Source: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=50077
Timestamp: 2020-04-03 00:29:26+00:00

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Cerrar los ojos ante la tortura y malos tratos es permitir la ceguera de un pueblo.
La protección a la dignidad de las personas es el basamento de la razón de ser de los derechos humanos. Es el valor de grado superlativo por el cual la humanidad se distingue del resto de los seres vivos. La autonomía de la voluntad de la persona justifica que cada uno de los seres humanos somos fines en sí mismos únicos e irrepetibles; sin embargo, cuando la autonomía de la voluntad se ve sobajada por la tortura y el maltrato, la misma se reduce a nada, pues quien es torturado o maltratado hará, dirá o firmará lo que sea con tal de no seguir padeciendo penas o sufrimientos físicos o mentales.
El derecho humano a la protección de la integridad personal reviste especial relevancia en razón de que tanto la tortura y el maltrato se cometen en Estados de Derecho democráticos como México. La gran apuesta gubernamental es que, ante dichos flagelos, es preferible prevenir que se cometan, a investigarlos, documentarlos, sancionarlos y repararlos.
En ese orden de ideas, el Comité contra la Tortura de la ONU, en sus observaciones finales sobre el Séptimo Informe Periódico de México 2018, considera muy preocupante la situación observada por varios mecanismos internacionales de derechos humanos durante sus respectivas visitas a México en el periodo objeto de examen, en particular las realizadas por el Relator Especial sobre la tortura de Naciones Unidas en 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en 2015, así como, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas en 2016. El citado Comité contra la Tortura señaló asimismo su preocupación por los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2016 (ENPOL), así como los informes alternativos remitidos por numerosas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de la sociedad civil en los que se documenta una muy alta incidencia de tortura y malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención.
El 26 de junio de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; ordenamiento que vino a sumarse al marco legal existente con el objetivo de que las distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, garanticen efectivamente el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal; así como la máxima protección contra cualquier acto de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, sin que se llegue a justificar, por ninguna causa, la comisión de estos delitos.
En este sentido la Ley General define el delito de tortura, en su artículo 24 de la siguiente manera: “comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva o por razones basadas en discriminación o con cualquier otro fin:
1. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona
2. Cometa una conducta que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento
3. Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo
Además, dicho ordenamiento considera la situación de vulnerabilidad de las víctimas de estos delitos y establece incremento de sanciones, como contempla en el artículo 27 que precisa.
1. La víctima sea niña, niño o adolescente
2. La víctima sea una mujer gestante
3. La víctima sea una persona con discapacidad
4. La víctima sea una persona adulta mayor
5. La víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual
6. La condición de persona migrante o afrodescendiente, la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena de la víctima o cualquier otro equiparable, sea la motivación para comentar el delito
7. La condición de periodista o de persona defensora de derechos humanos de la víctima sea la motivación para cometer delito
8. La identidad de género o la orientación sexual de la víctima sea la motivación para cometer el delito
9. Los autores o participes cometan el delito de tortura, con el propósito de ocultar información o impedir que las autoridades competentes tengan conocimiento sobre los hechos que conduzcan a la investigación de otro delito
Con la ratificación del Protocolo Facultativo contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por parte del Estado Mexicano, así como, la importancia de éste y su enfoque preventivo, a efecto de instrumentar las obligaciones asumidas, se invitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para fungir como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de México, propuesta que fue aceptada con fecha de julio 11 de 2007, con ello, el Estado Mexicano mostró su íntegro compromiso de respeto a los derechos humanos.
En este sentido la citada Ley General creó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura como la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional para garantizar su autonomía y especialización, lo que describe a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un área independiente de las Visitadurías que integran a la misma.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura estuvo instalado en la Tercera Visitaduría por un poco más de diez años, del 2007 al 2018. Con la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el 2017, el Mecanismo inició una nueva etapa como órgano especializado y autónomo adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo personal es multidisciplinario y con balance de género, con experiencia profesional en material de Derecho, Criminología, Psicología, Psiquiatría, Educación, entre otras.
El Mecanismo, ahora adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un área independiente de las Visitadurías Generales que integran la misma, cuenta con autonomía presupuestaria para cumplir con la función independiente prevista en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y de la Ley General. A su vez y a partir de este paradigma, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura cuenta con un Reglamento Interno que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2018 publicándose igualmente los Lineamientos para el Funcionamiento y las Bases para su Operación, y desde ese año cuenta con identidad propia que se vio materializada en un logotipo.
Para el Relator Especial para la Tortura, en México la tortura es generalizada, es decir, no sólo se comete por hechos relacionados con la persecución, investigación y sanción de los delitos en los cuales están involucrados policías, ministerios públicos y personal penitenciario; sino que ha quedado evidenciado que este flagelo también se comete en otros ámbitos tales como en las instituciones de salud, en el sector educativo, en los hogares para personas adultas mayores, en casas hogar e incluso, en los ambientes laborales (cfr. Informe del MNPT para la CNDH para la 66 Sesión del Comité contra la Tortura, ONU, 2019).
Dentro de los factores que favorecen la aparición de la tortura y los malos tratos en el país, se puede mencionar los siguientes:
1. Que las autoridades minimizan las cifras de denuncia de la tortura y disminuyen la importancia de investigar los hechos denunciados bajo el argumento de que las personas procesadas por otros delitos “alegan que fueron torturadas como parte de su estrategia de defensa en el proceso penal” y esto equivale a negar la existencia de la tortura
2. La desacreditación de la víctima pues derivado de su situación procesal, se desacredita automáticamente su dicho
3. La tortura y los malos tratos son bien merecidos si se aplican a una persona que ha sido detenida y con ello, basta revisar la encuesta denominada “percepción de la práctica de la tortura en México”, elaborada por la Universidad Nacional Autónoma de México, que señala que del 100% de las personas encuestadas, el 42% opinó que sí se le debe de torturar sobre todo a secuestradores, extorsionadores y violadores
4. La impunidad ante la denuncia de un hecho de tortura o malos tratos cometida hacia personas que han sido detenidas
Ahora bien, la tortura y los malos tratos se presentan de diferentes modalidades además de los golpes, insultos o vejaciones, hay situaciones como las que se mencionan a continuación:
• Las condiciones inhumanas de internamiento de las personas privadas de libertad; igual sucede con las personas con alguna causa de discapacidad sobre todo discapacidad intelectual y psicosocial; la negación de servicios básicos de salud; así como las situaciones de maltrato escolar que ocurre ante la pasividad de las autoridades.
• El trato que se le da a las y los migrantes; su situación de extrema vulnerabilidad los coloca como víctimas naturales del poder discrecional de las autoridades (tomado de la presentación de la Dirección Ejecutiva del MNPT en el Encuentro Binacional de Organismos de Derechos Humanos en Buenos Aires, Argentina, junio 2019).
Derivado de lo anterior, desde que el Mecanismo Nacional de Prevención se consolida en un órgano autónomo, a partir del 2018, se ha privilegiado el diálogo constructivo y el intercambio de ideas con los distintos actores involucrados en la prevención de la tortura, todo ello, con el objetivo de sensibilizar a las autoridades en su responsabilidad, en los lugares de privación de la libertad, como garantes del derecho a no ser torturado.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, menciona en su Informe Anual de 2018 que durante ese año se recibieron en la CNDH 66 expedientes de quejas relacionados al hecho violatorio de tortura; lo cual fue reportado a través del Sistema de Gestión de Quejas de este mismo organismo; en este sentido las entidades federativas en las cuales se reportó en más ocasiones fueron Ciudad de México con diez, Tamaulipas con cuatro, Veracruz con cuatro, Hidalgo con tres y Estado de México con tres. Esta queja se presentó con frecuencia en las siguientes autoridades: Policía Federal de la PGR con 26, PGR con 13, CNS con seis y SEDENA con cinco.
Con relación al hecho violatorio de trato cruel, este sistema reporta que durante 2018 se registraron 388 expedientes de queja; las entidades federativas con mayor número de expedientes de queja fueron Veracruz con 51, Tamaulipas con 19, Oaxaca con 15 y la Ciudad de México con diez. Las autoridades en las cuales se presentaron más expedientes de queja fueron la Policía Federal de la SEGOB con 68, INM de la SEGOB con 56, la SEDENA con 49, SEMAR con 41 y PGR con 40 (cfr. Informe Anual del MNPT, 2018).
Finalmente, el citado informe indica que, en cuanto a la detención arbitraria, los expedientes de quejas durante 2018 fueron 400. Las entidades federativas con mayor número de expedientes de este tipo de queja fueron Tamaulipas con 49, Veracruz con 48, la Ciudad de México con 45, Jalisco con 37 y Estado de México con 16. En cuanto a las autoridades de las cuáles se cuenta con un mayor número de expedientes de queja por este hecho violatorio son la SEMAR con 92, la Policía Federal de la SEGOB con 80, la SEDENA con 62, la PGR con 51 y finalmente INM de la SEGOB con 29.
Para la especificación de estos retos, el MNPT tomó como referente las Observaciones finales sobre el Séptimo Informe Periódico de México en el 66° de la Asamblea del Comité contra la Tortura de la ONU en sus sesiones 1748 y 1749 celebradas el 13 de mayo, en relación con los compromisos que debe adoptar el Estado Mexicano, que a continuación de mencionan:
1. Pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición de la tortura y los malos tratos y anunciar públicamente que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable de tales actos ante la Ley y estará sujeto a enjuiciamiento penal y a las sanciones apropiadas
2. Garantizar la realización periódica de la ENPOL y la publicación de sus resultados
3. Adoptar medidas eficaces para garantizar que las personas detenidas gocen en la práctica de todas las salvaguardias fundamentales desde el inicio de su privación de la libertad de conformidad con las normas internacionales, en particular: el derecho a ser asistido sin demora por un abogado y a recibir asistencia letrada gratuita en caso de necesidad; a requerir y tener acceso inmediato a un médico independiente; a ser informados de las razones de su detención y de la naturaleza de los cargos que les imputan en un idioma que comprendan; a que se registre su detención; a informar con prontitud de su detención a un familiar o a un tercero; a impugnar ante un tribunal la legalidad de la detención y a ser llevados a un juez sin demora
4. Adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en cuanto la inadmisibilidad de cualquier detención obtenida a través de tortura, que cuando se denuncie que una declaración se obtuvo mediante tortura se investigue de inmediato y que la carga de la prueba no recaiga en la víctima, sino en el Estado; ampliar los programas de formación profesional dirigidos a jueces y fiscales a fin de que sean capaces de detectar e investigar eficazmente todas las denuncias de tortura y malos tratos; velar por que todos los miembros de las fuerzas del orden, jueces y fiscales reciban cursos obligatorios de formación donde se ponga de relieve la relación entre las técnicas de interrogatorio no coercitivas, la prohibición de la tortura y los malos tratos y la obligación de los órganos judiciales de invalidar las confesiones obtenidas bajo tortura; garantizar la adaptación de sanciones contra aquellos jueces que no actúen debidamente cuando se presenten denuncias de tortura durante los procesos judiciales y compilar y hacer pública la información relativa a procesos penales en los que los jueces, directamente o a instancia de las partes, hayan dispuesto la inadmisibilidad de los elementos de la prueba obtenidos mediante tortura y las medidas adoptadas al respecto
5. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los sistemas de denuncia sean eficaces, independientes y accesibles y completamente seguros para las víctimas
6. Crear y mantener actualizado el Registro Nacional del Delito de Tortura previsto en la Ley General y recopilar y publicar datos estadísticos sobre el número de denuncias por actos de tortura y malos tratos registrados en todas las instancias
7. Informar sobre las medidas adoptadas en la aplicación de las Recomendaciones emitidas por la CNDH en particular para los casos de tortura y malos tratos
8. Garantizar, en el marco del actual proceso de reforma, que el MNPT disponga de los recursos suficientes y personal cualificado necesario para desempeñar su labor con eficacia en todo tipo de lugares de privación de la libertad, de conformidad con las exigencias del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura
9. Cerciorarse del seguimiento y cumplimiento efectivo de las recomendaciones formuladas por el MNPT en el marco de sus actividades de vigilancia, de conformidad con las Directrices sobre los mecanismos nacionales de prevención adoptadas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
10. Fomentar la cooperación entre el Mecanismo y las organizaciones de la sociedad civil
De acuerdo con la Agenda Básica de Derechos Humanos 2019 de la CNDH, la construcción de planes y programas orientados a la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes desarrollados por las diferentes instituciones y sectores de la sociedad deben contemplar lo siguiente:
Para hacer posible la vigencia de a los derechos humanos es necesario desarrollar estrategias que se enfoquen a la Armonización Normativa, en particular tratándose del derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes:
1. Realizar la armonización legislativa pendiente tanto en el orden federal como en el orden local en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; garantizando que no existan normas internas contrarias al bloque constitucional, que desconozcan u obstaculicen su ejercicio o impidan la protección del derecho a no ser sometido a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo cual incluye las medidas que fueren necesarias para respetar y garantizar el ejercicio de los derechos contenidos en el parámetro de regularidad constitucional
2. Promover la armonización de las leyes secundarias de las entidades federativas y de la Ciudad de México con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y los componentes de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
3. Armonizar las disposiciones dentro del Sistema Jurídico Mexicano a efecto de propiciar el mejor y más oportuno cumplimiento del mandato conferido al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
4. Lograr que las Fiscalías Estatales Especializadas para la Investigación del delito de tortura tenga sustento en una ley y su correspondiente armonización horizontal
5. Armonizar con criterios convencionales, la normatividad relativa a la protección del derecho de las mujeres a estar libres de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
6. Asumir un compromiso para que en la formulación de proyectos normativos que puedan incidir en el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos, se abran procesos de consulta y diálogo con la academia, organizaciones de la sociedad civil, expertos y analistas independientes, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de las víctimas, en caso de que las hubiera, para lo lograr proyectos pertinentes y que sean respetuosos de la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas
En cuanto a los temas de atención urgente para hacer efectivo respeto y garantía del derecho de las personas contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, es importante considerar los siguientes referentes:
1. Adoptar las medidas necesarias para que se logre la materialización y efectivo cumplimiento de los mandatos de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, lo cual incluye necesariamente que se asignen recursos financieros, materiales y humanos necesarios para su adecuada operación y fortalecimiento
2. Desarrollar las acciones indispensables para impulsar y agilizar la creación de las Fiscalías Especializadas en materia de Tortura en las Entidades Federativas
3. Generar estrategias de vinculación inter-institucional para la construcción de información veraz y oportuna respecto de las personas privadas de la libertad, identidad, ubicación; así como, el número de lugares de privación de la libertad y su localización
4. Hacer funcional y eficazmente operativo el reporte o aviso inmediato de detención de cualquier persona
6. Tomar en consideración las propuestas y atender observaciones y requerimientos que formule el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
7. Hace público y dar cumplimiento a las observaciones y Recomendaciones contenidas en el 66° Informe que emitió respecto a México, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas
Objetivos y Fundamento Normativo en Materia de Prevención de la Tortura
El 26 de junio de 2017 se promulgó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en adelante Ley General. Esta es de orden público, interés social y observancia general para todas las autoridades en todo el territorio nacional. Esta Ley General, representa un gran avance en la legislación mexicana pues cumple con una serie de recomendaciones de la ONU y de la OEA de entre las cuales podemos destacar que el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial, además de tener un carácter de imprescriptible y definir que dichos actos se prohíben de manera estricta, completa, incondicional e imperativa (cfr. Informe del MNPT para la CNDH para la 66 Sesión del Comité contra la Tortura, ONU, 2019).
La Ley General está estructurada de acuerdo con las obligaciones del Estado frente a violaciones a derechos humanos como lo es investigar, sancionar, prevenir y reparar. Busca, asimismo, homologar políticas públicas y procedimientos a fin de que haya coherencia y unidad en los criterios para combatir y prevenir la tortura a nivel nacional.
A partir de la emisión de esta Ley General se crean instrumentos tales como el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura y se reforma de manera sustancial el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
El Programa Nacional es el instrumento de política pública a nivel nacional para prevenir y combatir la tortura. La Fiscalía General de la República coordina su elaboración y contendrá un diagnóstico participativo que aborde de forma integral las causas y consecuencias de la tortura y otros malos tratos; objetivos y estrategias para el combate a la tortura; Líneas de acción que las instituciones y dependencias deben llevar a cabo; indicadores para la medición de objetivos, así como Bases para creación de instrumentos de seguimiento y evaluación.
Ley General también contempla la creación de un Registro Nacional de casos de tortura. A través de este registro no solamente se tendrá una mayor claridad sobre la recurrencia de la tortura y los factores espaciales y temporales del fenómeno, sino que también se podrán detectar patrones para un análisis de contexto que sería sumamente útil para la investigación efectiva de este flagelo.
Esta Ley General cumple cabalmente con el compromiso internacional que como Estado Parte, México tiene, ya que establece los tipos penales - ¿Qué es la Tortura?, ¿Qué son los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes? al establecer las sanciones, la distribución de las competencias, la coordinación de los tres niveles de gobierno y garantizar los derechos de las víctimas
Además, incorpora la tortura cometida con fines discriminatorios o cualquier otro fin y establece que ya no es necesario que la víctima esté detenida o relacionada con hechos de índole penal para ser víctima de este flagelo, es decir, cualquier persona en cualquier situación la puede padecer.
La Ley General incorpora los siguientes aspectos:
• El principio de responsabilidad penal del superior jerárquico.
• El incremento de la pena cuando la víctima pertenezca a grupos en situación de vulnerabilidad, la duración de la conducta, los medios empleados, edad de la víctima, sexo, condición de salud, secuelas, circunstancias y contexto de la comisión de la conducta.
• El contar un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral para respetar el derecho de la víctima a ser reparados integralmente.
• El definir la tortura por omisión que se da cuando un servidor público sin ser garante tiene conocimiento de la comisión de conductas constitutivas del delito de tortura y se abstuviera de denunciar inmediatamente los mismos.
• La imposición de una pena de tres a seis años de prisión y de 100 a 250 días de multa a quien injustificadamente impida el acceso inmediato a los lugares de privación de la libertad al personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
• La exclusión o bien, declaración de nulidad de las pruebas obtenidas a través de actos de tortura u otra violación a Derechos Humanos.
• La prohibición de entregar, extraditar, expulsar, deportar o devolver a otro Estado a cualquier persona cuando haya razones fundadas para suponer que estaría en peligro de ser sometida a actos de tortura; o que sería juzgado por tribunales de excepción ad hoc en el Estado requirente.
En su Artículo 72 la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes menciona que para garantizar de manera integral la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, se crea el Mecanismo Nacional de Prevención, instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el territorio nacional. Todo ello, conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Las facultades del Mecanismo Nacional de Prevención, se describen en el Artículo 78 de la Ley General son las siguientes:
IX. Presentar quejas ante la Comisión Nacional o, en su caso, ante los organismos de protección de los derechos humanos, al detectar cualquier situación posiblemente constitutiva de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, las Visitadurías Generales de la Comisión Nacional realizarán sus investigaciones de forma independiente a las que realice el Mecanismo Nacional de Prevención;
Derivado de lo anterior, y de acuerdo con los datos sobre tortura y malos tratos que se describen en antecedentes, el MNPT planteó para 2019 lo siguiente:
Prevenir la comisión de actos en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los diferentes lugares de privación de la libertad garantizando el respeto al derecho a la integridad personal.
1. Contribuir a la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad a través de medidas de prevención de la tortura y los malos tratos que han sido implementadas por las instituciones de privación de la libertad gracias a la emisión de Recomendaciones del MNPT.
2. Incrementar el número de personas privadas de la libertad que se han visto beneficiadas por las diferentes estrategias emprendidas por el MNPT en dichos lugares.
3. Elaborar informes y recomendaciones para fortalecer las medidas de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los lugares de privación de la libertad.
4. Realizar servicios de promoción y difusión en materia de tortura y malos tratos a través de acciones dirigidas a los responsables de las instituciones de impartición de justicia, los responsables de los lugares de privación de la libertad, organizaciones de la sociedad civil y comunidad académica.
5. Implementar visitas de supervisión, seguimiento o especiales como medida de prevención de la tortura y los malos tratos en los lugares de privación de la libertad.
6. Establecer mecanismos de vinculación, nacional e internacional, con instituciones relacionadas con la prevención de la tortura y los malos tratos.
7. Elaborar el Diagnóstico sobre el estado que guarda la tortura y los malos tratos en las entidades federativas.
El 2019 fue un año que se caracterizó por la implementación de las siguientes acciones:
La evaluación en la aplicación de las cuatro guardias principales en las personas que son detenidas por las autoridades de las agencias del ministerio público de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías de las 32 entidades federativas.
El seguimiento a las acciones que los lugares de privación de la libertad realizaron para dar cumplimiento a las Recomendaciones emitidas por el MNPT en sus Informes de Supervisión, de entre los cuales se puede destacar el que se hizo a las instituciones de salud que tienen albergadas personas en discapacidad psicosocial.
Las visitas de supervisión y seguimiento que se realizaron a los lugares de privación de la libertad con el propósito de identificar los factores proclives a generar hechos de tortura y/o maltrato.
Las acciones de promoción del MNPT en lugares de privación de la libertad, particularmente asilos de personas mayores de edad, casas hogar y centros de rehabilitación, privados y públicos.
La difusión, a nivel nacional, de las cuatro guardias principales en las primeras horas de detención de una persona por las autoridades en los medios masivos de comunicación.
Las acciones de sensibilización dirigidas a las autoridades involucradas en la guardia y custodia de las personas privadas de la libertad.
En las actividades de vinculación, se puede resaltar la que se realizaron con los Gobiernos del Estado de Coahuila y Nuevo León a través de la Alianza Estratégica para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
A nivel internacional se encuentra la asistencia de la Dirección Ejecutiva del MNPT en la comparecencia del Gobierno Mexicano en la 66 sesión del Comité contra la Tortura de la ONU con sede en Ginebra, Suiza; así como dos participaciones en el Encuentro Binacional de Organismos de Derechos Humanos uno con sede en Buenos Aires, Argentina y otro en la Ciudad de México.
A su vez, este MNPT realizó el Primer Encuentro Internacional Latinoamericano de Mecanismos Nacionales para la Prevención de la Tortura en la Ciudad de México.
La Ley General refiere en su Artículo 73 que, para garantizar su autonomía, el Mecanismo Nacional de Prevención de Prevención estará adscrito a la CNDH como un área independiente de las Visitadurías Generales que integran a la misma.
• Un Comité Técnico integrado por cuatro personas expertas en la prevención de la tortura e independientes.
• La persona titular de la Dirección Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención, quien fungirá como Secretario Técnico.
Actualmente, el Comité Técnico se integra por personas expertas en materia de tortura y malos tratos; además de la persona que Preside el Comité Técnico que también lo es de la CNDH. Los integrantes fueron designados por el Senado de la República por las diferentes Comisiones de Derechos Humanos en el 2018 tal y como lo establece la Ley General dos de ellos estarán al cargo por cuatro años y dos por dos años.
En el artículo 26 de dicho Reglamento, menciona que el Comité se reunirá en pleno al menos una vez cada bimestre o bien cada vez que se requiera. De tal forma que las sesiones se realizaron de acuerdo con el siguiente calendario:
Durante 2019, las sesiones del Comité Técnico fueron las siguientes:
005 Enero 28
006 Marzo 28
007 Mayo 28
008 Julio 30
009 Septiembre 27
Extra-ordinarias
003 Julio 24
004 Agosto 13
En cada una de las sesiones ordinarias, la Dirección Ejecutiva del MNPT, informó sobre las actividades de prevención que se realizaron tales como:
• Presupuesto programado para el ejercicio fiscal 2019.
• Cumplimiento a los compromisos derivados de las Sesiones del Comité.
• Visitas de supervisión a los lugares de privación de la libertad.
• Actividades de sensibilización dirigidas a servidores públicos y población en general.
• Servicios de promoción y acciones de difusión.
• Capacitación que el personal del Mecanismo ha recibido.
• Compromisos de seguimiento a los informes emitidos durante el 2019.
• Acuerdos de vinculación con autoridades.
En las sesiones, los integrantes del Comité opinaron y aprobaron, según el caso, sobre los siguientes documentos:
Lineamientos Generales Relativos a las Modalidades y Procedimientos que deberán seguirse durante las visitas a los lugares de privación de la libertad y elaboración de informes (publicados en DOF el 26 de octubre de 2018).
Informe Anual del Mecanismo y Diagnóstico de la situación de Tortura, 2018.
Escrito sobre Prisión Preventiva Oficiosa dirigido a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michel Bachellet.
Listado de situaciones de riesgo grave que se observan en los lugares de privación de la libertad y que requieren de una intervención inmediata.
Programa Anual de Trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 2020.
Ante proyecto de Presupuesto del Mecanismo Nacional de Prevención para el ejercicio fiscal 2020.
De conformidad con el artículo 79 en sus fracciones II y III de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, este Mecanismo deberá remitir su informe anual al Subcomité de Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas y a la Cámara de Senadores; además que en el Reglamento Interno se indica en su artículo 24 que el Informe Anual de Actividades del Mecanismo, será sometido para aprobación del Comité Técnico por la persona titular de la Presidencia, en el mes de enero del año siguiente; motivo por el cual, este documento estará disponible en su totalidad a partir del primer trimestre de 2020.

References: artículo 24
 artículo 27
 Artículo 72
 Artículo 78
 Artículo 73
 artículo 26
 artículo 79
 artículo 24