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Timestamp: 2017-12-12 17:52:51+00:00

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Sentencia T.S.J. Cataluña de 13 de enero de 2005. Recurso de suplicación. Objeto limitado - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Cataluña de 13 de enero de 2005
Recurso de suplicación. Objeto limitado. Relevancia del contenido del recurso. Despido. Prescripción de faltas. La fecha de conocimiento efectivo del despido no es el término "ad quem" del plazo. Retraso en la recepción de la carta no imputable a la empresa.
Primero.-Con fecha 14.04.2003 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido disciplinari, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 10.10.2003 que contenía el siguiente Fallo:
Que estimando la excepción de prescripción alegada por la parte demandante y estimando la demanda interpuesta por D.ª Yolanda, contra Telepizza, S.A. y Fogasa debo declarar y declaro la improcedencia del despido efectuado con fecha 15 de noviembre de 2002 condenando a la empresa demandada en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente resolución a que opte entre la readmisión del trabajador o a que le abone una indemnización de 45 días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año, cifrada en 7560,59 euros; derecho de opción que deberá ejercitar mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado en el plazo indicado y sin esperar a la firmeza de la presente sentencia, advirtiendo a la demanda de que en el caso de no optar en el plazo y forma indicado se entenderá que procede la readmisión.
Se absuelve a Fogasa sin perjuicio de sus responsabilidades legales.
"1. La actora ha venido prestando servicios por cuenta ajena bajo la dependencia de la empresa demandada, con antigüedad de 15 de julio de 1998 categoría de Encargada y salario bruto mensual con prorrata de pagas extras de 1163,17 euros, hecho no controvertido.
2. La empresa demandada se dedica a la actividad de elaboración de productos cocinados para su venta a domicilio siendo de aplicación el Convenio Colectivo estatal de elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio (BOE de 2.8.00).
3. Con fecha 19 de noviembre de 2002 la empresa demandada comunicó a la actora por medio de burofax su despido disciplinario mediante carta de fecha 15 de noviembre de 2002 y efectos de igual fecha cuyo contenido por obrar en autos se da por reproducido (folio 181).
4. La actora prestaba servicios en el centro de trabajo de la empresa demandada sito en el centro comercial Baricentro de la localidad de Barberá del Vallés.
5. La actora como jefe o responsable de tienda era la encargada de realizar los ingresos en el Banco y era la única que disponía de las llaves de la caja de seguridad.
6. La actora causó baja de incapacidad temporal el día 13 de septiembre de 2002, procediendo a cerrar el centro de trabajo.
7. El día 13 de septiembre de 2003, D. Luis Carlos, supervisor de zona tras comprobar que el centro de trabajo se encontraba cerrado se desplazó a Barcelona intentando ponerse en contacto con la actora obteniendo las llaves de la caja fuerte el día 17 de septiembre, procediendo a abril la misma en presencia de D.ª Maite subencargada del centro y D.ª Ariadna responsable de marketing.
8. En la caja de seguridad se encontraron los sobres correspondientes a los días 12 a 16 de septiembre de 2002 y otro sobre con deudas de caja de 278,850 euros.
9. El Sr. Luis Carlos realizó los ingresos de los días 12 a 16 de septiembre y comprobó que faltaba los ingresos de los días 31 de agosto, 5, 6, 7, 10 y 11 de septiembre de 2002 por importe de 4234,60 euros así como deudas de caja por importe de 278,58 euros y faltante de fondo de caja por importe de 99,21 euros que hacían un total de 4612,39 euros.
10. Las subencargadas responsables de turno son las encargadas de meter el dinero en una caja fuerte a través de una ranura sin que exista posibilidad de que una vez introducido pueda extraerse. Al día siguiente la encargada o jefe de tienda se encarga de sacar el dinero, comprobarlo e ingresarlo en la entidad bancaria, siendo dicha encargada o jefe de tienda la única que tiene llave de la caja para sacar el dinero.
11. El día 31 de agosto de 2000 la subencargada de tienda era Trinidad. La testigo Sra. Maite manifestó que la recaudación de ese día la dejó Ariadna en una cajita metálica y que cuando se abrió la caja fuerte ese dinero no estaba. El Sr. Luis Carlos con fecha 5 de septiembre había advertido a la actora de la falta de este ingreso.
12. La actora comunicó al Sr. Luis Carlos que tenía sospechas de una de las empleadas del centro de trabajo.
13. El Sr. Luis Carlos manifestó que cuando la actora ingresó a trabajar en el centro de trabajo había un faltante correspondiente al encargado anterior que no tiene relación con los faltantes que constan en la carta de despido.
14. Los descuadres se descontaban de la nómina a través del concepto quebranto de moneda.
15. La empresa demandada mediante carta de fecha 27 de septiembre de 2002, instó a la trabajadora a explicar al Sr. Luis Carlos la ausencia de los ingresos correspondientes a los días 31 de agosto, 5,6,7,10 y 11 de septiembre de 2002. Esta comunicación vía burofax no fue entregada a la actora por señas insuficientes (folio 169).
16. Con fecha 30 de octubre de 2002 la empresa demandada notificó la actora carta de fecha 25 de octubre de 2002 por la que se le instaba a explicar al Sr. Luis Carlos la ausencia de los ingresos correspondientes a los días 31 de agosto 5, 6, 7, 10 y 11 de septiembre de 2002 (folio 175).
17. El Sr. Luis Carlos interpuso denuncia el día 3 de octubre de 2002 por los hechos ocurridos en el establecimiento de la demandada en el centro comercial de Baricentro cuyo contenido por obrar en autos se da por reproducido (folio 182).
18. La demandante no ha ostentado en el último año la condición de representante legal o sindical de los trabajadores.
19. Se ha agotado la conciliación previa concluyendo sin avenencia."
Tercero.-Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte codemandada Telepizza SA, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado lo impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
Primero.-La sentencia de instancia declaró la prescripción del despido disciplinario efectuado por la empresa demandada. Se apreció la prescripción por haber recibido la trabajadora despedida la carta 2 días después del plazo de 60 días naturales desde que la empresa tuvo conocimiento de la falta. Concurre la circunstancia, conforme a los hechos probados, de que la carta fue remitida por burofax el 15/11/2002, que inicialmente no fue recibido por la trabajadora, la cual como resulta del conjunto de los hechos estaba de baja médica. Se dejó aviso en el buzón y el 19/11/2002 la actora recogió la carta. La prescripción fue apreciada por haber transcurrido el plazo de prescripción en el intermedio de los 4 días transcurridos entre que la carta fue remitida por la empresa y recibida por la trabajadora, de manera que la sentencia de instancia entendió que la fecha a tomar en consideración como del despido y por tanto como término "ad quem" del plazo de prescripción era el de la recepción efectiva el 19/11.
La empresa recurre en suplicación mediante escrito en el que expresamente formula un único motivo de suplicación, en el que pretende la modificación del hecho probado 3.º, a fin de que se diga que la empresa comunicó el despido el días 15, fecha en que se intentó la entrega a la actora sin que fuera posible. No formula motivo por infracción de ley, no obstante lo cual de forma precisa atribuye a la sentencia la infracción de haber considerado como fecha del despido la de la recepción de la carta el día 19, en lugar del de la remisión e intento de entrega el día 15. Cita al efecto diversa jurisprudencia, de forma que no puede caber duda, a pesar del defecto formal de falta de separación y expresión de motivos, que se denuncia la infracción del plazo de prescripción de 60 días por interpretación errónea del término final del plazo. Termina el escrito del recurso manifestando que "se debería haber entrado al fondo del asunto resolviendo sobre la procedencia del despido realizado", sin que realice consideración jurídica alguna por la que el despido deba o no ser considerado procedente, valorando la realidad y entidad de los hechos declarados probados en relación a las normas legales de aplicación.
Segundo.-La recurrida en su impugnación alega que no cabe como único motivo la revisión de hechos, pues ésta es meramente instrumental a efectos en su caso de valorar la infracción de ley que pueda haberse cometido, conforme a las SSTS 19/1/01 y 6/3/01, "puesto que cualquier recurso, como cualquier pleito, tiene su razón de ser precisamente en la solución de la controversia jurídica en él planteada con independencia de que se discrepe o no de los hechos alegados o probados... en el que la revisión de hechos figura como posibilidad accesoria e instrumental a la auténtica finalidad del mismo que es precisamente la revisoria del derecho aplicado por la sentencia de instancia", como indica la primera.
En relación las exigencias formales del recurso de suplicación, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 29/6/94 declara que "el artículo 194.2 LPL exige, ciertamente, que en el escrito de interposición del recurso se expresen, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas, así como que se razone la pertinencia y fundamentación de los motivos impugnatorios. Precepto que, como se dijo en la STC 18/1993 (en relación con su antecedente el artículo 156 LPL), es acorde con el artículo 24.1 CE en cuanto persigue que el contenido del recurso -la pretensión o pretensiones formuladas en éste y su fundamentación- sea conocido por la otra parte, que pueda así debidamente defenderse, y por el órgano judicial, que deberá resolver congruentemente y, por ello, ha de tener cabal conocimiento del "thema decidendi" (SSTC 294/1993, 256/1994 [RTC 1994\256] y 93/1997 [RTC 1997\93]).
Como ha sido destacado recientemente por la STC 93/1997, de acuerdo con estas premisas, el Tribunal Constitucional también tiene establecido que al enjuiciar el cumplimiento de los requisitos de admisión del recurso de suplicación debe tenerse presente que éste no es un recurso de apelación ni una segunda instancia, sino un recurso de objeto limitado, en el que el Tribunal "ad quem" no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el Derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, en especial la recurrente, que por ello mismo debe de respetar una serie de requisitos formales impuestos por la Ley (SSTC 18/1993 y 294/1993). El carácter cuasicasacional del recurso de suplicación justifica la exigencia de estos requisitos procesales, aunque, ciertamente, como se dijo en la STC 18/1993, desde la perspectiva constitucional, en último extremo, lo relevante «no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido». Y desde esta perspectiva, resulta obligado concluir que el órgano judicial «no debe rechazar a limine el examen de su pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer, precisa y realmente, la argumentación de la parte» (fundamento jurídico 3.º). Pues en tal caso la decisión puede vulnerar el artículo 24.1 CE al estar basada en un error material o ser arbitraria (SSTC 55/1993".
Tal doctrina en definitiva prima el contenido del escrito de recurso sobre su forma, de manera que debe de resolverse el recurso en la medida en que a través de él se pueda conocer con la suficiente claridad el objeto de la impugnación.
Tercero.-Entrando pues a conocer del plazo de prescripción de la falta, que la sentencia de instancia considera sobrepasado, por el hecho de que la misma llegara a poder de la destinataria 4 días después de su remisión por burofax, cuando llegó el mismo día a su domicilio en que estaba ausente, y solo se recogió 4 días después, ya fuera de plazo, hay que recordar que el despido es un acto complejo que implica por una parte la decisión de la empresa de despedir, lo que conforme a la norma ha de realizarse mediante la remisión de una carta, y por otro el conocimiento de dicha decisión por parte del trabajador destinatario, que puede producirse varios días después por diversas incidencias en el transcurso de la remisión. La fecha de conocimiento efectivo de la carta por parte del trabajador es la fecha de efectos del despido, a partir de la cual comienza el plazo de cómputo de los 20 días hábiles para recurrir, siempre que el trabajador no haya retrasado maliciosamente o de forma irrazonable el conocimiento de la carta o meramente la haya rehusado Así lo viene entendiendo el Tribunal Supremo, en sentencias de 23 de mayo de 1990 (RJ 1990\4493) y 9 de noviembre de 1988 (RJ 1988\8563), en que declara la validez de la notificación efectuada por correo certificado con acuse de recibo, dado que cumple la finalidad de que la decisión empresarial llegue a conocimiento del trabajador despedido, sin que ello pueda ser impedido por el rehúse de la carta, a lo que se equipara la falta de personación en la oficina de correos para recibirla pese a haber recibido el aviso de la misma, ya que lo contrario supondría dejar a la voluntad de la parte los efectos del requisito de comunicación escrita del despido observado por la empresa. En tales casos la fecha de efectos del despido es aquella en que dicha carta se intentó fallidamente entregar al trabajador en su domicilio, y que no se recibió por causas imputables al mismo, de manera que el "dies a quo" del cómputo de la caducidad de la acción comienza en dicha fecha, sin que pueda imputarse a la demandada un retraso en la recepción de la comunicación de despido del que sólo el destinatario es responsable, habiendo puesto aquélla todos los medios adecuados a la finalidad perseguida (SS de 13-4-87 y 17-4-85).
Pero esta fecha del conocimiento efectivo no es el término ad quem del plazo de prescripción de la falta que con el despido se sanciona, cuando, como ocurre en el presente caso, hay una discordancia clara entre la fecha de la remisión y la fecha de la recepción no imputable a la empresa por dolo o culpa, sino al hecho de que el trabajador no se encontraba en su domicilio en el momento de la entrega, que se intentó el mismo día de la remisión, y por tanto dentro del plazo de 60 días de prescripción. La declaración de voluntad en que el despido consiste se realizó por parte de la empresa en la fecha acreditada en que remitió la carta, pues en este momento manifestó hacia el exterior y dirigida hacia su destinatario su declaración de voluntad unilateral de extinguir el contrato; además dentro del mismo plazo de prescripción de la falta se intentó la entrega, que no pudo llegar a buen fin, por causas ajenas a la empresa. Las posteriores incidencias en el proceso de transmisión de esta manifestación de voluntad, son por completo ajenas a la disponibilidad de la parte, de modo que no pueden serle imputados. Como en el presente caso tampoco es imputable al trabajador el hecho de que accidentalmente no estuviera presente en su domicilio en el momento del intento de la entrega, y que en un plazo de 4 días, a pesar de que estaba de baja médica, recogió la carta de correos, por lo que tampoco afecta tal retraso en tales circunstancias a su plazo de caducidad.
Es necesario pues distinguir con claridad entre el momento en que el despido se produce, a efectos del término final del plazo de prescripción de la falta de los 60 días naturales, a fin de que la falta no pueda considerarse prescrita; y por otro lado el momento en que el despido tiene efectos por haber llegado a conocimiento del trabajador, a fin de iniciar el cómputo del plazo de caducidad de la acción de despido de los 20 días hábiles. Entre ambos momentos puede existir un período intermedio más o menos prolongado, según las circunstancias concurrentes, que cuando no pueden atribuirse a la voluntad o a la negligencia manifiesta de ninguna de las partes, no ha de perjudicar a ninguna de ellas en sus respectivas posiciones, en la medida en que son atribuibles a caso fortuito. En tales casos -siempre, se reitera, que no exista dolo o negligencia-, por tanto, la empresa puede despedir y el trabajador puede reclamar, considerando como fechas finales e iniciales de los respectivos plazos de prescripción de la falta y de caducidad de la acción, la de remisión de la carta y la de recepción de la misma, y considerando el período intermedio como ineficaz a efectos del cómputo de ambos plazos.
Por todo ello no procede entender que la falta hubiera prescrito en el momento en que la empresa procedió a despedir al trabajador, por lo que al no haberse resuelto sobre el fondo de asunto y conforme a la solicitud del recurso ha de anularse la sentencia de instancia, a fin de que entrando sobre el fondo del asunto decida sobre el despido efectuado, con libertad de criterio.
Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por "Telepizza S.A." contra la sentencia de fecha 10.10.2003, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de los de Sabadell, en el procedimiento núm. 668/2003, promovido por doña Yolanda contra la recurrente y FOGASA; debemos anular y anulamos la resolución recurrida, a fin de que entrando sobre el fondo del asunto resuelva sobre la calificación correspondiente del despido efectuado.

References: resolución 
 artículo 194
 artículo 156
 artículo 24
 artículo 24
 resolución