Source: https://beta.e-justice.europa.eu/47/ES/family_maintenance?ITALY&member=1
Timestamp: 2020-01-22 10:28:50+00:00

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En el ordenamiento italiano, las prestaciones de asistencia familiar tienen denominaciones, condiciones y contenidos diferentes, dependiendo de la relación entre los obligados y los beneficiarios.
La «obligación de alimentos» es la prestación de asistencia material a favor de una persona incapaz de mantenerse a sí misma, y que recae sobre algunas personas señaladas por la ley en el marco de las obligaciones de solidaridad familiar.
La obligación de alimentos se rige por los artículos 433 y siguientes del Código Civil y presupone:
la existencia de una determinada relación jurídica entre la persona que debe cumplirla y el beneficiario;
la situación de necesidad del beneficiario que no puede garantizar por sí mismo su propio mantenimiento.
Las personas sujetas a la obligación de alimentos son, en el siguiente orden:
los padres y, en su defecto, los ascendientes próximos;
los yernos y las nueras;
los suegros;
los hermanos y hermanas.
La obligación corre a cargo de la persona con el grado más cercano de parentesco, según el orden antes citado. En caso de que existan varias personas con el mismo grado, la obligación se divide en proporción a sus situaciones económicas respectivas.
La cuantía de los alimentos es proporcional a la necesidad de quien los solicita y a la situación económica de quién debe suministrarlos. No obstante, los alimentos no deben superar lo necesario para la vida de la persona que debe recibirlos, habida cuenta de su posición social.
Sin embargo, la pensión de manutención es la prestación de asistencia económica que un cónyuge concede al otro en caso de separación o divorcio, y tiene la finalidad de garantizar a quien la recibe el mantenimiento del mismo tren de vida del que gozaba durante el matrimonio. La pensión de manutención es independiente del estado de necesidad del beneficiario, puede solicitarse incluso si el derechohabiente trabaja y se puede renunciar a ella y sustituirse por un pago único.
Puesto que la pensión de manutención pretende asegurar al cónyuge un nivel de vida similar al anterior a la separación, normalmente es mayor que la pensión de alimentos. No obstante, la pensión de manutención no se debe al cónyuge al que se haya atribuido la responsabilidad de la separación.
Se denomina igualmente pensión de manutención a la prestación económica que los progenitores deben pagar a sus hijos menores en caso de separación o divorcio.
El hijo tiene derecho a manutención por parte de los progenitores en proporción al patrimonio respectivo de los mismos y según su capacidad de trabajo profesional o doméstico. En caso de separación o divorcio, el órgano jurisdiccional establece el pago de una pensión periódica, así como la cuantía de la misma, teniendo en cuenta las necesidades del hijo, el nivel de vida del que gozaba éste durante la convivencia con ambos progenitores, el tiempo que pasa con cada uno de ellos, los recursos económicos de ambos progenitores y el valor económico de las tareas domésticas y de cuidado que realizan cada uno de ellos.
Hasta el momento en que alcanza la mayoría de edad, el hijo tiene derecho a ser mantenido por sus progenitores en proporción a sus patrimonios respectivos y según su capacidad de trabajo profesional o doméstico. En caso de separación o divorcio, el órgano jurisdiccional establece el pago de una pensión de manutención periódica (véase el punto anterior).
Si, al alcanzar la mayoría de edad, el hijo todavía no es autosuficiente económicamente, el órgano jurisdiccional puede ordenar a uno de los progenitores (o a ambos) el pago de una pensión periódica, que normalmente deberán abonar directamente al hijo. Una vez alcanzada la autosuficiencia económica, si el hizo mayor de edad se encuentra de nuevo en situación de dificultad económica, los progenitores solo tendrán una obligación de alimentos.
Por último, si el hijo mayor de edad sufre una discapacidad grave, se aplica lo previsto para los hijos menores de edad.
Para obtener los alimentos, el demandante debe presentar la solicitud correspondiente (instrumento de citación) al Tribunal de su lugar de residencia, adjuntando cualquier documento que demuestre su estado de necesidad.
Se puede pedir al Tribunal que ordene una pensión provisional, tras el inicio del procedimiento y antes de que se dicte la sentencia definitiva.
La pensión de manutención a favor de los hijos o del cónyuge puede solicitarse en un procedimiento autónomo o en el marco del procedimiento de separación o divorcio. El Tribunal puede establecer la pensión incluso en la primera vista del procedimiento.
De conformidad con el Reglamento nº 4/2009, serán competentes para resolver en materia de obligaciones de alimentos en los Estados miembros:
La solicitud de prestación de alimentos debe presentarse mediante la intervención de un abogado, que representa a la parte en el procedimiento.
No es necesaria la asistencia de un abogado, si la pensión de manutención se define en el acuerdo de separación entre los cónyuges. En este caso, el acuerdo se presenta al Tribunal que, después de verificarlo, lo homologa.
La persona que presenta una demanda judicial civil debe pagar una tasa denominada «contribución unificada de inscripción en el registro», cuyo importe varía según el tipo y el valor del asunto. Además, las medidas dictadas por el órgano jurisdiccional son objeto de una tasa de registro.
No obstante, los procedimientos relativos a la manutención de los hijos están exentos tanto de la obligación de pago de la contribución unificada en el momento de la inscripción en el registro del asunto, como de la obligación de registro de las medidas dictadas por el Tribunal.
Cada parte debe sufragar el coste de la asistencia jurídica del abogado que la represente en el procedimiento.
Las personas sin recursos pueden solicitar el nombramiento de un abogado para que las asista gratuitamente, cuyo coste es sufragado por el Estado (= justicia gratuita).
Para obtener la admisión a la justicia gratuita es necesario que el solicitante perciba ingresos anuales imponibles no superiores a 10 766,33 euros. Si el interesado vive con su cónyuge o con otros familiares, los ingresos se calculan sumando los ingresos obtenidos durante dicho período por todos los componentes de la familia, incluido el solicitante. En ese caso, el límite de los ingresos por debajo de los cuales se tiene derecho a la justicia gratuita aumenta en 1 032,91 euros por cada familiar que conviva con el solicitante.
La solicitud de admisión a la justicia gratuita se presenta al Colegio de Abogados del lugar donde se encuentre el Tribunal competente para conocer del asunto, utilizando los formularios disponibles en la secretaría de dicho Colegio y en su sitio Internet, y presentando la documentación indicada en dicho formulario.
En la solicitud es necesario indicar las razones de hecho y de derecho en que se basa la pretensión, y presentar las pruebas documentales correspondientes, ya que el Colegio de Abogados solo puede conceder dicho beneficio si las pretensiones que se quiere hacer valer en el procedimiento no son manifiestamente infundadas.
Si el Colegio de Abogados admite la solicitud, el interesado puede nombrar un defensor escogiéndolo de entre la lista de abogados autorizados a realizar prestaciones de justicia gratuita. Algunos Colegio designan directamente al abogado que intervendrá en el procedimiento.
La admisión puede solicitarse en cualquier etapa o fase del procedimiento y es válida para todas las fases posteriores. La falta de recursos debe continuar a lo largo de todo el proceso
Si no se acepta la solicitud de admisión a la justicia gratuita, el interesado puede volver a solicitarla al Tribunal competente para el juicio.
La medida judicial que determina el contenido de la obligación de alimentos o de la pensión de manutención y ordena su pago es una sentencia condenatoria con carácter ejecutivo.
La sentencia que establece el derecho a alimentos impone al obligado el deber de hacer todo lo necesario para que el beneficiario pueda satisfacer sus necesidades de vida esenciales (gastos de alimentación, de vivienda, de ropa y para los productos y servicios necesarios para mantener un nivel de vida mínimamente digno). Al determinar el contenido de la obligación de alimentos, el Tribunal debe tener en cuenta asimismo la situación económica del obligado.
La sentencia que determina la pensión de manutención a favor del cónyuge separado también tiene en cuenta el nivel de vida durante el matrimonio.
La sentencia que determina la pensión de manutención a favor de los hijos menores, o incluso mayores, pero no autosuficientes, tiene en cuenta las necesidades en materia de educación e instrucción.
La pensión se adapta automáticamente a los índices del ISTAT (Instituto Nacional de Estadística italiano), o a otros posibles parámetros acordados por las partes o previstos en la sentencia.
La medida de concesión de la pensión puede modificarse posteriormente, a instancias del interesado o del obligado, extremo que deberá solicitarse exclusivamente al tribunal competente (en general, el que pronunció la primera sentencia).
El Tribunal establece la forma y modalidades de pago de los alimentos.
En materia de separación judicial, el Tribunal también puede ordenar a terceros que deban pagar periódicamente cantidades de dinero al obligado (por ejemplo, el empleador) que transfieran una parte de dichas cantidades directamente al cónyuge separado.
La pensión debe pagarse al acreedor.
La pensión de manutención a favor del hijo menor normalmente se abona al cónyuge que tiene la custodia de este último.
La pensión establecida por el Tribunal en favor del hijo que haya alcanzado la mayoría de edad, pero no sea independiente económicamente, se abona directamente al derechohabiente.
Si el deudor no paga espontáneamente la pensión de alimentos o de manutención, el beneficiario tiene a su disposición los medios normales para exigir el cumplimiento de las obligaciones financieras (ejecución forzosa).
El derecho a alimentos, como tal, no prescribe. Sin embargo, las cuotas vencidas y no pagadas están sometidas a la prescripción quinquenal (artículo 2948, apartado 2, del Código Civil). Por otra parte, la prescripción se suspende entre los cónyuges y entre la persona que ejerce la responsabilidad parental y las personas sujetas a ésta.
En Italia no existe una organización o autoridad que pueda ayudar a los derechohabientes a percibir su pensión. El interesado, personalmente si es mayor de edad, o mediante su representante legal si es menor de 18 años, debe interponer una acción ante la autoridad judicial competente, con la asistencia de un abogado.
Las personas que tienen derecho a recibir una pensión de alimentos de un deudor que resida en otro país pueden dirigirse a la Autoridad Central italiana y presentar para su tramitación, en el Estado miembro en que el deudor tenga su residencia habitual, una solicitud de reconocimiento, otorgamiento de ejecución y ejecución de la resolución que reconoce su derecho a una pensión de alimentos, en aplicación del sistema de cooperación establecido por el Capítulo VII del Reglamento (CE) nº 4/2009.
El Ministerio de Justicia (Departamento de Justicia de Menores) es la Autoridad Central italiana designada en aplicación del artículo 49 del Reglamento (CE) n° 4/2009 para el cobro de los créditos alimenticios en los litigios transfronterizos en el espacio judicial europeo.
La Autoridad Central italiana se encuentra disponible en la siguiente dirección:
Tel.: 0668188325
Fax: 0668808085
Correo electrónico: acitalia0409. dgm@giustizia.it
El acreedor residente en el extranjero que pretende ejecutar en Italia la resolución que reconoce su derecho a una pensión de alimentos puede dirigirse a la Autoridad Central de su Estado miembro de residencia y, a través de la misma, presentar una solicitud conforme al artículo 56, utilizando el sistema de cooperación establecido por el Capítulo VII del Reglamento (CE) nº 4/2009.
Por consiguiente, la solicitud no puede dirigirse directamente a la Autoridad Central o a otras autoridades u organizaciones privadas en Italia.
En lo que se refiere al acceso a la justicia, en el marco de los conflictos transfronterizos, se aplica directamente el sistema previsto en el Capítulo V del Reglamento (CE) nº 4/2009:
En resumen, para las solicitudes relativas a obligaciones de alimentos introducidas a través del sistema del Capítulo VII, y que se derivan de una relación de filiación, se procede del siguiente modo:
En los litigios relativos al reconocimiento o reconocimiento y otorgamiento de la ejecución de resoluciones y a la ejecución de una resolución dictada en el Estado o ya reconocida, si el beneficiario es menor de 21 años, el reconocimiento de la justicia gratuita a cargo del Estado es automático, independientemente de los requisitos de ingresos y del fundamento de la solicitud previstos en la normativa general (véase el punto 7);
Si se trata de otro tipo de litigio (solicitudes de obtención y modificación de una resolución) y la solicitud se refiere a una persona menor de 21 años, para la concesión de la justicia gratuita a cargo del Estado es necesario evaluar el fundamento manifiesto de la pretensión, pero no verificar asimismo los ingresos de la persona;
El solicitante mayor de 21 años puede beneficiarse de la justicia gratuita a cargo del Estado sobre la base de los requisitos normales de ingresos y fundamento de la solicitud, de conformidad con la normativa nacional (véase el punto 7).
Para las solicitudes relativas a obligaciones de alimentos no derivadas de una relación de filiación (y, por tanto, las solicitudes presentadas por el cónyuge u otras personas que tienen una relación de parentesco o afinidad), la justicia gratuita a cargo del Estado se concede si se cumplen los requisitos habituales de ingresos y fundamento de la solicitud, de conformidad con la normativa nacional (véase el punto 7).
En todos los casos se aplica el criterio de continuidad: el solicitante que ha gozado, total o parcialmente, de la justicia gratuita a cargo del Estado de origen también tiene derecho a la justicia gratuita a cargo del Estado en el procedimiento para solicitar en Italia el reconocimiento, el otorgamiento de la ejecución o la ejecución de la resolución.
Cuando se cumplen las condiciones antes mencionadas, la Autoridad Central italiana transmite la solicitud de admisión a la justicia gratuita a cargo del Estado al Colegio de Abogados competente, junto con toda la documentación necesaria presentada por el interesado.
El Colegio de Abogados delibera sobre la admisión a la justicia gratuita a cargo del Estado según las hipótesis descritas anteriormente.
Para tratar las solicitudes de cooperación transmitida en aplicación del Capítulo VII, la Autoridad Central italiana ha adoptado la siguiente metodología:
Promueve la solución amistosa de los litigios mediante el envío al deudor de una comunicación, invitándolo a que cumpla la obligación que le incumbe.
Solicita al deudor que se ponga en contacto con la Autoridad Central para acordar las modalidades de resolución del litigio.
Localiza al deudor por medio de la base de datos del Índice Nacional de Municipios Italianos y de la base de datos del Departamento de Administración Penitenciaria, o bien recurriendo a las oficinas locales de datos personales.
Recopila información sobre los ingresos y bienes del deudor por medio de la policía tributaria.
Facilita la obtención de pruebas documentales en el marco de la medida específica prevista en el artículo 51, apartado 2, letra g), del Reglamento, en colaboración con la autoridad judicial.
Interviene con vistas a la concesión de la justicia gratuita a cargo del Estado, de acuerdo con lo expuesto en los puntos 7 y 18.

References: resolución 
 artículo 49
 resolución 
 artículo 56
 resolución 
 resolución 
 artículo 51