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Timestamp: 2020-01-19 18:26:57+00:00

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Registro Oficial. 1 de SEPTIEMBRE del 2004
\n MES DE\n ASEPTIEMBRE DEL 2004 \n
Miércoles, 1 de septiembre del 2004 - R. O. No. 411
1977-A Acéptase la renuncia\n y agradécese al licenciado Edgar Orbea Rubio, por los\n servicios prestados como Gobernador de la provincia de Cotopaxi.
1977-B Acéptase la renuncia\n y agradécese al ingeniero Fernando Aguirre Cordero, por\n los servicios prestados como Presidente del Consejo de Programación\n de Obras de Emergencia de las Cuencas del Río Paute y\n de sus Afluentes (COPOE).
1977-C Acéptase la renuncia\n y agradécese al Coronel (SP) Luis A. Paredes Hernández,\n por los servicios prestados como Gobernador de la provincia de\n El Oro.
1978 Acéptase la renuncia\n y agradécese al señor Werner Moeller Freire, por\n los servicios prestados como miembro del Equipo Negociador del\n Tratado de Libre Comercio, TLC.
1982 Expídese el Reglamento\n General a la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia.
CORPORACIÓN\n REGULADOR DEL MANEJO HIDRICO DE MANABI:
260704 Créase la Unidad Ejecutora\n PHIMA.
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:
Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes perdonas:
17-2004\n Compañía\n Rebecca Elyse Shipping Corporation en contra de la Compañía\n Ecuadorian Seafoods C. A.
18-2004 Doctor Luis Gerardo Calvache\n Ronce en contra de Laura Carmelina Luna Briceño y otros.
20-2004 Medardo Alfredo Luna Narváez\n en contra de la Compañía Aérea Servicios\n Aéreos Ecuatorianos C. A. (AECA).
737-2003-RA Deséchase por improcedente\n la acción planteada por el señor Claudio Crespo\n Ponce.
776-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la demanda de amparo constitucional\n formulada por Mario Adolfo Catota Acosta.
006-2004-TC Por no existir materia sobre\n la cual debe pronunciarse este Tribunal, se dispone el archivo\n de la causa planteada por el doctor Ramiro Rivera Molina.
033-2004-HC Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase el recurso de hábeas\n corpus interpuesto a favor de la ciudadana Nancy Iralda Quiroga\n Quishpe.
066-2004-HD\n Concédese\n el hábeas data propuesto por la señorita Maritza\n Judith Rivera Paladines y revócase la resolución\n del Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha.
155-2004-RA Confírmase la decisión\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n el Sargento Segundo de Policía Holger Antoliano Chuquimarca\n Sandoya y otros.
207-2004-RA Revócase la resolución\n venida en grado e inadmítese la demanda de amparo constitucional\n formulada por Alfredo Luna Narváez.
231-2004-RA Confírmase la resolución\n pronunciada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Cuenca que admite la acción de amparo propuesta por\n la señora Elsa María Molina Ordóñez.
290-2004-RA Revócase la resolución\n venida en grado y acéptase la acción de amparo\n constitucional planteada por la señora María Olimpia\n Naranjo Inga.
397-2004-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase el amparo constitucional interpuesto\n por la señora Patricia Gálvez Zaldumbide.
427-2004-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase el amparo constitucional interpuesto\n por la señora María Luisa Hurtado de Caicedo.
Gobierno\n Municipal del Cantón Piñas: Reformatoria a la Ordenanza que reglamenta\n el servicio del camal municipal y cobro de las tasas respectivas.\n \n
No. 1977-A
En consideración a la renuncia presentada por el licenciado\n Edgar Orbea Rubio, al cargo de Gobernador de la provincia de\n Cotopaxi; y,
En ejercicio de la facultad que le confieren los artículos\n 23 y 24 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo\n de la Función Ejecutiva,
ARTICULO PRIMERO.- Aceptar la referida renuncia, agradeciendo\n al licenciado Edgar Orbea Rubio, por los servicios prestados,\n en su calidad de Gobernador de la provincia de Cotopaxi.
Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 16 de agosto del 2004.
\n No. 1977-B
En consideración a la renuncia presentada por el ingeniero\n Femando Aguirre Cordero, como delegado del Presidente de la República\n y Presidente del Consejo de Programación de Obras de Emergencia\n de las Cuencas del Río Paute y de sus Afluentes (COPOE);\n y,
En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo\n 171, numeral 9 de la Constitución Política de la\n República,
Artículo Primero.- Aceptar la referida renuncia, agradeciendo\n al ingeniero Femando Aguirre Cordero, por los servicios prestados,\n en su calidad de Presidente del Consejo de Programación\n de Obras de Emergencias de las Cuencas del Río Paute y\n sus Afluentes (COPOE).
Artículo Segundo.- Este decreto entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 16 de agosto del 2004
No. 1977-C
En consideración a la renuncia presentada por el Coronel\n (SP) Luis A. Paredes Hernández, al cargo de Gobernador\n de la provincia de El Oro; y,
En ejercicio de la facultad que le confieren los artículos\n 23 y 24 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva,
ARTICULO PRIMERO.- Aceptar la referida renuncia, agradeciendo\n la Coronel (SP) Luis A. Paredes Hernández, por los servicios\n prestados, en su Calidad de Gobernador de la provincia de El\n Oro.
f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República;
En consideración a la renuncia presentada por el señor\n Werner Moeller Freire, al cargo de Miembro del Equipo Negociador\n del Tratado del Libre Comercio, TLC; y,
En ejercicio de la facultad que le confieren los artículos\n 164 y 171, numeral 3 y 12 de la Constitución Política\n de la República; y, el artículo 11, literales a),\n ch) y f) del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva,
ARTICULO PRIMERO.- Aceptar la referida renuncia, agradeciendo\n al señor Werner Moeller Freire, por los valiosos servicios\n prestados como Miembro del Equipo Negociador del Tratado de Libre\n Comercio, TLC, con los Estados Unidos de América.
ARTICULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial.
No 1982
Que la Constitución Política de la República\n determina en su artículo 17 que el Estado garantizará\n a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el\n libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos\n en la Carta Magna;
Que de conformidad con el artículo 23 de la Constitución\n Política de la República, el Estado reconocerá\n y garantizará a las personas, la integridad personal,\n para lo cual adoptará las medidas necesarias para prevenir,\n eliminar y sancionar, en especial la violencia contra los niños,\n adolescentes, las mujeres y personas de la tercera edad;
\n Que mediante Ley No 103, publicada en el Registro Oficial No\n 839 del 11 de diciembre de 1995, se expidió la Ley contra\n la Violencia a la Mujer y la Familia;
Que por ser la Ley 103 contra la violencia a la mujer y la\n familia una ley especial y sui géneris, es necesario expedir\n un reglamento que facilite su ejecución y aplicación;\n y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 171, numeral 5 de la Constitución Política de la\n República,
Expedir el "REGLAMENTO GENERAL A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA\n A LA MUJER Y LA FAMILIA".
Art. 1.- Objeto.- El presente reglamento tiene como finalidad\n establecer las normas y procedimientos generales aplicables a\n la protección de la integridad física, psíquica\n y la libertad sexual de la mujer y los miembros de la familia;\n a través de la prevención y la sanción de\n la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra\n sus derechos y los de su familia.
Art. 2.- Ámbito.- Este reglamento establece los procedimientos\n para la aplicación de la ley contra la Violencia a la\n Mujer y la Familia y sus prescripciones son de cumplimiento obligatorio\n para los miembros del núcleo familiar, Ias normas, procedimientos\n y protección se harán extensivos a los ex cónyuges,\n convivientes, a las personas con quienes se mantenga o se haya\n mantenido una relación consensual de pareja y a quienes\n comparten el hogar del agresor o del agredido.
Art. 3.- Violencia intrafamiliar.- Constituye toda acción\n u omisión que consista en maltrato físico, psicológico\n o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de\n la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.
Art. 4.- Núcleo familiar.- Conforman el núcleo\n familiar los cónyuges o convivientes sus padres y más\n ascendientes, a sus hijos y más descendientes, sus hermanos\n e hijos de éstos sus parientes hasta el segundo grado\n de afinidad.
Art. 5.- Relación consensual de pareja.- A más\n de la convivencia por matrimonio o unión de hecho, aquellas,\n exentas o no de relaciones sexuales, como la de enamorados o\n novios, aún cuando éstas hayan sido esporádicas\n o de con duración.
Art. 6.- Personas que comparten el hogar del agresor o del\n agredido.- Son quienes:
a) Mantienen una relación de dependencia laboral de\n trabajo doméstico; y,
b) Quienes sin ser parientes comparten el hogar común,\n bien sea a través de un pago mensual o en forma gratuita.
Art. 7.- Violencia física.- Para los efectos de este\n reglamento, se considera sufrimiento físico:
a) Todo acto, de fuerza que cause daños, dolor en la\n persona agredida, cualquiera que sea el medio empleado y sus\n consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para\n su recuperación;
b) Las heridas o golpes que causen enfermedad o incapacidad\n para el trabajo personal que no pase de tres días; y,
c) Los maltratos que reciban domésticos o sirvientes.
Art. 8.- Violencia psicológica.- Se entenderá\n por violencia psicológica:
a) Toda acción u omisión que cause daño,\n dolor, perturbación emocional, alteración psicológica\n o disminución de la autoestima;
b) La intimidación o amenaza mediante la utilización\n de apremio moral que infunda miedo o temor a sufrir un mal grave\n e inminente;
c) Las noticias o rumores falsos contra la honra y dignidad\n de las personas o de las familias, o sobre la vida íntima\n de éstas;
d) Las injurias no calumniosas leves; y,
e) Las palabras, gestos, acciones, etc., en el caso de que\n el hecho constituya infracción.
Art. 9.- Violencia sexual.- Se entenderá por violencia\n sexual:
a) Todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio\n de la sexualidad de una persona mediante el uso de la fuerza\n física, intimidación, amenazas u otro medio coercitivo;
b) Obligar a tener relaciones u otras prácticas sexuales\n con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física,\n intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo;\n y,
c) Prohibir el uso de métodos de planificación\n familiar y/o preventivo de enfermedades de transmisión\n sexual.
Art. 10.- Procedimientos.- Para los casos de violencia psicológica\n y/o sexual que no presenten violencia física, o no estén\n contemplados en el Código Penal, se aplicará el\n procedimiento especial establecido en los Arts. 18 y siguientes\n de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia.
Cuando se tratare de contravenciones que atenten contra la\n propiedad: la honra de las personas o causen lesiones que no\n excedan de tres días de enfermedad o de incapacidad para\n el trabajo personal se aplicará el procedimiento para\n el 'juzgamiento de las contravenciones establecidos en el Código\n de Procedimiento Penal.
Art. 11.- Transacción.- No se podrá conciliar,\n transar, ni someter a mediación o arbitraje tos hechos\n de violencia intrafamiliar, excepto y a petición de parte,\n lo referente a situaciones colaterales que se deriven de los\n casos de violencia, como: derechos patrimoniales y la situación\n de los hijos.
El acuerdo transaccional sobre derechos patrimoniales y la\n situación de los hijos/as, se hará constar en acta\n que será firmada por el Juez, las partes y el Secretario.
Art. 12.- Fuero.- En los casos de violencia física,\n psicológica y sexual no se reconoce fuero especial.
Art. 13.- Irrenunciabilidad.- Los derechos que consagra la\n Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia son irrenunciables.
Art. 14.- Instrumentos internacionales.- Para la prevención\n y sanción de la violencia contra de la mujer y la familia,\n tendrán fuerza de ley los instrumentos internacionales\n firmados y ratificados por el Ecuador, tales como: Convención\n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia\n Contra la Mujer (Convención Belén do Para); Convención\n sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación\n contra la Mujer (CEDAW);
Protocolo Facultativo de la CEDAW; Declaración y Programa\n de Acción de Viena; Convención de los Derechos\n del Niño; y, todos los demás que se llegaren a\n ratificar sobre el tema.
Art. 15.- Acceso a información.- Para la aplicación\n de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, las partes\n tendrán derecho a acceder a los documentos, bancos de\n datos e informes sociales, psicológicos o técnicos\n que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en el\n proceso, así como a conocer el uso que se haga de ellos\n y su propósito.
Los trámites previstos en este reglamento se regirán\n por los principios de gratuidad, inmediación obligatoria,\n celeridad y reserva, contemplados en el Art. 7 de la Ley contra\n la Violencia a la Mujer y la Familia.
Art. 16.- Defensores públicos.- En aquellos casos en\n que una de las partes no tuviera defensor, la autoridad competente\n deberá de oficio pedir la intervención de un defensor\n público. Podrá también solicitar un abogado\n a la Defensoría del Pueblo, al Colegio de Abogados, a\n una ONG o cualquier institución pública o privada\n dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres, de los\n niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad\n y de la tercera edad, que pueda prestar sus servicios, para garantizar\n la equidad procesal.
Las víctimas de violencia doméstica recibirán\n atención prioritaria, preferente y especializada en los\n ámbitos público y privado.
Art. 17.- Los que deben denunciar.- De conformidad con el\n artículo 10 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y\n la Familia, los responsables de denunciar los actos de violencia\n intrafamiliar deberán realizarlo de la siguiente manera:
a) Los agentes de la Policía Nacional presentarán\n el respectivo parte ante la Fiscalía o la Comisaría;
b) Los fiscales actuarán conforme al Código\n de Procedimiento Penal; y,
c) Los profesionales de la salud, enviarán a la autoridad\n competente copia del registro de atención, debidamente\n firmada por el profesional de salud que le atendió.
Art. 18.- Las medidas de amparo en favor de la parte agredida,\n son preventivas para proteger y evitar nuevos actos de violencia,\n por tanto serán de aplicación inmediata y serán\n dictadas por los comisarios(as); intendentes o jueces de Derecho;
Art. 19.- Reforma o revocatoria.- Las medidas de amparo subsistirán\n hasta que la autoridad que se encuentre conociendo la causa expresamente\n las revoque. La reforma b revocatoria de las medidas de amparo\n se la hará en el caso de existir elementos probatorios\n que determinen su necesidad.
Art. 20.- Salida del agresor de la vivienda.- Cuando las medidas\n de amparo dispongan la salida del agresor de la vivienda común,\n se impedirá que éste retire los enseres de uso\n de la familia, permitiéndole llevar sólo sus efectos\n personales y los instrumentos y/o herramientas de trabajo. Estas\n medidas se ejecutarán a través de los agentes de\n la Policía Nacional.
En aquellas circunstancias en que los instrumentos y/o herramientas\n de trabajo sean utilizadas en forma conjunta o alternada por\n el agresor y la víctima p alguno de sus hijos/as pertenecientes\n al hogar común, se facultará al agresor el acceso,\n si demuestra dentro del término de seis días, que\n es su único medio de trabajo, lo que se tramitará\n como incidente en el mismo proceso.
La autoridad evaluará la prueba y en caso de estimarlo\n pertinente establecerá un horario de trabajo tanto para\n el agresor como para la víctima o alguno de sus hijos/as.\n Se procurará la conciliación en este tema.
Art. 21.- Situación de los niños/as y adolescentes.-\n Una vez dispuestas las medidas de amparo, por las autoridades\n competentes en materia de violencia intrafamiliar, y tratándose\n de la situación de los niños/as y adolescentes,\n éstas procederán de inmediato a remitir lo actuado\n al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, con copia a\n la Junta Cantonal de Protección de Derechos en los lugares\n donde se encuentren ya conformadas.
Art. 22.- Allanamiento.- El allanamiento es una medida de\n protección que se la utilizará en los casos determinados\n en las leyes. En esta diligencia, la participación de\n la autoridad es indelegable; quien debe ir acompañada\n de la Policía, no pudiendo ingresar al lugar allanado\n otras personas que no sean las autorizadas.
Se podrá ordenar el allanamiento mediante oficio y\n sin necesidad de providencia en los siguientes casos:
a) Cuando deba recuperarse a la agredida o sus familiares\n y el/la agresor/a los mantenga intimidados; y,
b) Para sacar al agresor/a de la vivienda, cuando éste/a\n se encuentre armado/a, o bajo los efectos del alcohol, de sustancias\n estupefacientes o drogas psicotrópicas, y esté\n agrediendo a la mujer o poniendo en riesgo la integridad física,\n psicológica o sexual de la familia de la víctima.
Art. 23.- Quebrantamiento de puertas o cerraduras.- Si presentada\n la orden de allanamiento el agresor se resistiere a la entrega\n de la persona agredida o sus familiares, se procederá\n al quebrantamiento de puertas o cerraduras. Para esta diligencia\n se deberá contar con la presencia del dueño o del\n actual habitante de la vivienda, o, a su falta, de dos vecinos\n del lugar en calidad de testigos.
Art. 24.- Colaboración de la Policía Nacional.-\n Todo agente de la Fuerza Pública está obligado\n a ejecutar las medidas de amparo, dispensar auxilio, proteger\n y transportar a la mujer y más víctimas de la violencia\n intrafamiliar así como a elaborar el parte informativo.\n En cuso de incumplimiento se pondrá en conocimiento del\n comandante de Distrito para la aplicación de las normas\n disciplinarias correspondientes.
La Policía presentará los informes en el término\n de 48 horas tratándose de contravenciones y en el caso\n de los delitos flagrantes se pondrá al agresor a órdenes\n del Juez competente dentro de las 24 horas posteriores.
Art. 25.- Infracción flagrante.- Si una persona es\n sorprendida ejerciendo cualquiera de los tipos de violencia previstos\n en este reglamento será aprehendida por los agentes del\n orden y conducida de inmediato ante la autoridad competente para\n su juzgamiento.
En caso de infracción flagrante que se entenderá\n tanto si, esta es cometida dentro o fuera de la vivienda de la\n víctima, el agente de Policía no requerirá\n de orden alguna para ingresar al inmueble en auxilio de la víctima.
Art. 26.- Incumplimiento de las medidas de amparo.- El incumplimiento\n de las medidas de amparo por parte del agresor, o de cualquier\n otra persona, será considerada infracción punible\n y pesquisable de oficio, y dará lugar a que la autoridad\n remita el expediente al Ministerio Público conforme a\n sus atribuciones, para los efectos señalados en la
PROCEDIMIENTO ESPECIAL JUZGAMIENTO ANTE LOS JUECES DE FAMILIA
Art. 27.- Contenido de la solicitud o demanda.- La solicitud\n o demanda deberá contener lo siguiente:
1.- La designación de la autoridad ante quien se la\n propone.
2.- Los nombres completos, edad, estado civil y profesión\n del actor y los nombres completos del demandado.
3.- Los fundamentos de hecho y de derecho expuestos con claridad\n y precisión.
4.- La gravedad de los hechos y los efectos en la víctima\n y terceros.
5.- Los daños materiales.
\n 6.- La cosa cantidad o hecho que se exige.
7.- La determinación de la cuantía.
8.- La designación del lugar en que debe citarse al\n demandado, y la del lugar donde debe notificarse al actor.
Para los casos en que ésta sea presentada en forma\n verbal, la autoridad dispondrá de oficio que se la reduzca\n a escrito.
Art. 28.- Citación.- La citación deberá\n ser realizada por el/la Secretaria/a, o cualquier funcionario\n que la autoridad designe, debiéndose adjuntar copia de\n la solicitud o demanda y de la respectiva providencia.
Art. 29.- Audiencia de conciliación.- La audiencia\n de conciliación tendrá la finalidad de buscar acuerdos\n legales entre las partes, sin afectar los derechos de ninguna\n de ellas.
Art. 30.- Aspectos de la audiencia.- En la ejecución\n del acto procesal de la audiencia de conciliación, la\n autoridad tomará en cuenta los siguientes aspectos:
1.- Las partes involucradas intervendrán directa y\n personalmente en el conflicto, sin perjuicio de la presencia\n de los abogados.
2.- Los acuerdos a los que lleguen las panes si lo solicitan,\n únicamente serán respecto a:
\n 2. Tenencia y visita de los hijos.
\n 3. Situación de los bienes.
\n 4. Reparación de daños materiales.
\n 5. Utilización de herramientas de trabajo de uso común.
\n 6. Indemnización de la víctima.
Art. 31.- Antes, durante y después de la audiencia\n de conciliación la autoridad dará a la víctima\n el máximo de seguridad para evitar nuevas agresiones y\n velará porque los acuerdos sean justos y no vulneren los\n derechos de las víctimas. Los acuerdos serán por\n voluntad de las partes.
Si la víctima experimenta miedo o coacción de\n cualquier clase, se deberá suspender o poner fin a la\n diligencia, la misma que se realizará dentro de un período\n de hasta 5 días laborables inmediatamente posteriores.
Art. 32.- Pruebas.- Durante el término previsto en\n el Art. 21 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia\n serán aplicables las disposiciones relativas a la prueba\n y al peritaje contenidas en los códigos procesales.
A petición de parte o de oficio el Juez ordenará\n la práctica de las pruebas necesarias conducentes al mejor\n esclarecimiento de los hechos.
Art. 33.- Pago de indemnización.- Para el pago de la\n indemnización prevista en el Art. 22 de la Ley contra\n la Violencia a la Mujer y la Familia, la autoridad determinará\n un plazo perentorio. En caso de incumplimiento, se aplicarán\n las medidas de apremio con arreglo al Código de Procedimiento\n Civil, para lo cual se asegurará que su resolución\n cumpla con las condiciones para que la obligación sea\n ejecutiva.
Art. 34.- Trabajo comunitario.- Para aquellos casos en que,\n debido a la carencia de recursos económicos del sancionado,\n la autoridad hubiere dispuesto la realización de trabajo\n en las redes de apoyo comunitario, se considerarán como\n tales, aquellos servicios y actividades que procuren bienestar\n a la comunidad, por ejemplo, limpieza de instituciones públicas\n o privadas, parques, plazas, etc.
Para el cumplimiento de esta sanción, la autoridad\n oficiará al representante de la institución beneficiaría,\n haciendo constar el tiempo en que el agresor deberá cumplir\n el castigo. La institución beneficiaría, a su vez,\n emitirá un informe en el plazo señalado por la\n autoridad que la impuso.
Art. 35.- Seguimiento.- En aquellos casos en los que, por\n su complejidad y/o nivel de riesgo ameriten seguimiento de la\n ruta de la víctima, la autoridad dispondrá su realización\n apoyándose en instituciones públicas preferentemente\n gobiernos locales, y subsidiariamente se acudirá ante\n los organismos privados. En ambos casos se deberá emitir\n un informe en el plazo señalado por la autoridad.
Art. 36.- Fijación de pensiones de subsistencias.-\n Si se aplicaren las medidas de amparo previstas en los numerales\n 2 y 3 del Art. 13 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y\n la Familia, el Juez fijará la pensión correspondiente\n que, mientras dure la medida de amparo, deberá satisfacer\n el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia\n de las personas perjudicadas por la agresión.
Estas pensiones serán consignadas ante la autoridad\n competente, o depositadas en una cuenta corriente o de ahorros\n de la víctima, los cinco primeros días de cada\n mes. En caso de incumplimiento la autoridad que dictó\n la medida ordenará su cobro mediante apremio real.
Las políticas, acciones, planes y programas, tendientes\n a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia,\n serán ejecutadas por el Consejo Nacional de las Mujeres\n - CONAMU-, en coordinación con la Dirección Nacional\n de Género, del Ministerio de Gobierno.
De conformidad con lo estipulado en la Ley s/n reformatoria\n a la Ley Orgánica de la Función Judicial, publicada\n en el Registro Oficial 145 de 4 de septiembre de 1997, que incorpora\n al Título I, como Sección 11ª la creación\n de los Juzgados de Familia con el título "De los\n Jueces de la Familia" y mientras no sean nombrados dichos\n jueces, competen a las autoridades determinadas para la aplicación\n de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, dictar\n pensiones de subsistencia, de acuerdo con el Art. 72.6 de la\n mencionada ley reformatoria.
DISPOSICIÓN FINAL.- El presente decreto ejecutivo entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.
Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 18 de agosto del\n 2004.
f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra. Subsecretario General\n de la Administración Pública.
\n No 260704
EL DIRECTORIO W LA CORPORACIÓN\n
\n REGULADORA DEL MANEJO HIDRICO
\n DE MANABI
Que el Presidente Constitucional de la República del\n Ecuador, a través del Decreto Ejecutivo No 1882 expidió\n el Reglamento General a la Ley de Desarrollo Hídrico de\n Manabí, publicado mediante Registro Oficial No 381 de\n fecha 20 de julio del 2004;
Que el Art. 18, literal c) de la Ley de Desarrollo Hídrico\n de Manabí, le faculta crear unidades ejecutoras para la\n ejecución de los proyectos y programas contemplados en\n el PHIMA;
Que el Art. 10, capítulo tres, del Reglamento a la\n Ley de Desarrollo Hídrico de Manabí, dispone que\n el Directorio de la CRM, en un plazo no mayor de sesenta días\n desde la fecha de publicación en el Registro Oficial el\n Directorio deberá crear la Unidad Ejecutora PHIMA;
Que el párrafo cuarto del Art. 10 del Reglamento a\n la Ley de Desarrollo Hídrico de Manabí, dispone\n que la Unidad Ejecutora PHIMA actuará como una unidad\n administrativa independiente, desconcentrada financieramente,\n descentralizada contablemente de la Corporación Reguladora\n del Manejo Hídrico de Manabí, con presupuesto propio\n y exclusivo,
1. Crear la Unidad Ejecutora PHIMA, como una unidad administrativa\n independiente, descentralizada contablemente de la Corporación\n Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí, con presupuesto\n propio y exclusivo.
2. La Unidad Ejecutora PHIMA será la encargada de la\n administración de todos los recursos internos o externos,\n que sean asignados o no en el Presupuesto General del Estado\n para la ejecución de los proyectos establecidos en el\n PHIMA.
3. Constituyen funcionarios principales de la Unidad Ejecutora\n del PHIMA:
a) Coordinador Jefe de la Unidad Ejecutora PHIMA;
b) Coordinador de Administración y Finanzas;
c) Coordinador de Asesoría Jurídica; y,
d) Coordinador de Medio Ambiente.
4. El Directorio, una vez analizada la propuesta del señor\n Presidente del mismo y por cuanto el pedido se sujeta a la Ley\n y el Reglamento de la CRM, ratifica el nombramiento que se ejecutará\n a través de la presidencia, para las siguientes personas:
- Señor Ing. Juan Artemio Peláez Delgado, ratificada\n su calidad de Coordinador Jefe de la Unidad Ejecutora PHIMA.
- Señora Sonia Elizabeth Cedeño Ramírez,\n en calidad de Coordinadora de Administración y Finanzas.
- Señor abogado Fabricio Alberto Cedeño Bravo,\n en calidad de Coordinador de Asesoría Jurídica.
- Señor José Antonio Mantilla Chancay, en calidad\n de Coordinador de Medio Ambiente.
5. Los funcionarios nombrados ejercerán sus atribuciones\n y obligaciones de conformidad con lo dispuesto en la Ley y Reglamento\n de la CRM.
6. La Unidad Ejecutora PHIMA, en el plazo establecido en el\n reglamento, presentará por medio del Presidente del Directorio,\n para revisión y aprobación el Plan Operativo Anual\n y la pro forma presupuestaria, los mismos que guardarán\n coherencia con la planificación y prioridades de ejecución\n de los proyectos y obras contempladas en el PHIMA.
7. Autorizar al Coordinador Jefe de la Unidad Ejecutora PHIMA\n del CRM para que a nombre de la institución realice los\n pasos pertinentes para asegurar el cabal cumplimiento de la Unidad\n Ejecutora PHIMA, principalmente:
- Abrir una cuenta corriente en el Banco Central del Ecuador\n independiente a la de la CRM, para el manejo de sus recursos\n financieros, conforme establece el Art. 13 del Reglamento General\n a la Ley de Desarrollo Hídrico de Manabí.
- Abrir su propio registro único de contribuyentes\n independiente al de la CRM, conforme establece el Art. 14 del\n Reglamento General a la Ley de Desarrollo Hídrico de Manabí.
\n - Conforme dispone el Art. 15, del Reglamento General a la Ley\n de Desarrollo Hídrico de Manabí, el Coordinador\n Jefe de la Unidad Ejecutora deberá elaborar el reglamento\n orgánico funcional de la unidad, teniendo un plazo no\n mayor a 30 días para la presentación del mismo\n ante el Directorio de la CRM para su aprobación.
- Conforme dispone el literal e) - Art. 16 del Reglamento\n General a la Ley de Desarrollo Hídrico de Manabí,\n el Coordinador Jefe de la Unidad Ejecutora deberá coordinar\n con el Director Ejecutivo, de acuerdo a las reates necesidades\n del PHIMA, la asignación del personal operativo de la\n Unidad Ejecutora PHIMA y los consultores de apoyo deberán\n utilizar obligatoriamente los recursos humanos, económicos\n y materiales de la CRM.
- Conforme dispone el literal f) - Art. 16 del Reglamento\n General a la Ley de Desarrollo Hídrico de Manabí,\n el Coordinador Jefe de la Unidad Ejecutora deberá formular\n y aprobar los instructivos internos de la Unidad Ejecutora PHIMA.
Conforme lo establece el Art. 10 del Reglamento General a\n la Ley de Desarrollo Hídrico de Manabí, la Unidad\n Ejecutora PHIMA será la encargada de llevar a cabo estudios,\n promocionar, desarrollar, implantar y supervisar la operación,\n administración, mantenimiento de las obras y proyectos\n establecidos en el PHIMA desde su concepción hasta la\n terminación de su vida útil.
El Coordinador Jefe del PHIMA debe promover y gestionar el\n desarrollo de los proyectos y programas contemplados exclusivamente\n en el PHIMA, ante entidades, instituciones del Estado Ecuatoriano,\n empresas públicas o privadas y organismos multilaterales\n o entidades financieras nacionales y/o del exterior, inclusive\n lo referente a la obtención de recursos, cumpliendo con\n una de las finalidades fundamentales de la CRM previstas en el\n literal b) del Art. 5 de la Ley de la CRM.
Dirigir, organizar y controlar las funciones técnico,\n administrativo y económico-financiero de la Unidad Ejecutora\n PHIMA.
Cumplir con todos los deberes y ejercer todas las demás\n atribuciones establecidas en la Ley de la CRM y su reglamento.
La presente resolución es fiel copia de su original\n que reposa en archivo de resoluciones a mi cargo.
Portoviejo, 20 de agosto del 2004.
f.) Frank Vargas Marcillo, Secretario del Director.
No 17-2004
Dentro del juicio ordinario No 248-2003\n que por extinción de acción de daños y perjuicios\n sigue Rebecca Elyse Shipping Corporation contra Ecuadorian Seafoods\n C. A., hay lo siguiente:
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
Quito, 3 de febrero del 2004; las 11h23.
VISTOS: La Compañía Rebecca Elyse Shipping Corporation,\n por medio de su procurador judicial Ab. Ider Valverde Farfán,\n deduce recurso de casación contra la sentencia dictada\n por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil,\n en el juicio ordinario de prescripción extintiva seguido\n por dicha compañía en contra de la Compañía\n Ecuadorian Seafoods C. A., representada por Edgar Reshuan Antón.\n Aduce que en la sentencia se han transgredido las siguientes\n normas de derecho: del Código Civil: artículos\n 1610 y 2438; del Código de Procedimiento Civil: artículo\n 120; del Código de Comercio: artículos 1006 y 1009.\n Funda su recurso en las causales primera, tercera y cuarta del\n artículo 3 de la Ley de Casación.- Por concedido\n el recurso sube a la Corte Suprema de Justicia y, por el sorteo\n de ley, se radica la competencia en esta Primera Sala de lo Civil\n y Mercantil. Concluida la sustanciación, atento el estado\n de la causa, para resolver se considera: PRIMERO.- La causal\n cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación es\n del siguiente tenor: "Resolución, en la sentencia\n o auto de lo que no fuera materia del litigio u omisión\n de resolver en ella todos los puntos de la litis". La recurrente\n aduce, con apoyo en la causal transcrita, la siguiente acusación\n en contra de la sentencia recurrida: "Es claro y evidente\n señores Ministros que la Quinta Sala de la Corte Superior\n de Guayaquil, omitió pronunciarse sobre el punto central\n de la discusión, esto es, la aplicación y vigencia\n del artículo 1009 del Código de Comercio. En efecto,\n la discusión se centró y debió haber sido\n resuelta por la Sala, si la demandada había perdido su\n derecho a accionar contra mi representada por el abordaje materia\n entre los buques de su propiedad y de Rebecca Elyse Corp., al\n haber presentado su protesta dentro de las 24 horas establecidas\n por el artículo 1009, pero sin que luego haya presentado\n demanda judicial por el abordaje. La resolución de la\n Quinta Sala ni siquiera menciona el referido artículo\n 1009, no lo valora, no da su opinión, ni su criterio respecto\n a la aplicación en este caso, a pesar de que la demanda\n de mi representada fue sustentada en dicha disposición\n legal, la Sala no la tomó en cuenta. La Quinta Sala en\n el fallo que es materia de este recurso, confundió el\n trámite de la protesta en la capitanía del puerto\n con la presentación de una demanda judicial. En la primera\n se busca el establecimiento de la responsabilidad técnico\n profesional de los capitanes de los buques involucrados, en la\n segunda se persigue el resarcimiento de los daños y perjuicios\n ocasionados por el abordaje. Por eso es que la disposición\n olvidada por la Quinta Sala cobra tanta importancia, si la disposición\n aplica, entonces la acción estaría prescrita; en\n cambio si la disposición no aplicara -hecho que no admitimos-\n entonces la acción del reclamante seguiría vigente,".\n Acerca de este cargo se anota: SEGUNDO.- La obligación,\n como todo vínculo jurídico, nace, tiene, vida y\n muere. La obligación nace de las fuentes enumeradas 'en\n el artículo 1480 del Código Civil, entre ellas,\n "a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño\n a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos". A su\n vez, se extinguen mueren o perecen por los modos señalados\n en el artículo 1610 del Código Civil, entre ellos,\n la prescripción extintiva o liberatoria, que según\n la definición del artículo 2416 del Código\n Civil es el modo de extinguir los derechos y acciones ajenos,\n por no haberlos ejercitado el acreedor o titular de ellos durante\n cierto lapso, concurriendo los demás requisitos legales.\n Desde luego, la prescripción no extingue la obligación\n en general, sino únicamente la obligación civil,\n o sea, la acción para exigir el cumplimiento, pero la\n obligación la deja subsistente como natural. La prescripción\n extintiva debe ser alegada, el Juez no puede declararla de oficio,\n conforme dispone el artículo 2417 del Código Civil.\n Acerca de las vías que debe seguirse para alegar la prescripción\n extintiva, la doctrina es unánime en cuanto a que la alegación\n puede oponerse por la vía de excepción. En cambio,\n la doctrina no es pacífica en cuanto a que la prescripción\n pueda alegarse por la vía de la acción. Numerosos\n tratadistas sostienen que no tendría objeto que el deudor\n demande la prescripción, provocando el juicio en circunstancias\n en que el acreedor no lo hace. Sin embargo, ha ido ganando terreno\n la doctrina contraria, esto es, que cabe alegarse la prescripción\n por la vía de la acción, doctrina que se ha impuesto\n en los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia.-\n TERCERO.- Un punto importante es dilucidar quien está\n legitimado para alegar la prescripción extintiva, ya sea\n como acción o ya sea como excepción, Es incuestionable\n que la prescripción pueda ser alegada exclusivamente por\n quien tiene interés sustancial, no por cualquier persona.\n En numerosos fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia\n se resuelve que no cabe acción si el que la propone no\n tiene interés en ella. Es necesario, por supuesto hacer\n diferencia entre el interés para ejercitar la acción\n y el interés jurídico sustancial para obtener la\n sentencia de mérito o de fondo. El interés para\n ejercitar la acción, que pertenece a toda persona, natural\n o jurídica, por el solo hecho de querer acudir a la jurisdicción\n del Estado, pues existe siempre un interés público\n que le sirve de causa fin, como derecho absoluto que es. Tiene\n interés suficiente en el ejercicio de la acción\n o para que se inicie un juicio toda persona por el solo hecho\n de ejercitarla, porque al hacerlo está afirmando que existe\n la necesidad de la actividad jurisdiccional con cualquier motivo\n que fuere. En cambio, el interés jurídico sustancial\n es el que tiene el actor para pedir al órgano jurisdiccional\n que dicte sentencia de fondo o mérito sobre las pretensiones\n invocadas en la demanda. Si el sentenciador, al momento de dictar\n sentencia, encuentra que el actor carece de interés sustancial,\n tiene que abstenerse de emitir pronunciamiento sobre las pretensiones\n formuladas en la demanda. Sin interés sustancial no hay\n sentencia de mérito o de fondo. Es decir, en ese caso,\n deberá dictar una sentencia de naturaleza inhibitoria,\n o lo que es lo mismo, no pronunciarse ni a favor ni en contra\n sobre las pretensiones formuladas en la demanda. El interés\n sustancial debe ser serio y actual. Hernando Devis Echandía,\n acerca de este tema dice lo siguiente: "Ese interés\n sustancial serio, generalmente será material o económico,\n pero puede serlo simplemente moral o familiar, o consistir en\n la necesidad de darle certeza a una relación o situación\n jurídica, como sucede en muchas peticiones puramente declarativas\n como las de estado civil (filiación o paternidad»\n por ejemplo); pero dejará de ser suficiente si se trata\n de un interés simplemente académico o dialéctico,\n aún más, si es de carácter malévolo\n y se dirige a causar daño al demandado, sin beneficio\n jurídico, moral o material para el actor. Así,\n no lo hay para demandar con el fin de que se declare auténtico\n un documento público que el demandado no está impugnando\n de falso, ni para que se declare legítimo al hijo concebido\n por mujer casada y nacido dentro del matrimonio; porque en ambos\n casos basta la presunción legal de autenticidad o de paternidad.\n Y debe ser actual, porque si no existe en el momento en que se\n constituye la litis contestatio, no se justifica que el órgano\n jurisdiccional se pronuncie sobre la existencia de la relación\n jurídica sustancial o del derecho subjetivo pretendido.\n Las simples expectativas o los eventuales y futuros derechos\n o perjuicios, que puedan llegar a existir si sucede algún\n hecho incierto, no otorgan interés serio y actual para\n su declaración judicial, puesto que no se hallan objetivamente\n tutelados; por ejemplo, no existirá interés actual,\n si no simple expectativa futura, en el caso de que un hijo demande\n para que se declare que el día que su padre muera, será\n heredero de éste; ni para demandar que el día que\n el inquilino subarriende deberá concluir el contrato.\n En cambio, el perjuicio incierto pero posible en razón\n de hechos actuales (como el daño que amenace a nuestra\n propiedad por el estado de inseguridad de la edificación\n vecina, o por el tránsito de locomotoras en malas condiciones,\n en forma que puedan ocasionar incordios. otorga suficiente interés\n para la solicitud de que se tomen medidas conducentes a prevenirlo,\n porque es actual y serio. También lo será el beneficio\n o perjuicio futuro que se reciba ciertamente, según se\n consiga o no lo pedido en la demanda, y la tutela de un pretendido\n derecho sometido a condición suspensiva pero cierta (no\n es el caso de la expectativa herencial. porque no es cosa cierta\n que el presunto causante muera antes que el pretendiente a heredarlo)\n por ejemplo: hay interés actual en la declaración\n de que el demandado está obligado a determinada prestación\n al vencimiento de cierto plazo o al cumplimiento de una condición,\n por haber adquirido tal obligación en virtud de un acto\n jurídico ya realizado o de un hecho jurídico ya\n acaecido, pues entonces se trata de precisar el alcance o los\n efectos futuros de una situación jurídica actual.\n Es decir, el derecho pretendido, cierto o no. debe ser actual,\n pero sus efectos o consecuencias pueden ser eventuales y futuros:\n la situación de hecho, objeto de la decisión, debe\n existir, pero el beneficio o perjuicio que de ella se deduzcan\n pueden ser posibles y futuros y entonces, el interés será\n suficiente. Ya no se tratará de simples expectativas ni\n de derechos hipotéticos. No existe, pues. interés\n serio y actual si tanto el hecho del que pueden originarse el\n derecho y la obligación, como estos mismos en el caso\n de que aquel suceda, son eventuales o inciertos, o sí\n se trata de simples expectativas que el derecho objetivo no tutela"\n (Compendio de Derecho Procesal. Tomo I. Editorial ABC. Bogotá.\n 1979. Págs. 224 y 225). En esta virtud, para que exista\n interés jurídico sustancial de que se declare la\n prescripción liberatoria, pretendida en la demanda, primordialmente,\n debe existir una relación jurídica sustancial entre\n el actor y el demandado, relación sustancial en que el\n actor debe ser el deudor y el demandado el acreedor: es decir,\n debe haber una obligación personal previamente constituida.\n También puede tener interés sustancial en que se\n declare la prescripción pretendida en la demanda, por\n mandato expreso de la ley, el fiador y el codeudor solidario.\n CUARTO.- La Compañía Rebecca Elyse Shipping Corporation\n alega que tiene interés sustancial en que se declare la\n prescripción extintiva de la acción concerniente\n a la responsabilidad civil que le corresponde por los daños\n causados a los barcos pesqueros "Ivette", "Cristina"\n y "José Alfredo" de propiedad de la Cía.\n Ecuadorian Seafoods, por la colisión con la nave M/N "ARGUS",\n que ha tenido lugar el 3 de septiembre de 1997, en el río\n Guayas. Asume esta responsabilidad civil porque afirma ser la\n propietaria de la nave ARGUS. En su escrito incorporado a fojas\n 54 del cuaderno de primer nivel, dice: "Es claro y 4e pura\n lógica que la persona que mayor interés tiene en\n este litigio no puede ser otro que el propietario de la nave\n envuelta en la colisión y, esta es la compañía\n Rebecca Elyse Shipping Corporation, así demuestro el dominio\n de dicha nave con el testimonio de protocolización del\n certificado de propiedad y gravámenes de la nave M/N ARGUS\n con su respectiva traducción, que adjunto en fojas útiles.\n Ese por tanto, es ella la propietaria de la nave, la persona\n que tiene mayor interés en la acción y consecuentemente\n la persona que mayor interés tiene en proteger el bien\n de su propiedad de las acciones que pudieran plantearse contra\n ella". La demandada, por su parte, al oponer sus excepciones\n alega que la parte actora carece de interés, por lo cual\n este asun

References: artículo 11
 artículo 17
 artículo 23
 artículo 10
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 1009
 artículo 1009
 resolución 
 artículo 1480
 artículo 1610
 artículo 2416
 artículo 2417