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Timestamp: 2020-05-27 22:58:41+00:00

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2020 | Externacorporativo
Continuamos con el Real Decreto-Ley 15/2020 que amplia las medidas económicas que alivien las consecuencias generadas por el COVID-19, centrándonos en las medidas vinculadas a la protección del empleo, y en alguna otra de especial relevancia.
ESPAÑA: Real Decreto-Ley 15/2020, de 22 de abril (continuación)
Medidas vinculadas a la protección del empleo
En materia de desempleo, se amplía la cobertura de la prestación a los trabajadores. Concretamente, se les atribuye la consideración de situación legal de desempleoa aquellas personas trabajadoras cuyos contratos han sido extinguidos durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo, así como a aquellos que lo hayan extinguido voluntariamente desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19.
En materia de cómputo de plazos en lo que respecta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: se establece que, salvo en ciertos supuestos excepcionales, el periodo de vigencia del estado de alarma declarado el 14 de marzo, así como sus posibles prórrogas, no computará : 1// a efectos de los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias de esta Inspección; 2// ni en la duración de los plazos fijados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el cumplimiento de cualesquiera requerimientos, 3// ni a efectos del cómputo de los plazos de prescripción de las acciones que exijan responsabilidades respecto al al cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad Social.
Asimismo, todos los plazos relativos a procedimientos sancionatorios por infracciones de orden social, y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, están afectados por la suspensión de plazos administrativos prevista en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Respecto a los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hubieran optado inicialmente por una entidad gestora y no hubieran ejercitado la opción por una mutua, estando obligados a ello: se aclara que deberán ejercitar la opción y formalizar el correspondiente documento de adhesión en el plazo de tres meses desde la finalización del estado de alarma. Dicha opción surtirá efectos desde el día primero del segundo mes siguiente a la finalización de este plazo de tres meses. Una vez trascurrido el plazo para llevar a cabo la opción prevista en el párrafo anterior sin que el trabajador hubiere formalizado el correspondiente documento de adhesión, se entenderá que ha optado por la mutua con mayor número de trabajadores autónomos asociados en la provincia del domicilio del interesado, produciéndose automáticamente la adhesión con efecto desde el día primero del segundo mes siguiente a la finalización del plazo de tres meses a que se refiere el párrafo anterior.
Respecto a los efectos en la incapacidad temporal de la opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social realizada por los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos para causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19: se aclara que dará lugar a que la mutua colaboradora por la que haya optado el trabajador autónomo asuma la protección y la responsabilidad del pago de la prestación extraordinaria por cese de actividad así como del resto de prestaciones derivadas de las contingencias por las que se haya formalizado la cobertura, incluyendo el subsidio por incapacidad temporal cuya baja médica sea emitida con posterioridad a la fecha de formalización de la protección con dicha mutua y derive de la recaída de un proceso de incapacidad temporal anterior cubierta con la entidad gestora.
En relación con el ámbito de aplicación de los ERTES por causa de fuerza mayor: se amplían los supuestos, modificando su regulación a fin de cubrir las reducciones significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales, pero que se han visto afectados por las medidas de reducción de la movilidad y han visto mermados sus ingresos.
Por su parte, las empresas de sectores esenciales, podrán diferenciar a los trabajadores que realizan las labores imprescindibles de los que no, para poder acceder a realizar un ERTE .
Se habla ahora de fuerza mayor parcial, para supuestos en los que esta circunstancia se extiende sólo a una parte de la plantilla, o sólo a una parte de las actividades.
En materia de aplazamiento de pago de deudas con la Seguridad Social: Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad social, o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, pero con las siguientes particularidades
Este tipo de aplazamientos será incompatible con la solicitud de moratoria: Las solicitudes de aplazamiento por periodos respecto de los que también se haya solicitado la citada moratoria se tendrán por no presentadas, si al solicitante se le ha concedido esta última.
En cuanto a la modalidad del teletrabajo y cuidado de menores: se prevé una prórroga por la preferencia de la modalidad de teletrabajo así como para la adaptación de horario y reducción de jornada para el cuidado de personas por alguna circunstancia del COVID-19, durante 2 meses más (hasta el 22 de junio de 2020.)
Sociedades Laborales y Participadas, Ley 44/2015: Prórroga del plazo previsto en el art. 1.2.b) de esta ley , relativo al ajuste de capital y derecho de voto de los socios del 50% a un tercio como máximo en el plazo de 36 meses. Este plazo se amplía 12 meses más pero solo es aplicable a aquellas sociedades constituidas durante el 2017.
Disponibilidad excepcional de los Planes de Pensiones en situaciones derivadas del COVID-19: En relación con lo establecido en el RD Ley 11/2020 sobre la disponibilidad de los derechos consolidados en planes de pensiones, se concreta:
Podrán solicitar ejercitar sus derechos consolidados los partícipes de los planes de pensiones del sistema individual y asociado, y los partícipes de los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida o mixtos para aquellas contingencias definidas en régimen de aportación definida, aquellos afectados por un ERTE, suspensión de apertura al público de establecimientos o el cese de actividad ocasionada por el COVID-19, cuando lo permita el compromiso por pensiones y lo prevean las especificaciones del plan aprobadas por su comisión de control en las condiciones que éstas establezcan.
Se amplían y clarifican las circunstancias recogidas en el apartado 1 de la disposición adicional vigésima del RD-L 11/2020, indicando:
Trabajador que se encuentra en un ERTE, podrá presentar alternativamente: certificado de la entidad gestora de la prestación pública o certificado de empresa con referencia al ERTE.
Empresarios titulares de establecimientos cuya apertura al público se haya suspendido: declaración personal y responsable de cumplir con los requisitos.
Trabajador por cuenta propia que hubiese estado previamente de alta en la Seguridad Social o en régimen de mutualismo alternativo y haya cesado actividad por el COVID-19: presentará certificado expedido por la AEAT o el órgano competente de la CCAA en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad por el interesado.
Si en algunos de estos casos, la presentación de tales documentos no es posible, podrá presentarse declaración personal responsable con vigencia durante el estado de alarma y sus prórrogas, disponiendo de un (1) mes para la presentación de los mismos una vez finalizada esta situación.
3. El importe de las cuantías a ejecutar se limita del modo siguiente:
3.1.- Dependiendo de en qué supuesto nos encontramos de los del apartado 1 de la disposición adicional vigésima del RD-Ley 11/2020:
Afectado por un ERTE: los salarios netos dejados de percibir durante la vigencia del ERTE.
Empresarios titulares de establecimientos cuya apertura se haya visto suspendida por causa del COVID-19: los ingresos netos estimados sin percibir debido a la suspensión de apertura al público.
Trabajador por cuenta propia de alta previamente en la Seguridad Social o mutualidad alternativa: los ingresos netos sin percibir como consecuencia del cese de actividad.
El cómputo máximo será en todos los casos igual al período de vigencia del estado de alarma más un mes adicional. Se justificará con la última nómina previa, en el primer caso, y con la declaración fiscal del ejercicio anterior, y de IVA del último trimestre en los otros dos. Estos, además, se acompañará una declaración personal responsable en la que se cuantifique el importe mensual de reducción de ingresos.
3.2.- El resultado de prorratear el IPREM anual para 12 pagas vigente en 2020 multiplicado por tres en la proporción que corresponda al período de ERTE, cierre o cese de actividad. En todo caso, el período máximo a computar es el de vigencia del estado de alarma y un mes adicional.
El partícipe será responsable de la veracidad de la documentación, la concurrencia del supuesto de hecho y la cuantificación del importe a percibir.
El reembolso se realizará en 7 días máximo, desde la solicitud documentada.
Prórroga de términos y plazos de presentación de información por las personas y entidades sujetas a la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: Se habilita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para que, por medio de resolución y previo informe de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, pueda acordar la prórroga de los siguientes términos y plazos:
– En el ámbito de la ordenación y supervisión de las entidades aseguradores y reaseguradoras, podrá decidir el orden temporal de presentación de los modelos establecidos para el cierre del ejercicio 2019 y primer trimestre 2020, conforme a las directrices y recomendaciones de la Autoridad Europea de Supervisión de Seguros y Pensiones de Jubilación.
– En el ámbito de la ordenación y supervisión de los planes y fondos de pensiones, así como de las entidades gestoras y depositarias de éstos, correspondiente al cierre del ejercicio económico 2019 y al primer trimestre del ejercicio económico 2020, podrá también decidir el orden temporal de presentación de los modelos establecidos para tales periodos, conforme a las directrices y recomendaciones de la Autoridad Europea de Supervisión de Seguros y Pensiones de Jubilación.
– En el ámbito de la ordenación y supervisión de los distribuidores de seguros y reaseguros, los plazos y términos relativos a la presentación ante la autoridad supervisora de la información estadístico-contable y de negocio correspondiente al cierre del ejercicio económico 2019.
Disposición Final que realiza diversas modificaciones en el Real Decreto 11/2020, destacando:
Art. 24, apartado 6: Se determina que no podrán formalizarse los instrumentos notariales del apartado 2 (moratoria de los préstamos hipotecarios), sin que esto implique la suspensión de la moratoria, que deberá aplicarse automáticamente.
Los derechos arancelarios notarialesderivados de la intervención de pólizas en que se formalicen la suspensión temporal de las obligaciones contractuales de los préstamos o créditos sin garantía hipotecaria (art.21 RD-Ley 11/2020) se bonificarán en un 50% con un límite mínimo de 25 euros y máximo de 50 euros, por todos los conceptos, incluyendo copias y traslados.
Los derechos arancelarios de los registradores, se minutarán de conformidad con el art 36.9.g de la Ordenanza aprobada por Orden de 19 de julio 1999, por la cantidad fija de 6 euros.
Art. 36, apartado 1 en relación con el derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de consumidores y usuarios. Se modifica sutilmente la redacción para determinar que el plazo de 60 días para obtener propuesta de revisión que restaure la reciprocidad de intereses del contrato, se contará a partir de la solicitud de resolución contractual del consumidor o usuario, mientras que antes se contemplaba desde la imposibilidad de ejecución del mismo.
Se mantiene el hecho de que las propuestas de revisión podrán abarcar entre otras, el ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso.
EXTERNA CORPORATIVO te ayuda a entender y aplicar las nuevas medidas aplicables en el ámbito de la Seguridad Social y laboral durante el Estado de Alarma
Te ayudamos a entender y a aplicar las nuevas medidas laborales que afectan a tu empresa, y el compromiso que conllevan de mantener el empleo durante los seis meses siguientes desde la fecha de reanudación de la actividad.
Te ayudamos a cumplir con las obligaciones legales para que tu sociedad no se vea afectada por los cambios legales, que la vida de tu empresa siga su curso en correctas condiciones lo antes posible
En EXTERNA CORPORATIVO seguimos ….
Siempre buscando la información actualizada y sobre lo que está pasando en los países de nuestro entorno y en especial en aquellos en los que sabemos que vosotros tenéis intereses. Hacíamos referencia hace unos días a las decisiones adoptadas por la UE en cuanto a restricciones en los desplazamientos de personas y también respecto a medidas legales, laborales y fiscales publicadas en Francia y en Colombia para minimizar el impacto del COVID-19. Continuamos en esa línea y en otros destinos.
UNIÓN EUROPEA: Ampliación de plazos: Marcas, Patentes, …
Como ya hemos visto, el Real Decreto 463/2020 mediante el que se declara el estado de alarma en España incluye la suspensión de todos los plazos procesales y administrativos mientras dure dicho estado a nivel nacional.
Esto afecta igualmente a los plazos administrativos relativos a procedimientos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). El Director de la OEPM en su Resolución del 16 de marzo 2020, aclaró que los plazos a los que pudiera aludirse en las notificaciones automáticas emitidas por este organismo durante el mencionado período, no resultarán de aplicación, y quedarán también suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualquiera de las acciones y derechos ejercitables ante esta Administracion.
La sede electrónica, seguirá ofreciendo sus servicios.
La Unión Europea, a través de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), a través de su Director Ejecutivo, también ha tomado la decisión de suspender los procedimientos en curso y aplazar los plazos que expiren entre el 9 de marzo 2020 y el 30 de abril de 2020, serán prorrogados hasta el próximo 4 de mayo 2020, decisión que entró en vigor el pasado 16 de marzo.
UNIÓN EUROPEA: Controles a la inversión extranjera.
No se trata de que cunda el pánico ni de que se pretenda un cierre y/o rechazo a la inversión extranjera en el entorno UE, siendo esencial para el crecimiento económico, el empleo y la innovación. Tampoco se pueden obviar los efectos de globalización y la integración en las cadenas de suministro mundiales que afectan por supuesto, a muchas empresas instaladas en la UE y que se rigen por los ordenamientos jurídicos de alguno de sus Estados miembros.
Sin embargo, la emergencia producida por el COVID-19 ha generado también una alerta de llamada a la protección y control por parte de la UE a sus estados miembros, detectando un riesgo en cuanto a posibles adquisiciones por parte de capital extranjero de capacidades sanitarias, por ejemplo, equipos médicos y de protección, o de entidades dedicadas a la investigación o desarrollo de vacunas.
El pasado 13 de marzo, en un Comunicado, la Comisión Europea ya hizo un llamamiento a utilizar todos los instrumentos de control a nivel nacional que los Estados dispongan a fin de evitar pérdidas de activos y tecnologías sensibles que puedan suponer un riesgo para la seguridad o el orden público en la UE, o bien un riesgo en las infraestructuras sanitarias esenciales y el suministro de insumos críticos.
En este sentido, las Orientaciones emitidas por la Comisión son parte de una respuesta coordinada en el seno de la UE y se dirigen a establecer a un mayor control en el movimiento de capitales y restringirlo cuando esté justificado y todo ello antes de que se aplique el Reglamento UE 2019/452 para el control de las inversiones extranjeras directas.
El Anexo publicado por la Comisión señala el ámbito de aplicación del Reglamento, que será el de todos los sectores de la economía sin especificar umbrales, es decir, el control de una operación no dependerá de su valor económico. Esto afecta a las PYMES, cuyo valor económico puede ser limitado pero el estratégico, en investigación o tecnología, puede ser enorme.
Sin embargo, se aclara que, el control de la inversión extranjera directa no tiene porqué desembocar en una prohibición de la misma, ya que pueden establecerse condiciones que garanticen el suministro interno en la UE, por ej.
Sí se especifica que estarán especialmente controlados los proyectos y entidades que hayan recibido financiación del Programa de Investigación e Innovación de la UE “Horizonte 2020”.
Debemos indicar que los controles a estas inversiones podrán realizarse hasta en el plazo de 15 meses tras su realización.
PERÚ: Una economía impactada por el Dólar y el COVID-19
En Perú no solo tienen que temer al COVID-19. En una economía dolarizada como la de este país, el aumento del precio del dólar americano, superando los S/3.50 soles peruanos en los últimos días, resulta un dato relevante en el mercado cambiario y de consecuencias financieras importantes para todas las entidades que realizan transacciones comerciales en esa moneda.
En ese sentido, resulta de especial interés revisar el tratamiento tributario que se aplica a las variaciones de tipo de cambio.
El Tribunal Fiscal en su Resolución de Observancia Obligatoria No. 08678-2-2016, a los efectos de determinar la renta neta, considera que deberá tenerse en cuenta la diferencia de cambio que resulte de los saldos en moneda extranjera (saldo de caja efectivo y saldo de dinero en bancos), a la fecha del Balance General, así como en el caso del canje de moneda extranjera por moneda nacional. En estos casos, no es necesario que el contribuyente demuestre el origen de dichos importes en moneda extranjera.
Sin embargo, a los efectos de determinar el Impuesto sobre la Renta (IR) por operaciones en moneda extranjera, se deberán tomar en cuenta las siguientes reglas:
Las operaciones en moneda extranjera se contabilizarán al tipo de cambio vigente a la fecha de la operación.
Las diferencias de cambio que resulten de los pagos o cobros por operaciones pactadas en moneda extranjera, contabilizadas en moneda nacional, que se produzcan durante el ejercicio se considerarán como ganancia o como pérdida de dicho ejercicio.
Las diferencias de cambio que resulten de expresar en moneda nacional los saldos de moneda extranjera correspondientes a los activos y pasivos del contribuyente, deberán ser incluidas en la determinación de la base imponible del período en el cual la tasa de cambio fluctúa, considerándose como utilidad o como pérdida.
Las inversiones permanentes en valores en moneda extranjera (destinadas a permanecer en el activo por más de un año) se registrarán y mantendrán al tipo de cambio vigente de la fecha de su adquisición, cuando se califiquen como partidas no monetarias.
Se utilizará el tipo de cambio promedio ponderado “compra” que corresponde al cierre de operaciones del día de devengo o percepción de la renta, de acuerdo con la publicación que realice la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – Fondos de Pensiones)
Se considerará siempre el tipo de cambio publicado al cierre de operaciones del último día anterior en el Diario Oficial El Peruano, salvo que la SBS hiciera otra publicación al cierre.
PORTUGAL – EN ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19: Decreto Presidencial n.º 14-A/2020, de 18 de marzo.
En Portugal también se han visto obligados a tomar medidas aceleradas para frenar la pandemia ocasionada por el COVID-19. El Decreto presidencial determina la suspensión parcial de determinados derechos fundamentales con el alcance que en el mismo se precisa y dentro del marco del principio de proporcionalidad. Estos derechos afectados son:
a) Derecho de tránsito y establecimiento en cualquier parte del territorio nacional;
b) Propiedad e iniciativa económica privada;
c) Derechos de los trabajadores;
d) Circulación internacional;
e) Derechos de reunión y de manifestación;
f) Libertad de culto, en su dimensión colectiva; y
g) Derecho de resistencia
Debemos distinguir dos tipos de medidas:
La de inmediata aplicación a los ciudadanos y operadores económicos (limitación a la libertad de circulación y de iniciativa económica privada) y
Las que deben regularse posteriormente a través de reglamentos o actos administrativos de ejecución.
A nivel empresarial destaca la premisa de mantener los puestos de trabajo y la continuidad de los negocios, y en esa línea, se han desarrollado las medidas de apoyo extraordinarias en país vecino en los casos de:
parada total de la actividad de la empresa o por interrupción del abastecimiento; suspensión o cancelación de encargos,
empresas con caída del 40 % de la facturación o aquellas que haya iniciado su actividad en los 12 meses previos al estado de emergencia.
Será preciso indicar tales condiciones a través de una declaración del empleador y con un certificado de su auditor, adjuntando datos contables, financieros y últimas declaraciones fiscales.
Durante el periodo de aplicación de esta medida, la Seguridad Social garantizará el pago del 70 % de dos tercios de la remuneración bruta mensual del trabajador, siendo aplicable a ésta un límite máximo de tres salarios mínimos mensuales garantizados (€1.905,00). Esta ayuda tendrá la duración de un mes y podrá ser, excepcionalmente, prorrogable mensualmente, hasta un máximo de 6 meses.
Además, se establece un régimen extraordinario y temporal de suspensión de las cotizaciones a la Seguridad Social.
En el plano societario, el plazo legal o estatutario para la celebración de Juntas Generales de sociedades, asociaciones o cooperativas para la rendición de cuentas debe producirse en el plazo de 3 meses tras el fin del ejercicio, y éste ha sido prorrogado hasta el 30 de junio 2020, o en el plazo de cinco meses desde la fecha en la que las sociedades deban presentar cuentas consolidadas.
En el sector inmobiliario, si bien quedan suspendidos los desahucios, las ejecuciones de hipotecas en los casos de vivienda principal y los efectos de denuncias interpuestas por propietarios en todo tipo de contratos de arrendamiento, se aclara que, NO se podrá invocar, el cierre de instalaciones y establecimientos como fundamento de resolución, denuncia u otra forma de extinción de contratos de arrendamiento que no sean para uso de vivienda o de explotaciones de inmuebles, ni como fundamento de la obligación de desocupación de inmuebles ocupados.
A nivel tributario, se han adoptado medidas, principalmente relativas a la ampliación de plazos de pagos a cuenta y de declaraciones de impuestos generales.
Como podemos ver, bastante deficientes por ahora las medidas adoptadas en el país vecino, esperando sin duda a conocer mejor el impacto que pueda producir la pandemia en una economía ya no demasiado brillante en los últimos tiempos.
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References: Real Decreto 
 artículo 17
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 Real Decreto 
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