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Timestamp: 2019-05-20 12:48:38+00:00

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Ley de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Illes Balears. (Ley 6/2013, de 7 de noviembre) - Normativa de Baleares - Legislación - VLEX 550413099
Ley de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Illes Balears. (Ley 6/2013, de 7 de noviembre)
TÍTULO II. Conservación y gestión de los recursos marinos vivos - arts. 5 a 18
TÍTULO III. Actividad pesquera profesional - arts. 19 a 25
TÍTULO IV. Ordenación del sector pesquero
CAPÍTULO I. Principios generales - arts. 26 y 27
SECCIÓN 1ª. Ordenación de las profesiones del sector - arts. 28 y 29
SECCIÓN 2ª. Entidades representativas del sector pesquero - arts. 30 a 43
SECCIÓN 3ª. Consejo Pesquero - arts. 44 y 45
CAPÍTULO III. La flota pesquera de las Illes Balears - arts. 46 a 52
CAPÍTULO IV. Lugar de descarga, desembarco y primera venta de los productos pesqueros - arts. 53 a 55
CAPÍTULO V. Turismo marinero - art. 56
TÍTULO V. Comercialización y transformación de productos pesqueros
CAPÍTULO I. Principios generales - arts. 57 y 58
CAPÍTULO II. Comercialización de los productos pesqueros - arts. 59 a 61
CAPÍTULO III. Transformación y promoción de los productos pesqueros - arts. 62 a 65
TÍTULO VI. Pesca marítima recreativa - arts. 66 a 72
TÍTULO VII. Marisqueo
CAPÍTULO I. Principios generales - arts. 73 a 76
CAPÍTULO II. Marisqueo profesional - arts. 77 a 79
TÍTULO VIII. Acuicultura marina - arts. 80 a 87
TÍTULO IX. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación - arts. 88 a 90
TÍTULO X. Buceo profesional - arts. 91 a 94
TÍTULO XI. Control e inspección - arts. 95 a 99
TÍTULO XII. Régimen sancionador
CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 100 a 106
SECCIÓN 1ª. En materia de cooperación con las autoridades - arts. 109 a 111
SECCIÓN 2ª. En materia de pesca profesional y marisqueo - arts. 112 a 114
SECCIÓN 3ª. En materia de acuicultura - arts. 115 a 117
SECCIÓN 4ª. En materia de pesca recreativa - arts. 118 a 120
SECCIÓN 5ª. En materia de actividades subacuáticas profesionales - arts. 121 a 123
SECCIÓN 6ª. En materia de ordenación del sector y comercialización de los productos pesqueros - arts. 124 a 126
SECCIÓN 7ª. En materia de conservación de recursos marinos - arts. 127 y 128
CAPÍTULO III. Sanciones - arts. 129 a 138
CAPÍTULO IV. Procedimiento sancionador - arts. 139 a 146
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Red Balear de Áreas Marinas Protegidas
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Tenencia ilegal de especies
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Pesca de litoral y pesca marítima recreativa
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Creación de registros
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Actualización del importe de las sanciones
Norma citada en: una sentencia, 7 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, una resolución administrativa, 7 noticias
Desde la integración de España en las comunidades europeas, las instituciones comunitarias han asumido buena parte de las competencias que el Estado tenía en la materia, conforme a los artículos 93 y 96 de la Constitución. El derecho comunitario y, por lo tanto, la política pesquera común han pasado a formar parte del ordenamiento interno y, como consecuencia de ello, esta ley bebe, entre otros, del Reglamento (CE) nº1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo; del Reglamento (CE) nº 850/98 del Consejo, de 30 de marzo de 1998, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos; del Reglamento (CE) nº 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común; del Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común; de los reglamentos (CE) n° 853 y 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por los que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal y se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano, respectivamente; y del Reglamento de Ejecución (UE) nº 404/2011 de la Comisión, de 8 de abril de 2011, que establece las normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº1224/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común.
El título I contiene las disposiciones generales. Se establecen el objeto, la finalidad y el ámbito de aplicación de la ley, teniendo muy en cuenta la referencia que el artículo 30.50 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears hace a “las aguas de las Illes Balears”, así como la disposición adicional octava de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de pesca marítima del Estado. Asimismo, recoge una serie de definiciones.
La conservación y la gestión de los recursos marinos vivos se regula en el títuloII, en el cual encontramos novedades como los planes de gestión, insulares o pluriinsulares, anuales o plurianuales; los planes de recuperación para especies en situación de conservación desfavorable o los planes experimentales. Se refuerza la figura de la reserva marina, herramienta fundamental de la política pesquera balear en la que hay una tradición de participación pública de entidades y organizaciones vinculadas al mundo de la pesca que la ley prevé. También se crea la Red Balear de Áreas Marinas Protegidas con funciones de coordinación y creación de sinergias.
a) La protección y la conservación de los recursos marinos vivos.
b) El ejercicio de la pesca marítima, el marisqueo y la acuicultura marina.
c) La ordenación del sector pesquero de las Illes Balears.
d) La comercialización, la promoción, la manipulación, la transformación y la conservación de los productos pesqueros.
e) La formación, la investigación y el desarrollo tecnológico en materia marítimo-pesquera.
f) La inspección, el control y el régimen sancionador de las materias previstas en este artículo.
g) Las actividades subacuáticas profesionales en las Illes Balears, excluyendo el buceo militar.
a) La protección, la conservación y la regeneración de los recursos marinos y sus ecosistemas.
b) La explotación racional y responsable de los recursos pesqueros.
c) El desarrollo de una acuicultura marina sostenible.
d) La garantía, para los profesionales del sector, del ejercicio de una actividad sostenible y unas condiciones socio-económicas dignas.
e) El fomento de la vertebración del sector pesquero, así como de su participación en los procedimientos para la toma de decisiones sobre las políticas pesqueras.
f) El fomento de la renovación, la modernización y la mejora de las estructuras pesqueras, marisqueras y acuícolas en el marco de los recursos existentes y de la explotación sostenible.
g) El desarrollo y la mejora de los procesos de comercialización y transformación de los productos pesqueros con garantía de calidad; la promoción, la trazabilidad y la identificación de los productos.
h) La ordenación de la pesca marítima recreativa.
i) El fomento de la investigación, la formación, el desarrollo tecnológico y la innovación de la pesca, el marisqueo y la acuicultura.
j) La garantía del cumplimiento de las normas de seguridad vigentes mediante el control administrativo de la actividad de buceo profesional.
k) La diversificación de la economía en zonas pesqueras mediante la implicación del colectivo de pescadores en proyectos que vayan más allá de la actividad pesquera.
Las disposiciones de esta ley, en función de las materias previstas en el artículo1, tienen los siguientes ámbitos de aplicación territorial:
a) Las relativas al ejercicio de la actividad pesquera, tanto profesional como recreativa, así como las relativas a la conservación, la protección, la gestión, la regeneración y la explotación de los recursos marinos vivos, son aplicables a las aguas interiores del litoral de las Illes Balears.
Artículo 3, letra a), modificada por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
- Actividad pesquera: la extracción de los recursos pesqueros, peces, crustáceos y moluscos, con artes y aparejos propios de la pesca en aguas de las Illes Balears. Se excluyen de esta definición el marisqueo y la acuicultura.
- Acuicultura marina: las actividades dirigidas a la reproducción controlada, el preengorde y el engorde de las especies de la fauna y flora marinas realizadas en instalaciones vinculadas a aguas marinas o salobres, susceptibles de explotación comercial o recreativa.
- Embarcación pesquera: barco equipado o destinado para la explotación comercial de los recursos marinos vivos, incluidas las embarcaciones auxiliares de pesca y las auxiliares de explotaciones de acuicultura.
- Arrecife artificial: conjunto de elementos construidos con materiales inertes diversos, no contaminantes y de formas diversas, o los cascos de buques específicamente adaptados a este fin que, cumpliendo las normas establecidas, se instalan en el fondo marino con el fin de favorecer la regeneración, la atracción, la concentración, el desarrollo o la protección de los recursos marinos.
- Esfuerzo pesquero: intensidad con que se ejerce la actividad pesquera, medida con la capacidad de un buque, según la potencia y el arqueo, el tiempo de actividad de éste medido en días, y otros parámetros que pueden incidir en la intensidad de pesca. El esfuerzo de pesca desarrollado por un conjunto de buques es la suma del que ha ejercido cada uno de estos.
- Límite biológico de seguridad: se considera que un recurso está dentro de los límites biológicos de seguridad cuando se produce su autorenovación de manera sostenible. Por eso, es necesario que la mortalidad por pesca a que se somete la población sea inferior a la que haga disminuir su biomasa reproductora por debajo de los niveles que aseguren su mantenimiento a largo plazo.
- Granja marina: instalación destinada a la cría, al preengorde o engorde de peces marinos en piscinas, tanques, jaulas o emplazamientos similares construidos artificialmente o mediante la adecuación de salinas o marismas.
- Instalación de acuicultura: granja marina, vivero, parque de cultivo, cetárea o acuario.
- Cetárea o acuario: recinto acotado dedicado al mantenimiento de crustáceos vivos para su regulación comercial.
- Parque de cultivo: parcela de la zona marítimo-terrestre donde se realiza cultivo horizontal de moluscos en régimen intensivo.
- Vivero o mejillonera: artefacto flotante a medias aguas o armazón fijo al fondo en que se efectúa cultivo de invertebrados marinos por medio de cuerdas, cajas o similares sujetas a dicho artefacto.
- Lonja: instalación prevista para la exposición y primera venta de los productos pesqueros frescos, situada en el recinto portuario y autorizada por los órganos competentes de la comunidad autónoma en materia de ordenación del sector pesquero.
- Marisqueo: actividad extractiva en la zona marina o marítimo-terrestre, profesional o recreativa, dirigida, de manera exclusiva y con artes selectivas y específicas, a la captura de una o varias especies de moluscos, crustáceos, tunicados, equinodermos y otros invertebrados marinos.
- Ordenación del sector pesquero: regulación del sector económico o productivo de la pesca, en especial en lo que se refiere a los agentes del sector pesquero, a la flota pesquera, al establecimiento y a los cambios de puertos base y a la primera venta de los productos pesqueros.
- Pesca de cerco: actividad pesquera que se ejerce con una red de forma rectangular que captura los peces rodeándolos y se cierra en forma de bolsa por la parte inferior. El arte acaba en puños en los extremos y cuenta con una jareta (cabo corredor que pasa por unas anillas) en la parte inferior para agilizar su cierre.
- Pesca de arrastre de fondo: actividad pesquera que ejerce una embarcación que remolca, con el motor principal puesto en marcha, un arte de red en contacto con el fondo, constituido por un cuerpo cónico o piramidal cerrado en la parte posterior por un copo, y que se extiende en la boca mediante unas alas con puertas, con el fin de capturar especies demersales de la fauna marina destinadas al consumo humano o a la industria de transformación.
- Pesca de artes menores: actividad pesquera que se ejerce con uno de los siguientes tipos o modalidades de aparejos: artes de trasmallo, artes de parada, artes de tiro desde embarcación, aparejos de anzuelo, trampas y lampuguera.
- Pesca marítima: conjunto de medidas de protección, conservación y regeneración de los recursos marinos vivos en aguas interiores del litoral de las Illes Balears, así como la actividad pesquera en estas aguas.
- Pesca marítima de litoral: disciplina de pesca marítima practicada desde una embarcación en salidas al mar inferiores a veinticuatro horas.
- Pesca marítima recreativa: actividad pesquera no comercial que explota los recursos marinos vivos con finalidades recreativas de ocio, deporte o turismo, con embarcación o sin ella y con enseres y herramientas de pesca no profesionales, en la que no está permitida la venta o transacción de las capturas obtenidas.
- Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada: las actividades pesqueras ilegales, no declaradas o no reglamentadas que se definen en el Reglamento (CE) núm.1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desanimar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
- Plan de gestión anual o plurianual: medidas reguladoras de la actividad pesquera aplicadas en un periodo de tiempo determinado y dirigidas a especies que se encuentran dentro de los límites biológicos de seguridad. Estos planes pueden incluir limitaciones de capturas, capacidades y esfuerzo pesquero así como medidas técnicas o de otra clase adaptadas a las circunstancias.
- Plan de recuperación: medidas reguladoras de la actividad pesquera aplicadas a un periodo de tiempo determinado para especies fuera de los límites biológicos de seguridad. En los planes de recuperación se fijan los plazos y los objetivos para garantizar la recuperación de las poblaciones.
- Plan experimental: medidas de regulación de la actividad pesquera aplicadas en un periodo de tiempo determinado que tienen por objeto crear nuevas medidas de gestión relativas a especies o artes nuevas o modificar las que ya estén aprobadas.
- Primera venta: transacción comercial de productos pesqueros que se hace por primera vez dentro del territorio de la Unión Europea y en la cual se acredita documentalmente el precio del producto, de conformidad con la normativa sobre comercialización e identificación.
- Producto pesquero: producto que tiene el origen en la pesca extractiva, el marisqueo o la acuicultura.
- Recursos marinos: organismos vivos que pueblan una área marina o salobre, de manera temporal o permanente, en cualquiera de las fases del ciclo biológico, tanto si son directamente explotados como potencialmente explotables para finalidades diversas, así como las comunidades biológicas constituyentes de la cadena trófica de estos recursos y el entorno físico indispensable para que se desarrollen.
- Repoblación marina: suelta deliberada al mar de especies animales o vegetales autóctonas en cualquier fase del ciclo vital, con finalidades diversas, entre las cuales se incluyen la recuperación de stocks sobreexplotados o extinguidos, el incremento de la producción pesquera de varias especies y la semilla de ejemplares en áreas marinas para cultivo.
- Espacio marino protegido: Cualquier área del medio marino, incluidas las áreas intermareal y submareal, protegida mediante una figura legal.
- Reserva marina: área marina donde se limita la explotación de los recursos marinos vivos para incrementar la repoblación de alevines y fomentar la proliferación de las especies marinas objeto de explotación o proteger los ecosistemas marinos con características ecológicas diferenciadas.
- Sector pesquero: sector de la economía que incluye todas las actividades de extracción, cultivo, producción, manipulación, transformación o comercialización de los productos de la pesca, del marisqueo y de la acuicultura.
- Transformación de los productos pesqueros: cualquier acción que altere sustancialmente el producto inicial, incluido el tratamiento térmico, el ahumado, el curado, la maduración, el secado, el marinado, la extracción, la extrusión o una combinación de estos procedimientos.
- Zona de acondicionamiento marino: zona delimitada del litoral para favorecer la protección, la reproducción y el desarrollo de los recursos marinos. En estas zonas se pueden realizar obras e instalaciones que favorezcan esta finalidad, entre las cuales pueden figurar los arrecifes artificiales o el hundimiento de cascos de buques.
- Zona de pesca protegida: zona marina delimitada geográficamente en que se prohíben o restringen, temporalmente o permanentemente, todas las actividades pesqueras o de marisqueo o una parte de éstas para mejorar la explotación y la conservación de los recursos marinos vivos o la protección de los ecosistemas marinos.
- Zona de producción: zona geográfica marítima, lagunar o de estuario, con bancos naturales de moluscos bivalvos u otros invertebrados marinos, o lugar donde estos se cultivan y recolectan.
- Ordenación de la actividad comercial de los productos de la pesca, del marisqueo y de la acuicultura: regulación de las operaciones realizadas a los citados productos desde que acaba la primera venta hasta que llegan al consumidor final, y en especial por lo que respecta al transporte, el almacenaje, la transformación, la exposición y la venta.
Artículo 4, definiciones de “Área marina protegida” y “Pesca marítima”, modificadas por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
TÍTULO II Conservación y gestión de los recursos marinos vivos Artículos 5 a 18
La política de las administraciones pesqueras, en relación con la conservación y la gestión de los recursos marinos, tiene los siguientes objetivos:
El Gobierno de las Illes Balears, oídos los consejos insulares, debe dictar los principios generales de conservación de los recursos marinos. Para reforzar la eficacia de éstos, se procurará actuar de manera coordinada con la Administración del Estado en las aguas de su competencia.
ARTÍCULO 6 Medidas de conservación y gestión
Para asegurar los objetivos de política pesquera de las Illes Balears, indicados en el artículo anterior, las administraciones competentes en materia de pesca, acuicultura y marisqueo, podrán adoptar, entre otros y de acuerdo con los principios generales a los que se refiere el apartado 2 del artículo 5 anterior, las medidas de conservación y gestión siguientes:
Corresponde a las administraciones competentes para la preservación de los recursos marinos:
La aprobación de los planes de gestión o de recuperación a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior, cuando sean de ámbito pluriinsular corresponde a la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
El resto de medidas señaladas en el apartado 2 de este artículo, si abarcan un ámbito pluriinsular, también han de ser adoptadas por la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears. No obstante, los consejos insulares, en el ejercicio de las competencias que les son propias y en sus respectivos ámbitos territoriales, pueden reforzarlas o ampliarlas.
Para dar coherencia a las actuaciones y mantener con las máximas garantías un estado de conservación favorable de los hábitats y de las especies, el Gobierno de las Illes Balears establecerá un mecanismo de colaboración permanente entre los departamentos competentes en materia de pesca y en materia de medio ambiente, al objeto de gestionar de forma homogénea los recursos marinos en todos los espacios de relevancia ambiental declarados de acuerdo con lo que dispone la Ley 5/2005, de 26 de mayo, de conservación de espacios de relevancia ambiental, y siguiendo las directivas europeas de conservación de la Red Natura.
ARTÍCULO 7 Protección y regeneración
Para conseguir los objetivos que prevé el artículo 5 de esta ley, las administraciones competentes en materia de pesca pueden crear zonas de pesca protegida o llevar a cabo cualquier acción que favorezca la protección y la regeneración de los recursos marinos vivos.
En todo caso, se entenderán como zonas de pesca protegida las reservas marinas, las zonas de acondicionamiento marino y las zonas de repoblación.
Las zonas de acondicionamiento marino y de repoblación únicamente se pueden declarar en el marco de los planes de gestión o de recuperación a los que se refieren, respectivamente, las letras a) y b) del apartado 2 del artículo anterior.
ARTÍCULO 8 Reservas marinas
Las reservas marinas sólo pueden ser creadas, modificadas o revocadas por la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y los consejos insulares, de común acuerdo, pueden compartir la gestión de las reservas marinas. En todo caso, si en la delimitación geográfica de la reserva coinciden más de una institución insular, cuando ésta sea contigua a aguas exteriores o cuando la reserva sea declarada de interés autonómico, la gestión de la pesca en aguas interiores corresponde en exclusiva a la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Puede ser objeto de regulación en el seno de las reservas marinas cualquier actividad que pueda afectar a los recursos marinos vivos, y necesariamente deben serlo todas las actividades de extracción de flora o fauna marinas y las actividades subacuáticas. La obtención de la autorización para practicar las actividades reguladas en las reservas marinas, excepto en los supuestos que establezca la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, está sujeto al pago de la tasa correspondiente. En ningún caso se permitirán los dragados submarinos en el ámbito de las reservas.
Si la preservación y la regeneración de los recursos marinos lo exige, pueden establecerse en las reservas zonas de reserva integral donde se prohíban las actividades subacuáticas o cualquier tipo de pesca marítima o de extracción de flora o fauna marinas, las cuales podrán ser autorizadas por motivos de índole científica, de seguridad o de salvamento.
Con carácter general, se permite la pesca profesional de artes menores, el marisqueo y la pesca recreativa en las reservas marinas, mientras que no se pueden autorizar el resto de actividades pesqueras. Además, en estas zonas de pesca protegida, no se pueden llevar a cabo competiciones de pesca, excepto las que sean sin muerte. En cuanto a la pesca profesional, cada una de estas zonas de pesca protegidas debe contar con un censo de embarcaciones autorizadas.
Todas las reservas marinas deben contar con un servicio de vigilancia pesquera.
La participación pública en las reservas marinas se garantiza mediante la creación de comisiones de seguimiento con funciones informativas y consultivas, en las cuales deben estar representadas todas las administraciones, entidades y organizaciones que estén vinculadas al mundo de la pesca. El régimen jurídico de organización y funcionamiento de estas comisiones debe ser el previsto en la legislación reguladora de los órganos colegiados de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Las reservas marinas deben ser objeto de un seguimiento biológico y pesquero regular y periódico para conocer la evolución de los recursos marinos y de las actividades pesqueras. En todas estas actuaciones, de cuyos resultados debe informarse a los consejos insulares afectados, debe tomar parte la consejería de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears responsable de la gestión de las reservas.
Artículo 8, apartado 2, modificado por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 9 Creación de las reservas marinas
La consejería del Gobierno de las Illes Balears competente en materia de pesca, de oficio, a solicitud de otra entidad pública o de agentes del sector pesquero, después de haber dado audiencia a las entidades pesqueras afectadas y con los informes previos de evaluación del servicio correspondiente, de los consejos insulares y de otras administraciones afectadas, puede establecer zonas de reserva con las limitaciones que correspondan.
Las solicitudes para crear reservas se deben dirigir al órgano competente del Gobierno de las Illes Balears mediante el procedimiento que éste establezca.
ARTÍCULO 10 Red balear de espacios marinos protegidos
La Red balear de espacios marinos protegidos es un sistema integrado por, como mínimo, todas las reservas marinas creadas en las aguas interiores del litoral de las Illes Balears, con la finalidad primordial de fomentar la proliferación de las especies marinas objeto de explotación, promover la actividad pesquera sostenible y proteger los ecosistemas marinos con características ecológicas diferenciadas. Los objetivos de la Red balear de espacios marinos protegidos son:
a) Asegurar un marco adecuado para la conservación de los recursos marinos basado en la coordinación y la cooperación interadministrativa.
b) Colaborar en el logro de los objetivos de las reservas marinas, tanto en el ámbito técnico como socioeconómico.
c) Lograr sinergias en las acciones promovidas en el marco de la Red por las diversas administraciones públicas.
d) Reforzar la imagen exterior nacional e internacional de las políticas baleares en materia de reservas marinas, así como las aportaciones de las administraciones competentes.
e) Contribuir a la concienciación ambiental de la sociedad, en colaboración con las instituciones y las organizaciones pertinentes.
Pueden integrarse en la Red balear de espacios marinos protegidos las áreas marinas que tengan alguna figura de protección legal, a propuesta de la autoridad competente para su gestión.
Artículo 10, modificado por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 11 Gestión de la Red balear de espacios marinos protegidos
a) Elaborar el Plan director de la Red de espacios marinos protegidos y revisarlo, incluidos las directrices y los criterios comunes para gestionar las reservas marinas.
b) Realizar el seguimiento y la evaluación general de la Red, en particular del grado de logro de los objetivos, de acuerdo con el procedimiento que establezca el Consejo de la Red.
d) Proponer instrumentos de cooperación para lograr los objetivos de cada espacio marino protegido y de la Red en conjunto.
e) Facilitar la comunicación y el intercambio de experiencias e investigaciones entre el colectivo de personas que trabajen en la Red.
f) Contribuir a la implicación de los agentes sociales y a la participación de la sociedad en el logro de los objetivos de los espacios marinos protegidos.
g) Promover un mejor conocimiento científico en materias relacionadas con las reservas marinas y una adecuada difusión de la información disponible.
h) Participar, en el marco de la legislación estatal, en las iniciativas de las redes nacionales o internacionales equivalentes, y establecer mecanismos de cooperación que permitan la proyección externa de la Red.
Artículo 11, modificado por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 12 El Consejo de la Red
El Consejo de la Red es un órgano colegiado de carácter consultivo, adscrito a la consejería de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears competente en materia de pesca.
La composición y el funcionamiento de este órgano, del cual necesariamente deben formar parte representantes de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, de los consejos insulares y de las organizaciones pesqueras, se determinarán reglamentariamente.
Corresponde al Consejo de la Red informar preceptivamente sobre los supuestos siguientes:
b) En los procedimientos de elaboración del Plan director de la Red de espacios marinos protegidos y en las revisiones de este instrumento de planificación.
c) En los procedimientos para la determinación de los criterios de distribución de los recursos financieros que se asignen en los presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el programa de actuaciones comunes de la Red de espacios marinos protegidos.
Artículo 12, apartado 3, letras b) y c), modificadas por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 13 Plan director de la Red de espacios marinos protegidos
Como instrumento básico de coordinación para la consecución de los objetivos de la Red de espacios marinos protegidos se debe elaborar un plan director que al menos incluya:
a) Los objetivos estratégicos de la Red de espacios marinos protegidos durante la vigencia del Plan director, así como la programación de las actuaciones que debe llevar a cabo la Red para lograrlos.
e) El programa de actuaciones comunes de la Red y los procedimientos para realizar su seguimiento continuo y su evaluación.
El Plan director, que debe ser elaborado por la consejería de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears competente en materia de pesca y aprobado por decreto del Consejo de Gobierno, con el informe previo del Consejo de la Red, tiene una vigencia máxima de diez años.
Artículo 13, modificado por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 14 Zonas de acondicionamiento marino
La declaración de áreas de acondicionamiento marino se debe realizar de conformidad con la legislación vigente en materia de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, y se deben establecer las medidas de protección de la zona respecto del ejercicio o la prohibición, en su caso, de la actividad pesquera o marisquera, así como de cualquier otra actividad que pueda perjudicar su finalidad.
Para la colocación de materias sobre el fondo marino con la finalidad de crear zonas de acondicionamiento marino, se atenderá a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, así como los criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de esa norma.
La colocación de embarcaciones con la finalidad de crear arrecifes artificiales debe cumplir los requisitos siguientes:
a) Los materiales deben ser adecuadamente evaluados y descontaminados, de acuerdo con la legislación autonómica y nacional, y los convenios internacionales aplicables.
b) El lastre debe ser de materiales no contaminantes que garanticen su inmovilización en el punto de anclaje.
c) Cuando el hundimiento tenga lugar en aguas interiores, debe tener lugar en una zona que la consejería competente en materia de pesca haya declarado previamente zona de hundimiento.
ARtículo 14, apartados 2 y 3, modificados por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 15 Repoblaciones marinas
La consejería de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears competente en materia de pesca, mediante el procedimiento correspondiente en el que debe darse audiencia a los consejos insulares afectados, puede declarar, en el marco de las prescripciones contenidas en un plan de gestión o de recuperación plurinsular aprobado, zonas de repoblación marina, destinadas a la liberación controlada de especies en cualquier fase del ciclo vital.
En estas zonas se pueden establecer normas especiales para el ejercicio de la pesca así como todas las actividades que puedan afectar la efectividad de esta medida.
Las repoblaciones en aguas exteriores requieren un informe previo del Gobierno de las Illes Balears sobre la incidencia en los recursos pesqueros de las aguas interiores.
ARTÍCULO 16 Otras medidas de protección
A los efectos de proteger y conservar los recursos pesqueros y mantener la calidad de las aguas, se requiere el informe preceptivo de la consejería competente en materia de pesca, acuicultura y marisqueo de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en las actuaciones siguientes en aguas interiores:
Cuando las actuaciones previstas en el apartado anterior se realicen en aguas exteriores, el informe preceptivo debe ser elaborado por la consejería de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears competente en materia de pesca.
El Gobierno de las Illes Balears debe adoptar reglamentariamente las medidas necesarias de prevención y control sanitario y medioambiental para proteger los recursos marinos.
ARTÍCULO 17 Especies marinas protegidas
Para la catalogación como amenazadas o de especial protección, y la posterior elaboración y desarrollo de los planes de recuperación o conservación que de ello se deriva, en aplicación de los artículos 52 a 58 de la Ley 42/2007, de patrimonio natural y de la biodiversidad, y del Decreto 75/2005, de 8 de julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de Especies Amenazadas, se establecerá un mecanismo de colaboración permanente de las autoridades ambientales y pesqueras que garantice la consideración de los intereses afectados y la máxima eficacia de la protección aplicada.
Las administraciones competentes en materia de pesca, acuicultura y marisqueo están facultadas para establecer, de oficio o a propuesta de la administración ambiental, las limitaciones de procedimientos, horarios o localidades, o el establecimiento de medidas de cualquier tipo necesarias para la conservación o la recuperación de especies amenazadas, sean o no de interés pesquero, a cualquier embarcación que haga uso de los puertos de las Illes Balears, siempre que dichas medidas figuren en los planes aprobados en beneficio de estas especies.
ARTÍCULO 18 Introducción de especies y especies invasoras
Artículo 18, derogado por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
TÍTULO III Actividad pesquera profesional Artículos 19 a 25
La pesca en las aguas interiores del litoral de las Illes Balears se debe hacer de conformidad con la normativa de la pesca en el Mediterráneo adoptada por la Unión Europea, con lo establecido en esta ley, en especial en este título III, y en su desarrollo reglamentario, así como, en lo no previsto especialmente, con la normativa sobre el régimen, las condiciones y las características que el Estado establezca para las aguas exteriores.
ARTÍCULO 20 Modalidades de actividad pesquera profesional
Las modalidades de pesca aptas en las aguas interiores del litoral de la comunidad autónoma de las Illes Balears son:
e) Palangre de superficie.
El Gobierno de las Illes Balears puede declarar aptas otras modalidades, así como excluir alguna de éstas, en función de la situación de los caladeros y de los hábitats.
Artículo 20, apartado 1, modificado por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 21 Cambios temporales de modalidad
ARTÍCULO 22 Pesca de arrastre
La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears deberá regular los principios generales para la práctica de esta modalidad en las aguas interiores del litoral de las Illes Balears.
Se crea un censo de embarcaciones pesqueras en la modalidad de arrastre con puerto base en las Illes Balears. Este censo estará constituido por las embarcaciones que estén de alta en el censo de la flota pesquera operativa en la modalidad de arrastre de fondo y tengan puerto base en las Illes Balears el día que entre en vigor esta ley. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears establecerá las condiciones para autorizar cambios en el censo.
Artículo 22, apartado 1, modificado por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 23 Pesca de cerco
El Gobierno de las Illes Balears debe regular los principios generales para la práctica de esta modalidad en las aguas interiores del litoral de las Illes Balears. Esta modalidad, cuyo objetivo en las Illes Balears es capturar especies pelágicas, solo se puede llevar a cabo a profundidades superiores a 35 m, excepto en los casos de planes de gestión específicos.
Se crea un censo de embarcaciones pesqueras en la modalidad de cerco con puerto base en las Illes Balears. Este censo estará constituido por las embarcaciones que estén de alta en el censo de la flota pesquera operativa en la modalidad de cerco y tengan puerto base en las Illes Balears el día que entre en vigor esta ley. El Gobierno de las Illes Balears establecerá las condiciones para autorizar cambios en el censo.
Artículo 23, apartado 1, modificado por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 24 Pesca con artes menores
El Gobierno de las Illes Balears debe regular los principios generales para la práctica de esta modalidad en las aguas interiores del litoral de las Illes Balears y, en particular, los de los principales tipos de artes: artes de tiro, artes de parada, lampuguera, artes de trasmallo, artes de anzuelo, trampas y artes para la langosta. Las artes de parada se tendrán que calar en los puntos de la costa tradicionalmente sorteados por las cofradías, de los cuales se crea el Registro de puntos para artes de parada. Se habilita al Gobierno de las Illes Balears para regular su organización y funcionamiento.
Se crea un censo de embarcaciones pesqueras en la modalidad de artes menores con puerto base en las Illes Balears. Este censo estará constituido por las embarcaciones que estén de alta en el censo de la flota pesquera operativa en la modalidad de artes menores y tengan puerto base en las Illes Balears el día que entre en vigor esta ley. El Gobierno de las Illes Balears establecerá las condiciones para autorizar cambios en el censo.
Artículo 24, apartado 1, modificado por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 25 Pesca de coral
El coral rojo (Corallium rubrum) solo se puede extraer con una autorización específica, en las áreas que el Gobierno de las Illes Balears, oídos los consejos insulares afectados, haya declarado para esta finalidad. El Gobierno de las Illes Balears debe regular los principios generales para la práctica de esta modalidad en las aguas interiores del litoral de las Illes Balears.
Para controlar la extracción y el transporte de coral rojo, cada pescador debe disponer de un libro de registro facilitado por la consejería del Gobierno de las Illes Balears competente en materia de ordenación del sector pesquero, las hojas del cual deben ser duplicadas y autocopiables. El libro de registro sirve de documento de transporte hasta la primera venta.
Para facilitar el registro del coral, los pescadores de coral y sus embarcaciones tendrán que estar afiliados a la cofradía de pescadores más cercana al área de extracción asignada.
El Gobierno de las Illes Balears debe regular la ordenación del sector pesquero del coral.
Artículo 25, apartado 1, modificado por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
TÍTULO IV Ordenación del sector pesquero Artículos 26 a 56
CAPÍTULO I Principios generales Artículos 26 y 27
ARTÍCULO 26 Instrumentos de la política de ordenación del sector pesquero
El Gobierno de las Illes Balears ejerce la política de ordenación del sector pesquero, además de los instrumentos previstos en el artículo 41 de la Ley3/2001, de 26 de marzo, de pesca marítima del Estado, a través de:
a) Conservar y modernizar la flota pesquera.
b) Conseguir y mantener unos niveles de seguridad de acuerdo con el nivel de desarrollo.
c) Mejorar continuadamente las condiciones de vida y trabajo a bordo, adoptando las medidas necesarias para evitar la discriminación efectiva en el acceso a la ocupación a bordo.
d) Conseguir niveles de equipamiento a bordo que garanticen la igualdad de oportunidades por razón de género.
e) Garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos, especialmente en cuanto al mantenimiento de las poblaciones viables de especies objeto de captura y la minoración de los impactos negativos de las diversas artes sobre otras poblaciones de especies marinas y sobre el medio marino.
f) Mejorar continuadamente la competitividad a través de la racionalización en la explotación de los ecosistemas y sus recursos y la optimización de los costes de operación de las actividades pesqueras.
g) Mejorar las condiciones higiénicas y de la calidad de las producciones.
CAPÍTULO II Los agentes del sector pesquero Artículos 28 a 45
SECCIÓN 1ª Ordenación de las profesiones del sector Artículos 28 y 29
ARTÍCULO 28 Ámbito y objetivos
La formación marítimo-pesquera comprende la capacitación y el reciclaje de los profesionales del sector y de las personas que pretenden incorporarse al mismo.
En referencia al apartado anterior, el Gobierno de las Illes Balears debe llevar a cabo las actuaciones siguientes:
ARTÍCULO 29 Acreditación de la capacitación profesional náutico-pesquera
El Gobierno de las Illes Balears, mediante la consejería competente en materia de ordenación del sector pesquero, debe expedir los títulos profesionales náutico-pesqueros y el resto de acreditaciones de carácter profesional que se establezcan.
Los títulos profesionales náutico-pesqueros y las acreditaciones de carácter profesional expedidos por el órgano competente, se deben inscribir de oficio en el Registro de profesionales del sector pesquero de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
SECCIÓN 2ª Entidades representativas del sector pesquero Artículos 30 a 43
ARTÍCULO 30 Entidades representativas del sector pesquero
ARTÍCULO 31 Las cofradías de pescadores
Las cofradías de pescadores son corporaciones de derecho público, sin ánimo de lucro, representativas de intereses económicos, que actúan como órganos de consulta y colaboración de las administraciones públicas de las Illes Balears con el objetivo de promover e impulsar los intereses pesqueros.
Las cofradías de pescadores disfrutan de personalidad jurídica plena y capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines propios.
ARTÍCULO 32 Miembros de las cofradías
Pueden ser miembros de las cofradías de pescadores las personas propietarias y armadoras de embarcaciones de pesca con puerto base en las Illes Balears y el personal del sector pesquero extractivo en las Illes Balears, así como quien esté en posesión de un título administrativo que le habilite para el ejercicio del marisqueo.
Las personas armadoras de más de una embarcación de pesca profesional en varios puertos base pueden asociarse a más de una cofradía de pescadores. En este caso, sólo pueden ser miembros de los órganos representativos de una de las cofradías a las cuales pertenezcan.
El número mínimo de personas socias por cofradía se debe determinar reglamentariamente.
ARTÍCULO 33 Funciones de las cofradías de pescadores
Las cofradías de pescadores tienen las funciones siguientes:
Las cofradías de pescadores pueden asociarse entre sí en cualquiera de las formas asociativas que prevé la legislación vigente, siempre que concurran las condiciones, los requisitos o las exigencias que establezca la normativa que les sea aplicable.
ARTÍCULO 34 Estatutos
El funcionamiento de las cofradías de pescadores se rige por la normativa que les sea aplicable, por sus estatutos, que deben ser elaborados y aprobados por la junta general, y por los principios democráticos.
Los estatutos deben regular al menos los aspectos siguientes de la cofradía:
c) Los derechos y deberes de las personas socias (o miembros).
d) La estructura y el funcionamiento de los órganos representativos.
f) El régimen económico, los recursos y el patrimonio.
g) El destino del patrimonio en el caso de fusión o disolución.
h) El ámbito territorial o distrito marítimo, que no puede coincidir para dos o más cofradías de pescadores.
y) La fiesta patronal.
Los estatutos se deben revisar y actualizar al menos cada cinco años.
ARTÍCULO 35 Órganos representativos
Los órganos representativos de las cofradías de pescadores son la junta general, el cabildo y el patrón o la patrona mayor.
Estos órganos tienen carácter representativo y los miembros se deben elegir entre los miembros de la cofradía de pescadores mediante sufragio libre, igual y secreto.
Los cargos electos para los órganos representativos de las cofradías de pescadores tienen un mandato de una duración máxima de cuatro años, a pesar de que pueden ser reelegidos sin limitación de mandatos.
El número mínimo de miembros de los órganos representativos se debe determinar reglamentariamente.
ARTÍCULO 36 La junta general
La junta general debe ejercer las funciones que establezcan los estatutos respectivos, la aprobación de los cuales le corresponde.
La composición de la junta general debe respetar las disposiciones legales vigentes en materia de igualdad entre hombres y mujeres y, si es posible, la paridad entre personas trabajadoras y personas armadoras y la proporcionalidad entre las diversas modalidades de pesca.
ARTÍCULO 37 La comisión gestora
Cuando en la junta general se produzcan bajas de forma que quede desequilibrada la paridad necesaria para el funcionamiento de la cofradía sin que ésta sea restablecida dentro del plazo de noventa días, dimita la mayoría de los miembros de sus órganos rectores o no se celebren legalmente las elecciones, la consejería competente en materia de ordenación pesquera debe designar una comisión gestora, de la cual tendrán que formar parte la administración, la Federación balear de cofradías de pescadores y una representación de los socios de la cofradía.
La designación de la comisión gestora determina la revocación de los mandatos de los órganos de gobierno de la cofradía, que debe pasar temporalmente a ser gestionada por esta comisión.
La comisión gestora tiene como principal objetivo la convocatoria de elecciones parciales, si procede, salvo que las ordinarias se tengan que convocar antes de un año. A tal efecto, se debe constituir en comisión electoral.
ARTÍCULO 38 El cabildo
El cabildo debe ejercer las funciones que establezcan los estatutos respectivos y, entre éstas, la gestión y la administración ordinarias.
La composición del cabildo debe respetar las disposiciones legales vigentes en materia de igualdad entre hombres y mujeres y, si es posible, la paridad entre personas trabajadoras y personas armadoras y la proporcionalidad entre las diversas modalidades de pesca.
ARTÍCULO 39 El patrón o la patrona mayor
ARTÍCULO 40 Fusión y disolución de cofradías de pescadores
La fusión de las cofradías de pescadores requiere el voto favorable de la mayoría de los miembros de las juntas generales respectivas, con informe previo favorable de la Federación de cofradías de las Illes Balears.
La disolución de las cofradías de pescadores se produce por el acuerdo favorable de las tres cuartas partes de las personas socias de la junta general o por resolución de la consejería competente de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en los casos de inviabilidad económica, de carencia del número mínimo de personas asociadas establecido o de imposibilidad de constituir la junta general.
Las consecuencias de la fusión o la disolución de cofradías se deben determinar reglamentariamente.
ARTÍCULO 41 Federación de cofradías de pescadores de las Illes Balears
Debe haber una federación balear de cofradías de pescadores, de ámbito autonómico, en la que se pueden integrar las cofradías de pescadores de las Illes Balears.
Los órganos, el régimen de funcionamiento y las funciones de la Federación de cofradías de pescadores se deben determinar reglamentariamente.
Las cofradías de pescadores y la Federación se deben inscribir en un registro dependiente de la consejería competente, que se debe regular reglamentariamente.
ARTÍCULO 42 Organizaciones de productores
ARTÍCULO 43 Reconocimiento de las organizaciones de productores
Una vez se ha constituido válidamente una organización de productores, para obtener el reconocimiento oficial de organización de productores, los miembros deben tener el domicilio social en las Illes Balears, así como la producción en los porcentajes y los términos que establezca la normativa vigente en esta materia.
Las condiciones y los requisitos para acceder al reconocimiento de organización de productores y conservarlo se deben establecer reglamentariamente.
Este reconocimiento se puede retirar cuando se incumplan los requisitos que determinaron su otorgamiento, las normas que le sean aplicables o el reglamento de funcionamiento, o bien cuando no se haga ninguna actividad en el plazo de dos años.
SECCIÓN 3ª Consejo Pesquero Artículos 44 y 45
ARTÍCULO 44 Consejo Pesquero de las Illes Balears
El Consejo Pesquero de las Illes Balears es el órgano colegiado de asesoramiento, consulta e información pública en materia de pesca marítima, recursos marinos, ordenación pesquera, acuicultura y marisqueo, adscrito a la consejería de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears competente en la materia.
Se habilita a la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears para que establezca el estatuto jurídico, el funcionamiento y la composición del Consejo Pesquero, que debe contar con representación del sector pesquero profesional, de los consejos insulares y del resto de administraciones públicas competentes.
También pueden formar parte del Consejo Pesquero representantes del sector recreativo, científicos, entidades conservacionistas y expertos independientes.
El Consejo Pesquero debe contar con una comisión permanente formada por representantes de los consejos insulares y de la consejería de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears competente en la materia.
b) Elaborar estudios, informes y dictámenes —sin carácter vinculante— relativos a los asuntos de especial interés que le encomiende la consejería o decida por iniciativa propia.
CAPÍTULO III La flota pesquera de las Illes Balears Artículos 46 a 52
Se entiende por flota de las Illes Balears el conjunto de embarcaciones pesqueras que tengan el puerto base en las Illes Balears y estén inscritas en el Registro de embarcaciones pesqueras de las Illes Balears, en los censos de las modalidades correspondientes y en el Censo de la flota pesquera operativa.
La inscripción en el Registro de embarcaciones pesqueras de las Illes Balears no exime del deber de inscripción en el Registro Mercantil y en los otros registros públicos que corresponda.
ARTÍCULO 47 Puerto base
Se entiende por puerto base el puerto desde el cual la embarcación lleva a cabo la mayor parte de las actividades de inicio de las salidas a mar, despacho y comercialización de las capturas dentro del territorio de las Illes Balears.
Corresponde a la consejería de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears competente en materia de ordenación pesquera autorizar el establecimiento y el cambio de puerto base de las embarcaciones, con informe previo de la autoridad competente en materia de puertos y de acuerdo con la legislación básica del Estado y la reglamentaria que apruebe el Gobierno de las Illes Balears. Reglamentariamente, el Gobierno de las Illes Balears podrá facultar a los consejos insulares para autorizar los cambios de puerto base dentro de la misma isla.
En la planificación de los espacios portuarios de competencia de la comunidad autónoma, tienen preferencia las embarcaciones que forman la flota pesquera de las Illes Balears, dada su condición de sector primario.
Artículo 47, apartado 3, modificado por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 48 Cambios de puerto base
ARTÍCULO 49 Requisitos para los cambios de base
ARTÍCULO 50 Autorización de construcción
ARTÍCULO 51 Modernización y reconversión
ARTÍCULO 52 Adaptación de la flota a la situación de las pesqueras
CAPÍTULO IV Lugar de descarga, desembarco y primera venta de los productos pesqueros Artículos 53 a 55
ARTÍCULO 53 Lugares de desembarco y descarga
Los productos pesqueros vivos, frescos, refrigerados o congelados, transformados o sin transformar, sólo pueden ser desembarcados o descargados, en territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en los puertos y otros lugares determinados a tal efecto por la consejería del Gobierno de las Illes Balears competente en materia de ordenación pesquera.
Los puertos deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 69 de la Ley3/2001, de 26 de marzo, de pesca marítima del Estado y, dentro de cada puerto, el desembarco se debe realizar en los muelles, en lugares y horarios delimitados, en su caso, por las autoridades competentes en materia de puertos.
La consejería del Gobierno de las Illes Balears competente en materia de ordenación pesquera puede autorizar, siempre que se garanticen los controles técnicos y sanitarios que se establezcan, y previo informe favorable de la administración competente en materia de Puertos, que el desembarco se haga en otros puertos o refugios tradicionales que, por la situación geográfica, el tipo de embarcación o el reducido volumen de descarga, no cumplan los requisitos que establece el apartado anterior.
ARTÍCULO 54 Control administrativo de la primera venta de los productos de pesca
ARTÍCULO 55 Medidas reglamentarias
Quedan prohibidas la tenencia, el transporte, el tráfico, el almacenamiento, la transformación, la exposición y la venta de productos pesqueros de cualquier origen o procedencia que sean de talla o peso inferior al reglamentario en el ámbito internacional, comunitario, estatal o autonómico.
El apartado anterior no es aplicable al traslado y la tenencia de huevos, esporas e individuos de talla o peso inferior al reglamentario o capturado en épocas de veda, destinados a la investigación, la experimentación o la acuicultura, caso en que se debe disponer de las autorizaciones preceptivas.
CAPÍTULO V Turismo marinero Artículo 56
ARTÍCULO 56 Turismo marinero
Se entiende por turismo marinero sostenible las actividades cuyo objetivo principal es diversificar la economía en las zonas pesqueras mediante el desarrollo de servicios complementarios del sector pesquero que generen puestos de trabajo, pongan de relieve los valores positivos de la actividad y contribuyan a la protección del medio ambiente y al consumo de los productos pesqueros locales.
Las actividades de turismo marinero deben cumplir los siguientes requisitos:
Se entiende por turismo pesquero la actividad de turismo marinero desarrollada a bordo de embarcaciones por profesionales del sector con personas distintas a la tripulación, mediante una contraprestación económica, que tiene por objeto, directa o indirectamente, la difusión, la valorización y la promoción del modo de vida, de las costumbres y de la cultura de la actividad pesquera. El turismo pesquero debe ser una actividad complementaria y simultánea a la pesca profesional.
El Gobierno de las Illes Balears, sin perjuicio del cumplimiento de las normas en materia de seguridad del ministerio competente, debe regular reglamentariamente las actividades de turismo marinero y, en especial, las condiciones del turismo pesquero. La observación de fauna marina desde embarcaciones, en especial aves y cetáceos, podrá ser regulada específicamente.
Las administraciones pesqueras competentes han de facilitar la formación adecuada del sector pesquero para el desarrollo de actividades de turismo marinero.
TÍTULO V Comercialización y transformación de productos pesqueros Artículos 57 a 65
CAPÍTULO I Principios generales Artículos 57 y 58
a) La mejora de las condiciones de trabajo y la incorporación de medidas para favorecer la efectividad del principio de igualdad.
b) La mejora de los canales de comercialización y distribución de los productos.
c) La adopción de medidas destinadas a conseguir una mejora de las condiciones higiénicas y de salud pública de los productos.
d) La promoción de la producción de productos de calidad para mercados especializados, así como el fomento del uso de ecoetiquetas para identificar los productos del mar.
e) La adopción de medidas que tienden a promover garantías socio-laborales y el ejercicio de una actividad comercializadora y transformadora respetuosa con el medio ambiente.
f) Una mejor utilización de especies poco aprovechadas, subproductos y residuos.
g) El fomento de la producción o comercialización de productos nuevos, la aplicación de nuevas tecnologías o el desarrollo de métodos innovadores de producción.
h) El fomento de la comercialización de productos procedentes esencialmente de los desembarcos locales y de la acuicultura balear.
i) El fomento de la participación activa de los productores de base en los canales de comercialización.
j) La adopción de medidas encaminadas a aplicar una trazabilidad correcta de los productos pesqueros y a prevenir la entrada de productos procedentes de la pesca ilegal en la cadena de comercialización, independientemente del origen.
ARTÍCULO 58 Instrumentos de la política de comercialización y transformación de los productos pesqueros
CAPÍTULO II Comercialización de los productos pesqueros Artículos 59 a 61
ARTÍCULO 60 Normalización y principios generales de la identificación
A lo largo de todo el proceso de comercialización, los productos deben estar identificados correctamente y cumplir las normativas estatal y autonómica de comercialización que se establezcan, que se deben referir, entre otras materias, a la frescura, el calibrado, la denominación, el origen, la presentación y el etiquetado.
Los principios generales de la identificación son los establecidos por el artículo 78 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de pesca marítima del Estado.
ARTÍCULO 61 Prohibiciones
CAPÍTULO III Transformación y promoción de los productos pesqueros Artículos 62 a 65
ARTÍCULO 62 Concepto de transformación
ARTÍCULO 63 Fomento de la transformación
ARTÍCULO 64 Promoción de los productos pesqueros
ARTÍCULO 65 Mejora de la calidad de los productos pesqueros
TÍTULO VI Pesca marítima recreativa Artículos 66 a 72
ARTÍCULO 66 Especies autorizadas
En el ejercicio de la pesca marítima recreativa sólo se pueden capturar peces y cefalópodos.
El resto de grupos de invertebrados marinos puede ser objeto de marisqueo recreativo.
ARTÍCULO 67 Licencias
Para poder practicar la pesca marítima recreativa es necesario haber obtenido previamente una licencia de pesca expedida por la administración competente en la materia.
La consejería competente en materia de pesca de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, oídos los consejos insulares, establecerá los principios generales para la práctica de la pesca marítima recreativa en las aguas de la competencia propia y en particular en cuanto a las diferentes modalidades de licencias y sus características.
Se crea, para el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, el Registro de licencias de pesca recreativa, que debe ser compatible con los registros estatales, en el cual deben constar tanto las licencias emitidas por la misma comunidad autónoma como las emitidas por los consejos insulares.
Se habilita al Gobierno de las Illes Balears para regular la organización y el funcionamiento del Registro de licencias de pesca marítima recreativa.
La obtención de la licencia de pesca marítima recreativa estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.
ARTÍCULO 68 Validez de las licencias de otras administraciones
Las licencias que habilitan para la pesca marítima recreativa expedidas por la Administración del Estado, por las otras comunidades autónomas y por los consejos insulares, tienen vigencia plena en las aguas interiores del litoral de las Illes Balears, sin perjuicio de la obligación que los titulares tienen de cumplir las disposiciones autonómicas que regulan la pesca recreativa.
Artículo 68, modificado por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 69 Condiciones de ejercicio
Las medidas de protección y conservación de los recursos pesqueros que se establecen para la pesca marítima profesional son aplicables a la pesca marítima recreativa.
No obstante lo dispuesto en el punto anterior, el Gobierno de las Illes Balears, a través de la consejería competente en materia de pesca, oídos los consejos insulares, puede establecer medidas específicas para la pesca recreativa por razones de protección y conservación de los recursos marinos o para que ésta no interfiera en la actividad pesquera profesional o la perjudique. Estas medidas podrán consistir, entre otras en:
La consejería competente en materia de pesca de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, oídos los consejos insulares, establecerá los principios generales relativos a las condiciones de ejercicio de la pesca marítima recreativa y, en particular, las relativas a la fijación del volumen máximo o cuotas de capturas (por persona, embarcación, día y especie o grupos de especies), los aparejos o métodos de pesca y los campeonatos de pesca marítima.
ARTÍCULO 70 Cuotas de captura para la pesca recreativa
ARTÍCULO 71 Registro de capturas de los campeonatos
Se crea el Registro de capturas de los campeonatos de las Illes Balears, cuyos organización y funcionamiento se regularán mediante un decreto del Gobierno de las Illes Balears.
Los registros deben contener todos los datos relativos a los campeonatos y, como mínimo, la modalidad de pesca, la zona, el tipo de campeonato, el horario, el número de participantes y las capturas.
ARTÍCULO 72 Prohibiciones
TÍTULO VII Marisqueo Artículos 73 a 79
CAPÍTULO I Principios generales Artículos 73 a 76
ARTÍCULO 73 Clases
El marisqueo puede hacerse con carácter profesional o recreativo.
Se entiende por marisqueo profesional el que se hace con carácter habitual y con ánimo de lucro, empleando artes específicas y selectivas.
Se entiende por marisqueo recreativo el que se hace por entretenimiento, deporte o afición, sin ánimo de lucro. Las capturas que se obtengan en el ejercicio del marisqueo recreativo no pueden ser objeto de venta ni transacción.
ARTÍCULO 74 Licencias
La regulación del marisqueo corresponde a la consejería de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears competente en la materia.
Para la práctica del marisqueo es necesario haber obtenido previamente una licencia de marisqueo expedida por la administración competente en la materia.
Para obtener la licencia de marisqueo profesional es indispensable que la persona interesada esté inscrita como mariscador en una cofradía de pescadores de las Illes Balears y que posea la titulación profesional de acuerdo con la actividad que quiera llevar a cabo. La licencia tiene que especificar las zonas de actuación y las especies permitidas.
Para la práctica del marisqueo recreativo es necesario disponer de la licencia correspondiente. Sin embargo, la licencia de pesca marítima recreativa permite amparar la práctica de este marisqueo recreativo.
ARTÍCULO 75 Zonas de marisqueo, especies permitidas y limitaciones
El marisqueo solo se puede practicar en zonas declaradas aptas para ejercerlo.
La consejería de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears competente en materia de marisqueo tiene que determinar las zonas de producción aptas para la recolección de moluscos, crustáceos, tunicados, equinodermos y otros invertebrados marinos, de acuerdo con la calidad de las aguas, y fijar las especies que se pueden capturar. Además, puede fijar periodos de veda, tallas mínimas, cuotas máximas de captura y limitaciones del número de licencias, atendiendo a una explotación racional de los recursos.
Sólo pueden ser objeto de marisqueo recreativo los equinodermos, los cefalópodos, los crustáceos no decápodos y los cnidarios.
ARTÍCULO 76 Aparejos autorizados
CAPÍTULO II Marisqueo profesional Artículos 77 a 79
ARTÍCULO 78 Marisqueo desde embarcación
ARTÍCULO 79 Marisqueo individual
TÍTULO VIII Acuicultura marina Artículos 80 a 87
ARTÍCULO 80 Objetivo
ARTÍCULO 81 Atribuciones
Otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la acuicultura marina.
Inspeccionar y controlar las explotaciones de acuicultura, tanto en lo referente a las instalaciones como a los métodos y las condiciones técnico-sanitarias y de producción.
Incoar, tramitar y resolver los procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones administrativas previstas en esta ley.
ARTÍCULO 82 Establecimientos de acuicultura
El ejercicio de la actividad de cultivos marinos en cualquier tipo de establecimiento requiere la declaración responsable de la persona interesada, sin perjuicio de los informes, de las autorizaciones o de las concesiones de otros órganos o administraciones públicas que sean exigibles de acuerdo con la normativa vigente.
La declaración de responsabilidad es necesaria tanto si las instalaciones se ubican en zonas de dominio público marítimo-terrestre como en terrenos de propiedad privada. Cuando el establecimiento se ubique en terrenos de dominio público marítimo-terrestre o portuario, se requieren tanto la autorización como el título habilitante para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre o portuario.
La introducción y la inmersión en los establecimientos de acuicultura de especies marinas procedentes de países terceros requiere la autorización de la consejería del Gobierno de las Illes Balears competente en materia de acuicultura marina. Cuando, además, se trate de especies no autóctonas del Mediterráneo occidental, la autorización estará sometida al informe previo de la consejería competente en materia de especies introducidas e invasoras.
ARTÍCULO 83 Condiciones y procedimientos de los establecimientos de acuicultura
ARTÍCULO 84 Finalización de la actividad
ARTÍCULO 85 Control administrativo e información estadística
La administración competente en materia de acuicultura marina tiene que comprobar el cumplimiento de las condiciones de la actividad acuícola. Por eso se tiene que permitir a los técnicos e inspectores el acceso libre a las instalaciones y facilitarles los datos que requieran sobre el funcionamiento de la explotación.
Los titulares de las instalaciones de cultivos marinos están obligados, en la forma que reglamentariamente se establezca, a aportar a la consejería competente en materia de acuicultura marina de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, a efectos estadísticos, los datos relativos a la producción y a las ventas.
Los titulares de las cetarias, los viveros y los acuarios están obligados a llevar un registro de los invertebrados estabulados, en especial de las especies sometidas a veda, en la forma que se establezca reglamentariamente.
ARTÍCULO 86 Libro de instalaciones acuícolas
Todas las instalaciones de acuicultura que desarrollen la actividad productiva en la comunidad autónoma de las Illes Balears están obligadas a disponer del libro de explotación acuícola debidamente rellenado, que tiene que ser único para cada explotación, en el cual se tienen que hacer constar todos los datos administrativos, técnicos, sanitarios y ambientales.
El libro de explotación acuícola tiene que estar a disposición de las visitas de seguimiento, control e inspección de las instalaciones de acuicultura efectuadas por los organismos que tengan competencia en esta materia.
La consejería de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears competente en materia de acuicultura regulará las características, el contenido y la forma de cumplimentar el libro de instalaciones acuícolas.
ARTÍCULO 87 Control de las especies cultivadas
En cuanto a la sanidad, la producción y el bienestar animal, las instalaciones de acuicultura y los productos con origen en éstas se tienen que regir con carácter general por la normativa vigente en estas materias y, con carácter particular, por lo que dispone este artículo.
Para la introducción o la inmersión de especies marinas en establecimientos de acuicultura hace falta la autorización previa del órgano competente en materia de acuicultura.
La autorización se tiene que conceder posteriormente a la acreditación de la documentación sanitaria o de cualquier otra naturaleza que exija la normativa vigente, sin perjuicio de la competencia estatal en materia de comercio exterior.
No obstante, el órgano competente puede denegar la autorización si las especies objeto de introducción o inmersión pueden producir alteraciones en la flora o la fauna de los ecosistemas marinos o derivar en riesgos para la salud o para los recursos pesqueros o acuícolas.
TÍTULO IX Investigación, desarrollo tecnológico e innovación Artículos 88 a 90
a) El aprovechamiento de los recursos marinos de manera respetuosa con el medio ambiente, rentable y de acuerdo con criterios de sostenibilidad.
b) La disposición de fundamentos científicos suficientes que sustenten y guíen las acciones políticas y las conductas de los agentes económicos y sociales.
ARTÍCULO 89 Actuaciones
ARTÍCULO 90 Colaboración del sector
TÍTULO X Buceo profesional Artículos 91 a 94
El buceo profesional consiste en mantenerse dentro de un medio hiperbárico con el auxilio de aparatos o técnicas que permitan el intercambio de aire con el exterior, o bien con el auxilio de cualquier sistema que facilite la respiración, con el objetivo de conseguir la permanencia prolongada dentro de un medio líquido y con una finalidad laboral.
Para practicar intervenciones de buceo profesional de cualquier tipo en aguas interiores del litoral de las Illes Balears es necesario poseer la acreditación que habilita para desarrollar las tareas profesionales dentro de los parámetros de exposición hiperbárica autorizados.
Los centros formadores tienen que estar autorizados por la consejería competente en materia de buceo y debidamente inscritos en el Registro general de la actividad subacuática profesional.
Artícullo 91, apartado 2, modificado por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 92 Acreditación de la identidad profesional
Los buceadores profesionales deberán disponer de la tarjeta que acredita la identidad profesional expedida por la consejería competente en materia de buceo profesional o por la de otra comunidad autónoma, en la forma y con el contenido que se determinen reglamentariamente.
La tarjeta que acredita la identidad profesional tiene un plazo de validez de cinco años y se puede renovar una vez transcurrido este plazo.
En el caso de pérdida, robo o destrucción de la tarjeta, la persona titular puede solicitar que se le expida un duplicado, en la forma y el procedimiento que se determinen reglamentariamente, el cual tiene que mantener la fecha de caducidad de la tarjeta original.
ARTÍCULO 93 Libreta de actividades subacuáticas
Para ejercer la actividad profesional hay que disponer de la libreta de actividades subacuáticas, en la que, como mínimo, se tienen que hacer constar el certificado médico que acredite la aptitud para la práctica de actividades subacuáticas profesionales y la autorización correspondiente expedida por la consejería de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears competente en la materia, en la forma y con el contenido que se determinen reglamentariamente.
La libreta de actividades subacuáticas es personal e intransferible, y la responsabilidad de su uso y custodia corresponde a la persona titular.
ARTÍCULO 94 Registro general de la actividad subacuática
Se crea el Registro general de la actividad subacuática profesional de la comunidad autónoma de las Illes Balears, adscrito a la dirección general competente en materia de buceo profesional de la consejería que corresponda. Se tienen que inscribir en él los buceadores profesionales, los médicos, los trabajadores autónomos, las empresas de buceo profesional y los centros de formación en buceo profesional que lleven a cabo la actividad en las Illes Balears.
El régimen y el funcionamiento del Registro se establecerán reglamentariamente.
TÍTULO XI Control e inspección Artículos 95 a 99
ARTÍCULO 95 Objeto
ARTÍCULO 96 Disposiciones generales
Las funciones de vigilancia, inspección y adopción de las medidas provisionales necesarias para el cumplimiento de esta ley corresponden al personal funcionario al servicio del Gobierno de las Illes Balears y de los consejos insulares que las tengan atribuidas por la ocupación del puesto de trabajo o por habilitación expresa, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, guardas de pesca marítimos o a otros cuerpos o instituciones de las administraciones públicas, a los cuales se puede requerir la asistencia cuando sea necesaria.
El personal funcionario previsto en el apartado anterior, en el ejercicio de las funciones propias, tiene la consideración de agente de la autoridad, y las actas que extienda tienen valor probatorio de los hechos recogidos, sin perjuicio del resultado de las actuaciones previas o posteriores que, en su caso, se lleven a cabo y de las pruebas que en defensa de sus derechos e intereses puedan aportar las personas interesadas.
A los efectos de la constatación de los hechos infractores en las materias y los ámbitos regulados en esta ley, se reconoce la condición de autoridad a los funcionarios o agentes de otros órganos o administraciones públicas con funciones inspectoras en materia de salud, sanidad animal, alimentación, consumo, comercio, transporte y medio ambiente, cuando en el ejercicio de las funciones propias observen el incumplimiento de las normas de pesca marítima, marisqueo y acuicultura, así como de la circulación, comercialización o transformación de sus productos y formalicen el acta de denuncia correspondiente, que debe ser trasladada a la consejería competente.
El personal al servicio del Gobierno de las Illes Balears destinado a la inspección y la vigilancia pesquera tiene que ir identificado correctamente, con el carné o la placa acreditativa correspondiente, y debe guardar el secreto profesional en el ejercicio de las funciones propias. Igualmente debe colaborar y ayudar, cuando sea necesario, en las acciones de salvamento marítimo y de lucha contra la contaminación conforme a los planes de contingencias y de lucha contra la contaminación marítima accidental.
ARTÍCULO 97 Facultades y funciones de inspección
El personal previsto en el artículo 96 anterior, en el ejercicio de las funciones propias y habiendo acreditando su identidad, puede acceder, en su caso, a cualquier embarcación o artefacto flotante, industria o establecimiento en el que se lleven a cabo actividades reguladas en esta ley, así como a registros y documentos relacionados con la actividad pesquera, acuícola, marisquera o con las capturas obtenidas, el almacenamiento, la conservación, la tenencia, la distribución, la comercialización o el consumo de éstas.
Las personas físicas o jurídicas titulares o responsables de industrias, establecimientos o embarcaciones objeto de inspección tienen que facilitar el acceso del personal señalado en el apartado anterior a las instalaciones y colaborar para que lleven a cabo las funciones propias. La falta de esta colaboración o la obstrucción al ejercicio de esta función se sanciona de conformidad con el que prevé el título XII de esta ley.
El personal funcionario con atribuciones en materia de inspección pesquera tiene asignadas las funciones siguientes:
Practicada la inspección por el personal autorizado, si se constata la comisión de deficiencias constitutivas de infracciones leves previstas en esta ley, podrá entregarse copia del acta de inspección al interesado para que subsane las irregularidades detectadas en el plazo que se establezca.
ARTÍCULO 98 Guardas de pesca marítima
Los guardas de pesca marítima, además de las atribuciones previstas en los artículos 18 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y 85 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, pueden ser habilitados por el Gobierno de las Illes Balears para colaborar con el personal mencionado en el artículo 97 anterior; no tienen la condición de agentes de la autoridad y su competencia se limita el ámbito de las zonas en las que estén habilitados.
La consejería competente en materia de pesca debe habilitar para el ejercicio de las funciones como guarda de pesca quien haya superado las pruebas de aptitud correspondientes. Las condiciones para la habilitación, las características de sus pruebas y la forma de acreditación deberán establecerse reglamentariamente.
Estos guardas de pesca marítima, durante el ejercicio de las funciones propias, tienen que ir provistos, además del documento acreditativo del nombramiento, de los distintivos del cargo de conformidad con la tipología, las características y las condiciones que reglamentariamente se determinen.
Los guardas de pesca marítima están obligados a formular, lo antes posible, las denuncias por los hechos presuntamente constitutivos de infracción de la normativa vigente de pesca que observen dentro de su ámbito territorial de actuación, a aportar pruebas o testigos y a colaborar con los agentes de la autoridad en la materia, los cuales tienen igualmente el deber de auxiliarlos en sus funciones.
Los guardas de pesca marítima quedan sometidos a la disciplina y la jurisdicción de la consejería competente en materia de pesca, por la condición de auxiliares de ésta en la aplicación de esta ley, y deberán mantener la discreción adecuada respecto a los asuntos que conozcan en el ejercicio de las funciones propias.
ARTÍCULO 99 Cooperación de la función inspectora
TÍTULO XII Régimen sancionador Artículos 100 a 146
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 100 a 106
ARTÍCULO 101 Potestad sancionadora
Son responsables de las infracciones tipificadas en esta ley las personas físicas o jurídicas que las cometan, incluso a título de omisión, aunque estén integradas en asociaciones temporales de empresas, agrupaciones o comunidades de bienes.
Cuando la infracción sea imputable a varias personas y no sea posible determinar el grado de participación de cada una, responden solidariamente:
De las infracciones cometidas por los menores de edad no emancipados son responsables los padres y las madres o personas tutoras.
Las responsabilidades administrativas que deriven del procedimiento sancionador son compatibles con la exigencia al infractor de retornar la situación alterada al estado originario, así como, en su caso, con la indemnización por los daños y perjuicios causados, en los términos que prevé el artículo 130.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya mencionada, en el plazo que en cada caso fije la resolución correspondiente.
Si las conductas sancionadas han causado daños o perjuicios a la administración pública, la resolución del procedimiento sancionador puede declarar:
Para determinar la indemnización, en su caso, se tendrán en cuenta los criterios siguientes:
Las personas físicas y jurídicas sobre las cuales recaiga el deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros son responsables subsidiarias o solidarias por el incumplimiento de las obligaciones que impone esta ley.
La responsabilidad por las acciones u omisiones tipificadas en esta ley es de naturaleza administrativa y no excluye la de otro orden.
Las sanciones que se impongan a varios sujetos a consecuencia de una misma infracción tienen carácter independiente entre sí, excepto en los supuestos de responsabilidad solidaria regulados en esta ley.
ARTÍCULO 104 Vinculación con el orden jurisdiccional penal
ARTÍCULO 105 Extinción de la responsabilidad
ARTÍCULO 106 Prescripción de infracciones y sanciones
Las infracciones administrativas previstas en esta ley prescriben en los plazos siguientes: las muy graves, a los tres años; las graves, a los dos años; y las leves, a los seis meses.
Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones prescriben en los plazos siguientes: por infracciones muy graves, a los tres años; por infracciones graves, a los dos años; y por infracciones leves, al año.
Para el cómputo de los plazos de prescripción de infracciones y sanciones se atenderá a lo dispuesto en el artículo 132.2 y 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
CAPÍTULO II Infracciones administrativas Artículos 107 a 128
ARTÍCULO 107 Infracciones administrativas
Cualquier acción u omisión tipificada en esta ley constituye una infracción administrativa en materia de pesca marítima, marisqueo, acuicultura y actividades subacuáticas profesionales.
También constituyen infracción administrativa los vertidos u otras acciones u omisiones de cualquier naturaleza que, incidiendo en la calidad de los recursos marinos, se sitúen en el ámbito de las competencias autonómicas, excepto en los supuestos regulados por la normativa sectorial o específica en la materia.
El régimen sancionador en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de los productos de la pesca aplicable dentro del ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears es el que prevé la legislación estatal vigente, con las particularidades que establece esta ley.
ARTÍCULO 108 Tipo de infracciones
SECCIÓN 1ª En materia de cooperación con las autoridades Artículos 109 a 111
ARTÍCULO 111 Infracciones muy graves
SECCIÓN 2ª En materia de pesca profesional y marisqueo Artículos 112 a 114
d) Ejercer la pesca profesional o el marisqueo en fondos o zonas prohibidas o no autorizadas.
SECCIÓN 3ª En materia de acuicultura Artículos 115 a 117
SECCIÓN 4ª En materia de pesca recreativa Artículos 118 a 120
ARTÍCULO 118 Infracciones leves
ARTÍCULO 119 Infracciones graves
ARTÍCULO 120 Infracciones muy graves
SECCIÓN 5ª En materia de actividades subacuáticas profesionales Artículos 121 a 123
ARTÍCULO 121 Infracciones leves
ARTÍCULO 122 Infracciones graves
SECCIÓN 6ª En materia de ordenación del sector y comercialización de los productos pesqueros Artículos 124 a 126
ARTÍCULO 124 Infracciones leves
ARTÍCULO 126 Infracciones muy graves
SECCIÓN 7ª En materia de conservación de recursos marinos Artículos 127 y 128
ARTÍCULO 127 Infracciones graves
ARTÍCULO 128 Infracciones muy graves
CAPÍTULO III Sanciones Artículos 129 a 138
ARTÍCULO 129 Clases de sanciones
Las sanciones que se pueden aplicar por la comisión de las infracciones previstas en esta ley son las siguientes:
Estas sanciones son acumulables de acuerdo con lo que establece esta ley.
El órgano sancionador puede acordar la imposición de multas coercitivas, de acuerdo con el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente. La cuantía de cada multa no puede superar el veinte por ciento de la multa fijada por la infracción correspondiente.
Cuando se ha utilizado el buque o la embarcación para transportar drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, inmigrantes ilegales o para cualquier otra actividad constitutiva de delito y se ha determinado por resolución judicial firme la responsabilidad de los autores, éstos quedan inhabilitados para el ejercicio de las actividades pesqueras durante un periodo de diez años.
Conjuntamente con la sanción, se puede resolver la obligación de la persona infractora de recuperar, restituir y enmendar los efectos causados por su acción o actuación.
ARTÍCULO 130 Criterios de graduación
Las sanciones se tienen que determinar de acuerdo con las circunstancias siguientes:
Reparar la infracción cometida en el plazo que se señale en el requerimiento correspondiente se considera una circunstancia atenuante.
ARTÍCULO 131 Sanciones en materia de cooperación con las autoridades
Las infracciones reguladas en esta ley en materia de cooperación con las autoridades se sancionan, según el carácter, de acuerdo con los criterios siguientes:
Las infracciones graves y muy graves previstas en el apartado 1 pueden ser sancionadas con la multa correspondiente y la sanción accesoria que recoge el artículo 129.1.j) de esta ley, por un periodo máximo hasta que acabe el proceso electoral.
ARTÍCULO 132 Sanciones en materia de pesca profesional y marisqueo
Las infracciones reguladas en esta ley en materia de pesca profesional y marisqueo se sancionan, según su carácter, de acuerdo con los criterios siguientes:
Las infracciones leves, graves y muy graves pueden ser sancionadas con la multa correspondiente y las sanciones accesorias que recoge el artículo 129.1.c), d), f) y g) de esta ley. En los supuestos de las letras c), d) y f), por un periodo máximo de tres años.
ARTÍCULO 133 Sanciones en materia de acuicultura
Las infracciones reguladas en esta ley en materia de cultivos marinos se sancionan, según su carácter, de acuerdo con los criterios siguientes:
Las infracciones graves y muy graves pueden ser sancionadas con la multa correspondiente y las sanciones accesorias que recoge el artículo 129.1.d), i) y g) de esta ley, por un periodo máximo de tres años para el caso de las infracciones graves y de cinco años para el de las muy graves.
ARTÍCULO 134 Sanciones en materia de pesca recreativa
Las infracciones reguladas en esta ley en materia de pesca recreativa se sancionan, según su carácter, de acuerdo con los criterios siguientes:
Las infracciones leves, graves y muy graves pueden ser sancionadas con la multa correspondiente y las sanciones accesorias que recoge el artículo 129.1.d), f) y g) de esta ley. En los supuestos de las letras d) y f), por un periodo máximo de tres años para el caso de las infracciones graves y de cinco años para el de las muy graves.
ARTÍCULO 135 Sanciones en materia de actividades subacuáticas profesionales
Las infracciones reguladas en esta ley en materia de actividades subacuáticas profesionales se sancionan, según su carácter, de acuerdo con los criterios siguientes:
Las infracciones graves y muy graves pueden ser sancionadas con la multa correspondiente y las sanciones accesorias que recoge el artículo 129.1.c), d) y e) de esta ley, por un periodo máximo de tres años para el caso de las infracciones graves y de cinco años para el de las muy graves.
ARTÍCULO 136 Sanciones en materia de ordenación del sector y comercialización
ARTÍCULO 137 Sanciones en materia de conservación de recursos marinos
Las infracciones reguladas en esta ley en materia de conservación de recursos marinos se sancionan, según el carácter, de acuerdo con los criterios siguientes:
Las infracciones previstas en este artículo pueden ser sancionadas con la multa correspondiente y las sanciones accesorias siguientes:
Si la persona infractora no lleva a cabo las actuaciones previstas en las letras b) y c) del apartado 2 de este artículo, se ejecutarán subsidiariamente de acuerdo con lo que prevé la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya mencionada.
ARTÍCULO 138 Suspensión condicional y remisión de la sanción
La persona a quien se haya impuesto una sanción por la infracción de esta ley puede solicitar que se suspenda condicionalmente la ejecución de la sanción en el plazo de un mes a contar desde que ésta sea firme en vía administrativa.
Para solicitar la suspensión condicional es imprescindible que:
A los efectos de la resolución relativa a la suspensión condicional de la ejecución, se concederá audiencia a la persona interesada. Asimismo, se pueden solicitar informes de las entidades asociativas del sector afectado y otros organismos públicos interesados, así como cualquier otro que se considere conveniente para resolver sobre la suspensión condicional.
Las resoluciones que conceden o deniegan la suspensión condicional se motivarán debidamente y se notificarán a la persona interesada. Si la resolución es desfavorable a la suspensión, la tramitación de la ejecución de la sanción impuesta tiene que continuar. Si es favorable, tiene que expresar las condiciones en las cuales se tiene que llevar a cabo la suspensión así como el hecho que se suspenden los plazos de prescripción de la sanción que establece esta ley. El silencio administrativo tiene efecto desestimatorio.
Durante el periodo de suspensión, la persona a la cual se ha impuesto la sanción tiene que respetar, como mínimo, las condiciones siguientes:
Si la persona interesada, durante el plazo de suspensión fijado, incumple las obligaciones o condiciones impuestas o es sancionada por otras infracciones pesqueras, el órgano competente, habiéndole otorgado previamente audiencia, tiene que revocar la suspensión condicional de la ejecución de la infracción y continuar la tramitación de la ejecución de la sanción impuesta.
Una vez transcurrido el tiempo establecido en la suspensión, si la persona infractora, en vista de los informes que puedan ser requeridos al efecto, ha cumplido las condiciones establecidas y no ha sido sancionada por otras infracciones pesqueras, la persona titular de la consejería competente resolverá remitir la sanción impuesta siempre que la resolución administrativa sancionadora sea firme y no se haya dictado una sentencia judicial.
CAPÍTULO IV Procedimiento sancionador Artículos 139 a 146
ARTÍCULO 139 Procedimiento sancionador
ARTÍCULO 140 Órganos competentes
La competencia para resolver la iniciación del procedimiento sancionador corresponde:
Es competente para instruir el procedimiento el funcionario o la funcionaria que haya designado la persona titular de la competencia.
En el ámbito del Gobierno de las Illes Balears, la competencia para imponer sanciones corresponde:
La competencia para imponer sanciones accesorias corresponde al mismo órgano al cual compete imponer la sanción principal.
ARTÍCULO 141 Plazo de tramitación
El plazo para tramitar, resolver y notificar la resolución sancionadora es de un año, a contar desde la adopción del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador. Este plazo se cumplirá de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Transcurrido este plazo, teniendo en cuenta las posibles interrupciones del cómputo por causas imputables a las personas interesadas o por la suspensión del procedimiento, se declarará la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de la apertura de un nuevo expediente en el caso de que no haya prescrito la infracción.
ARTÍCULO 142 Actas de inspección
Las actas de inspección redactadas por el personal indicado en el título XI tienen la condición de documento público y gozan de eficacia probatoria respecto a los hechos que se denuncien, sin perjuicio de las pruebas que las personas interesadas puedan señalar o aportar en defensa de los derechos e intereses respectivos.
Las actas tienen que expresar las circunstancias y los hechos relacionados con la infracción presunta, los medios técnicos usados desde tierra, embarcaciones o aeronaves para comprobarlas y los datos que identifiquen a las personas o entidades que intervengan en la infracción detectada, así como las medidas cautelares adoptadas de acuerdo con el artículo 144 de esta ley. Siempre que sea posible, se adjuntará al acta el material gráfico, sonoro, de vídeo o cualquiera otro elemento objetivo que acredite la infracción presunta.
En el mismo acto de levantamiento se entregará una copia del acta a la persona presuntamente infractora. Si esto no es posible, se hará constar en el acta las circunstancias que lo impiden, y la copia del acta se entregará posteriormente al notificar la incoación del procedimiento.
ARTÍCULO 143 Actuaciones previas
El órgano competente para iniciar o resolver el procedimiento, antes de adoptar el acuerdo de iniciación, puede decidir llevar a cabo las actuaciones previas necesarias para determinar si concurren las circunstancias que justifican su iniciación.
Estas actuaciones se orientarán especialmente a determinar, con la máxima precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o de las personas que puedan ser responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unas y en otras.
Si las personas presuntamente responsables tienen el domicilio en un país extranjero, se les puede requerir que señalen un domicilio ubicado en España a efectos de la notificación.
Si las personas presuntamente responsables residen en el extranjero o bien residen en España pero es necesario hacer un trámite en el extranjero, se hará efectiva la posibilidad de ampliación de plazos a la cual se refiere el artículo 49.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
La persona o el órgano administrativo que determine el órgano competente para la iniciación o la resolución del procedimiento o, en su caso, los órganos que tienen atribuidas las funciones de control e inspección de la actividad llevarán a cabo las actuaciones previas.
Para asegurar la eficacia de la resolución que pueda recaer y la buena finalidad del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y garantizar la protección de los recursos marinos y otros intereses generales, se pueden adoptar las medidas cautelares siguientes:
Estas medidas se tienen que adoptar mediante una resolución motivada, en la que consten, en cada caso concreto, la necesidad en función de los objetivos que se pretendan garantizar, y la intensidad y la proporcionalidad en cuanto a las circunstancias que se indican a continuación, entre otras:
Una vez iniciado el procedimiento sancionador, la persona competente para iniciarlo puede adoptar medidas cautelares, las cuales pueden ser levantadas o modificadas durante la tramitación en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no hayan podido ser tenidas en cuenta en el momento de adoptarlas.
Antes de iniciar el procedimiento, cuando sea necesario por razones de urgencia o de necesidad, el personal indicado en el artículo 96 de esta ley puede adoptar verbalmente las medidas cautelares que prevé su apartado 1, letras a), b), h), i) y j), en cuyo caso lo hará constar en el acta correspondiente. En defecto de ésta, se reflejará en la resolución oportuna y se motivará por escrito lo antes posible, en un plazo no superior a cinco días, y se notificará a las personas interesadas. Las medidas cautelares se tienen que confirmar, modificar o levantar en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que debe tener lugar dentro de los quince días siguientes a la adopción de éstas, el cual podrá ser objeto del recurso que sea procedente, con concordancia con el artículo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya mencionada.
No obstante, si la medida determinada por el inspector de pesca en el acta consiste en la retención de un buque que, de acuerdo con el artículo 145 de esta ley, pueda liberarse mediante una garantía financiera, es necesario confirmarla lo antes posible —y, en cualquier caso, en un plazo no superior a cinco días— en una resolución escrita y motivada de la autoridad competente en que se fijen el importe o las condiciones de la garantía, y notificarla a la persona interesada.
Las medidas cautelares adoptadas se extinguen al dictar la resolución administrativa que agota el procedimiento sancionador. Sin embargo, en la resolución se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares necesarias para garantizar la eficacia de ésta mientras no sea ejecutiva.
ARTÍCULO 145 Destino de los productos y bienes decomisados
Los buques decomisados se liberarán sin más dilación cuando se haya constituido previamente una fianza u otra garantía financiera legalmente prevista. El importe de la garantía, que tiene que ser fijado por el órgano competente mediante el acto administrativo correspondiente, no tiene que superar el importe de la sanción que pueda corresponder por la infracción o las infracciones cometidas. El plazo para la prestación de la fianza es de un mes desde que se fije, y puede ser prorrogado por el mismo tiempo por causas justificadas. En el caso de que no se constituya la garantía en el plazo establecido, el buque queda a disposición de la administración competente, que puede decidir sobre su ubicación y el destino de acuerdo con la legislación vigente.
El destino de los productos decomisados es el siguiente:
- Venta en lonja de acuerdo con el sistema utilizado habitualmente en el lugar, siempre que se trate de especies que no estén en veda o de talla o peso reglamentario o que no procedan de la pesca recreativa. El importe de la venta se hará constar en el expediente.
- Entrega, para consumo, en un centro benéfico o en otras instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro.
- Destrucción, cuando se trate de cantidades pequeñas o cuando no reúnan los requisitos mínimos higiénico-sanitarios.
Las artes, los aparejos y los enseres de pesca y marisqueo, los equipos u otros accesorios antirreglamentarios decomisados, se destruirán salvo que tengan un valor histórico o patrimonial, caso en que se pueden entregar a entidades sin ánimo de lucro.
Las artes, los aparejos, los enseres de pesca y marisqueo, los vehículos, los equipos o cualquier otro accesorio reglamentario decomisado, se tienen que liberar cuando se haya constituido previamente una fianza, cuyo importe será fijado por la persona titular de la competencia para iniciar el expediente sancionador, y no superará el importe de la sanción que pueda corresponder por la infracción o las infracciones cometidas.
Si en la resolución del expediente se aprecia la comisión de la infracción, se exigirá a la persona imputada el importe de los gastos derivados de la adopción de las medidas descritas.
Si en la resolución del procedimiento sancionador no se aprecia la comisión de la infracción, se resolverá la devolución de los productos o bienes decomisados o, en su caso, de su valor. Si la persona interesada no se hace cargo de los mismos en el plazo de seis meses desde que ha sido requerida para hacerlo, se considera que los abandona, y la administración competente decidirá su destino, una vez que la resolución sea firme.
Si en la resolución del procedimiento sancionador se aprecia la comisión de una infracción, los objetos decomisados que no sean susceptibles de un uso lícito deben ser destruidos. Si son de uso lícito y la resolución sancionadora no ha establecido su decomiso como sanción accesoria o medida cautelar, se resolverá su devolución. Si la persona interesada no se hace cargo de los mismos en el plazo de seis meses desde que ha sido requerida para hacerlo, se considera que los abandona, y la administración competente los destruirá, venderá en subasta pública o los entregará a entidades sin ánimo de lucro o de carácter benéfico.
Todas estas actuaciones se harán constar en el acta.
ARTÍCULO 146 Reconocimiento de responsabilidad
Cuando la sanción en el procedimiento sancionador tenga carácter pecuniario y se fije su cuantía, ya sea en el acuerdo de inicio o en la propuesta de resolución, el hecho de que en cualquier momento anterior a la resolución el presunto responsable reconozca la responsabilidad y esté conforme con la sanción, determina la finalización del procedimiento.
El apartado anterior no es aplicable cuando la persona infractora incurra en el supuesto de reincidencia previsto en esta ley.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA Red Balear de Áreas Marinas Protegidas
Como mínimo, las reservas marinas siguientes:
- Del Nord de Menorca.
- De los Freus d’Eivissa i Formentera.
- De la Badia de Palma.
- De Migjorn de Mallorca.
- De las Illes Malgrats.
- De la Illa del Toro.
- Del Llevant de Mallorca.
Como mínimo, los ámbitos marinos de los espacios naturales protegidos siguientes:
- Parque Nacional Marítimo-terrestre de Cabrera.
- Las reservas naturales de Es Vedrà, Es Vedranell y los islotes de Ponent.
- El parque natural de S’Albufera des Grau.
- El parque natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA Tenencia ilegal de especies
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA Pesca de litoral y pesca marítima recreativa
Para el ejercicio de las competencias estatutarias sobre pesca en aguas interiores del litoral de las Illes Balears y para lograr una mayor eficacia en las actuaciones públicas, la comunidad autónoma promoverá el establecimiento de vías de colaboración con el Estado, de acuerdo con la legislación vigente.
Asimismo, el Gobierno de las Illes Balears y los consejos insulares pueden establecer convenios de colaboración o convenios de encomienda de gestión con el objeto de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, conservación y mejora de los recursos pesqueros dentro del ámbito de las competencias propias.
Disposición Adicional Tercera, apartado 1, modificado por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA Creación de registros
- Registro de licencias de pesca recreativa.
- Registro de inspecciones e infracciones en las materias que prevé esta ley.
- Registro de gestión de titulaciones pesqueras.
- Registro de puntos para artes de parada.
- Registro de capturas de los campeonatos de pesca recreativa.
- Registro de cofradías de pescadores y sus federaciones.
- Registre general de la actividad subacuática profesional.
- Registro de profesionales del sector pesquero.
- Censo de embarcaciones pesqueras con puerto base en las Illes Balears.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA Actualización del importe de las sanciones
Palma, a 7 de noviembre de 2013
Orden de 28 de junio de 2010 por la que se eleva a definitiva la propuesta de aspirantes que superaron el proceso selectivo para el ingreso en la categoría 064 (oficial 1ª tractorista//tractorista y otros) del grupo III del personal laboral fijo de la Xunta de Galicia, por los turnos de promoción interna y cambio de categoría, y acceso libre.
RESOLUCIÓN CMC/675/2010, de 9 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Industrias Culturales de 27 de enero de 2010, por el que se aprueban las bases que han de regir la concesión de subvenciones a la producción editorial en catalán y en occitano y para la edición de partituras de compositores/as catalanes/as.
DECRETO 172/1992, de 15 de octubre, por el que se acepta la donación a la Comunidad de Castilla y León, por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (León), de tres parcelas de 13.300, 12.575 según reciente medición, 808 y 736 m2 de superficie respectivamente, sitas en su termino municipal, con destino a la construcción de viviendas de Protecci...
ORDEN 595/2005, de 14 de abril, de la Consejería de Presidencia, por la que se convoca un puesto de trabajo para su provisión, por el sistema de Libre Designación, en la Consejería de Presidencia.
Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 1498/2009.

References: resolución 
 artículo 30
 artículo1

Artículo 3

Artículo 4

ARTÍCULO 6
 artículo 5

ARTÍCULO 7
 artículo 5

ARTÍCULO 8

Artículo 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

Artículo 10

ARTÍCULO 11

Artículo 11

ARTÍCULO 12

Artículo 12

ARTÍCULO 13

Artículo 13

ARTÍCULO 14
 artículo 35

ARtículo 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

Artículo 18

ARTÍCULO 20

Artículo 20

ARTÍCULO 21

ARTÍCULO 22

Artículo 22

ARTÍCULO 23

Artículo 23

ARTÍCULO 24

Artículo 24

ARTÍCULO 25

Artículo 25

ARTÍCULO 26
 artículo 41

ARTÍCULO 28

ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 31

ARTÍCULO 32

ARTÍCULO 33

ARTÍCULO 34

ARTÍCULO 35

ARTÍCULO 36

ARTÍCULO 37

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 39

ARTÍCULO 40
 resolución 

ARTÍCULO 41

ARTÍCULO 42

ARTÍCULO 43

ARTÍCULO 44

ARTÍCULO 47

Artículo 47

ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 49

ARTÍCULO 50

ARTÍCULO 51

ARTÍCULO 52

ARTÍCULO 53
 artículo 69

ARTÍCULO 54

ARTÍCULO 55
 Artículo 56

ARTÍCULO 56

ARTÍCULO 58

ARTÍCULO 60
 artículo 78

ARTÍCULO 61

ARTÍCULO 62

ARTÍCULO 63

ARTÍCULO 64

ARTÍCULO 65

ARTÍCULO 66

ARTÍCULO 67

ARTÍCULO 68

Artículo 68

ARTÍCULO 69

ARTÍCULO 70

ARTÍCULO 71

ARTÍCULO 72

ARTÍCULO 73

ARTÍCULO 74

ARTÍCULO 75

ARTÍCULO 76

ARTÍCULO 78

ARTÍCULO 79

ARTÍCULO 80

ARTÍCULO 81

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ARTÍCULO 84

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ARTÍCULO 89

ARTÍCULO 90

ARTÍCULO 92

ARTÍCULO 93

ARTÍCULO 94

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ARTÍCULO 96

ARTÍCULO 97
 artículo 96

ARTÍCULO 98
 artículo 97

ARTÍCULO 99

ARTÍCULO 101
 artículo 130
 resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 104

ARTÍCULO 105

ARTÍCULO 106
 artículo 132

ARTÍCULO 107

ARTÍCULO 108

ARTÍCULO 111

ARTÍCULO 118

ARTÍCULO 119

ARTÍCULO 120

ARTÍCULO 121

ARTÍCULO 122

ARTÍCULO 124

ARTÍCULO 126

ARTÍCULO 127

ARTÍCULO 128

ARTÍCULO 129
 artículo 99
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ARTÍCULO 130

ARTÍCULO 131
 artículo 129

ARTÍCULO 132
 artículo 129

ARTÍCULO 133
 artículo 129

ARTÍCULO 134
 artículo 129

ARTÍCULO 135
 artículo 129

ARTÍCULO 136

ARTÍCULO 137

ARTÍCULO 138
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ARTÍCULO 139

ARTÍCULO 140

ARTÍCULO 141
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ARTÍCULO 142
 artículo 144

ARTÍCULO 143
 artículo 49
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 artículo 96
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 artículo 72
 artículo 145
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ARTÍCULO 145
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ARTÍCULO 146
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RESOLUCIÓN