Source: http://nsmvitrales.blogspot.com/2010/
Timestamp: 2017-11-19 19:49:25+00:00

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Vitrales: 2010
Indoamericano: dos agresores imputados
El fiscal presentó un escrito ante el juez Abraldes con pruebas que complican a dos activistas que actuaron en la zona.
El juez de instrucción Eliseo Otero recibió en las últimas horas un escrito del fiscal Sandro Abraldes que imputa por un delito de alteración del orden público a, al menos, cuatro personas identificadas en los videos de los disturbios del Parque Indoamericano. De esos cuatro, al menos dos aparecen en actitud de estar “enfierrados” (armados) y con una actitud que dista de ser defensiva, de protección ante el temor de que los ocupantes del predio pudieran invadir los monoblocks cercanos.
Los episodios en cuestión ocurrieron el 9 de diciembre pasado, cuando la crisis por la ocupación del Parque estaba en su momento más caliente. De esa jornada son las imágenes de los canales de televisión que muestran al presunto barrabrava de Huracán, Julio Capella, haciendo el ademán de disparar con un arma que, según dijo en la justicia, era “una réplica” que le entregó un desconocido. Capella, quien fue beneficiado con “falta de mérito”, es uno de los cuatro imputados por el fiscal. Los otros son Alejandro Pastore, quien también quedó registrado con gestos de exhibir un arma; el presunto barrabrava de River Plate Ricardo Gerino y un cuarto hombre, identificado precariamente como Leonardo Gómez, quien según declaró un testigo fue empleado público en el gobierno de la ciudad.
El escrito que analiza el juez contempla hechos que, según como se los mire, podrían representar la figura de la “intimidación pública”. Ayer al mediodía, todo parecía indicar que el magistrado Otero aceptaría la hipótesis del fiscal y, como consecuencia de ello, se declararía “incompetente” y enviaría el expediente a la Justicia Federal porteña. La resolución se postergó hasta el próximo lunes.
El juez prefirió observar antes un par de videos aportados a la causa. Uno de ellos del canal TN y el otro, de mayor claridad para la investigación, de Crónica TV. Este último es el que más parece complicar a Capella, pues se divisa allí cómo un grupo de supuestos vecinos irrumpe en el Parque Indoamericano para “correr a los ocupantes”, en una suerte de desalojo privado. En esa primera secuencia, Capella está con el torso cubierto por una camiseta de espalda negra y frente blanco, como las que usa la Selección Argentina de fútbol en sus entrenamientos. En un primer momento, los ocupantes repelen con piedras el avance de los vecinos, pero estos se reagrupan y violentamente recuperan posiciones. Las imágenes muestran cómo mientras unos retroceden, los otros, con Capella en primera fila, avanzan quitando a su paso las marcas del precario loteo en donde se habían levantado esbozos de casillas.
Según interpretó la fiscalía y evalúa el juez, el territorio en disputa era el parque y no los edificios, lo que derriba el argumento de Capella, quien dijo que concurrió al lugar para evitar que el departamento de un familiar fuera invadido.
En la secuencia hay un personaje que parece medular y, sin embargo, nadie ha podido identificarlo. Se trata de un hombre ataviado con una camiseta o buzo con una capucha gris con rayas blancas. A él, Capella le entrega algo que, según los investigadores, podría ser la supuesta réplica del arma con que quedó registrado en las grabaciones televisivas. El fiscal se pregunta qué hacía Capella bien adentro del Parque Indoamercano si lo que estaba presuntamente defendiendo eran los edificios, alejados varias decenas de metros de ese lugar.
Morales Solá fue citado a declarar en una causa por delitos de lesa humanidad
El periodista comparecerá como testigo tras la publicación en Miradas al Sur de una foto en la que aparece junto al represor Acdel Vilas. En la imagen se lo ve a punto de entrar al que sería el centro de detención Escuelita de Famaillá.
Por orden del juez federal de Tucumán Daniel Bejas, el periodista del diario La Nación y el canal de noticias del Grupo Clarín TN Joaquín Morales Solá deberá declarar como testigo el próximo 21 de febrero en la causa que investiga las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Operativo Independencia. El columnista aparece en una foto −publicada por el semanario Miradas al Sur− frente a una construcción que sería el ex centro clandestino de detención y tortura Escuelita de Famaillá, por donde pasaron más de 2000 presos políticos antes y durante la última dictadura. La imagen, que habría sido tomada a fines de 1975, muestra a un joven Morales Solá junto a cuatro militares de uniforme a punto de entrar al centro de exterminio. Por aquellos años, el editorialista trabajaba para el diario La Gaceta de Tucumán y era corresponsal del diario Clarín. Además, el magistrado también convocó al actual secretario de general de la Asociación de Prensa tucumana, Oscar Armando Gijena, a prestar testimonio. El pedido había sido realizado por el fiscal Carlos Brito y fue anticipado por Tiempo Argentino el 28 de diciembre.
Según el artículo de Miradas al Sur, uno de los uniformados que aparece en la fotografía sería el fallecido comandante Acdel Vilas quien fue uno de los organizadores del Operativo del Ejército Argentino que persiguió, torturó y asesinó a guerrilleros en Tucumán. Antonio Domingo Bussi fue quien sucedió a Vila en la conducción del despliegue y luego fue nombrado por la Junta Militar como gobernador de la dictadura en la provincia.
La Escuelita Diego Rojas era un establecimiento educativo rural de las afueras de la localidad de Famaillá donde los responsables del Operativo Independencia instalaron en febrero el primer centro clandestino de detención y exterminio del país. Se estima que en noviembre de 1975, al menos 150 personas permanecían detenidas ilegalmente en el lugar.
Además de juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad, la justicia busca esclarecer el rol de La Gaceta –el principal diario de la provincia− en el armado represivo y en qué grado los militares controlaban a los medios. Se cree que la difusión de datos de detenidos asesinados era parte de una guerra psicológica dirigida por el Tercer Cuerpo del Ejército. Al parecer, el experimento se extendió luego al resto del país con el objetivo de crear la figura de un enemigo “subversivo”.
Joaquín Morales Sola intentó justificar que en el momento de la foto, “tenía 25 años y estaba amenazado por la Triple A. Estaba trabajando, cubriendo un hecho, haciendo periodismo.”
Daniel Bejas tiene a su cargo todas las investigaciones por delitos de lesa humanidad de Tucumán. En particular, sobre el Operativo Independencia están abiertas dos megacausas que buscan juzgar las responsabilidades del Acdel Vilas entre febrero de 1975 –cuando María Estela Martínez de Perón firmó el decreto para “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”−, y la posterior comandancia de Antonio Domingo Bussi desde diciembre de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976, cuando fue nombrado gobernador de la provincia.
El 26 de julio de este año, el general Acdel Vilas murió impune. “Es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, parafraseando al Evangelio, que condenar en sede judicial a un subversivo”, escribió en sus memorias el represor quien fue beneficiado por la Ley de Obediencia Debida en 1987. Con la derogación de las leyes de impunidad, el ideólogo del Operativo Independencia logró evadir la justicia con el argumento de “incapacidad mental”. Vilas soñaba con ser gobernador de Tucumán luego del golpe de 1976; sin embargo, su pasado peronista no generaba confianza en la cúpula del ejército.
Artemio López, de la consultora Equis, viene siguiendo las alternativas de la campaña santafesina bien de cerca. Entre otras cosas, porque, como repite, aporta nueve de cada cien votos de las elecciones nacionales. “El peronismo está pagando el precio de la ley de lemas, no dejaron crecer a ningún referente. Cuando hay que buscar espacios de unidad, ante la ausencia de referencias fuertes todo se transforma en archipiélagos. Nadie renuncia a su pequeña parcela, una hoguera de vanidades. Y no pueden disputar una gestión mediocre como la de Binner”, apunta. “El Frente Progresista Cívico y Social tenía como articulación la eventual participación de Binner en la fórmula de Ricardo Alfonsín. Eso hoy está en duda. Probablemente, el gobernador no vaya como vice si va a perder por 30 puntos. Y un sector del radicalismo reclama la candidatura a gobernador”, agregó.
El predio del club Albariño de Villa Lugano, recuperado luego de 16 días de ocupación, será transformado en un cuartel de bomberos de la Policía Federal, confirmó ayer la ministra de Seguridad, Nilda Garré. La funcionaria sostuvo que la presencia de una autoridad del Estado “servirá para evitar una nueva ocupación”. Garré resaltó, además, que la de los bomberos será “una presencia importante” porque “siempre son bienvenidos, sobre todo cerca de una zona de villas donde siempre hay muchos incendios”. Por otro lado, Garré resaltó que el desalojo del club “ha sido un ejemplo, donde quedó sentada una premisa de que no es el desalojo urgente, activo, violento” lo que debe aplicarse, sino que “en muchos casos la solución de los temas requiere un tiempo que permite conversar con la gente” para encontrar una salida.
Garré, que hizo declaraciones a la prensa y a través de un video en su página de Facebook, explicó que en esa toma “había claramente dos realidades que ver: una la de la gente muy humilde manipulada por una banda de delincuentes inescrupulosos, que juegan con las situaciones de necesidad y pobreza de la gente desesperada, y otra la de los inescrupulosos”. La ministra sostuvo que “afortunadamente se pudo ir conteniendo, algunos se fueron voluntariamente, otros resistían porque estaban presionados para no retirarse”, dijo Garré.
Luego destacó la actuación “impecable y de mucha determinación” del juez federal Daniel Rafecas, quien “siempre tuvo claro que el desalojo no podía ser violento”. Ayer, el magistrado se reunió con sus colaboradores para analizar la prueba colectada en el expediente y los pasos a seguir. Hay siete detenidos y otros tantos prófugos.
Según la ministra de Seguridad, se trata de “una banda que lucró” con la necesidad de los que carecen de vivienda propia y que “ya hizo estas cosas muchas veces”. Garré, al referirse al cuartel de bomberos, señaló que como en las villas las casas están “muy cerca unas de las otras”, cualquier siniestro “se transforma rápidamente en un drama”.
Advirtió que si a la organización “no se la descubre, desarticula y condena, lo seguiría haciendo. Primero que nada hay que golpear ahí y desarticular ese tipo de actividad tan nefasta para la gente más humilde”. La ministra insistió en que la mayoría de los ocupantes del predio del club Albariño “se retiraron solos, por sus propios medios”. Agregó también que casi todos “tenían en Ciudad Oculta alguna vivienda precaria”. De hecho, por la noche, “la mayoría no dormía allí y el lugar quedaba vacío, con algunos pocos haciendo guardia” en los terrenos ocupados.
Por su parte, el empresario Rubén López, dueño de un terreno cercano al club Albariño, reclamó una “urgente orden de desalojo” porque ese lugar también ha sido ocupado. “Necesito una urgente orden de desalojo porque, si no, la feria judicial (de enero) permitirá que los ocupas se queden todo el mes y no podré utilizar el terreno hasta febrero”. López es propietario de la empresa Dolce Vita, que se dedica a la distribución de golosinas en la Capital Federal.
El empresario sostuvo que su predio, ubicado en Santander 6151, tiene una extensión de “dos hectáreas, de manera que es casi siete veces más grande que el que habían tomado en el club Albariño”. Denunció que ese espacio fue ocupado el 14 de diciembre pasado, dos días después del inicio de la usurpación del club de Villa Lugano. López reiteró que algunas de las personas que se retiraron del club Albariño “no se fueron del todo”, porque “recorrieron cuarenta metros” hasta el predio de Dolce Vita y se sumaron a la toma de ese lugar.
Consultado sobre cómo se hizo propietario de esos terrenos, López dijo que comenzó las tratativas “a mediados de este año” para comprarle el predio a la empresa Conteman. Precisó que la operación se concretó “hace apenas tres meses”. De acuerdo con sus dichos, el objetivo de la adquisición fue el de instalar allí “un centro de logística” para la firma Dolce Vita. Afirmó que en el lugar trabajan “unas 350 personas”.
López aseguró que para poder realizar la tarea tuvo que comprar varios camiones. Consultado sobre dónde están ahora esos vehículos, tras la ocupación del predio, se limitó a decir que se encuentran a resguardo “en una concesionaria”, porque dada la situación planteada “no estamos en condiciones de poner en marcha la iniciativa”.
El empresario dijo que ha presentado “dos denuncias con motivo de la usurpación, una civil y la otra penal”. La segunda recayó en el juzgado porteño a cargo de María Cristina Nazar, quien también tiene la investigación por la ocupación del predio del Parque Indoamericano. En esa toma se produjeron hechos de violencia en los que hubo tres muertos.
La justicia investiga si en el club Albariño actuó una asociación ilícita
El caso se encamina a determinar si el grupo instigó la ocupación para quedarse con el predio, lotearlo y venderlo a personas de Ciudad Oculta y otros asentamientos precarios. El negocio que esperaban realizar era de 300 mil pesos.
La causa por la ocupación durante 16 días del club Albariño tendrá “otros detenidos”, además de los que fueron indagados hasta ayer avanzada la noche. Pese a que el juez federal Daniel Rafecas estableció el “secreto de sumario” y virtualmente blindó la causa, fuentes judiciales adelantaron que la investigación se orienta hacia el delito de “asociación ilícita”. Y que el cuadro probatorio “no está completo, van a haber más detenciones”.
Ayer, Rafecas dispuso el allanamiento de un local situado en Ciudad Oculta que funciona durante el día como una suerte de centro comunitario y los fines de semana organiza bailes. Ese predio, según determinó la investigación, sería propiedad de Guillermo Ferreira, uno de los principales imputados como organizador de la toma del club desalojado el martes por la tarde. Los investigadores analizaban al atardecer de la víspera “varios elementos secuestrados en el lugar cuya relevancia para la causa aún es imposible de saber”. No obstante, la búsqueda apunta a establecer los límites de lo que ya parece consolidado en el expediente judicial: que la toma fue impulsada por un grupo de personas, probablemente reunidas al calor de los episodios de la ocupación del Parque Indoamericano, para forzar la entrega del predio del club de Villa Lugano, lotearlo y venderlo a ocupantes de Ciudad Oculta y otros asentamientos precarios de la Capital Federal. Ferreira está sospechado de pertenecer a ese núcleo de personas que, según los cálculos realizados por agrimensores, podrían obtener por la venta de los lotes del club Albariño “más de 300 mil pesos, seguro”.
Una de las hipótesis sobre las cuales trabajan los investigadores indica que las familias que hasta el martes ocuparon el club tenían como misión garantizar la presencia en el lugar, pero no iban a ser –en el hipotético caso de loteo y venta– los ocupantes definitivos.
Por otra parte, el juez Rafecas dejó sin efecto la orden de captura de Regino Abel Acevedo, un residente de la llamada Villa Fátima”, sobre quien en un principio se sospechó que formaba parte de la presunta organización y con el correr de las horas se estableció que su situación era la de un ocupante más.
De hecho, el juez federal comenzó a deslindar la naturaleza de los delitos investigados y por la “extracción de testimonios” (el impulso de una causa tras detectar un delito diferente mientras se investigaba la toma del club) ya hay un expediente abierto en la justicia penal ordinaria de la Capital Federal, que recayó ante el juez de instrucción Ricardo Warley.
Por lo pronto, el juez Rafecas anunció ayer a sus colaboradores que permanecerá trabajando durante la primera semana de enero –pese a la feria judicial– pero no aseguró que la situación procesal de los detenidos sea resuelta en ese lapso. La comunicación pareció una señal sobre sus pasos siguientes. Después de la indagatoria, el juez dispone de un plazo indicativo de diez días hábiles para resolver la situación procesal de los imputados. Aun cuando los días de feria no sean considerados “hábiles” en términos judiciales, lo cierto es que habiendo detenidos el juez debería resolver la situación durante el receso veraniego. Si no lo hace será porque no tiene detenidos. En otros términos, fuentes judiciales no descartaban ayer que en los próximos días llovieran sobre los tribunales federales de Comodoro Py pedidos de excarcelación de los hasta ahora once detenidos.
La situación en el club Albariño podría tener en los próximos días un nuevo costado judicial. Tras el anuncio de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, sobre la instalación de un cuartel de bomberos de la Policía Federal en el predio, autoridades del club comenzaron a evaluar la posibilidad de presentar una acción de amparo que les permita conservar las instalaciones con el uso y funcionamiento que tenían antes de la toma. La situación presagia un trámite engorroso porque no está claro bajo qué condiciones legales Albariño funcionaba como club y si la cesión de usufructuo está vigente y cumpliendo con todas las condiciones.
También ayer surgieron novedades en una causa indirectamente relacionada con el club Albariño. Fuentes judiciales adelantaron a Tiempo Argentino que hay por lo menos cuatro imputados por supuesto abuso de armas de fuego en los episodios que tuvieron lugar dos días después de la toma del Parque Indoamericano. Se trata del expediente en el que ya goza de “falta de mérito” el presunto barrabrava de Huracán Julio Capella. “La investigación está avanzando y lo que se ve es gente empuñando armas. Hay relatos, incluso públicos, que hablan de disparos”, revelaron los informantes. Al menos uno de los imputados fue sindicado por un testigo como empleado público porteño.
Mauricio Macri se quejó
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, se quejó por la demora en la desocupación del predio del club Albariño al afirmar que es “inaceptable convivir 18 días con delincuentes”.
Tras la insólita conclusión, el jefe de gobierno porteño admitió que se sentía feliz por el fin de la toma. Su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, se atribuyó el haber logrado el desalojo de los ocupantes. A través de un mensaje en la red social Twitter el funcionario escribió: “Estoy muy contento de que por fin hayamos logrado resolver el conflicto del Club Albariño”, ignorando el rol del juez Rafecas y del gobierno nacional.
Pedían 5000 pesos por los lotes
La ministra de Seguridad insistió en que la toma del club Albariño estuvo apadrinada.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré , reivindicó ayer el desalojo sin violencia del predio del club Albariño en Villa Lugano. Confirmó que en la causa consta que quienes lideraron la toma del predio pedían por los lotes unos 5000 pesos y que, por estas horas, se busca apresar a más sospechosos. “Todavía falta detener a algunas personas de la banda que quiso gobernar en Albariño”, dijo la funcionaria.
“Hicimos una tarea de mucha conversación con funcionarios de Desarrollo Social, y también el juez tuvo una larga conversación con ellos y ahí se vieron los dos grupos, los que irrumpían la organización y gente que en realidad buscaba solución a problemas reales habitacionales”, explicó Garré. “La policía ya había logrado identificar a los cabecillas que querían abortar el desalojo, y el juez liberó la orden de detención a unos cuantos primero, y de los interrogatorios salió otra lista de nombres”, agregó.
En una larga entrevista en Radio América, Garré admitió que supone que todos los movimientos tuvieron un padrinazgo político pero aceptó que aún no hay en la investigación elementos suficientes como para afirmarlo. “Se apadrinó y hubo medios que inflaron estas noticias, las comunicaron de forma permanente y eso genera ansiedad en la gente común”, razonó.
La ministra volvió a apuntar, como en la conferencia de prensa de dos días atrás, contra Eduardo Duhalde. Esta vez, sin embargo, no para cargarle culpas, sino para relativizar los dichos del ex presidente quien denunció que el gobierno lo agrede y que tiene miedo de que alguien tome en serio las acusaciones y le dé “un palo en la cabeza por la calle.” “Duhalde tiene el privilegio de tener una custodia de la Policía Federal con cuatro autos a su disposición y 15 oficiales a sus órdenes, en su carácter de ser ex presidente”, informó Garré.
La flamante jefa del nuevo Ministerio de Seguridad se refirió también a la agresión que sufrieron los cuatro gendarmes baleados en la localidad de Villa Diamante. Aclaró que todos gozan de buena salud, que los hechos no generaron un roce con el gobernador Daniel Scioli, y que no baraja la hipótesis de que los autores hayan sido miembros de la Policía Bonaerense, como circuló con insistencia en los últimos días.
Ayer, Garré también participó de la ceremonia de ascensos de oficiales superiores de Policía Federal, Gendarmería y Prefectura que encabezó la presidenta Cristina Fernández. “Hay que renovar bastante gente y esto oxigena, hoy se conocieron los nuevos ascensos de gendarmes, prefectos y comisarios, en el caso de la Federal hay una renovación hacia gente más nueva, más joven. Esperamos que resulten insospechables por su honestidad”, puntualizó.
Para el final, la ministra de Seguridad volvió obligada sobre un asunto ridículo pero de presencia evidente en los medios de comunicación. “El jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta sigue diciendo que usted no la atiende...”, le dijo la periodista Rosario Lufrano.
“Me parece una chiquilinada, yo no tengo registrado ni en mi casa ni en el ministerio un llamado de él”, repitió Garré, quien ya había asegurado lo mismo 48 horas atrás sobre el reclamo público del funcionario porteño.
Excluyen al Cuerpo Forense de los casos de apropiación
La resolución implica un respaldo para la institución cuestionada por Ernestina Herrera de Noble. Buscan evitar tercerizaciones.
La Corte Suprema de Justicia estableció que en las causas en las que se busca identificar a hijos de desaparecidos secuestrados junto con sus padres o nacidos en cautiverio sólo podrá intervenir para la realización de los exámenes de ADN el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), excluyendo expresamente de esas prácticas al Cuerpo Médico Forense. La Corte dictó la Resolución 4102/2010, un virtual espaldarazo al BNDG, a raíz de un pedido formulado hace más de un año por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, que depende de la Procuración General de la Nación. El 2 de diciembre de 2009, los fiscales Jorge Auat y Pablo Parenti, elevaron un pedido a la Corte en el que sostuvieron que “no obstante la claridad con que las leyes erigen al BNDG como único organismo habilitado para la realización de estos peritajes, se han detectado una serie de casos en los que jueces de distintas jurisdicciones del país encargan la práctica de estos estudios al Cuerpo MPdico Forense, organismo que al no contar con medios ni capacidad para ello, delega con criterios dispares la realización de estos peritajes en laboratorios públicos o privados.” La 26.548 define la misión y atribuciones del BNDG. La principal es “garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983 y que permita la búsqueda de hijos y/o hijas de personas desaparecidas que hubiesen sido secuestrados junto a sus padres o hubiesen nacido durante el cautiverio de sus madres”. Pero la fiabilidad del Banco de Datos Genéticos que funciona en el Hospital Durand fue cuestionada por diversos abogados en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad. Uno de los casos más salientes tiene que ver con el trámite, aún pendiente, de identificación de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos adoptivos de la empresaria periodística Ernestina Herrera de Noble.
La ley establece que el director general técnico y “el resto de los profesionales” que integren el BNDG actuarán “como peritos oficiales exclusivos ante los jueces competentes en las causas penales” vinculadas con delitos de lesa humanidad. La Corte, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, recordó que “entre las prácticas periciales que se llevan a cabo en el ámbito del Cuerpo Médico Forense se encuentra la realización de estudios genéticos de diversa índole”. Pero la ley excluye a ese estamento, y a cualquier otro, oficial o privado, de las causas por violaciones a los derechos humanos. “Corresponde a la Corte Suprema disponer lo necesario para que el referido Cuerpo Médico Forense cumpla sus funciones con estricto apego a las normas vigentes”, zanjó el máximo tribunal la aparente superposición de roles que en la práctica se estaba produciendo.
Está acusado de falsificar balances de la empresa. Clarín y La Nación querían impedir que el Estado accediera a la información.
Después de un año de idas y vueltas de dilaciones, el juez Alejandro Catania le tomará declaración indagatoria al presidente de Papel Prensa, Alberto Maquieira, acusado por el delito de falsificación de balances. Será el próximo 23 de febrero. Se trata, al fin, del primer conflicto judicial de los muchos que siguieron después y que enfrentaron al Estado nacional con los accionistas privados encabezados por Clarín y La Nación. Un mes atrás, el magistrado había secuestrado siete cajas de documentación durante un allanamiento a la empresa.
La resolución tomada en el juzgado nacional en lo penal económico es simbólica por donde se la mire. Da cuenta de los múltiples artilugios judiciales empleados por los accionistas privados para impedir el acceso a la información por parte de los representantes del Poder Ejecutivo en Papel Prensa. Y de la persistencia de los funcionarios en hacer valer el rol de control y de gestión que le corresponde al Estado Nacional en la empresa que tiene, hoy día, el virtual monopolio de la industria de papel para diarios en la Argentina.
El hecho que se investiga es que en la aprobación de un balance la firma de quien presidía la reunión no se correspondía con alguien que hubiese estado presente ese día. En rigor, en el apuro, con la motivación de que los funcionarios designados por el gobierno nacional no accedan a los datos cruciales que alimentan un balance, tacharon una firma de manera ilegal y la remplazaron por otra. Nada hubiera ocurrido si los accionistas privados hubieran accedido a discutir esa aprobación con los funcionarios que lidera Guillermo Moreno.
“Es la primera causa judicial de una larga serie. La motivación que tuvieron para no aprobar el balance como corresponde es que no accedamos a la información. En un principio, ni siquiera podíamos conocer cuánto cobraban los gerentes. Fuimos avanzando, aunque aún hoy hay datos relevantes a los que nos impiden el acceso”, explicó Alberto González Arzac, consejero del Estado en Papel Prensa, quien formuló la denuncia 12 meses atrás (Moreno pidió ser querellante).
La directora de Papel Prensa, por parte del Estado, Beatriz Paglieri festejó la determinación del juez. “El juez Catania tiene la causa avanzada. No firmamos los balances porque notamos las irregularidades. Están vaciando a la empresa y no están abasteciendo al mercado. El precio igualitario del papel para medios sigue vigente”, advirtió ayer.
El balance aprobado sin los requerimientos legales fue apenas un episodio de los tantos que se conocieron durante 2010. El más conocido, desde ya, fue la mañana en que Guillermo Moreno evitó que los accionistas privados consiguieran que el Estado se quedara sin representante en la comisión fiscalizadora de la empresa. Para eso generó un pequeño escándalo con un par de guantes de box y un casco.
Macri tentó a un Midachi
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, sigue trabajando en su armado nacional de cara a los comicios de 2011 y, en este marco, ofreció al humorista Miguel del Sel ser candidato del PRO a gobernador de Santa Fe.
El humorista reveló el ofrecimiento en declaraciones a Radio 2 de Rosario y dijo que se tomará un mes para pensarlo. “Estaba con la flaca y las hijas, me esperó con una ensaladita y me ofreció ser candidato del PRO en la provincia. Te quedás temblando con este tipo de ofrecimientos”, dijo.
Los méritos de Clarín y la oposición
Alfonso Prat Gay (CC), Federico Pinedo (PRO) y Miguel Ángel Giubergia (UCR) salieron ayer a criticar a Cristina Kirchner por el decreto que modificó el Presupuesto 2010 para poder aplicarlo en 2011. Ellos hicieron lo suyo, y Clarín habló del manejo discrecional de miles de millones de dólares desde su tapa. Lo que no dicen Prat Gay, Pinedo, Giubergia y Clarín es que fueron ellos mismos los que impidieron que la Argentina tuviera, por ley, un presupuesto. Es decir, se quejan ahora de lo que antes provocaron. No es el primer papel papelón de Magnetto y el Grupo A. Habría que recordar el Caso Sadous (una novela absurda) la falsa denuncia de la Banelco K que hizo Lilita Carrió (otro culebrón insólito) y así una serie de al menos diez disparates que condenaron a la oposición política y empresaria a su actual insignificancia. Algunos kirchneristas están contentos: creen, en serio, que todo se debió a su astucia.
Que no se equivoquen: la oposición hizo todos los méritos para llegar adonde llegó. Ella solita.
El predio que el Estado nacional prestaba provisoriamente al Club Albariño en el barrio porteño de Villa Lugano fue desalojado ayer, luego de 16 días de ocupación. No fue necesaria la represión policial que exigió el gobierno porteño ni la promesa de planes de vivienda, como ocurrió en el caso del Parque Indoamericano. Se esfumaron antes del mediodía, cuando la policía implementó las 14 órdenes de captura libradas la noche anterior por el juez federal Daniel Rafecas y detuvo a cinco personas, con lo que la causa ya lleva siete presos. Otras tres personas fueron demoradas después, aunque desde el juzgado aclararon que esos arrestos fueron por cuenta propia de la policía. La causa por la usurpación del predio había sido iniciada por el gobierno nacional, que desde un principio esbozó la hipótesis de que la toma había sido “armada”.
La toma del Albariño, un terreno que ocupa menos de una manzana, surgió en medio de las negociaciones finales para desalojar a las miles de personas que ocuparon gran parte de las 130 hectáreas del Parque Indoamericano. A diferencia de estos ocupantes, que fueron censados y dejaron el lugar el 15 de diciembre, en el predio de Villa Lugano prevaleció la negativa rotunda a negociar. Las treinta personas que estaban allí querían los terrenos. Muchos aseguraron haber participado de otras tomas y afirmaban que les habían prometido viviendas sociales que nunca aparecieron.
Los vecinos de Villa Lugano, al igual que los de Soldati, salieron a cortar calles y a protestar, muchas veces con consignas xenófobas. Y también hubo peleas, pedradas e infiltrados con armas, hecho que reveló Página/12 a través de documentos fotográficos que muestran cómo ciertos personajes coordinaban “el caos”, atribuido por muchos medios de comunicación a la bronca y el hartazgo de los vecinos. No hubo tres víctimas fatales como en Soldati, en medio de una represión indiscriminada de la Policía Federal y la Metropolitana y el accionar de patotas.
El gobierno nacional reaccionó con una denuncia penal, ya que el predio le pertenece, y el caso quedó a cargo del juez Rafecas, cuya primera medida fue establecer un cerco policial alrededor del Albariño. La idea era no dejar pasar ni vehículos ni materiales de construcción. Luego, el magristrado recorrió el lugar, les explicó a los ocupantes que había una orden de “desalojo pacífico” y trató de abrir el canal de negociación. El grupo que lo recibió se retiró a deliberar, Rafecas esperó casi media hora y no hubo respuestas. Entonces comenzaron las tareas de inteligencia judicial para descubrir cuánto de real había en esta intransigencia.
Mientras el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, protestaba por la reafirmación de Garré de que las fuerzas policiales no lleven armas de fuego para reprimir protestas sociales, los vecinos de Lugano comenzaron a cortar la autopista Dellepiane y calles aledañas al predio del Albariño. Durante varios días, el cielo del barrio se ennegreció por el humo de los neumáticos quemados mientras Garré pedía paciencia para negociar y repetía: “Vamos a recuperar el predio sin víctimas”.
En el ínterin, las cámaras ocultas instaladas en el lugar por orden del juez Rafecas dejaron al descubierto que había una organización mafiosa, que aprovechaba la crisis habitacional de la ciudad para hacer ventas ficticias de terrenos. El miércoles pasado, el juzgado libró cuatro órdenes de captura. Ese mismo día fue arrestado el supuesto “autor intelectual” de la toma, Guillermo Ferreira, y el viernes, Reinaldo Silvero González, quien declaró el lunes pasado, día en que se estableció el secreto de sumario en la causa. Ambos continúan detenidos.
“La investigación apunta a descabezar no sólo la conducción criminal de la usurpación sino también a los mandos intermedios, que son los que están presentes en el predio y ejercen violencia y coacción para mantener la toma del predio nacional cedido al Club Albariño”, informaron desde el juzgado interviniente mediante un comunicado. “Cabe destacar que hasta el momento se trabaja sobre la convicción de que se trata de un grupo organizado, muchos de ellos con antecedentes penales, dedicado a la usurpación y venta ficticia de terrenos alrededor de Ciudad Oculta, entre otros delitos”, agregaron.
Estas catorce órdenes de captura son el fruto de las dos declaraciones indagatorias tomadas a Ferreira y Reinaldo Silvero González. “También tenemos otros informantes en el lugar y colectamos pruebas a través de cámaras ocultas”, aclaró una fuente del juzgado de Rafecas, que en este momento está de turno para todos los delitos federales cometidos en la ciudad de Buenos Aires. “A esta complicación se sumaron las fiestas de fin de año –comentó la fuente– y lo difícil de negociar con gente que no quería ser censada ni acceder a planes de vivienda.”
Anoche en el gobierno nacional atribuían el desalojo a las detenciones, porque los mismos ocupantes dejaron de sentir la presión mafiosa para mantener la ocupación. De momento, en la causa que investiga Rafecas no hay indicios firmes de que este grupo tenga intencionalidad política. Hoy, si los tiempos judiciales lo permiten, serán indagados los nuevos detenidos.
Vía libre para citar a Pedraza y a Fernández
El homicidio calificado del militante del Partido Obrero y el intento de matar a otras tres personas fundamentan el fallo. Los jueces apuntaron hacia los responsables mediatos. El secretario general de la Unión Ferroviaria y su mano derecha en la mira.
Los siete acusados del asesinato de Mariano Ferreyra seguirán detenidos y procesados por el homicidio calificado del joven militante del Partido Obrero (PO) y por el intento de matar a otras tres personas que participaban el 20 de octubre de la protesta de los trabajadores tercerizados de la ex línea Roca. Así lo resolvió la Sala I de la Cámara del Crimen, que desechó el principal argumento de los abogados defensores, de que la patota comandada por la Unión Ferroviaria (UF) había sido evitar (en pos del interés de los pasajeros) que los manifestantes realizaran un corte de vías y que todo derivó en una riña con desenlace desafortunado. Según analizaron los camaristas, todas las pruebas de la investigación demuestran que el ataque no tuvo nada de espontáneo y que existió un plan. La principal demostración, ilustran, es que los disparos se produjeron a trescientos metros del lugar donde se iba a realizar el bloqueo de las vías, que en rigor nunca se concretó, y fue justo en el momento en que los tercerizados y las agrupaciones que los apoyaban se estaban retirando.
Así, el fallo de la Cámara confirmó las decisiones y la línea de investigación de la jueza de instrucción Susana Wilma López y de la fiscal Cristina Caamaño, actual viceministra de Seguridad. López había procesado a los siete detenidos como coautores de homicidio agravado, tentativa de homicidio y coacción tras evaluar que actuaron mediante un “acuerdo previo”, orquestado por la UF, que incluyó el uso de “armas de fuego” y “violencia física”. Los camaristas Jorge Rimondi, Luis Bunge Campos y Alfredo Barbarosch retocaron la descripción de la participación de cada uno de los matones, lo que no modifica el rumbo de la causa ni las penas previstas (perpetua en la mayoría de los casos), y definieron al delegado Pablo Díaz como “instigador”, es decir “organizador”. Con este concepto de que hubo jerarquías en torno de los hechos, el juzgado tendría el camino libre para analizar las responsabilidades de la cúpula sindical y resolver el pedido de la fiscalía de indagar al titular del gremio ferroviario, José Pedraza, y a su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández. “El fallo está diciendo que hay pistas para apuntar hacia arriba”, sostuvo Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que representa a la mamá de Mariano. La propia resolución dice que la investigación podría “involucrar a otras personas”.
Para explicar por qué el asesinato de Mariano no fue resultado de una pelea entre dos bandas, sino una embestida planificada, los camaristas enumeran tres circunstancias:
- Por empezar, “el momento” y el lugar “en que se llevó adelante” esta “agresión armada”, ya que fue “durante la retirada de los tercerizados y militantes de diversos partidos políticos que habían iniciado una manifestación en reclamo de los derechos laborales de los primeros, cuando se encontraban a unos 300 metros de las vías del ferrocarril”. Habían intentado interrumpir las vías “a modo de protesta”, pero no lo lograron al ser increpados por la patota. Se alejaron e hicieron una asamblea en Luján y Santa Elena.
- La asamblea, recuerda la Cámara, duró cerca de una hora y pretendía fijar “los pasos a seguir”, por eso a las “13.30 aproximadamente iniciaron la retirada hacia la avenida Vélez Sarsfield, momento en que fueron sorprendidos por los manifestantes de la UF que se acercaron a la carrera tirando piedras (...) no se trató de una gresca tumultuosa y generalizada (...) fue el grupo que integraban los imputados el que repentina y raudamente se aproximó al de los damnificados cuando se encontraban en evidente postura de abandonar el lugar”.
A esa altura, dicen los camaristas, el supuesto objetivo de liberar las vías “se habría alcanzado” porque no hubo corte alguno. Por ende, “la agresión desarrollada” habría tenido como real finalidad “aleccionar a los tercerizados” para que “en el futuro no intenten un nuevo corte”. Para eso se implementó “un plan determinado”.
Según el tribunal, la participación del barrabrava de Defensa y Justicia Cristian Favale, que no era ferroviario (sólo tramitaba un puesto), acredita que la presencia de la patota en Barracas “no fue espontánea”. Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez, ex barra de Racing y guardatrén, fueron confirmados como “coautores” del asesinato de Mariano. Para los jueces está probado que ambos dispararon armas de fuego, según se pudo reconstruir de varios testimonios, avalados por el fallo. Favale, en el medio de la calle Luján, habría disparado hacia el cordón humano en el que estaban Mariano y los otros tres heridos de bala (Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos). Sánchez se habría ubicado entre un Volkswagen Polo color verde y un árbol.
El picaboletos Guillermo Uño y el portero de los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez fueron señalados por la Cámara como “los encargados de hacer desaparecer inmediatamente las armas de fuego con las que se efectuaron los disparos”. Estuvieron, dice, “próximos a Favale y Sánchez durante la agresión armada” y los considera “partícipes necesarios”. Al delegado Jorge González y al empleado Salvador Pipitó se les atribuye una actitud amenazante hacia el equipo del canal CN5, para evitar que filmaran la balacera justo cuando iba a producirse. Como “partícipes secundarios” son los únicos con chances de aspirar a una pena menor. Por ahora, la Cámara negó todos los pedidos de excarcelación, por el peligro de que obstaculicen la pesquisa.
Díaz, delegado y secretario de la comisión de Reclamos de la Ugofe (que explota la ex línea Roca), fue según el fallo el reclutador del grupo de choque y el “instigador”. Lo muestra como “el referente al que deben reportarse” y “quien dio la orden de avanzar contra los manifestantes”. La Cámara señaló la importancia de las comunicaciones de radio y celular que revelaron que Díaz hablaba, por ejemplo, con Favale y Sánchez.
Los contactos telefónicos, en pleno ataque, de Díaz con el Gallego Fernández, quien a su vez estaba en contacto con Pedraza, es uno de los argumentos con que la fiscalía pidió la indagatoria de ambos. Es probable que ahora, con este aval del tribunal superior, la jueza tome alguna determinación.
La abogada María del Carmen Verdú (de Correpi), que patrocina a Aguirre (del PO) destacó que el fallo se basó en argumentos de las querellas, con citas textuales “en cuanto a la organización preexistente y el acuerdo previo cuyo objetivo no era impedir el corte o defender el servicio público sino dar una lección a trabajadores que pretenden organizarse fuera de la burocracia sindical”. El PO, como partido, no fue aceptado como querellante. Sí una de las hijas de Elsa Rodríguez, baleada en la cabeza.
Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, contó a Página/12 que apenas se enteró del fallo habló conmovido con su mamá, “satisfecho porque la Justicia va avalando cada paso que damos”. En una reunión reciente con la presidenta Cristina Fernández, dijeron que temían que la causa no avanzara hacia los autores intelectuales y la responsabilidad de la Policía Federal. Ahí está ahora el desafío.
Liberan en forma pacífica el Club Albariño
El juez Rafecas había ordenado la recuperación del predio sin represión. La detención de nueve personas fue determinante para que las familias comenzaran a desocupar el lugar. Ahora se instalará allí un cuartel de bomberos.
La Policía Federal tomó ayer control del predio del Club Albariño pocos minutos después de las 6 de la tarde. Los ocupantes abandonaron el lugar, después de 16 días, luego de que el juez federal Daniel Rafecas ordenara la detención de cinco personas acusadas de haber instigado la toma con fines inmobiliarios. Por la noche, los detenidos ya sumaban nueve y otros cinco sospechosos tenían librados pedidos de captura. Además, una topadora y siete camiones de carga y residuos se aprestaban para remover las maderas del terreno. Hoy mismo se concretaría la entrega formal del lugar a Administración de Infraestructura Ferroviaria.
El desalojo fue pacífico, tal como propuso Rafecas desde el inicio del conflicto. El magistrado mantuvo varias reuniones con los ocupantes, pero cada vez que avanzaba en las conversaciones un pequeño grupo las abortaba. La postura del juez fue apoyada públicamente por el gobierno nacional, en contraposición a la exigencia de liberación inmediata de Mauricio Macri. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, un día antes brindó una conferencia de prensa dando cuenta de su optimismo acerca de la chance de llegar a una solución negociada.
El grupo de vecinos del barrio de Villa Lugano, lindero con la entrada del club, ayer salió a la vereda de la calle Santander para, de algún modo, festejar la liberación del predio. En la Villa 15, que linda con el fondo de la cancha de fútbol, aquellos que accedieron a hablar con la prensa también se mostraron satisfechos. Cerraron dos semanas de fuerte presencia policial, vallas, calles obstruidas, y una atmósfera cargada de un aire que se cortaba con un cuchillo.
“No hubo desalojo. Les llevaron a los cabecillas y se fueron. Acá somos inmigrantes trabajadores. Todo esto nos trajo mucho problema”, relató una señora mayor que prefirió no ser identificada.
El caso ganó una repercusión impensada durante los últimos 15 días. Las tomas de tierras son habituales en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires por las dificultades de miles de familias para conseguir una vivienda. El Club Albariño es, por si fuera poco, un pequeño predio con poco más que una cancha de fútbol. Y no es la primera vez que intentan ocuparlo. “La felicidad que tenemos no tiene fin. Esta es la tercera vez que tratan de tomar el lugar”, advirtió otro habitante de la 15 que tampoco quiso que figurara su nombre.
El vicepresidente del club, Héctor Escobar, por su parte, agradeció “a las autoridades” por recuperar el terreno. Pero señaló: “La seguridad tiene que seguir. Acá hay muchos vecinos que están amenazados.”
La detención de cinco personas, que se produjo luego de que el juez Rafecas tomara indagatorias a los dos primeros detenidos, fue la llave para desalojar el lugar. Están acusados, junto con otras dos personas apresadas días atrás, de usurpación y asociación ilícita. Por la noche, otras cuatro personas fueron detenidas. Y cinco más eran buscadas por la policía.
Ya de noche, la policía trabajaba en la limpieza de las construcciones precarias –maderas, telas, pequeños pilares y chapas– con la ayuda de siete camiones de basura y de carga, una topadora, y una torre de luz aportada por la Gendarmería Nacional. Y se esperaba la llegada, de un momento a otro, de funcionarios de las distintas áreas que trabajaron en la resolución del conflicto, especialmente de Desarrollo Social y Seguridad del gobierno nacional.
Anoche, la ministra Nilda Garré (ver aparte) anunció que el terreno será destinado a un cuartel de bomberos de la Policía Federal.
“El predio estaba con un permiso precario a un club de la zona desde el año 2005, pero no es apto para una cancha de futbol por las dimensiones y por las villas que lo rodean”, explicó.
Desmantelamos una banda
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, expresó ayer su satisfacción por el operativo que “permitió descubrir una banda de delincuentes que estaban manipulando a esta gente para obtener lucro indebido con la ocupación”.
“El juez ha podido dar órdenes de detención y no sólo hemos logrado la desocupación del predio sino que además hemos desmantelado una banda”, dijo, y aclaró que se logró el objetivo “con persuasión sobre los sectores más frágiles, que no eran el objeto fundamental de la acción de la justicia ni de las autoridades del Poder Ejecutivo”. Más temprano, Garré había emitido un comunicado para desmentir una información publicada en el diario La Nación sobre la presunta responsabilidad de la Policía Bonaerense en el ataque en el que fueron heridos cuatro gendarmes, la semana pasada, en un predio en Lanús. La titular de la cartera de Seguridad se quejó por “las versiones malintencionadas difundidas por cierta prensa”, que “intentan adjudicar a la Policía Bonaerense la responsabilidad del ataque en el que fueron heridos cuatro gendarmes”. “De ninguna forma la preocupación del ministerio puede ser leída como una imputación a la Policía Bonaerense”, subrayó.
La Cepal envió a todos los argentinos un mensaje de fin de año, aunque los expertos de la comisión no lo hayan preparado con esa intención. Esta tarjeta de fiestas sui generis se llama Panorama Social 2010 y dice: “haberse alejado de los mercados autorregulados permitió a América latina no sólo eludir las burbujas en explosión del Primer Mundo, sino además mejorar en su lucha contra la desigualdad y la pobreza”. Y Argentina es uno de los países que mejor lo hizo.
Muchos argentinos, con la memoria intacta de lo que trajeron aparejadas las prácticas de ajuste en el país, sabemos que es así. Pero el Panorama Social 2010 que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) las pone ahora con rigor académico, en blanco sobre negro. La pobreza caerá este año en la región hasta 32 por ciento (44 en 2002). Y en Argentina, a 11,3 por ciento. Desafiantes como son todavía estas cifras, el mensaje es que se está en el buen camino.
Claro que quien quiera ver sólo las malas noticias leerá del informe de la Cepal que la región sigue dando batalla todavía para desterrar la reproducción de la desigualdad en los primeros 30 años de vida. O que persisten brechas de oportunidades de desarrollo para los chicos según la clase en que les tocó nacer. Esta mirada puede resultar ideal para consumir sin filtro imágenes rápidas y muchos relatos desarticulados sobre reclamos de viviendas. O con estadísticas de resultado crítico para el estado de la educación en el país después de décadas de desinversión social.
Pero si eludimos la tentación de la foto estática de un día y seguimos en cambio una película que llevamos varios años rodando, se verá no sólo en Argentina sino en el resto de la región el peso de la buena noticia; pese a la grave crisis global, la región ha mostrado una entereza en las variables sociales que no se había registrado en otras crisis.
Sí: parece que aprendimos la lección sobre el “costo social de la crisis”. La pobreza y la indigencia aumentaron menos de lo esperado por la crisis de 2009 y se proyecta para este 2010 que termina, de la mano de la recuperación económica, un descenso de los índices. Y eso, gracias a políticas contracíclicas que impidieron afectar los logros de los últimos seis años. Es decir, la película de la recuperación con protección social y políticas activas de empleo que hacemos y vemos en Argentina.
El gasto público social en América latina aumentó durante los últimos años su participación en el gasto público total, pero también como porcentaje del PIB. Y, por eso, las necesidades básicas insatisfechas muestran que la población con carencias críticas disminuyó entre 2002 –a la salida de la peor crisis Argentina– y 2009. La pobreza en nuestro país, dice la Cepal, sólo desde 2006 a 2009, cayó de 21 a 11,3 por ciento.
Hay un aspecto de este informe al que los argentinos deberíamos prestarle una atención especial, porque aleja en gran medida el fantasma de inseguridad que a veces merodea la toma de decisiones económicas soberanas y distintas de las recomendadas desde los centros financieros. El trabajo hace notar que los Estados latinoamericanos todavía invierten poco en la estructura de consumo de las familias con niños y adolescentes.
Mientras en los países desarrollados de la OCDE el consumo de los chicos de hasta 19 años se nutre por partes iguales del Estado y de las familias, en América latina el componente de transferencias estatales no pasa del 20 por ciento. La alta concentración de la pobreza en las primeras etapas de la vida se repite por ausencia estatal para romperla. Eso necesita una respuesta y la Asignación Universal por Hijo (AUH) es el nombre que le dimos los argentinos en nuestra película.
Romper el ciclo de la reproducción de la desigualdad y cambiar la suerte de una generación a otra en lugar de perpetuarla necesita ese tipo de políticas universales y transferencias de efectivo a los hogares con niños.
Cuando el “Panorama Social 2010” se detiene en Argentina, aparece el mensaje de aliento para otro año de trabajo en la misma dirección: el nuestro fue uno de los países que más logró disminuir la pobreza. Esta última definición no es de un funcionario argentino, sino de la Secretaría Ejecutiva de la Cepal.
La educación, que la Cepal considera una herramienta clave para “desacoplar trayectorias vitales de las brechas de origen”, tiene en la falta de conclusión del nivel secundario según niveles socioeconómicos uno de los aspectos duros de esa desigualdad. Los argentinos nos hemos dado también por eso la obligatoriedad de la escuela secundaria, en un proceso que por supuesto debe ser profundizado en futuras gestiones y que llevará más tiempo. Pero Argentina es uno de los países de la región que más invierte por estudiante. La película también deja ver eso.
El Panorama Social 2010 dedica un párrafo útil para quienes todavía en Argentina insisten en espantarse –y con una horrorosa carga de xenofobia– por el reclamo de derechos efectivos de ciudadanos con pocos recursos, pero en un cuadro de crecimiento económico sin antecedentes recientes.
“La posición que ocupan los individuos en la escala social –dice la Cepal– no es el mero resultado de las circunstancias, los esfuerzos, la decisiones personales. Por el contrario, existe una estructura de oportunidades proporcionadas por los Estados, los mercados, las familias y las comunidades que escapan, en buena medida, al control del individuo y condicionan sus perspectivas de movilidad social y acceso al bienestar.”
Más claro, revisar las estadísticas económicas, de empleo y sociales de los últimos años en Argentina y las de pobreza y desi-gualdad en toda América latina durante los últimos años. O, de lo contrario, quedarse en el camino con apenas un fotograma. La opción no parece tan complicada. Esta película continuará...
* Embajador. Representante Permanente de la Argentina ante la ONU.
Lo siniestro es lo familiar cuando aparece en una faceta desconocida, decía Freud. Hoy, la decisión histórica e inédita del gobierno nacional respecto de no reprimir la protesta social es puesta bajo un fuego siniestro. Hay quienes han decidido aprovecharla para promover sensación de caos, y llamar a un autoritarismo que “restaure el orden”.
También los sectores populares, la base social principal del gobierno nacional, son puestos bajo el manto de lo siniestro: desde allí se aprovecha a algunos desesperados y marginados como fuerza de choque para promover desórdenes, en contra de un gobierno que tomó la decisión –en cierto sentido insólita– de renunciar al uso de la fuerza para dirimir el conflicto social.
Por supuesto que hay problemas genuinos irresueltos, sobre los que se enancan los ataques planificados contra la paz social (es decir, contra el Gobierno en su mejor momento de apoyo popular). Una cosa y la otra van juntas; sin problemas genuinos no habría quien pudiera montarse sobre ellos. Ningún milagro haría que la Argentina que en 2003 llegó a tener más del 50 por ciento de pobres hubiera ahora erradicado totalmente la pobreza. Si bien desde 2003 se la ha disminuido notoriamente, ella continúa presente.
Cierta izquierda actúa con la libertad que le permite saber que no será reprimida; del otro lado, como respuesta planificada, aparecen las patotas preparadas desde el Conurbano. Fue lo que pasó en el Indoamericano, se reproduce ahora en Constitución. Esto implica una responsabilidad donde el discurso y la actitud de la izquierda extraparlamentaria tienen que empezar a dar respuesta (ha habido ya un intento desde la dirección del Partido Obrero tras lo de Constitución). Es decisivo que se despeguen, en palabra y práctica, de la posición destituyente de la derecha nostálgica de la dictadura; y de que pongan a ésta en la mira como principal adversario estratégico, tanto de ellos mismos, como del campo popular en su conjunto. Si desde la restauración macri-duhaldista vuelven al gobierno, a olvidarse de manifestaciones no reprimidas violentamente.
Al gobierno nacional se le plantea que el Ministerio de Seguridad debe fundar una nueva doctrina de resolución de conflictos. A quienes vienen por todo, tratando de tirar un muerto o más por semana, no basta con la respuesta de no represión estatal. Esto es necesario, pero frente a la actual declaración de enfrentamiento solapado y total lanzada desde la derecha, resulta enormemente insuficiente. Frente a los que crean el caos para después decir que son los que lo van a resolver, se requiere un estado presente y unas fuerzas de seguridad que respondan democráticamente, pero no estén inermes. Ante este dilema de instaurar una seguridad respetuosa de los derechos humanos pero a la vez firme y sostenida, se encuentra ahora el gobierno nacional, y esperemos que encuentre el método frente a los sembradores del caos.
* Doctor en Filosofía, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo
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