Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810315.html
Timestamp: 2019-11-15 18:55:49+00:00

Document:
as201810315
AUTO SUPREMO Nº 315/2018-RRC
Expediente : Potosí 38/2017
Parte Imputada : Eduardo Freddy Salamanca y otros
Por memorial presentado el 28 de junio de 2017, cursante de fs. 469 a 470 vta., Pablo Alejandro Salamanca Cox en representación de Eduardo Freddy Salamanca Chulver, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 20/2017 de 1 de junio, de fs. 465 a 466, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Cooperativa de Telecomunicaciones Potosí Limitada (COTAP Ltda.) contra Orlando Cárdenas Núñez, Mercedes Luz López Vila y el mandante, por los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.
Por Sentencia 009/2017 de 16 de febrero (fs. 294 a 313 vta.), el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Mercedes Luz López Vila, Orlando Cárdenas Núñez y Eduardo Freddy Salamanca Chulver, absueltos de pena culpa del delito de Apropiación Indebida, previsto y sancionado en el art. 345 del CP, con costas. A través de memorial de memorial de 24 de febrero de 2017, Eduardo Salamanca Chulver por medio de su apoderado solicitó Complementación, que fue atendida en parte por medio de Auto de 1 de marzo de 2017 (fs. 408).
Contra la mencionada Sentencia, la parte acusadora COTAP Ltda., representada por Percy Milo Durán Alba y Gregorio Flores Ckacka, (fs. 416 a 424), con la adhesión de Mercedes Luz López Vila (fs. 435 a 441 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 20/2017 de 1 de junio, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que anuló obrados hasta fs. 449 inclusive, disponiendo que el Juez del proceso corra traslado la adhesión a la apelación de la imputada Mercedes Luz López Vila a todas las partes procesales.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 742/2017-RA de 25 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El Auto de Vista impugnado, es contradictorio al Auto Supremo 268/2012 de 24 de octubre; por cuanto, justificó la nulidad de obrados en la simple afirmación de que con el defecto aludido se habría vulnerado el debido proceso, sin dar mayor razón o fundamento de la procedencia de la nulidad y sin argumentar si concurren los requisitos que viabilizan la referida nulidad.
El vicio aludido consiste en que el Juez, sólo tuvo presente y puso en conocimiento de las partes la adhesión a la apelación, cuando debió haberla corrido en traslado; empero, tal supuesto no causa agravio, porque fue convalidado por las partes, no estando previsto de manera expresa, como causal de nulidad y al ponerse en conocimiento de partes, se cumplió la finalidad de hacerles saber de tal actuado.
El 17 de marzo de 2017, por memorial, cursante de fs. 416 a 424, COTAP LTDA., a través de Percy Milo Durán Alba y Gregorio Flores Ckacka, a la sazón presidente del Consejo de Administración y Gerente General a.i., interponen recurso de apelación restringida contra la Sentencia 9/2017 de 20 de febrero.
El Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a través de decreto de 20 de marzo de 2017, tuvo por apersonado a Gregorio Flores como nuevo Gerente de COTAP, disponiendo a la vez que “conforme al art. 409 del CPP, formulada la apelación restringida, traslado a las demás partes para que respondan dentro del término de 10 días hábiles siguientes a su notificación” (sic).
Aquellas actuaciones fueron notificadas a Mercedes Luz López Vila (fs. 426), Orlando Cárdenas Núñez (fs. 427), Pablo Salamanca Cox (fs. 428), Percy Milo Duran Alba (fs. 429) y Gregorio Flores Ckacka (fs. 430) el 21 de marzo de 2017, de manera coincidente.
Remitidos los antecedentes ante la Sala de turno, se dispuso la radicatoria del trámite de apelación restringida por medio de decreto de 27 de marzo de 2017, suscrito por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
A partir del informe depuesto por la Secretaria Abogada del Juzgado Primero de Sentencia, en el que reportó que “por un error involuntario el expediente ha sido sorteado, empero hacerles conocer que no se encontraba en estado, toda vez que existen plazo pendientes” (sic), se emitió el Auto de 31 de marzo de 2017, en el que los Vocales de la Sala Penal Primera anulan obrados hasta fs. 432 inclusive, disponiendo además la devolución del proceso al juzgado de origen.
Por memorial de 3 de abril de 2017, Mercedes Luz López Vila, presenta memorial bajo la suma “contesta apelación” (fs. 435-441 vta.), en cuyo petitorio solicita: “se tenga por presentado en tiempo y forma, la adhesión al recurso de apelación restringida interpuesto por la acusación privada” y “que admitido que fuere la adhesión al recurso, se corra traslado y con su resultado se remitan antecedentes al Tribunal ad quem para que deliberando en el fondo el tribunal de alzada resuelva directamente corrigiendo la Sentencia 009/2017 de 20 de febrero de forma que la parte considerativa y resolutiva sean congruentes” (sic).
Aquel memorial es decretado el 5 de abril de 2017, por el Juez de origen, disponiendo tener presente el “responde” a la apelación de la parte acusadora y determinando la notificación en los domicilios procesales de todas las partes.
El 4 de abril de 2017 (fs. 444 a 447 vta.), Orlando Cárdenas Núñez y pablo Salamanca Cox en representación de Eduardo Salamanca, presentan memorial con la suma de “respondo apelación” y en cuyo petitorio expresan “contestamos la apelación restringida interpuesta por COTAP Ltda. y pedimos que sea declarada inadmisible por carecer de expresión de agravios o, deliberando en el fondo, sea declarada improcedente y se confirme la Sentencia impugnada” (sic). Este escrito mereció el decreto de 5 de abril de 2017, a través del que el Juez de origen, tuvo presente el “responde” a la apelación de la sentencia por la parte acusadora y dispuso que “cumplidas las formalidades del art. 409 CPP, se dispone se remita ante la Sala Penal mediante sorte ianus, previa noticia de partes en procesales, previa revisión, al ser en efecto suspensivo, se remita todo el expediente previa revisión, dentro de tercero día” (sic).
Finalmente el 7 de abril de 2017, se procedió a la notificación de Percy Milo Duran Alba (fs. 450), Gregorio Flores Ckacka (fs. 451), Mercedes Luz López Vila (fs. 452), Orlando Cárdenas Núñez (fs. 453) y Eduardo Freddy Salamanca Chulver (fs. 454), con dos memoriales datados al cinco de abril y los decretos que les correspondieron en igual fecha, todo ello por lo leído en las diligencias de notificación sentadas en las fojas descritas.
El 10 de mayo de 2017, se llevó a cabo Audiencia Pública de Fundamentación Complementaria sobre apelación restringida, en la que estuvieron presentes, conforme lo informado por la Secretaría de la Sala Penal Primera que habiendo sido notificadas todas las partes procesales, se hallaban presentes en audiencia las siguientes personas “los imputados Orlando Cárdenas y Mercedes López asistidos de su abogado Edwin Alegría notándose la inasistencia del imputado Eduardo Salamanca, y también se encuentra presente el abogado de la parte querellante Dr. Sandro Fuertes” (sic). Acto seguido, la audiencia fue suspendida, ya que el abogado de la parte querellante no contaba con poder de representación para fundamentar su apelación, comunicándose que se dictaría resolución dentro del plazo establecido por Ley.
El 1 de junio de 2017 la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí pronunció la resolución que hace título a este apartado, por medio de la que: “corrigiendo procedimiento anula obrados hasta fs. 449 inclusive disponiendo que el juez del proceso corra traslado la adhesión a la apelación de la imputada Mercedes Luz López Vila a todas las partes procesales” (sic). En rigor la única consideración que sobre el particular realizó la Sala pronunciante, se encuentra en el tercero considerando que a más de identificar que Mercedes Luz López Vila, se adhirió a la apelación a través de u otrosí de su memorial, incide en lo siguiente: “de conformidad a lo dispuesto por el apartado segundo del art. 409 del CPP, se emplazará a las partes para que contesten en el plazo de cinco días, lamentablemente en el caso de autos con la adhesión a la apelación no se ha corrido en traslado a la parte querellante ni a los otros imputados, para que contesten a la misma. El juez del proceso mediante providencia de fs. 443, se limita a tener presente el responde con conocimiento de partes y no advierte la existencia de una adhesión a la apelación por la citada imputada cuando debió correr en traslado la misma y luego vencido los plazos con la contestación o sin ella recién ordenar la remisión del expediente, conforme prevé el art. 409 del CPP en su apartado tercero” (sic).
IV. FUNDAMENTOS Y DECISIÓN DE LA SALA
La parte recurrente -en síntesis- afirma que el Auto de Vista que impugna es contradictorio al Auto Supremo 268/2012 de 24 de octubre; por cuanto, justificó la nulidad de obrados en la simple afirmación de que con el defecto aludido se habría vulnerado el debido proceso, sin dar mayor razón o fundamento de la procedencia de la nulidad y sin argumentar si concurren los requisitos que viabilizan la referida nulidad. La Sala encuentra tensión entre la postura del recurrente, que sin expresar el agravio producido riñe con la declaración de nulidad determinada por el Auto de Vista 20/2017. De ahí en más, corresponde no solo determinar la postura que se acomode al marco procesal vigente, sino delinear cuál ha sido el canal que el presente trámite abordó.
Emitida la Sentencia 009/2017 de 16 de febrero y notificada que fue ésta, COTAP Ltda., a través de sus representantes opusieron recurso de apelación restringida, disponiéndose su trámite conforme el art. 409 del CPP, a través de decreto de 20 de marzo; es decir, entendiéndose brindando el plazo para presentar contestación fundamentada. En tal antecedente, la coacusada Mercedes Luz López Vila, en un mismo acto (memorial de fs. 435-441 vta.) contestó la apelación restringida y se adhirió a ésta, reclamando incongruencia en el fallo de grado, pues en su perspectiva, las partes considerativa y dispositiva no guardasen relación dado que “la absolución nunca podía haberse sustentado en que la prueba aportada no fuese suficiente para generar convicción sobre (la) responsabilidad penal” (sic); y con ello, correspondía la absolución en base a la aplicación del art. 363 inc. 3) del CPP, solicitando al Tribunal de apelación corrija lo observado. Este acto mereció el decreto de 5 de abril de 2017, corriente a fs. 443, por el que se dispuso: “se tiene presente el responde de Mercedes Luz López Vila a la apelación de la parte acusadora, sean en procesales de todas las partes” (sic).
La decisión de noticia a las partes, fue efectivizada el 7 de abril de 2017, por lo sentado en las diligencias de fs. 450-454, actuados en los que –se infiere- se puso en conocimiento tanto el memorial de Mercedes Luz López Vila y el presentado por Orlando Cárdenas Núñez y Pablo Salamanca Cox (representando a Eduardo Salamanca Chulver) como los decretos correspondientes a cada escrito. Luego, el 19 de abril de 2017, los antecedentes del proceso fueron presentados ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí y siendo radicados por decreto de 20 de abril del mismo año, disponiéndose a la vez la noticia a las partes y que una vez realizada tal orden se proceda al sorteo que corresponda. Esa misma Sala por Auto de 27 de abril de 2017, considerando “cumplidas las formalidades de fondo, forma y contenido previsto en el art. 408 del CPP” (sic), admitió el recurso de apelación restringida y ante la solicitud de audiencia de fundamentación por parte de los acusadores, señaló audiencia con ese objetivo para el 10 de mayo de 2017.
Superada tal audiencia, el 1 de junio de 2017, se pronunció la Resolución que dio pie a la presente resolución y en que se determinó la nulidad de obrados hasta fase de emplazamiento de la adhesión a la apelación restringida promovida por la coacusada Mercedes Luz López Vila; a cuyo efecto, Pablo Alejandro Salamanca Cox opuso recurso de casación que providenciado el 29 de junio de 2017, fue remitido a este Tribunal Supremo de Justicia, motivando el pronunciamiento del Auto Supremo 742/2017-RA de 25 de septiembre avocando el juicio de admisibilidad ordenado por el art. 418 del CPP.
Si bien la argumentación en el recurso opuesto por Pablo Alejandro Salamanca Cox, plantea la tesis de contradicción entre el razonamiento del fallo recurrido y el Auto Supremo 268/2012 de 24 de octubre, y en apariencia absuelve los requisitos de admisibilidad establecidos por los arts. 416 y 417 del CPP, no es menos cierto, que ingresando al análisis de fondo la orientación procesal tiende a variar. Razones por las que la Sala, a fin de contextualizar su decisión considera enfatizar que:
El derecho a la impugnación de las resoluciones judiciales que asiste a los sujetos procesales se encuentra previsto en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), cuando señala que: "Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales", postulado que es consonante en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha sido ratificado por nuestro Bolivia en 1979, en cuyo art. 8.2 establece entre las garantías judiciales: "Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) h) derecho a recurrir el fallo ante el Juez o Tribunal Superior". Se comprende que el reconocimiento de la impugnación como un derecho atribuido a los justiciables, se asienta en la obligación del Estado –extensivo a los administradores de justicia- de por un lado garantizar la existencia de legislación que incluya métodos idóneos para la impugnación de las resoluciones judiciales, ello dentro de una ámbito en el que satisfaga, no el descontento del eventual perdidoso, sino la sana y fluida administración de justicia ante la eventualidad de existencia de la falencia humana.
Por otra parte, la vigencia del derecho a la impugnación de las resoluciones judiciales se reata también a la interpretación que de la norma procesal llegue a realizar la autoridad jurisdiccional; lectura que en materia penal, siguiendo la orientación teleológica del Código de Procedimiento Penal, debe ser atendida a partir del principio pro hómine; empero, en ninguno de los casos, el derecho de impugnación de las resoluciones judiciales, asume condiciones que no sean reguladas por la propia norma, dicho de otro modo, la garantía se satisface con la existencia del mecanismo de impugnación y se materializa con la lectura garantista que en pos de los fines del recurso y precautelando los derechos y garantías de las partes llegue a hacer la autoridad judicial, pero en ningún caso deja de la actividad recursiva al libre arbitrio de las partes, pues no es suficiente que asista el derecho a recurrir, sino que las partes deberán cumplir con las exigencias o requisitos que establece la norma adjetiva y ante su incumplimiento o impertinencia, corresponderá declarar la inadmisibilidad del mismo, sin que ello implique una negación o vulneración del derecho a recurrir.
c. Recurso de casación, nace en la previsión de los arts. 416 y siguientes del CPP, constituye el último recurso en la vía ordinaria y tiene como fin específico la unificación y uniformización de la jurisprudencia, a partir de lo que se hace exigible como requisito de admisibilidad la invocación de un precedente contradictorio. La base de impugnabilidad sobre casación, obedece a la revisión de un Auto de Vista pronunciado de modo previo a la interposición de un recurso de apelación restringida que deriva de la oposición a una Sentencia; es decir, sigue un determinado orden procesal no pasible a variación. En esa lógica el art. 394 del CPP dispone: “Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código”; lo que implica que es la norma la que limita los recursos a los establecidos en cada caso por la ley procesal penal, para los supuestos expresamente previstos.
La orientación asumida por la jurisdicción ordinaria sobre la recurribilidad a través del recurso de casación de Resoluciones que no deriven de recursos de apelación restringida, es vista entre varios en el Auto Supremo 397 de 23 de julio de 2004, que señaló: "De conformidad con el art. 416 concordante con el art. 50 del Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación es procedente para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores que resuelvan las apelaciones restringidas interpuestas contra las sentencias de primera instancia", entendimiento que fue reiterado en el Auto Supremo Nº 628 de 27 de noviembre de 2007, precisando que: "...el recurso de casación únicamente procede para impugnar autos de vista dictados por las cortes superiores en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, es decir, en la sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida que procede exclusivamente respecto a Sentencias emergentes de juicios sustanciados ante el tribunal de sentencia y juez de sentencia o como consecuencia de la aplicación del procedimiento abreviado por parte del juez de instrucción
En ese sentido, el recurso de casación no procede contra otro tipo de resolución judicial pronunciada por los Tribunales superiores en el ámbito de su competencia y de manera específica, respecto a aquellas cuestiones vinculadas a aspectos incidentales en el proceso, de acuerdo a las previsiones del art. 403 del CPP, sin que este criterio signifique una vulneración al derecho a recurrir; toda vez, que éste solamente puede ser ejercido en los casos que la ley ha previsto expresamente como manda el art. 394 del citado cuerpo legal.
El recurrente pretende a través del recurso de casación activar una vía de revisión, control y eventual apercibimiento de un Fallo no vinculado a las previsiones del art. 416 y siguientes del CPP, como es el caso del Auto de Vista 20/2017 de 1 de junio, que en su esencia no resuelve aspectos a un recurso de apelación restringida opuesto, dicho de otra manera no atinge a cuestiones de fondo, sino fue pronunciado ante la vistosidad de un defecto de procedimiento referido justamente a la oportunidad y actuación procesal de las partes en el sistema de recursos; es decir, una fase del procedimiento en el que convergen y asisten varios derechos de las partes y en la que el rol de la autoridad jurisdiccional está plenamente definido en norma (así es el caso del 405 del CPP) y cuya inobservancia, en el específico particular, no podría ser considerada como un defecto relativo.
Los miembros de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en ejercicio de la potestad concedida por el art. 17 de la LOJ, identificando una falencia en la tramitación de la fase de emplazamientos determinó, sin ingresar al fondo del debate recursivo, anular obrados hasta fs. 449, a través de la Resolución impugnada, decisión que en rigor no constituye un fallo susceptible de impugnación vía recurso de casación, tanto por no haber –se reitera- ingresado al fondo de lo recurrido, como a la par, no constituir una decisión que ponga fin al proceso, sino únicamente corrija procedimiento.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Pablo Alejandro Salamanca Cox en representación de Eduardo Freddy Salamanca Chulver.

References: resolución 
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 Resolución 
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