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Timestamp: 2016-12-11 06:37:04+00:00

Document:
1_9788490334300 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
LOS INTERESES DE DEMORA Y
Catedrático de Derecho Administrativo de la UCM
Colección dirigada por:
© Xavier Codina García-Andrade
ISBN: 978-84-9033-430-0
Al Profesor José Ramón Codina Vallverdú.
Maestro, padre y amigo
Prólogo.................................................................................................................. 11
Abreviaturas.......................................................................................................... 15
Agradecimientos.................................................................................................... 17
Planteamiento de la cuestión y motivos para su estudio......................................... 19
TRATAMIENTO EN EL DERECHO CIVIL DE LOS CONCEPTOS
1.	ACOTAMIENTO DE CONCEPTOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO-PRIVADO.. 21
2.	DEUDA DE VALOR Y DEUDA DE DINERO......................................................... 22
3.	LOS INTERESES................................................................................................ 25
3.1.	Concepto y clases de interés................................................................... 25
3.2.	Intereses de demora o moratorios........................................................... 29
3.3.	Intereses de la mora procesal.................................................................. 33
3.4.	Relación entre ambos tipos de interés..................................................... 36
3.5.	El anatocismo......................................................................................... 38
3.6.	Otras consideraciones............................................................................. 39
4.	RECAPITULACIÓN............................................................................................ 40
LOS INTERESES PASIVOS EN EL ÁMBITO DEL DERECHO
1.	BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA................................................................. 41
2.	LOS INTERESES EN LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA..................................... 44
2.1.	Régimen general jurídico-público............................................................ 44
A)	La Ley General Presupuestaria......................................................... 46
B)	Los intereses procesales en el orden contencioso-administrativo...... 51
C)	La postura del Tribunal Constitucional ante las especialidades de las
Haciendas Públicas. Singular referencia a la cuestión de la inembargabilidad......................................................................................... 53
2.2.	La Contratación Pública: Los intereses de demora a la luz de la vigente
normativa de lucha contra la morosidad.................................................. 61
A)	Las Directivas europeas de lucha contra la morosidad...................... 62
B)	Legislación nacional de lucha contra la morosidad........................... 67
C)	Sometimiento a la normativa pública de contratación e intereses de
demora. Los intereses de demora en el TRLCSP de 14 de noviembre
de 2011.......................................................................................... 71
D)	El mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores de los Entes Locales y las Comunidades Autónomas............... 77
2.3.	Los intereses en la Expropiación Forzosa.................................................. 83
2.4.	Los intereses de demora en la legislación tributaria................................. 91
2.5.	Los intereses en el régimen de la Seguridad Social................................... 96
2.6.	Los intereses en la responsabilidad patrimonial de la Administración. Especial referencia a la postura del Consejo de Estado................................ 99
3.	RECAPITULACIÓN SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN..................... 105
LA APLICACIÓN DEL IN ILLIQUIDIS NON FIT MORA
1.	IN ILLIQUIDIS NON FIT MORA Y EL REQUISITO DE LA LIQUIDEZ EN LA JURISPRUDENCIA CIVIL.................................................................................................. 109
1.1.	Evolución de la jurisprudencia civil hasta la STS de 5 de marzo de 1992.. 110
1.2.	La STS de 5 de marzo de 1992 y su línea jurisprudencial......................... 113
1.3.	La doctrina del canon de razonabilidad de 2005..................................... 118
2.	EL IN ILLIQUIDIS NON FIT MORA EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA..................................................................................................... 120
2.1.	Evolución................................................................................................ 120
2.2.	In illiquidis non fit mora y enriquecimiento injusto................................... 123
3.	INTENTO DE SUPERACIÓN DEFINITIVA DEL IN ILLIQUIDIS NON FIT MORA......... 125
Conclusiones......................................................................................................... 133
Bibliografía............................................................................................................ 141
Cuadro de Sentencias............................................................................................ 143
Anexo Cuestiones prácticas.................................................................................... 149
Escribir un libro titulado “Los intereses de demora y la Administración”, como
el que Xavier Codina García-Andrade ha realizado a lo largo del curso académico 2011/12 supone plantear una de las cuestiones más importantes para el
funcionamiento real de los entes públicos y del sector privado. En efecto, la crisis
económica motivada por las hipotecas sub prime de los EE.UU. ha conducido a un
problema acuciante de falta de recursos, primero, y de liquidez después, por parte
de las Administraciones públicas que se ha venido postergando mediante el no
pago a proveedores de bienes y servicios. Impago que debería conducir al abono
de intereses, pero que no en todas las circunstancias está ocurriendo así. En pocas,
Hay que recordar que el impago de las facturas ha sido uno de los modos que
han utilizado las Administraciones públicas —especialmente las autonómicas— en
la curiosa utilización de la contabilidad de diseño para encubrir la situación real de
sus finanzas públicas. Si este ejercicio de ingeniería jurídico-financiera ha sido en
otros campos fomentado por Eurostat (qué decir sobre el juego del cómputo de
las infraestructuras a efectos de deuda y déficit público), hoy se está viendo que
conduce a una situación que recuerda a la de aquél gigante eléctrico estadounidense, Enron, que quebró como consecuencia de la manipulación contable. Lo
más grave es observar la posición de algunos actores entonces —como creadores
del problema— y ahora —como aparentes salvadores—, tal como se muestra en el
caso griego. Las facturas no pagadas a proveedores de bienes y servicios que han
estado escondidas esperando un resultado electoral que aparentara buena gestión
y que, a posteriori, han aflorado en algunas Comunidades autónomas serían un
ejemplo similar.
Este aparente juego por parte de los entes públicos se ha hecho a costa de
los contratistas. Si es grave con todos ellos, con las PYME ha sido especialmente
sangrante en destrucción de tejido productivo y pérdida de puestos de trabajo. Y
por ello requiere un estudio como el que nos presenta Xavier Codina. El problema
que hay con los intereses de demora deriva de la interpretación jurisprudencial
con base en el principio illiquidis non fit mora, que provoca que en muchas ocasiones no se paguen estos intereses provocando el enriquecimiento del deudor
moroso. Una cuestión que en el caso de la Administración plantea el interrogante
del alcance del principio de legalidad presupuestaria (conectado con la consignación presupuestaria previa del crédito para hacer el contrato, que, desde una
perspectiva teórica, debiera hacer que esta cuestión no resultara problemática). Es
un problema que tiene, además, soluciones particularizadas que hace que resulte
para el acreedor más complejo conocer el alcance directo de sus derechos.
Si este es el problema real ante el que nos encontramos, la solución jurídica
es la que plantea Codina en su trabajo. Un estudio minucioso de legalidad y de
soluciones jurisprudenciales (de todos los niveles y jurisdicciones) a un tema que,
paradójicamente, estaba poco estudiado. En efecto, desde el trabajo de Luis Calvo
de principios de los 90, publicado en la Revista de Administración Pública, no ha
habido hasta ahora ningún estudio de este nivel sobre los intereses de demora a
pesar de que ha sido un problema en función de la coyuntura económica. Y esta
crisis comenzó en 2008, aunque la perspectiva jurídica ha sido poco analizada,
salvo el estudio de Embid Irujo.
Es justo reconocer que la contratación pública no es de los sectores en donde
hay mayor conflictividad a pensar de los evidentes problemas que suelen ver los
perdedores de los procedimientos de adjudicación. Es la prueba manifiesta que
una justicia lenta deja de ser justicia, porque no cumple su objetivo central. Y
aquí se está pensando no sólo en el contratista sino en el poder adjudicador del
contrato que puede encontrarse con una mala ejecución. Imagino que la aparición
del novedoso recurso podrá paliar algo la problemática que hay escondida en este
importante sector de la actividad pública.
La ausencia de estudios sobre los problemas en la ejecución del contrato puede que constituya un defecto de la perspectiva que adopta la ciencia del Derecho
administrativo en relación con la contratación del sector público, más preocupada
por el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia en la adjudicación que en el aspecto de la ejecución de la prestación, que afecta no sólo al
contratista sino también a la protección del interés general. Posiblemente el hecho
de que la ejecución del contrato sea un apartado significativamente pequeño de
la legislación, que se remite al Derecho privado, hace que no haya sido objeto
de interés para los autores. En este sentido, la tesis doctoral sobre la que está
trabajando el autor también versará sobre la contratación del sector público, en
concreto una de las cuestiones más espinosas desde la perspectiva de la gestión
pública como es el de las modificaciones de los contratos que ocasionan muchas
pérdidas al erario público y que en la mayor parte de las ocasiones distorsiona el
resultado del procedimiento de adjudicación. Aunque para ver el resultado final
El libro que prologo ahora es el primero de los estudios de Xavier Codina, un
brillante estudiante que está iniciando su carrera universitaria. Pero, como acabo
de indicar, no es su tesis doctoral. Unos estudios que están en fase embrionaria en
cuanto a su trayectoria, pero que ello no significa nada negativo, ya que acompaña a su entusiasmo una dosis importante de sentido común y de horas de trabajo
en el mundo del Derecho. Se nota, por un lado, que ha ejercido la abogacía en
Madrid y que, al mismo tiempo, dispone de la formación familiar de una de las
“boutiques jurídicas”, tal como se conocen ahora, de más tradición y éxito del
panorama madrileño. Lugares ambos seductores, pero que Codina ha dejado por
En este sentido, conviene resaltar el encanto que sigue teniendo la Universidad, incluso en estos tiempos complejos de recortes que están condicionando el
desarrollo de las funciones de docencia e investigación que tiene asignada. Encanto que ha hecho que Codina haya dejado la abogacía para dedicarse en exclusiva
al desarrollo de su tesis doctoral, a pesar de las dificultades de entrar en ella. Las
autoridades estatales (y en Madrid especialmente las autonómicas) debieran pensar en el efecto que tiene los recortes en la ciencia, en el impulso que ésta puede
desempeñar para el cambio del modelo productivo y qué erial va a haber en la Universidad si, como consecuencia de los recortes, no permitimos que gente con la
calidad de Xavier Codina puedan entrar en ella. Esperemos que las circunstancias
cambien y pueda encontrar un acomodo universitario suficiente para desarrollar
la vocación que tiene.
Con estas reflexiones concluyo. No es misión del prologuista hacer un avance
de la obra, ya que ello la desmerecería. El libro merece una lectura pausada y
pensada, para operadores privados y para el sector público. Es un libro en el que
se analiza una normativa compleja y que resuelve un problema novedoso por la
intensidad que está tomando, aunque no deje de ser una cuestión tan antigua
como el propio contrato del sector público.
Brookline, Massachusetts, octubre de 2012.
BOCG	Boletín Oficial de las Cortes Generales
CENDO	Centro de documentación del Poder Judicial
FJ	Fundamento Jurídico
LCE	Ley de 8 de abril de 1965, de Contratos del Estado
LEF	Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa
LJCA	Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa
LPAC	Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
MHAP	Ministerio de Hacienda y Administraciones
MP	Magistrado Ponente
REF	Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de
STC	Sentencias del Tribunal Constitucional
TEAC	Tribunal Económico-Administrativo Central
Tol	Base de datos Tirant lo Blanch On line
TRLCSP	Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 noviembre 2011 por el que se
TSJ	Tribunal Superior de Justicia
En el origen y desarrollo de esta monografía está el generoso magisterio del
Profesor Soriano García, Catedrático y Director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. A él le debo la propuesta
de objeto del trabajo y su dirección.
Al Profesor Sequeira de Fuentes, por su leal amistad y apoyo.
Al Profesor González García, por su confianza
PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN Y MOTIVOS
En la actualidad, debido a la depresión en la que esta inmersa la economía,
se ha puesto de manifiesto el grave problema que supone la morosidad para los
agentes que operan en ella. Sin embargo, esta situación que ahora se ha vuelto
insostenible, siempre ha existido, en tanto que los poderes públicos no han sido
capaces de articular un sistema eficaz que la ataje. La morosidad puede ser entendida en sentido amplio, pero nosotros nos centraremos en aquel primer estadio de
la evolución que desemboca en el impago: el retraso o aplazamiento no acordado
en el cumplimiento de una obligación pecuniaria.
El problema de la morosidad así entendido significa un aumento de los plazos
de pago. Este aumento de los plazos afecta con mayor virulencia a las pequeñas
y medianas empresas, que por su propia naturaleza mantienen una gestión de
tesorería más ajustada. El devastador efecto de la morosidad ha sido estudiado por
muchas plataformas. Según el Índice Europeo de Pagos1, la morosidad provoca
unas pérdidas de 321.000 millones de euros en las economías de la Unión Europea. El plazo medio de pago en el sector público es de 65 días, mientras que en
el privado es de 56. Este estudio europeo revela la gran disparidad entre Estados
miembros, manifestándose una clara separación entre el Norte y el Sur. Se desarrolla así la “cultura de la morosidad” que provoca en algunos Estados una de cada
cuatro quiebras y la pérdida de 450.000 empleos anuales.
A partir de estos reveladores datos, España no sale bien parada: es un Estado
del Sur de Europa, donde el peso del Sector Público en la economía es muy significativo. Así, somos ya, tras Grecia e Italia, el país con los plazos de pago más
amplios2. El Consejo Superior de Cámaras de Comercio3 señala que en el último
trimestre de 2011 “el 92,5% de las PYMES (944.000) que han solicitado financiación ajena ha sido para atender las necesidades de circulante”. Siguiendo con los
datos del estudio, el 78,8% (209.000) de las PYMES que son proveedoras de la
Administración Pública ha tenido problemas para efectuar el cobro, especialmente
con las Administraciones Locales. El retraso medio en el pago por parte del conjun-
Intrum Justitia, Índice europeo de pagos (“European Payment Index”), 2011.
Según el Informe 2011 publicado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
Encuesta sobre el acceso de las Pymes a la Financiación Ajena (Segundo trimestre 2011). El universo total de las PYMES sobre el que se ha realizado la encuesta es de 1.512.000 empresas,
aquellas que tienen entre 1 y 249 trabajadores. 1.020.000 han tratado de obtener financiación
to de las Administraciones se sitúa entre los 154 días que señala el Índice Europeo
de Pagos y los casi 180 del estudio del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.
A raíz de estos datos surge la necesidad de estudiar la regulación de los intereses de demora en los ámbitos más significativos del Derecho Administrativo.
Observar que diferencias existen entres los diferentes regímenes se convierte en
una tarea fundamental para observar qué mecanismos son más eficientes a la hora
de combatir los retrasos en los pagos por parte de la Administración. Y en ese camino que recorremos rápidamente nos topamos con dos grandes obstáculos: los
privilegios de los que goza la Administración en su posición de deudora, así como
la rigidez de los Tribunales para reconocer la existencia de un incumplimiento moroso y conceder los intereses de demora al acreedor damnificado por el retraso.
Ante la magnitud del problema que genera esta forma de actuar de la Administración, llama la atención que no sea una cuestión excesivamente tratada entre
los iuspublicistas, motivo por el que nos vemos abocados a partir del Derecho Civil
y la teoría general de las obligaciones. El propio Tribunal Constitucional al hablar
de los intereses señala que “es el Derecho común, con una raíz que se pierde en
el tiempo, quien nos enseña cuál sea la función de los intereses de demora, cualesquiera que fuere la naturaleza, privada o pública, de la relación jurídica donde
surjan”4. De ahí que, el estudio realizado en el Capítulo I ha resultado ser una herramienta fundamental para abordar posteriormente el problema desde el ámbito
jurídico-público. Por ello nos adentramos en el Derecho civil y repasamos cómo ha
aplicado esos mismos instrumentos el Derecho Administrativo. Nos damos cuenta
que términos tan comunes como deuda o interés, alcanzan una complejidad sorprendente. Y es dicha complejidad la que parece estar en la raíz del problema, en
cuanto que genera gran confusión sobre la materia.
Sin duda, los intereses de demora son un mecanismo que tiene el Derecho
para tratar de reducir la morosidad en todos los ámbitos donde pueda surgir una
obligación pecuniaria. Por tanto, si los datos de morosidad están aumentando
es lógico pensar que la puesta en práctica de ese mecanismo no es correcta.
En consecuencia, este es precisamente el campo de la investigación que hemos llevado a cabo: tratar de analizar las causas por las que no se aplican los intereses de
demora en el ámbito del Derecho Administrativo. En definitiva, se trata de mejorar
la calidad de la economía a través del Derecho.
STC, Pleno, 22/06/1993 (Tol 82228; MP: Rafael de Mendizábal Allende).
TRATAMIENTO EN EL DERECHO CIVIL DE LOS
CONCEPTOS OBJETO DEL ESTUDIO
A la hora de abordar un tema complejo como el de los intereses generados
por una deuda dineraria, se hace necesario ahondar en la raíz iusprivatista de los
conceptos que vamos a esgrimir en nuestro estudio. Precisamente, uno de los riesgos que existen cuando se analizan términos tan corrientes como deuda o interés,
consiste en dar por sentado su significado y alcance. Esta presunción puede generar obstáculos a efectos de comprender la problemática que encierra el análisis
de la cuestión. Es más, el breve estudio de estos conceptos de Derecho Civil nos
permitirá, no sólo distinguir estas mismas figuras en el Derecho Administrativo
sino que, en ciertos casos, acudiremos directamente a aquél para el conocimiento
de otras figuras típicamente civilistas (v.g. el anatocismo).
Por ello, sin ánimo de ser exhaustivo, dado que no es éste el objeto del trabajo,
trataremos sucintamente de las definiciones que conforma la doctrina civil sobre
las figuras que extensivamente se aplican al Derecho Administrativo.
1. ACOTAMIENTO DE CONCEPTOS EN EL ORDENAMIENTO
Este breve capítulo introductorio tiene por objeto aclarar una serie de conceptos clave que giran en torno a la relación obligatoria. Nos limitamos al elemento
objetivo de ésta, porque los sujetos en nuestro estudio siempre van a ser los mismos. De un lado, el deudor, como sujeto obligado a un deber jurídico, será siempre la Administración, obligada a la satisfacción de la deuda. Por otro, el acreedor,
que será el administrado, titular del derecho subjetivo de crédito.
Por otra parte, es preciso recordar que en el ámbito del Derecho Administrativo
es de aplicación lo establecido en el Derecho común en relación a las fuentes de las
obligaciones se refiere. El artículo 1.089 CC establece que “las obligaciones nacen
de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en
que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”.
Se identifican rápidamente estas fuentes en algunos de los ámbitos tratados
más adelante. Por ejemplo, las obligaciones surgidas en las relaciones con la Hacienda Pública (que nacen de la ley), la Contratación Pública (nacen de los contra-
tos y cuasi contratos) o la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (nacen
de los actos y omisiones ilícitos1).
Respecto al objeto de la relación obligatoria, nuestro estudio se ciñe a las obligaciones pecuniarias; en concreto, aquellas cuya naturaleza jurídica es la de obligación genérica de dar. Se entiende como genérica en cuanto hace referencia a la
entrega de una cosa, el objeto de la prestación, determinado únicamente a través
de su pertenencia a un género. En nuestro caso, ya sea el principal como los intereses, el objeto es una suma de dinero, bien fungible por excelencia, de acuerdo a la
clasificación que hace de los bienes muebles el Código Civil2. Dándose por obvio el
carácter de dar de estas obligaciones, es importante hacer una puntualización que
puede servir como base legal a nuestros planteamientos posteriores. En concreto,
se trata del artículo 1.095 CC, que establece que “el acreedor tiene derecho a los
frutos de la cosa desde que nace la obligación de entregarla”, es decir, desde que
ésta deviene exigible.
Y estos frutos de la cosa (el capital, en el caso que nos ocupa), no son otra cosa
que los intereses que como veremos más adelante, se engloban en la categoría de
frutos civiles del artículo 354.3 CC.
En definitiva, el objeto de nuestro análisis serán las obligaciones pecuniarias
que, en todo caso suponen la entrega de una suma de dinero: siempre del principal y, en el caso de retraso en el cumplimiento, también de los intereses.
2. DEUDA DE VALOR Y DEUDA DE DINERO
Los conceptos de deuda de valor y de deuda de dinero son claves en nuestro
estudio dado que clasificar una deuda de una u otra manera tiene repercusiones
jurídicas importantes. En concreto, como veremos más adelante, resultan conflictivas las deudas de valor por su carácter inicialmente ilíquido.
Ya avanzaban los profesores Díez-Picazo y Gullón3 que la doctrina ha distinguido dentro de las obligaciones pecuniarias, las especies de deuda de dinero o de
Como recordaremos más adelante, mientras que en el Derecho Civil, para que surja una obligación de un acto u omisión ilícito es necesario que intervenga un elemento subjetivo (“cualquier
género de culpa o negligencia”) tal y como establecen el 1089 CC y el 1902 CC, en el Derecho
Administrativo una de las notas características del régimen de Responsabilidad Patrimonial de la
Administración es su objetividad (“funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”).
Artículo 337 CC.–
Los bienes muebles son fungibles o no fungibles. A la primera especie pertenecen aquellos de
que no puede hacerse el uso adecuado a su naturaleza sin que se consuman; a la segunda especie corresponden los demás.
DÍEZ-PICAZO, L., y GULLÓN, A., Sistema de Derecho Civil, vol. II, 2001, Madrid, pp. 134 y ss.
suma y las deudas de valor. División realizada según la función que desempeña el
dinero en cada una de ellas.
Profundizan estos autores en el estudio de las deudas de dinero señalando sus
dos características sustanciales. De un lado, su incumplimiento no puede devenir
imposible. De otro, “una cantidad de dinero es un bien productivo, y de ahí que
el incumplimiento de la obligación de pago produzca siempre un perjuicio para
el acreedor, que se liquida legalmente mediante el pago del interés”. En este tipo
de deudas la prestación estará señalada en la propia obligación. El dinero en este
caso funciona como medio de cambio, siendo el bien que directamente busca el
Por el contrario, en las deudas de valor la función del dinero es diferente.
Llamada “deuda dineraria final” por parte de la doctrina4, el dinero opera como
medida de valor. El objeto inicial es un valor patrimonial determinable, que en el
momento final se materializa en dinero. Dado el carácter del dinero como valor
de sustitución, sirve como medio de pago de un determinado valor contenido en
una cosa. El dinero en este caso tiene una función de mero medio para “liquidar”
o especificar un valor. Serán, generalmente, deudas restitutorias, compensatorias
o indemnizatorias.
Pongamos varios ejemplos que recoge el propio Código Civil, que contiene
multitud de casos de deudas de valor.
El artículo 360 CC establece que “el propietario del suelo que hiciere en él,
por sí o por otro, plantaciones, construcciones u obras con materiales ajenos, debe
abonar su valor”, es decir, surge una obligación cuya prestación, presumiendo que
en nuestro caso se abonará en dinero, tiene ser fijada mediante una operación de
liquidación. Inicialmente es el valor de los materiales ajenos; finalmente debe ser
una suma equivalente a dicho valor.
También, en el caso de la revocación de una donación hecha por superveniencia de hijos. Así, el artículo 645 CC señala que “rescindida la donación por la
supervivencia de hijos, se restituirán al donante los bienes donados, o su valor si
el donatario los hubiese vendido”. De nuevo el dinero surge como instrumento
Nos interesa especialmente lo establecido en el artículo 1.106 CC, según el
cual, “la indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la
pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes”.
De nuevo deudas de valor cuya cuantía no está determinada en el momento en
que se origina el perjuicio.
BONET CORREA, Las deudas de dinero, Madrid, 1981, p. 313.
En resumen, en la deuda de valor la suma debe ser determinada en la liquidación, y su importe debe ser equivalente a la cosa o servicio que el acreedor no ha
recibido, o a la reparación y compensación del perjuicio ocasionado. Es en el momento de la liquidación cuando la deuda de valor se convierte en deuda de dinero.
La jurisprudencia ha acogido esta distinción entre deuda de dinero y deuda de
valor. Así, entre otras5, la STS, Sala 1ª, 21/01/1978 (Tol 2187394; MP: Manuel Prieto Delgado), que en su FJ 2º aclara que “en materia de indemnización de daños y
perjuicios, en general, el órgano jurisdiccional ha de estar en cuanto a la fijación
de su cuantía, cuando lo que se pide sea su reparación pecuniaria, no a la fecha
de la causación de aquéllos sino al día en que recaiga. En definitiva la condena a
la reparación, toda vez que se trata no de una deuda pecuniaria simple, sino de
una deuda de valor”.
Por tanto, y siguiendo a Bonet Correa6, en las deudas de dinero éste se encuentra in obligatione, mientras que en las deudas de valor entra en juego in
solutione, para la ejecución del valor. Es decir, se diferencian por la liquidez o no
inicial del débito. El autor, cita al Tribunal Supremo Alemán7, que argumenta que
en ambos casos la resolución de la prestación es en dinero, pero en las deudas de
valor (Geldwertansprüche) la suma se obtiene en relación con los precios de una
mercancía en un momento determinado, mientras que en las deudas de suma de
dinero (Geldsummenschuld) la suma se determina desde un primer momento.
Otro de los puntos donde las deudas de dinero y las de valor difieren es en
la aplicación del principio nominalista. Como señalan Díez-Picazo y Gullón8, la
jurisprudencia ha declarado reiteradamente que nuestro ordenamiento, aún sin
formularlo de manera expresa, se inspira en el nominalismo. Así, en aras de una
mayor seguridad jurídica y facilidad en el tráfico jurídico, las deudas de dinero se
pagan entregando al acreedor su importe nominal, la suma pactada, aunque su
valor real o poder adquisitivo haya experimentado variación9. Incluso se llega a
La que por vez primera sienta este razonamiento es la STS de 20 de mayo de 1977 (CENDO). Es el
reconocimiento del valorismo como corriente llamada a dar respuesta más justa que la que arroja
el principio nominalista. Y es que, el importe del crédito debe actualizarse hasta el momento
anterior al pago para cumplir de esa manera con la reparación completa a favor del acreedor.
BONET CORREA, Las deudas … Opus cit., pp. 174 y ss. Es realmente interesante la evolución que
traza sobre la concepción de las deudas de valor. Parte de Savigny y su concepción dinámica del
dinero y se detiene en Eckstein, cuya obra tuvo repercusión en toda la doctrina moderna. Para
éste, la esencia del dinero es su aplicación valorista, en su función de medida de valor.
S. de 14 de julio de 1952, Neue Juristiche Wochenschrift, 1952, p. 1173.
DÍEZ-PICAZO, L., y GULLÓN, A., Sistema … Opus cit., p. 137.
No es menos cierto que se hayan introducido técnicas típicamente valoristas que tratan de corregir la rigidez de este régimen nominalista. Así, por ejemplo, las cláusulas estabilizadoras, la aplicación de índices… en cuyo caso, al llegar el momento del pago se revisa la prestación pecuniaria.
afirmar que la indemnización sólo puede abarcar el daño causado, no existiendo
un nexo causal entre la depreciación y la actuación dañosa del responsable10.
Esto no ocurre, sin embargo, en las deudas de valor. En estas, como antes se
ha expuesto, el dinero es un medio para valorar un bien en un momento determinado. Y dicho momento puede venir fijado por la ley (v.g. el artículo 1.307 CC11) y
en su defecto por el que establezca la jurisprudencia. Es decir, será el momento de
la liquidación en el que el valor de la cosa es medido en su equivalente monetario.
Dado que más adelante se profundizará en ello, tan solo insistir en que tanto
las deudas de valor como de las deudas de dinero comparten un carácter patrimonial, expresando un valor en dinero, diferenciándose en el momento en que éste
Puede ocurrir, que el acreedor reclame una deuda de valor a su deudor, liquidando en la propia reclamación la cantidad que dicha deuda supone. ¿Qué ocurre
si el deudor no reconoce tal importe? En este caso tendrá efectos directos sobre
los intereses debidos que dicha cantidad genera: sobre su cuantía y su devengo. En
el capítulo dedicado al in illiquidis non fit mora, tendremos ocasión de estudiar la
evolución que ha sufrido esta cuestión. Sirva de adelanto que la aplicación de dicho aforismo, que supone la inexistencia de intereses sin la fijación de un principal
líquido previo, se ha matizado y relajado con el paso del tiempo.
3.1.	Concepto y clases de interés
Cuando el título del trabajo habla de intereses, enseguida surge la necesidad
de determinar que se entiende por interés. Dado que no existe una definición de
interés en ningún texto legal, se debe delimitar cuál de todos los significados de
este polisémico concepto será sobre el que gire nuestro estudio.
Argumento que recoge PIERRE-FRANÇOIS, G-L., La notion de dette de valeur en Droit Civil. Essai
d’une théorie, Colección Bibliothéque de Droit privé, núm. 138, LGDJ, Paris, 1975, ap. 74, p. 55.
Así lo refleja MEDINA CRESPO, M., Actualización valorista e intereses moratorios en la responsabilidad civil, Barcelona, 2010, p. 192. El autor español señala que frente a esta tesis se debe
replicar que la devaluación monetaria no produce un daño nuevo, sino que pasa a formar parte
del daño originario.
Artículo 1307.–
Siempre que el obligado por la declaración de nulidad a la devolución de la cosa no pueda devolverla por haberse perdido, deberá restituir los frutos percibidos y el valor que tenía la cosa cuando
se perdió, con los intereses desde la misma fecha.
Etimológicamente, el término interés es la sustantivación del verbo latino interesse, que significa estar entre o estar interesado12 (inter entre, esse estar). Por
su parte, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia13 establece los
siguientes significados al vocablo “interés”:
a)	Provecho, utilidad, ganancia.
b)	Valor que en sí tiene una cosa.
c)	Lucro producido por el capital.
d)	Inclinación más o menos vehemente del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración que le atare o conmueve.
e)	Bienes de fortuna.
f)	Conveniencia o necesidad de carácter colectivo en el orden moral o material.
Nosotros partimos del significado de interés en la acepción de “lucro producido por el capital”. Acepción que se traslada al ámbito jurídico, siendo el Derecho
Privado el encargado de delimitar esta definición. De nuevo una técnica típicamente iusprivatista, derivada de la teoría del Derecho de las Obligaciones que desarrolla la doctrina civilista, es transferida y modulada a las relaciones jurídico-públicas.
Porque, no olvidemos, que el Derecho Administrativo toma a préstamo conceptos
e instituciones del Derecho Civil, al fin y al cabo, el derecho común general y donde reposan los conceptos básicos del Derecho14.
Teniendo en cuenta la ausencia conceptual existente en los textos legales, es
preciso valorar los distintos conceptos de interés que utilizan los iusprivatistas.
Por su brevedad y claridad, partamos de la definición que proporciona el profesor Rojo Ajuria, quien entiende por interés “la ventaja por la liquidez monetaria
(o poder patrimonial abstracto de adquisición) de la que ha disfrutado, directa
o indirectamente, el sujeto al que la ley impone la obligación de pagar”15. Esta
ventaja, continúa el autor, puede derivarse de un contrato de préstamo con
intereses (art. 1.755 CC), del aplazamiento del pago del precio de un bien productivo (1.501 CC) o del retraso en el pago de una deuda pecuniaria (art. 1.108
CC), etc.
En el mismo sentido, los profesores Díez-Picazo y Gullón16 señalan que el interés en estricto sentido jurídico es el precio que debe pagar el que goza y se bene-
MOLINER, M., Diccionario de uso del español, vol. II, Madrid, 1982.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, 20 Ed., Madrid, 1984. Además,
la RAE añade el significado de “importar” al término latino interesse.
MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S., El Derecho Civil en la génesis del Derecho Administrativo y de
sus instituciones, Madrid, 1996, p. 49.
ROJO AJURIA, L., “Intereses” en Enciclopedia Jurídica Cívitas, tomo III, Madrid, 1995, p. 3666.
DÍEZ-PICAZO, L., y GULLÓN, A., Sistema … Opus cit., p. 168.
ficia del disfrute de un capital en dinero perteneciente a otra persona o que a ella
le debía haber sido entregado en su momento.
Las obligaciones de pago de intereses tienen la naturaleza jurídica de obligaciones pecuniarias y accesorias. Por un lado, su naturaleza de obligaciones pecuniarias se refleja en que por lo general la deuda de intereses, en sentido estricto,
será generalmente económica, es decir, una obligación dineraria17.En segundo
lugar, se trata de una obligación accesoria de la principal, lo cual implica que se
extingue con ésta y que está cubierta por la misma garantía real que garantiza la
Por otra parte, en relación a las clases de intereses, la doctrina distingue de
forma mayoritaria, según su origen, entre intereses legales y convencionales. Son
legales aquellos cuya obligación de pago y cuantía se encuentra fijados por la Ley.
Mientras los intereses convencionales nacen del pacto entre las partes. Son fruto,
pues, de la autonomía de la voluntad. Como veremos cuando abordemos el traslado de estas figuras al Derecho Administrativo, los intereses que a nosotros más nos
preocupan son los legales, en tanto que en el Derecho Administrativo es la ley la
que configura la voluntad de la Administración, quedando así limada la posibilidad
del pacto entre partes típico de las relaciones civiles.
Particularmente útil en la clasificación de los intereses es la SAP de Girona, de
25 de noviembre de 1998 (CENDO; MP: Miguel Pérez Capella). Transcribo, dada
su utilidad, el FJ 2º:
“(…) En nuestro ordenamiento jurídico se habla de “intereses”, “intereses legales”,
“intereses convencionales”, “intereses moratorios”, “intereses judiciales” e incluso de
“intereses especiales”. En los dos primeros casos se dice que la diferencia radica en que,
los “intereses legales” derivan inmediatamente de la Ley y, además la Ley fija su tasa o
medida (p.e. art. 1.108: indemnización por mora en las deudas de dinero), y cuando se
habla de “intereses”, si bien la Ley es la que dispone su nacimiento, son supuestos en
los que no necesariamente fija su cuantía; los convencionales, son aquellos en los que
exigibilidad y cuantía derivan de un negocio jurídico (aunque cabe que éste no fije la
cuantía, en cuyo caso el interés debido sería el legal), teniendo su base en la libertad de
pacto del C.Civ.”18.
Y continúa diferenciando entre moratorios y judiciales.
“Nuestro Código Civil determina los moratorios (art. 1.100, en relación con el 1.105):
incurre el deudor en mora cuando por causa que le es jurídicamente imputable retrasa
el cumplimiento y es intimado por el acreedor, con la consecuencia del art. 1.101 C.Civ:
queda sujeto a la indemnización de los daños y perjuicios que consistirá, si la obligación
Matizando esta afirmación debe señalarse que en virtud de la autonomía de la voluntad, las
partes podrán fijar convencionalmente que los intereses o el principal no consistan en dinero.
Además, nada obsta a que se apliquen sobre cualquier bien fungible.
1_9788490334300

References: Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 354

Artículo 337
 artículo 360
 artículo 645
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1

Artículo 1307