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Timestamp: 2017-11-22 04:34:46+00:00

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Articulo mujeres y beneficios sumplemento todas by Documenta - issuu
Día Internacional de la Mujer El llamado es a salir del corset pág. 06
Mujer del Año 2013 por su labor de promoción de la salud
Lunes 24 de febrero de 2014 anayeli garcía martínez
Predomina violencia emocional hacia solteras pág. 07
Abatir Muerte Materna Reto contrarreloj para México
Caso emblemático de violencia
Posibilidad de justicia para Inés y Valentina sobre el tema
Adriana Campuzano Aimée Vega Alejandra Barrales Alejandro Luna Ramos Ana Lilia Herrera Arminda Balbuena Carlos Pérez Federico Anaya Flor Pedraza Gabriela Dutrénit Jorge Olvera María Sirvent Mariana Fernández Mercedes Juan Perla Gómez Gallardo Ricardo Bucio Rosi Orozco
Guía para padres Hijos con autoestima positiva y Dreamers pág. 23
2 o Lunes 24 de febrero de 2014
de las mujeres con las mujeres
obedientes, que se casen, tengan hijos o hijas y asuman la mayoría de los quehaceres domésticos, incluidas la crianza de su descendencia y el cuidado de personas mayores o enfermas. Mucho se habla de que a las mujeres les cuesta el doble de trabajo dar pasos hacia la igualdad. Los pasos de los hombres hacia los terrenos femeninos también son complejos, sin embargo la libertad que ellos tienen para moverse fuera del hogar les da cierta ventaja y una visión mucho más amplia. Para muchas mujeres el simple hecho de salir de casa resulta complicado. Especialmente las más jóvenes, las más pobres y excluidas, las migrantes, las mujeres rurales y muchas otras más tienen enormes dificultades para dar ese paso. Históricamente, las mujeres han sido relegadas a espacios de menor jerarquía social y profesional con respecto a los varones. Esta desigualdad en las relaciones de poder no es natural y es por ello que, desde todas las trincheras, debemos trabajar para cambiar estas condiciones y desarmar estas pausas culturales que las mantienen relegadas. El llamado a la sociedad, a los gobiernos y a los hombres ha sido reiterado en esta conmemoración. Hoy el llamado es a las mujeres, a las que no se acaban de convencer que salir del “corset” social tradicional, no es un desafío insolente para quien les haya asignado cierto rol, sino un derecho y un deber para que las niñas de hoy tomen las riendas de la vida que su voluntad y sus sueños les dicten. Las voces de las mujeres deben levantarse hoy no sólo para continuar la demanda de la mitad que merecen y les corresponde en espacios y oportunidades, sino para comprometer sus esfuerzos y tender la mano a otras mujeres. Hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, las mujeres con firmeza dejan tendido, de manera permanente, el puente entre cada una de ellas y otras mujeres y niñas. T
ada año, cuando llega el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, reflexionamos acerca del papel de las mujeres y las diferencias existentes entre hombres y mujeres en los diversos rubros de la vida. Se vienen a la memoria las batallas ganadas, se analiza si se tiene suficiente, si estamos satisfechas… y las conclusiones siempre son las mismas: Ganamos algunas batallas pero nos faltan muchas, así que no estamos satisfechas y por supuesto no es suficiente. Si bien a lo largo de la historia muchas mujeres no han estado dispuestas a ceñirse al papel tradicional que la sociedad les asignó, el cual también muchas otras asumieron sin la menor protesta, aún debemos librar la más grande, importante y profunda de nuestras batallas: hacer posible el cambio cultural entre las propias mujeres que no han despertado de ese sueño histórico. No menos importante es la batalla para alcanzar esa misma transformación en los hombres que no sólo se resisten al despertar de las mujeres, sino a su propio despertar hacia roles que tradicionalmente no eran para ellos y en los cuales no se conciben. El equilibrio en los roles, las tareas, las oportunidades y los espacios son la meta, es decir igualdad, ni más ni menos. Tradicionalmente, la identidad femenina estaba asociada sobre todo a la maternidad. Todavía las mujeres continúan como las principales responsables de las tareas del hogar, y, especialmente, en el cuidado de los hijos y de los enfermos o discapacitados. Si bien nacemos con un cierto sexo, esta condición biológica del cuerpo que nos tocó no nos convierte automáticamente en mujeres o en hombres, también debemos aprender a serlo. Es decir, debemos aprender lo que significa ser mujer o ser hombre en un andamiaje montado sobre procesos culturales y sociales. En general, de las mujeres todavía se espera que sean delicadas y
Héctor Zamarrón Roberto Velázquez carlos puig	Rafael Ocampo	miguel ángel vargas rosa esther juárez pedro gonzález javier chapa	ADRIANA OBREGÓN
subdirector editorial editor en jefe milenio televisión director editorial milenio digital La afición director de enlace editorial directoradedesarrolloperiodístico director general de operaciones directorgeneraldemediosimpresos directora comercial
LUIS REZA gabriel Navarro mauricio morales FERNANDO RUIZ Adrián loaiza ángel cong Marco a. zamora Dyana Reyes
director relaciones institucionales director milenio digital director desarrollo corporativo director producción director sistemas director servicios corporativos director proyectos especiales Directora innovación comercial
Leticia Zúñiga González Encargada de la Dirección General Adjunta de Comunicación Social y Cambio Cultural Gabriela Falcón Sánchez Directora de Comunicación Social Alejandro Rivero Jiménez Subdirector de Información J.Braulio Carreño Melesio Fotografía
Lunes 24 de febrero de 2014 o 3
Abren posibilidad de justicia
para Inés y Valentina La Procuraduría General de la República detuvo a cuatro militares, presuntos agresores de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas tlapanecas violadas hace 12 años en el estado de Guerrero
l Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que litiga el caso, confirmó que los órganos jurisdiccionales civiles libraron las respectivas órdenes de aprehensión en octubre de 2013 y se cumplimentaron a fines de diciembre pasado. La detención de los agresores se dio tras 12 años de que ocurrieron los hechos y a cuatro de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en agosto de 2010, dictara dos sentencias contra el Estado mexicano por no garantizar justicia a ambas indígenas. En febrero de 2002 a los 17 años de edad, Valentina fue atacada por ocho militares mientras lavaba ropa en un arroyo cercano a su comunidad en Caxitepec, municipio de Acatepec. Al verla le preguntaron por unos “encapuchados” y después la violaron. Un mes después, en marzo del mismo año, otro grupo de militares llegó a la casa de Inés en Barranca Tecoani, en Ayutla de los Libres; allanaron su hogar, la interrogaron y la acusaron de haber robado la carne que tenía secando al sol. La indígena también fue violada.
Aunque los hechos fueron denunciados ante las instancias competentes, Tlachinollan explicó que ni Valentina ni Inés accedieron a la justicia debido a que las investigaciones se condujeron sin perspectiva de género y en el ámbito militar. Incluso en diversas ocasiones las autoridades las acusaron de mentir. Aun así ellas denunciaron los hechos ante el Ministerio Público del fuero común del distrito judicial de Allende,
ricana de Derechos Humanos (CIDH), que al comprobar omisiones decidió llevar los casos a la CoIDH. Fue en 2010 cuando el alto tribunal dictó dos sentencias condenatorias por los hechos ocurridos en medio de un contexto que llamó “violencia institucional castrense”, al referirse a los abusos generalizados y la falta de debida investigación. En su fallo, la CoIDH ordenó al Es-
Valentina se enviaron a la justicia civil. En 2011 las investigaciones se radicaron en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la PGR, que capturó y consignó a los cuatro militares por el delito de violación sexual. A decir de la defensa legal de las indígenas, la renovación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR y el compromiso personal de su titular, así como el trabajo de la fiscal y del personal ministerial de la Fevimtra, contribuyeron a que se revirtiera la deficiente actuación del Ministerio Público Militar. La defensa legal señaló que se dictó auto de formal prisión contra cuatro
Para los abogados, éste es un triunfo para todas las mujeres que, pese a todos los obstáculos y adversidades, alzan su voz y denuncian Guerrero, pero como estas denuncias implicaban a efectivos castrenses en activo, meses más tarde las investigaciones fueron declinadas al fuero militar. Ante la falta de justicia, en 2003 la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional llevaron el caso ante instancias internacionales. Las organizaciones denunciaron la impunidad ante la Comisión Interame-
tado mexicano emprender diversas acciones de reparación, entre ellas la investigación y sanción de los hechos, y revisar la pertinencia de una reforma al Código de Justicia Militar para que casos similares fueran investigados en tribunales civiles. Ante esto, las autoridades mexicanas hicieron un reconocimiento público de su responsabilidad y pidieron perdón a ambas mujeres, y aunque no se ha realizado una reforma al sistema de justicia militar los expedientes de Inés y
personas que hoy enfrentan reclusión preventiva acusados por los delitos de violación, tortura y abuso de autoridad, entre otros. Para los abogados, este logro no sería posible sin la determinación de ambas mujeres. “En ese sentido, es un triunfo emblemático para todas las mujeres que, pese a todos los obstáculos y adversidades, alzan su voz y denuncian la violencia”, afirmaron. T Cimac
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A México le urge una verdadera visión de Estado
La violencia contra las mujeres, tanto por su incidencia como por su desatención, es una de las facetas del delito que ponen en evidencia las fallas en los planes y programas de procuración de justicia de la actual administración
urante la campaña presidencial de 2012 el PRI incluyó en su oferta política la capacidad y experiencia para gobernar. Para desgracia de las mexicanas y los mexicanos, en poco más de un año de gestión ha quedado claro que la actual administración federal carece de políticas públicas de prevención social y de una estrategia para contener y contrarrestar el clima de violencia en el país. Para muestra está la situación que vive Michoacán, que sin duda es resultado de años de descuido, desinterés y una política errónea de combate a la delincuencia organizada. Pese a que el fenómeno delictivo rebasó a las autoridades locales y era sabido que la sociedad se estaba organizando mediante grupos de autodefensa, el gobierno federal tardó en reaccionar. Pero el crimen organizado no es la única faceta del delito que evidencia fallas en los planes y programas de procuración de justicia de la actual administración. Hay otros rubros tanto o igual de importantes que contribuyen a la percepción de inseguridad, tanto por su incidencia como por su desatención. Uno de ellos es la violencia contra las mujeres. De 2007 a la fecha hemos emprendido acciones para crear y afianzar un andamiaje legal e institucional dedicado ex profeso a este tema, al grado que hoy día contamos entre otros instrumentos, con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Sin embargo, ese esquema no ha sido del todo eficiente, ya que no se han satisfecho a cabalidad los objetivos y fines previstos en la ley. Las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres son una constante en la dinámica de la vida social,
desde la verbal hasta el feminicidio. Incluso, pareciera que va en aumento. Este panorama poco alentador no tiene ninguna posibilidad de cambiar en el corto o el mediano plazo, ya que al día de hoy ni siquiera se tiene una dimensión real del problema. Los reportes de violencia contra las mujeres siguen alimentando páginas de los diarios, pero no son considerados en su totalidad para integrar las estadísticas oficiales. Precisamente éste es uno de los pendientes que se tiene. Según los artículos 38 fracción X y 44 fracción III de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Secretaría de Seguridad Pública es la encargada de integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, con base en la información general y estadística que semestralmente debe publicarse sobre los casos de violencia contra las mujeres. Desafortunadamente ese banco de datos no se ha integrado con la periodicidad señalada ni con la formalidad que el caso requiere; por ende no hay correspondencia entre las cifras oficiales y la percepción ciudadana sobre este fenómeno. En descargo de la SSP vale decir que diversos factores confluyen a esa omisión. Por decir algo no todos los estados dan un tratamiento uniforme a las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres. Solo 28 estados de la República tienen tipificado expresamente el delito de feminicidio. O sea que al menos cuatro entidades siguen considerando el feminicidio como homicidio común. Parte del personal de las procuradurías y poderes judiciales de los estados carece de la formación profesional, capacitación o competencias para prevenir, investigar y sancionar de manera eficaz la violencia de género. En algunos casos, ni siquiera se advierte convicción y compromiso respecto de esta delicada función; por ende, no es raro que clasifiquen en forma inadecuada conductas que notoriamente encuadran en el tipo de feminicidio y se reporten como homicidios comunes. A mediados de 2013, durante una reunión de trabajo con la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, el Vicepresidente de Información Demográfica y Social del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática señaló la necesidad de que cuando el asesinato de una mujer es un feminicidio, las procuradurías locales y poderes judiciales de los estados debían tipificarlo adecuadamente, porque de lo contrario se invisibiliza el fenómeno. En ese contexto, consideramos que no solo es necesario, sino indispensable replantear y repensar el esquema para atender la violencia contra las mujeres. Por supuesto, no pretendemos que los casos de violencia de género se reduzcan a un número frío plasmado en una estadística, pero creemos que el banco de datos previsto en la ley sería un indicador de la realidad que vivimos, nos permitiría medir de manera precisa el problema para generar un diagnóstico real y proyectar soluciones adecuadas. Es necesario insistir en dar una adecuada difusión, generar conciencia en la ciudadanía sobre las implicaciones de la violencia de género, pero sobre todo en la formación y capacitación de los funcionarios públicos relacionados con esta temática, para que el desempeño de su función no sea una actividad vana. Incluso, sería ideal instar a las escuelas de educación superior relacionadas con las ciencias sociales para que revisen sus programas de nivel licenciatura para, de ser posible, incluir al menos como materia optativa los estudios de género. De tal suerte, el contacto con esta temática se daría desde la formación profesional y no solamente cuando se accede a un empleo relacionado con la misma. T * Senadora por el PRD
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Inmujeres Discurso en redes sociales
Alto a la violencia de género en internet Este mes celebramos el Día Internacional de la Mujer o Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aquella que lucha por que se reconozcan sus derechos e igualdad de género en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona
ajo este panorama de reconocimiento y equidad, es pertinente reflexionar sobre los alcances que puede tener el discurso violento que nutre las redes sociales. ¿Qué tan dura puede ser una palabra, un adjetivo que impone la desvalorización de una persona? Más de lo que creemos. La violencia de género no sólo se ejerce a través de la fuerza física, sino también de forma verbal o escrita. Hay vocablos que contribuyen al detrimento de la sociedad en general y recuerdan que aún faltan cosas por hacer para lograr la erradicación del machismo y la misoginia.
Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, revelan que 24.4% de las personas entrevistadas dicen que no se respetan los derechos de las mujeres. Ocho de cada diez personas a nivel nacional opinan que a la mujer no se le debe de pegar, y sin embargo 95% de la población cree que la violencia física hacia la mujer sí se presenta. Casi 15% de los jóvenes justifica la violencia de género, principalmente por infidelidad. El mismo porcentaje de las considera que el gobierno no debería intervenir cuando un marido maltrata a su mujer por ser un asunto privado. A la mujer se le juzga por su apariencia física y por cómo ejerce su sexualidad. Le llueve una serie de epítetos que van desde prostituta, puta, loca, aventurera, zorra, mujerzuela, mujer pública hasta aventurera. Contra la misoginia viral El leguaje de la discriminación se alimenta de la carne y de la sangre de las personas colocadas históricamente en situación de vulnerabilidad. Como refiere Héctor Islas Azaïs, especialista en filosofía del lenguaje, “las palabras importan no tanto por lo que hacen sino por lo que nos hacen”. En la actualidad, Internet se ha vuelto uno de los medios de comunicación más utilizados en México y en todo el mundo. El uso de esta tecnología ha permitido
vencer las barreras de comunicación. Sin embargo, también se ha convertido en una vía para ejercer la discriminación. “El discurso de odio, cubre todas las formas de expresión que difunden, incitan, promueven o justifican el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia”, define el Consejo de Europa. En 2012, Conapred dio a conocer los resultados del ejercicio denominado Tweetbalas: palabras que hieren a México, y los hashtags con más menciones fueron: #indio, #puto, #naco, #zorra, #eresputo, #bitch, entre otros epítetos ofensivos. Después de que se viralizan los hashtags que relacionan la preferencia sexual, la falta de buen gusto o de recursos económicos con la apariencia física, surgen voces indignadas que exigen frenar esas expresiones; sin embargo, esa reprobación no se materializa en un rechazo social concreto que pare su reproducción. Incluso, cuando se detecta esta situación en redes sociales, se cree que las expresiones de personajes públicos o contenidos vertidos en los medios de comunicación son inofensivas y que se trata sólo de expresiones características del humor negro del mexicano, sin consecuencias reales para la vida de las personas. ¿Qué hacer ante la avalancha de palabras que acentúan la discriminación hacia especial
la mujer?, ¿cómo vamos a solucionar un problema que cada vez crece más?, ¿cómo podemos contribuir a que la violencia contra la mujer no continúe inundando a las redes sociales? El gran reto al que nos enfrentamos es aceptar que en México existe este problema. Necesitamos dar información y brindar educación suficiente para que las personas puedan entender que hay consecuencias graves en la vida de las personas que, sistemáticamente, son discriminadas y objeto de discursos de odio disfrazados de humor, estandarizados e, incluso, justificados con el pretexto de que se ejerce la libertad de expresión. Sin deterioro alguno a la libertad de expresión y atendiendo el efecto de las nuevas tecnologías de comunicación, el Estado Mexicano implementará una campaña que busque evitar cualquier tipo de odio o xenofobia en los distintos medios electrónicos. México, como Estado observador del Consejo de Europa, se sumará a la fuerte campaña contra el discurso de odio en los medios de comunicación. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), ratificada en México en 1981, establece la obligación de los Estados partes de adoptar medidas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres a fin de alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias, basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. En otras observaciones, ese Comité también ha señalado que la creación de estereotipos sobre la mujer en diferentes situaciones limita aspectos políticos y sociales de su vida, por ello es importante alentar a los medios de comunicación para que contribuyan a acabar con los estereotipaos de mujeres basados en el género, junto con las prácticas tradicionales y consuetudinarias que puedan tener efectos nocivos, particularmente para las mujeres adultas, indígenas, migrantes o personas con discapacidad; en todos los aspectos de sus vidas, incluidas sus relaciones familiares, sus funciones en la comunidad, y que además pueden resultar en violencia física y abusos psicológicos, verbales y financieros. Rui Gomes, jefe del departamento Juvenil del Consejo de Europa, considera que los y las jóvenes que utilizan las redes sociales en ocasiones son reclutados de grupos de odio y que muchas veces reproducen los adjetivos sin percatarse de que con ello fomentan la violencia en las redes sociales, como la misoginia. También considera que las medidas de protección de páginas como Facebook y Twitter no son suficientes: “Nos abstenemos de proponerles algo, porque sabemos que en este momento es una comunidad que trabaja bajo la autorregulación. En muchos casos han colaborado con nosotros, pero no estamos totalmente felices con la forma en que tratan el tema”, asegura. Este 2014, nuestro país se unirá a la campaña internacional del Movimiento contra el Discurso de Odio. Por su contribución a la cultura democrática, será una campaña nacional inédita sin precedentes. Lograr un México incluyente, comprendido como una sociedad de derechos, es permitir que las mujeres accedan a todos los derechos en igualdad de condiciones, lejos de la discriminación y la violencia. T *Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación @ricardobucio www.conapred.org.mx
6 o Lunes 24 de febrero de 2014
Reflexiones El sexo femenino nunca ha estado ausente en nuestra historia. Silenciado o ignorado, acaso discreto, siempre ha formado parte esencial de los acontecimientos que erigieron los siglos pasados y el actual
Alejandra Negrete Morayta*
a labor de muchas mujeres ha sido la de arrojar semillas al viento sin la certeza de que verán algún día los frutos, pero con la determinación y la insistencia de que deben alcanzar la tierra para germinar. El hecho de que hoy las mujeres seamos partícipes reconocidas en la construcción de nuestro mundo ha tenido un precio muy alto. Esta lucha ha costado tiempo, esperanzas, agresiones, silencios, e incluso, un sin número de vidas. La historia para las mujeres ha mejorado, sin embargo, seguimos siendo ampliamente sujetas de situaciones violentas y discriminatorias. Las cifras son alarmantes. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que hasta el 50% de las agresiones sexuales en el mundo se cometen contra niñas menores de 16 años. A nivel mundial, 603 millones de mujeres viven en
países donde la violencia doméstica no se considera un delito y el 70% de las mujeres han sufrido una experiencia física o sexual violenta en su vida. Lo anterior ha provocado un proceso de feminización de las violaciones a los derechos humanos: la feminización de la pobreza, de la marginación de pueblos indígenas y de la violencia social,
vulnerables entre los grupos marginados. Ejemplo de ello es el hecho de que, según datos de la ONU, “la mayoría de las (mil quinientas) millones de personas que viven con 1 dólar o menos al día son mujeres”, además de que “la brecha que separa a los hombres de las mujeres atrapados en el ciclo de la pobreza ha seguido ampliándose en el último decenio” ¿Qué nos
humana en dos categorías que resultan radicalmente distintas frente situaciones sustancialmente idénticas. Hoy, esto resulta inadmisible e injustificado, máxime cuando vivimos ya, en gran parte del mundo, bajo el impostergable objetivo de alcanzar una tutela efectiva de los derechos humanos, los cuales, se han convertido en uno de los principales ejes rectores de la gobernabilidad democrática. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es, año con año, una fecha para ampliar y profundizar en las discusiones acerca de las medidas que deben asumir los Estados para desmantelar esta realidad, adoptando y ejecutando decisiones transformadoras capaces de revertir los procesos de exclusión, así como potencializar los esfuerzos emprendidos por cada persona que interviene en los procesos de empoderamiento de las mujeres. En este sentido, en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), existe una profunda necesidad y un absoluto compromiso por continuar y construir, con la participación de los distintos sectores involucrados, verdaderas políticas públicas trascendentes, transversales y
este 8 de marzo es una fecha para cambiar la realidad de las mujeres, a fin de revertir la exclusión y acelerar su empoderamiento por dar algunos ejemplos. De manera casi generalizada, hoy día, lo único más vulnerable que pertenecer a uno de los grupos catalogados como tal es ser, además, mujer o, más grave aún, niña. Así, a pesar de los grandes pasos adoptados, las mujeres seguimos siendo las más
dice estos números acerca de la situación actual de las mujeres? De entrada, nos indican que vivimos en un mundo en el cual el simple hechode-ser-mujer conlleva un detrimento en el libre ejercicio de los derechos, lo cual, separa irracionalmente a la raza
con enfoque de derechos, que contribuyan a combatir los cimientos de las condiciones de desigualdad que se viven a nivel nacional. T *Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres javier garcía
Lunes 24 de febrero de 2014 o 7
Inmujeres Jóvenes de 15 a 29 años de edad
Predomina violencia emocional
hacia mujeres solteras
claudia guadarram
La violencia hacia las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, aún prevalece en nuestro país y se manifiesta de distintas maneras y en ámbitos diversos, es un problema que tiene muchas aristas y es necesario adentrarse en su conocimiento
a violencia la puede sufrir cualquier mujer sin importar su edad, su escolaridad, su incorporación en el mercado laboral o su lugar de residencia, ya sea en áreas rurales o urbanas o en una entidad federativa del norte, sur o centro del país. La violencia en el noviazgo es un fenómeno multicausal de distintas variantes. Es decir, es un abuso físico, mental o emocional que una persona en una relación de pareja ejerce sobre la otra sin que entre ellas exista necesariamente un contrato o vínculo matrimonial. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011, 36.9% de las mujeres solteras de 15 a 29 años han sufrido algún incidente de violencia por parte de su novio o pareja a lo largo de la relación.
Este porcentaje indica que casi cuatro de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia emocional, económica, física o sexual a lo largo de su más reciente relación de noviazgo. La violencia en el noviazgo comprende agresiones físicas, como golpes, empujones, sacudimientos, zarandeos, bofetadas, estrangulamiento, relaciones sexuales sin consentimiento. Entre las agresiones psicológicas destacan insultos, prohibición, vigilancia, control de actividades o de amistades, control excesivo de dinero para los gastos, humillaciones verbales, amenazas de agresión, golpes en la pared, romper objetos personales, ataques de ira y chantaje. El tipo de violencia predominante entre las jóvenes solteras de 15 a 29 años por parte de sus novios es la emocional: a 36.7% de ellas
las han humillado, ignorado, les han pedido que cambien su forma de vestir, tratado de controlar sus movimientos o decisiones, les han hecho sentir miedo, amenazado con algún arma o con matarlas o matarse. Las prevalencias de otros tipos de violencia son: física 3.3%, es decir, las han golpeado, empujado o jalado el cabello, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar o agredido con un arma; sexual 2.3%, es decir, las han tocado o manoseado sin su consentimiento, les han exigido o han usado la fuerza física para obligarlas a tener relaciones sexuales; económica 0.9%, es decir, les han quitado su dinero, terrenos, propiedades, etc. El problema de la violencia en el noviazgo no se presenta en la misma tónica ni al mismo nivel en todas las relaciones. Algunos casos registran únicamente violencia física, otros sólo violencia psicológica y en otros, ambos tipos. Aunque se trata de un problema que no afecta a la mayoría de los jóvenes mexicanos, la gravedad está en que estos casos siguen presentándose en una minoría, lo cual no disminuye su gravedad. La condición de tener hijos o hijas incide de manera importante en la prevalencia de violencia de pareja. De las mujeres solteras de 15 a 29 años que tienen o tuvieron una
relación de pareja, 7.5% tiene al menos una hija o hijo nacido vivo. La prevalencia de la violencia total a lo largo de la relación es 50% mayor entre las mujeres con hijos e hijas en comparación con las mujeres que no tienen descendencia (53 contra 35.6 por ciento, respectivamente). Desglosada por tipo de violencia, los porcentajes son: La violencia económica tiene una incidencia 3.5 veces mayor en las mujeres con hijos o hijas que en las mujeres sin descendencia (3.2 contra 0.7 por ciento). La violencia física tiene una incidencia tres veces mayor entre las mujeres que tienen hijos o hijas (10.9%) que entre las que no tienen (2.6%). La violencia sexual tiene una incidencia dos veces mayor entre las mujeres con hijos o hijas (6.0%) ante las mujeres sin descendencia (2.0%). La violencia emocional es 50% mayor en las mujeres con hijos o hijas (52.6 contra 35.4 por ciento entre las mujeres sin descendencia). Diversos estudios han mostrado el fuerte vínculo entre la violencia infligida por la pareja y los síntomas físicos y mentales de salud precaria, lo que han convertido a la violencia de género en un importante problema de salud pública, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las consecuencias ocasionadas por la violencia que las mujeres solteras de entre 15 y 29 años de edad han vivido con sus parejas se encuentran algunas relacionadas con su salud física o mental. De las mujeres solteras de entre 15 y 29 años que han sufrido violencia física o sexual, o ambas, en su más reciente relación de noviazgo: 21.4% reportó moretones o hinchazón; 5.7%, cortadas, quemaduras, pérdida de dientes, fracturas, un aborto o parto prematuro; 5.3% tuvo ardor o sangrado vaginal u otro tipo de hemorragias; en 72.3% de los casos hubo consecuencias de otro tipo. Un dato a considerar que arroja la encuesta respecto a la búsqueda de ayuda por parte de las víctimas es que en las mujeres solteras la incidencia de recurrencia a las autoridades ante las situaciones de violencia es muy baja. En particular, en el grupo de solteras de 15 a 29 años, solo dos de cada 100 de las que vivieron violencia en su relación de noviazgo se acercaron a una autoridad a pedir ayuda (1.5%), mientras 12.6% prefiere buscar ayuda con sus familiares. Considerando al total de mujeres de 15 años y más en el país, solo dos de cada 10 que vivieron violencia en su relación se acercaron a una autoridad a pedir ayuda (14%). No obstante, queda claro que la violencia en el noviazgo es tan solo un efecto y no una causa. Es decir, para efectos de política pública, el problema fundamental a resolver no está en que los jóvenes que incurren en ello cesen de ejercer violencia en el noviazgo. La causa es más profunda y tiene que ver con el desarrollo de estos jóvenes y el contexto en que se desenvuelven, el cual se relaciona, sobre todo, con su situación familiar. La violencia en el noviazgo no es tipificada como un delito, a diferencia del matrimonio, en que es incluso causal de divorcio. No obstante, diversas corrientes teóricas sobre comportamiento delictivo afirman que el contexto en que vive una persona incide directamente en sus probabilidades de ejercer violencia y delinquir. Este desorden tiene solución en tanto problema público definido y abatible, misma que comienza en la voluntad de formar jóvenes alejados de la violencia intrafamiliar y de los contextos que a ella contribuyen. La solución, asimismo, nos enfrenta a los padres de familia, a los hermanos y al entorno inmediato del violento. Si la apuesta es la eliminación de la violencia en el noviazgo, debemos procurar en principio erradicarla desde las familias con antecedentes de violencia para evitar un círculo vicioso. T
8 o Lunes 24 de febrero de 2014
Responde a demanda social
Jalisco contará con un Centro de Justicia para Mujeres especial
Frente a las altas cifras de violencia contra las mujeres, las autoridades de Jalisco determinaron el establecimiento de un Centro de Justicia, donde las víctimas serán atendidas por profesionistas especializados y funcionarios sensibilizados en temas de género y violencia
Mariana Fernández Ramírez*
e acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013 del Inegi, Jalisco cuenta con una población de poco más de siete millones 700 mil habitantes, de los cuales, alrededor de cuatro millones son mujeres. De éstas, el 24.3% manifestó haber sufrido algún tipo de violencia, situando al estado en el decimoquinto lugar a escala nacional en incidencia de violencia contra las mujeres, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011. Los Centros de Justicia para Mujeres constituyen un marco de referencia a nivel nacional para ofrecer atención integral a las mujeres víctimas de violencia. Desde el inicio de la actual administración en Jalisco,
el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, instruyó para que se iniciara con el proyecto del Centro de Justicia para Mujeres. Su puesta en marcha implica dar respuesta a un compromiso de gobierno y a una demanda social. Para tener una idea de la problemática de la que se ocupará este centro, cabe resaltar que el Instituto Jalisciense de las Mujeres atendió tan solo en 2013 alrededor de 17 mil mujeres y ofreció más de 29 mil servicios, mientras que la Fiscalía del Estado otorgó más de mil 700 órdenes de protección. Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de tener un Centro de Justicia para Mujeres, donde puedan acudir y ser atendidas por profesionistas especializados, además de que se garantice que sean funcionarias y funcionarios sensibilizados en temas de
género y violencia contra mujeres. En este espacio, las mujeres recibirán orientación psicológica, asesoría jurídica, atención de ministerios públicos y peritos de ciencias forenses, inclusión a programas de gobierno, servicio de defensores de oficio, juzgado familiar y una estancia temporal para sus hijos e hijas. En el marco de la celebración el pasado 25 de noviembre de 2013 del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobernador del Estado y la presidenta del Sistema DIF Jalisco, Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, asistieron al arranque de la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco, que tiene como objetivo promover los derechos humanos, garantizando el acceso a la justicia para las mujeres víctimas
de violencia, incidir en la reducción de los diferentes tipos de violencia de género y apoyar su empoderamiento económico. Con una inversión total de 30 millones 783 mil pesos, el centro estará integrado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Salud, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Juzgados Familiares, la Procuraduría Social, la Fiscalía de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil, sin faltar, claro, el Instituto Jalisciense de las Mujeres. El objetivo es que a finales de 2014 se celebre la inauguración. Por otro lado, durante el primer año de gestión de la presente administración se realizó un cambio de estrategia y las actividades se han orientado tanto a la atención de lo urgente, en el sentido de mejorar y ampliar la atención a las mujeres en situación de violencia, optimizando para ello la vinculación interinstitucional, como a lo estratégico, destacando la vinculación y acción conjunta con la sociedad civil organizada, la elaboración de diferentes propuestas de mejora normativa como protocolos, reglamentos e iniciativas de ley, así como la complementación de la preparación y el nivel de especialización de aquellos servidores públicos en los que recae la responsabilidad de la toma de decisiones, el diseño u operación de políticas públicas en materia de igualdad de género. En Jalisco, el combate a la violencia contra las mujeres es una política pública atendida de forma prioritaria por el estado. T * Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres
Lunes 24 de febrero de 2014 o 9
Inmujeres Reforma/Justicia penal
Beneficios y derechos de mujeres
sentenciadas y sus familiares mónica gonzález
El actual sistema de justicia penitenciaria es resultado de la reforma constitucional de junio de 2008; dispone la creación del juez de ejecución de sanciones penales, quien tendrá a su cargo vigilar el cumplimiento, la modificación y duración de las sanciones
Diana Sheinbaum Lerner y María Sirvent Bravo Ahuja
e esa manera, ya no son responsables de esas funciones las autoridades administrativas del sistema penitenciario. Al contrario, éstas se convierten en meras auxiliares de la autoridad judicial depositada en el juez de ejecución de sanciones. Ahora, las responsabilidades de las autoridades penitenciarias se refieren exclusivamente a la operación y administración de las prisiones. A partir de la reforma constitucional, el debido proceso no termina con la imposición de la sentencia, sino que se extiende hasta la vigilancia de la ejecución de la sanción penal, es decir, llega incluso al periodo en que las sentenciadas permanecen en los centros penitenciarios o cumpliendo alguna de las penas alternativas a la prisión. En ese sentido, los jueces de ejecución
de sanciones penales tienen la facultad de conocer sobre los beneficios de preliberación y sobre los derechos de las mujeres privadas de la libertad. Así, se crea un sistema que busca garantizar el respeto a los derechos humanos y la gobernabilidad de los centros penitenciarios. La mencionada reforma estableció que cada estado de la República tiene la obligación de publicar su propia legislación en esta materia. En el caso del Distrito Federal se trata de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social del 2011. La finalidad de esta Ley, como dice su artículo 2°, es regular el cumplimiento, la modificación y duración de las penas y medidas de seguridad impuestas por la autoridad judicial. De igual manera, esta legislación establece la organización, administración y operación del sistema penitenciario con la meta de lograr la reinserción social y procurar que la persona sentenciada no cometa más delitos. Además de los derechos reconocidos para la población penitenciaria en general, las leyes nacionales e internacionales reconocen a las mujeres como un grupo en situación de vulnerabilidad y señalan que la autoridad penitenciaria deberá diseñar e impartir programas de atención especializada. En ese sentido, la Ley de ejecución de sanciones penales reconoce como derechos específicos de las mujeres en prisión, los siguientes: Artículo 27: La autoridad penitenciaria y la vigilancia interna estarán a cargo de personal femenino. Artículo 69: Queda estrictamente prohibida la violencia institucional de género.
Los derechos sexuales y reproductivos deberán ser respetados en todo momento.
zadas, ni de las madres que conviven con sus hijas y/o hijos.
Artículo 103: Deberá haber servicios de salud preventiva y de atención a la salud general, así como atención especializada. Asimismo, deberá haber atención durante el embarazo, parto y periodos de recuperación, así como a los recién nacidos, y medidas de protección para salvaguardar la salud de la madre y su hija o hijo.
Para hacer exigibles sus derechos las sentenciadas deben recurrir al juez de ejecución de sanciones penales. Asimismo, es esta autoridad, que tiene la atribución de otorgar y vigilar los beneficios penitenciarios. La Ley de ejecución establece cuatro beneficios distintos:
Artículo 96: El trabajo penitenciario no será requisito indispensable para la obtención de un beneficio tanto 45 días antes como 45 días después del parto. Artículo 108 del Reglamento de la ley: La capacitación no se limitará a la preparación para el desempeño de actividades que de manera tradicional han estado reservada a las mujeres. Artículo 72: Deberá haber personal especializado para apoyar y orientar a las sentenciadas en el reconocimiento y denuncia de actos de agresión, hostigamiento y acoso sexual, así como programas permanentes de capacitación sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, donde se detallen los actos que transgreden ese derecho y sus consecuencias. Artículo 99 del Reglamento de la ley: Si la madre conserva a su hija o hijo dentro de prisión, la autoridad penitenciaria deberá organizar y operar un centro de desarrollo infantil. Artículo 59 y 109 del Reglamento de la ley: La medida de aislamiento no podrá imponerse respecto de mujeres embara-
•Reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia •Tratamiento preliberacional •Libertad preparatoria •Remisión parcial de la pena Cada uno de estos beneficios opera de modo distinto. Para poder acceder a ellos es necesario cubrir los requisitos que establece la Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social del D.F. La reforma al sistema de justicia penitenciaria es una oportunidad para establecer los parámetros para la gobernabilidad de los centros de reinserción penal en un Estado de derecho, que no deje espacios sin control del poder público, en especial del judicial, máxime cuando las personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a abusos de poder. El reto se encuentra en la correcta implementación del nuevo modelo penitenciario y los mandatos específicos derivados de la reforma los cuales sin duda permitirán que los centros penitenciarios se organicen con base en el respeto de los derechos humanos, que se tornen en instituciones sólidas, seguras y dignas para el cumplimiento de la sanción y se instrumenten programas de reinserción social, de tal suerte que se cierre la puerta a la reincidencia y la exclusión. T
10 o Lunes 24 de febrero de 2014
Diseño institucional y cambio cultural, los retos del IFE
“Todos los seres humanos nacen iguales, pero es la última vez que lo son”, decía Abraham Lincoln a propósito del valor político de la igualdad en las sociedades modernas y de la pregunta sobre qué tan justo es aplicar las mismas reglas a quienes por siglos han sido marginados de la vida pública
Arminda Balbuena Cisneros*
no de los arg umentos que caracterizan la lucha feminista del siglo XX y principios del XXI es que el principio democrático de igualdad ante la ley no es suficiente para evitar injusticias sociales: por el contrario, para ser fiel a su espíritu, la propia norma debe discernir entre las necesidades específicas de los grupos de la sociedad a fin de compensar los efectos negativos de la subordinación histórica. Así, paradójicamente, la igualdad solo se alcanza mediante el reconocimiento de las diferencias y los rezagos. En el ámbito de acción de los organismos públicos, apuntar a la igualdad entre hombres y mujeres significa poner en marcha una estrategia, de manera simultánea, en dos vías: las innovaciones en el diseño institucional y las acciones que impulsan el cambio cultural. En el primer caso, desde la década de los 90, la administración pública adoptó un nuevo paradigma de gestión que privilegió la organización estratégica, es decir, el abandono de la planeación de procesos como eje organizacional y el giro hacia el pensamiento “contextual”, esto es, el diseño de políticas dirigidas al “otro” y capaces de tomar en cuenta aspectos complejos de la realidad. Esta reforma fue especialmente sensible al tema de género, por lo que se promovieron acciones afirmativas en política pública y “buenas prácticas”, es decir, medidas específicas con visión de largo plazo para integrar a mujeres y hombres a las tareas institucionales mediante el fomento de relaciones sociales en un plano de igualdad. En el rubro de diseño institucional y reglamentación, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha implementado acciones concretas para fomentar la igualdad
entre mujeres y hombres; mencionaré tres de ellas. La primera es la aplicación de cuotas de género para alcanzar la paridad en la integración de los consejos locales y distritales; de este modo, en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 se registró un 49.8% de consejeras distritales y locales propietarias. La segunda medida tiene que ver con la emisión de normatividad reglamentaria que garantiza que el porcentaje del presupuesto ordinario que los partidos políticos están obligados a destinar al desarrollo del liderazgo político de las mujeres (2%) se gaste en la realización de acciones efectivas de capacitación y promoción del liderazgo político, mediante la definición de parámetros claros y lineamientos precisos para el ejercicio de estos recursos. En tercer lugar, el Concurso Público 2013-2014 para ocupar 96 plazas del Servicio Profesional Electoral está dirigido exclusivamente a la participación de las mujeres; con esta medida temporal se pretende contribuir a equilibrar la cifra de funcionarias y
ticas discriminatorias en función del sexo “naturalizan” o “invisibilizan” las relaciones sociales de dominación que suelen apartar a las mujeres de los espacios públicos y de responsabilidades en política. El desmontaje de este tipo de valores requiere empoderar a las mujeres en el ejercicio consciente, libre y autónomo de sus derechos para que se involucren activamente en la solución de los problemas de su comunidad. Entre las principales herramientas de
des y centros de educación superior, se desarrollan estudios e investigaciones para conocer los problemas, propuestas y áreas de intervención inmediata que permitan aumentar la participación política de las mujeres e identificar los efectos concretos de los procesos de formación, educación cívica y capacitación electoral en la promoción de la igualdad sustantiva. Si bien el IFE ha emprendido acciones de diseño institucional y cambio cultural
Atendiendo las particularidades y necesidades específicas, podemos hacer valer los derechos civiles y políticos de mujeres y hombres funcionarios dentro de la estructura del Instituto, pues actualmente solo 21.8% del personal de carrera son mujeres. Cabe hacer notar que estas acciones, entre otras para promover la igualdad y la no discriminación que se llevan a cabo en el IFE y en diversas instituciones nacionales e internacionales, se difunden en la página electrónica “Género, Igualdad y Democracia” (http://genero. ife.org.mx/) Por lo que toca a la segunda vía de transformación, el cambio cultural, sabemos que los estereotipos y prác-
empoderamiento femenino se encuentran la capacitación y la sensibilización. Al respecto, el IFE, a través del Centro para el Desarrollo Democrático, ha impartido talleres y organizado reuniones informativas con mujeres militantes de partidos políticos y con mujeres indígenas a efecto de potenciar su capacidad de liderazgo. También se han implementado acciones de capacitación para promover la igualdad de género y la cultura de la no discriminación dentro de la estructura del Instituto. Aunado a ello, en colaboración con universida-
en pro de una democracia incluyente, es indispensable fortalecerlas y darles continuidad a fin de obtener resultados sostenidos y de largo plazo. Solo un trabajo sin pausa con la ciudadanía, que atienda las particularidades y necesidades específicas, nos puede conducir a hacer valer los derechos civiles y políticos de las personas con independencia de su condición de sexo. T * Coordinadora General del Centro para el Desarrollo Democrático Instituto Federal Electoral
Lunes 24 de febrero de 2014 o 11
Inmujeres Hacer efectiva la paridad
Mujeres y hombres somos tan iguales como complementarios especial
A 60 años de que las mexicanas conquistaron un derecho político, el reto legislativo ahora es generar resultados tangibles para millones de mujeres que carecen incluso de la posibilidad de llevar una vida digna
Ana Lilia Herrera Anzaldo*
partir del decreto publicado el 17 de Octubre de 1953, donde se otorgó el derecho de las mujeres mexicanas a elegir y ser electas a cargos de elección popular, nuestro país ha dado pasos significativos, pero tal vez tardíos en reconocer plenamente los derechos políticos femeninos. Desde ese momento histórico y hasta la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) en 2011, que estableció la obligación de los partidos políticos de presentar fórmulas donde los candidatos propietarios y suplentes sean del mismo género, han sido incansables e innumerables las luchas que se han librado para lograr mayores espa-
cios de participación. La reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión enmarcada en la reforma políticoelectoral estableció en el artículo 41 de la Carta Magna que los partidos tienen como fin “promover las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales”. Una modificación constitucional que aún debe ser avalada por los congresos de los estados para su promulgación; una acción afirmativa que, como todas las de su tipo, debieran ser temporales con el único pro-
pósito de abrir espacios a aquellas mujeres que más allá de serlo, tienen vocación y capacidad para desempeñar un cargo de representación popular y que aspiran a medirse en resultados, sin importar el género de sus adversarios. Hoy, el principal reto que tenemos quienes por el voto ciudadano ejercemos la enorme responsabilidad de legislar, es cristalizar en una ley secundaria un anhelo que quiérase o no, llega 60 años después del otorgamiento del voto y que fue impulsada en el Congreso por mujeres y hombres, incluyendo al Pre-
sidente de la República. Estamos hoy a seis décadas caracterizadas por la demanda constante de mayores espacios políticos de representación y de toma de decisiones; el reto deberá ser traducir la oportunidad de ocupar esos espacios en resultados tangibles para los millones de mujeres que carecen incluso de la posibilidad de llevar una vida digna. En el ámbito internacional las noticias también son alentadoras. La francesa Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), desde julio de 2011; o bien la estadunidense Janet Yellen, quien a partir del 1° de Febrero, será la primera mujer en la historia de su país en ocupar la presidencia de la Reserva Federal Hoy México ha merecido el reconocimiento internacional por las grandes transformaciones que se han emprendido. El momento es inmejorable para hacer efectivo el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953 (Cedaw), ratificada por México en 1981. La misma Convención que sugiere eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres participar en la vida política de sus comunidades, en particular a las indígenas, incluyendo la realización de campañas de sensibilización dirigidas a aumentar su participación en la vida política, especialmente en estados y municipios. La perspectiva y la transversalidad de género no deben concebirse como un instrumento para el logro de objetivos focalizados, sino como una forma para entender que en una visión humana, hombres y mujeres somos tan iguales como complementarios. T *@analiliaherrera Vicepresidenta del Senado de la República
12 o Lunes 24 de febrero de 2014
Inmujeres Reto para la CDHDF
Garantizar la transversalidad de la perspectiva de género
“Es indispensable diseñar, aplicar y vigilar a todos los niveles, con la plena participación de la mujer, políticas y programas, entre ellos políticas y programas de desarrollo efectivos, eficaces y sinérgicos, que tengan en cuenta el género y contribuyan a promover la potenciación del papel y el adelanto de la mujer” Declaración de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995)
a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal trabajará para consolidarse como un espacio que impulse la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres y niñas que viven y transitan en la Ciudad de México. Durante la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Pekin, China, en 1995, diversos países —incluido México—, se comprometieron a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como impulsar el empoderamiento de la mujer. En la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, instrumentos adoptados en esta Conferencia, se establece: “Para... promover el adelanto de la mujer en los planos nacional, subregional y regional e internacional, los gobiernos... deben apoyar una política activa y visible de incorporación de una perspectiva de género, entre otras cosas, en la vigilancia de todos los programas y políticas…” Basada en principios de derechos humanos y de justicia social, Beijing es un hito en la
agenda internacional por los derechos humanos de las mujeres: por primera ocasión los países abordaron temas fundamentales con el objetivo de lograr la erradicación de la discriminación por motivos de sexo. La Ciudad de México ha sido vanguardia en la incorporación de los derechos humanos en la legislación y en las diversas acciones de gobierno, impulsando particularmente medidas a favor de los derechos humanos de las mujeres. El reto actual, para continuar avanzado en el pleno respeto y garantía de los derechos humanos, en particular de las mujeres, se centra en la armonización de las leyes y la transversalización de la perspectiva de género en las acciones del poder público. A partir, de la Declaración de Viena de 1993, donde se reconoció que los derechos humanos de las mujeres y las niñas forman parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales, se ha vuelto necesario conocer el grado de cumplimiento y aplicación de los distintos instrumentos para la igualdad de género y para el avance de las mujeres, analizando la identificación de derechos no garantizados o violados (análisis de causalidad), identificación de titulares de derechos y deberes, así como la identificación de las brechas de capacidad de titulares de derechos y titulares de obligaciones. La importancia de incorporar la perspectiva de género en la implementación del enfoque de derechos ha sido puesta de relevancia desde
los principales órganos internacionales de derechos humanos. En la resolución 2000/5, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la implementación del derecho al desarrollo, asegurando que las mujeres juegan un papel activo en el proceso de desarrollo y enfatizó que el empoderamiento y su plena participación en base de igualdad en todas las esferas de la sociedad es fundamental para la sociedad. En su 55 periodo de sesiones, la Comisión solicitó a todos los órganos de tratados, los procedimientos especiales y la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, adoptar de manera sistemática la perspectiva de género cuando implementan sus mandatos. Es decir, la perspectiva de género es el mecanismo idóneo para hacer realidad el derecho y el principio de igualdad, así como para la eliminación de prácticas discriminatorias en nuestra sociedad, además es el marco de referencia para concretar lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, su impulso e incorporación, es una clara obligación de los organismos públicos autónomos, en este caso de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Al ser la primera mujer nombrada como ombudsperson en el Distrito Federal, uno de los principales objetivos que me he establecido es velar por la plena protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres y las
niñas que habitan y transitan por la Ciudad de México. Para ello, uno de los retos que me he trazado es la incorporación de la transversalización de la perspectiva de género, tanto al interior de la CDHDF como en las acciones que realiza este organismo en beneficio de toda la población de esta ciudad. Institucionalizar la perspectiva de género en la CDHDF implica la revisión de los procedimos técnicos y de las políticas al interior que impactan en la planeación y en las prácticas institucionales cotidianas. Es fundamental visibilizar, evaluar y cuantificar una serie de variables relacionadas con el género; asimismo, se requiere de un análisis sobre la forma en cómo se han clasificado, tramitado y resuelto las peticiones sobre las violaciones a los derechos humanos así como sobre la importancia que se le han dado a determinados casos vinculados con violaciones a derechos de las mujeres y la perspectiva de género. El transversalizar la perspectiva de género implica continuar con un proceso de reflexión permanente para definir las estrategias y mecanismo para su incorporación integral. El reto no es menor, pero el compromiso es claro; la CDHDF trabajará para consolidarse como un espacio que impulse la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres y niñas que viven y transitan en la Ciudad de México. T *Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. claudia guadarrama
Lunes 24 de febrero de 2014 o 13
Premia ONU a SCJN
La Corte que ganó un mundial Instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas distingue cada cinco años a aquellas personas y organizaciones que se destacan por su labor en la promoción y defensa de los derechos humanos
Carlos Pérez Vázquez*
l pasado 10 de diciembre, día en que la comunidad internacional celebró el 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, paradójicamente, veló el cuerpo de Nelson Mandela, el ministro Juan N. Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió en Nueva York, a nombre de la institución y con el beneplácito del Tribunal Pleno, el Premio de Naciones Unidas en Materia de Derechos Humanos. Este Premio honorífico fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para distinguir, cada cinco años, a aquellas personas y organizaciones que se destacan por su labor en la promoción y defensa de los derechos humanos. El hecho no puede ni debe escatimarse, pues se trata, quizás, del reconocimiento más importante a escala mundial en esta materia. La legitimidad, el peso y la importancia del órgano multilateral, la pulcritud del procedimiento de selección, la excepcionalidad temporal que rige su entrega y el renombre que el mismo ha ganado a partir del prestigio de sus recipendiarios, así lo exige. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se suma a una selecta lista de cerca de sesenta premiados, entre los que se encuentran nombres de personajes de la talla moral de Martin Luther King, Eleanor Roosevelt, Nelson Mandela, Jimmy Carter, Liisa Kauppinnen, Malala Yousafzai y de
instituciones globales de enorme prestigio en todo el mundo, como lo son Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ganar este reconocimiento, que nunca antes había sido entregado a un tribunal, implica una distinción excepcional, cuya convocatoria se abre a todo el mundo y cuyos próximos ganadores se conocerán hasta el 2018. Estas razones me parecen suficientes para que cualquiera ponga al Premio en su justa dimensión. Ahora bien, tal como lo ha señalado el ministro presidente, el Premio de Naciones Unidas, que llena de orgullo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Judicatura mexicana en su conjunto, representa también un serio compromiso y una enorme responsabilidad hacia el futuro para los impartidores de justicia federales. De acuerdo con las razones que el jurado mencionó para sostener su decisión, la Suprema Corte de México se ha distinguido por hacer valer, en beneficio de las personas, los derechos humanos que la Constitución y los tratados en la materia suscritos por México establecen, así como por establecer importantes estándares para México y América Latina. Estas razones son perfectamente comprensibles desde la perspectiva de la comunidad internacional, pues hacer valer los tratados internacionales en materia de derechos humanos, significa dar validez a los principios sobre los cuales se fundó, funciona y existe la Organización de las Naciones Unidas.
En efecto, en especial esos tratados, a los que el artículo 1º de nuestra Constitución se refiere como ordenamientos vinculantes para todas las autoridades del país, parten del anhelo de construir un mundo basado en tres pilares: paz y seguridad; desarrollo y prosperidad con equidad; respeto al estado de derechos y a los derechos humanos en el marco de la gobernanza democrática. Tal como la comunidad internacional lo ha venido entendiendo, estos principios son interdependientes, lo que quiere decir que no puede haber seguridad sin respeto a los derechos humanos; no puede haber seguridad sin desarrollo y sin prosperidad con equidad; no puede haber desarrollo y prosperidad fuera del marco de la gobernanza democrática, etc. En ese sentido, en el momento en que la Corte comenzó a dar contenido al texto del artículo 1º de la Constitución implementando con seriedad las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos y amparo, echó a andar al sistema constitucional del país por el camino de la paz, de la seguridad, del desarrollo con equidad, del respeto al estado de derecho, del estado democrático, todo lo cual será fundamental para lograr, a su vez, la debida implementación de las ambiciosas reformas constitucionales aprobadas a finales del 2013. Desde esta perspectiva, la entrega del Premio a un tribunal adquiere pleno sentido, pues son los órganos de impartición de justicia los encargados, en todo sistema democrático, de vigilar que esos principios civilizatorios y universales sean respetados, así como de enmendar cualquier desviación de los mismos que se traduzca en violaciones perpetradas en contra de personas de carne y hueso. Así, resulta evidente el deseo de las Naciones Unidas por enviar un claro men-
saje a otras cortes y tribunales en México, América Latina y el mundo, acerca del papel fundamental que los juzgadores tienen en la construcción y consolidación del sistema democrático, lo cual, de nuevo, confirma el enorme compromiso que el premio representa ahora que las Naciones Unidas han señalado a la Suprema Corte como un modelo a seguir. La importancia del Premio otorgado a la Suprema Corte radica, precisamente, en que constituye un precedente que no solo el máximo tribunal, sino el resto de los impartidores de justicia tendrán en cuenta al momento de resolver conflictos, en especial considerando que la protección de los derechos humanos de las personas es una exigencia del artículo 1º de nuestra ley fundamental. Vale la pena señalar que este precedente también se extiende desde diciembre pasado al resto de los tribunales del mundo. En mi opinión, en México el Premio nos permitirá a todos tener siempre presente que cualquier acción contraria a lo que señalan los tratados internacionales en materia de derechos humanos, significa apostar por la guerra, por la desigualdad, por la inequidad, por el desquebrajamiento del régimen democrático, por la inseguridad, todas consecuencias funestas que nuestro régimen constitucional proscribió al incluir a esos instrumentos internacionales como parte integrante del mismo. En todo caso, nunca antes un tribunal había sido premiado con este reconocimiento que tiene un carácter mundial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha sido. Debemos congratularnos pues el premio es de todos. No todos los días México gana un Mundial. T Coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación *
14 o Lunes 24 de febrero de 2014
Avances, obstáculos y perspectivas para alcanzar la igualdad javier garcía
Uno de los acontecimientos más importantes en el recorrido de las mujeres hacia la conquista de sus derechos lo constituye su entrada al mundo del conocimiento científico
e acuerdo con Norma Blazquez y Olga Bustos (2013), en los años sesenta las mujeres iniciaron una de las transgresiones históricas más importantes: su irrupción en el mundo del saber y el poder, y lo hicieron en y desde las universidades, inf luyendo en todos los campos de conocimiento. A partir de esa década, las mujeres lograron matricularse en programas de licenciatura de casi todas las disciplinas, y será entre los años 90 y la primera década del nuevo siglo que se registra un avance importantísimo
de su acceso a posgrados y puestos de toma de decisión en las instituciones de educación superior. Sin embargo, y aunque se trata de conquistas históricas, todavía no es posible
cultura patriarcal que desde el siglo XVII institucionalizó una dicotomía genérica que excluyó a las mujeres del universo del conocimiento –subjetivo/objetivo, cuerpo/mente, naturaleza/cultura, emoción/razón- y que distorsionó la forma de ver la vida y el conocimiento científico, categorizando la realidad como masculina y femenina. Así, lejos de la falsa pretensión de la objetividad sexista acerca del carácter neutral de la ciencia, el feminismo
reotipos sexistas sentaron las bases para que en la actualidad las mujeres continúen enfrentando muchos y diferentes obstáculos que les impiden un desarrollo pleno en el mundo del saber. Así quedó evidenciado en la Tercera Cumbre de Género, celebrada a finales de 2013 y co-coordinada por la National Science Foundation, el Natural Sciences and Engineering Research Council de Canadá y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Muchas son las barreras que obstaculizan el desarrollo pleno de las mujeres en el ámbito científico. De acuerdo con la investigación Saber y Poder. Testimonios de Directoras de la UNAM, de Norma Blazquez y Olga Bustos, dichos obstáculos se manifiestan en una segregación horizontal –es decir, por áreas-, evidente en la baja participación de mujeres en algunas áreas del conocimiento, y por otro lado en una segregación vertical, relacionada con el bajo acceso femenino a los puestos de mayor nivel académico y de toma de decisiones, “así como a distinciones, premios y reconocimientos” (Blazquez y Bustos, 2013: 11). En lo relativo a la segregación horizontal, de acuerdo con Cheryl Gesler y Deborah Kaminsk, tan sólo en las ciencias y las ingenierías podría tomar cerca de 100 años alcanzar la paridad de género entre la planta académica, en donde el porcentaje actual de mujeres es del 27%.
¿Con qué otros datos contamos? De acuerdo con un informe de la Unión Europea publicado en 2008, el total de académicas contratadas en las universidades de esa región –lo que suma puestos de investigación y docencia-, es del 36%. Sin embargo, sólo 15% de mujeres están en puestos de toma de decisión, aún en las áreas en donde la proporción de mujeres es más elevada, como ciencias sociales, humanidades y biología. En ese continente, se cuentan entre 5 y 10 por ciento de mujeres rectoras y los hombres tienden a alcanzar las posiciones más altas tres veces más que las mujeres. En el rubro de los salarios, aunque pueden ser similares, es en las actividades extras en las que se marca la desigualdad: becas, conferencias, consejos y estancias de investigación. En España, la situación en aquel año ya era crítica: las mujeres tenían el 14% de las plazas de tiempo completo en las facultades, 17% en centros públicos de investigación y 4% en vice-rectorados. Este país presentaba un índice elevado de ‘techo de cristal’. Esta tendencia se replica en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, las mujeres tienen sólo el 24% de las plazas de tiempo completo de las universidades, aún y cuando en áreas como las ciencias sociales y las humanidades, el porcentaje de mujeres es mayoría en la matrícula estudiantil –en licenciatura son el 49%, en maestría el 59% y en doctorado el 48% (Martha West y John Curtis, 2006)-. En particular, con el incremento de mujeres en los programas de posgrado, esperaríamos que su presencia en las facultades y centros de investigación se corresponda con ello, pero no es así.
La institucionalización de los estereotipos sexistas impide a las mujeres un desarrollo pleno en el terreno de la ciencia hablar de paridad ni de condiciones de igualdad de género que favorezcan el acceso pleno de las mujeres al mundo del saber. Su avance se ha enfrentado a obstáculos políticos, económicos y sociales asociados a la cultura patriarcal; a esa
ha demostrado que, puesto que están moldeadas por las estructuras genéricas de poder, las instituciones de conocimiento científico representan la cultura masculina. La institucionalización de los este-
El acceso de las mujeres a las plazas de tiempo completo sigue marcado por la desigualdad y la inequidad de género. Otra evidencia de la desigualdad de género en las universidades de ese país, es que las mujeres ganan el 81%
Lunes 24 de febrero de 2014 o 15
de lo que ganan sus pares masculinos (Martha West y John Curtis, 2006).
En México, la situación no es más optimista Citando la investigación de Blazquez y Bustos (2013), en la UNAM, sólo el 35% de los puestos de investigación los tienen las mujeres. Sin embargo, puesto que los nombramientos se desagregan por categorías, sólo el 27% de las titularidades de investigación en la categoría más alta concentran al personal femenino. El reconocimiento de “investigadora emérita” sólo lo han logrado, desde 1941, 13% de mujeres –aunque en los centros de investigación y en las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades hasta el día de hoy no se registran mujeres eméritas. Finalmente, en los puestos de toma de decisión se agudiza la desigualdad de género: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sólo ha contado con una directora en toda su historia y, a 100 años de su creación, la UNAM todavía registra dependencias que no han tenido ninguna mujer directora. A nivel nacional, el número de investigadoras con nombramiento por parte del Sistema Nacional de Investigadores en 2005, era de 3751, es decir, el 31%, frente a 8,345 hombres, los que hacían el 69%. Detrás de estas cifras, se hallan condiciones de género que atraviesan la experiencia de vida de las académicas, no importa cuál sea su situación geográfica. Una es la maternidad y/o el cuidado de los padres, condición que frecuentemente se usa para justificar la discriminación y segregación de las mujeres de la obtención de plazas, financiamientos para investigación, participación en proyectos y viajes de estudio, etc. Otra es la pareja, que en algunos casos acompaña el trabajo académico de la mujer, aunque en otros compite hasta llegar a la ruptura. Otra es el ‘techo de cristal’, situación que explica los obstáculos no visibles que impiden el ascenso de las mujeres en su carrera académica (Blazquez y Bustos, 2013). A ello hay que añadir la edad, que hoy constituye un factor clave en la competencia por plazas, lo que deja a las mujeres adultas lejos de la posibilidad de obtener una cuando la maternidad motiva que muchas interrumpan sus procesos de titulación. Finalmente, no debemos dejar de llamar la atención sobre la división sexual del trabajo en la academia, que no solo asocia a las mujeres y a los hombres a ciertas áreas de conocimiento, sino que a ellas las relaciona con la enseñanza y a ellos con la investigación: “Women teach, Men think”. En esta división, los campos académicos femeninos son vistos como menos científicos –ejemplos tales como trabajo social y pedagogía reciben esta denominación- y, por tanto, son objeto de menos recursos. Lo que aquí he planteado, refleja la cultura institucional androcéntrica que domina en nuestras instituciones y comunidades académicas, y que se caracteriza por la existencia de una estructura jerárquica de poder, “con reglas y referentes androcéntricos que favorecen la discriminación por prejuicios, roles y estereotipos de género que todavía tienen un gran peso, tanto en la dinámica de la institución universitaria, como en las propias socializaciones de género de su personal académico” (Blazquez y Bustos, 2013: 147). Si las condiciones estructurales que impiden a las mujeres un acceso paritario a las universidades y centros de investigación no se modifican, será imposible alcanzar la igualdad de género en el ámbito del conocimiento cientítico. Por ello, las universidades y centros de investigación del país, junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional de Investigadores, tienen frente a sí una de las tareas más importantes en el impulso de los derechos de las mujeres. T *Investigadora del Ceiich de la UNAM
Premio otorgado a la titular de la SSA
“La mujer del Año 2013” La secretaria de Salud, Mercedes Juan, recibió el galardón que otorga la Fundación del mismo nombre; el reconocimiento celebra la trayectoria de la funcionaria a la promoción de la salud pública
n representación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Social, manifestó que la titular de Salud es una mujer con gran capacidad, compromiso y visión, un ejemplo, dijo, fue la pasada contingencia, en donde, su profesionalismo impidió que se presentaran brotes epidemiológicos. “El presidente reconoce en la doctora Juan su liderazgo para lograr que la salud sea un derecho ejercido por todos los mexicanos y mexicanas”, precisó. En la ceremonia efectuada en el Museo Nacional de Antropología, en nombre del Patronato de la Mujer del Año, María del Carmen Alanis, magistrada del Tribunal Federal Electoral, reconoció a la doctora Juan, por haber dedicado una trayectoria intachable a la promoción de la salud pública en México. “Vivimos tiempos de cambio que demanda de todos eliminar de una vez y para siempre los prejuicios de género para reconocer el mérito de ciudadanos como el de la doctora Juan”, puntualizó. Destacó que si como sociedad nos volvemos capaces de crear liderazgos como los de la doctora Mercedes Juan, habremos recuperado esa brecha de género que perjudica la convivencia social. En su mensaje, la secretaria de Salud agradeció el reconocimiento al Patronato de la Mujer del Año y refrendó su
compromiso para trabajar a favor de la salud de las mexicanas y mexicanos. “Debemos insistir en posicionar la salud en todas las políticas públicas para incidir en el mejoramiento de la salud, así como en el cambio de actitudes asociadas a combatir la discriminación, la violencia y la desigualdad social que afectan el derecho a la protección de la salud”. Nuestra tarea, dijo, es mejorar la atención de los problemas de salud más complejos de las mujeres, intervenir en los factores de riesgo con una atención integral durante todo su ciclo de vida, con pertinencia cultura y efectiva coordinación multisectorial e incidir en las determinantes sociales que son tan importantes. Ante los ex secretarios de Salud, Guillermo Soberón, Jesús Kumate, José Antonio González Fernández y Salomón Chertorivski, refrendó el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, para mejorar las condiciones de la mujer en el aspecto político y de bienestar social, a través de políticas públicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Por séptimo año consecutivo “La Mujer del Año” recibió también el anillo “Celebration”. La premiación “La Mujer del Año” inició en 1960 y desde entonces se ha realizado ininterrumpidamente. Asistieron las mexicanas que en años
anteriores fueron distinguidas con esta medalla, entre ellas la Ministra Olga Sánchez Cordero, la Magistrada María del Carmen Alanis, Marinela Servitje, Sara Topelson, Marié Thérèse de Arango, Lolita Ayala, Silvia Pinal, Gaby Vargas, Fela Fábregas, la doctora María Elena Medina Mora, la diputada María de los Ángeles Moreno, Rosario Green, Ifigenia Martínez, y la Coordinadora del Patronato, Kena Moreno. T
16 o Lunes 24 de febrero de 2014
Génesis de una instancia universitaria
Mecanismo contra casos de abuso u hostigamiento sexual y laboral Frente a eventos de acoso sexual que ocurran entre la comunidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), se busca asegurar la atención de las presuntas víctimas y también el derecho de debido proceso del presunto agresor
Lic. Federico Anaya Gallardo*
partir de marzo de 2013 varias académicas de la UACM, defensoras de derechos humanos y promotoras de los derechos de la mujer, así como colectivos académico-estudiantiles, denunciaron ante las nuevas autoridades de nuestra Casa de Estudios varios casos de violencia y abuso contra mujeres. Ante este tipo de quejas, la usual reacción burocrática había sido, en años anteriores, eludir el conocimiento, alegando que no existían facultades expresas para intervenir. Luego de la crisis registrada en la UACM, el mandato del Tercer Consejo Universitario a la nueva administración era el de respetar y promover los derechos humanos. En esto, la plataforma del movimiento democrático coincidía plenamente con la Recomendación 14/2012 del ombudsman
del Distrito Federal. En esa misma línea, la Oficina del Abogado General (OAG) recordó que, desde 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece explícitamente como deber de toda autoridad la protección de los derechos humanos (Artículo 1, tercer párrafo). Una de las perversiones del formalismo jurídico es que se insista en que las autoridades requieren de leyes secundarias e incluso de reglamentos para cumplir con deberes establecidos directamente en la Carta Magna. Se olvida que la norma constitucional es autoaplicable. Por otra parte, encontramos que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y la Ley General de Víctimas (2013) establecen deberes concretos de protección para las mujeres, presuntas víctimas, y que el marco de referencia internacional es claro respecto de nuestro deber de actuar. El punto 5 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (1985) dicta que deben establecerse y reforzarse “mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles.” Por su parte, la Convención de Belén do Pará (1994) define con precisión la naturaleza y tipos de violencia que puede sufrir la mujer. Estas normas son el referente internacional de las nuevas disposiciones en materia penal y laboral que permiten sancionar a quienes agredan a las mujeres. Con estos fundamentos, la OAG diseñó la instancia universitaria que cuenta con un procedimiento para atender casos de acoso,
abuso y hostigamiento sexual que ocurran en nuestra comunidad universitaria. Esta instancia universitaria no es el único procedimiento que nuestra comunidad estableció para atender la problemática planteada por las denuncias. Desde abajo, las organizaciones civiles universitarias, destacadamente el Colectivo Di Xocanbenihu del plantel San Lorenzo Tezonco (Iztapalapa-Tláhuac), se dieron a la tarea de acompañar y orientar a las víctimas. En el primer semestre de 2013 ayudaron al Consejo de Plantel a atender casos y en el segundo organizaron la Campaña contra la violencia, el acoso y el hostigamiento en la UACM. El 25 de noviembre convocaron a un Tribunal Simbólico para reflexionar los casos más destacados de violencia contra las mujeres. Di Xocanbenihu elaboró un protocolo de acompañamiento que permite a la Universidad analizar los casos y acompañar a las víctimas en una primera etapa. Este trabajo es indispensable para discernir en qué casos es necesario recurrir a la instancia universitaria propuesta por la OAG. Durante el año 2013, la OAG documentó diez casos de abuso sexual, acoso sexual u hostigamiento sexual y laboral. Dos de ellos han implicado activar la instancia universitaria. Los primeros tres pasos son: 1) Recepción de la denuncia (escrito de mano de la propia víctima o acta circunstanciada ante autoridad universitaria que no implique re-victimización de la persona denunciante); 2) Valoración de la gravedad (en colaboración con los colectivos y expertas organizadas de la comunidad); 3) Aplicación de medidas precautorias para permitir investigación seria y detener los daños a las presuntas víctimas (se preferirá
separar temporalmente al presunto agresor, comisionándolo para que se defienda). La experiencia ha demostrado que es esencial establecer un sistema de confidencialidad para: a) impedir que el círculo de apoyo del presunto agresor re-victimice y b) permitir que se forme y funcione un círculo de apoyo de las presuntas víctimas –pero sin afectar irremediablemente la fama pública del presunto agresor. El cuarto paso de la Instancia es integrar un Comité de Expertas para investigar el caso y elaborar un dictamen con recomendaciones. A partir del dictamen, la OAG emite una resolución que puede determinar acciones administrativas internas (centradas en dar justo remedio al agravio de las víctimas) y abrir la vía laboral. Sobre esta última, la cláusula 28 del Contrato Colectivo de Trabajo de la UACM ordena realizar una Junta Aclaratoria, en la cual la persona trabajadora, que podría ser suspendida o despedida, tendrá oportunidad de aclarar su situación. El objeto de esta instancia universitaria, como se puede ver, es asegurar a un tiempo la atención de las presuntas víctimas y el derecho de debido proceso del presunto agresor. Por supuesto, la experiencia concreta de cada caso señala mejoras al procedimiento y el Abogado General ha informado de estas experiencias al Consejo Universitario para que éste formalice de mejor modo esta instancia creada por vía administrativa, que preferiblemente deberá depender de un sistema de justicia universitario y no de la Oficina del Abogado General. T * Encargado del Despacho de la Oficina del Abogado General de la UACM
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Inmujeres Foro Consultivo Científico y Tecnológico
Injusta la subrepresentación de las mujeres en la ciencia Para que la promoción de la equidad de género sea la base que permita alcanzar la igualdad de oportunidades en el sector de la ciencia y la tecnología, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico convocaron al primer foro en su tipo rené soto
n el marco de una serie de indicaciones a nivel nacional e internacional que han enfatizado las disparidades entre mujeres y hombres en el acceso, influencia y uso de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI), el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC (FCCyT) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) convocaron en diciembre pasado a un espacio de reflexión y análisis, cuyo propósito fue establecer el diálogo para determinar qué políticas públicas se deben diseñar y cómo se deben implementar para promover, fortalecer y consolidar la inclusión de una perspectiva de género en las políticas de CTI y lograr las metas de igualdad y calidad del sector. Bajo el título Una mirada a la ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de género: Hacia un diseño de políticas públicas, el encuentro contó con la colaboración
del CONACYT, la OCDE y la Universidad del Claustro de Sor Juana, en cuyas instalaciones se desarrollaron los trabajos. Se trata del primer evento en su tipo impulsado por el Foro Consultivo y se alinea oportunamente a la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual incluye por vez primera la perspectiva de género como elemento esencial, y uno de los tres ejes rectores de la política pública nacional. En México, la presencia de las mujeres en el sector CTI ha ido penetrando paulatinamente en campos anteriormente masculinos, como medicina e ingenierías. Diversos estudios han desmentido el prejuicio de que las mujeres
esta problemática, la perspectiva de género es una herramienta teórica y metodológica que nos ayuda a comprender su complejidad y a reflexionar respecto de cómo transformarla, de modo que podamos tejer una sociedad equitativa y productiva. Esto implica reconocer que una cuestión son las diferencias entre los sexos y otra las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que de ello se derivan. Del encuentro surgió una serie de propuestas que actualmente se hallan en proceso de transformación en documentos formales, y entre ellos destacan algunos como: la identificación de las capacidades regionales para hacer de la promoción de la equidad de género la hoja de ruta para alcanzar la igualdad de oportunidades en todas el sector de CTI y erradicar cualquier forma de discriminación y violencia, desde la educación básica hasta la superior; el fomento a la inclusión de más mujeres en todas las áreas del conocimiento; en nuevas plazas para investigadoras, así como en el reconocimiento de la investigación en ciencia y género como una subdisciplina; alcanzar la igualdad de oportunidades para
Es falso que las mujeres no se desempeñen bien en esas áreas no se desempeñaban bien en esas áreas del conocimiento, porque no dominan el pensamiento lógico y espacial; sin embargo, en la actualidad aún continúan concentradas en carreras asociadas a los roles sociales que se les asignan por su sexo, lo cual significa que en varias carreras relevantes la presencia de mujeres resulta más bien escasa. Además de injusta, la sub-representación de mujeres en el sector no sólo es un desperdicio de recursos humanos, sino que amenaza los objetivos de excelencia de la ciencia. Frente a
asumir cargos académico-administrativos y la creación de un fondo por parte del CONACYT y el sector privado para el desarrollo específico de las investigadoras. T *Coordinadora general del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico A.C. Miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias A.C. Investigadora y docente del Posgrado en Economía y Gestión de la UAM-Xochimilco
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de hombres Dr. Jorge Olvera García*
ara contribuir en la prevención, atención, tratamiento y eliminación de la violencia contra las mujeres, la UAEM cuenta con la especialidad en género, violencia y políticas públicas. La máxima casa de estudios mexiquense cuenta con una matrícula de 38,574 alumnas es decir, el 55.4% del estudiantado; así como con 6,752 docentes del sexo femenino, lo que representa al 44.3% del profesorado. Su presencia ha hecho prioritario construir la igualdad de género como meta institucional implícita en nuestra visión y misión, porque entre los principios básicos institucionales están la igualdad y la justicia. Si bien es cierto que hace sólo algunas décadas se ha hecho hincapié en la importancia de fomentar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres conocida como la Equidad de género, ésta es una de las tareas esenciales que corresponde promover a las Instituciones de Educación Superior (IES) y especialmente a las universidades porque es ahí donde debe germinar la semilla de la igualdad y la defensa de los Derechos Humanos que permite plantear la equidad de género, así como destacar que no sólo de derecho sino de hecho las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades de desarrollo. En nuestra Universidad se han realizado una serie de acciones afirmativas entre las que se destaca la institucionalización de la
Inmujeres Universidad Autónoma del Estado de México
Una universidad con perspectiva de género perspectiva de género sobre la que se ha dado el primer paso con la creación y el fortalecimiento del Centro de Investigación en Estudios de Género y Equidad (CIEGyE), el cual tiene como objetivo: crear un espacio de investigación que formule proyectos y estudios de género para analizar los fenómenos económicos, sociales, culturales y políticos contemporáneos desde una perspectiva de género. De este objetivo se deriva; establecer vínculos de comunicación y colaboración con organismos académicos al interior de la UAEM, así como con instituciones nacionales e internacionales, cuyo centro de interés sea el enfoque de género en las distintas áreas del desarrollo, fortalecer y ampliar los vínculos entre la investigación sobre igualdad de género en los sectores público y privado de la sociedad, promover y fortalecer la formación de recursos humanos en el campo de los estudios de género, planear y apoyar el desarrollo de actividades de investigación, extensión y documentación sobre el tema y difundir y extender conocimientos y experiencias derivados de las investigaciones y demás actividades que se desarrollen en el área de los estudios de género. Esta universidad de ningún modo ha permanecido indiferente al compromiso de fomentar la igualdad de género ni del proceso de erradicación de la violencia contra las mujeres en tanto que cuenta
con la Especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas, que se basa en dos líneas de investigación: violencia de género y políticas públicas con perspectiva de género. Con ello se espera contribuir a la prevención, atención el tratamiento y la eliminación de la violencia de género, así como a capacitar a quienes toman decisiones y/o trabajan en el combate de la violencia, trátese de gobierno, organizaciones civiles o académicas. Asimismo se da respuesta a la demanda de capacitación de servidores públicos, personal para la implementación de políticas sociales tendientes a mejorar la situación de las mujeres y lograr la igualdad de oportunidades para ambos géneros. Con la creación de esta especialidad, la Universidad Autónoma del Estado de México, se ha posicionado en un lugar relevante puesto que dicha especialidad es un programa de calidad certificado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), siendo uno de los tres programas nacionales de estudios de género que tienen este certificado y en este caso es una de las primeras en el país que ofrece un programa de esta naturaleza. Sin duda alguna la violencia contra las mujeres es una problemática central que merece especial atención, de manera que se ha emprendido un proceso de sensibilización hacia la comunidad universitaria mediante
la realización de campañas y foros que se llevan a cabo en diversos organismos y planteles, incluso han llegado a la comunidad mexiquense mediante transmisiones radiofónicas, espectaculares y conferencias que se imparten en distintos municipios por investigadoras/es especialistas en la temática. Con el mismo propósito de sensibilización hacia la igualdad entre mujeres y hombres se han realizado talleres dirigidos a funcionarios/as de las distintas secretarías de la administración central. Ahora bien, una de las acciones sustantivas de esta Universidad es la investigación, y con el propósito de difundir y extender el conocimiento el Centro de investigación en Estudios de Género y Equidad (CIEGyE) ha publicado diversas obras que desarrollan temas sobre educación, política, migración, pobreza, políticas públicas, arte, ciencia y tecnología considerando la perspectiva de género como eje transversal. Así también se han generado proyectos de investigación con perspectiva de género que se han difundido a través de congresos nacionales e internacionales. Por otra parte se han firmado convenios con diversos organismos académicos y gubernamentales entre ellos con el CONACYT, para la capacitación de funcionarios y funcionarias de la Administración Pública Estatal que atienden a quienes padecen maltrato y violencia enfatizando en las mujeres y las niñas sobre las que se ejerce mayormente este tipo maltrato. La UAEM, congruente con la política nacional y estatal de igualdad de género, coadyuva con organismos estatales y municipales como se ha dicho mediante la firma de convenios para difundir la cultura de no violencia contra las mujeres e igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo es consciente de que la búsqueda de la igualdad es un proceso que una vez iniciado debe ser constante y permanente, en aras de contribuir a la construcción de una sociedad cada vez más justa e incluyente. T *Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) especial
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Inmujeres Ejército mexicano
A favor de la igualdad y contra la discriminación de género El instituto armado está a la altura de las circunstancias y de los retos actuales, como lograr la igualdad entre mujeres y hombres, compromiso expresado en el reconocimiento y aprovechamiento del potencial femenino
a m ad r ug ad a del 9 de febrero de 1913 algunas facciones de las diversas unidades del Ejército federal destacamentadas en la Ciudad de México se proclamaron en rebeldía contra el Presidente Madero. Dichas fuerzas asaltaron Palacio Nacional y se apoderaron de la sede presidencial; sin embargo, el General Lauro del Villar logró recuperarlo y ponerlo en situación de defensa.” Éste es uno de los pasajes que nos hablan del origen popular del Ejército mexicano, integrado por ciudadanos armados y acaudillado por jefes improvisados que se unieron a consecuencia del levantamiento popular que dicho hecho suscitó, y que se convirtió en una revolución que luchó por restablecer el orden constitucional roto por la ambición de poder. Así se inició la
Revolución Constitucionalista. Con la promulgación de la Constitución de 1917, el Ejército Constitucionalista se convirtió legalmente en Ejército Nacional lo que permitió la profesionalización, modernización e institucionalización del Ejército y sus integrantes. En 1948, el Ejército Nacional cambió su denominación a Ejército mexicano. A partir de 1950 y como reconocimiento a su importante labor en beneficio de la Patria, se decretó el “Día del Ejército” el 19 de febrero, como fecha solemne de la Nación, y en la que año con año el Instituto Armado aprovecha la ocasión para ratificar su compromiso de servicio y lealtad con México y sus instituciones. Estas instituciones han evolucionado junto con nuestro país y están a la altura de las circunstancias y de los retos actuales, como lograr la igualdad entre mujeres y hombres, compromiso expresado en
el reconocimiento y aprovechamiento del potencial de las mujeres y su valiosa colaboración en las tareas que tocan a las fuerzas armadas. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que acoge en su seno al Ejército Mexicano, creó en 2011el Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, uno de los resultados del Programa de Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género 2011, donde se asentaron las bases y lineamientos para la ejecución de 22 proyectos en áreas de oportunidad para la institucionalización de la perspectiva de género. Asimismo, firmó con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) un convenio de colaboración para impulsar acciones afirmativas conjuntas que desde diversas disciplinas y la perspectiva de género fomenten el desarrollo de las mujeres militares. Ambas dependencias acordaron la integración de grupos de trabajo para formular políticas públicas con perspectiva de género, así como desarrollar y realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, los mecanismos necesarios para fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género.
Que instituciones como el Ejército implementen acciones para fomentar un trato igualitario entre mujeres y hombres fortalece nuestras aspiraciones de tener un país sin violencia. Hoy México cuenta con personal militar capacitado en género y derechos humanos, que facilita a la Sedena el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para transversalizar la perspectiva de género en todos y cada uno de los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales. Asimismo, se han puesto en marcha mecanismos novedosos que permiten revalorar el trabajo de las mujeres que sirven a la nación en las Fuerzas Armadas. En el marco del acuerdo, la Sedena se ha comprometido a dar continuidad a la perspectiva de género como eje rector en la ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones que realiza en materia de género e igualdad de oportunidades; a seguir impulsando acciones afirmativas en favor de la participación de las mujeres militares y a fortalecer las acciones implementadas para la igualdad entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia y de cualquier forma de discriminación de género. T
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Derecho de las mujeres al trabajo político La libertad de las mujeres a participar en la vida política y en el gobierno de su país ha pasado por grandes dificultades. Sin embargo, ese derecho se ha reconocido cada vez con mayor claridad y amplitud
José Alejandro Luna Ramos*
sí ha quedado plasmado en diversos instrumentos internacionales que abarcan derechos humanos de carácter general y aquellos especialmente referidos a la mujer, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En México, desde hace dos décadas, tanto en la norma federal, como en las legislaciones estatales, se han ido incorporando acciones afirmativas que constituyen medidas adicionales para compensar una situación de falta de equilibrio, con el objeto de contrarrestar la discriminación existente en el ámbito electoral y así potenciar el derecho de las mujeres a ocupar puestos de elección popular, mediante la figura de cuotas de género encaminadas a una distribución equitativa de las candidaturas entre mujeres y hombres en las listas electorales. A pesar de ello, la regulación en la materia era insuficiente para lograr la igualdad sustantiva o de facto entre mujeres y hombres en México, pues
era distorsionada en detrimento de la democracia paritaria. Así, y como consecuencia del litigio de un grupo de mexicanas de diferentes fuerzas políticas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), modificó la interpretación que hasta ese entonces se había dado de la citada cuota de género, maximizando la aplicación práctica de la regulación legal, a través de la sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-12624/2011 y acumulados. Con esta resolución, catalogada por organismos de derechos humanos como paradigmática, se logró que los partidos políticos, efectivamente, registraran fórmulas de candidatas y candidatos propietarios y suplentes, tanto por el principio de mayoría representativa como por el de representación proporcional, integradas con personas del mismo sexo. De esta forma, se integró una doctrina jurisprudencial que, al reconocer, tutelar y proteger los derechos políticoelectorales de las mujeres, garantizó su derecho a ser votadas y, específicamente, a ejercer el cargo público. La resolución comentada permitió dar un gran paso en el deber de promover la igualdad de género, la autonomía de la mujer y la equidad de sexos en el ámbito de la representación política. Y,
concretamente, derivado de la decisión ciudadana en las urnas, se logró que en la actualidad la representación femenina en el Congreso de la Unión alcanzara un número histórico, pues cuenta con 44 senadoras (34.3%) y 187 diputadas (37.4%). Lo anterior, permite comprobar el impacto que las resoluciones con perspectiva de género del TEPJF tienen en la integración de las instituciones democráticas federales. Criterios que, además, han sido adoptados por las Salas Regionales del propio tribunal, llegando a ser reconocidas por otras instancias, como es el caso de la Sala Guadalajara. Además, los argumentos judiciales del TEPJF se han convertido en una fuente real del derecho, pues sus efectos siguen proyectándose, en otras instancias, en beneficio de la ciudadanía. Prueba de ello, lo es la iniciativa presentada por la Presidencia de la República con el objeto de elevar la cuota de género establecida en las candidaturas al Congreso de la Unión, para que la mitad de ellas esté conformada por mujeres y la otra por hombres. Pero no sólo eso, sino que, en claro seguimiento a la interpretación judicial, propuso que las fórmulas que se registren deberán estar integradas por personas propietarias y suplentes del mismo género. Continuando con este mismo criterio, a través de otro juicio ciudadano, bajo el expediente SUP-JDC-1080/2013 y acumulados, en meses pasados se confirmó el acuerdo emitido por el Consejo General del IFE, por medio del cual se aprobó el concurso público para ocupar cargos y
puestos del servicio profesional electoral del IFE, dirigido exclusivamente a personas del sexo femenino. Medida considerada por el TEPJF como razonable y proporcional que permitirá caminar hacia la paridad en otro derecho ciudadano: el acceso a la función electoral. Se ha avanzado mucho, pero aún queda mucho por andar. Es el caso, por ejemplo, de algunas comunidades indígenas regidas por usos y costumbres, en las que el TEPJF ha garantizado los derechos político-electorales de las mujeres, tal y como lo hizo en una localidad de Oaxaca hace unos meses, al vigilar el cumplimiento de una sentencia dictada en el juicio ciudadano 1640/2012 y establecer que ninguna comunidad indígena puede amparar en su derecho ancestral prácticas discriminatorias, por lo que no era válido negar la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones para sufragar y desempeñar cargos públicos en la comunidad, ni discriminar en forma desproporcionada por razones de edad o residencia a los habitantes dentro de la misma. Así, a sesenta años de haber sido reconocido el derecho a votar y ser electas a las mexicanas, la labor jurisdiccional ha jugado un papel determinante en el posicionamiento de las mujeres, pues quienes impartimos justicia tenemos claro que en nuestras manos está el hacer realidad el derecho a la igualdad en sus tres vertientes: formal, material y estructural, que responde a una obligación constitucional y convencional para garantizar el acceso a la justicia, así como para remediar situaciones asimétricas de poder y, por tanto, el TEPJF seguirá actuando con determinación, congruencia e insistencia, para refrendar uno de sus compromisos institucionales: consolidar una verdadera cultura jurídica con perspectiva de género, que erradique toda forma de discriminación y garantice a las mujeres el pleno disfrute de sus derechos fundamentales de carácter político-electoral. T *Magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. jorge carballo
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Un desafio a contrareloj para México
Muerte materna, reto inconcluso Al suscribir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, México adquirió un importante compromiso frente a un escenario internacional que exige acciones contundentes para garantizar el desarrollo humano armónico en todos sus ámbitos
Flor Pedraza*
hora, prácticamente a un año de plazo para entregar los resultados sobre los avances que hemos tenido como nación, existen varios rubros cuyos indicadores nos preocupan profundamente por las pocas mejorías que han presentado. Hablando específicamente del Quinto Objetivo del Milenio, nuestro país se comprometió a reducir en un 75% la tasa de mortalidad materna desde el año 1990 hasta 2015, es importante recordar que la tasa de mortalidad materna (TMM) es el número anual de muertes de mujeres por cada 100,000 niños nacidos vivos por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo (excluyendo
causas accidentales o incidentales). La TMM para el año especificado incluye, de esta manera, las muertes durante el embarazo, el parto o durante los 42 días posteriores al parto (puerperio), independientemente de la duración del embarazo. México mostraba en 2012 una tasa nacional de mortalidad materna de 42.3, por lo cual el compromiso actual en correspondencia con la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es reducir la tasa de mortalidad materna a un rango de entre 14 y 17.25 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, una finalidad que parece complicada. Datos del Observatorio de Mortalidad Materna en México indican que de los 2.1 millones de embarazos que se registran en México, alrededor de 300 mil presentan complicaciones y en un lapso que comprende de agosto de 2011 a diciembre de 2012, menos de mil mujeres fueron atendidas a través de los acuerdos interinstitucionales entre la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La responsabilidad para entregar cuentas positivas el próximo año no solamente recae en el Gobierno Federal, a través del Consejo de Salubridad General, sino también en las autoridades estatales cuya actuación es vital en la conformación de una estrategia dentro del Sistema Nacional de Salud, pero encontramos casos de Entidades Federativas cuya tasa de mortalidad está muy por arriba de la Nacional e incluso Guerrero casi duplica
esta cifra con 75.9 muertes maternas por cada 100 nacimientos exitosos, una cifra escandalosa que deja serias dudas sobre la actuación de los gobiernos locales para combatir esta delicada y complicada problemática. Seguidamente están los estados de Oaxaca (65.3) y Chiapas (60.6), así como otras seis entidades que superan los 50 decesos. Una característica de todos estos casos en el alto índice de marginación y pobreza, cuestión que entorpece el acceso de las mujeres a atención médica integral y viola la Ley General de Salud que obliga al Estado a proporcionar estos servicios. Por el contrario las entidades con mayores avances en la materia son Querétaro con una tasa de 19.8, Baja California Sur con 23.3 y Jalisco con 23.4 muertes por cada 100 mil nacidos vivos. Pero las lluvias de cifras, los llamados de atención y los constantes informes sobre los pobres avances en la materia no son suficientes para abonar a la meta que tenemos como sociedad mexicana y mucho menos para los Diputados y Senadores quienes tenemos la obligación de legislar de manera seria, consensada y humanista con iniciativas que refuercen la obligación de las autoridad, en todos sus niveles, a garantizar el acceso de las mujeres en situación de embarazo a todos los servicios que prevengan cualquier riesgo en la vida de la madre y también el producto. En los últimos meses de 2013 una de las noticias que acapararon la atención de la sociedad fue la negativa de hospitales públi-
cos de atender a mujeres que presentaban emergencias obstétricas, quienes, ante tal situación, tuvieron que dar a luz en el patio del hospital, en un primer caso y en la recepción de la institución de salud, en un segundo caso, poniendo en alto riesgo la vida de madres e hijos por las condiciones de poca higiene en las que se tuvieron que dar los alumbramientos. Actualmente la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados está en proceso de dictaminar una Iniciativa con proyecto de decreto que una servidora presentó para revertir estos desafortunados hechos, el texto parlamentario pretende modificar la Ley General de Salud para que las instituciones públicas de este sector se vean obligadas a prestar servicios de atención a mujeres en etapa gestacional que presenten una emergencia obstétrica y además establecer como gratuitas todas las atenciones cuando la paciente se encuentre en condiciones de pobreza o provenga de zonas marginadas. De la misma manera, mediante un acuerdo multipartidista, las Diputadas que integramos en Comité del Centro de estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género propusimos un exhorto al Ejecutivo Federal para expedir un decreto que establezca dentro del Calendario Oficial el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”, un proyecto que busca crear una estrategia encaminada a fortalecer las políticas públicas en materia de mortalidad materna y perinatal. Confiamos no sólo en la sensibilidad gubernamental ante estas importantes propuestas, sino también en la social, ya que ambas formas de asociación son fundamentales para lograr las metas que el Quinto Objetivo del Milenio nos requirió al momento de suscribirlo. Todas y todos somos responsables del desarrollo y el futuro de este país, pero por ahora una de las mayores obligaciones que nos exige la actualidad es concretar las metas de este acuerdo internacional y a pesar de que es poco el tiempo para llegar a las metas fijadas estoy segura de que unidos lograremos, una vez más, aquello que parecía imposible, pero que resultó exitoso, vamos juntas y juntos contra la mortalidad materna. T *Diputada
22 o Lunes 24 de febrero de 2014
Todas en la red
EFEMÉRIDES marzo 8
En 2011, se instaura el Premio Rosario Castellanos a la Trayectoria Cultural de la Mujer
En 1925, nace Luis E. Miramontes, químico mexicano, coinventor de la píldora anticonceptiva
Recomendaciones literarias La mujer empresaria en México
Las huellas del Yo. Memoria y subjetividad en la escritura de mujeres latinoamericanas Las escrituras del yo exploran diversidad de caminos. Así es en los casos de Sor Dolores Peña y Lillo. Sor Juana Inés: monjas enclaustradas; Gertrudis Gómez de Avellaneda, Juana de Ibarbourou, Gabriela Mistral: escritoras y poetas; Benita Galeana, Aura Marina Arriola, Yolanda Colom y Chiqui Ramirez: militantes políticas y guerrilleras, todas ellas de tiempos y espacios diversos. Cartas que son confesiones, cartas que son autorretratos, cuentos, cuadernos de sueños, memorias, autobiografías. No hay punto de arribo. El recorrido todo es proceso vivo de la emergencias de una subjetividad y una “mascara” textual: el yo, siempre en relación con el otro, con el nosotros; siempre en tensión con el yo real y con el tiempo: el pasado que se rememora, el presente en que escribe. El volumen da cuenta de contextos intelectuales y culturales,
inevitablemente marcados por la diferencia sexo/ genérica. Se registra aquí, con sorprendente claridad, la inveterada dificultad de las mujeres de todas las épocas para acceder al dominio del poder interpretativo a la autoridad y autorización de su palabra escrita, en particular, la enunciada en primera persona. En este contexto, las escrituras del yo refieren a las prohibiciones explicitas o no que la sociedad y cultura imponen sobre la práctica escritural femenina, controlando y regulando sus contenidos y formas restringiéndola y paradójicamente, empujándola a ser espacio alternativo de poder y resistencia.
Es una obra que refleja y muestra a la empresaria mexicana como una mujer satisfecha, plena, quien a través de su desempeño legitima su presencia e importancia en la economía del país. Este libro presenta los resultados de la investigación que da nombre a este texto, la cual fue realizada por diversos investigadores pertenecientes a diversas instituciones mexicanas de nivel superior y que muestran a las empresarias mexicanas como líderes exitosas y ejemplos en sus familias y en la sociedad.
Lunes 24 de febrero de 2014 o 23
Crímenes del corazón Reparto: Marina de Tavira, Irene Azuela, Ilse Salas, Jana Raluy, Martín Altomaro y Pedro de Tavira. Sinopsis: Lenny, Meg y Babe son hermanas. A pesar de su juventud han tenido varias experiencias en la vida, unas gratas y otras no tanto. Pero más allá de todo contratiempo, lo que les proporciona la energía necesaria para seguir adelante es el mutuo amor que las une. Se teje así una historia de estas tres hermanas que están llenas de optimismo y de fuerza positiva del amor fraterno.
PÚBLICO: Adolescentes y adultos De viernes a domingo, del 28 de febrero al 05 de mayo de 2014 PRECIOS: $160, $200, $300, $450 LUGAR: Centro Cultural Helénico - Teatro Helénico Avenida Revolución 1500 , esquina con Manuel M. Ponce Col. Guadalupe Inn C.P. 1020, Deleg. Alvaro Obregón México, Distrito Federal INFORMES: (55)41550919
Los ojos de Ana AUTOR: Luc Tartar DIRECTOR: Boris Schoemann REPARTO: Mahalat Sánchez, Guillermina Campuzano, Alejandro Morales, José Cremayer, Christian Diez
adolescentes. Aborda el Bullying como resultado del conflicto generacional entre padres e hijos; los padres están tan inmersos en sus propios problemas, que terminan por olvidar las necesidades y problemas de sus hijos, como resultado se va gestando una generación de adolescentes agresivos, intolerantes y poco capaces de relacionarse con aquellos que son distintos. Los Ojos de Ana parte de una visión poética, pero cruda, que intenta evidenciar cómo los valores familiares y laborales poco a poco se han ido cayendo a pedazos. En sus ojos se refleja el odio y la incomprensión que la aqueja.
PÚBLICO: Adolescentes y adultos HORARIOS Y PRECIOS: De sábado a domingo, del 25 de enero al 13 de abril de 2014 12:30 - 13:30 hrs. $80.00 50% de descuento a estudiantes, maestros, INAPAM, Tarjetas maestros a la cultura y Sépalo. Gente de Teatro (dos localidades de $45.00 c/u). LUGAR: Centro Cultural del Bosque Paseo de la Reforma y Campo Marte S/N Col. Polanco V Sección C.P. 11560, Deleg. Miguel Hidalgo México, Distrito Federal INFORMES: (55) 5283.4600 ext ext.4636
Sinopsis: Los Ojos de Ana es el título de un texto del dramaturgo Francés Luc Tartar, quien habla del miedo, la discriminación, la violencia, el amor y el deseo en los
Primeros pensamientos autocríticos Hijos con autoestima positiva. Guía para padres, Neva Milic y Soledad López de Lérida, Paidós, México, 2013
Una autoestima sana es la armadura que protegerá a nuestras hijas e hijos frente a los desafíos de la vida. Las niñas y los niños que se sienten bien consigo mismos son capaces de manejar mejor los conflictos y de resistir a las presiones negativas. Tienden a sonreír con mayor facilidad y a disfrutar de la vida. Estos niños son realistas y, por lo general, optimistas. Por el contrario, para las y los niños con baja autoestima, los desafíos pueden ser fuentes importantes de ansiedad y frustración. Las personas que tienen una baja opinión de ellas mismas tienen dificultades para encontrar soluciones a los problemas. Si tienen pensamientos autocríticos como “no soy suficientemente bueno” o “no puedo hacer nada bien”, pueden volverse pasivos, retraídos y deprimidos. Cuando tienen que hacer frente a un nuevo reto, su respuesta inmediata es “no puedo”. Aquí es donde los padres y madres de familia podemos desempeñar un papel
importante y así favorecer que nuestras hijas e hijos tengan una autoestima sana. Como dicen las psicólogas, especialistas en educación, “la autoestima es una especie de fotografía que el niño se hace de sí mismo, y está basada en los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que ha ido recogiendo durante su infancia”. Los patrones de autoestima empiezan muy pronto en la vida. Por ejemplo, un niño pequeño que aprende a hacer algo nuevo experimenta un sentimiento de logro que refuerza la autoestima. Aprender a darse la vuelta después de un montón de intentos fallidos enseña a un bebé una actitud de “puedo hacerlo”. Una niña o niño que es feliz cuando logra algo, pero no se siente querido puede llegar a experimentar baja autoestima. De la misma manera, cuando se siente amado pero duda de sus capacidades, puede también acabar sintiendo baja autoestima. Para desarrollar una autoestima sana, se necesita alcanzar un equilibrio correcto. En ese sentido, el libro es una valiosa herramienta de trabajo: viene acompañado de ejercicios, preguntas y reflexiones que harán que los padres y madres de familia realicen un examen tanto de ellos mismos como de la manera en que fueron educados. “Los anteojos que el niño se ponga para mirar la realidad y para mirarse a sí mismo estarán fuertemente influenciados por el vínculo que tenga con sus padres”, señalan las autoras. Es una útil guía porque, a fin de cuentas, nadie dijo que ser padres y madres de familia es algo sencillo. Por supuesto que no.
Por el país de los sueños rotos Dreamers, Eileen Truax, Editorial Océano, México, 2013
A caballo entre la investigación y la crónica, surgen estos retratos elaborados por Eileen Truax, periodista mexicana, migrante, que desde hace más de una década vive en los Estados Unidos. ¿Quiénes son los Dreamers? Es el reflejo de la lucha por obtener el sueño americano: trabajo, estudios, mejores ingresos. Son jóvenes latinoamericanos o asiáticos que ingresaron como indocumentados y que aún, pese a que han vivido la mayor parte de su vida en los Estados Unidos, carecen de una situación legal definida. No son de aquí ni de allá, algunos tampoco tienen un futuro promisorio, pero sí ganas de enfrentar la vida desde una trinchera laboral o siendo estudiantes universitarios. Su mayor temor es que cuando sean mayores de edad, corren el riesgo de ser reportados a su país de origen, lugar que muchas veces ni siquiera es familiar para ellos porque nunca lo han visitado. “Las nueve crónicas que conforman este libro tienen por objetivo pasar de lo político a lo personal; demostrar que más allá de la burocracia legislativa o el derecho migratorio,
el tema los jóvenes indocumentados, los Dreamers, es un asunto de derechos humanos”, reflexiona la autora. De las historias que narra, acaso la más fuerte es la de Joaquín Luna, quien decidió quitarse la vida al ver que no iba a tener oportunidad de ingresar a una universidad y cumplir con su meta: estudiar en PanAm y graduarse como arquitecto. Joaquín sabía que por su situación migratoria no podría tener acceso a los apoyos financieros que otorga el gobierno federal, pero la legislación de Texas permite que sus estudiantes participen de algunos apoyos estatales sin necesidad de comprobar su residencia legal en el país. Dichos estímulos, debido a su gran demanda, ocasionalmente se logran. Lo paradójico de la historia es que a Joaquín lo aceptaron en PanAm. La carta estaba fechada cuatro días después de su muerte. Es urgente establecer una reforma migratoria capaz de respetar la unidad de las familias de mexicanos que se asientan, o de las familias que se forman una vez que ya están establecidos en Estados Unidos. La actual ley se contrapone con los Derechos Humanos Universales. El presidente Obama ha reconocido que el sistema de migración no es perfecto y que es necesario replantearlo. Once millones de personas sin papeles esperan una solución justa. Sin embargo, las buenas intenciones del presidente Obama en ese momento no son suficientes, ya que el proyecto de reforma migratoria deberá ser considerado por el Senado de los Estados Unidos que en su mayoría está integrado por republicanos. Y los republicanos han exhibido una política dura e insensible al respecto, incluso han comparado la frontera norte con el muro de Berlín.
24 o Lunes 24 de febrero de 2014
A nivel mundial, las mujeres representan casi la mitad del total de migrantes internacionales. Sin embargo, pocas veces son reconocidas como protagonistas en este fenómeno. Por ello y con la finalidad de impulsar el conocimiento y la difusión de las condiciones, problemáticas y experiencias exitosas vividas e impulsar su participación activa en la presentación de propuestas para la resolución de sus problemáticas específicas, el Instituto Nacional de las Mujeres lanzó la convocatoria al concurso:
Migrante por necesidad, luchadora por herencia, exitosa por orgullo (fragmento)
Leticia Anais Avendaño Barradas Primer lugar Categoría “B” Escrito
i esposo Ismael Peña Cuevas y yo, Leticia Anais Avendaño, vivíamos en Zacualpan, Nayarit; ambos trabajamos muy duro para formar un patrimonio; logramos hacer nuestra casa y tener una carnicería. Mi esposo se dedicaba a la compra y venta de ganado, yo vendía calzado; nuestra situación económica era estable. En 1987, mi esposo y yo perdimos todo, pues nos tocó vivir la crisis económica entre los gobiernos de Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari. Esto nos llevó a la ruina total, mis ventas de calzado no eran suficientes para salir de deudas. No había dinero para comprar ganado: mi esposo fue adquiriendo deudas para, como decimos vulgarmente, “tapar un hoyo y destapar otro”. Recuerdo con tristeza que mi esposo llegó a decirme que tal vez el suicidio sería la solución porque así yo quedaría sin deudas y volvería a empezar. Un día del mes de abril de 1988 me dijo: “¿Y si me fuera a EEUU?”. Esto era algo muy remoto en nuestros planes de vida, pero lo contemplamos como una posibilidad. Yo soy creyente y puse todo en manos de Dios. Mi esposo sugirió que él se iría primero, lo cual no acepté porque recordé “en las buenas y en las malas”. Después pensé: “¿y el niño?”. Mi suegra y mi hermano dijeron: “Déjalo y después vienes por él”. Jamás cruzó por mi mente dejarlo. Tramitamos el pasaporte y nos lo dieron. Recuerdo como un sueño y con tristeza cómo fuimos deshaciéndonos de las cosas de nuestra casa; nos fuimos con muy poquito dinero porque perdimos todo, todo. Yo me sentía triste, pero satisfecha de poder apoyar a mi esposo en este tiempo tan difícil. No sabíamos adónde ni en qué íbamos a trabajar, solo nos fuimos. Conocimos a una persona en Compostela, Nayarit, que nos dio bastante información acerca de los trabajos en el estado de Washington y nos invitó a unirnos a un grupo que estaba formando. Esta persona nos dijo que él era ciudadano y mayordomo en unas huertas de manzana, por lo tanto el trabajo era seguro. Viajamos en el famoso tren bala de Tepic, Nayarit, a Tijuana, Baja California. Ya estando en Tijuana, nos dimos cuenta de que solo nosotros y otra pareja, también de Nayarit, teníamos pasaporte y que el resto del grupo iba sin pasaporte. Nosotros nos fuimos a California, y allá nos alcanzó esta persona que nos guiaría hasta Washington. Con un sinfín de problemas, entre todos compramos una vieja camioneta que nos llevó a Wapato, Washington. Fue un viaje largo y muy pesado, pero al fin llegamos para descubrir que este señor ni era mayordomo ni ciudadano ni tenía ningún trabajo para nosotros. Gran desilusión. Dormíamos en la camioneta 12 personas y éramos solo dos mujeres. Por azares del destino nos encontramos a unas personas de Nayarit que nos tendieron la mano. Esa mañana nos ofrecieron un almuerzo calientito de frijolitos, huevos y tortillas calientitas; un manjar después de tres o cuatro días de comer galletas, pan y refrescos. Jamás dejaremos de agradecer ese gesto de amor. Llegamos en junio de 1988. Nos ofrecieron un garaje para resguardarnos mientras veíamos qué hacer. El grupo se mantenía junto, y este señor no se separaba de nosotros aunque nos había mentido tanto. Yo recuerdo que hablé con él bastante molesta por sus mentiras. Me dijo que había encontrado trabajo para todos en una huerta y que empezaríamos a trabajar en tres días. Por supuesto no le creímos.
El lunes nos presentamos adonde él nos llevó y sí nos dieron trabajo. Nos pidieron documentos para trabajar que nadie tenía. Esa misma tarde, José nos llevó a un lugar en donde nos dieron un permiso de trabajo falso, que él logró que nos fiaran para la siguiente semana. Nos costó 60 dólares. A algunos nos quedaba un poquito de dinero para comer; compartíamos con todos la comida y el poco dinero. Recuerdo el primer día de trabajo en las huertas: en la mañana muy temprano a las 2:00 am nos levantamos a preparar algo para llevar de comer. Al llegar a la huerta nos entregaron una escalera de diez pies (diez escalones) y nos preguntaron: “¿Han descuatado?”. Miramos a José y nos hizo una seña de que contestáramos que sí y todos dijimos que sí (descuatar es quitar algunas manzanas de los racimos en los árboles para dar lugar al crecimiento). Pues ahí tienen al mentiroso de José corriendo de un árbol a otro, dándonos un curso intensivo para que no nos corrieran. A tres días de haber llegado, estábamos subidos en una escalera de 10 pies que, para inexpertas como yo, muchas veces se nos resbalaba y quedábamos prácticamente colgadas de una rama. Yo aprovechaba para llorar cuando me resbalaba o golpeaba con alguna rama o con la escalera para desahogar un poquito la tensión y la tristeza. Nunca había hecho un trabajo así, pero en el fondo de mí siempre me dije que no me echaría para atrás, pasara lo que pasara. Así anduve con el grupo trabajando por todo el valle de Yakima. Era un buen tiempo para el trabajo, corriendo, sudando, adolorida de todo mi cuerpo, siempre con arañazos en mis brazos y cara, pero con trabajo. Así trabajamos junio, julio y agosto de 1988 de un lugar a otro. José nos aconsejó que guardáramos siempre copias de los cheques que nos daban; no sabíamos para qué pero así lo hicimos. A finales de agosto, José nos llevó a una huerta muy grande con grandes oficinas; nos dijo que lleváramos las copias de los cheques: eran las oficinas de la compañía con la que habíamos estado trabajando los meses anteriores. Salió el dueño y nos preguntó si nosotros necesitábamos una carta; nuevamente José nos hizo señas para que dijéramos que sí, y el agricultor nos la dio. No sabíamos para qué era esa carta. Cuando regresamos con la carta, de la que no le entendíamos nada solo nuestro nombre porque lo demás estaba en inglés, José nos dijo: “¿Ustedes no saben que este año se dio la amnistía?”. Nadie sabía nada de esto y le dije: “Ya nos has dicho muchas mentiras José, mejor cada quien por su lado, no te creo nada”. José me miró y me dijo: “Señora, usted va a poder trabajar legalmente y después se va a acordar de mí”. José nos dio un último consejo: “Vayan a esta dirección y que les llenen los papeles para Inmigración”. Con mucho esfuerzo reunimos el dinero de la cuota para llenar papeles y la solicitud ante las oficinas de Inmigración, solo cuatro de nosotros lo hicimos porque los demás no le creyeron, yo tampoco, pero tenía curiosidad y decidimos arriesgarnos. Nos quedamos sin un centavo pero pagamos los trámites. Lo que encontramos cuando nos dieron nuestra cita en las oficinas de Inmigración fue a un oficial de origen hispano que me trató muy mal. Cuando vio la carta me acusó de haberla comprado, yo le dije que no, que yo había trabajado tres meses consecutivos en el campo para poder solicitar mi permiso de trabajo. Me hizo una serie de preguntas y no me dio el permiso, me pidió que volviera a ir con quien me dio la carta y que me hiciera otra, confirmando que la primera era auténtica. Yo me solté llorando; cuando salí a la sala de espera a mi esposo le estaban entregando su permiso de trabajo; el oficial se adelantó y se lo arrebató diciéndole al otro oficial que ambas cartas eran falsas.
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