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Timestamp: 2019-09-17 04:56:57+00:00

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﻿ Sentencia C-649 de agosto 5 de 2003
SENTENCIA C-649 DE 05 DE AGOSTO DE 2003
CONTENIDO:OBJECIONES PRESIDENCIALES. FRENTE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 44 DE 2001 SENADO Y 218 DE 2002 CÁMARA, POR LA CUAL SE MODIFICA LA REGLAMENTACIÓN DEL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA, DE SUS PROFESIONES AUXILIARES, SE ADOPTA EL CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, DECLARANDOLAS EXEQUIBLES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CLASES DE INGENIERÍA, PROFESIÓN DE INGENIERÍA, OBJECIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA, INGENIERO
Sentencia C-649 de agosto 5 de 2003
Objeciones Presidenciales a los artículos 25, 26, 27, 28 y 80 del proyecto de Ley 44 de 2001 —Senado de la República—, 218 de 2002 —Cámara de Representantes—, “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la Ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”.
Bogotá D.C., cinco de agosto de dos mil tres.
(Nota: Corregida por la Corte Constitucional en Auto 226 de 2003, M.P.Clara Inés Vargas Hernández)
La Sala Plena de la Corte constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en especial la contemplada en los artículos 167 y 241 numeral 8º de la Carta Política, profiere la siguiente.
“1. Declarar fundadas las objeciones presidenciales respecto de los artículos 25, 26, 27, 28 y 80 del proyecto de Ley 44 de 2001 —Senado de la República—, 218 de 2002 —Cámara de Representantes—, por cuanto estas disposiciones infringen el artículo 154 de la Constitución.
“2. Declarar fundadas las objeciones presidenciales respecto de la expresión “en forma razonable de acuerdo con su determinación” contenida en el artículo 26 pero solo en relación con el cobro por derechos de matrículas, tarjetas y permisos temporales; y de la expresión “en forma equilibrada y razonable” del literal k) del artículo 28, pero solo en relación con el establecimiento del valor de los derechos de matrículas profesional, expedición de tarjetas y permisos temporales, ambas del proyecto de Ley 44 de 2001 —Senado de la República—, 218 de 2002 —Cámara de Representantes—, por infringir el artículo 338 de la Constitución.
4. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 167 de la Carta, desarrollado por los artículos 33 y 34 del Decreto 2067 de 1991, el día 3 de marzo del presente año esta corporación remitió la aludida sentencia al Presidente del Senado de la República para que rehiciera e integrara las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte(1).
5. Con el objeto de surtir el trámite correspondiente, el Congreso de la República envió la respectiva comunicación al Ministro de Transporte Dr. Andrés Uriel Gallego Henao(2). El Ministro citado, envió al Congreso un escrito en el que se pronuncia sobre el proyecto objeto de revisión(3).
6. El Presidente del Senado de la República mediante Resolución 134 del 29 de abril de 2003 designó una comisión accidental integrada por los senadores Juan Gómez Martínez, Aurelio Iragorri Hormaza y Alba Esther Ramírez de Gutiérrez, para la adecuación del proyecto de ley en cumplimiento a lo decidido en la referida providencia. El informe rendido por dicha comisión fue aprobado por la unanimidad de la plenaria de esa célula legislativa el 17 de junio de 2001, según la certificación expedida por el Secretario General de esa corporación(4).
7. Por su parte, la Cámara de Representantes también designó una comisión accidental integrada por los representantes Armando Amaya Álvarez y Plinio Olano Becerra, para adecuar el proyecto a lo resuelto en la Sentencia C-078 de 2003. El informe de dicha Comisión fue considerado y aprobado por la plenaria de esta célula legislativa el 19 de junio de 2003, según consta en el acta de plenaria Nº 060 de esa misma fecha y así lo hace constar el Secretario General correspondiente (5).
8. El 17 julio de este mismo año el Presidente del Senado de la República devolvió a la Corte el texto corregido e integrado del proyecto ley en cuestión, para que dicte fallo definitivo(6).
Las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes no solo coincidieron en suprimir del texto del proyecto los artículos 25, 27 y 80 y el aparte “(...) y por los que le sean asignados del Presupuesto General de la Nación, recursos sobre los cuales ejercerá el control la Contraloría General de la República.”, del artículo 26, sino también en rehacer e integrar el contenido normativo de los artículos 26 y 28 literal k), que regulaban lo concerniente a las rentas, patrimonio y funciones del Copnia, y que en el nuevo proyecto figuran con otra numeración, lo cual se hizo de la siguiente manera:
“ART. 25.—Rentas y patrimonio. Las rentas y el patrimonio del Copnia estarán conformados por los recursos públicos que en la actualidad posea, o que haya adquirido la Nación para su funcionamiento; por los recursos provenientes del cobro de certificados y constancias que expida en ejercicio de sus funciones, cuyo valor será fijado de manera razonable de acuerdo con su determinación; por los recursos provenientes de los servicios a derechos de matrícula, tarjetas y permisos temporales. La tasa se distribuirá en forma equitativa entre los usuarios a partir de criterios relevantes que reconozcan los costos económicos requeridos, en las condiciones que fije el reglamento que adopte el Gobierno Nacional, derechos que no podrán exceder de la suma equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente.
“ART. 26.—Funciones específicas del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia. El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, tendrá como funciones específicas, las siguientes:
Conviene recordar que la Corte, en la Sentencia C-078 de 2003, declaró fundadas las objeciones relacionadas con los artículos 25, 26, 27, 28 y 80, por violación del artículo 154 C.N., por cuanto “(...) no cabe duda que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería en el momento en que se presenta el proyecto de ley bajo análisis reúne un conjunto de características que permiten catalogarlo como un órgano del nivel central del orden nacional, puesto que fue creado por el legislador como una entidad conformada por autoridades públicas y particulares, que ejerce funciones administrativas y cuyos gastos de funcionamiento han sido sufragados con recursos públicos”;y que, “Aunque el legislador pone de presente la continuación de dicho Consejo le atribuye una configuración institucional nueva, pues la norma le otorga el carácter de ente autónomo con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y organización interna propia, de acuerdo con sus necesidades y determinación, características que corresponden a las propias de una entidad descentralizada del orden nacional”,por lo que concluye que “(...)el legislador está desplazando al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería del sector central al descentralizado, pues le atribuye personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y además le asigna recursos del Presupuesto General de la Nación (art. 26). Este cambio implica una modificación a la estructura de la administración nacional (CP art. 150-7) pues está creando unestablecimiento del sector descentralizado, facultad que si bien está atribuida al legislativo por virtud el artículo 150-7 de la Carta, ella no puede ser ejercidaautónomamente sino contando con la iniciativa gubernamental según lo dispuesto en el artículo 154 ibídem”.
También declaró la Corte, en la Sentencia C-078 de 2003, probada la objeción respecto del artículo 26 en cuanto a la expresión “en forma razonable de acuerdo con su determinación”, en relación con el cobro por derechos de matrículas, tarjetas y permisos temporales; y del literal k del artículo 28, respecto de la expresión “en forma equilibrada y razonable” pero solo respecto al establecimiento del valor de los derechos de matrícula profesional, expedición de tarjetas y permisos temporales, por violación al artículo 338 C.P., por cuanto “(...) dicho valor no puede ser señalado de manera discrecional por el Copnia sino conforme a los parámetros que debe establecer la ley, que para el caso hacen relación al diseño de una metodología que permita establecer los criterios relevantes a partir de los cuales se reconozcan los costos económicos requeridos para la prestación del servicio, y de un sistema de medición económica y social de aquellos factores que deben manejarse para repartir en forma equitativa esos costos entre los usuarios″(7).
“Entiende la Corte que, ciertamente, la creación de una tasa debe venir acompañada por la identificación, en la propia ley, del servicio a la que la misma corresponde y por cuya utilización serán gravados los contribuyentes. Cumplido ese requisito consustancial al concepto mismo de tasa, la Constitución no exige que para la fijación de la tarifa por el legislador se hagan explícitos, en la propia ley, los criterios que se tuvieron en cuenta para el efecto. Tal exigencia solo resulta aplicable cuando se permita que la tarifa sea fijada por las autoridades administrativas, caso en el cual la ley deberá establecer el método y el sistema para definir los costos y la forma de hacer su reparto. Se trata de una garantía del principio de legalidad del tributo, conforme a la cual si bien, de manera excepcional y en atención a la complejidad que en ocasiones reviste el establecimiento de las tarifas para tasas o contribuciones, se permite que dichas tarifas sean fijadas por las autoridades administrativas, se exige, en todo caso, que el sistema y el método para definir los costos o los benéficos, así como la forma de hacer su reparto se fijen por la ley, o las ordenanzas o los acuerdos”(8) (subrayas fuera de texto).
No obstante, en la norma que se comenta el legislador dispone que la tasa se distribuirá en forma equitativa entre los usuarios a partir de criterios relevantes que reconozcan los costos económicos requeridos, “en las condiciones que fije el reglamento que adopte el Gobierno Nacional”, derechos que según se anotó no podrán exceder de la suma equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente. Para la Corte dicha expresión no significa que se esté delegando en el Gobierno la facultad para fijar la tarifa de la tasa que cobra el Copnia por los derechos de matrícula, tarjetas y permisos, y mucho menos que se lo haya habilitado para señalar el método, el sistema y la forma de hacer el reparto —atribución que según el artículo 338 Superior es del exclusivo resorte del órgano legislativo—, pues tal como se advirtió anteriormente, el legislador es quien fija directamente la tasa en el artículo en comento. Más bien, lo que el segmento en cuestión significa es que en atención a que la tarifa que ha fijado el legislador representa un máximo, el Gobierno, dentro de los criterios de equidad y relevancia que allí aparecen expresados, debe establecer mediante el reglamento las condiciones para que se aplique la tarifa pertinente, lo cual es desarrollo de la competencia constitucional prevista en el numeral 11 del artículo 189 Superior, en virtud de la cual corresponde al Ejecutivo reglamentar la ley para su cumplida ejecución.
Por todo lo anterior ha de concluir la Corte que la decisión adoptada en la Sentencia C-078 de 2003 se cumplió a cabalidad, pues todas las expresiones y disposiciones respecto de las cuales se declararon fundadas las objeciones presidenciales por violación del artículo 154 de la Constitución fueron suprimidas del texto del proyecto, y las relacionadas con la violación del artículo 338 ibídem fueron rehechas y reintegrados los artículos respectivos, en el sentido indicado en la mencionada sentencia.
En consecuencia, el proyecto de Ley 44 de 2001 —Senado de la República —, 218 de 2002 —Cámara de Representantes—, “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la Ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”, en cuanto a las disposiciones cuya objeción prosperó, habrá de declarase ajustado a la Constitución, en virtud del artículo 35 del Decreto 2067 de 1991 que dispone que “surtirá efectos de cosa juzgada respecto de las normas invocadas formalmente por el Gobierno y consideradas por la Corte, y obliga al Presidente de la República a sancionarlo”.
1. DECLARAR CUMPLIDA la exigencia constitucional del artículo 167 de la Carta, en relación con la Sentencia C-078 de 2003, y por lo tanto EXEQUIBLE el Proyecto de Ley 44 de 2001 Senado de la República - 218 de 2002 Cámara de Representantes, tal y como quedó modificado por el Congreso, luego de rehacer e integrar las disposiciones afectadas en términos concordantes con la citada providencia cuyo texto definitivo es el siguiente:
“ART. 1º—Concepto de ingeniería. Se entiende por ingeniería toda aplicación de las ciencias físicas, químicas y matemáticas; de la técnica industrial y en general, del ingenio humano, a la utilización e invención sobre la materia.
“ART. 2º—Ejercicio de la ingeniería. Para los efectos de la presente ley, se entiende como ejercicio de la ingeniería, el desempeño de actividades tales como: a)Los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la consultoría, la Interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración de construcciones de edificios y viviendas de toda índole, de puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarillados, riegos, drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos y en general líneas de conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de transmisión eléctrica y en general todas aquellas obras de infraestructura para el servicio de la comunidad. b) Los estudios, proyectos, diseños y procesos industriales, textiles, electromecánicos, termoeléctricos, energéticos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, de computación, de sistemas, teleinformáticos, agroindustriales, agronómicos, agrícolas, agrológicos, de alimentos, agrometeorológicos, ambientales, geofísicos, forestales, químicos, metalúrgicos, mineros, de petróleos, geológicos, geodésicos, geográficos, topográficos e hidrológicos; c) La planeación del transporte aéreo, terrestre y náutico y en general, todo asunto relacionado con la ejecución o desarrollo de las tareas o actividades de las profesiones especificadas en los subgrupos 02 y 03 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones o normas que la sustituyan o complementen, en cuanto a la ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares, se refiere. También se entiende por ejercicio de la profesión para los efectos de esta ley, el presentarse o anunciarse como ingeniero o acceder a un cargo de nivel profesional utilizando dicho título.
“ART. 3º—Profesiones auxiliares de la ingeniería. Se entiende por Profesiones Auxiliares de la Ingeniería, aquellas actividades que se ejercen en nivel medio, como auxiliares de los ingenieros, amparadas por un título académico en las modalidades educativas de formación técnica y tecnológica profesional, conferido por instituciones de educación superior legalmente autorizadas, tales como: técnicos y tecnólogos en obras civiles, técnicos y tecnólogos laboratoristas, técnicos y tecnólogos constructores, técnicos y tecnólogos en topografía técnicos y tecnólogos en minas, técnicos y tecnólogos delineantes en ingeniería, técnicos y tecnólogos en sistemas o en computación, analistas de sistemas y programadores, técnicos y tecnólogos en alimentos, técnicos y tecnólogos industriales, técnicos y tecnólogos hidráulicos y sanitarios, técnicos y tecnólogos teleinformáticos, técnicos y tecnólogos agroindustriales y los maestros de obras de construcción en sus diversas modalidades, que demuestren una experiencia de más de diez (10) años en actividades de la construcción, mediante certificaciones expedidas por ingenieros y / o arquitectos debidamente matriculados y excepcionalmente, por las autoridades de obras públicas y/o de planeación, municipales.
“ART. 4º—Profesiones afines. Son profesiones afines a la ingeniería, aquellas que siendo del nivel profesional, su ejercicio se desarrolla en actividades relacionadas con la ingeniería en cualquiera de sus áreas, o cuyo campo ocupacional es conexo a la ingeniería, tales como: la Administración de Obras Civiles, la Construcción en Ingeniería y Arquitectura; la Administración de Sistemas de Información; la Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, la Bioingeniería y la Administración en Informática, entre otras.
“ART. 5º—Ampliación de la clasificación nacional de ocupaciones. En todo caso, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería —Copnia—, podrá ampliar el alcance de las actividades a que se refiere la Clasificación Nacional de Ocupaciones en los Subgrupos 02 y 03 o norma que la sustituya o reforme, de acuerdo con las nuevas modalidades de los programas y títulos académicos en ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares que se presenten en el país.
Ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares.
“ART. 6º—Requisitos para ejercer la profesión. Para poder ejercer legalmente la Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el Territorio Nacional, en las ramas o especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el registro profesional respectivo, que seguirá llevando el Copnia, lo cual se acreditará con la presentación de la Tarjeta o documento adoptado por este para tal fin.
“ART. 7º—Requisitos para obtener la matrícula y la tarjeta de matrícula profesional. Solo podrán ser matriculados en el registro profesional de Ingenieros y obtener Tarjeta de Matrícula Profesional, para poder ejercer la profesión en el Territorio Nacional, quienes:
PAR. 1º—Los títulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados, no serán susceptibles de inscripción en el Registro Profesional de Ingeniería, por lo tanto, cuando se necesite acreditar tal calidad, bastará con la presentación del título de postgrado respectivo, debidamente otorgado por universidad o institución autorizada por el Estado para tal efecto. Si el título de postgrado fue otorgado en el exterior, solo se aceptará debidamente consularizado o apostillado de acuerdo con las normas que rigen la materia.
PAR. 2º—La información que los profesionales aporten como requisitos de su inscripción en el registro profesional respectivo, solamente podrá ser utilizada por el Copnia para efectos del control y vigilancia del ejercicio profesional correspondiente, excepto cuando sea requerida por las demás autoridades de fiscalización y control para lo de su competencia o cuando medie orden judicial.
“ART. 8º—Requisitos para obtener el certificado de inscripción profesional. Solo podrán ser matriculados en el registro profesional respectivo y obtener certificado de inscripción profesional y su respectiva tarjeta, para poder ejercer alguna de las profesiones afines o de las profesiones auxiliares de la ingeniería en el Territorio Nacional, quienes:
“ART. 9º—Procedimiento de inscripción y matricula. Para obtener la matrícula profesional o el certificado de que trata la presente ley, el interesado deberá presentar ante el consejo profesional seccional o regional de ingeniería del domicilio de la universidad o institución que otorgó el título, el original correspondiente con su respectiva acta de grado, fotocopia del documento de identidad y el recibo de consignación de los derechos que para el efecto fije el Copnia.
“ART. 10.—Para efectos de la inscripción o matrícula, toda Universidad o Institución de Educación Superior que otorgue títulos correspondientes a las profesiones aquí reglamentadas, deberá remitir de oficio o por requerimiento del Copnia, el listado de graduandos cada vez que este evento ocurra, tanto al Consejo Seccional o Regional de su domicilio, como al Consejo Nacional de Ingeniería, respectivamente.
“ART. 11.—Posesión en cargos, suscripción de contratos o realización de dictámenes técnicos, que impliquen el ejercicio de la ingeniería. Para poder tomar posesión de un cargo público o privado, en cuyo desempeño se requiera el conocimiento o el ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares; para participar en licitaciones públicas o privadas cuyo objeto implique el ejercicio de la ingeniería en cualquiera de sus ramas; para suscribir contratos de ingeniería y para emitir dictámenes sobre aspectos técnicos de la ingeniería o de algunas de sus profesiones auxiliares ante organismos estatales o personas de carácter privado, jurídicas o naturales; para presentarse o utilizar el título de Ingeniero para acceder a cargos o desempeños cuyo requisito sea poseer un título profesional, se debe exigir la presentación en original, del documento que acredita la inscripción o el registro profesional de que trata la presente ley.
“ART. 12.—Experiencia profesional. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la Matrícula Profesional o del Certificado de Inscripción Profesional, respectivamente. Todas las matriculas profesionales, certificados de inscripción profesional y certificados de matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen auténticas.
“ART. 13.—Ejercicio ilegal de la profesión. Ejerce ilegalmente la profesión de la Ingeniería, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares y por lo tanto incurrirá en las sanciones que decrete la autoridad penal, administrativa o de policía correspondiente, la persona que sin cumplir los requisitos previstos en esta Ley o en normas concordantes, practique cualquier acto comprendido en el ejercicio de estas profesiones. En igual infracción incurrirá, la persona que, mediante avisos, propaganda, anuncios profesionales, instalación de oficinas, fijación de placas murales o en cualquier otra forma, actúe, se anuncie o se presente como Ingeniero o como profesional afín o como profesional auxiliar de la ingeniería, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.
“ART. 14.—Encubrimiento del ejercicio ilegal de la profesión. El servidor público que en el ejercicio de su cargo, autorice, facilite, patrocine, encubra o permita el ejercicio ilegal de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, incurrirá en falta disciplinaria, sancionable de acuerdo con las normas legales vigentes.
“ART. 15.—Sanciones. El particular que viole las disposiciones de la presente Ley, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones penales y de policía, en multa de dos (2) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
“ART. 16.—Aviso del ejercicio ilegal de la ingeniería. El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Copnia, deberá dar aviso a todas las empresas relacionadas con la ingeniería o que utilicen los servicios de ingenieros, de la denuncia que se instaure contra cualquier persona por ejercer ilegalmente la ingeniería, utilizando todos los medios a su alcance para que se impida tal infracción, con el fin de proteger a la sociedad del eventual riesgo a que este hecho la somete.
“ART. 17.—Responsabilidad de las personas jurídicas y de sus representantes. La sociedad, firma, empresa u organización profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas que correspondan al ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, está obligada a incluir en su nómina permanente, como mínimo, a un profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto social de la respectiva persona jurídica.
PAR.—Al representante legal de la persona jurídica que omita el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, se le aplicarán las sanciones previstas para el ejercicio ilegal de profesión u oficio reglamentado, mediante la aplicación del procedimiento establecido para las contravenciones especiales de policía o aquel que lo sustituya.
“ART. 18.—Dirección de labores de ingeniería. Todo trabajo relacionado con el ejercicio de la Ingeniería, deberá ser dirigido por un ingeniero inscrito en el Registro Profesional de Ingeniería y con Tarjeta de Matrícula Profesional en la rama respectiva.
“ART. 19.—Dictámenes periciales. El cargo o la función de perito, cuando el dictamen comprenda cuestiones técnicas de la ingeniería, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, se encomendará al profesional cuya especialidad corresponda a la materia objeto del dictamen.
“ART. 20.—Propuestas y contratos. Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería.
“ART. 21.—Denuncia del ejercicio ilegal de la ingeniería. El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Copnia, denunciará y publicará por los medios a su alcance el ejercicio ilegal de la profesión de que tenga conocimiento, con el fin de proteger a la sociedad del eventual riesgo a que este hecho la somete.
“ART. 22.—En las construcciones, consultorías, estudios, proyectos, cálculos, diseños, instalaciones, montajes, interventorías, asesorías y demás trabajos relacionados con el ejercicio de las profesiones a las que se refiere la presente Ley, la participación de los profesionales extranjeros no podrá ser superior a un veinte por ciento (20%) de su personal de ingenieros o profesionales auxiliares o afines colombianos, sin perjuicio de la aplicación de las normas laborales vigentes.
“ART. 23. —Permiso temporal para ejercer sin matrícula a personas tituladas y domiciliadas en el exterior. Quien ostente el título académico de ingeniero o de profesión auxiliar o afín de las profesiones aquí reglamentadas, esté domiciliado en el exterior y pretenda vincularse bajo cualquier modalidad contractual para ejercer temporalmente la profesión en el Territorio Nacional, deberá obtener del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Copnia, un permiso temporal para ejercer sin Matrícula Profesional, Certificado de Inscripción Profesional o Certificado de Matrícula, según el caso; el cual tendrá validez por un (1) año y podrá ser renovado discrecionalmente por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Copnia, siempre, hasta por el plazo máximo del contrato o de la labor contratada, previa presentación de solicitud suficientemente motivada, por parte de la empresa contratante o por el profesional interesado o su representante; Título o Diploma debidamente consularizado o apostillado, según el caso; fotocopia del contrato que motiva su actividad en el país y el recibo de consignación de los derechos respectivos.
PAR. 1º—Los requisitos y el trámite establecidos en este artículo se aplicarán para todas las ramas de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, aunque tengan reglamentación especial y será otorgado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería —Copnia—, exclusivamente. La autoridad competente otorgará la visa respectiva, sin perjuicio del Permiso Temporal de que trata el presente artículo.
“ART. 24.—Consejo profesional nacional de ingeniería. En adelante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares, se denominará Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y su sigla será “Copnia” y tendrá su sede principal en Bogotá D.C.
“ART. 25.—Rentas y patrimonio. Las rentas y el patrimonio del Copnia, estarán conformados por los recursos públicos que en la actualidad posea, o que haya adquirido la Nación para su funcionamiento; por los recursos provenientes del cobro de certificados y constancias en ejercicio de sus funciones, cuyo valor será fijado de manera razonable de acuerdo con su determinación; por lo recursos provenientes de los servicios a derechos de matrícula, tarjetas y permisos temporales. La tasa se distribuirá en forma equitativa entre los usuarios a partir de criterios relevantes que reconozcan los costos económicos requeridos, en las condiciones que fije el reglamento que adopte el gobierno nacional, derechos que no podrán exceder de la suma equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente.
“ART. 27.—Creación de los consejos seccionales y regionales. Facultase al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Copnia, para que con el voto de la mayoría de los miembros de su Junta de Consejeros y mediante resolución motivada, suprima, fusione o cree sus respectivos Consejos Seccionales o regionales cuando lo estime conveniente, los cuales podrán no coincidir con la organización territorial de la República.
PAR.—En todo caso, con el lleno de los requisitos establecidos en el presente Artículo el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Copnia, podrá crear Consejos Regionales, donde las necesidades de la función de control, inspección y vigilancia lo exijan. Estos tendrán jurisdicción sobre dos (2) o más departamentos.
“ART. 28.—Integración de la junta de consejeros regional o seccional: Las Juntas de Consejeros Regionales o Seccionales estarán integradas de la siguiente manera:
PAR.1º—El período de los representantes elegidos en junta será de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos solo para el período subsiguiente.
“ART. 29.—Postulados éticos del ejercicio profesional. El ejercicio profesional de la ingeniería en todas sus ramas, de sus profesiones afines y sus respectivas profesiones auxiliares, debe ser guiado por criterios, conceptos y elevados fines, que propendan a enaltecerlo; por lo tanto deberá estar ajustado a las disposiciones de las siguientes normas que constituyen su código de ética profesional.
“ART. 30.—Los ingenieros, sus profesionales afines y sus profesionales auxiliares, para todos los efectos del código de ética profesional y su régimen disciplinario contemplados en esta Ley, se denominarán “Los profesionales”.
“ART. 31.—Deberes generales de los profesionales. Son deberes generales de los profesionales los siguientes:
“ART. 32.—Prohibiciones generales a los profesionales. Son prohibiciones generales a los profesionales:
“ART. 33.—Deberes especiales de los profesionales para con la sociedad. Son deberes especiales de los Profesionales para con la sociedad:
“ART. 34.—Prohibiciones especiales a los profesionales respecto de la sociedad. Son prohibiciones especiales a los profesionales respecto de la sociedad:
“ART. 35.—Deberes de los profesionales, para con la dignidad de sus profesiones. Son deberes de los Profesionales de quienes trata este Código para con la dignidad de sus profesiones:
“ART. 36.—Prohibiciones a los profesionales respecto de la dignidad de sus profesiones. Son prohibiciones a los profesionales respecto de la dignidad de sus profesiones:
“ART. 37.—Deberes de los profesionales para con sus colegas y demás profesionales. Son deberes de los profesionales para con sus colegas y demás profesionales de la ingeniería:
“ART. 38.—Prohibiciones a los profesionales respecto de sus colegas y demás profesionales. Son prohibiciones a los profesionales, respecto de sus colegas y demás profesionales de la ingeniería:
“ART. 39.—Deberes de los profesionales para con sus clientes y el público en general. Son deberes de los profesionales para con sus clientes y el público en general:
“ART. 40.—Prohibiciones a los profesionales respecto de sus clientes y el público en general. Son prohibiciones a los profesionales respecto de sus clientes y el público en general:
“ART. 41.—Deberes de los profesionales que se desempeñen en calidad de servidores públicos o privados. Son deberes de los profesionales que se desempeñen en funciones públicas o privadas, los siguientes:
“ART. 42.—Prohibiciones a los profesionales que se desempeñen en calidad de servidores públicos o privados. Son prohibiciones a los profesionales que se desempeñen en funciones públicas o privadas, las siguientes:
“ART. 43.—Deberes de los profesionales en los concursos o licitaciones. Son deberes de los profesionales en los concursos o licitaciones:
“ART. 44.—De las prohibiciones a los profesionales en los concursos o licitaciones. Son prohibiciones de los profesionales en los concursos o licitaciones:
“ART. 45.—Régimen de inhabilidades e incompatibilidades que afectan el ejercicio. Incurrirán en faltas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y por lo tanto se les podrán imponer las sanciones a que se refiere la presente ley ,
“ART. 46.—Definición de falta disciplinaria. Se entiende como falta que promueva la acción disciplinaria y en consecuencia, la aplicación del procedimiento aquí establecido, toda violación a las prohibiciones y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, al correcto ejercicio de la profesión o al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Código de Ética Profesional adoptado en virtud de la presente ley.
“ART. 47.—Sanciones aplicables. Los consejos seccionales o regionales de ingeniería, podrán sancionar a los profesionales responsables de la comisión de faltas disciplinarias, con:
“ART. 48.—Escala de sanciones. Los profesionales de la ingeniería, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, a quienes se les compruebe la violación de las normas del código de ética profesional adoptado en la presente ley, estarán sometidos a las siguientes sanciones por parte del consejo profesional de Ingeniería respectivo:
“ART. 49.—Faltas susceptibles de sanción disciplinaria. Será susceptible de sanción disciplinaria todo acto u omisión del profesional, intencional o culposo, que implique violación de las prohibiciones; incumplimiento de las obligaciones; ejecución de actividades incompatibles con el decoro que exige el ejercicio de la ingeniería, de alguna de sus profesiones afines o de alguna de sus profesiones auxiliares; el ejercicio de actividades delictuosas relacionadas con el ejercicio de la profesión o, el incumplimiento de alguno de los deberes que la profesión o las normas que la rigen, le imponen.
“ART. 50.—Elementos de la falta disciplinaria. La configuración de la falta disciplinaria deberá estar enmarcada dentro de los siguientes elementos o condiciones:
”ART. 51.—Prevalencia de los principios rectores. En la interpretación y aplicación del régimen disciplinario establecido, prevalecerán, en su orden, los principios rectores que determina la Constitución Política, este Código y el Código Contencioso Administrativo.
“ART. 52.—Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta disciplinaria. El Consejo Profesional Seccional o Regional correspondiente de Ingeniería, determinará si la falta es leve, grave o gravísima, de conformidad con los siguientes criterios:
“ART. 53.—Faltas calificadas como gravísimas. Se consideran gravísimas y se constituyen en causal de cancelación de la matrícula profesional, sin requerir la calificación que de ellas haga el Consejo respectivo, las siguientes faltas:
“ART. 54.—Concurso de faltas disciplinarias. El profesional que con una o varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones del código de ética profesional o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la sanción más grave o en su defecto, a una de mayor entidad.
“ART. 55.—Circunstancias que justifican la falta disciplinaria. La conducta se justifica cuando se comete:
“ART. 56.—Acceso al expediente. El investigado tendrá acceso a la queja y demás partes del expediente disciplinario, solo a partir del momento en que sea escuchado en versión libre y espontánea o desde la notificación de cargos, según el caso.
“ART. 57.—Principio de imparcialidad. El Consejo Profesional de Ingeniería respectivo, directamente o a través de sus Consejos Seccionales o Regionales, deberá investigar y evaluar, tanto los hechos y circunstancias desfavorables, como los favorables a los intereses del disciplinado.
“ART. 58.—Dirección de la función disciplinaria. Corresponde al presidente del Consejo Profesional de Ingeniería respectivo, la dirección de la función disciplinaria, sin perjuicio del impedimento de intervenir o tener injerencia en la investigación, en razón de tener que conocer en segunda instancia por vía de apelación o de consulta.
“ART. 59.—Principio de publicidad. El Consejo Profesional de Ingeniería respectivo respetará y aplicará el principio de publicidad dentro de las investigaciones disciplinarias; no obstante ni el quejoso, ni terceros interesados se constituirán en partes dentro de estas.
PAR. 1.—No obstante, en los casos de público conocimiento o hecho notorio y cuya gravedad lo amerite, a juicio de la Junta de Consejeros del Consejo Profesional Nacional respectivo, los Consejos Seccionales o Regionales deberán asumir la investigación disciplinaria de oficio.
PAR. 2.—La Asesoría Jurídica del Consejo Profesional de Ingeniería respectivo u oficina que haga sus veces, resolverá todos los casos de conflictos de competencias, decisión de única instancia y en contra de la cual no procederá recurso alguno.
“ART. 61.—Ratificación de la queja. Recibida la queja por el Consejo Seccional o Regional, a través de la secretaría procederá a ordenarse la ratificación bajo juramento de la queja y mediante auto, ordenará la investigación preliminar, con el fin de establecer si hay o no mérito para abrir investigación formal disciplinaria contra el presunto o presuntos infractores. Del auto a que se refiere el presente artículo, se dará aviso escrito al Consejo Profesional Nacional correspondiente.
PAR.—En todo caso que el quejoso sea renuente a rendir la ratificación juramentada y esta fuera absolutamente necesaria para poder continuar la investigación preliminar, por adolecer la queja de elementos suficientes para establecer alguna clase de indicio en contra del profesional o su debida identificación o individualización, la Secretaría Seccional respectiva, ordenará sumariamente el archivo de la queja; actuación de la que rendirá informe a la Junta de Consejeros Seccionales y de la que dará aviso al Consejo Profesional Nacional.
“ART. 62.—Traslado de competencia. Cuando existan razones para que se considere que se pueda entorpecer un proceso en determinado Consejo Seccional, el Consejo Nacional, podrá comisionar a otro Consejo Seccional, diferente del competente por jurisdicción territorial, el desarrollo del proceso disciplinario, para garantizar el cumplimiento de todos los principios que lo rigen.
“ART. 63.—Investigación preliminar. La investigación preliminar será adelantada por la respectiva Secretaría Seccional y no podrá excederse de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha del auto que ordena la apertura de la investigación preliminar, durante los cuales se decretarán y practicarán las pruebas que el investigador considere pertinentes y que conduzcan a la comprobación de los hechos; las cuales podrán ser, entre otras, testimoniales, documentales, periciales, etc.“
“ART. 64.—Fines de la indagación preliminar. La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e identificar o individualizar al profesional que presuntamente intervino en ella.
“ART. 65.—Informe y calificación del mérito de la investigación preliminar. Terminada la etapa de investigación preliminar, la secretaría seccional o regional procederá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, a rendir un informe al presidente seccional, para que este, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recibo, califique lo actuado mediante auto motivado, en el que se determinará si hay o no mérito para adelantar investigación formal disciplinaria contra el profesional disciplinado y en caso afirmativo, se le formulará con el mismo auto, el correspondiente pliego de cargos. Si no se encontrare mérito para seguir la actuación, el Presidente Seccional ordenará en la misma providencia el archivo del expediente, informando sucintamente la determinación a la Junta de Consejeros Seccional o Regional en la siguiente sesión ordinaria, para que quede consignado en el acta respectiva; comunicando la decisión adoptada al quejoso, a los profesionales involucrados y al Consejo Profesional Nacional respectivo.
“ART. 70.—Notificación del fallo. La decisión adoptada por el Consejo Profesional Seccional, se notificará personalmente al interesado, por intermedio de la Secretaría Seccional, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la sesión en que se adoptó y si no fuere posible, se realizará por edicto, en los términos del Artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.
“ART. 71.—Recurso de apelación. Contra dicha providencia solo procede el recurso de apelación ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería respectivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación personal o de la desfijación del edicto; recurso que deberá presentarse ante el Consejo Regional o Seccional por escrito y con el lleno de los requisitos que exige el Código Contencioso Administrativo.
“ART. 72.—Agotamiento de la vía gubernativa. El Consejo Profesional Nacional resolverá el recurso interpuesto, mediante resolución motivada; determinación que será definitiva y contra la cual no procederá recurso alguno por vía gubernativa.
“ART. 73.—Confirmación. En todo caso, el acto administrativo mediante el cual se dé por terminada la actuación de un Consejo Seccional dentro de un proceso disciplinario, deberá ser confirmado, modificado o revocado, según el caso, por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería correspondiente, por vía de apelación o de consulta.
“ART. 74.—Cómputo de la sanción. Las sanciones impuestas por violaciones al presente régimen disciplinario, empezarán a computarse a partir de la fecha de la comunicación personal o de la entrega por correo certificado, que se haga al profesional sancionado de la decisión del Consejo Profesional Nacional correspondiente, sobre la apelación o la consulta.
“ART. 75.—Aviso de la sanción. De toda sanción disciplinaria impuesta a un profesional, a través de la Secretaría del Consejo Seccional respectivo, se dará aviso a la Procuraduría General de la Nación, a todas las entidades que tengan que ver con el ejercicio profesional correspondiente, con el registro de proponentes y contratistas y a las agremiaciones de profesionales, con el fin de que se impida el ejercicio de la profesión por parte del sancionado, debiendo estas, ordenar las anotaciones en sus registros y tomar las medidas pertinentes, con el fin de hacer efectiva la sanción. La anotación tendrá vigencia y solo surtirá efectos por el término de la misma.
“ART. 76.—Caducidad de la acción. La acción disciplinaria a que se refiere el presente título, caduca en cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se cometió el último acto constitutivo de la falta. El auto que ordena la apertura de la investigación preliminar, interrumpe el término de caducidad. El proceso prescribirá tres años después de la fecha de expedición de dicho auto.
“ART. 77.—Régimen transitorio. Todas las actuaciones que se adelanten por parte de los Consejos Profesionales de Ingeniería y sus respectivos Consejos Seccionales o Regionales, de acuerdo con los procedimientos vigentes en el momento en que comience a regir la presente ley, seguirán rigiéndose por estos hasta su culminación.
“ART. 78.—Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Ley 20 de 1971, la Ley 14 de 1975, la Ley 64 de 1978, la Ley 28 de 1989, la Ley 33 de 1989, la Ley 211 de 1995, Ley 392 de 1997 y sus normas reglamentarias; y la Ley 435 de 1998 en cuanto al Consejo Profesional Nacional de ingeniería se refiera.
PAR.—Las funciones asignadas por leyes anteriores a Consejos Profesionales de ingeniería y profesiones afines y auxiliares que a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, no se hayan instalado o no estén funcionando, pasaran al Consejo Profesional de Ingeniería – Copnia”.
1 Folio 431
2 Folio 496
3 Folio 570
4 Folio 573
5 Folio 615
6 Folio 448
7 Sentencias C-455 de 1994, C-577 de 1995, C-116 de 1996 y C-530 de 2000
8 Sentencia C-992 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil
Bogotá D.C., dos de diciembre de dos mil tres.
Que en el capítulo III de la Sentencia C-649 de 2003 referente a la parte resolutiva, al transcribir el texto definitivo del proyecto bajo revisión por error mecanográfico en el artículo 78 se incluyeron las expresiones “la Ley 211 de 1995”, “y la Ley 435 de 1998 en cuanto al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería se refiera”, las cuales no aparecen en el texto corregido del proyecto publicado en la Gaceta del Congreso Nº 395 de 2003, razón por la cual resulta necesario corregir el anterior error.
“III.Decisión.
“1. DECLARAR CUMPLIDA la exigencia constitucional del artículo 167 de la Carta, en relación con la Sentencia C-078 de 2003, y por lo tanto EXEQUIBLE el Proyecto de Ley 44 de 2001 Senado de la República - 218 de 2002 Cámara de Representantes, tal y como quedó modificado por el Congreso, luego de rehacer e integrar las disposiciones afectadas en términos concordantes con la citada providencia cuyo texto definitivo es el siguiente:
Magistrados: Clara Inés Vargas Hernández, Presidenta—Jaime Araujo Rentería—Alfredo Beltrán Sierra—Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño—Rodrigo Escobar Gil—Marco Gerardo Monroy Cabra—Eduardo Montealegre Lynett—Álvaro Tafur Galvis.

References: artículo 154
 artículo 26
 artículo 28
 artículo 338
 artículo 167
 Resolución 
 artículo 26
 artículo 154
 artículo 150
 artículo 154
 artículo 26
 artículo 28
 artículo 338
 artículo 338
 artículo 189
 artículo 154
 artículo 338
 artículo 35
 artículo 167
 resolución 
 Artículo 45
 resolución 
 artículo 78
 artículo 167