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Timestamp: 2020-06-06 15:37:52+00:00

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Unidad 1 - Las Impugnaciones en General | Ley procesal | Res Judicata
Unidad 1 - Las Impugnaciones en General
Dra. Salazar - Procesal civil- Córdoba
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Codigo Procesal Penal La Rioja
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Informe BCN Cosa Juzgada_PCPC_v3.doc
Cesar Puntriano El Peruano Sentencias Laborales (3)
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14. Clase 14 - SCS 42004-2017
Marichal STJER
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Diplomatura en Derecho Procesal Civil y Comercial - Módulo 6: Impugnaciones en el proceso - Unidad 1
IMPUGNACIONES EN GENERAL
Tema 1. Concepto de Impugnación.
La impugnación procesal responde a la idea de depuración o subsanación de un acto procesal o un proceso viciado. Así lo enseña Guasp al sostener que “Una vez que se obtiene una decisión procesal, sea declarativa o ejecutiva, siempre pueden plantearse dudas en torno a las calidades intrínsecas, especialmente en torno al problema de si tal decisión es, en efecto, el mejor resultado que podría conseguirse, en vista de los términos a que se refiere. Para dar satisfacción a la idea que ve, en la depuración de un resultado procesal, un mejoramiento del mismo, se establecen, por cada derecho positivo, no en términos ilimitados, pero sí considerables, procesos especiales en los que se critica, esto es se impugna, el resultado procesal originariamente alcanzado … Los procesos de impugnación, son por consiguiente, aquéllos en que se destina una tramitación especial a la crítica de los resultados procesales conseguidos en otra tramitación especial”… “La idea elemental de la impugnación es que se vuelve a trabajar sobre la materia procesal, ya decidida, para que su nuevo curso permita depurar la exactitud o inexactitud de las conclusiones procesales primariamente obtenidas.
El derecho a impugnar, “viene a ser en definitiva, una atribución comprendida dentro del poder de acción y contradicción”, destinada a lograr que un órgano jurisdiccional reexamine un acto procesal o el proceso mismo.
Tal cual se desprende de las citas expuestas, usted apreciará que la noción de impugnación, incluye la idea de revisión de lo decidido, y también la de invalidación de lo actuado de manera contraria a derecho. En este sentido, podemos agregar que “siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de antemano por el orden jurídico, mediante las cuales se hace el juicio, la nulidad consiste en el apartamiento de ese conjunto de formas necesarias establecidas por la ley”. Los actos procesales afectados de nulidad, siempre requieren una resolución judicial que los declare inválidos. A tal fin los medios de impugnación resultan las vías necesarias para lograr la subsanación, siendo así, y siguiendo el planteo de Couture podemos agregar que “realizado el acto, la parte agraviada por él tiene, dentro de los límites que la ley le confiera, poderes de impugnación destinados a promover la revisión del acto y su eventual modificación”.
Es que aquello que justifica la existencia de las impugnaciones, es la falibilidad propia de todo ser humano, y la posibilidad de comisión de errores lleva a la necesidad de prever vías reparadoras de los mismos.
Tema 2. Vicios
Los errores que vician el proceso pueden provenir de diversas causas. Para su análisis y siguiendo la didáctica del Dr. Raúl Fernández en su obra “Impugnaciones ordinarias y extraordinarias en el CPCC de Córdoba”, los vicios pueden agruparse en: Errores in iudicando, errores in procedendo y errores in cogitando. Los errores in iudicando, son aquéllos que se cometen cuando el equívoco recae sobre la aplicación del derecho ya sea en lo que hace al encuadramiento legal del supuesto de hecho sometido a decisión o la interpretación de la norma aplicable (errores in iudicando in iure), o bien cuando recae sobre los hechos bajo análisis en el juzgamiento, es decir cuando valora inadecuadamente las pruebas y tiene por acreditados los hechos de manera equivocada según las normas que rigen la valoración de la prueba (errores in iudicando in factum). Los errores in procedendo son los que se cometen durante el curso del procedimiento judicial, y pueden resultar por la errónea aplicación o interpretación de la norma procesal que corresponde al caso (in procedendo in iure), o bien por una valoración equivocada de las actuaciones de la causa referentes a la relación jurídico procesal (in procedendo in factum).
Finalmente, errores in cogitando son los que atañen al razonamiento del juzgador y que pueden provenir por la falta a las reglas de la lógica formal o a las de la teoría de la argumentación, y tales equívocos en el razonamiento pueden referir tanto a la cuestión sustancial como a la procesal.
Ahora bien, estos yerros pueden observarse en los actos procesales provenientes de las partes u otros participantes, o bien en los llevados a cabo por el Tribunal. La diferenciación resulta trascendente a los fines de la elección de la vía impugnativa correcta.
En una primera aproximación, puede decirse que, en principio, los vicios contenidos en los actos de “resolución” son atacables por vía de los Recursos – siempre que no exista otra vía especial prevista, como por ejemplo la de la Excepción; que para todos aquéllos que no importan actos de decisión y que son realizados por cualquier participante del proceso la vía prevista es la del Incidente de nulidad; y que para la invalidación de un proceso concluído, la Acción Impugnativa.
Tema 3. Vías impugnativas.
Los medios de impugnación o vías impugnativas son: El recurso, el incidente, la excepción y la acción, y los abordaremos seguidamente en este apartado.
3.1 Recursos:
Se llaman recursos a los medios que la ley concede para obtener que una providencia judicial sea modificada o dejada sin efecto.
El recurso, como medio impugnativo, se diferencia de los incidentes, en tanto el acto procesal que ataca es de aquéllos de naturaleza decisoria.
Es la vía prevista por el ordenamiento procesal, para lograr que se deje sin efecto, se modifique, sustituya o anule una resolución judicial, ya sea mediante una nueva resolución dictada por el mismo Tribunal o por su superior. Los recursos pueden clasificarse en ordinarios o extraordinarios, teniendo en cuenta “la mayor o menor extensión en los motivos con que se puede impugnar una resolución judicial… para la procedencia de ciertos recursos basta que la resolución judicial haya sido irregularmente dada o se pretenda que esté mal fundada; en tanto que otros sólo son admisibles por causas precisas señaladas en la ley y no por simple mal juzgamiento.”. Mediante los recursos ordinarios el análisis de la resolución revisora permite abarcar cualquier tipo de vicio que se le endilgue a la decisión recurrida. La materia de conocimiento revisable es amplia, sin limitaciones más que los agravios que se expresen. Se distingue así de los recursos extraordinarios, en los cuales la materia revisable se encuentra delimitada, previéndose sólo como proponible la impugnación por causales específicas.
En nuestro sistema procesal son recursos ordinarios: la reposición y la apelación, recursos que serán abordados con mayor profundidad al desarrollar los temas 3 y 4.
Los Recursos Extraordinarios, se distinguen por el hecho de que la ley ha previsto expresa y taxativamente las causales que habilitan la revisión de lo decidido. En el Código Procesal de Córdoba son recursos extraordinarios, el recurso de casación, el recurso de inconstitucionalidad y el de revisión. Respecto de este último se ha señalado que no es técnicamente un recurso por cuanto el objeto de impugnación puede abarcar a todo el proceso -y no sólo a la sentencia-, y fundarse en hechos extraprocesales, razón por la cuál, se ha señalado que se trataría de una acción pese a su denominación. Los recursos extraordinarios, exceden a los objetivos previstos en esta Diplomatura, razón por la cual no serán desarrollados en esta oportunidad.
3.2. Excepciones:
Excepción en su sentido más amplio, es el poder jurídico de que se halla investido el demandado, que le habilita para oponerse a la acción promovida contra él. En un sentido más estricto, y que a los fines de las impugnaciones interesa, excepción es la denominación dada a ciertos tipos específicos de defensas procesales no sustanciales, dilatorias, perentorias o mixtas, mediante las cuales el demandado puede reclamar del juez su absolución de la demanda o la liberación de la carga de contestarla.
La excepción en este caso, como vía de impugnación en el proceso, juega como medio legal de denunciar al juez la falta de presupuestos necesarios para la validez del juicio, como por ejemplo la falta de competencia, la incapacidad procesal de las partes intervinientes o sus representantes, o la ausencia de formas en la demanda. En tales casos, esta defensa importa la denuncia de un vicio en los actos procesales o el proceso mismo por carecer de los presupuestos esenciales para resultar válido. En estas circunstancias, la excepción juega un rol impugnativo, y es la vía adecuada para denunciar las faltas a los aspectos antes aludidos.
El fin de la excepción en este estricto sentido, es “limpiar el proceso” dilucidando cuestiones previas para lograr la eficacia y validez de los actos procesales futuros. Es, en definitiva el medio impugnativo idóneo para denunciar la falta de presupuestos procesales.
3.3 Incidente
En cuanto a los incidentes decimos que: son cuestiones que se suscitan durante la tramitación de un pleito y que tienen alguna conexión con él (art. 426 C.P.C.C.Cba.) El incidente impugnativo, resulta ser aquél que tiene por objeto invalidar los actos procesales, de naturaleza no decisoria, que resultan afectados por algún vicio o irregularidad que no le permite lograr la finalidad que tuviere prevista.
El incidente de nulidad es el medio idóneo para la impugnación de aquellos actos procesales que no contienen una decisión. Para estos últimos, como se explicara precedentemente, la vía específica es la recursiva. El incidente de nulidad "constituye la única vía admisible para obtener la declaración de nulidad de cualquier acto procesal realizado durante el curso de una instancia, salvo que la impugnación se funde en la existencia de un defecto vinculado con alguno de los requisitos que deben reunir las resoluciones judiciales, y éstas, asimismo, sean susceptibles de recurso. Por lo tanto, el incidente procede aun en el supuesto de que, a raíz de un acto defectuoso, se haya dictado una resolución judicial, pues en tal hipótesis no se impugna a ésta en sí misma sino en la medida en
que configura la culminación de un proceso irregular" . En definitiva, para todos aquéllos actos procesales que no sean resoluciones, la impugnación procedente es la del incidente de nulidad.
3.4 Acción impugnativa
La acción impugnativa, importa el ejercicio del poder de acción, encaminado a obtener la anulación de un proceso concluido, y respecto del cuál la resolución ya ha adoptado la calidad de cosa juzgada. Consiste en un nuevo proceso mediante el cual se persigue un pronunciamiento invalidatorio que revoque la cosa juzgada, dejando sin efecto la autoridad y eficacia que emanan de la misma. “La pretensión nulificatoria supone “el ejercicio de un poder jurídico que se concreta y exterioriza en una demanda principal introductiva de la instancia que origina un proceso autónomo por el cual se procura obtener mediante decisión expresa y positiva una declaración de invalidez de los actos procesales, ejecutados en el juicio ya fenecido y cuya sentencia ha pasado en autoridad de cosa juzgada”.
Presupone la existencia de un proceso concluido y una decisión que revista la calidad de cosa juzgada. Al respecto, la regulación procesal cordobesa, sólo prevé, bajo la denominación recurso, la revisión en sus arts. 395 a 401. Si bien su denominación indicaría que su naturaleza es recursiva, hay doctrina que ha considerado que importa el ejercicio de una verdadera acción, por cuanto lo que se solicita es la revisión del proceso en virtud de hechos nuevos.
Acción autónoma de nulidad. Fuera de la regulación procesal señalada, no obstante, se ha admitido la impugnación de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y el proceso llevado a cabo a tal efecto, cuando los vicios que se le endilgan resultan tales que ponen en juego la vigencia de derechos de jerarquía constitucional, justificando la medida la existencia de un proceso notoriamente injusto.
En relación a este tema, Ferrer sostiene que "La acción autónoma de nulidad es procedente en aquellos supuestos donde frente a un proceso sustanciado y concluido, en cuyo desarrollo e injusto desenlace se conculcan derechos de ”
jerarquía constitucional del vencido, no exista posibilidad recursiva alguna que permita revertir lo
En la jurisprudencia se ha receptado para situaciones excepcionales, la acción impugnativa en el sentido expuesto. El caso "Campbell Davidson c/ Provincia de Bs. As.”, es el claro ejemplo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que se señaló que sólo se puede hablar de cosa juzgada si la sentencia judicial ha sido precedida de un proceso en el cual el vencido haya tenido adecuada y sustancial oportunidad de audiencia y prueba. Y en esta provincia el Tribunal superior de Justicia la ha admitido, como acción de revisión de la cosa juzgada írrita.
Se ha señalado, como requisitos para que proceda la acción autónoma de nulidad, el agotamiento de todas las posibilidades recursivas, tanto ordinarias como extraordinarias, resultando por lo tanto subsidiaria respecto de las vías impugnativas que otorgue el ordenamiento procesal, y que requiere, además de la indefensión del vencido, la ostensible injusticia del fallo. Esta acción persigue el restablecimiento de la garantía constitucional violada, cuestión que justificaría que ceda la preclusión procesal y la cosa juzgada, exigiendo para ello que la injusticia del fallo sea la consecuencia directa de la indefensión del vencido.
Tema 4. Principio de Unicidad o Especificidad.
Por el principio de unicidad o especificidad de las impugnaciones adoptado en nuestro sistema procesal, existe un sólo medio impugnativo apto para obtener la modificación, anulación o sustitución del acto procesal que se ataca como viciado. En tal sentido se ha dicho que para cada enfermedad hay un remedio que se erige como el más apropiado.
Es decir, de acuerdo al tipo de acto procesal de que se trate, y al vicio que se señale, la legislación procesal ha previsto el canal adecuado para remediar la injusticia que el yerro genera, y es por esa vía prevista y no por otra, por la que debe subsanarse el acto de que se trate.
Sobre el punto, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ha señalado que: “En virtud del principio de unicidad de los recursos, las resoluciones judiciales sólo toleran un solo sendero impugnativo específico.” … la “regulación procesal referida a la forma y efectos de los medios de impugnación, reviste carácter de orden público (tanto porque se vincula con la organización judicial y su establecimiento orientado al bienestar general depende de la ley y no de la voluntad de las partes ni de la decisión del órgano jurisdiccional)”, por lo que el órgano jurisdiccional tiene la atribución imperativa de analizar la viabilidad, o no, de la vías recursivas planteadas, para declarar, en el último “
Por virtud de esta regla –que
puede denominarse de especificidad de la vía procesal-, cada acto de postulación admite sólo un camino de ingreso a la causa, pues éste es el que asegura la mayor eficacia procesal del acto en función de su destino. Esta hermenéutica, lejos de reflejar un ritualismo o de mostrar un apego caprichoso a las formas, encuentra fundamento en la necesidad de ordenar la actividad procesal desplegada por las partes en el juicio a fin de evitar que en los procesos judiciales reine el caos en la actuación del derecho y el desconcierto en el ánimo de las partes; todo ello con el propósito último de garantizar la seguridad jurídica y resguardar el derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional. En concordancia, en materia de impugnaciones- dentro de las cuales no sólo se hallan los recursos
caso, aún de oficio, su improcedencia. Así también lo fundamentó, al señalar que
propiamente dichos sino también las excepciones- rige un principio de similares características y efectos al recién señalado. Efectivamente, autorizada doctrina ha puntualizado que en virtud del principio de unicidad, “por regla, cada providencia judirisdiccional tolera un solo sendero recursivo específico ”
Sin perjuicio de que en los apartados siguientes, se analizarán en particular algunos medios impugnativos, cabe ilustrar el principio bajo análisis, comparando en casos en particular, cuando corresponde una vía y no otra.
4.2. Aplicaciones del principio de especificidad.
¿Cuándo corresponde promover un incidente y no un recurso?
El sistema del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba claramente dispone y reglamenta la vía impugnativa idónea para propugnar o postular la invalidación de actos del “procedimiento” o de “tramitación” viciados, cuando el vicio no reside ab origine en una resolución (decreto, auto o sentencia). En efecto, para corregir vicios o errores “acaecidos en el procedimiento” el rito impone la promoción del incidente de nulidad, incluso aún después de dictada la resolución que pone fin a la primera instancia. Ese es el medio por el cual el afectado puede alegar que tomó conocimiento de la existencia del vicio, comisivo u omisivo, habido en el trámite y lograr la invalidación de los actos inficionados de nulidad. En otras palabras, para cuestionar anomalías e irregularidades acaecidas en un procedimiento que culminó con sentencia, la vía procesal pertinente e idónea es la del incidente de nulidad.
En este sentido se ha sostenido que la promoción del incidente de nulidad "constituye la única vía admisible para obtener la declaración de nulidad de cualquier acto procesal realizado durante el curso de una instancia, salvo que la impugnación se funde en la existencia de un defecto vinculado con alguno de los requisitos que deben reunir las resoluciones judiciales, y éstas, asimismo, sean susceptibles de recurso. Por lo tanto, el incidente procede aun en el supuesto de que, a raíz de un acto defectuoso, se haya dictado una resolución judicial, pues en tal hipótesis no se impugna a ésta en sí misma sino en la medida en que configura la culminación de un proceso irregular"
Así también lo ha entendido la doctrina local expresando que: “Queda, entonces, el incidente de nulidad como único medio para denunciar vicios en el procedimiento, utilizable en toda clase de procesos”.
Siguiendo estos mismos lineamientos se ha dicho que si se han violado las formas y solemnidades prescriptas para "el proceso" y no se ataca la contenida en la misma resolución, corresponde desestimar la nulidad planteada. Si se considera que los proveídos dictados que ataca, produjeron una severa violación a las formas y solemnidades prescriptos para el "procedimiento", por entender que la decisión atacada violaba el derecho de defensa, no cabía otra posibilidad al apelante que atacar dicha decisión mediante la vía impugnativa idónea a tal fin, es decir, deduciendo el correspondiente "incidente de nulidad" (conf. arts. 76 y sgtes.), o en su caso, reposición, esgrimiendo en dicha oportunidad procesal los vicios recién ahora denunciados mediante el remedio legal -recursivo- improcedente. En efecto, solamente son susceptibles de ser impugnadas mediante "recurso" los defectos de forma de las resoluciones judiciales, es decir, apunta a la violación o inobservancia de las formas viscerales sobre las cuales deben estar estructuradas las resoluciones judiciales, y que se reputan insuperables, quedando excluido de su ámbito los errores in procedendo, omisiones o irregularidades, que precedieron al dictado de la sentencia, susceptibles de ser reparados únicamente mediante "incidente de nulidad", o en su caso, reposición, contra dichos actos procesales.”…los errores de procedimiento anteriores al fallo sólo eran susceptibles de enmendarse mediante la vía incidental idónea (incidente de nulidad) en la instancia en que éstos se cometieron y no en la Alzada, como pretende el recurrente. Resulta extemporáneo el planteo nulificatorio intentado mediante la vía recursiva planteada (apelación), ya que no puede atacarse de nulidad los actos procesales cuando se han consentido los vicios, al no deducirse la impugnación dentro de los cinco días de conocido el acto viciado.”
Coincidiendo con lo expuesto, la Jurisprudencia local se ha pronunciado en el sentido de que, el recurso de
nulidad contenido en el de apelación, se diferencia del incidente de nulidad, el cual refiere a vicios localizados en el procedimiento anterior al pronunciamiento de la sentencia y debe ser planteado dentro de los cinco días de conocidos, en tanto que el primero –es decir, el recurso de nulidad contenido en el de apelación- se refiere a
El recurso de apelación -comprensivo del de nulidad- está reservado para los defectos de
defectos propios del fallo
forma de la sentencia y no para los vicios in procedendo, para los que el ordenamiento procesal prevé el incidente de nulidad.
Destacada doctrina ha dicho sobre el particular que, dentro de los actos procesales de impugnación se encuentran los recursos, que se esgrimen para cuestionar los errores in iudicando o in procedendo y el incidente de nulidad, que cuestiona vicios de la actividad procesal que precedió al dictado de la resolución. En ambos casos se denuncia un error, pero cuando se trata del error in iudicando lo que se cuestiona es una sentencia injusta que causa agravio al recurrente, o bien porque se aplicó una norma inaplicable o porque se aplicó mal o no se aplicó la norma aplicable o porque existe una falla en los presupuestos lógicos o empíricos del fallo, mientras en el error in procedendo se señala el apartamiento de las formas del que puede derivar un desmedro a las garantías del contradictorio, privando a la parte que lo denuncia de su pleno derecho de defensa. En este caso, se atacan los medios de hacer el proceso y no el contenido de una resolución.
Sobre el caso, existe doctrina en contrario para el supuesto de nulidad en el procedimiento, la que sostiene que puede ser alegado por vía del recurso de apelación, apoyando su postura en la interpretación que realiza del
art. 362 del CPC.
¿Cuándo corresponde impugnar por la vía de la excepción y no por medio de un recurso?
Sobre el punto se ha señalado que: “la vía idónea para resistir la apertura de la instancia de ejecución de sentencia por los motivos esgrimidos es la interposición de las excepciones que la ley contempla, sin que el
si -conforme surge de las constancias
de la causa- lo pretendido por el demandado era impedir o enervar la procedencia de la ejecución de sentencia promovida en su contra, debía inexorablemente -por ser la vía apta y contemplada específicamente para ello-, articular la excepción que corresponda al fundamento sobre el que asienta su derecho de oposición, en los términos del artículo 809 del C.P.C. Así, si el sendero idóneo para contrarrestar la acción ejecutoria impetrada es el planteo de una excepción, va de suyo que queda desplazada la impugnación por vía de recursos. Dicho de otro modo, la oposición al progreso de la ejecución, -cualquiera sea la causa que se invoque en su apoyo-, no puede vehiculizarse por los carriles recursivos; antes bien debe hacerse a través del planteamiento de las excepciones, desde que, a la luz del aludido principio de especificidad de la vía procesal, éste es el medio idóneo y especialmente predispuesto por la ley para resistir la pretensión contenida en la demanda.”
ejecutado deba –ni pueda- valerse de carriles recursivos ordinarios a tal
¿Cuándo es posible adoptar la vía de la reposición y no la extraordinaria federal?
Ha señalado el máximo Tribunal cordobés que, los eventuales vicios de los que pudieran adolecer las
resoluciones emanadas de este Tribunal sólo admiten impugnación mediante el carril del art. 14 de la ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante lo expuesto, cabe admitir el recurso de reposición cuando se ha
Así lo aconsejan el principio de
economía procesal que debe presidir los actos jurisdiccionales y la prestación de un mejor servicio de justicia, que excluya los excesos rituales manifiestos. (En el caso se procuraba revertir la inadmisión de un recurso de queja en el que no se había acompañado copia de la contestación del recurso de casación).
incurrido en errores o inadvertencias materiales advertibles sin mayor análisis
Tema 5. Otros medios impugnativos
Como ya se anticipara, existen otros medios impugnativos a los que haremos referencia seguidamente.
5.1 Aclaratoria.
La aclaratoria se encuentra regulada en el art. 336 del CPC, el que dispone que: Pronunciada y notificada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del pleito, pero podrá corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión, siempre que se solicite dentro de los tres días siguientes al de la notificación”.
Se ha señalado respecto de este medio de corrección, que no importa un recurso en sentido técnico, por cuanto no participa de la naturaleza y objeto de los recursos, que no le cabe a su respecto la aplicación del art. 356 del CPC en cuanto a la prohibición de la “reformatio in peius”, ni se encuentra sistemáticamente en el capítulo en que se regulan los recursos. Por el contrario, hay doctrina que la ha considerado, por su naturaleza de remedio procesal, y por su objeto de obtener una revisión de la sentencia, en límites más reducidos, porque las facultades que el pedido de aclaratoria otorga al juez son similares a las que otorga al tribunal de alzada en la apelación, porque tiende en algún modo, a modificar, en su sustancia (correcciones, ampliaciones) o en su forma (aclaración de conceptos oscuros) una resolución judicial.
La aclaratoria tiene marcados sus límites y sólo procede en los supuestos señalados por el art. 336, admitiéndose sólo para corregir, aclarar o suplir omisiones, pero no para modificar lo decidido, ni sus razones o fundamentos, por lo cual parecería no coincidir con el objeto propio de los recursos.
Corresponde precisar, que si bien el art. 336 del CPC, alude a la sentencia, la norma tiene aplicación a los demás tipos de resoluciones. Es un precepto de aplicación general, y en consecuencia procede aun tratándose de interlocutorias simples.
También, precisando los alcances de la norma, se ha sostenido que aun cuando supone la petición de parte, ello no obsta que proceda de oficio, si se interpreta sistemáticamente los arts. 129 y 142.
Con la vigencia de la ley 8465, ya no existe discusión acerca del efecto interruptivo que provoca la solicitud de aclaratoria respecto del plazo para recurrir, ya que así lo dispone expresamente el art. 337, en su segundo párrafo:
“el plazo para recurrir, se computará desde la notificación a cada parte de la resolución aclaratoria o que deniegue la misma.”
El plazo para su interposición es del tipo fatal, tal como así lo dispone el art. 49 inc. 3 del CPC. Tal interrupción, comprende a todos los litigantes, no sólo al peticionante de la aclaratoria. Para arribar a tal conclusión el Tribunal Superior de Justicia, señaló que pese a que el término para recurrir es personal y no común, se parte de la premisa de que la sentencia y su aclaración integran, como expresión de voluntad del órgano jurisdiccional, un acto único, pese a la distancia temporal que puede mediar entre uno y otro. Siendo ello
así, el pedido de aclaratoria debe necesariamente interrumpir el término para recurrir respecto de todos los interesados, hasta tanto se integre con pronunciamiento que resuelve el pedido de aclaratoria.
5.2 Interpretación.
En cualquier tiempo y a mérito de la ejecución de la sentencia o de juicio contradictorio sobre su inteligencia el tribunal puede interpretar su propia sentencia, según lo dispone el art. 338 del CPC.
A diferencia del art. 336, no existe plazo para la facultad atribuida al tribunal, lo que se justifica por el fin
perseguido por la norma. En efecto, se persigue con la misma lograr el cumplimiento de la sentencia, eliminando los
inconvenientes que pudieren surgir cuando la misma no permita una interpretación clara o resulte algún elemento contradictorio en cuanto a lo decidido.
Es importante resaltar que la vía de la interpretación de sentencia debe ser utilizada con sumo cuidado, siendo de
aplicación excepcional, a fin de no desvirtuar los alcances de la cosa juzgada. En otros términos, por vía de interpretación no puede variarse lo decidido en la sentencia, so pretexto de pretender compatibilizar lo efectivamente querido por el tribunal al decidir sustancialmente la contienda.
5.3. Revocatoria.
En cuanto a la revocatoria, el art. 129 del CPCC dispone que “El tribunal podrá revocar o modificar, por contrario imperio, de oficio, las providencias o resoluciones dictadas sin sustanciación, mientras ninguna de las partes esté notificada.” Sobre el punto se ha señalado que “técnicamente no constituye un recurso, sino el ejercicio mismo de la jurisdicción” , calificándose como innecesaria, porque si la resolución no salió del ámbito interno del despacho del juez, este último la puede modificar o corregir. Como requisitos para implementar la revocatoria existen dos: el primero que exige, que la resolución no sea la consecuencia de una petición que haya sido sustanciada; y el segundo que establece que las partes no se encuentren notificadas de la resolución.
5.4 Recurso Directo o de Queja
El recurso directo es la vía impugnativa prevista por el ordenamiento procesal, para dejar sin efecto una resolución que deniega la concesión de un recurso intentado. Procede tanto frente a la denegatoria de un recurso de apelación, casación o inconstitucionalidad, ya que así lo habilita la previsión del art. 402 del CPC. Se prevé la revisión de lo decidido en cuanto a la no concesión del recurso, en aquéllos supuestos en que el encargado del primer control de admisibilidad, es un tribunal distinto al que corresponde resolver, en definitiva, sobre la fundabilidad de la impugnación.
Puede decirse, entonces, que la finalidad del recurso directo es obtener la concesión del recurso que fuera denegado por un tribunal inferior al que le corresponde resolver sobre la procedencia del recurso. Así entonces, la impugnación por vía del recurso directo, apunta a la decisión de no conceder el recurso principal, y no a las razones que sostienen la cuestión principal recurrida. Es decir, la impugnación por vía del directo, debe referir a las cuestiones de admisibilidad del recurso –que no fueron estimadas por el tribunal inferior-, y no a las de procedencia o fundabilidad de la materia recurrida.
“El recurso directo es un remedio de naturaleza “auxiliar” por cuanto no tiene un fin en sí mismo, sino que se encuentra preordenado a la concesión de otro recurso de carácter principal. En otras palabras, el también denominado recurso de “queja” tiene por única finalidad provocar la revocación o modificación de la resolución que deniega otro recurso (ya el de apelación, ya el de casación o de inconstitucionalidad). En función de tal naturaleza auxiliar, el recurrente debe limitarse a plantear sus objeciones en el terreno de la admisibilidad del recurso denegado, sin poder introducirse en la cuestión de su procedencia sustancial, y sin poder –a fortiori- alterar, modificar o ampliar los términos en que el recurso principal denegado fue impetrado. - En cuanto al plazo para su interposición, éste es de tipo fatal (art. 49 inc.2 CPC) y de diez días (art. 402
CPC) - Los requisitos establecidos que se deberán cumplimentar bajo sanción de inadmisibilidad se encuentran prescriptos en el art. 402 del CPC, y son: la constitución del domicilio, y el acompañamiento de las copias en la forma señalada por el inc. 2, y la indicación de las fechas en que se notificaron la resolución recurrida, la de interposición del recurso y la de notificación de la denegatoria (inc. 3).
En el sistema actual del Código Procesal Civil de Cba. la regla general para los recursos es la del efecto suspensivo. Así, para la reposición lo prevé el art. 360, para la apelación el art. 365, para la casación el art. 383, y para la inconstitucionalidad el art. 394. Por el contrario, para la revisión opera el efecto no suspensivo, según lo dispuesto por el art. 401.
Ahora bien, respecto del Recurso Directo o de Queja, la ley 8465 nada dice, y la doctrina se encuentra dividida respecto del efecto que produce la interposición del recurso de queja.
Para algunos, al no tener un efecto determinado, la articulación de la queja no hace más que mantener el efecto del recurso principal denegado, señalándose al respecto que, no podría nunca conferir efecto suspensivo a un recurso principal que por sí mismo no lo tuviera. Cuando el recurso principal tiene efecto suspensivo, la articulación de la queja no hace más que mantener vivo ese efecto en la nueva fase del juicio sobre la impugnación, fase limitada
por la cuestión de su admisibilidad. Este efecto no deriva de la concesión del recurso, ni siquiera de su interposición, sino del hecho de haberse dictado la resolución, la cual, en tanto es impugnable mediante un recurso suspensivo, no es ejecutable durante la pendencia del plazo de impugnación… La queja, evitando que la denegatoria del a quo se constituya en rechazo definitivo, mantiene abierto y pendiente el juicio sobre la legitimidad de la impugnación y
subsistente mientras tanto el efecto del recurso principal
ausencia de disposición legal, el recurso directo debe gozar del mismo efecto previsto por el ordenamiento para el
Así se ha afirmado que, por su carácter de accesorio, en
recurso cuya denegatoria motiva la queja”.
Por el contrario, la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia ha adoptado la postura de que la interposición del recurso directo, no tiene efecto suspensivo, pero dejando abierta la posibilidad de suspender la ejecución de lo decidido e impugnado, mediante el otorgamiento del efecto contrario como medida cautelar por la vía prevista por el art. 484 del CPC, efectuando el siguiente análisis: “El CPC no contiene ninguna disposición específicamente vinculada a los efectos de la interposición del recurso directo. Una primera aproximación a la materia sugiere acordar a la queja el mismo efecto que la ley asigna al recurso denegado, de donde resultaría que atento a los efectos suspensivos que en principio tienen la apelación y la casación idéntico alcance debería reconocerse a la instancia directa que cuestiona su denegación. Sin embargo, la legislación nacional dispone expresamente lo contrario (art. 283 y 285 CPCN) conclusión que buena doctrina considera unánimemente admitida
por la legislación provincial vigente en nuestro país. Frente a la posibilidad de que la ejecución de la resolución recurrida cause gravámenes irreparables, tal que la ulterior concesión del recurso devenga abstracta, se han admitido –por la doctrina y la jurisprudencia- que en circunstancias excepcionales podría ordenarse, si la situación lo exige, la prohibición de innovar el estado de litis o de la cosa hasta que recaiga la decisión pertinente sobre el recurso. Tal criterio es adoptado por la CSJN desde antaño y encuentra entre nosotros fundamento normativo en el
Con ello se evita que el recurso directo sea articulado con fines meramente dilatorios, sin perjuicio
de disponer por el tribunal ad quem la suspensión de los efectos de la resolución recurrida, toda vez que se den las condiciones propias de toda medida cautelar (versimilitud del derecho invocado, peligro en la demora y contracautela).
Hasta aquí, hemos tratado las impugnaciones y las vías previstas a tal efecto en términos generales. Repasados estos conceptos, estamos en condiciones de comenzar a analizar en particular las vías del incidente de nulidad y las recursivas ordinarias que se tratarán en las unidades siguientes.
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