Source: http://mendozapottella.blogspot.com/2009/01/
Timestamp: 2017-09-22 06:12:09+00:00

Document:
El Blog de Mendoza Pottellá: enero 2009
Venezuela ante la Situación Actual y Perspectivas del
Mercado Petrolero Mundial
El acelerado incremento de los precios a partir del 2004 debido fundamentalmente al estrecho balance entre oferta y demanda y las expectativas negativas de la evolución de ese equilibrio, han traído a la palestra una vez más las predicciones sobre el inicio de la declinación de los recursos petroleros mundiales. “Peak Oil”, el pico de la campana petrolera a partir del cual se iniciará la rama descendente de la existencia de los hidrocarburos, predicho en los años 50 por Marion King Hubbert, es un tema de múltiples interpretaciones y discusiones permanentes en los diversos centros de análisis e intereses económicos, energéticos, petroleros y sobre todo, geopolíticos.
La predicción de Hubbert para los 48 Estados contiguos de los Estados Unidos se comenzó a cumplir, certeramente, a partir de 1971. Recientemente, varias áreas productoras han comenzado a dar las muestras definitivas de su agotamiento: México, Mar del Norte, Indonesia, la cuenca occidental venezolana, etc.
Sin embargo, los adelantos tecnológicos han permitido hacer más eficiente el drenaje de los yacimientos convencionales y extender su vida productiva por la vía de aumentar el porcentaje de recobro del crudo depositado en ellos. Igualmente, esos adelantos han permitido la incorporación de crudos hasta ahora considerados “marginales” para suplir el agotamiento de los “convencionales”. Pero todo ello sólo es posible en condiciones de precios que soporten los mayores costos que esa incorporación “marginal” comporta.
El gráfico que sigue es precisamente una expresión de las discusiones sobre cuan cerca o cuan lejos está el “pico” o como sostienen algunas “la meseta ondulada” que coronan el nivel a partir del cual se iniciará el agotamiento definitivo.
Como puede observarse, existe una brecha de 40 años, entre 2010 y 2050 entre las predicciones de los pesimistas y los optimistas. Pero ya desde el año 2000 comienzan a aparecer los petróleos no convencionales, “marginales” como complementos del suministro que requiere el mercado global. Esos crudos se encontraban al margen precisamente por los costos que implican convertirlos en el crudo liviano y dulce, fungible, según los requerimientos del mercado.
Pero su entrada al mercado no es, como pensaban Giusti y sus estrategas de la apertura a 15 dólares el barril, una consecuencia de los altos precios, sino todo lo contrario: los altos precios son requeridos para poder complementar una oferta desfalleciente, incapaz de responder a los requerimientos de una demanda alimentada por nuevos y masivos protagonistas como China e India.
Este, en definitiva, es el basamento estructural de la nueva realidad de precios que emergió violentamente a partir de 2004. Independientemente de que en la volatilidad y saltos inusitados recientes de los precios tenga un alto componente de especulación y “primas de miedo”, el fundamento estructural es el que sostendrá un “piso” para esas cotizaciones, sustancialmente superiores a los vigentes en las décadas anteriores.
De tal suerte, la era de los precios altos del petróleo llegó para quedarse, por lo que el perfil fiscal de Venezuela no luce gravemente amenazado ni en el corto ni en el mediano plazo, debido a que el mercado internacional necesita que el crudo reciba cotizaciones elevadas que permitan estimular el financiamiento de las inversiones que se requieren para extraer crudos más costosos, de localizaciones profundas o extremas, y mejorar los crudos pesados y extra-pesados que dominarán la oferta mundial durante los próximos años.
Los costos de convertir un barril de petróleo pesado o extrapesado en un crudo mediano promedian ya entre los 25 ó 30 dólares, y eso es así tanto para las arenas bituminosas de Canadá como para el crudo que se extrae de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Las cotizaciones se van a mantener elevadas, tal vez no en 110 ó 130 dólares por barril, pero difícilmente bajarán de 100. Los promedios de precios de 50 ó 60 dólares no van a volver.
La cesta petrolera venezolana se hará cada vez más costosa en términos de producción, ya que los yacimientos de crudos convencionales están en franco proceso de declinación a una tasa que alcanza el 25% anual. Lo cual quiere decir que si no se realizan los gastos de mantenimiento y estimulación crecientes que requieren esos yacimientos, podrían ser declarados inexplotables, técnicamente, “secos”, en cuatro años.
En primer lugar, los crudos de la cuenca zuliana, los cuales se encuentran en el curso más acelerado de declinación y cuyos costos para mantener los niveles de producción y aumentar el recobro adicional de los mismos crecen aceleradamente. La prolongada explotación agotó ya casi todo el gas que permite el levantamiento de las columnas petroleras por las bombas (balancines), razón por la cual depende cada día más del gas de otras regiones. Por ahora, del gas procedente de Colombia y en unos años más, cuando se complete interconexión centro occidental, ICO, por el gas procedente del sur de Anzoátegui y más adelante el de Paria y la Plataforma Deltana. Pese a las dificultades crecientes, esa explotación es todavía rentable a los precios actuales porque se trata de crudos mediano-livianos y de bajo contenido de azufre, pero sus perspectivas de duración son ya bastante limitadas. Y sólo a precios como los actuales o mayores es sostenible su explotación y drenaje máximo posible.
Por su parte, la producción de crudos livianos que se obtiene en el norte de Monagas, cuya explotación es relativamente reciente, años 80, tienen una expectativa de duración mucho menor a la de los campos occidentales, por el menor volumen de los depósitos y la mayor profundidad de los yacimientos, amén del ritmo creciente al cual están siendo drenados para compensar la caída de la producción en la Cuenca Zuliana.
Por todo ello, la Faja Petrolífera del Orinoco se constituye en la opción de continuidad a largo plazo para la explotación petrolera en el país. En ella existen ya cuatro “mejoradores” de crudo extrapesado, cuya capacidad total para generar crudos sintéticos de más de 30 grados API es de 600.000 barriles por día. Las restricciones en este caso serían solamente de capacidad financiera: El último de esos mejoradores costó más de 5.000 millones de dólares; es decir que, para producir sólo 200.000 barriles diarios, hubo que invertir semejante cantidad. Pero transcurridos ya más de seis años de su instalación y considerando la inflación y el consecuente crecimiento de los costos y gastos de adquisición y puesta en operación de cada mejorador que se necesite a partir de ahora, implicará una inversión del orden de los 15.000 millones de dólares.
Los planes para cuantificar y certificar reservas en esa Faja, hasta alcanzar una meta de 236 mil millones de barriles de reservas probadas, nos dan un indicador de las magnitudes de la inversión requerida para producir esas reservas: Por ejemplo, para producir tres millones de barriles diarios en un plazo relativamente breve, considerando la utilización de la tecnología ya probada en el sitio, se requerirán, como mínimo 15 de estos mejoradores, lo cual representa una inversión aproximada de 225 mil millones de dólares. A esa tasa de producción (3.000 b/d), la duración de esas reservas parciales cuantificadas sería de más de 215 años. [236.000 Millones / (3.000 x 365)]
Valga la digresión, esas cifras también reflejan el carácter más que futurista de la meta de certificación establecida para alcanzar en el año 2013. Si se pretendiera drenar en 50 años esa porción certificada de la Faja, -produciendo 12 millones de barriles diarios- se requeriría una inversión del orden del billón de dólares. Ello sin mencionar que esos 236 mil millones de barriles constituyen aproximadamente la quinta parte del petróleo originalmente en sitio (POES) que se ha calculado (hasta ahora) que está depositado en esa región, un billón doscientos mil millones de barriles.
Estas magnitudes tienen también un significado geopolítico con implicaciones de alta sensibilidad para nuestro país y su posicionamiento en el mundo. De ello han estado conscientes siempre los planificadores de los destinos universales en diversos centros de poder. (El plan Cahla Norte, de la dictadura militar brasileña durante los años 70, que proponía la “toma” por Brasil -en ejercicio de su pretendida condición de subimperialismo- de todo el sur de Venezuela para garantizar la explotación de la Faja, es un claro ejemplo de ello).
Hay que tomar en cuenta, además, que planificar producción petrolera para más de cinco décadas puede resultar un ejercicio de exagerada fantasía, si se consideran todo los factores que confluyen hacia una necesaria sustitución de los combustibles de origen fósil por alternativas menos destructivas y, en primer lugar, por el incremento de la eficiencia del consumo energético en general
Hay suficiente crudo en los mercados para cubrir la demanda actual, pero, tal como se constata al revisar los pronósticos OPEP de abril de 2008: para el año 2030 se requerirá un suministro adicional de casi 30 millones de barriles diarios. Por lo pronto, en el corto plazo, y más allá del fenómeno especulativo, lo cierto es que los costos de los combustibles derivados de los hidrocarburos se encuentran en franco crecimiento. Si existiera la posibilidad de que los precios petroleros bajaran a promedios de 50 ó 60 dólares por barril, entonces si podría presentarse un grave problema global de suministro, porque, sencillamente, no se realizarán las inversiones necesarias para aumentar la oferta a los ritmos exigidos por la demanda.
Con tales límites inferiores, el horizonte de producción del petróleo venezolano es muy amplio, en tanto no se produzca una sustitución total del petróleo por fuentes alternativas de energía. Vale decir entonces que el petróleo venezolano durará más que la era de los hidrocarburos como combustibles para la generación de energía.
El fin de esta era ha sido predicho muchas veces, fallidamente, desde hace más de 30 años. Sin embargo, no podemos confiar en que siempre será así, aunque ello no sea visible a corto plazo. Los largos plazos comienzan hoy y no podemos esperar estar colocados al borde del precipicio para actuar, vale decir, para comenzar el camino de la eternamente pospuesta “siembra petrolera”, aquella que nos permita independizarnos de su renta y de sus condicionantes externas.
Publicadas por Carlos Mendoza Pottellá a la/s 22:25
En la explotación de los hidrocarburos en Venezuela, determinada históricamente por los vínculos indisolubles entre el Estado venezolano y el capital petrolero internacional, perviven hasta nuestros días todas las contradicciones de su propio origen y de su condición de enclave. Aún hoy, los hidrocarburos continúan siendo el componente absolutamente mayoritario del “sector externo” de la economía nacional, vector fundamental de los ingresos de exportación del país, desarrollados en función de la demanda de los mercados internacionales y a partir de una industria capital-intensiva, con una acentuada dependencia tecnológica y de insumos del exterior y, por ende, con relativamente escasos encadenamientos internos.
En nuestros días, cuando se ejecuta un cambio en el rumbo aceleradamente desnacionalizador impuesto por la administración Caldera-Giusti, cuando se hacen esfuerzos por diversificar las fuentes de la inversión extranjera, con la incorporación de capitales rusos, chinos, brasileños, noruegos, franceses, españoles, etc., esa participación extranjera sigue siendo uno de los elementos más dinámicos en el desarrollo de esta industria, con un papel estelar en la mayoría de los nuevos proyectos de PDVSA.
Esas condiciones reales penetran y determinan el sentido y contenido del conjunto de relaciones socioeconómicas y políticas que se establecen en torno a los hidrocarburos en nuestro país y, de manera particular, de las políticas que sobre la materia establece el Estado Venezolano. Pero una firme y clara voluntad política nacionalista, como la demostrada hasta ahora por el gobierno bolivariano, puede impedir que regresemos a los nefastos días de la “apertura” petrolera, a la importación de costos y la exportación de beneficios vía “internacionalización”, por ejemplo. Es en este contexto contradictorio dentro del cual podemos tener la perspectiva necesaria para analizar los 30 años de uno de los eventos que constituyen hito histórico dentro de esas políticas: la “nacionalización petrolera”.
Hacer una referencia entrecomillada a ese evento podría parecer una caprichosa irreverencia. Sin embargo, con ese añadido ortográfico sólo queremos destacar nuestra particular percepción, sostenida y verificada durante todos estos años, sobre ese acontecimiento y sus posteriores consecuencias. Percepción de una realidad que muchos compatriotas han venido a descubrir y comprender sólo a partir de los golpes petroleros de 2002 y 2003, pero que continúa siendo velada para la mayoría por la poderosa matriz de opinión impuesta por el poder petrolero..
Se trata de que el 1º de Enero de 1976 se inició un proceso de desmovilización de aquél sentimiento y movimiento nacionalista que inspiró las luchas de insignes pensadores venezolanos, y que dio pie a los sueños de una plena independencia económica del país que abrigaron varias generaciones a partir de los años 20 del siglo pasado. Pero se trata también de que, más allá de la mera frustración intelectual del ideario nacionalista, en esa misma fecha se comienza a poner en ejecución una de las mayores y más efectivas estrategias de que tengamos noticia, enfilada hacia la merma paulatina, constante y creciente, de la participación nacional en los beneficios de la liquidación de nuestro principal patrimonio colectivo.
Con las galas de la “nacionalización” se inició el desmontaje de todos los logros laboriosamente obtenidos, entre avances y retrocesos, por la política petrolera de inspiración nacionalista entre 1920 y 1973: comenzando por la liquidación del control y fiscalización total de la industria por parte del Ministerio de Minas e Hidrocarburos y llegando al desmoronamiento de la Regalía y de las tasas del Impuesto Sobre la Renta. [1]
El “adelanto de la reversión” de 1976 resultó en la completa frustración del camino iniciado por Pérez Alfonzo con la CVP y el principio de “no más concesiones”, camino que, sustentado definitivamente en la Ley Sobre Bienes a Reversión, debía concluir en una auténtica nacionalización en 1983.
Ese “adelanto” permitió, entre otras cosas, extender la presencia transnacional en la industria petrolera venezolana fuera del área concesionaria, a toda el área sedimentaria del país que hasta entonces constituía la “reserva nacional” venezolana, destinada a ser operada exclusivamente por la empresa petrolera estatal. Permitió, además, la instauración en las cúpulas dirigentes de la industria “nacionalizada” de los Creole-men y Shell-men nativos, auténticos y demoníacos “bebés de Rosemary”, al mejor estilo de Román Polansky: aquellos que hasta el 31 de diciembre de 1975 defendieron rabiosamente los intereses de “sus” transnacionales petroleras y el primero de enero de 1976 simplemente cambiaron de franela, pero mantuvieron la misma ideología empresarial y los mismos vínculos con sus antiguas casas matrices, constituyéndose en cónsules y veladores de los intereses de estas corporaciones dentro de las novísimas operadoras, primero, y luego dentro de la propia PDVSA.
La evaluación del lapso transcurrido desde entonces, pródigo, como acabamos de referir, en eventos donde resalta el sucesivo retroceso de las posiciones oficiales de defensa del interés nacional, aunada a las crecientes exigencias del mercado petrolero sobre Venezuela y la consecuente multiplicación durante ese lapso de proyectos de inversión de escasa o nula rentabilidad para la Nación, cuyas nefastas consecuencias todavía estamos padeciendo, nos llevan a constatar que también en nuestros días, como en cualquier época anterior, el gran capital internacional sigue moviendo sus piezas, dentro y fuera del país, para contrarrestar la manifiesta voluntad política nacionalista expresada reiteradamente por el actual gobierno desde 1999 y, por el contrario, tratar de imponer, en la industria petrolera venezolana, relaciones y condiciones contractuales y políticas lesivas del interés nacional como las que se promovieron desde 1976 y se hicieron realidad acentuada en las décadas 80 y 90 del Siglo XX.
Por estas razones, hoy, como siempre, tienen vigencia las exigencias de transparencia en las negociaciones que inevitablemente habrán de realizarse con los centros del poder mundial en esta materia. Y hoy más que nunca, cuando el recurso petrolero se ha revalorizado, alcanzando en términos reales niveles de precios equivalentes o cercanos a los máximos históricos de principios de los años 80, habiéndose producido un salto histórico que coloca a los precios en un piso mínimo de 50 dólares el barril, los venezolanos debemos mantenernos alerta frente a los cantos de sirena, para poder distinguir con claridad el ámbito y los límites de la verdadera conveniencia nacional en esta materia.
Sobre todo, no debemos olvidar que, a pesar de que ahora contamos con una mayor diversidad de etiquetas nacionales en cuanto a la procedencia de la nueva inversión extranjera, el capital petrolero, como cualquier otro capital, no tiene patria, y los estándares con los cuales mide su eficiencia y rentabilidad, en su inexorable búsqueda de la maximización de las ganancias, son siempre los mismos, sean esos capitales rusos, chinos o norteamericanos. Y precisamente, teniendo en cuenta que debido a la proliferación de nuevos proyectos y programas de inversión, seguimos obligados a establecer vínculos con esos capitales, tenemos que aguzar nuestras capacidades negociadoras.
Por lo demás, la situación que nos dejan los pasados 30 años es tal, que el país y su actual liderazgo político y petrolero se encuentran compelidos a revertir las negativas consecuencias, presentes y futuras, de los programas y proyectos implantados por la elite gerencial de mentalidad privatista que rigió a la empresa petrolera estatal entre 1976 y 2002. Esas camarillas impusieron, en los hechos, el rumbo de la política petrolera venezolana, pasando por encima de decretos, leyes y disposiciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, contradiciendo abiertamente los principios que informaron la política petrolera en los 55 años anteriores a 1976 y constituyendo un poder paralelo sin control, un Estado dentro del Estado, como se le dio en llamar, el poder petrolero, definido por nosotros de la siguiente manera:
“La consideración fundamental que debe tenerse en cuenta para el análisis de estas circunstancias es la de que se trata de un problema político, de un problema de relaciones de poder, en el cual una peculiar agrupación, integrada por factores privados nacionales y extranjeros vinculados al negocio petrolero y cúpulas gerenciales de la empresa pública, ha logrado imponer como verdades indiscutidas un conjunto de postulados que mezclan circunstancias objetivas con una carga considerable de falacia.
Dichos postulados forman parte de un programa definido, que tiene como norte la expansión constante del negocio petrolero -independientemente de la pertinencia macroeconómica y rendimiento fiscal de esa expansión- y la creciente privatización de las actividades primarias y fundamentales de esa industria.
Ese conjunto de verdades establecidas, que parte de concepciones hoy de moda, en cuanto a la incapacidad del Estado para gerenciar actividades productivas, tiene un expresión particular, a saber:
La carga fiscal sobre PDVSA es excesiva. PDVSA es la empresa petrolera que paga más impuestos en el mundo. Mantener esa carga fiscal equivale a perpetuar el ya fracasado modelo de rentismo parasitario y continuar alimentando a un Estado paternalista e ineficiente.
El control "político" sobre la industria obstaculiza el desarrollo eficiente de sus programas. Las trabas burocráticas que imponen los distintos organismos contralores, ejecutivos y legislativos, deben ser eliminadas en beneficio de la autonomía gerencial para ejecutar eficientemente sus planes y programas. Este es el camino hacia la Venezuela productiva.
El mejor destino del ingreso petrolero es su reinversión en el mismo sector. No existe otra actividad económica en Venezuela que le permita obtener ventajas comparativas y competitivas similares. Cada dólar adicional invertido en la industria petrolera genera, directa e indirectamente, efectos multiplicadores en el Producto Interno Bruto superiores a los de cualquier otra aplicación.
Venezuela debe ir hacia una más estrecha asociación con sus clientes desarrollados y abandonar asociaciones tercermundistas, de subdesarrollados y de perdedores, como la OPEP. La OPEP no ha beneficiado mucho a Venezuela y le impone trabas a un desarrollo que la llevaría a convertirse en una de las primeras potencias petroleras del mundo.
Para desarrollar la inmensa base de recursos petroleros de Venezuela, hay que desmontar todo el aparato de regulación y fiscalización que pesa sobre esa actividad industrial, porque ese desarrollo no es posible hacerlo con los recursos internos y es necesario atraer al capital petrolero internacional con proposiciones de una rentabilidad mayor a la ofrecida en otros destinos. (Mendoza Potellá, 1996)
Estos postulados del poder petrolero constituyeron el corazón ideológico de las políticas antinacionales que se impusieron en el país bajo el manto de la apertura. Ese poder, aunque hoy ya no controla al Estado, todavía está vivo y en constante actividad, todavía tiene fuerzas para colarse por los intersticios de contratos, asociaciones y licitaciones, para proponer cursos de política en materia petrolera inconvenientes para la Nación venezolana y, sobre todo, con el concurso de los medios de comunicación de masas que todavía controlan, para seguir imponiendo matrices de opinión favorables a sus muy particulares intereses económicos y políticos.
Por todas esas razones, y por la creciente evidencia de que bajo el subsuelo de Venezuela se concentra la que probablemente sea la mayor acumulación de hidrocarburos del globo, lo cual la convierte, como es obvio, en presa estratégicamente codiciable para todos los poderes mundiales, hoy en día es imperativo restituir la vigencia de las luchas libradas en defensa de la justa y digna participación de la Nación venezolana en los resultados de la liquidación de su mayor patrimonio colectivo. Hoy más que nunca es ineludible ese rescate, restituir la verdad histórica, largamente distorsionada por los manejos mediáticos impuestos por ese poder petrolero que imperó durante el lapso mencionado, como única manera de tener una visión certera de la realidad contemporánea y de las más probables perspectivas futuras.
Aún hoy en día, y a pesar del evidente fracaso y terribles consecuencias de las políticas de apertura y desnacionalización, para muchos venezolanos, adoctrinados en las prédicas del poder petrolero, el nacionalismo es una mala palabra, una peligrosa expresión de atraso y de resistencia a la modernidad, que pone en riesgo mortal la conveniente asociación con nuestros clientes, tradicionales o no. Semejante lavado cerebral, exitoso por demás, ha penetrado hasta los tuétanos en algunas capas de la población y siembra la duda aún dentro de las propias filas nacionalistas, propiciando, en algunos, actitudes que pretenden “matizar” el impacto negativo de las tropelías cometidas durante los pasados treinta años por ese poder. Sostenemos que las actitudes contemporizadoras, que tienden a reblandecer y a relajar la capacidad de defensa del interés nacional, deben ser combatidas, denunciadas, desmenuzadas para entender el peligro que representan para nuestro país.
Y es por todo ello que presentamos, a continuación, una visión retrospectiva, a la manera de permanente “flashbak” cinematográfico, volviendo siempre a los orígenes, del proceso que venimos comentando, tratando de evaluarlo en su verdadera dimensión, libre del embellecimiento con el que se ha querido cubrir todas sus lacras.
“El adelanto de la Reversión”
La mayoría de los políticos, periodistas y estudiosos venezolanos de la política petrolera doméstica contemporánea, consideran que la “nacionalización” de la industria petrolera en 1976 fue un evento que cambió el rumbo tradicional de la industria petrolera venezolana, en el cual se impuso claramente una de las dos vertientes antagónicas que pugnaban por imponer los términos de la política petrolera venezolana.
En este caso se trataría de la cumbre alcanzada por la vertiente nacionalista, aquélla que trata de hundir sus raíces en el Decreto de Bolívar de 1829 sobre los derechos mineros del joven Estado colombiano y en la primera Ley de Hidrocarburos, la de 1920 y de Gumersindo Torres.
De tal manera, es factible hacer –y con frecuencia se ha hecho- un encadenamiento histórico de esta nacionalización para colocarla como punto culminante de las luchas de un sector de la sociedad venezolana por los derechos de la Nación sobre sus recursos de hidrocarburos. Vista de esa manera, la nacionalización de 1976 es contabilizada como una victoria en el combate contra el entreguismo rampante de los socios, abogados y gerentes criollos de las corporaciones petroleras internacionales. ([2])
En contraposición, relataremos esa historia, desde el punto de vista que hemos sostenido durante todos estos años. (Mendoza Pottellá, 1985, passim)
En 1943, después de un largo debate nacional y minuciosas negociaciones con las corporaciones norteamericanas e inglesas, con la “mediación” del Departamento de Estado norteamericano, fue suscrito un convenio entre el gobierno del General Isaías Medina Angarita y esas compañías. En cumplimiento de ese convenio se promulgó la Ley de Hidrocarburos vigente hasta el año 2000. [3]
En ese entonces, las compañías extranjeras concesionarias se acogieron a los términos de dicha Ley, obteniendo, a cambio de ello, una extensión por 40 años de sus derechos de exploración, explotación y manufactura de los hidrocarburos en las áreas mantenidas bajo su control desde principios del siglo XX. Pero también quedaba establecida entonces, aunque nadie pensara en ello, lo que llegaría a convertirse en una fecha muy importante para el futuro de entonces: 1983 como año final de esas cuantiosas concesiones.
Posteriormente, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez otorgó, entre 1956 y 1957, también por cuarenta años, de acuerdo a los términos de la citada Ley, lo que a la postre serían las últimas concesiones que recibieran las corporaciones extranjeras en Venezuela, que alcanzaron a representar la quinta parte del total otorgado.
En 1961 y por inspiración del Dr. Juan Pablo Pérez Alfonzo -en el marco de la política petrolera promovida en su “Pentágono de Acción”, que incluyó, entre otras cosas la creación de la CVP y de la OPEP- el Congreso Nacional, al promulgar la nueva Constitución, dejó establecida la norma de que no se otorgarían nuevas concesiones de hidrocarburos sin la aprobación, por mayoría calificada –dos terceras partes- del Congreso en sesión conjunta (Art. 126). El imperio de este artículo se constituyó en la materialización de la “política de no más concesiones” impulsada por Pérez Alfonzo.
A mediados de 1971 el Congreso Nacional aprueba –también alentado por el Dr. Pérez Alfonzo y enfrentando las amenazas de las corporaciones petroleras- la “Ley Sobre Bienes Afectos a Reversión”, a tenor de la cual quedaron totalmente identificados y cuantificados los activos de la industria petrolera que revertirían a la Nación al término de las concesiones, así como la obligación de las concesionarias de mantenerlos en plena capacidad operativa hasta el momento de su reversión en 1983 y de establecer un fondo para garantizar ese mantenimiento.
Por virtud de todo lo anterior, 1983 se revela, de nuevo, como un año trascendente, cuya importancia comienza a ser asumida con creciente conciencia por los venezolanos de las décadas 60 y 70: En ese mítico año revertiría a la Nación, sin posibilidad de renovación y sin ninguna indemnización, el 80% de las concesiones otorgadas hasta entonces. En otras palabras, en 1983, Venezuela pasaba a ser dueña directa, en un 80%, de la industria petrolera establecida en su territorio. En 1996-97 revertiría el otro 20% otorgado por Pérez Jiménez.
1983 era, pues, según los sueños de entonces, el año en que se iniciaría, con todos los hierros, el despegue definitivo de Venezuela hacia la liberación económica y el desarrollo.
Sin embargo, la dinámica tradicional de la política petrolera internacional, signada por la voluntad de las corporaciones de imponer una transición a su imagen y semejanza, determinaron que esa “reversión”, dispuesta en la Ley de Hidrocarburos de 1943 y completamente reglamentada por la Ley sobre Bienes Afectos de 1971, se adelantara hasta 1976.
En consecuencia de ello, la nacionalización de la industria petrolera que ilustres venezolanos intentaron impulsar en 1975, con el Proyecto de Ley presentado por la Comisión de Reversión[4] designada por el entonces Presidente de la República Carlos Andrés Pérez, fue frustrada con la posterior promulgación, con sensibles modificaciones al proyecto original, de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, convertida en su opuesto como resultado de un proceso de concertación y avenimiento subterráneo, mediante el cual, detrás del público logro jurídico-político de expropiación de las antiguas concesionarias, se propició el mantenimiento, modernización, extensión e intensificación de los mecanismos de control del capital transnacional sobre los recursos petroleros venezolanos y se garantizó su retorno pleno –triunfalmente ejecutado a principios de los años 90 durante la euforia de “la apertura”- mediante la modificación del Artículo 5° de la referida Ley.
Gastón Parra Luzardo (1998), pp. 39-65, realiza una detallada descripción de los debates en el seno de la Comisión de Reversión, poniendo en evidencia las presiones de FEDECAMARAS y AGROPET para modificar el proyecto presentado e insertar la referida modificación. Sus conclusiones son claras y sustentan la opinión que aquí defendemos: “…se daba inicio por parte del Ejecutivo Nacional, al camino de concretar una “aparente nacionalización”, desnaturalizando la esencia de una nacionalización integral, genuina, propia, tal cual había sido propuesta por la Comisión de Reversión. En consecuencia, la propuesta del Ejecutivo Nacional distorsiona la finalidad propia de la nacionalización petrolera y, por tanto, no corresponde, en esencia, a un legítimo acto de soberanía nacional” Loc. Cit. p. 42.
Desde los tiempos de la New York & Bermúdez: el destino de los hidrocarburos venezolanos había sido la resultante de una relación dialéctica, con un constante pendular entre la armonía y el conflicto, cuyos protagonistas, el capital petrolero internacional y el Estado venezolano, a la hora de discutir las condiciones de la asociación tensaban las cuerdas, pero nunca llegaban a romperlas.
La “nacionalización” de 1976 no modificó las características tradicionales de esas relaciones, y, en consecuencia, la permanente reivindicación nacional de una justa participación en el usufructo de la liquidación del petróleo fue, una vez más, burlada. Las grandes corporaciones petroleras continuaron percibiendo inmoderados y crecientes beneficios provenientes del petróleo venezolano.
Por el imperio de los intereses de esas corporaciones y con la complicidad de políticos y gerentes venezolanos, dominados unos por el fatalismo geopolítico y otros por su formación e intereses transnacionales, grandes contratos de Asistencia Técnica y Comercialización, suscritos bajo presiones chantajistas ejercidas sobre un gobierno que ya había aceptado términos de negociación inconfesables, pocos días antes del tránsito formal de la industria petrolera a manos del Estado, mantuvieron e intensificaron el vínculo casa matriz-filial entre las ex-concesionarias y las nacientes “operadoras” nacionales. Esos contratos abarcaban a toda la producción, refinación y mercadeo de crudo y productos venezolanos, constituyeron el modelo inicial de lo que sería la base de un nuevo, deletéreo, inasible, ubicuo y eficaz sistema de mantenimiento de las relaciones dependientes del Estado venezolano con el capital transnacional.
De tal suerte que, en la medida en que esos gigantescos contratos iniciales cumplieron su cometido, pactado en el inconfesable compromiso de multiplicar la “indemnización debida” a las antiguas concesionarias, trasegando hacia ellas más de 7.000 millones de dólares entre 1976 y 1979, otros contratos y figuras asociativas proliferaron posteriormente cual vasos capilares y se extendieron a todas las actividades de la industria petrolera venezolana para continuar drenando, por los caminos verdes de la asistencia técnica, los servicios tecnológicos, la “procura”, el “outsourcing”[5] y los convenios de suministro a largo plazo, porciones considerables de lo que debió ser el ingreso petrolero nacional, hacia las manos extranjeras y de sus aprovechados y complacientes socios nativos.
Resumiendo entonces, fue así como, en 1976, después de ser ventajosamente indemnizadas por la entrega de equipos, instalaciones e inmuebles, largamente depreciados, habiendo obtenido unos contratos de asistencia técnica que simplemente disimulaban injustificados pagos adicionales, unos contratos de comercialización en donde se les otorgaban jugosos descuentos y, previo también, un avenimiento secreto en el cual recibieron garantías no escritas -pero fielmente cumplidas- de participación en todos los futuros emprendimientos petroleros del país, las grandes corporaciones internacionales renunciaron a sus concesiones.
Gastón Parra Luzardo, (1979, pp. 120-129) hace un minucioso análisis de los infames contratos de comercialización impuestos por las transnacionales para dejarse “nacionalizar” y su conexión con la suscripción de los también leoninos contratos de asistencia técnica [6]
Para completar la faena dejaron, como garantes de sus intereses en las que ahora serían operadoras nacionales, a los “nativos” de su confianza, grupo que constituyó un auténtico caballo de Troya que a partir de los años 80 promovió desembozadamente la privatización a marchas forzadas, a través de las “aperturas”, la internacionalización, los convenios de asociación, las asociaciones estratégicas, el “outsourcing” y la afortunadamente frustrada propuesta de vender de parte del capital accionario de PDVSA; pero cuyas actividades de evasión fiscal, de sabotaje del control que debía ejercer el Ministerio de Energía y Minas, al cual colonizaron primero y desmantelaron luego, de rechazo al control posterior la Contraloría General de la República, junto a la formulación de presupuestos anuales artificialmente inflados y la violación de los compromisos internacionales suscritos por el país en el seno de la OPEP, comenzaron desde el propio 1º de enero de 1976, al calor de la ejecución de proyectos conjuntos con sus antiguas casas matrices transnacionales, todos sobredimensionados en sus costos, como el cambio de patrón de refinación en tres de las cuatros grandes instalaciones del país[7] , los tendidos de poliductos y gasoductos tipo Sisor, Sumandes I y II, Nurgas y algunos, como los megaproyectos de la Faja del Orinoco o el proyecto gasífero Cristóbal Colón, simplemente inviables, pero con grandes logros para el poder petrolero, al propiciar importantes retrocesos legales y reglamentarios en materia de soberanía, control y fiscalización del Estado venezolano en esta materia. .
En 1976 se materializó el adelanto de la “reversión”, siete años antes del término establecido en la Ley de 1943. Ese evento fue denominado impropiamente, “nacionalización petrolera”. Hasta sus críticos, Pérez Alfonzo, por ejemplo, aceptaron ese término, agregándole el calificativo de “chucuta”[8], para hacer referencia a la posibilidad “futura” de “regreso” de las transnacionales al control de la industria petrolera venezolana que quedaba plasmada, como ya dijimos, en la disposición del Artículo 5º de la Ley respectiva que estableció la figura de las empresas mixtas como una posibilidad más para el manejo de las actividades reservadas al Estado. [9]
Visto desde la perspectiva contemporánea, nos podríamos explicar las circunstancias, al reconocer, como ya señaláramos, que la nacionalización no fue otra cosa que la conclusión de un largo y conflictivo proceso de agotamiento del patrón normativo de las relaciones entre el Estado venezolano y las compañías extranjeras concesionarias; es decir, del conjunto de estructuras legales y reglamentarias en el marco del cual se desarrollaban esas relaciones.
Ese conjunto legal y reglamentario, modus vivendi alcanzado a través de décadas de una asociación conflictiva cuyo sustento fue el reparto de la extraordinaria renta del petróleo, cristalizaba, en cada momento, en los instrumentos de participación del Estado venezolano en ese reparto. Tal como hemos señalado con insistencia, desde la primera Ley de Hidrocarburos de 1920 hasta la Ley sobre bienes afectos a reversión en 1971 el Estado venezolano fue incrementando, lenta y paulatinamente, a veces con retrocesos, su capacidad de control y fiscalización sobre las actividades de las concesionarias y, con ello, aumentando, teóricamente al menos, su participación en el mencionado reparto.
Pero ese proceso, por su propia naturaleza, signada por la avasallante capacidad negociadora y tramposa de las corporaciones internacionales, caminaba hacia su agotamiento, al hacerse insostenible la abismal diferencia entre los términos teóricos, legales, según los cuales se hacia el reparto de la renta y la realidad: En 1974, por ejemplo, cuando eran notorias las inmensas ganancias globales de los consorcios petroleros y Creole Petroleum Corporation, filial venezolana de la Exxon reportaba casi la mitad de los ingresos internacionales de su casa matriz (Rose, 1977) el reparto teórico de los beneficios netos de la actividad petrolera en Venezuela resultaba en unas increíbles proporciones, oficialmente publicadas, de 95% para el Estado venezolano y sólo 5% para las filiales transnacionales.
Estas proporciones eran irreales porque se basaban en una comparación no discriminada entre cifras netas y brutas, donde la participación fiscal total de Venezuela se relacionaba con el beneficio neto de las corporaciones, siendo que este último era un producto de la “ingeniería financiera” diseñada precisamente para eludir el pago de impuestos, del cual deducían “costos” que encubrían grandes ingresos, derivados hacia filiales operativas de cada corporación, encargadas del transporte, almacenamiento, comercialización y refinación del crudo. Cabe recordar, además, la incorporación como un costo, a los fines de la declaración del Impuesto Sobre la Renta, de los pagos realizados por concepto de regalía. Salvador de la Plaza[11] dedicó en su momento un gran esfuerzo intelectual y político a demostrar que la regalía petrolera era un derecho soberano de la Nación y que, como tal, no debía ser incluida en las cuentas de las compañías para minimizar sus pagos de impuestos.
Pero, como decíamos, las circunstancias se hacían críticas para el mantenimiento del status quo petrolero en Venezuela, en la medida en que se acercaba 1983, año en el cual se iniciaría el vencimiento y por ende la reversión de las concesiones de hidrocarburos, sin que para esa fecha, 1973-74, estuviera prevista una alternativa clara para la participación del capital petrolero internacional en las actividades, posteriores a esa reversión, de la industria petrolera venezolana. Dicha industria se encontraba cercada por la norma constitucional que impedía el otorgamiento de nuevas concesiones, por un lado, y por el otro, la voluntad entreguista y paralizante de los gobiernos de Betancourt, Leoni y Caldera I, quienes, temerosos de provocar las iras imperiales, se convirtieron en presa fácil de las presiones del poder petrolero de entonces e impidieron el desarrollo de Corporación Venezolana del Petróleo, manteniéndola en condiciones de enanismo durante sus quince años de existencia.
El dilema tenía soluciones divergentes, pero perfectamente identificables: Una, era la preparación del país para asumir plenamente el control de su industria. Esta opción, defendida por los sectores de avanzada del país, fue delineada en términos de posibilidad realizable por Juan Pablo Pérez Alfonzo, al postular, dentro de su “Pentágono de Acción”, junto al principio de “no más concesiones”, la creación y desarrollo de la CVP. Pero esa posibilidad fue eludida, ignorada e incluso desnaturalizada con la negociación, en 1970, de unos Contratos de Servicios que, como lo demostraran en su oportunidad diversos analistas (verbigracia, Sader Pérez, 1972, 1974) no eran otra cosa que concesiones disfrazadas para burlar el principio constitucional que prohibía nuevos otorgamientos de las mismas. Así lo confesaba, paladinamente, Rómulo Betancourt:
"Esta empresa (la CVP n.n.) no viene a competir con las empresas privadas. La misma modestia del capital de trabajo que le hemos asignado, indica cómo son de limitados sus fines y objetivos; pero la Corporación Venezolana del Petróleo debe ser y será el vehículo de que se valga el Estado para otorgar, ya no concesiones sino contratos de servicio y otras fórmulas de arreglo, que hay muchas y muchas se están utilizando en varios países petroleros, para desarrollar la explotación y producción de aceite negro en el país." (29-5-61)
"No hemos otorgado concesiones porque las muy ricas que quedan, bien ubicadas, en el centro y en las riberas del Lago de Maracaibo, estamos seguros que van a ser exploradas y explotadas mediante contratos de servicio." (29-6-63)
(Sader Pérez, 1974, págs. 12 y 13)
La segunda de las opciones a que nos referíamos antes era, desde luego, la propiciada por las propias compañías, sus voceros dentro de FEDECAMARAS, sus gerentes nativos y los sectores políticos y empresariales tradicionalmente aliados y beneficiarios de la asociación dependiente sin cortapisas. Los esfuerzos de este conglomerado se van a encaminar a la búsqueda de una alternativa cónsona con la preservación de su participación privilegiada en el negocio. Una nueva fórmula de asociación dependiente con el capital transnacional que incorporara algún maquillaje renovador era la solución más “saludable”, si se miraba con los ojos geopolíticos de sus proponentes criollos.
Así pues, la “nacionalización”, evento culminante de la política petrolera venezolana, con todas sus contradicciones y debilidades, plasmó, en realidad, el estado de las fuerzas de estas dos posiciones y, no siendo una excepción de la tendencia secular, también en esa ocasión terminó por triunfar el partido de la asociación transnacional.
El instrumento fundamental para la obtención de tan paradójico resultado de una nacionalización fue, en un principio, el bloque de acuerdos firmados tras bastidores, en una secreta Comisión de Avenimiento, mientras se discutían públicamente, en la Comisión de Reversión, los términos de la “Ley que Reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos”. Con lo que, en suma, la nacionalización resultó ser fruto de un nuevo paquete Ley-Convenios, al estilo del pacto entre el gobierno de Medina y las compañías que institucionalizó definitivamente, en 1943, el régimen concesionario.
En otras palabras, con el fin de la era concesionaria no se pasa a la era del control pleno por parte del Estado sobre su industria petrolera, sino a una nueva modalidad de relación subordinada Estado-transnacionales. Más elástica y sutil, más adaptable a la evolución de las realidades económicas y políticas contemporáneas, que manteniendo y profundizando las características esenciales de la situación anterior, fuera a la vez una puesta a tono con el signo de los tiempos que desmovilizara los sentimientos negativos que despertaba el viejo sistema concesionario.
“En lugar de la presencia directa, prepotente e irritante de los dueños extranjeros, de sus campamentos cercados, de sus sistemas exclusivos de seguridad y de comunicaciones y de sus inmensos beneficios, la "asistencia tecnológica "se negocia en minúsculos grupos de expertos, a espaldas del público, del grueso del personal y hasta del Congreso y de los organismos contralores. Por otra parte, los "asesores" foráneos residentes en el país se vuelven casi imperceptibles y muchos "consejos" y "soluciones" llegan por ondas invisibles a terminales de computador”. (Mieres,, 1981, pp. 235).
Volviendo atrás, es posible constatar que una salida como ésta venía siendo discutida y propuesta desde finales de los años sesenta por investigadores vinculados al gobierno norteamericano y a las transnacionales. En particular, James Akins, Zar energético de Nixon, posteriormente Embajador en Arabia Saudita y asesor petrolero en ese mismo país, expuso las ventajas, para los intereses de las compañías y del sistema en general, de darle una vía de escape al peligroso vapor del nacionalismo, en un ensayo titulado “The Oil Crisis,This Time the Wolf is Here”. (Akins, 1973).
Según este autor, un gran número de funcionarios de las empresas petroleras examinaba las posibilidades de establecer un nuevo sistema de relaciones con los países productores, pues se hacía evidente cada día que la era de las concesiones estaba agotándose. “...una nueva y dramática oferta a los productores podría garantizar la tranquilidad durante otra generación” y en particular, al hacer referencia a la situación que se vivía en el Medio Oriente ante las exigencias de árabes y persas, concluye que no sería fácil, ni aún deseable resistir un cambio en esos momentos, porque... “Sin importar lo que resulte de los acuerdos existentes, las compañías continuarán desempeñando un papel importante en el transporte, refinación y distribución del petróleo, y es muy probable que también lo harán en la producción del petróleo durante los próximos diez años.”
Las reflexiones de Akins pasaron a formar parte del sustento de la estrategia principal de las grandes corporaciones petroleras en sus relaciones con los países productores, como lo demostraron los acuerdos de participación y nacionalizaciones parciales a que se avinieron esas empresas en los países del Medio Oriente.
La Fundación Ford publicó, en 1974, las propuestas de políticas respecto a la OPEP de otro de los investigadores a los que nos referíamos, Gerard M. Brannon, como parte de un informe para el proyecto de políticas energéticas de esa Fundación, en el cual aporta argumentos similares a los expuestos y popularizados por Akins.
“Las leyes tributarias, hasta de esos países, son más difíciles de cambiar que los precios. Si los países productores se adueñaran efectivamente de la producción petrolera, su interés estaría en seguir empleando la burocracia existente de las compañías petroleras para utilizarla como administradores y técnicos de la producción. La gran diferencia estaría en que los países productores podrían fijar los precios y no tendrían el recurso de los impuestos para asegurar la disciplina de precios contra los países particulares atraídos por la perspectiva de una venta mayor a un precio más bajo.” (Brannon, 1974, pp. 168-169)
En concordancia con estas propuestas estratégicas, discutidas en sus cenáculos en fechas muy anteriores a las de las publicaciones que estamos citando, las grandes corporaciones que operaban las industrias petroleras de los países ribereños del Golfo Pérsico consideraron como una salida viable al peligroso y creciente nacionalismo árabe, que ya había tenido manifestaciones radicales en Argelia, Libia e Irak, el ofrecer la suscripción de “acuerdos de participación”, suerte de nacionalizaciones parciales, escalonadas y sobre todo, negociadas, que le permitieran a esas corporaciones continuar jugando un papel determinante en el negocio petrolero de esa región.[12]
Con este propósito, por ejemplo, enviaron a emisarios a Teherán, a mediados de 1972 con una oferta única para esos países: hacerlos propietarios, previa indemnización a las compañías, de porciones minoritarias del capital accionario de las industrias establecidas en cada uno de ellos.. Como producto de esas conversaciones con los plenipotenciarios de Arabia Saudita, Abu Dhabi, Irak, Irán, Kuwait y Qatar, se suscribe, en octubre de 1972, el "Acuerdo General Participación" entre los países productores del Golfo Pérsico y las compañías. Arabia Saudita y Abu Dhabi aplicaron el acuerdo en diciembre de ese mismo año:
"Se fijó una participación inicial de 25 por ciento la cual entraría en vigencia el 1o. de enero de 1973 y permanecería constante hasta el 31 de diciembre de 1977. A partir de esta fecha el porcentaje de participación se iría incrementando hasta llegar a un 51% para el 1o. de enero de 1982." (Anzola, 1975, pág. 7)
El Acuerdo General de Participación, limitado a las operaciones de exploración y producción, constituyó el primer gran ensayo de una fórmula substitutiva del régimen concesionario. En él están prefiguradas todas las características que van a ser plasmadas con virtuosismo en la nacionalización petrolera venezolana y que garantizan el mantenimiento de la relación dependiente que estamos analizando: Además de ser resarcidas con el valor en libros de los activos cedidos, las compañías obtuvieron prioridad para comprar la proporción de la producción que correspondería desde entonces a los mencionados países, a los precios que fueran convenidos en cada oportunidad. En la mayoría de los acuerdos y nacionalizaciones parciales que se realizaron en el Medio Oriente a partir de entonces los consorcios mantuvieron intacto su control sobre la comercialización internacional y suscribieron convenios de asesoría y asistencia técnica.
Entonces, la “Apertura” comienza... en 1976
Esa estrategia, ensayada con éxito en el Medio Oriente, se hizo política concreta y se ejecutó, con igualmente óptimos resultados para las compañías, en las negociaciones que dieron paso a la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela.
A finales de 1973, en un ambiente caldeado por el enfrentamiento que se produjo a raíz de la aprobación de la Ley de Bienes Afectos a Reversión, con miembros de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense clamando por el envío de una “task force” para detener los pujos nacionalistas desatados y perfilándose claramente, además, la conflictiva posibilidad venezolana de acortar unilateralmente el plazo que comenzaba a vencerse en 1983, aparecen las “inesperadas” declaraciones de Kenneth Wetherell, Presidente de la Compañía Shell de Venezuela y Robert N. Dolph, su par de la Creole,
"A la luz de lo que ocurre en el mundo es de suponer que las relaciones entre las concesionarias y el gobierno puedan cambiar quizás mucho antes de 1983." (Dolph)
"La empresa está dispuesta y preparada a examinar cualquier nuevo esquema de relaciones para las actividades petroleras, a fin de cumplir con las aspiraciones y objetivos de la nación venezolana" (Wetherell)
(Rodríguez Galas y Yánez, 1977, pp. 137-138, 144,145).[13]
En cada una de esas declaraciones, in extenso, se hace explícita la voluntad de sus respectivas compañías de seguir cooperando con Venezuela... aún después de las “trascendentes decisiones que soberanamente tomen su pueblo y Gobierno en materia petrolera.”
Se inician entonces las negociaciones trascorrales que, con el nombre de "avenimiento", dieron luz verde al adelanto de la reversión, otorgando a las concesionarias, en contrapartida, jugosas indemnizaciones sobre activos largamente depreciados, conviniendo la firma de los ya descritos contratos de asistencia técnica y comercialización mediante los cuales se les remuneró con creces su tan reclamado, cuan inmerecido, lucro cesante y garantizando la permanencia de esas corporaciones en todos los emprendimientos de sus antiguas filiales, ahora "operadoras" nacionalizadas. [14]
El 1° de enero de 1976 comenzó a funcionar el esquema umbilical Shell-Maraven, Exxon-Lagoven, Mobil-Llanoven, Gulf-Meneven y así sucesivamente, que se manifestó de manera expresa, además de los referidos contratos, en los programas de cambio de patrón de refinación y en los "megaproyectos" de la Faja del Orinoco. Las corporaciones habían accedido, por estas nuevas vías, a zonas que antes les estaban vedadas por encontrarse limitadas a las fronteras de sus parcelas concesionarias.
De tal suerte que, insistimos, la apertura se inicia en Venezuela con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Y justamente, con los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización, los cuales constituyen el primer eslabón de esa apertura, que continúa y profundiza la participación transnacional en el negocio petrolero venezolano.
Atrincheradas en el privilegiado papel de asesores tecnológicos -convidadas permanentes en todas las actividades de sus antiguas filiales- y comercializadores de la producción exportable de crudos y derivados, las más poderosas de las antiguas concesionarias se mantuvieron activas y a la espera de su reinserción como protagonistas directas en las operaciones petroleras venezolanas. El atajo lo constituyeron los contratos de servicios y empresas mixtas que permitió el Artículo Quinto de la mencionada Ley, y las primeras excusas se buscan en la complejidad tecnológica implícita en el desarrollo de los crudos de la Faja, en la posibilidad de reactivar difíciles campos marginales y la explotación del gas no asociado costa afuera de Paria.
De tal manera, concluido el ciclo concesionario venezolano, las relaciones entre el Estado propietario del recurso y las transnacionales que lo explotaban cambiaron de forma con la “nacionalización” de la industria, pero no sólo se mantuvieron, sino que se intensificaron y extendieron a campos inusitados.
Los primeros contratos de Asistencia Técnica y Comercialización fueron eventos paradigmáticos en cuanto a una nueva configuración de los vínculos Estado-Corporaciones en los 24 años que siguieron hasta 1999, durante los cuales esa configuración se desarrolló y consolidó. En esos contratos se plasmaron los pasos iniciales de la apertura petrolera, porque fue a través de ellos que Exxon, Shell, Mobil, y Gulf, principalmente, pasaron a tener injerencia en espacios distintos a los de sus antiguas concesiones, abriéndose simultáneamente nuevas oportunidades para otras grandes corporaciones.
"...La EXXON recibió unos 510 millones de dólares de compensación directa por la nacionalización de la Creole Petroleum. También obtuvo el derecho de comprar petróleo a un precio que se vuelve a negociar cada trimestre. Y, lo que es más importante, la compañía recibe ahora pagos por cada barril de petróleo embarcado y refinado.
A pesar de que el gobierno venezolano no accede a publicar el monto de los pagos, se sabe que es muy generoso -tan generoso de hecho que las facciones liberales y de izquierda venezolanas lo consideran una verdadera entrega. EXXON también rehúsa especificar la importancia de los pagos, pero R.H. Herman, el vicepresidente de mercadeo de la compañía, dice con una verdadera sonrisa: "Logramos un acuerdo razonable con Venezuela y esperamos poder lograr lo mismo con los sauditas." (Rose, 1977)
Fue así como se inició el ya mencionado proceso de deterioro de la participación nacional en el negocio petrolero, constituyendo la llamada “apertura petrolera” sólo el capítulo contemporáneo y más agudo de una política que ha tenido siempre el mismo signo: la expropiación del patrimonio colectivo en beneficio del gran capital transnacional y de las elites aprovechadoras criollas, cuya punta de lanza la constituyeron, hasta enero de 2003, las cúpulas gerenciales de mentalidad privatista enquistadas en los puestos de comando de la empresa estatal.
Con esos contratos se inició el desmontaje del aparato de control y fiscalización estructurado por el Estado venezolano a lo largo de seis décadas. En ellos se consagró, por primera vez, la renuncia a la soberanía impositiva, al establecer una fórmula automática para compensar todo intento de incremento de las tasas del Impuesto Sobre la Renta vigentes a la firma del contrato. Igualmente, allí, por primera vez, se renunció a la “inmunidad de jurisdicción”, es decir, la competencia exclusiva de los tribunales nacionales para dirimir cualquier litigio entre las partes, al establecer, en contravención del Artículo 127 de la Constitución Nacional de 1961, el arbitraje internacional como medio para dirimir los desacuerdos entre las partes contratantes.
Posteriormente se incorporaron nuevas áreas a este proceso de expansión de la participación extranjera en el negocio petrolero venezolano: los programas para el cambio de patrón de refinación y los “megaproyectos” de la Faja del Orinoco fueron los siguientes escenarios en los cuales se continuaron los retrocesos de la soberanía estatal. Luego apareció el programa de adquisición de refinerías en el exterior conocido como “internacionalización”, destacado componente de una estrategia enfrentada a la política oficial, generalmente aceptada sólo en apariencia, de control de la producción como garantía para la defensa de los precios. Esa estrategia gerencial incorpora, en consecuencia, un decidido sesgo anti-OPEP, al promover la expansión de la producción, debido a la adquisición de nuevas capacidades de refinación para cuyo abastecimiento las cuales no se contaba con crudos suficientes. Todo ello sin mencionar el inmenso fraude a la Nación que significaron estas adquisiciones y su subsiguiente operación, convertidas en un drenaje de ingresos nacionales hacia el exterior. (Mendoza Pottellá, 1995, Boué 1997, Ramírez Coronado, 2000)
El Proyecto Cristóbal Colón, diseñado supuestamente para la explotación de los yacimientos gasíferos del Norte de Paria por un consorcio formado por Shell, Exxon, Mitshubishi y Lagoven, “diferido por 5 años” primero y definitivamente abandonado por inviable luego, fue sin embargo, el emprendimiento más exitoso de la gerencia petrolera desde el punto de vista de su rumbo hacia la desnacionalización total de la industria. Escudados en la importancia estratégica de ese proyecto lograron imponer en el Congreso Nacional la eliminación de la figura de los Valores Fiscales de Exportación, la cual garantizaba adecuados niveles de participación fiscal. Igualmente, y de manera subrepticia, forzaron un dictamen de la Corte Suprema de Justicia mediante el cual fueron derogados los Artículos 1°, 2° y 5° de la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural y modificado el Artículo 3° de la Ley de Hidrocarburos.
En sí mismo, el Proyecto Cristóbal Colón incorporaba mermas del ISLR en 33 puntos porcentuales y una expresa renuncia a la soberanía impositiva, al disponer el compromiso de Lagoven de compensar a sus socios extranjeros en la eventualidad de incrementos tributarios dispuestos por las autoridades nacionales.
Con este ensayo general quedó servida la mesa para los nuevos hitos en el camino desnacionalizador: las “asociaciones estratégicas” para la operación de campos inactivos, supuestamente "marginales” y los “convenios de asociación bajo el esquema de ganancias compartidas” vendidos bajo el slogan de la “apertura”.
Pero la realidad, reiteramos, fue que desde un principio, es decir, desde 1976, en cada escaramuza meritocrática por defender su autonomía operativa frente a la Contraloría General de la República, el Banco Central y el crecientemente desvalido y colonizado Ministerio de Energía y Minas, por imponer su visión de “negocios” y de producción incremental a cualquier precio, frente al “rentismo estatista”, en eventos tales como el cambio de patrón de refinación, la internacionalización, los proyectos de mejoramiento de crudos extrapesados y la entrega de los “campos marginales”, se quedaron pedazos de soberanía, de capacidad de control y fiscalización, jurisdicción de las leyes y tribunales nacionales, y, como se constata en las cifras aportadas por la propia industria, de integridad de la participación nacional en un negocio que hasta 1999, fue controlado en todos sus intersticios, capilarmente, por el poder económico privado nacional y transnacional que rebanaba para sí las mayores tajadas: El poder petrolero. (Mendoza Pottellá, 1995)
El intento gubernamental de cambiar este rumbo iniciado en 1976, puesto de manifiesto en la designación, en febrero de 2002, de un directorio de PDVSA dispuesto a hurgar en los más recónditos recovecos del secreto petrolero que se escondía tras las hermosas “presentaciones” de sus ejecutivos y las “consolidaciones” de sus artífices contables, fue uno de los factores desencadenantes del golpe petrolero de abril de 2002. Esos mismos temores los llevaron, entre diciembre de ese mismo año y enero de 2003, a utilizar todos sus recursos, incluido el chantaje terrorista, para imponer su particular visión de la democracia; una que fuera complaciente con sus negocios y no invocara viejas, desteñidas, desfasadas, “rentistas” y amenazantes posturas nacionalistas.
En los casi tres años que han pasado desde entonces, el país está tratando de recuperarse del gigantesco daño patrimonial causado por el sabotaje petrolero, cuyas consecuencias impactarán a nuestra industria petrolera por varios años más.
Pero hoy, lo que nos lleva a revindicar la necesidad de levantar nuevamente las banderas del nacionalismo petrolero es la circunstancia concreta de que actualmente se siguen formulando proyectos, concretando, manejando y formalizando negocios –inevitables, por lo demás- con el capital petrolero internacional.
Ya mencionamos como rasgo positivo el propósito y la evidencia concreta de diversificar las fuentes de esa inversión extranjera. También podemos destacar como sumamente positiva, la política de vincular la producción petrolera venezolana al fortalecimiento de la integración latinoamericana y caribeña.
Pero, en cuanto al diseño, magnitud y sentido de sus planes de asociación con ese capital petrolero internacional, todavía el sector público petrolero está en mora con la necesaria contraloría social de sus actividades.
La propuesta, sostenida por sectores políticos y sociales que apoyan al gobierno bolivariano, de constituir un Consejo de Estado para supervisar todos los negocios energéticos y petroleros del país, ha quedado en un limbo...
La magnitud e impacto de las inversiones en algunas zonas de alto riesgo ecológico, como los humedales de Monagas y el Delta del Orinoco, o el Golfo de Venezuela, los términos de las licitaciones o asignaciones directas, decisiones trascendentales tales como la liquidación de la Orimulsión y la migración de los convenios operativos a empresas mixtas, han despertado la aprensión y las críticas de diversos analistas ubicados precisamente en el campo de nacionalismo petrolero y en el de la defensa de nuestro hábitat. No se conoce otra respuesta oficial a estas críticas que no sea el silencio y el hecho cumplido. El debate se elude, con la tradicional excusa del carácter estratégico, de las decisiones involucradas y de no darle armas al enemigo. Pero de esa cuerda ya tenemos los venezolanos, no uno, sino varios rollos, sometidos como hemos sido durante más de 100 años por las camarillas económicas y políticas gobernantes en ese lapso a la condición de minusválidos, incapaces de tomar decisiones como pueblo, por nuestra propia cuenta, sobre cuestiones de interés estratégico y nacional, más aún cuando esas decisiones afectaban, positiva o negativamente, a los particulares intereses de esos grupos poderosos.
Por esa política comunicacional restrictiva, todavía el público venezolano no conoce a cabalidad las cuentas de los negocios de la llamada apertura petrolera durante la última década del siglo pasado, y no existe una información adecuada, detallada y actualizada sobre la materia.
Por ejemplo, la “internacionalización”, uno de los mayores saqueos al patrimonio publico de que tengamos noticia, todavía es defendida por sus mentores y por los eternos creyentes en las leyendas doradas de la meritocracia, a pesar de que el carácter fraudulento de esa política ha sido denunciado y demostrado desde hace más de 10 años y a pesar de que en la actualidad la industria es dirigida por quienes se opusieron a esa “importación de costos y exportación de beneficios”. (Ramírez Coronado, 2000, pp. 28)
Nuevamente es necesario recordar que las magnitudes del negocio petrolero son tales, de tan grandes implicaciones políticas y económicas, que no es posible dejar las decisiones trascendentes que deben tomarse en esta materia en manos de grupos cerrados de tecnócratas, negociantes y políticos, independientemente de su trayectoria y ejecutorias nacionalistas. Porque no se trata sólo de eso, ya que con mucha frecuencia el nacionalismo suele ser encandilado y desnaturalizado por las ilusiones desarrollistas, tales como las que despierta el actual panorama del mercado petrolero, marcado desde hace dos años por un nuevo boom de precios, generado por los cambios estructurales ocurridos en los fundamentos del mercado internacional, con un dramático incremento de la demanda, alimentada de manera decisiva por los nuevos mercados como China y la India, que se enfrenta a un relativo estancamiento de la oferta.
En efecto, los precios del crudo, independientemente de bajas estacionales, especulativas o determinadas por movimientos de inventarios, han alcanzado un nuevo piso estructural, el cual, para los crudos marcadores internacionales Brent y WTI parece ubicarse en un nivel cercano los 50 dólares el barril y, de acuerdo a la relación tradicional, para la cesta venezolana de crudo y productos se encontrará por encima de los 40 $/bl. Este piso le da a Venezuela un margen bastante confortable para cumplir con las metas del presupuesto público para 2006, calculado con bastante moderación sobre la base de los ingresos resultantes de un nivel de producción apenas superior al vigente hoy y un precio promedio de 26 $/bl. para la referida cesta. Todo parece indicar que esas condiciones del mercado no cambiarán en el mediano plazo.
Pues bien, con el ritmo actual y previsible de crecimiento de la economía nacional, esa disponibilidad de recursos comporta un conjunto de ventajas y de riesgos para el diseño de la política económica.
Las ventajas se encuentran, desde luego, del lado de la soberanía nacional, de la autonomía para tomar las decisiones de gasto e inversión presupuestadas y en la posibilidad de disminuir sustancialmente los niveles de deuda pública interna y externa. Y también del lado de la soberanía nacional se ubica la posibilidad de alimentar la política de integración económica y energética latinoamericana y caribeña. Se trata, nada más y nada menos, que de colocar a Venezuela como eje energético de uno de los puntos focales del mundo multipolar: la América Latina y Caribeña
Los riesgos, a su vez, se ubican, como siempre, en el lado de las tentaciones a que hacíamos referencia, descritas desde 1930 por nuestro primer economista, Alberto Adriani, y detalladas por sus colegas noruegos en los años 70 del siglo pasado, quienes las caracterizaron como el “efecto Venezuela”: la propensión al gasto de los ingresos extraordinarios procedentes de una renta minera, por encima de la capacidad de absorción de la economía nacional.
De hecho, la “imposible siembra”, a la que hacía referencia Juan Pablo Pérez Alfonzo, sigue siendo uno de los sueños nacionales y en momentos de plétora petrolera, cuando mas reluce el brillo de la riqueza fácil, es cuando más despiertas deben estar las mentes y las capacidades analíticas de los venezolanos para resistir tentaciones ruinosas como las que sufrimos durante el período de “la Gran Venezuela” y el V Plan de la Nación, justamente estigmatizado por Pérez Alfonzo como Plan de Destrucción Nacional. Treinta años después nos encontramos con planificadores engolosinados con la posibilidad de invertir a marchas forzadas los ingresos extraordinarios que está recibiendo el país.
Las cifras que se anuncian, 20 mil millones de dólares anuales hasta el 2010 [15] son realmente funambulescas, insólitas y peligrosas: la única posibilidad de hacer inversiones de esa magnitud es importando, llave en mano, los proyectos, los insumos, la tecnología, la gerencia y la mano de obra calificada necesaria.
La incapacidad estructural del país para soportar semejante aflujo forzado de tal nivel de inversiones –si en verdad ello fuera factible- puede medirse con los datos que aporta la prensa en un solo día, el 12 de diciembre de 2005, sobre el no cumplimiento de las metas de construcción de viviendas en el año[16] o la necesidad de 5.000 nuevos ingenieros para poder ejecutar los planes ya en marcha de explotación de la Faja del Orinoco[17] o los problemas de gestión e incumplimiento de los compromisos adquiridos, detectados en el plan ferroviario por la Unidad de Evaluación de la Presidencia de la República.[18]
Todo ello sin considerar el carácter aleatorio y extraordinario de los ingresos que financiarían tales inversiones y las conocidas consecuencias del “efecto Venezuela” que padecemos desde los años 30 y han anulado desde entonces las posibilidades de desarrollo de una economía autónoma y autosostenida, independiente del ingreso petrolero.
Por todo lo anterior, debemos concluir con la constatación de que la reivindicación del nacionalismo petrolero debe venir acompañada de una democratización real y efectiva del proceso de toma de decisiones en todo lo atinente a la energía y el petróleo, con absoluta transparencia en cuanto al resguardo y justa distribución de la inmensa renta que ese sector genera, para las generaciones de venezolanos de hoy y del futuro. El escrutinio público es, también, la única manera de combatir efectivamente a la corrupción que se sabe que existe, que tanto se condena y se promete erradicar, pero de cuyos culpables y de sus castigos no se sabe nada.
La contraloría social no puede quedar convertida en palabra hueca, debe dársele un cuerpo físico, con autoridad, representatividad e institucionalidad. En otras palabras, debe ser ejercida por un órgano público dotado de los instrumentos y el poder profesional, moral y político suficientes para garantizar la defensa del interés nacional en todos sus aspectos y a todos los niveles.
Akins, James, (1973): “The Oil Crisis, This Time the Wolf is Here”, Foreign Affairs,
Anzola Jiménez, Hernán, (1975): “La Crisis Energética, Sus Orígenes y su Desarrollo” Caracas, Colección La Alquitrana, N° 1, Oficina Central de Información / OCI.
Boué, Juan Carlos, (1977): “The Political Control of State Oil Companies. A Case Study of the International Vertical Integration Programme of Petroleos de Venezuela”. Oxford, Oxford University Press.
Brannon, Gerard, (1974): “Energy Taxes and Subsidies: A Report to the Energy Policy Project of the Ford Foundation”, Ford Foundation. Versión parcial en español, mimeo, CEAP-FACES UCV.
De la Plaza, Salvador, (1973); “Economía Minera y Petrolera de Venezuela”, Caracas, Publicaciones FACES-UCV.
De la Plaza, Salvador, (1974); “El Petróleo en la vida venezolana”, Caracas, Publicaciones FACES-UCV.
Maza Zavala, D.F., Parra Luzardo, Gastón, Mieres, Francisco, Mendoza P., Carlos, (1977): “Incidencia de los contratos de tecnología y comercialización en el rumbo de la industria petrolera nacionalizada”, Caracas, mimeografiado. CEAP, FACES UCV
Mendoza Pottellá, Carlos, (1985): “De las Concesiones a los Contratos, Visión Retrospectiva de la Política Petrolera Venezolana”, Tesis de Maestría, Caracas, Inédita.
Mendoza Pottellá, Carlos (1995): “El Poder Petrolero y la Economía Venezolana”, Caracas, CDCH UCV.
Mendoza Pottellá, Carlos, (1996): “Apertura petrolera: Nombre de estreno para un viejo proyecto antinacional”, Revista Venezolana de Ciencias Sociales, vol. 2, N° 2-3, Caracas, abril, pp. 225-254.
Mieres, Francisco (1981): ““El papel del petróleo venezolano en la perspectiva de la crisis energética”, Petróleo y Desarrollo en México y Venezuela, México, Ed. Nueva Imagen, UNAM.
Ministerio de Minas e Hidrocarburos (1969-1975): Petróleo y Otros Datos Estadísticos, PODE, Caracas. MMH-MEM.
Parra Luzardo, Gastón (1979) “El Despojo de Venezuela. Los precios del petróleo”, Maracaibo, Rectorado LUZ.
Parra Luzardo, Gastón (1998, Tercera Edición) “De la Nacionalización a la Apertura Petrolera, Derrumbe de una esperanza”, Maracaibo, Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos, Universidad del Zulia.
Ramírez Coronado, Rafael Darío, (2000) “Informe del Comisario de PDVSA 1999”, p. 28. Caracas, PDVSA.
Rodríguez Gallad, Irene, Yánez, Francisco, (1977): “Cronología Ideológica de la nacionalización petrolera en Venezuela”, Caracas, UCV-FACES, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales,
Rose, Sanford, (1977): “¿Por qué está en mengua la marea de las transnacionales?”, Fortune, agosto. Traducción, Caracas, CEAP-FACES, UCV.
Sáder Pérez, Rubén (1972): “Hacia la Nacionalización Petrolera”, Caracas, Síntesis Dosmil.
Sader Pérez, Rubén (1974): “Petróleo Polémico y Otros Temas”, Caracas, Síntesis Dosmil.
Terzian, Pierre (1988): “La Increíble Historia de la OPEP”, Miami, USA, Macrobit Corporation.
[1] En particular, la tasa del ISLR había remontado desde el 9% inicial en 1943, hasta el 71% de 1970 y alcanzado una cumbre adicional con la implantación, en 1971, del Valor Fiscal de Exportación, carga adicional que se obtenía al calcular los impuestos debidos por los concesionarios a partir de un valor que era 30% superior a los ínfimos precios “de realización” declarados para tales fines, los cuales no eran otra cosa mas que el producto de la “ingeniería financiera” de esas compañías para minimizar sus pagos. Ese VFE también fue liquidado en el fragor aperturista de la “nacionalización”.
[2] En editoriales y artículos recientes de la prensa diaria venezolana, al cumplirse en el mes de agosto pasado los 30 años de la constitución de Petroven, la futura PDVSA, se presenta esta visión sonrosda de la historia y se ensalza a sus héroes, el Ministro de Minas e Hidrocarburos de la época y el primer Presidente de PDVSA, precisamente aquellos quienes negociaron en la “comisión de avenimiento” las indignantes dejaciones de soberanía que aquí denunciamos.
[3] Juan Pablo Pérez Alfonzo hizo su primera aparición pública en esta materia al emitir su voto salvado en el Congreso de la época. Rómulo Betancourt satirizó la Ley resultante, denominándola Ley-Convenio, aludiendo al hecho a que fue pactada previamente a su presentación al Congreso y no admitía modificaciones.
[4] Los miembros de esa Comisión, quienes representaron a casi todo el espectro político y social venezolano de la época. Discutieron varios proyectos, en particular los de los partidos MEP y COPEI, centrando sus debates en temas como los del monto de la indemnización, el lucro cesante y la posibilidad de la constitución de empresas mixtas para la gestión de las actividades reservadas al Estado. Entre sus miembros se pueden destacar a individualidades como D.F. Maza Zavala, Gastón Parra Luzardo, Aníbal Martínez, Alvaro Silva Calderón, Radamés Larrazábal, Freddy Muñoz, Hugo Pérez La Salvia, Reinaldo Cervini, Celestino Armas, Luis Enrique Oberto, Rafael Tudela, Alfredo Paúl Delfino, Julio César Arreaza, Humberto Peñaloza.
[5] Procura es la tercera persona del presente del verbo procurar, pero en este caso, “la procura”, se trata de un anglicismo, proveniente de procurement, actividad de búsqueda, compra, contratación y suministro de insumos materiales, maquinarias y procesos tecnológicos en el exterior. El “outsourcing”, la contratación de supuestos “servicios no medulares” con empresas externas, constituyó hasta el 2003 uno de las principales rutas de PDVSA hacia la privatización de todas sus actividades, desde la exploración hasta la informática...
[6] “...la baja en la producción y exportación petrolera es un mecanismo de presión ejercido por las transnacionales para obligar al Estado a aceptar las condiciones impuestas por éstas a través de los contratos de asistencia técnica y de comercialización.” (Loc. Cit. p. 120)
“Lo cierto es que el Presidente de la Exxon solicitó un descuento adicional de 1,25 dólares por barril que sumado al ya acordado en el primer contrato de comercialización (60 c/dólar) arroja un descuento de 1,85 dólares.
Pero exigió algo más, que PDVSA acepte definitivamente la instalación del proceso FLEXICOKING, en la refinería de Amuay, con los cual los técnicos venezolanos no están de acuerdo.” (Loc. Cit. p. 121)
[7] Al hacer mención negativa a algunos de estos proyectos, como el cambio de patrón de refinación o los mejoradores de crudos pesados, no estamos evaluando su pertinencia o necesidad para el desarrollo y modernización de la industria, sino a los términos, ruinosos para la Nación, acordados para su realización.
[8] “Chucuto” designa, en el oriente de Venezuela, al perro al que se le ha cortado la cola. Y allí está precisamente el quid del problema: nadie duda que un doberman, perro al que se estila cortar la cola, sea un perro, no solamente completo, sino también feroz. El público venezolano también asumió así a la “nacionalización chucuta”, con un apéndice cortado y un riesgo desnaturalizador a futuro, pero nacionalización al fin y al cabo, un cambio estructural en el orden jurídico y político. Este fue uno de los mayores logros que obtuvieron los diseñadores del plan: desmovilizaron el sentimiento nacionalista que, ante la cercanía de 1983, bullía en la población venezolana.
[9] “En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de tales convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes.”
[10] Cuadro N° 1, “Petróleo y otros datos estadísticos”, (1969-1976), Caracas, Ministerio de Minas e Hidrocarburos.
[11] “El Royalty es de la Nación”, utilizando el anglicismo entonces en boga, fue la consigna central de la ímproba y solitaria lucha de Salvador de la Plaza, expuesta en varios de sus trabajos, dos de los cuales referimos en la bibliografía.
[12] Pierre Terzian; (1988, pp. 129-190), hace una detallada descripción del conjunto de factores y fuerzas en pugna en torno al petróleo del Medio Oriente en los años 60 y 70, con la emergencia de un nacionalismo radical, en un ambiente de alta sensibilidad dentro del conflicto global este-oeste, agravado con la presencia directa de la Unión Soviética en la región, y de cómo ello fue enfrentado con la afanosa búsqueda de las grandes corporaciones y sus aliados de una fórmula intermedia que garantizara, a la manera de Il Gatopardo, el status quo de los grandes beneficios y el control del mercado por esas compañías y los gobiernos de sus países de origen..
[13] Según la misma fuente, (p. 115), un año antes, en octubre de 1972, J. J. de Liefde -Presidente para entonces de la Compañía Shell de Venezuela, relativizaba la importancia del vencimiento de casi todas las concesiones de su compañía para 1983, aludiendo a lo mucho que ésta tenía que ofrecer al país en los campos tecnológico y gerencial. ¿Acertada predicción o primeros indicios de una estrategia largamente madurada?
[14] Maza Zavala, Parra Luzardo, Mieres, Mendoza Pottellá (1977)
[15] El Nacional, 25 de Noviembre de 2005, p. A22
[16] El Nacional, 12 de Diciembre de 2005, p. A22.
[17] El Nacional, 11 de Diciembre de 2005, p. A22.
[18] El Universal, 12 de Diciembre de 2005, p. 1-14
Publicadas por Carlos Mendoza Pottellá a la/s 22:22
Apertura Petrolera: Apocalipsis Privatizador
ESPECIALMENTE DEDICADO
A LA ESCUELA DE ECONOMÍA Y
A LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
Los criterios presentados por un grupo de venezolanos para impugnar ante la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad y las diversas ilegalidades del Acuerdo del Congreso de la República que autorizó la celebración de los “Convenios de Asociación para la Exploración a Riesgo de Nuevas Áreas...” tienen sólidas bases en las disposiciones constitucionales que obligan a los ciudadanos de este país a la defensa de la soberanía nacional , de la vigencia plena del Estado de Derecho y del propio texto constitucional. Tales criterios, esgrimidos en ambos libelos, se atienen pues al orden de lo político institucional, al ámbito de los principios mismos que rigen nuestra existencia como Nación.
En esos escritos, los actores manifestábamos nuestra perplejidad ante la circunstancia de que el Congreso de la República, custodio de la legalidad y Estado de Derecho de nuestra Nación, hubiera incurrido en inconstitucionalidades e ilegalidades flagrantes por estar obnubilado por una engañosa propaganda sobre un nuevo “boom” petrolero que nos conduciría sin esfuerzos mayores hacia el fin de todos nuestros problemas. ¡Ochenta años de la misma inútil receta del facilismo petrolero no han bastado !
Las inconstitucionalidades denunciadas entonces fueron:
a) La disposición de que “el modo de resolver las controversias en materias que no sean competencia del Comité de Control y que no puedan dirimirse por acuerdo entre las partes, Userá el arbitraje, el cual se realizará según las reglas de procedimiento de la Cámara Internacional de Comercio, vigentes al momento de la firma del Convenio”U ; esta cláusula viola el artículo 127 de la Constitución de la República, según el cual “las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos [de interés público] y que no llegue a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes serán decididas por los Tribunales competentes de la República ...” Esta norma, denominada “inmunidad de jurisdicción” existe en nuestras Constituciones desde la 1893 (art. 149), y no ha dejado de estar en ellas desde entonces.
b) Confiar la administración y manejo de la explotación petrolera mediante Convenios entre entes privados a una sociedad anónima (PDVSA o cualquiera de sus filiales), que ni siquiera es persona de Derecho Público, despojando de esa administración y manejo al Ministerio de Energía y Minas, a quien le compete, de acuerdo con el ordinal 10° del artículo 136 de la Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Central ; y
c) Exonerar a las empresas exploradoras y explotadoras de hidrocarburos del pago de los impuestos municipales, cuya imposición es un derecho de cada Municipio conforme al Ordinal 3° del Artículo 30 de la Constitución Nacional.
En cuanto al recurso de nulidad por diversas ilegalidades, los principales aspectos denunciados son los siguientes:
a) Violación del Artículo 5º de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos (en adelante LOREICH), al no tratar estos convenios sobre casos especiales, como exige dicha Ley, sino sobre casos generales, plurales e indeterminados.
b) Violación del Ordinal 5º del Artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Central, al atribuir a PDVSA y a sus filiales, funciones que son de la competencia exclusiva y excluyente del Ejecutivo Nacional.
c) Violación del Artículo 5º de la LOREICH y Ordinal 5º del Artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Central, al atribuirle la potestad de ejercer el control de la asociación surgida de los convenios a un comité integrado por particulares y miembros de una filial de PDVSA
d) Establecimiento de una cláusula leonina, la Sexta del Acuerdo del Congreso, lo cual brinda la posibilidad de que la República sea objeto de demandas por parte de los inversionistas que tengan pérdidas en la exploración, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 1.664 del Código Civil.
e) Violación del Artículo 4º, Ordinal 2º del Código Orgánico Tributario, al otorgar una excensión de impuestos municipales y estatales mediante un Acuerdo que no cumple los requisitos de Ley formal.
f) Violación del Artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos, al establecer la posibilidad de que la Regalía se reduzca desde el mismo momento en que se inicia la explotación del yacimiento, cuando se considera que el yacimiento en cuestión no es comercial.
Tal es la relación esquemática de los alegatos jurídicos en los dos recursos de nulidad introducidos ante la Corte Suprema de Justicia.
En esos alegatos aparentemente formales subyace, sin embargo, la auténtica motivación, aquélla que atiende a la necesidad de una eficiente y justa disposición de los bienes de la Nación, de sus riquezas, y de manera particular, de su mayor patrimonio colectivo, constituido hasta ahora por el petróleo y la industria establecida para su explotación.
Determinar la conveniencia o no, medida con criterios económicos, a corto, mediano y largo plazo, de los Convenios autorizados por el Acuerdo del Congreso que se está impugnando constituye, en nuestra opinión, una cuestión medular en este debate; porque si tales Convenios van a ser la tabla de salvación nacional, como pretenden sus proponentes, sería factible pensar en una modificación de la Constitución y las Leyes en nombre de los intereses vitales de los seres humanos que formamos hoy y formarán en el futuro esta comunidad. Además de que precisamente así ha sido presentada la “apertura petrolera”: como la única salida que le queda al país para resolver su crisis económica. Esa es la entidad que tiene para nosotros esta discusión, y así lo asumimos al presentar los elementos de juicio en los cuales fundamentamos la inconveniencia de los términos de esta apertura.
Partiendo de las bases mismas de la propuesta aperturista, enfocaremos la atención en los atributos de áreas de Ualto riesgoU que se asignó a los lotes escogidos para dar inicio a las asociaciones bajo el esquema de “ganancias compartidas”, para así ubicarlos dentro de la categoría de los Ucasos especialesU previstos por el Artículo 5° de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, y poder por lo tanto justificar legalmente las asociaciones con el capital privado y, de paso, “vender” políticamente las condiciones, altamente lesivas del interés nacional, bajo las cuales se postula su suscripción. En efecto, señalan los proponentes que
“La especialidad del caso se evidencia, de manera específica, en las circunstancias siguientes : 1. La existencia de un escenario de mercado especialmente favorable... 2. La existencia de un compás de oportunidad para el país de atraer tecnología e inversiones foráneas en condiciones competitivas... 3. ULa existencia de riesgos exploratorios en la prospección de áreas de alto costo, en circunstancias en las cuales los recursos económicos del país son necesarios para atender otros programas o planes prioritarios de carácter nacionalU.” F[2]F
Por el contrario, y tal como estamos argumentando ante la Corte Suprema de Justicia, las excelentes condiciones prospectivas de dichas áreas no permitían, ni permiten, justificar la realización de convenios con el sector privado, según lo prevé el citado artículo 5° de la Ley de Nacionalización, sólo para casos especiales y cuando ello convenga a los intereses nacionales y, además, siempre que se garantice el control del Estado.
En verdad, los diez lotes licitados (de los cuales ocho fueron adjudicados a los consorcios licitantes) son áreas de desarrollo de las más promisorias que le quedan al país en materia de crudos medianos y livianos, y así lo confirman luego los materiales que fueron entregados, por la módica suma de 50.000 dólares por área, a las 85 compañías precalificadas. Una costosísima y valiosísima información, descrita por la propia PDVSA en las páginas 16 y 17 de su “Documento Normativo Inicial” de la siguiente manera:
“Un paquete de información ha sido preparado para cada Area, el cual incluye toda la información disponible dentro de cada Area y alguna información fuera de ella. El tipo, cantidad y calidad de los datos variará entre las Areas; sin embargo, el contenido general para cada Area estará conformado por los siguientes aspectos:
UMapas de ubicación. Información general.
U*Marco geológico y reseña técnica (antecedentes, logística, infraestructura, condiciones ambientales y costos).
U Registros y archivos de pozos.
U Información sísmica. *Todo lo disponible en el Area y dentro de los 4 Km. alrededor del Area.
UInformación magnética y gravimetría. *Todo lo UdisponibleU en el Area y dentro de los 10 Km. alrededor del Area.
U Otra información geológica.U” F[3]F
“Adicionalmente, estará disponible un estudio geofísico y geológico global sobre Venezuela, preparado por PDVSA, por un costo de US$ 125.000”. F[4]
Pero esto no fue todo, a los adjudicatarios de ocho de las diez áreas licitadas se les hizo entrega -previo el pago de escasos quinientos mil dólares- de otros paquetes, mucho más detallados, con los resultados completos de varias décadas de actividad exploratoria.
Para ilustrar en torno a la calidad de la información disponible, acumulada por el esfuerzo exploratorio de las concesionarias primero, y luego, de PDVSA misma, la cual se entregó en forma casi gratuita a los consorcios, pero que no era conocida ni por los miembros del Congreso Nacional que aprobaron los contratos correspondientes, ni por los miembros del Consejo de Ministros que originalmente aprobó las bases de este nuevo esquema de “apertura petrolera”, ni, por supuesto, por la opinión pública, citamos informaciones aparecidas con posterioridad a la ronda licitatoria:
“Menegrande y Maraven grabaron en La Ceiba, con expectativas de reservas por 791 millones de barriles, 1.061 kilómetros de líneas sísmicas 2D (bidimensional)”. F[5]F
El "Comunicado de Prensa" emitido con los sellos MEM-PDVSA-CVP señalaba, además de lo recogido por la periodista, lo siguiente:
“El área ha tenido cierta actividad exploratoria en los últimos 50 años. 1000 km. de sísmica 2D han sido grabados y se han perforado 10 pozos. El más reciente, La Ceiba-1X perforado en 1992, probó hidrocarburos en las arenas del Eoceno de la Formación Misoa.”F[6]F
Posteriormente han aparecido confirmaciones adicionales de esa inexistencia de Uriesgo exploratorioU .
Es así como se constata que en ellas, no sólo hay certeza de la existencia de hidrocarburos, sino también de reservas probadas ; es decir, que se ha determinado, a partir de las pruebas de producción y el conjunto de datos que delimitan las magnitudes del yacimiento, acumulados después de una larga campaña exploratoria, Uel porcentaje del petróleo originalmente en sitio que es factible extraer hoy, dadas las condiciones vigentes de costos, precios y desarrollo tecnológico.U
Todo lo cual revela que ya se llegó al estadio final de la etapa exploratoria y sólo procede el inicio del desarrollo y producción de las reservas ya cuantificadas. Así lo reveló el pasado 25 de abril, Juan Szabo, Coordinador de Exploración y Producción de PDVSA, en carta al Senador Virgilio Avila Vivas, Presidente de la Comisión de Energía y Minas del Senado : “... en el caso de las áreas La Ceiba y El Golfo de Paria Este, presentan también una diferencia con el resto de los Convenios, por cuanto en ambas Áreas existen reservas probadas por actividades realizadas con anterioridad...” (subrayado nuestro).
Estas circunstancias ya son del dominio público internacional, tal como lo revela la revista “AAPG Explorer”, publicación de la Asociación Americana de Geólogos Petroleros, en su edición de agosto de 1996 dedicada de manera muy destacada a Venezuela. En ese número especial se hacen auspiciosas descripciones de las áreas concedidas y se confirman datos tales como el del pozo La Ceiba 1X “completado a una profundidad total de 21.769 pies, después de pruebas de 912 barriles diarios de petróleo por día”.
El 23 de septiembre de este año de 1966, el Vicepresidente de PDVSA, Klaus Graff anuncia que
“El bloque de La Ceiba producirá 120 mil barriles diarios de crudo” ...
“-Todas las zonas escogidas que conforman los ocho bloques son muy buenas. La Ceiba , por ejemplo, es de las primeras, ya que el consorcio que ganó esta UconcesiónU dio un bono muy importante. Allí aspiramos una producción diaria de ciento veinte mil barriles diarios. También las zonas de Guarapiche y Delta Centro son sectores tradicionalmente petroleros. Sin embargo, existen fajas de mucho riesgo, algo difíciles, como San Carlos y Guanare”. F[7]
Para quienes manejan rutinariamente estas magnitudes, las afirmaciones de Klaus Graff no son otra cosa más que una paladina confesión de la inexistencia del proclamado “alto riesgo exploratorio” en las áreas licitadas ; pero, además, tienen una significación que puede escapar al común de los mortales, y es que la cifra a la que hace referencia el Vicepresidente de PDVSA como expectativa de producción a corto plazo en Uuno soloU de los lotes licitados sólo es posible determinarla después del estudio y evaluación de una gigantesca acumulación de información. Para tener una idea más gráfica de lo que esa cifra significa basta con decir que es equivalente a la tercera parte de la producción promedio del Ecuador y a casi el 4% de la producción total actual de Venezuela, uno de los mayores productores mundiales.
¿Y qué diremos del área de Guarapiche? En ella se encuentra ubicado UGuanoco, con el lago de asfalto más grande del mundoU, en donde se perforó y probó, en 1913, el primer pozo petrolero venezolano descubridor de petróleo, el Bababuy N° 1, y en cuyos límites dos de las empresas del consorcio licitante triunfador para ese lote, British Petroleum y Maxus, han venido operando desde hace varios años los impropia e intencionadamente llamados "campos marginales" de Pedernales y Quiriquire, los cuales contienen reservas superiores a 1.000 millones de barriles de crudos medianos y livianos. Pero, más importante aún: muy cerca de esa área las operadoras de PDVSA han hecho los grandes descubrimientos de Muzipán y El Furrial, áreas de las cuales Guarapiche puede ser una proyección, tal y como lo informara la prensa de esos días:
"El consorcio British Petroleum, Amoco y Maxus ganó ayer el área Guarapiche (Lagoven) considerada la más promisoria del programa de licitación petrolera al ofertar un bono especial de 109 millones de dólares. ... Uel área ganada puede ser, geológicamente, una proyección de El Furrial, el último campo gigante detectado en Venezuela y del cual se encuentra bastante próximoU". F[8]
(En El Furrial se acaban de completar, muy recientemente, dos pozos, cuya pruebas de producción registraron niveles de 14.000 y 8.000 barriles diarios, respectivamente)
"A esta área de Guarapiche los expertos de Pdvsa les estiman 'conservadoramente' no menos de 1.000 millones de barriles”. F[9]F
Pero la demostración de la inexistencia de “alto riesgo exploratorio” puede encontrarse aún en las áreas menos prospectivas. Las explicaciones dadas por el Presidente de CVP, Juan Szabo, sobre por qué quedaron desiertas las áreas de El Sombrero y Catatumbo, son reveladoras del nivel de información manejado por los aspirantes en todas las áreas: “En el caso de El Sombrero se ha dicho que tiene tendencia a contener más gas que hidrocarburo líquido, lo cual hizo que no fuera del interés de las empresas. Entretanto, en Catatumbo, la cual consideramos que era un área no muy interesante, probablemente el hecho de que sea muy profunda y Upoco conocida geológicamenteU, haya influido notablemente en el interés” F[10]F
Es válido inferir, entonces, Uque las ocho áreas que sí fueron requeridasU en esa licitación son Umuy conocidas geológicamenteU; en un nivel de conocimiento tal, que va mucho más allá del saber en qué proporciones existen el gas y los hidrocarburos líquidos, como se evidencia que es el caso de la tendencia establecida en la rechazada área de El Sombrero.
Pero la ratificación definitiva -desde el punto de vista documental y a los fines del litigio en cuestión- sobre la inexistencia de “altos riesgos”, la aporta la propia Comisión Bicameral de Energía y Minas del Congreso de la República, cuando en su informe “Convenios de asociación para la exploración a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias compartidas”, remitido a la Presidencia del Congreso el 21 de junio de 1995, fundamenta Ula especialidad del caso,U curiosamente, en los mismos argumentos nuestros para negar esa especialidad:
“La posibilidad de encontrar nuevas reservas, en el orden de 40 mil millones de barriles de petróleo liviano y mediano. Según ha indicado PDVSA, esta oportunidad ha surgido Ude estudios geológicos realizados recientemente en áreas no exploradas y a profundidades a las cuales no había sido posible llegar por las tecnologías disponibles en el pasado”U. F[11]
Puede pues concluirse, en este aspecto, Uque no existe especialidad en cuanto al nivel de riesgoU. Por el contrario, se trata de una gratuita dejación de los auspiciosos resultados de años de exploración, una muy costosa actividad, cuya recuperación y generación de rendimientos económicos ya no será aprovechada por el único accionista, el Estado venezolano, que adelantó esos Uauténticos capitales de riesgoU, sino que son prácticamente echados a fondo perdido al entregar concesiones disfrazadas de convenios de asociación, por 39 años, al mismo capital extranjero que antes sometió a depredación a los antiguos recursos petroleros del país.
Otro de los ejes centrales de la denominada “apertura” es el esquema de ganancias compartidas. A nuestro entender, y como trataremos de sustentar seguidamente, ese sistema es ampliamente inconveniente para los intereses nacionales y comporta un ilegal e inconstitucional otorgamiento de concesiones, con el agravante de hacerlo en peores condiciones que las prevalecientes hasta el 31 de diciembre de 1975.
De manera específica, al analizar las cláusulas económicas del mencionado esquema, tal y como ellas fueron aprobadas por el Congreso Nacional para cada uno de los 8 lotes entregados a las transnacionales, se puede observar que la mayor proporción de participación del Estado en el ingreso petrolero se obtiene, teóricamente, a partir de los pagos de Impuesto de Explotación (Regalía) y la Participación del Estado en las Ganancias (en adelante PEG), disminuyendo la significación del Impuesto Sobre la Renta, el cual llegaría a niveles marginales, dentro de un escenario de altos costos. (Justamente para prevenir esto existía el eliminado Valor Fiscal de Exportación)
En cuanto al PEG, el mismo va a aplicarse, de acuerdo a las proporciones contratadas en cada lote, al saldo entre el ingreso bruto y los costos más la regalía. Esas proporciones alcanzan un máximo de 50% en los lotes La Ceiba, Guarapiche, Golfo de Paria Oeste, Guanare y Punta Pescador, 41% en Delta Centro, 40% en San Carlos y un mínimo de 29% en Golfo de Paria Este.
El rendimiento porcentual de este instrumento respecto al ingreso bruto en ventas podría escenificarse de la siguiente manera: con unos costos moderados, parecidos a los declarados por PDVSA para fines fiscales, del orden de 50% del ingreso bruto y con la tasa PEG máxima de 50%, sería de un 17,84%. Pero si consideramos un escenario de costos superiores, supongamos de un 70%, y una tasa PEG del 29% (Golfo de Paria Este), ese rendimiento se limitaría a 4,54% del referido ingreso bruto.
Esta alternativa de costos -70%- y aún otras de mayores de niveles en ese rubro, son mucho más factibles que la primera referida a los costos históricos de PDVSA, por tratarse de nuevas inversiones y por haberse acordado en los convenios en referencia un sistema de depreciación acelerada y de reconocimiento de gastos de exploración cargados a la producción inicial. De tal manera que, de arrancada, el monto de PEG percibido por el Fisco Nacional podría caer por debajo de un 4% del ingreso bruto y minimizarse, tendiendo, sin exageraciones, a cero, durante los primeros años de operación del sistema.
En realidad, el verdadero sentido del esquema de Participación del Estado en las Ganancias (PEG) estriba en que con una combinación de cláusulas y disposiciones económicas de diversa índole, puede lograrse la UminimizaciónU de esa participación. Dos instrumentos muy importantes para este cometido lo constituyen los convenios que se suscriben entre el MEM y PDVSA para determinar niveles diferenciales en el Impuesto de Explotación (Regalía).
El primero de ellos, de tradicional aunque no menos irregular aplicación, es el convenio para la determinación de un "factor fiscal para el cálculo del valor mercantil de la producción a los fines de liquidar la Regalía". Por virtud de este factor, para reconocer costos de recolección y transporte, la regalía no se calcula directamente sobre la base tradicional del 16 2/3% del precio de realización en boca de pozo, tal como establece la Ley de Hidrocarburos vigente, sino que, previamente, a este precio se le aplica una ponderación inferior a la unidad, la cual, para 1994, se determinó en promedio como 0,86079. Con este mecanismo, el impuesto de explotación o regalía para ese año fue en realidad de 14,34%, y no 16,67%.[CMP1]
En lo que se refiere específicamente a las ocho áreas otorgadas bajo el esquema de “ganancias compartidas”, existen solicitudes, hechas por PDVSA al MEM, de reducción del ya mencionado factor fiscal aplicable a la regalía que se genere en dichas áreas, para llevarlo hasta niveles de 0,763 -en el caso de los lotes orientales- y, el segundo de los instrumentos referidos, una fórmula de ajuste del mismo impuesto de explotación en los desarrollos de baja rentabilidad. F[12]F
En cuanto a la primera de estas dos solicitudes, debemos remitirnos a la revisión de los sitios donde se encuentran los lotes que se entregarán a las compañías extranjeras, para verificar que los mismos se encuentran muy cerca, tal vez a mayor profundidad, pero en todo caso UdebajoU de las estructuras de almacenamiento y transporte de crudo y productos existente en el país. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, con el instrumento del “factor fiscal” inferior a la unidad para la ponderación de la regalía se establece un sistema excepcional de ajuste variable de este impuesto para “reconocer costos de recolección de los crudos producidos”.
Dicho factor fiscal se establece de acuerdo a inexplicables criterios diferenciales por zona geográfica, cuyas magnitudes parecen indicar que el petróleo venezolano sale por los puertos del centro del país, tal como lo reflejan los factores fiscales aplicables a la tasa de Regalía, los cuales serán de 0,793 para la Zona de Occidente, de 0,852 para la Zona Centro-Occidente y de 0,763 en la Zona Oriente.
Como resultado de la ponderación por esos “factores fiscales”, se produciría una reducción de la tasa de regalía aplicable a las producciones de petróleo crudo extraído de las mencionadas áreas, desde el 16 2/3% establecido por la Ley de Hidrocarburos vigente hasta el 13,22% para el Área La Ceiba, el 14,20% para las Áreas de Guanare y San Carlos y el 12,72% para las Áreas Punta Pescador, Golfo de Paria Este, Golfo de Paria Oeste, Guarapiche y Delta Centro. Esto representa, en el caso de estas Areas orientales, una reducción de la regalía del orden del 23,7% respecto al 16,67% legal.
Pues bien, el caso es que, ni aunque se encontraran en el corazón del Amazonas incurrirían en costos de transporte que justificaran una reducción de la regalía de semejantes proporciones, las cuales, al precio de realización promedio de los crudos venezolanos en lo que ha transcurrido de 1996, (17,5 dólares por barril) comportarían un sacrificio fiscal unitario de 2,23 dólares por barril de crudo. Y ello es así, en primer lugar, porque el transporte de crudo y productos no se hace en camiones cisternas, ni embotellado, sino que se usa el sistema de bombas y oleoductos, que no tiene nada que ver con condiciones del terreno distintas a las de sus pendientes, las cuales son mínimas en Venezuela, porque tanto los campos de producción, como los puertos y las refinerías se encuentran dentro de los límites de la mismas cuencas sedimentarias que contienen al petróleo. En otras palabras, desde Anaco, San Tomé, El Furrial o Guarapiche, Punta Pescador, etc. hasta Guaraguao, (el principal puerto de embarque oriental), hasta Caripito (que puede volver a ser un puerto petrolero importante) o hasta la refinería de Puerto la Cruz; desde Guanare y San Carlos hasta El Palito, Morón y Puerto Cabello; desde el campo de La Ceiba hasta el puerto de la Ceiba y desde Bachaquero, Catatumbo o Lagunillas hasta Puerto Miranda, Amuay o Cardón, no hay que atravesar cadenas montañosas ni salvar grandes elevaciones.
Pero, en segundo lugar, y por encima de todo, en ese “factor fiscal” se materializa una Ucontinuada ilegalidadU que ha venido siendo ensayada por convenios entre el MEM y PDVSA en los últimos años, por cuanto la Ley de Hidrocarburos vigente establece que el Impuesto de Explotación debe ser liquidado Uen boca de pozoU y sobre el mismo no cabe tal nivel de deducción o rebaja. Reconocer costos de recolección de las magnitudes que resultan de la aplicación de este “factor fiscal” equivale a liquidar la regalía en los patios de almacenamiento de las refinerías o en los del puerto de embarque. Si se sigue por este camino, en las magnitudes previstas para los convenios “de apertura”, se estaría financiando parcialmente el flete marítimo de tales crudos hasta los puertos de los países consumidores...[CMP2]
Respecto al segundo de los instrumentos mencionados, consideramos que hablar de desarrollos de baja rentabilidad es prácticamente tentar al demonio, porque si alguna habilidad demostraron las concesionarias extranjeras durante siete décadas en Venezuela, fue esa de hacer aparecer como ínfimas sus descomunales ganancias.
Pues bien, según ese instrumento, que ha sido incluido expresamente en cada uno de los 8 convenios de asociación, se establece un régimen especial que permite ajustar la tasa de la Regalía en función de la variación de la rentabilidad de aquellos proyectos que tienen una baja rentabilidad, medida ésta según la Tasa Interna de Retorno (TIR) del plan de desarrollo aprobado por el Comité de Control para la declaración de comercialidad e incluido en la Memoria descriptiva de deberá aprobar el Ministerio de Energía y Minas. Según los términos de ese régimen especial, establecido mediante Convenio entre el Ministerio de Energía y Minas y la filial designada por PDVSA para la suscripción de estos convenios de asociación, la Corporación Venezolana del Petróleo S.A., la tasa de Regalía será de 1% para proyectos cuya Tasa Interna de Retorno sea menor de 12%, de 16,67% para proyectos cuya TIR sea mayor o igual al 20% y variará entre el 1% y el 16,67% para proyectos cuya TIR se encuentre entre 12% y 20%.
Aplicando ese sistema, es dable predecir, con un gran nivel de certeza, que la regalía quedará reducida a un 1% durante por lo menos los 10 años posteriores al inicio de actividades de producción en las “nuevas áreas”; lapso en el cual las “asociadas” harán efectivo su derecho a una depreciación acelerada de sus activos y a imputar, a cada barril producido, una pesada alícuota para la recuperación de sus costos exploratorios. Pero aún más, conocidas las referidas habilidades de las corporaciones extranjeras de mimetizar ingresos y magnificar costos y teniendo en cuenta la inexistencia de un efectivo control fiscal, este instrumento servirá para extender esa merma de la participación nacional por muchos años más, repitiendo, en peores circunstancias, la experiencia de elusión fiscal de las antiguas concesionarias de hidrocarburos, cuyos detalles históricos han sido ampliamente referidos en la bibliografía de autores venezolanos de la talla de Gumersindo Torres, Rómulo Betancourt, Salvador de la Plaza y Juan Pablo Pérez Alfonzo.
Es en este punto donde se encuentra la mayor evidencia de la inconveniencia del referido esquema: Desmontado completamente, como ha sido el sistema de control y participación fiscal que se estableció trabajosamente en el país a partir de 1920, volveremos a la época en que las concesionarias se despachaban a placer. Ese desmontaje, que se inició también tempranamente, con el planteamiento de permanentes conflictos de competencia entre PDVSA y el Ministerio de Energía y Minas, llegó a momentos culminantes con la salida de varios centenares de funcionarios profesionales y técnicos de ese Ministerio, -de manera acentuada durante la gestión ministerial de Humberto Calderón Berti- con lo cual se liquidó de hecho la capacidad fiscalizadora de ese despacho y, absurdamente, se transfirieron a PDVSA muchas de sus anteriores funciones de control. El control deja de ser tal en esta circunstancia, pues nadie puede ser ejecutor y contralor simultáneamente.
La evidencia de que la capacidad fiscalizadora del MEM ha desaparecido -y es eludida muy eficientemente por PDVSA y lo será, sin duda mejor aún, por sus maestros en la materia, los consorcios petroleros internacionales- se encuentra en las propias estadísticas oficiales, según las cuales, a partir de 1990 se ha producido una explosión de costos que va mucho más allá de los incrementos naturales derivados de la declinación de los yacimientos y que ha determinado que, por ejemplo, en el año 1995 se alcanzaran las Ucifras máximas de producción y mínimas de participación fiscal de los últimos 20 añosU.
A propósito, es oportuno hacer mención de una situación sumamente grave e inusitada en nuestra economía petrolera que se derivaría de estas nuevas concesiones y asociaciones: en el vigente Plan de Negocios de PDVSA, se prevé que, de la producción petrolera, estimada en 6 millones de barriles por día para el año 2005, Uuna tercera parte (1 millón 900 mil barriles por día)U corresponderá al “esfuerzo con terceros”, o sea, con las empresas multinacionales petroleras. Mientras tanto, UPDVSA se reserva las áreas convencionales en proceso de agotamientoU y los crudos extrapesados de difícil y costoso desarrollo, a la par que concede las que comprobadamente constituyen las más promisorias zonas prospectivas y de menor esfuerzo de desarrollo, tal como lo revelan sus propias expectativas de producir en dichas zonas casi 2 millones de barriles diarios dentro de 10 años.
Para tener una idea de las proporciones implícitas en esta cifra producción, cuya magnitud equivale a la producción anual promedio de Venezuela durante el lapso comprendido entre los años 1978 y 1991, considérese que, en su conjunto, las áreas 10 licitadas ocupan una superficie total de 17.955 km2, o sea 137 km2 más que el prolífico Emirato de Kuwait. Nada más y nada menos, tales son las expectativas que generan los datos que maneja PDVSA y ahora comparten sus nuevos socios: en esas áreas -y concretamente, en las ocho adjudicadas, que ocupan solamente 13.766 km2- se encontraría... ¡un nuevo Kuwait!
Hasta ahora nos hemos referido a la inconveniencia económica de lo que, a nuestro entender, es apenas una incidencia en el continuo desarrollo de una estrategia a largo plazo. En este aparte pretendemos precisar esa percepción de la llamada “apertura petrolera” como el capítulo contemporáneo de una política que ha tenido siempre el mismo signo: la expropiación del patrimonio colectivo en beneficio del gran capital transnacional y de las élites aprovechadoras criollas, cuya punta de lanza la constituyen hoy, y desde hace 20 años, las cúpulas gerenciales de mentalidad privatista enquistadas en los puestos de comando de la empresa estatal. F[13]
En los últimos eventos de esa política hubo todo un proceso previo de preparación y hasta un ensayo general. En cada escaramuza por la “internacionalización”, la orimulsión, el Cristóbal Colón, el mejoramiento de crudos extrapesados y los campos marginales, se quedaron pedazos de soberanía, de capacidad de control y fiscalización, jurisdicción de las leyes y tribunales nacionales, y, como se constata en las cifras oficiales, de integridad de la participación fiscal. Todo ello, en nombre del mantenimiento de la autonomía operativa y financiera de PDVSA y sus filiales, pero con los propósitos reales abiertamente planteados por su Presidente: expansión del negocio y “estímulo” a la participación del capital extranjero.
De esta manera es que llegamos "preparados" para negociar con nuestros antiguos y renovados socios extranjeros: con un viejo cuerpo legal, reglamentario y de control desmantelado, pero con un instrumento completamente nuevo y aceitado para el regreso transnacional..
Es así, pues, como PDVSA ha devenido en la antítesis de lo que debería ser : la empresa del Estado para la administración eficiente de los recursos públicos de hidrocarburos se transforma en facilitadora de oportunidades de negocios privados : promoviendo paulatinas modificaciones legales o propiciando transgresiones, multiplicando proyectos de limitada o nula rentabilidad fiscal, impulsando múltiples formas de participación privada, desde la internacionalización, la contratación de servicios y el “outsourcing” de ciertas funciones considerada no medulares, hasta los diversos niveles de “asociaciones estratégicas” que desembocan en el presente otorgamiento subrepticio de concesiones, paso previo a la “democratización del capital” mediante la colocación de bonos y la venta en forma de acciones de PDVSA y sus filiales.
"La apertura petrolera deberá apuntar hacia una política de privatización de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus empresas filiales, aseguró ayer el presidente del holding estatal, Luis Giusti.
'Debemos diseñar una política más agresiva para la apertura de Pdvsa y las empresas filiales al sector privado' dijo el máximo representante de la petrolera estatal... al referirse a la significación del proceso de licitación que se viene realizando para la adjudicación de las 10 áreas con potenciales reservas de crudos livianos y medianos" F[14]
De esta manera el dirigente petrolero quitó el tenue velo que ocultaba púdicamente la realidad en cuanto a la orientación de la actual política petrolera venezolana. Dejó claro, de paso, que ahora serían ellos -los gerentes petroleros, y sus clientes, representados en aquel selecto auditorio de VenAmCham- quienes tendrían el poder para decidir sobre el destino de lo que antes había sido definido como patrimonio colectivo de los venezolanos. En consecuencia, el flamígero heraldo del fin de la historia dictaminó que el sueño nacionalizador había terminado... para gloria eterna del negocio globalizado.
Se trata de la revancha definitiva del poder petrolero, que ha visto llegada la hora de acabar de una vez por todas con los sueños populistas y socialistoides que todavía obstaculizan la integración del país en el escenario mundial unipolar, donde se impone a los pequeños el "libre mercado" de las transnacionales y las grandes naciones, aquéllas que fundamentan su poderío económico y político precisamente en la disposición de mercados externos irrestrictamente abiertos y el resguardo proteccionista de sus economías domésticas.
"La apertura petrolera forma parte de una estrategia internacional de apertura económica, que lideriza el capital transnacional, especialmente el de los Estados Unidos de Norteamérica, en la búsqueda de un reacomodo de las grandes potencias económicas mundiales para optimizar su tasa de ganancia en el mercado internacional. Esta situación, que se inscribe dentro de una política de globalización, tiende a reducir el papel de los Estados del llamado tercer mundo dentro del proceso económico, y muy especialmente, el rol de los Estados productores de petróleo puesto que serán éstos quienes apuntalarán las demandas y necesidades energéticas de los países industrializados. A nivel nacional esta estrategia capitalista pretende en Venezuela, dedicarse a la fase más rentable de la industria petrolera (la explotación) y aun mucho más: la explotación de los crudos livianos y medianos que requieren de proceso de refinación menos sofisticados que los crudos pesados." F[15]
Estas circunstancias se pueden identificar claramente en el proceso que estudiamos y tienen su expresión en la versión "comunicacional" corporativa, según la cual:
"Es necesario entender, que la Nacionalización no es ni puede ser una condición estática, sino un proceso dinámico. El acto, el 1° de enero de 1976, de traspaso de las operaciones petroleras a manos venezolanas, fue sin duda un acto nacionalizador Pero pretender trasladar las condiciones de aquel entonces a las realidades de hoy, sería meternos en una especie de callejón de autarquía, ubicándonos al margen de las oportunidades que nos ofrecen las tendencias de globalización." F[16]
De allí que la proclamada apertura no resulte ser sino un nuevo escalón, otra vuelta de la rosca, en un proceso que se inició simultánea y paradójicamente con la "nacionalización". Ese proceso, ya se avizora, continuará con la minimización y autocastración de la empresa petrolera estatal y la vuelta a un régimen concesionario en condiciones peores a las prevalecientes en los tiempos de Juan Vicente Gómez.
"...en la proposición actual del Ejecutivo Nacional de licitar diez áreas exploratorias, de una extensión 'típica de unos dosmil kilómetros cuadrados' , aunque suman un total de 17,6 mil km², no se prevé ni el pago de un bono, ni la reversión de tierras valorizadas por la actividad exploratoria de las contratistas (o 'inversionistas' como se denominan). Además de extenderse el período de exploración a nueve años, en ningún momento se definen lotes de explotación. A las contratistas se les concede la explotación de losU yacimientos,U hecho sin precedente en nuestra legislación". F[17]
En efecto, desde 1920, con la promulgación de la primera Ley de Hidrocarburos, se estableció que una concesión era un lote definido -diez mil hectáreas o 100 km² según la nueva unidad de superficie que utiliza PDVSA- sobre el cual se realizaría, durante sólo tres años, una labor exploratoria, al cabo de la cual se repartirían 10 parcelas de explotación -de 500 has. cada una- en la mitad de su superficie, intercaladas con las 10 parcelas de reserva nacional, tal como en un tablero de ajedrez las blancas y las negras.
El Dr. Mommer realizó en el trabajo referido el primer y más completo análisis crítico comparativo del esquema de ganancias compartidas con los instrumentos concesionarios y de contratos de servicios establecidos en nuestra legislación. Mommer demuestra cómo el sistema adoptado para instrumentar la política de apertura es un engendro concebido a espaldas de toda nuestra tradición jurídica y política en materia petrolera:
Ya sean concesiones, contratos de servicio o convenios de asociación, ninguna figura contractual petrolera conocida otorga tantas ventajas al socio extranjero y retrocede tanto en las conquistas históricas en esa materia, satisfaciendo, a priori, las aspiraciones máximas del capital transnacional.
La consideración fundamental que debe tenerse en cuenta para el análisis de estas circunstancia es la de que se trata de un problema político, de un problema de relaciones de poder, en el cual una peculiar agrupación, integrada por factores privados nacionales y extranjeros vinculados al negocio petrolero y cúpulas gerenciales de la empresa pública, ha logrado imponer como verdades indiscutidas un conjunto de postulados que mezclan circunstancias objetivas con una carga considerable de falacia.
Dichos postulados forman parte de un programa definido, que tiene como nortes la expansión constante del negocio petrolero -independientemente de la pertinencia macroeconómica y rendimiento fiscal de esa expansión- y la creciente privatización de las actividades primarias y fundamentales de esa industria.
En verdad, en el Acuerdo del Congreso Nacional que autoriza la suscripción de los convenios de exploración y explotación de áreas nuevas bajo el esquema de ganancias compartidas se ha materializado la voluntad política de quienes consideran que el petróleo es la única salvación del país, y que la expansión de ese negocio, dinamizará al resto de la economía nacional. Aun cuando esa expansión se haga a costa de sacrificar logros y principios anticuados -rentistas, estatistas o socializantes- tales como los de maximización de la participación fiscal y control soberano del Estado sobre el recurso y su industria.
Por el contrario, ese sacrificio será expresión de liberalización y progreso institucional, por cuya virtud se volcarán sobre el país flujos masivos de inversión extranjera, los cuales inmediatamente harán positivos los saldos de nuestra balanza de pagos, detendrán la caída del bolívar, generarán empleo y serán el detonante de una reactivación generalizada de nuestra economía. Los poderosos efectos multiplicadores serían tales, que el país se convertiría en destino privilegiado para capitales de inversión en otras ramas y hasta sería posible que retornaran los centenares de miles de millones de dólares depositados en el exterior por los beneficiarios criollos de la anterior bonanza petrolera.
El escenario óptimo de esta concepción es el de una privatización completa de las actividades petroleras, para permitir la convergencia competitiva en todas ellas de los capitales nacionales y extranjeros que quieran hacerlo. La participación nacional no se centraría en una exagerada presión fiscal, pues ello reeditaría el modelo rentista, sino en la multiplicación de actividades productivas que se generarían. Tal proceso podría iniciarse con un reparto del capital accionario de PDVSA entre todos los venezolanos, tal como lo fundamenta otro de los ideólogos del poder petrolero:
“- Al no resolver las diferencias entre Estado y nación, le dejará al Estado la propiedad de los yacimientos petroleros cuando éstos deberían ser propiedad de la nación. Es decir, de todos nosotros. El Estado es su ente regulador, mas no su dueño.”
“Mientras no entendamos que el Estado es parte de nosotros, pero no es todos nosotros, y que todos nosotros somos la Nación, seguiremos leyendo declaraciones como la de la UCV en relación con la apertura petrolera, en la cual se sugiere que todo lo que reste propiedad al Estado sobre la industria petrolera es ‘desnacionalizador’, así esa propiedad o parte de ella pase formalmente a manos venezolanas.” F[18]
Se propone entonces, en nombre de la “nacionalización”, la desestatización, pues la Nación somos todos y cada uno de los venezolanos. Así, la empresa y su patrimonio dejarían de ser estatales. Lo colectivo se haría privado y las fuerzas del mercado harían el resto: asignarían, de la manera más eficiente, las mayores tajadas a los más capaces. Un poco más tarde en términos históricos, centenares de millones de ciudadanos de esa “Nación que somos todos”, descendientes aún no nacidos de los veintitantos millones de perdedores de hoy, se encontrarán conque alguna vez en el pasado fueron despojados de una herencia descomunal.
Tales son la leyes del capitalismo, y con mayor razón, en el estadio salvaje en el que el mismo se encuentra en Venezuela. Pero, mientras eso sucede, el país se desarrollaría, desaparecerían la inflación y los desajustes macroeconómicos. Los venezolanos habrían sembrado, por fin, su petróleo... ¡Claro! Será inevitable que los que tengan más saliva traguen más harina.
Ese escenario -el "propio" sueño americano- tiene rápida aceptación y adquiere rango de esperanza nacional para salir de la crisis, porque la opinión pública venezolana ha venido siendo modelada por los medios de comunicación masiva para aceptar como excelentes todos los emprendimientos del poder petrolero. Como ya dijéramos, se trata de una verdad petrolera, un sentido común petrolero, insuflado en el consciente, el subconsciente y el inconsciente de los venezolanos, plagado de falacias y verdades a medias. F[19]F
Es, pues, ineludible la tarea de remontar la cuesta de la desinformación, del palangre y las imágenes corporativas con las cuales nos quieren hipnotizar los medios y la gerencia transnacionalizada de PDVSA. Para ello, debemos comenzar por las más simples definiciones y algunos recordatorios de la historia reciente de nuestra política petrolera.
En primer lugar sobre el término apertura: ¿qué es lo que se quiere abrir? ¿qué es lo que estaba cerrado?
La primera aproximación a esa definición ha sido expuesta por varios analistas (Alvaro Silva Calderón, Luis Vallenilla, Alberto Quirós Corradi, entre otros) en el sentido de que se trata de abrir lo que cerró la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos: la participación del capital privado en las actividades de exploración, producción, refinación y mercadeo de los hidrocarburos en el territorio nacional.
Por su parte, PDVSA misma reconoce, diáfanamente, que la apertura ha sido una estrategia largamente madurada, pensando en la expansión del negocio y el aumento de la participación del capital transnacional:
"A comienzos de los ochenta, Petróleos de Venezuela identificó la conveniencia de adelantar una estrategia de internacionalización...
Como complemento natural de esa estrategia, a comienzos de esta década, se inicia el proceso de apertura del negocio petrolero en nuestro país. En respuesta a lineamientos del Ejecutivo Nacional, PDVSA emprende la búsqueda de fórmulas de participación del sector privado en todos sus segmentos de negocio. Esta apertura ha originado convenios operativos para la reactivación de campos de producción, asociaciones estratégicas para producir crudos de la Faja del Orinoco y explotar gas costa afuera, y sociedades para el desarrollo de Orimulsión®, a los cuales se suman otros esfuerzos de asociación con capital privado que se han venido adelantando en las áreas de petroquímica, carbón y suministro de servicios industriales."_F[20]
Y, finalmente, así lo confirma el Presidente de PDVSA en reciente entrevista:
...“La apertura es un proceso que comienza en el país hace más de diez años, y que probablemente continúe con otros programas, todos ellos encausados dentro de una estrategia, cuyo objetivo es, fundamentalmente, expandir, fortalecer y diversificar el negocio petrolero, abriendo espacios para la participación del capital, la tecnología y el mercado controlado por el sector privado externo”. F[21]
Con estas definiciones se caracteriza, en verdad, parte del proceso aperturista, su concreción última, pero se deja de lado al proceso mismo. En este aspecto, compartimos más bien la opinión de Gastón Parra Luzardo:
A lo largo de estas dos décadas, el poder petrolero, ejercido ahora por PDVSA, creada por decreto del Ejecutivo Nacional el 30 de agosto de 1975, ha venido desarrollando y puesto en práctica toda una política dirigida a profundizar, de manera progresiva, el proceso de privatización de la industria petrolera. F[22]
Porque, a nuestra manera de ver, se trata de una etapa más dentro de un curso de política de largo aliento, cuyos primeros determinantes se manifestaron hace más de 35 años. Aunque pueda parecer exagerado, tal es la perspectiva que debemos tomar para analizar el bosque de la política petrolera venezolana y no perdernos en el follaje de los megaproyectos.F[23]
Las limitaciones de espacio nos impiden transcribir completamente la demostración de este aserto. En su defecto, nuevamente remitimos al lector al trabajo ya citado en la nota N° 12, y el cual venimos glosando. Como resumen, diremos que esa demostración se centra en el análisis de la política petrolera venezolana e internacional entre 1959 y 1975 y en cómo el “adelanto de la reversión” que se produjo en este último año no fue más que el resultado de una composición de fuerzas nacionales e internacionales que lograron, como siempre, convertir una consigna nacionalista en el mejor camino para fortalecer la presencia del gran capital transnacional en las fases más rentables del negocio petrolero venezolano.
Es así como se inician, en 1975, las negociaciones trascorrales que, con el nombre de "avenimiento", dieron luz verde al adelanto de la reversión y garantizaron a las concesionarias jugosas indemnizaciones sobre activos largamente depreciados, contratos de asistencia técnica y comercialización mediante los cuales se les remuneró con creces su tan reclamado, cuan inmerecido, lucro cesante y permanencia en todos los emprendimientos de sus antiguas filiales, ahora "operadoras" nacionalizadas. F[24]
Comenzó a funcionar así el conocido esquema umbilical Shell-Maraven, Exxon-Lagoven, Mobil-Llanoven, Gulf-Meneven y así sucesivamente, que se manifestó de manera expresa, además de los referidos contratos, en los programas de cambio de patrón de refinación y en los "megaproyectos" de la Faja del Orinoco. Las corporaciones habían accedido, por estas nuevas vías, a zonas que antes les estaban vedadas por encontrarse limitadas a las fronteras de sus parcelas concesionarias.
De tal suerte que, cosas veredes, Sancho amigo, la apertura se inicia en Venezuela con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Y justamente, los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización constituyen el primer eslabón de esa apertura, que continúa y profundiza la participación transnacional en el negocio petrolero venezolano.
Atrincheradas en el privilegiado papel de asesoras tecnológicas (convidadas permanentes en todas las actividades de sus antiguas filiales) y comercializadoras de la producción exportable de crudos y derivados, las más poderosas de las antiguas concesionarias se mantuvieron a la espera de su reinserción como protagonistas directas en las operaciones petroleras venezolanas. El atajo lo constituyen los contratos de servicios y empresas mixtas que permite el Artículo Quinto de la mencionada Ley, y las primeras excusas se buscan en la complejidad tecnológica implícita en el desarrollo de los crudos de la Faja, en la posibilidad de reactivar difíciles campos marginales y la explotación del gas no asociado costa afuera de Paria.
Así pues, los rostros desafiantes y las demostraciones de alegría de los petroleros nativos, en los días triunfales de la ronda licitatoria de las diez áreas en referencia, contrastan con el hecho nada enorgullecedor de que ése es y será el resultado de haber aceptado, de antemano, las aspiraciones máxi­mas de los potenciales socios. Y que los aparentemente suculentos bonos son apenas unas vergonzosas migajas que podrán ser recuperadas -de acuerdo con las propias estimaciones preliminares de reservas en cada lote- en uno o dos meses de una producción sobre la cual las nuevas concesionarias tendrán el control por casi cuarenta años.
Tal nivel de complacencia, inadmisible en una negociación donde estaba en juego el mayor patrimonio colectivo de los venezolanos, nos lleva a colegir, con serio fundamento, que los autores de esta propuesta simplemente se adscribieron, sin ninguna resistencia, a términos establecidos por intereses extranjeros ; tal cual como hicieron los negociadores oficiales en los 14 contratos de asistencia técnica suscritos en 1975 y tal como corresponde a la ya larga tradición cipaya de las élites hegemónicas de este desguarnecido país.
La realidad fundamental que pretenden eludir los gerentes petroleros es la de la propiedad del Estado sobre los recursos de hidrocarburos, y los derechos que como propietario le corresponden. Pese a la anómala condición de compañía anónima que se le confirió a PDVSA, F[25]F sus ejecutivos no son otra cosa -aunque les pese- que funcionarios públicos y, en tanto que tales, ejecutores de la política estatal, de la política de los propietarios, en la gestión de esa industria.
PDVSA no es una empresa que deba buscar cobijo en FEDECAMARAS o en VenAmCham : es una empresa estatal. Parecería una verdad de Pero Grullo, pero éste es uno de los problemas mas delicados que se le plantean al país en materia de política petrolera..
Las prioridades de los gerentes de PDVSA se orientan según los intereses de sus clientes, socios internacionales, proveedores y contratistas; con los cuales no tienen secretos. y con cuyo concurso planifican estrategias para enfrentar las políticas y orientaciones estatales. Por eso mismo, recelan de los poderes públicos, esconden información a sus legítimos contralores y reniegan de su condición estatal. En su visión corporativa lo importante es la expansión del negocio, aún al precio de minimizar los dividendos a repartir entre los propietarios. Como queda más que demostrado, el más importante foco generador de tendencias privatistas en la industria petrolera nacional se encuentra en esas cúpulas gerenciales.
En efecto, durante todos los años de existencia de PDVSA, los esfuerzos de su gerencia transnacional han estado enfrentados al más acendrado interés nacional: bajar la participación fiscal, boicotear a la OPEP, hacer descuentos a los "clientes tradicionales" y a "nuestras filiales en el exterior", fomentar negocios inviables para la Nación pero lucrativos para el capital privado.
La política de expansión a todo trance de la producción es característica. No importa si en esa expansión se violan normas técnicas, con lo cual se acelera el agotamiento de los yacimientos, no importa si esa expansión va a sobrealimentar a un mercado estructuralmente saturado y a convertirse en factor de debilitamiento de los precios reales, no importa violar los topes asumidos en el seno de la OPEP -en realidad, es lo que menos importa. No importa si crecen los costos y las posiciones competitivas del país a mediano plazo se comprometen. No importa si, para garantizar esa expansión se ofrecen condiciones exageradamente generosas al capital petrolero internacional, en desmedro de la participación nacional. Lo único que importa es que florezcan los negocios que alimentan el poder y las fortunas de los particulares y las corporaciones que los proponen y ejecutan.
Aclaremos, de paso, que no nos estamos refiriendo a las pequeñas raterías -aquéllas que hoy pueden llegar hasta las decenas y centenas de millones de bolívares- que se denuncian en los niveles operativos intermedios, de contratación y supervisión de proyectos, servicios, asesorías, construcciones civiles, donde ha comenzado a institucionalizarse el "¿Cuánto hay pa'eso?", Quirós dixit. F[26]F A diferencia de nuestro citado, nos referimos a fiascos nacionales donde si está involucrada la alta gerencia de PDVSA.
Desde el punto de vista estrictamente político, en todos estos veinte años, las fuerzas de la apertura transnacional han tenido como gran acierto la imposición, a la sociedad venezolana, de su visión corporativa -la "verdad petrolera"- como axioma incontrovertible. Uno de los principales pilares del imperio de esta visión acrítica y deformada de la realidad lo constituyó el pacto de los máximos líderes de AD y Copei, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, para sacar al petróleo del debate político.
Por otro lado, en nombre de la meritocracia, se ha permitido el enquistamiento de una dinastía gerencial que reproduce su filosofía y patrones de conducta antinacionales, a través de un sistema de premios y castigos que privilegia la incondicionalidad y el acriticismo y crea una verdadera cadena de complicidades y favoritismos dignos del mas rancio régimen feudal. (Como lo farfullan entre dientes muchas de sus víctimas, bajo la campana de Gauss de las evaluaciones anuales se produce toda suerte de injusticias, humillaciones y pasos de Horcas Caudinas.)
La camarilla gerencial petrolera, escudada en la condición de compañía anónima atribuida a PDVSA y arguyendo que se manejan asuntos de alta confidencialidad y complejidad técnica, ha convertido en coto cerrado el proceso de toma de decisiones estratégicas que comprometen al recurso fundamental de la Nación. El ámbito de discusión de estos temas se ha restringido a esa cúpula y a sus asesores externos, con el libre albedrío que les otorga el premeditado desmantelamiento del órgano legal para la fijación de las políticas aplicables al sector.
Los poderes públicos nacionales, y en particular el Congreso Nacional, consumen mucho de su tiempo discutiendo, por ejemplo, el déficit fiscal o la asignación del presupuesto nacional. Pero lo hacen a partir de datos sobre cuya génesis no tienen ninguna posibilidad de modificación. Es decir, "planifican" a partir de parámetros que son fijados de manera independiente por los petroleros. Tal como lo haría un joven con la mesada asignada por su padre: a veces protestando su insuficiencia, pero sin poder ir más allá, por desconocer los factores determinantes de tal nivel de asignación.
Es en este ambiente de ignorancia y complicidad como se ha constituido, en torno al petróleo, el mayor centro de desviación de los bienes públicos hacia privilegiadas alforjas. Que no hay RECADI, ni banquero corrupto, ni beneficiario irregular del financiamiento estatal, que alcance siquiera a un punto porcentual de las perversas cumbres de enriquecimiento privado, nacional y extranjero, generadas por el poder petrolero. Tal es el trasfondo de esa vieja política que reaparece cada mañana con un nuevo nombre o moda. Ahora es el turno de la apertura y dentro de muy pronto -ya está en camino- será el de la privatización de PDVSA.
Es así como hemos llegado a tener, supuestamente, la segunda empresa petrolera a nivel mundial y, al mismo tiempo, cinco sextas partes de la población venezolana colocada entre los estratos de necesidades básicas insatisfechas, pobreza crítica y miseria extrema.
Es así, también, como en 1995, un negocio que movilizó 27.261 millones de dólares en sus operaciones nacionales e internacionales, y alcanzó las cifras máximas en producción de crudo y refinación en 20 años, reportó la mínima participación fiscal en ese mismo lapso, de 4.954 millones de dólares y retuvo para sí ganancias netas máximas, incurriendo, desde luego, en cifras máximas de costos e inversiones. Considérese, en contraposición, las cifras de 1976, cuando con ingresos de apenas 9 mil millones se generaba una participación fiscal de 7 mil millones.
Y la responsabilidad de que éstas y todas las ya expuestas tropelías aperturistas sucedan impunemente, aunque en gran parte puede atribuirse al pacto "institucional" que tendió un manto cómplice sobre esas actividades irregulares, alcanza también a la voluntaria incultura petrolera de casi toda la dirigencia política y económica del país y a la inercia de sus Universidades, que las llevó a dejarse imponer una emasculación de su capacidad analítica y crítica en esta materia, con la eliminación de las cátedras de Economía Petrolera y que ahora las hace proclives al mutismo cómplice y a la cacería de disidentes, aquéllos que con su lunática prédica ponen en riesgo la entrega de los tres campos petroleros que, a manera de soborno, les está ofreciendo el Poder Petrolero.
La sustitución del análisis por la fe proviene en mucho del abandono por las fuerzas políticas populares, por las Universidades y por los medios de la cuestión petrolera nacional, luego de la nacionalización, en la creencia ingenua de que con ella todo estaba resuelto, porque supuestamente "el petróleo estaba en buenas manos". Con alivio, los nacionalistas cerraron los libros y se echaron a dormir. Así dejaron al "caballo de Troya" en PDVSA actuar a sus anchas. Ahora Ministros, congresantes, dirigentes, profesores se sienten sorprendidos, perplejos, aún semidormidos. Su reacción es de desaliento y derrotismo F[27]
La crisis nacional exige a los poderes públicos, y a las colectividades políticas que pretenden encarnar la voluntad popular, una asunción plena de sus responsabilidades en esta materia. Ello pasa por tomar una decisión política de amplias repercusiones, que afectaría a otros poderes constituidos y que sería duramente combatida.
El caso lamentable es que en la actualidad el país no cuenta con un liderazgo político capaz de emprender semejante tarea. Debemos empezar a construirlo. Y el primer paso en ese camino es delinear una política alternativa a la que se ha impuesto en los últimos veinte años.
La política petrolera venezolana debe formularse claramente a nivel Estatal, es decir, debe ser establecida con la participación de todos los poderes públicos. La justificación es doble: La primera se refiere a que, cualesquiera sean los titulares de la propiedad sobre los recursos del subsuelo y los activos de esa industria, el Estado está en la obligación, claramente establecida en la Constitución y las leyes, de controlar, regular y fiscalizar a una actividad productiva que se desarrolla en su territorio. La segunda se refiere a esa condición actual que puede revertirse en el tiempo, pero mientras exista debe ser ejercida plenamente y sin complejos: el Estado es el propietario de los recursos y de la industria erigida para su explotación.
En el plano técnico-operativo de esa reivindicación, es necesario desmontar las bases de desinformación sobre las cuales se fundamenta la "verdad petrolera". Se hace necesario, por tanto, recabar toda la información disponible y contrastarla con las presentaciones voluntariamente sesgadas que se hacen de la misma. Hay que hacer evidentes los detalles que se ocultan detrás de las prácticas de agregación de las cifras. Analizar cada negocio, cada sector de actividad, de manera de establecer la eficiencia particular de cada uno de ellos.
La situación conforma un serio problema político que sólo puede ser encarado teniendo todos los ases en la mano: Información certera y precisa como instrumento fundamental para la sustentación de una voluntad política y búsqueda de un apropiado nivel de consenso en torno a las propuestas concretas..
Por lo demás, esa política petrolera, en tanto que política reivindicadora de los vulnerados derechos de los propietarios colectivos, debe ser también el producto de una amplia consulta en todos los estamentos de la sociedad. Para ello, deben tener participación cierta en su formulación todas las organizaciones representativas que no lo hacen directamente en los poderes públicos centrales, como la CTV, FEDECAMARAS, gremios profesionales, universidades, corporaciones de desarrollo regional, estados y municipios, sin olvidar, desde luego, a las Fuerzas Armadas. .
[1] Publicado inicialmente en el No. 8 de la Revista “Nueva Economía” de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, bajo el título, bastante más moderado, de “Apertura Petrolera, Preámbulo de la Privatización”
[2] MEM-PDVSA, “Consolidación del Sector Petrolero Venezolano”, Caracas, 1994. Pág. 14, (Documento que constituye la exposición de motivos de la propuesta presentada ante el Consejo de Ministros y, luego de aprobada por éste, ante el Congreso Nacional. Subrayado nuestro)
[3] MEM-PDVSA, “UVenezuelaU Exploración y Producción en Areas Nuevas 1995. Documento Normativo Inicial” (Pág. 16)
[4] Loc. Cit. (Pág. 17)
[5] Ana Díaz, UEl NacionalU, 23 de enero de 1996.
[6] MEM, PDVSA, CVP, “Ronda de Exploración 1995, Conferencia de Licitación”, Caracas, 22 al 26 de enero de 1996. UComunicado de PrensaU, mañana del lunes 22 de enero de 1996).
[7] El Universal. Pág. 2-10, 23-09-96. Subrayado nuestro
[8] Economía Hoy, 25 de enero de 1996. Primera plana. Subrayado nuestro.
[9] C. R. Chávez, El Universal, 25 de enero de 1996. pág. 2-11.
[10] José Enrique Arrioja, Economía Hoy, pág. 5, 30 de enero de 1996, “UCon dos áreas desiertas Pdvsa cierra licitación petrolera”. USubrayado nuestro.
[11] Doc. Cit., Pág. 6. (Subrayado nuestro).
[12] PDVSA, Convenios de Asociación Exploración / Producción Areas Nuevas, Regalía, "Determinación de un Factor Fiscal por Area para el cálculo del Valor Mercantil" , -Propuesta para suscribir un convenio con el MEM- y "Consideración de la Fórmula de Ajuste para desarrollos de baja rentabilidad", -Solicitud de aprobación del MEM para su inclusión en los Convenios).
[13] A este respecto remitimos al lector a un trabajo anterior, en el cual dejamos expuesta ésta y otras concepciones que aquí estamos reiterando : “Apertura Petrolera : Nombre de Estreno para un viejo proyecto antinacional” en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Vol. 2, N° 2-3 (abr-sept), p. 225-254.
[14] Economía Hoy, 25 de enero de 1996, pág. 10.
[15] Alejandro Padrón, "El reto de la apertura petrolera y el papel del Estado". Ponencia presentada en el Ciclo de Foros Juicio Sobre la Apertura Petrolera. UCV, 18 al 27 de julio de 1995.
[16] Luis Giusti, "Mitos y realidades de la apertura petrolera venezolana", El Universal, 7 de marzo de 1995, pág. 2-2.
[17] Bernard Mommer, Política Petrolera de Apertura, Informe a la Comisión Permanente de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. 30 de enero de 1995. Mimeografiado.
[18] Alberto Quirós Corradi, “XX Aniversario, PDVSA en la encrucijada”. El Universal, 14 de septiembre de 1995. Pág. 2-2.
[19] El tema de la Verdad Petrolera es desarrollado con más detalles en El Poder Petrolero y la Economía Venezolana. Mendoza P. , CDCH-UCV, Caracas 1995.
[20] PDVSA, "La Apertura", en Enfoque Corporativo N° 31, junio de 1995.
[21] Luis Giusti “La apertura generará inversiones por $ 11.000 millones en 7 años”. El Universal, 15 de enero de 1996, pág. 1-2.
[22] Gastón Parra Luzardo, De la Nacionalización a la Apertura. Derrumbe de una Esperanza. CEELA LUZ, Maracaibo 1995. El Dr. D.F. Maza Zavala, comentando el libro de Parra Luzardo sostiene, pertinentemente, que "El artículo 5° preanunciaba, hace 20 años, la llamada apertura petrolera, ahora de actualidad. El 22 del mes en curso se conocerán las transnacionales que explotarán 10 nuevos campos mediante el sistema de beneficios compartidos".
"Veinte años después", El Nacional, 10 de enero de 1996, pág. A-4.
[23] Esa ha sido siempre característica fundamental del comportamiento político del capital petrolero: planificación sobre una base global y a muy largo plazo, mucho más allá de las narices de los ignaros políticos de los países donde le toca moverse.
[24] Maza Zavala, D.F.; Parra Luzardo, Gastón; Mieres, Francisco; Mendoza P., Carlos, Incidencia de los contratos de tecnología y comercialización en el rumbo de la industria petrolera nac0ionalizada. Caracas 1977, mimeografiado.
[25] Figura establecida precisamente para garantizar la intangibilidad de los sueldos devengados por los antiguos hombres de confianza de las transnacionales, quienes amenazaban con irse al exterior si se los ubicaba dentro de las modestas escalas de remuneración vigentes en la administración pública.
[26] A. Quirós, Loc. Cit.
[27] Francisco Mieres, Loc. Cit.
[CMP1]Aclarar
[CMP2] Explicar más.
Publicadas por Carlos Mendoza Pottellá a la/s 22:12
Vigencia del Nacionalismo PetroleroCarlos Mendoza ...
Apertura Petrolera: Apocalipsis Privatizador Carlo...
PDVSA: ESTAFA HISTÓRICARevisión 2003 de un texto d...

References: Artículo 5
 Artículo 5
 Artículo 127
 Artículo 3
 artículo 127
 artículo 136
 artículo 35
 Artículo 30
 Artículo 5
 Artículo 35
 Artículo 5
 Artículo 35
 Artículo 4
 Artículo 41
 Artículo 5
 artículo 5
 artículo 5