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Nueva fiscalización a las empresas. La tendencia actual de las autoridades fiscales 2018 by Carlos Enrique Orozco Loya - Book - Read Online
by Carlos Enrique Orozco Loya
1,236 pages19 hours
Publisher: Tax EditoresReleased: Sep 26, 2018ISBN: 9786076292471Format: book
Nueva fiscalización a las empresas. La tendencia actual de las autoridades fiscales 2018 - Carlos Enrique Orozco Loya
978-607-629-247-1
2. Tecnología en información
6. Proceso fiscal
a) Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes
b) Obligaciones fiscales
c) Supuesto jurídico
d) Determinación y liquidación
e) Declaración fiscal provisional y anual
f) Formas de extinción del crédito fiscal
8. Ingresos por impuestos para el ejercicio fiscal 2018
Capítulo I. Fiscalización
1.2. Función de fiscalización
1.3. Concepto de fiscalización
1.4. Política fiscal
1.5.1. Fundamento constitucional
1.6. Concepto de facultad
1.7. Medios de fiscalización
1.7.1. Herramientas electrónicas
1.7.2. Aplicaciones electrónicas
1.7.3. A través de retenedores de impuestos
1.7.4. Operaciones ante fedatarios públicos
1.7.5. Proveedores de monederos electrónicos
1.7.6. Declaraciones
1.7.7. Información que presentan las entidades financieras
1.7.7.1. Para fines de cobro de créditos fiscales firmes o de la aplicación del PAE
1.7.7.2. Depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos
1.7.7.3. Fideicomisos que generen ingresos
1.7.7.4. Presunción de ingresos por depósitos bancarios
1.7.8. Convenios de colaboración administrativa en materia fiscal con entidades federativas
1.7.9. Coordinación hacendaria
1.7.10. Emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet
1.7.10.1. Factura electrónica
1.7.10.2. Recibos de nóminas
1.7.10.3. Constancias de retenciones
1.8. Programas de fiscalización
1.9. La compulsa
1.10. Buzón tributario
1.11. Requisitos de proveedores de la Administración Pública Federal
1.12. Discrepancia fiscal
Capítulo II. Las autoridades fiscales federales
2.2. Instituto Mexicano del Seguro Social
2.3. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
2.4. Secretaría del Trabajo y Previsión Social
2.4.1. Inspección del trabajo
2.4.2. Reglamento general para la inspección y aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral
2.5. Coordinación y colaboración entre autoridades fiscales
Capítulo III. Materia de fiscalización
3.1. Registro Federal de Contribuyentes
3.1.1. Inscripción y actualización
3.1.2. Solicitud en escrituras públicas
3.1.3. Inscripción ante fedatario público
3.1.4. Suspensión de actividades
3.1.5. Cancelación de sellos digitales
3.2. Actualización del domicilio fiscal
3.3. Compensación de oficio en créditos fiscales firmes
3.4. Contabilidad electrónica
3.4.1. Documentación e información que integra la contabilidad
3.4.2. Requisitos de los registros contables
3.4.3. Disponibilidad de la contabilidad electrónica
3.4.4. Contabilidad de contribuyentes del régimen de incorporación fiscal
3.4.5. Contenido de la contabilidad en sistemas electrónicos
3.4.6. Información contable y plazos de envío
3.4.7. Entrega de contabilidad en medios electrónicos a requerimiento de la autoridad
3.5. Personas físicas del régimen de incorporación fiscal
3.6. Efecto de fiscalización de las declaraciones informativas
3.6.1. DIOT
3.6.2. Declaración informativa múltiple
3.6.3. DeclaraNot
3.7. Presunción e identificación de operaciones inexistentes
3.8. Intercambio de información
3.8.1. Intercambio de información con el extranjero
3.8.1.1. Reglas aplicables ante un acuerdo amplio de intercambio de información
3.8.1.2. Interpretación de los tratados en materia fiscal
3.8.1.3. Instrumentos jurídicos
3.8.1.4. Artículo 26, intercambio de información, convenio tributario OCDE
3.8.1.5. Modelo del Acuerdo de intercambio de información en materia tributaria
3.8.1.6. Manual para la aplicación de las disposiciones relativas al intercambio de información con fines tributarios
3.8.1.7. Decreto promulgatorio de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal
3.8.1.8. Declaración de intercambio de información en automático
3.8.1.9. Acuerdo institucional para mejorar el cumplimiento fiscal internacional, incluyendo FATCA
3.8.2. Intercambio de información en México
3.8.2.1. Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades judiciales, hacendarias federales y administrativas
Capítulo IV. Facultades de la autoridad fiscal
4.1. Suplencia de la autoridad fiscal federal
4.2. Tipos de facultades
4.3. Facultades generales de las unidades administrativas del SAT
4.4. Facultades específicas de las unidades administrativas del SAT
4.4.1. Administración General de Auditoría Fiscal Federal
4.4.2. Administración General de Grandes Contribuyentes
4.4.3. Facultades previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
4.5. Acciones para el cumplimiento de las facultades de la autoridad fiscal
4.5.1. Respuestas a aclaraciones del contribuyente
4.5.2. Contestación a consultas del contribuyente
4.5.3. Criterios
4.5.4. Resoluciones administrativas
4.5.5. Requisitos del acto administrativo
4.6. Facultades del Ejecutivo Federal
4.7. Acciones que no implican inicio de las facultades de comprobación
4.7.1. Medidas de apremio
4.7.2. Procedimiento del aseguramiento precautorio
4.7.3. Procedimiento de aseguramiento precautorio por entidades financieras
4.7.4. Requerimientos de declaraciones por parte de la autoridad fiscal
4.7.5. Solicitud de datos e información y documentación
4.7.5.1. Respecto a declaraciones y avisos de compensación
4.7.5.2. Verificaciones sobre datos al RFC
4.7.5.3. Con fines de planeación y programación de fiscalización
4.8. Acciones que implican inicio de las facultades de comprobación
4.8.1. Facultades de comprobación en el cumplimiento de obligaciones fiscales
4.8.1.1. Requerimiento de documentación para rectificar errores en declaraciones
4.8.1.2. Requerimiento de la contabilidad, documentos e información para su revisión
4.8.1.3. Revisión de dictámenes
4.8.1.4. Practicar visitas domiciliarias
4.8.1.4.1. Revisar contabilidad, bienes y mercancías
4.8.1.4.2. Verificar expedición de CFDI y de presentación de solicitudes o avisos en materia del RFC
4.8.1.4.3. Verificar el cumplimiento de obligaciones en materia aduanera derivada de autorizaciones o concesiones o de cualquier padrón o registro establecido
4.8.1.4.4. Verificación de máquinas, sistemas y registros electrónicos
4.8.1.4.5. Para solicitar la exhibición de comprobantes que amparen la posesión, propiedad o estancia de mercancías
4.8.1.4.6. Verificar envases de bebidas alcohólicas y cajetillas de cigarros
4.8.1.5. Practicar u ordenar avalúos o verificación física de bienes
4.8.1.6. Recabar informes y datos que posean con motivo de sus funciones, los empleados y funcionarios públicos
4.8.1.7. Comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales
4.8.1.8. Revisiones electrónicas
4.8.2. Casos en que se puede ampliar la solicitud de documentación
4.8.3. Requisitos de la orden de visita
4.8.4. Inicio de la visita en el domicilio fiscal
4.8.5. Obligaciones del visitado
4.8.6. Actas por copias certificadas de la contabilidad
4.8.7. Reglas de la visita en el domicilio fiscal
4.8.8. Conclusión de la visita
4.8.9. Suspensión de los plazos de terminación de la visita
4.8.10. Terminación anticipada de la visita
4.8.11. Revisión de gabinete
4.8.12. Determinación de obligaciones omitidas en la revisión de gabinete
4.8.13. Procedimiento de las visitas domiciliarias con fines de verificación
4.8.14. Determinación de contribuciones omitidas derivada de la visita domiciliaria
4.8.15. Hechos diferentes para revisar rubros o conceptos específicos
4.8.16. Presunción
4.8.16.1. La figura de la presunción
4.8.16.2. Concepto
4.8.16.3. Clasificación de las presunciones
4.8.16.4. Fiscalmente
4.8.16.5. Simulación
4.8.16.5.1. Concepto
4.8.16.5.2. Fiscalmente
4.8.16.5.3. Elementos de la simulación
4.8.16.6. Presunción de operaciones inexistentes
4.8.16.6.1. Determinación y configuración del delito
4.8.16.6.2. Procedimiento para quien expidió el comprobante
4.8.16.6.3. Procedimiento para quien dio efecto fiscal al comprobante
4.8.16.6.4. Ejemplo de publicación en el DOF
4.8.16.6.5. Sólo para efectos fiscales, la presunción de operaciones inexistentes
4.8.16.7. Presunción e identificación de operaciones existentes
4.8.16.7.1. Supuestos para que aplique la determinación presuntiva
4.8.16.7.2. Procedimiento para la determinación presuntiva de los ingresos brutos
4.8.16.7.3. Procedimiento para la determinación presuntiva de las retenciones de contribuciones
4.8.16.7.4. Procedimiento para la determinación presuntiva de la utilidad fiscal
4.8.16.7.5. Supuestos para modificar la utilidad o pérdida fiscal, con la determinación presuntiva del precio
4.8.16.7.6. Presunción de datos y documentos del contribuyente
4.8.16.7.7. Presunción de adquisición de bienes
4.8.16.7.8. Procedimientos de presunción de ingresos cuando no se puedan comprobar
4.8.16.7.9. Presunción de datos o documentos de terceros relacionados
4.8.16.8. Información y datos para motivar resoluciones
4.8.17. Plazo para pagar los créditos fiscales determinados
4.8.18. Pago en parcialidades
4.8.19. Caducidad de las facultades de la autoridad
4.8.20. Actos y resoluciones que se presumen legales
4.8.21. Determinación de omisión total o parcial en el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad
4.8.22. Condonación de multas a contribuyentes sujetos a facultades de comprobación
4.9. Secreto fiscal
4.10. Asistencia en cobro y recaudación con estados extranjeros
Capítulo V. Acuerdos conclusivos
5.1. Casos ante los cuales procede el acuerdo conclusivo
5.2. Procedimiento del acuerdo conclusivo
5.3. Ley Federal de los Derechos del Contribuyente
5.3.1. Finalidad y derechos del contribuyente
5.3.2. Información, difusión y asistencia al contribuyente
5.3.3. Derechos y garantías en los procedimientos de comprobación
5.3.4. Derechos y garantías en el procedimiento sancionador
5.3.5. Medios de defensa del contribuyente
5.4. Ley Orgánica de la Prodecon
5.4.1. Finalidad y atribuciones
5.4.2. Quejas y reclamaciones presentadas
5.4.4. Acuerdos y recomendaciones
Capítulo VI. Responsabilidad corporativa de socios y accionistas
6.1. Levantamiento del velo corporativo
6.1.1. Base legal
6.3. Garantía para la protección al interior y al exterior
6.4. Levantamiento de aplicación restrictiva y subsidiaria
6.5. Causas para levantar el velo corporativo
7.4. Infracciones y sanciones
7.4.1. Respecto a la contabilidad, descubierta en el ejercicio de las facultades de comprobación
7.4.2. Por incumplimiento de obligaciones de las entidades financieras
7.4.3. Relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación por incumplimiento de obligaciones
7.4.4. Las relacionadas con obligaciones relativas a envases de bebidas alcohólicas
7.4.5. Las relacionadas con el código de seguridad en cajetillas de cigarros
7.4.6. Originadas por asesorías dispuestas a cometer alguna infracción o delito fiscal
7.4.7. Consideraciones al calificar la infracción
7.5. Reducción de multas
Capítulo VIII. Delitos fiscales
8.3. Concepto de delito y sus elementos
8.4. Participantes y modalidades del delito
8.5. Delito penal por responsabilidad profesional
8.6. Responsables de los delitos fiscales
8.7. Delitos fiscales
8.7.1. Evasión fiscal
8.7.2. Elusión fiscal
8.7.3. Contrabando
8.7.4. Simulación fiscal
8.7.5. Defraudación fiscal
8.7.6. Delito fiscal calificado
Capítulo IX. Fiscalización tributaria
9.2.2. Sujetos obligados
9.2.3. Momento en que se considera ingreso acumulable
9.2.4. Ingresos acumulables
9.2.5. Ingresos legales fiscales
9.2.6. Diferencia entre presunción de ingresos y presunción de utilidades
9.3. Deducciones
9.3.1. Conceptos
9.3.2. Deducciones autorizadas
9.3.3. Deducciones de personas morales residentes en el extranjero
9.3.4. Requisitos de las deducciones
9.3.5. Gastos no deducibles
9.4. Concepto de comprobantes fiscales
9.5. Ejemplos de una fiscalización inmediata
Capítulo X. Fiscalización en seguridad social
10.4. Obligados a dictaminarse
10.5. Presentación de avisos al IMSS
10.6. Confidencialidad de la información
10.7. Bases de cotización y cuotas
10.7.1. Límite para la afiliación ante el IMSS
10.7.2. Reglas para la determinación de la forma de cotizar
10.7.3. Reglas para determinar el salario diario base de cotización
10.7.4. Retención de cuotas
10.7.5. Cuotas mensuales
10.8. Determinación presuntiva de cuotas obrero-patronales
10.8.1. Aclaraciones a la determinación presuntiva
10.8.2. Notificación de las cédulas de liquidación
10.9. Créditos fiscales
10.10. Derecho de preferencia en créditos
10.11. Sustitución del patrón
10.12. Procedimiento administrativo de ejecución
10.13. Medios de defensa
10.14. Caducidad y prescripción
10.15. Responsabilidades de los servidores públicos
10.16. Infracciones y sanciones
10.17. Casos en que no se impondrán multas
10.18. Consideraciones al imponer las multas
10.19. Delitos
10.19.1. Delito de defraudación a los regímenes del seguro social
10.19.2. Delitos asimilados
10.19.3. Delitos por incumplimiento de obligaciones y sobre la contabilidad
10.19.4. Delitos cometidos por los depositarios
10.19.5. Delito de fraude
10.19.6. Delitos cometidos por servidores públicos
10.19.7. Excepción para no presentar querella
10.19.8. Prescripción de la acción penal
10.20. Fincamiento de capitales constitutivos
Capítulo XI. Fiscalización laboral
11.1. Trabajo digno y decente
11.2. Discriminación de género
11.2.1. Fundamento constitucional
11.2.2. Concepto
11.2.3. Condiciones de trabajo
11.2.4. Preferencias en igualdad de circunstancias
11.3. Interés social
11.3.1. La capacitación, adiestramiento y formación en el trabajo
11.3.1.1. Entrenamiento
11.3.1.2. Capacitación
11.3.1.3. Adiestramiento
11.3.1.4. Condiciones de la capacitación y el adiestramiento
11.3.1.5. Obligaciones de los trabajadores
11.3.1.6. Excepción de la capacitación
11.3.1.7. Preferencia en vacantes para trabajadores con mayor capacitación
11.3.1.8. Sanción por no tener programas de capacitación
11.3.1.9. Capacitadores
11.3.1.10. Requisitos de planes y programas de capacitación y adiestramiento
11.3.1.11. Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad y suministro de programas
11.3.2. Certificación de competencias laborales
11.3.2.1. Concepto
11.3.2.2. Consejo Nacional de Normalización y Certificación, CONOCER
11.3.2.3. Definiciones
11.3.2.4. Proceso de certificación del trabajador
11.4. Hostigamiento y acoso sexual
11.4.1. Conceptos que se incluyen en la LFT y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
11.4.2. Causa de rescisión laboral
11.4.3. Multa para el patrón
11.5. Violencia laboral y docente
11.5.1. Tipos de violencia
11.5.2. Modos de violencia
11.6. Régimen de subcontratación
11.6.1. Concepto
11.6.2. Condiciones
11.6.3. Contratación
11.6.4. Verificación de cumplimiento de obligaciones laborales
11.6.5. No se considera régimen de subcontratación
11.6.6. Intermediario
11.7. Trabajadores menores de edad
11.8. Requisitos del contrato de trabajo
11.9. Trabajadores mexicanos que laboran en el extranjero
11.9.1. Condiciones laborales cuando se contraten mexicanos entre el gobierno de México y un gobierno extranjero
11.9.2. Mecanismos acordados entre el gobierno de México y un gobierno extranjero
11.9.2.1. Secretaria de Relaciones Exteriores
11.9.2.2. Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior
11.10. Condiciones de trabajadores mexicanos reclutados por entidades privadas
11.10.1. Reglamento de agencias de colocación de trabajadores
11.11. Modalidades de la relación laboral
11.11.1. Periodo de prueba
11.11.2. Capacitación inicial
11.11.3. Comparativo entre el periodo de prueba y la capitación inicial
11.11.4. Formalidad
11.11.5. Reglas generales
11.12. Periodos discontinuos
11.12.1. Suspensión de la relación laboral en periodos discontinuos
11.13. Causas de suspensión de la relación laboral
11.14. Prisión preventiva
11.14.1. Libertad provisional bajo caución
11.14.2. Libertad provisional bajo protesta
11.14.3. Libertad por desvanecimiento de datos o libertad absoluta
11.14.4. Terminación laboral en sentencia que causa ejecutoria
11.15. Declaratoria de contingencia sanitaria
11.15.1. Prioridad a mujeres y menores de edad que laboran
11.15.2. Suspensión de trabajos o servicios temporalmente
11.15.3. Efecto de una contingencia sanitaria ante las obligaciones de seguridad social
11.16. Causas de rescisión laboral, sin responsabilidad para el patrón
11.16.1. Injurias
11.16.2. Falta de documentación
11.16.3. Aviso de parte del patrón
11.17. Reinstalación en el trabajo
11.18. Demora intencional en el juicio laboral
11.19. Salario por unidad de tiempo
11.20. Medios de pagos del salario
11.21. Pensión alimenticia
11.22. Procedimiento en las objeciones de la declaración anual de ISR
11.22.1. Derecho de los trabajadores para participar en la PTU
11.23. Obligaciones en seguridad e higiene
11.23.1. Cumplimiento de normas oficiales mexicanas
11.23.2. Comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
11.23.3. Programas de seguridad e higiene en el trabajo
11.23.4. Instalaciones especiales en el centro de trabajo para personas con discapacidad
11.23.4.1. Conceptos
11.23.4.2. Trabajo y empleo
11.23.5. Cumplimiento en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo
11.23.6. Ejemplos de NOM en seguridad
11.24. Obligación de afiliar al INFONACOT los centros de trabajo
11.24.1. Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
11.24.2. Facultades del INFONACOT
11.24.3. Requisitos para afiliación
11.25. Permiso de paternidad
11.25.1. Modalidades de la paternidad
11.25.2. Adopción
11.25.3. Modalidades de la adopción
11.26. Infracciones y sanciones para el patrón
11.27. Trabajadores especiales
11.27.1. Tratamiento de madres trabajadores en periodos de embarazo
11.27.2. Vigilancia y protección de menores de edad
11.28. Infracciones y sanciones que contiene la Ley Federal del Trabajo
Capítulo XII. Fiscalización operacional
12.1.2.6. Dueño beneficiario o beneficiario controlador
12.1.2.7. Simplificación de las obligaciones con cumplimiento alternativo
12.1.2.8. El aviso no viola ningún secreto
12.1.2.9. Plazos y formas para la presentación de avisos
12.1.2.10. Entidad colegiada
12.1.2.10.1. Capacitación
12.1.2.10.2. Convenio
12.1.2.11. Facultades de la SHCP en el ámbito administrativo
12.1.2.11.1. Facultades de la UIF
12.1.2.11.2. Facultades del SAT
12.1.2.11.3. Procedimiento para el requerimiento de información
12.1.2.12. Facultades de la PGR
12.1.2.12.1. Unidad Especializada en Análisis Financiero
12.1.2.13. Visitas de verificación
12.1.2.14. Reserva y finalidad de la información
12.1.2.15. Convenio de coordinación
12.1.2.16. Sanciones administrativas
12.1.2.17. Consecuencias de renovación y cancelación de patentes
12.1.2.18. Consideraciones en la imposición de las sanciones
12.1.2.19. Medios de defensa ante la sanción administrativa
12.1.2.20. Delitos
12.1.2.21. Denuncia
12.1.2.22. Reglas de Carácter General (RCG)
12.1.2.22.1. Procedimiento de identificación de quienes realizan actividades vulnerables
12.1.2.22.2. Baja del registro
12.1.2.22.3. Requerimientos de alta y registro
12.1.2.22.4. Registro del representante
12.1.2.22.5. Anexos de registro y alta personas físicas y personas morales
12.1.2.22.6. Anexos de identificación del cliente y del usuario
12.1.2.22.7. Política y expediente de identificación del cliente y usuario
12.1.2.22.8. Características del expediente de identificación
12.1.2.22.9. Expediente de identificación en los grupos empresariales
12.1.2.22.10. Relación de negocios
12.1.2.22.11. Medidas simplificadas en clientes clasificados de bajo riesgo
12.1.2.22.12. Aviso inmediato en caso de información con indicios de recursos de procedencia ilícita
12.1.2.22.13. Reserva y confidencialidad de quienes realizan actividades vulnerables
12.1.2.22.14. Forma de presentar la información requerida por la UIF o el SAT
12.1.2.22.15. Notificaciones
12.1.2.22.16. Lineamientos de identificación del cliente
12.1.2.22.17. Mecanismos de prevención
Anexo 24 de la RMF para 2018
Como ya se había comentado en la primera edición, toda empresa debe estar preparada para enfrentar el nuevo enfoque de la fiscalización de parte de la autoridad, ya que será inmediata, constante y certera, debido a las últimas reformas en el ámbito fiscal, laboral y de seguridad social, los sistemas de información y la cantidad de datos e información suministrados por el contribuyente, terceros y otras autoridades, propician que las autoridades competentes tengan a su disposición todos los elementos necesarios, aunado a las facultades que les otorga la ley, que le permitan planear y ejecutar la fiscalización de las contribuciones con mayor facilidad y óptimos resultados, que se verán reflejados en una eficiente recaudación.
Conforme a lo señalado, es inminente que se lleve a cabo el control del riesgo fiscal en toda empresa, ya que el patrimonio empresarial y personal está expuesto a un decremento innecesario por multas, recargos y actualización, derivado de la determinación de impuestos o aportaciones de seguridad social; por ello es necesario que los órganos de administración, los gerentes y contadores de todas las empresas estén conscientes del cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones fiscales derivado de los impuestos y las aportaciones de seguridad social, así como de las obligaciones laborales.
La fiscalización es un concepto que cada día adquiere mayor importancia y preocupación por los profesionistas relacionados con el área fiscal, debido a que los empresarios están en un inminente riesgo patrimonial al tener un mayor porcentaje de probabilidad de ser sujetos del ejercicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, y es gracias a dos puntos estratégicos: el primero al procesamiento, almacenamiento y acceso de información de todos los contribuyentes del cual dispone la autoridad fiscal, y por otra parte, de las facultades que ha ido adquiriendo esta autoridad, así como los acuerdos de intercambio de información a nivel nacional e internacional.
Los factores que favorecen la fiscalización son la facilidad y prontitud de acceso a la información y la utilización de herramientas electrónicas que permiten estratificar, segmentar y cruzar información.
Las obligaciones fiscales comprenden las declaraciones de impuestos y los registros al RFC, información depositada en una base de datos, que en realidad son dos vertientes que enlazan supuestos fiscales, que con parámetros definidos activan alarmas, las cuales la autoridad fiscal indaga con las facultades que la ley le ha otorgado.
Por otro lado, hay disposiciones fiscales que inducen a la fiscalización entre los mismos contribuyentes, como es el caso del nuevo RIF, al pagar el impuesto en forma paulatina a cambio de informar los ingresos y deducciones, información que permitirá estimar la recaudación y formular planes de fiscalización hacia el contribuyente y sus proveedores.
Sin duda, la presunción es una de las instituciones jurídicas que da la pauta para aplicar las facultades de comprobación de la autoridad.
Los procedimientos de revisión son ágiles, y las causas que originan una auditoría directa están siendo identificadas inmediatamente.
Toda empresa se encuentra ante la normatividad financiera y fiscal, y en aras de realizar una inversión; para atender ambas regulaciones se apoya en personal y asesores externos que dominen el tema, a fin de cumplir ante accionistas y autoridades fiscales. Una característica común es que se cumple el objetivo de desalentar el fraude y la evasión fiscal, esto es, la afectación de los intereses económicos de ambas partes.
Para entender la importancia de la infraestructura de las autoridades fiscales, específicamente la parte de sistemas y programas informáticos, donde está basada su plataforma fiscal, es necesario definir qué es la tecnología de la información, la cual se entiende como aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, retener, manipular o distribuir información. La tecnología de la información se encuentra generalmente asociada con las computadoras y las tecnologías afines aplicadas a la toma de decisiones .¹
Conforme a la LGTyAIP, la clasificación es el proceso en donde el sujeto obligado² determina que la información en su poder actualiza algunos de los supuestos de reserva o confidencialidad.
2. El secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal.
1. Las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes en caso de que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las acciones de inspección, supervisión, vigilancia o fiscalización que efectúan las autoridades competentes para vigilar el adecuado cumplimiento de las diversas obligaciones establecidas en las disposiciones legales.
5. Las operaciones de control migratorio, en el supuesto de que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las acciones de organización, coordinación, operación y ejecución de los servicios migratorios, que se llevan a cabo para la internación y salida de nacionales y extranjeros, así como la legal estancia de estos últimos en el territorio nacional.
Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la información a que se refieren las averiguaciones previas y los expedientes judiciales y procedimientos administrativos, dicha información podrá ser pública, y se protegerá la información confidencial que en ella se contenga.
La información clasificada como reservada podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de 12 años. Esta información podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva. La disponibilidad de la información será sin perjuicio de lo que al respecto establezcan otras leyes.
El IFAI dispondrá los criterios para la clasificación y desclasificación de la información reservada.
Excepcionalmente, los sujetos obligados podrán solicitar al IFAI o a la instancia establecida de conformidad con la normatividad, la ampliación del periodo de reserva, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.
Los titulares de las unidades administrativas serán responsables de clasificar la información de acuerdo con los criterios establecidos en la ley, su reglamento y los lineamientos expedidos por el IFAI o por la instancia equivalente a reglamentos, normas, procedimientos e instrumentos institucionales, según corresponda.
En todo momento, el IFAI tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso.
Como información confidencial, según el artículo 116 de la LGTyAIP, se considerará la siguiente:
1. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, y se indiquen los documentos que contengan información confidencial.
2. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de la LGTyAIP.
3. Los documentos y expedientes clasificados como confidenciales no podrán difundirse si no media en cada caso, el consentimiento del titular de dicha información, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la LGTyAIP, su reglamento y los lineamientos. El consentimiento debe solicitarse al particular, que tendrá diez días hábiles para responder si da su consentimiento o su negativa expresa; no contestar se dará como negar su autorización.
4. La información confidencial que además se ubique en alguno de los supuestos de información considerada como reservada, será clasificada también como reservada.
Será confidencial la información que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable relativos a:
Los datos personales serán confidenciales independientemente de que hayan sido obtenidos de manera directa de su titular o por cualquier otro medio.
Se considera información confidencial el secreto bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados cuando no involucre el ejercicio de recursos públicos.
No será confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público, la que por ley tenga el carácter de pública, exista una orden judicial por razones de seguridad nacional o salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación.
Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados la información confidencial, deberán señalar los documentos que contengan información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de acuerdo con las disposiciones aplicables. En caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial, los sujetos obligados la comunicarán, siempre que medie el consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial.
El artículo 68 de la LGTyAIP señala que los sujetos obligados serán responsables de los datos personales, por lo que deberán:
1. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, conforme a los lineamientos que al respecto establezcan el IFAI y las demás instituciones públicas.
2. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido.
3. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de los lineamientos que dispongan el IFAI o la instancia equivalente que hayan implementado las demás instituciones públicas.
4. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados.
5. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que sean inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que se tenga conocimiento de esta situación.
6. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.
Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información.
El proceso fiscal es el conjunto de actividades y eventos a suceder una vez que toda persona física o moral se encuentra en condiciones efectivas de ejecutar una actividad económica esporádica o constante, independientemente que se encuentre inscrita en el RFC.
El proceso fiscal inicia desde que el individuo se coloca dentro del supuesto previsto en la ley fiscal, por lo que se ve inmerso en atender las disposiciones fiscales y los procedimientos administrativos obligatorios para poder dar cabal cumplimiento a la obligación fiscal que le corresponde.
Una vez que se encuentra en el supuesto jurídico previsto en la ley, se obliga a llevar a cabo el cumplimiento de una obligación fiscal o el pago de una obligación tributaria; por tanto, se sujeta a los requisitos y plazos para dar puntual cumplimiento de la misma en forma correcta y oportuna.
La autoridad fiscal participa en su labor de fiscalización en todas las fases del proceso fiscal, desde la inscripción al RFC y su actualización hasta que el crédito fiscal se haya extinguido. Cabe observar que la fiscalización también abarca el cumplimiento de las obligaciones fiscales, que no precisamente es el pago de una contribución, sino el proporcionar información, como es el caso de las declaraciones informativas.
Esto es, que el sujeto (persona física o moral) ya adquirió el papel de contribuyente; por lo consiguiente, está en la obligación que señala el artículo 31, fracción IV, de la CPEUM, además de observar la ley que le indicará la mecánica que debe seguir para determinar el monto del impuesto que se haya causado por el acto jurídico y acatar el procedimiento de la declaración del impuesto, considerando la forma, el periodo, el modo y las instancias donde se enterará o pagará el impuesto causado.
En sí el proceso fiscal no es tan fácil como se ve, sabemos que para que se pueda llevar a cabo la forma correcta y oportuna es compleja desde que se inicia el proceso contable.
Esto es que independientemente que las políticas aplicables durante el proceso contable se ajusten a las reglas del control interno que toda empresa debe llevar, para efectos fiscales, por ejemplo, se tiene que asegurar que se reúnan los requisitos fiscales y que sean gastos estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos para efectos de su deducibilidad.
Además, es evidente que el proceso contable tiene que albergar el proceso fiscal de toda entidad económica, que las políticas aplicables en el proceso contable comprenden disposiciones fiscales que debe observar el personal cuando desempeña actividades o funciones que se relacionan con el proceso contable.
También, el proceso fiscal inicia desde que la persona física o persona moral sabe que de forma constante tendrá operaciones relacionadas con la producción de bienes y servicios, desde ese momento empieza con sus obligaciones y responsabilidades de índole fiscal:
a. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes
Debe manifestar ante la autoridad fiscal la actividad preponderante que tendrá dentro su ciclo económico, para efectos de que sea reconocido como contribuyente del impuesto y clasificado dentro de una modalidad. Esto es, ingresa al padrón de contribuyentes como contribuyente activo, mismo que es sujeto de fiscalización de parte de la autoridad fiscal constantemente. Como contribuyente se le reconoce con la constancia del RFC, la cual contiene las obligaciones fiscales que se deberán cumplir en determinados periodos.
No sólo es obligatorio llevar a cabo el RFC, sino también presentar oportunamente la actualización del mismo en cuanto se presente el momento, mediante los avisos que modifiquen los datos de inscripción, como el cambio de domicilio, aumento o disminución de obligaciones, tal como lo señalan las disposiciones fiscales.
b. Obligaciones fiscales
Se sabe que las obligaciones fiscales son personales y se tienen identificadas las que se refieren a declaraciones de impuestos y las obligaciones de avisos relativas al RFC.
Las declaraciones son de dos tipos: las que corresponden a declarar los impuestos, donde se manifiestan los elementos de la contribución, es decir, sujeto, objeto, base, tasa e impuesto a cargo o a favor, y las informativas, donde se manifiesta información base para determinar los impuestos a cargo o por retenciones, las cuales están dejando de ser obligatorias con la entrada de los CFDI. Además, las declaraciones pueden ser de tipo normal, complementaria o de corrección por dictamen. En cuanto a su periodicidad, las más comunes son las mensuales y las anuales, con excepción de las declaraciones bimestrales de las personas físicas que tributan en el régimen de incorporación fiscal. Todas se presentan por medios electrónicos mediante la página del SAT.
Las declaraciones informativas han tenido un papel importante en la fiscalización, ya que permiten que la autoridad cuente con mayores elementos para efectos de sus compulsas, donde se cruza información: en el momento en que no haya coincidencia entre las cantidades que declare como ingresos un contribuyente y lo manifestado por su cliente, habrá motivo para llevar a cabo una revisión de gabinete o una visita domiciliaria.
Otra de las finalidades de las declaraciones informativas es persuadir tanto a los ciudadanos como a los contribuyentes de realizar operaciones comerciales y pagos en efectivo, también para evitar el lavado de dinero que se origine de operaciones ilícitas.
Asimismo, este medio de control es un ataque directo a la evasión de impuestos por parte de los contribuyentes.
Las declaraciones informativas se refieren a ISR, impuesto al valor agregado e impuesto especial sobre productos y servicios, en la calidad de sujeto directo del impuesto y en la de tercero en el caso de retenedor.
Estas declaraciones cumplieron su objetivo, por lo que han dejado de utilizarse; ahora se ejerce el control a través de los CFDI y la actualización de sus versiones; todo ingreso acumulable y deducción autorizada son avalados mediante el comprobante fiscal, con el fin de proponer una declaración al contribuyente, únicamente para su aprobación y pago.
Así, a partir del ejercicio 2017, ya no fue obligatorio presenta la declaración informativa de retenciones de ISR por sueldos y salarios, honorarios y arrendamiento, debido a que se han considerado los CFDI emitidos durante el ejercicio en donde constan las retenciones efectuadas.
También, el padrón de contribuyentes se ha depurado y se ha venido perfeccionando por medio de la legislación y mediante las aplicaciones informáticas, a fin de facilitar registro al contribuyente.
Para complementar el tema, la siguiente tesis confirma que el cumplimiento de las obligaciones fiscales es a título unipersonal; por tanto, quien incurra en los supuestos jurídicos que señalan las disposiciones fiscales será a quien le corresponda declarar la contribución, mediante las formas y procedimientos que se indiquen en las leyes administrativas, y tendrá que enfrentar las consecuencias conocidas como sanción por configurar una infracción:
OBLIGACIONES FISCALES. SU CUMPLIMIENTO ES A TITULO UNIPERSONAL. De la obligación constitucional establecida por la fracción IV del artículo 31 de la CPEUM, de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, D.F., Estado o Municipio en que se resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, delimitada por el diverso artículo 1o. del CFF, acorde con el cual, aquella obligación de las personas físicas y morales de participar con impuestos para los expendios públicos, debe realizarse conforme a las leyes fiscales respectivas, se desprende la conclusión de que los sujetos se obligan en la forma y términos previstos en las leyes fiscales para cada una de las hipótesis en que se ubiquen y que, por tanto, fuera de los casos de responsabilidad solidaria, las obligaciones fiscales deben ser cumplidas a título unipersonal por el sujeto pasivo en quien recaiga dicho deber jurídico, al actualizarse en la especie el supuesto de causación exactamente previsto en la norma. De modo tal que la obligación del enajenante de cubrir el impuesto al valor agregado causado con motivo de la operación de enajenación de un bien inmueble de su propiedad, no puede tenerse por cumplida, por el hecho de que por error hubiere sido el comprador quien cubrió el citado impuesto, pues el cumplimiento de las obligaciones fiscales es a título unipersonal y su cumplimiento no puede ser transmitido, delegado o sustituido, por sujeto diverso, ya que ello contraría las reglas de nuestro sistema tributario, de observancia obligatoria y aplicación estricta.³
c. Supuesto jurídico
El artículo 6o., primer párrafo, del CFF señala que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran .
Esto es el hecho generador, la acción que impulsa la relación tributaria, es decir, se configuran el sujeto activo (autoridad fiscal) y el sujeto pasivo (el contribuyente), ya que se ha generado un crédito fiscal.
d. Determinación y liquidación
El CFF indica que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el tiempo en que ocurran.
Dichas contribuciones serán determinadas por el contribuyente, salvo que las leyes locales dispongan otra cosa, o que las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten la omisión en el cumplimiento de pago de las contribuciones
La determinación del crédito fiscal es un procedimiento que consiste en verificar que se ha realizado el hecho generador, comprobando que se encuentra en la hipótesis prevista en el hecho imponible. Después de ello se precisan los elementos de la contribución en cuanto al objeto, sujeto, base y tasa o tarifa, procediendo a realizar la aplicación técnica señalada en la misma ley (operaciones aritméticas), con la finalidad de obtener una cantidad líquida a pagar.
Concepto de determinación: en términos jurídicos, determinación es el proceso por el cual se precisa la cuantía.
Mientras el crédito fiscal es la obligación fiscal determinada en cantidad líquida.
El CFF, por su parte, considera como créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.
Quien realiza la determinación del crédito fiscal es el sujeto pasivo (contribuyente) o el sujeto activo (autoridad fiscal) con el conocimiento y comprobación del hecho generador.
Cuando no se está en posibilidades de tener los elementos del hecho generador, que se proporcionen las condiciones propicias para determinar el crédito fiscal, el sujeto activo (autoridad fiscal), a partir de sus facultades, llevará a cabo la determinación sobre una base estimada con el apoyo de presunciones previstas en la propia ley, considerando hechos que se puedan comprobar, información de terceros, documentación contable del contribuyente, aquella que tenga en su poder u otros medios indirectos.
Concepto de liquidación: se refiere a la serie de actos mediante los cuales puede llegarse a la completa determinación cuantitativa de la deuda tributaria. En sí, es una fase posterior a la determinación, y podrá ser liquidación provisional o definitiva. Esto último se deriva una vez que la autoridad fiscal no está obligada a ajustar las liquidaciones como consecuencia de datos consignados en las declaraciones hechas por el sujeto pasivo.
La determinación y la liquidación tienen como objetivo llegar a la fijación del monto del crédito fiscal a cargo del sujeto obligado, pero es importante recordar que son dos conceptos diferentes.
Vale recordar que la autoridad fiscal podrá determinar y liquidar créditos fiscales mediante la presunción de ingresos.
e. Declaración fiscal provisional y anual
La declaración anual de ISR es la más importante para el Estado, ya que este impuesto representa uno de los rubros de mayor cuantía en la Ley de Ingresos de la Federación; el entero de este impuesto es en forma mensual como pago provisional a cuenta del impuesto anual.
El segundo en importancia es el impuesto al valor agregado, que se entera mensualmente en forma definitiva.
En las declaraciones de entero, la autoridad fiscal pone toda su atención; así, las acciones de fiscalización están apuntando principalmente hacia esta obligación, para efectos de continuar con el proceso de recaudación si es preciso.
Y en cuanto a las declaraciones mensuales y anuales, las informativas tienen como finalidad suministrar información que la autoridad fiscal en sus acciones de fiscalización vigila que se cumpla su presentación, verifica la veracidad de la información con cruces o compulsas con información proporcionada por terceros y de ahí se desprende que lleve a cabo sus facultades de comprobación.
La información que se obtiene de las declaraciones informativas no deja de ser importante porque da pauta para llevar a cabo una fiscalización con mayor precisión y certeza.
Recordemos que todo acto administrativo debe ser fundado y motivado, y la autoridad fiscal lo sabe, por lo que tiene cuidado en este aspecto, precisamente para no errar y dejar salidas de defensa fiscal al contribuyente por situaciones de legalidad o de procedimiento.
f. Formas de extinción del crédito fiscal
El crédito fiscal se extingue cuando el contribuyente cumple con la obligación y satisface la prestación tributaria o cuando la ley extingue o autoriza a declarar porque la obligación terminó.
El principal medio de extinción del crédito fiscal es mediante pago, y tiene diversas formas, como las siguientes:
1. Pago liso: es el que se efectúa sin objeción alguna y cuyo resultado puede ser pagar lo debido al realizar un pago de lo indebido. El contribuyente entera al fisco lo que adeuda conforme dispone la ley.
2. Pago llano: consiste en enterar al fisco una cantidad mayor de la debida, o una cantidad que no se adeuda totalmente.
3. Pago en garantía: lo realiza el particular, sin que exista obligación fiscal, para asegurar el cumplimiento de la misma en caso de llegar a coincidir en el futuro con la hipótesis prevista en la ley.
4. Pago bajo protesta: es el que realiza el particular, sin estar de acuerdo con el crédito fiscal que se le exige.
5. Pago provisional: deriva de una autodeterminación sujeta a verificación por parte del fisco.
6. Pago definitivo: deriva de una autodeterminación no sujeta a verificación por parte del fisco.
7. Pago de anticipos: es el que se efectúa en el momento de percibirse un ingreso gravado y a cuenta de lo que ya le corresponde al fisco.
8. Extemporáneo: se realiza fuera del plazo legal y puede asumir dos formas: espontáneo o a requerimiento.
Hay otras medios para extinguir el crédito fiscal; son menos frecuentes, pero aplican cuando se presentan situaciones como las siguientes:
1. Prescripción: es la extinción del derecho de crédito y por el transcurso de un tiempo determinado.
2. Caducidad: consiste en la extinción de las facultades de la autoridad hacendaria para determinar la existencia de obligaciones fiscales, y la liquidación para exigir su pago.
3. Compensación: es el modo de extinción de obligaciones recíprocas que produce su efecto en la medida en que el importe de una se encuentra comprendido en el de otra.
4. Condonación: es renunciar legalmente a exigir el cumplimiento de la obligación fiscal. Consiste en la facultad que la ley concede a la autoridad hacendaria para que declare la extinción de un crédito fiscal.
5. Cancelación: consiste en el castigo de un crédito por insolvencia del deudor o incosteabilidad en el cobro.
Es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para las unidades, personas, organizaciones o entidades. Cuanto mayor es la vulnerabilidad, mayor es el riesgo, pero cuanto más factible es el perjuicio o daño, mayor es el peligro. Por tanto, el riesgo se refiere sólo a la teórica posibilidad de daño bajo determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere sólo a la teórica probabilidad de daño bajo esas circunstancias. Por ejemplo, desde el punto de vista del riesgo de daños al patrimonio de las personas, cuanto mayor es la intensidad de la fiscalización por parte de la autoridad fiscal, mayor es el riesgo de daño para los contribuyentes, mientras que cuanto mayor es la imprudencia al cumplimiento de las obligaciones fiscales, mayor es el peligro de tener infracciones e incurrir en delitos fiscales (y también es mayor el riesgo del daño consecuente).
También pueden ser riesgo los daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador.
El riesgo inminente, según la opinión de una instancia técnica especializada, debe considerar la realización de acciones inmediatas en virtud de existir condiciones o altas probabilidades de que se produzcan los efectos adversos sobre un agente afectable.
Mientras el riesgo fiscal implica los daños o perjuicios económicos que repercuten en el patrimonio corporativo o personal, que se reflejan en multas, por omitir el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Así las cosas, el contribuyente no debe abandonarse al riesgo fiscal; es decir, debe cumplir sus obligaciones fiscales y pagar oportuna y correctamente sus contribuciones.
Veamos el siguiente cuadro, donde el contribuyente pasa a ser vulnerable por ser omiso en sus obligaciones fiscales y corre el riesgo de ser sancionado; sin embargo, estará en el supuesto de un delito fiscal, el cual ya no sólo merece una sanción pecuniaria por cometer una infracción administrativa, sino que puede ser sujeto de una pena corporal por estar cometiendo un delito fiscal.
En el razonamiento anterior se considera la actuación del contribuyente; a todo ello habrá que sumar además las acciones de fiscalización de parte de la autoridad fiscal, acciones que serán prontas y de mayor frecuencia, por las fortalezas adquiridas en los aspectos legales, administrativos y operativos.
Entonces se tendrá lo siguiente:
Así que todo contribuyente, como responsable de sus propios actos, sabrá hasta dónde correrá riesgos en el ámbito fiscal, y las consecuencias que podrá enfrentar si deja de cumplir sus obligaciones fiscales, o simplemente de pagar las contribuciones.
El riesgo fiscal es inminente cuando se dejan de cumplir las

References: Artículo 26
 artículo 116
 artículo 68
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 1
 artículo 6