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Timestamp: 2019-07-20 19:00:25+00:00

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En esta entrada en en blog comentamos brevemente una resolución de la DGRN donde se expone el criterio de este organismo por el cual, cualquier modificación en la cifra del capital social, sea por el motivo que sea, deberá realizarse respetando las pautas y requisitos fijados en la Ley de Sociedades de Capital para los aumentos y reducción de capital.
En este artículo del Blog explicamos el derecho de separación que un socio o accionista puede tener dentro de un proceso de fusión de empresas, todo ello dentro de un proceso de reestructuración societaria o empresarial.
A la hora de emprender un nuevo negocio, se presta una especial atención a todos los aspectos económicos de la empresa, y sin embargo, muy frecuentemente se pasan por alto determinados aspectos legales, que son muy importantes para prevenir o solucionar graves problemas que pueden afectar a la viabilidad del negocio en el futuro.
En este sentido, en numerosas ocasiones, diversas personas con las que se mantiene una relación de confianza, e incluso de amistad, deciden iniciar un proyecto empresarial, y para ello deciden constituir una nueva sociedad.
En este proceso de creación de la nueva entidad, se elije la denominación que va a tener dicha entidad mercantil, se desembolsa el capital mínimo exigido por la legislación vigente, se acude a la Notaria y se otorga la escritura de constitución de la sociedad.
Usualmente, los socios van aportando fondos a la sociedad con la finalidad de que la misma pueda financiar la adquisición de inmuebles, maquinaria, o simplemente para afrontar los gastos de lanzamiento de la sociedad hasta el momento en que el negocio sea rentable.
Sin embargo, con el paso del tiempo pueden surgir discrepancias entre los socios debido a la forma en que se dirige la actividad de la sociedad, por la marcha del negocio, y es en ese momento cuando surgen los problemas.
Como norma general, de acuerdo con la legislación societaria vigente, en caso de discrepancia entre los socios, no es posible obligar al resto de socios a comprar o vender las acciones o participaciones en la sociedad.
Por el mencionado motivo, aun en los supuestos en los que la relación entre los socios se haya deteriorado de forma significativa, y aunque se tengan discrepancias irreconciliables en la gerencia del negocio, los socios se ven obligados a continuar conviviendo en la sociedad.
En los citados casos se pueden producir situaciones de bloqueo social, en los que no es posible adoptar ningún tipo de decisión por la Junta General, o en su caso, por el Consejo de Administración, y que pueden terminar en la disolución o el cierre del negocio.
En otras ocasiones, uno o varios de los socios tienen una situación de control de la sociedad, y marginan a los socios minoritarios, tanto en la gestión diaria de la sociedad, como en la adopción de los acuerdos más importantes de la sociedad.
En estas situaciones, es necesario señalar que de acuerdo con la legislación aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada, y sociedades anónimas, un socio minoritario no puede obligar al resto de socios a distribuir dividendos o reservas de la sociedad.
Asimismo, como regla general, los socios propietarios de acciones o participaciones sociales representativas de más del cincuenta por ciento del capital social, pueden cesar de su cargo a los administradores de la sociedad, en la mayoría de los casos sin abonarle ningún tipo de indemnización.
En consecuencia en una situación de conflicto social, es habitual que los socios minoritarios que ocupan cargos en el órgano de administración sean cesados de los mismos, con o sin indemnización, y que los socios mayoritarios bloqueen la adopción de acuerdos de distribución de dividendos.
Es decir, el socio minoritario puede verse expulsado de la gestión diaria de la sociedad, y verse privado de la remuneración como administrador, y de la efectiva percepción de su participación en los beneficios de la sociedad.
Por otra parte, si el socio minoritario ha realizado aportaciones para financiar la sociedad, en conceptos distinto a la aportación de capital social, se empieza a plantear cómo recuperar dichas aportaciones, y de nuevo comprueba que no existen pactos en relación con el plazo de devolución de dichas aportaciones, tipo de interés…etc.
En esta situación el socio minoritario deja de contemplar la sociedad como un medio de vida, y fuente de obtención de ingresos y empieza a contemplar la sociedad como una fuente de problemas.
El socio minoritario, ante el dramático cambio en la situación, comienza a pensar en la conveniencia de dejar la sociedad, y se empieza plantear la venta de sus participaciones o acciones, o por otra parte, la posible compra de las participaciones o acciones del socio mayoritario.
En relación con una posible venta de participaciones sociales o acciones en una sociedad pequeña o mediana, es muy improbable que un tercero esté interesado en adquirir una participación minoritaria en la sociedad, y por otra parte no se puede obligar al socio mayoritario a comprar dicha participación.
Aún en el improbable supuesto de que se encontrase un potencial comprador o se negociase con el socio mayoritario, es evidente que el precio que un tercero o el socio mayoritario estaría dispuesto a pagar, se vería reducido por la situación de conflicto social, y por la falta de ningún tipo de control o protección del socio minoritario.
Asimismo, si el socio o accionista mayoritario tuviese la suficiente mayoría como para acordar un aumento de capital en la sociedad, el socio minoritario se puede ver obligado a realizar nuevas aportaciones a la sociedad, o bien, a ver reducido su porcentaje de participación en la sociedad.
Con la finalidad de evitar o prevenir toda la citada problemática, es fuertemente recomendable firmar un acuerdo o contrato entre los socios, en el que se regule:
a) el proceso de constitución de la sociedad, el porcentaje de participación que va a tener cada uno de los socios,
b) las actividades a las que se va a dedicar la sociedad,
c) el sistema de administración de la sociedad, y la representación que va a tener cada uno de los socios en dicho órgano de administración, así como la remuneración y estipulaciones en relación con la prohibición o autorización de no-competencia.
d) Sistema de mayorías cualificadas con la finalidad de proteger a los socios minoritarios proporcionándoles en la práctica la posibilidad de bloquear la adopción de acuerdos relevantes, como ampliaciones o reducciones de capital, fusiones…etc
e) Política de distribución de dividendos, con la finalidad de establecer la obligatoriedad de distribución de un dividendo mínimo anual
f) Régimen aplicable a las contribuciones de los socios que no tengan carácter de aportación a capital, principalmente plazos de devolución, tipo de interés. Posible obligatoriedad de realizar nuevas aportaciones…etc.
g) Régimen de transmisión de participaciones o acciones.
h) Procedimientos para solucionar las situaciones de bloqueo social. En este sentido se suelen pactar procedimientos de compra o de venta de las participaciones o acciones de la sociedad, entre los socios, o a terceros,
i) Procedimientos de información a los socios,
j) En determinados supuestos es conveniente establecer determinadas menciones a pactos comerciales de los socios o accionistas con la sociedad.
k) Procedimiento de reclamaciones e indemnizaciones a abonar en caso de incumplimiento…etc
Es necesario señalar que todas las estipulaciones sólo tienen efecto entre las partes que lo firman, y que para que las mismas sean oponibles frente a terceros, es necesario, en el caso de que sea posible, incluir las estipulaciones pactadas en los estatutos sociales de la Sociedad e inscribirlos en el Registro Mercantil.
Por otra parte, en ocasiones, a la hora de elaborar el acuerdo entre los socios, se descubre que la concepción o idea de negocio que tenían los socios, y que se daba por supuesta, no es la misma para todos ellos.
En conclusión, podemos afirmar que la elaboración y redacción de un acuerdo entre socios tiene la finalidad, no sólo de reducir o eliminar problemas futuros, sino para reafirmar que los socios tienen un acuerdo mínimo acerca de las principales directrices de funcionamiento del negocio, y la viabilidad del mismo.
El uso de la expresión "etc." dentro del objeto social
La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 23 de julio de 2015 admite que el uso de la expresión “etc.”, en el objeto social de la sociedad y manifiesta que no da lugar a una indeterminación del objeto social.
La redacción artículo 2 de los estatutos sociales de la sociedad que pretendía la inscripción en el Registro Mercantil manifestaba que “la sociedad tiene por objeto las operaciones mercantiles de compraventa de accesorios y toda clase de elementos relacionados con los automóviles y vehículos de motor en general, que sean de tracción mecánica y terrestre, así como repuestos, complementos, accesorios, pinturas, barnices, ruedas etc., relativos a los mismos.”
En este sentido, el artículo 23 de la Ley de Sociedades de Capital y, especialmente, el artículo 178 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM) establecen que el objeto social debe determinar las actividades que lo integran. De hecho, según el artículo 178.3 RRM: “En ningún caso podrá incluirse como parte del objeto social la realización de cualesquiera otras actividades de lícito comercio ni emplearse expresiones genéricas de análogo significado”.
La DGRN concluye que es indudable que la actividad especificada en la disposición estatutaria, (incluyendo la expresión “etc.” cuestionada), acota suficientemente el sector de la realidad económica en que la sociedad pretende desarrollar su objeto, manifestando de esta forma que la expresión “etc.”, ubicada al final de una relación de varios sustantivos, manifiesta el carácter abierto y ejemplificante de su contenido y se emplea para evitar la enumeración de un listado demasiado amplio de sustantivos que se sobreentienden y que no interesa expresar.
Novedades mercantiles en la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria
El pasado 23 de julio entró en vigor la esperada Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (“LJV”). La jurisdicción voluntaria venía estando regulada dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde 1855. Ante normas obsoletas que carecían del adecuado rigor técnico, se separa la jurisdicción voluntaria de la regulación procesal común, manteniéndose no obstante entre ellas relaciones de especialidad y subsidiariedad.
Esta Ley se caracteriza por la desjudicialilzación de ciertas materias de jurisdicción voluntaria que hasta ahora eran atribuidas en régimen de exclusividad a Jueces y Magistrados. Con el fin de optimizar los recursos públicos disponibles y que los jueces y magistrados centren sus esfuerzos en ejercer la potestad jurisdiccional, por ello, se ha optado por establecer competencias compartidas entre Secretarios judiciales, Notarios y Registradores de la propiedad y mercantiles.
La Ley modifica numerosas leyes: Código Civil, Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital, Ley del Registro Civil, Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, Ley de Notariado… A continuación procedemos al análisis de las modificaciones que afectan a la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”):
· Adquisición originaria y derivativa de acciones y participaciones (Arts. 139 y 141 LSC).
Con la entrada en vigor de la Ley ha dejado de ser competente el Juez de lo mercantil del domicilio social en favor del Secretario judicial o Registrador mercantil para recibir solicitudes de reducción de capital cuando una sociedad no hubiera enajenado voluntariamente sus acciones o participaciones adquiridas de forma originaria (contraviniendo la prohibición legal de las sociedades de capital de asumir o suscribir sus propias acciones o participaciones). Así mismo, serán ellos quienes enajenen las acciones o participaciones sociales a instancia de parte interesada.
Además, ante la falta de enajenación en el plazo de tres años de las participaciones adquiridas de forma derivativa por una S.L. se puede solicitar al Secretario judicial o al Registrador mercantil del domicilio (y no a la autoridad judicial) la amortización y la reducción del capital.
Cabe señalar que en ambos casos la decisión favorable o desfavorable tanto del Secretario judicial, que se rige según la LJV, como del Registrador mercantil, que se rige según el Reglamento del Registro Mercantil (“RRM”), son recurribles ante el Juez de lo mercantil.
· Convocatoria Judicial de la Junta General (Arts. 169, 170 y 171 LSC).
Ya no existe la convocatoria judicial, que tenía lugar ante la falta de convocatoria en el plazo legalmente establecido de la junta general ordinaria o las juntas generales previstas en los estatutos. Los nuevos competentes para convocar en tal situación son el Secretario judicial o el Registrador mercantil del domicilio social.
El Secretario judicial convocará a la junta general de conformidad con lo establecido en la legislación de jurisdicción voluntaria. El Registrador mercantil convocará a la junta general en el plazo de un mes desde que hubiera sido formulada la solicitud, indicando el lugar, día y hora para la celebración así como el orden del día, designando al presidente y secretario de la junta. No cabrá recurso alguno contra la resolución que acuerda la convocatoria de la junta general.
Ambos también pueden convocar a la junta general para el nombramiento de administradores en casos especiales, como sucede ante la muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin que existan suplentes.
· Nombramiento y revocación del auditor (Arts. 265 y 266 LSC).
En esta materia se ha extendido al Secretario judicial la competencia del Registrador mercantil para el nombramiento de auditor, en el caso de que la junta general debiendo hacerlo, no lo hubiera nombrado antes de que finalice el ejercicio a auditar, o el designado no haya aceptado el cargo, o no pueda cumplir con las obligaciones. El Secretario y el Registrador también pueden revocar al auditor que hubieran nombrado ellos o la junta general y nombrar a otro.
La solicitud de nombramiento dirigida al Registrador se tramitará según el RRM, igual que para recurrir la resolución por la que acuerda o no el nombramiento. Si se insta la solicitud ante el Secretario judicial, se aplica la LJV, y ante el Juez de lo mercantil se podrá recurrir la resolución del nombramiento del secretario y la resolución que cualquiera de los dos dicte sobre la revocación del auditor.
· Nombramiento y separación de liquidadores (Arts. 377 y 380 LSC).
Deja de ser competencia exclusiva del Juez de lo mercantil del domicilio social nombrar y separar liquidadores. Desde la entrada en vigor de la LJV se puede solicitar al Secretario judicial o al Registrador mercantil del domicilio social la convocatoria de la junta general para el nombramiento de los liquidadores en caso de fallecimiento o cese del liquidador único, de todos los liquidadores solidarios, de alguno de los liquidadores que actúen conjuntamente, o de la mayoría de los liquidadores que actúen colegiadamente, sin que existan suplentes.
Además, el Secretario judicial y el Registrador mercantil del domicilio social son los competentes para separar a los liquidadores de una S.A., mediante justa causa y a petición de accionistas que representen la vigésima parte del capital social. Incluso pueden separar, a solicitud de quien acredite interés legítimo, a los liquidadores que ellos mismos hubieran nombrado.
La solicitud de nombramiento o de separación dirigida al Registrador mercantil se tramitará de acuerdo a lo dispuesto en el RRM, mientras que la instada ante el Secretario judicial seguirá los trámites establecidos en la LJV. Tanto la resolución por la que se acuerda o no el nombramiento, como aquella por la que se separan los liquidadores son recurribles ante el Juez de lo mercantil.
· Nombramiento y sustitución de interventores (Art. 381 y 389 LSC).
Desde la entrada en vigor de la Ley, los accionistas que representen la vigésima parte del capital social que quieran solicitar la designación de un interventor deberán hacerlo al Secretario judicial o al Registrador mercantil del domicilio social, y no al Juez de lo mercantil.
La solicitud dirigida al Registrador mercantil se tramitará de acuerdo a lo dispuesto en el RRM, y la instada ante el Secretario judicial seguirá los trámites establecidos en la LJV. La resolución que resulte del nombramiento, será recurrible ante el Juez de lo mercantil.
Además, en situación de duración excesiva de la liquidación, cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar la separación de los liquidadores al Secretario judicial o al Registrador mercantil del domicilio social, quienes acordarán la separación y nombrarán liquidador a quien tengan por conveniente. La resolución sobre la revocación del auditor será recurrible ante el Juez de lo mercantil.
· Convocatoria de la asamblea general de obligacionistas (Art. 422 LSC).
Ante la falta de convocatoria por el comisario de la asamblea solicitada por los obligacionistas que representan, al menos, la vigésima parte de las obligaciones emitidas y no amortizadas, pueden el Secretario judicial o el Registrador mercantil del domicilio social, previa audiencia del comisario, realizar tal convocatoria.
El Secretario judicial convocará la asamblea general de obligacionistas atendiendo a la LJV, mientras que el Registrador mercantil lo hará según el RRM. Cabe advertir que no cabrá recurso ante el decreto o resolución que acuerde la convocatoria de la asamblea general de obligacionistas.
En este artículo del Blog explicamos de forma resumida las últimas novedades y modificaciones en la responsabilidad penal de las empresas, destacando la vital importancia que tienen los programas de corporate compliance
¡Adios al Código de Comercio!
Se han cumplido ya 130 años desde la publicación del todavía vigente Código de Comercio de 1885. Dicho código presenta un gran número de artículos derogados a través de diferentes leyes, lo que ha puesto de manifiesto su inadecuación con la actual realidad económica y política. La actual situación implica que, además del Código, existe una dispersión de leyes especiales separadas, lo cual produce efectos negativos para la seguridad jurídica y para la realidad del mercado.
En noviembre de 2006 se encargó a la Comisión General de Codificación la elaboración de un nuevo Código Mercantil, si bien, no fue hasta el pasado 30 de mayo, cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto del nuevo Código Mercantil.
Esta iniciativa legislativa se articula sobre la base de la unidad de mercado que exige la Constitución, gira en torno a un Código nuevo integrador de la mayor parte de las leyes especiales, y garantiza la seguridad jurídica al haberse adaptado al mercado actual.
El contenido del nuevo código no es totalmente nuevo. En el código, se incluyen normas legales que ya estaban en vigor anteriormente, pero la mayor parte de regulación se refiere a materias que carecían de normativa aplicable y que, por lo tanto, constituyen una innovación en el ordenamiento jurídico. Cabe destacar regulación como la referente a la empresa y operaciones sobre la misma, la representación, la competencia desleal y la defensa de la libre competencia y distintos tipos de contratos como son, los contratos de suministro, mediación, contrato de obra por empresa, prestación de servicios mercantiles, operaciones sobre bienes inmateriales, prestación de servicios electrónicos y contratos bancarios y de financiación.
Son siete libros los que, precedidos de un título preliminar, componen el anteproyecto. Libro primero: del empresario y de la empresa; Libro segundo: de las sociedades mercantiles; Libro tercero: del derecho de la competencia y de la propiedad industrial; Libro cuarto: de las obligaciones y de los contratos mercantiles en general; Libro quinto: de los contratos mercantiles en particular; Libro sexto: de los títulos valores e instrumentos de pago y de crédito; Libro séptimo: de la prescripción y de la caducidad de las obligaciones mercantiles.
En cuanto a sociedades mercantiles, adelantar brevemente las siguientes novedades legislativas:
- Se ha aumentado el capital social mínimo para una Sociedad Anónima, pasando de 60.000 Euros a 120.000 Euros.
- Se profundiza en la nuevas técnicas de constitución telemática y simplificada, y se incorpora el supuesto especial de la sociedad anónima con capital inferior al mínimo legal (3.000 Euros), conocida como Sociedad Limitada en Formación Sucesiva.
- La cláusula estatutaria de Arbitraje, a través de la cual se permitirá establecer en estatutos que toda controversia derivada de la sociedad sea resuelta mediante arbitraje de derecho.
- Un régimen básico de pactos parasociales, extensibles a los protocolos familiares.
Según las últimas noticias publicadas, puede que el gobierno actual publique el Código en esta legislatura, aunque de momento tendremos que continuar con el longevo Código de Comercio.
Las marcas "made in China" del siglo XXI
Por todos es conocido el interés de los consumidores chinos en las marcas occidentales especialmente del sector del lujo. Muy conscientes de ello las grandes multinacionales europeas del sector desplegaron su “flagship stores” hace ya varios años en las calles más comerciales de China, empezando por la hoy cosmopolita y multicultural Shanghai y terminando en enclaves como Changsha, que efectivamente es una gran ciudad con un área de metropolitana de 8 millones de personas, pero que dista mucho del lujo y la sofisticación de los barrios céntricos de Paris o las estrechas calles de Montecarlo. Los escaparates del lujo han llegado a todas los rincones del gigante asiático. Está claro, a los chinos les gustan las marcas europeas, pero, y a nosotros, ¿nos gustan las marcas chinas?
Consumimos productos “Made in China” todos los días pero, por lo general, no tenemos en mente la marca de muchos de ellos. De la “fábrica del mundo” salen miles de contenedores hacia Occidente con todo tipo de productos que llenan las estanterías de los clásicos bazares, grandes almacenes de electrodomésticos y cada vez más, de tiendas de productos tecnológicos. La evolución es clara, de productos de manufactura pura y dura, como herramientas o utensilios básicos de cocina, hemos pasado a consumir otros con un componente tecnológico evidente, como las lavadoras, ordenadores o teléfonos inteligentes de última generación. Es, en este punto de la evolución exportadora China, donde aparecen pisando fuerte las marcas chinas del siglo XXI.
Ya todos conocemos los móviles Huawei, las tablets de Lenovo, los electrodomésticos Haier y la aerolínea Air China. Hasta en los restaurantes chinos de Madrid ya hay quien se atreve a pedir directamente una Tsingtao cuando quiere una cerveza. Definitivamente las marcas chinas ya no nos suenan tan a chino. ¿A qué se deben estos avances en cuanto al conocimiento de las marcas chinas en Europa? Me temo que los responsables son los propios chinos.
El Gobierno Chino apoya a las empresas para exportar y proteger sus marcas fuera de sus fronteras a través de Programas de incentivos gestionados por los gobiernos regionales. Estos gobiernos recogen en sus planes estratégicos el número de empresas y marcas chinas que quieren posicionar en el exterior durante períodos de 5 años. En cuanto a sectores, han priorizado las empresas de high tech, tecnología LED, instalaciones nucleares, farmacia, aeronáutica y tecnología espacial. Esta promoción de la protección de la creatividad e innovación China en el exterior da como resultado que, sólo durante 2014 se duplicaran el número de marcas comunitarias registradas en el territorio de la UE por parte de titulares chinos.
La normativa europea permite desde hace 20 años la protección unificada de las marcas en la UE. Se trata de un único procedimiento de solicitud y concesión a través del cual el registro de la marca produce efectos en los 28 Estados miembros de la UE. Para que un ciudadano o empresa extranjera pueda solicitar el registro de su marca en Europa ha de hacerlo a través de Agente Oficial de la Propiedad Industrial de cualquier estado miembro. La solicitud se tramita online a través de la web de la Oficina Europea de Armonización del Mercado Interior con sede en Alicante.
La protección legal de sus marcas en el exterior permite a los empresarios chinos operar con total tranquilidad como usuarios en exclusiva de la marca en los países en los que se haya registrado, ejercer acciones legales contra quienes hagan uso indebido de la misma y evitar procedimientos judiciales internacionales innecesarios y muy costosos.
De todo esto se deduce que a los chinos no les basta con su propio mercado, tienen planes muy ambiciosos para crecer fuera de China y la actividad internacional de muchas de sus empresas se ha profesionalizado y adaptado a los estándares del comercio mundial. El efecto que tiene sobre los consumidores europeos es que hemos pasado de comprar productos de fabricación china a consumir marcas chinas que reconocemos y apreciamos. Las marcas chinas del siglo XXI ya son una realidad en Europa y parece que han llegado para quedarse muchos años. Se trata de un reto más que nos plantea la globalización y al que ya hacen frente nuestra empresas que deberán ingeniárselas para seguir adelante con tal feroz competencia.
Por Fernando Goñi, director de Relaciones Internacionales PONS

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 Resolución 
 artículo 2
 artículo 23
 artículo 178
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