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Timestamp: 2018-10-18 09:41:19+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 582/02 de Corte Constitucional, 30 de Julio de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 43618765
Sentencia de Constitucionalidad nº 582/02 de Corte Constitucional, 30 de Julio de 2002
Fecha de Resolución: 30 de Julio de 2002
Expediente: D-3934
Decreto 1295 de 1994. Art. 9 (p.). Sistema general de riesgos profesionales. Accidente de trabajo. Transporte suministrado por empleador. Trato discriminatorio. Derechos adquiridos, igualdad y seguridad social. Responsabilidad objetiva. Cosa juzgada constitucional. Estese c-453/02.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana E.M.Q. demandó parcialmente el artículo 9 del Decreto Ley 1295 de 1994 "por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales."
La demandante considera que el aparte de la disposición acusada vulnera los artículos 13 y 53 de la Constitución Política pues, en su criterio, da un trato discriminatorio a los trabajadores que se trasladen de su residencia al lugar de trabajo en un vehículo no suministrado por el empleador, al no consagrar como accidentes de trabajo los siniestros que les puedan ocurrir durante ese recorrido, en tanto que sí lo hace para aquellos a quienes el empleador les suministre el transporte. En este sentido, afirma que "la norma impugnada desconoce la igualdad porque establece beneficios para aquellas personas trabajadores particulares, empleados públicos o trabajadores oficiales, a quienes el empleador les provee el medio de transporte", discriminando a los trabajadores a los que no se les facilita.
1. Intervención del ciudadano M.G.R.S.
El ciudadano M.G.R.S. intervino en este proceso con el fin de solicitar que se declare la exequibilidad del aparte acusado. Sus argumentos son los siguientes:
Luego de hacer un recuento de la evolución de la noción de accidente de trabajo dentro de la legislación y la jurisprudencia colombianas, señala que ésta tiene como fundamento la responsabilidad objetiva del empleador. Así, "si partimos del hecho de que la teoría del riesgo profesional acogida por el Decreto 1295 de 1994 se basa en que las actividades generan para quien las realiza un riesgo cuyo daño debe ser indemnizado por quien ha creado esa actividad y se beneficia de ella, no podría el legislador considerar como riesgo profesional el accidente que ocurre por fuera de las actividades creadoras del riesgo, y sin ninguna intervención del empleador, como ocurre con los accidentes que la demandante pretende sean considerados laborales."
En su criterio, la argumentación de la demandante parte del supuesto erróneo de considerar como laborales todos los accidentes que ocurran durante el traslado de la residencia al trabajo, o de éste a la residencia, en medios de transporte comunes no proporcionados por el empleador. En ese caso, afirma, el riesgo no es creado por el empleador y, en consecuencia, el accidente no se produce por causa o con ocasión del servicio, fundamento de la responsabilidad objetiva del empleador. Y continúa: "no es viable que, so pretexto de una presunta violación al principio de igualdad se busque equiparar las prestaciones que reconoce el Sistema de Riesgos Profesionales y el Sistema General de Salud, ni mucho menos se busque convertir en profesional un evento de origen común, para acceder a las prestaciones que consagra el Sistema de Riesgos Profesionales."
La ciudadana M. de los Angeles Pascual Hidalgo-Gato, actuando como apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, intervino en este proceso para solicitar la declaratoria de constitucionalidad del aparte demandado, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación:
Sostiene que el Sistema de Riesgos Profesionales está fundamentado en la posibilidad de creación de un riesgo por parte del empleador. En esta medida, si en el cumplimiento de las labores el trabajador sufre un daño, el empleador debe asumir los costos, por tratarse de una responsabilidad civil específica que "ha evolucionado a un esquema de `responsabilidad objetiva', fundamentado en la `creación de un riesgo' y no en la existencia de culpa", riesgo que ha sido trasladado a entidades especializadas en su administración.
En este orden de ideas, "resulta claro por qué cuando el transporte lo suministra el empleador, el accidente que ocurriera se considera profesional, puesto que se trata de un riesgo que le corresponde a dicho empleador..."
En efecto, cuando el empleador asume el transporte se produce una "prolongación" de la empresa, de modo que el empleado sigue estando subordinado y, si sufre un perjuicio en desarrollo de tal actividad, se hace acreedor de las prestaciones del Sistema de Riesgos Profesionales. Por el contrario, cuando el empleado asume el transporte bajo su propia responsabilidad, el patrono no tiene por qué responder por riesgos que le son completamente ajenos. En consecuencia, la diferencia de trato obedece a criterios objetivos. Así mismo, es razonable y proporcionada, "pues procura evitar que los empleadores se sustraigan de su responsabilidad por hechos que llegaren a perjudicar a los trabajadores sometidos a un medio de transporte que él eligió."
El ciudadano B.A.O.C., actuando como apoderado del Ministerio de Salud, intervino en este proceso para defender la constitucionalidad del aparte demandado, argumentando que para que un accidente se considere laboral, debe haber ocurrido con ocasión de la prestación del servicio.
Por tanto, se ha considerado que sólo cuando el empleador suministre el transporte puede decirse que el siniestro sucedió con ocasión del servicio. En este sentido, afirma que "considerar una situación diferente a la consagrada legalmente como accidente de trabajo sería ampliar el ámbito de la disposición más allá de lo que tradicionalmente se ha venido considerando como sitio o lugar de trabajo."
El señor P. General de la Nación, en concepto No. 2822 recibido el 14 de marzo de 2002, solicita a la Corte declarar la exequibilidad del aparte demandado del artículo 9 del Decreto Ley 1295 de 1994. Para defender la constitucionalidad de la disposición acusada transcribe los argumentos esbozados en el concepto No. 2791, puesto que los cargos de la demanda son en esencia los mismos a los presentados dentro del expediente D-3806.
Sostiene que "el Congreso, al configurar la norma de esta manera, tuvo en cuenta las posibilidades reales de control del empleador frente a los medios de transporte, situación que no se predica frente a los vehículos y medios de transporte en que el trabajador se desplaza de su residencia a su trabajo bajo su cuenta y riesgo, ya que si lo hace en vehículo particular lo hace bajo su propia responsabilidad y, si es a través de medios de transporte de servicio público, son las empresas de transporte las que deben proteger al usuario de estas contingencias y, como tal, el accidente no se puede considerar como un riesgo profesional."
Así, el fundamento de la indemnización por los daños que sufra el trabajador como consecuencia de un accidente consiste en que el riesgo ha sido creado por el mismo empleador, al suministrar el transporte a sus empleados. En este orden de ideas, "no existe la discriminación que plantea el actor (sic), ya que la norma da un trato distinto a situaciones disímiles y ello justifica la constitucionalidad de la norma."
La Corte es competente para decidir sobre la constitucionalidad del aparte demandado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5 de la Constitución, por cuanto hace parte de un decreto con fuerza de ley dictado por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias, conforme a lo consagrado por el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución "ART. 150.- Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
10. R., hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje.
Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos.".
"Para el demandante la expresión "cuando el transporte lo suministre el empleador" atacada establece una diferencia de trato sin justificación objetiva y razonable que vulnera el principio de igualdad (art. 13 C.P.), al tiempo que desconoce derechos adquiridos y la garantía del derecho a la seguridad social y a la ampliación de su cobertura para todos los trabajadores (arts. 48 y 53 C.P.).
"Quien coadyuva la demanda solicita que la Corporación haga unidad normativa con la expresión "cuando el transporte lo suministre la Institución" contenida en el Decreto Ley 1716 de 2000, tomando en cuenta que con ella se generan consecuencias discriminatorias no solo en relación con la indemnización que se recibe en caso de accidente, sino también respecto del derecho a pensión de sobrevivientes en caso de muerte del trabajador."
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible concluir que cada uno de los cargos formulados por la actora en ejercicio de la presente acción, fue objeto de estudio en la sentencia C-453 de 2002, a través de la cual se declaró exequible el aparte "cuando el transporte lo suministre el empleador" contenido en el artículo 9 parcial del Decreto Ley 1295 de 1994.
En dicho fallo, la Corte Constitucional estimó que no había violación del derecho a la igualdad. Por el contrario, la diferencia de trato se consideró razonable, pues permite establecer una responsabilidad objetiva del empleador En este sentido, estimó la Corte que, "...una primera situación se configura por el evento en el que el empleador resuelve asumir el transporte de sus trabajadores, lo que implica el dominio por su parte de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que este se realiza, y una segunda en la que el trabajador por sus propios medios, bien sea en un vehículo de su propiedad o en un transporte público, o en uno privado acude al trabajo o regresa de el, sin que en este último caso el empleador tenga ninguna injerencia sobre las condiciones en que dicho traslado se efectúa.
Así las cosas el que la disposición demandada señale como accidente de trabajo el que ocurra cuando el transporte lo suministre el empleador, no obedece entonces a una determinación caprichosa o irrazonable del Legislador, sino que responde a circunstancias precisas que como se ha visto están ligadas a la posibilidad de establecer una relación directa entre el hecho acaecido y el riesgo creado por el empleador al asumir el transporte de sus trabajadores..."
Finalmente, y en relación con el cargo sobre la violación de los artículos 48 y 53 de la Constitución, esta Corporación encontró que no hubo vulneración, pues el trabajador que se provee su propio medio de transporte cuenta con otras formas de garantizar la cobertura de las contingencias que ocurren durante el trayecto hacia y desde su trabajo Para la Corte,"...La norma bajo examen, contenida en las disposiciones referentes al sistema de riesgos profesionales, no es la única que ofrece protección al trabajador en caso de un accidente. Cuando éste se desplaza a su lugar de trabajo en un medio de transporte no suministrado por el empleador y acaece un percance, el sistema de seguridad social no lo deja desprotegido puesto que si bien no se trata de un accidente de trabajo deberán entrar a operar los otros mecanismos establecidos por la ley 100 en los sistemas de salud y de pensiones que deberán cubrir las prestaciones asistenciales y económicas previstas en el régimen común...
...No cabe entonces afirmar, como lo hace el demandante que con la expresión censurada se desconoce el derecho de los trabajadores a la garantía del derecho a la seguridad social, pues como se ha visto dicho trabajador encontrará en los diferentes regímenes en los que se subdivide el sistema integral de seguridad social las prestaciones necesarias para atender la situación específica en que se encuentre, sin que necesariamente corresponda al sistema de riesgos profesionales asumir la totalidad de las mismas.
No sobra recordar al respecto que los derechos prestacionales, como la seguridad social, son de realización progresiva y deben ser satisfechos con recursos económicos e institucionales limitados, por lo que se ha hecho necesario estructurar un sistema complejo en el que a través de diferentes mecanismos e instituciones que se complementan se busca llegar paulatinamente a los objetivos imperativos señalados por el Constituyente en el artículo 48 de la Carta Política...
"Declarar EXEQUIBLE la expresión "cuando el transporte lo suministre el empleador" contenida en el artículo 9 del Decreto Ley 1295 de 1994 "por el cual se determina la organización y administración del sistema de riesgos profesionales", por los cargos analizados en esta Sentencia."
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-453 de 2002, que declaró exequible el aparte "cuando el transporte lo suministre el empleador" contenida en el artículo 9 del Decreto Ley 1295 de 1994.
Sentencia nº de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección primera, de 27 de Junio de 2002
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40280 de 17 de Abril de 2013
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56939 de 27 de Octubre de 2011

References: artículo 9
 artículo 9
 artículo 241
 artículo 150
 artículo 9
 artículo 48
 artículo 9
 artículo 9