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Timestamp: 2019-02-17 03:42:42+00:00

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Proyecto de Ley. Determinación del carácter profesional de una enfermedad que afecte al trabajador
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Modifica la ley N°16.744, que Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en materia de determinación del carácter profesional de una enfermedad que afecte al trabajador
Boletín N°11287-13
Que el presente proyecto está enmarcado dentro de las propuesta legislativas que consideró el Informe de la "Comisión Especial Investigadora encargada de conocer y analizar los actos ejecutados por la Superintendencia de Seguridad Social y por otros organismos públicos que se vinculen con el eventual perjuicio fiscal generado a partir del rechazo de las denuncias individuales de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por parte de las mutualidades", de la Cámara de Diputados.[1]
En efecto, el mencionado Informe es el producto del trabajo que realizó dicha Comisión Investigadora, la que se constituyó para indagar sobre las causas y consecuencias de lo que se denominó el sub-registro y sub-notificación de las contingencias del trabajo.
Así las cosas, y según consigna el Informe, “en el caso de los accidentes que se presentan en el sistema como denunciados, el 80 por ciento de ellos es calificado como laboral y el 20 por ciento como común, por los organismos administradores, al contrario, en el caso de las enfermedades, el 23 por ciento es calificada como laboral y el 77 por ciento como común. Estas cifras permiten observar que la mayor conflictividad se presenta en el ámbito de las enfermedades profesionales, de los 37.720 casos que se calificaron en 2015, 29.000 fueron considerados de carácter común y los otros 8.600 como de carácter laboral, y sólo un 11% reclama. Este bajo índice de interposición de reclamos de parte de los afectados puede originarse por ignorancia en el rol de la Superintendencia; la barrera de acceso a los beneficios que importa la definición de enfermedad profesional, o por la escasa confianza en los resultados de recurrir de la calificación, escenario esperable frente a las indesmentibles datos estadísticos”[2] (el subrayado es propio para destacar lo relevante del párrafo en relación a este proyecto).
Que este problema de confianza en los resultados se origina, entre otras causas, en el peso que le significa al trabajador tener que acreditar el origen laboral de una determinada afección, lo que se torna aún más gravoso atendiendo a la rigidez del concepto de enfermedad profesional, que exige una relación directa entre la exposición en el trabajo y la contingencia.
En efecto, la ley número 16.744 señala en su artículo 7 regula las enfermedades profesionales dentro del Título de las contingencias cubiertas; luego las define (inciso primero), señala cuáles se entenderán siempre profesionales (inciso segundo), y luego otorga una suerte de posibilidad al trabajador para acreditar el origen laboral de una determinada enfermedad (inciso tercero), tal cual se observa a continuación:
“Artículo 7°.- Es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.
Con todo, los afiliados podrán acreditar ante el respectivo organismo administrador el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviere enumerada en la lista a que se refiere el inciso anterior y que hubiesen contraido como consecuencia directa de la profesión o del trabajo realizado. La resolución que al respecto dicte el organismo administrador será consultada ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que deberá decidir dentro del plazo de tres meses con informe del Servicio Nacional de Salud”
Como se puede observar, la redacción del inciso tercero implica en la práctica que es el trabajador quien debe acreditar ante el organismo administrador que una enfermedad es laboral, reiterando en este caso la normativa la necesidad que la relación causal sea directa. Además, agrega la norma, la resolución que se dicte es consultada ante la Superintendencia de Seguridad Social, lo que supone ya una dilación importante en el procedimiento, considerando que ésta debe decidir en el plazo de tres meses, y además se agrega que debe recibirse informe del Servicio Nacional de Salud (actualmente los Servicios de Salud, de conformidad al artículo 16 del decreto ley 2763 del año 1979).
Así las cosas, y referente al problema mencionado, el Informe de la mencionada Comisión Investigadora, incluyó una propuesta del siguiente tenor: “4. Inversión de la carga de la prueba ante las contingencias del trabajo: ante la asimetría de información, de recursos económicos e institucionales que tienen las y los trabajadores ante las Mutualidades no puede sostenerse que corresponda al primero demostrar que su afección es laboral cuando la segunda rechaza la calificación. Ello se torna especialmente importante en el caso de una enfermedad profesional, puesto que la legislación exige una relación directa entre el factor de riesgo y la afección y además porque si es que una enfermedad no está en el Reglamento, corresponde al afiliado acreditarla. En este sentido, se debe avanzar a un sistema que, previendo la atención integral del trabajador según lo ya señalado, ponga de cargo de la Mutualidad respectiva el probar, de manera fundada, que una contingencia no es laboral, lo cual deberá ser ratificado por la Superintendencia”.[3]
En este sentido, la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo presentada por el Gobierno tiene avances sustanciales en esta materia, particularmente estableciendo como propuesta la de “Actualizar listado de enfermedades profesionales, considerando la Recomendación N°194 de la OIT”[4]. Como se señaló, es el Reglamento el que determina que enfermedades deben siempre considerarse como profesionales, listado que debe revisarse cada 3 años; adecuar este estándar a lo planteado por la OIT es sin duda una medida que mejora el acceso a las prestaciones de la ley 16.744.
No obstante lo anterior, mientras no se modifique dicho reglamento, todavía quedarán muchas enfermedades fuera de ese listado, quedando de carga del trabajador acreditar su origen. Asimismo, y aún cuando se actualice el listado, la OIT ha señalado que “la naturaleza de las enfermedades profesionales está cambiando rápidamente: la tecnología y los cambios sociales, acompañados de una nueva condición económica global están agravando los peligros en la salud existentes y, a su vez, creando nuevos”[5]; de esta forma, nunca se podrá estar ciertos que aquellos listados contemplen todos los riesgos a los que están afectos los trabajadores, menos ahora en un contexto de rápidos cambios derivados del avance de la tecnología y cambios sociales, como se ha señalado.
De lo anterior se concluye que debe avanzarse también en modificar aquella parte de la legislación que pone de carga del trabajador la prueba de una enfermedad no dispuesta en el listado, de tal forma que sea el organismo administrador quien tenga el peso de comprobar que la enfermedad presentada no es de origen laboral.
El proyecto pretende modifica el tenor del inciso tercero del artículo 7°, el cual está redactado en términos tales que implica necesariamente que el trabajador tiene la carga de la prueba. En efecto, se modifica la expresión “podrán acreditar” por “podrán requerir” ante el organismo administrador respectivo. Por otra parte, se modifica aquella parte que indica que los trabajadores deben acreditar una enfermedad “que hubiesen contraído como consecuencia directa de la profesión o del trabajo realizado”, en la línea de eliminar la expresión “directa”. Finalmente, se señala que la resolución que rechace este requerimiento debe proceder por resolución fundada, lo que implica necesariamente ponderar los antecedentes de hecho y derecho en que se sustenta la decisión del respectivo organismo administrador.
De lo señalado, el proyecto pretende en primer término concretizar las propuestas de la Comisión Investigadora antes señalada, como también avanzar en crear los mecanismos necesarios para que los trabajadores puedan acceder en plenitud a las prestaciones que otorga la ley número 16.744. Para este caso específico, lo anterior se cumple trasladando el peso de la prueba de comprobar el origen de una enfermedad al organismo administrador, lo que permitirá equilibrar la balanza en torno a la asimetría de información y de recursos humanos y económicos en que está hoy en día la seguridad y salud en el trabajo.
El presente proyecto busca cambiar el peso de la prueba de las enfermedades profesionales que no están enumeradas en el listado del Reglamento a que hace alusión el inciso segundo del artículo 7° de la ley número 16.744. En tal sentido, se busca que la carga de la prueba de comprobar que una enfermedad profesional no es tal es del organismo administrador, quien deberá hacerlo por resolución fundada.
Disposiciones de la legislación vigente que se verían afectadas por el proyecto
El presente proyecto modifica el inciso tercero del artículo 7 de la ley número 16.744, sin tener impacto en otras normas legales.
Artículo Único.- Introdúzcase la siguiente modificación a la ley número 16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales:
Modifíquese el artículo 7 en el siguiente sentido:
Sustitúyase su inciso tercero por el siguiente:
“Sin perjuicio de lo anterior, los afiliados podrán requerir la declaración del carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviere enumerada en la lista a que se refiere el inciso anterior, la cual sólo podrá rechazarse por resolución fundada”.
Alejandra Sepúlveda Órbenes
[1] Disponible en https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=30783&prmTIPO=INFORMECOMISION
[2] Ibid, p. 189.
[3] Ibid, p. 203.
[4] Compromiso número 6 del área Normativa de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, disponible en: https://www.previsionsocial.gob.cl/sps/pnsst/
[5] En http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_208226.pdf. Traducción propia.

References: artículo 7
 resolución 
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 artículo 16
 artículo 7
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 artículo 7
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 artículo 7
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