Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S50-04.html
Timestamp: 2018-02-24 07:46:52+00:00

Document:
Gabriel Oscar Jenkins v. Argentina, Caso 12.056, Informe No. 50/04, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.122 Doc. 5 rev. 1 en 141 (2004).
1. El 9 de septiembre de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la "Comisión Interamericana", la "Comisión" o "la CIDH") recibió una denuncia presentada por el Sr. Gabriel Oscar Jenkins (en adelante "el peticionario", "el denunciante" o "la víctima"), en contra de la República de Argentina (en adelante "el Estado", "el Gobierno" o "Argentina"). La petición se relaciona con la detención del peticionario, su confinamiento en prisión preventiva por más de 3 años y las reiteradas negativas de las autoridades judiciales argentinas a concederle el beneficio de excarcelación, debido al tipo de delito por el cual había sido acusado. La denuncia se refiere también a la supuesta denegación de protección y garantías judiciales por falta de debida diligencia en el proceso de investigación y sanción de dos funcionarios de la fiscalía que presentaron pruebas presuntamente adulteradas en el proceso judicial seguido contra la víctima.
5. Mediante notas de fechas 8 de diciembre de 1997, 20 de abril de 1998 y 29 de septiembre de 1998, el peticionario proporcionó a la Comisión información adicional respecto a su situación en Argentina.
12. El Estado remitió a la Comisión su tercer memorial de observaciones mediante escrito de fecha 3 de julio de 2000, el que fue transmitido a la presunta víctima el 19 de julio de 2000, concediéndoles el plazo de 60 días para que formulara sus observaciones.
13. El denunciante contestó la anterior presentación del Estado por nota del 5 de octubre de 2000. Las partes pertinentes de dicha comunicación fueron transmitidas al Gobierno el 10 de octubre de 2000, concediéndole 60 días para presentar cualquier observación.
34. El peticionario se encuentra facultado, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto a quien el Estado se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Argentina es un Estado parte en la Convención Americana desde el 5 de septiembre de 1984, fecha en que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
36. El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana establece que la admisibilidad de una determinada petición depende directamente de “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios de Derecho Internacional generalmente reconocidos”.[3] Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”), como la Comisión han sostenido en reiteradas oportunidades que “(…) según los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos y la práctica internacional, la regla que exige el previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios.[4] No obstante, la misma Convención prevé que esta disposición no se aplique cuando los recursos internos no están disponibles por razones de hecho o de derecho. Más concretamente, el artículo 46(2) establece excepciones al principio general de agotamiento de los recursos internos, cuando la legislación interna del Estado no concede las debidas garantías para la protección de los derechos cuya violación se alega; si se ha obstaculizado el acceso del presunto damnificado a los recursos de jurisdicción interna; o si se ha presentado un retardo injustificado en la resolución del asunto.
37. En primer lugar, en el caso que nos ocupa el peticionario ha sostenido que el 25 de septiembre de 1997 agotó sin éxito los recursos disponibles en el ámbito de la jurisdicción interna con el propósito de que se le concediera el beneficio de excarcelación previsto por el artículo 1 de la ley 24.390 y se declarara la inconstitucionalidad del artículo 10 (11 según la numeración actual) de la misma ley que negaba el referido beneficio a personas acusadas de narcotráfico.
38. Aunque el Estado sostuvo en un primer momento que los pronunciamientos judiciales en el incidente de excarcelación no son idóneos para sostener que se han agotado los recursos internos, la Comisión desea destacar, de conformidad con su jurisprudencia anterior, que: "En el contexto de la prisión preventiva, para el agotamiento de recursos es suficiente la solicitud de excarcelación y su denegatoria".[5]
39. De la documentación proporcionada por las partes se desprende que en la especie, el 25 de septiembre de 1997, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó en forma definitiva, al amparo de lo dispuesto por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el recurso de inconstitucionalidad y solicitud de beneficio de excarcelación promovido por la defensa del peticionario, causa N° 1090 caratulada "Jenkins, Gabriel Oscar s/ recurso de inconstitucionalidad", con lo que en opinión de la Comisión han quedado agotados los recursos de jurisdicción interna sobre este aspecto de la petición.
40. En segundo lugar, en su primera presentación el Estado afirmó que, en relación a la supuesta comisión de un delito de falsedad ideológica por parte de los fiscales Eamón Mullen y José Barbaccia, los recursos disponibles en el ámbito de la jurisdicción interna no habían sido agotados. Posteriormente, Argentina reconoció que las acciones administrativa y penal, seguidas contra los fiscales Eamón Mullen y José Barbaccia ya habían sido archivadas.
41. A su vez el peticionario sostuvo que la falta de debida diligencia en los procesos de investigación penal y administrativa instaurados contra los fiscales que introdujeron pruebas adulteradas a la causa, sumada al hecho de que la legislación procesal penal federal no lo legitimaba para presentar recurso alguno en contra de la decisión de desestimar la denuncia pronunciada dentro de la causa N° 19.756, le impidió tener un acceso eficaz a los recursos internos, pese a lo cual, procuró impulsar dichos procesos y dar ocasión al Estado de completar su investigación y sancionar a los responsables, lo que no ha ocurrido hasta el momento.
42. La Comisión ha podido constatar que el 20 de abril de 1998, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, dentro de la causa N° 19.756, caratulada "Tribunal Oral en lo Criminal Federal s/ delito de acción pública", desestimó la denuncia interpuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de Buenos Aires respecto a la utilización de pruebas adulteradas en la causa penal N° 73 del registro de dicha judicatura, caratulada "PADILLA ECHEVERRY José Gildardo y otros s/ inf. Ley N° 23.737", sin entrar a analizar la eventual responsabilidad de los fiscales Eamón Mullen y José Barbaccia.
43. La CIDH ha verificado también que mediante resolución administrativa N° MP108/99 de fecha 6 de septiembre de 1999, la Procuración General de la Nación dispuso el archivo definitivo del expediente administrativo N° 835/98 iniciado contra los fiscales Eamón Mullen y José Barbaccia a instancias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de Buenos Aires, por utilización de constancias probatorias falsas en la causa N° 73 del registro de dicha judicatura, caratulada "PADILLA ECHEVERRY José Gildardo y otros s/ inf. Ley N° 23.737"; bajo el argumento de que al haberse desestimado los cargos penales contra los prenombrados fiscales, no procedía efectuarles un reproche funcional.
48. En atención a lo expuesto, la Comisión concluye que en el presente caso el peticionario agotó los recursos que estaban a su disposición en el ámbito de la jurisdicción interna y que en lo relativo al reclamo de una indemnización por los daños sufridos por la presunta víctima resulta aplicable la excepción previstas por el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana. La Comisión desea aclarar, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, que la aplicación de las excepciones contempladas por el artículo 46 de la Convención para determinar la admisibilidad de una petición no implica prejuzgar sobre los méritos de la denuncia. El criterio seguido por la Comisión para analizar la petición en la etapa de admisibilidad es de carácter preliminar. En consecuencia, si bien la Comisión concluye que los antecedentes del caso respaldan su admisibilidad, las causas y los efectos que impidieron el agotamiento de los recursos internos serán analizados, en lo que sea pertinente, durante el trámite relativo al fondo de la controversia, a fin de constatar si configuran violaciones a la Convención Americana.
51. Del expediente no se desprende que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que consista en la reproducción de una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. En consecuencia, los requisitos establecidos por los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención, se encuentran reunidos.
52. La Comisión considera que las alegaciones del peticionario relativas a la supuesta violación de sus derechos a la libertad personal, garantías judiciales y protección judicial, de ser comprobadas, pudieran caracterizar una violación de los derechos garantizados por los artículos 7, 8, 24 y 25 de la Convención en relación con los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento. Por otra parte, no se evidencia la falta de fundamento o improcedencia en el reclamo presentado. En consecuencia, la Comisión considera satisfechos los requisitos establecidos por el artículo 47(b) y (c) de la Convención Americana.
56. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,
Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Ciudad de Washington, D.C., a los 13 días del mes de octubre de 2004. (Firmado): Clare K. Roberts, Primer Vicepresidente; Susana Villarán, Segunda Vicepresidenta; Evelio Fernández Arévalos, Paulo Sergio Pinheiro, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez, Comisionados.
[2] Véase páginas 159, 406 y 418 de la Sentencia dictada por el Tribunal Oral, supra.
[3] Véase Corte IDH, Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (artículo 46(1), 46(2)(a) y 46(2)(b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Ser. A Nº 11, párrafo 17.
[4] Véase Corte IDH, Decisión del Asunto Viviana Gallardo y Otras del 13 de Noviembre de 1981, Serie A N° G 101/81, párrafo 26.
[6] Véase CIDH, Informe N° 72/03, supra, párrafo 60; Informe Nº 31/99 (Admisibilidad), Caso 11.763, Masacre de Plan de Sánchez, Guatemala, 16 de abril de 1999, párrafos 29 y 30.

References: artículo 44
 artículo 46
 artículo 46
 resolución 
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 280
 resolución 
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47