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Timestamp: 2016-10-21 18:57:04+00:00

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Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio, por la que se dictan normas para la aplicaci�n del art�culo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulaci�n y residencia en Espa�a de ciudadanos de los Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo.
Publicado en BOE n�m. 164 de 10 de Julio de 2012
Vigente desde 11/Julio/2012
�Derecho de residencia superior a tres meses
�Presentaci�n e inscripci�n en el Registro Central de Extranjeros
�Aplicaci�n del derecho de residencia superior a tres meses a los miembros de la familia
La Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Uni�n y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.� 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE regula, en su art�culo 7, las condiciones que deben cumplirse en aquellos casos en los que un ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otros Estados parte en el Espacio Econ�mico Europeo desee residir en otro Estado miembro, distinto del que es originario, por un per�odo superior a tres meses.
El Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulaci�n y residencia en Espa�a de ciudadanos de los Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo no incluy� en su momento la totalidad de las exigencias derivadas del art�culo 7 de la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2004. Dicha situaci�n ha implicado un grave perjuicio econ�mico para Espa�a, en especial en cuanto a la imposibilidad de garantizar el reembolso de los gastos ocasionados por la prestaci�n de servicios sanitarios y sociales a ciudadanos europeos, tal y como ha se�alado el Tribunal de Cuentas.
Ante dicha circunstancia, la disposici�n final quinta del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones procede a transponer en su pr�ctica literalidad el art�culo 7 de la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2004, incluyendo las condiciones para el ejercicio del derecho a la residencia por un periodo superior a tres meses.
Esta materia debe aplicarse a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en concreto la sentencia de 1 de junio de 2010, por lo que el t�rmino familiar de un ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea incluye a los familiares de un ciudadano espa�ol que se re�nan o acompa�en al mismo.
La presente Orden ha sido informada favorablemente por la Comisi�n Interministerial de Extranjer�a.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, previo informe del Ministerio del Interior y previa aprobaci�n del Ministro de Hacienda y Administraciones P�blicas, dispongo:
Derecho de residencia superior a tres meses Los ciudadanos de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo y de Suiza tienen derecho de residencia en Espa�a por un periodo superior a tres meses si cumplen las condiciones previstas en el art�culo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulaci�n y residencia en Espa�a de ciudadanos de los Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo.
Presentaci�n e inscripci�n en el Registro Central de Extranjeros 1. Las solicitudes de inscripci�n como residentes de los ciudadanos previstos en el art�culo 1, se ajustar�n a lo previsto en los apartados 5 y 6 del art�culo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.
2. Las solicitudes se presentar�n personalmente en la Oficina de Extranjer�a de la provincia donde pretendan residir o en la Comisar�a de Polic�a correspondiente.
3. Si la solicitud de inscripci�n no re�ne los requisitos necesarios para su tramitaci�n, se requerir� al interesado para que, en un plazo de diez d�as, subsane las faltas o acompa�e los documentos preceptivos, con indicaci�n de que, si as� no lo hiciera, se le tendr� por desistido de su petici�n, previa resoluci�n motivada, que no agota la v�a administrativa, y que podr� ser objeto de recurso de alzada.
4. El certificado se expedir� de forma inmediata, previa constataci�n de los requisitos correspondientes. En dicho certificado constar� el nombre, nacionalidad y domicilio de la persona registrada, su n�mero de identidad de extranjero y la fecha de registro.
Documentaci�n acreditativa 1. Todas las solicitudes de inscripci�n deber�n ir acompa�adas del pasaporte o documento nacional de identidad, v�lido y en vigor, del solicitante. Si estos documentos estuvieran caducados, deber� aportarse copia de �stos y de la solicitud de renovaci�n.
2. Adem�s se requerir� la siguiente documentaci�n, en funci�n de los supuestos en los que se encuentre el solicitante:
a) Los trabajadores por cuenta ajena deber�n aportar una declaraci�n de contrataci�n del empleador o un certificado de empleo. Estos documentos deber�n incluir, al menos, los datos relativos al nombre y direcci�n de la empresa, identificaci�n fiscal y c�digo cuenta de cotizaci�n. En todo caso, se admitir� la presentaci�n del contrato de trabajo registrado en el correspondiente Servicio P�blico de Empleo o documento de alta, o situaci�n asimilada al alta, en el r�gimen correspondiente de la Seguridad Social, si bien no ser� necesaria la aportaci�n de esta documentaci�n si el interesado consiente la comprobaci�n de dichos datos en los Ficheros de la Tesorer�a General de la Seguridad Social.
b) Los trabajadores por cuenta propia aportar�n una prueba de que trabajan por cuenta propia. En todo caso, se admitir� la inscripci�n en el Censo de Actividades Econ�micas o la justificaci�n de su establecimiento mediante la inscripci�n en el Registro Mercantil o el documento de alta o situaci�n asimilada al alta en el r�gimen correspondiente de la Seguridad Social, si bien no ser� necesaria la aportaci�n de esta documentaci�n si el interesado consiente la comprobaci�n de dichos datos en los Ficheros de la Tesorer�a General de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria.
c) Las personas que no ejerzan una actividad laboral en Espa�a deber�n aportar documentaci�n acreditativa del cumplimiento de las dos siguientes condiciones:
1.� Seguro de enfermedad, p�blico o privado, contratado en Espa�a o en otro pa�s, siempre que proporcione una cobertura en Espa�a durante su per�odo de residencia equivalente a la proporcionada por el Sistema Nacional de Salud.Se entender�, en todo caso, que los pensionistas cumplen con esta condici�n si acreditan, mediante la certificaci�n correspondiente, que tienen derecho a la asistencia sanitaria con cargo al Estado por el que perciben su pensi�n.
2.� Disposici�n de recursos suficientes, para s� y para los miembros de su familia, para no convertirse en una carga para la asistencia social de Espa�a durante su periodo de residencia.
La acreditaci�n de la posesi�n de recursos suficientes, sea por ingresos peri�dicos, incluyendo rentas de trabajo o de otro tipo, o por la tenencia de un patrimonio, se efectuar� por cualquier medio de prueba admitido en derecho, tales como t�tulos de propiedad, cheques certificados, documentaci�n justificativa de obtenci�n de rentas de capital o tarjetas de cr�dito, aportando en este �ltimo supuesto una certificaci�n bancaria actualizada que acredite la cantidad disponible como cr�dito de la citada tarjeta.
La valoraci�n de la suficiencia de medios deber� efectuarse de manera individualizada, y en todo caso, teniendo en cuenta la situaci�n personal y familiar del solicitante.
Se considerar� acreditaci�n suficiente para el cumplimiento de este requisito la tenencia de recursos que sean superiores al importe que cada a�o fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para generar el derecho a recibir una prestaci�n no contributiva, teniendo en cuenta la situaci�n personal y familiar del interesado.
d) Los estudiantes, incluidos los que cursen ense�anzas de formaci�n profesional, deber�n presentar documentaci�n acreditativa del cumplimiento de las siguientes condiciones:
1.� Matr�cula en un centro, p�blico o privado, reconocido o financiado por la administraci�n educativa competente.
2.� Seguro de enfermedad, p�blico o privado, contratado en Espa�a o en otro pa�s siempre que proporcione una cobertura completa en Espa�a. No obstante, se estimar� cumplida esta condici�n si el estudiante cuenta con una tarjeta sanitaria europea con un per�odo de validez que cubra todo el periodo de residencia y que le habilite para recibir, exclusivamente, las prestaciones sanitarias que sean necesarias desde un punto de vista m�dico, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duraci�n prevista.
3.� Declaraci�n responsable de que posee recursos suficientes para s� y los miembros de su familia, para no convertirse en una carga para la asistencia social de Espa�a durante su periodo de residencia.
La participaci�n en programas de la Uni�n Europea que favorecen intercambios educativos para estudiantes y profesores se considerar� acreditaci�n suficiente para el cumplimiento de estos requisitos.
Aplicaci�n del derecho de residencia superior a tres meses a los miembros de la familia 1. Esta Orden se aplicar� igualmente a los miembros de la familia, recogidos en el art�culo 2 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, nacionales de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo y de Suiza, que se re�nan o acompa�en a un ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo y de Suiza.
2. En el supuesto de estudiantes, nacionales de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo o Suiza, el derecho de residencia superior a tres meses �nicamente se aplicar�, independientemente de su nacionalidad, a su c�nyuge o pareja de hecho inscrita en un registro p�blico en los t�rminos establecidos en el art�culo 2 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, y a los hijos a cargo, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la letra d) del apartado 2 del art�culo 3 de la presente Orden.
3. En los dem�s supuestos, el derecho de residencia se ampliar� tambi�n al c�nyuge o pareja de hecho inscrita en un registro p�blico, a sus descendientes directos y a los de su c�nyuge o pareja registrada, menores de 21 a�os o incapaces o mayores de dicha edad que vivan a su cargo, as� como a los ascendientes directos y a los del c�nyuge o pareja registrada que vivan a su cargo, cuando �stos no sean nacionales de un Estado miembro de la Uni�n Europea, y acompa�en al ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo y de Suiza, o se re�nan con �l en el Estado espa�ol, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en las letras a), b) o c) del apartado 2 del art�culo 3 de la presente Orden.
4. Los familiares nacionales de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo y de Suiza, recogidos en los apartados 1, 2 y 3 de este art�culo, deber�n solicitar la inscripci�n en el Registro Central de Extranjeros de acuerdo con lo contemplado en la presente Orden.
Los familiares que no sean nacionales de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo y de Suiza, recogidos en los apartados 2 y 3 de este art�culo, deber�n solicitar la expedici�n de una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Uni�n, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 8 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.
Normativa aplicable a los procedimientos En lo no previsto en materia de procedimientos en esta Orden, se estar� a lo dispuesto en la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social y su normativa de desarrollo, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n y su normativa de desarrollo, con car�cter supletorio y en la medida en que no se oponga a lo dispuesto en los Tratados de la Uni�n Europea y de funcionamiento de la Uni�n Europea y el derecho derivado de los mismos.
La presente Orden se aplicar� a las solicitudes presentadas a partir del 24 de abril de 2012.
T�tulo competencial Esta Orden Ministerial se dicta al amparo de lo establecido en el art�culo 149.1.2.� de la Constituci�n Espa�ola, que atribuye en exclusiva al Estado la competencia en materia de nacionalidad, inmigraci�n, emigraci�n, extranjer�a y derecho de asilo.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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