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Timestamp: 2018-04-24 14:20:31+00:00

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Test 4 Título IV Ley 39/2015
Test 4 Título IV Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución se realizarán de oficio, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones:
que requieran su intervención
que constituyan trámites legalmente establecidos
que constituyan trámites reglamentariamente establecidos
2. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán:
garantizar el control de los tiempos y plazos
garantizar la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes
facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos
3. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones:
laborales o profesionales
4. En cuanto a los actos de instrucción, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a:
los principios de eficacia y de proporcionalidad de los interesados en el procedimiento
los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento
los principios de cooperación y de buena regulación de los interesados en el procedimiento
los principios de eficiencia y de necesidad de los interesados en el procedimiento
5. Los interesados podrán, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio:
en cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación
en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública
6. Al redactar la correspondiente propuesta de resolución serán tenidos en cuenta por el órgano competente:
los documentos u otros elementos de juicio que presenten los interesados
7. Los interesados podrán alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto:
8. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en:
9. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo:
no superior a 15 días ni inferior a 10
no superior a 30 días ni inferior a 20
10. Cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo:
no superior a 2 días
no superior a 5 días
no superior a 7 días
11. El instructor del procedimiento:
podrá rechazar libremente las pruebas que considere innecesarias
sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada
no podrá rechazar ninguna de las pruebas propuestas por los interesados
12. Resècto a los medios y período de prueba no es correcto:
en los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien
los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario
cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter facultativo
cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución
13. La Administración comunicará a los interesados el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas:
con antelación suficiente
14. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos:
que deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba
que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, antes de practicar la prueba
que deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, antes de practicar la prueba
que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba
15. Respecto a la petición de informes:
a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales
a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos
en la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita
16. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:
17. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor, en el plazo de:
18. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora:
se suspenderá el plazo máximo legal para resolver el procedimiento hasta que se emita el informe
se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento
supondrá el fin del procedimiento en caso de tratarse de informes preceptivos
se podrán continuar con el procedimiento y no se tendrá en cuenta el informe si se emitiera fuera de plazo
19. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido:
se podrán proseguir las actuaciones
se suspenderá el procedimiento
se podrá ampliar el plazo para emitir el informe hasta 5 días más
se podrá ampliar el plazo para emitir el informe hasta 10 días más
20. El informe emitido fuera de plazo:
será tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución
podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución
supondrá la anulación del procedimiento
supondrá la nulidad del procedimiento

References: resolución 
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