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Timestamp: 2019-01-21 08:12:02+00:00

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﻿ Sentencia 1997-8528 de febrero 23 de 2012
SENTENCIA 1997-8528 DE 23 DE FEBRERO DE 2012
CONTENIDO:REPONSABILIDAD POR LA DETENCIÒN INJUSTA. EL ESTADO ES RESPONSABLE POR DETENCIÒN INJUSTA CUANDO LA DECISIÒN DE DETENCIÒN SE BASA EN MATERIAL PROBATORIO QUE NO ES SUFICIENTE PARA DECRETAR LA MEDIDA DE DETENCIÒN O CUANDO LA PRUEBA EN LA QUE SE BASÒ LA DETENCIÒN ES ERRONEA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, PERITAZGO, DETENCIÓN PREVENTIVA, DETENCIÓN ARBITRARIA
Sentencia 1997-8528 de febrero 23 de 2012
Radicación: 52001233100019978528-01 (18.418)
Dra. Mauricio Fajardo Gómez
Demandante: Miriam Fajardo Materón y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General
Asunto: Apelación sentencia de reparación directa.
Bogotá, D.C., febrero veintitrés de dos mil doce.
La corporación es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen en primera instancia los tribunales administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado(1).
2. Responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación respecto de las condenas que se profieran en contra de la Nación por sus actuaciones.
Para la fecha de presentación de la demanda, la representación judicial de la Nación, en los casos en los cuales se discutía la responsabilidad del Estado por hechos imputables a la administración de justicia, estaba a cargo de la dirección ejecutiva de administración judicial, entidad que fue debidamente notificada y representada dentro del presente asunto.
No obstante lo anterior, la Sala en reiterada jurisprudencia ha señalado que si bien es cierto la Fiscalía General de la Nación pertenece a la rama judicial, también lo es que esta entidad goza de autonomía administrativa y presupuestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Política.
Así pues, debido a tal autonomía, las condenas que se profieran en contra de la Nación por las actuaciones realizadas por la fiscalía, deberán ser cumplidas o pagadas con el presupuesto de ésta, tal como lo ha determinado esta corporación(2).
Dado que en el sub lite la Nación estuvo debidamente representada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, resulta procedente dirimir la controversia planteada y, en caso de que se llegare a dictar alguna condena dentro de este proveído, ésta deberá ser asumida por la Fiscalía General de la Nación, con cargo a su presupuesto(3), tal como se dispuso en el fallo de primera instancia, máxime cuando dicha entidad fue vinculada al proceso desde el inicio de la litis.
3. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de sus ciudadanos, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.
Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, resulta necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por razón de la privación injusta de la libertad a la cual habría sido sometida la señora Miriam Fajardo Materón desde el 9 de agosto de 1996 hasta el 13 de septiembre de ese mismo año, con lo cual se evidencia que para esta última fecha se hallaba vigente la Ley 270 de 1996, frente a lo cual la Sección Tercera del Consejo de Estado —y esta Subsección también lo ha hecho(4)— ha tenido igualmente la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos(5):
“Para resolver el asunto es necesario remitirse al artículo 68 de la Ley 270 de 1996, según el cual quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado la correspondiente reparación de perjuicios. En relación con este precepto, sostuvo la Corte lo siguiente en la misma Sentencia C-037 de 1996:
‘Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención..
En virtud de lo anterior, y a propósito de lo explicado en torno al artículo 66 del presente proyecto, debe entenderse que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente y el procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error judicial en que incurran las demás autoridades judiciales.
Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible (resalta la Sala)”.
En sentencia del 2 de mayo de 2007(6), la Sala señaló que una lectura aislada del artículo 68 de la Ley 270, junto con las consideraciones tenidas en cuenta por la Corte Constitucional para declarar exequible el proyecto de dicha disposición, podría conducir a entender que la referida norma estatutaria habría restringido el ámbito de posibilidades dentro de las cuales sería posible declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención ordenada por autoridad judicial dentro de una investigación penal, a aquellos casos en los cuales tenga lugar ‘una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria’, es decir a supuestos en los cuales se acredite una falla del servicio de Administración de Justicia de las características descritas por la Corte en el apartado que se acaba de reproducir.
Sin embargo, tal conclusión no consulta la obligación del intérprete de buscar el sentido de las disposiciones no de forma aislada e inconexa, sino en el conjunto tanto del cuerpo normativo en el cual se insertan, como de la totalidad del ordenamiento jurídico y, en especial, poniéndolas en contacto con aquellos preceptos de la Norma Fundamental que no pueden soslayarse al momento de precisar su contenido y alcance. En consecuencia, mal podría identificarse el significado del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, prescindiendo de una hermenéutica sistemática con las demás normas de la misma Ley Estatutaria que regulan el objeto al cual ella se refiere o, peor aún, omitiendo conectarla con el artículo 90 constitucional, piedra angular del régimen de responsabilidad del Estado operante en Colombia desde que rige la Carta Política de 1991.
Teniendo en cuenta el criterio expuesto, la Sala concluyó, en la precitada sentencia, que para concretar el alcance del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 resulta imperioso conectarlo con el enunciado normativo contenido en el artículo 65 ibídem, de acuerdo con el cual ‘el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales’, norma que no introduce limitación o condicionamiento alguno encaminado a impedir el juzgamiento o la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado como consecuencia de la actividad de la Administración de Justicia, distinto de la causación de un daño antijurídico. No podía preverlo, por lo demás, como quiera que con ello conculcaría la regulación efectuada por el artículo 90 de la Carta, que igualmente constituye el concepto de ‘daño antijurídico’ en el elemento central cuya concurrencia debe evidenciarse para que proceda el reconocimiento de la responsabilidad estatal —siempre, claro está, que ese daño pueda imputarse jurídicamente a una autoridad pública—.
No es viable, en consecuencia, considerar que un precepto contenido en una ley estatutaria pudiera restringir los alcances que a la responsabilidad del Estado le vienen determinados desde el artículo 90 de la Constitución. Al remarcarlo así, la propia Corte Constitucional no hace otra cosa que señalar que, más allá de las previsiones contenidas en la comentada Ley 270 de 1996, los parámetros a los cuales se ciñe la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas son los estructurados por el artículo 90 de la Carta, que pueden ser precisados, mas no limitados, por una norma infraconstitucional. El anterior aserto encuentra refuerzo adicional en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el cual, desarrollando el querer del plurimencionado artículo 90 constitucional, amplía el plexo de hipótesis en las cuales puede declararse la responsabilidad del Estado derivada de la función de Administración de Justicia, al estatuir que ‘quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación’ (resaltado del original).
Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 referida a la calificación de injusta de la privación de la libertad y el alcance que la Corte Constitucional le ha dado a la norma no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los cuales el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.
Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como de los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996 (se resalta en esta oportunidad).
En definitiva, no resultan compatibles con el artículo 90 de la Constitución, interpretaciones de normas infraconstitucionales que restrinjan la cláusula general de responsabilidad que aquél contiene. Partiendo de la conclusión anterior, la Sala determinó que en el artículo 90 de la Constitución Política tienen arraigo, aún después de la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996, todos los supuestos en los cuales se produce un daño antijurídico imputable a la Administración de Justicia que no están contemplados —más no por ello excluidos, se insiste en el premencionado artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia—, entre ellos, como en los eventos en los cuales se impone a un ciudadano una medida de detención preventiva como consecuencia de la cual se le priva del ejercicio del derecho fundamental a la libertad pero posteriormente se le revoca tal medida al concluir que los aspectos fácticos por los cuales el investigado fue detenido no constituyeron hecho delictuoso alguno, supuesto que estaba previsto en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y que compromete la responsabilidad de la administración, pues con su actuación causó un daño antijurídico consistente en la privación de la libertad en contra de quien no cometió el hecho delictuoso imputado, circunstancia que torna injusta la medida y que debe ser reparada por la autoridad que produjo el hecho (resalta la Subsección).
En este sentido, la Sala, en sentencia del 26 de marzo de 2008(7), precisó:
‘3. Visto lo anterior, debe tenerse en cuenta que la privación de la libertad que se discute en este proceso, ocurrió entre el primero de octubre de 1996 y el 30 de octubre de 1997, cuando había entrado a regir la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, promulgada el 15 de marzo de 1997, y en cuyo artículo 68 se establece: ‘Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios (…)’.
Respecto del mismo artículo, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota en la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando ésta sea ilegal o arbitraria. En jurisprudencia reciente(8), se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, contempladas en el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad en las cuales se haya arribado a cualquiera de los tres supuestos a los que hacía referencia la citada disposición. Es decir, que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta ‘porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible’, se configura un evento de detención injusta. A las hipótesis citadas se les ha agregado el evento de absolución en aplicación del in dubio pro reo.
De acuerdo con los principios tutelares del Estado social y democrático de derecho, entre los cuales la libertad y la justicia ocupan un lugar privilegiado, frente a la materialización de cualquiera de las hipótesis enunciadas, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o por in dubio pro reo, se habrá de calificar sin ambages como detención injusta. Es por ello, que se trata de una responsabilidad objetiva, dado que en eventos de esta naturaleza, ambos valores se encuentran en juego y un argumento de tipo utilitarista, en el sentido de afirmar que se trata de una carga que se debe soportar en bien de la mayoría, no tiene justificación alguna’(9)”(negrillas y subrayas de la Subsección).
La Sala ha considerado necesario presentar estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y las normas aplicables, las cuales serán tenidas en cuenta para valorar el acervo probatorio que se ha incorporado al proceso, con el fin de establecer si está demostrada en este caso —como en efecto lo está—, la responsabilidad de la entidad demandada, por la privación injusta de la libertad de la señora Miriam Fajardo Materón.
4. El material probatorio que obra en el proceso.
Al proceso se allegó, por parte de la Fiscalía General de la Nación, copia autenticada del proceso penal 2-1426 (cdno. 2), adelantado en contra de la aquí demandante Miriam Fajardo Materón, con ocasión del cual se le privó de su libertad por el delito de falsedad en documento público, expediente que será valorado por la corporación por cuanto se allegó al proceso por la propia entidad demandada, según oficio 2-09-0636 de junio 19 de 1998 (fl. 235, cdno. 1), en cumplimiento al requerimiento hecho por la Secretaría del Tribunal Administrativo a quo, a través de oficio 2884 de junio 16 de ese mismo año.
Al respecto, esta Subsección ha sostenido(10):
“Y en cuanto a la Fiscalía General de la Nación, se observa que si bien dentro de su contestación a la demanda no hizo alusión alguna a los medios de prueba solicitados y/o aportados por los demás sujetos procesales ni tampoco solicitó la práctica de prueba alguna, lo cierto es que la aludida prueba trasladada fue aportada por dicha entidad, de conformidad con el auto de pruebas y el oficio librado para tal fin, cuestión que despeja cualquier duda en relación con el aporte al proceso de tal medio probatorio y su consiguiente mérito, puesto que, en suma, fue allegado por la propia entidad demandada”.
Dentro de la aludida prueba trasladada reposan, entre otros medios de convicción, las siguientes pruebas documentales:
— Copia autenticada de la resolución proferida por la Fiscalía 12 Seccional Especializada de San Juan de Pasto, el día 9 de agosto de 1996, por medio de la cual se resolvió la situación jurídica —con detención preventiva— de la señora Miriam Fajardo Materón y de otras personas dentro del proceso penal adelantado por el delito de falsedad documental, decisión que se fundamentó en lo siguiente:
“La presente investigación penal se inicia el 24 de mayo del año en curso, con base en la denuncia que el doctor Luis Arturo Lagos Pantoja decano de la facultad de derecho de la Universidad de Nariño, presenta contra Valencia Ramírez por haber detectado que alguno de los folios de los libros de preparatorios de esa entidad educativa fueron adulterados.
La Fiscalía desde un comienzo manejó la hipótesis no plasmada en el expediente en el sentido de que Valencia Ramírez, teniendo en cuenta la clase de documento de gran valía que en términos generales siempre permanecieron bajo custodia, no pudo actuar solo sino con la colaboración de un empleado o empleada de la decanatura de la facultad de derecho y esta hipótesis tuvo sus resultados positivos cuando se llega al expediente el concepto del grafólogo forense. Este en forma clara y concreta dice que fue la señora Miriam Fajardo Materón de Vela, la persona que hizo las adiciones manuscritales. Este concepto técnico científico, no ha sido refutado y constituye de por sí una valiosa prueba para deslindar responsabilidades (…).
La Fiscalía deja expresa constancia que no únicamente investigó aquellos aspectos que comprometieran la responsabilidad de los sindicados, sino que también como es su deber averiguó aquellos aspectos que pudieran favorecerlos. Pero, es que la comisión del ilícito y sus autores es tan evidente que así la investigación apenas empieza, se tienen los elementos de juicio suficientes para tomar más adelante la drástica medida a imponerles” (fls. 187 a 193, cdno. 2).
— Copia auténtica de la boleta de captura Nº 010 de agosto 9 de 1996, por medio de la cual se privó de la libertad a la señora Miriam Fajardo Materón ese mismo día, en cumplimiento de lo ordenado en el auto de 9 de agosto de 1996, proferido por la Fiscalía 12 Seccional Especializada de San Juan de Pasto (fl. 204, cdno. 2).
— Copia autenticada de la providencia dictada por la Fiscalía 12 Seccional Especializada de San Juan de Pasto el 15 de agosto de 1996, mediante la cual se denegó la solicitud de libertad solicitada por el defensor de la señora Fajardo Materón (fls. 219 a 228, cdno. 2).
— Copia autenticada de la resolución emitida por la Fiscalía Tercera - Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Juan de Pasto, el día 13 de septiembre de 1996, a través de la cual se revocó la decisión que denegó la solicitud de libertad elevada por la ahora demandante y que dispuso su libertad (fls. 384 a 399, cdno. 2), con fundamento, en síntesis, en lo siguiente:
“(…) en ese momento la señora Miriam Fajardo no tenía esa específica función de llevar el control del libro de exámenes preparatorios y por tanto su presunta intervención fraudulenta en esos libros fue como una persona particular y no como un empleado oficial que en ejercicio de sus funciones falsifique estos documentos.
Estas solas circunstancias de haberse falsificado el documento público por una particular, modifica sustancialmente los extremos punitivos que se circunscriben a los dos y ocho años de prisión, siendo posible por esto la libertad provisional en base al numeral 1º del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, con la única consideración del aspecto objetivo de este delito que es el que debe tenerse en cuenta en casos como estos (…)”.
— Copia auténtica de la providencia dictada por la Unidad Especial de Fiscalía Novena Seccional de San Juan de Pasto, el día 22 de octubre de 1996, por medio de la cual se precluyó la investigación penal adelantada en contra de la señora Miriam Fajardo Materón (fls. 482 a 487, cdno. 2), según la cual:
“Con relación a la señora Fajardo Materón de Vela:
1. Aparte de que ella por la época de los hechos investigados laboraba en la facultad de derecho, entre sus funciones tenía la de llevar los libros de preparatorios se tuvo en su momento para vincularla legalmente, el concepto inicial del grafólogo multicitado.
2. Ahora, por los controvertidos dictámenes analizados, no existe razón para proseguir la investigación en su contra. Sabemos y siempre estuvimos conscientes de ella, que el concepto de grafología, técnico-científico, es subjetivo y está sometido a margen de error; no puede ser tomado como prueba única y determinante, pero sí los auxiliares de la Justicia pueden brindar elementos de juicio para tomar una decisión.
3. Así las cosas, no se pudo determinar —ni nunca se sabrá— quién realizó las adulteraciones. —si la señora Fajardo Materón como dijo el señor Gutiérrez Salazar en principio o el señor Valencia Ramírez como lo aceptó en una de sus injuradas—. Hay que destacar que éste, sin que la Fiscalía le preguntara al respecto siempre predicó la inocencia de la señora Fajardo Materón, pese a lo dicho por el señor Gutiérrez S.
En resumen: ni la señora Fajardo Materón ni la Sra. Enríquez Rodríguez fueron las autoras del ilícito que se persigue. Y cualquier inquietud que la Fiscalía pudiera tener bajo el principio del ‘in dubio pro reo’ debe resolverse en su favor. En consecuencia, con base en el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal, se debe proferir a favor de las sindicadas, resolución de preclusión” (se resalta).
— Oficio 2-09-0636 de junio 19 de 1998 (fl. 235, cdno. 1), a través del cual la entidad demandada certificó que la demandante Miriam Fajardo Materón fue privada de su libertad a partir del 9 de agosto de 1996, hasta el 13 de septiembre del mismo año.
De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la Subsección encuentra que la demandante Miriam Fajardo Materón fue privada de su derecho fundamental a la libertad desde el 9 de agosto de 1996 hasta el 13 de septiembre de ese mismo año, sindicada de la comisión del delito de falsedad en documento público, pero la Fiscalía Seccional de San Juan de Pasto precluyó la investigación adelantada en contra de dicha persona, toda vez que no existía certeza acerca de su alegada responsabilidad penal.
Por consiguiente, se impone concluir que la demandante no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir a dicha persona por ese hecho, tal como se dejó indicado en precedencia y que ahora se reitera:
“De acuerdo con los principios tutelares del Estado social y democrático de derecho, entre los cuales la libertad y la justicia ocupan un lugar privilegiado, frente a la materialización de cualquiera de las hipótesis enunciadas, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o por in dubio pro reo, se habrá de calificar sin ambages como detención injusta. Es por ello, que se trata de una responsabilidad objetiva, dado que en eventos de esta naturaleza, ambos valores se encuentran en juego y un argumento de tipo utilitarista, en el sentido de afirmar que se trata de una carga que se debe soportar en bien de la mayoría, no tiene justificación alguna”(11) (se resalta).
Finalmente, la Sala precisa que dentro del presente asunto no operó la caducidad de la acción, por cuanto la decisión que precluyó la investigación penal fue dictada el 22 de octubre de 1996 y la demanda fue presentada el 7 de mayo de 1997 (fl. 1, cdno. 1), esto es antes de que venciere el plazo de dos (2) años establecido en la ley para el ejercicio oportuno de las acciones de reparación directa.
Habida cuenta que la parte demandante no sustentó su impugnación, no obstante que la magistrada ponente de la época concedió el traslado respectivo para ello y que, por tal razón, el recurso de alzada interpuesto por dicha parte se declaró desierto, la Sala se abstendrá de analizar si las indemnizaciones decretadas por el Tribunal Administrativo a quo resultaban, o no procedentes, como también lo hará en punto a si la denegación de los perjuicios materiales —lucro cesante— a favor de la víctima directa del daño y de los perjuicios morales a algunos de los demandantes resultó asimismo acertada, o no.
Por consiguiente, el Consejo de Estado se limitará a actualizar el monto de la condena dispuesta por perjuicios materiales (daño emergente) y a reconocer, en términos de salarios mínimos legales vigentes, las indemnizaciones decretadas a título de perjuicios morales.
Ese último aspecto teniendo en cuenta las pautas trazadas en la sentencia de 6 de septiembre de 2001 [expedientes 13.232 y 15.646], en la cual se sugirió la cantidad equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el perjuicio moral en los eventos de mayor intensidad, abandonando así el criterio de aplicación extensiva de las normas que sobre la materia se habían adoptado en el Código Penal, por considerarlo improcedente y para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordenan la reparación integral y equitativa del daño y la tasación de las condenas en moneda legal colombiana, respectivamente.
Así las cosas, por concepto de daño emergente se reconoció la suma de $ 2’500.000 —a favor de la señora Miriam Fajardo Materón— cifra que, actualizada a valor presente(12), equivale al monto de $ 4’529.911.
Ahora bien, a título de perjuicios morales se reconocieron los siguientes montos: i) 500 gramos de oro, a favor de la víctima directa del daño; ii) 200 gramos de oro a favor del señor Edgar Vela Caviedes (cónyuge de la víctima)(13) y de los actores Édgar Hernán, Adriana y Juan Diego Vela Fajardo (hijos de la víctima)(14), para cada uno; iii) 100 gramos de oro para la señora Aura Marina Materón Trejos (madre de la víctima)(15).
De ese modo, al efectuar su equivalencia se reconocerá a la señora Miriam Fajardo Materón el monto de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes; a favor de su esposo e hijos la suma de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno; para la madre de la víctima se reconocerá entonces el monto que corresponde a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
6. Responsabilidad del llamado en garantía y aspectos relativos al mismo(16).
Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”.
Así mismo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, los funcionarios serán responsables por los daños que causen en el ejercicio de sus funciones por culpa grave o dolo, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al Estado. En todo caso, cuando prospere la demanda contra una entidad pública, la sentencia dispondrá que ésta satisfaga los perjuicios y si el funcionario ha sido llamado al proceso —CPC, art. 57(17)—, determinará la responsabilidad de aquél.
En tal sentido, la acción de repetición se consagró en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-430 de 2000, para que la entidad condenada judicialmente en razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus funcionarios o ex funcionarios o de un particular en ejercicio de funciones públicas, pudiere solicitar de éste el reintegro de lo que hubiere pagado como consecuencia de una sentencia judicial o de una conciliación. De conformidad con la disposición anotada, el particular afectado o perjudicado con el daño derivado de una acción u omisión estatal, se encuentra facultado para demandar a la entidad pública o a ésta y al respectivo funcionario. En este último evento, la responsabilidad del servidor público habrá de establecerse durante el proceso.
El mandato constitucional del inciso segundo del artículo 90 C.P., encuentra hoy su desarrollo en la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición” (se destaca). Esta ley definió la repetición como una acción de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hubiere dado lugar al reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercerá contra el particular que investido de una función pública hubiere ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.
La Ley 678 de 2001 reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía y fijó bajo la égida de los primeros, generalidades tales como el objeto, noción, finalidades, deber de ejercicio y especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales habrá de calificarse la conducta del agente y el establecimiento de presunciones legales, con obvias incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso; al amparo de los segundos, determinó asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares al interior del proceso.
Sin embargo, los hechos y actos ocurridos bajo el imperio y vigencia del régimen jurídico anterior a la expedición de la Ley 678 de 2001, potencialmente constitutivos de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición en contra de funcionarios o ex funcionarios del Estado o particulares en ejercicio de función pública, tenían un régimen integrado por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales, que aunque dispersas, permitían exigir la responsabilidad del agente del Estado en los términos consagrados en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política.
Así las cosas, para dilucidar el conflicto de leyes por el tránsito de legislación, la jurisprudencia ha sido clara al aplicar la regla general según la cual la norma nueva rige hacia el futuro, de manera que aquella sólo será aplicable respecto de los hechos producidos a partir de su expedición y hasta el momento de su derogación; sólo de forma excepcional, las leyes pueden tener efectos retroactivos.
Lo anterior da a entender, válidamente, que los actos o hechos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público acaecidos con anterioridad a la Ley 678 de 2001, continúan rigiéndose por la normativa anterior, máxime cuando la responsabilidad del agente es subjetiva, en tanto única y exclusivamente compromete su patrimonio por razón de su conducta calificada como dolosa o gravemente culposa.
De manera que, si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público resultan posteriores a la entrada en vigencia de Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2º de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos —C.P., artículos 6º, 90, 121, 122 y 124—.
En el presente caso, los hechos o actuaciones que dieron lugar al llamamiento en garantía fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, por manera que las normas sustanciales aplicables para dilucidar si el llamado actuó con culpa grave o con dolo, serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, casos en los cuales resulta necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que recoge el Código Civil:
“Artículo 63 Código Civil. Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (se resalta).
Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado(18) ha señalado que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Así mismo, es necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena y mala fe que están contenidos en la Constitución Política(19) y en la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo contratos, bienes y familia.
En consideración a lo anterior, la Sala(20) ha explicado que para determinar la responsabilidad personal de los agentes, ex agentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta, necesariamente, el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento se debió a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas —actuación dolosa—, o si al actuar pudo prever la irregularidad en la cual incurriría y el daño que podría ocasionar y aún así lo hizo o confió imprudentemente en poder evitarlo —actuación gravemente culposa—.
Es claro entonces que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la cual juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permitirá deducir la responsabilidad del agente, ex agente estatal o particular en ejercicio de funciones públicas y, por ello, resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.
Pues bien, el Tribunal Administrativo a quo estimó que el perito que rindió el dictamen pericial dentro del proceso penal y que dio lugar, en parte, al decreto de la medida de aseguramiento en contra de la ahora demandante actuó con culpa grave, porque <<si no existía seguridad sobre la prueba sometida a su examen, debió manifestarlo así el investigador para que se envíen nuevos elementos de juicio y no proceder a remitir a la Fiscalía, consignando un concepto bastante vago y sin mayor respaldo>>, a lo cual agregó el tribunal que si bien el perito rectificó su primer experticio, el daño ya se había causado, por cuanto la detención de la señora Fajardo Materón estaba efectuada y ello se produjo con base en la aludida prueba pericial.
Antes de llevar a cabo una determinación acerca de si le asiste, o no, responsabilidad al perito grafólogo por el daño causado a la demandante y por el cual debe responder el Estado, la Sala estima necesario hacer un recuento de la actuación realizada por ese auxiliar de la Justicia dentro del proceso penal.
Pues bien, según se dejó consignado en la decisión que le impuso a la demandante la medida de aseguramiento por el delito de falsedad en documento público, el día 24 de mayo de 1996 el decano de la facultad de derecho de la Universidad de Nariño elevó una denuncia penal <<por haber detectado que algunos de los folios de los libros de preparatorios de esa entidad educativa fueron adulterados>>.
Esa denuncia dio lugar a que ese mismo día —24 de mayo de 1996— se diere apertura de la investigación penal correspondiente, por parte de la Fiscalía 12 Especializada de San Juan de Pasto, cuyo principal sindicado del delito fue el señor Luis Fernando Valencia Ramírez (fl. 44, cdno. 2).
Posteriormente, luego de que la Fiscalía de la causa obtuviere información adicional a través del recaudo de unas pruebas testimoniales y documentales, mediante proveído de junio 6 de 1996, se citó a la señora Miriam Fajardo Materón —y a otras personas— para que declarase dentro de la mencionada investigación penal (fl. 74, cdno. 2). El objeto de la anterior citación se plasmó así:
“Se trata de establecer la posible participación, sobre todas las mencionadas, [que] pudieran haber tenido en la adulteración de los documentos. Es decir si con la propia letra de ellas, se adulteraron. De allí que se les tomarán amplias muestras escriturales para fines grafológicos (…).
Hecho lo anterior se solicitará al Instituto de Medicina Legal de Cali, el desplazamiento de un perito grafólogo para los estudios del caso (…)” (se resalta).
Mediante auto de 16 de julio de 1996 (fl. 153, cdno. 2), el despacho encargado de la instrucción penal solicitó al perito grafólogo determinar:
“Si en los libros preparatorios que más adelante se indica, en folios y renglones que se señala, existe alguna irregularidad o borrado, sustitución o supresión de algunos trazos escriturales y letras (…)
Si los rasgos escriturales que actualmente existen, es decir los sustitutos, guardan similitud con los trazos originales. Si fueron ellos borrados por la misma persona.
Lo anterior teniendo en cuenta las muestras tomadas (…).
Si técnicamente se puede determinar qué nombre y/o apellidos existían antes de la falsificación de los documentos.
Todo aquello que desee agregar.
Las que se deriven de las anteriores”.
En cumplimiento de lo anterior, el señor Gustavo Gutiérrez Salazar —perito grafólogo forense y llamado en garantía en este proceso— rindió un primer experticio el día 30 de julio de 1996 (fls. 173 a 178, cdno. 2), en el cual se consignó:
“Métodos y técnicas empleadas
Ayudados con microscopio binocular estereoscópico, lentes de diversos aumentos, plantillas, luz incidente y trasmitida, lo mismo que la observación a simple vista, se llevó a cabo primero que todo una detallada exploración física a las partes que ofrecen duda en los libros enviados para el presente estudio, luego de lo cual se efectuó cotejo de los manuscritos allí impresos con el material gráfico enviado como modelo incuestionable, apoyados para ese examen en las características de clase, calidad de línea y valores individualizantes que rigen el gesto gráfico de una persona.
Existe borrado y adición de trazos de los datos primigenios estipulados en el renglón 17 del folio 182 y el renglón primero del folio 287 del libro 02; renglón primero del folio 10, renglón 19 del folio 121 y renglón 13 del folio 258 del libro 03; renglón 20 del folio 386 del libro 04, todos ellos consecutivos de preparatorios desde el 17 de noviembre de 1988 y el 4 de octubre de 1994 de la facultad de derecho de la Universidad de Nariño, con lo cual se alteraron los datos inicialmente allí consignados.
Dicha situación se hace evidente por la presencia fraccionada de los trazos originales, levantamiento de fibras y adelgazamiento de la masa del papel con la consecuente pérdida de encolado en las zonas sometidas a maltrato; igualmente, por la existencia de surcos y entintamientos de tonalidades ligeramente diferentes en la adición de trazos y aprovechamiento parcial de los primarios (…).
Finalmente, las adiciones manuscritales de todas esas adulteraciones, ofrecen semejanzas morfológicas y de dinámica escrituraria con las muestras de escritura de la señora Miriam Fajardo Materón de Vela.
Están adulterados por borrado y adición de trazos, los datos de los libros consecutivos de preparatorios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño del período comprendido entre el 17 de noviembre de 1998 y el 4 de octubre de 1994, en las siguientes posiciones: renglón 17 del folio 182 y renglón primero del folio 287 del libro 02; renglón primero del folio 10, renglón 19 del folio 121 y renglón 13 del folio 258 del libro 03; renglón 20 del folio 386 del libro 04. Tales adiciones manuscritales ofrecen similitudes y dinamográficas con los dictados de la señora Miriam Fajardo Materón de Vela” (se deja resaltado).
De acuerdo con el anterior dictamen, la Fiscalía 12 Especializada de San Juan de Pasto, a través de auto calendado en agosto 6 de 1996, vinculó al proceso a la señora Fajardo Materón y la citó a la respectiva indagatoria (fl. 180, cdno. 2). Luego de practicarse tal diligencia, el día 9 de agosto de ese mismo año, se dictó medida de aseguramiento en su contra, cuyo fundamento fue expuesto anteriormente.
La etapa de instrucción penal continuó y a través de auto de 2 de septiembre de 1996 <<para el perfeccionamiento de la investigación>> y en consideración a que el señor Luis Fernando Valencia Ramírez —principal sindicado del hecho punible— manifestó en su declaración que la señora Fajardo Materón no tenía participación alguna en el delito del cual se le sindicó (fl. 275, cdno. 2), la Fiscalía de la causa remitió al perito grafólogo las muestras escriturales tomadas a la demandante y otras adicionales practicadas con posterioridad a la primera pericia, para que dicho auxiliar de la Justicia las valorare y manifestare si ratificaba, o no, su primer experticio (fl. 299, cdno. 2).
Fue así cómo se emitió un segundo dictamen pericial por parte del llamado en garantía, rendido el día 19 de septiembre de 1996, dentro del cual se indicó:
“Resultado:
Debo aclarar que las semejanzas morfológicas y dinamográficas señaladas en el primer dictamen 243 del 30 de julio de 1993, relacionado con el presente asunto, corresponden a los escritos primigenios de los datos alterados en las posiciones de los tomos y folios en cuestión, con las muestras de escritura de la señora Miriam Fajardo Materón de Vela; esto es, los manuscritos no alterados.
Las demás grafías de las alteraciones de esos datos, si bien ofrecen aproximación morfológica con los dictados de dicha ciudadana Fajardo Materón de Vela, lo cierto es que carecen de espontaneidad y ostentan temblores, al igual que mayor número de tiempos de escritura por cada carácter que permiten señalar que son producto de imitación de la escritura original que esa misma persona utilizó en escritos no cuestionados antes y después de las alteraciones descritas en el primer experticio. Donde, adicionalmente algunas letras difieren del tipo de letra de dicha persona, pero que por sí solas no ofrecen suficientes características para establecer la persona o personas que la realizó, aunado también a que el falsario intentó imitar en gran parte las grafías modelo que contaban dentro de los mismos folios de los tomos en mención.
Las grafías primigenias de los datos consignados en las posiciones y folios de los tomos objeto de investigación, se identifican con las muestras de escritura de la señora Mirian Fajardo Materón de Vela, mas no así los datos manuscritos que modifican los inicialmente estipulados allí. Es así como el nombre ‘Fernando’ del renglón 17 del folio 182 del tomo 02 y ese mismo nombre en el primer renglón del folio 10 del tomo 03, se corresponde con los dictados de la señora Fajardo Materón de Vela. Las demás grafías de los renglones y folios alterados de los tres tomos en mención, fueron imitadas en su estructura de las formas alfabéticas de la señora Fajardo Materón de Vela” (fls. 428 a 432, cdno. 2).
Una vez presentado ese nuevo experticio, por medio de proveído de 26 de septiembre de 1996, la Fiscalía 12 Especializada de San Juan de Pasto requirió nuevamente al perito grafólogo-forense para que aclarase y ampliare su segunda pericia (fl. 443, cdno. 2).
El anterior requerimiento dio lugar a un tercer pronunciamiento —de octubre 15 de 1996— del llamado en garantía, en los siguientes términos:
“Es cierto que en lo expresado en los resultados en mis experticios en mención, hay contradicción entre ellos y todo se basa en que para el primer análisis de las adiciones manuscritales de los datos alterados en los renglones y tomos en cuestión, no detecté la imitación de los manuscritos de la señora Miriam Fajardo Materón de Vela y que sí hice en el segundo dictamen donde conté con mayor acopio gráfico de dicha persona que me permitió hacer una secuencia de las constantes y variantes normales del desenvolvimiento escritural de la señora Fajardo Materón de Vela.
En esas imitaciones, el suplantador o suplantadores reprodujeron particularidades del desenvolvimiento escritural de la señora Fajardo Materón de Vela que me indujeron en forma errónea involuntaria a decir en el primer dictamen que se trataban de aspectos típicos de los grafismos de dicha ciudadana. Sin embargo, a la luz del nuevo y abundante acopio gráfico de esa misma persona, encuentro al segundo análisis más pormenorizado de las adiciones y muestras, que esas adiciones son producto de imitación del desenvolvimiento escritural de la mencionada señora, lo cual así lo expresé en ese segundo concepto, sólo que también debí haber señalado con precisión en ese resultado que éste contradecía al primero, lo cual quedaba implícito” (fls 478 a 481, cdno. 2).
De acuerdo con la anterior reseña, la corporación estima que si bien es cierto que existió un error por parte del llamado en garantía, como él mismo lo aceptó, no lo es menos que tal situación —o mejor— que la actuación del grafólogo dentro del proceso penal no estuvo prevalida de la intención de producir las consecuencias nocivas que se generaron, pues al menos ello lo evidencia el acervo probatorio, en virtud del cual se puede establecer que los actos realizados por el llamado en garantía se circunscribieron al ejercicio de sus funciones como auxiliar de la justicia.
La Subsección en modo alguno desconoce que el primer dictamen rendido por el señor Gustavo Gutiérrez Salazar constituyó una prueba clave para que la Fiscalía General de la Nación decidiere dictar medida de aseguramiento en contra de la señora Miriam Fajardo Materón; sin embargo, esa razón no ubica la actividad del perito en el plano del dolo o de la culpa grave, por las razones que a continuación se exponen.
En primer lugar, la Sala no encuentra que los experticios emitidos por el grafólogo forense hubiesen sido vagos y sin fundamento, puesto que en ambos dictámenes se hizo una reseña de los documentos y de las pruebas escriturales que le fueron remitidas en su oportunidad respectiva; también se detallan los métodos y elementos técnico-científicos empleados para rendir la pericia y los hallazgos que, con base en el material a su alcance, encontró el auxiliar de la Justicia.
De otra parte, y en este punto se desecha la intención dolosa o gravemente culposa del llamado en garantía, se encuentra que el primer experticio se rindió con base en unas pruebas documentales recepcionadas en ese estado inicial de la investigación, en tanto que la segunda pericia —en la cual se arribó a una determinación diferente de la primera— el grafólogo forense contó con mayor material probatorio y, por ende, con pruebas escriturales adicionales a las primeras, practicadas tanto a la señora Fajardo Materón como a otras personas vinculadas a la investigación, acervo que le permitió al experto arribar a conclusiones distintas.
Ese señalamiento o razón de la equivocación manifestada por el llamado en garantía se encuentra probado en el proceso, dado que la información que reposa en la investigación penal trasladada a este litigio permite establecer que una vez el señor Luis Fernando Valencia Ramírez —también procesado— declaró a favor de la señora Miriam Fajardo Materón, la Fiscalía de conocimiento no solo adoptó la decisión de realizar un nuevo dictamen pericial, sino que también ordenó la práctica de nuevas pruebas escriturales y una vez se contó con mayor acopio probatorio, éste le fue remitido al perito para que emitiese un nuevo concepto; de allí, pues, que el señor Gustavo Gutiérrez Salazar hubiere podido detectar que los manuscritos que tuvo a su alcance en la primera oportunidad habían sido objeto de adulteración al haberse imitado el desenvolvimiento escritural de la aquí demandante y, por ende, lo llevaron a esa primera consideración, la cual, bueno es precisarlo, no fue contundente ni categórica en atribuir el delito a la sindicada, habida cuenta de que el perito señaló, dentro de su primer dictamen, que las adiciones manuscritales (las adulteraciones) guardaban similitudes —que no exactitudes— y dinamografías con los dictados de la señora Fajardo Materón.
Lo anterior cobra un mayor significado si se tiene en cuenta que aunque el primer concepto pericial incidió al momento de definir la situación jurídica de la actora, lo cierto es que esa prueba estaba igualmente supeditada a la valoración del operador judicial, por lo cual la Sala considera que no es de recibo la argumentación empleada por la entidad demandada, la cual ha pretendido a lo largo del proceso exculparse a través de la actuación del auxiliar de la Justicia cuando esta persona emitió un concepto que, en primer lugar, estableció una simple similitud entre lo adulterado y las pruebas de escritura de la sindicada; en segundo lugar, ese dictamen se emitió con la documentación que en su momento se tenía recaudada y, además de ello, el Fiscal de conocimiento bien podía apartarse de la aludida pericia, sólo que, como él mismo lo señaló en su decisión de 9 de agosto de 1996, <<La Fiscalía desde un comienzo manejó la hipótesis no plasmada en el expediente en el sentido de que Valencia Ramírez … no pudo actuar solo sino con la colaboración de un empleado o empleada de la decanatura (…)>> y al contar con una prueba que en parte justificó tal ‘hipótesis’, procedió a dictar medida de aseguramiento en contra de la ahora demandante.
En todo caso, según se ha expuesto, la Sala no encuentra en la actividad del perito grafólogo forense una actuación, con la virtualidad necesaria para responsabilizarlo del daño antijurídico padecido por la parte accionante, comoquiera que el error en el cual incurrió tuvo fundamento en la falta de material necesario para determinar la exactitud de su pericia, al punto que nunca se logró determinar —tal como se indicó en la decisión que precluyó la investigación— quién habría realizado la adulteración de los documentos, cuestión que lleva a que se revoque en este punto la sentencia de primera instancia.
Finalmente, en relación con el llamamiento en garantía del Instituto de Medicina Legal, la Sala no encuentra relación alguna entre dicho ente y el daño irrogado a la actora, pues el vínculo para con la entidad demandada radicó en cabeza del funcionario de ese instituto a quien se acaba de eximir de responsabilidad.
Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
PRIMERO: Modifícase la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño el 6 de abril de 2000, la cual quedará así:
1. Declárase administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto la señora Miriam Fajardo Materón.
2. Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar a la demandante Miriam Fajardo Materón, por concepto de daño emergente, la suma de $ 4’529.911.
3. Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar a la señora Miriam Fajardo Materón un monto equivalente a 50 SMLMV, a título de perjuicios morales.
4. Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar a los demandantes Edgar Vela Caviedes, Edgar Hernán Vela Fajardo, Adriana Vela Fajardo y Juan Diego Vela Fajardo, un monto equivalente a 20 SMLMV, a título de perjuicios morales, para cada uno.
5. Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar a la señora Aura Marina Materón Trejos, la suma equivalente a 10 SMLMV, por concepto de perjuicios morales.
6. Absuélvese de responsabilidad al llamado en garantía, señor Gustavo Gutiérrez Salazar.
7. Absuélvese de responsabilidad al Instituto de Medicina Legal.
8. Deniéganse las demás súplicas de la demanda.
9. Sin condena en costas.
SEGUNDO: Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
TERCERO: Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.
(1) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 2008 00009.
(2) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 5 de junio de 2001, expediente C-736, actor: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, M.P. Ligia López Díaz, reiterada por la Sección Tercera de la corporación, en sentencia de 11 de febrero de 2009, expediente 15.769; recientemente reiterada, a su vez, por esta Subsección en sentencia de abril 27 de 2011, expediente 20.749, M.P. Gladys Agudelo Ordóñez.
(3) Puede consultarse la sentencia proferida por esta Subsección el 19 de octubre de 2011, expediente 18.001, entre muchas otras.
(4) Sentencia de 19 de octubre de 2011, expediente 18.001.
(5) Sentencia de 25 de febrero de 2009, expediente 25.508.
(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 201, expediente 15.463.
(7) Sentencia del 26 de marzo de 2008, expediente 16.902, M.P. Dr. Enrique Gil Botero.
(8) Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2007, expediente 15.463.
(9) Ver también sentencia proferida por la Sala el 23 de abril de 2008, expediente 17.534, M.P. Dr. Enrique Gil Botero, en la cual se concluyó:
“i) Las hipótesis establecidas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (D.L. 2700) mantienen vigencia para resolver, de manera objetiva, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones injustas de la libertad, en las cuales se haya arribado a cualquiera de las conclusiones a las que hace referencia la citada disposición, inclusive, con posterioridad a la Ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la corporación...
v) En conclusión, cuando se atribuye la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, existen eventos precisos y específicos en los cuales la jurisprudencia —con fundamento en el principio iura novit curia, ha aceptado la definición de la controversia a través de la aplicación de títulos de imputación de carácter objetivo, en los cuales, la conducta asumida por la administración pública no juega un papel determinante para la atribución del resultado. Por el contrario, las demás situaciones que desborden ese específico marco conceptual, deberán ser definidas y desatadas a partir de la verificación de una falla del servicio en cabeza del aparato estatal”.
(10) Sentencia de febrero 9 de 2011, expediente 17.490.
(11) Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, expediente 25.508, reiterada por esta Subsección, mediante sentencia de 19 de octubre de 2011, expediente 18.001.
(12) $ 2’5000.000 = IPC final (109.95 - enero/12)
IPC inicial (60.68 - abril 6/00 - fecha sentencia)
(13) Parentesco acreditado mediante el respectivo certificado del registro civil de matrimonio (fl. 20, cdno. 1).
(14) Parentesco acreditado a través de los certificados de los registros civiles de nacimiento de dichas personas (fls. 23 a 25, cdno. 1).
(15) Parentesco acreditado mediante el correspondiente certificado del registro civil de nacimiento de la víctima directa del daño (fl. 22, cdno. 1).
(16) Se reiteran las consideraciones expuestas en diferentes pronunciamientos de la Sala, tales como sentencias de abril 28 de 2010, expediente 17537; de agosto 11 de 2010, expediente 16.074.
(17) Artículo 57 Código de Procedimiento Civil. Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización de los perjuicios que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que con el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.
Artículo 56 ibídem. (…) En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial que existe entre denunciante y denunciado, y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo de éste.
(18) Sección Tercera, sentencia de agosto 31 de 1999, expediente 10865, reiterada en muchas otras decisiones, entre ellas la sentencia dictada por esta Subsección el 27 de abril de 2011, expediente 19.192.
(19) El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.
(20) Sección Tercera, sentencia de noviembre 27 de 2006, expediente 23049.

References: artículo 73
 artículo 249
 artículo 68
 artículo 66
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 90
 artículo 68
 artículo 65
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 69
 artículo 90
 artículo 68
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 68
 artículo 414
 artículo 68
 artículo 414
in dubio
in dubio
 resolución 
 resolución 
 artículo 415
in dubio
 artículo 36
 resolución 
in dubio
 artículo 90
 artículo 78
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 2
 artículo 171
 artículo 55
 artículo 115
 artículo 414
 Artículo 57

Artículo 56
 artículo 83