Source: https://fr.scribd.com/document/175831271/La-accion-de-proteccion-en-el-Ecuador
Timestamp: 2019-04-18 10:52:34+00:00

Document:
Transféré par Alexis Reyes
Todo lo referente a la famosa Acción de Protección de los Derechos Constitucionales.
Derecho Libertad Expresión Militares
La acción de protección. 1.
Antecedentes La Acción de Protección, tiene como antecedente en nuestro sistema jurídico a la denominada acción de amparo constitucional, que estuvo vigente hasta que entró en vigor el actual texto constitucional. El constituyente optó por utilizar el mismo término que se utiliza en la Constitución de la República de Chile para este tipo de acción, en cuanto a su procedencia y particularidades encontramos algunos avances, pero también ciertos retrocesos en comparación a su predecesora. Estimamos que el asambleísta optó por esta decisión de introducir una figura distinta a la del amparo, puesto que la primera, lamentablemente, había sido restringida en cuanto a su procedencia a través de un reglamento dictado por la Corte Suprema de Justicia y por el comportamiento propio del Tribunal Constitucional al resolver este tipo de acciones. 2. La acción de protección en Latinoamérica. En Chile el recurso de protección de garantías constitucionales se encuentra contenido en el artículo 20 de la Constitución de 1980 y está concebido como una acción constitucional que permite a cualquier persona, - natural, jurídica o grupo de personas- que sufra de privación, perturbación o amenaza al ejercicio de derechos fundamentales en virtud de actos u omisiones arbitrarios o ilegales concurrir ante una Corte de Apelaciones a efectos de que ésta dictamine “las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad de los Tribunales de Justicia”. Básicamente esta acción en la Constitución Chilena se destaca por su carácter de urgente para el restablecimiento de impugnaciones de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que lesionen el ejercicio de derechos constitucionales. La norma chilena deja a salvo todos los derechos que el perjudicado pueda hacer valer en lo sucesivo. En la República Bolivariana de Venezuela la institución jurídica que hace las veces de nuestra acción de protección es el amparo constitucional recogido en el artículo 27 de su Carta Fundamental y que establece que “Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los Instrumentos sobre derechos humanos”. Esta acción tiene el carácter de oral, pública, breve, gratuita y no sujeta a formalidad, y a la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o a la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal la tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. Además se señala que la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales no podrá afectar este derecho. En Argentina existe la denominada acción de amparo en los siguientes términos: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta
en todo momento y lugar.86 Constitución Política de Colombia. Art. perfectamente aplicable para establecer el objeto de Protección de esta acción la figura del ``Bloque de Constitucionalidad´´. Como se expresó en temas anteriores. el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines. por vía jurisprudencial realice la Corte Constitucional. cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Teniendo la obligación o vía idóneas para hacer efectiva dicha protección siendo así el amparo tiene características supletorias o subsidarias. En el Perú la acción de amparo procede cuando efectivamente no haya otro medio de tutelar el derecho constitucional vulnerado. acceso a la información pública. hoy derogadas. y por incumplimiento. y aquellos que a pesar de no estar señalados expresamente en la Constitución y el los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que contengan normas más favorables a los contenidos en la Constitución``. 3. y en caso de falsedad o discriminación. la que determinará los requisitos y formas de organización. Esto esta expresado en el Artículo 86 de la Constitución: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces. El artículo 39 de la Ley de la materia delimitada el objeto de la acción por exclusión. por sí misma o por quien actúe a su nombre. 43 de la Constitución de la República Argentina En la legislación Colombiana encontramos la denominada Acción de Tutela que establece el “derecho que tienen todas las personas a la protección judicial inmediata de sus derechos fundamentales. Objeto de Protección Esta acción tiene por objeto al amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la constitución.acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad. estos señala que procede en todos los casos relacionados con derechos no amparados por otras acciones como habeas corpus. estableció en el artículo 45 de las mismas: ``Derechos protegidas. . confidencialidad o actualización de aquéllos. En el mismo sentido que nosotros lo ha entendido la Corte Constitucional para el periodo de transición. el afectado. su procedencia respecto d aquellos derechos consagrados en documentos internacionales de derechos humanos que sean más favorables a los contenidos en la Constitución y al desarrollo que de la Constitución. la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. así como a los derechos de incidencia colectiva en general. a la competencia. al usuario y al consumidor. extraordinaria de protección. En Perú la Acción de Amparo protege los derechos constitucionales establecidos en la Carta Política ante una amenaza de violación o una violación de hecho de los derechos fundamentales y los patrimoniales y aquellos reconocidos en Convenios Internacionales de Derechos Humanos. De tal suerte que en la legislación peruana la acción de amparo protege derechos explícitos e implícitos. habeas data. mediante un procedimiento preferente y sumario. Art. debemos entender también.. rectificación. extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. o los privados destinados a proveer informes. que consten en registros o bancos de datos públicos. Es decir.La acción de protección garantiza judicialmente los derechos establecidos en la constitución y demás derechos conexos definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. para exigir la supresión. que al dictar las reglas de procedimiento para el ejercicio de su competencias. registradas conforme a la ley. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística…”.
por el carácter progresivo de los derechos y de las garantías de estos.4. 2. como en aquellas que resultan de una omisión particular que consideramos adecuado pues indudablemente se puede lesionar derechos fundamentales dejando de obrar cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo. c) Provoque daño grave. para que pueda interponerse la acción. La Constitución de 1998 permitía interponer la acción de amparo para evitar el cometimiento de la infracción. 5. y porque entenderlo de otra forma es contrario al sentido de la constitución. . El artículo 41 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece: ´´Art. entre otras razones. cultural. Toda política pública. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y garantías. y otro que estima que la protección en este caso debe darse por la institución de las medidas cautelares. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado. por lo que parecía que debe de haberse producido la infracción. 3.. de actuaciones positivas. b) Presten servicios públicos por delegación o concesión. nacional o local. Sobre este punto existen dos criterios. esto es.” De la norma transcrita y del texto constitucional se desprende que la acción de protección es procedente tanto por violaciones realizadas a través. la Constitución ha establecido que esta puede interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales. disminuya o anule su goce o ejercicio.. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos. 41. que menoscabe. social. cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: a) Presten servicios públicos impropios o de interés público. religioso o de cualquier otro tipo. De cualquier autoridad pública no judicial. 4. se podía presentar la acción para conseguir una protección frente a una amenaza inminente de un daño grave. d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico.La acción de protección procede contra: 1. que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías.Procedencia y legitimación pasiva. Estas acciones u omisiones pueden provenir de las siguientes fuentes: 1. Procedencia de la acción Respecto de la procedencia de la acción. uno que estima que no es necesariamente así y que la acción cabe en el evento de existir una amenaza de violación a un derecho constitucional.
Estimamos que las políticas públicas son adoptadas y ejecutadas por las autoridades públicas a través de los diversos medios que para el efecto constituye el derecho administrativo por lo que en realidad aun sin haber existido esta mención expresa se podría interponer una acción contra el funcionario por aplicar una política pública que vulnera algún derecho puesto que la constitución no hace ninguna exclusión en el acto u omisión de autoridad pública para la procedencia de la acción de protección. ´´Los órganos jurisdiccionales. . que tiene sus propias particularidades. serán los encargados de administrar justicia. el funcionamiento de los órganos judiciales y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia. por lo que no importa en realidad si las facultades para obrar en un sentido le han sido conferidas por mandato popular o de otra forma. los martilladores judiciales. servidor. los depositarios judiciales y los demás que determine la ley. el ámbito de competencia. se ha destacado esta posibilidad en la constitución por la particular importancia que esta norma da a las determinadas políticas de tal suerte que en la misma se contemplan lineamientos para ellas. administración. 2. El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno. vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Las cortes provinciales de justicia. En este punto debe recordarse que la Constitución en su artículo 178 contiene la enunciación de los órganos jurisdiccionales así como de otros que pertenecen a la Función Judicial. Los tribunales y juzgados que establezca la ley. La ley determinara la organización. Se excluye únicamente el caso de las autoridades judiciales en relación a las cuales existe la denominada acción extraordinaria de protección. así por ejemplo en el artículo 284encontramos los objetivos de la política económica. En la primera hipótesis. y serán los siguientes: 1. Sin duda. 4. De políticas públicas. De personas particulares. 3. 3. La Constitución aprobada por la Asamblea reunida en Montecristi incorpora la posibilidad de dirigir una acción de protección contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de derechos constitucionales. debe entenderse en la forma más general posible es decir teniendo al término autoridad como género que engloba a funcionario. La función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial. la de autoridad pública. sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la Constitución. La Corte Nacional de Justicia. La Defensoría Publica y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la Función Judicial. mandatario. Los juzgados de paz.2.
pueblos y nacionalidades. A efectos de establecer la gravedad del daño puede utilizarse el criterio del segundo inciso del artículo 27 que la ley estipulan se puede considerar grave cuando los daños sean irreversibles o tomando en cuenta la intensidad o frecuencia de la violación. indefensión o discriminación. según sea el caso. si el afectado se encuentra en estado de subordinación. Corresponderá a la Corte Constitucional establecer los parámetros dentro de los cuales se debe entender estas posibilidades pues resultan sumamente amplias. en el artículo 304 los objetivos de la política comercial. en el artículo 302 los objetivos de la política monetaria. se podrá ampliar o restringir las nociones de servicio públicos impropios y dotar de un contenido más concreto a expresiones como “estado de subordinación. entre otros. cambiaria. sumaria. si el particular presta servicios públicos impropios. ejecución evaluación y control de las policías públicas y servicios públicos se garantizara la participación de las personas. La Corte Constitucional en la sentencia 13-09-SIS-CC dictada en una acción de incumplimiento presentada contra el Comandante de la Fuerza Terrestre que se encuentra publicada en el Registro Oficial del 9 de noviembre de 2009. 5. Sobre las políticas públicas y sus particulares es muy decidor el artículo 85 de la Constitución. 2. cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos violen o amenacen con violar los derechos humanos en casos particulares. y control de las políticas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución. indefensión o discriminación”. evaluación. señaló que las garantías jurisdiccionales contenidas en la Constitución de 1998 eran eminentemente cautelares. preferente. ejecución. la política o prestación deberá reformularse o se adoptaran medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. crediticia y financiera. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular. se regularan de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1. mientras que las garantías jurisdiccionales. A través de la jurisprudencia. En la formulación. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientaran a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos. El Estado garantizara la distribución equitativa y solidaria del puesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. intercultural y reparatoria o preventiva. si presta servicios públicos por delegación o concesión. y se formularan a partir del principio de solidaridad. 3. comunidades.En el artículo 285 los objetivos de la política fiscal. . que es del siguiente texto: ´´La formación. directa. En el caso de las violaciones constitucionales que proceden de un particular estas son susceptibles de acción de protección si se da uno de los siguientes casos: si la violación provoca un daño grave. inmediata. Naturaleza Respecto de la naturaleza de la acción de protección las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de la Competencias de la Corte Constitucional para el período de transición en su artículo 46 establecían que tenía un carácter de tutelar.
Es plenamente posible y procedente la utilización de poderes para acreditar la representación de la parte interesada. 2. Sujetos Tal como se indicó en relación a las garantías jurisdiccionales en general. de la afectada.Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y. establece como requisitos generales para la demanda y las sentencias para las diversas acciones y garantías lo siguiente: “Art.Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona. la acción de protección puede ser interpuesta por cualquier persona. comunidad. 6. Es evidente que conforme a la finalidad de las garantías jurisdiccionales en su conjunto éstas tienen una connotación más allá de la meramente cautelar pues permiten realizar la declaración de la violación de un derecho.Contenido de la demanda de garantía. instituidas en la Constitución de 2008 son declarativas. según sea el caso. expresó: “Ciertamente que en ocasión de la vigencia de la Constitución de la República la Acción de Protección reemplazó a la figura del ex amparo. .entre las que se encuentra la acción de protección. ampliamente raparatorias y sólo por excepción cautelares. de conocimiento.. En el actual esquema se encuentra claramente diferenciada la finalidad de las garantías jurisdiccionales propiamente dichas y de las medidas cautelares. Estas actuarán personalmente o a través de sus representantes. si no fuere la misma persona. así como la reparación integral de los daños causados. entidad u órgano accionado. pueblo. contendrá: 1. al menos.. 7. nacionalidad o colectivo.. acción que si bien ha sido desarrollada su naturaleza y esencia se mantiene…” . En cuanto al sujeto pasivo de la acción de protección éste puede ser una autoridad pública o un particular en los casos establecidos en la Constitución.. La misma Corte en la sentencia 032-09-SEP-CC que se encuentra publicada en el Registro Oficial del 29 de Diciembre de 2009 en la acción extraordinaria de protección presentada por el Director Regional 1 de la Procuraduría General del Estado y el Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda contra los jueces de la Segunda Sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.La demanda. 10. Por sus funciones determinadas en el artículo 237 de la Constitución debe contarse en este tipo de acciones con la Procuraduría General del Estado cuando el accionado sea una entidad pública o un organismo del Estado. debe destacarse la posibilidad que este tipo de acciones sean presentadas por el Defensor del Pueblo. Resultan incomprensibles las contradicciones en que ha incurrido la Corte y que quedan de manifiesto en los fallos antes citados. Contenido de la demanda y la sentencia La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
se invierte la carga de la prueba.3. 5. Que declare el desestimiento o apruebe el allanamiento... o sentencia con las consideraciones y exigencias que determina la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el artículo que a continuación veremos: Art. o mediante sentencia.La persona afectada podrá desistir de la acción en cualquier momento por razones de carácter personal que serán valoradas por la jueza o juez. excepto los casos en los que. En caso de allanamiento parcial. la jueza o juez declarará la violación del derecho y la forma de reparar la violación. éstas y la persona afectada podrán llegar a un acuerdo sobre las formas y modos de reparación. Transcurrido este término. La declaración de no haber planteado otra garantía. hasta antes de la expedición de la sentencia. Si la demanda no contiene los elementos anteriores.. procederá en los casos en que exista allanamiento por parte de la persona o institución accionada..Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones. se dispondrá que se la complete en el término de tres días.La solicitud de medidas cautelares. 4..La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño. 15. 8. 2.El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada. si no fuere la misma persona y si el accionante lo supiere. 7. allanamiento... Desestimiento.. El acuerdo reparatorio. contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. Si es posible una relación circunstanciada de los hechos.Terminación del procedimiento. El allanamiento podrá ser total o parcial. No se podrá apelar el auto definitivo que aprueba el allanamiento y acuerdo reparatorio.El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada. 1.. Se considerará desestimiento tácito cuando la persona afectada no compareciere a la audiencia sin justa causa y su presencia fuere indispensable para demostrar el daño. En caso de desestimiento será archivado.El proceso podrá terminar mediante auto definitivo.En cualquier momento del procedimiento. la jueza o juez deberá tramitarla y subsanar la omisión de los requisitos que estén a su alcance para que proceda la audiencia. La persona accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción. de conformidad con la Constitución y esta ley. En ambos casos.” El proceso puede terminar por desestimiento. sí se creyere oportuno. Allanamiento. el procedimiento continuará en lo que no hubiere acuerdo. que será aprobado mediante auto definitivo.Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que tenga como resultado la violación de los derechos constitucionales.. podrá subsanarse en la primera audiencia. 6. la persona o institución accionada podrá allanarse. si la demanda está incompleta y del relato se desprende que hay una vulneración de derechos grave. .
2.. en este evento es factible que las partes lleguen a un acuerdo sobre las formas y modo de reparación lo que debe ser aprobado mediante auto definitivo el que en ningún caso puede contener disposiciones que afecten a derechos irrenunciables o ser manifiestamente injustos de tener a alguna de estas calidades el juez se encuentra impedido de aprobarla. que no conlleven la violación de derechos. . Sentencia... Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos Constitucionales. 3. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos. (48 horas).. Cuando se trate de providencias judiciales. 7. De la Improcedencia de la Acción Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.Cuando la jueza o juez se forme criterio. 4. 5.. de manera sucinta la jueza o juez. allanamiento o acuerdo reparatorio que implique afectación a derechos irrenunciables o acuerdos manifiestamente injustos. salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. 6. “Art. mediante auto. salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. y la notificará por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. pero sus efectos continúan y en consecuencia se derivan daños es procedente la acción de protección para lograr la reparación de dichos daños. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial. 42.” De los casos mencionados en la norma transcrita es necesario hacer unas breves reflexiones: a) Queda claro que si un acto que violente derechos ha sido revocado. En estos casos... 3.” 8. En los casos en que el proceso termine por allanamiento sea total o parcial debe el juez establecer la violación del derecho y la forma de reparación.Improcedencia de la acción. dictará sentencia en la misma audiencia.. declarará inadmisible la acción y especificará la causa por la que no procede la misma.En ningún caso la jueza o juez aceptará el desestimiento. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión.La acción de protección de derechos no procede: 1. algo similar ya fue comentado ante la posibilidad de control constitucional de una norma jurídica derogada pero que continúa surtiendo efectos.
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público. Serie C N°5. 175). Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 11/90. 166. párr.” d) No procede la acción de protección cuando se busca la declaración de un derecho pues si bien tiene carácter declarativa lo tiene respecto de la violación de un derecho preexistente. e) No procede la acción de protección sobre providencias judiciales si éstas han lesionados derechos constitucionales el remedio está dado por la acción extraordinaria de protección. a la luz de la obligación positiva que el artículo 1. la ley o la Convención. Sentencia de 20 de enero de 1989. como ya lo dijo la Corte el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y. los recurso que ésta dispone para la protección de los derechos garantizados por la Convención. .b) En los casos en que se impugna la constitucionalidad o legalidad de un acto en abstracto no considerando una violación concreta de derechos no es procedente una acción de protección sino la de inconstitucionalidad o la acción objetiva en lo contencioso administrativo. la forma de expresión de la voluntad de la administración por antonomasia el efecto de éste impedimento sería anular la garantía constitucional que estamos comentando. en general. La ley establece que para que se pueda proponer una acción de protección contra un acto administrativo debe demostrarse que la vía ordinaria no es adecuada o eficaz. c) Uno de los temas más difíciles sobre la procedencia o no de la acción de protección. No obstante lo cual consideramos que los actos de este Tribunal Contencioso Electoral están sujetos a control de constitucionalidad. los cuales. párr. 10 de Agosto de 1990 expresó: “…La protección de la ley la constituyen. Esto impone un requisito adicional al accionante no contemplado ni en el texto constitucional ni en la ley sobre el contenido de las demandas de garantías. Obligación que hace relación al derecho de la protección judicial del que gozan todas las personas. implica. según sea el caso. La acción permite declarar violaciones a derechos no declarar derechos nuevos. Serie C N°4. Caso Velásquez Rodríguez. por cuanto la Constitución establece de forma expresa que todo acto de las diversas instituciones del Estado puede ser impugnado ante la Función Judicial y siendo éste el acto administrativo. Caso Godínez Cruz.1 contempla para los Estados de respetarlos y garantizarlos. es el relacionado a que ésta no es procedente cuando el acto administrativo puede ser impugnado en la vía judicial. En cuanto al carácter de adecuado o eficaz de los recursos resulta ilustrativo que la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 25 establece la obligación de los Estados adherentes a la misma de proporcionar a las personas un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. como son los derechos garantizados en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Sentencia de 29 de julio de 1988. f) En el caso de los actos de carácter electoral estos deben ser impugnados antes por el Tribunal Contencioso Electoral. básicamente.
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References: artículo 20
 artículo 27
 Artículo 86
 artículo 39
 artículo 45
 artículo 41
 artículo 178
 artículo 284
 artículo 27
 artículo 304
 artículo 302
 artículo 85
 artículo 285
 artículo 46
 artículo 237
 artículo 1
 artículo 25