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Timestamp: 2018-10-15 14:46:48+00:00

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Jubilada podrá cobrar actualización incluso con reparación histórica – Derecho en Zapatillas by Sergio Mohadeb
Por Sergio	 El Jun 19, 2018
La reparación histórica, como se ha explicado en otras notas de Derecho En Zapatillas, implica en realidad una transacción. Un acuerdo por el cual el jubilado se compromete a no reclamar al Estado un peso más y a cambio pacta una suma que cobrará mensualmente y rápido, sin esperar a que termine el juicio. Sin embargo, hay ahora algunas sentencias que empezaron a abrir la canilla e incluso continuando el juicio, el jubilado podrá cobrar. O indexar sus haberes.
El reajuste previsional incluso con reparación histórica
Una nueva sentencia le ordena a Anses no rebajar el haber mensual de una jubilada según la reparación histórica. La jubilada de 83 años de edad reclamó un ajuste en concepto de movilidad superior al de la reparación histórica. Ahora le ordenan a la ANSES pagarlo, incluso de seguir con el juicio y al tiempo que cobra las sumas del acuerdo.
La jubilada empezó a cobrar $ 7.355 en concepto de reparación histórica pero condicionado a que renunciara al juicio. Entonces solicitó al poder judicial una medida cautelar para que no se le anulara el cobro de ese plus. Para el juez debía pagársele esa suma al tiempo que cobra la reparación histórica porque la jubilada:
“se encuentra en una situación de total desamparo y completamente ultrajado su derecho de naturaleza alimentaria, lo cual configura una grave lesión a la incolumidad de los derechos sociales cuya protección judicial reviste naturaleza constitucional y convencional”.
Según fundamentaron, por el mero vencimiento del plazo para aceptar el acuerdo de Reparación Histórica – ya de por sí gravemente depreciado con relación a los salarios de actividad– consagraría la regresividad de los derechos”. Así lo “restrictivo” prevalecería sobre lo “progresivo”, se dijo en la sentencia.
Ahora bien, esta medida cautelar como tal es apelable, y deberá verse en qué concluye. Tal vez sea justamente previsional y si en el juicio cobra una suma mayor la situación se consolide. En principio, quien acepta el acuerdo no puede reclamar un peso más. Quizás en este caso ponderaron la situación de salud.
En otro caso, también hicieron lugar la medida cautelar de prohibición de innovar con relación al pago del importe, que en virtud del “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” se le abona mensualmente junto con el haber jubilatorio desde marzo de 2017, sin requerirle que acepte la propuesta efectuada por ANSeS. Es decir, podrá continuar el juicio pese a cobrar por reparación histórica.
Habrá que ver si esta tendencia se consolida y aparecen más precedentes. Ampliaremos. Las sentencias abajo y también podés dejar tu comentario.
Anexo con sentencia completa sobre pago de haber ajustado al tiempo que el jubilado acepta reparación histórica
#29142039#207110796#20180611133814499
CAUSA Nº94604/2016 Sentencia Interlocutoria
AUTOS: DE PIANO, ROSA ANGELA c/ ANSES s/MEDIDAS CAUTELARES
Para resolver el recurso de apelación articulado por la parte actora –cuyos
fundamentos obran a fs. 34/42– contra la sentencia interlocutoria de fs. 32, mediante la cual el
Dr. Walter F. Carnota rechazo la medida cautelar innovativa peticionada por no hallar
acreditado el requisito de verosimilitud de derecho y el peligro en la demora.
Concedido el recurso en cuestión y elevados los autos a esta alzada en tiempo y en
forma, quedan en estado de resolver (v. fs. 50).
El recurrente –de 83 años de edad– peticionó una medida cautelar de no innovar que
disponga la prohibición de retrotraer el monto del beneficio 15-0-8220678-7 a los valores
originales ($ 5661,16) sin el reajuste por la ley 27.260 de reparación histórica ($ 7355,55)
que percibia a la fecha de presentación de la demanda.
El magistrado actuante –Dr. Walter F. Carnota– consideró que en la medida cautelar
solicitada no se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho invocado, toda vez que si
bien el organismo previsional actualizó el haber de la Sra. De Piano, es la actora quien tiene
la facultad de aceptar o rechazar dicha actualización, si se adhiriera o no al programa de
reparación histórica en los términos de la ley 27.260.
Respecto del “peligro en la demora”, entiende el aquo que tampoco se encuentra
acreditado, toda vez que de las manifestaciones vertidas por la actora en el escrito la
demanda, como de la documentación que acompañó en autos, surge que se encuentra
percibiendo un beneficio previsional.
El actor en su memorial recursivo manifiesta que se encuentra en trámite ante el
Juzgado Federal de la Seguridad Social nº 3 el expte. nº 011041/2017 caratulado: “DE
PIANO ROSA ANGELA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS”, en el cual solicitó el reajuste
de su haber previsional, mientras que el objeto de la medida cautelar es mantener la situación
de hecho existente al momento de presentar la demanda y hasta tanto recaiga sentencia
definitiva en el proceso principal.
Ahora bien, para la procedencia de cualquier medida cautelar es menester acreditar los
presupuestos de verosimilitud del derecho (“fumus boni iuris”), peligro en la demora
(“periculum in mora”), como también prestar una caución proporcionada a la verosimilitud
del derecho alegado (v. CPCCN, art. 199 párr. 3°), en garantía de las costas y/o daños y
perjuicios que la misma le pudiera ocasionar al afectado, siempre que demostrare “ … que el
requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley le otorga para obtenerla.” (CPCCN,
arts. 199 y 208).
Si las medidas cautelares procuran “asegurar” derechos en riesgo de sufrir daños
irreparables –o retrotraer situaciones fácticas a su estado anterior– deviene a todas luces
lógica y razonable la carga procesal de demostrar la verosimilitud de tales derechos (“fumus
boni iuris”), como también el presunto riesgo de daño que los amenazara como consecuencia
de la demora en el pronunciamiento de la sentencia definitiva (“periculum in mora”).
En orden a la procedencia de tales recaudos, este tribual ha señalado en el precedente
“Anchorena, Tomás Joaquín y otros c/ANSeS s/recomposición del haber –Medida cautelar”
(resolución de fecha 29 de abril de 1998), lo siguiente: “…Frente a la solidez de los derechos
esgrimido por los actores como fundamento de la medida cautelar innovativa peticionada –y
fiel al axioma que predica que el procedimiento debe operar en función del derecho y no el
derecho en función del procedimiento– va de suyo que no constituye un argumento serio para
rechazar la medida, que su despacho importaría entrar de lleno en la cuestión de fondo, no
sólo porque –como es sabido- en las medidas cautelares sólo se exige “verosimilitud” y no
“certeza” del derecho, sino porque los argumentos que esgrimen los actores al respecto [como
en el presente caso] son tan convincentes, la ley es tan clara, y la jurisprudencia tan pacífica,
que se convierte en un insoslayable imperativo de justicia restituirles –bien que en forma
precaria, dada la etapa en que se halla el juicio y previa agregación del expediente
administrativo- el goce y ejercicio del derecho disputado en el proceso, hasta tanto se dicte
sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo (CPCCN, art. 230), gravando al Estado
demandado con las consecuencias negativas de la duración del proceso –normalmente a cargo
del actor- dada la fuerte presunción o verisimilitud de su obrar arbitrario [en el caso,
presunción de certeza sobre en derecho reconocido en las citadas sentencias del Alto Tribunal
de la Nación], como quedó dicho en los párrafos anteriores, y básicamente en orden a la
naturaleza alimentaria que revisten las pretensiones esgrimidas por los accionantes (CN, art.
14 bis, art. 75 inc. 23 v. CSJN, “Camacho Acosta Máximo v. Grafi Graf SRL y otro”, LL
1995-E-652; ED 176-72, con nota de Augusto Mario Morello: “La tutela anticipatoria en la
Corte Suprema”).
Si bien no escapa al conocimiento del tribunal que conforme surge del historial de
liquidaciones -extraído de la página de la ANSeS-, la actora percibe un beneficio previsional
por la suma de $ 5661,16, no puede desconocerse que con este haber y a la edad de 83 años
la actora se encuentra en una situación de total desamparado y completamente ultrajado su
derecho de naturaleza alimentaria, lo cual configura una grave lesión a la incolumidad de los
derechos humanos sociales cuya protección judicial reviste naturaleza constitucional y
convencional. (art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 75, inc.
22 de la Constitución Nacional).
Por lo precedentemente expuesto, considera el tribunal que el presupuesto de “peligro
en la demora” se encuentra suficientemente acreditado en autos.
El derecho invocado por el actor en la demanda –“fumu bonis iuris”- es más que
verosímil, toda vez que la propia demandada reconoce en forma expresa la deficiente
actualización de las remuneraciones en la Resolución ANSeS N° 56/2018, cuyo artículo 1º
prescribe lo siguiente: “Las remuneraciones de los beneficios previsionales con altas
anteriores al 1° de agosto de 2016 deben actualizarse con el índice combinado compuesto por
las variaciones del Índice Nivel General de las Remuneraciones (INGR), de la Remuneración
Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), y de la movilidad general,
aprobado en la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social N° 6 del año 2016, a los
efectos de los cálculos previstos en el inciso a) del artículo 24 y en el artículo 97 de la Ley
N° 24.241.”
La doctrina jurisprudencial citada más arriba, debe ser evaluada y armonizada a la luz
de otras directivas no menos trascendentes que vertió el Alto Tribunal de la Nación en
numerosos leading case con sustento en las garantías constitucionales que resguardan el
carácter integral e irrenunciable de las prestaciones de la seguridad social (328: 1602 y 2833),
en procura de preservar de manera sustancial la intangibilidad de los derechos emergentes de
la seguridad social (v. CSJN: “Quiroga, Carlos Alberto c/ANSeS s/ reajustes varios”,
sentencia del 11 de noviembre de 2014 y fallos: Fallos: 311: 1937 y 329: 3089, entre muchos
En la causa “Bombelli, Roberto c/ANSeS s/reajuste por movilidad” (sentencia del 6 de
junio de 2006, suscripta por los ministros Enrique Santiago Petracchi –según su voto- Elena
Highton de Nolasco, Carlos S. Fayt, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Luis Lorenzetti y Carmen
M. Arghibay), el Alto Tribunal destacó que en orden al: “…carácter alimentario, integral e
irrenunciable que tienen los beneficios según el art. 14 bis de la Ley Fundamental, no
corresponde admitir una comprensión de normas que vuelva inoperante la protección allí
establecida … “ (v. considerando 5°).
Más recientemente, en la sentencia “Tapia, Másima c/ANSeS s/(materia previsional)
amparos y sumarísimos” (sentencia del 23 de septiembre de 2014), en línea con esta doctrina,
el Alto Tribunal expresó que “…no debe llegarse al desconocimiento de los derechos
tutelados por las leyes previsionales, sino con extrema cautela (Fallos: 240: 174; 266: 299;
330: 4687; 331:72; 335: 346), evitando incurrir en excesos rituales que conduzcan
eventualmente al desconocimiento de la verdad jurídica objetiva…” (Fallos: 238: 550; 248:
625) (considerando 8°).
Esta hermenéutica normativa, doctrinaria y jurisprudencial de prosapia protectora o de
acompañamiento –al decir del maestro Augusto Mario Morello- que practica el Alto Tribunal
de la Nación en los precedentes citados, se ajusta escrupulosamente a las “Reglas de Brasilia
sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, aprobadas por la
XIV Cumbre Iberoamericana de 2008, a las que adhirió la CSJN mediante acordada 5/2009.
Se consideran vulnerables aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o
mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran
especiales dificultades para ejercitar con plenitud, ante el sistema de justicia, los derechos
reconocidos por el ordenamiento jurídico (regla 3). Esta categoría de sujetos protegidos por el
derecho internacional incluye a menores, ancianos, discapacidad grave, migrantes y
desplazados internos, pobreza, mujeres afectadas por violencia y discriminación, minoría
nacional o étnica, religiosa y lingüística, personas privadas de libertad (la enumeración no es
taxativa).
Ahora bien, con respecto al presupuesto del “peligro en la demora” que también es
menester acreditar para la procedencia de la medida cautelar, tiene dicho la jurisprudencia en
forma pacífica que “los requisitos para la precedencia genérica de las medidas precautorias se
hallan relacionados entre sí, de tal modo que, a mayor verosimilitud del derecho [como en el
caso de autos], cabe no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño y viceversa,
cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad o irreparabilidad, el rigor acerca del
fumus se puede atenuar.” (v. Lino E. Palacio y Adolfo Alvarado Velloso, Ed. Rubinzal
Culzoni, T. 5° pág. 42).
En autos, el peligro de la inutilidad de la sentencia resulta más que probable, deviene
incontestable, dada la avanzada edad de la actora (83 años) y el inicuo haber previsional que
percibe, circunstancia que adquiere enorme relevancia a los fines de la tipificación del
recaudo en estudio y ni bien se la aquilate a la luz del promedio de duración de los reclamos
por reajuste de haberes en nuestro país, desde la petición administrativa ante el organismo
previsional (obligatoria), hasta el efectivo cumplimiento de la sentencia definitiva (nunca
menos de siete años).
El tribunal destaco en autos “AVASCAL CARLOS ALBERTO C/ESTADO
NACIONAL-MINIST. DE JUST. SDAD. Y DDHH Y OTRO S/PERSONAL MILITAR Y
CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG” Sentencia Definitiva del 13 de julio de 2017, que “…la
República Argentina se comprometió al suscribir la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), lograr en forma “progresiva” la plena
afectividad de los derechos humanos sociales que consagra este documento…”
Ergo, admitir la regresividad del haber previsional del beneficiario por el mero
vencimiento del plazo para aceptar el acuerdo de reparacion historica –ya de por si
gravemente depreciados con relacion a los salarios de actividad– consagraría la regla inversa,
es decir la regresividad de los derechos, con lo cual , revestiría primacía en la hermenéutica
constitucional lo disvalioso sobre lo beneficioso, lo restrictivo sobre lo “progresivo”,
resultado que devendría a todas luces incompatible con el programa de protección de los
derechos humanos del sistema interamericano y europeo actualmente vigente en el mundo
Con relación a las restricciones impuestas a las medidas cautelares contra el estado por
el art. 14 de la ley 26.854, uno de los más eminentes procesalistas argentinos, el jurista
platense Roberto O. Berizonce, puntualizò que la ley 26.854 de 2013 instituyó un verdadero
esquema de excepción en relación con la tutela de los derechos pertenecientes a “sectores
socialmente vulnerables”, cuando se encuentre comprometida la “vida digna” conforme a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la “salud” o un “derecho de naturaleza
ambiental” (art. 2°, inc. 2°). En estos supuestos, destaca Berizonce, los jueces quedan
habilitados para dictar medidas cautelares contra el Estado, cuando el conocimiento de la
causa no fuere de su competencia (art. 2°, inc. 2°, cit.); decidirlas sin informe previo de la
demandada (art. 4°, inc. 3°); acordárlas sin límite de vigencia temporal (art. 5°, apartado
segundo); bajo simple “caución juratoria” (art. 10, inc. 2°), y, por último, el recurso de
apelación contra la providencia que suspende total o parcialmente los efectos de un acto
estatal, se concede “sin efecto suspensivo” (art. 13, inc. 3°, in fine).
Asimismo, señalò el citado jurista que la prohibicion de imponer la realización de una
determinada conducta a la entidad pública demandada prescripcta en el art. 14 de la ley
26.854, tampoco es aplicable con relación a las medidas positivas e innovativas: “Si bien la
CSJN ha negado la aplicación de este tipo de medidas –aclara Berizonce– cuando implicaban
contrarias políticas públicas en áreas de la actividad económica estando en juego intereses
puramente patrimoniales [supuesto ajeno al de autos], su procedencia no puede ser
cuestionada ante derechos sociales prestacionales.” (v. “LOVATO GUIDO PIO” c/ANSES
s/RESJUSTES VARIOS” Sentencian Interlocutoria del 23 de diciembre de 2015).
Por todo lo expuesto, considerando acreditados los presupuestos de procedibilidad
analizados precedentemente, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el
actor en procura de mantener inalterado su haber previsional con el ajuste otorgado por
aplicación de la ley 27.260 de Reparación Histórica.
Por lo expuesto, oído que fue el Sr. Representante del Ministerio Público, el Tribunal
RESUELVE: 1) Revocar la resolución interlocutoria de fs. 32 en todo cuanto fue materia de
agravios; 2) Acoger la medida cautelar de no innovar peticionada por el actor en cuanto
pretende mantener el haber percibido con el ajuste por reparación histórica hasta tanto se
dicte sentencia definitiva; 3) Disponer que previo a la efectivización de la medida, el actor
deberá prestar caución juratoria ante el juzgado de origen; 4) Notifíquese a la parte actora esta
resolución con expresa habilitación de día y hora (C.P.C.C.N., art. 152 y Reglamento para la
Justicia Nacional, art. 63); 5) Sin costas de alzada.
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 1MFB
Expte nº: 69809/2012
Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal, en virtud del
recurso de apelación interpuesto por el actor contra la resolución de fs. 89, por medio de la
que se rechazó la pretensión cautelar deducida por su parte.
Surge de autos que el titular solicitó el dictado de una medida cautelar, con el
objeto de que se decrete la prohibición de innovar con relación al pago del importe, que en
virtud del “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” se le
abona mensualmente junto con el haber jubilatorio desde marzo de 2017, sin requerirle que
acepte la propuesta efectuada por ANSeS.
La medida requerida, tiene el propósito de lograr la protección inmediata del
objeto principal, a fin de que el mismo no se desnaturalice o se torne ineficaz por el
transcurso del tiempo, en el marco establecido por la ley 26.854 que admite su procedencia ya
que la edad avanzada del peticionante lo incluye en el sector social más vulnerable.
Respecto de la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada, el art. 14, inc. 1
de la ley 26.854 viabiliza el dictado requerido, ante la inobservancia clara e incontestable de
un deber jurídico concreto y específico a cargo de la demandada. Asimismo, el inciso b) de la
norma alude a la existencia de una fuerte posibilidad de que el derecho del solicitante a una
prestación de la autoridad pública exista.
En este orden de ideas, cabe señalar, que los pagos efectuados en el marco
legal referido, significaron un reconocimiento por parte de la demandada, de una deuda que
se origina en idéntica causa que la que motivó que el actor promoviera el juicio por reajuste
de haberes, que concluyera con una sentencia a su favor (fs. 60/63).
Dichos extremos resultan a su vez subsumibles en los requisitos de
verosimilitud del derecho invocado y de peligro en la demora, condición para la procedencia
de toda medida cautelar.
La verosimilitud del derecho invocado, aparece con nitidez habida cuenta de la
correspondencia existente entre las acreencias que surgen de lo decidido en la sentencia de
reajuste recaída en la causa principal y el origen de la deuda que motivó los pagos dispuestos
por el organismo administrativo y que por esta vía se intentan mantener. Más aún, en el caso,
es la propia accionada la que ha abonado unilateralmente el suplemento de reparación
histórica, sin que medie consentimiento del interesado, lo que constituye un inequívoco
reconocimiento por su parte del derecho a su cobro.
Fecha de firma: 07/06/2018
Firmado por: ADRIANA LUCAS, JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE
Firmado por: VICTORIA PEREZ TOGNOLA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: LA VOCALÍA I SE ENCUENTRA VACANTE , (ART. 109 R.J.N.)
Firmado(ante mi) por: MARIA MARTA LAVIGNE, SECRETARIA DE CÁMARA
#25254202#207956535#20180604110634236
peticionante que justificó la excepcionalidad del tratamiento legal de la instrumentación del
pago sin que mediara su conformidad, resulta demostrativa de su existencia, por lo que no
necesita mayor abundamiento.
En consecuencia, teniendo en cuenta el carácter alimentario de las
sumas en cuestión y que el menoscabo que pueda significar la afectación del monto del haber
que percibe, podría tornar ilusorio el derecho reconocido en la sentencia de fondo,
corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y que las sumas percibidas en tal
concepto por el actor, sean tenidas como parte de pago.
Finalmente, es del caso señalar, que la presente medida cautelar se
encuentra dentro del marco de la tutela de los derechos enumerados en el art. 2 inc. 2 de la ley
26.854 y que no contradice lo dispuesto en el art. 9 de dicha norma.
Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la resolución recurrida.
Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, en los términos expuestos en los considerandos
que anteceden, bajo caución juratoria (cfr. art. 2º, inc. 2; art. 5º, 2do. párrafo y art. 10º inc. 2
de la Ley 26.854. . 2) Costas por su orden (art. 21, de la ley 24.463). Regístrese, notifíquese y
remítase.
VICTORIA P. PEREZ TOGNOLA
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References: Resolución 
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 artículo 24
 artículo 97
in fine
 resolución 

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