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Timestamp: 2020-07-10 07:53:43+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 304/13 de Corte Constitucional, 22 de Mayo de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 452886786
Demanda de inconstitucionalidad en contra de la interpretación de los artículos 292 y 292-1 del decreto 624 de 1989, por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la dirección general de impuestos nacionales, contenida en la jurisprudencia del consejo de estado y en la doctrina oficial de la dirección de impuestos y aduanas nacionales. La demanda se fundamenta en los siguientes cargos: 1º. Violación del principio constitucional de irretroactividad de los tributos. 2º. Vulneración de los principios de la seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima, y, 3º. Trasgresión de los principios hermenéuticos la corte reiteró que, si bien es cierto que excepcionalmente el control de constitucionalidad puede ejercerse sobre interpretaciones de los órganos judiciales o administrativos, también lo es que, en aras de preservar la autonomía de los jueces y el respeto del principio de legalidad de la competencia, los requisitos de las demandas que se instauren contra estas interpretaciones presentan su propia especificidad y exigen una mayor carga argumentativa. En este caso la corte encontró que no existe claridad, ni certeza acerca de las normas de las cuales se deriva la interpretación que el demandante considera inconstitucional. La sala se declara inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.
II. EL TEXTO CUYO ALCANCE SE DEMANDA
Sentencia citada en: 40 sentencias, una noticia
C-304-13 Sentencia C-304/13 Sentencia C-304/13
Referencia: expediente D-9307
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de la interpretación de los artículos 292 y 292-1 del Decreto 624 de 1989, Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, contenida en la jurisprudencia del Consejo de Estado y en la doctrina oficial de la Dirección de Impuestos y A. Nacionales.
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil trece (2013)
La S. Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y el trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano J.A.M. demandó la inconstitucionalidad de la interpretación contenida en jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado y en la doctrina oficial de la Dirección de Impuestos y A. Nacionales de los artículos 292 y 292-1 del Decreto 624 de 1989, Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.
Mediante Auto de veintiocho (28) de septiembre de 2012, el Magistrado Sustanciador inadmitió la demanda de la referencia, por considerar que la acción no cumplía con los requisitos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia que exigen las acciones públicas de inconstitucionalidad de acuerdo con el Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia en esta materia.
El cinco (5) de octubre de 2012, dentro del término previsto para la corrección de la demanda, el actor radicó en la Secretaría General de esta Corporación escrito de subsanación.
Mediante Auto de veintitrés (23) de octubre de dos mil doce (2012), el Magistrado Sustanciador decidió admitir la demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente, corrió traslado al Procurador General de la Nación para los efectos de su competencia. En la misma providencia, ordenó comunicar la iniciación del proceso a la Ministra de Justicia y del Derecho, al Ministro de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, para que, si lo estimaban conveniente, intervinieran dentro del proceso con el propósito de impugnar o defender la exequibilidad de las interpretaciones acusadas. Además, invitó al Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario ICDT- y a los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades del Atlántico, Nacional y Externado de Colombia; para que intervinieran dentro del proceso con la finalidad de rendir concepto sobre la constitucionalidad de las normas demandadas.
A continuación se transcribe el texto de las disposicionestranscritas por el demandante en el acápite que titula normas cuyo alcance se demanda[1], se trata de los artículos 292 y 292-1 del Estatuto Tributario, Decreto 624 de 1989, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 38.756 de 30 de marzo de 1989.
DECRETO 624 DE 1989
Diario Oficial No. 38.756de 30 de marzo de 1989
Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.
ARTÍCULO 292. Impuesto al patrimonio. Por los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010, créase el impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total de patrimonio líquido del obligado.
ARTÍCULO 292-1: Impuesto al patrimonio. Por el año 2011, créase el impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido del obligado.
El demandante estima que las interpretaciones contenidas en la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado y en la doctrina oficial de la Dirección de Impuestos y A. Nacionales frente a los artículos 292 y 292-1 del Decreto 624 de 1989, Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, contravienen lo dispuesto en los artículos 58, 60, 83, 230 334 (parágrafo) y 363 de la Constitución Política.
De manera previa a la formulación de los cargos, el demandante precisa que la presente acción tiene como finalidad cuestionar tanto la constitucionalidad de la interpretación de la Sección Cuarta del Consejo de Estado[2], así como la doctrina oficial de la Dirección de Impuestos y A. Nacionales[3],respecto de los artículos 292 y 292-1 del Estatuto Tributario.
Seguidamente, se refiere a la interpretación que sobre el punto hizo el Consejo de Estado en sentencia de marzo 4 de 2010 con ponencia de la Dra. M.B., según la cual, no resulta de recibo detraer el valor de los ajustes realizados a los bienes raíces en la declaración de 1995, de la base gravable para el impuesto al patrimonio. En el entender del actor, dicha tesis fue confirmada en providencia de mayo 10 de 2012 nuevamente con ponencia de la mencionada Consejera de Estado. En este último fallo se precisa que para aquellos contribuyentes que se acogieron al artículo 90-2 del Estatuto Tributario, el valor patrimonial de sus inmuebles ya no es el costo fiscal ajustado, sino el valor comercial de los mismos que se declaró en el denuncio rentístico del año 1995 (negrillas del libelista).
A renglón seguido, se refiere el ciudadano a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad en contra de interpretaciones de las leyes, destacando para ello la posición de la Corte en la Sentencia C-426 de 2002[4], según la cual, la inexequibilidad de una disposición legal no se puede declarar solamente sobre ella misma, en abstracto, sino también sobre sus interpretaciones que impliquen la transgresión de normas o principios constitucionales.
Del mismo modo, manifiesta que al pretenderse la declaración de inconstitucionalidad de la interpretación, según la cual, el saneamiento de bienes fiscales hace parte de la base gravable para calcular el impuesto al patrimonio, y se solicita, una declaración en el sentido que dicho saneamiento debe ser excluido de la base gravable del tributo; resultaría adecuado proferir una decisión que adicionase las normas. Funda sus reflexiones en diversos pasajes de la sentencia C-836 de 2010[5], en la cual considera que, el Tribunal Constitucional optó por adicionar la norma relativa a la posibilidad de excluir de la base gravable los aportes poseídos en sociedades nacionales.
SEGUNDO CARGO: LA VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA, BUENA FE Y CONFIANZA LEGÍTIMA
Bajo esa óptica, afirma que en virtud de la interpretación censurada, aun cuando el patrimonio de los sujetos pasivos sea exactamente el mismo, algunos deberán pagar más impuestos que otros, por el hecho de haberse acogido a un beneficio tributario, brindando así la Administración un trato que desconoce los principios de confianza legítima y buena fe. Solicita la aplicación analógica de los argumentos expuestos por la Corte en la sentencia C- 291 de 2000.
TERCER CARGO: LA TRANSGRESIÓN DE LOS PRINCIPIOS HERMENÉUTICOS
El demandante expresa que de la lectura sistemática de las normas contables y tributarias se infiere que los ajustes efectuados en virtud del artículo 90-2 del Estatuto Tributario no se deben tener en cuenta para el cálculo del impuesto al patrimonio.
Con el fin de justificar lo anterior, indica que del contenido de los artículos 85, 92, 93 y 94 del Decreto 2649 de 1993 es forzoso concluir que (i) en principio, sólo se incrementa el patrimonio cuando los incrementos son reales; (ii) las demás valorizaciones se deben hacer conforme a las normas técnicas; (iii) los ajustes anuales de acuerdo con el PAAG (Porcentaje de Ajuste del Año Gravable) conforman la cuenta de revalorización del patrimonio y esta, por expresa disposición del artículo 85 y 92, hace parte de la cuenta del patrimonio, sensu contrario, si no se trata de un ajuste determinado técnicamente en las normas, este, en principio, no tendría porqué integrar la cuenta del patrimonio.
En ese orden de ideas, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la interpretación del Consejo de Estado y de la Dirección de Impuestos y A. Nacionales, en relación con la inclusión del valor del saneamiento efectuado en virtud de lo dispuesto en la Ley 223 de 1995, que tal como se demostró, constituye derecho viviente.
Vencido el término de fijación en lista, y en cumplimiento de lo ordenado en Auto de veintitrés (23)de octubre de dos mil doce (2012), la Secretaria General de esta Corporación informó que de acuerdo con las comunicaciones libradas se recibieron los siguientes escritos de intervención:
Dirección de Impuestos y A. Nacionales
Mediante escrito del 19 de noviembre de 2012, la apoderada judicial de la Dirección de Impuestos y A. Nacionales, intervino en el trámite de la presente acción, solicitando a la Corte Constitucional que se declare inhibida para proferir un fallo de fondo por inepta demanda o, en su defecto, declarar la exequibilidad de la interpretación censurada.
de lo anterior, la interviniente solicita a la Corte inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo por tratarse de una inepta demanda y, de decidirse de fondo, declarar la exequibilidad de la interpretación.
A su vez, sostiene que no es de recibo la consideración del actor según la cual la inclusión del costo ajustado de los bienes raíces de los contribuyentes que se acogieron al beneficio del artículo 90-2 del Estatuto Tributario en la declaración del impuesto sobre la renta de 1995, transgrede los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima, pues el tener como válida dicha apreciación implicaría negar la potestad del legislador para modificar los efectos de los beneficios tributarios en periodos gravables futuros, la cual ha sido reconocida por la Corte en múltiples pronunciamientos, entre ellos en la Sentencia C-341/98[6].
Por otro parte, aseveró que la acción es confusa y difusa al señalar los preceptos legales cuya interpretación acusa, ya que aun cuando en la presentación señala que demanda el alcance de los artículos 292 y 292-1, los cuales transcribe, las interpretaciones que cita en el texto original y en el aparte destinado a probar el derecho viviente se refieren al artículo 80 de la Ley 223 de 1993 (artículo 90-2 del Estatuto Tributario).
Finalmente, señala que existe cosa constitucional juzgada respecto al artículo 292 del Estatuto Tributario, por cuanto en la Sentencia C-809 de 2009[7], la Corte Constitucional, siendo exacta la sustancia de las normas y de los argumentos, declaró la exequibilidad de dicha disposición.
Con fundamento en lo anterior y con miras a preservar el principio de confianza legítima, concluye que tal como lo solicita el accionante, los artículos 292 y 292-1 deberían entenderse como que el saneamiento de bienes raíces de que trata el artículo 90-1 del Estatuto Tributario (artículo 8 de la Ley 223 de 1995), no puede ser base del impuesto al patrimonio de que tratan la Ley 1111 de 2006 y la Ley 1370 de 2009.
Por otro lado, es pertinente manifestar que el señor L.G. , miembro del Instituto, expresó su inconformismo frente a la anterior decisión mayoritaria, por considerar que la acción intentada es totalmente extraña dentro del ordenamiento jurídico colombiano y, cita un texto suyo que prohíja la interpretación atacada.
El Ministerio Público, mediante concepto No. 5488, del 13 de diciembre de 2012, intervino en el trámite de la presente acción, solicitándole a la Corte Constitucional declarase inhibida para pronunciarse de fondosobre la exequibilidad de la interpretación censurada.
De manera previa a la presentación de sus consideraciones sobre los cargos esbozados por el demandante, el Jefe del Ministerio Público precisó que, si bien los preceptos acusados rigieron hasta el 2011, estos continúan produciendo efectos jurídicos respecto de los procesos coactivos y las reclamaciones judiciales que sobre el pago del tributo se adelantan, así como también respecto de las declaraciones extemporáneas que se lleguen a presentar. Además, indicó que en la presente acción no se configuró el fenómeno de la cosa juzgada, puesto que aun cuando las normas bajo revisión fueron objeto de análisis de fondo por la Corte en las Sentencias C-809 de 2007[8], C-848 de 2008 (sic) y C-890 de 2012, en ninguna de estas providencias se presentaron cargos como los contenidos en la acción bajo estudio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4°,de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir la demanda de la referencia.
Por considerar que la Corte es competente para definir la constitucionalidad de algunas interpretaciones, elaboradas por órganos jurisdiccionales y administrativos, el ciudadano J.A. cuestionó la forma en que la Sección Cuarta del Consejo de Estado y la Dirección de Impuestos y A. Nacionales, entienden el contenido de los artículos 290 y 292-1 y, al parecer, otros preceptos del Estatuto Tributario, cuando estiman que el saneamiento de los bienes fiscales consagrado en el artículo 80 de la Ley 223 de 1995, actual artículo 90-2 del Estatuto Tributario y, efectuado de manera voluntaria en la declaración de renta del año gravable 1995, implica que el ajuste en el valor del costo de los bienes inmuebles, debe ser incluido dentro de la base gravable para calcular el impuesto al patrimonio desde el año 2003, con lo cual, en su sentir, se transgreden los principios de irretroactividad de la disposiciones en materia tributaria, seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima.
Con posterioridad a la expedición de la Ley y, en razón de la creación del impuesto al patrimonio, la Dirección de Impuestos y A. profirió actos administrativos, corrigiendo declaraciones y denunciando exclusiones en la base gravable por parte de aquellos contribuyentes que estimaron que para el impuesto al patrimonio no resultaba exigible incorporar en la citada base el referido ajuste producto del saneamiento del artículo 90-2.
Como las intervenciones de la DIAN, el Ministerio de Hacienda la Procuraduría General de la Nación, la Academia Colombiana de Jurisprudencia coinciden en la improcedencia de la acción intentada, bien porque no se encaminó contra las disposiciones correspondientes, bien porque se trata de un asunto de hermenéutica legal y no constitucional o, bien porque el control de constitucionalidad no se ejerce sobre interpretaciones de la Ley; procederá esta Corporación a dilucidar previamente este asunto. Solo con tal esclarecimiento previo se podrá determinar si corresponde el juicio de constitucionalidad o, si debe esta S. inhibirse.
Resulta oportuno observar que inicialmente se profirió un auto cuya finalidad era lograr subsanar las falencias de un primer libelo acusatorio, tras dicha decisión el actor realizó ajustes a la demanda y con ello se dispuso la prosecución del procedimiento. Se entiende entonces que en principio, se estimaron atendidos los requisitos establecidos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991. Con todo, no se desprende de lo resuelto que al momento de proferir sentencia, deba esta Corte decidir de fondo, si advierte en un análisis más detallado la presencia de razones que podrían conducir a un pronunciamiento diferente[9], más aún, cuando con sólidos argumentos se presentaron diversas solicitudes encaminadas a obtener una resolución inhibitoria.
Debe entonces, esta Corporación revisar la procedencia o improcedencia de un pronunciamiento inhibitorio al tratarse de una acusación contra interpretaciones judiciales y administrativas, pues, de ello depende la formulación de un problema jurídico, conducente a una decisión de fondo sobre los cargos. Para tal cometido, se considerará, en primer lugar, el control de constitucionalidad sobre interpretaciones hechas por autoridades judiciales y autoridades administrativas, seguidamente se recordarán los requisitos que deben contener las demandas contra este tipo de normas, posteriormente, se ocupará la S. de la demanda concretamente examinada, evaluándola a la luz de las exigencias ya decantadas por la jurisprudencia.
3.1 El control de constitucionalidad sobre interpretaciones judiciales y administrativas
() cuando un ciudadano no cuestiona tanto el contenido abstracto de un determinado texto legal sino la interpretación específica que del mismo han hecho determinados jueces, tal y como ocurre en el presente caso. En esos eventos, el control recaería específicamente sobre la labor de los jueces, por lo cual su incidencia sobre la autonomía judicial es importante, lo cual explica, junto con la naturaleza abstracta del sistema de control de las leyes ejercido por la Corte, que dicho control directo de las interpretaciones sea excepcional. Y específicamente, sólo en pocos casos, esta Corte ha procedido a enjuiciar directamente, por vía del control abstracto, esas interpretaciones realizadas por los jueces[10].
17- La Corte es pues competente para controlar ciertas interpretaciones de los funcionarios judiciales, cuando éstas planteen problemas constitucionales ().[11](negrillas fuera de texto)
Sobre el particular también puede atenderse lo dicho en la sentencia C- 802 en el sentido que:
() El control que ejerce esta Corporación a través de la acción pública de inconstitucionalidad (art.241 CP) comprende la facultad de examinar la interpretación que en ciertos casos hacen las autoridades judiciales de normas con fuerza material de ley. Se trata de una suerte de control, verdaderamente excepcional ()[12](negrillas fuera de texto)
Igualmente, esta Corporación ha señalado que también resulta posible, pero excepcional, el control sobre interpretaciones de la Ley formuladas por la Administración. Este criterio quedó plasmado en la sentencia C- 1093 de 2003 M.P.B.S., en lo pertinente, así:
() Esta Corporación en varios pronunciamientos ha establecido que en principio no es competencia de la jurisdicción constitucional resolver debates que se susciten respecto de la interpretación o aplicación de las normas legales, porque en esos casos no se trata de confrontar un texto legal con las disposiciones constitucionales, sino el sentido o alcance que de las mismas realicen las autoridades competentes, ya sean judiciales o administrativas. Ello por cuanto la Constitución Política establece una separación entre las distintas jurisdicciones, de ahí que los conflictos jurídicos que surjan como consecuencia de la aplicación de las normas legales han de ser resueltos por los jueces ordinarios[13]. Con todo, este Tribunal Constitucional ha manifestado que el juicio de constitucionalidad que por mandato superior le corresponde adelantar, también es procedente cuando de la interpretación judicial o administrativa de una disposición legal surja un asunto de relevancia constitucional (). (negrillas fuera de texto)
Este tipo de control si bien resulta infrecuente, se justifica en la medida en que, de conformidad con el artículo 4 de la Carta, todas las lecturas del ordenamiento jurídico deben estar conformes con la Constitución, además, de acuerdo con el artículo 241 de la Constitución, corresponde a esta Corporación la guarda de la Ley Fundamental. De tal modo que si en el ordenamiento se encuentran interpretaciones de la Ley, irrazonables respecto de lo dispuesto en la Constitución, previa solicitud ciudadana, puede el Tribunal Constitucional avocar el conocimiento del asunto y pronunciarse[14]. No se cumpliría tal papel en cabeza de la Corte Constitucional, si existiendo lecturas del ordenamiento violatorias de la Constitución y, habiendo mediado solicitud de un ciudadano, previo cumplimiento de las exigencias constitucionales, legales y, jurisprudenciales, la S. no actuase de conformidad retirando las interpretaciones que riñen con la Carta.
Con todo, y dado el riesgo de interferir indebidamente en el ámbito de competencia de otros poderes públicos, la Corte ha sido en extremo escrupulosa en la admisión de demandas contra interpretaciones hechas por otros órganos jurisdiccionales y por órganos administrativos. Tal cuidado se funda en el respeto del principio de legalidad de la competencia. Adicionalmente, para el caso de las interpretaciones vertidas por la Administración, resulta imperativo el celo por el acatamiento de la separación de poderes. Por ello, esta S., ha establecido unos requisitos especiales para la demanda, cuando se trata de acciones encaminadas a lograr la exclusión del ordenamiento jurídico, de interpretaciones de otros órganos judiciales.
Tales exigencias en la demanda están signadas por una mayor carga argumentativa[15], y suponen un análisis pormenorizado de cada exigencia establecida por la jurisprudencia.
3.2 Los requisitos de la demanda contra interpretaciones judiciales e interpretaciones de la Administración
La jurisprudencia de este Tribunal, ha considerado que en tratándose de censuras contra interpretaciones judiciales, cada uno de los requisitos ordinarios exigibles al libelo ciudadano, presenta su propia especificidad. Por ello, en este caso, se procederá a referirlos y seguidamente se analizaran en el caso concreto.
() a.- En cuanto al requisito de claridad, el ciudadano no sólo debe señalar cuál es la disposición acusada como inconstitucional (numeral 1º del artículo 3º del Decreto 2067 de 1991), sino que, en demandas contra interpretaciones judiciales, es necesario indicar con absoluta precisión cuál es el contenido normativo o norma derivada de la disposición acusada. En otras palabras, sólo habrá lugar a un pronunciamiento de fondo cuando se establezca claramente el enunciado o enunciados normativos que según el demandante generan la presunta situación de inconstitucionalidad[16]. Así, el ciudadano debe indicar, de manera suficientemente comprensible, cuál es la interpretación de la disposición acusada que considera contraria a la Constitución ()[17]
Debe entonces verificarse que se haya señalado tanto el enunciado o disposición, como la norma derivada del mismo, la cual, en el sentir del actor no resulta concordante con la Constitución. La idea de interpretación que cabe aquí considerar, hace relación específicamente a lo que la doctrina entiende como resultado de la actividad interpretativa y no a la actividad misma.[18]Lo que se analiza no es la forma a través de la cual el intérprete atribuye sentido a un texto jurídico, sino ese sentido o significado mismo que el intérprete extrae o deduce del texto, el cual, se convierte en la regla para resolver el caso.
Por un lado, (i) debe tratarse de una interpretación que realmente fije un contenido normativo derivado de la disposición impugnada[19]. Esto significa que la interpretación debe derivarse directamente de la disposición demandada.
De otro lado, (ii) no puede considerarse satisfecho el requisito de certeza cuando el reproche de inconstitucionalidad se sustenta en simples hipótesis hermenéuticas[20] que no hallan sustento en una real y cierta interpretación judicial, o donde la interpretación no conduce a las implicaciones reprochadas, sino que responden a una proposición jurídica inferida por el actor o que recaiga sobre disposiciones que no han sido acusadas. En este punto cobra relevancia la doctrina del derecho viviente, pues el control constitucional sobre interpretaciones judiciales recae sobre el derecho realmente vivido por los ciudadanos, y no sobre contenidos hipotéticos, que podrían eventualmente inferirse del texto acusado, pero que no han tenido ninguna aplicación práctica[21].
Finalmente, (iii) no se cumple el requisito de certeza cuando la interpretación no se deriva de normas con fuerza material de ley, sino de otro tipo de disposiciones como actos administrativos, contratos estatales o cualquier otra fuente de derecho[22]
En lo atinente a la exigencia de especificidad ha estimado la S.:
c.- En cuanto al requisito de especificidad, en esta clase de demandas lo que se exige es que las razones de inconstitucionalidad sean puntuales y recaigan sobre el contenido normativo cuyo alcance específico ha sido fijado por la interpretación acusada, pero no sobre la base de argumentos vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales[23].
Si(lo) que se busca es su separación del ordenamiento con base en su comparación con otra interpretación de la ley, es evidente que las razones esgrimidas no recaen sobre uno de los contenidos de la norma sometida a examen: el que surge de la interpretación que en sentido general hace la autoridad competente[24] y () en consecuencia, se incumple el requisito de especificidad()[25]
d.- En cuanto al requisito de pertinencia, es necesario que el demandante señale cómo y en qué medida la interpretación judicial impugnada plantea al menos un problema de relevancia constitucional, y no razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia[26].
() El control sobre interpretaciones judiciales de las leyes ha de cumplirse de un modo tal que pueda conciliarse con los rasgos característicos del control de constitucionalidad instaurado en Colombia, que no es control de la aplicación de la ley ni instrumento orientado a producir una eventual corrección de problemas suscitados en la praxis judicial[27], corrección que, incluso, cabría intentar ante la autoridad competente y de conformidad con las reglas y oportunidades procesales establecidas para cada tipo de procesos, mas no mediante el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad()[28]
e.- Por último, el requisito de suficiencia exige, en demandas contra interpretaciones judiciales, demostrar que se está ante una posición consistente y reiterada del operador jurídico y no producto de un caso en particular, pues una sola decisión judicial en la que se interprete una norma no constituye per se una doctrina del derecho viviente y en caso de serlo debe demostrarse[29]. Más allá de una cuestión relativa a la certeza de la interpretación, el criterio de suficiencia exige aportar los elementos fácticos y argumentativos para demostrar que la interpretación no sólo existe, sino que plantea una verdadera problemática constitucional.[30]
() (1.) la interpretación judicial debe ser consistente, así no sea idéntica y uniforme (si existen contradicciones o divergencias significativas, no puede hablarse de un sentido normativo generalmente acogido sino de controversias jurisprudenciales); (2.) en segundo lugar, la interpretación judicial debe estar consolidada: un solo fallo, salvo circunstancias especiales, resultaría insuficiente para apreciar si una interpretación determinada se ha extendido dentro de la correspondiente jurisdicción; y, (3.) la interpretación judicial debe ser relevante para fijar el significado de la norma objeto de control o para determinar los alcances y efectos de la parte demandada de una norma().[31]
En consecuencia, es tarea de esta S., en la definición de la procedencia de la acción en el caso concreto, determinar el cumplimiento de lo fijado en los precedentes señalados y así se hará.
3.3 La demanda examinada
De acuerdo con lo expuesto, procederá esta S. a revisar el libelo de demanda de que aquí se trata, empezando por el cumplimiento de condiciones requeridas para censurar las interpretaciones del Consejo de Estado.
En cuanto a la claridad resulta preciso observar el apartado titulado normas cuyo alcance se demanda[32], en el cual el accionante transcribe el contenido de lo dispuesto en los artículos 292 y 292-1, los cuales crean el impuesto al patrimonio por los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010. En dichos enunciados se define el concepto de riqueza para efecto del gravamen como el patrimonio líquido del obligado. Igualmente menciona que la interpretación cuestionada se hizo inicialmente en relación con el artículo 17 de la Ley 863 de 2003, el cual, según el demandante, aun tiene vigencia, pues, el texto legal(base gravable) no ha sufrido modificación alguna[33]. Seguidamente, la S. transcribe in extenso el último precepto citado:
ARTÍCULO 17.Modifícase el Capítulo V del Título II del Libro Primero del Estatuto Tributario, con los siguientes artículos:
Artículo 298. Declaración y pago. El Impuesto al Patrimonio deberá liquidarse en el formulario oficial que para el efecto prescriba la Dirección de Impuestos y A. Nacionales y presentarse con pago en los bancos y demás entidades autorizadas para recaudar ubicados en la jurisdicción de la Administración de Impuestos y A. o de Impuestos Nacionales, que corresponda al domicilio del sujeto pasivo de este impuesto, dentro de los plazos que para tal efecto reglamente el Gobierno Nacional.
Artículo 298-1. Contenido de la Declaración del Impuesto al Patrimonio. La Declaración del Impuesto al Patrimonio deberá presentarse anualmente en el formulario que para el efecto señale la Dirección de Impuestos y A. Nacionales y deberá contener:
Artículo 298-2. Administración y control del Impuesto al Patrimonio. Corresponde a la Dirección de Impuestos y A. Nacionales, DIAN, la administración del Impuesto al Patrimonio que se crea mediante la presente ley, conforme a las facultades y procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para la investigación, determinación, control, discusión y cobro. La DIAN queda facultada para aplicar las sanciones consagradas en este estatuto que sean compatibles con la naturaleza del impuesto. Los intereses moratorios y las sanciones por extemporaneidad, corrección, inexactitud serán las establecidas en este estatuto para las declaraciones tributarias.
Los contribuyentes del Impuesto al Patrimonio que no presenten la declaración correspondiente serán emplazados por la Dirección de Impuestos y A. Nacionales para que declaren dentro del mes siguiente a la notificación del emplazamiento. Cuando no se presente la declaración dentro de este término, se procederá en un solo acto a practicar liquidación de aforo, tomando como base el valor patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada y aplicando una sanción por no declarar equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) del impuesto determinado.
Por lo que atañe a la interpretación, en el apartado interpretación demandada, el actor explica que el Consejo de Estado y la DIAN han entendido que el ajuste que los contribuyentes hicieron en ejercicio de un beneficio tributario conferido por la ley 223 de 1995 (actual artículo 90-2 del Estatuto Tributario), relacionado con el impuesto a la renta y complementarios, no puede excluirse de la base gravable del impuesto al patrimonio.
Observa la Corte que se alude a un tercer precepto, el artículo 90-2 del Estatuto Tributario, el cual no aparece mencionado en el acápite de las disposiciones cuyo alcance se demanda, y solo aparece transcrito más adelante[34] al explicar la violación.
En suma, encuentra la S. que las disposiciones cuyo alcance se demanda son dos, a saber, los artículos 292 y 292-1, mencionándose, el artículo 17 de la Ley 863 de 2003, el cual involucra 10 enunciados, que tratan diversos temas atinentes al impuesto al patrimonio, como lo son, tarifa, hecho generador, causación, base gravable, entidades no sujetas al impuesto al patrimonio, contenido de la declaración del impuesto al patrimonio; entre otros. Como se puede advertir, la profusa normatividad contenida en el artículo 17 de la Ley 863 de 2003, no incorpora solamente el asunto de la base gravable.
Se tiene entonces que la interpretación acusada implica la lectura de un tercer enunciado legal como lo es el artículo 90- 2 del Estatuto Tributario, al cual no se señala como una de las disposiciones cuyo alcance debe ser estudiado por la Corte. Este artículo solo se referencia al momento de explicar la presunta violación de la interpretación a los mandatos constitucionales de la seguridad jurídica, la buena fe y, la confianza legítima.
Para la Corporación, el actor no cumple con el requisito exigido por el Tribunal Constitucional, consistente en seguir un hilo conductor que permita al Juez Constitucional comprender de cual o cuales enunciados proviene la norma acusada. Si bien es cierto, la acción es pública y popular, no exigiéndose erudición y técnica en el discurrir que evidencie el objeto a tener en cuenta en el juicio de constitucionalidad, tampoco se puede pretender que la S. determine cuál o, cuáles de las varias disposiciones citadas, son las que permiten al Juez Contencioso Administrativo y a la Administración, llegar al resultado interpretativo que en el sentir del demandante resultaría inconstitucional.
Igualmente, cabe reprochar en materia de pertinencia, en el cargo por violación a los principios hermenéuticos y la generación de contradicciones en el sistema. Basta ver la formulación del mismo en el escrito de censura[35], para verificar que lo que se plantea es la falta de concordancia entre normas de rango legal, específicamente del Estatuto Tributario y normas contenidas en el Decreto 2649 de 1993, el cual, es producto de la potestad reglamentaria del Presidente de la República. Tan evidente resulta que se trata de un problema de orden infraconstitucional, que el actor, no refiere a lo largo de esa acusación ninguna transgresión de orden constitucional. En este sentido, resulta oportuno decir que el Tribunal Constitucional carece de competencia para definir cuál es la interpretación más adecuada de la Ley.
Entiende también la S. que artículos como el 295-1, el cual no hace parte del listado de mandatos incorporados en el artículo 17 de la ley 863 de 2003, resultan necesarios para la definición del tema, pues, se observa que se discute la base gravable del impuesto al patrimonio.
Igualmente, estima la S. que resultaría preciso referirse al artículo 277 del Estatuto Tributario que alude al valor patrimonial de los inmuebles y contiene una disposición específica sobre el artículo 90-2, el cual, advierte la Corte, se torna imprescindible en la comprensión de lo planteado. De los diversos preceptos, contenidos en el varias veces mencionado artículo 17 de la ley 863 de 2003, pareciera resultar oportuno referirse al artículo 295 del Estatuto Tributario, mas todo ello, depende esencialmente de las disposiciones que el actor de manera clara y cierta precise en su escrito de censura.
Uno de tales requisitos, esencial para que el Tribunal pueda abordar el examen de constitucionalidad de una interpretación, es que el ciudadano señale con certeza, cuál es la disposición legal acusada como inconstitucional, como lo establece el numeral 1) del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Tal señalamiento debe ir acompañado de la indicación con absoluta precisión, de cuál es el contenido normativo o norma derivada de la disposición acusada.
En otras palabras, solo habrá lugar a un pronunciamiento de fondo cuando se establezca claramente el enunciado o enunciados normativos que según el demandante generan la presunta inconstitucionalidad (sentencia C-802/08). Debe verificarse que se haya señalado tanto el enunciado o disposición, como la norma derivada del mismo, la cual, a juicio del actor, no resulta concordante con la Constitución. La idea de interpretación que cabe aquí considerar, hace relación específicamente a lo que la doctrina entiende como resultado de la actividad interpretativa y no la actividad misma. Lo que se analiza no es la forma a través de la cual el intérprete atribuye sentido a un texto jurídico, sino el sentido que el juez u órgano administrativo extrae o deduce del texto, el cual se convierte en regla para resolver el caso. A la vez, debe establecerse que la atribución del sentido cuestionado derive de una ley o norma con fuerza de ley, la cual haya supuesto aplicaciones judiciales y no sea resultado de la mera especulación del actor.
Primero: Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo, sobre la constitucionalidad de la interpretación impugnada.
[1]Fl. 42 cuaderno principal
[2]. Al respecto, ver las siguientes sentencias: Consejo de Estado, S. de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P.M.T.B. de Valencia, Mayo 10 de 2012. R.: 76001 23 31 000 2009 00272 01 (18289); Consejo de Estado, S. de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P.D.M.G., Junio 23 de 2000, R.: 25000-23-27-000-1998-0762-01 (10009); Consejo de Estado, S. de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P.H.J.R.D., Mayo 7 de 2008, R.: 25000-23-27-000-2003-00464-01 (15283).
[3] Conceptos Nº 91.434 de 30 diciembre de 2004 y 34.196 de 7 de junio de 2005.
[5] M.P.N.P.P..
[6] M.P.J.G.H.G..
[8] M.P.M.J.C.E..
[9]C-309 de 2009 M.P.M.M.. En particular el considerando 5.
[10] Ver en particular las sentencias C-1436 de 2000, C-426 de 2002 y C-207 de 2003.
[11] Sentencia C- 569 de 2004, M.P.U.Y.
[12]Cfr. Corte Constitucional C-803 de 2006, MP. J.C.T., A-103 de 2005, C-158 de 2007, C-159 de 2007 y C-187 de 2008, MP. H.S.P., entre otras.
[13] Cfr.. C-496/94, C-081/96,C-1436/00, C-426/02, entre otras.
[14]Cfr. C-569 de 2004 M.P.U.Y., en particular el considerando 14.
[15] Sentencia C- 802 de 2008 M.P.H.V.
[16]Corte Constitucional, Auto 103 de 2005, MP. H.S.P..
[17] Sentencia C-802 de 2008
[18] V.G.R., D.. Estudios de teoría y metateoría del derecho, trad. J.Ferrer, Ed. G., Barcelona, 1999, (pp. 201  210)
[19]Corte Constitucional, Sentencias C-426 de 2002 y C-207 de 2003, MP. R.E.G., C-158 de 2007, MP. H.S.P..
[20]Corte Constitucional, Sentencia C-158 de 2007, MP. H.S.P..
[21]Corte Constitucional, Sentencia C-569 de 2004, MP. R.U.Y..
[22] Sentencia C- 802 de 2008
[23] Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001, MP. M.J.C.E..
[24]Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-426 de 2002. M.P.R.E.G..
[25] Sentencia C-309 de 2009 M.P.M.M.
[26] Corte Constitucional, Sentencia C-181 de 2005, MP. R.E.G..
[27] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-048 de 2004. M.P.A.B.S..
[28] Sentencia C- 309 de 2009 M.P M.M..
[29] Corte Constitucional, Sentencia C-803 de 2006, MP. J.C.T..
[30] Sentencia C- 802 de 2008
[31] Sentencia C-557 de 2001, MP M.J.C.E. Fundamento 5.2.3.
[32] Cuaderno original (Fl. 42-43)
[33] Cuaderno original (fl. 43)
[34] Cuaderno original (fl. 70)
[35] Cuaderno original (fls. 75-81)
Tutela de Corte Suprema de Justicia - nº 15001221300020130015501 de 29 de Abril de 2013

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ARTÍCULO 292
 artículo 90
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 artículo 85
 artículo 90
 artículo 80
 artículo 292
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 artículo 241
 artículo 80
 artículo 90
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 artículo 2
 resolución 
 artículo 4
 artículo 241
 artículo 3
 artículo 17

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Artículo 298

Artículo 298

Artículo 298
 artículo 90
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 artículo 17
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 artículo 277
 artículo 90
 artículo 17
 artículo 295
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