Source: http://www.libertadidioma.com/2004/20041227.htm
Timestamp: 2020-03-28 20:04:57+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Lunes 27 Diciembre 2004
DISPERSIÓN EFICAZ
Editorial ABC 27 Diciembre 2004
¿y Por qué no decir no
Gabriel ALBIAC La Razón 27 Diciembre 2004
¿Impuestos confiscatorios
Luis GONZÁLEZ SEARA La Razón 27 Diciembre 2004
El 2005, un año clave para España
Carlos DÁVILA La Razón 27 Diciembre 2004
¿Se ha enterado Zapatero
Antonio PÉREZ HENARES La Razón 27 Diciembre 2004
La fotocopia fallida
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 27 Diciembre 2004
La semana decisiva
Editorial El Ideal Gallego 27 Diciembre 2004
LA TORPEZA DE ZAPATERO
Jaime CAMPMANY ABC 27 Diciembre 2004
Juan Manuel DE PRADA ABC 27 Diciembre 2004
EL ARCHIVO PERTENECE A ESPAÑA
PABLO MOSQUERA La Voz 27 Diciembre 2004
Gibraltar: la unanimidad rota (y II)
César VIDAL La Razón 27 Diciembre 2004
Zapatero podría incluir en el Preámbulo de la Constitución las exigencias de Maragall y Patxi López
Libertad Digital 27 Diciembre 2004
Morales Dardé afirma que «el archivo de Salamanca está en situación de peligro»
L. R. C. La Razón 27 Diciembre 2004
DESPUÉS de treinta años de lucha antiterrorista, la política penitenciaria se ha consolidado como un instrumento decisivo para evitar que las cárceles se conviertan tanto en centros de captación y adoctrinamiento de nuevos terroristas como en prolongaciones de las estrategias dictadas por las cúpulas de las bandas. En cuanto a ETA, la eficacia de la dispersión ha sido incuestionable, claro está, en unión de otras medidas legales y policiales. Las primeras decisiones tomadas en este sentido sobre los presos islamistas de Al Qaida recluidos en cárceles españolas han empezado a dar resultados satisfactorios, fundamentalmente en el registro de incidencias y conflictos internos, que ha descendido, según la información que hoy publica ABC. La situación penitenciaria es especialmente severa para los presos relacionados con el GIA argelino y otros grupos de origen marroquí, terroristas que, como desvelaron las denuncias de los funcionarios de prisiones, tienen un fuerte sentimiento gregario, que se fortalece, además, con la dirección de imanes vinculados con los propósitos terroristas.
La dispersión no vulnera ningún derecho fundamental, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, siempre que se adopte sin arbitrariedad. El terrorismo es una delincuencia organizada y la localización permanente de sus «militantes» en las mismas prisiones permite a sus dirigentes activar planes de captación o, como mínimo, de conservación del preso en la disciplina organizativa de la banda. En estas condiciones, la movilidad del preso es imprescindible tanto para frustrar los planes de la organización terrorista como para facilitar realmente la reintegración del delincuente. No conviene engañarse: la biografía de muchos terroristas demuestra que su tránsito a la violencia se produce por la influencia del entorno más próximo: familiar, amistoso o social. Acercar al preso nuevamente a ese entorno puede ser contraproducente. No en vano, los delitos de terrorismo no se juzgan allí donde se cometen, sino en la Audiencia Nacional.
Sin necesidad de un pacto específico para el terrorismo integrista, el Gobierno, después de remontar algunas frivolidades de altos cargos del Ministerio del Interior, ha aplicado una medida avalada por la experiencia de la lucha contra ETA, fuente abundante de lecciones para combatir este nuevo terrorismo. No es bueno que se cuestione la política de dispersión de etarras -y no sólo los nacionalistas lo están haciendo; algún socialista vasco también- justo cuando empieza a aplicarse a los integristas islamistas. Pasado mañana hay reunión del Pacto Antiterrorista y convendría que Gobierno, PP y PSOE despejaran dudas, por pequeñas que fueran, sobre la política penitenciaria.
¿Impuestos confiscatorios?
El ciudadano, por más derechos que le atribuya la retórica de turno, cuyo destino es ser expoliado. Y, a pesar de los cantos que quieran hacerse en pro de la descentralización y la autonomía, su situación tributaria empeora a medida que crecen y se multiplican las instituciones con capacidad impositiva y recaudatoria, que suelen saquear de forma sigilosa y certera los bolsillos de los contribuyentes. Sin duda, las cosas suelen ser peores en la autocracia que en la democracia, pero el desconocimiento y falta de auténtico control de los ciudadanos sobre los impuestos viene a ser una práctica habitual.
Todos los años, por estas fiestas navideñas, los españoles vemos sucederse el rito de la aprobación urgente de los Presupuestos Generales del Estado. Esta vez se daba la circunstancia relevante de que el Senado había rechazado los presupuestos del Gobierno, con el voto mayoritario de los senadores. Sin duda, era un argumento de indudable peso democrático para obligar a un debate serio en el pleno del Congreso de los diputados, en quien reside la última decisión en materia presupuestaria. Nada más lejos de la realidad. El veto fue ignorado sin miramiento alguno, votándose rápidamente por la mayoría de los diputados.
La cuestión, al parecer, no tenía nada que ver con el hecho de que los presupuestos y sus partidas de ingresos y gastos fueran justos o injustos, acertados o erróneos. La cuestión era simplemente constatar si el Gobierno sacaba o no adelante sus olímpicos proyectos. Los ciudadanos no pueden hacer otra cosa que pagar y sufrir las consecuencias.
Es cierto que, cada cuatro años, se puede echar a los gobernantes de turno; pero la cuestión de fondo no cambia, porque toda la clase política se mueve dentro de las mismas coordenadas. La falta de participación y control de los ciudadanos en la definición de sus obligaciones fiscales se ve agravada en los ayuntamientos y comunidades autónomas, porque la repercusión pública del debate y toma de decisiones tiene aún menos peso que la de los Presupuestos Generales del Estado.
Y, así, se corre el riesgo de que el expolio del ciudadanos se multiplique por el número de esquilmadores autorizados.
El famoso principio que dio origen a los parlamentos modernos: ningún impuesto sin representación, resulta viciado de raíz cuando los supuestos representantes, en vez de controlar el gasto de los gobiernos y los impuestos que han de pagar los ciudadanos, lo primero que hacen es justamente lo contrario: pedir que se incrementen las partidas del gasto público, para satisfacer las demandas clientelares de las distintas bolsas de votos y los intereses partidistas.
Nuestra Constitución establece que los impuestos no tendrán alcance confiscatorio. Pero ¿cómo se determina tal alcance, cuando, además del Estado, pueden establecer y exigir tributos las comunidades y las corporaciones locales?
La tendencia, de momento, va en la dirección confiscatoria. No se ve quien la pueda parar.
Lo mejor que se puede decir de este año 2004 es que ya sólo tiene cinco días de vida. Por resumir: ha sido el año en el que a España le ha dado miedo y verguenza de ir bien. Hace unos meses afirmaba un gran empresario. «Para una vez que marchábamos estupendamente, la hemos j.....». Pues eso, la hemos j..... Es cierto que un conjunto de criminales mandados aún no se sabe por quién, abrió lar carnes del país en el pasado marzo, y que ese fatal acontecimiento, tan imprevisible como cualquier otro atentado terrorista, nos ha dejado destrozados. Sus consecuencias ya están dichas: un partido púber y sin formación alguna, compuesto por retales (algunos de desecho) se alzó improvisadamente con el poder y desde entonces únicamente ha hecho otra cosa que descoser todo lo que se había zurcido en ocho años de gran gestión y de pésima comunicación. Eso es cierto, tan cierto como legítimo y desagradable. El jefe de esta cegada alternativa se ha encargado en poco más de ocho meses de poner al país patas arriba, de forma que ahora mismo ya se discute todo: desde la propia realidad de España hasta la convivencia nacional. Nunca, desde la Transición se expuso de manera más irresponsable al país a una confrontación desatada. La concordia ha saltado por los aires, y parece que las tópicas dos Españas han vuelto al ruedo de la España más cañí, estúpida y desazonadora.
Y llega el 2005. Llega y no nos va a proporcionar un respiro. Ese va ser el ejercicio más peligroso para la unidad de la Patria (ojo, no hago otra cosa que recoger lo inscrito en la Constitución) que haya pasado nunca España. Los mariachis de Ibarreche, alentados frívolamente por los socialistas vascos y por los terroristas de Batasuna, se disponen a aprobar un plan independentista radical, mientras en Cataluña, Maragall, sus próximos aliados de CIU, y los secesionistas de Esquerra, preparan un Estatuto idéntico, como una gota de agua a otra, al del visionario lendakari. Para esta doble agresión Zapatero, siempre con su sonrisa Netol, y ya con su título extravagante de «Español del año» bajo el brazo, no tiene más respuesta que la vaga y descalificada contestación, presuntamente científica, que declara, ¡Dios mío con este hombre!, obsoleto el concepto de nación.
Hasta hace unos meses, Jiménez de Parga en el Tribunal Constitucional garantizaba que la barbaridad de los nacionalistas y la estulticia de José Luis Rodríguez Zapatero no tuvieran posibilidad alguna de éxito; ahora, la Presidencia de la esposa del asesor de Ibarreche en el Constitucional, avalan las ansias desintegradoras de todos los dinamiteros de España. El panorama no puede ser más desolador. Este problema, que algunos esforzados de la ambigüedad, denominan «de territorialidad», va a ser el meollo clave de nuestra vida nacional, pero, curiosamente, no parece preocupar en demasía a los españoles. Lo que se habla en la calle no tiene nada que ver con ello, de donde podría deducirse que a los españoles nos importa un bledo que nuestro país se trocee como un queso partido. Los socialistas podrán seguir malgobernando mientras –se dice– la cartera nacional e individual no sufra demasiado, mientras se puedan seguir pagando las hipotecas y veraneando al menos tres veces al año. ¿Cuánto falta para que llegue ese mal momento?. El 2005 nos los dirá, pero los augures más asépticos aseguran que las pésimas noticias llegarán pronto.
La sociedad dividida por tantas cosas: el modelo de convivencia, la religión, las guerras lejanas, la permanencia de la Nación... ya se ve que sólo reaccionará si adelgaza el euro. La pela es la pela también en España. En eso confía el Partido Socialista que, por lo demás, se apresta, con afán políticamente criminal, a intentar el destrozo del Partido Popular, siguiendo el modelo que tantos réditos le proporcionó con UCD. A este Partido Popular, al que se le sitúa en soledad clamorosa frente a una coalición radical socialista e independentista, le ha caído la misión de oponerse nada menos que a la destrucción de la propia España. No es parco menester para un partido todavía en estado de estupor por la increíble derrota de marzo.
¿Se ha enterado Zapatero?
Ya no hay duda, ya sabemos todos lo que quieren los nacionalistas. Sólo algunos políticos afiliados a la filosofía del avestruz pretenden hacernos creer que el riesgo es de mentirijillas. Del rey abajo, demostrado quedó en Nochebuena, olfateamos que la gran tormenta que se cierne sobre España puede dar al traste con la Constitución, la convivencia, el progreso y asomarnos a la confrontación y al abismo. Pretenden la ruptura y el escabechamiento de la soberanía del conjunto del pueblo español sobre todas las tierras y comunidades que componen la Nación. Es un problema inaudito e insospechable en raciocinio alguno en una Europa de futuros, pero hasta este extremo de ciega estupidez es donde nos están llevando. No había necesidad, ni ansias populares ni clamor social. En absoluto. Es pura partitocracia y deleznable ansia de poder. La generosidad, el sentido de servicio y la altura política de la Transición han dado paso a esta banda de mediocres insensatos dispuestos a incendiarnos con su fanatismo de aldeanos disfrazados de progre enterrador. El peligro es real y es inminente. La duda y la preocupación es si lo está viendo Zapatero. Es quien nos gobierna, quien dirige y decide. El líder democrático, legítimo y votado por España. Pero algunos que, en este trance, queremos tener confianza en él lo que empezamos a tener es miedo.
En el campamento base de Ibarretxe, ese en el que se espera a que se disipe la niebla para atacar la cima, ya no cabe un alfiler. El Partido Socialista de Euskadi ha decidido unirse a los aventureros que -con muchísimo respeto, eso sí- creen llegado el momento de dejar atrás el Estatuto para adentrase en el terreno cenagoso de la imposición identitaria y la desvertebración constitucional.
Después de dedicar 36 folios a explicar lo que el PSE denomina 'bases para la actualización y reforma del Estatuto de Autonomía', el documento aprobado por los socialistas vascos llega a la siguiente conclusión: «Tras 25 años de autonomía el nacionalismo vasco, es decir, el Partido Nacionalista Vasco, ha sido incapaz de consolidar unas bases políticas, institucionales y culturales compartidas que nos permitan definir a nuestra Comunidad como una comunidad nacional». Es decir, desde el socialismo vasco se reprocha al PNV no haber sido lo suficientemente eficaz para convertir a todos los vascos en nacionalistas. De ello, se desprende que el PSE se propone sustituir al nacionalismo en esta tarea ofreciendo su propia receta de «cómo se ha de construir y desarrollar esta comunidad nacional que es Euskadi», con lo que la perplejidad ante semejante conclusión no encuentra remedio ya que si Euskadi es una comunidad nacional nada hay que construir, y si hay que construirla es que todavía -tiempo al tiempo- no lo es.
Décadas de terrorismo salvaje y desestabilizador, de desprecio del nacionalismo a las víctimas, de secuestro de los derechos, de coacción institucionalizada, de deslealtad hacia el marco constitucional, de asfixia de la sociedad civil, de deslegitimación del Estado de derecho, parecían habernos convencido de que el problema verdaderamente estructural de la sociedad vasca era de libertad, de ejercicio efectivo de los derechos que la Constitución garantiza a todos los españoles como ciudadanos libres. Los socialistas vascos han decidido rectificar el diagnóstico y convertirlo, como siempre ha hecho el nacionalismo, en un problema de identidad, en un supuesto déficit identitario que es preciso remediar. Esta metamorfosis del socialismo decidido a construir imaginarias comunidades nacionales es una grave derrota de la causa cívica y constitucional que tantos han defendido hasta el límite de la entrega. Pero para el socialismo es también la expresión de su propia derrota en forma de desistimiento; de una derrota autoinfligida por el vacío ideológico que le lleva a subcontratar su proyecto político y a aceptar este juego de aprendices de brujo.
Parece pertinente preguntar qué hace ese socialismo que se reclama cívico e igualitario dedicado a construir 'comunidades nacionales' en media España; qué proyecto de convivencia plural, de cohesión, de modernización puede haber detrás de esa asunción extravagante del principio identitario como seña distintiva cuya realización se propone como el ideal de plenitud democrática. Ese socialismo quiere presentarse abierto y dialogante y para ello juega a relativizar el sentido de la nación, como bien lo expresó el presidente del Gobierno en el Senado calificándola de concepto «discutido y discutible». No es verdad. Lo 'discutido y discutible' para el PSOE es sólo la nación española, precisamente esa nación cívica -la única- que por serlo ofrece acomodo, respeto y reconocimiento a sentimientos de identidad plurales y a realidades culturales diversas. Es ahí donde el doble discurso socialista queda en evidencia al negar sustantividad a la nación de ciudadanos libres e iguales que define la Constitución, mientras se adhiere con entusiasmo sonrojante a la construcción de 'comunidades nacionales' sin pararse a considerar lo que tiene de imposición identitaria para todos aquellos que de la noche a la mañana se convertirían en miembros de una comunidad nacional, en 'nacionales' vascos o catalanes, dejando de hecho -y en buena medida también de derecho- la condición de españoles para los que no puedan ser otra cosa.
Para los socialistas, el Estatuto hace surgir Euskadi «como sujeto político para desarrollar y vertebrar una comunidad nacional». Por si hubiera alguna duda, la voluntad de los ciudadanos expresada en el Estatuto «sentó la bases para la constitución (de Euskadi) como comunidad nacional». De sí mismos, los socialistas recuerdan: «seguimos defendiendo que el proyecto nacional vasco sólo es posible desde el mantenimiento de un consenso amplio en materia institucional, social y cultural» y, abierta de este modo la vía del nacionalismo dialogado, advierten que «una comunidad nacional no es el resultado de la aplicación unilateral de una ideología». La regañina al PNV por su torpeza en reclutar más nacionalistas continúa pero ahora de manera constructiva porque «PSE-EE tiene otra visión de cómo se ha de construir esta comunidad nacional que es Euskadi» ya que «ni el proyecto nacional, ni la reforma estatutaria pueden llevarse a cabo desde proyectos particulares». Menos mal que el concepto de nación es para los socialistas discutido y discutible.
El PSE puede sin duda buscar una salida argumental recuperando la idea de 'nación cívica' que, sin perjuicio de algunos meritorios esfuerzos teóricos, en la política vasca ha sido el recurso retórico que, de cuando en cuando, ha utilizado el nacionalismo para blanquear su concepción etnicista de lo vasco. Así lo hizo Arzalluz hace quince años y quince años después lo retomaba Imaz, dando por sentado que España no lo es. El tema es un trasunto del dilema clásico que se le ha querido plantear al nacionalismo según el cual éste tendría que elegir entre un Estado sin nación o una nación sin Estado. No parece que el dilema a estas alturas sea real, ni que agobie excesivamente al nacionalismo. El nacionalismo tiene la ventaja de que para su proyecto tanto le vale afirmar su vocación de estatalidad -es decir, la independencia por secesión- como negar el Estado común, es decir la independencia por defecto. Eso es el plan Ibarretxe. Y si bien para la secesión el nacionalismo cuenta con sus solas fuerzas, para negar al Estado, previamente denunciado como estructura ajena e impositiva, la nómina de colaboradores se amplía con nuevos e insospechados aliados que allanan el camino para que el nacionalismo gane la partida simplemente por incomparecencia. Basta sustituir el compromiso con la España constitucional por una improvisada y lejana lealtad europea para que el discurso tenga incluso aires progresistas.
En una reciente entrevista en el diario 'El País', el experto francés en Islam Gilles Kepel, a propósito del fracaso del multiculturalismo en Europa, advertía de que «una sociedad sólo es viable a partir del momento en que lo común triunfa sobre la expresión de las divisiones; en caso contrario se camina hacia la lógica de la balcanización». La observación, como la lógica frente a la que alerta, tiene un valor general. La lógica de la balcanización suma adeptos en España. Una balcanización política y afectiva de boicots mutuos, de comunidades simplemente yuxtapuestas, de identidades improvisadas en un Estado que sólo se hace visible en el discurso de sus detractores, ante la sonrisa muda de un Gobierno que, sometido a su mayoría, se crece haciendo alarde de su debilidad y devuelve la nación a los cuarteles para que el ministro de Defensa se adorne en ocasiones señaladas.
El apocalipsis no está próximo, al menos no hay que pensar que así sea, pero España, la España constitucional, la que gracias al consenso nació hace poco más de un cuarto de siglo, se enfrenta a una semana muy complicada, ya que el Parlamento vasco se dispone a darle la primera patada a los valores democráticos. El plan Ibarretxe superó su primer examen gracias a la abstención de los proetarras, que simplemente con no pronunciarse permitieron que fuese aprobado en comisión, pero ahora, el jueves, llega el momento decisivo, ya que en el pleno del Parlamento de Vitoria será preciso que den su apoyo al proyecto del lehendakari y hay que ser muy inocente para pensar que no lo harán, pues aunque el texto no colma sus aspiraciones, es el inicio del camino hacia el “paraíso euskaldún” en el que quieren vivir; no hay, por lo tanto, ninguna duda de que el brazo político de la banda terrorista se alineará junto a los tres partidos que forman el Gobierno de Juan José Ibarretxe. El PNV ha sido precisamente el que ha abonado el terreno para que los diputados encabezados por Arnaldo Otegi voten sí y lo ha hecho con el más absoluto descaro, puesto que ha invocado un supuesto principio que impide “imponer” la unidad de España, pero nada ha dicho del que a ellos les “autoriza” a implantar su dictadura. No han podido decir nada porque se trata de una ficción, ya que mientras la Constitución, en la que se consagra la unidad de España, fue aprobada casi por unanimidad, su proyecto es sólo de un grupo de iluminados.
Por Jaime CAMPMANY ABC 27 Diciembre 2004
SE da una circunstancia, fea, enredosa y además inquietante en ese contencioso que enfrenta al Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León, de una parte, con la Generalidad de Cataluña y el mismísimo Gobierno de la Nación, de otra, a propósito del Archivo de los documentos de la Guerra Civil. El pleito no se mantiene dentro de los límites naturales de un asunto cultural, histórico o jurídico. Si así fuese, se hallaría una fórmula de solución.
Pero un pleito que no debería haber sobrepasado esos límites naturales, históricos, jurídicos o culturales, se ha convertido de repente en un debate de carácter político y amenaza con adquirir encono de pelea entre dos Comunidades, la castellana y la catalana. Es comprensible que Cataluña quiera conservar en su poder la parte de los papeles de ese archivo de la Guerra Civil que afectan a su territorio. Y es también explicable que Salamanca no quiera descuadernar y desguazar un Archivo tan importante como el que conserva desde hace muchos años, cuyo valor máximo consiste precisamente en su integridad.
Ha sido la locura reivindicativa de ese personaje nefasto llamado Carod-Rovira lo que ha traído a la actualidad española un nuevo conflicto casi inexistente para unir a los muchos que ya le lleva planteados desde ese partido de los «quatre gats» y de los cuatro mil problemas. Y ha sido la torpeza estelar, tan egoísta como bobalicona, de Rodríguez Zapatero lo que ha hecho de un debate pacífico entre Comunidades, perfectamente superable, una pelea entre pueblos que amenaza con discurrir por caminos y sucesos indeseables.
Zapatero ha concedido a la Generalidad de Cataluña la parte que pide de los documentos de Salamanca, sin buscar una fórmula de entendimiento, por ordeno y mando, y de la forma más fea, o sea, como precio político para seguir comprando los votos de Esquerra Republicana. El propio Carod ha confirmado que los documentos los ha conseguido él a cambio de los votos de Esquerra para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Mal asunto. Mala manera. Mala política. Y mal talante.
La Junta de Castilla y León se ha apresurado a asegurarse por norma legal la posesión de los documentos, y el Ayuntamiento de Salamanca ha declarado de manera terminante que los papeles del Archivo no van a salir de donde se guardan. Unos «expertos», nombrados por la «expertísima» ministra de Cultura Carmen Calvo, ésa que cree que Cervantes vivió en Argel en una finca de recreo, dictamina el derecho de los catalanes, y el director de la Academia de la Historia, Gonzalo Anes, que es experto de verdad y que para su prestigio y fortuna no ha sido nombrado por la nesciente ministra, aconseja no deshacer el Archivo.
Lo que yo no sé, ni me imagino, es cómo va a arrancar Zapatero del Archivo de Salamanca unos documentos que ni el alcalde ni el pueblo quieren que se lleve nadie. Los ejemplos de la Historia son elocuentes. Lo mejor es dar los documentos al Lazarillo para que los esconda por si el Gobierno manda por ellos a Rubalcaba con Telesforo Rubio. Y es que este Zapatero es la órdiga. Todo lo que toca se descoña.
Por Juan Manuel DE PRADA ABC 27 Diciembre 2004
EN más de una ocasión, mientras escribía Las esquinas del aire, acudí al Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Consultando aquellos legajos, tan exhaustivos en su repertorio de recortes de prensa, cartas manuscritas o mecanografiadas, documentos privados y públicos (la burocracia de la muerte es metódica, concienzuda, parsimoniosa como la confección de un herbolario), pude asomarme al horror de la maquinaria represora, cuyos engranajes trituraban vidas sin inmutarse, como la rueda de molino tritura el grano y lo convierte en harina. Aquellos miles de nombres que componían el catastro de la represión eran la harina humana sacrificada en una de las épocas más sombrías de nuestra Historia. Y aquel Archivo de Salamanca se erigía en memorial de aquellas vidas desbaratadas, aventadas, sometidas a perpetua inquisición y sospecha.
La desmembración del Archivo de Salamanca supone el desmantelamiento de una realidad histórica que, para ser comprendida cabalmente, debería mantenerse íntegra, como expresión nítida de lo que fue aquella maquinaria represora. Las naciones adultas se distinguen por su capacidad para enfrentarse al horror de su pasado sin ñoñerías revisionistas o atemperadoras; también por su fortaleza para anteponer el interés colectivo sobre los intereses particulares. Quienes solicitan desde Cataluña el «retorno del patrimonio expoliado» (esto es, dicho sin proclamaciones enfáticas, la restitución de documentos incautados por la maquinaria represora franquista) están reclamado, a la postre, un insensato derecho a torcer o tergiversar el sentido de la Historia. Pues, aun entendiendo que en la petición de dichos documentos se cifre un anhelo legítimo, debería prevalecer el deber de preservar la naturaleza de lo que fue concebido como un gran centro represor. En el mantenimiento de ese Archivo tal como fue concebido se cifra el mejor y más sincero homenaje que podemos tributar a la memoria de sus víctimas.
Una comisión de expertos acaba de evacuar un dictamen que, al auspiciar el desmantelamiento del Archivo de Salamanca, legitima la tergiversación de la Historia. Algunas de las conclusiones de dicho dictamen delatan la mala conciencia (que en algunos será bellaquería y en otros mero atolondramiento) de los citados expertos: ocurre así, por ejemplo, con la superflua y un tanto irrisoria expresión de repulsa dirigida contra los hechos que dieron origen al Archivo; expresión de repulsa que, aparte de constituir un brindis al sol, debería actuar como argumento inatacable de la preservación del mismo. La Historia está hecha con la argamasa de sucesivos expolios, rapiñas, latrocinios y usurpaciones; ponernos ahora a disociar los ingredientes de esa argamasa, convirtiéndonos en apóstoles de la restitución, equivale a negar sus enseñanzas. ¿Qué ocurriría si mañana la Iglesia reclamara la restitución de los bienes que le fueron arrebatados durante la desamortización de Mendizábal? ¿Y si el Islam reclamara la restitución de los templos y palacios que le fueron usurpados durante la Reconquista? La Historia no puede ser sometida a operaciones de cirugía plástica; sus lacras y deformidades forman parte del barro del que estamos hechos.
Me sorprende que esa comisión de expertos haya promovido con su informe un dislate histórico de tal magnitud. A la postre, tal dictamen demuestra la condición precaria del intelectual español, siempre supeditado a las veleidades políticas de turno, siempre temeroso de la intemperie que le aguarda si contraría los designios del poder, siempre dispuesto a comulgar con ruedas de molino, con tal de no desairar al que manda. Que no es Zapatero, precisamente.
UNA comisión de expertos, designada por el Ejecutivo, ha recomendado devolver a Cataluña los documentos procedentes de la Generalitat que en la actualidad se encuentran en el Archivo de la Guerra Civil con sede en Salamanca. La polémica decisión ha provocado malestar y decepción, y no sólo en Castilla y León. La línea argumental contenida en el informe, y que coincide en lo básico con lo expresado por el Gobierno socialista, presenta un flanco débil: un grupo de expertos puede pronunciarse, con criterio, sobre aspectos técnicos e históricos, pero determinar la existencia o no de un agravio jurídico o político sólo compete a los tribunales de justicia o a los representantes legítimos de los ciudadanos. El dictamen, por otra parte, no es vinculante para el Ejecutivo. La responsabilidad de la eventual devolución corresponderá al Gobierno, quien no podrá hacerla descansar sobre la opinión, políticamente inducida, de los expertos.
El criterio técnico es contrario a la salida de los documentos, ya que vulnera el principio de unidad de archivo, reiteradamente defendido por los expertos y por la opinión de la Unesco. Incluso existen precedentes de defensa de la conservación de obras de arte y documentos por parte de otras Comunidades Autónomas, entre ellas Andalucía, de la que fue consejera de Cultura la actual ministra. Este mismo criterio abona el interés de los investigadores y estudiosos, por más que los medios técnicos permitan el trabajo sobre copias y no sobre el original.
Pero no son sólo las razones técnicas e históricas las que avalan la conservación de la integridad del Archivo salmantino. Tampoco son pertinentes las razones políticas aducidas. En este sentido, la petición de los responsables de la Generalitat de que no se politice el retorno de los documentos carece de fiabilidad, pues sólo se sustenta en espurios argumentos políticos. Pocas dudas pueden caber de que el Gobierno de Zapatero, cuyo titular procede de la Comunidad que puede sufrir el expolio, se apresta a pagar parte del peaje exigido por el tripartito catalán y por el apoyo de ERC a la investidura del Ejecutivo. El nacionalismo catalán radical exhibe una vez más su victimismo y su autoexclusión de la realidad nacional de España, en su pretensión de que la española Salamanca sea ajena a la española Cataluña, cuando se trata del mismo país. Por otra parte, se da también el falso victimismo de presentar una Cataluña agraviada por el centralismo castellano, cuando la verdad de los hechos y las cifras confirman que la región catalana goza de un nivel de bienestar y desarrollo mucho más alto que el de Castilla y León. Es la vieja tendencia distorsionadora y falsificadora del nacionalismo. El privilegiado denuncia así los inexistentes privilegios del preterido.
El dictamen y la eventual ruptura de la unidad del Archivo han tenido además el previsible y nefasto efecto de generar la proliferación de reivindicaciones en el mismo ilegítimo sentido. Así, las autoridades del País Vasco y la Comunidad Valenciana ya han expresado su voluntad de que en el caso de que sea atendida la reivindicación catalana les sean también devueltos los documentos procedentes de sus regiones. Queda de este modo cegada la posibilidad de una política cultural del Estado poseedora de un sentido unitario y nacional, coherente y vertebrador. La cuestión jurídica ofrece pocas dudas, si se prescinde de las componendas y los peajes políticos: los documentos del Archivo de Salamanca pertenecen a España y, a través de ella, también a Castilla, a Cataluña y al resto de las nacionalidades y regiones que componen la unidad nacional.
ES LA MODA. Por mucho que busque en el texto constitucional, no lo encuentro. A lo mejor es que requiere de una lectura con esas luces ultravioletas y tangenciales que se usan en los laboratorios museísticos para explorar pinturas tapadas por otras pinturas en obras maestras de los clásicos.
¡Qué riqueza y abundancia! Uno puede ser ciudadano o pueblo; miembro de una región, nacionalidad y, ahora, comunidad nacional; y todo ello, sin proponérselo, sin haber sido consultado, simplemente por obra y gracia de los derechos históricos de unos y las necesidades pactistas de otros. Y es que el papel lo aguanta todo¿
Personalmente, me preocupan algunas cuestiones «sin importancia».
Del Estado de las Autonomías pasamos al Estado de las Nacionalidades. Pero no descarto una confederación de Estados ibéricos, o algo así.
Alguien garantizará que los recursos del antiguo Estado basado en la solidaridad e igualdad de oportunidades para sus ciudadanos se repartan para dotar un mínimo exigible, sea cual sea la residencia del paisano (que viene de país) y que cifra su grado de bienestar en su acceso real a servicios y equipamientos.
Y digo esto por una cuestión casi imperceptible. Mientras algunos gozan de desarrollo y tecnologías, otros se las ven y las desean para lograr que la administración local próxima a sus viviendas les garantice agua corriente y saneamiento.
En este momento, el partido del Gobierno de España es quien ha tomado la iniciativa. Así, ese mismo partido en Euskadi asegura por boca de su líder, que se apellida López, si bien coloca delante el Patxi, que el PSE reivindica la autonomía en el PSOE para plantear la reforma del Estatuto vasco, y dotar a la comunidad nacional de todas las competencias y capacidades que, desde Extremadura, otro líder socialista considera como privilegios y contrario a la búsqueda de la igualdad que siempre predicó el partido de Pablo Iglesias.
Espero y deseo que en este nuevo escenario de reparto del poder del Estado constitucional los gallegos saquemos algo más que las dotaciones prometidas y concedidas a lo largo del tiempo futuro, para el Plan Galicia, o que no tengamos que esperar el naufragio de otro petrolero para que reparen en nuestra situación de renta y desarrollo.
Al final, España será un mosaico pluricultural y multigubernamental. Pero, habrá que «mirar de ver» dónde nos toca vivir.
Naturalmente, Gibraltar, que nunca ha sido algo distinto a una colonia, se vio afectada directamente por el proceso descolonizador. En 1950, el gobierno británico inició en Gibraltar un proceso de repoblación que, supuestamente, ayudaría a legitimar la supervivencia de la colonia. La acción –una burla absoluta del derecho internacional– fue contestada incluso en Gran Bretaña. En febrero de 1951, por ejemplo, William C. Atkinson indicaba cómo Inglaterra se había comportado en la situación de Gibraltar añadiendo «el insulto a la herida». El 17 de septiembre de 1954, Halliday Sutherland señalaba que la toma de Gibraltar en 1704 «fue un acto de piratería» y en 1966, Arnold J. Toynbee indicaba la injusticia de la ocupación británica de Gibraltar preguntándose: «¿Le agradaría al pueblo británico ver una fortaleza rusa o china en Land´s End o en las islas del Canal?».
Sin embargo, lo más importante fue que la ONU reconoció públicamente que Gibraltar no era territorio británico sino una colonia. El Comité encargado por Resolución 1654 (XVI) de 27 de noviembre de 1961 del examen de cuestiones relacionadas con el proceso de descolonización –un comité que desde el 17 de diciembre de 1962 contaría con veinticuatro miembros– proclamó solemnemente en su resolución de 16 de octubre de 1964 que «las disposiciones de la Declaración sobre la concesión de independencia a los países y a los pueblos coloniales se aplican íntegramente al territorio de Gibraltar».
Lo cierto es que semejante paso –de capital importancia histórica– venía a recoger lo que había sido un proceso sin titubeos. De hecho, y es obligado referirlo, a lo largo de la Historia de España, pocas causas han sido defendidas de manera más unánime por los españoles de todo signo que la de la soberanía española de Gibraltar. Por supuesto, como hemos indicado, esa causa la defendieron reyes como Felipe V o Carlos III y dictadores como Miguel Primo de Rivera o Franco. Pero también lo hicieron los cuatro presidentes de la I República: Figueras, Pi i Margall, Salmerón y Castelar.
Estanislao Figueras afirmó: «El objetivo de la nación debe ser en esta como en todas las cuestiones buscar el engrandecimiento y la prosperidad, para que esta política nos lleve a Gibraltar». Francisco Pi i Margall señaló: «La patria está encogida porque está cercenada con la exclusión de Gibraltar». Salmerón dijo: «Inglaterra extiende continuamente su dominio en el territorio de España» y Emilio Castelar proclamó: «Yo admiro mucho a la nación inglesa. Mas declaro que no puede ser nuestra aliada mientras posea Gibraltar». La misma actitud mantuvieron los dos presidentes de la II República, Alcalá Zamora y Azaña. Alcalá Zamora señaló, por ejemplo: «Entre Inglaterra y España sólo se plantea e interpone un problema: el de Gibraltar. Han pasado más de dos siglos, podrían pasar muchos más y ese problema seguiría vivo» y Manuel Azaña escribía: «Toqué la cuestión del Estrecho haciendo ver la importancia de asegurar su dominio, en caso de guerra. Examiné la cuestión de Gibraltar y dije al Consejo mi propósito de preparar desde el Ministerio de la Guerra los planes necesarios para tener aquel dominio». Ese punto de vista llegó a hacerse extensivo a dirigentes de la izquierda como la anarquista Federica Montseny o el socialista Luis Araquistain, que manifestó: «Gibraltar es un anacronismo histórico que debe avergonzar a todos los europeos de Occidente y no sólo a los españoles y a los ingleses». No hace falta decir que no pensaban cosa distinta los intelectuales más importantes. Joaquín Costa afirmaba: «Ese control inglés es vejatorio para España y no debe tolerarse...» o Salvador de Madariaga declaraba: «Nadie cree hoy en Inglaterra que sea posible negarle Gibraltar a España». «En cuanto a los políticos, en este asunto, no creen ni una palabra de lo que dicen».
Esa situación no experimentó cambios tampoco al producirse la instauración de un régimen democrático en la segunda mitad de los años setenta del siglo pasado. Tanto los gobiernos de la UCD como los del PSOE mantuvieron la insistencia en la soberanía española sobre Gibraltar, una posición nacional que se salvaguardó en la Declaración aneja al Tratado de adhesión a las Comunidades Europeas. Por otra parte, el Derecho Comunitario, de forma congruente con la situación colonial que sufre España en Gibraltar, establece en el art. 299 - 4 del TCEE que «las disposiciones del presente Tratado se aplicarán a los territorios europeos cuyas relaciones exteriores asuma un Estado miembro». Es decir, que los gibraltareños, según el Derecho Comunitario, no cuentan con voz propia en política exterior, porque la asume el Reino Unido.
Por otro lado, la política exterior correspondiente a las dos legislaturas de gobierno del PP mantuvo esa misma línea ininterrumpida de tres siglos, logrando avances verdaderamente notables siendo ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué y cuando se abordó el tema de la soberanía. El acuerdo no se concluyó finalmente –Gran Bretaña pretendía que fuera definitiva la solución co-soberanista y además que se consultara a los habitantes de Gibraltar, mientras España rechazaba ambos extremos– pero significó un reconocimiento por parte británica de los derechos españoles.
Esos avances –insistimos en ello, respaldados por una unanimidad española de tres siglos– se han desplomado de manera incomprensible por la política exterior desarrollada por Rodríguez Zapatero y su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Por un lado, los pasos dados por Rodríguez Zapatero han generado, de manera comprensible, una enorme sensación de inseguridad e incertidumbre en los aliados. España ha dejado de ser un aliado fiable para convertirse en una nación regida por un presidente no caracterizado precisamente por la responsabilidad y la madurez políticas. Por otro, de forma absolutamente injustificada, Rodríguez Zapatero ha renunciado a negociar la soberanía, ha admitido que los gibraltareños sean sujetos de derecho en las discusiones, ha consentido en que cuenten con un derecho de veto que no les corresponde legalmente y ha realizado una serie de concesiones sin contraprestación.
Hasta hace apenas unos días, sólo dos razones impedían que Gibraltar siguiera el camino de otras colonias británicas, como Hong Kong, y fuera reintegrada a la soberanía que en derecho corresponde, es decir, a la española. La primera era el prurito británico de continuar manteniendo un peso colonial en un mundo afortunadamente poscolonial. La segunda –aún más inconfesable– era no entrar a fondo en la sentina de irregularidades legales que tiene como sede Gibraltar y que ha sido denunciada repetidamente desde las más diversas instancias. Resulta obvio que ninguna de estas razones era de recibo en el marco no sólo de la Unión Europea sino del cumplimiento más elemental del derecho internacional. A ellas se ha sumado la actitud de un gobierno como el de Rodríguez Zapatero, empeñado en llevar una política contraria a todo lo seguido hasta la fecha aunque ello signifique lesionar gravemente los intereses españoles. Por primera vez en nuestra Historia, nuestro gobierno es mucho más culpable de la situación de cara a Gibraltar que las autoridades británicas.
A día de hoy, la única salida justa y razonable para el contencioso de Gibraltar sigue siendo la restitución de la soberanía de la plaza a España. De hecho, el momento en que se llegue a ese punto no sólo se habrá corregido una injusticia histórica sino que habrá desaparecido el último contencioso entre dos grandes naciones que, antaño enemigas, son ahora amigas y aliadas y, sobre todo, se habrá eliminado del territorio europeo una lacra tan vergonzosa y vergonzante como la existencia de una colonia. Sin embargo, si hoy estamos más lejos que nunca de llegar a esa ansiada meta lo debemos no a las acciones de la «pérfida Albión», sino a la incompetencia, desidia y falta de sentimiento nacional del gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero.
César Vidal es historiador y escritor. Artículo publicado en «Papeles Faes»
Y RECONOCER LAS EXPRESIONES "COMUNIDAD NACIONAL" Y "NACIONES"
El Gobierno insiste en que no tiene intención alguna de abrir el debate para reformar el artículo 2 de la Constitución y recoger en él expresiones como "comunidad nacional", propuesta por el socialista vasco Patxi López para referirse al País Vasco, o nación, que es la que plantea el socialista catalán Pasqual Maragall para denominar a Cataluña. El Mundo adelanta que lo que sí que está estudiando es una "salida intermedia" que pasaría por incluir estos términos en el Preámbulo de la Constitución.
Esta "salida intermedia" podría satisfacer las demandas de socialistas vascos y catalanes y se limitaría a incluir en el Preámbulo de la Carta Marga la diferenciación entre "naciones", "comunidades nacionales" y comunidades autónomas, según publica El Mundo este lunes. Aunque de momento es sólo una propuesta de las que baraja el Ejecutivo, algunos juristas ya han sido consultados de manera informal. Es el paso previo a dirigirse al Consejo de Estado.
Pasqual Maragall ha sido el primero, en el seno del PSOE, en plantear la necesidad de que Cataluña, País Vasco y Galicia se diferencien de forma expresa en la Constitución del resto de comunidades autónomas. El presidente de la Generalidad ha abogado abiertamente por reformar el artículo 2 de la Constitución para incluir expresiones como naciones dentro de la nación española. Patxi López, secretario general de los socialistas vascos le ha secundado al proponer que el País Vasco sea reconocido como una "comunidad nacional".
Desde el sector no nacionalista del PSOE ya se han alzado las voces en contra de estas dos propuestas. A las críticas de Ibarra, Bono o Rosa Díez a sus compañeros de partido, este domingo se sumaba el secretario de Política autonómica del PSOE. Alfonso Perales descartaba una modificación del artículo 2 de la Constitución y cuestionaba la utilizad práctica de ese debate abierto por los líderes del PSC y el PSE.
Evitaría retocar el artículo 2 de la Constitución
Ahora el Gobierno, según lo que adelanta El Mundo, estaría buscando una solución intermedia que contentara tanto a Maragall como a Patxi López. Para ello, estudia retocar el Preámbulo de la Carta Magna, una reforma que debería ajustarse a lo que marca el artículo 167: prevé mayoría cualificada en las Cámaras, con acuerdo de los dos grandes partidos, pero sin disolución de las Cortes ni convocatoria de referéndum.
Los cambios no serán inminentes sino que habrá que esperar a finales de 2005 para esperar el informe del Consejo de Estado. A este órgano se dirigirá el Ejecutivo el próximo mes de enero para que se pronuncie sobre las cuatro reformas iniciales de la Constitución planteadas por Zapatero: 1. La precisión en el Título VIII del nombre de las comunidades, sin ninguna diferenciación y sólo por el orden protocolario habitual de aprobación cronológica de los estatutos. 2. La referencia a Europa. 3. La eliminación de la prelación del hombre en la sucesión de la Corona. 4. El Senado.
El informe del Consejo de Estado podría estar listo a finales del próximo año. Después, habría por delante otros doce meses para negociar los cambios con los grupos parlamentarios. Finalmente, si hubiera acuerdo, el referéndum se convocaría a finales de 2007 o principios de 2008 tras la disolución de las Cortes.
Los tres expertos que se abstuvieron en la votación de la Comisión apuntan que «el guión ya estaba escrito»
La decisión del Comisión de Expertos convocado para dirimir el conflicto del Archivo de Salamanca ha provocado reacciones en cadena de otras comunidades autónomas. A Cataluña se le sumará el País Vasco. Y, ya se está moviendo, Aragón. Antonio Morales, que se abstuvo en la votación del dictamen, ha advertido de que el archivo está en peligro por una amenaza de disgregación de sus fondos. «Yo ya lo dije en las reuniones», ha declarado a este diario. Eugenio García Zarza y Julio Valdeón, los otros dos miembros que se abstuvieron, han expresado su malestar por una comisión que tenía «el guión escrito».
Madrid- Antonio Morales, uno de los miembros del comité de expertos reunido para resolver el conflicto sobre el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, declaró a LA RAZÓN, al conocer las reclamaciones del País Vasco y la peticiones de PSPV en Valencia, que «el archivo de Salamanca está en situación de riesgo. Pero esto, ya lo he estado advirtiendo en las reuniones». Para él, «el archivo no está suficientemente protegido y corre el riesgo de disgre- gación». Ante las voces que exigen ahora, también, la devolución de documentos, Morales dijo que «era natural que se produjera. Lo único que dudo es si había, jurídicamente, otra solución. En la reunión yo pedí que no se dictase una solución hasta que se hubiera una reflexión honda sobre el informe jurídico, que era denso y largo y que conocimos en la última reunión, pero no prosperó. Había una voluntad de adoptar una decisión». Morales augura un conflicto normativo entre el Gobierno y las medidas de la comunidad de Castilla y León, que «ha dictado normas protectoras», y aseguró que «los criterios que han prevalecido –en la reunión que tomó la resolución de la comisión de expertos– con el planteamiento nacionalista catalán y el de la Generalitat».
El catedrático de Historia y miembro de la Comisión de Expertos sobre el Archivo a propuesta del Ayuntamiento de Salamanca, Eugenio García Zarza, ha manifestado que este órgano «no era de expertos, sino un comité de personas que han actuado a los dictados de un guión ya escrito de antemano». García Zarza, que mostró su desilusión por cómo se han desarrollado las jornadas de debate interno, subrayó que «no he estado en una comisión, y mi error ha sido pensar que los que allí nos sentábamos éramos expertos», ya que finalmente han resultado ser «políticos». El catedrático de Historia de la Universidad de Salamanca añadió que el primer día en que se reunieron los miembros, «ya nos dijeron que las conclusiones tenían que estar el día 22 de diciembre, pasara lo que pasara». En este contexto, agregó que la jornada de ayer «fue maratoniana, para llegar a unas conclusiones que ya estaban prefijadas y muy claras, dijéramos lo que dijéramos». Según García Zarza, su abstención en la votación final, en vez de emitir un voto en contra, se debió a que está de acuerdo con los cuatro primeros puntos del dictamen, aunque no con el último «de devolver exclusivamente los papeles a la Generalitat, como así se expresa», comentó, al mismo tiempo que apostilló que durante las reuniones «yo dije que se abre el melón y no va a poder ser sólo para la Generalitat».
Los cuatro primeros puntos del texto, en los que se establece la necesidad de crear un marco legal para evitar este tipo de situaciones, o la repulsa al modo en que fueron incautados los documentos, son en opinión del historiador salmantino «un aperitivo que nos metieron para endulzarnos la boca cuando al final salió el quinto punto». García Zarza denunció también la composición del Comité de Expertos, en la que dos partes tenían «claramente» ventaja contra otra, ya que «si había dos representantes de la Comisión de la Dignidad de Cataluña, por qué no otros dos de Castilla y León. ¿O es que no tenemos los castellanoleoneses dignidad?», argumentó. Así, informó de que se pidió al Ministerio de Cultura que se les permitieran unos días de reflexión antes de emitir un voto, «y se nos negó, porque se nos dijo que tenía que estar para ayer, ya lo tenían todo preparado», manifestó. Por su parte, Valdeón ya declaró que «un archivo debe tener los documentos originales, en eso estábamos muchos de acuerdo, pero se ha llegado al acuerdo contrario: que el archivo se quede con copias y que se entreguen los originales. Ha habido personas que se han plegado a estas línea. He salido muy defraudado. Se ha cedido a la presión».

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 167
 resolución