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Timestamp: 2020-07-04 14:33:53+00:00

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Se prueba el Reglamento de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. – AL DÍA | ARGENTINA
Se prueba el Reglamento de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Ed. Microjuris.com Argentina	en 28 abril 2015
Título: ACORDADA N° 6/2015 – Reglamento de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Emisor: Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional
Cita: LEG70576
REGLAMENTO DE LA CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL
CONFORMACIÓN DE LA CÁMARA
ARTÍCULO 1.- La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal se integra según lo dispone la ley 26.371 , y las leyes que en el futuro se dicten a su respecto. Organiza su actuación en una Presidencia y tres Salas judiciales, con la asistencia de una Secretaría General y de una Oficina Judicial.
Las decisiones de gobierno en materia no jurisdiccional son tomadas por la Presidencia, por el Acuerdo de Presidentes de Sala, o por el Acuerdo Plenario de todos los jueces que la integran, en las materias y casos que se establecen en este reglamento.
Las decisiones en materia jurisdiccional se emiten por una Sala integrada por tres jueces de la Cámara, en los casos que se les asignen según este reglamento o las reglas prácticas que al efecto se dicten, o por el pleno de la Cámara en los casos de los artículos 10 y 11 de la ley 24.050.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES E INTEGRACIÓN DE LAS SALAS
ARTÍCULO 2.- La Cámara elegirá a su Presidente, a un Vicepresidente Primero y a un Vicepresidente Segundo, y tomará las provisiones para la integración de sus Salas por períodos anuales, en el mes de diciembre de cada año, con vigencia para el período siguiente que comenzará el Io de enero y culminará el 31 de diciembre. La reelección es posible.
La designación de la Presidencia, de las Vicepresidencias y la integración de las Salas se harán por elección en Acuerdo Plenario de todos los jueces que integran la Cámara que se encuentren cumpliendo funciones al momento de la decisión.
Si alguno de los jueces en funciones no pudiere concurrir al Acuerdo donde se decida la elección de autoridades e integración de Salas podrá consignar anticipadamente su voto, en sobre cerrado que depositará de modo certificado ante el Secretario General. En caso de impedimento no previsto, si fuere necesario para alcanzar el quorum, el juez que ejerza la Presidencia en ejercicio, llamará a nuevo Acuerdo Plenario de los jueces para la fecha más próxima posible. Mientras no se alcance quorum para la realización del Acuerdo Plenario, el mandato de las autoridades en ejercicio, y la integración de las respectivas Salas, se tendrá por prorrogado.
Será designado Presidente quien cuente con siete votos. En caso de que el número requerido no fuere alcanzado, se realizarán rondas sucesivas de votación en el mismo Acuerdo Plenario, o en los siguientes que se designen a ese fin.
Mientras no se alcance el número de votos requerido para la elección de nuevas autoridades o para la integración de las respectivas Salas, el mandato de las autoridades en ejercicio y la integración de las Salas se tendrán por prorrogados.
Para la elección de autoridades y decisión sobre integración de las Salas, la Cámara se reunirá en Acuerdo Plenario que sólo podrá tomar decisiones si reuniese un quorum mínimo de siete jueces.
Los jueces que integran la Cámara podrán declinar ocupar la Presidencia o Vicepresidencias, lo que estará condicionado a la aceptación de una mayoría de siete jueces. En caso contrario, la asignación será considerada carga pública.
La Vicepresidencia Primera, o, en su caso, la Vicepresidencia Segunda reemplazará al juez que ejerza la Presidencia, de pleno derecho, en caso de licencia, impedimento o accfalía. La Presidencia podrá también delegar en alguno de los jueces la realización de actos particulares de su competencia, cuando aquélla se encuentre imposibilitada de realizar ese acto, de lo que dejará constancia ante la Secretaría General.
Los jueces que ejerzan la Presidencia o las Vicepresidencias, podrán en cualquier momento pedir la reunión de un Acuerdo Plenario para presentar su renuncia antes de expirado el período para el que han sido designados. Si la renuncia fuere aceptada se procederá en el mismo acto a una nueva votación para reemplazar al renunciante, por el tiempo que reste del período en curso.
Por pedido de al menos cuatro jueces de la Cámara se convocará a Acuerdo Plenario para reducir el período del mandato de las autoridades en ejercicio, y en su caso, para la designación de las autoridades que los reemplazarán por el resto del período. Se requiere de un quorum y de una mayoría de siete votos.
Si por alguna razón se produjere la vacancia de la Presidencia o de las Vicepresidencias se convocará a Acuerdo Plenario urgente.
En los casos de renuncia, reemplazo o vacancia rigen, mutatis mutandi, las reglas sentadas en los párrafos precedentes.
PRESIDENCIA DE LA CÁMARA. DEBERES Y ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 3.- El juez a cargo de la Presidencia de la Cámara tiene los siguientes deberes y atribuciones:
a) Representar al Tribunal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demás tribunales, y ante los otros Poderes y órganos del Estado Nacional, de los Estados provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, en general, ante otras personas y entidades públicas y privadas.
b) Convocar a acuerdos ordinarios y extraordinarios de la Cámara cuando lo considere necesario, dirigirlos y decidir con doble voto en caso de empate, cuando este reglamento así se lo asigne.
c) Convocar a acuerdos ordinarios y extraordinarios a pedido de cuatro de los jueces que se encuentran en ejercicio.
d) Redactar el temario de los acuerdos de Presidentes de Sala y de los Acuerdos Plenarios.
e) Supervisar al Secretario General en el ejercicio del orden interno de la Cámara y de la vigilancia de sus funcionarios y empleados en el cumplimiento de sus deberes.
f) Recibir el juramento de los jueces y funcionarios de la Cámara con arreglo a lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento para la Justicia Nacional.
g) Conceder las licencias ordinarias de los funcionarios y empleados de la Cámara en los casos establecidos en las acordadas de la Corte Suprema de justicia de la Nación n° 34/77 (artículo 2, inciso d) y n° 12/04 (artículo 2, inciso, d) y, si correspondiere, designar reemplazantes.
h) Ordenar la instrucción de las actuaciones de prevención y de los sumarios administrativos respecto de empleados de esta Cámara, cuando correspondiere y llevar adelante la instrucción de actuaciones de prevención y sumarios administrativos ordenados por el Acuerdo de Presidentes que involucren a funcionarios de la Cámara, tareas que podrá delegar en el Secretario General o en otro funcionario y reasumir en cualquier momento.
i) Gestionar todos los asuntos que se le encomienden en los Acuerdos Plenarios y en los Acuerdos de Presidentes.
j) Aprobar la asignación y aplicación e los gastos de funcionamiento según Acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación n° 44/1983, artículo 4, modificada por Acordadas n° 33/1989 y 48/1997.
k) Adoptar, con la asistencia del Secretario General, las medidas necesarias para mantener el orden en la sede de la Cámara, sin perjuicio de la autoridad que el art. 370 C.P.P.N. asigna a los jueces que presiden las audiencias.
l) Ejercer la supervisión directa de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, siguiendo la decisiones de gobierno de Acuerdo Plenario, una vez que aquélla sea puesta en funcionamiento.
ACUERDO DE PRESIDENTES
ARTÍCULO 4.- El Presidente de la Cámara y los respectivos Presidentes de las Salas, o sus reemplazantes, se reunirán periódicamente en acuerdo ordinario, o acuerdo extraordinario, para tratar y decidir las cuestiones que se enuncian en el artículo 5.
ATRIBUCIONES DEL ACUERDO DE PRESIDENTES
ARTÍCULO 5.- Son atribuciones del Acuerdo de Presidentes:
a) Designar a los funcionarios y empleados de la Cámara y aceptar sus renuncias, y conceder las licencias extraordinarias que correspondan. La designación y aceptación de renuncias del Secretario General, de los Secretarios y Prosecretarios de Cámara y de funcionarios con jerarquía equivalente o superior que hayan sido asignados por la ley a la planta de la Cámara será atribución del Acuerdo Plenario.
b) Resolver las actuaciones disciplinarias que conciernan a funcionarios y empleados de la Cámara y conocer y decidir de los recursos de reconsideración del artículo 19 del decreto ley 1285/58 y cualquier otra materia disciplinaria cuyo conocimiento y decisión le asignen la ley o los reglamentos aplicables, con excepción de las cesantías y exoneraciones, que son atribución exclusiva del Acuerdo Plenario.
c) Designar a los jueces, Secretarios y Prosecretarios de Cámara que deban prestar servicio durante las ferias judiciales y asuetos que decrete la Corte Suprema de Justicia de la Nación (artículos 3 y 77 del Reglamento para la Justicia Nacional).
d) Conceder las licencias de los jueces de la Cámara y, si correspondiese, designar a los jueces reemplazantes, así como las del Secretario General y del Director de la Oficina Judicial, en los casos establecidos en la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación n° 12/04 (artículo 2, incisos c y d).
e) En caso de vacancia o licencia de más de treinta días del Director de la Oficina Judicial decidir quién ha de reemplazarlo provisionalmente.
f) Decidir todas las cuestiones que se susciten en la interpretación de este reglamento, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 8, inc. g.
g) Evaluar el informe anual de gestión, necesidades y propuestas de la Oficina Judicial, y en su caso, someterlo a consideración del pleno.
h) Intervenir en todas las demás cuestiones que someta a su consideración la Presidencia y que no deban ser resueltas en Acuerdo Plenario.
INTEGRACIÓN DE LAS SALAS
ARTÍCULO 6.- Al momento de la habilitación de la Cámara, las tres Salas que la componen según el artículo 11 bis de la ley 24.050 (texto según artículo 5 de la ley 26.371) se integrarán del modo en que se establece en los decretos del Poder Ejecutivo Nacional nros. 1725/13, 1726/13, 1727/13, 1728/13, 1729/13, 1730/2013, 1731/13, 1723/13 y 1733/13 (confr. Acordada n° 1/2014 de esta Cámara).
La integración de las Salas se resolverá por períodos anuales, según el artículo 2 de este reglamento. Sin embargo, en cualquier momento podrá modificarse la integración vigente en Acuerdo Plenario convocado a pedido de al menos cuatro jueces de la Cámara. La integración de las Salas se resuelve por mayoría de siete de los jueces presentes en el Acuerdo. En lo demás rigen en lo pertinente las reglas del artículo 2 de este reglamento.
Cada Sala elige por simple mayoría un Presidente para que la represente en el Acuerdo de Presidentes. En caso de vacancia, licencia, ausencia o impedimento de su Presidente, los restantes jueces de la Sala proveerán a su reemplazo. Cada Sala podrá, en cualquier momento, revisar la designación de su Presidente, por simple mayoría.
Si los jueces de cada Sala no alcanzaren una mayoría para designar a su Presidente, la presidencia de la Sala se designará en Acuerdo Plenario por simple mayoría de votos.
ACUERDOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE PRESIDENTES
ARTÍCULO 7.- La Presidencia y los Presidentes de las Salas se reuniarán periódicamente en Acuerdo ordinario los días hábiles que se fijen, según las reglas prácticas que se dicten al efecto.
También se reunirán fuera de agenda, para tratar un tema puntual a convocatoria de la Presidencia o a pedido de, al menos, cuatro jueces de la Cámara.
ACUERDOS PLENARIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS
ARTÍCULO 8.- La Cámara se reunirá en Acuerdo Plenario por convocatoria de la Presidencia, para tratar cuestiones no jurisdiccionales:
a) En los casos del artículo 2.
b) Para la designación del Secretario General o Director de la Oficina Judicial, de los Secretarios y Prosecretarios de Cámara, y de otros funcionarios con cargo equivalente o superior.
c) Cuando el Acuerdo de Presidentes, por la importancia de la cuestión a decidir, la difiera al Acuerdo Plenario.
d) Para reglamentar su labor o la distribución de sus Salas en ejercicio de las atribuciones de los arts. 10 , inc. a, de la ley 24.050, y para el dictado de normas prácticas según el artículo 4 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984 ).
e) Para conformar comisiones de trabajo que colaboren con el Gobierno del Tribunal y con el ejercicio de la superintendencia que le ha sido delegada o para que cooperen en el diseño de propuestas de gestión o implementación de leyes que conciernan a la competencia de la Cámara.
f) Para establecer la dotación de funcionarios y empleados de la Oficina Judicial de acuerdo a lo que se establece en el artículo 16 de este reglamento.
g) Para la decisión de otras cuestiones no jurisdiccionales, que regularmente se asignan al Acuerdo de Presidentes, a instancias de, al menos, cuatro de sus jueces, cuando la importancia del asunto justifique la decisión por el pleno.
QUORUM Y MAYORÍAS
ARTÍCULO 9.- Si la Cámara tuviere su integración completa, todo Acuerdo Plenario requerirá un quorum de siete jueces, y las decisiones se adoptarán por mayoría de seis votos. El mismo quorum se requiere si la integración incompleta de la cámara por vacancia, o el impedimento de actuación de un juez por licencia superior a treinta días, hubiere sido remediada por la designación de un juez subrogante.
Si la integración incompleta no se hubiere suplido, de modo que fuere imposible satisfacer un quorum de siete jueces, los que permanezcan en funciones proveerán lo necesario para la integración por subrogación de acuerdo a la ley.
En cuestiones no jurisdiccionales, en caso de empate, la Presidencia tendrá doble voto.
En caso de no alcanzarse mayoría de opiniones o fundamentos en cuestiones jurisdiccionales se procederá según el artículo 110 del Reglamento para la Justicia Nacional.
CONVOCATORIA A ACUERDO PLENARIO
ARTÍCULO 10.- La Cámara se reunirá en Acuerdo Plenario por convocatoria de la Presidencia, para tratar cuestiones jurisdiccionales en los casos del artículo 10 , incs. b y c, y 11 y 11 bis de la ley 24.050 (texto según artículo 5 de la ley 26.371). A instancia de cuatro de sus jueces la Presidencia convocará a Acuerdo Plenario a los fines del artículo 10, incs. b y c.
En todos estos casos las decisiones se adoptarán por simple mayoría de los jueces que integran la Cámara. En estos casos la Presidencia no tiene doble voto.
TRAMITE DE LOS PLENARIOS
ARTÍCULO 11.- Cuando se promueva un pronunciamiento plenario por iniciativa de al menos cuatro jueces de la Cámara, o por vía de recurso, la Presidencia convocará a acuerdo plenario para decidir sobre su admisibilidad.
Si fuere admitido, el Tribunal definirá el o los temas objeto del plenario y según el caso podrá convocar directamente al acuerdo para la deliberación y decisión del pleno sobre el fondo o llamar de modo previo a una audiencia pública.
Cuando el pronunciamiento hubiere sido promovido de oficio, según el artículo 10 de la ley 24.050, admitida la convocatoria plenaria, si la naturaleza del tema a decidir así lo aconsejare, en el mismo acto el Tribunal llamará a una audiencia pública previa a la deliberación sobre el fondo, invitando a personas o entidades a presentar observaciones como amicus curiae, según las reglas prácticas que se dicten al efecto.
Cuando el pronunciamiento hubiere sido promovido por recurso, según el artículo 11 de la ley 24.050, admitida la convocatoria plenaria, si la naturaleza del caso así lo aconsejare, en el mismo acto el Tribunal llamará a una audiencia pública previa a la deliberación sobre el fondo, emplazando a las partes a presentar sus observaciones en forma oral. También podrá invitar a personas o entidades a presentar observaciones como amicus curiae, según las reglas prácticas que se dicten al efecto. Si no se hubiese decidido celebrar audiencia pública, se emplazará a las partes que no han recurrido para que dentro del plazo de cinco días contesten el recurso interpuesto.
Contestados los recursos, o vencido el plazo para hacerlo, o realizada la audiencia, o si ninguna parte hubiere pedido ser oída en ésta, ni se hubiere presentado nadie como amicus curiae, se convocará a acuerdo plenario para deliberar y decidir. Agotada la deliberación el Tribunal señalará un plazo para la redacción de los votos y del tenor de la sentencia. En los casos de recurso interpuesto según el artículo 11 de la ley 24.050 la sentencia se notificará según el artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación.
Sin perjuicio de las reglas prácticas que se dicten sobre la forma y el alcance de la intervención como amicus curiae, se aplicará en lo pertinente la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación N° 7/2013 .
CAPÍTULO III SECRETARÍA GENERAL, OFICINA JUDICIAL, Y OTRAS DEPENDENCIAS
ARTÍCULO 12.- Bajo la órbita y coordinación de la Secretaría General de la Cámara actúan la Oficina Judicial y las demás dependencias.
La Secretaría General de Cámara coordina los servicios de Intendencia del edificio sede de la Cámara, y todos los demás que se presten en ejecución de los acuerdos marco que este reglamento autoriza a la Presidencia a celebrar con la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
ARTÍCULO 13.- Son funciones del Secretario General:
a) Asistir a la Presidencia en sus relaciones con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros Tribunales, y con los otros Poderes y órganos del Estado Nacional, de los Estados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en general, con toda otra persona y entidad pública o privada.
b) Asistir y dar fe de los Acuerdos de Presidentes y de los Acuerdos Plenarios.
c) Dar fe de las resoluciones de la Presidencia.
d) Coordinar la actuación en el área de Presidencia, y con la Oficina Judicial y de las otras dependencias.
e) Efectuar los requerimientos y comunicaciones que le encomiende la Presidencia o el Acuerdo de Presidentes.
f) Asistir a la Presidencia como Actuario en la recepción de los juramentos que presten los magistrados y funcionarios de la Cámara.
g) Legalizar las firmas de los jueces del Tribunal y de sus Secretarios y Prosecretarios.
h) Establecer el escalafón de los empleados cuya designación corresponda a esta Cámara en ejercicio de la Superintendencia delegada, e informar en los acuerdos sobre la situación reglamentaria y escalafonaria de los agentes.
i) Administrar y distribuir los gastos de funcionamiento y asignaciones especiales de fondos, y efectuar los requerimientos de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Cámara.
j) Ejercer las funciones de intendencia en el edificio de sede de la Cámara y coordinar con las autoridades competentes la provisión de custodia de seguridad del edificio y de las Salas de Audiencias, y supervisar a los agentes que presten seguridad en el edificio así como atender todo otro problema concerniente a la seguridad, salvo en lo que concierne a la seguridad de las audiencias.
k) Preparar, bajo la dirección de la Presidencia, la memoria anual, y remitirla a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la oportunidad que fija el artículo 34 del Reglamento para la Justicia Nacional.
ARTÍCULO 14.- El Secretario General actuará con la asistencia de un Prosecretario de Presidencia. Son funciones del Prosecretario de Presidencia:
a) Sin perjuicio de las funciones de coordinación del Secretario General, asistir de modo directo a la Presidencia en todos los asuntos enunciados en el artículo 3.
b) Reemplazar al Secretario General en los casos de licencia, ausencia o impedimento, o en los actos particulares que le encomiende la Presidencia.
c) Llevar adelante y custodiar el registro material de Acordadas y Resoluciones de la Cámara en materia no jurisdiccional, y asegurar el registro informático y comunicación pública de las Acordadas y Resoluciones en esa materia, en cumplimiento de la Acordada N° 24/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
ARTÍCULO 15.- La Oficina judicial asiste a los jueces de la Cámara en toda función jurisdiccional. Está a cargo de un Director y se integra con los funcionarios y empleados que conforme a criterios de flexibilidad le asigne el Acuerdo Plenario.
FUNCIONES DE LA OFICINA JUDICIAL
ARTÍCULO 16.- De conformidad con el artículo 12 de la ley 26.374, con este reglamento y con las demás normas prácticas que al efecto se dicten, la Oficina Judicial tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a) Administrar la mesa, de entradas única de casos judiciales entrados en la Cámara sea por vía de recursos, según el articulo 23 del Código Procesal Penal de la Nación, sea por vía de cuestiones de competencia y otros conflictos entre magistrados previstos en el artículo 24 , inc. 7, del decreto-ley 1285/58, sea por el procedimiento de consulta del artículo 1 de la ley 24.390 (texto según ley 25.430 ), y de todo otro caso judicial que corresponda a la competencia de la Cámara según leyes especiales.
b) Asignar los casos a las Salas de Cámara, y dictar los despachos de mero trámite.
c) Recibir y registrar las solicitudes y comunicaciones que presenten las partes y demás intervinientes y ponerlas en conocimiento de los jueces asignados al caso.
d) Comunicar, o notificar, según corresponda, las decisiones jurisdiccionales que los jueces o las Salas emitan en los casos que le han sido asignados.
e) Ajustándose a las directivas y plan de gobierno que fije el Acuerdo de Presidentes y a las reglas prácticas que se dicten, administrar las salas de audiencia, llevar la agenda de audiencias, emplazar y citar a las partes, y adoptar todas las medidas prácticas para garantizar su comparecencia y la realización de la audiencia, a cuyo efecto coordinará la agenda con los representantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
f) Asistir en el trámite de toda recusación o excusación de un juez de la Cámara asignando los jueces necesarios para que decidan sobre ellas.
g) Asistir a los jueces en el examen de admisibilidad de los recursos concedidos, en el de los de queja,
en el trámite de las cuestiones de competencia y en el procedimiento de consulta reglado por el artículo 1 de la ley 24.390 (texto según ley 25.430).
h) Asegurar el registro de las audiencias que dispone el artículo 11 de la ley 26.374, y la custodia de ese registro.
i) Asegurar la publicidad inmediata de las audiencias, y las medidas prácticas para garantizar el acceso del público y de los medios de prensa que lo soliciten, según la Acordada n° 29/2008 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
j) Coordinar la custodia del desarrollo de las audiencias por el personal de las fuerzas de seguridad asignado a la Cámara, asistir al juez que presida en el ejercicio del poder de policía de la audiencia.
k) Llevar y custodiar el registro material de las resoluciones y sentencias de las Salas y del Pleno en materia jurisdiccional, y asegurar el registro informático y la comunicación pública de las resoluciones y sentencias en cumplimiento de la Acordada n° 24/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
l) Asegurar el cumplimiento de las demás normas de publicidad impuestas por la ley y la Acordada 24/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
m) Dar fe de todos los actos procesales en los que la ley de procedimientos aplicable requiere la intervención de un Actuario, de que las resoluciones y sentencias han sido emitidas por los jueces que han intervenido en el caso y de que sus fundamentos se ajustan fielmente a los votos emitidos en la deliberación.
n) Realizar las tareas inherentes a las anteriores que le sean rencomendadas por la Sala a la que se haya asignado el caso.
o) Expedir constancias, certificaciones o testimonios de toda actuación jurisdiccional o sentencia de las Salas, o de la reunión plenaria de la Cámara según el artículo 11 de la ley 24.050.p) Llevar un registro estadístico actualizado mediante herramientas informáticas, según las normas prácticas que a ese fin se dicten, a cuyo efecto tiene facultad para coordinar las acciones necesarias con la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura, remitir las estadísticas a la Corte Suprema en la oportunidad que fija el artículo 34 del Reglamento para la Justicia Nacional y confeccionar un informe de gestión anual.
DIRECCIÓN DE LA OFICINA JUDICIAL
ARTÍCULO 17.- En coordinación con las facultades que se asignan al Secretario General según el artículo 13, la Oficina Judicial estará bajo la autoridad de un Director, con las siguientes atribuciones y deberes:
a) Organizar la tarea de la oficina, y distribuirla entre los funcionarios y empleados a que se refiere el artículo 16, teniendo en cuenta, en su caso, las habilitaciones de días y horas.
b) Designar a los prosecretarios administrativos y empleados que prestarán servicios durante las ferias judiciales, y los días de asueto.
c) Firmar el despacho de trámite de los casos entrados y bajo las directivas generales de gobierno señalar las audiencias según las disponibilidades de agenda.
d) Dar fe de todos los actos procesales en los que la ley de procedimientos aplicable requiera la intervención de un Actuario, firmar las comunicaciones, notificaciones, citaciones y emplazamientos a que se refiere el artículo 16 y expedir certificados de resoluciones, sentencias y trámites procesales realizados en la Cámara.
e) Tomar las providencias necesarias para asegurar la intervención de un Actuario a las audiencias y de uno que dé fe de que las resoluciones y sentencias han sido emitidas por los jueces que han intervenido en el caso y de que sus fundamentos se ajustan fielmente a los votos emitidos en la deliberación.
f) Certificar los registros de copias materiales de resoluciones y sentencias de las Salas y del Pleno en materia jurisdiccional.
g) Firmar las estadísticas e informes de gestión, necesidades y propuestas, para su presentación al Acuerdo de Presidentes.
En ejercicio de las facultades del inciso a, el Director de la Oficina Judicial podrá delegar las funciones de los incisos b, c, d y e en cualquiera otro de los funcionarios asignados a la Oficina Judicial.
ARTÍCULO 18.- Salvo los casos en los que la ley establece la actuación en pleno, la Cámara decide los casos de su competencia en Salas integradas por un colegio de tres jueces, por el procedimiento que se fija en la ley, en este reglamento, y en las normas prácticas que al efecto se dicten. La integración inicial se rige por el artículo 6 de este reglamento y la Acordada n° 1/2014 de esta Cámara.
En el ejercicio de esas funciones cada Sala actuará con la asistencia de los funcionarios y empleados que integran la Oficina Judicial, y con la de los demás funcionarios y empleados que le asigne la Cámara.
ARTÍCULO 19.- La Cámara está integrada por diez vocalías, cada una a cargo de un juez. Cada juez tendrá la asistencia de la planta de funcionarios y empleados que la Cámara asigne a su vocalía.
DÍAS DE ACUERDO
ARTÍCULO 20.- Los jueces de la Cámara concurrirán a sus despachos todos los días hábiles según el artículo 11 la ley 26.371. Cada Sala establecerá sus días de acuerdo.
SIGNACIÓN DE LOS CASOS
ARTÍCULO 21.- Previo examen de admisibilidad por la Sala de Turno, los casos ingresados por vía de recursos serán asignados a una Sala por la Oficina Judicial, según las reglas prácticas que dicte esta Cámara.
Las cuestiones de competencia, las excusaciones y recusaciones de jueces de los tribunales orales y de la cámara de apelaciones, las consultas del artículo 1 de la ley 24.390, y todo otro caso que por las normas prácticas se le asignen serán decididas por la Sala de Turno.
PERSONAL Y FUNCIONES
ARTÍCULO 22.- Las funciones de intendencia de la sede de la Cámara serán confiadas al personal que al efecto se asigne. Mientras no se adopten otras disposiciones para establecer nuevas dependencias de la Cámara, sujetas a la disponibilidad de medios materiales y recursos humanos, la Presidencia estará facultada a la celebración de un acuerdo marco de cooperación y coordinación con la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, para que su Oficina Administrativa provea de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la prestación de servicios de intendencia en la sede de la Cámara. Se aplicará mutatis mutandi el artículo 21 del Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
DESIGNACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL DE LA CÁMARA
SECRETARIOS Y PROSECRETARIOS DE CÁMARA
ARTÍCULO 23.- Para la designación del Secretario General, de los Secretarios y Prosecretarios de Cámara se deberán satisfacer los requisitos del artículo 12 del Decreto-ley 1285/58. Rigen en lo pertinente la ley 26.861 y la Acordada N° 26/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De acuerdo a la naturaleza de las tareas del cargo para el cual se requiera la designación, la Cámara podrá establecer requisitos adicionales.
En la elección se tendrán especialmente en cuenta la idoneidad, experiencia, y capacidades objetivamente acreditadas.
REQUISITOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE OTROS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
ARTÍCULO 24.- La designación de otros funcionarios o empleados de la Cámara se regirá, en lo pertinente, por la ley 26.861 , la Acordada N° 26/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el artículo 11 del Reglamento para la Justicia Nacional.
REQUISITOS PREVIOS A LA DESIGNACIÓN
ARTÍCULO 25.- De modo previo al nombramiento de todo funcionario o empleado el aspirante deberá someterse a un examen de aptitud psicofísica para la función o cargo, según lo establece el artículo 11 del Reglamento para la Justicia Nacional.
Deberá también presentar certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia a fin de acreditar la inexistencia de condenas o procesos pendientes que constituyan obstáculo a su nombramiento según el artículo 12 del Reglamento para la Justicia Nacional.
Los aspirantes a ingresar como personal administrativo en todas aquellas dependencias en las que se realicen tareas de índole jurisdiccional, deberán aprobar en los seis (6) meses siguientes a su designación el curso reglado por el artículo 11 del Reglamento para la Justicia Nacional.
ARTÍCULO 26.- No podrán ser nombrados funcionarios o empleados quienes se encuentren comprendidos en las incapacidades del artículo 12, segunda parte, del Decreto-Ley 1285/58 y en las de los incisos 1 a 7 del artículo 12 del Reglamento para la Justicia Nacional.
Tampoco podrán ser designados funcionarios o empleados los cónyuges y parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, de los jueces o funcionarios de la Cámara. Esta inhabilidad comprende a las designaciones para los cargos de Secretarios y Prosecretarios de Cámara, secretarios privados, o relatores o en otro cargo de similar naturaleza. Esta ratio se podrá aplicar también al ingreso de otros empleados y personal de maestranza que guarden esos vínculos con otros empleados, personal de maestranza de la Cámara o que presten otros servicios auxiliares a ésta.
DEBERES GENERALES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
ARTÍCULO 27.- Sin perjuicio de los deberes establecidos en los artículos 8 y 19 del Reglamento para la Justicia Nacional, los funcionarios y empleados están sujetos a los siguientes deberes:
a) Prestar en forma personal y regular, dentro del horario general, los servicios de su incumbencia según las tareas que se le asignen, aplicando su capacidad, dedicación, diligencia y contracción al trabajo. Si alguna circunstancia le impidiere aplicar las capacidades requeridas para el cargo o función, el agente deberá justificarla.
b) Cuando se hubiere dispuesto habilitación de horas o días, prestar las tareas de asistencia que se le hubieren asignado para los acuerdos o audiencias, hasta tanto las concluyan o sean dispensados;
c) Guardar reserva y secreto sobre los asuntos que conozcan por razón del servicio, aun después de haber cesado en el cargo.
d) Cuidar los bienes del estado, velando por la economía del material y conservación de los elementos confiados a su custodia, utilización o examen;
e) Observar en el servicio y fuera de él una conducta pública decorosa y digna;
f) Proceder con cortesía, diligencia y neutralidad en el trato con profesionales, litigantes y público en general;
g) Mantener vínculos cordiales, demostrar espíritu de cooperación y respeto para con los magistrados, funcionarios y demás agentes de la administración de justicia;
h) Comunicar al superior inmediato todo hecho del que tuviere conocimiento que pudiere constituir una falta o delito prima facie atribuible a otro agente de la Cámara;
i) Cumplir en tiempo y forma las obligaciones de declaración sobre su situación patrimonial que exigen las leyes;
j) Comunicar su domicilio real dentro de las 72 horas de establecido o mudado. Las notificaciones que se efectúen en esc domicilio surtirán todos los efectos legales hasta tanto no se declare otro nuevo;
ARTICULO. 28.- Está prohibido a los funcionarios y empleados:
a) realizar las actividades enunciadas en el artículo 9 del Decreto- ley 1285/58, debiendo, en su caso, gestionar la autorización previa a la que se refiere esa disposición.
b) Percibir recompensas, estipendios que no sean los determinados en las normas vigentes, aceptar dádivas, servicios u obsequios que se les ofrezcan con motivo o a consecuencia de actos inherentes a sus funciones;
c) Arrogarse atribuciones que no les correspondan;
d) Emplear términos despectivos sobre sus autoridades o sobre sus actos, sin perjuicio de su derecho a presentar observaciones críticas con la finalidad de mejorar el servicio;
e) Retirar y/o utilizar con fines particulares los bienes o documentos bajo su custodia, como así también utilizar dentro del horario de trabajo los servicios del personal bajo su dependencia;
f) Requerir adhesiones políticas o religiosas en ocasión del ejercicio de su función.
PROMOCIONES. REGLAS GENERALES
ARTÍCULO 29.- Es presupuesto para acceder a una promoción que el empleado se encuentre de modo efectivo en el cargo inmediato anterior al de la vacante a cubrir, por un tiempo no inferior a un año.
El agente que esté en uso de licencia, sin goce de haberes, no podrá ser promovido mientras se encuentre en esa situación. El tiempo de licencia no se tendrá en cuenta en el cómputo del plazo establecido en el párrafo anterior.
La restricción dispuesta en la primera parte del párrafo segundo rige para los agentes que se encuentren cumpliendo funciones, en carácter de contratados, en otra dependencia del Poder Judicial de la Nación.
Podrán ser propuestos para la vacante a cubrir agentes del Poder Judicial de dependencias ajenas a la Cámara siempre que cumplan con las condiciones de los párrafos precedentes.
30.- El Secretario General podrá proponer al Acuerdo de Presidentes la promoción de empleados y personal de maestranza para cubrir las vacantes de esta Cámara. Cuando se trate de una vacante a cubrir en la Oficina judicial, su Director presentará la propuesta al Secretario General para que la ponga a consideración del Acuerdo de Presidentes.
El Acuerdo de Presidentes considerará las propuestas de promoción teniendo en cuenta:
a) la antigüedad en el Poder Judicial de la Nación;
b) la antigüedad en el cargo inmediatamente anterior según el artículo 29;
c) la idoneidad para el cargo a ejercer.
No se considerarán propuestas de promoción de agentes que hubiesen sido sancionados con apercibimiento, multa o suspensión en los doce meses anteriores a la fecha de la vacante o dieciocho meses anteriores a la fecha de la designación.
Todo otro empleado del escalafón de la Cámara que se encuentre en iguales condiciones de antigüedad para acceder a la promoción, podrá pedir ser oído por el Acuerdo de Presidentes antes de la decisión de la promoción.
A ese efecto, el Secretario General notificará por circular a todos Los empleados que se encuentren en la misma situación del escalafón de la Cámara la lista de asuntos concernientes a propuestas de promociones, y la fecha del acuerdo en el que se tratará. El interesado deberá formalizar su pedido en cualquier momento, hasta el día anterior al acuerdo designado.
El Acuerdo de Presidentes convocará al empleado o empleados para escuchar los fundamentos de su reclamo. El Acuerdo podrá decidir que el agente propuesto y el reclamante sean evaluados por un jurado especial, que procederá a valorar la capacitación de los agentes mediante la asignación de determinadas tareas o cualquier medida que estime pertinente. Realizada la evaluación, el Acuerdo de Presidentes decidirá la promoción teniendo en cuenta su resultado y los fundamentos de la elección del proponente.
OFICINA DE PERSONAL. DELEGACIÓN DE FUNCIONES.
ARTÍCULO 31.- Mientras no se adopten otras disposiciones para establecer nuevas dependencias de la Cámara, sujetas a la disponibilidad de medios materiales y recursos humanos, la Presidencia estará facultada a la celebración de un acuerdo marco de cooperación y coordinación con la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, para que su Prosecretaría de Recursos Humanos se haga cargo de la organización, actualización y custodia de los legajos de los funcionarios y empleados de la Cámara.
La Secretaría General comunicará inmediatamente a esa Prosecretaría toda novedad que se produzca en materia de designaciones, promociones, renuncia, licencias y sanciones que conciernan a funcionarios y empleados de esta Cámara.
Las funciones de habilitación respecto de jueces, funcionarios y empleados de esta Cámara estarán a cargo de la Oficina de Habilitación de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
DESIGNACIONES AD HONOREM
ARTÍCULO 32.- La Cámara no realizará nombramientos ad-honorem de funcionarios o empleados.
Por excepción, en Acuerdo Plenario podrá decidir habilitar a los Prosecretarios Administrativos para cumplir ad honorem y de modo temporario las funciones de Prosecretario de Cámara, y a los Prosecretarios de Cámara, para cumplir las funciones de Secretario de cámara, siempre que lo exijan estrictas necesidades del servicio y los designados reúnan las exigencias reglamentarias para el acceso al cargo a cubrir y presten por escrito su conformidad. Por razones de servicio podrá habilitarse para cumplir, ad hoc y ad honorem, las funciones de Secretario y Prosecretario de Cámara a cualquier funcionario o empleado que reúna las exigencias reglamentarias.
REGIMEN DE LICENCIAS Y JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS
ARTICULO 33.- Las licencias ordinarias y extraordinarias y la justificación de inasistencias para magistrados, funcionarios, empleados, personal obrero y de maestranza y de servicio, contratado o permanente, de la Cámara, se rigen, en lo pertinente por la Acordada N° 34/77 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus modificatorias.
ARTICULO 34.- Los prosecretarios administrativos y demás agentes asignados a la Oficina Judicial presentarán sus solicitudes a su Director; los prosecretarios administrativos u otros empleados asignados a las vocalías las presentarán ante el vocal respectivo; el resto de los prosecretarios administrativos y empleados de la Cámara, al Secretario General; los Secretarios y Prosecretarios de Cámara ante la Presidencia, y los jueces, al Acuerdo de Presidentes, ajustándose a lo que se establece
en el artículo 3 de la Acordada 34/77 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En caso de impedimento imprevisto para el desempeño de las funciones, los funcionarios y agentes comunicarán de modo inmediato los motivos del impedimento, según sea el caso, a las autoridades que se enuncian en el párrafo anterior.
Los jueces presentarán sus pedidos de licencia al Acuerdo de Presidentes.
AUTORIDAD CONCEDENTE
ARTÍCULO 35.- El Director de la Oficina Judicial concede o deniega las licencias de los prosecretarios administrativos y demás personal bajo su directa dependencia.
El Secretario General concede o deniega las licencias de los prosecretarios administrativos y del personal no asignado a la Oficina Judicial. En el caso de los prosecretarios administrativos u otros empleados asignados a las vocalías la concesión estará condicionada al visto bueno del juez a cargo de cada una.
La Presidencia concede o deniega las licencias del Secretario General, del Director de la Oficina Judicial, y las de los demás Secretarios y Prosecretarios de Cámara.
Contra las decisiones que denieguen las licencias de los prosecretarios administrativos y otros empleados de la Cámara podrá recurrirse ante la Presidencia. Contra las decisiones que denieguen las licencias del Secretario General, del Director de la Oficina Judicial, y las de los demás Secretarios y Prosecretarios de Cámara podrá recurrirse ante el Acuerdo de Presidentes.
El Acuerdo de Presidentes concede o deniega las licencias solicitadas por un juez de la Cámara. Sin embargo, el Acuerdo Plenario podrá decidir sobre la solicitud, de oficio o, cuando la cuestión le sea sometida por el acuerdo de Presidentes, por propia iniciativa o a pedido del juez interesado.
Si se tratare de una licencia comprendida en los artículos 2, inc. c, 31 y 33 de la Acordada Na 34/77, los antecedentes serán remitidos al Consejo de la Magistratura para su decisión.
COMUNICACIÓN DE LICENCIAS CONCEDIDAS
ARTICULO 36.- Concedida o denegada una licencia la Secretaría General la comunicará a la Prosecretaría de Recursos Humanos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, según lo que se dispone en el artículo 31 de este Reglamento.
AUTORIDADES Y PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
ARTÍCULO 37.- La Presidencia o cualquiera de los jueces de la Cámara tienen autoridad para aplicar sanciones de plano a los funcionarios y empleados bajo su dependencia directa, por las infracciones al régimen disciplinario comprendidas en los supuestos del artículo 21, segundo párrafo del Reglamento para la Justicia Nacional.
Fuera de esos supuestos el Acuerdo de Presidentes o, según el caso, el Acuerdo Plenario, tienen autoridad para sancionar a los funcionarios y empleados de la Cámara por infracciones al régimen disciplinario como resultado de un proceso administrativo previo.
SANCIONES DE PLANO
ARTÍCULO 38.- La sanción aplicada de plano por un juez de esta Cámara a los funcionarios o empleados bajo su dependencia, según el artículo 21, segundo párrafo, del Reglamento para la Justicia Nacional, será impuesta por resolución escrita y fundada, y notificada sin demora al agente sancionado, entregándole copia de la resolución, y comunicada al Secretario General.
ARTÍCULO 39.- Fuera de los casos en los que se autoriza el ejercicio de plano de la potestad disciplinaria, se procederá, de oficio o por denuncia, a formar actuaciones de prevención.
La Presidencia ordenará formar actuaciones de prevención cuando existiesen indicios de hechos atribuibles a un funcionario o empleado de la Cámara prima facie constitutivos de una infracción a la ley o los reglamentos a los que aquéllos están sujetos. En los mismos casos, las actuaciones de prevención podrán ser ordenadas por el Acuerdo de Presidentes, o por el Acuerdo Plenario.
La Presidencia también ordenará formar actuaciones de prevención cuando cualquier persona presentare una denuncia contra un agente de la Cámara atribuyéndole hechos que prima facie podrían constituir una infracción a los deberes de los funcionarios y empleados judiciales establecidos en la ley y reglamentos a los que aquéllos están sujetos. Si los hechos fueren de modo manifiesto ajenos a la materia disciplinaria la Presidencia desestimará la denuncia. La desestimación no obsta a la reconsideración por el Acuerdo de Presidentes si se presentaren por el denunciante elementos o aclaraciones que den indicio de la existencia, prima facie, de una infracción disciplinaria.
El Director de la Oficina Judicial también podrá disponer la formación de actuaciones de prevención, de oficio, o a raíz de denuncia, cuando se trate de hechos atribuidos a empleados de su dependencia, sin embargo, si fuere de opinión que el hecho denunciado es manifiestamente ajeno a la materia disciplinaria, remitirá la denuncia a la Presidencia para que considere su desestimación.
En cuanto a la forma y contenido de las denuncias se aplican, mutatis mutandi, las reglas del artículo 197, del Reglamento para la Jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
OBJETO DE LAS ACTUACIONES DE PREVENCIÓN
ARTÍCULO 40.- Constituye el objeto de las actuaciones de prevención recolectar los elementos de convicción que den suficiente indicio de que un funcionario o empleado pueda haber realizado un hecho u omisión calificable como infracción disciplinaria que justifique la formación de un sumario administrativo.
En las actuaciones de prevención se procederá sumariamente e inaudita parte. Concluidas éstas, serán remitidas al Acuerdo de Presidentes para que decida si corresponde la formación de sumario o, en su defecto, el archivo. La decisión de archivo es revisable en Acuerdo Plenario. En todos los casos se documentará por escrito lo decidido.
Si se ordenase la formación de sumario, se designará el funcionario encargado de llevarlo adelante. También podrá delegarse la formación del sumario a la Secretaría Especial de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, delegación sujeta a un acuerdo marco de cooperación y coordinación que se celebre con esta Cámara.
DURACIÓN DE LA PREVENCIÓN
ARTÍCULO 41.- Las actuaciones de prevención deberán completarse dentro del plazo de ocho días, que podrá ser prorrogado por la Presidencia o, en su caso, por el juez de la Cámara que hubiese ordenado la prevención. Cuando las actuaciones de prevención fuesen ordenadas por el Director de la Oficina Judicial, la prórroga será potestad de la Presidencia. Si no se concediese la prórroga se someterán las actuaciones de prevención en el estado en que se encuentren al Acuerdo de Presidentes según el artículo anterior, segundo párrafo.
REGLAS PARA LA FORMACIÓN DE SUMARIOS
ARTICULO 42.- Salvo en cuanto en este reglamento se disponga algo distinto, son aplicables, mutatis mutandi, las disposiciones de los artículos 3, inc. f, 196 , primer párrafo, 200 , párrafos segundo, tercero y cuarto, 201 , 202 , 203 , 204 , 205 , del Reglamento para la Jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
RESOLUCIÓN. AUTORIDADES COMPETENTES
ARTÍCULO 43.- Presentado el memorial de descargo o vencido el plazo para hacerlo, el instructor del sumario lo remitirá a la Presidencia de la Cámara.
El sumario será examinado en Acuerdo de Presidentes, o en Acuerdo Plenario cuando el Acuerdo de Presidentes le difiera la decisión del asunto para decidir la imposición de las sanciones de cesantía o exoneración.
La resolución se dictará dentro de los quince días siguientes al agotamiento de la deliberación por el Acuerdo de Presidentes o por el Acuerdo Plenario.
RECURSOS CONTRA LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS
ARTÍCULO 44.- El agente sancionado de plano podrá interponer apelación ante el Acuerdo de Presidentes. La impugnación deberá presentarse por escrito, en forma fundada, dentro del tercer día de notificado, bajo sanción de inadmisibilidad.
Contra las resoluciones del Acuerdo de Presidentes o del Acuerdo Plenario que impongan una sanción como resultado de un procedimiento administrativo disciplinario, sólo podrá articularse reconsideración, que podrá interponerse por escrito fundado, dentro del tercer día de notificado el pronunciamiento. Toda reconsideración será resuelta por el pleno.
Si el agente sancionado promoviere la avocación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá ajustarse al procedimiento reglado en el artículo 23 bis del Reglamento para la Justicia Nacional.
EXTINCIÓN DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA
ARTÍCULO 45.- La potestad disciplinaria se extingue en cualquier estado del procedimiento por la muerte del agente.
La prescripción de las infracciones disciplinarias se rige según el artículo 35, incisos c y d, del Reglamento de Investigaciones de la Secretaría de Auditores Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La renuncia no extingue ipso ture la potestad disciplinaria mientras aquélla no sea aceptada por el Acuerdo Plenario. Antes de decidir sobre la aceptación de la renuncia, se requerirá a la Secretaría General se informe sobre la existencia de procedimientos disciplinarios en curso. La aceptación de la renuncia no obstará a la prosecución de un sumario ya iniciado y se dejará constancia de la resolución que se dicte en el legajo del agente.
IMPOSIBILIDAD DE PROCEDER
ARTÍCULO 46.- La declaración judicial de incapacidad del agente constituye obstáculo para el ejercicio de la potestad disciplinaria. En ese caso se ordenará el archivo del procedimiento.
ARTÍCULO 47.- La resolución por la que se ordena la formación de sumario no libera de las obligaciones de denunciar del artículo 177 , inc. 1, C.P.P.N.
Si la infracción disciplinaria constatada pudiese prima facie constituir también un delito, al dictarse la resolución sancionadora se ordenará la remisión de los antecedentes a la autoridad competente para recibir denuncias.
ARTÍCULO 48.- Toda resolución, aun no firme, que imponga una sanción disciplinaria será registrada por la Secretaría General y comunicada a la oficina de personal para su anotación en el legajo del agente. Si la sanción fuere impugnada y modificada, se tomará nota de la modificación en el legajo personal. Si fuere revocada de modo definitivo, se borrará el registro.
Consentida o ejecutoriada la sanción disciplinaria de multa se ordenará a la Oficina de Habilitación el descuento en la primera liquidación de haberes mensuales desde la firmeza.
Cuando se trate de cesantía o exoneración se comunicará a la oficina de personal y a la habilitación, y en su caso al registro que corresponda.
ARTÍCULO 49.- Los plazos fijados en este capítulo se cuentan por días hábiles judiciales.
Los establecidos para que el interesado ejerza sus facultades son entorios.
Los establecidos para el ejercicio de la potestad disciplinaria son ordenatorios, sin perjuicio de la facultad del interesado de requerir pronto despacho y, en defecto de ello, de promover la avocación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando la Cámara no cumpliese los actos en los plazos establecidos, requiriéndole que, en el ejercicio de su potestad inherente de superintendencia, adopte las disposiciones que en el caso correspondan.
JURISPRUDENCIA Y BIBLIOTECA
ARTÍCULO 50.- Mientras no se adopten otras disposiciones para establecer nuevas dependencias de la Cámara, sujetas a la disponibilidad de medios materiales y recursos humanos, la Presidencia estará facultada para la celebración de un acuerdo marco de cooperación y coordinación con la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, para que su Secretaría de Jurisprudencia se haga cargo de la organización de una base de datos de las decisiones y sentencias de la Cámara, y de la consulta de su base de legislación, doctrina y acervo de biblioteca y suscripciones.
Sin perjuicio de ello, el Acuerdo de Presidentes asignará a un agente la custodia y gestión de consulta y préstamos de la bibliografía que se provea a esta Cámara para el establecimiento de su propia biblioteca. Este agente actuará en coordinación con la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
REGLAS DE ORDEN INTERNO DE LA SEDE DE LA CÁMARA
OFICINAS. RESTRICCIONES DE INGRESO
ARTICULO 51.- Conforme a las directivas de gobierno que le imparta la Presidencia o el Acuerdo de Presidentes, el Secretario General instruirá a los funcionarios y empleados de la Cámara sobre las restricciones de ingreso de personas ajenas a las oficinas y dependencias que no son de acceso público, y los funcionarios y empleados las observarán y harán observar.
El Director de la Oficina Judicial observará y hará observar las restricciones de ingreso a las salas de audiencia establecidas en el Código Procesal Penal de la Nación, y hará cumplir las restricciones particulares que disponga el juez que las presida.
EMBLEMAS, RETRATOS, SÍMBOLOS, ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL O PROFESIONAL
ARTÍCULO 52.- Se observarán las disposiciones que sobre el particular establezca la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En las zonas de acceso y atención al público, salas de audiencia y otras zonas comunes se observará el principio de neutralidad religiosa y partidaria.
La instalación de emblemas y retratos en esos lugares estará sujeta al Acuerdo de Presidentes.
CORRECTIVOS PROCESALES A LITIGANTES, LETRADOS, PROCURADORES Y PERITOS
ARTÍCULO 53.- Cuando una parte litigante, un abogado, procurador, perito u otra persona incurra, en el marco del proceso en el que actúa, en una conducta que pudiere dar motivo a la aplicación de algún correctivo procesal de los previstos en el artículo 18 del decreto-ley 1285/58 o en el artículo 370 del Código Procesal Penal de la Nación, se hará saber al interesado cuál es el hecho constitutivo de la presunta falta susceptible de corrección disciplinaria, y se le dará oportunidad de ofrecer su descargo. Si se tratase de una conducta manifestada en una presentación escrita, se emplazará al interesado a ofrecer su descargo dentro del tercer día de notificado. Si se tratase de una conducta incurrida en el curso de una audiencia u otro procedimiento verbal se sustanciará en la misma audiencia, en cuyo caso el interesado presentará su descargo en ella. Sin otra sustanciación el tribunal resolverá dentro de los tres días en el primer caso, e inmediatamente en el segundo, por decisión fundada.
La potestad sancionatoria corresponde a la Sala ante la cual la parte litigante, el abogado, procurador, perito u otra persona haya realizado la conducta u omisión susceptible de corrección procesal.
IMPUGNACIÓN. TRÁMITE
ARTÍCULO 54.- La parte litigante, el abogado, procurador, perito u otra persona que haya sido objeto del correctivo procesal de apercibimiento, multa o arresto podrá promover reconsideración ante la Sala que impuso la corrección (artículos 19 del decreto-ley 1285/58 y 10 de la ley 26.371) o solicitar la avocación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dentro del tercer día, ajustándose a lo que dispone el artículo 22 del Reglamento para la Justicia Nacional.
En el primer caso el Tribunal resolverá la reconsideración inmediatamente, sin otra sustanciación.
Todo correctivo procesal se comunicará inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sea o no consentido por el afectado.
ARTÍCULO 55.- Consentido o ejecutoriado el correctivo procesal de apercibimiento, multa o arresto impuesto a abogados, procuradores o peritos, se comunicará a la Secretaría General, para su registro, y al colegio profesional que corresponda.
En el caso de multa, se intimará al sancionado a depositarla en el plazo de cinco días. Si no la hiciese efectiva en dicho plazo se dará intervención al fisco para que promueva la ejecución.
En el caso de arresto, se intimará al sancionado a presentarse dentro del quinto día, para cumplirlo. Si no lo hiciere, se ordenará que sea conducido al lugar de arresto con el auxilio de la fuerza pública. La Sala que impuso el arresto dictará las providencias necesarias para su cumplimiento en una dependencia del tribunal o en el domicilio del afectado.
ARTÍCULO 56.- Este reglamento se aplicará inmediatamente, ad referendum de su aprobación por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
ARTÍCULO 57.- En caso de situación no prevista en este reglamento, se aplicarán, supletoriamente, el Reglamento de la Cámara Federal de Casación Penal (ex Cámara Nacional de Casación Penal), y el Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en ese orden, y en cuanto sus disposiciones no sean incompatibles con el espíritu del presente.
CERTIFICO que el presente es el texto definitivo del Reglamento de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, aprobado por Acordada N° 6, el 6 de febrero de 2015.-
Ernesto Kreplak.- Secretario General.
Tag: JUICIO CORRECCIONAL, PARTICIPACIÓN CRIMINAL, poder judicial, PROCESAL PENAL, RECURSO DE CASACIÓN
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