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Timestamp: 2018-02-20 12:15:52+00:00

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Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo. TÍTULO SÉPTIMO. De la protección de la legalidad urbanística (Vigente hasta el 13 de Junio de 2007).
1. Todas las acciones o las omisiones que presuntamente comporten vulneración de las determinaciones contenidas en esta Ley, en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas urbanísticas municipales, sujetos a sanción de conformidad con lo que establecen esta Ley y el reglamento que la despliegue, deben dar lugar a las actuaciones administrativas necesarias para aclarar los hechos y, subsiguientemente, o bien directamente, si no se requiere información previa, a la incoación de un expediente de protección de la legalidad urbanística.
2. Si la resolución del expediente de protección de la legalidad urbanística no corresponde al ente que lo ha incoado, el plazo de caducidad es de ocho meses y el órgano competente debe recibir la documentación completa dos meses antes, como mínimo, del agotamiento de este plazo.
Una vez incoado un expediente de protección de la legalidad urbanística, el órgano competente puede adoptar las medidas provisionales que crea necesarias para garantizar la eficacia de la resolución final. El acuerdo de adopción tiene que ser motivado. Estas medidas incluyen, con carácter enunciativo y no exhaustivo, tanto la suspensión de las obras que regula el capítulo II como la retirada de los materiales y de la maquinaria a cargo del titular de las obras.
2. Los órganos competentes en materia urbanística, según lo que dispone esta Ley, pueden, aparte de lo que establece el apartado 1, instar al Registro de la Propiedad a practicar el asentamiento que corresponda respecto a los actos administrativos siguientes:
1. Si los actos de edificación o de uso del suelo y el subsuelo que especifica el artículo 179 se efectúan sin licencia o sin orden de ejecución o no se ajustan a las condiciones que se señalan, el alcalde o alcaldesa, una vez incoado el expediente de protección de la legalidad urbanística, debe dictar una primera resolución de suspensión provisional e inmediata de estos actos, y debe ratificar o modificar la resolución de suspensión provisional dentro de los quince días posteriores al vencimiento del plazo de audiencia de quince días que se otorga a las personas afectadas al notificarles la primera resolución.
4. El director o directora general de Urbanismo, en el supuesto de presuntas infracciones graves o muy graves, puede acordar la medida cautelar de suspensión y, si procede, la ratificación ulterior de ésta si, una vez requerido el ayuntamiento a tales efectos, el alcalde o alcaldesa no adopta la medida correspondiente en el plazo que establece el artículo 192.3. Igualmente, el director o directora general de Urbanismo puede requerir a la persona interesada para que legalice las obras ejecutadas sin licencia o sin ajustarse a los términos de ésta si el ayuntamiento no lo hace en los plazos que establece el artículo 192.3.
1. Una vez transcurrido el plazo de dos meses establecido por el artículo 197 sin que se haya solicitado la licencia correspondiente, o sin que se hayan ajustado las obras o las actuaciones a las condiciones señaladas, el ayuntamiento, mediante la resolución del procedimiento de restauración, debe acordar el derribo de las obras, a cargo de la persona interesada, y tiene que impedir definitivamente los usos a que podían dar lugar. Debe proceder de la misma manera si las obras son manifiestamente ilegales o si la licencia se deniega porque la concesión de ésta sería contraria a las prescripciones del ordenamiento urbanístico.
2. Si, en el supuesto a que se refiere el apartado 1, la persona interesada no ejecuta el acuerdo en el plazo de un mes, el alcalde o alcaldesa puede acordar la ejecución subsidiaria, sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas de acuerdo con el artículo 217.
3. Si, en el supuesto regulado por el apartado 1, no se produce la actuación municipal correspondiente, el director o directora general de Urbanismo, en el caso de presuntas infracciones urbanísticas graves, o el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, en el caso de presuntas infracciones urbanísticas muy graves, una vez hecho el requerimiento pertinente, debe acordar la medida de restauración y, si la persona interesada no la ejecuta en el plazo de un mes, puede acordar la ejecución subsidiaria.
La acción para requerir la legalización de las obras o de las actuaciones llevadas a cabo sin licencia, para ajustarlas a la licencia otorgada o para adoptar otras medidas de restauración prescribe al cabo de seis años, a contar de acuerdo con lo que dispone el artículo 219, a excepción de los actos nulos de pleno derecho, que restan sujetos a lo que establece el artículo 202.
1. Las licencias y las órdenes de ejecución el contenido de las cuales sea contrario a las determinaciones de esta Ley, de los planes urbanísticos o de las ordenanzas urbanísticas municipales deben ser revisadas siguiendo el procedimiento pertinente entre los que están establecidos para la revisión de los actos en vía administrativa.
2. La concesión de cédulas de habitabilidad por razón de la primera ocupación de las viviendas y el suministro de servicios para el equipamiento de los edificios deben ajustarse a lo que establece la legislación en materia de vivienda.
2. Las medidas reguladas por los artículos 197 a 201 referentes a la adopción de acuerdos de derribo y de revisión son aplicables en los supuestos especificados por el apartado 1, sin limitación de plazo.
2. La falta de los títulos administrativos concretos que, de acuerdo con esta Ley, habilitan para llevar a cabo los actos de parcelación, urbanización, edificación o uso del suelo, o el cumplimiento de estas actuaciones vulnerando el contenido de los dichos títulos constituye una infracción urbanística de carácter muy grave, grave o leve, según que corresponda, en función de los supuestos contenidos en los artículos 205, 206 y 207.
3. Constituye una infracción urbanística leve la ejecución de actuaciones que requieren una comunicación previa en sustitución de la licencia urbanística si se llevan a término sin haberla presentada o bien sin respetar el contenido de la comunicación.
a) Los actos de parcelación urbanística, de urbanización, de uso del suelo y el subsuelo y de edificación contrarios al ordenamiento jurídico urbanístico que se lleven a cabo en suelo no urbanizable objeto de algún régimen de protección especial, de acuerdo con lo establecido por el artículo 32.a, y también en terrenos reservados, en cualquier clase de suelo, a sistemas generales o bien a zonas verdes, espacios libres y zonas deportivas públicos.
a) Los actos tipificados por el artículo 205.ª que se lleven a cabo en suelo no urbanizable no sometido a ningún régimen de protección especial, en suelo urbanizable no delimitado y en terrenos reservados por el planeamiento a sistemas locales de comunicación y de equipamientos comunitarios.
c) La vulneración, en más de un 10% y hasta un 30%, en cualquier clase de suelo, de los parámetros imperativos a que hace referencia el artículo 205.c.
g) Los supuestos tipificados por los artículos 209.1 y 210.1.
c) La vulneración, hasta un 10%, en cualquier clase de suelo, de los parámetros imperativos a que hace referencia el artículo 205.c.
e) Los actos a que hacen referencia los artículos 205 y 206 que sean legalizables y se ajusten a lo que establece el artículo 208.
f) Los actos de propaganda de urbanizaciones, por medio de anuncios, carteles, vallas publicitarias, folletos o cartas, por medios informáticos o por cualquier otro sistema de divulgación o difusión que no expresen los datos referentes a la aprobación del instrumento de planeamiento correspondiente o que incluyan indicaciones susceptibles de inducir a error a los consumidores.
i) El supuesto tipificado por el artículo 204.3.
1. Los actos tipificados como infracciones graves o muy graves por los artículos 205 y 206 que sean legalizables constituyen infracción urbanística leve si, antes de que recaiga la resolución sancionadora en el procedimiento correspondiente, los presuntos infractores han instado en la forma debida, ante la administración competente, la legalización, y ésta se ha aprobado o autorizado.
3. Las divisiones o las segregaciones de terrenos que, en cualquier clase de suelo, estén faltas de la declaración previa que la licencia de parcelación es innecesaria, se entiende que quedan legalizadas si se pide y se obtiene dicha declaración.
4. A los efectos de lo que establece el apartado 1, las sanciones procedentes por infracción leve se aplican a la cuantía máxima si se trata de supuestos regulados por el artículo 205 y en la cuantía media si se trata de supuestos regulados por el artículo 206.
5. En los supuestos regulados por el artículo 207, si los actos son legalizables y se cumplen las determinaciones que establece el apartado 1, se aplica la sanción en la cuantía mínima.
1. Los actos tipificados como infracciones muy graves por el artículo 205 que no sean legalizables constituyen infracción urbanística grave si las personas presuntamente infractoras proceden a la restauración de la realidad física o jurídica al estado anterior a la alteración, mediante las operaciones materiales o jurídicas pertinentes.
4. Una vez acreditada la decisión de proceder a la restauración de la realidad física o jurídica alterada, se suspende la tramitación del expediente, tal y como establece el artículo 208.2.
6. Lo que establece este artículo se aplica también a las infracciones tipificadas como graves y leves por los artículos 206 y 207. En el supuesto de infracción grave es aplicable la sanción en el grado mínimo, y en el supuesto de infracción leve es aplicable la sanción en el grado medio.
1. La constitución de un régimen de propiedad horizontal o de un complejo inmobiliario privado, o su modificación cuando comporte un incremento del número de viviendas o de establecimientos, y también las operaciones que tengan por objeto constituir más elementos susceptibles de aprovechamiento independiente de los que se hayan hecho constar en una declaración de obra nueva precedente, se tipifican como infracción urbanística grave si se efectúan en contra de las determinaciones del planeamiento, o bien sin licencia urbanística previa, de acuerdo con lo establecido por el artículo 179.2.r, o bien en contra de la licencia otorgada.
Para graduar las sanciones que se tienen que aplicar, además de los criterios incluidos en los principios reguladores de la potestad sancionadora, es preciso atender la gravedad con la que la infracción afecta a los bienes y los intereses protegidos por el ordenamiento urbanístico, la gravedad del riesgo creado, el grado de culpabilidad de cada una de las personas infractoras, la entidad económica de los hechos constitutivos de la infracción y la viabilidad de la legalización de la infracción cometida.
2. Al efecto de la responsabilidad por infracción urbanística, se consideran personas promotoras los agentes, los gestores o los impulsores de la actuación, si no son las personas propietarias.
2. Si el importe de la multa que contiene la propuesta de resolución de un procedimiento sancionador es superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros, la autoridad competente para resolver el procedimiento es el director o directora general de Urbanismo, con el informe previo de la comisión territorial de urbanismo competente. En el caso de que la multa sea de un importe superior, la autoridad competente es el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, con el informe previo de la Comisión de Urbanismo de Cataluña.
3. En el supuesto de que la potestad de protección de la legalidad urbanística, de acuerdo con lo establecido por el artículo 192.3, sea ejercida por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, la competencia para la resolución del procedimiento sancionador se atribuye según lo que dispone el apartado 2.
1. El importe de las multas impuestas tanto por las autoridades locales como por los órganos de la Administración de la Generalidad a propuesta de esas es percibido por los entes locales correspondientes.
1. En el caso de que sobre un mismo sujeto se instruya un expediente sancionador por más de una infracción entre las que haya conexión de causa y efecto, se le tiene que imponer la sanción que corresponda a la infracción cometida más grave, para la graduación de la cual hay que tener en cuenta el resultado final perseguido y el daño causado.
3. Corresponde al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, en los mismos supuestos que regula el apartado 2, cuando este departamento ejerce la protección de la legalidad urbanística y concurren infracciones graves o muy graves con de otras de leves, la instrucción del expediente que las engloba, con la correspondiente adopción, si procede, de medidas provisionales, la imposición de todas las multas y la adopción de las medidas de restauración y de determinación de daños y perjuicios. El órgano competente para imponer las sanciones y adoptar estas últimas medidas es el que tiene atribuida la competencia para imponer la sanción de más cuantía.
5. Los plazos de prescripción fijados por los apartados 3 y 4 comienzan a contar el día siguiente del día en que alcanza firmeza en vía administrativa la resolución por la que se impone la sanción o la obligación.
6. Los plazos de prescripción establecidos por los apartados 1 y 4 no son aplicables en los supuestos regulados por el artículo 202.1, que en todos los casos son susceptibles de sanción y de la acción de restauración sin limitación de plazo.
7. En los supuestos regulados por los artículos 208.1 y 209.1, los plazos de prescripción de la infracción y las reglas de competencia aplicables son los correspondientes a la gravedad de la infracción originaria.
El Ayuntamiento de Barcelona y la Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona tienen las competencias urbanísticas que les atribuye la Ley 22/1998, del 30 de diciembre, de la Carta municipal de Barcelona, las cuales prevalecen sobre las que determina esta Ley.
Las determinaciones de esta Ley se entienden sin perjuicio del régimen especial de la Val d'Aran.
Los municipios que no cuentan con ninguna figura de planeamiento general en el momento de la entrada en vigor de esta Ley y los que cuentan con delimitaciones de suelo urbano sin normas urbanísticas tienen la obligación de formular un plan de ordenación urbanística municipal. El consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, con el requerimiento previo correspondiente, puede ordenar que la Dirección General de Urbanismo se subrogue en la formulación del plan de ordenación urbanística municipal de los municipios que, en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, no cuentan con ninguna figura de planeamiento general o bien cuentan con delimitaciones de suelo urbano sin normas urbanísticas. En este caso, la tramitación del plan de ordenación urbanística municipal corresponde a la comisión territorial de urbanismo competente.
2. Corresponde a los órganos o a los departamentos que tienen la respectiva competencia sectorial velar por la adecuación del planeamiento urbanístico a las determinaciones de la legislación sectorial mediante la emisión de los informes preceptivos, su representación en los órganos colegiados con competencia urbanística y el resto de acciones y medios que establece la legislación aplicable.
Número 2 de la disposición adicional cuarta redactado por el artículo 18 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre).
Corresponde al consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, a iniciativa de las personas titulares del departamento correspondiente, de adoptar las medidas preventivas establecidas por la legislación sectorial que comporten la aplicación en un determinado ámbito de un régimen de suelo diferente del atribuido por el planeamiento urbanístico. Si el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas disiente de dicha iniciativa, corresponde al Gobierno de decidir si procede o no adoptar la medida propuesta y, si procede, de adoptarla.
Los municipios comprendidos en el ámbito territorial de un planeamiento general plurimunicipal aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2002 pueden formular y tramitar su propio programa de actuación urbanística municipal, cuya aprobación definitiva corresponde al órgano que establecen, según que corresponda, los artículos 77 y 78.
Los plazos para la tramitación y la resolución definitiva de las figuras de planeamiento urbanístico y de gestión urbanística establecidos por esta Ley se amplían en un mes, en el supuesto de que coincidan totalmente o parcialmente con el mes de agosto.
1. Las personas profesionales que intervienen en la preparación y la redacción de las figuras del planeamiento urbanístico, en calidad de funcionarios o funcionarias, de personal laboral o de personas profesionales liberales contratadas a tal efecto, deben tener la titulación y las facultades adecuadas, de acuerdo con la legislación aplicable, para cumplir las tareas encomendadas. La identidad y la titulación de los profesionales que intervienen tienen que constar en todo caso en el expediente de tramitación de la figura de que se trate.
3. La contratación de personas profesionales liberales para cumplir las tareas a que se refiere el apartado 1, si corresponde a la administración o a una entidad pública, o si más del 50% de la actuación es financiada con fondos públicos, se somete a la legislación sobre contratos de las administraciones públicas.
Los ayuntamientos que tengan un planeamiento urbanístico general que delimite ámbitos de actuación urbanística susceptibles de generar cesiones de suelo de titularidad pública con aprovechamiento, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley 10/2004, tienen que diferenciar, como patrimonio separado del resto de bienes municipales, los bienes que integran el patrimonio municipal de suelo y de vivienda. Además, en este patrimonio separado, deben prever un depósito específico para ingresar los fondos obtenidos mediante la enajenación y la gestión de los bienes del patrimonio municipal de suelo y de vivienda.
Los plazos que el artículo 15 de la Ley 14/1984, del 20 de marzo, del Síndic de Greuges, establece para la intervención del Síndic de Greuges en cuestiones urbanísticas se tienen que entender adaptados a los plazos que establece la Ley presente para la prescripción de las infracciones y de la acción de restauración.
Las normas que despliegan el Plan por el derecho a la vivienda, con relación a los diferentes regímenes de protección, a las posibles personas beneficiarias y a los precios máximos de venta, y también los recursos que se destinan, deben tener como objetivo atender prioritariamente a las necesidades de las personas con una renta per cápita inferior a la media catalana, prestando una atención especial a las personas jóvenes en edad de emanciparse y a la gente de la tercera edad con necesidades asistenciales.
El Gobierno debe aprobar, con carácter anual, un programa específico de subvenciones a las corporaciones locales para la formulación de planes de ordenación urbanística municipal, programas de actuación urbanística municipal y planes derivados de iniciativa pública, para fomentar la adaptación de los municipios a la nueva legislación y de garantizar la aplicación.
El Gobierno, durante el año 2005, debe presentar un programa plurianual de intervención integral en núcleos rurales de montaña en el marco de los planes comarcales de montaña, con el fin de fomentar la rehabilitación, la calidad urbana, la reocupación, la racionalización del uso del suelo, la mejora de la accesibilidad y las telecomunicaciones y la revitalización bajo el punto de vista económico y social.
Disposición adicional decimoquinta introducida por el artículo 1 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre).
Disposición adicional decimosexta introducida por el artículo 2 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre).
Disposición adicional decimoséptima introducida por el artículo 3 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre).
Disposición adicional decimoctava introducida por el artículo 4 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre).
Disposición adicional decimonovena introducida por el número cuatro del artículo 9 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre).
Disposición adicional vigésima introducida por el número dos del artículo 10 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre).
Disposición adicional vigésima primera introducida por el número uno del artículo 19 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre).
Disposición adicional vigésima segunda introducida por el número 2 del artículo 51 de la Ley [CATALUÑA] 26/2009, 23 diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).
b) En el caso de planeamiento general no adaptado a las determinaciones de esta Ley, es aplicable el deber de cesión de suelo con aprovechamiento que establece el artículo 43, en los polígonos o unidades de actuación urbanística y en los sectores sujetos a un plan urbanístico derivado que tengan alguna de las finalidades a que hace referencia el artículo 68.2.a, siempre y cuando no tengan un proyecto de reparcelación, de compensación o de tasación conjunta aprobado inicialmente antes de la entrada en vigor de la Ley 10/2004.
c) En las modificaciones de planeamiento general no adaptado a las determinaciones de esta Ley, relativas a polígonos de actuación urbanística o sectores sujetos a un plan de mejora urbana en suelo urbano no consolidado, es aplicable el deber de cesión de suelo con aprovechamiento que establece el artículo 43 si tienen alguna de las finalidades a que hace referencia el artículo 68.2.a.
b) El suelo urbanizable no programado tiene la condición de suelo urbanizable no delimitado y, hasta que el planeamiento general aprobado de acuerdo con la normativa anterior a la Ley 2/2002 no se haya adaptado a las determinaciones de esta Ley, es obligatoria la consulta regulada por el artículo 73 antes de la tramitación del plan parcial de delimitación, de cara a constatar la adecuación de la propuesta a las determinaciones del planeamiento de rango superior y a las determinaciones que establece el artículo 3. El carácter negativo de cualquiera de los dos informes de la consulta impide la formulación y la tramitación del plan parcial de delimitación.
Segunda Adaptación del planeamiento urbanístico general y reservas de suelo para viviendas asequibles y de protección pública A partir de: 19 octubre 2007
Rúbrica de la disposición transitoria segunda redactada por el número tres del artículo 9 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre).
1. El planeamiento urbanístico general vigente en el momento de la entrada en vigor de esta Ley debe adaptarse cuando, en virtud de las previsiones propias, o bien anticipadamente, en los supuestos regulados por el artículo 93, se haga la revisión de dicho planeamiento o del programa de actuación urbanística correspondiente.
2. Desde el momento de la entrada en vigor de esta Ley, no obstante lo que dispone el apartado 1, los ayuntamientos pueden formular y tramitar programas de actuación urbanística municipal, que deben contener las reservas que establece el artículo 57.3.
3. Si no hay un plan de ordenación urbanística municipal o un programa de actuación urbanística municipal adaptados a las determinaciones de esta Ley, las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico general, el planeamiento urbanístico derivado y sus modificaciones pueden establecer reservas de suelo para viviendas asequibles y de protección pública, mediante la calificación de suelo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 57.5. Las reservas mínimas que establece el artículo 57.3, en el caso de los municipios de más de diez mil habitantes y las capitales de comarca, se tienen que aplicar preceptivamente e inmediatamente a los sectores sujetos a un plan de mejora urbana en suelo urbano no consolidado que prevean usos residenciales de nueva implantación y a los sectores de suelo urbanizable con uso residencial. Se exceptúan de esta obligación los sectores que tengan un planeamiento derivado aprobado inicialmente antes de la entrada en vigor de la Ley 10/2004. Dichas reservas también se tienen que aplicar en cualquier municipio, preceptivamente e inmediatamente, cuando se tramite una modificación del planeamiento general si ésta implica un cambio de la clasificación del suelo no urbanizable con la finalidad de incluir nuevos usos residenciales, siempre y cuando la modificación no esté aprobada inicialmente en el momento de la entrada en vigor de la Ley 10/2004.
Número 3 de la disposición transitoria segunda redactado por el número tres del artículo 9 del D.-Ley [CATALUÑA] 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística («D.O.G.C.» 18 octubre).
a) Los proyectos de planeamiento urbanístico general que estuviesen en tramitación en el momento de la entrada en vigor de la Ley 10/2004 se tienen que adaptar a las determinaciones de la presente Ley si, en la fecha de dicha entrada en vigor aún no había sido entregado el expediente completo al órgano competente para acordar la aprobación definitiva.
b) Las modificaciones de las delimitaciones de suelo urbano y del planeamiento urbanístico general se rigen, en cuanto a los aspectos formales y sustantivos, por la normativa vigente en el momento de su aprobación inicial. Las modificaciones de las delimitaciones de suelo urbano y del planeamiento urbanístico general aprobadas inicialmente después de la entrada en vigor de la Ley 10/2004 se rigen por las determinaciones que establece esta Ley para los planes de ordenación urbanística municipal y sus modificaciones.
c) Las modificaciones del planeamiento general plurimunicipal aprobado definitivamente de acuerdo con la normativa anterior a la Ley 2/2002 que no estén aprobadas inicialmente en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, siempre y cuando afecten más de un término municipal, se tramitan según lo que acuerden los ayuntamientos afectados; si no hay acuerdo, se tramitan según lo que establece el artículo 83.2.
1. En los supuestos de ausencia de planeamiento general, el suelo se clasifica en suelo urbano y no urbanizable. El suelo urbano comprende los núcleos de población existentes que tienen los servicios urbanísticos básicos definidos por el artículo 26.1 o que se integran en áreas consolidadas por la edificación de al menos dos terceras partes de su superficie edificable.
2. En el supuesto a que hace referencia el apartado 1, las nuevas edificaciones comprendidas en el ámbito del suelo urbano no pueden tener más de tres plantas ni superar en altura el promedio de la de las edificaciones vecinas, sin perjuicio de otras limitaciones que sean aplicables.
1. En todos aquellos aspectos que no sean objeto de regulación transitoria específica, las figuras de planeamiento derivado y los instrumentos de gestión aprobados inicialmente antes de la entrada en vigor de la Ley 10/2004 se rigen, en cuanto a los aspectos formales y sustantivos, por la normativa aplicable en la fecha de su aprobación inicial. Las figuras de planeamiento derivado y los instrumentos de gestión aprobados inicialmente después de la entrada en vigor de la Ley 10/2004 se rigen por las determinaciones formales y sustantivas que establece esta Ley.
2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico derivado, relativos a sectores que prevén usos residenciales, que desarrollan planeamiento urbanístico general que no contenga la memoria social que exige el artículo 59 deben incorporarla para que defina los objetivos de producción de vivienda protegida o asequible. Esta exigencia no es aplicable a los instrumentos de planeamiento urbanístico derivados aprobados inicialmente antes de la entrada en vigor de la Ley 10/2004.
3. Las figuras de planeamiento urbanístico derivado en suelo urbanizable que desarrollan planeamiento urbanístico general aprobado de acuerdo con la normativa anterior a la Ley 2/2002 y que no hayan sido aprobadas definitivamente a la entrada en vigor de la presente Ley deben justificar los intereses públicos derivados del imperativo de utilización racional del territorio y la adecuación de la propuesta a las determinaciones que establecen los artículos 3 y 9.
Mientras no se transponga la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente, sin perjuicio de lo que establezca la legislación sectorial, el régimen de evaluación ambiental aplicable a las figuras de planeamiento urbanístico no resueltas definitivamente en el momento de la entrada en vigor de la Ley 10/2004 es el siguiente:
a) Los planes de ordenación urbanística municipal y sus revisiones.
b) Las modificaciones del planeamiento urbanístico general que alteren la clasificación o calificación urbanística del suelo no urbanizable si la clasificación o calificación urbanística resultante comporta un cambio en los usos de este suelo.
c) El planeamiento urbanístico derivado para la implantación en suelo no urbanizable de construcciones destinadas a las actividades de camping, así como el planeamiento urbanístico derivado que se formule para la implantación en suelo no urbanizable de equipamientos y servicios comunitarios no compatibles con los usos urbanos, de instalaciones y obras necesarias para la prestación de servicios técnicos, de estaciones de suministro de carburantes y de prestación de otros servicios de la red viaria.
d) Los planes parciales de delimitación.
e) Los instrumentos de planeamiento o sus modificaciones que establezcan el marco para autorizar proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo establecido por la legislación sectorial.
2. La documentación de las figuras de planeamiento a que hace referencia el apartado 1 debe incluir un informe ambiental con el contenido que establecen el artículo 5 y el anexo 1 de la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente.
4. El plan y el informe ambiental deben enviarse al departamento competente en materia de medio ambiente para que los valore. Este trámite se rige por lo que establece el artículo 83.5.
5. Los instrumentos de planeamiento urbanístico y las actuaciones que prevean la transformación de un ámbito continuo de superficie superior a 100 hectáreas de suelo clasificado como no urbanizable, o de más de 10 hectáreas de suelo clasificado como no urbanizable en los supuestos a que hace referencia el grupo 9.b del anexo Y de la Ley 6/2001, del 8 de mayo, de modificación del Real decreto legislativo 1302/1986, del 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, deben someterse al procedimiento de declaración de impacto ambiental que establece el Decreto 114/1988, de 7 de abril. En estos casos, la aprobación del plan o de la actuación corresponde al consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, sin perjuicio de la competencia del Gobierno en los supuestos a que hace referencia el artículo 5 del Decreto 114/1988.
1. Los municipios que a la entrada en vigor de la Ley 2/2002, o posteriormente, tenían un plan general de ordenación urbana y se encontraban en la primera etapa cuatrienal del programa de actuación de este plan general, pueden asumir las competencias de aprobación definitiva de los planes urbanísticos derivados a que hace referencia el artículo 79.1, con las condiciones siguientes:
a) Que los planes sean promovidos de acuerdo con las determinaciones de dicho programa de actuación.
b) Que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley 10/2004, acrediten ante el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas el cumplimiento de los otros requisitos que exige esta disposición y su voluntad, expresada mediante acuerdo del pleno municipal, de asumir dichas competencias. En el plazo de dos meses, el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas debe adoptar la correspondiente resolución de reconocimiento de competencia, si procede.
2. Los municipios que a la entrada en vigor de la Ley 10/2004 tenían un plan de ordenación urbanística municipal pueden aprobar definitivamente, cumpliendo previamente el trámite que regula el artículo 85.1, los planes urbanísticos derivados a que hace referencia el artículo 79, siempre y cuando en la fecha de entrada en vigor de la Ley 10/2004 no estuviesen aprobados provisionalmente.
1. Las normas urbanísticas de las figuras de planeamiento aprobadas definitivamente por la Administración de la Generalidad entre la entrada en vigor de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y la de la Ley 2/2002 que no hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña o en el boletín oficial de la provincia correspondiente, deben ser publicadas con motivo de su modificación o de la tramitación de instrumentos de planeamiento urbanístico derivado o de gestión urbanística. A tal efecto, en los expedientes de modificación debe acompañarse el texto refundido completo de la normativa aplicable, que debe ser publicado en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, conjuntamente con el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación. Esta exigencia es aplicable también a los expedientes de modificación en trámite que aún no hayan sido aprobados definitivamente.
2. Antes de acordar la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico derivado y de gestión urbanística formulados a partir de la entrada en vigor de la Ley 10/2004, deben publicarse las normas urbanísticas del instrumento o los instrumentos de planeamiento que desarrollen. El ayuntamiento, siempre y cuando las normas urbanísticas no hayan sido modificadas posteriormente, las puede publicar en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, tomando como base el documento diligenciado de aprobación definitiva. De otro modo, el ayuntamiento debe elaborar un texto articulado que refunda estas modificaciones y tiene que enviarlo a la Administración de la Generalidad para que sea verificado por el órgano que aprobó definitivamente el expediente, el cual tiene que ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
3. Antes de acordar la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico derivado y de gestión urbanística que estén en trámite en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, deben publicarse las normas urbanísticas del instrumento o los instrumentos de planeamiento que desarrollen si no han sido publicadas antes.
4. Los ayuntamientos, sin perjuicio de lo que establecen los apartados 1, 2 y 3, pueden publicar en todo momento en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña las normas urbanísticas de instrumentos de planeamiento urbanístico aprobados definitivamente durante el periodo a que hace referencia el apartado 1, siempre y cuando no se tengan que refundir como consecuencia de modificaciones posteriores.
5. Los edictos de publicación de las normas urbanísticas a que hacen referencia los apartados del 1 al 4 tienen que identificar los acuerdos de aprobación definitiva de estas normas y el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña en el cual estos acuerdos han sido publicados.
6. La publicación en un diario oficial, por la Administración de la Generalidad o por el ayuntamiento competente, de las normas urbanísticas de las figuras de planeamiento urbanístico aprobadas definitivamente por la Administración de la Generalidad antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2002 valida la tramitación y la aprobación de las disposiciones y los actos de aplicación que se hayan dictado al amparo de su aprobación definitiva, ya que la falta de publicación previa de las disposiciones mencionadas únicamente comporta, si procede, su anulabilidad. Este mismo efecto de validación tiene la publicación de normas urbanísticas en un diario oficial antes de la entrada en vigor de la presente Ley
2. Las determinaciones de esta Ley sobre sistemas y modalidades de actuación urbanística son aplicables cuando se acuerde la sustitución de un sistema de actuación, incluso en el caso en que se haya aprobado definitivamente el correspondiente proyecto de compensación, reparcelación o tasación conjunta. La sustitución debe llevarse a cabo por el procedimiento que establece el artículo 113 y de acuerdo con lo establecido por el artículo 115.3, con notificación individual, en todos los casos, a las personas propietarias afectadas.
Los expedientes de solicitud de autorización de usos y de obras en suelo no urbanizable y en suelo urbanizable no delimitado y de usos y obras provisionales que hayan tenido entrada en los ayuntamientos antes de la entrada en vigor de la Ley 10/2004 se continúan tramitando de acuerdo con la normativa aplicable en el momento en que tuvieron entrada en el ayuntamiento. Las solicitudes presentadas a partir de la entrada en vigor de la Ley 10/2004, se tienen que ajustar a los aspectos sustantivos y formales regulados por los artículos 47 al 54. Sin embargo, se continúan tramitando de acuerdo con la normativa anterior a la Ley 2/2002, a lo largo de un plazo de tres años desde la entrada en vigor de dicha Ley, las solicitudes de licencia en ámbitos provenientes de procesos de parcelación rústica que hayan sido específicamente reconocidos por el planeamiento general en vigor, en el régimen de suelo no urbanizable.
1. Los expedientes de suspensión de obras, los sancionadores y los de restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado ya incoados en el momento de la entrada en vigor de esta Ley se deben continuar tramitando de acuerdo con la normativa anterior.
2. El régimen sancionador regulado por la Ley presente se aplica a las infracciones cometidas a partir de la entrada en vigor de ésta.
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se rigen por la normativa anterior en todo cuanto no sea objeto de regulación transitoria específica.
Mientras no se apruebe el despliegue reglamentario de esta ley, son de aplicación las disposiciones reglamentarias vigentes en todo aquello que no se opongan, no la contradigan ni le resulten incompatibles.
El Gobierno, si las circunstancias lo aconsejan, puede modificar por decreto, con el dictamen previo de la Comisión Jurídica Asesora, las cuantías de las reservas y las previsiones a qué hacen referencia los artículos 43, 58.1.f y 65.3 y 4. Estas cuantías sólo se pueden disminuir, con el dictamen favorable previo de la Comisión Jurídica Asesora, si lo exigen circunstancias excepcionales. Igualmente, el Gobierno puede establecer otras reservas y previsiones de naturaleza análoga a propuesta del consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas o, si procede, del consejero o consejera de este Departamento y del consejero o consejera competente por razón de la materia.
Se autoriza al Gobierno para modificar el porcentaje de la reserva fijada por el artículo 57.3 con carácter diferencial para ámbitos homogéneos, y también para modificar la densidad determinada por el mismo precepto.
b) La incorporación de las nuevas tecnologías electrónicas, telemáticas, informáticas y otras en la tramitación y la publicidad del planeamiento y de la gestión urbanísticos.
Se autoriza el Gobierno para adaptar por decreto, a propuesta del consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, la cuantía de las multas establecidas por los artículos 211 y 217 a la evolución de las circunstancias socio-económicas, en función del índice general de precios de consumo publicado por el Instituto Catalán de Estadística.
El Gobierno puede modificar, por decreto, el número y el alcance territorial de las comisiones territoriales de urbanismo, y también la composición de estas y de la Comisión de Urbanismo de Cataluña.
El Gobierno, en el plazo de dieciocho meses a contar desde la entrada en vigor de la Ley 10/2004, debe aprobar un reglamento que desarrolle íntegramente la Ley de urbanismo.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 179
 resolución 
 resolución 
 artículo 192
 artículo 192
 artículo 197
 resolución 
 artículo 217
 artículo 219
 artículo 202
 artículo 32
 artículo 205
 artículo 205
 artículo 205
 artículo 208
 artículo 204
 resolución 
 artículo 205
 artículo 206
 artículo 207
 artículo 205
 artículo 208
 artículo 179
 resolución 
 artículo 192
 resolución 
 resolución 
 artículo 202
 artículo 18
 resolución 
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 19
 artículo 51
 artículo 43
 artículo 68
 artículo 43
 artículo 68
 artículo 73
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 93
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 9
 artículo 83
 artículo 26
 artículo 59
 artículo 5
 artículo 83
 Real decreto 
 artículo 5
 artículo 79
 resolución 
 artículo 85
 artículo 79
 artículo 113
 artículo 115
 artículo 57