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Timestamp: 2020-01-23 18:28:50+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 311, de 12/09/2017
cve: DSCD-12-CO-311
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 311
- Del diputado don José Juan Díaz Trillo y de la diputada doña Josefa Inmaculada González Bayo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de seguridad en el medio rural de la provincia de Huelva (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/010133). (Número de expediente 181/000436) ... (Página3)
- De la diputada doña Zaida Cantera de Castro, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre uso por los trabajadores de Instituciones Penitenciarias de chalecos de protección antipunción, antinavaja y anticorte caducados (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/012075). (Número de expediente 181/000441) ... (Página6)
- Para explicar lo sucedido el día 10 de septiembre 2016, cuando más de cien personas entraron en Ceuta tras sobrepasar la valla de separación entre el territorio marroquí y el español. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000083) ... (Página9)
- Para que explique los hechos que se produjeron en el perímetro de la valla que separa Ceuta con Marruecos el día 1 de enero de 2017. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000267) ... (Página9)
- Para explicar los posibles fallos en los procedimientos de control, así como los recursos, medios y efectivos dedicados y las inversiones en curso en los pasos fronterizos de Ceuta. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000579) ... (Página9)
- A fin de explicar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con las devoluciones practicadas a través de la valla de Ceuta el día 1 de enero de 2017, así como de explicar y concretar cómo ha de entenderse y aplicarse el punto 2 de la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y del protocolo que han de observar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la práctica de los rechazos en frontera. A petición de los grupos parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto. (Número de expediente 213/000275) ... (Página9)
- Para explicar el salto masivo de inmigrantes de la valla de Ceuta. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000227) ... (Página9)
- Para explicar las circunstancias en que se produjo la entrada en España de un cuantioso número de inmigrantes a través de la frontera vallada de Ceuta el día 1 de enero de 2017, así como los fundamentos legales de las repatriaciones practicadas y las actuaciones y situación respecto a quienes han permanecido en España. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000278) ... (Página9)
- Para informar del estado y situación y problemas que afectan a la frontera de Ceuta y de Melilla y actuaciones que va a llevar a cabo para hacerle frente con rapidez y eficacia para preservar la seguridad y la integridad de las personas que la transitan y de los miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que la custodian. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000398) ... (Página9)
- Para informar sobre las medidas que va adoptar para evitar que la insostenible situación del Tarajal II termine con incidentes graves y de consecuencias imprevisibles, así como para ordenar la situación del paso fronterizo. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000498) ... (Página10)
- Urgente, para que aclare y explique de manera pormenorizada y cuanto antes, cómo es posible que en menos de una semana se produzcan dos incidentes graves en la frontera de Ceuta con entradas masivas de inmigrantes, sin control alguno, y que el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, responsable de la seguridad en Ceuta, califique la entrada por el puesto fronterizo como un fallo en la seguridad y siga ostentando el cargo. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000578) ... (Página10)
- Para informar de la estrategia del Gobierno para proteger la intangibilidad de la frontera de España con Marruecos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000773) ... (Página10)
- Para informar de la situación de la seguridad en la frontera de Ceuta y medidas que está proponiendo para mejorar la misma. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000298) ... (Página10)
- Para que explique los motivos por los que "Hazte Oír", asociación ultracatólica que hace de la incitación al odio su principal actividad, mantiene la declaración de utilidad pública. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 212/000852) ... (Página10)
Se abre la sesión a las nueve y cincuenta minutos de la mañana.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO Y DE LA DIPUTADA DOÑA JOSEFA INMACULADA GONZÁLEZ BAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/010133). (Número de expediente 181/000436).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la Comisión. Saben que la primera parte de la misma va a consistir en la contestación por parte del secretario de Estado, al que damos la bienvenida, de preguntas escritas transformadas en orales.
Para formular la primera pregunta tiene la palabra la señora González Bayo.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Buenos días, señor secretario de Estado, gracias por estar aquí con nosotros para responder a nuestras preguntas.
Quiero poner hoy de manifiesto una situación que viene dándose de manera reiterada y creciente en la provincia de Huelva. Como usted sabe la provincia de Huelva basa gran parte de su economía en la agricultura, teniendo explotaciones de primer nivel y muy tecnificadas, pero estas explotaciones están siendo saqueadas en los últimos años de manera alarmante, ya que se están poniendo en riesgo las explotaciones y las cosechas de cada año. Estas explotaciones son un punto clave para el desarrollo socioeconómico de la provincia de Huelva, ya que aportan empleo y calidad de vida a la ciudadanía. Como usted convendrá conmigo son los poderes públicos los que tienen que velar por la seguridad de la ciudadanía de la provincia de Huelva, en el más amplio sentido del término seguridad, pero asistimos atónitos a cómo aumentan cada día los robos en la provincia de Huelva, tanto en el medio rural como en los municipios. Yo vengo del municipio de Cartaya y le puedo asegurar que todos los días vecinos de la localidad denuncian un robo en el pueblo o bien agricultores y ganaderos en sus explotaciones. Esto está siendo insoportable en la provincia de Huelva. Lo refrendaron los datos que desde el ministerio se aportaron a finales del año 2016, que decían que habían aumentado los hurtos, que habían subido un 6,1 % en la provincia, así como los robos con intimidación y con violencia. Esto lo estamos sufriendo los vecinos y vecinas de la provincia de Huelva.
No cabe duda de que en el último lustro la plantilla de la Guardia Civil en la provincia de Huelva ha disminuido. En el año 2011 contábamos con un efectivo de 1534 agentes, mientras que a finales de 2016 solo teníamos 1410, es decir, 124 agentes menos velando por la seguridad de la ciudadanía de Huelva. Esto está provocando que cada día se estén dando robos en explotaciones, y que muchos delincuentes estén prendiendo fuego a nuestros campos. Le puedo aportar que este verano hemos perdido más de 12 000 hectáreas por fuego y por falta de vigilancia en nuestros campos. También quisiera decirle que la Asociación Unificada de la Guardia Civil está denunciando esto en los medios. Dicen que, ante la falta de efectivos y de material, les es imposible cumplir con sus medidas de seguridad. Por eso los diputados de Huelva le remitimos el clamor de los vecinos, y le preguntamos al Gobierno si piensa dotar a Huelva de suficientes guardias civiles y policías nacionales para garantizar su seguridad. También es imprescindible que el equipo Roca se vea aumentado. ¿Está dentro de sus planes el aumento del equipo Roca? Hay que planificar inspecciones en aquellos lugares donde se venden los productos que son sustraídos en el campo -estamos hablando de fruta- o también lo sustraído en las viviendas. Por eso le pregunto también cuántas inspecciones se han llevado a cabo en Huelva en el año 2016.
Señora González Bayo, coincido bastante con su análisis, sobre todo en lo que se refiere a los datos objetivos, pero con algunas de las apreciaciones que extrae de esos datos objetivos no puedo estar al cien por cien de acuerdo. Comparto que hay una necesidad -la hemos puesto de manifiesto y se está corrigendo- de recuperar efectivos de Policía y Guardia Civil en todas las provincias de España. Créame
cuando le digo que no solo en Huelva ha habido una pérdida de plantilla en los últimos años. Convendrá con nosotros en que la crisis económica que hemos sufrido -que durante mucho tiempo se negó y contra la que no se pusieron las medidas adecuadas, y que ha habido que resolver contrarreloj y en las peores condiciones- ha hecho que también en materia de seguridad suframos las consecuencias. De hecho en el presupuesto del año pasado se tuvo la previsión de incrementar la oferta de empleo público en materia de seguridad en un porcentaje muy importante, un 130 % sobre el total de plazas de reposición, con el objetivo que usted nos plantea: subir el número de efectivos, recuperar plantilla y poder prestar un mejor servicio en todas las provincias.
En cualquier caso tengo que decirle que la provincia de Huelva no es la que peor situación tiene en este sentido, que queremos mejorar, pero se ha hecho un importante esfuerzo en los últimos años. Solo en los ocho primeros meses del año 2017 la cobertura del catálogo de plazas en esa provincia ha pasado del 87 % al 91, un incremento del 4 %, que es bastante notable. En las campañas especiales que se han realizado se han incrementado en 100 los efectivos que se destinan a esa provincia, 40 en la campaña de la fresa y 66 en la operación verano. Durante todo el año se están ejecutando importantes planes por parte de la Guardia Civil, que se diseñan a nivel nacional y se aplican en todas las provincias, incluida la de Huelva, como el Plan de lucha contra la delincuencia, el Plan contra la sustracción agrícola y ganadera, el Plan contra el robo en vivienda, Plan contra el robo del cobre, Plan turismo seguro, Plan mayor seguridad o Plan comercio seguro, que por cierto están dando unos resultados muy buenos en su provincia, igual que en otras, pero especialmente en la que usted reside y a la que representa en esta Cámara.
Con relación a alguna de las manifestaciones que usted plantea evidentemente la campaña fresera en su provincia tiene un impacto muy notable, que no pasa desapercibido para la distribución de servicios, fundamentalmente de la Guardia Civil, y que realiza en los últimos años una actuación francamente positiva. No le digo ya a nivel europeo, que es ejemplar, sino en su provincia, que conocen muy bien, como es el Plan Rocío, con un despliegue que probablemente sea el mayor que se hace en toda Europa, pero muy notable en relación con la campaña fresera. En las juntas locales de seguridad además se está haciendo un esfuerzo de coordinación para implicar también a las policías locales en la protección de los intereses de los vecinos de cada uno de sus municipios.
Usted me decía que es necesario incrementar el número de equipos Roca, y yo estoy encantado de que esa sea la posición del Partido Socialista en relación con un proyecto que cuestionaron en su origen. Por tanto me alegro de que ya valoren su eficacia. En el caso de Huelva hay tres equipos desplegados en la compañía de la Guardia Civil con una mayor problemática en esta materia. Les hemos pedido a los responsables de esa comandancia que analicen si es necesario un incremento de los equipos Roca, y tenga la seguridad de que si fuera así se producirá ese incremento y se dotará adecuadamente a todos los onubenses de las necesidades que se requieren para prestar el mejor servicio. Pero le tengo que dar un dato que usted ha soslayado. Entre el año 2015 y el año 2016 las infracciones penales que se han producido en el campo han disminuido en un 18,05 %, en parte por esta labor y en parte también por la buena actitud de la sociedad onubense, que sin duda es la que tiene en su mano el que pueda producirse esa mejora en la seguridad, sobre todo previendo la comisión de delitos. En la actualidad, todas las acciones de interlocución entre la Guardia Civil y los principales agentes relacionados con el medio rural se llevan fundamentalmente por los equipos Roca. Pero no solo por los equipos Roca; hay más equipos que están realizando esa labor de enlace, trabajando sobre todo en el Plan de lucha contra las sustracciones en las explotaciones agrícolas y ganaderas, y constituyendo ese enlace permanente con el sector agrario y ganadero. Por cierto, también he recibido varias comunicaciones de organizaciones, como Asaja o la Cámara de Comercio de Huelva, que valoran ese trabajo que se está haciendo por parte de la Guardia Civil y de la Policía.
Tengo que decirle también que muchos de los planes que se realizan tienen entre sus cometidos la realización de inspecciones periódicas en establecimientos afectados por la problemática que usted nos plantea; y dentro de esas iniciativas a lo largo del año 2016 -esta era una pregunta concreta que usted me hacía- se han realizado 205 inspecciones, que tratan de detectar la compraventa de productos que se realizan con productos sustraídos. En este caso le tengo que decir que es la línea fundamental sobre la que están trabajando, tanto la Policía como la Guardia Civil. Si evitamos que se compren los productos robados estamos contribuyendo a que no se robe.
Espero que le haya resultado útil esta respuesta oral. Ya le dimos la respuesta por escrito; han mantenido la pregunta, es su potestad, y no tenemos ningún problema en venir a responderla o a reiterar oralmente la que ya le ofrecimos en su día por escrito.
Señora González Bayo.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Muchas gracias.
Yo le pediría que para el presupuesto de 2018 Huelva no sea de la que peor esté, como usted ha dicho, sino que seamos los que mejor estemos. Esto es lo que les pediría desde Huelva. Sobre el equipo Roca le diré que muchas veces se están dotando con el mismo personal que tenemos en la provincia, y si no hágalo usted ver. Sobre que han disminuido los robos en el campo, sí, pero tenemos más agricultores durmiendo en su propia finca para que no les roben. Esta también es una realidad, y no podemos dejar la seguridad en manos de los propios agricultores, porque vamos a tener un verdadero problema. Vamos a tener problemas porque tendremos a personas civiles enfrentándose a delincuentes, y eso creo que nos debería de preocupar a todos. El que más tiene es el que tiene seguridad privada, pero cada día son más los agricultores que durante la campaña duermen en su propia finca para que no les roben los materiales ni les roben las plantas, porque estamos asistiendo ya a robos de plantas, que hacen que esa campaña y esa inversión, que viene a través de un préstamo que se ha pedido, no pueda seguir adelante, porque cuando llegan a su finca los arándanos, por ejemplo, han desaparecido en una noche; y de eso seguramente tiene usted el mismo conocimiento que tengo yo.
En cuanto a lo que ha dicho usted de sus reuniones y que le ha felicitado Asaja y otras asociaciones, yo también me he reunido con ellos, y a nosotros nos solicitan que aquí, en esta Cámara, pidamos más seguridad, y es lo que yo he hecho hoy.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Muchas gracias, señora González Bayo.
A mí me gustaría que Huelva mejorase mucho, tengo que intentar que todas las provincias de España mejoren igual que Huelva. Pero para que mejore yo le pediría que los presupuestos generales del año 2018 no sean algo ajeno a su partido. Usted tiene la posibilidad, aquí en esta Cámara, de marcar las líneas que le parezcan adecuadas apoyando ese presupuesto, y consiguiendo que en materia de seguridad y en otras materias consigamos que este país mejore en los próximos años. (La señora Álvarez Álvarez: ¡Venga hombre! ¿Apoyando nada?). Como no se consigue es con el no permanente y bloqueando algo que es fundamental.
Mire, si en este año somos capaces de mantener el esfuerzo que se empezó el año anterior, una vez superada la crisis, en el que se sigue incrementando el número de efectivos en el porcentaje que los profesionales nos indican que es el adecuado, 30 puntos por encima de la tasa de reposición, en un periodo de tiempo muy corto de cuatro años vamos a recuperar la plantilla que teníamos en 2014, esa a la que usted hacía referencia y que ha sido el máximo histórico, tanto en su provincia como en otras provincias del conjunto de España. Yo les animo a que apoyen también esa iniciativa, porque en materia de seguridad nunca vamos a estar satisfechos ni los agricultores ni los industriales ni los ciudadanos en general; siempre vamos a querer más, y es lógico, pero nosotros tenemos la obligación de ofrecer el máximo posible para cubrir las necesidades en materia de seguridad.
Señoría, España es un país seguro gracias al trabajo de todos los Gobiernos que hemos tenido en este país, muchos con presidentes y con ministros del Interior de su partido; contribuyamos a que siga siéndolo en el futuro y a tener provincias -la suya y todas las demás- en las condiciones óptimas de seguridad.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ZAIDA CANTERA DE CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE USO POR LOS TRABAJADORES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DE CHALECOS DE PROTECCIÓN ANTIPUNCIÓN, ANTINAVAJA Y ANTICORTE CADUCADOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/012075). (Número de expediente 181/000441).
El señor PRESIDENTE: Para formular la siguiente y última pregunta, tiene la palabra la señora Cantera.
La señora CANTERA DE CASTRO: Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señor secretario, por estar aquí.
Decía que se contesta a algunas preguntas y que viene usted aquí a darnos también un refuerzo oral. Bueno, se contestan mal y tarde, por lo menos en el caso en el que nos compete en este momento. Se hicieron seis preguntas sobre la situación de los chalecos antipunción de los funcionarios de prisiones -seis, nada menos-; se contestó una, se contestó tarde y se contestó mal. Se las voy a repetir, y la próxima vez ya no sé si reflejar algunas preguntas con peras y manzanas, porque son muy simples. Se refieren, por ejemplo, a cuántos chalecos tiene Instituciones Penitenciarias para la protección de sus trabajadores y cuántos de estos tienen la fecha de caducidad en vigor. Es muy sencillo, hay que hacer una contabilidad, llevarla al día y ver cuántos están en vigor, desglosados por centros, e indicar -si es que los tienen- cuántos son de varón y cuántos de mujer, cuestión a la que no se ha contestado. ¿Lleva a cabo alguna actuación Instituciones Penitenciarias que le permita llevar un control de los chalecos y su estado? No se ha contestado. ¿Cuántos de los chalecos cumplen su vida útil en atención a la fecha de caducidad o son sustituidos por chalecos nuevos? Tampoco se ha contestado. ¿Cuántas inspecciones se han realizado por los responsables del mantenimiento del equipamiento de protección de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias para conocer el estado de los mismos desde 2012? Tampoco se ha contestado. Me parece que no son muy difíciles de contestar estas preguntas.
¿Qué es lo que se ha contestado -y aquí vamos a los datos-? Pues que sí, que desde 2014 a 2016 se han distribuido 167 chalecos para más de 21 249 funcionarios, que ciertamente no todos están en contacto con los internos. Salen a 0,008 chalecos antipunción por funcionario, a 55 chalecos por año. Estamos hablando de una medida de protección individual que tiene que hacer frente a las más de 360 agresiones -casi una por día- que se han producido en el año 2016, y a las cerca de 204 agresiones que ha habido en lo que llevamos de 2017, lo cual me parece que no es serio. Ciertamente ustedes en 2015 y en 2016, a través de sendos boletines oficiales del Estado, dijeron que tenían unas partidas presupuestarias para dotar a los funcionarios de prisiones de los medios suficientes para hacer frente a las agresiones o a la seguridad, partidas presupuestarias que reflejan la contratación de aproximadamente 55 chalecos, a 700 euros por chaleco. Estamos hablando de chalecos antipunción, más caros casi que los antibala, claro que también aparecen linternas con material aeroespacial a 100 euros. Efectivamente hay que dotar a nuestros efectivos con buen material, pero no sé qué pintan las linternas con material aeroespacial, a lo mejor se las tiran a la cabeza a los presos. Pero no es esto lo que más me preocupa, lo que más me preocupa es que actualmente tenemos funcionarios de prisiones que están haciendo frente a agresiones con chalecos que ni siquiera saben si están caducados o no, porque no llevan la etiqueta y porque no hay un control al respecto. Tenemos más de veintinueve centros, respecto a aquellos chalecos que hemos podido supervisar, con chalecos que están caducados hace diez años.
La señora CANTERA DE CASTRO: Voy terminando.
Como decía, más de veintinueve centros con chalecos caducados hace más de diez años, y más de ocho caducados hace más de cinco años; el resto ni siquiera se ha podido comprobar, porque no se ven las etiquetas.
Exigimos desde el Partido Socialista Obrero Español no solo un protocolo contra agresiones, porque los protocolos, a aquellos que reciben las hostias (Rumores.-El señor Martín-Toledano Suárez: Los golpes), no les sirven de nada si no tienen material suficiente para poder protegerse.
Muchísimas gracias. (El señor Molinero Hoyos: ¡Qué fina; qué elegante!).
Señora Cantera, voy a intentar -si es posible en este caso- que usted reciba la respuesta que ha solicitado a todas sus preguntas, aunque debería saber -o no sé si lo sabe- que yo esto tuve la posibilidad de hablarlo directamente con el anterior portavoz de esta Comisión, con el señor Trevín, que no sé si les dio los datos al resto de miembros del grupo. Tuvimos una conversación amplia y tranquila -como la que puede usted tener también conmigo cuando quiera- sobre esta materia, una conversación en la que no solo me hizo preguntas, sino también propuestas que se han incorporado a esas medidas de protección que se han negociado y pactado con los sindicatos de prisiones, y que se acaban de poner en marcha con ese plan que se ha aprobado recientemente, que ya está dando buenos resultados, pero que confiamos en que mejoren a lo largo de los próximos años. No obstante le voy a dar esa información.
Tenía la ventaja de que el señor Trevín conoce muy bien el funcionamiento de las instituciones penitenciarias, sabe que no es comparable el uso de los chalecos de autoprotección con el de los chalecos antibalas del Ejército, de la Policía o de la Guardia Civil; en este caso el uso es mucho más puntual. Afortunadamente no se trata de tener un chaleco para cada uno de los funcionarios, sino de que esté a disposición de aquellos que tienen que realizar su labor en unas condiciones determinadas. Son las juntas de cada uno de los centros las que determinan el número de chalecos que son necesarios y la forma en la que los tienen que utilizar. Usted ha trasladado en su intervención el dato del número de funcionarios y de chalecos que existen. Si quiere le puedo decir que pida el número de intervenciones que se realizan por los funcionarios con este tipo de material. Comprobará que el uso de ese material es francamente escaso afortunadamente, porque el clima que se vive en los centros penitenciarios de nuestro país es bueno en general, aunque evidentemente tenemos que tratar de mejorarlo y tenemos que impedir que pueda existir cualquier circunstancia que perjudique o que afecte de una forma grave a los funcionarios. De hecho, en este momento se imponen sanciones a los funcionarios que realizan labores para las que deberían haber usado este tipo de medidas y que por cualquier razón -ya sea un descuido o lo que sea- no las usan. Se acaba de firmar un acuerdo para mejorar y para cambiar completamente la dotación y el perfil de los chalecos antibalas y de las medidas que se van a poner en marcha de manera inmediata, en cumplimiento de ese plan contra las agresiones que se solicitó por parte de los funcionarios, un plan que como le digo se ha firmado y que ya está teniendo éxito.
Usted nos hablaba de que no se habían respondido algunas preguntas. Le voy a dar algún dato al conjunto de la Comisión. De 51 000 preguntas escritas que se han solicitado al conjunto del Gobierno, 11 000 se han hecho al Ministerio del Interior, insisto, 11 000. Con los medios que tenemos -que son limitados- hemos tratado de dar respuesta a la mayoría, estamos por encima del 98 % de respuesta. Evidentemente hay algunas a las que no podemos llegar porque el volumen es el que es, ya que las nuestras representan cerca de un 25 % del total de las preguntas que se han realizado. En este momento lo que estamos haciendo es cumplir el plan que se acaba de aprobar, cumplir y corregir algunas de las medidas que veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo y que efectivamente van en la línea que usted plantea. Necesitábamos mejor evaluación, mayor control, una mayor garantía del uso de este tipo de equipamiento, que va a venir en una doble dirección: por una parte, se va a ofrecer este equipamiento a cada uno de los centros penitenciarios, pero por otra parte, se va a exigir a los funcionarios que lo usen cuando es necesario, y que no lleven a cabo acciones que puedan resultar peligrosas sin la utilización de este tipo de material que se va a poner a su disposición. Este material incluye básicamente protecciones personales, no solo los chalecos, sino que se va a poner al servicio de los funcionarios una protección integral del cuerpo, cascos de protección, guantes, escudos de protección, defensas de goma, esposas, etcétera.
Se llevará un registro con el número total de efectivos, ubicación de los mismos, fecha de adquisición, fecha de caducidad de estos medios coercitivos y elementos de protección personal, al objeto de reponer los mismos cuando se detecte su deterioro, su caducidad o cualquier otra circunstancia que merme su eficacia. Es una obligación que van a tener los centros directivos de cada uno de los centros penitenciarios. Se va a reforzar la videovigilancia, porque lo que queremos es detectar antes el problema y saber cómo se responde, y queremos además que esa videovigilancia nos permita valorar la actuación de los
funcionarios. Se va a grabar durante un mayor número de horas y se va a comprobar el uso adecuado que se hace de este material. El 30 de junio constaban distribuidos entre los distintos centros penitenciarios 916 chalecos antiagresión, los que se consideraban necesarios. Hemos pedido que cada uno de los centros realice una nueva valoración para ver si es necesario incrementar ese número de chalecos antiagresión disponibles en los centros de nuestro país. La mayoría de estos chalecos son masculinos, son para hombre; por eso se va a hacer un esfuerzo para que se corrija y para que los nuevos chalecos que se van a comprar cubran también las necesidades del personal femenino de Instituciones Penitenciarias. Las propuestas que se han hecho entre 2014 y 2016 a petición de los centros han sido 167: 53 en 2014, 60 en 2015 y 54 en 2016. La adquisición y distribución de chalecos antiagresión se realiza, como le digo, a propuesta de la junta económica-administrativa de cada uno de los centros, a los que se les acaba de reiterar una vez más si necesitan un mayor uso de estos chalecos. En casi todos nos remiten al número de usos que se ha tenido en el ejercicio anterior, que realmente ha sido escaso, pero vamos a insistir en esa necesidad. Aquí no hay un problema presupuestario; el número de chalecos que serían necesarios podemos afortunadamente cubrirlo. Hay un problema de relación entre la necesidad de usar ese tipo de material, el uso que efectivamente hacen los funcionarios y la disposición del material que se tiene en cada uno de los centros, y créame que en esa línea va el protocolo que se acaba de suscribir. Espero que esta respuesta haya sido de su agrado y que responda a lo que usted demanda. Le vuelvo a ofrecer la posibilidad de que hablemos con total tranquilidad sin necesidad de acudir a esta vía, sino mediante una llamada telefónica o directamente cuando usted quiera para darle el detalle que considere necesario en esta materia.
Señora Cantera.
La señora CANTERA DE CASTRO: Muchas gracias.
Mi relación con el señor Trevín es estupenda -y he hablado muchísimo con él de este tema-, pero eso no es óbice para que me conteste cuántos chalecos hay. Una cosa no quita la otra. En cuanto a la vía, se lo puse muy fácil: contestar por escrito a unas preguntas escritas. Para qué voy a llamar por teléfono si la vía parlamentaria es por escrito. Me ha parecido que su discurso se ha centrado en que los funcionarios de prisiones cuando intervienen en las agresiones no quieren utilizar unos chalecos. (Una señora diputada: No dijo eso). Verá (Muestra unos documentos): Castellón II, 2007, chaleco caducado; Badajoz, 2007, chaleco caducado; Madrid, 2000, chaleco caducado -desde 2000-; Teixeiro, desde 2000; nos vamos acercando: 1999, Dueñas, caducado; 1998, El Dueso, caducado; Centro Penitenciario de Badajoz, desde 1996, caducado. (Una señora diputada: ¿Y Zapatero?). Sé de seguridad, si me dice que me ponga un chaleco de estos no me lo pongo.
Señora Cantera, espero que también usted haga un ejercicio de ser corresponsable de esa situación. Muchos de esos chalecos estaban caducados cuando su partido gobernaba en este país. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Rumores). Creo que tenemos que ser corresponsables en esta materia. Ya le he dicho que por nuestra parte existe una voluntad de hacer un esfuerzo en esta materia, tanto que hemos querido acordarlo con los representantes sindicales, que hemos querido además que no sea una mera reposición de chalecos, que por cierto no son como los yogures. Usted sabe qué significa la caducidad de un chaleco de autoprotección. Un chaleco no caducado pero con mucho uso es más peligroso que uno caducado que no se ha usado nunca (Una señora diputada: ¡Eso!) y que puede estar a disposición del funcionario que lo necesite. Esa no es la solución. Si usted quiere abrir un debate chistoso sobre esa materia... Yo no dudo de que usted sepa de seguridad, yo también, y lo que creo es que tenemos que intentar prestar un servicio a la sociedad española, empezando por los funcionarios de prisiones para dotarlos de las mejores condiciones de seguridad. Si quieren, yo estoy dispuesto a que lo hagamos; si quiere que le demos la máxima información sobre ese plan que se va a poner en marcha, estaré encantado de hacerlo, y, si usted entiende que la prioridad es que no se produzca esa caducidad en el material, súmese a
ese acuerdo que se acaba de suscribir con los sindicatos de prisiones donde precisamente está recogida esa sustitución permanente de aquel material que esté deteriorado, caducado o en condiciones defectuosas. Esa es la línea en la que vamos a trabajar y créame que no es la falta de disposición de material adecuado el problema que existe hoy en las prisiones españolas. Hay otros, tenemos que ser más ágiles en la gestión de personal, tenemos que darles más posibilidades de traslado, tenemos que incentivarlos, motivarlos. Tenemos que hacer muchas cosas y espero que lo podamos hacer en el menor tiempo posible, pero le puedo asegurar que este no es el problema de nuestras prisiones.
Con esto damos por concluido el trámite de contestación a preguntas. Suspendemos por dos minutos. (Pausa).
- PARA EXPLICAR LO SUCEDIDO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 2016, CUANDO MÁS DE CIEN PERSONAS ENTRARON EN CEUTA TRAS SOBREPASAR LA VALLA DE SEPARACIÓN ENTRE EL TERRITORIO MARROQUÍ Y EL ESPAÑOL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000083).
- PARA QUE EXPLIQUE LOS HECHOS QUE SE PRODUJERON EN EL PERÍMETRO DE LA VALLA QUE SEPARA CEUTA CON MARRUECOS EL DÍA 1 de enero de 2017. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000267).
- PARA EXPLICAR LOS POSIBLES FALLOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL, ASÍ COMO LOS RECURSOS, MEDIOS Y EFECTIVOS DEDICADOS Y LAS INVERSIONES EN CURSO EN LOS PASOS FRONTERIZOS DE CEUTA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 213/000579).
- A FIN DE EXPLICAR LA ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LAS DEVOLUCIONES PRACTICADAS A TRAVÉS DE LA VALLA DE CEUTA EL DÍA 1 de enero de 2017, ASÍ COMO DE EXPLICAR Y CONCRETAR CÓMO HA DE ENTENDERSE Y APLICARSE EL PUNTO 2 DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL, Y DEL PROTOCOLO QUE HAN DE OBSERVAR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN LA PRÁCTICA DE LOS RECHAZOS EN FRONTERA. A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA Y MIXTO. (Número de expediente 213/000275).
- PARA EXPLICAR EL SALTO MASIVO DE INMIGRANTES DE LA VALLA DE CEUTA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000227).
- PARA EXPLICAR LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE PRODUJO LA ENTRADA EN ESPAÑA DE UN CUANTIOSO NÚMERO DE INMIGRANTES A TRAVÉS DE LA FRONTERA VALLADA DE CEUTA EL DÍA 1 de enero de 2017, ASÍ COMO LOS FUNDAMENTOS LEGALES DE LAS REPATRIACIONES PRACTICADAS Y LAS ACTUACIONES Y SITUACIÓN RESPECTO A QUIENES HAN PERMANECIDO EN ESPAÑA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000278).
- PARA INFORMAR DEL ESTADO Y SITUACIÓN Y PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA FRONTERA DE CEUTA Y DE MELILLA Y ACTUACIONES QUE VA A LLEVAR A CABO PARA HACERLE FRENTE CON RAPIDEZ Y EFICACIA PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS QUE LA TRANSITAN Y DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD QUE LA CUSTODIAN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000398).
- PARA INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA ADOPTAR PARA EVITAR QUE LA INSOSTENIBLE SITUACIÓN DEL TARAJAL II TERMINE CON INCIDENTES GRAVES Y DE CONSECUENCIAS IMPREVISIBLES, ASÍ COMO PARA ORDENAR LA SITUACIÓN DEL PASO FRONTERIZO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000498).
- URGENTE, PARA QUE ACLARE Y EXPLIQUE DE MANERA PORMENORIZADA Y CUANTO ANTES, CÓMO ES POSIBLE QUE EN MENOS DE UNA SEMANA SE PRODUZCAN DOS INCIDENTES GRAVES EN LA FRONTERA DE CEUTA CON ENTRADAS MASIVAS DE INMIGRANTES, SIN CONTROL ALGUNO, Y QUE EL DELEGADO DEL GOBIERNO, NICOLÁS FERNÁNDEZ CUCURULL, RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD EN CEUTA, CALIFIQUE LA ENTRADA POR EL PUESTO FRONTERIZO COMO UN FALLO EN LA SEGURIDAD Y SIGA OSTENTANDO EL CARGO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000578).
- PARA INFORMAR DE LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO PARA PROTEGER LA INTANGIBILIDAD DE LA FRONTERA DE ESPAÑA CON MARRUECOS EN LAS CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA Y MELILLA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000773).
- PARA INFORMAR DE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA FRONTERA DE CEUTA Y MEDIDAS QUE ESTÁ PROPONIENDO PARA MEJORAR LA MISMA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000298).
- PARA QUE EXPLIQUE LOS MOTIVOS POR LOS QUE "HAZTE OÍR", ASOCIACIÓN ULTRACATÓLICA QUE HACE DE LA INCITACIÓN AL ODIO SU PRINCIPAL ACTIVIDAD, MANTIENE LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 212/000852).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día de la Comisión.
Damos la bienvenida al señor ministro a la comparecencia que va a efectuar conforme a las peticiones de los grupos parlamentarios. Sin más, damos la palabra al señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.
Comparezco en esta Cámara por primera vez tras los terribles atentados terroristas sufridos el pasado mes de agosto en nuestro país, más concretamente en Barcelona y en Cambrils. Me van a permitir que mis primeras palabras sean para todas las víctimas de este horrible atentado y sus familiares. También, hoy especialmente, quisiera recordar en esta intervención a Lorena Enebral, cooperante de Cruz Roja, asesinada en Afganistán. A ellos, a las víctimas, quiero enviarles todo nuestro cariño, el ánimo y el apoyo; toda nuestra solidaridad y, desde luego, nuestro trabajo y esfuerzo para llegar a las últimas consecuencias de todo lo que ha sucedido. En segundo lugar, quiero reiterar también mi agradecimiento a todos y cada uno de los agentes que han trabajado intensamente, y que lo siguen haciendo, para aclarar los hechos, por un lado, y atrapar a todos los responsables; a todos sin excepción: Policía Nacional, Guardia Civil, los Mossos y la Guardia Urbana de Barcelona. También quiero destacar el servicio ejemplar que han prestado los servicios de emergencia, asistencia sanitaria, Protección Civil y demás servidores públicos que han contribuido a socorrer y a apoyar a las víctimas desde aquel primer instante y, de una manera ejemplar, todos aquellos vecinos de Barcelona, de otras ciudades, de otras nacionalidades, pero que supieron reaccionar inmediatamente y estar colaborando y ayudando desde el primer momento. Por eso, quiero mostrar ese reconocimiento al ejemplo cívico que han dado todos los ciudadanos en unos momentos tan difíciles y también agradecer la actitud mostrada por los representantes de todos los grupos parlamentarios presentes en la reunión que se celebró del Pacto antiyihadista. Les puedo garantizar, señorías, que el Gobierno del que formo parte no va a escatimar esfuerzos para llegar hasta el final y que los culpables paguen por ello.
Dicho esto, paso a las cuestiones que se han planteado para esta comparecencia, que fueron varias desde el primer momento y que se han ido ampliando a lo largo de los últimos días. Voy a empezar por los hechos sucedidos en Ceuta. Señorías, prácticamente todos los grupos políticos han pedido mi
comparecencia para informar de manera pormenorizada sobre los incidentes producidos en la frontera de Ceuta. Estos incidentes han dado lugar a que, en algunos momentos, haya habido una entrada masiva de inmigrantes. Por ello, se piden explicaciones, lógicamente, por los posibles fallos en los procedimientos de control en los pasos fronterizos de esta ciudad. Desde el primer momento ha sabido el presidente de la Comisión que estaba dispuesto a comparecer en los primeros días de septiembre, cuando así lo decidiesen, porque creo que cuanto antes se pudieran dar las explicaciones, despejar cualquier duda y, sobre todo, facilitar a todas sus señorías una serie de datos pormenorizados de la situación en inmigración, por la presión que venimos padeciendo, era bueno y oportuno. A partir de ahora les facilitaré toda la información que tengo al respecto.
Señorías, a todos nos preocupa -y también al Gobierno, al primero- la situación, pero me llama la atención que estén tan sorprendidos por los hechos. Digo esto porque no es la primera vez que ocurre ni será, lamentablemente, la última, a pesar de los controles que se establecen, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo y, sobre todo, a pesar de las mejoras que se vienen acometiendo en los pasos fronterizos. Les garantizo que el Gobierno no permanece impasible ni mira para otro lado mientras suceden estas cuestiones. En primer lugar, me gustaría que sus señorías fueran plenamente conscientes de lo que estamos hablando, de que la frontera terrestre existente entre España y Marruecos en la Ciudad autónoma de Ceuta está protegida por una valla perimetral de seguridad, un doble vallado con una longitud de más de 8 kilómetros, concretamente 8 kilómetros y 400 metros. En uno de sus extremos se encuentra el puesto fronterizo habilitado para el paso de personas y mercancías denominado El Tarajal, por el que se canaliza la mayor parte del tráfico internacional. En el otro extremo se encuentra el puesto de Benzú utilizado fundamentalmente para el tráfico transfronterizo enmarcado en las relaciones de vecindad. Recordarán que comparecí en esta Comisión hace tan solo mes y medio, concretamente en el mes de julio, para hablar de la política migratoria del Gobierno. En esa comparecencia tuve la oportunidad de comentarles que las entradas irregulares detectadas tanto en Ceuta como en Melilla habían aumentado un 27 % en lo que llevábamos de año. Hoy hemos superado ese incremento, ahora es de un 33,1 % con respecto al mismo periodo del año 2016. Me refiero a entradas irregulares tanto por vía terrestre como por vía marítima. Aunque es cierto que en estos últimos años Melilla ha sido la ciudad que más entradas irregulares ha registrado, hay que tener en cuenta que en este año 2017 el número de llegadas a Ceuta se ha incrementado en más de un 34 %, destacando que la principal vía de entrada es la terrestre, en forma de asalto al vallado fronterizo o en dobles fondos de vehículos.
Señorías, desde enero de 2017 se han producido nueve asaltos con éxito a la valla de Ceuta, en los que han participado más de 8950 subsaharianos -concretamente han participado 8956- frente a los 613 del mismo periodo del año anterior y en los que han conseguido entrar por esta vía en España casi 1000 inmigrantes, la mayoría de ellos guineanos y cameruneses. Lo cierto es que la presencia de ciudadanos subsaharianos repartidos por numerosos asentamientos de la zona norte de Marruecos, especialmente en las inmediaciones de Ceuta y Melilla, explica la alta presión migratoria que están sufriendo estas dos ciudades. Como les explicaba anteriormente, el principal colectivo que llega a Ceuta es el formado por subsaharianos, que representa el 35 % del total de las entradas en la ciudad. Por eso, todos deberíamos ser conscientes de que hay un goteo constante de personas que intentan vulnerar el vallado de Ceuta, que no es algo puntual o accidental, sino que es algo que ocurre con muchísima frecuencia. Como les decía, en lo que llevamos de año se han producido nueve asaltos con éxito a la valla de Ceuta, algunos de ellos con un gran calado dado el elevado número de personas que participaron en ellos. El salto a la valla del 1 de enero de este año fue protagonizado por un grupo organizado y coordinado de inmigrantes, entre 1000 y 1200 personas, de los que 300 o 400 pudieron acceder a los elementos de contención a pesar de los esfuerzos de la Guardia Civil y de la Guardia Real marroquí; personas que se valieron de medios para ejercer la violencia sobre las fuerzas de la Guardia Civil que custodiaban la frontera. Como consecuencia de ello, siete guardias civiles resultaron heridos, dos de ellos tuvieron que causar baja en el servicio. También fueron heridos 51 efectivos de las fuerzas de seguridad de Marruecos, que resultaron lesionados, diez de ellos con lesiones de carácter grave y dos inmigrantes tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario de la Ciudad autónoma de Ceuta.
Todo empezó a las 4:15 horas de la madrugada, cuando se detectó a través de la cámara térmica movimientos y se observó un grupo numeroso de personas a la carrera. Este grupo accede a pie a los elementos de contención e intentan violentarlos causando importantes daños al emplear mazas, cizallas, palos y hasta barras de hierro para romper las puertas y las mallas del vallado, agrediendo a los agentes de seguridad. Este es uno de los elementos que suelen utilizar (Muestra una fotografía); son unos
ganchos que emplean para poder subir y superar las vallas y también en las ocasiones en que quieren repeler algunos de los actos de contención que les impide pasar. Aunque se incorporan fuerzas de refuerzo -estoy hablando de esa madrugada-, un grupo de inmigrantes se llegó a incorporar al vallado y algunos lo consiguieron -estamos hablando de la cifra que les he dado anteriormente de entre 300 y 400-. Se les recoge con un vehículo especial con plataforma empleado para trabajos en el perímetro y comienza la atención de los recursos sanitarios de Cruz Roja. Les puedo garantizar que las actuaciones policiales se llevaron a cabo de acuerdo con los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, recogidos todos ellos, como es lógico, en nuestra legislación y teniendo en cuenta la posible existencia de personas vulnerables como niños, mujeres embarazadas, etcétera, en cuyo caso prima siempre la atención y la asistencia a esas personas. También les garantizo que cualquier persona que desee solicitar asilo lo puede hacer, eso sí, por los cauces que establece la legislación vigente, donde no están incluidos los asaltos ilegales flagrantes y con violencia. El 17 y el 20 de febrero se produjeron otros dos intentos masivos protagonizados por unos 700 y 600 inmigrantes respectivamente. De todos ellos, más de 700 consiguieron vulnerar el perímetro. Como digo, estos intentos con más o menos inmigrantes implicados, con más o menos éxito se van sucediendo a lo largo de todo el año. Y no estoy evitando hablar de lo que sucedió en el mes de agosto, pero creo que es bueno que se vayan conociendo todos los antecedentes, además de que sus señorías habían preguntado por los que me he referido anteriormente y, de tal manera, nos hagamos todos una idea de qué sucede en la frontera sur de España, es decir, Ceuta con África.
Así pues, ¿qué pasó el 1 y el 7 de agosto en la frontera de Ceuta?, que es otro de los motivos de mi comparecencia. Pues bien, señorías, el pasado 1 de agosto sobre las 5:28 horas, el personal del Centro Operativo del Servicio, COS, de la Comandancia de Ceuta detectó también a un grupo numeroso de inmigrantes cuando alguno de ellos ya estaba subiendo por el segundo obstáculo de una zona del vallado fronterizo. Alertada la fuerza de servicio y prácticamente al momento de llegar a la zona en cuestión, una parte importante del grupo de inmigrantes se desplazó a otra zona del vallado y rompieron con una maza el pestillo de una de sus puertas entrando a la carrera en territorio nacional. Todos no lo consiguieron, pero sí pudieron entrar bastantes. En total, 34 inmigrantes fueron contenidos por las fuerzas militares marroquíes en su propio territorio, los agentes de la Guardia Civil impidieron el acceso a 36 y otros 73 consiguieron entrar irregularmente en territorio nacional. Además, como ustedes ya saben, tres guardias civiles y cinco militares marroquíes resultaron heridos durante el desarrollo de los hechos, todos ellos de carácter leve. También fueron atendidos por la Cruz Roja sobre el terreno cuatro inmigrantes sin que ninguno precisara ser trasladado a un centro sanitario. Señorías, los hechos se produjeron de forma imprevista, no hubo ninguna información previa sobre el desplazamiento de estas personas desde los campamentos de ocupación habitual ni tampoco pudieron ser detectadas con cierta antelación. Tenemos que destacar la extraordinaria rapidez de los subsaharianos en la superación del vallado exterior y, al mismo tiempo, su rápida dispersión en varias direcciones, lo que lógicamente obligó a los efectivos de la Guardia Civil a dividirse también en varios grupos para seguir la progresión de cada grupo de inmigrantes entre los dos vallados de la propia valla de Ceuta. Además, el grupo más numeroso de inmigrantes, provisto de mazas y cizallas, se encargó de romper el pestillo -como les decía- de una de las puertas del vallado interior, lo que les permitió el acceso al territorio nacional.
El 7 de agosto, señorías, también de madrugada, en este caso a las 4:52 horas concretamente, un grupo de inmigrantes entró irregularmente a territorio nacional, en este caso por la aduana de El Tarajal. Como bien saben, ese paso fronterizo está vigilado por la Policía Nacional aunque la Guardia Civil desempeña también funciones de resguardo fiscal en la zona. Esa noche prestaban servicio en el puerto fronterizo de El Tarajal un oficial y ocho policías, así como cinco guardias civiles de la Compañía Fiscal de la Comandancia de Ceuta. Era personal suficiente para la realización de las funciones del servicio, para el control de entrada y salida de personas, porque además también contaban con el personal de apoyo en el supuesto de que fuera necesario, pero tenemos que destacar una circunstancia: la Guardia Civil estaba desarrollando en ese momento también un despliegue para evitar un asalto masivo al vallado en otro lugar del perímetro fronterizo. La información de la que disponía el cuerpo indicaba que la zona en la que se estaban concentrando los inmigrantes y por la que iban a intentar entrar de forma clandestina al territorio nacional era la conocida como Finca Berrocal. Debido a ello, el despliegue de la Guardia Civil se trasladó hasta ese lugar, como era lógico, pero los inmigrantes, advirtiendo el refuerzo en la zona, optaron por dirigirse a la cercana aduana de El Tarajal. El resultado del intento de asalto fue que 40 inmigrantes fueron contenidos por las fuerzas militares marroquíes en su territorio y 186 consiguieron entrar irregularmente en territorio nacional. Como consecuencia de ello, dos policías nacionales resultaron heridos y también
uno de los inmigrantes, que tuvo que ser trasladado a un centro sanitario. Y ahí no acaba la cosa, señorías. Al día siguiente hasta en dos ocasiones un grupo numeroso de inmigrantes -en uno de ellos había casi mil subsaharianos- intentaron llevar a cabo saltos masivos de la valla en diferentes zonas del perímetro fronterizo que pudieron frenarse gracias a la información proporcionada previamente por las fuerzas militares marroquíes.
Estos son los hechos tal y como sucedieron, pero me gustaría hacer algunas consideraciones a sus señorías por considerarlas importantes, ya que a veces se cuestiona muy alegremente la labor de los cuerpos de seguridad y, por eso, quiero hacer algunas matizaciones. Comprendemos perfectamente que es la desesperación por encontrar un futuro mejor lo que lleva a estas personas a intentar entrar en España a toda costa, superando cualquier adversidad. También somos conscientes de que, después de recorrer muchísimos kilómetros -miles de kilómetros en la mayoría de los casos- hasta llegar a la frontera, saben que es tan solo una valla lo que le separa de su objetivo e intentar entrar a toda costa es una consecuencia lógica de lo que vienen pasando. También tenemos que conocer, señorías, que los inmigrantes utilizan herramientas como las mazas, cizallas o ganchos, como anteriormente les he dicho -he tenido la oportunidad de enseñarles uno de los ganchos-, para fracturar las puertas del perímetro fronterizo por varios puntos, cortar o escalar las vallas y, en ocasiones, también llegan a lanzar objetos contundentes contra los medios materiales de la Guardia Civil que se encuentra desplegada en el perímetro fronterizo. Por ello, tanto los guardias civiles como los policías se enfrentan a grupos de personas -en la mayoría de los casos muy numerosos- que intentan por todos los medios acceder a nuestro país y que en ocasiones portan objetos contundentes, por lo que a menudo resultan heridos. Pese a ello, siempre actúan con profesionalidad y proporcionalidad a la hora de emplear los medios. Les digo esto porque es muy fácil opinar sin estar sobre el terreno, incluso sin conocer de una manera muy directa los hechos concretos que concurren en cada uno de esos casos y, a veces, haciendo valoraciones con unas imágenes que -permítanme que les diga- en algunas ocasiones no son ni siquiera completas.
Les voy a hacer otra consideración, porque para dar soluciones adecuadas es fundamental la información y la colaboración con Marruecos; de ahí, que hayamos estado incrementando en los últimos meses las tareas de colaboración y mutua lealtad para obtener la información necesaria y, por tanto, la ayuda entre los distintos cuerpos de seguridad para resultar mucho más eficaces. Además de esa colaboración con Marruecos, hemos dotado a la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta de un helicóptero para aumentar de esa forma la capacidad de detectar los grupos de inmigrantes en los alrededores de la frontera y poder reaccionar con más rapidez. Lo ocurrido también ha puesto de manifiesto que los medios o elementos físicos interpuestos para el cierre del paso fronterizo han sido en muchas ocasiones insuficientes para frenar los asaltos. Por eso, también me gustaría que supieran que en los últimos tres años se han llevado a cabo diversas actuaciones para la mejora de las instalaciones fronterizas de España con Marruecos, concretamente en la ciudad de Ceuta. Podría destacarles algunas, y voy a hacer una enumeración breve. Si quieren después, en la segunda intervención, les puedo detallar con mucho más lujo de detalles las distintas inversiones concretas y obras que se han llevado a cabo, pero les mencionaré la ampliación del paso fronterizo de El Tarajal, las obras de mejora en las líneas de suministro de energía del perímetro fronterizo de España con Marruecos en la ciudad de Ceuta, actuaciones urgentes para prevenir asaltos en la valla perimetral de Ceuta, como la colocación de mallas antitrepa y rejas hidráulicas en el arroyo bajo el puente de El Tarajal y oficinas de tramitación de solicitudes de protección internacional, entre otras. Asimismo, desde el Ministerio del Interior tenemos a disposición un gasto corriente destinado al mantenimiento y limpieza tanto de las instalaciones perimetrales de seguridad como del puesto fronterizo de El Tarajal, y en los últimos meses se han acometido mejoras en el puesto fronterizo de El Tarajal encaminadas a facilitar, por un lado, el tránsito de porteadores y, por otro, refuerzos en las protecciones de las puertas y cerrojos del vallado exterior del perímetro, así como en la parte superior de la valla exterior en los tramos que son más sensibles.
Permítanme que en estos momentos haga un paréntesis para lamentar el fallecimiento de dos porteadoras hace tan solo dos semanas que se suman a otros fallecimientos que se han producido con anterioridad. Aunque se hayan producido estos fallecimientos en territorio marroquí, quiero destacar que son personas que luchan diariamente por sobrevivir con ese durísimo trabajo, pues soportan colas y van cargadas con peso en extremo para sacar adelante a sus familias en Marruecos. Son hechos tremendamente duros y lamentables a los que este Gobierno no es ajeno, por eso proponemos continuas mejoras en el entorno fronterizo, pero les aseguro a sus señorías que gran parte de la reunión que tuve hace unos días con el ministro del Interior ocupó todo lo relativo al tratamiento y al mismo tiempo el control
que tenemos que extremar en todo lo que supone el paso de estos llamados porteadores y porteadoras. Por eso, además de estas gestiones a nivel bilateral con el Gobierno de Marruecos, les quiero comentar las actuaciones de mayor envergadura que ahora mismo estamos acometiendo en aquella zona: reparación del espigón de Benzú, ampliación de El Tarajal porque en su configuración actual el espacio disponible para la realización de los servicios del control fronterizo es insuficiente y que no sea solo el Gobierno de España el que actúe, porque también en la parte marroquí se encuentran a punto de finalizar importantes obras de ampliación de sus instalaciones fronterizas y, aunque las enlazan con las españolas, ya que se produce un estrechamiento, antes de que se colmaten las mismas en un futuro se va a llevar a cabo la ampliación para que el enlace sea absolutamente el idóneo para que el tráfico sea mucho más fluido. En este sentido, se ha suscrito un acuerdo entre la Agencia Estatal Tributaria y la Secretaría de Estado de Seguridad para la gestión de las contrataciones de servicio y encomiendas necesarias para la elaboración del estudio de viabilidad relativo a la ampliación de dicho puesto fronterizo. Dada la gran inversión que esto supone, los trámites administrativos desde el punto de vista de la contratación nos obligan a llevar a cabo todos estos requisitos previos.
Las medidas que el Gobierno considera necesarias para dar respuesta a la situación actual se concretan sin duda alguna en una remodelación general que tiene que comprender distintos aspectos. El primero es la aproximación de las instalaciones del recinto a la línea del mar para ganar el espacio que es necesario y del que antes les hablaba para poder desahogar el tráfico de vehículos y peatones y conseguir una mejor y mayor agilidad; para eso es necesaria la demolición de parte de las edificaciones existentes. En segundo lugar, construir nuevas instalaciones para edificios de oficinas y otros de carácter auxiliar para el desempeño de las actividades de unidad de control fronterizo. En tercer lugar, la ampliación del recinto incorporando determinados terrenos existentes en el lado derecho en sentido salida de Ceuta, para lo que es necesario -y se está en conversaciones- gestionar la cesión de los mismos al Ministerio del Interior. Por último, nuevos trazados de carriles de entrada y salida de vehículos, poner aceras para los peatones, urbanización en general, cerramiento y equipamientos de sistema de control y de iluminación, más acorde con las nuevas tecnologías, de aquella valla que se colocó hace ya varias décadas.
Con fecha 15 de mayo se ha encargado a la sociedad mercantil estatal Isdefe, mediante una encomienda de gestión, la realización de todos los trabajos de estudio de viabilidad para estas ampliaciones en el paso de El Tarajal. Esta actuación comprende la siguiente fase: programa de necesidades y propuesta técnica, que ya se ha entregado con fecha 11 de agosto, el anteproyecto y el programa de actuaciones y fases de estudio de viabilidad. Ese estudio de viabilidad determinará los proyectos concretos a desarrollar y, sobre esa base, en el año 2018 se va a proceder a la redacción de los proyectos de obras que procedan y posterior contratación de las obras de ejecución de los proyectos. Ya que habrá disponibilidades presupuestarias, siguiendo la legislación administrativa del Estado y utilizando todos los trámites de urgencia que nos sean posibles, queremos que estas obras puedan estar a disposición de todos los usuarios lo antes posible.
Además, se encuentra en estudio la ejecución de otra serie de actuaciones para facilitar las labores del control fronterizo de El Tarajal y reforzar al mismo tiempo la seguridad del vallado perimetral. No cabe la menor duda, y antes lo comentaba, de que la valla que se colocó hace muchos años ya no cumple la finalidad con la que en su día fue colocada y construida. Tenemos que reordenar esos carriles peatonales con rehabilitación de marquesinas, cubrir los puntos de control, tanto de vehículos como de peatones, y adecentar todo lo que significan las instalaciones de la propia aduana. Hay que demoler el actual puente de Biutz y habrá que sustituirlo y tenemos que renovar el circuito cerrado de televisión del perímetro fronterizo, que supone la sustitución de todas las cámaras existentes, instalación de otras nuevas de mejores prestaciones y la conexión con todo el centro de mando y de control. Se han sustituido hace poco tiempo los cerrojos y las puertas, pero tendremos que buscar otro tipo para proteger los cerrojos también y las propias puertas y cerramientos que hay en el vallado para conseguir reforzar la seguridad y que no lo puedan romper, a pesar de los instrumentos tan contundentes con los que actúan sobre esos medios de seguridad. En definitiva, tenemos que reforzar una zona muy concreta, una zona muerta de dos kilómetros, que se llama de visión muy reducida, y cambiar también el vallado en el dique de El Tarajal, dado el estado de deterioro que presenta actualmente.
Como ven, el diagnóstico está hecho. Estamos trabajando para la viabilidad de todos y cada uno de estos proyectos. Muchos ya tienen dotación presupuestaria y otros tendrán financiación europea. Esto demuestra que el Gobierno está preocupado por estas infraestructuras y estas instalaciones y que estamos actuando continuamente. No dejamos de tomar medidas. Somos conscientes de que tenemos
que abordar determinados déficits existentes, y lo estamos haciendo. Además, no estamos trabajando solo en el refuerzo de la seguridad de las fronteras, sino que también seguimos profundizando en una línea de trabajo respecto a la inmigración que es sensible, rigurosa y eficaz, porque está dando resultados. Seguimos trabajando de la mano de los países de origen y de tránsito para que estas personas tengan un futuro en su propio país y no tengan que buscarlo fuera ni pasar tantas tragedias hasta que llegan a Marruecos y después intentar cruzar el Mediterráneo. Luchamos de manera incansable contra las mafias que no tienen escrúpulos para traficar con seres humanos, que aprovechan los problemas de algunos países, como Argelia o Libia, para volver a reforzar y utilizar las vías de Marruecos y después dejarlos en unas balsas que carecen de cualquier idoneidad para poder navegar. Vamos a seguir realizando una política de retorno adecuada teniendo en cuenta que no puede ser la base de la solución, pero sí que es una parte de ella.
Sé que algunas de sus señorías lo que preferirían es que no existieran fronteras; es una opción, pero hoy por hoy eso no es posible. Por ello, tenemos que apostar por una inmigración regular con todas las garantías para quienes vienen a nuestro país, con los servicios y prestaciones que merecen y necesitan. Somos frontera del sur de Europa y tenemos que ser conscientes de lo que ello supone y actuar en consecuencia, siempre basándonos en la responsabilidad y en la legislación internacional, pero sin dejar a un lado la solidaridad y la sensibilidad que tenemos que tener cuando hablemos y tratemos los temas de inmigración.
Lo que ha sucedido es lamentable, pero lo que puedo garantizarles es que la respuesta que se dio fue adecuada y proporcionada. Por lo tanto, vamos a seguir mejorando en la dotación de medios materiales y humanos a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en los pasos fronterizos de Ceuta, y mejorando -como he tratado de hacerles ver- el entorno para que puedan desempeñar mejor su labor. Seguiremos cooperando para el desarrollo de los países de origen y también de tránsito de los inmigrantes, para que puedan tener allí un futuro y no tengan que buscarlo fuera. También trabajaremos para reforzar la seguridad de nuestras fronteras y más en las actuales circunstancias que estamos atravesando. Se lo debemos a nuestros ciudadanos y también, por qué no decirlo, se lo debemos a todos los europeos.
Otro tema objeto de esta comparecencia es explicar cuándo tiene previsto iniciar el Gobierno el procedimiento de revocación de la declaración de utilidad pública a la entidad HazteOir. Este tema es un poco más complejo de lo que a primera vista puede parecer, y voy intentar explicarme. Sé que sus señorías conocen la legislación vigente, pero permítanme que primero proceda a explicar el procedimiento para conceder la declaración de utilidad pública de una asociación, y luego explicarles cómo y en qué casos se puede retirar dicha declaración de utilidad pública. Señorías, la declaración de utilidad pública es una medida que adopta la Administración para el fomento de aquellas asociaciones que por sus fines sociales y actividades promueven el interés general. Este interés general ha de entenderse en el sentido amplio al que se refiere el artículo 32.1.a) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que dice textualmente: "Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, en los términos definidos por el artículo 31.3 de esta ley, y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza".
Como ustedes pueden ver, la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación comprende una extensísima relación de fines que pueden perseguir las asociaciones dentro de una sociedad abierta y plural, donde concurren todo tipo de ideas, opiniones y sensibilidades. El Ministerio del Interior, competente para la declaración de utilidad pública, se limita a hacer una estricta aplicación de la ley y, como no puede ser de otra manera, en ningún caso realiza valoraciones ideológicas. Si la asociación solicitante de utilidad pública persigue fines y desarrolla actividades que encajan dentro del artículo 32.1.a) de la LODA, al que acabo de dar lectura, y así queda acreditado en un procedimiento en el que informan el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el departamento competente por razón de la actividad de la entidad solicitante, el Ministerio del Interior no puede denegar la declaración de utilidad pública, tal y como ya ha determinado el Tribunal Supremo.
Les informo que actualmente existen 608 asociaciones de ámbito estatal que gozan de esta condición y, hablando concretamente de HazteOir, les diré que en 2013 se declaró la utilidad pública de la Asociación HazteOir.org, cuyos fines estatutarios son -y cito literalmente-: La defensa y la promoción de la dignidad de la persona y de la familia y el valor de la vida humana, el fortalecimiento institucional y democrático y el desarrollo de los derechos humanos. Estas asociaciones, una vez que han sido declaradas de utilidad pública, tienen dos obligaciones fundamentales: por un lado, rendir cuentas anuales del ejercicio anterior, donde tienen que hacer constar el balance, la cuenta de resultados y la memoria económica, de tal forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la entidad; pero, por otro lado, tienen que presentar una memoria descriptiva de las actividades realizadas en el ejercicio anterior de forma detallada por cada actuación. Estas obligaciones las tienen que cumplir dentro del plazo de los seis meses siguientes a la finalización del ejercicio anterior, y para su información les diré que hasta la fecha la Asociación HazteOir ha cumplido con sus obligaciones legales. Cumplió con el deber de presentar las cuentas y la memoria de actividades correspondientes a 2014 -primer ejercicio en el que estaba obligado a hacerlo-, y estos documentos quedaron depositados de conformidad en el Registro Nacional de Asociaciones el 12 de agosto de 2016, por no haberse apreciado ninguna irregularidad ni de contabilidad ni de realización de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. También creo que es importante reflejar a sus señorías que ninguna Administración pública ha concedido subvenciones a esta asociación.
Habitualmente, las asociaciones de utilidad pública realizan actuaciones de difusión de sus fines a través de ponencias, exposiciones, congresos y campañas, las cuales -dentro del respeto a la ley y a los derechos de los demás- forman parte del derecho a la libertad de expresión de todos y sobre el que la Administración no puede interferir. Sin embargo, sí se ha de tener muy presente lo que dispone el artículo 4.5 de la Ley Orgánica de regulación del Derecho de Asociación: "Los poderes públicos no facilitarán ningún tipo de ayuda a las asociaciones que en su proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Por tanto, si en uso de su libertad las asociaciones contravienen dicho precepto legal, el Ministerio del Interior queda facultado para iniciar un procedimiento de revocación de la utilidad pública. Pero, como ustedes comprenderán, señorías, esto se hará mediante un procedimiento que cuente con todas las garantías, lo que presupone disponer de los elementos de juicio suficientes acreditados en la realización de conductas contrarias al ordenamiento jurídico por parte de la asociación.
Esto se puede obtener por dos vías. Una, del examen de la memoria de actividades que está obligada a presentar la asociación. Como les acabo de decir, debe presentar una memoria de todas las actuaciones que lleve a cabo durante el año anterior. La campaña de HazteOir que ha dado lugar a la polémica se ha producido en este año 2017, por lo que la asociación puede válidamente presentar la memoria de actividades de tal ejercicio hasta el día 30 junio del año 2018. Puesto que la ley ha desposeído a la Administración de facultades inspectoras o ex ante sobre el funcionamiento de las asociaciones, será solo después de ese momento cuando desde el Ministerio del Interior podrá valorar si tal campaña ha sido contraria al ordenamiento jurídico. Pero hay otra vía, señorías, que es el contenido de las resoluciones de los jueces y tribunales. La campaña HazteOir de la que hablamos fue objeto de medidas cautelares -tengo aquí la copia del auto, de 1 de marzo de 2017, del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, por si alguna de sus señorías quisiera verlo-, que posteriormente fueron levantadas y todavía no existe un procedimiento firme sobre la eventual comisión de un delito por parte de la entidad asociativa de la que venimos hablando. Y como la vía judicial es preferente y los hechos probados en la misma vincularán a la Administración, el Ministerio del Interior hoy por hoy no puede adoptar ninguna medida restrictiva de derecho sobre dicha asociación. Sería improcedente iniciar un procedimiento de revocación de la declaración de utilidad pública exclusivamente sobre la base del criterio manifestado por un sector de la opinión pública acerca de la campaña realizada por esa asociación, una vez que los hechos ya están siendo investigados en sede judicial.
Según establece el artículo 103 de la Constitución, la Administración tiene la obligación de servir con objetividad los intereses generales y, por tanto, está sujeta en su actuación a la ley y al derecho. En consecuencia, a la vista de lo expuesto, el Ministerio del Interior solo podría revocar la declaración de utilidad pública de la Asociación HazteOir si quedara acreditado, a través del procedimiento contradictorio que ahora mismo está establecido, que ha dejado de cumplir alguno de los requisitos legales. Esta es una de las dos vías que anteriormente había dicho. Si sus señorías pretenden que este ministerio revoque inmediatamente la declaración de utilidad pública de HazteOir a causa de la reciente campaña de esta
asociación, que incita, según algunos, al odio o al menos constituye una humillación o un menosprecio hacia algún colectivo de personas, creo que hoy por hoy es imposible por las razones que le acabo de decir. Resulta que si estas cuestiones constituyeran una humillación o un menosprecio hacia un colectivo de personas o incitaran al odio serían constitutivas de delito. Y eso lo tendrán que decir los tribunales debido a la prejudicialidad que hoy por hoy está establecida al existir esta causa en los mismos. Se han iniciado unas diligencias judiciales a cuyos resultados la Administración tiene que esperar. Por tanto, el ministerio, una vez que se decida por los tribunales, seguirá la actuación que en principio los tribunales hayan considerado, sin perjuicio de que, en su caso y una vez que haya recaído la resolución, pueda también abrirse en los años sucesivos un expediente de contradicción. La calificación de los hechos que se haga judicialmente es vinculante, como sus señorías pueden entender, para el Ministerio del Interior. El ministerio está pendiente de esas diligencias penales, estamos obligados a ello, y no tengan ninguna duda sus señorías de que cuando llegue el momento vamos a actuar en consecuencia, con rapidez y con absoluta diligencia.
Al mismo tiempo les ofrezco la posibilidad de mantener informadas a sus señorías de cómo vayan evolucionando los hechos y de las actuaciones que se vayan desarrollando, no solo de las actuaciones judiciales de las que tengamos conocimiento, sino también de los actos que vaya llevando a cabo el propio ministerio. Pero no podemos ignorar la ley, tenemos que respetar los derechos de todos, nos gusten o no, tenemos que respetar los trámites y no tenemos ningún problema en darles a ustedes información. Insisto, no tenemos ningún problema en compartir los datos que tengamos y les puedo asegurar en el caso que nos ocupa que el ministro no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al Estado de derecho, porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos.
Vamos a dar comienzo al turno de intervención de los grupos parlamentarios. Saben que tienen aproximadamente quince minutos para repartírselos entre los distintos portavoces que vayan a intervenir. No está el Grupo Mixto, con lo cual comenzamos con el Grupo Ciudadanos. Señor Gutiérrez.
Señor ministro, es verdad que ha venido a contarnos algunas de las cosas sobre las que su ministerio está trabajando, sobre la valla y la frontera, pero se quedan escasas y le voy a explicar por qué. Quiero dividir la intervención sobre los temas de Ceuta. Usted ha mezclado todo, pero una cosa es la valla, otra cosa es el paso fronterizo y otra cosa es por qué se producen las avalanchas, qué está pasando con el comercio atípico, con la economía atípica que al final tanto tiene que ver con todo lo que está sucediendo allí. Por supuesto intentaré no extenderme.
Sobre el paso fronterizo de El Tarajal y los sucesos allí acontecidos, usted ya los ha contado. El 28 de agosto murieron dos porteadoras ante una avalancha producida en El Tarajal II y junto a ellas otras cuatro mujeres también fueron heridas. Lo que nos sorprende es que inicialmente las fuentes oficiales apuntaron a que era un accidente y, sin embargo, hay otras fuentes, como el Observatorio del Norte de Marruecos -una ONG habitualmente bien informada en la zona de la frontera de Ceuta y que trabaja con estas personas-, que nos aseguraron que estas mujeres perecieron al ser pisoteadas por una avalancha que se produjo en el paso fronterizo. En el pasado mes de abril otra porteadora murió en circunstancias muy similares. (La señora vicepresidenta, Botella Gómez, ocupa la Presidencia). Otra mujer de veintidós años falleció en marzo, apenas un mes después de abrir el paso fronterizo de El Tarajal II. Y usted nos dice que desgraciadamente igual no va a ser la última y a mí estos vaticinios me sorprenden porque aquí no venimos a vaticinar qué va a pasar sino a poner soluciones y a desear que no pasen nunca más, no a vaticinar que desgraciadamente van a volver a pasar. Esto no es lo que desde luego nosotros esperamos.
Sobre la valla, qué quiere que le diga. La valla ya no cumple los fines para los que fue diseñada. Nos comenta usted que la gente que salta la valla o que pretende entrar de forma irregular en España se organizan, se arman, son violentos, se defienden, y casi nos viene a decir que están dotados de servicios de inteligencia para ver cómo hacer estas cosas, cómo coordinarse mejor. Claro, es normal, evidentemente, porque la gente va aprendiendo, pero decir que como pasan todas esas cosas y que ellos van armados... La solución probablemente sea decir que la valla no cumple los requisitos para los que fue creada en su momento porque hoy en día la gente que intenta saltarla se organiza, se defiende, tiene inteligencia y además es violenta y, por tanto, hay que pensar en diseñar otro modelo de valla. Nos habla de que se van
a sustituir las cámaras. Lo considero absolutamente imprescindible, por supuesto, pero me temo que sustituir las cámaras o poner más cámaras térmicas no va a solucionar el problema, porque el problema no es ver cuándo vienen sino trabajar en muchos sentidos: en principio -y no nos ha contado nada sobre ello-, trabajar en origen, evidentemente, para detener estas avalanchas de irregulares que pretenden entrar en España por la situación económica. Es difícil trabajar cuando en cooperación internacional no hay un duro. No le he oído decir nada sobre cooperación internacional. Entiendo que la cooperación internacional no es objeto de su departamento, pero este sí debe trabajar con los responsables de la cooperación internacional de España para que en aquellos países de origen de estas migraciones se trabaje desde un punto de vista de prevenir, porque si todo lo vamos a ligar a la suerte de la extinción estaremos condenados al fracaso. Solo hay una cámara térmica en toda la valla de Melilla para cubrir el perímetro de 8 kilómetros que usted nos ha mencionado. Con decir eso creo que ya es suficiente.
Señor ministro, nosotros no cuestionamos la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni muchísimo menos. Yo creo que el trabajo que están haciendo en la defensa de la valla de Ceuta es admirable, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, por supuesto que sí. Vaya por delante el reconocimiento a estas personas que están exponiendo de verdad -porque efectivamente estos ataques son violentos- su integridad física a la hora de defender con muy pocos recursos. No le he oído decir mucho sobre qué recursos y sobre todo si se va a dotar de más personal a la valla de Ceuta y Melilla, por lo menos en temporada estival, que parece que es cuando más propicios son los saltos, porque lo estamos viendo año tras año. No nos ha dicho usted: estamos pensando que el verano que viene vamos a incrementar un 10 % o un 15 %... No sé, pero algo habrá que hacer. Poner más recursos parece razonable.
Lo mismo tiene que ver con la formación. Todos los policías de frontera en Europa, que son nuestros socios, hacen unos cursos especiales de policía de fronteras. En España no los hacen ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional. ¿No necesitamos formación? Yo creo que a lo mejor necesitamos un poco más de formación. También es bueno que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tengan más formación y una formación específica exactamente igual a la que tienen en otros países. No quiero decir con esto que no sean grandes profesionales y que no sepan perfectamente lo que están haciendo, por supuesto que sí, pero yo creo que la formación nunca está de más. Por lo menos es nuestra idea.
Sobre el paso fronterizo, los dos, tanto la frontera de El Tarajal como El Tarajal II, usted ha mencionado que van a cambiar las infraestructuras porque son ineficaces, antiguas y están obsoletas desde todos los puntos de vista. Yo creo que quedarnos solamente en esto, que es necesario y siendo necesario, no es suficiente, porque al final el paso fronterizo de El Tarajal II, donde han sucedido las muertes de estas porteadoras, está sujeto a lo que en Ceuta se conoce como comercio atípico -yo creo que todos entendemos perfectamente de lo que estamos hablando- y tiene mucho que ver con el polígono industrial que está al lado. Yo creo que el delegado del Gobierno en Ceuta y el alcalde presidente de Ceuta también tienen trabajo por hacer allí. Me parece increíble que no se pida a las empresas que están en ese polígono industrial, que son las que están favoreciendo el comercio atípico, las que se están lucrando de él, que pongan los medios necesarios dentro de sus locales, que para eso son absolutamente privados. Yo creo que convendría que se hiciese alguna regulación para exigirles seguridad dentro de las propias instalaciones privadas, porque son las que al final dan lugar a que se amontone la gente en la valla o en el paso fronterizo de El Tarajal II y que sucedan estas avalanchas. Eso y que todo el acceso a la frontera al final está dependiendo del gendarme de Marruecos y de que él cierre o abra la valla cuando le parece oportuno, básicamente en función del dinero, la mordida o la coima, como queramos llamarle, que le estén dando los porteadores a este señor. ¿Cuánto vale cada día el paso por la frontera? Esto es así, se subasta cada día entre el gendarme y las personas que están intentando hacer este comercio atípico. Yo creo que el Gobierno tiene que decir algo y no puede fiar que la seguridad en la parte nacional, en la parte del territorio español, dependa del dinero que de forma irregular e ilegal estén pagando a un gendarme marroquí al otro lado de la frontera. Algo hay que hacer en este sentido y no le he oído decir nada sobre esto.
Finalmente hay otro tema -voy a ir acabando porque, si no, no me va a dar tiempo a tratar lo siguiente- que tiene que ver con la economía de la región, con el visado de todos los nacionales, ese visado excepcional que se da a todos los nacionales de la zona de Tetuán. Tampoco le he oído decir nada sobre esto. Cuando se decidió dar ese visado, Castillejos, que es el pueblo pegado a Ceuta sobre el que se generaba todo este comercio atípico, tenía del orden de 5000 o 7000 habitantes. Las cifras de Castillejos son: en el año 1994, tenía 35 000 habitantes; en 2004, 53 000 habitantes; en 2014, más de 77 000 habitantes, y en este año 2017 más de 80 000 habitantes. Si todos ellos siguen teniendo un
visado especial por el que no les hace falta visar su pasaporte o su cédula de identificación para poder pasar a España, en la frontera de El Tarajal tenemos el lío que tenemos. Yo creo que hay que hacer una acción política -de la que tampoco le he oído decir nada- sobre el visado especial en la zona de Tetuán. Yo entiendo que esto forma parte de las relaciones, de los acuerdos que tenemos que tener con el Reino de Marruecos pero me parece importante que, por lo menos, nos diga que lo van a mirar, que lo van a estudiar, que tienen una comisión trabajando con Marruecos. Porque si no, la zona de Castillejos seguirá creciendo, creciendo, creciendo y, evidentemente, no existe en ningún otro punto de la Comunidad Económica Europea que un paso de frontera tenga que absorber que todos los días quieran pasar 10 o 12 000 personas.
Si queremos asimilarlo a cosas parecidas podemos hablar de la frontera de Tijuana con Estados Unidos; solo tiene que ir usted a Tijuana, ver cuál es el tamaño de la frontera y darse cuenta de lo que tenemos que hacer aquí, pero yo creo que en Ceuta no hay mucho espacio para hacer algo similar así que habrá que actuar de otra manera, porque estamos condenando a Ceuta a la muerte económica, a la extinción económica; cada vez que la frontera se bloquea la convivencia en Ceuta es imposible, la economía de Ceuta deja de funcionar. Tenemos que tomar una decisión clara sobre esto, porque toda la economía de Ceuta pivota sobre la frontera. Si la frontera no funciona, Ceuta se morirá, y si no somos capaces de dotar de inversiones adecuadas a Ceuta, morirá económicamente. Yo creo que los ceutíes tienen todo el derecho a que el Estado español defienda Ceuta como se merece.
Respecto a HazteOir, señor ministro, le voy a contar cuáles son las exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconocen a favor de las empresas o asociaciones constituidas para asumir una finalidad de interés general. En lo que respecta a la propia entidad: Rebaja del tipo impositivo de sociedades del 10 %; exención del IAE; exención del IBI; exención del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, es decir, las plusvalías; no sujeción en el IVA cuando las entregas de bienes y prestaciones son realizadas por la entidad a título gratuito; exención en el ITP y el AJD, impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Además, aquellos que realizan aportaciones a dicha entidad tienen una reducción en el IRPF del 25 % de la cantidad donada; deducción del 35 % de la base de deducción sobre la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades; asistencia jurídica gratuita... En fin, como vemos, que una entidad sea declarada de utilidad pública no es solamente un buen negocio para la entidad sino también para aquellos que dan dinero a la misma. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos si debemos seguir permitiendo que una entidad -como usted ha mencionado- sobre cuyos actos se han aplicado medidas cautelares de un juez y sobre los que hay investigaciones judiciales y procedimientos abiertos, merece este derecho.
Señor ministro, su presupuesto anual -no sé si lo sabe- es de 2,6 millones de euros. Creo que no es una cifra pequeña; seguro que a muchísimas empresas y autónomos en España les encantaría tener un presupuesto de 2,6 millones de euros a base de personas que donan a estas entidades, precisamente, porque tienen este tipo de exenciones. En el mes de marzo el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por mayoría que se retirara esta declaración de utilidad pública; se aprobó por todos los grupos parlamentarios menos, casualmente, el Grupo Parlamentario Popular, que no lo apoyó. Ahora nos dice que a usted no le parecen bien las cosas que hace y que nos lo dice a título personal; yo lo valoro, señor ministro, valoro que a título personal no esté usted de acuerdo con los actos que está realizando esta empresa, pero quiero recordar que el Grupo Parlamentario Popular -su grupo parlamentario- votó en contra de esta resolución.
Por tanto, la tibieza que hoy usted nos ha mostrado haciendo solamente mención a los artefactos legales que impiden al Ministerio del Interior retirar esta declaración de utilidad pública no es más que la tibieza habitual con la que el Partido Popular trabaja cada vez que toca mencionar temas como este. Esperábamos algo más de contundencia. Si lo que nos quiere decir es que el año que viene ya no lo será, esperaremos al año que viene a ver si, efectivamente, el Ministerio del Interior retira esa declaración de utilidad pública a esta asociación.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias, señor Gutiérrez.
A continuación por el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Belarra.
Buenos días, señor ministro, buenos días, presidenta, señorías. En primer lugar, me parece muy pertinente que haya empezado su intervención recordando a las víctimas de los atentados de Barcelona y poniendo en valor el trabajo que han realizado los servicios públicos de emergencias. Sin embargo, creo que con la responsabilidad política que usted ostenta como ministro del Interior hubiera sido muchísimo mejor que pidiera comparecer en esta Cámara para explicar, entre otras cosas, esa polémica producida por la descoordinación entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ha generado una alarma social que debería tener una respuesta política. Está muy bien recordar a las víctimas y solidarizarse -todos y todas lo compartimos, lo hemos hecho en numerosas ocasiones en esta Cámara- pero era mucho más pertinente que diera explicaciones políticas, que para eso es usted el ministro del Interior.
Respecto a la comparecencia que nos atañe, nosotras también habíamos pedido la comparecencia para que explicara un punto más particular -y sobre el que usted no ha hablado- que se refiere a cómo se va a dar cumplimiento al punto 2 de la disposición adicional décima que ustedes incluyeron en la Ley de Extranjería y que dice así: En todo caso, el rechazo en frontera -esa figura jurídica que ustedes inventaron y que no tiene homólogo dentro de la normativa internacional- se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional. Sobre este particular usted no ha dicho nada.
Hace casi un año presentamos una PNL que se aprobó por mayoría de esta Cámara para instar a que, inmediatamente, en los casos de interceptación de personas intentando acceder a España por las vallas de Ceuta y Melilla se dieran instrucciones a la Guardia Civil de abstenerse a llevar a cabo las prácticas conocidas como devoluciones en caliente y proceder en tales casos a que se aplicaran de manera adecuada los procedimientos de expulsión o devolución, ya presentes en la normativa de extranjería, y que hacían completamente innecesaria esta figura del rechazo. Para que se respete escrupulosamente la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional, esta figura, simplemente, no puede aparecer en nuestra legislación porque es completamente ilegal.
Sé que al Partido Popular no le gustan mucho las formas democráticas de esta Cámara y que utiliza todos los mecanismos a su alcance para limitar su actuación pero les recuerdo que las proposiciones no de ley son también vinculantes para el Gobierno y que esta proposición no de ley lleva aprobada más de un año. Como ha señalado usted que es importante conocer de primera mano la realidad que se vive en Ceuta y Melilla, otros miembros de mi grupo y yo hemos realizado numerosas visitas a dichas ciudades autónomas, hemos pedido numerosas comparecencias y hemos presentado proposiciones no de ley. En suma, hemos hecho nuestro trabajo. Hemos podido comprobar no solo por lo que nos dicen las organizaciones de derechos humanos, sino también por nuestra propia experiencia en terreno que en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se siguen produciendo devoluciones ilegales que no respetan los derechos humanos, que se sigue utilizando material antidisturbios en esas devoluciones, que los derechos de la infancia son vulnerados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla -especialmente en el caso de los menores extranjeros no acompañados-, que se está incumpliendo el acceso al procedimiento de asilo -sobre todo para las personas negras- y que no existen aún protocolos para la detección de víctimas de trata en los CETI de ambas ciudades.
En esa situación y después de haber trabajado no solo durante este año, sino durante varios años con colectivos activistas y también con las personas migrantes que sufren la gestión inhumana y vulneradora de derechos que hacen ustedes de la frontera sur, la verdad es que no me queda otra valoración más que pensar que ustedes, de manera deliberada, están manteniendo a Ceuta y Melilla en un estado permanente de excepción en el que las vulneraciones de derechos humanos se asumen como algo que forma parte de la normalidad. Esto, como grupo y como demócratas, nos avergüenza.
Ustedes, además, hacen una cosa que se llama "securitización" -lo ha hecho usted hoy y también lo hizo el secretario de Estado cuando compareció en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional-, que es vincular sistemáticamente terrorismo, mafias y personas migrantes. Esto es mezclar víctimas y victimarios, lo hacen ustedes con total impunidad y nosotros tenemos la obligación de denunciarlo hoy aquí y también en todos los lugares en los que corresponda. En realidad, olvidan ustedes quién ha abierto de par en par las puertas a las migraciones irregulares y que exceden las vías legales de acceso a nuestro país; son ustedes principalmente porque quien no está articulando vías legales y seguras para acceder a nuestro país son ustedes, es el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio del Interior que es quién puede tener la voluntad política y tiene las competencias, desde luego, para articular las vías legales y seguras
para que estas personas no tengan que venir así. Estas personas vienen en estas circunstancias porque no se puede conseguir un visado desde el África subsahariana y porque no hay mecanismos para pedir asilo en embajadas y consulados de terceros países. Ese es el único motivo porque el que la gente tiene que hacer estas rutas cada vez más peligrosas, es así. Usted puede venir aquí y detallarme sistemáticamente cómo las personas intentan acceder a través de la valla, mostrar fotografías de ganchos, pero en realidad los últimos responsables de que las personas vengan así son quienes cierran las vías legales y seguras que, por otra parte, la Unión Europea está fomentando o alentando, recomendándonos que abramos para que las personas puedan venir en circunstancias y con mecanismos que sean legales.
Para ir entrando en materia, me gustaría que nos explicara cómo se está cumpliendo el punto 2 de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, a la que hacía referencia al inicio, porque es bastante conocido -se ha hablado mucho de Ceuta y Melilla y del acceso terrestre, del que usted decía que es el principal mecanismo de acceso- que se llevan realizando devoluciones ilegales en España desde hace más de quince años. La introducción de esta disposición adicional no las hace más legales porque el derecho internacional, como sabe, nos obliga por encima de nuestra legislación nacional. Menos conocidas son las devoluciones marítimas en caliente. Estas son especialmente peligrosas, como hemos visto hace escasas dos semanas, ante una actuación de la Guardia Civil en la que una de sus patrulleras bloqueaba una patera produciéndose un trágico accidente, como hemos podido saber a través de la cuenta de Twitter de la activista Elena Maleno, de la Organización Walking Borders/Caminando fronteras. Después de que la patrullera de la Guardia Civil paralizara el viaje de la patera se produjo un trágico accidente en el que mueren siete mujeres. Estas mujeres fallecen en el marco de una actuación que, por desgracia, está siendo cada vez más habitual; las devoluciones marítimas se han ido perfeccionando y es frecuente que una embarcación de la Guardia Civil bloquee la patera hasta que llega la marina marroquí, siendo esta, una vez más, quien hace el trabajo sucio y quien remolca a las embarcaciones pues, como sabe -y yo me he podido reunir con Salvamento Marítimo de Almería-, cualquier embarcación, como es el caso de una patera, se encuentra en situación de riesgo.
La Delegación del Gobierno de Melilla informa de que no le consta que haya habido ninguna persona muerta en este accidente; sin embargo, los testimonios de las personas que iban en la patera muestran que durante el remolque de la embarcación neumática, esta volcó y varias de las personas cayeron al agua falleciendo. Quizá la Delegación del Gobierno tendría que hacer menos llamadas a la marina marroquí y más llamadas a la morgue del norte de Marruecos, que conocen bien los activistas que trabajan allí y que, por desgracia, hablan de ya muchísimos muertos. No podemos creer que no le tiemble la voz al hacer afirmaciones como las que hace, en las que parece que da igual que haya personas que estén falleciendo en nuestras fronteras como consecuencia de las políticas migratorias que estamos implantando.
Le voy a contar -y voy a ser breve para no pasarme de tiempo- el testimonio de una superviviente de este trágico accidente: Estábamos ya cerca de la playa de Melilla, vimos acercarse a la patrullera española. No nos rescataban y sospechábamos que esperaban a que viniese la marina marroquí. Siempre lo hacen. Como no podíamos avanzar, algunos nos tiramos al agua para llegar a nado a la playa. La marina llegó y algunos fuimos detenidos por los marroquíes y otros por los españoles. La marina enganchó a la zodiac, tiró de ella para sacarnos de la playa de Melilla, después volcó y murieron las mujeres. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Esa zona es siempre muy peligrosa. Cuando intentamos llegar a la playa nos bloquean entre las dos patrulleras, las españolas y marroquíes, para no dejarnos avanzar y pasan muchos accidentes.
Voy a terminar esta parte diciendo que creo que ustedes han asumido que se vulneran los derechos humanos en Ceuta y Melilla y que les da exactamente igual y como no espero grandes cambios en la política migratoria que lleva a cabo el Partido Popular le voy a hacer seis preguntas en aras de la transparencia y de la salud democrática de esta Cámara. Son seis preguntas sencillas que espero que me conteste y espero que lo haga con la mayor claridad. ¿Cree que la patrulla de la Guardia Civil que impidió el paso a la patera en la que murieron siete mujeres el pasado 31 de agosto cumplió con su obligación de salvamento? ¿Por qué no se avisó a Salvamento Marítimo ni antes ni durante el accidente como nos obliga el artículo 268 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante? Usted mismo ha reconocido que las devoluciones marítimas son una práctica bastante habitual. ¿Cómo considera usted que se puede respetar el principio de no devolución empujando literalmente una patera hacia Marruecos? ¿Qué responsabilidades políticas va a asumir su Gobierno y personalmente usted tras la muerte de estas siete mujeres en el marco de una devolución ilegal marítima llevada a cabo por la Guardia Civil? ¿Qué mecanismos de memoria, justicia y reparación se plantea su Gobierno para las familias de Aminatou,
Dalloba, Bebé, Clemence, Merveille, Pacience y la otra compañera que aún está por identificar? Y sobre todo si tiene usted alguna intención de cumplir los derechos humanos en la frontera sur, tanto en Ceuta y en Melilla como en la frontera marítima española, porque a la luz de lo que hacen, desde luego, parece que no.
El señor SIXTO IGLESIAS: Señor ministro, le agradezco sus explicaciones sobre la cuestión de HazteOir, por la cual mi grupo le pidió la comparecencia en esta Comisión, cosa que le agradecemos. Sin embargo, nada nuevo bajo el sol respecto a la respuesta que dio a la pregunta que le formulé al Gobierno el pasado 23 de enero y el Gobierno contestó el 11 de mayo. En resumidas cuentas lo que viene a decir es que no pueden, que lamentablemente no hay procedimiento para revisar la declaración de interés público de este tema, de HazteOir. Pues, señor ministro, le recomiendo que hable con el secretario general técnico de su ministerio porque por lo visto sí hay procedimiento. En mayo de 2016 el Boletín Oficial del Estado declara de utilidad pública la Federación de Planificación Familiar Estatal y en el mismo mes, unos días después, su ministerio revoca la declaración. O sea que procedimiento hay y además rápido. Y sin necesidad de esperarse a la presentación de la memoria, sin necesidad de esperarse a la presentación de las cuentas, sin necesidad de esperarse a ninguna de las cosas que usted ha dicho en su exposición y que ya decía el Gobierno en su respuesta. Simplemente con un recurso que presentó una asociación de abogados católicos, la Subdirección General de Recursos de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior revocó una decisión firme publicada en el Boletín Oficial del Estado declarando de utilidad pública la Federación de Planificación Familiar Estatal. Procedimiento existe, utilícese. ¿O le parece poco pronunciamiento el de esta Cámara respecto a la no conveniencia de que la asociación HazteOir tenga esos beneficios? No estamos hablando de la persecución, prohibición, desaparición. Para eso están los tribunales que son los que salvaguardan nuestros derechos fundamentales, pero estamos hablando de la concesión de unos beneficios fiscales de donaciones y demás de las que disfruta esta asociación y que otras de signo ideológico contrario al partido en el Gobierno -por lo menos al ministro que ocupaba el cargo cuando estos hechos se producen en mayo de 2016- tenían.
Por lo tanto, señor ministro, revise los procedimientos de su ministerio. Procedimientos para quitarle la calificación, para retirar legalmente la calificación de utilidad pública a la asociación HazteOir, al menos en su ministerio existen, se han utilizado para determinadas entidades que tienen una determinada posición respecto a la planificación familiar con lo cual hay un peligrosísimo trasfondo de utilización ideológica de esta calificación en su ministerio lo cual es alarmante. Es alarmante sencillamente que en su ministerio se produzcan este tipo de comportamientos, así que revise los procedimientos, señor ministro.
Muchas gracias, señor ministro por su intervención. Quería empezar tal cual comenzó usted. Creo que hoy es un día, primero, para mostrar el apoyo y la solidaridad de mi grupo con todas las víctimas del atentado de Barcelona, también con todas las personas que han participado y que están participando en el esclarecimiento de ese atentado, también con todas las personas que colaboraron con las víctimas y también para dar el apoyo de nuestro partido al Gobierno en todo lo que tiene que ver con la lucha en materia antiterrorista.
Desde que se inició la legislatura esta es la primera vez que viene usted a hablar de manera monográfica sobre Ceuta y Melilla a esta Comisión y creemos que ha habido oportunidades para ello, que no quede por mi grupo. Nada menos que seis comparecencias que le hemos solicitado para hablar de Ceuta y Melilla. Usted nos ha hecho hoy un relato sobre un drama que creo que conocemos todos, todos tenemos los datos pero creo que prácticamente todos los que estamos aquí hemos hecho un relato en cuanto a las soluciones bastante distinto al que nos ha hecho usted, señor Zoido. No sé cómo puede decir usted que están actuando para intentar frenar la avalancha migratoria en origen cuando el presupuesto de cooperación al desarrollo ha disminuido entre un 70 y un 100 % en algunas partidas desde que usted gobierna. Incluso la Oficina de Asilo y Refugio que depende de su ministerio tiene el presupuesto
congelado desde el año pasado. Le pido que revise los datos; si acaso hay una pequeña variación sin demasiada importancia en lo que se refiere a la dotación de recursos humanos y a la dotación de recursos materiales de esa oficina. Le recuerdo que hay informes de CEAR que dicen que en esa oficina hay expedientes paralizados desde el año 2014.
Pero me centro en la cuestión. Ustedes enfocan este problema de una manera errónea. Ustedes están intentando solucionar las partes cuando tienen que analizar e intentar solucionar el problema de raíz -como usted ha dicho que hacen, pero no hacen-, tratando de frenar primero ese flujo migratorio, pero intentando también abordar el tema de una manera conjunta. Y le digo por qué: porque ustedes tienen dificultades para aplicar su política migratoria, su política de seguridad y su política exterior de manera conjunta. Un ejemplo es la frontera de Ceuta y Melilla, pero otro ejemplo es el drama de los refugiados, porque ustedes no son capaces ni siquiera de cumplir los compromisos que adoptaron con la Unión Europea.
En Ceuta y Melilla tenemos varios problemas. Usted ha citado algunos, pero otros los ha pasado por alto. Tenemos problemas diversos que van desde la ordenación del tráfico hasta la gestión de plantillas y de recursos humanos de Policía y Guardia Civil. Tenemos problemas de inversión y problemas con la economía local, de los que usted no ha mencionado nada, por cierto. También tenemos problemas de cooperación y de coordinación con la Unión Europea y con todos los organismos del Gobierno de Marruecos, no solo con el propio Gobierno, sino también con otras entidades menores con las que se deberían intensificar, puesto que son las que tienen competencias en cuestiones que parecen muy simples pero que en una situación tan problemática como la de Ceuta y Melilla son importantes; por ejemplo, la regulación del tráfico. Ustedes tratan de resolver estos problemas aplicando su receta de menos es más, y hoy usted ha dado un claro ejemplo de esto. En primer lugar, ustedes hablan de planes y promesas de las que solo se conoce su anuncio, pero no se conoce cuál es su resultado. En sus propias palabras, tenemos el diagnóstico hecho. Sobre esto, una pregunta, señor Zoido: ¿Podría decirnos qué resultados se han obtenido del estudio sobre plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil que debería haber estado finalizado en el mes de junio, como anunció el delegado del Gobierno en Ceuta?
Segunda cuestión. Se sacan de la chistera medidas que con el paso del tiempo se demuestra que no solucionan el problema, porque lo único que hacen es parchear sin atajar el problema de raíz. Aquí está esa parte de su intervención en la que nos dice todo lo que tiene pensado hacer, los planes, los proyectos, los plazos, etcétera.
La tercera cuestión es que ustedes van dejando un reguero de declaraciones muy poco afortunadas. En este sentido, creo que el caso más grave es el del delegado del Gobierno de Ceuta, que no es la primera ni la segunda vez que tiene que pedir disculpas por las declaraciones que hace. Yo le pregunto, señor Zoido, si es necesario que esta persona tenga que retractarse cuando posiblemente haya una solución mejor que depende solamente de usted.
Le voy identificar algunos de los problemas que nuestro grupo cree que hay en la frontera de Ceuta y Melilla. En primer lugar, tenemos un problema de movilidad, que tiene que ver con que a lo largo de esos pasos circulan diariamente decenas de miles de personas y miles de vehículos. Esto requiere medidas que pasan por más inversión, más plantilla de Policía y Guardia Civil y mayor coordinación con las autoridades marroquíes, sin olvidarnos tampoco de la implicación de los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Yo no sé si ustedes, cuándo toman alguna determinación a este respecto, cuentan con la opinión de los ciudadanos, que son quienes viven y sufren el problema en primera persona. Ha hablado usted de estudios, palabras, promesas, etcétera. Ha dicho: estamos haciendo, estamos elaborando..., pero a la mayor brevedad posible. No nos dice cuándo ni cómo ni en qué fecha exacta. Le pido, señor ministro, que para muchas de las cosas que ha dicho y que son urgentes diga exactamente cuál es el compromiso del Gobierno para tener finalizadas algunas de las obras que tienen que hacer.
Sobre la economía no ha mencionado absolutamente nada, y es una cuestión fundamental que afecta a los territorios de Ceuta y Melilla. Otra cuestión está relacionada con las inversiones, y aquí, señor Zoido, hay una cosa que tiene que ver con la visión de la realidad y de cómo son las cosas, porque a veces nos enfrentamos con la visión que tiene el Gobierno de la realidad y con la visión que tienen el resto de personas, el resto de humanos que viven y que sufren ese problema, el resto de los ciudadanos de Ceuta y Melilla, los profesionales que trabajan allí, quienes desarrollan esa actividad diaria en los pasos fronterizos o vigilando el perímetro. De todas estas inversiones, señor Zoido, no hemos tenido ninguna opinión favorable más allá de que sí se están haciendo, porque la opinión, el denominador común de todo lo que escuchamos es que son claramente insuficientes. También es insuficiente la plantilla, señor Zoido,
usted lo ha dicho claramente. Usted ha ejemplificado muy bien el problema de la plantilla de Policía y Guardia Civil; ha dicho que si se cubre un punto, no se puede cubrir el otro, y yo creo que esto es un problema grave, sobre todo si tenemos en cuenta que, como usted también ha dicho, no va a ser ni la primera ni la última vez que pasen estos fenómenos en la valla de Ceuta. Por lo tanto, yo creo que se deben tomar cartas en el asunto. Le voy a poner dos datos como referencia. El catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional en Ceuta está cubierto al 80 %, pero de esa cifra habría que restar, para saber cuánta gente está operativa en el día a día, la gente que tiene comisiones de servicio, la gente que está de vacaciones o la gente que está de baja. Respecto a la Guardia Civil, la situación es muy similar. El número de puestos en plantilla ha crecido en 8 efectivos durante los últimos seis años en Ceuta, y en Melilla el incremento en plantilla ha sido de 37 personas. Un ejemplo más claro: de los 126 puestos en catálogo de la unidad de Beni-Enzar y Farhana, en Melilla, en estos momentos solo están operativos para el servicio diario la mitad. Señor ministro, tenemos un problema grave de personal y esto no se soluciona con comisiones de servicio o con agentes en prácticas; este problema requiere actuar rápido, ampliando el catálogo con personal con la formación adecuada y adjudicando los destinos a la mayor brevedad posible. En este sentido, señor Zoido, me gustaría saber cuáles son los datos de su ministerio sobre cuántos guardias civiles por turno están patrullando por el perímetro de Ceuta o cuántos guardias civiles por turno están ubicados en el puesto de El Tarajal en una situación normal; no estamos hablando de la Operación Paso del Estrecho ni de los meses estivales, sino de una situación normal. Otra pregunta más, señor ministro. A la vista de lo que muchos ciudadanos vemos en televisión con cierta preocupación, me gustaría saber qué es lo que hacen agentes de una empresa de seguridad privada cerrando la valla de El Tarajal. Me gustaría saber qué es lo que hace esa empresa de seguridad privada y quién la contrata y, en todo caso, dado lo que está sucediendo con la seguridad privada en nuestro país, me gustaría que remitiera el contrato al Grupo Parlamentario Socialista para que pudiéramos ver en qué condiciones laborales desarrollan estas personas su trabajo. Señor ministro, ya se lo he dicho, necesitamos más coordinación, más coordinación con las autoridades marroquíes, pero también más coordinación entre Policía, Guardia Civil y Policía local, que es muy importante en este sentido. Asimismo, le pedimos que haya mucha más coordinación, si cabe, para intentar frenar cualquier atisbo de radicalización o de presunta radicalización de terroristas yihadistas.
Por último, señor Zoido, nos preocupa y mucho la protección de los derechos humanos en la frontera. No podemos permitir la menor sospecha sobre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Desde el Ministerio del Interior se deberían emitir instrucciones precisas sobre qué es lo que deben hacer en cualquier caso tanto la Policía como la Guardia Civil. En este sentido, señor Zoido, nos gustaría que nos aclarase qué sucedió con la patera en Melilla, si hubo un problema de coordinación, si no hubo instrucciones claras desde el ministerio y qué sucedió con la Gendarmería marroquí; nos gustaría que incidiera en esta cuestión. Por último, queremos que el ministerio potencie al máximo la lucha contra las mafias. Sabe que en los últimos meses ha habido casos -y cada vez hay más- en los que se han utilizado nuevas formas de entrada a nuestro país, nuevas formas que tienen que ver, por ejemplo, con la utilización de motos de agua. Me gustaría saber qué medidas está adoptando su ministerio en este sentido. En resumen, señor ministro, más presupuesto, más coordinación, más dotación de personal, más derechos humanos, más claridad, más diálogo, más determinación, más hechos y menos palabras para abordar este problema.
Y acabo ya. Casi todo lo que le he mencionado hasta ahora son asuntos que debería conocer y sobre los que ya debería haberse puesto manos a la obra. Se lo digo porque forman parte, la mayoría de ellos, de una proposición no de ley aprobada en esta Comisión el pasado 28 de junio a iniciativa de mi grupo. Nosotros cumplimos nuestra labor de oposición y ahora le pedimos que cumpla usted su labor como Gobierno.
Ministro, usted recordará que el 8 de marzo de este año le pregunté por este asunto de HazteOir y que, además, el Grupo Socialista le solicitó por escrito que revocase la utilidad pública de esa organización. Esa organización no cumple con los requisitos para ostentar una categoría que le otorga no solo privilegios fiscales sino también privilegios políticos, porque hay muchas subvenciones a las que solo se puede
acceder si la ostentas. Nosotros pedimos en marzo al Ministerio del Interior que no avalase una asociación que lo que hace es discriminar y fomentar actividades frontal y radicalmente contrarias a los valores, fines y principios que justifican precisamente la declaración de interés general de una organización. ¿Cómo es posible que quien ha instruido el oportuno expediente y procedimiento no haya observado que las campañas de HazteOir van contra valores como la igualad de oportunidades o la tolerancia, que son valores constitucionales? Para retirar la calificación de utilidad pública no se necesita una resolución judicial, solo se necesita que los técnicos y los políticos del ministerio sean conscientes de que no se puede otorgar la utilidad pública a quien promueve la discriminación y la exclusión de otros ciudadanos y ciudadanas. Le rogaría que en su segunda intervención no se escondiera usted en informes técnicos y que nos dijera si usted cree -y si los miembros del Consejo de Ministros en su conjunto lo creen- que una asociación que hace de la incitación a la discriminación su principal actividad debe ser considerada de utilidad pública. Esta es la cuestión.
Estuve viendo el formulario, al que usted ha hecho referencia con anterioridad, que deben enviar estas asociaciones a su ministerio para la rendición de cuentas anual. Ustedes les piden, entre otras cuestiones, que les expliquen las acciones que han desarrollado, pero también los beneficios que esas acciones han supuesto. Lo que quiero preguntarle es si puede decirnos quiénes son los beneficiarios del insulto y del fomento de la discriminación. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la sociedad española con el discurso del odio? ¿A quién le es útil, señor Zoido, que se fomenten mensajes y campañas que generan sentimiento de inseguridad o temor entre las personas por razón de su identidad u orientación sexual?
Toda esta historia tiene dos caras, y la intención política queda al descubierto cuando, además, ustedes le retiran la utilidad pública, a instancias de una asociación denominada Asociación de Abogados Cristianos, a una organización que promueve la igualdad y abandera el trabajo a favor de la salud sexual y reproductiva, la Federación de Planificación Familiar de España. El Ministerio del Interior ha resuelto con una celeridad inusitada el recurso de reposición de esa Asociación de Abogados Cristianos, que, por cierto, no tiene legitimación ad causam en relación con la declaración de utilidad pública de la Federación de Planificación Familiar y que, según los comunicados de esta última, lleva a cabo continuas acciones mediáticas de acoso muy similares a las que están sufriendo otras asociaciones de planificación familiar en su defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Europa, América Latina y Estados Unidos por parte de grupos de presión ultraconservadores. Ustedes dan crédito político y crédito fiscal a organizaciones que atacan el derecho de las mujeres a decidir sobre sus opciones reproductivas y castigan a quienes promueven la planificación familiar y defienden que la mujeres tengamos acceso a derechos que, por cierto, están reconocidos en las leyes.
Todo esto no es un asunto técnico, señor Zoido, ese es el problema, es un asunto político. Por tanto, no debe usted parapetarse en tecnicismos. Si el Ministerio del Interior trabaja con criterios que permiten resquicios para que se otorgue la utilidad pública a una organización que fomenta la discriminación mientras se le revoca a una que fomenta la salud y la igualdad, tiene usted una tarea, que es modificar esos criterios, porque siempre va a haber quien busque esos resquicios y esas imprevisiones legales para beneficiarse de lo que no le corresponde o para atacar a quienes sí defienden valores constitucionales. A nosotros nos consta que los expedientes de esos casos están en la mesa de las organizaciones ultras antes que en las de los propios interesados. Esto que le estoy contando es muy grave; esto se llama filtración y connivencia con una parte.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: A usted debería preocuparle ese agujero que tiene usted en el ministerio y, por tanto, debe identificarlo y pararlo, porque nosotros no vamos a parar hasta que sepamos si existen vinculaciones entre una y otra cosa.
Voy terminando. Mire, a la federación se le ataca por defender el derecho de las mujeres a decidir sobre sus opciones sexuales. Le pregunto: ¿Usted quiere participar, junto a los grupos de presión ultraconservadores, en la criminalización de ese derecho? Es una pregunta directa. Ahora sí termino pidiéndole que devuelvan la utilidad pública a la Federación de Planificación Familiar, porque es una organización con una trayectoria impecable a la que le debe mucho toda la sociedad española, particularmente las mujeres. Es una organización útil y es una organización beneficiosa, cosa que no se puede decir de HazteOir.
Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia y explicaciones. Con carácter preliminar, quiero sumarme a las manifestaciones de repulsa respecto al atentado cometido en Barcelona y a la solidaridad con las víctimas en el mismo sentido en el que se han expresado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
Entro ya en las cuestiones para las que nos convocan a esta sesión de la Comisión, en primer lugar, en las políticas migratorias del Gobierno. Obviamente, esos flujos migratorios son un drama humano, bien sean por razones económicas o por refugio. Evidentemente, comparto los principios que usted, señor ministro, ha manifestado hoy y manifestó también en la comparecencia que tuvo lugar aquí el día 18 de julio de este mismo año, que son los principios de racionalidad, solidaridad, cumplimiento de la legalidad, acuerdos internacionales y acuerdos con los países de origen y tránsito, tanto para fomentar el desarrollo y la cooperación como, en su caso, las políticas de retorno ordenadas. Sin embargo, estos principios no siempre tienen plasmación en las políticas y en las actuaciones concretas del Gobierno.
Uno de los puntos que ya ha sido tratado, dentro de los rechazos en frontera, es el desarrollo pendiente del apartado 2 de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, que, como todos recordarán, fue introducida por una disposición final de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es una reclamación constante de organizaciones humanitarias internacionales que esa petición de principio, que en realidad manifiesta que ese rechazo en frontera se hará respetando la normativa internacional de derechos humanos y protección internacional, deje de ser una manifestación retórica y se encarne en hechos. Para eso es preciso, señor ministro -y usted lo sabe-, que este apartado segundo de esta disposición adicional décima tenga un desarrollo y se concrete qué procedimiento debe seguirse para que este mandato legal se pueda cumplir. Esta es una demanda que Amnistía Internacional ha puesto encima de la mesa en numerosas ocasiones. También quiero recordar que nuestro grupo parlamentario, con ocasión de la proposición de ley de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, ha presentado una propuesta de modificación de dicho precepto que espero que en breve podamos tratar si se agotan las extensiones de los periodos de enmiendas.
Yendo al tema de la frontera, concretamente a los incidentes ocurridos en verano en Ceuta y Melilla, y para no repetir todo lo que se ha dicho, quiero referirme a dos acontecimientos que han reclamado nuestra atención y la de las organizaciones internacionales, que han enviado comunicados y cartas a todos los grupos de la Cámara y entiendo que también al ministerio. El primero de ellos es el incidente en la costa de Melilla a principios de septiembre, que ya ha sido comentado por varios portavoces. En este aspecto simplemente quisiera formularle una serie de preguntas, tales como: ¿qué medidas de rescate adoptó la Guardia Civil, si es que adoptó alguna medida de rescate? ¿Por qué solo se rescató a trece personas de las cuarenta o cuarenta y una que al parecer había en el lugar? ¿Se activó algún protocolo de salvamento y rescate? ¿Ha habido alguna investigación por parte del Ministerio del Interior después de la trágica muerte de estas siete personas y de la actuación que ha sido puesta en cuestión por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en este caso de la Guardia Civil? También quiero preguntarle si ha habido más incidentes de este tipo en aguas jurisdiccionales españolas en la frontera sur, en concreto en Ceuta y Melilla. Asimismo, respecto a lo que coloquialmente se han llamado saltos a la valla, han reclamado nuestra atención algunas imágenes en medios de comunicación social en las que aparentemente -al menos en cuanto a lo que gráficamente reflejan los medios de comunicación- no se ve ninguna actitud agresiva o violenta de los migrantes y sí alguna actitud violenta por parte de agentes policiales. Quiero preguntarle cuál es su opinión al respecto y si el ministerio ha iniciado alguna investigación o nos puede dar alguna explicación.
Subrogando un poco estas cuestiones concretas, quiero señalar que estamos a mediados de septiembre, que a final de mes expiran los compromisos españoles con la Unión Europea sobre reubicación y reasentamientos y que todavía estamos muy lejos de alcanzar la cifra de 17 337 de hace ya unos años. Según los últimos datos que he podido leer, que no sé si serán correctos -usted me corregirá si no es así-, solo se había reubicado desde países de la Unión a 1279 personas. Y respecto a los reasentamientos desde países terceros solo se ha reasentado a 701 personas con relación al compromiso de reasentar a 1449. En definitiva, parece que España solo ha cumplido el 13 % de sus compromisos, lo cual está muy lejos de las cifras a las que nos sometimos. En este sentido, quiero recordar que a final de
mes expira el tiempo para cumplir la obligación contraída y preguntarle, dado que dentro de poco se inicia el año, cuál va a ser la posición del Estado si hubiese una petición de la Unión respecto a nuevos compromisos para 2018. Asimismo, quiero señalar que quedan muy lejos las tramitaciones de peticiones de asilo más allá de las reubicaciones y reasentamientos, es decir, de aquellos que se presentan directamente en nuestras fronteras, normalmente aeroportuarias, aunque también se puede producir el problema -por eso es uno de los motivos de desarrollo del apartado 2 de la adicional décima de la Ley de extranjería- de las devoluciones en frontera al no hacerse una criba adecuada respecto a si realmente hay personas -refugiados en definitiva- solicitantes de asilo.
Como estas cuestiones de las políticas migratorias del Estado o del Gobierno ya ha sido tratadas desde muchas más facetas, no voy a seguir incidiendo en ellas más allá de los comentarios que he realizado, pero sí tengo que expresar que nuestra valoración de las políticas migratorias del Gobierno -como ya puse de manifiesto en julio en esta misma Comisión durante una comparecencia suya, señor ministro- no es positiva.
Respecto al otro asunto que nos convocaba, la revocación de la declaración de utilidad pública de la asociación HazteOir, no voy a repetir los argumentos que se han dicho, pero sí voy a manifestar que no puedo compartir el criterio del ministerio de esperar a una resolución penal. Obviamente, los hechos penales declarados probados -o sea, los ilícitos penales probados- son vinculantes, pero puede haber muchos comportamientos que no son penalmente reprobables pero que pueden tener otro tipo de reproche, como pasa en muchos ámbitos de la actividad pública. Creemos que este es uno de esos casos.
Desde nuestro punto de vista, sin entrar a considerar si hay un comportamiento penalmente reprochable de las campañas de esta asociación -no necesitamos entrar en este momento porque no creemos que sea nuclear-, creemos que la declaración de utilidad pública, según el artículo 32 de la Ley de Asociaciones, se hace de acuerdo con criterios positivos. Creo que exactamente -lo estado leyendo mientras usted intervenía y se me ha traspapelado- dice: aquellos que se comprometan, aquellos que promuevan, aquellos que fomenten. Son siempre acciones propositivas a favor de valores constitucionales, a favor de la integridad, a favor de los derechos humanos, de la protección de la infancia. Sin embargo, lo que nos encontramos en esta asociación no son esas actitudes promocionales o propositivas de valores o de circunstancias que se consideran positivas -como el fomento de la igualdad de oportunidades y la tolerancia, o la promoción y atención de personas en riesgo de exclusión- sino que entendemos -y así lo manifestó nuestro grupo en el Pleno- que precisamente se coadyuva en el sentido contrario de esto que se pretende fomentar. Que alguien pretenda no coadyuvar e incluso trabajar en sentido contrario de estos valores no necesariamente es un ilícito penal, pero desde luego no puede tener el amparo de la declaración de utilidad pública. Si usted afirma que no ha tenido una subvención directa por parte de la Administración General del Estado, yo le creo, no la habrá tenido, pero hay otro tipo de ayudas o beneficios fiscales, como el beneficio de justicia gratuita, que ya se han puesto de manifiesto aquí.
En definitiva, no compartimos su argumento principal de que tenemos que esperar a una sentencia condenatoria penal para iniciar el procedimiento de regulación. Creemos que no cumple los requisitos que demanda el artículo 32 de la Ley de Asociaciones para esa declaración de utilidad pública, que es una declaración que implica un fomento por parte de las instituciones públicas de ese tipo de asociaciones. Aquí, en la medida en que esa asociación no está promoviendo unos valores en sentido positivo, la Administración desde ningún punto de vista puede ponerla en una situación favorecedora para la promoción de sus intereses, que no discuto que sean constitucionales, porque creo que es tan constitucional promover un valor constitucional como ir en contra de él, siempre y cuando no sea un contenido penal. Creemos -así lo dijimos en Pleno y nos tenemos que ratificar, señor ministro- que concurren las circunstancias para que el ministerio promueva de oficio una incoación de un expediente de revocación de la declaración de utilidad pública.
Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, señor ministro.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro, por su comparecencia de hoy.
En primer lugar, quiero transmitir también el sentimiento de apoyo a las víctimas del acto terrorista de Barcelona, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su labor de investigación y de detención de la célula terrorista, y a los funcionarios que trabajaron en salud y en prevención para solucionar este
grave problema que nos ha preocupado tanto a todos los españoles y que ha generado una ola de solidaridad con el pueblo de Barcelona. También he de reconocer que estamos tratando hoy un verdadero drama humano, el drama de las migraciones, fundamentalmente originadas por problemas económicos y sociales, aunque también hay casos de migraciones por guerras, persecuciones religiosas y de otro tipo, y compartimos con el Gobierno y con el ministro que es una situación muy compleja que está ocasionando una grave presión en las fronteras del sur de España -que son de Europa-, las fronteras de Ceuta y Melilla.
Agradecemos al ministro que nos informe y nos diga que el problema lo tienen diagnosticado, que es un problema que por sí solo no se va a solucionar, que hay una estrategia marcada y diseñada por el Gobierno, tanto para mejorar la situación del flujo comercial en frontera como la de los asaltos a las vallas o los sistemas que permitan una mayor seguridad para el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en una tarea imprescindible y que obliga al Gobierno, por leyes españolas y por la legislación europea, que es la protección de la frontera y permitir un ingreso de migración ordenada y regulada; es decir, no podemos y nadie puede, a pesar de tener un sentimiento humano de comprensión hacia las personas que intentan entrar en Europa, levantar las fronteras para que entre cualquier persona. Eso no sería efectivo y desde luego incumpliríamos también nuestras obligaciones internacionales.
Muchos grupos han comentado -y lo ha dicho usted- que el trabajo en origen y en tránsito es fundamental para intentar solucionar los dramas personales de la gente que no tiene futuro en sus países, y que decide arriesgarse a recorrer un camino muy peligroso hacia mejores condiciones económicas en Europa, fundamentalmente en países occidentales. La tragedia de la inmigración implica también diseñar y colaborar. Se ha hablado de la colaboración con Marruecos, con los países de tránsito, con los países de origen, pero también con la Unión Europea. Tiene que haber una auténtica política común en materia migratoria. Sé que se está realizando un trabajo en el Parlamento Europeo, donde hemos participado diputados de esta Cámara, para hacer unos nuevos reglamentos en materia migratoria y tratar la situación de los países en tránsito, es decir, buscar una solución que no sea solo el rechazo en la frontera. También tenemos que tener presente -se lo digo a todos los grupos sinceramente- que una inmigración sin control, una inmigración de cualquier manera es un caldo de cultivo para el racismo y para los grupos ultranacionalistas. Por lo tanto hay que procurar que haya una buena migración, porque si no estaremos fomentando ese tipo de políticas que a todos nos preocupan.
A mí sinceramente me ha molestado -aparte de los ataques al ministro, que van casi de suyo- oír decir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prácticamente han dejado ahogarse a personas de manera intencionada. Decir que no hay asaltos violentos y que los violentos son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, primero, no es verdad, pero además no cuadra con los datos, porque si hay policías nacionales y guardias civiles heridos no creo que sea porque se hayan autolesionado, sino porque han sido lesionados por las personas que en su desesperación y organizadas por las mafias intentan a toda costa entrar en España. Hay que dar apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hacen falta buenos protocolos y buenos medios.
En cuanto a si las plantillas son suficientes seguramente será necesario aumentarlas, nadie lo duda, pero también hay una relación: si los medios materiales de la valla son buenos, a lo mejor hará falta menos Policía y Guardia Civil, y si son peores, serán necesarios. Hay que hacer un estudio conjunto que permita analizar perfectamente cuál es la situación en la frontera. Yo creo que otros grupos que han sido Gobierno deben mantener una política de Estado y recordar lo que hicieron cuando fueron Gobierno. Estas vallas no salieron de la nada, las concertinas las puso alguien, las mejoras o no las hizo alguien y cuando faltaba personal incluso se llegó a llamar a la Legión para proteger la frontera. Hace falta un análisis sosegado para ver qué es necesario y qué podemos hacer. Califico de buena noticia todos los anuncios que ha hecho el ministro, porque no está hablando de correcciones parciales ni de pequeñas obras, está hablando de una remodelación general del sistema de las vallas y los pasos fronterizos. Esa es la buena dirección.
Por último se señala que el flujo migratorio viene hacia occidente. Parece que hablamos de que España vulnera los derechos humanos y es poco menos que una dictadura. Hacia las dictaduras no van los migrantes, van hacia donde hay libertad, donde hay prosperidad económica. En los paraísos comunistas de los que algunos son tan partidarios en lugar de tener vallas para que no entren, lo que ponen son vallas para que no salgan.
En primer lugar, una aclaración, señor Gutiérrez. Con respecto a la iniciativa a la cual usted hacía mención este partido no votó en contra. El sentido de nuestro voto fue la abstención, precisamente por lo explicado por el ministro, porque para este grupo prevalecen los procedimientos judiciales frente a los administrativos.
Aclarada esta manifestación y ya entrando en el motivo por el que se solicita la comparecencia del ministro, en relación con la idoneidad o no de que una asociación como HazteOir sea considerada o no de utilidad pública, es algo en lo que, como bien ha explicado el ministro, el deber es actuar tal y como establece la ley, dejando de lado las opiniones personales, arbitrarias o discrecionales para fundamentar la concesión o la revocación de la declaración de utilidad pública, y parece que algunos grupos quieren que se actúe al margen de lo que dictamine la justicia. Cabe recordar que hasta el día de hoy no existe todavía un pronunciamiento firme sobre la eventual comisión de un delito por parte de la entidad, tal y como también ha recordado el ministro. En cambio sí hay un auto de la Audiencia Provincial de Madrid, del pasado mes de julio, por el que se ordenaba la retirada de esa medida cautelar de prohibir la circulación del autobús en cuestión, al considerar que la leyenda del vehículo no es un delito de odio y por tanto se enmarca dentro del derecho de la libertad de expresión, añadiendo, tal y como recoge el auto, que esto no significa aceptación o comprensión con determinados mensajes y su forma de exteriorización.
Este grupo parlamentario ha manifestado en diversas ocasiones su opinión respecto a la campaña, dejando muy claro que nos parecía un verdadero disparate, porque creemos que la sexualidad jamás debe ser objeto de confrontación en la sociedad, y mucho menos cuando hablamos de niños, a la vez que hemos rechazado públicamente la discriminación que implica el mensaje sobre la transexualidad que exhibe el autobús en cuestión, y lo hacemos porque este Gobierno y este grupo parlamentario no solo respetan, sino que defienden los derechos de las personas LGTBI y muestran su absoluta repulsa ante cualquier agresión o discriminación de la índole que sea, de la misma manera que defendemos, como no podía ser de otra manera, el derecho de los padres a educar y formar a sus hijos de acuerdo a sus principios, a sus propias convicciones, tal y como recoge también nuestra Constitución. Y lo hacemos sin complejos y sin dobles varas de medir, porque muchas veces nos rasgamos las vestiduras cuando se acosa a unas personas y no cuando se hace contra otras. Y yo les pregunto a sus señorías si no deberíamos condenar y criticar todo tipo de acosos, todo tipo de fomento del odio como, por ejemplo, mofarse de los católicos -si quieren les recuerdo el asalto a la capilla de Rita Maestre y aquella frase, en presencia de católicos que estaban allí, de "Arderéis como en el 36"- o mofarse de las víctimas del terrorismo -caso Zapata- o incluso justificar el ataque al autobús de HazteOir a su paso por determinadas ciudades, defendiendo que los altercados están legitimados. Esto también es alarmante, señor Iglesias, y no le he oído nada sobre su condena o sobre su rechazo a su grupo parlamentario. Por lo tanto tenemos que ser responsables y condenar todo tipo de discriminaciones, todo tipo de odios y todo tipo de ofensas, empezando por los políticos, que tenemos esa responsabilidad, porque tenemos que respetar los derechos de todos, nos gusten o no sus planteamientos, dejando de lado esa doble vara de medir: depende de quién lo haga hablamos de libertad de expresión o de delitos de odio o fomento del odio.
Presidente, señorías, voy finalizando porque poco más se puede añadir a las extensas explicaciones dadas por el ministro con relación a este asunto. Ya se han iniciado unas diligencias judiciales, por lo tanto toca esperar a que la justicia se pronuncie, y cuando lo haga este grupo está plenamente convencido de que el ministro actuará con la rapidez y la contundencia manifestada, pero insistiendo en que hay que esperar, porque como bien ha dicho el ministro sería improcedente iniciar un procedimiento de revocación de la declaración de utilidad pública utilizando exclusivamente opiniones personales acerca de la campaña realizada por dicha asociación, una vez que los hechos están siendo ya investigados en sede judicial. En este sentido les recuerdo también a los diputados de Unidos Podemos lo manifestado por el señor Iglesias, en este caso Pablo Iglesias, al ser preguntado en un medio de comunicación por si la campaña de HazteOir podría constituir un delito de odio, y leo textualmente su respuesta: Lo tendrán que decir los jueces, pero a mí me parece una barbaridad. Esto mismo es lo expresado hoy por el ministro: lo tendrán que decir los jueces y no las opiniones personales. (La señora Álvarez Álvarez: No, no, no; el ministro).
El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez, por favor.
La señora BLANCO GARRIDO: Quizá algunos deberían aprender la lección de que los partidos no tienen que arrogarse el papel de la justicia, y el ejemplo de esta afirmación se llama, señorías, 'tramabús'. Por cierto, al parecer este 'tramabús' también inspirado en el autobús de HazteOir. Les puedo asegurar que este grupo la tiene bien aprendida y por ello entendemos que el Ministerio del Interior no puede adoptar en este momento ninguna medida restrictiva de derechos sobre dicha asociación hasta que la justicia se pronuncie, porque como muy bien ha dicho, una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos.
Finalizo ya, señor presidente, no sin antes recalcar el firme compromiso de este Gobierno, de este grupo parlamentario en la lucha contra los delitos de odio y la discriminación a colectivos como el LGTBI, recordando que han sido muchas las medidas adoptadas en los diferentes ámbitos para garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos por parte de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.
Quisiera agradecer a todos los grupos las reflexiones, las preguntas que me han formulado y las aclaraciones que también me han solicitado. Es verdad que quisiera agradecer las intervenciones que han tenido los dos portavoces del Grupo Parlamentario Popular, que sin duda alguna han mantenido unas posiciones próximas a las que yo en el día de hoy he mantenido aquí. Pero me van a permitir que procure, dentro de la concreción que yo pueda hacer en cada momento aquí, contestar a las preguntas que aquí se me han venido haciendo en la mañana de hoy. En primer lugar, y por dejar una cosa zanjada, no voy a entrar en una cuestión que no conviene a esta Comisión -ya tendré la oportunidad de decirlo mañana- y es si ha habido coordinación o no en unos desagradables y tristes acontecimientos como han sido los actos terroristas de Barcelona y de Cambrils, pero es verdad que he estado presente y de primera mano he podido comprobar que ha habido leal colaboración, y que sin duda alguna ha habido una buena coordinación entre los distintos dispositivos que han estado operando dentro del comité de crisis que tenía establecido la Generalitat de Cataluña. En segundo lugar, también quiero aclarar que aquellas preguntas concretas que me han hecho las contestaré -así he quedado con el presidente- por escrito, dada la precisión y la concisión que se me exige en algunas de ellas. Dado que no he estado presente no puedo decir algo al respecto, por lo que tendré que solicitar información puntual para contestarlas. No pretenderán sus señorías que afirme algo cuando ni estuve ni tengo ahora esa información. Iría en contra de lo que mi aptitud me aconseja, y es algo que ustedes sin duda no querrán exigirme por ser imposible poder sujetarme a esa intención que han podido tener quienes han formulado unas preguntas con esa concreción.
Es verdad que estamos hablando de inmigración, de inmigración irregular y de la presión que tenemos como consecuencia de la situación que viene padeciendo el conjunto de la Unión Europea. En primer lugar, no nos debemos apartar de esa premisa, una presión que mantenemos todos los países de la Unión Europea, pero que especialmente padecemos, desde el punto de vista del control que tenemos que establecer, aquellos países que compartimos esa frontera. Nosotros tenemos una doble frontera con Marruecos, una frontera en Ceuta y Melilla, pero al mismo tiempo compartimos el mar Mediterráneo, no solo en el Estrecho, sino también en el mar de Alborán y en otras zonas, en las que tenemos que estar permanentemente asistiendo a quien allí en un momento determinado se encuentre y atendiendo sus necesidades. Fíjense que les voy a dar un detalle muy curioso. El número total de entradas irregulares a España que ha habido hasta ayer es de 15 473, representando un incremento de un 88,1 % respecto al año anterior. De estas 15 473 personas que han entrado irregularmente en España, por vía marítima han entrado 11 162 y por vía terrestre 4311. Si excluimos algunos de los que han entrado -menores- como consecuencia del último instrumento utilizado por parte de las mafias, que son motos acuáticas de alquiler a poco precio adquiridas en algunas zonas turísticas de Marruecos con las que dejan sobre todo a menores en las orillas y se vuelven corriendo otra vez, y si eliminamos alguna patera que haya podido llegar hasta nuestras costas, podremos decir que prácticamente 11 000 personas, mujeres y hombres, han sido salvadas y rescatadas de la muerte por Salvamento Marítimo y por la Guardia Civil, que han ido incluso hasta aguas jurisdiccionales de Marruecos para recogerlos y traerlos. Faltar a la verdad en la descripción de estos hechos me preocupa muchísimo. Lo digo con todo el respeto hacia las afirmaciones
de cada uno de los grupos, porque están en derecho de hacerlas. (Muestra una fotografía). Pero es muy frecuente que podamos ver esta fotografía, en la que se muestran 1258 inmigrantes metidos en una balsa gigante. Aquí no cabe ni un alfiler, y sin embargo están siendo abarloados a un buque mayor para poder traspasarlos. Esto es en la costa de Libia y ahí había dos lanchas de la Guardia Civil para poder socorrerlos y que no perecieran, como hubiera sido su destino natural, porque insisto en que esta balsa carece de condiciones de navegabilidad. Por tanto la Guardia Civil está para salvar vidas humanas, la Guardia Civil no está para mirar para otro lado. La Guardia Civil asume la responsabilidad que tiene, igual que Salvamento Marítimo, y acuden, atienden y protegen a todos aquellos que se encuentran en una situación de desamparo en el mar, no solo en la zona del Estrecho, sino también en la zona del mar de Alborán. Eso ha pasado con el Partido Popular y ha pasado con el Partido Socialista, porque el cuerpo es el mismo, la legislación es la misma y porque el compromiso que tenemos es siempre el mismo. Somos un país solidario, tenemos Gobiernos solidarios y sabemos qué hay que hacer en esos casos. ¿Que a veces ha sucedido alguna tragedia y que no se ha podido llegar a tiempo? Eso ha sucedido en la menor de las ocasiones.
No he traído muchos datos porque no se había preguntado de una manera especial sobre la tragedia de esa patera sucedida hace unos días en Melilla. Precisamente esta tarde respondo a una pregunta en el Senado formulada por Podemos. Pero ya que se me insta estoy dispuesto a hacer una reflexión sobre este tema. Eso sucedió el 31 de agosto, cuando la Guardia Civil avista una embarcación de recreo seguida de una patrullera marroquí. Cuando llega la Guardia Civil ya estaba allí la patrullera marroquí, que se desplazaba desde las aguas de Marruecos en dirección a la zona de Aguadú. Se movilizaron el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y la patrulla de servicio. La embarcación es interceptada y remolcada por la patrullera marroquí hacia su base, conocida como la Plancha en Marruecos, y en el transcurso de esa maniobra -insisto, según los datos que obran en mi poder-, 22 personas se arrojaron al agua. Todos, se me indica, llevaban chalecos salvavidas. Las dos embarcaciones del GEAS de la Guardia Civil rescatan a 13 personas que se dirigían nadando a Melilla, y la patrullera marroquí rescata a los otros 9. La Guardia Civil traslada a las 13 personas a Puerto Noray, activando como siempre el protocolo con Cruz Roja, y trasladando posteriormente a todos al CETI, menos a uno de ellos que era menor de edad. Sobre lo que ocurrió con el resto de las personas que permanecían en la embarcación remolcada por la patrullera marroquí la Guardia Civil no tiene conocimiento, porque no estaba presente. Son los informes que obran en mi poder. Lo que sí les quiero decir, e insisto otra vez en ello, es que esta foto (muestra una fotografía) es una evidencia, pero como esta hay centenares, como también centenares han sido los rescates que estamos viendo a lo largo de los últimos meses, cuando se han producido estas avalanchas fruto de la presión migratoria. El objetivo de las patrulleras de la Guardia Civil es salvaguardar las vidas de los inmigrantes y rescatar a todas las personas en riesgo, con independencia incluso de quién tenga la soberanía sobre las aguas.
¿Que hay mucha presión? Lógicamente. Hay mucha presión y esta presión ahora mismo la está soportando también Marruecos, porque los problemas que ahora mismo se están dilucidando en Libia y los que también están surgiendo en Argelia hacen que las propias mafias ilegales, en lugar de correr allí el peligro, estén procurando hacerlo a través de Marruecos, lo que le obliga a hacer muchos más despliegues. Por tanto, insisto, la colaboración con Marruecos es fundamental. Estos datos que he dado a sus señorías sobre la colaboración con Marruecos para evitar los asaltos masivos indican que la colaboración es imprescindible, es fundamental, y por tanto es una colaboración estrecha. Hay una leal colaboración y es verdad que cuando van surgiendo problemas -y aquí se han manifestado por determinados grupos políticos que hay que profundizar en el diálogo, que hay que hablar, que nos tenemos que poner de acuerdo y que tenemos que colaborar- les puedo asegurar que, si hay un país con el que mantengo una colaboración estrecha, es con Marruecos para tratar precisamente de todos estos temas.
Otro asunto es el de las porteadoras, que es un tema delicado que se viene sucediendo ya desde hace muchísimos años, y que incluso dio lugar a que efectivamente se diera un régimen muy especial a quien vivía en las inmediaciones de esa zona. Por tanto creo que si se ha incrementado lógicamente el número de habitantes de Castillejo, también es lógico que vayan acudiendo un poco al albur de querer tener también esas posibilidades. Eso ha sido ya objeto de tratamiento, pero permítanme que guarde la discreción hasta que no lleguemos a la conclusión de las conversaciones, y que podamos fijar de una vez por todas con Marruecos un orden en esa situación, que sin duda alguna beneficia al comercio de Ceuta
y también a la estabilidad de una zona del norte de Marruecos. Pero sin duda alguna no podemos permitir que puedan suceder las cosas que suceden -y que más tarde entraré a detallar-, como ha ocurrido con la muerte de algunas porteadoras, que aunque no se hayan producido en territorio español, sino en territorio marroquí, para nosotros sin duda alguna la preocupación es la misma, porque tenemos que colaborar unos con otros para que esa situación de riesgo no se produzca.
Como los temas han sido prácticamente comunes, permítanme que, para unificar, vaya dándoles respuestas a todos, si bien puedo hacer alguna precisión concreta a alguno de ustedes al respecto. Además de esa presión migratoria que sin duda alguna se ha venido produciendo, por decirlo de alguna manera, de forma irregular, también es verdad que en los últimos años se han tenido solicitudes de protección internacional, con independencia -y ahora lo abordaré- de los compromisos de las reubicaciones y de los reasentamientos; permítanme que también haga una pequeña referencia a los temas de las solicitudes de protección internacional. He de decirles que a día 10 de septiembre del corriente año han sido 21 175 las personas que han solicitado protección internacional, de ellos 109 en Ceuta y 1640 en Melilla. Si quieren que les haga una pequeña relación de quiénes han sido los más peticionarios les diré que los más peticionarios que tenemos en este sentido en este año han sido Venezuela, que ha pasado a 6546 peticiones; Siria 2817; Ucrania 1587; Colombia 1582. Son los países desde los que más se ha pedido la protección internacional en nuestro país. En este sentido también quería indicarles que estamos resolviendo desde la oficina -esa sobre la que se insiste en que cada día tiene más presupuesto y menos funcionarios, cuando es al contrario- muchas más peticiones de protección internacional que las que se resolvían antes, lógicamente por el incremento, pero sobre todo porque la justificación que están alegando sin duda alguna nos aconseja y nos obliga a que se estén aceptando esas situaciones de protección internacional que está concediendo el Gobierno de España.
Por hacer una concreción sobre el tema de las porteadoras quiero que seamos conscientes de que se trata de un comercio atípico que se ha venido practicando allí. Lo llevan a cabo mujeres y hombres que transportan mercancías a la espalda, en bultos o paquetes de un considerable peso, una media de 50 kilogramos desde Ceuta a las localidades fronterizas de Marruecos, una o varias veces al día, que es lo que sucede o suele suceder. Podemos decir que están pasando por la frontera de Ceuta al día -no siempre personas distintas, hay algunas que repiten- 20 000 personas, y entre 35 000 y 40 000 las personas que pasan en Melilla. Por tanto se trata de un volumen importante, pero también es verdad que se está apreciando que está cambiando cuál es el objeto que da lugar al porteo. Ya no son cosas a lo mejor tan básicas, cosas de primera necesidad, que es lo que solía pasar, y que daba lugar a que las cantidades que percibían fueran menores y no era de un gran atractivo pasar los productos de Ceuta o de Melilla hacia Marruecos. Como está cambiando el objeto, lógicamente al recibir una mayor retribución son más los porteadores y porteadoras que están acudiendo. De ahí que -insisto, como antes decía- hayamos creado una comisión entre Marruecos y España para poder darle una solución definitiva a esto; solución definitiva que, con independencia de fijar el número, con independencia de establecer unos controles básicos para que la situación esté relativamente controlada, dentro de este llamado comercio atípico, es verdad que es necesario que adecuemos no solo el paso a través de los vehículos, sino también el paso a pie, que es como se suele producir entre estas personas. De ahí la inversión que antes decía. He anunciado que se han venido haciendo -y sus señorías lo conocen- a lo largo de los últimos años y de este año reformas, pero ahora ha llegado el momento, porque se está demostrando que la valla ya no es lo operativa que era antes. Se está demostrando que hay cámaras que pueden dar una mayor seguridad, y que desde luego tienen una mayor calidad que las que se tienen ahora. De ahí que estemos con este proyecto de un importe aproximado de 12 millones de euros, que -insisto- en el año 2018 estará ejecutándose. Por tanto todo lo que significa el paso de El Tarajal será totalmente distinto, entre otras cosas, porque no solo debemos ordenar los controles de seguridad, sino que también tendremos que velar por la seguridad de las personas que con esta situación de porteo se están dedicando a pasar de uno a otro lado las mercancías.
Siguiendo con el tema de reubicación y de reasentamiento -porque ha sido objeto de algún comentario por parte de los distintos portavoces-, me van a permitir que les precise algo. En ocasiones me han escuchado decir que en su día se fijaron unas cifras por la Unión Europea. Me han escuchado decir que después en distintas reuniones ha habido una modificación, porque no había ni siquiera el número suficiente de personas que habían solicitado refugio y que eran objeto de reubicación o reasentamiento, que eran muchas menos y, por tanto, había que ir redistribuyendo el número de personas que deberían ser objeto de reubicación y de reasentamiento. Les voy a dar lectura de una carta que
recibimos el otro día de la Unidad de Reubicación de Grecia. Comienza dando las gracias por nuestro correo -porque les volvimos a repetir que nos enviaran los expedientes de las personas que estábamos esperando para que pudieran ser reubicadas- y dice textualmente: Queríamos confirmar -es la traducción literal que me han hecho- que la Unidad de Reubicación de Grecia ha recibido vía DubliNet su último ofrecimiento de 28 de agosto pasado y queremos expresar a su vez nuestro gran aprecio por su apoyo y participación en el esquema de reubicación. Sin embargo, lamentamos informarles de que en este momento no hay más expedientes que puedan ser procesados y que cumplan el criterio de elegibilidad establecido en las decisiones del Consejo para el programa de reubicación. Considerando lo anterior, les rogamos tengan en cuenta que la Unidad de Reubicación de Grecia no les enviará expedientes para los compromisos ofrecidos actualmente. Les informaremos a la mayor brevedad posible de futuros cambios en la situación actual y en la disponibilidad de expedientes. Quedamos a su disposición en caso de que necesiten información adicional o aclaraciones y queremos agradecerles de antemano su gran cooperación. Unidad de Reubicación de Grecia. En cuanto a los reasentamientos, todas las solicitudes que había comprometido el Gobierno de España están ofrecidas también y estamos esperando que nos puedan enviar todos los expedientes para que podamos acogerlos y distribuirlos por todas aquellas administraciones que tienen solicitado compartirlos con nosotros.
También se ha hablado mucho en la mañana de hoy de que la colaboración internacional tampoco ha sido algo que hayamos potenciado y que le dedicamos mucho menos dinero que en otras ocasiones. No voy a entrar en el "y tú más", pero les puedo asegurar que el Plan Director de Cooperación al Desarrollo para el año 2017 cuenta con 2450 millones de euros, 54 millones de euros más que en el año 2016. (Risas). Comprendo que usted se ría, señora Álvarez, pero eso está ahí. Los destinos prioritarios son África subsahariana, norte de África, Latinoamérica y Oriente Próximo. Estas son las zonas a las que van destinadas mayoritariamente estas cantidades que están previstas en el Plan Director de Cooperación al Desarrollo. Es verdad que el Ministerio del Interior recibe solicitudes y sobre todo insta a que podamos ir con proyectos a esas zonas donde estamos colaborando, pero, con independencia de esta colaboración del Gobierno de España, por parte del Ministerio del Interior también hay cooperaciones con determinados países del Sahel y -¡cómo no!- con Marruecos y Mauritania, cooperaciones de todo tipo. También estamos gestionando cooperaciones de la Unión Europea con países terceros de origen o de tránsito de donde surge la inmigración irregular y, por primera vez, estamos colaborando con distintos países de la Unión -sobre todo Italia, Francia y Portugal en algunos casos- para prepararlos y formarlos. Al mismo tiempo, desarrollamos proyectos para que puedan encontrar puestos de trabajo allí y no tengan que venir. Estamos formando también a su Policía judicial para que sean ellos los que se encarguen de su propia actividad de seguridad, en lugar de que tengan que hacerlo otros países. Esto está permitiendo que ellos se formen con nosotros pero que al mismo tiempo se estén creando unas policías profesionales en aquella zona del Sahel, con lo que sin duda alguna se estarán creando también muchos puestos de trabajo. En cuanto a las actividades en África, estamos teniendo muchísimos proyectos, muchos de ellos son de ejecución plurianual y los conocen algunos grupos porque se vienen desarrollando desde el año 2006, son proyectos que sin duda alguna se han venido prorrogando dado los buenos resultados que ofrecen. En ese sentido, si quieren alguna información puntual y detallada, no tengo ningún inconveniente en hacérselo saber a sus señorías, porque creo que es bueno que sepamos o podamos conocer en qué está consistiendo la actividad que desde el punto de vista de la seguridad y de creación de nuevas oportunidades se está desarrollando en esos países del Sahel. Son muchas las patrullas fronterizas que estamos haciendo. Países como Mali, Mauritania, Senegal, Guinea Bissau, Guinea Conakry o Gambia necesitan nuestra ayuda y allí estamos sin duda alguna para poder fortalecerlos. Hemos estado dotando de los policías que eran necesarios.
Me gustaría aclarar que el hecho de que se ponga una afirmación en mi boca no quiere decir que yo haya dicho eso. Cuando se ha calificado de insuficiente el número de policías que hay en la valla y que si se cubre un punto, no se puede cubrir otro, no, se cubren los puntos que hay que cubrir, lo que ocurre es que cuando el ataque se produce en un punto hay que reforzarlo, pero eso entra dentro de la lógica y no seré yo el que establezca qué dispositivos y qué criterios tienen que marcar los especialistas en las fuerzas de seguridad a la hora de acordar un refuerzo en una zona puntual porque así se necesita. Allí las plantillas, sin duda alguna, tienen un nivel de ocupación mucho más alto que cualquier plantilla de otra comunidad autónoma, y como somos conscientes de la necesidad de que estén allí, en los últimos meses esas plantillas están teniendo un refuerzo permanente de las unidades especiales de la Guardia Civil y de las unidades especiales de la Policía Nacional. Somos conscientes de que son necesarios, por eso se han
llevado allí, y no solo a Ceuta y a Melilla, sino que ha habido también un despliegue muy especial en toda la zona de Algeciras y de La Línea para evitar lo que desgraciadamente estaba sucediendo, que los alijos de droga estaban creciendo. Así pues, allá donde se produzca un repunte en la comisión de los delitos tenemos que tomar medidas para que haya un refuerzo importante en los cuerpos de seguridad y esos delitos no se puedan cometer. La prueba está en que cuando uno mira la cantidad de alijos que se han producido, la cantidad de personas que se han rescatado en el mar, sin duda alguna algo han tenido que ver en ello todos los dispositivos que se han estado desplegando no solo en Algeciras, La Línea, Tarifa, etcétera, sino también en Ceuta y en Melilla. Cuando nos referimos -antes hablábamos del tema- a la necesidad de que se resuelvan estos problemas en los territorios fronterizos, sobre todo en El Tarajal, pero también en Melilla, claro que lo tenemos que hacer de mutuo acuerdo. En primer lugar, con la ciudad, ¿por qué? Porque detrás del paso fronterizo aparece la ciudad y hay una rotonda que viene detrás del paso fronterizo, igual que lo tenemos que hacer con Marruecos. Por eso, estamos al mismo tiempo poniéndonos de acuerdo para que la amplitud que tenga una carretera pueda continuar y que no se produzca ningún efecto de cuello de botella como consecuencia de los estrechamientos que desgraciadamente, por ser infraestructuras antiguas, todavía se vienen produciendo. Insisto, de ahí que el plan que vamos a hacer el próximo año, de 12 millones de euros, sea tan ambicioso. También dicen que hay problemas de tráfico, pues se produce la congestión propia, pero sin duda alguna tenemos -insisto- colaboración con la ciudad autónoma, colaboración con el Reino de Marruecos, con las policías locales de Ceuta y de Melilla y con las policías del Reino de Marruecos. Los problemas de la movilidad están totalmente identificados y desde luego las inversiones van a venir para dar respuesta a los mismos. Previamente hemos tenido que hacer los estudios para ver la viabilidad, porque en muchos casos es necesario que esa viabilidad sea primero constatada para poder obtener financiación europea, es así administrativamente, pero insisto en que el próximo año será un antes y un después en la frontera con Marruecos.
Se ha hablado también por parte de distintos portavoces de la protección de los derechos humanos en frontera. Se ha hablando de cómo se producen las expulsiones en caliente. Me gustaría decir que en España no se vulneran los derechos humanos, ni en Ceuta ni en Melilla, y lo digo con todo respeto, con el mismo que escucho y no comparto cuando se dice lo contrario. El rechazo en frontera está avalado por la Unión Europea, que lo ha considerado como una medida adecuada y proporcionada; además, considera que no es incompatible con el derecho de la Unión Europea. Y, por mucho que se diga, en frontera se puede solicitar asilo, no solo en las oficinas que hay habilitadas para ello, sino también en la propia frontera. Otra cosa es cuando se utiliza saltando la valla empleando violencia y con agresión. Por tanto, creo que en eso debemos procurar no faltar a la verdad. Si me queda alguna cosa por decir, tendrán la oportunidad de que la pueda ampliar posteriormente.
Ha sido también debatido por los distintos portavoces el tema de HazteOir. En primer lugar, les puedo asegurar a sus señorías que si hay algo que no haré nunca, ni lo voy a consentir, es vulnerar una ley, sobre todo no hacer que se aplique la ley; en primer lugar, porque creo que es muy bueno y, además, porque es nuestro respaldo en el Estado de derecho, que es el que garantiza nuestras libertades y el ejercicio de todos nuestros derechos. El auto -lo tengo aquí y lo pongo a su disposición- que dicta la Sección número 2 de la Audiencia Provincial de Madrid deja claro que una cosa es la opinión que cada uno podamos tener de los mensajes que promueva HazteOir y otra el cumplimiento de la ley. El Gobierno tiene que velar por hacer cumplir la ley, tiene que cumplirla y hacerla cumplir. Quien denuncia precisamente ante la fiscalía los mensajes del autobús es la Delegación del Gobierno. Se pensaba que podían constituir delitos tipificados en el 510.1.a) y en el 510.2.a) del Código Penal, que son los delitos que se refieren a aquellos que pueden ser cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución. En el auto de 14 de julio de la Audiencia Provincial, en el que se ordena el levantamiento de la medida cautelar -se adoptó la medida cautelar de inmovilización del autobús y, después, el 14 de julio se levanta esa medida cautelar-, se afirma textualmente: No puede considerarse un atentado a la juventud y a la infancia que una asociación legalmente constituida pueda dirigirse a los padres en general y a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones. Insiste la Sección segunda de la Audiencia -que, repito, eso está pendiente, son medidas cautelares- en que por desagradables y agresivos que puedan considerarse los mensajes, son dudosamente delictivos y que admitir la persecución de ideas que molestan a algunos o a bastantes no es democrático. Les he dicho aquí hoy -y he coincidido con lo que mantenía la portavoz del Grupo Popular- que no comparto esta campaña, pero, hoy por hoy, tenemos que esperar a que se resuelva el tema penal. Incluso el auto habla de que el denominado
'tramabús' de Podemos llevaba, además de leyendas sobre la corrupción, figuras perfectamente identificables de políticos y algún periodista que, con independencia del juicio -dice textualmente- que cada uno pueda tener de ellos, tienen derecho a ver respetada su dignidad y su presunción de inocencia y, sin embargo, ninguna autoridad impidió su circulación. Por eso, les puedo asegurar que en el momento en que quede despejada esa situación se incoará el procedimiento adecuado, porque existe un procedimiento. Yo le puedo decir que se han revocado un total de 86 declaraciones de utilidad pública: en 2008, 8; en 2009, 3; en 2010, 13; en 2011, 8; en 2012, 16; en 2013, 24; en 2014, 10; y en 2015, 4; en total, 86. No les quepa la menor duda de que en el momento en que quede expedita la situación penal de este autobús se procederá, sin duda alguna, a abrir el correspondiente expediente, que es el que fija la ley para que se pueda hacer.
Yo creo que he contestado a prácticamente todo y si no, ahora volveré a hacerlo. (Aplausos).
Como siempre, habrá un turno muy breve de réplica por parte de cada grupo con la intervención de un solo portavoz. ¿Grupo Ciudadanos? (Denegaciones). Por el Grupo Podemos, tiene la palabra, con brevedad, la señora Belarra Urteaga.
La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, por las respuestas.
Yo le voy a tomar la palabra y, efectivamente, estoy de acuerdo en que la Guardia Civil está para salvar vidas. De hecho, queremos reconocer desde aquí el trabajo de quienes tienen que ejecutar muchas veces una tarea en condiciones muy difíciles. En lo que estamos completamente en contra es en las instrucciones que reciben los miembros de la Guardia Civil; y esas instrucciones las hemos podido escuchar recientemente, por ejemplo en el caso de las porteadoras, cuando un teniente coronel instaba a los miembros de la Guardia Civil a que utilizaran las porras para regular -en sus propias palabras- el tránsito a lo largo del espacio de la frontera. Yo creo que es evidente que se puede reconocer perfectamente el trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que además lo hacen a veces en condiciones -como ha denunciado en numerosas ocasiones Juan Antonio- muy complicadas, con las instrucciones políticas que están directamente relacionadas con la responsabilidad política que tiene usted. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Como usted ha dicho, la Guardia Civil está para salvar vidas y no para impedir que las pateras puedan acceder a territorio español y para hacer que la Gendarmería marroquí sea quien tenga que hacer el trabajo sucio y vulnerar los derechos humanos.
No sé por qué se ha extendido tanto en lo que tiene que ver con la protección internacional. Sabe usted que su ministerio, con la Oficina de Asilo y Refugio, a finales de 2016 tenía veinte mil expedientes en stock y que han estado utilizando el dinero que nos daba Europa para los refugiados para reforzar la estructura del Ministerio del Interior. (El señor ministro del Interior, Zoido Álvarez, hace signos negativos). Sí. Esos recortes que ustedes han aplicado y ese recorte de personal del que adolecen todos los ministerios, pero también el Ministerio del Interior, ha sido suplido con el dinero que nos venía de la Unión Europea para acoger a unos refugiados que ustedes dicen que no podemos acoger. Yo le digo que he estado en la Embajada de Jordania y nosotros no necesitamos tutelaje para llevar a cabo el reasentamiento. Nosotros podemos articular mecanismos si desplazamos equipos españoles allí, para llevar a cabo la gestión y la identificación de las personas que van a acceder al reasentamiento por nosotros mismos. Le pido que sean honrados y que digan que no tienen compromiso con el derecho de asilo, que no han querido hacerlo. Esa es la realidad, porque si se quiere se puede hacer; lo que pasa es que ustedes no han querido.
Para terminar, yo creo que es independiente el procedimiento penal que se pueda seguir con todo lo que tiene que ver con el autobús de HazteOir con el procedimiento administrativo que, como ya han señalado los distintos ponentes, tiene que ver con una organización que tiene beneficios fiscales y exenciones fiscales, cuando es evidente que está fomentando en un sentido concreto la xenofobia y la transfobia. Yo creo que ahí no queda nada más que decir sino que el Ministerio del Interior tiene que actuar de una vez por todas, independientemente de las acciones penales que se pudieran derivar.
Grupo Socialista, señora Álvarez.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Señor Zoido, usted es magistrado, no se haga trampas ni trate de hacernos trampas a nosotros, porque en este debate la revocación de utilidad pública a HazteOir no tiene
nada que ver con la legalidad de sus opiniones o de que saque un autobús o deje de sacarlo, nos guste más o menos. Esto tiene que ver con si las acciones que realiza son útiles y beneficiosas a la sociedad española. Esa es la cuestión y no tiene nada que ver con ninguna otra cosa, por tanto, no se engañe usted o no trate de engañarnos a nosotros, porque no somos tontos. El discurso del odio no es útil y, por tanto, este debate no tiene que ver con el autobús que salió; tiene que ver con que el Estado español dé beneficios políticos y fiscales a una organización que fomenta la discriminación. Este es el asunto. Y le voy a preguntar una cosa: ¿Por qué le han quitado ustedes la utilidad pública a la Federación de Planificación Familiar? ¿Por una falta administrativa que la propia Comunidad de Madrid ha considerado leve y que ya está resuelta?
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Sí, termino.
El señor PRESIDENTE: ... cíñase al asunto. Estamos celebrando una comparecencia sobre HazteOir, no sobre otra entidad.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Sí, estamos con HazteOir, estoy hablando de HazteOir, pero es que una cosa tiene que ver con la otra, porque hay una intencionalidad política en la concesión que ustedes hacen a HazteOir de la utilidad pública y en la retirada que hacen de dicha utilidad pública a una organización como la Federación de Planificación Familiar. Hay una vinculación estrecha y, por tanto, estoy hablando de lo mismo. En consecuencia, le insisto, por favor, en que no trate de engañarnos ni a nosotros ni a la opinión pública. Lo que tienen que decir ustedes en su expediente es si esa organización es útil y beneficiosa a la sociedad española, y el Grupo Socialista le dice que no lo es, por tanto, tienen ustedes que revocar inmediatamente la concesión que hicieron hace meses. (La señora Blanco Garrido: Es una opinión personal).
Grupo PNV.
El señor LEGARDA URIARTE: Intervengo muy brevemente para hacer simplemente una matización.
Me ha parecido entender alguna crítica por parte del portavoz del Grupo Popular sobre si se descalificaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, quiero manifestar que en general considero el buen carácter y comportamiento tanto de las personas como de las instituciones. En mi caso concreto únicamente he preguntado sobre unas imágenes que nos han llamado la atención -no sobre comportamientos generales- y sobre unos hechos puntuales con relación a los que he pedido una explicación: cómo se desarrolló el desgraciado acontecimiento a principios de septiembre en la costa de Melilla. Parcialmente, de una manera sumaria, nos ha dado alguna explicación que no tengo por qué poner en duda, pero desde luego sí quiero desdecir al portavoz del Grupo Popular en el sentido de que en ningún caso hemos hecho una crítica general ni de comportamientos ad causam, sino muy puntual.
Finalizo presidente. También vinculado con esto, y respecto a si se respetan o no los derechos humanos en las expulsiones en frontera, con carácter general tengo que pensar que se respetan. No tengo por qué pensar otra cosa, pero sí tengo un criterio general, y es que todo mandato necesita de un procedimiento para que haya garantías de que se cumple el mandato y no queda a la buena voluntad de los actores en el momento. Por eso, venimos reclamando un desarrollo procedimental sobre cómo se va a cumplir el mandato del apartado 2 de la adicional décima de la Ley de extranjería, que reclama que en los rechazos en caliente se respete la normativa internacional de derechos humanos y protección internacional, una petición que realizan multitud de organizaciones humanitarias internacionales, porque no se puede dejar al buen hacer o al cumplimiento puntual de las personas el desempeño de ciertos mandatos. Una norma debe tener, con carácter general, un procedimiento para llevar a cabo su cumplimiento, que es simplemente lo que se reclama. Obviamente, no se pone en cuestión que se respeten o se dejen de respetar los derechos humanos, sino que se trata de una cuestión jurídico-procesal.
Grupo Popular, señor Martín-Toledano.
Me gustan las matizaciones del portavoz del Grupo Vasco, PNV, pero efectivamente se ha dicho que quien ejercía la violencia eran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al repeler los asaltos y no los inmigrantes que intentaban saltar la valla. Intentar distinguir entre Guardia Civil, mandos de Guardia Civil, si reciben órdenes o no, es una treta para ocultar que reiteradamente hay grupos políticos en esta Cámara que insinúan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vulneran los derechos humanos de los inmigrantes, que en las cárceles los vulneran los funcionarios de prisiones... Es decir, esto es reiterado y, por tanto, no nos parece de recibo, nos parece una política con la que se intenta criticar y luego quedar bien con las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía, que, por cierto, lo están escuchando y nos han mandado mensajes quejándose de esas afirmaciones. Aquí hay que luchar contra las mafias, regular bien, aplicar el derecho internacional y la colaboración. Ha hablado el ministro de colaboración con Gobiernos europeos, que precisamente la gran mayoría de ellos son de izquierdas y aplican políticas muy similares a la del Gobierno de España y están amparados por la Unión Europea.
En materia de la asociación HazteOir, en nombre del Grupo Popular quiero manifestar que lo que hay que perseguir son todas las políticas de odio, sin sectarismos, todas. Hay que tomar las decisiones que sean necesarias y perseguirlas todas. Y por supuesto, hay que respetar las decisiones y las resoluciones de los tribunales, porque estamos en un Estado de derecho. (Aplausos).
Para finalizar tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Quiero agradecer el tono en el que se ha producido el debate en Comisión porque, se comparta o no, es bueno que cada uno pueda expresar libremente aquello que piensa y aquello en lo que cree. Pero he de decir -insisto en que lo digo con todo respeto- que no puedo reconocer que el dinero que da la Unión Europea para las reubicaciones y los reasentamientos lo dediquemos a pagar al personal que está en la Oficina de Asilo y Refugio. Administrativamente es imposible, aparte de que es inviable, no podría ser. El capítulo 1 está dedicado a pagar al personal y hay unos refuerzos que están en la oficina precisamente porque ha habido un desbordamiento en los últimos años de las peticiones de asilo. Si bien en un principio antes provenían de unos países, ahora sin embargo la mayor parte de esas peticiones vienen de otros países. Por eso digo que en modo alguno podemos aceptar esa expresión. No quiero pensar que cada vez que se asegura de esa manera que con ese dinero hemos pagado eso, se pueden estar haciendo el resto de afirmaciones que he entendido que se han hecho: que la Guardia Civil sí actúa bien pero que lo malo son las consignas que se le dan. Aquí no hay ninguna consigna a la Guardia Civil -y ellos jamás podrían aceptar otra cosa- que no sea el cumplimiento estricto de la ley y de sus obligaciones. Insisto, pueden ser miles los testimonios que se han dado acerca de que cuando a lo largo de este año más de 11 000 personas han llegado a nuestras fronteras, lo han hecho gracias al trabajo de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil para darles acogida. Gracias a las ONG, a la Cruz Roja y a la Policía Nacional se les documenta, se les acredita, se les atiende y aquellos que necesitan cualquier tipo de ayuda sanitaria inmediatamente la tienen. Por eso, no quiero ni pensar que se puedan hacer afirmaciones vacías y sobre todo he de decir que, no porque muchas veces se insista en lo mismo, al final es verdad. Por tanto, permítame, señor portavoz, que le diga que no comparto esas afirmaciones que ha hecho. Usted sabrá por qué lo hace pero, insisto, si son muy graves y si lo sabe podría acreditarlo. Si no, dado el momento en que nos encontramos y dado que cada uno somos responsables de lo que hacemos, no me gustaría que alguien pueda pensar que deliberadamente estoy incumpliendo la ley o haciendo que la incumplan quienes se están jugando la vida para salvar a los demás.
Por último, se ha estado cuestionando el tema de la revocación. Me caracterizo por perseguir cualquier tipo de delito, también los de odio, y por eso hemos dado un avance importante en el registro de delitos de odio, del que también forman parte tanto los Mossos d'Esquadra como la Ertzaintza, para que podamos tener los mismos criterios y no haya una vía de escape dependiendo de donde se cometa un delito. Es decir, no tengan ninguna duda de que el Gobierno quiere combatir los delitos de odio. Se ha hecho una comparación y se ha dicho que se revocó en un tiempo récord la solicitud de utilidad pública que le fue declarada a la Federación de Planificación Familiar Estatal. Yo no estaba porque la declaración se
concedió en el año 2015 y hubo una asociación que impugnó la concesión que se le había dado; se dio transcurso de esa impugnación a la otra parte, como se hace siempre porque es un procedimiento contradictorio, se admitió a trámite el recurso y se le retiró la declaración de utilidad pública. Si fue rápido o no, eso lo podrá juzgar o valorar aquel que lo haya recibido. Fue muy simple porque inmediatamente recurrieron, dieron traslado y contestaron. Por tanto, se siguieron todos los trámites. Se ha dicho que hay un procedimiento. Claro que lo hay, pero también es verdad que ahora mismo hay una causa penal abierta que no había en este caso. (La señora Álvarez Álvarez: ¿La federación?).
El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez, no entremos en diálogo porque está hablando el ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): En el caso de la federación de planificación no había ninguna causa penal abierta como la hay ahora. En este caso no había ninguna causa abierta. Esa es la diferencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia y sus explicaciones. Damos por finalizada la sesión.

References: artículo 32
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 4
 artículo 103
 artículo 268
 resolución 
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