Source: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10683&strTipM=T
Timestamp: 2020-01-23 08:49:43+00:00

Document:
PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 243 del 10/09/2001
Dictamen : 243 del 10/09/2001
Consultante: Freddy Badilla Mora
Cargo: Abogado Organo Director
C-243-2001
Freddy Badilla Mora
Abogado Organo Director
Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me es grato referirme a su oficio, sin número, de fecha 27 de junio del 2001 (que tiene como base el acuerdo de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción N° 34371), recibido en este Despacho el siguiente 2 de julio, adicionado por oficio del pasado 22 de agosto como respuesta a nuestro oficio N° ADPb-497-2001 del día 13 del mismo mes, mediante el cual solicita a esta Procuraduría rendir el dictamen favorable que señala el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con el expediente del procedimiento administrativo ordinario N° 09-2000 seguido contra el señor XXX, funcionario de ese Consejo.
Lamentablemente, este Órgano Asesor no puede acceder a su petición, debido a la existencia de vicios en la tramitación del procedimiento ordinario correspondiente, situación que debe ajustarse a Derecho como requisito previo a emitir el dictamen solicitado.
Dentro de este orden de ideas, no puede olvidarse que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha sido conteste en afirmar que "Los principios del debido proceso extraíbles de la Ley General y señalados por esta Sala en su jurisprudencia, son de estricto acatamiento obligatorio por las autoridades encargadas de realizar cualquier procedimiento administrativo que tenga por objeto o produzca un resultado sancionador." (Voto N° 2945-94 de las 8:12 horas del 17 de junio de 1994).
Además, debe recalcarse que el procedimiento administrativo es de acatamiento obligatorio para la Administración Pública por cuanto "... los órganos administrativos actúan sujetándose a reglas de procedimiento predeterminadas, de modo que el cumplimiento de las normas de procedimiento, es, por lo tanto, un deber de los órganos públicos... Esta obligatoriedad general de los procedimientos instituidos resulta indispensable y debe ser mantenida con verdadera obstinación, puesto que las brechas que se abran contra ese principio, al permitir la discrecionalidad o mejor aún la arbitrariedad de la administración en este campo, constituirán ataques dirigidos contra el objeto mismo del procedimiento administrativo, contra sus finalidades de eficiencia, acierto, y corrección y garantía jurídica, instituidas a favor de los administrados." (ESCOLA, Héctor Jorge, Tratado General de Procedimiento Administrativo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1973, p 12- 27).
Según se desprende del expediente remitido, el procedimiento administrativo seguido al funcionario XXX tiene como finalidad anular el acto administrativo de nombramiento a ese servidor en el puesto de Coordinador de Area de la Dirección de Recursos Humanos; sin embargo ni en el acto de apertura del procedimiento –por medio del cual se le "intima" al señor XXX y se le cita a comparecencia- (visible a folios 1 a 4), ni en el acto de nombramiento e investidura del órgano director (folios 21 a 22), se individualiza, puntual y detalladamente, el acto administrativo que efectivamente realiza dicho nombramiento, ni tampoco la fecha en que se dictó ese acto. Por otra parte, tampoco se le pone en conocimiento del servidor el documento en el cual conste ese nombramiento tal y como lo exige el numeral 312 de la Ley General de la Administración Pública, en virtud de que ninguno de los documentos que se le señalan en el respectivo acto de apertura del procedimiento es el nombramiento de marras.
Por lo tanto, la citación se hizo sin el debido cumplimiento de la intimación según los términos del artículo 249 inciso c) de la Ley General de la Administración Pública. No es sino hasta que, el órgano director, posteriormente, en el auto de las 8 horas y 30 minutos del 27 de octubre del 2000, por el que se resuelve el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el señor XXX, señala que el acto que se pretende anular es la acción de personal N° 011337 A, del día 13 de enero de 1999. Sin embargo, extrañamente no es si no hasta el momento de la comparecencia donde se aporta dicho documento al expediente, pero esto se realiza por parte del propio señor XXX y no del órgano director.
En ese sentido, llama la atención que dentro del expediente administrativo levantado, no consta el referido acto administrativo, el cual es incorporado por el propio afectado, y hasta cuando se produce la comparecencia. Lo anterior adquiere especial relevancia si tomamos en consideración que en el mismo documento se indica en los apartes de "condición actual" y "condición propuesta" el puesto de Coordinador de Area, y en ambos casos también el mismo número de inciso. Sea, surge la duda de la eventual existencia de otro acto administrativo de nombramiento en ese cargo con anterioridad. Todo lo cual da pie a que sea aclarado y especificado en la intimación correspondiente.
Lo mismo sucede con el incumplimiento del requisito específicamente previsto en el inciso f) del también artículo 249, toda vez que no se le hicieron al señor XXX los "apercibimientos" a que quedaba sujeto "... caso de omisión, con indicación clara de la naturaleza y medida de las sanciones... ". En ese sentido, no hubo una comunicación clara y detallada de los reproches de legalidad que se le hacen al acto cuya anulación se pretende, ni de las consecuencias de la eventual declaratoria de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta.
Es claro que las omisiones apuntadas tienen carácter substancial, y que consecuentemente violentan el debido proceso, y el derecho de defensa del afectado a tenor de las garantías constitucionales.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley General de la Administración Pública que diáfanamente establece que "Las citaciones defectuosas por omisión de alguno de los requisitos exigidos por el artículo 249 serán nulas, excepto en el caso del señalado por el inciso d) del mismo." Así como, en las abundantes resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, verbigracia votos números 632-99 de las 10:48 horas del 29 de enero de 1999, 2253-98 de las 13:03 horas del 27 de marzo de 1998, 2376-98 del 1° de abril de 1998 y 955-95 de las 10:30 horas del 17 de febrero de 1995, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia por ejemplo la N° 21 de las 14:15 horas del 9 de abril de 1997, y dictámenes de la Procuraduría General de la República, números C-049-99 del 5 de marzo de 1999, C-118-2000 del 22 de mayo del 2000, C-083-2001 del 20 de marzo y C-182-2001 del 26 de junio ambos del año 2001, entre muchos otros.
Por consiguiente, si no habido una debida intimación de las consecuencias jurídicas que podría acarrear este procedimiento, de anularse el acto, es de rigor devolver el expediente sin el dictamen que fuera requerido en aplicación del propio artículo 173, que establece que en el respectivo procedimiento administrativo ordinario se deben observar los principios y las garantías del debido proceso.
Aunado a lo expuesto, es importante que se tenga en cuenta que a tenor de la norma 311 de la Ley General de la Administración Pública, toda citación a la comparecencia oral y privada debe realizarse con un plazo de 15 días de anticipación, y que el artículo 270 inciso 3 de esa misma Ley establece que el acta que se levante de dicha comparecencia debe ser firmada por los declarantes, por las personas encargas de recoger las declaraciones y por las partes, excepto cuando la comparecencia fuere gravada, toda vez que el acta respectiva podrá ser levantada posteriormente con la sola firma del funcionario director según los términos del artículo 313 del mismo texto normativo.
De otro lado, no debe olvidarse que la potestad de la Administración para anular actos declaratorios de derechos sin recurrir al contencioso de lesividad es excepcional, y está limitada a los casos en donde la nulidad, además de absoluta, presente las características de ser evidente y manifiesta. Sobre el particular, esta Procuraduría ha establecido:
"El proceso de lesividad constituye una garantía para los administrados, en cuya virtud debe entenderse proscrita la posibilidad de que la Administración declare, en vía administrativa, la nulidad de actos suyos creadores de derechos subjetivos favorables a aquéllos (sic). Para el logro de tal finalidad debe, más bien, demandar la anulación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, debiendo -a tales efectos- haber declarado previamente que el acto es lesivo a los intereses públicos, económicos o de otra naturaleza (artículos 10.4 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Empero, dicha regla conoce una excepción, establecida en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública. A su tenor, queda la Administración autorizada a declarar, en la vía administrativa y sin necesidad de recurrir al contencioso de lesividad, la nulidad de un acto declaratorio de derechos, cuando la misma, además de ser absoluta, sea evidente y manifiesta. Aún así y también en garantía del administrado, en el procedimiento respectivo subsiste la intervención de un órgano ajeno al autor del acto en cuestión: la Procuraduría General de la República. Su actuación en estas hipótesis, se plasma mediante la emisión de un dictamen vinculante, que reviste la naturaleza de un acto de control preventivo de legalidad; lo anterior, en el tanto que dicho dictamen, que ha de rendirse antes de dictar el acto final del procedimiento, debe ser favorable a la pretensión anulatoria de la Administración, en el sentido de acreditar que en la especie los vicios del acto son efectivamente de tal magnitud". (Dictamen Nº C-080-94 del 17 de mayo de 1994).
Aunado a ello, téngase en cuenta que el acto mediante el que se acuerda iniciar un procedimiento administrativo tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto declaratorio de derechos, es un acto preparatorio del final que será aquel en que se decida sobre la existencia de la nulidad. Unicamente con la emisión de ese acto final es que se evita el acaecimiento del plazo de caducidad de cuatro años establecido en el mencionado inciso 5) del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.
De conformidad con lo expuesto, al existir vicios substanciales en la instrucción del procedimiento administrativo relacionado con la anulación del acto administrativo de nombramiento en el puesto de Coordinador de Área de la Dirección de Recursos Humanos al servidor XXX, funcionario de ese Consejo, este órgano se encuentra imposibilitado para emitir dictamen sobre la eventual existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, hasta tanto se subsanen por parte de la administración activa los vicios apuntados, y en el tanto se esté dentro del plazo de los cuatro años a que alude el inciso 5) del supracitado numeral 173.
Copia: Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción.

References: artículo 249
 artículo 249
 artículo 254
 artículo 249
 artículo 173
 artículo 270
 artículo 313
 artículo 173