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Timestamp: 2018-10-19 09:30:21+00:00

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La posición de México frente a la crisis venezolana | Foreign Affairs Latinoamérica |
28 septiembre, 2017 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 6160
Entre el principio de la no intervención, la Doctrina Estrada y los derechos humanos
En los últimos meses, Venezuela ha acaparado la atención en redes sociales y en diversos medios de comunicación, debido al recrudecimiento de su abrumadora inestabilidad. Esta inestabilidad ha desleído su crisis económica y política para dar paso a una crisis humanitaria, calificada así en 2016, por el entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Ban Ki-moon.
El recrudecimiento de dicha inestabilidad yace en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro urdió una falsa votación para convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con el objetivo principal de redactar una nueva Constitución, competencia legal que se suma con la de transformar al Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico. De este modo, el gobierno se hizo del control del poder legislativo, el cual estaba conformado, legítimamente y en su mayoría, por la oposición, conocida como la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a diferencia de los cuatro poderes restantes, los cuales, ya estaban en control del partido gobernante. Con esta medida, lograron el control de la totalidad del Estado venezolano.
Tal ha sido la gravedad y el impacto regional, que algunos miembros de la comunidad internacional han fijado una posición determinada para sortearla, este es el caso de México. Sin embargo, la posición del gobierno mexicano ha generado un debate entre las diversas voces, que argumentan la fractura con su legado histórico en materia de política exterior al no cumplir la Doctrina Estrada; o bien, han denunciado la inobservancia del principio de la no intervención.
A pesar de que la política exterior mexicana cuenta con una sólida base jurídica, producto innegable de la historia del país, su actuar no se limita exclusivamente a este factor, sino que deben considerarse otros elementos para su toma de decisión. Por tal motivo, se explicará por qué ha sido correcto el posicionamiento del gobierno mexicano frente a la crisis venezolana.
Posicionamiento de México frente a la crisis venezolana
El 30 de julio de 2017, el gobierno del presidente Maduro se exultó por el supuesto triunfo en las elecciones para constituir a los 545 diputados de la ANC. Según el gobierno, votaron 8 millones de personas, lo que representa el 41.5% del padrón electoral. Por el contrario, la oposición estimó que en realidad fueron 2.4 millones de personas las que votaron, es decir, el 12% del padrón. Aunado a esto, la empresa Smartmatic, a cargo del sistema de votación venezolano, días después confirmó la manipulación de las cifras por parte del gobierno al no coincidir los datos de su sistema con lo anunciado por él.
Previamente, el 16 de julio de 2017, la MUD había convocado a un plebiscito simbólico a nivel tanto nacional como internacional y estimó que votaron más de 7 millones de venezolanos en contra de la ANC. De este modo, los actos que emanen de ella carecen de legitimidad popular y representan un agravio al orden democrático del país. De hecho, el 4 de agosto de 2017 la ANC se atribuyó los cinco poderes (electoral, ejecutivo, ciudadano, legislativo y judicial) del Estado venezolano.
El mismo día (de las elecciones de la ANC) por la noche, el gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitió el comunicado no. 295 en el que arguyó que “no reconoce los resultados de la elección de los integrantes de la ANC […] al llevar a cabo unos comicios contrarios a los principios democráticos reconocidos universalmente, que no se apegan a la Constitución de la República”, pero también sugirió “con pleno respeto de la soberanía de Venezuela, México insta a todas las partes para que lleven adelante un diálogo genuino y con garantías, que permita al pueblo venezolano restaurar el orden democrático y retomar el camino del desarrollo y Estado de derecho”.
Esta posición fue severamente cuestionada, debido a lo ignoto que representa la política exterior. Se asume que la aplicación de la política exterior depende única y exclusivamente de los principios normativos: la no intervención, la solución pacífica de controversias, la autodeterminación de los pueblos, la proscripción de la amenaza o uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados, la lucha por la paz y la seguridad internacionales, la cooperación internacional para el desarrollo, y el respeto, la promoción y protección de los derechos humanos; consagrados en la fracción X del artículo 89 constitucional. De igual forma, se mencionó que el gobierno no tomó en consideración la Doctrina Estrada, la cual, fue un posicionamiento en respuesta a los oprobios sufridos por diversas potencias, especialmente Estados Unidos, un parapeto para proteger la soberanía nacional en 1930.
En realidad, los principios antes mencionados son una guía para conducir el quehacer de la política exterior, pero es el interés nacional del Estado lo que verdaderamente nutre y forma a la política exterior. El interés nacional es la aspiración máxima por parte de un gobierno. No es estático, sino mutable y va cambiando conforme pasa el tiempo y los respectivos gobiernos.
La política exterior mexicana puede ser definida como la persecución de los objetivos nacionales del Estado mexicano en el escenario internacional. De hecho, el embajador Juan Carlos Mendoza, en su libro Cien años de política exterior mexicana. Momentos trascendentes 1910-2010, menciona que, para poder comprenderla, se debe considerar los factores que la han influido: el modelo de desarrollo, el sistema político, y el entorno internacional del momento. Estos factores, han permitido una correcta armonía entre la política exterior y el interés nacional.
La posición que tomó el gobierno mexicano frente a la crisis venezolana responde precisamente al actual interés nacional, el cual, ya no es idéntico al emanado por la Revolución mexicana. Debido al modelo de economía abierta y a los cambios en materia de derechos humanos, permitieron una modificación en el sistema político mexicano, a partir de la década de 1980 hasta la actualidad.
El cambio sufrido en el sistema político mexicano se debió, entre otros factores internos, principalmente a la ratificación de instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, logrando una transformación en el Estado mexicano que culminó con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, la cual, entre otras cosas, incluyó en la fracción X, del artículo 89: el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos como principio normativo de la política exterior. Como bien dicen Natalia Saltalamacchia y Ana Covarrubias en su artículo “La dimensión internacional de la reforma de derechos humanos: antecedentes históricos” publicado en el libro La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, “se consagra jurídicamente la idea de que tales derechos son un componente esencial de la identidad política que México desea proyectar al resto del mundo”.
Esta serie de cambios nos permite entender el porqué de la posición mexicana con Venezuela, pues a partir de estos últimos 30 años, la diplomacia mexicana asumió un activo papel internacional en temas de derechos humanos. Es así que, el gobierno de México, en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) tomó el liderazgo del G-14, un grupo de catorce países americanos, (Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) que tienen como denominador común impedir que continué o se agravie la crisis humanitaria en Venezuela.
En la 47° Asamblea de la OEA, celebrada del 19 al 21 de junio de 2017 en Cancún, México, el G-14 intentó aprobar una resolución que cesara inmediatamente la violencia, comenzará un diálogo entre las partes, y se reconsiderase la realización de la ANC. Sin embargo, del total de 33 votos (sin contar a Cuba) la resolución obtuvo solo 20, cuando necesitaba al menos 23 para que fuera aprobada. Los votos necesarios para que fuera aprobada pertenecían a los 14 países de Petrocaribe, alianza venezolana, además de Bolivia, Ecuador y Nicaragua, países amistosos con el régimen de Maduro.
En el siglo XIX, las guerras napoleónicas expandieron los ideales de la Revolución francesa por toda Europa y sus respectivas colonias, logrando en ese periodo, sus independencias. Tal fue el impacto por esta y otras guerras pasadas, como la guerra de los Treinta Años, que las monarquías europeas en el Congreso de Viena de 1815 revirtieron los ideales revolucionarios con la Santa Alianza de Metternich y crearon un equilibrio europeo, basado en el reacomodo territorial de William Pitt, que pacificó al continente europeo durante casi 100 años. Esto permitió una competencia desenfrenada por zonas de influencia en otras regiones geográficas como Latinoamérica, Asia o África.
México, en 1821 concibió su independencia. Por lo tanto, comenzó una difícil etapa de construcción política y económica, caracterizada por un largo periodo de rivalidades entre las facciones antagonistas: centralistas y liberales. Los gobiernos en curso ejecutaron una política exterior defensiva y activa. Defensiva por el temor a una agresión, sufriendo en este periodo, las tres mayores intervenciones de su historia, pero la más apremiante: la usurpación de más de la mitad de su territorio, tras la ratificación del Tratado Guadalupe-Hidalgo en 1848. Y una política exterior activa, para lograr el reconocimiento internacional, y la búsqueda de inversiones para la reconstrucción del país, la cual tomó gran fuerza en el Porfiriato, promoviendo por primera vez la imagen del país, por medio de ferias internacionales.
El siglo XX fue testigo de dos guerras mundiales, la segunda más devastadora que la primera, y para impedir una nueva conflagración de esta magnitud, la comunidad de naciones edificó un orden internacional basado en normas consensuadas para establecer relaciones equitativas entre ellas. Paralelamente, se desarrolló un periodo de tensión, con el peligro latente de la destrucción nuclear, entre las dos súper potencias. De igual manera, el modelo de un Estado benefactor ampliamente respaldado en la posguerra, en la década de 1970 comenzó a languidecer para reemplazarse por el neoliberalismo, modelo de desarrollo que cobró gran popularidad en la década de 1990, junto con la democracia como sistema político.
En este siglo, las ideas de la Revolución mexicana permitieron a sus líderes edificar, por primera vez en la historia del país, un Estado nacionalista, gobernado por un partido hegemónico que adoptó un modelo económico orientado al interior, siendo este generador del desarrollo. De tal modo, su política exterior fue congruente y se articuló como un parapeto para la defensa de la soberanía nacional, sustentada en el Derecho internacional, particularmente en los principios normativos que en 1988 serían consagrados en el artículo 89 constitucional. La política exterior mexicana no necesitaba ser activa, salvo en los casos en que la seguridad nacional se viera comprometida.
Un ejemplo de esta política exterior revolucionaria fue, en el ámbito bilateral, la doctrina Carranza, la cual recopiló todos los agravios sufridos hasta 1918 y cimentó los principios de la igualdad jurídica entre los Estados, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. También, la Doctrina Estrada estableció que México no otorgaría reconocimiento de gobierno, sino se limitaría a retirar a sus diplomáticos cuando lo considerase pertinente. Fue una respuesta a los chantajes del gobierno estadunidense al condicionar su reconocimiento a cambio de mayores ventajas en la extracción de recursos naturales mexicanos, en el periodo del presidente Álvaro Obregón.
En el ámbito multilateral, con la Sociedad de Naciones, México se opuso tajantemente a la invasión por parte de la Italia fascista a Etiopía, la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, y el apoyo al gobierno de la República en la Guerra Civil española. Cabe destacar que, en este último conflicto, México apoyó la democracia al enviar un cargamento de ametralladoras y municiones para un gobierno amigo y legítimo. En el sistema de las Naciones Unidas: la defensa de Cuba ante su expulsión en la OEA tras la crisis de los misiles; la desnuclearización de Latinoamérica con el Tratado de Tlatelolco, la Carta mexicana y el Grupo Contadora.
No es hasta la década de 1980, cuando el gobierno mexicano reestructuró su modelo económico, debido a la delicada y recrudecida situación económica internacional. Por tal motivo, el Estado comenzó una apertura, dejando de percibir al exterior como una amenaza, sino como un complemento de sus objetivos nacionales. Paralelamente, surgió una transformación en materia de derechos humanos al ratificar tratados internacionales, logrando una apertura en el sexenio del presidente Vicente Fox, consolidándose como ya se mencionó con la reforma en materia de derechos humanos de 2011. Esta situación se continúa observando en la actualidad, con el beneplácito del gobierno al escrutinio internacional.
De hecho, Alejandro Anaya Muñoz en su artículo “Política exterior y derechos humanos durante el gobierno de Felipe Calderón” para la revista Foro Internacional, menciona que: “Hacia principios de la década de 1980, México comenzó a adquirir mayores compromisos internacionales, ratificando tratados internacionales […] pero lo hizo de manera cautelosa […]dejando pendiente la aceptación de los elementos del régimen internacional de derechos humanos que más se prestan a la injerencia en los asuntos internos de los Estados […] Esta ambigüedad fue […] superada cuando el gobierno de Fox implementó una serie de acciones que abrieron totalmente el país al monitoreo y el escrutinio internacional de derechos humanos”.
La posición de México frente a la crisis venezolana ha generado una mala interpretación, debido a que se desconocen los elementos que componen la política exterior. Los principios constitucionales ya mencionados, deben ser entendidos como una guía para conducirla, pero es el interés nacional lo que la define. La Doctrina Estrada, por su parte, repelió ofensas que sufrió la soberanía mexicana en un momento determinado y se convirtió en una práctica de la diplomacia mexicana durante casi todo el siglo XX, pero fue usada porque respondía al interés nacional del momento. Parte del interés nacional de ahora es promover y proteger a los derechos humanos.
Al ser los derechos humanos un tema relativamente nuevo dentro de la agenda política mexicana, se han presentado en el país una serie de desaciertos en la materia en los últimos sexenios. Como respuesta, se consagró un ordenamiento jurídico a favor de los derechos humanos, tal es el caso de la citada reforma de 2011 y la reciente implementación del sistema penal acusatorio. Es por ello que, al ser parte del interés nacional, se han convertido en una base de nuestra política exterior.
Por otra parte, la crisis venezolana sigue recrudeciéndose. Además de la carencia de medicamentos y alimentos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que al cierre de 2017 la inflación será de 720.5%, mientras que la paridad cambiaria es de 2010 bolívares por dólar. La ruptura del orden democrático se resaltó tras el nombramiento de Maduro como jefe de Estado y comandante de las fuerzas armadas el10 de agosto de 2017.
Con la Declaración de Lima del 8 de agosto de 2017, los cancilleres de once gobiernos americanos, entre ellos México, acordaron, entre otras cosas, someter el tema a la Asamblea General de la ONU, postergar la cumbre CELAC-UE de octubre de 2017, y apoyar el diálogo entre las partes respetando la soberanía venezolana. México deberá implementar iniciativas junto con el consenso internacional para que en primera instancia se permita el ingreso de alimentos y medicinas al país y se logre un diálogo verídico entre las partes en conflicto que encauce nuevas elecciones.
DIEGO JIMÉNEZ ÁLVAREZ es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México. Se desempeñó en el sector social como Coordinador de Comunicación Social en el área internacional de Diálogos A.C. y dentro del gobierno como analista internacional de la Gerencia de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sígalo en Twitter en @decnja.
Tags:Crisis venezolana, Doctrina Estrada, México, Política exterior
4 Responses to La posición de México frente a la crisis venezolana
Miguel Jiménez Puga dice:
Uf excelente artículo no sólo destaca la crisis venezolana en el ámbito político y repercusión económica que recrudece la economía de por sí dañada si no que también se adelanta en términos adecuados del posicionamiento de México y que sin ser categórico este posicionamiento lo hace para definir una materia importante los derechos humanos felicidades Diego excelente artículo
Gracias Diego,por tu excelente narrativa, eres una persona muy especial, que privilegio el que tienes de llegar a las personas utilizando este canal de comunicación, Dios siga usando tu vida como inspiración para la juventud actual, espero que siempre mantenga sencillez en tu corazón y en tus acciones y que uses tus talentos para aportar cosas positiva a nuestro pais.
Ing. Yazmin Godinez Zavala dice:
3 octubre, 2017 a las 11:44 PM
Me encanta porque su estilo de escribir es fresco, transmite conocímiento en Ciencias Políticas y Diplomacia, y me encanta que, muy objetivo y sin tendencias, habla de la postura de nuestro gobierno al respecto de la tremenda crisis qye está viviendo el pueblo venezolano.
Lo que me agrada más es que es muy contemporáneo el análisis que hace sobre la doctrina Estrada… Me hizo buscar al respecto sobre de que trsta esa doctrina. Su visión olantea polémica y un cambio positivo e interesante de postura sobre la doctrina y la opinión del gobierno sobre la forma caótica y, lo más importante, el atropello y carencia de derechos humanos, de esa dictadura terrible que está sufriendo el pueblo de Venezuela
Miguel Ángel Santana dice:
Creo que es un posicionamiento muy directo hacia un tema bastante delicado. Tienes los elementos en tu artículo como para cuestionar que el gobierno mexicano siempre ha utilizado su brazo diplomático respetando los preceptos del artículo 89. La realidad es que, por lo menos, en América Central y el Caribe, México siempre ha sabido posicionarse a costa de la no intervención y la libre autodeterminación.
Como internacionalista, siempre me cuesta tomar partido, y creo que deberías tratar con más mesura puntos a defender en tu artículo.
Considero que, la ONU y la OEA han dejado de funcionar para el noble hecho que fueron creadas por la manipulación de los intereses nacionales del hegemón, y desde ahí, supongo, gran parte de tu postura carece de validez.
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