Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2004/A183-04.htm
Timestamp: 2017-11-23 16:32:18+00:00

Document:
Auto 183/04
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Disparidad de criterios entre las partes y la Corte no es motivo suficiente para decretarla
Referencia: expediente T-940625
Incidente de Nulidad de la Sentencia T-1004 de 14 de octubre de 2004.
Actora: María Ofelia Gutiérrez de Isaza contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Procedencia: Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil cuatro (2004).
Provee la Corte en relación con la solicitud formulada por la ciudadana María Ofelia Gutiérrez de Isaza, para que se declare la nulidad de la Sentencia T-1004 de 14 de octubre de 2004.
1. La ciudadana María Ofelia Gutiérrez de Isaza interpuso acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral- por haber incurrido presuntamente en una vía de hecho al decidir recurso de casación contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva Sala Civil –Laboral- en el proceso ordinario promovido por la actora contra la Empresa Colombiana de Petróleos por haberle sido negado el pago proporcional de la pensión de jubilación al que la demandante afirma tener derecho con motivo del fallecimiento de un hijo suyo el 10 de agosto de 1996, quien inicialmente laboró para la Empresa Hocol S.A. dentro de la concesión DINA 540 en la ciudad de Neiva, desde el 7 de mayo de 1980 hasta el 17 de noviembre de 1994, fecha de finalización de esa concesión.
2. Para fundar su pretensión, expresa la actora que:
2.1. Según lo convenido entre ECOPETROL y los trabajadores de Hocol S.A. mediante conciliación ante la Dirección del Trabajo y Seguridad Social del Huila el 17 de noviembre de 1994, el tiempo laborado en esa concesión será acumulado al de ECOPETROL para el reconocimiento de pensión de jubilación y los demás efectos señalados en la Convención Colectiva de Trabajo vigente en ECOPETROL.
2.2. ECOPETROL se negó a reconocer el derecho a la pensión de sobreviviente a que se ha hecho alusión, aduciendo para el efecto que el trabajador fallecido prestó sus servicios a ECOPETROL tan sólo en sus dos últimos años de vida, por una parte, y que por otra, el artículo 112 parágrafo 1º de la Convención Colectiva entre ECOPETROL y sus trabajadores ni incluye a los padres como sujetos con derecho a la pensión de sobrevivientes, sino al cónyuge supérstite o la compañera permanente y a los hijos del trabajador menores de 18 años, o que siendo mayores de esa edad se encuentren incapacitados para trabajar por razón de sus estudios, o por invalidez.
2.3. El proceso ordinario laboral instaurado por la actora, le fue desfavorable a sus pretensiones en la primera instancia; apelada la sentencia, se revocó por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva la de primer grado y se accedió a las pretensiones de la demandante, bajo la consideración según la cual no obstante lo dispuesto en la Convención Colectiva de Trabajo en el artículo 112 parágrafo 1º, la demandante figuraba como único familiar inscrito por el trabajador ante la empresa.
2.4. Recurrida en casación la sentencia del Tribunal la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral- casó la sentencia objeto del recurso extraordinario y, actuando en sede de instancia denegó las pretensiones de la demandante en cuanto a la pensión de sobreviviente que reclama, por considerar que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, el trabajador fallecido el 10 de agosto de 1996 no había consolidado al morir derecho alguno para obtener la pensión de jubilación por lo que era aplicable la Convención Colectiva de Trabajo, que le era más favorable. No obstante, en este caso no se imponía ni era jurídicamente exigible la aplicación simultánea de la Convención Colectiva y la Ley 100 de 1993, pues se trata de una situación excepcional en que se amplió el reconocimiento de la sustitución pensional o de sobrevivientes para algunas personas, sin que por ello se deba entenderse que la excepción, se regula además, y de manera concurrente y simultánea por la Ley 100 de 1993; así como tampoco resulta admisible que el acuerdo convencional pueda extenderse analógicamente, para incluir a beneficiarios distintos a los mencionados en la Convención Colectiva.
2.5. En virtud de lo decidido por la Corte Constitucional sobre la procedencia de acciones de tutela contra sentencias de casación dictadas por la Corte Suprema de Justicia, la actora, conforme a lo expresado por la Sala Plena de la Corte Constitucional en auto de 3 de febrero de 2004, instauró acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema Justicia ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
2.6. La aludida acción de tutela fue denegada el 2 de abril de 2004 por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, providencia en la cual se adujo para sustentar la decisión que no existe vía de hecho en la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral en este caso, como quiera que tanto la Ley 100 de 1993 como la Corte Constitucional tienen por reconocido como válido el establecimiento de regímenes pensionales especiales para los trabajadores, que así quedan excluidos del régimen general regulado por la Ley 100 de 1993.
2.7. La sentencia de tutela de primera instancia acabada de mencionar, fue confirmada por el Consejo Superior de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria al decidir la impugnación de que fue objeto mediante sentencia de 7 de mayo de 2004.
2.8. La Corte Constitucional mediante sentencia de 14 de octubre de 2004, dictada por la Sala Segunda de Revisión confirmó la 7 de mayo de 2004 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual se denegó la protección a los derechos fundamentales invocados como presuntamente vulnerados en la acción de tutela promovida por María Ofelia Gutiérrez de Isaza contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
2.9. La actora solicitó en memorial de 2 de noviembre de 2004 la declaración de nulidad de la Sentencia T-1004 de 14 de octubre de 2004.
En la sentencia impugnada, luego de precisar lo relativo a la competencia del Consejo Superior de la Judicatura para tramitar la presente acción de tutela, se sintetizó por la Sala Segunda de Revisión la providencia judicial contra la cual se dirige, en este caso la acción de tutela y, a continuación, se recordó que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, declarado exequible por la Corte mediante Sentencia C-173 de 1996, se declaró constitucional la expresión “..., el presente régimen de seguridad social, no se aplica a los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos ni a los pensionados de la misma”, acusada como inconstitucional.
De la misma manera se adujo en la Sentencia objeto de impugnación, que la Corte Suprema de Justicia al casar la sentencia en el proceso ordinario laboral aludido, señaló que la interpretación de la Convención Colectiva “dada por el ad quen, no resulta el propósito que las partes tuvieron al suscribir el acuerdo convencional, pues en ellas no se contempló como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los ascendientes” tal interpretación, se agregó por la Corte, no constituye un desbordamiento o abuso de la función judicial, es decir, no constituye una vía de hecho sino, simplemente, el ejercicio del principio de la autonomía judicial.
Agregó, además, que en la Convención Colectiva de ECOPETROL vigente en el año de 1996 no se incluyeron como beneficiarios de la sustitución pensional o de la pensión de sobrevivientes a los ascendientes, todo lo cual indica que no se puede considerar como violatoria del derecho fundamental al debido proceso la sentencia de casación dictada por la Corte Suprema de Justicia en el proceso ordinario laboral promovido por María Ofelia Gutiérrez de Isaza contra ECOPETROL.
Dos son los motivos invocados por la ciudadana María Ofelia Gutiérrez de Isaza para solicitar la nulidad de la Sentencia T-1004 de 14 de octubre de 2004.
Al decir de la actora, la Sala Segunda de Revisión en la Sentencia T-1004 de 14 de octubre de 2004 desconoció la jurisprudencia contenida en las sentencias C-461 de 1995 y C-173 de 1996, que son de obligatorio cumplimiento.
En la primera de ellas, recuerda que se expresó por la Corte Constitucional que los regímenes especiales pensionales resultan conformes a la Constitución en cuanto favorecen a los trabajadores a que ellos se refieren. Con todo, en la misma sentencia se dijo que “pero si se determina que al permitir la vigencia de regímenes especiales se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispare no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta”. Por ello, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, en esa sentencia se declaró exequible siempre y cuando se aplique “en consonancia con los artículos 13, 48 y 53 de la Carta”.
Lo expresado por la Corte en la sentencia acabada de mencionar, fue reiterado textualmente en la Sentencia C-173 de 1996.
Tales sentencias constituyen cosa juzgada constitucional, que obliga a la aplicación del principio de favorabilidad y de igualdad y, en consecuencia, son de obligatoria observancia para las Salas de Revisión. De tal manera que, al no haber ocurrido así, se incurrió entonces a juicio de la actora en una causal de nulidad.
El segundo motivo de nulidad que se invoca es la presunta violación al debido proceso. Expresa la incidentante que en este caso no se trataba de cuestionar la interpretación que hizo la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sino de determinar si una Convención Colectiva de Trabajo puede menoscabar derechos mínimos de los trabajadores, entre los cuales se encuentra el de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos consagrados en la ley. Por ello, si bien es verdad que los jueces gozan de autonomía para interpretar los mandatos legales, no les es dable hacerlo en contra del principio de favorabilidad que ampara a los trabajadores, como se señaló en Sentencia T-001 de 1999.
1. Conforme lo ha expresado la Corte en múltiples oportunidades, entre otras en autos de 2 de abril de 2002, 9 de septiembre de 2003 (expediente T-496244 y T-722420), 10 de marzo de 1999, 26 de enero de 2000, 22 de junio de 1995 y 1º de marzo de 2000 sólo de manera excepcional es procedente la declaración de nulidad de sentencias proferidas por la Corte Constitucional, ya se trate de fallos para decidir definitivamente sobre exequibilidad por ella dictados en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 241 de la Constitución, o de las sentencias en la revisión eventual de lo resuelto en instancias cuando se trata de la acción de tutela conforme a lo dispuesto por el artículo 86 de la Carta.
2. Acorde con lo expuesto, en auto de 1º de julio de 2003, en el cual se reiteró lo dicho en auto 296 de 2001, en relación con la nulidad de sentencias proferidas por las Salas de Revisión de esta Corporación, se dijo por la Corte:
3. Aplicadas las nociones anteriores a la solicitud de nulidad de la Sentencia T-1004 de 14 de octubre de 2004, que ahora ocupa la atención de la Corte, se encuentra que ella no está llamada a prosperar, por cuanto:
3.1. Si bien es verdad que el artículo 279 de La Ley 100 de 1993 que excluye a los trabajadores de ECOPETROL y sus pensionados de la aplicación del régimen general de seguridad social en aquella establecido, fue declarado exequible siempre y cuando se aplique en consonancia con los artículos 13, 48 y 53 de la Carta, no es menos cierto que la afirmación de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de casación proferida en el proceso laboral iniciado por María Ofelia Gutiérrez de Isaza contra ECOPETROL, en la cual se afirmó que no pueden ser aplicadas de manera simultánea la Convención Colectiva de Trabajo vigente en agosto de 1996 entre ECOPETROL y sus trabajadores y la Ley 100 de 1993, no constituye un vía de hecho judicial.
En efecto, el artículo 112 parágrafo 1º de la mencionada Convención Colectiva de Trabajo señala como beneficiarios de la “pensión especial vitalicia de jubilación” que allí se crea, al cónyuge sobreviviente o a la compañera permanente y a los hijos del trabajador menos de 18 años y mayores de edad pero incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o por invalidez, pensión especial que contempla la hipótesis del fallecimiento del trabajador al servicio de la empresa cuando hubiere laborado para esta durante 8 años o más.
De esta manera, no resulta una vía de hecho la interpretación que se hizo por la Corte Suprema de Justicia sobre el contenido y alcance de la norma convencional aludida, sino acorde con el acta de conciliación de 17 de noviembre de 1994 celebrada ante la Dirección Regional del Trabajo y Seguridad Social del Huila, en la que se expresó que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 279, parágrafo de la Ley 100 de 1993 y el artículo 10 del Decreto Reglamentario 807 de 1994, el trabajador deberá celebrar un acuerdo con ECOPETROL, individual o colectivo, mediante el cual busque la equivalencia entre el sistema de seguridad social de la empresa y el de la Ley 100 de 1993”.
3.2. En cuanto a la presunta violación del debido proceso por desconocimiento del artículo 53 de la Constitución en cuanto garantiza la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos consagrados en la ley, en este caso es evidente que no se trata de una pensión de sobrevivientes establecida por el legislador, sino de “una pensión especial vitalicia de jubilación” creada por Convención Colectiva de Trabajo, para que se beneficien de ella el cónyuge sobreviviente o la compañera permanente y los hijos del trabajador menores de 18 años o mayores de edad pero incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o por invalidez, cuando se produzca el fallecimiento del trabajador que hubiere laborado a lo menos durante 8 años al servicio de la empresa y menos de veinte (20).
Siendo ello así, resulta evidente que no existe la presunta violación del artículo 53 que se aduce por la incidentante, para deducir de allí que fue quebrantado el debido proceso garantizado por el artículo 29 de la Constitución Política.
DENEGAR la solicitud formulada por la ciudadana María Ofelia Gutiérrez de Isaza, para que se declare la nulidad de la Sentencia T-1004 de 14 de octubre de 2004 proferida por la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional., en la acción de tutela promovida por ella contra la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral, radicada bajo el número T-940625.

References: artículo 112
 artículo 112
 artículo 279
 artículo 13
 artículo 279
 artículo 241
 artículo 86
 artículo 279
 artículo 112
 artículo 279
 artículo 10
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 29