 50.000 en 1996.
Sostiene que para dar mayor fundamento a la existencia de los elementos del contrato de trabajo, el interrogatorio de parte de la actora, que dio a conocer detalles sobre la relación laboral debió ser objeto de confrontación con otros medios probatorios y al no hacerlo, incurrió el ad quem en la vía de hecho, por la apreciación errónea de este medio de prueba, «que concatenado con los testimonios que se citaron en este cargo y el documento auténtico objeto del cargo anterior, dan claridad meridiana sobre los elementos del contrato de trabajo entre las partes en conflicto que las instancias no observaron».
Arguye que el tribunal consideró que no existía duda acerca de la prestación del servicio, pero que, como fue prestado a varias personas, se debían acreditar los elementos del contrato de trabajo y que algunos testigos afirmaron que el difunto Gallego no cumplía horario de trabajo, ni estaba sometido a la subordinación o dependencia del demandado; que los testigos no precisaron circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrolló la relación laboral, como tampoco las actividades que ejercía en las fincas del demandado; agrega que el ad quem señaló que la persona que decía conocer dichos detalles fue la esposa del occiso, quien es parte activa del proceso y su versión no puede ser tenida como plena prueba de lo que la misma pretende demostrar y que ante la carencia de pruebas confirmaría la decisión de instancia.
Pretende el censor estructurar yerro fáctico, al no dar por demostrados los elementos del contrato de trabajo de que trata el artículo 23 del Código Sustantivo del trabajo, presuntamente cometido por el ad quem, para lo cual acusa la apreciación errónea de los testimonios y el interrogatorio de parte absuelto por la actora, a pesar de que conforme con el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, solamente puede establecerse la existencia de un error de hecho, generado en la falta de apreciación o la apreciación errónea de un documento auténtico, una confesión judicial o una inspección ocular; dejan claro que el interrogatorio y los testimonios no corresponden a ninguna de las señaladas.
Por otra parte, puede pretender la actora, que su propia versión puede constituirse en medio apto y suficiente para dar por acreditados plenamente los hechos que puedan favorecerla, como reivindica la formulación del cargo; tampoco, resulta admisible la confusión entre interrogatorio de parte y confesión judicial, pues esta última consiste en la manifestación que hace la parte sobre hechos que le generan consecuencias adversas, en tanto el interrogatorio de parte, no necesariamente tiene que conducir a la confesión judicial.
Resulta evidente la falta de técnica en la formulación del cargo, pues no es procedente que la Sala analice los testimonios o el interrogatorio de parte absuelto por la recurrente, que no son prueba calificada, para establecer si el tribunal erró en su apreciación, porque es requisito indispensable que se acredite, previamente, un yerro en la valoración de la prueba calificada, lo cual brilla por su ausencia.
Entre muchas sentencias, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia CSJ SL, 22 nov. 2011, Rad. 41076, adoctrinó:
Adicionalmente, tal cual lo preceptúa el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, son pruebas aptas para estructurar un yerro fáctico en casación, el documento auténtico, la confesión judicial, y la inspección judicial, por manera que, a no ser que se demuestre la comisión de un desatino fáctico protuberante en la labor de juzgamiento sobre uno de esos medios de prueba, la Corte está impedida para incursionar en el análisis de un eventual error de hecho, por errónea valoración de las declaraciones de terceros, o por su falta de apreciación.
De lo que viene de decirse, el cargo no es estimable y dado que no se presentó réplica, no se imponen costas en casación.
En las instancias, como allí se dijo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de marzo de 2012, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARÍA IRENE ORTIZ DE GALLEGO contra PEDRO ÁNGEL TABARES ORTIZ.
Costas como se indicó en la parte motiva de la sentencia
Cópiese, notifíquese y, devuélvase al tribunal de origen.

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 artículo 23
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 artículo 7
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