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Timestamp: 2016-12-07 13:37:06+00:00

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RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Castellón de la Plana, don Juan Carlos Millán de Diego, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Albocàsser, a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Castellón de la Plana, don Juan Carlos Millán de Diego, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Albocàsser, a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Castellón de la Plana, don Juan Carlos Millán de Diego, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Albocàsser, a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Castellón de la Plana, don Juan Carlos Millán de Diego, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Albocàsser, a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca.
En el recurso interpuesto por el Notario de Castellón de la Plana don Juan Carlos Millán de Diego contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Albocàsser, doña Cristina Martínez Ruiz, a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca.
El día 23 de febrero de 2005 don Juan Carlos Millán de Diego, Notario de Castellón de la Plana, autorizó una escritura de cancelación de hipoteca otorgada por una entidad de crédito. En representación de dicha entidad de crédito actuó don V.S.A.LL.
En dicha escritura de préstamo hipotecario se expresa, respecto de la citada representación, que don V.S.A.LL. interviene, como «Delegado de Oficina» de dicha Entidad, reseñándose los datos de las escrituras de designación para dicho cargo y de «delegación de facultades», con indicación del Notario autorizante, fecha de otorgamiento, número de protocolo e inscripción en el Registro Mercantil. Se añade por el Notario lo siguiente: «Copia de las referidas escrituras de nombramiento y delegación de facultades, que declara vigentes, tengo a la vista y de las mismas resulta, a mi juicio y bajo mi responsabilidad, que al apoderado le han sido conferidas facultades suficientes para el otorgamiento esta escritura de cancelación de hipoteca».
El título se presentó en el Registro de la Propiedad de Albocàsser el 9 de marzo de 2005, con número de asiento 668 del Diario 16.
Dicho título que fue devuelto para pago del impuesto el 21 de marzo, y vuelto a presentar en el Registro el 14 de abril fue objeto de calificación
negativa, con fecha 15 de abril de 2005, con base en los siguientes argumentos:
1. La Ley 24/2001 no ha modificado el régimen de calificación del Registrador (cfr. artículos 98 de dicha Ley, 18, 65-4.º y 327, párrafo 4.º de la Ley Hipotecaria), y así resulta de la Resolución de esta Dirección General de 12 de abril de 2002, que, a su juicio, exige: a) identificación del documento del que surja la representación, su fecha y Notario autorizante; b) relación somera pero suficiente de las facultades representativas; y c) juicio de suficiencia efectuado por el Notario.
2. La prevalencia, siempre a juicio de la funcionaria calificadora, de la doctrina de la Resolución de 12 de abril de 2002 de esta Dirección General que considera dispar de la expuesta en las Resoluciones de 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003 y 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre de 2004, que a su entender son incongruentes y contradictorias con aquélla. Dicha prevalencia se funda en el carácter de disposición general de aquella resolución sobre las resoluciones singulares y en la consiguiente proscripción de la inderogabilidad de la disposición general por las resoluciones singulares, anudado al hecho de la imposibilidad de modificación de la Resolución de consulta sin seguir el procedimiento de rectificación.
3. Referencia a numerosas sentencias dictadas por Juzgados de Primera Instancia y a tres Sentencias Audiencias Provinciales.
4. A juicio de la funcionaria calificadora, salvo la Resolución de esta Dirección General de 12 de abril de 2002, las demás citadas no son vinculantes al no ser firmes, ya que no o han sido objeto de recurso judicial o no ha transcurrido el plazo previsto en la Ley Hipotecaria para ser recurrida ante Tribunales. Añade que la Ley 24/2001 introduce como novedad la posibilidad de recurso judicial contra dichas resoluciones, pues antes las resoluciones de esta Dirección General finalizaban el procedimiento sobre la inscripción y no existía procedimiento específico destinado a revisar la decisión del Registrador de no inscribir.
5. El juicio de suficiencia de las facultades representativas es un juicio valorativo no cubierto por la fe notarial. Y sin reseña de dichas facultades supondría una valoración jurídica, que, sin motivación, crea un estado de derecho no revisable 6. Por todo ello es necesario que el documento inscribible contenga la relación o transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas del apoderado en términos que permitan al calificar la representación. El defecto podrá subsanarse mediante la aportación al Registro de la documentación acreditativa de la representación.
La calificación lleva fecha de 15 de abril de 2005. Y, según consta en el informe de la Registradora y reconoce el Notario en el propio recurso, se notificó a éste el día 19 de abril.
Por otra parte, debe destacarse que a la fecha de la calificación impugnada este Centro Directivo ya había resuelto diferentes recursos frente a calificaciones relativas al artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en sentido contrario al mantenido por la Registradora en su calificación. A tal efecto, y entre otras previas, en el Boletín Oficial del Estado se habían publicado las Resoluciones de este Centro Directivo, de carácter vinculante, de 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004, y 10 de enero, 3, 4, 21, 22 y 23 de febrero de 2005 en las que claramente se establece una doctrina distinta a la expuesta por la Registradora en su calificación.
Por medio de escrito que tuvo entrada en esta Dirección General el 10 de mayo de 2005 y en el Registro de la Propiedad de Albocàsser el 27 de mayo, el Notario autorizante de la escritura calificada interpuso recurso gubernativo contra la calificación, con base en los siguientes argumentos:
1.º Infracción del artículo 98 de la Ley 24/2001; 2.º Infracción de la ya reiterada doctrina de este Centro Directivo, como la de 10 de enero de 2005, en cuanto a la forma de consignar el juicio de suficiencia de las facultades representativas, doctrina que el recurrente entiende cumplida en la escritura calificada; 3.º Infracción de la doctrina jurisprudencial existente, principalmente las Sentencias de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 18 de marzo de 2004.
La Registradora de la Propiedad emitió su preceptivo informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escritos con fecha de 3 de junio de 2005, que tuvo entrada en este Centro el día 8 del mismo mes.
19 bis, 259, 274, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comer cio; 17 bis de la Ley del Notariado; 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958; 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 y 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 103.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1982, de 16 de junio; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1982, 9 de junio y 14 de noviembre de 1986, 3 de octubre de y 4 de noviembre de 1988, 30 de diciembre de 1989, 27 de febrero y 23 de abril de 1990, 2 de marzo de 1991, 13 de junio de 1997, 20 de enero, 11 de febrero y 25 de mayo de 1998 y 28 de mayo de 2003; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; y las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo,
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas del apoderado e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades atendido el negocio jurídico concluido, esto es, una cancelación de hipoteca.
Pues bien, comenzando por el análisis de la primera razón, resulta palmario que el Registrador es un funcionario público (artículo 274 de la
Ley Hipotecaria) al que le está vedado criticar, desconocer o comentar, en su calificación o, en su caso, en el informe, las resoluciones de su superior jerárquico, es decir, de este Centro Directivo; y ello, como le ocurre a cualquier otro funcionario público, pues uno de los principios básicos de organización administrativa es el de jerarquía (artículo 103.3 de la Constitución). Por otra parte, sería paradójica y, en cualquier caso, objeto de corrección disciplinaria artículo 7.1 a) del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado la conducta consistente en que un funcionario, de modo consciente y premeditado, resolviera en sentido contrario al que haya decidido su superior jerárquico, máxime cuando existe un pronunciamiento legal, claro y terminante que atribuye carácter vinculante a las resoluciones de ese superior jerárquico-cfr. artículo 327, párrafo décimo, de la Ley Hipotecaria-.
La Constitución sólo proclama la independencia de los Jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional; mas dicho principio básico, que hunde sus raíces en la necesidad de defensa del Poder Judicial frente a cualquier injerencia externa, no es trasladable al funcionamiento de la Administración, ni a la función que en el seno de una organización jerarquizada prestan sus funcionarios. Y no debe olvidarse que los Registradores son funcionarios públicos insertos en una organización administrativa, aun cuando algunos aspectos de su estatuto funcionarial guarde diferencias respecto del de otros funcionarios públicos. Por ello, la expresión incluida en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria «bajo su responsabilidad» debe tras la Constitución interpretarse en su recto sentido que ha de atender, necesariamente, al carácter del Registrador -funcionario público, que está inserto en una organización administrativa, pues su función pública se desempeña como titular de un órgano público, como es el Registro de la Propiedad, Mercantil o de Bienes Muebles que depende del Ministerio de Justicia, encomendándose a esta Dirección General todos los asuntos a ellos referentes (cfr. artículo 259 de la Ley Hipotecaria).
No obstante, y a los solos efectos de explicitar para este supuesto la previa doctrina de este Centro Directivo, cabe recordar que, según el fundamento de derecho quinto de las Resoluciones de 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre de 2004, cuyo contenido se ha reiterado en las de 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero de 2005 -entre otras más recientes citadas en los «Vistos» de la presente, «para que pueda entenderse válidamente cumplido el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la suficiencia de las facultades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Obviamente, las facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación que deberá comprender, al menos, el nombre o denominación social del poderdante y del apoderado, el nombre del Notario autorizante, la fecha del documento, el número de protocolo y su vigencia.
Las obligaciones para el Registrador son también palmarias puesto que deberá calificar, de un lado, la existencia y regularidad de la reseña identificativa del documento del que nace la representación y, de otro, la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso y concreto en relación con el acto o negocio jurídico documentado o las facultades ejercita das y la congruencia de la calificación que hace el Notario del acto o negocio jurídico documentado y el contenido del mismo título.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título lo siguiente: «Copia de las referidas escrituras de nombramiento y delegación de facultades, que declara vigentes, tengo a la vista y de las mismas resulta, a mi juicio y bajo mi responsabilidad, que al apoderado le han sido conferidas facultades suficientes para el otorgamiento esta escritura de cancelación de hipoteca».
Resulta evidente que el juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una escritura de cancelación de hipoteca.
Madrid, 26 de septiembre de 2005.La Directora General, Pilar Blancomorales Limones.
Sra. Registradora de la Propiedad de Albocàsser (Castellón de la Plana).

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 98
 Real Decreto 
 artículo 327
 artículo 18
 artículo 259
 artículo 98